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Timestamp: 2020-08-10 14:57:54+00:00

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Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. (Ley 7/2014, de 13 de noviembre) - Normativa de Castilla-La Mancha - Legislación - VLEX 781759709
TÍTULO I. Garantía de los derechos de las personas con discapacidad - arts. 7 y 8
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 9 a 11
SECCIÓN 1ª. Salud - arts. 12 a 14
SECCIÓN 2ª. Educación - arts. 15 a 23
SECCIÓN 3ª. Empleo e inclusión laboral - arts. 24 a 29
SECCIÓN 4ª. Promoción y protección social - arts. 30 a 39
SECCIÓN 5ª. Cultura, deporte y ocio - arts. 40 a 43
SECCIÓN 6ª. Consumo - arts. 44 y 45
SECCIÓN 7ª. Protección económica - arts. 46 a 52
CAPÍTULO III. Medidas de defensa y protección jurídica - arts. 53 y 54
CAPÍTULO IV. Medidas de sensibilización - arts. 55 y 56
CAPÍTULO V. Medidas de sostenibilidad del sistema de protección - arts. 57 a 59
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - art. 60
CAPÍTULO II. Medidas de garantía de la accesibilidad universal - arts. 61 a 73
TÍTULO IV. Participación en la vida pública y política - arts. 74 a 77
TÍTULO V. Planificación, formación, investigación y evaluación - arts. 78 a 83
TÍTULO VI. Régimen sancionador - arts. 84 a 87
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Modificación del Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
A este respecto, el artículo 148.1.20ª. de la Constitución Española faculta a las Comunidades Autónomas para que asuman, entre otras materias, la asistencia social y el artículo 149.3 prevé que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución Española podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
El artículo 31.1.20ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha otorga a la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha la competencia exclusiva en materia de servicios sociales y específicamente los dirigidos a las personas con discapacidad, incluida la creación de recursos de apoyo a sus necesidades.
A este respecto, debemos citar la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en CastillaLa Mancha y sobre todo la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes Regionales con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, que supone la consolidación del sistema de servicios sociales y establece con carácter general los derechos y deberes de las personas destinatarias de los mismos, así como la organización y recursos de dicho sistema.
Entre las medidas dirigidas a favorecer la participación de las personas con discapacidad en la planificación de las políticas que les afectan destaca el reconocimiento legal de la Comisión de las Políticas de Discapacidad de CastillaLa Mancha creada por el Decreto 63/2012, de 1 de marzo, y que establece, por primera vez, un foro real de trabajo y participación de las personas con discapacidad y que destaca la importante labor que el movimiento asociativo dirigido a las personas con discapacidad realiza.
En el marco de la normativa básica estatal, la ley será de aplicación, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a las personas con discapacidad, a sus familias y representantes legales y, asimismo, en aplicación de las acciones de prevención previstas en la misma, a las personas con riesgo de padecer discapacidad, en los términos y condiciones que establezca su normativa de desarrollo.
El disfrute de los derechos reconocidos en esta ley requerirá de la correspondiente acreditación de la situación de discapacidad, mediante resolución de los órganos administrativos que tengan atribuida la competencia para la valoración y calificación del grado de discapacidad.
Personas con discapacidad: todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento por el órgano competente en materia de valoración del grado de discapacidad.
Atención integral: los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena en la comunidad en todos los ámbitos de la vida.
Sostenibilidad financiera: garantía de financiación que asegura la continuidad en el tiempo de los recursos de atención a las personas con discapacidad, en el marco de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.
Transversalidad: coordinación, cooperación y colaboración entre los diversos sistemas de actuación, en los diferentes ámbitos de competencia de la Administración Autonómica y el resto de las Administraciones Públicas, así como con las entidades privadas que desarrollen actuaciones para la atención y promoción de las personas con discapacidad.
Ajustes razonables: las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta, entre otros, los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, las características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.
Urgencia social: aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual de las personas con discapacidad que requiere de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un deterioro o agravamiento de la situación de necesidad acaecida.
Respeto a la dignidad inherente a toda persona, a su singularidad, respetando la diferencia y aceptando la discapacidad como parte de la diversidad humana.
Igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, fomentando su participación, normalización e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
Promoción de la autonomía personal, de la vida independiente y de la libertad para tomar decisiones sobre su propia vida, potenciando sus capacidades personales.
Igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre, facilitando el desarrollo personal y la participación activa de la mujer con discapacidad.
Atención en el entorno natural de la persona con discapacidad.
Atención integral durante toda la vida de la persona con discapacidad.
La accesibilidad universal, que posibilite su inclusión y participación plenas en la comunidad.
Respeto a la evolución de las facultades de los menores con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Diálogo civil y participación, promoviendo y facilitando la participación de las personas con discapacidad y sus familias, a través de sus organizaciones más representativas, en la elaboración, planificación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y actuaciones públicas que les afecten.
Responsabilidad pública, entendida como el compromiso de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha en procurar los recursos necesarios para la aplicación de las disposiciones de esta ley, en colaboración con otras entidades públicas o privadas y en especial con el sector asociativo de la discapacidad.
Implantación de un lenguaje no discriminatorio en el ámbito administrativo y fomento del mismo en las relaciones sociales, culturales y artísticas.
La Administración Autonómica y, en su caso, las entidades que integran su sector público, con la participación y colaboración del resto de poderes públicos competentes en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad, realizarán las actuaciones precisas para la prevención de la discapacidad y para garantizar, en los términos establecidos en esta ley, a las personas con discapacidad y sus familias una respuesta adecuada a sus necesidades, a lo largo de su vida, de modo coherente y complementario entre todos los servicios o prestaciones que reciban.
TÍTULO I Garantía de los derechos de las personas con discapacidad Artículos 7 y 8
ARTÍCULO 7 Garantía de derechos.
Derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su estado de salud o cualquier otra circunstancia o condición personal y social.
Derecho a gozar de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas y a recibir el apoyo necesario para ejercer dicha capacidad.
Derecho de protección contra la explotación, la violencia, el abuso y la utilización ilegítima de su imagen, tanto en su entorno familiar como en aquellos servicios y programas diseñados para atender sus necesidades de apoyo y para la realización de actividades de juego que no cuentan con la debida autorización administrativa.
Derecho a tener un proyecto vital dotado de objetivos significativos para sus vidas, en base a sus preferencias y escala de valores.
Derecho a tomar las decisiones sobre los aspectos fundamentales de su vida o en su caso, a participar en la medida de lo posible en dicha toma de decisiones, favoreciendo su acceso al máximo nivel de normalización posible en los recursos de apoyo utilizados.
Derecho a los servicios de habilitación y rehabilitación para alcanzar la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida, a la edad más temprana posible y conforme a una evaluación interdisciplinar de sus necesidades y capacidades.
Derecho al respeto a su integridad física, moral y mental en igualdad de condiciones que las demás personas.
Derecho a ser consultadas directamente o a través de sus organizaciones más representativas en aquellos asuntos que les afecten.
Derecho a la accesibilidad universal.
ARTÍCULO 8 Corresponsabilidad de las personas con discapacidad y sus familias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica de servicios sociales, las personas con discapacidad y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, tendrán los siguientes deberes:
