Source: http://contencioso.es/2012/11/16/tasas-judiciales-un-asesino-silencioso/
Timestamp: 2015-08-04 07:21:04+00:00

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Tasas judiciales: un asesino silencioso | Contencioso.es
Tasas judiciales: un asesino silencioso JR Chaves 63 comments Viernes, 16 de noviembre de 2012 Al igual que el exceso de colesterol ha sido tristemente bautizado como el “asesino silencioso”, porque lenta y discretamente pone en peligro a quien lo sufre, las tasas judiciales que de forma progresiva se extienden y crecen en las venas procesales, provocarán la muerte de la Justicia, tal y como se concibe en una democracia avanzada.
Creo que hay razones para que todos los eufemísticamente denominados ” operadores de la Justicia” (abogados, procuradores, jueces, secretarios judiciales, usuarios en general) estén indignados, ya que me temo que han sido ” operados” y sin anestesia. Ya veremos si sobrevive el enfermo.
Permalink 63 thoughts on “Tasas judiciales: un asesino silencioso”	Apc Pc dice:	Viernes, 16 de noviembre de 2012 en 11:02 pm	Además de abuso incalificable e inconstitucional, consagración de la injusticia y de la impunidad de la administración pública, la ley está formulada en unos términos técnicamente incomprensibles. Lo que establece se llama “tasa”, pero no lo es. Al menos, no lo que hasta ahora entendíamos todos -ley general tributaria en mano- como tal (“tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado”). Tantos años de políticos repitiendo que la Justicia es un servicio público que algunos han acabado por creerlo. Ciertamente no lo es, para cualquiera que sepa lo que eso significa y que no hay ni puede haber “servicio público” fuera del ejecutivo. Los jueces no “prestan un servicio” sino que ejercen una potestad. Bien lo sabe el que pierde el pleito (¿qué “servicio” recibe este a cambio de la tasa que ya ha pagado y de la de la otra parte, que le será repercutida vía costas?). Pero lo mejor de todo es el hecho imponible (definición general: “presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal”). La tasa (art. 1) se establece “por el ejercicio de la potestad jurisdiccional”, que el art. 2 concreta diciendo que “constituye el hecho imponible de la tasa la actividad judicial originada” por el ejercicio de los actos procesales que enumera, en algunos de los cuales no hay “actividad judicial” (supuesto “hecho imponible”), ya que la intervención judicial puede darse o no en el proceso monitorio, la demanda la admite el secretario y, en fin, sólo puede considerarse “potestad jurisdiccional” la función constitucionalmente definida como “juzgar”, materializada en la sentencia, que vendrá (si viene) años después de pagar la tasa.
Panóptico dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 12:12 am	Esto ocurre porque el colectivo de Abogados, al defender cada grupo intereses contrarios esta desunido.
1.- Via Civil segun el art. 19 punto 4 LEC y el derecho a “disponer del proceso” comparecederan ambos Letrados de Demandante y Demandado “conjuntamente” y pediran cuando falta mas o menos un mes para cualquier acto procesal importante (audiencia previa o juicio oral) que por 15 o 30 dias se “suspenda” el curso del proceso, con lo cual dado “el volumen de la Agenda” y el tener que efectuar nuevas citaciones a todos los testigos y peritos, el caos SI LO HACEN TODOS puede ser brutal.
2.- En el orden penal, cuentan que solo 10 dias antes del Juicio (nunca menos de 7 dias para evitar asi posibles sanciones) renunciaran los Letrados de la Defensa, interesando el nombramiento de uno de oficio y después nombrado este, otro compañero del despacho “reactiva” la dirección jurídica y defensa, EL CAOS y las suspensiones son inminentes.
Verónica del Carpio dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 7:09 am	*La tasa ya fue incluida en costas por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Pero esa solución NO SIRVE. En númerosos ámbitos procesales, no hay condena en costas, incluso porque la ley no establece tal condena (por no hablar de la condena en costas no es automática con el principio del vencimiento, y de cuando se tiene un contrario con justicia gratuita -no se pagan- o insolvente -échele un galgo-. Por ejemplo, en una apelación civil y en laboral. La ley prescinde olímpicamente de una cantidad irrecuperable en una muchísimos casos. Y hablamos de cantidades de miles de euros, porque la tasa es el asesino silencioso, sí, sobre todo por la tasa variable del 0,5% que tantas veces se olvida, que se suma siempre en cada actuación, en cada instancia. La barbaridad que salen en expropiaciones forzosas, responsabilidad patrimonial de la Administración o grandes sanciones da miedo por lo que significa propiciar la impunidad del Estado en lo grande y en lo pequeño, el famoso caso de la multa de tráfico con tasa que duplica. Estupenda vía de financiación para organismos públicos escasos de fondos, o sea, todos.
jurista dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 12:04 pm	Efectivamente, la Justicia no es un servicio público, por más que tenga notas características de estos, es el ejercicio de una potestad del Estado, pertenece al núcleo duro del Estado, y más en un Estado de Derecho. Por eso, no se puede imponer una tasa, su financiación debe correr por cuenta del sistema impositivo general; por eso no nos cuadra con el hecho imponible de la tasa. ¿Será una exacción ilegal? Los administrativistas y del derecho financiero y tributario sabrán iluminar el tema.
sed Lex dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 1:15 pm	Con estas tasas, al igual que con las costas forzosas en lo contencioso-administrativo, sólo se logra una mayor desigualdad de las partes que lo que busca no es la compensación del costo sino el efecto disuasorio, es decir, coartar el acceso a la tutela judicial efectiva. De este modo sólo podrán acceder a la justicia los ricos (a los que la cuestión económica no les impide nada) o los pobres de solemnidad (que tienen derecho a justicia gratuita). La siempre maltratada clase media, máxime en la situación económica en la que estamos, con sucesivos recortes en sus ingresos y aumento en sus gastos, tendrán que renunciar al acceso a la justicia en la mayoría de los casos. Y una reflexión: un ataque más a esta clase media colaborará en su desaparición (como ya ha sucedido en la mayoría de países de Hispanoamérica). Y es la clase media la que sustenta la democracia. Mayores desigualdades nos abocan a un sistema insostenible, lo que llevará al Neoliberalismo a morir de éxito.
yeyutus dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 1:28 pm	Este Gobierno esta “loco”, legisla a base de recaudar y recaudar sin mirar, e intenta bajar la estadistica de lo que sea.
Jorge Bermúdez dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 6:45 pm	Una cuestión accesoria, un daño colateral, puede ser la “huida al derecho penal” que pueden experimentar multiples asuntos. Muchos asuntos claramente residenciables en las jurisdicciones civil, mercantil, e incluso contencioso-administrativa, van a convertirse en asuntos penales, porque una denuncia ante el Juzgado de Guardia te concede, automáticamente, un abogado pagado por las arcas públicas y sin necesidad de tasas judiciales: el fiscal. Y no, no estoy exagerando. Estoy acostumbrado a ver sociedades mercantiles que, al irse al traste sus negocios, acaban con querellas entre los socios por todo tipo de delitos patrimoniales. Incluso recuerdo un accidente de tráfico causado por el mal estado de una autopista de titularidad pública, en la que la reclamación patrimonial al Estado termino siendo una querella penal contra “quien tuviera algo que ver”. Esta tendencia se va a exacerbar, no tengo la menor duda.
Verónica del Carpio dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 7:07 pm	La huida hacia el Derecho Penal se dará sin duda. Por supuesto, al menor atisbo penal, habrá que recomendar la querella o la denuncia. Pero hay más vías que darán lugar a la vía penal, y más graves.
1. Cuando al justiciable se le niega el acceso a la jurisdicción, monopolio del Estado, una consecuencia gravísima es que se le está impulsando a que recurra a la inaceptable vía de hecho. Soy abogada y hace ya tiempo que, como a muchos que ejercemos, me ha tocado tener que disuadir a clientes de que intenten recobrar una posesión por las bravas, o cosas similares, y eso “solo” por el retraso en los juzgados. Llegará un momento en que habrá quien desoiga las advertencias de su abogado y ante la imposibilidad del pleito, contrate unos matones para conseguir su derecho.
Antonio Arroyo González dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 9:02 am	Todo dependerá de si el sicario te iguala la oferta que te impone el Estado: pero sale rentable porque así te garantizas el resultado y te ahorras la tediosa espera de la Ejecución de Sentencia.
Me imagino que habrá efecto llamada a sicarios de otros países: igual hasta hacen protagonizan programas de televisión similares a “Embargos a lo bestia”, y así te cobran menos.
Panóptico dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 8:17 pm	El primer ejemplo de la huida al Derecho Penal, lo tienes con la norma publicada ayer:
Art. 1º punto 2º “supuestos de especial vulnerabilidad”:
Dado que cuando el dinero deja de entrar en una familia, se produce un “caldo de cultivo” típico donde las tensiones entre la pareja son frecuentes, ante un futuro y previsible desahucio de toda la familia por un impago de la hipoteca, muchas serán las que alegaran “amenazas, agresiones, insultos, etc” y con ello,
se obtiene un “seguro legal” ante la Entidad Bancaria, dado que al ser la mujer “victima de violencia de genero” con ello, se esta en un “supuesto de especial vulnerabilidad” y ademas si le cobrarían tasas en
Abogado Mario García-Oliva dice:	Sábado, 17 de noviembre de 2012 en 10:18 pm	Me cuesta “resignarme” a que mis sufridos clientes tengan que pagar ( si pueden) las abusivas Tasas judiciales que ha impuesto ese iluminado llamado Ruiz –Gallardón.
Verónica del Carpio dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 10:30 am	Quizá no sepas, compañero, que otrosíes análogos al que sigieres, y otras muchas medidas, con vistas a su difusión y utilización masiva, están ya preparados desde hace tiempo, con estudio detenido de muchos compañeros, ejemplos para la profesión, cuando se vio que pese a los esfuerzos inevitablemente la reflexión era sustituida por el rodillo. El propio Carlos Carnicer, presidente CGAE, anunció públicamente algunas en la concentración de Madrid del pasado día 14. En mi blog veronicadelcarpio.wordpress.com saldrán algunas de esas propuestas para su difusión masiva; otras, no. Pero todas las ayudas son pocas; todas las propuestas serias son bienvenidas. Se establecerá un cauce inmediato para canalizarlas. Somos 150.000 abogados, capeces de pensar, y los jueces, fiscales y secretarios, además de los procuradores y los funcionarios judiciales, comparten la preocupación.
jurista dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 5:55 pm	Va a ser difícil que un juez acoja la petición que propone “por otrosi”, pues, el planteameinto de la cuestión de constitucionalidad es muy estricta, requiere que el fallo dependa de la validez de la norma, y si ya se ha pagado la tasa, el proceso se admite. Cuestión distinta (y esto es una idea, no una afirmación), es que se impugne la autoliquidación y pago de la tasa – si es que ello es posible- y de ahí llegar al TC vía contencioso-administrativa, pero ya sabe, pasar de nuevo por los Tribunales pagando otra tasa. Está todo atado y bien atado, como se decía antes.
portera dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 4:35 pm	bienvenidos a la dictadura» autor: portera
c0re dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 4:38 pm	#1 Los comentarios también pueden serlo, ¿no? gracias hombre, por incitar al voto negativo.» autor: c0re
Pingback: Tasas judiciales: un asesino silencioso jurista dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 5:56 pm	Va a ser difícil que un juez acoja la petición que propone “por otrosi”, pues, el planteameinto de la cuestión de constitucionalidad es muy estricta, requiere que el fallo dependa de la validez de la norma, y si ya se ha pagado la tasa, el proceso se admite. Cuestión distinta (y esto es una idea, no una afirmación), es que se impugne la autoliquidación y pago de la tasa – si es que ello es posible- y de ahí llegar al TC vía contencioso-administrativa, pero ya sabe, pasar de nuevo por los Tribunales pagando otra tasa. Está todo atado y bien atado, como se decía antes.”
dosvga dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 6:17 pm	En ámbitos como el contencioso-administrativo es aún más sangrante. La administración es prevalente en las relaciones del ciudadano con ella y suele comportarse de forma abusona. Es la propia administración la que resuelve los recursos contra un acto administrativo. Y no suele reconocer sus errores, aunque sean descarados. Si, ahora, cuenta con el efecto disuasorio de unas elevadas tasas judiciales, vamos a tener una administración que se convertirá en la súper-abusona del barrio. Por lo menos, hasta que el Constitucional ponga en su lugar a esta chusma. Porque esperemos que la ley sea recurrida y anulada.
sergiotoc dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 6:38 pm	#3 muy agudo» autor: sergiotoc
Verónica del Carpio dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 8:29 pm	Vía cuestión de inconstitucionalidad precisamente se llegó al TC para lo que acabó en STC 20/2012. Y bien claro se dice en esta STC y en las otras cuatro conexas posteriores sobre el mismo tema que la reiteran que se admite la constitucionalidad de las tasas por no estar exenta la vía laboral (ahora no, y la famosa reducción del 60%, “gran concesión”, no afecta más que a trabajadores y autónomos, es decir, que no afecta a pensionistas, lso que reclaman un subsidio, etc.) ; tratarse de empresas de gran facturación (ahora personas físicas y PYMES) , y resto de argumentos que ahora tenemos contrario sensu.
Verónica del Carpio dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 8:38 pm	Y disculpen que intervenga de nuevo. Que escriba aquí un jurista llamado “Panoptico” me lleva a mencionar que James Bentham, el filósofo que inventó el Panóptico, tiene un opúsculo durísimo contra las tasas judiciales, donde las llama “el impuesto más cruel”. Eso es lo que es: EL IMPUESTO MÁS CRUEL.
Cenemepeuvedoble dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 10:36 pm	Recurrir una multa de cien euros vale ciento cincuenta. Gracias, Gallardín. Espero que te entierren boca abajo.» autor: Cenemepeuvedoble
romanillos dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 10:46 pm	La ley tiene que proteger al más débil y en muchas instancias es el ciudadano: contra empresas, organismos, instituciones… otro clavito más en la caja de las libertades cívicas.» autor: romanillos
qpoiwerpoiu dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 11:02 pm	las hipotecas son otro asesino silencioso.
Takumar dice:	Domingo, 18 de noviembre de 2012 en 11:02 pm	las hipotecas son otro asesino silencioso.
PUNSET dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 12:32 am	La tasa sí se incluye en la condena en costas. Lo que sucede es que en pleitos de cuantías pequeñas, aún cuando se obtenga una sentencia favorable, el demandante nunca verá compensado el pago de la tasa, al no poder exceder el importe correspondiente a las costas del tercio de la cuantía del pleito (artículo 394.3 LEC). Así, el que recurra una multa de 80-100 euros, deberá abonar 200 euros por la tasa y si se le da la razón, el importe de las costas no podrá exceder del tercio de 80-100 euros. Lo que cabría estudiar es si el Juez por la vía del 139.3 LJCA al cuantificar el importe correspondiente a las costas, puede prescindir del 394.3 LEC y al fijar el importe correspondiente a las costas incluir la parte correspondiente a las tasas.
Sevach dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 8:31 am	Estimado comentarista:
“SÉPTIMO: En lo que se refiere a la tasa judicial, no procede condenar a la Administración a su abono, pues tal como la configura la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que disciplina, en su artículo 35 , la denominada “tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo”, tiene naturaleza tributaria, por lo que se rige por un régimen jurídico singular vinculado al rescate del coste del servicio público provocado, esto es, el ejercicio de la potestad jurisdiccional, siendo sujeto pasivo quien ejercita la acción jurisdiccional.
Tal conclusión implica que, incluso en el supuesto, aquí no concurrente, de que se hubiera condenado a la Administración a satisfacer las costas procesales, ex artículo 139.1 de la vigente Ley Jurisdiccional , entre los conceptos económicos integrantes de ese crédito no podría quedar incluida, por no permitirlo la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que disciplina, en su artículo 35 , la denominada “tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo”.
Lechon dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 7:47 am	# 1 Yo creo que al contrario, a mí me ha parecido que este enlace es también muy útil, no porque repita el argumento que ya sabemos de que las tasas judiciales son negativas y perjudiciales para el ciudadano y su derecho a una tutela judicial efectiva, sino porque nos explica claramente a los legos en Derecho los argumentos en los cuales podría basarse una cuestión de inconstitucionalidad sobre esas tasas.» autor: Lechon
Feindesland dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 7:52 am	No es asesino. Es genocida
sangetsu dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 8:44 am	#8 pues creemos un partido politico y llamemosle “regreso al futuro” … igual gana las elecciones» autor: sangetsu
Manolo dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 9:48 am	La tasa no formaba parte de las costas hasta la entrada en vigor de la ley 37/2011, que la incluyó en el art. 241 LEC. A partir de esa fecha, sí forma parte de las costas. La nueva ley de tasas mantiene esta regulación, por lo que sí estará incluida en las costas.
