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Timestamp: 2020-01-27 17:01:49+00:00

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Utilizando decretos, el ejecutivo destrozó la ley de biodiversidad | Red de Coordinación en Biodiversidad
3.En el mes de marzo de 2008, el Ejecutivo introdujo la llamada “ley escoba“2 (proyecto No. 17.010), como parte de la Agenda de Implementación del TLC, para modificar la Ley de Biodiversidad (LB) en los artículos 78 y 81 relacionados con la propiedad intelectual sobre formas de vida y las licencias obligatorias para su uso en casos de emergencia nacional. Nótese que esta vez se insertan modificaciones al Art. 78 y desaparece de la escena el Art. 80.
4.En junio el país recibe una presión externa específica. En una reunión entre miembros del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex), el diputado jefe de la bancada de gobierno, Oscar Nuñez, y miembros de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, encabezados por el Secretario Adjunto de Comercio, Everett Eissenstat. Los delegados estadunidenses hicieron “la solicitud expresa de modificar la Ley de Biodiversidad como parte del proceso de certificación que realiza Estados Unidos“3.
7.Ante ese contratiempo, y sabiendo que dicha consulta ejecutada de “buena fe” 4, llevaría varios meses más allá del plazo concedido al país para la “certificación”, los diputados aprueban el 22 de septiembre la “ley escoba” eliminando solamente el inciso 6 cuestionado por la Sala IV. A pesar de que siguen existiendo irregularidades, en una nueva consulta facultativa la Sala no encuentra esta vez objeción alguna y el proyecto “escoba” es aprobado.
8.El 25 de septiembre Estados Unidos envía una nueva misión de alto nivel 5. Esta vez no es el Secretario Adjunto sino el mismo Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez y la representante comercial, Susan Schwab, quienes llegan al país para agilizar el TLC estancado en “una corte local”. La presión seguía siendo clara: se tenía que modificar el inciso declarado como inconstitucional “… para poder echar a andar el acuerdo (TLC)”.
9.El 14 de octubre, el Ministro de Comex envía a la prensa un artículo 6 en el que trata de justificar los cambios en la LB, por ser contradictorios con las obligaciones de patentes establecidas en el TLC y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). En ese mismo artículo, el Ministro señala que los artículos modificados “no son temas directamente relacionados con la protección de la biodiversidad”, demostrando así su falta de conocimiento no sólo de la mayor jerarquía entre convenios y tratados relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente sino de la relación entre propiedad intelectual y los impactos sobre la biodiversidad.
_	Art. 7.2.- Biodiversidad. (…)_
10.El 22 de octubre el Semanario Universidad en entrevista al Ministro del Comex 7 confirma, una vez más, que Estados Unidos condicionó la certificación de Costa Rica para su ingreso definitivo en el TLC a la eliminación del inciso en la LB que impide aplicar patentes a las invenciones derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales. El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), afirma además: “los representantes comerciales estadounidenses fueron enfáticos al asegurar a su contraparte costarricense que si no se eliminaba esa excepción no habría TLC”.
12. Lo anterior no fue obstáculo para el poder ejecutivo. En carta del Comex del 28 de noviembre se informa a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) de la existencia de un decreto por medio del cual se reformaría el inciso 6 del Art. 78. Piden a la Conai comunicar lo anterior a todas las asociaciones indígenas de desarrollo. Ni siquiera los llaman a emitir su criterio. Con esto, pretenden ignorar o bien dar por cumplida la “consulta” a los pueblos indígenas protegida también en otro tratado internacional, conocido como Convenio 169. Esta acción es una clara violación al ordenamiento jurídico nacional e, incluso, constituye una razón para considerar que tanto están engañando al pueblo costarricense como a sus representantes en la Asamblea Legislativa.
13.Sobre esta parodia de consulta se pronunció la Conai el 17 de diciembre. Refiriéndose al procedimiento anterior, el Vicepresidente de esta organización indígena, Julio Mena, señala que la solicitud a la Conai por parte del Comex y otros firmantes, sólo tiene un mero carácter informativo. Textualmente añade: “no, y reitero, no puede tomarse como un procedimiento apropiado de consulta previa, libre e informada ya que no constituye en ningún momento, el cumplimiento formal de la consulta a las comunidades indígenas en su totalidad”.9
17.Pero aún hay más, el mismo 15 de diciembre, y tratando de minimizar la enorme importancia del tema para el cumplimiento de las funciones de la Conagebio, la directora de la Oficina Técnica (OT) incluyó sólo en “correspondencia recibida” una nota sobre observaciones hechas por la misma OT a otro decreto. En éste se modifica el Artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, que sólo había sido mencionado como posible de reformar en el mes de febrero, y luego había desaparecido de la discusión. En este caso, ni siquiera medió la solicitud de comentarios a las organizaciones con intereses o mandatos sobre el tema, entre ellas a la Conagebio. Al cuestionar una de las representantes esta grandísima omisión, el Vice Ministro Jorge Rodríguez, indicó que el Comex “había decidido” que no era necesario enviarlo a consulta.
