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Timestamp: 2017-05-23 01:24:30+00:00

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Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia. TITULO VII. La tutela y demás instituciones tutelares (Vigente hasta el 18 de Julio de 2008).
TITULO VIILa tutela y demás instituciones tutelares
Titulares de la función 1. La tutela y, en general, las funciones tutelares se ejercen siempre en interés y de acuerdo con la personalidad de los tutelados y deben asegurar la protección de la persona tutelada, la administración y guarda de sus bienes y, en general, el ejercicio de sus derechos.
Ejercicio de la función 1. Las funciones tutelares se ejercen de forma gratuita, salvo en los casos en que se establezca expresamente una remuneración. Pueden fijar su cuantía el padre y la madre y la autoridad judicial, en caso de que el padre y la madre no lo hayan previsto.
Administración especial 1. Quedan excluidos de la actuación tutelar o, en su caso, de la administración patrimonial los bienes adquiridos por la persona tutelada por donación, herencia o legado, cuando el donante o causante ha ordenado una administración especial de los mismos y ha nombrado a la persona que debe ejercerla.
Personas sometidas a tutela Están sometidos a tutela:
Supuestos de la delación 1. La tutela se defiere por:
CAPITULO IILa delación de la tutela
SECCION 1La delación voluntaria
Delaciones hechas por uno mismo 1. Cualquier persona, en previsión de ser declarada incapaz, puede nombrar, en escritura pública, a las personas que quiere que ejerzan alguno o algunos de los cargos tutelares establecidos en este Código, así como designar a sustitutos de los mismos o excluir a determinadas personas. En caso de pluralidad sucesiva de designaciones, prevalece la posterior. También puede establecer el funcionamiento, la remuneración y el contenido, en general, de su tutela, especialmente en lo que se refiere al cuidado de su persona. Estos nombramientos pueden realizarse tanto de forma conjunta como sucesiva.
Tutela deferida del padre y de la madre El padre y la madre que no estén privados de la potestad pueden ordenar en escritura pública, testamento o codicilo los nombramientos, sustituciones y exclusiones a que se refiere el artículo 172 y en la forma establecida en el mismo para cada uno de sus hijos menores, no emancipados y para los hijos emancipados o mayores de edad incapacitados, si tienen la potestad prorrogada o rehabilitada.
Sustitutos En los casos de delación tipificados en los artículos 172 y 173, pueden designarse sustitutos para los cargos tutelares, de administración y para la curatela. Si las personas sustitutas designadas son más de una, y no se especifica el orden de sustitución, es preferida la persona sustituta designada en el documento posterior o, si el documento contiene más de una designación, la persona designada en primer lugar.
Concurrencia de nombramientos o exclusiones En caso de concurrencia de nombramientos o exclusiones hechos por el padre y por la madre, es preferida la voluntad de quien ha ejercido últimamente la potestad, sin perjuicio, en su caso, de la eficacia del nombramiento hecho por el otro del titular de la administración especial de los bienes que él mismo haya dispuesto por donación, herencia o legado a favor del menor o incapaz.
Medidas de control Tanto la persona interesada como el padre y la madre del menor o incapaz pueden establecer las medidas de control de la actuación tutelar y, en su caso, de la administración patrimonial que se crean convenientes, sin perjuicio de las que puedan establecerse judicialmente.
Remuneración 1. En el documento de su designación, puede fijarse al titular de la tutela y, en su caso, al de la administración patrimonial la remuneración que se crea conveniente, siempre que el patrimonio de la persona tutelada lo permita, sin perjuicio del derecho de éstos al reembolso de los gastos que les origine el ejercicio del cargo.
SECCION 2La tutela dativa
Delación Si no hay tutor o tutora nombrado por la propia persona interesada o por el padre y la madre, o si la persona designada es incapaz para ejercer el cargo, se excusa o es removida del mismo, corresponde a la autoridad judicial dicha designación. También le corresponde, en los mismos supuestos, la del titular de la administración patrimonial, si lo estima conveniente.
