Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/204/1
Timestamp: 2016-06-29 14:44:33+00:00

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00015244. El Parlamento de Andalucía adoptó en la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por unanimidad, el pasado 4 de octubre, tres proposiciones no de ley relativas a la finalización, una vez cumplidos, de los compromisos de la Junta de Andalucía, en materia de ayudas sociolaborales y, en particular, el Legislativo andaluz, acordó lo siguiente:
Económicamente ya no es viable y socialmente no es sostenible mantener un sistema que, como efecto reflejo pero indeseado, incentive la detracción de dichos trabajadores de nuestra fuerza laboral. Las fórmulas aplicadas hasta ahora a las situaciones de reestructuración y liquidación empresarial no son, en el actual contexto, viables ni sostenibles, tanto desde el punto de vista económico como social. El mantenimiento y la continuidad de los puestos de trabajo, especialmente de aquellos trabajadores más experimentados de la fuerza laboral de Andalucía, debe ser compatible con las políticas de cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público. Con esta norma se pretende actualizar el sistema normativo que ha venido dando amparo a las ayudas sociolaborales. Se busca, asimismo, dar solución a las dificultades de gestión que se han puesto de manifiesto como consecuencia de la externalización de la materialización de las ayudas mediante seguros colectivos de rentas, que han demorado en los últimos meses las percepciones económicas que corresponden a los ex-trabajadores beneficiarios de ayudas sociolaborales, y avanzar en los sistemas de control y verificación de esas ayudas y sus perceptores. Todo ello permitirá una mejor tramitación administrativa y presupuestaria de los compromisos de asistencia y ayuda económica que la Junta de Andalucía ha venido adoptando en relación con diversos colectivos de ex-trabajadores en situación de precariedad y aun de necesidad.
Sin embargo, con la enumeración de los anteriores motivos no se cierra la completa fundamentación de esta norma. La decidida apuesta de la Junta de Andalucía por avanzar en la participación e información de los ciudadanos en el marco del principio de legalidad y transparencia administrativa (artículo 133 del Estatuto de Autonomía), el derecho de los andaluces a una buena administración (artículo 31 del Estatuto de Autonomía), la asignación equitativa de los recursos financieros disponibles (artículo 189 del Estatuto de Autonomía) son el marco referencial para la culminación del objetivo de la Comunidad Autónoma de alcanzar la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación del riesgo a la exclusión social. En este sentido, el artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge el título competencial en materia de servicios sociales, que habilita a la Junta de Andalucía a la adopción de esta norma, por cuanto dicho título competencial incluye «la regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial y complementarias de otros sistemas de protección públicas» así como «la regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situaciones de necesidad social».
El tránsito de una herramienta que era necesaria para el contexto y los condicionantes de nuestra economía en el pasado más reciente, a una más adecuada a la actual situación económica no puede realizarse obviando situaciones ya producidas. Al contrario, la actualización normativa exige la consideración de la existencia de esas situaciones preexistentes, y regularlas de manera que puedan reconducirse a una cierta homogeneidad, en un contexto de austeridad y transparencia públicas, con el objetivo final de propiciar su mejor y mayor verificación y control. De ellas fueron beneficiarios trabajadores y trabajadoras que han hecho a su costa importantes aportaciones económicas, complementarias a las realizadas por las empresas, y deben ser amparados por el principio de buena fe y confianza legítima que rige la actuación de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de la protección de esos trabajadores, deben articularse los mecanismos más eficientes para que la Administración de la Junta de Andalucía pueda detectar y perseguir las actuaciones, pasadas y futuras, que se aparten del ordenamiento en cada caso vigente. Además, se incorporan medidas para favorecer la recualificación, reciclaje profesional y empleabilidad de los beneficiarios de las ayudas sociolaborales.
Toda la situación descrita conlleva una extraordinaria y urgente necesidad de legislar al respecto y así lo han entendido de forma unánime todos los grupos parlamentarios, que aprobaron el día 4 de octubre en el Parlamento de Andalucía las proposiciones no de ley, antes citadas. El presente Decreto-ley constituye una de las bases normativas con las que el Gobierno Andaluz da respuesta del máximo rango legal a las iniciativas parlamentarias. Las ayudas sociolaborales se enmarcan, como se ha dicho, dentro de las políticas y competencias de la Junta de Andalucía sobre cohesión, protección y bienestar social, siéndole de aplicación las disposiciones correspondientes a esta clase de medidas. Debido a la urgencia que tiene la efectiva aplicación de las medidas inherentes a estas políticas, debe afrontarse la problemática de determinados ex-trabajadores y ex-trabajadoras mediante el instrumento del Decreto-ley, como ha entendido el propio Parlamento de Andalucía al adoptar por unanimidad el pasado 4 de octubre las proposiciones no de ley, ya citadas. Asimismo, se introduce en la disposición adicional quinta la suspensión de los procesos electorales para la renovación de los órganos de gobierno en las Cajas de Ahorros andaluzas, justificándose la citada suspensión en la necesidad de llevar a cabo, previamente, la adaptación de la actual regulación autonómica en materia de Cajas de Ahorros al Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, en cuanto éste afecta a la composición de los órganos de gobierno y a la nueva normativa regulatoria dictada dentro del actual proceso de reestructuración del sistema financiero español que está llevando a cabo el Gobierno Central.
Las ayudas reguladas en el presente Decreto-ley son de dos tipos: a) Ayudas previas a la jubilación ordinaria, consistentes bien en la financiación de la prima de los contratos de seguro colectivo de rentas bien en prestaciones económicas mensuales, hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria o situaciones asimiladas descritas en el artículo 11.1.a).
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas sociolaborales previstas en el presente Decreto-ley las personas en situación de desempleo que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía estén incluidas en los siguientes colectivos:
a) Colectivos de ex-trabajadores y ex-trabajadoras que fueron beneficiarios de ayudas sociolaborales instrumentadas a través de contratos de seguro colectivo de rentas, se hallen o no en proceso de financiación de sus primas por parte de la Junta de Andalucía, que se concretan en el apartado 2 de este artículo, cuya ayuda consistirá en la financiación del referido contrato de seguro una vez adecuado a lo indicado en el artículo 4.1 del presente Decreto-ley. b) Colectivos de ex-trabajadores y ex-trabajadoras contemplados en acuerdos de medidas sociolaborales en los que participó la Junta de Andalucía que se concretan en el apartado 3 de este artículo. En este caso la ayuda consistirá en una prestación económica mensual.
a) Complejo Bodeguero Bellavista, S.L.U. (n.º de póliza: 1-83-190-001-210 y 1-83-190-001-211. Aseguradora: Generali Seguros).
j) Compañía Minera del Marquesado, S.L.L. (n.º de póliza: 1-83-190-001-923 y 1-83-190-001-395. Aseguradora: Generali Seguros).
k) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-956. Aseguradora: Generali Seguros).
p) ABB Trans and Distr SYS (1-83-190-001-839 y 1-83-190-001-050. Aseguradora: Generali Seguros). q) Nexprom, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-065. Aseguradora: Generali Seguros).
w) Astilleros de Huelva, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-461. Aseguradora: Generali Seguros).
x) Cerámicas Syre, S.A. (n.º de póliza: 1-83-190-001-490 y 1-83-190-001-131. Aseguradora: Generali Seguros).
y) Springer Arteferro, S. Coop. (n.º de póliza: 1-83-190-001-028 y 1-83-190-001-537. Aseguradora: Generali Seguros).
z) Promi Forja, S.L. (n.º de póliza: 1-83-190-000-707. Aseguradora: Generali Seguros).
b) Colectivo de ex-trabajadores acogidos al Plan Linares Futuro: Los setecientos veintisiete ex-trabajadores y ex-trabajadoras incluidos en el Acuerdo Marco para la Activación del Plan Linares Futuro, de 14 de febrero de 2011, como «Colectivo A», que hubiesen nacido hasta el 14 de febrero de 1961, excepto los ex-trabajadores de Matresur (n.º de póliza: G-83-190-003-171. Aseguradora: Generali Seguros).
Los cuatro ex-trabajadores que aún estando incluidos en el expediente de regulación de empleo, autorizado mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz, Incidente concursal núm. 151/2007, vieron rescindidos sus contratos de trabajo en un momento posterior, al haber realizado labores para el cierre y liquidación ordenada de la Factoría y que cumplían los requisitos necesarios para haber suscrito contrato de seguro colectivo de rentas en su momento. d) Colectivo de ex-trabajadores de Boliden Apirsa, S.L.:
Los doce ex-trabajadores incluidos en el expediente de regulación de empleo núm. 3/2001 y contemplados en el apartado 1.1 del «Acuerdo final para el colectivo de trabajadores pendientes de recolocar y procedentes de Boliden» de 3 de febrero de 2011. 4. Los colectivos de ex-trabajadores a que se refieren la letra c) del apartado 1 son los siguientes:
Los ochenta ex-trabajadores y ex-trabajadoras incluidos en el Acuerdo Marco para la Activación del Plan Linares Futuro de 14 de febrero de 2011 como «Colectivo B». Los doscientos cuatro ex-trabajadores y ex-trabajadoras acogidos al Plan Linares Futuro que no fueran beneficiarios del Plan de Acompañamiento Social, que presten servicios al menos desde el 31 de diciembre de 2008 en alguna de las empresas del Parque de Proveedores de Santana afectadas por el descenso de actividad de vehículos de Santana Motor, y que se hayan visto afectados por expedientes de regulación de empleo de carácter suspensivo desde el 1 de enero de 2009.
Los cincuenta y ocho ex-trabajadores incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo, autorizado mediante Auto núm. 382/2011 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Sevilla, de fecha 19 de diciembre de 2011, recaído en la cuestión incidental núm. 954/2011 de los Autos núm. 924/2010. c) Colectivo de ex-trabajadores de Delphi Automotive Systems España, S.L. (DASE):
Los once ex-trabajadores que aun estando incluidos en el expediente de regulación de empleo autorizado mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz, Incidente concursal núm. 151/2007, se acogieron a la medida del plan social denominada «Proyectos Personales de Inserción (PPI)» recogida en el acuerdo sociolaboral suscrito el 4 de julio de 2007 y sus desarrollos posteriores. Artículo 4. Cuantificación y condiciones de las ayudas sociolaborales.
A estos efectos, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley, deberá presentarse por los colectivos de beneficiarios y las compañías aseguradoras ante la Consejería competente en materia de Empleo propuesta de novación del correspondiente contrato de seguro colectivo de rentas, que incluirá su presupuesto económico, ajustada a las condiciones anteriores. En el supuesto de que no se presente en el plazo señalado en este apartado la propuesta de novación o la misma no cumpla las condiciones previstas, cesará la financiación pública de las primas de los contratos de seguro colectivo de rentas sin perjuicio de los efectos privados entre las partes. 2. Las ayudas previas a la jubilación ordinaria para los ex-trabajadores incluidos en el apartado 3 del artículo anterior se articularán a través de ayudas directas, abonadas por la Junta de Andalucía individualmente a cada ex-trabajador o ex-trabajadora. El importe de la ayuda se actualizará cada año en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas del Sistema Público de la Seguridad Social, con un máximo de un 2% anual, no pudiendo superar la renta final el importe de la pensión máxima prevista en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio del incremento que sobre dicha cuantía de ayuda suponga la financiación del convenio especial con la Seguridad Social, en los supuestos en que legalmente procedan. En los casos en los que los ex-trabajadores y ex-trabajadoras perciban prestaciones por desempleo o subsidio, la aportación de la Junta de Andalucía consistirá en un complemento hasta alcanzar la cuantía de la ayuda individual, durante el período de concurrencia.
b) Para las personas a que se refiere las letras b) y c) del apartado 3 del artículo anterior, el importe de la ayuda mensual ascenderá al 80% de la media del salario bruto correspondiente a las retribuciones devengadas en los seis últimos meses en activo en la empresa afectada por el proceso de reestructuración referido en el artículo anterior, incluida la parte proporcional de la paga extraordinaria devengada en el período correspondiente. Las indemnizaciones recibidas por estos colectivos de las empresas o del FOGASA por extinción de la relación laboral han de aplicarse a los pagos de estas ayudas. En consecuencia, el inicio del pago por la Junta de Andalucía a cada uno de los ex-trabajadores y las ex-trabajadoras comenzará a partir de que se haya agotado el período que abarque el importe total de las citadas indemnizaciones.
El inicio del cómputo de las ayudas será: a) Desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley para los colectivos contemplados en el artículo 3.3, apartados c) y d).
c) Desde la fecha de suspensión de los pagos por la liquidación de la compañía aseguradora, esto es, desde el 1 de enero de 2011, para los colectivos del artículo 3.3 apartado a). 3. Las ayudas extraordinarias que se establecieron para cada uno de los colectivos de los ex-trabajadores y ex-trabajadoras incluidos en el apartado 4 del artículo anterior, se instrumentarán a través del abono individualmente por la Junta de Andalucía de una cuantía a tanto alzado y por una sola vez, son las que se señalan a continuación:
b) Para los ex-trabajadores de Astilleros de Sevilla, S.A. la cuantía de la ayuda sociolaboral es la equivalente a la establecida en concepto de indemnización para cada trabajador en el Expediente de Regulación de Empleo, autorizado mediante Auto núm. 382/2011 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Sevilla, de fecha 19 de diciembre de 2011, en la pieza de cuestión incidental de especial pronunciamiento 954/2011 de los Autos 924/2010. c) Para los ex-trabajadores de Delphi que, estando incluidos en el expediente de regulación de empleo autorizado mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz, Incidente concursal núm. 151/2007, solicitaron antes del 28 de septiembre de 2012, día de la celebración de la Comisión de Seguimiento de Delphi, que aún no han percibido la cuantía de la ayuda sociolaboral establecida en concepto de «Proyecto Personal de Inserción (PPI)» recogida en el XI Desarrollo del Protocolo de Colaboración de los Acuerdos de Delphi suscritos el 4 de julio de 2007, será la cuantía citada.
Artículo 6. Régimen de incompatibilidades. Las ayudas previstas en el presente Decreto-ley son incompatibles con cualquier otra ayuda pública con la misma finalidad. Además, las recogidas en el apartado a) del artículo 2 son incompatibles con cualquier ingreso derivado del trabajo por cuenta propia o ajena si, en concurrencia con la cuantía de la ayuda, excede de 1,5 veces del importe del Salario Mínimo Interprofesional. En este supuesto, el exceso resultante se aplicará a la minoración de la ayuda durante el periodo de concurrencia.
Asimismo, son incompatibles, en tanto no se proceda a su devolución mediante el correspondiente endoso, con cualquier anticipo recibido para atender el periodo transitorio hasta la financiación de contratos de seguros de rentas. Artículo 7. Procedimiento para las ayudas a la financiación pública de los contratos de seguro colectivo de rentas, objeto de novación.
2. El órgano competente para dictar la resolución de reconocimiento del pago de la financiación pública de la prima será la persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones laborales. 3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, y se computará a partir de la fecha en que se presente la propuesta de novación del contrato de seguro colectivo de rentas. Dicha resolución será motivada y contendrá las condiciones acordadas y los plazos de financiación.
1. El procedimiento para la tramitación de las ayudas directas de la Junta de Andalucía se iniciará de oficio, impulsándose con la mayor celeridad, dada su naturaleza y excepcionalidad, teniendo en cuenta lo previsto en la disposición adicional primera. A estos efectos, los ex-trabajadores y las ex-trabajadoras contemplados en el artículo 3 autorizarán a la Consejería competente en materia de Empleo para consultar los datos obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Tributaria de Andalucía y en la Tesorería General de la Seguridad Social. 2. La instrucción del procedimiento corresponderá a una Comisión técnica formada por funcionarios públicos nombrados al efecto, con un mínimo de tres. Las actividades de instrucción comprenderán la verificación del cumplimiento de los requisitos de los interesados para el reconocimiento del derecho a la ayuda. A tales efectos se recabarán los informes técnicos necesarios. La Comisión técnica formulará la oportuna propuesta de resolución, que deberá expresar el interesado o relación de interesados, las condiciones para el mantenimiento de las ayudas, las obligaciones de los interesados y las cuantías.
3. El órgano competente para dictar la resolución definitiva de reconocimiento del derecho a ayuda sociolaboral será la persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones laborales. 4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, y se computará a partir de la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio del expediente. Dicha resolución será motivada y contendrá las condiciones para su aplicación.
3. Para la fiscalización de la justificación de los pagos, la Dirección General competente en materia de relaciones laborales aportará a la Intervención competente certificado acreditativo de la regularidad en la gestión y uso de las ayudas, que deberá ser comprensivo de los siguientes extremos: a) Para las ayudas previas a la jubilación ordinaria consistentes en la financiación de contratos de seguro colectivo de rentas:
c) Para las ayudas extraordinarias, la justificación se producirá en el momento previo al pago y consistirá en el cumplimiento de los requisitos que acreditan el reconocimiento del derecho. 4. La justificación de las ayudas de los apartados a) y b) se producirá durante el primer trimestre de cada anualidad en relación con los pagos realizados durante la anualidad inmediata anterior. Artículo 10. Verificación y control.
b) La recepción de los fondos por parte de las compañías aseguradoras y su aplicación a la financiación de las ayudas. c) La efectiva percepción de las ayudas por los beneficiarios.
a) Incumplimiento de las obligaciones de justificación, colaboración y declaración o hacerlo fuera de plazo. b) Durante la tramitación del expediente de extinción de la ayuda por las causas d) y e) del apartado anterior.
2. Asimismo, los beneficiarios están obligados a comunicar a la Consejería competente en materia de Empleo, en el plazo de diez días desde que se produzca, cualquier variación en las condiciones y requisitos que fundamentan el derecho a la ayuda sociolaboral. 3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará obstrucción a las actuaciones de verificación y control de las ayudas y constituirá causa de suspensión del pago de las mismas y, en su caso, de extinción del derecho a percibirlas y causa de reintegro, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder. Artículo 13. Justificación y reintegro de las ayudas.
b) Los referidos en la letra b) del artículo 3.1, ante la Dirección General competente en materia de relaciones laborales. En este supuesto, se admitirá la acreditación de la situación de supervivencia, además de la forma prevista con carácter general, mediante la comparecencia ante funcionario público competente. 2. Las entidades aseguradoras justificarán la efectiva transferencia de las rentas a los asegurados y las incidencias producidas durante la vigencia de los contratos de seguro colectivo de rentas, debiendo procederse a ello, durante el primer trimestre de cada anualidad en relación al año inmediato precedente.
Se entenderá que ostentan cargos de administración o dirección en las entidades aseguradoras, a los efectos de este Decreto-ley, los administradores o miembros de los órganos colegiados de administración y los cargos de dirección, sus directores generales o asimilados. Se entienden por tales aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados de aquel. 3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, de acuerdo con lo previsto en el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4. Las infracciones se clasifican en graves y leves.
Será competente para la imposición de sanciones por infracciones graves y leves el titular de la Consejería competente en materia de Empleo. Disposición adicional primera. Simplificación administrativa.
Disposición adicional segunda. Compensación. Los beneficiarios de ayudas sociolaborales sobre los que haya recaído resolución de reintegro parcial podrán regularizar su situación administrativa en el proceso de novación de los contratos de seguro colectivo de rentas, mediante compensación.
Disposición adicional tercera. Recuperación posesoria de inmuebles.
La percepción de las ayudas reguladas en el presente Decreto-ley será incompatible con el mantenimiento por parte de ex-trabajadores acogidos al Plan Linares Futuro, o de sus causahabientes, de la posesión de inmuebles incorporados al Patrimonio de la Junta de Andalucía o de sus entidades adscritas. En el procedimiento de verificación a realizar por la Comisión Técnica previsto en el párrafo segundo del artículo 8.2, se constatará la renuncia a los derechos posesorios por parte del beneficiario y la autorización a la Junta de Andalucía para la recuperación material del inmueble. Disposición adicional cuarta. Régimen de responsabilidades.
Disposición adicional quinta. Suspensión de los procesos de renovación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros andaluzas.
Asimismo, los procesos de renovación que se hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición y no hubiesen concluido, quedarán en suspenso en tanto no se efectúe la adecuación antes mencionada. 2. Los procesos de renovación de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que hubiesen quedado suspendidos conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la presente disposición se iniciarán o reanudarán, según corresponda, tras la entrada en vigor de la disposición que adecue la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, una vez adaptados los Estatutos y Reglamento de las entidades a la nueva disposición, debiendo estar finalizados en el plazo máximo de 8 meses.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Andalucía.
Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 16 de octubre de 2012 José Antonio Griñán Martínez

References: artículo 61
 artículo 11
 artículo 4
 Artículo 4
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 6
 artículo 2
 Artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 10
 Artículo 13
 artículo 3
 artículo 130
 resolución 
 artículo 8