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Timestamp: 2020-08-03 20:44:25+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 087/97 de Corte Constitucional, 26 de Febrero de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43560541
Fecha de Resolución: 26 de Febrero de 1997
IV. LAS INTERVENCIONES OFICIALES
1. EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
V. LAS INTERVENCIONES CIUDADANAS
VI. EL MINISTERIO PUBLICO
Sentencia citada en: 34 sentencias, 6 artículos doctrinales, una noticia
Actor: J.E.L..
S. de Bogotá, D.C., febrero veintiseis (26) de mil novecientos noventa y siete (1997)
El ciudadano J.E.L., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en el artículo 241 de la Constitución Política, solicita a esta Corporación que, previos los trámites previstos para este tipo de procedimientos de control de constitucionalidad en el artículo 242 de la Carta Política y en el Decreto 2067 de 1991, declare la inexequibilidad de las disposiciones del Código Penal señaladas en la referencia y que más adelante se transcriben en su texto.
Una vez vencidos los términos señalados en la ley para esta clase de decisiones, el magistrado sustanciador ordenó la fijación del negocio en lista, correr traslado del expediente al señor P. General de la Nación para efectos de recibir el concepto fiscal de su competencia y enviar las comunicaciones respectivas al señor P. de la República, a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, y al señor F. General de la Nación.
"Artículo 82. Prescripción del delito cometido por empleado oficial. El término de prescripción señalado en el artículo 80 se aumentará en una tercera parte sin exceder el máximo allí fijado, si el delito fuere cometido dentro del país por un empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos.
En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad.
- Sobre los artículos 98, 100 y 101 del Código Penal igualmente demandados en las partes relacionados con el término de duración de las medidas de seguridad y del concepto de los peritos para la adopción de la decisión correspondiente de su suspensión condicional o de cesación, el actor presenta como razones suficientes para solicitar la declaratoria de inexequibilidad las que en su opinión fueron utilizadas por esta Corporación en sentencia C-176 de 1993, (M.P.D.A.M.C.; adicionalmente, el actor deja constancia de que en su concepto las disposiciones acusadas, que establecen la necesidad de supeditar forzosamente la suspensión condicional o cesación de la medida de seguridad, al concepto de un perito o un experto oficial son violatorias de la norma constitucional que asegura la independencia y autonomía de las decisiones judiciales,
Limitando su intervención a defender la constitucionalidad del artículo 17 del Código Penal, el J. de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores argumenta que la mencionada disposición tiene suficiente fundamento en el artículo 9° de la Carta, que establece como base de las relaciones internacionales de Colombia el respeto por los principios aceptados de derecho internacional, entre los cuales se encuentra el pacta sunt servanda o cumplimiento de los acuerdos internacionales con buena fe, que se sintetiza, en el caso concreto de la extradición, en que la estabilidad de los tratados suscritos por Colombia relacionados con el tema, no puede depender de su decisión unilateral.
Además, por ser el P. de la República el único director de las relaciones internacionales del Estado, es solamente él quien puede determinar el momento, forma y condiciones para la negociación, celebración y terminación de un convenio internacional, quedándole a la Corte Constitucional solamente el papel de controlar su exequibilidad y la de la ley que lo aprueba.
La ciudadana E.E.M. solicita que se declare que el artículo 17 acusado es inexequible, teniendo en cuenta que, es clara la prohibición de extraditar contenida en el artículo 35 de la Constitución, que obedece a razones de soberanía nacional, la cual se vería "arrumada" en caso de que los tratados que la permiten continuaran vigentes. Además, indica que la Corte Constitucional ha dicho que la Carta Fundamental es el marco supremo y último al que deben acomodarse todas las demás normas jurídicas, incluyéndose, en su concepto, los tratados internacionales.
Por su parte, P.P.C., intervino en estas actuaciones para coadyuvar la solicitud de inexequibilidad del artículo 17 del decreto 100 de 1980, señalando igualmente que si la Constitución es norma de normas y está por encima de los tratados internacionales, no puede existir disposición alguna que se refiera a la figura de la extradición, en virtud de la prohibición constitucional contenida en el artículo 35 de la Carta.
Dentro de la oportunidad correspondiente, el Señor P. General de la Nación presentó escrito que contiene la vista fiscal en la que solicita a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad del inciso segundo del artículo 17; de las expresiones "mayor de tres años", "que exceda de dos" y "de todo orden" del artículo 72; de la expresión "transcurrido el término mínimo de duración de cada medida de seguridad" del artículo 98; y la expresión "de duración máxima indeterminada" del artículo 100 del Código Penal, y la exequibilidad de todas las demás disposiciones acusadas del mismo estatuto.
El señor P. General de la Nación (E) sostiene que es contraria a la Constitución la aplicación de los tratados públicos en cuanto a la extradición de nacionales colombianos por nacimiento, en virtud del artículo 35 de la Carta, pero no en cuanto a colombianos con diferente condición; en este sentido afirma que es también inexequible la parte del artículo 72 del decreto 100 de 1980, que cuantifica la posibilidad de conceder la libertad condicional, pues establece un tratamiento forma desproporcional e injustificado para los condenados a penas menores a las allí descritas, las cuales terminan siendo más largas que las susceptibles de libertad condicional.
