Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-398.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-23 21:05:48+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 398, de 25/07/2018
cve: BOCG-12-D-398
161/003542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estudio del coste de la no defensa ... (Página4)
161/003528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un nuevo acuerdo social e institucional ampliado para el desarrollo del entorno de la estación de Chamartín ... (Página5)
161/003544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las redes transeuropeas y la inclusión en las mismas de los trazados Madrid-Valencia en el Corredor Atlántico-Mediterráneo, y Zaragoza-Valencia en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo ... (Página7)
161/003522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para favorecer la titulación de ESO de los alumnos con adaptaciones curriculares significativas ... (Página8)
161/003525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a reducir las ratios de los profesionales de orientación educativa ... (Página9)
161/003529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre condiciones de vida y trabajo de las aparadoras del calzado ... (Página10)
161/003532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre regularización de los trabajadores cooperativistas que prestan servicios en la sociedad pública Mercavalencia ... (Página12)
161/003536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los actos vandálicos de turismofobia ... (Página14)
161/003524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la consideración del valor de la transhumancia y la inclusión de una ayuda agroambiental específica en la futura PAC ... (Página15)
161/003526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al fomento de una alimentación sana y equilibrada ... (Página17)
161/003535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas a adoptar tras la tempestad de granizo ocurrida en las comarcas valencianas el 01/07/2018 ... (Página20)
161/003537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre reformas necesarias a la Ley 12/2014, de 9 de julio, sobre el Consejo Agrario ... (Página21)
161/003545 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana y Mixto, relativa a defender la flexibilización de la obligación de desembarque total de descartes ... (Página23)
161/003527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención a los ciudadanos con enfermedades raras ... (Página24)
161/003523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la relación de puestos de trabajo en las universidades españolas ... (Página27)
161/003538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del Campus Científico-Tecnológico de Linares ... (Página28)
161/003530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a impulsar el instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas en el seno de la Unión Europea ... (Página31)
161/003540 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio en el seno del Consejo Superior de Tráfico de la homologación de la señal de Protección Funcional
161/003541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al derecho de las personas en silla de ruedas o similares del uso de las sendas ciclistas ... (Página33)
181/001199 Pregunta formulada por el Diputado don Eloy Suárez Lamata (GP), sobre previsiones acerca de recurrir la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del municipio de Zaragoza ante el Tribunal Constitucional, pidiendo la suspensión cautelar de su aplicación, a la vista del informe emitido por el Consejo de Estado sobre la misma ... (Página35)
181/001200 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de paralizar definitivamente el proyecto de cementerio nuclear (ATC) en la provincia de Cuenca y realizar una calendarización de cierres de centrales nucleares para tener certeza de los residuos nucleares generados que deben ser gestionados ... (Página35)
184/035476 Autor: Luena López, César
Actuaciones previstas para acortar los tiempos de espera de expedición del DNI en La Rioja. Retirada... (Página35)
184/035606 Autor: Cantera de Castro, Zaida
Vehículos que prestan servicio actualmente en la Guardia Civil. Retirada... (Página36)
184/035607 Autor: Cantera de Castro, Zaida
Previsiones acerca de la trasferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Retirada... (Página36)
184/035608 Autor: Cantera de Castro, Zaida
Puesta en marcha del centro penitenciario Málaga II (Archidona). Retirada... (Página37)
184/035653 Autor: Hernando Vera, Antonio
Previsiones de las actualizaciones y formulaciones de las Estrategias de Seguridad específicas y/o sectoriales derivadas de la Estrategia de Seguridad Nacional. Retirada... (Página37)
184/035663 Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel Serrada Pariente, David Cantera de Castro, Zaida
Fecha prevista para que estén disponibles las plazas de trabajadores que se requieren para la apertura parcial de la cárcel de Archidona. Retirada... (Página37)
184/035976 Autor: Agirretxea Urresti, Joseba Andoni
Certificación de la existencia de la Orden Ministerial Ref: dl-100-VIZCAYA FJ/CG de fecha 11/12/2002, que afecta al molino "Portu Errota"... (Página38)
184/036050 Autor: Cano Leal, Francisco Javier Julià Julià, María Sandra Ramírez Freire, Saúl
Contradicción entre el Fiscal Jefe Antidroga y el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz sobre el narcotráfico en el Campo de Gibraltar... (Página39)
184/036076 Autor: Martín Llaguno, Marta Rivera de la Cruz, Marta María Gómez García, Rodrigo
Convocatoria de la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada... (Página40)
161/003542
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el estudio del coste de la no defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.
La seguridad constituye uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho. Los conceptos de seguridad y defensa están íntimamente vinculados a la obligación del Estado de garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidas en la Constitución española y en la Carta de las Naciones Unidas de 1945.
Nuestra Carta Magna ya proclama en su preámbulo la voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la tierra. Y posteriormente, en su artículo 8.1, atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía y el sistema de libertades que articula nuestro ordenamiento constitucional.
Es ampliamente reconocido que la seguridad constituye una premisa básica para que los ciudadanos puedan vivir en paz y en libertad, y se encuentren protegidos ante eventuales amenazas en un estado de derechos y libertades.
Los gastos de defensa son el precio que pagan las naciones para asegurarse ciertos niveles de seguridad, interna y externa con los efectos que ello genera en términos sociales, políticos y económicos. No obstante, asistimos continuamente a críticas basadas en la demagogia sobre el coste económico de la seguridad y de la defensa: sobre si es o no necesario, si es más o menos productivo que otros gastos y, particularmente, si drena recursos frente al gasto social. Sin embargo, nadie hace referencia al coste de renunciar a la defensa.
En muy pocas ocasiones se ha intentado hacer un mínimo cálculo del coste que supuso un fallo de seguridad en un gran atentado. En estos casos el estudio se ha limitado a costes directos: patrimonio destruido, atención a heridos, indemnizaciones, pérdidas salariales de afectado[...] sin entrar en aspectos más profundos sobre cómo afectaría una pérdida de estabilidad a la economía, como afectaría al capital humano, etc.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una estudio sobre el coste que supondría que se pudieran materializar amenazas existentes a distintos niveles producto de una progresiva renuncia a una defensa efectiva."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003528
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Alberto Garzón Espinosa de conformidad con el artículo 193 y siguientes el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la elaboración de un nuevo acuerdo social e institucional ampliado para el desarrollo del entorno de la estación de Chamartín cuya prioridad sea mejorar la cohesión territorial, la creación de empleo de calidad, la dotación de espacios verdes y servicios sociales, frenar la especulación y garantizar que la vivienda y el suelo público esté al servicio de la gran mayoría social.
El artículo 128 de la Constitución Española afirma que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" y "reconoce la iniciativa pública en la actividad económica". Asimismo, el artículo 47 promulga el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y la obligación de los poderes públicos de crear las condiciones necesarias "para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
La subordinación de la riqueza al interés general es un principio rector del urbanismo incorporado a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (art. 3.1.b) para garantizar "la utilización sostenible del territorio y la cohesión social". La misma ley establece los sistemas de ejecución pública del planeamiento (art. 131) y los instrumentos de intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el mercado inmobiliario (título V).
Sin embargo, los principios e instrumentos de actuación pública en materia de urbanismo fueron olvidados hace mucho tiempo en Madrid. Los distintos desarrollos planteados en la Operación Chamartín, vinculados a la privatización del suelo público a través del acuerdo firmado entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la empresa Distrito Castellana Norte (DCN), han sustituido la defensa del interés general por el particular del BBVA, las constructoras y una empresa pública que acumula más de 16.000 millones de deuda por su mala gestión y planificación de infraestructuras ferroviarias centradas en la alta velocidad en lugar de favorecer el desarrollo de un tren público y social de calidad.
La Operación Chamartín, rebautizada como "Madrid Nuevo Norte" en el último acuerdo presentado a la opinión pública, nació en los años noventa bajo el gobierno estatal del PSOE como una iniciativa pionera de privatización de los derechos urbanísticos sobre suelo público, de modo que los derechos de RENFE (hoy ADIF) se cedieron por concurso a la antigua Argentaria (hoy BBVA). La operación serviría para urbanizar 311 hectáreas del norte de Madrid y financiar a la administración del Estado.
Durante veinte años, con una mayor intervención de los Gobiernos del Partido Popular, el bloqueo de la Operación tuvo mucho que ver con las negociaciones entre agentes públicos y privados para decidir cómo se repartían sus más que probables beneficios. A través de distintas modificaciones la Operación se hizo cada vez más especulativa: en 1997, cuando el mercado pedía viviendas, la Operación se concibió como un desarrollo principalmente residencial pero sin contemplar vivienda social. En 2002 se multiplicó la edificabilidad un 75% para aumentar las posibilidades de negocio y financiar más obras públicas de todas las Administraciones. En 2011, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se fue reconvirtiendo en distrito de negocios con vivienda de lujo, alejándose por completo de las necesidades reales de la ciudad y la situación social de sus habitantes. Con la prolongación de la crisis, la última propuesta de la empresa concesionaria al gobierno municipal del PP, de 2015, buscaba mejorar la rentabilidad privada de la operación rebajando los costes de construcción y "flexibilizando" la posibilidad de construir viviendas u oficinas según lo fuera demandando el mercado.
Al mismo tiempo Madrid necesitaba con urgencia, como sigue necesitando, una mejora en la calidad de los barrios con el objetivo de lograr erradicar la desigualdad, la exclusión social y el deterioro ambiental.
El proyecto de Madrid Nuevo Norte (MNN), que parte del acuerdo con el Ministerio de Fomento y la empresa Distrito Castellana Norte (controlada por el BBVA), es el reflejo del abandono de las reivindicaciones y necesidades sociales. Se continúa una senda iniciada en 1993, con el nombre de
Operación Chamartín y, una vez más, nos prometen un mundo mejor. Cuentan para ello con que nadie entienda la avalancha de cifras con que se adorna, de recreaciones virtuales, y la publicidad de los principales medios de comunicación en un entorno con un vocabulario hostil y una legislación compleja. Pero la realidad es que esta operación tiene un principal beneficiario: el BBVA. Y unos principales damnificados: la mayoría de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad e, incluso, de la Comunidad de Madrid. De nuevo el desequilibrio territorial sigue ampliándose.
La principal consecuencia de MNN es que una gran cantidad de suelo, hoy propiedad de la empresa pública ADIF, pasará a manos privadas y se empleará en su mayoría para dos finalidades: construir un gran centro de oficinas de negocios de máxima categoría y viviendas de lujo. Deshacerse del patrimonio público para construir más oficinas en Chamartín, la zona que lidera el ranking regional de atracción de viajes por motivos de trabajo (más de 120.000 al día), y viviendas que costarán más de 5.000 euros por metro cuadrado (2,5 veces más que las protegidas de precio básico) es exactamente lo contrario a garantizar" la utilización sostenible del territorio y la cohesión social" y a trabajar por "hacer efectivo" el derecho a la vivienda. Este planteamiento atenta contra los principios fundamentales que deberían regir el desarrollo de las ciudades y la actuación de los entes públicos en nuestra sociedad.
El acuerdo entre ADIF y DCN se renovó una vez más el pasado diciembre de 2016, pero finaliza el 31 de agosto de este año. Por tanto, se abre ante nosotros una nueva oportunidad para desarrollar una iniciativa pública en terrenos cuya titularidad es 80% pública.
No parece que tenga lógica alguna que las Administraciones Públicas de ámbito estatal transfieran derechos sobre suelo a un agente privado que termina beneficiándose de las plusvalías que obtendría con una recalificación realizada por otra Administración pública, en este caso, de carácter local.
Por eso es imprescindible detener esa deriva que supone la privatización del espacio público para la obtención de beneficio solamente para una parte reducida de la ciudadanía y abrir un proceso de debate público sobre el modelo de ciudad, en el que se definirán los nuevos conceptos estratégicos para el desarrollo de Madrid y los mecanismos de planeamiento y políticas municipales adecuados para desarrollarlos. Este proceso contemplará la participación ciudadana con unos ritmos, metodologías y mecanismos adecuados para la deliberación democrática, que sea una herramienta eficaz para desarrollar la visión colectiva de futuro de los habitantes de Madrid.
Preposición no de Ley
1. No renovar el acuerdo entre el ADIF y la empresa DCN. Esta cancelación no exige ninguna compensación ya que no hay derechos reconocidos y está plenamente en su mano realizarlo para abandonar un convenio perjudicial para los intereses de la ciudad de Madrid.
2. Tramitar un nuevo acuerdo, entre las tres administraciones afectadas, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y el Estado, que fije los criterios y condiciones para un desarrollo urbanístico centrado en las necesidades reales del distrito y de la ciudad enfocado hacia el reequilibrio territorial, el urbanismo sostenible y el fomento de la vivienda pública en régimen de alquiler.
3. Presentar una propuesta de convenio de ADIF que incluya al Ayuntamiento de Madrid, contemplando la necesaria modernización de la estación de Chamartín y garantizando que el suelo público siga siendo público y esté al servicio de las necesidades sociales.
4. Incluir plazos y presupuesto suficiente para dar solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes, en los términos que reclaman las entidades vecinales del distrito, como requisito imprescindible y prioritario para continuar con el resto del desarrollo del plan.
5. Garantizar que la vivienda que se vaya a construir sea mayoritariamente pública en régimen de alquiler y a precios asequibles, fijando plazos para su ejecución.
6. Elaborar un plan de rehabilitación acorde con las necesidades, desde la iniciativa pública e instar a la Comunidad de Madrid a modificar la legislación para que el régimen de alquiler social propuesto sea totalmente garantista.
7. Desarrollar un plan de fomento del transporte público y de reducción del transporte privado, en línea con las propuestas vecinales.
8. Equilibrar el reparto territorial de usos entre residencia y actividad económica, de manera que el impacto en la movilidad no contradiga la política de reducción del acceso al centro en vehículo privado y no obligue a afrontar costosas obras públicas.
