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Timestamp: 2016-10-21 15:24:35+00:00

Document:
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible. T�TULO I.�Mejora del entorno econ�mico.
Vigencia desde 06 de Marzo de 2011. Esta revisi�n vigente desde 28 de Junio de 2014
Vigente desde 29/Mayo/2011 hasta 28/Julio/2011
Vigente desde 28/Julio/2011 hasta 31/Agosto/2011
Vigente desde 31/Agosto/2011 hasta 16/Diciembre/2011
Vigente desde 16/Diciembre/2011 hasta 1/Julio/2012
Vigente desde 30/Junio/2013 hasta 31/Diciembre/2013
Vigente desde 31/Diciembre/2013 hasta 28/Junio/2014
Vigente desde 28/Junio/2014 hasta 1/Enero/2015
T�TULO I Mejora del entorno econ�mico
CAP�TULO IMejora de la calidad de la regulaci�n
T�ngase en cuenta que el Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 20 de diciembre 2011, ha admitido a tr�mite el recurso de inconstitucionalidad n�mero 6642/2011, promovido por el Gobierno de Canarias, contra los art�culos 4 a 7, 41.uno, 80, 91 y 110.4 de la presente Ley (�B.O.E.� 29 diciembre).
V�ase Res. 3 junio 2011, de la Secretar�a de Estado de Cooperaci�n Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi�n Bilateral de Cooperaci�n Administraci�n General del Estado-Comunidad Aut�noma de Canarias en relaci�n con la Ley del Estado 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible (�B.O.E.� 27 junio).
Principios de buena regulaci�n aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones P�blicas 1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las Administraciones P�blicas actuar� de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jur�dica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa normativa quedar� suficientemente justificada la adecuaci�n a dichos principios.
2. En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe estar justificada por una raz�n de inter�s general.
3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que se proponga deber� ser el instrumento m�s adecuado para garantizar la consecuci�n del objetivo que se persigue, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado.
4. A fin de garantizar el principio de seguridad jur�dica, las facultades de iniciativa normativa se ejercer�n de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuaci�n de los ciudadanos y empresas y la adopci�n de sus decisiones econ�micas.
5. En aplicaci�n del principio de transparencia, los objetivos de la regulaci�n y su justificaci�n deben ser definidos claramente.
6. Para garantizar el principio de accesibilidad, se establecer�n los mecanismos de consulta con los agentes implicados que estimulen su participaci�n activa en el proceso de elaboraci�n normativa, as� como instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulaci�n vigente.
7. El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecuci�n de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensi�n del mismo.
8. En aplicaci�n del principio de eficacia, la iniciativa normativa debe partir de una identificaci�n clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitando cargas innecesarias y accesorias para la consecuci�n de esos objetivos finales.
9. En todo caso, los poderes p�blicos procurar�n el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo m�s simplificado posible, f�cilmente accesible por los ciudadanos y agentes econ�micos, posibilitando el conocimiento r�pido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicaci�n y sin m�s cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacci�n del inter�s general.
Instrumentos de las Administraciones P�blicas para la mejora de la regulaci�n Para contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y a la aplicaci�n de los principios de sostenibilidad y buena regulaci�n, las Administraciones P�blicas:
1. Impulsar�n los instrumentos de an�lisis previo de iniciativas normativas para garantizar que se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que �stas produzcan, con el objetivo de no generar a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o desproporcionados, en relaci�n al objetivo de inter�s general que se pretenda alcanzar.
2. Prestar�n la m�xima atenci�n al proceso de consulta p�blica en la elaboraci�n de sus proyectos normativos, justificando entre otros los principios de buena regulaci�n aplicables a las iniciativas normativas, fomentando la participaci�n de los interesados en las iniciativas normativas, con el objetivo de mejorar la calidad de la norma. Para ello pondr�n a disposici�n de los interesados todos los canales de comunicaci�n necesarios, especialmente a trav�s de medios telem�ticos, y asimismo aportar�n la informaci�n adecuada para la mejor comprensi�n y valoraci�n de los efectos esperados de las iniciativas normativas.