Participar activamente en la consecución de los objetivos de mejora de calidad de vida que se consensúen en cualquiera de los servicios o prestaciones que la Administración ponga a su disposición.
Hacer uso de todos los servicios de apoyo especializados cuando las personas con discapacidad estén recibiendo una atención integral.
Los representantes legales de las personas con discapacidad con capacidad de obrar modificada judicialmente que estuviesen recibiendo apoyo especializado a través de cualquier servicio o prestación tienen la obligación de facilitar la permanencia en los mismos para garantizar la consecución del objetivo de mejora de su calidad de vida.
TÍTULO II Medidas de garantía de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad Artículos 9 a 59
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 9 a 11
ARTÍCULO 9 Medidas de garantía.
Las medidas previstas en este título se dirigen a garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mediante la eliminación de cualquier forma de discriminación debido a la discapacidad, así como mediante la eliminación de desventajas que pudieran encontrar para participar plenamente en todos los ámbitos de su vida, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, y podrán consistir en:
Medidas de acción positiva contra la discriminación y de fomento de la calidad de vida.
Sostenibilidad del sistema de protección y promoción.
Medidas de garantía de la accesibilidad universal.
Medidas de planificación, formación, investigación y evaluación.
Las medidas estarán orientadas a que, por parte de las administraciones y entidades públicas, se lleve a cabo una política de igualdad de oportunidades, mediante la adopción de las actuaciones necesarias que supriman las disposiciones normativas y prácticas contrarias a dicha igualdad, y al establecimiento de mecanismos dirigidos a evitar cualquier forma de discriminación en el diseño y planificación de los programas y servicios por causa de discapacidad.
ARTÍCULO 10 Coordinación de los recursos y servicios dirigidos a personas con discapacidad.
Las administraciones y entidades públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, desde el nacimiento y a lo largo del ciclo vital de la persona con discapacidad mediante la coordinación de los recursos y servicios de prevención, habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud y los servicios sociales, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad una oferta de servicios y programas próxima, en el entorno en el que se desarrolle su vida, suficiente y diversificada.
Los profesionales de atención a las personas con discapacidad de cada ámbito sectorial deberán contar con la formación especializada correspondiente y, además, se formarán en el trabajo interdisciplinar con los profesionales de otros ámbitos para garantizar la inclusión y participación plena en la sociedad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas.
ARTÍCULO 11 Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.
Las medidas para la garantía de los derechos y la igualdad de oportunidades facilitarán la toma de decisiones de las personas con discapacidad en los aspectos relevantes de su vida.
Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la información en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos para lo cual se establecerán medidas encaminadas a proporcionar la información en formatos accesibles a sus circunstancias personales.
En todo caso, se deberán tener en cuenta las características de la persona, sus limitaciones para la toma de decisiones de forma autónoma, contemplando los apoyos necesarios para que dicha toma de decisiones se efectúe con la mayor independencia posible.
CAPÍTULO II Medidas de acción positiva, contra la discriminación y de fomento de la calidad de vida de las personas con discapacidad Artículos 12 a 52
SECCIÓN 1ª Salud Artículos 12 a 14
ARTÍCULO 12 Promoción de la salud y prevención de las situaciones de discapacidad o su intensificación.
Las actuaciones de las administraciones y entidades públicas y de los sujetos privados prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad, conforme a la legislación sanitaria general y sectorial vigente.
La Administración Autonómica adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas con discapacidad disponer de una atención sanitaria de calidad adecuada a sus necesidades personales.
Planificación familiar y asesoramiento genético en grupos de riesgo.
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad durante la atención materno-infantil dirigida a la prevención de discapacidades y concretamente las siguientes actuaciones:
Prevención prenatal en embarazadas de riesgo.
Programas y campañas de vacunación.
Detección precoz de neonatos en riesgo, diagnóstico neonatal y atención en el desarrollo saludable de los niños.
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad o accidente en la población infanto-juvenil en diferentes ámbitos de intervención, incluido el ámbito escolar.
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad o accidente en la población adulta, y en las personas mayores, tanto en los aspectos relacionados con la prevención primaria, como en la secundaria y terciaria.
ARTÍCULO 13 Asistencia sanitaria.
ARTÍCULO 14 Atención accesible, integrada y coordinada.
El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha velará por que su atención se desarrolle atendiendo a criterios de accesibilidad, integración, continuidad y coordinación entre sus propios recursos y con el ámbito sociosanitario.
El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha velará por que la derivación a los recursos de atención temprana de aquellos niños que presenten trastornos en su desarrollo o estén en riesgo biológico de padecerlos se efectúe en cuanto se detecten los primeros signos de alerta de tales circunstancias. Para ello se elaborará un protocolo de derivación al efecto en colaboración con los servicios competentes.
La administración sanitaria garantizará, de acuerdo con la legislación vigente, la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios de forma que puedan recibir una atención de calidad no discriminatoria y adecuada a sus circunstancias y necesidades personales.
SECCIÓN 2ª Educación Artículos 15 a 23
ARTÍCULO 15 Objetivos y finalidad.
La Consejería competente en materia educativa garantizará a los alumnos con discapacidad una educación inclusiva de calidad que posibilite lograr su máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.
Esta educación de calidad se realizará bajo los principios de igualdad de oportunidades, inclusión educativa y libertad de elección de centro para las familias.
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica estatal, la escolarización de los alumnos con discapacidad en centros de educación especial o unidades sustitutivas de los mismos sólo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales.
La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado, así como la evaluación continua de sus logros y progresos, a los efectos de su escolarización, será coordinada por la administración educativa, de acuerdo a la normativa aplicable.
Para alcanzar los objetivos de los apartados anteriores el sistema educativo regional pondrá en marcha medidas de actuación que faciliten:
La mejora en las condiciones de accesibilidad en el entorno educativo para adaptarse a las necesidades de los alumnos en función de las características de cada centro, de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad.
Los recursos personales y materiales necesarios para que los alumnos con discapacidad reciban una atención educativa especializada, con la finalidad de alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
La transición eficaz entre las distintas etapas y niveles educativos, estableciendo cauces de conexión entre ellos, con la finalidad última de adquirir competencias que faciliten su inclusión socio-laboral.
La adecuada información y orientación a las familias para ayudarles en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
El sistema educativo fomentará en todas las etapas y niveles, especialmente en toda la comunidad educativa, una actitud de respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 16 Prevención del absentismo y abandono escolar.
ARTÍCULO 17 Medidas de sensibilización para fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
La eliminación de contenidos y estereotipos discriminatorios, así como comportamientos de acoso.
El desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de la igualdad de oportunidades y la efectiva inclusión de las personas con discapacidad, manifestando la riqueza de la diversidad humana en el entorno educativo.
La colaboración con organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, para el desarrollo de acciones de información, formación y sensibilización sobre discapacidad en el entorno educativo.
ARTÍCULO 18 Formación y capacitación de los profesionales educativos.
La Consejería competente en materia educativa promoverá la formación específica a los profesionales de los centros sostenidos con fondos públicos en todo lo concerniente a la educación inclusiva.
