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Timestamp: 2019-09-17 04:53:47+00:00

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﻿ SENTENCIA 18031 DE MARZO 11 DE 2003
SENTENCIA 18031 DE 11 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:PREVARICATO POR ACCIÓN. REALIZACIÓN TÍPICA. ES NECESARIO QUE SE PRESENTE UNA CONTRADICCIÓN CLARA Y EVIDENTE.
Sentencia 18031 de marzo 11 de 2003
Proceso Nº 18031
No habiendo sido aceptada la ponencia que inicialmente presentara el magistrado Pérez Pinzón, procede, de acuerdo con el criterio de mayoría, decidir la impugnación interpuesta por el apoderado de la parte civil y el fiscal 1º delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla contra la sentencia dictada por una Sala de Decisión Penal de esa corporación, mediante la cual absolvió a la doctora Diana Beatriz Miller Villa del cargo de prevaricato por acción.
La doctora Diana Beatriz Miller Villa, Juez 2ª laboral del circuito de Barranquilla, libró mandamiento de pago contra la Empresa de Licores del Atlántico dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por Javier Fandiño y otros, providencia que fue notificada personalmente a la doctora Martha Esperanza Peñaloza Zárate en su calidad de gerente liquidadora de la empresa.
La doctora Peñaloza confirió poder para que un abogado representara a la entidad en ese proceso, quien oportunamente interpuso recursos de reposición y apelación contra el mencionado auto, formuló excepciones y propuso un incidente de prejudicialidad penal.
La juez Miller Villa, sin embargo, no reconoció personería al apoderado porque no anexó al acta de posesión la resolución de nombramiento de su poderdante. Intentó recurrir de hecho el abogado, pero la funcionaria rechazó la solicitud de copias.
El 10 de febrero de 1994 la juez ordenó entregar a los demandantes el título bancario que por valor de 130 millones de pesos fue consignado en ese proceso.
Por estos hechos, la doctora Peñaloza Zárate formuló denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación (fl. 1 C.1). Su conocimiento correspondió al fiscal 1º delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla, quien por resolución del 28 de abril de 1994 ordenó iniciar investigación previa (fl. 11) y posteriormente, el 28 de octubre del mismo año, la apertura de instrucción (fl. 94).
La Gobernación del departamento del Atlántico formuló demanda de constitución en parte civil (fl. 109), que fue admitida por la fiscalía el 21 de noviembre de 1994 (fl. 122).
El 20 de abril de 1995 la doctora Miller Villa fue escuchada en indagatoria (fl. 142) y el 23 de octubre de 1998 se precluyó la investigación (fl. 230), decisión que fue revocada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en resolución que no obra en el expediente pero que se adoptó el 17 de marzo de 1999 según se expresa en la constancia del 20 de abril del mismo año (fl. 284), la que informa que se decretó la detención preventiva de la sindicada y se le concedió el beneficio de excarcelación.
Después de ser oída en ampliación de indagatoria, el 10 de mayo de 1999 (fl. 292), se clausuró el ciclo investigativo (fl. 299) y se calificó su mérito el 3 de agosto siguiente con resolución de acusación por el delito de prevaricato por acción (fl. 333), providencia confirmada el 19 de noviembre del mismo año (fl. 2 cuaderno de 2ª instancia).
Concluida la audiencia pública que se iniciara el 4 de abril de 2000 (fl. 88 C.2) y se extendiera hasta el 28 de junio (fl. 207), el Tribunal Superior de Barranquilla dictó sentencia absolutoria el 9 de noviembre de 2000. Contra esta decisión interpusieron recurso de apelación el apoderado de la parte civil (fl. 362) y el fiscal delegado (fl. 372).
El tribunal absolvió la procesada con fundamento en las siguientes razones:
1. No existe ninguna norma en el Código de Procedimiento Laboral que regule expresamente el tema de la representación de las personas de derecho público, pues los artículos 36 y 61 del Código Procesal del Trabajo citados por la fiscalía en la resolución de acusación aluden en realidad a una eximente probatoria concedida al demandante, el primero, y a la sana crítica en la valoración de las pruebas, el segundo.
2. La solución, entonces, debía hallarse por fuera del estatuto procesal del trabajo. Así lo hizo la juez acusada, quien acudió al artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, que tiene relación tangencial con el tema en cuanto expresa que las entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para intervenir en los procesos en que sean parte. Esta norma, sin embargo, tampoco da solución precisa al punto.
3. La decisión de la acusada no está en contradicción con el artículo 36 Código Procesal del Trabajo, como que a falta de solución legal esta es una de las opciones válidas que podrían adoptarse sin desbordar los marcos del ordenamiento. Inclusive, la posición asumida por la juez coincide con la expresada por reconocido tratadista nacional y con el criterio actual de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, basado en una providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. De donde surge que si existe discusión jurídica sobre este particular, la providencia no puede tacharse como manifiestamente contraria a la ley.
4. Los indicios a partir de los cuales la fiscalía sustenta el actuar doloso de la funcionaria no son de recibo, porque “ni la experiencia, ni lo aparentemente sencillo del asunto, ni los antecedentes, pueden enervar la explicación que surge del cambio de criterio del juzgador, menos, si este se ampara en una jurisprudencia por antigua que esta sea”.
La propia fiscalía aceptó que las pruebas practicadas en el juicio habían desvirtuado el más poderoso indicio que se tenía sobre el torcido proceder de la juez, porque en realidad ella no cambió su criterio sobre la forma como se acreditaba la representación de las entidades públicas sólo en este asunto sino a partir de ese caso y lo siguió aplicando a los posteriores.
5. Tan cierto que se trata simplemente de una diversidad interpretativa, que la Sala Laboral que desató el recurso de hecho y ordenó el reconocimiento de personería al apoderado de la Licorera del Atlántico por entender que el acta de posesión era suficiente documento para acreditar la calidad de representante legal de la entidad, es diferente de otras que han coincidido con el punto de vista expresado por la juez en su providencia del 13 de diciembre de 1993.
Que en las sentencias de tutela se catalogaran como arbitrario el auto mediante el cual negó el recurso de hecho y no accedió a la expedición de copias, en nada afecta las reflexiones anteriores porque esas decisiones, como lo aceptó la propia fiscalía, son accesorias.
6. La posterior confirmación por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla de la providencia que reconoció el derecho de los trabajadores demandantes, desvirtúa la acusación en el sentido de que la procesada temía que el superior conociera su irregular proceder.
3. Razones de los impugnantes.
3.1. Para el apoderado de la parte civil la sentencia resulta equivocada, porque si en realidad la diversidad interpretativa permite que la representación de las entidades de derecho público se pueda establecer de diversas maneras en tanto la ley no exige una específica y solemne prueba, la decisión adoptada por la procesada es manifiestamente contraria a la ley por exigir un especial y único medio de convicción, con lo que “solemnizó la prueba”. Insiste en que la juez debió aceptar el documento aducido por el apoderado de la licorera, admitido por ella misma en ocasiones anteriores.
3.2. El fiscal delegado también solicita la revocatoria de la sentencia absolutoria. Al reclamar un fallo de condena, sostiene:
3.2.1. Que la exigencia del decreto de nombramiento de quien otorgó el poder al abogado de la entidad demandada invocando una norma que ni siquiera hace referencia a esa prueba, constituye una arbitraria, inapropiada e indebida aplicación del artículo 64 del estatuto procesal civil, en lugar del artículo 36 del laboral que sí regula la materia.
3.2.2. Que el acta de posesión aportada es un documento público que se presume auténtico y hace fe de su contenido, de manera que su falsedad o su falta de idoneidad para acreditar la representación de la empresa correspondía proponerla a la parte demandante. De ahí que resulte manifiestamente contraria a la ley la exigencia adicional del decreto de nombramiento hecha por la juez, con lo que impidió a la demandada hacerse parte en el proceso y ejercer su derecho de defensa.
3.2.3. Que la jurisprudencia invocada por la sindicada en la ampliación de indagatoria para justificar su decisión apenas enuncia algunos mecanismos aptos para probar la calidad de representante legal de una persona de derecho público, entre los cuales se mencionan el derecho de nombramiento y el acta de posesión.
Tan suficiente fue la prueba aportada por el apoderado de la demandada, que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, al decidir el recurso de hecho que por un fallo de tutela se debió examinar, ordenó a la juez que reconociera la personería de aquél y concediera el recurso de apelación interpuesto contra el auto que libraba mandamiento de pago.
3.2.4. A pesar de haber sido advertida del error por el propio apoderado, la sindicada persistió en su posición incluso cuando se pronunció sobre el recurso de hecho y negó la expedición de las copias necesarias para su trámite, exigiendo el mismo documento cuya innecesariedad se planteaba precisamente en el recurso de apelación no concedido, con lo cual pretendió impedir que el Tribunal examinara el punto, haciendo evidente su torcido proceder.
3.2.5. La posterior compulsación de copias para tramitar el recurso de hecho no desvirtúa el indicio grave que emerge contra la sindicada, como equivocadamente lo entendió el a quo, porque ella no obedeció a su propia decisión sino a un fallo de tutela.
3.2.6. Existe arbitrariedad no sólo en la inicial providencia del 13 de diciembre de 1993 sino también en las que con posterioridad adoptó para impedir la revisión de aquella por la segunda instancia. Con todo, la pluralidad de actos ilegales configura sólo un delito de prevaricato porque las decisiones aparecen enlazadas en búsqueda del mismo y único propósito de apartarse ostensiblemente de la ley.
3.2.7. Los indicios que permiten predicar la responsabilidad de la juez, son los siguientes:
3.2.7.1. La experiencia de más de 8 años de servicio en el mismo cargo, en el que conoció situaciones similares y aceptó la personería jurídica con prueba similar a la que se aportó en ese proceso, de manera que se deduce su culpabilidad dolosa porque la violación de la ley fue consciente y buscada.
3.2.7.2. La negativa a compulsar las copias requeridas para tramitar el recuso de hecho, lo cual revela su voluntad de que el asunto no fuera conocido por su superior jerárquico. El indicio no se demerita, como equivocadamente lo entendió el Tribunal, porque hubiera sido confirmado el auto que libraba mandamiento de pago, pues esto es totalmente independiente de la conducta atribuida a la procesada.
Haciendo uso del traslado a los sujetos no recurrentes, el defensor de la procesada solicita la confirmación del fallo por las siguientes razones:
4.1. La inexistencia de una norma que regule expresamente el tema de la prueba de la representación de las personas de derecho público, exige sin duda que se haga una interpretación sistemática para valorar la decisión de la juez y determinar si obró o no de manera manifiestamente contraria a la ley. Así procedió el Tribunal Superior para concluir que la providencia cuestionada no está en contradicción con el ordenamiento jurídico.
4.2. El artículo 64 del Código de Procedimiento Civil sí es norma aplicable al caso y, en tanto regula la constitución de apoderados de las entidades de derecho público, era la disposición de la cual se debía partir. El punto exacto de la controversia alude a la forma como el representante legal de estas entidades debe designar apoderado, cuestión que no prevé el citado artículo. En cambio, el artículo 61 del CPT dice que la calidad de representante se puede acreditar con cualquier medio de ley. No es contrario entonces al artículo 64 que se exija el acta de posesión o el decreto de nombramiento o ambos.
4.3. La procesada dice que venía reconociendo personería a los abogados de las entidades públicas con la sola presentación del poder y del acta de posesión, pero varió el criterio después de conocer una providencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la que dedujo que se requerían el decreto de nombramiento, el acta de posesión y el certificado de ejercicio del cargo. Ella continuó exigiendo los dos primeros.
Para la defensa, la citada jurisprudencia distingue el caso de notificación del representante de la entidad, en el cual es suficiente la constancia secretarial de haberse cumplido ese acto, del poder que se otorga invocando aquella calidad porque en este evento es indispensable acreditarla aportando copia de los tres documentos mencionados.
En consecuencia, esta exigencia no riñe con el artículo 61 del CPT y lo que en verdad ocurrió fue que se integraron normas y jurisprudencia. Que la decisión no se comparta ahora, no significa que no sea la expresión de un criterio hermenéutico o que desconozca la ley.
Afirmar que la providencia es manifiestamente contraria a la ley, supondría la existencia de un texto que de manera expresa dijera que la calidad de representante legal sólo se prueba con el acta de posesión.
4.4. Algunas decisiones de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla siguieron la misma pauta interpretativa que tuvo en cuenta la juez procesada, acorde con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte.
4.5. Si la manifiesta contradicción con la ley implica que sea tan evidente que se presente a la vista de todos, el hecho de tener el fiscal instructor una opinión diferente al momento de definir la situación jurídica, así como la decisión del a quo que no encuentra palpable el desconocimiento de la ley, permiten concluir que la presunta oposición a la ley no es ostensible.
4.6. Si, como lo ha aceptado la fiscalía, los pronunciamientos posteriores al auto de diciembre 13 de 1993 son su consecuencia, concluir la atipicidad de la conducta relacionada con este implica que también son atípicos los demás comportamientos.
Estas subsiguientes decisiones tienen un fundamento lógico, porque se sustentan todas en la obstinación del abogado en no presentar el decreto de nombramiento de su poderdante. Esto explica que no se repusiera la providencia inicial, que no se concediera el recurso de apelación y que se negara la expedición de copias, decisiones que podrían catalogarse como formalistas en extremo, pero que no son contrarias a la ley y mucho menos de manera manifiesta, porque los artículos 348 a 350 del Código de Procedimiento Civil, enseñan que tanto la reposición como la apelación sólo pueden ser interpuestas por quienes tienen la calidad de parte, lo que no se había probado en este proceso.
4.7. Tampoco es de recibo la afirmación de que el abogado advirtió a la juez de la ilegalidad de su decisión, porque si esta se apoyaba en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, no tenía que cambiar de criterio. Esto demuestra, además, su convencimiento de estar procediendo legalmente.
4.8. No es aceptable que la experiencia de la juez se constituya en un indicio de responsabilidad, pues su actuación se basó en la orientación jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
4.9. Aunque insiste en que, como lo resolvió la primera instancia, la conducta es atípica y por lo tanto no hay necesidad de examinar la culpabilidad, para la defensa no hay duda de que interpretación legal y dolo se excluyen. Se podría hablar de error en la interpretación, pero no de dolo. Si la funcionaria actúa convencida de hacerlo conforme a la ley, es obvio que no obra en contravía del ordenamiento jurídico.
4.10. Considera la defensa que existe un error de tipo, porque el yerro hace relación a uno de los elementos de la descripción legal del delito. Sin embargo, desde otra perspectiva podría considerárselo también como error de prohibición, por referirse a una especial valoración jurídica o interpretativa.
En todo caso el error es invencible, porque no se podía, superar ni aun con mediano cuidado, ya que cualquier persona que hubiere leído la providencia de la Sala de Casación Laboral hubiese llegado a idéntica conclusión a la que arribó la funcionaria. Y aun si el error fuera vencible, en tanto error sería un actuar culposo y por lo mismo atípico.
1. Si se toma en cuenta que la sentencia objeto de recurso fue proferida por un tribunal superior de distrito judicial en proceso que adelanta contra una juez de la República por hechos vinculados con su cargo, es la Corte competente para desatar la alzada, de conformidad con el artículo 75, numeral 3º, del Código de Procedimiento Penal.
2. La doctora Diana Beatriz Miller Villa, Juez 2ª Laboral del Circuito de Barranquilla ha sido acusada como autora del delito de prevaricato por acción, que define y sanciona el artículo 149 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos —aplicable en razón del principio de favorabilidad por establecer penas menos graves que los artículos 28 de la Ley 190 de 1995 y 413 de la Ley 600 de 2000— de la siguiente manera:
“Prevaricato por acción. El empleado oficial que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrarios a la ley, incurrirá en prisión de 1 a 5 años e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término”.
Este delito, según resulta de la anterior preceptiva, se configura cuando el servidor público, en ejercicio de las funciones oficialmente discernidas, profiere resolución o dictamen ostensiblemente contrario a la norma jurídica aplicable al caso, haciendo prevalecer su capricho, y afectando de este modo la integridad del ordenamiento jurídico y de la administración pública a cuyo nombre actúa.
Acogiendo el sentido del mandato de ser los actos de la autoridad “manifiestamente contrarios a la ley”, no configura realización del tipo penal, entonces, cualquier error en que incurra el funcionario. Se requiere, como viene en juzgarlo la Sala (Cfr. Sent. sep. 3/2002, Rad. 15513), que entre lo que decidió o dictaminó, y la ley o el derecho aplicable, se presente contradicción clara y evidente.
Con tal alcance, lo primero que se debe examinar en punto de la realización típica y su trascendencia social y jurídica, es si la resolución o el dictamen traslucen ruptura patente y grave con lo mandado por la ley, lo cual encuentra comprobación a través del examen de la decisión y la norma(s) contenida(s) en las disposiciones aplicables al caso; en el mismo plano de comprobación, de acreditar si el funcionario, de acuerdo con la información disponible al momento de adoptar la determinación, estaba en posibilidad real de haber podido ajustar el ejercicio de su competencia al ordenamiento jurídico y, por tanto, si tenía conciencia del carácter delictivo del comportamiento y, a pesar de ello, voluntariamente optó por realizar la prohibición típica.
En el sub judice, se conoce que una vez notificada del mandamiento de pago de 4 de octubre de 1993, la doctora Martha E. Peñaloza Zárate, a título de gerente liquidadora de la Empresa de Licores del Atlántico, otorgó poder al doctor Orlando Capella García, documento al cual anexó copia del acta de posesión.
Con base en el poder otorgado y copia anterior, el togado presentó escrito en el interpuso recurso de reposición —y subsidiario de apelación— con la pretensión por que fuera revocado el mandamiento del pago, alegando inexistencia del título ejecutivo.
En decisión de lo anterior, la juez acusada profirió el proveído que la Fiscalía califica de ostensiblemente contrario a la ley, en el cual, con fundamento en el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de reconocer personería al profesional del derecho y niega el recurso de apelación, aduciendo que la demanda no había acreditado su nombramiento como gerente de la Empresa de licores, del Atlántico, pues únicamente había acompañado copia del acta de posición, y no la resolución de nombramiento.
Dentro del término de ley, el abogado interpuso recurso de reposición contra la anterior determinación —y subsidiaria apelación— y solicitó copias de la providencia recurrida para acudir ante el superior por la vía del recurso de hecho.
La funcionaria respondió el 27 de enero de 1994 que, como en esta oportunidad tampoco había sido aportada la resolución de nombramiento de la doctora Peñaloza Zárate, se abstenía de pronunciarse sobre lo pedido; determinación contra la cual el apoderado interpuso recurso de reposición y subsidiariamente demandó la expedición de copias de la providencia recurrida para interponer el recurso de hecho, anexando en memorial separado el valor de las copias.
En pronunciamiento posterior, al funcionaria contestó que como el profesional seguía insistiendo y no aportaba copia de la resolución de nombramiento, “este despacho seguía absteniéndose de decidir los escritos presentados, por carecer de personería para actuar en el presente proceso, en representación de la demandada; a su vez negará la expedición de copias solicitadas y ordenará la devolución por la secretaría de los $ 3000 pesos aportados, puesto que el recurso de hecho tampoco es procedente, ya que carece de personería jurídica para actuar”.
En la resolución de acusación de segunda instancia se reprocha a la juez haber decidido con fundamento en un precepto —art. 64 del Código de Procedimiento Civil— que no exige requisitos para demostrar la calidad de representante de una persona de derecho público, e igualmente compeler al cumplimiento de condiciones no previstas en ninguna disposición, de lo que deduce la Fiscalía el carácter manifiesto de la contrariedad entre la actuación oficial y la preceptiva del derecho.
Si bien es cierto que el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil no señala expresamente la forma de acreditar la representación legal de una entidad de derecho público, también lo es que la funcionaria, ante la ausencia de norma que regulará la situación, acudió al principio de integración para fijar el sentido y alcance del precepto que estimó más apropiado, en orden a señalar que en tratándose de gerentes de establecimientos públicos se debe acreditar la representación a través de la resolución de nombramiento y la respectiva acta de posesión.
La inexistencia de norma expresa en la legislación laboral, condujo precisamente a la juez a apoyar su decisión en la citada preceptiva, la cual dispone:
“Apoderados de las entidades de derecho público. La Nación y demás entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean partes, siempre que sus representantes administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias análogas.
“Constituirán apoderados el representante de la entidad que no sea abogado, salvo el caso del personero municipal, y aquel que deba representar a otra entidad con interés opuesto.
“Los gobernadores, intendentes y comisarios, aunque sean abogados inscritos, deberán actuar por medio de apoderado, si el proceso se adelanta fuera de sus sede”.
Del examen del proveído calendado el 3 de diciembre de 1993 se establece que la funcionaria cita los dos primeros incisos para inferir a continuación, la exigencia que se cuestiona, sin que se pueda afirmar válidamente, como se asegura en la ponencia derrotada, que agregó un nuevo inciso a la preceptiva, pues la frase no aparece entrecomillada, y menos consigna indicación precisa en este sentido; simplemente, como extracto de la norma, señala a continuación, antes de la conclusión final, que para hacerse parte legalmente en un proceso, en los casos de establecimientos públicos, se debe acreditar la calidad de gerente, representante o director a través de la resolución de nombramiento y la respectiva acta de posesión.
Ello con el fin de resaltar que se trata de una postura que la juez acusada adoptó frente al vacío existente en las legislaciones laboral y civil acerca de la forma como se debe acreditar al calidad de representante legal de una entidad de derecho público, pues la verdad es que ninguna de las preceptivas citadas insistentemente por el delegado de la fiscalía y el representante de la parte civil se refieren expresamente el tema, como para concluir que la procesada debía aplicarlas en forma referente al artículo 64 citado.
