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Timestamp: 2017-08-23 07:31:05+00:00

Document:
Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones. TITULO V. Infracciones y sanciones.
La contravención de lo dispuesto en la presente Ley constituye infracción que dará lugar a la sanción administrativa correspondiente, que impondrá el órgano competente del Gobierno de Canarias, previa instrucción del oportuno expediente y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, laborales o de cualquier otro orden que pudieren concurrir.
Son sujetos responsables, a los efectos de lo dispuesto en el presente título, los usuarios y las personas físicas o jurídicas titulares de un centro o servicio destinado a la atención de personas mayores, cuando se produzcan infracciones imputables a alguna de ellas.
Cuando las infracciones consistan en hechos que pudieran ser constitutivos de delitos o faltas tipificados en el Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente administrativo sancionador, adoptando las medidas cautelares que fueran necesarias, hasta tanto recaiga la correspondiente resolución judicial.
Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones cometidas por las personas responsables referidas en el artículo 39, tipificadas y sancionadas en la presente Ley y en las normas dictadas en orden a su desarrollo.
Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves en atención a la importancia del perjuicio causado, la relevancia o trascendencia social de los hechos, el grado de intencionalidad o negligencia en su comisión y, en su caso, la reincidencia en las mismas.
a) Las irregularidades de carácter formal en el cumplimiento de la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de personas mayores.
b) Las derivadas de negligencia, siempre que de las mismas no se deduzcan perjuicios para los beneficiarios o no impidan o dificulten el correcto funcionamiento del servicio o centro.
c) La inobservancia, por parte de los usuarios de los centros o servicios, de las normas señaladas en el correspondiente reglamento interno, que generen una alteración o distorsión de escasa entidad en las normas de convivencia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación.
d) Las que vulneren lo dispuesto en la presente Ley y en las normas que la desarrollen y no constituyan infracción grave o muy grave.
b) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención de las necesidades básicas sanitarias, farmacéuticas y/o asistenciales de los usuarios, así como las de higiene y limpieza, que les comporten riesgos o perjuicios que no afecten a su integridad física o mental.
c) Las infracciones señaladas en el artículo 43, c), cuando las consecuencias de las mismas constituyan un considerable trastorno del funcionamiento y/o convivencia del centro o servicio.
d) El trato discriminatorio, degradante o represivo a los usuarios de los centros o servicios, así como dificultar el disfrute de sus derechos.
e) El incumplimiento del deber de sigilo y confidencialidad respecto a los datos personales y sanitarios de los beneficiarios de los centros o servicios.
f) El traslado de un centro, o la modificación de su capacidad o tipo de atención sin haber obtenido la autorización administrativa correspondiente.
g) La obstrucción o falta de colaboración con la función inspectora establecida en el título IV de la presente Ley.
h) Las que vulneren lo dispuesto en la presente Ley y las normas dictadas en su desarrollo y no constituyan infracciones leves o muy graves.
b) La comisión, en el plazo de un año, de dos infracciones de las señaladas en el punto c) del artículo anterior.
c) El incumplimiento reiterado de los requerimientos o instrucciones que formularen las autoridades competentes en materia de atención a personas mayores.
d) Las agresiones físicas o los malos tratos graves, en el ámbito del centro o servicio.
e) La apertura o cierre de un centro sin la preceptiva autorización por parte del órgano administrativo competente para conceder la misma.
f) El falseamiento doloso de los datos necesarios para la apertura, clasificación, funcionamiento o cierre de un centro o servicio de atención al mayor.
g) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención de las necesidades básicas sanitarias, farmacéuticas y/o asistenciales de los usuarios, así como las de higiene y limpieza que les comporte riesgos o perjuicios que afecten a su integridad física o mental.
h) El trato discriminatorio, degradante o represivo muy grave a los usuarios de los centros o servicios, así como impedir el ejercicio y disfrute de sus derechos.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas en la forma siguiente:
a) Infracciones leves, con amonestación por escrito a los usuarios que hubieren cometido infracción. Los titulares de los centros o servicios podrán ser sancionados con multa de hasta 500.000 pesetas.
b) Infracciones graves, con multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas, cuando la infracción fuera cometida por el titular del centro o servicio.
En aquellos casos en que las infracciones graves fueran cometidas por los usuarios de centros o servicios del Gobierno de Canarias, con la privación de los derechos de usuario por un tiempo no superior a un año.
c) Infracciones muy graves, con multa desde 2.500.001 a 10.000.000 de pesetas para las infracciones cometidas por titulares de centros o servicios.
En aquellos casos en que las infracciones muy graves fueran cometidas por los usuarios de centros o servicios del Gobierno de Canarias, con la privación de los derechos de usuario por tiempo superior a un año o con carácter definitivo en todos los centros o servicios públicos o privados en cuya financiación participe la Comunidad Autónoma de Canarias.
En los casos de comisión de infracciones muy graves, podrán imponerse además, con carácter adicional a la sanción pecuniaria correspondiente, en razón de la naturaleza, reincidencia e importancia cuantitativa y cualitativa de la infracción cometida, cualesquiera de las siguientes sanciones:
a) Suspensión temporal o revocación definitiva de la autorización de apertura del centro o servicio.
b) Clausura temporal o definitiva del centro o servicio.
2. Las sanciones pecuniarias previstas anteriormente serán actualizadas por el Gobierno de Canarias conforme a la variación de Indice de Precios al Consumo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Excepcionalmente podrá procederse a la clausura temporal del centro o servicio sin aplicar sanción pecuniaria.
Se instituyen los «Premios de Solidaridad con los Mayores», como reconocimiento público a las personas físicas o jurídicas que destaquen notoriamente por su especial solidaridad con las personas mayores.
Los premios se otorgarán en las siguientes modalidades:
a) Premio individual.
b) Premio a instituciones o entidades sin ánimo de lucro.
c) Premio a centros y establecimientos residenciales.
Los premios serán concedidos por el Consejero del departamento competente en materia de Asuntos Sociales, bien por propia iniciativa o a propuesta del Consejo Canario de los Mayores.
Se modifica parcialmente Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, añadiendo un apartado 5.º al artículo 9, del siguiente tenor:
Modificación incorporada a la Ley [CANARIAS] 1/1985, 12 febrero, del Diputado del Común de Canarias («B.O.I.C.» 15 febrero).
Se modifica parcialmente el Decreto 5/1995, de 27 de enero, sobre composición, organización y funcionamiento del Consejo General de Servicios Sociales de Canarias, añadiendo un párrafo e) al apartado 1 de su artículo 3, del siguiente tenor:
Modificación incorporada al D [CANARIAS] 5/1995, 27 enero, sobre composición, organización y funcionamiento del Consejo General de Servicios Sociales de Canarias («B.O.I.C.» 22 febrero).
Los centros y establecimientos residenciales para personas mayores existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias dispondrán de un plazo de dos años para presentar, para su aprobación, el proyecto de reglamento de régimen interior regulado en el artículo 20 de la presente Ley, ante el órgano de la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales.
El Gobierno de Canarias establecerá reglamentariamente los plazos de adaptación a lo previsto en esta Ley de los centros y servicios creados con anterioridad a su entrada en vigor.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».

References: resolución 
 artículo 39
 artículo 43
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 20