Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43228
Timestamp: 2017-11-18 00:41:24+00:00

Document:
Fallo 288 de 2011 Consejo de Estado
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD - Improcedencia
En el caso sub examine, se observa que no son muy claros los argumentos esbozados por la parte actora en relación con la aplicación del artículo 4° de la Constitución Política, respecto del artículo 5º del Decreto Ley 770 de 17 de marzo de 2005, que es uno de los fundamentos de la expedición del Decreto Reglamentario 2772 de 2005. Además, no es pertinente la aplicación del citado artículo Constitucional, ya que la Sala no observa una afectación en forma directa de alguna de las normas de carácter Superior enunciadas por el demandante, pues para ello se requiere que exista contradicción de la norma acusada con alguna de las disposiciones de la Constitución Política, la cual no se presenta en esta oportunidad
NORMA DEMANDADA: DECRETO 2772 DE 2005 (AGOSTO 10) (NO ANULADO)
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 4 / DECRETO 770 DE 2005 – ARTICULO 5
GOBIERNO NACIONAL - Potestad reglamentaria. Artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política
Solicita la parte actora la nulidad total del Decreto Reglamentario núm. 2772 de 10 de agosto de 2005 (…) se deduce que su expedición se efectuó con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 5° del Decreto 770 de 2005. Además, del texto de la norma acusada (…) advierte la Sala (…) como ya se dijo, que el Gobierno actuó con fundamento en la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política para expedir el Decreto reglamentario 2772 de 2005, y por las normas legales que expresamente indican la necesidad de regular una determinada ley, que en este caso fue el artículo 5° del Decreto Ley 770 de 2005, que simplemente desarrolló el ejecutivo, el cual reglamenta el artículo 53 de la Ley 909 de 2004, que le otorgó entre otras facultades, la de "…expedir normas con fuerza de ley que contengan: (…) 3.- El sistema de funciones y requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que deban regirse por la presente ley".
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 189 NUMERAL 11 / DECRETO 770 DE 2005 – ARTICULO 5 / LEY 909 DE 2004 – ARTICULO 53
GOBIERNO NACIONAL - Competencia para regular temas de la carrera administrativa / POTESTAD REGLAMENTARIA - Facultad constitucional que no tiene limitaciones temporales
Arguye el demandante que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto Ley 770 de 2005, excedió sus competencias al autohabilitarse para regular los temas de la carrera administrativa. Al respecto, no es de recibo dicho planteamiento, ya que el Gobierno Nacional como legislador extraordinario no se faculta así mismo para legislar sobre la materia, sino depende de los criterios señalados en este caso, tanto en la Ley 909 de 2004 como en el Decreto Ley 770 de 2005, los cuales son leyes ordinarias, como lo indica el Ministerio Público. Tampoco tiene éxito la argumentación del demandante relativa a que el Ejecutivo se excedió en el tiempo de seis meses que le había otorgado el legislador para promulgar el Decreto 2772 de 2005, "con lo cual usurpó las competencias del Congreso de la República", toda vez que la potestad reglamentaria no se agota, pues no tiene limitaciones temporales, en virtud de que es una facultad constitucional no sujeta al tiempo cuya finalidad es hacer posible la aplicación de las leyes, como bien lo anotan el señor Procurador Primero Delegado para esta Corporación y la entidad demandada. Por consiguiente los artículos 4º, 13, 29 y 150 numeral 10 de la Constitución Política, concordantes con el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 que cita el actor, no fueron vulnerados.
