Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311365.html
Timestamp: 2019-03-22 14:50:42+00:00

Document:
as201311365
AUTO SUPREMO Nº. 365/2013
EXPEDIENTE: Potosí 258/2013
PARTES PROCESALES: Vladimir Ramiro Mendoza Condori, Mery Laura Choque Limachi contra Elsa Rentería Villarroel
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Mery Laura Choque y Vladimir Mendoza (fs. 93 a 95), impugnando el Auto de Vista Nro. 54/2013 emitido el 18 de noviembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 89 a 91), en el proceso penal seguido por los recurrentes contra Elsa Rentería Villarroel, por la presunta comisión de los delitos de difamación, injuria, previstos y sancionados por los artículos 282 y 287 del Código Penal.
Sustanciado el juicio oral y ordinario, el Juzgado de Sentencia Nro. 2 de la capital del departamento de Potosí, que conoció esa causa, pronunció Sentencia Nro.17/2013 de 20 de junio (fs. 67 a 74), declarando a la imputada Elsa Rentería Villarroel, absuelta de culpa y pena de la comisión de los delitos de difamación e injuria, previstos y sancionados por los artículos 282 y 287 del Código Penal, sin costas.
Contra la citada Sentencia, los acusadores Mery Laura Choque Limachi y Vladimir Mendoza, formularon recurso de apelación restringida (fs. 77 a 78), resuelto por Auto de Vista Nro. 54 de 18 de noviembre de 2013 (fs. 89 a 91), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó en su integridad la Sentencia impugnada.
Con el Auto de Vista referido, los recurrentes fueron notificados en forma personal el 26 de noviembre de 2013 (fs. 92), formulando el recurso de casación, motivo de autos, el 3 de diciembre de 2013 (fs. 93 a 95).
1. Restricción del derecho de acceso a la justicia. Sostienen que en el desarrollo del juicio oral, se acreditó la existencia del hecho denunciado, es decir, la participación de la imputada, se probó que su conducta se adecua a los elementos de los tipos penales acusados, y que pese a ello, se determinó la exención de responsabilidad penal. Señalan que se probó testificalmente la participación dolosa de la acusada pues existieron personas que estuvieron en el momento del hecho, y que Vladimir Ramiro Mendoza, no respondió ni se defendió de los insultos propinados, extremo que fue reconocido por la imputada, consecuentemente no existió agresión recíproca del “animus injuriandi con el animus defendendi” (sic), lo que hace que el Auto de Vista impugnado, sea contrario a la jurisprudencia establecida en los Autos Supremos Nros. 368 de 2005 y 90/2006. Manifiestan que esta vulneración del derecho a la justicia y derecho a la impugnación, es recurrible de casación pues vulnera derechos fundamentales que merecen ser considerados en el fondo porque su violación afecta la acción de la justicia. Que no solo se debe perseguir al delincuente sino que se debe realizar una ponderación de la prueba en virtud al hecho denunciado y de ahí dictar una resolución justa y legal, cosa que no ocurrió en el caso concreto, vulnerándose los artículos 124, 173, 169 inciso 3), 370 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal, extremos no susceptibles de apelación, empero al generarse una incorrecta valoración de los hechos, produce defectos propios del Auto de Vista y desemboca en un acto de ilegalidad, porque no se verificaron las denuncias que son defectos absolutos de la Sentencia, no susceptibles de convalidación conforme al artículos 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual – sostienen – “se abre la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para advertir la denuncia de estas vulneraciones a derechos constitucionales de acuerdo a lo previsto en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, de pronunciarse de oficio sobre el petitorio, no pudiendo manifestarse por la admisibilidad” (sic)
2. El Auto de Vista pretende consolidar la errónea aplicación de la ley sustantiva. “el auto de vista impugnado no advierte el cumplimiento de la ley porque se denuncia error in iudicando en virtud a la infracción del art. 370 inc. 1) del procesal penal, solicitándose expresamente se anule el juicio oral por haberse emitido una sentencia de responsabilidad penal, es mas por incorrecta aplicación de la ley por cuanto, siendo que el hecho se produjo en varias oportunidades no se indica el devalor de esta prueba acreditada en juicio, ello vulnera el debido proceso, al ser de efecto erga omnes esta inobservancia obliga al juzgador a anular la decisión del a quo a nuevo juicio por reenvío por ser contraria a la ley en su debida interpretación doctrinaria y de aplicación constitucional, esta inobservancia amerita la admisibilidad del recurso de casación”(sic).
3. Los defectos de la Sentencia refieren error in procedendo y se solicita anulación de la sentencia por no ser subsanable las que al no ser consideradas se afecta el derecho de impugnación. Bajo ese epígrafe, señalan que esta petición hecha en apelación restringida, está avalada por el artículos 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado pero que al no ser observada, genera lesión al debido proceso en su componente del derecho de impugnación, según lo establecen los artículos 180 parágrafos I y II y 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado. Sostienen que “Se deja claro que de acuerdo a la SS.CC 1855/2003-R el recurso interpuesto claramente especifica cual es la pretensión del recurso, sin pretender revalorizar la prueba, e indicando claramente que no existen los elementos de cada uno de los tipos penales acusados y sentenciados” (sic). Aclaran que el recurso presentado no es genérico, sino mas bien específico sobre los defectos de la sentencia y denuncias concretas de los errores in procedendo e in iudicando, de ahí que el recurso no se adecua a lo establecido por la parte final del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal. Afirman que se les coartó el derecho a la defensa que se vio lesionado pues no se les permitió impugnar con el argumento de no satisfacer las expectativas del Tribunal de Alzada, lo que significa vulnerar el debido proceso y no poder llegar al conocimiento exacto de la verdad material contemplada en el artículo 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, misma que al ser protegida por el principio pro homine, posee un valor singular en la apreciación de los derechos del imputado, porque existe un hecho que el juez de Sentencia “a forciori” pretende eximir de responsabilidad y ser justificado por el Tribunal de Alzada. Todo lo expuesto –señalan– acredita la existencia de un hecho jurídico con efectos legales contrarios a la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso en sus componentes “Juez Natural – impugnación – deber de fundamentación”(sic), por lo que solicitan se admita el presente recurso y se determine la anulación del Auto de Vista impugnado, a efectos de que se dicte nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable.
Que el recurso de casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nro. 54/2013 de 18 de noviembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 89 a 91) dentro del plazo legal establecido para su presentación, encontrándose cumplido lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.
Respecto al cumplimiento de los demás requisitos de admisión del recurso de casación, se advierte que, los recurrentes mencionan los Autos Supremos Nros. 368 de 2005 y 90/2006, sin embargo omiten cumplir con el requisito de admisibilidad consistente en señalar en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los supuestos precedentes, limitándose simple y llanamente a citarlos, sin tomar en cuenta que no es suficiente referir y citar precedente contradictorio, sino que dicha formalidad se cumple cuando de manera fundamentada y motivada se contrasta el Auto de Vista que se impugna con los Autos de Vista o Autos Supremos que se invoca, indicando y reflejando de qué modo se presenta la contradicción que se alude; por lo que, resulta evidente que el recurso de casación adolece de los requisitos establecidos para su admisibilidad y que se constituyen en indispensables.
Por otro lado, en cuanto a la denuncia de defectos absolutos por inobservancia de los artículos 124, 173, 169 inciso 3), 370 incisos 1) y 4) , respecto a la denuncia de vulneración del derecho a la justicia y a la impugnación; cabe precisar que no es suficiente señalar dicha vulneración de manera genérica, sino que se debe demostrar normativamente, la forma quebrantada, la restricción o disminución de cada uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales supuestamente vulnerados; Así lo ha establecido de manera reiterada este Tribunal y el Tribunal Constitucional, que sobre la admisión excepcional y la flexibilización de los requisitos de admisión del recurso de casación, en la Sentencia Constitucional Nro. 1112/2013 de 17 de julio dice “Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación (…) La identificación de la línea jurisprudencial sería incompleta si acaso no se advierte que el Tribunal Supremo ha precisado que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional (…) Consecuentemente, se entiende que para que esta vía de flexibilización opere, el recurrente debe cumplir con la obligación de explicitar los hechos que dieron origen al recurso con detalle preciso del agravio, la restricción o disminución del derecho o garantía, de forma tal que el resultado dañoso emergente del defecto sea identificado con claridad, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional” (sic). Aspectos que no fueron observados por los recurrentes a momento de formular el presente recurso pues, en absoluto explican el resultado dañoso cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; de este modo, incumple con la carga procesal de precisar y acreditar en qué medida los aspectos señalados en el recurso de casación, inciden en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal; Consiguientemente, resulta en definitiva insuficiente que el recurrente alegue vulneración de derechos y garantías constitucionales y defectos absolutos, sin cumplir con las obligaciones claramente determinadas mediante la jurisprudencia emitida por éste Tribunal Supremo que sostiene que éstas deben estar formuladas en el marco de los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, no habiéndose cumplido con esta exigencia, tampoco es posible, abrir la competencia de este Tribunal, a efectos de verificar los defectos absolutos denunciados.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Mery Laura Choque y Vladimir Mendoza (fs. 93 a 95), impugnando el Auto de Vista Nro. 54/2013 emitido el 18 de noviembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 89 a 91), en el proceso penal seguido por los recurrentes contra Elsa Rentería Villarroel, por la presunta comisión de los delitos de difamación, injuria, previstos y sancionados por los artículos 282 y 287 del Código Penal.

References: resolución 
 artículo 399
 artículo 180
 resolución 
 artículo 417
 artículo 42
 artículo 418