Source: http://justiciabol.blogspot.com/2016/04/
Timestamp: 2019-10-16 10:08:19+00:00

Document:
Justicia en Bolivia: April 2016
Consejera Mamani está procesada desde 2004
La consejera del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani Aguilar, está procesada penalmente por uso de instrumento falsificado y daño económico al Estado desde 2004, denunció el diputado Rafael Quispe el viernes.
"La consejera Cristina Mamani Aguilar fue imputada en 2004 por el delito de uso de instrumento falsificado y fue beneficiada con detención domiciliaria. Ella fue parte de una estafa al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) por una suma superior a los 300 millones de bolivianos”, explicó Quispe a Radio Fides.
Indicó que las autoridades que la eligieron en 2011 para ser componente del Consejo de la Magistratura no revisaron ni le pidieron Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) o si le presentó fue falso.
Mamani Aguilar fue aprehendida cuando intentaba cobrar la renta de una jubilada con y una identificación falsa, acción que realizó en por lo menos ocho oportunidades con los documentos de esa persona. En su declaración ante el Ministerio Público, Mamani Aguilar, afirmó que tenía el oficio de “peladora de papas” que no tenía ningún patrimonio. En su declaración jurada ante la Contraloría General de Estado la Consejera afirma tener de patrimonio 1.500.000 bolivianos. /Fides.
Jueza Tintaya enfrentará otro proceso por favorecer a exfiscal
Carminia Luna, abogada y víctima de uno de los varios procesos montados del exfiscal Humberto Quispe, denunció ayer que la juez Jakelyn Tintaya será denunciada por favorecer a Quispe con una detención domiciliaria, acreditando un trabajo falso.
Luna, explicó que al margen del proceso disciplinario, abierto por el Consejo de la Magistratura, ella presentó una demanda penal contra Tintaya por los delitos de resoluciones contrarias a ley, abuso de autoridad, cohecho porque no quiso dar paso a una observación, bajo la figura jurídica de “correr en traslado”.
“Ya habíamos denunciado que la juez recibía dinero, pero son cosas que no se pueden demostrar. En esa oportunidad Quispe debía ser recluído en La Paz, pero Tintaya le dio detención domiciliaria”, declaró Luna que fue detenida en 2012 por orden del fiscal Humberto Quispe acusada de falsificar documentos.
En la gestión pasada, Tintaya, en su calidad de juez Décimo Segundo de Instrucción en lo Penal, el jueves fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, por su supuesta relación con el caso consorcio de jueces, fiscales y abogados, encabezado por el vocal paceño Fernando Ganam y el abogado Milton Mendoza.
Por otro lado, ayer Quispe fue traído a La Paz desde la cárcel de Santa Roque de Sucre, para una audiencia de revocatoria a la resolución dictada por la juez Tintaya.
En efecto, en dicha audiencia, la juez primero anticorrupción, Cinthia Delgadillo, revocó la medida sustitutiva y el exfiscal continuará detenido en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre.
Las actuaciones de Quispe generaron una asociación de víctimas que denunciaron el abuso de autoridad del exfiscal, entre ella la abogada Luna, quien a raíz de la acusación de Quispe, guardó detención preventiva en la cárcel de Obrajes de La Paz para iniciar una acción recriminatoria contra su acusador.
Según Luna, el exfiscal debe guardar detención en la cárcel de San Roque de Sucre, pero tiene la facilidad de salir y realizar trabajos de abogado libre, además de ser interno con un comportamiento conflictivo que distorsiona la disciplina de los reos de esa cárcel.
La juez segundo anticorrupción, Rossmery Pabón, determinó ayer la detención preventiva de su colega, Jakelyn Tintaya, juez décimo segundo de instrucción en lo penal, por la presunta comisión de los delitos de consorcio de abogados jueces y fiscales, incumplimiento de deberes y prevaricato.
La audiencia se instaló a las 11.00 horas en el Salón Blanco del Tribunal Departamental de Justicia, y duró hasta las 18.00 horas, en la que familiares con uno de sus hijos (aún lactante) en brazos, trataron de acercarse pero fueron impedidos, lo que molestó a los hermanos.
Los familiares expresaron su rechazo a las acusaciones del Ministerio Público y gritaron “corruptos” a los tres fiscales, por lo cual estos determinaron acción directa de la Policía, que detuvo a dos familiares de la juez Tintaya y los trasladó hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Según el fiscal anticorrupción, Anghelo Sarabia, Tintaya fue vinculada al caso denominado “Consorcio Mendoza – Ganam”, debido a que se halló documentos en la oficina del exfiscal Milton Mendoza, que la implican a una presunta irregular resolución de rechazo a una denuncia en contra de Cotel, caso que fue de conocimiento de Tintaya.
El presidente de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, Fabián Guillén, contrató para la defensa de dicha denuncia, por falsedad en la compra de guías telefónicas, los servicios de Mendoza.
Transcurrido un tiempo, el entonces fiscal asignado al caso, Roger Velásquez, ante conminatoria de Tintaya, presentó el rechazo a la decisión avalada por la juez y el caso pasó a revisión a la Sala Penal Segunda, presidida por Fernando Ganam, quien fue el primer imputado en este caso.
El pasado 17 de abril, por hallarse en turno, Tintaya también debía atender la audiencia cautelar de Mendoza, pero en esta fue recusada y se le informó que era testigo del caso consorcio debido a que el proyecto de resolución presentada por Velásquez fue hallada en la oficina de Mendoza.
En la misma audiencia, Sarabia requisó a la juez y procedió al secuestro de varios objetos y cuadernos de control, bajo el supuesto de que intermediarios de Mendoza la contactaron antes de la audiencia y se le ofreció dinero.
En este sentido, Suleyka Lanza, abogada de Tintaya, replicó y señaló que en caso del rechazó a favor de Cotel, ella cumplió con la solicitud planteada por el fiscal, el documento fue revisado a un instancia superior y este proceso no depende de ninguna forma de la juez Tintaya, pues se debe a un sorteo aleatorio.
Sobre el caso de un supuesto contacto previo el 17 de abril, Lanza aclaró que no se ha presentado ni un solo indicio o extracto de llamadas que señale que hubo contacto con alguno de los coimputados “en el tiempo y espacio” del presunto delito.
Sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización a la investigación, Sarabia sostuvo que estos no fueron desvirtuados, y que según la gravedad de delito se determinó la detención.
