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Timestamp: 2020-02-25 08:55:17+00:00

Document:
STC 148/1987, 28 de Septiembre de 1987 - Jurisprudencia - VLEX 15033815
STC 148/1987, 28 de Septiembre de 1987
Fecha de Resolución: 28 de Septiembre de 1987
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1416/1986
1. Tras reiterar doctrina anterior respecto a las exigencias que comporta el derecho al Juez predeterminado por la Ley (SSTC 47/1983, 101/1984 y 23/1986), se afirma ahora que tal derecho no supone en modo alguno que la calificación jurídica de los hechos ofrecida por la parte querellante obligue a su completa sustanciación hasta dictar Sentencia por un determinado orden u órgano jurisdiccional. 2. Una resolución de inadmisión o desestimación de la querella no es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, siempre que de conformidad con lo dispuesto en el art. 313 L.E.Cr., el órgano judicial entienda razonadamente que la conducta o los hechos imputados carecen de ilicitud penal; lo que no obsta, sin embargo, para que al mismo tiempo se reconozca como facultad integrante del citado derecho fundamental un «ius ut procedatur», en virtud del cual, cuando la resolución judicial no excluya «ab initio» en los hechos denunciados las notas caracterizadoras de lo delictivo, deben practicarse las actuaciones necesarias de investigación, acordadas en el seno del procedimiento penal que legalmente corresponda, de sumario, diligencias previas o preparatorias, con la consecuencia de que la crisis de aquél o su terminación anticipada, sin apertura de la fase de plenario, sólo cabe por las razones legalmente previstas de sobreseimiento libre o provisional, conforme a lo establecido en los arts. 637, 641 o, en su caso, 789.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (STC 108/1983). 3. Pesa sobre el órgano judicial el deber de instruir que la legislación procesal penal impone, cuando no se puede excluir «per se», el carácter delictivo de los hechos relacionados en la querella o éstos no aparecen como totalmente inverosímiles, deber que constituye al propio tiempo (STC 1/1985) una garantía reconocida en el art. 24.1 de la Constitución.
Sentencia citada en: 3734 sentencias, 16 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 1416/86, interpuesto por doña Ana M. B. R., representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique B. P., bajo la dirección del Letrado don Jaime P. P., contra Auto del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Barcelona, de 27 de febrero de 1986, dictado en diligencias indeterminadas núm. 10/86-B, y contra el Auto confirmatorio de dicha resolución judicial, dictado el 24 de julio del mismo año por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo 63/86, por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Jesús L. V., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Enrique B. P., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña Ana M. B. R., por medio de escrito presentado el 29 de diciembre de 1986, interpone recurso de amparo contra Auto del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Barcelona, de 27 de febrero de 1986, dictado en diligencias indeterminadas núm. 10/86-B, que inadmitió a trámite la querella formulada por aquélla contra don José F. B. J. y don Miguel A. F. L., así como contra el Auto confirmatorio de dicha resolución judicial, dictado el 24 de julio del mismo año por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo 63/86, por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto.
A) Doña Ana M. B. R., empleada en la Notaría de don José F. B. J., el 21 de enero de 1986, presentó querella, que correspondió tramitar al Juzgado de Instrucción núm. 6 de Barcelona, contra el citado Notario y el también empleado don Miguel F. L..
En el escrito presentado al efecto, como relación circunstanciada de hechos, se hacía referencia a un incidente producido por la negativa de la querellante a atender la insinuación y propuesta de don Félix B. J. para que aquélla se separara de su marido, por lo que «fuertemente impresionada decidió no acudir el día 8 de noviembre de 1985 a la Notaría, alegando encontrarse indispuesta». El 12 del mismo mes cuando volvió al despacho fue «fuertemente humillada en su dignidad de persona y de mujer por el querellado don José F. B. J., anunciándola que quedaría desprestigiada ante su esposo, su familia y toda la población de Calaf (lugar de su residencia) si no aceptaba firmar los documentos que le hace presentar por el querellado, también empleado de la Notaría, don Miguel A. F. L.». La querellante, «ofuscada por la insólita situación en la que la colocaba el querellado señor B., y para dar por terminada cuanto antes la extorsión a que era sometida, puso su firma en los documentos que a tal efecto le fueron presentados por los querellados». Estos eran: Un recibo de 319.341 pesetas, como saldo y finiquito por cese voluntario en la Empresa; liquidación del sueldo declarado desde el 1 al 12 de noviembre de 1985, con el líquido total a percibir de 62.000 pesetas; reconocimiento de haber dispuesto de fondos de la Notaría para atenciones particulares por un importe de 2.643.730 pesetas, y la aceptación de haber sido despedida en forma legal y por causa debidamente justificada del puesto de trabajo que ocupaba en la Notaría, haber percibido la liquidación de haberes correspondientes, otorgando a favor del Notario la más firme y eficaz carta de pago, renuncia formal y expresa a cualquier reclamación y facultar expresamente al señor B. para la formalización de su baja. Asimismo, se afirmaba en la querella que no era cierto que se hubieran recibido dichas cantidades ni el contenido de los otros dos documentos, pues contrariamente era el señor B. quien adeudaba a la querellante 1.400.000 pesetas por el concepto de catorce mensualidades de complemento. Los hechos relatados se consideraban que eran constitutivos de un delito de robo documental del art. 503 del Código Penal, un delito contra la libertad y seguridad en el trabajo y un delito de amenazas y coacciones. Finalmente se solicitaba la práctica de diversas diligencias para la comprobación de los hechos, entre ellas: Unión de documentos a las actuaciones, declaración de los querellados y otros posibles testigos, sin perjuicio de otras que pudieran interesarse durante la instrucción.
B) Por escrito de 18 de febrero de 1986, dirigido al Juzgado para corroborar que no se habían recibido las indicadas sumas en el momento de la firma de los documentos, se acompañaba un sobre enviado certificado a la oficina de correos de Calaf conteniendo un cheque, fechado el 23 de enero de 1986, pagadero a doña Ana M. B. R., precisamente, por el importe de 381.341 pesetas, firmado por el empleado de la Notaría don Miguel A. F. L., junto con una carta de la misma fecha.
6. En el escrito presentado el 8 de abril de 1987 por el Procurador don Enrique B. P., en representación de la actora, se dan por reproducidos los antecedentes y requisitos de procedibilidad expuestos en la demanda, así como sus alegaciones sobre la violación de derechos susceptibles de amparo, reiterando que el recurso de amparo se dirige contra los actos judiciales del Juzgado de Instrucción núm. 6 y de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, desestimatorios de la admisión a trámite de la querella criminal formulada y, consecuentemente, de la irrealización de unas pruebas propuestas para la investigación sobre la veracidad de la narración fáctica y su adecuación a unas normas punitivas. Por todo lo cual solicita resolución constitucional en los términos expuestos en el escrito de interposición del recurso de amparo.
STSJ Castilla-La Mancha 991/2008, 17 de Junio de 2008
SAP Lleida 413/2002, 31 de Julio de 2002
SAP Zaragoza 315/2006, 18 de Octubre de 2006

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