Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810383.html
Timestamp: 2019-11-20 20:39:22+00:00

Document:
as201810383
AUTO SUPREMO Nº 383/2018-RA
Parte Imputada : Luís Fernando Gutiérrez Lobo y otros
Por memorial presentado el 27 de octubre de 2017, que cursa de fs. 2906 a 2913 vta., Luis Fernando Gutiérrez Lobo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 64 de 6 de septiembre de 2017, de fs. 2808 a 2812 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Beiby Luz, Eidy Carmiña ambas de apellidos Vásquez Ferrufino y Amalia Ferrufino Ochoa contra Wenceslao Adolfo Gonzales Rojas, Mary Lenny Eguez Lobo y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 13/2017 de 3 de abril (fs. 2535 a 2560 vta.), el Tribunal Décimo Segundo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Luis Fernando Gutiérrez Lobo, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 1), 2) y 3) del CP, ya que la prueba de cargo no fue suficiente, dejando sin efecto todas las medidas cautelares de carácter personal impuestas en su contra, manteniendo únicamente la medida cautelar del arraigo; asimismo, no existe pronunciamiento respecto a Wenceslao Adolfo Gonzales Rojas y Mary Lenny Eguez Lobo por haber sido declarados prófugo y rebeldes. Por otra parte fue complementada y enmendada la solicitud del imputado mediante Resolución 44/2017 de 10 de abril (fs. 2565 y vta.).
Contra la referida Sentencia, el Ministerio Público (fs. 2568 a 2570 vta.) y las acusadoras particulares Beiby Luz, Eidy Carmiña ambas de apellidos Vásquez Ferrufino y Amalia Ferrufino Ochoa (fs. 2734 a 2748 vta.), y adhesión a la misma por parte de Ana Paola García Villagómez y Leslie Diana Cedeño Vargas en su condición de abogadas de la Casa de la Mujer (fs. 2750 y vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 64 de 6 de septiembre de 2017, que declaró admisibles y procedentes los recursos planteados, así como la adhesión; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo el reenvío del expediente ante otro Tribunal de Sentencia llamado por ley.
Por diligencia de 24 de octubre de 2017 (fs. 2815), fue notificado el recurrente, con el referido Auto de Vista; y, el 27 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.
El recurrente citando los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013 de 14 de febrero, que estarían relacionados con la prohibición de revalorización de pruebas; 369/2012 de 5 de diciembre, relacionado al principio in dubio pro reo; 65/2012-RA de 16 de abril, “73/2013-RRS” de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio vinculados con la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en vicios de nulidad y atentando contra el principio de legalidad y debido proceso; por cuanto: i) En su encabezado consignó como miembros integrantes de la Sala Penal Tercera a los Vocales Zenón Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa; sin embargo, aparecen firmando la Resolución recurrida los Vocales Hugo Juan Iquise Saca y Sigfrido Soleto Gualo, sin explicación alguna del por qué se excluyó al Vocal Zenón Rodríguez Zeballos, y se incluyó al Vocal de la Sala Penal Primera Dr. Juan Iquise Saca; aspecto no aclarado, que vicia de nulidad porque atenta el principio de legalidad y el debido proceso, en su vertiente de la debida fundamentación por el Juez natural; ii) Con el único propósito de favorecer a las apelantes, dolosamente omitió revisar si los recursos de apelación, fueron interpuestos dentro del término que prevé el art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y si cumplieron con los requisitos exigidos por el art. 407 de la citada norma procesal penal, puesto que, leída de forma íntegra la Sentencia el 3 de abril de 2017, quedaron notificadas las partes, interponiéndose recurso de complementación y enmienda que dio lugar al Auto complementario 44/2017 de 10 de abril, que suspendió el plazo para interponer los recursos de apelación restringida; no obstante, el Ministerio Público y la parte civil interpusieron sus recursos cuando el plazo estaba suspendido, ya que, saliendo la notificación al Ministerio Público con el Auto Complementario el 26 de abril de 2017, recién empezó a correr el plazo para interponer apelación contra la Sentencia; sin embargo, el Ministerio Público, ni la parte civil presentaron recurso alguno, ni se ratificaron en sus recursos, resultando inadmisibles, aspecto que hizo notar en su escrito de contestación y oralmente a tiempo de fundamentación; empero, el Auto de Vista recurrido no se pronunció, lo que hace que sea ilegal, inconstitucional, arbitrario e incongruente; y, iii) Sólo se refiere y anula la Sentencia y no así al Auto Complementario 44/2017 de 10 de abril, lo que evidencia que dejó incólume dicho Auto Complementario, resultando el Auto de Vista recurrido ilegal, inconstitucional, arbitrario e incongruente.
