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Hugo Moyano - Pschitt
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Publicado por grag 10/03/2009 @ 18:07
Tags : hugo moyano, cgt, sindicatos, sociedad
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Hugo Antonio Moyano (n. 9 de enero de 1944, La Plata y radicado en Mar del Plata desde los primeros años de su infancia), es un dirigente gremial argentino. Es casado y padre de siete hijos.
Según el artículo 14 bis de la Constitución Argentina queda garantizado a los trabajadores la "organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial". Esta norma constitucional está tutelada por la Ley 23.551 de Asociaciones Profesionales y reglamentada por el Decreto Reglamentario 467/1988 ].
La CGT estuvo divida en dos conducciones entre 1994 y 2004: la CGT Oficial (dirigida por Rodolfo Daer), y la CGT Disidente (en un principio llamada MTA dirigida por Hugo Moyano) Por esta época se empezó a Gestar la nueva central CTA liderada por el entonces dirigente Victor De Gennaro. En junio de 2004 ambas conducciones volvieron a unirse.
En el sistema sindical argentino existen dos formas principales de organización de los sindicatos: las llamadas "uniones" y las "federaciones", que pueden ser tanto nacionales o provinciales. Las "uniones" son sindicatos con jurisdicción directa en todo el territorio en el que actúan. Los representantes "locales" del sindicato son elegidos por los líderes nacionales (o provinciales) de la "unión". Las "federaciones" están constituidas por varios sindicatos asociados. Por esa razón las autoridades "locales" no son electas por los líderes nacionales (o provinciales), sino por el voto directo de sus miembros. Los cinco agrupamientos sindicales tienen ambos tipos de organización sindical.
En los últimos años han aparecido algunas formas nuevas de organización sindical permanente como resultado de la acción conjunta de grupos de sindicatos, en las que varios sindicatos coordinan estrategias y acciones para mejorar su poder de lucha y negociación. Este tipo asociatividad sindical, generalmente reúne en un mismo ámbito organizativo a sindicatos de las diversas centrales. Algunas de estas experiencias son la Confederación de Gremios de Empresas Privatizadas (con una base de 1 million de trabajadores), el Frente Gremial Aeronáutico (que obtuvo un gran éxito en las luchas entre 1998 y 2000 para evitar el cierre de la mayor compañía aeronáutica argentina, la privatizada Aerolíneas Argentinas), el Frente Gremial de sindicatos de educadores de la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Gremios Estatales, etc.
Los trabajadores sindicalizados se estiman en 3-4 millones de trabajadores formales. La población económicamente activa (2004) es de unos 15 millones de mujeres y hombres. De ellos 9,4 millones son trabajadores asalariados urbanos, y 1 millón son asalariados rurales. La mitad de los trabajadores asalariados del sector privado no se encuentran registrados por sus empleadores (trabajadores informales).
En Argentina (2004) existen 2.800 sindicatos registrados. Algunos de ellos son muy pequeños (los hay con menos de 50 miembros) y otros son realmente grandes, con cientos de miles de miembros. Algunos de ellos son minoritarios y otros muy representativos. Los sindicatos más representativos son reconocidos como representación colectiva legal del conjunto de los trabajadores abarcados por su ámbito de actuación ("personería gremial"). Son estos los que negocian y firman los convenios colectivos. Actualmente existen unos 1.100 sindicatos con personería gremial. Todas las centrales están formadas por sindicatos en ambas situaciones.
Finalmente es importante tener en cuenta que el sindicalismo argentino cuenta con una considerable presencia en los lugares de trabajo. Todas las grandes empresas y la mayoría de las medianas, tienen presencia sindical en sus centros de trabajo. Estos activistas sindicales están tipificadoe en la Ley como "delegados", son electos periódicamente por todos los trabajadores del centro de trabajo (afiliados o no a un sindicato), pero ellos sí se encuentran afiliados al sindicato. Cuentan con protección legal que impide totalmente la posibilidad de que sean despedidos sin justa causa. Cuando, por su tamaño, en una empresa existen varios delegados, forman "el cuerpo de delegados" o "la comisión interna". Esta enorme fuerza sindical de base está estimada en 20-50 mil "delegados".
La mayoría de los sitios web sindicales argentinos están relacionados con los servicios de salud y otras prestaciones que los sindicatos de todas las tendencias proveen a los trabajadores (turismo social, educación, formación profesional, actividad cultural, etc) provistos por los sindicatos por medio de las llamadas obras sociales, ya sea que los trabajadores estén o no sindicalizados.
De la Rúa fue estudiante en el Liceo Militar, y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba a los 21 años. En su graduación se lo condecoró con una medalla de oro. Comenzó su carrera política en la Unión Cívica Radical siendo bastante joven. Aunque había sido miembro del equipo de asesores del ministro del Interior Matias Jose Barbieri durante el gobierno radical de Arturo Illia, su primera aparición política ocurrió en marzo de 1973 cuando se presentó por su partido como candidato a senador por la Capital Federal, siendo el único radical que pudo vencer al justicialismo en ese año. Esta situación llevó a que Ricardo Balbín, tras la renuncia del presidente Cámpora y la convocatoria a nuevos comicios, lo eligiese como candidato a vicepresidente en las elecciones presidenciales de septiembre de 1973. En dichos comicios, el binomio radical Balbín-De la Rúa logró el 24,3% por ciento de la adhesión popular. Dicho porcentaje quedó muy por debajo del 61,9% que logró la fórmula del FREJULI Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón. De la Rúa fue senador hasta marzo de 1976, cuando el Proceso de Reorganización Nacional tomó el poder. En aquel momento abandonó la actividad política, y trabajó como abogado de la empresa Bunge & Born.
En 1983, al retornar la democracia, compitió por la candidatura presidencial de la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín. De la Rúa, heredero del balbinismo centrista, fue derrotado por quien luego sería electo presidente de la Nación. En las elecciones de 1983 que determinaron el acceso del radicalismo al Gobierno, De la Rúa fue candidato a senador nacional por la Capital Federal, venciendo al postulante del justicialismo, Carlos Ruckauf. De la Rúa fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, votó en contra de la ley de divorcio y algunos radicales creen que fue quien redactó la ley de Punto Final y la de obediencia debida.
En 1989 se presentó como candidato para revalidar su banca y triunfó en las urnas con el 33,11%. Sin embargo, el cargo le correspondió al justicialista Eduardo Vaca. Esto se debió a que a pesar de haber tenido muchos menos votos, Vaca fue electo en el colegio electoral gracias a la alianza ente el Partido Justicialista y la Ucedé, triunfando con el voto clave de María Julia Alsogaray. Pese a ello, en 1991 fue candidato a Diputado y el triunfo logrado en el bastión capitalino - donde además De la Rúa presidía el Comité Capital Radical - lo llevó a la presidencia del bloque de diputados de la UCR. En 1993 De la Rúa volvió al Senado ganando nuevamente en la Capital Federal con más del 50 por ciento de los votos contra Avelino Porto.
Mediante la reforma de la Constitución Argentina de 1994 la ciudad de Buenos Aires dejó de ser un municipio y consiguió autonomía. Esto modificó la naturaleza del poder ejecutivo de la ciudad, que hasta entonces era ejercido por un intendente elegido por el Presidente con acuerdo del Senado, y que a partir de 1996 es ejercido por un Jefe de Gobierno elegido en comicios. De la Rúa se presentó a las elecciones para dicho cargo en junio de 1996. En esos comicios, De la Rúa como candidato de la UCR alcanzó el cargo con el 40 por ciento de los votos, contra el 26% del frepasista Norberto Luis La Porta y el 17% del peronista Jorge Domínguez, hasta entonces intendente de la Capital.
La victoria de De la Rúa se debió al fuerte rechazo público hacia la figura de Carlos Menem, así como también al deterioro de la situación económica del país, que en 1999 terminaba con una caída del PBI de alrededor de 3,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. El desempleo se acercaba al 14 por ciento, luego de haber alcanzado la cifra récord de 18,6% algunos años antes, y la pobreza había sido triplicada en proporción a la existente antes de llegar Menem al poder. El país tenía serios problemas en materia educativa y sanitaria, y la dirigencia política tenía una mala imagen pública. Además, el gobierno peronista dejaba un elevado déficit fiscal, con un rojo de más de 10 mil millones de pesos, una deuda externa del orden de los 150 mil millones anuales con vencimientos de casi 25 mil millones en el año próximo. Debido a esto, De la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas. El aumento impositivo decretado sobre las clases medias y altas hacia enero de 2000, fue parte de un paquete que procuró en general mejorar la economía, así como atender deudas pendientes como el Fondo para el Incentivo Docente, pero esto resultó sin embargo insuficiente para resolver el deterioro de las finanzas públicas.
El ex-presidente Carlos Menem fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario el 8 de junio como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría realizado una venta ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia y por falsificar el contenido de tres decretos presidenciales. Esto en lugar se significar un éxito para el gobierno fue un mayor problema. El justicialismo ocupó el Congreso Nacional para rechazar la detención del ex-presidente, quién luego fuera liberado por decisión de la Corte Suprema por seis votos contra dos el 21 de noviembre del mismo año. La Corte resolvió entonces que no existió asociación ilícita ni falsedad ideológica en los decretos.
En este marco de amplia problemática política y económica, se produjeron las elecciones legislativas de 2001, donde el Justicialismo se impuso con el 40 por ciento en todo el país, contra el 24% de una diezmada Alianza que perdía más de 4.500.000 votos respecto de lo logrado apenas dos años antes. Para el último bienio de gestión, el gobierno radical enfrentaría un Congreso totalmente opositor. El voto en blanco o nulo alcanzó cifras récord en la historia de la democracia argentina: la combinación de voto en blanco, voto nulo y ausentismo se elevó al 41%, equivalentes a 10,2 millones de argentinos.
En enero 2001 las reservas internacionales del BCRA habían alcanzado el récord histórico de 37.380 millones de dólares, el cual sería superado en el año 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
El 20 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires estaba desbordada por una ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos tipos. De la Rúa respondió decretando el Estado de Sitio en todo el país. Sin embargo el vandalismo no disminuyó, e incluso aumentó a pesar del estado de sitio. Finalmente se produjeron 27 muertos y más de dos mil heridos. A esto se le sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del gobierno. En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo.
Los gremios convocaron a huelgas como protesta por el estado de sitio. Inicialmente la CTA inició una huelga de 24 horas el 20 de diciembre. Al día siguiente (a pesar de haber tenido lugar la renuncia de De la Rúa) se sumarían la CGT de Rodolfo Daer en una huelga de 36 horas y la de Hugo Moyano por tiempo indeterminado. El Presidente perdió definitivamente el respaldo de la mayoría de su propio partido, la Unión Cívica Radical, y aferrado al escaso sector radical que aún le respondía intentó convocar al justicialismo a un acuerdo de gobernabilidad, sumándose al gobierno. El obvio rechazo del PJ decidió a De la Rúa a presentar su renuncia al Parlamento a las 19.45 horas del 20 de diciembre de 2001, cuando no había completado sino apenas la mitad de su mandato constitucional. La imagen del presidente huyendo en helicóptero quedó grabada para siempre en el recuerdo de los argentinos.
Lo sucedió inmediatamente el misionero Ramón Puerta, por ser presidente provisional del Senado, y pocos días después la mayoría justicialista del Congreso elegía presidente interino, por escasos meses, al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. Éste contó con respaldo inicial por unaminidad del PJ ya que debería permanecer en el cargo por dos meses y convocar a elecciones generales el 3 de marzo siguiente. También contó con el apoyo de cavallistas y bussistas. Sin embargo, los partidos opositores criticaban el llamado a elecciones en medio de la crisis o la implementación de la ley de lemas prevista para la misma. Recibió el respaldo de los jefes sindicales pero no el de la UIA (Unión Industrial Argentina). Además, en la semana de Navidad de 2001 se hizo fuerte el rumor de que Rodríguez Saá pretendía permanecer en el gobierno hasta completar el mandato de Fernando de la Rúa (diciembre de 2003), lo cual le quitó definitivamente el respaldo de varios gobernadores peronistas que tenían aspiraciones presidenciales, entre ellos el cordobés José Manuel de la Sota, el bonaerense Carlos Ruckauf y el santacruceño Néstor Kirchner.
Rodríguez Saá declaró el default financiero, por lo que Argentina se declaraba insolvente para pagar las deudas contraídas. Esta acción fue muy popular entre los argentinos y causó una ovación en el Congreso durante su discurso de asunción. Sin embargo, el gobierno perdió rápidemente el apoyo popular al incluir en su gabinete a figuras con imagen muy negativa, como Obeid, Vernet, Grosso, Reviglio y Britos.
De la Rúa también fue procesado en una causa en que se lo acusa de sobornar legisladores para conseguir la aprobación de la Reforma Laboral del año 2000. La causa es de "cohecho activo agravado", y es llevada adelante por el juez federal Daniel Rafecas. La causa fue promovida por el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó en los medios su intervención en dicha operación. El propio Pontaquarto esta también procesado, al igual que Fernando de Santibañes, que era jefe de la SIDE; José Genoud, entonces presidente provisional del Senado, y Alberto Flamarique, ministro de Trabajo. Los ex senadores acusados de recibir las coimas son Alberto Tell, Remo Costanzo, Emilio Cantarero, Ricardo Branda y Augusto Alasino.
La Plata es una ciudad argentina, capital de la provincia de Buenos Aires. Fue fundada el 19 de noviembre de 1882 por el entonces gobernador de la provincia Dardo Rocha, se ubica a 56 km al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con 690.616 habitantes según el censo 2001 (INDEC). Con el mismo nombre se designa al partido del que es ciudad cabecera.
En abril de 1886 se declaró instalado el alumbrado eléctrico en la ciudad, con lo cual La Plata fue la primer ciudad de América del Sur con este servicio. El servicio era provisto en aquel entonces por la Brush Electric Company.
