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Timestamp: 2019-10-17 19:11:04+00:00

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septiembre | 2012 | Blog de GROVER CORNEJO YANCCE
Asesinos de mujeres perderían también la patria potestad de sus hijos
En los últimos tres años se han producido 824 homicidios de féminas en el país.
Los asesinos de mujeres en el Perú no deben perder solo la libertad, sino también la patria potestad de sus hijos. Esa es la premisa que maneja la congresista Ana María Solórzano quien ha presentado un proyecto de ley exponiendo dicha situación, teniendo en cuenta que el agresor pone en peligro a los menores en casa.
La legisladora, que participa en las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Familia, señala que la iniciativa 1323/2001-CR, propone modificar el artículos 107º del Código Penal y 75º y 77º del Código del Niño y Adolescente, y el artículo 471 de Código Civil a fin de precisar la suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad por comisión del delito de feminicidio.
Solórzano agregó que al permitir al agresor continuar viviendo con su hijo solo crea más traumas en el menor, lo que podría tararle problemas de todo tipo en el futuro.
Jueves, 27 de septiembre de 2012 | 1:23 pm Sigue leyendo →
Esta entrada fue publicada en DERECHO DE FAMILIA el 27 septiembre, 2012 por GROVER CORNEJO YANCCE.
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Loreto, Maltrato animal, Poder Judicial
Una mujer fue condenada a 200 días multa tras ser hallada culpable de envenenar a un perro en Loreto. El Tercer Juzgado de Paz Letrado de la comisaría de la provincia de Maynas también ordenó que Sandra Padilla Alvis pague una reparación de 1.200 soles a favor del Estado y 800 soles para el dueño de la mascota fallecida.
Según informó Radio Programas, Alfredo Díaz García acusó en abril último a Padilla Alvis, su vecina, por haberle dado comida con veneno a su perro de nombre Arthas. El agraviado señaló que espera que este caso marque un precedente para la defensa de los animales.
La defensa de la mujer apeló la decisión judicial y señaló que la demanda fue presentada sin ninguna prueba.
“No hay pruebas que demuestren que mi patrocinada dio un bocado al perro. Además, no se han tomado en cuenta los medios probatorios que presentamos”, manifestó en comunicación con la emisora el abogado Milton Ocampo. ¿Te parece adecuado el castigo a la mujer?
martes 25 de septiembre del 2012 16:24
Esta entrada fue publicada en DERECHO PENAL el 26 septiembre, 2012 por GROVER CORNEJO YANCCE.
‘Elita’ Espino pasará 30 años en prisión por colaborar en el asesinato de su madre
Sentencia. Tribunal estableció que la joven mató a su progenitora, ya que buscaba beneficiarse de la herencia. Ahora tendrá que pagar 100 mil soles de reparación civil junto a sus dos cómplices. Se descartó que sufriera algún trastorno mental.
“Lo dejo en manos de Dios y a criterio de ustedes”, fueron las escasas palabras que Elizabeth Espino Vásquez dijo a los jueces en su última intervención, momentos antes de ser condenada a 30 años de prisión como cómplice del asesinato de su madre Elizabeth Vásquez.
Se esperaba que dijera más, tal vez que ofreciera disculpas a la familia de su madre o clemencia al tribunal, en lo que era su alegato final de defensa. Pero no fue así. Luego de un breve receso, la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel dispuso la lectura del veredicto, que demoró unas tres horas.
El tribunal concluyó que “Elita” era coautora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, parricidio. La sentencia establece que cumplirá su condena el 12 de febrero del 2040, aunque puede salir antes por buen comportamiento y beneficios penitenciarios.
La joven condenada también tendrá que pagar una reparación civil de 100 mil soles, de forma solidaria, junto a los confesos autores materiales del crimen, su ex enamorado Fernando Gonzales Asenjo y el amigo de este, Jorge Cornejo Ruiz. Ellos admitieron su delito al comenzar este juicio y fueron sentenciados de inmediato a 28 años de prisión.
El colegiado ‘A’ de dicha sala, presidida por el juez Julián Jerí Cisneros, concluyó que la joven planificó la muerte de su madre con afán lucrativo, es decir, para heredar los bienes de la víctima, pese a que se trataba de su propia madre.
La Tercera Sala estableció que la parricida estuvo “consciente de sus actos” y participó activamente antes, durante y después del hecho que acabó con la vida de la abogada Vásquez Marín. En este sentido, señaló que no se comprobó que “Elita”padeciera de una enfermedad mental, ni antes, ni durante el asesinato de su madre. Sus abogados solicitaban su absolución, argumentando que ella sufría de trastorno bipolar.
También, indicó el tribunal, que la joven pudo haber evitado el crimen de su progenitora, sin embargo, ayudó a la consumación del asesinato.
