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Timestamp: 2017-12-12 00:38:28+00:00

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B.O.E. Nº 29 de 03/02/2005
ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento aplicable al proceso de normalizaciÃ³n previsto en la disposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social.
La DisposiciÃ³n final tercera de la Ley OrgÃ¡nica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, incorpora un mandato al Gobierno para adaptar a las previsiones de la citada Ley OrgÃ¡nica 14/2003 el contenido del entonces vigente Reglamento de ejecuciÃ³n de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio. El Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se ha aprobado el nuevo Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, da cumplimiento al mandato incluido en la DisposiciÃ³n final tercera de la Ley OrgÃ¡nica 14/2003, de 20 de noviembre, anteriormente citada, deroga el Real Decreto 864/2001, y otorga al Ministro de la Presidencia la competencia para dictar la oportuna orden de ejecuciÃ³n y desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 2393/2004, a propuesta conjunta de los Ministerios afectados, previo informe de la ComisiÃ³n Interministerial de ExtranjerÃ­a, cuando las materias a desarrollar no sean objeto de la exclusiva competencia de cada uno de dichos Departamentos ministeriales. El Real Decreto 2393/2004 referido, informado por la ComisiÃ³n Interministerial de ExtranjerÃ­a, por el Consejo Superior de PolÃ­tica de InmigraciÃ³n y por el Foro para la IntegraciÃ³n Social de los Inmigrantes, incorpora, en su DisposiciÃ³n transitoria tercera, la previsiÃ³n de un proceso de normalizaciÃ³n de trabajadores extranjeros que se encuentran en EspaÃ±a y reÃºnan determinados requisitos para poder acogerse al mismo. Por ello, de acuerdo con el artÃ­culo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con los artÃ­culos 6, 9 y 13 del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuraciÃ³n de los Departamentos Ministeriales, y con las previsiones correspondientes de los Reales Decretos 1320/2004, 1599/2004 y 1600/2004, por los que se desarrollan, respectivamente, las estructuras orgÃ¡nicas bÃ¡sicas de los Ministerios de Administraciones PÃºblicas, Interior, y Trabajo y Asuntos Sociales, teniendo en cuenta el contenido de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, con objeto de desarrollar el contenido de la DisposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley OrgÃ¡nica, a propuesta de los Ministerios del Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Administraciones PÃºblicas, y previo informe favorable de la ComisiÃ³n Interministerial de ExtranjerÃ­a, dispongo:
Primero. Objeto y Ã¡mbito de aplicaciÃ³n. 1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el procedimiento al que se debe ajustar el proceso de normalizaciÃ³n establecido en la DisposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social.
2. PodrÃ¡n acogerse al proceso de normalizaciÃ³n los empresarios o empleadores y los trabajadores extranjeros que reÃºnan los requisitos previstos, segÃºn corresponda, en los apartados Segundo o Tercero de esta Orden.
Segundo. Requisitos.-Los empresarios o empleadores que pretendan contratar a trabajadores extranjeros acogiÃ©ndose al proceso de normalizaciÃ³n a que se refiere el apartado anterior, podrÃ¡n solicitar a favor de Ã©stos una autorizaciÃ³n inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el trabajador figure empadronado en un municipio espaÃ±ol con al menos seis meses de anterioridad al 7 de febrero de 2005, fecha de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, presentando asimismo un pasaporte, tÃ­tulo de viaje o cÃ©dula de inscripciÃ³n que acredite su presencia continuada en territorio espaÃ±ol durante dicho periodo.
b) Que exista un contrato de trabajo firmado entre empresario o empleador, y trabajador, cuyos efectos se condicionarÃ¡n a la entrada en vigor de la autorizaciÃ³n de residencia y trabajo solicitada. En dicho contrato, deberÃ¡ incorporarse un compromiso del empleador de mantener la prestaciÃ³n laboral por un perÃ­odo mÃ­nimo de 6 meses, con las siguientes salvedades:
1. En el sector agrario dicho perÃ­odo mÃ­nimo serÃ¡ de tres meses.
2. En los sectores de la construcciÃ³n y la hostelerÃ­a, dicho compromiso podrÃ¡ llevarse a cabo dentro de un perÃ­odo mÃ¡ximo de 12 meses. 3. En el sector del servicio domÃ©stico en caso de prestar servicios para un solo empleador o cabeza de familia durante un tiempo igual o superior a 80 horas de trabajo efectivo al mes, e igual o inferior a 40 horas de trabajo efectivo a la semana, sin perjuicio de los tiempos de presencia, a disposiciÃ³n del empleador, que pudieran acordarse entre las partes. En este caso la solicitud inicial de autorizaciÃ³n de residencia y trabajo deberÃ¡ ser presentada por el cabeza de familia empleador. Los servicios deberÃ¡n ser prestados en el hogar en el que resida el cabeza de familia y, en su caso, demÃ¡s personas que componen dicho hogar.
c) Si se trata de contratos de trabajo a tiempo parcial, el perÃ­odo de la prestaciÃ³n laboral se incrementarÃ¡ proporcionalmente a la reducciÃ³n sobre la jornada ordinaria pactada en dichos contratos, de forma que la suma de las jornadas a realizar mediante los diferentes contratos a tiempo parcial, dentro del periodo de vigencia de la autorizaciÃ³n, equivalga al menos al total de un contrato en los tÃ©rminos de la letra b) de este apartado.
