Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=642007
Timestamp: 2019-05-26 22:33:20+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°51
PRESIDENTE DE COMISIÓN PARLAMENTARIA
PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
EXENCIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD PARA PENSIONADOS MAYORES DE 65 AÑOS Y FACILIDADES PARA TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES DE VEJEZ
INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
CREACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA PERSONAL DE AUTORIDAD SANITARIA
MEJORAS A TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS
PETICIÓN DE OFICIO : Adriana Munoz D'albora
PETICIÓN DE OFICIO : Jacqueline Van Rysselberghe Herrera
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES GIRARDI, LETELIER, MATTA, OSSANDÓN Y PATRICIO WALKER CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA ESTABLECER SANCIONES A LA DECODIFICACIÓN ILEGAL DE TELEVISIÓN SATELITAL DE PAGO (10.294-15)
Manuel Antonio Matta Aragay
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORAS GOIC, MUÑOZ, LILY PÉREZ Y VAN RYSSELBERGHE; Y SEÑORES ARAYA, CHAHUÁN, COLOMA, DE URRESTI, GARCÍA-HUIDOBRO, GARCÍA, GIRARDI, GUILLIER, HORVATH, LAGOS, MOREIRA, NAVARRO, PÉREZ VARELA, PIZARRO, PROKURICA, QUINTEROS, IGNACIO WALKER, PATRICIO WALKER Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ENVÍE UNA INICIATIVA LEGAL PARA MODIFICAR LA LEY Nº 19.664, CON EL FIN DE RECONOCER COMO FUNCIONARIOS A TODOS LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE INICIAN ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN (S 1.831-12)
Sesión 51ª, en miércoles 9 de septiembre de 2015
(De 16:17 a 18:55)
SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA, Y
SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la ley orgánica del Ministerio de Justicia (8.207-07) (se aprueba informe Comisión de Hacienda y pasa a Comisión Mixta).................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exime de la obligación de efectuar cotizaciones de salud a pensionados mayores de 65 años, facilita la tramitación de prestaciones de vejez y otorga otros beneficios que indica (10.201-13) (se aprueba en general y en particular)................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria (10.239-11) (se aprueba en general y en particular)................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, modificando las disposiciones legales que indica (10.007-15) (queda para segunda discusión).................
Concurrieron, además, los Ministros de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez; de Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González, y de Transporte y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo Echenique.
Asimismo, se encontraban presentes, la Subsecretaria de Previsión Social, señora Julia Urquieta Olivares, y el Subsecretario de Salud, subrogante, señor Pedro Crocco Abalos.
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 47ª, especial y 48ª, ordinaria, ambas en 1 de septiembre, y 49ª, ordinaria, en 2 de septiembre de 2015, respectivamente, que no han sido observadas.
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión (boletín N° 9.916-03).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que regula la actividad apícola (boletín N° 9.479-01).
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativa al artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
De la señora Ministra de Justicia:
Remite, en respuesta a solicitud de información cursada en nombre del Senador señor Araya, antecedentes con relación a la denuncia respecto de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta.
Atiende acuerdo adoptado por el Senado, con el que se piden medidas que permitan el esclarecimiento de los crímenes ocurridos durante la dictadura militar y el reforzamiento a la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Moreira, sobre las fechas en que se materializarán las etapas de construcción del hospital de Quellón.
Entrega respuesta a solicitud de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la cantidad de licencias médicas rechazadas por las COMPIN desde el año 2014 a la fecha.
Contesta proyecto de acuerdo del Senado sobre medidas legislativas para mejorar el sistema de isapres.
Atiende inquietud, planteada en nombre del Senador señor De Urresti, respecto de retraso en los pagos de pensiones en localidades rurales de las comunas de Lago Ranco y Futrono.
De la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos:
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor De Urresti, antecedentes acerca de los cursos de capacitación impartidos por Gendarmería de Chile que hayan contado con la participación de ese Instituto.
Del señor Director del Servicio de Salud de Valdivia (s):
Responde petición de información, efectuada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre terreno cedido en comodato al Consejo Comunal de Organizaciones Indígenas .
Del señor Director General de la Dirección de Aeronáutica Civil:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor García, relativa a la compra de terrenos colindantes al aeropuerto de La Araucanía.
Del señor Director del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor García, acerca de los pacientes que se encuentran en lista de espera para cirugías no AUGE.
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos para establecer la obligación de hacer públicas las opiniones disidentes de los consejeros (boletín N° 10.015-17).
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.365, que establece Franquicia Tributaria respecto de Sistemas Solares Térmicos; la Ley General de Servicios Eléctricos, y la Ley que crea la Empresa Nacional del Petróleo (boletín N° 9.628-08) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03) (con urgencia calificada de "simple").
De las Comisiones de Salud y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria (boletín N° 10.239-11) (con urgencia calificada de "simple").
--En virtud del acuerdo adoptado por los Comités, queda para la tabla de esta sesión.
De los Senadores señores Girardi, Letelier, Matta, Ossandón y Patricio Walker, con la que inician un proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital de pago (boletín Nº 10.294-15).
--Pasa a la Comisión Transportes y Telecomunicaciones.
De los Senadores señoras Goic, Muñoz, Pérez San Martín y Van Rysselberghe y señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, García, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que envíe una iniciativa legal para modificar la ley Nº 19.664, con el fin de reconocer como funcionarios a todos los profesionales de la salud que inician la Etapa de Destinación y Formación (boletín N° S 1.831-12).
Del Senador señor Tuma, con el que comunica que se ausentará del país desde el día 17 del presente mes.
En este momento ha llegado a la Mesa el certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07) (con urgencia calificada de "suma").
Señor Presidente , en mi calidad de Presidente de la Comisión de Defensa Nacional , quiero solicitar autorización para que dicho órgano técnico pueda sesionar entre las 19 y las 20 horas, en paralelo con la Sala, con el propósito de recabar información sobre la situación que afecta a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes, como todos sabemos, están en un conflicto laboral.
Hoy han estado negociando con el Gobierno y anunciaron un paro para el próximo 15 de septiembre, lo cual traería consecuencias muy graves.
Por esa razón, la petición que he formulado tiene carácter urgente y excepcional.
¿Hay acuerdo para acceder a lo solicitado?
Señor Senador, solo le pido que, después de las 7, los miembros de su Comisión vengan a votar, pues tenemos en tabla proyectos muy importantes, la mayoría de los cuales requiere quórum especial de aprobación.
El señor LETELIER.- ¡Antes de las 7!
Les avisaremos oportunamente.
De conformidad con lo acordado por los Comités, corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Justicia, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.207-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 3ª, en 20 de marzo de 2012.
En tercer trámite, sesión 44ª, en 18 de agosto de 2015.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas (segundo): sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Hacienda (certificado): sesión 51ª, en 9 de septiembre de 2015
Sesiones 100ª, en 5 de marzo de 2013 (se aprueba en general); 84ª, en 8 de enero de 2014 (queda pendiente la discusión particular); 85ª, en 14 de enero de 2014(se aprueba en particular).
Esta iniciativa comenzó su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas a su texto.
Por acuerdo de Comités, de fecha 18 de agosto de 2015, se remitió el proyecto a la Comisión de Hacienda.
Dicho órgano técnico, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Araya, Coloma, García, Lagos y Montes), propone aprobar las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, con excepción de las siguientes, que sugiere rechazar:
-En el número 3) del artículo único, el literal d) contenido en la letra c), nueva.
-En el número 8) del artículo único, los literales f) y g) del artículo 8°.
-En el número 10) del artículo único, la letra h) del inciso primero del artículo 11.
-El número 11), nuevo, del artículo único.
-En el artículo segundo transitorio (que pasa a ser tercero en el texto aprobado en segundo trámite constitucional), el número 2.
Cabe hacer presente que las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados a los artículos 8° -propuesto en el número 8)-, 11, 12 y 13 -contenidos en el número 10)- son normas de quórum orgánico constitucional, por lo que requieren, para su aprobación, el voto conforme de 21 señores Senadores.
Por tratarse del tercer trámite constitucional, corresponde discutir y votar lo que plantea la Comisión de Hacienda en su informe: aprobar todas las modificaciones que efectuó la Cámara de Diputados, con excepción de las que acabo de indicar, que quedarían rechazadas. Con ello, solo respecto de estas últimas, el proyecto iría a Comisión Mixta.
Cuando se someta a votación dicha propuesta, naturalmente, se debe alcanzar el quórum orgánico constitucional correspondiente.
En discusión la proposición de la Comisión de Hacienda.
Quiero recordar que el acuerdo de Comités para tratar esta iniciativa sugiere ser lo más breve posible en cada intervención, en consideración a que hay varios proyectos muy importantes en tabla y a que en la materia que nos ocupa cuatro temas van a quedar para ser resueltos en Comisión Mixta. Esa es la idea.
En consecuencia, pido hacer un debate lo más sumario y económico que se pueda.
Me parece que debemos apoyar lo que se nos plantea.
En nuestro país el tratamiento de los derechos humanos ha formado parte no de un todo institucional, sino de múltiples iniciativas que hasta ahora no han contado con la necesaria coordinación; más bien, tienden a cierta dispersión.
Por lo mismo, un tema tan importante y transversal como ese pierde visibilidad.
Recordemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos -el proyecto que lo creó fue de mucha relevancia- tiene capacidades limitadas. Sus objetivos son promover y proteger los derechos humanos, pero carece de facultades para establecer políticas públicas en su ámbito, que es una atribución propia del Gobierno.
La idea de la Subsecretaría de Derechos Humanos que se sugiere crear apunta a constituir una orgánica distinta, con más peso institucional. Ello le dará a Chile algo que no posee: una instancia coordinadora en materia de derechos humanos dentro de la Administración, con lo cual se resolverá la carencia de políticas de Estado sobre el particular, que den garantías a todos.
Por consiguiente, anuncio mi aprobación a la propuesta de la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra la Ministra de Justicia , señora Javiera Blanco.
La señora BLANCO (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, efectivamente este proyecto para nosotros es de altísima relevancia.
Inició su tramitación el año 2012, y quisiéramos que se despachara lo antes posible. Se encuentra ya en el tercer trámite constitucional.
La presente iniciativa nos va a permitir ordenar la discusión en materia de derechos humanos. Se creará, dentro del Ejecutivo, un órgano que se encargará de la coordinación de tales asuntos, que hoy se hallan dispersos en distintas reparticiones ministeriales.
Además, se establece el Comité Interministerial de Derechos Humanos, para darles una mirada integral a estos temas desde las distintas Carteras involucradas.
También se dispone la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que durará cuatro años, al igual que todo gobierno, y en el que se fijará la hoja de ruta del trabajo que en este ámbito deberá realizar la Administración pertinente.
Asimismo, se enfatizan varios aspectos vinculados con capacitación y coordinación.
Ahora lo más importante es darle celeridad a la aprobación del proyecto, por lo cual ya se ha esperado bastante.
Hoy en la Comisión, como señaló el señor Secretario , logramos llegar al acuerdo de dejar pendientes cuatro o cinco puntos y de respaldar el resto del texto en forma unánime.
Cabe recordar que las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a esta iniciativa fueron acogidas por unanimidad. Quizás la más importante de esas enmiendas sea la referida al traspaso del Programa de Derechos Humanos desde el Ministerio del Interior hacia el de Justicia. El resto dice relación con especificidades de las funciones propias de la Subsecretaría y con aspectos del Plan Nacional de Derechos Humanos.
En consecuencia, señor Presidente , agradecemos el trabajo que hizo la Comisión de Hacienda en este trámite y esperamos que la Comisión Mixta que se formará sesione lo antes posible para despachar esta iniciativa a la brevedad.
Me ha llegado una petición para que ingrese a la Sala la señora Subsecretaria de Previsión Social.
Sus Señorías, hago presente que la idea es realizar una sola votación de lo propuesto por la Comisión de Hacienda, que rechazó ciertas enmiendas introducidas por la Cámara Baja y aprobó el resto. Ello, para que, respecto de las modificaciones rechazadas, el proyecto vaya a Comisión Mixta.
¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
En votación la proposición de la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma, para fundar su voto.
Señor Presidente , este proyecto, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Justicia, fue aprobado, en su primer trámite, por unanimidad en el Senado, lo cual refleja nuestra voluntad sobre el particular.
Dicha iniciativa se presentó en la Administración anterior, y su tramitación ha seguido durante este Gobierno.
El propósito es darle un estatus especial a los derechos humanos. Se radica en una Subsecretaría su cautela, su defensa, por todo el trabajo que ese ámbito conlleva.
La Cámara de Diputados introdujo varias modificaciones al proyecto, muchas de las cuales nos parecieron razonables en la Comisión, y les dimos curso.
Sin embargo, respecto de cinco numerales, que se relacionan con dos materias específicas, encontramos que lo aconsejable era llevar a cabo el análisis en una Comisión Mixta. Como se trata de enmiendas que no figuran en el texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional, pensamos que ellas requerían una reflexión especial.
Me referiré de manera muy breve a esas dos materias.
La primera se relaciona con una duda de constitucionalidad respecto de una de las funciones que tendría el Ministerio de Justicia -y posteriormente la Subsecretaría-: "Coordinar, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, (...) la ejecución de sentencias, resoluciones, recomendaciones, medidas cautelares y provisionales, y la adopción de acuerdos amistosos frente a resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos.".
Al respecto, yo planteé -y muchos lo entendieron- la necesidad de ver cómo tal norma se armonizaba con el artículo 76 de la Constitución, que entrega la facultad de ejecutar fallos al Poder Judicial , como norma excluyente. Precisamente, por el significado de los términos "ejecución de sentencias" y "medidas cautelares y provisionales", es razonable resolver el problema de buena manera en la Comisión Mixta que deberá formarse.
El segundo tema se vincula con una de las materias que abordará el Plan Nacional de Derechos Humanos, a saber, "Promover la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad". La interrogante que surge es si ello debiera acotarse a un período determinado -llámese "dictadura" o de otro modo-, o si debiera entenderse en un concepto -como algunos creemos- más universal y de mayor amplitud.
Ojalá lleguemos a un buen acuerdo al respecto.
Desde mi perspectiva, la promoción de la investigación y la sanción de crímenes de lesa humanidad no puede estar limitada, tanto en su enseñanza como en su aplicación, a un período específico, pues tales valores deben tener un espacio por sí mismos. Y se espera lo propio del rol de las Fuerzas Armadas en esa tarea.
Por consiguiente, la decisión que tomamos de aprobar la mayoría de las enmiendas que acordó la Cámara de Diputados demuestra nuestra buena disposición para avanzar en esta materia. Pero se debe entender que hay asuntos que requieren una reflexión mayor. Sobre estos, ojalá logremos acuerdos con la otra rama del Parlamento.
Esperamos que la institucionalidad propuesta no genere división política, sino construcción sólida de futuro. Y tampoco queremos alguna norma que cause pérdida de facultades al Poder Judicial .
Nos parece razonable intentar resolver tales controversias en una Comisión Mixta y que se vote en consecuencia lo que ahí se deduzca.
Por tales razones, vamos a aprobar lo que plantea la Comisión de Hacienda en su informe.
Solicito la autorización de la Sala para que pase a remplazarme en la testera el Senador señor Tuma.
--Más adelante pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Tuma.
Señor Presidente , este importante proyecto, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, fue presentado por el Presidente Sebastián Piñera y tramitado durante su Gobierno. Y la actual Administración ha mantenido su tratamiento legislativo e, incluso, ha posibilitado que se le introduzcan las mejoras necesarias.
Se trata de una iniciativa muy relevante, porque los derechos humanos en el mundo moderno tienen una dimensión que va mucho más allá de la violencia política. Este es un aspecto muy importante, relacionado con la cautela y no vulneración de los derechos esenciales. Pero la agenda moderna considera otros elementos, como la inclusión de las minorías de orientación sexual, de distinta identidad de género. También están presentes las normativas antidiscriminación; todo lo que implica...
Señor Presidente, le pido que solicite guardar silencio en la Sala, porque resulta bien incómodo hablar cuando están todos conversando.
Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
Decía que esta agenda implica hacer un reconocimiento a aquellos que no están incluidos hoy día en muchas normativas, por lo que hay que hacer leyes de carácter sectorial, como las relacionadas con el acceso de personas que tienen algún tipo de capacidad diferente.
Por esa razón es tan significativa la creación de esta Subsecretaría de Derechos Humanos, porque no tenemos un paraguas que esté asilado bajo el Ministerio de Justicia y que de alguna forma coordine al resto de las Carteras para proponer, impulsar y fiscalizar medidas relacionadas con toda la agenda que he descrito, la cual contiene muchos elementos más que se desarrollan en nuestro país.
De ahí la trascendencia de esta Subsecretaría de Derechos Humanos.
Quiero, además, agradecer al Senador Hernán Larraín por el rol que tuvo en la génesis de este proyecto, porque en verdad él se jugó bastante para que este fuera incluido en la agenda presidencial del Gobierno anterior.
De igual forma, reconozco la labor de la Ministra Javiera Blanco, que ha desempeñado un papel bien importante para que podamos contar con una Subsecretaría de Derechos Humanos, que no ha sido una tarea fácil.
Muchas personas hablan de derechos humanos, pero desconocen cuáles son los acuerdos que Chile ha suscrito durante los últimos 15 o 20 años. En muchos casos estamos al debe en el cumplimiento, la fiscalización y la materialización de tales instrumentos, por no existir una entidad a cargo de estas materias. Por esa razón es tan importante la creación de esta Subsecretaría.
Asimismo, esta materia es absolutamente transversal. El patrimonio de los derechos humanos no pertenece a un grupo político ni a un sector de la sociedad, sino que nos ha de convocar por igual. Todos debiésemos tener el mismo diagnóstico cuando se vulneran los derechos esenciales de las personas, ya sea por violencia política, debido a su orientación sexual, a su ideología, a su religión, a su identidad de género, a su incapacidad o discapacidad, o por pertenecer a una minoría étnica.
Es muy muy importante que demos una rápida tramitación legislativa a este nuevo organismo, porque eso nos permitirá sacar adelante otras iniciativas que son tremendamente valiosas. El Gobierno ha dicho una vez más en estos días que va a poner el pie en el acelerador respecto del proyecto de ley contra la incitación al odio, que es una iniciativa transversal de la cual soy coautora junto con otros señores Senadores.
Por lo tanto, nos parece muy importante que este proyecto, al igual que otros que estarían bajo el paraguas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, salga adelante para promover, impulsar y fiscalizar un plan más ambicioso y moderno en materia de derechos humanos.
Señor Presidente, más allá de la buena intención en la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, cada Ministerio, cada Subsecretaría, cada servicio público debiese considerar en su interior una unidad vinculada a esta materia, porque no sacamos nada con tener una entidad de esa naturaleza alojada en un Ministerio si el resto de las reparticiones no disponen de políticas públicas permanentes, coordinadas, coherentes en materia de inclusión y de derechos fundamentales.
Señor Presidente, más allá de la argumentación que se ha dado respecto de la conveniencia de contar con una Subsecretaría de Derechos Humanos -y lejos de cuestionar el tema, sino al contrario, deseo resaltarlo-, quiero hacer presente un asunto estrictamente formal: tal como lo hice en su oportunidad a propósito de un proyecto tramitado el año pasado, no me parece que los Comités tengan la facultad para que se salte el análisis de la Comisiones especializadas en determinados proyectos de ley.
¿Cómo se puede explicar que una iniciativa aprobada por el Senado, a la cual la Cámara de Diputados le hizo más de 50 enmiendas, vuelva a nuestra Corporación y no la analice ninguna Comisión especializada (ni la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; ni siquiera la de Derechos Humanos) y que, por un acuerdo de los Comités, pase directamente a la Comisión de Hacienda para analizar solo los temas presupuestarios?
Si estamos hablando de los derechos humanos, de temas fundamentales, de una unidad administrativa que tendrá, por ejemplo, la facultad para ordenar el cumplimiento de ciertas sentencias judiciales al interior de reparticiones de Gobierno, no me parece lógico ni coherente que un grupo de señores Senadores, jefes de Comités, se arroguen la autoridad de que el proyecto no pase por ninguna Comisión especializada y que solo circunscriban el debate a la Comisión de Hacienda, que únicamente debe ver los aspectos presupuestarios.
Para mí, por lo menos, dada la trascendencia de la materia, me parece que los derechos humanos no pueden quedar circunscritos solo a una cuestión de platas o de cantidades. Es un asunto más bien de principios.
Por eso, el debate debió haberse efectuado en las Comisiones de Constitución o de Derechos Humanos. Señalo esto sin perjuicio del apoyo que ha recibido desde el punto de vista cuantitativo la Comisión de Hacienda, la cual ha hecho su trabajo.
Señor Presidente , así como hoy día se salta a esos órganos técnicos, mañana podría ocurrir que una iniciativa referida a materias presupuestarias no pase por la Comisión de Hacienda y la vea la Comisión de Medio Ambiente o la de Constitución, por decisión de quienes integran los Comités.
Quise hacerlo presente porque no creo que sea sano para la tramitación de los proyectos de ley, que requieren especialidad en sus estudios, que se salte a las distintas Comisiones.
A propósito de la intervención del Senador Harboe, quiero señalar que en su minuto, siendo yo Presidente en ejercicio de la Comisión de Hacienda, se nos planteó que viéramos este proyecto en su conjunto con las numerosas y profundas modificaciones que recibió en la Cámara de Diputados.
Tal vez debió ser analizado por la Comisión de Derechos Humanos o por la de Constitución, que fueron los órganos técnicos que lo trataron en su oportunidad, y que nosotros nos pronunciáramos solo respecto de las disposiciones propias de la Comisión de Hacienda.
En todo caso, ante la duda, se consultó nuevamente a los Comités, los cuales volvieron a mandatar a la Comisión de Hacienda para despachar este proyecto en la forma en que lo estamos haciendo.
Lo digo solo para salvaguardar la responsabilidad que tuvimos nosotros. Incluso suspendimos una sesión de la Comisión para chequear dos veces con los Comités esta decisión. Sin embargo, y entendiendo el predicamento del Senador Harboe -el cual comparto-, no tuvimos más que abocarnos a las labores que nos encargaron en la reunión de Comités.
Esa fue la razón por la cual la Comisión de Hacienda estudió la iniciativa.
Dicho esto, el informe señala con claridad lo que hay que hacer.
Hubo cuatro disposiciones que recomendamos fueran a una Comisión Mixta. Pero tengo dudas acerca de la composición de esa instancia. ¿La integrarán los miembros de la Comisión de Hacienda, de la de Derechos Humanos o de la de Constitución?
Dejo planteada esa inquietud, pues hay que resolver hoy el asunto. Porque hay que despachar la iniciativa a la Cámara de Diputados con el objeto -es el compromiso al que llegamos hoy- de que mañana esa Corporación dé cuenta de este proyecto, de manera que la Comisión Mixta pueda funcionar, ojalá, a partir del lunes próximo. Y para eso necesitamos saber quiénes la van a integrar en representación del Senado.
Entonces, señor Presidente , le reitero mi solicitud. Probablemente se va a aprobar lo sugerido por la Comisión de Hacienda. El proyecto irá a una Comisión Mixta para ver solo cuatro disposiciones que queremos precisar, mejorar, etcétera. Pero, dado el peculiar tratamiento que tuvo la iniciativa en su tercer trámite en el Senado, es importante determinar si la Comisión Mixta se integrará con los miembros de las Comisiones de Hacienda, de Derechos Humanos o de Constitución.
Señor Senador, ese es un asunto que resolverán los Comités, como lo han hecho habitualmente cuando más de una Comisión puede ser designada para participar en una Comisión Mixta.
¿Podría hacer una sugerencia, señor Presidente?
No sé si procede reglamentariamente, pero propongo que inmediatamente después de despachado el proyecto la Presidencia convoque a una reunión de Comités, porque la sesión de hoy es la última de esta semana y esto tiene que llegar mañana a la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, estimados colegas, nos encontramos ante un tema de derechos humanos. Y yo quiero indicar -disculpen, pero los que me quieran entender lo van a hacer- que aquí no hay ni personas que no tengan los mismos derechos a discutir que el resto de quienes nos encontramos en este Hemiciclo.
Lo señalo porque a mí nunca me gustó este trámite tan curioso de la Comisión de Hacienda, ya que, como todos podemos constatar, las materias que se están abordando nada tienen que ver con las propias de esa instancia legislativa, sino que dicen relación con un debate distinto. Por eso, este proyecto debería haber sido visto en el tercer trámite por la Comisión de Derechos Humanos.
Quiero reivindicar eso como un tema básico de respeto entre nosotros.
Lo digo para que no haya discusión respecto a quiénes deben ser, manteniendo nuestra tradición, los integrantes de la Comisión Mixta que deberá revisar los puntos en que se generarán discrepancias.
En segundo término, señor Presidente , es evidente que hay errores, a lo menos, en dos materias: una referencia al Ministro del SERNAM , que evidentemente se tiene que corregir, y una pésima redacción sobre determinadas facultades.
Cuando estudiamos el proyecto en el primer trámite en la Comisión de Derechos Humanos, nosotros advertimos sobre la necesidad de ser muy cuidadosos en lo concerniente a la facultad del Ministerio de Justicia respecto de los fallos internacionales, donde debe haber una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y señalamos que en ningún momento se debía insinuar que el Ejecutivo tendría algo que ver con la implementación de fallos y sentencias.
La Cámara de Diputados cometió un error en ese punto -esto lo debatimos en el Senado-, y pienso que es necesario reponer la redacción que venía de la Comisión especializada, que es la de Derechos Humanos.
Quiero decir, sí, que comparto la idea de que los crímenes de lesa humanidad son atemporales. Uno podrá afirmar que el período de nuestra historia en que más han ocurrido es el de la dictadura militar de 1973 a 1990. No cabe duda. Pero eso no significa que no pueda haber crímenes de lesa humanidad fuera de ese lapso, y que el Ministerio de Justicia y el Plan Nacional de Derechos Humanos no tengan que abocarse a esos temas. Porque perfectamente, si un funcionario público asesina a un ciudadano, lo que ha pasado también en democracia, en algunos casos ello puede calificarse como crimen de lesa humanidad. Y, por ende, comparto el criterio.
Me quiero adelantar a un juicio, señor Presidente .
La legislación comparada respecto a educación en derechos humanos se concentra en el Estado, por cierto, pero también en los órganos especiales que tienen el monopolio del uso de la fuerza: en Carabineros, en la Policía de Investigaciones y en las Fuerzas Armadas. Es muy importante ser explícitos en esta materia. Y no creo que deba haber una mirada distinta cuando somos explícitos, porque los que hoy son funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Carabineros no tienen nada que ver con los oficiales del tiempo de la dictadura. Son nuevas generaciones. Y esta es una política permanente.
Estoy de acuerdo con que rechacemos el conjunto de normas que se ha mencionado. Entiendo que no son cuatro, señor Presidente, sino seis -las he marcado-, y sería bueno que el señor Secretario las individualizara, para que cuando votemos no haya dudas sobre el particular.
Señor Presidente, también me sumo a la inquietud que se ha planteado en el sentido de que un proyecto de esta naturaleza, en tercer trámite, que en rigor no requiere ir a las Comisiones -puede pasar directamente a la Sala-, si va a ser revisado, ello debe hacerse por las Comisiones que estuvieron analizando y estudiando la parte sustantiva de su contenido, y ellas fueron, en este caso, la de Derechos Humanos y la de Constitución.
A mí me parece completamente inexplicable que el proyecto haya ido a la Comisión de Hacienda, porque no es de su competencia. No es que los Senadores que la integran no sean competentes. Lo son. Son todos muy talentosos. Pero esa Comisión, por su competencia específica, no es la que debe preocuparse de estos asuntos.
Ahora, afortunadamente, ellos tuvieron el buen criterio de levantar inquietudes, porque las transformaciones del proyecto original aprobado por el Senado que tuvieron lugar en la Cámara de Diputados son muchas y muy complejas.
Yo comparto algunas, pero otras no. Como aquí ha dicho la Senadora Lily Pérez , nosotros -porque ella también trabajó mucho en su minuto en esta iniciativa- hemos estado interesados en esta idea desde antes de que se planteara, y cuando ella se materializó nos costó mucho sacarla adelante, porque había inquietudes y dudas.
Y la verdad es que ese proceso finalmente decantó en un proyecto determinado, que pensaba esta Subsecretaría como un lugar que no iba a resolver todos los temas, porque estaban repartidos en muchos sectores de la Administración Pública, pero que sí podía coordinarlos, y su función tenía que ver con eso. De ahí la necesidad de hacer planes, programas y factores comunes; y de que hubiera un Comité Interministerial que reuniera a los principales Ministerios que tengan conexiones, por sus materias, con áreas dentro de las cuales los derechos humanos son relevantes.
La Subsecretaría estaba pensada más bien de aquí hacia el futuro. Por eso no se integraba, por ejemplo, el Programa de Derechos Humanos que hoy día se encuentra en el Ministerio del Interior y que este proyecto quiere cambiar al Ministerio de Justicia. Es perfectamente discutible si debe estar en uno o en otro Ministerio, pero hay un cambio en la filosofía, porque se pensaba que esto tenía más bien una mirada amplia que no se circunscribía a una situación histórica determinada, sino a cómo hoy día asumimos los derechos humanos en toda su dimensión como una tarea de Estado. Y los temas históricos, por así decirlo, seguían funcionando, seguían caminando con la legislación específica que les corresponde, y ese Programa se mantenía en el Ministerio del Interior.
Se puede cambiar eso. En principio, no tengo inconvenientes en revisar el punto, en rediscutirlo. Pero no podemos dejarlo así, sin revisión. Y como no tenemos capacidad de verlo hoy día, en el tercer trámite, soy partidario de que rechacemos el conjunto de los cambios de la Cámara de Diputados, para así resolver en la Comisión Mixta todas las inquietudes que surgen.
Yo no tengo problema en que hagamos ese trabajo, porque lo que más me interesa es que haya una buena legislación. Creo que esta es una materia muy importante. Los derechos humanos se reflejan en actividades muy variadas. Hoy día existen, lamentablemente, espacios y lugares donde están siendo violados. Informes de la Corte Suprema, por ejemplo, han señalado que en la cárcel hay tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, que reflejan una violación a los derechos humanos. Existe una variedad de situaciones que atentan contra los derechos humanos. Entre ellas, la que en muchos lugares afecta gravemente, por ejemplo, a adultos mayores, a discapacitados, a menores de edad recluidos en hogares.
La Subsecretaría cuya creación se plantea es la que debe preocuparse de que el Estado, la Administración Pública en su globalidad, se haga cargo de aquello, cada cual desde el respectivo ministerio. A lo mejor la cuestión de las cárceles la verá el Ministerio de Justicia; en otra materia actuará un ministerio distinto, en fin. Pero lo importante es que haya un ente que se ocupe en forma integral de la situación.
Por eso, para asegurar una buena Subsecretaría de Derechos Humanos, propongo que rechacemos todas las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados y dejemos que la Comisión Mixta revise el proyecto completo.
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
Señor Presidente, respecto de lo que dijo el Senador Larraín, debo señalar que la materia que nos ocupa fue objeto esta mañana de una larga discusión en la Comisión de Hacienda. Finalmente, se llegó a un acuerdo unánime en torno a los puntos que la Oposición pidió revisar. Esta planteó cuatro temas; la Secretaría, un quinto. Y esto era lo que se hallaba en debate hoy. Lo demás se había revisado y sobre el particular existía acuerdo.
Hubo otras posiciones. Pero, en definitiva, llegamos al referido acuerdo y determinamos un tiempo bastante preciso para resolver.
Si por unanimidad se quiere buscar un acuerdo distinto y llevarlo todo a Comisión Mixta, eso significa que el proyecto no sale la próxima semana. Pero ello no formaba parte de lo convenido, pues la idea era que dicho órgano se constituyera el lunes y despachara el asunto ese mismo día.
En cuanto a por qué los cambios que introdujo la Cámara de Diputados los vio Hacienda, sería bueno aclarar que la iniciativa está en tercer trámite constitucional (lo dijo el Senador Larraín) . Por tanto, no hay informe: se sugiere a la Sala la manera de votar para decidir qué va y qué no va a Comisión Mixta. Y lo que hizo la Comisión de Hacienda fue concordar lo que ya se ha explicitado.
Señor Presidente, yo pedí la palabra porque me interesa insistir en el artículo 14 bis que se agrega a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, norma que es parte de las cuestiones en polémica. E insisto porque nuestra sociedad sigue viva, continúa afectada por lo que representó la dictadura para muchos seres humanos, para sus descendientes y para el conjunto de la ciudadanía.
Si se habla de un Plan Nacional que se preocupe prioritariamente de los afectados durante aquel período, es porque hoy están perjudicados por algo que ocurrió desde el Estado -como aquí se ha dicho- y que necesariamente debemos superar en perspectiva.
Según quienes han estudiado el problema de las violaciones a los derechos humanos, las generaciones dañadas son varias; no se trata solo de aquella cuyos derechos fueron vulnerados directamente.
Sería interesante que en algún momento la Comisión de Derechos Humanos recabara información sobre qué está ocurriendo con los hijos de quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos.
Hay instituciones dedicadas exclusivamente a atender a hijos de víctimas de atropellos a tales derechos. Sus daños desde los puntos de vista psicológico, del desarrollo individual, de su condición como persona son dramáticos en muchos casos.
Personas cuyos derechos humanos fueron violados nunca hablaron de ello en 30 a 40 años: recién lo hacen ahora.
