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Timestamp: 2019-10-21 05:59:50+00:00

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Temario Para El Examen de Auxiliar Fiscal | Intención (Derecho Penal) | Derecho penal
temario resuelto para Auxiliar Fiscal del Ministerio Publico
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Temario de Evaluacion Para Auxiliar Fiscal II Area Constitucional
TEMARIO “AUXILIAR FISCAL I” DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENAL
1. Los grupos con especiales condiciones de vulnerabilidad
a. Mujeres: Decreto 22-2008 (Femicidio), Dto. 09-2009 (Trata),
b. Niños y Adolescentes: Dto. 27-2003 (Ley de protección integral de la niñez y adolescencia law yale-Ley Pina)
d. Adultos mayores: Dto. 80-1996
e. Personas con capacidades especiales: Dto.135-96 (Ley de atención a las personas con discapacidad)
2. Garantías judiciales y debido proceso
a) Fundamento Constitucional del Debido Proceso:
El principio del debido proceso: que en la sustanciación del proceso penal para juzgar a la persona deben de haberse, observado todas las normas legales en cuanto a garantías y derechos de la persona.
Este principio significa que tanto el MP como los jueces deben adecuar su actuación a las leyes del país, el mismo se encuentra desarrollado en varios Art. tales como:
 La detención legal, Art. 6 CPRG.  El juicio previo, Art. 12 CPRG.
 El derecho de defensa, Art. 12 CPRG.  La presunción de inocencia, Art. 14 CPRG.  La no autoincriminación, Art. 16 CPRG.  La publicidad en el proceso, Art. 14 CPRG.
No hay delito ni pena sin ley anterior, Art. 17 CPRG.
b) Encuadramiento Guatemalteco:
El Art. 251 de la CPRG., establece que el MP auxilia a la administración pública y a los tribunales en forma independiente es decir autónoma, de ahí que la función investigativa corresponde al MP.
El Art. 2 de la LOMP, establece que son funciones del MP, sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes las siguientes:
1) Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales. 2) Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. 3) Dirigir a la Policía Nacional Civil y demás cuerpos de seguridad del estado en la investigación de hechos delictivos. 4) Preservar el Estado de derecho y el respeto a los DH efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia.
El Art. 42 de la LOMP. Los agentes fiscales asistirán a los fiscales de distrito y fiscales de sección, tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal publica y
en su caso la privada conforme a la ley y las funciones que la ley le asigna al MP; ejercerán la dirección de la investigación de las causas criminales; formularan acusación o el requerimiento de sobreseimiento, clausura provisional y archivo ante el órgano jurisdiccional competente, actuaran en el debate ante los tribunales de sentencia, podrán promover los recursos que deban tramitarse en las salas penales de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.
El Art. 47 de la LOMP. Los fiscales estarán sujetos únicamente a la Constitución Política de la república de Guatemala, los Tratados y Convenios Internacionales, la Ley y las instrucciones dictadas por su superior jerárquico en los términos establecidos en la ley.
El Art. 48 de la LOMP. El fiscal a cargo de la investigación de un delito debe reunir los elementos de convicción de los hechos punibles en forma ordenada que permita el control del superior jerárquico, de la defensa, la víctima y las partes civiles.
El Art. 49 de la LOMP. Todas las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento del procedimiento preparatorio, el MP a través del fiscal a cargo debe realizarlas si son pertinentes y útiles, caso contrario debe dejar constancia de las razones de su negativa, la que puede ser revocada por el Juez de Primera Instancia en los términos establecidos en la ley. (Art. 315 CPP).
El Art. 50 de la LOMP. Inmediación: El fiscal tiene la obligación de proponer la prueba pertinente y necesaria, y producirla en el debate. Cuidara de preservar las condiciones de mediación de todos los sujetos procesales con los medios de convicción y harán una interpretación restrictiva de las normas de incorporación de la prueba por lectura al juicio oral.
c) Importancia de la Actuación del Fiscal en el Debido Proceso:
El MP a través de sus Agentes Fiscales esta vigilante para que no se cometan arbitrariedades que desnaturalicen el imperio de la ley, ya que uno de sus fines es el cumplimiento de las leyes del país.
Según el Art. 46 del CPP. El MP por medio de los agentes que asigne, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia como contralores jurisdiccionales, ejerciendo la acción penal conforme el CPP.
MP es una institución con funciones autónomas,
promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción
pública, además vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El MP actuará independientemente por su propio impulso y cumpliendo las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del estado, ni autoridad alguna.
La violencia de género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
a. Convención de CEDAW
b. Convención de Belén Do Pará
c. Política de Igualdad de Hombres y Mujeres en el MP
2. Los Derechos de las mujeres en la legislación nacional:
Decreto 22-2008 (femicidio), Convención de CEDAW, Convención de Belén Do Pará, Política de Igualdad de Hombres y Mujeres en el MP
1. Racismo y Discriminación Art. 202 Bis CP
Distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquiera otro motivo, razón o circunstancia.
2. Los prejuicios
Es la valoración negativa de un grupo de personas
de una persona, en
ocasiones hostil lo que se hace que
se tenga sobre esta persona o grupos
ciertos limitantes
su exclusión, marginación
como algo normal y valido.
3. Grupos Sociales y sus implicaciones en las relaciones sociales
contemporáneas, Clase social, etnia y género: tres enfoques paradigmáticos convergentes, el desarrollo de los Estudios de género ha suscitado un enfoque metodológico dentro de las ciencias sociales. En concreto, dentro de la Sociología se puede distinguir la evolución, interacción y contradicción de tendencias distintas al tiempo que se encuentra una expansión de estos estudios dentro de las áreas de conocimiento tradicionales y emergentes. Sin embargo, la discusión en torno a cuestiones metodológicas es un debate vivo y necesario en tanto que fundamental para la investigación aplicada.
Diagnosticar y observar las desigualdades sociales con algo más de nitidez, pretende contribuir y exponer las interacciones entre la clase social, la etnia y el género como planos de análisis convergentes.
Los Estudios de Género, nos permiten conocer y desentrañar los mecanismos que sustentan la desigualdad entre mujeres y hombresón.
1. La inimputabilidad y las medidas socioeducativas:
Art. 23 CP. No es imputable: 1o. El menor de edad. Art. 352 CPP.
ART. 133 ley
Pina. Ámbito de aplicación según los sujetos. Serán sujetos de esta Ley todas
las personas que tengan una edad comprendida entre 13 y menos 18 al
momento de incurrir en una acción en conflicto con la ley penal o leyes
especiales. ART. 168. LPINA.
solicitar ante los
Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, la aplicación de las
presentes disposiciones mediante la realización de los actos necesarios para
promover y ejercer de oficio, la acción penal pública; salvo las excepciones establecidas en el Código Procesal Penal y en esta Ley, para los delitos de acción privada se necesitará de la denuncia del ofendido. Para tal efecto, el MP contará con fiscales especializados en la materia. Deberá coordinar con las demás instituciones y autoridades que todas las denuncias o prevenciones policiales relacionadas con la sindicación de un adolescente en un hecho tipificado como delito o falta, sean dirigidas a sus fiscales especiales, con la debida celeridad.
ART. 169 LPINA. Funciones del MP. Con relación al proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, serán funciones del MP, a través de sus fiscales especializados:
b) Iniciar la investigación y la persecución penal del adolescente conforme al
procedimiento establecido en esta Ley, practicando todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo, la autoría
o participación del adolescente o en su caso, de personas adultas y verificar el daño causado. Si se estableciere la participación de personas adultas deberá ponerlo en conocimiento, inmediatamente y bajo su responsabilidad, del fiscal competente.
c) Realizar la investigación de las transgresiones cometidas por adolescentes.
d) Promover la acción correspondiente.
e) Solicitar pruebas, aportarlas y, cuando proceda, participar en su producción.
f) Solicitar, cuando proceda, la cesación, modificación o sustitución de las
sanciones decretadas o interponer recursos legales.
g) Brindar orientación legal y psicológica, cuando sea necesario, a la víctima
del delito y mantener una comunicación constante y directa con la misma,
notificándole todas las diligencias que realice.
h) Asesorar al ofendido, durante la conciliación, cuando éste lo solicite.
i) Estar presente en la primera declaración del adolescente y pronunciarse
sobre su situación jurídica y procesal.
j) Las demás funciones que ésta y otras leyes le fijen.