Durante la lectura del veredicto se ratificó además las pericias psiquiátricas presentadas por el Ministerio Público, las cuales califican a “Elita” como manipuladora, histriónica, disocial y carente de elementos depresivos.
Para los jueces, Espino Vásquez facilitó la entrada de sus cómplices al departamento de Lince (de propiedad de la abogada) donde ocurrieron los hechos. Luego, la víctima fue estrangulada y su cuerpo abandonado dentro de su vehículo en una calle de Barranco.
“Elita” escuchó el veredicto en silencio. Su desordenado cabello negro, con escuetos tintes amarillos en la parte posterior de su cabeza, impedía ver las lágrimas que salían de sus ojos negros, salvo cuando por momentos volteaba hacia los flashes de las cámaras.
Cuando ya la lectura había avanzado y era evidente que sería condenada, debido a que enumeraron las contradicciones de sus declaraciones, la joven parricida sacó una pequeña Biblia y se puso a leer.
En ese momento, el presidente de la Tercera Sala interrumpió la lectura y le hizo saber que ese acto no estaba permitido en el ambiente. “Por favor, mantenga usted la calma y escuche. Deje de leer”, le dijo Jerí Cisneros a la acusada.
“Elita” no replicó, pero aprovechó la interrupción para solicitar acudir a los servicios higiénicos. Los magistrados aceptaron su pedido y se dio un receso en la audiencia.
Al concluir la lectura del veredicto, a la 1 de la tarde, Elizabeth Espino se retiro de la sala, pero antes se volteó hacia las cámaras y levantó la mano haciendo la “V” de la victoria, con una ligera señal de sonrisa.
Afuera, acabada la sentencia, sus familiares lamentaron “perder a otro familiar”.
Mario Amoretti: ‘Elita’ no podrá heredar bienes de su madre
El defensor de la familia Vásquez Marín, Mario Amoretti, indicó que la condena a Elizabeth Espino Vásquez le impedirá recibir parte de la herencia de su madre.
“En virtud de la sentencia condenatoria, ella es indigna de la herencia de la madre y no podrá beneficiarse de la partición”, indicó Amoretti.
El letrado estimó que ‘Elita’ podría salir de prisión en unos cinco años si demuestra buena conducta y acumula los beneficios penitenciarios del 2 x 1 y la semilibertad al cumplir un tercio de la pena.
‘Elita’, quien apeló a la sentencia, tiene ya dos años privada de su libertad, por lo que en cinco años más podría pedir el beneficio de la excarcelación. Los jueces decidirán si puede salir.
100 mil soles tendrá que pagar ‘Elita’ como reparación civil, junto a los confesos asesinos Fernando Gonzales y Jorge Cornejo.
5 años deben pasar para que la joven pueda pedir beneficios penitenciarios.
Martes, 25 de septiembre de 2012 | 4:30 am
Esta entrada fue publicada en DERECHO PENAL el 25 septiembre, 2012 por GROVER CORNEJO YANCCE.
(Video: Canal N / Foto: Difusión)
lunes 24 de septiembre del 2012 13:01
Enterrado. Resolución de la Corte Interamericana pone en una difícil situación al juez supremo Javier Villa Stein y otros cuatro supremos, pues el caso puede derivar en su destitución.
Tribunal internacional sostiene que lo resuelto en el caso Barrios Altos por la Sala Suprema contradice la posición peruana y otras sentencias donde se dice que el grupo Colina cometió crímenes de lesa humanidad y afectó a la población civil.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió al Estado peruano anular el fallo de Villa Stein en los asesinatos de Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri.
En este sentido, dispuso emitir un nuevo veredicto que reconozca a las víctimas y sancione a los responsables de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos por el destacamento Colina.
Para todo ello, el tribunal internacional dio plazo hasta el 20 de enero del 2013 para adoptar todas la medidas necesarias que lleven a corregir la situación generada por la ejecutoria suprema del 20 de julio último, suscrita por la sala Villa Stein.
La Corte IDH consideró que el referido fallo contradice el reconocimiento del Estado, hecho el 2001, de responsabilidad en los crímenes cometidos por el grupo Colina.
Además subrayó que en esa oportunidad y en otras sentencias relacionadas con Colina, como la condena a Alberto Fujimori, el Perú reconoció que se trataba de crímenes de lesa humanidad y que las víctimas tenían la condición de población civil.
“Negar ahora tal condición (población civil y delitos de lesa humanidad) tergiversaría el marco fáctico de lo dispuesto por la Corte y arrojaría dudas sobre la verdad de lo sucedido, en desmedro de lo ordenado en la sentencia de fondo del presente caso”.
Luego continuó: “La Corte nota que los hechos de Barrios Altos y La Cantuta demuestran que las acciones de dicho destacamento (el grupo Colina) no solo estaban dirigidos contra los mandos y delincuentes terroristas, que no formaban parte de la población civil, como afirma la Sala Penal Permanente”.