¡Imaginen lo que ha significado para esa gente no hablar nunca de lo que le ocurrió ni de cómo se afectó su dignidad fundamental!
Yo pienso que esos son desafíos de la sociedad.
¿Quiénes actúan hoy? El Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), organismo al que le cuesta mucho conseguir recursos que le permitan realizar su labor.
Yo quiero que, como generación política de este país, tengamos harta responsabilidad para asegurar que la Subsecretaría en creación les dé una prioridad particular a quienes fueron afectados en sus derechos humanos durante el período que individualicé.
Ello no significa exclusividad, por cierto. Hay otras realidades en materia de violación a los derechos humanos, sin lugar a dudas.
Asimismo, debemos buscar fórmulas para que la sociedad asuma de manera más amplia la situación de los exonerados, la de los ex presos políticos.
En lo personal, señor Presidente , planteo que lo lógico sería que el palacio Ariztía estuviera administrado por la nueva Subsecretaría y fuera un lugar de encuentro, un lugar de atención, un lugar de desarrollo para las personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados.
Las sociedades deben asumir hacia delante la forma de enfrentar los daños a la altura de la forma como se infligieron.
El palacio Ariztía está desocupado desde que la Cámara de Diputados dejó de utilizarlo. Creo, entonces, que perfectamente podría ser un centro cultural, un lugar de encuentro y desarrollo.
Fue un centro militar. Hoy debe asumir otra realidad.
En mi concepto, soluciones de esa envergadura son parte de las responsabilidades que ha de tener la Subsecretaría de Derechos Humanos frente a aquel período específico de la historia de Chile.
Señor Presidente, el imperativo de aprobar rápidamente este proyecto de ley da cuenta de una necesidad de país.
No es un capricho de la Presidenta de la República ; no es un capricho de las organizaciones de derechos humanos: se está dando cuenta de la necesidad urgente de actualizar y modernizar la relación del Estado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y, particularmente, de prevenir para que tales hechos jamás vuelvan a ocurrir en Chile.
Podemos tener mucha institucionalidad, pero ello de nada sirve si persiste la dualidad que planteó el Senador Letelier, que implica ver a diario que en numerosos casos en que hay involucrados civiles actúa la justicia militar, esa justicia que no da ninguna garantía de objetividad, de ecuanimidad, y que, al contrario, se adapta para sacarse de encima el peso de una acusación o de una investigación.
Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis los conscriptos que -comillas- se han suicidado al interior de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Y estamos solicitándole a la Comisión de Defensa del Senado que reciba a sus familias. Porque los hechos son muy evidentes, las pruebas son demasiado fuertes. Pero si están ligados solo a ese tipo de justicia no se avanza.
Si bien Sabas Chahuán ha señalado -y hay una doctrina que ha inspirado al órgano que dirige- que procede la querella del propio Ministerio Público, tenemos una gran deuda.
Soy de los parlamentarios que han presentado reiterados proyectos de ley para poner fin a tal dualidad, que no le hace bien a nadie: ni al país, ni al Estado, ni a los ciudadanos. Solo mantiene una herida abierta.
Aquí se ha planteado la necesidad de revisar seis artículos del proyecto que nos ocupa esta tarde. Si los Comités están de acuerdo, esas normas deben abordarse en breve, para ahorrar el debate. Porque gran parte de las materias ya se trataron, y no solo en la Comisión. No hay novedad en lo que se propone. Y lo que se propone forma parte de los consensos mínimos en democracia, una democracia que quiere persistir y proyectarse al futuro.
Por tanto, en último término, vamos a aprobar esta iniciativa de ley. Y ella debiera concitar unanimidad. No veo motivo alguno para que la Oposición y la Derecha voten en contra. La idea es preservar la acción del Estado en toda circunstancia, cualquiera que sea el signo político de la ciudadanía o del gobierno de turno. Se busca generar una institucionalidad que preserve, que eduque, y especialmente, que prevenga las violaciones a los derechos humanos.
Anuncio que voy a votar a favor, señor Presidente , en la convicción de que así damos un paso más en el fortalecimiento de la institucionalidad que Chile siempre debió tener, aun cuando han transcurrido muchos años.
Creo que, aunque algunos piensen que nuestra actuación es tardía, estamos concurriendo a que nuestro país tenga una institucionalidad adecuada en esta materia.
Advierto que no se puede aplaudir en las tribunas.
¡No reprima a la ciudadanía, señor Presidente ...!
El Reglamento se aplica a todos. Y Su Señoría lo sabe bien.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Hacienda (31 votos favorables), dejándose constancia de que, en lo pertinente, se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se dejará constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Muñoz.
Para integrar la Comisión Mixta que habrá de formarse, propongo a los integrantes (estaba mirando la cara del Senador señor Letelier y la de la Senadora señora Van Rysselberghe) de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Así se acuerda
Corresponde discutir el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exime de la obligación de efectuar cotizaciones de salud a pensionados mayores de 65 años, facilita la tramitación de prestaciones de vejez y otorga otros beneficios, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.201-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 18 de agosto de 2015.
Trabajo y Previsión Social: sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2015.
Hacienda: sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2015.
1) Eximir de la obligación de cotizar el 5 por ciento para salud a los pensionados mayores de 65 años de edad que cumplen los requisitos para acceder a dicho beneficio. La implementación de esta medida se efectuará en dos años, con una rebaja de 5 por ciento a 3 por ciento en el primer año y la exención total en el segundo.
2) Facilitar el trámite de la solicitud de pago de las prestaciones de vejez para los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez.
3) Garantizar que todos los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias cuenten con una asignación que ayude a solventar los gastos de su fallecimiento.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto en general y particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en sesión de 18 de agosto último.
El Senado acordó con igual fecha que, una vez despachada por la Comisión de Trabajo, la iniciativa fuera conocida de inmediato por la Comisión de Hacienda, en lo correspondiente a las normas de su competencia.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros (Senadoras señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Allamand, Larraín y Letelier), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados
Además, hizo presente que los artículos 1°, 2° y 3° permanentes y el artículo segundo transitorio son normas de quórum calificado, por lo que para su aprobación se requieren a lo menos 19 votos favorables.
Por otra parte, señaló que la Cámara de Diputados también consideró como disposiciones de quórum calificado el artículo 4° permanente, referido al financiamiento del proyecto, y los artículos primero y tercero transitorios, que regulan la entrada en vigencia, respectivamente, del artículo 1° permanente y de los artículos 2° y 3° permanentes.
A su turno, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 1°, 2° (numeral 2), 3° y 4° permanentes y de los artículos primero, segundo y tercero transitorios aprobados en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como reglamentariamente corresponde, y los aprobó, en los mismos términos en que los despachó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 18 a 20 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que sus Señorías tienen a su disposición.
Tiene la palabra la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , Honorable Sala, esta iniciativa, que exime de la obligación de cotizar para salud a los pensionados mayores de 65 años, facilita la tramitación de las prestaciones de vejez y otorga otros beneficios, es tremendamente relevante para mucha gente de nuestro país y se enmarca dentro de los compromisos de nuestra Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet Jeria .
Materias contenidas en el proyecto de ley
Tres son las materias contenidas en esta iniciativa:
1.- Se exime totalmente, en el plazo de dos años, de la obligación de cotizar para salud a los pensionados mayores de 65 años que en la actualidad cumplen los requisitos para acceder a la rebaja del 7 por ciento a 5 por ciento (la iniciativa pertinente se presentó y tramitó durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera).
2.- Se garantiza que todos los pensionados del sistema de pensiones solidarias cuenten con una asignación que ayude a solventar los gastos funerarios generados cuando fallecen.
3.- Se permite que el Instituto de Previsión Social tramite de oficio las solicitudes de pensión básica solidaria de vejez o del aporte previsional solidario de vejez de los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez.
Voy a explicar cada una de tales materias, señor Presidente.
La primera exime de la cotización en salud, bajando del actual 5 por ciento que pagan nuestros pensionados al 0 por ciento.
Mensaje Presidencial de 21 de mayo de 2015
Dicho documento señala en la página 9: "Y a aquellos pensionados mayores de 65 años de edad, que actualmente pagan el 5% en su cotización de salud, los eximiremos totalmente de la obligación de cotizar. El Estado asumirá dicho pago para así asegurar que los beneficiarios mantengan los derechos al régimen de salud al que estén adscritos. Esta medida se implementará con una gradualidad de dos años. Esto beneficiará a alrededor de 340 mil pensionados.".
El contenido pertinente consiste en eximir totalmente de la obligación de cotizar para salud a los pensionados mayores de 65 años de edad que en la actualidad cotizan el 5 por ciento de sus pensiones de vejez.
El Estado asume el pago de la cotización legal de salud para asegurar que los beneficiarios mantengan los derechos al régimen de salud al que están adscritos.
La rebaja es gradual: el primer año, contado desde la publicación de la ley en proyecto, los beneficiarios que hoy pagan un 5 por ciento quedarán cotizando tan solo el 3 por ciento; el segundo año estarán totalmente eximidos.
El universo ya está establecido en la ley N° 20.531, que se tramitó durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en el año 2011: son los beneficiarios de la rebaja de cotización para salud del 7 al 5 por ciento. Se trata de pensionados que integran un grupo familiar que pertenece al 80 por ciento de menores recursos de la población, según el Instrumento Técnico de Focalización Previsional.
Este proyecto beneficiará al año 2015 a 340 mil pensionados que actualmente están pagando un 5 por ciento.
Se estima que en 2016 el número de beneficiarios llegará a 358 mil pensionados.
Dicha medida cuesta 4 mil 183 millones en el año 2015. Y en 2017 el gasto ascenderá a 46 mil 923 millones.
La segunda materia de este proyecto de ley, señor Presidente, es la posibilidad de todos los pensionados del sistema de pensiones solidarias de tener una asignación que ayude a solventar los gastos funerarios generados cuando fallezcan.
El antecedente de esta medida también está en el Mensaje Presidencial de 21 de mayo último, que en la página 9 señala: "Enviaremos un proyecto de ley para garantizar a todos los pensionados del Sistema de Pensiones Solidarias el acceso a una cuota mortuoria o prestación por muerte.".
Contenido de la medida
El contenido respectivo consiste en que los adultos mayores beneficiarios del pilar solidario que no sean causantes de asignación por muerte o cuota mortuoria generen asignación por muerte en los términos que establece el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En el caso de los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias adscritos al decreto ley N° 3.500 que no cuenten con fondos suficientes para financiar la cuota mortuoria, el Estado se hará cargo de cubrir la diferencia que se produzca entre el monto establecido para la prestación y el monto financiado por ellos con el saldo de su cuenta de capitalización individual. Lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 88 del decreto ley N° 3.500.
En total, se trata de 120 mil beneficiarios del sistema de pensiones solidarias que no están adscritos a ningún régimen previsional y de 185 mil beneficiarios de dicho sistema adscritos al decreto ley N° 3.500 que no cuentan con fondos suficientes. A todos ellos el Estado les cubrirá la diferencia que se genere entre el monto establecido para la prestación y el monto financiado por ellos.
La vigencia de dicha medida es desde el primer día del sexto mes posterior a la fecha de publicación de la ley.
Se estima que el costo anual asciende a dos mil 826 millones de pesos.
El tercer aspecto cubierto por el proyecto es que al Instituto de Previsión Social se le permite tramitar de oficio las pensiones básicas solidarias de vejez o el aporte previsional solidario de vejez de los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez.
Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2015
El antecedente también lo encontramos en el mensaje recién pasado, donde la Primera Mandataria, Michelle Bachelet, señala:
"Además, enviaremos un proyecto de ley para que al cumplir la edad correspondiente, los beneficiarios de prestaciones de invalidez del Sistema de Pensiones Solidarias no deban acudir a presentar una solicitud para acceder al pilar solidario de vejez, sino que ésta sea procesada y verificada automáticamente por el Instituto de Previsión Social (IPS)".
Se le otorgan a este último organismo, entonces, las competencias para tramitar de oficio las solicitudes de pensión básica solidaria de vejez o del aporte previsional solidario de vejez para los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez.
La entidad, durante el trimestre anterior a la fecha en que un beneficiario de una pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez cumpla 65 años de edad, cursará de oficio la solicitud de la prestación de vejez para que no se tenga que hacer el trámite, que en la actualidad significa que el beneficio les llega con dos meses de desfase a nuestros pensionados.
La medida les facilitará el trámite de la solicitud de prestaciones de vejez a los 240 mil beneficiarios del sistema de pensiones solidarias en la materia.
Mensualmente, 680 beneficiarios de prestaciones de invalidez no tendrán que llenar una solicitud para este efecto.
La vigencia es a contar del primer día del sexto mes posterior a la fecha de la publicación de la ley en el Diario Oficial.
El costo, en verdad, es de suma cero, porque solo se trata de un trámite que el Instituto podrá hacer de oficio y que no significa un mayor importe para el Estado.
En resumen, el costo final de las medidas, de acuerdo con el informe financiero, asciende a 49 mil 750 millones de pesos.
Es todo lo que puedo informar.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira para formular una petición.
Señor Presidente , solo para acelerar nuestro pronunciamiento y, sobre todo, el tratamiento del proyecto de salud que se halla a continuación en el Orden del Día, ya que han venido dirigentes nacionales del sector, pido abrir la votación de la iniciativa que nos ocupa.
¿Habría acuerdo, en la medida en que lo relativo al cinco por ciento fue aprobado por unanimidad, de hacer una votación en general y en particular?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Con la mantención de los tiempos
Hay varios asuntos por tratar. El martes próximo sería necesario sesionar, entonces -no es una amenaza, por favor-, de 20 a 24, ya que estamos muy al justo.
Les pido a Sus Señorías hacer un esfuerzo para realizar intervenciones de cinco minutos a fin de fundamentar el voto.
¡Pero sin exigencias! Que ello sea voluntario.
Voy a verlo, señor Senador.
Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar a favor del proyecto de ley, el cual, como bien lo ha explicado la señora Ministra , dice relación con tres acciones bien concretas.
La primera de ellas es terminar con el cinco por ciento de la cotización de salud para los pensionados mayores de 65 años. La cifra bajará a tres por ciento el 1° de octubre próximo y a cero por ciento en octubre de 2016.
La segunda apunta a que todos los pensionados tengan derecho a cuota mortuoria o a asignación por causa de muerte. A raíz de la reforma previsional de 2007, se originó un problema principalmente cuando algunas mamás comenzaron a cobrar el bono por hijo, para lo cual debían inscribirse en una administradora de fondos de pensiones. Al dejar de ser pensionadas del sistema público y pasar a serlo del nuevo sistema, en sus cuentas no hay fondos suficientes para poder acceder a la cuota mortuoria o a la asignación por causa de muerte. Por lo tanto, ello ha originado hasta el día de hoy graves problemas para que los familiares puedan cumplir con un deber tan humano como el de dar digna sepultura a un ser querido.
Y la tercera se refiere a que pensionados por invalidez pasan a obtener una pensión de vejez al cumplir 65 años, la que tienen que solicitar. Muchas veces no lo hacen por ignorarlo o por no haber sido advertidos a tiempo, y solo se dan cuenta de ello cuando dejan de percibir el beneficio. Lo que se permitirá ahora es simplemente que el Instituto de Previsión Social efectúe el trámite de oficio, con lo cual se evitarán los meses sin pensión a que algunos se veían expuestos.
Señor Presidente , este es un momento útil para consignar que quedan cuestiones pendientes, como siempre, en materia previsional, algunas más urgentes que otras. Por ejemplo, a personas con dos pensiones, a pesar de ser estas pequeñas -una de ellas, por viudez, y otra, por haber trabajado y cotizado durante toda su vida-, les estamos descontando el siete por ciento de salud por ambas. Lo razonable sería pagar por la más alta y dejar libre la más baja, de tal manera que no estemos obligando a cotizar dos veces por una misma prestación, lo que francamente es muy injusto.
Un aspecto sumamente importante para los adultos mayores es el bono de invierno, porque muchos pensionados a través del sistema del fondo de pensiones del decreto ley N° 3.500 no tienen derecho a percibirlo, como tampoco el aguinaldo de Fiestas Patrias ni el de Navidad.
Deseo recordar que se trata de beneficios que se entregan con cargo al Fisco, al Estado, y que no hay ninguna razón para que unos tengan derecho a obtenerlos y otros no.
Finalmente, respecto de la misma materia, hay una importante diferencia entre el monto de la asignación por causa de muerte y el de la cuota mortuoria. Ello tampoco es justo. Creo que debiéramos nivelar el monto de ambos beneficios -uno para el sistema previsional público y otro para el sistema previsional privado-, porque no hay ninguna razón para que sean distintos. Me atrevería a decir que uno dobla al otro en monto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
Señor Presidente, cabe votar a favor con entusiasmo, porque nos hallamos ante una buena noticia para muchos adultos mayores -son 340 mil-, quienes van a ver cómo se completa algo que constituye una aspiración de muchos años: efectivamente no tendrán que pagar el siete por ciento de las cotizaciones de salud, que se transformará en un cinco por ciento para el grupo beneficiario del proyecto. En forma gradual, dos mil 700 personas de la Región de Magallanes mantendrán sus beneficios.
