Source: http://www.argentina-rree.com/portal/archivos/justicia01.htm
Timestamp: 2019-02-16 23:13:20+00:00

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En el contexto de este intenso flujo migratorio, ¿cuántas de las personas que inmigraron a nuestro país lo hicieron dejando cuentas pendientes en Europa? ¿Quiénes eran? Es imposible responder con precisión a estas preguntas con los datos existentes. Como lo señala Alfredo Lattes en su artículo titulado: “Tratando de asir lo inasible: las dimensiones de la inmigración en la Argentina entre 1945 y el presente”, “(...) se carece de la información sobre radicaciones anteriores a 1959 y se ignora el número de personas que se acogieron a las amnistías (1949), (...) puede sostenerse que el “Flujo de Inmigrantes Legales” (FINLE), es inferior, en magnitud desconocida, al FINLE verdadero.” (El artículo de A. Lattes fue publicado en laRevista Estudios Migratorios Latinoamericanos, No 15-16, Buenos Aires, Agosto-diciembre de 1990, pags. 295-308,).
Por otra parte, se presenta un tercer tipo de problema. Este está relacionado con utilización de criterios personales -por parte de los historiadores- sobre la base de los que califican o descalifican los méritos de las denuncias que pesan sobre los prófugos y fugitivos, cuya captura o extradición fue solicitada hace décadas. ¿Cuáles son las condiciones objetivas y cuál es la definición operativa de las categorías "criminal de guerra" o "colaboracionista"? ¿Cuáles son las consideraciones jurídicas que legitiman que un historiador pueda rechazar la calificación consignada y las pruebas que se adjuntan a los pedidos de extradición? Esto no siempre queda claro.
Los documentos que se publican a continuación son los que se encontraron, por estar abiertos a la consulta pública. Cabe conjeturar que deben haber habido otras extradiciones solicitadas. Esta inferencia surge después de analizar el caso de Gehrard Bohne, el primer criminal de guerra cuya extradición concedió la Argentina y, no obstante la resolución favorable del tema no se ha encontrado la solicitud de extradición. Sí se ha publicado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída en el caso "Gehrard Bohne."**
En 1949 el diputado radical Mauricio Yadarola denunciaba que Pierre Daye/Adam y otros criminales de guerra –cuyos nombres quedaron debidamente consignados en el libro de Actas de la Cámara- fueron nombrados asesores de la Policía Federal.*** Con tal motivo solicita que se invite al Ministro de Relaciones Exteriores para que informe sobre el grado de conocimiento del Ejecutivo acerca del ingreso de este tipo de “refugiados” al país. La moción de Yadarola no prosperó, pero muestra que sectores de la sociedad civil argentina conocían las actividades de estos inmigrantes y rechazaban contundentemente su participación en la vida pública y su incorporación como funcionarios de las agencias estatales. Esta denuncia no fue obstáculo para que siguieran en sus funciones con el beneplácito del Poder Ejecutivo, como surge de los documentos publicados en la colección documental: "La política migratoria argentina y las prácticas concretas en la pos Segunda Guerra" (Véase en el ARCHIVO de este sitio)
Con posterioridad, el expediente pasó a dictamen de la Asesoría Letrada del Ministerio del Interior, que aconsejó girarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores; luego quedó sujeto al dictamen de Pascual La Rosa. Este afirmó el 5 de mayo de 1947 que, atento tratarse de un simple "Pedido de informe", el expediente debía girarse a la Dirección en lo Contencioso-Administrativo del mismo Ministerio. La extradición nunca se concretó el pedido y el expediente fue archivado en el año 1950, dos años después de su muerte.
Constituido a las 15.00 del día anterior a la fecha en el Desembarcadero de la Dársena Norte, a la llegada del vapor de bandera española "Cabo de Buena Esperanza", comprobé que en la lista de pasajeros del mismo figuran Carlos Hipólito Saralegui Lfesca y su esposa María Emilia Levray, pero, ambos no llegaron en razón de haber desembarcado en el Puerto de Montevideo, según constancias establecidas en la documentación de a bordo.
En nota D.1923 - Nº 1894 la Legación de Bélgica aquí acreditada denunció la llegada a la República de un tal Pierre Daye, nacional belga condenado a muerte por el Consejo de Guerra de Bruselas el 18 de diciembre de 1946 por colaboración con el enemigo. Invocando la Resolución VI de la Conferencia de Chapultepec, solicitó que se ponga al nombrado a disposición de las autoridades belgas, a bordo de un buque de esa bandera.
Posteriormente, en nota D.1923 - Nº 2293, dicha Legación reiteró su pedido anterior y al mismo tiempo, informó que se encontraban también en la República un tal Lecomte, ex-burgomaestre de Chimay, condenado a muerte y que llegó a Buenos Aires bajo el nombre de "De Graef"; un tal Leroux, que llegó a la Argentina con el nombre de "Seynaeve", y un tal Gérard Ruysschaert. De estos dos últimos la Legación belga no menciona ningún cargo ni tampoco solicita la entrega de los tres, aunque esa sea posiblemente el fin perseguido al efectuar la denuncia.
Poco después, l 3 de junio de 1949, Pirc vuelve a dirigirse a las autoridades solicitando que se prohiban los festejos proyectados para conmemorar el santo de Ante Pavelic. (Véase el expediente 14/1949). En respuesta al trámite precedente el Ministerio del Interior y la Policía Federal Argentina, responden por nota, el17 de junio de 1949, que los "ustashis" no habían solicitado autorización alguna de la Policía Federal para realizar el acto anticipado. El 21 del mismo mes y año el embajador se dirige una vez más a la Cancillería e informa que la fiesta había tenido lugar el día 11 de junio y que el orador había sido Vinko Nikolic, la misma persona cuya extradición había sido solicitada. (Véase la documentación publicada) El mismo Nikolic había hablado en un acto público en Mendoza el 6 de mayo de 1949. Además Nikolic, junto con el dirigente "ustachi" Frane Nevistic, integraban la comisión examinadora de los candidatos a traductores públicos en idioma serbocroata de la Universidad de Buenos Aires.
El día 29 de noviembre de 1947, por nota, el Ministro acusó recibo de la anterior del 5 de agosto y manifestó que "oportunamente fue elevado ... a las autoridades competentes".
El 20 de setiembre de 1949, una vez más, el embajador Pirc insistió sobre los mismo temas que en sus presentaciones anteriores. A su vez, subrayó una vez más "la extrañeza de mi Gobierno por el hecho que las autoridades argentinas han aceptado la colaboración con los elementos 'ustachi' declarados criminales de guerra" y recordó las normales relaciones existentes entre ambos países.
En esos años de 1949, se había constituido en Buenos Aires un "bloque anticomunista democrático", dentro del que se formó una "delegación croata". Iniciativa patrocinada, entre otros, por el Coronel Alberto Guglialmelli y el diputado peronista Virgilio Filippo.
Como resultado de esta nota, el día 3 de octubre de 1949 el Ministerio de Relaciones Exteriores se dirigió al Ministerio del Interior, a fin de inquirir si era exacto que, según la denuncia efectuada por Pirc, el día 12 de octubre de ese año tendría lugar una manifestación croata desde la Plaza del Congreso hasta la Casa de Gobierno. "Esta cancillería considera -dice la nota- que las actividades políticas de grupos antagónicos a las autoridades yugoeslavas, cuya finalidad es producir el separatismo regional y político, no deben tener lugar en el territorio de la Nación ...".
El 7 de agosto de 1947 el Subsecretario Político del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Carlos R. Desmaras, le comunica a la Legación de Yugoslavia que se realizan las "diligencias que, pese a no haber dado hasta el presente resultado favorable, se prosiguen activamente", con el propósito de dar cumplimiento a la solicitud de entrega de Ante Pavelic y “criminales de guerra” croatas, presentada por esa Legación. Ante la falta de una respuesta positiva, el 13 de agosto y el 1º de setiembre de 1947, la Legación de la República Popular de Yugoeslavia insiste en que se capturen las ocho personas acusados por la comisión de crímenes de guerra:
La Legación de la República Federativa Popular de Yugoslavia se dirige a V.E. en notas del 13 de agosto y del 1º de setiembre ppdos. (corrientes a fs. 1 y 30, respectivamente), solicitando la entrega a las autoridades de su país, de las siguientes personas a quienes denomina "criminales de guerra", "a fin de ser juzgados y condenados por los respectivos tribunales de mi país":
La Resolución VI sobre "Crímenes de Guerra", a que se refiere el numeral 2º, y que fuera aprobada por la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz celebrada en México del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, expresa lo siguiente:
3º) Solicitar del Comité Jurídico Interamericano que, teniendo en cuenta las respectivas legislaciones nacionales, proyecto y presente, para su adopción por los Gobiernos de las Repúblicas americanas, las normas necesarias para determinar la condición de criminal de guerra, así como el procedimiento que debe seguirse para la devolución o entrega de los mencionados delincuentes."
1º) Valor de las recomendaciones invocadas. Sabido es que las "recomendaciones" no tienen el mismo valor que los "tratados". Estos obligan jurídicamente. Aquéllas obligan moralmente.
El "crimen de guerra" es lo que podríamos llamar una figura jurídica de reciente creación. Acaso extremando el análisis, no sería difícil convencerse de que el "crimen de guerra” es un delito de carácter político. En todo caso encontraríamos que es una figura conexa con la del delito político. Pero nunca podríamos afirmar que se trata de un delito de carácter común.
En consecuencia, el valor de las "recomendaciones" que admiten la extradición por "crímenes de guerra", es nulo desde el punto de vista jurídico, porque para la legislación argentina sólo es factible esa extradición cuando el pedido correspondiente se fundamente en "crímenes comunes".
2º) Característica especial de la Resolución VI del Acta Final de Chapultepec. Los argumentos del numeral anterior se aplican a las dos "recomendaciones" analizadas. Pero, corresponde agregar en cuanto a la Resolución VI del Acta Final de Chapultepec, que la misma -independientemente de lo expresado anteriormente- es inaplicable en cualquier caso por cuanto no se ha cumplido aún el extremo previsto en el párrafo 3º (fojas 48, última parte).
En consecuencia, independientemente de la consideración de que esos "crímenes de guerra" estén incluidos en la categoría de "delitos políticos" o "delitos comunes", corresponde no dar curso a la solicitud de Yugoslavia, por no haberse cumplido los extremos fijados por la Ley 1612 en cuanto a los documentos que debe acompañar al formular su pedido.
5º) El artículo 18 de la Constitución Nacional: Corresponde tener en cuenta este precepto constitucional que expresa: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designado por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos..." La Constitución Nacional repudia las leyes ex post-facto y no admite las "comisiones especiales".
1º) El debate de esta cuestión en la Asamblea General de las Naciones Unidas: Rusia ha planteado la cuestión de los "criminales de guerra" en el seno de las Naciones Unidas, acusando a Gran Bretaña y a los Estados Unidos de América de proteger a criminales de guerra que se encuentran en las zonas ocupadas de Europa. La acusación fue rechazada por amplio margen de votos, y la misma suerte corrió una gestión similar de Yugoslavia. (ver recorte a fojas 60)
El delegado norteamericano, al referirse a la propuesta yugoslava tendiente a obtener que los países miembros entregaran los "criminales de guerra", expresó que dicha propuesta trata de lograr de las potencias occidentales la entrega de "disidentes políticos" antes que de los criminales de guerra y sostuvo que la aprobación de la misma entrañaría "una gran injusticia".
Por esas razones, este Departamento propone a V.E. la nota que en proyecto se agrega, fundamentada únicamente en razones jurídicas -que no se analizan en detalle, a fin de poder continuar la discusión en ese terreno si la Legación yugoslava insistiera en sus pretensiones. Proceder de otra manera - es decir, dar las razones jurídicas correspondientes- significaría acaso señalar a la Representación recurrente cuáles son los obstáculos que deberá salvar para que sus propósitos aparecieran como coincidentes con nuestras normas legales.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 18