Sevach dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 10:17 am	Muy oportuna la referencia a la novedad de la Ley 37/2011 de Agilización Procesal, y aunque la interpretación debe aplicarse bajo el principio de indemnidad a todos los órdenes jurisdiccionales, lo cierto es que el Preámbulo tras examinar las novedades en el orden contencioso y ocupándose de las costas, aborda lo siguiente ” En el orden civil, se incluye expresamente dentro del concepto de costas del proceso el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al tratarse de un gasto
necesario para demandar.” De ahí que es posible que todavía pululen fallos judiciales contenciosos que no apliquen supletoriamente la LEC en este particular por esa curiosa limitación del propio legislador.
Juan Luis dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 10:50 am	Esta muy bien que cada gremio (médicos, jueces,bomberos,maestros, científicos) proteste por los recortes que le afectan. Pero hay un hecho básico para los pocos liberales que vamos quedando: NADA ES GRATIS. Lo que no se paga, no se valora. es triste, pero es así. Pagan justos por pecadores, es verdad. Pero nuestra sociedad, me refiero a la española, ha demostrado un abuso de lo gratuito y su nula conciencia social (aunque esa misma sociedad y sus opinadores oficiales se llena la boca con la solidaridad. Pagada siempre con el presupuesto de otros claro). El ejemplo de Mercadona cobrando dos céntimos por la bolsa hace ver que, desgraciadamente antes se pedían siete bolsas, porque eran gratis y luego se tiraban. Y ahora no.Cuando eres tu el que paga un mínimo céntimo, entonces lo piensas, y a lo mejor te vuelves ecologista. Lo mismo con los medicamentos: cuando se cobra UN triste euro, que es lo que vale un café, todo el mundo protesta. Pero el consumo de medicamentos (el despilfarro de medicamentos) disminuye de pronto un 25%. Somos una sociedad enferma, sí. Pero no necesitamos más medicina que la verdad y espantar a los demagogos que tan bien se crían en estas tierras. Ya cada vez me cuesta más discutir estas cosas. Sería más fácil decir ¿cuál es nuestro modelo?¿Francia, Alemania? vamos a traducir, y aplicar por supuesto, sus leyes. Pero nosotros somos más solidarios que nadie, con el dinero público. Que no es de nadie.
Verónica del Carpio dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 11:42 am	Disculpe, Juan Luis. Aquí no hablamos de un euro por receta, ni unos céntimos por bolsa de plástico. Me permito remitirle a la ley, de inmediata entrada en vigor, y se lo resumo.
Aquí hablamos de pagar hasta 10.000€ por una demanda., para que lo pague cualquiera que gane más de 1.100€ por el conjunto de su unidad familiar, sea cual sea su nivel de gastos, sus cargas familiares, pagaderos igual por una multinacional o un millonario que por un mileurista cónyuge en paro e hijos a cargo y asfixiado por la hipoteca. Aquí hablamos de que la Constitución pone el derecho a acceder a la jurisdicción por encima del derecho a la salud, porque es la garantía de todos los demás derechos, pues es la única vía para evitar la ley del más fuerte, la arbitrariedad del Estado. Aquí hablamos de impunidad del Estado. Aquí hablamos de que el 80% de las demandas se estiman, porque se tiene razón; y de que muchas, muchísimas, de esas demandas que sí prosperarían, porque la ley concede el derecho a ello, no podrán siquiera presentarse, por motivos económicos. Según estimaciones, el 40% no podrán presentarse.
Aquí hablamos de que la Justicia es un monopolio del Estado y que no hay legalmente alternativa. Aquí hablamos de que será la ley de la selva; de que la alternativa es el sicario, o aguantarse sin derechos. Aquí hablamamos de que la Constitución y la Unión Europea consideran el Derecho del Consumo como uno de los fundamentos de su actuación, y que todas las asociaciones de consumidores dicen que esto el el fin del Derecho del Consumo.
Aquí no hablamos siquiera de Estado social; aquí hablamos algo previo, que es garantía y fundamento del Estado social: de Estado de Derecho, del mismo Estado de Derecho. Aquí hablamos de Constitución, de tratados internacionales .
Aquí hablamos de derechos humanos, los más básicos, los más protegidos. Y aquí hablamos de que cuando desaparece el control judicial del poderoso y del Estado, eso se asemeja a una situación jurídica que se describe con una palabra muy fea que me resisto a poner por escrito.
Juan Luis dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 11:59 am	O sea, que de lo que hablamos es de dinero. No del concepto, sino de la cuantía. Unos sacrosantos derechos que tardan años en sustanciarse en el Mar de los Sargazos Judiciales. Y a eso se le llama Justicia y “Estado de derecho”. Todo es una pura mascarada. eso es lo que hay que denunciar. Desde que Alfonso Guerra certificó la muerte de Montesquieu, y el TC lo ha venido avalando, solo nominalmente hay estado de derecho en España. El traje nuevo del emperador es lo único que nos queda. Aunque se nos llena la boca hablando de los poderosos y los pobrecillos. ¿es mucho pedir que la Justicia española fuese como la francesa? sin conocerla la cambio. A ciegas. Aqui no hay más que demagogos. Por cierto usted es “abogada y docente universitaria”. ¿No hay una ley de incompatibilidades?…. Pues que la deroguen o que deroguen las triquiñuelas para que esto sea posible.
Odoneti dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 1:43 pm	COSAS QUE DICE LA NUEVA NORMA SOBRE TASAS JUDICIALES DESARROLLANDO SU PALMARIA REALIDAD.
