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Timestamp: 2018-06-23 04:39:41+00:00

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Regalías sobre el uso propio de semillas.
"El derecho de los demás termina donde empieza el de los otros".
Federación Agraria argumenta su oposición a la pretensión de los criaderos obtentores por cobrar regalías extendidas a la reserva de granos que los productores hacen para su siembra. El lobby de los obtentores hace que el gobierno hoy proponga una ley que vulneraría la soberanía del chacarero sobre su trabajo. La ofensiva debe apuntar al comercio ilegal, pero no al legítimo derecho del productor sobre el “uso propio de su semilla”.
La presión ejercida a nivel mundial por el “lobby de obtentores de semillas” para copar toda la cadena agrocomercial es indisimulable, a juzgar por las numerosas e intimidatorias inspecciones que sus representantes están realizando en los campos de los productores agropecuarios y por el proyecto de ley presentado en el ámbito de la Comisión Nacional de Semillas (Conase) para promover la adhesión de Argentina al acta UPOV 91, que –de prosperar– eliminaría definitivamente el ya complicado ejercicio del derecho del productor a reservar semilla para uso propio.
La Federación Agraria Argentina advierte que se debe defender el derecho de propiedad intelectual de quienes producen avances en la tecnología de semillas atacando el repudiable comercio ilegal. Pero, también advierte que “el derecho de los demás termina donde empieza el derecho de los otros”.
La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, legisla, como de orden público, el derecho del productor a usar variedades vegetales, con el fin de obtener semillas para su propia resiembra. Si el agricultor procesa y almacena en su explotación las semillas resembradas, no debe efectuar trámite alguno.
Si debe pedir autorización para procesarla, acondicionarla o depositarla fuera de su explotación, y de acuerdo a los requisitos de la Resolución 35/96 del ex INASE se debe cumplir:
a) solicitar autorización al dueño de la variedad;
b) individualizar e identificar la semilla de uso propio antes de la entrega al procesador informándole a éste los volúmenes y variedades, debiendo además el procesador durante todo el tiempo que dure el procesamiento, mantenerla identificada e individualizada del resto de la semilla de otros productores.
La semilla de uso propio no debe mezclarse con la que pertenece a otros productores y debe ser rotulada por el procesador o depositario, con rótulos que éste confeccione o que le entregue el mismo agricultor.
En este sentido, el lunes 27 se realizó en la sede central de FAA una extensa reunión de varios dirigentes y profesionales federados provenientes de filiales y cooperativas representativas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, preocupados por este nuevo atropello que se cierne sobre la soberanía del productor en cuanto a su trabajo y a su bolsillo.
La cita contó además, con una pormenorizada exposición del Dr. Aldo Casella, prestigioso jurista, docente y camarista perteneciente al “Ateneo de Estudios Agrosociales -UTN, Unidad Académica Reconquista”, que viene elaborado una medulosa argumentación que pone de relieve el exceso de los obtentores en su pretensión de reclamar derechos que pueden asistirlos.
Presión sobre la SAGPyA
“Los obtentores ya no pretenden imponer regalías sobre la variedad que venden, sino extenderlas al infinito, de acuerdo con este proyecto presentado por la SAGPyA que viene a reemplazar a la ley de semillas y que parece hecho a la medida de los obtentores” se planteó en la mencionada reunión.
El coordinador de FAA en Buenos Aires, Dr. Jorge Solmi, apuntó que la ofensiva por las regalías extendidas surgió hace algunos años, cuando Nidera lanzó al mercado la variedad de trigo Baguette 10.
En 1994, Argentina adhirió al acta que la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales proclamó en 1978 (UPOV 78), con el acuerdo de distintos países. Este acuerdo consagra el derecho del productor agropecuario al uso propio de la semilla porque limita el derecho de los obtentores a cobrar regalías. La excepción es en caso de uso comercial de las variedades patentadas. Esto es, que el productor debe pagar la semilla cuando la compra al semillero, pero no cuando –luego de la cosecha– reserva una parte para la próxima campaña.
