Source: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/gpwtc.php?id=124505&name=consultas&file=look&palabra=2681%202672%20316%20307
Timestamp: 2013-12-11 22:48:29+00:00

Document:
Tribunal Constitucional Plurinacional - Resoluciones
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2012
Sucre, 22 de junio de 2012
Magistrado Relator: Dr. Gualberto Cusi Mamani
Expediente: 00701-2012-02-AL
En revisión la Resolución 63/2012 de 26 de marzo, cursante de fs. 103 a 105, pronunciada dentro de la acción de la libertad interpuesta por Erick Sossa Rocha en representación sin mandato de Germán Vargas López contra Rafael Alcón Aliaga, Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz; Lilian Calderón Mariaca, Fiscal de Materia; y, Janet Quisbert Huanca, Secretaria Abogada del Juzgado antes mencionado.
Por memorial presentado el 21 de marzo de 2012, cursante de fs. 23 a 36 vta., el accionante -por su representado-, expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Como emergencia de la denuncia presentada por Germán Eugenio Limachi Choque, su defendido fue imputado por la supuesta comisión del delito de violación, encontrándose detenido desde el 16 de marzo de 2012, en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en atención a una ilegal Resolución dictada en audiencia de medidas cautelares, por el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, quien ordenó su detención preventiva y su remisión al Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, no obstante de tener serias lesiones en su humanidad. Ante ese acto ilegal, interpuso recurso de apelación en forma oral como por escrito; sin embargo, la Secretaria Abogada del Juzgado no transcribió el acta de la audiencia ni remitió antecedentes al Tribunal superior en los plazos establecidos por ley, vulnerando sus derechos a la vida, a la libre locomoción y al debido proceso.
Asimismo, el Juez demandado, incumplió con su obligación de aplicación objetiva de la ley, al dar curso a una imputación formulada por la Fiscal de Materia sin fundamentación alguna, quien se concretó, en audiencia, a efectuar una simple descripción de la detención de su representado, sin demostrar cómo y cuándo procedió a adecuar su conducta al tipo penal de violación, ni determinó el hecho ilegal que se le atribuye; aspectos que no fueron observados por la autoridad judicial, siendo su representado sometido a un procesamiento indebido, en un estado total de indefensión, con la agravante de no haber impulsado el recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares ni haber determinado en forma oportuna e inmediata la internación del imputado en un nosocomio, pese a sus constantes y reiteradas peticiones.
El accionante, estima lesionados los derechos de su representado, a la vida, a la libertad física y de locomoción, a la defensa y al debido proceso; además de los principios y valores de seguridad jurídica, probidad y dignidad personal, citando al efecto los arts. 22, 115, 116 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Pide se conceda la tutela, disponiendo: a) La inmediata libertad de su representado; b) La internación en un centro hospitalario hasta que se cumplan los treinta y cinco días de impedimento; c) La nulidad de la imputación formal; y, d) Se establezca la responsabilidad civil “con monto indemnizable” (sic), como el pago de costas.
Celebrada la audiencia pública el 26 de “enero” -lo correcto es marzo- de 2012, según acta cursante de fs. 89 a 102 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó el tenor íntegro de la acción presentada y ampliando, señaló: 1) Solicitó la suspensión de la audiencia de medidas cautelares, por encontrarse su representado delicado de salud; petición denegada por el Juez de la causa; 2) Al ser observada la imputación por parte de la defensa, el Juez dispuso su complementación por escrito, dando lugar a que la Fiscal presente un memorial de aclaración el 23 de marzo de 2012, identificándose un procesamiento indebido, en concomitancia con la representante del Ministerio Público; y, 3) El Juez dictó la Resolución 100/2012 de 19 de marzo, viciada de nulidad, por cuanto incumple el principio de certeza, toda vez que en la audiencia cautelar, el representante del Ministerio Público, sólo demostró los antecedentes de cómo fue detenido su defendido y no así los requisitos mínimos de la supuesta comisión de los hechos, las circunstancias y participación del imputado.
I.2.2. Informe de las autoridades y funcionaria demandados
Rafael Alcón Aliaga, Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto, en el informe escrito que cursa de fs. 65 a 66, manifestó: i) El proceso penal radicó provisionalmente en el Juzgado a su cargo, por estar en el turno semanal; sin embargo, a la fecha fue remitido a la oficina de demandas nuevas para su correspondiente sorteo; ii) El 17 de marzo de 2012, la Fiscal de Materia, a tiempo de presentar la imputación formal, informó que el aprehendido se encontraba delicado de salud en el Hospital de “Villa Dolores”; señalando audiencia de medidas cautelares para el 19 de ese mes y año; lo cual denota que no existió vulneración alguna al principio de celeridad, más aún cuando el abogado del imputado pidió que dicho acto procesal sea suspendido; iii) Con relación a la vulneración del principio de certidumbre, ello ya fue resuelto en la audiencia de medidas cautelares, mereciendo su rechazo; por consiguiente, no puede ser interpuesto de nuevo por los mismos motivos, siendo en consecuencia falsa la afirmación en sentido que no se ejerció control jurisdiccional; iv) Con referencia a la lesión del principio de celeridad, en la ciudad de El Alto, existe más de un millón de habitantes y sólo tres Jueces de Instrucción en lo Penal titulares, pese a ello se remitieron actuados el 23 de marzo de 2012, a horas 15:45; y, v) Sobre la lesión del derecho a la defensa, el accionante planteó todos los incidentes que creyó pertinente, haciendo uso abusivo de la palabra, así como en lo concerniente a la defensa material del imputado, quien se hallaba en condiciones de asistir a la audiencia, conforme certificó el médico de turno.
Lilian Calderón, Fiscal de Materia, en el informe brindado en audiencia, señaló: a) No es evidente que se haya puesto en peligro la vida del imputado, porque desde el momento de la denuncia e informe de acción directa realizada por funcionarios policiales, éste fue internado en el Hospital de “Villa Dolores”, siendo examinado incluso por el médico forense a solicitud del propio imputado, quien se encontraba lúcido mentalmente, aparte de haber constatado personalmente sus heridas y estado de salud en el centro médico, al que asistió en horas de la noche, donde al advertir que podía hablar, solicitó al médico tratante un certificado sobre su estado de salud, recibiendo como respuesta una nota que dice: “policontuso traumatismo cráneo encefálico a descartar”; evidenciando con ello que el paciente no tenía traumatismo cráneo encefálico; asimismo, el imputado además de poder hablar, podía pararse e ir al baño, no existiendo riesgo para su vida; b) El certificado del médico del Hospital de “Villa Dolores” de 21 de marzo de 2012, estableció: “Paciente con evolución favorable en condiciones de externación”, lo que significa que ya estaba listo para salir en uno o dos días, por lo cual la audiencia de medidas cautelares se llevó a efecto, a pesar que el abogado pidió la suspensión porque su cliente no podía hablar; c) Los certificados médicos cursantes en antecedentes son contradictorios, pues el médico forense, por una parte, le da un impedimento de treinta y cinco días, en tanto que el médico del Hospital certificó que el paciente estaba con pre alta; más aún, el certificado de la Caja Nacional de Salud (CNS), señala que el paciente no requiere intervención; d) El hecho que el imputado esté en celdas de la FELCC, obedece a que no fue aceptado en el Centro Penitenciario de “San Pedro”, debido a la superpoblación existente, no obstante a las insinuaciones de la Secretaria Abogada del Juzgado, quien ante la negativa no tuvo más opción que trasladarlo al recinto policial; y, e) La madre y las víctimas viven en casa del imputado, son sus inquilinas y la hija de quince años tiene retraso mental, hecho conocido por el accionante, condiciones en las que fue violada, así como la menor de trece años fue víctima de abuso sexual bajo amenazas de echarles de la casa, hechos que están siendo investigados; por ello en la imputación, no podía asegurar esos extremos ni sostener que es el autor.
La Secretaria Abogada del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto, indicó que habiendo presentado el accionante memorial de apelación el 21 de marzo de 2012, a horas 16:25, adjuntando el comprobante de caja; el Juez decretó cúmplase con la Resolución previa notificación de las partes, por lo que remitió a la Central de Notificaciones, todos los actuados el 22 de igual mes y año; una vez cumplidas dichas diligencias, elevó antecedentes a la autoridad superior en grado. El acta fue elaborada el mismo día de la audiencia de medidas cautelares.