Pero al respecto, Lanza aseguró que no existe un riesgo de fuga debido a que vecinos, con copias de cédulas de identidad, acreditaron el domicilio habitual de la juez, quien también presentó las cédulas de tres de sus hijos y acreditó que uno de ellos está en edad de lactancia, elemento que no fue tomado en cuenta por Pabón y, a criterio de Lanza, violó los derechos de madre que acuden a la magistrada.
Sobre el lugar de trabajo, la defensa también expuso que de ser suspendida de su cargo, ella cumpliría labores de casa, según una declaración ante notario, labor que es tomada como ocupación laboral lícita según sentencias constitucionales.
Autoridades también cuestionan la absolución de Juana Terán
Varias autoridades se pronunciaron ayer sobre la decisión del Tribunal de Sentencia 6 de absolver de toda culpa a Juana Terán del tráfico de drogas del que fue acusada tras ser capturada en flagrancia el 23 de septiembre de 2009 con 147 kilos y 600 gramos de cocaína en Chapare.
Ellas rechazaron este fallo judicial y pidieron que la fundamentación sea examinada exhaustivamente para verificar la transparencia del proceso.
El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, dijo que existe una manipulación permanente del poder político sobre la justicia. “Vemos cómo hay impunidad para algunos, pero para otros cae el duro peso de la ley. Cuando se trata de un perseguido político, el aparato judicial no duda en meterlo preso y lo hace rápido, pero en este caso, con flagrancia y todo, sale libre”, lamentó.
La asambleísta Lizeth Beramendi protestó y declaró que “es increíble que en un caso tan bullado como éste ahora aparezca una sentencia absolutoria cuando todos sabíamos que hubo flagrancia. Nadie los acusó, fueron sorprendidos, no con uno o dos kilos, sino con 147”, sostuvo. Beramendi agregó que el fallo judicial “demuestra la impunidad de la que gozan los cocaleros del Chapare” y pidió al Ministerio Público que cumpla con su deber de investigar todos los indicios de la comisión de irregularidades, para impedir que sea consumada la impunidad en este caso.
Otros asambleístas de oposición recordaron que Juana y Elba Terán son hermanas de Margarita, una exconstituyente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expareja del presidente Evo Morales.
Por su lado, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Leónida Zurita, declaró que en esta decisión judicial nada tiene que ver el Gobierno nacional. “Hay que preguntarle al juez por qué le han absuelto o dejado libre. Yo no sé por qué, yo no soy juez y tampoco fiscal. Esas son las instancias correspondientes para cuestionar, porque son ellos los que deben decidir si va a la cárcel o no”. Empero, Zurita opinó que la oposición confunde a la población cuando declara que el MAS manipula la justicia. “Nosotros decimos que no es verdad, que la justicia es independiente en sus decisiones”, agregó.
Una vez más, el representante del Consejo de la Magistratura, Silvano Arancibia, explicó que esa institución no es una instancia de apelación “y mal podríamos cuestionar las deciciones de los tribunales de justicia”. Recalcó que es el Ministerio Público el que debe apelar los fallos e incluso efectuar denuncias, si es que considera que existen indicios de la comisión de irregularidades.
El 23 de septiembre de 2009, Juana Terán, su hermana Elba y su cuñado Tomás Veizaga fueron sorprendidos en su casa de San Isidro con 147 kilos y 600 gramos de cocaína. Elba y Tomás se dieron a la fuga cuando dos jueces de Villa Tunari y de Sacaba les dieron libertad. Juana fue juzgada y condenada a seis años y ocho meses de cárcel en 2012, pero la sentencia fue anulada por defectos de forma. En un segundo juicio fue absuelta.
﻿El Tribunal
Los jueces del Tribunal de Sentencia 6, Remberto Acosta, José Antonio Arce y Damiana Medrano, absolvieron a Juana Terán del delito de narcotráfico.
Suspenden audiencia por tercera vez Mendoza se opone a apertura de caja fuerte en caso Consorcio
Dentro del denominado caso “Consorcio Mendoza – Gaman”, ayer, por tercera vez, se suspendió la apertura de la caja fuerte secuestrada de la oficina del exfiscal Milton Mendoza, debido a que este presentó un incidente de nulidad referido a que estas pruebas fueron adquiridas de forma ilegal, por parte de la Fiscalía.
Al juez segundo anticorrupción, Rossmery Pabón, afirmó que dicha audiencia de apertura de pruebas, fue suspendida sin fecha hasta que su autoridad resuelva el incidente de actividad procesal defectuosa, presentado por Mendoza.
A dicha audiencia asistieron los nueve coimputados, entre ellos: el exvocal Fernando Ganam; la auxiliar de esta Sala, María Yapuchura; la juez segundo de instrucción en lo penal, Lía Cardozo; la secretaria del mismo juzgado, Yazmila Paz y el fiscal Hugo Rivero.
Además de Mendoza, fueron llevados desde Patacamaya, los pasantes de su estudio jurídico, Vladimir Flores, Ricardo Blanco (hijo de un fiscal) y el presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fabián Guillén.
“Se han montado pruebas, he denunciado estos hechos, se han mal utilizado elementos de mi oficina”, declaró Mendoza a su salida de juzgados.
En contrapartida, el fiscal anticorrupción, Anghelo Sarabia, desmintió las afirmaciones de Mendoza y recalcó que todas las pruebas se obtuvieron de forma legal, a raíz del incidente presentado por Mendoza, y afrimó que esta es una forma de “dilatar, de perturbar el procedimiento”, sostuvo.
La importancia de la apertura de la caja fuerte de Mendoza radica, según el Ministerio Público, en que dentro pueden encontrarse documentos o el dinero de supuestos malos manejos jurídicos promovidos por Mendoza.
SITUACIÓN DE JAKELYN TINTAYA
En tanto, para hoy se tiene prevista la audiencia cautelar de la juez décimo segundo de instrucción en lo penal, Jakelyn Tintaya, vinculada al caso de Consorcio de jueces, abogados y fiscales, por haber emitido, en complicidad del exfiscal Roger Velásquez, una rechazo de denuncia que favoreció a Fabián Guillén.
"Este ciudadano está como investigado. Si las pesquisas revelan elementos para una imputación, la comisión actuará”, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.
Ramírez será citado a declarar. No se explicó qué tipo de participación pudo tener en el consorcio. El abogado del Ministerio de Gobierno, Marcelo Gutiérrez, dijo que "sí, existe vinculación”.
En función dentro del Tribunal de Justicia Piden renuncia de 14 vocales de Santa Cruz
Labels: Abogados, Santa Cruz, TDJ: Tribunal Departamental de Justicia
Anuncian cumbre paralela de víctimas si no son aceptados en la Cumbre de Justicia
El asesor legal de la Asociación de Víctimas de la Impunidad e Inseguridad, Tamer Medina, informó hoy a radio Fides que si a la asociación de víctimas no tiene participación en la Cumbre de Justicia que se realizará en la ciudad de Sucre en junio, realizarán una cumbre paralela en esa misma ciudad para hacer escuchar sus propuestas y peticiones.
La Asociación de Víctimas de la Impunidad e Inseguridad trabaja en propuestas para la Cumbre Nacional de Justicia que anunció el Ministerio de Justicia para junio de este año.
Medina dijo que es necesario escuchar a las personas que han sido víctimas y sufren las consecuencias de las deficiencias de la Justicia y que como asociación piden un debate franco abierto que logre revolucionar el sistema judicial.
La víspera la ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó que ya que se iniciaron en Sucre las reuniones previas departamentales a la Cumbre de Justicia Plural, acordada para el mes de junio con el objetivo de evaluar y establecer lineamientos para revertir la crisis del sistema judicial.
Sepdavi atenderá gratis a las víctimas y erradicará consorcios
En Cochabamba, ya existe una oficina a la que las víctimas de delitos penales que no tienen recursos para pagar los servicios de un abogado, pueden acudir con la certeza de que recibirán atención legal, psicológica y social gratuita. Además, el Sepdavi se encargará de denunciar los casos de consorcios de abogados, jueces y fiscales que vulneran los derechos y garantías constitucionales de las víctimas.
Se trata del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia. El único requisito para requerir estos servicios es que una trabajadora social verifique que la condición socioeconómica de la víctima le impida cubrir los gastos de defensa.
El Sepdavi está situado en Coña Coña, en la avenida Albert Eisntein, frente a la cancha San Rafael 29, a unos 300 metros del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Es posible llegar a estas oficinas abordando las líneas de micros y trufis E, LL y 111.
“Hemos destapado la olla de corrupción de los consorcios en otras ciudades, ahora nos toca destapar la olla en Cochabamba y romper esos consorcios de jueces, fiscales y abogados que hacen llorar a la gente más vulnerable”, declaró la ministra de Justicia, Virginia Velasco, durante la inauguración de las oficinas y del proyecto “Hablando con la Ministra”.
Cochabamba es el cuarto departamento en el que se ofrece este servicio y su labor empezará este lunes 25 de abril, con cuatro funcionarios: dos abogados criminalistas, una psicóloga y un trabajador social, que se encargarán de brindar asistencia integral a las víctimas. El director nacional del Sepdavi, Américo Araníbar, informó que este centro no solo dará asesoramiento jurídico, sino que brindará una atención legal completa al hacerse cargo de las denuncias, audiencias cautelares, juicios orales, presentación de recursos ante el Tribunal Departamental de Justicia y ante el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre, hasta la culminación de los procesos con una sentencia ejecutoriada. Aclaró que no solo se atenderá a las víctimas de violencia, sino a las de trata y tráfico, asesinatos, atracos y otros delitos penales, sin discriminación. Empero, se prevé que la mayor cantidad de procesos será de violencia pues la oficina del Sepdavi está cerca del Instituto de Investigaciones Forenses, donde están ubicadas las dos fiscalías especializadas y corporativas de violencia contra la mujer.
El Sepdavi ya funciona en La Paz desde noviembre de 2015 con 1.600 casos; en Santa Cruz con 700 casos. El de Oruro, recientemente estrenado, ya tiene 350 casos. La mayoría de los procesos atendidos son por violencia física y psicológica. En La Paz el Sepdavi ya obtuvo dos sentencias ejecutoriadas y en Oruro una. Américo Araníbar sostuvo que, a medida que crezca la demanda de abogados, profesionales psicólogos y trabajadores sociales, el Ministerio de Justicia aumentará el personal.
Caso Consorcio Abogado Blanco es enviado a San Pedro
El abogado Ricardo Blanco, pasante del bufete de Milton Mendoza, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, imputado por el delito de consorcio de jueces, abogados, policías y fiscales.
Es la novena persona cautelada en un complejo proceso que está dando a conocer el entramado nexo que mantenían los administradores de justicia ligados a Mendoza.
La determinación fue asumida por la juez segunda anticorrupción, Rossmery Pabón, que por cuarta vez, valiéndose la de la escolta policial, impidió que los medios de comunicación tengan acceso a la audiencia que tenía carácter público, causando la susceptibilidad en la transparencia del proceso que compromete a varios jueces y fiscales.
“Él (Blanco), era abogado del estudio jurídico de Milton Mendoza y también fungía como abogado (de la defensa) en la acción de amparo constitucional contra Cotel”, informó la fiscal anticorrupción, Jhenny Quispe.
La autoridad, también informó que dentro de los indicios colectados, se tiene que junto a Vladimir Flores, otro abogado del estudio jurídico de Mendoza, redactaron una resolución de imputación presentada por el ahora detenido, fiscal Hugo Rivero.
La redacción de una imputación, según establece la Ley del Ministerio Público, es una acción privativa del fiscal que atiende el caso, como director funcional de la investigación, pero según la relación de hechos y las pruebas presentadas por los fiscales, en el estudio jurídico de Mendoza se redactaban los documentos para que sean firmados y presentados por los fiscales, según la conveniencia del cliente.
Por su lado, Blanco y Flores son señalados como los nexos con el exvocal Fernando Ganam al que realizaban vistas y coordinaban acciones con la auxiliar y coimputada, María Yapuchura.
En el caso Consorcio, que se dio a raíz de la detención de Ganam, el 29 de marzo, al interior de la oficina del exfiscal Mendoza, se encontró gran cantidad de documentación que incriminó a otras ocho personas.
Luego de Ganam, fue cautelada la juez despedida, Lía Cardozo; la secretaria de juzgado Yazmila Paz; el presidente del consejo administrativo de Cotel, Fabián Guillén; el fiscal Hugo Rivero, la auxiliar María Yapuchura y los abogados Vladimir Flores, Ricardo Blanco y Milton Mendoza.
El fiscal anticorrupción, Anghelo Sarabia, ha calificado a Mendoza, como el nexo articulador de la corrupción en los administradores de justicia.
A su salida de la audiencia, Blanco, hijo de un fiscal, no emitió ninguna declaración en su favor y escoltado por los efectivos de la Policía, mantuvo silencio hasta celdas judiciales.
Magistratura evalúa a 1.355 postulantes
El Consejo de la Magistratura recibió 1.355 candidatos para ocupar una de las 58 acefalias de jueces y vocales en distintos departamentos, muchos de los cuales cumplieron su período en funciones, otros renunciaron y algunos fueron cesados debido a denuncias de corrupción, según informó Wilbert Choque, presidente del Consejo de la magistratura.
“Todos los postulantes en esta convocatoria serán evaluados y los resultados de cada etapa serán informados a la sociedad (…) esperaremos que la gente haga llegar sus observaciones a quienes no crean que cumplen con los requisitos o tengan denuncias”, afirmó Choque.
Choque detalló que de acuerdo a la convocatoria, el plazo para recibir inscripciones fue cerrado la tarde de este miércoles, y ahora los sobres de los postulantes serán enviados a una comisión de evaluación que funcionará en la ciudad de Sucre.
La comisión calificadora estará compuesta por miembros del Tribunal Supremo de Justicia, la Escuela de Jueces y el CM, además de una notario de fe pública.
Luego de verificar que se están cumpliendo con los requisitos, los postulantes pasarán a otra etapa donde se verificará la meritocracia y luego incluso existirá un examen psicológico, todo esto debe ser terminado en tres semanas.
Explicó que a nivel nacional existen 21 cargos de vocales acéfalos en los tribunales departamentales de justicia, y 37 vacancias para jueces de distintas materias, pero debido a las últimos despidos y graves denuncias por corrupción, en el caso de los jueces se prevé que las acefalias se incrementaran a 44.
Por mandato de la Ley del Órgano Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia nombra a los vocales departamentales y el Consejo de la Magistratura, a los jueces previo calificación de méritos y exámenes de competencia que durará aproximadamente tres semanas.
El mayor departamento que inscribió que fue La Paz, con alrededor de 368 postulantes para cuatro cargos a vocal y una decena de jueces.
Indicó que conforme avance la calificación de méritos y habilitaciones, la comisión designada informará de manera paulatina, para que la ciudadanía tenga la opción de objetar a algún postulante que crea no reúne las condiciones de idoneidad y transparencia.
Jueces analizan poner sus cargos a disposición
Al menos 200 jueces analizan poner sus cargos a disposición, por falta de seguridad al desempeño de sus labores, informó el presidente de Asociación de Magistrados, Orlando Rojas. Este pronunciamiento se debe a que se sienten amedrentados por las investigaciones del caso Consorcio de jueces, fiscales y abogados.
El pronunciamiento oficial de los jueces se dará a conocer hoy, porque este aspecto fue analizado ayer durante un congreso, lo cual establecerá observaciones al actual sistema judicial, porque aseguran que no todos son corruptos, además que faltan condiciones para llevar adelante su trabajo.
“Es imposible trabajar en un ambiente de amedrentamiento y condiciones lamentables de inseguridad, por lo cual pondremos a disposición nuestros cargos judiciales”, indicó Rojas.
El juez dijo que en caso de que esta acción se consolide, los litigantes no estarán desamparados, hasta que haya otro profesional que cubra el cargo en los juzgados que falten, siendo que esta aspecto esta normado por ley.
En la reunión se debatió sobre los jueces que están siendo investigados por el caso Consorcio de jueces, fiscales y abogados, porque se sienten amedrentados por el Ministerio Público, aspecto que es el principal motivo de sus posibles alejamientos de ser autoridades jurisdiccionales.
Alcaldía alteña cuestiona investigaciones de Fiscalía
La directora jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), Sonia Vallejos, cuestionó las investigaciones del Ministerio Público, porque considera que no se citan a declarar el exviceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, y al Comandante Nacional de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez.
Según la abogada, la Alcaldía solicitó en reiteradas ocasiones a la comisión de fiscales que investiga el caso, que Elío y Téllez sean llamados a prestar declaración informativa como sindicados o en calidad de testigos, aspectos que hasta ahora no tiene respuesta alguna.
“Con estas acciones pensamos que existe una negativa para que estas personas no sean citadas, lo cual demuestra que existe una imparcialidad en las investigaciones”, manifestó.
Criticó el accionar de la comisión de fiscales, porque el excomandante regional de El Alto, coronel José Peña, se presentó a declarar en calidad de denunciante y no hay imputación en su contra.
“Peña estaba al mando de los uniformados en El Alto. El Comando Regional estaba a una cuadra de la Alcaldía, los funcionarios llamaron constantemente durante la mañana a la Policía y no se obtuvo ayuda”, afirmó Vallejos.
Lamentó que solicitaran la imputación en contra de Peña, aspecto que no es tomado en cuenta en la comisión de fiscales, por la probabilidad de implicancia del hecho del excomandante regional de El Alto.
Quema de Alcaldía Fiscalía investiga a Elío por incumplimiento de deberes
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer, ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que el Ministerio Público de El Alto investiga al exviceministro de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marcelo Elío, por incumplimiento de deberes, y la muerte de seis funcionarios ediles durante los actos violentos que terminaron con el incendio del edificio de la Alcaldía.
Existen requerimientos fiscales para verificar el cruce de llamadas telefónicas vía celular, para determinar cuántas veces se pidió auxilio a la Policía para que proceda a brindar seguridad, elemento que servirá para determinar si hubo responsabilidades del excomandante regional de El Alto, coronel José Peña, el comandante nacional de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez, y el exviceministro Elío. “Precisamente, necesitamos verificar la información de las llamadas, para ser comparadas con las declaraciones de funcionarios ediles y de la alcaldesa Soledad Chapetón, quienes indicaron haber llamado a la Policía y al Ministerio de Gobierno para recibir auxilio. Esto servirá para acumular indicios que demuestren la no atención de la verde olivo”, indicó.
Otro elemento que demostrará la verdad de los hechos tiene que ver con la toma de declaraciones informativas a 300 personas, entre ellas autoridades o funcionarios de ediles, en calidad de testigos y a los familiares de los fallecidos, como víctimas.
De acuerdo con el informe presentado por el fiscal Guerrero a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, la investigación de la quema de la Alcaldía alteña se halla en etapa preparatoria, donde se están recolectando elementos que esclarezcan la muerte de seis funcionarios ediles, y se proceda a eliminar la resolución de imputaciones contra Efraín A. J., Wilson M. F., Álvaro T. C., Víctor Hugo T. H., Fernando Braullo R. T., Wilmer Z. A., Néstor C. R., Miguel Ángel C. A., Fausto L. M., Daniel N. P., Hipólito T. C., y los funcionarios ediles Marcelo Gabriel P. T., los Dorian U., Juan F. A.
