Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1125-18-30-04-2018-1476553
Timestamp: 2019-07-24 08:46:59+00:00

Document:
Resolución Vinculante de DGT, V1125-18, 30-04-2018 | Iberley
Núm. Resolución: V1125-18
Ley 37/1992 arts. 69, 70 y 72- . RD 1619/2012 arts.4, 6, 7
RIVA RD 1624/1992 arts. 62, 63, 69bis y 71-
Obligatoriedad de emitir factura por los servicios prestados y posibilidad de emitir factura simplificada.
Asimismo la consultante pregunta sobre la obligatoriedad de anotar las operaciones consultadas en el correspondiente libro registro y la posibilidad de realizar un único asiento resumen mensual.
En caso de que la consultante resultara obligada al Suministro Inmediato de Información, posibilidad de realizar un asiento resumen mensual.
La sociedad consultante ofrece servicios por internet a destinatarios que son personas físicas residentes en cualquier parte del mundo.
1.- El artículo 4, apartado Uno de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que 'estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.
2.- De la información contenida en el escrito de consulta, la consultante presta servicios por internet relativos a web de contactos cuyos destinatarios son personas físicas. De acuerdo con la naturaleza jurídica del servicio consultado, éste debe calificarse como servicio prestado por vía electrónica. De conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 de 15 de marzo (DOCE del 23 de abril), las «prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica» contempladas en la Directiva 2006/112/CE abarcarán los servicios prestados a través de Internet o de una red electrónica que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima, y que no tengan viabilidad al margen de la tecnología de la información. Esto incluirá, entre otros:
- los servicios consistentes en ofrecer o apoyar la presencia de empresas o particulares en una red electrónica, como un sitio o una página web;
- los servicios generados automáticamente desde un ordenador, a través de Internet o de una red electrónica, en respuesta a una introducción de datos específicos efectuada por el cliente;
- depósito de datos en línea que permite almacenar y obtener electrónicamente datos específicos.
Por su parte, el ordinal 4º del apartado tercero del artículo 69 de la Ley 37/1992, dispone la siguiente definición:
3.- Las reglas de determinación del lugar de realización de las prestaciones de servicios se contienen en los artículos 69, 70 y 72 de la Ley 37/1992, señalando el artículo 69 que:
No obstante lo anterior, el artículo 70.Uno.4º de la Ley del Impuesto contiene una regla especial para los servicios electrónicos y establece que:
4º. Los prestados por vía electrónica cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que éste se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.”
Por su parte, el apartado Dos del citado artículo 70 señala que “Asimismo, se considerarán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios que se enumeran a continuación cuando, conforme a las reglas de localización aplicables a estos servicios, no se entiendan realizados en la Comunidad, pero su utilización o explotación efectivas se realicen en dicho territorio:
De conformidad con lo expuesto, los servicios prestados por la consultante, se entenderán localizados en el territorio de aplicación del impuesto cuando el destinatario se encuentre establecido en el territorio de aplicación del impuesto; bien porque siendo empresario o profesional, que actúe como tal, radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual; o bien porque el destinatario no siendo empresario o profesional que actúe como tal se encuentre establecido o tiene su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.
Para determinar cuando el destinatario de un servicio tiene la condición de empresario o profesional y actúa en tal condición, habrá que estar a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
4.- Por otra parte, este Centro directivo se ha pronunciado reiteradamente en relación con los requisitos que deben concurrir para que la referida cláusula de invalidación del criterio de gravamen jurídico o basado en la ruta contractual, resulte procedente. En particular, entre otras, en la contestación a consulta vinculante de 1 de junio de 2016, número V2393-16, en relación con la aplicación del artículo 70.Dos de la Ley 37/1992.
2º. Con carácter general, tales servicios deben ser prestados a empresarios o profesionales actuando como tales, salvo cuando se trate de servicios de prestados por vía electrónica, telecomunicaciones, radiodifusión o televisión o arrendamiento de medios de transporte, en cuyo caso los destinatarios podrán ser, asimismo, particulares.
Este último requisito deberá valorarse de forma individualiza de acuerdo con la naturaleza del servicio de que se trate.
5.- Por otra parte, La Comisión Europea se ha pronunciado recientemente sobre la interpretación y aplicación de la norma de uso efectivo y disfrute a servicios relativos a estudios de mercado.
Estima al Comisión que la aplicación de la citada clausula requiere tener en cuenta la actividad que realiza el destinatario del servicio en el Estado miembro donde materialmente se lleva a cabo el mismo. En este sentido la Comisión considera que si el destinatario del servicio está llevando a cabo operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en tal Estado miembro a las que se refiera el servicio en cuestión, cabría establecer un vínculo que permita la aplicación de la cláusula de uso efectivo.
Por tanto para aplicar la regla del uso efectivo y disfrute a los servicios objeto de consulta es necesario que el servicio sea utilizado por el destinatario, cliente de la consultante en la realización de operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en el territorio de aplicación del Impuesto.
6.- En relación con la consulta sobre la obligación de emitir factura, el artículo 164, apartado uno, número 3º, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior de dicha Ley, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a: “3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.”
El desarrollo reglamentario de dicho precepto se ha llevado a cabo por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre), que dispone en su artículo 2.1 que:
“1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del Impuesto, en los términos establecidos en este Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido
El Reglamento de facturación, en su artículo 3, regula las excepciones a la obligación de expedir factura, entre las que no se encuentran las operaciones consultadas, por lo que la consultante estará obligada a expedir factura por las operaciones consultadas.
En cuanto a la posibilidad de expedir facturas simplificadas, el artículo 4 del Real Decreto 1619/2012 indica cuándo se puede expedir una factura simplificada, y establece lo siguiente: “1. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos:
Los artículos 6 y 7 de dicho Reglamento, por el que se regulan las obligaciones de facturación, regulan, respectivamente, el contenido de la factura y de la factura simplificada.
Por tanto, la consultante estará obligada a expedir factura por los servicios consultados, cualquiera que sea el lugar en el que se entiendan localizados según las reglas señaladas en el punto 3 de la presente contestación, pudiendo emitir una factura simplificada siempre que el importe de éstos no exceda de 400 euros.
7.- La obligación de expedir factura implicará igualmente la obligación de llevar el libro registro de facturas expedidas, que se regula en el artículo 63 del Real Decreto 1624/1992, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por lo que se refiere a la posibilidad de agrupar la facturación emitida en un solo asiento registro, este artículo 63, dispone en su apartado 4:
8.- En cuanto a la llevanza de los Libros Registro del Impuesto a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el artículo 62.6 del Real Decreto 1624/1992, señala lo siguiente:
Según la información suministrada la consultante no está obligada al Suministro Inmediato de Información (SII), quedando obligada cuando su periodo de liquidación fuera mensual según lo dispuesto en el artículo 71.3 del Reglamento del Impuesto. No obstante, en todo caso podrá optar voluntariamente por la aplicación del SII en los términos previstos en el artículo 68 bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Resolución Vinculante de DGT, V2948-17, 15-11-2017
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 15/11/2017 Núm. Resolución: V2948-17

References: artículo 4
 artículo 7
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 164
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 164
 artículo 3
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 63
 Real Decreto 
 artículo 63
 artículo 62
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 68

Resolución