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Timestamp: 2019-10-13 20:46:12+00:00

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﻿ Sentencia C-363 de mayo 16 de 2012
SENTENCIA C-363 DE 16 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN LA DETECCIÓN DE INFRACCIONES POR MEDIOS TECNOLÓGICOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO, EN LAS MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y EN EL ARANCEL JUDICIAL. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 86, 96, 198 Y 239 DE LA LEY 1450 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, UNIDAD DE MATERIA DEL PROYECTO DE LEY, ARANCEL JUDICIAL, INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO, DESCONGESTIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia C-363 de mayo 16 de 2012
Sentencia C-363 de 2012
Ref.: Expediente D-8785
A continuación se transcribe la norma demandada según publicación en el Diario Oficial Nº 48.102 del 16 de junio de 2011:
ART. 86.—Detección de infracciones de tránsito por medios tecnológicos. En los eventos en que se empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito o transporte, las autoridades competentes deberán vincular al trámite contravencional o procedimiento administrativo sancionatorio, al propietario del vehículo, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.
ART. 96.—Sanciones y procedimientos. El literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 quedará así:
ART. 198.—Descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con el propósito de evitar la congestión de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen o deban cursar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.
ART. 239.—Arancel judicial. Adiciónese un tercer inciso al artículo 4º de la Ley 1394 de 2010:
“Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al colector de activos públicos, CISA, cuando este intervenga como titular en procesos judiciales”.
2.1. La demanda considera que los artículos 86, 96, 198 y 239 demandados de la Ley 1450 de 2011, son violatorios de los artículos 158 y 169 de la Constitución Política, en razón a que no cuentan con la debida unidad temática ni respecto del contenido, ni del título de la ley, ni tienen ninguna relación de tipo temático, sistemático o teleológico con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, por lo cual se vulnera el principio de unidad de materia y de relación con el título de la ley, consagrados en las normas superiores invocadas.
2.2. En sus intervenciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, y la Central de Inversiones CISA, solicitaron la constitucionalidad de las normas demandadas o la inhibición por parte de la Corte, argumentando que las normas acusadas sí guardan una estrecha relación y conexidad temática con el contenido y título de la ley, con los objetivos y metas del plan nacional de desarrollo, respetando así la debida unidad normativa o principio de unidad de materia, y que la demanda no presenta verdaderos cargos de constitucionalidad al carecer de los requisitos sustanciales para ello.
2.3. El Señor Procurador General de la Nación en su concepto de rigor, solicitó a la Corte (i) declarar exequible el artículo 86 de la Ley 1450 de 2011, por el cargo formulado, bajo el entendido que cuando se trate de vehículos dados en leasing, renting o arrendamiento sin opción de compra serán solidariamente responsables por las infracciones a las normas de tránsito detectadas por medios técnicos o tecnológicos el conductor y el arrendatario o locatario junto con el propietario del vehículo automotor; (ii) declarar la inexequibilidad del inciso primero del artículo 96 de la Ley 1450 de 2011; (iii) declarar exequible el inciso primero del artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, por el cargo formulado; (iv) declarar inexequible el inciso segundo del artículo 198 de la Ley 1450 de 2011; y (v) declarar inexequible el artículo 239 de la Ley 1450 de 2011. Lo anterior, al encontrar que si bien respecto del artículo 86 y el inciso primero del artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 se evidencia la existencia de conexidad temática y normativa con la ley y los objetivos y metas del plan nacional de desarrollo, no se evidencia la misma unidad temática respecto del artículo 96, el inciso segundo del artículo 198 y el artículo 239 de la Ley 1450 de 2011.
4. El principio de unidad de materia y su aplicación a la ley del plan nacional de desarrollo.
4.1. El artículo 158 de la Constitución consagra que “[t]odo proyecto de ley debe referirse a un materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”.
Por su parte el artículo 169 de la Carta Política estipula que “[E]l título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto precederá esta fórmula: “El Congreso de Colombia, Decreta”.
En relación con el plan nacional de desarrollo, el artículo 339 de la Constitución establece que “[h]abrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.
El inciso tercero del art. 341 de la Constitución precisa que “[e]l plan nacional de inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de de la expedición de leyes posteriores...”.
4.2. Esta corporación tiene una amplia, pacífica y consolidada jurisprudencia en relación con el alcance normativo general del principio de unidad de materia, el cual debe informar el contenido de todas las leyes de la República.
