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Timestamp: 2019-10-14 15:58:48+00:00

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LEY 26/2001, de 27 de diciembre, por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 121225
LEY 26/2001, de 27 de diciembre, por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles.
Fecha de Entrada en Vigor: 3 de Enero de 2002
Marginal: BOE-A-2002-18
Norma citada en: 15 sentencias, 2 artículos doctrinales, 9 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Dada la repercusión que las encefalopatías espongiformes transmisibles pueden tener en la cabaña ganadera de los Estados miembros y, eventualmente, en la salud de los consumidores, se convierte en objetivo primordial de las Administraciones públicas competentes el disponer de los mecanismos adecuados que permitan garantizarla sanidad animal y, sobre todo, la salud de las personas a través de las medidas que aseguren que la enfermedad no pasa a la cadena alimentaria.
En este contexto, las principales obligaciones derivan de lo dispuesto en el Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiforme transmisibles, y en el Real Decreto 3454/2 000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el Programa integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales, ya que ambas normas constituyen el núcleo principal de todas las disposiciones aprobadas hasta el momento sobre esta materia. No obstante, no debe obviarse la especial trascendencia que adquieren otras disposiciones de ámbito más genérico para evitarla comisión de fraudes y controlar la enfermedad. Éste es el caso de la normativa aplicable en materia de identificación de animales, que permite alas autoridades competentes controlar el movimiento de los animales y la trazabilidad de las carnes destinadas al consumo.
El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en dichas normas, constituye un elemento indispensable para garantizar el control de la enfermedad y la protección de los animales y las personas. Esta garantía necesita del apoyo de un homogéneo y específico sistema de infracciones y sanciones, partiendo de una tipificación concreta y adaptada ámbito de aplicación de que se trata, permita aplicar sanciones adecuadas a la realidad actual y que cumplan con la finalidad propia de todo régimen sancionador.
En efecto, teniendo en cuenta que las consecuencias derivadas de las encefalopatías espongiforme transmisibles afectan tanto al ámbito de la sanidad animal como al de la salud pública, así como al ámbito de protección de los consumidores y del medio ambiente, el elenco de normativa sancionadora aplicable es amplio y genérico.
Así, el régimen de infracciones y sanciones vigentes para garantizarla protección de los consumidores y la salud de las personas sería el contenido en la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el Real Decreto 1945/1983, de 2 2 de junio, por el que se regulan infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria de los alimentos, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En el ámbito de la sanidad animal, sería el que contiene el Decreto de 4 de febrero de 1955, sobre Reglamento de Epizootias.
Antela situación planteada, se hace necesario aprobar una norma de carácter básico que tipifique los tipos de ilícitos administrativos en materia de prevención y lucha contra las encefalopatías espongiformes transmisibles, al amparo del título competencial contenido en el artículo 1 49.1.1.8 y 1 6.a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.
La presente Ley tiene por objeto establecerlas infracciones y sanciones aplicables a los incumplimientos de determinadas obligaciones establecidas en la normativa comunitaria y nacional para la prevención y erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles, tanto las obligaciones que afectan a los rumiantes como las relativas a la alimentación e identificación de los animales de producción relacionadas con dichas enfermedades.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por animales de producción los animales de granja, mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos, tanto en régimen intensivo como extensivo, así como para el abasto público de la población humana, como para la alimentación de animales.
Artículo 2 Infracciones.
Las infracciones se clasifican como muy graves, graves y leves.
La fabricación no autorizada, la falsificación, manipulación o utilización fraudulenta de las marcas identificativas de los animales de producción o de los documentos de identificación que los amparan o de los libros de registro de las explotaciones que se establecen en la normativa específica que regula la identificación y registro de los mismos.
Las infracciones graves previstas en los párrafos a), b), c), d), i), j) y k) del apartado 3 de este artículo que puedan producir un riesgo grave y directo para la salud de las personas.
La omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles a que deban someterse los animales con destino a consumo humano, así como la no realización de los mismos en los laboratorios designados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
La ocultación de casos de encefalopatías espongiformes transmisibles, diagnosticados o sospechosos, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.
