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Timestamp: 2018-06-22 15:18:12+00:00

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BdJ n.º 17/17 – Jurisprudencia Actualizada CIVIL (04/09/2017) – Boletín Digital Judicial
BdJ n.º 17/17 – Jurisprudencia Actualizada CIVIL (04/09/2017)
Bdj–n.° 17 / SEPTIEMBRE 17
Desde Boletín Digital Judicial les acercamos una serie de resoluciones de los tribunales de la provincia, vinculadas a temas relevantes de Derecho Civil. En el diseño de la presente edición se destacan los aportes de los redactores Tatiana Sbriccoli, María Julieta Trejo, Carolina Pantaleo, Nicolás Alberto Simón, y de las supervisoras Sandra Cuneo y Carolina del Valle Comba quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora Constanza Scotto. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.
Autos: “R., L.A. c/ L., C.V. – Desalojo”.
Resolución: Sentencia n.° 28.
Jueces: Augusto Gabriel Cammisa y L. Horacio Coppari.
Análisis documental: Constanza Scotto (tutora).
El actor impetró demanda de desalojo invocando la resolución del contrato por el cual la demandada, concubina y madre de sus hijos, accedió a la posesión del inmueble, en el cual funcionaba un negocio que ella explotaba en procura de su propio sustento y el de los niños. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda. Apelada la resolución, la cámara se pronunció estableciendo que la vía de desalojo resultaba pertinente, toda vez que la accionada ya no tenía título que la habilitara a continuar en la posesión (arts. 1204, tercer párr. y 2462, inc. 4 del Código Civil). Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la normativa de género y niñez implicadas en la causa, la alzada limitó los efectos de la sentencia de desalojo.
RESOLUCIÓN DE CONTRATO: PACTO COMISORIO EXPRESO. Efectos.
Si las partes han acordado el pacto comisorio expreso, los efectos resolutorios se producen extrajudicialmente, desde que una de ellas comunica su voluntad. En tal supuesto, cualquier discusión referida a la configuración de sus presupuestos de procedencia debe ser planteada -ulteriormente- por el deudor interpelado, en el marco de un proceso judicial. En consecuencia, el contratante disconforme que pretende impugnar el incumplimiento que se le endilga, debe acudir a la vía judicial a los fines de lograr la revisión de la resolución operada extrajudicialmente.
DESALOJO. RESOLUCIÓN DE CONTRATO. Compraventa. Procedencia.
La vía de desalojo resulta pertinente para lograr la desocupación de quien ostenta la tenencia del inmueble sin causa alguna que la justifique (art. 2462, inc. 4, CC). En ese marco, es procedente el desahucio si el actor acredita la resolución extrajudicial del contrato por el cual la demandada accedió a la posesión de la propiedad (en virtud de haber operado el pacto comisorio expreso ante el incumplimiento del régimen de pagos concertado) y esta última parte no demuestra, al menos en forma verosímil, que el título no ha sido resuelto o que la cuestión desborda los valladares propios del trámite incoado.
DESALOJO. CONCUBINO. Normativa constitucional: Género y niñez. Limitación de los efectos de la sentencia. ROL Y PODERES DEL JUEZ CIVIL. Principio de efectividad.
Frente al reclamo de derechos civiles que emergen del contrato que vinculó al actor con la demandada, madre de sus hijos, por el cual aquél pretende el desahucio del inmueble donde esta última explota un negocio, lo que a su vez, provocará una aminoración en sus ingresos con los cuales sostiene a los niños del propio demandante; el tribunal no puede obviar la cuestión de corte familiar involucrada y la implicancia de la normativa de género y niñez (Ley n.° 26485; arts. 455, 658 y 659, CCC; Ley n.° 26061; art. 75 inc. 22, CN; art. 30, DADH; y arts. 18 y 27, CDN). Es que no puede concederse el derecho civil invocado sin atender a los derechos de raigambre familiar y de estirpe constitucional que atañen a la subsistencia de los niños. El principio de efectividad impone al juzgador asumir medidas concretas (arts. 4, CDN; 29, Ley n.° 26061; y 75 inc. 23, CN). Por ello, resulta razonable disponer que, una vez firme la resolución que hace lugar al desalojo, pueda ser condicionada por las medidas cautelares que la madre de los niños peticione en el proceso de familia -en aras de asegurar su subsistencia-, dentro de un plazo que determine el tribunal. Esto sin perjuicio de que, expirado el término sin actividad alguna y ante el eventual lanzamiento, se deba observar lo dispuesto por los arts. 3, ap. seg. y 27 de la CDN, y el Ac. Reg. n.° 2, serie B, del 15/2/2000.
Dependencia: Tribunal Superior de Justicia (Sala Civil y Comercial).
Autos: “Casas, René Facundo y otro c/ Municipalidad de Córdoba y otros – Ordinario – Daños y Perjuicios – Mala Praxis – Recurso de Casación”, expediente n° 176074/36.
Resolución: Auto interlocutorio n° 50.
Fecha: 25/4/2017.
Jueces: Carlos Francisco García Allocco, María Marta Cáceres de Bollati y Domingo Juan Sesín.
Análisis documental: Tatiana Sbriccoli (redactora), Sandra Cuneo (supervisora) y Constanza Scotto (tutora).
La codemandada apeló una providencia recaída en el cuadernillo de pruebas de la actora. Luego de concedido el recurso, sobrevino un tiempo de inactividad que se prolongó durante más de tres años, hasta que la misma parte recurrente acusó la perención de la instancia en el expediente principal. Dicho pedido fue rechazado por el juez de primera instancia. Apelado este pronunciamiento, la cámara revocó la decisión del a quo y declaró la perención de la instancia principal. Esta resolución fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia.
PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. CÓMPUTO. Instancia principal. SUSPENSIÓN DEL PLAZO: Promoción de incidentes o recursos suspensivos. Carga de impulso: Incumplimiento: Reanudación del plazo suspendido.
Frente a la articulación de incidentes -o recursos- que suspenden el curso del principal, cesa para el actor la carga del impulso procesal mientras el proceso está suspendido, pero no cesa la carga de remover el obstáculo que lo suspende pidiendo la caducidad del incidente en cuanto se encuentre en condiciones legales de hacerlo. De lo contrario, a partir de ese momento, vuelve a continuar el curso del plazo de perención suspendido. Esta es la solución que insinúa el art. 340 del CPCC cuando condiciona la suspensión dispuesta por el juez a que la reanudación del trámite no esté supeditada “a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso”. El actor o recurrente que tiene la posibilidad de concluir con el incidente suspensivo mediante la caducidad de instancia, está en condiciones de impulsar el proceso principal y, por tanto, su actitud pasiva carece de justificación y genera la presunción de desinterés en que se sustenta el instituto de la caducidad de instancia. Al mismo tiempo, esa solución se ajusta al interés público en la conclusión del litigio, que es la otra “ratio legis” de la caducidad.
Autos: “Distefano, Natalia Vanesa c/ D.C.E. SA (Desarrollo Comercial & Emprendimientos Sociedad Anónima) y otro – Ordinario – Daños y perjuicios – Otras formas de responsabilidad extracontractual”, expediente n.° 5949535.
Resolución: Sentencia n.° 59.
Jueces: José Manuel Diaz Reyna, Héctor Hugo Liendo y Graciela M. Junyent Bas.
Análisis documental: Nicolás Alberto Simón (redactor) y Constanza Scotto (tutora).
La jueza de primera instancia admitió, parcialmente, la pretensión resarcitoria entablada por la actora con motivo de su caída y consecuente quebradura de muñeca, ocurrida en la vereda que se encontraba en deficitario estado de conservación y señalización. La condena se impuso tanto a la propietaria fiduciaria del inmueble frentista como a la municipalidad del lugar del hecho. Apelado este pronunciamiento, la cámara rechazó las impugnaciones de las demandadas e hizo lugar al recurso de apelación adhesivo intentado por la actora, quien se agravió de la suma de dinero reconocida -en primera instancia- en concepto de reparación del daño moral sufrido.
RESPONSABILIDAD CIVIL. Caída en vereda. RIESGO O VICIO DE LA COSA. FIDEICOMISO. Dominio fiduciario. Responsabilidad objetiva. Código Civil y Comercial. Seguro de responsabilidad civil.
La empresa demandada en el carácter de dueña del inmueble y responsable de la vereda que causó el daño debe responder objetivamente por el vicio de la cosa (art. 1113, CC), aunque a la fecha de producción del accidente tuviera un dominio temporario en calidad de fiduciaria. En este orden, el art. 1685 del CCC mantiene la responsabilidad objetiva del fiduciario, determinando la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Asimismo, dispone que el fiduciario es responsable en los términos del art. 1757 (daño causado por riesgo o vicio de la cosa) ante la falta de contratación del seguro o irrazonabilidad de la cobertura de riesgos. Por su parte, el art. 14, 2.° parte de la Ley n.° 24441 no excluye la responsabilidad del fiduciario por la responsabilidad objetiva, por el contrario de él surge que debe responder, aun cuando establezca que se limita al valor de la cosa fideicomitida. A su vez, el art. 16 de esta última normativa no resulta aplicable al supuesto referenciado, pues no se trata de una obligación contraída en la ejecución del fideicomiso, sino que se debe al daño causado con la cosa.
RESPONSABILIDAD CIVIL. Caída en vereda. RIESGO O VICIO DE LA COSA. MUNICIPALIDAD. Poder de policía.
La falta de diligencia de la municipalidad en el deber de mantenimiento de las veredas, sobre las que ejerce el poder de policía, se configura cuando no demuestra su poder de control sobre el estado de transitabilidad de la acera donde ocurrió el evento dañoso. En este aspecto, el argumento del municipio en cuanto a que se le exige un ejercicio del poder de policía “intentando responsabilizarlo por todos los males de este mundo”, no alcanza para rebatir el hecho de que la vereda debe estar en condiciones de transitabilidad y de conservación, y no convertirse en una cosa potencialmente peligrosa. Por tanto, es procedente la condena en su contra en base al factor objetivo de atribución de responsabilidad, por el hecho que tiene aptitud para desencadenar el resultado dañoso (caída por mosaico roto en la vereda), frente a la falta de acreditación de la ruptura del nexo de causalidad.
RESPONSABILIDAD CIVIL. DAÑO MORAL: Monto de la indemnización. Código Civil y Comercial: Aplicación inmediata. Satisfacciones sustitutivas y compensatorias.
La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial importa una ruptura en los mecanismos de cuantificación del daño moral utilizados hasta el momento. Es que corresponde tomar en cuenta el nuevo parámetro para la cuantificación de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales fijado en el art. 1741 in fine de dicho ordenamiento. En ese marco, la indemnización debe considerar las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueda procurar la víctima con la suma otorgada, tales como la compra de bienes, la realización de actividades recreativas o de un viaje turístico; que de algún modo pueden compensar el menoscabo espiritual sufrido con motivo del evento dañoso.
COSTAS: Imposición al vencido. Proceso de daños.
En la imposición de las costas no hay que estar a un criterio matemático sino jurídico, es decir no se tabula cuál fue el monto demandado y por cuanto prosperó la demanda, sino que se tiene en cuenta qué pretensiones se ejercieron y cuáles se acogieron. De modo que, si la pretensión de fondo fue acogida, aunque por un monto inferior al demandado, ha prosperado en su totalidad desde el punto de vista jurídico, por lo que la demandada debe soportar las costas causídicas.
Autos: “Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Libertad SA y Otro – Ordinario – Otros”, expediente n.° 4830055.
Resolución: Sentencia n.° 88.
Fecha: 11/7/2017.
Análisis documental: María Julieta Trejo (redactora), Carolina del Valle Comba (supervisora) y Constanza Scotto (tutora).
La actora entabló demanda persiguiendo el resarcimiento de los daños sufridos con motivo del robo de un camión en la playa de estacionamiento de un centro comercial de propiedad de los accionados. La cámara de apelaciones confirmó la resolución del juez de primera instancia que había rechazado la acción por entender que, si bien se acreditó el robo del rodado, no hubo certeza acerca de las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el hecho.
RESPONSABILIDAD CIVIL. AUTOMOTOR: Robo. Hipermercado. Playa de estacionamiento. PRUEBA: Valoración de la prueba. Documental: Ticket.
Para acreditar el hecho de la presencia y posterior sustracción del vehículo en la playa de estacionamiento del demandado resulta insuficiente la presentación del ticket de compra, si este documento no se vincula al denunciante del robo, por estar a nombre de otra persona que no es llevada a juicio como testigo de la situación vivida, y además no está acompañado de otra prueba autónoma tendiente a demostrar los extremos denunciados. En este sentido, carecen de significación convictiva las declaraciones de testigos no presenciales del hecho, que refieren saber sólo por dichos de terceros, como asimismo la agregación de la constancia de la denuncia del ilícito en sede penal y la copia de las actuaciones sumariales labradas al efecto, que no distan de ser una mera manifestación unilateral de parte interesada y actos de investigación cumplidos en base a la misma.
PRUEBA: CARGA DE LA PRUEBA. Carga probatoria dinámica. Valoración de la prueba.
Las partes son las que deben probar los hechos alegados, afirmados o negados por cada una de ellas. Ahora bien, si la prueba dirimente para la solución del conflicto resulta de imposible realización, opera la llamada “teoría de las cargas de la prueba” que tiende, no a desentrañar quién es el obligado a realizar la prueba, sino quién es el que se perjudica por la inexistencia de la misma. Así, en algunas oportunidades ante la falta probatoria, se recurre a la teoría de la carga dinámica de la prueba. Esta teoría sostiene que, más allá del carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la responsabilidad de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquélla que se encuentra en mejores condiciones para producirla. Existen algunas reglas de fondo sobre la carga procesal de la prueba y sus consecuencias, como el art. 1113 del CC, 40 de la LDC o algunas creadas jurisprudencialmente, como la negativa a realizarse el ADN en los juicios de filiación.
RESPONSABILIDAD CIVIL. AUTOMOTOR: Robo. Hipermercado. Playa de estacionamiento. PRUEBA. Valoración de la prueba. Testimonial: Acompañantes del actor. Carga de la prueba.
La falta de declaración testimonial de las personas que el actor dice que lo acompañaban durante su visita en el hipermercado en donde se produjo el supuesto robo del vehículo genera una presunción en su contra, sin que sea posible apelar en tal supuesto a la teoría de la carga probatoria dinámica. Es que no resulta ilógico pensar que dichos testimonios eran factibles al no constituir prueba dificultosa ni mucho menos imposible, por lo que la negligencia en la producción probatoria debe ser imputable a la parte accionante, de acuerdo a los principios procesales que rigen en materia probatoria.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Principios: In dubio pro consumidor. Ámbito de aplicación.
Las presunciones legales favorables al consumidor se aplican cuando hay una demostración de la existencia de los presupuestos que sustentan la pretensión resarcitoria, que son la existencia del hecho dañoso y los daños. La falta de alguno de ellos no permite la aplicación del principio in dubio pro consumidor. Es que no puede interpretarse como regla que debe acogerse todo reclamo, ya que la falta de prueba de la lesión o del acto inicial del que derivan los daños, lleva inexorablemente al rechazo de la demanda.
COSTAS: Eximición. Apartamiento del principio de la derrota. Fundamentación adecuada.
La regla directriz en materia de costas la constituye su imposición al vencido, siendo la excepción la exoneración, sea total o parcial, de este último. De allí que, mientras el órgano jurisdiccional no está obligado a enunciar los motivos que lo llevan a imponer las costas a quien sucumbió en la litis, pues en tal caso se limita a aplicar el principio general cuya vigencia resulta indiscutible, no ocurre lo mismo cuando resuelve la eximición, supuesto en el cual debe explicar por qué, pese al vencimiento, corresponde liberar del pago de los gastos al litigante perdidoso.
Autos: “Salguero, José Luis s/ Declaratoria de Hederos – Recurso de Apelación”, expediente n.° 5495154.
Resolución: Auto n.° 109.
Fecha: 17/5/2017.
Jueces: Graciela M. Junyent Bas, Hugo H. Liendo y Jose M. Diaz Reyna.
SINTESIS DE LA CAUSA
En el marco de un proceso sucesorio, la representante legal de los hijos menores del causante impugnó la vocación hereditaria de la cónyuge supérstite en la sucesión de su consorte, con fundamento en la separación de hecho sin voluntad de unirse de la incidentada y el cujus (art. 3575, CC). El tribunal de primera instancia rechazó la pretensión. La parte perdidosa apeló la decisión, agraviándose sobre el encuadramiento legal del caso y el razonamiento seguido por el a quo, que asumió la inocencia de la esposa en la separación de la pareja. La cámara revocó la resolución recurrida haciendo lugar a la exclusión de vocación hereditaria.
PROCESO SUCESORIO. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO. Apertura de la sucesión: Muerte del causante. Irretroactividad de la ley. PROCESOS EN TRÁMITE: Exclusión hereditaria. Traba de la litis. Principio de congruencia. Derecho de defensa en juicio.
La fecha de la muerte de la persona determina la ley aplicable en materia sucesoria. Por ello, si el fallecimiento del causante se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, no se pueden aplicar las instituciones de derecho común que este último contiene (art. 7, CCC). A su vez, cuando se trata de procesos en trámite, se debe ponderar que la traba de la litis ocasiona que las partes ya no puedan modificar sus pretensiones, con lo cual la sentencia habrá de ser dictada conforme a ellas (principio de congruencia). Por lo tanto, si el incidente de exclusión del cónyuge supérstite en la sucesión de su consorte fue iniciado y tramitado hasta la prueba antes de la vigencia del nuevo código, se debe juzgar bajo el plexo normativo vigente al momento de su acaecimiento. De lo contrario, la violación de la garantía de defensa y congruencia en juicio sería ostensible.
PROCESO SUCESORIO. EXCLUSIÓN HEREDITARIA: Cónyuge supérstite. Separación de hecho sin voluntad de unirse. Interpretación de la norma. Requisitos de procedencia.
El art. 3575 del CC excluye de la vocación hereditaria a los cónyuges que viviesen separados de hecho sin voluntad de unirse, dejando a salvo los derechos del cónyuge inocente. Es decir, la ley parte de la premisa consistente en la exclusión recíproca de la vocación hereditaria, salvo que el interesado acredite su inocencia o bien la culpabilidad de otro cónyuge. Si no se demuestra que el alejamiento del hogar conyugal -y la sustracción de las obligaciones de cohabitación (art. 199, CC) y asistencia (art. 198, CC), entre otras- no ha sido voluntario o que ha obedecido a la conducta asumida exclusivamente por el causante; resulta aplicable la jurisprudencia que informa que: si la separación ha sido de común acuerdo o no pueden establecerse claramente sus causas, hay pérdida recíproca de la vocación hereditaria. Es que el cónyuge separado de hecho, que pretende derechos hereditarios en la sucesión del cónyuge fallecido, debe acreditar que era inocente.
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RESOLUCIÓN 
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in fine
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In dubio
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