Source: https://es.scribd.com/doc/89730592/Analisis-Juridico-LeyGeolocalizacion
Timestamp: 2017-05-25 16:25:58+00:00

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Análisis Jurídico LeyGeolocalización
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Cabe	señalar	que	el	Decreto	viene	a	sustituir	diversas	disposiciones	que,	de	igual	manera	que	el	Decreto	objeto	de	análisis,	tenían	la	intención	de	otorgar	mejores	herramientas	a	1	Análisis	elaborado	por	Luis	Fernando	García	Muñoz.	Licenciado	en	Derecho	por	la	Universidad	Iberoamericana.	Candidato	a	Maestro	en	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos	y	Derecho	de	Propiedad	Intelectual	por	la	Universidad	de	Lund,	Suecia.	2	Decreto	por	el	que	se	reforman,	adicionan	y	derogan	diversas	disposiciones	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales,	del	Código	Penal	Federal,	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones,	de	la	Ley	que	establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	Social	de	Sentenciados	y	de	la	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	17	de	abril	de	2012.	las	autoridades	para	combatir	a	la	delincuencia,	pero	que	por	su	inadecuada	regulación,	los	graves	riesgos	que	implicaron	(y	siguen	implicando)	para	los	derechos	humanos	e	incluso	por	no	resultar	factibles	desde	un	punto	de	vista	técnico	fracasaron.	En	concreto,	de	las	reformas	llevadas	a	cabo	en	el	año	20093,	destaca	la	creación	del	Registro	Nacional	de	Usuarios	de	Telefonía	Móvil	(RENAUT),	el	cual,	debido	a	su	inadecuada	regulación,	presentaba	serios	riesgos	a	la	privacidad	y	seguridad	de	los	usuarios.	Si	bien	resulta	un	avance	la	cancelación	de	este	registro,	el	mecanismo	diseñado	por	el	Decreto	para	sustituir	al	RENAUT,	consistente	en	el	otorgamiento	de	facultades	a	autoridades	investigadoras	y	el	establecimiento	de	obligaciones	para	los	concesionarios	y	permisionarios	de	servicios	de	telecomunicaciones	para	permitir	la	localización	geográfica,	en	tiempo	real,	de	cualquier	equipo	de	comunicación	móvil,	presenta	serias	deficiencias	que	significan	una	vulneración	a	los	derechos	humanos	de	los	usuarios	de	servicios	de	telefonía	móvil.	El	presente	análisis	se	concentrará	en	la	inconstitucionalidad	las	disposiciones	relacionadas	con	el	sistema	de	localización	geográfica	en	tiempo	real	de	equipos	de	comunicación	móvil.	Por	el	contrario,	este	análisis	no	comprende	aquellas	disposiciones	contenidas	en	el	Decreto	que	facultan	otro	tipo	de	medidas,	por	ejemplo,	en	relación	con	el	bloqueo	de	señales	en	establecimientos	penitenciarios.	El	objeto	de	este	análisis	es	el	de	coadyuvar	con	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	para	que	en	cumplimiento	de	su	obligación	constitucional	de	protección	de	los	derechos	humanos	ejerza	la	facultad	que	establece	el	artículo	105	fracción	II	inciso	g)	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(en	adelante	“la	Constitución”)	y	presente	una	acción	de	inconstitucionalidad	respecto	de	diversas	disposiciones	contenidas	en	el	Decreto.	3 Decreto	por	el	que	se	reforman	y	adicionan	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	9	de	febrero	de	2009.	Para	ello,	en	primer	lugar	se	hará	mención	de	las	obligaciones	generales	del	Estado	Mexicano	respecto	de	los	derechos	humanos	contenidas	en	el	artículo	primero	de	la	Constitución,	los	artículos	1.1	y	2	de	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	(en	adelante	“CADH”	o	“la	Convención”)	y	el	artículo	2	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(en	adelante	“PIDCP”	o	“el	Pacto”).	Posteriormente,	se	hará	un	análisis	sobre	el	contenido	y	alcance	del	derecho	a	no	ser	objeto	de	injerencias	arbitrarias	o	ilegales	en	la	vida	privada,	familiar,	el	domicilio,	la	correspondencia	o	las	comunicaciones	privadas	(en	adelante	genéricamente	denominado	“Derecho	a	la	Privacidad”	salvo	mención	expresa	de	alguno	de	sus	componentes)	contenida	en	el	artículo	16º	de	la	Constitución,	el	artículo	11	de	la	CADH	y	el	artículo	17	del	PIDCP.	Finalmente,	se	realizará	el	análisis	de	las	diversas	disposiciones	del	Decreto	que	contravienen	los	derechos	humanos	contenidos	en	la	Constitución	y	los	tratados	internacionales	en	materia	de	derechos	humanos.	En	concreto,	el	artículo	133	Quáter	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales,	los	artículos	3	fracción	XVII,	40	Bis,	44	fracciones	XVI	y	XVII,	71	apartado	A	fracción	VI	y	artículos	Transitorios	Tercero	y	Cuarto	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	y	el	artículo	178	Bis	del	Código	Penal	Federal.	La	observancia	de	las	obligaciones	generales	en	materia	de	derechos	humanos	en	la	adopción	de	medidas	legislativas.	Resulta	pertinente	recordar	que	a	partir	de	la	reforma	constitucional	en	materia	de	derechos	humanos	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	día	10	de	junio	de	2011,	en	el	artículo	1o	fueron	consagrados	los	principios	y	obligaciones	rectores	de	la	actividad	del	Estado	respecto	de	los	derechos	humanos	establecidos	en	la	Constitución	y	en	los	tratados	internacionales.	Cabe	destacar	que	a	partir	de	la	reforma	constitucional,	todas	las	autoridades	del	Estado	Mexicano	se	encuentran	obligadas	a	promover,	respetar,	proteger	y	garantizar	los	derechos	humanos.	Asimismo,	a	partir	de	dicha	reforma	fue	reconocido	el	principio	de	interpretación	conforme	de	los	derechos	humanos	con	la	Constitución	y	los	tratados	internacionales	a	la	luz	del	principio	pro	persona.	En	atención	a	ello,	resulta	de	particular	importancia	mencionar	que	los	artículos	2	de	la	CADH4	y	del	PIDCP5	ponen	en	cabeza	del	Estado	Mexicano,	la	obligación	de	adoptar	las	disposiciones	legislativas	o	de	cualquier	otro	carácter	que	sean	necesarias	para	hacer	efectivos	los	derechos	humanos	reconocidos	en	dichos	tratados.	