Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520659.html
Timestamp: 2019-03-23 17:15:31+00:00

Document:
as201520659
Auto Supremo: 659/2015 - L Sucre: 12 de Agosto 2015 Expediente: LP – 134 – 10 – S Partes: DHL International S.R.L. c/ Jaime Ricardo Paz Soldán Marín
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 782 a 784, interpuesto Bladimir Pablo Carrasco quintana, en representación legal de Jaime Ricardo Paz Soldán Marín y María del Rosario Santa Cruz, representante legal de DHL International S.R.L. de fs. 787 a a 791 y vta., contra el Auto de Vista – Resolución Nº 134, de 20 de abril de 2010, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario de rendición de cuentas, seguido por DHL. International S.R.L., contra Jaime Ricardo Paz Soldán Marín; el Auto de concesión de fs. 797; los antecedentes del proceso, y:
Adolfo Arsavir Dolmatzian, Gerente General y representante legal de la empresa DHL International S.R.L., por memorial de fs. 142 a 146, adjuntado las literales de fs. 1 a 141, interpone demanda de rendición de cuentas, ante el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Civil de la ciudad de La Paz contra Jaime Ricardo Paz Soldán Marín, argumentando que desde enero de 1986 hasta el 26 de diciembre de 2001 el demandado fungía como Gerente General de la empresa a la que actualmente representa; y que al poco tiempo de asumir la administración de la misma pudo advertir diversas irregularidades que seriamente le llamaron la atención; entre ellas que la empresa no contaba con los balances correspondiente a la gestión 2000, aspecto que le habría generado bastante preocupación, por lo que solicito elaborar auditorías externas, ejecutadas por la prestigiosa empresa denominada (Price Waterhouse) respecto a los estados financieros de los años 2001 y 2000, cuyos resultados fueron perdidas en la compañía, ya que se habrían realizado conciliación sin respaldo alguno, préstamos personales a su nombre, emisión de cheques por parte de la empresa en favor del gerente, irregularidades que fueron parcialmente subsanados con la devolución de dineros sin ningún tipo de interés ni recargo financiero. Además de denunciar otras irregularidades establecidas por la auditoria, ante dichas falencias e irregularidades en la administración de DHL International S.R.L. se interpone la demanda de rendición de cuentas contra Jaime Ricardo Paz Soldán por perdidas en la empresa de $us. 1.792.306,41, bajo apercibimiento de apremio.
Citado el demandado Jaime Ricardo Paz Soldán Marín, a fs. 259 a 267 se apersona, acompaña documentación y presenta rendición de cuentas, misma que es observada y rechazada por la parte demandante pidiendo se declare contencioso y sea tramitado en la vía ordinaria.
A fs. 279 a 286 y vta., DHL Iternational S.R.L., a través de su representante legal Javier Camacho Pinto, ante el Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial formaliza demanda ordinaria de rendición de cuentas en contra del Ex Gerente General ya mencionado, por la suma de $us. 1.792.306,41, por deficiencias en la preparación de conciliaciones bancarias; por las cuentas para clientes que abonan los servicios de DHL en efectivo, estados de cuentas insuficientes o saldos de cuenta al consignados, deficiencias en la facturación, deficiencias encontradas por auditoria, irregularidades en el alquiler de un local de propiedad del demandando e irregularidades en las ampliaciones de las instalaciones que ocupaba DHL en la Av. 14 de septiembre, solicitando declare probada la demanda y en sentencia ordene el pago de la deuda a tercer día de su notificación, más daños y perjuicios, lucro cesante, costas y condenaciones de ley.
Citado el demandado mediante edictos de prensa por no haber dado respuesta a la demanda de acuerdo a ley, por lo que es declarado rebelde y se le designó defensor de oficio a Gabriela Murillo Zarate, cuyo apersonamiento cursa a fs. 298 de obrados.
Sustanciado el proceso, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia - Resolución Nº 036, de 26 de enero de 2009, cursante de fs. 728 a 734 y vta., declaró probada parcialmente la demanda con costas de fs. 279 - 286, disponiendo que el demandando practique rendición de cuentas en forma clara y documentada dentro del plazo de 30 días, computables a partir de su notificación con el presente pronunciamiento, sin lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, lucro cesante y demanda condenaciones de ley.
Contra esa Resolución de primera instancia, tanto la parte demandante como la demanda a fs. 737 a 739 y de fs. 747 a 758 y vta., respectivamente interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, por Auto de Vista Resolución Nº 134, de 20 de abril de 2010, cursante de fs. 778 a 779, anula obrados hasta fs. 727 vta., disponiendo que el Juez A quo nombre un perito de oficio a objeto que confeccione un peritaje correspondiente a las pruebas aportadas por la parte demandante y demandada dentro de un plazo razonable para efectuar los mismos, en aplicación del art. 378 del Código de Procedimiento Civil, en contra de esta última Resolución la parte demandada, a través de sus representantes legales interpone recurso de casación en la forma, cursante de 782 a 784, asimismo el demandante DHL Iternational S.R.L. a través de su representante legal interpone recurso de casación en el fondo, cursante a fs. 787 a 791 y vta.; mismos que se pasan a considerar y resolver:
Del análisis del recurso de casación en la forma interpuesto por Bladimir Pablo Carrasco Quintana, en representación legal de Jaime Ricardo Paz Soldán Marín, se tiene lo siguiente:
Acusa, acciones ilegales que vician de nulidad el proceso, mismas que no fueron resueltas por el Tribunal Ad quem, referidas a las notificaciones realizadas en la secretaria de despacho del Juez Sétimo de Partido Civil con el decreto de fs. 277, alegando haber señalado domicilio procesal en la calle Yanacocha Esq. Mercado Nº 300 en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo civil, mismo que a su criterio se refuta subsistente mientras no sea designado otro. Y al haber sido notificado en secretaria del juzgado se le habría causado indefensión.
Acusa otra ilegalidad que también viciaría de nulidad el proceso, como es la afirmación de desconocimiento de domicilio mediante juramento realizado por el demandante a efecto de notificar con la demanda instaurada en su contra, ya que su demandante siempre hubiera estado al constante de la dirección de su domicilio, pues señala que estaría en pie un proceso laboral entre ambos, además que la empresa alquila un local comercial de su propiedad, lugar al que mensualmente harían llegar las facturas correspondientes, donde además desempeña sus funciones comerciales, siendo falso el juramento de desconocimiento de domicilio.
Acusa vulneración del Art. 90 del Código de Procedimiento Civil, aduciendo que no habría sido declarado rebelde conforme lo dispone el art. 68 del mimo cuerpo de leyes, acto procesal de importancia establecido en la uniforme jurisprudencia existente sobre el particular, no siendo suficiente la designación de defensor de oficio.
Señala que el art. 247 de la Ley de Organización Judicial (hoy abrogada) señalaba cuáles eran las causales de nulidad del proceso, siendo precisamente la falta de notificación con la demanda, extremo que el Juez A-quo ha pasado por alto, transgrediendo normas procesales de cumplimiento obligatorio.
Por todo lo expuesto y amparado en el num. 1) del art. 255 del Código de Procedimiento Civil interpone el presente recurso de casación solicitando a los Magistrados de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación anular obrados hasta el momento de la notificación con la radicatoria de la demanda y se ordene la notificación legal con la demanda a su mandante, cursante a fs. 277. Con costas.
Del recurso de casación en el fondo interpuesto por María del Rosario Santa Cruz, representante legal de DHL International S.R.L, se tiene lo siguiente:
Señala que el Auto de Vista recurrido, al anular obrados y disponer se confeccione un peritaje sobre las pruebas aportadas por las pares, resultaría ser una violación directa y aplicación falsa y errónea de la ley, por cuanto resultaría inconcebible pretender que el juzgador designe un perito para que este confeccione una peritaje sobre las pruebas aportadas por las partes. Pues al pretender el Tribunal Ad quem que el juzgador realice una delegación de funciones, estaría incurriendo en violación directa de los arts. 122, 179 y 180 de la Constitución Política del Estado, arts. 1, 3, 5, 7, 50, 87, 90, 190, 192 y 397 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo que interpone recurso de casación en el fondo y solicita a los Señores Magistrados de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación deban casar el Auto de Vista Resolución 134/2010 y deliberando en el fondo confirmen la sentencia resolución 036/2009 emitida por el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial.
Del análisis del recurso de casación de María del Rosario Santa Cruz, se tiene que si bien el recurso es interpuesto en el fondo, sin embargo, se advierte que el único agravio traído en casación está orientado a cuestionar la Resolución anulatoria de la Resolución impugnada, por lo que en observancia de la garantía del principio de impugnación previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado y el principio “pro actione”, se ingresa a considerar el mismo, bajo los siguientes argumentos de orden legal.
En el primera agravio, acusa violación directa y aplicación falsa y errónea de la ley, considerando inconcebible pretender que el juzgado designara un perito de oficio para la facción de un informe pericial respecto de las pruebas aportadas por las partes, violando los arts. 122, 179 y 180 de la Constitución Política del Estado, arts. 1, 3, 5, 7, 50, 87, 90, 190, 192 y 397 del Código de Procedimiento Civil.
El art. 180.II de la Constitución Política del Estado, consagra el principio de impugnación que rige en la sustanciación de todo proceso judicial, principio que reconoce el derecho de las partes de pedir a otro juzgador superior en grado revise la Resolución del inferior; en este entendido el derecho a impugnar se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la Resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de la Resolución que el de alzada ha de emitir, dando una respuesta fundamentada y motivada a los agravios que generaron la impugnación.
En ese antecedente, del análisis del Auto de Vista recurrido, los fundamentos utilizados por el Tribunal de Alzada a tiempo de emitir la Resolución anulatoria de obrados hoy impugnada, se limita a desarrollar su razonamiento en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil, señalando lo siguiente:
Que, si bien la parte actora ofreció un perito, empero dicho trabajo solo se ha limitado a determinar el costo de pequeñas remodelaciones, resultando insuficiente para una cabal valoración.
Que el Juez A quo a tiempo de admitir la demanda y/o durante la tramitación del proceso, tenía la obligación de designar un perito de oficio, a efectos de que también se realice un estudio, sobre las pruebas aportadas por la parte demandante.
De los antecedentes señalados y el marco normativo , se tiene que el Juez A quo, al no solicitar y/o requerir de oficio un perito, para que efectué el respectivo peritaje de las pruebas aportadas por las partes, ha importado la aplicación subjetiva del art. 378 de la citada norma procesal civil, la cual indica indiscutiblemente que el Director del Proceso tiene el deber de ordenar aún fuera del termino de prueba y hasta antes de emitirse sentencia, ordenar toda prueba pertinente y atinente con relación a la causa petendí…”.
De lo referido se evidencia que la Resolución impugnada no habría ingresado a resolver aspectos cuestionados por las partes, no obstante ambas a su turno interpusieron sus recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia, siendo este el único argumento legal que llevo al Tribunal a tomar la decisión de anular el proceso en tanto sea designado un perito de oficio, argumento no valido para el caso de Autos. Toda vez que el instituto jurídico de la rendición de cuentas se encuentra regulado en nuestra legislación, dispuesta por el art. 817 del Código Civil, al señalar I.- El mandatario está obligado a informar sobre su actuación al mandante y hacerle conocer las circunstancias sobrevenidas que puedan determinar la modificación del mandado, II.- Esta obligado asimismo a rendir cuentas al mandante y abonarle todo cuanto haya recibido a causa del mandato, aun cuando lo que haya recibido no se debiera al mandante”, de la interpretación de la citada norma se tiene que este instituto tiene como finalidad establecer la existencia del vínculo obligacional entre el mandante y el mandatario, para lo cual no se requiere la elaboración de informes periciales, siendo la pretensión clara del demandante en solicitar al demandando proceda a la rendición de cuentas del mandato que se le otorgó como Gerente General de la empresa, de modo tal se determine si hubo o no déficit económico en la misma. Con tales antecedentes resulta impertinente la designación de peritos de oficio que vayan a confeccionar informes periciales respecto de las pruebas producidas por las partes como lo tiene erradamente manifestado el Ad quem en la Resolución impugnada, argumento no validado para soslayar ingresar a resolver los agravios impugnados por las partes en sus respectivos recursos de apelación.
Por lo razonado supra, el fundamento esgrimido por los de Alzada no es suficiente para generar una nulidad, podemos colegir que los apelantes en sus recursos cuestionan aspectos de fondo y de forma que debieron ser resueltos por el Tribunal de Alzada, por lo que el Auto de Vista debió circunscribirse a lo requerido por los apelantes, conforme lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, sobre la pertinencia de la Resolución, señala: “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, excepto lo dispuesto en la parte final del art. 343”.
Debe tenerse presente que hoy en día las nulidades procesales se encuentran restringidas por disposición expresa del art. 16 de la Ley 025 y por los principios constitucional de celeridad y eficiencia que se impone en la administración de justicia, y en ese entendido debe tomarse muy en cuenta los principios que rigen la nulidades procesales como el especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación, preclusión, etc.
En consideración a que la Resolución a emitirse es anulatoria, no corresponde pronunciarse sobre los agravios presentados por Jaime Rodrigo Paz Soldán Marín.
Por lo precedentemente expuesto, este Tribunal de casación emite Resolución en la manera que determinan los arts. 271 num. 3), y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Resolución Nº 134, de 20 de abril de 2010, cursante a fs. 778 a 779, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de la Paz, y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución, resolviendo los recursos de apelación interpuestos.

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