En efecto; en la resolución de acusación de segunda instancia se hace una interpretación sistemática de la postura más admisible sobre la prueba de la representación, —no por ello única y excluyente — a partir de señalar el sentido y alcance de los artículos 122 inciso 2º de la Constitución Política, 25 del Código de Régimen Político y Municipal y 4 del Decreto 2400 de 1968, para concluir no sólo a partir de la posesión se adquiere la calidad de servidor público.
Con apoyo en este marco jurídico se reprocha entonces a la juez que haya dejado de aplicar los artículos 34 del CPT y 44 del Código de Procedimiento Civil, y según el fiscal recurrente, así mismo, el artículo 36 del estatuto procesal del trabajo.
Ninguna de las citadas disposiciones, empero, señala expresamente la forma de acreditar la calidad de representante legal de una entidad de derecho público, como se advierte de la simple constatación de su contenido.
Mientras el artículo 4º del Decreto 2400 de 1968 hace relación a los requisitos exigidos para ejercer un empleo de la rama ejecutiva del poder público, y el 25 del Código de Régimen Público y Municipal trata materia diferente, las restantes preceptivas son del siguiente tener:
Artículo 122, inciso 2º, de la Constitución Política:
Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil (con las modificaciones introducidas por el artículo 1.16 del Decreto 2282 de 1989):
“Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. Toda persona natural o jurídica puede ser parte de un proceso.
Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso de personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales.
Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos”.
Y, del código procesal del trabajo:
“Representación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas comparecerán en juicio por medio de sus representantes constitucionales, legales o convencionales, según el caso”.
“Prueba de la personería. El demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la personería jurídica entre la cual va dirigida ni lo de la calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que el juicio se debata como cuestión principal este punto.
La parte demandada, cuando fuere una persona jurídica de derecho privado, al contestar la demanda podrá acreditar su existencia, lo mismo que la calidad de su representante de ella que invoque quien actúe en su nombre, con las pruebas que señale la ley.
Si el juicio se ha adelantado sin que se presenta la prueba mencionada y no ha habido controversia sobre el particular, el juez decidirá sin consideración a la falta de esta prueba”.
“Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.
“En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.
Prima facie, entonces, no puede concluirse que la determinación adoptada por la juez resulte abiertamente contraria a la preceptiva legal, pues ninguna de las normas transcritas señalan expresamente que, al revés de lo afirmado por la funcionaria, basta el acta de posesión para demostrar la representación de la parte demandada, si lo que se trata es de señalar que ellas las contrarió abiertamente al inaplicarlas.
Es que ni siquiera el artículo 36 del Código Procesal Laboral, donde cree encontrar el representante de la parte civil la respuesta para que la juez hubiera decidido sin consideración al la ausencia de la resolución de nombramiento, resulta aplicable al caso, pues el precepto se refiere a la prueba de la representación de las personas jurídicas de derecho privado, cuando fungen como parte demandada.
En punto de la necesidad de demostrar la evidente contrariedad de la decisión con el ordenamiento, no basta con elaborar la interpretación más razonable o admisible, aludiendo a la “elemental interpretación sistemática de normas” a la que “debió acudir la funcionaria acusada”, cuando ni siquiera las preceptivas seleccionadas por virtud del principio de integración hacen evidente la solución, siendo, por tanto, necesario desentrañar el sentido y el alcance de las disposiciones que comprenden el marco jurídico a tener en cuenta en este evento, incluida la citada por la funcionaria.
Repárese al efecto que la jurisprudencia, criterio auxiliar de la actividad judicial a voces del segundo inciso del artículo 230 de la Constitución Política, no ha sido pacífica sobre el tema, al punto que desde antiguo viene en exigir no uno sino tres requisitos para demostrar la representación, y hoy, al menos en lo tocante a algunas salas de decisión laboral del tribunal de Barranquilla, esa posición ha sido retomada.
Es verdad que antes del 13 de diciembre de 1993, la juez Miller Villa consideraba suficiente el acta de posición como prueba de la representación legal de una entidad de derecho público, tal como se establece de al inspección judicial practicada a actuaciones suyas en diferentes expedientes (fl. 136, co. 1) y con las copias obrantes en el cuaderno del anexo 3, incluso en relación con procesos dentro de los cuales la empresa de licores fungió como parte demandada; e igualmente, que en el caso que nos ocupa había ordenado la notificación del mandamiento de pago a la gerente como representante de la empresa, con fundamento en la sola identificación que hicieron los demandantes.
Explicó la procesada en su indagatoria, empero, que la posición que adoptó a partir del auto de esa fecha, en el sentido de exigir la prueba de la representación legal a través, de la resolución de nombramiento y el acta de posesión, encuentra apoyo en jurisprudencia laboral, no siendo arbitrario o injusto que haya variado su postura sobre el tema (fl. 144). Desde luego que en la providencia cuestionada no dijo de manera categórica y manifiesta que cambiaba el criterio que había mantenido, pero, como se verá más adelante, ello no puede tomarse como indicio en su contra.
La jurisprudencia a la que se refiere la acusada corresponde a la dictada por el Tribunal Supremo del trabajo el 8 de abril de 1948, cuya copia fue aportada en ampliación de indagatoria (fls. 292 a 298 del c.o. 1), en la cual al fijar la forma y condiciones de representación de los gobernadores, esa colegiatura afirmó concretamente:
“Y es así, por que la calidad de gobernador se demuestra de muy distintas maneras para ello son necesarias copias auténticas del decreto de nombramiento, del acta de posesión y certificado del ministerio de ramo de que se está en ejercicio del cargo. Así se desprende de las respectivas disposiciones legales del Código de Régimen Político y municipal que exigen para adquirir la calidad de empleado público, el nombramiento, la posesión y el ejercicio del cargo (arts. 241 y ss.)”.
En tal pronunciamiento, el tribunal supremo se abstuvo de reconocer personería a un abogado que había recibido el poder del gobernador de Antioquia, y si bien en la parte motiva, señaló a continuación que el poderdante no había acompañado prueba de ninguna naturaleza, ni siquiera un principio de prueba de que en verdad desempeñaba las funciones de gobernador, ello no significa, como se insinúa en la ponencia derrotada que en el fallo se dejara de señalar pautas concretas en relación con la forma de demostrar la representación legal de una entidad de derecho público, pues esa corporación fue expresa en señalar que para probar esa calidad “sean “son necesarias” copias auténticas de los documentos citados según infiere de los artículos 241 y ss. del Código de Régimen Político y Municipal, no dejando dudas acerca de la exigencia total de los tres requisitos.
Así en principio la funcionaria hubiese adoptado criterio diferente, esto es el de aceptar únicamente el acta de posición como prueba fidedigna del desempeño del cargo, no resulta válida la posición de los recurrentes en el sentido de sostener que la juez desconoció abiertamente la ley aplicable al caso, pues la razonabilidad de la nueva postura se prueba con la circunstancia de que algunas salas de decisión salarial del Tribunal Superior de Barranquilla retomaron en providencias de 15, 19 y 29 de julio de 1999 y 27 de enero de 2000 la línea jurisprudencial trazada por aquél (fl. 25 y ss., c.o. 2), coincidiendo en este punto con la funcionaria. Se concluye de allí que el punto no está suficientemente claro en la jurisprudencia laboral y la posición que en uno u otro sentido se asuma depende de la interpretación que haga el funcionario judicial, válida en todo caso porque no desborda los límites señalados por el ordenamiento jurídico.
No se niega la Sala que en materia laboral existe libertad probatoria, pues así se establece del contenido del artículo 61 del estatuto procesal de la materia, y, por tanto, la solución que postula la fiscalía y el representante de la parte civil, incluso la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla que resolvió el recurso de hecho en auto de 17 de mayo de 1995, se advierte como la más razonable, en el sentido de señalar con fundamento especialmente en esta preceptiva que no se requería el decreto de nombramiento para demostrar la representación de la gerente liquidadora de la Empresa de Licores del Atlántico.
Lo anterior no significa, sin embargo, que el criterio adoptado por la juez acusada a partir del auto de 13 de diciembre de 1993 no corresponda a una solución plausible que se encuadre en los más amplios marcos del derecho vigente.
Los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes, y en sus providencias, tal como lo previene el artículo 230 de la Constitución Política, “solo están sometidos al imperio de la ley”, principio elevado a la categoría superior por la Carta de 1991 y que impone un límite ineludible a las actuaciones válidas del funcionario judicial en todo estado social de derecho con soberanía popular, como el colombiano.
Cuando en ejercicio de la función de administrar justicia el juez interpreta la ley, evaluando los elementos de juicio aportados al proceso y siguiendo su criterio, no puede configurarse quebrantamiento alguno del orden jurídico. Y, si dentro de esta función esencialmente dialéctica, sujeta a modificaciones producto, entre otros factores, de los cambios sociales y doctrinales, el funcionario se equivoca, no por ello incurre en prevaricato.
En esa medida, la labor de quien está encargado de examinar la conducta del juez, debe concretarse a examinar si la providencia que se acusa de transgresora del ordenamiento desconoció en forma protuberante y ostensible la preceptiva que debía aplicar al caso, tarea que se torna aún más exigente si la norma no es diáfana en expresarlo, o existe algún vacío, y requiere del operador jurídico que fije su sentido y alcance, ya sea mediante la integración de otros ordenamientos o el apoyo de fuentes.
La jurisprudencia de la Corte, a propósito del tema, ha sido copiosa en señalar que cuando se imputa a un funcionario el delito de prevaricato, no es necesario examinar si la interpretación dada por él a las normas que le sirvieron de sustento a sus proveídos fueron o no correctamente aplicadas desde el punto de vista de la certeza jurídica, pues lo que hay que indagar es si el funcionario emite providencias cuya ilegalidad es manifiesta, o si conculca arbitrariamente el derecho ajeno, o si mañosamente hace decir a la ley lo que ella no expresa; así mismo, que si el sentido literal de la norma y la específica finalidad de un texto legal no son suficientemente claros, mientras este es complejo, o por su confusa redacción admite interpretaciones discordantes, no es posible hablar de un comportamiento manifiestamente ilegal; no basta una interpretación normativa diversa de la predominante para concluir que se está frente al delito; y no constituye prevaricato la interpretación desafortunada de las normas ni el desacierto de una determinación, pues el delito implica la existencia objetiva de un texto abiertamente opuesto a lo ordenado o autorizado por la ley (Cfr. Fallos jul. 10/80, ago. 16/83, mayo 22/84, feb. 13/91 y mar. 2/93, entre otros).
En ese orden, la tarea de juzgar la conducta de la funcionaria se torna asaz exigente, pues no se trata de verificar simplemente si aplicó o inaplicó normas literalmente claras y expresas, sino de abordar un asunto más complejo que tiene que ver con la facultad discernida a los jueces, de optar, entre las diversas soluciones posibles, por la que en su recto criterio encuentre ajustada al caso sometido a su conocimiento y definición.
Ciertamente, el funcionario judicial que desconoce de modo abierto el contenido de una norma que por su claridad no puede ser interpretada en más de un sentido, comete prevaricato, pues como se ha dicho el juez por mandato constitucional está sometido al imperio de la ley.
