Source: https://argentinavorticegeopoliticomundial.blogspot.com/2019/12/
Timestamp: 2020-07-12 17:13:17+00:00

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Argentina Vórtice Geopolítico Mundial: diciembre 2019
De como robar por el desconocimiento de la víctima
Un resumen de un macábro concepto de negocios.
LA HISTORIA SECRETA DE LA 125 – Javier Llorens
Esta investigación se inició al observar el notable aporte económico por $ 39.000.000 que realizó el grupo Urquia, una de las familias más ricas de Argentina, conspicua integrante de CIARA (Cámara Industria Aceitera RA) y CEC (Centro Exportador de Cereales) para la campaña electoral del Frente de Todos. En oportunidades inusitadas, dado que un primer aporte de $ 12.000.000 lo hizo en plena veda electoral, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre. Y luego, una semana después de consagrarse Alberto Fernández presidente de los argentinos, hizo otro aporte por $ 27,000.000.
Tanto el monto como la oportunidad, señalaban lamentablemente la existencia de una transacción de tome y daca. Lo cual demandaba una explicación, que finalmente se encontró en los arcanos numéricos de lo que se conoce como el NCM (Nomenclador Común del Mercorsur) y las DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior.
Pero para entender esta explicación, previamente es conveniente remitirse a la historia secreta de la resolución 125. Y su saga posterior que llevó finalmente al grupo Urquía y a CIARA CEC a un enfrentamiento con el gobierno saliente encabezado por Mauricio Macri.
Al que evidencia haberlo solucionado con creces el actual gobierno entrante, encabeza-do por Alberto Fernández. Al mismo tiempo que el aumento de las retenciones abre un pingue oportunidad de negocios, similar a la de la 125. Siendo esta otra muestra de la incapacidad que tenemos los argentinos de aprender de la experiencia y fracasos del pasado.
La historia secreta de la legendaria resolución 125, que originó la insurrección fiscal del campo, y estuvo a punto de convertirse en una insurrección civil, consiste en que fueron los integrantes de CIARA y CEC los que se llevaron puestas el aumento de las retenciones dispuesto por ella bajo el título de retenciones móviles, por un monto de mil ochocientos millones de dólares. Esto lo acreditamos el autor de esta nota y el diputado Mario Cafiero, cuan-do se debatía en el Congreso su aprobación, mediante sendos informes basados en los despachos de exportación de la Aduana. Mostrando como los exportadores de granos y sus derivados, nucleados principalmente en CIARA CEC, le liquidaban al fisco retenciones de hasta 25 puntos menos respecto las retenciones móviles que le descontaban a los productores de granos, que llegaron hasta el 47,5 %.
Como consecuencia de que, precavidamente, con las presentaciones previas de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior habían congelado las alícuotas de las retenciones a la fecha de estas. No alcanzándole así el pago de las retenciones móviles, y haciendo así una enorme diferencia a costa del productor, acorde con la antigua ley del comercio de comprar barato y vender caro. Con el detalle adicional, según lo reconoció a regañadientes posteriormente el mismo gobierno, que el aumento de las retenciones había sido propiciado por los mismos integrantes de CIARA CEC.
Porque se habían visto imposibilitados de cumplir con esas Declaraciones juradas de venta al exterior, por el aumento sustancial de precios que hubo en el ínterin en los commodities agrícolas, especialmente la soja. Y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se prendió a la idea, ante la perspectiva de que las posteriores cosechas le allegarán recursos al fisco, para atender los pagos de una deuda externa mal arreglada.
El principal lobista de CIARA CEC entonces, era el senador cordobés Roberto Urquía. Un cortesano del poder, propietario de Aceitera General Deheza, una de las principales aceiteras de Argentina. Quien había llegado al gobierno de la mano del gobernador José Manuel de la Sota, y luego pasó al kirchnerismo.
Y en el revival actual de la 125, con detalles picantes a favor de los aceiteros como se verá seguidamente, Urquía también evidencia haber sido un artífice esencial del mismo. Junto con su cuñado Miguel Acevedo, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina).
La circulación de esa información en el Congreso en el 2008, fue determinante para la no aprobación de la resolución 125. Precipitada con el famoso voto no positivo del entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cleto Cobos. Y para la posterior creación al mes siguiente, de una comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de venta al exterior de productos agropecuarios. Que debía expedirse al respecto, a los 90 días de su constitución. La cual, gracias a la capacidad de lobby de CIARA CEC, nunca se reunió ni se constituyó, y tres años después por su inactividad fue dada de baja. Sin que la Mesa de Enlace haya manifestado ningún interés de impulsarla.
Por su parte la AFIP en base a informes de la ONCCA, inició múltiples demandas contra las empresas del complejo aceitero y exportadoras de productos agrícolas nucleadas en CIARA CEC, que se habían llevado puestas las retenciones móviles de la resolución 125.
