Source: https://gonzalezcarlos.blogia.com/temas/pena-de-muerte/
Timestamp: 2020-04-07 00:32:00+00:00

Document:
gonzalezcarlos - 09 de noviembre de 2007 - 20:45 - Pena de muerte
En el Perú no existe la pena de muerte para los delitos comunes desde 1979, sin embargo hace algunos meses, algunos candidatos a la campaña presidencial del 2006 se mostraron a favor de esta medida. Luego de la elección de los nuevos legisladores, un grupo de estos propuso un proyecto de ley para reimplantar la pena capital. Por su parte, el poder ejecutivo encabezado por el flamante Presidente de la República presentó su propia propuesta en vista de una futura aplicación de dicha pena, pero, estos dos proyectos terminaron siendo archivados por el Poder Legislativo. No obstante, para algunas venas políticas muy influyentes, respaldadas por más de dos tercios de la población, es necesario insistir en la eficasia de la pena. Tanto es así, que en algún momento del debate se habló de proponer la norma a un referéndum.
Desde las primeras declaraciones hechas, hasta las medidas institucionales tomadas en vista de su restablecimiento, y pasando por los nuevos desarrollos político-filosóficos sobre como la pena capital va a mejorar la situación del Perú, ha corrido aun poca tinta entre los autores peruanos, pero el debate en el país ha sido intenso.
Es por esta razón, que resulta indispensable analizar, dentro del contexto actual, las implicaciones socio-políticas, jurídicas, y éticas que este tema trae consigo.
A) El historial de una promesa “innovadora”
1) El contexto electoral de la campaña presidencial del 2006
Durante la campaña electoral hacia el sillón presidencial de 2006, muchos argumentos fueron buenos para exacerbar los sentimientos básicos entre los votantes. Se podría decir que la meta justificaba los medios empleados.
De esta manera, se pudieron ver desarrolladas tesis nacionalistas que optaban por el encierro del Perú en posiciones éticas y políticas anticuadas, frente a una mundialización que busca más bien la apertura cultural de los países. En este mismo momento, diversas declaraciones de algunos candidatos buscaban la división entre las diversas etnias y clases socio-económicas del país. Respetando al pie de la letra la consigna “divide y vencerás” que emplearon los antiguos soberanos medievales para controlar mejor a los señoríos. Es cierto que ya para esta época el Perú estaba bien dividido no sólo por la coyuntura política de las elecciones, pero sobretodo por un pasado histórico, herencia vergonzosa del Virreinato. En este sentido, el candidato Alan García declaró, por ejemplo, antes de los resultados de la primera vuelta electoral, que el colegio de electores de los peruanos en el extranjero tenía menos peso que un porcentaje similar de votos que faltaban escrutar y que provenían del interior del país . Asimismo, su contrincante electoral, Ollanta Humala y sus allegados de campaña se refirieron en numerosas ocasiones en contra de la comunidad homosexual, aparentemente en beneficio de un discurso que congraciara a puritanos y a machistas cavernarios. Durante su candidatura también se tildó a los capitalinos de detener el progreso del resto del país. Complaciendo de esta manera, a los votantes de las zonas urbanas y rurales alejadas de Lima, y esto con la ventaja de la demagogia y sin necesidad de proponer mucho al votante.
Ahora bien, estas citas solo situan el contexto de lo que significa el nacimiento del debate sobre la reimplantación de la pena de muerte en el Perú, ya que no podemos debatir aquí si nos alejamos de la coyuntura populista que se vive en el país.
En este sentido el populismo tiene una especial vigencia en el Perú no sólo a partir la campaña electoral del 2006, pero desde mucho antes… Así, no olvidemos que desde el punto de vista de las ciencias políticas, el populismo está impregnado de antiimperialismo (que fue aplicado por García en su mandato presidencial 1985-1990 anti-deuda externa). Está empapado también de indigenismo (expuesto por el General Velazco Alvarado en los años setenta ), pero además, el populismo está basado en una suerte de nacionalismo (como el que defendió Ollanta Humala a expensas del anti-chilenismo).