En el proceso de aplicación de una norma, el primer paso que debe asumir el operador jurídico es la interpretación, tarea que supone un proceso complejo de operaciones intelectuales encaminadas a individualizar su significado, cuyo resultado depende en gran medida de la posición asumida por el intérprete, cualquiera sea el grado de complejidad con que aparezca formulado su enunciado.
En ese proceso de intelección, no resulta extraño que el funcionario judicial incurra en equivocaciones respecto del sentido y alcance de las disposiciones que conforman el marco jurídico aplicable al caso, y en tales condiciones, hablar de manifiesta contrariedad de la decisión con la ley, resulta un imposible pues —se itera— los jueces gozan en Colombia de la autonomía funcional consagrada en el artículo 230 para interpretar la ley, función que, por supuesto, incluye la posibilidad de cambiar de criterio, pues exigirle que mantenga inalterable su postura e imponerle la obligación de fallar irrestrictamente en al misma forma, implica una restricción a ese principio superior.
Es claro, desde luego, que este principio, en donde los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley, se materializa en el deber que tiene el funcionario judicial de justificar sus providencias y motivar, cuando ello ocurra, el cambio de criterio. Sin embargo, no siempre será indispensable que el juez expresamente aluda a la variación de la postura, pues de las motivaciones expuestas en la decisión se puede llegar a establecer que la diferencia de trato obedece a ese cambio de criterio, o a la influencia de factores externos, como por ejemplo, la existencia de jurisprudencia dictada por órganos colegiados.
Con tal entendimiento, se debe concluir que una cosa es la interpretación de la ley, función dialéctica del juez sometida a las modificaciones y alteraciones producto de las cambiantes necesidades sociales y doctrinales, donde es admisible y hasta comprensible, dada la complejidad de la labor, que el juez se equivoque, y otra muy distinta el desconocimiento patente y ostensible del ordenamiento jurídico, causado por la actitud caprichosa del funcionario, que constituye el prevaricato.
En el caso sometido a examen de la Corte, tal como se establece de la transcripción realizada, ninguna norma en materia laboral, ni de otros estatutos procesales, establece expresamente las exigencias para demostrar la calidad de representante de una persona de derecho público, lo cual de entrada indica que la juez acusada no desconoció abiertamente con su decisión ningún mandato legal y, por tanto, facultada como estaba para interpretar el contenido del ordenamiento jurídico, podía acudir al principio de integración de normas y a la jurisprudencia como criterio auxiliar de la actividad judicial.
Afirmar que inaplicó algunas preceptivas, que en criterio de los impugnantes son las que mejor regulan el caso, no resulta acertado en orden a sostener que cometió delito de prevaricato, pues ya hemos visto que ninguna de ellas resuelve expresamente el punto, siendo admisible, por tanto, que ante el vacío existente, la funcionaria haya acudido al criterio que le pareció más acertado sobre el sentido y alcance del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil.
La prueba palmaria de que en este evento se trata de una determinación admisible dentro del más amplio marco del derecho vigente está en que, antes y después de la decisión adoptada por la juez, distintas corporaciones (el tribunal supremo del trabajo y varias Salas de decisión laboral del Tribunal Superior de Barranquilla) optaron por la misma solución, lo cual indica que respecto al tema la jurisprudencia laboral no ha sido pacífica y que presenta la posibilidad de puntos de vista diferentes, incluido, desde luego, aquél por el que optó la acusada.
En la ponencia inicialmente presentada se rechaza este argumento aduciendo que resulta curioso que una juez de tanto decurso en estrados laborales se topara después de varios años con una jurisprudencia existente desde mucho tiempo atrás, aparte que no justificó su “cambio de jurisprudencia”, y tampoco especificó en su versión la real fuente de la variación.
No parece exigible, sin embargo, ni para el más veterano funcionario judicial, el conocimiento de la totalidad de la jurisprudencia, siendo factible entonces que por estar ella cursando una especialización estuviera en posibilidad de enterarse del pronunciamiento emitido de tiempo atrás por el tribunal supremo.
Ahora, si bien no se puede desconocer que la funcionaria no justificó expresamente su decisión y tampoco citó el pronunciamiento del Tribunal Superior del Trabajo, el que no haya suministrado explicaciones precisas no constituye una actitud de franca rebeldía con la ley, pues como se advirtió no siempre es necesario que el funcionario expresamente haga alusión al cambio de criterio, y por lo que se establece de la providencia es claro que al interpretar, así sea erróneamente, el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, la funcionaria adoptó un nuevo criterio sobre la prueba de la representación de las entidades públicas, que después, según se conoció, tuvo su génesis, en una providencia del Tribunal Supremo del Trabajo y que la juez, a partir de ese momento, mantuvo inalterable, postura incluso recogida años más tarde por algunas Salas de decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial del cual jerárquicamente depende.
Y así se trate de fallos muy anteriores o posteriores en el tiempo, su probada existencia sustentan la admisibilidad de la postura en estrados judiciales, incluso poniendo de presente que el punto resulta aún discutible y la jurisprudencia laboral no había sido pacífica en torno al tema, lo cual per se desvirtúa cualquier intento de presentar la determinación como una burda y grosera forma de aplicar la ley al caso concreto, único evento en el cual se podría endilgar la comisión del delito de prevaricato.
Por lo demás, repárese, como argumento complementario, que dos de los magistrados que integraron la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla que resolvió el recurso de hecho contra la providencia aquí cuestionada, tras sostener en proveído de mayo 17 de 1995 que el acta de posesión constituye prueba fidedigna del desempeño del cargo y no se requiere el decreto de nombramiento (fls. 169 a 175, c.o. 1), terminaron recogiendo su postura en providencias de 27 de enero de 2000 (fl. 24), 29 de julio de 1999 (fl. 36, c.o. 2) y julio 19 de ese mismo año (fl. 50) al retomar la jurisprudencia de abril 8 de 1948, ya citada.
No se puede sostener, entonces, que por tratarse del Tribunal Supremo del Trabajo y el Tribunal Superior de Barranquilla la variación es válida, pero no en el caso de la funcionaria acusada; es que ni siquiera se trata de una visión ampliamente superada por la jurisprudencia y doctrina laborales, ya que en recientes pronunciamientos, como se dejó visto, se itera en su validez no por una sino por varias salas de decisión que integran el tribunal que funge como superior funcional de la juez acusada. Precisamente, el que la decisión de la funcionaria sea intermedia en el tiempo con respecto a los fallos de aquellas corporaciones, fortalece el criterio de la Corte, en tanto ello demuestra que, aun siendo los pronunciamientos distantes en el tiempo, la jurisprudencia viene en admitir, incluso antes y después de la decisión, la misma solución que adoptó la juez, que así se tilde de errada, jamás se puede calificar como una manifestación que repudia las normas procesales del trabajo citadas por los recurrentes.
La exigencia ciertamente no puede trasladarse al campo de la irrefutable, sino que basta que la decisión se apoye en criterios lógicos y razonablemente admisibles, así a la postre no merezca el respaldo de la mayoría o sea desestimada como verdad objetiva, como viene a precisar la Sala al sostener que “...La tipicidad de la conducta no se satisface con la simple expedición de un pronunciamiento errado porque el tipo del artículo 149 del Código Penal exige como elemento normativo que aquella contradicción entre lo demandado por la ley y lo resuelto sea notoria, grosera o de tal grado ostensible que se muestre de bulto con la sola comparación de la norma que debía aplicarse” (Cfr. Sent. 2ª instancia, Rad. 7918).
Es también argumento admisible el que con posterioridad al 13 de diciembre de 1993 la juez haya reconocido personería para actuar con fundamento en la presentación de los dos requisitos (decreto de posesión y acta de nombramiento), incluso en pronunciamientos adoptados antes de que se presentara la tutela y formulara denuncia en su contra si se trata de sugerir que actuó de esa manera para justificar posteriormente su actitud al tener que enfrentar las acciones respectivas; según se establece de la diligencia de inspección judicial practicada durante la audiencia de juzgamiento (fl. 1999, c.o. 2), mediante autos de febrero 14 y abril 11 de 1994 (en dos ocasiones), procedió de tal manera antes que la doctora Peñaloza Zárate formulara denuncia en su contra (abr. 20) y se adoptaran decisiones dentro de la acción de amparo instaurada (jun. 28 y ago. 17).
Finalmente, es cierto que la juez se obstinó en no escuchar al apoderado designado por la gerente, al negar los recursos y la expedición, pero esta conducta no puede interpretarse de manera aislada a la providencia que los recurrentes vienen en controvertir.
Entendió la funcionaria que al no reconocer la personería, el togado no podía actuar, lo cual si bien puede constituir un yerro no califica como conducta ostensiblemente contraria a la ley, en tanto que en este preciso evento el error deviene precisamente de la postura que adoptó en la providencia tildada por la fiscalía de prevaricante, incluso de sostenerse que se trata de actos aislados, que no fue el sentido de la acusación, la conducta no se muestra dolosa, pues en el fondo del asunto, así haya sido equivocada la respuesta posterior de la juez acusada, subyacen la creencia de estar ajustada a su inicial postura y el interés porque el abogado presentara la prueba de la representación en orden a ser escuchado dentro del proceso —a quien por cierto le bastaba aportar la copia de la resolución de nombramiento, cuya expedición no le reportaba ningún esfuerzo adicional—, por lo que, aun de estimar que estos actos posteriores de la funcionaria no están ligados a la providencia por la cual se le acusó por prevaricato, tendría que admitirse la ausencia de dolo en su conducta.
Al margen de todo lo anterior, a bien es cierto que el móvil delictivo no hace parte de la categoría del dolo, como viene en juzgarlo la Sala, no puede resultar indiferente la circunstancia, desde luego relevante frente a la demostración de la culpabilidad, que en este caso está descartada cualquier intención proterva de la funcionaria en la adopción de la providencia que negó personería al abogado. A pesar de la posterior intervención de la parte demandada, las pretensiones de los trabajadores salieron avantes, aún en segunda instancia, en tanto se demostró que la empresa de licores adeudaba la suma reclamada; lo cual desvirtúa la afirmación con insistencia hecha de que la procesada temía que el superior conociera de su irregular proceder.
Conclúyese de lo dicho que el comportamiento de la juez Diana Beatriz Miller Villa, no se adecua al tipo previsto en el artículo 149 del Código Penal, razón suficiente para que la sentencia impugnada merezca confirmación.
Confirmar la sentencia proferida, el 9 de noviembre de 2000 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual absolvió a la doctora Diana Beatriz Miller Villa del delito de prevaricato por el que fuera acusada.
(Segunda instancia 18031)
He salvado el voto a esta decisión por cuanto considero que la doctora Miller Villa ha debido ser condenada por el delito de prevaricato. Sustento mi pensamiento con el proyecto que presenté inicialmente a consideración de la Sala y que no fue compartido.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte civil y el Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla contra la sentencia dictada por la Sala Penal de esta corporación el 9 de noviembre 2000, mediante la cual absolvió, por mayoría, a la doctora Diana Beatriz Miller Villa del cargo de prevaricato por acción.