El accionar del grupo Colina –precisó la Corte– “afectó a un número importante de personas indefensas de la población civil, en el marco de una política estatal de eliminación selectiva, pero sistemática de presuntos integrantes de grupos subversivos”.
“De las sentencias internas se desprende que los hechos de Barrios Altos revelan que el ataque fue dirigido de manera indiscriminada contra miembros de la población civil, tal como se entiende esta noción en el derecho internacional”, aseveró la Corte IDH.
Añadió que “la ausencia de una verdad judicial unificada, que muestre un relato consistente y coherente sobre lo sucedido y las circunstancias en que se cometieron las violaciones, resulta insatisfactoria”, pues una sociedad democrática requiere que “se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones a los derechos humanos, a fin de evitar que se repitan en el futuro”.
Pues de lo contrario, dice, el accionar del Poder Judicial estaría generando una situación de impunidad, que no se puede aceptar y debe ser corregida de inmediato en salvaguarda de los derechos de las víctimas.
En este contexto, la Corte resaltó la disposición del Estado peruano a reconocer que el fallo de Villa Stein es contradictorio con sus compromisos internacionales y que, por ello, ha presentado una acción de amparo para corregir esta situación.
Es por esto que la Corte no se pronuncia por anular el fallo de Villa Stein, sino que espera que sea la propia jurisdicción interna, los mismos jueces peruanos, los que resuelvan el problema.
La Corte estima que, “de no subsanarse las causas que podrían generar impunidad, a través de los mecanismos internos disponibles, se estaría incumpliendo con lo ordenado por este Tribunal”, por lo que en su debida oportunidad emitirá un pronunciamiento sobre los efectos de cualquier resolución dictada en el marco de las investigaciones del presente caso”, concluyó la Corte Interamericana.
SAN MARTÍN: LA SENTENCIA DE LA CORTE DEBE CUMPLIRSE
“Como país civilizado estamos obligados a cumplir lo resuelto por la Corte Interamericana de DDHH, pues si no se corrige se generará, dice la Corte, una situación de impunidad”, señaló ayer el presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro.
Anotó que de acuerdo con lo resuelto por la Corte Interamericana hay dos mecanismos para anular el fallo de Villa Stein y la Sala Penal Permanente: uno es la acción de Amparo promovida por el Ejecutivo y, dos, que la misma Corte Suprema, la Sala Penal aludida, anule de oficio el fallo controvertido.
Por su parte, el juez supremo Javier Villa Stein señaló que el fallo de la Corte IDH es una afrenta para la soberanía del Perú y genera un precedente terrible para la justicia peruana, por lo que pidió un pronunciamiento del presidente Ollanta Humala. Villa Stein se encuentra de vacaciones en el PJ.
Sin embargo, la ministra de Justicia, Eda Rivas, dijo que la sentencia es favorable para el Perú porque reconoce que el caso se puede resolver en la jurisdicción interna. “Lo que está haciendo la Corte es decirle al Estado peruano que resuelva los problemas en casa”, anotó Rivas.
La resolución de la Corte IDH señala que “los tribunales internos (peruanos)están obligados a remover cualquier práctica, norma o institución procesal inadmisible en relación con el deber de investigar graves violaciones a los derechos humanos”.
“Es preciso entonces que las autoridades judiciales respectivas analicen detenidamente las circunstancias y el contexto específico de cada caso para no generar una restricción desproporcionada a los derechos de las víctimas”, agregó.
Martes, 25 de septiembre de 2012 | 7:27 am
Esta entrada fue publicada en DERECHOS HUMANOS el 25 septiembre, 2012 por GROVER CORNEJO YANCCE.
Derechos humanos, Grupo Colina, , Caso Barrios Altos, Poder Judicial, Terrorismo
Refirió que para los jueces este tipo de correcciones no es una sanción aunque sí “constituyen puntos negros en la vida profesional”, en alusión a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein. “Forma parte del quehacer de la Justicia. No hay aquí baldones ni que esto va a generar una situación personal de tragedia o que alguien se vaya a suicidar”, dijo San Martín.
lunes 24 de septiembre del 2012 19:04
Villa Stein rechazó exigencia de Corte IDH: “Es una afrenta a la soberanía”
Grupo Colina, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial
El ex presidente del Poder Judicial sostuvo que la política exterior la dirige el jefe de Estado, Ollanta Humala, por mandato de la Constitución y que la resolución de la Corte IDH es una ofensa para la soberanía del Perú. (Foto: Archivo El Comercio)
El magistrado Javier Villa Stein – quien preside la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que redujo la pena de Vladimiro Montesinos e integrantes del grupo Colina en el caso Barrios Altos- rechazó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de anula la sentencia al respecto, que también retira la calificación de lesa humanidad del caso.
