Source: http://noticiasfueradefoco.blogspot.com/2008/08/
Timestamp: 2018-02-20 23:32:24+00:00

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F U E R A D E F O C O: agosto 2008
JUAN DAVALOS REAPARECIÓ…Y FUE ABSUELTO
El histórico dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda tuvo un paso fugaz por el Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad. Fue acusado por vecinos del barrio Santa Rosa de Lima de romper un terraplén en los meses previos a la irrupción del Río Salado. Hubo testigos, alegatos y absolución. La causa se tramitó durante cinco años. Fue el único caso que la justicia federal santafesina impulsó sobre las inundaciones de 2003.
Juan Dávalos fue un dirigente social importante de la ciudad de Santa Fe. Al calor de las luchas sociales de fines de los años noventa, y fundamentalmente, a partir de la crisis del 2001, su figura creció en influencia hasta llegar a conducir la poderosa Federación de Tierra y Vivienda en todo el centro-norte provincial.
Organizó movilizaciones, manejó planes sociales, distribuyó herramientas y gestó emprendimientos productivos. Uno de ellos fue una huerta comunitaria enclavada en el corazón de barrio Santa Rosa de Lima (su territorio), en Suipacha al 4600. Para construirla hizo abrir una calle, con maquinaria de la municipalidad, que dejó una brecha en el viejo terraplén Irigoyen.
En diciembre de 2002 la huerta de la FTV quedó inaugurada y todos estaban contentos. La situación cambió en los primeros meses de 2003. Ante la amenaza del rió Salado, los vecinos de la zona taponaron el sector con bolsas de arena. El 29 de abril de ese año la presión del agua hizo estallar el frágil reparo y el rió se metió como torrente por el hueco dejado en el viejo terraplén arrasando las casas aledañas.
El Salado pasó por encima de todo – incluso la antigua defensa – pero en las semanas posteriores a la catástrofe muchos se acordaron de Juan Dávalos y la calle que hizo abrir atravesando el terraplén. Pero algunos vecinos fueron más allá y denunciaron el hecho en la justicia federal, en la creencia que el sector era propiedad del ONABE.
De esta manera se inició la única causa federal sobre las inundaciones de 2003 que llegó hasta la instancia de juicio oral. La fiscal Cintia Gómez y el juez Francisco Miño entendieron que Juan Dávalos debía ser procesado por daño agravado, un delito que contempla penas de uno a cuatro años de prisión.
Para ese entonces la suerte de titular de la Federación Tierra y Vivienda de Santa Fe había cambiado. Una serie de graves denuncias surgidas desde la propia FTV derivaron en su expulsión de la organización que a nivel nacional conducía Luís D’Elía. Para colmo, su participación como candidato en las elecciones de octubre de 2003 fue catastrófica. El nombre de Juan Dávalos comenzó a ser sinónimo de lo peor de la política local.
Las acusaciones en su contra iban desde presunta coacción, mal manejo administrativo y acoso sexual contra mujeres de su agrupación. Consultado por la prensa, Dávalos aseguró que las imputaciones responden a "una campaña" montada contra su persona, "iniciada hace tres meses", cuando se presentó como candidato "a la intendencia de Santa Fe". Aseguró que desconoce "por qué o por quiénes estaría montado este complot" y, tras especular con que "seguramente es porque hay negociados" para los cuales él no es funcional, agregó que "eso lo tiene que determinar la Justicia".
Frente a la dimensión de escándalo que cobraba el caso, en diciembre de 2003 visitó la ciudad Luís D'Elía, quien resolvió suspender al dirigente santafesino. El titular nacional de la FTV dijo en ese momento que se decidió iniciar un sumario contra Dávalos porque fueron chequeadas las denuncias recibidas y comprobaron que "tenían algún asidero", y llamó a los denunciantes a "formalizar las acusaciones en el documento" y a Dávalos a "realizar su descargo ahí".
A partir de entonces la figura de Juan Dávalos se fue diluyendo hasta casi llegar al anonimato. Su organización lo repudió y los pocos seguidores que confiaron en su liderazgo terminaron apartándose de su lado. El jueves pasado por la mañana, cuando se realizó la audiencia en el Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad, apenas un puñado de personas lo acompañaban.
Para su suerte, la audiencia le resultó favorable. Al momento del alegato el ministerio público fiscal desistió de formular acusación por falta de pruebas y recomendó la absolución del imputado. Curiosidades de la justicia local, Juan Dávalos estuvo a punto de convertirse en el primer condenado por las inundaciones de 2003.
Categorías: Inundaciones, Justicia a las 19:44 1 comentarios, agrega el tuyo!
LA PIQUETA SE LLEVA A MERENGO
El tradicional café-bar santafesino será demolido en breve. En el lugar será construido un edificio de diez pisos de altura. El proyecto es impulsado por la inmobiliaria Benuzzi. La municipalidad de Santa Fe avala este emprendimiento.
En el corazón del Barrio Sur de la ciudad, frente a la Plaza de Mayo y mirando hacia la Casa de Gobierno, el café-bar Merengo se presenta a si mismo como “un lugar con tradición”. Por sus mesas transitan a diario políticos, funcionarios judiciales y una variopinta galería de personajes, que transformo a este lugar en algo parecido a una oficina al paso.
Ahora llegará el tiempo de la nostalgia. En breve, esta construcción, que además alberga a la tradicional fábrica de alfajores santafesinos, será demolida para ceder su lugar a un edificio de diez pisos de altura, desarrollado por la inmobiliaria Benuzzi.
El proyecto ya fue presentado en la municipalidad, y según pudo saber Fuera de Foco, fue recibido con entusiasmo y no merecería ninguna objeción. Como se trata de un inmueble “joven” (construido en la década de 1970) no se encuentra protegido por la ordenanza que preserva el patrimonio arquitectónico de la ciudad, y por lo tanto, puede ser demolido sin ningún tipo de dificultad. El diseño propuesto es respetuoso del entorno y contempla la construcción de una galería que le daría continuidad a la “recova” que ya existe en el edificio adyacente.
De todos modos, resta conocer cual será el futuro de la fábrica de alfajores y el café-bar, que en la actualidad generan una importante cantidad de fuentes de trabajo.