La Consejería competente en materia educativa velará porque el marco normativo de acceso del personal a determinados puestos que requieran una especial cualificación asegure que los especialistas en discapacidad dispongan de formación teórica y práctica. Asimismo, siempre que resulte beneficioso para el alumnado con necesidades educativas especiales, promoverá la adopción de medidas que favorezcan la estabilidad de dichos profesionales. Además, garantizará, mediante el desarrollo de las medidas oportunas, la competencia profesional basada en la experiencia y formación especializada.
La Consejería competente en materia educativa promoverá la formación inicial y permanente de los profesionales implicados en el proceso educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales, facilitando la formación especializada.
Los profesionales especializados en atención a la diversidad contarán con la formación necesaria para garantizar su función de apoyo y asesoramiento a los maestros y profesores de los centros ordinarios.
ARTÍCULO 19 Coordinación y colaboración entre los ámbitos educativo, laboral, sanitario, y social.
Las Consejerías competentes en materia de asuntos sociales, educación y sanidad se coordinarán a través de los protocolos que se establezcan al efecto para garantizar la continuidad en la prestación de los apoyos necesarios en el proceso de transición del niño y su familia desde el servicio de atención temprana al sistema educativo en el momento de su escolarización.
Las Consejerías competentes en materia de asuntos sociales, educación y empleo garantizarán la coordinación mediante los protocolos que se establezcan al efecto para promover la continuidad en el proceso de capacitación de los alumnos con discapacidad, de cara a posibilitar su inclusión social y laboral, una vez concluidos los ciclos educativos.
ARTÍCULO 20 Orientación sociolaboral.
Etapas de educación secundaria y bachillerato del sistema educativo.
Recursos especializados de carácter ocupacional o habilitador.
ARTÍCULO 21 Fomento de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
ARTÍCULO 22 Enseñanzas de formación profesional.
La Consejería competente en materia educativa pondrá en marcha las medidas necesarias para ofertar una formación profesional adaptada y adecuada a los alumnos con discapacidad, que permita responder a sus necesidades específicas de apoyo, fomente y desarrolle sus habilidades y competencias y posibilite su integración en el mercado de trabajo y su capacidad emprendedora.
El acceso a la formación profesional favorecerá la inclusión en centros ordinarios y, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación, se establecerá un porcentaje de plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad, según los procesos de admisión propios, que no será nunca inferior al 5% de las plazas ofertadas.
ARTÍCULO 23 Estudios universitarios.
Las Universidades facilitarán a las personas con discapacidad las condiciones precisas para posibilitar su acceso y promoción en las enseñanzas universitarias, así como su plena participación en la vida académica, desde todos los espacios y ámbitos que conforman las diferentes instancias universitarias, en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.
Asimismo, facilitarán las adaptaciones, medios, dispositivos y apoyos precisos, con los ajustes razonables que sean necesarios.
Las Universidades, en su respectivo ámbito, darán cumplimiento a lo establecido en el artículo 15.5 de esta ley.
SECCIÓN 3ª Empleo e inclusión laboral Artículos 24 a 29
ARTÍCULO 24 Objetivos y finalidad.
Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo en entornos laborales que sean normalizados, inclusivos y accesibles.
Los objetivos a los que responderán las políticas de empleo, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable en este ámbito, tendrán como prioridades de actuación, entre otras:
Incrementar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad.
Mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo.
Avanzar en la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, adoptando medidas contra la discriminación.
Aumentar las oportunidades de empleabilidad y promoción profesional en el mercado laboral a través de los apoyos necesarios para la búsqueda y obtención del empleo, así como para el mantenimiento y retorno al mismo.
Apoyar el desarrollo y sostenibilidad de los centros especiales de empleo, así como las iniciativas de empleo autónomo.
El diseño y aplicación de las medidas que la Consejería competente en materia de empleo adopte para incrementar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad requerirá la participación de las Administraciones Públicas competentes en la materia y las entidades más representativas de las personas con discapacidad.
Las Administraciones Públicas salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran o les sobrevenga una situación de discapacidad siendo trabajadores en activo, adoptando las medidas pertinentes.
ARTÍCULO 25 Apoyo para la actividad profesional.
Las medidas de apoyo encaminadas al mantenimiento de la actividad profesional se desarrollarán, principalmente, en los ámbitos de la orientación profesional y la formación, adaptada a las necesidades del entorno laboral. Con tal finalidad, las Administraciones Públicas garantizarán los ajustes razonables necesarios para la utilización de medios humanos, dispositivos, productos y tecnologías para el mejor desempeño de su puesto de trabajo en igual de condiciones con los demás.
La orientación profesional será prestada por los correspondientes servicios de la Consejería competente en materia de empleo directamente o a través de mecanismos de colaboración con entidades privadas de iniciativa social del ámbito de la atención a las personas con discapacidad.
Los programas de formación facilitarán la adquisición de experiencia laboral en el mercado de trabajo y se planificarán de acuerdo con la orientación profesional prestada con anterioridad y las preferencias e intereses de la persona con discapacidad.
Las actividades formativas podrán impartirse, además de en los centros de formación dedicados a ello, en las empresas, siendo necesario en este último supuesto, la formalización de un contrato para la formación y el aprendizaje entre el trabajador con discapacidad o, en su caso, su representante legal y el empresario, o a través de cualquier otra fórmula establecida en la normativa básica estatal.
ARTÍCULO 26 Medidas del sector público.
La Consejería competente en materia de empleo elaborará, en el marco de su planificación global, un programa integral que comprenda las medidas necesarias para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en desarrollo de las disposiciones de esta sección, prioritariamente en el sistema ordinario de trabajo y también a través del empleo protegido. Dicho programa dedicará, además, especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo, apoyo para incorporación a empresas de economía social, desarrollo de proyectos empresariales, sociedades cooperativas y sociedades laborales.
La Consejería competente en materia de empleo adoptará, entre otras, medidas de acción positiva dirigidas a:
Velar por el cumplimiento de la normativa estatal en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Potenciar el acceso y mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad a través de la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación y socioculturales.
Diseñar y desarrollar las políticas activas de empleo, de acuerdo con las necesidades manifestadas de las personas con discapacidad.
Detectar e incrementar las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.
Promover las iniciativas de empleo con apoyo, así como las dirigidas al empleo protegido, en enclaves laborales y centros especiales de empleo.
Promover la efectiva coordinación de las políticas públicas de empleo.
Fomentar la ocupación laboral de las mujeres con discapacidad.
Potenciar la actividad emprendedora, el trabajo autónomo y la integración de personas con discapacidad en el ámbito del empleo ordinario, con especial consideración a la mujer con discapacidad.
Promover en las empresas el desarrollo de modelos de responsabilidad social corporativa.
Facilitar la adaptación de los puestos de trabajo y desarrollo de las tareas en adecuadas condiciones de igualdad y seguridad.
Desarrollar los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en materia de empleo y personas con discapacidad.
Valorar la situación de discapacidad, con especial consideración de la mujer con discapacidad o de aquellas personas con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral, en las convocatorias de subvenciones promovidas por la Consejería competente en materia de empleo.
Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha promoverán medidas de apoyo específicas para las personas con discapacidad en el ámbito del acceso al empleo público.
ARTÍCULO 27 Medidas del sector privado.
Las empresas velarán por el respeto de la igualdad de oportunidades, adoptando las medidas necesarias dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación para las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