Por otra parte reclama que el Auto de Vista recurrido anuló la Sentencia incurriendo en una ilegal revalorización de la prueba; al respecto identifica los argumentos que incurriría en el defecto reclamado: i) Parte final del segundo considerando “el Ministerio Público y las querellantes piden que se anule que se ANULE TOTALMENTE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA”; aspecto que no fue solicitado por el Ministerio Público, que lo único que solicitó fue que se revoque la Sentencia, realizando el Auto de Vista recurrido concesiones “ultrapurista”, dejando de lado el principio de pertinencia, que resulta contrario al Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017; ii) Séptimo Considerando “que el tribunal no ha tenido en cuenta la circunstancias en que ocurrieron los hechos violentos, lo que motivo que el acusado sea absuelto del delito de Asesinato”, evidenciando que el Tribunal de alzada revalorizó la prueba testifical y documental al tratar de desconocer la relación circunstanciada de los hechos que se encuentran expresados en la Sentencia, que tomó en cuenta los fundamentos de las acusaciones pública y particular, los fundamentos de la defensa y las pruebas producidas durante el juicio; iii) “el tribunal si bien hace una relación de los hechos, sin embargo no es suficiente ni precisa para cumplir con lo que previene el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, pues debió profundizar y verificar cual habría sido la conducta desplegada por el acusado para llegar a comprobar si este fue el autor de la muerte de Evelin Vasquez Ferrufino”; argumento, que no observó que en el proceso se demostró que su persona llegó a su domicilio y encontró a su esposa ya fallecida en compañía de Wenceslao Adolfo Gonzales Rojas a quien le reclamó qué hacía en el cuarto de su esposa, éste le indico que su esposa se había querido suicidar porque él no llegaba, entonces, la idea del suicidio aparece por lo manifestado por Wenceslao Adolfo Gonzales Rojas, toda vez, que su persona no se encontraba presente en el momento que se victimó a su esposa, aspectos que se encontraron plenamente demostrados; incurriendo el Tribunal de alzada en revalorización de la prueba y de los hechos, no considerando los Autos Supremos 65/2012-RA de 18 de abril, “073/2013-RRS” de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, que estarían relacionados a la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica; ya que, la Sentencia presentó todos los requisitos a la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica; no obstante, el Tribunal de alzada arguyó que no se cumplió los arts. 124, 173, 360 incs. 2) y 3), 363 y 365 del CPP, cuando la Sentencia cumplió a cabalidad con todos los requisitos expresados en los artículos citados, ni existió ninguna contravención a los incisos del art. 370 de la citada Ley procesal penal: iv) “esos son los hechos que fueron tomados en cuenta por este tribunal 12 de sentencia en lo penal sin embargo es totalmente contradictorio con lo que resuelve al absolver al imputado Luis Fernando Gutiérrez Lobo en aplicación del Art. 363 del Código de Procedimiento Penal., en este caso el tribunal adquo está pretendiendo inculpar subjetivamente a los dos acusados prófugos rebeldes a sabiendas de que por su ausencia no pueden asumir su defensa en juicio oral mientras no sean aprehendidos”; que además de evidenciarse la revalorización, no resulta cierto que la Sentencia sea contradictoria, ya que, a tiempo de efectuar la valoración de la prueba actuó correctamente, no probándose su participación ni su autoría en el hecho juzgado, habiendo aclarado el Tribunal de Sentencia, que respecto a los otros