Bajo la la administración de Alvear (1922-1928), Enrique Mosconi, el presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), construyó la destilería de La Plata, que fue la décima destilería más grande del mundo. .
El conurbano de La Plata incluye además del casco fundacional, las localidades de Tolosa, Ringuelet, Manuel B. Gonnet, Gorina, José Hernández, City Bell, Los Hornos, Lisandro Olmos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, Abasto, Ángel Etcheverry, El Peligro, Arturo Seguí y Villa Elisa, todas ellas con centros comunales que funcionan como delegaciones municipales.
De clima templado, la temperatura media anual ronda los 16,3 ºC y precipitaciones medias anuales calculadas en 1023 mm. Por su cercanía al río de la Plata la humedad tiende a ser abundante, siendo la humedad media anual de 77,6 y el viento dominante del Sudeste, que se manifiesta durante 4 meses al año.
Su temperatura más alta en el período de 1961 a 1990 fue de 38,4 ºC en verano y su mínima de -5,7 ºC en invierno.
La región responde a la "falla de Punta del Este", y su última expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (120 años), a las 3.20 UTC-3, con una magnitud de 5,5 en la escala de Richter. (Terremoto del Río de la Plata de 1888).
La ciudad cuenta con una buena cantidad de instituciones educativas de los distintos niveles, tanto públicos como privados. Los colegios públicos más reconocidos son dos de los cuatro pertenecientes a la UNLP: el Liceo Víctor Mercante y el Colegio Nacional Rafael Hernández.
En cuanto a instituciones académicas refiere, se destaca ampliamente la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), categorizada como la segunda en importancia detrás de la UBA en la Argentina. Fue la tercera en fundarse en Argentina, siendo la primera la de Córdoba y la segunda la de Buenos Aires. La UNLP posee 90.000 alumnos. En esta universidad, Ernesto Sabato se graduó en física, pasó a enseñar en la Sorbona y el MIT antes de convertirse en un famoso novelista. El doctor René Favaloro fue otro famoso alumno. Durante sus primeros años, atrajo a un número de intelectuales de renombre del mundo de habla hispana, como el dominicano Pedro Henríquez Ureña. Adolfo Pérez Esquivel, escultor, arquitecto y militante pacifista, quien obtuviera el Premio Nobel de la Paz en 1980, también estudio en la UNLP.
La Plata es una ciudad planificada, paradigma de planificación urbanística de avanzada del Siglo XIX. También es un ejemplo del «higienismo» que comenzaba a tomar importancia en esa época.
Otra obra importante es la Casa matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires, situado entre las calles 6, 7, 47 y 48. Esta construcción fue proyectada por los arquitectos Juan A. Buschiazzo y Luis Viglione. Se inauguró el 19 de abril de 1886, siendo modificado en 1913 y en la década de 1970.
En la «ciudad de los tilos y las diagonales», cada seis calles se encuentra una avenida, y en cada intersección de avenidas aparece uno de sus 23 parques y plazas (incluido el Paseo del Bosque), interconectados a su vez por diagonales. Pobladas por alguna especie arbórea que las caracteriza, especialmente tilos -árbol representativo de la ciudad-, así como también por plátanos -la especie más abundante en el trazado-, jacarandás, arces americanos, naranjos, palos borrachos y paraísos, entre otros, las vías de la ciudad se presentan como las más forestadas entre las ciudades del país y resultan de lo más afable, fresco y tonificante para emprender una caminata bajo la sombra protectora de los frondosos árboles, y en la medida en que uno se aleje unas cuadras del centro, para percibir el canto vivaz de la miríada de estorninos, carpinteros, tordos renegridos, colibríes, picabueyes, horneros, cotorras y zorzales que ha tomado por asalto la Ciudad.
Al interior del Casco Urbano corren 24 líneas de autobús (4 municipales: Norte, Sur, Este y Oeste; 6 provinciales: 202, 214, 215, 265, 273, 275, 290, 307, y 338; y 4 nacionales: 66, 79, 129, 173 y 195.), las cuales comunican con las localidades colindantes a la ciudad que pertenecen al Partido (Tolosa, Ringuelet, Manuel B. Gonnet, City Bell, Villa Elisa, Gorina, Arturo Seguí, Hernández, Melchor Romero, Olmos, Abasto, Los Hornos, Arana, Villa Elvira y Barrio Aeropuerto, entre otras); en el caso de las líneas provinciales, cubren servicios con los vecinos Partidos de Berisso, Ensenada, Berazategui, Brandsen, San Vicente y Magdalena; y las nacionales ofrecen conexiones con la Ciudad de Buenos Aires.
El servicio de agua corriente y cloacas es administrado desde 2002 por Aguas Bonaerenses S. A. (ABSA).
El deporte más popular en la ciudad, al igual que en todo el país, es el fútbol. Entre los muchos clubes que practican fútbol en la ciudad, dos de ellos se destacan sobre el resto siendo estos los clubes Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos se desempeñan en la Primera División del fútbol argentino. De estos equipos surgieron grandes jugadores como Martín Palermo, Francisco Varallo, Juan Sebastián Verón y su padre, Gustavo y Guillermo Barros Schelotto, Leandro Cufré, entre otros.
La ciudad cuenta también con la Liga Amateur Platense de fútbol que nuclea a decenas de clubes de la región, tales como: Club Atlético Estrella de Berisso, La Plata Fútbol Club, Asociación Nueva Alianza, Club Everton, entre otros.
El básquet cuenta con un lugar en el Torneo Nacional de Ascenso, a través de Gimnasia y Esgrima La Plata. Además, a traves de la Asociación Platense de Basquetbol, la ciudad cuenta con ligas y torneos para todos los niveles o categorías (Primera, Segunda de Ascenso, Sub-20, Juveniles, Cadetes, Infantiles y Pre-Infantiles), de las cuales participan los clubes: Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes, Club Atenas, Unión Vecinal, Centro de Fomento Meridiano V, Club Cultural y Deportivo Juventud, entre otros.
El automovilismo también tiene su importancia en la ciudad de la mano del Turismo Carretera. Para esta competición cuenta con un autódromo denominado Roberto José Mouras en honor al histórico piloto de Chevrolet fallecido en Lobos en 1992. Otro dato referente al automovilismo en la ciudad tiene que ver con que el último piloto de Fórmula 1 argentino, fue el platense Gastón Mazzacane que luego de 21 carreras en la Fórmula 1 pasó a competir en el Champ Car y Top Race V6.
Hubo grandes personalidades dentro del ámbito cultural provenientes de la ciudad: Paula Almerares (cantante lírica, soprano); Dante Anzolini (director de orquesta); Efraín U. Bischoff (historiador); José Walter Gavito (escultor); Osvaldo Golijov (compositor clásico); Roberto Noble (Periodista y político socialista, fundador y primer director del diario Clarín); Emilio Pettoruti (pintor); Ernesto Tenembaum (Periodista); Iñaki Urlezaga (bailarín clásico); Álvaro Yunque (escritor) ; Jorge y Federico D'Elía (actores); Adabel Guerrero (bailarina, actriz); Alejo García Pintos (actor de cine y televisión); Benjamín Rojas (actor); Freddy Villarreal (humorista, actor); Héctor Pastor Bidonde (actor); Juan Palomino (actor); Oscar Alberto "Lito" Cruz (actor); Maxi Ghione (actor); Pablo Andrés Martínez (actor); entre otros.
Cabe destacar otras personalidades importantes que, no siendo nativos de La Plata, influyeron en la vida cultural de la ciudad como: Raúl Amaral (escritor, poeta y periodista. Formaba parte de Ediciones del Bosque); Joaquín V. González (historiador, educador, literato y político) y Rafael Hernández (político y periodista) ambos fundadores de la UNLP; Pedro Bonifacio Palacios "Almafuerte" (Poeta); Ernesto Sábato (escritor y artista plástico); Carlos "Indio" Solari (músico e integrante de la banda platense Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota); entre otros.
La ciudad de La Plata tiene la particularidad, junto a Berisso y Ensenada, de ser el único lugar del país donde se realiza durante la fiesta de Año Nuevo, el 31 de diciembre, quema de momos -muñecos similares a los incinerados en las fiestas Fallas de Valencia, España-. Cientos de muñecos son quemados para festejar el fin de año y el comienzo de un año nuevo. Desde hace una década se realizan concursos donde el mejor muñeco es premiado por el municipio platense y medios de comunicación.
Desde su fundación la ciudad de La Plata ha sido cuna o residencia de personalidades de la cultura, la política, la ciencia, la economía, la música, la arquitectura y el deporte entre otros.
El grupo más importante es el conocido por los cinco sabios platenses: Almafuerte, Florentino Ameghino, Alejandro Korn, Carlos Spegazzini y Juan Vucetich.
Asimismo, no se puede hablar de La Plata sin referirse a su padre fundador Dardo Rocha y al principal de sus diseñadores, Pedro Benoit.
En la ciudad ha nacido la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y el Premio Nobel de la Paz de 1936 Carlos Saavedra Lamas entre diversos políticos de alcance nacional.
En el campo de la Ciencia se destacaron Félix Aguilar (Astrónomo), Carlos Biggeri (Físico y matemático), Ángel Lulio Cabrera (Botánico y fitogeógrafo), Reynaldo Cesco (Astrónomo), R.Horacio Etchegoyen (Psiquiatra y psicoanalista), René Favaloro (Cardiólogo y cirujano), Miguel Fernández (Zoólogo), Mario José Garavaglia (Físico), Néstor García Canclini (Antropólogo), Enrique Gaviola (Astrofísico), Julio Godio (Sociólogo), Juan Hartmann (Astrónomo), Miguel Itzigsohn (Astrónomo), Alejandro Korn (Médico y filósofo), José María Mainetti (Médico y oncólogo), Francisco Moreno (Naturalista y explorador), Virpi Niemela (Astrónomo), Arnaldo Orfila Reynal (Químico y editor), Osvaldo Alfredo Reig. Biólogo y paleontólogo), Alberto Rex González (Arqueólogo y antropólogo), José Luis Romero (Historiador), Luis Santaló (Matemático), Carlos Spegazzini (Micólogo) y Juan Vucetich..
Política: Cristina Fernández de Kirchner (Abogada y política) Presidenta de la Nación en ejercicio (2007-2011); Ricardo Balbín (Abogado y político radical), John William Cooke (Político peronista), Sergio Karakachoff (Abogado y militante universitario), Hugo Moyano (Dirigente sindical), Juan Carlos Pugliese (padre) (Abogado, economista y político radical. Ministro de Economía en 1989), Carlos Saavedra Lamas (Académico y político, Ministro de Relaciones Exteriores (1932-1938) Premio Nobel de la Paz (en 1936).
El paro agropecuario, lock out o bloqueo de rutas en Argentina de 2008 fue un extenso conflicto en el que las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina protestaron contra la decisión del gobierno de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para las mismas (Resolución 125/08).
El paro se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio, culminando con la suspensión de la Resolución número 125/08 del Ministerio de Economía y Producción por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante este tiempo las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas con el fin de interrumpir algunas actividades económicas de sus asociados, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales parciales (lock out), bloqueos de rutas y puertos y otras medidas de acción directa.
Posteriormente, al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades.
El proceso se politizó rápidamente y el oficialismo y sectores cercanos al mismo, como la Federación Trabajo y Vivienda de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Luis D'Elía, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, acusaron a los dirigentes ruralistas, al ex-presidente Eduardo Duhalde y al multimedio Clarín de buscar la desestabilización del gobierno con el fin de provocar la caída de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dichas acusaciones fueron negadas por uno de los líderes del paro ruralista, Alfredo de Angeli, de la Federación Agraria Argentina, quien aseguró que las medidas de fuerza fueron pacíficas y que no buscaban desestabilizar al gobierno, sosteniendo también que "el gobierno promueve un golpe porque no sabe cómo arreglar el país". Asimismo la Unión Cívica Radical negó que hubiera intenciones desestabilizadoras.
El conflicto tuvo una primera escalada el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron extender la medida por tiempo indeterminado hasta que el gobierno «vuelva para atrás con el aumento de las retenciones», y de que la presidenta Cristina Fernández respondiera a la decisión afirmando que no negociaría mientras el lock out no fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y combustible, y el abastecimiento de las ciudades.
En el curso del mismo se produjeron manifestaciones masivas y declaraciones provenientes de distintos sectores, tanto a favor como en contra del paro, así como algunos hechos de violencia involucrando a simpatizantes de ambas posiciones. El gobierno y las cuatro organizaciones de productores rurales se reunieron varias veces para dialogar, sin llegar a ningún acuerdo. En el curso del conflicto el gobierno anunció reformas al sistema cuestionado en dos ocasiones, el 31 de marzo y el 29 de mayo, en la primera estableciendo reintegros y subsidios a los pequeños productores y en la segunda para reducir las retenciones marginales que afectaban a los mercados de futuros. Las entidades empresarias consideraron que ambas reformas eran insuficientes o inadecuadas. Durante el conflicto se registró también la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas por los ruralistas.
Las medidas de fuerza declaradas por las asociaciones ruralistas fueron también implementadas por grupos ajenos a las mismas y sin organización visible que los agrupe, que se autodenominaron productores autoconvocados, y que no siempre respondieron a las decisiones que adoptaron los convocantes del paro.
El 17 de junio la presidenta Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.
El 3 de octubre de 2008 las organizaciones ruralistas declararon un nuevo paro por seis días con cortes parciales de rutas en caso de ser necesario, esta vez para reclamar la completa anulación de las retenciones a la exportación.
Toda la producción rural incluido el sector forestal, representaba en 2007 el 5,61% del PBI total, empleando un 5% (325.000) del total de trabajadores registrados (formales) en el país. Sin embargo, las oleaginosas (soja y girasol), los cereales (maíz y trigo) y la carne bovina, constituyen sumadas el 18,2% del total de las exportaciones, a la vez que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) constituyen poco más de la mitad del total de las manufacturas exportadas.