Las administraciones y entidades públicas impulsarán las acciones necesarias para facilitar la implantación de las medidas previstas en el apartado anterior y vigilarán, especialmente, el cumplimiento por parte de las empresas de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o, en su caso, de las medidas alternativas, de conformidad con la legislación vigente.
ARTÍCULO 28 Salud y seguridad en el trabajo.
ARTÍCULO 29 Ayudas al mantenimiento y a la generación de empleo.
SECCIÓN 4ª Promoción y protección social Artículos 30 a 39
ARTÍCULO 30 Objetivos y finalidad.
Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a que los servicios y prestaciones sociales respondan a sus necesidades de apoyo singularizadas para poder desarrollar sus proyectos vitales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
Los servicios y prestaciones sociales tendrán como objetivo principal la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad y el incremento significativo de su calidad de vida.
ARTÍCULO 31 Principios generales de la prestación de servicios de atención a las personas con discapacidad.
La Consejería competente en materia de asuntos sociales, en su ámbito de competencias, desarrollará servicios de atención a las personas con discapacidad y sus familias para cumplir con estos objetivos, que podrán ser prestados tanto por las Administraciones Públicas, como por entidades privadas de iniciativa social prioritariamente, así como, con personas jurídicas y físicas de naturaleza privada a través de las fórmulas de colaboración establecidas y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios.
En el desarrollo de la prestación de los servicios sociales se facilitará, siempre que sea posible y adecuado, la permanencia de las personas con discapacidad en su entorno natural, teniendo en cuenta las limitaciones en el acceso a los recursos de quienes habiten en zonas rurales.
La Consejería competente en materia de asuntos sociales garantizará, en los términos establecidos en el título IV de esta ley, la participación de las personas con discapacidad y de sus familias en la planificación, diseño y ordenación de los servicios sociales de atención a las mismas, de manera que éstos respondan a sus necesidades e intereses, dentro de un marco que permita la sostenibilidad del sistema y el equilibrio presupuestario.
La intervención en el ámbito de los servicios sociales no suplirá la intervención que corresponda en otros ámbitos como pueden ser el sanitario, educativo o laboral.
ARTÍCULO 32 Objetivos de los servicios sociales en la atención a las personas con discapacidad.
La intervención en las posibilidades de participación y de relación con el entorno para la prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades.
El apoyo a las familias de las personas con discapacidad.
La detección de las situaciones de abuso, abandono, desconsideración o maltrato sobre las personas con discapacidad.
El incremento de oportunidades para la promoción de la capacidad de autonomía personal.
La información y orientación accesibles que permita a las personas con discapacidad la toma de decisiones.
La atención en su entorno natural siempre que sea posible y adecuado.
La atención residencial en aquellos casos que resulte conveniente.
La protección económica de las personas con discapacidad y de sus familias que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a esta situación.
La evaluación de los servicios y programas desarrollados con parámetros de calidad de vida.
ARTÍCULO 33 Criterios de actuación.
Con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades en la inclusión de las personas con discapacidad, la Consejería competente en materia de asuntos sociales promoverá que los proyectos encaminados a la integración de las personas con discapacidad de carácter regional sean prioritarios con respecto a otros de ámbito provincial o local.
Aquellas personas con discapacidad que además tengan reconocida la situación de dependencia o se encuentren en situación de urgencia social, y en virtud de la gravedad de tales circunstancias, tendrán prioridad en el acceso a los recursos y servicios especializados.
Los profesionales de los servicios sociales facilitarán a las personas con discapacidad y sus familias la máxima información en lo referente a todas las prestaciones de protección social para facilitar su acceso a las más idóneas según sus necesidades de apoyo.
Cuando la orientación se dirija hacia prestaciones de protección económica, estos profesionales procurarán que éstas vayan dirigidas íntegramente a la satisfacción de sus necesidades de atención, apoyo personalizado e inclusión social.
ARTÍCULO 34 Información y orientación.
ARTÍCULO 35 Atención a las necesidades propias del ciclo vital.
ARTÍCULO 36 Servicios de capacitación sociolaboral.
Los servicios de capacitación sociolaboral son un servicio de carácter transdisciplinar que tiene como objetivo principal fomentar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, dotándoles de apoyos personales sobre la base de sus preferencias e intereses, con el uso exclusivo de los recursos comunitarios y desde la perspectiva del fomento de la conducta autodeterminada y la capacitación comunitaria.
El proceso de capacitación de la persona con discapacidad, apoyado por el equipo transdisciplinar, se realiza de forma exclusiva en el entorno comunitario y normalizado.
La utilización como metodología de trabajo de la planificación centrada en la persona se concreta en la elaboración de planes personales relacionados con proyectos vitales, con objetivos singularizados en base a su especificidad, diseñados por la propia persona con discapacidad y su familia, con el apoyo de profesional especializado.
La evaluación de los objetivos alcanzados de acuerdo con parámetros de calidad de vida.
Las Consejerías competentes en materia de asuntos sociales y de empleo se coordinarán en el desarrollo de actuaciones de capacitación con el objetivo de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 37 Prestaciones tecnológicas.
ARTÍCULO 38 La atención temprana.
Las actuaciones en materia de atención temprana se regirán por los siguientes principios:
Universalidad e igualdad de oportunidades: la atención temprana irá dirigida a todos los niños residentes en Castilla-La Mancha que la precisen y en las mismas condiciones.
Atención individualizada tomando como base objetivos funcionales para cada niño y familia.
Interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y especialización en la cualificación profesional.
Descentralización: los centros de desarrollo infantil y atención temprana que desarrollen el servicio deben estar próximos a la zona de referencia del domicilio familiar, garantizar las condiciones de accesibilidad y organizar sus horarios de atención con relación a las necesidades de las familias.
Normalización: se fomentará la atención a los niños en sus entornos naturales y tendrá especial significado y relevancia en este sentido la familia, como contexto esencial del desarrollo en los primeros años de vida y la escuela infantil como entorno de actuación principal en su función de espacio vital donde se desarrolla la relación con sus iguales y de contexto de aprendizaje.
Diálogo, participación y corresponsabilidad de la familia como sujeto activo de la intervención con el niño y con el entorno.
Coordinación, cooperación y colaboración entre las distintas Administraciones Públicas que tienen atribuciones y responsabilidades en el ámbito de la atención a la población infantil con la finalidad de optimizar recursos, tanto económicos como humanos, y de garantizar la continuidad de los apoyos necesarios.
Calidad: la Administración Autonómica, en coordinación con los agentes implicados, desarrollará y fijará los criterios comunes para la acreditación de los diferentes recursos que desarrollen el servicio de atención temprana e implantará indicadores de calidad que permitan la evaluación de la calidad en las intervenciones y del grado de satisfacción de las familias atendidas.
El desarrollo de la intervención integral en atención temprana se llevará a cabo a través de los recursos de los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales.
El acceso a estos recursos y las acciones a desarrollar por los sistemas implicados se planificarán de forma conjunta, de conformidad con los protocolos de coordinación, colaboración y derivación que a tal efecto se establezcan, de forma que se consiga una coherencia y optimización de los mismos, procurando una complementariedad de las intervenciones con el niño, su familia y su entorno sin que pueda producirse en ningún caso una duplicidad de servicios.
ARTÍCULO 39 Asistente personal.
de acuerdo con el objetivo de promover una vida independiente de las personas con discapacidad, se facilitará su acceso a las prestaciones de asistencia personal establecidas en la normativa vigente de dependencia, tomando en consideración sus preferencias o las expresadas por sus representantes legales.
La Consejería competente en materia de dependencia establecerá cuantías máximas superiores a las establecidas por la normativa estatal para la determinación de la prestación económica vinculada a la contratación de un asistente personal en situaciones de dependencia severa o gran dependencia, siempre que dicha normativa lo permita, con la finalidad de priorizar su vida autónoma frente a la institucionalización residencial o promover su inclusión laboral a través del empleo o de enseñanzas superiores no obligatorias.