En todas las fases del proceso el fiscal de adolescentes debe actuar con objetividad, imparcialidad y apego a los principios que esta Ley señala.
2. El debido proceso para la juventud en conflicto penal, Dto. 27- 2003 (Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. LPINA).
Art.108 LPINA: Corresponderá al MP, a través de la fiscalía especializada de la adolescencia, la investigación en aquellos hechos contrarios a la ley penal, atribuibles a los adolescentes. Art. 142. Garantías básicas y especiales. Desde el inicio de la investigación y durante la tramitación del proceso judicial, a los adolescentes les serán respetadas las garantías procesales básicas… Todas las actuaciones en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal serán gratuitas y se efectuarán oralmente, de forma sucinta se hará un relato escrito de la audiencia, relación que podrá tomarse taquigráficamente o por otros medios técnicos, según las posibilidades y disposiciones del juzgado. Art. 145. Principio de legalidad. Art. 146. Principio de lesividad. Art. 147. Presunción de inocencia. Art. 148. Derecho al debido proceso. A los adolescentes se les debe respetar su derecho al debido proceso, tanto durante la tramitación del
proceso, como al imponerles alguna medida o sanción. Art. 149. Derecho de abstenerse de declarar. Art. 150. Principio del “Non bis in ídem”. Art. 151. Principio del interés superior. Art. 152. Derecho a la privacidad. Art. 153. Principio de confidencialidad. Art. 154. Principio de inviolabilidad de la defensa. Art. 155. Derecho de defensa. Art. 156. Principio del contradictorio. Art. 157. Principios de racionalidad y de proporcionalidad. Art. 158. Principios de determinación de las sanciones. Art. 159. Internamiento en centros especializados.
DERECHO PENAL APLICADO 1. Teoría del delito:
La teoría del delito es una construcción dogmatica, que nos proporciona el camino lógico para averiguar si hay delito en cada caso concreto. La dogmatica es un método del conocimiento, pero la delimitación de lo que hay que conocer no es una cuestión que incumba al método.
a) La dogmatica jurídico-penal “establece límites y construye conceptos, posibilita una aplicación del derecho penal segura y previsible y lo substrae de la irracionalidad, de la arbitrariedad y de la improvisación”. Conducta: La llamada teoría social de la acción, pretendió ser un puente o posición intermedia entre las teorías causal y final. Se basa en la afirmación de que no cualquier acción puede ser materia prohibida por el derecho penal, sino solo aquellas que tienen sentido social, es decir que trascienden a terceros, formando parte del interaccionar humano, solo las acciones que forman parte de esta interacción pueden interesar al derecho penal y no aquellas que no trascienden el ámbito individual.
b) Acción: En materia penal se conoce como acto, hecho, hecho penal, conducta, acontecimiento, conducta humana, entendiéndose como una manifestación de voluntad por medio de un hacer, que produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera deja sin cambio el mundo exterior cuya modificación se protege. Ver Art. 10 del CP., que indica que “los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado, cuando fueren consecuencias de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos”.
c) Falta de acción: Art.25CP El derecho penal solo se ocupa de acciones voluntarias, no habrá acción penalmente relevante cuando falte la voluntad, sucede esto en tres grupos de casos:
Movimientos, reflejos
d) Tipicidad: Es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. “nullum crimen sine lege”, solo los hechos tipificados en la ley penal como delitos, pueden ser considerados
como tal, es decir es NULA LA ACCION DEL ESTADO, cuando pretende sancionar conductas del ser humano que la ley no ha calificado como acto ilícito.
La tipicidad se encuentra apoyada en el ordenamiento jurídico y en especial en los preceptos constitucionales y estos principios supremos constituyen una garantía de legalidad Art.1 CP.
No hay delito sin ley (indubio pro reo)
NULLUM CRIMEN SINE TIPO
No hay delito sin tipo
NULLUM POENA SINE TIPO
No hay pena sin tipo
NULLUM POENA SINE CRIMEN
e) Dolo: Es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso, o sea que es propósito o intención deliberada de causar daño.
El dolo se constituye por la presencia de dos elementos:
Intelectual: debe saber que es lo que hace y que constituye su acción típica según su capacidad.  Volitivo: Voluntad de actuar dolosamente, serie de pensamientos previa a actuar.
f) Culpa: Tiene lugar cuando se produce un resultado delictivo, sin intención de producirlo, pero este se materializa por falta de prudencia, pericia, cuidado o por negligencia del sujeto. La culpa posee tres ingredientes esenciales:  Imprudencia: toda acción que lleva consigo un riesgo, falta de prudencia punible e inexcusable;  Negligencia: falta de precaución, despreocupación o indiferencia, por el acto que se ejecuta; olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, lo cual conduce a ejecutar hechos que, al mediar malicia en el actor serian delitos;  Impericia: la violación a los principios de experiencia, conocimiento y habilidad en la realización de un hecho, (descuido u omisión).
 Con representación: que tiene lugar cuando el sujeto activo de la acción se representa el resultado típico pero confía indebidamente en poder evitarlo, ya que cree que dicho resultado no se producirá; y
Sin representación: es aquella cuando el sujeto activo, no se representa la consecuencia típica de su conducta, habiendo podido haberla previsto. También podemos distinguir entre culpa lata, es cuando el evento dañoso pudo haber sido previsto por cualquier hombre común, leve, cuando solo hubiere sido posible prever por un hombre diligente; y levísima: si el resultado se hubiera podido prever únicamente mediante el empleo de una diligencia extraordinaria.
g) Antijuricidad: Lo que es contra el derecho. Es la contradicción a las normas objetivas del derecho, en otras palabras cuando además de contradecir un
orden jurídico, un hecho lesiona, pone en peligro según la previsión legal bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Hechos antijurídicos pueden ser cometidos, según sabemos, por dementes, por niños, por personas que obran en error o bajo coacción.
h) Causas de justificación: Art. 24 CP. Son las causas o elementos negativos del delito, que excluyen la antijuricidad de una conducta que puede subsumirse en un tipo legal; esto es, aquellos actos u omisiones que revisten aspectos de delito, figura delictiva, pero en los que falta, sin embargo, el carácter de ser antijurídicos, de contrarios al derecho, que es el elemento más importante del crimen.
i) Culpabilidad: Además de que una conducta humana sea típica, antijurídica, debe ser culpable, es decir, debe concurrir la manifestación de voluntad o voluntariedad de quien realiza la acción
Punibilidad: Consiste en la amenaza estatal de imponer las sanciones al cumplirse con los presupuestos legales descritos en el tipo penal y el merecimiento de la sanción penal propiamente dicha. Su elemento negativo son las excusas absolutorias, es decir, aquellas causas que por razones de política criminal han dejado subsistente el carácter delictivo de conducta e impiden la aplicación de la pena.