Es por este encuentro entre dos populistas (uno mas que el otro) que el electorado a disputarse, fue difícil de convencer ya que los dos candidatos se mostraban “del lado” del pueblo y se decían encarnar el cambio progresista que faltaba al Perú. Aquí, este punto sobre el progresismo es importante, ya que es prevaliéndose de él que nacen propuestas diversas e innovadoras de parte de estos dos candidatos, independientemente de la calificación ética que podamos dar a las propuestas.
Como se sabe, el progresismo es partidario de la innovación y del progreso en el orden de vida social y político, pronando el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es por esta razón que esta teoría propone cambios en las políticas del Estado para hacer más social. Así, por ejemplo, en el plan de gobierno del Partido Aprista Peruano (PAP) de García, se proponía incrementar el PBI consagrado a la educación hasta en un 6%. Cosa que no planteó Humala, pero quien si fue original en sugerir que los funcionarios públicos hablaran lenguas autóctonas para atender a los indígenas en sus idiomas .
Es entonces en este contexto de “campañismo” progresista donde nace la proposición de García de reinstaurar la pena de muerte para los violadores de menores de cuatro años que luego de haber violado maten a su víctima.
2) Preguntas y críticas de la nueva proposición
Esto no solo valió a García la crítica de sus adversarios políticos, como era de suponerse, sino también, críticas provenientes de su propio partido y de grandes figuras de éste, como las del patriarca del APRA Armando Villanueva del Campo: “la pena de muerte ya fracasó” (La Republica p1, 13/8/06) . Pero ya era demasiado tarde, el debate había sido abierto, y ya no existieron ni izquierdistas, ni derechistas, ni nacionalistas, ni apristas… frente a la simple pregunta: ¿está usted de acuerdo con la pena muerte?
Aunque en realidad la pregunta no fue planteada de manera tan simple, ya que la retórica utilizada por García en su anuncio daba varios elementos para que la respuesta fuese más probablemente un “sí, estoy de acuerdo”. Por ello, la pregunta que García que planteó en un primer tiempo era: ¿está usted de acuerdo con la pena de muerte para los violadores de menores de cuatro años que después de haber violado matan a su víctima?
Frente a esta retórica, la respuesta fue afirmativa por parte de los peruanos, respondiendo así a un sentimiento popular casi unánime que se califica de odio del mal (Casamayor, 1977) . Odio, del mal que causó el violador y el asesino por sus actos. Odio del daño psicológico causado a la familia del infante, etc. Según Casamayor, este sentimiento puede ser un motor poderoso del cual se pueden servir muchos políticos. Así lo demuestran las declaraciones de García en la mañana del 11 de agosto del 2006, en Palacio presidencial: “Llevaré al Congreso la propuesta de modificación constitucional y estoy seguro que la inmensa mayoría del Perú me secundará”. Es por esta razón que nuestro deber, como ciudadanos y seres libres de pensamiento, es el de decidir si queremos ser explotados por un político en sus afanes personales (llámense electorales, o de aprobación post electoral), o si ésta es una cuestión demasiado delicada como para ser definida en la escena política, ciudadana, o incluso humana.
Luego de estas consideraciones las preguntas que saltan a la vista para saber si podemos reimplantar la pena de muerte en el Perú son múltiples, y pienso que se deben de encontrar respuestas afirmativas a todas ellas para afirmar con total certeza que la pena de muerte es viable en un sistema penal, de lo contrario estaríamos hablando de un sistema imperfecto en el cual todo error sería irreparable.
¿Se han agotado todos los medios para prevenir las violaciones y el terrorismo?
¿El sistema judicial en Perú funciona tan bien como para confiarle un caso vital?