9. Limitar el espacio previsto para actividades terciarias (oficinas), manteniendo los suelos de uso industrial que ahora existen, y estudiando la posibilidad de ampliarlo, tras un análisis conjunto con sindicatos y entidades sociales, para fomentar el empleo estable y de calidad."
Palacio del Congreso de los Diputado, 10 de julio de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.- Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre las redes transeuropeas y la inclusión en los mismos de los trazados Madrid-Valencia en el Corredor Atlántico-Mediterráneo, y Zaragoza-Valencia en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Fomento.
En breve se definirá por parte de la Unión Europea las conexiones ferroviarias que formarán parte del plan financiero plurianual de la UE 2021-2027, dotado con 30.600 millones de euros para la financiación de las redes transeuropeas de transporte.
Dentro del Corredor Atlántico-Mediterráneo el Gobierno siempre incluyó los trazados Lisboa-Badajoz-Madrid-Valencia, y del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, los trazados Bilbao-Pamplona-Zaragoza-Valencia.
Según se ha sabido, en la propuesta que va a plantear la Comisión Europea han desaparecido de estos corredores los tramos Valencia-Madrid y el Valencia-Zaragoza, respectivamente.
Las redes incluidas tendrán una financiación europea que puede alcanzar el 75% del proyecto, mientras que las no prioritarias solo pueden llegar hasta el 15%. De no incluirse, tendrá repercusión en la eficiencia de las conexiones de corredores y de los puertos que forman parte de los mismos, siendo especialmente grave, a corto plazo, para el tramo Valencia-Zaragoza, que necesita una renovación a fondo.
Según se denuncia desde la Autoridad Portuaria de Valencia y la Generalitat Valenciana, el motivo es que el Ministerio de Fomento introdujo cambios en la propuesta que el Gobierno remitió a la Comisión Europea, ya que la Comisión Europea lo único que hizo el pasado 6 de junio fue aceptar la propuesta española de modificación de trazados prioritarios, propuesta que había sido enviada por el Gobierno entre diciembre de 2017 y enero de 2018.
El Gobierno no acordó estos cambios con las Comunidades Autónomas afectadas, como ha denunciado la Generalitat Valenciana, ni con la Autoridad Portuaria de Valencia u otras instituciones o entidades públicas afectadas, ni con los grupos parlamentarios, ni con los agentes sociales y económicos nacionales.
Tampoco se ha aportado una justificación objetiva que justificara este cambio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer Alcaraz, Artemi Rallo Lombarte, Ciprià Císcar Casabán, Alicia Piquer Sancho, Ignacio Urquizu Sancho, Susana Sumelzo Jordán, Óscar Galeano Gracia, Gonzalo Palacín Guarné y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003522
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para favorecer la titulación de ESO de los alumnos con adaptaciones curriculares significativas, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
La Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo de 2006, establece la atención a la diversidad como un principio fundamental en la Educación Primaria, dedicando el Título II de equidad en la educación del Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE).
Entre las medidas para este tipo de alumnado destacan las adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) como un instrumento esencial para el tratamiento de la diversidad; una estrategia de resolución a los problemas de aprendizajes que se dan en el aula.
Las ACI se realizan dentro del proceso ordinario de planificación de la acción educativa del centro y pueden tener distintos grados de significación, clasificándose en un rango continuo que va de poco significativas a más significativas. Ello depende de si la propia adaptación del currículum afecta a elementos básicos del proyecto Curricular de Etapa o Ciclo (como los objetivos educativos, la metodología, los contenidos o la evaluación) o solo afectan a otros elementos accesorios que lleven desarrollo, por parte del alumno, de las capacidades enunciadas en los objetivos generales de etapa.
Su implantación se realizan a petición del tutor, en Infantil y Primaria, o del equipo educativo (en Secundaria), quienes detectan que el alumno no alcanza de manera global los objetivos generales de etapa y se llevan a cabo medidas de refuerzo educativo y adaptación curricular pero sin afectar a los objetivos educativos, que habrán de ser iguales que los de sus compañeros. De esta forma, el alumno es atendido en su contexto habitual con los mismos profesores y el apoyo, si fuese necesario, de otros profesionales.
Por otro lado, las ACI significativas son las desarrolladas y aplicadas a los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEEs), las cuales implican una modificación significativa de los objetivos generales de etapa o ciclo, los contenidos o los criterios de evaluación del currículum. Estas adaptaciones requieren deben tener un informe de evaluación psicopedagógica y un dictamen de escolarización donde se establece, no solo la necesidad de realizar adaptaciones curriculares, sino también las características que debe tener: en qué asignaturas, en qué aspectos, etc.
Debido a esta estructura, en el caso de alumnos de Secundaria, solo pueden obtener la titulación con adaptaciones curriculares si han logrado los objetivos generales de la etapa de Secundaria. Puesto que en la mayoría de los casos las ACI significativas tienen propuestos objetivos, contenidos y criterios de evaluación inferiores a los objetivos previstos para la etapa, estos alumnos no consiguen los objetivos generales de la etapa y tampoco la titulación.
1. Llevar a cabo las medidas necesarias para que los alumnos que tengan Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) significativas puedan obtener la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) al cumplir los objetivos marcados en sus adaptaciones y poder acceder con mayor facilidad a la educación postobligatoria.
2. Establecer un sistema de evaluación más flexible al final de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que certifique el nivel de adquisición de contenidos y competencias y sustituya al actual "apto/no apto.""
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003525
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional, para reducir las ratios de los profesionales de orientación educativa.
El papel y las funciones de los profesionales de orientación en el sistema educativo español es esencial a la hora de configurar una Educación Inclusiva, Equitativa y de calidad puesto que los ámbitos en los que trabajan dichos profesionales sustentan ejes fundamentales para llevar a cabo una Educación Integral que abarca los subsistemas educativos necesariamente interrelacionados tales como el escolar, el familiar y el sociocultural.
Su incidencia en los procesos escolares a través del trabajo con los y las docentes, del trabajo con las familias y con el propio alumnado es absolutamente necesario como asesoramiento, guía, prevención, diagnóstico e intervención para llegar a una Educación realmente individualizada de atienda a las características y necesidades reales de la diversidad de alumnado que configura nuestras aulas.
De este modo, los y las profesionales de Orientación Educativa dan respuesta con su labor en el ámbito general del Sistema Educativo actuando siempre en el marco y en virtud de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño enunciados en la Declaración Universal de la ONU, pero también y especialmente en el ámbito de la Atención a la Diversidad, en el ámbito de la Acción Tutorial así como en el ámbito de la orientación vocacional y profesional. Este trabajo es indispensable en todos los momentos del desarrollo de las alumnas y alumnos.
Es imprescindible un modelo de orientación proactivo, una orientación como un proceso continuo dirigido al desarrollo íntegro de la persona, considerando así, al orientador como agente de cambio social. Un modelo basado en la prevención.
En los centros de educación Infantil y primaria las orientadoras y orientadores trabajan por zonas en la mayoría de las Comunidades Autónomas, de modo que se dan situaciones en que hay un profesional de orientación por cada cuatro CEIPs y en alguno de estos centros solo se puede asistir media mañana o cada quince días.
Las consecuencias de esta falta de recursos humanos son:
- Alumnado pendiente de ser evaluado (casos de hasta cuatro años de espera); profesionales docentes y de orientación con estrés y ansiedad sin poder atender adecuadamente las dificultades a pesar de su buena disposición y sin un espacio físico definido donde poder trabajar; familias desorientadas que tampoco saben cómo ayudar y teniendo que recurrir a gabinetes privados ante la urgencia de dar una respuesta a las necesidades de sus hijas e hijos (saliendo perjudicadas las familias de menor poder económico).
- En secundaria los centros si cuentan con un orientador u orientadora por centro pero resulta insuficiente cuando algunos de esos centros cuentan con más de 500 alumnos y alumnas matriculados y encontramos casos reales de IES con 1700 chicos y chicas para una sola orientadora.
Este panorama está impidiendo claramente el desarrollo y aplicación de las funciones que la normativa atribuye a la Orientación en las diferentes etapas educativas. No se está dando la respuesta educativa que el alumnado merece.
A todo esto le sumamos la tasa de fracaso escolar que tenemos en España (20%). La figura del profesional de Orientación es esencial en la prevención del fracaso escolar (falta de recursos destinados a la Atención a la Diversidad, es decir, se necesita tiempo suficiente para asesorar al profesorado en particular y a la comunidad educativa en general cuando el fracaso escolar es ya un hecho). Tener alumnado sin poder ser evaluado y sin respuesta educativa, desemboca en la mayoría de los casos en fracaso escolar.
Organismos internacionales recomiendan que la ratio del alumnado por cada profesional de la orientación descienda a 250 alumnas/os para que aquellos centros educativos que sobrepasen la ratio señalada cuenten con un segundo profesional de la Orientación Educativa.
- Hacer realidad el derecho a la Orientación en todas las Comunidad Autónomas.
- Lograr una ratio de profesionales de la Orientación de 1/250 en todas las Comunidades Autónomas, tal y como recomiendan organismos internacionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Trabajo, Migración y Seguridad Social
161/003529
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre condiciones de vida y trabajo de las aparadoras del calzado, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La industria del calzado en España se concentra principalmente en la Comunitat Valenciana, especialmente en las localidades alicantinas de Elche y Elda, en donde se registra el 66% de la mano de obra de la industria manufacturera de toda la Comunidad Autónoma, con más de 8.900 empleos y 862 empresas -65% del total del sector- (datos de la encuesta trimestral de empresas, INE).
Desde 2001, el volumen de negocio del sector se ha reducido hasta la actualidad en un 40% y en el caso de la población ocupada también ha registrado una caída del 50%. Pero si nos fijamos en el periodo más reciente, durante los peores años de la crisis -desde 2011- no solo se ha revertido esta caída en la producción de calzado, sino también ha ido elevando su importancia en relación a la industria total.
Según los datos ofrecidos por el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, en la actualidad, la industria del calzado representa el 5% del volumen total de la cifra de negocios industriales de la Comunitat Valenciana, superando los 2.000 millones de euros anuales, de los cuales el 94,2% provienen de la provincia de Alicante. En definitiva, estamos hablando de una industria con gran arraigo e importancia no sólo para la economía y la sociedad local -ya que en la provincia de Alicante se registra el 51% del personal ocupado en el sector-, sino también para la industria española, la cual representa el 1% del PIB y el 2% del empleo total.
Sin embargo, a pesar de la importancia de este sector, los datos sobre salarios y precarización de las condiciones laborales son alarmantes. En un estudio reciente del Ministerio de Industria, los datos obtenidos de la Encuesta Industrial de Empresas 2015 (INE), muestran como el sector del cuero y calzado ocupa el último puesto en remuneración por asalariado -22 mil euros anuales- y el penúltimo en productividad por ocupado -30 mil euros anuales-. A pesar de registrar un aumento del 10% del volumen de negocio entre 2008-2015, no ha sucedido lo mismo con los gastos en personal por ocupado, ya que sólo han aumentado en este mismo periodo un 3%.
A lo largo de las últimas décadas este sector ha evolucionado hacia la senda de la fragmentación y la externalización de las tareas que conforman el proceso de producción del calzado. Una fragmentación del tejido empresarial que ha ido conformando una estructura de pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector, así como una creciente floración de empleos y trabajos invisibilizados que han ido fortaleciendo una potente economía sumergida en torno a la industria del calzado.
Es muy complejo conocer que parte de la actividad económica es formal o informal, y más aún con un modelo de organización productiva tan atomizado y segmentado. A pesar de la dificultad de cuantificar qué fases del proceso y qué trabajos se realizan al margen de la legislación laboral, diversos estudios apuntan a que la informalización del sector alcanza el 50% del volumen de la producción sumergida y en un 45% para el empleo sumergido (Ybarra et al, 2004; De Castro et al, 2014)1.
Esta tendencia generalizada se ha ido consolidando en las últimas décadas no es más que una consecuencia de la flexibilización laboral aplicada dentro de la estrategia de rentabilidad basada en ganancias de competitividad vía reducción de costes laborales. Una práctica empresarial que conduce a la informalización de una parte importante del sector, siendo elemento estructural de la economía alicantina y en definitiva, de la industria del calzado española. Digamos que la realidad que presenta de esta industria revela como la economía sumergida se ha institucionalizado como norma.
En este contexto de normalización de la precarización, cabe resaltar la fuerte presencia femenina en las distintas partes del proceso, como es el caso de la mujeres aparadoras, aquellas que "cosen las piezas de que se compone el calzado para unirlas". Esta tarea de aparado recae sobre la mano de obra de las mujeres, quienes resultan ser la fuerza de trabajo esencial en el sector productivo del calzado en la Comunidad Valenciana. Dicha realidad se ha constituido en localidades alicantinas como Elche o Elda en una realidad atomizada de talleres clandestinos o establecidos en los domicilios de las propias trabajadoras.
Esta realidad del "aparado" no se refiere solo a las que cosen las costuras, también podemos englobar otras fases de la producción del calzado que son realizadas por mujeres y en sus domicilios: el rebajado (rebajadoras), el doblado (dobladoras), las aparadoras propiamente dichas y después según el tipo de zapato, algunos tienen "trabajos de mano" respecto al acabado o adorno del calzado. Estas mujeres, juegan un papel destacado en la economía sumergida de la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante. La mayor parte de los casos, este colectivo de mujeres trabajan generalmente "a destajo" para la industria del calzado.
Esta prestación laboral se viene realizando de forma habitual desde la ausencia del reconocimiento de la relación laboral, careciendo de contrato, afiliación al régimen general de la seguridad social y sin que se cumplan las condiciones de trabajo establecidas normativamente o mediante la negociación colectiva, tanto respecto a su jornada, salario o en materia de salud laboral.