El Dr. Casella definió el escenario latente como “una embestida contra el “privilegio del agricultor” de reservar o sembrar semillas para uso propio o de usar o vender las mismas como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación. Esto está consagrado expresamente en el artículo 27° de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Además, el letrado marcó “la profundización de los derechos de propiedad intelectual que hoy imperan en todos los órdenes de la tecnología y que, en este caso, pretenden producir un efecto cascada hacia los multiplicadores y a los productores”. Casella acotó que el derecho del obtentor protege la investigación y la producción de variedades y la venta como tales, pero no debe abarcar otros usos como el de almacenamiento para resiembra o el de la venta de grano como materia prima.
Regalías extendidas: afuera no se consigue
El acta UPOV 91 –al que se propone adherir, cediendo ante el lobby del oligopolio semillero– pretende cambiar la doctrina y la práctica existente en nuestro país y en el derecho comparado de privilegiar el uso propio de semilla por el agricultor y poner como regla el sistema de regalías extendidas, es decir la pretensión semillera de extender sus derechos al infinito y que ha sido declarada ilegal, por ejemplo recientemente en Uruguay.
Casella puso como ejemplo que la Unión Europea consagra el uso propio de la semilla y exime a los pequeños productores del pago de regalías.- También se pueden citar otras normas internacionales como el “Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y Alimentación – Resolución FAO Nro 3/2001 donde expresamente se establece en su artículo 9°, denominado “Derechos del Agricultor” que: “...nada de los que se dice en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda...”
En América Latina, la mayoría de las legislaciones declaran expresamente el derecho del agricultor de sembrar y reservar semillas para uso propio en su establecimiento o en establecimientos de terceros cuya posesión detentan (Brasil: Ley 9456/97; Chile: ley 19.342/94 – art. 3; México: Ley Federal de Variedades Vegetales –1998- Art. 5-; Paraguay: Ley 385/94- Art. 35).
De allí que la versión 1991 del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), cambia diametralmente el alcance de la protección al titular de los derechos de obtentor con profundas consecuencias en la reserva y uso para la siembra de las semillas de su cosecha por el agricultor.
UPOV ‘78 vs. UPOV ‘91
Este proyecto de ley implica la derogación de la ley 24.376/94, aprobatoria del Convenio UPOV 1978 y asimismo de la mayor parte de la ley 20.247 de semillas actualmente vigentes.
El Convenio UPOV 78 no requiere autorización, ni el titular puede exigirla, ni puede someterse a condiciones al “uso propio para siembra que haga el agricultor, ni la venta como materia prima o alimento del producto obtenido.- Así lo refleja el actual artículo 27° de la ley 20.247 de Semillas.
En cambio, la UPOV 91, amplía el ámbito de protección al obtentor en forma decidida, al someter a su autorización prácticamente todos los actos que puedan realizarse respecto del material de reproducción, sin interesar la finalidad comercial o de disposición del material de reproducción en carácter de tal a favor de terceros.
El obtentor, como refleja la norma proyectada, puede subordinar su autorización a condiciones y limitaciones. Incluso, dicha autorización puede extenderse a actos respecto del producto de la cosecha, es decir no sólo del material de reproducción en carácter de tal. Se puede concluir, entonces, que la UPOV 91, se acerca más a un derecho de patentes, alejándose del anterior sistema que consagraba el “derecho del obtentor”.
Uno de los federados asistentes a la reunión observó un detalle no menor: “Si la regalía extendida es un reaseguro para proteger y estimular el avance de la investigación tecnológica ¿quién garantiza que los semilleros tengan interés en seguir investigando una vez que consigan cobrar regalías por la semilla de uso propio? Si total ya tendrán asegurada la regalía al infinito”.
Resolución 35/96: el productor acorralado
Por otra parte, se cuestionó la resolución 35/96 del Instituto Nacional de Semillas por cuanto su vigencia afecta a muchos productores –especialmente a los más chicos–, que no cuentan con la infraestructura necesaria para almacenar semilla y deben sí o sí sacarla de su campo para su adecuado acondicionamiento o depósito. Esta norma, tampoco contempla otras situaciones –que siempre afectan a los actores más pequeños de la cadena– como las necesidades de grupos asociados de productores que trabajan mancomunados distintas fracciones de campo y, por ello, se reparten la semilla de reserva. En síntesis, esa resolución impone la necesidad de contar con la autorización del obtentor en un sinfín de situaciones que no se condicen con la real práctica agropecuaria. Y así, el chacarero queda acorralado por una normativa de un Estado que no parece situarse en el exacto punto medio de una relación de fuerzas sino inclinando el fiel de la balanza hacia una de las partes.
Casella advirtió que el proyecto puesto a consideración de la CONASE (donde Federación Agraria ocupa una vocalía suplente, con voz pero sin voto) contempla el uso propio como excepción, y puede llegar a impedir la reserva de semilla sin autorización del titular de la variedad. Y, aún así, no aclara si el productor tendrá que pagar regalía por ello.
Otra restricción de la iniciativa impide sembrar con la “semilla reservada” una superficie mayor a la cultivada con la semilla original. Además, el proyecto pretende extender regalías sobre variedades transgénicas, invocando razones de bioseguridad. Pero, en todo caso, es el titular y, acaso, el multiplicador, quienes también deben cumplir con esa premisa. No es una responsabilidad exclusiva del productor.
En la génesis de cada acto de gobierno debe primar el interés público. Por lo tanto, cabe pensar aquí dónde está esa prioridad: ¿en el avance tecnológico o en el derecho del productor agropecuario sobre su trabajo?
Recomendaciones ante inspecciones de ARPOV o de mandatarias de esa asociación
Como lo hiciéramos conocer en distintos comunicados de prensa de Federación Agraria Argentina, nuestros asociados deben estar alertas ante una inspección de la Asociación Civil ARPOV y/o en su caso de su mandataria “C&M”.
El productor no está obligado a brindar información a entes o asociaciones de carácter privado que, bajo el pretexto de la existencia de un contrato de adhesión de regalías extendidas entre el productor y algunos de los asociados de ARPOV, pretenden obtener determinados datos de los productores a través de una declaración jurada de reserva de uso de semilla y otros datos complementarios.
En cuanto a las inspecciones en el campo, el productor también puede negarse a franquear el ingreso al predio de los denominados “inspectores de ARPOV” y/o de su mandataria “C&M”, si así lo decidiera al momento de ocurrir las mismas. Es que dicha decisión hace al ejercicio de su derecho de propiedad. Salvo una orden judicial emanada de la Justicia Federal, el productor no está obligado a permitir el acceso de dichos inspectores a su predio ni mucho menos a brindarle información sobre las variedades utilizadas o superficie sembradas.
También resultaría conveniente para el caso contrario, que el productor exija a los inspectores de ARPOV su identificación como tales y/o que exhiban el mandato o autorización que los faculta a tal efecto. Tampoco el productor se encuentra obligado a firmar el acta que normalmente se labra en dichos casos; máxime si no está de acuerdo con el contenido de la misma.
Respecto de la semilla reservada para uso propio, recordemos que las condiciones para que se configure la “excepción del agricultor” son:
1.- ser agricultor
2.- haber adquirido legalmente la semilla original, sin importar en qué campaña.-
3.- haber obtenido la semilla actual a partir de la legalmente adquirida.-
4.- reservar del grano cosechado el volumen de semilla que se utilizará para posterior siembra, individualizándola por variedad y cantidad, previo a su procesamiento.-
5.- el destino de la semilla reservada deberá ser la siembra por el agricultor en su propia explotación y para su propio uso (quedan excluidos los otros destinos como la venta, permuta o canje por el mismo agricultor o por intermedio de terceros).-
6.- La semilla reservada para uso propio, deberá mantenerse separada del grano –conservando su identidad e individualidad– desde el momento en que es retirada del predio por el agricultor y mantenida dicha identidad durante la etapa de procesamiento, acondicionamiento o depósito. De allí que, si el productor la procesa y almacena en su explotación, no debe efectuar trámite alguno.
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References: Resolución 
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 27

Resolución 
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