d) Que las empresas solicitantes estÃ©n inscritas en el correspondiente rÃ©gimen del sistema de Seguridad Social y se encuentren al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de las cuotas exigibles por la Seguridad Social. PodrÃ¡ requerirse al empleador que acredite los medios econÃ³micos, materiales y personales de los que dispone para realizar el proyecto empresarial o contrataciÃ³n. e) Que las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categorÃ­a profesional y localidad. f) Que se posea la titulaciÃ³n, en su caso, debidamente homologada o que se acredite la capacitaciÃ³n exigida para el ejercicio de la profesiÃ³n. g) Que el trabajador extranjero carezca de antecedentes penales tanto en EspaÃ±a como en los paÃ­ses en los que hubiera residido en los cinco aÃ±os anteriores, por delitos tipificados en el ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol. h) Que el trabajador extranjero no tenga prohibida su entrada en EspaÃ±a segÃºn lo establecido en los artÃ­culos 26 de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, y 10 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2393/2004, salvo que dicha prohibiciÃ³n de entrada se derive exclusivamente de una resoluciÃ³n de expulsiÃ³n no ejecutada, que hubiese sido dictada en virtud de las infracciones de estancia y/o trabajo irregular previstas en el artÃ­culo 53.a) y b) de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000.
Tercero. Servicio domÃ©stico de carÃ¡cter parcial o discontinuo. Requisitos.
1. Los extranjeros que pretendan desarrollar su actividad en el Ã¡mbito del servicio domÃ©stico, trabajando parcialmente y de manera simultÃ¡nea para mÃ¡s de un titular de hogar familiar, podrÃ¡n solicitar en el plazo de tres meses desde el 7 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 2393/2004, de aprobaciÃ³n del Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, la concesiÃ³n de una autorizaciÃ³n inicial de residencia y trabajo.
2. A tal efecto, deberÃ¡n cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el trabajador extranjero figure empadronado en un municipio espaÃ±ol con al menos seis meses de anterioridad al 7 de febrero de 2005, fecha de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, presentando asimismo un pasaporte, tÃ­tulo de viaje o cÃ©dula de inscripciÃ³n que acredite su presencia continuada en territorio espaÃ±ol desde una fecha anterior a la del empadronamiento.
b) Que las prestaciones laborales que tenga concertadas el trabajador extranjero le garanticen un periodo mÃ­nimo de actividad de seis meses. c) Que el trabajador extranjero reÃºna los requisitos que determinen su inclusiÃ³n en el RÃ©gimen Especial de Empleados de Hogar, conforme a su normativa reguladora, y, en particular, los siguientes:
1. Prestar servicios exclusivamente domÃ©sticos para mÃ¡s de un cabeza de familia, titular de hogar familiar, o grupo de personas que, sin constituir familia, convivan en el mismo hogar familiar, con carÃ¡cter parcial o discontinuo, y cuya duraciÃ³n no sea inferior a 30 horas de trabajo efectivo a la semana, en cÃ³mputo global, realizadas durante, al menos, 12 dÃ­as en el mes.
2. Que estos servicios sean prestados en el hogar en el que resida el cabeza de familia y, en su caso, demÃ¡s personas que componen dicho hogar. 3. Que perciba por este servicio un sueldo o remuneraciÃ³n de cualquier clase que Ã©sta sea. 4. No encontrarse expresamente excluido del campo de aplicaciÃ³n de este RÃ©gimen.
d) Que los servicios pactados se ajusten a las condiciones laborales establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categorÃ­a profesional y localidad.
e) Que el trabajador extranjero carezca de antecedentes penales tanto en EspaÃ±a, como en los paÃ­ses en los que hubiera residido en los cinco aÃ±os anteriores, por delitos tipificados en el ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol. f) Que el trabajador extranjero no tenga prohibida su entrada en EspaÃ±a segÃºn lo establecido en los artÃ­culos 26 de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, y 10 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2393/2004, salvo que dicha prohibiciÃ³n de entrada se derive exclusivamente de una resoluciÃ³n de expulsiÃ³n no ejecutada, que hubiese sido dictada en virtud de las infracciones de estancia y/o trabajo irregular previstas en el artÃ­culo 53.a) y b) de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000.
Cuarto. Plazo y lugares de presentaciÃ³n de solicitudes.
1. Las solicitudes deberÃ¡n ser presentadas por los empresarios o empleadores que pretendan contratar a un trabajador extranjero o, por los trabajadores extranjeros personalmente en los casos incluidos en el apartado Tercero de la presente Orden, en el plazo de tres meses desde el 7 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 2393/2004, de aprobaciÃ³n del Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social.
2. Las solicitudes de concesiÃ³n de una autorizaciÃ³n inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena se presentarÃ¡n de conformidad con el modelo oficial de solicitud que corresponda, de los que figuran como Anexo I y II a la presente Orden Ministerial, debiendo acompaÃ±arse la documentaciÃ³n incluida en el apartado Sexto de la presente Orden Ministerial. 3. TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de lugares de presentaciÃ³n de solicitudes:
a) Los Ã³rganos administrativos o de las entidades de derecho pÃºblico, correspondientes a la provincia en la que vaya a ejercerse la actividad laboral, y a los que el Ministerio de Administraciones PÃºblicas, por razones de eficacia, encomiende la recepciÃ³n de dichas solicitudes, segÃºn lo previsto en el artÃ­culo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, ello sin perjuicio de lo establecido en la DisposiciÃ³n adicional tercera de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000 y la DisposiciÃ³n adicional cuarta de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2393/2004.
b) En defecto de los anteriores, la Oficina de Extranjeros de Ã¡mbito provincial en los lugares en los que se haya creado dicha Oficina, y correspondiente a la provincia en la que vaya a ejercerse la actividad laboral. c) En defecto de Oficina de Extranjeros, la solicitud podrÃ¡ ser presentada en el Ãrea o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la DelegaciÃ³n o SubdelegaciÃ³n del Gobierno correspondiente a la provincia en la que vaya a ejercerse la actividad laboral.
Quinto. Sujetos legitimados para la presentaciÃ³n de las solicitudes.
1. En los casos previstos en la presente Orden Ministerial, excepto en los supuestos incluidos en su apartado Tercero, las solicitudes relativas a las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena, deberÃ¡n ser presentadas por el empresario o empleador o por quien vÃ¡lidamente ostente la representaciÃ³n legal empresarial, de acuerdo con lo dispuesto en la DisposiciÃ³n adicional tercera de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero.
Se considerarÃ¡, a estos efectos, representante legal empresarial, a la persona fÃ­sica que tuviera reconocida dicha condiciÃ³n por el Sistema RED de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social en la fecha de publicaciÃ³n del Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000 aprobado por Real Decreto 2393/2004. 2. En los supuestos previstos en el apartado Tercero, serÃ¡ el trabajador extranjero quien deba comparecer personalmente para presentar la solicitud de autorizaciÃ³n inicial de residencia y trabajo.
Sexto. DocumentaciÃ³n que deberÃ¡ acompaÃ±arse a la solicitud.
1. Cuando el sujeto legitimado para presentar la solicitud sea el empresario o empleador, al modelo oficial de solicitud (Anexo I de la presente Orden), formalizada por duplicado, deberÃ¡ acompaÃ±ar la siguiente documentaciÃ³n: a) DocumentaciÃ³n acreditativa de la identidad del empresario o empleador solicitante: 1. El DNI en el caso de ciudadanos espaÃ±oles.
2. Tarjeta de identidad de extranjero, en el caso de empresario o empleador extranjero no nacional de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio EconÃ³mico Europeo. 3. Tarjeta de identidad de extranjero en vigor, NIF, documento de identidad o pasaporte nacional vÃ¡lido y en vigor, en el caso de empresario o empleador extranjero nacional de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio EconÃ³mico Europeo. 4. CIF y documento de inscripciÃ³n de la empresa en la Seguridad Social, en el caso de empresarios, y, en su caso, documento pÃºblico que otorgue la representaciÃ³n legal de la empresa en favor de la persona fÃ­sica que formule la solicitud.
b) Copia completa del pasaporte o documento de viaje, o cÃ©dula de inscripciÃ³n, en vigor, del trabajador extranjero, asÃ­ como otros pasaportes o documentos de viaje del mismo.
c) CertificaciÃ³n de empadronamiento del trabajador extranjero, en la que conste una fecha de inscripciÃ³n en un padrÃ³n municipal espaÃ±ol anterior al 8 de agosto de 2004. d) Contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador, en el que deberÃ¡ constar el cumplimiento de los extremos contenidos en las letras b) a f) del apartado Segundo de la presente Orden Ministerial. e) Certificado de antecedentes penales del trabajador extranjero expedido por las Autoridades del paÃ­s o paÃ­ses de residencia de Ã©ste en los Ãºltimos cinco aÃ±os, que deberÃ¡ serle facilitado por el trabajador extranjero, en su caso traducido al castellano o a la lengua cooficial en los casos previstos en el artÃ­culo 36 de la Ley 30/1992, y previamente legalizado por la MisiÃ³n diplomÃ¡tica u Oficina consular de su paÃ­s de origen en EspaÃ±a, salvo en los casos en que dicho certificado haya sido apostillado por la Autoridad competente del paÃ­s emisor signatario del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre la eliminaciÃ³n del requisito de la legalizaciÃ³n de documentos pÃºblicos extranjeros. No obstante lo anterior, en supuestos excepcionales y debidamente motivados, la SecretarÃ­a de Estado de InmigraciÃ³n y EmigraciÃ³n, previo informe de la DirecciÃ³n General de Asuntos y Asistencia Consulares, podrÃ¡ modificar el procedimiento de legalizaciÃ³n descrito en el pÃ¡rrafo anterior. f) AcreditaciÃ³n de la titulaciÃ³n, en su caso debidamente homologada, o de la capacidad exigida para el ejercicio de la profesiÃ³n por parte del trabajador extranjero. g) DeclaraciÃ³n del empresario o empleador, incorporada al modelo oficial de solicitud que figura en el Anexo I de la presente Orden Ministerial, en el sentido de que aquÃ©l no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos de denegaciÃ³n de una solicitud de autorizaciÃ³n de residencia y trabajo por cuenta ajena contenidos en el artÃ­culo 53.1.d), e) y k) del Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004.
2. Cuando el sujeto legitimado para presentar la solicitud sea el trabajador extranjero, al modelo oficial de solicitud (Anexo II de la presente Orden Ministerial), formalizada por duplicado, deberÃ¡ acompaÃ±ar la siguiente documentaciÃ³n:
a) Copia completa del pasaporte o documento de viaje, o cÃ©dula de inscripciÃ³n, en vigor, del trabajador extranjero, asÃ­ como otros pasaportes o documentos de viaje del mismo.
b) CertificaciÃ³n de empadronamiento del trabajador extranjero, en la que conste una fecha de inscripciÃ³n en un padrÃ³n municipal espaÃ±ol anterior al 8 de agosto de 2004. c) Certificado de antecedentes penales del trabajador extranjero expedido por las Autoridades del paÃ­s o paÃ­ses de residencia de Ã©ste en los Ãºltimos cinco aÃ±os, en su caso traducido al castellano o a la lengua cooficial en los casos previstos en el artÃ­culo 36 de la Ley 30/1992, y previamente legalizado por la MisiÃ³n diplomÃ¡tica u Oficina consular de su paÃ­s de origen en EspaÃ±a, salvo en los casos en que dicho certificado haya sido apostillado por la Autoridad competente del paÃ­s emisor signatario del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre la eliminaciÃ³n del requisito de la legalizaciÃ³n de documentos pÃºblicos extranjeros. No obstante lo anterior, en supuestos excepcionales y debidamente motivados, la SecretarÃ­a de Estado de InmigraciÃ³n y EmigraciÃ³n, previo informe de la DirecciÃ³n General de Asuntos y Asistencia Consulares, podrÃ¡ modificar el procedimiento de legalizaciÃ³n descrito en el pÃ¡rrafo anterior. d) DeclaraciÃ³n del cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado Tercero.2 de la presente Orden Ministerial, cumplimentando el apartado 3) del modelo oficial de solicitud (Anexo II de la Orden Ministerial). e) Copia compulsada de la documentaciÃ³n acreditativa de la identidad de los cabezas de familia o titulares de hogar familiar para los que va a prestar servicios el trabajador extranjero:
1. DNI en el caso de ciudadanos espaÃ±oles.
2. Tarjeta de identidad de extranjero, en el caso de no nacionales de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio EconÃ³mico Europeo. 3. Tarjeta de identidad de extranjero en vigor, NIF, documento de identidad o pasaporte nacional vÃ¡lido y en vigor, en el caso de extranjeros nacionales de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio EconÃ³mico Europeo.
SÃ©ptimo. TramitaciÃ³n de solicitudes.
1. La tramitaciÃ³n de las solicitudes presentadas en el proceso de normalizaciÃ³n desarrollado por la presente Orden, se realizarÃ¡ con carÃ¡cter preferente.
2. La admisiÃ³n a trÃ¡mite de la solicitud presentada, teniendo en cuenta lo previsto en la DisposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, apartados 1, 2, 3, 6 y 8, implicarÃ¡ el archivo de oficio de cualquier otra solicitud de residencia o de residencia y trabajo para el mismo extranjero que hubiere sido presentada con anterioridad. Se entenderÃ¡ la falta de legitimaciÃ³n del solicitante o la insuficiente acreditaciÃ³n de la representaciÃ³n, con los efectos previstos en el apartado 1 de la referida DisposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, cuando no se acompaÃ±e a la solicitud la documentaciÃ³n prevista en los apartados Sexto.1.a), o, en su caso, Sexto.2.a) de la presente Orden ministerial. Se entenderÃ¡ que la solicitud es manifiestamente carente de fundamento, con los efectos previstos en el apartado 6 de la referida DisposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, cuando no se acompaÃ±e a la solicitud la documentaciÃ³n prevista en los apartados Sexto.1.b), c) o d), o, en su caso, Sexto.2.b), o, e) de la presente Orden ministerial. 3. En el caso de falta de presentaciÃ³n de alguno de los documentos indicados en el apartado Sexto.1.e) y f), o, en su caso, en el apartado Sexto.2.c) de la presente Orden Ministerial, se requerirÃ¡ al solicitante, por el Ã³rgano competente para la tramitaciÃ³n de la solicitud, para que, en el plazo de quince dÃ­as hÃ¡biles, aporte los documentos correspondientes, o bien, subsane los defectos formales o materiales que existieran al presentar la solicitud. En el caso de falta de presentaciÃ³n de los documentos indicados en el apartado Sexto.1.e) o, en su caso, Sexto.2.c) de la presente Orden Ministerial, el solicitante deberÃ¡ en todo caso acreditar, mediante el oportuno resguardo, que dichos documentos han sido ya solicitados ante las Autoridades competentes del paÃ­s de origen del trabajador. Transcurrido dicho plazo sin proceder a la oportuna subsanaciÃ³n, podrÃ¡ tenerse por desistida la solicitud y procederse al archivo del expediente. 4. El Ã³rgano de tramitaciÃ³n recabarÃ¡ informe de oficio de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, del Registro Central de Penados y Rebeldes, de los Servicios competentes de la DirecciÃ³n General de la PolicÃ­a, de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, y del Instituto Nacional de EstadÃ­stica, este Ãºltimo en lo relativo al PadrÃ³n Municipal de Habitantes. Dichos informes deberÃ¡n ser emitidos en el plazo de diez dÃ­as.
Octavo. ResoluciÃ³n de solicitudes.-Los Delegados del Gobierno en las Comunidades AutÃ³nomas uniprovinciales, o, en su caso, los Subdelegados del Gobierno en las provincias, resolverÃ¡n la solicitud, a la vista de la documentaciÃ³n presentada por el interesado y de la recabada de oficio.
La resoluciÃ³n deberÃ¡ ser motivada y se notificarÃ¡ al empleador, remitiÃ©ndose copia de la misma al trabajador extranjero, salvo en los casos contenidos en el apartado Tercero de la presente Orden Ministerial, en los que se notificarÃ¡ al trabajador extranjero la resoluciÃ³n sobre la autorizaciÃ³n de residencia y trabajo solicitada. El plazo para resolver y notificar las solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo serÃ¡ de tres meses, contados a partir del dÃ­a siguiente al que hayan tenido entrada en el registro del Ã³rgano competente para su tramitaciÃ³n. Transcurrido el plazo para notificar las solicitudes, sin que dicha notificaciÃ³n haya tenido lugar, Ã©stas podrÃ¡n entenderse desestimadas. Las resoluciones dictadas pondrÃ¡n fin a la vÃ­a administrativa, y contra las mismas podrÃ¡n interponerse los recursos administrativos o jurisdiccionales legalmente previstos. Noveno. Obligaciones derivadas de la resoluciÃ³n favorable de solicitudes.
1. Si la resoluciÃ³n fuere favorable, la autorizaciÃ³n de residencia y trabajo concedida estarÃ¡ condicionada a que, en el plazo de un mes desde que se produzca la notificaciÃ³n, se produzca la afiliaciÃ³n y/o alta del trabajador en la Seguridad Social.
2. La notificaciÃ³n de la concesiÃ³n de la autorizaciÃ³n de residencia y trabajo surtirÃ¡ efectos para que se proceda al abono de las tasas correspondientes, en los tÃ©rminos previstos en los artÃ­culos 44 a 49 de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero. El pago deberÃ¡ realizarse en el plazo de un mes desde la referida notificaciÃ³n.
DÃ©cimo. Efectos de la concesiÃ³n de la autorizaciÃ³n de residencia y trabajo.-La concesiÃ³n de la autorizaciÃ³n de residencia y trabajo determinarÃ¡ el archivo de los expedientes de expulsiÃ³n pendientes de resoluciÃ³n, asÃ­ como la revocaciÃ³n de oficio de las resoluciones de expulsiÃ³n que hayan recaÃ­do sobre el extranjero titular de la autorizaciÃ³n, cuando el expediente o la resoluciÃ³n de expulsiÃ³n correspondientes estÃ©n basados exclusivamente en las causas previstas en el artÃ­culo 53, apartados a) y/o b) de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, referidos, respectivamente, a:
Encontrarse irregularmente en territorio espaÃ±ol, por no haber obtenido la prÃ³rroga de estancia, carecer de autorizaciÃ³n de residencia o tener caducada mÃ¡s de tres meses la mencionada autorizaciÃ³n, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovaciÃ³n de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.
Encontrarse trabajando en EspaÃ±a sin haber obtenido autorizaciÃ³n de trabajo o autorizaciÃ³n administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorizaciÃ³n de residencia vÃ¡lida.
UndÃ©cimo. Seguimiento del proceso.
1. Una vez cumplida la condiciÃ³n de afiliaciÃ³n y/o alta del trabajador extranjero en la Seguridad Social, la autorizaciÃ³n de residencia y trabajo comenzarÃ¡ su perÃ­odo de vigencia, que serÃ¡ de un aÃ±o.
2. Transcurrido el plazo de un mes desde la notificaciÃ³n de la autorizaciÃ³n sin que se haya cumplido la condiciÃ³n seÃ±alada, la autorizaciÃ³n quedarÃ¡ sin efecto. En este caso, se requerirÃ¡ al empresario o empleador, en los casos del apartado Segundo, y al propio trabajador extranjero, en los casos del apartado Tercero de esta Orden, para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relaciÃ³n laboral, con la advertencia de que, si no se alegase ninguna justificaciÃ³n o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrÃ¡n denegarse ulteriores solicitudes de autorizaciÃ³n que presente dentro del proceso de normalizaciÃ³n. Si la justificaciÃ³n alegada o las razones aducidas se considerasen suficientes, el empresario o empleador, en los casos del apartado Segundo, o el propio trabajador extranjero, en los casos del apartado Tercero, podrÃ¡n presentar una nueva solicitud de autorizaciÃ³n inicial de residencia y trabajo, durante el plazo previsto en el apartado Cuarto de esta Orden. 3. Las Oficinas de Extranjeros o, en su defecto, las Ãreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales, darÃ¡n cuenta a la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social y a los servicios policiales de los supuestos en los que existan indicios de fraude en relaciÃ³n con el objeto de la presente Orden Ministerial, y, en especial:
Cuando habiÃ©ndosele requerido su acreditaciÃ³n segÃºn lo previsto en el apartado Segundo.d) de esta Orden Ministerial, no conste que el empleador o empresario solicitante posee medios econÃ³micos y materiales suficientes para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo y, en su caso, al correspondiente proyecto empresarial.
Cuando, por razones organizativas, pueda considerarse injustificado el crecimiento de la plantilla que supone la contrataciÃ³n del trabajador extranjero. En el caso de la contrataciÃ³n de varios trabajadores en el Ã¡mbito del servicio domÃ©stico por un mismo empleador, cuando no conste que Ã©ste posee medios econÃ³micos suficientes para hacer frente a las obligaciones dimanantes de dichos contratos de trabajo.
DuodÃ©cimo. ExpediciÃ³n de la tarjeta de identidad de extranjero.-Tras la realizaciÃ³n de los trÃ¡mites previstos en el apartado Noveno de esta Orden, una vez cumplida la condiciÃ³n de afiliaciÃ³n y/o alta en la Seguridad Social y el abono de las tasas fiscales establecidas para la concesiÃ³n de autorizaciÃ³n de residencia y trabajo, y durante el mes inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la autorizaciÃ³n, el extranjero deberÃ¡ solicitar la tarjeta de identidad de extranjero, que serÃ¡ expedida por el plazo de validez de la autorizaciÃ³n.
La solicitud de la tarjeta de identidad de extranjero deberÃ¡ ser presentada personalmente por Ã©ste ante el Ã³rgano competente para su tramitaciÃ³n (Oficina de Extranjeros, o, en su defecto, la ComisarÃ­a de PolicÃ­a situada en la localidad donde resida o pretenda residir), aportando la resoluciÃ³n de la solicitud de autorizaciÃ³n de residencia inicial y trabajo a que se refiere el apartado Octavo de la presente Orden Ministerial, la acreditaciÃ³n del abono de las tasas mencionadas en el pÃ¡rrafo anterior, el pasaporte o documento de viaje vÃ¡lido para la entrada en EspaÃ±a, o cÃ©dula de inscripciÃ³n, en vigor, y tres fotografÃ­as recientes en color, en fondo blanco, tamaÃ±o carnÃ©. La expediciÃ³n de la tarjeta de identidad de extranjero devengarÃ¡ la tasa correspondiente, debiendo el trabajador extranjero acreditar ante el Ã³rgano de tramitaciÃ³n de la solicitud de la tarjeta, en el momento de retirar la misma, ser el destinatario del documento y haber realizado el abono de la correspondiente tasa fiscal por la expediciÃ³n de dicha tarjeta de identidad.
DisposiciÃ³n final primera. ProtecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal.
En lo relativo a cesiÃ³n de datos personales de los interesados, habrÃ¡ de estarse a lo dispuesto en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, en el Real Decreto 1994/1999, de 11 de junio, de aprobaciÃ³n del Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carÃ¡cter personal, y en la DisposiciÃ³n adicional quinta de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000. Asimismo, habrÃ¡ de estarse a lo dispuesto en la normativa mencionada en el pÃ¡rrafo anterior en lo relativo al acceso, por parte de los Ã³rganos competentes en la tramitaciÃ³n de los procedimientos a que se refiere la DisposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, de aprobaciÃ³n del Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, a la informaciÃ³n obrante en los ficheros en la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, del Registro Central de Penados y Rebeldes y del Instituto Nacional de EstadÃ­stica, este Ãºltimo en lo relativo al PadrÃ³n Municipal de Habitantes, en caso de incorrecta presentaciÃ³n o necesidad de verificaciÃ³n del certificado de empadronamiento presentado, sin que sea preciso el consentimiento de los interesados en los casos seÃ±alados en el presente apartado, y de conformidad con la legislaciÃ³n sobre protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal.
DisposiciÃ³n final segunda. RÃ©gimen jurÃ­dico aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Orden Ministerial, serÃ¡ de aplicaciÃ³n la normativa espaÃ±ola en materia de extranjerÃ­a e inmigraciÃ³n y, en particular, la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, reformada por las Leyes OrgÃ¡nicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003, el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, de aprobaciÃ³n del Reglamento de la misma, y el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en EspaÃ±a de nacionales de Estados miembros de la UniÃ³n Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio EconÃ³mico Europeo. En materia procedimental, serÃ¡ de aplicaciÃ³n subsidiaria, en todo lo no previsto en esta Orden, la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, y, en lo no previsto por ella, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, de conformidad con la DisposiciÃ³n adicional decimonovena de la Ley 30/1992 referida.
La presente Orden entrarÃ¡ en vigor el 7 de febrero de 2005.
Excmos. Sres. Ministros del Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones PÃºblicas
DISPOSICIÃN TRANSITORIA TERCERA DEL REAL DECRETO 2393/2004, GUÃA PRÃCTICA PARA LA PRESENTACIÃN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÃN NECESARIA
Cumplidos los requisitos legalmente establecidos, los extranjeros tienen el derecho a obtener y la obligaciÃ³n de conservar la documentaciÃ³n que acredite su situaciÃ³n en EspaÃ±a, en los tÃ©rminos previstos en la Ley OrgÃ¡nica 4/2000 reformada por las Leyes OrgÃ¡nicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003, y en su desarrollo reglamentario.
Anexo I. Solicitud de autorizaciÃ³n de residencia y trabajo.
Anexo II. Solicitud de autorizaciÃ³n de residencia y trabajo de carÃ¡cter parcial o discontinuo en el sector del servicio domÃ©stico.
Los modelos oficiales tienen carÃ¡cter gratuito, estando prohibida su venta, y podrÃ¡n ser reproducidos por cualquier medio de impresiÃ³n. Asimismo estarÃ¡n disponibles, ademÃ¡s de en las Unidades encargadas de su gestiÃ³n, en las pÃ¡ginas de informaciÃ³n de Internet del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es/migraciones/proceso2005), del Ministerio de Administraciones PÃºblicas (www.map.es), y de la SecretarÃ­a de Estado de InmigraciÃ³n y EmigraciÃ³n (www.extranjeros.mir.es).
Lugares de presentaciÃ³n
DeberÃ¡n presentarse personalmente en las oficinas de registro de los siguientes Ã³rganos administrativos: a) En los Ã³rganos administrativos o de las entidades de derecho pÃºblico, correspondientes a la provincia en la que vaya a ejercerse la actividad laboral, y a los que el Ministerio de Administraciones PÃºblicas, por razones de eficacia, haya encomendado la tramitaciÃ³n de dichas solicitudes (Oficinas de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social y entidades gestoras de la Seguridad Social -Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina-).
b) En defecto de los anteriores, en la Oficina de Extranjeros de Ã¡mbito provincial en los lugares en los que se haya creado dicha Oficina, y correspondiente a la provincia en la que vaya a ejercerse la actividad laboral. c) En defecto de Oficina de Extranjeros, la solicitud podrÃ¡ ser presentada en el Ãrea o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la DelegaciÃ³n o SubdelegaciÃ³n del Gobierno correspondiente a la provincia en la que vaya a ejercerse la actividad laboral.
1. Solicitud de autorizaciÃ³n de residencia y trabajo (anexo I)
Sujetos legitimados para solicitar: El empresario, o empleador que pretenda emplear a un extranjero al amparo de la DisposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, excepto en los casos correspondientes a trabajadores discontinuos en el sector del servicio domÃ©stico. En los procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un empresario, las solicitudes podrÃ¡n ser presentadas personalmente por Ã©ste o por quien ostente la representaciÃ³n legal empresarial.
Plazo de presentaciÃ³n: Dentro del periodo de tres meses contados desde la entrada en vigor del Reglamento de la L.O. 4/2000, aprobado por R.D. 2393/2004, es decir, del 7 de febrero al 7 de mayo de 2005. Forma y efectos de la presentaciÃ³n: Las solicitudes se formularÃ¡n por duplicado en el modelo Anexo I de la presente Orden. Una vez presentada la solicitud, se devolverÃ¡ al solicitante una copia de la misma debidamente sellada, como recibo acreditativo de la presentaciÃ³n. DocumentaciÃ³n necesaria: La documentaciÃ³n, con copia de la misma, que ha de acompaÃ±arse a la solicitud, es la siguiente, siendo necesaria la presentaciÃ³n de los documentos originales, que serÃ¡n devueltos al solicitante una vez cotejadas las copias:
a) El DNI del empresario o empleador (tarjeta de identidad de extranjero en el caso de empresario o empleador extranjero no nacional de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea ni del Espacio EconÃ³mico Europeo; tarjeta de identidad de extranjero en vigor, o NIF y documento de identidad o pasaporte nacional vÃ¡lido y en vigor, en el caso de empresario o empleador extranjero nacional de un Estado miembro de la U.E. o del E.E.E.), o CIF y documento de inscripciÃ³n de la empresa en la Seguridad Social.
b) En el caso de que la empresa estÃ© constituida como persona jurÃ­dica, documento pÃºblico que otorgue la representaciÃ³n legal empresarial de la misma en favor de la persona fÃ­sica que formule la solicitud. c) Original y copia completa del pasaporte o documento de viaje, o cÃ©dula de inscripciÃ³n, en vigor, del trabajador extranjero, asÃ­ como otros pasaportes o documentos de viaje del mismo. d) CertificaciÃ³n de empadronamiento del trabajador extranjero, en la que conste una fecha de inscripciÃ³n en un padrÃ³n municipal espaÃ±ol anterior al 8 de agosto de 2004. e) Contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador, en el que deberÃ¡ constar el cumplimiento de los extremos contenidos en las letras b) a f) del apartado Segundo de la presente Orden. f) Certificado de antecedentes penales del trabajador extranjero expedido por las Autoridades del paÃ­s o paÃ­ses de residencia de Ã©ste en los Ãºltimos cinco aÃ±os, que deberÃ¡ serle facilitado por el trabajador extranjero, en su caso traducido al castellano o a la lengua cooficial en los casos previstos en el artÃ­culo 36 de la Ley 30/1992, y previamente legalizado por la MisiÃ³n diplomÃ¡tica u Oficina consular de su paÃ­s de origen en EspaÃ±a, salvo en los casos en que dicho certificado haya sido apostillado por la Autoridad competente del paÃ­s emisor signatario del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre la eliminaciÃ³n del requisito de la legalizaciÃ³n de documentos pÃºblicos extranjeros. g) AcreditaciÃ³n de la titulaciÃ³n, en su caso debidamente homologada, o de la capacidad exigida para el ejercicio de la profesiÃ³n por parte del trabajador extranjero.
2. Solicitud de autorizaciÃ³n de residencia y trabajo de carÃ¡cter parcial o discontinuo en el sector del servicio domÃ©stico (anexo II)
Sujetos legitimados para solicitar: El trabajador extranjero que pretenda desarrollar su actividad en el Ã¡mbito del servicio domÃ©stico, trabajando parcialmente y de manera simultÃ¡nea para mÃ¡s de un hogar familiar.
Plazo de presentaciÃ³n: Dentro del periodo de tres meses contados desde la entrada en vigor del Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, es decir, desde el 7 de febrero al 7 de mayo de 2005. Forma y efectos de la presentaciÃ³n: Las solicitudes se formularÃ¡n por duplicado en el modelo Anexo II de la presente Orden. Una vez presentada la solicitud, se devolverÃ¡ al solicitante una copia de la misma debidamente sellada, como recibo acreditativo de la presentaciÃ³n. DocumentaciÃ³n necesaria: La documentaciÃ³n, con copia de la misma, que ha de acompaÃ±arse a la solicitud, es la siguiente, siendo necesaria la presentaciÃ³n de los documentos originales, que serÃ¡n devueltos al solicitante una vez cotejadas las copias:
a) Original y copia completa del pasaporte o documento de viaje, o cÃ©dula de inscripciÃ³n, en vigor, del trabajador extranjero, asÃ­ como otros pasaportes o documentos de viaje del mismo.
b) CertificaciÃ³n de empadronamiento del trabajador extranjero, en la que conste una fecha de inscripciÃ³n en un padrÃ³n municipal espaÃ±ol anterior al 8 de agosto de 2004. c) Certificado de antecedentes penales del trabajador extranjero expedido por las Autoridades del paÃ­s o paÃ­ses de residencia de Ã©ste en los Ãºltimos cinco aÃ±os, en su caso traducido al castellano o a la lengua cooficial en los casos previstos en el artÃ­culo 36 de la Ley 30/1992, y previamente legalizado por la MisiÃ³n diplomÃ¡tica u Oficina consular de su paÃ­s de origen en EspaÃ±a, salvo en los casos en que dicho certificado haya sido apostillado por la Autoridad competente del paÃ­s emisor signatario del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre la eliminaciÃ³n del requisito de la legalizaciÃ³n de documentos pÃºblicos extranjeros. d) Copia compulsada de la documentaciÃ³n acreditativa de la identidad de los cabezas de familia o titulares de hogar familiar para los que va a prestar servicios el trabajador extranjero:
DNI en el caso de ciudadanos espaÃ±oles.
Tarjeta de identidad de extranjero, en el caso de no nacionales de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea ni del Espacio EconÃ³mico Europeo. Tarjeta de identidad de extranjero en vigor, o NIF y documento de identidad o pasaporte vÃ¡lido y en vigor, en el caso de extranjeros nacionales de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea o parte en el Espacio EconÃ³mico Europeo.
Los extranjeros gozan en EspaÃ±a de los derechos y libertades reconocidos en el TÃtulo I de la ConstituciÃ³n espaÃ±ola en los tÃ©rminos establecidos en los Tratados Internacionales, en la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social, reformada por las Leyes OrgÃ¡nicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003, y en las leyes que regulen el ejercicio de cada uno de ellos.
Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretan de conformidad con la DeclaraciÃ³n Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en EspaÃ±a, sin que pueda alegarse la profesiÃ³n de creencias religiosas o convicciones ideolÃ³gicas o culturales de signo diverso para justificar la realizaciÃ³n de actos o conductas contrarios a las mismas, encontrÃ¡ndose vinculados los extranjeros que se hallen en EspaÃ±a por la normativa penal vigente de idÃ©ntica manera que los ciudadanos espaÃ±oles, normativa que incluye entre otros hechos constitutivos de delitos y castigados con la correspondiente pena a determinar por la Autoridad Judicial, la mutilaciÃ³n genital femenina.
ClÃ¡usula de informaciÃ³n al solicitante sobre la finalidad del fichero en el que se incluirÃ¡n sus datos
A los efectos seÃ±alados en el artÃ­culo 5.1 de la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, se advierte de la existencia, bajo responsabilidad de la DelegaciÃ³n del Gobierno o SubdelegaciÃ³n del Gobierno, del fichero automatizado de datos de Â«ConcesiÃ³n de Permisos y Autorizaciones de ExtranjerosÂ», del Ministerio de Administraciones PÃºblicas, al cual se incorporarÃ¡n los datos que suministren los interesados en el procedimiento.
La finalidad de este fichero es la gestiÃ³n de las autorizaciones mencionadas, siendo los destinatarios los Ã³rganos de la AdministraciÃ³n General del Estado competentes en materia de extranjerÃ­a. Los datos solicitados son necesarios para resolver su peticiÃ³n, por lo que su cumplimentaciÃ³n es obligatoria. El interesado podrÃ¡ ejercitar su derecho de acceso, rectificaciÃ³n, cancelaciÃ³n y oposiciÃ³n ante la DelegaciÃ³n del Gobierno o SubdelegaciÃ³n del Gobierno, responsable del fichero antes mencionado.

References: Real Decreto 
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 REAL DECRETO 
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