FUENTE FORMAL: DECRETO 770 DE 2005 / LEY 909 DE 2004
POTESTAD REGLAMENTARIA - Alcances / PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Potestad reglamentaria. Artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política / PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Potestad constitucional: Expedición decretos reglamentarios
Igualmente, sostiene el demandante que la expedición del Decreto 2772 de 2005 constituye una ampliación temporal indebida de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 909 de 2004, lo cual tampoco es de recibo dicha aseveración, en virtud de que el acto acusado no se fundamenta en tales facultades sino en la potestad reglamentaria general concedida al ejecutivo por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el cual se expidió dentro de los presupuestos previstos en el Decreto Ley 770 de 2005. En conclusión, la norma acusada, no es contraria a lo dispuesto en los artículos 4º, 29, 150 numeral 10, 189 numerales 10 y 11 de la Constitución Política, toda vez que la expedición del Decreto Reglamentario 2772 de 2005, obedece a las facultades conferidas por la Constitución al Ejecutivo para reglamentar. Quizás como afirma el Ministerio Público, el actor se equivoca al confundir un Decreto Ley con un Decreto Reglamentario, así como fundamentarse en las facultades otorgadas por el Congreso a través del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, para indicar que "habían expirado", cuando lo cierto, es que las facultades para reglamentar el artículo 5º del Decreto Ley 770 de 2005 a través del acto acusado, se reitera, fueron otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. En otras palabras, el ejecutivo es competente por la potestad constitucional para expedir Decretos Reglamentarios, cuyos requisitos y condiciones son diferentes a la expedición de un Decreto Ley.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 189 NUMERAL 11 / DECRETO 770 DE 2005 / LEY 909 DE 2004
NOTA DE RELATORIA: Sobre la potestad reglamentaria del Presidente de la República sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 11 de junio de 2009, Radicado 2004-00431, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.
Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00288-00
El señor 0RLANDO NIÑO ACOSTA, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, con el fin de que se declare la excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4º de la Constitución Política, artículo 5º del Decreto 770 de 17 de marzo de 2005, en el aparte: "Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. El Gobierno Nacional determinará las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos".
Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad del Decreto 2772 de 10 de agosto de 2005, expedido por el Presidente de la República, por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden Nacional y se dictan otras disposiciones.
I.1.- En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo, en esencia, los siguientes hechos:
1.- El Congreso de la República expidió la Ley 909 de 2004, mediante la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
2.- El Congreso de la República, mediante el artículo 53 de la Ley 909 de 2004, otorgó entre otras facultades al Ejecutivo, "…para expedir normas con fuerza de ley que contengan:
(…) 3.- El sistema de funciones y requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que deban regirse por la presente ley".
3.- En aplicación de las facultades otorgadas, el Presidente de la República expidió el Decreto 770 de 17 de marzo de 2005, por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.
4.- El Presidente de la República al expedir el Decreto 770 de 2005, en el artículo 5º, señaló: "Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. El Gobierno Nacional determinará las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos…." (folio 75).
5.- Con posterioridad el Presidente de la República expide el Decreto 2772 de 10 de agosto de 2005, por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.
6.- El Decreto 2772 de 2005, se dice que fue expedido con fundamento en las facultades del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política.
I.2.- Precisó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que se vulneraron los artículos 4, 6, 7, 13, 25, 29, 48, 53, 121, 122, 123, 125, 50 numerales 7, 10 y 23, 188, 189 numerales 10 y 11, y 209 de la Constitución Política; numeral 3 del artículo 53 de la Ley 909 de 2004; 59, 60, 61 y 62 de la Ley 4 de 1913; 115, 116, 130 y 131 del Decreto 1313 de 1986; 12, 13, 14, 15, 82 y 84 del Decreto 2304 de 1989; 121 del Decreto 1400, y 2019 de 1970 modificado por el D.E. 2282 de 1989, artículo 1 numeral 65.
Afirma que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 770 de 2005, excedió sus competencias al autohabilitarse para regular los temas de la carrera administrativa y se excedió en el tiempo de seis meses que le había otorgado el legislador para promulgar el Decreto 2772 de 2005, con lo cual usurpó las competencias del Congreso de la República. Adicionalmente solicita aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 5º del citado Decreto 770, por violación de la Constitución Política.
Explica que el Decreto 2772 de 10 de agosto de 2005, expedido por el Presidente de la República, por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden Nacional y se dictan otras disposiciones, infringe los artículos 4º, 6º, 13, 25, 29, 122, 123, 125 numerales 10 y 23, y 150 de la Constitución Política, ya que ello es del resorte exclusivo del Congreso.
