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Timestamp: 2019-05-22 15:10:45+00:00

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﻿ SENTENCIA 4801 DE SEPTIEMBRE 26 DE 1990
SENTENCIA 4801 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1990
CONTENIDO:RECURSO DE CASACIÓN PENAL, IMPUGNACIÓN RESPECTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. DEMANDA DE CASACIÓN. PRESENTADA POR FISCALES DE TRIBUNALES
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CASACIÓN, COMPETENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:229 DE ENERO DE 1991, PÁG.22
Sentencia 4801 de septiembre 26 de 1990
•RECURSO DE CASACIÓN PENAL
IMPUGNACIÓN RESPECTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
EXTRACTOS: «Enseña el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal que “cuando el recurso de casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía para recurrir establecidas en las normas que regulan la casación civil''''; es decir, para el caso concreto teniendo en cuenta la fecha del fallo de segundo grado, las previstas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil derogado y la cuantía determinada en el Decreto 522 de 1988, o sea la suma de diez millones de pesos ($ 10''000.000).
De ello fue consciente la fiscal recurrente cuando advierte que como Ministerio Público tiene “interés jurídico para recurrir en casación el aspecto civil del fallo, aunque la cuantía, que en este caso es de doscientos (200) gramos oro no dé civilmente la procedencia del recurso, y porque el aspecto del fallo que se ataca es la legalidad misma del reconocimiento judicial de la obligación de indemnizar los perjuicios derivados del hecho punible” (negrillas fuera del texto).
Es entendido que el Ministerio Público, como organismo estatal tiene funciones específicas dentro del proceso penal cuales son la de perseguir al delincuente y procurar su castigo; defender al inocente y reclamar su absolución y obtener la indemnización de los perjuicios causados por el infractor de la ley penal es decir, no representa dentro del proceso criminal interés particular sino uno de orden público en representación de la sociedad a quien interesa ante todo la aplicación estricta de la ley para evitar tanto la impunidad como la injusticia.
Y si corresponde al Ministerio Público buscar que se aplique la ley en el curso del proceso penal, debe sujetarse a las normas que lo rigen incluso en los recursos extraordinarios. Por ello como defensor de la ley, tiene la facultad de recurrir los fallos de segundo grado proferidos por los tribunales superiores, cuando el delito por el cual se ha juzgado a una persona, tiene señalada pena privativa de la libertad de cinco (5) años o más. Corresponde, entonces, al fiscal respectivo interponer el recurso extraordinario de casación y, una vez admitido por la Corte, dentro del término legal, presentar la demanda.
Pero esa demanda no puede ser caprichosamente redactada ya que el recurso extraordinario impone cierta técnica para que la Corte pueda estudiar de fondo los reparos que se hagan a la sentencia de segundo grado. Y esos requisitos de modo alguno pueden ser desconocidos por el Ministerio Público, so pretexto de que la ley sea aplicada en debida forma, esto es, con prescindencia de otros mandatos igualmente perentorios y que el legislador ha determinado inequívocamente.
Si el recurso extraordinario de casación versa exclusivamente sobre indemnización de perjuicios, el recurrente debe presentar su demanda con arreglo a las causales previstas en el Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando el interés para recurrir (económico) sea el previsto o determinado por la ley para su procedibilidad. No puede, la Corte, aceptar causal distinta a las señaladas en el Código de Procedimiento Civil, ni admitir un recurso que por la cuantía resulta improcedente, así se trate del Ministerio Público.
Podría pensarse que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, la Corte no puede declarar inadmisible el recurso por razón de la cuantía. Sin embargo, dicha normatividad ha sido motivo de estudio por parte de la Sala Civil de esta corporación y por tratadistas ilustres en materia civil, al punto que la jurisprudencia ha variado, según las modificaciones legislativas al respecto.
Inicialmente se tuvo como premisa para admitir o inadmitir el recurso extraordinario de casación, la cuantía determinada en la demanda (para la acción) cuando ella era aceptada por la parte demandada sin objeción alguna. Ello para determinar la competencia (jueces municipales o del circuito y el recurso extraordinario de casación ante la Corte) pues los procesos que dependen de la cuantía tienen juez natural distinto y procedimientos igualmente diversos, cuando ellos son de mayor, menor y mínima cuantía.
Posteriormente se ha sostenido que el interés para recurrir en casación no es aquél que la parte demandante consignó en su demanda y que aceptó la parte contraria. El interés para recurrir debe ser aquél que se determine al momento de proferirse el fallo de segundo grado, es decir, el valor del agravio, de la lesión o del perjuicio patrimonial según las determinaciones de la sentencia que sufra el recurrente.
Lo anterior significa que la cuantía del interés para recurrir es independiente del de la demanda (para iniciar la acción), de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia (Decreto 522 dt 1988 que la fija en diez millones de pesos para la fecha del fallo de segundo grado en este proceso).
Debe también puntualizarse en esta oportunidad que cuando el fallo acoge las súplicas de la demanda (en el proceso penal lo pedido por la parte civil) resulta improcedente cualquier impugnación respecto de la indemnización de perjuicios, ya que la parte afectada con el delito, ha visto reconocida su pretensión pecuniaria. Tampoco procede el recurso cuando la diferencia entre la indemnización demandada y la concretada en la sentencia de segundo grado, resulta inferior a la cuantía prevista en la ley para determinar el interés jurídico para recurrir el fallo en casación.
¿Qué ocurre, entonces, cuando el sentenciador ha proferido fallo condenando a la indemnización respectiva, tanto del orden moral como material, sin que en el proceso se hayan demostrado los perjuicios provenientes del hecho investigado?
a) Si la parte civil considera que la condena decretada es insuficiente, podrá interponer el recurso extraordinario de casación para procurar la enmienda, pero el tribunal, antes de concederlo deberá ordenar que se justiprecie por un perito dentro del término que le señale el magistrado sustanciador y a costa del recurrente. Si por culpa de éste no se practica el dictamen se rechazará el recurso interpuesto y se declarará ejecutoriado el fallo de segundo grado, sin perjuicio de que dentro del término de ejecutoria de dicha providencia, el recurrente interponga los recursos de reposición y de hecho (CPC, arts. 370 derogado y 370 del actual) .
b) Si el recurrente es el Ministerio Público en igual forma el tribunal ordenará el justiprecio de los perjuicios mediante dictamen de perito. Si la cuantía determinada por el perito es inferior a la prevista por la ley al momento de la sentencia de segundo grado, el recurso será rechazado por el tribunal respectivo.
La peritación acogida por el tribunal, en los casos a) y b), se presenta como inobjetable y a ésta se contrae la previsión de no poderse inadmitir el recurso extraordinario de casación por motivo de la cuantía, o sea, que ya fijada de este modo y sobre esta base, no es dable desconocer este quantum (CPC, art. 372 derogado y 372 del vigente).
c) Cuando el recurrente es el Ministerio Público (o en su caso el procesado o la parte civil) y el fallo es condenatorio, en su escrito de interposición debe consignar inequívocamente que su discrepancia con él lo es por motivos de la indemnización de perjuicios, para que el tribunal con conocimiento pleno pueda tomar determinaciones sobre la cuantía. Porque si el motivo es diverso, no es necesario mencionarlo, pero tampoco podrá ante la Corte presentar acusación alguna por la vía de las causales de casación civil es decir, por indemnización de perjuicios, so pena de ser rechazada in limine su demanda.
En el caso subestudio, el Ministerio Público recurrente, nada dijo sobre su propósito de impugnar la condena relacionada con los perjuicios, como motivo de su impugnación. De haberlo advertido, el tribunal, muy seguramente, hubiera rechazado la pretensión por razón de la cuantía insuficiente. De donde sólo cabe, ahora, volver sobre el punto revocando la decisión de fecha 19 de febrero del presente año, para, en su defecto, declarar improcedente, por el indicado motivo (cuantía) el recurso interpuesto».
PRESENTADA POR FISCALES DE TRIBUNALES
EXTRACTOS: «Aprovecha la Corte esta ocasión en que recurre el Ministerio Público para puntualizar, igualmente, lo relacionado con su intervención en el recurso extraordinario de casación, frente a la nueva legislación prevista en el Decreto 50 de 1987 (CPC).
Ha sido costumbre de los señores procuradores delegados en lo penal, frente a demandas de casación presentadas por los fiscales de los tribunales hacer uso de lo normado en el artículo 571 del Código de Procedimiento Penal derogado, es decir ampliarla respecto de las causales aducidas por el recurrente o abstenerse de pronunciarse sobre ella.
Conforme a la norma citada, el Ministerio Público ante la Corte, representado por los señores procuradores delegados en lo penal, tenía la facultad de ampliar la demanda presentada por el fiscal del tribunal, en cuyo caso, el escrito de uno y otro traducían unidad y debía entenderse como demanda formulada en conjunto, en su condición de Ministerio Público, como parte recurrente.
De ahí que el artículo 578 del estatuto procedimental en comento señalaba que una vez presentada la demanda por el recurrente, la Corte Si la hallare conforme a las prescripciones del artículo 576 ibídem, “dispondrá que se corra traslado de ella a quienes no sean recurrentes, por quince días a cada uno, para que formulen sus alegatos” (negrillas fuera de texto).
Frente al actual Código de Procedimiento Penal, la situación es bien distinta:
El artículo 678 derogó la Ley 2ª de 1982 “por la cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal expedido mediante Decreto 409 de 1971 y todas las disposiciones que sean contrarias al presente decreto” (D. 50/87) y solamente excepcionó su aplicación a los procesos que para el 1º de julio de ese año, estuvieran con auto de cierre de investigación ejecutoriado, de donde aquellos asuntos que no cumplían ese preciso requisito, y los iniciados con posterioridad a esa fecha, no toleraban la aplicación de normas derogadas, salvo los que por mandato constitucional y legal representaban cierta atendible favorabilidad.
El artículo 219 del Código de Procedimiento Penal actual, enseña que el recurso extraordinario de casación “podrá ser interpuesto por el procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil o el fiscal” . En esta codificación el legislador no mencionó el término genérico Ministerio Público como aparecía en el artículo 570 del anterior estatuto, razón por la cual, en el artículo 225 previó el traslado al señor Procurador General de la Nación, representado por su delegado en lo penal, por el término de veinte (20) días para que emita su concepto, respecto de la demanda o demandas presentadas por los recurrentes, sin que se haya exceptuado a ningún sujeto procesal con capacidad para interponer el recurso extraordinario y presentar su demanda.
Y es que el concepto de la delegada respecto de la demanda o demandas presentadas, resulta de suma importancia no solamente para la decisión que deba adoptar la Corte, sino para las demás partes no recurrentes que frente al nuevo Código de Procedimiento Penal, disponen de un término común para presentar sus alegatos, bien sea oponiéndose a las pretensiones del recurrente o coadyuvando los motivos y las causales aducidas por el actor.
Podría pensarse que de no compartir el delegado el criterio del fiscal recurrente, se rompería la unidad del Ministerio Público, lo cual era válido de acuerdo con las normas procedimentales derogadas, cuando se le otorgaba la facultad de ampliar la respectiva demanda. Hoy, el procurador delegado no sólo puede coadyuvar el libelo del fiscal recurrente, sino oponerse al mismo, ya por improcedencia del recurso, ya por defectos de técnica que hagan imposible su estudio de fondo. Sostener lo contrario llevaría a la conclusión ilógica, con base en la unidad del Ministerio Público, de que la delegada, como atributo propio de ser parte, pudiera desistir del recurso extraordinario de casación interpuesto por el fiscal del tribunal, lo cual resulta inadmisible. Su facultad, entonces, queda circunscrita a emitir concepto sobre la demanda, bien sea para apoyarla en sus conclusiones y demandar la prosperidad de la causal invocada o para oponerse a ella como lo viene haciendo respecto de las demandas presentadas por los otros intervinientes en recurso de casación».
(Sentencia de septiembre 26 de 1990. Exp diente 4801. Magistrado Ponente: Dr.. Gustavo Gómez Velásquez).

References: artículo 220
 artículo 368
 artículo 372
 artículo 571
 artículo 578
 artículo 576
 artículo 678
 artículo 219
 artículo 570
 artículo 225