Entre ellas figuraban AGD, Bunge, socia de AGD, Cargill, Molinos Río de la Plata, LDC, Nidera, Vicentin, ACA, Oleaginosa Moreno, Compañía Argentina de Granos, Noble Argen-tina, etc. Las que por su parte respondieron con contrademandas judiciales, de las que nadie sabe a ciencia cierta su resultado definitivo.
Argentina nada aprendió así de esos tremendos sucesos, que tuvieron rasgos conmocionantes entre marzo y julio del 2008. Con un país semiparalizado por los bloqueos de las rutas por parte de quiénes la entonces presidenta Fernández, denostó como piqueteros de cuatro por cuatro. Conflicto con el cual el kirchnerismo se enemistó con la clase media que recientemente la había votado. Lo cual lo obligó a cambiar su base electoral, implementando para ello la opción por los pobres. Apelando el direccionamiento de recursos asistenciales y monetarios hacia ellos, tales como la AUH. Lo cual paradojalmente, le fidelizó una base electoral que le permitió diez años después a la ex presidenta Fernández retornar al poder, tras el rotundo fracaso socio-económico del gobierno del presidente Macri.
Los impulsores de la 125, CIARA CEC, y el gobierno de Fernández de Kirchner que la implementó, evidentemente desconocían las tremendas derivaciones que ha tenido en la historia, la pretensión de fijar altas retenciones a la exportación de productos agrícolas. Eso originó en Inglaterra la revolución campesina puritana de Olivier Cromwell, ante la pretensión del rey Carlos I de aumentar los impuestos a las exportaciones de lana. Lo cual no solo derivó en la abolición momentánea de la monarquía, sino que también le costó la cabeza a Carlos I. Posteriormente, tras la reposición de la monarquía, y la consecuente cruel persecución a los puritanos, estos migraron hacia América, dando origen así a los EEUU.
Se habla mucho de la dicotomía entre el agro y la industria, pero pocos mencionan la tensión existente en la agro industria. O sea la industria que tiene como principal insumo e los productos agrícolas. Que se da especialmente en Argentina, que es un gran productor y exportador de granos y de sus derivados.
En términos de mercado, la agroindustria es un oligosopnio, o sea que hay muy pocos demandantes frente una oferta atomizada. Lo cual le permite concertar entre ellos los precios de compra; salir a comprar por turnos; alentar la siembra con altos precios, que luego se derrumban en la cosecha, etc. Además de castigar al productor con los descuentos por la calidad y humedad del grano, y el costo del flete, etc. Detentando incluso en el caso del grupo Urquia la concesión del ferrocarril Central Argentino, que le otorga un hándicap adicional respecto los fletes por camión.
Este grupo se ha convertido así en un émulo de Bunge y Born, al que se apodaba el Pulpo. El cual mediante el control que tenía sobre las bolsas de arpillera, con la que se acopiaban los granos; y las rebajas que obtenía en las tarifas de los ferrocarriles ingleses, hacía lo que quería en el mercado. De quien el grupo Urquía es socio en diversos emprendimientos, tras que esta se transformó en Bunge Limited, y se radicó en EEUU.
Como se vio, una de las picardías de la agroindustria y exportadoras de granos y sus derivados, desde los tiempos de Bunge y Born, es que haya alta retenciones sobre los gra-nos. Lo cual de por si facilita su adquisición, al adquirir el mismo producto con un menor ca-pital en giro. Y a su vez la cuestión de las retenciones o derechos de exportación, también tiene sus trapisondas. Como el congelarlas a niveles previos a los de un aumento de ellas, como sucedió con la 125, y vuelve a suceder ahora, quedándose así con la diferencia. Haciendo así un lindo diferencial de precios gracias al accionar negligente del gobierno amigo, que parece no percatarse de ello. O el pago diferido de las retenciones hasta el momento del embarque, que rigió hasta después la 125. Y que ahora rige para las nuevas retenciones que dispuso el presidente Macri el año pasado.
Pero hay otra picardía adicional, que es fundamental para la agro industria, y explica el raudo crecimiento del complejo aceitero instalado en las inmediaciones de Rosario, considerado uno de los más importantes del mundo. Consistente en el diferencial de retenciones entre el grano sin elaborar, y los derivados de este. Que le ha aportado a la industria un margen sustancial de ganancias a lo largo de los años, quitándose al productor del mismo. Y supletoriamente cuando ese margen decae, están también los reintegros a las exportaciones por parte del Estado, cuestiones ambas que para la agroindustria son estratégicas.