Aprovechamos la oportunidad para hacer pública nuestra protesta por este hecho que exhibe una gran deslealtad de parte de la OT y de la representante de Comex ante la Conagebio, al no traer el tema a la Comisión. 11 Pero, sobre todo, queremos denunciar la conducta del Vice Ministro, en primer lugar por no haber cuestionado la “decisión” del Comex de no consultar el nuevo decreto a la Conagebio, comisión que él preside y de la que es responsable de su funcionamiento. En segundo lugar porque el día 11 de diciembre, firmó como Ministro, a.i., los decretos que modifican tanto el Art. 78.6 como el Art. 80 y no lo hizo del conocimiento de la Conagebio en la sesión del 15 de diciembre; por el contrario permitió que la Conagebio invirtiera su tiempo en la discusión de un tema que ya había sido finiquitado días anteriores, no solo con su aval sino inclusive con su firma.
Los decretos ejecutivos Nos. Nº 34958 (“Reglamenta” Art. 80 de la LB) y No. 34959 (“Reglamenta” Art. 78.6) 12, son por naturaleza menores en rango que las leyes y tal como lo define la Ley General de Administración Pública (ver nota 7), éstas no pueden ser perjudicadas por los reglamentos ejecutivos correspondientes. Igualmente, quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esa materia.
Además de la limitación general de los “reglamentos”, tenemos que en el caso de las modificaciones al Art. 78.6, el decreto se convierte en una acción todavía más ilegal, primero por hacer caso omiso a las advertencias de la Sala IV en cuanto a la consulta a los pueblos indígenas, “de buena fe” y no mediante una carta informativa; y segundo, haberlo hecho a sabiendas de que para la aprobación de la “ley escoba”, astutamente eliminaron ese inciso para ahora venir a hacer la modificación por medio de un decreto, igualmente inconsulto.
1. De la Constitución de la República y de la Ley General de Administración Pública invocan, entre otros:
Al Art. 50 de la Constitución, que habla de la obligación del estado para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Así mismo, habla del derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
2. Del acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mencionan parcialmente al Art. 27 que si bien éste indica que “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología”, tenemos dos observaciones que hacer. Primera que el artículo indica que “podrán obtenerse patentes” pero no dice que a esas invenciones “deberán otorgárseles patentes”; Segunda, que el decreto omite las excepciones al artículo en cuestión, las cuales permiten un pequeño grado de flexibilización a utilizarse por los países. Bajo estas consideraciones y tomando en cuenta las excepciones del inciso 3, fue que se redactó el Art. 78 de la Ley de Biodiversidad.
Art. 27.3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a)	los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; b)	las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
Realmente lo único que cabe es el asombro, por no decir más: ¿Se honran o por el contrario se mancillan esos artículos con estos decretos ejecutivos cuando lo que hacen es someter los recursos naturales y la legislación de acceso—que incluye las limitaciones y condiciones a la propiedad intelectual— al arbitrio de los Estados Unidos? ¿Es así que se invoca la soberanía? ¿Qué tiene que decir el poder ejecutivo de las visitas de los personeros de ese país para imponer el rumbo de nuestra legislación, sin importar nuestras leyes, nuestras responsabilidades internacionales y nuestra justicia? ¿Quedan sus compromisos ante la ciudadanía sólo en haber descargado la conciencia ante periodistas acuciosos aceptando la torcida de brazos hecha por el Secretario y Sub Secretario de comercio de ese país? ¿Cuál fue su respuesta ante la reconvención de la Sala IV sobre la consulta indígena? ¿Haber eliminado el inciso 6 para que pasara la “ley escoba” para inmediatamente hacerse del subterfugio de un decreto ejecutivo a todas luces inconstitucional.
Mencionan también el Art. 8.j del CDB y el compromiso de respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales….”
Aquí, nuevamente sólo nos cabe pensar en la existencia de una total disociación entre lo que se dice y lo que realmente significa la afirmación. ¿Cómo es que tratan de “proteger” al conocimiento tradicional con los decretos si lo que hacen es ponerlo al mejor postor? ¿No es esto una postura esquizofrénica, una escisión entre lo que se piensa y lo que verdaderamente significa?
Desde la aprobación de la Ley “Escoba” se inicia la destrucción del andamiaje promovido por la Convención de Diversidad Biológica y en Costa Rica preservado mediante la Ley de Biodiversidad, para respetar, preservar y mantener, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales relacionados con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Como es de esperarse, la LB está constituida por una concatenación de artículos que al irse modificando voluntariosamente y sólo para cumplir con lo que los Estados Unidos exigen cuando ni siquiera son parte del CDB ni del Convenio 169, lo que se hace es dejarla en jirones. Todos los artículos que protegían de la avidez de quienes se apropian de los bienes comunes—biodiversidad y conocimiento asociado—son desvirtuados de manera de dejarlos al servicio de su privatización y monopolización.
El cambio del 78, inciso 6, de la Ley de Biodiversidad, violenta las obligaciones asumidas por Costa Rica en el CDB sobre la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, pretendiendo que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sobre los usos de la biodiversidad puedan ser patentados según la Ley de Patentes. El Artículo, tal como estaba en la Ley de Biodiversidad, era una norma creada para cumplir con los compromisos del CDB; ahora el decreto en su justificación, indica que hay que cambiar la Ley de Biodiversidad para “asegurar su consistencia con las disposiciones del acuerdo ADPIC”.
A pesar de su mayor jerarquía, el Reglamento del Artículo 78, viene a modificar la ley de biodiversidad. No es cierto que sólo aclare cosas. Antes se excluía de la patentabilidad las invenciones esencialmente derivada del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. El reglamento modifica totalmente el inciso diciendo que sí podrán patentarse si la invención tiene nivel inventivo o cumple con los criterios de patentabilidad. Así se amplían las posibilidades de patentar conocimientos que hoy no son patentables. “Esencialmente derivados” remite al origen de las invenciones, significa que estas en su esencia provienen directamente del conocimiento tradicional indígena. Ahora tendremos el paso de los biopiratas a los bio corsarios. Estamos legalizando la aprobación de la usurpación del conocimiento tradicional y santificándola en un acuerdo comercial bilateral. ¿Quiénes serán los mayores beneficiarios de facilitar el patentamiento del conocimiento tradicional?
El Art. 80 de la Ley de Biodiversidad señala que la Oficina Nacional de Semillas y la del Registro de la Propiedad Intelectual deberían consultar a la Oficina Técnica de la Conagebio antes de otorgar derechos de propiedad intelectual a las innovaciones que involucraran elementos de la biodiversidad. Señala el artículo que esos solicitantes deberían aportar el certificado de origen emitido por la Oficina Técnica de la Conagebio y el consentimiento previo informado. Requisitos que están debidamente reglamentados en las “Normas para el Acceso a los Recursos Bioquímicos y Genéticos”.
Art. 79 “Congruencia del sistema de propiedad intelectual”
Los derechos de propiedad intelectual en las formas indicadas por el primer párrafo del artículo anterior, serán reguladas por las legislaciones específicas de cada instituto. Sin embargo, las resoluciones que se tomen en materia de protección de la propiedad intelectual relacionada con la biodiversidad deberán ser congruentes con los objetivos de esta ley, en aplicación del principio de integración.”
El Artículo 4, es también una burla para la Conagebio y su Oficina Técnica. Si bien esta oficina tenía la potestad de frenar la concesión de derechos de propiedad intelectual, enmarcada dentro de los principios mencionados arriba, en este artículo 4 se le otorga como privilegio, “la oportunidad de presentar una oposición” pero, siempre que sea “de conformidad con el artículo 3 de este Reglamento”.
No queremos dejar de señalar que en este análisis nos hemos concentrado en el Art. 80 y en el inciso 78.6 de la LB, pero en realidad hay otros incisos de este último artículo también alterados (el 78.1, el 78.3 y el 78.7) que posteriormente estaremos comentando por contener cambios igualmente impactantes. Lo mismo pasó con el Art. 81 sobre Licencias. Todos ellos fueron modificados en la “ley escoba” con excepción del 78.6 que ahora se modifica mediante uno de los decretos aquí analizados.
Última modificación: 12 de enero de 2009 a las 08:01

References: artículo 6
 Artículo 80
sui generis
 Artículo 78
 Artículo 4
 artículo 4
 artículo 3