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Timestamp: 2019-07-16 15:09:21+00:00

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STC 70/1991, 8 de Abril de 1991 - Jurisprudencia - VLEX 15356742
STC 70/1991, 8 de Abril de 1991
Número de Recurso: Recursos de Amparo nº 1386/1988 y 1545/1989 (acumulados)
1. Las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales no se extienden a la consideración minuciosa de todos y cada uno de los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes en apoyo de sus pretensiones. 2. Si bien es cierto que el recurso de amparo no es cauce adecuado para la impugnación de disposiciones generales de carácter reglamentario, no lo es menos que ello ha de entenderse sin perjuicio de la defensa de la integridad de los derechos fundamentales que constitucionalmente corresponde a este Tribunal a través del recurso de amparo, cuando sea precisamente de la disposición impugnada de la que derive directamente la presunta lesión del derecho fundamental. 3. Aunque el principio de igualdad prohíbe las diferenciaciones de trato que no estén objetivamente justificadas por el fin lícito de la norma, el hecho de que ésta tenga repercusiones indirectas y no queridas no lo pone en cuestión. 4. La generalidad de la norma es una garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad. Por ello el juicio de igualdad debe hacerse teniendo en cuenta los criterios legales establecidos para la distinción, y no casos particulares individualizados. 5. Como hemos señalado en la STC 121/1983, nuestro sistema de Seguridad Social continúa conservando rasgos típicamente contributivos en buena parte de sus prestaciones. Ello conlleva obviamente que quien más cotiza puede obtener en el futuro mayores prestaciones y, en definitiva, permite excluir la existencia de discriminación.
Sentencia citada en: 366 sentencias, 11 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
En los recursos de amparo acumulados núms. 1386/88 y 1545/89, interpuestos por don Eduardo R. G. en su propio nombre y derecho. Han sido partes el Abogado del Estado, Fomento del Trabajo Nacional y el ConseJo General de Colegios Oficiales de Agentes Comerciales y ha comparecido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco Rubio Llorente, Presidente de la Sala, quien expresa el parecer de la misma.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de julio de 1988, don Eduardo R. G. Abogado, interpuso, en su propio nombre, recurso de amparo contra Sentencia de la Sala Cuarta del tribunal Supremo de 19 de abril de 1988. Correspondió a este recurso de amparo el número de registro 1386/88.
7. Por escrito registrado en este Tribunal el 24 de julio de 1989, don Eduardo R. G. interpuso nuevo recurso de amparo -al que correspondió el número de registro 1545/1989- contra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1989, recaída en recursos contencioso-administrativos núms. 408.692 y acumulados sobre impugnación del Real Decreto 46/1984, de 4 de enero, sobre cotizaciones en 1984. La demanda de amparo se fundamenta en antecedentes similares a los descritos en el ordinal segundo de los de esta Sentencia. Se invocan también infracciones de los arts. 24.1 y 4 C.E. análogas a las descritas en el antecedente tercero de esta Sentencia.
9. El recurrente no realiza alegaciones. Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes Comerciales afirma que el Real Decreto 46/1984 resulta contrario al principio de igualdad en cuanto establece que, en el Régimen Especial de Representantes de Comercio, hay que cotizar por el mismo tipo que en el Régimen General (art. 10)cuando la acción protectora que uno y otro dispensan es sensiblemente distinta respecto de las prestaciones existentes, su cuantía y su gestión. Ciertamente, estas desigualdades han desaparecido desde la integración del Régimen de Representantes en el General (Orden ministerial de 20 de julio de 1987), pero han existido con anterioridad, por lo que procede la estimación del recurso de amparo.
3. Una vez excluido que las Sentencias impugnadas resulten contrarias al art. 24.1 C.E., es preciso entrar a considerar el segundo problema relativo al posible carácter discriminatorio de los Reales Decretos de cotización de los años 1984 y 1985. Ahora bien, antes de abordarlo frontalmente es preciso determinar cuáles de las alegaciones, que en relación con la posible infracción del art. 14 C.E. se han realizado a lo largo del procedimiento, son susceptibles de ser consideradas. Esta cuestión se suscita dado que sólo don Eduardo R. G. presentó demanda de amparo en los dos procedimientos, denunciando exclusivamente el carácter discriminatorio de los arts. 5 Real Decreto 46/1984 y 5 Real Decreto 1/1985. Sin embargo, en el recurso de amparo 1545/89 comparecieron también, en el trámite del art. 52.1 LOTC, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes Comerciales y Fomento del Trabajo Nacional. Estas Organizaciones, emplazadas por el Tribunal Supremo en atención a que fueron partes en el procedimiento que dio lugar a la Sentencia de 12 de junio de 1989, tras la acumulación de diversas impugnaciones contra el Real Decreto 46/1984, afirman el carácter discriminatorio de otros preceptos del Decreto de cotizaciones para 1984. En concreto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes Comerciales denuncia el posible carácter discriminatorio de la disposición que asimila la cuantía de las cotizaciones en el Régimen General y en el Especial de representantes de comercio (art. 10 Real Decreto 46/1984) y Fomento del Trabajo Nacional desarrolla similares argumentos respecto del art. 9 Real Decreto 46/1984 -que establece el mismo porcentaje de cotización en el Régimen General y en el de trabajadores autónomos-. El fundamento en que se apoyan estas alegaciones es sustancialmente el mismo: La idea de que, a igualdad de cotización, la Seguridad Social dispensa menores prestaciones a las personas incluidas en los Regímenes Especiales.
Ahora bien, es claro que estas alegaciones no pueden ser tomadas en consideración por este Tribunal. En efecto, tanto Fomento del Trabajo Nacional como el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes Comerciales, introducen, por la vía de las alegaciones del art. 52 LOTC, una pretensión de amparo con sustantividad propia que nada tiene que ver con la que fue formulada por el recurrente, relativa exclusivamente a la posible discriminación dentro del Régimen General. Desde este punto de vista, resulta evidente que estas pretensiones autónomas han sido deducidas extemporáneamente. Si las Organizaciones citadas deseaban obtener un pronunciamiento de este Tribunal sobre la presunta lesión del derecho a la igualdad de las personas que representan, debieron haber interpuesto demanda de amparo dentro del plazo establecido en el art. 44.2 LOTC, sin que esta exigencia pueda ser subsanada en modo alguno a través de las alegaciones previstas en el art. 52 LOTC (STC 66/1989). Queda, con ello, claro que la única infracción del principio de igualdad que puede ser examinada en esta Sentencia es la alegada por quien interpuso efectivamente la demanda de amparo, don Eduardo R. G. Y, en consecuencia, sólo será objeto de razonamiento la cuestión de si los Reales Decretos 46/1984 y 1/1985, al establecer, respecto de las contingencias comunes, bases de cotización máximas y mínimas en razón de la categoría profesional, contradicen o no el art. 14 C.E.
En todo caso, la objeción del Abogado del Estado tiene, en este supuesto, una importante virtualidad, pues pone de manifiesto que el recurso de amparo sólo permite axaminar eventuales lesiones de un derecho fundamental. Ello permite excluir de la consideración de este Tribunal todas las alegaciones que el recurrente realiza para demostrar la infracción de principio de legalidad por los preceptos impugnados, pues habiendo sido ya resuelta esta cuestión en las Sentencias impugnadas por el órgano competente de la Jurisdicción ordinaria, nada puede decir sobre ella este Tribunal en cuanto tal infracción, aun si existiera, en nada ha afectado a los derechos fundamentales que en esta vía se han hecho valer.
Denegar el amparo solicitado por don Eduardo R. G.
STS 517/1999, 8 de Junio de 1999
STSJ Extremadura , 22 de Febrero de 2000

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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