Source: https://iadpi.com.ar/2019/09/20/valoracion-documentos-electronicos/
Timestamp: 2020-07-13 05:29:52+00:00

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Y la temática resulta de gran interés para las partes en una contienda judicial, ya que a través de un documento con firma electrónica es posible demostrar no sólo la ocurrencia de un hecho o un acto acaecido en el mundo virtual, sino también de que persona de existencia real o ideal provino el mismo.[1]
Pues bien, podemos señalar que se ha conceptualizado el documento electrónico como aquel que ha sido creado sobre un ordenador, grabado en un soporte informático y que puede ser reproducido, definiéndoselo —también— como un conjunto de campos magnéticos, aplicados a un soporte, de acuerdo con un determinado código.[2]
Tratándose del conjunto de impulsos eléctricos ordenados, que son la materialización de una representación que es generada de forma ordenada, respetando un código y con la intervención de un ordenador; conjunto de impulsos electrónicos que es —a su vez— almacenado en un soporte óptico, magnético o electrónico que finalmente, gracias al mismo u otro ordenador y al resto de los componentes (software y hardware) es decodificado y traducido a un formato comprensible a simple vista; así, habrá documento electrónico independientemente de que registre o no hechos jurídicamente relevantes o de la posibilidad o no de su traducción al lenguaje natural.[3]
Volcándonos al entramado normativo local, el documento electrónico es receptado y referido primariamente a través de la ley 25.506[4] de Firma Digital siendo que en su artículo 6 se establece que: se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo, siendo que, a su vez, un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.[5]
Como sostiene Lorenzetti, este artículo introduce el concepto de soporte, y por ende el de la grafía, con un criterio muy amplio: todo aquel elemento que permita representar el contenido de modo que los sujetos a los que va dirigido puedan enterarse del mismo, aun cuando para ello deban emplear medios técnicos. De este modo se incluye en la categoría de instrumentos a los llamados documentos electrónicos.[6]
El punto no es menor, y posee virtual importancia en materia de valoración probatoria. Lo analizaremos a continuación.[7]
Y el artículo 288, al ocuparse de la forma y prueba del acto jurídico, refiere que: “La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.[8]
El mencionado articulo ha traído una serie de problemas que devienen en la valoración judicial de los documentos electrónicos conforme la importancia de metodología de suscripción utilizada los mismos, siendo que, aun en la actualidad, existe una discusión doctrina acerca del carácter que revisten los que fueren rubricados mediante firma electrónica. Dicha problemática será la que intentaremos dilucidar en el presente trabajo y para ello, en primer lugar, es necesario comenzar en la concepción teórico-técnica de lo que se instituye como una firma digital según nuestro entramado normativo.[9]
La doctrina ya ha señalado que una firma digital es una herramienta informática que admite la posibilidad de avalar la autoría e integridad de los documentos electrónicos, procurando que usufructúen, una cualidad propia que siempre perteneció a los documentos en formato papel.[10]
Y nosotros la hemos descrito como una cantidad determinada de algoritmos matemáticos que acompaña a un documento electrónico – generado a través de un certificado digital emitido por una Autoridad Certificante licenciada por un órgano público – con el objeto primario de establecerse quién es el autor (autenticación) y con el objetivo secundario de determina que no ha existido ninguna manipulación posterior sobre los datos (integridad).[11]
A través de la firma digital, emisor y receptor crean cada uno su propia clave privada, que sólo ellos conocen y guardan, y registran ante la Autoridad Certificante, cada uno su clave pública y lo envía al receptor, éste al recibir el mensaje, identifica ante la Autoridad Certificante la clave pública del emisor y la inalterabilidad del mensaje y los «desencripta» de la clave pública mediante su clave privada. El éxito del sistema, está en la confianza que los usuarios tienen en la Autoridad Certificante, que es la controlante y administradora de las claves públicas y quien garantiza la seguridad del tráfico.[12]
Como apreciara hasta aquí el lector, la ley nos brinda un término amplio y secundario de firma electrónica, donde se destaca la existencia de un documento electrónico con determinadas características técnicas tendientes a lograr su asociación con el emisor, pero que no llega a cumplir las exigencias de la firma digital.[13]
Entonces, aseveramos que en los casos en que el signatario haya asociado algún dato al mensaje que esté destinado inequívocamente a identificarlo, ello puede ser considerado firma electrónica en los términos del artículo 5 de la ley, siempre y cuando, o bien sea reconocida por el mismo, o bien quien la alega consiga acreditar su validez.[14]
Mora, señala que al ser firma electrónica básicamente todo lo que no es firma digital. Resulta que la firma electrónica mantiene en la actualidad un contorno extremadamente amplio, reuniendo una variada gama de supuestos técnicos, y siendo también muy amplio su espectro de supuestos de seguridad y de resultados contra el rechazo de autoría y rechazo de la integridad.[15]
En esa senda, Luz Clara explica que es un concepto que da margen para incluir como tal a técnicas muy simples, hasta muy avanzadas. Por eso se trata de hablar de firmas electrónicas para que el acelerado proceso de avance tecnológico continuo no torne obsoleta la ley en un breve lapso, y que el marco regulador sea lo suficientemente flexible como para abarcar las nuevas tecnologías que aparezcan y puedan ser utilizadas, para brindar mayor seguridad al sistema.[16]
Y siguiendo estas líneas, agregamos que la firma electrónica -en su génesis- es una forma de identificar, no una forma de consentir.[17]
Por ejemplo, cada vez que accedemos a internet de uno u otro modo estamos empleando firmas electrónicas. Así, si tomamos la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, la identificación del sujeto, autor de los mensajes remitidos al receptor, puede deducirse -entre otros elementos- mediante el número telefónico, el código IMEI y el código de tarjeta SIM que se encuentran asociados a la cuenta de usuario perteneciente al dispositivo electrónico desde donde emanan los mensajes, aun cuando no exista una rúbrica expresa del emisor al final de cada envío de texto remitido (es así que por costumbre de uso general, ningún usuario coloca su nombre y apellido propios al final de cada mensaje que remite).[18]
También en el caso “Bieniauskas” se hace alusión a que incluso otras claves que usamos para acceder a alguna página web y disfrutar de algún servicio, bien sea de naturaleza pública o privada, son reconocidas como una firma electrónica, con todas las consecuencias que ello implica y que ya han sido ampliamente explicadas, por cuanto individualizan y permiten conocer quién es el sujeto que accede, y al identificarlo se le permite navegar y realizar las tareas o disfrutar de los servicios que presta, manteniendo los criterios de seguridad y privacidad que requiere la naturaleza de la prestación que se utiliza.[19]
Coincidamos con la doctrina especializada[20], en que para poder configurar una firma digital debe cumplirse indefectiblemente con los siguientes requisitos cardinales[21]:
Altmark y Molina Quiroga señalan, con agudeza, que la ley argentina ha optado por la política de registro estatal de los certificadores, en el sentido que estos prestadores de servicios deben obtener una licencia; este recaudo implica una dificultad para la utilización fuera del ámbito estatal. Es así que, en nuestra legislación, una aplicación de criptografía asimétrica de clave pública en la que los certificados digitales no sean emitidos por un certificador licenciado es considerada por nuestra ley como firma electrónica.[22]
Y, en la misma senda, la Ley de Firma Digital es tajante al disponer que cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital (art. 3 Ley 25.506). Nada dice de la firma electrónica.[23]
Si efectuamos una interpretación literal de tales preceptos, parecería que la firma electrónica no puede ser asimilada -en ningún supuesto- a la firma manuscrita, tal como lo sostiene la tesis restrictiva de la firma electrónica, cuyas premisas ya hemos examinado en otra oportunidad y excede al presente.[24]
Pero es sabido que la interpretación de las normas no debe ser exclusivamente literal, sino también sistemática. La ley debe ser valorada en orden al conjunto que integra, y a su íntima coherencia.[25]
Entonces deberán cumplirse ciertos presupuestos indispensables para poder dar nacimiento a esta equivalencia fáctica, como veremos a continuación.[26]
Como ya lo hemos sostenido en otra oportunidad,[27] la Ley 25.506 en su artículo 5 es tajante al disponer que, en caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien la invoca acreditar su validez.