3. Promover�n el desarrollo de procedimientos de evaluaci�n a posteriori de su actuaci�n normativa, disponiendo el establecimiento de los correspondientes sistemas de informaci�n, seguimiento y evaluaci�n.
Adaptaci�n de la regulaci�n vigente a los principios de sostenibilidad y buena regulaci�n 1. Las Administraciones P�blicas revisar�n peri�dicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulaci�n y a los objetivos de sostenibilidad recogidos en esta Ley.
2. A los efectos de lo previsto en el presente Cap�tulo, en el marco de la Conferencia Sectorial de Administraci�n P�blica, se acordar�n e impulsar�n criterios para promover la aplicaci�n de los principios de buena regulaci�n.
3. Igualmente, las Administraciones P�blicas, en el marco del Comit� para la Mejora de la Regulaci�n de las Actividades de Servicios, cooperar�n para promocionar el an�lisis econ�mico de la regulaci�n y, en particular, evitar la introducci�n de restricciones injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento de los mercados e impulsar iniciativas de reforma en este �mbito.
Transparencia y seguimiento de la mejora regulatoria 1. Con la periodicidad que se acuerde en la Conferencia Sectorial de Administraci�n P�blica, la Administraci�n General del Estado y las Administraciones Auton�micas publicar�n un informe sobre las actuaciones de mejora regulatoria que hayan realizado, incluyendo una referencia a los avances en el programa de reducci�n de cargas, as� como el programa de trabajo en materia de mejora regulatoria para el per�odo siguiente.
2. En el marco del Comit� para la Mejora de la Regulaci�n de las Actividades de Servicios se aprobar�, con la periodicidad que se acuerde, un informe de sus actuaciones que podr� contener propuestas para mejorar el funcionamiento de los mercados.
CAP�TULO IIOrganismos Reguladores
Secci�n 1Disposiciones generales sobre los organismos reguladores
Naturaleza jur�dica y r�gimen de funcionamiento de los Organismos Reguladores ...
Relaci�n con las entidades p�blicas y privadas, e independencia funcional ...
Secci�n 2Del objeto de los organismos reguladores
Objeto de la actuaci�n de los Organismos Reguladores ...
Secci�n 3De los �rganos de direcci�n de los organismos reguladores
Organizaci�n de los Organismos Reguladores ...
Secci�n 4Del personal de los organismos reguladores
Obligaci�n de informar y garant�as para la actuaci�n ...
Secci�n 5De la transparencia y la responsabilidad social de los organismos reguladores
Impugnaci�n de las decisiones de los Organismos Reguladores ...
Secci�n 6De los mecanismos de colaboraci�n y cooperaci�n de los organismos reguladores
Cooperaci�n interinstitucional ...
Cooperaci�n entre los Organismos Reguladores y con la Comisi�n Nacional de la Competencia ...
Secci�n 7Normas relativas al establecimiento y c�lculo del porcentaje, tipos de gravamen y cuotas de las tasas de los organismos reguladores y la comisi�n nacional de la competencia, as� como para su endeudamiento
Establecimiento y c�lculo del porcentaje, tipos de gravamen y cuotas de las tasas de los organismos reguladores y de la Comisi�n Nacional de la Competencia ...
Cap�tulo II del T�tulo I derogado por la letra h) de la disposici�n derogatoria de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci�n de la Comisi�n Nacional de los Mercados y la Competencia (�B.O.E.� 5 junio).Vigencia: 6 junio 2013
CAP�TULO IIIMercados Financieros
Secci�n 1Transparencia y gobierno corporativo
Principios de buen gobierno corporativo y adecuada gesti�n del riesgo en relaci�n con las remuneraciones de los ejecutivos En aplicaci�n de los principios de buen gobierno corporativo emanados de los acuerdos y organismos internacionales, y con el fin de reforzar su solvencia y asegurar una gesti�n adecuada de los riesgos de las entidades por parte de sus directivos:
a) Las sociedades cotizadas incrementar�n la transparencia en relaci�n con la remuneraci�n de sus consejeros y altos directivos, as� como sobre sus pol�ticas de retribuciones, en los t�rminos previstos en el art�culo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
b) Adicionalmente, las entidades de cr�dito y las empresas de servicios de inversi�n aumentar�n la transparencia en sus pol�ticas de remuneraci�n, y la coherencia de las mismas con la promoci�n de una gesti�n del riesgo s�lida y efectiva, en los t�rminos previstos en los art�culo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y 10 ter de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi�n, recursos propios y obligaciones de informaci�n de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.
Mejora de la supervisi�n financiera Las autoridades financieras incorporar�n al ejercicio de sus facultades de inspecci�n y sanci�n los principios, normas y criterios de calidad incorporados en las Disposiciones finales quinta, s�ptima, octava, novena y d�cima de esta Ley.
Responsabilidad en el cr�dito y protecci�n de los usuarios de servicios financieros 1. Las entidades de cr�dito, antes de que se celebre el contrato de cr�dito o pr�stamo, deber�n evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una informaci�n suficiente. A tal efecto, dicha informaci�n podr� incluir la facilitada por el solicitante, as� como la resultante de la consulta de ficheros automatizados de datos, de acuerdo con la legislaci�n vigente, especialmente en materia de protecci�n de datos de car�cter personal.
Para la evaluaci�n de la solvencia del potencial prestatario se tendr�n en cuenta las normas espec�ficas sobre gesti�n de riesgos y control interno que les son aplicables a las entidades de cr�dito seg�n su legislaci�n espec�fica.
Adicionalmente, de acuerdo con las normas dictadas en desarrollo de la letra a) del apartado siguiente, las entidades de cr�dito llevar�n a cabo pr�cticas para la concesi�n responsable de pr�stamos y cr�ditos a los consumidores. Dichas pr�cticas se recoger�n en documento escrito del que se dar� cuenta en una nota de la memoria anual de actividades de la entidad.
Las obligaciones establecidas en el p�rrafo anterior se entienden sin perjuicio de las fijadas en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci�n del Mercado Hipotecario y su normativa de desarrollo.
Igualmente, de acuerdo con lo previsto en la legislaci�n vigente, las entidades facilitar�n a los consumidores, de manera accesible y, en especial, a trav�s de la oportuna informaci�n precontractual, las explicaciones adecuadas para que puedan evaluar si todos los productos bancarios que les ofrecen, en particular los dep�sitos a plazo y los cr�ditos o pr�stamos hipotecarios o personales, se ajustan a sus intereses, necesidades y a su situaci�n financiera, haciendo especial referencia a las caracter�sticas esenciales de dichos productos y los efectos espec�ficos que puedan tener sobre el consumidor, en especial las consecuencias en caso de impago.
N�mero 2 del art�culo 29 derogado por la letra f) de la disposici�n derogatoria de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenaci�n, supervisi�n y solvencia de entidades de cr�dito (�B.O.E.� 27 junio).Vigencia: 28 junio 2014
Secci�n 2Mercados de seguros y fondos de pensiones
Mercados de seguros y fondos de pensiones Las Administraciones competentes velar�n por la aplicaci�n de una regulaci�n m�s transparente y eficaz de los mercados de seguros y fondos de pensiones, que asegure el cumplimiento de las siguientes finalidades:
a) Una mayor transparencia y eficiencia en la gesti�n de las entidades aseguradoras, en los t�rminos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en la redacci�n derivada de la disposici�n final decimocuarta de la presente Ley.
b) La simplificaci�n y agilizaci�n de los tr�mites y procedimientos administrativos de autorizaci�n y registro de los fondos de pensiones, conforme a lo indicado en el Texto Refundido de la Ley de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la redacci�n derivada de la disposici�n final decimotercera de la presente Ley.
c) La racionalizaci�n en la asignaci�n de recursos propios exigibles a las entidades gestoras de fondos de pensiones, mejorando su eficiencia y manteniendo un nivel suficiente y adecuado a su actividad, en los t�rminos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la redacci�n derivada de la disposici�n final decimotercera de la presente Ley.
d) La protecci�n de los ahorradores y los tomadores de seguros y los dem�s usuarios de los servicios prestados por las entidades aseguradoras, as� como el reforzamiento de la seguridad jur�dica en la comercializaci�n de los planes de pensiones, de acuerdo con lo contemplado en el Texto Refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre y del Texto Refundido de la Ley de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, ambos en la redacci�n derivada de las disposiciones finales decimotercera y decimocuarta de la presente Ley.
e) Un mayor desarrollo y transparencia en la mediaci�n de seguros y reaseguros, de acuerdo con la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediaci�n de seguros y reaseguros privados, en los t�rminos de la disposici�n final duod�cima de la presente Ley.
