Source: http://www.procedimientopenal.com.bo/prece_const/art_251.htm
Timestamp: 2015-04-27 10:27:54+00:00

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PRECEDENTES CONSTITUCIONALES - art_251
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter personal / Aplicación de la detención preventiva / Apelación de medidas cautelares 0355/2006-R Supuestos fácticos: En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz restringieron indebidamente su derecho a la libertad física; porque, al conocer y resolver el recurso de apelación planteado contra la Resolución del Juez Cautelar que le impuso ilegalmente la medida cautelar de la detención preventiva, confirmaron la resolución impugnada mediante Auto de Vista, de 2 de diciembre, sin dar oportunidad a la defensa de demostrar objetivamente, en base a los actuados cursantes en el cuadernillo de investigación, que no concurrían los elementos fácticos legales para la imposición de la detención preventiva contra su representado. De la revisión de los antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que los vocales recurridos al emitir la Resolución que resuelve la apelación, han incumplido la norma prevista en el art. 236 del CPP al no haber fundamentado ni explicado las razones que les permitieron afirmar que el a quo actuó conforme a derecho, al no contener su resolución ninguna fundamentación; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró procedente el recurso de hábeas corpus. Precedente obligatorio: "Por otra parte el art. 251 del CPP, prevé el recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen dichas medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, pues una vez interpuesto, debe ser remitido ante la Corte Superior en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso sin demora, sin más trámite y en audiencia, dentro los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, mediante una resolución motivada, señalando las supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad del imputado, las que pueden ser corregidas por el tribunal superior; por lo que dicha resolución además de establecer la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, debe estar motivada, permitiendo inferir con probabilidad y de manera objetiva que la persona imputada es autora o partícipe de un hecho y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad, aspecto que ha sido determinado por el art. 236 del CPP y que debe ser de cumplimiento obligatorio no sólo del juez cautelar, sino también del tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, sin que le sea permitido quedar exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
"Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una Resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva".
1703/2004-R Precedente obligatorio: "(..) si bien estas dos últimas disposiciones legales [arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP], de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, 'las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas'; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
"Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto (..)". 1698/2005-R Supuestos fácticos: En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Vocal de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz, vulneró el derecho a la libertad física y al debido proceso de su representado; porque declaró inadmisible el recurso de apelación que planteó contra la Resolución judicial por la que se le impuso la medida cautelar de la detención preventiva; con el fundamento con el fundamento de que no cumplió con lo previsto por el art. 404 del CPP, es decir, porque no se habría planteado el recurso por escrito y con el fundamento jurídico, siendo así que la apelación fue planteada en la misma audiencia de medidas cautelares y con la debida fundamentación expuesta oralmente por el abogado defensor. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que la autoridad judicial recurrida incurrió en una decisión ilegal al haber rechazado in límine el recurso, por lo que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus. Precedente obligatorio: "De la interpretación de todas las normas transcritas [396.3), 399 y 404 del CPP], se extrae que los recursos, deben ser interpuestos por escrito y ante el juzgado que atiende el asunto, cumpliendo con las formalidades debidas; quedando claro que no toda falta de formalidad provoca el rechazo o inadmisión del recurso, sino sólo las que sean esenciales para dar constancia de su presentación en el lugar determinado por ley y tiempo oportuno. Sin embargo existe una excepción a la interpretación aludida, pues el recurso de apelación en el régimen de medidas cautelares, vale decir el referido a impugnar las resoluciones que imponen medidas cautelares, establecido en las normas del art. 251 del CPP del Libro Cuarto de la primera parte del mismo Código, es un recurso que por su naturaleza (buscar la restitución de derechos fundamentales como la libertad física y la libertad de locomoción) prescinde de ciertas formalidades, tales como la exigencia de ser interpuesto por escrito, pues puede ser interpuesto en forma oral en la audiencia que se dicta la resolución de medidas cautelares, resultando como lógica consecuencia que la fundamentación podrá realizarse ante el Tribunal ad quem donde sea radicado el recurso, ya que será éste quien precise de escuchar la fundamentación no sólo de la parte apelante sino también del Ministerio Público o de la parte querellante, para acopiar los elementos de convicción suficientes a fin de revocar o confirmar la resolución apelada. (..)
En coherencia con el razonamiento anterior, también debe entenderse que el Tribunal ad quem, sólo podrá rechazar el recurso cuando luego de señalar la audiencia, el apelante no acuda a este acto, o lo que es lo mismo no podrá rechazar in límine el recurso por no haber sido presentado por escrito luego de dictada la resolución que imponga, rechace o modifique medidas cautelares".
Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter personal / Aplicción de la detención preventiva / Apelación de medidas cautelares / Prueba en apelación 1251/2006-R
Supuestos fácticos: En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Cochabamba restringieron indebidamente su derecho a la libertad física; porque, en apelación, revocaron la decisión del a quo de aplicar medidas sustitutivas: a) pese a que correspondía el rechazo del recurso por la falta de fundamentación de los agravios y/o normas procesales que habrían sido vulneradas; b) aceptaron la prueba literal ofrecida por el Ministerio Público en audiencia y no en el memorial de apelación; c) concluyeron que los elementos que demostraban su autoría se mantenían, sin precisarlos; d) erradamente concluyeron que no acreditó su situación laboral y domiciliaria; y e) pronunciaron el Auto de Vista fuera del plazo previsto en el art. 251 del CPP. De la revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional constató que las autoridades judiciales recurridas admitieron que el Fiscal produzca prueba que no fue ofrecida al apelar; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus. Precedente obligatorio: "(..) con relación a los elementos de prueba destinados a respaldar el recurso de apelación, debe partirse del criterio que el ofrecimiento de prueba no es una simple formalidad, sino que precautela el derecho a un juicio contradictorio; en ese criterio, pueden ser incorporadas válidamente en la audiencia de apelación, aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas o propuestas en el memorial de apelación o a tiempo de interponerla en forma oral; este entendimiento, emerge del derecho a la igualdad que tienen las partes intervinientes en el proceso penal -acusadora e imputada-, el cual exige que ambas actúen en igualdad de condiciones, con similares derechos procesales, oportunidades y posibilidades, para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente, ejerciendo los medios de ataque y de defensa; pues una situación contraria, generaría una situación de indefensión, ya que la falta de comunicación procesal de la prueba a la parte contraria le privaría la suficiente oportunidad para preparar la contradicción a esa prueba e incluso de ofrecer otra para desvirtuarla, provocando una vulneración al debido proceso, más cuando la decisión judicial cause un agravio al basarse en las pruebas no ofrecidas oportunamente; siendo pertinente puntualizar, que esa afectación no se producirá si la parte contraria conocía de la prueba que no fue ofrecida e incluso tuvo la oportunidad de contradecirla en la audiencia, habida cuenta que en esta última situación, si bien se vulnera la formalidad, no se afecta la garantía que se protege".
Recursos / Recurso de apelación incidental / Resolución
0579/2005-R
Supuestos fácticos:
En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de La Paz restringieron ilegalmente su derecho a la libertad física, porque al conocer y resolver el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público contra la resolución de cesación de detención preventiva emitida por el Juez cautelar, revocaron la cesación de su detención preventiva sin que hubiese asumido defensa en la audiencia del recurso, pese a que su abogado justificó su inasistencia, extremo que no fue considerado por los recurridos, quienes por el contrario fundaron su decisión en ese motivo, pronunciando una Resolución sin motivación alguna, al haber señalado únicamente que el Juez a quo no hizo una correcta valoración y que el Ministerio Público demostró que está latente el riesgo de fuga sin señalar la prueba que traduce dicho riesgo. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional verificó que las autoridades judiciales omitieron expresar las razones y presupuestos jurídicos que motivaron su medida; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus. Precedente obligatorio:
"(..) la Resolución pronunciada por el tribunal que resuelva el recurso de apelación, debe estar debidamente fundamentada, expresando los motivos por los cuales confirma o revoca la Resolución apelada; consecuentemente, los tribunales de alzada no están exentos de la exigencia de expresar las razones que han dado lugar a adoptar determinada decisión que se encuentre vinculada con la concesión, modificación o rechazo de una medida cautelar, o lo que es lo mismo, el Tribunal de alzada está obligado a fundamentar debidamente su decisión en la forma que exige el art. 236 del CPP, a fin de que la misma reúna las condiciones de validez necesarias".
0822/2005-R Supuestos fácticos: En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Pando restringió indebidamente su derecho a la libertad física, porque al conocer y resolver el recurso de apelación planteado por el Fiscal de Materia contra la resolución emitida por el Juez cautelar que le impuso medidas sustitutivas; las autoridades revocaron la resolución impugnada y le impusieron la detención preventiva sin la debida fundamentación legal y sin señalar el lugar en el que deberá cumplir la medida impuesta. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las autoridades judiciales recurridas incurrieron en una decisión indebida porque al disponer la detención preventiva del recurrente no expresaron los fundamentos jurídicos respecto a la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus. Precedente obligatorio: "(..) el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva". ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA PROCESAL PENAL DE LA GTZ AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, SISTEMATIZACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PROCESAL PENAL. CONSULTOR: DR. JOSE ANTONIO RIVERA SANTIBAÑEZ

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