Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/SU637-16.htm
Timestamp: 2017-10-21 19:38:43+00:00

Document:
SU637-16
Sentencia SU637/16
Se incurre en temeridad en caso de que se presenten dos o más acciones de tutela que cuenten con identidad de demandante (ya sea que actúe directamente o a través de apoderado), identidad de hechos y la inexistencia de un factor que justifique la necesidad de interponer una nueva acción.
Esta Corporación ha afirmado que el derecho a la indexación de la primera mesada tiene un carácter universal y, por ende, se predica de todos los pensionados sin discriminación en razón al momento en que se causó la pensión, el origen de la misma (si es legal, convencional o sanción) o su naturaleza (de vejez, de invalidez, etc.).
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Aplicación de garantías fundamentales a situaciones consolidadas antes de la Constitución de 1991 con efectos hacia el futuro
A la fecha, las tres jurisdicciones y sus órganos de cierre se encuentran de acuerdo en utilizar la fórmula de indexación originalmente ideada por el Consejo de Estado por considerar que proporciona mejores condiciones para los pensionados, en aplicación a los principios de equidad, justicia material y pro operario.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL FRENTE A LA SOLICITUD DE INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Vulneración por cuanto la fórmula de indexación que le fue aplicada al accionante no permite que su mesada pensional mantenga un valor adquisitivo debidamente actualizado
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Los jueces incurren en un defecto sustantivo cuando al aplicar una norma vigente y constitucional, ésta no es adecuada a la situación fáctica bajo estudio
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo, por cuanto no se indexó la primera mesada pensional del accionante utilizando la fórmula más beneficiosa, es decir, aquella contenida en la Sentencia T-098 de 2005
Referencia: expediente T- 5.307.724
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de Noviembre de dos mil dieci2016
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
1. El accionante indica que en el año 2001 interpuso demanda ordinaria laboral contra el Banco Popular S.A. con el fin de que le fuera reconocida la pensión de jubilación con la correspondiente indexación pensional, luego de haberse retirado de dicha entidad en enero de 1993. Con fallo del 8 de noviembre de 2002, el juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín condenó al banco, ordenándole reconocer y pagar la mencionada pensión en la suma de $917.894.50 mensuales a partir del 7 de septiembre de 2001, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año. Igualmente, estableció que para ese momento, el valor de la mesada correspondía a $988.113.50, debiendo incrementarse anualmente conforme al IPC.
- Copia del Acta No. 53 de 27 de julio de 2004, en la cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió acerca del recurso de casación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín.
- Copia de comprobante de pago emitido por COLPENSIONES, en el cual se observa que para agosto de 2015, el accionante devengaba una mesada por valor de $2.152.815, de los cuales le son deducidos $989.442 por concepto de pago de las cuotas correspondientes a los deudas que ha contraído y de su aporte en salud.
El señor Jesús María Vargas Reyes se vinculó al servicio del Banco Popular S.A. el 12 de septiembre de 1966 mediante un contrato de trabajo. Laboró hasta el 1 de enero de 1993, tiempo durante el cual desempeñó varios cargos dentro de la entidad, ostentando la calidad de trabajador oficial. Desde su ingreso al banco hasta la fecha de su retiro, cotizó al Sistema de Seguridad Social Integral del Instituto de Seguros Sociales, según lo dispuesto por la legislación vigente en esa época. En el momento de su desvinculación del cargo, el Banco Popular era una entidad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y fue posteriormente privatizado en 1996.
Durante la primera instancia, el Juez Sexto Laboral declaró que el señor Vargas tenía derecho a pensionarse con el régimen consagrado en la Ley 33 de 1985, según el cual los trabajadores oficiales al ISS pero no afiliados a cajas de previsión social, podían recibir una pensión de jubilación a cargo de la última entidad empleadora una vez cumplieran los 55 años de edad y 20 años de servicio en un organismo del Estado, sin perjuicio de que posteriormente el ISS les reconociera la pensión de vejez, siendo de cuenta del empleador oficial sólo el mayor valor entre el monto de la pensión cancelada por la entidad y la de vejez reconocida por el ISS. En consecuencia, condenó al Banco Popular “a reconocerle y pagarle al señor Jesús María Vargas Reyes (…) la pensión de jubilación en la suma de $917.894.50 a partir del 7 de septiembre de 2001, prestación que al mes de octubre del presente año [2002] asciende a $15.244.545.20 incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, siendo el valor actual de $988.113.50, prestación que se incrementará anualmente conforme al IPC (…)”.
Por su parte, el apoderado del señor Vargas apeló la sentencia de primera instancia expresando que varios pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Bogotá y de Cali, así como estudios técnicos elaborados por expertos en matemáticas financieras habían encontrado errores en la fórmula que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia utilizaba para cuantificar una pensión de vejez, “principalmente en lo concerniente a mantener como factor divisorio en todos los años de actualización del número total de días transcurridos entre las fechas de desvinculación y la del cumplimiento de la edad para la adquisición del derecho”. Por el contrario, en criterio del recurrente, lo correcto y justo era aplicar la fórmula planteada por la Corte Suprema para cada periodo anual restando del número total de días acumulados para indexar los correspondientes al año o fracción de año que se indexa, según lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 11 del Decreto 1748 de 1995, por lo cual solicitó que se modificara la sentencia de primera instancia para acoger esta última forma de calcular la actualización monetaria.
En la decisión que resolvió la apelación, la Sala Décima Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín decidió mantener la decisión del a quo, “con la advertencia de la base reguladora y el porcentaje que deben tenerse en cuenta para calcular el valor de la pensión de jubilación del actor son los establecidos en la Ley 33 de 1985, pues de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-631 de 8 de agosto de 2003, la base y el porcentaje para la liquidación de pensión son dos componentes inseparables que condicionan el importe de una pensión”. En consecuencia, determinó que la pensión de jubilación del actor debía equivaler al 75% del promedio salarial devengado por el señor Vargas en el último año de servicios (2 de enero de 1992 y 1 de enero de 1993).
Una vez confirmada la decisión de primera instancia por parte del Tribunal, las partes interpusieron el recurso extraordinario de casación, que fue decidido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 27 de julio de 2004. En su momento, la Corte decidió estudiar en primer lugar los argumentos de la demandada, por cuanto se dirigían a atacar la validez de toda la sentencia de segunda instancia y, luego de desestimarlos, procedió a analizar los argumentos del demandante sobre los presuntos errores en la indexación. En sus alegatos de casación, el apoderado del señor Vargas indicó que la sentencia atacada había aplicado indebidamente el artículo 36 de la Ley 100, al considerar que la primera instancia había “actualizado el salario devengado por el actor en 1993 (año en que terminó el contrato de trabajo) como si entre dicho año y el 2001 (año en que cumplió la edad para acceder a la jubilación) el extrabajador hubiera devengado invariablemente el mismo salario mensual de $591.531.38 que devengó en el último año efectivamente trabajado”.
Al respecto, la Corte indicó que la objeción presentada por el entonces demandante podía resumirse como un cuestionamiento a la fórmula matemática acogida por el Tribunal para efectos de actualizar el salario devengado por el actor en 1993, “al considerar que la actualización año a año aplicando los índices respectivos, debe partir para el segundo lapso de la suma que resultó de la actualización del periodo anterior y así sucesivamente, mas no tomando como referencia inicial para todos los años la base salarial fija de $591.531.38 que es el último promedio devengado”. Para resolver esta controversia, la Sala sostuvo que el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispone que “la actualización debe hacerse año por año o por fracción de año, tomando la variación del IPC de cada una de esas anualidades y aplicándolo al salario promediado, sin que sea dable como lo sostiene el censor, que (…) se suponga que continuó el demandante devengando un salario superior para cada lapso, pues aquí no se trata de actualizar un ingreso nominal que ha sufrido cambios periódicos sino un salario promedio que no tuvo modificación con posterioridad a la vigencia de la Ley 100, máxime cuando esa base de liquidación se remonta es al promedio devengado en el último año de prestación de servicios”.