El sórdido campo de batalla en las sombras de esas dos cuestiones, se libra en el hermético NCM (Nomenclador Común del Mercosur); que es incluso la forma en que se titulan los decretos y resoluciones referidas a las retenciones y los reintegros.
El mismo se compone de 97 capítulos, que pueden tener potencialmente cada uno de ellos seis dígitos. O sea 97 millones de posiciones, siendo actualmente unas quince mil. El cual como una guía telefónica, tiene un número que define cada mercadería que se transa internacionalmente.
Los decretos y resoluciones del ministro de Economía que digitan los beneficios y castigos que reciben esas mercaderías, enunciando para ello en la gran mayoría de los casos justificaciones genéricas, solo consignan sus números. Por lo que son un jeroglífico cuya lectura requiere tener en la mano la Piedra Roseta del NCM.
Pero como se trata de miles de números, al final son los directamente interesados en ellos por la actividad económica que despliegan, los únicos que interpretan velozmente que quiere en realidad decir esa absolutamente intrasparente normativa. Donde el pase mágico de un número a tal o cual posición arancelaria, o nivel de reintegros a la exportación, puede determinar transferencias de riquezas de millones y miles de millones de dólares.
Por lo que es imposible dimensionar las picardías que se han hecho y se harán con esa encriptada normativa, en la penumbra de los despachos de una administración pública tradicionalmente corrompida. Muy lejos de la luz del día, y de la que podría aportar un debate público en el parlamento.
En síntesis, simplificadamente, el encriptado NCM es como una maciza guía telefónica, respecto la cual la autoridad decide que números están exentos de pagar; que otros números pagarán la tarifa normal; que otro conjunto de números lo hará con recargos, mientras que otros recibirán un dinero en premio. Sin saberse en forma pública y transparente, a quienes corresponden esos números que determinan esas obligaciones o beneficios.
Como consecuencia de la diferencia de retenciones que tienen a su favor los derivados del girasol, respecto las retenciones sobre el grano, y la existencia adicional de reintegros impositivos a favor de la industria, determinados a través del encriptado NCM. Sucediendo algo muy parecido con el complejo de la soja. El diferencial existente proveniente de retenciones y/o reintegros, a favor del aceite de girasol refinado y envasado, que es el producto del grupo Urquía fue acompañado de los otros subproductos del girasol, como aceite crudo, aceite refinado a granel, y tortas, harinas, pellest, y expellers, proveniente del crushing del grano. Este diferencial que arrancó a fines de los ´80 con el 15%, tuvo sus altibajos con los sucesivos gobiernos para estabilizarse luego de la implementación de la 125 en un 12%; cuando Macri saca las retenciones bajas a cero. Esto duró un año, dado que gracias al lobby de CIARA CEC, el diferencial del aceite envasado subió a un 3 %, por efecto de los reintegros que dispuso el gobierno de Macri a fines del 2017. Este diferencial duró hasta agosto del 2018, hasta que por efecto de la crisis financiera y exigencias del FMI, el reintegro al aceite envasado bajó a 0,75 %. Pero seguidamente en septiembre, con la implantación de las nuevas retenciones de 3 y 4 pesos por dólar con un tope del 12 %, el diferencial subió a 3,5 %.
Así y todo las tensiones entre Urquía y Macri se intensificaron, ya que con diversas reglamentaciones se puso en jaque a la industria aceitera del girasol y maní. En ese marco de agudo conflicto entre el grupo Urquía y CIARA CER con el gobierno, se produjo el resonante triunfo electoral del Frente de Todos en las PASO de agosto, que cambió enteramente el panorama político. Y así el flamante presidente pasó a ser otro personaje que intervino decisivamente en el mismo.
Bajo la excusa de indexar las retenciones que habían quedado desactualizadas con los montos fijos determinados por Macri; lo que realmente se hizo a través de un anexo de la ley de agregado de nuevos productos beneficiados fuera de las retenciones móviles que benefician al grupo Urquía.
Otra evidencia que no se trataba de la indexación del decreto de Macri, sino de un cambio de política arancelaria, que inexplicablemente el flamante gobierno con ánimo culpable trato de ocultar, al haber beneficiado con ella al grupo Urquia, lo da la creación por parte del presidente Fernández, de la categoría con retenciones del 9 %. La que contiene un lista-do de 595 productos, de los cuales 70 de ellos no estaban en el listado de las retenciones de 3 pesos por dólar. En el cual aparece el maní confitería, y el aceite refinado mezcla o tratado químicamente a granel, acorde con los intereses del grupo Urquía y CIARA CEC.
Tras el triunfo en las PASO, el presidente Fernández en una de sus visitas a Córdoba, llegó hasta la localidad de General Deheza, donde impera el clan Urquía. Y se entrevistó allí con el ex senador Roberto Urquía y cabeza del grupo, tal como se puede apreciar en la siguiente foto.
