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La Res. 2249 (2015) del Consejo de Seguridad ¿autorización o anuncio del uso de la fuerza contra DAESH?
Escrito por AvancesenDIPyDIPr 24-11-2015 en ARTÍCULOS. Comentarios (0)
Con los terribles sucesos del trágico 13-N aún en la retina colectiva, el pasado viernes 20 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, por unanimidad, la resolución 2249 (2015), por la que se condenan toda una serie de recientes ataques terroristas perpetrados por el Daesh en junio en Susa (Túnez), en octubre en Ankara y sobre el Sinaí, y en noviembre en Beirut y en París. Dicha resolución ha sido presentada por iniciativa de Francia, incluyéndose ciertas propuestas rusas.
La resolución determina que el Daesh constituye una amenaza global sin precedentes a la paz y la seguridad internacionales.
Pues bien, igualmente sin precedentes en la práctica del Consejo de Seguridad, resulta la propia resolución 2249 en sí; pero no por la calificación de los hechos que queda fuera de toda duda, sino por el tenor de las medidas que el Consejo autoriza a adoptar.
Es indudable que la resolución 2249 (2015) está claramente diseñada para proporcionar la legitimación por parte del Consejo a todas las medidas que se están tomando contra el Daesh, así como las que se tomarán. Pero llegados a este punto, son varias las dudas que se suscitan.
La primera es la relativa al marco jurídico en el que se encuadra esta resolución ¿Estamos en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas? La respuesta pareciera ser que sí, máxime si tenemos en cuenta que, según el propio Consejo de Seguridad, estamos ante una amenaza a la paz y seguridad internacionales; lo que supone una alusión implícita al artículo 39 de la Carta (capítulo VII). Pero, sin embargo, resulta cuando menos sorprendente que en ningún momento se haya hecho mención a dicho capítulo. No encontramos esa habitual referencia a la que nos tiene acostumbrados el Consejo de Seguridad en todas las resoluciones que adopta en este ámbito: “actuando con arreglo al capítulo VII de la Carta” o “actuando en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas”; con la que, además, nos está indicando, que las medidas que establece son obligatorias.
Cierto es que, como señalara la Corte Internacional de Justicia en el dictamen consultivo sobre Namibia, la ausencia de referencia al capítulo VII en una resolución no significa que esta no sea obligatoria, ni que las medidas que se prescriben en la misma no tengan efecto jurídico. Sin embargo, para que una resolución tenga estos efectos, debe ser clara en su terminología, empleando términos como “decide”, “autoriza”...
Y es entonces, cuando se nos plantea otra incógnita aún mayor y con mayor impacto que la anterior ¿Entre esas medidas que se pueden adoptar contra el Daesh, está realmente autorizando el uso de la fuerza armada el Consejo de Seguridad?
La resolución está redactada en unos términos claramente ambiguos que parecen sugerir que hay soporte por parte del Consejo de Seguridad para dicho uso de la fuerza.
Sin embargo, sucede que tal autorización no parece estar tan clara como se creyera.
La clave está en el párrafo 5 de la resolución que reza:
“Exhorta a los Estados Miembros que tengan capacidad para hacerlo a que adopten todas las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario, sobre el territorio que se encuentra bajo el control del EIIL, conocido también como Daesh, en Siria y el Iraq, redoblen y coordinen sus esfuerzos para prevenir y reprimir los actos terroristas cometidos específicamente por el EIIL, también conocido como Daesh, así como el Frente Al-Nusra, y todas las demás personas, grupos, empresas y entidades asociados con Al-Qaida y otros grupos terroristas designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y los que sean acordados por el Grupo Internacional de Apoyo a Siria y refrendados por el Consejo de Seguridad, de conformidad con la declaración del Grupo Internacional de Apoyo a Siria de 14 de noviembre, y erradiquen el cobijo que han establecido en partes importantes del Iraq y Siria”.
Es comúnmente conocido que cuando el Consejo de Seguridad legitima el uso de la fuerza armada utiliza las palabras mágicas “todas las medidas necesarias”. Así lo hizo por primera vez en la resolución 678 (1990) tras la invasión iraquí del territorio de Kuwait, a la que siguieron otras muchas, hasta la más reciente 1973 (2011) contra Libia.
Aquí también las usas, pero, a diferencia de los casos anteriores, la fórmula mágica no va precedida de que el Consejo Decide, o Autoriza, sino que utiliza la expresión Exhorta. Esta diferencia en el lenguaje sugiere que, aunque el Consejo contempla el uso de la fuerza por los Estados, no autoriza tal acción. Esta ausencia de autorización se percibe aún más claramente si nos fijamos en cómo la resolución recalca que se adopten todas las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas.
Ciertamente ésta no es la primera resolución del Consejo de Seguridad en la que éste hace referencia al derecho de los Estados a usar la fuerza sin autorizarla expresamente; baste recordar cómo las resoluciones 1368 y 1373 (2001) aludían a un ‘presunto’ derecho de legítima defensa individual y colectiva de EEUU tras los ataques a las Torres Gemelas que estos y sus aliados usaron durante tiempo, fuera ya de los requisitos que el Derecho internacional exige para una auténtica legítima defensa.
La creativa ambigüedad de la resolución 2249 no constituye sino un soporte político para la más que previsible e inminente acción militar.
El texto íntegro de la Resolución puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2249(2015)
ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y RRII
Dpto. Derecho Internacional Público y Privado
Leyes de Amnistía
AUTONOMÍA JURISDICCIONAL
uso fuerza
inmunidades internacionales
inmunidad del Estado
RBI II BIS
DIPR AUTÓNOMO

References: resolución 
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 artículo 39
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