El Juez Tercero de Partido y de Sentencia de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías -en suplencia de su similar Segundo-, por Resolución 63/2012 de 26 de marzo, cursante de fs. 103 a 105, concedió la tutela solicitada con relación al derecho a la vida contra el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, denegándola en cuanto al derecho a la libertad con referencia a la Fiscal de Materia y a la Secretaria Abogada del Juzgado, manteniendo el internamiento y permanencia del representado del accionante en un centro de salud apropiado, con los siguientes fundamentos: 1) El Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, vulneró el derecho a la vida del imputado, porque teniendo a su alcance las atribuciones propias como Juez de garantías, desatendió manifiestamente las peticiones del accionante, dejando que su defendido permanezca en celdas policiales inapropiadas para la detención preventiva, sin que reciba atención médica necesaria conforme requería su estado de salud; 2) En lo concerniente al debido proceso, el Juez referido no causó dilación alguna en la tramitación de la causa, siendo que las peticiones del imputado fueron consideradas y resueltas oportunamente, pese a la existencia de recargadas labores en su Despacho, tal es así que ante la apelación planteada se remitieron antecedentes al superior en grado; y, 3) En lo que respecta a la Fiscal de Materia y a la Secretaria Abogada del Juzgado, ninguna de ellas lesionó el derecho a la vida ni mucho menos el debido proceso, al no haber adoptado ninguna medida contra el detenido, habiendo limitado su actuación a lo determinado por el Juez cautelar.
II.1. El 16 de marzo de 2012, efectivos de Radio Patrullas 110, se constituyeron en la zona de Villa Tejada Rectangular, donde tomaron contacto con Germán Eugenio Limachi Choque, quien denunció que sus tres hijas, fueron agredidas sexualmente en varias oportunidades por Germán Vargas López (representado del accionante); quien se encontraba sangrando en vía pública, por lo que fue arrestado y llevado al Hospital de “Villa Dolores” (fs. 74 y vta.). El padre de las menores ratificó su denuncia en dependencias de la FELCC el mismo día, acusándolo de la comisión del delito de violación (fs. 75).
II.2. La Fiscal de Materia asignada a la División Menores y Familia, dictó Resolución de 16 de marzo de 2012, debidamente fundamentada, al amparo de lo preceptuado por el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disponiendo la aprehensión directa del imputado sin necesidad de citación previa, justificando los requisitos exigidos por la citada disposición legal (fs. 4 a 5).
II.3. El imputado encontrándose internado en el Hospital de “Villa Dolores”, en plena lucidez prestó su declaración informativa el 17 de marzo de 2012, en presencia de la Fiscal de Materia y de su abogado defensor negando los hechos imputados, manifestando que varias personas ingresaron en su domicilio, portando palos, manoplas y piedras y que le agredieron, golpearon y sacaron a la calle arrastrándolo (fs. 76 y vta.).
II.4.De acuerdo a lo informado por las autoridades demandadas en audiencia, la Fiscal de Materia presentó imputación formal contra el representado del accionante, el 17 de marzo de 2012, requiriendo al Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, señalar audiencia de medidas cautelares; que fue fijada para el 19 del mismo mes y año, llevada a efecto en el Hospital de “Villa Dolores”, en presencia del imputado quien estaba lúcido y podía hablar; sin embargo, su abogado solicitó la suspensión de este actuado aduciendo que su defendido se hallaba delicado de salud; petición que fue rechazada, dictándose la Resolución que ordenó su detención preventiva en el recinto penitenciario de “San Pedro”; determinación que fue apelada.
II.5. Por memorial de 20 de marzo de 2012 (fs. 6 y vta.), el accionante ratificó su recurso de alzada, por lo que el Juez de la causa, decretó se remitan actuados ante la autoridad superior previa notificación de partes, en cumplimiento de lo cual la Secretaria Abogada del Juzgado envió actuados a la Central de Notificaciones, donde se ejecutaron las diligencias pertinentes y se devolvieron antecedentes el 23 del mismo mes y año, remitiéndose en el día actuados al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, según mencionó la funcionaria en su informe de 26 de marzo (fs. 71).
II.6. El representado del accionante no fue recluido en el recinto penitenciario de “San Pedro” por exceso de internos, pese a la insistencia de la Secretaria Abogada del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, por lo que se dispuso su detención en la FELCC, según declaración de la Fiscal prestada en audiencia (fs. 89 a 102 vta.).
II.7. Por memoriales de 22 de marzo de 2012 (fs. 55 y vta.; y 57 y vta.), el accionante solicitó tanto a la Fiscal de Materia, como al Comandante de la FELCC, el traslado de su defendido a un nosocomio por encontrarse delicado de salud, siendo éste último petitorio remitido al Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, a efectos de providencia y respuesta. De igual modo, por memoriales de fs. 53 a 54 vta. y 56 y vta., reiteró su requerimiento de internación a la autoridad jurisdiccional; providenciando el Juez de la causa se tenga presente y se ponga en conocimiento de la Fiscalía, respectivamente.