Desde el punto de vista del derecho comparado
¿La pena capital es realmente preventiva?
¿Un ser humano puede condenar a alguien a muerte sin ser condenado el mismo por su acto?
¿Existe la prueba 100% eficaz en aplicación en algún sistema penal del mundo?
Y pasamos otros aspectos éticos, psicológicos, de compatibilidad con el Derecho internacional, con los Derechos Humanos, e incluso con la religión.
Repetimos aquí que todas las respuestas tendrían que ser positivas para que la pena capital pueda ser totalmente viable sin errores. Es por esta razón que no podemos creer en la pena de muerte como un sistema perfecto. Es más bien un sistema utópicamente perfectible, eso significa que es imperfecto y nunca podrá serlo porque son los humanos (fuentes de errores) quienes hacen nacer esta pena.
Es así como luego de haber conversado sobre este tema, escuché sostener a un abogado que esto era normal ya que ningún sistema (penal, político, social…) es perfecto. Y es cierto, ningún sistema imaginado por el Hombre es infalible, y la pena de muerte no sería por ello la excepción. Pero como se repararían entonces los errores judiciales que sí se pueden reparar para con los amonestados devolviéndoles lo que pagaron injustamente. Para con un prisionero indultándolo, o incluso para con una persona que ya salió de la cárcel indemnizándola por la injusticia cometida. ¿Qué sucedería con el error judicial de un condenado a muerte? ¿Cómo un Estado repara una vida? La respuesta es única y clara, no hay reparación posible para el condenado injustamente a muerte.
Es a la vista de los cientos de casos de violaciones sexuales y traición a la patria que existen cada año en el Perú, y en vista de los disfuncionamientos del Poder Judicial, que se puede pensar que se cometerán errores humanos en el fondo o la forma de los procesos penales lo cual podría verse reflejado en errores judiciales llevando frente al pelotón de fusilamiento a inocentes.
Decimos esto, pero sin caer aquí en el juego del gobierno y de muchos partidarios de la pena capital que dicen: “Imagínese usted a su hijo violado, a su hija asesinada”. Por ello, no diremos que el inocente al que le dispararían injustamente podría ser su hijo o su hermano. Aquí no desarrollaremos estos argumentos individualistas (y poco jurídicos), porque lo que hacen justamente es despertar nuestro Odio del mal al imaginarnos la pena y el daño personal.
B) Evaluación reciente de los delitos propuestos a la pena de muerte
1) El Cáncer del terrorismo peruano
Desde hace ya algunos lustros, el Perú está sujeto (hoy menos que antes) a dos grupos terroristas, causando terror y muerte, éstos son Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Donde allá por los años ochenta, la vida no tenía ningún valor en las zonas rurales y los campesinos eran masacrados si no cooperaban entregando dinero, víveres, e incluso a sus hijas e hijos. En la capital, la aristocracia empezó a sentir los estragos del terrorismo, primero porque el terrorismo comenzó a reflejarse en los índices económicos (menos producción y dificultades de circulación de los productos agrícolas). Pero más tarde, comenzaron los atentados terroristas a los alrededores de Lima (cortando la electricidad) y luego los coches bomba en el centro de la ciudad y en los puntos económicos y comerciales de mayor afluencia (centros comerciales, bancos…). A comienzos de los años noventa se cambió de estrategia y se dio la oportunidad a los terroristas de arrepentirse deponiendo las armas contra beneficios penitenciarios. Por otro lado, se capturaron a los cabecillas de los grupos armados y el 12 de septiembre de 1992 se capturó a Abimael Guzmán Reynoso, líder de SL. Días más tarde, éste fue expuesto en uniforme a rayas ante la prensa y esto provocó una deserción importante entre los senderistas de menor rango. Sendero comenzó a perder a sus hombres, perder terreno y perder credibilidad entre sus discípulos intelectuales.