Asimismo, las consecuencias derivadas sobre las condiciones en que desempeñan su función y siendo un trabajo "a destajo" tienen efectos sobre las condiciones de salud y los posibles riesgos laborales y psicosociales a los que están expuestas. Algunas de las lesiones o dolores que perciben estas mujeres están relacionadas con las propias características ergonómicas del trabajo, como el dolor de articulaciones, migrañas, problemas circulatorios, o incremento de riesgos cardiovasculares, pero también otros problemas reproductivos, alergias o depresión.
El empeoramiento de sus condiciones laborales y de vida acaba agudizándose con el tiempo, dificultando su desempeño y a pesar de ello, prosiguiéndolo ante el temor a quedar sin ingresos suficientes para vivir. Lo dramático de esta precarizada situación es que dichas consecuencias sobre las condiciones físicas y psíquicas de las trabajadoras no consta en ningún estudio o estadística oficial al no estar amparadas por un régimen jurídico y sanitario.
Por otro lado, al consolidarse como trabajos sumergidos de realización casera o subcontratación muy atomizada, es inviable la posibilidad de organización colectiva por parte de estas trabajadoras para la defensa de sus derechos laborales y de su salud laboral. Éstas se encuentran en un absoluto desamparo frente a la adopción de represalias del lado patronal frente a las posibles demandas de mejoras de condiciones de contratación y prestación del trabajo por parte de las aparadoras. De hecho, en la mayor parte de los casos, estas trabajadoras desconocen el destino de la mercancía que producen, lo que hace aún mas difícil poder reclamar mejoras en las condiciones laborales. Lo cierto es que en un contexto fuertemente desregulado como el actual -especialmente tras la última reforma laboral de 2012-, en un sector fragmentado y con una fuerte presencia en la economía sumergida, el poder de la negociación colectiva queda tremendamente deteriorada.
1 Ver el artículo de Ybarra, J., B. San Miguel, J. Hurtado y M. J. Santa María. (2004). "El calzado en el Vinalopó: entre la continuidad y la ruptura. Estudio sobre economía y trabajo en el sector", así como el trabajo de Castro Pericacho, C., Sarasa, M. A., y Sánchez, A. L. (2014), "La norma informal de empleo y el deterioro de la condición de ciudadanía. El caso de la industria del calzado en Elda, Alicante".
En cierto modo, parte de esta precarización de las condiciones laborales -tanto del personal asalariado como aquel que trabaja sin ninguna relación contractual- viene impulsada por la propia dinámica empresarial de creación y cierres de centros de trabajo como elemento intrínseco de esta industria. Ello explica el por qué solo el 10-12% de las personas asalariadas tienen un contrato indefinido (según los datos de Castro et al, 2014). El uso fraudulento de los contratos temporales o el aumento de falsos autónomos se convierte en la herramienta de ajuste de las empresas para ajustar la mano de obra a la demanda a un bajo coste.
Esta situación las excluye igualmente de las prestaciones de seguridad social, como por ejemplo la de Incapacidad Temporal o la baja maternal, que pudieran corresponderse por el desarrollo de su relación laboral, además de la pérdida de cotizaciones al sistema de seguridad social o la falta de tributación que supone esta realidad. Esta realidad de clandestinidad laboral de las aparadoras las sitúa por tanto en una situación de suma precariedad, que se presta "a destajo" (retribuida en base a las unidades producidas), sin prevención en materia de salud laboral y sin derecho a prestaciones. Una evidente situación de explotación laboral que recae sustancialmente sobre las mujeres.
En definitiva, la combinación entre externalización de actividades, fragmentación del proceso y las estrategias de rentabilidad basadas en ganancias de competitividad vía reducción de costes permanente -cueste lo que cueste-, han constituido la informalidad como un elemento estructural del sector y han institucionalizado la precariedad con rostro de mujer. Una realidad que es asumida por los distintos actores sociales -empresarios, instituciones y clase trabajadora- como un rasgo específico de la economía y la sociedad local.
1. Intensificar las labores realizadas por la Inspección de Trabajo, reforzando las mismas mediante el desarrollo de un pian específico dotando de medios humanos y materiales suficientes para abordar desde las principales empresas y toda la cadena de subcontratación el reconocimiento de los derechos laborales, salariales y en materia de salud laboral de las aparadoras y otras actividades relacionadas.
2. Que en colaboración con el Gobierno de la Generalitat Valenciana y las principales entidades locales afectadas a constituir un Foro que con la participación de los agentes sociales aborde la búsqueda de soluciones respecto a la economía sumergida de las aparadoras y otras actividades relacionadas, tanto en materia fiscal como laboral.
3. Trasladar al Gobierno de la Generalitat Valenciana la propuesta de creación de una certificación en materia de "calidad laboral" en la industria valenciana del calzado.
4. Realizar un informe por parte del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) que aborde los riesgos psicosociales y salud laboral de las aparadoras y otras actividades relacionadas de la industria del calzado."
Palacio del Congreso de los Diputados,10 de julio de 2018.-Ana Marcello Santos y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Txema Gujarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003532
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regularización de los trabajadores cooperativistas que prestan servicios en la sociedad pública Mercavalencia, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
En la sociedad Mercavalencia, participada en un 51% por el Ayuntamiento de Valencia y en un 49% por Mercasa (empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), existe gran parte de la plantilla actual (aproximadamente 250 trabajadores) que, acogidos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y formando parte de una cooperativa de trabajo asociado llamada "Work Man Acp", presta servicios de despiece y matanza a través de concurso público.
El pasado 11 de diciembre de 2017, la Inspección de Trabajo efectuó una visita a las instalaciones de Mercavalencia, promovida por la sección sindical de UGT. A raíz de esa actividad inspectora se resolvió, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se procediera a dar de alta, de oficio y como trabajadores por cuenta ajena en régimen general, a los cooperativistas de "Work Man Acp", que prestan servicios en Mercavalencia, por no cumplirse los requisitos de un trabajador autónomo y entendiendo que la fórmula empleada por Mercavalencia se ha efectuado para encubrir la situación de esos 250 falsos autónomos. Esta situación, según ha comunicado el propio sindicato, se ha estado prolongando durante diez o quince años, periodo de tiempo que incluye gobiernos municipales anteriores.
Las resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, favorables a los trabajadores, llegaron a los interesados a finales de mayo y principios de junio de este año. Los propios trabajadores cifran entre 6 y 7 millones de euros el gasto que debería asumir la sociedad por el impago de las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que ahora se dan de alta.
A principios del mes de julio llegaron las resoluciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, confirmando todos los extremos expuestos en las de la Tesorería General de la Seguridad Social y exponiendo que la estrategia laboral de Mercavalencia con "Work Man" estaba destinada a encubrir a esos "falsos autónomos" (expresión reflejada literalmente en las resoluciones) y que, dadas las características del trabajo desempeñado (horario impuesto, maquinaria facilitada por Mercavalencia, falta de un funcionamiento cooperativista real en "Work Man", etcétera) y con base en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, todos esos trabajadores son empleados por cuenta ajena de la sociedad Mercavalencia.
1. Exija en el consejo de administración de Mercavalencia, ejerciendo la participación que posee el Estado en dicha sociedad a través de Mercasa, que la empresa valenciana asuma la regularización de los trabajadores cooperativistas que prestan servicios en la sociedad en situación irregular como "falsos autónomos", acatando el criterio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en consecuencia, pague en plazo la liquidación correspondiente por tales situaciones.
2. Exija, en los mismos términos, que Mercavalencia proceda voluntariamente a regularizar la situación de aquellos trabajadores cooperativistas que han prestado servicios en la empresa en las mismas condiciones que los anteriores que no estén afectados por las liquidaciones por operar la prescripción prevista en el artículo 24.1 de la Ley General de la Seguridad Social.
3. Modifique a la mayor brevedad la normativa en materia de cooperativas de trabajo asociado para evitar que en el futuro se produzcan este tipo de situaciones en que trabajadores cooperativistas acaban prestando servicios en empresas como trabajadores por cuenta ajena en situación irregular como "falsos autónomos.""
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2018.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003536
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley contra los actos vandálicos de turismofobia, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
El turismo es clave en la economía y el empleo de España. Por Comunidades Autónomas, Canarias, seguida de Cataluña y Andalucía son los destinos principales por número de visitantes.
El sector turístico representa el 11, 5% del PIB y el 1 2% de la población ocupada. Además en los últimos años España ha registrado sus mejores resultados en número de turistas internacionales superando los 82 millones de visitante anuales. El gasto turístico en España creció un 12, 2% en 2017 y rebasa los 86.000 millones de euros.
España ha sido designada por el Foro Económico Mundial como el destino turístico más competitivo del mundo. Los datos para 2018 España indican que el turismo sigue creciendo. Entre enero y febrero ya han visitado España 8,3 millones de turistas que han dejado 9.000 millones de euros (5,2% más que en el inicio de 2017).
Estos datos deberían ser motivo suficiente para que todas las administraciones trabajaran por la protección y cuidado del turismo y por una solución consensuada con la iniciativa privada para afrontar las externalidades negativas que provocan la presión por el lado de la demanda sobre las principales atracciones turísticas y los desafíos del sector.
Nuestro liderazgo en el sector provoca admiradores y detractores. Desde el año 2016 se vienen repitiendo, durante la temporada alta de vacaciones estivales, actos de vandalismo dirigido contra turistas y negocios turísticos. Los colectivos detrás de estas acciones se erigen como jueces de qué turismo es sostenible y aceptable y dirigen sus ataques contra el que consideran indeseable.
Los actos vandálicos en contra del turismo se agravaron en el verano de 2017 en Barcelona y este 2018 han vuelto a comenzar. Siempre de la mano de los mismos colectivos radicales, próximos a formaciones políticas como la CUP o ERC, y que este han extendido sus acciones a Valencia y Palma de Mallorca, en otra particular demostración del carácter expansivo y agresivo del independentismo catalán.
Impedir cualquier tipo de acto vandálico, proteger nuestras libertades y cuidar la imagen de España son cuestiones que conciernen a todas las administraciones públicas. Lamentablemente, el Ayuntamiento de Barcelona es hoy parte del problema y no de la solución, con un discurso de rechazo al turismo próximo a la turismofobia. Ninguna administración se puede dar el lujo de emitir estos mensajes negativos y avalar las conductas incívicas. Cada vez que se ataca a un bus turístico o un hotel, se ataca al turismo, a la economía española y provocando una alarma internacional que daña la imagen de España.
Desde Cs apostamos, por un crecimiento respetuoso con el medioambiente, ligado a la calidad, a la cultura, a los congresos, generador de riqueza y sostenible. Los problemas de masificación turística o el fenómeno de los pisos turísticos ilegales no se resuelven con actos vandálicos, sino con adecuadas políticas públicas y la colaboración público privada para desarrollar un turismo renovado, de calidad y sostenible.
"El Congreso de los Diputados considera:
- Intolerable todos y cada uno de los actos vandálicos que se han producido contra activos turísticos en nuestro país orquestados dentro de una campaña de turismofobia.
E insta al Gobierno a que:
- Adopte las medidas oportunas para poner fin a las campañas de turismofobia que se repiten temporada tras temporada en nuestro país y desarrolle las acciones necesarias para proteger la imagen del sector y de la marca España.
- Intensifique la colaboración público-privado para abordar las externalidades negativas del turismo desde un marco constructivos y con soluciones reales.
- Presente una normativa nacional clara que regule los pisos de uso turístico que concilie el desarrollo de esta actividad con una adecuada planificación urbanística y los derechos de los residentes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2018.-José Luis Martínez González, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003524
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación relativa a la consideración del valor de la transhumancia y la inclusión de una ayuda agroambiental específica en la futura PAC.
La trashumancia es más que una práctica de manejo ganadero, o una tradición; hablamos de un sistema cultural, entendido en su más amplio sentido. Integra la gestión ganadera con una sólida base ecológica. Se fundamentada en el aprovechamiento alternativo de la diversidad de pastizales de la Península en el momento óptimo de su producción, optimizando el aprovechamiento de áreas cuya productividad, limitada bien por el clima, o bien por los suelos, no admite aprovechamientos intensivos o continuos en el tiempo. Se sostiene sobre un conjunto de razas autóctonas seleccionadas para este régimen ganadero cuyas características se han conservado a lo largo del tiempo, y un sistema de gestión de los recursos naturales y de interrelaciones culturales, sociales, económicas y biológicas que ha modelado muchos de los paisajes de España y contribuido a su cohesión.
La ganadería tradicional trashumante se encuentra en proceso de abandono de la actividad y con muchas dificultades para el relevo generacional. Si bien es cierto que toda la ganadería extensiva a nivel nacional ha descendido, el descenso para ovino-caprino nacional ha sido de un 24% en los últimos veinte años (1990-2010); este descenso ha sido del 80% para la cabaña trashumante de ovino y caprino (Libro Blanco de la Trashumancia en España, MAPA 2011).
A pesar de su difícil situación, el 7 de abril de 2017, la trashumancia fue declarada por el Consejo de Ministros de España "Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial". Con esta declaración, se manifiesta el compromiso por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (denominado así en el momento de la Declaración) de salvaguardar, proteger y difundir el patrimonio cultural inmaterial, cumpliendo así con los principios de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la UNESCO en 2003 y ratificada por España en 2005.
La ganadería extensiva trashumante es la responsable de multitud de servicios ambientales. En concreto: 1) a través de la optimización de la utilización de recursos naturales, mediante el aprovechamiento de tierras marginales, el aprovechamiento de subproductos agrarios de difícil eliminación, la renovación de los pastos y preservación de su buen estado, y la provisión de estiércol con el subsiguiente ahorro en fertilizantes y pesticidas de síntesis; 2) por la lucha contra la pérdida de la biodiversidad a través de la conservación de la funcionalidad ecológica de las Vías Pecuarias, siendo su papel de corredor ecológico su mayor valor, corredores de ecosistemas pascícola y como aporte de conectividad entre espacios protegidos, así como por su aporte a la heterogeneidad, preservando hábitats de alto valor ecológico que dan cobijo a multitud de especies; 3) por su papel en la lucha contra la degradación del suelo y la desertificación, a través de la prevención contra los incendios forestales, al limpiar el monte y controlar la biomasa, protección contra la erosión del suelo mediante el aporte de fertilizante de alta retención de agua y lenta degradación (estiércol), y por su papel en la regulación de recursos hídricos; 4) mediante la mejora
de lucha contra el cambio climático, en su doble vertiente de mitigación (emisiones muy reducidas respecto a cualquier otro tipo de explotación ganadera, pastizales como sumideros de carbono), y adaptación (capacidad de utilizar recursos cambiantes en el espacio y en el tiempo y conservación de ganado autóctono).
Además, la ganadería extensiva genera servicios culturales, sociales, económicos y patrimoniales de alto valor como son: el sostenimiento económico y la fijación de población en el medio rural, el mantenimiento del empleo de pastor, la producción de alimentos diferenciados y de calidad (carne, leche, quesos...) y de otros productos asociados (lana y cuero), y la producción de artesanía asociada a la actividad trashumante. Son además garantía del mantenimiento de la red histórica de cordeles, veredas, cañadas, cabañeras y carrerades; mantiene el patrimonio arquitectónico, infraestructuras y legado cultural en general, y es garantía para la conservación de saberes y buenas prácticas como el adiestramiento y el uso de perros pastores, y conocimientos etnobotánicos.
Las razones que justifican su protección y apoyo son obvias, pero el reconocimiento otorgado por parte del Consejo de Ministros debe ir acompañado de medidas concretas que estimulen su mantenimiento como sistema específico de manejo ganadero y territorial. La Política Agrícola Común ofrece el marco adecuado para ello. Por lo tanto, estamos proponiendo el establecimiento de una ayuda específica a la ganadería trashumante dentro de la condicionalidad ambiental y vinculada al pago básico. La medida estaría dirigida a los y las titulares de explotaciones trashumantes.
Los datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) recogen información relativa a los movimientos de las diferentes especies, lo que nos permite identificar su carácter trashumante. De acuerdo con los datos disponibles, el número de titulares de explotaciones de ovino-caprino que desarrollan movimientos entre CCAA sería de 85, y las que desarrollan movimientos internos dentro de la misma Comunidad Autónoma, 1.205 explotaciones. De igual forma, el número de titulares de explotaciones de vacuno que desarrollan movimientos entre CCAA ascendería a 1.159, y las personas titulares de explotaciones que desarrollan movimientos internos en la Comunidad Autónoma alcanzaría la cifra de 5.944. En total estamos hablando de una ayuda dirigida a los 8.393 titulares de explotaciones que cumplen una función ambiental y cultural esencial y que, además, su trabajo ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial por el Consejo de Ministros.
En el marco de la futura reforma de la Política Agrícola Común, esta ayuda podría contemplarse dentro de las ayudas a la condicionalidad ambiental actuales o a los "regímenes voluntarios en favor del clima y del medio ambiente (regímenes ecológicos)" de la futura propuesta. La ayuda recogerá las condiciones que se establezcan en los Reglamentos Comunitarios definitivos, y de acuerdo al Plan Estratégico que se apruebe a nivel estatal. Se trataría de una ayuda directa complementaria por su carácter voluntario, dirigida a las explotaciones ganaderas que desarrollan la Transhumancia o movimientos de transtermitancia, puesto que su cumplimiento va más allá de los requisitos de las buenas condiciones ambientales generales.
La propuesta llevará consigo unos requisitos y condiciones para los y las titulares de las explotaciones, que garantizarán que su destino es el apoyo al modelo de ganadería trashumante.
Defender ante la Comisión Europea y ante el resto de las instituciones comunitarias la inclusión en la futura reforma de la PAC de una ayuda directa vinculada a los regímenes especiales de medio ambiente y clima, dirigida a la ganadería trashumante en coherencia con su consideración como patrimonio cultural inmaterial, y de acuerdo a los siguientes criterios:
- Mantener el cuaderno de explotación y la guía ganadera en la que figure la guía de traslado.
- Realizar la práctica de la gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado, con el mismo número de animales durante al menos cinco años consecutivos.
- Realizar el movimiento del ganado de acuerdo a las prácticas tradicionales de aprovechamiento de forma óptima de los recursos naturales.
- Permanecer fuera de la explotación de origen al menos 4 meses del año a partir de junio.
- Un traslado de una distancia mínima entre el punto de origen y destino, de al menos 75 km. Cuando la distancia sea inferior, cambiar de pastos en un gradiente latitudinario.
- Realizar fertilización orgánica de 30t./250has, en la explotación de destino.
- Mantener una carga ganadera en la zona de destino que no supere 1,4 U.G.M./ha. respeto cargas establecidas.
A la prima correspondiente se le añadirá:
- Un porcentaje de incentivo por kilómetro recorrido cuando el movimiento de ganado se realice a pie por las vías pecuarias.
- Un 20% de incentivo cuando el pastoreo se realice al menos con un 75% de razas autóctonas inscritas en los correspondientes registros de variedades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003526
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los Diputados abajo firmantes de En Comú Podem, integradas en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentan la siguiente Proposición no de Ley por el fomento de una alimentación sana y equilibrada, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. El Estado Español es líder en incidencia de sobrepeso: un 60% de la población española sufre sobrepeso, entra la cual, uno de cada cinco, padece obesidad.
Estos datos son generalmente aceptados por el conjunto de la sociedad y de los poderes públicos y, sin embargo, el modelo alimentario en nuestra sociedad evoluciona en sentido contrario. Actualmente, el 40% de la dieta española se basa en alimentos procesados a la mayoría de los cuales se le añaden ingredientes para mejorar sus cualidades organolépticas (sabor, aspecto y textura) o su conservación, su transporte, y por supuesto, el precio. Estos ingredientes críticos viajan a través de la alimentación procesada y precocinada que cada vez ocupa una parte más importante de la dieta familiar media. Nuestra dieta ha cambiado y hoy en día consumimos un exceso de azúcares, grasas insalubres y sodio.
Diversos estudios de instituciones acreditadas, muestra como a la alimentación insana se le pueden atribuir en España entre un 40-55% de las dolencias cardiovasculares, un 45% de los casos de diabetes y entre un 30-40% de algunos tipos de cáncer, como el de estómago y de colon. Estas tres enfermedades suponen el 20% del gasto sanitario en España.
Los mismos estudios muestran que la salud alimentaria tiene un claro sesgo de clase y difiere mucho entre los distintos grupos sociales. Las enfermedades están profundamente determinadas por las condiciones sociales y económicas de las familias. Los datos indican que las personas con niveles socioeconómicos más altos tienden a tener más esperanza de vida, menos enfermedades crónicas y más años vividos sin discapacidad. También hay una diferencia de género. Las mujeres salen peor paradas., y esto se debe a la discriminación de la que son objeto y a sus diferentes condiciones de vida. De esta manera, las mujeres pobres y las familias sustentadas por mujeres pobres constituyen los principales núcleos de la alimentación insana. Las mujeres de familias con menos recursos adolecen hoy en un 50%
más de sobrepeso y obesidad que las mujeres con más recursos y los niños y niñas con niveles de renta más bajos sufren un 30% más de sobrepeso y obesidad que los niños de familias con más recursos.
En este contexto, la población infantil y juvenil es a la vez la más vulnerable, y al tiempo, aquella sobre la que focalizar las medidas más drásticas para provocar un cambio en el sistema y la cultura alimentaria. El consumo de fruta y verdura fresca entre los niños y niñas y adolescentes ha disminuido un 30% en los últimos 20 años. Al tiempo, la publicidad alimentaria en dulces, chocolates y golosinas ha incrementado su gasto publicitario en un 13% y un 10% en bebidas De esta manera, el 44% de los anuncios en horario infantil se refieren a alimentos ricos en azúcares, grasas y sal mientras que solo el 2% de los anuncios se refieren a frutas, verduras o pescado.
Es evidente la necesidad de controlar la exposición de la población infantil y juvenil a este tipo de alimentación a la que se accede a través de puntos de venta abiertos como "quioscos" o "tiendas de todo", del control de las máquinas expendedoras y de su contenido, y una mejora de la alimentación en los comedores escolares.
Tanto la OMS, como los diversos estudios de organismos científicos, consideran que revertir esta tendencia pasa entre otras cosas, por reducir el consumo de alimentos con azúcar añadido, muy en especial en las bebidas, en las que el contenido dulce es superior, y que son muy populares entre la infancia y la juventud. A estos efectos, por ejemplo, cabe señalar que una lata de refresco contiene 40 gramos de azúcar libre, o, lo que es lo mismo, diez cucharadas. Ello supone que, con una única bebida al día, un adulto ya ha consumido el máximo recomendado de azúcares en la ingesta diaria, y más del doble de la cantidad que la OMS considera saludable.
Profesionales del campo de la salud y especialmente nutricionistas aseguran que las bebidas azucaradas contribuyen seriamente a la obesidad, aportando esas "calorías vacías" las que el cuerpo humano no necesita. El azúcar que realmente necesitamos nos lo aportan las frutas, las verduras, el pan, la pasta, el arroz, las legumbres, la leche y el yogur.
Desde diversos sectores de la salud se alerta que, a pesar de conocerse los efectos nocivos de estas bebidas, el consumo no se está reduciendo y en algunas partes del mundo incluso está aumentando. En este sentido, la campaña "Dame Veneno" promovida por VSF-Justicia Alimentaria Global, junto a diferentes organizaciones están sirviendo de acicate social y político y extendiendo el grado de conciencia sobre este problema.
En el Estado español, por primera vez, la Generalitat de Catalunya ha instaurado una tasa sobre las bebidas azucaradas a través del Reglamento que desarrolla la Ley 5/2017. Tras un año de vigor, la tasa del azúcar ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que las previsiones más optimistas. Dos estudios independientes ofrecen datos contundentes que lo corroboran: tanto la Universidad Pompeu Fabra como la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III afirman que se ha reducido un 25% su consumo.
Pero los datos preliminares del estudio del Instituto Carlos III van más allá y aseguran que la frecuencia de consumidores habituales de refrescos azucarados ha caído un 25% en una muestra de población de varios de los barrios de Barcelona con rentas más bajas, en comparación con la tendencia observada en población de barrios con características similares de Madrid, lo cual significa que además protege más a la población con más riesgo y vulnerable.
Una cuestión que ha demostrado la Ley catalana, es que para que este impuesto sea realmente efectivo desde un punto de vista de salud pública, debe tener un impacto sobre el coste inicial de la bebida, de lo contrario, simplemente tendrá efecto recaudatorio y acabará eliminándose por ineficaz. De esta forma, las iniciativas comparadas y los diversos estudios muestran que cuanto menos, debe ser un gravamen progresivo en dos o tres tramos en función del porcentaje de azúcar que contengan cada uno de los tipos de bebidas, estableciendo un rango de entre 8 y 20%. Por otro lado, el gravamen debe aplicarse a todos los tipos de bebidas azucaradas; Los refrescos o sodas: bebidas sin alcohol de diferentes sabores, con gas o sin gas, las bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, las bebidas deportivas, las bebidas de té y café, las bebidas energéticas, leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de fruta, bebidas vegetales y aguas con sabores.
Por ello, dicha tasa es un muy buen antecedente de éxito que puede tomarse como referencia en todo el Estado español. Pese a ello, y a pesar de haberse anunciado en el año 2017, el anterior Gobierno del Partido Popular no quiso implementar medidas en este sentido y su titular de Hacienda desoyó los intereses de la población y en cambio, sí que escuchó atentamente a una parte del sector agroalimentario, patronal y de la distribución.
Sin embargo, una medida aislada que tan solo establezca una tasa sobre el azúcar no logrará revertir la situación ni atajar las consecuencias de una mala alimentación. Es necesario complementar su aplicación con una política alimentaria que incida en el resto de la fiscalidad alimentaria y que incluya desde luego otras medidas relacionadas con la publicidad y con la educación nutricional.
En el Estado Español, la alimentación tiene dos tipos de gravamen por IVA, el 10% y el 4%. Son también diversos los colectivos de personas expertas en nutrición y alimentación sana los que reivindican que el instrumento fiscal también sirva para el fomento de una alimentación sana y equilibrada para todo el conjunto de la población: el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Catalunya (CoDiNuCat) pide que se reduzca el tipo del IVA de los alimentos saludables, a 0%, y en todo caso, a los más característicos de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva, las frutas, las legumbres, los yogures, los frutos secos y el pan con fibra. A esta bajada del IVA para los productos equilibrados y sanos, se añadiría una subida de la tasa al 21% en los productos insanos (procesados), directamente vinculados a la lacra de sobrepeso y obesidad entre los colectivos más vulnerables par.
La rebaja en el IVA de los alimentos saludables los haría más asequibles por las personas con menos poder adquisitivo que, según los CoDiNuCat, también son las que tienen más dificultades para llevar a cabo una dieta sana y adecuada. Una propuesta como esta, obviamente mejoraría la salud de la población, con el consecuente ahorro para la sanidad pública, y contribuiría a eliminar la desigualdad existente en el acceso a la alimentación saludable.
De esta manera, a día de hoy, algunas políticas públicas ya se están demostrando eficientes para mitigar las causas y ayudar en el cambio de hábitos de consumo: países como Francia, México o Italia, o ciudades como Filadelfia en EEUU, han optado por gravar con un impuesto las bebidas azucaradas, con notable éxito.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
1. Instaurar y hacer efectivo un nuevo gravamen, sobre bebidas azucaradas envasadas, ello con el máximo respeto de las competencias de las comunidades autónomas, que tendrá en cuenta las siguientes circunstancias:
- Establecer el gravamen de manera progresiva por tramos en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 ml de bebida que sea suficiente y que cumpla la función disuasoria del consumo.
