Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v5.html?page=2
Timestamp: 2019-08-19 20:50:40+00:00

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El Estado presentó tres “excepciones preliminares”: la falta de agotamiento de recursos internos, la extemporaneidad de la petición presentada por Karen Espinoza y Héctor Jiménez, y la incompetencia de la Corte Interamericana para conocer de hechos sobrevinientes a la presentación de la petición.
El Estado alegó que no hizo “renuncia a la interposición” de excepciones. Indicó que la Sala Constitucional “declaró inconstitucional un determinado tipo de fertilización in vitro” y precisó que “si la técnica avanza al punto de permitir la realización de la misma sin pérdida de embriones, es posible efectuarla”. En consecuencia, el Estado indicó que “los peticionarios podían acudir tanto a la jurisdicción constitucional como a la jurisdicción contencioso administrativa, a efectos de que se discutiera la posibilidad de que los servicios de salud atendieran su condición de infertilidad” incluyendo la posibilidad de “una determinada técnica de fertilización in vitro […] dentro de los supuestos dados por la Sala Constitucional”. El Estado señaló que, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, “la existencia de la sentencia” no “impide que la Sala Constitucional vuelva a conocer el asunto en la vía de la acción de inconstitucionalidad” dado que la Ley de la Jurisdicción Constitucional indica que las resoluciones de dicha Sala “no son vinculantes para la propia Sala, [la cual] podría revisar el tema nuevamente”. Agregó que "la existencia de la resolución de la Sala Constitucional no impedía que existiera un pronunciamiento de parte de la propia Sala" en la "vía del amparo constitucional o por parte de los Tribunales Contencioso Administrativos". Añadió que las presuntas víctimas "podrían haber solicitado a las autoridades administrativas que, respetando la resolución de la Sala Constitucional, se brindara un remedio para su situación de infertilidad" o "se creara una nueva regulación" de la FIV, "acorde con los parámetros establecidos por la resolución del Tribunal Constitucional". "Si las autoridades administrativas se negaran a brindar la atención requerida", procedía la presentación de un recurso de amparo. Sin embargo "ninguna de las parejas presentó" dicho recurso.
Adicionalmente, el Estado alegó que "ante la negativa de las autoridades administrativas, las presuntas víctimas podrían interponer un proceso contencioso administrativo", sin embargo, ninguna lo presentó antes de iniciar el trámite ante la Comisión. Agregó que los recursos internos eran "eficientes" y que "prueba de ello es que una de las presuntas víctimas acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, con posterioridad a la interposición de la petición ante la Comisión".
La Comisión señaló que en el procedimiento anterior al informe de admisibilidad el Estado solo se limitó a “plantear la posibilidad de que las [presuntas] víctimas interpusieran una acción de amparo”. Manifestó que el Estado “no detalló el sustento legal de esa posibilidad ni explicó de qué manera, vía de amparo, era posible eliminar los efectos de una decisión abstracta de inconstitucionalidad […] regulada como irrecurrible”. Señaló que el Estado “faltó a la carga de la prueba que le correspondía para explicar las razones por las cuales el recurso de amparo podría ser efectivo”.
El representante May manifestó que en el trámite ante la Comisión “el Estado indicó que renunciaba expresamente al privilegio de interponer excepciones previas", renuncia que "una vez interpuesta es irrevocable e irreversible”. Alegó que el recurso interno adecuado “debe ser acorde al fin”, esto es capaz de satisfacer las pretensiones e intereses en juego, y siendo el objeto fundamental de las víctimas la anulación de la sentencia de la Sala Constitucional y la rehabilitación de la FIV, “no existe ningún remedio jurisdiccional interno que permita cumplir tal objetivo”. El representante Molina indicó que el Estado “no comprob[ó] la idoneidad de los recursos señalados”. Por otra parte, resaltó que “la resolución de la Sala Constitucional es una Sentencia contra la cual no procede recurso alguno y cuyos efectos son erga omnes”. Alegó que el recurso iniciado por la señora Ileana Hénchoz fue rechazado.
El artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana, de conformidad con los artículos 44 o 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos27. La Corte recuerda que la regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios28. Lo anterior significa que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención29.
Asimismo, esta Corte ha sostenido de manera consistente que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno30, esto es, durante la admisibilidad del procedimiento ante la Comisión31. Al alegar la falta de agotamiento de los recursos internos corresponde al Estado señalar en esa debida oportunidad los recursos que deben agotarse y su efectividad. Al respecto, el Tribunal reitera que no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento. El Tribunal resalta que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado32.
La Corte observa que lo primero que procede determinar en relación con esta excepción es el tipo de alegatos que presentó el Estado antes de la emisión del informe de admisibilidad, es decir, en el momento procesal oportuno para plantear esta excepción. Al respecto, el Estado sólo presentó un escrito en relación con este tema, el 23 de enero de 2004, en el que señaló que una de las víctimas "podría haber acudido en amparo"33. El escrito donde el Estado analizó la posible idoneidad de la jurisdicción contencioso administrativa para resolver el presente caso fue presentado en 200834, cuatro años después de emitido el informe de admisibilidad. En consecuencia, la Corte considera que los argumentos planteados en relación con la necesidad de agotar procedimientos contencioso administrativos o demandar la omisión en la regulación del procedimiento de la FIV según los parámetros establecidos por la Sala Constitucional, resultan extemporáneos y el análisis se concentrará en los alegatos en torno al recurso de amparo.
Respecto al agotamiento del recurso de amparo, el Estado plantea dos argumentos diferentes. El primero, respecto a los alcances que el Estado atribuye a la decisión adoptada por la Sala Constitucional en el presente caso. El Estado considera que dicha decisión no implicó una prohibición de la FIV sino de una modalidad de dicho procedimiento, razón por la cual se alega la existencia de otras posibilidades que hubieran tenido las presuntas víctimas para enfrentar su infertilidad y, de ser el caso, agotar el recurso de amparo ante la negación de dichas alternativas. La Corte considera que este es un asunto de fondo que será resuelto oportunamente al determinar si la decisión de la Sala Constitucional constituyó una limitación a los derechos de las presuntas víctimas (infra párrs. 160 y 161). Al respecto, la Corte ha afirmado que las excepciones preliminares son actos que buscan impedir el análisis del fondo de un asunto cuestionado, mediante la objeción de la admisibilidad de un caso o la competencia del Tribunal para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, tiempo o lugar, siempre y cuando dichos planteamientos tengan el carácter de preliminares35. Dado que este primer argumento del Estado no pude ser revisado sin entrar a analizar previamente el fondo del caso, no puede ser analizado en el marco de esta excepción preliminar36.
En segundo lugar, el Estado alega que un recurso de amparo le hubiera podido dar una nueva oportunidad a la Sala Constitucional de valorar la posible afectación de derechos en el presente caso. Al respecto, la Corte observa que es un hecho no controvertido que existe una decisión definitiva y vinculante de la más alta instancia judicial de Costa Rica en materia constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la práctica de la fecundación in vitro, tal como se regulaba en ese momento. Tal como se analiza con más detalle posteriormente (infra párr. 135), el objeto del presente caso es determinar si dicha decisión de la Sala Constitucional comprometió la responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, la cuestión del agotamiento de recursos se relaciona con los recursos existentes contra la sentencia de inconstitucionalidad. Al respecto, la Corte observa que, conforme el artículo 11 de la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, las sentencias, autos o providencias de la Sala Constitucional son irrecurribles37. Asimismo, en Costa Rica el control de constitucionalidad es concentrado38, de tal forma que dicha sala es la que conoce de todos los amparos que se presentan en el país.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal considera que interponer un recurso de amparo no era idóneo para remediar la situación de las presuntas víctimas, dado que el más alto tribunal en la jurisdicción constitucional había emitido su decisión final respecto a los problemas jurídicos centrales que deben resolverse en el presente caso en relación con los alcances de la protección de la vida prenatal (infra párr. 162). Dado que la Sala Constitucional es la que conoce de todos los recursos de amparo que se interponen en Costa Rica, esa misma Sala sería la que hubiera tenido que valorar el eventual recurso de amparo que interpusieran las presuntas víctimas. Asimismo, las presuntas víctimas pretendían recibir el tratamiento médico de la FIV en el marco de la regulación prevista en el Decreto Ejecutivo. Ante la declaración de inconstitucionalidad del decreto en su conjunto, la posibilidad de acceder a la FIV bajo las condiciones establecidas por la Sala Constitucional es sustancialmente diferente a los intereses y pretensiones de las presuntas víctimas. Por ende, en las circunstancias específicas del presente caso, la Corte considera irrazonable exigir a las presuntas víctimas que tuvieran que seguir agotando recursos de amparo si la más alta instancia judicial en materia constitucional se había pronunciado sobre los aspectos específicos que controvierten las presuntas víctimas. Así las cosas, la función de dicho recurso en el ordenamiento jurídico interno no era idónea para proteger la situación jurídica infringida y, en consecuencia, no podía ser considerado como un recurso interno que debió ser agotado39.
Por todo lo indicado anteriormente, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 11