Source: http://www.mamacoca.org/Octubre2004/doc/Roger_Rumrill_Revista.htm
Timestamp: 2018-11-18 02:45:23+00:00

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Lima, 8 - 14 de setiembre de 2004
Año XXVII - Nº 1296
Esta semana, luego de la paralización de la exploración de la empresa minera Yanacocha en el cerro Quilish en Cajamarca, varios gremios empresariales alzaron su voz de protesta señalando que si el gobierno no tiene mano dura y hace respetar la ley, difícilmente se podrá atraer inversiones. Los empresarios pidieron al gobierno y al Congreso que se restablezca el orden en Cajamarca. El orden significa ninguna interferencia ni cuestionamiento a la minera. Sin embargo, como señaló un analista, hay que preguntarse "qué es la ley para muchos peruanos sino para la mayoría. Muchos sienten que estas normas son arbitrarias, perjudiciales, nocivas para sus intereses. Si reconocemos que Estados Unidos tiene que presionarnos con el TLC para lograr que los litigios en el que están involucradas empresas de esa nacionalidad prosperen, ¿cómo queremos que los campesinos se sientan resguardados en sus intereses?, ¿quién aboga por ellos?".
Por otra parte, el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, señaló que "tras los problemas suscitados en el cerro Quilish, existen otros temas pendientes con los comuneros cajamarquinos que la compañía minera Yanacocha debería `limpiar' en la mesa de diálogo", temas como el terrible derrame de mercurio en la comunidad de Choropampa, en Cajamarca, por la misma empresa Yanacocha en el 2000 y que aún no se termina de solucionar.
A los calificativos contra los procuradores anticorrupción se sumaron esta vez las duras expresiones del premier Carlos Ferrero y del vicepresidente de la República, David Waisman, para quienes no tiene "ninguna prioridad" la renovación del contrato del equipo de abogados de la procuraduría ad hoc. "No será el fin del mundo ni una catástrofe nacional si no se les renueva el contrato. El gran responsable de la lucha contra la corrupción es el juez, luego el fiscal y sólo, en tercer lugar, el procurador", señaló tajante Ferrero, demostrando un sesgado juicio malicioso. Además, Ferrero dijo no creer que en un país de 28 millones de habitantes "sólo cuatro personas" sean las únicas que puedan luchar contra los corruptos. Es que al gobierno ya les incomoda el trabajo de los procuradores, le importa muy poco la lucha anticorrupción, por eso es que pueden acoger a personajes como Jorge Mufarech y dejar que arremeta contra el sistema anticorrupción. Como dice un analista, "no será el fin del mundo, pero sí el de los residuos de credibilidad del gobierno. Se queden o no los procuradores, el daño ya está hecho".
Sorpresivamente, el presidente Alejandro Toledo anunció la creación de un Fondo de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana que servirá para modernizar nuestras fuerzas del orden. Como sucede en países vecinos -Ecuador con un canon derivado del petróleo y Chile con las ventas del cobre-, nuestro gobierno quiere amarrar este fondo a las regalías mineras, rompiéndose con la lógica presupuestal, creando un islote para una finalidad específica. Y otros sectores con similar necesidad también exigirán igual trato, ¿por qué no mejor un fondo educativo o de salud?
SEGÚN DATUM, POPULARIDAD DE TOLEDO SUBE A 15%
El último estudio de la empresa Datum confirma el alza en la popularidad del jefe de Estado. El nivel de respaldo a su gestión alcanza en setiembre 15%, subiendo cuatro puntos en comparación al mes de agosto, en que registró 11%. Además, la desaprobación a la gestión pública del mandatario bajó de 87% a 82%. El sondeo revela que el gobierno ha ganado puntos extras entre los peruanos que consideran que la explotación del Gas de Camisea y la privatización de Las Bambas serán favorables para la economía del país. Un 47% de encuestados señalan que el Gas de Camisea beneficiará mucho al peruano común. El sondeo fue elaborado entre el 4 y 6 de setiembre entre 410 personas mayores de 18 años en Lima y Callao.
Otro de los cuadros coloca a Valentín Paniagua a la cabeza de la intención de voto con 21% de respaldo. Le siguen Alberto Fujimori con 17%, Lourdes Flores Nano con 16% y Alan García Pérez con 14%. Más atrás se encuentran el actual burgomaestre de Lima, Luis Castañeda (4%), Jaime Salinas (3%) y Alberto Andrade (1%). A continuación el cuadro respectivo. Según la empresa encuestadora la popularidad del ex mandatario aprista experimenta una baja de 10 puntos respecto al mes anterior, Flores desciende en seis puntos y Paniagua en uno. El sondeo revela también un descenso de 7 puntos en la aprobación de la gestión del presidente del Congreso de la República, Ántero Flores-Aráoz. De otro lado, 46% considera que el gobierno busca acercarse o aliarse al fujimorismo, mientras que el 77% está seguro de que no tiene voluntad de luchar contra la corrupción (La mayoría de los diarios, 10.9.2004).
TOLEDO DESCIENDE DE 15.2% A 14.9% SEGÚN SONDEO DE LA U. DE LIMA
Aunque a paso lento, los niveles de popularidad del presidente Alejandro Toledo empezaron a disminuir. Así lo demuestra una reciente encuesta de la Universidad de Lima, donde se revela que el mandatario obtiene 14.9% de aprobación a su gestión, en comparación al 15.2% que registró en agosto pasado. El sondeo fue realizado a 426 personas de Lima y Callao los días 4 y 5 de setiembre. Puede ser que el presidente Alejandro Toledo mantenga un nivel de aprobación que lo ha alejado del dígito, pero el último barómetro de la Universidad de Lima revela que en el tema de la corrupción le va muy mal a su gestión, pues el 72,4% cree que tuvo participación directa en la falsificación de firmas y el 87,3% considera que la lucha contra la corrupción es poco o nada efectiva. Por otro lado, el 47% de la población califica como poco estable la actual situación política que vive el país, en tanto que un 39.2% la considera nada estable (poco o nada estable, 86.2%). Sin embargo, una visión optimista tiene el 9.9% que piensa que pasamos un momento estable y apenas el 0.8% asegura que estamos pasando por una situación muy estable. En el mismo sondeo la mayoría de la población (43.6%) estima que el próximo año la situación política será peor y el 37.9% opina que se mantendrá igual, es decir, poco estable. El 13.2% confía en que puede irnos mejor y el 5.2% prefiere no dar una opinión al respecto.
La directora de Imasen, Giovanna Peñaflor, consideró que las constantes denuncias de corrupción contra el gobierno no han tenido un desenlace perjudicial para el presidente, por lo que un pequeño sector de la población ha modificado su percepción a favor del gobierno. Asimismo, manifestó que existe una cierta sensación de que ya está doblando la esquina, "es decir, que estamos más cerca del final de su gobierno y de alguna manera eso baja la tensión. Si hemos pasado la mayor parte de este gobierno, lo que resta de alguna manera parece poco importante", explicó.
La muestra también indica que el ex presidente Valentín Paniagua es el político con quien más simpatiza la ciudadanía (17.8%), seguido por el prófugo Alberto Fujimori (16.5%) y el líder aprista Alan García (14.4%). De otro lado, el sondeo de opinión arrojó que la mayoría de los consultados se autodefine políticamente como de centro. La honestidad, según esta encuesta de la Universidad de Lima, es precisamente la virtud que más caracteriza al ex presidente Paniagua (21.9%) a diferencia del líder aprista Alan García Pérez, a quien le atribuyen como mayor defecto el ser deshonesto (37.7%). Las otras cualidades que se destacan de Paniagua son el estar bien preparado (18.8%), ser democrático (17.1%) y trabajador (11,6%), mientras que como defectos le atribuyen la falta de liderazgo (35.9%) y de carisma (17.3%) (La mayoría de los diarios, 11.9.2004).
SECTOR E DE LIMEÑOS DESCONOCE SI ES DE IZQUIERDA, DERECHA O CENTRO
En el llamado "segmento E" se ubica la mayoría de ciudadanos que no definen si su perfil político es de izquierda, centro o derecha, de acuerdo con la reciente encuesta del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. El sondeo revela que un 48,1% de la población de este sector no sabe qué contestar cuando se le consulta sobre su autopercepción política. Al respecto, el director de esta encuestadora, Luis Benavente Gianella, explicó que esta carencia obedece a la falta de cultura política e informativa de este sector. "Viven en chozas, no cuentan con dinero y mucho menos tienen acceso a la información. La indefinición de este sector es muy peligrosa", advirtió el especialista. Tras señalar que por dichas características este grupo está propenso a ser capturado por un outsider, recordó que en el pasado el sector E le dio la victoria a candidatos como el ahora prófugo ex presidente Alberto Fujimori. También comentó la percepción que tiene un 40,4% de los entrevistados sobre Acción Popular, partido al que ubican en la derecha. "(AP) quiere dar la impresión de ser de izquierda, pero no lo logra. Esto resulta de la indefinición que todos los partidos deben superar", apuntó (La República, 11.9.2004).
APOYO: "APROBACIÓN DE CONGRESO BAJA Y LA DE TOLEDO SUBE"
A propósito del jefe del Estado, en Palacio de Gobierno deben estar asomando sonrisas porque la aprobación presidencial aumentó un par de puntitos y llegó al 14%, el mismo porcentaje que tiene el gobierno. Donde perdieron -y por goleada- es en el Congreso de la República. Los congresistas que lean los resultados de la última encuesta efectuada por Apoyo Opinión y Mercado en Lima Metropolitana tienen que empezar a preocuparse porque luego de un ascenso interesante en agosto -alcanzó hasta el 20%-, el Parlamento resbaló por el tobogán de la impopularidad hasta llegar al 11% este mes. Si en algo le sirve de consuelo al Legislativo, el Poder Judicial llegó a niveles cercanos al suelo, apenas un dígito -9%- de aprobación, entre otras cosas a consecuencia de la prolongada huelga que alcanzó casi los dos meses.
Por otro lado, la encuesta de Apoyo, efectuada en Lima Metropolitana, revela que más de la mitad de los residentes en la capital aprueba el desempeño de los procuradores anticorrupción, aunque el 43% lo desaprueba, mientras que el 60% está de acuerdo con que se les renueve el contrato, contra un 38% que opina lo contrario. Lo interesante es que un contundente 96% piensa que el equipo comandado por Luis Vargas Valdivia debe investigar también la corrupción durante el gobierno actual y apenas un 2% que debería ceñirse únicamente a investigar la corrupción de la época fujimorista. Por más que las voces oficialistas se desgañiten argumentando que la acusación de falsificación de firmas por parte de País Posible (ahora Perú Posible) para lograr su inscripción es la pieza de una conjura, en este momento los limeños entrevistados por Apoyo Opinión y Mercado tienen una tesis totalmente diferente, pues la mayoría no sólo considera que son ciertas estas denuncias (80%), sino que, además, afirma que el presidente Alejandro Toledo estaba enterado de dicha situación (85%), la cual, además, es calificada como muy grave por un alto porcentaje de los entrevistados (El Comercio, 12.9.2004).
DECEPCIÓN POLÍTICA ENGENDRA VIOLENCIA
La encuesta de Apoyo publicada el 13 de setiembre en el diario El Comercio mostraba que el 45% de la población considera muy probable y bastante probable que en los próximos años se produzca un período de violencia política similar al vivido en nuestro país por culpa de Sendero Luminoso. Asimismo, como las principales causas del virtual resurgimiento de este lastre social, el 58% identificó la corrupción del Estado y el 57% la pobreza. "La percepción de que estamos en riesgo de volver a la violencia implica que esta es una democracia muy precaria. La corrupción ha igualado a la pobreza, lo cual implica que es percibida como una amenaza mayor para la sociedad peruana", señaló el historiador Nelson Manrique. Advirtió que existe una desencanto con el régimen democrático, pese a que uno de los beneficios de la transición era el fin de la herencia negativa del fujimorismo. "Se dio una gran expectativa porque esa lacra fuera erradicada por un gobierno de transición, pero creo que hay la percepción de que eso no ha sucedido y que, por el contrario, estamos amenazados con volver a la situación que teníamos con Fujimori. Hay un desencanto con el gobierno que amenaza la democracia", sentenció.
Asimismo, el ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Carlos Tapia, sostuvo que la manera como los amigos y familiares más cercanos al presidente utilizan el poder del Estado para beneficiarse genera una repulsa de la opinión pública. "Y el que cree que la corrupción campea en el país, está dispuesto a patear el tablero de la moralidad, pero no para meterse en un camino de la lucha armada", dijo. En ese sentido, Tapia sugirió no confundir terrorismo o lucha armada con violencia política y consideró imposible que resurja un fenómeno social como el que representó el accionar de Sendero Luminoso en nuestro país. "La decepción que hay con el régimen político, que surge en escenarios locales conflictivos, deviene en el uso de una violencia política, no en lucha armada, sino en casos como los sucedidos en Ilave, Ayacucho y Cajamarca", acotó (El Comercio, 14.9.2004).
SUSCRIBEN CONTRATO PARA EXPLOTAR HIDROCARBUROS CERCA DE CAMISEA
El paso fundamental destinado a facilitar la fase de exportación de nuestro gas natural a los mercados de México y Bajo California en Estados Unidos fue dado el 7 de setiembre con la suscripción del contrato de explotación del Lote 56, cerca de Camisea, a cargo del consorcio liderado por Hunt Oil y Pluspetrol. Las reservas de este lote colindante al proyecto Camisea (Lote 88), en la zona del valle del bajo del río Urubamba, serían de 3 trillones de pies cúbicos. Su explotación propiciará una inversión de US$ 600 millones en los próximos cuatro años. El contrato fue firmado en Palacio de Gobierno entre el representante de Pluspetrol, Steve Crowell, y el de Perupetro, Antonio Cueto. En la cita estuvo presente el presidente Alejandro Toledo, autoridades y empresarios.
El mandatario peruano destacó que al menos US$ 1,000 millones significarán las exportaciones anuales del gas natural, operación que no será para beneficio del actual gobierno sino del próximo. De acuerdo a las estimaciones del consorcio empresarial las exportaciones serán posibles en el 2007. Toledo manifestó que los trabajos en el citado lote generarán al menos 2,400 empleos directos e indirectos. El mandatario destacó que el país va "camino a la independencia energética", a una nueva etapa en que podrá modificarse la balanza negativa de hidrocarburos. Refirió que en la actualidad el país es vulnerable a las alzas del precio internacional del crudo. "Con el uso del gas natural, las empresas podrán ser más competitivas por los bajos costos", indicó. "Igualmente el sector del transporte reducirá sus gastos, lo que podría traducirse en un menor precio de los alimentos trasladados del interior del país vía terrestre", dijo.
A esta ceremonia de suscripción del contrato asistió el presidente de Hunt Oil, Ray Hunt, quien afirmó que el proyecto de exportación no sería posible si no fuera por el proyecto Camisea, "el que por sí solo representará casi un punto porcentual del Producto Bruto Interno del país". Agregó que una vez concretado el Proyecto Perú LNG de exportación del gas, también representará un incremento adicional de un punto del PBI. "En términos concretos, el beneficio económico para el Perú se verá casi duplicado. En conjunto, estos dos proyectos producirán para el pueblo peruano un futuro económico sólido y seguro", sostuvo. El representante de Pluspetrol, Steve Crowell, manifestó su compromiso de respetar la "riquísima biodiversidad de la zona" y la identidad cultural y necesidades de las comunidades del Bajo Urubamba. "Nuestro desafío es demostrar que la sensibilidad social y ambiental y el desarrollo de nuestros recursos naturales no son incompatibles", dijo. En la zona del Bajo Urubamba (Cusco) están asentadas diferentes comunidades nativas y no nativas que reúnen un aproximado de 8 mil familias.