II.8. A fs. 2, cursa nota de respuesta de 21 de marzo de 2012, del médico del Hospital de “Villa Dolores” dirigido a la Fiscal de Materia, señalando que el hoy representado por el accionante se encontraba internado en ese Hospital y presentaba el siguiente diagnóstico: “policontuso, edema cerebral difuso (en remisión), trauma facial (en tratamiento, neuritis intercostal pos traumática, fractura de base orbitaria izquierda y múltiples heridas en cabeza”. Enfatizó que el paciente se encontraba en evolución favorable y debía someterse a valoración por otorrinolaringólogo y oftalmólogo.
A fs. 3, consta el certificado médico forense de 19 de marzo de 2012, estableciendo que el imputado presenta: “policontusión, traumatismo cráneo-encefálico, traumatismo torácico, neuritis intercostal post traumática derecha”, otorgándole treinta y cinco días de incapacidad susceptibles de modificación según valoración de especialidad (neurología-cirujano maxilofacial y oftalmología).
A fs. 52, se adjuntó un certificado médico de 23 de marzo de 2012, diagnosticando “traumatismo cráneo encefálico policontuso”.
El accionante denuncia la vulneración de los derechos de su representado a la vida, a la libertad física, a la locomoción, a la defensa y al debido proceso, aduciendo que el Juez demandado dispuso su detención preventiva y ordenó su remisión al Centro Penitenciario de “San Pedro”, no obstante tener serias lesiones en su humanidad que ameritaban su internación en un centro hospitalario. Asimismo, incumplió su obligación de aplicación objetiva de la ley, al dar curso a una imputación de la Fiscal codemandada, sin fundamentación alguna, que se limitó a efectuar una simple descripción de la forma en que fue detenido, sin demostrar cómo y cuándo adecuó su conducta al tipo penal de violación, con la agravante que el Juez no impulsó el recurso de apelación incidental planteado, pues la Secretaria Abogada del Juzgado, también demandada, no transcribió el acta de la audiencia, ni remitió antecedentes al Tribunal de apelación en el plazo de ley. Corresponde en revisión, determinar si lo denunciado es evidente, a los efectos de conceder o denegar la tutela solicitada por el hoy accionante.
III.1. La acción de libertad y el derecho a la vida
El art. 125 de la CPE, instituye que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas fueron agregadas).
Al respecto, la SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció el siguiente entendimiento: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad; derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE” (las negrillas son nuestras).
Dada la esencia y los alcances del derecho a la vida, la jurisprudencia constitucional determinó que cuando a través de la acción de libertad se invoque la tutela de este derecho en los casos en que esté vinculado con el derecho a la libertad, no es necesario el agotamiento previo de los medios legales que pudiesen existir, pudiéndose acudir directamente a esta acción de defensa, prescindiendo de los medios y recursos legales ordinarios. Así, La SC 0008/2010-R de 6 de abril, sobre el particular, regló lo siguiente:
“I. (…) en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
II. Asimismo, cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se entenderá que la vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados estos mecanismos procesales, su resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, por ser irrazonables los plazos de resolución; por existir excesiva carga procesal para una rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con los plazos para emisión de resoluciones establecidos por la ley.
III. En el caso de vulneración al derecho a la vida, protegido por la acción de libertad, procederá esta acción de forma directa y sin necesidad de agotar otra vía” (las negrillas nos corresponden).
La vida de las personas constituye el bien jurídico más importante de todo el ordenamiento jurídico, toda vez que sin ella no podría establecerse ninguna titularidad de derechos y obligaciones; por tal motivo, el derecho a la vida, encabeza el catálogo de derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado, la que en su art. 15, señala: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…” (negrillas añadidas).
La importancia del derecho a la vida ya fue abordada por el extinto Tribunal Constitucional en la SC 0687/2000-R de 14 de julio, al sostener que la vida: “…es el bien jurídico más importante de cuanto consagra el orden constitucional (…). Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya la titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: Su respeto y su protección”.