¡Qué bueno que se pueda cumplir algo que quedó pendiente al discutirse el proyecto de ley respectivo!
Lo mismo dice relación con el paso automático de la pensión de invalidez a la pensión de vejez, con evitar un desfase sin la pensión, y lo que eso significa para muchos adultos mayores.
Mas quiero subrayar un punto en cuanto a un tercer beneficio que se contempla, el cual también celebro y aplaudo: la restitución de la cuota mortuoria a pensionados incluidos en el pilar solidario. En efecto, las mujeres que específicamente cobraron el bono por hijo nacido vivo no tienen en sus cuentas, muchas veces, los recursos suficientes para poder cubrirla.
Deseo detallar distintas situaciones. Después de analizar la cuestión en la Comisión de Trabajo, en particular, cuando nos tocó estudiar el proyecto, cabe consignar que el problema surge en la medida en que estamos restableciendo hoy día el beneficio para mujeres que cobraron el bono por hijo nacido vivo, pero que se hallaban en el pilar solidario, es decir, dentro del sesenta por ciento más pobre del país.
El bono fue para todas ellas, porque había detrás un reconocimiento del hecho de que, por la maternidad, muchas dejan de cotizar, registran lagunas, no trabajan durante ese período o incluso reciben remuneraciones menores. Eso obedece a la condición de mujer y de madre, no asociada a la situación socioeconómica.
Numerosas titulares de pensiones de sobrevivencia en el sistema antiguo hicieron una cotización en una administradora de fondos de pensiones para poder cobrar. Se podrá discutir ahora lo que especificó la ley, pero no que varios de nosotros -la Senadora que habla era Diputada en ese momento- les dimos a conocer a las interesadas que ese era el procedimiento y que el bono se hallaba ligado a una pensión de ellas, no a la recibida por concepto de viudez.
Actuaron en tal forma sin ser conscientes ni tener antecedentes sobre la mesa de que eso significaba, al contar solo con una cotización y cobrar el bono por hijo nacido vivo -en general, este se ajusta a la pensión mínima-, dejar sin fondos su cuenta de capitalización individual, lo que impide cobrar la cuota mortuoria en el momento que corresponde. Entonces, lo que finalmente hicieron fue renunciar a este último beneficio a cambio del otro.
Lo anterior se restituye acá para aquellas que forman parte del sesenta por ciento -repito- en el pilar solidario, pero queda un universo que, sin saberlo, sin la información suficiente, sufrió una pérdida. Solicito, así como lo hice en la Comisión de Trabajo, que ello pueda ser analizado por el Ejecutivo .
Los datos que me han entregado señalan que se trata de 927 mujeres con pensiones de sobrevivencia en el Instituto de Previsión Social y que cobraron el bono por hijo nacido vivo haciendo una o más cotizaciones en el sistema de las administradoras de fondos. A mí me parece que no es un universo significativo.
La cuestión reviste mucho simbolismo, porque insisto en que el bono tiene que ver con el reconocimiento de la situación de la mujer y la maternidad y el costo que representa después en las pensiones.
Creo que con eso completamos la buena noticia. No hacemos referencia a personas que se incluyen en el ochenta o el noventa por ciento de mayores recursos, sino a interesadas que pueden estar en el sesenta y uno. O sea, son casos en que efectivamente se requiere el apoyo de la cuota mortuoria para cubrir los gastos mínimos del fallecimiento sobre la base de la dignidad exigida por ese momento.
A mí me hubiera encantado que el asunto viniese incorporado en el proyecto, lo que habría determinado que la buena noticia se extendiera a estas cerca de mil mujeres que están esperando la restitución del beneficio.
El sentido de la discusión en la reforma previsional nunca fue que se tuviera que optar entre una situación y otra, y estimo que, con buena voluntad, podemos resolver el problema que se originó.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
Señora Presidenta, no cabe duda de que el proyecto, que concitó la unanimidad en las Comisiones, presenta tres ideas matrices relevantes.
Sin perjuicio de ello, deseo hacerle al Gobierno algunas solicitudes específicas a fin de que sea posible evaluar hacia adelante otros puntos que me parece de justicia abordar.
En primer término, se contempla la exención de la cotización de salud en el caso de los pensionados que en la actualidad cumplen con los requisitos para acceder a la rebaja del siete por ciento al cinco, a fin de que paulatinamente se pase del cinco por ciento a cero.
Se trata de una medida iniciada en el Gobierno anterior. Y me parece bien llevar a cabo un avance mayor en la que puede ser la situación de los pensionados y, en ese sentido, dar una mano a amplios sectores sociales, comprendidos en los cuatro primeros quintiles.
Para dejar constancia del aspecto cuantitativo, hago presente que hoy día se registran dos millones 558 mil 944 pensionados por distintas razones, de los cuales un millón 834 mil 418 son mayores de 65 años. Al hacerse un cálculo matemático, se advierte que más o menos un millón 400 mil van a terminar pagando cero por concepto de la cotización de salud, lo que obviamente configura un porcentaje significativo.
Me parece que ello obedece a una búsqueda permanente -y espero que se mantenga- de aliviar justamente donde más duele. Cuando se focalizan recursos sociales, es preciso ver -porque las necesidades siempre son muchas- adónde se apunta, adónde se encuentra la mayor vulnerabilidad. Y, obviamente, un escenario muy relevante es el de los adultos mayores, a quienes suelen acompañar pensiones de muy bajo monto. Este es un problema que ya se empezó a abordar y que exige que ello se continúe haciendo. Estimo que es lo que sigue la buena línea.
Lo segundo tiene que ver con la garantía de que todos los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias cuenten con una asignación que ayude a solventar los gastos funerarios.
¿De cuántas personas se trata, más o menos? Porque, técnicamente, son titulares de un derecho, mas no reúnen los requisitos. Este es el problema que se pretende enfrentar a través de la iniciativa en debate. Para la historia, son 120 mil usuarios de dicho sistema no pertenecientes a ningún régimen previsional, caso en el que se entrega una asignación por muerte ascendente a 466 mil 380 pesos.
En cuanto a 185 mil beneficiarios de pensiones solidarias adscritos al decreto ley N° 3.500 que no cuentan con fondos suficientes para financiar la cuota mortuoria, el Estado se hará cargo de la diferencia en términos de que sea posible recibir quince unidades de fomento por tal concepto.
Claro, se trata de dos sistemas, pero la asignación por muerte y la cuota mortuoria, no obstante la distinta denominación, al final son lo mismo. La diferencia es que en la primera situación no media una afiliación a un régimen previsional y que la segunda dice relación con el sistema del decreto ley N° 3.500.
Necesitaré un par de minutos más, señor Presidente .
Lo tercero es permitir la tramitación de oficio de las solicitudes de pensión básica solidaria de vejez o del aporte previsional solidario de vejez de los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez, para que a los interesados les sea posible operar ellos mismos en un plazo razonable, sin tener que iniciar un tráfago de trámites que suelen ser muy inquietantes.
Sin perjuicio de que la Unión Demócrata Independiente va a votar a favor de la iniciativa, quisiera exponerle tres breves consideraciones a la señora Ministra .
La primera de ellas tiene que ver con cuándo vamos a abordar el caso del noveno decil.
Este último constituye algo bastante complejo, porque empieza a darse con una pensión de más o menos 350 mil pesos. Nadie puede interpretar que esa cantidad se vincula con un porcentaje rico de la población. El Senador que habla, por lo menos, no lo entiende así.
Entonces, estimo que vamos a tener que abordar la cuestión de no limitarnos a los cuatro quintiles en el ámbito que nos ocupa y considerar también el noveno decil. Juzgo que ahí se están verificando injusticias o inequidades con los sectores medios que es el momento de enfrentar.
Segundo, creo que la misma lógica sobre la cotización de salud es preciso aplicarla respecto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la DIPRECA. O sea, a los pensionados de las Fuerzas Armadas se les tiene que extender el criterio que funciona en el mundo civil, porque considero que es lo equitativo. No me parece justo avanzar en una línea y no en la otra. Espero que solo sea un tema de tiempo, porque creo que es de justicia. Los pensionados de las Fuerzas Armadas y Carabineros son tan pensionados como cualquier pensionado civil, y lo que importa es su vulnerabilidad o nivel de pensión para ver cuánto es el aporte que el Estado debe entregarles.
Y lo tercero es que considero evidente, señora Presidenta , que hay que igualar esto tan curioso que se llama "cuota mortuoria" respecto de la asignación por muerte. O sea, que en un caso se reciban 15 unidades de fomento, que corresponden más o menos a 370 mil pesos, y en el otro, 466 mil pesos, marca una gran diferencia en cuanto a este tipo de asignación. Cuando alguien fallece, el Estado entrega una cuota para efectos del funeral dependiendo de donde haya cotizado la persona. No me parece justo. Me parece que lo lógico es igualar ambos conceptos.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
Señora Presidenta , en Renovación Nacional vamos a votar a favor de este proyecto de ley porque, como aquí se ha dicho, representa una buena noticia para miles de personas pensionadas, a quienes se les va a quitar una carga que es pequeña, pero que, para las pensiones tan bajas que reciben, significa una ayuda.
En la actualidad existen en Chile más de 2,6 millones de personas mayores de 60 años, lo que equivale a más del 15 por ciento de la población del país, con una esperanza de vida que llega a 79 años promedio. Al día de hoy solo el 20 por ciento de los mayores de 60 años de edad se mantiene laboralmente activo, en tanto que el 22 por ciento es dependiente, estimándose que dicho porcentaje se empinará al 30 por ciento en los próximos 10 años, todo esto por las expectativas de vida que tenemos en nuestro país.
Además, para el 2025 se espera que la población sobre 60 años llegue al 20 por ciento, superando en porcentaje a la población menor de 15 años.
Actualmente, alrededor de 600 mil adultos mayores que reciben la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario son beneficiados con la exención del 7 por ciento de la cotización para salud, gracias a un esfuerzo que se hizo durante el Gobierno del Presidente Piñera.
Sin embargo, hay un grupo de 340 mil pensionados, perteneciente al 80 por ciento de menores recursos del país, que quedó postergado y sin los beneficios del pilar solidario y al cual se le rebajó desde el 7 al 5 por ciento la cotización de salud, según se estableció en la ley N° 20.531, tras cumplir con una serie de requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 3° de la ley N° 20.255, esto es, tener más de 65 años de edad; acreditar residencia en Chile al menos 20 años continuos o discontinuos y cuatro en los últimos cinco años, e integrar un grupo familiar perteneciente a los cuatro primeros quintiles de la población de Chile conforme al instrumento técnico de focalización.
Los objetivos de este proyecto son muy loables.
El primero es eximir de la obligación de cotizar el 5 por ciento para salud a los pensionados mayores de 65 años de edad que cumplan los requisitos para acceder al beneficio.
Segundo, facilitar el trámite de la solicitud de pago de prestaciones de vejez para los beneficiarios del sistema de pensiones. Algunos podrán considerar esto como algo pequeño, pero, para gente de mucha edad, a veces proveniente de la ruralidad, constituye un muy buen paso, y felicito a la Ministra por ello.
Tercero, garantizar que todos los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias cuenten con una asignación que los ayude a solventar los gastos de su fallecimiento. Sin duda, también es una ayuda.
Pero yo quiero agregar -y le pido a la señora Ministra que me ponga atención- un tema que he planteado a diversos gobiernos y que lamento que hasta el día de hoy no haya sido considerado. Me refiero a la posibilidad de que los hombres sean carga de las mujeres en FONASA.
Actualmente, la mujer puede ser carga del hombre en el Fondo Nacional de Salud. Sin embargo, todos los gobiernos han fomentado que las mujeres también trabajen. Ahora, si por alguna razón en un matrimonio el marido pierde su ocupación, a los seis meses queda sin cobertura de salud.
Yo he planteado permanentemente que esa situación es muy injusta y que al final termina rebotándole al propio Estado, porque esa persona en definitiva tendrá que atenderse en un hospital público.
Por eso, señora Ministra, este es un tema que debemos resolver.
En alguna oportunidad hablé con la Directora del FONASA y ella me dijo que los recursos involucrados no eran muchos. Además, se trataría de una nueva cotización, no de una persona que vaya a ser acogida sin que se haya realizado el descuento respectivo.
Otro asunto que he planteado varias veces, tanto al Gobierno en general como a su Ministerio en particular, es la suspensión del pago de beneficios a los falsos exonerados.
Este desembolso ya le ha costado 29 mil millones de pesos al Estado de Chile, en circunstancias de que tenemos adultos mayores que reciben pensiones bajísimas. Son personas que han perdido su condición y la Contraloría General de la República ha demostrado que no cumplen los requisitos respectivos.
¿Por qué no les suspendemos el pago y destinamos esos recursos estatales, siempre escasos, a las pensiones más bajas?
Finalmente, quiero referirme a lo que con mucha justeza ha planteado aquí el Senador Coloma . Yo creo que los pensionados de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones también merecen recibir estos beneficios, pues igualmente reciben pensiones muy bajas. Dejarlos fuera me parece un error si pensamos que enfrentan el mismo problema.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Me ha pedido la palabra la señora Ministra para rectificar algún planteamiento formulado por señores Senadores.
La señora RINCÓN ( Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señora Presidenta , he tomado debida nota de las distintas observaciones formuladas por las señoras y señores miembros de esta Corporación.
Pero me quiero referir, específicamente, al tema que ha aparecido en más de una oportunidad en el último tiempo: el de los falsos exonerados.
Quiero informar de la denuncia que se hizo en su minuto.
En el Gobierno anterior hubo solo once casos acreditados, en los cuales ni siquiera se ha procedido a la formalización, porque los procesos aún están en etapa de investigación. Vamos a hacerle llegar, por su intermedio, señora Presidenta , el detalle al Senador Baldo Prokurica , quien ha planteado su preocupación sobre el particular en más de una ocasión.
Es bueno que tengamos conocimiento cabal de lo que esto ha significado desde el punto de vista de las responsabilidades de quienes han percibido o no un beneficio al que no tenían derecho. Creo que es importante tener cuidado con las afirmaciones que se realizan.
Efectivamente, hubo una denuncia grande, con mucha prensa, pero a la fecha hay apenas once casos que están siendo investigados y en los cuales aún no se puede determinar ningún tipo de responsabilidad.
Voy a hacer llegar los antecedentes, señora Presidenta, pues me parece que corresponde que ustedes los tengan.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Gracias, señora Ministra , por la rectificación.
Ofrezco la palabra al Senador señor García-Huidobro.
Señora Presidenta , aprovecho de saludar a la señora Ministra .
Creo que esta es una muy buena noticia.
Considero que eliminar un porcentaje importante de la cotización de los pensionados del país -primero el 7 por ciento y luego el 5 por ciento- va en el camino correcto, de hacer justicia con quienes hoy reciben pensiones muy bajas. ¡Por Dios que a algunos los afecta en su ingreso el monto de las cotizaciones que deben estar entregando al sistema de salud!
Quiero plantear un tema que, si bien no es responsabilidad de la señora Ministra ni mucho menos, no concitó acuerdo y fue complejo de tratar cuando se eliminó el 7 por ciento.
En ese sentido, hay una discriminación contra la mujer.
La mujer jubila a partir de los 60 años -el hombre, de los 65-, pero recién en cinco años más se le empieza a eliminar el 7 por ciento, en el caso de la ley anterior, o el 3 por ciento, a contar de la entrada en vigencia de la ley en proyecto. Creo que ahí hay una ventaja para los varones, porque a ellos se les comienza a eliminar la cotización a partir de la edad en que jubilan.
Es un tema que debiéramos abordar a futuro, cuando tengamos los recursos suficientes, porque con la situación económica actual ello sería muy complejo, pero ahí hay una discriminación contra la mujer a la que habrá que buscarle una salida en algún momento.
En segundo lugar, igual que como ocurrió en el proyecto de ley anterior, se deja fuera a CAPREDENA y DIPRECA, cuyos pensionados, sean hombres o mujeres, no han tenido los mismos derechos y se han visto excluidos de la posibilidad de eliminar, antes el 7 por ciento, ahora el 5 por ciento.
Es un tema pendiente que debemos abordar. No podemos dejar tanto tiempo a las Fuerzas Armadas y a Carabineros en la actual situación, considerando además que perfectamente podríamos haberlos incorporado ahora.
Sería importante conocer los motivos. La señora Ministra me los explicó, pero me gustaría que diera a conocer a la Sala las razones por las cuales no se agregó a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, cuyos pensionados seguirán cotizando el 7 por ciento.
Por otro lado, valoro lo que se plantea en relación con la cuota mortuoria y me parece que va en el camino correcto. Constituye un apoyo en un momento muy difícil para la gente más vulnerable, y qué mejor que se le entregue un aporte en tan duro trance con el fin de contar con recursos suficientes para realizar un funeral más digno y con menos preocupaciones.
Sus Señorías bien saben -representan a zonas con muchos problemas- lo que cuesta y lo que se hace en varias poblaciones del país con el objeto de colaborar y solicitar recursos para el funeral de una persona que ha partido de este mundo.
Por eso, valoro ese aspecto de la iniciativa, señora Ministra, pues considero que va en el camino correcto y representa uno de los temas que debemos trabajar en nuestro país.
Insisto en que nos hallamos ante un gran proyecto de ley. Lo votaremos a favor unánimemente, con mucha felicidad, porque aborda un asunto que no siempre sale en la prensa, pero en el que el Parlamento, junto con el Gobierno, colabora para tener un país más justo, como el que todos queremos.
La UDI, como muy bien lo anunciaron los señores Senadores del Partido que me antecedieron en el uso de la palabra, votará con gusto a favor de esta iniciativa de ley.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
Señora Presidenta , este proyecto lo estudiamos en la Comisión de Hacienda -por supuesto, fue aprobado allí por unanimidad- y durante este debate ya se ha hecho ver lo que significa.
Sin embargo, me parece conveniente hacer algunas precisiones.
Primero, este es un tema que viene discutiéndose desde hace más de quince años. Fue una oferta que se le hizo muchas veces a los pensionados en cuanto a que se les iba a rebajar el 7 por ciento.
Solo en el Gobierno anterior se hizo una aproximación para intentar aplicar la rebaja. En esa discusión, recuerdo que planteé que este beneficio iba a llegar a un grupo muy menor de jubilados y que además iba a ser parcial, no solo en cuanto al porcentaje -se reducía del 7 al 5 por ciento-, sino también con respecto a la cantidad de jubilados que podrían obtenerlo.
¿Por qué digo esto? Porque las expectativas de los jubilados se transformaron en una desconfianza absoluta, ya que cuando les llegó la siguiente liquidación -que a uno le mostraban-, decían: "Bueno, ¿cómo es esto? No me bajaron el 7 por ciento, sino nada más que el 5". Y eso les ocurrió a algunos, pues a muchos se les siguió descontando el 7 por ciento. ¿Por qué? Porque, del millón 800 mil jubilados que hay en el país, el beneficio solo les llegó a 300 y tantos mil.
Ahí se dijo que esto sería parte de una política pública persistente, hasta que se lograra el objetivo.
Ahora vemos en este proyecto un nuevo esfuerzo en ese sentido. Y ya se señala que el porcentaje no va a quedar en 5 por ciento, sino que en dos años pasará de 5 a cero. Al cabo del primer año quedará en 3, y al segundo, desaparecerá.
Pero también tenemos que ser claros: de 1 millón 850 mil jubilados mayores de 65 años, el beneficio favorecerá a más o menos 1 millón 400 mil. Por lo tanto, a cerca de 450 mil pensionados habrá que explicarles por qué no obtienen esta rebaja.
Y es bueno saberlo, porque cuando lleguemos a nuestras circunscripciones, a los territorios a los que debemos concurrir, más de algún pensionado nos señalará: "Oiga, a mí no me han bajado mi cotización de 7 por ciento, ni a 5, ni a 3, ni a 0".
Y eso ocurre por una razón muy simple, que es necesario explicar: la rebaja no es generalizada y no obedece a la Ficha de Protección Social. No podemos decir que aquellos que estén bajo los 8 mil o 13 mil puntos, por considerarse vulnerables, tendrán cero por ciento de cotización.
Para ser titular del beneficio, se deberán cumplir los requisitos contemplados en el llamado "Sistema de Información de Datos Previsionales" a que se refiere el artículo 56 de la ley Nº 20.255.
Para optar a la rebaja, el ingreso per cápita deberá ser -según se nos explica-, en un grupo familiar de tres, del orden de los 350 mil pesos. Por lo tanto, si en un hogar vive un pensionado con otras personas que reciben ingresos y entre todos suman más de tres ingresos per cápita, ese jubilado no tendrá derecho a la rebaja del 7 por ciento. Se calcula que los pensionados que se encuentran en esa situación son alrededor de 400 mil.
Me gustaría que lo tuviéramos claro, porque todos y cada uno de los Senadores vamos a ser interrogados en su momento acerca de esta materia después de la publicación de la ley, que es una muy buena noticia. Yo soy partidario de aprobarla, pero me parece imprescindible que se sepa que la rebaja en la cotización del 7 por ciento no es universal a todo el mundo jubilado, pues para ello el pensionado deberá quedar seleccionado de acuerdo con el sistema de medición previsional contemplado en la normativa legal ya citada.
Ahora bien, explicado lo anterior -no voy a entrar en los cambios relativos a la cuota mortuoria, que me parecen muy adecuados, ni me voy a referir a la capacidad de tramitación de oficio de una pensión de vejez o de invalidez, ya mencionada-, resulta conveniente tomar nota de lo que significa para el Estado el otorgamiento de estos beneficios.
De acuerdo con el informe financiero presentado por el Gobierno, para lo que queda del año 2015 -entiendo que parte de la ley comenzará a aplicarse en octubre, y el resto, en los seis o doce meses posteriores a su publicación-, el proyecto tendrá un costo de 4 mil millones de pesos; en el 2016, un costo total, en régimen, de 26 mil millones de pesos, y en el 2017, también en régimen, la totalidad del otorgamiento de los beneficios alcanzará un egreso fiscal de 49 mil millones de pesos, todo ello con cargo al Presupuesto.
Yo apoyo totalmente lo que ha hecho el Gobierno en esta materia y me parece un avance. Sin embargo, debemos ser claros con la gente, que ya no nos cree, porque primero cree que le decimos una cosa y después sale otra.
El beneficio favorecerá a un millón 400 mil pensionados, pero no llegará a otros 450 mil que perciben rentas más altas y cuyo ingreso per cápita, como ya señalé, supera los 350 mil pesos mensuales.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
Señora Presidenta, en primer lugar, felicito a la Ministra del Trabajo , al Gobierno y a la Presidenta Bachelet, pues con este proyecto estamos haciendo justicia a muchos pensionados que se hicieron la ilusión, durante la Administración anterior, de que serían beneficiados con el descuento total del 7 por ciento en sus cotizaciones para salud.
Sin embargo, hubo un segmento importante que no fue objeto de dicha rebaja y al cual ahora le estamos haciendo justicia, reduciéndole la carga del 7 por ciento, o del 5 por ciento, en algunos casos, primero a 3 y finalmente a cero.
Con todo, quiero llamar la atención en el sentido de que nuevamente estamos dictando una legislación que apunta a reparaciones marginales.
Esto es muy importante para los jubilados que reciben pensiones miserables, porque, en buenas cuentas, van a ver mejorada su pensión cuando ya no se les aplique la cotización. Pero debo hacer presente, con franqueza, que aún tenemos un problema estructural en el tratamiento general de las pensiones y en el sistema previsional y de salud.
Por ello, sería muy relevante que lleváramos adelante una gran reforma para mejorar la cobertura de salud para aquellas personas que no pueden financiar, por sí mismas, los caros tratamientos que necesitan y que deben soportar largas esperas.
Pero, en definitiva, creo que ese debate todavía no está presente. No tenemos en nuestro norte, de corto o mediano plazo, resolver lo relativo a la entrega de pensiones dignas mientras no se realice una reforma previsional, y tampoco contemplamos una reforma al sistema de salud para atender de mejor manera a los adultos mayores.
Creo que es una buena noticia lo que existirá cuando se apruebe este proyecto.
Quiero contar que hace algunos días me llamó una dirigente social de la comuna de Pitrufquén para decirme que había una familia que no tenía con qué pagar los gastos de sepultura de una jubilada que recibía 80 mil pesos de pensión básica solidaria y que en algún momento quiso ser beneficiaria del bono por hijo. Para recibir este bono el mecanismo de pago es inscribirse en una AFP. Pero al hacerlo se pierde la cuota mortuoria. Fue así como a ella se le negó la posibilidad de que su familia percibiera esos recursos, para lo cual sí están habilitados quienes no pertenecen a las AFP.
Esta iniciativa viene a resolver lo relativo a la cuota mortuoria con posterioridad a la publicación de la ley, y este beneficio estará vigente después de seis meses de aquello.
Hay muchas familias en Chile que tuvieron que endeudarse para financiar la urna y los funerales de un pensionado que, habiendo hecho uso del mecanismo del bono por hijo, perdió el beneficio de la cuota mortuoria, cuestión que estamos reparando ahora. Esto no deja de ser un error involuntario que ocurrió en un momento determinado, pero -repito- dañó a muchas familias.
Esperamos que con esta iniciativa hagamos justicia respecto de que a los sectores más vulnerables, que son los pensionados, se les pueda asegurar que al menos cuando se mueran contarán con el financiamiento necesario para una sepultura digna.
Por otra parte, este proyecto resuelve el vacío existente en cuanto a los pensionados por invalidez, quienes, una vez cumplida la edad de 65 años, dejan de percibir ese beneficio. Y al mes siguiente no reciben la pensión de vejez porque no han iniciado el trámite pertinente con anticipación.
Nosotros le decimos al Instituto de Previsión Social que realice tal trámite de oficio para que las personas con discapacidad que perciban una pensión de invalidez tengan continuidad de pago, ya que -repito- dejan de recibirla cuando cumplen la edad de 65 años. Ahora podrán obtener la pensión de vejez inmediatamente después de perder la de invalidez.
Esta es una iniciativa largamente esperada por numerosos pensionados, de tal manera que la votamos favorablemente con gran entusiasmo.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
Señora Presidenta , seré muy breve, ya que hay otros temas pendientes para la discusión de la Sala.
Solo quiero -por su intermedio- plantear una inquietud a la señora Ministra del Trabajo .
Yo entiendo que las pensiones en Chile son malas. Algunas personas creen que eso es porque el sistema es malo. Yo no creo que únicamente se deba a esa causa: las pensiones son malas porque en nuestro país está desvalorizado el trabajo.
Si a uno le pagan malos sueldos, es obvio que se recibirán malas pensiones. Lo que sucede es que nuestro país desvaloriza el trabajo, y eso forma parte del debate nacional en cuanto a las relaciones laborales. Espero que abordemos ese tema en el futuro, ya que no se verá en este proyecto. Lo que sí podemos analizar -quiero tratar solo esto, porque mis colegas han hablado de los otros tópicos- es cómo se paga el bono por hijo vivo.
Muchas mujeres, durante un tiempo, podían recibir la totalidad del aporte por cada uno de sus hijos de una sola vez, y les servía como un incentivo positivo.
¿Cómo ocurría?
Dependiendo del sistema al que estaban afiliadas, ellas tenían que incorporarse a una AFP, porque era un requisito. Se afiliaban y lograban el retiro de la totalidad de los recursos. Si eran como 300 mil pesos por hijo o por hija, y tenían cuatro, recibían un bono de 1 millón 200 mil pesos.
Después se fueron generando trabas a este procedimiento, y comenzó a decirse que se tenía que distribuir para aumentar el monto de la pensión. Y terminó entregándose cerca de 2 mil pesos adicionales por mes en sus pensiones.
Numerosas mujeres han reclamado sobre este punto.
Yo he pedido -por su intermedio, señora Presidenta - que nuestra Ministra haga una reflexión sobre cómo se puede hacer el pago del bono por hijo vivo. Porque es cierto que es una medida de compensación a la maternidad para miles de mujeres, pero una real retribución para ellas sería que pudieran recibir el pago de una sola vez para enfrentar su vejez. Contar con solo 2 mil pesos más al mes en verdad no es lo que esperaban y no se usó como práctica durante bastante tiempo.
Por último, quiero referirme a algo que dijo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Esta diferenciación de la cuota mortuoria, dependiendo del sistema al que uno está afiliado, no tiene mucho fundamento. La verdad es que es el Estado el que paga en ambos casos.
Pienso que, si bien no se puede ver en este proyecto, se podrá ver en otro, porque no tiene sentido alguno -disculpen la crudeza del ejemplo- que los recursos destinados a un funeral digno y a la compra del ataúd sean distintos para unos, según el sistema previsional al cual estén afiliados.
Eso sí, quiero contestar algo que señaló un colega, que creo que no indica bien las cosas por desconocimiento o poca reflexión.
Las Fuerzas Armadas, la gente de DIPRECA le salen muy caras al Estado. ¡Muy recaras! Sería muy adecuado evaluar si sus integrantes deberían estar en las AFP al igual que el resto de los chilenos. Que no aporten el 7 por ciento es una vergüenza -discúlpenme-, porque el Estado es el que lo paga. Y no solamente se les costea ese porcentaje, sino mucho más para cubrir el financiamiento de DIPRECA, que está quebrada técnicamente porque lo que entregan sus afiliados no se acerca ni a las rodillas de lo que le cuesta al Estado.
En algún momento, señora Presidenta , cuando esté el informe de la Comisión Bravo, que se encuentra analizando el sistema de pensiones, habrá que reflexionar cómo logramos que todos los chilenos tengamos los mismos derechos en materia de previsión.
No hay ninguna razón, en un país que ha estado en paz durante más de cien años de la historia reciente, para que el sector al que me referí tenga sistemas de salud discriminatorios, y para que después de 25 años de trabajo algunos dispongan de un sistema de salud de lujo, mientras la gran mayoría de los chilenos -los trabajadores del sector público para qué decir- están en condiciones comparativamente del todo inadecuadas.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
Señora Presidenta, por cierto que apoyaremos este proyecto.
Qué duda cabe de que es un paso más. Sin embargo, hay varias cosas que mencionar.
Primero, también me quiero suscribir a aquello que la vez pasada se anunció con gran bombo y que incluso varios de nosotros lamentamos que no se realizara. Porque la verdad es que hace tiempo que deseábamos, al igual que el posnatal de seis meses en el Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet , eliminar el 7 por ciento. No lo logramos. Fue una porfía del Ministro de Hacienda de ese entonces. No quiso hacerlo por ningún motivo, y nosotros pensamos que era un error. Y hasta hoy lo lamentamos.
Después, efectivamente reconocimos que la promulgación de la ley que elimina el 7 por ciento de cotización de salud a los jubilados más vulnerables del país había sido de las buenas medidas que hizo el Presidente Piñera. Pero tengo que decir que fue mucho ruido y pocas nueces, pues numerosa gente creyó de verdad que para ella se terminaba y después tuvieron que enfrentarse con bastante dureza a que no fue así.
Por eso, ahora damos un paso más y con gradualidad. Porque vamos a decir: "Bueno, reduciremos del 5 por ciento al 3, y de 3 por ciento a cero el siguiente año".
Cosas como estas sí merecen que uno diga: "Ojalá no tuviera que esperarse del primer año al segundo para llegar a cero". Porque hace demasiado tiempo que mucha gente espera señales claras al respecto.
Si hay algo que en este país nos duele y acerca de lo cual estamos en deuda son las jubilaciones o las pensiones. Y si hay algo que nos ha dolido a todos fue la implantación de un sistema de AFP que hizo diversas promesas, entre otras cosas que la tasa de reemplazo llegaría a alrededor del 70 por ciento. Prácticamente fue obligatorio para la gente, sin contar con mayor información, trasladarse al sistema de las AFP. Y muchos perdieron, porque no les impusieron de acuerdo a lo que ganaban, sino en forma parcial. Si se compara lo que reciben actualmente los pocos que están en el antiguo sistema de reparto con lo que obtienen quienes se hallan en alguna AFP, se podrá ver que la diferencia es enorme.
El proyecto se basa en aquellas personas que han obtenido una jubilación vía AFP, es decir, mediante el sistema de capitalización individual. Por desgracia -como bien sabemos- en Chile los sueldos son tremendamente bajos. Todos estamos al tanto de que sobre 70 por ciento de quienes trabajan ganan menos de 500 mil pesos. Entonces, no es difícil imaginar lo que llega a recibir una persona cuando jubila.
Por lo mismo, el Senado ha aprobado a cada rato iniciativas que tienen que ver con incentivos al retiro. Tratamos de encontrar la manera de promover que la gente jubile, pero no lo hace. Y no es porque no esté cansada o no haya cumplido largos años de trabajo y merezca desde bastante tiempo atrás jubilar. Claramente no lo hace porque entiende que la pensión será tan baja que es mejor seguir y seguir laborando.
Sabemos, señora Presidenta , que todos estos temas hay que abordarlos de una vez por todas como país. Estamos a la espera de una propuesta de la Comisión Bravo. También sabemos que no vamos a arreglar el problema real que significa la previsión social, a pesar de lo mucho que se avanzó en el Gobierno pasado de la Presidenta Bachelet .
La pensión básica solidaria fue un tremendo logro y aporte, particularmente para las mujeres y, de modo especial, para las jefas de hogar o dueñas de casa que no tenían ninguna posibilidad de obtener una jubilación. Al menos les hicimos este reconocimiento, que implica dignidad con un "trabajo silencioso" -como digo yo- de 24 horas al día, los siete días de la semana, que no es reconocido ni evaluado por los economistas. Me gustaría que alguna vez le pusieran número a lo que aportan esas mujeres cuidando a adultos mayores no autovalentes, haciéndose cargo de todas las tareas domésticas, etcétera.
Hoy damos un paso. Sin embargo, no deja de preocuparme lo que señaló el Senador Zaldívar . Las cosas hay que decirlas por su nombre. La verdad es que estaba convencida de que el beneficio iba a ser universal -para los sectores más vulnerables es de 80 por ciento-, porque desconocía lo del instrumento técnico de focalización previsional. Este establece un límite de 350 mil pesos per cápita. Es decir, si usted recibe una cantidad mayor, no será beneficiario.
Es cierto que, según se calcula, para el año 2015 van a ser más de 340 mil los pensionados favorecidos; para el 2016, 350 y tantos mil. No obstante, habríamos preferido que fuese más universal, que se midiera de otra manera, porque es probable que fuera más justo. Pero es lo que ahora vamos a otorgar.
Señora Presidenta , espero que alguna vez Chile aborde el tema de los pensionados; que alguna vez veamos lo relativo a la previsión social; que alguna vez veamos cuánto se prometió con un sistema que ha resultado ser extremadamente injusto y doloroso para tanta gente que después de haber trabajado toda una vida se encuentra con que la pensión que recibe no llega ni al 40 por ciento de la tasa de remplazo y, por tanto, es una suma ínfima.
Ojalá que este paso ayude a nuestras familias más vulnerables. Sin embargo, no es suficiente. Deja un número importante de jubilados sin beneficio, tal como señaló el Senador Zaldívar .
Por lo mismo, pido que solucionemos dicho aspecto y que ayudemos en caso de fallecimiento para que se haga de oficio la entrega de la cuota mortuoria, en forma rápida, sin tener que iniciar un trámite que puede tardar meses, como manifestó el Senador Tuma.
Eso sería bueno, porque todos los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias podrían solventar los gastos de su fallecimiento.
Además de lo anterior, también se podría hacer de oficio el pasar de la pensión de invalidez a la pensión básica solidaria.
Señora Presidenta , voto a favor. Sin embargo, quiero decir con claridad que este país tiene una deuda; este país no ha logrado enderezar un sistema previsional; este país no logra darse cuenta de lo que significa para las personas que han trabajado toda su vida y que ya están llegando al final de ella los escasos ingresos que reciben. Y nosotros siempre tratamos de poner parchecitos.
Me gustaría que alguna vez pudiéramos sentirnos orgullosos como nación de ser capaces de brindar una verdadera protección social y no solo ofrecer los parches a los que muchas veces acudimos.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Quiero señalarles a las personas en las tribunas que, aunque sean muy buenos los discursos y ustedes lo reconozcan, nuestro Reglamento prohíbe realizar manifestaciones.
Señora Presidenta , creo que lo fundamental ya ha sido señalado, pero no quiero dejar de sumarme a la satisfacción por este nuevo paso que se da en el ámbito de las pensiones más vulnerables: las básicas solidarias y otras que reciben las personas y que son de muy bajo monto.
Comparto lo señalado por quien me antecedió en el uso de la palabra, la Senadora Isabel Allende, y otros comentarios que se han formulado, en cuanto a la necesidad de ir fortaleciendo nuestro sistema de pensiones.
A mi juicio, es una deuda que se tiene, y quizás fue un paso muy significativo la extensión de la antigua pensión asistencial a un pilar básico solidario, que permitió obtener jubilación a numerosa gente que de otra manera jamás hubiera podido acceder a alguna ayuda para su vejez, a pesar de no realizar nunca imposiciones luego de trabajar toda su vida.
Es probable que en los años que vienen podamos perfeccionar nuestro sistema de pensiones para que quienes terminan una vida de trabajo no tengan que vivir una vejez sumida en la angustia. Eso es bastante deprimente y, en mi concepto, es un tema que no podemos dejar de tener presente.
El paso que se da hoy es una segunda etapa en esta materia: se baja de 7 a cero por ciento la cotización en salud, cuestión que se inició bajo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en su momento.
En esa oportunidad se rebajó de 7 por ciento a cero la cotización de cerca de 900 mil personas, quienes lograron acceder, dada su situación de vulnerabilidad, a la exención completa de la cotización. Y la rebaja de 7 a 5 por ciento permitió, en forma adicional, que 300 mil personas obtuvieran el beneficio.
Fue un primer paso importante. Quizás todos esperábamos en ese minuto, como ya se señaló, que la eliminación del 7 por ciento de cotización fuera para todos. Pero también hay que ser realistas, porque la situación económica tiene que permitir financiar lo que las cifras arrojan y no simplemente lo que uno quiere.
Hoy se da un segundo paso que va a permitir que los cuatro quintiles de menores ingresos pasen de cotizar 7 o 5 por ciento, según el caso, a cero en un plazo razonable, con una cierta gradualidad, que en lo concreto va a significar que para este año aquellas personas con un nivel promedio de 283 mil pesos reciban 15 mil pesos adicionales. Esto va a beneficiar a 93 mil adultos mayores.
Quienes reciben una pensión más baja, que en promedio alcanza a 172 mil pesos (en dos niveles, se beneficiará a 210 mil adultos mayores) van a aumentar su pensión en cerca de 9 mil pesos al mes.
Ese es el efecto neto que tiene para estas personas, que en el primer año alcanzarán a las 340 mil 946; en 2016, a 357 mil 829; y en 2017, a 384 mil 841.
Entiendo que todavía no llegamos al cien por ciento de las personas que reciben pensiones, pero sí estamos cubriendo ampliamente a quienes se hallan en situación de mayor vulnerabilidad. Esa debe ser siempre la primera prioridad.
Espero que con el tiempo ese 7 por ciento desaparezca para todos, porque efectivamente no tiene ningún sentido tener esta cotización previsional para las personas que ya jubilaron. Hay una contradicción en la lógica de este porcentaje. Por eso, ojalá que algún día termine para todos porque no tiene ninguna justificación. Pero este primer paso me parece extraordinariamente positivo y beneficioso. Eso, sumado al beneficio por la cuota mortuoria, que ya se ha explicado, le dan a este proyecto un sentido social que valoro y, por tanto, aplaudo la iniciativa del Gobierno.
--Se aprueba el proyecto en general y, por no haberse formulado indicaciones, también queda aprobado en particular (32 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la señora Ministra .
Señora Presidenta , en nombre de la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , y del Gobierno, quiero agradecer a esta Honorable Sala el respaldo unánime que ha dado a la presente iniciativa, la cual, tal como han expresado los Senadores y las Senadoras, va en directo beneficio de nuestros adultos mayores, buscando hacer más justa su situación.
Sin lugar a dudas, este tipo de proyectos apunta a incrementar los ingresos de nuestros pensionados y a reparar condiciones que los afectan, generadas por decisiones administrativas (en algunos casos) o por interpretaciones equívocas de la ley.
Hemos tomado nota de los temas que ustedes nos han planteado.
En cuanto a contemplar en esta propuesta legislativa a los afiliados a CAPREDENA y DIPRECA, daré una explicación que ya entregué a algunos señores Senadores. Lo que se pretende aquí es eliminar la cotización del 5 por ciento para los adultos mayores de 65 años, respecto de lo cual se legisló en una ley que se aprobó en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, oportunidad en que se excluyó a aquellos cotizantes, probablemente por el análisis de sus beneficios en comparación con los del resto de los trabajadores del país.
Con relación al establecimiento de los 65 años como edad para acceder al beneficio, cabe señalar que hay razones de carácter presupuestario de por medio, indudablemente. Podemos seguir intensificando esfuerzos, pero la solución pertinente pasa por comprometer recursos fiscales. Por eso se llevó a suma cero la cotización de salud solo para los jubilados mayores de 65, quedando fuera de la exención por ahora las mujeres de entre 60 y 65 años.
Ahora, en lo relativo al planteamiento que formuló la Senadora señora Goic , hago presente que el asunto fue analizado en la Cámara de Diputados y puesto en debate, por ella misma, en la Comisión de Trabajo del Senado.
Estamos revisando la normativa. Dentro de las facultades de nuestro Ministerio y sin dejar de velar por el cumplimiento de la legislación que modificó el sistema de pensiones del país; que estableció el pilar solidario, y que consagró el bono por hijo nacido vivo, vamos a intentar que se revierta la afiliación incorrecta a las AFP de las mujeres beneficiarias de este último beneficio. Porque, en verdad, si uno lee el texto de la ley pertinente, aprobado por el Parlamento en su oportunidad, nota que no constituye requisito para acceder al bono el hecho de hallarse incorporada a una AFP, sino solamente ser beneficiaria de alguna pensión de sobrevivencia.
Por lo tanto, el propio sistema que paga la pensión debiera incrementar el monto con el bono respectivo.
Vamos a proceder mediante una interpretación de la ley correspondiente; así evitamos enviar una iniciativa a trámite legislativo. Y, en caso de requerirse, sin lugar a dudas le pediremos al Congreso que nos ayude a hacer una tramitación expedita para realizar la rectificación pertinente. En todo caso -insisto-, a la luz del texto legal existente, ello no debiera ser necesario.
A usted, señora Ministra .
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una asignación de fortalecimiento para el personal de la autoridad sanitaria, con certificado de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.239-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2015.
Hacienda y Salud, unidas (certificado): sesión 51ª, en 9 de septiembre de 2015.
El objetivo principal de la iniciativa es crear una asignación de fortalecimiento, de carácter mensual, para el personal de la autoridad sanitaria.
Las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, discutieron la iniciativa solo en general y aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Goic (como miembro de los dos órganos técnicos) y Van Rysselberghe y señores Chahuán, Coloma, García, Lagos (como miembro de los dos órganos técnicos) y Montes (como miembro de los dos órganos técnicos).
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 3 a 5 del certificado emitido por las Comisiones unidas.
¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?
Pido la palabra para una cuestión reglamentaria.
Solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que votemos de inmediato. El proyecto fue aprobado por unanimidad en las Comisiones unidas y existe un gran acuerdo al respecto.
El señor MOREIRA.- Hicimos la misma petición.
¡Primera vez que nos interpreta el Senador Montes...!
Varios señores Senadores han expresado la misma solicitud.
En votación general la iniciativa.
Señora Presidenta, antes de fundamentar mi voto, solicito que recabe la autorización de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario de Salud Pública subrogante, pues el tema que nos convoca es atingente a su repartición.
La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-
Recupera el uso de la palabra, Su Señoría.
Señora Presidenta, el proyecto que hoy estamos llamados a votar -ojalá lo aprobemos- forma parte de un esfuerzo de muchos años, orientado a reconocer el trabajo que realizan los funcionarios y las funcionarias en las seremías de salud, entidades a las que en la actualidad les cabe el rol de autoridad sanitaria.
Quiero destacar que en esta materia se han logrado acuerdos importantes, que beneficiarán a trabajadores y trabajadoras.
En esa línea, en primer lugar, felicito la labor conjunta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSSAP) y de la Federación de Asociaciones de Salud Pública (FEDASAP), y también al equipo del Ministerio de Salud, encabezado por el señor Subsecretario de Salud Pública .
En lo que concierne a la tramitación de la iniciativa, valoro el papel que han jugado las autoridades involucradas a efectos de alcanzar un acuerdo que, en mi opinión, hace justicia con la tarea que realizan dichos órganos en las distintas labores de fiscalización.
Varias veces nos hemos referido en la Sala a las diversas funciones que cumple la autoridad sanitaria: en materia de inocuidad de alimentos; de salud ambiental; de salud ocupacional y prevención de riesgos; de zoonosis; de profesiones médicas y paramédicas; de sanidad marítima; de aplicación de la Ley de Etiquetado de Alimentos; de licencias médicas; de inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres; de artículos escolares; etcétera.
¡Todo eso le corresponde fiscalizar a la autoridad sanitaria!
¿Cuál es el contenido del proyecto en votación?
Se establece una asignación de fortalecimiento, que se pagará mensualmente; tendrá carácter imponible y tributable, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además, no tendrán derecho a ella ni el Ministro o la Ministra del ramo ni el Subsecretario o la Subsecretaria de Salud Pública.
Dicha asignación posee dos componentes: uno fijo y otro proporcional.
El componente fijo será pagado de manera gradual: desde la publicación de la ley hasta el 31 de diciembre de 2015, el beneficio alcanzará un monto de 50 mil pesos brutos mensuales; y desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016, la asignación será de 70 mil pesos brutos mensuales, y ascenderá a 100 mil pesos a contar de diciembre de 2016.
¡Por eso es importante que aprobemos hoy la iniciativa!
El componente proporcional, por su parte, también será pagado de manera gradual: desde la publicación de la ley hasta el 31 de diciembre de 2015, alcanzará a 6 por ciento; y desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016, será de 8 por ciento, y llegará a 10 por ciento a contar de diciembre de 2016.
Lo anterior significa, sin duda, un aumento significativo de remuneraciones.
A la asignación mencionada, se suma un bono único adicional de 150 mil pesos brutos, pagadero en dos cuotas.
No considero necesario entregar más antecedentes al respecto para que Sus Señorías se percaten de lo relevante que resulta para los funcionarios este proyecto.
Asimismo, se contempla la obligación de diseñar un plan institucional anual, en el que se definan las principales líneas de acción, los objetivos, los indicadores y las metas institucionales por cumplir. De ello se deberá dar cuenta a las Comisiones de Salud tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
Todo lo anterior va en la línea de ir fortaleciendo el rol que desempeña la autoridad sanitaria.
En consecuencia, llamo a la Sala a respaldar la iniciativa que nos ocupa. La aprobaremos con entusiasmo.
Y reitero las felicitaciones por el trabajo conjunto tanto de los funcionarios y de las funcionarias como de las autoridades del sector de salud.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
Señora Presidenta , seré breve.
Pese a que el presente proyecto es simple en su discusión, reviste gran importancia para el sector de la autoridad sanitaria.
En primer lugar, quiero saludar a los dirigentes de los funcionarios de la Región de Los Lagos que nos acompañan. En general, los representantes presentes en las tribunas han debido esperar bastante rato para escuchar el debate acerca de una reivindicación por la que ellos han luchado, que indudablemente constituye una aspiración justa desde el punto de vista gremial.
Nosotros esperamos que este incentivo se refleje en la gestión, considerando el esfuerzo que hace el Estado por cumplir tal reivindicación funcionaria.
Quiero aprovechar la presencia del representante del Ministerio de Salud para señalar algunas inquietudes -no necesariamente dudas-, a fin de que dicha Cartera las tenga presente a futuro.
En primer término -ya lo insinué-, ¿en qué se traduce este incremento salarial? ¿Implicará una mejor gestión de los funcionarios? Entiendo que esta asignación va a estimularlos precisamente en esa dirección, de acuerdo a planes y programas que llevará adelante el Ministerio.
Otra pregunta, señora Presidenta , me la han formulado los propios trabajadores: ¿existen funcionarios de la autoridad sanitaria que no se rijan por el Estatuto Administrativo o por el decreto ley N° 249, que fija la Escala Única de Sueldos?
Es importante aclarar ese punto.
Además, el proyecto de ley excluye del beneficio al Ministro y al Subsecretario de Salud Pública . Pero no distingue las labores administrativas de las fiscalizadoras, entre otras. ¿Por qué no se hace diferencia alguna?
¿En qué consiste esta "reivindicación histórica" de la que hablan los funcionarios?
¿Por qué no se incluye en esta asignación al personal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales?
Obviamente, de estos asuntos debe hacerse cargo el Estado.
¿Y cómo el Ministerio de Salud pretende abordar las diferentes situaciones que se presenten con los funcionarios de otros servicios del sector, como el Instituto de Salud Pública, la Central Nacional de Abastecimientos o el Fondo Nacional de Salud?
Señor Presidente , la iniciativa que estamos aprobando es muy importante. Pero la Cartera del ramo debiera considerar la mirada de otras reparticiones tan relevantes como la Subsecretaría de Salud Pública, con el objetivo de ir atendiendo también, en forma gradual, por la escasez de recursos, sus reivindicaciones.
Obviamente, nosotros queremos que este proyecto sea ley lo antes posible. Por lo mismo, lo votamos a favor.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional también vamos a respaldar esta iniciativa.
Sin lugar a dudas, la salud es uno de los principales problemas que preocupan a los chilenos, según lo indican distintos estudios de opinión.
Hoy la salud pública en nuestro país sufre una de las peores crisis de los últimos años, la cual amenaza con hacer colapsar al sistema público. Esto, pese a que Chile es el país de la OCDE cuyo presupuesto para salud estatal más ha crecido en los últimos diez años.
