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Timestamp: 2019-03-26 02:40:58+00:00

Document:
as201311256
AUTO SUPREMO Nº. 256/2013
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Hermo Rolando Paredes Mendoza (fs. 449 a 455), impugnando el Auto de Vista con Ptda. Nro. 48 emitido el 25 de abril de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 432 a 434), en el proceso penal seguido por el recurrente contra Marco Antonio Paredes Mendoza y Javier Omar Bustamante Sejas, por la presunta comisión de los delitos de despojo, perturbación de posesión y daño simple, previstos y sancionados por los artículos 351, 353 y 357 del Código Penal.
Sustanciado el juicio, el Juzgado Primero de Sentencia de la capital del departamento de Cochabamba, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 12/2012 el 19 de julio (fs. 381 a 384), absolviendo de pena y culpa a los imputados Marco Antonio Paredes Mendoza y Javier Omar Bustamante Sejas, de la comisión de los delitos de despojo, perturbación de posesión y daño simple, disponiendo costas en contra del querellante o acusador particular.
Dicha Sentencia fue recurrida en apelación restringida por el querellante Hermo Rolando Paredes Mendoza (fs. 410 a 420), obteniendo como resultado que el Tribunal de Alzada por Auto de Vista con Ptda. Nro. 48 de 25 de abril de 2013 lo declare admisible e improcedente confirmando en consecuencia la Sentencia absolutoria con costas; dando con ello origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos.
Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 225/2013 de 2 de agosto de 2013 y según los siguientes motivos:
Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 225/2013 de 2 de agosto de 2013, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de la denuncia efectuada en la citada resolución, la que se encuentra relacionada con la aparente contradicción incurrida por las Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al momento de emitir el Auto de Vista con Ptda. Nro. 48 de 25 de abril de 2013, con los Autos Supremos Nros. 254 de 22 de julio de 2005 (SP-I) y 30 de 26 de enero de 2007, resoluciones admitidas en calidad de precedentes contradictorios.
Al respecto es preciso señalar que, el objetivo del recurso de casación es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro del plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica.
Con lo previamente señalado, corresponde a este máximo Tribunal de Justicia expresar las conclusiones a las que arribó en el presente caso:
A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 254 de 22 de julio de 2005, establece que: “En política criminal la configuración de los tipos penales responde en su construcción dogmática, a aspectos jurídicos, filosóficos y axiológicos que desde la perspectiva de la realidad social y experiencia en la práctica forense, permite al legislador precisar los elementos de cada una de las figuras punitivas que son tuteladoras de bienes jurídicos. Que en el delito de despojo tipificado en el art. 351 de Código Penal para su consumación se requieren los siguientes elementos: invadir el inmueble y expulsar al poseedor que puede hacerse por fuerza o por engaño. Que de la inteligencia de esta norma se desprende que no puede exigirse, el cumplimiento de todos los elementos establecidos por el artículo 351 del Código Penal de manera conjunta, es decir que la conducta del imputado debe subsumirse en uno de los elementos ya sea al "de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él". Que por otra parte el art. 407 de la Ley 1970 estatuye que el tribunal de apelación se halla facultado para conocer el recurso de apelación restringida, interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley, leyes sustantivas y adjetivas, pero no le está permitido revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, conforme a la uniforme jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 317/03 de 13 de junio de 2003 entre muchos. Que en la especie el Tribunal Ad quem ha interpretado erróneamente el art. 351 del Código Penal y 407 del Código de Procedimiento Penal al determinar que el querellante no ha acreditado su derecho propietario para alegar que se lo ha despojado, no siendo imprescindible ostentar ese derecho propietario para reclamar como perturbado; pues basta tener la posesión o tenencia del mismo; por lo que al haber dispuesto de esa manera convierte en una indebida resolución de reposición del juicio. Por lo señalado, corresponde regularizar el procedimiento, disponiendo que la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dicte un nuevo Auto de Vista aplicando la Doctrina Legal adoptada en el presente Auto Supremo, garantizado a la vez los principios de universalidad, legalidad y probidad jurisdiccional que debe caracterizar a todo Tribunal de justicia” (sic).
En ese marco, es menester destacar que la doctrina legal establecida en la citada resolución suprema se desarrolló por el Tribunal Supremo, ante la denuncia de infracción de norma sustantiva, al considerar que el Tribunal de Alzada interpretó erróneamente el artículo 351 del Código Penal, ya que para la configuración del ilícito penal de despojo no puede exigirse el cumplimiento de todos los elementos establecidos en el citado artículo 351 de manera conjunta, y el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que el Tribunal de Apelación se halla facultado para conocer el recurso de apelación restringida, interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de las leyes sustantivas y adjetivas, sin que le esté permitido revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho.
Por el contrario, en autos, el apelante en el recurso de apelación restringida de fojas 410 a 420 denunció: a. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, relacionado al artículo 13 del Código Penal, aduciendo que en ninguna parte de la Sentencia se explica la inexistencia de culpabilidad; b. Que no existe fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, mencionando las contradicciones del Juez de Sentencia en la definición de la posesión, si es sobre la totalidad de un bien o sobre una parte del mismo, y la insatisfactoria e insuficiente fundamentación doctrinaria sobre el concepto de la posesión; c. Que la Sentencia se base en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, señalando las valoraciones arbitrarias en que habría incurrido el Juez de Sentencia, con respecto a la declaración de varios testigos de cargo y de descargo, y la deficiente valoración de la prueba documental, y; d. Defecto absoluto de la Sentencia conforme al artículo 169 incisos 1) y 3) del Código de Procedimiento Penal con relación a la legalidad de la prueba, alegando que el Juez de Sentencia en el juicio rechazó las exclusiones probatorias de las pruebas signadas como A-6, A-7, A-9 y D-14, al considerar que no vulneran el artículo 172 del citado adjetivo penal, y de manera contradictoria en Sentencia asumió que las pruebas A-9 y D-14 no fueron obtenidas legalmente.
Consecuentemente, contrastado el precedente contradictorio con relación al Auto de Vista impugnado, se evidencia que no existe situación de hecho similar conforme lo exige el párrafo tercero del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que las circunstancias fácticas son distintas a las establecidas en el Auto Supremo invocado como precedente, el cual fue invocado a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, puesto que la denuncia de infracción de norma sustantiva en el mencionado precedente fue enfocado por el recurrente a partir del análisis del artículo 351 del Código Penal, y; por el contrario, en el caso de autos, la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva fue enfocado por el impugnante en el recurso de apelación restringida de fojas 410 a 420 a partir del análisis del artículo 13 del Código Penal; ante esta situación, resulta imposible la labor de contrastación por no existir situación de hecho similar, sin perjuicio de destacar que el recurrente no expresó de forma puntual y suficiente los motivos de hecho y de derecho por los que considera lesionados sus derechos fundamentales “al EXIGIR EN FORMA TAXATIVA QUE LOS HECHOS ACUSADOS TENGAN EN SU TOTALIDAD INSCRITAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL TIPO PENAL” (sic), sus afirmaciones genéricas están desprovistas de adecuados y precisos fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que debió exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el Tribunal de Alzada.
En cuanto a la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 30 de 26 de enero de 2007, establece que: “La valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico. El Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos, el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre toda las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal. El delito de despojo tiene por bien jurídico y constitucionalmente protegido la posesión como poder de hecho sobre las cosas, el agente debe necesariamente actuar a título de dolo, conciencia y voluntad de despojar al poseedor, tenedor o al que ejerza un derecho real sobre el inmueble, para ello debe preexistir la posesión, el sujeto activo debe invadir el inmueble y expulsar al poseedor” (sic).
De acuerdo a la doctrina legal aplicable descrita precedentemente es irrefutable que ante la denuncia de errónea, o defectuosa valoración de la prueba, no le está permitido al Tribunal de Apelación valorar la prueba sino verificar su valoración en el marco del artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, por no tener el sustento de la experiencia, el conocimiento, la lógica y las técnicas de la argumentación que pongan en duda la razón del Tribunal de Sentencia, en ese propósito debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además de observar que las reglas de sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, para lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la Sentencia apelada; en ese sentido, el Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados.
En autos, de la lectura del Auto de Vista impugnado y, en especial, del contenido del Considerando I, se advierte el Tribunal de Alzada no procedió de forma contraria al precedente invocado, mas al contrario, en ejercicio de sus facultades y competencias sometió su criterio plasmado en dicho Auto de Vista a las normas legales adjetivas aplicables, cuando analizó y ponderó todos los motivos en que se fundó el recurso de apelación restringida de fojas 410 a 420 para ratificar la Sentencia apelada, obrando dentro del marco de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, relativo a los agravios acusados, siendo éstos los siguientes:
1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, relacionado al artículo 13 del Código Penal;
2. Que no existe fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria;
3. Que la Sentencia se base en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, y;
4. Defecto absoluto de la Sentencia conforme al artículo 169 incisos 1) y 3) del Código de Procedimiento Penal con relación a la legalidad de la prueba.
Consiguientemente, estando acusada de falta de profundidad la fundamentación de la resolución de vista impugnada en la absolución del tercer motivo del recurso de apelación restringida, a través del recurso de casación motivo de autos, se evidencia que el Tribunal de Alzada, citando los Autos Supremos Nros. 151 de 2 de febrero de 2007 y 111 de 31 de enero de 2007, en el párrafo tres del punto II del Considerando I del Auto de Vista impugnado, concluyó que: “(…) cuando el apelante alega la existencia de una defectuosa valoración de la prueba, no puede pretender que el Tribunal de Alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral y menos aún las cuestiones de hecho debatidas en la misa, sino que tiene que atacar la logicidad de la sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana critica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología; aspectos que cumple la sentencia impugnada. Entonces, a tiempo de impugnar la sentencia pronunciada por el Juez de Sentencia inferior con relación a la defectuosa valoración de la prueba, el apelante no ha tomado en cuenta los referidos lineamientos precedenciales emitidos por la Excma. Corte Suprema de Justicia que no pueden ser suplidos por el Tribunal de Alzada; por lo que resulta carente de mérito su impugnación con relación a la defectuosa valoración de la prueba” (sic); por lo que, éste Tribunal Supremo advierte que el Tribunal de Alzada analizó y ponderó la denuncia descrita precedentemente, en completa correspondencia a los argumentos que contiene el recurso de apelación restringida de fojas 410 a 420, llegando a verificar que el apelante no consideró que ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba el Tribunal de Alzada no está facultado a valorar la prueba sino a verificar a logicidad de la Sentencia impugnada, para ello -en criterio de éste Tribunal Supremo- el impugnante debió explicitar de manera clara, concreta y directa las reglas de la sana crítica vulneradas en la denuncia de valoración defectuosa de las pruebas documentales y testifícales detalladas en el recurso de apelación restringida de tal modo que generen convicción en la autoridad que controla la Sentencia apelada, omisión que no puede ser suplida por el Tribunal de Apelación, de ahí que no resulta evidente la falta de profundidad en la fundamentación del Auto de Vista impugnado, en el marco del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal; consecuentemente, el Auto Supremo invocado como precedente no contradice al caso sub lite.
Por lo expuesto, los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios no contradicen al caso sub lite, en los términos exigidos por el artículo 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley Nro. 1970; ante esta situación, corresponde declarar infundado el recurso.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Hermo Rolando Paredes Mendoza (fs. 449 a 455), impugnando el Auto de Vista con Ptda. Nro. 48 emitido el 25 de abril de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 432 a 434), en el proceso penal seguido por el recurrente contra Marco Antonio Paredes Mendoza y Javier Omar Bustamante Sejas, por la presunta comisión de los delitos de despojo, perturbación de posesión y daño simple, previstos y sancionados por los artículos 351, 353 y 357 del Código Penal.

References: e contrario
 artículo 351
 resolución 
 resolución 
 artículo 351
 artículo 351
 artículo 407
 artículo 13
 artículo 169
 artículo 172
 artículo 416
 artículo 351
 artículo 13
 artículo 173
 artículo 13
 artículo 169
 resolución 
 artículo 124
 artículo 416
 artículo 419
 artículo 42
 artículo 419