Resalta que si bien el Congreso facultó al Presidente de la República para reglamentar la Ley 909 de 2004, respecto a expedir Decretos con fuerza de ley en lo referente al sistema de funciones y requisitos aplicables a los organismos y entidades del orden Nacional, tal y como se desprende del numeral 3 del artículo 53 de la aludida Ley, es evidente que para la fecha en que se expidió el Decreto acusado, las facultades habían expirado, violándose así los artículos 4º, 13, 29 y 150 numeral 10 de la Constitución Política, concordante con el artículo 53 de la Ley 909 de 2004.
II.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
II.1.1.- El Departamento Administrativo de la Función Pública, por medio de apoderado, contestó la demanda, aduciendo, en síntesis lo siguiente:
Sostiene que el Decreto 2772 constituye un ejercicio de la potestad reglamentaria general contenida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, propia del Gobierno Nacional.
Explica que la autorización contenida en el Decreto 770 de 2004, tiene un carácter meramente impulsatorio de la función propia del Gobierno Nacional. Que por lo tanto, el Ejecutivo no se excedió en su competencia ni actuó de manera extemporánea en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 909 de 2004, ya que el Decreto acusado no fue expedido con fundamento en esas facultades.
Agrega que el Ejecutivo no tenía un término para reglamentar la Ley, toda vez que la potestad reglamentaria no se agota, en virtud de que es una facultad constitucional no sujeta al tiempo cuya finalidad es hacer posible la aplicación de las leyes.
III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El señor Agente del Ministerio Público, en su alegato de conclusión se mostró partidario de que la nulidad impetrada no tiene vocación de prosperidad porque, en su opinión, el Congreso puede otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para desarrollar los principios y criterios establecidos por el legislador.
A su juicio, las facultades otorgadas por el numeral 3 del artículo 53 de la Ley 909 de 2004 al Gobierno Nacional cumple con los requisitos y observancia de las prohibiciones contenidas en el artículo 150 de la Constitución Política, pues no es un tema cuya delegación esté prohibida al legislador. De manera que el ejercicio de tales facultades se realizó en el marco de la Ley habilitante, a través del Decreto 770 de 2005.
Además que el Decreto Ley 770 de 2005 "…consagra el ámbito de aplicación, las definiciones, los niveles jerárquicos, la naturaleza de las funciones de estos niveles y, en el tema bajo estudio, contempló expresamente las competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos" (folio 233).
Resalta que el citado Decreto Ley derogó las normas de la misma jerarquía que venían rigiendo, cuales eran el Decreto Ley 2503 de 1998 y las disposiciones que le sean contrarias. Precisa que dicho Decreto "…fue expedido igualmente en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga al Presidente de la República la Ley 443 de 1998, la cual fue derogada por la Ley 909 de 2004" (folio 234).
Respecto al Decreto 2772 de 2005, arguye que los decretos reglamentarios se expiden con fundamento en la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política "…y por las normas legales que expresamente indiquen la necesidad de regular una determinada ley, sin que esta alusión sea requisito necesario para el ejercicio de la potestad reglamentaria general del Gobierno" (folio 234).
Afirma que la expedición del Decreto 2772 de 2005, no tiene limitaciones temporales, por cuanto es la manifestación de una facultad propia del Ejecutivo.
Indica que el demandante al partir de la premisa errada de que "…la regulación de la carrera administrativa constituye reserva legal o por lo menos suponer que en el presente caso, el legislador extraordinario debió agotar completamente el tema al ejercer las facultades extraordinarias otorgadas por el numeral 3 del artículo 53 de la Ley 909…" (folio 235), está confundiendo los decretos ley con los decretos reglamentarios, razón por la cual no puede afirmarse que "la expedición del Decreto 2772 de 2005 constituye una ampliación temporal indebida de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 909 de 2004, pues el Decreto demandado no se fundamenta en dichas facultades sino en la potestad reglamentaria general y fue expedido dentro de los términos señalados en el Decreto Ley 770 de 2005. Tampoco constituye una indebida autohabilitación para legislar, por cuanto el artículo 5° del Decreto Ley 770 de 2005, el Gobierno Nacional actuando como legislador extraordinario no faculta al ejecutivo para legislar sobre la materia sino para reglamentar la ley dentro de los criterios señalados, tanto en la Ley 909 de 2004 como en el Decreto Ley 770 de 2005, teniendo una y otro, el carácter de leyes ordinarias" (folios 235 y 236).
