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Timestamp: 2020-08-14 07:58:17+00:00

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Coronavirus y los contratos en curso de ejecución en Francia – Abogado en Francia
Publicado el 16 abril, 2020 de David WINTER
Desde hace varias semanas, se está produciendo una crisis sanitaria mundial con importantes repercusiones en la economía. Sin embargo, el régimen jurídico aplicable en materia contractual a las situaciones derivadas de la crisis del Coronavirus – o más precisamente del Covid-19 – no siempre es muy claro. Dado que todas las situaciones son complejas (lo que está en juego es diferente entre la ejecución de un contrato de suministro y la de un contrato deportivo, por ejemplo), deben evaluarse caso por caso, de acuerdo con los instrumentos que el derecho sustantivo pone a disposición de las partes. Las normas del Código Civil proveen medios como la fuerza mayor (artículo 1218 del Código Civil), la imprevisibilidad (artículo 1195), la buena fe y/o la lealtad en las negociaciones (artículo 1104), el esquema del contrato y el equilibrio de las obligaciones contractuales (artículo 1171), la excepción de incumplimiento (artículo 1219) o la excepción por riesgo de incumplimiento (artículo 1220). Estos medios tienen su propio régimen jurídico, que difiere enormemente de los demás. Para ejemplificar éste, es necesario analizar los contratos en cuestión, los intereses en juego y las consecuencias jurídicas de los diferentes sistemas jurídicos aplicables.
Las nuevas leyes y reglamentos en vigor desde los últimos días de marzo de 2020 también proporcionan medios que deben tenerse en cuenta. Es en este contexto jurídico en el que hay que resumir la problemática de los contratos en vigor, en primer lugar haciendo un breve repaso de las medidas de crisis adoptadas por el Gobierno francés sobre este tema (1) y luego analizando los mecanismos existentes en derecho común (2).
1/ Las medidas de crisis adoptadas por el Gobierno francés y los contratos actuales
El artículo 4 de la Orden Nº 2020-316, de 25 de marzo de 2020, relativa al pago de los alquileres y de las facturas de agua, gas y electricidad de los locales comerciales de las empresas cuya actividad se ve afectada por la propagación de la epidemia de COVID-19, establece que:
“Las personas mencionadas en el artículo 1 no podrán incurrir en penalizaciones pecuniarias ni en intereses de demora, daños y perjuicios, ni en la ejecución de una cláusula de rescisión, de una cláusula de penalización o de una cláusula de caducidad, ni en la activación de garantías o fianzas, por el impago de alquileres o cargas de alquiler de sus locales profesionales y comerciales, sin perjuicio de las estipulaciones contractuales y de las disposiciones de los artículos L. 622-14 y L. 641-12 del Código de Comercio. Las disposiciones anteriores se aplican a los alquileres y las cargas de alquiler cuyo pago debe efectuarse entre el 12 de marzo de 2020 y la expiración de un plazo de dos meses a partir de la fecha de cese del estado de emergencia sanitaria declarado por el artículo 4 de la citada Ley de 23 de marzo de 2020.”
Según las disposiciones del artículo 1 de la misma ordenanza, pueden acogerse a esta medida “las personas físicas y jurídicas de derecho privado que ejerzan una actividad económica y que puedan beneficiarse del fondo de solidaridad mencionado en el artículo 1 de la mencionada ordenanza n° 2020-317 de 25 de marzo de 2020“.
Quienes ejerzan su actividad en el marco de un procedimiento concursal también podrán beneficiarse de estas disposiciones si se les proporciona un certificado proporcionado por uno de los representantes judiciales designados por la sentencia que inició dicho procedimiento. Los criterios de elegibilidad para las disposiciones mencionadas se especifican en un decreto que determina, en particular, los límites del número de empleados e ingresos de las personas afectadas y el límite de pérdida de ingresos observado como resultado de la crisis sanitaria.
El texto dispone que el impago de los alquileres comerciales de las personas que pueden acogerse al Fondo de Solidaridad no está sujeto a sanciones durante el estado de emergencia sanitaria, esto hasta dos meses después de la finalización de dicho estado de emergencia.