- Un gravamen sobre la totalidad de las bebidas azucaradas disponibles en el mercado.
2. Analizar la posibilidad de que parte de los importes recaudados se destinen a programas de educación nutricional y programas de prevención de los riesgos de una alimentación inadecuada dirigidos de manera especial a la población infantil y juvenil.
3. Revisar la normativa de publicidad para establecer un control efectivo sobre este tipo de bebidas y productos alimentarios con altos porcentajes de azúcares y grasas en horario infantil y juvenil.
4. Impulsar un Acuerdo estatal hacia el objetivo de estudiar y desarrollar iniciativas y políticas públicas para garantizar y el derecho a una alimentación saludable y sana, con la participación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y los actores implicados (colectivos de consumidoras, productoras y distribuidoras, especialmente).
5. Impulsar medidas legislativas, en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, con medidas para la educación nutricional de la población, el fomento de hábitos saludables en una dieta equilibrada, la función e importancia de los alimentos y el conocimiento general de su composición
nutricional, orientado a prevenir enfermedades y siguiendo los criterios de la OMS y las garantías de seguridad alimentaria, respetando las competencias de las comunidades autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2018.-Jaume Moya Matas, Alicia Ramos Jordán y Marta Sibina Camps, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003535
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre las medidas a adoptar tras la tempestad de granizo ocurrida en las comarcas valencianas el 1 de julio, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La intensa tempestad de granizo y viento que irrumpió el domingo 1 de julio en las comarcas valencianas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, ha provocado daños de extrema gravedad en tos cultivos, hasta el punto de arrasar la totalidad de la cosecha en muchas explotaciones de caqui, cítricos y otras producciones hortofrutícolas. De acuerdo a las estimaciones efectuadas por organizaciones profesionales agrarias, la superficie agrícola afectada por el temporal está sobre las 15.000 hectáreas, mientras que las pérdidas económicas llegan a cerca de 80 millones de euros.
El fenómeno atmosférico, que procedía de la provincia de Albacete, se denomina Downburst y se caracteriza por ser una fuerte tormenta que descarga gran cantidad de agua con piedra, acompañado de fuerte aparato eléctrico y fuertes vientos. Se trata de una tormenta muy peligrosa que se origina cuando una corriente vertical de aire se desploma.
La tormenta se concentró en una amplia franja que comprende, de este a oeste, los términos municipales de Tous, Massalavés, Alberic, Benimuslem, L'Alcudia, Carcaixent, Carlet, Benimodo, Guaclassuar, Alzira, Algemesí, Benicull, Albalat de la Ribera, Polinyá de Xúquer, Riola i Sueca, hasta llegar al mar.
El caqui y los cítricos son los cultivos que se han llevado la peor parte en el nivel de afección. En este sentido, el cultivo más perjudicado ha sido el de cítricos con unas pérdidas estimadas de 43,8 millones de euros y una superficie afectada de 8.640 hectáreas, seguido por el cultivo del caqui con unas pérdidas estimadas de 33,4 millones de euros y 4.920 hectáreas afectadas. El resto de cultivos afectados son frutales de verano, hortalizas, granado, aguacate, kiwi y arroz.
A este hecho se tiene que añadir que los pasados días 2 y 3 de marzo de 2018 se produjo una helada en la misma zona que afectó gravemente a la brotación del caqui y que contribuirá a aumentar las pérdidas para los afectados esta campaña.
Todo esto supondrá una disminución destacable de la producción agrícola en las poblaciones afectadas y que contribuirán a una pérdida de renta de las personas agricultoras. Esta circunstancia afectará también de manera muy negativa al empleo, ya que los cítricos y caqui, principalmente, constituye una fuente de trabajo importante para la comarca tanto desde el punto de vista de mano de obra en la recolección como en las centrales hortofrutícolas donde se manipula el producto para su posterior envío a los mercados, mayoritariamente, de exportación.
Es una responsabilidad compartida por todo el mundo favorecer la puesta en marcha de aquellas instrumentos que contribuyan al mantenimiento de la actividad agropecuaria que constituye, sin duda, la piedra angular sobre la que se sustenta la economía y la realidad sociocultural de todos nuestros pueblos.
1. Declarar los términos municipales cuyos ayuntamientos así lo soliciten como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil por los graves daños ocasionados por el granizo.
2. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que a través de ENESA y Agroseguro se establezca una tasación e indemnización del daño real en parcela, independientemente de la franquicia establecida. Es decir, que se indemnice el 100% del daño real.
3. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a establecer una ayuda de mínimos: 15.000 euros por empresa agraria en tres años.
4. Instar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a que aplique el módulo cero en la declaración del IRPF correspondiente a 2018 y un incremento de los gastos de difícil justificación a los afectados que estén en el régimen de estimación directa del impuesto.
5. Instar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social al establecimiento de una bonificación de les cuotas de la Seguridad social durante doce meses.
6. Reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha de préstamos a interés cero para los afectados.
7. Instar al Gobierno del estado a que compense a los Ayuntamientos que condonen a las explotaciones afectadas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, siempre que se trate de parcelas cultivadas e independientemente de si se trata de suelo rústico o urbano.
8. Declarar la exención en el pago de cuotas empresariales a la Seguridad Social de las cooperativas afectadas, tanto de las aportaciones empresariales como de las de sus trabajadores.
9. Autorizar a la percepción de prestaciones por desempleo a los trabajadores con extinción de contrato y que no tengan los períodos de cotización necesarios para acceder.
10. Solicitar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que las ayudas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la colaboración con las corporaciones locales para la campaña del 2019, se ajusten a la situación de pérdida de jornales. De manera que, como mínimo, sean equivalentes a las de la campaña anterior a la de la granizada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003537
Don Enric Bataller i Ruiz, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reformas necesarias a la Ley 12/2014, de 9 de julio, sobre el Consejo Agrario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El 10 de julio de 2014 se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" la Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, con fecha de entrada en vigor a los veinte días de su publicación.
La citada Ley pretendía establecer un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal y medir la representatividad en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, mediante la derogación de la Ley 10/2009, considerada inaplicable e inadecuada para dichos objetivos.
Para solventar tal situación, la Ley 12/2014 prevé en su artículo 2.1 que la representatividad de las organizaciones agrarias se determinará mediante consulta entre quienes tengan la condición de electores de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, entre los que se incluyen, además de agricultores vinculados profesionalmente a dicha actividad, a los beneficiarios de ayudas PAC por encima de los 5.000 euros y a otros, en los términos del artículo 6 de la indicada ley.
En el artículo 13 se dispone asimismo la creación del Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, formado por los miembros propuestos por las organizaciones resultantes como más representativas en base a la consulta electoral prevista en la Ley.
No obstante, en una maniobra en la que el Grupo Popular enmendó su propia Ley en la fase de tramitación en Senado, se acabó condicionando la celebración de la primera consulta a la publicación previa del reglamento de desarrollo de la Ley manteniéndose, entre tanto esto no suceda, la existencia, composición y funcionalidad del Comité Asesor Agrario de la Ley derogada y la condición de más representativas para las organizaciones que ya la tuvieran reconocida en base a la misma.
Es, precisamente, en esta situación, que garantiza un estatus privilegiado de interlocución institucional y subvenciones públicas a determinadas organizaciones frente a otras en base a una ley derogada por inservible y inaplicable, donde puede encontrarse la verdadera razón de que, transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la nueva Ley, aún no se tengan ni noticias del desarrollo reglamentario que provocaría la primera convocatoria electoral.
Sin dejar de ser cierto que la Ley 12/2014 levantó algunas discrepancias, sobre todo en relación al objeto de la representatividad y al censo, no cabe duda de que una consulta democrática en cualesquiera condiciones, siempre resultará más transparente y determinará una representatividad más acorde a la realidad, que la designación discrecional del propio Gobierno para decidir qué organizaciones son más representativas y elegir a sus interlocutores.
De esta manera se perpetúa sine die un modelo de interlocución perverso, por cuanto priva a los agricultores y ganaderos del ejercicio del derecho a elegir a sus representantes en el marco de dialogo institucional, y a otras organizaciones agrarias de poder participar en el mismo. En tales condiciones, resulta muy fuerte la tentación para el Gobierno, y para las organizaciones por él designadas como más representativas, de caer en una interlocución clientelar. Ello puede explicar, por ejemplo, que la partida para subvencionar el funcionamiento de algunas organizaciones agrarias se haya incrementado en más de un 130% en los últimos cinco años.
Por lo tanto, al margen de que pueda resultar conveniente una revisión de la Ley, urge reformar y adaptar a la realidad un marco de interlocución viciado, porque debería haber sido brevemente transitorio y, sin embargo, persiste por el rechazo de las organizaciones agrarias a poner en cuestión su estatus en las urnas y también del anterior Gobierno que tampoco quería arriesgar la acomodada avenencia que ello les reportaba.
No cabe duda de que la situación descrita es el principal obstáculo a la celebración de la consulta electoral para definir la representatividad actual de las organizaciones agrarias y asimismo para eventuales acuerdos sobre la propia revisión de la Ley.
Para reparar lo anterior es adecuado acudir a las consultas autonómicas celebradas, que afectan a un 29,2% del censo estatal de profesionales agrarios y pueden tomarse como una muestra representativa. De sus resultados se desprende que el escenario de representatividad difiere, y mucho, de la reconocida en aplicación de la Disposición transitoria única de la Ley. Estos resultados sirven perfectamente como referencia para adecuar la presencia de las organizaciones profesionales agrarias en la interlocución institucional a la realidad en el campo, hasta tanto en cuanto la primera consulta se lleve a cabo.
Por lo tanto, en base a estas circunstancias, es necesario con urgencia clarificar cuanto antes la representatividad de las organizaciones con el fin de garantizar el derecho de participación de los agricultores en los asuntos públicos y mejorar la gobernanza de las políticas agroalimentarias, extremo que según se exponía en el preámbulo de la Ley, resulta imprescindible.
1. Abrir de manera urgente un espacio de trabajo con el conjunto de las organizaciones agrarias para determinar, en el plazo de 4 meses, y con el máximo consenso posible, las reformas necesarias en la Ley 12/2014, de 9 de julio, para favorecer una representatividad sectorial lo más amplia e integradora posible.
2. Culminar el proceso de consenso en torno a la Ley 12/2014 con la convocatoria de la consulta y la posterior conformación del Consejo Agrario, de acuerdo con lo establecido en la propia Ley y, a más tardar, antes del 31 de diciembre de 2019.
3. Derogar la disposición transitoria única de la Ley 12/2014, e incluir, hasta la celebración de la consulta electoral, en el mismo marco institucional de consultas y colaboración, a todas las organizaciones
profesionales agrarias que hayan acreditado una representación superior al 10% en !os procesos electorales agrarios autonómicos celebrados en los últimos cinco años, cuyos resultados estén vigentes.
4. Garantizar la representatividad adecuada de las mujeres agricultoras y ganaderas, titulares o cotitulares de explotaciones agrarias, de acuerdo con los objetivos de la Ley 35/2011, de Titularidad compartida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003545
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley para defender la flexibilización de la obligación de desembarque total de descartes, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El pasado día 22 de mayo de 2018 representantes de la Fundación FREMSS mantuvieron diferentes reuniones con los portavoces de pesca de los principales Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados con la finalidad de trasladarles las demandas recogidas en el Manifiesto para la flexibilización de la obligación de desembarque de las capturas realizadas por la flota de la UE, elaborado por la propia Fundación.
En dicho documento se ponen de manifiesto las principales dificultades y riesgos de la aplicación total de la obligación de desembarque para el 1 de enero de 2019, sin la necesaria flexibilización, dado que la combinación de una gestión basada en TAC y cuotas y una práctica pesquera basada en pesquerías multiespecíficas es algo muy complejo de compaginar.
El Gobierno de España considerada que uno de los mayores retos que supone la nueva Política Pesquera Común aprobada a finales de 2013 es la prohibición de descartes, mediante el establecimiento de la denominada "obligación de desembarque". Si bien es cierto que los descartes tienen una repercusión negativa en la explotación sostenible de los recursos marinos, no es menos cierto que su eliminación supone un desafío de grandes dimensiones y un cambio fundamental en el modo en que se ha venido ejerciendo la actividad pesquera hasta ahora. El Gobierno se plantea la necesidad de buscar alternativas y propuestas para resolver entre todos los problemas que pueden darse de cara a la aplicación práctica total de la obligación de desembarque, especialmente para ciertas especies que han venido a llamarse las especies estrangulamiento, ya que podrían ser limitantes para la flota si no se encuentran mecanismos eficaces para cubrir sus capturas accidentales, capturas que antes se descartaban y que a partir de 2019 deberán traerse a puerto obligatoriamente.
La puesta en marcha de esta obligación, si bien ha tenido un calendario progresivo, este ha sido muy ajustado y como consecuencia de ello nos encontramos en la última fase que culmina el 1 de enero de 2019 con incógnitas por resolver aún por parte de la Comisión. Hay incertidumbre aún sobre cómo se abordaran los problemas que se han puesto sobre la mesa a lo largo de este proceso tanto por los EEMM, los Consejos Consultivos y el propio sector pesquero y en especial visualizados mediante la herramienta de mitigación de estrangulamiento (Choke Mitigation Tool) desarrollada por AZTI, encargada por el Parlamento Europeo y cuyas conclusiones se ha presentado recientemente.
A estos efectos se puso en marcha la Mesa Estatal para la Eliminación de los Descartes en la que se planteó la necesidad de buscar soluciones entre todos a los problemas que pueden darse de cara a la aplicación total de la obligación de desembarque, de forma que no se limite la actividad de la flota y se disponga de mecanismos para cubrir las capturas que antes se descartaban y que a partir de 2019 deberán traerse a puerto en cumplimiento de esta normativa aunando esfuerzos de representantes del sector, otras administraciones, el mundo científico, las ONGs y distintos agentes de la propia administración para la búsqueda conjunta de opciones que garanticen a nuestra flota un futuro viable.
