Source: http://nexia.pongasealdia.com/modules.php?name=Historial_Boletines&fecha=2015-05-08&op=mostrar_contenido
Timestamp: 2019-05-26 17:14:34+00:00

Document:
Boletin Correspondiente a 2015-05-08Regresar
DILIGENCIA DE REGISTRO - Los perjuicios materiales que se deriven de ésta no son demandables a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
En desarrollo de estas facultades, la DIAN puede tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento. Para el Tribunal la diligencia de registro es un acto previo de los cuales la Administración puede hacer uso para desarrollar sus facultades de investigación y fiscalización, pero no es un acto demandable según la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón por la cual se inhibió para hacer un pronunciamiento de fondo en cuanto a la pretensión de nulidad.
Pues bien, la Sala comparte la decisión del Tribunal y reitera que el acto de registro de oficinas o de establecimientos de un contribuyente expedido por la DIAN, es un acto preparatorio o de trámite que no pone fin a la actuación administrativa y, por lo tanto, no es susceptible de enjuiciamiento.
La controversia que pueda suscitarse en torno a esta prueba, es dable plantearla en el proceso de determinación del impuesto o de imposición de la sanción, es decir, cuando ya se haya puesto fin a la actuación administrativa.
En efecto, los actos de trámite son aquellos de mero impulso de la actuación, que no deciden nada sobre el asunto debatido, pero que instrumentan la decisión final o definitiva, la preparan; son los que permiten llegar al fin del procedimiento, disponen los elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión que resuelve la actuación administrativa con voluntad decisoria, que es la que está sujeta a los recursos y acciones de impugnación.
( 2015-05-08) Consultar
EJECUTORIEDAD Y FIRMEZA DE AUTO DE ARCHIVO - Se produce al no interponerse los recursos gubernativos
Sobre este tema la Sala en sentencia de 10 de octubre de 2007 precisó que cuando el auto de archivo expone razones de fondo por las cuales se consideran desvirtuadas las modificaciones propuestas en un requerimiento especial y concluye que no es procedente practicar liquidación de revisión, no cabe duda acerca del carácter de definitivo del citado auto.
Además, que aunque tal acto era objeto de los recursos previstos en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, el hecho de que la actora no los hubiera interpuesto, porque la decisión le fue favorable, tiene como efectos la ejecutoriedad y firmeza del acto.
También implica que la decisión allí adoptada hizo tránsito a cosa juzgada administrativa, pero de manera alguna, que tal omisión desvirtuara el carácter definitivo del auto de archivo. En el presente caso, en la investigación inicial que culminó con el auto de archivo no hubo requerimiento especial. Aunque se profirió un auto de verificación o cruce, en desarrollo del cual la DIAN visitó las instalaciones del actor, revisó los documentos contables que soportan las compras y gastos, así como los ingresos, de los cuales estableció que había una diferencia con la declaración, lo cierto es que el auto de archivo que se profirió con posterioridad a que el Instituto corrigiera su declaración, no puede considerarse como definitivo.
PERIODO PROBATORIO EN LA JURISDICCION - Permite valorar las pruebas presentadas por el demandante.
Como lo ha precisado la Sala en otras oportunidades, considerar que el Juez administrativo sólo puede valorar las pruebas que tuvo en cuenta la Administración para expedir los actos acusados, desconoce no sólo el objeto de la Jurisdicción sino la naturaleza de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, es un requisito de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, la petición de pruebas que el demandante pretenda hacer valer (artículo 137 [5] del C.C.A.). Si las pruebas están en su poder, las debe acompañar con la demanda según lo establece el artículo 139 ibídem.
Es decir, las pruebas solicitadas en la demanda y que son decretadas por el Tribunal, son regular y oportunamente allegadas al proceso. En consecuencia, se deben valorar al momento de decidir (artículo 170 del Código Contencioso Administrativo).
Lo anterior, por cuanto en virtud de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, una de las posibilidades con las que cuenta el administrado para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, es con nuevas o mejores pruebas que las aportadas en sede administrativa.
Legalmente no existe ningún impedimento para que no se puedan valorar pruebas diferentes a las valoradas por la Administración, además, de que es carga de las partes, probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (artículo 177 C.P.C.).
En consecuencia, si por algún motivo, con ocasión de la investigación tributaria o de los recursos en la vía gubernativa el contribuyente no pudo demostrar la realidad de los costos solicitados, no hay razón para que no pueda presentar, ante la Jurisdicción, las pruebas que los soportan con el fin de que le sean aceptados.
COSTOS Y DEDUCCIONES - El certificado de Contador puede servir como medio probatorio para demostrarlos.
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL - No es aplicable para que el contribuyente se exima de la carga probatoria
Sin embargo, para la Sala este certificado no es suficiente para establecer la realidad de la operación pues conforme al artículo 777 del Estatuto Tributario, cuando se trata de presentar en la DIAN pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes.
La Sala ha precisado que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad; deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico.
Deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues "en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones".
Tampoco es suficiente invocar el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal para que el demandante se exima de la carga probatoria que le corresponde. Además, no puede desconocerse que en virtud del artículo 776 ibídem, los comprobantes prevalecen sobre los asientos contables, por ello, si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, como en este caso, exceden del valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes
BENEFICIO NETO - Determinación
El Estatuto Tributario consagra un régimen especial del impuesto sobre la renta y complementarios para aquellas entidades, como el Instituto actor, que no tiene ánimo de lucro, y están descritas en el artículo 19.
