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Timestamp: 2020-07-05 19:19:22+00:00

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En nuestro deber de defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación | LexWeb
Autor: David Aníbal Ortiz Gaspar
En el transcurso de los últimos meses hemos observado a través de la prensa escrita los diversos conflictos sociales[1] que se han suscitado en el interior de nuestro país (Perú). De los principales se pueden citar por ejemplo los producidos en la ciudad de Cajamarca en contra del proyecto minero Conga, lo sucedido en el centro poblado el Espinar (Cusco) y los disturbios generados por un sector del SUTEP que “protesta” injustificadamente en contra de una nueva legislación en materia de educación. El contexto antes descrito es un escenario propicio para reflexionar acerca del rol que están cumpliendo nuestras autoridades, como del mismo modo sobre los principales deberes que tenemos para con nuestro Estado Constitucional. Por razones de delimitación, por medio del presente artículo voy a dedicarme exclusivamente al segundo tema, en ese sentido, vale hacerse las siguientes preguntas: ¿qué deberes tenemos para con nuestro Estado Constitucional?, ¿cualquier ciudadano puede defender la Constitución o necesariamente tiene que ser ejercida por un ente jurisdiccional?
Las dos interrogantes planteadas en el párrafo anterior nacieron como consecuencia del dialogo que tuve con un amigo sobre los últimos conflictos sociales que acaecieron en el interior del país. Él me decía que se sentía atado de las manos al observar que nuestra Constitución Política era vilmente vulnerada por diversos actores y concluyó la conversación expresando que si le aprobaran la visa de trabajo que estaba tramitando ante las autoridades correspondientes se iría de nuestro país sin pensarlo dos veces. Estoy seguro que algunos de ustedes también se habrán encontrado con algunas personas que piensan igual al referido ciudadano o de repente podría ser su caso. La plática mencionada me motivó a redactar los siguientes párrafos, máxime cuando considero que es importante tener en consideración que es deber de todo ciudadano respetar, cumplir y defender la Constitución Política[2].
Sobre lo expresado, el Tribunal Constitucional -interpretando el artículo 38° de la Constitución Política- ha señalado en el fundamento jurídico N° 3 del expediente N° 01546-2002-AA/TC, que: “(…) tal como lo dispone expresamente el artículo 38° de la Constitución es una obligación ciudadana el respetar, cumplir y defender los principios, valores, derechos y obligaciones contenidos en dicho texto”. Del mismo modo, el máximo intérprete de la Constitución ha expresado en los fundamentos jurídicos 5-6, del expediente N° 00736-2007-AA/TC, que: “el artículo 38° de la Constitución, que establece que es deber de todos los peruanos honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación; y, por lo tanto, se trata de un interés difuso cuya titularidad corresponde a la población en su conjunto”.
Como hemos observado, tanto el artículo 38° de la Constitución Política, como el Tribunal Constitucional por medio de las sentencias antes citadas señalan de manera clara que es deber de todos los peruanos el respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. En consecuencia la siguiente interrogante que debemos hacernos es ¿cómo materializamos lo enunciado por el artículo 38° de la Constitución Política, como por el Tribunal Constitucional a través de las dos sentencias antes referidas? Sobre lo señalado, el constituyente de la Constitución de 1993 ha establecido una serie de fórmulas a través de sus diversas clausulas constitucionales, tales como los mecanismos de participación ciudadana.
En el Perú hemos observado constantemente el bloqueo de carreteras por parte de algunos ciudadanos, como del mismo modo la quema de camionetas, el secuestro de fiscales, la toma de puestos policiales, entre otros casos, ¿así se cumple y se hace cumplir la Constitución Política por parte de los ciudadanos? La respuesta es un evidente no, es por tal razón que nuestras autoridades deben tomar cartas en el asunto, no es posible que bajo el pretexto de la defensa del derecho a tener un medio ambiente limpio y equilibrado se estén cometiendo actos delincuenciales y transgrediendo constantemente las reglas de juego que establece nuestro Estado Constitucional.
Tener un Estado Constitucional no quiere decir que nuestras autoridades tienen que quedarse con las manos cruzadas ante los actos delincuenciales que comete parte de la población. He percibido que en nuestro medio existe un grupo, -los mismos que son fáciles de ubicar- quienes bajo la influencia de ideologías extremistas y trasnochadas instan constantemente a la población a enfrentarse contra nuestras autoridades e incluso algunos de ellos exhortan a la desobediencia civil. Pero también es pertinente señalar que bajo el pretexto de los disturbios mencionados, nuestras autoridades no deben utilizar el ius puniendi de manera arbitraria, sino que necesariamente deben ejercerlo en fiel cumplimiento a las reglas que establece nuestra Ley Fundamental y los tratados sobre derechos humanos que han sido ratificados por el Perú, por lo que es necesario buscar un punto medio entre lo uno y lo otro, para de ese modo evitar la pérdida irreparable de más vidas inocentes.
El profesor y constitucionalista peruano Edgar Carpio Marcos citando un artículo de un analista político señaló hace algunas semanas a través de la red social que el Perú es una país en pañales, coincido con el maestro, dado que nosotros todavía no hemos superado algunos males que nos han dejado nuestros antepasados, como por ejemplo la informalidad, el transfuguismo y el caudillismo político, dado que no es ético ver primero a un candidato que te vende un plan de gobierno y una vez de haber triunfado en las elecciones presidenciales -y con el poder político en la mano- haga todo lo contrario. De repente todas las protestas que se realizaron en el Cusco[3] y Cajamarca[4] no se hubieran dado si el actual Presidente de la República no hubiera tenido una campaña pre-electoral con evidente rasgos anti mineros.
Ante lo descrito en los párrafos anteriores, no perdamos la calma, como tampoco la fe que tenemos en nuestro Estado Constitucional. Les invito a leer nuevamente el artículo 38° de la Constitución Política, una y otra vez, luego interiorizarlo, para finalmente materializarlo con el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. Recuerda que nosotros -al menos la mayoría- hemos elegido de manera soberana a nuestros gobernantes, nadie nos colocó un arma en la cabeza para votar por determinado candidato. En lo sucesivo, previamente a la elección de nuestras autoridades debemos de informarnos de manera plena sobre lo que ofrecen, para posteriormente cuando nos encontremos ante el incumplimiento de una promesa electoral, nuestras marchas y protestas sean legítimas.
Nada cuesta ser ciudadanos responsables, en adelante materialicemos nuestros derechos constitucionales de conformidad con lo exigido por la Constitución Política y las demás leyes sobre la materia, no generemos más disturbios e ingobernabilidad nacional, ya que no es nada democrático el pretender justificar el desorden social bajo el pretexto del reclamo de ciertos derechos que son inherentes a todos nosotros, como por ejemplo el derecho a gozar de un medio ambiente limpio, sano y equilibrado.
[1]Debemos tener en consideración que los resultados de referidos conflictos sociales son fulminantes para el crecimiento y desarrollo de nuestro país, puesto que a nivel interno se produce caos e inestabilidad gubernamental y en el ámbito externo quedamos como una sociedad conflictiva, ocasionado ello un cierto grado de temor en los inversionistas extranjeros a fin que éstos puedan traer sus capitales a nuestro país.
[2]Al respecto nuestra Ley Fundamental señala en su artículo 38° que: “Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.
[3] Sobre el conflicto social suscitado en la provincia de Espinar-Cusco.
[4] Sobre el conflicto social que se viene suscitando en Cajamarca sobre el caso Conga.
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