FOTO REUNION EN DEHEZA
Con motivo de ella la prensa salió a decir que Urquía fue el primer empresario en apoyar al candidato Fernández, y lo mismo hizo poco después su cuñado Miguel Acevedo, presiden-te de la UIA. Quien de repente empezó a criticar al gobierno de Macri, cosa que se había cuidado de hacerlo previamente. No obstante, según la Cámara Electoral Nacional, eso no se tradujo en aportes económicos inmediatos. Estos recién aparecieron, en plena veda electoral, en vísperas de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
FOTO APORTES
En él se puede apreciar que las cuatro empresas que encabezan los aportes privados para el Frente de Todos, están vinculadas con el grupo Urquía. Pudiéndose observar que sincronizadamente el 25 de octubre, Grancor y Acha hicieron un primer aporte para la campaña electoral, de tres y nueve millones de pesos, respectivamente, Y luego diez días después, ya consagrado Alberto Fernández como presidente de la Nación, el 4 de noviembre sincronizadamente, Grancor, Niza, y AGD, hicieron cada una un aporte de nueve millones de pesos, totalizando de esa manera 39 millones de esa moneda, destinados a una campaña electoral que ya había finalizado.
O sea que no fue una apuesta a un candidato, que en todo caso por resultar acertada merecería algún premio. Sino de un pago a posteriori, ya definido enteramente el panorama futuro. Que por esa razón resulta más que sospechoso, teniendo en cuenta además la importancia de esos aportes, que se puede apreciar en el siguiente cuadro
FOTO EVOLUCION APORTES
En el que se destacan notablemente, los dos picos de recaudación que originaron esos aportes del grupo Urquía, el 25 de octubre y 4 de noviembre. Que representan el 26 % del total recaudado por el Frente de Todos, cuyo monto trepó de esa manera a 151 millones de pesos. Superando los 139 millones de pesos recaudados por Juntos por el Cambio, el frente supuestamente pro empresario. A lo que se suma el hecho de que ninguna de esas firmas del grupo Urquia, aportó para Juntos por el Cambio.
Esta complicidad con el grupo Urquía y CIARA CEC por parte del flamante gobierno, se observa también en relación con el congelamiento de las retenciones con la interposición de las DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior).
Lo que produce, igual que con la 125, que el aumento de las retenciones no vaya a parar al fisco, sino a manos de quienes las interpusieron. Como sucedió el año pasado, cuando el gobierno de Macri por exigencia del FMI, volvió a implantar las retenciones generalizada-mente, que antes solo existían para la soja y el cuero.
En los dos días previos a la imposición de esas nuevas retenciones, se interpusieron DJVE por 8,52 millones de toneladas de granos o sus derivados. Luciendo en el primer lugar del ranking en cuanto las retenciones eludidas de esa manera, el grupo Urquía con AGD, por un monto de 1.827 millones de pesos.
La cuestión ahora es muchísimo más grave, porque tras las PASO que abrió paso a la llegada del Frente de Todos al gobierno, ante la presunción de que aumentaría las retenciones, las DJVE presentadas y aprobadas, con fecha de embarque posterior al 10 de diciembre, trepan hasta el 18 de diciembre pasado a 49 millones de toneladas. O sea, la mitad de la cosecha exportable. Distinguiéndose entre ellas las DJVE del grupo Urquía, que con AGD y su asociada Bunge, trepan entre ambas a 8,5 millones de toneladas. Conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro, confeccionado con las firmas que superaron el medio millón de toneladas
FOTO EXPORTACIONES
Se estima que el aumento de las retenciones por parte del flamante gobierno, podría depararle al fisco una suma del orden de los 1.800 millones de dólares. Pero con la mitad de la cosecha con las retenciones congeladas a los niveles previos y en pesos, y las retenciones ya abonadas por las exportaciones de la soja y sus derivados, se puede estimar groso modo que esa cifra no llegará al 50 %. El otro 50 %, se quedará en el camino, en mano de los integrantes de CIARA CER. Quienes les descontarán a los productores las nuevas retenciones, y harán sus liquidaciones al fisco con las viejas retenciones fijadas con las DJVE, tal como sucedió con la 125.
A las retenciones, se autoriza al Gobierno a aumentarlas aún más dentro de ciertos márgenes. Pero nada se dice en nombre de la solidaridad, de afectar los derechos supuesta-mente adquiridos con la presentación de unas simples DJVE. Que provocarán una enorme transferencia de riquezas desde los productores agrícolas, no hacia el fisco, sino hacía el grupo Urquía y demás integrantes de CIARA CEC.
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El festejo de un Ajuste inevitable
DEUDA, FMI Y EMERGENCIA PÚBLICA
Por Héctor GIULIANO (27.12.2019)
En un reportaje de fines de Julio pasado (pocos días antes de las PASO) el economista Guillermo Calvo – argentino radicado en Nueva York hace años y profesor en la Universidad de Columbia – sugería que un gobierno Fernández-Fernández era preferible a un fracasado gobierno Macri porque una administración "populista" iba a tener menos resistencia frente al Ajuste inevitable que la Argentina tenía que hacer.
Concretamente, en una entrevista periodística del Diario Financiero, de Santiago de Chile, del 25.7 Calvo declaró lo siguiente: "No estoy a favor de Cristina (Kirchner) ni de su gente, pero debo reconocer una cosa: si sube Cristina, ella puede mirar para atrás y decir 'miren el lío que nos dejó este hombre y ahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo'. La ventaja de la izquierda en esas situaciones es que la oposición es la derecha, y ellos hacen política de derecha (…) Sí. De repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente (…) Porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo". (Infobae del 25.7)
Estos conceptos – como ya lo señaláramos en su momento – son muy importantes para entender cómo funciona el tándem Kirchner-Macri (muy a diferencia de lo que la gente cree), como forma aplicada del método tradicional donde las grandes estructuras de poder económico-financiero manejan la estrategia de las decisiones de fondo que toman los gobiernos de turno.
LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA
La palabra "solidaridad" aplicada a una Ley del Congreso es ambivalente en su interpretación, discutible en su aplicación y tiene muy malos antecedentes tanto económico-financieros como políticos en nuestro país.
La denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública (Ley 27.541) declara dicha emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; y delega para ello en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) toda una serie de facultades cuasi-irrestrictas hasta el 31 de diciembre de 2020.
El objetivo básico de esta amplia delegación de funciones del Congreso es garantizar la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que implica el compromiso institucional de nuestro país para cumplir con sus obligaciones de pago de Capital e Intereses a los Acreedores del Estado, fundamentalmente Tenedores de Bonos Externos y Organismos Financieros Internacionales (con el Fondo Monetario Internacional – FMI – a la cabeza).
Estrictamente hablando, el Ejecutivo no necesitaría de una autorización legal de este tipo por parte del Congreso de la Nación dado que la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado ya le delega, en su artículo 65, la posibilidad de reestructurar deudas.
Condicionado al cumplimiento – siempre posible – de canje de títulos públicos mientras se mejore una de las tres variables de refinanciación: monto (quita), plazo (re-perfilamiento) y/o Intereses a Pagar (Tasa); siendo que por regla elemental de Matemática Financiera siempre es posible mejorar mínimamente una de esas variables a costa de las otras dos.
En esta línea, la ley faculta al PEN a llevar adelante todas las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar esa sostenibilidad de la Deuda de la República Argentina, esto es, para garantizar la capacidad de repago.
Con el agregado que en los artículos 57 al 59 la nueva Ley de Emergencia autoriza al Tesoro a emitir y colocar en el Banco Central (BCRA) Letras Intransferibles a 10 años de plazo y virtualmente sin interés por 4.571 MD[1], con lo que se vuelve así a la Política de Pago de Deuda en Moneda Extranjera con Reservas del BCRA.
Merced al dictado de esta norma – vía tratamiento exprés del Congreso (con ayuda del quórum dado por la oposición política macrista y otros grupos menores) el presidente Alberto Fernández tiene facultades prácticamente irrestrictas y discrecionales para poder negociar cualquier cosa en materia de endeudamiento del Estado.
El Arreglo Stand-By (SBA) de Junio 2018 por 50.000 MD firmado por el ex presidente Macri – modificado en Octubre a 56.300 MD – tiene categoría de Tratado Internacional, está vigente aunque los desembolsos se encuentran suspendidos y compromete a la Argentina esencialmente a mejorar el Superávit Fiscal Primario para poder cumplir con el pago de los Intereses crecientes de la Deuda Pública y a instrumentar tres Reformas Estructurales de base para garantizar dicho cumplimiento a mediano y largo plazo: las Reformas Laboral, Previsional y Tributaria.
Para poder cumplir con el primer requisito – Superávit Fiscal para pago de Intereses y refinanciación total de las amortizaciones de Capital o Principal (reperfilamiento de las obligaciones) – la Ley autoriza un Plan de Ajuste Fiscal en función de la combinación clásica de gran aumento en la Recaudación y serias restricciones en los Gastos:
Por el lado de los Ingresos la Ley 27.541 dispone un fuerte aumento de la Presión Tributaria, fundamentalmente por: i) aumento adicional por actualización de las Retenciones a las Exportaciones Agrícolas (que las grandes multinacionales exportadoras trasladan a los productores rurales), ii) aumento del Impuesto a los Bienes Personales (aparentemente potenciado porque se aplicaría sin indexación del Mínimo No Imponible), y iii) nuevo Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS) o impuesto sobre compras y gastos en dólares (moneda extranjera en general), con el riesgo cierto de que este recargo repercuta en el Dólar Paralelo y se traslade a Precios.