En cuanto al MRTA, parecía moribundo desde la captura de su líder, Víctor Polay Campos, y de miembros de la cúpula terrorista, pero este seguía operando en las zonas amazónicas y en el centro del Perú. Como es de costumbre, Lima sólo se percató que este grupo terrorista continuaba luchando contra los intereses de la República, cuando el 17 de diciembre de 1996, a las ocho y veintitrés de la noche, un grupo de terroristas del MRTA tomaron por asalto la residencia del embajador del Japón con cientos de personalidades. Entre éstas se encontraban vocales supremos, militares y policías que planificaron la lucha anti-subversiva, congresistas, ministros de Estado, embajadores… El calvario terminó para 71 de los 72 rehenes el 22 de abril de 1997.
Después de esta fecha, los atentados han sido mas discretos, y los grupos terroristas han seguido operando en el Alto Huallaga (zona amazónica en el centro del país), y los Andes del Sur.
Desde esas fechas casi no se escuchó hablar de atentados sino hasta marzo del 2002 donde un coche bomba estalló frente a la sede de la embajada estadounidense. Un día más tarde, el Presidente de la República de la época, Dr. Alejandro Toledo, se comprometió en Monterrey – México a “aplicar mano dura ante cualquier intento de golpear al pueblo”. El año siguiente, una declaración dio más luz a la población sobre el estado del terrorismo en el Perú. Fue el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), general Miyashiro, quien reconoció que existían alrededor de doscientos senderistas diseminados en los valles cocaleros al este y sur este de Lima (Apurimac, Huallaga y Ene). Dijo también que continuaban su “lucha popular” coludidos con los narcotraficantes de la zona, y que su estrategia estaba volcada en captar adeptos en las reuniones públicas o de gremios sindicales. Esto nos lleva entonces a confirmar una vez más que la lucha contra el terrorismo pasa también por la lucha contra el narcotráfico ya que estos grupos viven hoy de tráfico ilícito de drogas.
Las últimas acciones mediáticas de SL se dieron el 26 de diciembre del 2005, cuando el grupo subversivo llamó a una “guerra popular” contra la “supuesta democracia” del país y las elecciones presidenciales de 2006, un día después de que el gobierno decretara el estado de sitio en las citadas regiones del país por la renovada ola de ataques del grupo subversivo. Por último, en diciembre del 2006, terroristas vinculados al grupo maoísta SL asesinaron a cinco miembros de la policía nacional y a tres civiles en la localidad de Machente, departamento de Ayacucho. A raíz de este último hecho, el presidente en ejercicio, Dr. Alan García, declaró el lunes 18 de diciembre del 2006: “si hubiéramos aprobado la pena de muerte a los terroristas, los responsables de este hecho deberían ser accionados con la pena máxima”, fortaleciendo así su defensa a favor de la pena Capital.
Finalmente, recordemos que se estima que fueron más de treinta mil victimas las que perecieron por causa del terrorismo en el Perú.
2) La evolución negativa y el incremento de las violaciones sexuales
Sobre este penoso tema hay mucho que decir. Entre una y otra noticia que desde hace varios años han banalizado las páginas amarillistas de algunos diarios y que han saturado las crónicas locales de otros medios. Lo cierto es que, en todo país del Mundo existen los atentados sexuales, pero en el Perú ha habido desde hace algunos años un destape masivo de estos casos. Las violaciones son crecientes en lo que respecta a los menores de edad. Estos actos provienen en gran parte de familiares o allegados a la familia, y de personas que conocen al menor. Las noticias más relevantes son aquellas que provienen de las poblaciones desfavorecidas de Lima o de zonas rurales. Pero se piensa que este delito es también cometido en el sector socioeconómico alto donde no es denunciado por vergüenza. Por ejemplo, en Lima, según el Movimiento Manuela Ramos, se registraron, en 1996, un promedio de 38 denuncias cada mes por delitos de violación contra la libertad sexual de las cuales más de 58% fueron cometidos contra menores entre los 7 y 14 años. Más del 45% de esas agresiones se produjo en la casa de la víctima y alrededor de un tercio ocurrió en casa del agresor. También, según la primera Encuesta de Hogares sobre “victimización”, en Lima Metropolitana, realizada sobre ocho mil personas mayores de doce años, se estima que la segunda causa de agresión más frecuente es la violación sexual, seguida por intento de abuso sexual.
