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Timestamp: 2017-04-28 14:11:52+00:00

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CUARTA PARTE - ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO | Asamblea de apoyo a Bolivia
Siempre:SEGUNDA PARTE - ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADOTERCERA PARTE - ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADOPRIMERA PARTE - BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y GARANTIASCUARTA PARTE - ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADOQUINTA PARTE - JERARQUIA NORMATIVA Y REFORMA CONSTITUCIONAL
CUARTA PARTE - ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO CUARTA PARTE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO TITULO I ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 306 I. El Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario tiene como máximo valor al ser humano, y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación y cultura. II. El modelo económico boliviano es plural, y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. III. La economía plural está constituida por las siguientes formas de organización económica: la comunitaria, la estatal y la privada. IV. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. V. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas. Artículo 307 I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley. II. La economía plural comprende los siguientes aspectos: 1. El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y de sus procesos de planificación. 2. Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. 3. La industrialización para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza. 4. El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos. 5. Se respeta el derecho a la sucesión hereditaria. 6. El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica. 7. El Estado fomentará y promocionará el área comunitaria de la economía como alternativa solidaria, tanto en el campo como en la ciudad Artículo 308 I. Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica. II. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo digno, y contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza. III. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente. Artículo 309 Son medios de la organización económica boliviana, para lograr el vivir bien de la población, la eliminación de la pobreza y la exclusión en sus múltiples dimensiones, los siguientes: 1. Una generación del producto social que se logre en el marco del respeto de los derechos sociales de los individuos, así como de los derechos de los pueblos y las naciones. 2. La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos. 3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. 4. La reducción de las desigualdades regionales. 5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales. 6. La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo. Artículo 310 El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. La forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y la visión propios de los pueblos y naciones indígena originario y campesinos. Artículo 311 I. El Estado reconocerá, respetará y protegerá la forma de organización económica privada y la iniciativa privada, siempre que cumplan una función social y contribuyan al desarrollo del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley. Artículo 312 La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos: 1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales, y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de los mismos. 2. Administrar los servicios públicos, directamente o por medio de empresas público-comunitarias. 3. Producir directamente bienes y servicios. 4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. 5. Garantizar el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios. Artículo 313 Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y la comercialización de bienes y servicios. CAPITULO SEGUNDO FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMIA Artículo 314 La función del Estado en la economía consiste en: 1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. 2. Conducir y regular, conforme a los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, y ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. 3. Participar en la economía, mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales. 4. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico y social. 5. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo, y de insumos económicos y sociales para la población. 6. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. 7. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública. 8. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. 9. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización. Artículo 315 El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada. CAPITULO TERCERO POLITICAS ECONÓMICAS Artículo 316 I. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficiente para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora. II. El Estado priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de pequeños productores, urbanos y rurales. III. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país. IV. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios. Artículo 317 I. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos y naciones indígena originario campesinos y sus territorios. La articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado. II. En la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos, el Estado considerará, para la definición del precio de su comercialización, los impuestos, regalías y participaciones correspondientes que deban pagarse a la hacienda pública. Artículo 318 I. La inversión boliviana será priorizada frente a la inversión extranjera. II. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable. III. Las relaciones económicas con Estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos. IV. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de Estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales. V. Las políticas públicas promocionarán el consumo interno de productos hechos en Bolivia. SECCIÓN I POLITICA FISCAL Artículo 319 I La administración económica y financiera del Estado se rige por su presupuesto. II La determinación del gasto y de la inversión pública tendrán lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. III El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público. IV Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio económico del ramo, tendrá acceso directo a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la información del gasto presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Artículo 320 I La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 321 I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. II. Sólo podrán establecerse tributos por ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. III. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará a las entidades territoriales autónomas y descentralizadas la aprobación y recaudación de tasas y patentes para la gestión de servicios públicos. IV. La política arancelaria tendrá como objetivo la protección de la producción boliviana, así como la generación de ingresos para el Estado. Artículo 322 No prescribirán las deudas y los daños económicos causados al Estado. Artículo 323 El Tribunal Fiscal del Estado será el órgano colegiado que ejercerá la jurisdicción contencioso-tributaria especializada, autónoma, imparcial e independiente de la jurisdicción ordinaria y de la administración tributaria. Su organización, competencias y procedimientos serán establecidos por la ley. SECCIÓN II POLITICA MONETARIA Artículo 324 I. El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país. II. La moneda del Estado es el Boliviano. Las transacciones públicas del país se realizarán en bolivianos. Artículo 325 El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene autonomía en la gestión administrativa y técnica. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Artículo 326 I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 2. Ejecutar la política cambiaria. 3. Regular el sistema de pagos. 4. Autorizar la emisión de la moneda. 5. Administrar las reservas internacionales. II. El Banco Central de Bolivia no otorgará préstamos ni garantías a personas individuales ni colectivas de derecho privado ni a institución pública alguna. Artículo 327 I. El Directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por una Presidenta o un Presidente, y cinco directoras o directores designados por la Presidenta o el Presidente del Estado de entre las ternas presentadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos. II. Los miembros del Directorio del Banco Central de Bolivia durarán en sus funciones cinco años, sin posibilidad de reelección. Serán considerados servidoras y servidores públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los requisitos particulares para el acceso al cargo serán determinados por la ley. III. El Presidente del Banco Central de Bolivia deberá rendir informes y cuentas sobre las funciones de la institución siempre que sea solicitado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Banco Central de Bolivia elevará un informe anual a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y será controlado en la forma dispuesta por esta Constitución y la ley. SECCIÓN III POLITICA FINANCIERA Artículo 328
I. El Estado regulará el sistema financiero, con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, de la artesanía, del comercio, de los servicios, de las organizaciones comunitarias y de las cooperativas de producción. III. El Estado fomentará la creación de sistemas financieros no bancarios con fines de inversión socialmente productiva. IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas. Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de reestructuración financiera, que será usado en caso de insolvencia bancaria. V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública. La ley preverá su creación. Artículo 329 Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley. Artículo 330 I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público, y jurisdicción en todo el territorio boliviano. II. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades financieras será designada por la Presidenta o Presidente del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. Artículo 331 Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas, y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria autorización judicial. SECCIÓN IV POLITICAS SECTORIALES Artículo 332 En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará: 1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos. 2. El trabajo por cuenta propia y el comercio minorista en las áreas de producción, servicios y comercio, y promoverá su fortalecimiento por medio del acceso al crédito y a la asistencia técnica. El trabajo por cuenta propia y el comercio minorista en las áreas de producción, servicios y comercio, y promoverá su fortalecimiento por medio del acceso al crédito y a la asistencia técnica. 3. La producción artesanal con identidad cultural. 4. La actividad de las micro y pequeñas empresas. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, gozarán de preferencias en las compras del Estado. Artículo 333 I. El Estado reconocerá, promoverá, fomentará y regulará la organización y el desarrollo de las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción. II. Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés colectivo, sin fines de lucro y sometidas a control social y administradas democráticamente. La elección de sus consejeros de administración y vigilancia será supervisada por el Consejo Electoral Plurinacional. Su organización y funcionamiento serán regulados por la ley. Artículo 334 El Estado apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento. Artículo 335 I. El turismo se considerará una actividad económica estratégica, que deberá desarrollarse de manera sustentable, y tomando en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y a los pueblos y naciones indígenas originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. Artículo 336 El Estado reconocerá el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza, y deberá cuantificarse en las cuentas públicas. CAPITULO CUARTO RECURSOS DEL ESTADO Y SU DISTRIBUCIÓN Artículo 337 Los ingresos del Estado se invertirán conforme al plan general de desarrollo económico y social del país, al Presupuesto General del Estado, y a la ley. Artículo 338 Son ingresos propios de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas los recursos captados por sus gobiernos, y la explotación de los bienes y servicios correspondientes, de acuerdo con la ley. Artículo 339 I. El Tesoro General del Estado asignará los recursos necesarios para la gestión de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, de acuerdo con la ley. II. Las transferencias financieras a las entidades territoriales autónomas y descentralizadas serán proporcionales a las competencias de las que sean responsables, a la población, al grado de desarrollo económico, a las necesidades básicas insatisfechas, al índice de pobreza, a la densidad demográfica y a los pasivos históricos en cada jurisdicción, de acuerdo con la ley. TITULO II MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO CAPITULO PRIMERO MEDIO AMBIENTE Artículo 340 Será deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Artículo 341 La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, y a la consulta previa e informada sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. Artículo 342 I. Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y de desechos tóxicos. II. El Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente. Artículo 343 Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. La planificación y gestión participativas, con control social. 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental, y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal, a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. 3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales, y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. Artículo 344 El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerán la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión. Artículo 345 El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos, y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. CAPITULO SEGUNDO RECURSOS NATURALES Artículo 346 I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético, y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés púbico para el desarrollo del país. III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y las demás son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Artículo 347 I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio social, directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración. II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. Artículo 348 Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa, por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley. Artículo 349 I. El Estado, a través de entidades públicas, sociales o comunitarias, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales. II. El Estado podrá suscribir contratos de asociación de economía mixta con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en la toma de decisiones. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por la explotación de los mismos. Artículo 350 La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantizará la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental, y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantizará la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental, y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Artículo 351 El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Artículo 352 El Estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad. Artículo 353 I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado. II. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales serán distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en los diferentes niveles territoriales del Estado. La distribución porcentual de los beneficios será sancionada por la ley. III. Los procesos de industrialización se realizarán con preferencia en el lugar de origen de la producción, y crearán condiciones que favorezcan la competitividad en el mercado interno e internacional. Artículo 354 Las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública. Artículo 355 Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona ni empresa privada boliviana, podrán inscribir la propiedad de los de recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrán utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado. Artículo 356 Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento. CAPITULO TERCERO HIDROCARBUROS Artículo 357 I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, detenta la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país, y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será de propiedad del Estado. II. Ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma, directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el caso de vulneración, los contratos serán nulos de pleno derecho, y quienes los hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado, cometerán delito de traición a la patria. Artículo 358 El Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo, y garantizará la soberanía energética. Artículo 359 I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con ésta u otra denominación, es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de control y dirección de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. II. YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones, en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirecta. Artículo 360 I. Se autoriza a YPFB a suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado. II. Los contratos referidos a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta autorización, serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni extrajudicial alguna. Artículo 361 I. La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo y de YPFB, que actúa en el marco de la política estatal de hidrocarburos. EBIH será responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la industrialización de los hidrocarburos. II. YPFB podrá conformar asociaciones o sociedades de economía mixta para la ejecución de las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos. En estas asociaciones o sociedades, YPFB contará obligatoriamente con una participación accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social. Artículo 362 YPFB, en nombre y representación del Estado boliviano, operará y ejercerá derechos de propiedad en territorios de otros Estados. Artículo 363 La Administradora Boliviana de Hidrocarburos (ABH) es el órgano de regulación y fiscalización de hidrocarburos. Es una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, y será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos. Artículo 364 Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado, estarán sometidas a la soberanía del país, y a la independencia, las leyes y las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera, y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas. Artículo 365 La explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados deberán sujetarse a una política de desarrollo que garantice prioritariamente el aprovechamiento y el consumo interno. La exportación de la producción excedente incorporará la mayor cantidad de valor agregado. Artículo 366 Los departamentos productores de hidrocarburos, percibirán una regalía del once por ciento de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de hidrocarburos, y el Tesoro General del Estado, obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante una ley especial. CAPITULO CUARTO MINERIA Y METALURGIA Artículo 367 I. El Estado, a través de sus entidades públicas autárquicas, será el responsable de la administración y el aprovechamiento de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y en el subsuelo, cualquiera que sea su origen. II. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país. III. Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, la promoción y el control de la actividad minera. Artículo 368 I. El Estado podrá suscribir contratos mineros con personas individuales y colectivas, en particular con las cooperativas mineras, previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley. El Estado podrá reservarse derechos sobre riquezas mineralógicas, para beneficio del pueblo. II. El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país. III. El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés económico social. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a su rescisión inmediata. IV. El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, exploración, evaluación e información técnica, geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero. Artículo 369 I. Las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son intransferibles, inembargables e intransmisibles por sucesión hereditaria. II. El domicilio legal de las empresas mineras se establecerá en la jurisdicción local donde se realice la mayor explotación minera. Artículo 370 I. Pertenecen al patrimonio del pueblo los grupos mineros nacionalizados sus áreas mineras, sus plantas industriales y sus fundiciones, los cuales no podrán ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título. II. La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la ley. III. El Estado tiene la atribución exclusiva y la responsabilidad de la comercialización de los minerales metálicos y no metálicos. Esta atribución la ejercerá a través de una empresa pública autárquica encargada de la compra, el procesamiento y la exportación de la materia prima, preferentemente con valor agregado, y según cotización vigente. IV. Las empresas autárquicas creadas por el Estado establecerán su domicilio legal en los centros de mayor producción minera. CAPITULO QUINTO RECURSOS HIDRICOS Artículo 371 I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas, y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados. Artículo 372 I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos. II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales, y de las organizaciones indígenas originarias campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. Artículo 373 I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas. II. El manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego y seguridad alimentaria, se desarrollará respetando los usos y costumbres de las comunidades. III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas fósiles, y su consiguiente protección, manejo y aprovechamiento sustentable. Artículo 374 Los recursos hídricos de los ríos, los lagos y las lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen, y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población. Artículo 375 I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos hídricos garantizará la soberanía del país, y priorizará el interés del Estado. II. El Estado resguardará de forma permanente las aguas transfronterizas para la conservación de la riqueza hídrica, que contribuirá a la integración de los pueblos. CAPITULO SEXTO ENERGIA Artículo 376 I. La energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico; su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente. II. Es facultad privativa del Estado la promoción de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, y empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta a intereses privados, ni concesionarse. Artículo 377 I. El Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente. II. El Estado garantizará la generación de energía para el consumo interno, y promoverá la exportación de los excedentes de energía. CAPITULO SÉPTIMO BIODIVERSIDAD, AMAZONIA, COCA, AREAS PROTEGIDAS Y RECURSOS FORESTALES SECCIÓN I BIODIVERSIDAD Artículo 378 I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme a su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales. La ley regulará su aplicación. Artículo 379 I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal, y el Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo. II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual a favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley. Artículo 380 Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección y repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos ancestrales y los demás que se originen en el territorio. Artículo 381 I. El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad en riesgo de extinción. Las medidas estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. II. La tenencia y manejo de las especies de la biodiversidad se regulará en el marco del respeto a los seres vivos, mediante la ley. Se sancionará penalmente el tráfico ilegal de especies de la biodiversidad. SECCIÓN II AMAZONIA Artículo 382 La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país, por su elevada sensibilidad ambiental, por la biodiversidad existente, por los recursos hídricos y por las ecoregiones. Artículo 383 I. El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la amazonía boliviana a través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica. La administración estará orientada a la generación de empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco de la protección y la sustentabilidad del medio ambiente. II. El desarrollo de la amazonía boliviana considerará sus propias potencialidades, y la vocación forestal, recolectora y extractiva. III. Como estrategia de conservación de la amazonía, el Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas, ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional. IV. El Estado en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas y los habitantes de la amazonía, creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la amazonía para promover actividades propias de la región. Artículo 384 El Estado implementará políticas especiales y generará las condiciones necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de los productos extractivos tradicionales y, en particular, de la goma y de la castaña. SECCIÓN III COCA Artículo 385 El Estado reconocerá a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. SECCIÓN IV AREAS PROTEGIDAS Artículo 386 I. Las áreas protegidas son un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. II. En las áreas protegidas donde exista sobreposición de territorios indígenas originario campesinos, la gestión y administración de las áreas protegidas se realizará en sujeción a las normas y procedimientos propios de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas. SECCIÓN V RECURSOS FORESTALES Artículo 387 Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del Estado, que promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable; la generación de valor agregado a sus productos, y la rehabilitación y reforestación de áreas denudadas. los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del Estado, que promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable; la generación de valor agregado a sus productos, y la rehabilitación y reforestación de áreas denudadas. Artículo 388 I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, y la conservación y recuperación de la flora, de la fauna y de las áreas degradadas. II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica. Artículo 389 Las comunidades indígenas originario campesinas situadas dentro de áreas forestales, serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley. Artículo 390 I. La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a usos agropecuarios u otros, sólo procederá en los espacios legalmente asignados para ello, de acuerdo con las políticas de planificación y conforme a la ley. II. La ley determinará las servidumbres ecológicas y la zonificación de los usos internos, con el fin de garantizar a largo plazo la conservación de los suelos y de los cuerpos de agua. III. Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines constituirá infracción punible y generará la obligación de reparar los daños causados. CAPITULO OCTAVO TIERRA Y TERRITORIO Artículo 391 El Estado reconocerá, protegerá y garantizará la propiedad pública y la propiedad privada individual o comunitaria de la tierra, en tanto cumplan una función social o una función económica social. Artículo 392 I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la ley. II. La pequeña propiedad se declara indivisible; constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. III. El Estado reconocerá, protegerá y garantizará la propiedad comunitaria, que comprenderá el territorio indígena originario campesino y de las comunidades interculturales. La propiedad comunitaria se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales. Artículo 393 I. El Estado dotará de tierras fiscales a indígenas originario campesinas o campesinos, afrobolivianas o afrobolivianos y comunidades interculturales, que no la posean o la posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. II. Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación. III. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra. Artículo 394 I. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. Artículo 395 I. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Los propietarios deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra, y constituye la fuente de subsistencia y el espacio de bienestar y desarrollo sociocultural de la pequeña propiedad, de los territorios y comunidades indígenas originario campesinas y las comunidades interculturales, quienes aprovecharán la tierra en sujeción a sus normas y procedimientos propios. III. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. Las propiedades empresariales deben cumplir con la función económica y social. IV. Toda forma de tenencia de la tierra, excepto la pequeña propiedad y la propiedad comunitaria, será sujeta a la revisión correspondiente, de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función social y de la función económica social. Artículo 396 I. Se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que es trabajada deficientemente; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral; o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima establecida en la ley. II. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por la ley que, para su establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad. Artículo 397 I. El incumplimiento de la función económica social y la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento, y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano. II. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública, y previo pago de una indemnización justa. Artículo 398 El Estado tiene la obligación de: 1. Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaría y producción, en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio ambiente. 2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra Artículo 399 I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino y de sus comunidades, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley, la consulta previa e informada y la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. II. El territorio indígena originario campesino y de sus comunidades comprenden áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. III. La ley regulará la forma de ejercicio de los derechos colectivos, sobre sus áreas de ocupación actual y de acceso tradicional, mediante procedimientos que garanticen su acceso y control, a favor de los pueblos y naciones indígena originario campesinos y sus comunidades, conforme lo prescrito en esta Constitución. TITULO III DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE Artículo 400 El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial. 2. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias y agroindustriales. 3. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana. 4. La significación y el respeto de las comunidades indígenas originario campesinas en todas las dimensiones de su vida. 5. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios, y de la economía familiar y comunitaria. Artículo 401 El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. Artículo 402 El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva. Artículo 403 Formará parte de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaría, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 3. Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos. 4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario. 5. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y modalidades. 6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos. 7. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 8. Garantizar la asistencia técnica y promover la innovación y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva. 9. Promover la creación de banco de semillas. 10. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos. 11. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria. 12. Proveer infraestructura productiva y servicios básicos para el sector agropecuario. Artículo 404 El Estado creará estímulos en beneficio de los pequeños productores con el objeto de compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía. Artículo 405 Se prohíbe la producción, uso, experimentación, importación y comercialización de organismos genéticamente modificados. ‹ TERCERA PARTE - ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADOarribaQUINTA PARTE - JERARQUIA NORMATIVA Y REFORMA CONSTITUCIONAL › constitución

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 Artículo 308
 Artículo 309
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