En	interpretación	de	dicha	obligación,	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(en	adelante	“Corte	IDH”)	ha	resaltado	lo	siguiente:	“[L]a	adecuación	de	la	normativa	interna	a	los	parámetros	establecidos	en	la	Convención	implica	la	adopción	de	medidas	en	dos	vertientes,	a	saber:	a)	la	supresión	de	las	normas	y	prácticas	de	cualquier	naturaleza	que	entrañen	violación	a	las	garantías	previstas	en	la	Convención	o	que	desconozcan	los	derechos	allí	reconocidos	u	obstaculicen	su	ejercicio,	y	b)	la	expedición	de	normas	y	el	desarrollo	de	prácticas	conducentes	a	la	efectiva	observancia	de	dichas	garantías.	La	primera	vertiente	se	satisface	con	la	reforma,	la	derogación,	o	la	anulación	de	las	normas	o	prácticas	que	tengan	esos	alcances,	según	corresponda.	La	segunda,	obliga	al	Estado	a	prevenir	la	recurrencia	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	y,	por	eso,	debe	adoptar	todas	las	medidas	legales,	administrativas	y	de	otra	índole	que	sean	necesarias	[…]”.6	4	Artículo	2.	Deber	de	Adoptar	Disposiciones	de	Derecho	Interno.	Si	en	el	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	mencionados	en	el	artículo	1	no	estuviere	ya	garantizado	por	disposiciones	legislativas	o	de	otro	carácter,	los	Estados	partes	se	comprometen	a	adoptar,	con	arreglo	a	sus	procedimientos	constitucionales	y	a	las	disposiciones	de	esta	Convención,	las	medidas	legislativas	o	de	otro	carácter	que	fueren	necesarias	para	hacer	efectivos	tales	derechos	y	libertades.	5	Artículo	2.2	Cada	Estado	Parte	se	compromete	a	adoptar,	con	arreglo	a	sus	procedimientos	constitucionales	y	a	las	disposiciones	del	presente	Pacto,	las	medidas	oportunas	para	dictar	las	disposiciones	legislativas	o	de	otro	carácter	que	fueren	necesarias	para	hacer	efectivos	los	derechos	reconocidos	en	el	presente	Pacto	y	que	no	estuviesen	ya	garantizados	por	disposiciones	legislativas	o	de	otro	carácter.	6	Corte	IDH.	Caso	Castillo	Petruzzi	y	otros	Vs.	Perú.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	30	de	mayo	de	1999	Serie	C	No.	52,	párr.	207;	Caso	Salvador	Chiriboga	Vs.	Ecuador.	Excepción	Preliminar	y	Fondo.	Sentencia	de	6	de	mayo	de	2008	Serie	C	No.	179,	párr.	122;	y	Caso	Fontevecchia	y	D’	Amico	En	este	sentido,	la	Corte	IDH	ha	señalado	que	la	promulgación	de	una	ley	contraria	a	las	obligaciones	asumidas	por	un	Estado	parte	de	la	CADH	constituye	una	violación	de	lo	dispuesto	por	el	artículo	2	de	la	Convención.7	De	esta	forma,	a	la	luz	de	las	obligaciones	generales	y	los	principios	establecidos	en	el	artículo	1o	de	la	Constitución,	así	como	en	los	artículos	1.1	y	2	de	la	CADH	y	2	del	PIDCP,	es	claro	que	la	adopción	de	disposiciones	contrarias	a	las	obligaciones	emanadas	de	cualquier	derecho	humano	resultan	en	sí	mismas	una	violación	de	ese	derecho	y	por	tanto	dichas	disposiciones	resultan	violatorias	de	la	Constitución.	Las	disposiciones	del	Decreto	en	materia	de	Geolocalización.	Las	principales	disposiciones	del	Decreto	que	levantan	serios	cuestionamientos	sobre	su	constitucionalidad	son	la	adición	del	artículo	133	Quáter	al	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales,	la	adición	de	un	artículo	40	Bis,	y	de	las	fracciones	XVI	y	XVII	al	artículo	44	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones.	A	continuación	se	transcriben:	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales.	“Artículo	133	Quáter.	Tratándose	de	investigaciones	en	materia	de	delincuencia	organizada,	delitos	contra	la	salud,	secuestro,	extorsión	o	amenazas,	el	Procurador	General	de	la	República	o	los	servidores	públicos	en	quienes	delegue	la	facultad,	solicitarán	por	simple	oficio	o	medios	electrónicos	a	los	concesionarios	o	permisionarios	del	servicio	de	telecomunicaciones	la	localización	geográfica,	en	tiempo	real,	de	los	equipos	de	comunicación	móvil	asociados	a	una	línea,	que	se	encuentren	Vs.	Argentina.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	29	de	noviembre	de	2011.	Serie	C	No.	238,	párr.	85.	7	Corte	IDH.	Ciertas	Atribuciones	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Opinión	Consultiva	OC-­‐14/94	del	9	de	diciembre	de	1994.	Serie	A	No.	13,	párr.	26;	y	Responsabilidad	Internacional	por	Expedición	y	Aplicación	de	Leyes	Violatorias	de	la	Convención.	Opinión	Consultiva	OC-­‐14/94	del	9	de	diciembre	de	1994.	Seria	A	No.	14,	párr.	50.	relacionados.	De	todas	las	solicitudes,	la	autoridad	dejará	constancia	en	autos	y	las	mantendrá	en	sigilo.	En	ningún	caso	podrá	desentenderse	la	solicitud	y	toda	omisión	imputable	al	concesionario	o	permisionarios,	será	sancionada	en	términos	de	lo	previsto	por	el	artículo	178	Bis	del	Código	Penal	Federal.	Se	castigará	a	la	autoridad	investigadora	que	utilice	los	datos	e	información	obtenidos	como	resultado	de	localización	geográfica	de	equipos	de	comunicación	móvil	para	fines	distintos	a	los	señalados	en	este	artículo,	en	términos	de	lo	establecido	en	la	fracción	IV	del	artículo	214	del	Código	Penal	Federal.”	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	“Artículo	40	BIS.	Los	concesionarios	o	permisionarios	del	servicio	de	telecomunicaciones,	están	obligados	a	colaborar	con	las	autoridades	en	la	localización	geográfica,	en	tiempo	real,	de	los	equipos	de	comunicación	móvil	asociados	a	una	línea	que	se	encuentren	relacionados	con	investigaciones	en	materia	de	delincuencia	organizada,	delitos	contra	la	salud,	secuestro,	extorsión	o	amenazas	a	solicitud	del	Procurador	General	de	la	República,	de	los	procuradores	de	las	entidades	federativas	o	de	los	servidores	públicos	en	quienes	deleguen	esta	facultad,	de	conformidad	con	las	leyes	correspondientes.	Cualquier	omisión	o	desacato	a	estas	disposiciones	será	sancionada	por	la	autoridad,	en	los	términos	de	lo	previsto	por	el	artículo	178	BIS	del	Código	Penal	Federal.	Artículo	44.	Los	concesionarios	de	redes	públicas	de	telecomunicaciones	deberán:	XVI.	Contar	con	sistemas,	equipos	y	tecnologías	que	permitan	la	ubicación	o	localización	geográfica,	en	tiempo	real,	de	los	equipos	de	comunicación	móvil	asociados	a	una	línea.	