En ese sentido, la Sala entendió que, si se le diera la razón al recurrente, “lo que se estaría actualizando sería el salario del año anterior ya indexado” yendo en contravía del espíritu de la norma citada que no prevé que esos montos se acumulen. Por lo anterior, se consideró que la fórmula empleada por la misma Sala en anteriores decisiones y por los jueces de instancia respetó los parámetros y el propósito del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que no se encontró lugar para casar la sentencia por los argumentos presentados por el accionante. A continuación, la Sala procedió a calcular la base salarial de la primera mesada pensional correspondiente a los años 1993 a 2001 que, al sumarlos, dieron como resultado $1.223.859,40 como salario base sobre el que se aplicó luego el 75%, para tener como resultado una mesada inicial a favor del señor Vargas por valor de $917.894,55, que coincidió con la calculada por los falladores de instancia.
Mediante sentencia proferida el 01 de octubre de 2015, la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 – Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió negar el amparo solicitado al considerar que las providencias proferidas dentro del proceso ordinario laboral se fundamentaron en argumentos serios, coherentes y razonables, por lo cual no se observó en esos fallos la configuración de un defecto susceptible de ser atacado por vía de tutela. Al decir de la Sala Penal, “la inconformidad respecto de la interpretación de la ley aplicable a un asunto (…) debe plantearse en el escenario que le es propio, esto es el proceso judicial correspondiente (…) y no ante el Juez Constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como instancia adicional de la justicia ordinaria”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el expediente fue remitido a esta Corporación para su eventual revisión. La Sala de Selección número uno, en providencia del 25 de enero de 2016, decidió seleccionar el presente expediente, asignándoselo a la Sala Novena de Revisión. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015, el Magistrado Ponente presentó a la Sala Plena un informe sobre los hechos presentados en la acción de tutela de referencia, al encontrarse que una de las autoridades accionadas es la Corte Suprema de Justicia. En sesión de 6 de abril de 2016, esta Sala decidió asumir el conocimiento del proceso por considerar que el caso reviste especial relevancia constitucional y suspender los términos para fallar el proceso de referencia.
Posteriormente, en sesión del 30 de junio de 2016 la Sala Plena estimó necesario vincular a COLPENSIONES en calidad de tercero interesado en el trámite de la acción de referencia, así como aclarar su participación en lo que respecta a la garantía del derecho a la pensión del accionante. En consecuencia, mediante Auto del 8 de julio de 2016, el Magistrado Ponente ordenó la vinculación de dicha entidad y le ofició para que informara “si en la actualidad la entidad se encuentra pagando una mesada pensional a favor del señor Jesús María Vargas Reyes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.155.947. En caso de que la respuesta al anterior cuestionamiento sea afirmativa, la entidad debería indicar:
Mediante comunicación radicada el 1 de agosto del mismo año, la entidad contestó indicando que “conforme se evidencia en certificado de nómina de pensionados, el señor Jesús María Vargas Reyes tiene reconocida una pensión de vejez de carácter compartida con la entidad bancaria Banco Popular S.A., a través de la Resolución No. 50979 del 30 de noviembre de 2006 proferida por el ISS, con una mesada inicial de $1.532.362, siendo efectiva y registrada como fecha de ingreso a nómina a partir del 7 de septiembre de 2006”. Igualmente, la entidad manifestó que dicha pensión había sido reconocida en vista de que el señor Vargas había cumplido con los requisitos establecidos por la legislación para acceder a una pensión de vejez, siendo beneficiario del régimen de transición. En cuanto a los dos últimos interrogantes, COLPENSIONES afirmó que, desde el momento del reconocimiento de la pensión, las mesadas se actualizan conforme al IPC certificado por el DANE y que “en el momento en el que el ISS reconoció la pensión de vejez compartida (…) giró el retroactivo pensional a favor del jubilante Banco Popular S.A., indicando la compartibilidad de la misma, y de esta manera dejando al Banco Popular el pago del mayor valor, si hubiere lugar, por consiguiente es la entidad jubilante quien puede certificar si quedó subrogada de manera total sobre la pensión de jubilación que se le paga al aquí accionante”.
En vista de estas respuestas, el Magistrado Ponente profirió un nuevo Auto con fecha de 3 de agosto de 2016, en el cual se ordenó oficiar al Banco Popular con el fin de que informara si actualmente se encuentra cancelando algún valor al señor Jesús María Vargas Reyes por concepto de pensión de jubilación cuyo pago comparte con COLPENSIONES y a esta última entidad, para que indicara la fórmula de actualización monetaria utilizada para calcular la indexación de la primera mesada del señor Vargas Reyes. A través de comunicación del 17 de agosto, el Banco Popular se pronunció sobre lo solicitado, certificando que el señor Jesús María Vargas Reyes fue pensionado por esa institución desde el 07 de septiembre de 2001 “por valor inicial $917.894,53 hasta el 07 de septiembre de 2006 por valor de $1.245.316, fecha desde la cual quedó subrogada por el mayor reconocimiento de la pensión de vejez, quedando a cargo del Banco Popular solamente el mayor valor de la mesada adicional de junio, no asumido por Colpensiones de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2005”.
La temeridad en la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
2. En ese sentido, la temeridad ha sido entendida por la jurisprudencia constitucional como una vulneración del principio de buena fe, en tanto que constituye un abuso del derecho a interponer una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales. Con todo, esta Corporación ha aclarado que “la temeridad es una circunstancia que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso”[1].
3. Por lo anterior, el hecho de que existan dos acciones de tutela por hechos similares no implica por sí mismo un acto de temeridad, sino que existen casos en los cuales es posible realizar un estudio de fondo de la nueva acción de tutela aún a pesar de dicha identidad de hechos. Estos casos se presentan cuando[2] i) el juez advierta que los derechos fundamentales que dieron lugar a la acción de tutela anterior continúan siendo vulnerados; ii) el accionante haya sido erróneamente asesorado por los profesionales en derecho; iii) la aparición de hechos que ocurrieron con posterioridad al trámite de la primera acción o que se omitieron en el trámite de la misma o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante y, finalmente, v) la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional ha proferido una sentencia de unificación con efectos inter pares que creó o modificó una regla con posterioridad a la fecha en que fue fallada la primera acción de tutela.
Estudio de la presunta temeridad en el caso concreto.
12. Desde los orígenes de la acción constitucional de amparo, se ha presentado de manera reiterada la discusión en torno a la procedibilidad de la misma para atacar decisiones judiciales que presuntamente vulneran derechos fundamentales. Así, en un primer momento y con ocasión del estudio de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional mediante sentencia C – 543 de 1992 declaró inconstitucional las normas que contemplaban la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. Posteriormente y haciendo una interpretación no restrictiva de lo establecido por la mencionada sentencia[3], las distintas Salas de Revisión de esta Corporación y su misma Sala Plena, fijaron criterios específicos y taxativos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en casos en los cuales la vulneración de los derechos fundamentales es notoria y grave, configurándose lo que en su momento se denominó “vía de hecho judicial”[4].
13. Con el desarrollo jurisprudencial subsiguiente, la noción de vía de hecho ha sido concretada y se han fijado reglas y subreglas tendientes a especificar bajo qué supuestos es posible hablar de la procedibilidad de una acción de tutela contra providencias judiciales y garantizar así el carácter excepcional que debe tener esta medida, por los riesgos que comporta para la efectiva administración de justicia y el principio de seguridad jurídica. De este modo, a partir de la Sentencia T – 231 de 13 de mayo de 1994[5] la Corte estableció cuatro defectos que, de presentarse en una providencia, permitirían establecer la existencia de una vía de hecho: “i) defecto sustantivo, cuando la decisión se adopta en consideración a una norma indiscutiblemente inaplicable; ii) defecto fáctico, cuando el juez falla sin el sustento probatorio suficiente para aplicar las normas en que funda su decisión; iii) defecto orgánico, cuando el juez profiere su decisión con total incompetencia para ello; y, iv) defecto procedimental que se presenta en aquellos eventos en los que se actúa desconociendo el procedimiento o el proceso debido para cada actuación”[6].