La doctora Diana Beatriz Miller Villa, Juez Segunda Laboral del Circuito de Barranquilla, libró mandamiento de pago contra la Empresa de Licores del Atlántico dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por Javier Fandiño y otros, providencia que le fue notificada personalmente el 1º de diciembre de 1993 a la doctora Martha Esperanza Peñaloza Zárate, en su calidad de gerente liquidadora de la empresa.
La doctora Peñaloza confirió poder a un abogado para que representara a la entidad en ese proceso, quien oportunamente presentó recursos de reposición y apelación contra el mencionado auto y formuló excepciones.
La juez Miller Villa, sin embargo, no le reconoció personería al apoderado porque no anexó al acta de posesión la resolución de nombramiento de su poderdante. Intentó recurrir de hecho el abogado, pero la juez rechazó la solicitud de copias.
El 10 de febrero de 1994, después de varias incidencias originadas en la interposición de acción de tutela por parte de la empresa demandada, la juez ordenó entregar a los demandantes el título bancario que por valor de 130 millones de pesos fue consignado en ese proceso.
Por estos hechos, la doctora Peñaloza Zárate formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Su conocimiento le correspondió al Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla, quien por resolución del 28 de abril de 1994 ordenó iniciar investigación previa y posteriormente, el 28 de octubre del mismo año, la apertura de instrucción.
La gobernación del departamento del Atlántico formuló demanda de constitución en parte civil, que fue admitida por la fiscalía el 21 de noviembre de 1994.
El 20 de abril de 1995, la doctora Miller Villa fue escuchada en indagatoria y el 23 de octubre de 1998 se precluyó la investigación, decisión que fue revocada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en resolución que no obra en el expediente pero que se adoptó el 17 de marzo de 1999 según se expresa en la constancia del 20 de abril del mismo año, en la que se informa que se decretó la detención preventiva de la sindicada y se le reconoció el derecho a la excarcelación, previo el pago de un salario mínimo como caución.
Después de ser oída en ampliación de indagatoria el 10 de mayo de 1999, se clausuró la investigación y se calificó su mérito el 3 de agosto siguiente con resolución de acusación por el delito de prevaricato por acción, providencia confirmada el 19 de noviembre del mismo año.
Concluida la audiencia pública que se iniciara el 4 de abril de 2000 y se extendiera hasta el 28 de junio, el Tribunal Superior de Barranquilla dictó sentencia absolutoria el 9 de noviembre de 2000. Contra esta decisión interpusieron recurso de apelación el apoderado de la parte civil y el fiscal delegado.
Del análisis de los artículos 122 de la Constitución, 25 del Código de Régimen Político y Municipal, 4º del Decreto 2400 de 1968, 34 y 44 del Código Procesal del Trabajo, así como de algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, la fiscalía concluyó que la doctora Miller Villa había prevaricado porque ninguna de ellas exige el documento que ella requirió al apoderado de la Empresa para admitirlo como parte. Añadió que pedir el decreto de nombramiento del representante legal de una firma no probaba el ejercicio del cargo, como sí sucedía con el aporte del acta de posesión.
Dijo también, expresamente, que la imputación hecha por la fiscalía se circunscribía exclusivamente a la ilegalidad del auto del 13 de diciembre de 1993. Esto —que es cierto porque así lo explicó el acusador— excluye la prevaricación respecto de los otros comportamientos pues la negación de los recursos y de la expedición de copias se entendieron incluidas dentro de la conducta relacionada con la primigenia decisión. Sobre el punto, la fiscalía expresó que
“como quiera que tales pronunciamientos no fueron sino consecuencia de aquélla que inicialmente se profirió, en aras de la finalidad buscada por quien así actuó para apartarse de la ley, se entenderá que se está ante un solo delito...”.
Por último, para sustentar el dolo, explicó que la juez había hecho exigencias documentarias que anteriormente no hizo; que si bien es cierto un juez puede cambiar su criterio, también lo es que debe justificar la variación; que negó las copias pedidas para efectos del recurso de hecho, con el ánimo de que su decisión no fuera conocida por su superior; y que no se podía admitir el error porque este debe ser invencible, característica que no se puede predicar de la doctora Miller Villa, primero porque antes obraba de manera diversa, segundo, porque se abstuvo de corregir las fallas a pesar de que en un memorial el apoderado se las hizo ver; y, finalmente, por su amplia trayectoria y experiencia judicial.
El a quo absolvió a la procesada por las siguientes razones:
1. No existe ninguna norma en el Código de Procedimiento Laboral que regule expresamente el tema de la representación de las personas de derecho público, pues los artículos 36 y 61 citados por la fiscalía en la resolución de acusación aluden en realidad a una eximente probatoria concedida al demandante, el primero, y a la sana crítica en la valoración de las pruebas, el segundo.
2. La solución, entonces, debía hallarse por fuera del estatuto procesal del trabajo. Así lo hizo la juez, quien acudió al artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, que tiene relación tangencial con el tema en cuanto expresa que las entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para intervenir en los procesos en que sean parte. Esta norma, sin embargo, tampoco da solución precisa al punto.
3. La decisión de la acusada no está en contradicción con el artículo 36 del Código Procesal del Trabajo, como que a falta de solución legal esta es una de las opciones válidas que podrían adoptarse sin desbordar los marcos del ordenamiento. Inclusive, la posición asumida por la juez coincide con la expresada por reconocido tratadista nacional y con el criterio actual de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, basado en una providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. De donde surge que si existe discusión jurídica sobre este particular, la providencia no puede tacharse como manifiestamente contraria a la ley.
4. Los indicios a partir de los cuales la fiscalía sustenta el actuar doloso de la funcionaria no son de recibo, porque “ni la experiencia, ni lo aparentemente sencillo del asunto, ni los antecedentes, pueden enervar la explicación que surge del cambio de criterio del juzgador, menos, si este se ampara en una jurisprudencia, por antigua que esta sea“.
Que en las sentencias de tutela se catalogara como arbitrario el auto mediante el cual negó el recurso de hecho y no accedió a la expedición de copias, en nada afecta las reflexiones anteriores porque esas decisiones, como lo aceptó la propia fiscalía, son accesorias.
Para el apoderado de la parte civil es equivocada la sentencia porque si en realidad la diversidad interpretativa permite que la representación de las entidades de derecho público se pueda establecer de diversas maneras en tanto la ley no exige una específica y solemne prueba, la decisión adoptada por la procesada es manifiestamente contraria a la ley por exigir un especial y único medio de convicción, con lo que “solemnizó la prueba“. Insiste en que la juez debió aceptar el documento aducido por el apoderado de la licorera, admitido por ella misma en ocasiones anteriores.
El fiscal delegado también solicita la revocatoria de la sentencia absolutoria. Al reclamar un fallo de condena, sostiene:
1. Que la exigencia del decreto de nombramiento de quien otorgó el poder al abogado de la entidad demandada invocando una norma que ni siquiera hace referencia a esa prueba, constituye una arbitraria, inapropiada e indebida aplicación del artículo 64 del estatuto procesal civil, en lugar del artículo 36 del laboral que sí regula la materia.
2. Que el acta de posesión aportada es un documento público que se presume auténtico y hace fe de su contenido, de manera que su falsedad o su falta de idoneidad para acreditar la representación de la empresa le correspondía proponerla a la parte demandante. De ahí que resulte manifiestamente contraria a la ley la exigencia adicional del decreto de nombramiento hecha por la juez, con lo que le impidió a la demandada hacerse parte en el proceso y ejercer su derecho de defensa.
3. Que la jurisprudencia invocada por la sindicada en la ampliación de indagatoria para justificar su decisión apenas enuncia algunos mecanismos aptos para probar la calidad de representante legal de una persona de derecho público, entre los cuales se mencionan el decreto de nombramiento y el acta de posesión.
4. A pesar de haber sido advertida del error por el propio apoderado, la sindicada persistió en su posición incluso cuando se pronunció sobre el recurso de hecho y negó la expedición de las copias necesarias para su trámite, exigiendo el mismo documento cuya innecesariedad se planteaba precisamente en el recurso de apelación no concedido, con lo cual pretendió impedir que el tribunal examinara el punto, haciendo evidente su torcido proceder.
5. La posterior compulsa de copias para tramitar el recurso de hecho no desvirtúa el indicio grave que emerge contra la sindicada, como equivocadamente lo entendió el a quo, porque ella no obedeció a su propia decisión sino a un fallo de tutela.
6. Existe arbitrariedad no sólo en la inicial providencia del 13 de diciembre de 1993 sino también en las que con posterioridad adoptó para impedir la revisión de aquella por la segunda instancia. Con todo, la pluralidad de actos ilegales configura sólo un delito de prevaricato porque las decisiones aparecen enlazadas en búsqueda del mismo y único propósito de apartarse ostensiblemente de la ley.
7. Los indicios que permiten predicar la responsabilidad de la juez, son los siguientes:
a) La experiencia de más de 8 años de servicio en el mismo cargo, en el que conoció situaciones similares y aceptó la personería jurídica con prueba similar a la que se aportó en ese proceso, de manera que se deduce su culpabilidad dolosa porque la violación de la ley fue consciente y buscada.
b) La negativa a compulsar las copias requeridas para tramitar el recurso de hecho, lo cual revela su voluntad de que el asunto no fuera conocido por su superior jerárquico. El indicio no se demerita, como equivocadamente lo entendió el tribunal, porque hubiera sido confirmado el auto que libraba mandamiento de pago, pues esto es totalmente independiente de la conducta atribuida a la procesada.
1. La inexistencia de una norma que regule expresamente el tema de la prueba de la representación de las personas de derecho público, exige sin duda que se haga una interpretación sistemática para valorar la decisión de la juez y determinar si obró o no de manera manifiestamente contraria a la ley. Así procedió el Tribunal Superior para concluir que la providencia cuestionada no está en contradicción con el ordenamiento jurídico.
2. El artículo 64 del Código de Procedimiento Civil sí es norma aplicable al caso y, en tanto regula la constitución de apoderados de las entidades de derecho público, era la disposición de la cual se debía partir. El punto exacto de la controversia alude a la forma como el representante legal de estas entidades debe designar apoderado, cuestión que no prevé el citado artículo. En cambio, el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo dice que la calidad de representante se puede acreditar con cualquier medio de ley. No es contrario entonces al artículo 64 que se exija el acta de posesión o el decreto de nombramiento o ambos.
3. La procesada dice que venía reconociendo personería a los abogados de las entidades públicas con la sola presentación del poder y del acta de posesión, pero varió el criterio después de leer una providencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la que dedujo que se requerían el decreto de nombramiento, el acta de posesión y el certificado de ejercicio del cargo. Ella continuó exigiendo los dos primeros.
En consecuencia, esta exigencia no riñe con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y lo que en verdad ocurrió fue que se integraron normas y jurisprudencia. Que la decisión no se comparta ahora, no significa que no sea la expresión de un criterio hermenéutico o que desconozca la ley.
4. Algunas decisiones de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla siguieron la misma pauta interpretativa que tuvo en cuenta la juez procesada, acorde con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte.
5. Si la manifiesta contradicción con la ley implica que sea tan evidente que se presente a la vista de todos, el hecho de tener el fiscal instructor una opinión diferente al momento de definir la situación jurídica, así como la decisión del Aquo que no encuentra palpable el desconocimiento de la ley, permiten concluir que la presunta oposición a la ley no es ostensible.
6. Si, como lo ha aceptado la Fiscalía, los pronunciamientos posteriores al auto de diciembre 13 de 1993 son su consecuencia, concluir la atipicidad de la conducta relacionada con este implica que también son atípicos los demás comportamientos.
Estas subsiguientes decisiones tienen un fundamento lógico, porque se sustentan todas en la obstinación del abogado en no presentar el decreto de nombramiento de su poderdante. Esto explica que no se repusiera la providencia inicial, que no se concediera el recurso de apelación y que se negara la expedición de copias, decisiones que podrían catalogarse como formalistas en extremo, pero que no son contrarias a la ley y mucho menos de manera manifiesta, porque los artículos 348 a 350 del Código de Procedimiento Civil enseñan que tanto la reposición como la apelación sólo pueden ser interpuestas por quienes tienen la calidad de parte, lo que no se había probado en este proceso.
7. Tampoco es de recibo la afirmación de que el abogado advirtió a la juez de la ilegalidad de su decisión, porque si esta se apoyaba en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, no tenía que cambiar de criterio. Esto demuestra, además, su convencimiento de estar procediendo legalmente.
8. No es aceptable que la experiencia de la juez se constituya en un indicio de responsabilidad, pues su actuación se basó en la orientación jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
9. Aunque insiste en que, como lo resolvió la primera instancia, la conducta es atípica y por lo tanto no hay necesidad de examinar la culpabilidad, para la defensa no hay duda de que interpretación legal y dolo se excluyen. Se podría hablar de error en la interpretación, pero no de dolo. Si la funcionaria actúa convencida de hacerlo conforme a la ley, es obvio que no obra en contravía del ordenamiento jurídico.
10. Considera la defensa que existe un error de tipo, porque el yerro hace relación a uno de los elementos de la descripción legal del delito. Sin embargo, desde otra perspectiva podría considerársele también como error de prohibición, por referirse a una especial valoración jurídica o interpretativa.
En todo caso el error es invencible, porque no se podía superar ni aun con mediano cuidado, ya que cualquier persona que hubiere leído la providencia de la Sala de Casación Laboral hubiese llegado a idéntica conclusión a la que arribó la funcionaria. Y aun si el error fuera vencible, en tanto error sería un actuar culposo y por lo tanto atípico.
La Corte revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, condenará a la doctora Miller Villa, por el delito de prevaricato por acción. Las razones son las siguientes:
1. La procesada es la doctora Diana Beatriz Miller Villa, señora oriunda de Barrancabermeja, de 42 años de edad para la época de la audiencia pública, identificada con la cédula de ciudadanía número 22.441.401 de Barranquilla, casada, madre de tres hijos, de profesión abogada, especializada en derecho del trabajo seguridad social, y quien ha ocupado importantes cargos dentro del poder judicial, desde el 1º de septiembre de 1979 y como juez laboral desde el 6 de septiembre de 1985. Ha fungido, además, como auxiliar de magistrado, juez civil municipal y juez laboral del circuito.
2. El artículo 149 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos definía el hecho imputado en los siguientes términos:
“Prevaricato por acción. El empleado oficial que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrarios a la ley, incurrirá en prisión de 1 a 5 años e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término“.
Para determinar la tipicidad de la conducta atribuida a la doctora Miller Villa, conviene precisar inicialmente el concepto de manifiesta contrariedad a la ley que como elemento normativo del tipo se consagra en la disposición citada. Luego se verá que la decisión cuestionada tiene ese específico alcance, pues que se sale protuberantemente de los cánones legales.
Sobre lo primero, de acuerdo con la natural comprensión gramatical del texto derivada de la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, según la cual manifiestamente significa “con claridad y evidencia, descubiertamente“, no basta la simple contrariedad con la norma positiva sino que es menester que la contradicción sea de tal manera ostensible que la decisión que por esa vía se adopte resulta corresponder no a una solución plausible que se encuadre en los más amplios marcos del derecho vigente, sino a la pura arbitrariedad del servidor público.
En esta perspectiva, cuando se acusa a un funcionario judicial de haber dictado una resolución manifiestamente contraria a la ley, lo primero que corresponde hacer para determinar lo acertado de la imputación es hallar la norma o normas que regulan el caso concreto, desconocida o desconocidas por el servidor; encontrar cuál es el sentido obvio de su aplicación y confrontar esa evidente inteligencia de la norma con la decisión adoptada por el empleado.
3. En la resolución de acusación de segunda instancia se le reprocha a la juez haber apoyado su decisión en un precepto —artículo 64 del Código de Procedimiento Civil— que no establece las exigencias para demostrar la calidad de representante de una persona de derecho público, así como compeler al cumplimiento de requisitos no contemplados en disposición alguna, lo que muestra el carácter manifiesto de la contrariedad; que debió realizar una interpretación sistemática que comprendía los artículos 122, inciso 2º, de la Constitución Política, 25 del Código de Régimen Político y Municipal y 4º del Decreto 2400 de 1968, para concluir que sólo a partir de la posesión se adquiere la calidad de servidor público, de manera que es este acto y no el del nombramiento el que debe acreditarse; que debió aplicar los artículos 34 del Código Procesal del Trabajo y 44 del Código de Procedimiento Civil, que prescriben la forma como las personas naturales o jurídicas comparecen al proceso, y 61 del Código Procesal del Trabajo, que le autoriza a formarse el convencimiento a través de cualquier medio probatorio. La acusación de primera instancia también relaciona como aplicable el artículo 36 del estatuto procesal del trabajo.
4. La normatividad básica frente al asunto de autos, que ha sido atendida y discutida en los debates, es la siguiente:
Artículo 122.2 de la Constitución Política:
“Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben“.
Artículo 64 del Código de Procedimiento Civil:
“Apoderados de las entidades de derecho público. La Nación y demás entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean parte, siempre que sus representantes administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias análogas“.
“Constituirán apoderado el representante de la entidad que no sea abogado, salvo el caso del personero municipal, y aquél que deba representar a otra entidad con interés opuesto“.
“Los gobernadores, intendentes y comisarios, aunque sean abogados inscritos, deberán actuar por medio de apoderado, si el proceso se adelanta fuera de su sede“.
Artículo 34 del Código Procesal del Trabajo:
Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el art. 1.16 del D. 2282/89):
“Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso“.
“Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales“.
“Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos“.
Artículo 61 del Código Procesal del Trabajo:
“Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio“.
“En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento“.
Artículo 36 del mismo.
“Prueba de la personería. El demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la personería jurídica contra la cual va dirigida ni la de la calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el juicio se debata como cuestión principal este punto“.
“La parte demandada, cuando fuere una persona jurídica de derecho privado, al contestar la demanda podrá acreditar su existencia, lo mismo que la calidad de representante de ella que invoque quien actúe en su nombre, con las pruebas que señale la ley“.
“Si el juicio se ha adelantado sin que se presente la prueba mencionada y no ha habido controversia sobre el particular, el juez decidirá sin consideración a la falta de esta prueba“.
De las citadas disposiciones se advierte con claridad que ninguna de ellas dice expresamente que para actuar como parte dentro de un asunto laboral se requiera anexar al poder el acto administrativo mediante el cual el representante legal haya sido designado en el cargo.
5. Notificada del mandamiento de pago como representante legal de la entidad demandada, el 3 de diciembre la doctora Martha E. Peñaloza Zárate, a título de gerente liquidadora de la Empresa de Licores del Atlántico, otorgó poder al doctor Orlando Capella García, documento al cual anexó copia del acta de posesión.
El mismo día, el profesional mencionado presentó escrito para interponer recurso de reposición —y en subsidio de apelación— con el fin de que fuera revocado el mandamiento de pago del 4 de octubre de 1993, pues no existía título ejecutivo. El 10 de diciembre siguiente propuso otro escrito, interponiendo las excepciones de cosa juzgada y de pago.
El 13 de diciembre de 1993, la doctora Diana Miller Villa dictó un auto que, textualmente, dice:
“El doctor Orlando Capella García, en representación de la ejecutada, presentó escritos de obstención de ambargo(sic) y recurso de reposición y en subsidio de apelación, suspensión de proceso y excepciones. Para resolver se considera:
El artículo 64 del Código de Procedimiento Civil dice: La Nación y demás entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean parte, siempre que sus representantes administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias análogas.
Constituirán apoderado especial, el representante de la entidad que no sea abogado, salvo el caso del personero municipal, y aquel que deba representar a otra entidad con interés opuesto.
En los casos de gerentes de establecimientos públicos para hacerse parte legalmente en un proceso debe acreditar su calidad de gerente, representante o director de la misma a través de la Resolución de nombramiento y la respectiva acta de posesión (destaca la Sala).
En el caso sub judice únicamente se aportó el acta de posesión, pero no aparece acreditada su nombramiento como gerente de la empresa de Licores del Atlántico, razón por la cual este despacho se abstiene de reconocerle personería al doctor Orlando E. Capella y en consecuencia, niéguese el recurso de apelación, presentado.
En consecuencia, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito,
1. No reconocer personería al doctor Orlando Capella, para actuar en este proceso en representación de la Fábrica de Licores del Atlántico, por no haberse aportado la resolución de nombramiento de la doctora Marta Penaloza Zárate.
2. Abstenerse de decidir los escritos presentados por el doctor Orlando Capella.
3. Hágase el requerimiento solicitado por el apoderado del ejecutante al folio 122 del informativo, so pena de aplicarle las sanciones del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil“.
El 16 de diciembre de 1993, el doctor Capella interpuso recurso de reposición, en subsidio el de apelación, y pidió copias de la providencia recurrida, para acudir ante el superior por la vía del recurso de hecho. Como argumento de las peticiones, adujo:
Uno. Como el artículo 36 del Código Procesal Laboral no exige al demandante prueba de la existencia de la persona jurídica demandada ni de la representación de la misma, mal puede trasladarse esa carga al demandado, pues con ello se genera desigualdad jurídica de las partes frente al proceso.
Dos. Con el acta de posesión de la doctora Peñaloza Zárate se acredita que es la gerente liquidadora y por ende la representante legal de la entidad demandada, lo que hace presumir que hubo un decreto de nombramiento para que ella pudiera tomar posesión ante el gobernador del departamento, acto enunciado en el acta de posesión, pieza que reúne las características de documento público auténtico.
Tres. La importancia del acta de posesión es tal, que si una persona es designada para un cargo, pero no se posesiona, no puede ejercer sus funciones. Es decir, el acta mencionada comprueba que la persona sí está en desarrollo de lo encomendado.
Cuatro. El artículo 64 del Código de Procedimiento Civil —invocado por el despacho— no exige que se aporten la resolución de nombramiento y el acta de posesión.
Cinco. El artículo 36 —inciso final— del Código Procesal Laboral dice que si el proceso se ha adelantado sin que se presente la prueba mencionada y no ha habido controversia sobre ello, el juez debe decidir sin consideración a dicha falta de prueba. Por tanto, mal puede exigirla el funcionario ante la apelación de la sentencia.
Seis. En casos similares, ante el mismo juzgado, siendo demandada de Empresa de Licores, se adelantaron procesos —conciliaciones— sin que se exigiera al apoderado de esta la resolución que ahora se exige.
El 27 de enero de 1994, el juzgado contestó con estas palabras:
Teniendo en cuenta el auto anterior de fecha diciembre 13 de 1993, donde no se le reconoce personería al doctor Orlando Capella García, pues no se había aportado la resolución de nombramiento de la Dra. Martha Peñaloza Zárate, por cuanto en esta oportunidad tampoco ha sido aportada, por lo que este despacho no entra a resolver los escritos presentados por el Dr. Orlando Capella, absteniéndose de pronunciarse al respecto“.
Contra esta determinación, el apoderado interpuso recurso de reposición y subsidiariamente pidió le fueran expedidas copias de la providencia recurrida “para interponer ante el superior el recurso de hecho“. El mismo día —31 de enero— hizo entrega de otro memorial, con el cual anexaba el valor de las copias ($ 3.000), “a fin de poder interponer ante el superior el respectivo recurso de hecho“.
El 3 de febrero de 1994, en lo pertinente, el juzgado le respondió:
Como el profesional del derecho seguía insistiendo y no aportaba copia de la resolución de nombramiento de la doctora Peñaloza,
“este despacho seguirá absteniéndose de decidir los escritos presentados, por carecer de personería para actuar en el presente proceso, en representación de la demandada; a su vez negará la expedición de copias solicitadas y ordenará la devolución por la secretaría de los $ 3.000 pesos aportados, puesto que el recurso de hecho tampoco es procedente, ya que carece de personería para actuar“.
6. Con facilidad se concluye que la conducta de la doctora Miller Villa es objetivamente típica, puesto que manifiesta, ostensiblemente, actuó en contra de la ley. En efecto:
a) Como soporte de su decisión, aludió al artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, norma que expresamente no exige la presentación del acto de nombramiento del representante legal del demandado. La juez, entonces, de manera patente, agregó a la ley un requisito.
b) Ese artículo está compuesto por tres incisos, tal como fue transcrito anteriormente. En su auto del 13 de diciembre de 1993, la doctora Miller Villa, que enunciaba tal disposición y copiaba con exactitud los dos primeros incisos —siguiendo la secuencia y el estilo del escrito— hizo aparecer como si se tratara del tercero uno con el siguiente texto:
“En los casos de gerentes de establecimientos públicos para hacerse parte legalmente en un proceso debe acreditar su calidad de gerente, representante o director de la misma a través de la resolución de nombramiento y la respectiva acta de posesión“.
Esta regulación no forma parte del artículo mencionado. Y a la vez, la señora juez omitió toda referencia al verdadero inciso tercero, que dispone:
c) Si se hilara delgado —porque la norma procesal citada se refiere a la constitución de apoderados por parte de los “representantes administrativos“ (inciso primero) y al “representante de la entidad“ (inciso segundo)— hasta podría afirmarse que al poder habría que acompañar la demostración de esa calidad. Esto, sin embargo, fue cumplido, pues cuando el doctor Capella presentó el poder otorgado por la doctora Peñaloza, acompañó copia del acta de posesión, dentro de la cual se lee sin ambigüedad alguna que había sido designada gerente liquidadora mediante decreto proferido por el gobernador del departamento, pieza procesal que sin duda demuestra la investidura de la poderdante.
d) La señora juez jamás había solicitado tal acto administrativo al apoderado de la Empresa de Licores. Por el contrario, con la documentación que se presentó en el asunto debatido, había iniciado y proseguido otros, con anterioridad, sin ningún inconveniente.
e) Para explicar su variación comportamental, en su versión libre insinuó respaldo en jurisprudencia que no concretó ni especifico. Luego, en la indagatoria —a la que finalmente acudió, tras insistencia—, se apoyó en jurisprudencia del Tribunal Supremo del Trabajo, exactamente en un auto del 8 de abril de 1948 que, dice, encontró en el volumen II del libro “Jurisprudencia del Trabajo“, obra preparada por el doctor Miguel Antonio Constaín.
El libro mencionado existe, es una edición de 1967 y el auto señalado se lee en las páginas 534 a 538. Sin embargo, se trata de una decisión que analiza la reforma constitucional de 1945, el Código Judicial de la época, y que sustentado en el Código de Régimen Político y Municipal concluye que para efectos de la delegación que hagan los gobernadores de departamento es necesario anexar copias auténticas del decreto de nombramiento, del acta de posesión y certificado del ministerio del ramo de que se está en ejercicio del cargo. En esa providencia, el Tribunal Supremo se abstuvo de reconocer personería a un abogado que había recibido mandato del gobernador de Antioquia, pero en sus motivaciones expresó:
“En el caso presente, el poderdante no ha acompañado prueba de ninguna naturaleza, ni siquiera un principio de prueba, de que en verdad desempeña las funciones de gobernador que invoca y con cuya calidad actúa... No consta, por lo tanto, por ninguno de los medios legales de prueba ni en otra forma, que el poderdante tenga la calidad que invoca...“ (pág. 537).
Como emana de la lectura del auto que menciona la señora juez, el Tribunal Supremo negó el reconocimiento al togado, esencialmente porque en aquel asunto no existía la más mínima prueba de la calidad del poderdante y no porque se hubiera presentado documentación incompleta. Con razón, la fiscalía, en su momento, realizó este análisis para, entre otras evidencias, responsabilizar provisionalmente a la funcionaria laboral.
Pero, agréguese: si en verdad la doctora Miller Villa se hubiera guiado por el auto citado, tendría que haber aceptado al apoderado porque en la documentación se hallaba acreditada la calidad de representante de la persona que otorgaba poder. Como ya se dijo, vivía en el expediente el acta de posesión y dentro de ella se expresaba el acto administrativo de nombramiento en concreto, aparte de que la gerente, ella misma, había otorgado mandato para otros procesos recientes y había sido notificada, poco antes, del mandamiento de pago, como representante legal de la Empresa de Licores, amén de que como se percibe en las primeras páginas del cuaderno de anexos, quienes otorgaban poder a un profesional para que demandara —Fandiño Fontalvo y todos los demás— hacían expresa referencia a la dama mencionada como representante de la empresa. La prueba, así, era nítida.
f) El artículo 61 del Código Procesal Laboral, no sobra recordarlo, dice:
“El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes....“.
Esta norma, obviamente conocida por la funcionaria, no permite albergar dudas: es clara en cuanto en materia laboral existe libertad probatoria. Y prueba de la calidad de la gerente, abundaba en el expediente.
El argumento de la funcionaria judicial, entonces, es inadmisible.
g) Ténganse en cuenta otras dos circunstancias: de un lado, la larga trayectoria de la señora Miller Villa, pues que es Juez Laboral del Circuito desde 1985, lo cual le imprime suficiente experiencia como para caer en semejante inexactitud, alejada de toda normatividad; y, en segundo término, que es incomprensible y hasta curioso que una juez de tanto decurso en los estrados laborales, sólo después de varios años se topara en el camino una obra sobre “Jurisprudencia del trabajo“, existente desde mucho tiempo atrás. Únase a ello algo igualmente intolerable: la doctora Miller, pudiendo y debiendo hacerlo, no justificó en ninguno de los autos reprochados su “cambio de jurisprudencia“, como tampoco especificó en su versión la real fuente de la variación. Sólo en la indagatoria, y de allí en adelante, quiso explicar su conducta con base en el documento judicial tantas veces mencionado. Y luego, en la audiencia, siguiendo su línea ascendente en explicaciones, usa otro argumento inesperado y, por tanto, inadmisible: tropezó con el auto de la Corte quizás a propósito de una de las especializaciones que hacía.
h) Entre otras razones para absolver por atipicidad, el a quo acude a la jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y muestra cómo en dos decisiones, una del 29 de julio de 1999 y otra del 27 de enero del año 2000, el juez colegiado también exige el documento tantas veces mencionado. El juez penal de primera instancia, sin embargo, olvida que se trata de un argumento a posteriori, ciertamente bien retirado en el tiempo, mucho después de la conducta reprochable de la doctora Miller Villa. Mientras tanto, el prevaricato se juzga teniendo en cuenta el servidor público y todas las circunstancias que lo rodean, en el momento de proferir su decisión, su opinión o su concepto, etc.
Y otro argumento similar utiliza el a quo para soportar su absolución: se desmorona la imputación si se tiene en cuenta que con posterioridad al 13 de diciembre de 1993, en casos semejantes, la señora juez siguió pidiendo la misma documentación que, de buenas a primeras, terminó exigiéndole al doctor Capella por aquellos meses de octubre, noviembre y diciembre del año citado. Y la respuesta de la Corte también es semejante: son conductas desplegadas después de la prevaricante, que evidentemente sólo buscaban resguardar una supuesta explicación al cambio de jurisprudencia, quizás atizadas por la búsqueda de tutela y por la denuncia formulada contra la señora juez.
i) La Sala mayoritaria del Tribunal, en inteligente juego de hipótesis, quiso mostrar cómo las varias probabilidades de solución del caso disolvían la posibilidad de una sola respuesta y, por ende, la de decisión manifiestamente contraría a la ley cuando se acoge una de esas eventualidades. Para corroborarlo acude, entonces, a las varias interpretaciones que se han dado al asunto, por ejemplo, la inicial y posteriormente blandidas por la fiscalía de primera instancia, la esgrimida por la fiscalía de segunda instancia, la propuesta por el Ministerio Público y la defensa, etc.
Lo anterior, que en general podría valer, no es apropiado para el asunto del que se ocupa la Sala pues lo sucedido, tan claro, ha resultado aparentemente complicado pero porque se permitió fuera enmarañado: lo inocultable es que la señora juez pretendió sustentar una decisión en el contenido de una disposición del Código de Procedimiento Civil, basándose en una exigencia que la norma no hace y, además, añadiendo —tras cambio— un inciso al artículo 64 del estatuto mencionado. De allí en adelante, se han tejido muchas teorías y explicaciones tanto objetivas como subjetivas. Pero lo injurídicamente realizado permanece y nadie lo ha desvirtuado.
La conducta de la dama procesada, entonces, desde el punto de vista objetivo es totalmente contraria a la ley y, por ende, típica.
7. La acción imputada a la doctora Miller Villa es igualmente antijurídica pues desordenó la estructura y organización de la administración pública al extraer de la ley —por adición reprochable— términos que esta no porta ni insinúa. Con ello, desde luego, se genera desconfianza en la administración de justicia —dentro de la administración pública— y, por supuesto, se trasluce en falta de lealtad para con el cargo, con el servicio, y con los usuarios de este.