Recordemos que, ya en sede judicial, cualquier documento con firma electrónica debe ser expresamente negado o reconocido, ello no sólo en cumplimiento de una carga procesal prestablecida (arts. 356 CPCCN, 354 CPCCBA), sino también por mandato del Código Civil y Comercial de la Nación.[28]
Aseveramos entonces que una firma electrónica desconocida no produce efectos legales como firma, hasta tanto no se pruebe su plena aptitud para asociarla con la persona a quien se atribuye.[29]
Empero, una vez reconocida o probada la autoría del instrumento, opera un perfeccionamiento de la previsión legal, desplazando al documento incompleto y dando lugar a un instrumento privado constituyendo plena prueba plenamente valido en los términos de los artículos 287 y 314 del Código Civil y Comercial de la Nación.[30]
[1] Para ahondar más en la cuestión de la prueba electrónica ver: BIELLI, G. E. – ORDOÑEZ, C. J. La prueba electrónica. Teoría y práctica. Editorial Thomson Reuters La Ley. Buenos Aires. 2019. ISBN 2019. ISBN 978-987-03-3822-2
[2] FALCÓN, E. M., Tratado de derecho procesal civil y comercial, t. II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, p. 897.
[3] GINI, S. L.. Documentos y documento electrónico, La Ley, Sup. Act. 30/3/2010, 1.
[4] Sancionada el 14 de noviembre de 2001 y promulgada de hecho en diciembre 11 del mismo año. consta de 53 artículos distribuidos en once capítulos, un anexo, y fue reglamentada primariamente por decreto 2628 del año 2002 para luego derogarse este ultimo siendo reemplazado por el decreto 182/2019
[5] Coincidimos con Gini al entender que el nombre estrictamente correcto que debería haberse empleado en la redacción normativa para esta clase de documentos es «documento electrónico» en lugar de “documento digital”. Para ampliar ver: GINI, S. L. Documentos y documento electrónico. Publicado en La Ley. 3 de marzo de 2019. Cita Online: AR/DOC/679/2010
[6] LORENZETTI, R. L. Codigo Civil y Comercial de la Nación. Comentado. Rubinzal. Culzoni editores. Buenos Aires. Tomo II. Pag 114.
[7] Adelantamos que la jurisprudencia, hace ya un tiempo, se ocupó de señalar que, en el estado actual de nuestra legislación, los documentos electrónicos constituyen un medio de prueba que tiene suficiente sustento normativo, resaltando expresamente que se trata de prueba documental. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 9/12/2004, «Pérez, Elizalde R. F. v. A.S.I.S.M.E.D. S.A. s/cobro pesos», Abeledo-Perrot nro. 33/13471.
[8] Tal disposición se haya en plena sintonía con la Ley de Firma Digital que únicamente asimila la firma manuscrita a la firma digital, y no así a la electrónica, aunque llama la atención el agregado final “…que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento…”, de cuyo alcance todavía no nos ocuparemos.
[9] Batista, haciendo un concreto análisis, sostiene que la tesis restrictiva fundamenta su postura al establecer que solamente la firma digital se equipara a la ológrafa, y por tanto de acuerdo con el mosaico normativo vigente todo documento digital con firma electrónica debe ser considerado como un instrumento particular no firmado. En cambio, la tesis amplia, establece que el Código se complementa con la ley 25.506 de Firma Digital que legisla ambos tipos de firma, y por ende debe entenderse que tales documentos están efectivamente firmados, quedando luego en el análisis particular del caso concreto la mayor o menor fuerza probatoria de los subtipos de firma electrónica según la infraestructura tecnológica que tengan detrás. BATISTA, A., «¿Están legalmente ‘firmadas’ las presentaciones electrónicas efectuadas en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires?», publicado en elDial, 06/07/2017. Citar: elDial DC233C.
[10] Fernández Delpech, H. Manual de derecho informático. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2014. Pag 329.
[11] Bielli, Gastón E. – Ordoñez, Carlos J., “La prueba electronica…”, ob. cit, pág. 62.
[12] Como sostiene Rolero, a través de la criptografía asimétrica, y con el objeto de firmar un documento electrónico, su autor utiliza su propia clave secreta, a la que sólo él tiene acceso, lo que impide que pueda después negar su autoría (garantía de no revocación). De esta forma el autor queda vinculado al documento de la firma. Por último, la validez de dicha firma podrá ser comprobada por cualquier persona que disponga de la clave pública del autor. A resumidas cuentas, si las claves para cifrar y descifrar son diferentes y una de ellas es imposible de calcular por derivación de la otra entonces nos encontramos frente un criptosistema asimétrico o de clave pública. ROLERO, G. L. Documento electrónico y firma digital. Ya cit.
[13] Ordoñez, Carlos J., “Problemas interpretativos derivados del uso de firma electrónica en el Poder Judicial. ¿Validez o ineficacia de los actos procesales signados en consecuencia?”, Temas de Derecho Procesal, ERREIS, octubre 2018.
[14] En este sentido, la ley modelo de la CNUDMI establece que “Por firma electrónica se entenderán los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos”.
[15] Mora, Santiago J., “Documento digital, firma electrónica y digital”, LA LEY 31/12/2013, 31/12/2013, 1 – LA LEY2014-A, 502 – Enfoques 2014 (febrero), 01/02/2014, 95, Cita Online: AR/DOC/3995/2013
[16] Luz Clara, Bibiana, “Ley de Firma Digital”, Nova Tesis Editorial Jurídica, 1º edición, Rosario, Provincia de Santa Fe, pág. 47.
[17] Rosales, F.: “WhatsApp como prueba en juicio” – Recuperado de https://www.notariofranciscorosales.com/whatsapp-como-prueba-en-juicio/
[18] Bielli, Gastón E. – Ordoñez, Carlos J., “La prueba electronica…”, ob. cit, pág. 67.
[19] “Bieniauskas, Carlos c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires” – CNCom. – Sala D – 15/5/2008 – Cita digital IUSJU058123C
[20] FERNÁNDEZ DELPECH. H. Manual de derecho informático. Editorial La Ley. 2014. Pag. 308.
[21] Según artículo 9° de la ley 25.506.
[22] Altmark, D. R. y Molina Quiroga, E. Tratado de Derecho Informático. Editorial La Ley. 2012. Pag. 586.
[23] Ordoñez, Carlos J., “Problemas interpretativos derivados del uso de firma electrónica…”, cit.
[24] Ordoñez, Carlos J., “Problemas interpretativos derivados del uso de firma electrónica…”, cit.; Bielli, Gastón E. – Ordoñez, Carlos J., “La prueba electronica…”, ob. cit, pág. 81.
[25] SCBA LP C 101261 S 04/03/2015, autos “B., C. c / B., C. s/ Filiación y su acumulada”.
[26] No podemos dejar de citar la Ley 27.444, de “Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación”, que refiere a la firma electrónica en varios pasajes e incluso le reconoce, en algunos casos, idénticos efectos que a la firma digital, efectuando consagraciones normativas de gran relevancia en las Leyes 25.065 (Tarjeta de crédito) y 24.452 (Cheques), y en el Decreto-ley 5.965 (Letras de cambio y pagare). En tal sentido, incorpora en tales regímenes que, si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento.
[27] Bielli, Gastón E. – Ordoñez, Carlos J., “La prueba electronica…”, ob. cit, pág. 68.
[28] Artículo 314 (CCyCN): “Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a mani-festar que ignoran si la firma es o no de su causante”.
[29] Recordemos que en la teoría general, la firma no da valor al documento, sino que el valor del documento lo determina la identidad de quien firma, y el carácter con el que firma. Rosales, F.: “WhatsApp como prueba en juicio”. Ya cit.
[30] Aunque aclaramos que el documento electrónico deberá siempre ser admitido por el juzgador en el marco del proceso judicial para su correspondiente valoración, (sin importar si se encuentra suscripto con una firma digital o una firma electrónica), conforme¿ corresponderá, en primer lugar, ponderarse la concatenación de hechos plasmados e insertos en los mismos.

References: artículo 6
 artículo 288
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 9
 Artículo 314