Orden de la delación 1. Para el ejercicio de la tutela o. en su caso. para la administración patrimonial, debe preferirse:
En la tutela del incapacitado, a su cónyuge, si conviven, o a la persona con quien el incapacitado convive en relación estable de pareja.
Letra a) del número 1 del artículo 179 redactada por el artículo 10 de la Ley [CATALUÑA] 3/2005, 8 abril, de modificación de la Ley 9/1998, del Código de Familia, de la Ley 10/1998, de uniones estables de pareja, y de la Ley 40/1991, del Código de Sucesiones por causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en materia de Adopción y Tutela («D.O.G.C.» 19 abril).Vigencia: 9 mayo 2005
Al cónyuge del padre o de la madre del menor o incapacitado, o a la persona que, al morir uno u otra, estuviera conviviendo con él en relación estable de pareja; en ambos casos, si la persona designada ha estado conviviendo con el menor o incapacitado.
Letra c) del número 1 del artículo 179 redactada por el artículo 10 de la Ley [CATALUÑA] 3/2005, 8 abril, de modificación de la Ley 9/1998, del Código de Familia, de la Ley 10/1998, de uniones estables de pareja, y de la Ley 40/1991, del Código de Sucesiones por causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en materia de Adopción y Tutela («D.O.G.C.» 19 abril).Vigencia: 9 mayo 2005
Tutela de hermanos Cuando haya de proveerse judicialmente la tutela de varios hermanos, debe procurarse que el nombramiento recaiga en una misma persona, a fin de facilitar su convivencia.
Medidas de control 1. Al constituir la tutela, la autoridad judicial puede establecer, en beneficio de la persona tutelada, las medidas de vigilancia y control de la tutela y, en su caso, de la administración patrimonial que crea convenientes.
Remuneración La autoridad judicial puede fijar una remuneración al titular de la tutela y, en su caso, al de la administración patrimonial, en las circunstancias indicadas en el artículo 177.
CAPITULO IIIDesarrollo de la tutela
SECCION 1Constitución de la tutela
Personas obligadas a promover la constitución 1. Las personas indicadas en el artículo 179 y las personas y, en su caso, las instituciones que tengan bajo su guarda al menor o incapacitado están obligadas a promover la constitución de la tutela; de otro modo, responden de los daños y perjuicios que causen al menor o incapacitado si no la promueven.
Constitución 1. En todo caso la tutela se constituye por la autoridad judicial previa audiencia del menor o incapacitado, si tiene suficiente conocimiento y siempre si tiene al menos doce años y se trata de tutela de menor, de las personas obligadas a promover la constitución de la tutela y de las demás que crea conveniente.
Aptitud 1. Pueden ser tutores o administradores patrimoniales las personas físicas que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no incurran en alguna de las causas señaladas en el artículo 186. También pueden serlo las personas jurídicas que no tengan afán de lucro y se dediquen a la protección de los menores y de los incapacitados y que reúnan los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Incapacidad 1. No pueden ser tutores ni administradores patrimoniales las personas que:
Excusas 1. Pueden ser alegadas como excusas para no ejercer la tutela la edad, la enfermedad, la falta de relación con el menor o incapaz, las derivadas de las características peculiares de la ocupación profesional del designado o cualquier otra que haga especialmente gravoso o pueda afectar al buen ejercicio de la tutela.
Alegación y aceptación de la excusa 1. La excusa debe ser alegada en la constitución de la tutela, en el plazo de quince días a contar desde la notificación del nombramiento, y cuando la excusa sobreviene posteriormente, con la máxima diligencia posible.
Caución 1. La autoridad judicial, dadas las circunstancias de la tutela, puede exigir caución a la persona designada para su ejercicio y, en su caso, a la nombrada para llevar la administración patrimonial, antes de darles posesión del cargo. En cualquier momento y por justa causa puede dejarla sin efecto o modificarla total o parcialmente.