8. Y la conducta, así mismo, es dolosa, aseveración que se apoya en lo siguiente:
a) Como se dijo, la doctora Miller Villa, perfectamente sana y lúcida, dama de 36 años para la época de su versión libre (jun. 27/94), es una funcionaria de larga experiencia pues para la fecha de la indagatoria (abr. 20/95) ya contaba con 16 años de servicio en el poder judicial y desde 1985 se desempeñaba como juez Segunda Laboral del Circuito de Barranquilla. Este detalle muestra a la señora juez como versada, preparada y, desde luego, conocedora del derecho del trabajo. Resulta increíble, entonces, que encontrara en un artículo del Código de Procedimiento Civil (el 64) una regla que este no comporta y que antes no había visto, así como también que diera entendimiento diverso a normas tan nítidas como los artículos 44 del mismo código y 34, 36 y 61 del Estatuto Procesal del Trabajo.
b) En dos asuntos similares al ahora estudiado, muy recientes —del 20 de octubre y del 11 de noviembre de 1993—, con la Fábrica de Licores como demandada y con la doctora Peñaloza como representante, obró de manera diferente, pues no exigió el documento que luego, a un mes de la última de las dos decisiones recordadas —que prosiguieron sin mutación alguna a pesar del cambio de criterio—, requirió sin discusión y posibilidad de diálogo jurídico alguno.
Importa anotar, de otra parte, que si bien un funcionario judicial puede variar su pensamiento sobre determinado punto del derecho, es elemental suponer que debe sustentar el o los motivos que lo llevan a adoptar otra postura. La doctora Miller Villa, sin embargo, no lo hizo.
c) Posteriormente, ante los recursos interpuestos, sobre todo frente a las dos solicitudes que le hiciera el doctor Capella para que le expidiera copias para efectos del recurso de hecho que intentaría ante el tribunal, se obstinó en no escucharlo y tajantemente le dijo que no era parte dentro del proceso, por la misma circunstancia, es decir, porque no había anexado el acto de designación de la doctora Peñaloza. Por ello le negó los recursos y la expedición de las copias que aquél necesitaba para acudir a la vía de la impugnación de hecho.
De aquí resulta un par de datos incriminantes: uno, que impugnada la decisión, la señora juez tampoco expuso las circunstancias de la modificación jurisprudencial; y dos, que el abogado Capella sustentó sus peticiones —sustento semejante al que ahora constituye juicio de reproche para la servidora judicial— y no le contestó.
d) A propósito del recurso de hecho, el proceso también es elocuente en demostraciones sobre la consciente y voluntaria actuación de la señora Miller Villa en contra de la ley.
En primer lugar, como expresamente dispone el artículo 68 del Código Procesal del Trabajo, dicho recurso procede para ante el inmediato superior contra el proveído que deniega el de apelación y, por remisión al Código de Procedimiento Civil, el trámite se surte conforme con los artículos 377 y siguientes de este estatuto. Esa fue la idea materializada del doctor Capella, quien cumplió todos los requerimientos legales, incluido el de aportar el valor de las copias que eran menester para el desarrollo de la impugnación. Y resulta inadmisible que siendo procedente, la señora juez se empecinara en negar toda posibilidad de acceso a su superior jerárquico.
En segundo lugar, por eso las palabras de la justicia cuando respondió a la acción de tutela que como único y último medio en pro de los derechos de la Empresa de Licores, formuló el gobernador del departamento del Atlántico.
En verdad, el Tribunal de Barranquilla —que no tuteló porque el proceso había terminado—, como juez constitucional de primera instancia, nítidamente encontró la conducta de la señora juez injustificada, desnaturalizante de lo jurídico, ejercitante de una “nueva práctica de poder“ y, finalmente, como “ejercicio anormal de la función jurisdiccional“, palabras que, tomadas de la Corte Constitucional, hizo suyas para trasladarlas al caso controvertido. Y concluyó:
“Y es que allí, efectivamente encontramos una vía de hecho, dado que la negativa a la compulsa de copias para formular la queja, producen una violación a su derecho fundamental, debido proceso, máxime, cuando no contaba la accionante con ningún otro medio de defensa judicial“.
E impugnado el fallo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo revocó, para tutelar contra
“la actuación de facto denegatoria de copias que, por contrariar la Constitución, carece de efectos jurídicos“.
En las motivaciones, la Corte explicó que
“la juez obró en forma arbitraria al no conceder ningún recurso y negar la expedición de copias“,
“cuando se niegan las copias para acudir de hecho o en queja, se le cierra el paso para recurrir, estableciéndose una violación al derecho de defensa“.
e) La señora juez no logró dar respuesta inmediata a su comportamiento. Fue citada para versión y aunque quiso dar a entender que su conducta se apoyaba en jurisprudencia de la Corte y de algunos tribunales, lo cierto es que nada precisó ni desarrolló. Simplemente en dos ocasiones, durante el interrogatorio, respondió que desde tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia exigía resolución de nombramiento y acta de posesión, y que su despacho exigió aquel documento con base en diferentes sentencias dictadas por los diversos tribunales del país y por la Corte. Sin embargo, nada explicó sobre esa jurisprudencia.
Posteriormente, en indagatoria, siguió la misma tónica, aunque ya se refirió a un auto del Tribunal Superior del Trabajo proferido en abril de 1948.
Como se ve, la doctora Miller Villa no aportó ninguna explicación a su modificación jurisprudencial. Simplemente se quiso resguardar en un auto de la Corte, decisión que curiosamente no conocía a pesar del tanto tiempo de proferida y no obstante que se hallaba publicada en un libro editado en 1967. Las palabras de la señora funcionaria, en síntesis, no pueden convencer.
9. La defensa, que durante todo el tiempo ha trabajado tanto lo objetivo como lo subjetivo del prevaricato, busca exoneración con fundamento en la ausencia de actuación manifiestamente contraria a la ley y, desde luego, con base, dice, en el error de interpretación, en el error de tipo o en el de prohibición. Sobre lo primero, ya se ha explicado suficientemente por qué la conducta sí es ostensiblemente opuesta a la ley; y en torno a lo segundo, el error, que adjetiva de invencible porque no otra cosa se puede esperar de una decisión que se guía por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, basta recordar lo que ya se dijo a propósito del auto de abril de 1948: ni siquiera ordena —y más bien hasta desvirtúa— aquello que la doctora Miller Villa, después de haber tomado su decisión, quiere hacer ver como indiscutible. Mejor dicho, si la decisión hubiera surgido de la lectura del auto de la Corte, con toda certeza la señora juez habría tenido que seguir obrando como habitualmente lo hacía, vale decir, no exigir el acto administrativo de nombramiento del otorgante del mandato, pues que con mucha de la otra prueba que tenía a la mano fácilmente habría concluido que la doctora Peñaloza sí era la representante legal de la empresa. La invencibilidad del yerro, en verdad, no se percibe en parte alguna.
De lo expuesto hasta aquí se deduce, sin duda alguna, que la señora juez procesada es responsable penalmente del delito de prevaricato que le fuera imputado en la acusación.
10. La pena se fija de la siguiente manera:
La disposición aplicable es el artículo 149 original del Código Penal de 1980, primero porque los hechos sucedieron bajo su vigencia y, segundo, porque respecto de otras normas eventualmente aplicables —Ley 190 de 1995 y Ley 599 de 2000— es la más favorable.
Como la prisión que prevé tal artículo oscila entre uno (1) y cinco (5) años, se impondrá a la doctora Miller Villa un (1) año de prisión, lapso que también se fijará como interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas. Se impondrá, además, por hallarse el delito íntimamente vinculado con el ejercicio del cargo judicial, la pena accesoria de pérdida del empleo.
En la acusación se habló de presencia de la causal genérica de agravación establecida en el numeral 11 del artículo 66 del Código Penal de 1980, es decir, incremento punitivo debido a la posición distinguida ocupada en la sociedad por la señora procesada en razón de su cargo y oficio. También se dijo que existía la causal 1ª de atenuación relacionada en el artículo 64 del mismo estatuto, o sea la demostración de buena conducta anterior. Si se ponderan las dos causales, el cargo y el comportamiento pretérito debido, se puede concluir que, teniendo contenido y peso cualitativo similar, para efectos punitivos, se neutralizan, motivo por el cual la pena anteriormente indicada resulta siendo la más justa.
Atendidas la pena impuesta y las características personales, sociales y familiares de la doctora Miller Villa, la Sala considera que no es imprescindible la sujeción material al cumplimiento de la sanción y, por ende, que es viable el reconocimiento de la condena de ejecución condicional, que se otorgará por un periodo de tres (3) años, previa la firma de la diligencia de compromiso a que alude el artículo 65 del Código de Procedimiento Penal y el pago del equivalente a diez salarios mínimos legales —incluido el ya cancelado para efectos de la excarcelación que le fuera otorgada—, a título de caución que garantice la seriedad hacia los deberes a que se refiere la norma procesal acabada de citar. Para realizar esta labor, se comisionará al señor presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
No hay condenación civil por cuanto, en estricto sentido económico, el comportamiento judicial no causó daño a la Empresa de Licores toda vez que, en últimas, las pretensiones de lo demandantes obtuvieron materialización pues que evidentemente adeudaba las sumas a lo quejosos y porque, en segundo término, el apoderado de la parte civil, que habló de perjuicios a presentar la demanda de parte civil, nunca más volvió a mostrar interés pecuniario, ni siquiera cuando apeló la sentencia absolutoria, acto en el cual se redujo a pedir condena en materia penal. No existiendo, pues, daño ni perjuicio, es imposible responsabilizar civilmente a la doctora Miller Villa.
En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Revocar la sentencia del nueve (9) de noviembre del año dos mil (2000), mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla absolvió a la doctora Diana Beatriz Miller Villa.
2. Condenar a la doctora Diana Beatriz Miller Villa como autora del delito de prevaricato por acción, e imponerle como penas un (1) año de prisión y un (1) año de interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la accesoria de pérdida del empleo.
3. Reconocer a la doctora Miller Villa el subrogado de la condena de ejecución condicional“.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 36
 artículo 64
 artículo 36
 artículo 64
 artículo 61
 artículo 64
 artículo 61
 artículo 75
 artículo 149
 resolución 
e contrario
 resolución 
e contrario
e contrario
 resolución 
e contrario
 artículo 64
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 resolución 
 artículo 36
 artículo 4

Artículo 122

Artículo 44
 artículo 1
 artículo 36
 resolución 
 artículo 230
 resolución 
 artículo 61
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 149
 resolución 
 artículo 149
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 36
 artículo 64
 artículo 36
 artículo 64
 artículo 61
 artículo 64
 artículo 61
 artículo 149
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e contrario
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Artículo 64

Artículo 34

Artículo 44

Artículo 61

Artículo 36
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 artículo 149
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 artículo 64
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