2. Categorías del delito
a. Delito: Acción típica, antijurídica, culpable y punible a un responsable.
b. Relación de Causalidad: Acción y resultado: nexo causal de tipo objetivo, en los delitos de lesión o resultado. Tiene que determinarse la relación para que se le pueda imputar el resultado al autor como producto de su acción. Art. 10 CP. El nexo causal es la relación que media entre la conducta y el resultado y que hace posible la atribución material de este a aquella como su causa, estribando dicho problema en determinar que es menester, para que pueda efectuarse esa atribución material.
c. Delito Doloso. Art. 11 CP. Cuando existe un propósito o una intención deliberada de causar un daño, lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado y se prevé sus consecuencias dañosas. Hay dos teorías: 1.) de la voluntad o doctrina clásica del dolo, indica que la esencia del dolo no puede estar sino en la voluntad, no en la voluntad de violar la ley, sino de realizar el hecho; 2.) La teoría de la representación: que indica que para afirmar la existencia del dolo, le basta la previsión del resultado, es decir, definiendo el dolo como el conocimiento de toda las circunstancias de hecho, correspondientes a la definición legal, que acompaña a la actuación voluntaria.
d. Delito Culposo. Art. 12 CP. Tiene como característica esencial la no existencia de voluntad de producir un resultado antijurídico, ya que el agente no quiere, no espera o no se representa el peligro, o bien representándosele hace caso omiso del mismo; porque no es su intención producir una consecuencia delictiva, siendo necesario que se supone evitarlo con su habilidad, prudencia, pericia, cautela o diligencia.
e. Delito Consumado. Art. 13 CP. Es aquel que tiene lugar cuando se realizan los actos materiales de ejecución del delito y se lesiona el bien jurídico tutelado, ejecutando los actos que configuran el verbo rector o definitorio de cada figura delictiva.
f. Tentativa. Art. 14 CP. Hay tentativa, cuando con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma su ejecución por causas independientes de la voluntad del agente. “Es la iniciación de un hecho delictuoso dentro del ámbito social, utilizando su autor medios adecuados para perfeccionarlo, pero sin lograrlo debido a la concurrencia de fuerzas extrañas y ajenas a la voluntad de su autor, que impide su consumación”. Son elementos de la tentativa:
El principio de ejecución del delito
Los actos idóneos
La inejecución del delito por causas ajenas a la voluntad del agente.
g. Tentativa Imposible. Art.15 CP: Se manifiesta cuando los medios que utiliza el delincuente para consumar el delito son inadecuados para producir dicha consumación, o bien por inexistencia del objeto sobre el que recae la acción criminal.
h. Acción de Hecho: El delito solo procede de la conducta humana, solo es imputable al ser humano, con exclusividad, lo que justifica que sea imprescindible, existencia de una relación de causalidad o nexo jurídico entre el hacer humano y el resultado delictivo, para determinar la culpabilidad del agente. Ver Art. 10 del CP.
i. Desistimiento. Art. 16 CP. Se le conoce en doctrina como arrepentimiento eficaz actividad voluntaria realizada por el actor, para impedir la consumación del delito, una vez agotado el proceso ejecutivo, capaz por sí mismo de lograr dicho resultado.
j. Conspiración y Proposición. Art. 17 CP. cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo, solo es punible en los casos expresamente determinados en la ley.
k. Caso Fortuito. Art.22 CP. es el resultado de una acción humana, con diligencia y cuidado, en la que se produce un resultado delictivo, no obstante la previsión puesta por el agente.
Participación del delito
a. Responsables. Art.35 CP. Responsables del delito los autores y cómplices.
b. Autores. Art. 36 CP: Aquellos que forman parte en la ejecución del hecho; si el delito es cometido por varias personas, recibe el nombre de coautores. La participación directa, es decir, la persona que de mano propia realiza la ejecución del hecho delictivo, esto es la ejecución personal de los actos constitutivos del delito.
c. Cómplices. Art. 37 CP: Los que animan, alientan, ayudan o cooperan en la realización del delito.
d. Teoría Objetiva de la participación: Según esta corriente autor es quien comete por sí mismo la acción típica, mientras que la sola contribución a la caución del resultado mediante acciones no típicas, no puede
fundamentar autoría alguna (prestar arma para el homicidio), desde el
esta teoría la inducción y la complicidad son
categorías que amplían la punibilidad a acciones que quedan fuera del tipo ya que con este criterio solo podría sancionarse al que por sí mismo mata, lesiona o roba, para esta teoría lo importante es establecer si el sujeto realizó o no la acción típica para así considerarlo
como autor. e. Inducción.
directamente a otro a ejecutar el delito”. Doctrinariamente la inducción es una forma de participación, inductor es el que causa voluntariamente en otro, mediante un influjo psíquico, la resolución y
realización de un tipo de autoría doloso o imprudente.
3. Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas. 156bis CP
Art. 123-
El valor jurídico
que se pretende tutelar
sí, intrínsecamente
considerada, o bien la integridad de la persona humana, los delitos en este título se refieren a los ataques a la vida, considerada en valor supremo, y consecuentemente la dignidad de protegerse a través de la amenaza de la sanción penal, y de los demás ataques en contra de la persona, que aunque no lo son contra la vida si la ponen en peligro o significan una grave amenaza de esta y dejan al ofendido con un menoscabo de sus condiciones físicas normales.
4. Delitos contra la libertad y seguridad sexuales. Art. 173-200 CP y Dto.9-2009 Ley c/la violencia sexual, explotación y Trata de personas
El hecho consiste en atentar contra la libertad y seguridad que en materia erótica tienen las personas, aquellos en los que la acción preponderante en el hecho es de materia sexual y atenta contra la libertad y seguridad en tal sentido, requiriéndose que las acciones sean directas y encaminadas a limitar o lesionar la libertad o seguridad a través de actos manifiestamente lubrico somáticos ejecutados en el cuerpo de la persona ofendida, produciendo inmediatamente un daño o peligro sobre el sujeto pasivo.
Características La acción preponderante en el hecho que es de materia sexual, y atenta
contra la libertad o seguridad en tal sentido, no basta que haya existido en la acción un antecedente de tipo sexual, sino que se requiere
acciones directas encaminadas a limitar o lesionar la libertad
seguridad, a través de actos manifiestamente lubrico somáticos ejecutados en el cuerpo de la persona ofendida. Que la acción de finalidad erótica ejecutada sobre el pasivo produzca inmediatamente un daño o un peligro al bien jurídico protegido, que en estos casos es la libertad y seguridad en cuanto a la determinación sexual, así como el pudor o recato en materia sexual.
Denominaciones: “Delitos contra la honestidad” indica se emplea como equivalente a la moralidad sexual, y que se encontraba en nuestra legislación penal anterior, en la actual se denomina con mejor técnica Delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el pudor.
5. Delitos contra la libertad. Art. 201-225c CP
Estos delitos atentan
ignorancia de su paradero.
6. Delitos contra el patrimonio. Art. 246-281 CP
Delitos que atentan en contra del patrimonio económico de las personas, la designación del título, “Delitos Contra el Patrimonio” el objeto de la tutela penal no es únicamente la protección del derecho de propiedad, sino en general la salvaguarda jurídica de cualesquiera otros derechos que puedan constituir el activo patrimonial de una persona, en otras palabras los bienes jurídicos protegidos a través de la represión penal son todos aquellos derechos de las personas que pueden ser estimables en dinero o sea que formen su activo patrimonial”.
Exención de la Pena. Art. 280 del CP, están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren:
Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieren
separados de bienes, o personas y los concubinarios. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines.
iii. El consorte viudo respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otra persona.
Los hermanos si viviesen juntos.
Esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito.
Momento Consumativo. Art.281 CP. Al tener el bien bajo su poder.
METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS PENALES
1. La efectividad en el sistema penal
2. Nociones generales sobre Justicia Restaurativa
En la justicia restaurativa la víctima concreta juega un papel fundamental y puede beneficiarse de una forma de restitución o reparación a cargo del responsable o autor del delito (también se habla del "ofensor" como concepto alternativo al de "delincuente" pues la justicia restaurativa evita estigmatizar a la persona que ha cometido un delito).