Por medio de un pronunciamiento enviado a Canal N, Villa Stein afirmó que la exigencia del tribunal de San José marca un precedente terrible para la justicia peruana.
El ex presidente del Poder Judicial sostuvo que la política exterior la dirige el jefe de Estado, Ollanta Humala, por mandato de la Constitución y que la resolución de la Corte IDH es una ofensa para la soberanía del Perú.
“Le corresponde al presidente (Ollanta Humala) pronunciarse. Los peruanos esperamos y demandamos eso”, acotó.
PLENARIO SOBRE DESAPARICION FORZADA Y OTROS
ACUERDO PLENARIO N° 9-2009/CJ-116
1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y deciden sobre las características y aplicación del delito de desaparición forzada –entre
ellas, es de destacar las recaídas en los Recursos de Nulidad número 2779-2006/Lima, del 18 de diciembre de 2007; 1598-2007/Lima, del 24 de septiembre de 2007; 1809-2007/Lima, del 11 de septiembre de 2008; y 3198-2008/Lima, del 27 de abril de 2009. En especial, el contenido del injusto penal, su aplicación temporal a los sujetos involucrados en crímenes de desaparición forzada.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Se ratificó como ponentes a los señores MOLINA ORDOÑEZ y BIAGGI GÓMEZ, quienes con el concurso en la ponencia del señor SAN MARTÍN CASTRO, expresan el parecer del Pleno.
§ 1. Aspectos generales acerca del delito de desaparición forzada de personas.
6°. El delito de desaparición forzada es considerado como un crimen internacional por el Derecho Internacional Penal Convencional. Además, actualmente, está regulado en nuestro derecho interno por el artículo 320° del Código Penal; norma que prescribe: “El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente comprobada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años e inhabilitación conforme al artículo 36º inciso 1 y 2”.
Este tipo penal fue introducido inicialmente a nuestro ordenamiento penal por el Código Penal vigente, aprobado por Decreto Legislativo número 635, del 8 de abril de 1991. El legislador de ese entonces lo ubicó en el artículo 323º, del Capítulo II “Terrorismo” del Título XIV “Delitos contra la Tranquilidad Pública” del Libro Segundo “Parte Especial”, con un texto similar al presente, aunque sin la frase final “[por resultado su desaparición]…debidamente comprobada”. Posteriormente, esta disposición se derogó como consecuencia de la reestructuración de los delitos de terrorismo por el Decreto Ley número 25475, del l6 de mayo de 1992 –artículo 22º- . Pero, mediante el Decreto Ley número 25592, del 2 de julio de 1992, se reinstauró como tipo legal autónomo con el texto que ahora se conoce. Recién, a través de la Ley número 26926, del 21 de
febrero de 1998, siempre con el mismo tenor, se incorporó al Código Penal –artículo 320º-, en el creado Título XIV-A “Delito contra la Humanidad”.
7°. Ahora bien, tratándose de un delito complejo –en cuya comisión participará normalmente más de un autor con un propósito delictivo común-, especialmente grave, que puede ser cometido de muy diversas maneras, que se produce en el ejercicio abusivo del poder del Estado, y que compromete el respeto de los derechos fundamentales de la persona, afecta la idea misma de dignidad de la persona y contenido nuclear de los derechos humanos más trascendentes –de ahí que se estima que el bien jurídico vulnerado tiene una naturaleza institucional-, es necesario precisar sus características, elementos y efectos. Así las cosas, como es obvio y por imperio de los artículos 2º.24.d) y 139º. 9 y 11 de la Constitución, así como del artículo II del Título Preliminar del Código Penal, se ha de partir del principio o garantía de legalidad penal, expresado en el apotegma “nullun crimen, nulla poena, nulla mensura sine lege”, así como de la necesaria correspondencia entre el Derecho interno y el Derecho Internacional Penal.
Es cierto que las normas internacionales en materia penal, siempre que tengan un carácter incriminatorio, tienen un carácter de no autoaplicativas –non self executing-, pues requieren de una norma interna de desarrollo; pero ello, en modo alguno, significa disociar los tipos legales nacionales de las exigencias internacionales, por lo que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria armonizar en lo posible el tipo de lo injusto del delito de desaparición forzada de personas con las exigencias de la normativa supranacional.