SECCIÓN 5ª Cultura, deporte y ocio Artículos 40 a 43
ARTÍCULO 40 Acceso y participación en la vida cultural.
Las administraciones y entidades públicas de Castilla-La Mancha, dentro del ámbito de sus competencias, favorecerán el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural y de ocio y adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso y disfrute de las personas con discapacidad a la oferta cultural comunitaria a través de entornos y recursos accesibles.
Los poderes públicos de Castilla-La Mancha favorecerán el acceso de las personas con discapacidad al material cultural, televisión, cine, teatro y otras actividades culturales a través de formatos accesibles.
Asimismo, promoverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones precisas con el fin de facilitar a las personas con discapacidad:
El acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o actividades culturales.
El acceso a monumentos y lugares de importancia cultural.
El desarrollo de su potencial artístico, creativo e intelectual.
El acceso a la información y la comunicación en los entornos culturales, artísticos y de ocio.
La Consejería competente en materia de cultura podrá establecer mecanismos de colaboración con las Entidades Locales en la programación de actividades culturales, dirigidos a la consecución de estos objetivos.
ARTÍCULO 41 Actividades deportivas.
Promover su acceso y participación en las actividades deportivas generales y normalizadas.
Facilitar la adaptación de las instalaciones deportivas de acuerdo con criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
Garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones, a las actividades físicas y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar.
Asegurar el acceso y participación de los deportistas con discapacidad en deportes de alta competición y rendimiento.
Promover la integración de las personas con discapacidad en las federaciones deportivas en igualdad de condiciones con cualquier otra persona.
Impulsar la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones deportivas comunitarias.
Fomentar la organización y desarrollo de actividades deportivas específicas cuando sean necesarias.
ARTÍCULO 42 Oferta turística y de ocio.
Las administraciones y entidades públicas de Castilla-La Mancha desarrollarán actuaciones dirigidas a facilitar el acceso y disfrute de las personas con discapacidad a la oferta turística y de ocio en igualdad de condiciones que las demás personas.
Las actividades turísticas y de ocio promovidas desde la Administración Autonómica se diseñarán con criterio de accesibilidad en los términos establecidos en la legislación básica estatal y en la legislación autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras.
ARTÍCULO 43 Acceso y disfrute de la naturaleza y educación medioambiental.
SECCIÓN 6ª Consumo Artículos 44 y 45
ARTÍCULO 44 Objetivos y fines.
Las Administraciones Públicas, en el marco de sus respectivas competencias, prestarán una atención específica a las personas con discapacidad en su calidad de consumidores y usuarios conforme a la legislación vigente en materia de consumo.
Asimismo, establecerán programas y actividades que permitan garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores con discapacidad y prevenir las situaciones que puedan impedir un acceso normalizado en la adquisición, uso y disfrute de productos, bienes y servicios.
La atención e información en materia de consumo dirigida a las personas con discapacidad se desarrollará siguiendo criterios de accesibilidad universal.
ARTÍCULO 45 Medidas de promoción y protección.
Realización de estudios que faciliten un diagnóstico de las necesidades que en materia de consumo presentan las personas con discapacidad, así como en lo referente a la disposición de recursos que amparen la protección de sus derechos en este ámbito.
Vigilancia y control para reducir y remover, en su caso, los obstáculos y barreras de toda naturaleza que supongan limitaciones de acceso a los productos, bienes y servicios, y en particular en las transacciones comerciales de carácter electrónico.
Adaptación de los soportes empleados en las campañas informativas y divulgativas en materia de consumo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Realización de campañas informativas y divulgativas dirigidas a las personas con discapacidad sobre sus derechos como consumidores y usuarios, así como sobre los productos y servicios de los que son destinatarios específicos.
Fomento de las acciones formativas y educativas específicas en materia de consumo dirigidas a las personas con discapacidad, especialmente a través de mediadores cualificados.
Promoción de la participación de las personas con discapacidad en el ámbito de la protección al consumidor a través de sus organizaciones más representativas.
Establecimiento de atención específica en los procedimientos de atención, tramitación y resolución de consultas y reclamaciones en materia de consumo interpuestas por personas con discapacidad.
Promoción de acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias específicas por parte de quienes desarrollan funciones de atención e información al consumidor.
Realización de actuaciones específicas de control de mercado y de seguridad de los productos, bienes y servicios ofertados a las personas con discapacidad.
Impulso de la adopción de buenas prácticas orientadas a las personas con discapacidad en el sector empresarial, desde la óptica del consumo responsable y la responsabilidad social de las empresas.
SECCIÓN 7ª Protección económica Artículos 46 a 52
ARTÍCULO 47 Fiscalidad.
Deducciones de la cuota íntegra autonómica en relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas de la persona con discapacidad y por ascendientes o descendientes con discapacidad a cargo.
Bonificaciones de la cuota tributaria cuando la persona con discapacidad sea receptora de donaciones inter vivos o adquisiciones mortis causa en relación al impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Deducciones de la cuota íntegra autonómica en relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas a personas físicas que realicen donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro de atención a las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ARTÍCULO 48 Subvenciones públicas.
Las administraciones y entidades públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de la legislación aplicable, en función de su disponibilidad y estabilidad presupuestaria, promoverán la igualdad de oportunidades y la accesibilidad de las personas con discapacidad a través de la concesión de subvenciones a proyectos encaminados a tales fines.
Las convocatorias de subvenciones públicas destinadas a colaborar en la financiación de proyectos dirigidos a la atención directa de las personas con discapacidad promoverán la inclusión de mecanismos dirigidos a fomentar la estabilidad y sostenibilidad en la financiación.
En las convocatorias de ayudas públicas y subvenciones, las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha podrán establecer como criterio de valoración el porcentaje de trabajadores con discapacidad acreditado por la entidad.
Asimismo, se podrá incluir entre los criterios de valoración, la acreditación por parte de las entidades solicitantes del cumplimiento de las normas de calidad vigentes o la acreditación como establecimiento, instalación o vehículo de transporte público accesible.
ARTÍCULO 49 Financiación de recursos y programas de las entidades privadas de iniciativa social.
La Administración Autonómica promoverá la adopción de fórmulas jurídicas de colaboración con las entidades privadas de iniciativa social, con el objetivo de conseguir estabilidad en la financiación de los servicios de atención directa a las personas con discapacidad.
Las convocatorias de subvenciones públicas destinadas a colaborar con la financiación de proyectos dirigidos a la atención directa a las personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación, promoverán la inclusión de mecanismos dirigidos a fomentar la estabilidad y sostenibilidad en la financiación, a través del establecimiento en las respectivas convocatorias de subvenciones públicas de pagos anticipados, carácter plurianual de las subvenciones, entre otros que pudieran ser considerados adecuados para tal fin.
ARTÍCULO 50 Medidas vinculadas a la contratación pública.
Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de la legislación de contratos del sector público, fomentarán las iniciativas que comporten la generación y el mantenimiento de empleo para las personas con discapacidad.
Con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de la Administración Autonómica cuyo objeto esté relacionado con el ámbito de la atención a las personas con discapacidad o que les afecten, incluirán, al menos, las siguientes cláusulas:
En caso de empate en la valoración final de las proposiciones presentadas por los licitadores, la adjudicación se efectuará a la empresa o entidad que acredite tener en su plantilla, en el momento de presentación de proposiciones, un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad.
Condiciones especiales de ejecución que favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
En los supuestos de adquisición de productos y servicios tecnológicos de información y comunicación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluirán cláusulas que garanticen que los productos o servicios son accesibles también para las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 51 Cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública.
ARTÍCULO 52 Reserva de contratos a centros especiales de empleo.
La Administración Autonómica y sus organismos autónomos reservarán la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En todo caso, será necesario que los contratos reservados se adecúen al objeto social y a las peculiaridades de estas entidades.
El porcentaje de esta reserva se calculará tomando como referencia el presupuesto destinado a la contratación de servicios, suministros y gestión de servicios públicos adecuados a las peculiaridades de estas entidades, y será de un mínimo de un 6 por ciento. Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fijará el porcentaje de esta reserva.
Cuando tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no se haya presentado ninguna proposición o esta no sea adecuada, se podrá licitar de nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del contrato.
Los anuncios de licitación deberán hacer referencia expresa a esta disposición.
La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha promoverá, entre las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, la adopción de esta medida de reserva de contratos a centros especiales de empleo.
CAPÍTULO III Medidas de defensa y protección jurídica Artículos 53 y 54
ARTÍCULO 53 Medidas de defensa y protección.
La Administración Autonómica adoptará las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos, y en especial a las personas con su capacidad de obrar modificada judicialmente, o en proceso de modificación.
La Administración Autonómica, en colaboración con los órganos jurisdiccionales, adoptará las medidas necesarias para asegurar que las funciones tutelares se desarrollen en interés de las personas con discapacidad, fomentando su autonomía personal, posibilitando su pleno desarrollo, integración, incorporación y participación plena en todos los ámbitos de su vida, así como promoviendo la máxima recuperación posible de sus capacidades.
La Administración Autonómica establecerá mecanismos de colaboración con Entidades tutelares en el ejercicio de las funciones tutelares encomendadas judicialmente.
ARTÍCULO 54 Arbitraje.
La Administración Autonómica establecerá las medidas necesarias para garantizar la aplicación del sistema arbitral, que resuelva las quejas o reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa o judicial que en cada caso proceda.
La aplicación de este sistema arbitral contará con la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y de los demás sectores afectados.
CAPÍTULO IV Medidas de sensibilización Artículos 55 y 56
ARTÍCULO 55 Medidas de sensibilización.
ARTÍCULO 56 Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha.
El Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, en el marco de su programa de responsabilidad social corporativa, abordará las necesidades de las personas con discapacidad de cara a contribuir a la sensibilización social y garantía de sus derechos.
El Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, en el ejercicio de su función de servicio público, fomentará en su programación los siguientes objetivos:
Reflejar de forma adecuada la presencia de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos.
Utilizar un lenguaje no discriminatorio.
Adoptar códigos de conducta tendentes a transmitir el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.
Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación.
La difusión al menos una vez por semana de un programa informativo en el que se utilice el lenguaje de signos.
CAPÍTULO V Medidas de sostenibilidad del sistema de protección Artículos 57 a 59
ARTÍCULO 57 Principio de sostenibilidad financiera.
ARTÍCULO 58 Financiación de los centros y servicios para personas con discapacidad.
Financiar los centros y servicios de la red pública de atención a personas con discapacidad.
Contribuir al desarrollo y mejora de las actuaciones que realicen las Entidades Locales de Castilla-La Mancha en beneficio de las personas con discapacidad, en los términos establecidos por la legislación básica del Estado y conforme a los criterios de ordenación y planificación de recursos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Promover las actuaciones que realicen las entidades privadas de iniciativa social dirigidas a la atención de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 59 Participación del usuario en la financiación de los servicios y recursos.
TÍTULO III Accesibilidad Universal Artículos 60 a 73
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 60
ARTÍCULO 60 Garantías del derecho.
La Administración Autonómica promoverá la accesibilidad universal, mediante la determinación de las condiciones que deben cumplir los entornos, bienes, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, con independencia de sus limitaciones y se fundamentará en los criterios de diseño para todos y de fomento de la autonomía personal.
Las disposiciones de este título se entienden, sin perjuicio de lo dispuesto por las condiciones básicas de accesibilidad previstas en la legislación estatal, y de conformidad con la normativa autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras.
Cuando por las características del edificio, instalación o servicio de que se trate, éstos no puedan ser accesibles eliminando en su totalidad las barreras urbanísticas, de edificación, transporte o comunicación, se deberán utilizar ayudas técnicas o apoyos personales que faciliten la autonomía individual de las personas con discapacidad, en las condiciones que se establezcan en la normativa específica sobre accesibilidad.
CAPÍTULO II Medidas de garantía de la accesibilidad universal Artículos 61 a 73
ARTÍCULO 61 Gestión de la accesibilidad universal.
ARTÍCULO 62 Accesibilidad en el entorno y utilización de espacios públicos urbanizados.
Las vías públicas y demás espacios de uso común del entorno urbano cumplirán las condiciones necesarias que faciliten su acceso y utilización por todas las personas con independencia de sus capacidades y limitaciones en su movilidad o en su percepción sensorial.
Los elementos de urbanización y de mobiliario urbano no podrán originar obstáculos que impidan la libertad de movimientos de las personas con discapacidad con limitaciones en su movilidad o en su percepción sensorial. El mobiliario urbano deberá situarse de forma que sea accesible, especialmente para las personas con discapacidad. Los elementos arquitectónicos salientes sobre las alineaciones de las fachadas que interfieran en un espacio o itinerario peatonal accesible, se realizarán evitando que se constituyan en obstáculos para el tránsito.
Durante el período de ejecución de obras en la vía pública, los Ayuntamientos y, en su caso, las empresas responsables de su realización, velarán porque se interrumpa el menor tiempo posible su accesibilidad, disponiendo un itinerario alternativo accesible, así como por señalizar y proteger adecuadamente de los peligros que para las personas con discapacidad pueda generarles la ejecución de la obra.
ARTÍCULO 63 Aparcamientos reservados.
Los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma deberán garantizar un número suficiente y adecuado de reserva de plazas de aparcamiento para las personas con discapacidad que tengan reconocida movilidad reducida, conforme a la normativa vigente, por cuyo cumplimiento velará la Administración Autonómica.
Las Administraciones Públicas impulsarán medidas coordinadas de control que faciliten el uso correcto de esas plazas de aparcamiento.
ARTÍCULO 64 Medidas para garantizar la accesibilidad en la vivienda.
Las Administraciones Públicas y los entes privados afectados por las disposiciones de este capítulo, adoptarán las medidas encaminadas a la promoción, reserva y acceso preferente de las personas con discapacidad a una vivienda con protección pública, con las condiciones que se establezcan en la normativa específica.
Asimismo, promoverán las medidas dirigidas a facilitar la realización de obras e instalaciones de adaptación necesarias en las viviendas y en los elementos y servicios comunes de los edificios, aplicando, en su caso, todos los instrumentos previstos en la normativa vigente sobre vivienda y en la normativa sobre reserva y situación de viviendas con protección pública para personas con discapacidad, así como en la relativa a accesibilidad y supresión de barreras.
En el proceso de adjudicación de viviendas de promoción pública se tendrán en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 65 Reserva adicional de viviendas para personas con discapacidad.
En los proyectos de viviendas de promoción pública, se podrá establecer una garantía adicional del incremento del porcentaje de reserva de viviendas para personas con discapacidad sobre el establecido en la normativa básica estatal del total de las viviendas por promoción, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Las viviendas reservadas en aplicación del porcentaje adicional de reserva establecido en este artículo serán asignadas con carácter preferente a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género o personas con discapacidad en situación de urgencia social, en la forma que se determine reglamentariamente.
El Registro de Demandantes de Vivienda será el mecanismo que garantizará el conocimiento de las viviendas adaptadas construidas en Castilla-La Mancha. Las personas con discapacidad podrán solicitar su inscripción en dicho registro, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
En el caso de las viviendas objeto de reserva previstas en este artículo y destinadas al alquiler podrán adjudicarse a personas con discapacidad o entidades privadas de iniciativa social del ámbito de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por estas entidades a la inclusión y promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad priorizando proyectos de viviendas con apoyo.
ARTÍCULO 66 Acceso a bienes y servicios a disposición del público.
Las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración.
No se podrá excluir por razón de discapacidad el acceso a bienes y servicios a disposición del público. Antes de establecerse cualquier limitación, deben adoptarse las medidas de accesibilidad y adaptación que sean más adecuadas de acuerdo a las técnicas disponibles.
ARTÍCULO 67 Condiciones de seguridad ante riesgos.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica sobre seguridad ante el riesgo de incendio, se dispondrán vías de evacuación accesibles, recintos seguros protegidos o medidas similares alternativas, que garanticen la protección efectiva de la totalidad de los ocupantes del establecimiento o edificio y, especialmente, de las personas con discapacidad.
En el sentido expuesto en el apartado anterior, se promoverá la adecuación de las normas y especificaciones técnicas aplicables.
ARTÍCULO 68 Transporte público de viajeros.
Las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte de carácter regular deberán atender, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad en los vehículos que se integren en los servicios objetos de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte.
No podrá existir discriminación tarifaria alguna en razón de los problemas de movilidad de las personas con discapacidad usuarias del transporte público de viajeros. El desplazamiento en silla de ruedas o elementos análogos de apoyo o auxilio, así como de animales de apoyo, no supondrá, en ningún caso, la aplicación de contraprestaciones adicionales.
Las personas con discapacidad que tengan problemas de movilidad tendrán preferencia para la ocupación de los asientos en los diferentes medios de transporte público. Además, el personal a cargo del servicio público velará para que este se desarrolle en condiciones de seguridad para los usuarios.
En los vehículos de transporte público urbano e interurbano se deberá reservar un mínimo de asientos para personas con discapacidad y se destinará el espacio necesario para ubicar sillas de ruedas en condiciones de seguridad y adecuadamente señalizados.
ARTÍCULO 69 Tarjeta de estacionamiento.
Las personas con discapacidad con movilidad reducida tendrán derecho a la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para estacionar los vehículos automóviles en que se desplacen, lo más cerca posible de su lugar de acceso o de destino.
Reglamentariamente, se determinarán los titulares del derecho, el ámbito de aplicación, las condiciones de uso, las obligaciones, los derechos de los titulares y las limitaciones de uso, así como el procedimiento para su obtención.
ARTÍCULO 70 Servicios de transporte especial.
ARTÍCULO 71 Accesibilidad en la comunicación sensorial.
Las Administraciones Públicas promoverán la accesibilidad a la información y la comunicación, estableciendo los mecanismos, recursos y las alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de información, comunicación y señalización a las personas con discapacidad, conforme a la legislación vigente.
Para garantizar el derecho al acceso a la información, la cultura, la educación, la sanidad, el empleo y el ocio, la Administración Autonómica, de acuerdo con la legislación vigente, fomentará el uso de sistemas de comunicación accesibles a personas con limitaciones sensoriales.
Será requisito necesario, para la consideración de un servicio o equipamiento como accesible, que garantice el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información y comunicación que se precise para su uso, cumpliendo las determinaciones que se establezcan en la normativa de desarrollo.
ARTÍCULO 72 Accesibilidad en el acceso y utilización de tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
El acceso a los servicios de atención al cliente, servicios telefónicos de emergencia, servicios de teleasistencia social y sanitaria o servicios telefónicos de ayuda a personas víctimas de violencia de género, con los ajustes razonables necesarios.
La información disponible en las páginas de internet de las Administraciones Públicas deberá ser accesible, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla los requisitos de calidad vigentes, salvo casos excepcionales previstos en la legislación básica aplicable.
La accesibilidad de las tecnologías de la información y comunicación.
El acceso a los medios de comunicación social financiados con fondos públicos.
El establecimiento de criterios de accesibilidad técnica en la valoración de licitaciones públicas de radiodifusión.
La formación en accesibilidad de los responsables de gestión de contenidos de las páginas de internet de la Administración Autonómica.
ARTÍCULO 73 Animales de apoyo.
Artículo 73, derogado por la Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
TÍTULO IV Participación en la vida pública y política Artículos 74 a 77
ARTÍCULO 74 Derecho de participación en la vida pública.
Las administraciones y entidades públicas facilitarán el desarrollo de las asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas con discapacidad y sus familias.
ARTÍCULO 75 Órganos de participación.
Los órganos colegiados previstos en la normativa sobre servicios sociales de Castilla-La Mancha.
Los órganos de participación de las personas usuarias en los centros y servicios para personas con discapacidad de titularidad pública.
Cualquier otro órgano de las Administraciones Públicas de análoga naturaleza y finalidad que se considere necesario para hacer efectiva la participación de las personas con discapacidad y sus familias, a los efectos de lo dispuesto en este título.
ARTÍCULO 76 La Comisión de las Políticas de Discapacidad.
La Comisión de las Políticas de Discapacidad de Castilla-La Mancha es el instrumento de coordinación en la planificación y el seguimiento de dichas políticas.
El objeto de esta Comisión es que las políticas para la atención a las personas con discapacidad respondan a las verdaderas necesidades de estas y a las posibilidades económicas de la sociedad de Castilla-La Mancha.
Esta Comisión es un órgano colegiado de los previstos en el artículo 22.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Comisión estará adscrita a la Consejería competente en materia de discapacidad, a través de su titular y presidida por el titular de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Le corresponde asesorar a la Administración Autonómica sobre los objetivos que deben conseguir las políticas públicas sobre discapacidad y los planes y programas de actuación para su cumplimiento.
En su composición se garantizará la participación efectiva de las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad, así como la representación de las Entidades Locales. Su organización y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.
ARTÍCULO 77 Derecho de participación en la vida política.
TÍTULO V Planificación, formación, investigación y evaluación Artículos 78 a 83
ARTÍCULO 78 Transversalidad y participación en la planificación.
La Administración Autonómica, en cualquiera de sus ámbitos de competencia, adecuará sus planes a las necesidades de las personas con discapacidad, incluyendo normas encaminadas a fomentar la accesibilidad y no discriminación con el objeto de asegurar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos con discapacidad.
Se fomentará la participación de las personas con discapacidad o de sus representantes en los planes de actuación que la Administración Autonómica ponga en marcha en sus diferentes ámbitos de competencia para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute de las medidas contenidas en los mismos para los ciudadanos con discapacidad.
Las Consejerías de la Administración Autonómica fomentarán la elaboración y puesta en marcha de guías de buenas prácticas en materia de atención a las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 79 Estrategia Regional.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará, con carácter cuatrienal, una Estrategia Regional de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que, al menos, incluirá los objetivos vinculados al empleo, la educación y formación, la atención social y sanitaria, la atención temprana de la discapacidad, la accesibilidad a los bienes y servicios, la participación en la vida política y pública, el acceso al deporte, la cultura y el ocio normalizado, así como la forma en que habrá de garantizarse el derecho a la igualdad de oportunidades y la erradicación de toda forma de discriminación.
Asimismo, se informará anualmente a la Comisión parlamentaria para las políticas integrales en materia de discapacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha del cumplimiento de dicha estrategia.
ARTÍCULO 80 Fomento de la investigación e innovación.
Las administraciones y entidades públicas de Castilla-La Mancha fomentarán la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todas las personas y vida independiente en favor de las personas con discapacidad. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes de investigación, desarrollo e innovación.
La Administración Autonómica establecerá medidas encaminadas a fomentar la investigación e innovación en proyectos dirigidos a prevenir la situación de discapacidad y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 81 Información sobre discapacidad.
La Administración Autonómica recopilará y ordenará la información en materia de discapacidad de que disponga en las bases de datos de las Consejerías, especialmente en las áreas laboral, social, educativa, sanitaria y las relacionadas con la mujer. Dicha información gozará de un tratamiento estadístico adecuado que haga posible su utilización para formular y aplicar políticas públicas en materia de discapacidad, así como para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en las mismas e identificar áreas de mejora en su aplicación.
La Administración Autonómica asumirá la responsabilidad de difundir estas estadísticas, garantizando la necesaria confidencialidad y asegurando que sean accesibles para las personas con discapacidad y los demás ciudadanos.
La Administración Autonómica fomentará la inclusión de indicadores relativos al colectivo de personas con discapacidad en los diferentes estudios y estadísticas que elabora periódicamente el Gobierno Regional.
ARTÍCULO 82 Formación en discapacidad.
La Consejería competente en materia de función pública, en el marco del programa de responsabilidad social, desarrollará acciones de formación relacionadas con la discapacidad, dirigidas al personal de la Administración Autonómica.
ARTÍCULO 83 Evaluación de las políticas públicas de atención a las personas con discapacidad.
Las políticas públicas desarrolladas por la Administración Autonómica para la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha se evaluarán de acuerdo con indicadores de calidad de vida de estas personas.
Las personas con discapacidad y, en su caso, sus representantes formarán parte activa en dicho proceso de evaluación y colaborarán, en su caso en el diseño de dicho proceso.
Los resultados de los procedimientos de evaluación se presentarán en la Comisión Parlamentaria de Políticas de la Discapacidad y en la Comisión de Políticas de la Discapacidad regulada en el artículo 76.
TÍTULO VI Régimen sancionador Artículos 84 a 87
ARTÍCULO 84 Disposiciones generales.
El régimen de infracciones y sanciones aplicable en el ámbito de esta ley será el establecido en el capítulo I del título III del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, sin perjuicio de la normativa específica autonómica en materia de accesibilidad.
El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de la normativa específica en materia de accesibilidad, la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Administración Autonómica cuando las conductas infractoras se produzcan dentro de su ámbito territorial.
ARTÍCULO 85 Infracciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y además de las infracciones previstas en la normativa básica estatal, se tipifican las siguientes infracciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en el artículo 8, siempre que no tenga el carácter de infracción grave o muy grave.
El incumplimiento de la obligación de adoptar medidas orientadas a eliminar situaciones de discriminación a las personas con discapacidad, siempre que no constituyan infracciones graves o muy graves.
La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial de los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de ventaja.
La obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por las autoridades competentes o sus agentes, que sea legalmente exigible en orden al cumplimiento de las facultades sancionadoras previstas en este título.
La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable que facilite la implantación de las medidas establecidas en la ley.
La comisión, en el plazo de tres meses y por tres veces, de la misma infracción leve.
Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo o por razón de su discapacidad.
Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos o servicios a disposición del público.
Las conductas calificadas como graves cuando sus autores hayan actuado movidos, además, por odio o desprecio racial o étnico, de género, orientación sexual, edad, discapacidad severa o imposibilidad de representarse a sí mismo.
Las infracciones muy graves, con multa de 90.001 euros a 1.000.000 de euros.
ARTÍCULO 87 Órganos sancionadores.
Las cláusulas de responsabilidad social aplicables a la contratación pública adecuadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en la ley.
Las condiciones y áreas de actividad de la reserva de contratos a centros especiales de empleo prevista en el artículo 52.
El apartado 1 del artículo 34 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en CastillaLa Mancha, se modifica como se indica a continuación:
"1. Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de la infracción, serán las siguientes:
Las infracciones muy graves, con multa de 90.001 euros a 1.000.000 de euros".
"l) Seis personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación y la cultura, representativas de los distintos niveles de enseñanza, designados por el titular de la Consejería competente en materia de educación. Uno de los consejeros designados en este grupo pertenecerá a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias".
"b) Prestación de apoyo para el mantenimiento y desarrollo de habilidades y competencias básicas para la vida a personas con determinadas necesidades específicas: tiene por objeto el desarrollo de intervenciones especializadas orientadas a mejorar la calidad de vida y a propiciar la participación activa en su entorno familiar y comunitario. Tendrán tal consideración los servicios de capacitación sociolaboral para las personas con discapacidad".
El párrafo m) del artículo 14 del Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se modifica como se indica a continuación:
"m) Una vocalía en representación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias".
El párrafo m) del artículo 14 del Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, pasará a ser el párrafo n).
Se añade un párrafo k) en el artículo 15 del Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, con el siguiente contenido:
"El nombramiento para el/la representante del apartado m) se hará a propuesta de la organización más representativa del sector de la discapacidad".
La puesta en funcionamiento del sistema arbitral previsto en el artículo 54 se producirá una vez implantado aquel a nivel estatal.
En el plazo de un año desde dicha implantación, el Gobierno de Castilla-La Mancha, previa audiencia de los sectores interesados y las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias, establecerá mediante Decreto este sistema arbitral.
Toledo, 13 de noviembre de 2014
La Presidenta, MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA
RESOLUCIÓN BEF/3645/2004, de 14 de diciembre, de convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de tres puestos de trabajo del Departamento de Bienestar y Familia (convocatoria de provisión núm. BE/018/04).

References: artículo 148
 artículo 149
 artículo 31
 resolución 

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23
 artículo 15

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

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ARTÍCULO 36

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ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45
 resolución 

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ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59
 Artículo 60

ARTÍCULO 60

ARTÍCULO 61

ARTÍCULO 62

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ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 65

ARTÍCULO 66

ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 68

ARTÍCULO 69

ARTÍCULO 70

ARTÍCULO 71

ARTÍCULO 72

ARTÍCULO 73

Artículo 73

ARTÍCULO 74

ARTÍCULO 75

ARTÍCULO 76
 artículo 22

ARTÍCULO 77

ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 79

ARTÍCULO 80

ARTÍCULO 81

ARTÍCULO 82

ARTÍCULO 83
 artículo 76

ARTÍCULO 84
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 85
 artículo 8

ARTÍCULO 87
 artículo 52
 artículo 34
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 54

RESOLUCIÓN