3. Mecanismos guatemalteco
dentro del proceso penal
La des judicialización es un medio para expulsar la estructura burocrática de los Tribunales de justicia y así resolver rápidamente y de manera sencilla ciertos casos penales, destinando el proceso penal ordinario a delitos graves ya que no tiene sentido agotar todas las fases del juzgamiento en asuntos de menor impacto social o en los que la reestructuración de la paz social, así como la defensa contra el delito, puede darse por medios más rápidos y oportunos si el M.P. Y el Juez competente considera realmente que el procesado es capaz de enmendar su conducta de manera que la sociedad no sea afectada nuevamente por la comisión de otro delito, pudiendo solicitar y aplicar medidas de desjudicialización dejando al imputado en libertad simple o bajo caución económica. Este principio permite que los asuntos de menor importancia pueden ser tratados de manera sencilla y rápida y es resultado de la teoría de la tipicidad relevante, que obliga al Estado a perseguir (prioritariamente) los hechos delictivos que producen impacto social, teoría que nació por el replanteamiento de las teorías del derecho penal sustantivo referentes a los delitos públicos, ya que materialmente es imposible atender todos los caos por igual y es necesario priorizar.
4. Métodos Alternativos de Resolución de conflictos en materia penal
a. Mediación. Art. 25 Quater CPP
b. Condisión. Art. 25 Quinquies CPP
c. Conciliación. Art. 25 Ter CPP
5. Salidas alternas y mecanismos de salida al proceso penal común.
El Criterio de Oportunidad. Art. 25 CPP. Es la facultad que tiene el M.P., bajo el control del Juez, de no ejercer la acción penal debido a la escasa
trascendencia social o mínima afectación del bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales en la responsabilidad del sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo.
Los supuestos para la aplicación del criterio de oportunidad son:
Por delitos no sancionados con prisión
Delitos perseguidles por instancia particular
Delitos de acción pública con pena máxima de prisión de 5 años.
Que la responsabilidad o contribución en el delito sea mínima
Que el inculpado haya afectado directa y gravemente por las
consecuencias de un delito culposos y la pena resulte inapropiada; El criterio de oportunidad se aplicara por los jueces de primera instancia
obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos señalados en el numeral 6 del Art. 25 del CPP.
criterio del
puede afectar o
amenazar gravemente al interés público y a la seguridad ciudadana y cuando el delito ha sido cometido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo.
b) La Conversión. Art. 26 CPP. Supone la Transformación de una acción penal de ejercicio público en un procedimiento por delito de acción privada, ejercitad únicamente por el agraviado. Objetivo: Se pretende liberar al M.P. de la obligación de intervenir en los casos en que no haya intereses públicos afectados y puedan ser tratados como delitos de acción pública.
c) La Suspensión Condicional de la Persecución Penal. Art: 27 CPP y 72 CP. Es el mecanismo a través del cual se interrumpe la persecución penal, sometiendo al imputado a una serie de condiciones durante un tiempo determinado, que si se cumplen producen la extinción de la persecución penal. En caso contrario, se reanudara el procedimiento penal. Objetivo: ES de evitarle al imputado el desarrollo de todo un proceso en su contra, cuando la consecuencia del mismo posiblemente va a ser la suspensión de la ejecución de la condena y se otorga por razones de economía procesal.
d) La desestimación. Art. 310 CPP, supone
querella o prevención policial en aquellos casos supuestos en los que:
1. Sea manifiesto que el hecho no es punible.
2. Sea manifiesto que no se pueda proceder.
Objetivo: La desestimación supone un primer filtro para evitar perder tiempo en investigar o practicar diligencias cuando es manifiesto que el caso no entra en el ámbito de actuación del M.P.
Requisitos: Para darse la desestimación será necesaria la autorización del Juez de primera instancia.
Momento Procesal: La desestimación se dará en el momento en el que el M.P., reciba la denuncia, querella o prevención policial. Sin embrago, podrá darse también cuando como resultado de la investigación se determine que los hechos no eran constitutivos de delito.
Procedimiento: Cuando el M.P. decida desestimar la denuncia remitirá las actuaciones al juzgado de primera instancia junto con un escrito en el que se
primera instancia el archivo.
decidirá sobre
desestimación. En el caso de que lo admita devolverá las actuaciones al M.P.,
lo archiven. Si
lo admite,
la resolución, el
Jefe del M.P.
decidirá si la investigación debe continuar a cargo del mismo funcionario o
designara sustituto.
Recursos: Frente
desestimación tan solo cabe plantear recurso de Reposición.
327 supone una finalización, no definitiva, del
procedimiento en aquellos casos en los que no se haya individualizado al imputado o se haya declarado su rebeldía. Objetivo: Sirve para darle una salida jurídica a aquellos casos en los que no hay posibilidad de identificar o aprehender al imputado, creándose de esta manera pautas para el orden de la oficina y el control de la actividad del Fiscal. Ocurre en numerosas ocasiones que la actividad investigadora se agota, sin llegarse a un resultado concreto.
Cuando no se haya individualizado al imputado.
Cuando se haya declarado la rebeldía del imputado.
Que la investigación se haya agota es decir, que no exista la posibilidad
de practicar nuevas pruebas útiles para continuar la investigación Que se notifique la resolución a las demás partes quienes podrán objetarla ante el juez aclarando que pruebas se pueden practicar.
INVESTIGACION 1. La gerencia de la investigación
La Ley Orgánica del MP de 1994 ha definido de sus normas una serie de principios que rigen el funcionamiento de la institución. A continuación vamos a detallar estos principios:
A. Unidad: Conforme este principio, enunciado en el articulo 5 LOMP, el MP es único e indivisible, concepto que se traduce en que cada uno de los órganos de la institución (ver art. 9 LOMP) lo representa íntegramente, en la medida en que su actuación está enmarcada en las atribuciones correspondientes al cargo. Implicara esta que el fiscal cuando interviene en el proceso lo hace representante del MP en su función de perseguir penalmente conforme el principio de legalidad. B. Jerarquía:
El Fiscal General es el Jefe del MP a los que le siguen Los Fiscales
de Distrito y de Sección, Los Agentes Fiscales y los Auxiliares Fiscales. Entre ellos existe una relación jerárquica que se refleja en la posibilidad de dictar instrucciones y sanciones disciplinarias. El Consejo del MP es un órgano por fuera de la estructura jerárquica, en tanto tiene a su cargo funciones de asesoría y de control de las instrucciones y sanciones impartidas por el Fiscal General. La función del Consejo es de suma importancia para “equilibrar” la estructura jerárquica, puesto que su composición permite, además de tener representantes electos por el Congreso de la República, tener fiscales electos en Asamblea de Fiscales donde las jerarquías se diluyen y todos tienen igual representación, esto es, un voto cada Fiscal de distrito, de sección, agente fiscal y auxiliar Fiscal.
C. Objetividad: Con la creación de una institución estatal encargada del ejercicio de la acción penal publica y que de alguna manera, en representación del interés general reemplaza a la víctima, ya no realiza su actividad en nombre de un interés personal sino como el objeto de asegurar el cumplimiento de la ley. Al no estar ejerciendo un interés particular y al estar obligado al ejercicio de la acción penal en determinados supuestos, se ha creado una “parte” en sentido formal, puesto que se trata de un desdoblamiento formal que el Estado hace dentro del proceso penal (el juez y el Fiscal son funcionarios públicos), con el objeto de evitar la concentración de funciones en los mismos operadores y así evitar tal como se explico anteriormente, los abusos de poder y la parcialidad en el juicio. Art. 1 LOMP, segundo párrafo.
D. Subordinación de la Policía Nacional Civil y demás Cuerpos de Seguridad. Facultad de supervisión y dirección, se obliga a estas fuerzas de seguridad a informar y cumplir las órdenes de los Fiscales (Art. 51 LOMP). La subordinación de las fuerzas de seguridad al MP en cuanto a la investigación del delito es de suma importancia en un estado de derecho de esta forma se asegura un control de la policía, ente que monopoliza el ejercicio de la violencia legítima por parte de una autoridad civil que a su vez sometida al control de los demás organismos estatales de la república.