El incumplimiento de la obligación de extracción, teñido o marcaje de todos los materiales especificados de riesgo de cada animal por quienes estén obligados a su cumplimiento y autorizados a su realización.
La utilización en la alimentación de animales de producción, de proteínas animales que hayan sido expresamente prohibidas, salvo que, por defectos en el etiquetado no atribuibles al ganadero, éste no pudiera haber conocido la existencia de las mismas.
La comercialización, los intercambios, la importación procedente de terceros países y la exportación a terceros países, con destino a la alimentación de animales de producción, de proteínas animales elaboradas que hayan sido expresamente prohibidas.
La fabricación, la distribución, la comercialización, los intercambios, la importación procedente de terceros países y la exportación a terceros países de piensos para la alimentación de animales de producción que contengan proteínas animales elaboradas que hayan sido expresamente prohibidas.
La omisión o el falseamiento de los datos exigidos en el etiquetado de los piensos y de las materias primas para la alimentación animal, cuando no resulte clara con arreglo a las disposiciones vigentes la advertencia de contener proteínas animales elaboradas prohibidas en la alimentación de animales de producción.
La tenencia en una explotación de animales de producción cuya identificación no pueda ser establecida mediante ninguno de los elementos de identificación previstos en la normativa específica de identificación, tales como marcas, documentos identificativos o libros de registro.
La tenencia en una explotación de más de un 10 por ciento de animales de producción, en relación con los animales pertenecientes a la explotación, cuya identificación carezca de alguno de los elementos previstos en la normativa específica de aplicación, tales como marcas, documentos de identificación o inscripción en los libros de registro.
La declaración de datos falsos sobre los animales de producción que se posean en las comunicaciones a la autoridad competente que prevé la normativa específica.
La falta de comunicación de la muerte del animal de producción, cuando dicha comunicación venga exigida por la normativa aplicable.
La reincidencia en la misma infracción leve en el último año. El plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución.
La obstrucción a la actuación inspectora y de control de las Administraciones públicas.
La omisión de análisis, pruebas y test de detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles a que deben someterse los animales que no se destinen a consumo humano, así como la no realización de los mismos en los laboratorios designados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
La falta de comunicación de la sospecha de aparición de la encefalopatía espongiforme transmisible, cuando exista obligación de declararla a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.
La extracción de los materiales especificados de riesgo por sujetos no autorizados o en centros no permitidos por la legislación vigente.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente sobre tratamiento de materiales especificados de riesgo previo a su destrucción.
La extracción de los materiales especificados de riesgo incumpliendo las condiciones técnico-sanitarias exigidas o no respetando las autorizaciones administrativas correspondientes.
La fabricación de piensos para animales de producción en las mismas plantas industriales en cuyas instalaciones se fabriquen piensos para el resto de animales, incluidos los de compañía, que contengan proteínas animales elaboradas que hayan sido expresamente prohibidas en la alimentación de animales de producción y que no cumplan los requisitos previstos en las excepciones contempladas en la normativa vigente.
La fabricación de piensos para animales de producción en condiciones no permitidas por la normativa vigente, cuando dicho incumplimiento produzca un riesgo para la sanidad animal.
El etiquetado insuficiente o defectuoso de los piensos y de las materias primas para la alimentación de animales de producción, en el que no resulte clara la composición del producto con arreglo a las disposiciones vigentes.
La tenencia en una explotación de menos de¡ 10 por ciento de animales de producción, en relación con los animales pertenecientes a la explotación, cuya identificación carezca de alguno de los elementos previstos en la normativa específica de aplicación, tales como marcas, documentos de identificación o inscripción en los libros de registro.
La falta de comunicación a la autoridad competente de nacimientos, entradas o salidas de los animales de producción de una explotación, cuando dicha comunicación venga exigida por la normativa aplicable.
El retraso en la comunicación a la autoridad competente de la muerte de un animal de producción de una explotación, cuando dicho retraso sea el doble o más del plazo previsto en la legislación específica en materia de identificación y registro de animales.
La acumulación durante un año, de dos o más retrasos en la comunicación a la autoridad competente de nacimientos, entradas o salidas de los animales de producción de una explotación, cuando el retraso sea el doble o más del plazo previsto en la legislación específica en materia de identificación y registro de los animales.
La falta de colaboración con la actuación inspectora y de control de las Administraciones públicas.
La comunicación de la sospecha de aparición de la encefalopatía espongiforme transmisible cuando se haga fuera del plazo reglamentariamente previsto.
La fabricación de piensos para animales de producción en condiciones no permitidas por la normativa vigente, cuando dicho incumplimiento no pueda calificarse como infracción grave o muy grave.
El etiquetado insuficiente o defectuoso de los piensos y de las materias primas para la alimentación de animales de producción que no pueda calificarse como infracción grave o muy grave.
Artículo 3 Sanciones.
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
En el caso de infracciones muy graves, se aplicará una multa de 9.983.326 a 199.663.200 pesetas (60.001a1.200.000 euros).
En el caso de infracciones graves se aplicará una multa de 499.324 a 9.983.160 pesetas (3.001a60.000 euros).
En el caso de infracciones leves se aplicará una multa de 99.831 a 499.158 pesetas (600 a 3.000 euros).
Las sanciones se graduarán atendiendo a las circunstancias de responsable, grado de culpa demostrada, reiteración, participación y beneficio obtenido, número de animales afectados y grado del daño económico causado o del peligro en que se haya puesto la salud de las personas o la sanidad de los animales.
Artículo 4 Sanciones accesorias.
Decomiso de productos prohibidos en la alimentación de los animales de producción o que puedan entrañar riesgo para la salud o sanidad animal.
Decomiso de los productos cárnicos y derivados destinados al consumo humano, cuando puedan entrañar riesgo para la salud humana.
Clausura temporal, parcial o total del establecimiento.
Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por la empresa.
Artículo 5 Infracciones y sanciones relativas al transporte.
A las infracciones relativas al traslado, desplazamiento, transporte y movimiento pecuario hacia o desde los Estados miembros, y exportaciones e importaciones de países terceros, les serán de aplicación las sanciones previstas para el territorio nacional en el artículo 1 03 de la Ley 5 0/1 99 8, de 3 0 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En los supuestos de infracción grave y muy grave previstos en el artículo 103 de la Ley 5 0/1 99 8, de 3 0 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, así como en los supuestos previstos en el apartado anterior del presente artículo, el órgano encargado de resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las medidas que se establecen en el artículo anterior de la presente Ley.
Artículo 6 Potestad sancionadora.
Artículo 7 Adopción de medidas provisionales.
Las medidas que figuran en los párrafos a), d) y e) del artículo 4 de la presente Ley.
Artículo 8 Concurrencia de sanciones.
La responsabilidad por las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley es de naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que hubiere lugar.
Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.
Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado resolución firme o que ponga fin al procedimiento. Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo.
De no apreciarse la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador.
La presente Ley constituye legislación básica al amparo de las reglas 1.e y 1 6.e del artículo 1 49.1 de la Constitución, salvo el artículo 6.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
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Ley para el Cuidado de los Animales, en su Explotación, Transporte, Experimentación y Sacrificio (Ley 32/2007, de 7 de noviembre)
Real Decreto 1080/2012, de 13 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de contr...
DECRETO 31/1992 de 18 de febrero, por el que se modifica la estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019.
ORDEN EDU/310/2005, de 4 de marzo, por la que se aprueba el modelo de documento administrativo en el que han de formalizarse los conciertos educativos a partir del curso académico 2005/2006.
Decreto 270/2011, de 11 de noviembre, por el que se establece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la obtención de la capacitación suficiente para la manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola y/o ganadero y el bienestar animal, así como la regulación del procedimiento de homologación de los programas formativos correspondientes y la expedición del carné o certificado procedente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DECRETO FORAL 379/2000, de 26 de diciembre, por el que se actualiza la cuantía mínima del Recurso Cameral Permanente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra que recae sobre la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.
REAL DECRETO 2374/1994, de 9 de Diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la administracion del Estado a la Comunidad autonoma de la Rioja en materia de Espectaculos.

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 1
 artículo 103

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 4

Artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 6

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 

REAL DECRETO