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RECLAMAN LA DEVOLUCIÓN DE 70 MILLONES MAL COBRADOS POR LA EPE
La Fundación Derecho Social de la ciudad de Santa Fe presentó un reclamo ante el directorio de la Empresa Provincial de la Energía por la retención indebida del 6% de la facturación bruta en concepto de un canon por el uso del espacio aéreo. La entidad sostiene que el dinero recaudado con este fin alcanza los 70 millones de pesos y debe ser reintegrado a los usuarios. El caso recupero notoriedad a partir de la información publicada en nuestro blog. Vea el texto completo del reclamo.
Santa Fe, 13 de agosto de 2008
Sres. Directorio EPE
Domingo Rondina, abogado, en mi carácter de Presidente, y apoderado general y pleno de la Fundación Derecho Social (FDS), asociación registrada conforme a la ley mediante resolución 683/04 de la IGPJSF, me presento en los términos de los artículos 41 y 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional, y en tal carácter solicito ser tenido.
Que hemos tomado noticia a través de los medios periodísticos (http://noticiasfueradefoco.blogspot.com/2008/08/un-olvido-que-vale-millones.html) de la problemática planteada con respecto al gravamen previsto en el artículo 1 de la ley 7797.
Allí se fijó un gravamen del 6% de la facturación bruta que debía pagar la vieja DPE a los Municipios y Comunas. Ese gravamen fue a partir de entonces trasladado a los usuarios.
Como seguramente es de vuestro cabal conocimiento, la ley 11727 por su artículo 129 derogó expresamente la ley provincial 7797. Sin embargo, la misma norma en su artículo 128 eximió a la nueva empresa de todo tributo comunal o municipal, salvo el 6%, que trasladaba a los usuarios.
La ley 11727 se derogó por ley 12700, que restableció la 10014, pero no la 7797, que nunca recuperó vigencia. Y la ley 12700 no impuso el gravamen del 6%. Con lo cual la EPE ya no tuvo la obligación de abonarle a Municipios y Comunas el gravamen. Y por ende perdió título para requerir a los usuarios el pago de aquello que ya no tenía causa legal. Es decir: ni quedó obligada a pagar ni quedó con autorización alguna para cobrar.
De esta breve reseña legal se extrae con claridad que la EPE viene enriqueciéndose sin causa, mediante una retención indebida, desde el mes de enero de 2007, en que la ley 11727 perdió definitivamente vigencia y el tributo desapareció del mapa legal.
Desde entonces, si pagó, pagó mal; y si cobró, fue indebidamente.
Esto ha quedado finalmente demostrado (como señala la investigación periodística) desde que la Honorable Cámara de Diputados aprobó este agosto de 2008 un proyecto para volver a establecer el tributo que preveía la ley 7797 y la 11727. Con lo cual se acepta que el tributo no existe actualmente.
Según el presupuesto para 2008, la EPE prevé recaudar la suma de $38.000.000 (treinta y ocho millones de pesos) en el año, para pagar este tributo que no está obligada a pagar. Esto implica más de 3 millones por mes que se le quitan sin causa a los usuarios.
Si contamos los veinte meses en que se está percibiendo dicho tributo desde su derogación, arribamos a la suma de $70.000.000 (setenta millones de pesos) que ha sido ilegalmente retenida a los usuarios, sin contar los intereses por los meses de privación de ese dinero.
Según la ley 24.240 deben reintegrar lo ilegalmente retenido y abonar una indemnización por ese abuso.
Sería conveniente que la EPE evite miles de juicios en su contra que (costas incluidas) terminarán pagando el sistema eléctrico y –nuevamente- los usuarios. Debería establecerse un mecanismo de reintegro en las próximas facturas, previa determinación del alcance de la injusta retención.
Por eso, y para darle una pronta solución a un tema tan grave, requerimos de ese Directorio que constituya una Comisión de la Empresa, junto con representantes de los usuarios, y con técnicos contables idóneos, para determinar puntualmente la suma exaccionada y el modo de reintegrarla proporcionalmente a los usuarios.
Ello obviamente no implica liberar a los funcionarios responsables de semejante desmanejo de las consecuencias patrimoniales y penales de su accionar.
En caso de falta de respuesta, negativa o evasiva, esta ONG, en uso de sus facultades, se presentará a la justicia para que se le imponga a la EPE la inmediata devolución de lo ilícitamente quitado a los ciudadanos. Dejamos formuladas las reservas de acciones y derechos para tal caso.
Categorías: Provinciales, Servicios a las 01:29 Agrega tu comentario
UN OLVIDO QUE VALE MILLONES
Desde el año 1975 los municipios y comunas de Santa Fe reciben el 6% de la facturación bruta de la EPE por el uso del espacio aéreo. Este monto es pagado por los usuarios y aparece discriminado en la facturación. La ley que autoriza el cobro de este canon fue derogada en diciembre de 2006. Pese a carecer de respaldo legal la alícuota se siguió aplicando. El gobierno busca restituir la vigencia de este tributo que en 2008 recaudará 36 millones de pesos. ¿Podrán los usuarios exigir la devolución de este dinero cobrado sin autorización?
Si usted busca el comprobante del último pagó que le hizo a la Empresa Provincial de Energía, encontrará que en el recuadro correspondiente al “Detalle de Facturación” aparece discriminado un rubro que se denomina “Ley Nº 7797 (6,00 % del Básico)”, correspondiente al canon que los municipios y comunas de la provincia reciben de la distribuidora eléctrica por el uso del espacio aéreo.
Este componente de la tarifa de la EPE fue instaurado en 1975, a partir de la Ley Nº 7.797, que en su artículo primero establece que se “abonará a aquellas Municipalidades y Comunas donde preste servicios por concesión de los mismos, el 6% (seis por ciento) de lo que se recaude por entradas brutas por venta de energía eléctrica”, excluyendo del cálculo al alumbrado público y los consumos de los organismos del estado.
De acuerdo al Presupuesto 2008 de la EPE, por este concepto se repartirán 36 millones de pesos entre municipios y comunas durante el presente ejercicio, que para el caso de la ciudad de Santa Fe significa un ingreso de $ 1.783.872, según consta en las planillas anexas del presupuesto municipal. Visto desde la perspectiva de un usuario, el pago de este canon para un consumo de 680 kWh representa la suma de $ 8,50 por bimestre o $ 51 por año.
El detalle que ha pasado desapercibido, es que la ley que autoriza el cobro de este componente de la tarifa eléctrica fue derogada en diciembre de 2006. Desde esa fecha a la actualidad, los usuarios de la EPE siguen pagando un adicional del 6% sobre el consumo básico que carece de respaldo legal.
Esta situación se prolongó durante los últimos 20 meses y se originó con la sanción de la Ley Nº 12.700 que derogó la ley de privatización de la EPE aprobada en 1999. El 14 de diciembre de 2006, la Legislatura Provincial restituyó la plena vigencia de la Ley Nº 10.014 como marco normativo de la distribuidora eléctrica santafesina. La iniciativa fue impulsada por el diputado reutemista Danilo Kilibarda, que para desgracia de municipios, comunas y usuarios, se olvidó de incluir en el proyecto la restitución de la vigencia de la Ley Nº 7.797 aprobada en los tiempos de Carlos Silvestre Begnis.
Recién la semana pasada, la Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo proyecto de ley que intenta corregir esta desprolijidad que le costó millones de pesos a los usuarios santafesinos. Con la firma de los diputados Lamberto, De Cesaris, Simoniello, Vucasovich, Liberati, Marín y Simil, se aprobó la modificación del Artículo 2º de la Ley Nº 12.700 - Canon por uso del Espacio Aéreo a Municipios y Comunas – estableciendo la plena vigencia de la Ley Nº 7.797, derogada por descuido en diciembre de 2006. Ahora resta la aprobación de la Cámara de Senadores para restituir la legalidad del adicional del 6%. Mientras esto sucede conviene detenerse en otro sector de la factura de la EPE.
En el recuadro denominado “Información Complementaria” se puede leer: "Usted tiene
derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley 24.240”, más conocida como ley de Defensa del Consumidor. En la sesión del último jueves, ningún diputado precisó, si el cobro del 6% se debe seguir efectuando o si los montos abonados por los usuarios desde diciembre de 2006 a la fecha pueden ser reclamados.
Categorías: Legislativas, Provinciales, Servicios a las 00:47 Agrega tu comentario
El dirigente agropecuario y empresario periodístico Néstor Vittori lanzó una dura acusación contra el actual diputado nacional Jorge Obeid. El hombre fuerte de CARSFE sostiene que el ex mandatario provincial fue presionado con “fantasmas del pasado” al momento de votar a favor de las retenciones móviles. “Yo he escuchado muchas apreciaciones que lo califican de traidor, de que había delatado gente, de que culpa de él había muerto gente”, sostuvo Vittori en un programa de televisión.
Audio Nestor Vittori contra Jorge Obeid - Programa Ciudadanos
En el fragor de la batalla legislativa por las retenciones móviles a las exportaciones de soja y girasol, los sectores más activos del empresariado rural lanzaron duras acusaciones y advertencias contra los diputados justicialistas santafesinos. Hubo escraches, volanteadas anónimas, cadenas de e-mail y manifestaciones de todo tipo, denunciando la “traición” de estos dirigentes que se atrevían a respaldar políticas que “atentaban contra los intereses de la provincia, siendo Jorge Obeid, el blanco predilecto de escalada.
Hubo de todo, y quizás el acto más simpático fue la decisión de la Sociedad Rural de Reconquista, de declarar “persona no grata” y expulsar de la nómina de “socios honorarios” al ex gobernador por su voto de respaldo a la Resolución 125. Pero la embestida empresaria no se quedaría solo en lo simbólico.
Mientras los ecos de la destitución como “socio honorario” de la SRR resonaban en el norte provincial, en la ciudad natal de Jorge Obeid, se lanzaba una grave acusación que en el tumulto pasó desapercibida.
Invitado por el programa Ciudadanos, que se emite por Cablevisión bajo la conducción de Rodrigo Villarreal, el dirigente agropecuario y empresario periodístico Néstor Vittori, denunció que Jorge Obeid había sido presionado con “los fantasmas del pasado” al momento de votar a favor de las retenciones móviles.
“Jorge Obeid, dos veces gobernador y dos veces diputado nacional, conoce absolutamente a fondo por donde pasan los intereses de la provincia y levantó la mano votando en contra de los intereses de la provincia. Este es un hecho muy lamentable, yo soy amigo de Jorge Obeid y lo he apoyado en muchas ocasiones, pero creo que acá hay una traición a la provincia de Santa Fe evidente”, arrancó Vittori.
Para el empresario, el voto del ex gobernador no estuvo motivado cuestiones políticas o de conveniencia personal. “Creo que tiene que ver con los fantasmas del pasado. Tiene que ver con su desempeño en la década del setenta, con las cosas que ocurrieron allí y que la gente que estaba vinculada a Montoneros las conoce, se las puede enrostrar y utilizar para presionarlo”, prosiguió el hombre fuerte de CARSFE.
Según Vittori, los votos rurales obtenidos por el justicialismo en octubre de 2007 obligaban a los diputados nacionales a votar en contra de las retenciones móviles. “Creo que es una deuda que el (Obeid) tiene con los santafesinos y particularmente con el campo. Hay que reconocer que el peronismo perdió en Rosario, perdió en Santa Fe, perdió en Reconquista y numerosas ciudades, pero ganó en los pueblos del interior. Los comitentes de Jorge Obeid han sido la gente de campo, y a esta gente la traicionó”.
Si se analiza la orientación de la política económica de los últimos gobiernos justicialistas en Santa Fe, donde se respaldó fuertemente el desarrollo del complejo sojero a través de múltiples estímulos e inversiones, el sentimiento de traición que expresan los empresarios del campo se encuentra de alguna manera justificado. Sin embargo, de cara al debate parlamentario sobre la Resolución 125, Jorge Obeid explicó con anticipación cual sería su posición.
"Es nuestro gobierno y hemos votado prácticamente todo lo que solicitó. Pero en este caso creemos que podemos mejorar el sistema, porque consideramos que mandar la ley al Congreso no es una forma de sacarse el problema de encima. Si vamos a tener la responsabilidad, vamos a actuar con responsabilidad". (El Litoral – 18 de junio de 2008)
"Lo que se votó en Diputados supera incluso en algunos casos lo que propusimos nosotros, incorporando otras mejoras al texto", destacó Jorge Obeid al diario La Capital. "Yo nunca hubiera votado una ley ni a libro cerrado, ni que perjudicara a los pequeños productores de mi provincia". (La Capital - 7 de julio de 2008)
Exhumando la política del prontuario, Néstor Vittori sale a la caza de los fantasmas ajenos, para interpretar la posición de Jorge Obeid. “Yo creo que el (Obeid) va a tener que dar una explicación, que se vincula con todo ese runrún que circula hace mucho tiempo sobre lo que fue su desempeño en los años setenta. Yo he escuchado muchas apreciaciones que lo califican de traidor, de que había delatado gente, de que culpa de él había muerto gente, y creo que esto es una cosa que hoy ha cobrado un particular impacto”, lanzó el dueño del vespertino que desde sus páginas apoyó el golpe militar de 1976.
“Jorge Obeid tiene el deber de explicarle a la sociedad porque dio vuelta su voto. Y el voto no lo dio vuelta por razones políticas o económicas, lo dio vuelta porque lo presionaron con sus miedos y sus fantasmas del pasado”, sentenció Vittori.
Categorías: Provinciales a las 19:13 Agrega tu comentario
PAROS DOCENTES: Cuando la huelga se castigaba con la exoneración
Frente a la huelga, ayer como hoy, el periodismo tomó partido. Fiel a su tradición, “Nueva Época” utilizó todos los recursos a su mano para disuadir primero y castigar después la decisión de los maestros.
De estas luchas gremiales santafesinas quedaron algunos nombres en las ajadas páginas de la historia: Raimundo Juan Peña, amigo personal de Mosca, fue declarado cesante. Se dedicó entonces a labrar la tierra. Se le ofreció, en octubre de 1921, el cargo de director General de Educación Física. Lo rechazó: “No he de aceptar el cargo más insignificante hasta que el último maestro huelguista quede reincorporado”. Murió poco después. En el lugar donde nació, entonces campiña, hoy se levanta la escuela que lleva su nombre.
Categorías: Historias, Informes a las 19:02 Agrega tu comentario
LLOVIERON SUBSIDIOS
Durante el año 2007 se repartieron miles de subsidios en la ciudad de Santa Fe. Fueron entregados por la Provincia y la Municipalidad. Beneficiaron a personas, organizaciones barriales, entidades intermedias, clubes y empresas y comercios afectados por la inundación pluvial. El Tribunal de Cuentas de la Provincia reclama rendiciones y exige la devolución del dinero. La Comisión Investigadora municipal indaga sobre el destino de estos fondos.
En los últimos meses un curioso aviso comenzó a ser publicado en el Boletín Oficial de Santa Fe. Con la firma de los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia se notificaba a numerosos beneficiarios de subsidios entregados por la Gobernación “que dentro del término de 15 (quince) días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la presente” debían contestar “por escrito los reparos acompañando documentos y probanzas suficientes” sobre el destino del dinero entregado. En otros casos, el reclamo iba más allá, y directamente se intimaba a los responsables “para que dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, proceda a reintegrar el importe correspondiente (…) bajo apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado.
Un relevamiento efectuado en la versión impresa del Boletín Oficial nos permitió detectar alrededor de cincuenta reclamos de este tipo dirigidos a personas y organizaciones sociales que recibieron dinero de la Gobernación entre los años 2003 y 2006. Se trata de subsidios que fueron otorgados para solventar gastos médicos, viajes al exterior, organización de eventos, construcciones o emprendimientos productivos. En algunos casos el Tribunal de Cuentas ha reclamado la presentación de las respectivas rendiciones de cuentas, en otros, lisa y llanamente, la devolución del dinero. Si bien los montos en litigio son pequeños, llama mucho la atención que estos trámites se activen luego de transcurrido tanto tiempo.
Nada indica que estemos en presencia de un cambio en la política, por el contrario, estos avisos extemporáneos pueden ser considerados como una manifestación más del histórico relajamiento en el control de los fondos públicos. Una demora de cinco años para reclamar la presentación de un comprobante de un gasto de $3.000 no es la mejor demostración de compromiso y eficacia en el trabajo.
Pero al margen de la importancia de los montos en discusión resulta ilustrativo conocer para que fueron entregados estos subsidios. Si es cierto aquello de que “para muestra basta un botón”, conocer algunos detalles de los reclamos del Tribunal de Cuentas nos permitirá acercarnos a los criterios que se utilizaron para distribuir las denominadas “transferencias al sector privado”, que en el Presupuesto 2007, llegaron a los 16 millones de pesos en el área de la Gobernación.
Botón 1: El Centro Comunitario Reflexión de Vida de la ciudad de Rosario, recibió mediante el Decreto N° 0085/05 un subsidio de $3.000 para "la realización de refacciones de la entidad". El 7 de Noviembre de 2006 el TCP dicta una resolución emplazando a la responsable de la institución “para que dentro del término de 15 (quince) días hábiles”, conteste por escrito los reparos formulados “acompañando documentos y probanzas suficientes”. Recién el 26 de mayo de 2007 se publica el edicto.
Botón 2: La asociación civil Centro para la Convocatoria y la Inserción Social de la ciudad de Rosario recibió un subsidio de $5.000 a través del Decreto Nº 0086/05 con destino al "mejoramiento de infraestructura". También el 7 de Noviembre de 2006, el TCP resolvió emplazar a los responsables de la institución para que presenten la rendición de cuentas de los fondos recibidos. El edicto se publicó el 27 de mayo de 2007.
Botón 3: La Asociación Mutual RECOBA y Afines de la ciudad de Santa Fe, recibió un subsidio de $1.000 mediante el Decreto Nº 1225/04, destinado a "solventar los gastos necesarios para su normal funcionamiento". El pasado 7 de abril la Sala II del TCP resolvió intimar a la responsable de la entidad “para que dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, proceda a reintegrar el importe correspondiente”, bajo apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado.
Botón 4: En el año 2004 la asociación civil "Todo por Alto Verde" de la ciudad de Santa Fe, recibió un subsidio de $10.000 para la "compra de un inmueble para el funcionamiento de la entidad". En noviembre de 2006 sus responsables fueron emplazados para que presenten el boleto de compra-venta original y justifiquen documentalmente en calidad de que título, quién es o qué derecho invoca la vendedora, acompañando la subsistencia de dominio del inmueble adquirido. El 18 de diciembre de 2007 se publicó el edicto.
Botón 5: El Centro Comunitario "Caritas Sucias" de la ciudad de Rosario, recibió a través del Decreto Nº 3353/03 la suma de $3.000 para "la realización de obras de ampliación de la entidad". Ahora sus responsables tienen un plazo de 30 días hábiles para “reintegrar el importe correspondiente”, bajo apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado.
Botón 6: En el año 2006 la Fundación del Orden Social de la Libertad de la ciudad de Rosario recibió un subsidio de $20.000 para solventar los gastos de organización del “2º Congreso de Economía Provincial: Santa Fe 2015". El 14 de abril de 2008, la Sala II del TCP resolvió reclamar la devolución de $20.142,67, otorgando un plazo de 30 días hábiles a los responsables de institución, bajo apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado.
Botón 7: A través del Decreto N° 1764/04 la Fundación Rotaria de Rosario, recibió un subsidio de $12.000 destinado a “solventar gastos de funcionamiento de esa institución". El 2 de agosto de 2006 el TCP efectuó la primera intimación. Ahora otorga un nuevo plazo de 15 días hábiles para que los responsables de la entidad contesten por escrito los reparos formulados acompañando documentos y probanzas suficientes sobre el destino del dinero.
Botón 8: La Sala II del TCP intimó a los responsables del Centro Comunitario Barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe, para que en el plazo de 30 días hábiles, procedan a la devolución del subsidio de $1.000 otorgados por el Decreto Nº 0353/04 para "cubrir gastos de funcionamiento de esa institución". El edicto de publicó el pasado 20 de mayo.
Botón 9: Griselda Lourdes Fernández era en el año 2003 presidente de la Asociación Celiaca Argentina filial Santa Fe. Para cubrir los gastos de funcionamiento de la institución recibió un subsidio de $3.000. Ahora el Tribunal de Cuentas de la Provincia exige la devolución del dinero en un plazo de 30 días hábiles. El edicto fue publicado el 18 de diciembre de 2007.
Botón 10: Pedro Santiago Neme fue intendente de la ciudad de San Justo hasta el año 2003. En 2005 perdió las elecciones a concejal y quedó como primer suplente. En los comicios de 2007 integró la lista de diputados nacionales del Frente Emancipador que encabezó Luís Rubeo. En el año 2004 recibió un subsidio de $3.500 para "cubrir gastos que se originen con motivo del viaje que realizará hacia EEUU con su hijo". El 18 de febrero de 2008 la Sala II del TCP resolvió emplazar al ex funcionario para que proceda a la devolución del importe.
¿Cuánto se reparte?
El manejo de los subsidios de la Gobernación formó parte del fuego cruzado que los candidatos intercambiaron durante la campaña electoral 2007. En varias ocasiones, Hermes Binner, acusó Jorge Obeid de recorrer la Provincia entregando subsidios. “Esta no es la forma de gobernar. El presupuesto tiene que estar abocado a las distintas áreas", dijo el candidato antes de ocupar el principal sillón de la Casa Gris. La crítica del actual mandatario apuntó al corazón de una práctica muy arraigada en Santa Fe. Cada año el presupuesto de la provincia le asigna al gobernador de turno una cifra millonaria para ser distribuida con total discrecionalidad. Los fondos conocidos como “transferencias” se destinan a solventar necesidades de personas o financiar gastos de instituciones, comunas y municipios. Por este concepto, Jorge Obeid recibió autorización en 2007 para gastar: $7.150.000 en “Ayuda Social a Personas”; $3.500.000 en “Transferencias a Instituciones Culturales”; $2.100.000 destinados a comunas; $1.350.000 a municipios; $750.000 en subsidios para instituciones educativas; y $1.600.000 para instituciones varias. En total son $16.450.000 de libre disponibilidad, a los que se deben sumar los $30.000.000 del Fondo del Conourbano – Ley 24.433 – que también se distribuyen desde la Gobernación. Salvo el año pasado, donde se reorientaron partidas para mitigar los efectos de las inundaciones por lluvia, en todos lo presupuestos provinciales existió este nivel erogaciones discrecionales en manos del primer mandatario.La racha se cortó en 2008, cuando Hermes Binner anunció que los $10.500.000 que tenía asignados para otorgar subsidios, fueron destinados a las obras de recuperación del Hospital Iturraspe de nuestra ciudad.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia estableció que los gastos menores del estado solo se controlarán cuando salgan elegidos en un sorteo. De acuerdo a la Resolución N° 007/06, el “control de legalidad” de los actos administrativos que estén vinculados a la hacienda pública será realizado “selectivamente”. Y el criterio de esta selección se define mediante una tómbola semanal. Todos los lunes se eligen tres “dígitos de control” y solo aquellos trámites cuyo número de terminación coincidan con esta elección serán auditados por el Contador Fiscal Delegado de la repartición.
Las implicancias de esta decisión son enormes. Las compras, contrataciones o subsidios una erogación inferior a los $30.000 solo serán controladas si el número final del expediente coincide con el “dígito de control” de la semana. Siguiendo este curioso método, solo un tercio de estas operaciones estarán sometidas a un control medianamente riguroso, el resto quedan tácitamente aprobadas.
La decisión de definir por sorteo el “análisis de legalidad” de los gastos menores del estado no es exclusiva del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La Resolución N° 007/06 que establece el sistema de los “dígitos de control” es consecuencia de la aplicación de la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y control del Estado, exigida por el Banco Mundial y redactada por el actual senador justicialista Juan Carlos Mercier.
Esta norma, aprobada en diciembre de 2005, establece en su artículo 205° que el Tribunal de Cuentas realizará la tarea de control “selectivamente” quedando facultado para definir cuales serán los criterios de selectividad.
Las implicancias del artículo 205° generaron suspicacias entre los legisladores de la oposición durante su tratamiento en la Cámara de Diputados; aunque luego, socialistas y radicales aprobaron el proyecto del oficialismo. El tema fue abordado en particular cuando Nora Vallejos – presidenta por entonces del TCP – visitó la comisión de Hacienda, en noviembre de 2005, para defender la propuesta de reglamentación. En el encuentro, un colaborador de Antonio Riestra (ARI), le preguntó a la funcionaria si los controles disminuirían a partir del nuevo criterio de selectividad. “No está en la voluntad del Tribunal de Cuentas dejar de controlar como se viene haciendo ahora”, aseguró la ex diputada del obeidismo. Cuando le señalaron que la Ley N° 12.510 los autorizaba a controlar solo lo que consideraran pertinente, Nora Vallejos replicó: “No es nuestra intención”.
Más allá de las promesas, la Resolución N° 007/06 se publicó en el Boletín Oficial el 31 de mayo de 2006, con la firma de Nora Vallejos (presidenta); Ángel Espósito (vocal); Horacio Alessandria (vocal); José Luis Betello (vocal subrogante); y Bernardo Salzman (vocal subrogante).
Cuando se presentó el informe elaborado por Sindicatura Municipal se advirtió que la administración de los planes sociales no se ajustaba a la normativa vigente, y que existían subsidios nacionales y provinciales ejecutados parcialmente y/o pendientes de rendición. Los auditores de Mario Barletta observaron atrasos muy significativos en las rendiciones de cuentas de los fondos entregados durante 2007 a industrias y comercios afectados por la inundación pluvial, y entregaron la documentación recabada a la Comisión Investigadora de la gestión de Martín Balbarrey.
Al respecto, los datos reunidos por los concejales que integran esta comisión comprenden dos situaciones bien diferentes. Por un lado están los subsidios que la municipalidad distribuyó en virtud de la Ley Provincial 12.079, tendentes a “reinstalar o reconvertir la actividad productiva de los diversos de los diversos sectores afectados” por la inundación. Por el otro, aparecen los subsidios distribuidos desde la Intendencia sin otra justificación que la voluntad del funcionario.
En el caso de los subsidios por la inundación, los mismos fueron distribuidos entre industrias, comercios y empresas de servicios, elegidas de común acuerdo entre la Municipalidad y el Ministerio de la Producción a partir de un convenio celebrado entre ambas partes. En la selección de los beneficiarios, fue determinante la capacidad de lobby de los interesados y la intervención de algunos intermediarios con llegada directa al ex intendente Martín Balbarrey.
Como se puede observar en el Cuadro 1, el sector más beneficiado fue el de comercio y servicio que recibió un monto promedio de ayuda de $6.870. Para la industria el subsidio promedio fue de $22.270, mientras que los comercios del sector informal recibieron una ayuda única de $700.
El mayor monto otorgado fue de $50.500 y según la planilla anexa al Decreto Municipal Nº 0635/07 beneficio a dieciocho empresas de la ciudad, a saber: Chacinados Tacural SRL; Cidal SA; Plastilit SA; Sotic SA; Taboga Hnos. SACI; Taborda Nelida, Taborda Alejandro y Nidia Bar SH; Vidalac; Cesa SA; Pascual D’Amelio; Silvana Enrici; Hidroplast SA; Maxiconsumo SA; Miguel Ángel Gigliotti y Cia. SRL; Recomovil SA; Rizzi Hogar SA; Alco SA; Transporte El Porvenir Santafesino SRL; y Transporte Pedrito SH.
Según se pudo sabe, lo que preocupa a los miembros de la Comisión Investigadora del Concejo Municipal, son los criterios aplicados para la distribución de los subsidios de $700 entre los comercios denominados informales. Se trata de más de 1.000 casos en donde se debe verificar la verdadera naturaleza de la actividad económica de los beneficiarios.
Distinta es la situación de los subsidios otorgados desde la Intendencia. Aquí no aparece a priori ningún criterio objetivo de distribución. De acuerdo a un relevamiento de la Dirección de Control y Fortalecimiento de Gestión de la Municipalidad de Santa Fe, el monto de estos aportes no reintegrables ha crecido de manera constante durante el mandato de Martín Balbarrey: $62.246 en 2003; $84.520 en 2004; $130.906 en 2005; $249.522 en 2006; y finalmente $873.100 en 2007, año del intento de reelección.
Como se observa en el Cuadro 2, el criterio de distribución se aleja del concepto clásico de clientelismo y apunta hacia un conjunto de instituciones y actividades de la ciudad, portadoras de cierto prestigio. Es así como el sector más beneficiado por la chequera del ex intendente fue el de las entidades empresarias y deportivas, donde se destacan: APYME con $60.000 destinados a la adquisición de mobiliario, equipos de aire acondicionado, microondas, heladera y cocina; la Bolsa de Comercio con $30.000 para la 2º Fiesta del Alfajor Santafesino; la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Aristóbulo del Valle con $154.000 para la III y IV Fiesta de la Cerveza; el Club del Orden con $15.000 para la refacción de su sede social; y el Club Newell´s Old Boys con $192.000 para la construcción de una pileta de natación.
Muchos de estos subsidios todavía se encuentran sin rendir, y tanto la Sindicatura Municipal como la Comisión Investigadora, los tienen en la mira para verificar como fueron tramitados y que se hizo con el dinero.
Categorías: Inundaciones, Municipales a las 15:51 Agrega tu comentario
OBJETAN LA TRAZA SUR PARA EL NUEVO PUENTE SANTA FE-SANTO TOMÉ
Los técnicos de Vialidad Nacional encontraron varias deficiencias en el diseño del nuevo puente Santo Tome-Santa Fe. Advierten sobre el impacto ambiental, urbanístico y social de la traza sur que cruzaría el río Salado por la zona de los cuarteles. Vuelven a tomar fuerza las alternativas ubicadas al norte del Puente Carretero. Desde el Ministerio de Obras Públicas de la provincia esperan que la licitación este en marcha antes de fin de año.
El proyecto elaborado por la Dirección Provincial de Vialidad para el nuevo puente que unirá las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe recibió serias observaciones de los técnicos de Vialidad Nacional. Los detalles de estos problemas se conocerán en los próximos días cuando se difunda el contenido del informe elaborado por la Gerencia de Estudios y Proyectos del organismo nacional, y no se debe descartar, que vuelvan a tomar fuerza las alternativas de cruce ubicadas al norte del Puente Carretero.
Se debe recordar que durante la gestión de Jorge Obeid la provincia eligió la denominada Alternativa 7 o traza sur para la ubicación del nuevo puente sobre el río Salado. En agosto de 2006 se presentaron los resultados de los estudios y Ángel Piaggio fue el encargado de efectuar el anuncio: "Nosotros vemos que el ingreso por Riccheri vincula con el aeropuerto en forma casi inmediata y que, además, el lado Santa Fe tiene cabecera en una zona que va a acceder a un emprendimiento turístico, como van a ser los terrenos de lo que es hoy el puerto. Entonces esto empieza a tener una razonabilidad distinta que si lo vemos analizando sólo el sitio por donde cruzamos el Salado. Además, Santa Fe, Santo Tomé y las instituciones representativas de la industria y el comercio de la región tienen opinión formada respecto de que ésta es la mejor ubicación", sostuvo el ex intendente de la ciudad.
Tiempo después, en octubre de 2007, el ingeniero Osvaldo Contursi – Director de Estudios y Proyectos de Vialidad Provincial - explicó las características que tendría el nuevo puente. “Va a tener cuatro vías, dos por cada sentido”, describió el funcionario, la penetración en Santo Tomé “será por calle Hernandarias, luego va hacia el lado de los cuartales saliendo por calle Richieri hasta Ruta 11, sigue hasta la zona de la fábrica Purina y se conecta con la Ruta Provincial 5 hasta la Ruta 19”, prosiguió. Algunos de estos cruces serán a nivel y otros elevados. “El paso por la Ruta 19 será con un intercambiador y en el caso de unirse la 11 con la 5 tenemos proyectada una rotonda”, agregó.
Para el ingreso por Santa Fe el nuevo puente enlazaría con la avenida Mar Argentino y tiene como calles de penetración a Francia y Urquiza. Contursi señaló en aquel momento, que luego de una larga discusión con los funcionarios de Martín Balbarrey, “acordamos con la municipalidad hacer un cambio en el sentido de circulación de estas dos calles. Urquiza sería hacia el norte y Francia hacia el sur”.
Ahora, esta elección y el anteproyecto elaborado por lo técnicos de la provincia, la UNL y la UTN, se encuentra bajo análisis de la Dirección Nacional de Vialidad. Según adelantó el ingeniero Rafael Pretto, Jefe Distrito VII del organismo, “esta obra tiene un impacto urbano, social y ambiental muy fuerte en Santo Tomé”.
El funcionario nacional sostuvo que la reunión del pasado 11 de julio fue solicitada para despejar algunas dudas de carácter técnico surgidas con el anteproyecto presentado el año pasado por el gobierno de la provincia. “Como eran evaluaciones muy generales y las planimetrías que se presentaron tenían dimensiones que no respetan las normas de diseño para una ruta nacional, se creyó oportuno tener una reunión técnica acá en Santa Fe con los municipios y la DPV para consensuar y evaluar las opiniones de cada unos de los actores”, aclaró Pretto.
“Vialidad Nacional lo que evalúa más fuertemente son los diseños viales, pero como esta obra tiene un impacto urbano, social y ambiental muy fuerte en Santo Tomé, necesitamos tener el consenso del municipio”.
Todas estas dudas deberían quedar despejadas con el estudio de impacto ambiental. “Nosotros pedimos que debe ser aprobado por los organismos específicos provinciales. Aquí sería la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Aguas, por todo lo relativo a la solución hídrica del sistema. No obstante se esta evaluando todo lo que es el diseño geométrico y estructural de la propuesta vial”.
Sobre este último punto, Pretto precisó que “las normas de diseño vial en rutas nacionales establecen distintos parámetros, como anchos de calzada mínimo, espesores para tránsito determinado, composición de la carpeta, evaluación de las cargas, impacto del clima en los materiales, situación hídrica de la zona. Todos estos elementos sirven para definir la solución más apropiada para el paquete estructural y los materiales”.
A partir de estos parámetros, en la propuesta de la traza sur para el ingreso a nuestra ciudad, los técnicos de Vialidad se encontraron con un diseño al que calificaron de “acotado”.
“Estamos entrando con fórceps a las calles de Santo Tomé. Se pretende hacer una avenida urbana con tránsito nacional e internacional de camiones, colectivos y otros vehículos pesados, y el diseño tiene que estar acorde a este tipo de transito pasante”, dijo Rafael Pretto.
“La traza debería tener las dimensiones apropiadas para absorber un tránsito de estas características, como es 27 de Febrero y Alem en Santa Fe. Pero como el sector de Santo Tomé es más comprimido la solución propuesta recurre a las barandas de hormigón tipo New Jersey (como tiene la Ruta 168) y eso en una avenida urbana tiene un impacto muy fuerte. Es como una barrera que corta que no permite el paso de peatones. Estaríamos poniendo en la ciudad una barrera importante, provocando un corte respecto al crecimiento urbano hacia el sur, que es hacia donde se expande Santo Tome”, continuó.
“Allí tenemos una calle existente con un ancho determinado y dentro de ese ancho tenemos que meter una avenida urbana. Y si hay que expropiar estaríamos frente a un problema mayor, no solo por el costo, sino por el impacto social, habría que desalojar gente, buscarle otro destino. Entonces, el hecho de incorporar una ruta nacional dentro de una ciudad tiene un impacto social, urbanístico y ambiental”.
Este problema es conocido por las actuales autoridades de la ciudad. Luego de la reunión del 11 de julio en la sede del Distrito VII de Vialidad Nacional, el intendente Fabián Palo Oliver le dijo a la prensa que es necesario “evaluar adecuadamente las afectaciones urbanas de la traza sur”, destacando “el costo social que esta alternativa traería especialmente para los santotomesinos que no están contemplados en el proyecto y tenemos que evaluar”.
Esta postura sobre el impacto de la traza es la misma que el actual intendente sostuvo en varias ocasiones cuando fue concejal de la ciudad. “Insistimos en que una obra tan necesaria como un nuevo puente entre nuestra ciudad y la capital provincial debe ser proyectada de común acuerdo en cuanto a evaluaciones técnicas urbanísticas, ambientales, económicas y regionales, mientras que la resolución de la ubicación debería incluir también la evaluación y el análisis de la mayoría de la comunidad santotomesina", reclamó Palo Oliver, según puede leerse en un comunicado de prensa difundido en marzo de 2007.
Por eso no debe sorprender que las prevenciones de los técnicos de Vialidad Nacional sean bien recibidas por las actuales autoridades de la ciudad de Santo Tomé. Las dudas quedarán despejadas cuando el organismo de a conocer su evaluación del anteproyecto presentado por la provincia.
“Hoy estamos estudiando la Alternativa 7 que es la que nos presentó Vialidad Provincial, se van a analizar las ventajas y las desventajas, y se responderá a la provincia. Esto no impide que se proponga el análisis de otras alternativas que la provincia pueda presentar o que Vialidad Nacional pueda evaluar”, sostuvo Rafael Pretto, abriendo la puerta a un cambio sustancial en el diseño del nuevo puente.
Todo este análisis tiene que concluir en un pliego de licitación donde se pueda licitar proyecto ejecutivo y ejecución de obra. Por lo tanto el pliego tiene que ser lo más preciso posible en la parámetros de diseño que se le den al oferente para que pueda cotizar su proyecto”, agregó el funcionario, al tiempo que remarcó que “Vialidad Nacional ya tiene dentro de su presupuesto 2008 una cantidad importante de fondos asignados para esta obra”.
Para el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, arquitecto Hugo Storero, la ubicación del nuevo puente entre Santo Tomé y la capital provincial todavía se encuentra en discusión y no ha siso definida. “Se evaluaron los trazas y los técnicos de Vialidad Nacional recorrieron los lugares alternativos y se fueron con varios interrogantes sobre si lo más conveniente es la traza sur o la traza norte”, dijo el funcionario ante una consulta.
“Sobre lo que estaba definido vuelven a generarse interrogantes desde el organismo nacional. Estamos en este proceso. Lo que pude deducir del administrador nacional es que estarían en condiciones de lanzar la licitación con el anteproyecto indicativo a los efectos que se evalué proyecto ejecutivo y precio de la obra. Esta es una manera muy corta de resolver una licitación pública porque te ahorra el tiempo de elaboración del proyecto”, sostuvo Storero.
Respecto al impacto urbano de la obra en nuestra ciudad, el ministro aseguró: ”donde pongas el puente se va transformar en una barrera. Quizás con una buena semaforización se puede lograr algún tipo de mejora. Hay que ver cuanto del flujo e vehículos que pasa por el puente Carretero se iría por la nueva traza”.
“Si miramos el proyecto desde la perspectiva de Santa Fe es muy buena la entrada sur. La entrada norte se mete en la ciudad por Mendoza, en un sector que se ha poblado mucho. Si entramos por General López (en la capital provincial) esta el problema de la traza ferroviaria y los terrenos del ONABE que no son sencillos de negociar, es muy compleja la transacción. De todos modos, está la alternativa de derivar el transito por la avenida Circunvalación hasta el intercambiador de CILSA para que el tránsito no entre a la ciudad”, explicó el ministro en su despacho.
Para Storero es imprescindible la opinión de los responsables de las dos ciudades. “Barletta (Mario) ya ha planteado que la traza no puede entrar por calle Francia. Es una opción terrible que supone la inversión del sentido de avenida Urquiza. Yo creo que si se elige la traza sur hay que dejarla en la avenida Mar Argentino y no meterse en la ciudad. Yo también me opondría a eso y dejaría las bajadas habituales”.
Respecto a los tiempos del proyecto, el ministro reclamó que la Nación cumpla con sus compromisos y avance con la licitación cuanto antes. “Cuando sale la decisión de hacer la Ruta 19 con aportes de la provincia mediante un crédito del Banco Mundial, la Nación se obliga en un convenio posterior a resarcir a la provincia pagando la obra del puente Santa Fe – Santo Tome. Por eso quiero dejar en claro que la provincia cumplió con lo suyo y la Nación todavía esta en situación de análisis. Yo soy muy confiado en la palabra de la gente, pero gestiono y demando que la obra se haga”.
En este sentido, el ministro destacó que el proceso de licitación debería efectuarse de manera abreviada convocando a las empresas interesadas a la presentación de ofertas que contengan la elaboración del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra. “De esta de manera la comisión de adjudicación realiza una doble evaluación, monto de la obra y proyecto ejecutivo, que debe ser formulado de acuerdo a sus fines y cubrir todos los detalles, esto acorta mucho los tiempos. Por eso a mi no me preocupa que se defina una traza u otra, siempre que se acorte el camino de la licitación con el anteproyecto indicativo”.
Si bien Storero admite que los funcionarios de Vialidad Nacional manifestaron buena predisposición para concretar el proyecto, el panorama general no deja de ser preocupante. “Veo que la Nación está retaceando niveles de inversión. Por ejemplo, el Plan Federal de Viviendas II todavía no arrancó. El Plan de 1000 escuelas fue anunciado pero todavía no aparecieron. No se han concluido los trabajos del Plan 700 escuelas. Le fue muy mal a la provincia durante la gestión anterior, mal en serio, porque de las 700 escuelas para todo el país ¿Cuántas recibió Santa Fe? Si partimos de la coparticipación, Santa Fe recibe el 10 por ciento de los recursos, esto es 70 escuelas. Si partimos de los recursos que aporta la provincia, que son el 20 por ciento, esto da 140 esuelas. Bueno, nos tocaron nueve y trece están en marcha”.
“Me parece que es falta de dinero a nivel nacional. En vivienda se nota el retaceo en todo el país, en la obra pública vial se notan demoras, en la obra de escuelas se nota retaceo. ¿Qué me imagino yo? Que hay cuentas comprometidas, tal vez no sea el nivel de expansión que tuvo el país en los últimos años, tal vez la crisis del campo”, continuó el ministro.
Pero a pesar de estas prevenciones, el arquitecto Storero cree que el proyecto de nuevo puente podrá concretarse sin mayores dificultades. “Esta obra para la Nación es muy chica, pensemos que son 120 millones de dólares y yo note muy dispuesto al administrador nacional de vialidad y están los técnicos trabajando. Hay partida presupuestaria para este año, lo cual es un buen signo y hay intención de resolver sobre cual traza se hace el proyecto para avanzar en un trámite corto con la licitación”, finalizó.
Categorías: Obras Públicas, Provinciales a las 15:05 Agrega tu comentario
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References: resolución 
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 artículo 129
 artículo 128
 Artículo 2
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 artículo 205
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