Argumenta el J. del Ministerio Público que el tratamiento dado por el Código Penal a la revocatoria de la libertad condicional no obedece a la arbitrariedad del juez, sino a la comisión de un nuevo delito y al incumplimiento de las obligaciones por él impuestas, lo cual niega la oposición del artículo 74 al orden constitucional. Además, el tope máximo de 20 años para efecto de la prescripción de la acción penal, se ajusta plenamente al mandato Superior que prohibe la aplicación de medidas de seguridad o penas imprescriptibles. Con este mismo fundamento jurídico, predica la exequibilidad del artículo 81 demandado, adicionándole la aplicación extraterritorial de la ley penal, en perfecta consonancia, en su sentir, con lo dispuesto en el artículo 35 de la Carta.
En cuanto a la expulsión de los extranjeros del territorio nacional como presupuesto de inexequibilidad del artículo 92 del Código Penal, por supuesta vulneración del derecho a la igualdad, el P. encuentra plenamente justificada la diferencia entre tales personas y los nacionales colombianos, en vista de que la Carta expresamente permite la limitación de los derechos de los extranjeros residentes en nuestro país. En cambio, en su opinión, sí son inconstitucionales los artículos 98 y 100 del citado código, a los que la Corte debe dar el mismo tratamiento dado a las normas declaradas inexequibles mediante sentencia C-176 de 1993.
La extradición en el orden constitucional colombiano y los incisos primero y segundo del artículo 17 del Código Penal
"También el llamado C.B. prevé una fórmula similar, puesto que en su artículo 345 señala que "los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos está obligada a juzgarlo.
"La posición de supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquella determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto funda en orden jurídico mismo del Estado. La Constitución es el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados." (Sentencia T-06/92. M.P.D.E.C.M.).
Cuando no proceda la extradición solicitada por alguno de los delitos especificados en el artículo 2 porque la persona reclamada sea nacional o media algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado requirente. En el juicio se cumplirá con la obligación que se establece en el artículo 4.
"A juicio de la Corte, la expresión "cuando no proceda la extradición solicitada (...) porque (...) medie algún otro impedimento constitucional o legal", contenido en el presente artículo, debe entenderse en su sentido natural y obvio: esto es, que si la Constitución de uno de los países adherentes, como es el caso de la colombiana, impide la extradición de nacionales, ésta no procederá, salvo en el caso de que dicha prohibición sea eliminada por reforma posterior. Así las cosas, la Corte no ve violación alguna al principio contenido en el artículo 35 superior." (M.P.D.V.N.M..
Las demás disposiciones acusadas.
Es claro, pues, como lo advierte la demanda, que en Colombia solamente tienen el carácter de antecedentes judiciales las condenas penales proferidas mediante sentencias; lo que ocurre es que la expresión "de todo orden" hace referencia a la conducta del reo, a la modalidad del delito, a sus agravantes y a las condiciones en las que fue cometido.
Cabe advertir en cuanto hace a los cargos de constitucionalidad sobre el artículo 85 del estatuto penal, que como se vio establece la regla para regular la prescripción cuando fueren varios los hechos punibles juzgados en un mismo proceso consistente en que cada uno de los hechos punibles surte su propio término de prescripción, que en modo alguno asiste razón al demandante que sostiene que se viola el principio constitucional a la igualdad y al derecho constitucional al debido proceso; en contrario, esta Corporación comparte los criterios presentados por el Señor Ministro de Justicia y del Derecho, así como los del Señor P., quienes advierten que no es posible establecer un concurso de prescripciones para atraer las consecuencias lógicas del concurso de delitos. Estas son dos figuras bien extrañas entre sí que nada tienen en común para los fines de la demanda planteada. Lo mismo se advierte sobre la supuesta inconstitucionalidad del artículo 90 del Código Penal respecto de la cual el demandante emplea los mismos argumentos para fundamentar su concepto de la violación y remite directamente a ellos; por tanto esta Corporación habrá de declarar la exequibilidad de las dos disposiciones acusadas.
En materia de los cargos de inconstitucionalidad de los artículos 98, 100 y 101 del Código Penal, igualmente demandados en las partes relacionadas con el término de duración de las medidas de seguridad y del concepto de los peritos para la adopción de la decisión correspondiente de su suspensión condicional o de cesación de esas medidas, cabe observar que el actor presenta como razones suficientes para solicitar la declaratoria de inexequibilidad las que en su opinión fueron utilizadas por esta Corporación en sentencia C-176 de 1993, las que en verdad si tienen relación con el término mínimo establecido en el artículo 98 sobre la oportunidad para el control judicial de las medidas de seguridad, y se extienden hasta comprender la inexequibilidad, por las mismas razones allí consignadas, la referencia a un término mínimo de duración de las medidas de seguridad, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. Igual declaración se hará en relación con la expresión "...de duración máxima indeterminada..." acusada del artículo 100 del Código Penal, pues ese tipo de medidas son contrarias a lo dispuesto por los artículos 28 y 34 de la Carta Política que establecen que no existirán medidas de seguridad imprescriptibles.