En dicha Mesa se destacó los retos planteados y la necesidad de la implicación de todos los agentes así como la necesaria coordinación para dar soluciones óptimas a los problemas que plantea la obligación de desembarque.
Igualmente y en marco de la reunión del Comité mixto franco-español de la Pesca celebrado el pasado mes de abril en Madrid, se abordó esta problemática, poniéndose de manifiesto las visiones compartidas entre ambos países sobre la aplicación del artículo 15 de la PPC, al tiempo que se planteó la necesidad de encontrar soluciones flexibles para la flota, especialmente la flota artesanal.
Por las razones anteriores, los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto presentamos la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias, a solicitar de la UE la búsqueda de soluciones para la aplicación real y efectiva de la norma de obligación total de descartes partiendo de un diagnostico real del estado de las pesquerías, el origen de los descartes y su influencia en la práctica pesquera y en los ecosistemas afectados teniendo en cuenta el componente social como un pilar más de la sostenibilidad en la que tiene su fundamento la Política Pesquera Común."
Palacio del Congreso de los Diputados,11 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Rafael Simancas Simancas, Txema Guijarro García, Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Joan Tardà i Coma, Aitor Esteban Bravo y Carles Campuzano i Canadés, Portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
161/003527
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención a los ciudadanos con enfermedades raras, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La asistencia que se presta a los ciudadanos con enfermedades raras en nuestro país sigue mostrando claras deficiencias pese a las numerosas medidas que tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas han puesto en marcha de manera continua. Los ciudadanos que padecen este tipo de enfermedades señalan barreras de acceso a prestaciones y servicios sanitarios, así como de movilidad, esenciales a la hora de poder acceder a un tratamiento y cuidados eficaces para su patología concreta.
Una de las primeras necesidades a la hora de afrontar un problema es conocer su magnitud, especialmente en asuntos tan específicos como son las enfermedades raras. De hecho, la Unión Europea señala que los registros y las bases de datos son instrumentos clave para enriquecer los conocimientos sobre las enfermedades raras y desarrollar la investigación clínica. Apunta que son la única manera de reunir datos que permitan obtener una nuestra de magnitud suficiente para la investigación epidemiológica o clínica, recomendado a los Estados miembros que promuevan la recopilación de datos y su mantenimiento, siendo abiertos y accesibles. En nuestro país, existe el Registro Nacional de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Este registro está coordinado y dirigido desde el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER), perteneciente al ISCIII y que también forma parte del CIBERER (Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras). El registro se nutre de datos que le son facilitados por tres vías principalmente:
Sin embargo, el número de pacientes que aparecen registrados en éste, no corresponde con los datos que manejan las asociaciones de afectados por enfermedades raras e incluso administraciones autonómicas en su territorio. Es preciso mejorar el funcionamiento y la utilidad de este registro nacional a fin de que sea una verdadera fuente de información y monitorización de la situación de las enfermedades raras en nuestro país. Estamos a la espera de que se desarrolle el Registro Estatal de Enfermedades Raras (REER) pendiente desde la aprobación del Real Decreto 1091/2015, de 4 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro Estatal de Enfermedades Raras. Esperamos que este nuevo registro y modelo de gestión facilite conocer el impacto real que poseen las enfermedades raras en la población.
Entre las principales demandas de los afectados por enfermedades raras se señala el gran desconocimiento existente en el conjunto de la sociedad y en los profesionales sanitarios sobre éstas. La alta variabilidad y especificidad de estas patologías, así como su bajo número de casos hace que en más de una ocasión, los afectados tarden meses, e incluso años, en tener un diagnóstico claro. Es esencial mejorar la formación del conjunto de los profesionales sanitarios tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento y cuidados de las enfermedades raras. Agilizar el diagnóstico y el acceso a un tratamiento y cuidados eficaces.
Otra de las principales demandas de los afectados por enfermedades raras es la elevada cantidad de desplazamientos que deben realizar a Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para recibir atención especializada sobre su patología. Recordemos que estos centros son los designados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el fin de fomentar la especialización de los servicios en patologías poco frecuentes, a fin de que estos equipos adquieran la mayor experiencia posible y desarrollen investigaciones que !mejoren el pronóstico de estos pacientes. En este sentido es esencial que se facilite en todo lo posible la posibilidad de reducir estos desplazamientos, que pueden llegar a varios cientos de kilómetros en muchos casos, a fin de reducir los tiempos que pasan estos pacientes en trayectos, e incluso los centros hospitalarios a los que acucien, con el desgaste personal y económico que supone para ellos.
Otro de los principales problemas que alegan los afectados por enfermedades raras es que el acceso a tratamientos eficaces antes estas enfermedades no siempre es sencillo. A las barreras de acceso existentes a fármacos innovadores por estar excluidos de las carteras de servicios y prestaciones de algunas Comunidades Autónomas en comparación a otras, se añade la dificultad legal existente a que los pacientes que participan en ensayos clínicos de nuevos fármacos y obtienen un resultado satisfactorio, se da la paradoja que deben abandonar este tratamiento hasta que se autorice la comercialización definitiva del mismo.
En el caso de los medicamentos huérfanos esta situación es especialmente sangrante al no poder contar el paciente con alternativas terapéuticas eficaces hasta la aprobación administrativa del fármaco utilizado en el ensayo clínico. Desde Ciudadanos creemos que esta situación genera una injusticia para con quienes se han sometido voluntariamente al ensayo clínico y desincentiva, además, la participación en dichos ensayos. El Real Decreto 1090/2015 que regula la realización de ensayos clínicos en nuestro país no recoge entre los requisitos necesarios para la realización del mismo, explicitados en el artículo 17, la obligatoriedad de continuar con el suministro del fármaco en estos casos. Este tratamiento debe garantizarse en ese periodo ele tiempo, debiendo ser aprobado por el comité de ética responsable del ensayo, quien valorará la petición del médico responsable del paciente a la vista de los resultados del ensayo y hasta la aprobación definitiva por parte del Sistema Nacional de Salud.
La designación de los CSUR, su supervisión, financiación, la colaboración entre ellos a la hora de intercambiar datos y estudios, así como su integración en las Redes Europeas de Referencia es otro asunto que debe revisarse. El Real Decreto-ley 1302/2006 de 10 de noviembre por el que se establecen las bases del procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud establece en su artículo 3 criterios para la designación de centros, servicios o unidades de referencia. En el artículo 4 establece el comité de designación de centros, servicios y unidades de referencia y en el 5 el procedimiento para la designación de los centros, especificándose en su apartado 5 el periodo máximo de autorización en cinco años después del cual será obligatorio renovar la designación siempre que, previa reevaluación por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, se sigan cumpliendo los criterios que motivaron la designación. En el artículo 6, apartado 2, se establece nuevamente
la obligatoriedad de revisar dichas acreditaciones con una periodicidad mínima de cinco años. Todas estas medidas están dirigidas a asegurar el mantenimiento de los niveles de calidad y competencia de dichos centros a fin de asegurar una correcta asistencia en estos casos. Sin embargo, a día de hoy esta norma se incumple de manera flagrante, ya que de los 271 CSUR que señala la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 175 de ellos, es decir, casi un 65%, llevan acreditados y sin ser revisados más de cinco años. Es importante que estas revisiones se realicen en tiempo y forma ya que las poblaciones de afectados por determinadas enfermedades raras pueden varias rápidamente y suceder que donde antes era preciso un CSUR por proximidad a una población significativa de afectados, quede ahora a cientos de kilómetros de la población más numerosa, o que los profesionales que conformaban este CSUR se hayan trasladado y no cuente con el personal preciso.
A nivel de conciliación para el cuidado de afectados por enfermedades raras, especialmente cuando estos son menores, también existen importantes problemas. Entre las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social existe una destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Este subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los progenitores al tener que reducir su jornada por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad. Esta prestación cubre el tratamiento hospitalario del menor enfermo, si bien, recientemente, se ha acordado por unanimidad en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, ampliar el alcance de la prestación, a fin de que ésta también cubra todo el periodo que necesiten los progenitores para el cuidado domiciliario del menor, y no sólo el tratamiento hospitalario como hasta ahora.
También es importante actualizar el listado de enfermedades que contiene el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a fin de introducir enfermedades graves que requieren cuidado directo, continuo y permanente del menor por parte de los progenitores, adoptantes o acogedores, incluyendo la posibilidad de que se introduzcan enfermedades graves e invalidantes, incuestionables a la vista de los informes pediátricos y trabajar junto a las Mutuas Colaboradoras para que resuelvan positivamente solicitudes de prestaciones destinadas a progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, cuando de las pruebas diagnósticas se deduzca que el menor padece una enfermedad grave que requieran el cuidado directo, continuo y permanente.
Pero quizá, uno de los elementos más primordiales a la hora de garantizar la movilidad de los afectados por enfermedades raras y la cohesión en el acceso a los servicios y prestaciones entre territorios, sea el Fondo de Cohesión Sanitaria.
Tras el vaciamiento de este Fondo por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la X Legislatura, en la XII, gracias a las exigencias del Grupo Parlamentario Ciudadanos este fondo volvió a estar dotado de financiación. Si bien nuestros deseos quedaban lejos de la realidad conseguida, el conseguir una dotación del mismo e ir ampliando ésta supone una reversión de la situación que era precisa y marcar el camino para que su dotación siga aumentando en próximos ejercicios es beneficioso para los afectados por enfermedades radas. Sin embargo, no solo debemos conformarnos con un aumento de su dotación. El conocer de manera transparente cómo se gestiona este fondo, cuál es su ejecución, cómo se benefician los CSUR de este y a qué Comunidades se distribuye es también preciso para evaluar su finalidad.
1. Aumentar el Fondo de Cohesión Sanitaria y dar cuenta de su ejecución y destino de manera pormenorizada ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados de manera periódica.
2. Garantizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que los ciudadanos afectados por enfermedades raras tienen acceso en condiciones de igualdad efectiva a los servicios y prestaciones precisos para su tratamiento.
3. Modificar el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de
Estudios Clínicos de forma que aquellas personas que participen en ensayos clínicos puedan seguir disfrutando del fármaco utilizado desde que finaliza el ensayo, hasta que es comercializado.
4. Modificar el Real Decreto-ley 1302/2006 de 10 de noviembre por el que se establecen las bases del procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud a fin de que las organizaciones o asociaciones de afectados por enfermedades raras, así como los propios centros hospitalarios en los que se encuentren puedan proponer la designación de nuevos CSUR, se revisen y actualicen las condiciones de designación, se mejoren los criterios de evaluación de los mismos y se mejore la colaboración e integración en las Redes Europeas de Referencia.
5. Actualizar el listado de enfermedades que contiene el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad a fin de introducir enfermedades graves que requieren cuidado directo, continuo y permanente del menor por parte de los progenitores, adoptantes o acogedores, incluyendo la posibilidad de que se introduzcan enfermedades graves e invalidantes, incuestionables a la vista de los informes pediátricos y trabajar junto a las Mutuas Colaboradoras para que resuelvan positivamente solicitudes de prestaciones destinadas a progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, cuando de las pruebas diagnósticas se deduzca que el menor padece una enfermedad grave que requieran el cuidado directo, continuo y permanente.
6. Designar CSUR suficientes para cubrir las 21 patologías designadas por la Unión Europea.
7. Favorecer la continuidad de tratamiento por los mismos especialistas en la transición de edad pediátrica a edad adulta a fin de no perder experiencia acumulada.
8. Potenciar la investigación en los CSUR incentivando la publicación de trabajos de investigación como mérito y requisito imprescindible para mantener la acreditación.
9. Llevar a cabo, en colaboración con las Comunidades Autónomas, iniciativas de sensibilización sobre enfermedades raras tanto para el conjunto de la población como para los profesionales sanitarios, a fin de que se pueda mejorar el conocimiento sobre éstas, facilitando el diagnóstico de las mismas.
10. Poner en marcha y dotar de los recursos necesarios el Registro Estatal de Enfermedades Raras y al registro de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y potenciar la utilidad de los registros existentes a través del desarrollo de estudios epidemiológicos concretos sobre la incidencia de las enfermedades raras en nuestro país a fin ele poder desarrollar estrategias basadas en evidencia científica.
11. Facilitar la atención de las personas con enfermedades raras y agilizar esta, especialmente en los casos que precisan de grandes desplazamientos, mediante la creación del gestor de casos en todos los CSUR con la función, entre otras, de aglutinar las citas de los pacientes con enfermedades raras en un solo día y reducir así los tiempos que tienen que pasar estos pacientes y sus acompañantes en el hospital, con los consiguientes problemas que esto supone tanto a nivel personal como laboral."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2018.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003523
A la Mesa de la Comisión de Educación y Formación Profesional
Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín Llaguno, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la relación de puestos de trabajo en las universidades españolas, para su discusión en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Numerosos docentes e investigadores en universidades españolas sufren de una temporalidad que no se corresponde con las necesidades reales de las mismas, ocupando en muchos casos plazas
estructurales y satisfaciendo necesidades permanentes de horas mientras su contratación es totalmente flexible.
Con el objetivo de modificar esta situación, la Administración General del Estado (AEG) ha establecido mecanismos y dotado de medios para la cobertura de estas necesidades que, si bien son claramente insuficientes, no se están poniendo en práctica por muchas administraciones públicas, entre ellas muchas universidades públicas.
Uno de estos mecanismos fue la creación de la figura de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que, en base a un análisis de situación, determinaba cuáles eran las necesidades que debían ser cubiertas en los Planes de Estabilidad de Plantilla del Profesorado, respondiendo así a la planificación objetiva de las necesidades docentes e investigadoras de las respectivas áreas de conocimiento de los Departamentos y, por consiguiente, determinando las convocatorias de concursos para plazas en cada universidad.
