Source: https://de.scribd.com/document/389220688/Ley-Contra-La-Corrupcion
Timestamp: 2020-01-23 16:53:49+00:00

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Ley Contra La Corrupcion | Derecho penal | Ley procesal
Se considera de orden público la obligación de restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios inferidos, por quienes resultaren responsables de las infracciones previstas en esta Ley. A estos efectos, el Ministerio Público practicará de oficio las diligencias conducentes a la determinación de la responsabilidad civil de quienes aparecieren como copartícipes en el delito. En la sentencia definitiva, el tribunal se pronunciará sobre la responsabilidad civil de los de los enjuiciados.
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Se considera de orden público la obligación de restituir, reparar el daño o indemnizar los
perjuicios inferidos, por quienes resultaren responsables de las infracciones previstas en
A estos efectos, el Ministerio Público practicará de oficio las diligencias conducentes a la
determinación de la responsabilidad civil de quienes aparecieren como copartícipes en el
delito. En la sentencia definitiva, el tribunal se pronunciará sobre la responsabilidad civil de
los de los enjuiciados.
Si en el expediente no estuviere determinada la cuantía del daño, reparación, restitución o
indemnización que corresponda, la sentencia ordenará proceder con arreglo a lo establecido
en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
Acción civil para resarcir daños
El Fiscal del Ministerio Público, en capítulo separado del escrito de acusación, propondrá la
acción civil que corresponda para que sean reparados los daños, efectuadas las
restituciones, indemnizados los perjuicios o pagados los intereses que, por los actos hechos
u omisiones delictivos imputados al enjuiciado, hubieren causado al patrimonio público,
observándose al respecto los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de
Los intereses se causarán desde la fecha de la comisión del acto de enriquecimiento ilícito
contra el patrimonio público o desde el inicio de dicho acto, si fuere de ejecución
continuada y se calcularán conforme a la tasa o rata que fije el Reglamento de la Ley pero
en ningún caso será inferior al doce por ciento (12%) anual.
En el mismo acto, se opondrán todas las excepciones establecidas en el artículo 28 del
Código Orgánico Procesal Penal y las indicadas en el artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil, conjuntamente con todas las defensas de fondo, en cuanto fueren
Las excepciones o cuestiones previas se contestarán por la parte a quien corresponda en la
misma audiencia, y serán resueltas al concluir la misma, conforme a lo dispuesto en el
artículo 330 Código Orgánico Procesal Penal.
Procedencia de las acciones
Ningún procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza impedirá el ejercicio de
la acción penal y de la civil que de ella se derive.
Concordancia legal
Los juicios que se sigan por la comisión de los delitos previstos en este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley se regirán por las disposiciones previstas en ella y las contenidas en
Las instituciones bancarias están obligadas a abrir las cajas de seguridad de sus clientes
sometidos a averiguación por la presunta comisión de los delitos contra la cosa pública y
mostrar su contenido cuando así lo exija el Ministerio Público, previa orden judicial emitida
por el Juez de Control, a solicitud de aquél. La apertura se hará en presencia del funcionario
respectivo y del titular de la caja de seguridad o de su representante legal.
En caso de que alguno de éstos no concurriere al acto de apertura o se negare a abrir la caja
de seguridad, la misma será abierta en su ausencia o rebeldía, inventariándose su contenido,
de todo lo cual se levantará acta. Dicha caja, luego de sellada, no podrá abrirse nuevamente
sin orden expresa del Tribunal competente a solicitud del Ministerio Público.
Cuando a juicio del Ministerio Público existan fundados indicios de la responsabilidad del
investigado, solicitará al Juez de Control que se retengan preventivamente las
remuneraciones, en el caso que la investigación se refiera a fondos de los cuales éste
aparezca directamente responsable en la averiguación. Dicha retención se hará en la forma
y porcentaje previstos en la legislación especial.
Esta retención podrá hacerse extensiva a los pagos que los órganos y entes mencionados en
el artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, adeuden a contratistas, cuando
éstos aparezcan directamente implicados en las investigaciones que se practiquen.
Medidas preventivas sobre bienes del investigado
Cuando existieren indicios graves, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control,
el aseguramiento de bienes del investigado hasta por el doble de la cantidad en que se
estime el enriquecimiento ilícito o el daño causado por el investigado al patrimonio público.
La medida será acordada con sujeción a los trámites previstos en el Código de
Procedimiento Civil, introducida la solicitud, de considerarla procedente, el Juez decretará
en la misma fecha la medida preventiva de aseguramiento solicitada.
En la sentencia definitiva el Juez ordenará, según las circunstancias del caso, la
confiscación de los bienes de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
que incurran o sean responsables de delitos establecidos en este Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley que afecten gravemente el patrimonio público, a cuyo efecto, solicitará
ante las autoridades competentes la repatriación de capitales de ser el caso.
Asimismo, el Juez ordenara, según la gravedad del caso, la confiscación de los bienes de las
personas que hayan incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo
47 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y consecuencialmente la repatriación
Las autoridades competentes estarán encargadas de presentar y recibir directamente o por la
vía diplomática las solicitudes de asistencia legal en materia penal, referentes a la
investigación o juzgamiento de los actos de corrupción, de conformidad con a lo
establecido en sus ordenamientos jurídicos y los acuerdos suscritos y ratificados por la
Inhabilitación de funcionarios públicos
El funcionario público, o quien haya sido condenado por sentencia definitivamente firme
por cualesquiera de los delitos establecidos en la presente Ley, quedará inhabilitado para el
ejercicio de la función pública y, por tanto, no podrá optar a cargo de elección popular o
cargo público alguno, a partir del cumplimiento de la condena y hasta por cinco (5) años, a
excepción de lo establecido en el artículo 86 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley, caso en el cual se aplicara el tiempo establecido en esa norma.
El lapso de inhabilitación a que se refiere este artículo será determinado por el juez, de
acuerdo con la gravedad del delito, en la sentencia definitiva que se pronuncie sobre el
Prescripción de las acciones penales
Las acciones judiciales no prescribirán, cuando estén dirigidas a sancionar delitos contra el
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References: artículo 249
 artículo 340
 artículo 28
 artículo 346

artículo 330
 artículo 4
 artículo
47
 artículo 86