Secci�n 3Mecanismos de protecci�n de los clientes de servicios financieros
Protecci�n de clientes de servicios financieros a trav�s de los servicios de reclamaciones de los supervisores financieros Los servicios de reclamaciones del Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercer�n sus facultades en materia de protecci�n a los usuarios de servicios financieros en los t�rminos previstos en el art�culo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
CAP�TULO IVSostenibilidad financiera del sector p�blico
Sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones P�blicas 1. Todas las Administraciones P�blicas deben contribuir al logro de la sostenibilidad presupuestaria de las finanzas p�blicas, entendida como la capacidad para financiar los compromisos de gasto presentes y futuros.
2. Para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las Administraciones P�blicas aplicar�n una pol�tica de racionalizaci�n y contenci�n del gasto y se adecuar�n a los principios de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia, en los t�rminos definidos en la normativa de estabilidad presupuestaria.
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboraci�n y cualquier otra actuaci�n de las Administraciones P�blicas deber�n valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad presupuestaria.
4. Todo gasto se evaluar� atendiendo a los principios de eficiencia y simplificaci�n de los servicios prestados, incentivando la productividad del sector p�blico. En especial, el Estado promover� la colaboraci�n entre las Administraciones P�blicas para mejorar la eficiencia en la prestaci�n de servicios p�blicos.
Cooperaci�n con otras Administraciones P�blicas 1. En el seno del Consejo de Pol�tica Fiscal y Financiera y de la Comisi�n Nacional de Administraci�n Local, el Ministerio de Econom�a y Hacienda informar� a las Comunidades Aut�nomas y a las Entidades locales, respectivamente, de las medidas adoptadas en cumplimiento de lo previsto en este Cap�tulo en el ejercicio inmediatamente anterior.
2. Igualmente, el Gobierno impulsar� la adopci�n de acuerdos de los citados �rganos de cooperaci�n y las actuaciones de las correspondientes administraciones con el fin de adoptar medidas de racionalizaci�n y contenci�n del gasto p�blico en sus respectivas �reas de competencia, en especial en el marco de los planes econ�mico financieros de reequilibrio previstos en la normativa de estabilidad presupuestaria.
Plan de austeridad de la Administraci�n General del Estado 1. La pol�tica de racionalizaci�n y contenci�n del gasto p�blico de la Administraci�n General del Estado se instrumentar� a trav�s de un Plan de austeridad de la Administraci�n General del Estado que permita, por una parte, mantener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo econ�mico de acuerdo con los principios de la normativa de estabilidad presupuestaria, las previsiones del derecho comunitario y los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el �mbito de la Uni�n Europea; y, por otra, adaptar los programas de gasto de la Administraci�n General del Estado a los recursos presupuestarios disponibles a medio y largo plazo, de forma que se garantice la sostenibilidad presupuestaria.
2. El Plan de austeridad conllevar� la revisi�n y el an�lisis de todos los programas y pol�ticas de gasto y, asimismo, la racionalizaci�n de las estructuras de la Administraci�n General del Estado y del sector p�blico empresarial estatal, con el objetivo de adecuar la estructura y organizaci�n a los principios de eficiencia y econom�a en la programaci�n y ejecuci�n del gasto p�blico y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo.
3. Anualmente, el Gobierno dar� cuenta a las Cortes Generales del progreso en la implantaci�n del Plan de austeridad de la Administraci�n General del Estado.
Sostenibilidad en la gesti�n de las empresas p�blicas 1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades p�blicas empresariales adscritas a la Administraci�n General del Estado adaptar�n su gesti�n a los principios enunciados de esta Ley.
2. En el plazo de un a�o desde la entrada en vigor de esta Ley, adaptar�n sus planes estrat�gicos para:
a) Presentar anualmente informes de gobierno corporativo, as� como memorias de sostenibilidad de acuerdo con est�ndares com�nmente aceptados, con especial atenci�n a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integraci�n de las personas con discapacidad.
b) Revisar sus procesos de producci�n de bienes y servicios aplicando criterios de gesti�n medioambiental orientados al cumplimiento de las normas del sistema comunitario de gesti�n y auditor�a medioambiental.
c) Favorecer la adopci�n de principios y pr�cticas de responsabilidad social empresarial por sus proveedores, en particular relativas a la promoci�n de la integraci�n de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la plena integraci�n de las personas con discapacidad, con especial atenci�n al cumplimiento de lo previsto en el art�culo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integraci�n social de los minusv�lidos.
d) Incluir en sus procesos de contrataci�n, cuando la naturaleza de los contratos lo permita, y siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitaci�n y el pliego o en el contrato, condiciones de ejecuci�n referentes al nivel de emisi�n de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecuci�n del contrato. Asimismo en los criterios de adjudicaci�n de los contratos, cuando su objeto lo permita, y estas condiciones est�n directamente vinculadas al mismo, se valorar� el ahorro y el uso eficiente del agua y de la energ�a y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de la vida, los procedimientos y m�todos de producci�n ecol�gicos, la generaci�n y gesti�n de residuos o el uso de materiales reciclados y reutilizados o de materiales ecol�gicos.
e) Optimizar el consumo energ�tico de sus sedes e instalaciones celebrando contratos de servicios energ�ticos que permitan reducir el consumo de energ�a, retribuyendo a la empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura energ�tica.
f) Identificar l�neas de actuaci�n asociadas a procesos de investigaci�n, desarrollo e innovaci�n relacionadas con las actividades del objeto social o estatutario de la entidad, orientadas a obtener tecnolog�a no existente en el mercado susceptible de contribuir a mejorar sus procesos productivos.
g) Proponer y, en su caso, establecer, en el marco de la negociaci�n colectiva, mecanismos que faciliten la movilidad de los trabajadores en el �mbito del sector p�blico empresarial del Estado, as� como establecer un sistema de formaci�n orientado a la cualificaci�n y adaptaci�n de los trabajadores a las nuevas tecnolog�as y a la cultura de la sostenibilidad.
3. Los Departamentos u Organismos a los que se adscriban los grupos empresariales p�blicos elaborar�n, teniendo en cuenta el contenido de los planes estrat�gicos de las empresas, un plan de sostenibilidad del grupo donde se establezcan las medidas de apoyo, refuerzo y coordinaci�n complementarias de las iniciativas de las empresas y se definan los mecanismos para el seguimiento y control de los objetivos de sostenibilidad asumidos por el grupo.
Incumplimiento por las Entidades locales de la obligaci�n de remitir la informaci�n relativa a la liquidaci�n de sus presupuestos a la Administraci�n General del Estado 1. En el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligaci�n de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas toda la informaci�n relativa a la liquidaci�n de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 193.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y Local, proceder� a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidaci�n, y hasta que se produzca la regularizaci�n de la citada remisi�n, as� como la de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de aplicaci�n la presente norma, el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participaci�n en los tributos del Estado que les corresponda.
Asimismo, en el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligaci�n de remitir al Tribunal de Cuentas la informaci�n a la que se refiere el art�culo 212.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podr� retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participaci�n en los tributos del Estado que les corresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligaci�n de remisi�n. Para que la anterior retenci�n, o suspensi�n de la misma, se pueda practicar ser� necesaria una comunicaci�n del Tribunal de Cuentas a la Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y Local.
A estos efectos, ser� objeto de retenci�n la cuant�a resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, as� como las retenciones a las que se refiere la disposici�n adicional cuarta del mencionado texto refundido.