14. Si bien durante varios años se mantuvieron estos criterios como definitorios de la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, la evolución jurisprudencial suscitada con ocasión de las sentencias C – 590 de 2005[7], primero, y SU – 913 de 2009, después, permitió introducir a este ámbito el concepto de causales genéricas y específicas de procediblidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, doctrina que absorbió el concepto primigenio de vía de hecho y permitió incluir otros factores tales como la ausencia de la debida argumentación, el apartamiento injustificado del precedente y el desbordamiento de la discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
(vi) Que no se trate de fallos de tutela, de forma tal que se evite que las controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida” [8].
(vii) Violación directa de la Constitución”[9].
· “Que la persona interesada haya adquirido el status de jubilado, o lo que es igual, que se le haya reconocido su pensión.
· Que haya actuado en sede administrativa; es decir, que haya interpuesto los recursos de vía gubernativa contra el acto que reconoció la pensión o haya presentado la solicitud de reliquidación ante el respectivo fondo de pensiones y éste se hubiere negado.
· Que haya acudido a las vías judiciales ordinarias para satisfacer sus pretensiones, se encuentre en tiempo de hacerlo o, en su defecto, demuestre que ello es imposible por razones ajenas a su voluntad.
· Que acredite las condiciones materiales que justifican la protección por vía de tutela, esto es, su condición de persona de la tercera edad, que la actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales como la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo vital y la salud en conexidad con la vida u otras garantías superiores, y que el hecho de someterla al trámite de un proceso ordinario hace más gravosa su situación personal.”[10]
21. Del mismo modo, cabe recordar que esta Corporación ha establecido que la importancia constitucional de casos en los cuales se discute la reliquidación de una pensión, por ejemplo, radica en la conexión que existe entre el valor de la mesada y los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad del pensionado, al punto que una vulneración de estos derechos debe presumirse en caso de que se compruebe una evidente desproporción entre el monto que fue reconocido y aquél al que verdaderamente tenía derecho[11]. En el mismo sentido, es necesario hacer referencia al precedente fijado por la Sentencia C-862 de 2006, según el cual en casos de reliquidación de la pensión o indexación de la primera mesada, la procedibilidad de la acción no se ve comprometida por el paso del tiempo porque si bien el pensionado pudo haber perdido el derecho a la aplicación retroactiva de la medida, esta deberá ser aplicada en el futuro dado que la prestación pensional se causa mes a mes.
“El derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual solo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a un determinada categoría de sujetos-los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación”.
25.1. Las órdenes dentro de la categoría i) han sido proferidas en casos en los cuales alguna de las sentencias proferidas dentro del proceso ordinario sí había ordenado la indexación pensional conforme a las reglas de la jurisprudencia constitucional y, posteriormente, esa providencia fue revocada en instancias posteriores. En esas ocasiones, la Corte ha declarado sin efectos las sentencias de instancia contrarias a la jurisprudencia constitucional y ha dejado en firme el fallo que hubiese ordenado la indexación en debida forma, sin entrar a definir sobre aspectos probatorios y materiales del caso más allá de esto[12].
25.2. Bajo el supuesto ii) se encuentran sentencias como la T-098 de 2005[13], en la cual se decidió dejar sin efectos los fallos del proceso ordinario que no reconocieron la indexación pensional pero, además, profirió una orden directa contra la entidad demandada obligándola a que procediera a realizar la indexación. En esa ocasión, se optó por esta solución en vista de que existían razones fundadas para creer que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no iba a dictar una nueva sentencia corrigiendo la fórmula de actualización de valor, por lo que proferir una orden directa a la demandada era la única manera de garantizar la eficacia de la sentencia de tutela.
Así las cosas, la jurisprudencia ha entendido que en casos en los cuales la acción de tutela perdería su eficacia si se decidiera reenviar el expediente a los jueces de instancia y, por tanto, se deben emitir órdenes directas a la entidad encargada de pagar la pensión, es obligación del juez constitucional establecer las pautas para que la accionada lleve a cabo el reconocimiento del derecho en debida forma; esto es, indicar la fórmula de liquidación y las determinaciones a que haya lugar sobre el eventual pago retroactivo de mesadas y la prescripción de las mismas[14].
25.3 Finalmente, en casos excepcionales, la Corte Constitucional ha aceptado la posibilidad de ordenar la indexación de primeras mesadas pensionales sin que se hubiese agotado previamente el mecanismo judicial ordinario en casos en los cuales se ha comprobado que, dadas las condiciones personales del peticionario, los mecanismos judiciales ordinarios no resultan efectivos para la protección de los derechos fundamentales, por ejemplo[15].
26. Por otra parte, en lo que atañe a la posibilidad de que se ordene el pago retroactivo de mesadas pensionales no prescritas, la Corte ha reconocido en ocasiones estas prestaciones siempre que se compruebe que el actor ha agotado todos los mecanismos judiciales ordinarios a su alcance[16].
27. También, es necesario señalar que desde hace unos años ha existido una importante controversia jurisprudencial en torno a la prescripción de mesadas de pensiones que se hubieren causado con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991 y cuya indexación fue solicitada por vía de acción de tutela, al punto que se han expedido al menos dos sentencias de unificación a este respecto (Sentencias SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013). La discusión, sin embargo, no se extiende a las pensiones causadas con posterioridad a 1991, por cuanto la Carta Política contempló explícitamente la obligación de actualizar el valor de todas las pensiones, como ya se dijo anteriormente. Por ese motivo y dado que el caso de referencia se encuadra en este último supuesto, la Sala reiterará las reglas resumidas por la Sentencia T-374 de 2012 acerca de la prescripción de este tipo de pensiones:
“Artículo 36. (…) El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos” (negrillas fuera del original).
30. Como cabeza de la jurisdicción ordinaria laboral, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia interpretó hasta el año 2007 que este inciso debía entenderse en el sentido de que la actualización monetaria de la suma que sirvió de base para calcular el valor de la pensión se debía tomar “el salario promedio mensual devengado por el trabajador en el último año y -dejando constante- se lo actualiza, año por año, con la variación anual del I.P.C. del DANE, para llevarlo al año de fecha de pensión; luego se pondera dicha resultado, multiplicándolo por el número de días que tuvo cada salario y dividiéndolo por el total de días que se toman para el I.B.L. A éste resultado se calcula el 75%, obteniendo así el valor de la pensión”[17]. Esta posición, reproducida por jueces y tribunales de primera y segunda instancia, produjo numerosas censuras por parte de varios demandantes que consideraban que dicha interpretación disminuía de manera injusta su monto pensional y propugnaron porque la Corte Suprema aplicara a las pensiones lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995 para los bonos pensionales:
“Artículo 11. ACTUALlZACION Y CAPlTALIZACION.
31. En ese contexto, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-098 de 2005 por la cual decidió sobre la indexación de una mesada pensional reconocida antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. La importancia de esta providencia para el caso de referencia radica en que a partir de ella, esta Corporación fue la primera en adoptar como fórmula de indexación de la primera mesada aquella que había sido definida por el Consejo de Estado en desarrollo del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo de la época[18], para la actualización de este tipo de obligaciones, por considerar que era la más ajustada a los principios de justicia y equidad y los principios generales del derecho laboral, permitiendo una verdadera indexación de la primera mesada y manteniendo así el poder adquisitivo de las pensiones. En dicha providencia, el mencionado guarismo se describió así:
Después establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que éstos fueron pagados.[
35. Con todo, puede decirse que desde el año 2007 el problema jurídico alrededor de la fórmula de indexación aplicable a la primera mesada pensional se encuentra zanjado. En efecto, con ocasión de la Sentencia de Radicado No. 31222 de 13 de diciembre de 2007, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió “revisar las pautas que en un principio se adoptaron para la aplicación de la fórmula matemática que sirvió para dar efectividad al mecanismo de la actualización aludida, ello para el contingente de trabajadores que se hallen en las circunstancias especiales antedichas, y bajo esta órbita modificar su criterio”, para luego proceder a aplicar la fórmula que ya venían utilizando el Consejo de Estado y la Corte Constitucional[19]. Así, la Corte Suprema estableció que “con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional” por considerar que
“Aplicando la fórmula empleada por la Sala de esta Corte (…) la base salarial para tasar la mesada inicial se contrae a la cantidad de $591.531,38, cifra que ha de actualizarse año a año, desde el momento en que se desvinculó el actor de la entidad bancaria (1 de enero de 1993) y hasta cuando cumplió los 55 años de edad (7 de septiembre de 2001), tomando como referente para ello los índices de variación de precios al consumidor para cada uno de esos años que aparecen certificados por el DANE y multiplicado por el número de días que transcurrieron entre el día siguiente a la fecha de retiro del accionante y aquella en que cumplió el requisito de la edad para que surja el derecho al reconocimiento de la pensión, que fue 3.127 días.