Guerrero dijo que la Comisión de Fiscales solicitó la detención preventiva para todos los imputados en el penal de San Pedro, ante el Juzgado Séptimo Penal Cautelar de El Alto, y la detención domiciliaria para los funcionarios ediles Marcelo Gabriel P. T., los Dorian U., Juan F. A. y para el resto detención preventiva. Empero, la autoridad jurisdiccional es la que tiene que justificar la medida.
“Apelamos la detención domiciliaria empleada para los funcionarios ediles, audiencia que hasta el momento no se lleva a cabo”, mencionó el Fiscal General.
En cuanto a la participación del dirigente gremial Baullo R., explicó que se presume la existencia de una planificación del hecho, porque sus familiares estaban presentes en el lugar de los hechos.
“Los videos e imágenes de los medios de comunicación constataron la presencia de estas personas, lo que hace presumir que existiría su autoría en la quema de la Alcaldía alteña y la responsabilidad de la muerte de seis funcionarios ediles por parte de dirigentes vecinales y eventualmente la junta de padres de familia”, expuso.
El Fiscal General del Estado reportó que las filmaciones del video de las cámaras de vigilancia de la Alcaldía, en el que registró la quema del edificio edil, fueron borradas.
“Decir que en la central de imágenes, que se denomina el DVR, realizado el peritaje, no se encontró imágenes, se ha encontrado que se han eliminado las imágenes que existían”, explicó a los legisladores.
Sin embargo, dijo que existe la hipótesis de que las cámaras no lograron captar los hechos, porque el humo reinante fue lo que las dañó, por lo cual no pudo ser almacenado en el DVR.
Consejo de la Magistratura registró a 1.220 postulantes para cargos de jueces y vocales
(ABI) El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó hoy que hasta la fecha se registraron 1.220 postulantes a los cargos de jueces y vocales en acefalía nacional.
"Hasta la fecha se registraron 1.220 postulantes para 21 cargos de vocales y 37 jueces a nivel nacional", dijo a los periodistas.
Choque añadió que desde la apertura de la convocatoria nacional, el 28 de marzo último, hasta ayer (lunes) más de 12 mil personas descargaron las dos convocatorias públicas de la página web institucional de la Magistratura.
Agregó que, ante el interés de la convocatoria, el Consejo de la Magistratura determinó ampliar el plazo de presentación de postulantes hasta las 18h30 de mañana miércoles.
"La ampliación tiene el propósito de democratizar aún más la participación de postulantes, además de brindar una salida a la saturación a la que se vio sometido el sistema informático", justificó.
La asambleísta departamental, Vilma Magne, expresó que el amparo interpuesto por Marín Sandoval, en contra de 36 asambleístas, fue rechazado, porque tiene varias observaciones que no fueron subsanadas, añadió que el expresidente de la Asamblea Departamental habría agotado todos sus recursos para volver a ocupar su cargo.
Sandoval fue acusado de violencia e intento de feminicidio contra su pareja, por lo cual fue alejado de su cargo como presidente de la Asamblea Departamental de La Paz. Sin embargo su pareja, Litzy Rasguido, retiró la denuncia y el caso fue resuelto mediante la vía de “conciliación”. Posteriormente, Sandoval presentó un amparo de inconstitucionalidad contra 36 asambleístas, que rechazaron la posibilidad de que retome su cargo.
Magne dijo que el amparo interpuesto por Marín Sandoval contra 36 asambleístas ha sido rechazado, debido a que tuvo varias observaciones.
Explicó que la Sala Social Tercera ha ordenado el archivo de obrados de este caso, dado que ni siquiera fue capaz de demostrar que hubo un derecho vulnerado.
Expresó que con esta acción, Sandoval ya no tiene ninguna posibilidad de volver a ocupar su cargo, porque ha acabado todos sus respaldos, solo se espera que los asambleístas del MAS no den su brazo a torcer y lo acepten nuevamente.
Recordemos que Marín Sandoval solicitó un amparo constitucional hace unas semanas atrás, para volver a ocupar su cargo en la Asamblea. En ese intento ante la oposición de los asambleístas el expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marín Sandoval, demandó a 33 miembros de esa instancia, por distintas razones, que dieron lugar a su destitución.
"Las investigaciones aún no han terminado, pero en estos primeros meses tenemos estos casos específicos en lo que va del año", precisó Calderón, quien dejará el cargo al finalizar el presente mes.
Potosi Aplican justicia comunitaria en contra el concejal Copa
Pobladores de la subcentral de la jurisdicción municipal aplicaron la justicia comunitaria contra el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Desiderio Copa, a quien lo expulsaron de las 20 comunidades que conforman el Distrito 14. El dirigente del distrito, Teodoro Calla Pachatico, dijo que la decisión fue asumida en Irupampa Grande, comunidad donde se desarrolló una asamblea magna.
"Le declaramos persona no grata y no va tener entrada a ninguna de las comunidades ni ayllus del Distrito 14", afirmó.
El concejal munícipe supuestamente generó una división y enfrentamiento entre comunarios por un trabajo ficticio.
"No se tiene ningún resultado de su gestión, por tal razón, desconocemos el trabajo que realiza", afirmó el dirigente quien entregó un voto resolutivo a los medios de prensa.
Calla Pachatico dijo que los comunarios de las 20 comunidades del Distrito 14 se declaran en "pie de lucha" ante cualquier arremetida que haya de parte de los funcionarios de la Gobernación y Alcaldía a la organización de los interculturales que son una organización campesina que precautela la integridad de los comunarios.
"Deslindamos cualquier responsabilidad en caso de suscitarse un conflicto social", dice el votor resolutivo en su parte final. El Potosí buscó a Desiederio Copa en el Concejo, pero no estaba. Llamamos a su celular pero tampoco atendió.
Carmen del Río Quisbert La Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz
— ¿Cuál es la posición del TDJ de La Paz respecto a los últimos casos de corrupción?— Cuando me hice cargo de esta presidencia, hace dos meses, remarqué que mi gestión se caracterizará en asumir una posición de cero tolerancia a las inconductas, faltas, maltratos a la población litigante y a la comisión de delitos. Hoy me ratifico, remarcando que en toda actuación se cuide el respeto al debido proceso.— ¿Esta posición es compartida por los vocales del TDJ?
— La sala plena del Tribunal de Justicia de La Paz, conformada por 18 vocales, emitió una posición contra las acusaciones de algunos líderes de opinión involucrando a todo el Órgano Judicial en hechos de presunta corrupción, sin considerar que esos ataques genéricos afectan a la seguridad jurídica del Estado, al proceso democrático y también al Estado de derecho.Como institución, creemos que es necesario que la población y las autoridades de los otros órganos del Estado consideren que la existencia del Órgano Judicial en un Estado democrático y constitucional adquiere sentido en el Valor Justicia y el que lo posibilita es el juez.
