Source: https://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/2011-febrero.htm
Timestamp: 2020-03-31 20:09:09+00:00

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INFORME PRÁCTICO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES
INFORME PRÁCTICO DEL MES DE FEBRERO DE 2011
1. Como disposiciones de interés general para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de Febrero destacamos las siguientes:
· Tres leyes autonómicas sobre cajas de ahorros, la de Aragón, Asturias y la de Extremadura, motivadas sin duda por la crisis financiera que afecta a dichas entidades y dirigida al reforzamiento de las mismas. Parece que el destino al que están abocadas estas entidades, de gran raigambre en el sistema financiero español, es el de quedar reducidas a la obra social y a la gestión, en su caso, del llamado monte de piedad y por supuesto la mera tenencia y administración de las acciones del Banco que las sustituya en la actividad propiamente financiera.
· El Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, y se fija el importe mínimo del seguro de responsabilidad o aval bancario para el ejercicio de estas actividades.
· Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Exige para su constitución escritura pública y la inscripción en el registro de Cooperativas. Destaca la importancia del depósito de cuentas en el registro como medio de protección de cooperativistas y de terceros.
· Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. Lo más destacable de esta norma es la nueva exigencia de capital mínimo de bancos y cajas de ahorro.
· Acuerdo entre la República Portuguesa y el Reino de España sobre el acceso a información en materia de Registro Civil y Mercantil, hecho "ad referendum" en Zamora el 22 de enero de 2009. Se trata de un acuerdo de tremenda importancia pues trata de facilitar a las personas físicas y jurídicas el acceso a determinada información en materia de registro civil y mercantil. Para este último se creará un portal único de Internet, en lengua portuguesa y castellana, para el acceso a la información del registro mercantil de ambas Partes. Acuerdo pionero en esta materia que sin duda será pronto seguido por los demás países de la UE.
2. Como resoluciones de propiedad, son de interés:
· La de 20 de diciembre de 2010 confirmatoria del acuerdo de calificación denegatorio de un auto de adjudicación de bienes derivado de procedimiento de ejecución directa contra bienes hipotecados por no haberse seguido contra el titular registral y por no haberse expedido la pertinente certificación de cargas.
· La Resolución de 4 de enero de 2011 según la cual los testimonios notariales no es necesario que estén extendidos en papel timbrado, sino simplemente en papel exclusivo de uso notarial.
3. Como resoluciones de mercantil:
· La de 18 de diciembre de 2010 sobre aumento de capital por reservas, exigiendo que no solo existan esas reservas en el balance sino que el patrimonio neto de la sociedad sea positivo al menos en el importe de las reservas que se convierten en capital.
· La de 21 de diciembre de 2010 según la cual los problemas entre socios siempre deben dirimirse fuera del Registro, ante su sede adecuada que es la jurisdiccional.
· La de 8 de enero de 2011 según la cual si el Secretario del Consejo ya no consta inscrito, la notificación a los efectos del art. 111 del RRM, no debe hacerse al mismo.
· Finalmente la importantísima de 26 de enero de 2011 sobre sociedades del RDL 13/2010 según la cual son admisibles para la constitución de estas sociedades las certificaciones de denominación en papel y además el no cumplimiento de plazos establecidos en el RDL en nada afecta a la concesión de beneficios pues se trata de un mero tema disciplinario.
4. Como cuestiones de interés para la oficina notarial y registral, en este mes, vamos a considerar la siguiente:
· Con motivo de la reforma del art. 173 de la LSC, regulador de la forma de convocatoria de Juntas generales de sociedades anónimas y limitadas, se están planteando múltiples dudas acerca de su interpretación y de cómo van a ser convocadas las Juntas que normalmente empiezan a celebrarse a partir del mes de mayo para la aprobación de las cuentas anuales de las sociedades y que por lo tanto ya deben empezar a ser convocadas.
Como sabemos dicho precepto establece que la convocatoria se hará por publicación en el Borme y en la web de la sociedad y sólo en el caso de que esta no exista, en un periódico. En las limitadas, en su caso, lo que digan los estatutos.
Pues bien, sobre la base de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Calificación de RRMM, podemos sentar unas reglas que sirvan para facilitar el trabajo de notarías, RRMM y, sobre todo, de asesorías jurídicas de sociedades que estén ya preparando sus convocatorias anuales. Estas reglas son las siguientes:
Si se convoca en Borme y web: Sólo será admisible esta forma de convocatoria si la página web de la sociedad figura en la hoja abierta a la sociedad con anterioridad a la fecha de la convocatoria. En estos casos la acreditación de que la convocatoria se ha realizado en la web debe ser hecha por certificación del administrador en la que manifieste la dirección de la web de que se trate, que el anuncio ha estado al menos un mes colgado en dicha web sin alteración de su contenido y se acompañe el marcado de tiempo del servidor en el que esté alojada la web o bien un sellado de tiempo en el mismo sentido expedido por autoridad certificante. Si el marcado o sellado de tiempo acreditara los extremos anteriores, se podría prescindir de la certificación en dicho sentido del administrador.
ARAGÓN. Ley 10/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón.
De conformidad con la atribución competencial del artículo 71.33.º del Estatuto de Autonomía de Aragón y con fundamento en las nuevas exigencias contenidas en el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros en su disposición transitoria segunda, se procede a acometer las reformas pertinentes que permitan la adaptación de la Ley 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón.
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*REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS. Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, y se fija el importe mínimo del seguro de responsabilidad o aval bancario para el ejercicio de estas actividades.
Para valorar la importancia de esta disposición hay que conectarla con la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito
Dice el artículo 18.1 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo: Deberes notariales y registrales. 1. En su condición de funcionarios públicos y derivado de su deber genérico de control de legalidad de los actos y negocios que autorizan, los notarios denegarán la autorización del préstamo o crédito con garantía hipotecaria cuando el mismo no cumpla la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley. Del mismo modo, los registradores denegarán la inscripción de las escrituras públicas de préstamo o crédito con garantía hipotecaria cuando no cumplan la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley.
Entre los requisitos previstos en la ley que notarios y registradores deberán controlar se encuentran:
- Según su artículo 3, con carácter previo al inicio del ejercicio de su actividad, las empresas deberán inscribirse en los registros de las comunidades autónomas correspondientes a su domicilio social.
- Según el artículo 7, con carácter previo a su inscripción en los registros previstos en el artículo 3, las empresas deberán contratar un seguro de responsabilidad civil con entidad autorizada o un aval bancario que cubra las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realización de los servicios propios de la actividad de intermediación o concesión de préstamos o créditos hipotecarios. La suma asegurada mínima y el importe mínimo del aval se determinarán reglamentariamente.
Objeto del real decreto: crear y regular el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, así como fijar el importe mínimo del seguro de responsabilidad civil o aval bancario para el ejercicio de las actividades de contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
Ámbito subjetivo. Debemos de partir del artículo 1 de la Ley que alude a las personas físicas o jurídicas, distintas de las entidades de crédito o sus agentes, que, de manera profesional, realicen las actividades en ella tipificadas
- Deberán inscribirse provisionalmente las empresas domiciliadas en España, cuando la comunidad autónoma en que radique su domicilio no haya constituido el correspondiente registro autonómico.
- También deben inscribirse las empresas domiciliadas en el extranjero que desarrollen en territorio español las actividades reguladas por la Ley 2/2009, de 31 de marzo.
- Las empresas actuales tienen tres meses de plazo para inscribirse, a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, por lo que el plazo termina el 12 de mayo de 2011. La notificación de la inscripción al interesado deberá de ser en tres meses.
Seguro o aval. Las empresas que desarrollen en territorio español las actividades reguladas por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil o un aval bancario por el importe mínimo establecido.
- Cubrirá las responsabilidades en que pueda incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realización de los servicios propios de la actividad de intermediación o concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
- El importe mínimo asegurado o avalado será de 300.000 euros para el primer año de la actividad, multiplicado por el número de establecimientos.
- Para años sucesivos será el importe mayor de los dos siguientes: la actualización en función del IPC o el 30 por ciento de la facturación.
- La falta de vigencia del seguro o del aval será causa que automáticamente impedirá el ejercicio de la actividad de la empresa, procediéndose de oficio a la cancelación de su inscripción en el Registro estatal.
- Tendrá carácter público y naturaleza administrativa y se gestionará por el Instituto Nacional del Consumo, a través de la Subdirección General de Calidad del Consumo.
- Será accesible a través de la página web del Instituto Nacional del Consumo.
- La inscripción en el mismo, así como la realización de consultas y la expedición de certificados, será gratuita y no requerirá justificar ningún tipo de interés específico.
- Contra sus resoluciones se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección del Instituto Nacional del Consumo, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) Evaluar y controlar la legalidad del contenido de los folletos y demás documentación que se remita para su inscripción, dando cuenta a las comunidades autónomas afectadas de cualquier anomalía.
c) Publicar en la página web del Instituto Nacional del Consumo, el folleto sobre precios, tarifas y gastos repercutibles.
e) Elaborar periódicamente una relación actualizada de empresas inscritas en el Registro estatal, en función de la actividad desarrollada por cada una de ellas.
- Notificar al Registro estatal toda modificación o actualización del folleto informativo.
- Justificar anualmente ante el Registro estatal la vigencia de la póliza contratada o del aval, así como la adecuación de su importe a lo contemplado en el artículo 12 de este real decreto.
- Comunicar al Registro estatal las alteraciones o modificaciones de los datos que figuren en la correspondiente inscripción.
- Si existe registro autonómico, la empresa debe de estar inscrita en él y acreditarlo.
- Antes de la inscripción deben de contar con un seguro de responsabilidad civil con entidad autorizada o un aval bancario. No consta cuánto tiempo antes por lo que no necesariamente ha de ser a la entrada en vigor del real decreto.
- A partir del 12 de mayo de 2011, podrá entenderse cumplido el requisito del seguro o aval si se acredita la inscripción pues han de ser previos y controlables por el Registro ahora creado.
- Hasta entonces, sólo precisan aval o seguro si han de estar inscritas en un registro autonómico en funcionamiento. Se desconoce si se ha creado ya alguno.
Entró en vigor el 12 de febrero de 2011.
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El Título preliminar recoge las definiciones de actividad comercial, así como las condiciones para su ejercicio; y, además, se fijan las condiciones de la oferta, de los precios y garantías, incorporándose las previsiones de la normativa europea en materia de venta y garantías de los bienes de consumo.
En el capítulo IV de este Título, relativo al Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de Asturias y al Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias, se recogen las exigencias que derivan de la Directiva de Servicios, suprimiendo, por una parte, la obligación de inscripción registral para el acceso a la prestación de servicios y adaptando, por otra parte, las funciones del citado Consejo.
El Título VI, relativo al régimen de infracciones y sanciones, pretende, con sujeción a la legislación básica del Estado, ofrecer garantías a los consumidores, así como dar respuesta eficaz y proporcionada a la competencia desleal que pueda surgir de las políticas empresariales en el ámbito de la distribución comercial.
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ASTURIAS. Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de cuarta modificación de la Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.
El propósito de esta modificación no es otro que fortalecer a las Cajas de Ahorro, habida cuenta de su función esencial en el sistema financiero y también en el entramado social.
Cabe resaltar la regulación del ejercicio indirecto de toda la actividad financiera de las Cajas mediante entidades bancarias y de la segregación de las actividades financiera y benéfico-social; el reconocimiento de derechos políticos a los cuotapartícipes; la implicación en los órganos de gobierno del sector asociativo de gran arraigo en el Principado de Asturias, y un más alto grado de profesionalización e independencia de tales órganos de gobierno.
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Son muchas las novedades que se introducen en esta materia, señalaremos solo algunas de las más interesantes:
A) Fomentar la constitución de cooperativas.
B) Reforzar el papel de las cooperativas en su ámbito empresarial.