· AÑO 1993 (360 días): $591.531,38 X 22.60% (IPC 1993) X 22.59% (IPC 1994) X 19.46% (IPC 1995) X 21.63% (IPC 1996) X 17.68% (IPC 1997) X 16.70% (IPC 1998) X 9.23% (IPC 1999) X 8.75% (IPC 2000) X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 360 ./. 3.127 = $259.493.95
· AÑO 1994 (360 días): $591.531,38 X 22.59% (IPC 1994) X 19.46% (IPC 1995) X 21.63% (IPC 1996) X 17.68% (IPC 1997) X 16.70% (IPC 1998) X 9.23% (IPC 1999) X 8.75% (IPC 2000) X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 360 ./. 3.127 = $211.659,01
· AÑO 1995 (360 días): $591.531,38 X 19.46% (IPC 1995) X 21.63% (IPC 1996) X 17.68% (IPC 1997) X 16.70% (IPC 1998) X 9.23% (IPC 1999) X 8.75% (IPC 2000) X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 360 ./. 3.127 = $172.656,02
· AÑO 1996 (360 días): $591.531,38 X 21.63% (IPC 1996) X 17.68% (IPC 1997) X 16.70% (IPC 1998) X 9.23% (IPC 1999) X 8.75% (IPC 2000) X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 360 ./. 3.127 = $144.530,40
· AÑO 1997 (360 días): $591.531,38 X 17.68% (IPC 1997) X 16.70% (IPC 1998) X 9.23% (IPC 1999) X 8.75% (IPC 2000) X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 360 ./. 3.127 = $118.827,92
· AÑO 1998 (360 días): $591.531,38 X 16.70% (IPC 1998) X 9.23% (IPC 1999) X 8.75% (IPC 2000) X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 360 ./. 3.127 = $100.975,46
· AÑO 1999 (360 días): $591.531,38 X 9.23% (IPC 1999) X 8.75% (IPC 2000) X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 360 ./. 3.127 = $86.525,67
· AÑO 2000 (360 días): $591.531,38 X 8.75% (IPC 2000) X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 360 ./. 3.127 = $79.214,00
· AÑO 2001 (247 días): $591.531,38 X 6.96% (IPC a septiembre de 2001) X 247 ./. 3.127 = $49.976,77
Al realizar la sumatoria de los anteriores valores obtenidos para cada anualidad, el salario base de liquidación debidamente actualizado arroja la suma de $1.223.859,40 que al aplicarle el 75% da como resultado una mesada inicial a favor del actor de $917.894,55, suma que coincide con la establecida por los falladores de instancia” (negrilla en el original).
VA = VH ($591.531,38) x Índice final (66,05898)[20]
El salario base de liquidación, actualizado según esta fórmula, es de $2.246.381,28, que al aplicarle el reglamentario 75%, da como resultado que la mesada inicial a favor del señor Vargas Reyes debería ser de $1.684.785,96, lo cual implica una diferencia de $766.841,41 con respecto al cálculo de la primera mesada realizado por los jueces laborales.
48. Al respecto, cabe recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que los jueces incurren en un defecto sustantivo cuando al aplicar una norma vigente y constitucional, esta no es adecuada a la situación fáctica bajo estudio[21]. Esta Sala encuentra que la situación del señor Vargas encaja en el anterior supuesto, por cuanto los jueces tienen la obligación de aplicar en la mayor medida de lo posible el principio pro operario al momento de interpretar las normas laborales. Sin embargo, en las decisiones laborales cuestionadas en la acción de referencia, los despachos judiciales aplicaron el artículo 36 de la Ley 100 a través de una fórmula que daba resultados en detrimento del trabajado por lo que, si bien la fórmula aplicada no era irrazonable, sí resultó ser la menos favorable, lo cual va en contra de los mandatos constitucionales sobre la protección de los trabajadores y la garantía del derecho fundamental a la seguridad social.
50. Por otra parte, con el fin de precisar esas órdenes, la Sala encuentra necesario hacer algunas consideraciones sobre las reglas que utilizará para determinar el retroactivo que deberá pagársele al accionante, ahora que se ha establecido que procede la indexación de la primera mesada pensional utilizando una nueva fórmula. Sin embargo, como se indicó en consideraciones precedentes, debe tenerse en cuenta que con esto no se pretende establecer una regla de prescripción de mesadas, en tanto que la jurisprudencia constitucional ha afirmado que para pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y en las cuales la prescripción no fue alegada dentro del proceso ordinario por alguna de las partes, la Corte no tiene competencia para declarar de oficio dicha prescripción[22].
53. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, el hecho de que exista una pensión compartida no extingue la obligación a cargo de una o de otra entidad, sino que sus montos se encuentran fusionados en uno sólo, de forma que la entidad de seguridad social subroga al ex empleador en el pago de la misma, salvo en lo relativo al mayor valor que llegare a resultar en su contra, el cual queda obligado a sufragar al pensionado. De este modo, aún si Colpensiones ha subrogado en la totalidad del pago a la entidad a cargo de la pensión de jubilación, esta última obligación subsiste y puede ser objeto de indexación; en otras palabras, lo extinguido respecto del ex empleador, es la obligación de pagar la suma de la mesada pensional que sea equivalente o igual al monto de la mensualidad reconocida por el ISS, más no la pensión en cuanto tal, la cual únicamente se subrogó en dicho monto en favor del ex empleador y en contra de la aseguradora[23].
PRIMERO: REVOCAR los fallos proferidos por la Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia en primera y segunda instancia, respectivamente, dentro del trámite de la acción de tutela presentada por el señor Jesús María Vargas Reyes en contra del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala Laboral, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular S.A. En consecuencia, CONCEDER el amparo solicitado por el accionante a sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS, únicamente, lo resuelto acerca de la indexación de la primera mesada pensional del accionante, en la sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 10 de abril de 2003, (que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 8 de noviembre de 2002), y por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 27 de julio de 2004 en el marco del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Jesús María Vargas Reyes contra el Banco Popular S.A., por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.
TERCERO: ORDENAR al Banco Popular S.A. que, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y actualice el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional del señor Jesús María Vargas Reyes, utilizando la fórmula empleada por la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: ORDENAR al Banco Popular S.A. que, una vez haya indexado la primera mesada pensional de que trata el numeral tercero, efectúe, dentro de las 48 horas siguientes, los cálculos a que haya lugar con miras a establecer si en virtud del régimen compartido entre la pensión de jubilación reconocida por el Banco y la de vejez sufragada por Colpensiones, se presenta un mayor valor a pagar a cargo del Banco Popular S.A.
QUINTO: ORDENAR al Banco Popular S.A., que dentro de las 48 horas siguientes al cumplimiento de la orden dictada en el numeral cuarto, pague al demandante el mayor valor de que trata ese numeral, si lo hubiere, así como los montos adeudados y actualizados respecto de los cuales no haya operado la prescripción, desde el 13 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en las consideraciones de esta providencia.
SEXTO: Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
A LA SENTENCIA SU637/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-La controversia que presenta el accionante está relacionada únicamente con la fórmula para indexar la primera mesada pensional (Salvamento de voto)
Antes de 2005 existía una única fórmula para indexar las primeras mesadas pensionales en la jurisdicción ordinaria laboral y en la constitucional, la cual fue modificada con la sentencia T-098 de 2005, cuando la Corte Constitucional advirtió que en la jurisdicción contenciosa administrativa se estaba aplicando una fórmula más favorable. Es decir, todo el proceso laboral ordinario llevado a cabo por el accionante (incluyendo casación) se rigió conforme a las reglas legales y jurisprudenciales vigentes hasta 2005, en lo relacionado con la fórmula para indexar.
