Source: http://www.pedrosabogados.es/actualidad-juridica/23.html
Timestamp: 2018-09-19 13:14:59+00:00

Document:
SOBRE EL DERECHO DE LOS ABUELOS A VER A LOS NIETOS.
Cuando un matrimonio decide divorciarse y/o separarse lo primero que se preguntan los abuelos (maternos y paternos) es ¿tengo derecho a ver a mi nieto?.
La realidad es que cuando surgen estas crisis familiares muchos abuelos tiene serios problemas a la hora de ver a sus nietos. No hay que olvidar que la figura de los abuelos aporta equilibrio y estabilidad en un momento en que se produce una fractura en el entorno del menor, amén del cariño que suelen profesarse mutuamente.
Cuando los abuelos se vean en esta desafortunada tesitura deben conocer sus derechos. El Código Civil establece en su artículo 160 “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos” del mismo modo se regula en la Comunidad Valenciana en la Ley 5/2011 de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven en su artículo 4.2.b. Llegamos, por lo tanto, a la conclusión de que SÍ, LOS ABUELOS TIENEN DERECHO A VER A SUS NIETOS.
No hay que dejar de lado, como se estable en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, que siempre prevalecerá el interés del menor ante cualquier circunstancia. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo se pronuncia sobre este aspecto.
Para poder ejercer este derecho los abuelos tienen la posibilidad de interponer una demanda en reclamación de un régimen de visitas de los menores, lo que puede ser admitido o denegado. Según el artículo 160.2 del Código Civil se permitirá denegar las relaciones de los abuelos con los nietos cuando concurra justa causa, la cual no queda definida y deberá ser examinada en cada uno de los casos particulares.
Es de relevada importancia añadir que, no constituye en ningún caso causa justa la mala relación entre los abuelos y los progenitores del menor.
Rige en la materia un criterio de evidente flexibilidad al Juez para emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las circunstancias del caso y, siempre, claro está, teniendo en cuenta el interés superior del menor, que constituye un principio rector de la actuación de los poderes públicos cuando se resuelven cuestiones que afectan al mismo (art. 3.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 [ RCL 1990, 2712] ; art. 2º Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero [ RCL 1996, 145], de Protección Jurídica del Menor; SSTC 124/2002, de 20 de mayo [ RTC 2002, 124] , y 221/2002, de 25 de noviembre [ RTC 2002, 221] (Sentencia del TS de 28 de junio de 2004, EDJ 2004/82453).
Otro aspecto importante es el régimen de visitas que se puede establecer, (el cual atenderá a las circunstancias concretas de cada caso). Se tendrán en consideración como punto de partida variables como: la edad de los menores, las relaciones existentes antes de la ruptura, si los progenitores están divorciados, en cuyo caso hay que tener en consideración el régimen de visitas del progenitor no custodio, etc.
Para terminar este artículo os dejo esta cita “Algunos de los mejores educadores del mundo son los abuelos.” (Charles W. Shedd).
Maite Sancho. Abogada en Pedros Abogados.
Reflexiones en torno a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
El próximo 1 de julio entra en vigor, junto a la ley que reforma el Código Penal, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley de Seguridad Ciudadana y peyorativamente calificada con el nombre de Ley Mordaza. Esta norma fue aprobada definitivamente por las Cortes Generales el pasado 30 de marzo, en un intenso y agrio debate donde únicamente el partido en el Gobierno, el Partido Popular voto a favor: mientras que la totalidad del resto de partidos de la oposición voto en contra.
De hecho, la polémica, controversia y oposición suscitada durante la tramitación de esta norma ha llegado hasta tal punto que se podría afirmar que se trata de una ley que ya a priori nace muerta, por cuanto la práctica totalidad de los partidos de la oposición – PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD, ERC y Amaiur, entre otros- ya han manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de derogar dicha norma nada más se produzca un cambio de gobierno. Polémica, controversia y oposición que han llamado la atención de otros países de nuestro entorno y han suscitado incluso un editorial del New York Times (Spain’s Ominous Gag Law, La Omniosa Ley Mordaza Española, de 22 de abril de 2015).
Aparte de en la arena política, diversas asociaciones y organizaciones sociales tales como la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía de España, la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Amnistía Internacional o Greenpeace han mostrado su preocupación y rechazo a esta norma.
Desde un punto de vista jurídico, se trata de una ley teóricamente concebida –como señala su Exposición de motivos- para incrementar la seguridad de los ciudadanos como garantía de que los y libertades amparados constitucionalmente puedan ser ejercidos libremente en tanto parte esencial del Estado de Derecho.
Así, entre otros ejemplos de conductas sancionadas, esta norma tipifica como falta leve y con hasta 600 € de multa las “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 37.4); como infracción grave y con hasta 30.000 € de multa la “desobediencia a la autoridad” (art. 36.6); y como infracción muy grave y con hasta 600.000 € de multa las manifestaciones “no comunicadas” ante infraestructuras básicas del Estado (art. 35.2).
Pero, para lograr tan magno objetivo esta ley lleva a cabo, sin atisbo de duda, un endurecimiento y elevación de las penas y multas de forma significativa, procediendo a penalizar hechos que antes no tenían ningún tipo de sanción, en unos casos; y agravando las sanciones de hechos que antes tenían consecuencias jurídicas leves, en otros.
Para hacerse una idea y ser consciente de la situación real que esta ley supone, será necesario esperar a su entrada en vigor, siendo sumamente interesante la consideración y aplicación práctica, la forma, el cómo, con que los jueces y tribunales de nuestro país implementan una norma que introduce puntos y sanciones de, a priori, dudosa constitucionalidad.
LOS CONTRATOS DE "RENTA ANTIGUA” PARTE II. ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA.
Los denominados por la mayor parte de los ciudadanos “contratos de renta antigua” se refieren a los contratos de arrendamiento, tanto de vivienda como de local, regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
Estos contratos protegían sobremanera la figura del arrendatario, de tal modo que, se reconocía una prórroga forzosa del contrato de arrendamiento obligatoria para el arrendador y facultativa para el arrendatario, lo que significaba que dejaban -y siguen dejando- a plena voluntad del inquilino la vigencia del contrato, posibilitando la perpetuidad del contrato de arrendamiento durante toda la vida del arrendatario.
Para más abundamiento se reconocía la figura de la subrogación del cónyuge del arrendatario, por lo que, la vigencia del contrato podía prolongarse hasta el fallecimiento del cónyuge supérstite. Lo que suponía para la figura del propietario arrendador una limitación absoluta a su derecho de uso y disfrute de su propiedad durante la vida del inquilino y su cónyuge.
Con la llegada de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 se suaviza esta situación, tan favorecedora para el arrendatario y limitativa para el arrendador, regulándose este tipo de contratos en las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta.
En la disposición transitoria segunda de la LAU de 1994, relativa a los contratos de arrendamiento de vivienda, establece que: A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento.
No obstante, si el subrogado fuese el cónyuge y al tiempo de su fallecimiento hubiese hijos del arrendatario que conviviesen con aquél, podrá haber una ulterior subrogación. Limitándose su permanencia, puesto que, el contrato quedará extinguido a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior, o por su fallecimiento si está afectado por la minusvalía mencionada en el párrafo anterior.
Puede ocurrir que la subrogación se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la LAU de 1994, en estos casos sólo se podrá subrogar su cónyuge no separado legalmente o de hecho y, en su defecto, los hijos del arrendatario que habitasen en la vivienda arrendada y hubiesen convivido con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento. En este supuesto el contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior.
En los casos que se hayan producido dos subrogaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la LAU de 1994 no se autorizan ulteriores subrogaciones.
No obstante, existen causas que dan la posibilidad al arrendador de impedir la prórroga forzosa a la que se ve obligado legalmente. El artículo 62 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 contempla las situaciones que deben producirse para que el inquilino pierda su derecho a la prórroga legal del contrato de arrendamiento:
Cuando el arrendador necesite para sí la vivienda o local de negocio o para que los ocupen sus ascendientes o descendientes legítimos o naturales.
Cuando el arrendador proyecte el derribo de la finca para edificar otra que cuente, cuando menos, con un tercio más de las viviendas que en aquélla hubiere, y una, como mínimo, si no las hubiere en el edificio que se pretende derribar, respetando al propio tiempo el número de los locales de negocio si en el inmueble a derribar los hubiere.
Cuando la vivienda no esté ocupada durante más de seis meses en el curso de un año, o el local de negocio permanezca cerrado por plazo igual, a menos que la desocupación o cierre obedezca a justa causa.
Cuando el inquilino ocupe dos o más viviendas en la misma población y el uso de todas ellas no sea indispensable para atender a sus necesidades.
Cuando el inquilino, en un plazo de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la demanda hubiese tenido a su libre disposición, como titular de un derecho real de goce o disfrute, una vivienda desocupada y apta para la satisfacción de sus necesidades y de características análogas a la arrendada.
* Maite Sancho Campos, abogada en Pedrós Abogados.

References: artículo 160
 artículo 4
 artículo 39
 artículo 160
 artículo 58
 artículo 62