Esta crisis se debe, principalmente, al aumento de la deuda hospitalaria y a la falta de médicos especialistas y de personal calificado.
Tal realidad afecta directamente a los funcionarios que la iniciativa pretende beneficiar, por cuanto les genera a todos ellos, en las actuales condiciones del sistema, una recarga de trabajo considerable.
El objetivo del proyecto es establecer una asignación mensual para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria, dirigida al personal de la Subsecretaría de Salud Pública, regido por el Estatuto Administrativo y por el decreto ley N° 249, de 1973, que fija la Escala Única de Sueldos.
El beneficio se estructura con dos componentes: el primero, fijo, cuyo monto ascenderá a 100 mil pesos brutos mensuales a contar de diciembre del próximo año; y el segundo, proporcional, el cual, a partir de la misma fecha, será de 10 por ciento del sueldo base, más las asignaciones sustitutiva, profesional y de responsabilidad, según correspondan.
La asignación será imponible y tributable, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.
No tendrán derecho a tal beneficio el Ministro de Salud y el Subsecretario de Salud Pública, decisión que me parece una buena señal. De hecho, va en consonancia con lo resuelto para otras autoridades, incluidas las de Gobierno, con el propósito de que los sueldos más elevados no terminen incrementándose.
Además, se contempla un bono único adicional de 150 mil pesos brutos para los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, regidos por el Estatuto Administrativo y por el decreto ley N° 249, de 1973.
Por último, se establece la obligación de que la autoridad sanitaria defina un plan institucional anual, que dé cuenta de las principales líneas de acción y los objetivos por cumplir. Dicho plan deberá ser enviado a las Comisiones de Salud de ambas Cámaras -como se ha dicho aquí- para que podamos ver si se han cumplido las metas fijadas, junto a un informe que contenga el porcentaje de avance, los resultados y las medidas relativas al cumplimiento de tales finalidades.
Señor Presidente, pienso que el presente proyecto de ley va en la línea correcta, pues satisface los objetivos perseguidos.
Recibir esos beneficios les va a hacer bien a estos funcionarios, quienes están sometidos a gran presión debido a un trabajo bastante complejo y delicado. A veces, los mismos usuarios, los mismos enfermos se empoderan y reclaman por una mejor atención.
Ante ello, las asignaciones que se proponen, por supuesto, constituirán un incentivo relevante para dicho personal.
Señor Presidente , pienso que hoy se hace justicia con un sector de profesionales (médicos y no médicos) y de trabajadores y trabajadoras, que, como muy pocos en Chile, tienen una responsabilidad directa en sus manos: construir territorios saludables, territorios habitables, territorios que hagan compatible el vivir cotidiano de las personas con la calidad de vida, con la dignidad, con la protección.
El Senador Prokurica señaló que los recursos en salud han aumentado. Pero tales aportes públicos, lamentablemente, son muy reducidos en comparación con los que se observan en cualquier país desarrollado.
En efecto, en este ámbito Chile destina 400 dólares por persona al año. Pues bien, en Estados Unidos se asignan 9 mil dólares por persona al año; en Francia, cerca de 6 mil 500 dólares, y en Inglaterra, 6 mil dólares.
Es muy difícil trabajar en salud pública cuando existe tal diferencia de recursos; más aún, si consideramos que los insumos, los medicamentos, el equipamiento valen lo mismo en nuestro país que en Estados Unidos, pues todos vienen de China o de la India.
Sin embargo, si revisamos distintos indicadores, nos daremos cuenta de que, a pesar de toda esta crisis, nosotros superamos a Estados Unidos en casi todos los aspectos de salud pública que son comparables.
¿A qué se debe eso? ¿Cómo un país como Chile, con tan pocos recursos, logra obtener resultados mejores o similares a los que presentan las naciones más avanzadas del planeta?
¿Será la infraestructura? No. Basta recorrer cualquier hospital o consultorio para darse cuenta de que no es así.
Entonces, ¿qué hace esa diferencia en Chile?
Los recursos humanos, ¡las personas!
En nuestra salud pública el nivel de cualificación, de seriedad, de formación de recursos humanos es de gran nivel, lo cual convierte a nuestro país en pionero y líder en el plano latinoamericano en esta materia. Por eso cualquier funcionario, trabajador o profesional de la salud en Chile está al mismo nivel que los mejores funcionarios de naciones desarrolladas.
Y, en segundo lugar, la diferencia está dada por las políticas de salud pública muy muy relevantes que se han implementado.
Recordemos que en el pasado pudimos derrotar la desnutrición; pudimos derrotar el cólera; pudimos derrotar la fiebre tifoidea y la hepatitis.
Chile en 1985 llegó a tener el 10 por ciento de todos los casos de fiebre tifoidea y hepatitis en Latinoamérica. Y no representábamos esa población.
¡Aquí hubo cólera! Somos tal vez uno de los pocos países en el mundo que consiguieron erradicar esta enfermedad.
Chile es uno de los pocos países que lograron detener el avance de la fiebre tifoidea y la hepatitis, bajando a una prevalencia casi insignificante.
¿Y por qué? Justamente porque tuvimos una autoridad sanitaria. De hecho, a mí me tocó, como Director del SESMA , la lucha contra el cólera y los alimentos contaminados, que eran la causa de que existieran los niveles de hepatitis y fiebre tifoidea que había en esos tiempos.
En la autoridad sanitaria se encuentran las personas que se preocupan precisamente de eso, de proteger a los ciudadanos. Están en todos los rincones de nuestro país. Tal vez no hay una institución que tenga la capilaridad, la dimensión casi molecular de estar en todos los intersticios de la sociedad: fiscalizando restoranes, locales de expendio de alimentos, lugares que tienen que ver con las aguas; revisando temas relacionados con el aire, con los ruidos.
Por lo tanto, dicha institución ha sido responsable en el pasado de los tremendos logros y avances alcanzados en salud. Porque nosotros derrotamos las enfermedades infectocontagiosas no a punta de antibióticos, sino a punta de políticas públicas.
Por eso es importante lo que viene, que constituye un nuevo desafío.
No serán los hospitales los que resolverán los problemas de infartos, de accidentes vasculares y de cáncer, como tampoco lo hicieron en el pasado, pues eso tiene que ver con el vivir cotidiano, con la gente que fuma, con las personas que comen alimentos de mala calidad, con quienes no hacen ejercicio. Y es precisamente la autoridad sanitaria la que hoy cuenta con el mandato legal para hacer valer los derechos en que hemos ido avanzando.
¿Me puede dar un minuto, señor Presidente?
Solo un minuto, señor Senador.
Yo mismo fui autor, junto con otros parlamentarios y otras parlamentarias, del proyecto de ley sobre etiquetado nutricional. A la autoridad sanitaria le tocará fiscalizar el cumplimiento de sus normas, para evitar que se venda alimentos y comida chatarra en los colegios -por cierto, esto no se puede hacer- y para controlar que no se realice publicidad engañosa.
En lo referente a otros aspectos, lamentablemente, perdimos en la propuesta de que fuera la autoridad sanitaria -ello ocurrió porque fiscaliza de verdad- la que sancionara el consumo de alcohol y de tabaco. Sabíamos que si le entregábamos esa potestad a ella íbamos a tener una fiscalización efectiva, pero se prefirió que eso fuera un asunto de los juzgados de policía local.
Por toda esa historia, por la que viene y porque, así como derrotamos las enfermedades infectocontagiosas, debemos derrotar las causales que generan las enfermedades crónicas no transmisibles, yo apoyo y valoro el esfuerzo que se ha hecho. Y creo que es un justo reconocimiento a ese esfuerzo lo que estamos haciendo hoy día.
Les recuerdo a las personas que están en las tribunas que no se pueden realizar manifestaciones.
Señor Presidente, simplemente deseo agregar un par de elementos a esta discusión, la que, como hemos visto, ha sido unánime, consensuada. Ojalá todas las cosas fueran así. Cuando se conversa, cuando hay espacio siempre surgen momentos para llegar a acuerdo con buen ánimo.
Este proyecto de ley beneficia aproximadamente a 3 mil 800 funcionarios -¡por lo que vimos en la Comisión, parece que se trata más de funcionarias que de funcionarios...!-, los cuales han estado muy bien representados en una lucha que a mi juicio es muy razonable, que es legítima, que está bien ideada y cuyo propósito es, básicamente, ver cómo la autoridad sanitaria, que es una institución que desde mi perspectiva tiene una importancia creciente, podría percibir una remuneración más digna. Estoy hablando de quienes fiscalizan las disposiciones contenidas en el Código Sanitario, en leyes, en reglamentos, en normas complementarias; de aquellos que ejecutan acciones destinadas a la protección de la salud de la población, aplicando medidas sanitarias y sanciones.
Es del caso señalar que en muchas otras leyes se les han entregado funciones a esas 3 mil 848 personas. Sin embargo, cuando uno ve y compara el nivel remuneracional y de responsabilidad que tienen, claramente observa que hay un deterioro que es importante compensar. De ahí que el otorgamiento de los 100 mil pesos brutos mensuales a partir de diciembre de 2016, el incremento de 10 por ciento del sueldo base, las asignaciones sustitutiva, profesional y de responsabilidad superior, como segundo elemento, y los bonos adicionales por 150 mil pesos apunten, obviamente, en una misma dirección: fortalecer, dignificar, hacer más potente una tarea que además es muy propia del mundo moderno.
No es que la autoridad sanitaria no haya sido relevante en el pasado. Lo que ocurre es que, en función de la modernidad y de la calidad de vida, este tipo de materias cada vez son más significativas. Y, claramente, hay un espacio muy importante -así lo dijo el Subsecretario subrogante- para trabajar en esa línea.
Considero que la aprobación de este proyecto, obviamente, es una buena noticia. Entiendo que los funcionarios y las federaciones deben de estar legítimamente contentos. Uno siempre puede pedir más, pero se ha hecho un esfuerzo consistente.
Lo otro que quería agregar, señor Presidente, se relaciona con lo siguiente.
En la Comisión pregunté qué pasaba con los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Instituto de Salud Pública, de la Central Nacional de Abastecimiento, del Fondo Nacional de Salud, que son personas que también cumplen roles significativos y que, por cierto, deberían estar en un escenario equivalente. Y la respuesta del Gobierno -quiero dejarlo claro- fue que había mesas instaladas en cada uno de esos organismos, en el espíritu de que ellos también pudieran obtener, dentro de lo posible, un beneficio similar al que percibirán los funcionarios de la autoridad sanitaria.
En consecuencia -y lo vimos en detalle en la Comisión de Hacienda-, estimo que este es un proyecto importante, bien de fondo, que marca una luz, un camino, cual es que a través del diálogo, del entendimiento, se pueden lograr cosas muy relevantes.
Espero que a partir de la aplicación de la ley en proyecto -ojalá se publique rápido; aquí estamos tratando de avanzar- todos aquellos que cumplen una función de autoridad sanitaria se sientan más apoyados, más valorados por nuestro país. Este es un respaldo económico, y también hay un respaldo social, que siempre es propio de cualquier actividad.
Así que no me cabe duda de que las funcionarias y los funcionarios hoy día deben de estar contentos, porque creo que hemos logrado en conjunto una buena normativa, no pensando solo en las personas, sino fundamentalmente en Chile.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido?
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos favorables); por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Coloma, De Urresti, García, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Guillier y García-Huidobro.
Felicitamos a todos los dirigentes, que estuvieron peleando por esta iniciativa durante mucho tiempo.
¡Gracias por acompañarnos y por "casi" portarse bien...!
Deseo requerir el acuerdo de la Sala para lo siguiente.
Esto es bien importante. Les ruego, por favor, poner atención.
Con respecto al proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos e introduce adecuaciones a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, nosotros acordamos que los miembros de la Comisión de Derechos Humanos serán quienes integrarán la Comisión Mixta. Ahora bien, la Cámara de Diputados nombrará mañana a los parlamentarios que participarán en ella y recién el martes se dará cuenta en la Sala del Senado de esa resolución. En consecuencia, al objeto de no esperar la cuenta de ese día, pido autorización para que solo baste que llegue el oficio de esa Corporación, mencionando los Diputados que conformarán la referida Comisión Mixta, para que esta pueda funcionar.
Claro, señor Presidente.
Corresponde continuar la discusión en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, modificando las disposiciones legales que indica, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.007-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 39ª, en 4 de agosto de 2015.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2015.
Sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2015 (queda pendiente la discusión general del proyecto).
Señores Senadores, cabe señalar que en la sesión de ayer, martes 8 de septiembre, se solicitó segunda discusión para esta iniciativa. Como se dijo en su oportunidad, el proyecto contiene normas de quórum orgánico constitucional y de quórum calificado.
Por otra parte, hay que hacer presente que quedaron inscritos para hacer uso de la palabra en la primera discusión los Senadores señores Quintana y Chahuán, señoras Goic y Lily Pérez y señor Quinteros.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En la primera discusión, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
Señor Presidente , voy a iniciar mi intervención con una cita: "El Transantiago es, efectivamente, una tremenda solución para la ciudad de Santiago. Hubo en su génesis, indudablemente, errores gravísimos en el diseño de los contratos -demasiado pro empresas- y en la implementación del sistema, pero también en la no aprobación del subsidio desde el primer minuto, toda vez que los sistemas de transporte público de calidad son más caros de lo que los usuarios son capaces de pagar".
Las palabras que acabo de citar NO son expresiones del actual Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , ni de alguno de los ministros del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet , sino que las pronunció el entonces Ministro de Transportes del Presidente Piñera , Pedro Pablo Errázuriz , quien acaba de ser designado coordinador ejecutivo programático de la Alianza, es decir, el encargado de proponer las políticas públicas de los partidos de la Oposición.
Lo dijo con motivo de la iniciativa que derivó en la ley N° 20.696, de 2013, que modificó el subsidio al sistema nacional de transporte público y que es el antecedente inmediato del actual proyecto de ley.
Hago esa cita porque ayer algunos señores Senadores hacían referencia a que el debate de esta iniciativa reflejaba los problemas del actual sistema político, idea con la que estoy de acuerdo.
Y concuerdo con ella porque, sin duda, uno de los males de la política es la falta de coherencia en los planteamientos que se hacen a la comunidad.
No es posible que quienes eran partidarios hace dos años de aumentar los subsidios al Transantiago ahora se opongan a lo mismo como un bloque.
Es verdad que los sistemas de transporte público en Chile tienen de dulce y de agraz. Y el proyecto refleja esta realidad.
La mitad de los recursos va para subsidiar un sistema de transportes de la ciudad de Santiago que genera muchas dudas y críticas y es de diagnóstico incierto.
Pero la otra mitad se destina a ciudades y territorios que ahora cuentan con financiamiento tanto para enfrentar una serie de inversiones de infraestructura de transportes -antes eran impensadas- como para subsidiar masivamente la conectividad en localidades rurales o aisladas.
Esta es la paradoja de la ley en proyecto, que obliga a considerar balanceadamente todos sus aspectos.
Mientras en Santiago todavía tenemos un gran problema, en regiones se ha avanzado como nunca.
Solo en mi Región, además de los subsidios al transporte, a la tarifa escolar y para la renovación de buses, debemos destacar también el subsidio a 110 recorridos en todas las modalidades, es decir, marítima, fluvial, lacustre, terrestre y aérea, que benefician a 67 mil personas que habitan en zonas aisladas, todo lo cual implica recursos por más de 15 mil millones de pesos al año.
Además, actualmente se ejecutan diversos proyectos de infraestructura vial y se realiza el estudio del corredor ferroviario La Unión-Osorno-Llanquihue-Puerto Montt, que recoge un sentido anhelo de las comunidades de la Región de Los Lagos.
En total, los fondos espejo representan para nuestra Región una inversión de más de 30 mil millones de pesos anuales. Estos subsidios, programas y obras están mejorando la calidad de vida de la gente de mi zona y eso lo notan sus habitantes.
Pero, en contraste, todo lo que se invierte en Santiago pareciera que no bastara para cambiar la percepción negativa de sus habitantes respecto del sistema de transporte público.
La verdad es que las mejoras para la Capital en este ámbito tomarán más tiempo en ser valoradas por la ciudadanía. Y esto es así porque depende de muchos factores.
Los problemas del Transantiago no solo son de gestión ni se limitan al transporte público. Inciden factores culturales y dependen, además, de la forma como se construye la ciudad y hasta del modelo de desarrollo del país.
En efecto, el modelo centralista de desarrollo, aquel que da la espalda a las regiones y concentra las decisiones, las actividades y los beneficios en Santiago, es también causa de los problemas para el desarrollo futuro de Santiago.
La centralización es un mal del sector público y del privado. Así como todas las decisiones públicas se centralizan en la Capital, también las empresas se concentran en Santiago. Pero la concentración del sector privado tiene un pecado adicional, pues discrimina incluso dentro del Área Metropolitana.
La ciudad está dividida en tres zonas: un grupo de comunas donde se aglutinan los servicios, las casas matrices de las grandes empresas y los barrios más acomodados; otro sector donde se desarrollan las actividades productivas, y el resto, que se limita a ser comuna-dormitorio.
Todo eso ha sido posible porque ha imperado el mercado y el lucro en el ordenamiento territorial y no una planificación basada en el bien común y los intereses de la gran mayoría.
Entonces, a los problemas de congestión propios de cualquier metrópolis, hay que agregar las dificultades derivadas de su calidad de ciudad segregada y no inclusiva, en que los medios de transporte colapsan cada mañana porque los viajes se concentran en una sola dirección: hacia donde está radicado el poder económico y político de nuestro país.
Por eso creo que los costos del Transantiago, que tanto escandalizan a algunos, son, en verdad, los costos de la centralización de nuestro país y de una ciudad segregada. Y los pagamos en mayores subsidios para el transporte público; en mayores tiempos de viaje, especialmente para los más vulnerables; en mayores grados de delincuencia e inseguridad, y en mayores niveles de desconfianza.
A la larga, el retiro y hasta la ausencia del Estado en distintas áreas de interés público se termina pagando igual. En salud, la falta de medidas de prevención se paga con un incremento en el gasto en medicina curativa. Así también, en políticas urbanas la falta de un desarrollo armónico de las ciudades se paga con los enormes costos del Transantiago.
Por eso estoy seguro de que, si no tenemos una política de desarrollo urbano integral, los problemas del Transantiago seguirán creciendo.
Asimismo, si no existe una iniciativa fuerte y drástica por la descentralización pública y privada, la ciudad seguirá asfixiándose y ninguna gestión podrá resolver ese problema.
En cualquier caso, el sistema de transportes de la ciudad de Santiago necesita y necesitará subsidios, como sucede en todas las grandes ciudades del mundo.
Señor Presidente , no podemos asegurar que con este proyecto de ley mejore la percepción de la gente que utiliza el Transantiago. Seguramente, la recuperación de la confianza será paulatina. Pero sí estoy cierto de que con el actual marco de financiamiento y los fondos espejo estamos avanzando sustancialmente en mejorar la calidad de vida de los habitantes de regiones.
Por eso, anuncio mi voto a favor.
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
Señor Presidente , solo deseo hacer una petición de orden reglamentario. En nombre del Comité Demócrata Cristiano, solicito el aplazamiento de la votación de este proyecto, de acuerdo con el artículo 135 del Reglamento.
Señor Senador , ya se había pedido segunda discusión. Estamos terminando con los inscritos para la primera discusión, y en la próxima sesión se realiza la segunda discusión y se efectuaría la votación. Ello cumple el mismo objetivo de lo que Su Señoría está planteando.
Reitero: dado que se pidió segunda discusión, corresponde terminar con el listado de los inscritos y que en la próxima sesión se lleve adelante la segunda discusión. Nos encontramos en la primera discusión, con los Senadores inscritos.
Por lo tanto, lo que plantea el Senador señor Zaldívar se cumple con la petición efectuada en la sesión anterior.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
A los señores Ministro del Interior y Seguridad Pública y General Director de Carabineros de Chile, para que informen sobre ADQUISICIÓN DE RETÉN MÓVIL PARA COMUNA DE RENAICO.
A la señora Ministra de Salud , solicitándole medidas para PRONTA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) Y "SALA ESPEJO" EN DEPENDENCIAS DE HOSPITAL DE ANGOL.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Alcalde de Renaico , requiriéndoles informar respecto de REPARACIÓN DE CALLES EN POBLACIÓN PEDRO AGUIRRE CERDA, COMUNA DE RENAICO (todos de la Región de La Araucanía).
A los señores Ministro del Medio Ambiente y Seremi del Medio Ambiente de Aysén , pidiéndoles REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN DE CALEFACTORES DE ESTUFAS A LEÑA EN PUERTO AYSÉN, ANTE CASOS DE CALEFACTORES CON ESTRUCTURAS MUY DÉBILES (Undécima Región).
Al señor Fiscal Nacional, solicitándole INFORME DE DISTRIBUCIÓN POR SECTOR URBANO DE TRÁFICO DE DROGAS Y PORTE ILEGAL DE ARMAS EN COMUNAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, requiriéndole antecedentes respecto de ACCIONES CONTRA DELITOS QUE SE TIENEN PRESUPUESTADAS PARA FIESTAS PATRIAS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y a las municipalidades de la Región del Biobío, para consultar acerca de PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE ENCUMBRAMIENTO DE VOLANTINES, EN ESPECIAL CON HILO CURADO.
Al señor Ministro de Economía , Fomento y Turismo, pidiéndole información sobre PLANES Y PROGRAMAS DE APOYO A DESARROLLO COMERCIAL DE ÁREA DE SERVICIOS EN OCTAVA REGIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas , planteándole inquietudes ante PARALIZACIÓN DE FAENAS DE ASFALTADO EN RUTA QUE UNE LOCALIDADES DE LLONCAO Y PAICAVÍ.
A la señora Ministra de Salud , pidiéndole información sobre CANTIDAD DE DECESOS EN LISTA DE ESPERA PARA ATENCIÓN EN HOSPITALES O CONSULTORIOS EN ÚLTIMO DECENIO; PLANES Y MECANISMOS PARA FISCALIZACIÓN SANITARIA DURANTE SEPTIEMBRE EN FONDAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO, y CONSTRUCCIÓN DE CESFAM DE LOMA COLORADA (comuna de San Pedro de la Paz).
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, consultándole sobre POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE BASUREROS PARA CHICLES Y CIGARRILLOS EN VÍA PÚBLICA y acerca de SITUACIÓN DE CAMPAMENTO DE SECTOR COLLAO, DE CONCEPCIÓN, CON SERVICIOS ELÉCTRICO Y DE ALCANTARILLADO PARA MITAD DE VIVIENDAS.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole antecedentes en cuanto a COSTO DE TRANSFORMACIÓN DE MATRIZ DE TRANSPORTE DE CARGA A UNA DE TRANSPORTE FERROVIARIO A CARGO DE EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , preguntándole por GASTO FISCAL DE CREACIÓN DE COMUNAS Y CRITERIOS APLICABLES A ESTE EFECTO.
Al señor Alcalde de Arauco , a fin de preguntar por MOTIVOS DE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA HARTING AROMAS.
Al señor Alcalde de Chillán , para que dé a conocer RAZONES DE ATRASO EN APROBACIÓN DE PLAN REGULADOR.
A la señora Vicepresidenta Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras , con el objeto de que remita copia de ÚLTIMO ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE CIECHILE Y BANCO SANTANDER PARA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.
A la señora Directora Nacional del SENAME , solicitándole indicar, principalmente, CANTIDAD DE NIÑOS A LA ESPERA DE UNA FAMILIA ADOPTIVA.
Al señor Director del SENCE , pidiéndole especificar POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES LLEVADOS ADELANTE EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CON INDICACIÓN DE SU PROPÓSITO, PÚBLICO OBJETIVO Y MONTOS INVERTIDOS EN CADA UNO DE ELLOS.
Al señor Director Ejecutivo de la CONAF , con el objeto de que informe en detalle sobre el PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA TEMPORADA ESTIVAL VENIDERA, COORDINADO CON MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
De las señoras MUÑOZ y VAN RYSSELBERGHE y los señores PROKURICA, CHAHUÁN, HORVATH, NAVARRO y PIZARRO:
A Su Excelencia la Presidenta de la República, solicitándole MEDIDAS PARA ASEGURAR COMPETENCIA LEAL EN IMPORTACIÓN DE ACERO DESDE CHINA.
De la señora VAN RYSSELBERGHE:
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole PRONUNCIAMIENTO POR FALTA DE CONECTIVIDAD DE PROPIEDAD DE SEÑORA MIRIAM GARCÍA SAAVEDRA, DEBIDO A EJECUCIÓN DE DOBLE VÍA EN RUTA CONCEPCIÓN-CABRERO.
Al señor Subsecretario de Salud Pública , planteándole PREOCUPACIÓN POR NO AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ACUERDO FIRMADO ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y AGRUPACIÓN DE TRABAJADORES CONTRA EL ASBESTO DE CORONEL (ambos de la Octava Región).
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido MAS, Partido Unión Demócrata Independiente, Partido Por la Democracia, Independientes, Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Renovación Nacional y Partido Socialista, ningún señor Senador interviene.
Les informo a Sus Señorías que el próximo martes, además de la sesión ordinaria, habrá una extraordinaria, de 21 a 23:30.
--Se levantó a las 18:55.
Según cálculos extraoficiales, en base a los registros de Aduanas, se estima que en Chile existen alrededor de 300.000 usuarios de dispositivos destinados a decodificar señales satelitales de forma ilegal, hecho que ha producido pérdidas de más de 66 millones de dólares en las empresas operadoras de TV satelital de pago, pérdidas que en Latinoamérica alcanzarían los 3.200 millones de dólares, lo que según los operadores puede atentar en contra del desarrollo de esta industria en la región.
En este sentido, La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), en el marco de la XXV Reunión del Comité Consultivo Permanente II, celebrada en febrero de 2015, y cuyo informe final fue emitido en mayo del mismo año, realizó las siguientes recomendaciones:
1. Que los Estados Miembros que aún no lo hayan efectuado, consideren adoptar disposiciones para impedir la importación, comercialización y uso de equipos receptores satelitales con capacidad de desencriptar señales de sistemas de TV satelital por suscripción sin la debida autorización, o que puedan ser modificados para tal fin.
2. Que los prestadores del servicio de TV satelital por suscripción realicen los mayores esfuerzos para mantener actualizados los medios y procedimientos técnicos de acceso condicionado a las señales transmitidas.
3. Que los Estados Miembros presenten información de las medidas adoptadas sobre este tema a la XXVII Reunión del CCP.II y que la Administración de Colombia compilará un informe al respecto.
Chile aún no adopta medidas específicas destinadas a combatir este tipo de decodificación ilegal, sin perjuicio de la propuesta introducida en el proyecto de ley que Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, Boletín N°8034-15, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, y que ha sido recogido como base de la propuesta que aquí se presenta.
Ideas Matrices:
Con la presentación de este proyecto, se pretende avanzar en la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de televisión satelital de pago, impidiendo la comercialización transfronteriza e intrafronteriza de dispositivos y/o softwares con capacidad de decodificar señales satelitales encriptadas, sin la debida autorización del distribuidor legal y/o dueño del contenido.
Mediante el actual proyecto, no se persigue sancionar a los dueños; meros tenedores; o poseedores de los dispositivos y/o softwares descritos previamente, ya que el objetivo es sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago.
Artículo Único: Refórmese la Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168 en la siguiente forma:
1-. Incorpórese, en el artículo 36 B las siguientes letras f) y g) nuevas:
f) El que importe o comercialice dispositivos y/o softwares con capacidad de decodificar señales de televisión satelital encriptadas, sin la debida autorización del distribuidor legal y/o dueño del contenido, será sancionado con pena de multa de 10 a 1.000 unidades tributarias mensuales, y el comiso de tales dispositivos.
Para determinar la cuantía de la multa, deberán considerarse las siguientes circunstancias:
i) Beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.
ii) Capacidad económica del infractor.
iii) La conducta anterior del infractor.
g) El que preste servicios de instalación, configuración de software y/o modificación del hardware de los dispositivos descritos en la letra anterior, será sancionado con pena de multa de 5 unidades tributarias mensuales.
En caso de reincidencia al infractor, se aplicará el doble de la multa establecida.
2-. Agréguese el siguiente artículo 37 bis
Todo establecimiento en que se comercialicen dispositivos de señales de televisión satelital deberá exhibir, en lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se indiquen de manera didáctica las prohibiciones y sanciones relacionadas a la decodificación de señales encriptadas de televisión satelital.
(Fdo.): Guido Girardi Lavín, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
1. Que la Salud es un derecho humano fundamental, y que en Chile debe ser un derecho social priorizado, se vuelve necesario generar políticas para la formación y desarrollo de profesionales de la salud según las necesidades que hoy el país presenta y que la sociedad, cada vez más empoderada espera.
2. Contar con profesionales de la salud especializados es una necesidad para identificar requerimientos de las personas de forma oportuna y de calidad en esta área, en sus distintos niveles de atención, sobre todo en la atención primaria. En Chile, según informe del Ministerio de Salud [1], contamos con una brecha, en el caso de los médicos, entre la oferta de especialistas y la necesidad real de ellos, de 3.795 profesionales a nivel nacional, de los cuales 2.791 corresponden a especialistas primarios y 1.004 a especialidades derivadas.
3. Por lo anterior, formar nuevos profesionales de la salud especialistas es una prioridad para el Sistema de Salud chileno. En la actualidad, la Ley N°19.664 establece que el ingreso a la Etapa de Destinación y Formación (EDF), podrá realizarse a través de comisiones de estudio o a través de Becas para programas de perfeccionamiento o especialización que ofrezcan los Servicios de Salud o el Ministerio de Salud, explicitando además, que aquellos que ingresen mediante becas, lo harán en los términos del artículo 43° de la ley N°15.076.
4. Para aquellos profesionales, que obtengan becas destinadas al perfeccionamiento de una especialidad médica, dental, químico-farmacéutica o bioquímica, según el artículo 43 de la Ley N°15.076, se establece que durante el periodo de formación será incompatible cualquier empleo o cargo profesional en calidad de funcionario. Además, de regirse por el Reglamento de Becarios, DTO. N°507 del Ministerio de Salud, donde se explicita que la beca no constituye cargo o empleo, generando grandes diferencias con aquellos que han ingresado por la vía de comisiones de estudio, que sí son reconocidos como funcionarios.
5. Esta diferencia es sustancial, dado que siendo todos profesionales, al ingresar como becario se genera una distinción injustificada en cuanto a los derechos laborales que poseen unos y otros, situación que se agrava al considerar que los becarios no tienen empleador, por lo que sus derechos no son exigibles a ninguna entidad. Sin embargo, deben responder con obligaciones tanto a su entidad universitaria formadora como a la dirección del centro asistencial en la que realiza su formación.
6. El pasado 15 de Julio del presente año, el Colegio Médico aprobó una propuesta presentada por el Ministerio de Salud que busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales médicos. Sin embargo, esta no contempla la homogeneidad de trato como funcionarios para los médicos que ingresan a la etapa de especialización, independiente del mecanismo de entrada a esta, ni tampoco contempla a los demás profesionales que pudiesen verse afectados por esta situación.
7. El trato igualitario ante la ley, de los profesionales de la salud que inician su especialización, les otorga la posibilidad de que les sean aplicables las disposiciones establecidas la ley N°18.834, que corresponde al Estatuto Administrativo que rige a las funcionarias y funcionarios públicos, posibilidad de continuación de cargos previos, derecho a trienio al cumplir los tres años en el sistema Público, mantención de la carrera funcionaria y asignaciones obtenidas antes del ingreso a la formación de especialidad, derecho a pago de turnos y horas extras, derechos relacionados a la maternidad, a días administrativos y de capacitación, entre otros.
8. Este trato igualitario se fundamenta, en primer término, en que todos aquellos que inician su proceso de formación y especialización son profesionales de la salud, se desempeñan en el servicio público y llevan a cabo gran parte de la carga asistencial de los diferentes servicios de salud, de manera indistinta de si ingresan por una u otra vía al proceso de formación y especialización. En la práctica, los becarios y becarias, al igual que aquellos que se especializan vía comisiones de estudio, se desempeñan como funcionarios o funcionarias públicas, que atienden en los Servicios de Salud de la misma forma y que contribuyen a mejorar la oportunidad de atención para los chilenos y chilenas. Además, la diferenciación entre unos y otros desenlaza en la migración de los y las profesionales especialistas al sector privado de salud, ya que durante el proceso de formación y especialización, aquello que para los que ingresan en comisión de estudio son derechos laborales, para los becarios son sólo incentivos.
9. Debido a los antecedentes antes expuestos y a la importancia de la formación de especialistas para Chile y su continuidad en los Servicios de Salud Públicos una vez terminado el Ciclo de Destinación y Formación, y a la Brecha que hoy nuestro sistema presenta, y la necesidad de que los incentivos para mantenerse en el Sistema Público de Salud, no sean compensatorios sólo en términos económicos.
VENGO A PROPONER LO SIGUIENTE:
Que solicita a su Excelencia la Presidenta de la República lo siguiente:
1. Modificar la Ley N°19.664, con objeto de reconocer como funcionarios a todos los profesionales de la salud que inician Etapa de Destinación y Formación.
(Fdo.): Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.-Lily Pérez San Martín, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe, Senadora.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Iván Moreira Barros, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.

References: artículo 20
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 76
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 88
 artículo 3
 artículo 56
 artículo 135
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 43
 artículo 43