Verónica del Carpio dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 6:30 pm	Estimado Odoneti, en efecto dice eso la ley, y tiene usted razón. Pero lo que la ley no dice es : -que son innumerables las actuaciones y los procedimientos donde la solución extrajudicial de los conflictos no es legalmente posible, luego por definición nunca podrá aplicarse el descuento por ese motivo; en contencioso-administrativo, en todos los temas de orden público, estado civil, etc. Aparte, claro, de que transacción con el poderoso, es trágala, no negociación, y de que se impone tasa hasta por ejecutar un laudo arbitral, incluso los de consumo, ya objeto de solución extrajudicial previa. -que la bonificación por usar medios telemáticos solo es posible donde los juzgados disponen de tales medios; y está en mantillas. No dudo que los habrá; personalmente no he tenido ocasión de verlo, y la LEC exige en las demandas que se aporten los documentos originales.
– que la condena en costas no existe por definición en innumerables actuaciones completas (apelación civil, p.e.); que incluso cuando la ley prevé la condena en costas perder un pleito no equivale a ser condenado en costas porque no rige el principio puro del vencimiento, ni siquiera en Civil; que cuando hay condena en costas si la otra parte tiene justicia gratuita no se cobra porque así lo dice la ley, y si es insolvente porque no hay forma; y incluso cuando hay condena en la ley y en el caso, y el contrario ha de pagarlas y puede hacerlo, rige en cualquier caso el límite del tercio de la cuantía. -y que en el orden social los trabajadores tienen esa reducción del 60%, pero solo ellos; y en los juzgados de lo social se ventilan muchas más cuestiones. Por poner dos ejemplos entre innumerables, no tienen reducción ni los que piden un subsidio de desempleo, ni los que reclaman una invalidez. Y los trabajadores no tienen ninguna reducción cuando, por ejemplo, piden el concurso de la empresa que no les paga, o el suyo propio si se trata de un autónomo en crisis y ahí la tasa es 200€ fijo más el o,5% del pasivo.
DiegoGómez dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 1:46 pm	Varias reflexiones
En primer lugar, es evidente que la separación de poderes ha brillado por su ausencia pero, en lo que se refiere al Poder Judicial, creo que se ha concretado a actuaciones del Consejo General del Poder Judicial (que no deja de ser un órgano de gobierno de los jueces) y al mal llamado “Tribunal” Constitucional, de actuación nefasta y del que no hay nada más que añadir a lo ya comentado en este foro y en todo el país en los últimos cinco años. Ahora bien, la inmensa mayoría de jueces y magistrados de este país son independientes del poder político; con esto no quiero decir que no tengan filias y fobias –incluso políticas, ya que son humanos-, sino que no condicionan su fallo a lo que un político pueda decir, hacer o pensar, que es lo que creo que realmente afecta a la separación de poderes. Otra cosa es que en caso de duda “barran” para la Administración pero creo eso es hasta comprensible, ya que, en principio y mientras no se demuestre lo contrario (lo que haría desaparecer la duda de la que antes hablaba), la Administración sirve al interés general, lo que se traduce en todos nosotros y no sólo los políticos que las gobiernan.
Respecto a esa “impunidad” de las Administraciones Públicas, esta reforma es la puntilla a la iniciada con la implantación de las costas en primera instancia en la vía contencioso-administrativa instaurada por la ley de medidas de agilización procesal, aunque los jueces y magistrados, con buen criterio, están haciendo uso de la posibilidad de limitar su cuantía, con lo que se ha minimizado mucho el perjuicio y el efecto muro que impide el acceso que implicaba dicha ley. En tercer lugar, es evidente que la justicia funciona mal y que es muy lenta. Pero ello no se arregla quitando los pocos derechos que nos quedan como ciudadanos.
El Gobierno actual, dando una vuelta de tuerca más a lo ya iniciado por el Gobierno anterior de signo pretendidamente opuesto a éste, pretende arreglar el asunto no con más medios, sino impidiendo el acceso a los ciudadanos. En cuarto lugar, lo dicho anteriormente hace que la cuestión de las tasas (como otras que están pasando) trascienda con mucho a los gremios directamente implicados y se convierta en un problema público, ya que afecta a todos los ciudadanos. En quinto lugar, estoy absolutamente de acuerdo con lo dicho por APC Pc en el primero de los comentarios “Los jueces no “prestan un servicio” sino que ejercen una potestad”. Por esto mismo creo que los jueces deben de reclamar el lugar que les corresponde y es el de ser garantes de ese Estado de derecho. Pese a que han entrado por oposición no son funcionarios, sino que son depositarios de uno de los tres poderes fundamentales del Estado. Y poder implica responsabilidad que va más allá de la que todos los días desempeñan en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.
La democracia se construye cada día; aquí, como saben todos los que entran en el foro, no se regala nada y la única opción es hacer lo que se debe hacer aunque no nos guste a nadie. Sería mejor que nos dejasen tranquilos. No sé qué manía tienen los políticos con tratar de “arreglar” las cosas. Así también las arreglo yo. Sería mucho mejor que hiciesen caso a lo que decía el poeta estadounidense Walt Whitman: “A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz”.
adolfo dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 1:53 pm	La ley de tasas judiciales es el ataque más grave que se ha perpetrado desde el propio poder ejecutivo a los ciudadanos, y subsidiariamente al propio Poder Judicial. Van a ser centenares de miles las personas que cada año desistan -antes de empezar- de reclamar sus derechos, dado lo costoso que les va a resultar: honorarios de abogado, arancel de procurador y tasas judiciales MUY ELEVADAS.
O, cuando menos, dejar a los procuradores como FACULTATIVOS Ú OPTATIVOS, ni obligatorios, como sucede actualmente, de forma que cuando haya condena en costas no se condenase al pago de sus derechos, y los abogados pudieran asumir paulatinamente las funciones de defensa y representación. Yo soy abogado “de provincias” y no necesito para nada un procurador en mi ciudad, pero si en Madrid, poe ejemplo, o en otras localidades donde llevo pleitos. ¿Tan difícil es entender esto…?
floxi dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 7:02 pm	Deconstruyendo el sistema judicial( que tampoco era una maravilla ) y avanzando hacia…1950.» autor: floxi
Anonymous_Sevillano dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 9:01 pm	#4 Chapó Son unos cuantos pájaros de un solo tiro: se reduce en un tercio la litigiosidad en los juzgados. Se inventa una nueva vía de ingresos para la administración (que la casta hay que mantenerla de alguna manera) y encima lo que tu dices, la idea es cojonuda. Y todo a costa de los pobres…. que se jodan, como dijo aquella» autor: Anonymous_Sevillano
PUNSET dice:	Lunes, 19 de noviembre de 2012 en 10:16 pm	Estimado Sevach:
La sentencia que cita de la AN no valora el estado de cosas vigente al tiempo de promulgarse la Ley 37/2011. Una sola sentencia no sienta jurisprudencia, y menos de la AN. Créame cuando le digo que en pleitos de poca monta en los que la Administración suele actuar de forma abusiva (defectos de procedimiento en expedientes por sanciones de tráfico, por ejemplo) será preciso que los JCA interpreten de forma ingeniosa el artículo 139.3 de la LJCA y cuantifiquen el importe correspondiente a las costas para compensar al “maltratado” ciudadano por los desmanes de la Administración. La LJCA es un traje a medida para las Administraciones Públicas y las sucesivas reformas que guardan relación con la intervención de la Administración en los procedimientos judiciales no hacen más que favorecer a la Administración. Verbigracia, el depósito para recurrir, del que está exenta la Administración, permite al letrado recurrir cualquier resolución judicial que llegue a sus manos; en tiempos de crisis, cuanto más tarde un órgano jurisdiccional en dictar un resolución definitiva de fondo, más tarda la Administración en pagar. Otro ejemplo lo encontramos en la ejecución de condenas dinerarias (la Administración no tiene obligación de cumplir hasta pasados tres meses desde la firmeza de la resolución que debe ser ejecutada).
Panóptico dice:	Martes, 20 de noviembre de 2012 en 12:27 am	Como decirle a Sevach, que lo sabe de sobra, que el art. 139.6 de la LJCA dice con total claridad que “las costas causadas, seran reguladas y tasadas segun lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil”
Ninguna norma procesal, excepto la común (LEC) regulada la materia de “gastos del proceso” y como una pare de los mismos las “costas procesales”. El legislador recientemente en 2011, modifico el art. 241.1 Apto 7º:
Dice el vigente “serán costas procesales, la parte -de los gastos del proceso- que se refieran al pago de los siguientes conceptos:
“7ª La Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando esta sea preceptiva”
Respecto del limite del 1/3 de la cuantía que nos habla el art. 394 punto 3 LEC, hay que tener en cuenta que solo habla de “de la parte que corresponda a Abogados y demás profesionales que no esten sujetos a tarifa o arancel” es decir los “profesionales liberales que actúan en juicio” (Abogados y Peritos Medicos) dado que la parte de los Procuradores (sometida a Arancel) mas la Tasa, son gastos “fijos y previsibles” del proceso y estos se pagaran INTEGRAMENTE, es decir se Tasaran como “costas procesales por su importe integro”
Sin embargo, los que “cobran por libre pacto” (Abogados y Peritos Médicos o de otro tipo, que no tienen una Tarifa FIJA predeterminada) para que no cueste mas el collar que el perro, estos tienen un LIMITE en el citado art. 394.3 LEC, que sera 1/3 de la Cuantia, fijada conforme al art. 42 LJCA y art. 251 LEC.
Ahora el caso especial de la LJCA de la “limitacion” (discrecional) del art. 139.3 LJCA y los casos en que se declare TEMERIDAD, abuso del proceso, mala fe (art. 247 LEC y art. 11 LOPJ) son un caso especial.
anor dice:	Martes, 20 de noviembre de 2012 en 12:46 am	No sé si puede morir la Justicia, ya que nunca ha tenido vida en España.» autor: anor
Jorge Llanos dice:	Martes, 20 de noviembre de 2012 en 8:04 am	Como lego en la materia tengo una cuestión, pues si fuera así me parecería de una gravedad extrema, no es que el establecimiento de tasas a todos los niveles no me parezca un atropello incalificable. Se ha hablado de la huida a la jurisdicción penal, como si el ejercicio de iuis puniendi del estado fuera fraccionado, que no lo es. Pero el control o revisión del ejercicio por parte de la Administración es ejercido por la jurisdicción contenciosa. Creo que además de inconstitucional y contrario a la convención europea de derechos humanos (que es parte del bloque constitucional) que se debieran pagar tasas para recurrir el ejercicio de la potestad sancionadora cuando fuera la Administración la que hubiera impuesto la sanción. Saludos
Soshan dice:	Martes, 20 de noviembre de 2012 en 9:06 am	Yo estoy harta de decírselo a cualquiera que quiera escucharme ¡SE ACABÓ LA JUSTICIA! (la poca que había) estas medidas suponen indefensión para cualquier ciudadano cuya enpresa no cotize en bolsa.
JNS dice:	Martes, 20 de noviembre de 2012 en 1:52 pm	A mi juicio las tasas judiciales no son criticables en si mismas. P.ej. resulta desproporcionado el gasto que provoca un procedimiento judicial contencioso-administrativo para revisar una sanción de 150 €.
Los sistemas de revisión estrictamente “administrativos” (reposición, alzada, reclamaciones previas), son totalmente inútiles en el 99% de los casos, debido a la contumacia de la propia Administración en no “revisar” con imparcialidad y garantías su propia actuación, siendo esta una inercia “histórica” que en gran medida ha contribuido precisamente al desarrollo de nuestro sistema judicial contencioso-administrativo.
adolfo dice:	Martes, 20 de noviembre de 2012 en 9:23 pm	Creo que don Alberto Ruiz-Gallardón será un buen Ministro de Justicia, pues ha conseguido cabrearnos a casi todos: abogados, jueces, secretarios y funcionarios judiciales…
Sólo le falta “meter mano” a dos colectivos, necesitados de reformas:
– FISCALES Y ABOGADOS FISCALES SUSTITUTOS, la mayoría de los cuales trabajan siempre en régimen de servicios mínimos, vamos, pegando el menor golpe posible. Y, por supuesto, eliminando a los abogados fiscales sustitutos -igual que se ha hecho con los jueces sustitutos-, pues la mayoría, y salvo honrosas excepciones, son “enchufados” y opositores fracasados, con todo respeto hacia quienes no han podido aprobar la oposición…
– LIBERALIZAR LA PROFESIÓN DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, dejándola en meramente optativa, no preceptiva, eliminando por tanto la obligatoriedad de su utilización, como forma de rebajar el coste de los litigios. Los abogados no necesitamos un procurador en la localidad dónde ejercemos, pero nos viene muy bien en los pleitos que llevamos en otras ciudades o lugares. Así se conseguiría que el coste de los pleitos fuese menor, y se compensaría el “efecto” subida de tasas. Y los que sobren, que son Licenciados en Derecho, y con amplia experiencia procesal, siempre podrían reconvertirse en abogados (que unos pocos miles más, ni siquiera se notarían).
Jorge Bermúdez dice:	Martes, 20 de noviembre de 2012 en 9:34 pm	Su comentario destila el mayor desconocimiento hacia la figura del Ministerio Fiscal. O, cuando menos, una visión sesgada y/o anacrónica.
Carmen Lopez-Rendo R dice:	Miércoles, 21 de noviembre de 2012 en 9:16 am	La ley de tasas judiciales es un atentado gravísimo al derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de igualdad, pues discrimina por razon de recursos economicos yen algunos casos por edad(procesos matrimoniales), contra el derecho de los consumidores, contra los principios del sistema tributario , contra la division de pdoeres y supone UNA INTOLERABLE INTROMISION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Convierte a los secretarios judiciales en recaudadores de tasas injustas.
Es totalmente incierto que el ciudadano recupere la tasa del condenado en costas, pues como indican veronica y Sevach, en unos casos no hay condena en costas, en otras la intervención de bogadao y procurador no es preceptiva y no se abonan costas, ademas el estado, Ayuntamientos, Comunidaddes autonomas y organismos publicos estan exentos del pago de la tasa. De tal forma que si estan exentos como van a pagarla?. La Tasa, por ser tasa se pierde. Por otro lado, no entiendo nada, pues se supone que la tasa esta vinculada a la justicia gratuita.(art.11). Por mi parte, no deseo que se me remunere a costa de dejar INDEFENSOS A LA MAYORIA Y PARA GENERAR UN PAIS EN EL QUE IMPERE LA LEY DEL MAS FUERTE. Que pena tener politicos que desconocen totalmente la historia, pues esta se repite siempre y podian aprender de ella lo que no deberian nunca hacer.
la STC de 2012 esta totalmente tergiversaba en la explicación de motivos y en la intervención del Ministro en el Congreso. Realmente la via penal, en muchos casos será la solución mas barata. Que pena de país, que tenga que resolver sus conflictos en la via penal porque sus ciudadanos no pueden pagar unas tasas judiciales para defender sus conflictos civilizadamente en otras jurisdicciones. Cómo que de esta forma va a venir a invertir algun extranjero en su sano juicio?
DiegoGómez dice:	Miércoles, 21 de noviembre de 2012 en 9:48 am	Hola a tod@s.
Rafa dice:	Miércoles, 21 de noviembre de 2012 en 10:55 am	Efectivamente, aunque la verdad se veía venir desde hace más de un año. Si en aquel momento http://contencioso.es/2011/10/18/abogados-indignados-contra-la-ley-de-agilizacion-procesal/
Panóptico dice:	Miércoles, 21 de noviembre de 2012 en 5:01 pm	Aqui la tienes, con el añadido ademas de las Tasas, de que modifica la LEC y LJCA haciendo desaparecer la posibilidad de que los funcionarios publicos acudan por si mismos, sin Letrado
y Procurador (antiguo art. 23.3 LJCA) pues desde mañana “todo iguales ante la Ley” incluso
mañana, es obligatoria la “postulacion profesional tecnica”. Ver aqui la Ley del BOE:
Haber si el próximo Viernes que hay concentraciones “parciales” de Procuradores y Jueces
afecten, puesto que ya tenemos un “Estado de Derecho” mas pequeño que el que conocimos
y ademas se empieza a pagar por tener “derechos fundamentales”.
Como se legisla “a trozos” como se entendera el actual art. 398.2 LEC que dice:
“En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelacion, extraordinario por infraccion procesal o casación, NO SE CONDENARA en costas a ninguno de los litigantes” y dado que
Sencillamente “genial” un ordenamiento juridico “coordinado” o un puzzle a medio completar.
pedro dice:	Miércoles, 21 de noviembre de 2012 en 10:25 am	Totalmente de acuerdo con los dos comentarios de Don Adolfo. Los Procuradores deberían ser de utilización VOLUNTARIA, no obligatoria, como forma de rebajar costes de pleitear, y los FISCALES SUSTITUTOS, al igual que los JUECES SUSTITUTOS, deberían desaparecer, que ya está bien de tener “burros de carga” a los que se hace trabajar a destajo, mientras que los Jueces y Fiscales titulares se pasan las mañanas tomando café y de tertulia, y, por supuesto, haciendo semanas caribeñas, de 3 ó 4 días de asistencia al despacho a la semana. ¿Es que no pueden fichar, como todo el mundo que trabajamos en la administración de justicia?
yeyutus dice:	Miércoles, 21 de noviembre de 2012 en 11:38 am	Leido todos los aportes, ademas de aprender, recuerdo la frase de “Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”, no recuerdo quien la dijo pero para el asunto en cuestión va que ni pintada,
Rafa dice:	Miércoles, 21 de noviembre de 2012 en 11:54 am	Hay otro comentario final de Sevach en relación a otra entrada (con evidente relación a la presente) que viene que ni pintada, y que me permito reproducir (obviamente con cita de autor)
“PARA FINALIZAR, Sevach cree oportuno añadir la cita del Prefacio a la Lucha del Derecho, del Dr.Rudolph von Ihering en que tan insigne autor expone su concepción del Derecho de forma lucidísima e inigualable. Escuchar lo que en 1891 decía el maestro:
sed Lex dice:	Miércoles, 21 de noviembre de 2012 en 6:26 pm	Pues no veo que nadie (excepto la referencia de Panóptico) se queje por aquí por la novedad de que se impida a los funcionarios comparecer por sí mismos. Supongo que será para compensar algo a los abogados (aunque exceptuando a los de los sindicatos dudo que muchos vengan a obtener alguna ventaja de ello). Lo que más gracia me hace es la motivación que se da:
En fin, toda generalización es odiosa, pues en mi larga, y por desgracia accidentada en cuanto a recursos, carrera funcionarial he tenido más éxito y agilidad en procesos cuando he recurrido por mí mismo que cuando lo he hecho con abogado. Pero sobre todo me sorprende la SUPUESTA EQUIPARACIÓN a la de los trabajadores en general, porque en el orden social no se precisa abogado ni procurador para recurrir (al menos en primera instancia). Bueno, un recorte más de derechos a los funcionarios, y una desigualdad de trato injustificada para con el resto de los trabajadores, pero de esto no se harán eco ni los periódicos, ni los jueces y abogados, ni los sindicatos (que se verán beneficiados al obligar a pasar por ellos a quién quiera recurrir en la mayoría de los casos).
CRISTINA R dice:	Viernes, 23 de noviembre de 2012 en 8:35 pm	Esta ley es un auténtico boicot del gobierno a los ciudadanos y lo que es peor, un ataque mortal al acceso de los ciudadanos a la justicia y al derecho a la tutela judicial. Se empezó con el recurso de amparo, ya cadáver en sede constitucional y ahora le toca a la justicia ordinaria, que está premuerta. El diccionario de la Real Academia Española define “boicotear” como el acto de excluir a una persona o a una entidad de alguna relación social o comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige”. De esta definición, a la de dictadura, una de cuyas acepciones es “Gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente”, – violando en el sentido que le daría el juez Del Olmo, de “deslucir”, “ajar” e incluso exageradamente “profanar”-, hay un paso. ¿Qué mejor manera de someter al ciudadano a los abusos de un gobierno, bajo la aparente actividad legislativa, que excluyéndole de los procesos judiciales, expulsándole de ellos para obligarle a ceder?.
La Ley de Tasas choca con el derecho fundamental a la tutela judicial, más cuando no se sufragan los gastos procesales a quienes, de exigírseles el pago, se ven en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal y familiar que hoy día son,al menos, seis millones de ciudadanos que son la cabeza visible de un suma y sigue interminable. Si nadie remedia la supervivencia de esta malnacida ley, habría que modificar de forma inmediata de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Si bien el derecho a la gratuidad de la justicia es un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador, éste tiene obligatoriamente que atender a los intereses públicos, pero también a los privados y de esta parte, nuestros parlamentarios del PP, se han olvidado al votar la Ley; últimamente tienen una amnesia colectiva intolerable. Está claro que la justicia se va a desatascar pero a costa de una pérdida importante de derechos, de jurisprudencia y de dinero, consintiéndose el abuso y la prepotencia, en lo que a la jurisdicción se refiere, de las administraciones públicas, ya de por sí bastante creciditas con toda la batería de legajos con la que nos obsequia el Gobierno cada viernes.
Liberal Lucini dice:	Sábado, 24 de noviembre de 2012 en 12:41 pm	No acabo de entender que si una persona demanda a otra que le debe dinero, el mecanismo para reclamar esa deuda entres dos particulares lo tenga que pagar yo, que ni debo ni me deben nada. No parece irrazonable que el beneficiado directamente contribuya a sufragar el servicio, sobre todo teniendo en cuenta que el coste medio para el Estado de un procedimiento judicial está en torno a los 2.000 euros. ¿Por qué tengo yo que pagar eso? Que lo pague quien lo usa.
Pingback: Una ley injusta, unas tasas prohibitivas :: El Margen de la Ley :: El Blog de Audens Maximilien Robespier dice:	Lunes, 17 de diciembre de 2012 en 9:10 pm	Mis argumentos son elementales. Si hay que pagar unas tasas desorbitadas por obtener justicia ante los Tribunales, pues simplemente no acudiremos a ellos. Las situaciones conflictiva se autocomprodrán de alguna otra manera. Eso si tal y como está la situación económica dudo mucho que hagan caja. Esta situación, no se por que me recuerda a doña angela dorotea: austeridad, austeridad. !! Pero ay!! amiga. Con tanta austeridad quien te mercará los productos que fabricas. Cuando la austeridad o falta de recaudacion de las tasas hagan huella en la desacreditada economia, ya hablaran de reactivar la actividad. Los politicos son asi de simples.
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