— En las últimas semanas implicaron en un caso consorcio un vocal y una jueza, ¿qué opina?
— Los casos de presuntas ilegalidades que se investigan en el Ministerio Público y que involucran algunos operadores de justicia, constituyen una excepción y no comprometen al Órgano Judicial en su totalidad, ni menos al tribunal de La Paz porque los presuntos delitos son cometidos por personas, no por instituciones.— Seis funcionarios de un juzgado de familia fueron capturados por cohecho. ¿Qué se hace?
— El Consejo de la Magistratura —cuando se trata de faltas leves, graves y gravísimas en el ámbito disciplinario
— debe actuar porque ésa es su función principal el cuidar que los principios de transparencia y eficiencia se cumplan en los juzgados, salas y tribunales. Y cuando se trata de presuntos delitos, los involucrados pasan a ser investigados por la Fiscalía.— ¿Serán suspendidos?— Ésa es una determinación que la debe asumir la Magistratura, pues si un funcionario no acude a cumplir sus funciones durante tres días consecutivos, puede ser apartado del cargo, previo proceso disciplinario. Los implicados están asumiendo su defensa ante las instancias respectivas conforme manda la Constitución y las leyes.— ¿Qué opina sobre la acción del Consejo, de echar a un vocal y jueces por consorcio?— La Magistratura tiene facultades para sancionar a los funcionarios en el ámbito administrativo y disciplinario; en cambio, la Fiscalía adopta decisiones de carácter penal en el marco de la Justicia Ordinaria. Por lo tanto, considero que el Consejo debería precisar si esas autoridades judiciales han sido cesadas en sus funciones o destituidas, con qué cargos y bajo qué figura legal y/o reglamentaria. Esta presidencia no ha recibido ninguna nota oficial al respecto. En todo caso, ya hemos dispuesto las suplencias para evitar retrasos en los procesos respectivos.— ¿Esto afecta a la imagen del Tribunal de Justicia?— Reprochamos enérgicamente que algunos funcionarios o líderes de opinión lancen acusaciones contra toda una institución, sin considerar que con ello dañan no solo la imagen, sino la seguridad jurídica y la credibilidad del Estado.Mientras no haya sentencia judicial, se debe presumir la inocencia de los denunciados. Ése es un principio constitucional.— Abogados y litigantes creen que hay un clima de incertidumbre. ¿Esto es cierto?— No es verdad. Los vocales, jueces y personal de apoyo estamos trabajando con normalidad en cumplimiento estricto de la legalidad y la lucha contra la mora procesal, corrupción o ineficiencia funcionaria, fenómenos contra los que se deben seguir adoptando medidas más rigurosas.— ¿Se coordina con la Fiscalía y la Policía para luchar contra la corrupción?— La Constitución establece la necesidad de coordinación y cooperación del Órgano Judicial con otras instancias, entre ellas el Ministerio Público y la Policía. Haremos las gestiones para cumplir con el mandato. Pedimos a ellos y otras instancias actuar con objetividad material, indagar científicamente el nexo de causalidad de los hechos y asumir decisiones con mayor consistencia en todos los casos.— ¿Cuáles serían las consecuencias, si la institucionalidad de la justicia se ve debilitada?— Disminuir o afectar la integralidad del Valor Justicia y de la institucionalidad del sistema judicial. Quebrantaría el control de legalidad. Ante la ausencia de este elemento esencial, ni la coercitividad más extrema, menos las decisiones políticas, podrán reconstruir un orden institucional jurídico fundamental para la convivencia de la ciudadanía, porque en definitiva, el Órgano Judicial constituye y debe seguir constituyendo el cimiento medular del sistema democrático, constitucional y de derecho.— ¿Cree que la Cumbre Nacional de Justicia podrá dar una solución a esta problemática y a la crisis judicial que hay?— Es una gran oportunidad para iniciar un proceso de transformación profunda en el sistema judicial, cuyos males y limitaciones son de carácter estructural y devienen desde hace muchas décadas. Los problemas de la justicia son gigantescos y las pautas de solución deben ser de la misma magnitud, si en esa ocasión hay una participación plural de todas las instancias, sobre todo del Órgano Judicial, para que las propuestas sean tratadas de manera técnica y jurídica. Si los cambios sugeridos son respetados y ejecutados a la brevedad posible, creo que se va a sembrar en tierra fértil.
“La elección de los magistrados debe hacerse fundamentalmente a través de (evaluación de) méritos y a través de (evaluación de) competencias. (...) Los jueces deben ser evaluados para conocer realmente cuáles son sus capacidades y cuáles son las potencialidades que tienen o (si)definitivamente no sirven para ser jueces”, plantea la representante de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño.
“Expresa también su voluntad de apoyar en la implementación de las propuestas de reforma a corto, mediano y largo plazo que emerja de este proceso”, dice un comunicado. Agrega que “considerando la crisis en que se encuentra la justicia boliviana y las limitaciones que enfrenta la población más vulnerable para tener acceso a ella (...), el GIJ saluda el compromiso de las autoridades nacionales para responder al reto impostergable de reformar la justicia”.
“De acuerdo a los elementos que se ha colectado, Milton Mendoza es quien articulaba la corrupción contra la justicia”, declaró ayer el fiscal anticorrupción, Anghelo Sarabia, al ser consultado sobre quién dirigía el consorcio de abogados y administradores de justica.
Sarabia también sostuvo que Mendoza está distorsionando la información y ataca la imagen de la Fiscalía. “Es falso que Mendoza estaba en su casa, personal de inteligencia ha estado ahí por cuatro días a la espera de que este se presente. Estaba prófugo, ha estado en la clandestinidad, se ha valido de la prensa para, de manera cobarde, atacar al Ministerio Público”.
Justicia indígena anuncia precumbre para mayo
Pese a la ausencia de un presupuesto económico del Estado la justicia indígena originaria anuncia la realización de su precumbre el próximo 27 y 28 de mayo en la ciudad de Sucre, en la que se volverá a denunciar la situación de marginalidad de parte del Estado boliviano, informó el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Efren Choque, representante de este sector.
El tribuno lamentó que el Ejecutivo no hay incluido la justicia plural e indígena como ejes temáticos en el debate de la Cumbre Nacional de Justicia y nuevamente se ven marginados.
Anunció que el movimiento indígena está tomando sus precauciones
“Se llevará acabo la precumbre de la justicia indígena originaria campesina el 27 y 28 de mayo en Sucre, se está convocando a todas las organizaciones”, aseguró.