Inventario 1. El titular de la tutela y, si existe, el administrador o administradora patrimonial deben realizar inventario del patrimonio de la persona tutelada, dentro del plazo de sesenta días a contar desde la toma de posesión del cargo. La autoridad judicial puede prorrogar este plazo por causa justa, hasta un máximo de sesenta días más.
Contenido del inventario 1. El inventario debe describir con detalle el activo y el pasivo que integran el patrimonio objeto de la tutela. incluyendo, en su caso, los conceptos cuya administración haya sido encomendada a un administrador especial, que está obligado a facilitar los datos consiguientes. Si la tutela comprende alguna empresa mercantil, el inventario debe describir, además de los bienes y derechos que integran el activo, así como el pasivo, los elementos que integran su contabilidad.
Forma del inventario 1. El inventario debe formalizarse judicialmente o notarialmente, y, en este único caso, el titular de la tutela o de la administración patrimonial debe depositar una copia del mismo en el juzgado que ha constituido la tutela.
Medidas posteriores de control Si no hay consejo de tutela, la autoridad judicial, de oficio o a instancia del ministerio fiscal, de la persona tutelada, del titular de la tutela y, en su caso, de quien tenga a su cargo la administración patrimonial puede disponer, en cualquier momento de la tutela, las medidas que estime necesarias para el control de su buen funcionamiento, especialmente en aquello que haga referencia a la gestión patrimonial.
Gastos Los gastos originados por la realización del inventario, la prestación de caución y las medidas de control establecidas en los Artículos 176 y 193 son a cargo del patrimonio del tutelado o tutelada.
SECCION 2Remoción
Causas de remoción 1. El titular de las funciones tutelares y, en su caso, de la administración patrimonial deben ser removidos del cargo, de oficio o a solicitud del ministerio fiscal, de la persona tutelada, del consejo de tutela, del tutor o tutora o del administrador o administradora, estos últimos, el uno en relación al otro, por causa sobrevenida de inhabilitación, por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo o por ineptitud o negligencia en su ejercicio. El tutor o tutora también puede ser removido si se producen problemas de convivencia graves y continuados con la persona tutelada.
Resolución de la remoción 1. La resolución que ordena la remoción debe contener el nombramiento de la persona que ha de ocupar el cargo de la que haya sido removida. Mientras no recaiga esta resolución, debe designarse judicialmente a un curador o curadora, que cesa al producirse dicha resolución.
SECCION 3Ejercicio de la tutela
Carácter personalísimo El ejercicio de las funciones tutelares se ejercen por la persona titular de la tutela o, en su caso, por la que lo sea de la administración patrimonial, de forma personalísima. Esta última sólo puede otorgar poderes especiales para un acto o contrato en concreto.
Número de titulares Sin perjuicio del nombramiento, en su caso, de un administrador o administradora patrimonial, la tutela es ejercida por una sola persona, salvo en los siguientes casos:
Cuando la tutela corresponda a una persona casada o que conviva en relación estable de pareja, y se crea conveniente que el cónyuge o el otro miembro de la pareja también la ejerza.
Letra b) del artículo 198 redactada por el artículo 11 de la Ley [CATALUÑA] 3/2005, 8 abril, de modificación de la Ley 9/1998, del Código de Familia, de la Ley 10/1998, de uniones estables de pareja, y de la Ley 40/1991, del Código de Sucesiones por causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en materia de Adopción y Tutela («D.O.G.C.» 19 abril).Vigencia: 9 mayo 2005
Tutela compartida En los casos en que haya dos tutores, la tutela se ejerce en la forma que se establezca al constituirla. Si no hay especificación, ambos deben actuar conjuntamente. No obstante ello cualquiera de ellos puede realizar los actos que, de acuerdo con las circunstancias, puede considerarse normal que sean ejercidos por uno solo, así como los actos de necesidad urgente.
Administración patrimonial Si hay un administrador o administradora patrimonial, la persona titular de la tutela sólo debe ocuparse de ejercerla con respecto al contenido personal, correspondiendo al titular de la administración el contenido patrimonial. Las decisiones que conciernan a ambos contenidos deben tomarse conjuntamente.
Desacuerdos Los desacuerdos entre los tutores con facultades atribuidas conjuntamente o entre el tutor y la persona responsable de la administración patrimonial, cuando deban actuar también conjuntamente, son resueltos judicialmente, o por el consejo de tutela, si procede, sin recurso ulterior en ambos casos, previa audiencia de los afectados y de la persona tutelada, si tiene suficiente conocimiento o si tiene al menos doce años y se trata de tutela de menor.
Oposición de intereses En el caso de oposición de intereses con el tutelado o tutelada, si hay dos tutores o tutor o tutora y administrador o administradora patrimonial, la persona afectada es sustituida por la otra. Si sólo hay un tutor o tutora o si la oposición de intereses también existe en relación a la persona sustituta, el juez o jueza nombra a un defensor o defensora judicial. Si hay consejo de tutela, corresponde a éste nombrar a la persona sustituta.
Cese de un tutor o tutora 1. En el caso de que haya dos tutores, aunque el ejercicio no sea conjunto, o que haya un tutor o tutora y un administrador o administradora patrimonial, si por cualquier causa cesa uno de ellos, la tutela o la administración es continuada por el otro. Éste debe poner la circunstancia en conocimiento del juez o jueza, a fin de que designe al correspondiente sustituto.
Cuentas anuales 1. Si no hay consejo de tutela, el tutor o tutora y, en su caso, el administrador o administradora patrimonial deben depositar anualmente las cuentas de la tutela en los seis primeros meses del siguiente ejercicio. No obstante ello, si el patrimonio de la persona tutelada es de entidad reducida, la autoridad judicial, después de la primera rendición de cuentas anuales, puede disponer, previa audiencia del tutelado
Contenido de las cuentas anuales La rendición anual de cuentas debe consistir en un estado detallado de ingresos y gastos. un inventario del activo y el pasivo del patrimonio al final del ejercicio y el detalle de los cambios en relación al inventario del año anterior, acompañado de los correspondientes justificantes.
Responsabilidad 1. El tutor o tutora y, en su caso, el administrador o administradora patrimonial deben ejercer las respectivas funciones con la diligencia de un buen administrador o administradora. Ambos son responsables de su respectiva actuación ante la persona tutelada, por acción u omisión.
Cuidado de la persona tutelada 1. El tutor o tutora debe cuidar al tutelado o tutelada y procurarle alimentos, si los recursos del patrimonio de éste no son suficientes, así como darle una educación integral y, si procede, realizar todo lo necesario para la recuperación de su capacidad y para su mejor reinserción en la sociedad.
Domicilio de la persona tutelada El domicilio del tutelado o tutelada es el de la persona titular de la tutela o, si hay más de una y tienen domicilios distintos, el de aquella persona con quien conviva, salvo que en la constitución de la tutela o por resolución judicial posterior se haya dispuesto de otro modo.
Representación de la persona tutelada 1. El tutor o tutora y, en su caso, el administrador o administradora patrimonial, en el ámbito de las respectivas competencias, son los representantes legales del tutelado o tutelada.
Administración 1. El titular de la tutela y, en su caso, el de la administración patrimonial administran el patrimonio del tutelado o tutelada que tengan bajo su cuidado, con la diligencia fijada en el artículo 205.
Nombramiento posterior de administrador o administradora Si, con posterioridad a la constitución de la tutela, el patrimonio del tutelado o tutelada alcanza una importancia considerable, o por otra causa debidamente razonada que lo haga necesario, el juez o jueza, de oficio o a solicitud del tutor o tutora, del consejo de tutela, del ministerio fiscal o de la persona tutelada, puede nombrar a un administrador o administradora patrimonial.
Autorización previa 1. El tutor o tutora o, en su caso, el administrador o administradora patrimonial necesitan autorización judicial o la del consejo de tutela, si lo hay, para:
SECCION 2Tutela del menor
Convivencia El tutor o tutora debe convivir con el menor. Con motivo suficiente, sin embargo, el juez o jueza puede autorizar que éste resida en un lugar distinto, previa audiencia del menor si tiene doce años o más o, si tiene menos de doce, pero tiene suficiente conocimiento.
Relación personal 1. La persona que ejerce la tutela debe tratar al menor con la mayor consideración y, en este marco, el menor debe obedecerla, salvo que intente imponerle conductas indignas o delictivas, y todos deben respetarse mutuamente.
Educación 1. En el ejercicio de las funciones tutelares, debe proporcionarse una formación integral al menor.
Administración especial de la persona tutelada 1. El menor que tiene al menos dieciséis años administra los bienes que adquiere con su trabajo o su actividad, los cuales, por lo tanto, quedan excluidos de la administración tutelar o, en su caso, de la administración patrimonial.
Habilitación de edad 1. Si el menor ha cumplido dieciséis años y la acepta, la persona que ejerce la tutela, sola o conjuntamente con el titular de la administración patrimonial, en su caso, y previa autorización judicial o del consejo de tutela, si lo hay, puede conceder a aquél el beneficio de la habilitación de edad, que debe formalizarse en escritura pública.
SECCION 3Tutela de personas incapacitadas
Cuidado de la persona incapacitada El tutor o tutora debe cuidar a la persona incapacitada y, en especial, debe asegurar su bienestar moral y material, y debe realizar todo lo necesario para conseguir el mayor grado posible de recuperación de su capacidad, así como para lograr, en la medida de lo posible, su inserción en la sociedad.
Autorización previa 1. La persona titular de la tutela necesita autorización judicial para:
CAPITULO VExtinción de la tutela
Extinción de la tutela 1. La tutela se extingue por:
Rendición final de cuentas 1. Al finalizar la tutela, la persona titular de la tutela y, en su caso, ella y el administrador o administradora patrimonial deben rendir cuentas finales de la tutela a la autoridad judicial en el plazo de seis meses contados desde la extinción de aquélla, prorrogables judicialmente, por justa causa, por otro período de tres meses como máximo. La obligación se transmite a los herederos, si la persona obligada muere antes de la rendición de cuentas, pero, en tal caso, el plazo se interrumpe entre la defunción y la aceptación de la herencia.
Rendición de cuentas por cese 1. En el caso de que, antes de la extinción de la tutela, se produzca el cese de la persona que ejerce el cargo de tutor o, en su caso, la administración patrimonial, éstos deben rendir cuentas al juzgado de su gestión, en el plazo indicado en el artículo 221, a contar desde el cese.
Aprobación de las cuentas 1. La autoridad judicial debe dar o denegar la aprobación de las cuentas, tanto si son finales como por razón de cese, con audiencia, según corresponda, de la persona tutelada, del titular de la tutela, del titular de la administración patrimonial o de quien ocupe la presidencia del consejo de tutela, y puede practicar con esta finalidad las demás diligencias que estime convenientes.
Devengo de interés 1. Las cantidades devengadas en virtud de la rendición de cuentas por la persona tutelada o por la que ha ejercido la tutela o, en su caso, por el administrador o administradora patrimonial devengan el interés legal.
Desaprobación de las cuentas En el caso de que no haya aprobación de las cuentas, la autoridad judicial puede solicitar al titular de la tutela y, en su caso, al de la administración patrimonial, o a sus herederos, las garantías que crea convenientes para la protección del interés de la persona tutelada, y, en todo caso, debe comunicarlo al ministerio fiscal a fin de que inste, si procede, a las acciones oportunas, incluida la de responsabilidad.
CAPITULO VIEl consejo de tutela
Constitución En la tutela deferida por la persona interesada o por su padre o su madre, puede preverse que haya un consejo de tutela, que debe ser formalizado por el juzgado en el marco de la constitución de esta tutela.
Composición 1. El consejo de tutela debe estar integrado por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, nombrados por la autoridad judicial.
Forma de designación y exclusión Las designaciones y exclusiones de referencia previstas en el Artículo 227 deben realizarse en la forma fijada en los artículos 172 y 173 y pueden ser impugnadas, también en la forma fijada en el artículo 172.
Normativa aplicable 1. Son de aplicación a los miembros del consejo de tutela, en la medida que corresponda, las normas de la tutela, especialmente en cuanto al nombramiento, a las causas de incapacidad, excusa y remoción, y en materia de responsabilidad.
Cargos 1. Si no han sido designados en la constitución, el consejo de tutela debe elegir de entre sus miembros a la persona que debe presidirlo y a un secretario o secretaria.
Reuniones 1. El consejo de tutela se reúne necesariamente dentro del primer trimestre de cada año a fin de recibir el informe del tutor o tutora y. en su caso, de la administración patrimonial sobre la situación de la persona tutelada y el ejercicio de la tutela en el año anterior, con la correspondiente rendición dé cuentas, con el contenido fijado en el artículo 205.
Concurrencia mínima 1. Para la debida constitución del consejo de tutela, es necesaria la concurrencia, al menos, de la mitad de los miembros, que no pueden delegar su asistencia.
Acuerdos 1. Los acuerdos del consejo de tutela se toman por mayoría simple de los miembros presentes, y el voto de la persona que haya presidido la reunión es un voto de calidad.
Funciones 1. El consejo de tutela vela por el buen desarrollo de la tutela, tanto en el aspecto personal como en el patrimonial y, con esta finalidad, la persona que ostente su presidencia debe mantener una relación regular con la persona que ejerce la tutela y, en su caso, con la titular de la administración patrimonial.
Intervención judicial 1. Si no es posible la adopción de algún acuerdo por el consejo de tutela, por falta de asistencia a la reunión o por cualquier otra causa, el presidente o presidenta y, si no ha presidido la reunión, también quien la haya presidido, debe poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, que debe resolver, después de oír al tutor o tutora, en su caso, al administrador o administradora patrimonial y a la persona tutelada, si tiene suficiente conocimiento, y siempre, si tiene más de doce años y se trata de tutela de menor.
Extinción El consejo de tutela acaba sus funciones con la extinción de la tutela, una vez aprobadas las cuentas finales y entregada la documentación a la persona interesada o a sus herederos.
CAPITULO VIILa curatela
Casos de curatela Están sometidos a curatela:
Normativa aplicable Es aplicable a las curatelas a que hace referencia el artículo 237, además de las disposiciones del presente capitulo, en especial en cuanto al nombramiento, las incapacidades, las excusas y la remoción del curador o curadora, así como, en relación a su responsabilidad, la normativa de la tutela, en la medida que corresponda.
Delación 1. La designación de la persona que debe ejercer la curatela puede realizarla la propia persona interesada, el padre y la madre o judicialmente, en las mismas circunstancias de la tutela.
Constitución 1. Las personas obligadas a instar la constitución de la tutela están obligadas a solicitar la de la curatela, en su caso.
Preexistencia de tutela Si se trata de constituir la curatela de una persona que está sometida a tutela, debe ejercerla la persona que es su tutor o tutora o que cuida de la administración patrimonial, salvo que la autoridad judicial lo disponga de otro modo.
Contenido 1. El titular de la curatela no tiene la representación del pródigo o de la persona que esté en situación de incapacidad relativa, y se limita a completar su capacidad.
Curatela de las personas menores emancipadas La curatela de las personas menores emancipadas o que han obtenido el beneficio de la mayoría de edad sólo debe constituirse, a instancia de éstas cuando sea necesaria la intervención del curador o curadora.
Incompatibilidad de intereses En los casos en que haya incompatibilidad de intereses entre el pródigo o la persona en situación de incapacidad relativa y el titular de la curatela, así como en el caso de imposibilidad de éste, la autoridad judicial designa a un defensor o defensora judicial.
Consecuencias de la falta de asistencia Los actos del pródigo o de la persona afectada de incapacidad relativa que requieran asistencia de la persona titular de la curatela y se hayan hecho sin esta asistencia son anulables en la forma prevista en la ley.
Extinción La curatela se extingue, por los casos de extinción de la tutela, si es curatela de pródigo o la persona afectada está incapacitada por resolución judicial y corresponde la constitución de la tutela, y, en caso de que sea curatela de bienes dispuestos mortis causa a favor de una persona no concebida, además se extingue en el momento del nacimiento. En este último caso al finalizar la curatela, el curador o curadora que ha administrado los bienes debe rendir las cuentas finales. Son de aplicación las mismas reglas de la rendición de cuentas de la tutela.
CAPITULO VIIIEl defensor o defensora judicial
El defensor o defensora judicial El juez o jueza ha de nombrar defensor o defensora judicial en los siguientes casos:
Nombramiento El nombramiento de defensor o defensora judicial se hace de oficio o a petición del ministerio fiscal, del tutor o tutora o de cualquier persona legitimada para comparecer a juicio, y debe recaer en la persona que la autoridad judicial crea más idónea, teniendo en cuenta el hecho determinante de su nombramiento, o bien entre las que le propongan las partes, o bien en el abogado o abogada que actúe en defensa de la persona incapacitada, en el mismo procedimiento, o bien en cualquier otra persona idónea.
Actuación La actuación del defensor o defensora judicial debe limitarse al acto o actos que hayan determinado su nombramiento. Si este acto requiere autorización judicial, ésta debe entenderse implícita en el nombramiento.
Régimen Son aplicables al defensor o defensora judicial las causas de inhabilitación, excusas y remoción de la persona que ejerce la tutela y, si procede, de la retribución. El defensor o defensora judicial debe dar cuenta de su gestión a la autoridad judicial, una vez finalizada.
CAPITULO IXAspectos registrales
El Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios 1. En el Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios se inscriben las delaciones de las tutelas que han sido otorgadas en uso de las facultades previstas en el artículo 172.
Notificaciones El presidente o presidenta del consejo de tutela debe notificar al juzgado donde se ha constituido la tutela:
CAPITULO XLa guarda de hecho
El guardador o guardadora de hecho El guardador o guardadora de hecho es la persona física o jurídica que tiene acogido transitoriamente a un menor que ha sido desamparado por aquella o aquellas personas que deben tener cuidado del mismo, o cualquier otra persona que, por razón de sus circunstancias personales, puede ser declarada incapaz o sujeta a curatela.
Obligación de notificar el hecho 1. El guardadero o guardadora de hecho debe poner en conocimiento del organismo competente en protección de menores, si se trata de menor, o de la autoridad judicial o del ministerio fiscal, en otro caso, el hecho de la acogida.
Autorización judicial y comunicación del internamiento 1. El internamiento de una persona por razón de trastorno psíquico, cualquiera que sea su edad, en una institución adecuada y cerrada
Actos del guardador o guardadora La actuación del guardador o guardadora de hecho debe ser siempre en beneficio de la persona en guarda y debe limitarse a tener cuidado de la misma y administrar de forma ordinaria sus bienes.
Indemnización El guardador o guardadora de hecho tiene derecho a ser indemnizado de los gastos soportados y los perjuicios que le haya causado la guarda, siempre que no le sean imputables, con cargo a los bienes de la persona en guarda.
Extinción 1. La situación de guarda de hecho termina por la desaparición de las causas que la motivaron por la acogida de la persona en guarda o por la constitución de la tutela o de la curatela.

References: artículo 172
 artículo 179
 artículo 10
 artículo 179
 artículo 10
 artículo 177
 artículo 179
 artículo 186

Resolución 
 resolución 
 artículo 198
 artículo 11
 resolución 
 artículo 205
 artículo 221
 Artículo 227
 artículo 172
 artículo 205
 artículo 237
 resolución 
 artículo 172