En mérito de lo expuesto, la S.P. de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor P. General de la Nación administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
Entendemos, por lo tanto, que el condicionamiento de la exequibilidad en los términos en que quedó redactada la sentencia, implicó un abrupto e inexplicable cambio de jurisprudencia de la Corte, que a su vez, mediante auto de S.P. del 21 de abril de 1993 y sentencia C-276 del 22 de julio del mismo año, había corregido la errónea posición doctrinaria contenida en el fallo C-027 del 5 de febrero de 1993 -que declaró inexequibles varios artículos del Concordato con la Santa Sede, ratificado y plenamente en vigor desde el 2 de julio de 1975-.
Es el mismo argumento plasmado en el caso "B.", en providencia adoptada por unanimidad, y en la revisión constitucional de los tratados de Montevideo.
"Producida la ratificación del Tratado, la modificación del mismo o su derogatoria no puede darse por el camino del ejercicio de la acción pública sino por la vía de la negociación directa entre las partes contratantes y con la potestad presidencial en el manejo de las relaciones internacionales y cuando quiera que éste no se adecue a los lineamientos constitucionales a efecto de reajustar las cláusulas que resulten contrarias a dichos mandatos". (Cfr. Corte Constitucional. S.P.. Auto del 21 de abril de 1993).
El poder del Estado no es, pues, en el ámbito de la comunidad internacional, ilimitado, sino que está sometido a los compromisos contraídos a la luz de las normas del derecho internacional, el cual presenta, entre otras particularidades las siguientes: a-) Obliga únicamente a los Estados y no a los súbditos de éstos, como lo indica su nombre: derecho internaciones. Los súbditos, a su vez, están obligados por las normas del Estado. Si, por ejemplo, un Estado se compromete por un tratado internacional a introducir ciertas leyes en materia de derechos humanos, ese tratado internacional obliga únicamente al Estado; éste entonces debe transformar el contenido del tratado en una ley; es decir, transformar el derecho internacional en derecho estatal o, lo que es lo mismo, nacional. b-) Según lo expuesto, el Estado en rel ación con otros Estados no tiene poder ilimitado, tal como podría creerse de acuerdo con la teoría absolutista de la soberanía, porque está obligado por el derecho internacional y un poder ilimitado no puede ser sujeto de obligaciones internacionales. Esta posición ha sido sostenida por los grandes internacionalistas; fue la explicada por Vitoria y S., pasando por Verdross, Duguit, B., entre otros, hasta hoy. El poder del Estado es independiente del poder de los otros Estados y está subordinado en el campo de sus relaciones con ellos, únicamente a las normas del derecho internacional. c-) Como los individuos no son los sujetos, propiamente hablando, del derecho internacional público, sino los Estados, para los ciudadanos las instancias del Estado del cual son súbditos, son las últimas y la Constitución la suprema norma jurídica. El poder del Estado prima en el interior, esto es, frente a los súbditos; el Estado es así soberano en su jurisdicción, de manera que para los súbditos es la última instancia.
Si se reconoce al Estado el atributo de ser una persona jurídica, resultan aplicables al orden internacional las teorías contractualistas. En efecto, así como en el orden interno es razonable el consenso legítimo o en torno a hechos y situaciones jurídicas, así mismo en el plano internacional ha de considerarse a cada parte como a un individuo que está pactando. La famosa teoría del contrato social enunciada por J.J.R. resulta así aplicable a todo pacto en el cual se limita, pero no se anula, la libertad o, en el caso del Estado, la autodeterminación. En primer lugar, el Estado es una asociación formal, que admite independencia material; es más, supone la pluralidad de contenido material. En el asunto que nos ocupa, se diría que admite la autorregulación interior, es decir, en el seno del Estado, pero la limitación formal en el aspecto exterior. En segundo término, esa asociación -siempre dirigida a un fin- debe repercutir en beneficio de las partes, pues carecería de sentido jurídico que una parte se sacrificara en aras de un objetivo que no le perfecciona. Por eso hay una fuerza común que protege a los bienes y ser de cada asociado. En tercer lugar, en virtud del pacto, la parte se une al todo y sigue conservando su autodeterminación y, por ende, su libertad; se limita en el aspecto exterior, pero mantiene su predominio interno". (Cfr. Corte Constitucional. S.P.. Sentencia C-276 del 22 de julio de 1993).
S. de Bogotá, D.C., marzo diecinueve (19) de mil novecientos noventa y siete (1997)

References: artículo 241
 artículo 242
 artículo 80
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 35
 artículo 17
 artículo 35
 artículo 17
 artículo 72
 artículo 98
 artículo 100
 artículo 35
 artículo 72
 artículo 74
 artículo 81
 artículo 35
 artículo 92
 artículo 17
 artículo 345
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 35
 artículo 85
 artículo 90
 artículo 98
 artículo 100