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Timestamp: 2018-12-14 17:02:01+00:00

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«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículo 3, apartado 1 — Competencia internacional — Acción revocatoria — Competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia»
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 1, y 18, apartado 2, por una parte, y 21 y 24, por otra, del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1).
3 Según los considerandos 2 y 6 a 8 del Reglamento n.º 1346/2000:
7 A tenor del artículo 21 del Reglamento n.º 1346/2000:
«Las resoluciones relativas al desarrollo y conclusión de un procedimiento de insolvencia dictadas por el tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse en virtud del artículo 16, y el convenio aprobado por dicho tribunal se reconocerán asimismo sin otros procedimientos. [...]
10 El artículo 1, apartados 1, y 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), dispone lo siguiente.
1) [...] El comerciante o persona jurídica sin ánimo de lucro.
2) [...] El titular de procuración.
3) [...] Otras personas, en los casos previstos por la ley.
4) [...] El abogado a favor del que exista mandato explícito de conformidad con los requisitos legales establecidos en la Ley de Ejercicio de la Profesión de Abogado para poder ostentar una representación ante la agencia.
20 Frente a la sentencia del Apelativen sad (Tribunal de Apelación), Wiemer & Trachte recurrió en casación ante el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo de Casación), sosteniendo que el artículo 24 del Reglamento n.º 1346/2000 no era de aplicación al litigio principal, por lo que el Sr. Tadzher no podía alegar desconocimiento de la apertura del procedimiento de insolvencia de Wiemer & Trachte.
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, del [Reglamento n.º 1346/2000] en el sentido de que la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia ejercitada contra un demandado cuyo domicilio o sede se encuentra en otro Estado miembro es una competencia exclusiva, o bien está facultado el síndico, en el caso del artículo 18, apartado 2, del Reglamento, para ejercitar una acción revocatoria por insolvencia ante un tribunal en el Estado miembro en cuyo territorio tiene el demandado su domicilio o sede, si la acción revocatoria ejercitada por el síndico se basa en un acto de disposición de bienes muebles realizado en el otro Estado miembro?
2) ¿Se aplica la exención prevista en el artículo 24, apartado 2, del [Reglamento n.º 1346/2000], en relación con el apartado 1 del mismo artículo, en el caso de ejecución de una obligación a favor del deudor realizada en un Estado miembro por el administrador de una sucursal, registrada en dicho Estado miembro, de la sociedad deudora cuando en el momento de la ejecución de la obligación ya se había presentado una solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia de la deudora en otro Estado miembro y se había designado un síndico provisional, pero no se había adoptado todavía ninguna decisión sobre la apertura del procedimiento de insolvencia?
3) ¿Es aplicable el artículo 24, apartado 1, del [Reglamento n.º 1346/2000], relativo a la ejecución de una obligación, a la ejecución del pago de una cantidad a la deudora si la transferencia originaria de este importe por la deudora a quien haya ejecutado la obligación debe considerarse ineficaz conforme al Derecho nacional del tribunal de la insolvencia y la ineficacia se deriva de la apertura del procedimiento de insolvencia?
4) ¿Es aplicable la presunción de falta de conocimiento establecida en el artículo 24, apartado 2, del [Reglamento n.º 1346/2000] cuando las autoridades mencionadas en el artículo 21, apartado 2, segunda frase, de dicho Reglamento no han adoptado las medidas necesarias para garantizar la publicación, en el registro del Estado miembro en cuyo territorio esté situada la empresa de la deudora, de las decisiones del tribunal de la insolvencia mediante las cuales se ha nombrado un síndico provisional y se ha ordenado que los actos dispositivos de la sociedad solo serán eficaces con el consentimiento del síndico provisional, si el Estado miembro en el que se encuentra la sede de la empresa prevé la publicación obligatoria de esas decisiones, pese a que las reconoce de conformidad con el artículo 25 en relación con el artículo 16 del Reglamento?»
22 Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta en esencia si el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia ejercitada contra un demandado cuyo domicilio o sede se encuentre en otro Estado miembro es de carácter exclusivo o si, por el contrario, el síndico también está facultado para ejercitar esa acción revocatoria por insolvencia ante un tribunal en el Estado miembro en cuyo territorio tenga el demandado su domicilio o sede.
23 El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 confiere a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses del deudor competencia exclusiva para incoar el procedimiento principal de insolvencia (sentencia de 15 de diciembre de 2011, Rastelli Davide e C., C‑191/10, EU:C:2011:838, apartado 27).
24 A efectos de determinar los criterios para decidir si una acción está o no incluida en el ámbito de aplicación de esa disposición, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que debía atenderse al considerando 6 del Reglamento n.º 1346/2000, que preceptúa que el Reglamento debería limitarse a disposiciones que regulen la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y para decisiones emanadas directamente de dichos procedimientos y con los que estén en estrecha relación (véanse, en ese sentido, las sentencias de 12 de febrero de 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, apartado 20, y de 19 de abril de 2012, F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, apartado 26).
25 De lo anterior dedujo el Tribunal de Justicia que, habida cuenta de esta voluntad del legislador expuesta en el considerando y del efecto útil del Reglamento n.º 1346/2000, el artículo 3, apartado 1, de este debe interpretarse en el sentido de que atribuye a los tribunales del Estado miembro competente para abrir un procedimiento de insolvencia una competencia internacional para conocer de las acciones que emanen directamente de este procedimiento y que guarden estrecha relación con él (sentencias de 12 de febrero de 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, apartado 21, y de 19 de abril de 2012, F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, apartado 27).
26 Habida cuenta, en particular, de dichos argumentos, el Tribunal de Justicia tiene declarado que las acciones revocatorias cuya finalidad consiste en el acrecentamiento de la masa activa del concurso de la empresa sujeta al procedimiento de quiebra pertenecen a esa categoría de acciones. Por consiguiente, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia tienen competencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia dirigida contra un demandado cuyo domicilio social se encuentre en otro Estado miembro (sentencia de 12 de febrero de 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, apartado 28).
28 En relación con ello procede señalar, por un lado, que, según precisa el considerando 7 del Reglamento n.º 1346/2000, los procedimientos de insolvencia relativos a la liquidación de empresas insolventes u otras personas jurídicas, los convenios entre quebrados y acreedores y los demás procedimientos análogos están excluidos del ámbito de aplicación del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, sustituido en las relaciones entre los Estados miembros, a la excepción del Reino de Dinamarca, por el Reglamento n.º 44/2001. Por otro lado, con arreglo al artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 44/2001, del ámbito de aplicación de este Reglamento se excluirán «la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos».
29 El Reglamento n.º 44/2001 y el Reglamento n.º 1346/2000 deben interpretarse de tal manera que se evite todo solapamiento entre las normas jurídicas que ambos textos establecen, así como todo vacío jurídico. De este modo, las demandas que, en virtud de la letra b) del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001, estén excluidas del ámbito de aplicación de este último Reglamento estarán comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1346/2000. De modo simétrico, las demandas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 estarán comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 44/2001 (véase, en ese sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2017, Tünkers France y Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, apartado 17 y jurisprudencia citada).
30 Sobre ese particular, el Tribunal de Justicia ha precisado que el Reglamento n.º 44/2001 tiene por objeto aplicarse a la materia civil y mercantil en su totalidad, salvo determinadas materias claramente definidas, y que su artículo 1, apartado 2, letra b), únicamente excluye de su ámbito de aplicación las demandas que emanan directamente de un procedimiento de insolvencia y que están estrechamente relacionadas con él, las cuales están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1346/2000 (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de abril de 2012, F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, apartado 29).
31 De ello se deriva que los ámbitos respectivos de aplicación de ambos Reglamentos sobre competencia internacional de los tribunales de los Estados miembros están delimitados con claridad y que la acción revocatoria, al emanar directamente de un procedimiento de insolvencia y estar estrechamente relacionada con él, está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1346/2000 y no en el del Reglamento n.º 44/2001.
32 Ahora bien, procede observar que el Reglamento n.º 1346/2000 no establece regla alguna de atribución competencial internacional que atribuya a los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado competencia para conocer de acciones revocatorias que emanen directamente del procedimiento de insolvencia y estén relacionadas estrechamente con él.
33 Por lo demás, el Tribunal de Justicia tiene declarado que la concentración de todas las acciones directamente asociadas a la insolvencia de una empresa ante los tribunales del Estado miembro competente para abrir el procedimiento de insolvencia resulta conforme con la mejora de la eficacia y la rapidez de los procedimientos de insolvencia con repercusiones transfronterizas, objetivo contemplado en los considerandos 2 y 8 del Reglamento n.º 1346/2000 (sentencia de 12 de febrero de 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, apartado 22).
34 Además, procede señalar que, según el considerando 4 del Reglamento n.º 1346/2000, para el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición jurídica más favorable (forum shopping) (sentencia de 12 de febrero de 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, apartado 23).
36 De los razonamientos anteriores se deduce que los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia, a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000, gozan de competencia exclusiva para conocer de las demandas que emanen directamente de dicho procedimiento y estén relacionadas estrechamente con él y, por tanto, también de las acciones revocatorias por insolvencia.
37 Tal conclusión no se ve desvirtuada por el contexto en que se sitúa el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000.
39 El artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 1346/2000 tiene por objeto único la situación concreta en la que se ha designado al síndico en el contexto de un procedimiento de los del artículo 3, apartado 2, de ese mismo Reglamento y no puede aplicarse a situaciones en que, como en el litigio principal, se ha designado al síndico en el contexto del procedimiento principal de insolvencia.
40 Tal como destaca el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, la distinción se explica porque en el contexto de los procedimientos del artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.º 1346/2000 las facultades del síndico están limitadas territorialmente, puesto que, con arreglo a ese artículo, los efectos de dicho procedimiento se circunscriben a los bienes del deudor situados en territorio del Estado miembro en el momento de la apertura del procedimiento. En esos casos, por tanto, el síndico tiene que tener la posibilidad de interponer una acción revocatoria vinculada a ese procedimiento ante los tribunales de un Estado miembro distinto de aquel en que se haya abierto el procedimiento secundario cuando tras su apertura se hayan trasladado bienes objeto de este a otro Estado miembro.
41 En segundo lugar, tampoco el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 puede fundamentar una interpretación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento que propugne una competencia internacional opcional para las acciones revocatorias.
42 Tal como señala el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, la disposición mencionada se refiere únicamente al reconocimiento y al carácter ejecutorio de las resoluciones, incluso las dictadas por otro tribunal, que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y que guarden inmediata relación con este. Dicha disposición no hace sino acoger la posibilidad de que los tribunales de un Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto un procedimiento de insolvencia al amparo del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 también conozcan de una acción que se derive directamente de ese procedimiento, ya se trate del tribunal que incoó el procedimiento de insolvencia al amparo del propio artículo 3, apartado 1, o de otro tribunal de ese mismo Estado miembro que sea competente territorial y objetivamente (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, apartados 26 y 27).
43 Habida cuenta de todos los razonamientos que anteceden, ha de contestarse a la primera cuestión que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia ejercitada contra un demandado cuyo domicilio o sede se encuentre en otro Estado miembro es de carácter exclusivo.
El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia ejercitada contra un demandado cuyo domicilio o sede se encuentre en otro Estado miembro es de carácter exclusivo.

References: Artículo 3
 artículo 21
 resolución 
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3