El Censo Agropecuario de 2002 estableció que en la Argentina existían 333.533 establecimientos agropecuarios, un 21% menos de los 421.221 que registró el Censo de 1988, y casi la mitad de los 600.000 censados en 1966. De ellos 137.021, casi la mitad, poseen 2,28 millones de hectáreas (16,7 ha cada uno), mientras que 936 propietarios poseen 35,51 millones de hectáreas (38.000 ha cada uno).
La superficie agropecuaria es de 174,8 millones de hectáreas, de las cuales 57 millones se encuentran en la Patagonia. De aquel total 38,1 millones de hectáreas se encuentran implantadas, y el 90% de ellas se encuentran en la región pampeana. Mientras que en 2002, la siembra de granos (oleaginosas y cereales) abarcó 23 millones de ha, en la campaña 2007/2008 la superficie sembrada con granos alcanzó 30,7 millones de ha, de las cuales 16,9 millones se dedicaron a la soja.
El censo agropecuario contabilizó 138.328 establecimientos en la región pampeana, con 73,7 millones de hectáreas en conjunto. Como ha sido tradicional, debido al predominio de la estancia, existe en la Argentina una considerable concentración de la propiedad rural, resultado del cual un 3,7% de los productores son dueños del 40% de la tierra.
En particular, la alta rentabilidad derivada del incremento excepcional de los precios internacionales de la soja, llevaron a los empresarios agropecuarios a volcarse progresivamente hacia la siembra de soja transgénica, en un proceso denominado de «sojización», que llevó al país a convertirse en el tercer productor mundial de soja en bruto y el primero de aceite de soja. Este proceso es en gran medida controlado por grandes grupos económicos organizados en Aapresid (Asociación de Siembra Directa de Soja), ACSoja (Asociación de la Cadena de la Soja) y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA). La soja es una planta originaria de China, de muy alto valor proteico (cercano al 35%), capaz por lo tanto de reemplazar a las carnes en las dietas, además de ser la materia prima del aceite de soja, el aceite de mayor producción en el mundo, de la harina de soja y de pellets de alimentos balanceados. También se utiliza para producir plásticos y biocombustibles.
Existe un debate sobre el proceso de «sojización» de la producción agropecuaria y sus límites. Algunos sectores lo han cuestionado, por su impacto en la desertificación, la deforestación, la tendencia hacia el monocultivo, las amenazas ecológicas derivadas de los productos transgénicos, y la crisis de importantes sectores de la producción rural, en especial la carne y la leche. Desde otro punto de vista, quienes defienden el proceso de sojización, sostienen que es la soja el principal producto demandado por el mercado internacional, y que si la Argentina no lo produjera, hubiera sido imposible producir el salto productivo que dio el campo argentino.
A comienzos de 2008, Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), publicó un análisis sobre el conflicto agrario, señalando las altas tasas de rentabilidad en el sector sojero y de granos en general, y el ingreso masivo del capital financiero en el mismo, analizando el rol de las retenciones y otras medidas de desconcentración económica y promoción de los pequeños productores. La investigación del INTI también reveló la novedad de la aparición de gran cantidad de propietarios rurales que han tomado la decisión de arrendar sus tierras a los grandes grupos económicos, a cambio de una renta no menor al 15%; en 2008, un arrendamiento de 300 hectáreas para el ciclo sojero está valuado en 180.000 dólares, mientras que el capital con el que cuenta un propietario de 100 hectáreas en el sur de Santa Fe, supera el millón de dólares.
La sojización del campo argentino estuvo acompañada de profundas transformaciones de la estructura de tenencia de la tierra y los sistemas de producción. Estas transformaciones están lideradas por la aparición de dos nuevas formas de producción rural, los grandes grupos económicos agrarios y los pooles de siembra, vinculados a su vez con las grandes empresas exportadoras, y las empresas agroindustriales.
Los grandes grupos económicos agrarios comenzaron a aparecer a fines de la década de 1980, consolidándose en la década de 1990, en consonancia con la disolución de la Junta Nacional de Granos. Se trata de productores rurales que abandonaron el sistema tradicional de la estancia, de raíz colonial, para organizar empresas rurales integradas (siembra, cosecha, acopio y comercialización), con utilización intensiva de la informática y la biotecnología, y aplicación de técnicas empresariales modernas, como la tercerización, la profesionalización de la gestión y la innovación productiva. Entre estas empresas se destacan grupos multinacionales, que actúan en una gran región agraria subcontinental que abarca Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, como Los Grobo, Adecoagro (del magnate George Soros), Cresud del grupo Elsztain, el grupo Bemberg, el grupo Werthein y El Tejar.
Los denominados "pools de siembra", son fideicomisos transitorios a través de los cuales se reúnen grandes masas de capitales financieros, tierras y recursos, para ganar poder de mercado y capacidad de influir sobre los precios de la cadena. Aparecieron precariamente en la década de 1990, para desaparecer durante la recesión de 1998-2002; pero luego de 2003, con la recuperación de la economía argentina, volvieron a aparecer para instalarse sólidamente. Aunque no se encuentran bien individualizados, se estima que existen al menos 30 grandes pooles de siembra con un promedio de 70.000 hectáreas cada uno, que concentran aproximadamente un 7% de la superficie total sembrada con granos. Por otro lado, sólo en Entre Ríos, actúan 68 pooles de siembra administrados desde fuera de la provincia.
Los pools de siembra permitieron el ingreso masivo de sectores ajenos al campo, sobre todo financieros, en la producción agropecuaria y modificaron sustancialmente el régimen de tenencia de la tierra, al convertirse en grandes arrendatarios y provocar que una gran cantidad de productores agropecuarios propietarios de sus tierras, abandonen la producción para volverse rentistas.
El auge de los pools de siembra ha sido defendido por su capacidad para crear economías de escala en el campo, sobre todo desde el sector financiero.
A fines de 2007, la provincia de Entre Ríos estableció un impuesto a los pooles de siembra que tengan domicilio fuera de la provincia. Como resultado del mismo, quedaron gravados 68 pooles de siembra, que deben abonar el 3% del impuesto inmobiliario. El nuevo impuesto fue apoyado por la Federación Agraria Argentina.
Paralelamente al crecimiento de los grandes grupos empresarios agrícolas y de los pools de siembra, los pequeños y medianos productores organizados según el modelo tradicional de "la chacra", comenzaron a arrendar sus tierras a aquellos, a cambio de una renta fijada en el valor de la cosecha.
La producción de soja pasó de 11.004.890 toneladas en la campaña 1996/1997 a 47.482.784 en la campaña 2006/2007, record histórico que implica un 331% de crecimiento en la década. Para la campaña 2007/2008, que finaliza durante el mes de mayo, se esperaba otra cosecha extraordinaria, con record de superficie implantada (16,5 millones ha) y un poco por debajo del record del año anterior (46,5 millones de tn).
La producción de granos, liderada por la soja, aumentó su rendimiento económico de manera sustancial, a través de cuatro vías: aumento del área sembrada y de la productividad, aumento del precio internacional, sobrevaluación del dólar en Argentina y desendeudamiento.
El aumento del precio de la soja en el curso de la primera década del siglo XXI, si bien resulta extraordinario al igual que el del petróleo, es parte de un aumento general del precio de las materias primas, que ha abierto un considerable proceso de inflación internacional, y llevado a un preocupante encarecimiento del costo de vida y de los alimentos en particular. De manera simultánea, los países productores de esas materias primas, han contado con la posibilidad de obtener ganancias inusuales en el mercado mundial, revirtiendo en algunos casos, como el de la Argentina, tendencias de varias décadas.
En general, el "boom de la soja" es acompañado de manera secundaria por el girasol, otra oleaginosa como la soja, con altos rendimientos económicos. En el caso de los cereales, los indicadores económicos del trigo y el maíz resultan menos uniformes, ya que ambos han visto reducida la superficie sembrada, sobre todo para el trigo, y aunque en la década 1996-2006, la producción sumada de ambos registró un crecimiento de 30 a 50 millones de toneladas (66% en una década), el trigo registró una importante caída en 2006/2007, que llevó al gobierno a suspender las exportaciones con el fin de asegurar el abastecimiento de la población. De la mano del crecimiento de "el campo", la venta de maquinaria agrícola, creció de 18.908 a 28.028 unidades entre 1996 y 2007, es decir un 48,2%.
En 2007 la Argentina estaba ubicada como primer exportador mundial de aceite y residuos de la soja, el primero también en aceite de girasol, el segundo de maíz, el tercero de soja, y el quinto exportador de trigo. Entre los granos, el trigo fue el cultivo que más retrocedió, en cuánto a superficie sembrada, cayendo casi a la mitad en una década, pasando del 30% en 1996/97 al 18% en 2006/2007.
En las exportaciones de origen agrario, la mitad son granos sin manufacturación (50,53%), en tanto que la otra mitad son subproductos manufacturados, como harina y pellets (39,44%) y aceites vegetales (10,03%). El principal comprador es China, adonde se dirigieron el 24,31% de los granos (todo soja) y el 29,53% de los aceites, en tanto que los subproductos fueron adquiridos principalmente desde la Unión Europea. La mayor parte de los embarques se realizan en puertos de lo que se denomina el "Up-River", es decir aquellos ubicados sobre el Río Paraná, entre Arroyo Seco, en el extremo sur de la Provincia de Santa Fe, hasta Timbúes, 35 kilómetros al norte de Rosario, también en la provincia de Santa Fe. Entre las empresas exportadoras, el ránking es liderado por Cargill, que concentra el 21% del total agrario, y en segundo lugar Bunge, con un 14%.
Uno de los fenómenos más notables sucedidos a partir de 2003, es el aumento sostenido del precio de la tierra, de la mano del aumento de su rentabilidad, alcanzando un 380% de aumento en dólares para 2007. Se trata de un fenómeno de raíces globales.
El valor de la tierra en la región agro-ganadera pampeana ya había tenido un pico histórico en 1997, que el diario Clarín calificó entonces como un "revival de la pasión por la tierra, que remeda la epopeya de las pampas un siglo atrás". De este modo, el precio de la hectárea en las zonas más fértiles del norte de la Provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, fue pasando de 1.500 dólares en 1987, a u$s 2.225 en 1995, u$s 4.500 en 1997, cayendo nuevamente a u$s 2.500 en 2002, pero trepando a u$s 15.000 en 2008.
Ello ha impulsado a una gran cantidad de propietarios, estimada entre el 40% y el 80%, según la zona, a arrendar sus tierras a las grandes empresas y pools de siembra, para volverse rentistas. En la región pampeana esa renta oscila desde 8.300 dólares mensuales para un pequeño propietario de 200 ha y 41.600 dólares mensuales para un propietario de 1.000 ha; en la década de 1990, esas mismas tierras generaban una renta pura, seis veces menor, insuficiente para que el propietario pequeño y mediano pudiera vivir de las rentas, debido a lo cual prácticamente la totalidad de los mismos trabajaba sus propias tierras.
Contrastando con las cifras de la producción de granos, el stock vacuno se estancó o aumentó levemente entre 55-65 millones de cabezas, y la producción de leche sólo aumentó un 5% en la década, por lo que ambas han decrecido si se las relaciona con la cantidad de población.
Los distintos sectores relacionados con "el campo" argentino, están organizados en asociaciones de distintas características. Desde el punto de vista de las relaciones laborales, pueden distinguirse las asociaciones sindicales (que agrupan a los trabajadores asalariados), las asociaciones patronales (que agrupan a los empleadores), y las asociaciones de campesinos (que agrupan a minifundistas que utilizan solo mano de obra propia). Desde el punto de vista de valor agregado de cada sector, pueden distinguirse las asociaciones rurales de las asociaciones agro-industriales. Y desde el punto de vista territorial, hay que distinguir la zona de actuación o preponderancia de cada asociación.
Existen numerosas cámaras patronales de empresas manufactureras de productos de origen agro-ganadero. En general pueden dividirse en dos grandes ramas: las que producen alimentos y las que producen bienes no alimentarios. En general estas industrias no resultan afectadas por las retenciones a las exportaciones de granos, con excepción de la industria de aceites vegetales, que ocupa el primer lugar mundial entre las exportadoras y se encuentra organizada en CIARA, íntimamente relacionada con los productores de oleaginosas. CIARA ha cuestionado el aumento de las retenciones dispuesto por la Resolución 125/2008, así como la "demonización" de la expansión de los cultivos de soja realizados tanto desde las organizaciones en paro como desde el gobierno, pero no ha adherido al paro.
También es de considerable importancia el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, una instancia de articulación entre 39 influyentes asociaciones empresariales, desde la Sociedad Rural Argentina hasta la Asociación de Bancos, el Centro Azucarero o la Cámara de Puertos Privados.
Las organizaciones de campesinos, definiéndose como muy pequeños propietarios o tenedores de tierras, se encuentran en general organizadas fuera de la región pampeana. Muchas incluyen a las comunidades indígenas. Frente al paro agropecuario declarado por las cuatro organizaciones patronales, algunas organizaciones campesinas han establecido distancia, acusándolas de defender exclusivamente los intereses de su propio sector, sin contemplar las necesidades y reclamos de los campesinos.
El 3 de junio, el Frente Nacional Campesino manifestó su repudio al paro agropecuario organizado por SRA, FAA, CRA y CONINAGRO.
Entre las entidades de productores agropecuarios, también se encuentran incluidas los sindicatos de trabajadores rurales, siendo el más importante de ellos, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa a unos 500.000 trabajadores en relación de dependencia del sector. UATRE decidió mantener una posición equidistante entre las organizaciones patronales en paro y el gobierno, sin participar en los piquetes de bloqueo de rutas, ofreciéndose como mediador entre ambos "para que haya negociación y se alcancen acuerdos que permitan salir de este conflicto que ha provocado pérdidas irreparables para el país".
En 1998 la economía argentina comenzó una grave recesión que se extendería hasta 2002 y que tendría su momento culminante en la crisis política, económica y social que provocó la caída del presidente Fernando de la Rúa. A partir de 2003, el país se recuperó económicamente, a través de una serie de medidas y factores, como el establecimiento de una política de dólar alto, el incremento de los precios internacionales de los principales productos de exportación del país, los altos ingresos por exportaciones de soja y petróleo, y una recuperación sostenida de la actividad industrial y el empleo formal. Este esquema económico se complementó con un sistema de retenciones a las exportaciones de soja, girasol, maíz, trigo, los aceites derivados, el petróleo y otros productos, impuestos con el fin declarado de compensar el plus de ganancia generado por el tipo de dólar alto, regular la oferta de dólares con el fin de evitar que el mismo descienda, moderar el impacto sobre los alimentos y la energía de los altos precios internacionales y desalentar la exportación de bienes con menor valor agregado.
Las retenciones a las exportaciones han sido un mecanismo de recaudación tributaria relativamente habitual en la historia económica de la Argentina. Establecidas por primera vez en 1862 por el presidente Bartolomé Mitre, se mantuvieron casi sin modificaciones hasta 1905, durante el modelo agroexportador llevado adelante por los gobiernos conservadores-liberales del Partido Autonomista Nacional. La Unión Cívica Radical volvió a establecerlos entre 1918 y 1925, durante las presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. Las llamadas Revolución Libertadora en 1955, y Revolución Argentina en 1967, también establecieron retenciones a la exportaciones, alcanzando en este último caso un monto del 40%. También durante el gobierno de Raúl Alfonsín y la primera etapa de los dos gobiernos de Carlos Menem se impusieron considerables tasas de retenciones a las exportaciones agropecuarias, llegando en éste último caso a tasas del 44% para la soja y del 33% para el maíz y el trigo.
A partir de 1991, el presidente Carlos Menem adoptó una posición contraria a las retenciones a las exportaciones, dejando sin efecto las que se imponían a maíz, el trigo, el sorgo y los derivados manufacturados de la soja, y reduciendo la de esta última y e girasol, cuando se exportaban en bruto, al 3%. Esto resulta coherente con su política monetaria de dolar bajo o convertibilidad.
Luego de la crisis de 2001, el presidente Eduardo Duhalde tomó la decisión de aumentar las retenciones a la exportación en abril de 2002, luego de un amplio debate en el gabinete en el que se registraron posiciones encontradas. La medida fue propuesta por el ministro de Economía Remes Lenicov, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, sosteniendo que se trataba del único modo de financiar el déficit del presupuesto y que, además, parte de dichos fondos podrían financiar el plan de subsidios a los desocupados que había anunciado el presidente Duhalde.
Duhalde se oponía inicialmente a elevar las retenciones a las exportaciones, ante los argumentos que sostenían que las mismas profundizarían la recesión, pero luego cambió de opinión, aceptando un sistema que no fuera general. Se establecieron excepciones para los bienes con alto valor agregado y esenciales para las economías regionales, como la miel y los limones. Finalmente decidió aumentar las retenciones a la exportación de granos (maíz y trigo) y oleaginosas (soja y girasol), llevándolas a un 20% promedio, un 10% para productos manufacturados, y un 5% para el calzado. El gobierno evaluó también la posibilidad de establecer un sistema de retenciones móviles "que acompañaran la cotización del dólar", pero finalmente se impuso el sistema de retenciones fijas defendido por el ministro Lenicov.
Luego de una caída del precio internacional de la soja en 2005, su valor volvió a subir en los años subsiguientes, hasta alcanzar valores record a comienzos de 2008. En ese contexto, el gobierno del presidente Néstor Kirchner aumentó dos veces las retenciones en enero y noviembre de 2007, acanzando un porcentaje de 35% para la soja en bruto, 32% para el aceite, 28% para el trigo y 25% e maíz. Medidas similares se establecieron para el petróleo cuando el precio del barril llegó a 100 dólares en noviembre de 2007, elevando las retenciones al 45%. Adicionalmente el petróleo debe abonar regalías a cada una de las provincias en donde se encuentran los pozos.
El dirigente político peronista Mario Cafiero, denunció una serie de maniobras realizadas por las empresas exportadoras de granos, por medio de las cuales se apropian indebidamente de un porcentaje de las retenciones, en perjuicio del Estado y los productores agropecuarios.
Según Cafiero, al momento de comprar en el mercado interno las cerealeras descuentan al productor/vendedor la alícuota correspondiente de retenciones aplicada sobre precio FOB (Free On Board), cuando la ley establece que debe aplicarse sobre el precio neto que recibe el productor (a este precio se lo denomina como precio FAS, acrónimo de Free Along Shipping, al que hay que sumarle los gastos de comercialización). Por ejemplo, para una operación de exportación de soja a 500 dólares FOB las cerealeras descuentan Derechos de Exportación por un 43 por ciento al precio FOB, o sea 215 dólares, y por lo tanto liquidan un neto para el productor de 285 dólares. Pero de acuerdo con el Código Aduanero (artículo 737), los Derechos de Exportación deben aplicarse sobre el precio neto que percibe el exportador/productor y no sobre el precio FOB. Por lo tanto el Derecho de Exportación a cobrar legalmente sería de: 500(500/1,43)= 150 dólares, y por lo tanto el precio neto que debería recibir el exportador/productor debería ser de: 500-130= 350 dólares.
Por lo tanto, sostiene el político peronista, las exportadoras cerealeras informan al productor que debe pagar pagar al Estado 215 dólares en concepto de retenciones, cuando en realidad luego, liquidan impuestos por 150. Suponiendo que las nuevas retenciones móviles anunciadas significaran para el complejo cerealero un promedio del 38 por ciento, Cafiero estima que las exportaciones totales del complejo podrían alcanzar los 35.000 millones de dólares. De utilizar los mecanismos denunciados, Cafiero sostiene que las empresas exportadoras le descontarían a los productores un 38 por ciento sobre el valor FOB, o sea, 13.448 millones de dólares, pero sólo le abonarían al fisco un 38 por ciento del valor FAS, aproximadamente 9732 millones dólares. De este modo, la diferencia indebida de la que se apropiarían las exportadoras de granos, podría alcanzar los 3715 millones de dólares.
Esa primera medida fue dejada sin efecto debido al inicio de negociaciones entre los empresarios y el Ministerio de Economía a cargo entonces de la ministra Felisa Miceli. En un marco de insatisfacción de los productores con las propuestas gubernamentales, la Federación Agraria Argentina realizó el 28 y 29 de septiembre de 2006 su 94º Congreso Nacional, en el que decidieron hacer efectivas medidas de acción directa.
En octubre de 2006 la FAA dispuso un primer cierre patronal con bloqueo de rutas en varias partes del país, repitiendo la medida en diciembre durante once días, esta vez en alianza con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina. En ese momento el grupo Pampa Sur, liderado por la diputada María del Carmen Alarcón sostuvo que la protesta empresaria "debe ser acompañada por una movilización masiva, ya sea a nivel regional, provincial y, en su momento, nacional", pero la generalización de la medida no prosperó.
El 4 de agosto de 2007, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, pronunció un crítico discurso sobre el modelo económico llevado adelante por el presidente Néstor Kirchner, cuestionando "el intervencionismo en los mercados" y proclamando que "ha llegado la hora de eliminar totalmente las retenciones".
El 28 de octubre de 2007 se realizaron elecciones en las que Cristina Fernández resultó elegida presidenta en primera vuelta con el 45,29% de los votos positivos, en una elección donde la abstención fue la mayor desde 1922 y el voto en blanco el mayor desde las elecciones de 1963, afirmando que se continuaría con el plan económico que se estaba implementando desde 2002 y en especial las retenciones a los productos de exportación con menor valor agregado. Una de las propuestas de campaña de Cristina Fernández fue dar prioridad al proceso de redistribución de la riqueza que, luego de seis años continuados de crecimiento a tasas cercanas al 10% anual, había quedado estancado, con un alto porcentaje de la población (26,9%) aún bajo la línea de pobreza.
El 11 de marzo de 2008, el Ministro de Economía argentino, Martín Lousteau, anunció la sanción de la Resolución 125/2008, estableciendo un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación, sujetando su aumento o disminución a la evolución de los precios internacionales, de modo que, a mayor aumento del precio internacional, menor fuera su impacto en los precios internos. Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.
La medida del gobierno se relacionaba directamente con el pronunciado aumento de precios alcanzado por la soja en los mercados internacionales a partir de febrero de 2008, y la inminencia de su cosecha, a partir del mes de abril. El sistema sería reformado tres veces: por el primero se corrigieron algunos errores en las tablas, por el segundo se dispuso el reintegro de las retenciones a los pequeños productores y por el tercero, se anularon las más altas tasas de retención marginal (95%) que se establecían en caso de aumentos extremos.
La protesta se orientó también a cuestiones más profundas, algunas de vieja data en la economía argentina, como la concentración de la propiedad de la tierra y la situación de los pequeños propietarios que trabajan personalmente la tierra, la oposición campo versus industria (viejo debate sobre si la Argentina debe tener actividades industriales), y las implicancias de los nuevos grandes grupos económicos que están controlando la producción rural, con muy altas tasas de rentabilidad y uso intensivo de la biotecnología, esencialmente orientada a la producción sojera, aunque esas mismas propuestas son contradictorias en cada una de las 4 organizaciones del campo. Puntualmente la FAA propone "recrear las juntas nacionales de Carnes y de Granos, dos instrumentos de intervención estatal desaparecidos en la última dictadura".
Las organizaciones justificaron sus acciones sosteniendo han sido consecuencia de la falta de respuesta del gobierno a las críticas que vienen realizando sobre la política agropecuaria. Los empresarios sostienen que las mismas han afectado principalmente "al pequeño y mediano productor al reducir a mínimos los márgenes de rentabilidad", que las retenciones se han ido aumentando desde Diciembre de 2001 y que el gobierno no tiene en cuenta que muchos de sus costos no están pesificados, como los del gasoil y los fertilizantes. También se oponen al cierre de las exportaciones de trigo y a la restricción de las de carne, dispuestas para dar prioridad al mercado interno, y al precio máximo establecido para la leche en el mercado interno.
Las entidades anunciaron que el cierre patronal "es exclusivamente comercial" y busca impedir que funcionen los mercados de alimentos, pero sin que las empresas rurales suspendan sus actividades productivas. Esta modalidad ha recibido críticas argumentando que de ese modo se afecta a otros sectores del país.
El 14 de marzo, las asociaciones empresarias extendieron la medida de fuerza disponiendo la ubicación de piquetes de ruralistas en diversos puntos estratégicos del país, para bloquear las principales carreteras y vías férreas e impedir el transporte de alimentos hacia la población de las grandes ciudades. Los cortes comenzaron al sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Córdoba capital. Tras 14 días, la medida de fuerza se convirtió en una de las más largas ocurridas en la historia argentina reciente.
Los cortes de rutas fueron especialmente conflictivos durante la Semana Santa, afectando seriamente el traslado de los turistas y los camiones, provocando algunas fuertes confrontaciones con turistas y pasajeros con necesidades urgentes, y derivando en algunos episodios de violencia.
El 25 de marzo de 2008 los productores agropecuarios ratificaron el cierre y los cortes de ruta, y decidieron mantenerlos por tiempo indeterminado, generando que se suspendieran los servicios de transporte público de larga distancia que unen Buenos Aires con Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza y Catamarca.
Ese día por la mañana se anunció que la Presidenta de la Nación hablaría desde la Casa Rosada sobre el tema del paro agrario. A las 16 hs las organizaciones empresariales declararon el paro y bloqueo de rutas por tiempo indeterminado. Las entidades ruralistas justificaron la decisión en "la falta de respuestas positivas del gobierno nacional". En sentido contrario, la decisión fue cuestionada por algunos medios de comunicación y sectores cercanos al gobierno, por haber sido tomada sin esperar el mensaje presidencial, promoviendo de ese modo una agravación del conflicto.
Dos horas después de la declaración del paro por tiempo indeterminado, la presidenta Cristina Fernández, por primera vez desde el inicio del lock out, pronunció un discurso cuestionando la medida llevada a cabo por los empresarios del campo, calificándolo de "piquete de la abundancia", y comparándolos negativamente con los piquetes durante la crisis del 2001 en donde "los argentinos cortaban las calles porque les faltaba trabajo" y advirtiendo que no se sometería a "ninguna extorsión".
Durante el discurso, la Presidenta defendió el esquema de retenciones a la exportación de soja, girasol, maíz, trigo y los aceites derivados, y la necesidad de su incremento con el fin de evitar la suba generalizada del precio de los alimentos, y detalló la política de subvenciones y compensaciones al sector agropecuario, así como la importancia de seguir manteniendo una política de dólar alto para garantizar la competitividad de la economía argentina.
Durante la noche del 25 de marzo, luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández criticando las medidas de fuerza, se produjeron manifestaciones callejeras en distintos puntos del país en apoyo de los empresarios agropecuarios y con fuertes cuestionamientos a la Presidenta, exigiendo en varios casos su renuncia. Se registraron protestas en Tucumán y en Santa Rosa, provincia de La Pampa; mientras que en Córdoba hubo cacerolazos en Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco, Marcos Juárez y Jesús María, entre otras importantes ciudades de la provincia. También se registraron cacerolazos en Santa Fe, Paraná, San Nicolás, Venado Tuerto, Trenque Lauquen, en numerosas localidades rurales de la llanura pampeana y en distintas localidades del conurbano bonaerense y barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con epicentro en Plaza de Mayo. En la Provincia del Chaco, las manifestaciones se produjeron en la capital Resistencia, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y Charata.
Los manifestantes llevaban pancartas y carteles, cacerolas o simplemente realizaban acto de presencia para unirse a la protesta. Entre los cánticos y reclamos de los protestantes, se acusaba a la presidenta Cristina Fernández de "mentirosa". Entre los partidos políticos opositores que pudieron ser identificados se encontraban la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió, y PRO de Mauricio Macri, a través del dirigente Federico Pinedo.