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Permite en ocasiones excepcionalísimas, flexibilizar algunos presupuestos de procedencia de la acción de tutela, bajo los supuestos de vulneración continua de los derechos al mínimo vital y a mantener la capacidad adquisitiva de la pensión (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se configuró temeridad en la presentación de la acción de tutela por presentar identidad de peticiones y de partes (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente T-5.307.724
Acción de tutela presentada por Jesús María Vargas Reyes contra el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín y otros
Asunto: Temeridad en la presentación de la acción y aplicación descontextualizada de la jurisprudencia constitucional
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones por las cuales salvo mi voto en la decisión adoptada por la Sala Plena, en sesión del 17 de noviembre de 2016, en la cual se profirió la sentencia SU-637 de 2016.
En esta decisión la Sala resolvió revocar en su integridad las sentencias proferidas por las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del trámite de tutela, para en su lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante.
En consecuencia, se dejó sin efectos, únicamente en lo atinente a la indexación de la primera mesada pensional del accionante, los fallos proferidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín en el proceso laboral ordinario iniciado por el accionante contra el Banco Popular.
Así mismo, ordenó al Banco Popular reconocer y actualizar el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional del accionante, usando la fórmula empleada por la Corte Constitucional en la sentencia T-098 de 2005.
2. La decisión se estructuró de la siguiente manera: Primero, analizó la temeridad de la acción de tutela. Segundo, explicó las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Tercero, revisó las reglas jurisprudenciales vigentes sobre procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional. Cuarto, analizó el rango constitucional del derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Quinto, revisó el ámbito de aplicación de la protección constitucional para el reconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Finalmente, resolvió el caso concreto.
Al analizar el caso concreto se afirmó que:
(i) Se superó la temeridad en la presentación de la acción de tutela, ya que a pesar de haber presentado dos acciones de tutela con anterioridad por los mismos hechos y persiguiendo las mismas pretensiones, el accionante alegaba que la vulneración de su derecho a la seguridad social era continua, y que entre la presentación de la primera acción de tutela y la presente “se produjeron cambios jurisprudenciales de tal magnitud que afectaron las reglas sobre las cuales se fundaron las proferidas dentro del proceso ordinario”[24].
(ii) Se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en este asunto.
(iii) La jurisprudencia constitucional consolidó en 2005 una fórmula para indexar la primera mesada pensional que le era más favorable al accionante, por lo tanto los jueces en el proceso laboral ordinario debieron aplicarla. Se indicó que si bien los jueces laborales “aplicaron el precedente laboral vigente para la época en que fueron proferidas las sentencias” (2004), era imperiosa la aplicación de la nueva fórmula “a la luz de la jurisprudencia posterior” so pena de vulnerar el derecho a la seguridad social[25]. Se explicó que no son de recibo los argumentos esgrimidos por los jueces de instancia acerca de que el presente caso buscaba ventilar una inconformidad en la interpretación de la ley hecha por la jurisdicción ordinaria y la que se dio, con posterioridad, en la jurisdicción constitucional.
Contexto fáctico de la decisión
4. Estimo que en la sentencia no se deja claro el contexto de la petición del actor, pues la narración de los hechos que efectúa el magistrado sustanciador omite información relevante para el análisis del caso concreto, tanto en su aspecto de procedibilidad de la acción como en el fondo.
4.1 Se omite la narración y el estudio de los defectos planteados por el accionante en el caso concreto. En efecto, después de revisar el expediente y el escrito de la tutela se evidencia que el actor consignó en esa solicitud que las sentencias proferidas por los jueces ordinarios contra las cuales presentó el amparo, incurrieron en tres supuestos defectos: 1. Desconocimiento del precedente, 2. Defecto sustantivo y 3. Violación directa de la Constitución. Sin embargo, los mismos no fueron reseñados como tal en los antecedentes de la sentencia, ni tampoco se hizo el estudio de cada uno de ellos a partir de la perspectiva que los presenta el accionante.
Lo anterior, resultaba profundamente relevante para la solución del presente asunto ya que esa indicación, así como otras que el actor dejó explícitas en su acción de tutela, evidenciaban que éste presentó claramente una acción de tutela contra providencias judiciales y definió el ámbito de evaluación que solicitó a los jueces de tutela, en especial, frente al eventual desconocimiento de un precedente que para la época de la expedición de las sentencias atacadas no existía.
Lo mismo ocurrió frente a los supuestos defectos sustantivo y violación directa de la Constitución alegados, pues éstos estaban encaminados a cuestionar la aplicación de una interpretación legal sobre la fórmula para indexar, que era sobre la cual existía consenso en la jurisdicción laboral ordinaria al momento en que los jueces emitieron las sentencias atacadas en tutela (2002, 2003 y 2004).
4.2 Se presenta el caso como un asunto sobre vulneración del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, sin embargo ese derecho se le reconoció al actor desde 2002. Aunado a lo relatado, es importante destacar también que este caso se presentó por parte del Magistrado sustanciador como uno en donde se debate el derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Sin embargo, de lo expuesto en los antecedentes y de lo extraído del expediente de tutela es claro que ese no es el problema jurídico que se resuelve.
En efecto, no se trata de un reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, porque la misma sí fue concedida desde 2002 por parte del juez laboral de primera instancia. La controversia que presenta el accionante está relacionada únicamente con la fórmula para indexar. En torno a este punto es relevante destacar que, como se reconoce en esta misma sentencia, antes de 2005 existía una única fórmula para indexar las primeras mesadas pensionales en la jurisdicción ordinaria laboral y en la constitucional, la cual fue modificada con la sentencia T-098 de 2005, cuando la Corte Constitucional advirtió que en la jurisdicción contenciosa administrativa se estaba aplicando una fórmula más favorable (fundamento jurídico 31). Es decir, todo el proceso laboral ordinario llevado a cabo por el accionante (incluyendo casación) se rigió conforme a las reglas legales y jurisprudenciales vigentes hasta 2005, en lo relacionado con la fórmula para indexar.
Una vez se emite la referida sentencia T-098 de 2005, es que el actor inicia sus acciones contra las sentencias laborales, no por la ausencia de indexación sino por el cambio jurisprudencial que supuso esa nueva posición en la Corte Constitucional, relacionada exclusivamente con la fórmula a aplicar y no con el derecho como tal.
Estimo que ese cambio de perspectiva es relevante, pues desde el punto de vista constitucional el derecho a la indexación de la primera mesada pensional permite, en ocasiones excepcionalísimas, flexibilizar algunos presupuestos de procedencia de la acción de tutela, bajo los supuestos de vulneración continua de los derechos al mínimo vital y a mantener la capacidad adquisitiva de la pensión. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando el problema jurídico que se presenta está relacionado con la aplicación de una u otra fórmula para indexar. Menos aún en las condiciones que propone el accionante en este caso (desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución), ya que las decisiones tomadas por los jueces naturales aplicaron la ley y la jurisprudencia vigente para la época en cumplimiento de la igualdad, el respeto al precedente y la seguridad jurídica.
4.3 Se omite información presente en el expediente. Por último, como lo expuse en su momento en la Sala Plena, me parecía pertinente que en este caso se indicara la fecha de la presentación de esta acción de tutela, lo cual es relevante para realizar el análisis de la temeridad y de inmediatez porque el actor alega un supuesto hecho nuevo que surgiría en el año 2012. Sin embargo, de esa fecha no se dejó constancia ni en los antecedentes ni en el caso concreto.
Dejando claro este contexto, paso a explicar por qué estimo erróneo el análisis que se efectúa sobre la temeridad en la presente acción de tutela.
Sobre el estudio de la temeridad
5. Como lo expuse en su momento a la Sala Plena, considero que en este caso sí se configuró temeridad en la presentación de esta acción de tutela por presentar identidad de peticiones y de partes, en relación con la demanda que fue fallada en 2006.
Así, según lo expresa el accionante, éste presentó dos acciones de tutela anteriores con las mismas pretensiones. La primera fue negada el 13 de febrero de 2006, debido a que no se configuraron los presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. La segunda fue rechazada de plano mediante auto del 23 de septiembre de 2013 por configurarse la temeridad. En esa segunda ocasión, el tutelante alegó que con la expedición de la SU-1073 de 2012, se generó un hecho nuevo en su caso que permitía superar la temeridad.
