Source: https://www.seguridadpublica.es/2011/12/intromision-ilegitima-en-la-intimidad-de-un-vecino-por-grabar-su-puerta-con-las-camaras-de-seguridad-propias-sentencia/
Timestamp: 2018-12-13 07:36:14+00:00

Document:
Intromisión ilegítima en la intimidad de un vecino por grabar su puerta con las cámaras de seguridad propias (SENTENCIA) | SEGURIDADPUBLICA.es
Inicio Sentencias judiciales Intromisión ilegítima en la intimidad de un vecino por grabar su puerta...
Un particular interpuso una demanda de protección del derecho a la intimidad contra sus vecinos, por las grabaciones efectuadas por las cámaras de seguridad instaladas por estos en su domicilio, que registraban también sus entradas y salidas de casa. En la presente resolución el Tribunal Supremo estima dicha demanda al considerar que la instalación de estas supuso un control o vigilancia sobre una faceta del ámbito que toda persona reserva para sí mismo o su circulo íntimo, aunque la grabación no tuviese una finalidad intrusiva.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 diciembre 2010
Recurso de Casación 790/2008
DERECHO A LA INTIMIDAD: INTROMISION ILEGITIMA: procedencia: grabaciones efectuadas por las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio: supone un control o vigilancia sobre una faceta del ámbito que toda persona reserva para sí mismo o su circulo íntimo no siendo óbice para ello que esa grabación no esté específicamente dirigida a una finalidad intrusiva ni que las imágenes obtenidas no sean enteramente nítidas: intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar del recurrido en aras de la seguridad de su vecino: posibilidad de haberse instalado de otra forma sin grabar las puertas del domicilio del recurrido: la instalación adicional de los focos de luz que permiten la grabación de imágenes nocturnas con sucesivos episodios de encender y apagar es una molestia adicional para el recurrido. DAÑOS MORALES: VALORACION: repercusión en la salud psíquica del demandante: cuantificación.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación que con el n.º 790/2008 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de D. Fabio , aquí representado por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, contra la sentencia de 12 de diciembre de 2007 (AC 2008327) , dictada en grado de apelación, rollo n.º 514/2007, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 4 .ª, dimanante de procedimiento de juicio ordinario n.º 197/2006, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Icod de los Vinos . Habiendo comparecido en calidad de parte recurrida la procuradora D. ª Raquel Nieto Bolaño, en nombre y representación de D. Mateo .
PRIMERO El Juzgado de Primera Instancia n. º 2 de Icod de los Vinos dictó sentencia de 27 de abril de 2007 en el juicio ordinario n. º 197/2006 , cuyo fallo dice:
SEGUNDO En los fundamentos de Derecho de la sentencia se declara, en síntesis, que:
TERCERO La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 3. ª, dictó sentencia de 12 de diciembre de 2007 (AC 2008327) , en el rollo de apelación número 514/2007 , cuyo fallo dice:
CUARTO En los fundamentos de Derecho de la sentencia, en cuanto interesa para el presente recurso, se declara, en síntesis:
QUINTO En el escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal presentado por la representación procesal de D. Fabio se formulan los siguientes motivos:
Termina solicitando de la Sala «que tenga por interpuesto, en tiempo y forma, recurso de casación, contra sentencia de esa Sala de fecha doce de diciembre de 2007 (AC 2008327) , elevando los autos al Tribunal competente para su resolución y, efectuado, previa la pertinente tramitación, en su día, por el Alto Tribunal, se dicte sentencia por la que case totalmente la resolución dictada en segunda instancia, manteniendo en su integridad la recaída en primera instancia, con expresa imposición de las costas causadas en dicha segunda instancia al actor-apelante».
SEXTO Por auto de 24 de febrero de 2009 se acordó admitir el recurso de casación.
SÉPTIMO En el escrito de impugnación del recurso presentado por la representación procesal de D. Mateo se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:
Primera.- El artículo 7.1 y 5 LPDH define las intromisiones ilegitimas en el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por tanto, el emplazamiento de cámaras de filiación en cualquier lugar que permitan la obtención de imágenes sobre la intimidad de las personas o bien la mera captación de imágenes de personas mediante cámaras en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo expresa autorización legal o cuando la persona hubiera otorgado al efecto su expreso consentimiento tienen la consideración legal de intromisión ilegitima en orden a lo previsto en el articulo 1.1. LPDH .
Hace referencia a la doctrina constitucional sobre el alcance de los derechos a la intimidad y a la propia imagen (SSTC 57/1994, de 28 de febrero , 186/2000, de 10 de julio y 81/2001, de 26 de marzo).
Segunda.- El recurrente alega motivos de seguridad para justificar la instalación de las cámaras y la grabación de las imágenes. Sin embargo, correspondiéndole la carga de la prueba (artículo 217 LEC ) no acredita ninguna situación de inseguridad, riesgo o emergencia que demande una medida tan drástica y lesiva como la adoptada para la intimidad e imagen del afectado que sufre la vigilancia permanente.
Tercera.- En orden a la seguridad según la doctrina será necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos, así, toda instalación de sistemas de cámaras o videocámaras ha de respetar el principio de proporcionalidad (STC 207/1996), es decir, que siempre que sea posible se deben adoptar medios menos invasivos para la intimidad de las personas.
OCTAVO El Ministerio Fiscal informa en resumen, lo siguiente:
NOVENO Para la deliberación y fallo del recurso se fijó el día 17 de noviembre de 2010, en que tuvo lugar.
4. La sentencia se fundó, en síntesis, en que (a) la sentencia de primera instancia desestima la demanda, pues las grabaciones efectuadas por el demandado no afectan al ámbito de la vida privada del actor y su familia ni se ha aportado prueba de la que quepa deducir que la instalación de las cámaras en la vivienda del demandado responda a otro propósito que a motivos de seguridad; (b) la parte actora interpone recurso de apelación, pues el demandado filma y graba las entradas y salidas de su domicilio lo que entra dentro del ámbito de su vida privada; la sentencia va en contra del principio de proporcionalidad que debe regir en la confrontación de los derechos a la seguridad personal, familiar y patrimonial, por una parte, y el derecho a la intimidad, por otra, ya que no se ha acreditado que exista una situación de inseguridad que justifique la colocación de las cámaras pudiendo establecerse otros medios menos invasivos para garantizar esa seguridad; (c) con base en la prueba practicada y la protección que brinda el artículo 7.1.y 5 LPDH ( RCL 19821197) se estima la demanda, pues las entradas y salidas del hogar familiar afectan aun cuando sólo fuera tangencialmente a la esfera íntima donde se desarrolla la vida del actor y la grabación de esas imágenes supone un control o vigilancia sobre una faceta del ámbito que toda persona reserva para sí mismo o su circulo íntimo no siendo óbice para ello que esa grabación no esté específicamente dirigida a una finalidad intrusiva ni que las imágenes obtenidas no sean enteramente nítidas; (d) no se puede decir que la intromisión se revele como necesaria para lograr un fin constitucionalmente legítimo, proporcionada para alcanzarlo y que se utilicen sólo los medios necesarios para lograr una mínima afectación del ámbito garantizado por el derecho conculcado, pues no se han acreditado datos objetivos más allá de sus propios temores sobre las razones de seguridad que aduce el demandado para justificar la colocación de las cámaras, pues su legítima aspiración a una mejor protección de su persona y patrimonio pueda alcanzarse a través de otros medios acordes con las circunstancias en que se produce la confrontación de los derechos en conflicto; (e) la instalación de potentes focos de luz para la grabación de imágenes nocturnas con sucesivos episodios de encender y apagar son una molestia adicional para el actor que ha repercutido en su salud psíquica (prueba documental) por lo que procede la indemnización de 300 € solicitada en concepto de daños y perjuicios ocasionados.