8°. Lo expuesto en el párrafo anterior tiene relevancia en la medida en que el citado artículo 320º del Código Penal no se ha adecuado estrictamente a la prescripción normativa de la desaparición forzada tal como esta expresada en las normas internacionales del cual forma parte. En efecto:
A. Los tratados sobre la materia fueron precedidos de una serie de disposiciones dictadas por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Así, en sede universal, el delito en cuestión fue tenido en cuenta para la creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante resolución 20 (xxxvi) del 29 de febrero de 1980, y antes por la Asamblea General [resoluciones número 3450 (xxx) del 9 de diciembre de 1975; 3218, del 16 de diciembre de 1977, y número 33/173 del 20 de diciembre de 1978]; así como por el Consejo Económico y Social (resolución 1979/38 del 10 de mayo de 1979), y por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías [resolución 5B (xxxii) del 5 de septiembre de 1979]. En sede
regional americana, la Asamblea General de la OEA y la CoIDH se han pronunciado; la primera en las resoluciones de Asamblea General número 443 (ix/0/79), del 31 de octubre de 1979; número 510 (x/0/80), del 27 de noviembre de 1982; 666 (xii/0/83), del 18 de noviembre de 1983; 742 (xiv/0/84), del 17 de noviembre de 1984; y 890 (xvii/0/87), del 4 de noviembre de 1987; y, la segunda, en diversos informes anuales, como los de 1978, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987, y en informes especiales como los de Argentina Chile y Guatemala.
B. A ellas se agrega, como primer instrumento internacional de carácter no convencional, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 47/173, del 18 de diciembre de 1992, cuyo preámbulo –tercer punto- describe este ilícito, cuando “…se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o cu su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.
C. El primer tratado, de ámbito regional, es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará – Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En su artículo II indica que se considera desaparición forzada “…la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
D. El segundo instrumento, esta vez de ámbito mundial, es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, que entró en vigor 1 de julio de 2002; a su vez completada por “los Elementos de los crímenes” –artículo 7º 1)i) “crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”-, adoptados el 9 de febrero de 2002. El artículo 7º.2 i) del ECPI describe este delito como ”…la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con a intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
E. El tercer instrumento, de ámbito mundial, aún no vigente, es la “Convención Internacional para la protección de todas las personas de desapariciones forzadas”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución número A/RES/61-177, del 20 de diciembre de 2006. El artículo II dispone: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por
‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
§ 2. Características del delito.
10°. El tipo legal de desaparición forzada, en cuanto a su conducta típica, es un delito complejo que puede ser cometido de diversas maneras. Son dos las conductas sucesivas que han de tener lugar para la tipificación de este ilícito: a) la privación de libertad de una persona, a quien se la oculta, y cuyo origen puede ser ab initio legal o ilegal (SSCIDH Trujillo Oroza, del 26 de enero de 2000, y Heliodoro Portugal, del 12 de agosto de 2008); y b) la no información sobre la suerte o el paradero de la persona a quien se le ha privado de su libertad. La desaparición „debidamente comprobada‟: no dar información de una persona, a quien no se le encuentra en los lugares donde normal o razonablemente debía estar –desconocimiento de su localización-, precisamente, se consolida cuando se cumple este elemento, esto es, no brindar la información legalmente impuesta sobre el paradero o situación jurídica del afectado, que ha de tener, como presupuesto o como acción preparatoria incorporada al tipo legal, la privación de libertad del individuo sobre el que recae la acción típica –acto inicial-.
La no información es, por consiguiente, el elemento esencial del tipo legal, cuyo fin y efecto automático es sustraer a la persona privada de libertad de la protección de la ley, esto es, impedir o dificultar la protección jurídica del afectado, a quien se le sustrae. Este elemento no requiere que el autor de la privación de la libertad sea al mismo tiempo de la negativa a brindar información [KAI AMBOS/MARÍA LAURA BÖHM: La
desaparición forzada de personas como tipo penal autónomo. En: Desaparición Forzada de Personas – Análisis comparado e internacional, (Coordinador: KAI AMBOS), Profis, Editorial Temis, Bogotá, 2009, páginas 232/233], aunque por lo general, según la experiencia en este tipo de delitos, la privación de libertad y la desaparición propiamente dicha forman parte de un mismo operativo, plan o estrategia.
11º. El deber de informar es fundamental para la tipificación de la conducta delictiva: es un delito de incumplimiento del deber. El funcionario o servidor público infringe este deber, que fluye de la normativa penal, si no cumple con proporcionar la información necesaria –que está en el ámbito de su conocimiento o potestad de acceso a las fuentes de conocimiento sobre el suceso- para hacer cesar la sustracción del individuo afectado del sistema legal de protección, sin que sea necesario un requerimiento expreso. El deber de información se impone en virtud del principio de injerencia, sea que la privación de libertad sea legal o ilegal. Mientras perdura el estado de desaparición de la persona, a todos los agentes que estén en la potestad y en las condiciones de conocer lo acontecido le es exigible este deber. No es necesario que los autores o partícipes intervengan desde el comienzo de la ejecución para que respondan penalmente [IVÁN MEINI MENDEZ: Perú: El delito de desaparición forzada. En: Desaparición Forzada de Personas – Análisis comparado e internacional, (Coordinador: KAI AMBOS), obra citada, página 122].
En atención a las características de este delito, el sujeto activo mantiene su obligación de cumplir con informar sobre el destino o situación jurídica de la persona privada de libertad así haya dejado de ser funcionario, por cuanto en su oportunidad y en determinadas circunstancias generó o conoció de la privación de libertad, situación que –según se ha destacado- lo convierte en garante y esta seguirá hasta que se deje considerar desaparecido a una persona (aparezca vivo o muerto).
Cabe mencionar como base fundamental del deber de información que compete a los agentes estatales lo dispuesto en el artículo XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que establece: “Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad competente.- Los Estados Parte establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades”.
12°. El tipo legal nacional de desaparición forzada de personas, al igual que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas [similar es el caso del delito de torturas en relación con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes], no exige el elemento contextual “ataque generalizado o sistemático contra una población civil” el que se deben integrar los hechos individuales de desaparición forzada. Esta última exigencia se presenta en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 7°.1, que le atribuye la condición de crimen de lesa humanidad y, por ende, derechamente, adquiere el carácter de imprescriptible –artículo 29° del ECPI-.
Si no se presenta el elemento contextual el hecho individual antes descrito configurará un delito contra los derechos humanos, cuya criminalización se impone en virtud del
Derecho Internacional Convencional y constituye violaciones graves de estos derechos que se producen en el ejercicio abuso del poder del Estado. La imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada de personas, aún cuando no se presente el aludido elemento contextual, está afirmada por el artículo VII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El fundamento de esta disposición reside en que su práctica por parte de funcionarios o servidores públicos infringe deberes estatales vinculados al respeto de los derechos fundamentales de la persona, entre ellos esencialmente el derecho a la personalidad jurídica [YVAN MONTOYA VIVANCO: La desaparición forzada de personas como delito permanente: consecuencias dogmático penales, Cuaderno de Trabajo número 11, Departamento Académico de Derecho PUCP, Lima, Agosto, 2009, página 28], .
13º. El delito de desaparición forzada de personas es un delito especial propio. Sólo puede ser perpetrado por un agente estatal competente para informar sobre el paradero o situación jurídica del afectado –aquí reside, como ha quedado expuesto, el principal defecto de la legislación nacional, censurada por la CIDH, puesto que el Derecho Internacional Penal también comprende a una organización política, sin que necesariamente pertenezca a la estructura estatal-. El agente estatal, como sujeto cualificado, mantiene un deber específico sobre el suceso, de carácter extrapenal respecto al sujeto privado de la libertad, dada la posición de proximidad fáctica con respecto a la vulnerabilidad del bien jurídico [MONTOYA VIVANCO, YVÁN: La desaparición forzada de personas como delito permanente consecuencias dogmático penales. En: Cuaderno de trabajo número 11, PUCP, Lima, agosto 2009].
La jurisprudencia de la CIDH (SSCIDH Velásquez Rodríguez, del 29 de julio de 1988; Godínez Cruz, del 20 de enero de 1989; Gómez Palomino, del 22 de noviembre de 2005; Blake, del 24 de enero de 1998) y del Tribunal Constitucional (STC Villegas Namuche, número 2488-2002-HC/TC, del 18 de marzo de 2004) insisten en que se trata de un delito pluriofensivo, de una violación múltiple y continuada de varios derechos fundamentales y convencionales, más precisamente de lesión de la libertad personal y de peligro a la integridad personal, a la seguridad y a la vida [JUAN LUIS MODOLELL GONZÁLES: El crimen de desaparición forzada de personas según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: Revista Derecho PUC, número 63, noviembre 2009, página 144], cuya comisión acarrea otros delitos conexos, más aún en un contexto de violación sistemática o generalizada de violación de los derechos humanos.
Esas referencias, empero, están vinculadas a la responsabilidad internacional del Estado, y si es de rigor concentrarse en el Derecho Penal –internacional y nacional- necesariamente cabe afirmar la autonomía del delito en cuestión [así considerado incluso por la SCIDH Anzualdo Castro, párrafo 59] –que no puede ser considerado como un supuesto agravado de delitos preexistentes- y la necesidad de un bien jurídico propio. Por consiguiente, el objeto de lesión o el desvalor de la acción específico –más allá de reconocer que en todos los delitos contra los derechos humanos cometidos por
agentes estatales que integran la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas el bien jurídico común está referido a las garantías institucionales para el ejercicio de los derechos fundamentales frente al ejercicio a abusivo del poder público- se ha de residenciar en sentido estricto, en tanto la finalidad del delito es abstraer al individuo del ámbito de protección de la ley [GIOVANNA VÉLEZ FERNÁNDEZ: La Desaparición Forzadas de las Personas y su tipificación en el Código Penal Peruano, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 2004, página 111], en la protección de la personalidad jurídica –no sólo en la dimensión jurídico procesal de protección al ser humano sino se niega al ser humano en su calidad de tal, como centro integral de derechos y obligaciones- [YVAN MONTOYA VIVANCO: La desaparición forzada de personas como delito permanente: consecuencias dogmático penales, Obra citada, página 15], en el derecho a la administración de justicia y al esclarecimiento de los hechos, en sus tres niveles, a saber: individual, familiar y social [así, IVAN MEINI y KAI AMBOS, Obra citada, páginas 121 y 224]. Esta figura, por ende, protege un doble interés individual y público al exigir el cumplimiento del deber de información sobre la privación de la libertad.
Siendo así, en el delito de desaparición forzada de personas la fase consumativa se extiende, la ofensa al bien jurídico se prolonga en el tiempo, en virtud al mantenimiento del comportamiento peligroso del agente –dependiente en su totalidad de su ejecución de la voluntad del agente-; esto es, en el caso concreto, hasta que no se da la información correspondiente sobre el paradero del afectado, mientras el deber de informar no sea satisfecho. El momento en que tal permanencia cesa se presenta cuando se establezca el destino o paradero de la víctima –ésta “aparece”-, o cuando sean debidamente localizados e identificados sus restos (SCIDH Heliodoro Portugal, párrafo 34); se supere, de este modo, la falta de información que bloquee los recursos materiales y legales para el ejercicio de derechos y el esclarecimiento de los hechos, y mientras de este modo perdure el dolor e incertidumbre en los allegados de la persona desaparecida y en la sociedad en general [KAI AMBOS/MARÍA LAURA BÖHM: La desaparición forzada de personas como tipo penal autónomo. En: Desaparición Forzada de Personas – Análisis comparado e internacional, (Coordinador: KAI AMBOS), Obra citada, página 250].
Compatible con lo expuesto es el artículo 17° de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que preceptúa: “Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. De la misma manera, el artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas estipula que: “…Dicho delito será considerado como continuado [sic] o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.
La situación antijurídica duradera puede cesar debido a diversos factores, tales como la propia voluntad del agente –cuando se decida a informar sobre el paradero de la víctima-, la intervención de cursos salvadores –descubrimiento del paradero de la víctima y de su situación por terceras personas o por decisión judicial que resuelve dicha situación de incertidumbre; la víctima recupera la libertad y por tanto “aparece”-, o la cesación del deber de informar del agente involucrado, de uno u otro modo, en la privación de libertad –extraordinariamente cuando éste devenga en incapaz absoluto- [YVAN MONTOYA VIVANCO, Obra citada, página 25].
Por lo demás, el carácter permanente que implica la desaparición forzada origina, conforme a las SSCIDH Velásquez Rodríguez (párrafo 181), Godínez Cruz (párrafo 186), y Aloeboetoe y otros (párrafo 109)–, que la obligación de los poderes públicos de investigar lo sucedido subsista mientras dure la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida [REMOTTI CARBONELL, JOSÉ CARLOS: La Corte Interamericana de Derecho Humanos, Editorial IDEMSA, Lima, 2004, página 344]. La CIDH entiende, por lo demás, que la exigencia de que los Estados investiguen la suerte de las personas desaparecidas, las circunstancias y la identificación de los responsables, viene a configurar un nuevo derecho de carácter jurisprudencial.
§ 3. Ley penal y variación del estatuto jurídico del funcionario público.
15°. Como el delito de desaparición forzada es de ejecución permanente presenta singularidades en relación a la aplicación de la ley penal en el tiempo. Su punto de inicio no es la privación de libertad sino el momento en que empieza a incumplirse el mandato de información.
B. Si entra en vigor la ley que consagró el delito desaparición forzada de personas y se mantiene la conducta delictiva –de riesgo prohibido para el bien jurídico- por parte del agente estatal, la nueva ley resulta aplicable; no hay ninguna razón para no imputar la comisión del delito a partir de la vigencia de la nueva valoración socionormativa que expresó el tipo legal incorporado al ordenamiento penal. Así, SCIDH Tiu Tojin, párrafo 87. En igual sentido, debe entenderse la STC Villegas Namuche número 2488-2002-HC/TC, párrafo 26, del 18 de marzo de 2004, cuando precisa “…en los delitos permanentes, pueden surgir nuevas normas penales, que serán aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito, sin que ello signifique aplicación retroactiva de la ley penal”.