Según la ponencia la temeridad no puede estudiarse respecto de esta segunda acción de tutela, en tanto la misma no fue resuelta de fondo; es decir no existe cosa juzgada. En principio estoy de acuerdo con ese argumento, no obstante estimo que era pertinente adicionar que la sentencia SU-1073 de 2012 no podía constituir un hecho nuevo en este caso concreto, pues la aplicación de la fórmula de indexación que el accionante pretendía que usasen en su caso se venía dando desde 2005; es decir, a partir de la sentencia T-098 de 2005. Luego, la sentencia de 2012 no era relevante para definir el supuesto hecho nuevo.
Ahora bien, respecto de la primera acción de tutela, la ponencia usó dos argumentos para desvirtuar la ocurrencia de la temeridad, con los cuales no estoy de acuerdo:
5.1 El primer argumento fue que la vulneración al derecho a la seguridad social y al mínimo vital del accionante era continua en el tiempo por tanto era posible la presentación de una nueva acción de tutela (fundamento jurídico 8).
No estoy de acuerdo con la aplicación de esta tesis en el presente caso en tanto, como lo advertí ut supra, no se trata de proteger el derecho a la indexación de la primera mesada del actor (casos en los que esa regla aplica), sino que la controversia está circunscrita a la aplicación de una fórmula que ya se daba al momento del primer fallo de tutela en 2006. Estimo que la implementación de una u otra fórmula para indexar se da en un solo momento (cuando se accede al derecho a la indexación), por lo cual no puede hablarse de una “vulneración continua del derecho”.
5.2 El otro argumento usado en la sentencia fue que entre la presentación de la primera acción de tutela y la presente “se produjeron cambios jurisprudenciales de tal magnitud que afectaron las reglas sobre las cuales se fundaron las proferidas dentro de la proceso ordinario” (fundamento jurídico 10)
Tampoco estoy de acuerdo con ese argumento porque: i) el cambio jurisprudencial se produjo desde la sentencia SU-120 de 2003, y se consolidó con la sentencia T-098 de 2005, tal y como se establece en la parte motiva de esta providencia. ii) Es decir, al momento de la presentación de la acción de tutela de 2006 ya había una postura consolidada al interior de la jurisdicción constitucional. iii) Entre 2006 y la fecha de presentación de la presente acción no hubo ningún cambio en la jurisprudencia constitucional que habilitara la tesis sobre la ocurrencia de un hecho nuevo. Contrario a lo afirmado en la ponencia, con posterioridad a la sentencia T-098 de 2005, las reglas constitucionales han sido pacíficas y reiteradas en este punto.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que las acciones de tutela propuestas en 2006 y la actual tienen identidad de partes, de pretensiones y de hechos, y no se aporta ningún hecho nuevo relevante que permita desvirtuar la cosa juzgada, por ende, era clara la configuración de la temeridad frente a la acción presentada en 2006.
El análisis de fondo es incongruente
6. Ahora bien, frente al análisis del caso concreto realizado estimo que el mismo es incongruente y puede generar la nulidad del fallo, lo anterior por las siguientes razones:
6.1 Se dice que los jueces laborales “incurrieron en un defecto sustantivo por cuanto dieron aplicación a una fórmula matemática para la indexación pensional que no actualiza de manera real el valor de la mesas pensional y por tanto se incumple el mandato constitucional” (fundamento jurídico 47).
Frente a este punto estimo que no se analizó que la fórmula aplicada con anterioridad a la T-098 de 2005, era avalada incluso por la jurisprudencia constitucional, ¿cómo puede configurarse un defecto sustantivo, si un juez da plena aplicación a las normas y a la jurisprudencia vigente? Afirmar que se configuró un defecto sustantivo en este caso sería avalar la exigencia de un absurdo como que los jueces debían ser visionarios y entender que el parámetro de constitucionalidad iba a cambiar años después de aplicar la norma vigente.
Por ello, desde mi punto de vista, esa argumentación no sólo es falaz sino también incongruente, ya que lo lógico en nuestro sistema jurídico y lo que el régimen constitucional busca a partir de la jerarquización de los precedentes, es precisamente que un juez de menor rango aplique el precedente vigente al momento de fallar, tal y como ocurrió en este caso. La sentencia afirma exactamente lo contrario, por ello se rompe el principio de congruencia y de lógica argumentativa.
6.2 En otro acápite de esta providencia, se afirmó que los jueces debieron aplicar el principio pro operario o de favorabilidad, pues debieron escoger la interpretación más favorable (fundamento jurídico 48). El problema con esta afirmación es que en 2002, 2003 y 2004 (años en los cuales fueron emitidos los fallos atacados con esta acción de tutela), no había variedad de interpretaciones posibles debido a que la fórmula era aplicada pacíficamente en la jurisdicción laboral y constitucional. Así mismo lo reconoce el fallo del cual me aparto cuando indica que “el Banco Popular tenía la legítima expectativa de que la fórmula usada por los jueces era correcta, toda vez que hasta ese momento no existían pronunciamientos acerca de la idoneidad de la misma” (fundamento jurídico 50).
Tal y como lo expone esta misma sentencia, el cambio y la consolidación de una fórmula de indexación más favorable sólo ocurrió con la T-098 de 2005 en tanto ésta amplió la mirada a la jurisdicción contencioso administrativa y halló la necesidad de unificar un solo parámetro para todas las jurisdicciones. Sin embargo, la regla aplicada en el caso del actor no era irrazonable, caprichosa ni arbitraria, por el contrario era aceptada legal y constitucionalmente.
Por todo lo anterior, resulta incongruente afirmar que los jueces no tomaron decisiones irrazonables ni caprichosas ni ilegales, pero al mismo tiempo declarar fundado el defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-La delimitación del momento a partir del cual se reconoce el retroactivo pensional no implica declaración sobre la ocurrencia del fenómeno prescriptivo (Aclaración de voto)
La aplicación del principio pro operario es vinculante en este caso no a partir de la fecha en que se verificó un consenso en las tres Altas Cortes sobre la fórmula de indexación de la primera mesada pensional, sino desde la aceptación de la fuerza material de mandatos constitucionales, por lo menos, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.
Referencia: Expediente T-5307724
Acción de tutela instaurada por Jesús María Vargas Reyes contra el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.
Compartimos la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corporación en la sentencia SU-637 de 2016, que, en síntesis, tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del señor Jesús María Vargas Reyes (i); dejó sin efectos las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso ordinario laboral incoado por él contra el Banco Popular S.A., en lo resuelto sobre la aplicación de la fórmula de indexación de la primera mesada pensional (ii); y, ordenó al Banco Popular indexar la pensión de jubilación acudiendo para el efecto a la fórmula acogida por la Corte Constitucional en la sentencia T-098 de 2005, con efectos a partir del 13 de diciembre de 2007 (iii). No obstante, aclaramos el voto sobre esta última determinación, esto es, conceder el derecho reclamado a partir de una fecha determinada, por las razones que exponemos a continuación.
Primero – antecedentes relevantes
1. El señor Jesús María Vargas Reyes laboró al servicio del Banco Popular, en condición de trabajador oficial, del 12 de septiembre de 1966 al 1 de enero de 1993. Al cumplir el requisito de edad, 55 años, solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación a partir del 7 de septiembre de 2001 bajo el amparo de la Ley 33 de 1985 (compartida con el Instituto de Seguro Social, actualmente Colpensiones, a partir de los 60 años de edad).
La discusión sobre el derecho pensional, luego de la reclamación ante el Banco Popular, se llevó a cabo a través de proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral. En primera instancia el Juzgado Sexto Laboral de Medellín, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2002, sostuvo que el accionante ostentaba el derecho conforme a la Ley 33 de 1985, ordenando además la indexación de la primera mesada pensional con fundamento en la fórmula que venía acogiendo la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral. Contra la anterior decisión el señor Vargas Reyes incoó recurso de apelación, solicitando que la indexación se efectuara aplicando lo dispuesto en el artículo 11 inciso 1º del Decreto 1748 de 1995, que corresponde a la fórmula aplicada por el Consejo de Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 178 del anterior Código Contencioso Administrativo. El Tribunal Superior de Medellín - Sala Laboral, mediante sentencia de 10 de abril de 2003, confirmó la decisión adoptada por el A quo. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, en decisión de 27 de julio de 2004, decidió no casar lo resuelto por el Ad quem.