N�mero 1 del art�culo 36 redactado por la disposici�n final tercera de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalizaci�n y sostenibilidad de la Administraci�n Local (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2013
2. En el supuesto de que las Entidades locales justifiquen razonadamente la imposibilidad material de dar cumplimiento a la obligaci�n mencionada en el apartado anterior, la Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y Local suspender� por el tiempo que determine, de acuerdo con aquellas alegaciones, la retenci�n de fondos a la que se refiere dicho apartado, previa solicitud del Pleno de la Entidad local afectada.
La referencia a la �Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y Local� contenida en el presente apartado, ha sido introducida en sustituci�n de la anterior referencia a la �Direcci�n General de Coordinaci�n Financiera con las Comunidades Aut�nomas y con las Entidades Locales�, conforme establece el apartado dos de la disposici�n final vig�sima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2013 (�B.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2013
3. Cuando se remita la mencionada informaci�n a la Secretar�a General de Coordinaci�n Auton�mica y Local, �sta reanudar� el pago de las entregas a cuenta, a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepci�n, as� como el de las cantidades retenidas con anterioridad. La remisi�n se podr� realizar utilizando el procedimiento de transmisi�n electr�nica, de acuerdo con la norma de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que regule la informaci�n a suministrar por las Corporaciones locales.
4. Hasta la realizaci�n del pago citado en el apartado anterior, las cantidades retenidas podr�n permanecer ingresadas en las cuentas de acreedores no presupuestarios habilitadas en la Secretar�a General del Tesoro y Pol�tica Financiera, citadas en las normas de gesti�n presupuestaria de determinados cr�ditos a favor de las Entidades locales, contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
La referencia a la �Secretar�a General del Tesoro y Pol�tica Financiera� contenida en el presente apartado, ha sido introducida en sustituci�n de la anterior referencia a la �Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financieras�, conforme establece el apartado dos de la disposici�n final vig�sima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2013 (�B.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2013
CAP�TULO VContrataci�n P�blica y Colaboraci�n P�blico Privada
Impulso a la eficiencia en la contrataci�n p�blica y financiaci�n de la colaboraci�n p�blico-privada ...
Art�culo 37 derogado por el apartado 5 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P�blico (�B.O.E.� 16 noviembre).Vigencia: 16 diciembre 2011
Fomento de la contrataci�n p�blica de actividades innovadoras ...
Art�culo 38 derogado por el apartado 5 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P�blico (�B.O.E.� 16 noviembre).Vigencia: 16 diciembre 2011
CAP�TULO VIResponsabilidad Social de las Empresas
Promoci�n de la responsabilidad social de las empresas 1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones p�blicas o privadas, especialmente a las peque�as y medianas y a las empresas individuales, a incorporar o desarrollar pol�ticas de responsabilidad social, las Administraciones P�blicas mantendr�n una pol�tica de promoci�n de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores pr�cticas existentes y estimulando el estudio y an�lisis sobre los efectos en materia de competitividad empresarial de las pol�ticas de responsabilidad social.
En particular, el Gobierno pondr� a su disposici�n un conjunto de caracter�sticas e indicadores para su autoevaluaci�n en materia de responsabilidad social, as� como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los est�ndares internacionales en la materia.
2. El conjunto de caracter�sticas, indicadores y modelos de referencia a que se refiere el apartado anterior deber� atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gesti�n, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoci�n de la integraci�n de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
3. Las sociedades an�nimas podr�n hacer p�blicos con car�cter anual sus pol�ticas y resultados en materia de Responsabilidad Social Empresarial a trav�s de un informe espec�fico basado en los objetivos, caracter�sticas, indicadores y est�ndares internacionales mencionados en los apartados anteriores. En todo caso, en dicho informe espec�fico deber� constar si ha sido verificado o no por terceras partes.
En el caso de sociedades an�nimas de m�s de 1.000 asalariados, este informe anual de Responsabilidad Social Empresarial ser� objeto de comunicaci�n al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial que permita efectuar un adecuado seguimiento sobre el grado de implantaci�n de las pol�ticas de Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas espa�olas.
Asimismo, cualquier empresa podr� solicitar voluntariamente ser reconocida como empresa socialmente responsable, de acuerdo con las condiciones que determine el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial.
4. El Gobierno facilitar� los recursos necesarios para que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial pueda llevar a cabo plenamente sus funciones.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto