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Timestamp: 2019-03-21 23:53:08+00:00

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guarderiabcministrosprevaricadores
Padres de Familia de Niños Quemados
EXIGEN JUICIO POLÍTICO A LA CORTE POR PREVARICATO
*El PAN Pide Ocultar los Nombres de los Beneficiados con Guarderías Subrogadas Que son Políticos o sus Parientes.
Padres de familia de los 49 niños que se murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, solicitaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que inicie juicio político contra los ministros de la Suprema Corte, que se negaron a hacer justicia y a castigar a los funcionarios y ex funcionarios públicos que subrogaron sin control a parientes de políticos la guardería que debió ser administrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aglutinados en el Movimiento Ciudadano por la Justicia “5 de Junio”, Asociación Civil, demandaron también echar abajo la propuesta de un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional que pidieron a la Comisión Permanente exhortar al IMSS a quitar de su portal los nombres de los concesionarios de las guarderías del Seguro Social, pues ahí se evidencia que casi todos son funcionarios públicos, ex funcionarios o sus parientes, entre los que se encuentra la prima de Margarita Zavala, esposa del presidente mexicano Felipe Calderón, en el caso de la guardería ABC, también hay parientes del ex presidente Vicente Fox, de senadores de la República, Gobernadores y hasta de narcotraficantes. (Leer Noticia: "Guarderías: Subrogación, Corrupción y Lucro")
Con fecha 15 de julio de 2010 realizaron una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para informar que este día presentaron ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sendos escritos en los que se contienen solicitudes de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández, debido a que ellos incurrieron en las graves conductas previstas en las fracciones I, II y III del Artículo 109 constitucional, durante las discusiones y votación del caso del incendio de la Guardería ABC , de Hermosillo, Sonora, realizadas en las sesiones del pleno los días 14, 15 y 16 de junio de 2010 .
"Estimamos que los servidores públicos imputados deben ser sometidos a juicio político y sancionados con la destitución de sus respectivos cargos, con la inhabilitación para ocupar otros durante un término no menor a 20 años y ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para que sean encausados penalmente por los delitos que cometieron en contra de la administración de justicia".
Con el apoyo del diputado federal por el PRD, Emilio Serrano Jiménez, presidente de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público, quien los acompaña en sus actos legales y políticos, los señores y señoras Julio César Márquez Ortiz, papá del pequeño Julio César Márquez Báez, de dos años nueve meses; Patricia Duarte Franco, mamá de Andrés Alonso García Duarte; Abraham Fraijo Razcón, papá de Emilia Fraijo Navarro;Roberto Guadalupe Zavala Trujillo, padre de Santiago de Jesús Zavala Lemas, tenía dos años un mes al momento -niños que murieron en el incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de julio del 2009- expusieron lo siguiente:
"En los escritos que hemos presentado ante la instancia legislativa mencionada, cuyos textos íntegros se encuentran visibles en el portal de Internet del Movimiento Ciudadano por la Justicia “5 de Junio”, A.C., estamos expresando las razones por las cuales consideramos que Franco González Salas y Valls Hernández tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas por haber intervenido en las sesiones del Tribunal pleno de nuestro máximo órgano jurisdiccional, no obstante encontrarse afectados por impedimentos inexcusables que los debieron haber llevado a no asistir a tales sesiones.
Ante la Comisión Permanente del Congreso Federal, precisamos que los ministros de referencia tienen responsabilidad conforme a las fracciones I, II y III del mencionado Artículo 109 constitucional por las razones siguientes:
 Porque con sus actos y omisiones perjudicaron los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de la administración de justicia;
 Porque cometieron, al menos, el delito contra la administración de justicia previsto y sancionado por el artículo 225 del Código Penal Federal, y
Porque con sus conductas afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
 debieron observar en el desempeño de sus ministerios jurisdiccionales.
Consecuentemente, también les atribuimos responsabilidad por haber violentado el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del siniestro mencionado, previsto en el Artículo 17 constitucional, en lo relacionado a la obligación que tienen de impartir una justicia imparcial.
De la misma manera, reprochamos a los ministros imputados el haber violado los principios del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que son los siguientes: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia.
Hemos hecho notar al órgano legislativo bicameral que deberá iniciar el enjuiciamiento político solicitado, que el mero hecho de que la mayoría de los ministros que integran el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación hubieran estimado indebidamente que los ministros imputados no se encontraban impedidos para intervenir en la discusión y resolución del caso de la Guardería ABC , de ninguna manera puede tener el alcance de eximir a éstos de las sanciones por las responsabilidades en que incurrieron, conforme lo venimos mencionando. Ello, debido a lo siguiente:
 La honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación no está facultada constitucionalmente para expedir patentes de impunidad;
 Tampoco está dentro de las facultades de nuestra máxima instancia de justicia el otorgar permisos para delinquir;
 De igual manera, el alto Tribunal carece de atribuciones para conceder licencias para violar las leyes.
Estimar todo lo anterior, sería admitir que el Estado constitucional de Derecho en nuestro país es sólo una expresión, vacía de contenido y de significado.
Nosotros preguntamos ¿qué debieron hacer los mencionados ministros ante el empecinamiento de sus pares en la Corte, en el sentido de no tenerlos por impedidos? La respuesta no puede ser otra: debieron haberse ausentado de las sesiones; ello, a fin de no estar obligados a pronunciarse en un sentido o en otro en el tema de la Guardería ABC .
Manifestamos al órgano de representación legislativa que jurídicamente no es viable considerar que los ministros imputados puedan atenerse al manto protector que, indebidamente, les brindaron la mayoría de sus compañeros, al declararlos no impedidos para intervenir en el caso de la Guardería ABC , pues así como los criminales de guerra, que en sus particulares circunstancias se acogieron al atroz principio de “obediencia debida”, los ciudadanos Franco González Salas y Valls Hernández no pueden ser eximidos de responsabilidad porque hubiesen acatado la decisión de la mayoría de los ministros de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al margen de lo anterior, debemos destacar la circunstancia de que los servidores públicos imputados sólo expresaron reservas y plantearon sus respectivas convicciones de estar impedidos para intervenir en el caso de la Guardería ABC , únicamente cuando advirtieron que habrían de ser tocados los intereses del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual ellos en lo personal estuvieron vinculados. Prueba de lo anterior es el hecho de que en las diversas sesiones del tribunal Pleno, del 13 de julio y 6 de agosto de 2009 , ninguna manifestación vertieron para estimarse impedidos .
No omitimos señalar que al rechazar la causa de impedimento esgrimida por el Ministro José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández se advierten el deliberado propósito del Pleno de la Suprema Corte de Justicia por asegurarse una mayoría que le permitiese emitir la resolución final que dictó, con las limitaciones e incongruencias que se han advertido en la misma.
Ello, con el fin de proteger a los altos servidores y ex servidores públicos de la federación, del gobierno del estado
de Sonora y del ayuntamiento del municipio de Hermosillo, a los cuales alcanza un alto grado de responsabilidad en la violación grave de garantías.
Hacemos notar públicamente que con esta instancia acudimos al tercero de los tres supremos Poderes de la Unión, como lo es el Legislativo, en busca de justicia, ya que, como es público y notorio, las instancias de procuración de justicia local y federal dependientes del Poder Ejecutivo, el máximo órgano impartidor de justicia ordinaria y constitucional, esto es la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron de cumplir con su obligación de hacer justicia, procurándola e impartiéndola, en el funesto caso de la Guardería ABC , que costó la vida de 25 niñas y 24 niños y las lesiones de distintos niveles de gravedad de otros 100.
De igual manera, manifestamos que al acudir ante la instancia legislativa, lo hacemos consientes de que hemos de utilizar todos los elementos legales que nuestro derecho interno nos permite, para lograr lo que durante más de un año se nos ha negado: la justicia en el caso del incendio de la Guardería ABC , y que en el supuesto de no tenerla, seguiremos agotando todas las instancias a nuestro alcance, porque como padres y madres de las víctimas inocentes no vamos a permitir que la impunidad siga siendo la regla general del actuar de los poderes públicos.
Por todo lo anterior, nuevamente apelamos a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional, para que esté pendiente del desarrollo de este nuevo esfuerzo que emprendemos, con la misma convicción que nos ha animado desde el principio, en el sentido de no permitir que el sacrificio de nuestros niños y niñas siga siendo un crimen sin castigo".
El diputado Emilio Serrano expuso que agotarán todas las instancias " y donde tengamos respuesta vamos a apoyar y donde no tengamos respuesta vamos a denunciar, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dos ministros faltaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es el porqué se denuncia a los ministros de la Corte".
Agregó que en la Cámara de Diputados, presentará la solicitud de juicio de procedencia contra los ministros de la Corte. "Estamos juntando los elementos para que tenga solidez y fundamento legal nuestra solicitud, vamos a ir agotando instancias".
En días pasados el diputado Emilio Serrano advirtió que presentaría su denuncia contra los ministros de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández, por prevaricato, ya que el primero tienen a su hermana trabajando como directiva de guarderías en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y Sergio Valls fue abogado del IMSS. (Leer Noticia: "Superma Corte Fallo Ilegal")

References: Artículo 109
 Artículo 109
 artículo 225
 Artículo 17
 resolución 
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