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I.- Que con fecha veintiséis de febrero de dos mil diez, la Licenciada ERIKA MARISOL NAVAS
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Amparo Torregrosa Quintero
1 175-APL-2010 Cámara 2 a Laboral II SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas y treinta y dos minutos del quince de octubre de dos mil diez.- El presente recurso de apelación ha sido interpuesto por el Defensor Público Laboral, licenciado MELVIN ARMANDO ZEPEDA, contra la sentencia interlocutoria pronunciada por la Cámara Segunda de lo Laboral, a las catorce horas y diecinueve minutos del uno de marzo de dos mil diez, en el juicio individual ordinario de trabajo promovido por la Defensora Pública Laboral, licenciada ERIKA MARISOL NAVAS ANDRADE, en nombre y representación de la trabajadora [ ], contra el Estado de El Salvador en el Ramo del Organo Ejecutivo, representado legalmente por el Fiscal General de la República, licenciado ROMEO BENJAMIN BARAHONA MELENDEZ, reclamándole indemnización por despido injusto y otras prestaciones laborales. Han intervenido en Primera Instancia los licenciados NAVAS ANDRADE Y ZEPEDA, como Defensores Públicos Laborales; en Segunda Instancia, el licenciado ZEPEDA, en el concepto indicado. LEIDOS LOS AUTOS, V, CONSIDERANDO: I.- Que con fecha veintiséis de febrero de dos mil diez, la Licenciada ERIKA MARISOL NAVAS ANDRADE, presentó demanda ante la Cámara Segunda de lo Laboral, en la que DICE: «PARTE EXPOSITIVA: Que en mi calidad de Defensora Publica Laboral, vengo a promover Juicio Ordinario Individual de Trabajo, en nombre y representación de la trabajadora [ ] de, Departamento de San Salvador, contra el ESTADO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DEL ORGANO EJECUTIVO, de este domicilio, representado legalmente por el FISCAL GENERAL DE LA REPUBLlCA, Licenciado ROMEO BENJAMIN BARAHONA MELENDEZ, mayor de edad, de este domicilio, pudiendo ser notificado, citado y emplazado dicho Estado, en la Fiscalía General de la República, ubicada en Colonia San Francisco Calle los Abetos, numero (sic) ochenta y cinco, en esta ciudad, lugar donde habitualmente atiende sus negocios el demandado.---- RELACION DE TRABAJO----Es el caso que la compareciente ingreso (sic) a laborar el día veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos, para y bajo las ordenes del ESTADO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE EDUCACIÓN, Representada (sic) Legalmente en aquel entonces por el señor JOSE ALBERTO BUENDIA FLORES, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, manifestándole éste último que a partir del día uno de enero de dos mil seis pasaría a laborar para y bajo las ordenes del CONSEJO NACIONAL PARA LA
2 CULTURA y EL ARTE, representado Legalmente en aquel entonces por el señor LUIS FEDERICO CONSTANTINO HERNANDEZ AGUILAR, quien ratifico (sic) lo anterior y le manifestó al (sic) trabajador (sic) que conservaría su antigüedad derechos y demás condiciones laborales, dándose así una Sustitución Patronal, Desempeñando el Cargo de TÉCNICO SEGUNDO FUNCIONAL APOYO TECNICO, desarrollando sus labores en Casa de la Cultura de Santa Tecla ubicada en Calle José Ciriaco López, tres guión uno, frente a parque san martín, (sic) Santa Tecla, Departamento de La Libertad, las cuales consistían en COLABORAR CON EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, APOYAR EL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, LLEVAR EL CONTROL Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACIÓN, ELABORAR EL CONSOLIDADO DE INFORMES MENSUALES Y PROYECCIONES DE LAS COSAS (sic) DE LAS CULTURAS, REVISAR LIQUIDACIONES FINANCIERAS, estando sujeta a una jornada ordinaria de trabajo de ocho horas diarias y un horario de trabajo de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde, sábado de ocho de la mañana a una de la tarde, descansando domingo, devengo (sic) por sus servicios un salario de OCHOCIENTOS DIECISIETE DÓLARES CON ONCE CENTAVOS DE DÓLAR MENSUALES, salario que le era pagado mensualmente, por medio de cuenta bancaria del Banco Agrícola.----RELACIÓN DE LOS HECHOS----Es el caso Honorables Magistrados, que el día veintitrés de diciembre de dos mil nueve, como a eso de las quince horas y treinta minutos la Señora BRENI HASEL CUENCA SARAVIA, Secretaria de Cultura, Presidencia de la Republica, le entrego (sic) a mi representada una nota con fecha quince de diciembre de dos mil nueve, firmada por ella misma, quien tiene facultades para dirigir, administrar, contratar y despedir trabajadores, por medio de la cual se le comunicaba que "el contrato celebrado entre su persona y concultura, no será prorrogado, en consecuencia la relación laboral originada de tal documento, queda finalizada el treinta y uno de diciembre del presente año"; hecho que ocurrió en el lugar de labores de mi representada. Es de mencionar que a mi representada se le cancelo (sic) su salario hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; por lo tanto su despido es a partir del UNO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ, como consecuencia de la no renovación de su contrato que le fue comunicado por escrito tal como se ha narrado.----argumentos DE DERECHO Y NORMAS JURIDICAS QUE FUNDAMENTAN LA PRETENSIÓN----Las labores que realizaba mi representada son de carácter continuo y permanente, en consecuencia estando en presencia de un contrato laboral,
3 cuyo plazo de vigencia estipulado no es válido, ello de conformidad al Art. 25 del C.T., la terminación de la relación laboral so pretexto del vencimiento del plazo al día treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, ilegalmente establecido en el respectivo contrato, no tiene otro equivalente más que el de un despido de hecho, trayendo como consecuencia la obligación por parte del empleador de cancelar la correspondiente indemnización y demás prestaciones laborales por despido injustificado.----la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, respecto a la estabilidad de los Empleados Públicos por Contrato:----Cuando la contratación se hace para tareas de carácter permanente, propios del giro de la Institución, se entiende que se trata de un contrato laboral de naturaleza indefinida y por tanto el empleado tiene derecho a la estabilidad laboral.----la doctrina moderna ha trazado toda una línea argumental considerando la situación del denominado personal contratado por la Administración Pública que cumple en verdad tareas correspondiente al personal permanente y al que se niega ilegítimamente el derecho de estabilidad, carrera y promociones, como algunas formas de fraude laboral por parte del Estado; en ese sentido cuando el trabajador ésta (sic) sujeto a un contrato por servicio personal de carácter permanente en la administración pública, debe entenderse que dicha contratación ha sido por tiempo indeterminado y que le otorga el derecho a la estabilidad en el cargo de conformidad con el Art. 219 Inciso Segundo de la Constitución.---Cuando la contracción es simulada y desprovista de toda legitimidad, tendiente exclusivamente a cercenar derechos del trabajador, la estabilidad del empleo público y la protección contra el despido arbitrario en oposición a los derechos expresados en la Constitución, no puede hacerse valer la voluntad expresada por las partes o por tales contratos, de por si carentes de toda validez, a la cual debe añadirse que en materia laboral, importa lo que ocurre en la práctica más de lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa o lo que luzca en instrumentos o formularios.---- INDEBIDA UTILlZACION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES.----La figura de los Contratos de Prestación de Servicios Personales ha sido utilizada dentro del ordenamiento jurídico como un instrumento para evitar la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que se ocupan de la carrera administrativa. Esta realidad puede constatarse sin dificultad, basta con observar determinadamente a muchas de las entidades administrativas para percatarse de una realidad que aqueja el correcto andar de la administración pública, la existencia de plantas paralelas de personal, fenómeno que se da como una consecuencia precisamente de una indebida utilización de las figuras contractuales; de esta forma
4 en vez de cumplir el mandato de proceder a realizar una vinculación de carácter laboral cuando se ésta (sic) frente a labores o actividades de carácter permanente, se establecen vínculos contractuales con la finalidad desviada de evitar el pago de derechos de carácter prestacional y lo que es más importante para el desarrollo de nuestro caso, se evita la consolidación y reconocimiento del derecho al cargo y nuevamente se permite que criterios de orden político hagan inoperante el principio de imparcialidad que debe regir el obrar administrativo.----el despido disfrazado que ha sido objeto mi representada le ha generado malestar y desequilibrio a ella y su grupo familiar y a la sociedad en general, ya que el trabajo es un derecho fundamental que permite su seguridad económica, su salud, bienestar y desarrollo de su familia. La realidad socioeconómica de nuestro país, afecta aun más a los trabajadores que han sido despedidos y que se suman a los índices de desempleo que en los últimos meses se ha incrementado como consecuencia de la crisis económica a nivel mundial. La incertidumbre económica que ha ocasionado el despido, traerá como consecuencia dificultades para el estudio de los hijos del (sic) trabajador, (sic) quienes dejaran de estudiar en Universidades, Colegios, etc., el pago de vivienda, créditos contraídos, la salud, la alimentación y problemas emocionales que afectan a toda la familia, sin dejar de un lado la desintegración de la familia para aquellas que se verán obligados a emigrar a otro país. No hay duda que esta situación incrementara (sic) los indices (sic) de desempleo, violencia intrafamiliar, problemas Psicológicos, enfermedades Psicosomáticas, vicios y delincuencia.----corresponde a vosotros Honorables Magistrados, la imparcial, legal y justa tarea de impartir justicia, al amparo de nuestra carta Magna, leyes laborales, Tratados Internacionales suscritos por nuestro país y de la doctrina existente sobre el derecho de Trabajo, y reflexiones de justicia social; de esta manera dignificar los derechos laborales plenamente vulnerados al despedir injustamente a mi mandante. En vuestras manos queda la enorme responsabilidad de generar la jurisprudencia que ponga fin a la violación de los derechos de las y los trabajadores del sector público.----parte PETITORIA---Por lo antes expuesto y con fundamento en los Art. 38 ordinal 11 de la Constitución Art. 58 del C. de T., Art. 7 lit. d) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", Art. 1 del Convenio 111 sobre la Discriminación en el Empleo y Ocupación, con el debido respeto a VOS PIDO:---- Me admitáis el presente escrito.---- Me tengáis por parte en la calidad en que comparezco en nombre y representación de expresado (sic) trabajador (sic)---- Citéis a conciliación al
5 demandado y si no llegamos a ningún avenimiento en la misma, previo los trámites legales y las pruebas que oportunamente aportaré, sea condenado el demandado en sentencia definitiva a pagarle a mi representada: Indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo Proporcional.» II.- Por auto de las catorce horas y diecinueve minutos del uno de marzo de dos mil diez, la Cámara Segunda de lo Laboral, DIJO: «Por recibida la demanda y documento adjunto presentados por la licenciada ERIKA MARISOL NAVAS ANDRADE, a quien se le tiene por parte en su calidad de Defensora Pública Laboral, actuando en nombre y representación de la trabajadora [ ].----Esta Cámara toma nota que la contratación de servicios permanentes en las instituciones públicas hechas hasta el 31 de enero del año dos mil nueve, han quedado sujetas a la carrera administrativa, es decir a la Ley de Servicio Civil, tal como lo señala la reforma al Art. 4 de la citada Ley, según decreto número diez de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial el veinticinco de mayo del mismo año, cuya vigencia comenzó el día cuatro de junio de ese año, lo que significa que la posibilidad de reivindicar derechos en el marco del Código de Trabajo a la fecha antes dicha ya no existe, como pudo haberlo sido en el pasado cuando el ad quem resolvió ser competente para el conocimiento de esos casos. En estas circunstancias, la tutela corresponde claramente a la Ley de Servicio Civil, dado que el despido ocurrió como puede verse durante la vigencia del decreto antes citado como consta en la demanda referida. En atención a lo dicho se resuelve: declárase INCOMPETENTE este Tribunal por razón de la materia para conocer el presente juicio.----en su oportunidad, archívese el proceso.» III.- Inconforme con la resolución de la Cámara el licenciado ZEPEDA recurre en apelación y EXPONE: «1.- Que no estoy conforme con la sentencia interlocutoria dictada por la Honorable Cámara Segunda de lo Laboral en la cual se declara INCOMPETENTE para conocer en razón de la materia, en el presente juicio Ordinario Individual de trabajo; justificando la referida negativa con el argumento siguiente: ""que la contratación de servicios permanentes en las Instituciones Públicas ha quedado sujeta a la carrera administrativa, sosteniendo que en razón a lo señalado el artículo cuatro de la Ley de Servicio Civil, según Decreto número diez de fecha veinte de mayo del corriente año y cuya vigencia comenzó el día cuatro de junio del dos mil nueve, lo que significa que la posibilidad de reinvindicar (sic) derechos en el marco del Código de Trabajo, a la fecha antes dicha ya no existe dado que el despido ocurrió durante la vigencia de dicho decreto"; motivo por el cual se declara incompetente.----ii.- Al respecto y no estando de acuerdo con el
6 anterior argumento justificativo, emitido por la Honorable Cámara Segunda de lo Laboral; y que no goza de asidero legal alguno, y que trae como consecuencia negarle el acceso a la justicia a mi mandante, quisiera hacer las siguientes acotaciones jurídicas:----a) Que la mencionada reforma tuvo vigencia legal en el periodo comprendido del cuatro de junio, al treinta y uno de diciembre del año recién pasado; en tal sentido y siendo que el despido injusto del que fue objeto mi representada expresaba claramente que su contrato terminaba hasta el día treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, (y efectivamente los salarios se le cancelaron hasta esa fecha); por lo que en consecuencia dicho despido injusto comenzaría a surtir efectos legales a partir del uno de enero del dos mil diez; por lo que con respecto a este punto en ningún caso se podría entender que el despido fue a partir de diciembre del año recién pasado, pues no solo laboro (sic) todo el mes de diciembre del año recien (sic) pasado; sino que también el salario que devengaba en dicho Ministerio se lo cancelaron por todo el mes, es decir desde el uno al treinta y uno de diciembre del referido año, inclusive no omito manifestarleis (sic) a vosotros que también le cancelaron su aguinaldo completo coorespondiente (sic) al año dos mil nueve, y le entregaron su certificado de cotización del ISSS, el cual tiene vigencia del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.----b) Si bien es cierto la notificación del referido despido ocurrió el día veintitres de diciembre de dos mil nueve, no es menos cierto que su contrato de Trabajo finalizo (sic) tal y como lo dice la nota de despido; el día treinta y uno de diciembre del mismo año, lo que en consecuencia nos refiere que siendo que la cesación de las labores inicia jurídicamente el uno de enero del dos mil diez, fecha en la cual el mencionado decreto de la Ley del (sic) servicio (sic) Civil, ya ha expirado, y bajo ningún concepto jurídico podría aplicarse; no existe dentro del ordenamiento juridico salvadoreño mas que aplicar el Código de Trabajo, tal y como se venia haciendo antes de que entrara en vigencia el mencionado decreto de reforma de la Ley del (sic) Servicio Civil.----c) La jurisprudencia, ha mencionado con frecuencia que la actividad judicial puede ser descompuesta en tres tareas fundamentales, que corresponden a otras tantas obligaciones que el derecho impone a los jueces: decidir los casos litigiosos, decidirlos conforme al derecho y motivar sus decisiones. La obligación de dictar decisiones que sean conformes al derecho presenta dos aspectos: la obligación de dictar decisiones que sean materialmente conformes al derecho y la obligación de dictar decisiones que sean procesalmente conformes al derecho. La primera de ellas es, desde el punto de vista teórico, la más interesante. Una decisión materialmente conforme al derecho es una decisión que tiene el contenido que según el derecho
7 debe tener. V, desde el punto de vista de su contenido, lo que el derecho exige a las decisiones judiciales es que éstas digan el derecho. En esto consiste la obligación jurisdiccional. V la noción clave para el análisis de la obligación jurisdiccional es la de aplicar el derecho. La obligación de juzgar, y evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en la actividad judicial.----d) No es un secreto que a raíz del cambio de gobierno en nuestro país, se han realizado despidos masivos de trabajadores, de personas que no han sido del agrado del nuevo titular de las carteras de Estado involucradas; sin embargo lo anterior no impide que los Honorables Jueces no impartan una verdadera justicia, a quienes se les ha vulnerado del goce de tales derechos laborales, tal decisión de terminar el contrato de trabajo no es otra cosa que una decisión arbitraria de aquellos que se burlan de las leyes, y en consecuencia de los aplicadores de las mismas; por lo que parece injusto y paradójico que la Honorable Cámara sin base legal que sustente su decisión, se niegue a conocer del presente caso venido en apelación, trasgrediendo (sic) no solo la norma jurídica, sino que también incumpliendo el juramento constitucional que hicieron al tomar cargo como magistrados; en el sentido de que los mismos estan (sic) sometidos a la Ley fundamental; de tal manera los Honorables Magistrados frente a dudas sobre el procedimiento judicial a aplicar, debe considerar resolver según principios juridicos del procedimientos (sic) y siempre favorables al trabajador demandante. (indubio Pro operario ).----e) Es importante sobre el caso que nos relaciona, reflexionar sobre la responsabilidad en que han incurrido los Honorables Magistrados de la Cámara Segunda de lo Laboral, en su calidad de Funcionarios del Estado, en cuanto a los daños que su resolucion (sic) causará a mi representado, (sic) y a todos los despedidos de parte del Estado de El Salvador; si lo vemos desde el punto de vista que no han cumplido con el mandato constitucional que se encuentra determinado en el artículo 235 Cn.----f) La interpretación que de la reforma del decreto de La Ley del (sic) Servicio Civil, que han realizado los Honorables Magistrados, fue de caracter (sic) restringido y legalista, cuando la interpretación del mencionado decreto, debio (sic) de ser interpretado en relación a diversas normas de derecho, laborales y constitucionales, pues es uno de sus deberes de mayor obligatoriedad.----iii.- En mérito de lo anteriormente expuesto, y en vista que mi representado(a) ha sufrido una doble vulneración a sus derechos constitucionales, de trabajo, garantía de audiencia, defensa, debido proceso, acceso a la justicia; no solo por el Ramo en el cual el se desempeñaba sino tambien (sic) de los Honorables Magistados (sic) de la Cámara Segunda de lo Laboral; es el momento propicio en nuestro país, para que la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
8 Justicia, ante criterios generados por la referida reforma de la Ley del (sic) Servicio Civil, que se ha prestado a arbitrariedades judiciales, genere jurisprudencia, que sea de especial relevancia y respeto, y que resuelva en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que están siendo vulneradas en sus derechos constitucionales y laborales.----por lo antes expuesto OS PIDO: Me admitáis el presente escrito Me tengáis por parte en la calidad antes indicada, y en mi carácter de apelante, y permitais (sic) mi intervencion (sic) conjunta o separadamente con otros Defensores Publicos (sic) ya nombrados, asi (sic) mismo ratifico lo actuado anteriormente Tengas por legitimada mi personeria (sic) con la credencial unica (sic) que en fotocopia certificada por notario presento con sus respéctivas (sic) copias Se revoque la resolución venida en apelación, se siente jurisprudencia en base a ello, y se ordene conocer a la Camara (sic) Segunda de lo laboral en el presente juicio continué (sic) con el tramite legal correspondiente.» IV.- ANALlSIS DEL RECURSO El Apelante centra el agravio en el hecho que la Cámara Segunda de lo Laboral, no debió declararse incompetente para conocer del proceso en razón de la materia, pues considera que su representada está excluida del campo de aplicación de la Ley de Servicio Civil, y por lo tanto le es aplicable el Código de Trabajo. Previo al análisis del recurso, la Sala considera oportuno aclarar que la interlocutoria de incompetencia pronunciada por la Cámara en cuestión, es de aquellas que le pone fin al proceso y hace imposible su continuación, configurándose en el artículo 572 N 3 a del C. de T., el cual expresamente manifiesta que se admite apelación de las resoluciones que producen ese efecto; por tal motivo, atendiendo a que el Código de Trabajo es una Ley Especial que priva sobre la general; la especialización de la materia y el fiel cumplimiento al principio de Accesibilidad a la Justicia, esta Sala conocerá del recurso, puntualizando que en ningún momento se procede a dirimir un conflicto de competencia, por no haberse suscitado el mismo, sino que será con el objeto de establecer si la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho. Habiendo hecho la aclaración anterior, procede establecer si al sub-lite es aplicable el Código de Trabajo u otras leyes, todo a fin de determinar, si la Cámara procedió correctamente al declararse incompetente. Al respecto iniciaremos analizando la reforma de la Ley de Servicio Civil que motivó la interlocutoria pronunciada por la Cámara, la cual fue incorporada según Decreto Legislativo
9 número diez, de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial el veinticinco del mismo mes y año, cuya vigencia inició a partir del cuatro de junio de dos mil nueve, en la cual resultó reformado el artículo 4, de tal manera que se modificó el texto del literal m) y además se agregaron tres incisos, estableciendo el primero de ellos lo siguiente: «Sin perjuicio a lo establecido en los literales anteriores, cualquier persona que preste servicios de carácter permanente, propios del funcionamiento de las instituciones públicas contratadas bajo el régimen de contrato, estarán comprendidas en la carrera administrativa» Al leer el inciso reformado, nos damos cuenta que el legislador usó la palabra "sin perjuicio", lo cual debe entenderse como sinónimo de "dejar a salvo", es decir que se refiere a que lo regulado en los literales de la a) a la m), no se modifica, pues no puede entenderse de otra forma, porque el referido artículo, agrupa los cargos políticos o de confianza, que por disposición Constitucional están excluidos de la Carrera Administrativa; inclusive aquellos contratados nominalmente bajo esos cargos amparados en el régimen de contrato; en conclusión, dicha reforma se aplica a aquellos empleados públicos, contratados bajo el régimen antes dicho, siempre y cuando hayan sido contratados antes del treinta y uno de enero del año dos mil nueve, que sus cargos nominales no estén enunciados en los referidos literales, y además presten al Estado, servicios de carácter permanente, propios del funcionamiento de las instituciones públicas, pues la reforma ha sido motivada precisamente para ellos. Los cargos políticos o de confianza, son excluidos de la Carrera Administrativa, en el Art. 219 Inc. 3 Cn, en cuyo contenido se manifiesta que los funcionarios o empleados que desempeñan tales cargos, quedan excluidos de la misma, sin hacer diferencia alguna en cuanto a que si el empleado o servidor público es contratado bajo el régimen de contrato de servicios personales, o bajo el régimen de Ley de Salarios, y no puede inferirse trato preferente para ninguno, ya que tal apreciación vulneraría el derecho de igualdad establecido en la misma Constitución, y significaría que a dos empleados que se encuentran nombrados nominalmente bajo el mismo cargo, les correspondan diferentes derechos, por el hecho de que uno está nombrado en plaza de Ley de Salarios y el otro por contrato. En el caso sub-judice, esta Sala advierte de la lectura de la demanda que corre agregada a fs. 1 p.p., que el cargo nominal de TECNICO SEGUNDO FUNCIONAL APOYO TECNICO, que desempeñaba la trabajadora [ ], no se encuentra excluido de la Carrera Administrativa, en ninguno de los literales del Art. 4 de la Ley de Servicio Civil; de igual manera en la demanda la trabajadora manifiesta que estaba contratada bajo el régimen de contrato de servicios personales, que sus labores las desarrollaba en la Casa de la Cultura de Santa Tecla, las que consistían en colaborar con el
10 coordinador departamental en la organización del trabajo, apoyar el personal de las casas de la cultura en ejecución de actividades, llevar el control y salida de correspondencia de la coordinación, elaborar el consolidado de informes mensuales y proyecciones de las casas de la cultura, revisar liquidaciones financieras, así mismo, agrega que ingresó a laborar para el Estado de El Salvador desde el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos, de lo cual se deduce que las labores realizadas eran de naturaleza continua y permanente. En reiterada jurisprudencia, la Sala ha hecho suya la tesis, que cuando el trabajador en la Administración Pública, está sujeto a un contrato por servicios personales, otorgado al amparo del Art. 83 de las Disposiciones Generales de Presupuestos, pero realiza tareas de carácter continuo y permanentes propias del giro de una institución, éste se considera un contrato laboral indefinido; según lo dispuesto en el Art. 25 del C. de T., independientemente si este tiene plazo de vigencia estipulado, situación que es muy frecuente en la administración pública, sin embargo, dada la referida costumbre, la reforma los incorpora en el Art. 4 incisos 2 y 4, de la Ley de Servicio Civil, siempre que el empleado haya sido contratado antes del treinta y uno de enero de dos mil nueve y el despido se materialice durante la vigencia del decreto que contiene la misma, ubicándolo en un marco jurídico mas ventajoso, en el cual le es reconocido el derecho a la estabilidad laboral que todo empleado público sujeto a la carrera administrativa posee, Arts. 219 inc. 2 Cn. y 29 literal a) de la Ley de Servicio Civil; por tanto no es adecuado aplicar a esta trabajadora el Código de Trabajo, pues al examinar sus condiciones laborales, estas se acoplan al supuesto de la reforma; habida cuenta su continuidad y cargo sujeto a la carrera administrativa; a contrario sensu, no aplicar la reforma propiciaría un atentado al principio de legalidad por inobservancia a una ley especial cuyo conocimiento no le corresponde al Juez laboral. En resumen, dadas las razones anteriores, considerando que la demandante laboró de forma continua e ininterrumpida antes y después del treinta y uno de enero de dos mil nueve, que el despido ocurrió estando vigente la reforma y en vista que el cargo nominal de TECNICO SEGUNDO FUNCIONAL APOYO TECNICO que desempeñaba la señora [ ] es propio de la Carrera Administrativa, debe de aplicársele la Ley de Servicio Civil con sus reformas y no el Código de Trabajo, como bien lo ha resuelto la Aquo; por ello, procede confirmar la interlocutoria objeto de impugnación por estar apegada a derecho y así se impone declararla. POR TANTO: De acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y los Arts. 417, 418, 419, Y 584 C. de T., a nombre de la República, esta Sala FALLA: a) CONFIRMASE la sentencia interlocutoria venida en apelación, pronunciada por la Cámara Segunda de lo Laboral, a las
11 catorce horas y diecinueve minutos del uno de marzo de dos mil diez, por estar conforme a derecho; y, b) devuélvanse los autos al tribunal remitente, con certificación de esta sentencia, para los efectos de ley. HAGASE SABER M. REGALADO------PERLA J M.F. VALDIV PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN ILEGIBLE RUBRICADAS

References: resolución 
 artículo 235
 resolución 
 artículo 572
 resolución 
 artículo 4