XVII.	Asignar	un	área	con	responsables	operativos	en	la	función	de	colaborar	con	las	autoridades	en	la	localización	geográfica,	en	tiempo	real,	de	los	equipos	de	comunicación	móvil	que	se	encuentren	relacionados	con	investigaciones	en	materia	de	delincuencia	organizada,	delitos	contra	la	salud,	secuestro,	extorsión	o	amenazas.”	De	las	disposiciones	transcritas	se	desprende	el	otorgamiento	de	la	facultad	a	la	Procuraduría	General	de	la	República	(PGR)	de	obtener,	por	medio	de	un	simple	oficio	o	medio	electrónico	dirigido	a	los	concesionarios	o	permisionarios	de	servicios	de	telecomunicaciones,	los	datos	de	localización	geográfica,	en	tiempo	real,	de	cualquier	equipo	de	comunicación	móvil	que	se	encuentre	relacionado	con	alguna	investigación	respecto	de	ciertos	delitos.	Es	importante	resaltar	que	la	facultad	otorgada	no	requiere	la	obtención	de	autorización	previa	por	parte	de	la	autoridad	judicial	federal	y	si	bien	las	solicitudes	deben	constar	en	autos,	por	la	propia	naturaleza	de	la	facultad,	éstas	deben	mantenerse	en	sigilo,	es	decir,	fuera	del	conocimiento	de	cualquier	persona.	A	su	vez	se	imponen	a	los	concesionarios	y	permisionarios	de	servicios	de	telecomunicaciones	obligaciones	consistentes	en	la	imposibilidad	de	incumplir	con	las	solicitudes	de	la	PGR	y	las	procuradurías	de	las	entidades	federativas,	además	de	diversas	obligaciones	de	carácter	operativo	para	hacer	posible	la	implementación	de	la	facultad.	Asimismo,	las	disposiciones	contenidas	en	los	artículos	178	Bis	del	Código	Penal	Federal	y	los	artículos	3	fracción	XVII,	71,	apartado	A,	fracción	VI	y	los	artículos	Transitorios	Tercero	y	Cuarto	del	Decreto	que	reforma,	adiciona	y	deroga	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones,	también	verían	afectada	su	constitucionalidad	en	caso	de	que	la	facultad	descrita	en	las	disposiciones	principales	sea	declarada	inconstitucional.	Para	determinar	si	la	obtención	de	datos	de	geolocalización	en	los	términos	que	establece	el	Decreto	se	ajusta	a	los	requerimientos	constitucionales	y	convencionales	en	materia	de	derechos	humanos	es	necesario	analizar	el	contenido	y	alcance	de	las	disposiciones	relevantes	a	la	luz	de	su	interpretación	por	los	órganos	autorizados,	así	como	a	la	luz	del	derecho	comparado,	no	perdiéndose	de	vista	en	ningún	momento	el	principio	de	interpretación	pro	persona	y	las	obligaciones	generales	del	Estado	Mexicano	en	materia	de	derechos	humanos,	especialmente	las	atinentes	al	deber	de	adoptar	disposiciones	de	derecho	interno	de	manera	compatible	con	dichas	obligaciones.	Las	Disposiciones	del	Decreto	en	Materia	de	Geolocalización	a	la	luz	del	Derecho	a	la	Privacidad	y	la	Inviolabilidad	de	las	Comunicaciones	Privadas	El	artículo	11	de	la	CADH8	y	el	artículo	17	del	PIDCP9	reconocen	el	derecho	de	toda	persona	a	no	ser	objeto	de	injerencias	arbitrarias	o	abusivas	en	su	vida	privada,	la	de	su	familia,	en	su	domicilio	o	en	su	correspondencia,	así	como	el	derecho	a	la	protección	de	la	ley	contra	esas	injerencias	o	ataques.	En	reiteradas	ocasiones10	el	Poder	Judicial	de	la	Federación	(PJF)	ha	entendido	que	el	derecho	a	la	vida	privada,	a	la	privacidad	o	a	la	intimidad,	como	ha	sido	distintamente	denominado,	se	encuentra	también	protegido	por	el	párrafo	primero	del	artículo	16	de	la	Constitución	y	en	algunas	vertientes	específicas	también	protegido	por	otras	disposiciones	constitucionales	como	lo	es	la	8	Artículo	11	(…)	Nadie	puede	ser	objeto	de	injerencias	arbitrarias	o	abusivas	en	su	vida	privada,	en	la	de	su	familia,	en	su	domicilio	o	en	su	correspondencia,	no	de	ataques	ilegales	a	su	honra	o	reputación.	3. Toda	persona	tiene	derecho	a	la	protección	de	la	ley	contra	esas	injerencias	o	esos	ataques.	9	Artículo	17	1. Nadie	será	objeto	de	injerencias	arbitrarias	o	ilegales	en	su	vida	privada,	su	familia,	su	domicilio	o	su	correspondencia,	ni	de	ataques	ilegales	a	su	honra	y	reputación.	2. Toda	persona	tiene	derecho	a	la	protección	de	la	ley	contra	esas	injerencias	o	esos	ataques.	10 Véase	por	ejemplo,	Tesis:	2ª.	LXIII/2008,	Novena	Época,	2ª	Sala,	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	Tomo	XXVII,	Mayo	de	2008,	página	229.	Rubro:	DERECHO	A	LA	PRIVACIDAD	O	INTIMIDAD.	ESTÁ	PROTEGIDO	POR	EL	ARTÍCULO	16,	PRIMER	PÁRRAFO,	DE	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS.	1. 2.
protección	de	datos	personales	a	que	se	refiere	el	artículo	7	y	el	párrafo	segundo	del	artículo	16.	Como	la	Corte	IDH	ha	señalado,	lo	que	el	derecho	a	la	privacidad	protege	esencialmente	es	“el	ámbito	de	la	privacidad	[el	cual]	se	caracteriza	por	quedar	exento	e	inmune	a	las	invasiones	o	agresiones	abusivas	o	arbitrarias	por	parte	de	terceros	o	de	la	autoridad	pública”11.	De	manera	relacionada	con	el	derecho	a	la	privacidad	o	intimidad	en	general,	se	encuentra	la	protección	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas,	la	cual	posee	una	protección	constitucional	específica	en	los	párrafos	decimosegundo	y	decimotercero	del	artículo	16	como	a	continuación	se	transcribe:	“Las	comunicaciones	privadas	son	inviolables.	La	ley	sancionará	penalmente	cualquier	acto	que	atente	contra	la	libertad	y	privacía	de	las	mismas,	excepto	cuando	sean	aportadas	de	forma	voluntaria	por	alguno	de	los	particulares	que	participen	en	ellas.	El	juez	valorará	el	alcance	de	éstas,	siempre	y	cuando	contengan	información	relacionada	con	la	comisión	de	un	delito.	En	ningún	caso	se	admitirán	comunicaciones	que	violen	el	deber	de	confidencialidad	que	establezca	la	ley.	Exclusivamente	la	autoridad	judicial	federal,	a	petición	de	la	autoridad	federal	que	faculte	la	ley	o	del	titular	del	Ministerio	Público	de	la	entidad	federativa	correspondiente,	podrá	autorizar	la	intervención	de	cualquier	comunicación	privada.	Para	ello,	la	autoridad	competente	deberá	fundar	y	motivar	las	causas	legales	de	la	solicitud,	expresando	además,	el	tipo	de	intervención,	los	sujetos	de	la	misma	y	su	duración.	La	autoridad	judicial	federal	no	podrá	otorgar	estas	autorizaciones	cuando	se	trate	de	materias	de	carácter	electoral,	fiscal,	mercantil,	civil,	laboral	o	administrativo,	ni	en	el	caso	de	las	comunicaciones	del	detenido	con	su	defensor.”	11	Corte	IDH.	Caso	Tristán	Donoso	Vs.	Panamá.	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	27	de	enero	de	2009	Serie	C	No.	193,	párr.	55;	Caso	Escher	y	otros	Vs.	Brasil.	Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	6	de	julio	de	2009.	Serie	C	No.	200,	párr.	113;	y	Caso	Fernández	Ortega	y	otros	Vs.	México.	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	30	de	agosto	de	2010.	Serie	C	No.	215,	párr.	157.	Al	respecto,	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	(SCJN)	ha	interpretado	que	las	comunicaciones	privadas	objeto	de	protección	no	se	circunscriben	solamente	a	la	correspondencia	de	carácter	escrito,	sino	que	también	comprende	las	comunicaciones	realizadas	por	cualquier	medio	o	artificio	técnico	desarrollado	a	la	luz	de	las	nuevas	tecnologías:	Novena	Época	Instancia:	Primera	Sala	Fuente:	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta	XXXIV,	Agosto	de	2011	Página:	217	Tesis:	1a.	CLVIII/2011	Tesis	Aislada	Materia(s):	Constitucional	DERECHO	A	LA	INVIOLABILIDAD	DE	LAS	COMUNICACIONES	PRIVADAS.	MEDIOS	A	TRAVÉS	DE	LOS	CUALES	SE	REALIZA	LA	COMUNICACIÓN	OBJETO	DE	PROTECCIÓN.	Tradicionalmente,	las	comunicaciones	privadas	protegidas	en	sede	constitucional	han	sido	identificadas	con	la	correspondencia	de	carácter	escrito,	que	es	la	forma	más	antigua	de	comunicarse	a	distancia	entre	las	personas.	De	ahí	que	en	el	penúltimo	párrafo	del	artículo	16	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	se	señale	que	"la	correspondencia	que	bajo	cubierta	circule	por	las	estafetas	estará	libre	de	todo	registro".	Sin	embargo,	la	expresa	referencia	a	las	comunicaciones	postales	no	debe	interpretarse	como	una	relación	cerrada.	En	primer	término,	es	necesario	señalar	que	nuestra	Constitución	no	limita	los	medios	a	través	de	los	cuales	se	puede	producir	la	comunicación	objeto	de	protección	del	derecho	fundamental	en	estudio.	Esto	resulta	acorde	con	la	finalidad	de	la	norma,	que	no	es	otra	que	la	libertad	de	las	comunicaciones,	siendo	que	ésta	puede	ser	conculcada	por	cualquier	medio	o	artificio	técnico	desarrollado	a	la	luz	de	las	nuevas	tecnologías.	Del	tradicional	correo	o	telégrafo,	pasando	por	el	teléfono	alámbrico	y	el	teléfono	móvil,	hemos	llegado	a	las	comunicaciones	que	se	producen	mediante	sistemas	de	correo	electrónico,	mensajería	sincrónica	o	instantánea	asincrónica,	intercambio	de	archivos	en	línea	y	redes	sociales.	Las	posibilidades	de	intercambio	de	datos,	informaciones	y	mensajes	se	han	multiplicado	por	tantos	programas	y	sistemas	como	la	tecnología	es	capaz	de	ofrecer	y,	por	lo	tanto,	también	las	maneras	en	que	dichos	contenidos	pueden	ser	interceptados	y	conocidos	por	aquellos	a	quienes	no	se	ha	autorizado	expresamente	para	ello.	En	definitiva,	todas	las	formas	existentes	de	comunicación	y	aquellas	que	sean	fruto	de	la	evolución	tecnológica,	deben	quedar	protegidas	por	el	derecho	fundamental	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas.	(énfasis	añadido)	Amparo	directo	en	revisión	1621/2010.	15	de	junio	de	2011.	Cinco	votos.	Ponente:	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea.	Secretario:	Javier	Mijangos	y	González.	De	esta	forma	la	SCJN	ha	precisado	que	lo	que	el	derecho	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	prohíbe,	es	la	“intercepción	o	el	conocimiento	antijurídico	de	una	comunicación	ajena”.12	A	su	vez	ha	señalado	que	este	derecho “se	configura	como	una	garantía	formal,	esto	es,	las	comunicaciones	resultan	protegidas	con	independencia	de	su	contenido.	En	este	sentido,	no	se	necesita	en	modo	alguno	analizar	el	contenido	de	la	comunicación	o	de	sus	circunstancias,	para	determinar	su	protección	por	el	derecho	fundamental.”13	Por	lo	tanto	“la	violación	de	este	derecho	se	consuma	en	el	momento	en	que	se	escucha,	se	graba,	se	almacena,	se	lee	o	se	registra	-­‐sin	el	consentimiento	de	los	interlocutores-­‐,	una	comunicación	ajena”14.	Resulta	determinante	para	el	presente	análisis	el	observar	que	la	SCJN,	al	12	Tesis:	2ª.	LXIII/2008,	Novena	Época,	1ª	Sala,	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	Tomo	XXXIV,	Agosto	de	2011,	página	221.	Rubro:	DERECHO	A	LA	INVIOLABILIDAD	DE	LAS	COMUNICACIONES	PRIVADAS.	SUS	DIFERENCIAS	CON	EL	DERECHO	A	LA	INTIMIDAD.	Amparo	directo	en	revisión	1621/2010.	15	de	junio	de	2011.	13	Id.	14	Id.	interpretar	el	derecho	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas	ha	determinado	que	su	objeto	comprende	no	sólo	el	contenido	de	las	comunicaciones,	sino	también	los	datos	externos	que	identifican	la	comunicación:	Novena	Época	Instancia:	Primera	Sala	Fuente:	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta	XXXIV,	Agosto	de	2011	Página:	221	Tesis:	1a.	CLV/2011	Tesis	Aislada	Materia(s):	Constitucional	DERECHO	A	LA	INVIOLABILIDAD	DE	LAS	COMUNICACIONES	PRIVADAS.	SU	OBJETO	DE	PROTECCIÓN	INCLUYE	LOS	DATOS	QUE	IDENTIFICAN	LA	COMUNICACIÓN.	El	objeto	de	protección	constitucional	del	derecho	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas,	previsto	en	el	artículo	16,	párrafos	decimosegundo	y	decimotercero,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	no	hace	referencia	únicamente	al	proceso	de	comunicación,	sino	también	a	aquellos	datos	que	identifican	la	comunicación.	A	fin	de	garantizar	la	reserva	que	se	predica	de	todo	proceso	comunicativo	privado,	resulta	indispensable	que	los	datos	externos	de	la	comunicación	también	sean	protegidos.	Esto	se	debe	a	que,	si	bien	es	cierto	que	los	datos	no	se	refieren	al	contenido	de	la	comunicación,	también	lo	es	que	en	muchas	ocasiones	ofrecen	información	sobre	las	circunstancias	en	que	se	ha	producido	la	comunicación,	afectando	así,	de	modo	directo	o	indirecto,	la	privacidad	de	los	comunicantes.	Estos	datos,	que	han	sido	denominados	habitualmente	como	"datos	de	tráfico	de	las	comunicaciones",	deberán	ser	objeto	de	análisis	por	parte	del	intérprete,	a	fin	de	determinar	si	su	intercepción	y	conocimiento	antijurídico	resultan	contrarios	al	derecho	fundamental	en	cada	caso	concreto.	Así,	de	modo	ejemplificativo,	el	registro	de	los	números	marcados	por	un	usuario	de	la	red	telefónica,	la	identidad	de	los	comunicantes,	la	duración	de	la	llamada	telefónica	o	la	identificación	de	una	dirección	de	protocolo	de	internet	(IP),	llevados	a	cabo	sin	las	garantías	necesarias	para	la	restricción	del	derecho	fundamental	al	secreto	de	las	comunicaciones,	puede	provocar	su	vulneración.	Amparo	directo	en	revisión	1621/2010.	15	de	junio	de	2011.	Cinco	votos.	Ponente:	Arturo	Zaldívar	Lelo	de	Larrea.	Secretario:	Javier	Mijangos	y	González.	Lo	anterior	también	ha	sido	reconocido	por	la	Corte	IDH,	que	en	el	caso	Escher	vs.	Brasil,	relativo	a	intervenciones	telefónicas,	señaló	lo	siguiente:	“El	artículo	11	se	aplica	a	las	conversaciones	telefónicas	independientemente	de	su	contenido	e	incluso,	puede	comprender	tanto	las	operaciones	técnicas	dirigidas	a	registrar	ese	contenido,	mediante	su	grabación	y	escucha,	como	cualquier	otro	elemento	del	proceso	comunicativo	mismo,	por	ejemplo,	el	destino	de	las	llamadas	que	salen	o	el	origen	de	las	que	ingresan,	la	identidad	de	los	interlocutores,	la	frecuencia,	hora	y	duración	de	las	llamadas,	aspectos	que	pueden	ser	constatados	sin	necesidad	de	registrar	el	contenido	de	la	llamada	mediante	la	grabación	de	las	conversaciones.	En	definitiva,	la	protección	a	la	vida	privada	se	concreta	en	el	derecho	a	que	sujetos	distintos	de	los	interlocutores	no	conozcan	ilícitamente	el	contenido	de	las	conversaciones	telefónicas	o	de	otros	aspectos,	como	los	ya	mencionados,	propios	del	proceso	de	comunicación.”15	De	esta	forma,	de	acuerdo	con	los	precedentes	citados	y	en	atención	al	principio	de	interpretación	pro	persona	consagrado	en	el	artículo	1º	Constitucional	y	el	artículo	29	de	la	CADH,	es	claro	que	los	“datos	de	tráfico”	de	comunicaciones	se	encuentran	igualmente	protegidos	por	la	garantía	formal	contenida	en	los	párrafos	decimosegundo	y	decimotercero	del	artículo	16	de	la	Constitución.	15	Corte	IDH.	Escher	Vs,	Brasil,	supra	nota	11,	párr.	114.	Ver	también	de	la	Corte	Europea	de	Derechos	Humanos	(ECHR).	Case	of	Malone	v.	United	Kingdom.	Judgment	of	2	August	1984,	application	no.	8691/79.	Por	su	parte,	los	datos	de	localización	geográfica	son	datos	que	sin	duda	se	encuentran	dentro	del	ámbito	de	protección	del	artículo	16	Constitucional,	11	de	la	CADH	y	17	del	PIDCP.	Cuando	esos	datos	son	obtenidos	a	través	de	equipos	de	comunicación	o	el	monitoreo	o	registro	de	comunicaciones	es	claro	que	deben	ser	considerados	como	“datos	de	tráfico”	de	comunicaciones	protegidos	por	el	derecho	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas.	Algunos	precedentes	que	pueden	encontrarse	en	la	jurisprudencia	internacional	comparada	soportan	lo	sostenido	anteriormente.	Por	ejemplo,	la	Corte	Europea	de	Derechos	Humanos	(ECHR)	estableció	en	el	caso	Uzun	v.	Germany16	que	métodos	de	vigilancia	que	implican	el	monitoreo,	registro	o	uso	de	información	obtenida	a	través	de	un	dispositivo	GPS	(Sistema	de	Posicionamiento	Global)	alojado	en	un	automóvil	constituye	una	interferencia	en	la	vida	privada	de	acuerdo	al	artículo	8	de	la	Convención	Europea	de	Derechos	Humanos,	que	establece	el	derecho	a	la	privacidad	de	manera	similar	a	la	CADH	y	el	PIDCP.	De	igual	manera,	recientemente	la	Suprema	Corte	de	los	Estados	Unidos	de	América	decidió	en	el	caso	United	States	v.	Jones 17 que	la	colocación	de	un	dispositivo	GPS	en	el	auto	de	Jones	violaba	la	4ta	enmienda	de	la	Constitución	de	los	Estados	Unidos,	disposición	que	establece	protecciones	similares	a	las	contenidas	en	el	artículo	16	de	la	Constitución.	Aunque	algunos	de	los	jueces	se	basaron	principalmente	en	la	transgresión	a	la	propiedad	del	inculpado	para	la	colocación	del	dispositivo	para	declarar	la	violación,	la	Jueza	Sotomayor	detalla	en	su	voto	concurrente	que	la	obtención	de	información	a	través	de	métodos	tecnológicos	no	invasivos	(non-­‐trespassory	surveillance	techniques),	como	la	vigilancia	a	través	de	dispositivos	de	geolocalización,	implican	una	afectación	a	las	expectativas	razonables	de	privacidad18.	El	concepto	de	“expectativa	razonable	de	privacidad”	para	determinar	el	alcance	de	la	protección	del	derecho	a	la	privacidad,	puede	resultar	relevante	para	el	16	ECHR.	Case	of	Uzun	v.	Germany.	Judgment	of	2	September	2010,	application	no.	35623/05.	17	U.S.	v	Jones	10	U.S.	1259	(2011)	18	Ibidem,	J.	Sotomayor	concurring.	presente	análisis.	Dicho	concepto	desarrollado	por	la	Suprema	Corte	de	los	Estados	Unidos	en	el	caso	Katz	v.	United	States19,	ha	sido	recogido	ampliamente	por	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Europea	de	Derechos	Humanos20	y	también	recientemente	de	manera	tangencial	por	la	Corte	IDH21.	En	este	sentido,	como	detalla	la	Jueza	Sotomayor,	la	vigilancia	a	través	de	mecanismos	de	geolocalización	genera	información	precisa	y	amplia	sobre	los	movimientos	públicos	de	una	persona,	lo	cual	refleja	una	gran	cantidad	de	detalles	sobre	sus	asociaciones	políticas,	profesionales,	familiares,	religiosas	y	sexuales22,	por	lo	tanto	es	claro	que	las	personas	poseen	una	expectativa	razonable	de	privacidad	sobre	sus	datos	de	localización	geográfica	y	por	ende	estos	datos	se	encuentran	protegidos	por	el	derecho	a	la	privacidad	establecido	en	el	artículo	16	constitucional,	11	de	la	CADH	y	17	del	PIDCP.	Los	datos	de	localización	vinculados	con	equipos	de	comunicación	además	deben	ser	tratados	como	“datos	de	tráfico”	de	comunicaciones	a	los	cuáles	les	resulta	aplicable	la	garantía	formal	establecida	en	los	párrafos	decimosegundo	y	decimotercero	del	artículo	16	constitucional.	Lo	anterior	queda	corroborado	en	tanto	el	artículo	44	fracción	XII	incisos	d)	y	e)	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	consideran	como	datos	que	deben	conservarse	dentro	de	un	registro	de	comunicaciones,	a	los	datos	referentes	a	la	localización	de	activación	del	servicio	y	la	ubicación	digital	del	posicionamiento	geográfico	de	las	líneas	telefónicas.23	Si	los	datos	históricos	de	localización	geográfica	de	comunicaciones	y	líneas	telefónicas	resultan	“datos	de	tráfico”	de	comunicaciones,	con	mayor	razón	el	monitoreo	prospectivo	en	tiempo	real	de	dichos	datos	debe	gozar	de	la	misma	protección	constitucional,	sino	es	que	mayores	salvaguardas	resultan	necesarias.	20 ECHR.	19	Katz	v.	United	States,	389	U.S.	347	(1967)	Case	of	Halford	v.	The	United	Kingdom.	Judgment	of	25	June	1997,	application	no.	20605/92;	Case	of	Rotaru	v.	Romania.	Judgment	of	4	May	2000,	application	no.	28341/95;	and	Case	of	P.G.	and	J.H.	v.	The	United	Kingdom.	Judgment	of	25	September	2001,	application	no.	44787/98.	21	Corte	IDH.	Fontevecchia	y	D’Amico	vs.	Argentina,	supra	nota	6.	22	U.S.	v	Jones	10	U.S.	1259	(2011),	J.	Sotomayor	concurring.	23	Lo	anterior	sin	perjuicio	de	que	el	registro	de	comunicaciones	que	prevé	el	artículo	44	fracción	XII	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	presenta	serias	deficiencias	de	constitucionalidad.	En	este	sentido,	es	claro	que	la	obtención	de	datos	de	localización	geográfica	en	tiempo	real,	de	los	equipos	de	comunicación	móvil	asociados	a	una	línea	que	establece	el	Decreto,	constituye	una	interferencia	con	el	derecho	a	la	privacidad	y	al	derecho	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas	reconocido	en	el	artículo	16	constitucional,	párrafos	primero,	decimosegundo	y	decimotercero,	el	artículo	11	de	la	CADH	y	el	artículo	17	del	PIDCP.	Ahora	bien,	una	vez	que	se	ha	determinado	el	contenido	y	alcance	de	la	protección	del	derecho	a	la	privacidad	y	el	derecho	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas	y	que	la	obtención	de	los	datos	de	geolocalización	constituyen	una	interferencia	con	esos	derechos,	es	preciso	recordar	que	los	mismos	pueden	ser	limitados.	Como	la	Corte	IDH	ha	señalado	en	su	jurisprudencia:	“La	fluidez	informativa	que	existe	hoy	en	día	coloca	al	derecho	a	la	vida	privada	de	las	personas	en	una	situación	de	mayor	riesgo	debido	a	las	nuevas	herramientas	tecnológicas	y	su	utilización	cada	vez	más	frecuente.	Este	progreso	[…]	no	significa	que	las	personas	deban	quedar	en	una	situación	de	vulnerabilidad	frente	al	Estado	o	a	los	particulares.	De	allí	que	el	Estado	debe	asumir	un	compromiso,	aún	mayor,	con	el	fin	de	adecuar	a	los	tiempos	actuales	las	fórmulas	tradicionales	de	protección	del	derecho	a	la	vida	privada.	No	obstante	conforme	se	desprende	del	artículo	11.2	de	la	Convención,	el	derecho	a	la	vida	privada	no	es	un	derecho	absoluto	y,	por	lo	tanto,	puede	ser	restringido	por	los	Estados	siempre	que	las	injerencias	no	sean	abusivas	o	arbitrarias;	por	ello,	deben	estar	previstas	en	ley,	perseguir	un	fin	legítimo	y	ser	necesarias	en	una	sociedad	democrática”.24	De	lo	anterior	se	desprende	que	cualquier	interferencia	con	el	derecho	a	la	privacidad	debe	cumplir	con	tres	requisitos:	1)	Legalidad	2)	Persecución	de	un	fin	legítimo	y	3)	Necesidad	en	una	sociedad	democrática.	24	Corte	IDH.	Escher	Vs,	Brasil,	supra	nota	11,	párr.	116.	Especialmente	cuando	la	medida	restrictiva	se	refiere	a	técnicas	de	vigilancia	que	por	su	naturaleza	son	secretas,	como	la	intervención	de	comunicaciones	privadas	o	el	monitoreo	por	geolocalización,	los	riesgos	de	arbitrariedad	son	evidentes,	por	lo	que	deben	adoptarse	medidas	para	evitar	el	abuso	de	esas	facultades	depositadas	en	el	ejecutivo.25	Por	lo	tanto,	para	que	las	disposiciones	del	Decreto	puedan	considerarse	compatibles	con	la	Constitución	y	los	tratados	internacionales	en	materia	de	derechos	humanos,	es	indispensable	que	se	ajusten	al	test	tripartito	mencionado	en	el	párrafo	anterior.	Legalidad	El	requisito	de	legalidad	implica	que	“las	condiciones	y	circunstancias	generales	conforme	a	las	cuales	se	autoriza	una	restricción	al	ejercicio	de	un	derecho	humano	determinado	deben	estar	claramente	establecidas	por	ley.	La	norma	que	establece	la	restricción	debe	ser	una	ley	en	el	sentido	formal	y	material”.26	A	su	vez	en	el	contexto	del	derecho	a	la	vida	privada	y	el	derecho	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas,	las	medidas	que	restrinjan	esos	derechos	deben	ser	precisas	e	indicar	reglas	claras	y	detalladas	sobre	la	materia27	tales	como	las	circunstancias	en	que	dicha	medida	puede	ser	adoptada;	las	personas	autorizadas	a	solicitarla,	a	ordenarla	y	a	llevarla	a	cabo;	el	procedimiento	a	seguir	entre	otros	elementos.28	En	el	contexto	de	medidas	encubiertas	de	vigilancia	,	como	la	geolocalización	en	tiempo	real,	la	ley	debe	ser	lo	suficientemente	clara	en	sus	términos	para	otorgar	a	los	ciudadanos	una	indicación	adecuada	respecto	de	las	condiciones	y	circunstancias	en	que	las	autoridades	están	facultadas	para	recurrir	a	dichas	25	ECHR.	Case	of	Weber	and	Saravia	v.	Germany.	Decision	of	29	June	2006,	application	no.	54934/00	para.	93;	Case	of	Kennedy	v.	United	Kingdom.	Judgment	of	18	May	2010,	application	no.	26839/054	para.	152;	and	Case	of	Malone	v.	United	Kingdom,	supra	nota	15	para.	67.	26	Corte	IDH.	La	expresión	“Leyes”	en	el	artículo	30	de	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos.	Opinión	Consultiva	OC-­‐6/86	de	9	de	mayo	de	1986.	Serie	A.	No.	6,	párrs.	27	y	32;	Tristán	Donoso	Vs.	Panamá,	supra	nota	11,	párr..	77	y	Escher	Vs.	Brasil,	supra	nota	11,	párr.	130.	27	Corte	IDH.	Escher	Vs.	Brasil,	supra	nota	11,	párr.	131;	ECHR.	Case	of	Kruslin	v.	France.	