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Timestamp: 2019-12-12 10:55:43+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 388/00 de Corte Constitucional, 5 de Abril de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43563800
Sentencia citada en: 102 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
El ciudadano D.G.G. demandó parcialmente el artículo 155 del Decreto 2737 de 1989 por considerarlo violatorio del artículo 29 de la Constitución Política.
El ciudadano R.B.G. a través de memorial fechado el 13 de octubre de 1999, solicitó la declaratoria de exequibilidad de la norma acusada.
Intervención de la directora nacional de recursos y acciones judiciales (E) de la Defensoría del Pueblo
Intervención del ciudadano R.B.G.
En los términos del artículo 241-5 de la C.P. la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda.
La demanda que dio origen al presente proceso, se orienta contra la presunción legal contenida en la parte final del artículo 155 del Código del Menor, según la cual, para efectos de definir la pensión alimenticia, si no fuere posible determinar la capacidad económica del alimentante, el juez podrá presumir que devenga, al menos, el salario mínimo legal. En criterio del demandante, la presunción legal aludida vulnera el derecho fundamental al debido proceso y, en particular, el derecho a la presunción de inocencia del deudor (CP art. 29). A su juicio, una persona puede resultar condenada al pago de una cuota alimentaria imposible de satisfacer de manera tal que, finalmente, terminará penalmente sancionada sin ser verdaderamente responsable del delito de inasistencia alimentaria que se le imputa.
Las presunciones legales (presunciones iuris tantum) El artículo 66 del CC establece la existencia de las llamadas presunciones legales y de las presunciones de derecho. Al respecto puede consultarse, entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 1994 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (exp. 4119) con ponencia del Magistrado C.E.J.S.. no son otra cosa que hechos o situaciones que, en virtud de la ley, deben suponerse como ciertas siempre que se demuestren determinadas circunstancias previas o hechos antecedentes. En efecto, al establecer una presunción, el legislador se limita a reconocer la existencia de relaciones lógicamente posibles, comúnmente aceptadas y de usual ocurrencia, entre hechos o situaciones jurídicamente relevantes, con el fin de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos. Ahora bien, a diferencia de las llamadas presunciones de derecho (iuris et de iure o auténticas ficciones jurídicas), las presunciones legales admiten prueba en contrario.
La consagración de una presunción legal libera a una de las partes del proceso de la carga de probar el hecho presumido. Sin embargo, las más de las veces, el sujeto beneficiado debe demostrar la ocurrencia del hecho antecedente a partir del cual se deriva la existencia - al menos procesal -, del hecho presumido. La demostración de los hechos antecedentes no es, usualmente, un asunto complicado. En consecuencia, puede afirmarse que una determinada presunción legal, beneficia a una de las partes del proceso, pues la libera de la carga de demostrar el hecho que se presume y que resulta fundamental para la adopción de una determinada decisión judicial.
La disposición demandada establece que, en el proceso de alimentos, cuando no resulte posible acreditar el monto de los ingresos del alimentante, se deberá presumir que devenga, al menos, el salario mínimo legal. Se pregunta la Corte si la presunción legal que se analiza, es razonable. En otras palabras, si la misma responde a las leyes de la lógica o de la experiencia.
Por lo anterior, el juicio de razonabilidad de una norma que consagra una presunción legal se supera, simplemente, al verificar que, según las reglas de la experiencia, es altamente probable que, de ocurrir el hecho base o antecedente, se presente el hecho presumido. La probabilidad se define, principalmente, a partir de datos empíricos. No obstante, en algunas circunstancias, el legislador puede encontrar probable la conducta que, según el ordenamiento jurídico, debe seguir un sujeto razonable (o lo que en derecho civil aún hoy se denomina un buen padre de familia). En consecuencia, para consagrar una determinada presunción, la ley puede tener en cuenta expectativas sociales adecuadamente fundadas, siempre que tales expectativas puedan ser razonablemente satisfechas. Así por ejemplo, si una persona es propietaria de una porción importante de tierra fértil, el legislador puede establecer la presunción legal de que el propietario ha puesto a producir, al menos, una parte de dicho terreno. En efecto, sólo de esta manera se estarían satisfaciendo las expectativas sociales legítimamente fundadas en la función social que por mandato constitucional debe tener el ejercicio del derecho de propiedad En este sentido puede consultarse, por ejemplo, la Sentencia C-109/93 (MP E.C.M.).. No obstante, tratándose de una presunción legal, la persona afectada tendrá siempre la oportunidad de demostrar la inexistencia del hecho presumido.
En cuanto respecta a la disposición demandada, puede sostenerse que si bien un sector de la población no devenga el salario mínimo legal, la mayoría de las personas, en edad de trabajar, percibe, por lo menos, un ingreso mensual equivalente a dicha suma. En efecto, tanto los datos que aporta la experiencia como la obligación del empleador de pagar, no menos de una cuantía mínima legal como salario mensual, permite sostener que la presunción cuestionada es razonable.
Como fue mencionado, la carga consistente en desvirtuar una presunción legal, vale decir, la inversión de la carga de la prueba, apareja un desequilibrio entre las partes procesales. Pese a que esta Corte ha señalado que la elaboración de las reglas del proceso es una cuestión que compete al legislador y que puede desarrollar en plena libertad, también ha sostenido que al establecer las reglas del proceso la ley debe cuidarse de respetar el núcleo esencial de los derechos que componen el derecho al debido proceso y que toda limitación de los derechos de las partes procesales debe superar con éxito lo que se ha denominado, en la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera, un juicio de proporcionalidad.
Desde una perspectiva procesal o adjetiva, la presunción legal consagrada en la parte final del artículo 155 del Código del Menor, persigue que la cuota alimentaria se fije, por lo menos, con relación al salario mínimo legal. En efecto, dicha presunción releva a la parte más débil - el menor - de la carga de demostrar que quien se encuentra legal y constitucionalmente obligado a sostenerlo y educarlo devenga, al menos, el salario mínimo legal. De esta manera, se logran dos objetivos procesales importantes. En primer lugar se corrige la desigualdad material entre las partes respecto de la prueba y, en segundo término, se evita que un eventual deudor de mala fe, pueda evadir sus más elementales obligaciones ocultando o disminuyendo una parte de su patrimonio. Con lo anterior, la ley tiende a garantizar, en el peor de los casos, el pago de una cuota alimentaria mínima vinculada al nivel de ingresos presumido.
Desde la perspectiva material o sustantiva, la presunción estudiada se orienta a hacer efectiva la ineludible responsabilidad constitucional que tiene los padres respecto de los hijos, especialmente, en cuanto respecta a la obligación de cuidarlos, sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos Según el inciso 5º del artículo 42 de la Carta "La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos". Así mismo tanto el Código Civil como el Código del Menor, establecen la obligación de los padres de otorgar alimento, vivienda, vestido, educación, salud y recreación a sus hijos menores o incapaces.. De la misma manera, puede afirmarse que el establecimiento de un límite mínimo para determinar la cuota alimentaria, se funda en la prelación constitucional de los derechos fundamentales de los menores. No resulta difícil comprender entonces que la disposición demandada persigue un objetivo constitucionalmente prioritario: la defensa de los derechos más elementales del menor Sobre la importancia constitucional de la obligación alimentaria y la primacía de los derechos del menor pueden consultarse, entre otras, las Sentencias C-19/93 (MP C.A.B.); T-098/95 (MP J.G.H.G.); T-502/92 (MP A.M.C.); T-212/93 (MP A.M.C.); T-205/94 (MP J.A.M.); C-237/97 (MP C.G.D.); C-657/97 (MP J.G.H.G.); C-184/99 (MP A.B.C.); C-305/99 (MP J.G.H.G.. .
Adicionalmente, constata la Corte que la norma demandada resulta útil y necesaria para garantizar un límite mínimo de la cuantía de la obligación alimentaria. Ciertamente, la presunción legal cuestionada impide que el deudor de mala fe pueda llegar a ocultar, incluso, la parte de su patrimonio que corresponde a un salario mínimo legal. De otra parte, no es evidente que exista otra medida que implique menores costos para el deudor e igual o mayor beneficio para el menor que ha tenido que acudir a un juicio para hacer que sus padres cumplan con la obligación primaria de sostenerlo y educarlo.
Pese a lo anterior, el demandante afirma que la disposición bajo estudio es desproporcionada dado que vulnera la presunción de inocencia. En su criterio, la norma demandada termina estableciendo la responsabilidad objetiva del deudor quien, pese a no encontrarse en las condiciones establecidas en la presunción, como resultado de esta, puede resultar condenado al pago de una cuota alimentaria que no está en capacidad de sufragar, y, en consecuencia, penalmente sancionado.
La presunción establecida en el artículo 155 del Código del Menor puede ser desvirtuada por el deudor. En efecto, dicha disposición no implica una ficción incontrovertible, sino una carga procesal que se impone al alimentante dada la importancia de los derechos de su contraparte en el proceso de alimentos - el menor -, y la desigualdad material que existe entre las partes respecto del acceso a la prueba. En este sentido, el sujeto afectado puede utilizar los recursos que estén a su alcance para demostrar que no devenga el salario mínimo legal. Dado que nadie está obligado a lo imposible (CC art. 416), al desvirtuar la presunción, el juez queda obligado a inaplicarla o a relevar al deudor del pago de la cuota fijada en virtud de un patrimonio que no corresponde a su realidad económica. Como lo ha reconocido la Corte, la carencia de recursos económicos impide la exigibilidad de la obligación civil. Ver, entre otras, la sentencia C-237/97 (MP Caros Gaviria Díaz).
Ahora bien, en cuanto respecta al proceso penal, las disposiciones que prevén el delito de inasistencia alimentaria son meridianamente claras al establecer que incurre en responsabilidad penal quien se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos Artículo 263 del CP, cuyo primer inciso fue declarado exequible por la Sentencia C-237/97 (MP C.G.D... Como lo ha señalado la Corte, se trata de una conducta activa que exige dolo o intención. Por lo tanto, la inobservancia del deber queda justificada si se produjo como efecto de un acontecimiento que imposibilitaba su cumplimiento o que lo excusaba temporalmente Al respecto Cfr, la Sentencia T- 502/92 (MP A.M.C.., como sería, por ejemplo, contar con un patrimonio notoriamente menor a aquel que se tuvo como base para determinar la correspondiente obligación.
La conducta descrita por la norma acusada es de peligro, en cuanto no se requiere la causación efectiva de un daño al bien jurídico protegido; de ejecución continuada, dado que la violación a la norma persiste hasta tanto se dé cumplimiento a la obligación; exige un sujeto pasivo calificado que es la persona civilmente obligada; un sujeto activo que es el beneficiario y, concretamente, los ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo, y el cónyugeEs de anotar que en relación con los titulares del derecho, la norma civil es más amplia que la penal, pues comprende también a los hermanos legítimos y al que hizo una donación cuantiosa siempre que no la haya rescindido o revocado., y un elemento adicional, contenido en la expresión "sin justa causa"; además, se trata de una conducta que sólo puede ser sancionada a título de dolo; por tanto, requiere que el sujeto obligado conozca la existencia del deber y decida incumplirlo. (...)
Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino - a fortiori - la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal); en consecuencia, tampoco este último cargo está llamado a prosperar." Sentencia C-237/97 (MP C.G.D..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 29527 de 19 de Agosto de 2008
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56030 de 26 de Septiembre de 2011

References: artículo 155
 artículo 29
 artículo 241
 artículo 155
 artículo 66
 artículo 155
 artículo 42
 artículo 155
 Artículo 263