2. En el fallo de tutela contra las anteriores decisiones judiciales adoptado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sede de revisión, se sintetiza acertadamente la línea pacífica y uniforme que esta Corporación ha sostenido sobre el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, tanto de aquellas prestaciones adquiridas antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 como de aquellas adquiridas con posterioridad. Del mismo modo, se expuso que tradicionalmente la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral y el Consejo de Estado afirmaban la aplicación de fórmulas diferentes de la indexación de la primera mesada pensional, mientras que la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-098 de 4 de febrero de 2005[26] había acogido la del Consejo de Estado. Posteriormente, se agregó, la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral adoptó en fallo de 13 de diciembre de 2007 la fórmula expuesta por el Consejo de Estado, concluyendo que a partir de este momento las tres Altas Corporaciones llegaron a un consenso sobre el asunto.
A continuación, en la providencia SU-637 de 2016, se sostiene que aunque no se puede considerar que las decisiones judiciales proferidas en el proceso que adelantó el accionante contra el Banco Popular hayan incurrido en desconocimiento de precedente, pues para el momento en que se profirieron se ajustaban a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, sí incurrían en defecto sustantivo, pues aplicaron el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de manera desfavorable, esto es, desconociendo el principio pro operario. Al respecto, se manifestó:
“48. (…) cabe recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que los jueces incurren en un defecto sustantivo cuando al aplicar una norma vigente y constitucional, esta no es adecuada a la situación fáctica bajo estudio[21]. Esta Sala encuentra que la situación del señor Vargas encaja en el anterior supuesto, por cuanto los jueces tienen la obligación de aplicar en la mayor medida de lo posible el principio pro operario al momento de interpretar las normas laborales. Sin embargo, en las decisiones laborales cuestionadas en la acción de referencia, los despachos judiciales aplicaron el artículo 36 de la Ley 100 a través de una fórmula que daba resultados en detrimento del trabajado por lo que, si bien la fórmula aplicada no era irrazonable, sí resultó ser la menos favorable, lo cual va en contra de los mandatos constitucionales sobre la protección de los trabajadores y la garantía del derecho fundamental a la seguridad social”.
Bajo este presupuesto la Corporación destacó que teniendo en cuenta el indiscutible derecho del accionante a la indexación de su primera mesada pensional, por un lado, y la expectativa legítima del Banco Popular de que la fórmula aplicada por los jueces ordinarios de la jurisdicción laboral era la correcta, por el otro, el retroactivo pensional debía concederse a partir del 13 de diciembre de 2007, esto es, de la fecha en la que, conforme a lo expuesto en la misma decisión, se consolidó la tesis de la aplicación de la fórmula de indexación expuesta por el Consejo de Estado, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral:
“51. Debido a esto último, esta Corporación tomará el 13 de diciembre de 2007 (fecha de la sentencia de la Corte Suprema) como el momento en el cual se consolidó la posición jurisprudencial acerca de que lo más adecuado en términos de equidad y justicia material es utilizar la fórmula de indexación que más beneficie al trabajador, siendo ésta, generalmente, la definida originalmente por la jurisdicción contencioso administrativa y luego adoptada por las otras Altas Corporaciones”.
Segundo - razones de la aclaración
3. Tal como lo referimos previamente, el motivo de esta aclaración de voto recae en la decisión de limitar el reconocimiento del mayor valor pensional resultado de la aplicación de la fórmula de indexación más favorable al 13 de diciembre de 2007, fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral profirió decisión judicial acogiendo la fórmula de indexación de la primera mesada pensional en los términos del Consejo de Estado.
3.1. En una decisión anterior, en la sentencia SU-1073 de 2012[27], salvamos el voto sobre la aplicación de la prescripción trienal del mayor valor pensional resultante del reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional. Aunque en el referido caso el supuesto fáctico sobre el que se centró la Sala recayó sobre una pensión causada antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política y se decidió aplicar el fenómeno prescriptivo teniendo en cuenta como momento determinante la fecha de notificación de la decisión proferida por la Corte Constitucional, existe un elemento relevante expuesto en dicha oportunidad y que cabe reiterar nuevamente.
Ese aspecto está relacionado con la existencia de reglas específicas y especiales sobre la aplicación de la prescripción en materia laboral, en los casos de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral. Estas reglas, fijadas por el legislador en virtud de su competencia constitucional se inspiran en principios sustantivos que no pueden desconocerse, por lo que su observancia, salvo una adecuada y razonada justificación, es vinculante también para el juez constitucional en sede de tutela. Una de tales mandatos, tal como lo destacamos en el salvamento de voto a la sentencia SU-1073 de 2012, es la prohibición de declarar de oficio la extinción de derechos por el transcurso del tiempo.
La vinculación de tal regla en el caso pensional del señor Jesús María Vargas Reyes, quien desde el proceso ordinario laboral ha reclamado el derecho a que la indexación de su mesada pensional se efectúe conforme a la fórmula aplicada desde sus inicios por el Consejo de Estado y ante la inexistencia de una alegación de prescripción por parte del Banco Popular, exigía considerar la concesión del beneficio prestacional desde el mismo momento de adquisición de la pensión de jubilación, y no desde el 13 de diciembre de 2007 como lo decidió la Sala Plena de la Corporación en la sentencia SU-637 de 2016.
No obstante, aclaramos simplemente el voto en razón a que la Sala destacó en varios apartados de su motivación que la decisión de conceder el beneficio pensional a partir de tal fecha, no implicaba la declaración o un pronunciamiento sobre la ocurrencia de prescripción. Esto es, su decisión en sede de tutela no resolvió tal tópico, sino que, ponderando los intereses que se verificaron en conflicto, se adoptó la decisión que en su consideración atendía de mejor manera la justicia material. En tal sentido, se refirió por la Sala:
“50. (…) Sin embargo, como se indicó en consideraciones precedentes, debe tenerse en cuenta que con esto no se pretende establecer una regla de prescripción de mesadas, en tanto que la jurisprudencia constitucional ha afirmado que para pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y en las cuales la prescripción no fue alegada dentro del proceso ordinario por alguna de las partes, la Corte no tiene competencia para declarar de oficio dicha prescripción…
58. Se aclara, entonces, que en esta oportunidad la Sala no se ha pronunciado sobre la prescripción de mesadas pensionales en tanto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia en múltiples oportunidades, la Corte no tiene competencia para pronunciarse de oficio sobre este tema en lo referente a pensiones causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 sino que únicamente se ha tomado una determinación acerca del momento a partir del cual debe pagarse el retroactivo pensional”.
Así entonces, la delimitación del momento a partir del cual se reconoce el retroactivo pensional no implica declaración sobre la ocurrencia del fenómeno prescriptivo, este aspecto no fue objeto concreto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.
3.2. Tal claridad es, además, necesaria y coherente con el defecto sustantivo que la Sala encontró en las providencias judiciales cuestionadas por vía de tutela, y que viabilizó la concesión del amparo invocado. Así, la aplicación del principio pro operario es vinculante en este caso no a partir de la fecha en que se verificó un consenso en las tres Altas Cortes sobre la fórmula de indexación de la primera mesada pensional, sino desde la aceptación de la fuerza material de mandatos constitucionales, por lo menos, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y TERMINO DE PRESCRIPCION-Reglas, según sentencia SU1073/12 para pensiones reconocidas con anterioridad a la Constitución de 1991(Salvamento parcial de voto)
A mi juicio, en futuras decisiones sobre el tema dicha prescripción deberá contabilizarse a partir de la fecha en que las mismas se profieran, a efectos de evitar que quienes se demoren en ejercer la acción reclamando el derecho indexatorio resulten mayormente privilegiados respecto de quienes lo hagan con antelación o prontitud, lo cual resultaría contradictorio desde el punto de vista económico pues aquellos injustificadamente, recibirían más dinero que estos.
Referencia: Referencia: expediente T-5.307.724. Acción de tutela interpuesta por Jesús María Vargas Reyes contra el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala Laboral, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular S.A.