También se encontraban en la plaza el grupo Pampa Sur, dirigido por María del Carmen Alarcón y el funcionario del PRO Miguel Saredi, de estrechas relaciones con los grandes productores sojeros de las provincias de Buenos Aires y Santa fe, y la agrupación AFYAPPA, presidido por Cecilia Pando.
Durante el conflicto, el cantante Ignacio Copani compuso la canción "Cacerolas de teflón", cuestionando la ausencia de esas cacerolas en otros reclamos, como los de los trabajadores por mejores condiciones de vida y los de las organizaciones de derechos humanos. Debido a la canción, Copani recibió amenazas y agresiones.
Esa misma noche se produjeron actos de violencia entre opositores y defensores del gobierno en la Plaza de Mayo. Al anochecer, miles de manifestantes opositores a las políticas del gobierno salieron de sus hogares para hacer un cacerolazo, comenzaron a concentrarse en Plaza de Mayo para expresar su apoyo al paro agropecuario y su oposición a la política gubernamental. Aproximadamente a las 22 horas, por Avenida de Mayo, avanzó hacia la plaza colmada de gente una manifestación piquetera contraria al paro agropecuario encabezada por Luis D'Elía, líder de la Federación Trabajo y Vivienda de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Emilio Pérsico, líder de Movimiento Evita, el movimiento Libres del Sur, dirigido por Humberto Tumini, y el Frente Transversal Nacional y Popular, liderado por el diputado Edgardo Depetri. Algunos de los manifestantes opositores intercambiaron insultos con los manifestantes oficialistas. Después de una fugaz y violenta refriega, la manifestación opositora se retiró.
D'Elía denunció que el movimiento opositor, al exigir la renuncia de la Presidenta, tenía la intención de producir un golpe de Estado, y que ante ello el objetivo de su agrupación era "romper el golpe de Barrio Norte".
Al 26 de marzo comenzó a hacerse notar el desabastecimiento de alimentos de los grandes centros urbanos, especialmente de leche y carne, así como un aumento de los precios. Por la noche volvieron a producirse manifestaciones de ambos sectores. En la ciudad de Buenos Aires los sectores que apoyan al gobierno tendieron a concentrarse en la Plaza de Mayo, donde se enfrentaron con grupos neonazis que pretendieron tomar el lugar en "defensa del campo" y en contra de "los piqueteros parias", mientras que los sectores opositores tendieron a concentrarse en las zonas residenciales del norte de la ciudad, como el cruce de las avenidas Callao y Santa Fe en Barrio Norte y en la Avenida Libertador en su cruce con Salguero, en el barrio de Palermo Chico. También existieron manifestaciones de ambos sectores en Mar del Plata y La Plata, y manifestaciones opositoras en Salta, Junín y Paraná.
Ese mismo día, productores rurales que realizaban un corte de ruta en Laboulaye (Córdoba) sobre la Ruta Nacional 8, impidieron el paso de una ambulancia que llevaba a un paciente que sufría un preinfarto. La ambulancia en que viajaba Natalio Porta debió tomar un camino alternativo para dirigirse al hospital de la localidad de Villa María, demora que causó la muerte del paciente.
El jueves 27 de marzo continuó el paro patronal con bloqueo de rutas en todo el país y se difundió la existencia de una campaña difundida por internet de movilizaciones sincronizadas y la iniciativa de juntar firmas para convocar a un plesbicito para exigir nuevas elecciones, que habría sido impulsada desde la Federación Agraria Argentina.
Simultáneamente organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo y la Iglesia Católica realizaron declaraciones públicas sobre el paro empresarial, criticándolo duramente la primera y pidiendo un levantamiento del mismo la segunda, preocupada por el desabastecimiento y la "fragmentación social". También la Unión Industrial Argentina se reunió con la presidenta, apoyando el discurso y el llamado al diálogo, así como la importancia de establecer un modelo económico que promueva la industria como generadora de valor agregado.
Luego del discurso de la señora presidente, la tardanza a dar respuesta por parte de las entidades agropecuarias, y rumores que circulaban por los medios, dieron lugar a especulaciones sobre conflictos internos en dichas organizaciones, en cuanto a la decisión de aceptar o no la llamada al diálogo.
El viernes 28 de marzo, las cuatro entidades agropecuarias se reunieron con el gobierno en una mesa de diálogo. El gobierno propuso destinar 1.500 millones de pesos (500 millones de dólares) para compensar a los pequeños y medianos empresarios, así como a quienes se encontraran más lejos de los puertos, y fomentar la producción lechera y ganadera, amenzada por la expansión de la soja. Ante la negativa oficial de discutir las retenciones que dispararon el conflicto, los dirigentes rurales solicitaron a su vez la suspensión por 90 días de la medida establecida el 11 de marzo, dando prioridad a la cosecha de soja que debe comenzar en abril.
Al no haber alcanzado un acuerdo el primer día de diálogo, las organizaciones empresarias decidieron mantener el paro.
La Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (COMAFRU) denunció que el sector estaba sufriendo graves pérdidas debido a los bloqueos de rutas y exigió a las asociaciones patronales llevar adelante modalidades de protesta que no dañen a otros sectores de la población. Su presidente, Fabían Zeta, habló de "pérdidas millonarias".
Para el 31 de marzo, el desabastecimiento de alimentos en las ciudades se siguió agravando, con aumentos de hasta el 100% en los precios de algunos productos. Desde que se inició el paro "se perdieron más de 6 millones de litros de leche y 2 millones de kilos en frutas y verduras" y debieron sacrificarase 1,3 millones de pollos.
Por la noche se produjo una nueva protesta con cacerolas, aunque de escasa magnitud (alrededor de 400 personas), en el cruce de las avenidas Santa Fe y Callao, en el Barrio Norte, de alto poder adquisitivo, en la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, las dos centrales sindicales (CGT y CTA), el Frente para la Victoria, varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, agrupación H.I.J.O.S. y las Abuelas de Plaza de Mayo, convocaron a una marcha a Plaza de Mayo para el día siguiente, en apoyo del gobierno.
El lunes 31 de marzo el gobierno anunció que reformaría el sistema de retenciones cuestionado, modificando la Resolución 125/2008, con el fin de establecer un sistema de compensaciones a los pequeños productores de soja y girasol registrados, que facturen menos de 800.000 pesos (230.000 dólares) y exporten menos de 500 tn, en explotaciones de hasta 150 hectáreas en la región pampeana y 300 hectáreas en el resto del país. Se anunció también que el beneficio estaría en condiciones de alcanzar a 61.300 chacareros. El gobierno anunció también que establecerían compensaciones a los productores que se encontraran lejos de los puertos y que se reabrirían las exportaciones de trigo. Las compensaciones fueron implementadas por las resoluciones Nº 284/2008 y Nº 285/2008, del 18 de abril. Luego de anunciar las medidas la Presidenta volvió a pedirle a las entidades empresarias que levantaran el paro.
Los entidades rurales rechazaron las medidas y ratificaron la continuidad del paro hasta el 2 de abril, aduciendo que la reforma "no modificaba en esencia" el motivo del conflicto, debido a que no dejaba sin efecto el sistema de retenciones móviles. Los reintegros y compensaciones dispuestos por el gobierno también fueron rechazados por los organizadores del paro, afirmando que desconfiaban de que las mismas fueran a implementarse efectivamente.
El 24 de abril la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) anunció los mecanismos para proceder a obtener las compensaciones, en un plazo que estima en 60 días. A tal fin el productor debe realizar una declaración jurada, certificando su firma en la municipalidad y avalando el pedido ante cualquiera de las entidades ruralistas organizadoras del paro.
Al 1 de abril el desabastecimiento de alimentos comenzó a ser un problema grave, con faltantes de carne casi total en varias zonas del país y escasez de verduras y lácteos. La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires denunció que a raíz del lock out agropecuario se había desabastecido el 70% de los comedores escolares, fenómeno que también se hizo sentir en los hospitales.
Frente al desabastecimiento varias organizaciones no gubernamentales de consumidores presentaron una denuncia ante la Justicia en lo Penal Económico para que determine si existe responsabilidad de los titulares de las entidades agropecuarias por los perjuicios del lockout.
Por la tarde se realizó la marcha a la Plaza de Mayo de quienes adhieren a la política económica sostenida por el gobierno, convocada desde el mismo oficialismo, con una importante presencia de los sindicatos de ambas centrales, el Frente para la Victoria en el gobierno y otros partidos políticos, como el Partido Justicialista, el Frente Grande, el Partido Comunista y el Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, y las organizaciones de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Abuelas de Plaza de Mayo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente siendo la única oradora del acto, confirmando en su discurso la política de retenciones hacia los exportadores del campo y cuestionando duramente el lock out, los bloqueos de rutas y el desabastecimiento de las ciudades, comparándolo con una medida similar que las mismas organizaciones realizaron contra el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, que alentaría el golpe de Estado de 1976. La presidenta volvió a generar controversia al caracterizar a quienes apoyaban el reclamo del campo como "golpistas", y a los medios de comunicación como colaboradores, diciendo que "Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados de generales multimediáticos". Al terminar el discurso, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le regaló su propio pañuelo blanco, símbolo de la lucha por los derechos humanos, a la presidente, lo que fue interpretado como un signo político de apoyo.
Luego del acto, CARBAP, la principal organización patronal de Confederaciones Rurales Argentinas y una de las organizadoras del paro agrario, llamó a "una tregua", a la vez que los piquetes que bloqueaban las rutas comenzaron a flexibilizar los cortes y a analizar la posibilidad de levantarlos.
El mismo día, varias cámaras empresariales vinculadas a la producción agropecuaria (Asociación de Productores Porcinos, Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lecheras, Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la Argentina -CICCRA—, Centro de la Industria Lechera, Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), consorcio de exportadores ABC, Federación de Industrias Regionales Frigoríficas, Junta Intercooperativa de Productores de Leche, Unión de Industrias Cárnicas Argentinas -UNICA-), emitieron un comunicado conjunto rechazando los cortes de ruta.
Diversos sectores manifestaron críticas por el modo en que los medios de comunicación cubrieron los acontecimientos. Uno de los casos críticos fue realizado por la agencia de noticias Diarios y Noticias (DYN) que, el 28 de marzo, le atribuyó falsamente a Luis D'Elía la siguiente frase: "no tengo problemas en matarlos a todos".
El 1 de abril, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires emitió dos declaraciones cuestionando el lock out empresario y el involucramiento de los medios de comunicación, a los que acusó de mostrar una visión sesgada y claramente a favor de las protestas, así como de los que las apoyaban, además de censurar los fines antidemocráticos del ocultamiento de información y solicitar una investigación.
En la asambea hablaron dirigentes de las organizaciones convocantes, a los que se sumó Juan Echeverría en repreentación de los productores autoconvocados, no afiliados a ninguna de las entidades convocantes.
Inmediatamente después de decretada la tregua, comenzó la cosecha gruesa, iniciándose por la soja, que ya se encontraba retrasada, para pasar luego a la de maíz y girasol. La tregua fue aprovechada también para enviar los embarques ya comprometidos.
Ante la probabilidad de que el conflicto se extendiera, los propietarios recurrieron masivamente al silo bolsa, una reciente innovación que permite mantener almacenados los granos en el campo, sin costo y sin la presión de vender la cosecha. En lineas generales los ruralistas en paro podrían llegar a guardar la cosecha sin vender hasta cuatro meses. Por otra parte, en junio los propietarios debían cobrar alrededor de 7.000 millones de dólares correspondientes a la cosecha. En total, los organizadores del paro calcularon vender solo un tercio de la cosecha (24,5-26,5 millones tn), para hacer frente a los gastos y compromisos, que representa 15-17 millones de toneladas de soja, 8 millones de maíz y 1,5 millones de girasol, reteniendo el resto, unas 44,5 millones de toneladas, de las cuales el 75% es soja. De este modo los organizadores del paro esperan poder mantener la protesta al menos hasta septiembre, cuando sería necesario volver a sembrar.
En cuanto el precio, si bien la soja en el mercado argentino cayó un 11% desde el inicio del paro, de todos modos, fue vendida por un precio que superó el 50% del que tenía el año anterior. También existieron diferencias regionales: los productores de la región pampeana realizaron sus cosechas primero, las comercializaron y pagaron sus deudas a tiempo; en cambio los productores de las zonas del norte, menos favorecidas, al verse postergados en la cosecha, no pudieron cumplir sus contratos.
Poco después de declarada la tregua y mientras el gobierno y las entidades empresariales del campo mantenían tensas negociaciones, se inició un extenso incendio de pastizales en la zona del Delta del Paraná, que cubrió de humo a Buenos Aires, Rosario y sus alrededores en varios cientos de kilómetros, durante más de un semana, llegando incluso al Uruguay. La humareda hizo intransitable las rutas, provocó varios accidentes en cadena, con al menos cuatro muertos, la clasura de puertos y aeropuertos, así como molestias y enfermedades respiratorias leves en los habitantes de las zonas afectadas.
El incendio tuvo efecto sobre el conflicto, porque el gobierno y los bomberos actuantes en las zonas del incendio, lo atribuyeron a la acción intencional de ciertos productores agropecuarios con el fin de mejorar los pastos sin necesidad de recurrir al uso de fertilizantes, algo que la Federación Agraria Argentina desmintió terminantemente.
Sin embargo, parece fuera de toda duda que no se trató de incendios causados por la naturaleza, sino de incendios intencionales, sin que se haya podido establecer una motivación política. Hay opiniones que relacionan estos incendios con las modalidades de la producción agropecuaria en la Argentina, donde, aunque es ilegal, resulta habitual la quema de pastizales y rastrojos. Dirigentes de la Federación Agraria Argentina, como el ingeniero agrónomo Alfredo Bell, han sostenido que "la quema es natural" y que forma parte de una "técnica para el aprovechamiento del pastizal". Pero otros dirigentes ruralistas, como Raúl Victores, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, han cuestionado ese punto de vista, y han sostenido que "es ilógico" quemar pastizales antes de primavera, llegando a afirmar que "uno empieza a sospechar si esto no ha sido prendido a propósito". La secretaria de Medio Ambiente informó que se habían detectado 292 focos de incendio y que el área incendiada alcanzaba a 70.000 ha. Por su parte, el Consorcio Delta de Prevención y Lucha contra Incendios, integrado por productores ganaderos y forestales del Delta del Paraná, sostuvo que la mayoría de los incendios son obra de personas irresponsables, en terrenos de dominio no precisado y/o fiscales, exigiendo al gobierno que sea estricto en la aplicación de los delitos establecidos en el Código Penal.
