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LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES ECLESIASTICOS - PDF
LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES ECLESIASTICOS
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Jaime Plaza Herrero
1 LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES ECLESIASTICOS MARIANO LOPEZ ALARCON 'SUMARIO: 1. Introducción. 2. Gestión administrativa de los bienes eclesiásticos. 3. Contenido de la gestión patrimonial. 4. Noción del acto de administración patrimonial canónica. 5. Contenido del acto de administración. 6. Organos de la administración patrimonial canónica. 7. Las facultades del administrador de bienes eclesiásticos. 8. El estatuto jurídico del administrador de bienes eclesiásticos. 9. Derecho eclesiástico español. 1. Introducción El Derecho de la Iglesia se ha preocupado desde antiguo de ordenar jurídicamente los bienes temporales necesarios para el cumplimiento de su misión. Fueron los Derechos seculares los que se recibieron o sirvieron de inspiración en el establecimiento del régimen patrimonial eclesiástico, y predominaron persistentemente doctrinas y estructuras jurídicas seculares que, reelaboradas o asimiladas por el Derecho canónico, han llegado hasta nuestros días en algunas de sus manifestaciones más significativas, como los beneficios eclesiásticos y los controles canónicos Las construcciones doctrinales de conjunto del Derecho patrimonial,-canónico, con referencias históricas, se recogen en tratados, comentarios, ma.nuales y varias monografías. Cfr., por ejemplo, WERNZ-VIDAL, Ius Canonicum, T. IV, vol. 2., De rebus, Roma, 1935, pp ; M. CONTE a CORONATA, Insti- 1utiones Iuris Canonici, vol. n, De rebus, Turín, 1947, pp ; A. BLAT,2 88 M. LóPEZ ALARCÓN Reducido este trabajo a mostrar las peculiaridades de la administración de los bienes eclesiásticos según el nuevo Codex intento presentar en las páginas que siguen una revisión de la doctrina común elaborada en torno a esta figura jurídica, no siempre bien conceptualizada y, con frecuencia, soslayada, en contraste con los amplios estudios que ha suscitado en el ámbito del Derecho civil, siendo así que los textos normativos canónicos regularon esta materia con criterios propios que tenían que haber alentado originales construcciones doctrinales de los actos jurídicos de administración y disposición de bienes. El Código de 1917 acertó a sistematizar la regulación del patrimonio eclesiástico bajo un modelo unitario, dedicando buena parte de su articulado al régimen de administración y enajenación de los bienes temporales de la Iglesia. Conservó algunos elementos peculiares procedentes del Derecho de Decretales y de normas emanadas de la Administración pontificia, adoptando la sistemática que aportaron obras de destacados autores precodiciales como Wernz, Friedberg y Aichner. La interpretación siguió las pautas de la doctrina precedente y pacíficamente se hicieron formulaciones generales, como la inclusión de actos de enajenación en los de administración extraordinaria, la noción amplia del acto de enajenación, el poder de disposición de los administradores, la licencia como requisito accesorio y otras afirmaciones que se admitieron sin aparato crítico, mientras que se descendía al casuismo al tratar de algunos actos singulares, como la colocación de capitales, las nuevas construcciones o la sustitución de bienes del patrimonio eclesiástico. Creo que deben tratarse dichos temas generales desde nuevos planteamientos, algunos de los cuales latían bajo el régimen del Código piano-benedictino y que ahora aparecen más claros en la regulación del patrimonio eclesiástico por el Libro V del Codex de Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, T. ni, De rebus, Roma, 1923, pp ; S. ALONSO MORÁN, en VARIOS AUTORES, Comentarios al Código de Derecho canónico, T. ni, Madrid, 1964, pp ; EICHMANN-MoRSOORF, Kirchenrecht, T. 11, Sachenrecht, Paderbom, 1961, pp ; R. NAZ, Traité de Droit canonique, T. ni, Paris, 1954, pp ; V. DEL GIUDICE, Nociones de Derecho canónico, trad. y notas de Pedro LoMBARDÍA, Pamplona, 1955, pp ; A. MOSTAZA, Derecho patrimonial canónico, en VARIOS AUTORES, Derecho Canónico, Pamplona, 1975, pp ; G. VROMANT, De bonis Ecclesiae temporalibus, Paris, 1953; G. FORCHlELLI, Il diritto patrimoniale della Chiesa, Padova, 1935; G. SABATINI, Del patrimonio eclesiástico, Catania, 1934; D. FALTIN, De lure patrimoniali Ecclesiae, Roma, 1973; P. FEDELE, Lezioni di diritto patrimoniale canonico, Roma, 1977; VARIOS AUTORES, El patrimonio eclesiástico, Trabajos de la ni Semana de Derecho canónico, Salamanca, 1950.3 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS Gestión administrativa de los bienes eclesiásticos Al entrar en el estudio de esta materia conviene precisar que hay una noción económica de la administración de patrimonios que apunta a su gestión o explotación para obtener un ordenado y óptimo aprovechamiento; y hay una noción jurídica que atiende a la consideración aislada de los diversos actos y negocios que canalizan la actividad económica por las vías del Derecho. Esta distinción, que consideramos pieza clave para la comprensión de la dinámica del patrimonio eclesiástico, nos hace ver la amplitud que tiene la actividad económico-administrativa de gestión, pues comprende actos de naturaleza económica, financiera, jurídica, contable y jurisdiccional, conjuntadas a fin de conseguir un óptimo planeamiento, así como el mejor aprovechamiento, productividad y empleo de bienes y rentas al servicio de los fines establecidos por la persona jurídica pública titular de aquéllos. En este aspecto sí que puede afirmarse que todos los actos relacionados con los bienes eclesiásticos son de administración gestionadora del patrimonio bajo el modelo de administración empresarial, de mayor o menor envergadura. Dentro de esta noción unitaria de gestión patrimonial habrá que distinguir cuidadosamente los actos jurídicos, como los de administración, enajenación, disposición, uso, disfrute, gravamen y otros, por lo que no me parece correcto afirmar, como se ha hecho, que todos estos actos jurídicos son de administracin, tal vez porque no se han separado con claridad los conceptos de gestión administrativa y de acto de administración. Esta separación no significa incomunicación, pues la actividad de gestión de los patrimonios eclesiásticos está sujeta al principio de legalidad (ce y 1282) y cuenta con una regulación armónica en toda la extensión de aquélla. El modelo de gestión económica está dominado por los principios de buena fe, conservación del patrimonio, atención a los fines de la persona jurídica pública, diligencia propia del buen padre de familia, moderación y segura gestión de los bienes, sin comprometerlos en arriesgadas aventuras especulativas, ni pretender un inmoderado fin de lucro. En el aspecto financiero-contable contiene el Código prescripciones sobre la formación de inventarios y presupuestos (ce y 1284), rendición de cuentas (ce. 319, 1287), la llevanza de libros contables (c. 1284), hacer las cuentas de la administración al final del año (c. 1284). Y toda la actividad de gestión se realiza, en concreto, a través de hechos y de actos jurídicos de diversa especie, de uso y disfrute, de conservación y de custodia, de adquisición y de inversión, de administración y de disposición y cuantos tienen por objeto los bienes eclesiásticos. Por ello y solamente bajo4 90 M. LÓPEz ALARCÓN la noción amplia de gestión del patrimonio eclesiástico cabe incluir en ella los actos de administración y los de enajenación, mientras que, si consideramos el acto de administración en particular y con su propia naturaleza, no se debe sostener que toda enajenación es acto de administración. Limitándonos ahora a la exposición del régimen general de gestión del patrimonio eclesiástico, vemos que se inspira en los siguientes principios orgánicos y funcionales, que se corresponden con los que configuran el patrimonio eclesiástico 2: 1.0 Los poderes de gestión se distribuyen jerárquicamente (Papa, Obispo, persona jurídica pública) en coherencia con la unidad eclesial de los poderes patrimoniales y descentralización de las titularidades sobre los bienes. 2. La gestión finalista de los patrimonios eclesiásticos se corresponde con su condición de patrimonios de destino que están afectos a cubrir los fines establecidos por el can. 1254: sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado y de caridad, sobre todo con los necesitados; 3. La gestión recae sobre patrimonio ajeno al administrador, pues pertenece a la persona jurídica y no a éste. Por consiguiente, al administrador corresponden solamente las facultades necesarias para realizar actos de administración, mientras que los dispositivos se reservan a los que rigen la persona jurídica pública y la representan. Sin embargo, suelen ampliarse las facultades de los administradores para hacer más flexible y eficaz la gestión administrativa, lo que se lleva a cabo por disposición de la ley y por delegación de los que representan la persona jurídica. 4. La administración de bienes eclesiásticos se construye legislativamente sobre un modelo único, común a todos y a cada uno de los patrimonios de las personas jurídicas, sin perjuicio de que se regulen algunas especificaciones accidentales, bien por el Derecho universal (v. gr. patrimonios de institutos de vida consagrada), bien por el derecho particular y por el estatutario, dentro de los límites legales. Esta regulación unitaria se centró históricamente en torno al benefido eclesiástico y el Código de 1917 lo generalizó, con las debidas 2. M. LÓPEZ ALARc6N, Apuntes para una teoría general del patrimonio eclesiástico, en «Ius Canonicum», 1977, pp. 111 Y ss.5 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BÍENES ECLESIÁSTICOS 91 adaptaciones, a todos los patrimonios. Este modelo unitario, desprendido ya del régimen beneficial, es el que se regula por el Libro V del nuevo Código Las remisiones al Derecho civil son numerosas y amplias. Unas son muy concretas, como las relativas al régimen de los contratos (c. 1290) y a la adquisición de bienes (c. 1259); pero otras son vagas, como la constitución los fondos diocesanos que ha de hacerse de modo que «sean eficaces incluso ante el ordenamiento civil» (c. 1274), que la propiedad de los bienes eclesiásticos se asegure por los modos civilmente válidos (c. 1284), que han de observarse las leyes civiles en materia laboral y social (c. 1286), que han de cumplirse las normas civiles en la administración de los bienes eclesiásticos, cuidar que no sobrevenga daño para la Iglesia por inobservancia de las leyes civiles, emplear las rentas según las normas legítimas (c. 1284). Habrá que precisar en cada caso a qué normas civiles se refiere la canonización realizada por el Código. Generalmente serán las del Derecho privado relativas a los contratos y obligaciones, a los derechos reales, al régimen registral inmobiliario, mobiliario y mercantil, al Derecho laboral; pero, también habrá que acudir a normas de Derecho público, como el Derecho tributario, administrativo, de la Seguridad social y de otros ámbitos del Estado, siempre que constituyan cauces hábiles en Derecho para regular relaciones patrimoniales sobre bienes eclesiásticos y no estén en desacuerdo con las normas de la Iglesia, a fin de evitar perjuicios del patrimonio de las personas jurídicas canónicas y para conseguir los beneficios que se deriven de la aplicación de la legislación civil. La remisión del Codex al Derecho civil es muy amplia, pues en materia de tráfico patrimonial la Iglesia apenas ha dictado prescripciones normativas y es el Poder civil el que regula ampliamente esta materia. Pero han de quedar excluidas de la canonización las normas civiles relativas a la organización económica del Estado, es decir, a leyes tales como la de Presupuestos, Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, contratos del Estado, Ley general tributaria y otras que operarían sobre la Iglesia como integrándola en la organización económica del Estado El carácter público de los patrimonios eclesiásticos es una de las más importantes innovaciones del Código Juanpaulino, que ha excluido de la condición de bienes eclesiásticos los que pertenecen a las personas jurídicas privadas, los cuales se regirán por lo dispuesto en sus propios estatutos si no se indica expresamente otra cosa (c. 1257). De esta publicidad de los bienes eclesiásticos se deduce:6 92 M. LóPEZ ALARCÓN a) La gestión y la acción jurídica administrativa se ha de ejercitar en nombre de la Iglesia, según establece el c. 116, es decir, que debe constar claramente que el acto o negocio jurídico se realiza por una persona jurídica pública, vinculada a la Iglesia universal o particular, que recibe mediante la erección por la autoridad competente la misión, en la medida en que lo necesite para los fines que se propone alcanzar en nombre de la Iglesia (c. 313). b) Las personas jurídicas públicas se rigen en el orden patrimonial por el Código de Derecho canónico y subsidiariamente por los propios estatutos (c. 1257), por lo que solamente ellas están sujetas a las normas sobre nulidad de los actos realizados por los administradores excediéndose de sus atribuciones (c. 1281, 1), sobre responsabilidad (c. 1281, 3) Y sobre indemnización de daños (c. 128). c) El régimen transitorio no ofrece ningún precepto especial, salvo el c relativo al régimen de los beneficios propiamente dichos, que corresponde determinarlo a la Conferencia Episcopal respectiva. Las demás personas jurídicas constituidas con anterioridad a la vigencia del nuevo Código se regirán por éste, en vista de la abrogación del Código precedente dispuesta por el c. 6 3; por consiguiente, gozarán de la condición de personas jurídicas públicas las que hubieran sido erigidas ex ipso iuns prescripto o por decreto formal de erección, y que cumplan los fines propios conforme a las nuevas normas; las demás serán de naturaleza privada Contenido de la gestión patrimonial Lo que se pretende con esta gestión, como dijimos, es la óptima rentabilidad del patrimonio eclesiástico mediante un conjunto coordinado de actos de diversa naturaleza, entre ellos jurídicos, tanto patrimoniales como no patrimoniales; de esta última clase son los relacionados con el nombre de la entidad, fines y otros que, indirectamente, se conectan con los beneficios patrimoniales de la persona jurídica. Interesa en este lugar una somera referencia a los actos de uso 3. La cuestión del derecho transitorio no pasó desapercibida durante los trabajos de revisión del Codex. Cfr. «Communicationes, , p Habrá numerosas personas públicas, procedentes del régimen jurídico derogado, que por sus fines y actuaciones serán privadas conforme al vigente Código. La autoridad competente podrá dictar el oportuno decreto para reducirlas a personas privadas, sin personalidad o con ella (c. 322), pero deberá oír previamente al presidente y a los demás oficiales mayores (c. 320).7 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS 93 y disfrute, de conservación, de adquisición y de disposición, que no tienen otros límites para su ejercicio que los que señalan las facultades del administrador y el cumplimiento de los requisitos necesarios para su validez, especialmente la licencia de los órganos competentes cuando se han de realizar actos de administración extraordinaria o vinculada. 1) El uso y disfrute de los bienes eclesiásticos puede constituir facultad del mismo administrador (bienes por razón de oficio o de sustentación, como en el beneficio eclesiástico) o de terceras personas en virtud de derechos propios o transferidos que les facultan para la utilización o aprovechamiento de modo recto, conforme a su naturaleza y destino, según las normas canónicas de aplicación, principalmente las relativas a lugares y cosas sagradas o a bienes de interés artístico, histórico o religioso. 2) La conservación de los bienes eclesiásticos, así como su custodia y aseguramiento tiene en Derecho canónico especial importancia por el fuerte componente conservativo que tiene la gestión patrimonial, hasta el extremo de que, si los bienes no se pueden conservar o su retención es dañosa, lo procedente es enajenarlos (c. 1284). La conservación de las cosas y la obligada atención a su custodia, reparación, aseguramiento, defensa judicial, etc., es cometido propio del administrador que, si los bienes están en posesión de tercero, ha de procurar también que dicha conservación no se descuide. 3) Los actos de adquisición se incluyen por el Codex en un título independiente del que regula la administración y del relativo a la enajenación. Entre estos actos figuran los que producen ingresos en el patrimonio eclesiástico, tanto de Derecho público como privado. La adquisición de bienes entra, sin duda, en la gestión administrativa y la doctrina los considera como actos de administración en sentido lato 5, aunque algunos de ellos pueden serlo de enajenación, como veremos más adelante. 4) La gestión administrativa comprende también actos de disposición, que según el profesor Alvaro d'ors son los que alteran la integridad de la cosa de modo físico o jurídico, según se modifique la cosa misma o tan sólo su pertencia, alteración que puede ser total (consumición) o parcial, lo que permite distinguir la consumición fí- 5. G. VROMANT, ob. cit., p. 160.8 94 M. LóPEZ ALARCÓN sica (destrucción) y la jurídica (disposición de la pertenencia) por un lado y la alteración parcial física (cambio de función) y jurídica (gravamen) 6. Por lo tanto, se comprenden aquí actos jurídicos de enajenación, de gravamen y de renuncia. En Derecho canónico estos actos de disposición pueden ser libres, como la venta de frutos, que no requiere autorización oficial, y vinculados, que la necesitan cuando son bienes que constituyen la sustancia del patrimonio o que tiene cierta entidad cualitativa o cuantitativa dentro del conjunto patrimonial. Según la doctrina común hay respecto de ellos una gestión controlada que no hace variar la naturaleza del acto de administración. 5) Por último, los actos administrativos propiamente dichos se refieren a la ordenación provechosa de los productos, rentas y frutos, así como a su colocación e inversión. Son los actos más numerosos, que constituyen el régimen ordinario de gobierno del patrimonio y con escaso riesgo. De ellos nos vamos a ocupar en las páginas que siguen. 4. Noción del acto de administración canónica No es posible ofrecer una definición universalmente válida del acto de administración, pues lo impide la multiplicidad de modalidades que presenta el Derecho positivo y con variaciones dentro de un mismo ordenamiento por razón de la pluralidad de administraciones legales que se regulan. La doctrina se muestra vacilante, pues hay autores que minimizan el acto de administración reduciéndolo a la conservación de los bienes, en tanto que otro lo resaltan extendiéndolo a la enajenación de bienes del patrimonio administrado. También se han propuesto diversos criterios para calificar el acto de administración, como su carácter de acto sin riesgo y acto de buen gobierno. Los civilistas italianos se afanaron por perfilar la noción del acto administrativo y, entre ellos, destacó Ferrara, que propuso la siguiente: «Quelli que senza alterare l'integrita del patrimonio son rivolti al mantenimento, fruttificazione e migloramento di esso». De tal definición se deduce, según el mismo autor, que los actos de administración no deben deducirse de la naturaleza objetiva del acto, sino de la función que este acto tiene en relación con el patrimonio; será acto de administración un acto de enajenación, de obligación o de adqui- 6. A. D'ORS, Derecho privado romano, Pamplona, 1968, p. 139.9 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS 95 sición si no lesiona el capital y se ha dirigido al fin de la gestión. Los actos de administración, concluye, se reducen a los actos de gestión ordinaria, corriente, común; son una serie de actos menudos, usuales, continuos, un sucederse diario de trabajos, es la rutina diaria con la que, sin sacudidas ni peligros, mantiene el administrador el patrimonio y lo conserva para su titular 7. La noción de Ferrara se consideró progresiva en una época en que los poderes del administrador se limitaban por la doctrina a la mera vigilancia y custodia, con prohibición absoluta de variar cualquier cosa que pudiera hacer referencia a la sustancia y capacidad productora del patrimonio, aunque se le achacó que partía de una base insuficiente de generalización por vía inductiva, ya que se apoyaba exclusivamente en el régimen de administración establecido para la tutela por textos históricos y por el Código civil italiano. Posteriormente se estimó que había empleado un criterio excesivamente restrictivo en pugna con las necesidades de los tiempos modernos que demandan una mayor competencia del administrador, al modo del Derecho romano clásico, prefiriéndose una construcción unitaria del acto de administración que comprendería también actos de conservación y de disposición, siempre que, manteniendo la integridad del patrimonio, se dirigieran a gestionar los fines del ente, o a realizar actos de buen gobierno, o estuvieran carentes de riesgo. Habría actos de administración libre y de administración vinculada, requiriendo éstos el control de la licencia 8. La doctrina francesa se inclinó en principio por una atomización de modelos de administración, distinguiendo tantos conceptos como modalidades regula el Derecho positivo 9. Contra esta tesis se alzaron corrientes que se ha dado en designar unitarias, tripartitas y dualistas, que no lograron despejar las incertidumbres que rodean esta materia. Los representantes más calificados de la primera orientación fueron Aubry et Rau, que consideraron administración sinónima de gestión y, en consecuencia, el tutor debe poder realizar todos los actos necesarios y útiles para la gestión del patrimonio l0. Con esta amplitud 7. F. FERRARA, Gli atti d'amministrazione, en «Scritti giuridici», vol. 1, Milán, 1954, p G. MIRABELLI, 1 c.d. atti di amministrazione, en «Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja», vol. lji, Bolonia, 1953, pp. 366 Y ss.; M. D'ORAZI, Gli atti di amministrazione, Nápoles, 1942, pp. 23 Y ss.; V. LOJACONO, Amministrazione, en «Enciclopedia del Diritto», vol. n, pp. 157 Y ss. 9. Cfr. P. GOLDSCHMIDT, Etude sur l'acte d'administration endroit fran9ais, Paris, 1898, pp. 76 Y ss. (cit. por Ferrara, ob. cit., p. 282). 10. AUBRY et RAu, Cours de Droit civil fran9ais, vol. l, Paris, 1897, p. 696, nota 1.10 96 M. LóPEZ ALARCÓN de facultades del administrador se borra la diferencia entre actos de administración y de disposición, erigiéndose la tesis de la gestión útil como reductora de los actos de disposición a los de administración. La teoría tripartita es abordada con todo detenimiento por Trasbot, el cual distingue los actos de conservación, administración y disposición, porque cada uno de ellos tiene un fin diferente, que es su carácter específico. El acto de conservación es el acto de salvaguardia necesaria; el de administración es el acto de puesta en valor, positiva y moral; el acto de disposición es el acto de dominio considerado, sea bajo la forma de un acto positivo de puesta en valor pero anormal, sea bajo la forma de un acto que no signifique puesta en valor, realizado positiva o negativamente; y puede suceder que, al cambiar el fin, un mismo acto pueda ser unas veces conservativo, otras de administración y otras de disposición 11. El dualismo es defendido últimamente por Verdot, que distingue en las leyes dos modalidades de acto de administración. En sentido amplio es el acto de explotación legal, normal y razonable, realizado con el consentimiento del propietario del patrimonio administrado, y que produce un rendimiento medio, sea inmediatamente, sea más tarde, pero sin riesgo grave para el patrimonio administrado; cuando se traspasan esos límites de renta media y ausencia de riesgo grave se penetra en el campo del acto de disposición. En sentido estricto es el acto de protección, realizado sin el consentimiento del propietario del patrimonio administrado, en condiciones de estrecha vigilancia y control, severamente reglamentadas y presenta para este patrimonio una utilidad cierta e inmediata sin hacerle correr ningún riesgo. Su noción está próxima a los actos de conservación, puesto que su finalidad primordial es la protección del patrimonio, con exclusión de todo riesgo, que son notas comunes a los actos de conservación y de administración, si bien éste se preocupa no solamente de conservar, sino también de obtener un provecho cierto e inmediato, que comunica al acto de administración un carácter positivo; no es meramente neutro 12. En el Derecho español hay que mencionar al Prof. Gitrama quien, siguiendo a Trasbot, rechaza la delimitación del acto de administración por referencia a la naturaleza objetiva del mismo y prefiere tomar en cuenta su relación con el patrimonio; para dicho autor el acto de administración es el acto jurídico que, recayendo sobre un 11. A. TRASBOT, El acto de administración en Derecho privado francés, trad. de F. Porrúa Pérez, México, 1945, pp. 187 Y R. VERDOr, La notion d'acte d'administration en Droit franr;ais, Aix en-provence, 1960, pp. 253 Y ss.11 LA ADMINISTRACI6N DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS 97 bien determinado o sobre un conjunto patrimonial de elementos igualmente individualizados, tiende, ya a la puesta en explotación de los mismos, ya a la percepción y utilización de sus productos sin comprometer en modo alguno el valor, la individualización y la permanencia de dichos bienes en el seno del patrimonio 13. Y recientemente ha abordado el tema Aguilera de la Cierva en una importante monografía que ofrece una nueva perspectiva al sostener que para definir los actos de administración no debe acudirse, ni a la naturaleza del acto, ni a su relación con el patrimonio, sino a la titularidad del administrador y a las prescripciones de la institución en la que se realiza el acto de administración 14. La canonística no se ha planteado estas cuestiones y, en general, no ha problematizado sobre el acto de administración. Los autores repiten con inercia acrítica que el acto de administración tiene naturaleza conservativa y a renglón seguido extienden el ámbito de tal acto para incluir actos de enajenación, entendidos como actos de administración extraordinaria. Así para Vernz-Vidal son actos de administración «qui ad conservationem et meliorationem substantiae bonorum ecclesiasticorum iam acquisitorum aut ad legitimam perceptionem, conservationem, meliorationem atque praesertim applicationem fructuum et redituum ecclesiasticorum referuntur». Y añaden que pueden distinguirse dos clases de actos de administración: «Alii sunt actus ordinariae administractionis, qui ab administratoribus poni possunt sine praescripto praevio recursu ad altiorem auctoritatem; e contra excedunt limites ordinariae administrationis illi actus, pro quibus ex lege, id praecipue requirente publico bono et legitima tutela bonorum ecclesiasticorum, requiritur memora tus recursus ad superiorem auctoritatem, cuius insigne et magis conspicuum exemplum habetur in actibus alienationis vel dispositionis aut contractus alienationi aequiparatus» 15. Esta amplitud del acto de administración se describe minuciosamente por Vromant, para el cual entran bajo esta denominación los de adquisición y los de enajenación 16 y con el mismo casuismo se pronuncian Giacon y Faltin, que califican expresamente como actos de extraordinaria administración los negocios jurídicos mencionados en los cc a 1543 del Código de 1917, o sea, 13. M. GITRAMA, La administración de la herencia en el Derecho español, Madrid, 1950, pp T. AGUILERA DE LA CIERVA, Actos de administración, de disposición y de conservación, Madrid, 1974, pp. 108 Y WERNZ-VIDAL, ob. cit., pp G. VROMANT, ob. cit., pp. 160 Y ss.12 98 M. LóPEZ ALARCÓN los actos de enajenación y asimilados 17. La misma noción amplísima del acto de administración se sigue por Falco, Forchielli, Bonet Muxui, Cabreros de Anta, Mostaza y muchos otros autores 18. Ultimamente ha intentado Coccopalmerio ofrecer un concepto esencial de administración, caracterizada porque su finalidad es hacer que los bienes alcancen efectivamente su fin, especificando: a) Los bienes tienen una consistencia; administrar significa obrar de modo que tal consistencia sea conservada e incluso mejorada; b) Los bienes tienden a producir una renta, es decir, a producir otros bienes; administrar significa obrar de modo que tal renta sea efectivamente producida y en medida siempre mayor; c) La renta debe ser destinada a ciertos fines; administrar significa devolver la renta a aquellos fines; d) Los bienes, en fin, pueden dejar de ser útiles o en contraste al límite con su fin propio; administrar significa entonces eliminar del patrimonio dichos bienes, convirtiéndolos en otros útiles al fin. Ninguna novedad presenta esta composición finalista del acto de administración, que permite continuar manteniendo la noción extensa del acto de administración al incluir dicho autor entre los actos de administración extraordinaria «actos que innovan sustancialmente la situación patrimonial de un ente, como la enajenación de un bien inmueble» 19. A mi juicio hay que distinguir claramente, por un lado, la gestión o administración económica, que comprende actos de uso, conservación, mejora, adquisición, inversión, enajenación, gravamen y todos cuantos sean útiles, atendido el criterio finalista propuesto por Coccopalmerio, y otros autores equivalente a la noción funcional apuntada por Ferrara, recayendo la gestión sobre el conjunto patrimonial considerado como un valor económico que debe potenciarse. Por otra parte hemos de situar en otro terreno los singulares actos jurídicos referidos a bienes concretos que integran el contenido de la administración y, entonces, hay que aplicar una noción restringida que no permite incluir en los actos de administración todos los de enajenación, que en su individualidad son de naturaleza y finalidad diferente de los actos de administración. Por último, habrá que seguir distin- 17. D. FALTIN, ob. cit., pp. 188 Y ss.; B. A. GIACON, L'amministrazione dei beni ecclesiastici e religiosi, Padova, 1964, pp. 122 Y ss. 18. M. FALco, Corso di Diritto ecclesiastico, Vol. 1.0, Padova, 1933, p. 335; G. FORCHIELLI, ob. cit., pp. 202 Y 227; M. BONET MUXUI, en «El patrimonio eclesiástico», ob. cit., pp. 122 Y 124; M. CABREROS DE ANTA, La enajenación de los bienes eclesiásticos, en «Estudios canónicos», Madrid, 1956, p F. COCCOPALMERIO, en VARIOS AUTORES, Il Diritto nel mistero della Chiesa, Vol. IV, Roma, 1980, p. 44.13 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS 99 guiendo, porque lo hace el Codex, entre actos de ordinaria y de extraordinaria administración, pero atribuyendo a éstos una significación no coincidente con la de actos de enajenación, tal como se expone en el apartado que sigue. 5. Contenido del acto de administración Si tenemos en cuenta su naturaleza jurídica, no cabe duda que el acto de administración, considerado en su más genuina acepción jurídica, abarca solamente los actos que tienen por objeto el uso, la conservación de los bienes y la disposición de los frutos y rentas. Lo que ocurre es que las leyes son pragmáticas en esta materia y confieren a los administradores facultades que exceden de las meramente administrativas con el fin de que sea más eficaz su gestión, lo que ha producido la confusión de calificar como actos de administración todos cuantos entran bajo la competencia del administrador, cuando en realidad lo que hacen las leyes es otorgar a aquél facultad para realizar actos de enajenación junto a los propios de administración. Esta variada dimensión legal de las facultades del administrador de patrimonios ajenos está en función de la condición de la persona cuyo patrimonio está sujeto a administración, de la naturaleza de los bienes del referido patrimonio, del destino que éste tiene asignado y de otras circunstancias que el legislador pueda tomar en cuenta. Por esta razón no coinciden en Derecho español, por ejemplo, las facultades del administrador del patrimonio del menor y el del ausente, ni los poderes del administrador de sociedad mercantil y del administrador de la quiebra, etc., variedad que ha producido disparidad de doctrinas cuando se ha pretendido construir la noción del acto de administración partiendo inductivamente de estas administraciones legales. En Derecho canónico se establece, por el contrario, un régimen jurídico unitario de la administración patrimonial y ello va a facilitar, con ventajas sobre los juristas civiles, la elaboración doctrinal del acto de administración patrimonial, pues con ser fieles a los criterios de delimitación empleados por el Codex trasladaremos al terreno doctrinal el concepto legal canónico de acto de administración y sus efectos, lo que habrá de conseguirse mediante la distinción, por un lado, entre actos de administración y de enajenación, y, por otro, entre actos de ordinaria y de extraordinaria administración con fundamento en las facultades ordinarias y extraordinarias concedidas legalmente al administrador.14 100 M. LóPEZ ALARc6N a) Actos de administración y actos de enajenación La idea, bastante extendida como vimos, de que el acto de administración comprende todos los de enajenación, aunque para ello se acuñe la expresión de actos de extraordinaria administración, no se ajusta a las normas del actual Código ni a las pautas históricas que han señalizado el desarrollo normativo de esta materia. En efecto, el Codex rubrica el Título 111 del Libro IV en estos términos: «De contractibus ac praesertim de alienatione», rúbrica que responde al contenido de dicho título y que mejora la empleada por el Código derogado, que solamente utilizó la expresión «De contractibus» 20. Resaltar formalmente en el texto codicial el acto de enajenación no deja de tener su importancia, no sólo por sacarlo del anonimato en que fue sumido por el Código de 1917, sino porque una rúbrica adecuada ayuda a la interpretación correcta del texto 2\ y, sobre todo, porque las normas canónicas cuidaron con especial insistencia de preservar los bienes eclesiásticos para que se mantuvieran dentro del patrimonio de la Iglesia, estableciendo prohibiciones y restricciones a su enajenación. Ya a fines del siglo IV y comienzos del V, diversos Concilios y disposiciones pontificias prohiben al Obispo la enajenación de los bienes de la Iglesia sin el asentimiento del Metropolitano y de varios Obispos, o, al menos, de Obispos vecinos. El Decreto de Graciano recoge una Decretal del Papa San León, del año 447, que prolu'be al Obispo enajenar sin la autorización de los presbíteros y la suscripción de ellos, texto que vuelve a encontrarse en las Decretales 22. Hacia 1250 el Papa Inocencio IV declaró nulas las enajenaciones que se habrían hecho sin ciertas solemnidades y en 1274 Gregorio IX, en el Concilio de Lión, exigió, además de las formalidades ya impuestas, la autorización del soberano pontífice 23. Toda esta materia fue regulada en su 20. En la ' ordenación esquemática de 1973 de la parte «De lure Patrimoniali EccIesiae» apareció en el Título IV la rúbrica: De acquisitione, de alienatione et speciatim de contractibus, que se mantiene en el Esquema de 1977 (<<Communicationes, , p. 272). Después de los debates en el coetus durante el año 1979 la rúbrica queda igual (<<Communicationes», 198()'2, p. 422). Y en el Esquema de 1980 se segrega la adquisición de bienes y queda: De contractibus praesertim de alienatione, que definitivamente pasó al texto del Codex. 21. «Valet argumentum de rubro ad nigrum, dummodo rubrum non contradicat nigro». Cfr~ RElFFENSRUEL, Jus Canonicum Universum, T. 1, Paris, 1864, pp. 23 ss. 22. C. 12, q. 2, c. 52; X,3,10, 7 y 8; X,3,12. En las colecciones de decretales aparece algún título sobre enajenación en los libros cuartos. 23. A. COULY, Aliénation, en «Dictionnaire de Droit Canonique», T. 1, col. 404.15 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS 101 conjunto por la Constitución Ambitiosae, de Paulo I1, promulgada en 1468 por Paulo I1I, y que ha constituido hasta los tiempos modernos la norma fundamental sobre enajenación de bienes eclesiásticos 24. Las normas sobre administración son más bien escasas durante los primeros siglos e incluso durante la Edad Media, y el descuido legislativo fue patente hasta el extremo de que en las Colecciones de Decretales no aparece ningún título con rúbrica sobre administración de bienes eclesiásticos, en contraste con la insistencia con que se repiten las relativas a enajenación de bienes eclesiásticos en los libros terceros de dichas Colecciones 25. El Concilio de Trento, en la Sess. VII, cap. 15 y en la Sess. XXII, caps. 8 y 9, de reform., dictó algunas normas sobre obligaciones de los administradores de obras pías y en el último de los capítulos citados confirmó la Constitución Quia contingit de Clemente V en el Concilio de Vena (1311) (in Clem., 3,11,2), que se refería a los deberes de los administradores de hacer inventario, prestar juramento y rendir cuentas. Una abundante producción normativa sobre administración emanó de las Congregaciones Romanas y en ellas empezó a esborzarse la noción diferenciada de actos de ordinaria y extraordinaria administración 26 que no llegó a despertar el interés de los autores fieles en sus exposiciones al orden de las Decretales 27. En cambio, los que emplearon el método sistemático dieron relieve doctrinal a la administración de bienes eclesiásticos dedicándole un epígrafe con dicho título y desarrollando su contenido al hilo, principalmente, de las decisiones administrativas de la Curia romana 28. Esta doctrina y las normas en 24. Eztr. comm., 4,4, cap. un. Se establece una rigurosa prohibición de enajenar con las excepciones más propias de la administración: «... omnium rerum et bonorum ecc1esiasticorum alienationem, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypotecam, locationem et conductionem ultra triennium, nec non infeudationem vel contractum emphy teuticum, praeterquam in casibus a iure permissis, ac de rebus et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis, et tunc ecc1esiarum evidenti utilitate, ac de fructibus et bonis, quae servando servari non possunt, pro instantis temporis exigentia, hac perpetuo valitura constitutinone praesenti fieri prohi bemus...». 25. X,3,13; in VIO, 3,9; in Clem, 3,4; Extr. comm. 3, Estas disposiciones administrativas destacan en la relación de fuentes inspiradoras de los cánones 1518 a 1527 del Código de Cfr. P. GASPARRI, Codex Iuris Canonici, fontium annotatione. 27. Cfr. J. DEVOTI, Institutionum canonicarum, T. 1, Gante, 1852, pp. 666 ss.; Ph. DE ANGELIS, Praelectiones Iuris Canonici, T. U-1. a, Roma, 1884, pp. 269 ss. 28. Cfr. F. J. WERNZ, Ius decretalium, T. IU, Roma, 1908, pp. 171 ss.; S. M. VECCHIOTTI, Institutiones canonicae, Vol. U, Turín, 1878, pp. 81 ss.; E. FRIED BERG, Trattato de Diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, Trad. italiana de Ruffini, Turín, 1893, pp. 778 ss.; S. ArcHNER, Compendium Juris Ecclesiastici, Brixen, 1887, pp. 772 ss.16 102 M. LóPEZ ALARCÓN que se apoyó pasaron al Código de 1917 que, no obstante, omitió rubricar los actos de administración. El vigente Código ha reparado dicha omisión y realza la distinción entre actos de administración y de enajenación, en los siguientes términos: 1) Parte el Código de una titularidad plena de régimen de los bienes eclesiásticos que se atribuye al representante de la persona jurídica pública y que abarca tanto el poder de enajenar como el de administrar (cc. 118, 239, 393, 532, 596 y 1279). 2) Cuando se segregan facultades administrativas del poder general de régimen aparece la titularidad separada asignada al administrador, segregación que viene dispuesta por el Derecho general o particular, por los estatutos, por una costumbre legítima y, en su defecto, por el Ordinario a quien está sujeto la persona jurídica pública (cc. 239, 309, 319, 636, 638 2, 1267y 1279), debiendo mantenerse la competencia del administrador dentro de las facultades establecidas por los cánones del Título II del Libro V del Código. No obstante, entiendo que el ámbito de competencia legal puede ampliarse por el representante de la persona jurídica, titular de la potestad plena de régimen, mediante el ejercicio de su facultad de delegación en los términos autorizados por el c ) Entre las facultades legales del administrador figura, junto a la de realizar actos de administración por su naturaleza, o sea de conservación, la de enajenar bienes libremente en casos muy limitados y concretos. Estos actos son, por su naturaleza, de enajenación, pero interesa que se encomienden a los administradores en beneficio de una mejor gestión del patrimonio eclesiástico, sin que pierdan por ello su condición de actos alienatorios. Al considerarse por la ley como actos de administración simple o no vinculada quedan libres de controles y de los otros requisitos exigidos por el Código para la enajenación. 4) Los actos de enajenación atribuidos a los administradores con carácter simple, libre o no vinculados son los siguientes: 1.0 De bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio estable y cuyo valor económico no supere la cifra determinada legalmente (c. 1291) El Derecho propio de los Institutos religiosos determina qué actos son de administración extraordinaria y los requisitos para su válida realización. Para los actos de administración ordinaria son competentes los respec" tivos Superiores y, además, el ecónomo o administrador enc~do para esta función dentro de los límites de su cargo (ce. 636 y 638).17 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS De los bienes muebles e inmuebles que, no formando parte del patrimonio estable, no alcancen el valor económico establecida conforme al Derecho e c. 1292) La venta de bienes de poco valor a los propios administradores o a sus parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad o afinidad ce. 1298) 31. En definitiva, la noción legal de acto de administración en Derecho canónico comprende los que, conforme al c. 1284, tienen por finalidad la conservación de los bienes, su mejora y la más rentable productividad e inversión, a los que cabe añadir los actos de enajenación libre de determinados bienes, únicas facultades que se atribuyen por el Código sin vinculaciones controladoras a los administradores de bienes eclesiásticos. Esta noción canónica del acto de administración es ampliada por el Codex atribuyendo al administrador facultades para realizar actos que, por su naturaleza, no son de administración, y que por su riesgo o importancia están sujetos a ciertas licencias, por lo que se les denomina actos de administración extraordinaria, que pasamos a examinar. b) Actos de ordinaria y de extraordinaria administración El Código de Derecho canónico ha extendido las facultades de los administradores a la realización de actos patrimoniales que rebasan los de ordinaria o simple administración, creando así una zona de competencia legal de los administradores que si, por un lado potencia y agiliza su gestión, introduce, por otro, graves incertidumbres en la determinación del ámbito de la materia acotada, pues comprende actos que, excediendo de la ordinaria administración porque requieren el poder de disposición, no tienen que sobrepasar las facultades generales de enajenar que, legalmente, están reservadas a quienes representan a la persona jurídica pública. Es de interés consignar que, así como la noción de acto de admi- 30. Los exvotos donados a la Iglesia y los bienes preciosos por razones históricas o artísticas nunca son objeto de actos de administración dispositiva y su enajenación requiere siempre la licencia del Obispo diocesano y además la que otorgue la Santa Sede (c. 1292, 2, Circular de la S.C. del Concilio de 11 de abril de 1971, AAS, 1971, pp ). Lo mismo hay que decir de las reliquias insignes y de las imágenes que gozan de gran veneración (c. 1190). 31. Esta limitación obedece más bien a una prohibición en evitación de colusiones fraudulentas; pero, el Código la configura como un acto de administración extraordinaria.18 104 M. LÓPEz ALARCÓN nistración se intenta encontrar en el Derecho romano 32 o en el consuetudinario francés 33, la distinción entre actos de ordinaria y extraordinaria administración se construye por la doctrina del área jurídica latina sobre textos de los respectivos Códigos civiles, que regulan diversos tipos de administraciones legales 34, con el propósito de ampliar los poderes estrictos de conservación atribuidos a los administradores por la ley y extenderlos a otros actos, incluso de enajenación, con el fin de agilizar las funciones de aquéllos y garantizar la mejor y más pronta defensa de los intereses de los administrados. Para ello se elabora la noción de acto de administración extraordinaria, que amplía los poderes del administrador con facultades dispositivas y de otra índole, sin que la necesidad de licencia, según la más reciente doctrina, les reste nada de su naturaleza de acto de administración 35. La dificultad se presenta a la hora de precisar cuándo un acto excede de la ordinaria administración. Fracasado el casuismo por la imposibilidad de agotar las relaciones, válidas para todas las administraciones patrimoniales, de los actos de ordinaria y extraordinaria administración, se ha recurrido a varios criterios generales de delimitación que tampoco acaban de convencer, como la entidad del patrimonio, la modalidad del acto, la conservación o modificación del patrimonio, el riesgo, la función o fin del acto. La noción canónica de acto de extraordinaria administración se empleó, bajo fórmula casuística, por una Decisión de la S. Congregación de Propaganda Fide de 21 de julio de 1856, en cuyo arto 20 se consigna un elevado número de actos que, por exceder de los fines de la ordinaria administración, solamente pueden ser realizados por el Consejo para la administración de los bienes temporales de la parroquia si cuenta con facultades concedidas por escrito por el Obispo. Entre tales actos de administración extraordinaria figura la aceptación y renuncia de herencia, la compra y la venta de inmuebles, hacer transacciones y otros contratos onerosos y, en fin, otros actos importantes y arriesgados 36. Esta identificación de actos de enajenación y 32. Cfr. FERRARA, loe. cit., pp. 248 Y Cfr. TRASBOT, loe. cit., pp. 47 ss. 34. Cfr. F. LAURENT, Principes de Droit civil, T. V, Paris. 1871, pp. 45 ss.; PLANIo-RIPERT, Traité pratique de Droit civil franr;ais, T. I, Paris, 1952, pp. 349 ss.; F. S. BIANCHI, Corso di Codice civile italiano, T. VIII, Torino, 1911, pp. 749 ss.; R. DE RUGGIERO, Instituciones de Derecho civil, trad. esp. de Serrano Súñer y Santa Cruz Teijeiro, Tomo II-2., Madrid, 1945, pp. 281 ss. 35. Cfr. MIRABELLI, loe. cit., pp. 365 ss.; LOJACONO, loe. cit., pp. 155 ss.; VERDOT, ob. cit., pp. 284 ss.; D'ORAZI, ob. cit., pp. 12 ss. 36. Cfr. GASPARRI-SEREDI, Codicis Iuris Canonici Fontes, Vol. VII, Vaticanae, 1935, pp , arto 20.19 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS 105 de extraordinaria administración se reproduce por la carta circular de la S. Congregación del Concilio, de 20 de junio de 1929 dictada en ejecución del Concordato italiano del mismo año, en cuyo arto 41 se dispone: «Para los actos y contratos que exceden de la ordinaria administración (adquisiciones, enajenaciones, permutas, donaciones, enfiteusis, redención de cánones y censos, préstamos, tala de plantas de alto fuste, litis activas y pasivas, etc.), los beneficiados, los rectores y los otros administradores a que se refiere el arto 14 deberán proveerse de la autorización eclesiástica conforme al Código de Derecho canónico (cann )>> 37. Ni este régimen, dispuesto por la Administración eclesiástica, ni la doctrina que lo sigue se ajustan a las normas del Código de Derecho canónico. En efecto, según vimos en el apartado anterior los actos de enajenación tienen categoría y régimen propios, tanto por razón de su naturaleza jurídica, como por su titularidad y requisitos, de manera que no pueden ser realizados por los administradores de bienes eclesiásticos, salvo en aquellos supuestos en los que la ley les faculta para realizarlos libremente como actos de ordinaria administración. Estos mismos actos de disposición deben calificarse como actos de administración extraordinaria cuando exceden de la ordinaria por el fin y por el modo (cna. 1281), o cuando alcancen mayor importancia, atendida la situación económica de lo diócesis (c. 1277), en cuyo caso han de intervenir para la validez del acto las licencias que prevén dichos cánones. Los criterios establecidos por el Código no son sustanciales y, por ello, no especifican la naturaleza propia del acto de administración extraordinaria; son criterios accidentales y ocasionales que no proporcionan argumentos precisos para distinguir los ámbitos de la administración ordinaria y extraordinaria, único límite impreciso, pues la distinción entre actos de enajenación y de administración extraordina está bien definida por los cc. 1291, 1292 y 1295, que no faculta al administrador para realizar actos de enajenación y asimilados cuando el valor excede de las cuantías mínimas fijadas legalmente o cuando se trata de exvotos o de bienes culturales, reliquias insignes o imágenes que gozan de gran devoción (c. 1190), cualquiear que sea su valor, por lo que nunca podrán ser dichos bienes objeto de actos de administración ordinaria ni extraordinaria. En consecuencia, la zona de competencia reservada a los actos de administración extraordinaria comprende los que, sin constituir 37. Los administradores que menciona dicho arto 14 son los rectores y administradores de iglesias, santuarios, fabricerías, hermandades y otros entes eclesiásticos o de culto.20 106 M. LÓPEZ ALARCÓN actos de enajenación controlada, exceden de la ordinaria administración según estos criterios: 1) Bienes de la diócesis Dispone el c. 1277: «Por lo que se refiere a la realización de actos de administración que, atendida la situación económica de la diócesis, sean de mayor importancia, el Obispo diocesano debe oír al consejo de asuntos económicos y al colegio de consultores; pero, aparte de los casos especialmente determinados en el derecho universal o en la escritura de fundación, necesita el consentimiento del mismo consejo así como del colegio de consultores para realizar los actos de administración extraordinaria. Compete a la Conferencia Episcopal determinar qué actos han de ser considerados de administración extraordinaria». Me inclino a pensar que el texto transcrito se refiere exclusivamente a la administración extraordinaria de bienes de la Diócesis, por las siguientes razones: La Que estos actos son de competencia del Obispo, por cuanto el canon citado no exige la licencia episcopal, como dispone para otros patrimonios el c. 1281, sino que el mismo Obispo ha de oír u obtener el consentimiento, según los casos, del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores; por otro lado, entre las facultades atribuídas al Ecónomo por el c. 1278, en relación con los cc. 494, 1276 y 1279, no figura la realización de actos de administración extraordinaria; 2. a Que para definir un acto como de extraordinaria administración ha de tenerse en cuenta la situación económica de la diócesis y no de otras personas jurídicas, lo que da a entender que son los bienes diocesanos los únicos afectados por el referido c. 1277; 3. a Que se atribuye a la Conferencia Episcopal la determinación concreta de los actos de administración extraordinaria, como órgano distinto del Obispo diocesano; 4. a Que en la reunión celebrada por los consultores para la reforma del Codex el día 23 de junio de 1979 se aceptó el texto propuesto, que comenzaba: «Episcopus diocesanus ad actus ponendos administrationis maioris momenti...», sugiriéndose por algunos que se añadiera algún criterio para determinar la mayor importancia, bajo esta redacción: «Episcopus diocesanus ad actus administrationis ponendos qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti...» y así quedó en el Esquema de El canon transcrito distingue entre actos de administración muy importantes, para los que se requiere solamente la audiencia del consejo económico y del colegio de consultores, y actos de extraordina- 38. «Communicationes», , p. 414. 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