Se estima que con la recaudación neta total producto de este paquete de medidas tributarias aprobadas por la Ley más las que complementariamente disponga el Ejecutivo, el Fisco obtendría unos 860.000 M$ (≡ 13-14.000 MD)[2], con el previsible traslado inflacionario a los precios que termina pagando directa y/o indirectamente toda la población.
Es decir, que el aumento de la presión impositiva pesa como carga sobre la Economía general dado que un aumento de impuestos siempre es un ajuste o detracción de dinero a los contribuyentes por efecto de la mayor recaudación y que, al mismo tiempo, tal presión impositiva tiende a frenar el Crecimiento Económico.
Paralelamente, por el lado de los Gastos, los principales ahorros de Gasto Público se darían concretamente en materia de Jubilaciones, a través de la suspensión por 180 días de la Movilidad Jubilatoria, para proceder en ese período a dar aumentos discrecionales por sumas fijas vía Decreto del PEN, lo que conllevaría una violación al criterio de equidad y una caída adicional de los haberes previsionales correspondientes aplicado a los sectores de altos y medianos ingresos (achatamiento de la pirámide del Sistema Previsional).
Y esto es así por lógica - aunque los importes no estén todavía cuantificados – ya que, caso contrario, se mantendría el régimen actual (que le da precisamente más peso a la incidencia de la Inflación, en un 70 % del Índice) y no se suspendería la vigencia de la Movilidad mientras se estudia y propone una nueva fórmula de actualización para la indexación de haberes.
Ergo, el gobierno Fernández-Fernández arranca su gestión con un fuerte ajuste fiscal, ajuste que está en línea con los términos del acuerdo firmado por la administración Macri con el FMI, donde ya se preveían tolerancias y flexibilizaciones, dado el fuerte aumento de la Pobreza, para una política de contención que atenúe parcialmente los efectos del Sistema de la Deuda sobre los sectores de menores ingresos.
LAS REFORMAS DEL FMI
El Acuerdo Stand-By, además del citado programa en curso de Ajuste Fiscal, prevé el compromiso del gobierno argentino en tres Reformas Estructurales principales: Laboral, Previsional y Tributaria.
En forma directa o indirecta, tales reformas se han venido y se siguen llevando a cabo a través de las administraciones Macri y Fernández:
a) REFORMA LABORAL
El objetivo central de la Reforma Laboral – aparte del avance en temas de flexibilización en las contrataciones de Trabajo - era bajar el Costo Laboral de las Empresas y de la Administración Pública, lo que en buen romance significa bajar en términos reales los salarios de los trabajadores, las jubilaciones/pensiones y el valor de las subvenciones sociales.
Esta Reforma – de la que ahora se habla mucho menos – se habría cumplido adecuadamente a través del trabajo sucio de la administración Macri, que en sus cuatro años de gestión logró una caída en las remuneraciones reales entre 20-25 %.
Producido ya este resultado merced a la gestión de la administración Macri la necesidad y urgencia de la llamada Reforma Laboral a los efectos de obtener una baja de la incidencia del costo laboral de Empresas y Estado pasaría a segundo plano y ya no sería tema prioritario.
La tarea todavía pendiente – traspasada al nuevo gobierno Fernández – es que no se produzca un recupero de tal desfasaje, o por lo menos que el mismo no se dé en forma rápida y completa, con el argumento de no realimentar la Inflación de Precios.
Con ello se cumple en la práctica con el viejo objetivo neo-liberal de que los salarios se ajusten por una Inflación Futura – siempre más optimista que la real – y no por la Inflación Pasada, pactando o concediendo aumentos parciales en cuotas sin recupero del costo inflacionario y garantizando así una caída de tales salarios por debajo de la Inflación y particularmente una reducción al ser medidos en dólares.
La principal herramienta que parece contemplar para ello la nueva Ley de Emergencia Pública 27.541 es la disposición de aumentos por suma fija sobre las distintas escalas salariales, el diferimiento de las discusiones paritarias y la garantía citada de que las futuras indexaciones no recuperen los altísimos niveles de la Inflación producida bajo la gestión Macri y particularmente la sufrida en los últimos meses del 2019 hasta el presente.
b) REFORMA PREVISIONAL
El objetivo central de la llamada Reforma Previsional era y es lograr una reducción del Gasto Público Social en materia de Jubilaciones/Pensiones, Asignaciones Familiares y Planes Sociales (con la AUH a la cabeza) vía licuación de los ingresos reales de los sectores beneficiarios de dichos sistemas pasivos.