Como lo ha expresado la jurisprudencia constitucional, el principio de unidad de materia, de que trata el artículo 158 de la Constitución Política pretende asegurar que las leyes tengan un contenido sistemático e integrado, que se encuentre referido a un solo tema, o en su defecto, a varios temas que tengan relación entre sí. La relevancia de este principio se fundamenta en que, con este principio, se busca evitar que los legisladores o también los ciudadanos, “sean sorprendidos con la aprobación subrepticia de normas que nada tienen que ver con la(s) materia(s) que constituye(n) el eje temático de la ley aprobada, y que por ese mismo motivo, pudieran no haber sido objeto del necesario debate democrático al interior de las cámaras legislativas”(1).
Así mismo, esta corporación ha resaltado que el debido respeto al principio de unidad de materia “contribuye a la coherencia interna de las normas y facilita su cumplimiento y aplicación al evitar, o al menos reducir, las dificultades y discusiones interpretativas que en el futuro pudieran surgir como consecuencia de la existencia de disposiciones no relacionadas con la materia principal a la que la ley se refiere”(2).
Sintetizando, la jurisprudencia de esta Corte ha indicado en relación con este principio, (i) en primer lugar, que constituye una exigencia importante y necesaria para “salvaguardar la transparencia, el principio democrático y la publicidad en el procedimiento legislativo...”(3); (ii) pero que, no obstante lo anterior, debe aplicarse de manera flexible, de tal forma que no entorpezca el procedimiento democrático(4).
Así, la Corte Constitucional ha analizado este tema en gran cantidad de ocasiones(5), en lo que atañe de manera general al principio de unidad de materia, expresando que este debe interpretarse y aplicarse en forma flexible, ya que de lo contrario podría invadirse la órbita de competencias del poder legislativo y ponerse en riesgo el principio democrático. Estos mismos criterios han sido reiterados en múltiples sentencias de esta corporación, como la C-376 de 2008(6), C- 377 de 2008(7), C-535 de 2008(8), Sentencia C-539 de 2008(9), entre otros.
4.3. En relación con la aplicación del principio de unidad de materia específicamente a las leyes del plan nacional de desarrollo, esta corporación ha resaltado (i) en primer lugar, el carácter especial que ostenta la ley del plan nacional de desarrollo; (ii) en segundo lugar, que el principio de unidad de materia debe aplicarse atendiendo dicha especificidad; y (iii) en tercer lugar, que al ser la ley del plan nacional de desarrollo multitemática, esto conlleva a que para estas leyes el principio de unidad de materia se aplique a la luz del principio de coherencia.
“Al margen de su importancia en el contexto político y parlamentario, este propio tribunal ha precisado que la aplicación del principio de identidad en los términos expuestos, no conduce a reconocerle a la unidad de materia un carácter rígido e inflexible que rebase su propia finalidad, ya que ello puede ‘restringir gravemente la función democrática y legislativa de formación de las leyes propia del Congreso de la República’. Bajo ese entendido, la jurisprudencia viene afirmando que solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”(10). (Resalta la Corte).
En otra oportunidad(11), expresó la Corte:
“ (...) los principios de unidad de materia y de identidad flexible adquieren un significado preciso en la expedición de la Ley del Plan, significación especial derivada del juego de otro principio llamado “de coherencia”, recogido en el artículo 3º de la Ley 152 de 1994, orgánica del plan nacional de desarrollo. Según este principio “los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en este”. En tal virtud, los instrumentos ideados por el legislador deben tener una relación de conexidad teleológica directa (es decir, de medio a fin) con los planes o metas contenidos en la parte general del plan. De tal manera que si ellos no se vinculan directa e inmediatamente con las metas propuestas debe entenderse que, por falta de coherencia, no cumplen con el principio de unidad de materia.
“(...) Ahora bien, la Corte siempre ha interpretado de manera amplia la noción de materia (...). No obstante, en lo referente al principio de unidad de materia en la Ley del Plan de Desarrollo la Corporación estima que la conexidad debe ser directa e inmediata. Es decir, (...) si bien el Plan Nacional de Desarrollo es una ley heterogénea, en la medida en que se ocupa de diversas materias (políticas macroeconómicas, sociales, culturales, ambientales, etc.) lo mismo que de diversidad de medidas instrumentales (presupuestales o normativas) destinadas a garantizar la efectiva y eficiente realización del Plan de Desarrollo, el criterio para examinar la unidad de materia de las disposiciones instrumentales contenidas en la Ley del Plan es el relativo a su conexidad directa, no eventual o mediata, con las normas que establecen los programas y proyectos contemplados en la parte general del Plan y con aquellas otras que especifican los recursos para su ejecución.
“La conexidad de una norma instrumental particular con las generales que señalan objetivos, determinan los principales programas o proyectos de inversión o especifican el monto de los recursos para su ejecución es eventual si del cumplimiento de aquella no puede obtenerse inequívocamente la efectividad de estas últimas, o si esta efectividad es solo conjetural o hipotética. Ahora bien, la conexidad es mediata cuando la efectivización de la norma general programática o financiera no se deriva directamente de la ejecución de la norma instrumental particular, sino que adicionalmente requiere del cumplimiento o la presencia de otra condición o circunstancia”. (Resalta la Sala)
En otra ocasión(12), en relación con la aplicación del principio que ahora nos ocupa a la ley del plan nacional de desarrollo, sostuvo la Corte:
“5. Estas disposiciones muestran que la ley del plan tiene características especiales y un contenido constitucional propio. En cierta medida, dicha ley es multitemática, pues permite la incorporación de diversos objetivos y propósitos de desarrollo. Por ende, si el criterio flexible de unidad de materia se aplicara a dicha ley, entonces ella podría incluir contenidos muy disímiles, lo cual afecta la coherencia, racionalidad y transparencia de la actividad legislativa que la Constitución persigue al consagrar el principio de unidad de materia (C.P., art. 158). En efecto, según ha señalado esta Corte, este principio pretende no solo que los debates legislativos sean ordenados y transparentes, en la medida en que evita que los congresistas sean sorprendidos con la introducción de temas que carecen de relación con el asunto globalmente debatido, sino que además asegura que el cuerpo de leyes aprobadas tenga una mínima lógica y coherencia, que facilite su consulta por la ciudadanía, puesto que cada ley estará referida exclusivamente a un tema, que deberá corresponder a su título (C.P., arts. 158 y 169). El principio de unidad de materia juega entonces un papel importante en la racionalización y transparencia del debate legislativo, así como en la coherencia interna de su producto: las leyes(13).
“6 Conforme a lo anterior, la Corte ha concluido que el principio de unidad de materia es más riguroso en la ley del plan y que por ende el control constitucional de un cargo por violación de este principio en esta ley es más estricto que el contemplado para las demás leyes, por cuanto la ley del plan no puede ser utilizada sino para sus propósitos constitucionales específicos, y no para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores. Por ello esta corporación ha señalado que para no violar la regla de unidad de materia, las disposiciones instrumentales deben guardar una relación o conexión directa con los objetivos y programas del plan nacional de desarrollo. Y es que si no fuera así, bastaría que esa ley enunciara genéricamente un objetivo general, como puede ser incrementar la eficiencia del sistema judicial, para que dicha ley pudiera alterar todo el estatuto penal y todas las regulaciones procesales, con el argumento de que el plan pretende incrementar la eficiencia judicial”. (Resalta la Sala).
En este sentido, ha afirmado en diferentes ocasiones que el plan nacional de desarrollo debe incluir las disposiciones instrumentales necesarias para implementar el propio plan de desarrollo. Así, la Corte ha expuesto, con fundamento en el numeral 3º del artículo 150 de la Carta, que el plan nacional de desarrollo ha de determinar las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de sus objetivos y sus inversiones públicas, y que por ello, “es perfectamente natural que en estas leyes se incluyan normas instrumentales, esto es disposiciones destinadas a permitir la puesta en marcha del propio plan de desarrollo”(14) .
De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que las estrategias para realizar las metas y prioridades de la acción estatal definidas en la parte general del plan de desarrollo no son únicamente de carácter presupuestal, sino que también pueden consistir en normas jurídicas, cuyo alcance permita realizar los propósitos allí establecidos, “pues es propio de la referida ley adoptar disposiciones destinadas a permitir que se cumplan los objetivos y metas señalados en la parte general y que se adelanten las inversiones programadas, normas que son de índole instrumental en cuanto están destinadas a permitir la puesta en marcha del propio plan de desarrollo”(15).
En punto a este tema, la Corte ha recalcado que si bien la ley del plan es de naturaleza presupuestal, ello no implica que esa ley solamente pueda contener normas de este carácter, sino que puede contener normas de otro carácter, entre ellas, por ejemplo, normas de carácter tributario(16). Así esta corporación ha precisado, que dado el carácter multitemático de la ley del plan nacional de desarrollo, en ella se pueden incluir normas instrumentales(17) A este respecto, esta corporación ha concluido que “las disposiciones instrumentales contenidas en la ley del plan deben guardar una relación directa e inmediata con los objetivos y programas del plan, pues de no ser así, estarían desconociendo el principio de unidad de materia y el contenido constitucional propio de esa ley”(18). (Resalta la Sala).
Partiendo del contenido de la ley del plan nacional de desarrollo, esta Corte igualmente ha señalado que como la temática de dicha la ley son las metas y prioridades de la política económica, social y ambiental en el período presidencial en curso, y las estrategias presupuestales y normativas ideadas para alcanzarlas, la regla de la unidad de materia “implica que cualquier meta o programa y cualquier estrategia capaz de llevarlos a efecto tendrían una relación de conexidad con el asunto que se regula en la ley del plan, por lo cual el Congreso podría incluir todo tipo de metas y estrategias”(19).
También ha expresado esta Corporación, que el alcance de los principios de unidad de materia e identidad flexible en la expedición de la Ley del Plan, está influenciado por el principio “de coherencia” (L. 152/94, art. 3º), según el cual “los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en este”(20). (Resalta la Sala).
Los anteriores criterios han sido refrendados en otros pronunciamientos, tales como la Sentencia C-573 y C-795 de 2004(21), en el fallo C-376 de 2008(22), donde se destacó que esa conexidad directa con los objetivos del plan de desarrollo puede predicarse frente a distintos tipos de contenidos que pudieren resultar útiles para la consecución de aquellas finalidades, lo que incluye “instrumentos presupuestales u otro tipo de disposiciones, normas o medidas directa e inmediatamente adecuadas para llevar a cabo las políticas, programas, proyectos o metas contenidos en el inicial proyecto gubernamental”(énfasis de la Sala). Este aserto es consecuencia de lo prescrito en el numeral 3º del artículo 150 constitucional, conforme al cual la Ley aprobatoria del Plan de Desarrollo contendrá también las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de dicho plan. Este planteamiento fue reiterado también en la Sentencia C-377 de 2008(23).
5. Análisis constitucional de las disposiciones demandadas.
5.1. Los artículos de la Ley 1450 de 2011 o ley del plan nacional de desarrollo que ahora se demandan por vulneración del principio de unidad de materia, son regulaciones que se refieren a (i) la detección de infracciones de tránsito por medios tecnológicos —artículo 86—; (ii) las sanciones y procedimientos del literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 —artículo 96—; (iii) medidas de descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo —artículo 198—; y (iv) a una excepción al cobro del arancel judicial —artículo 239—.
5.1.1. El artículo 86 de la Ley 1450 de 2011 consagra medidas relativas a la detección de infracciones de tránsito por medios tecnológicos. A este efecto, consagra que en los eventos en que se empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito o transporte, las autoridades competentes deberán vincular al trámite contravencional o procedimiento administrativo sancionatorio, al propietario del vehículo, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Así mismo, en el inciso segundo de esta norma, se consagra que si se tratare de un vehículo particular, serán solidariamente responsables frente al pago de las multas, el propietario y el conductor del vehículo. No obstante lo anterior, tratándose de vehículos dados en leasing, en arrendamiento sin opción de compra y/o en operaciones de renting, serán solidariamente responsables de la infracción el conductor y el locatario o arrendatario.
5.1.2. El artículo 96 de la Ley 1450 de 2011, se refiere a las sanciones y procedimientos de que trata el literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, “por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”, artículo que regula las multas de tránsito, las cuales oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes, teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción, y fija los casos en los cuales procederán dichas multas. Así, el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011 modificó el literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, estableciendo que estas multas procederán en los casos de incremento o disminución de las tarifas o de prestación de servicios no autorizados, o cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga, eventos en los cuales se impondrá el máximo de la multa permitida.
5.1.3. El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, adopta medidas para la descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A este efecto dispone, que con el propósito de evitar la congestión de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen o deban cursar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de esa ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente auto admisorio de la demanda, o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011. Finalmente, el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, dispone que en los casos a que hace referencia el último inciso del artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, la cuantía se determinará por el valor del cálculo actuarial.
5.1.4. El artículo 239 de la Ley 1450 de 2011, ahora demandado, adopta medidas en relación con la creación de una nueva excepción al cobro del arancel judicial. A este respecto, adiciona un tercer inciso al artículo 4º de la Ley 1394 de 2010, en el que se determina que “Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al colector de activos públicos, CISA, cuando este intervenga como titular en procesos judiciales”.
Por su parte la Ley 1394 de 2010, regula el Arancel Judicial, y en el artículo 4º de esa normativa, se consagran las excepciones a dicho cobro, de manera que se determina que (i) no podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, declarativos, ni en los conflictos de la seguridad social, así como tampoco procederá en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales; y (ii) tampoco podrá cobrarse aranceles a las personas de los niveles de Sisbén 1 y 2, condición que será acreditada con el respectivo carné. En todos aquellos casos en los cuales el demandante no pueda acreditar esta, se sujetará al amparo de pobreza reconocido en el Código de Procedimiento Civil y será decidido por el juez.
5.2. Como quedó reseñado, en criterio del demandante, los artículos 86, 96, 198 y 239 de la Ley 1450 de 2011 serían inexequibles por violar el principio de unidad de materia de que trata el artículo 158 superior, así como lo establecido en el artículo 169 de la Carta, en lo que se refiere a la conexidad temática entre las disposiciones y el título de la ley.
5.3. Para resolver lo relacionado con este cargo, la Corte reiterará las reglas jurisprudenciales en torno del principio de unidad de materia, y a las particularidades que resultan de la aplicación de este principio a la ley aprobatoria del plan nacional de desarrollo. Sobre estas bases examinará el contenido de las normas acusadas y procederá a determinar el grado de conexidad existente entre esos preceptos y los objetivos generales del actual plan de desarrollo plasmados en la Ley 1450 de 2011. Finalmente, a partir de esta confrontación, se pronunciará sobre la eventual prosperidad de este cargo.
5.4. En relación con las reglas jurisprudenciales respecto del principio de unidad de materia aplicado a la ley del plan nacional de desarrollo, son de reiterar en esta oportunidad las siguientes:
(iv) Lo anterior implica que si bien existe un amplio margen de conexidad temática entre los objetivos y metas generales del plan y las disposiciones instrumentales del mismo, estas últimas deben guardar una relación directa e inmediata con los objetivos y programas del Plan, esto es, una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en este, pues de no ser así, estarían desconociendo el principio de unidad de materia y el contenido constitucional propio de esa ley.
5.5. Pasa ahora, la Sala a determinar el contenido de las normas demandadas y si existe una relación directa e inmediata con los objetivos generales del Plan de Desarrollo 2010-2014.
5.5.1. Para analizar la eventual prosperidad del cargo enervado, es entonces necesario volver sobre los principales objetivos y programas del actual plan de desarrollo contenidos en la Ley 1450 de 2011.
5.5.2. Ahora bien, el título II del plan contiene el plan de inversiones y presupuestos plurianuales —artículos 4º y 5º— y el título III los mecanismos para la ejecución del plan. El título III que contiene los mecanismos o la parte instrumental y específica del plan nacional de desarrollo, contiene a su vez tres capítulos. El capítulo I relativo a la convergencia y fortalecimiento del desarrollo regional —artículos 6º al 26—, el capítulo II referido al crecimiento sostenible y competitividad que contiene seis (6) apartes temáticos: (2.1) Innovación para la prosperidad —artículos 27 a 52—; (2.2) tecnologías de la información y las comunicaciones —artículos 53 a 59—; (2.3) agropecuaria y desarrollo rural —artículos 60 al 82—; (2.4) infraestructura de transporte —artículos 83 al 97—; (2.5) Desarrollo Minero y Expansión Energética —artículos 98 al 116—; y (2.6) vivienda y ciudades amables —artículos 117 a 135—.
El capítulo III del título III del PND trata sobre la igualdad de oportunidades para la prosperidad social y contiene disposiciones —artículos 136 a 186— sobre primera infancia, sector educativo, educación superior, salud y hospitalización, pensiones, empleo y régimen laboral, promoción del deporte y cultura, patrimonio cultural, discapacidad, equidad de género, priorización y medidas de atención para población desplazada, prevención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer.
El capítulo IV de ese mismo título, se refiere al objetivo de la consolidación de la paz —artículos 187 a 201— y consagra medidas sobre atención a población en proceso de integración, exención de pagos derecho libreta militar, infraestructura estratégica para la defensa y seguridad nacional, sobre concesión de centros penitenciarios y carcelarios, coordinación para combatir el crimen organizado, apoyo a la descongestión judicial y garantía de acceso eficaz a la justicia, gestión de la administración de justicia, entre otros.
El capítulo V desarrolla el objetivo relativo a la sostenibilidad ambiental y la prevención del riesgo —artículos 202 a 227— y establece normas sobre delimitación de ecosistemas de páramos y humedales, áreas forestales y de reserva forestal, rondas hídricas, competencias en materia ambiental, prevención y atención de desastres, impacto ambiental, licencias ambientales, entre otros.
El capítulo VI se refiere a los soportes transversales de la prosperidad democrática y consagra medidas para el (6.1) buen gobierno —artículos 228 a 272— tales como sistemas de gestión, seguimiento e información, defensa del Estado, inventario de procesos, avalúo de bienes, movilización de activos, fortalecimiento de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la DIAN, sobre activos de la Nación, operaciones de crédito público, Conpes, Confis, saneamiento de los estados financieros de la Nación, entre otros.
Y finalmente, el capítulo VII del título III hace referencia a las disposiciones finales —artículos 273 a 276— referentes a la protocolización de las consultas previas, contratación de mínima cuantía, y vigencias y derogatorias.
5.6. La Corte evidencia que el artículo 86, el cual consagra medidas relativas a la detección de infracciones de tránsito por medios tecnológicos, y el artículo 96 que se refiere a sanciones y procedimientos referidos a multas de tránsito, se encuentran contenidos en el capítulo II del título III acerca del crecimiento sostenible y competitividad que contiene seis (6) apartes temáticos, refiriéndose el aparte 2.4 a infraestructura de transporte —en los artículos 83 al 97—. Así estos preceptos contienen (i) la declaratoria de utilidad pública de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transportes (art. 83), (ii) los sistemas inteligentes de tránsito y transporte SIT (art. 84); (iii) la puesta en marcha del Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte CICT (art. 85); (iv) la detección de infracciones de tránsito por medios tecnológicos (art. 86) que ahora se objeta; (v) las infraestructuras logísticas especializadas (art. 87); (vi) la continuidad en la prestación de los servicios de los agentes que participan en la gestión de los procesos logísticos esenciales asociados a la distribución de la carga de importación y exportación (art. 88); (vii) la Superintendencia de Puertos y Transporte (art. 89); (viii) los recursos locales para proyectos y programas de infraestructura (art. 90); (ix) los caminos para la prosperidad (art. 91); (x) el manejo integral del tránsito de motocicletas (art. 92); (xi) la navegabilidad del Rio Grande de la Magdalena (art. 93); (xii) el Fondo Cuenta de Renovación de Vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga (art. 94); (xiii) el Incentivo para pago de infracciones de tránsito (art. 95); (xiii) las sanciones y procedimientos para las multas de tránsito (art. 96) que ahora también se demandada; y (xiv) el esquema de traslados de redes en proyectos de infraestructura de transporte (art. 97).
En este orden de ideas, es de resaltar que en el título III de los mecanismos de ejecución del plan, capítulo II - sobre el crecimiento sostenible y competitividad, de la Ley 1450 de 2011, y como parte de las “locomotoras de crecimiento”, se definieron cinco objetivos, uno de cuyos principales, es la infraestructura y el transporte, lo cual demuestra que en la parte general del plan, la infraestructura, el transporte y la seguridad vial, constituyen objetivos y propósitos del Gobierno Nacional para el plan nacional de desarrollo.
Finalmente, la Sala evidencia que estos artículos no constituyen normas aisladas, sino que hacen parte coherente de una serie de medidas adoptadas en la parte instrumental del plan nacional de desarrollo, que ya se mencionaron, y que se refieren todas ellas al transporte y su infraestructura, tales como a (i) la declaratoria de utilidad pública de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transportes (art. 83), (ii) los sistemas inteligentes de tránsito y transporte SIT (art. 84); (iii) la puesta en marcha del Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte CICT (art. 85); (iv) la detección de infracciones de tránsito por medios tecnológicos (art. 86); (v) las infraestructuras logísticas especializadas (art. 87); (vi) la continuidad en la prestación de los servicios de los agentes que participan en la gestión de los procesos logísticos esenciales asociados a la distribución de la carga de importación y exportación (art. 88); (vii) la Superintendencia de Puertos y Transporte (art. 89); (viii) los recursos locales para proyectos y programas de infraestructura (art. 90); (ix) los caminos para la prosperidad (art. 91); (x) el manejo integral del tránsito de motocicletas (art. 92); (xi) la navegabilidad del Rio Grande de la Magdalena (art. 93); (xii) el Fondo Cuenta de Renovación de Vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga (art. 94); (xiii) el Incentivo para pago de infracciones de tránsito (art. 95); (xiii) las sanciones y procedimientos para las multas de tránsito (art. 96); y (xiv) el esquema de traslados de redes en proyectos de infraestructura de transporte (art. 97).
5.7. El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, el cual adopta medidas para la descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se encuentra contenido en el capítulo IV sobre consolidación para la paz, capítulo en el cual se prevén algunas estrategias relativas a la promoción de la administración de justicia, tales como (i) coordinación entre el Gobierno Nacional, la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación para el fortalecimiento de la justicia especializada con el fin de combatir el crimen organizado (art. 196); (ii) apoyo a la descongestión judicial y garantía de acceso eficaz a la justicia (art. 197); (iii) descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 198), cuya constitucionalidad ahora se cuestiona; (iv) funciones del Ministerio del Interior y de Justicia en materia de descongestión (art. 199); (v) Gestión de la administración de justicia (art. 200); y (vi) Sistema de responsabilidad penal para adolescentes SRPA (art. 201).
Como se mencionó, el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, consagra medidas para la descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Sala encuentra que esta disposición respeta el principio de unidad de materia, ya que tiene un vínculo directo e inmediato con los objetivos y metas del plan nacional de desarrollo, al tratarse de una medida instrumental de orden jurídico que se encamina a lograr la descongestión en el ámbito de la justicia, fijando una estrategia para ello, por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así, la descongestión de la justicia constituye uno de los objetivos centrales del Gobierno Nacional en la ley del plan nacional de desarrollo, y tiene una relación directa e inmediata con los objetivos y metas más generales plasmados en los artículos 1º a 3º de la Ley 1450 de 2011, ya que la descongestión en la justicia es una condición necesaria e imprescindible para alcanzar los objetivos del plan, tales como (a) consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, (b) dar un gran salto de progreso social, (c) lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, (d) alcanzar una mayor prosperidad para toda la población. Así mismo, la Corte encuentra que la descongestión en la justicia y las medidas encaminadas a lograrla, tienen una conexidad intrínseca con las “bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos”, y con los ejes transversales plasmados en el artículo 3º de la Ley 1450 de 2011, en donde se consagran los propósitos del Estado, especialmente con los ejes de (a) un buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, y en la relación entre la administración y el ciudadano; y (b) un mayor y mejor posicionamiento internacional de Colombia en los mercados internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo y de la cooperación para alcanzar la relevancia internacional propuesta.
Finalmente, la Corte evidencia que esta norma no constituye tampoco una disposición aislada, sino que hace parte de una serie de medidas estructurales adoptadas en la ley del plan, que como se mencionó se encaminan al logro de la descongestión de la justicia, como parte necesaria para la consecución del objetivo general de consolidación para la paz, tales como (i) la coordinación entre el Gobierno Nacional, la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación para el fortalecimiento de la justicia especializada con el fin de combatir el crimen organizado (art. 196); (ii) el apoyo a la descongestión judicial y garantía de acceso eficaz a la justicia (art. 197); (iii) la descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 198); (iv) las funciones del Ministerio del Interior y de Justicia en materia de descongestión (art. 199); (v) la gestión de la administración de justicia (art. 200); y (vi) el sistema de responsabilidad penal para adolescentes SRPA (art. 201).
5.8. Finalmente, el artículo 239 de la Ley 1450 de 2011 adopta medidas en relación con la creación de una nueva excepción al cobro del arancel judicial. Esta disposición se encuentra contenida en el capítulo VI del título III del PND que contiene las medidas de soportes transversales de la prosperidad democrática, como el buen gobierno —artículos 228 a 272—, y contiene disposiciones tales como (i) Herramientas de sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión y resultados (art. 228); (ii) seguimiento e información, defensa del Estado, inventario de procesos, avalúo de bienes, movilización de activos, fortalecimiento de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la DIAN, sobre activos de la Nación, operaciones de crédito público, Conpes, Confis, saneamiento de los estados financieros de la Nación, entre otros.
Como ya se mencionó, el artículo 239 de la Ley 1450 de 2011, ahora demandado, adopta medidas en relación con la creación de una nueva excepción al cobro del arancel judicial, para el colector de activos públicos CISA, cuanto intervenga en procesos judiciales. A este respecto, adiciona un tercer inciso al artículo 4º de la Ley 1394 de 2010, en el que se determina que “Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al colector de activos públicos, CISA, cuando este intervenga como titular en procesos judiciales”.
De otra parte, a juicio de la Corte, la constitucionalidad del enunciado normativo contenido en el artículo 239 de la Ley 1450 de 2011, al prever una nueva excepción al cobro del arancel judicial para CISA, cuando intervenga como titular en los procesos judiciales, se sustenta en que guarda una relación directa e inmediata con el objetivo central del PND de lograr un buen gobierno —acápite 6.1 del plan nacional de desarrollo—, a través de la promoción y fortalecimiento de CISA mediante la exención de gravámenes, lo cual hace parte de la reorganización y correctivos institucionales que adopta el plan en relación con la entidad encargada de la administración de bienes, activos y créditos del Estado, con el fin de generar mayor eficiencia, eficacia y mayores ingresos y ahorros en la disposición de los bienes a su cargo. Adicionalmente, esta norma consagra una medida razonable y proporcional para lograr los objetivos del plan nacional de desarrollo relativos al fortalecimiento de la entidad CISA, al logro de una liquidez de los activos fijos del Estado, y a la garantía de la obtención de ingresos estatales para financiar las inversiones requeridas en el plan nacional de desarrollo, sin que esto implique mayores costos para el mismo Estado como el pago de aranceles judiciales.
Finalmente, la Corte constata que el artículo 239 de la Ley 1450 de 2011, no constituye una norma aislada dentro del PND, sino que por el contrario, hace parte de un paquete de estrategias sistemáticas concebidas en el plan nacional de desarrollo, que ya fueron reseñadas en acápite anterior, y que tienen como finalidad desarrollar y lograr los objetivos centrales del plan relativos a la prosperidad democrática, al buen gobierno y a la reorganización institucional, contenidos en los artículos 228 a 272, tales como (i) herramientas de sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión y resultados (art. 228); (ii) , seguimiento e información, defensa del Estado, inventario de procesos, avalúo de bienes, movilización de activos, fortalecimiento de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la DIAN, sobre activos de la Nación, operaciones de crédito público, Conpes, Confis, saneamiento de los estados financieros de la Nación, entre otros.
1. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 86 de la Ley 1450 de 2011, por el cargo de violación del principio de unidad de materia.
2. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011, por el cargo de violación del principio de unidad de materia.
3. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, por el cargo de violación del principio de unidad de materia.
4. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 239 de la Ley 1450 de 2011, por el cargo de violación del principio de unidad de materia.
(1) Sentencia C-714 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(3) Sentencia C-539 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterado en Sentencia C-801 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(4) Ver, por ejemplo, las sentencias C-795 de 2004, M.P. Rodrigo Urpimny Yepes; C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-407 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-055 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-551 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y C-1025 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(5) Cfr. sobre este tema, entre muchas otras, las sentencias C-025 de 1993, C-352 de 1998, C-501 y C-1025 de 2001, C-618 y C-887 de 2002, C-245 y C-460 de 2004, C-138 y C-211 de 2007 y C-230 de 2008.
(6) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, con salvamentos de voto de los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto y Jaime Araújo Rentería.
(7) M.P. Clara Inés Vargas Hernández, con salvamentos de voto de los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Jaime Araújo Rentería, y un salvamento parcial del magistrado Jaime Córdoba Triviño.
(8) M.P. Rodrigo Escobar Gil, con salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería.
(9) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, con salvamento parcial y aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería, y aclaración de voto del magistrado Nilson Pinilla Pinilla.
(10) Sentencia C-025 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(11) Sentencia C-305 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(12) Sentencia C-795 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. La sentencia contó con salvamentos de voto parciales y separados de los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil y Rodrigo Uprimny Yepes. También contó con aclaraciones de voto separadas de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Córdoba Triviño y Jaime Araújo Rentería.
(13) Sobre las funciones de este principio de unidad de materia, ver, entre otras, las sentencias C-535 de 1995, Fundamento 5 y C-501 de 2001, fundamento d.
(14) Sentencia C-191 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Reiterado en Sentencia C-801 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(16) Esta posición fue refrendada en la Sentencia C-377 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. La sentencia contó con salvamentos de voto de los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Jaime Araújo Rentería y Jaime Córdoba Triviño.
(17) Ver Sentencia C-801 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(18) Sentencia C-795 de 2004.
(19) Sentencia C-305 de 2004.
(21) En ambas M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

References: artículo 46
 artículo 157
 artículo 4
 artículo 86
 artículo 96
 artículo 198
 artículo 198
 artículo 239
 artículo 86
 artículo 198
 artículo 96
 artículo 198
 artículo 239
 artículo 158
 artículo 169
 artículo 339
 artículo 158
 artículo 3
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 46
 artículo 86
 artículo 96
 artículo 46
 artículo 96
 artículo 46
 artículo 198
 artículo 157
 artículo 198
 artículo 157
 artículo 239
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 158
 artículo 169
 artículo 86
 artículo 96
 artículo 198
 artículo 198
 artículo 3
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 4
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 86
 artículo 96
 artículo 198
 artículo 239