Art. 51 LOMP:
I. Instrucciones: Todos los Fiscales pueden impartir instrucciones a los policías encargados de la investigación, acerca de los hechos y los modos como deben cumplir la tarea requerida. Prohibición de investigación autónoma: La policía no puede realizar investigaciones sin conocimiento del M.P., salvo que se trate de casos
urgentes o de prevenciones policiales, supuestos en los cuales deben informar dentro del plazo de 24 horas. Nominación Específica: El Fiscal General, los Fiscales de Sección y de Distrito, podrán nominar a los policías que realizaran la investigación que se requiere en un asunto determinado, como forma de garantizar mayo eficiencia y menores obstáculos en la averiguación del hecho.
Las sanciones pueden ser la de apercibimiento o suspensión hasta de 15 días e incluso pueden recomendar la cesantía u otra sanción a la autoridad policial correspondiente, conforme lo señala el Art. 52 LOMP. El procedimiento para la imposición y eventualmente, la impugnación de la decisión por parte del afectado, se encuentra normado en el Art. 53 LOMP.
E. Respeto a la Víctima. Art. 116 y117 CPP, para los casos de derechos humanos y participación de asociaciones de ciudadanos para la protección de intereses colectivos la LOMP le otorga mayor participación y le permite accionar algunos mecanismos internos dentro del M.P. para control externamente, que a través de la organización jerárquica no se cumpla con la ley. El art. 8 LOMP establece el principio general del respeto a la victima desagregarse de la siguiente forma:
Interés de la víctima: La acción del Fiscal debe respetar y escuchar el
interés de la víctima, en la idea que el proceso penal persigue también el fin de componer o resolver un conflicto social. Asistencia y respeto: el Fiscal deberá brindarle la mayor asistencia acerca de cuáles son sus posibilidades jurídicas (Constituirse como querellante, reclamar daños civiles, etc.) y tratarla con el debido respeto evitando que el hecho de estar frente a un proceso no signifique aun más dolor del que ya ha producido el hecho del que fuera víctima.
y Notificación:
Fiscal debe darle toda
caso a la victima aun cuando no se haya constituido como querellante. No podrá oponérsele el art. 314 CPP en base a que no es parte procesal por cuanto el art. 8 LOMP la legítima para recibir información del caso. Señala también el mismo Art. que la victima tiene derecho a ser notificada de la resolución que pone fin al caso aun cuando no se haya constituido como querellante, por lo que tendrá derecho a conocer la sentencia, el auto de sobreseimiento, los autos que admiten una excepción que impide la persecución y, deben ser asimilados a estos actos, la clausura provisional, la desestimación y el archivo. El incumplimiento de esta obligación es motivo de sanción disciplinaria conforme el art. 61 inc. 7 LOMP.
El respeto por la víctima también tiene consecuencias en otras partes de la misma LOMP. En efecto, tal como se ha señalado anteriormente puede objetar
en concreto instrucciones de los fiscales (Art 68) e impugnar los reemplazos y traslados cuando considere que estos responden a razones que tiendan a apartar al Fiscal del caso por que se haya negado a cumplir instrucciones ilegales o sin las formalidades de la ley (Art. 72). De la misma forma la victima puede solicitar el apartamiento del Fiscal del caso cuando considere que este no ejerce sus funciones correctamente (Art. 63).
Disciplina del Servicio: Conforme el principio de legalidad por el cual la sanción debe estar tipificada exhaustivamente con anterioridad al hecho por el cual se sanciona a una persona, el art. 61 LOMP determina con precisión las faltas en el servicio el procedimiento para su imposición y para su impugnación ante el Consejo del M.P.
El Art. 60 de la LOMP las sanciones que se pueden imponer a los Fiscales y otros empleados del M.P. Amonestación Verbal.
Suspensión de cargo o empleo hasta por 15 días sin goce de sueldo.
Remoción del cargo o empleo.
Las dos primeras pueden ser impuestas por el Fiscal Distrital o de Sección, mientras que las dos últimas tan solo podrán serlo por el Fiscal General.
El afectado tiene recurso ante el superior jerárquico dentro de los tres días de notificado y su ejecución será suspendida mientras no se encuentre firme. Las sanciones impuestas por el Fiscal General son recurribles por apelación ante el Consejo del M.P. El procedimiento para la interposición de la apelación está determinado en el reglamento del Consejo del M.P.
No obstante, cuando el Fiscal en el desempeño de su cargo cometa delito no se seguirá este procedimiento en el caso de que existan indicios razonables de la comisión de un delito, procederá solicitar el antejuicio, salvo que el sindicado fuere Auxiliar Fiscal o empleado no miembro de la carrera Fiscal cuyo caso se ejercerá directamente contra él la persecución y acción penal.
Funciones de los Miembros del M.P. Art. 2 de la LOMP establece las funciones y el art. 5 la Unidad y Jerarquía del M.P., delimita en términos generales el área de trabajo y responsabilidad de los distintos miembros de la carrera fiscal, funciones que a su vez deben distinguirse de la del resto del personal, no Fiscal, del M.P., como Secretario u Oficiales. Son Fiscales del M.P. el Fiscal General, los Fiscales de Distrito, los Fiscales de Sección, los Agentes Fiscales y los Auxiliares Fiscales.  Fiscales de Distrito y de Sección: Los Fiscales de distrito son los Jefes
los departamentos o regiones que le fueren
recomendadas. Los Fiscales de Sección son los Jefes de las Fiscalías de Sección creadas por la ley o por el Consejo del M.P. (Art. 24 LOMP).
La ley orgánica los responsabiliza del buen funcionamiento de la Institución en su área o región y les encarga el ejercicio de la acción penal pública. De acuerdo al art. 28 de la LOMP, para ser Fiscal de distrito o de Sección se requiere ser mayor de 35 años, poseer título de Abogado, ser guatemalteco de origen y haber ejercido la profesión por 5 años. Gozan del derecho de antejuicio, el cual debe ser conocido por la Corte Suprema de Justicia. Agentes Fiscales: Los agentes Fiscales asisten a los Fiscales de
Distrito o de Sección y tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal pública y en su caso la privada (Art. 42 LOMP). Para ser agente Fiscal se requiere ser mayor de 30 años, poseer el título de Abogado y Notario, ser guatemalteco de origen y haber ejercido la profesión por 3 años (Art. 43 LOMP). Gozan de derecho de antejuicio. Auxiliares Fiscales: El art. 45 del LOMP., señala que los auxiliares
Fiscales asistirán a los Fiscales de Distrito, Fiscales de sección y Agentes Fiscales. Tienen como funciones generales la de investigar y actuar durante el procedimiento preparatorio. Pueden firmar todas las peticiones y actuar en las audiencias que se den en esta fase del procedimiento. Cuando los auxiliares fiscales poseen el título de abogado y notario podrán asistir en intervenir en el debate acompañando al Agente Fiscal (Reforma art. 309 CPP.). Para ser auxiliar fiscal se requiere ser guatemalteco y al menos haber cerrado pensum en la carrera de Abogacía y notariado (Art46 LOMP). Oficiales: Los oficiales no son miembros de la carrera del M.P ni pueden ser considerados Fiscales. Por ello y para evitar la delegación ilegal de funciones, es de suma importancia que quede bien delimitado el ámbito de actuación del oficial. Los oficiales y secretarios asistirán a los Agentes y Auxiliares Fiscales, así como a los Fiscales de Distrito y de Sección en el ejercicio de sus funciones.
2. Los sujetos del delito
- Sujeto Activo: Persona que realiza la conducta prohibida prevista en la norma penal i. Indeterminado: Cuando para realizar la conducta descrita en la norma penal no es necesario que concurra alguna característica predicable o exigible. ii. Cualificado: Cuando se cumple con una o varias condiciones legales o naturales, puede calificarse al sujeto activo como autor de un hecho punible, cualificado o determinado por el tipo penal
- Sujeto Pasivo: Persona sobre la que se ejecuta la conducta descrita en el tipo penal, que tiene relación con el objeto o posee la conducta típica o Indeterminado: cuando para realizar la conducta descrita en el
o Cualificado: cuando la figura penal exige, que por un hecho punible el agraviado se encuadre con una o varias condiciones legales, naturales o personales. EL IMPUTADO Art. 70 CPP: Es la persona señalada de haber cometido
un hecho punible, contra la que el Estado ejerce la acción penal. El código, en su Art. 70 enumera, sin precisar, las distintas denominaciones que usa para designarlo. Generalmente el código reserva el término imputado o sindicado para el procedimiento preparatorio, procesado a la persona que se le ha dictado asunto de procesamiento y acusado a la persona contra la que se ha planteado escrito de acusación. Finalmente, condenado aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme e impuesto una pena. Una persona se convierte en sindicado e imputado desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra, momento en el cual nace el derecho de defensa. EL AGRAVIADO Art. 117 CPP y 8 LOMP: Es la persona señalada
denominada como víctima afectada por la comisión del delito. EL ABOGADO DEFENSOR Art. 92-95 CPP: El defensor es un abogado colegiado activo, que interviene en el proceso para asistir jurídicamente al imputado. Es un actor del proceso cuya misión se extiende a todos los intereses del imputado comprometidos por causa de la imputación, sean estos penales, civiles o administrativos. Actúa en el proceso aconsejando, asistiendo y representando al sindicado. El abogado no tiene como obligación el esclarecimiento de los hechos perjudiciales a su patrocinado o la sanción de los culpables. El abogado solo está obligado a defender los intereses de su patrocinado siempre a través de medios legales. Además, le está prohibido revelar cualquier tipo de circunstancia adversa a su defendido, en cualquier forma en que la hubiere conocido (art. 104 CPP).
La defensa gratuita corre a cargo del Instituto de la Defensa Pública Penal, formado por abogados colegiados activos.
a. OBSTACULOS A LA PERSECUCION PENAL
Los obstáculos a la persecución penal y civil son impedimentos que, sin referirse a la existencia del delito o a la responsabilidad del imputado tiene como efecto postergar el ejercicio de la acción penal en el proceso de que se trata o impedirlo definitivamente.
a.1Cuestión prejudicial. Art. 291 CPP: Existe prejudicialidad cuando la solución
del proceso penal depende de la solución de otro proceso. Dentro de la prejudicialidad se distingue:
1. Prejudicialidad
dependa de otro proceso penal no acumulable.
2. Prejudicialidad por otras vías: Estaremos ante una cuestión prejudicial no penal cuando la existencia o inexistencia del delito dependa de una resolución que el juez penal no tenga competencia material para resolver.
La cuestión prejudicial puede ser planteada por cualquiera de las partes. Durante el procedimiento preparatorio y en el intermedio se dará por escrito fundado ante el juez contralor. En la fase de preparación del juicio se hará también por escrito fundado ante el tribunal. Sin embargo durante el debate se presentará oralmente.
En los casos en los que la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, el MP la promoverá y proseguirá citando a todos los intereses. Si el MP no está legitimado para impulsar la cuestión prejudicial notificará a la persona interesada requiriendo la noticia sobre la promoción del proceso y su desarrollo (art. 291).
El juez o tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente (art. 292 CPP). El incidente se tramitará conforme a lo dispuesto en los Art.s 135 a 140 de la LOJ frente a lo resuelto por el juez o tribunal, se podrá plantear recurso de apelación, conforme al Art. 404, inciso 12 del Código Procesal Penal.
a.2 El antejuicio. Art. 293 CPP: Es una autorización necesaria para perseguir penalmente a las personas que gozan de dicho derecho. El derecho de antejuicio es otorgado por la Constitución y las Leyes de la República a ciertas personas, en función del cargo que ocupan o por aspirar electoralmente a los mismos. El antejuicio es una garantía para que las personas que ejercen ciertos cargos públicos de especial relevancia, puedan desempeñar adecuadamente su trabajo, sin ser molestadas o desprestigiadas por denuncias o querellas sin fundamento. En el caso de los candidatos a cargo de elección popular se busca asegurar la libre elección y evitar el uso del proceso penal como arma electoral.
En cada caso, la ley o la Constitución determina cual es el órgano competente para resolver el antejuicio y decide sobre la procedencia de la persecución penal. Las personas que gozan de este derecho no pueden ser detenidas salvo en sus puesto de flagrancia. En estos casos deben ser puestas ante la autoridad judicial quien, si procede, solicitará en antejuicio correspondiente. El derecho de antejuicio cesa en el momento en el que la persona deje de ocupar el cargo o ser candidato.
El Art. 293 del CPP señala que cuando aparezcan indicios que una persona con derecho a antejuicio pueda ser imputada por la comisión de algún hecho delictivo, el juez contralor o el tribunal solicitarán el antejuicio de oficio o a petición del MP, al órgano competente para su resolución. Dicha solicitud incluirá un informe de las razones que justifica el pedido así como las actuaciones originales en que se basa.
Contra el titular de este derecho, no se podrán realizar actos que impliquen persecución penal, salvo los indispensables para fundar la solicitud y los que estén en peligro de perderse. Finalizados estos actos, se archivará conforme el Art. 310 (desestimación). En el caso de que el órgano competente autorice la persecución penal, el proceso continuará. Si no se da la autorización el proceso permanecerá archivado hasta el momento en el cual la persona deje de gozar de este derecho. El archivo del proceso para el imputado con derecho a antejuicio, no interrumpe la persecución en contra de los coimputados sin ese privilegio.
Cuando la persona imputada sea un diplomático extranjero o persona con similares prerrogativas y la autorización para proceder dependa de la conformidad de otro gobierno u organismo, se seguirá también lo dispuesto en el art. 293 del Código Procesal Penal.
a.3 Excepciones Art. 294CPP: específica cuáles son las excepciones las que se pueden oponer a lo largo del procedimiento. Las excepciones las pueden plantear las partes a lo largo del procedimiento, aunque podrán ser asumidas de oficio por el juez o tribunal, siempre que la cuestión no requiera de instancia del legitimado a promoverla. Se tramitarán en forma de incidentes y no suspenderán la investigación durante el procedimiento preparatorio. Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio se podrán plantear durante el intermedio.
a.3.1 La incompetencia. Art.56 CPP: La competencia es la determinación precisa del tribunal que viene obligado, con exclusión de cualquier otro, a ejercer la potestad jurisdiccional en un asunto concreto.
fiscal, al
igual que cualquiera de las partes,
puede promover una
cuestión de competencia por inhibitoria o por declinatoria, cuando entiende que el juez o tribunal que conoce el asunto, no es el competente.
La cuestión por inhibitoria se planteará ante el juez o tribunal que se considere competente. La cuestión por declinatoria se tramitará ante el juez o tribunal que
está conociendo el procedimiento y incompetente.
3. Técnicas de investigación criminalística
a. Conocimiento y comprobación del hecho: El MP deberá iniciar la investigación para establecer la existencia del mismo y determinar el lugar, tiempo, circunstancias en que ocurrió el hecho, tipificación del mismo, la apreciación de circunstancias atenuantes o agravantes.
b. Formulación de hipótesis: El MP deberá formular una o varias hipótesis las cuales deben estar ajustadas a las circunstancias apreciadas en la escena del crimen y hallazgos obtenidos en la investigación preliminar
c. Planeación de la Investigación Criminal: En el plan se establece cuales son las preguntas que se deben responder, también establecer las actividades que tienen prioridad y quienes serán las personas asignadas. Es importante establecer el tiempo que se emplearán en las diligencias.
d. Recopilación, obtención y análisis de la información: El MP acude a las fuentes disponibles para obtener la información que requiere a través de una investigación de gabinete o de campo y con ello, resolver el caso que se investiga.
e. Desarrollo de la investigación: Surgen los resultados que están consignados en los diferentes informes, dictámenes y prueba material que llegan al MP
f. Informes de Investigación criminal: Documentos que se presentan al DEIC a petición del MP para revestir importancia para el esclarecimiento del hecho delictivo.
Art. 48 LOMP. Investigación. El fiscal a cargo de la investigación de un delito debe reunir los elementos de convicción de los hechos punibles en forma ordenada, que permita el control del superior jerárquico, de la defensa, la víctima y las partes civiles. Art. 49 LOMP. Proposición de Diligencias. Todas las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El MP, a través del fiscal a cargo, debe realizarlas si son pertinentes y útiles. Caso contrario debe dejar constancia de las razones de su negativa, la que puede ser revocada por el juez de primera instancia en los términos establecidos en la ley. Art. 50LOMP. Inmediación. El fiscal tiene la obligación de proponer la prueba pertinente y necesaria, y producirla en el debate. Cuidará de preservar las condiciones de inmediación de todos los sujetos procesales con los medios de convicción y hará una interpretación restrictiva de las normas de incorporación de la prueba por lectura al juicio oral. Art. 309 CPP. (Objeto de la investigación). En la investigación de la verdad, el MP deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aún cuando no se haya ejercido la acción civil.
4. La importancia del buen manejo de la escena del crimen (rol de fiscal)
El MP es el ente encargado de ejercer la persecución y la acción penal a través de la investigación.
Protocolo de procesamiento de la escena del crimen (instrucción
166-2013)
6. Cadena de custodia e indicios perecederos a. Cadena de custodia: mecanismo mediante el cual la evidencia conserva sus características y su valor probatorio desde su hallazgo hasta su presentación ante un juez contralor para su cuantificación o
La búsqueda y posterior manipulación inadecuada de los indicios, puede conducir a la alteración de su integridad, deterioro o destrucción, impidiendo la realización de pruebas o peritajes o que la defensa del acusado, la adverse y el juez en debate no le de valor probatorio. De ahí la importancia de su técnico procesamiento: documentar de forma precisa, levantar adecuadamente y en forma separada, así como manipular lo mínimo, evitar contaminación, no mezclarlas, embalar individualmente y llevar debido control de la cadena de custodia.
En el caso de indicios numerosos de diferentes especies en una misma escena, se embalarán individualmente, pero se agruparán e identificarán por especie, individualizando las que presenten marcas particulares y diferenciadoras. En caso de casquillos o vainas, agruparlas por características aparentes, según sea legible en la base o culote y documentar debidamente.
En el caso de indicio balístico consistente en cartucho no percutado encontrado fuera del arma en la escena, se embalarán individualmente y deberá solicitarse al INACIF, la pericia de dactiloscopia y posteriormente balística.
b. Indicios Perecederos:
 DICRI Técnico(Embalador) Conjuntamente con el Coordinador del grupo y Fiscal a cargo, priorizan el procesamiento de los indicios perecederos, para evitar su alteración particularmente por incidencia de factores climáticos como Sol, humedad, temperatura, polvo y lluvia, aunque se modifique el orden lógico dado por la fijación, procediendo en general de acuerdo a los instrumentos técnicos disponibles como lo son Guía de Servicios INACIF, Guía de manejo de evidencias provenientes de clínicas forenses, Guía para la recolección y manejo de ADN, entre otros.  El registro, documentación y embalaje se realiza igual que el resto de indicios como se indica en el procedimiento número. Documentar los indicios tal como se localizaron, previo a cualquier manipulación.
Cuando se sospeche que alguna persona o víctima estuvo expuesta en un ambiente de disparo o detonación de fulminante, el fiscal debe decidir de
acuerdo a las circunstancias sobre la conveniencia de ordenar la práctica de las pruebas idóneas y girar instrucciones para su remisión al INACIF.
Por el tiempo que puede transcurrir entre el procesamiento de la
escena y la realización de la prueba por parte de INACIF, en caso de
para localizar residuos de disparo o de
fulminante, se recomienda tomar la muestra de residuos conforme las instrucciones técnicas. De ser necesario el fiscal a cargo coordinará la remisión de la ropa
que vista la persona supuestamente implicada para solicitar el análisis respectivo para determinación de la existencia de residuos de
fulminante o de pólvora, así como la existencia de fluidos biológicos posiblemente de la víctima. En caso de estimar que se puedan localizar residuos orgánicos o
inorgánicos en uñas o manos, proteger las mismas con bolsas de papel y solicita el peritaje que corresponda. En ambiente disparo o restos de fulminante o en el caso de fluidos biológicos, se debe tener mucho cuidado en el procesamiento de un objeto, prenda o personas, para evitar la contaminación o transferencia entre los mismos, utilizando las técnicas adecuadas de embalaje.
tomarse en consideración el tiempo desde que se tiene
información que sucedió el hecho,
muestra para su análisis y remisión
a donde corresponda para el
peritaje correspondiente.
En la toma de huellas necrodactilares, asegurarse que previamente se han tomado la muestra de indicios necesarias, según el caso (ambiente disparo o fulminante, raspado de uñas, cabellos, residuos de materiales u otros). 1. Adoptar las medidas adecuadas para evitar la transferencia o contaminación de los indicios, cambiando de guantes, así como el lavado de las herramientas, antes y después de utilizarlas con distintos indicios. 2. Si al momento de procesar, recolectar, levantar para examinar o embalar algún indicio, este sufriera algún daño o alteración, hacerlo constar por escrito; por tal motivo es necesario documentar previo a su manipulación.
1. Conceptos generales sobre victimología
La victimología es el estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima del mismo. El campo de la victimología incluye o puede incluir, en función de los distintos autores, un gran número de disciplinas o materias, tales como: sociología, psicología, derecho penal y criminología.
2. Derechos de las Víctimas: Art.11 Trata
constituido como
querellante, la
siguientes derechos dentro del proceso:
víctima tendrá los
Derechos de información y trato:
Recibir un trato digno, que respete sus derechos fundamentales y que procure reducir o evitar la revictimización con motivo del proceso.
Que se consideren sus necesidades especiales, tales como limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como las diferencias sociales, culturales o étnicas.
Ser informada, en el primer contacto que tenga con las autoridades judiciales, de todos los derechos y facultades, así como sus deberes, con motivo de su intervención en el proceso, además, tener acceso al expediente judicial.
Señalar un domicilio, lugar o un medio en el que puedan serle comunicadas las decisiones que se adopten y en el que pueda ser localizada, así como a que se canalice esa información, por una vía reservada a criterio de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del MP, en caso de que se encuentre sujeta a protección.
Ser informada de todas las resoluciones finales que se adopten, así como de los cambios o las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan
adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física, siempre y cuando haya señalado un domicilio, sitio o medio en que puedan serle comunicadas.
Ser informada de su derecho a solicitar y obtener protección especial, en caso de riesgos o amenazas graves para sí misma o su familia, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso.
Ser informada sobre la necesidad de su participación en determinados
exámenes o pericias,
le expliquen
sus alcances y
presencia de una persona de su confianza, que la acompañe en la realización de estas, siempre que ello no arriesgue su seguridad o ni ponga en riesgo la investigación.
Ser informada por el fiscal a cargo del caso, de su decisión de no recurrir la sentencia absolutoria o el cese o la modificación de las medidas cautelares adoptadas por la existencia de riesgo para su vida o su integridad física, dentro del plazo formal para recurrir cada una de esas resoluciones y con indicación de las razones para no hacerlo, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio para ser informada.
Derechos de protección y asistencia:
La víctima tendrá derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El MP, la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la causa adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección. La víctima será escuchada, en todo procedimiento en que se pretenda brindarle protección. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del MP, coordinará con todas las fiscalías del país la protección de las víctimas y canalizará, por su medio, la información necesaria para sustentar las medidas de protección o las solicitudes de medidas cautelares, según lo regulado en el párrafo final del Art. 239 de este Código.
Cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o su integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso, la víctima tendrá derecho a que se reserven sus datos de identificación, como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o lugar de trabajo y que no consten en la documentación del proceso; además, en los casos excepcionales señalados en el Art. 204 bis de este Código, tendrá derecho a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por el imputado u
otras personas relacionadas con él, sin perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar su testimonio y proteger su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles como la videoconferencia o cualquier otro medio similar, que haga efectiva la protección acordada, tanto cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba como en juicio, en los términos y según el procedimiento regulado en los Art.s 204 y 204 bis de este Código.
Las personas menores de edad víctimas, las mujeres víctimas de abuso sexual o de violencia y las víctimas de trata de personas y de hechos violentos, tendrán derecho a contar con medidas de asistencia y apoyo, por parte del personal designado para tal efecto, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, a fin de reducir la revictimización con motivo de su intervención en el proceso y facilitar su participación en las distintas diligencias judiciales, como pericias o audiencias.
Las personas menores de edad víctimas tendrán derecho a que se considere su interés superior a la hora de practicar cualquier diligencia o pericia y, especialmente, a la hora de recibir su testimonio; para ello, el MP, el juez o el tribunal de juicio que conozca de la causa, adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan los trámites y se reciba su testimonio, en las condiciones especiales que se requieran. Podrá solicitarse, en caso necesario, un dictamen al Departamento de Trabajo Social y Psiquiatría y Psicología Forense o de algún otro perito o experto, debidamente nombrado, resguardando siempre el derecho de defensa, tal y como lo regulan los Art.s 212, 221 y 351 de este Código.
La víctima tendrá derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, público o privado, cuando tenga que asistir a diligencias judiciales, a pericias o a comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos, el despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia, deberá extender el comprobante respectivo, en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite. El MP, el juez o el tribunal de juicio que conozca de la causa, adoptarán las medidas necesarias para evitar que la víctima sea sometida a múltiples citaciones o comparecencias; además, cuando sea posible, deberán programarse las audiencias, para que se rinda el testimonio, a la brevedad posible y no se haga uso abusivo de la licencia concedida.
Derechos procesales:
La víctima tiene derecho a denunciar por sí, por un
autorizado o por mandatario, los hechos cometidos en su perjuicio.
La víctima directamente
escuchada en juicio, aun si el MP no la ofreciera como testigo. En todas las
gestiones que este
Código autoriza realizar a
la víctima, prevalecerá su
oída.
No podrá alegarse
la ausencia de formalidades de
interposición, como causa para no resolver sus peticiones, y tendrá derecho a que se le prevenga la corrección de los defectos en los términos del Art. 15 de este Código.
Apelar el sobreseimiento definitivo, en las etapas preparatoria, intermedia y de juicio, así como la desestimación.
absolutoria, el cese o la modificación de las medidas cautelares adoptadas por la existencia de un riesgo para su vida o integridad física y la víctima no esté conforme, tendrá el derecho de recurrir a tales decisiones, en los términos establecidos en el Art. 426 de este Código.
A ser convocada a la audiencia preliminar, en todos los casos, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio en que pueda ser localizada y a que se considere su criterio, cuando se conozca de la aplicación del procedimiento abreviado, la suspensión del proceso a prueba, la conciliación o la aplicación de un criterio de oportunidad, en los términos y alcances definidos en este Código. En cualquier caso en que se encuentre presente se le concederá la palabra.
A ejercer la acción civil resarcitoria, en los términos y alcances que define este Código, a plantear la querella en los delitos de acción privada, a revocar la instancia en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada, a solicitar la conversión de la acción pública en acción privada, así como a desistir de sus querellas o acciones, todo en los términos y alcances que define este Código.
Que el MP le comunique su decisión de acusar, solicitar el sobreseimiento o la aplicación de un criterio de oportunidad, a fin de que, en los términos regulados en este Código, decida si formula querella y se constituye en querellante, o si formula la acción civil resarcitoria.
Cuando se solicite la prisión preventiva por la existencia de riesgos o amenazas a la vida o la integridad física de la víctima o de sus familiares, tendrá derecho a ser escuchada por el juez, al resolver de la solicitud que le formule el MP, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio para ser localizada. Podrá hacer su manifestación por escrito para ser presentada por el fiscal junto a la solicitud de prisión, sin perjuicio de que el juez decida escucharla. Para tales efectos, el fiscal a cargo del caso podrá requerir información a la Oficina de Atención a la Víctima del delito del MP, con el objeto de fundamentar su solicitud, en los términos que se regulan en el párrafo final del Art. 239 de este Código.
A acudir ante
la etapa preparatoria, a
señalar los errores, las
omisiones o los retrasos que estime han ocurrido en la investigación de los hechos en su perjuicio, en los términos establecidos en el último párrafo del Art. 298 de este Código. Asimismo, podrá objetar el archivo fiscal en los términos que regula el numeral 298 citado.
A que le sean devueltos a la brevedad posible, aun en carácter de depósito provisional, todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades, con el propósito de ser utilizados como evidencia.”
3. Rol de la Victima en el Proceso Penal Guatemalteco
Al ser la víctima la persona directamente ofendida por el delito, por lo general, representa la principal fuente de información con respecto a las circunstancia del hecho. En este sentido, y siempre que exista la posibilidad, es importante que la víctima colabore con el MP y los órganos policiales mientras transcurre la fase de investigación, aportando datos verdaderos que sirvan para el esclarecimiento de los hechos.
Por otro lado, la víctima puede actuar directamente dentro del proceso penal O puede nombrar un abogado que represente sus intereses, presentar acusación propia, promover pruebas, entre otras actuaciones.
4. Modelo de atención a la Víctima
Art.8 Acuerdo 49-2008
Deberá prestar el servicio de orientación a las víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales con relación a los servicios y procedimientos que presta y desarrolla la Institución en el área de atención integral y canalizar las necesidades de atención medica, social y psicológica urgente que amerite previamente a la presentación de la denuncia.
Alternativas Victimológicas:
Mediación: Justificamos el encuentro accesible y muchas veces necesario, personal – diálogo entre la víctima y el agresor en presencia del mediador de la oficina quién está capacitado para dirigir dicho encuentro, manteniéndose imparcial.
Conciliación: Trabajamos la conciliación, en la que el procedimiento se lleva a cabo siempre a petición de la víctima. Muchas veces se logra el acuerdo entre
las partes con una satisfacción de la víctima mediante una respuesta del agresor, bastando en repetidas oportunidades una explicación, una pacificación, un perdón, una aclaración.
Reconciliación: Nos ha facilitado la prevención victima fuera del sistema judicial oficial. Al estar mediado se puede estar reconciliado y al estarse reconciliando se puede dar una recompensa, que compensa a la vez. En este sentido la víctima expresa sus sentimientos con lo cual hay una descarga y desahogo que vemos que provoca en ella una sensación de bienestar.
5. Red de derivación, funcionamiento e importancia
Art.15 Acuerdo 49-2008 La OAV informará a las víctimas sobre la atención integral que puede brindársele por medio de las instituciones que conforman la red de derivación. De ser aceptado por la víctima se realizará el contacto respectivo para derivar el caso a la Organización que brindará el apoyo especializado. Dentro de las 24 horas siguientes, el personal del Área de Trabajo Social de la OAV, deberá verificar la atención brindada a ésta por parte de la institución a la que deriva.
6. Atención a la niñez victima de delitos graves.
Art. 1 Acuerdo 01-2004 Existe una Unidad especializada responsable de ejercer la acción y persecución penal, según su ámbito de actuación y competencia territorial, en aquellos casos en los que la víctima sea menor de edad y se requiera atención especializada por la naturaleza del delito y su condición de vulnerabilidad.
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References: e contrario
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