C. No obstante que subsista el estado de desaparición de la víctima al momento de entrar en vigor la ley que tipificó el delito de desaparición forzada de personas, como se está ante un delito especial propio –sólo puede ser cometido por funcionarios o servidores públicos- es indispensable que tal condición funcionarial esté presente cuando entra en vigor la ley penal. En consecuencia, si el agente en ese momento ya no integra la institución estatal y la injerencia se basa en primer término en el estatus de agente público, no es posible atribuirle responsabilidad en la desaparición cuando la ley penal entra en vigor con posterioridad al alejamiento del sujeto del servicio público.
D. Si una vez que entró en vigor la ley que tipifica el delito de desaparición forzada de personas, el agente es transferido de puesto u ocupa un cargo público distinto al que se desempeñaba cuando se incumplió el mandato de información, no es posible sostener que para él cesó el estado de permanencia del delito –ésta tiene otras formas de consolidarse, como se ha señalado en el párrafo anterior-. Siendo funcionario o servidor público y estando obligado a informar sobre lo ocurrido con el afectado en virtud de su injerencia previa, es obvio que su cambio de destino o de actividad no es relevante.
16°. Cabe puntualizar que la desaparición forzada de personas sólo puede ser atribuida por hechos, que consisten en la negativa de proporcionar información sobre la suerte de una persona a quien se privó de su libertad, siempre bajo la perspectiva de su ejecución permanente, ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de Código Penal de 1991 que consagró tal conducta como delito y señaló la pena correspondiente. Así lo manda la Constitución y el Código Penal –artículos 103° y 6°, respectivamente-; legislación que se encuentra acorde con los artículos II de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 15°.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Parte Tercera del Estatuto de Roma [CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ: Colombia: El delito de desaparición forzada. En: Desaparición Forzada de Personas – Análisis comparado e internacional, (Coordinador: KAI AMBOS), Obra citada, páginas 94-95]. Esta posición es coincidente con la observada por la Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-368, del 29 de marzo de 2000.
17°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
18°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6° al 16°.
19°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
20°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase saber.
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Esta entrada fue publicada en DERECHO PENAL el 23 septiembre, 2012 por GROVER CORNEJO YANCCE.
Canadá: murió niña a la que justicia autorizó retirarle el respirador
Baby M, cuyos padres fueron acusados de agredirla y tenerla malnutrida, se oponían a determinación judicial
La cuna vacía donde estuvo Baby M. (Captura YouTube)
Toronto (EFE). Una niña de dos años cuyos padres están acusados de abusos murió hoy después de que el Tribunal Supremo de Canadá decidiera no intervenir para impedir que los médicos retiraran el respirador artificial que la mantenía con vida.
El hospital infantil Stollery de la localidad de Edmonton, donde se encontraba ingresada la niña conocida como Baby M, informó hoy que la muerte se produjo en anoche, poco después de que se le retirara el respirador artificial.
PADRES ACUSADOS DE AGRESIÓN
FIRME OPOSICIÓN DE PROGENITORES
Para argumentar su decisión de oponerse a la retirada del respirador, el padre de la niña presentó una declaración ante los tribunales en la que señaló: “como devoto musulmán y cariñoso padre, me resulta impensable aceptar que se limite o retire el tratamiento médico”.
Pero los tribunales dijeron que el objetivo de mantener el respirador y someter a la niña a otros tratamientos invasivos es “continuar una vida que no tiene ningún beneficio para ella” porque no hay ninguna esperanza de que se recupere de sus graves lesiones.
viernes 21 de septiembre del 2012 14:40
Esta entrada fue publicada en VIOLENCIA FAMILIAR el 21 septiembre, 2012 por GROVER CORNEJO YANCCE.
Aumentaron los casos de violencia familiar en Lima y Callao. (Foto: Laconexionusa.com)
Martes 18 de septiembre del 2012 – 02:32 | 39 visitas
Así lo revela el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. La mayoría no denuncia los abusos ante las autoridades.
Lima. El gerente de dicho observatorio, Juan Huambachano, sostuvo que de enero a junio de este año el Ministerio Público ha registrado un total de 17,094 denuncias por violencia familiar en los 43 distritos de Lima Metropolitana y los cinco del primer puerto del país.
Esta entrada fue publicada en VIOLENCIA FAMILIAR el 18 septiembre, 2012 por GROVER CORNEJO YANCCE.
TITULO III PROCESO SUMARISIMO Capítulo I Disposiciones Generales [ 50809 vistas ]
PROCESO UNICO DE EJECUCION ANTES LLAMADO PROCESO EJECUTIVO [ 46985 vistas ]
PROCESOS NO CONTENCIOSOS [ 42132 vistas ]
TITULO II PROCESO ABREVIADO [ 38614 vistas ]
PROCESO CAUTELAR Capítulo I Medidas Cautelares [ 38525 vistas ]

References: artículo 471
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 artículo 116
 artículo 320
 artículo 36
 artículo 323
 artículo 320
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 artículo 7
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 artículo 7
 artículo 17
 artículo 116
 artículo 22
 artículo 116