5. Contra esta sentencia interpuso recurso de casación D. Fabio que ha sido admitido al amparo del artículo 477.2.1. º LEC (RCL 200034, 962 y RCL 2001, 1892) por afectar el proceso a derechos fundamentales.
SEGUNDO Enunciación de los motivos de casación.
«Infracción por indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 1 y 5 de la L.O. 1/1982 de 5 de mayo sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen reconocido en el artículo 18.1 de la C.E ( RCL 19782836) ».
TERCERO El derecho a la intimidad.
El derecho a la intimidad, como el Tribunal Constitucional ha tenido ya ocasión de advertir, en cuanto derivación de la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10 CE , implica «la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana» (SSTC 209/1988, de 27 de octubre (RTC 1988209) , 231/1988, de 1 de diciembre (RTC 1988231) , 197/1991, de 17 de octubre (RTC 1991197) , 99/1994, de 11 de abril , 143/1994, de 9 de mayo , 207/1996, de 16 de diciembre (RTC 1996207) y 98/2000, de 10 de abril (RTC 200098) , entre otras).
Igualmente es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que «el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho» (SSTC 57/1994, de 28 de febrero (RTC 199457) , y 143/1994, de 9 de mayo (RTC 1994143) , por todas).
De conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 186/2000, de 10 de julio (RTC 2000186) ), la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995, de 8 de mayo (RTC 199566) , FJ 5 ; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e ), y 37/1998, de 17 de febrero (RTC 199837) , FJ 8) para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
CUARTO La aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta al caso examinado conduce a la conclusión de que la fundamentación de ambos motivos de casación es insuficiente para desvirtuar las apreciaciones de la sentencia recurrida, al existir intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad del recurrido y de su familia (artículo 18 CE ).
QUINTO Daños morales.
Desde esta nueva perspectiva, deben ser calificados como daños morales (figura borrosa, relativa e imprecisa: SSTS de 22 de mayo de 1995 (RJ 19954089) , 14 diciembre de 1996 ( RJ 19968970) y 5 de octubre de 1998 (RJ 19988367) ; producto de un «descubrimiento jurisprudencial» que se inicia en la STS de 6 de diciembre de 1912 ), cualesquiera que sean los derechos o bienes sobre los que directamente recaiga la acción dañosa (y de que éstos pertenezcan a personas jurídicas: SSTS de 14 de diciembre de 1994 (RJ 199410110) y 20 de febrero de 2002 (RJ 20023501) ), aquellos que no son susceptibles de ser evaluados patrimonialmente por consistir en un menoscabo cuya sustancia puede recaer no sólo en el ámbito moral estricto, sino también en el ámbito psicofísico de la persona y consiste, paradigmáticamente, en los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados que no tienen directa o secuencialmente una traducción económica (SSTS de 26 de junio de 1984 , 6 de julio de 1990 (RJ 19905780) , 23 de julio de 1990 , 22 de mayo de 1995 , 19 de octubre de 1996 , 27 de enero de 1998 (RJ 1998126) , 12 de julio de 1999 , 27 de septiembre de 1999 , 31 de mayo de 2001 y 23 de noviembre de 2004 ).
SEXTO La desestimación del recurso de casación comporta la procedencia de confirmar la sentencia impugnada de acuerdo con el artículo 487 LEC y de imponer las costas a la parte recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 394.1 LEC, en relación con el 398 LEC.
1 Se desestima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Fabio , contra la sentencia de 12 de diciembre de 2007 (AC 2008327) dictada por la Sección 3. ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en rollo de apelación n. º 514/2007 , cuyo fallo dice:
3 Se imponen las costas del recurso de casación a la parte recurrente.
Artículo anteriorCondena al administrador de un blog por no retirar los comentarios atentatorios al honor de la SGAE (SENTENCIA)
Artículo siguienteLa retirada de unos comentarios ofensivos de los lectores exime a la web de responsabilidad.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 477
 artículo 7
 artículo 18
 artículo 10
 artículo 487
 artículo 394