Fue reiterado que la fecha de lanzamiento de Perú LNG, que se dedicará a la exportación del gas natural, será el primero de julio del 2005. La fase de exportación significará una inversión de US$ 2,150 millones. Allí se contempla la fase de explotación del Lote 56, tendido de ductos y la construción de la planta de licuefacción. Para la etapa de desarrollo de campo la inversión será de US$ 550 millones, US$ 500 millones en la expansión del gasoducto y US$ 1,100 millones en la planta de licuefacción. Alberto Moons, gerente de Pluspetrol, estimó que en el primer año del proyecto de exploración en el Lote 56 permitirá un desembolso de al menos US$ 100 millones. En total son ocho los pozos que serán perforados en el Lote 56, ubicado en el distrito de Echarati, en La Convención, Cusco. El objetivo es confirmar las proyecciones de reservas que podrían ser más o menos a lo fijado: 3 trillones de pies cúbicos (El Comercio, Expreso, La República, 8.9.2004).
El 7 de setiembre, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, demandó al gobierno hacer respetar el principio de autoridad en el país, a fin de impedir que los desmanes ahuyenten a la inversión privada en el sector minero. "Hay gente que sólo se dedica a hacer líos, a atacar a la inversión privada", comentó. Señaló que los sucesos que actualmente tienen lugar en Cajamarca, donde algunos pobladores se oponen a la realización de las labores de exploración de la minera Yanacocha en el cerro Quilish, no ayudan en absoluto a crear un ambiente adecuado para la inversión privada. "No se puede estar bloqueando las carreteras cada vez que se quiere reclamar algo. Pero parece ser que está de moda hacerlo, a pesar de que existen penas de cárcel para quienes realizan estos actos", afirmó tras indicar que la solución al problema generado en Cajamarca pasa por el diálogo y no por lanzar piedras. José Miguel Morales demandó al líder del APRA, Alan García Pérez, "llamar al orden" a las autoridades regionales y militantes apristas para que no atenten contra las inversiones en el país. Morales aseguró que la conducta de las autoridades regionales apristas no es coherente con el discurso a favor de las inversiones que García promueve desde las últimas semanas. "Las autoridades apristas, especialmente el alcalde de Cajamarca, no están promoviendo las inversiones y por eso lo más conveniente es que el doctor García llame al orden a estar personas", manifestó el líder de los empresarios mineros.
Los empresarios mineros agrupados en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitieron un comunicado en el que denunciaron esta situación y, en ese sentido, aseguraron que se ha puesto en marcha una campaña sistemática destinada a atacar la inversión privada en el Perú, especialmente en el sector minero. "Ceder ante este tipo de presiones sentaría un mal precedente ante los inversionistas nacionales y extranjeros que hoy confían en la seguridad jurídica y las reglas de juego que ofrece nuestro país", sostiene el comunicado. La SNMPE denunció también que empresas extranjeras, posiblemente de Canadá, y el párroco Marco Arana están impidiendo que se desarrolle la actividad minera en Cajamarca. "No es la Iglesia como institución, sino un sacerdote que está tratando de evitar el desarrollo minero en Cajamarca. Hay otro grupo más que está financiando desde el exterior, pareciera de un país del hemisferio norte", añade el gremio. Asegura, que la minería genera grandes aportes, educa a gente y los saca de la pobreza. Pero es lamentable que algunas personas no lo entiendan porque "no hay peor ciego que el que no quiere ver". También el gremio dice sentirse seguro de que el Ejecutivo no cederá a las presiones para que anule su resolución que permite los trabajos de exploración a la minera Yanacocha en el cerro Quilish (Expreso, 8.9.2004).
CONFIEP: "GOBIERNO NO PUEDE CEDER A PRESIONES DE GRUPOS VIOLENTOS"
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) exhortó al gobierno central y al Congreso de la República para que restablezcan el orden en Cajamarca, teniendo en cuenta que, ante el enfrentamiento generado con los campesinos, Yanacocha se ha visto obligada a abandonar los trabajos de exploración en el cerro Quilish. "Es obligación de las autoridades brindar las garantías necesarias para el buen desarrollo de las inversiones privadas en todo el país", dice el gremio de gremios en un comunicado. Y de esta forma coincide con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en que existe una campaña sistemática destinada a atacar la inversión privada en el Perú, especialmente en el sector minero. En ese sentido, exhortaron al gobierno central y a las autoridades municipales a no ceder antes las presiones promovidas por grupos violentistas que mediante el uso de acciones de fuerza pretenden que el Estado peruano deje de lado los principios y las leyes que rigen a toda nación democrática.
"Los inversionistas nacionales y extranjeros confían en la seguridad jurídica y las reglas de juego que ofrece el país. Ceder a presiones sería un pésimo precedente para futuras inversiones", agrega a renglón seguido el comunicado firmado por 18 gremios peruanos. También hacen hincapié en que el gobierno debe hacer prevalecer el principio de autoridad y el respeto a la ley porque los peruanos no pueden estar a merced de grupos que creen que a través de la violencia y el engaño encontrarán solución a sus demandas. "El Perú necesita hoy de la inversión, pública y privada, la cual es la única que genera trabajo, que es a su vez la forma de superar la pobreza. No se puede dejar que grupos interesados desinformen en beneficio exclusivo de sus intereses particulares", culmina el pronunciamiento de los gremios empresariales (Expreso, 8.9.2004).
MINISTRO QUIJANDRÍA: YANACOCHA DEBE "LIMPIAR" TEMAS PENDIENTES
"Tras los problemas suscitados en el cerro Quilish existen otros temas pendientes con los comuneros cajamarquinos que la compañía minera Yanacocha debería `limpiar' en la mesa de diálogo", indicó el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, ante la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso, a la que fue citado para que explique las causas del enfrentamiento producido el 2 de setiembre entre pobladores y policías en Quilish. Manifestó que los comuneros cajamarquinos reclaman que hace 10 años, cuando la minera Yanacocha llegó al lugar, vendieron sus tierras a un precio que no era del mercado. "Hay que limpiar de una vez estos temas que no están directamente vinculados al cerro Quilish, pero que se pueden convertir en una piedra en el zapato en la relación entre la empresa y la comunidad", aseveró. Señaló, además, que la compañía minera debería tener receptividad para limpiar las demandas de los comuneros y consideró que el esfuerzo que la empresa le dedica a la parte operativa debería ser equivalente al área social. Por ello recordó que la única solución para el conflicto de la zona del cerro Quilish es el diálogo a través de la mesa de concertación, pues las actividades mineras no se podrían reanudar mientras la población no lo permita.
De otro lado, el ministro Quijandría destacó el apoyo brindado en la mesa de concertación por el padre Marco Arana, mediador del conflicto en el cerro Quilish. "Creo que todavía estamos lejos de tener planteamientos comunes, pero sí queremos defender el carácter lícito de la actividad minera", agregó. Sin embargo, aceptó que hay representantes de la Iglesia Católica como los obispos de Piura, Jaén y Chulucanas que firmaron un pronunciamiento oponiéndose a la actividad minera en esas jurisdicciones eclesiásticas (Expreso, 8.9.2004).
CONGRESO PIDE DEROGAR NORMA QUE AUTORIZA EXPLORACIÓN EN QUILISH
Por su parte, la congresista Fabiola Morales Castillo (UN) exigió al ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, que, además del tema minero, "debe defender el tema ambiental dentro del Consejo de Ministros". Tales declaraciones las formuló en la sesión de la Comisión de Ambiente y Ecología, en donde se abordó el conflicto suscitado en Cajamarca por la exploración minera del cerro Quilish. Sostuvo que debe demostrarse con argumentos y estudios técnicos si las labores de Yanacocha afectan el abastecimiento de agua en Cajamarca, ya que en dicho cerro se ubica una microcuenca que proporciona líquido elemento a esta región. Fabiola Morales sostuvo que el ministerio y la minera deben manifestar si es cierto o falso lo esgrimido por los pobladores de esta zona, que se oponen a los trabajos de la minera y han incurrido en medidas de fuerza para preservar los acuíferos del cerro Quilish. "La problemática ocurrida en esta región demuestra –una vez más– que el gobierno actúa como apagar incendios ante el estallido social, cuando debería primar transparencia y acceso a la información para los pobladores de la zona a fin de conseguir la licencia social". Al tiempo que exigió conocer las acciones que se tomarán para resolver este conflicto, la legisladora destacó la importancia de darle competencia a la autoridad nacional ambiental, tal como lo promovió la Comisión Revisora del Código de Medio Ambiente presidida por ella. Al final de la exposición del ministro Quijandría, la Comisión de Ambiente y Ecología le solicitó la derogatoria de la resolución directoral 361 que autoriza la exploración minera del cerro Quilish (La República, 8.9.2004)..
DIEZ MIL CAJAMARQUINOS MARCHAN CONTRA YANACOCHA
El 8 de setiembre, las calles de Cajamarca fueron escenario de una multitudinaria marcha que culminó con un mitin en el que se exigió al Ministerio de Energía y Minas que anule la resolución que autoriza las labores de exploración en el cerro Quilish por parte de Yanacocha. Los reclamos que en principio fueron de unos tres mil comuneros hoy se han convertido en el sentir generalizado de más de diez mil personas. Por la tarde, los manifestantes obstaculizaron el tránsito a la costa, mientras que el alcalde, Emilio Horna, anunció que la protesta ahora será indefinida. Esto significaría el retiro de la empresa Yanacocha del cerro Quilish, en cuyo entorno existen decenas de poblados que podrían verse afectados con la minería. Esta vez el punto de encuentro fue el centro de Cajamarca, hasta donde llegaron estudiantes, integrantes de colegios profesionales, universitarios, dirigentes comunales, profesores y las principales autoridades que participaron en una movilización para manifestar lo que se está tornando en el principal reclamo: defender el cerro Quilish. Este cerro se ha convertido en el ícono sagrado de los cajamarquinos. A las 11:30 a.m., y mientras hacían uso de la palabra varios oradores, el clima empezó a ponerse tenso por la presencia de un helicóptero de la empresa Yanacocha. La nave, en un acto considerado provocador, sobrevoló a baja altura seis veces el centro de la ciudad. En respuesta a esto los manifestantes levantaron banderitas blancas y pancartas tras reafirmar que persistirán en su medida hasta que se derogue la Resolución 361 que autoriza trabajos de exploración en el Quilish.
El vicepresidente de Newmont, Carlos Santa Cruz, dijo que el Ministerio de Energía y Minas estaba trabajando muy fuerte para resolver la crisis en Cajamarca. En ese sentido, confía en que ésta se resuelva antes del fin de semana. "El ministerio está coordinando y tendiendo puentes para buscar puntos de encuentro y resolver este problema. Esperemos que en algún momento salga humo blanco en la medida que estas coordinaciones continúen", afirmó. Sobre si la minera Yanacocha ya no estaba participando en las negociaciones, precisó que lo estaba haciendo a través del ministerio. "No nos estamos sentando a una mesa todos, pero estamos tratando de resolver el problema". El funcionario señaló que estaba en permanente contacto con el ministro Quijandría; sin embargo, dijo que no podía adelantar el contenido de las coordinaciones con los representantes de los comuneros, entre ellos el padre Marco Arana, pues son de carácter estrictamente privado. "No puedo revelar los temas de discusión hasta que no lleguemos a un acuerdo final", puntualizó.
Por otra parte, el 8 de setiembre, la Comisión de Energía y Minas del Congreso conformó un grupo de trabajo para analizar los hechos ocurridos en Cajamarca, tras el rechazo de la población a las labores de exploración minera en Quilish que produjeron hechos de violencia. Luis Heysen Zegarra, presidente de la citada comisión, designó a tres congresistas de diferentes bancadas para que integren este subgrupo: José Carrasco Távara (Apra), José Luis Devéscovi Dzierzón (FIM) y Edgar Villanueva (Perú Ahora). Este subgrupo fue autorizado a preparar una reunión con todas las partes involucradas en el conflicto generado por la exploración del cerro Quilish, para escuchar sus demandas, planteamientos, reclamos y encontrar una solución. En dicha reunión, adelantó Heysen, estarán presentes el alcalde de Quilish, representantes de la comunidad cajamarquina, funcionarios de la empresa Yanacocha y del Ministerio de Energía y Minas. El encuentro será convocado en un plazo no mayor de siete días y es posible que los legisladores viajen a Cajamarca para escuchar las demandas de los cajamarquinos (La mayoría de los diarios, 9.9.2004)..
"ES UN PROBLEMA NO TENER AUTORIDADES QUE PROTEJAN LAS INVERSIONES"
Tras lo sucedido en Cajamarca, los empresarios levantaron su voz de protesta para señalar que si el gobierno no tiene mano dura y hace respetar la ley, difícilmente se podrán atraer inversiones. Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), recordó que esta semana se lanza la subasta pública para los aeropuertos en provincias, motivo por el cual se pone "sobre el tapete el poco manejo de la situación que tiene el Estado". Patricia Teullet, gerenta general de Comex, subrayó que "es un problema no tener autoridades que protejan las inversiones" y que los problemas suscitados son "un eslabón más de la cadena de sucesos generados en contra de la inversión privada desde el arequipazo". Arturo Woodman, presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos (ADEPSEP), manifestó que es preocupante la serie de eventos que "acechan a los mineros, pues pueden repercutir en la concesión de los aeropuertos". "Nadie puede oponerse al desarrollo porque eso atenta contra los más pobres y contra aquellos que no tienen empleo y lo necesitan", indicó. Luis Vega Monteferri, presidente de ADEX, finalizó indicando que "en el Perú ya no se puede soportar el canibalismo a la inversión" (Expreso, 9.9.2004).
CONFORMAN COMITÉ CÍVICO PARA LA DEFENSA DEL CERRO QUILISH
La oposición a la exploración minera del cerro Quilish se agudiza. Autoridades, gremios y organizaciones populares oficializaron la constitución del Comité Cívico Unitario de Lucha por la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente de Cajamarca para centralizar y organizar las acciones de la población en contra de las actividades de la minera Yanacocha. El acuerdo fue oficializado la noche del jueves 9 tras una reunión de varias horas en la municipalidad provincial de esta ciudad. Su principal objetivo es lograr la nulidad de la resolución 361-2004 del Ministerio de Energía y Minas, que autoriza a la minera Yanacocha la exploración del cerro Quilish. El comité cívico está conformado por el gobierno regional, la municipalidad provincial, CGTP-Cajamarca, SUTEP-Cajamarca, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Coordinadora provincial de alcaldes de centros poblados, dirigentes ronderos y organizaciones de base de la región. Otro de los pedidos de los cajamarquinos es la renuncia del ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría Salmón, quien, según un comunicado de la municipalidad, se ha convertido "en un elemento disociador para una urgente solución del conflicto".
Mientras tanto, en el tercer día del paro provincial continuaron las protestas y bloqueos de carreteras por parte de estudiantes de la Universidad de Cajamarca, el SUTEP provincial y campesinos. En la carretera a Bambamarca –que lleva al cerro Quilish– hubo un pequeño enfrentamiento entre policías y vándalos que arrebataron pertenencias a personas que pasaban por el lugar. Se rumoreó la detención de 8 de ellos, pero esto no fue confirmado. Algunos manifestantes indicaron que hay "infiltrados" que desnaturalizan las protestas con sus acciones. El desbloqueo en este lugar fue realizado por un cargador frontal que contó con la protección de un batallón de efectivos policiales (La República, 11.9.2004).
GOBIERNO DECIDE SUSPENDER LA LICENCIA DE EXPLORACIÓN EN CERRO QUILISH
El 10 de setiembre, el gobierno dejó sin efecto y de forma indefinida (hasta que se encuentre una solución conversada con la población de Cajamarca) la resolución directoral 361, que daba licencia a Minera Yanacocha para que realice actividad exploratoria en el cerro Quilish. Así lo informó el congresista Luis Guerrero tras asistir a una reunión en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) con las autoridades de la región Cajamarca y del Ejecutivo. Agregó que el 11 de setiembre viajarán a la ciudad de Cajamarca cuatro legisladores para conversar con la población y remitir un informe a la comisión multisectorial que estudia este caso. Luego de ello, dijo que se realizará un estudio de impacto ambiental a cargo de una empresa independiente. A su turno, el viceministro del MEM, César Polo, aseguró que ya se avanzó en un 95% las negociaciones.
La propuesta del Ministerio de Energía y Minas, según precisa el documento, es dejar sin efecto ejecutorio la Resolución Directoral 361-2004-MEM –que autorizó la exploración en el cerro Quilish– hasta que se hagan "estudios hidrogeológicos (...) que garanticen que las actividades mineras de la empresa minera Yanacocha no afectarán su acceso a los recursos hídricos en condiciones compatibles con la salud y la seguridad". También plantea que estos estudios deben ser hechos por una empresa especializada e independiente de la empresa Yanacocha, según términos de referencia fijados por el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el gobierno regional y la Municipalidad Provincial de Cajamarca (Expreso, 11.9.2004; La República, 12.9.2004).
ENVÍAN AL GOBIERNO NUEVO PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE QUILISH
Luego de dos días de deliberaciones, la mañana del 12 de setiembre, las autoridades del gobierno regional de Cajamarca, cinco congresistas, representantes de los colegios profesionales, del Frente de Defensa y dirigentes de los campesinos de la zona llegaron a un consenso para elaborar un proyecto de resolución directoral que deje sin efecto la norma que autorizaba la exploración de la minera Yanacocha en el cerro Quilish. La mencionada resolución ha sido perfeccionada por estos participantes. Tiene seis considerandos y un solo artículo en su parte resolutiva. En la misma se hace recordar los problemas causados por la Resolución Directoral 361, que dio origen a la grave crisis en Cajamarca. Se hace también alusión al Decreto Supremo 042-2003-EM, por la que la empresa minera deberá mantener un diálogo permanente con las autoridades y pobladores, además de otros requisitos en cuanto al cuidado del medio ambiente. En la propuesta de resolución se hace hincapié en la necesidad de institucionalizar la concertación entre la población cajamarquina, el gobierno central, y las autoridades regionales y locales con la empresa minera Yanacocha S.R.L., para lo cual se recomienda reinstalar la mesa de diálogo en la que se discutirá temas como la problemática hidrológica e hidrogeológica de la cuenca. El proyecto de resolución ya fue enviado al despacho del ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, para su aprobación o rechazo. Se presume que entre el 13 y el 14 de setiembre podría ser aprobada la mencionada propuesta, tras lo cual se suspendería el paro regional convocado para el próximo miércoles 15.
El acta de aprobación de la propuesta fue firmada por los congresistas Luis Guerrero, Rosa Florián, Humberto Flores, Manuel Noriega, Manuel Bustamante, el alcalde de la ciudad, Emilio Horna, el padre Marco Arana, el representante del Frente de Defensa, Iván Salas y el decano del Colegio de Ingenieros, Édgar Cervera. La minera Yanacocha no participó en las conversaciones. Mientras tanto, El congresista Luis Guerrero dijo que la protesta hasta el momento deja pérdidas calculadas en más de 30 millones de soles, sobre todo en el sector turístico, pues la mayoría de hoteles y restaurantes de la localidad se encuentran vacíos. Por la tarde, el sacerdote Marco Arana, el congresista, Manuel Bustamante y el representante de la Defensoría del Pueblo, Carlos Soria, acudieron al kilómetro 4 de la carretera que une esta ciudad con las provincias de Hualgayoc, Bambamarca y Chota para explicar la propuesta a los campesinos. Sin embargo, los voceros del Frente de Defensa señalaron que seguirán con los bloqueos y movilizaciones hasta que el ministro Jaime Quijandría firme la resolución. Por su parte, el padre Marco Arana -mediador entre las autoridades y los campesinos- dijo que lo más importante es defender el agua de la cuenca y, por tanto, sólo se espera que el estudio que se realice en Quilish sea transparente e independiente. "Debe darse un proceso de veeduría especializada, que la ciudadanía designe y en la que confíe. También se debe implementar audiencias públicas para discutir estos avances", sostuvo. Sin embargo, dijo que la población continuará con las movilizaciones hasta llegar a un entendimiento y consolidar los acuerdos (El Comercio, 13.9.2004).
El 13 de setiembre, el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, devolvió a las autoridades y campesinos de Cajamarca la propuesta de resolución directoral que dejaba sin efecto la exploración del cerro Quilish por parte de la minera Yanacocha. La comunicación vía fax fue enviada al sacerdote Marco Arana. Según el congresista Luis Guerrero, el ministro no estaba de acuerdo con el quinto considerando de la norma en que se recomendaba reinstalar la mesa de diálogo. Al final, las autoridades locales y los comuneros propusieron que ese pedido se oficialice con una resolución viceministerial aparte.
Mientras tanto, la tensa situación que se vive en Cajamarca ha motivado que el vicepresidente de Minera Yanacocha, Carlos Santa Cruz, se comprometa a realizar un estudio hidrobiológico en el cerro Quilish. Incluso, el funcionario aseguró que los pobladores pueden sentirse tranquilos, porque no se reiniciarán los trabajos de exploración en la zona hasta que se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Santa Cruz mencionó, además, que existen mecanismos para efectuar auditorías ambientales por entidades independientes y ajenas a la empresa, como el Ministerio de Energía y Minas. "A pesar de que las auditorías no están estipuladas en los estudios de impacto ambiental, creemos que si esta medida tranquiliza a la comunidad, podemos hacerlo", resaltó. Precisó que se cumplieron con todos los trámites legales para invertir en el país (El Comercio, 14.9.2004).
COMUNEROS PERSISTEN EN MANTENER MEDIDA DE FUERZA
La tarde del 14 de setiembre se rompió el diálogo entre los campesinos del cerro Quilish y las autoridades regionales, sin que el mediador Marco Arana pudiera hacer algo para ayudar. Los campesinos desconocieron el proyecto de resolución enviado por el Ministerio de Energía y Minas. Según el padre Marco Arana, los campesinos exigen que la Resolución 361 del Ministerio de Energía y Minas se anule, y no que sea dejada sin efecto, como lo proponía el gobierno. Hasta el lugar de la reunión, que se realizó en Huambocancha Baja, llegó el vicepresidente del gobierno regional, Marco Rebaza, quien les prometió a los campesinos lograr la nulidad de la Resolución 361 y les pidió que no se dejaran sorprender. Esto obligó al padre Arana, que estaba a punto de lograr el consenso con los campesinos, a retirarse. De esta manera se perdió la oportunidad de poner fin a la crisis que vive la región de Cajamarca. Para el 15 de setiembre se ha convocado a un paro regional en todas las provincias cajamarquinas. Esta medida implica bloqueo de carreteras, movilización de campesinos, estudiantes, autoridades y población para exigir al ministro Quijandría la nulidad de la controvertida norma que permite el inicio de las labores de exploración de minera Yanacocha en el cerro Quilish (El Comercio, 15.9.2004).
ESTADOS UNIDOS CONDICIONA TLC A SOLUCIÓN DE JUICIOS EN PERÚ
El 8 de setiembre, el embajador de Estados Unidos en el Perú, James Curtis Struble, asistió a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso y advirtió que mientras el gobierno peruano no resuelva los juicios pendientes que tiene con un grupo de empresas estadounidenses, su país no someterá ante el Congreso norteamericano el Tratado de Libre Comercio que negocia con el Perú. "El Perú debe respetar sus compromisos, de lo contrario, será muy difícil que el Congreso de Estados Unidos pueda apoyar un TLC", enfatizó tras considerar que este tema debe resolverse con anticipación, tomando en cuenta que este tratado deberá ser firmado el próximo año. En marzo, el gobierno peruano solucionó dos litigios con las empresas estadounidenses 3M y Big 3 Marine, quedando pendiente de solución los juicios con las empresas Le Tourneau, Engelhard, PSEG y Arcadis, entre otras.
Entre tanto, el representante legal de la empresa Arcadis, Alberto Loayza, lamentó que Petroperú siga negándose a otorgarle la buena pro de la licitación efectuada para realizar el servicio de remediación ambiental del Lote 8, a pesar de que, recordó, existe un informe de la Contraloría General de la República que le da la razón. "Es lamentable que los funcionarios de Petroperú no se decidan a solucionar un problema que ellos mismos han generado y que nos está perjudicando de manera significativa", comentó. Un informe de la Contraloría del pasado 9 de junio advierte que a pesar de existir actualmente un tercer concurso para la contratación del citado servicio de remediación ambiental, el segundo "no ha concluido formalmente", lo que significa, en buena cuenta, que la buena pro le debe ser otorgada a Arcadis (El Comercio, Expreso, 9.9.2004).
PRESIÓN NORTEAMERICANA SE DEBERÍA A DENUNCIA CONTRA GENERAL ELECTRIC
El ultimátum dado por Estados Unidos al Perú para que se resuelvan los litigios que empresas norteamericanas tienen en el Poder Judicial de nuestro país como condición para la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) tendría una motivación clara: una resolución de la Octava Fiscalía Provincial Penal, emitida el 6 de setiembre, que resuelve formalizar denuncia por el delito de estafa contra Jefrey Imelt, actual presidente ejecutivo de la principal empresa de Estados Unidos, General Electric (GE), y otros 25 altos funcionarios de la misma, entre los que figura su afamado ex presidente Jack Welch. La denuncia obedece al proceso iniciado por el ciudadano peruano Guillermo Gonzales Neumann, en representación de sus empresas LATAM y Perusphere, que tuvieron la representación de GE desde principios de 1990 hasta 1998. De acuerdo al fiscal superior penal Amador Aguado Zorrilla, pese a que Gonzales y sus empresas tenían un pacto con GE para representarla por largo plazo, los funcionarios denunciados ejecutaron un plan de expansión estratégica que implicó eliminar a todos sus distribuidores independientes y reemplazarlos por empresas del propio grupo GE. Según el fiscal, los funcionarios de GE mantuvieron engañado al denunciante induciéndolo a error a fin de que dispusiera de su patrimonio y se hiciera de créditos a efectos de introducir su marca al mercado peruano.
Trascendió que en las últimas semanas senadores norteamericanos visitaron el país para conversar con autoridades políticas y judiciales. Incluso se comenta que el mismo embajador Struble, junto con abogados norteamericanos y nacionales, habría entablado contacto con las autoridades políticas y judiciales para evitar que los altos funcionarios de GE sean denunciados por el delito de estafa. Alcides Chamorro. presidente de la Comisión de Justicia, señaló que "es un condicionamiento imposible de cumplir. El presidente Toledo debe negociar con dignidad y sin aceptar chantajes". A su vez, el primer vicepresidente del Congreso, Natale Amprimo, consideraba que "las declaraciones del embajador norteamericano son una clara presión, sin embargo el TLC también es un acuerdo importante y todo debe ir de acuerdo a ley" (Expreso, Correo, 10.9.2004).
SNI RESPALDA A EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS
El 10 de setiembre, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), George Schofield, afirmó que "Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, James Curtis Struble, deben ser tomadas como un llamado para que los procesos judiciales se realicen sin dilaciones injustificadas y que se llegue a soluciones justas y equitativas". Agregó que los procesos contenciosos que mantienen las empresas norteamericanas en el Perú ya llevan varios años. Indicó que existe impaciencia en el sector privado para que estos litigios terminen y se pueda desarrollar con normalidad las negociaciones del TLC con los Estados Unidos (La República, 11.9.2004).
INACEPTABLE ULTIMÁTUM
Comentando el hecho, el diario El Comercio (119.2004) señaló: "La solución de los litigios que afrontan empresas estadounidenses en nuestro país no puede seguir siendo una piedra en el zapato en la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos rece a la imagen de nuestro país que sólo se hayan resuelto dos de los nueve conflictos desde el 2002, cuando el gobierno se comprometió a resolver estos problemas. El Estado Peruano tiene, pues, que honrar su compromiso y, a través del Poder Judicial, agilizar procesos contenciosos sin esperar que se produzcan declaraciones que podrían interpretarse como un jalón de orejas o peor aun como inaceptables ultimátum. En los últimos días ha sido el embajador James Curtis Struble quien ha declarado que resolver estos litigios judiciales es fundamental para que el Ejecutivo estadounidense dé el visto bueno al TLC. Yendo al fondo del asunto, debe quedar claro que se trata de una negociación de Estado a Estado, pero también que la resolución de estos problemas judiciales debe realizarse respetando la independencia de los poderes. Así como Estados Unidos no puede imponer un ultimátum al Perú, nuestro gobierno tampoco puede intervenir en la administración de justicia. Lo que sí debe hacerse es exigir celeridad, transparencia y respeto al debido proceso para que estos problemas no pongan en riesgo los importantes avances que hasta el momento ha logrado el equipo negociador del TLC".
ALAN GARCÍA: "APRA EVALUARÁ DATOS DEL GOBIERNO SOBRE CÉDULA VIVA"
El 8 de setiembre, el ex presidente Alan García sostuvo que los 290 mil pensionistas de la Ley 20530 o cédula viva le han presentado un documento sobre estudios matemáticos económicos en el que sostienen que algunos datos del Ministerio de Economía y Finanzas no son exactos. Según el ex mandatario, el APRA analizará estos datos para buscar formas de "achatar" algunos excesos que hay en la pirámide de la Ley 20530, en la que se encuentran pensionistas de la Superintendencia de Contribuciones o algunos que fueron parlamentarios que reciben sueldos mayores a los de los maestros. "Se debe exigir al gobierno que aclare sus datos y precise las leyes que han enviado, pues según estas, la reducción de las pensiones altas beneficiaría apenas a 30 mil personas que ganan S/. 400", dijo. De otro lado, García pidió al gobierno central reconocer "por lo menos" el derecho de los ex aportantes del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), pero advirtió que sería "demagógico", "patológico" y "populista" decir que les devolverán todo lo contribuido en este momento (Expreso, 9.9.2004).
APRA RECONSIDERA APOYO A CIERRE DE CÉDULA VIVA
Como se sabe, para que el Congreso ratifique el cierre definitivo de la cédula viva se requiere un mínimo de 80 votos. Ya en mayo de este año la iniciativa superó ese límite, al ser respalda por 96 parlamentarios, frente a 5 que se opusieron y otros 11 abstenciones. La situación se presenta ahora más complicada, sobre todo porque en el Apra (el segundo partido con mayor representación en el Congreso) el apoyo al cierre de la 20530 está condicionado a los cálculos electorales de Alan García. Y es que pocos recuerdan que fue durante el gobierno aprista que se dictaron seis leyes (una de ellas, incluso, dictada 11 días antes de la transferencia de mando a Alberto Fujimori), que permitieron que trabajadores (en su mayoría maestros) que habían ingresado a laborar para el Estado antes de 1980 se acogieran al régimen pensionario de la cédula viva. Peor aun, el gobierno de García transfirió a trabajadores, a quienes faltaban apenas seis meses para jubilarse, de varias empresas estatales a algunas entidades públicas con regímenes privados (como ENAPU y Petroperú, entre otras). El propósito era uno solo: que se vayan a sus casas con una pensión mayor.
De acuerdo a cálculos del MEF, de los 330 mil pensionistas de la 20530, unos 200 mil habrían obtenido el beneficio entre julio de 1985 y julio de 1990. Hay que tener en cuenta que el ex presidente Fernando Belaunde no amplió las promociones de trabajadores que entraron a laborar después de 1962, y que el hoy prófugo y corrupto Alberto Fujimori concedió este benefició sólo "a 20 mil magistrados" (jueces y fiscales). La indecisión del Apra estaría pues vinculada al temor de García de perder un número importante de votos en el 2006. Ya el 7 de setiembre el líder del Apra y la comisión política del partido se reunieron con pensionistas de la 20530 (todos apristas), quienes les expresaron su malestar por el apoyo al cierre de la cédula viva. Si bien no hubo una respuesta definitiva por parte de García, el tema del respaldo a la eliminación del régimen no deja de darle vueltas a García, que el 14 de setiembre se reunirá con sus parlamentarios para discutir tan espinoso tema.
A la indecisión del Partido Aprista respecto del cierre de la 20530 o cédula viva se suma la desconfianza de diversos legisladores (algunos independientes, otros agrupados) por los efectos que podría acarrear la aprobación de la propuesta presentada por el Ejecutivo. De ahí que algunos legisladores, como Michael Martínez (GFPDI), precisan al Ejecutivo la importancia de dejar en claro en su proyecto de ley que la reforma constitucional que apunta a poner fin al régimen de la cédula viva sea utilizado exclusivamente para ello. A Martínez no le falta razón para condicionar su apoyo a la reforma, más aun si se tiene en cuenta que el hecho de dejar sin efecto los "derechos adquiridos", sin ningún tipo de precisión en la ley, podría tener implicancias nefastas para la ciudadanía. Por ejemplo, el Ejecutivo podría plantear poner fin al derecho de los trabajadores a gozar de 30 días de vacaciones o a las negociaciones colectivas (La República, 13.9.2004).
CÉDULA VIVA Y CONFLICTO DE INTERESES
Comentando el tema, el diario El Comercio (12.2004) señaló: "El Congreso de la República tiene que asumir con valentía y coherencia la grave responsabilidad de aprobar, en esta legislatura, la reforma constitucional para poner fin al inequitativo y oneroso régimen de cédula viva, cuya vigencia amenaza la estabilidad económica y fiscal del país. Tal como está, dicho sistema pensionario representa un forado anual de 4.588 millones de soles al fisco y una amenaza para cualquier intento por recomponer el gasto corriente y presupuestal e iniciar la indispensable reforma del Estado. En tan delicado escenario no puede, entonces, haber marcha atrás. Tal advertencia es oportuna ante las increíbles actitudes, adelantadas por algunos parlamentarios -para quienes la palabra empeñada parece no valer nada-, y anuncian su oposición a la propuesta del Ejecutivo para terminar con este injusto régimen pensionario de la Ley 20530. Entre ellos hay algunos congresistas que son ellos mismos jubilados de la Ley 20530 y forman parte de la Comisión de Seguridad Social. Estos parlamentarios, que obviamente no quieren perder sus actuales gollerías, no pueden ser juez y parte en el debate, por lo que deberían abstenerse de participar en él por ética elemental. Otros de la bancada aprista, que aprobaron la reforma en la primera votación, ahora han cambiado de opinión probablemente por mero cálculo político ante el prematuro clima preelectoral. Adicionalmente, están los de siempre, los congresistas demagogos, como algunos de Unidad Nacional, que hoy critican la reforma pero no proponen nada para resolver el problema de fondo. En verdad sólo miran al balcón de los votos. Estamos en un punto de quiebre. Fue un gran logro la primera votación en la pasada legislatura, en la que se logró consenso entre la mayoría de bancadas, principalmente por presión de la opinión pública. Ahora la nación tiene que permanecer alerta para saber quiénes son los padres de la patria que actúan mirando el interés nacional y quiénes sólo miran su propio beneficio".
PROCURADOR VARGAS: "GOBIERNO NO PRIORIZA LUCHA ANTICORRUPCIÓN"
"En el Poder Ejecutivo no hay ningún interés, ninguna intención de institucionalizar un verdadero sistema contra la corrupción", afirmó el 7 de setiembre el procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia, al sostener que el gobierno no había mostrado una clara convicción de lucha contra la corrupción. "Es más, el presidente de la República ni siquiera mencionó el tema en su discurso del 28 de julio, con lo que queda claro que esto no constituye ya prioridad alguna en los planes del gobierno". En declaraciones a CPN Radio, advirtió que si el sistema anticorrupción no contaba con el apoyo político adecuado, los escollos que debían superar sus integrantes eran muchos. Vargas Valdivia también tuvo oportunidad para referirse al suspenso en el cual el Ministerio de Justicia parece sumergir la renovación de su contrato y el de sus adjuntos. "Este equipo es como un motor. Y si tú le quitas piezas a un motor, cómo puedes esperar que actúe de manera coherente y razonable. Yo espero que se tomen en cuenta los logros", manifestó. En ese sentido, el procurador ad hoc destacó que ya había 1.457 procesados por corrupción, y que se ha logrado repatriar US$ 174 millones, y que unos US$ 60 millones ya habían sido encontrados (El Comercio, 8.9.2004).
DEBE RENOVARSE CONFIANZA A LOS PROCURADORES
Comentando el hecho, el diario El Comercio (8.9.2004) señaló: "La permanencia del equipo de la Procuraduría Anticorrupción, que lidera el doctor Luis Vargas Valdivia, se ha vuelto un tema fundamental para la estabilidad de la nación, del gobierno y del propio presidente Toledo. Como lo hemos señalado previamente, si el jefe del Estado tiene realmente voluntad de no dejar pasar la impunidad, tiene que hacer oídos sordos a los personajes interesados que pugnan por el despido de los procuradores, a los que obviamente les incomoda la contundencia e imparcialidad de su labor. Inicialmente, eran sólo los fujimoristas (que incluso acusaban al toledismo de utilizar esta procuraduría para perseguirlos), pero luego han sido otros personajes del entorno gubernamental los que se han sumado al ataque con gratuitos insultos y presiones, lo que se hizo más evidente conforme se avanzaba en los delicados casos del ex asesor Almeyda y de la falsificación de firmas. El presidente, el gobierno, Perú Posible, los fujimoristas y toda la clase política y burocrática deben entender que la procuraduría está para defender los intereses del Estado, lo que de ninguna manera puede confundirse con el gobierno de turno ni otros grupos de interés. Por lo demás, es claro que el trabajo de la procuraduría ha sido, en general, impecable. No sólo se ha recuperado dinero robado por la mafia fujimontesinista, sino que se ha mandado a la cárcel a políticos corruptos y militares, lo que es un hecho histórico que ha sido reconocido por otros países y entidades de lucha anticorrupción. `El que no la debe no la teme', dice el viejo adagio y lo repiten algunos políticos. Si la batalla contra la corrupción fue esgrimida como una de las banderas de este gobierno, lo exigible son señales de voluntad firme de lucha contra ella. Esto incluye no sólo la renovación del contrato a los procuradores, sino también promover la iniciativa de reforma constitucional para darles plena autonomía al sistema de defensa judicial del Estado -que hoy depende del sector justicia- de modo que los procuradores puedan trabajar libres de cualquier interferencia. Obrar en contrario sería una especie de harakiri y admisión de culpabilidad por parte del jefe del Estado y su entorno, lo que acarrearía un altísimo costo político para él y ahondaría la inestabilidad jurídica y política de la nación".
MUFARECH ACUSA A PROCURADORES DE TENER VÍNCULOS CON LA MAFIA
El 8 de setiembre, el congresista oficialista, Jorge Mufarech, arremetió nuevamente contra los procuradores ad hoc al advertir que "aquí hay algo" para que estén desesperados en continuar en el cargo porque tienen vinculación con grupos mafiosos que les estarían pagando para acogerse al beneficio de colaboración eficaz. "¡Qué interés o desesperación por quedarse en el cargo! Aquí hay algo más. Sospecho que hay vinculación con grupos mafiosos. Además, se habla de gente que habría pagado dinero para acogerse a la colaboración eficaz y otros para no ir presos", declaró en El Comentario de la Noticia de CPN Radio. Informó que se ha solicitado formalmente a la Comisión de Fiscalización investigar cómo fueron las negociaciones entre los defensores del Estado y las personas vinculadas a la corrupción del régimen pasado (Expreso, 9.9.2004).
Asimismo, el 12 de setiembre, el congresista oficialista Jorge Mufarech denunció que el ex procurador José Ugaz sigue manejando la Procuraduría Anticorrupción. "No solamente maneja a los procuradores, tiene manejo en el Poder Judicial, Ministerio Público y en la Presidencia del Consejo de Ministros. Es el tercero en la red de organización criminal de Fujimori y Montesinos", afirmó (Expreso, 13.9.2004).
FERRERO: "NO SERÁ EL FIN DEL MUNDO SI NO SE RATIFICA A LOS PROCURADORES"
Como para que no quede duda de la poca simpatía que tiene el gobierno de los procuradores anticorrupción, el premier Carlos Ferrero Costa aseguró que "si no se les renueva el contrato a fin de mes, no será el fin del mundo, pues se niega a creer que en todo el país sólo cuatro personas luchen contra la corrupción". Con este tono desdeñoso, explicó que el Ministerio de Justicia todavía no toma la decisión de prorrogar o cancelar los contratos de los procuradores, aunque dejó en claro que el contratante (el Estado) no está obligado a renovar el contrato. "No estoy diciendo que se les va a cambiar. Digo que no es el fin del mundo ni una catástrofe para el país. Pongamos las cosas en su nivel pero no exageremos", afirmó Ferrero Costa.
Por su parte, el vicepresidente David Waisman consideró que por sus "ataques" a la fiscal de la Nación, el Ejecutivo no debe volver a contar con los servicios de Ronald Gamarra. "Eso sí es atentar contra el sistema judicial", dijo. Deploró las apariciones públicas de los abogados del Estado y señaló que "si no les renuevan el contrato, podrán irse a cumplir su labor de periodistas a algún medio, ya que tanto les gusta aparecer en los diarios". En otro momento, el vicepresidente calificó como una "vergüenza" el balance del trabajo de los procuradores. "Le exijo a Vargas Valdivia que de los 26 casos que han obtenido sentencia, diga si está satisfecho con ellas", señaló (La República, Correo, Perú.21, 12.9.2004).
VARGAS VALDIVIA: "EL PREMIER FERRERO QUIERE ENFRENTARNOS"
Ni la amenaza latente de que su equipo sea desmembrado frenó al procurador ad hoc, Luis Vargas Valdivia, quien salió al frente de las declaraciones de Carlos Ferrero Costa y advirtió que el premier busca enfrentar a los miembros del sistema anticorrupción cuando señala que los procuradores ocupan un tercer lugar después de los fiscales y jueces. "Lo que buscan es separarnos y enfrentarnos, porque esto de decir primer, segundo y tercer lugar es decir que hay uno más importante que el otro. No hay nadie más importante, no hay una competencia. Aquí lo que hay es un trabajo coordinado", sostuvo Vargas Valdivia. El sábado, ante la prensa, Ferrero había minimizado el papel de los procuradores al señalar que "el gran responsable de la lucha contra la corrupción es el juez, luego el fiscal y sólo en tercer lugar el procurador". Vargas Valdivia dijo sentir "pena" por las palabras del premier, quien, además, comentó que "no sería el fin del mundo" si el gobierno no les renueva el contrato a los procuradores, quizá abonando el terreno para el momento en que se conozca la decisión. "Las palabras del premier son un signo de que seguimos en la política menuda. Nosotros pedimos que el Ejecutivo institucionalice la lucha contra la corrupción. Y dicen: No, que se vayan, porque, además, no se va a acabar el mundo. Nadie dice que se va a acabar el mundo, ¿pero qué están haciendo por la lucha anticorrupción? Nada", dijo. Pese a que el premier Ferrero Costa aseguró que el gobierno aún no ha decidido si renovarán o no el contrato a los procuradores, Vargas Valdivia interpretó sus declaraciones como un indicio de que no lo haría. "Tengo la sensación de que ya hay (en el gobierno) una política de hechos consumados: Ya, que se vayan, qué importa. Total, la gente se preocupará por ellos una semana o dos y luego se van a olvidar", afirmó.
Si bien en los últimos días son cada vez más insistentes los rumores de que el gobierno no le renovaría el contrato al procurador Ronald Gamarra, el jefe de los procuradores prefirió no adelantar si renunciará o no en caso de que esta amenaza se concrete. Insistió, sin embargo, en que la salida de un miembro de su equipo afectaría duramente a la lucha anticorrupción. "Este equipo es como un auto. Si le sacas el motor no se acaba el mundo, pero ¿cómo seguirá funcionando?", se interrogó. Y es que, como recordó, Gamarra tiene a su cargo seis de los 10 procesos que están en juicio oral, entre ellos el del tráfico de armas de Montesinos a las FARC, uno de los más importantes que afronta la mafia fujimontesinista. Gamarra, además, monitorea los procesos a la prensa chicha, de Juan Carlos Hurtado Miller y Héctor Chumpitaz, de la ex fiscal Nina Rodríguez, y aquel que más teme el corrupto Alberto Fujimori: el caso Barrios Altos, por el cual el Perú está pidiendo su extradición.
Luis Vargas Valdivia aclaró que no se opone a que haya renovación en la Procuraduría, pero enfatizó que esta debe darse coordinadamente, dada la delicadeza de los procesos. En ese sentido se permitió dudar de los criterios que utilizará el Ejecutivo para decidir quién sale y quién se queda en dicha institución. "Dicen que acá todos estamos en evaluación, pero a mí no me han dicho hasta ahora cuáles son los parámetros de esa evaluación. Si el concepto de idoneidad es lealtad al gobierno, estamos muertos. Pero si el concepto es técnico, chequear si las estrategias legales son las adecuadas, perfecto", explicó. Sin embargo, si se toma en cuenta cuál es el fondo de las críticas que los personajes del gobierno han lanzado contra los procuradores, es evidente que los criterios técnicos han quedado a un lado, más aun con el abortado intento del oficialismo de acusar a los procuradores de negociar con los procesos de colaboración eficaz (La República, 13.9.2004).
PEÑA FARFÁN: "NO HAY POLÍTICA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN"
El 12 de setiembre, el titular del Sexto Juzgado Anticorrupción, Saúl Peña Farfán, criticó duramente la labor del poder Ejecutivo y Legislativo debido a que ninguno de ellos se preocupó por aumentar las penas para quienes cometan actos de corrupción. "El gobierno y el Congreso no han hecho nada para evitar más actos de corrupción. No hay una política para fortalecer una lucha frontal contra el crimen organizado", remarcó al tiempo de recordar más de una de las denuncias cometidas por el actual régimen. En otro momento de sus declaraciones calificó de "peligroso" que los procuradores ad hoc puedan ser separados de sus cargos debido a que son quienes ejercen "el control inicial de cualquier denuncia". En ese sentido, consideró que los procuradores anticorrupción deberían trabajar con independencia y dejar de depender del Poder Ejecutivo. "Las procuradurías deberían manejarse con independencia porque son parte del sistema en la lucha contra el crimen", manifestó el magistrado. A modo de comparación, dijo que "si tenemos un procurador que es de confianza y no tiene independencia, se dudaría de que hayan denuncias". "La corrupción muchas veces tiene su punto de partida en la falta de controles eficaces y esto pasa por no tener independencia", agregó (Expreso, 13.9.2004).
SÍ SABEMOS SUMAR
Comentando el hecho, Federico Salazar señaló: "No será el fin del mundo, pero sí el de los residuos de credibilidad del gobierno. Si el gobierno resuelve cambiar a los procuradores, ahondará el déficit de confianza. El actual gobierno sucede a uno escandalosamente corrupto. Lamentablemente, no ha demostrado ser suficientemente distinto a su antecesor. No son iguales, por supuesto. La corrupción durante los primeros años del fujimorato se mantuvo más o menos oculta. Fue asolapada y casi secreta. Gracias a los videos llegamos a conocer los extremos de la corrupción. También se revelaron sus mecanismos y su organización. Era un sistema centralizado y de cúpula. Hoy la corrupción es descentralizada, extendida y sin vergüenza. No tiene técnicas de discreción ni organización. Da la impresión de un ataque de hordas de los bajos fondos. El crimen, por supuesto, es el crimen. Venga de donde venga y como venga. Da lo mismo la mega mafia de los noventa que la microempresa artesanal en torno al toledismo. El gobierno no está interesado en combatir a la corrupción. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que `no será el fin del mundo' si no se renueva el contrato a los actuales procuradores. Ha revelado, además, un prejuicio contra esos funcionarios. Si no se les renueva el contrato, ha aderezado, `podrán irse a cumplir su labor de periodistas a algún medio, ya que tanto les gusta aparecer en los diarios'. Es decir, al gobierno no le gustan los procuradores. Los abogados del Estado han dado curso a denuncias y testimonios que involucran directamente al jefe del Estado. Desnudar los sentimientos del gobierno, en ese contexto, resulta sino comprometedor, bastante sospechoso. La administración actual no se caracteriza por su sagacidad. La peor respuesta a las denuncias, la peor, es la que ha dado el ministro Ferrero. La colaboración eficaz que habla de la participación de Alejandro Toledo está en manos de los procuradores. El gobierno detesta a los procuradores. ¿Cree el gobierno que la gente no sabe sumar? Se puede objetar los resultados. El sistema anticorrupción es sumamente deficiente. Hay muy pocas sentencias y errores procesales por doquier. Hay abusos y venganzas, desórdenes legales e incluso infracciones al estado de derecho. La mayor parte de todos estos desaciertos, sin embargo, no es fruto del trabajo de los procuradores. Recursos no han faltado. Irónicamente, la propia corrupción del gobierno anterior los ha facilitado. Nunca antes, en realidad, se contó para esas tareas con tanto dinero. El desorden, la improvisación, el desconocimiento y la pasión impidieron ver claro. El gobierno actual, al empezar su gestión, debió diseñar los planes y armar los equipos. No hubo, ni hay ahora de su parte, interés ni capacidad para combatir la corrupción. Por eso el gobierno no está interesado en mantener a quienes le resultan incómodos. Quiere castigar o amenazar con castigar. Se queden o no los procuradores, el daño ya está hecho. Si se quedan, amenazados, ¿quién confiará en el sistema? Introducir la desconfianza en el proceso de lucha contra la corrupción no es lo más inteligente. Las desafortunadas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros perjudican, incluso, al propio gobierno. La gente sabe sumar. Dos más dos es cuatro. Los procuradores amenazan con investigar, el gobierno amenaza con sacarlos. Al margen de cualquier juicio sobre los procuradores, la imagen del gobierno recibe una bomba de tiempo que en cualquier momento puede reventar" (Perú.21, 13.9.2004).
LA SOLEDAD DE LOS PROCURADORES
El diario Expreso (14.9.2004) opinó como sigue: "De luchadores contra el régimen fujimorista, los procuradores anticorrupción han pasado a ser vistos como enemigos por el actual gobierno y por parte del establishment político. Los señores Luis Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, entre otros, generaron gran parte de los insumos legales que el oficialismo utilizó con éxito para desacreditar toda la gestión de la década del 90. Sin embargo, hoy es evidente que el propio oficialismo es el primero en no tolerar que aquellos mismos procuradores investiguen los casos de corrupción ocurridos al interior de su gobierno a partir de 2001. Eso explica su soledad creciente y el evidente desgaste ante la campaña demoledora de varios personajes del entorno gubernamental. De no mediar un amplio respaldo a favor de los procuradores anticorrupción, su salida es inminente ante la negativa del gobierno para renovar sus contratos. Aquel alejamiento puede ser un sucio triunfo del gobierno, porque con ello consolidará el blindaje a la impunidad que empezó a soldar con una Contraloría dirigida por un incondicional del presidente. Pero el país perderá enormemente, en vista de que con la despedida de los actuales procuradores quedará debilitado el sistema anticorrupción. Es obvio que los nuevos procuradores que contrate el Estado serán dóciles al régimen, más allá de remedos de investigación y acusaciones para aparentar una ya inexistente lucha contra la corrupción. Todo ello, con el sutil pero censurable consentimiento del APRA, el FIM y Unidad Nacional. Es evidente que los procuradores han cometido un grave error de sobreexposición mediática –convertidos casi en personajes políticos– como si estuvieran en carrera electoral. En vez de concentrarse en superar o en explicar bien las deficiencias y la falta de recursos para mejorar la labor de las procuradurías anticorrupción, sus voceros han caído en la provocación a congresistas y ministros oficialistas, quienes jugaron con toda oportunidad politizando el entredicho, como si los procuradores fueran desestabilizadores del gobierno actual o hubieran estado coludidos con la corrupción del pasado. Ese desgaste se debe fundamentalmente al hecho de que no existe en el Perú una clase política dispuesta a llevar la lucha anticorrupción hasta las últimas consecuencias. No desean una procuraduría autónoma, sino supeditada a los intereses de cada gobierno. Las declaraciones del Primer Ministro restando importancia a los procuradores anticorrupción son irresponsables y llevan el evidente objetivo de manipular a la opinión pública. ¿Cómo se puede decir que la lucha más importante contra la corrupción está en manos sólo de los jueces y fiscales? Esa es una media verdad interesada, porque en los casos de corrupción que atentan contra los intereses del Estado son determinantes las pruebas que acopien los procuradores. No debe olvidar el Primer Ministro que una de las graves deficiencias en los actuales procesos anticorrupción –que ya se ventilan en la judicatura– es la no existencia de pruebas contundentes en gran parte de los procesos por la falta de recursos de las procuradurías, porque el gobierno toledista regatea o se niega a entregárselos. Si en los próximos días el régimen termina por consumar el propósito de despedir a los señores Luis Vargas Valdivia y Ronald Gamarra, habrá triunfado la impunidad. Aquello pondrá en evidencia ante amplios sectores de la sociedad que la magnitud de la corrupción toledana deberá ser investigada, pero en un próximo periodo, con todo el rigor de la ley, cuando las investigaciones no sean obstaculizadas por el poder de la chakana desde Palacio".
PROCURADORES AD HOC Y CEGUERA DEL EJECUTIVO
A su vez, el diario La República (14.9.2004) opinó: "La increíble frase del premier Carlos Ferrero considerando que `no será el fin del mundo ni una catástrofe para el país si no se les renueva el contrato a los procuradores ad hoc' parece ser el preámbulo de las decapitaciones anunciadas en el valioso equipo que dirige Luis Vargas Valdivia. Puede que no sea el fin del mundo, pero sí será una catástrofe para el país, pues la no renovación del contrato de quienes tienen a su cargo –a nombre del Estado, no del gobierno– 150 procesos seguidos contra la mafia que encabezaron Fujimori y Montesinos implicará un retardo contraproducente, que habrá que sumar al que ya ha producido la huelga de trabajadores judiciales. Y, lo vaticinamos desde ahora, será una catástrofe para el gobierno, pues la opinión pública es muy sensible a todo lo que tiene que ver con corrupción. Quedará claro que la no renovación de los contratos se deberá a represalias tomadas por el toledismo por los intentos de los procuradores de investigar casos que lo comprometen. Mientras se trató de perseguir la corrupción de la dictadura, el equipo que dirige Luis Vargas Valdivia recibió todos los elogios, pero apenas se trató de perseguir la presente, empezó una calumniosa campaña a cargo de prensa adicta al régimen y cuestionados congresistas. Pese a esta campaña, las cifras están ahí: 60% de los limeños encuestados sostiene que los procuradores deben quedarse y continuar su labor y 92% es partidario de que investiguen la corrupción actual. No sería la primera vez que la tendencia suicida del Ejecutivo culmine en un autogol, pero no imaginamos mejor manera de cortar por lo sano con el lento avance de la aprobación presidencial. Tal como lo hemos sostenido aquí, existen por lo menos tres razones de peso por las cuales los contratos deben ser renovados. La primera es que los procesos a Fujimori, Montesinos y su red mafiosa ingresan a su fase más intensa, y nadie conoce mejor esta materia que los procuradores; la segunda es que la independencia de estos funcionarios constituye una garantía para el país, que apoya el correcto manejo que hacen de su importante tarea. La tercera, y no la menor, es que a lo largo de los varios años que tienen en este empeño han demostrado honestidad y eficacia, tal como puede apreciarse por el número de procesos en curso, la cantidad de corruptos denunciados y la suma de dinero recuperada hasta hoy: US$ 151 millones, que la mafia fujimontesinista tenía depositados en el exterior. Luis Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, Iván Meini y los restantes procuradores ad hoc deben ver sus contratos renovados. Se lo merecen por la entrega que han demostrado y por la intensa actividad pedagógica que han mantenido en favor de la lucha anticorrupción, difundiendo un mensaje de ética en la función pública más necesario que nunca. Si el Ejecutivo no lo entiende así, pagará las consecuencias".
TOLEDO PROPONE CREACIÓN DE FONDO ESPECIAL DE DEFENSA NACIONAL
En pronunciamiento público desde Palacio de Gobierno, el presidente Alejandro Toledo anunció que su gobierno decidió crear un Fondo Especial de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana con un monto inicial de US$ 40 millones a partir del 1 de enero del próximo año, para lo cual envió un proyecto de ley al Congreso de la República. El jefe de Estado pidió celeridad al Parlamento para aprobar la iniciativa que tiene por finalidad modernizar y reemplazar los equipos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. "Nuestra vocación pacifista se mantiene sólida, pero tenemos cementerios de helicópteros y aviones que están inoperativos", subrayó. Toledo aclaró, además, que el dinero destinado a este fondo es independiente del presupuesto anual que se designa a los ministerios de Defensa y del Interior, lo cual permitirá realizar una planificación estratégica con una visión de mediano y largo plazo. Anunció, asimismo, que los recursos del Fondo serán administrados "cautelosamente" por un comité integrado por los ministros de Estado involucrados en el tema, mientras que en el proceso de control participarán la Contraloría y las instituciones que garanticen la transparencia en el manejo. Agregó que el monto inicial se irá incrementando progresivamente de acuerdo al crecimiento de la economía y la disponibilidad de los recursos que provendrán principalmente de "algunas regalías mineras" y del gas natural de Camisea. Según la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, del 100% del fondo, el 82% será para el Ministerio de Defensa, mientras que el 18% restante estaría destinado para el sector Interior (Expreso, 10.9.2004).
El 10 de setiembre, el alto mando militar y policial acudió a Palacio de Gobierno para agradecer al presidente Alejandro Toledo por la iniciativa de crear el fondo especial para la defensa nacional y la seguridad ciudadana. El ministro de Defensa, Roberto Chiabra, dijo que la prioridad era recuperar y mantener los equipos de las Fuerzas Armadas -incluyendo aviones y helicópteros-, para poder combatir los rezagos del terrorismo y enfrentar desastres naturales. En segundo lugar se privilegiará el control del espacio aéreo en la Amazonía -en labor conjunta con Colombia, Brasil y Bolivia- lo que significará continuar la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, los delitos contra la ecología y el crimen organizado. "Nosotros no estamos en ninguna carrera (armamentista). Queremos recuperar la capacidad operacional para cumplir con la misión constitucional y enfrentar las amenazas", añadió Chiabra.
Por su parte, en el Congreso ya se alistan para afinar la fiscalización de esta iniciativa. El fondo se iniciaría el próximo año con US$ 40 millones. Rafael Aita (Unidad Nacional), miembro de la Comisión de Defensa del Congreso, recordó que en el pasado ya hubo un fondo para la defensa, el cual urge más que nunca para la renovación de equipos. "Las grandes decisiones en América Latina se dan cuando hay fuerzas de defensa que avalan ese cambio", comentó. Quien también saludó la idea fue Luis Gonzales Posada (Apra), aunque consideró que siendo un avance resulta insuficiente el dinero destinado para paliar la crisis que viven las fuerzas del orden. "Los problemas son muy graves y se han acumulado desde 1990. No podemos creer que en pocos años todo se solucione", anotó. El representante del Apra estimó que, en paralelo, podrían estudiarse otras maneras de inyectar capital fresco para la defensa y la seguridad vía la canalización de impuestos o de bonos soberanos (El Comercio, 11.9.2004).
RECHAZAN PROPUESTA PARA CREAR FONDO DE DEFENSA E INTERIOR
Como una "decisión apresurada" que buscaría favorecer políticamente al presidente Alejandro Toledo, calificaron parlamentarios de oposición a la propuesta presidencial de crear un Fondo Especial para la Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana destinado a las Fuerzas Armadas y la Policía. El vocero de Unidad Nacional (UN), Xavier Barrón, dijo que la propuesta del jefe de Estado no determina con claridad el origen de los recursos que serán destinados a los sectores Defensa e Interior, "porque los dineros provenientes de las regalías y del canon minero aún no están disponibles en el erario nacional". "Toledo está abocado a subir en las encuestas y qué mejor con este anuncio de beneficiar a las Fuerzas Armadas. Si el Ejecutivo no sustenta ante el Congreso cómo financiará el fondo especial para las Fuerzas Armadas, encontrará un rechazo unánime de todas las bancadas", enfatizó Barrón. Similar opinión tuvo el jefe de la bancada del APRA, César Zumaeta, quien dijo que este "anuncio apresurado" merece una explicación amplia del titular de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. "Estamos de acuerdo en crear un fondo para modernizar nuestras Fuerzas Armadas, pero la opinión pública debe saber de dónde saldrá el dinero y para qué se utilizará. El proyecto necesita un debate amplio y no una aprobación inmediata", comentó. Finalmente, el representante de la alianza Somos Perú, Acción Popular y UPD Eduardo Carhuaricra, se mostró en contra de que los recursos para las Fuerzas Armadas provengan del canon o regalías mineras. "Quitar el dinero destinado a las poblaciones que viven de la minería sería como desvestir un santo para vestir a otro", comentó (Correo, 11.9.2004).
Anunciado formalmente la semana pasada, el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley que crea el fondo de defensa nacional y seguridad ciudadana, al cual le puso el membrete de intangible y permanente, reafirmando, además, que entrará en vigencia el 1 de enero del año venidero. Son tres las fuentes de financiamiento de dicho fondo: 25 millones de dólares provendrán del pago inicial de la contraprestación por la adjudicación del proyecto minero Las Bambas, el 20% de las regalías que perciba el gobierno del lote 88 de Camisea en el 2005 (40% a partir del 2006) y el 30% de las regalías que reciba el gobierno por la explotación del lote 56 de Camisea. En cuanto a la distribución de los recursos, la Fuerza Aérea del Perú se quedará con el 28%, tanto el Ejército como la Marina de Guerra recibirán un 27% y para la Policía Nacional irá el 18%. Tres son también los objetivos señalados como prioritarios: la adquisición de equipamiento destinado a la modernización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la reparación y mantenimiento del equipamiento de ambas y la remodelación de comisarías y locales policiales. El proyecto de ley hace hincapié en que se prohíbe utilizar los recursos del fondo para los gastos cubiertos por el presupuesto anual de los ministerios del Interior y Defensa (El Comercio, 14.9.2004).
SIN FONDOS NI PRIORIDADES
Comentando los hechos, Giovanna Peñaflor señaló: "Mientras el Consejo Supremo de Justicia Militar nos sigue indignando con sus fallos, mientras continúan apareciendo evidencias de malos manejos al interior de las Fuerzas Armadas y, mientras se sigue pagando a generales convictos y confesos de corrupción sus sueldos cuando ellos debían reparar al Estado luego de las fechorías cometidas, se pone a debate la creación de un Fondo para los institutos castrenses. Pese a ser uno de los rubros que mayores recursos recibe en el proyecto del presupuesto, no dándose además en su caso esta suerte de juego de cifras denunciada por Pedro Francke para decir que se está subiendo los recursos destinados a Salud o Educación, el dinero destinado a Defensa es insuficiente. Indudablemente que nadie quiere que el país quede desguarnecido, pero tampoco consideramos apropiado que no se tengan los recursos adecuados para atender las necesidades básicas de los niños peruanos, por lo menos en lo que a educación y salud se refiere. Si hay que decidir, si hay que priorizar, ¿hacia qué se inclinaría usted? Como si lo expuesto no fuera suficiente, se ha comenzado a discutir la posibilidad de retroceder al servicio militar obligatorio. Las declaraciones del ministro Chiabra considerando la propuesta poco adecuada, o como lo que es un retroceso, no hacen sino descolocar a quienes quieren ser más papistas que el Papa. Definitivamente que esta situación puede llevar a que algunos sientan que tras ciertas iniciativas se esconde la búsqueda de un lugar en el gabinete antes que una real evaluación de las condiciones. Lamentable error. En todo caso, ¿se ha llegado a establecer claramente cuáles son nuestros reales requerimientos en materia de tropas o éste es un tema que se perdió con la reforma inconclusa?, ¿hemos definido claramente cómo queremos que sean nuestras Fuerzas Armadas y cuáles son los pasos a dar para llegar a ese objetivo? Como ocurre siempre, se nos pide primero más dinero, más recursos, mayores sacrificios, con la promesa que el cambio llegará. Tal vez sería interesante que los ciudadanos pudiéramos tener un manejo discrecional sobre una parte de lo que tributamos, por lo menos decidir (ya que quienes debieran estar encargados de hacerlo no muestran mayor eficiencia en ese sentido) a qué sector queremos destinar una parte de lo que nos cuesta tanto ganar y que hoy, sin ninguna duda se pierde en ese hoyo negro que es la administración pública. Tributar es una obligación, pero manejar bien esos recursos y discutir ampliamente, seriamente, antes de decidir a qué dirigirlos también lo es. No debemos olvidar que dinero que se destina a algo es inevitablemente un recurso que se deja de orientar a otras necesidades. No hay magia" (Gestión, 15.9.2004).
LOS INDIOS, LOS CIVILES Y LOS MILITARES
A su vez, sobre éste y otros temas castrenses, Alberto Adrianzén opinó como sigue: "Luego de las declaraciones del general Luis Pérez Documet, acusado de ser responsable de homicidios y desapariciones forzadas durante los años de violencia terrorista, es bueno recordar el comunicado de las Fuerzas Armadas del cinco de abril del 2001 durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. En dicho comunicado, las Fuerzas Armadas se hicieron una autocrítica respecto de su nefasto y poco digno papel durante los años del fujimorismo y aceptaron la necesidad de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos ocurridos en nuestro país. Hay que reconocer, en honor a la verdad y, también, a la objetividad, que las Fuerzas Armadas fueron la primera institución, luego de la caída de Fujimori, que no sólo se hizo una autocrítica pública sino también se planteó la necesidad de iniciar un proceso de reforma. Más de tres años han pasado de ese comunicado que, supuestamente, debió marcar una nueva etapa en las instituciones castrenses. Sin embargo, lo que hoy tenemos es todo lo contrario. Y con ello no sólo me refiero a las declaraciones, por demás ofensivas, del general Pérez Documet, y que son una apología de la impunidad, sino también a una serie de otros hechos que nos indican tanto el bloqueo de la reforma militar como el nuevo rol que hoy tienen los militares en la política nacional. A las declaraciones de este general se puede sumar el debate, iniciado curiosamente por PPK, de un fondo militar para hacer frente a los problemas que los propios militares crearon en materia de defensa nacional. Todavía son objeto de primeras planas las compras corruptas de material bélico. El rechazo de las Fuerzas Armadas a eliminar la justicia militar. La decisión última del Consejo Directivo del Congreso, cuando acordó desechar una moción que comprometía al Parlamento a hacer seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El Apra, UN y Perú Ahora participaron en este rechazo que debería avergonzar a cualquier ser humano. Pero también hay algo más. La persistente negativa no sólo de sectores del gobierno sino también de la oposición para debatir el tema de las reparaciones individuales a las víctimas de la violencia terrorista. Ellas, me refiero a las víctimas, se estarán preguntando cómo es posible que haya dinero para crear dicho fondo y no lo haya para crear uno similar para todos aquellos que sufrieron en esos años. También se puede preguntar cómo es posible que algunos le quieran dar dinero a banqueros ligados al Wiese, producto de turbios avales, y no quieran enfrentar este problema; más aun, cuando se sabe que la mayoría de las víctimas han sido campesinos quechuahablantes, es decir, sectores que siempre han sido excluidos. En verdad, estos hechos no son nada nuevos en nuestra historia. Los civiles y algunos políticos han sido los primeros en promover el militarismo en el Perú cuando se sienten escasos de apoyo y en peligro. Lo curioso, como bien dice Manuel Pardo, es que las primeras víctimas de este militarismo son los propios militares. Pero hay otro punto: la confusión permanente –y que es una de las bases de nuestro militarismo– entre nacionalismo y patriotismo. El primero está definido por nuestras actitudes y posturas frente a agentes externos, grupos o países; el segundo, el patriotismo, por nuestra estrecha relación –yo diría sentimental y hasta amorosa– con todos aquellos que viven en un país. Así se puede ser nacionalista y poco o nada patriota. Se puede reclamar fondos para comprar armas, establecer relaciones clientelares con los militares y obviar otros temas que tienen que ver con los peruanos de carne y hueso. Es como ser admirador del imperio incaico y creer que los andinos actuales son, como dirían algunos, unos `indios de mierda'. El militarismo sería esa extraña mezcla entre un nacionalismo y un compadrazgo entre civiles y militares que omite cualquier mención al peruano concreto para que nada cambie. Por ello, cuando las `papas queman' los `civiles' llaman a los `militares' para que les solucionen los problemas. El costo humano, como lo demuestran las declaraciones de Pérez Documet, no importa, ya que se trata solamente de indios, de bárbaros y, por lo tanto, de no peruanos. Así, toda reforma militar es imposible, y lo es también la de nuestra patria" (La República, 9.9.2004).
Turba, ONGs y Curitas: el Triángulo del Mal
Desinversión privada
Luis García Miró opina: "Es muy preocupante lo que viene sucediendo alrededor de importantes proyectos de inversión y privatización. La primera señal de emergencia –recordemos- fue el arequipazo eléctrico que chamuscó alrededor de US$ 160 millones dispuestos a ser invertidos en esa empobrecida región. El motivo: la demagogia del entonces candidato Toledo lo llevó al extremo de comprometerse con el pueblo de Arequipa a no permitir la privatización de su central eléctrica. No obstante, una vez instalado en la presidencia pretendió desconocer su palabra recibiendo tal avalancha de amenazas characatas que finalmente reculó. Allí Toledo perdió la virginidad privatizadora. Recientemente, la cosa viene escalando a niveles gravísimos. Analicemos, por ejemplo, el amago oenegista en Las Bambas. Aquel ultimátum que no se cristaliza aún, debido tal vez a las extremas dificultades de supervivencia para cualquier agitador profesional interesado en soliviantar a las comunidades en esas alturas. Agitadores oenegistas que, como se sabe, buscan frustrar por todos los medios un proyecto como Las Bambas que lleva encarpetado casi un siglo, por cuya prospección se pagó la semana pasada algo más de US$ 140 millones, y que para alcanzar su fase de explotación puede atraer capital fresco hasta por US$ 2 mil millones. Sin embargo ahora, obedeciendo inaceptables presiones políticas, el gobierno estaría a punto de cancelar el permiso concedido a Yanacocha para explorar yacimientos de oro en el cerro Quilish. Aquello confirma que se ha desatado en el país una temeraria campaña contra la inversión privada, como Expreso tituló ayer su portada. Campaña multimillonaria financiada por los grandes bolsillos de anónimos donantes de las ONG y -por qué no pensarlo- de países como Chile que muy bien pudieran capitalizar las inversiones que se alejen del Perú. Sobre todo en la gran minería. Yanacocha es hoy uno de los paradigmas de la minería no sólo peruana, sino sudamericana. Gracias a su explotación, Perú ha pasado a ocupar uno de los primeros lugares en el mundo como productor de oro. Divisas frescas que ingresan al país. Impuestos de enorme calibre que ayudan a financiar el presupuesto y a mejorar el nivel de vida de la región Cajamarca. No obstante, en medio del intolerable bloqueo de carreteras y la paralización de Cajamarca a cargo de ONG capitaneadas por el padre Arana -y animadas por la entusiasta ayuda tanto del presidente regional cajamarquino como del alcalde local, ambos apristas-, llama poderosamente la atención que el líder del partido aprista, Alan García -el mismo que a su regreso de visitar al Tío Sam se declaró ferviente defensor de la inversión privada-, no haya movido un solo dedo para defender el proyecto del cerro Quilish, evitando olímpicamente poner en orden a sus eufóricos correligionarios" (Expreso, 9.9.2004).
Expreso (10.9.2004) opina: "Detrás de los últimos acontecimientos en Cajamarca -cuestionando a la empresa Minera Yanacocha– subyace un problema más profundo: la ausencia de un Estado que garantice las condiciones para las grandes inversiones privadas, aquellas que –como en cualquier parte del mundo– originan cambios en el hábitat de pueblos y ciudades. La falta de autoridad cede paso al chantaje, paros, tomas de locales, marchas de sacrificio, y obliga al Estado y a los empresarios a negociar arrinconados contra la pared. En suma, se ha impuesto la turba, allí donde el Estado pierde esencia y se ubica en posición defensiva ante el auge de corrientes ultraambientalistas y otras fuerzas extremistas. Cuando nos referimos a una autoridad fuerte, no hacemos alusión a un Estado represor congraciado con empresarios y actuando al margen de la ley. Nos referimos a ese Leviatán al que la sociedad le encarga crear apropiadamente las instituciones públicas y las reglas de juego para que la sociedad arriesgue su capital –privado– con una rentabilidad de acuerdo al mercado y cuidando el mantenimiento físico y ecológico de las inmediaciones en donde cumplirá sus funciones, según la característica de sus actividades. Por ejemplo, citemos el caso de la exploración y explotación del cerro Quilish a cargo de Minera Yanacocha. El papel garante del Estado –con respecto a la inversión minera– no queda allí. Le corresponde informar debidamente a la comunidad y a las autoridades locales y regionales las virtudes e impactos inevitables de una típica inversión minera. Las dependencias estatales no pueden emitir autorizaciones –casi en forma clandestina– que sólo son leídas por unos cuantos especialistas en el diario oficial, pero que la inmensa mayoría de peruanos desconocen. Esto es muy importante porque es en medio de esa ignorancia donde actúa nefastamente la labor manipuladora de las ONG y de los grupos extremistas. Si aspiramos a multiplicar las inversiones en minería, el Estado tiene que estar preparado para recibirlas y a alentar a las comunidades para un cambio en su comportamiento ancestral. Debemos ser conscientes de que el predominio de la turba se produce por ese vacío de autoridad y de información que les corresponde asumir al Estado y a los propios empresarios mineros. Por esa carencia de confianza es que actúan los agoreros del pesimismo, los fabricantes de fantasmas. Por eso mismo, la empresa Yanacocha necesita explicar a los comuneros que sus actividades generarán más riqueza en las pobres cumbres cajamarquinas, y confirmar que ha tomado las debidas garantías para no alterar la ecuación acuífera de la zona, tal como aún ahora lo perciben los comuneros. Para ello debe desarrollar una intensa actividad didáctica que haga ver sus ventajas ciñéndose al cuidado del ecosistema. De no ser así, continuarán aquellas actitudes intolerantes que, por ejemplo, llegan al punto de envenenar la mente de los pobladores induciéndolos a matar sus propios animales en ríos y lagos para fingir un daño irreal provocado por la empresa exploradora. A poco tiempo de la explotación del Lote 56 adyacente a Camisea, la concesión de los aeropuertos y carreteras, así como del inicio de las primeras acciones en Las Bambas, el Estado tiene que actuar como si la batalla contra los sectores opuestos a la inversión privada recién se hubiera iniciado. Cualquier otra actitud de nada servirá para promover el desarrollo nacional".
Mentiras y pobreza
Rosa María Palacios opina: "Tan noble como defender a la infancia o luchar contra la pobreza es la causa de quienes quieren que vivamos en un mundo sano y sostenible para todas las generaciones que habiten este planeta. Por ello, la armonía entre crecimiento y sostenibilidad ambiental requiere del cumplimiento de regulaciones, obligatorias para todos, pero especialmente sensibles para las industrias cuyo proceso ha sido tradicionalmente contaminante, como es el caso de la minería, sobre todo la que desarrolló la empresa pública, que dicho de paso ningún fundamentalista criticaba. Sin embargo, las posiciones sensatas que buscan conciliar inversión y defensa del ambiente están en retirada. Al interior del país han surgido movimientos que cuestionan cualquier inversión en minería, gas, petróleo y energía señalando, como primer argumento, que ésta daña el ambiente por su sola existencia. Por ello, en Las Bambas la protesta se organizó aun antes de haberse removido una sola piedra del suelo. El segundo argumento contra la inversión es que ésta, aunque usted no lo crea, ¡genera pobreza! La bibliografía de ONG justifica esta locura porque en los países en desarrollo que tienen minería hay pobres. Es como decir que en los países de América del Sur donde hay terremotos hay católicos. ¿Y? ¿Qué relación de causalidad hay entre una cosa y la otra? Pero el discurso se vende muy bien en el área rural. Ante la ausencia del Estado en la provisión de los servicios, a las comunidades rurales se les hace creer que sus derechos frente a una empresa minera incluyen educación, salud, empleo e infraestructura para todos los que estén en su área de influencia (lo que puede ser una región entera). Como esto es, en la práctica, imposible, todo esfuerzo de responsabilidad social y ambiental empresarial es desvalorado. Entonces, las alegaciones contra el daño ambiental prosperan, se multiplican y movilizan a la población, llegándose a la conclusión de que la minería no sólo genera pobreza, sino que además mata, viola y envenena. ¿Exagero? La situación en Cajamarca esta semana repite un patrón ya conocido. Una movilización violenta para impedir un supuesto daño (igual fue en Arequipa en el 2001), en donde el mito del daño no puede ser desestimado porque las personas que protestan creen firmemente en él. La verdad deja de tener importancia y se sustituye por la creencia. Obviamente estos hechos no son casuales. Existe un trabajo político organizado y financiado por ONGs internacionales cuya agenda fundamentalista es acabar con el libre comercio en general, y en particular con todas las industrias extractivas (minería, petróleo, gas, energía y, ojo, también la forestal y la pesquera) a través de dos acciones básicas. De un lado ejercen presión en los organismos internacionales de crédito (Banco Mundial, BID) para que no financien proyectos de inversión en estas áreas (lo hicieron con Camisea) y, de otro, financian la organización de poblaciones rurales empobrecidas a través de diferentes estímulos (desde el material hasta el miedo) para que impidan por la violencia y el sabotaje toda operación. Las acciones de movilización incluyen actos delictivos –cierre de carreteras, toma de campamentos, destrucción de maquinaria, etc.–, que violan derechos humanos de otros ciudadanos, aparentemente menos humanos que los promotores de la protesta. Recomiendo revisar las páginas web de estas organizaciones, peruanas y extranjeras, donde puede apreciarse el proyecto político y el calibre de las mentiras utilizadas para justificarlo. Lo sorprendente es cómo se suma a esta agenda gente bien intencionada, incluyendo sacerdotes católicos. Los hechos políticos requieren respuestas políticas. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el nuevo paladín de la inversión privada, Alan García? El presidente regional y el alcalde de Cajamarca son apristas y promotores del paro contra la minería. Esto ya no es la escopeta de dos cañones, es un monumento a la inconsistencia. ¿Dónde están los demás partidos? Que no le rehúyan al debate ideológico que existe detrás de estas protestas, porque ahí está la clave del crecimiento económico del Perú de los próximos años" (Correo, 11.9.2004).
Inversión minera sin contaminación
El Comercio (10.9.2004) opina: "La ola de protestas en Cajamarca, a raíz de las actividades exploratorias que realiza la empresa Yanacocha en el cerro Quilish, ha desbordado todo cálculo y amenaza la estabilidad de un sector fundamental de la economía nacional. Por lo mismo, es exigible el llamado al diálogo y la cordura para superar el entrampamiento actual, con sus graves efectos económicos y sociales, y analizar fríamente lo que realmente está en curso, dejando de lado las poses alarmistas e interesadas de algunos grupos politiqueros y ambientalistas. Es indiscutible que no se puede aceptar proyectos que pongan en riesgo zonas protegidas o generen contaminación de recursos naturales. Sin embargo, es también claro que ahora se trata únicamente de una fase exploratoria y no de explotación, con base en un contrato legal aprobado por el Estado, que no puede ser tachado fácilmente, como bien ha recalcado el Ejecutivo, so riesgo de espantar la inversión minera. En la última década la producción total del rubro ha crecido en 9,7% y representa hoy el 5,8% del PBI, cifras nada desdeñables. En el fondo, se evidencia una grave crisis de confianza en lo que puede hacer y permitir el gobierno a ciertas empresas, a espaldas de algunas comunidades, como en el caso de Shougang. Ante ello, el Ejecutivo tiene que hacer todos los esfuerzos para reducir las tensiones y generar espacios de diálogo con los comuneros y la empresa. En este sentido, ha sido un error táctico que representantes del Ejecutivo no asistan a las reuniones convocadas con los comuneros y autoridades locales, dejando la cancha libre a las sospechosas ONG involucradas. Mientras tanto, corresponde a la empresa Yanacocha iniciar una campaña para explicar a la comunidad local las condiciones y los límites en que se da la fase exploratoria, y eventualmente la de explotación. Tiene que invertirse en estudios de impacto ambiental y darse las suficientes garantías económicas y técnicas -que puedan ser sometidas a fiscalización imparcial- de que estas operaciones no serán de ninguna manera contaminantes sino que, por el contrario, pueden redundar positivamente en beneficio directo de la comunidad local".
Giovanna Peñaflor opina: "Cuando se habla de los problemas existentes entre la población que vive cerca de zonas mineras y esta actividad se suele obviar lo que ha sido un pasado no muy lejano. De esta manera se deja de lado un elemento fundamental para comprender el por qué se encuentra tanta resistencia al desarrollo de los proyectos mineros en el interior del país. Todo aquel que trabaja en temas de imagen y de comunicación sabe que la percepción de las personas sobre un hecho, sobre un personaje o una institución se trabaja lentamente, paso a paso. No se forma de la noche a la mañana y, por lo mismo, no se cambia rápidamente por mucho que uno lo desee. En ese contexto es obvio que quienes han convivido con la minería del pasado (ésa que se dice superada) mantengan serias dudas con respecto a la información que se les proporciona, frente a las seguridades que se les dice ofrecer. La experiencia directa en el país, pues los lugares que se han visto deteriorados en el pasado abundan, es una fuerte barrera. Construir sobre ese pasado no es fácil. De allí que, como lo dijera el ministro Quijandría, las empresas que están en esta actividad tienen que ser conscientes de la importancia de los actos que dan, del momento en que emprender o no determinados proyectos y de la necesidad de esforzarse por establecer buenas relaciones con la población circundante. Pero esto no es ni mucho menos un problema que deba ser enfrentado solamente por los directamente interesados. Años de un Estado incapaz de defender los derechos de los pobladores también cobran su factura. Se pide que los pobladores confíen en autoridades locales o nacionales cuando la corrupción (no necesariamente de las actuales) ha creado heridas que no han cerrado. Estudios de impacto ambiental pagados por los propios interesados generan suspicacias. El percibir que el Estado o los gobiernos locales también ganan llevándose bien con la actividad minera (al obtener más recursos) hace que los pobladores no los consideren neutrales sino más bien parte interesada. Es así como la población se desorienta y no encuentra información confiable, libre de contaminación, que pueda darle las garantías del caso. Se habla de la necesidad de hacer respetar la ley y el principio de autoridad. En principio debiéramos entender qué es la ley para muchos peruanos, sino para la mayoría. Muchos sienten que estas normas son arbitrarias, perjudiciales, nocivas no sólo para sus intereses sino incluso para su subsistencia. La ley en nuestro país suele ser algo que los pobres sienten como una limitación más, como algo que tiene que cumplir únicamente porque carecen de vara o del dinero suficiente para hacerse escuchar. Muchos de quienes se espantan del mal precedente que dan las autoridades al ceder a las exigencias de una población enardecida suelen mirar para un lado cuando se encuentran frente a empresas o inversionistas que no sólo sacan la vuelta a las leyes sino que se aseguran que éstas respondan a sus intereses. Tanto uno como otro extremo es nocivo para el país, ambos deben ser combatidos con igual fuerza. Quizá cuando las mayorías perciban que las leyes son producto de un concienzudo estudio de la realidad, que no se dan con nombre propio o como resultado de `cuantiosas' razones, quizá tengamos entonces una población más favorable a la inversión. ¿Cuánto siente la población que sus opiniones son tomadas en cuenta por sus alcaldes, congresistas, presidentes regionales, ministros o el propio presidente? ¿Qué caminos constitucionales, legales, siente la población que están a su disposición para hacerse escuchar? ¿Puede alguien en su sano juicio y partiendo del conocimiento de la realidad peruana señalar que humildes campesinos pueden confiar en contar con los mecanismos legales para hacer valer sus derechos en caso de sentirlos violados? Si reconocemos que Estados Unidos tiene que presionarnos con el TLC para lograr que los litigios en el que está involucrados empresas de esa nacionalidad prosperen, ¿cómo queremos que los campesinos se sientan resguardados en sus intereses?, ¿quién aboga por ellos?, ¿a quién le interesa su salud o su futuro?" (Gestión, 13.9.2004).
Desprecios y rencores
Carlos Iván Degregori opina: "El desprecio genera rencor y desencadena una espiral que desemboca con facilidad en la violencia. Las elites deberíamos dejar de `derrochar desprecio como arma suprema de control', en palabras de Laura Restrepo. La semana que pasó, hemos visto ejemplos de esta dinámica autodestructiva. GENERALES Si el pez por la boca muere, el general (r) Pérez Documet murió dos veces en los últimos días. La primera, durante la complaciente entrevista que concedió a Panorama, donde derrochó todos los desprecios: contra el congresista Risco, por ser negro; contra las madres de La Cantuta, no sólo por ser víctimas que le reclamaban sus derechos, sino por ser mujeres. Tienen razón quienes se preguntan cómo habrá tratado el general a los campesinos de la sierra central, porque los desprecios contra quienes se perciben inferiores tienden a entrelazarse y alimentarse mutuamente. La segunda vez fue cuando se hizo pública una parte de su testimonio ante la CVR, donde afirmó que `eliminar' significaba matar a los sospechosos de ser senderistas, incluso si estaban desarmados. Desprecio, incluso, por las leyes de la guerra. Por eso, uno de los mayores problemas del fondo recientemente aprobado para las Fuerzas Armadas, es que no se otorga a cambio de avances verificables en el proceso de reforma militar, a todas luces estancado. Se le concede a unas Fuerzas Armadas que hacen espíritu de cuerpo con generales como Pérez Documet y se resisten a revisar sus errores pasados. CURITAS Hay un tenue hilo conductor entre el desprecio por negros, mujeres y seguramente indios, exhibido por el general y el desprecio por los ciudadanos de a pie mostrado por algunos tecnócratas a raíz del problema suscitado en Cajamarca. Quienes se han convertido en sacerdotes de un culto a los puntos porcentuales y las regresiones estadísticas, dispuestos a sacrificar para su mayor gloria a las personas que están detrás de las cifras, exudan desprecio y una cierta desesperación cuando llaman `curitas' a los sacerdotes del culto que profesa la mayoría de peruanos. No sólo a ellos: los movilizados de Cajamarca son hordas; sus aspiraciones, apetitos; sus reivindicaciones, botín. La empresa, por cierto, carece de apetitos; su único error es no haber hecho llover. Término, hay que reconocerlo, más amable que `chorrear'. Pero aunque se discrepe frontalmente de sus posiciones, el `curita' es actor clave para evitar desbordes de violencia y, por tanto, debería ser considerado un aliado con el cual es posible un diálogo, seguramente difícil, pero indispensable por la legitimidad que supo ganarse entre una de las partes. No importa que no sea stakeholder sino simple ciudadano. Porque el problema no es exclusivamente técnico, sino social y político; y los ahora llamados stakeholders no sólo buscan botín, reclaman derechos que consideran vulnerados. En Cajamarca, se quiere que los stakeholders acudan solitos a la mesa de negociaciones, para comérselos mejor, aunque se pretenda que la mina no tiene apetitos" (Perú.21, 13.9.2004).
¿La minería contra la democracia?
Nicolás Lynch opina: "Los conflictos en torno a la exploración minera en Cajamarca nos colocan en el mismo dilema que hace dos años, con la privatización de las generadoras eléctricas, en Arequipa. ¿Capitalismo a patadas o capitalismo en consenso con las necesidades de la gente? No se trata de un problema de la actividad minera per se, sino del modelo económico en el cual se desarrolla esta actividad. Capitalismo a patadas es el modelo que impusieron Fujimori y Montesinos. Un modelo imposible sin la mafia que lo respaldó y del cual la minería fue pieza fundamental. Este modelo no ha sido desmontado sino continuado por este gobierno, llevando a que se agudice el conflicto entre exclusión económica y democracia. En el caso de la minería se la concibe como una actividad regresiva, que apunta a la explotación de un determinado yacimiento y después se va, dejando la estela de pobreza que encontró. Además, cuando puede, se esfuerza por conseguir todas las ventajas tributarias posibles. Este es un modelo de depredación del país, que no deja desarrollo y contra el cual los pueblos naturalmente se rebelan. No es la única posibilidad de explotación minera, hay también la posibilidad de articular la minería con el desarrollo local y regional, para que su impacto sea mayor. ¿Por qué no lo prefieren? Seguramente porque cuesta algo más y el sector minero se ha acostumbrado a optimizar sus ganancias gracias a sus relaciones con el poder político. Frente a esta realidad hay dos posiciones. Los radicales de siempre, los mismos que tuvieron responsabilidad en los sucesos de Arequipa, para los que debería cerrarse la actividad minera. Su objetivo es aprovechar la democracia para movilizarse contra la inversión, en el afán de impedir el desarrollo de cualquier capitalismo y provocar crisis. Impedir la actividad minera en la actual coyuntura mundial carece de sentido y debemos evitar este camino. Pero están también los neoliberales, bien afincados en este gobierno, que quisieran separar la actividad económica de la democracia. Para la economía están los lobbies que se esfuerzan para que nada cambie, para la democracia los escándalos que distraen al público de lo realmente importante. Ambas posiciones marchan a la regresión autoritaria. Hay necesidad de un tercer punto de vista que conduzca la movilización social buscando que la minería se desarrolle en armonía con las poblaciones a la vez que contribuya al desarrollo del mercado. De esta manera una actividad tan importante se pondrá al servicio de la construcción democrática" (La República, 14.9.2004).
* La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por el tristemente celebre vocal Robinson Gonzales, colaborador de la ex fiscal Blanca Nélida Corán, dejó un nuevo precedente que pone en tela de juicio su objetividad en los procesos anticorrupción, pues su última resolución sobre el caso Dionisio Romero podría determinar que el empresario quede limpio de polvo y paja en el juicio que afronta por intervenir, junto con Vladimiro Montesinos, en el caso de la pesquera Hayduck. El pasado 8 de julio los vocales supremos resolvieron que los magistrados de la Sala Anticorrupción "A" violaron las normas procesales cuando rechazaron un recurso legal de Romero. El banquero pretendía, mediante su pedido, que se determinara antes del inicio del juicio oral si los hechos que se le imputan constituyen delito. Conforme ha sustentado el equipo de abogados de Romero, el que su patrocinado haya sugerido a Montesinos el nombramiento de determinadas personas para administrar la pesquera Hayduck no puede considerarse delito. Asimismo, precisan que en el Código Penal no figura el delito de instigador de tráfico de influencias, que se le imputa al banquero. Como se sabe, previamente tanto la Sala Anticorrupción como el titular de la Fiscalía Suprema Penal, Miguel Sánchez Arteaga, consideraron que este pedido sería resuelto al inicio del juicio ya que fue presentado fuera de tiempo. Así, la Sala Penal Transitoria también dispone que se le remita el expediente del caso, para precisar cuáles son las infracciones cometidas por los magistrados anticorrupción al declarar la nulidad del pedido de Romero. Este tribunal supremo también deberá determinar si el recurso será resuelto antes o durante el juicio oral. Este trámite podría durar, incluso, hasta seis meses, lo que favorecerá a Romero, quien por lo pronto ya ha evitado sentarse en el banquillo de los acusados. En efecto, mientras la Sala Penal Transitoria no termine de evaluar el expediente, el juicio oral seguirá aplazándose, lo que también favorece al empresario si tomamos en cuenta que el delito prescribe en junio de 2005 (Perú.21, 11.9.2004).
* Alberto Farfán Castro y Jaime Carbajal Pérez, dos de los principales involucrados en el escándalo del supuesto pago de una coima de US$ 2 millones de la cervecera Bavaria al ex asesor presidencial César Almeyda fueron ubicados en Ecuador y Colombia, respectivamente. Ambos personajes salieron del país luego de que se hizo público el testimonio del colaborador Hugo Durán, que los señalaba como partícipes del escándalo, en junio pasado. Farfán y Carbajal se pusieron a disposición del fiscal Oscar Zevallos, a través de sus abogados, para dar sus descargos frente a las acusaciones en su contra. Ninguno de los dos tiene impedimento de salida del país. Precisamente, sus asesores legales coordinan su presentación ante el fiscal, las que se producirían en el transcurso de los próximos días (Correo, La Razón, 10.9.2004).
* Ocho años de prisión para el ex viceministro de Hacienda del régimen fujimorista, Alfredo Jalilie Awapara, solicitó el fiscal superior Martín Retamozo a la Sala Penal Anticorrupción "C". El magistrado pidió, además, que el ex funcionario pague una reparación civil al Estado de un millón de soles al acusarlo del delito de peculado. Jalilie, según la investigación, autorizó por orden de Vladimiro Montesinos el pago a la SUNAT con dinero del Estado de una deuda de dos millones de soles del publicista del fujimorato, Daniel Borobio (Correo, 11.9.2004).
* Después de doce años del autogolpe que dio el ex presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, la justicia peruana ordenó la captura y detención de todos los implicados en ese hecho. Según una nota del programa Reportajes, de canal 4, la Vocalía Suprema de Instrucción de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió, en julio, una resolución que ordena la detención inmediata del prófugo ex mandatario Alberto Fujimori, así como de los ex ministros fujimoristas Juan Briones Dávila (Interior), Víctor Malca Villanueva (Defensa) y Augusto Blacker Miller (Cancillería). Asimismo, se dictó la orden de comparecencia restringida e impedimento de salida del país contra los ex ministros fujimoristas Víctor Joy Way, Absalón Vásquez, Oscar De la Puente Raygada, Fernando Vega Santa Gadea, Jaime Sobero Taira, Alfredo Ross Antezana, Carlos Boloña, Jaime Yoshiyama, Víctor Paredes y Augusto Antonioli (Perú.21, 13.9.2004).
* El presidente de la Corte Suprema Hugo Sivina reorganizó la composición de las siete salas de la Corte Suprema: en lo Penal (3), en lo Civil (2), y en lo Constitucional y Social (2), buscando agilizar los juicios anticorrupción y a los altos funcionarios del Estado. Así, los cuestionados vocales Robinson Gonzales y Javier Villa Stein ya no estarán juntos, con lo que pierden poder decisorio en los casos donde participen, pues sus votos podrán ser neutralizados por los otros cuatro integrantes de las salas que integran (La República, 8.9.2004).
* En un nuevo intento por culminar con la reforma constitucional, la Comisión de Constitución del Parlamento presentó el consejo consultivo que se encargará de asesorar al mencionado grupo de trabajo sobre los temas de reforma. Este grupo de trabajo está formado por 24 constitucionalistas, quienes tendrán hasta antes de fin de año para asesorar a los parlamentarios en distintas áreas relacionadas a la reforma "parcial" del Congreso, entre ellas reglamento y levantamiento de fuero parlamentario. El constitucionalista César Landa Arroyo fue designado como asesor principal y será el encargado de coordinar los avances y propuestas con todos los miembros de la Comisión de Constitución (Expreso, 10.9.2004).
* El 11 de setiembre, el canciller Manuel Rodríguez Cuadros confirmó la recepción de la nota diplomática chilena en la cual el gobierno de ese país, a través de su presidente Ricardo Lagos, reitera que la frontera marítima entre el Perú y Chile está definida mediante tratados internacionales, por lo cual "no es procedente" una negociación bilateral sobre el tema. Sin embargo, la posición chilena que discrepa con la postura peruana de que no hay límites marítimos constituye una controversia, la cual es el argumento por el que nuestro país puede plantear el tema en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin dar precisiones a este respecto, Rodríguez comentó que a partir de ahora el tema será tratado en el ámbito jurídico, pero prefirió no dar más detalles al respecto porque –dijo– hay un acuerdo ente las cancillerías de ambos países de procesar el tema por la vía diplomática. La respuesta chilena es de todas maneras satisfactoria para el Perú. Y es que el pronunciamiento de la nación sureña –dado dentro del plazo de 60 días planteado por el gobierno peruano– de que no procede abrir negociaciones bilaterales a nivel diplomático porque el límite marítimo ya ha sido establecido (no citan ningún convenio específico) era no sólo previsible para los funcionarios de Torre Tagle, sino también añorado (El Comercio, La República, 12.9.2004).
* Rodeado de estrictas medidas de seguridad y en presencia de dos de los siete regidores, el 7 de setiembre juramentó como nuevo alcalde de Pomabamba, Ancash, Justiniano Caldas Sotomayor, en reemplazo del vacado burgomaestre, Teodoro Vega Chávez. Ante la posibilidad de desmanes que podrían protagonizar los simpatizantes del actual alcalde y los de la vacada autoridad edilicia, la Policía Nacional dispuso el envío de 30 efectivos desde Huaraz y 20 de la subregión Huari para apoyar a los seis custodios responsables de la seguridad de la provincia. Sin embargo, el temor de la población continúa porque el 8 de setiembre los campesinos que apoyan al vacado alcalde podrían generar disturbios cuando el nuevo burgomaestre ingrese a la comuna e inicie sus actividades (Expreso, 8.9.2004).
* En una actitud inesperada, el alcalde de Ilave Ramón Arias Santos, se reunión el 9 de setiembre con siete de los nueve regidores, con la finalidad de poner su cargo a disposición. Tras la sesión de concejo el burgomaestre, mediante Resolución No 324-2004-MCI, delegó sus funciones al regidor Ricardo Butrón Calderón, para que éste asuma la alcaldía de Ilave hasta las elecciones del 17 de octubre. Previa a la suscripción de este documento, Arias reconoció la juramentación que sus concejales efectuaron ante Miguel Angel Flores Chambi (teniente alcalde) el pasado 16 de julio frente a la población ilaveña. Asimismo, se comprometió a retirar la denuncia que realizó contra Flores Chambi, por el delito de usurpación de funciones (La República, 10.9.2004).
* Los tenientes gobernadores de las comunidades de la provincia de El Collao se reunirán el 12 de setiembre en Ilave para aprobar la delegación de funciones hecha por el alcalde encargado de la municipalidad, Ramón Arias Santos, al regidor Ricardo Butrón Calderón. "Para nosotros el acto realizado por Ramón Arias no tiene validez porque su vacancia debe ser ratificada por el JNE en cualquier momento", refirió el vocero aimara Julián Rivera Calizaya. El dirigente señaló que un gran sector de la población estaba en desacuerdo con esa designación, pues Butrón tampoco tiene aceptación. "La gente prefiere como alcalde al regidor Miguel Ángel Flores Chambi", dijo. Sin embargo, Flores señaló que sí aprobaba la designación de Butrón, debido a que podrá tener más tiempo para dedicarse a la campaña electoral como candidato a la alcaldía (Expreso, 11.9.2004).
* A pesar de haber finalizado el informe para definir los límites entre las provincias de Atalaya (Ucayali) y Satipo (Junín), el conflicto continúa porque los pobladores de Atalaya rechazan la decisión de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según la cual el límite entre ambas provincias es la quebrada de Chismechorro, tal como lo planteó Junín. La región Ucayali planteó a la quebrada de Canuja como límite entre las dos provincias y según sus fundamentos los pobladores asentados entre Atalaya y Satipo, como en Villa Junín, se encuentran más cerca de la primera, por lo cual sus habitantes reciben atención médica y otros servicios, como los del RENIEC. Aunque los resultados del informe pasarán al análisis del Congreso para su aprobación final, en Atalaya el 10 de setiembre se realizaron movilizaciones para rechazar las conclusiones de la DNTDT y se amenaza con el bloqueo de la carretera Federico Basadre, el puente Aguaytía, además de impedir el transporte fluvial por los ríos Tambo y Urubamba (Expreso, 11.9.2004).
* Como un clima de creciente tensión calificó el presidente de la región Pasco, Víctor Espinoza Soto, a la situación que se vive en el centro poblado Ciudad Constitución (Oxapampa), debido a la presión que ejercerían los cocaleros del valle del Monzón para evitar que en el primer lugar citado se desarrollen proyectos destinados a erradicar los sembríos de coca. La autoridad regional no descartó la relación entre el narcotráfico y el senderismo en la zona. "Pedimos que el Consejo Nacional de Inteligencia se desplace a la zona, la cual no se debe descuidar", enfatizó. Añadió que el gobierno regional remitió informes de esta situación al presidente de la República y al ministro del Interior, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta (Expreso, 11.9.2004).
* El 7 de setiembre, el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, informó que "a inicios del próximo año Perú tratará de prepagar parte de su deuda con los países acreedores del Club de París emitiendo para ello bonos en los mercados internacionales". Señaló que a fines de setiembre deberán enviar una propuesta concreta a los miembros del Club de París, entre octubre y diciembre negociarán con los países del Club y la emisión se haría a inicios de 2005. "Ojalá podamos, en el curso de los primeros meses del año entrante, hacer una emisión de bonos que prepague parte de estas amortizaciones y reduzca el peso del servicio de la deuda externa de los próximos dos o tres años", afirmó (Expreso, 8.9.2004).
* Por tercer día consecutivo el tipo de cambio en el mercado interbancario cerró a la baja, presionado por las fuertes expectativas devaluatorias hacia finales del año. En la jornada el precio venta del dólar interbancario cotizó a S/. 3,366 en las últimas transacciones, por debajo de los S/. 3,370 del 7 de setiembre. Y como para no perder la costumbre el Banco Central de Reserva (BCR) intervino nuevamente adquiriendo un total de US$ 20 millones en momentos en que el tipo de cambio presentaba una significativa tendencia a la baja a inicio de la sesión. Con este monto, el instituto emisor ya acumuló compras por US$ 1.289,5 millones en lo que va de este año (El Comercio, 9.9.2004).
* Tal como lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, el 8 de setiembre por la noche, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto de Urgencia que dispone la creación de un Fondo de Compensación, destinado a evitar que el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional ocasione un alza dramática de los combustibles en el mercado local. Este mecanismo -cuya vigencia será de manera inmediata- permitirá mantener estables los precios de los carburantes, tomando en cuenta que en lo que va del año se registraron varios incrementos en su valor. El fondo, cuya creación se gestó tras varias reuniones entre funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, de Energía y Minas y representantes de las distribuidoras de combustibles, tiene entre sus principales objetivos la aplicación de una política de subsidios que será puesta en práctica cada vez que el precio del crudo se eleve en los mercados del exterior. Lo que se busca es que estas empresas no aumenten el valor de las gasolinas cuando el petróleo suba –es decir, absorban los costos– y que sí lo hagan cuando el crudo baje (La República, 9.9.2004).
* En los primeros ocho meses del año, 1'537,944 pasajeros utilizaron servicios de aviación. De este total, Nuevo Continente transportó 811,138 pasajeros -es decir un 53% del total- superando a Lan Perú (que tiene el 29.5%), a TANS (que transporta el 14.5%), a Taca (que moviliza a un 1.4 %) y al resto de pequeñas aerolíneas -como Star Up o Aero Cóndor- que significan el 1.8% del mercado. Especialistas sostuvieron que esta mejora en la "torta de pasajeros" se debe a su estrategia en las tarifas y al mayor número de frecuencias que oferta; situación que Lan Perú no ha podido igualar, pues a pesar de contar con aeronaves más modernas no llega a los segmentos de mercado en los cuales se ha posesionado Nuevo Continente (Expreso, 9.9.2004).
* Dos mineras canadienses adquirieron la compañía peruana Poderosa, que explota un yacimiento de oro en el norte del Perú. La canadiense Cambior se hizo del 55,3% del paquete accionario y Canadian Shields Resources del restante 44,7%, según los acuerdos entre las partes. La operación implicaría un desembolso superior a US$ 40 millones. La mina Poderosa tiene reservas probadas y probables de 563.000 toneladas de oro, según datos de la SNMPE. Perú es el 6º productor mundial de oro y alcanzaría la quinta plaza el año próximo. En América Latina ocupa el primer lugar (La República, 11.9.2004).
* El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y los empleados de este poder del Estado pusieron fin a la huelga general que estos últimos venían acatando desde hace 58 días. Ambas partes firmaron la llamada Acta de Solución que fue elaborada tras una maratónica reunión que empezó el jueves 9 en la tarde y concluyó el 10 de setiembre en la madrugada, 13 horas después. Las autoridades judiciales acordaron pagarles una bonificación de 1.000 soles, que se abonará en dos partes. En la tensa reunión estuvo presente el propio presidente de la Corte Suprema, Hugo Sivina, a quien acompañaron el gerente general del Poder Judicial, Hugo Suero, los cinco integrantes del CEPJ y César Arteaga, presidente del gremio de servidores (La mayoría de los diarios, 11.9.2004).
* El 9 de setiembre, luego de seis meses de negociaciones con la mediación del Ministerio de Trabajo, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), gremio de empresarios del sector, llegaron a un feliz acuerdo, que dará paso al retorno de la negociación colectiva por rama. El convenio tendrá vigencia desde el primero de junio 2004 al 31 de mayo del 2005, ya que tendrá efecto retroactivo (La República, 10.9.2004).
* El 11 de setiembre, los trabajadores de la empresa minera Southern Peru Copper suspendieron por 30 días la huelga indefinida que acataban desde hace doce días en demanda de la revisión de un convenio colectivo que concluye el año 2007 y un aumento general de sueldos y salarios, y anunciaron que regresarán a sus labores el lunes 13. Guillermo Panca, secretario general del sindicato de trabajadores de la mina Toquepala, sostuvo que esta decisión no significa el término de la medida de fuerza. "Sólo es una suspensión temporal, por 30 días", manifestó. Agregó que los trabajadores de las dos minas de Southern Peru -Toquepala y Cuajone- no consiguieron que la empresa les aumente los sueldos como lo demandaban. Según informaron en días pasados los propios dirigentes sindicales, la huelga le costó a la firma, una de las diez mayores productoras de cobre en el mundo, un millón de dólares diarios y habría mermado significativamente la producción de sus minas en Toquepala y Cuajone (El Comercio, La República, Perú.21, 12.9.2004).
* El 7 de setiembre, la Comisión Multisectorial de la Presidencia de Consejo de Ministros, encargada del seguimiento de las acciones políticas de Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional, expresó su disconformidad con el fallo del Consejo Supremo de Justicia Militar sobre el caso La Cantuta, expedido el 15 de julio último, que pretende convalidar, 10 años después, una sentencia fraudulenta dictada en 1994 en beneficio de Montesinos y del grupo Colina. Señala que el referido fallo desconoce la sentencia de enero de este año de la Corte Suprema, que condenó a cuatro años de prisión a los miembros del CSJM que exculparon de responsabilidad penal al ex jefe de facto del SIN y asesor de Alberto Fujimori, y reafirma que la justicia militar "debe estar subordinada a la justicia ordinaria y,e n particular, a la Corte Suprema de Justicia (Perú.21, 8.9.2004).
* La fiscalía acogería el pedido de la Procuraduría para procesar a Vladimiro Montesinos y los generales Nicolás Hermoza Ríos y Luis Pérez Documet por el caso La Cantuta sin esperar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el fiscal Héctor Villar demoraría algunas semanas en tomar esta decisión, por las implicancias jurídicas de la misma ante la resolución de la justicia militar que exculpó a Montesinos, Hermoza y Pérez Documet por el caso La Cantuta. Además, es posible que la defensa de dichas personas trate de evitar tal pronunciamiento. A lo largo de la investigación del crimen de La Cantuta, Villar ha señalado la responsabilidad del jefe de facto del SIN y los mencionados ex jefes militares en el asesinato de los estudiantes y el profesor de dicha universidad pública. Precisamente, el expediente principal del proceso al Grupo Colina se encuentra en manos de este fiscal para que emita su informe final. Villar ya redactó ese documento, pero no lo ha podido entregar al Poder Judicial debido a la huelga (La República, 8.9.2004).
* El 10 de setiembre, lemas subversivos manifestando la presunta adhesión de los estudiantes a la ideología de Sendero Luminoso aparecieron en las paredes de tres aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), centro de estudios que paralizó sus actividades por la protesta de los alumnos. "Viva el pensamiento del presidente Gonzalo" y "La revolución triunfará y la guerra popular prevalecerá", son algunas de las frases que la policía halló en los ambientes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, situados en el segundo y tercer piso del mencionado local. La aparición de estas "pintas" no sorprendió a los alumnos de la UNI, quienes informaron que es la tercera vez en este año que aparecen este tipo de lemas. También señalaron que "personas allegadas al cuestionado rector Roberto Morales escribieron los lemas subversivos para desprestigiar la protesta de los estudiantes", por lo que manifestaron sus suspicacias en torno al tema (El Comercio, 11.9.2004).
* La solución al problema de las requisitorias en todo el país no es una cuestión de leyes, pues pese a ello aún persisten los problemas. La alarmante lista de 51,684 requisitorias que registra la Policía por terrorismo, que involucra a más de 12 mil personas, se espera que sea depurada en los próximos meses para determinar qué ciudadanos se encuentran indebidamente con una orden de detención. Así lo afirmó Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien el 10 de setiembre explicó el proyecto que viene desarrollando esta institución desde hace cinco meses. Ya se dio el primer paso, con la depuración del padrón general de requisitorias por traición a la patria. Considerando que este delito fue declarado inconstitucional en 2003, los abogados del IDL procedieron a verificar que las 2,739 requisitorias por ese delito, que afectaban a 917 personas, fueran anuladas. Ahora empieza el trabajo con las más de 51 mil que restan por delitos de terrorismo (Expreso, 11.9.2004).
* La exhumación de cuatro cadáveres de una familia que fue asesinada aparentemente por efectivos militares durante la guerra contra el terrorismo, en la localidad de San Cristóbal, distrito de San Rafael, Ambo (Huánuco), se frustró por falta de colaboración del Ministerio de Defensa. Los restos pertenecen a Ruperto Lliuya Salcedo, Eloísa Lliuya Salcedo, Antonio Lliuya Salcedo y Pablo Muñoz Barrueta. Su exhumación responde a un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue dispuesta por la Fiscalía Especializada en Exhumación de Fosas Clandestinas, a cargo del fiscal Mario Gonzales. La suspensión de la diligencia se produjo porque el Ministerio de Defensa no facilitó un helicóptero para el traslado hacia la zona del fiscal, peritos forenses, guías, materiales y los restos desde el lugar de exhumación hacia Tingo María (Perú.21, 11.9.2004).
* Más de 200 nativos asháninkas, entre hombres, mujeres y niños, continúan secuestrados por Sendero Luminoso en el valle del río Ene, entre Junín, Apurímac y Ayacucho, denunció el estudioso en temas amazónicos Roger Rumrill. El experto indicó que esta fue la versión que recibió, hace poco, de líderes de organizaciones nativas de la selva central con quienes se reunió recientemente y que coincidieron en demandar al gobierno que haga algo para liberar a los cautivos. Señaló también que de acuerdo al testimonio del investigador Mishel Sanz, miembro de la Asociación para la Conservación de Cutivireni, los nativos secuestrados pertenecerían a esta comunidad, la más numerosa de la etnia asháninka, y la de Kamantavishi, también ubicada en el valle del río Ene. Sanz, de nacionalidad francesa, y el párroco Mariano Vagnon, participaron en el 2003 en las operaciones de liberación y reubicación de los asháninkas en el valle de Pavoreni, en Urubamba, Cusco, y según los testimonios que recibieron de los liberados quedaban más de 200 nativos en manos de los senderistas (La República, 12.9.2004).
* El abogado de Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, solicitará al Poder Judicial su "libertad inmediata" al cumplirse doce años de su condena a cadena perpetua, que fue anulada, y porque hasta ahora no hay fecha para nuevo juicio. Según dijo su abogado Manuel Fajardo a la agencia AFP, la demanda será planteada mediante una acción de Hábeas Corpus, por considerar que su juzgamiento fue realizado en base a una ilegal legislación antiterrorista, "por lo que su defendido debe esperar en libertad su nuevo proceso" (La República, 12.9.2004).
* El 13 de setiembre a las 2.45 de la madrugada, el ómnibus de la empresa Trans Mar, con matrícula UO4816, fue intervenido en la Carretera Central, jurisdicción de La Oroya. En las bodegas del ómnibus interprovincial agentes antinarcóticos hallaron dos maletines llenos de marihuana y la fiscal, Silvia de la Cruz Quintana, dispuso el arresto preventivo del chofer auxiliar, Enrique Porras Damas, de 48 años. Cada una de las valijas contenía nueve paquetes tipo ladrillo de marihuana prensada, con un peso individual de un kilogramo. La hierba alucinógena tenía como destino la ciudad de Lima. Había sido remesada como encomienda desde Tingo María (La República, 14.9.2004).

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