De los datos del proceso se advierte que, el 16 de marzo de 2012, Germán Eugenio Limachi Choque, denunció que sus hijas fueron agredidas sexualmente en varias oportunidades por Germán Vargas López, ahora accionante; quien después de haber sido objeto de una golpiza en su domicilio, fue arrestado por efectivos de Radio Patrullas 110 y llevado al Hospital de “Villa Dolores”, donde fue internado. La Fiscal de Materia asignada a la División Menores y Familia de El Alto, al tener conocimiento del hecho, al amparo del art. 226 del CPP, dictó Resolución de aprehensión del denunciado debidamente fundamentada, constituyéndose en dependencias del nosocomio, advirtiendo que el denunciado presentaba heridas múltiples, que estaba “lúcido y podía hablar”, habiendo requerido porque el médico forense practique la correspondiente evaluación, para luego emitir la imputación formal el 17 de ese mes y año; habiendo el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, fijado audiencia de medidas cautelares para el 19 del mismo mes y año, la que se llevó a cabo en el Hospital de “Villa Dolores”, oportunidad en que la autoridad judicial determinó su detención preventiva en el penal de “San Pedro”; no quisieron recibir al imputado aduciendo “superpoblación”, según lo informado por los propios demandados; en vista de lo cual, el denunciado fue trasladado a celdas de la FELCC, pese a su delicado estado de salud producto de la golpiza del cual fue objeto antes de su aprehensión, cuando más bien ello ameritaba que el Juez demandado adopte otro tipo de medidas, precautelando su derecho a la vida, pues si bien consideró que concernía la aplicación de la detención preventiva como medida cautelar, lo que no se cuestiona; sin embargo, dado el cuadro de salud que presentaba el imputado, quien si bien estaba “lúcido mentalmente y podía hablar”, según refieren los demandados, es innegable que su estado de salud se encontraba muy deteriorado por los golpes que recibió, conforme a las certificaciones que cursan en obrados, especialmente la expedida por el médico forense que le otorgó un impedimento de treinta y cinco días; por lo que el Juez demandado, aunque determinó como medida cautelar la detención preventiva, dado el delicado estado de salud que presentaba el imputado, no podía remitirlo directamente al penal y menos disponer o consentir que ante el rechazo para su admisión, sea recluido en celdas de la FELCC, poniendo así en riesgo su salud e inclusive su propia vida, pues es indudable que el imputado por un mínimo sentido de humanidad, independientemente de la gravedad del hecho que se le endilga, precisaba de una adecuada atención médica para el restablecimiento de su salud, ocurrido lo cual recién era posible su remisión al recinto penitenciario en el cual se decidió cumpla la detención preventiva, incumbiendo en todo caso al Juez, adoptar todas las medidas pertinentes para evitar una posible evasión del imputado.
En consecuencia, el Juez demandado, al no haber procedido de la manera antes indicada, atentó contra el derecho a la vida del representado del accionante, derecho que en autos, conforme se vio, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la libertad, lo que amerita la tutela directa que brinda la acción de libertad, como medio de tutela correctivo, para evitar se agraven de forma ilegítima las condiciones de detención que sufre el agraviado, en detrimento de su condición de ser humano.
III.3.Sobre los demás actos denunciados como ilegales
En lo referente a la presunta ilegalidad de la Resolución que ordenó la detención preventiva, como los supuestos vicios de nulidad en que hubiese incurrido el Juez demandado al disponer dicha medida cautelar; se tiene que conforme expresa el accionante, se interpuso recurso de apelación incidental, que fue remitido al superior en grado, instancia donde se analizará con plenitud de jurisdicción y competencia si es evidente o no lo denunciado y en su mérito se adoptarán las determinaciones pertinentes en relación al derecho a la libertad del hoy representado por el accionante.
En cuanto concierne a los actos ilegales que se atribuyen a la Fiscal codemandada, porque la imputación formal adolecería de ciertas falencias en relación a la calificación del tipo penal, hecho que fue compulsado por el Juez cautelar; sin embargo, el análisis de estos antecedentes no es materia de esta acción tutelar, puesto que si bien inciden en la garantía del debido proceso, no tienen vinculación inmediata ni directa con el derecho a la libertad, por lo que tendrán que ser resueltos a través de los medios legales pertinentes y en su defecto por vía de la acción de amparo constitucional.
Por lo expresado, la problemática planteada con relación al derecho a la vida se encuentra bajo protección de la acción de libertad; por lo que el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada contra el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, efectúo una adecuada compulsa de los antecedentes del caso, lo mismo que al denegar la tutela en lo referente a la Fiscal de Materia y a la Secretaria Abogada del aludido Juzgado, codemandadas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 63/2012 de 26 de marzo, cursante de fs. 103 a 105, pronunciada por el Juez Tercero de Partido y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -en suplencia de su similar Segundo-; y en consecuencia,
1º CONCEDER la tutela solicitada respecto del Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto; y,
2º DENEGAR la tutela en relación a la Fiscal de Materia y a la Secretaria Abogada del Juzgado mencionado, en los términos dispuestos por el Juez de garantías.
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