Source: http://thomsonreuterslatam.com/2017/01/30/
Timestamp: 2018-05-24 00:21:00+00:00

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30 enero, 2017 – Thomson Reuters
En caso de rechazo de la adhesión al régimen de regulación excepcional. ¿qué efectos producirá sobre las acciones penales?
ID 20200294
En caso de rechazo del acogimiento al régimen, la reanudación de las acciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal en curso se producirán a partir de la notificación de la resolución administrativa que disponga el referido rechazo.
Autor Thomson ReutersPublicado el 30 enero, 2017 30 enero, 2017 Categorías Articulos de Opinión
Súper venden nuevas bolsas de plástico y hay polémica con el gobierno porteño
Algunas cadenas ofrecen unidades más resistentes a $1,20 la unidad. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público asegura que va en contra de la resolución
Desde el 1 de enero, los supermercados de la Ciudad dejaron de entregar bolsas de plástico, mientras que las reutilizables de tela comenzaron a pisar con más fuerza en las compras de todos los días.
Pero aparecieron otras bolsas de plástico en algunas cadenas de supermercados. Son más grandes, más resistentes y algunas de ellas tienen impresa la palabra “reutilizables”, porque así consideran que cumplen con la nueva normativa.
Y ya generan polémica: el Gobierno porteño asegura que van en contra del espíritu de la resolución que impulsó la Agencia de Protección Ambiental (APRA).
Cada bolsa sale $1,20 -las anteriores costaban 65 centavos-, aunque no todas las cadenas decidieron comercializarlas.
En Día% se pueden ver en colores negro y verde y están colgadas en percheros con un cartel grande con la leyenda “Elija su bolsa antes de ingresar en la línea de cajas”.
Las sucursales de Coto también venden cada bolsa de plástico a $1,20, aunque son sólo verdes, no dicen reutilizables y directamente están disponibles para la compra en cada caja.
El Gobierno porteño ya dio su veredicto sobre estas nuevas bolsas. “Si bien son de más de 50 micrones y más gruesas dado que requieren tres veces el plástico que se usa para las versiones livianas que hemos prohibido, su capacidad de reutilización sigue siendo muy limitada ya que el material del que están hechas se estira con el peso y el uso“, aseguró Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.
“Lo único que está prohibido es la entrega de bolsas livianas, éstas superan los 50 micrones“, aseguró Juan Vasco Martínez, presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), en referencia al límite que estableció la resolución 341, quien sí considera que se pueden volver a usar por una “carga y resistencia notables“.
Algunos supermercados directamente decidieron no comercializarlas. Walmart no vende las nuevas bolsas de plástico, y colocó un párrafo de la resolución oficial en la entrada de las sucursales y en la línea de caja.
“A los clientes se les recomienda de forma activa llevar sus propias bolsas reutilizables o changuitos”, aseguró Juan Quiroga, gerente de Relaciones Externas en Walmart Argentina, en diálogo con Infobae.
Las sucursales de Carrefour y del grupo Cencosud (Jumbo, Vea y Disco) tampoco están vendiendo las bolsas de polietileno más resistentes.
“No vamos a entregar bolsas plásticas para cumplir con lo dispuesto por el Gobierno porteño”, aseguraron fuentes de Carrefour a Infobae. Las bolsas reutilizables de tela que ofrece la cadena de origen francés se venden en un rango de cinco a 25 pesos.
Macchiavelli enfatizó que el espíritu de la resolución es “la sustitución progresiva hasta el cese final de entrega de bolsas camisetas y el fomento de la producción de bolsas biodegradables”. Y agregó: “Las bolsas reutilizables están hechas con materiales reciclables e incluso las de tela son más resistentes y pueden ser lavadas y utilizadas reiteradas veces”.
El Gobierno apunta a tener para febrero el proyecto de la nueva Ley Penal Juvenil
El ministro de Justicia, Germán Garavano, se manifestó partidario de avanzar con la rebaja de la edad de imputabilidad a 15 años frente a hechos graves
En diálogo con Télam, el ministro condicionó la rapidez de ese proceso a que se “se avance en los consensos necesarios” dentro de las ocho mesas de trabajo convocadas por su cartera, que comenzarán a desarrollarse este jueves, sobre las cuales se manifestó “optimista“.
“Soy partidario de rebajar esa edad a 15 años frente a hechos graves, delitos contra la vida, contra la libertad, contra la libertad sexual. Pero también de que se admita carga de prueba, que no sea automático. Se debería analizar la edad madurativa del joven y el contexto en que se desarrolló su vida para establecer si le permitía comprender el alcance y criminalidad de sus acciones”, opinó.
“Por un falso garantismo, cuando los delitos son menores, el Estado y muchas veces la propia Justicia no toman intervención. En mi opinión, eso esa va permitiendo que esos jóvenes cometan delitos cada vez más graves porque no hay asignación de responsabilidades ni un régimen de derecho y garantías”, agregó, en diálogo con la agencia Télam.
Según el ministro, “los sectores abolicionistas nos llevaron a que hoy la Argentina sea uno de los países de la región con mayor grado de impunidad. De cada cien hechos, sólo uno cumple una condena de cumplimiento efectivo. Acá tenemos más impunidad que Justicia”.
Consultado sobre si estimaba que para fines de febrero podría quedar definido un proyecto oficial, Garavano afirmó que “probablemente sí, todo depende de cómo avancen los consenso en las mesas porque, con el diálogo preparatorio del año pasado, tenemos una producción interesante”.
“Es claro que hay dificultades y diferentes criterios que impidieron durante 30 años dictar una nueva ley. Pero ésta es una deuda de la democracia. Somos optimistas”, destacó el funcionario, quien remarcó que ya ha mantenido charlas con Sergio Massa (líder del Frente Renovador) diputados de su sector y senadores del Frente para la Victoria.
“Creemos que puede haber consensos“, concluyó.
Fin de feria: aluvión de amparos para bloquear decreto de las ART
APENAS SE RETOME LA ACTIVIDAD EN TRIBUNALES HABRÁ DEMANDAS COLECTIVAS
Jueces frenarían norma contra industria de juicios laborales ante planteos de inconstitucionalidad. Fuero del Trabajo se alista para dar batalla, con traspaso de fondo.
Apenas se reanude la actividad judicial esta semana, el decreto presidencial que reformó La Ley de Riesgos de Trabajo (y el régimen de ART) será puesto en jaque en la Justicia, con altas probabilidades de ser bloqueado por una medida cautelar. El Poder Judicial -en estado de ebullición por el traspaso de competencias del fuero nacional- se alista para una batalla con la Casa Rosada que amenaza con ser el choque de mayor importancia de la agenda 2017. Los planteos de inconstitucionalidad del Decreto N°57/2017 que lleva la firma de Mauricio Macri y de todo su gabinete serán interpuestos ante la Justicia nacional del Trabajo, en pie de guerra con el Ejecutivo por lo que entienden que busca desarticularla. Asociaciones de abogados estarán a la cabeza de los reclamos, cuya última escala será la Corte Suprema de Justicia.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, que dispone específicamente “la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales” como “la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente” que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad será tildado de inconstitucional en los tribunales.
El 1 de febrero, apenas finalice la feria de enero se plantearán medidas de no innovar para restarle validez a la decisión de Macri de no esperar a que el proyecto de ley, que cuenta con media sanción en el Senado, pase por Diputados. El régimen que estaba vigente delegaba en la Justicia las decisiones cuando ya estaba consolidada la incapacidad del trabajador, tanto en establecer el monto indemnizatorio como el grado de invalidez del trabajador. El corazón de la objeción será que en el mismo DNU se propician reformas de fondo en la Ley de Riesgos del Trabajo, ya modificada por la Ley 26.773, la Ley de Procedimiento Laboral Nacional y la Ley de Contratos de Trabajo. La polémica está centrada en que se dota a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales de atribuciones asimilables a las de un juez, algo que también los magistrados rechazan.
Las demandas serán sembradas en el fuero del Trabajo que (por ahora) integra el sector de la Justicia nacional no traspasado a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero que la Casa Rosada busca encorsetar por considerar que sus fallos se inclinan siempre a darle la razón a los demandantes por sobre las empresas, condición que pretenden cambiar para disminuir los costos laborales y fomentar inversiones, acotando la denominada “industria del juicio”. El Gobierno, advertido de la jugada intentará que los reclamos se canalicen a través del fuero Contencioso Administrativo Federal, atento a que se trata de un DNU lo que está en cuestión. En esos tribunales, esperan tener una mayor consideración dado que sus fallos no han sido hasta ahora hostiles a las medidas de gobierno durante el año pasado. Pero esa sintonía también está en crisis entre esos magistrados, que tienen la llave para validar o no disposiciones que emanen del Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, allí se abrirá otra batalla legal de interpretaciones: el Contencioso admite planteos sobre la actividad administrativa del Estado (el DNU sería una de esas herramientas), pero no intervendría cuando esos actos estén regidos por el derecho laboral, como es el caso de las ART, donde la competencia sería de la Justicia del Trabajo.
Desde la CGT consideraron “inconstitucional” el decreto, pero basados en la ausencia de una Necesidad y Urgencia. El Gobierno pretendió bloquear un incremento de la litigiosidad apenas termine la feria, anticipándose a poner en vigencia la reforma de las ART durante el receso.
Los primeros en alzar la voz fueron los abogados que litigan ante el fuero laboral. El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo anticipó un planteo de inconstitucionalidad a través de un amparo para voltear el decreto por “discriminatorio”. La agrupación Encuentro de Abogados Independientes (EAI), que lidera Juan Pablo Godoy Vélez seguirá el mismo camino con su propia demanda. Circulan varios “papers” entre abogados donde detallan como perjuicio que no exista control judicial en el procedimiento como exigió la Corte en el precedente “Angel Estrada”; sumado a que vulneraría la imparcialidad dado que las comisiones médicas están solventadas con fondos que provienen del aporte de las propias ART. Desde la óptica empresaria, la reforma tiene también claroscuros: los litigios pueden multiplicarse a nivel territorial en tribunales sin competencias. Por ejemplo, un juez de paz podría entender en un juicio laboral si no hay otro magistrado en la zona del domicilio del trabajador que demande. En tribunales esperan al menos dos amparos colectivos y después la denominada guerra de guerrillas con planteos individuales que multiplicarán los juicios contra el DNU.
Luces de alarma comenzarán a encenderse en el Gobierno dado que todavía no está en agenda la validación administrativa por parte del Congreso del DNU y hasta ahora, no habían percibido la receptividad de los jueces a discutir la validez del decreto presidencial. Ese conflicto junto al del traspaso de la Justicia penal a la órbita porteña- inaugurará la cargada agenda posferia.

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