El presidente Alberto Fernández ha explicitado claramente que las jubilaciones perdieron un 20 % (o más) de su valor durante la gestión Macri y que su objetivo es recomponer o aliviar dicho atraso beneficiando a los sectores de menores ingresos.
Pero para ello la Ley de Emergencia dispone la suspensión por 180 días del actual régimen de Movilidad Jubilatoria, que constituye una medida de ajuste de gastos que – como se explicara en el punto a) – tiene la declarada intención de mover las escalas de actualización en forma discrecional y regresiva para los ingresos medios y altos.
Mientras tanto, no se tocan los regímenes de Jubilaciones de Privilegio (Jueces, Embajadores y ex funcionarios superiores de gobierno) y los Regímenes Especiales (caso Docentes, Investigadores y otros) con el argumento de los Derechos Adquiridos mientras notablemente se soslaya ese mismo principio de equidad para el resto de las jubilaciones, cosa que se advierte puede derivar en una nueva ola de juicios contra el Estado, como lo fuera en el caso Badaro y conexos.
En este punto, sin embargo, el gobierno Fernández podría apuntar a ganar tiempo por seis meses aprovechando que el trámite de los reclamos administrativos y judiciales pudiera dilatarse por razones burocráticas, que mucha gente puede optar por no demandar nuevamente al Estado por este motivo y hasta que la misma presentación anunciada por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino (que estaría planteada en términos impecables), no se realizaría sino hasta Febrero; y en ese transcurso de tiempo las condiciones podrían cambiar y complicar cualquier denuncia.
El argumento central para lograr un ahorro presupuestario relevante de este rubro – según los Gobiernos Macri-Fernández y el FMI – es actuar sobre el denominado principal componente del Gasto Público de la Administración Pública, aunque este argumento magnifica el peso del Gasto Previsional y reduce artificialmente el peso del Gasto por vencimientos de Capital y por pago de Intereses de la Deuda.
Según las cifras oficiales del Proyecto de Ley (PL) Macri de Presupuesto 2020 – hoy suspendido, en principio, sine die (condicionado al previo acuerdo de Reestructuración de la Deuda con Acreedores y FMI) – las mismas daban en realidad un Gasto aproximado por Jubilaciones/Pensiones de 2.400.000 M$ (2.4 B$) pero si se le restan los Ingresos Previsionales por 1.800.000 M$ (1.8 B$), deja un saldo negativo neto de 600.000 M$; mientras que los Intereses a Pagar previstos para el mismo Ejercicio (sólo Intereses, porque las Amortizaciones de Capital no se prevé nunca cancelarlas sino que se refinancian en su totalidad) suman 1.200.000 M$.
Esto es, que por Intereses se paga el doble que por el neto de Jubilaciones, aunque este "detalle" siempre es soslayado por los economistas del establishment.
Con la paradoja que la reducción relativa de esas jubilaciones se realiza precisamente para poder pagar los Intereses.
Como en el caso anterior - de la llamada Reforma Laboral - también aquí el objetivo implícito básico es no producir un recupero generalizado del retraso de las pasividades reales registrado bajo la administración Macri y cumplimentar el ahorro de gastos previsionales ya comprometido en el Acuerdo SBA con el FMI.
c) REFORMA TRIBUTARIA.
A la Reforma Impositiva ya nos hemos referido en el acápite de Ajuste del FMI, que conlleva los tres incrementos tributarios principales – Retenciones, Bienes Personales (IBP) y Dólar (recargo sobre el Tipo de Cambio Oficial, que da unos 82 $: 63 $ más el 30 %) pero hay también otras modificaciones menores de impuestos (en más y también en menos) como Ganancias, Renta Financiera sobre Plazos Fijos (a partir del 2020, no 2019), Ajuste por Inflación, Impuestos Internos e Impuesto al Cheque.
El modelo adoptado – siempre en línea con el Ajuste Fiscal por la vía de mayores ingresos tributarios – es obtener un salto en la recaudación del Estado que permita mostrar al FMI y a los Tenedores de Bonos que el nuevo gobierno argentino está dispuesto a hacer todo lo posible para aumentar el Superávit Primario para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de la Deuda Pública.
Porque – reiterando lo dicho – la idea de aumento de los Ingresos Fiscales vía Impuestos (reforzado por el ahorro de gastos previsionales derivados del cambio en la Movilidad Jubilatoria) es la principal forma de hacer pagar a los argentinos el costo del Ajuste comprometido con el FMI para allanar el camino a la reestructuración de la Deuda.
Y con esto se cumple una regla política clásica donde la habilidad final de los gobernantes es muchas veces practicar un gatopardismo de base: no producir los verdaderos cambios que el Estado necesita – en este caso, los inherentes al Sistema de la Deuda Pública Perpetua que rige en nuestro país sin solución de continuidad desde hace más de 40 años – sino hacerle creer a la gente que esos cambios se están produciendo o se van a producir y dar sus frutos en un futuro por ahora indeterminado.
Porque, digámoslo con toda crudeza, el objetivo de esta Ley de Emergencia - llamada ampulosamente Ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la Emergencia Pública – es darle al Poder Ejecutivo facultades irrestrictas para que, Ajuste Fiscal mediante, pueda negociar lo que quiera con los Acreedores del Estado.
Desde el punto de vista conceptual o teórico, la secuencia de re-negociación más coherente – incluso según las formulaciones oficiales - sería: 1. Plan Económico Integral (anunciado pero todavía no dado a conocer), 2. Ley de Emergencia Pública, para Plenos Poderes al Ejecutivo que le permitan implementar ese Plan, y 3. Negociaciones con FMI y Acreedores Financieros del Estado para una reestructuración de la Deuda Pública según dichos lineamientos.
La realidad, empero, está mostrando señales diferentes: 1. Ley de Emergencia Pública como "cheque en blanco" al Ejecutivo para negociar cualquier cosa en materia de Deuda, 2. Inicio de negociaciones rápidas y "amigables" – léase, sin blanquear el "Default virtual" de la Argentina y sin cuestionar las irregularidades de la Deuda contraída – con los Acreedores y con el FMI; y 3. Futuro Plan Económico, como resultante del acuerdo de reestructuración al que se llegue con todos los acreedores.
Es obvio que a esta altura de los pocos hechos conocidos corresponde manejarse con prudencia en materia de observaciones y/o comentarios: el gobierno Fernández-Fernández recién asume su mandato, hereda una nueva Crisis de Endeudamiento Público agravada por el estrepitoso fracaso económico-financiero de la administración Macri, y tiene que lidiar con Acreedores y Organismos Internacionales que son más poderosos que el Estado Argentino.
Pero no hay que olvidarse que el Kirchnerismo tiene malos antecedentes al respecto: a) pago total y por anticipado de la deuda más cuestionable en ese momento, que como hoy era la correspondiente al FMI, con el argumento de "liberarse del Fondo" (9.530 MD, en Enero 2006), b) Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen 2005-2010 que fue un arreglo favorable a los acreedores y que además fracasó y terminó produciéndole el "agujero negro" financiero y jurídico de los Holdouts, pero fue vendido a la opinión pública hasta la fecha como un "éxito de negociación", c) Política de Pagos de la Deuda Externa con Reservas del BCRA (la misma que vuelve a autorizar ahora la Ley de Emergencia 27.541) y que dio origen a la primera Bola de Nieve de las Lebac para reponerlas por el Banco, d) Reproche de la ex presidenta CFK en Naciones Unidas por el tratamiento duro dado a la Argentina pese a que su administración debía ser llamada en realidad "pagadora serial" dado el monto récord de pagos de la Deuda Externa, e) Propuesta ante la Asamblea General de la ONU, también de CFK (2014), de Resolución internacional de las Crisis de Deuda Soberana (un remedo de la propuesta FMI 2 de Anne Krueger del 2002), f) Política de Pagos de la Deuda del Estado con préstamos del propio Sector Público (BCRA, ANSES, Bancos Oficiales y Organismos Nacionales en general), lo que generó una Deuda Intra-Estado y un proceso de endeudamiento para-estatal destinado a reponer reservas y girar préstamos impagables al Tesoro, g) Estatización de las AFJP para usar masivamente los fondos de los jubilados (FGS ANSES) para sostener los pagos de la Deuda con Terceros (2008), h) Arreglo con los países del Club de París pagando sumas extraordinarias por Intereses Moratorios y Punitorios (3.800 MD sobre una deuda consolidada por Capital de 6.000 MD), etc.
Y todo ello, como parte de un complejo proceso en curso que – en función de la cita del Dr. Guillermo Calvo al comienzo de la presente nota - pareciera amenazar una continuidad de fondo en materia de Deuda Pública bajo tándem Kirchner-Macri, aunque todavía con final abierto.
Buenos Aires, 27.12.2019
Archivo: GIULIANO ARTICULO 2019 12 27 EMERGENCIA
[1] Las abreviaturas MD/M$ y B$ significan Millones de Dólares/Pesos y Billones de Pesos respectivamente, y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
En la mayoría de los casos las cifras se muestran indistintamente con su equivalencia (≡) en la otra moneda.
[2] Las estimaciones privadas originales variaban entre los 6-8.000 MD hasta los 10-12.000 MD pero hasta el momento no hay una estimación oficial informada.
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Etiquetas: Argentina, Deuda Externa, Deuda interna, Economía, Héctor Giuliano
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