Aduce que tampoco resulta procedente la solicitud que presenta a esta Corporación, relativa a que se declare la excepción de inconstitucionalidad con respecto al artículo 5º del Decreto Ley 770 de 2005, ya que considera que si el demandante es del criterio que esta norma "…es contraria a la Constitución, lo pertinente… hubiese sido plantear el debate sobre la constitucionalidad de este precepto como un exceso con respecto a los límites materiales y temporales en el ejercicio de las facultades extraordinarias, otorgadas por el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 y, por tanto, la demanda debió…dirigirse al juez competente que es, de conformidad con el artículo 241, numeral 5, de la Carta Política, la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado, corporación que no tiene competencia para la valoración constitucional de los decretos con fuerza de Ley.
Al respecto, valga anotar que la Corte Constitucional, siendo competente para decidir sobre la inexequibilidad tanto de las leyes como de los decretos ley, ha señalado que el examen de constitucionalidad de estos últimos restringe a la norma acusada y no la autoriza automáticamente para evaluar la constitucionalidad de la norma habilitante (sentencia C-1252 de 2001), menos aún podría el Consejo de Estado…entrar a evaluar la constitucionalidad de la norma que sirve de fundamento del decreto reglamentario…" (folios 236 y 237).
Concluye, solicitando que se desestimen las pretensiones de la demanda.
IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA:
El demandante solicita la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4º de la Constitución Política, respecto del artículo 5º del Decreto Ley 770 de 17 de marzo de 2005, en el aparte: "Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. El Gobierno Nacional determinará las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos".
"…tampoco resulta procedente la solicitud que presenta el demandante al H. Consejo de Estado en el sentido de "declarar la excepción de inconstitucionalidad" con respecto al artículo 5 del Decreto Ley 770 de 2005. Al respecto, considera este Despacho que si el demandante es del criterio de que esta norma, que es uno de los fundamentos del Decreto 2772 de 2005,…es contraria a la Constitución, lo pertinente y lógico hubiese sido plantear el debate sobre la constitucionalidad de este precepto como un exceso con respecto a los límites materiales y temporales en el ejercicio de las facultades extraordinarias, otorgadas por el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 y, por tanto, la demanda debió…dirigirse al juez competente que es, de conformidad con el artículo 241, numeral 5, de la Carta Política, la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado, corporación que no tiene competencia para la valoración constitucional de los decretos con fuerza de Ley.
Al respecto, valga anotar que la Corte Constitucional, siendo competente para decidir sobre la inexequibilidad tanto de las leyes como de los decretos ley, ha señalado que el examen de constitucionalidad de estos últimos restringe a la norma acusada y no la autoriza automáticamente para evaluar la constitucionalidad de la norma habilitante (sentencia C-1252 de 2001), menos aún podría el Consejo de Estado…entrar a evaluar la constitucionalidad de la norma que sirve de fundamento del decreto reglamentario, en este caso el Decreto ley 770 de 2005, como lo pretende indirectamente el demandante…" (folios 236 y 237).
"A diferencia del Decreto 3135 de 1968, que fue dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por la ley 65 de 1967, el Decreto 1848 de 1969 "por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de1968" se expidió en uso de las facultades otorgadas al Presidente de la República a través del ordinal 3° del artículo 120 de la Constitución Nacional de 1886, subrogado por el artículo 41 del acto legislativo No.1 de 1968. Dicha norma establecía como facultad del Presidente en su calidad de Jefe de Estado y Suprema autoridad administrativa, la posibilidad de ejercer la potestad reglamentaria expidiendo órdenes, decretos y resoluciones para la cumplida ejecución de las leyes. En consecuencia, esta Corte no es competente para conocer sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 102 del referido decreto, por cuanto dicho contenido normativo no tiene la naturaleza de ley ni tampoco fuerza material de tal. (Art. 241, numerales 4° y 5° C.P)" (Las subrayas son ajenas al texto).