Consiste en que se someten al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20% (artículo 356).
DEDUCCION POR DONACION A FONDO DE EMPLEADOS - Para que proceda debe probarse la relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad.
En efecto, en los egresos procedentes, según el artículo 4 del Decreto 124 de 1997 también se incluyen, los que se destinen indirectamente mediante donaciones efectuadas a otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen las actividades previstas en el literal b) ibídem.
Para que proceda esta deducción, se requiere que la entidad donataria efectivamente haya realizado dichas actividades y programas, lo que se demuestra con el certificado de contador público o revisor fiscal del donatario.
Ahora bien, como el fondo de empleados no tiene personería jurídica ni está probado que realiza las actividades a que se refiere la norma, no puede proceder el egreso por donación. Y si en gracia de discusión se considerara como un gasto del Instituto, la falta de elementos probatorios impide establecer que tuviera relación de causalidad con los ingresos para su procedencia, así como su necesidad y proporcionalidad, como lo señaló la DIAN, pues la simple afirmación del demandante no es suficiente para establecer el cumplimiento de estas condiciones.
En el artículo 67 de la ley 1739 de 2014 simplemente se ajusta el beneficio tributario que trajo la reforma tributaria del 2012. En su oportunidad, la posibilidad de acceder al descuento del IVA por bienes de capital estaba sujeta al recaudo, sumado a esto, el Gobierno debía certificar el recaudo para poder acceder al beneficio.
Ahora bien, define de forma expresa que debe entenderse por bienes de capital, aclarando que deben constituirse como activos fijos.
Un punto importante de aclarar, es que la medida solo aplica al sector productivo, pues la norma indica que se trata de aquellos “utilizados para la producción de bienes y servicios”, así los comercializadores NO tienen la posibilidad de acceder a este beneficio tributario no obstante a lo anterior la norma deja claro que aplica para entes que presten “servicios”. En la ponencia de segundo debate se deja claro este tema en los siguientes términos:
Para nadie es un secreto que los empresarios están cansados de que cada vez que hay una reforma tributaria se les pongan más impuestos a los mismos. La del año pasado fue la gota que rebosó la copa con casos en los que el pago de impuestos se llevó más del 60 por ciento de las utilidades.
Ahora comienzan los vencimientos de las declaraciones de Renta de las Personas Naturales y se hace necesario tener en cuenta que existe una nueva clasificación que se encuentra vigente a partir del año gravable 2.013 con unos sistemas alternativos para liquidar el impuesto de renta (IMAN e IMAS).
Recordemos que desde la Ley 1607 de diciembre 26 del 2.012, en sus artículos 10 y 11, se estableció una nueva clasificación de las Personas Naturales que se ha dado en llamar estructural y para la equidad, pues antes hasta el 2012 se llamaban: Asalariados y Trabajadores Independientes y ahora de acuerdo al artículo 329 del Estatuto Tributario: Empleados y Trabajadores por cuenta propia, clasificación que entró en vigencia a partir del año 2.103.
Ahora por eso en la categoría de Empleados, caben no solamente los asalariados sino también los prestadores de servicios personales en el ejercicio de profesiones liberales (profesionales independientes) o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o superior a 80% al ejercicio de dichas actividades, es decir si combina sus ingresos con otras actividades económicas estas no pueden superar el 20% de sus ingresos totales.
En esto creo que se corrigió la inequidad que existía entre los profesionales independientes y asalariados en especial en materia de retención en la fuente. Hoy a ambos se les aplica las mismas tablas de retención en la fuente.
Durante décadas, sus operaciones y transacciones pasaron de agache, pues casi nadie desconfiaba de su vocación ‘ demisericordia’. Sin embargo, en los últimos años varias alarmas se han prendido en organismos de control como la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Fiscalía y la propia Dian.
El caso de la Fundación San Martín y los escándalos deSaludcoop y las prolíficas cooperativas de trabajo asociado terminaron por atizar el asunto.
Con el fin de que los adultos mayores puedan acceder a una atención preferencial, ágil y oportuna, el Ministerio de Salud (Minsalud) expidió la Resolución 1378, el pasado 28 de abril.
Según esta norma, las acciones de los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de quienes desarrollen actividades relacionadas con la protección y asistencia social en favor de esta población se sujetarán a los principios del artículo 153 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3º de la Ley 1438 del 2011, a la Ley 1751 del 2015 y a los siguientes criterios:
- Universalidad: se garantiza la protección a la población adulta mayor, sin discri­minación alguna.
- Equidad en salud: se aplicará a toda la población adulta mayor, sin distinción de sexo, grupo étnico o condición social.
- Dignidad: es el respeto al que se hace acreedor todo se humano por el hecho de serlo, independiente de su género, edad o condición de salud física o mental o situación socioeconómica.
- Solidaridad intergeneracional: promueve las interrelaciones entre personas mayores, jóvenes y niños, favoreciendo el apoyo recíproco, un trato digno y respetuoso y una imagen positiva de la vejez.
- Justicia social distributiva: hace referencia a los máximos beneficios al mayor número de personas adultas mayores, para los que tienen menos ventajas.

References: artículo 50
 artículo 139
 artículo 777
 artículo 776
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 67
 artículo 329
 Resolución 
 artículo 153
 artículo 3