Judgment	of	24	April	1990,	application	no.	11801/85,	para.	33;	Case	of	Huvig	v.	France.	Judgment	of	24	April	1990,	application	no.	11105/84,	para.	32.	28	Corte	IDH.	Escher	Vs.	Brasil,	supra	nota	11,	párr.	131.	medidas. 29 Además,	en	vista	del	riesgo	de	abuso	que	cualquier	sistema	de	vigilancia	secreta	implica,	las	medidas	deben	basarse	en	una	ley	que	sea	particularmente	precisa,	en	vista	de	que	la	tecnología	disponible	para	realizar	esas	actividades	continuamente	se	vuelve	más	sofisticada.30	Adicionalmente,	para	que	una	medida	que	afecte	el	ámbito	de	protección	del	derecho	a	la	inviolabilidad	de	las	comunicaciones	privadas	pueda	considerarse	legal,	es	necesario	que	esta	sea	acorde	a	la	garantía	formal	que	establece	de	manera	puntual	el	párrafo	decimotercero	del	artículo	16	constitucional.	En	este	sentido	la	medida	necesariamente	requiere	que	sea	autorizada	por	la	autoridad	judicial	federal,	a	petición	de	la	autoridad	competente	la	cual	debe	fundar	y	motivar	su	petición,	indicando	de	manera	clara	y	precisa,	al	menos,	el	tipo	de	medida,	los	sujetos	de	la	misma	y	su	duración.	Persecución	de	un	fin	legítimo	La	medida	que	restrinja	el	derecho	a	la	privacidad	debe	estar	orientada	a	la	persecución	de	un	fin	legítimo.	El	artículo	30	de	la	CADH	señala	como	fines	legítimos	aquellos	atinentes	a	la	satisfacción	de	un	interés	general.	Sin	duda,	la	investigación	y	persecución	de	delitos,	como	parte	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	positivas	del	Estado,	son	fines	legítimos	orientados	a	satisfacer	un	interés	general	como	lo	es	la	seguridad	y	el	orden	público.	Sin	embargo	no	debe	perderse	de	vista	que	las	limitaciones	deben	responder	exclusivamente	a	las	“justas	exigencias	de	una	sociedad	democrática,	que	tenga	en	cuenta	el	equilibrio	entre	los	distintos	intereses	en	juego”31,	por	lo	que	de	nuevo	debe	reiterarse	que	la	utilización	de	medidas	que	restringen	los	derechos,	en	especial	el	derecho	a	la	privacidad	en	el	contexto	del	presente	análisis,	deben	29	ECHR.	Case	of	Uzun	v.	Germany,	supra	nota	16	para.	61;	Case	of	Malone	v.	United	Kingdom,	supra	nota	15	para.	67;	Case	of	Valenzuela	Contreras	v.	Spain,	Judgment	of	30	July	1998,	application	no.	58/1997/842/1048,	para.	46.	30	ECHR.	Case	of	Uzun	v.	Germany,	supra	nota	16	para.	61;	Case	of	Weber	and	Saravia	v.	Germany,	supra	nota	25	para.	93.	31	Corte	IDH.	La	Colegiación	Obligatoria	de	Periodistas.	Opinión	Consultiva	0C-­‐5/85	del	13	de	noviembre	de	1985,	Serie	A	No.	6,	párr.	38	y	CIDH.	Informe	sobre	Seguridad	Ciudadana	y	Derechos	Humanos.	OEA/Ser.L/V/II.	Doc.	57.	31	Diciembre	2009,	párr.	174.	diseñarse	con	cuidado	de	no	otorgar	poderes	ilimitados	o	que	carezcan	de	medidas	adecuadas	que	inhiban	su	abuso.	Necesidad	en	una	sociedad	democrática	Para	que	una	medida	que	restringe	el	derecho	a	la	privacidad	pueda	considerarse	necesaria	en	una	sociedad	democrática	esta	debe	ser	idónea,	necesaria	stricto	sensu	y	proporcional	al	fin	legitimo	perseguido.	Especialmente	en	el	contexto	de	medidas	de	vigilancia	secreta,	estas	deben	contemplar	la	adopción	de	medidas	adecuadas	y	efectivas	contra	su	abuso.	Para	determinar	lo	anterior	en	un	caso	concreto,	deben	valorarse	la	naturaleza,	alcance	y	duración	de	las	medidas,	los	motivos	para	su	adopción,	las	autoridades	competentes	para	autorizar,	llevar	a	cabo	y	supervisar	las	medidas	y	las	posibilidades	para	controvertir	la	medida	o	remediar	los	efectos	de	su	adopción.32	Para	ello	es	indispensable	analizar	si	los	procedimientos	diseñados	para	supervisar	la	compatibilidad	de	la	solicitud,	autorización	e	implementación	de	este	tipo	de	medidas	son	suficientes	para	garantizar	que	la	interferencia	con	el	derecho	a	la	vida	privada	se	mantenga	en	línea	con	los	requerimientos	de	que	esta	sea	“necesaria	en	una	sociedad	democrática”.33	Análisis	del	Decreto	a	la	luz	del	test	tripartito	Las	disposiciones	del	Decreto	en	materia	de	geolocalización,	en	tiempo	real,	de	los	equipos	de	comunicación	móvil,	incumplen	el	requisito	de	legalidad	y	necesidad	descritos	en	los	párrafos	anteriores,	y	generan	graves	riesgos	de	que	la	medida	sea	utilizada	para	fines	distintos	al	fin	legítimo	de	la	persecución	de	delitos.	En	primer	lugar,	resulta	preocupante	que	el	Decreto	permita	la	obtención	de	datos	de	localización	geográfica	en	tiempo	real	sin	que	previamente	la	autoridad	tenga	32	ECHR.	Case	of	Kennedy	v.	The	United	Kingdom,	supra	nota	25	para.	153;	Case	of	Weber	and	Saravia	v.	Germany,	supra	nota	25	para.	106;	and	Case	of	Klass	and	others	v.	Germany.	Judgment	of	6	September	1978,	application	no.	5029/71	para.	49-­‐50.	33	ECHR.	Case	of	Kennedy	v.	The	United	Kingdom,	supra	nota	25	para.	154;	and	Case	of	Kvasnica	v.	Slovakia.	Judgment	of	9	June	2009,	application	no.	72094/01	para.	80.	que	obtener	una	autorización	por	parte	del	poder	judicial	federal.	Ese	sólo	hecho	resulta	suficiente	para	decretar	la	inconstitucionalidad	del	Decreto.	La	ausencia	de	una	autorización	judicial	previa	impide	que	en	los	casos	concretos	se	garantice	que	la	medida	sea	la	idónea,	necesaria	y	proporcional	a	la	luz	de	una	solicitud	fundada	y	motivada	por	parte	de	la	autoridad.	A	su	vez,	en	las	disposiciones	contenidas	en	el	Decreto	no	se	establece	de	manera	clara,	precisa	y	detallada	las	condiciones,	el	procedimiento	y	las	personas	respecto	de	las	cuales	puede	llevarse	a	cabo	la	medida.	Si	bien,	se	limita	la	utilización	de	la	medida	a	investigaciones	relativas	a	los	delitos	de	delincuencia	organizada,	delitos	contra	la	salud,	secuestro,	extorsión	o	amenazas,	no	se	establece	el	grado	en	el	que	una	persona	o	un	equipo	de	comunicación	móvil	deba	estar	relacionado	con	la	investigación,	es	decir,	no	se	establece	si	la	existencia	de	una	investigación	sobre	los	delitos	mencionados	permite	la	obtención	de	datos	de	geolocalización	de	equipos	de	comunicación	móvil	que	la	autoridad	investigadora,	con	base	en	distinto	material	probatorio,	considere	que	puedan	estar	implicadas	en	la	comisión	de	los	delitos	objeto	de	investigación	o	si	la	medida	puede	utilizarse	para	obtener	datos	de	geolocalización	de	comunicación	móvil	asociadas	a	personas	que	no	están	involucradas	de	manera	directa	pero	que	la	autoridad	investigadora	considere	puedan	ser	útiles	para	la	investigación.	De	cualquier	forma,	en	vista	de	que	no	existe	un	mecanismo	de	autorización	judicial	previo,	de	la	obligación	de	sigilo	y	de	la	evidente	secrecía	de	la	medida,	resulta	imposible	que	exista	la	constatación	de	la	debida	fundamentación	y	motivación	de	la	solicitud,	sobre	todo	en	tanto	los	permisionarios	y	concesionarios	del	servicio	de	telecomunicaciones	poseen	una	estricta	obligación	de	colaboración	y	su	incumplimiento	es	fuertemente	sancionado	administrativa	y	penalmente.	A	su	vez,	no	se	señala	en	la	ley	de	manera	clara,	precisa	y	detallada	otros	elementos	de	la	solicitud	como	la	duración	de	la	medida	y	el	tratamiento	de	los	datos	producto	del	monitoreo.	De	la	manera	en	que	están	redactadas	las	disposiciones	del	decreto,	se	permite	a	la	PGR	realizar	el	monitoreo	a	través	de	la	obtención	de	datos	de	localización	geográfica	en	tiempo	real	de	manera	indefinida,	sin	que	tampoco	se	detalle	la	forma	en	la	que	deba	procesarse,	tratarse,	transmitirse	o	destruirse	la	información	recabada	mediante	dicho	monitoreo.	Tampoco	resulta	clara	la	existencia	de	recursos	adecuados	y	efectivos	para	impedir	y	remediar	las	violaciones	con	motivo	del	abuso	de	la	implementación	de	esta	medida.	Si	bien	se	hace	referencia	a	la	fracción	IV	del	artículo	214	del	Código	Penal	Federal	en	relación	a	la	utilización	de	los	datos	e	información	obtenidos	como	resultado	de	la	localización	geográfica	de	equipos	de	comunicación	móvil	para	fines	distintos	a	los	estrictamente	relacionados	a	las	investigaciones	objeto	de	la	medida,	lo	cierto	es	que	esa	medida	resulta	insuficiente	para	prevenir	y	detectar	y	remediar	las	violaciones.	Lo	anterior	es	claro,	en	tanto	la	medida	por	su	propia	naturaleza	secreta,	se	encuentra	fuera	del	conocimiento	de	la	persona	objeto	de	la	interferencia	y	fuera	del	escrutinio	público.	Por	ello	es	indispensable	que	existan	mecanismos	revisión	independiente	periódica	o	permanente	de	este	tipo	de	mecanismos	para	evitar	su	abuso.	En	vista	de	la	ausencia	de	cualquier	tipo	de	control	y	supervisión	a	cargo	de	una	autoridad	judicial,	parlamentaria	o	administrativa,	resulta	claro	que	no	existen	salvaguardas	adecuadas	para	evitar	el	abuso	de	esta	medida,	por	lo	que	se	incumple	el	requisito	de	que	las	medidas	resulten	necesarias	en	una	sociedad	democrática.	En	virtud	de	lo	anteriormente	señalado	debe	concluirse	que	el	artículo	133	Quáter	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales	y	los	artículos	40	Bis	y	44	fracciones	XVI	y	XVII	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones,	relativas	a	la	facultad	de	la	autoridad	investigadora	para	obtener	los	datos	de	geolocalización,	en	tiempo	real,	de	equipos	de	comunicación	móvil	resultan	violatorias	de	los	artículos	16	de	la	Constitución,	11	de	la	CADH	y	17	del	PIDCP	en	relación	con	el	artículo	1º	Constitucional	y	los	artículo	1.1	y	2	de	la	CADH	y	2	del	PIDCP.	A	su	vez,	el	artículo	el	artículo	178	Bis	del	Código	Penal	Federal	y	los	artículos	3	fracción	XVII,	71	apartado	A	fracción	VI	y	artículos	Transitorios	Tercero	y	Cuarto	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	contenidos	en	el	Decreto	también	deben	ser	considerados	como	inconstitucionales	de	manera	residual	a	las	disposiciones	principales	mencionadas	en	el	párrafo	anterior.	Por	lo	tanto	resulta	indispensable	que	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	ejerza	la	facultad	que	le	otorga	el	artículo	105	fracción	II	inciso	g)	de	la	Constitución	e	interponga	una	acción	de	inconstitucionalidad	en	contra	de	las	disposiciones	del	Decreto	mencionadas	de	manera	que	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	expulse	dichas	disposiciones	del	ordenamiento	jurídico	mexicano.	Comentarios	Finales	Resulta	importante	resaltar	que	por	la	propia	naturaleza	secreta	en	la	que	estas	disposiciones	serían	implementadas,	resultaría	sumamente	difícil	para	la	ciudadanía	en	general	el	combatir	la	abierta	inconstitucionalidad	de	estas	disposiciones,	por	ello	la	facultad	que	posee	la	CNDH	para	interponer	acciones	de	inconstitucionalidad	reviste	una	importancia	especial	para	el	cumplimiento	de	su	obligación	de	protección	de	los	derechos	humanos.	La	interposición	de	la	acción	de	inconstitucionalidad	además	sería	un	precedente	importante	que	debería	conducir	a	orientar	la	actividad	legislativa,	las	actuaciones	ministeriales	y	la	conducta	judicial	respecto	de	la	importancia	de	salvaguardar	el	derecho	a	la	vida	privada	en	un	entorno	en	el	que	la	utilización	de	medidas	tecnológicas	invasivas	reduce	las	capacidades	de	escrutinio	público	de	la	utilización	de	dichas	medidas	y	por	ende	se	incrementa	la	vulnerabilidad	de	los	ciudadanos	ante	el	comportamiento	potencialmente	arbitrario	y	abusivo	de	la	autoridad.	Resulta	fundamental	que	la	CNDH	asuma	su	papel	de	protección	de	los	derechos	humanos	y	rechace	las	falsa	contradicción	entre	seguridad	y	derechos.	Por	el	contrario,	la	interposición	de	la	acción	de	inconstitucionalidad	que	en	este	análisis	se	recomienda	representa	una	oportunidad	para	que	se	consolide	la	visión	de	que	sólo	a	través	del	respeto,	promoción,	garantía	y	protección	de	los	derechos	humanos	es	posible	alcanzar	los	objetivos	de	una	sociedad	democrática	y	que	la	concesión	de	facultades	discrecionales	sin	la	adopción	de	pesos	y	contrapesos	que	inhiban	el	abuso	de	esas	facultades	es	un	camino	que	lejos	de	favorecer	a	la	obtención	de	la	paz	y	la	seguridad	fomentan	la	arbitrariedad,	la	cultura	de	ilegalidad	y	ponen	en	riesgo	la	seguridad	y	privacidad	de	la	ciudadanía.	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