Choque reveló que el Gobierno apoya a las precumbres judicial y departamentales con un presupuesto de Bs 300 millones. “Nosotros también hemos solicitado para que se lleve a cabo nuestra precumbre, pero se cerraron las puertas, no quieren apoyar, eso es preocupante como una política de discriminación y marginalidad”, enfatizó.
Choque dijo que pese a que la justicia indígena originaria campesina tiene rango constitucional, el Estado boliviano no quiere asumir las obligaciones que tiene con esta justicia y no hay una voluntad política de implementar y fortalecer esta jurisdicción.
Reclamó de un presupuesto para la jurisdicción indígena para su fortalecimiento al menos para aspectos de logística. “Si están construyendo diez casas para la justicia ordinaria, tendría que haber también casas de justicia indígena originaria campesina”, recalcó.
Caso consorcio Secuestran celulares de juez y secretaria del juzgado
Los dos aparatos celulares de la juez 12vo de instrucción de materia en lo penal, Jacqueline Tintaya, y otro de la secretaria de este juzgado fueron secuestrados ayer y hoy; ambas deben comparecer ante la comisión de fiscales que investiga el caso consorcio de jueces y abogados encabezados por el exvocal de la Sala Penal, Fernando Ganam, y su abogado Milton Mendoza, según informó el fiscal anticorrupción Anghelo Sarabia.
“La audiencia se ha suspendido por encontrase cierta vinculación con el caso consorcio de jueces y fiscales. Es decir, con el doctor Milton Mendoza y el señor Fabián Guillén”, informó Marcelo Gutierrez, abogado del Ministerio de Gobierno.
Luego de ser aprehendido el viernes por la noche, a la salida de una entrevista en canal de televisión, el abogado Mendoza debía ser sometido en una audiencia cautelar ayer domingo. De forma casual, el juzgado de turno estaba a cargo de Tintaya, quien se excusó de conocer el caso luego de ser informada por los fiscales, que hoy debía comparecer para prestar declaración informativa al igual que su secretaria.
Sarabia informó que la citación había sino emitida el viernes, luego de que en el desprecintado a la oficina de Mendoza, se hallara documentación que compromete a Tintaya dentro de los supuestos favorecimientos que este abogado logró para la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, en el proceso interpuesto por el también abogado, Jhonny Castelú, por una supuesta falsedad en la emisión de guías telefónicas.
La audiencia cautelar fue instalada a las 14.30 horas pero con los nuevos elementos, Sarabia informó a la juez Tintaya que la citación para ella y la secretaria de juzgado había sido emitida el mismo viernes, por lo cual ella debía excusarse del caso.
El abogado de Mendoza, Alberto Morales, declaró este sábado, que su defendido fue aprehendido por haber desprecintado sus oficinas para verificar la existencia de 25 mil dólares y 15 bolivianos que tenía y que no se encuentran en el acta de allanamiento.
Mendoza calificó de “patrañas” los cargos que la Fiscalía tiene en su contra y ratificó que las pruebas (libros originales de control jurisdiccional, resoluciones de imputación y otros) fueron plantados en su oficina.
Molesto por estas afirmaciones, Sarabia aseguró que Mendoza está desinformando a los medios de comunicación y aseguró que se han colectado huellas digitales de quienes procedieron al desprecintado de la oficina de Mendoza, donde se cree estaban aún más documentos.
“Este señor ha ingresado a su oficina, ha roto los precintos, ha vaciado todas las pruebas documentales (…) Todo lo que venga a decir ahora este ciudadano es falso, porque este es el articulador para haber corrompido la administración de justicia”, declaró Sarabia.
Al término de la audiencia, otra fuente aseguró que la juez había tratado de esconder los aparatos celulares, por lo que se llamó al personal de laboratorio que procedió al secuestro de los celulares porque también existía indicios de que por medio de otros abogados, Mendoza se contactó con Tintaya y la secretaria para obtener una resolución favorable en la audiencia cautelar.
En este sentido, hoy será la juez segundo anticorrupción, Rosmery Pabón, quien cautele a Mendoza.
El caso inició el 29 de marzo con la detención del exvocal Fernando Ganam, quien fue aprehendido al interior de la oficina de Mendoza, donde se halló varios documentos que han comprometido, al menos, a cinco funcionarios judiciales, de la Fiscalía, además de otros abogados particulares.
El abogado particular del exvocal Fernando Ganam y representante de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) de La Paz, Milton Mendoza, fue aprehendido el viernes y para hoy se prevé su audiencia de medidas cautelares por el caso de consorcio de jueces, abogados y fiscales, iniciado a raíz de una allanamiento a su oficina, donde se encontró documentación original que comprometia a magistrados y también se verificara que en una de sus computadoras se redactaba imputaciones para que sean presentadas por fiscales.
El 29 de marzo, el exvocal Ganam fue aprendido al interior de la oficina de su abogado particular Mendoza, denunciado por llevar una copia del amparo constitucional planteado por el también jurista Jhonny Castelú, en contra de la Cotel, empresa que también era representada por Mendoza.
Minutos antes del allanamiento a su oficina, en una acción directa la Fiscalía, Mendoza abandonó el lugar y se desconocía su paradero hasta ayer por la noche cuando luego de una entrevista, donde negó los cargos, fue aprehendido por los investigadores.
Antes, había interpuesto dos acciones de libertad y los fiscales anticorrupción Anghelo Sarabia y Jhenny Quispe informaran que este debía presentarse a declarar el día lunes, pero al parecer, la reparación y la versión de que interpondría denuncias contra los representantes del Ministerio Público, ante instancias internacionales, motivó la captura.
En este sentido, para hoy se prevé su audiencia cautelar en el juzgado de turno. Por el mismo caso, se encuentran detenidos el exvocal Ganam, el fiscal Hugo Rivero, la exjuez Lía Cardozo, el presidente del directorio de Cotel Fabián Guillén, dos funcionaras judiciales y uno de los asociado de Mendoza, Vladimir Flores. Aún se desconoce el paradero del otro asociado e hijo de un fiscal, Ricardo Blanco.
Tras el arresto, no se conocieron mayores detalles. Horas antes, el abogado de Mendoza, Alberto Morales, informó que la juez Lucía Fuentes decidió dejar sin efecto la orden de aprehensión contra su cliente, y que se presentaría a declarar en la Fiscalía a las 09.00 del lunes, dentro de la investigación sobre el caso del consorcio de jueces, fiscales y abogados, presuntamente liderado por el exvocal Fernando Ganam.
Señaló que ante los fiscales adscritos al caso, Anghelo Saravia y Jhenny Quispe, Mendoza exhibirá una serie de pruebas que demuestran su inocencia dentro del caso.
Pese a que Mendoza estaba considerado prófugo por las autoridades del Ministerio Público, Morales aclaró que el abogado Mendoza no salió de la ciudad y que estuvo desarrollando sus actividades con total normalidad, atendiendo los casos en los que ejerce como patrocinante.
Mendoza, a través de su abogado, presentó un memorial, en el que demanda que se deje sin efecto la resolución de orden de aprehensión y más bien se fije hora y fecha para que rinda su declaración informativa.
Durante una requisa a las oficinas de Mendoza se hallaron expedientes originales de al menos tres juzgados.
Mendoza firmó contratos con Cotel por 139 mil bolivianos para defender y ganar los juicios contra Cotel.
El Ministerio Público confirmó que en 16 meses (2015-2016) se destituyó a 80 fiscales implicados en hechos de corrupción e incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones, se informó ayer oficialmente.
“La Fiscalía General desde hace tiempo que da señales de que no vamos a tolerar hechos de corrupción, incumplimiento de deberes y negligencia, y por esa razón fueron destituidos 65 fiscales en 2015 y 15 en lo que va de esta gestión”, precisó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
En ese contexto, convocó al mundo litigante a denunciar cualquier hecho irregular para actuar desde la Fiscalía, cumpliendo con procedimientos y la norma legal contra servidores del Ministerio Público implicados en actos dolosos.
Recordó que en cada fiscalía departamental existe una oficina de Régimen Disciplinario para que las personas denuncien malos tratos, extorsión y otros aspectos. Además, advirtió que desde la instancia que corresponde se hace seguimiento al trabajo de los fiscales.
Cautelan a otras funcionarias en caso consorcio de jueces
Dentro del proceso abierto en contra del abogado Milton Mendoza, por la supuesta comisión del delito de consorcio de jueces abogados y fiscales, la juez segundo anticorrupción, Rosameri Pavón, determinó ayer la detención domiciliaria de María Luisa Yapuchura, persona de confianza y auxiliar del exvocal de la Sala Penal Segunda, Fernando Ganam, y determinó preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, de Yazmila Paz, secretaria de la Juez Segundo de Materia en los Penal, Lía Cardozo.
La determinación fue asumida luego de que la fiscal anticorrupción, Jhenny Quispe, acreditara indicios de la supuesta participación en el hecho y presentó imputación por el delito de consorcio de jueces, fiscales y abogados en grado de complicidad e incumplimiento de deberes.
En la audiencia de medidas cautelares, Quispe indicó que Paz estaba a cargo de los tres cuadernos de control jurisdiccional, en todos iban proveídos que debían ser revisados por la juez Cardozo.
De los cuadernos de control jurisdiccional, uno era por un proceso de avasallamiento, otro por robo agravado y el tercero de estafa.
La fiscalía sostiene que Paz, no declaró la verdad sobre la relación laboral y académica que tenía con uno de los asociados del abogado Milton Mendoza, el procurador Vladimri Flores, quien también fue cautelado y enviado al penal de Patacamaya, con detención preventiva.
En el caso de Yapuchura, el Ministerio Público argumentó que la imputada era personal de confianza de Ganam por lo que tenía las llaves de su oficina, las cuales no fueron entregadas inmediatamente a los fiscales para el respectivo allanamiento.
En Beni piden control social para jueces y fiscale...
Jueza Tintaya enfrentará otro proceso por favorece...
Jueza Tintaya es enviada a la cárcel y defensa cri...
Autoridades también cuestionan la absolución de Ju...
Suspenden audiencia por tercera vez Mendoza se opo...
Al menos otras seis autoridades del Órgano Judicia...
Amplían pesquisa a vocal; caso consorcio suma 12 i...
En función dentro del Tribunal de Justicia Piden r...
Blanco: Se borraron más de 4.000 archivos de Alcal...
Anuncian cumbre paralela de víctimas si no son ace...
Sepdavi atenderá gratis a las víctimas y erradicar...
Caso Consorcio Abogado Blanco es enviado a San Ped...
Alcaldía alteña cuestiona investigaciones de Fisca...
Quema de Alcaldía Fiscalía investiga a Elío por in...
Consorcio de Ganam se formó en 2005 y sumó a 11 fi...
Consejo de la Magistratura registró a 1.220 postul...
Mendoza a la cárcel por dirigir consorcio de juece...
Foro: Vivimos gran crisis de confianza en la justi...
Gobierno denuncia a jueza y a un exfiscal por el c...
Potosi Aplican justicia comunitaria en contra el c...
Otra jueza sindicada de ser parte de los consorcio...
Carmen del Río Quisbert La Presidenta del Tribunal...
En caso Ganam, convocarán a declarar a jueza vincu...
Caso consorcio Secuestran celulares de juez y secr...
Fiscalía inicia otra causa a Mendoza por abrir su ...
Milton Mendoza califica como "una patraña" su apre...
Arrestan a Milton Mendoza al salir de programa en ...
Cautelan a otras funcionarias en caso consorcio de...
Proponen la oralidad para evitar retardación
Caso consorcio de jueces y abogados Mendoza se pre...
Dos fiscales van a Panamá por el caso de los papel...
Llevan a La Paz a fiscal acusado de corrupción
Aprehenden a funcionarios judiciales por cobros il...
Arrancan hoy precumbres de Justicia en la ciudad d...
Evitan el linchamiento de cuatro personas
García: Cumbre judicial apuesta a eliminar consorc...
Arce presenta 4 propuestas para mejorar la justici...
Independencia y mayor presupuesto premisas para tr...
Hallaron droga en poder de su abogada Guillén se a...
Fiscal Blanco no ve indicios de tráfico de influen...
Cae jueza Cardozo, implicada en consorcio de vocal...
Jueces protestan por injerencia del Estado
Magistratura tiene nuevo representante
Fiscal Rivero fue enviado a San Pedro Suman los im...
Envían a San Pedro a un fiscal y convocarán a más ...
Toman como rehén al presidente de la Magistratura ...
Transparencia de la Magistratura pedirá destitució...
Investigación sostiene que abogado redactaba imput...
Caso consorcio jueces – policías – fiscales y abog...
Solucionan conflicto de juzgado en norte y no en P...
Presidente del TSJ: Ninguna propuesta del Gobierno...
Conminan a Fiscalía para presentar acusación en ca...
Caso Consorcio Vocal Ganam Fiscalía declara “prófu...
Detención domiciliaria Vocal Ganam fue hallado con...

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución