Source: http://aldhea.org/ecuador-medidas-cautelares-en-favor-de-adultos-mayores-enfermos-de-cancer/
Timestamp: 2018-02-22 16:55:34+00:00

Document:
Ecuador: Medidas cautelares en favor de adultos mayores enfermos de cáncer – ALDHEA
Ecuador: Medidas cautelares en favor de adultos mayores enfermos de cáncer
Home Artículos Ecuador: Medidas cautelares en favor de adultos mayores enfermos de cáncer
24.07.2017 adminaldhea Derechos Humanos, Ecuador 0
Por Mario Melo Cevallos y Paula Echeverría [1]
[1] Centro de Derechos Humanos de la PUCE
A mediados de 2016 atendimos el caso de un hombre de 84 años de edad, jubilado, enfermo de cáncer, que mantenía su calidad de vida gracias a la atención médica que le brindaba el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Hospital de SOLCA[1]. De acuerdo a su médico tratante, la leve línea que separa a un enfermo terminal como Don Jorge, del dolor y de la muerte, está marcada por un medicamento.
Durante un año el IESS le proveyó del medicamento recetado por el médico especialista que lo atiende en el hospital de SOLCA y los resultados fueron excelentes. Luego, un cambio de política llevó a que el Ministerio de Salud negara la autorización que el IESS requería para adquirir la receta de Don Jorge, pues el medicamento en cuestión no consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.
Entonces comenzó el vía crucis. Solicitud tras solicitud, trámite tras trámite sin encontrar repuesta positiva, se transformaron, literalmente, en una lucha de vida o muerte. La economía de un jubilado no permite asumir privadamente un tratamiento que cuesta varios miles de dólares al mes. Para prever estas situaciones es que se creó la seguridad social: los trabajadores aportamos mes a mes parte de nuestros ingresos, precisamente para que cuando estemos ancianos y enfermos, el Instituto que administra nuestros fondos cubra nuestras necesidades de salud, ¿obvio, verdad?
La hija de don Jorge Cabezas decidió no conformarse con un no por respuesta y decidió someter el caso de su padre a la justicia con el patrocinio del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
La Constitución, en su artículo 87 prevé, dentro del capítulo de garantías jurisdiccionales, las medidas cautelares cuyo objeto, según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es “evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. El mismo cuerpo legal ordena que, para otorgar las medidas cautelares, el juez constitucional observe si existe una situación de grave e inminente amenaza contra los derechos protegidos constitucionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Asunto B respecto de El Salvador[2], ha establecido que el requisito de gravedad se configura cuando la amenaza se encuentra en su grado más intenso o elevado por el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre el derecho protegido. En cambio, hablamos de inminencia cuando la amenaza es más seria y empeora conforme pasa el tiempo, por lo que se requiere una actuación rápida para detener tal amenaza y proteger el derecho.
Nuestra Constitución en su artículo 11, consagra que todos los derechos son de igual jerarquía, indivisibles e interdependientes, por lo cual la violación o amenaza de un derecho puede acarrear la violación o amenaza de otro. Como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte IDH en el caso Suarez Peralta vs. Ecuador[3], el derecho a la integridad y el derecho a la vida se hallan vinculados con la atención a la salud, por lo que una falta o inadecuada prestación de servicios de salud pueden acarrear su violación. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU[4], dice que el Estado es responsable por brindar bienes y servicios médicos que permitan garantizar el más alto nivel posible de salud.
Entonces, es la grave e inminente amenaza a estos tres derechos, que garantiza la Constitución en sus artículos 32 (salud), 66, numerales 2 (vida digna) y 3 (integridad), lo que hizo necesario que, a través de la vía constitucional, se soliciten medidas cautelares.
En el litigio se dejó claro que, si no se administra al paciente el medicamento adecuado, de acuerdo al criterio técnico y científico del médico tratante del Hospital de SOLCA, al que el Estado, a través del IESS, había confiado la prestación del servicio de salud a Don Jorge Cabezas, en la dosis prescrita, su estado de salud empeoraría, causándole un grave deterioro físico y mental que le impediría el goce de condiciones necesarias para el disfrute de una vida digna. Finalmente, el inminente deterioro en la salud del paciente de cáncer que no recibe la medicación adecuada traería como consecuencia final la muerte.
A esto habría que, se trata de un hombre adulto mayor, enfermo con una enfermedad catastrófica que, por tanto se encuentra en situación de doble vulnerabilidad y tienen derecho a atención preferente y prioritaria para el goce y disfrute de sus derechos como lo manda la Constitución[5].
La jueza Vanessa Serrano de la Unidad Judicial de Familia de la ciudad de Quito otorgó las medidas solicitadas disponiendo que el Ministerio de Salud y el IESS provean del medicamento al señor Cabezas mientras el médico que lo trata considere que es el adecuado para su caso. El estándar que establece es que la decisión sobre la idoneidad del tratamiento de un paciente la tiene su médico tratante, bajo criterios técnicos y científicos. No puede depender de decisiones burocráticas.
En los meses siguientes, patrocinamos medidas cautelares en favor de cinco pacientes más en situaciones muy parecidas: Luis Andrade, de 73 años; Jorge Carrión, de 77 años; Juan Francisco Aguirre, de 76 años; José Buitrón, de 71 años y Wilson Navarrete de 75 años. Todos ellos sufren de cáncer, son jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los cuatro primeros y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas el quinto, por lo que, para seguir su correspondiente tratamiento, acudieron a las diferentes casas de salud, como al Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) y el Hospital Militar. Varios de ellos fueron transferidos a SOLCA, pero siempre su servicio de salud estuvo a cargo de la institución de seguridad social respectiva.
A lo largo de sus tratamientos, los médicos tratantes de cada paciente suministraron diferentes medicamentos, que tuvieron resultados satisfactorios para el control de la enfermedad.
Sin embargo, las prestadoras del servicio de salud suspendieron la provisión de los medicamentos pues, al no encontrarse en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), el Ministerio de Salud Pública no autorizaba a las casas de salud su adquisición. Estas fueron las razones para que estas personas busquen las vías idóneas que les permitían recibir el medicamento adecuado y mantener unas condiciones de vida dignas.
Todas las medidas cautelares solicitadas, habiendo sido sorteadas a diferentes juzgados, fueron otorgadas por diferentes jueces, bajo argumentos similares: que efectivamente existe un incumplimiento por parte del Ministerio de Salud en cuanto deja sin cobertura la obligación que tiene el Estado para con las personas a quienes la Constitución amparan en su derecho a gozar de la prestación del servicio de salud integral; que no es válida la oposición del ente estatal para otorgar autorización para la compra del medicamento que se había venido suministrando a los pacientes en contra del criterio técnico de sus médicos tratantes; que las personas a las que se privó del medicamento se encuentran dentro de los grupos previstos constitucionalmente como beneficiarios de atención prioritaria, y luego, que el servicio de cobertura de salud no puede estar sujeto a criterios administrativos, que contradicen los criterios médicos de los profesionales responsables de los tratamientos específicos de los pacientes.
Los casos de los seis pacientes beneficiarios de medidas cautelares deben constituir un mensaje claro e inequívoco para las autoridades de salud: dotar a los pacientes del sistema de salud pública enfermos de cáncer de la medicación prescrita por los médicos especialistas, responsables de su tratamiento, es un deber inexcusable. No debería requerirse ni una resolución judicial más para que se cumpla con este derecho.
La práctica de esperar a que pacientes de cáncer, peor aún adultos mayores, emprendan acciones judiciales y las ganen antes de entregarles los medicamentos que por derecho les corresponden, es perversa y de ninguna manera se compadece con el estado de derechos y de justicia que proclama el Artículo 1 de la Constitución vigente.
[1] Sociedad de Lucha contra el Cáncer
[2] Corte IDH. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. Resolución de 29 de mayo de 2013, considerando 7mo.
[3] Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 216, párr. 130
[4][4] ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 14 El derecho al disfrute más alto nivel posible de salud. E/C.12/2000/4. 11 de agosto de 2000, Párrs. 12 y 33.
[5] Constitución del Ecuador. Art.35.
*Este artículo apareció en la Revista Novedades Jurídicas NO. 132 de junio de 2017
Previous article	Edgardo Lander: “Esta Constituyente no es diálogo, no es acuerdo, es imposición” Next article	Los ingredientes de la receta "barroca" del correísmo
Condenan a jefe policial a 90 años de cárcel por masacre en embajada de España en Guatemala

References: artículo 87
 artículo 26
 artículo 11
 resolución 
 Artículo 1
 Resolución