coimputados, no existía pronunciamiento, ya que, se encontraban prófugos y rebeldes, por lo que no resulta evidente que se haya pretendido Sentencias subjetivamente a los declarados rebeldes, lo que evidencia, una revalorización de la prueba resultando contrario a los Autos Supremos 65/2012-RA de 18 de abril, “073/2013-RRS” de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio; v) En el mismo considerando indicó “no se ha detallado ni realizado una valoración íntegra de los testigos de cargo, en especial el policía asignado al caso Dorian Frontanilla”; sin embargo, afirma que Dorian Frontanilla no era el asignado al caso y nunca lo fue; cambiando el Tribunal de alzada deliberadamente las declaraciones de los testigos como de los lugares donde sucedieron los hechos, ya que, cuando él llegó gritando fue cuando su persona trasladaba a su esposa a la Caja Nacional, momento en el que recién tomó contacto con el policía Dorian Frontanilla de la Caja, no resultando lo mismo alegar que salió de su cuarto, a decir que llegó a la emergencia de la Caja Nacional, lo que evidenciaría que se revalorizó las declaraciones testificales de Alenka Tamara Suarez Eguez y Eidi Carmiña Vásquez Ferrufino, cuando ninguna alegó que hubiesen visto arañazos en su persona, coincidiendo el policía Dorian Frontanilla y los otros testigos al señalar, que su persona no tenía ni un solo arañazo, incurriendo el Tribunal de alzada en contradicción a los Autos Supremos 65/2012-RA de 19 de abril, “073/2013-RRS” de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, ya que no se puede revalorizar la prueba testifical; vi) No resulta evidente lo manifestado en el séptimo considerando, puesto que, la Sentencia se encuentra sustentada en hechos correctamente valorados no incurriendo en contradicciones entre su parte considerativa y dispositiva, puesto que, se probó que la muerte de Evelín Vásquez Ferrufino fue violenta por lo que la conducta de los autores se enmarcaría en el delito de Asesinato; sin embargo, no se probó que su persona sea el autor de la muerte, sino que por el contrario se demostró su inocencia, pues no se tuvo como hecho probado para el Tribunal de Sentencia que su persona tenga arañazos en su brazo como alegó el Tribunal de alzada, incurriendo en una revalorización contrario a los Autos Supremos 65/2012-RA de 19 de abril, “073/2013-RRS” de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio; vii) “Las declaraciones de Pablor Flor Hernandez, Mar Y Leny Eguez Lobo y Wenceslao Adolfo Gonzáles Rojas, han sido introducidos al juicio oral sin cumplir las exigencias del Art. 333 del Código de Pr. Penal y que violan los principios de inmediación y de oralidad que establece el Art. 90 y 169 Inc. 3 del Citado Procedimiento Penal, esas declaraciones no han sido recibidas inicialmente por el Ministerio Público inicialmente…. Por tal motivo son consideradas como pruebas ilegalmente obtenidas y no merecerían ser insertadas al juicio oral, incurriendo así en el defecto de la sentencia previsto en el art. 370 Inc. 4 del citado Procedimiento Penal”; sin embargo, las referidas pruebas fueron recibidas por el Ministerio Público; asimismo, ofrecidas por el mismo ente y la parte civil y judicializadas a solicitud de ellos, por lo que ninguna de las partes presentó objeción ni solicitó su exclusión probatoria, entonces mal podría fundar el Ministerio Público y la parte civil un recurso de apelación en base a la ilegalidad de sus propias pruebas, evidenciándose que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización de la prueba documental, contrario a los Autos Supremos 65/2012-RA de 19 de abril, “073/2013-RRS” de 19 de marzo y 2015/2013 de 12 de junio.
Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 34/2013-RRC de 14 de febrero que afirma, están relacionados con la prohibición de revalorización de la prueba por parte del Tribunal de alzada; 369/2012 de 5 de diciembre vinculado, a la duda razonable bajo el principio del in dubio pro reo, y 65/2012/2012-RA de 16 de abril, 73/2013-RRC de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, que estarían vinculados con la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, asevera, que la revalorización de la prueba en la que incurrió el Tribunal de alzada le ocasionó una lesión a su derecho al debido proceso, vinculada al principio de legalidad, inmediación, seguridad jurídica y contradicción, además vulneró, sus derechos de acceso a la justicia y seguridad jurídica.
En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 24 de octubre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 27 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
Respecto al primer motivo, donde el recurrente reclama, que el Auto de Vista recurrido incurrió en vicios de nulidad y atentado contra el principio de legalidad y debido proceso; por cuanto: i) Consignó como miembros integrantes de la Sala Penal Tercera a los Vocales Zenón Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa; sin embargo, aparecen firmando los Vocales Hugo Juan Iquise Saca y Sigfrido Soleto Gualo, sin explicación alguna del por qué se excluyó al Vocal Zenón Rodríguez Zeballos, y se incluyó al Vocal de la Sala Penal Primera Dr. Juan Iquise Saca; aspecto que atenta el principio de legalidad y el debido proceso, en su vertiente de la debida fundamentación por el Juez natural; ii) Dolosamente omitió revisar si los recursos de apelación, fueron interpuestos dentro de las exigencias previstas por los arts. 408 y 407 del CPP, no observando que el Ministerio Público y la parte civil interpusieron sus recursos cuando el plazo estaba suspendido, ya que, saliendo la notificación a las partes con el Auto Complementario a la Sentencia el 26 de abril de 2017, recién empezó a correr el plazo para interponer apelación; sin embargo, el Ministerio Público, ni la parte civil presentaron recurso alguno, ni se ratificaron en sus recursos, por lo que resultaban inadmisibles, lo que hizo notar en su escrito de contestación y oralmente a tiempo de fundamentación; empero, el Auto de Vista recurrido no se pronunció, lo que hace que sea ilegal, inconstitucional, arbitrario e incongruente; y, iii) Solo se refiere y anula la Sentencia dejando incólume el Auto Complementario.
Sobre este reclamo si bien el recurrente al inicio de su motivo cita los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013 de 14 de febrero, afirmando que estarían relacionados con la prohibición de revalorización de pruebas; 369/2012 de 5 de diciembre relacionado al principio in dubio pro reo; 65/2012-RA de 16 de abril, “73/2013-RRS” de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, vinculados con la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica; no obstante, no se observa el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar y señalar a qué se referirían los Autos Supremos invocados; sino, corresponde al recurrente explicar, por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.
De lo anterior, se establece que el motivo sujeto a examen, no cumplió con los requisitos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, establecidos y explicados por este Tribunal en el acápite anterior de la presente Resolución; consecuentemente, deviene en inadmisible.
En cuanto, al segundo motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en revalorización de la prueba; en cuyo efecto, identifica los argumentos que incurrirían en el defecto reclamado: i) parte final del segundo considerando “el Ministerio Público y las querellantes piden que se anule que se ANULE TOTALMENTE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA”; aspecto que no fue solicitado por el Ministerio Público, realizando el Auto de Vista recurrido concesiones “ultrapurista”, dejando de lado el principio de pertinencia; ii) “que el tribunal no ha tenido en cuenta la circunstancias en que ocurrieron los hechos violentos, lo que motivo que el acusado sea absuelto del delito de Asesinato”, que trata de desconocer la relación circunstanciada de los hechos que se encuentran expresados en la Sentencia; iii) “el tribunal si bien hace una relación de los hechos, sin embargo no es suficiente ni precisa para cumplir con lo que previene el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, pues debió profundizar y verificar cual habría sido la conducta desplegada por el acusado para llegar a comprobar