La Ley se estructura en un título preliminar y cuatro títulos, con ciento sesenta y siete artículos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
Destacar en el procedimiento de constitución de la cooperativa, desde el inicio hasta la adquisición de la personalidad jurídica, la exigencia de escritura pública, la calificación previa de los estatutos sociales para garantizar su adecuación a la legalidad y facilitar su elevación a documento público y, finalmente, la inscripción de la sociedad en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, completan este capítulo. Se introduce, una regulación más detallada de la sociedad irregular.
El capítulo tercero señala y define los principios básicos del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, calificando el mismo como un registro jurídico y no administrativo, cuyo fin último es dar certeza y seguridad al tráfico y no un mero instrumento necesario de la Administración para el desarrollo de sus funciones.
Se introduce un novedoso sistema de transmisión de la condición de socio, a semejanza con el medio normal de salida voluntaria que existe en cualquier tipo de sociedad, civil o mercantil, cual es la transmisión de sus participaciones sociales a otra persona, sea socio o no, siempre que la cooperativa optase estatutariamente por prohibir el derecho de baja voluntaria.
La nueva regulación del derecho de voto es una de las disposiciones más importantes de la Ley. Así, además del sistema común de un voto por socio, se introduce la posibilidad de optar, que necesariamente deberá establecerse estatutariamente, por la posibilidad del voto plural ponderado, en función de la participación en la actividad cooperativizada para cualquier tipo de socios, con las limitaciones que se señalan en la Ley para cada clase de cooperativas.
Como importante novedad, se contempla la posibilidad de permitir la repartibilidad parcial del Fondo de Reserva Obligatorio, siempre que se establezca en los estatutos sociales, si bien se establecen cautelas, especialmente de carácter temporal, que tienen por finalidad favorecer la viabilidad de la cooperativa y los derechos de los socios que la componen.
En el capítulo séptimo (documentación social y contabilidad), hay que destacar la regulación de los efectos que el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas en la correspondiente Unidad del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, producen, esto es, el cierre del Registro a posteriores anotaciones, y que tiene una finalidad de publicidad garantista frente a los socios y frente a terceros.
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EXTREMADURA. Ley 1/2011, de 31 de enero, de modificación de la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Extremadura.
En relación a los órganos de gobierno se introducen, entre otras, las siguientes modificaciones:
- se amplían los órganos de las Cajas de Ahorros,
- se introduce un nuevo grupo de representación,
- se limita la representación de las Administraciones Públicas al 40%,
- se determina la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro de un órgano de gobierno con el de todo cargo político electo y con el de alto cargo de las administraciones públicas,
- se refuerza el nivel de profesionalización exigible a los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y al Director General,
- se dota de derechos de representación a los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de las Cajas proporcionales al porcentaje que los mismos supongan sobre el patrimonio de la Caja con el límite del 50% del citado patrimonio, etc.
Se concretan las facultades de autorización y supervisión de la Comunidad Autónoma en relación a las diferentes alternativas de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de forma que se coadyuve a garantizar que, en caso de producirse, los procesos de reestructuración institucional se ajusten a lo establecido en la normativa reguladora.
Entró en vigor el 3 de febrero de 2011
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Se pretende con esta norma de urgencia reforzar la solvencia de las entidades de crédito, favorecer la canalización del crédito hacia la economía real y superar cualquier duda acerca del sector financiero español.
- La regla general será la de un capital principal del 8 por 100 de los activos ponderados por riesgo, y del 10 por 100 para aquellas entidades que superen el 20 por 100 de financiación mayorista y no hayan colocado al menos un 20 por 100 de su capital entre terceros. Puede haber mayores exigencias, según los resultados de los stress de solvencia.
- Será el mismo para bancos y cajas (que mantienen su estatuto jurídico actual y las distintas alternativas institucionales previstos en la reforma de los órganos rectores de estas entidades, llevada a cabo en julio de 2010).
- Los elementos que integran el capital principal, en línea con lo establecido en Basilea III, son el capital, las reservas, las primas de emisión, los ajustes positivos por valoración, los intereses minoritarios; adicionalmente, los instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014. Estos elementos serán minorados por los resultados negativos y pérdidas, los ajustes negativos por valoración y los activos inmateriales.
- Los nuevos requerimientos entrarán en vigor el 10 de marzo de 2011.
- Para las entidades con dificultades para alcanzar este nuevo requisito en un plazo corto, se abre un calendario que finaliza el 30 de septiembre de 2011, aunque el Banco de España puede conceder una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011 para finalizar la recapitalización. Para procesos de admisión a negociación de valores, la prórroga puede llegar hasta el primer trimestre del año 2012.
El FROB (Fondo de Regulación y Ordenación Bancaria):
- Aportará capital, asociado a un plan de recapitalización, a aquellas entidades que, vencido el plazo, no cumplan el nivel exigido.
- Para ello se reforma, modificando la composición de su Comisión Rectora y dotándole de nuevas facultades de apoyo financiero.
- Se le autoriza a adquirir acciones o aportaciones al capital social de las entidades para el reforzamiento de sus recursos propios, lo que puede implicar la entrada del sector público en el capital social de entidades de crédito, con vocación de transitoriedad y condicionada a la elaboración por la entidad de un Plan de Recapitalización.
- Si la entidad de crédito que solicitara el apoyo financiero es una caja de ahorros, tendrá un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de su actividad financiera a un banco.
Ley del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 67 y dos disposiciones transitorias nuevas.
- Las reformas que se introducen pretenden garantizar la neutralidad fiscal de los procesos de reestructuración del sector financiero y evitar que surjan costes fiscales adicionales en los mismos.
- Se permite que los SIP (fusiones frías) apliquen el Régimen Especial de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades con el único requisito de que exista una mutualización del 100 por 100 de los resultados de las entidades que los integren y, por tanto, sea también total el compromiso de mutua solvencia y liquidez entre dichas entidades.
- Los SIP puedan aplicarse los créditos fiscales generados por cada entidad individual con anterioridad al momento de la integración.
Entró en vigor el 20 de febrero de 2011.
PDF (BOE-A-2011-3254 - 27 págs. - 421 KB) Otros formatos Corrección de errores.
AUDITORÍA DE CUENTAS. Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
La emisión de informes de auditoría de cuentas tiene una tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Esta Orden sustituye el modelo de autoliquidación y pago existente y actualiza los importes a pagar por los auditores.
El modelo se incluye como anexo, pero también puede descargarse desde la página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuya dirección es www.icac.meh.es.
PDF (BOE-A-2011-3343 - 4 págs. - 944 KB) Otros formatos
PORTUGAL. Acuerdo entre la República Portuguesa y el Reino de España sobre el acceso a información en materia de Registro Civil y Mercantil, hecho "ad referendum" en Zamora el 22 de enero de 2009.
- Se utilizará para la verificación de hechos inscritos en el registro civil de ambas Partes, cuando sea necesario para la resolución de peticiones de registro civil.
- Se podrán usar medios electrónicos.
- Las autoridades competentes para la presentación de solicitudes de información y respuesta serán las autoridades de las Partes con competencia en materia de registro civil.
- El contenido de la información transmitida estará regulado por la legislación de la Parte en la que el registro se encuentre.
- La facilitación de la información solicitada será gratuita.
- Se utilizará para permitir el acceso por vía electrónica a información del registro mercantil de ambas Partes, por parte de personas físicas y jurídicas.
- El acceso electrónico debe facilitarse del mismo modo a los servicios de las autoridades con competencia en materia de registro mercantil cuando sea necesario para la resolución de peticiones de registro mercantil.
- Se creará un portal único de Internet, en lengua portuguesa y castellana, para el acceso a la información del registro mercantil de ambas Partes.
- Se regularán por la legislación de la Parte en la que el registro se encuentre las finalidades del registro mercantil, los hechos sujetos al registro, los efectos, los emolumentos y otros aspectos relacionados con este registro.
- El acceso a la información del registro mercantil por parte de las autoridades con competencia en esa materia para la resolución de peticiones de registro mercantil será gratuito.
Entró en vigor el 17 de febrero de 2011, con vigencia indefinida.
PDF (BOE-A-2011-3661 - 3 págs. - 174 KB) Otros formatos
Visita nº desde el 11 de marzo de 2011

References: Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 71
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 12
 Artículo 67
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución