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Timestamp: 2019-07-22 21:30:10+00:00

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Disipando dudas: El Catastro y el IBI – RocafortTribune
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Disipando dudas: El Catastro y el IBI
Esta pasada semana ha tenido algo de “revuelo” referente a la noticia del Ayuntamiento de la regularización catastral llevada a cabo en nuestro municipio. En ningún caso, como ya explicamos, era una medida de ahorro para la totalidad de los ciudadanos, sino una medida contra el fraude con la única finalidad de encontrar presuntos infractores en las declaraciones de las modificaciones de inmuebles en el catastro.
Muchos vecinos se han estado preguntando porqué todos los años el IBI sigue siendo un gran lastre para las familias, o porqué el catastro no refleja realmente el valor de la vivienda o de los servicios que se les prestan. Por ello hemos querido realizar este artículo, para intentar que todos sepamos si podemos pedir bonificaciones, si tenemos obligaciones que cumplir con el registro o si podemos pedir al ayuntamiento que inicie algún procedimiento para quizás rebajar esta presión (Procedimiento de Valoración Colectiva).
¿Que es el valor catastral y la regularización catastral?
El valor catastral es un valor fijado por la administración objetivamente para cada inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la ponencia de valores del municipio. Para determinar el valor catastral de un inmueble se consideran esencialmente los siguientes componentes:
El procedimiento de regularización catastral por su parte es uno de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral. Es obligatorio informar cuando se lleven a cabo los siguientes hechos:
La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total.
La adquisición de la propiedad, así como su consolidación.
La constitución, modificación, adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
Las variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno de los cónyuges en los bienes inmuebles comunes, así como la composición interna en la cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros o partícipes de las comunidades o entidades sin personalidad jurídica.
Ahora bien, lo que todos han estado entendiendo que se iba a realizar en las redes sociales es un concepto diferente a la “Regularización Catastral”, y se denomina Procedimiento de Valoración Colectiva.
¿Que es el Procedimiento de Valoración Colectiva?
Es el procedimiento administrativo mediante el que se actualizan simultáneamente los valores catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos con construcciones de un municipio, con la finalidad de adecuarlos a los valores de mercado y concordar sus características físicas y jurídicas con la realidad.
Este procedimiento, que en la actualidad se desarrolla previa manifestación del interés en su realización por parte del Ayuntamiento correspondiente, y se inicia con la aprobación por el Director General del Catastro de una Ponencia de valores. La ponencia de valores es el documento administrativo que, en base a los criterios marco de coordinación de valores aprobados por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, contiene los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para asignar un valor catastral individualizado a los bienes inmuebles dentro del ámbito municipal. En todo caso, es el Ayuntamiento correspondiente emite informe previo a la aprobación de la Ponencia, tanto en lo que se refiere a la delimitación de suelo como al propio contenido de la misma.
¿Que es el IBI?
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo local obligatorio que se repercute a los propietarios de inmuebles de forma anual. La importancia que supone este ingreso para todo municipio viene dada por el gran número de ciudadanos a los que afecta y por lo tanto, por la cuantía que esto supone para las arcas municipales. En cuanto a la naturaleza del impuesto podemos clasificar este impuesto como directo, real, objetivo y periódico. Aunque luego matizaremos los conceptos “real” y “objetivo”.
En primer lugar el IBI se considera un impuesto indirecto, ya que grava sobre una propiedad o inmueble que revela supuestamente la capacidad capacidad económica del contribuyente sobre el que actúa, en ningún caso pudiendo repercutir este en terceros vinculados con la propiedad salvo resignación contractual al respecto.
En segundo lugar el IBI se considera un impuesto real y objetivo, ya que se calcula independientemente de quién sea ese sujeto y de sus circunstancias personales. No obstante, en las últimas reformas se permite cierta subjetividad, como la de los Ayuntamientos para que mediante Ordenanza Fiscal puedan establecer bonificaciones en caso de familias numerosas o para viviendas de protección oficial.
Por último, se considera un impuesto periódico ya que aunque la propiedad se disfruta durante todo el año, el impuesto se aplica una sola vez. Este impuesto es obligatorio en todos los municipios españoles, sin posibilidad de negación del pago del mismo.
El IBI y otros impuestos locales se regulan mediante los artículo 60 al 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Este impuesto se referencia mediante una base de cotización que es el “valor catastral” que viene teóricamente determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos incluidos en el Catastro Inmobiliario de obligada actualización por parte de los propietarios.
Esta es la estructura que debe tener el cálculo de nuestro recibo del IBI:
Valor Catastral. Estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de la construcción. Podemos consultar estos valores en la Oficina Virtual del Catastro Inmobiliario.
Base Imponible. Estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación ante el Catastro Inmobiliario.
Reducciones legales. Son la establecidas en el art. 67 del RDL 2/2004, de 5 de marzo.
Base liquidable. Será el resultado de practicar en la base imponible la reducciones legales.
Tipo impositivos o de gravamen. Porcentaje fijado por el Ayuntamiento para cada tipo de inmueble. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 % cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 % cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 % para los urbanos y 0,90 % para los rústicos.
Cuota íntegra. Será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
Bonificaciones. Son de dos tipos, obligatorias que son de aplicación en todos los municipios y potestativas que serán de aplicación sólo en aquellos municipios que las tengan aprobadas en ordenanza fiscal.
Cuota líquida. Se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
Existen dos derechos reconocidos por los que los propietarios pueden solicitar alguna bonificación en el IBI de sus inmuebles. Estos derechos vienen reconocidos en diversas legislaciones:
Las bonificaciones obligatorias que vienen enumeradas en la RDL 2/2004, de 5 de marzo.
Y las bonificaciones opcionales, que vienen fijas en la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de nuestro municipio.
Estarán exentos sin solicitud previa
Los bienes que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.
Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
Los bienes de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.
Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
Están exentos previa solicitud
Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
No estarán exentos los bienes inmuebles cuando estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
Antes de finalizar este denso artículo nos gustaría poner la tabla de coeficiente de actualización de inmuebles urbanos tras la última ponencia de valores del Ayuntamiento de Rocafort. Fuente de datos Direccion General del Catastro.
Coeficiente de actualización de inmuebles urbanos
Coeficiente de actualización de inmuebles rústicos
2016 1,1 —
2014 1,1 —
2010 1,01 1,01
2009 1,02 1,02
2008 1,02 1,02
2007 1,02 1,02
2006 1,02 1,02
2005 1,02 1,02
2004 1,02 1,02
2003 1,02 1,02
2002 1,02 1,02
2001 1,02 1,02
2000 1,02 1,02
http://www.catastro.minhap.gob.es
http://rocafort.es/docs/ORDENANZA%20FISCAL%20IBI.pdf
Art. 8 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre Ref. BOE-A-2013-11331., con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2014 y 2015, sobre tipos de gravamen del IBI.
Arts. 26 y 30 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio. Ref. BOE-A-2013-7063. en cuanto a condiciones aplicables a ciertos municipios.
Art. 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre Ref. BOE-A-2011-20638., con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, sobre tipos de gravamen del IBI.
Se amplía hasta el 1 de agosto de 2011, con vigencia exclusiva para el ejercicio 2011, el plazo del apartado 6 para los procedimientos indicados, por la disposición transitoria 6 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-19703.
Se amplía hasta el 31 de octubre de 2007, con vigencia exclusiva para el ejercicio 2007, el plazo del apartado 6 para los procedimientos indicados, por la disposición transitoria 9 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre. Ref. BOE-A-2006-20843.
Desde el 1 de enero de 2014, por el art. 7.2.2 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2013-11331.
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References: artículo 60
 Real Decreto 
 artículo 16
 real decreto 
 artículo 9
 artículo 12
in fine