Respetuosamente, estimo imperioso expresar la razón de ser de mi discrepancia parcial, que se sintetiza en que, a mi juicio, no procedía la orden de dejar sin efecto los fallos de los jueces laborales, como tampoco ordenar el pago del mayor valor y los montos actualizados desde el 13 de diciembre de 2007, por cuanto estimaron que la actualización de la mesada pensional a que tenía derecho el actor, solo debía aplicarse respecto de los tres años anteriores a esta sentencia, conforme lo ha señalado la Corte en sentencias anteriores.
Así mismo, en su momento, he dejado sentando mi postura, sobre el tema de la prescripción cuando se aplica la indexación de la primera mesada pensional, en los salvamentos y aclaraciones que expuse en las providencias SU-1073 de 2012, SU-542 y Auto 111 de 2016, respecto a lo que en mismas, se resolvió, con base en las consideraciones que seguidamente se transcriben:
"La decisión de mayoría al momento de aplicar la prescripción a las mesadas pensiónales reconocidas en razón a la sustitución pensional a la que la actora tuvo derecho, debió tener en cuenta que al contar el término desde el momento que se reclama la indexación, se pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema pensional, alterando la posibilidad de pagar otras pensiones reconocidas a cargo del Estado y por ende, afectando el principio de progresividad y el acceso a las pensiones de todos los Colombianos.
Este tópico fue dilucidado en la sentencia SU-1073 de 2012, en el sentido de que acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación, como es sólo "a través de [la sentencia SU-1073 de 2012] que la Corte Constitucional consolida la jurisprudencia" a este respecto, en dicha sentencia se adoptó una decisión consultando el principio de sostenibilidad fiscal, al considerar que, ordenar el pago retroactivo de la indexación desde la fecha en que se presentó la primera reclamación, pondría en riesgo la estabilidad del Sistema General de Pensiones. Por lo anterior, esta Corte realizó una interpretación orientada a equilibrar los intereses en pugna teniendo en cuenta que "la certeza del derecho es el momento a partir del cual se debe determinar el término de la prescripción", de modo que "pese al carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de esta decisión de unificación [sentencia SU-1073 de 2012] se genere un derecho cierto y exigible ". Regla que, de acuerdo con la citada sentencia es aplicable únicamente a las pensiones causadas con anterioridad a la Constitución de 1991[28]'.
En la sentencia SU-1073 de 2012 tuve la oportunidad de destacar en la disidencia que expuse que se debe distinguir que para algunos de estos casos no resultan aplicables las normas generales contenidas en los artículos 151 y 448 del Código Sustantivo del Trabajo, en materia de prescripción, por cuanto, este término la interrumpe "por una sola vez" y la misma no puede contabilizarse de forma indefinida, es decir, estas normas ya operaron desde la solicitud escrita del trabajador presentada ante el empleador y/o desde la presentación de la demanda laboral, pero en el trámite surtido y agotado ante la jurisdicción ordinaria, en la cual, las resultas de las sentencias fueron la negación del derecho laboral y constitucional a la indexación de la primera mesada pensional.
[1] Sentencia T-1215 de 2003, M.P. Clara Inés Hernández.
[2] Ver Sentencias T-206 de 2014, M.P. Nilson Pinilla. También las sentencias T-145 de 1995, T-308 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003, T-721 de 2003, T-148 de 2005, T-458 de 2003, T-919/03, T-707/03 y SU-388 de 2005, entre otras.
[3] En principio, esta interpretación encuentra su origen en lo establecido por la misma sentencia C- 543, en el sentido de que “no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente”, con lo cual se debe entender que la tutela es procedente en casos excepcionales, como efectivamente lo ha hecho esta Corporación (Véase también Auto No. 010 de 1993, M. P. Jorge Arango Mejía).
[4] El concepto de “vía de hecho” fue definido tempranamente por la jurisprudencia constitucional como “Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona” (Sentencia T – 079 de 26 de febrero de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñóz). En el mismo sentido, ver Sentencias T - 433 de 1993, M. P. Fabio Morón Díaz y T – 158 de 26 de abril de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[5] M.P. Eduardo Cifuentes Muñóz.
[6] Ver, por ejemplo, Sentencia T – 323 de 2014, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[7] Cabe anotar que los antecedentes inmediatos de esta Sentencia se encuentran en las Sentencias T- 441 de 29 de mayo de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett; T – 606 de 17 de junio de 2004, M. P. Rodrigo Uprimmy Yepes y T – 608 de 17 de junio de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
[8] Sentencia T – 217 de 17 de abril de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. Ver también Sentencias C – 590 de 8 de junio de 2005, M. P. Jaime Córdoba Treviño y SU – 913 de 11 de diciembre de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[9] Sentencia T – 217 de 17 de abril de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. Estas causales fueron desarrolladas extensamente en la ya citada Sentencia C – 590 de 8 de junio de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[10] Sentencia T-184 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza. En el mismo sentido, ver Sentencias T-534 de 2001; T-1016 de 2001, T-620 de 2002, T-634 de 2002, T-1022 de 2002, T-447 de 2006, T-483 de 2010, T-362 de 2010, T-1325 de 2005, T-494 de 2006, T-158 de 2006, T-234 de 2011 y T-526 de 2010, entre otras.
[11] Al respecto, ver Sentencias T-425 de 2009, T-014 y T-855 de 2008.
[12] Ver, en ese sentido, Sentencia T-697 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao, entre otras.
[14] Sentencia T-374 de 2012, M.P. María Victoria Calle.
[15] Al respecto, ver Sentencias T-457 de 2009, T-141 de 2009, T-908 de 2008, T-014 de 2008 y T-696 de 2007.
[16] Ver las ya citadas Sentencias T-374 de 2012 y T-697 de 2010.
[17] Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Rad. 13336 de 6 de Julio de 2000, entre varias otras, incluyendo la Sentencia atacada por la acción de tutela de referencia: Rad. 21907 de 27 de julio de 2004.
[18] Concretamente, según lo dispuesto por el Consejo de Estado en Sentencias 25000 23 25 0001999 6877 01 y 25000 23 25 000 1998 4042 01 M.P.: Dr. Ana Margarita Olaya Forero. Cfr. Sentencia T-098 de 2005, Corte Constitucional.
[19] Cabe resaltar que las diferentes Salas de la Corte Constitucional, desde 2005 en adelante, han aplicado de manera consuetudinaria, persistente y pacífica la fórmula definida por la Sentencia T-098 de 2005, como puede observarse en las Sentencias T-425 de 2007, T-815 de 2007, T-1059 de 2007, T-311 de 2008, T-908 de 2008, T-366 de 2009, T-425 de 2009, T-629 de 2009, T-076 de 2010, T-361 de 2011, SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013 y SU-415 de 2015, entre muchas otras.
[20] Recuérdese que el “índice final” equivale al IPC vigente a la fecha del reconocimiento de la pensión (7 de septiembre de 2001 para el caso del accionante) mientras que el “índice inicial” es el IPC vigente en la fecha de retiro del trabajador (es decir, 1 de enero de 1993 en este caso). Los índices utilizados se consideran hechos notorios y fueron obtenidos del registro histórico que conserva el Banco de la República. Este registro puede ser consultado en www.banrep.gov.co/es/ipc.
[21] Así por ejemplo, ver Sentencia SU – 918 de 2013.
[22] Cfr. Sentencias T-901 de 2010, T-374 de 2012 y SU – 1073 de 2012. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo señala que el juez tiene la facultad de resolver de oficio sobre la excepción de prescripción extintiva, esta norma sólo aplica para procedimientos contencioso administrativos y no para conflictos laborales privados, como lo es el caso bajo estudio.
[23] Sentencia T-266 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[24] Fundamentos 8 y 10 de esta sentencia.
[25] Fundamento 46 de esta sentencia.
[26] MP Jaime Araujo Rentería (unánime).
[27] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alexei Egor Julio Estrada y Nilson Pinilla Pinilla; y, SPV María Victoria Calle Correa.
[28] Sentencia SU-131 de 2013.

References: artículo 11
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 61
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 178
e contrario
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 11
 artículo 178
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 180