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Timestamp: 2020-07-05 19:17:43+00:00

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Regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del añO 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la constitución política continuarán su trámite por la
título Regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del añO 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la constitución política continuarán su trámite por la
*NOTA: LA LEY 906 DE 2004 REGIRÁ PARA LOS DELITOS COMETIDOS CON POSTERIORIDAD AL 1° DE ENERO DEL AÑO 2005. LOS CASOS DE QUE TRATA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 235 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CONTINUARÁN SU TRÁMITE POR LA LEY 600 DE 2000.
LOS ARTÍCULOS 531 Y 532 DE LA LEY 906 DE 2004, ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN.
Nota 1: Modificada por la Ley 1453 de 2011, por la Ley 1395 de 2010 y por la Ley 1121 de 2006.
Nota 2: Desarrollada por el Decreto 2374 de 2010.
Nota 3: Reglamentada parcialmente por el Decreto 2288 de 2010.
Nota 4: Reformada por la Ley 1312 de 2009 y por la Ley 1142 de 2007.
Nota 5: Adicionada por la Ley 1273 de 2009, por la Ley 1257 de 2008, por la Ley 985 de 2005 y por la Ley 937 de 2004 y
Nota 6: Ley 906 de 2004: Primera versión publicada en el Diario Oficial No. 45657, texto declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-925 de 2005.
Artículo 1º. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.
Artículo 2º. Reformado por la Ley 1142 de 2007, artículo 1º. Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.
En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. (Nota: Este inciso fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-163 de 2008.).
Texto inicial: “Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.”. (Nota: El aparte resaltado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-730 de 2005, Providencia confirmada en la Sentencia C-190 de 2006.).
Artículo 3º. Prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de constitucionalidad.
Artículo 4º. Igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Artículo 5º. Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia.
Artículo 6º. Legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.
Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. (Nota: Este inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-592 de 2005, Providencia confirmada en la Sentencia C-708 de 2005.).
Nota: Ver Sentencia C-025 de 2010.
Artículo 7º. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; (Nota: La expresión señalada en negrilla fue declarada exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-029 de 2009.).
l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. (Nota: El aparte resaltado en negrilla fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1260 de 2005.).
Artículo 9º. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la actuación.
Artículo 10. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.
Artículo 11. Ver Sentencia C-454 de 2006. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código.
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; (Nota: Este ordinal fue declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-516 de 2007.).
h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio; (Nota: El aparte resaltado en este ordinal fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-516 de 2007.)
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. (Nota: Este artículo fue declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007.).
Artículo 12. Lealtad. Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe.
Artículo 13. Gratuidad. La actuación procesal no causará erogación alguna a quienes en ella intervengan, en cuanto al servicio que presta la administración de justicia.
Artículo 14. Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.
De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones. (Nota: el aparte señalado en este inciso fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-336 de 2007.).
En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías, con el fin de determinar la legalidad formal y material de la actuación.
Artículo 15. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. (Nota: El aparte resaltado en negrilla fue declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1154 de 2005.).
Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado.
Artículo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. (Nota: El aparte señalado en negrilla fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005, Providencia confirmada por los cargos analizados en la Sentencia C-1154 de 2005.).
Artículo 17. Concentración. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto. (Nota: El aparte señalado en negrilla fue declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-144 de 2010.).
Artículo 18. Publicidad. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación.
Artículo 19. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial, instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria.
Artículo 20. Doble instancia. Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación.
El superior no podrá agravar la situación del apelante único. (Nota: Este inciso fue declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005.).
Artículo 21. Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia.
Artículo 22. Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.
Artículo 23. Nota: Este artículo fue demandado ante la Corte Constitucional. D-8420 de enero 1 de 2011. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. (Nota: Este artículo fue declarado exequible por el cargo analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005)
Artículo 24. Ambito de la jurisdicción penal. Las indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas en la ley penal como delito, serán adelantadas por los órganos y mediante los procedimientos establecidos en este código y demás disposiciones complementarias.
Artículo 27. Moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia.
Deber de dar una respuesta adecuada a los eventuales casos de abuso...
Competencia para legislar y juzgar en materia de prensa. El artículo...
Ver otros invesigaciones respecto a este tema abajo, al final de este artículo
«la media luna chiíta» (Irán, Siria, Hezbollah libanés), Washington ha decido incluir en ellas los atentados cometidos en Buenos...
«mano invisible» por su racionalidad formal, que es la «raciona­lidad del Occidente». Se trata de una eterna lucha, que es «destino»....

References: artículo 235
 artículo 235
 ARTÍCULO 235

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
in dubio

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 27