"Podría afirmarse que como en el artículo 2° del Decreto 1090 de 1996 se dispone que este ordenamiento "se entenderá incorporado al Decreto 2150 de 1955", la Corte debe integrar la unidad normativa con el fin de proferir una decisión de mérito que no sea inocua y antes bien, pueda surtir los efectos de la cosa juzgada constitucional.
Sin embargo, la Corte no puede aplicar la unidad normativa en el asunto bajo revisión, toda vez que carece de competencia para conocer del Decreto 1090 de 1996, ya que se trata de un acto administrativo sobre cuya validez debe pronunciarse el Consejo de Estado conforme a lo reglado en el numeral segundo del artículo 237 Superior" (La subraya es de la Sala).
En el caso sub examine, se observa que no son muy claros los argumentos esbozados por la parte actora en relación con la aplicación del artículo 4° de la Constitución Política, respecto del artículo 5º del Decreto Ley 770 de 17 de marzo de 2005, que es uno de los fundamentos de la expedición del Decreto Reglamentario 2772 de 2005.
Solicita la parte actora la nulidad total del Decreto Reglamentario núm. 2772 de 10 de agosto de 2005, el cual se transcribe a continuación:
"DECRETO 2772 DE 2005
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La descripción de las funciones y requisitos generales que se establecen en el presente decreto, regirá para los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional.
Artículo 2°. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.
Artículo 3°. Nivel asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Artículo 4°. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la, ley y que según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
Artículo 5°. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
Artículo 6°. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.
Artículo 7°. Funciones descritas en normas especiales. Los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos que tengan funciones señaladas en la Constitución Política o en las leyes, cumplirán las allí determinadas, sin perjuicio de las establecidas en el presente decreto.
Artículo 8°. Factores. Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos generales serán la educación formal, la no formal y la experiencia.
Artículo 9°. Estudios. Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado.
En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan.
Artículo 17. Requisitos del nivel directivo. Adicionado por el art. 3, Decreto Nacional 4476 de 2007. Serán requisitos para los empleos del nivel directivo, los siguientes:
Artículo 19. Requisitos del nivel profesional. Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 4476 de 2007. Serán requisitos para los empleos del nivel profesional, los siguientes:
Parágrafo. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 871 de 2006. Los estudios de educación superior que se exijan, deberán referirse a una misma disciplina académica. En este nivel sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller. Para los grados 01 al 06 el diploma de bachiller podrá compensarse siempre y cuando se acredite la aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.
Artículo 21. Requisitos del nivel asistencial. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 3717 de 2010. Serán requisitos para los empleos del nivel asistencial, los siguientes:
Parágrafo. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 871 de 2006. En este nivel solo se podrá compensar hasta los dos (2) últimos años de educación básica primaria, únicamente para los grados 01 al 06; hasta dos (2) años de educación básica secundaria, para los grados 07 al 14; el diploma de bachiller siempre y cuando se acredite la aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria, únicamente para los grados 15 al 20; hasta tres (3) años de educación superior, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller, para los grados 22 en adelante. En todo caso, los estudios superiores que se exijan deberán referirse a una misma disciplina académica.
Artículo 22. Requisitos especiales. Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 4476 de 2007. Cuando las funciones de un empleo correspondan al ámbito de la música o de las artes, los requisitos de estudios exigibles podrán ser compensados por la comprobación de experiencia y producción artísticas, así:
Título profesional y título de postgrado o tarjeta profesional de artista colombiano y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como gestor cultural
Diploma de bachiller y cuarenta y ocho (48) meses d experiencia relacionada
Título profesional en medicina, título de postgr ado en la modalidad de especialización y treinta y siete (37) meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional en odontología, título de postgrado en la modalidad de especialización y treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional en odontología, título de postgrado en la modalidad de especialización y treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada
Título profesional en odontología, título de postgrado en la modalidad de especialización y treinta y siete (37) meses de experiencia profesional relacionada
Artículo 24. Disciplinas académicas. Modificado por el art. 2, Decreto Distrital 3717 de 2010. Para el ejercicio de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior en cualquier modalidad, en los manuales específicos se determinarán las disciplinas académicas teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño.
Parágrafo 1°. Modificado por el art. 6, Decreto Nacional 4476 de 2007. Para desempeñar los empleos de Viceministro, Subdirector de Departamento Administrativo, Superintendente, Director de Unidad Administrativa Especial, Director, Gerente o Presidente de entidades descentralizadas, quien sea nombrado deberá acreditar como requisito de educación, título en una profesión o disciplina académica y experiencia profesional.
Parágrafo 2°. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de carrera, se indicarán las disciplinas académicas que se requieran para el desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual específico de funciones y requisitos, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la institución.
Parágrafo 3°. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la for mación de postgrado se tendrá en cuenta que la maestría es equivalente a la especialización más un (1) año de experiencia profesional o viceversa.
Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 7, Decreto Nacional 4476 de 2007.
Parágrafo 1°. El Departamento Administrativo de la Función Pública elaborará periódicamente un muestreo selectivo de los manuales específicos de funciones y de requisitos de los organismos y las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, y pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, el incumplimiento de lo dispuesto en este decreto. Las entidades deberán atender las observaciones que se efectúen al respecto y suministrar la información que se les solicite.
Artículo 29. Contenido. Además de la descripción de las funciones y de las competencias laborales a nivel de cargo, el manual específico deberá contener corno mínimo:
Artículo 30. Adopción del manual específico de funciones y de requisitos. Los organismos y entidades deberán expedir su respectivo manual específico de funciones y de requisitos, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del presente decreto, salvo para los empleos a que se refiere el artículo 10 del Decreto 2539 de 2005 que están sujetos a los términos allí establecidos. Los manuales específicos vigentes, continuarán rigiendo hasta la expedición del nuevo manual.
Artículo 33. Manuales específicos de las entidades con sistemas especiales. Los lineamientos señalados en el presente decreto, serán tenidos en cuenta por las entidades públicas del orden nacional con sistemas especiales de nomenclatura y clasificación de empleos, cuando se trate de elaborar, actualizar, o modificar sus manuales específicos, sin perjuicio de sus disposiciones específicas sobre la materia.
Artículo 35. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 861 de 2000 y las disposiciones que le sean contrarias.
Fernando Grillo Rubiano".
De la norma reseñada se deduce que su expedición se efectuó con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 5° del Decreto 770 de 2005.
Además, del texto de la norma acusada transcrita, advierte la Sala, como ya se dijo, que el Gobierno actuó con fundamento en la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política para expedir el Decreto reglamentario 2772 de 2005, y por las normas legales que expresamente indican la necesidad de regular una determinada ley, que en este caso fue el artículo 5° del Decreto Ley 770 de 2005, que simplemente desarrolló el ejecutivo, el cual reglamenta el artículo 53 de la Ley
909 de 2004, que le otorgó entre otras facultades, la de "…expedir normas con fuerza de ley que contengan:
Por otra parte, arguye el demandante que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto Ley 770 de 2005, excedió sus competencias al autohabilitarse para regular los temas de la carrera administrativa.
Al respecto, no es de recibo dicho planteamiento, ya que el Gobierno Nacional como legislador extraordinario no se faculta así mismo para legislar sobre la materia, sino depende de los criterios señalados en este caso, tanto en la Ley 909 de 2004 como en el Decreto Ley 770 de 2005, los cuales son leyes ordinarias, como lo indica el Ministerio Público.
Tampoco tiene éxito la argumentación del demandante relativa a que el Ejecutivo se excedió en el tiempo de seis meses que le había otorgado el legislador para promulgar el Decreto 2772 de 2005, "con lo cual usurpó las competencias del Congreso de la República", toda vez que la potestad reglamentaria no se agota, pues no tiene limitaciones temporales, en virtud de que es una facultad constitucional no sujeta al tiempo cuya finalidad es hacer posible la aplicación de las leyes, como bien lo anotan el señor Procurador Primero Delegado para esta Corporación y la entidad demandada. Por consiguiente, los artículos 4º, 13, 29 y 150 numeral 10 de la Constitución Política, concordantes con el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 que cita el actor, no fueron vulnerados.
En conclusión, la norma acusada, no es contraria a lo dispuesto en los artículos 4º, 29, 150 numeral 10, 189 numerales 10 y 11 de la Constitución Política, toda vez que la expedición del Decreto Reglamentario 2772 de 2005, obedece a las facultades conferidas por la Constitución al Ejecutivo para reglamentar. Quizás como afirma el Ministerio Público, el actor se equivoca al confundir un Decreto Ley con un Decreto Reglamentario, así como fundamentarse en las facultades otorgadas por el Congreso a través del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, para indicar que "habían expirado", cuando lo cierto, es que las facultades para reglamentar el artículo 5º del Decreto Ley 770 de 2005 a través del acto acusado, se reitera, fueron otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. En otras palabras, el ejecutivo es competente por la potestad constitucional para expedir Decretos Reglamentarios, cuyos requisitos y condiciones son diferentes a la expedición de un Decreto Ley.
Tampoco puede endilgarse que es violatorio de los artículos 53 de la Ley 909 de 2004, 150 numeral 10, pues a juicio del actor, el Presidente de la República se auto habilitó de facultades al expedir el Decreto 770 de 2005 artículo 5º, en virtud de que, como ya se dijo, se trata de un Decreto Ley, cuya constitucionalidad no compete dilucidarla a esta Corporación. Además, la reglamentación efectuada a través del Decreto 2772 de 2005, se hizo bajo los criterios señalados tanto en la aludida Ley como en dicho Decreto, cuya reglamentación es de carácter administrativo, la cual no invade la órbita de competencia del legislador.
De igual forma, no puede aceptarse la aseveración que hace el actor, acerca de que el Presidente de la República "usurpó funciones o competencias no atribuidas al ejecutivo para regular aspectos relacionados con las funciones y requisitos generales para proveer los empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional… (folio 83)" "…quiere ello significar, que el Presidente…podía expedir los Decretos en vigencia de las facultades otorgadas, empero, de modo alguno con posterioridad, pues en tal sentido se arrogaba o usurpaba funciones no atribuidas, constituyendo el Acto expedido…en inconstitucional, conllevando la nulidad…en los términos del Art. 4º de la C.P., por violación de la ley o norma superior, y por desviación de poder y falsa motivación, al carecer de competencia para expedir dicha norma…" (folio 87).
Al respecto, se reitera, que el ejecutivo mediante el Decreto 2772 de 2005, reglamentó la materia bajo las condiciones y requisitos de la Ley 909 y del Decreto Ley 770 de 2005, cuya reglamentación no está sometida al tiempo, como sí lo están las leyes y decretos leyes que expida el ejecutivo por facultades extraordinarias otorgadas por el poder legislativo, cuestión que no es objeto de debate en esta oportunidad.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2011.
1 "Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
11) Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes".
2 Sentencia de 11 de junio de 2009. Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Rad. núm: 2004-00431. Actor: ALFREDO VANEGAS MONTOYA. "La potestad reglamentaria de las leyes, de que trata el numeral 11 del artículo 189 de la C.P., que se ha confiado al Presidente de la República tiene la restricción de que no es posible modificar, ampliar, adicionar, enervar ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, pues el único objeto de la norma reglamentaria es lograr el cumplimiento y efectividad de la ley que desarrolla. No le es posible al Presidente de la República, so pretexto de reglamentar la ley, introducir en ella alteraciones que desvirtúan la voluntad del legislador, pues los límites de esta facultad los señala la necesidad de cumplir adecuadamente la norma que desarrolla; tiene sí la responsabilidad de hacer cumplir la ley y de crear los mecanismos necesarios para hacerla efectiva pues de lo contrario ésta quedaría escrita pero su efectividad nula;…"

References: artículo 4
 artículo 5
 Artículo 189
 artículo 189
 artículo 5
 artículo 189
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 53
 Artículo 189
 artículo 189
 artículo 53
 artículo 5
 artículo 189
 artículo 84
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 5
 artículo 189
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 189
 artículo 53
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 53
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 241
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 241
 artículo 120
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 artículo 102
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 artículo 237
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 artículo 189
 artículo 5
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 artículo 5
 artículo 53
 artículo 53
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 artículo 5
 artículo 189
 artículo 5
 artículo 189