Sin embargo, ninguna disposición de este texto exime expresamente a los interesados de no pagar las rentas comerciales o profesionales de las que son responsables. Por lo tanto, no se cancelan las fechas de vencimiento de los alquileres y los gastos de alquiler.
Para las empresas que no pueden beneficiarse del fondo de solidaridad, en el caso de la obligación de pago u otro, el artículo 4 de la Orden Nº 2020-306, de 25 de marzo de 2020, relativa a la prórroga de los plazos durante el período de emergencia sanitaria y a la adaptación de los procedimientos durante el mismo período, prevé, sin distinción:
“Los pagos de sanciones, las cláusulas de penalización, las cláusulas de rescisión y las cláusulas de decomiso, cuando tengan por objeto penalizar el incumplimiento de una obligación dentro de un plazo determinado, se considerarán no efectivas o efectivas si dicho plazo ha expirado durante el período definido en el artículo 1.I). Esas multas coercitivas periódicas surtirán efecto a partir de la expiración de un plazo de un mes. El curso de las multas coercitivas y la aplicación de las cláusulas de penalización que hayan entrado en vigor antes del 12 de marzo de 2020 se suspenderán durante el período definido en el artículo 1.I)“.
Las empresas, que no están exentas del pago de las sumas adeudadas contractualmente ni de la ejecución de sus demás obligaciones contractuales, están protegidas de los efectos de una cláusula de penalización, de una cláusula de decomiso, de una cláusula de rescisión y/o de las penalizaciones que puedan correr durante el período de reclusión.
En lo que respecta a la expiración de los contratos, la rescisión, la renovación, la renovación tácita, el artículo 5 de la Orden Nº 2020-306, de 25 de marzo de 2020, prevé el caso de la expiración de los contratos de plazo fijo y los plazos que deben cumplirse para su rescisión o renovación.
Cuando un acuerdo sólo puede ser rescindido durante el período definido en I del artículo 1, o cuando se renueva en ausencia de denuncia dentro de dicho período, el plazo se prorroga en dos meses después de la finalización de éste.
Sin embargo, más allá de estas posibilidades ofrecidas temporalmente por el ejecutivo debido a la situación de crisis sanitaria, existen mecanismos en el derecho común que permiten, en caso de una situación excepcional, la adaptación de las obligaciones contractuales.
2/ Mecanismos de derecho común existentes
Como se ha señalado en un artículo anterior (véase https://abogado-en-francia.com/2020/03/31/la-fuerza-mayor-en-los-contratos-en-francia-y-su-aplicacion-en-el-mundo-del-deporte/), existe fuerza mayor en las cuestiones relativas a un contrato cuando un acontecimiento ajeno al deudor, que no podía preverse razonablemente en el momento de la celebración del contrato y cuyos efectos no pueden evitarse mediante medidas apropiadas, impide el cumplimiento de la obligación por parte del deudor.
No obstante, salvo disposición contraria de los poderes públicos, la fuerza mayor no puede aplicarse sistemáticamente de manera que lleve, para todas las empresas, a la suspensión del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se requiere una evaluación caso por caso. La fuerza mayor es, por lo tanto, un medio que debe manejarse con cautela, aunque permite suspender el cumplimiento de las obligaciones contractuales a las que afecta.
Las “circunstancias imprevistas”
Las “circunstancias imprevistas” fue una de las novedades introducidas por la reforma del derecho contractual del 10 de febrero de 2016. El artículo 1195 del Código Civil lo consagra en los siguientes términos:
“Si un cambio de circunstancias imprevisible en el momento de la celebración del contrato hace que el cumplimiento sea excesivamente oneroso para una parte que no había aceptado asumir el riesgo, ésta podrá solicitar a su cocontratante una renegociación del contrato. La parte solicitante seguirá cumpliendo sus obligaciones durante el proceso. Si la renegociación se rechaza o fracasa, las partes pueden acordar la terminación del contrato, en la fecha y en las condiciones que determinen, o pueden solicitar al tribunal que lo adapte de mutuo acuerdo. Si no se llega a un acuerdo en un plazo razonable, el tribunal podrá, a petición de una de las partes, revisar o rescindir el contrato, en la fecha y en las condiciones que determine.”
El cumplimiento del contrato no debe ponerse en peligro, pero no debe resultar excesivamente oneroso por circunstancias imprevistas.
Dado que el criterio de “excesivamente oneroso” es subjetivo, existe, pues, un fuerte riesgo de que el límite de ésto sea una fuente de inseguridad y no constituya una base suficientemente sólida para que la parte contratante que desee aprovechar circunstancias imprevistas imponga una renegociación del contrato a la otra parte o, en última instancia, pida al tribunal que lo revise o lo rescinda. Cabe destacar y subrayar que las “circunstancias imprevistas” no permiten suspender o detener el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato al que afecta. Esta es la gran diferencia con la fuerza mayor. Para que el suceso imprevisto permita al deudor liberarse del cumplimiento total o parcial de sus obligaciones, se requiere el acuerdo de su cocontratante o una decisión del tribunal.
El alegato de incumplimiento
Una parte puede negarse a cumplir su obligación, aunque sea debida, si la otra parte no cumple su propia obligación y el incumplimiento es suficientemente grave. Esta establecido en el artículo 1219 del Código Civil. Por lo tanto, la obligación que no se ha cumplido debe ser esencial y su incumplimiento debe dar lugar a graves consecuencias.
Puede tratarse del incumplimiento de varias obligaciones, que tomadas individualmente no presentarían un criterio de gravedad. Por otra parte, el incumplimiento en su conjunto podría tener graves consecuencias, como la de arruinar la economía del contrato.
La excepción por riesgo de incumplimiento
El artículo 1220 del Código Civil dice:
“Una parte podrá suspender el cumplimiento de su obligación tan pronto como sea evidente que su cocontratante no cumplirá en la fecha prevista y que las consecuencias de ese incumplimiento son suficientemente graves para ella.”
Para poder aprovechar el texto y suspender sus propias obligaciones, es necesario estar casi seguro de que el socio no respetará sus compromisos y probarlo. Un mero temor, una presunción de hecho no fundamentada o una probabilidad, por más plausible que sea, no bastarán para poner en marcha eficazmente este mecanismo de suspensión de las obligaciones contractuales.
En cualquier caso, los artículos 1219 y 1220 del Código Civil no prevén el carácter de orden público. Por lo tanto, las partes pueden ajustar a priori contractualmente los principios que establecen. Será necesario entonces estar atento al contenido del contrato.
La denuncia del caso de fuerza mayor, de circunstancias imprevisibles, de excepción de incumplimiento o de riesgo de incumplimiento, según el caso elegido, debe hacerse mediante la notificación prevista en el contrato, en su defecto, por el derecho común, es decir, por carta certificada con acuse de recibo, o incluso por notificación por un agente judicial si el cocontratante no se presenta en la oficina de correos para recoger la carta o simplemente si la rechaza.
El Código Civil establece, en su nueva redacción resultante de la reforma del derecho contractual, una norma general para la protección de los contratistas contra las cláusulas abusivas. El artículo 1171 del Código Civil penaliza las cláusulas de un contrato de adhesión que crean un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes. Aunque el legislador ha generalizado este mecanismo de lucha contra las cláusulas abusivas, la sanción de éstas no era desconocida en el derecho sustantivo, ya que el derecho del consumidor y el derecho de la competencia ya permitían impugnar ciertas disposiciones que afectaban al equilibrio del contrato.
El presente artículo, redactado en el contexto de la actual crisis sanitaria, pero que de hecho podría aplicarse de manera más general, es una prueba más de que la cuestión de la inserción y redacción de cláusulas que prevean la ocurrencia de acontecimientos imprevisibles, no debe descuidarse durante las negociaciones de un contrato, en cualquier ámbito que sea (no solo en derecho comercial sino también en derecho deportivo, propiedad intelectual etc.)
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References: artículo 4
 artículo 1
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 artículo 4
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 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1195
 artículo 1219
 artículo 1220
 artículo 1171
 resolución