A pesar de la evidente importancia de las RPT como instrumento para la definición de necesidades y su correspondiente convocatoria de plazas, actualmente la legislación no contempla que estas sean obligatorias, públicas o vinculantes, dejando así la configuración de los planes de estabilidad de plantilla y las convocatorias de plazas mediante concurso a la libre elección de cada institución sin que se base en un análisis de necesidades.
1. Modificar la legislación para establecer la obligación de desarrollar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de todas las universidades públicas con carácter plurianual.
2. Modificar la legislación para establecer la obligación de publicidad de la RPT tanto en los Boletines Oficiales correspondientes como en los portales webs de las propias universidades.
3. Desarrollar mecanismos para que la dotación y la oferta pública de plazas estructurales de personal docente e investigador contempladas en los Planes de Estabilidad de Plantilla del Profesorado de cada universidad respondan a la planificación objetiva de las necesidades docentes e investigadoras descritas en las RPT.
4. Convocar el conjunto de plazas identificadas como estructurales en la RPT en el mes de septiembre y en el mes de marzo de cada año."
161/003538
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del Campus Científico-Tecnológico de Linares, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
El Campus Científico-Tecnológico de Linares, fruto de la colaboración entre diferentes ámbitos de la Administración Pública, la Universidad de Jaén, la Cámara de Comercio de Linares y el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet), empezó a funcionar en 2015 como un espacio innovador que integra el trinomio Ciencia-Tecnología-Empresa.
Se trata de un proyecto pionero en nuestro país, una alianza estratégica para explorar y aprovechar al máximo las sinergias en torno al conocimiento, implicando para ello a todos los actores y agentes que intervienen en el mismo: docentes, investigadores, empresas y administración.
Así, en el Campus Científico-Tecnológico comparten recursos, servicios, medios, tecnología y conocimiento la propia Escuela Universitaria Superior de Linares con un Complejo de laboratorios y
de I+D que, en sus más de 13.000 metros cuadrados, alberga diferentes laboratorios de investigación -innovadores en áreas como nuevos materiales, robótica o telecomunicaciones- y áreas destinadas a ser vivero de empresas de base tecnológica.
En dichos viveros se encuentran:
- el Centro de Innovación promovido por la Cámara de Comercio de Linares, que recibió un reconocimiento internacional en el 8.º Congreso Mundial de Cámaras de Comercio,
- la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica y Vivero financiado por INCYDE con un presupuesto de ejecución de 4 millones de euros,
- y el espacio Coworking Linares, financiado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y coordinado por la Cámara de Comercio, para apoyar iniciativas emprendedoras innovadoras.
Ejemplos de empresas incubadas y desarrolladas en estos viveros son Sicnova3D, pionera en nuevas técnicas de impresión en 3D, e lndesat, que centra su actividad en las tecnologías de la información y la comunicación.
En el Campus también tiene su sede principal el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, Cetemet, que está homologado como Centro Tecnológico Nacional por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con el número 108, según el Real Decreto 2093/2008 del 19 de diciembre. Dicho centro, además, está homologado como Estación Oficial de Ensayo por el Ministerio para vehículos de Transporte de Mercancías Perecederas (ATP), siendo la única estación de este tipo en Andalucía. La estación de ensayo de Cetemet está reconocida igualmente a nivel Europeo por la UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).
El objetivo último de este Ecosistema es impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento en el ámbito territorial de la comarca de Linares. Para alcanzarlo se establecieron seis líneas estratégicas:
1. La Universidad de Jaén debe potenciar la I+D vinculada al entorno geográfico del Campus Científico-Tecnológico y su aplicación a los sectores consolidados y emergentes.
2. Fomentar la investigación universitaria orientada a satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas, industriales y empresariales de los distintos sectores, especialmente los emergentes en el entorno de Linares.
3. Fortalecer la transferencia de conocimiento al entorno industrial y empresarial de Linares, para lo cual es fundamental el Centro Tecnológico Cetemet, que colabora activamente con la Cámara de Comercio de la ciudad para desarrollar instrumentos y servicios que faciliten la transferencia de tecnología al sistema productivo.
4. Fomentar la interconexión con otros Centros de Innovación Tecnológica autonómicos, nacionales e internacionales, para lo que ya se están lanzando diversos proyectos que contemplan la colaboración con centros tecnológicos y organizaciones a nivel nacional y europeo.
5. Favorecer la creación de empresas auxiliares de los sectores consolidados y emergentes en el entorno industrial de Linares que, además de atender las demandas específicas de la comarca, compitan en un mercado globalizado con los niveles de cualificación y garantía exigibles.
6. Integrarse en redes que fomenten la cultura emprendedora, objetivo que está cumpliendo la Cámara de Comercio e Industria de Linares, en estrecha colaboración con los demás agentes del Ecosistema de Innovación y Empresa de Linares y socios nacionales e internacionales, para asegurar una orientación de la actividad emprendedora en línea con las tendencias globales del mercado y nuevas oportunidades tecnológicas.
Como resultado de la coordinación y colaboración de las organizaciones presentes en el Campus Científico Tecnológico y de los servicios y actividades desarrollados hasta ahora, este conglomerado de agentes y entidades ha sido reconocido y homologado como Digital Innovation Hub (DM) en la Plataforma Europea de Especialización Inteligente Europea RIS3, existiendo solo tres de este tipo en Andalucía. El DIN de Linares ha sido nombrado como ejemplo inspirador a nivel europeo por el Joint Research Centre de la Comisión Europea.
Como Digital Innovation Hub, el ecosistema de innovación y empresa de Linares asume funciones específicas para facilitar la digitalización del tejido productivo, fomentando la transferencia de tecnología a PYMEs y microPYMEs e impulsando la creación de start-ups de base tecnológica. Para ello, se están
poniendo en marcha una serie de proyectos que pretenden convertir el Campus Científico Tecnológico de Linares en un Ecosistema de Innovación Abierta 2.0 para la transferencia de tecnología, capaz de atraer nuevos agentes del conocimiento, empresas innovadoras, emprendedores e inversores que sostengan la reactivación económica de la comarca.
Como vemos, desde su nacimiento y por los objetivos estratégicos que persigue, este ecosistema es un candidato idóneo para formar parte de la Red de Centros e Institutos Tecnológicos de Excelencia "Cervera" ya que, como recoge el "Plan Estatal de Investigación Científica y Tecnológica y de Innovación 2017-2020", dentro del Subprograma Estatal de Fortaleza Institucional, "los centros e institutos tecnológicos que lideren la Red Cervera han de destacar tanto por la calidad de sus actividades de investigación científico-técnica como por la fortaleza e impacto de sus colaboraciones con el tejido productivo, lo que les confiere el carácter de socios tecnológicos y de innovación estratégicos, y con un impacto destacado en la inversión empresarial en I+D+i".
Junto a estos objetivos específicos relevantes para esta comarca andaluza, el Campus Científico-Tecnológico de Linares ofrece un interés adicional para todos aquellos que, como el Partido Popular, creen que la formación, la tecnología y la innovación pueden romper cualquier barrera ya que son las verdaderas palancas de cambio, de crecimiento económico y de bienestar social.
Linares, que parte como el mayor exponente del fracaso de las políticas de subsidios extendidas por el PSOE para perpetuarse en Andalucía (recordemos que Linares es la localidad con la tasa de paro más elevada de nuestro país, que ha sufrido un éxodo masivo de jóvenes ante la falta de futuro y que apenas subsiste gracias a los ingresos de las prejubilaciones de los trabajadores de la antigua fábrica de Santana) se convierte en el laboratorio ideal para demostrar que una acertada política en Ciencia y Tecnología, como la recientemente aprobada en el "Plan Estatal de Investigación Científica y Tecnológica y de Innovación 2017-2020", puede revertir la realidad económico-social de la comarca más deprimida de Andalucía.
Un laboratorio para enfrentar el fracasado modelo de subsidios de la Junta de Andalucía, incapaz en las dos últimas décadas de dar una solución al desempleo récord de esta ciudad, con el modelo de innovación, crecimiento y creación de empleo defendido por el Gobierno del Partido Popular que ha permitido crear 2.200.000 empleos desde el peor momento de la crisis.
Tomamos así el testigo lanzado por 30.000 linarenses que salieron a la calle promovidos por una plataforma ciudadana que reclama el cumplimiento de los compromisos que la Junta de Andalucía no atiende desde el cierre de Santana y su desindustrialización (Plan Linares Futuro).
1. Asignar una partida específica del Programa INNVIERTE del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CD TI) del Ministerio de Economía y Competitividad al Campus Científico-Tecnológico de Linares, apoyando así la implantación de empresas innovadoras con un alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos para la economía española, así como el crecimiento e internacionalización de las que ya están asentadas.
2. Dentro del Subprograma Estatal de Fortaleza Institucional, incluido en el Plan estatal de Investigación Científica y Tecnológica y de Innovación 2017-2020, utilizar el Campus Científico-Tecnológico de Linares, liderado por este ecosistema, como prueba piloto para el desarrollo e implantación de la Red Cervera a nivel nacional."
161/003530
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas Ana Terrón y Noelia Vera de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se insta al Gobierno a impulsar el instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas en el seno de la Unión Europea.
Atendiendo a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, el sector privado, donde se incluyen las empresas transnacionales, tiene la potencialidad de jugar un rol en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, las transnacionales tienen la obligación de cumplir todas las leyes aplicables, la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y la capacidad de fomentar el bienestar económico, el desarrollo, el progreso tecnológico y la riqueza, como también pueden provocar graves vulneraciones de los derechos humanos. Las empresas son a menudo responsables de abusos o violaciones de los derechos humanos. Estos crímenes quedan, en numerosas ocasiones, impunes debido a las lagunas existentes en el derecho internacional, la ausencia o debilidad de políticas nacionales o la corrupción del sistema judicial en los países originarios de las empresas transnacionales o donde realizan actividades.
Los Estados no son de por sí responsables de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes privados, no obstante, pueden infringir sus obligaciones derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos, en los casos en que se les puedan atribuir tales violaciones, como cuando no adopten medidas adecuadas para evitar dichas violaciones, investiguen y sancionen a los responsables de ellas y corrijan los abusos de los agentes privados. Por lo general, los Estados tienen libertad para decidir qué medidas tomar en este ámbito, ya sean políticas, legislativas, normativas o judiciales. En este sentido, en los últimos años, la Unión Europea (UE) ha empezado a adoptar legislación para impulsar la responsabilidad social de las empresas e integrar en la legislación elementos de la diligencia debida en materia de derechos humanos, incluidos el Reglamento de la Unión sobre minerales de conflicto y la Directiva de la Unión sobre información no financiera. Por su parte, varios Estados miembros de la UE han comenzado a adoptar legislación nacional con el mismo objetivo, como la ley de Reino Unido sobre esclavitud moderna, la ley de Francia sobre el deber de vigilancia o la ley de Países Bajos sobre diligencia debida en materia de trabajo infantil.
Por el contrario, aún no existe un enfoque global e integral de la responsabilidad de las empresas en casos de violación de los derechos humanos. Las víctimas de violaciones de derechos humanos en las que están implicadas empresas transnacionales se enfrentan a múltiples obstáculos para acceder a vías de recurso, incluidas las judiciales, y a garantías de no repetición. Un enfoque integral proporcionaría seguridad jurídica tanto a las empresas como a las personas en el contexto de la proliferación de las iniciativas de diligencia debida a escala nacional. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas (NNUU) sobre las empresas y los derechos humanos aprobados en 2011, si bien suponen un importante avance en materia de responsabilidad social corporativa, son de carácter voluntario y, por tanto, no suponen un medio efectivo para acabar con la impunidad de posibles violaciones de los derechos humanos por parte de las corporaciones. El propio Consejo de Derechos Humanos de las NNUU toma conciencia de esta flaqueza y el 26 de junio de 2014 adopta, a iniciativa de Ecuador, la resolución 26/9, mediante la cual se constituye el "grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos".
El grupo de trabajo intergubernamental se ha reunido anualmente desde el año 2015. España, junto con otros Estados Miembros de la Unión Europea, así como la delegación de la Unión Europea -en calidad de observadora-, ha estado presente en cada una de las reuniones. Lamentablemente, el grupo de trabajo intergubernamental ha sido escenario de intentos de bloqueo por ciertos participantes, lo que
pone en jaque la consecución de tan urgente mandato. Según se establece en el Informe de la tercera sesión, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos (CDH), en el mes de marzo de 2018, la presidencia del grupo debe presentar durante la cuarta sesión del mismo -que tendrá lugar en octubre de 2018- un proyecto de Instrumento para proseguir con las negociaciones.
"Por todo lo expuesto, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados:
1. Lamenta que ciertas lagunas en el derecho internacional, la ausencia o debilidad de políticas nacionales o la corrupción del sistema judicial en los países de donde las empresas transnacionales son originarias o donde realizan actividades, pueda derivar en que los abusos de derechos humanos cometidos por empresas queden impunes.
2. Subraya la necesidad de fortalecer el marco legal vinculante a nivel internacional en materia de empresas y derechos humanos, y de reforzar las estructuras nacionales existentes a tal efecto.
3. Aplaude el proceso iniciado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con su resolución 26/9 del 26 de junio de 2014, mediante la cual se constituyó el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos.
4. Lamenta cualquier actitud que obstaculice el desarrollo del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas, constituido a través de la resolución Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 26/9 del 26 de junio de 2014.
5. Insta al Gobierno a impulsar y apoyar, de manera constructiva, la labor del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 26/9 del 26 de junio de 2014 en aras de la consecución pronta y efectiva de su mandato.
6. Insta al Gobierno a promover en el seno de la Unión Europea el apoyo incondicional al ya citado grupo de trabajo del CDH para la consecución pronta y efectiva de su mandato.
7. Insta al Gobierno a informar y a asegurar una participación activa de esta Comisión Parlamentaria de las evoluciones relativas a las reuniones y negociación relativas al instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos que puedan darse tanto en el seno de la Unión Europea como en el CDH.
8. Insta al Gobierno a promover una propuesta legislativa en materia de empresas y derechos humanos que se alinee con las recientes legislaciones aprobadas en la materia en otros Estados miembros de la UE como, por ejemplo, la ley de Reino Unido sobre esclavitud moderna, la ley francesa sobre el deber de vigilancia o la de Países Bajos sobre diligencia debida en materia de trabajo infantil.
9. Insta al Gobierno a establecer con la sociedad civil canales formales de coordinación y seguimiento del trabajo del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y derechos humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2018.-Ana Belén Terrón Berbel, Noelia Vera Ruíz-Herrera, Aina Vidal Sáez, Ángela Ballester Muñoz, Pedro Arrojo Agudo y Miguel Anxo Fernández Bello, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003540
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley, relativa al estudio en el seno del Consejo Superior de Tráfico de la homologación de la señal de Protección Funcional, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los atropellos en carretera son responsables de más del 40% de las muertes y del 15% de los heridos por accidente de tráfico, y el 10% de estos se producen al bajarse del vehículo ante una incidencia. Por otro lado, el "Informe sobre Atropello de Peatones en Carretera (2013)" de RACE-GOODYEAR concluye que "el atropello de un peatón en carretera mientras repara su vehículo es el tipo de accidente de tráfico más mortal que puede sufrir un usuario, el tipo de atropello que tiene una mayor incidencia de letalidad por encima de cualquier otro tipo de accidente de tráfico".
En su afán de buscar soluciones y alternativas que hagan que nuestra red viaria sea más segura y se pueda reducir el índice de mortalidad en accidentes de tráfico, el murciano Leonardo Nortes Cano inventó y diseñó una señal de advertencia, de gran interés y utilidad, para uso en vehículos a motor ubicados en los márgenes de la calzada con el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras. Según el reglamento, cuando un vehículo se detiene por avería o por otro motivo, uno de los ocupantes debe descender del vehículo llevando un chaleco y colocar dos triángulos en la calzada. Sin embargo, el protocolo oficial no prevé señalización preventiva alguna que pueda alertar a los demás conductores de la necesidad de apartarse del vehículo parado que indique que el conductor está a punto de descender.
Esta señal de tráfico denominada "Protección Funcional" (PF) permite mejorar la visibilidad de los vehículos aparcados. Se trata de una placa de advertencia y prevención de utilización en el tráfico rodado en general, con el fin de evitar situaciones de peligro y aumentar la seguridad de los conductores y acompañantes de los vehículos detenidos en las vías de circulación.
La señal cumple con la máxima de la DGT "Hazte ver". Por un lado, consigue que el conductor mire atrás antes de descender, algo necesario en estas situaciones de riesgo y, por otro, advierte a los otros conductores que tiene la intención de bajar.
Las dimensiones de la señal son, si la normativa a crear no establece otras, 330 mm de largo por 110 mm de ancho para uso en automóviles y 400x130 para uso en autocares y camiones. El grosor, no superará en su lámina los 3 mm. es monobloque y cumple la homologación de color y retro reflexión según la Clase RA3 de la Norma UNE 135340 relativas a láminas retro reflectantes poliméricas y otras características básicas de la DGT.
Esta Señal, la Flecha PF, es sencilla, barata y universalmente reconocida y puede, con su uso, mejorar la seguridad vial de nuestras carreteras evitando las muertes por atropello al bajarse del coche en el arcén en situaciones de emergencia, con el fin de alertar y prevenir a otros usuarios de la red viaria.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el estudio y valoración, en el seno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Dirección General de Tráfico, para la autorización de uso voluntario de la Señal PE de protección vial de las personas con vehículos detenidos, principalmente en arcenes, por situaciones de emergencia, con el fin de alertar y prevenir al resto de usuarios de la red viaria."
161/003541
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al derecho de las personas en silla de ruedas o similares del uso de las sendas ciclistas, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
El Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, prevé el empleo por parte de los poderes públicos de medidas de "acción positiva" para compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinada a lograr la participación plena de todas las personas en todos los ámbitos de la vida social.
A pesar de los esfuerzos que se está efectuando desde la administración, especialmente desde los Ayuntamientos, para que nuestras ciudades y pueblos sean cada vez más accesibles, suprimiendo los inconvenientes y barreras arquitectónicas con las que se encuentran diariamente las personas con movilidad reducida, no es menos cierto que ello no siempre es posible por la falta de continuidad de los itinerarios accesibles y graves barreras existente en algunos tramos que impiden que se desplace libremente, tal como legalmente sería exigible.
La inaccesibilidad en los entornos constituye sin duda una forma sutil pero eficaz de discriminación indirecta. En este caso hay hombres y mujeres con movilidad reducida que a pesar de innegables progresos sociales alcanzados, ven limitado ese Derecho en el acceso o uso de entornos que no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas.
Los carriles-bicis, son nuevas infraestructuras que se han diseñado y construido respetando fielmente los principios de Continuidad y Seguridad Vial, solventando las barreras arquitectónicas que frecuentemente podemos encontrar en los acceso a nuestros pueblos y Ciudades.
El Anexo I punto 4 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, considera Peatón a "las personas con discapacidad que circulan en silla de ruedas, con o sin motor".
Por ello, y a pesar de que los Ayuntamientos en sus Ordenanzas de Movilidad de sus Municipios y conscientes de la demanda de este sector de la Población para poder hacer uso compartido de los carriles bicis, no puede aprobarlos por chocar con una norma Estatal que considera peatones a las personas con discapacidad funcional que circulen en silla de ruedas y por tanto excluidos de circular por los carriles-bicis.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar las reformas legales oportunas a fin de garantizar el Derecho de las personas con movilidad reducida que se desplacen en sillas de ruedas de tracción mecánica, eléctrica, autopropulsada o asistida por otra persona o en vehículo tipo Scooter para poder compartir el uso de los carriles bicis."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 17 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/001199
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Territorial y Función Pública
Diputado don Eloy Suárez Lamata
¿Piensa el Gobierno de España recurrir la Ley 10/2017 de 30 de noviembre, de Régimen Especial del municipio de Zaragoza ante el Tribunal Constitucional, pidiendo la suspensión cautelar de su aplicación, a la vista del informe emitido por el Consejo de Estado sobre la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018-Eloy Suárez Lamata, Diputado.
181/001200
¿Se va a paralizar definitivamente el proyecto de cementerio nuclear (ATC) en la provincia de Cuenca y a realizar una calendarización de cierres de centrales nucleares para tener certeza de los residuos nucleares generados que deben ser gestionados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2018.- Eva García Sempere, Diputada.
184/035476
Autor: Luena López, César.
Retirada de su pregunta sobre actuaciones previstas para acortar los tiempos de espera de expedición del DNI en La Rioja.
184/035606
Retirada de su pregunta sobre vehículos que prestan servicio actualmente en la Guardia Civil.
184/035607
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de la trasferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas.
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así corno comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035608
Retirada de su pregunta sobre puesta en marcha del centro penitenciario Málaga II (Archidona).
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada. la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035653
Autor: Hernando Vera, Antonio (GS).
Retirada de su pregunta sobre previsiones de las actualizaciones y formulaciones de las Estrategias de Seguridad específicas y/o sectoriales derivadas de la Estrategia de Seguridad Nacional.
184/035663
Serrada Pariente, David (GS).
Cantera de Castro, Zaida (GS).
Retirada de su pregunta sobre fecha prevista para que estén disponibles las plazas de trabajadores que se requieren para la apertura parcial de la cárcel de Archidona.
184/035976
Autor: Agirretxea Urresti, Joseba Andoni (GV-EAJ-PNV).
Certificación de la existencia de la Orden Ministerial Ref: dl-100-VIZCAYA FJ/CG de fecha 11/12/2002, que afecta al molino "Portu Errota".
1. En cuanto a la solicitud de copia de una Orden Ministerial contenida en la presente pregunta, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 95304, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001546).
Don Joseba Agirretxea Urresti, Diputado por Gipuzkoa, adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular las siguiente preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno certificar que existe la Orden Ministerial Ref: dl-100-VIZCAYA FJ/CG de fecha 11 de diciembre de 2002 que afecta al molino "Portu Errota" [...]?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2018.-Joseba Andoni Agirretxea Urresti, Diputado.
184/036050
Autor: Cano Leal, Francisco Javier (GCs).
Julià Julià, María Sandra (GCs).
Ramírez Freire, Saúl (GCs).
Contradicción entre el Fiscal Jefe Antidroga y el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz sobre el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto las preguntas 2 y 3 por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, dado el estatus especial de que goza el Ministerio Fiscal, en el marco de lo dispuesto en los artículos 124 de la Constitución y 13.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
Francisco Javier Cano Leal, Sandra Julià Julià y Saúl Ramírez Freire, Diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la contradicción entre el Fiscal Jefe Antidroga y el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz sobre el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
Recientemente, el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar ha sido objeto de dos declaraciones públicas. Una del Fiscal jefe Antidroga y otras del nuevo Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz.
De un lado, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, en declaraciones a Europa Sur, cree necesario reforzar con más policías la zona del Estrecho de Gibraltar, donde hay una "auténtico problema de orden público" que considera "político, de Gobierno, no de los jueces y fiscales". Noreña se muestra preocupado por la situación en el campo de Gibraltar, ya que señala que el tráfico de drogas se ha convertido en un problema de "paz pública" generado por bandas de narcotraficantes que se enfrentan directamente contra los cuerpos de seguridad del Estado. "Habría que reforzar con unidades policiales distintas de las investigadoras", opina Noreña, que insiste en que no es un asunto "de hace un año", sino que se ha hecho más visible desde entonces.
Noreña distingue entre dos actividades "muy distintas" que llevan a cabo los narcos en la Bahía de Algeciras, con la introducción de cocaína con contenedores a través del puerto y el transporte de hachís desde Marruecos. El fiscal señala que el tráfico de cocaína es "muy importante desde el punto de vista económico, pero no genera la alarma social que está generando el tráfico de hachís a través de lanchas cruzando el Estrecho". Es por esta última actividad por la que se están produciendo "problemas de auténtico orden público, pero no entre grupos de narcotraficantes, sino contra los agentes que luchan contra ellos", con lo que considera que "es un problema político, de Gobierno, no de los jueces y fiscales".
Frente a esta preocupación evidente, el Subdelegado en una entrevista al Diario de Cádiz no ha señalado al narcotráfico como una prioridad. Efectivamente, manifestó que en el Campo de Gibraltar tenemos dos asuntos importantes que tratar: la inmigración y la Operación Paso del Estrecho. A repreguntas del medio, añadiendo el narcotráfico, señaló que ahora mismo ese tema está más estabilizado porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo una gran labor. Lo que queremos es ampliar nuestros esfuerzos con la sociedad civil.
Frente a estas dos versiones distintas de una misma realidad, el Gobierno debe aclarar cuáles son sus planes para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
1.o ¿Tiene constancia el Gobierno de las declaraciones contradictorias que sobre el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar han realizado el Fiscal Jefe Antidroga y el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz?
2.o [...]
3.o [...]
4.o ¿Comparte el Gobierno la opinión del nuevo Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, cuando afirma que tenemos dos asuntos importantes que tratar en el Campo de Gibraltar, la inmigración y la Operación Paso del Estrecho, ignorando el narcotráfico?
5.o ¿Está de acuerdo el Gobierno con el Subdelegado en Cádiz cuando afirma que el problema del narcotráfico está más estabilizado porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo una gran labor, considerando que hay que centrar los esfuerzos en la sociedad civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2018.-Francisco Javier Cano Leal, María Sandra Julià Julià y Saúl Ramírez Freire, Diputados.
184/036076
Rivera de la Cruz, Marta María (GCs).
Gómez García, Rodrigo (GCs).
Convocatoria de la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada.
Teniendo en cuenta la incorporación de firmas contenida en el escrito número de registro 95124, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
Marta Martín Llaguno, Marta María Rivera de la Cruz y Rodrigo Gómez García, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta por escrito sobre la convocatoria de la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada.
En el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece que "La Constitución española reconoció la existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados, y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en condiciones de igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza. Ese modelo, que respeta el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, ha venido funcionando satisfactoriamente, en líneas generales, aunque con el paso del tiempo se han manifestado nuevas necesidades".
También establece que "Se trata, en última instancia, de que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad. A cambio, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. Para prestar el servicio público de la educación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente".
El artículo 108 de la LOE establece en el punto número 4 que "4. La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados".
Considerando el peso que la enseñanza concertada tiene en el conjunto del sistema educativo y dadas las últimas declaraciones realizadas por la Ministra de Educación, la Sra. Celaá, en las que declaraba que "la red pública tendrá preeminencia, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización", desde el Grupo Parlamentario Cs consideramos una medida urgente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Negociación de la Escuela Concertada antes de llevar cabo cualquier medida.
- ¿Piensa convocar y constituir la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada? ¿Cuándo? ¿Con qué fines?
- ¿Pretende el Gobierno contar con representantes del conjunto de la comunidad educativa y del resto de grupos parlamentarios antes de llevar a cabo cualquier reforma o modificación legislativa?
- ¿Qué medidas o modificaciones legislativas pretende llevar a cabo el Gobierno en relación a los centros concertados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Marta María Rivera de la Cruz y Rodrigo Gómez García, Diputados.

References: artículo 193
 artículo 8
 artículo 193
 artículo 128
 artículo 47
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 24
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 193
 artículo 15
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 185
 artículo 190
 artículo 185
 artículo 190
 artículo 185
 artículo 108