Luego de la tregua de un mes decretada por las asociaciones empresariales, comenzó una serie de rondas de negociación que se realizaron en un ambiente de tensión, afectadas por el recordatorio de que si no se aceptaban los reclamos antes del 2 de mayo se reiniciarían los cortes de ruta, por la actitud del gobierno de no negociar presionado por un plazo límite, por el aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo, y por una gran cantidad de actos mediáticos.
El 29 de abril, dos días antes del vencimiento de la tregua, el gobierno y las cuatro organizaciones patronales alcanzaron un primer acuerdo parcial, para flexibilizar las exportaciones de carne vacuna, que se encontraban suspendidas, y garantizar a los productores un precio pleno para el trigo.
Ese mismo día, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, reconoció que en los piquetes, los ruralistas portaban armas, pero sostuvo que era debido a la inseguridad que existe en la zona de Gualeguaychú, y también debido a que es un hábito cultural.
En la noche del 23 de abril presentó su renuncia el Ministro de Economía Martín Lousteau, el mentor del nuevo esquema de retenciones. En su lugar fue nombrado el contador Carlos Rafael Fernández, un técnico económico de baja exposición mediática.
El día 7 de mayo, luego de que el gobierno no se demostrara dispuesto a aceptar la exigencia del campo de dejar sin efecto el sistema de retenciones móviles, las cuatro entidades del campo, decidieron reiniciar el paro por ocho días más, dando instrucciones a sus afiliados para que no realicen ninguna operación comercial, incluyendo exportaciones, y para que organicen piquetes en las rutas a fin de impedir el transporte de granos. El objetivo de la medida era evitar que el Estado pueda recaudar retenciones, con el fin de afectar su capacidad de pago. Las asociaciones patronales decidieron también organizar una gran manifestación opositora en Rosario, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, eligiendo el mismo día que el gobierno había establecido para realizar un gran acto oficial en Salta, de cara a los festejos del Bicentenario.
El 10 de mayo un matrimonio que circulaba por la ruta provincial Nº 34 de la Provincia de Santa Fe, denunció que un grupo de piqueteros pertenecientes a las organizaciones que llevan adelante el paro, los interceptaron a la altura de San Genaro, a 90 kilómetros de la ciudad de Rosario, donde fueron golpeados, sufriendo también la rotura de los vidrios del automóvil y graves daños en la carrocería.
El 12 de mayo un piquete ubicado en la Ruta Nacional 14, en Gualeguaychú (Entre Ríos), lanzó una rastra con púas contra un camión brasilero que intentaba circular, destruyéndole los neumáticos, que luego le habrían sido repuestos por el mismo piquete.
En Junín, Buenos Aires, a la noche del mismo día agredieron a un concejal del FpV, Gustavo Traverso quien denunció que sufrió un ataque en su domicilio particular que incluyó huevazos y piedrazos, además de todo tipo de agresiones verbales. El hecho se produjo luego de producirse una marcha de protesta de productores rurales acompañados por militantes de la Coalición Cívica, entre ellos el último candidato a intendente, José Maria Banfi. Traverso relató que anteriormente hubo amenazas de muerte por parte de productores de la zona y vinculó estos hechos a su postura en favor de la decisión del gobierno nacional de gravar con retenciones móviles los cultivos de soja y girasol. También por haber presentado pedidos ante el Juzgado Federal de Junín para que se garantice la libre circulación en las rutas y por haber difundido en la última semana una lista de productores morosos crónicos en el cumplimiento del pago de la tasa municipal de red vial. La lista incluye, entre otros, al presidente de la Sociedad Rural de Junín y vicepresidente de Carbap, Francisco Alzari.
El 14 de mayo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens fue agredido en la puerta de la sede de su entidad, con empujones e insultos por manifestantes que integraban un grupo de simpatizantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-FTV) y del Movimiento Evita, que protestaban frente a la Sociedad Rural Argentina, cuestionando el paro y los bloqueos.
Uno de los efectos del paro agropecuario ha sido impulsar al alza el precio internacional de la soja, que registró un aumento de siete dólares en la primera quincena de mayo, cerrando a a 493,8 USD/Tn, un aumento de casi el 3% del que se había establecido para el mismo mes en febrero (479,97).
El martes 13 de mayo, unos 750 personalidades se reunieron en el Café Ghandi de la ciudad de Buenos Aires para constituir un espacio desde el cual expresarse sobre el conflicto del campo por medio de cartas abiertas, comenzando por la Carta Abierta/1 firmada ese día.
Algunos de los intelectuales que firman la carta abierta son Federico Andahazi, Cristina Banegas, Fernando Birri, Jorge Boccanera, Patricio Contreras, Roberto "Tito" Cossa, José Pablo Feinmann, León Ferrari, Horacio Fontova, Juan Forn, María José Gabin, Norberto Galasso, Juan Gelman, Octavio Getino, Julio Godio, Ricardo Halac, Noé Jitrik, Vicente Muleiro, Enrique Oteiza, Eduardo "Tato" Pavlovsky, Lorenzo Quinteros, Laura Yusem.
El día 20 de mayo las cuatro asociaciones patronales agropecuarias acordaron levantar el paro con el fin de volver a reunirse para acordar medidas con el gobierno nacional. Sin embargo, muchos participantes de las medidas de fuerza se opusieron a que la misma se levantara, en especial, el piquete de la provincia de Entre Ríos, dirigido por Alfredo de Angeli, quien declaró públicamente que consideraba que la decisión era un error, y convocó a transformar en una asamblea el acto organizado por las organizaciones rurales en Rosario, el 25 de mayo.
El 22 de mayo el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, volvió a reunirse con los representantes empresarios. A la finalización de la reunión, las partes tuvieron manifestaciones disímiles: mientras que el ministro declaró que la misma había sido fructífera, los gremialistas sostuvieron que consideraban negativa la posición del gobierno, y volvieron a dejar las negociaciones para informar que en el acto del 25 de mayo en Rosario, se analizaría la posibilidad de retomar el paro y bloqueo de rutas.
Para el lunes 26 de mayo las posibilidades de reiniciar el diálogo eran escasas, y las asociaciones empresariales discutían la posibiidad de declarar nuevamente el paro y bloqueo de rutas.
El 27 de mayo el Partido Justicialista, presidido por el ex presidente Néstor Kirchner, emitió una declaración muy crítica del paro, calificándolo de "antidemocrático ataque con ánimo destituyente".
Poco después, las cuatro organizaciones empresariales de campo, organizadas en una Comisión de Enlace, declararon un nuevo paro de seis días a realizarse desde el día siguiente. Simultáneamente iniciaron un plan de lucha anunciando que instalarán campamentos para realizar "acampes" en las plazas centrales de las principales ciudades, campañas de recolección de firmas, marchas y lobby sobre los diputados y senadores nacionales.
El Centro de Estudios de Organizaciones y Productividad (CEOP), dirigido por Roberto Bacman, realizó un sondeo en todo el país entre el 15 y el 19 de mayo, detectando que el 69,2% de los consultados estaba “muy en desacuerdo” con los cortes de rutas y que un 60% opinaba que los ruralistas debían levantar el paro.
Por otra parte, un relevamiento nacional realizado por OPSM que dirige Enrique Zuleta Puceiro, indicó que el el 53,2% de los encuestados opinaba que las propuestas del gobierno nacional "son positivas y buscan contribuir a solucionar los problemas", mientras que un 41,4% atribuía al campo ser "los responsables" de la ruptura del diálogo con el gobierno. Sobre la razón de fondo en el conflicto, el mismo estudio estableció que el 41% piensa que “el gobierno tiene la razón”, mientras que el 28,6% piensa que la razón la tiene el campo.
El 29 de mayo el gobierno anunció una segunda modificación al sistema de retenciones establecido el 11 de marzo por Resolución Nº 125/2008, complementaria de la anunciada el 31 de marzo.
Las modificaciones están relacionadas con uno de los aspectos más criticados por las organizaciones empresarias en paro, que era la alta tasa de retención establecida en caso de que el precio de los granos superara los 600 dólares por tonelada, que significaba retener un 95% del excedente. Según las entidades ruralistas la magnitud de la retención resultaba confiscatoria y llevaba a la desaparición de los mercados de futuros. El gobierno decidió bajar esa tasa al 52,7% y subir la hipótesis a 750 dólares. Similares reducciones se establecieron para el trigo, el maíz y el girasol.
Las entidades agropecuarias rechazaron la medida, sosteniendo que la reforma solo está referida a los mercados de futuros y a la eventualidad de que el precio de la soja llegue a 600 dólares/tn. El precio de la tonelada de soja en 2007 era de 272 dólares, y alcanzó 506 dólares/tn en el mercado de futuros de Chicago para el mes de septiembre de 2008. Luego de las críticas del sector, se suspendió la sanción del acto administrativo para implementar la reforma anunciada.
El viernes 30 de mayo, agentes de la Prefectura Naval Argentina (dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Anibal Fernández) detuvieron a ocho productores rurales por la quema de pastizales y el corte de la Ruta Nacional 9— en la localidad de San Pedro, por orden del juzgado federal de San Nicolás de los Arroyos, bajo los cargos de estrago y resistencia a la autoridad. La decisión fue tomada luego de que el juez ordenara desbloquear la ruta y los piqueteros se negaran a acatar la orden judicial. Entre los detenidos se encontraba el presidente de la sociedad rural local, Raúl Víctores. Luego de prestar declaración indagatoria los ruralistas fueron liberados diez horas después de ser detenidos.
Durante la jornada, en San Pedro y Gualeguaychú (Entre Ríos) se realizaron cortes esporádicos en las Rutas 9 y 14 respectivamente, en repudio a las detenciones.
El 3 de junio las cuatro organizaciones que declararon el paro, decidieron una nueva extensión del paro por siete días más, alcanzando así los 42 días de paro y bloqueo de rutas efectivo. Simultáneamente, la agrupación de piqueteros de la Corriente Clasista y Combativa, decidió integrarse al paro ruralista, tomando la Municipalidad de Gualeguaychú durante una horas y luego instalando un "acampe" en la plaza central de esa ciudad.
El 5 de junio comenzó a hacerse sentir en las ciudades el desabastecimiento y aumento de precios, a la vez que los medios de comunicación difundieron imágenes sobre camiones tirando leche en los cortes de ruta.
El mismo día la Iglesia Católica dio a conocer una declaración titulada "La Nación requiere gestos de grandeza", en la que alerta sobre el retorno del país a situaciones de "fragmentación y enfrentamiento", sostiene que "aunque hubieran reclamos justos, no es en las calles ni en las rutas donde solucionaremos nuestros problemas", y le pide "al Gobierno de la Nación que convoque con urgencia a un diálogo transparente y constructivo, y a los sectores en conflicto que revean las estrategias de reclamo".
El 6 de junio, luego de 42 días efectivos de paro, las cuatro entidades empresarias que declararon el paro decidieron levantarlo. Sin embargo varias filiales y piquetes ruralistas manifestaron su desacuerdo con la decisión de las cúpulas, para mantenerse a la vera de las rutas, aparentemente sin bloquear el paso pero con el fin de hacer presión, por su presencia. Asimismo, desobedeciendo la decisión de las asociaciones ruralistas, los productores rurales decidieron continuar con el paro patronal parcial y no comercializar los granos cosechados en mayo. Entre los principales grupos disidentes se encuentra el bloqueo de la estratégica Ruta Nacional 14 (Ruta del Mercosur), ubicado en Gualeguaychú, liderado por el dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo de Angeli. Entre tanto, para los días 11 al 13 de junio, las comunicaciones viales en el país continuaban interrumpidas debido a la presencia de más de 200 piquetes de transportistas, que sostienen que aún no se han garantizado sus posibilidades de circular libremente y transportar los granos.
También se registraron algunas escenas de violencia en los piquetes, incluyendo un ataque a tiros contra un convoy de combustible.
El 13 de junio de 2008, el precio de la soja alcanzó un nuevo record, llegando a U$S 573 para el mes de agosto (mercados de futuro en Chicago). El récord implica un aumento del 27% desde el 1 de enero de 2008 y del 186% desde 2004.
El 14 de junio Gendarmería Nacional recibió la orden de liberar al tránsito la Ruta Nacional 14, que seguía cortada a la altura de Gualeguaychú. En el procedimiento resultaron detenidas algunas de las personas que bloqueaban la ruta, entre ellos el líder del piquete de Gualeguaychú, Alfredo de Angeli. A la tarde se produjo una manifestación de habitantes de Gualeguaychú reclamando la libertad de los detenidos, los cuales fueron liberados poco después por orden judicial, luego de ser realizarse las actuaciones correspondientes. Por la noche se registraron manifestaciones a favor y en contra del paro ruralista en Gualeguaychú y Buenos Aires.
El 15 de junio, con las rutas de la región pampeana afectadas por cortes de transportistas y ruralistas, las cuatro entidades ruralistas declararon un nuevo paro, el cuarto, a partir de la 0 horas. Las asociaciones rurales también convocaron a la población a una "Jornada Nacional de Protesta" para el 18 de junio. Por su parte, la Federación de Municipios llamó a una movilización en Plaza de Mayo "contra la extorsión del campo".
El cuarto periodo de conflictos estuvo marcado por las acusaciones mutuas, entre los sectores en conflicto, de desestabilizar al gobierno nacional y las instituciones que garantizan el gobierno democrático. El dirigente Luis D'Elía de la FTV-CTA, en declaraciones públicas acusó a Eduardo Duhalde, al Grupo Clarín, y a los dirigentes ruralistas de conspirar para derrocar al gobierno nacional, remarcando la participación del ex-presidente como líder de dicha conspiración.
En dichas declaraciones, Luis D'Elía invoco el artículo 21 de la constitución argentina, artículo que obliga a todo ciudadano "a armarse en defensa de la patria y de la Constitución". Las acusaciones del dirigente sindical, y en especial la alusión al artículo 21 de la Constitución, generaron expresiones de crítica y repudio. Por su parte, los abogados Ricardo Monner Sans y Alejandro Sánchez Kalbermatten, sobre la base de las declaraciones de D'Elía, presentaron una denuncia penal contra el ex presidente Eduardo Duhalde, ante el juez Daniel Rafecas, quien desestimó la misma sin más trámites, sosteniendo que este tipo de exclamaciones lanzadas por actores políticos en el marco de una contienda por intereses contrapuestos... son fundamentales para la reproducción y el ejercicio de la democracia. En otra denuncia similar, el político justicialista José Luis Seoane denunció penalmente al ex presidente Néstor Kirchner acusándolo de organizar un golpe de estado contra su esposa, la presidenta Cristina Kirchner. Hasta el 7 de julio, no se habían publicado novedades sobre la marcha de esta última denuncia.
El día 15 de junio, el escritor Mempo Giardinelli publicó en el diario Página/12 un artículo titulado "El golpe y la torpeza", en el que sostiene abiertamente que el país se encuentra ante un movimiento que busca derrocar al gobierno.
Por la tarde del día 15 de junio, el jefe de Gabinete Alberto Fernández denunció que algunos sectores estaban utilizando el paro agropecuario para realizar una "desestabilización" del gobierno de Cristina Fernández.
Por su parte el dirigente ruralista Alfredo de Angeli declaró que el paro podría continuar 100 días más, a la vez que sostuvo que "el país está al borde de la anarquía" y que se encuentra preocupado por la posibilidad de una "revolución social".
El 17 de junio el diario La Nación tituló en tapa "Cordura, para evitar la crisis institucional". Asimismo, la UCR desmintió puntualmente que exista algún sector que esté buscando desestabilizar al gobierno.
El 16 de junio por la noche se realizaron "cacerolazos", acompañados de los habituales "bocinazos" y un "apagón"( de poca adhesion) contra el gobierno en varias ciudades del país. La protesta fue coordinada desde Rosario, por medio de mensajes de texto en celulares, disponiéndose su inicio para las 20 horas.
El primer "cacerolazo" se dio en la ciudad de Gualeguaychú (epicentro medíatico de la protesta agraria). Luego continuaron en los barrios porteños de Núñez (Crisólogo Larralde y Cabildo), Belgrano (Cabildo y Juramento; Cabildo y Federico Lacroze), Chacarita (Juan B Justo y San Martín), Villa Urquiza (Triunvirato y Monroe), Caballito (Acoyte y Rivadavia; José Maria Moreno y Rivadavia; Rivadavia y Del Barco Centenera), Flores (Rivadavia y Artigas), Almagro (Corrientes y Angel Gallardo), Boedo (San Juan y Boedo), Constitución (San Juan y 9 de Julio), Barracas (Montes de Oca y Suárez), San Nicolás (Corrientes y 9 de Julio), Recoleta (Callao y Santa Fé; Callao y Libertador), Palermo (Libertador y Salguero; Santa Fé y Las Heras; Santa Fé y Coronel Díaz), además de "bocinazos" y gente que golpeaba sus cacerolas desde los balcones de otros barrios porteños.
En el conurbano bonaerense se registraron protestas en Vicente López, Olivos (frente a la Quinta Presidencial), San Isidro, Tigre, Ciudad Jardín, Villa Ballester y otros distritos del norte del Gran Buenos Aires. También se escucharon cacerolas en las principales ciudades del Interior, como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Posadas, Salta, Resistencia, Mar del Plata, Mendoza, Carmen de Patagones, Bariloche y Neuquén, entre otras. Simultáneamente, diversos partidos políticos de la oposición, como la Propuesta Republicana de Mauricio Macri, la UCR, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, coincidieron en reclamar al gobierno la "pacificación del país". A su vez, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, exigió no realizar el acto de apoyo al gobierno convocado en esa ciudad para el 18 de junio.
El 18 de junio los sectores políticos adherentes a la decisión del gobierno, realizaron una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo. En la ocasión la presidenta Fernández de Kirchner habló frente a los manifestantes y en un discurso, considerado duro por los medios de comunicación, exigió a los ruralistas liberar las rutas en nombre de la ley.
Después del acto, volvió a reunirse la Mesa de Enlace de las cuatro organizaciones agropecuarias, donde decidieron continuar el paro agropecuario hasta las 24 hs del viernes 20 de junio.
Superados los tres meses desde que se inició el conflicto, el desabastecimiento de productos esenciales, sobre todo alimentos y combustibles, se hizo notable en la mayor parte del país, a la vez que miles de trabajadores comenzaron a ser despdidos, por la imposibilidad de la industria de recibir materias primas o transportar sus productos.
El mismo día, la Unión Industrial Argentina, principal asociación patronal de la industria, emitió una declaración, alertando sobre la interrupción de la actividad económica general que está causando el paro agropecuario y el aumento de los despidos y suspensiones de personal, reclamando "retomar el diálogo, normalizar la circulación y permitir el abastecimiento de insumos".
El mismo día, Alfredo De Angeli anunció que se liberarían las rutas a partir de las 00:00 del sábado 21 de junio. Pero las decisiones que tome el Congreso sobre el proyecto de ley sobre modificaciones a las retenciones, podrían hacer volver el paro.
Nuevamente se produjeron hechos de violencia, entre otros en el piquete que bloqueaba la Ruta Nacional Nº 14 en Gualeguaychú, donde se intentó linchar a un conductor que, según quienes cortaban la ruta, casi habría atropellado a un chico al intentar evitar el piquete, y en el cacerolazo frente a la residencia presidencial, donde la muchedumbre agredió físicamente a una persona calificada de "infiltrado". Por otra parte volvieron a producirse incendios en la zona de San Pedro, el delta de Buenos Aires y Gualeguyachú, similares a los del mes de abril; a diferencia del caso anterior, en este oportunidad, tanto los ruralistas como las autoridades coincidieron en considerar que se trató de incendios intencionales.
El 20 de junio un bus que transitaba por la provincia de Santa Fe, sufrió un serio accidente, en el que resultaron heridas 35 personas, luego de tener que tomar por un camino alternativo en mal estado a causa de un bloqueo de ruralistas. Luego dos de las ambulancias necesarias para transportar a los heridos, fueron bloqueadas y atacadas por otro bloqueo ruralista, arrojando una rastra sobre la ruta cuando pasaban, para romperles luego los vidrios.
El 5 de Junio las resoluciones del poder ejecutivo que modifican las retenciones, y fueron causa inicial del conflicto, son declaradas inconstitucionales por un juzgado federal. El fallo basa gran parte de su decisión en la irregularidad de la forma en que se llegó a la aplicación de dichas resoluciones, ya que es competencia del poder legislativo dictar este tipo de resoluciones, según lo que establece el sistema republicano establecido por la constitución argentina. Sin embargo no sienta ninguna precedencia sobre el carácter confiscatorio de dichas medidas impositivas, carácter que le correspondiera de determinarse que se trata de un impuesto que percibe más del 33% de la renta. Las razones sobre esta falta de decisión sobre el tema se fundamentan en la falta de claridad sobre la naturaleza de las retenciones, y sobre cuál es el porcentaje realmente percibido por cada individuo en la cadena de valor de la producción agropecuaria.
Gobernadores opositores dentro del partido justicialista utilizaron el asentamiento del fallo para promover recursos de amparo sobre resoluciones previas del actual y el anterior gobierno, y el Ministro de Justicia advirtió que la presidencia apelaría el fallo. Sin embargo, la resolución declarada inconstitucional sería enviada al Congreso como proyecto de ley, cuya aprobación apelaría el fallo.
El 17 de junio, la Presidenta de la Nación anunció por cadena nacional que había enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar o derogar la Resolución 125/08 y sus modificaciones, y para crear un Fondo de Redistribución Social, formado con la recaudación impositiva que exceda el 35% de las retenciones a la soja y sus derivados.
El proyecto de ley fue ingresado a la Cámara de Diputados el mismo día 17 de junio a las 19:55 y con el objetivo de "saldar la discusión política relativa en materia de retenciones, por vía de la actuación del Honorable Congreso de la Nación, requiriendo la ratificación de lo oportunamente dispuesto".
El proyecto fue presentado con una larga serie de considerandos, en los que el Poder Ejecutivo fundamentó la necesidad y oportunidad de la ley y ocho artículos. Los considerandos remiten al compromiso electoral asumido en materia de distribución de los ingresos, el aumento mundial de los precios del petróleo y los alimentos, y las medidas adoptadas por los diferentes países para proteger a su población.
En ese contexto, el proyecto proponía ratificar el sistema de retenciones a la exportación establecido por Resolución 125/08, que dispuso la movilidad de la misma siguiendo las fluctuaciones del mercado internacional, a la vez que estableció aumentos para la soja y el girasol y reducciones para el maíz y el trigo, con descuentos adicionales si los granos son exportados con valor agregado. El proyecto también ratificaba las normas modificatorias o complementarias de la Resolución 125/08, como el régimen de compensaciones a pequeños productores de soja o girasol establecido por la Resolución 284/08, y las compensaciones para el transporte de granos oleaginosos (soja y girasol) producidos en las provincias extrapampeanas, dispuesto por Resolución 285/08.
Los artículos 3, 4, 5 y 6 se dedicadan a crear y establecer las bases de funcionamiento del Fondo de Redistribución Social, destinado a financiar hospitales y centros de salud públicos (60%), viviendas populares (20%) y caminos rurales (20%). El fondo propuesto se formaría con el monto recaudado que exceda el 35%.
Ante la decisión presidencial, Eduardo Buzzi declaró que "valoramos el gesto democrático de la Presidenta de llevar al Parlamento el tema de las retenciones, pero no estamos de acuerdo con el proyecto tal como se envió. Solicitamos que se abra para que se puedan incorporar modificaciones dentro del debate que se dé en el propio Congreso". Por su parte, Ricardo Buryaile, vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas, en declaraciones realizadas a FM Universidad de Chaco el 18 de junio, declaró que si "el Congreso ratifica las retenciones, debería ser disuelto"; con posterioridad, el dirigente sostuvo que había sido sacado de contexto y que su intención era decir que "que si el Congreso va a ser una escribanía, que se cierre". Simultáneamente, los organizadores del paro informaron que, los fines de semana, los ruralistas realizarían "visitas fraternales" a los diputados nacionales a sus casas, para "interiorizarlos" de sus reclamos. El método de recurrir a "visitas fraternales" en las casas de los legisladores, fue muy cuestionado por algunos parlamentarios y miembros del gobierno, como el Jefe de Gabinete, atribuyéndole una naturaleza antidemocrática, debido a la forma de presión directa de la misma.
El sábado 21 de mayo, una vez levantado el paro y los cortes de ruta, la presidenta Cristina Fernández convocó para el lunes 23, a las cuatro entidades ruralistas a mantener un diálogo amplio sobre la política agropecuaria. La invitación fue recibida con satisfacción por los dirigentes rurales.
El 1 de julio el precio internacional de la soja alcanzó un nuevo record, valuándose en 596,3 dólares la tonelada de grano. De este modo el precio de la soja se puso muy cerca de alcanzar la barrera de los 600 dólares, una situación que formó parte de los argumentos del gobierno para dictar la Resolución 125/08 y que los ruralistas y algunos especialistas consideraban como poco probable, a comienzos de junio. El nuevo precio implica un aumento del 128% desde comienzos del año 2007. Al día siguiente, efectivamente, el precio de la soja superó la barrera de los 600 dólares, al llegar a los u$s 602,3.
La mayoría del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, introdujo el 1 de julio una serie de modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Las modificaciones tienden a ampliar la cantidad de pequeños y medianos productores excluidos del sistema de retenciones establecido en la Resolución Nº 125/08. Para ello aumenta la producción a ser tenida cuenta en un 50% (de 500 a 750 toneladas), incluye a los monotributistas y a los que no sean productores exclusivos de granos, así como a los que posean deudas impositivas. Las reformas también amplían los reintegros por fletes a las zonas más alejadas de los puertos de las provincias de La Pampa, Santa Fe y norte de Córdoba y dispone que los pools de siembra deberán a pagar el impuesto a las ganancias.
En el bloque oficialista también apareció otro proyecto alternativo, impulsado por el diputado Felipe Solá y apoyado por otros quince diputados, pertenecientes al grupo de Radicales K y del ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti y del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. El proyecto establece un tope del 55% para la alícuota marginal en caso de precios internacionales extraordinariamente alto, compensaciones para los propietarios de hasta 3000 has. Aunque el proyecto de Solá no contó con el apoyo de la mayoría de su bancada, sus impulsores decidieron igualmente presentarlo para su debate en la bicomisión que trata el tema y luego en el plenario de la Cámara.
Relacionado con el conflicto rural, simultáneamente con el tratamiento del proyecto de retenciones a las exportaciones enviado por el PEN, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados apuró también el tratamiento de los proyectos de ley de arrendamientos rurales y de warrants o garantías para la obtención de préstamos por parte de los productores agropecuarios.
Los mismos están referidos a la posibilidad de ampliar el plazo mínimo, de tres a cinco años, que deben respetar los grandes arrendatarios que alquilan la tierra de los pequeños y medianos propietarios, así como otros beneficios para los "chacareros". Las modificaciones a la ley de warrants buscan establecer un sistema de acceso al crédito para productores rurales mediante un certificado de depósitos.
El 3 de julio la bicomisión de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados, realizó los dictámenes de mayoría y minorías, para enviar al recinto los proyectos presentados, con el fin de que ser tratados en la sesión del 4 de julio. Finalmente, la mayoría de la bicomisión apoyó el proyecto oficialista mayoritario (proyecto del PEN con modificaciones). Entre los dictámenes de minoría se destaca el proyecto conjunto presentado por la UCR, PRO, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y los partidos provinciales, suspendiendo la Resolución Nº 125/08 por 180 días. El sector del oficialismo congregado alrededor del proyecto de Felipe Solá, también presentó su proyecto en minoría. En el debate de la Cámara también se incluyó un proyecto de Ley de Arrendamientos Rurales presentado por Eduardo Macaluse, diputado del Bloque SI (ex ARI Autónomo) y otro de Emergencia Agropecuaria.
Simultáneamente, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati, sostuvo que si el Congreso aprobara el proyecto del bloque oficialista, existen "muchísimas" posibilidades de que las entidades ruralistas declaren un nuevo paro. En el mismo sentido el dirigente Alfredo De Angeli, de la Federación Agraria Argentina, informó que los productores ruralistas estaban organizando un cacerolazo para el 4 de julio a la noche.
El 5 de julio la Cámara de Diputados aprobó por 129 votos a favor, 122 en contra y dos abstenciones, el proyecto enviado por el PEN, con varias modificaciones introducidas por el bloque oficialista y algunos bloques opositores. Para convertirse en ley precisa que el mismo texto sea aprobado también por la Cámara de Senadores; si ésta le introdujera a su vez modificaciones, el nuevo texto debe volver a la Cámara de Diputados, para su convalidación o no.
El proyecto cuenta con 26 artículos divididos en cinco capítulos. En el Capítulo I (arts. 1 y 2), el proyecto ratifica la Resolución Nº 125/08 y declara que -de sancionarse- la ley no afecta las atribuciones que el Código Aduanero le confiere al Poder Ejecutivo Nacional.
El sistema se instrumenta a partir de una declaración jurada del productor y el pago debe realizarse antes de 30 días directamente por depósito en la cuenta bancaria del productor. Para recibir compensaciones la operación debió haberse realizado entre el 13 de marzo y el 31 de octubre de 2008.
El Capítulo IV (arts. 14 a 19) se refiere a disposiciones comunes del sistema de compensaciones creado en los dos capítulos anteriores, entre los que se incluye la creación de un mecanismo para la realización de los trámites vía Internet.
El Capítulo V (arts. 20 a 23) crea un Fondo de Redistribución Social, formado con las retenciones a la exportación de soja que excedan el 35%. El fondo tiene como finalidad financiar obras de hospitales y centros de salud (50%), viviendas populares urbanas y rurales (20%), caminos rurales (20%) y fortalecimiento de la agricultura familiar (10%).
Tanto el gobierno y los parlamentarios oficialistas, como las entidades ruralistas se mostraron satisfechos con el resultado en la Cámara de Diputados. Aquellos, por la ratificación de la Resolución Nº 125/08 y haber logrado la sanción del proyecto elaborado por el bloque oficialista, y éstos, por el correcto funcionamiento de las instituciones y alto apoyo parlamentario que recibió la posición ruralista, así como por la posibilidad de obtener nuevas concesiones en la Cámara de Senadores.
El 7 de julio Página/12 difundió un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura en base a datos de la revista especializada Márgenes Agropecuarios, con un detalle sobre los costos y márgenes de ganancia de los productores agropecuarios en cada zona. El tema, de gran importancia para establecer las tasas de retenciones y el monto de las compensaciones, es uno de los aspectos del conflicto sobre los que menores precisiones existen. Según el informe, la ganancia de un productor rural de 200 has en 2008, antes de las reformas introducidas por la Resolución 125/08 era, según la zona, entre un 18% y un 33% mayor que la obtenida el año anterior; con las compensaciones del proyecto sancionado en Diputados, la ganancia superaría entre un 63% y un 83% la percibida en 2007.
Los ruralistas han sostenido que los productores pequeños y medianos estaban sufriendo grandes pérdidas, teniendo que trabajar hasta 300 días al año, solo para pagar los impuestos, y en algunos casos a pérdida pura. a la vez de tener que afrontar el aumento del precio de los insumos, hasta el punto de hacer inviable la producción agraria. El portal Agro Meat sostuvo que con las medidas adoptadas, el Estado argentino se apodera del 74% del resultado de la soja, llegando en el caso de que el productor arriende las tierras, a apropiarse del 104% en soja de primera, y 150% en trigo.
El 12 de julio, Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, afirmó que el gobierno de Cristina Kirchner "carece de legitimidad". El mismo día, el líder ruralista Alfredo de Angeli sostuvo que el gobierno "promueve un golpe porque no sabe cómo arreglar el país".
Durante el tratamiento del proyecto sobre retenciones en el Senado, algunos senadores fueron objeto de escraches con el fin de presionarlos para que votaran en contra del proyecto del Poder Ejecutivo. Uno de estos escraches fue realizado contra el senador kirchnerista de la provincia de San Luis Luis Daniel Pérsico. probablemente, el más serio fue el escrache sufrido por la madre del senador Emilio Rached, en Santiago del Estero, durante la sesión de votación, que lo habría llevado a cambiar su voto y a producir el empate que terminaría con la derrota del oficialismo.
Otros representantes kirchneristas que sufrieron escraches y manifestaciones por parte de opositores, fueron el diputado Alberto Cantero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y dos diputados tucumanos.
El 15 de julio, día anterior a la votación en el Senado, tanto la oposición como el oficialismo realizaron sendos actos masivos en Buenos Aires para sostener sus posiciones.
Las cuatro entidades ruralistas que declararon el paro organizaron un acto bajo el lema "por un país federal", que se desarrolló en el llamado Monumento de los españoles (en realidad monumento a la Constitución regalado por la comunidad española), ubicado en el barrio de Palermo, en el cruce de la avenida Libertador y la avenida Sarmiento, a pocos metros de la sede de la Sociedad Rural Argentina. Al acto asistieron la mayor parte de las fuerzas políticas que se oponen al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió, el PRO liderado por Mauricio Macri, el peronismo-duhaldismo liderado por Eduardo Duhalde, el peronismo-FREJULI liderado por Adolfo Rodríguez Saa, la Corriente Clasista y Combativa y Partido Comunista Revolucionario, y la nueva central sindical CGT Azul y Blanca liderada por Hugo Barrionuevo. Por su parte, el Partido Socialista, liderado por el gobernador de Santa Fe, decidió no asistir. El acto contó con una asistencia estimada por el diario La Nación en 237.000 personas.
En el acto hablaron los cuatro presidentes organizadores y Alfredo de Angeli, presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, que se destacó como el líder ruralista más conocido del paro, y que inició la serie de discursos, llamando a no abuchear a la Presidenta: ""no, no, yo no les permito; es la presidenta de la Nación; a nadie y menos a ella". Eduardo Buzzi cuestionó al gobierno por favorecer a los "grandes exportadores de granos, las mineras y dos empresas frigoríficas que encima son de capital extranjero"; Mario Llambías anunció que "no nos van a arrodillar, no vamos a aceptar cosas que vayan en contra de la patria y los productos"; Fernando Gioino sostuvo que "llegamos a este punto contentos porque el reclamo llegó al Congreso, se afianzó la democracia y hubo debate"; Luciano Miguens citó a la Presidenta que cuando era senadora sostuvo que "acá todos somos representantes de las provincias y no pasa por apoyar o combatir las decisiones del Ejecutivo, pasa por discutir y analizar lo que le conviene al conjunto del país y en especial a las provincias".
El oficialismo realizó el acto en la Plaza del Congreso. Al acto asistieron las distintas fuerzas que integran el kirchnerismo, la Confederación General del Trabajo, recientemente ampliada con la incorporación de los llamados sindicatos "gordos" y liderada por Hugo Moyano, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Hugo Yasky, las Madres de Plaza de Mayo, un sector de los Radicales K, liderado por los gobernadores Miguel Saiz de Río Negro y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Por su parte no asistieron al acto el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ni el vicepresidente Julio Cobos. El acto contó con una asistencia estimada por el diario La Nación en 103.000 personas. En al acto habló como único orador el ex presidente Néstor Kirchner, quien declaró que el gobierno "aceptaría el resultado, sea cual sea".
Al conocerse la noticia, las cuatro entidades festejaron junto a una multitud en el barrio porteño de Palermo, quienes siguieron la votación por medio de una pantalla gigante. Por otro lado, militantes oficialistas causaron disturbios frente al Congreso, derribando vallas policiales, insultando y arrojando piedras y botellas al edificio.
El 18 de julio la Presidenta de la Nación sancionó el Decreto 1176/08, ordenando al Ministro de Economía, disponer la "limitación" de la Resolución 125/08, reestableciendo las resoluciones Nº 368 y Nº 369 del 7 de noviembre de 2007, que se encontraban vigentes antes de la norma derogada, y que establecen retenciones a tasas fijas para los granos exportados (35% para la soja en grano).
El decreto de la Presidenta tiene dos artículos (y uno de forma) y no deroga directamente la Resolución 125/08, sino que le ordena al Ministro de Economía hacerlo, porque esa es la autoridad que tomó la medida, y por lo tanto, también a la que le corresponde dejarla sin efecto. En el primer artículo indica las normas que deben ser "limitadas" (término que se utiliza en el Derecho Administrativo para referirse a un acto administrativo que deja sin poder legal a otro o a una autoridad), incluyendo entre ellas las resoluciones 284/08 y 285/08 que establecían compensaciones a los pequeños productores. En el segundo artículo, establece el contenido de la norma que debe reemplazar a la resolución 125/08, indicando que las tasas deben ser "iguales" a las que establecían las resoluciones 368 y 369 de fecha 7 de noviembre de 2007, es decir, las que se encontraban vigentes al 11 de marzo de 2008.
La respuesta de los ruralistas fue diversa, ya que mientras que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, anunció que "este es el fin del conflicto; era simplemente por esta resolución", el presidente de la Federación Agraria Argentina, sostuvo que "con esto no es suficiente; debe haber un tratamiento de distintas retenciones". Por su parte, Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas, cuestionó que el decreto no estableciera un plazo para que el Ministro de Economía dictara la resolución. Por su parte, el dirigente Alfredo de Angeli sostuvo que "la derogación no resuelve nada".
Menos de una hora después de anunciarse el decreto presidencial ordenando la derogación de la Resolución 125, el Ministro de Economía, Carlos Fernández, firmó tres resoluciones (Nº 180, 181 y 182 de 2008) dando cumplimiento a la orden presidencial, y reestableciendo el régimen de retenciones vigente hasta el 11 de marzo, que fijó una tasa del 35% para la soja, 10% para el girasol, 25% para el maíz y 28% para el trigo.
El anuncio de la presidenta Cristina Fernández sobre la derogación de la Resolución 125, produjo una inmediata baja del precio de la soja de 558 a 540 dólares (3,22%).
El paro tuvo un costo primario de 100 millones de dólares por día. Ello significo una pérdida económica directa de 4.200 millones de dólares para los 42 días de paro efectivo decretados entre el 13 de marzo y el 9 de junio, suma equivalente al monto total de los impuestos que pagó el sector agropecuario en 2007. A ello hay que sumar las pérdidas que sufrirán las empresas exportadoras por los juicios debido a la no entrega de mercadería en término.
El paro también afectó en algunos momentos el abastecimiento de alimentos a la población, y produciendo aumentos considerables en los precios de estos. El gobierno de la provincia de Mendoza estableció que los alimentos aumentaron un 2,5% en el mes de junio, acumulando un aumento del 17,7% para el primer semestre, atribuyendo al paro agropecuario, la aceleración de la inflación.
El 3 de octubre de 2008 las organizaciones ruralistas declararon un nuevo paro por seis días con cortes parciales de rutas en caso de ser necesario, esta vez para reclamar la completa anulación de las retenciones a la exportación y otras medidas económicas favorables a los productores agrarios, entre ellos apoyo del Estado frente a la fuerte sequía que los afecta.
El paro se decidió luego de que consideraran insatisfactorio el diálogo llevado adelante entre los productores y propietarios rurales y el Secretario de Agricultura Carlos Cheppi. Por su parte el gobierno anunció que se disponía a poner en marcha un Plan Agropecuario Nacional, para dar respuesta a los reclamos del campo.
A partir del mes de septiembre de 2008 el Estado estadounidense comenzó a intervenir en los mercados de granos con el fin de eliminar los fondos especulativos que habían impulsado el alza de los precios en el primer semestre del año. La medida produjo un sinceramiento de los precios que comenzaron a caer al nivel que se encontraban en 2007, guiándose por la propia lógica de la oferta y la demanda real de granos.
El precio de la soja volvió así a los valores de 2007, ubicándose en 318 USD el 16 de octubre, luego de alcanzar un pico récord de 602 USD en julio.
La vuelta del precio de los granos a los valores previos a la crisis especulativa, provocó un problema derivado de la derogación por el Congreso de la Nación, del sistema de retenciones móviles establecido por la Resolución 125/2008, para establecer una tasa fija del 35%. Según el sistema de retenciones móviles derogado, la tasa para la soja debió haber sido de 30,01% (para un precio de 318 USD), es decir un monto considerablemente más bajo que el impuesto por el Congreso.
Tras el golpe de estado de 1943, la gran mayoría de los dirigentes socialistas agrupados en la CGT Nº1 y Nº2, los sindicalistas revolucionarios agrupados en la USA, y algunos comunistas (como los síndicatos de los gráficos y los petroleros) apoyaron las políticas pro-obreras del Ministro de Trabajo Juan Domingo Perón. Cuando éste fue encarcelado, la CGT organizó el 17 de octubre de 1945 una importante manifestación popular en la Plaza de Mayo, que logró su liberación y el llamado a elecciones democráticas.
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References: artículo 14
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 artículo 21
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