si este fue el autor de la muerte de Evelin Vasquez Ferrufino”; argumento, que no observó que en el proceso se demostró que su persona no se encontraba presente en el momento que se victimó a su esposa, contando la Sentencia con la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica; y cumpliendo con los arts. 124, 173, 360 incs. 2) y 3), 363 y 365 del CPP; iv) “esos son los hechos que fueron tomados en cuenta por este tribunal 12 de sentencia en lo penal sin embargo es totalmente contradictorio con lo que resuelve al absolver al imputado Luis Fernando Gutiérrez Lobo en aplicación del Art. 363 del Código de Procedimiento Penal., en este caso el tribunal adquo está pretendiendo inculpar subjetivamente a los dos acusados prófugos rebeldes a sabiendas de que por su ausencia no pueden asumir su defensa en juicio oral mientras no sean aprehendidos”; lo que no resulta cierto, puesto que, no se probó su participación ni su autoría en el hecho juzgado, aclarando el Tribunal de Sentencia, que respecto a los otros coimputados, no existía pronunciamiento, ya que, se encontraban prófugos y rebeldes; v) “no se ha detallado ni realizado una valoración íntegra de los testigos de cargo, en especial el policía asignado al caso Dorian Frontanilla”; sin embargo, afirma que Dorian Frontanilla no era el asignado al caso y nunca lo fue; cambiando el Tribunal de alzada las declaraciones de Alenka Tamara Suarez Eguez y Eidi Carmiña Vásquez Ferrufino, cuando ninguna alegó que hubiesen visto arañazos en su persona; vi) No resulta evidente lo manifestado en el séptimo considerando, puesto que, la Sentencia se encuentra sustentada en hechos correctamente valorados no incurriendo en contradicciones entre su parte considerativa y dispositiva; vii) “Las declaraciones de Pablor Flor Hernandez, Mar Y Leny Eguez Lobo y Wenceslao Adolfo Gonzáles Rojas, han sido introducidos al juicio oral sin cumplir las exigencias del Art. 333 del Código de Pr. Penal y que violan los principios de inmediación y de oralidad que establece el Art. 90 y 169 Inc. 3 del Citado Procedimiento Penal, esas declaraciones no han sido recibidas inicialmente por el Ministerio Público inicialmente…. Por tal motivo son consideradas como pruebas ilegalmente obtenidas y no merecerían ser insertadas al juicio oral, incurriendo así en el defecto de la sentencia previsto en el art. 370 Inc. 4 del citado Procedimiento Penal”; pruebas que fueron recibidas por el Ministerio Público; asimismo, ofrecidas por el mismo ente y la parte civil y judicializadas a solicitud de ellos, evidenciándose que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización de la prueba documental.
Al respecto, el recurrente invocó los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 34/2013-RRC de 14 de febrero, que estarían referidos a la prohibición de revalorización de la prueba por parte del Tribunal de alzada; 65/2012/2012-RA de 16 de abril, 73/2013-RRC de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, que establecerían que la Sentencia debe contener la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica; alegando el recurrente que el Tribunal de alzada incurriría en contradicción con dichos precedentes; toda vez, que anuló la Sentencia revalorizando las pruebas, lo que le ocasionó lesión a su derecho al debido proceso, vinculado al principio de legalidad, inmediación, seguridad jurídica y contradicción, vulnerándose además sus derechos de acceso a la justicia y seguridad jurídica; en la argumentación de este motivo, el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados, en tal sentido, cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que deviene en admisible.
Respecto a la invocación del Auto Supremo 369/2012 de 5 de diciembre, no será considerado en el análisis de fondo, toda vez, que resolvió un recurso de casación que en el fondo fue declarado infundado; en consecuencia, no contiene doctrina legal aplicable.
Finalmente con relación a la cita del Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, tampoco será considerado en el análisis de fondo del presente motivo; puesto que, el recurrente tenía la carga de adjuntar dicho precedente; además de acreditar que se encuentra ejecutoriado; es decir, que no fue dejado sin efecto mediante la formulación de algún recurso de casación, aspecto que no ocurrió.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto Luis Fernando Gutiérrez Lobo, cursante de fs. 2906 a 2913 vta.; únicamente para el análisis del segundo motivo identificado; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

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in dubio
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