Ahora bien, estando ya aterrados por las cifras de las violaciones, nos topamos con noticias, una más espeluznante que otra, donde los niños no sólo son ultrajados, sino que luego son asesinados y su cadáver es “destrozado” por el asesino. Para el que no ha vivido esta situación, o incluso para el que no ha leído artículo alguno sobre el tema, la ilustración que daremos a continuación bastará para darse una idea de lo que sucede y se siente cotidianamente en el país andino. Estas son las declaraciones de un violador descuartizador llamado César Cabrera (26 años) quien detalla su crimen “Cuando vi que estaba muerta, empecé a cortarle una pierna... Usé un cincel y una comba, porque los huesos eran muy duros...” (Diario El Correo, 9/11/06) . Son artículos como este los que se pueden leer a diario en los diversos periódicos peruanos. Pese a las penas que existen en el código penal peruano, son pocas las veces en las cuales se procesa al delincuente, ya que éste no es localizado o se corrompe a la policía local. Si por suerte, éste llegara a ser procesado, el juez puede liberarlo por falta de pruebas, por prescripción, o porque las pruebas se borraron con el tiempo e incluso con la ayuda de un soborno. En el caso último en el que el delincuente fuera sentenciado, éste lo es con penas, que la prensa y juristas califican de complacientes. ”Una más” es, en este sentido, como empieza el articulo sobre la absolución por la Corte Suprema de Justicia hacia un sujeto “acusado de haber ultrajado sexualmente a su hija de 14 años, al otorgarle el beneficio de la duda pese a que la Sala de Puno le impuso 30 años de prisión” (Diario El Correo, 6/11/06)
C) La desconfianza en las instituciones nacionales e internacionales: Las premisas para una restauración complacientemente aceptada
1) La desconfianza en el Poder Judicial
Este tema de la desconfianza en el Poder Judicial resulta vasto y habría que consagrar un trabajo integro para encontrar las causas de éste. Pero aquí sólo nos basaremos en un aspecto que se relaciona con el trato de los violadores sexuales. Veremos que lo que suscita indignación en la opinión pública es la corrupción.
Como lo hemos expresado anteriormente, los peruanos se ven confrontados a estas lecturas periodísticas con mucha frecuencia y lo que indigna más es que no se apliquen las penas previstas. Es por ello que la Dra. Patricia Figueroa Valderrama (defensora de las mujeres sexualmente abusadas) considera: “que las leyes existentes son suficientes, y que las y los magistrados del Poder Judicial deben de tomar conciencia que este delito no sólo afecta a la víctima que en su mayoría es mujer, sino también a la sociedad en general, por lo que es responsabilidad de las y los jueces buscar los mecanismos necesarios para castigar…” . En este sentido, el ciudadano no entiende porque, si se presume fuertemente que alguien es un violador, no se procesa rápidamente y se le condena ejemplarmente para erradicar este delito. Esto contribuye entonces, por un fenómeno de repetición, a la desconfianza que se tiene para con el Poder Judicial y la policía. Por supuesto, esta desconfianza no data de hace poco, ni siquiera de hace uno o dos decenios, pero ya es considerada como cultural e historiadamente impuesta en la ciudadanía. No olvidemos aquí, que estamos hablando del mismo país de las dictaduras militares de los años setenta. El país de las corrupciones y robos de Estado de los años ochenta. Y también el mismo país en el que el asesor del servicio de inteligencia fujimorista, Vladimiro Montesinos, sobornaba a magistrados, congresistas, y demás personajes públicos.
Con respecto a la Policía Nacional, y la rama de ésta que trabaja con el Poder Judicial, hay que saber (si no se sabe ya) que la corrupción es el pan de cada día. Y aunque ésta sea poco organizada, es una practica corriente para solucionar un problema simple (como es el de pasar en un semáforo rojo), para no ser capturado o incluso borrar pruebas de delitos.
Sólo en las noticias de los últimos meses podemos comprobar esto: Luego de numerosos casos de corrupción por miles, cientos, y hasta decenas de dólares, la corrupción llegó a desprestigiar la más alta magistratura del Poder Judicial, cuando, en septiembre del 2006, “el vocal supremo Eduardo Palacios fue descubierto recibiendo un soborno” (El Correo, 5/9/06). Durante ese mismo mes, Carlos Huari y Héctor Córdova, practicante y secretario, respectivamente, del Tercer Juzgado Penal de Iquitos, fueron detenidos al ser sorprendidos in fraganti recibiendo un soborno equivalente a treinta dólares. A comienzos del año 2007, se destituyeron a cinco jueces de paz involucrados, en la mayoría de casos, en cobro de sobornos y apropiación ilícita de dinero (El Correo, 13/1/07), etc.
Con tantos casos destapados, el ciudadano debe pensar que esto es “la punta del iceberg” e incluso podría pensar que el juez y el violador se confabulan para beneficiarse, el primero con dinero y el segundo con la impunidad. Pero ésta sería una visión muy simplista, que no toma en cuenta que muchos de los magistrados pueden ser profesionales honestos. No obstante, el mal ya está hecho, y parece que el ciudadano no está dispuesto a creer en una institución que no muestra signos de ir mejor que antes. Es en todo caso lo que demuestra un estudio del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, donde un 97% de los limeños dice confiar “poco o nada” en el Poder Judicial . Dos tercios de los entrevistados, afirman que la corrupción es el principal problema de esta institución.
2) La poca información sobre los mecanismos judiciales: ¿Una incitación a la desconfianza en las Instituciones?
Las razones de la desconfianza, no sólo se encuentran en el mal funcionamiento del Poder Judicial o de otras instituciones nacionales. Por ello, sería fácil, y hasta demagógico, decir que aquella es la causa absoluta del divorcio del pueblo con su sistema. Esta es la razón por la cual hay que añadir aquí un aspecto muy importante: la información jurídica, que va de par con la educación cívica.
Por ello, se considera desde un punto de vista jurídicamente neutral (tomando en cuenta únicamente los cimientos de la Justicia peruana ) que el sistema debería de funcionar bien en teoría . Es por esta razón, que la Dra. Figueroa Valderrama, afirma que “las leyes existentes son suficientes”, ya que las penas en caso de violación van desde ocho años de prisión hasta la cadena perpetua.
Lo mismo sucede con respecto al terrorismo, donde las leyes existentes, son drásticas y van también hasta la cadena perpetua. Pero esto, que debió ser un medio de disuasión, no funciona con unos pocos irreductibles subversivos que continúan “la lucha”. Y aunque existe más confianza popular en las instituciones con respecto a este tema , se han manifestado descontentos populares por dos motivos. Primero, porque a algunos cabecillas terroristas, ya sentenciados hace años, se les anuló la sentencia penal reanudando un nuevo juicio. En segundo lugar, porque las nuevas sentencias hacia estos subversivos no han sido ejemplares.
Ahora bien, es cierto que hasta aquí, uno se puede preguntar en donde ha quedado la defensa republicana que el Estado debería de llevar. Para muchos peruanos incluso, estos nuevos juicios representaban una burla hacia el pueblo, ya que se daba nuevamente voz a los líderes terroristas, lo que engendraba publicidad para su causa. Además, el nuevo proceso también provocaba la incertidumbre de una sentencia más clemente hacia los cabecillas. Y sobretodo era vivido, de manera paradoxal, como un “segundo final” para los deudos y víctimas del terrorismo. Sin embargo, mirando más de cerca el mecanismo empleado por el Estado para re-sentenciar a los terroristas, podemos concluir que éste se ha comportado justamente como un defensor del Estado de Derecho .
En cuanto al problema de las penas aplicadas a los terroristas (que no son ejemplares) hay que añadir los problemas de procedimiento jurídico que imposibilitan que las penas (más pesadas hoy) se les apliquen a los terroristas. Por ello, aunque la sentencia de la Sala penal antiterrorista, del 13 de octubre del 2006, que condenaría a Abimael Guzmán a cadena perpetua, fue un alivio para muchos. Lo que exasperó a otros, fue el hecho de saber que siete de los cabecillas fueron condenados sólo a veinticinco años de prisión. Tres de ellos , de los cuales podrían salir libres dentro de cuatro años si se les aplicaran los beneficios penitenciarios. Incluso la Fiscalía criticó que no se hayan impuesto penas de cadena perpetua a toda la cúpula de SL.
Pero los jueces estiman, a justo título, que a ciertos terroristas , no se les puede condenar a perpetuidad porque fueron capturados en 1991 (cuando la pena máxima era de 25 años) y la cadena perpetua sólo se instauró en Perú en 1992. En este sentido, ellos benefician del principio de no retroactividad de penas más fuertes en materia penal. Esto quiere decir que legalmente el máximo castigo para estos dos no puede ser la perpetuidad sino veinticinco años.
3) La falta de comprensión de parte de las organizaciones y cortes internacionales sobre la situación peruana
Siempre con respecto al terrorismo se desconfía de los tribunales supranacionales ya que sus sentencias se imponen a las nacionales y existe el riesgo, en muchos casos, que no conozcan la realidad (a ciencia cierta) de un país determinado.
a) Por la ayuda extranjera prestada a los terroristas
En lo que tiene que ver con el terrorismo, Sendero Luminoso ha tenido contacto estrecho con China y Europa. En este sentido Abimael Guzmán viajó en varias ocasiones a La República Popular de China y envió en mayo de 1982 a Maximiliano Durand Araujo alias "Raúl" como representante en Europa con la meta de formar una cobertura exterior de apoyo a SL. Este se fue en calidad de becado. Otros senderistas junto con la familia de Abimael Guzmán viven en Suecia, desde donde entran en relación con otras organizaciones comunistas. Es así, como Javier Esparza Márquez, concuñado de Guzmán, formó el "Círculo de Estudios Ayacucho" (CEA) con sede en Estocolmo. De esta forma, ante la comunidad internacional, SL continua desprestigiando al Estado peruano, siguiendo así con parte de su estrategia de “lucha popular”. De esta manera, simulando ser simples ideólogos del comunismo se exilian políticamente en Europa (aprovechándose de los avances democráticos de este continente) y dan a entender que no se respetan los Derechos Humanos en el Perú, además de alegar que sus prisioneros son sólo prisioneros políticos. Esto tiene como efecto que algunas ONGs extranjeras cuestionen al Perú por la persecución hacia los senderistas, lo que indigna en muchas ocasiones a los peruanos victimas del aparato terrorista.
Por su parte el MRTA ha desarrollado su propaganda internacional en América central (El Salvador, Nicaragua con la ayuda del FSLN), y ha conseguido diferentes apoyos de las organizaciones y grupos afines, alineados al Movimiento Comunista Internacional (MCI) no sin desprestigiar también la imagen del Perú, particularmente en Alemania, Francia, Suecia e Italia.
b) Los terroristas peruanos suelen ser juzgados en instancia supranacional como prisioneros de guerra/políticos
Poco importa que estemos o no de acuerdo con la sentencia de La Corte interamericana de Derechos Humanos del 25 de noviembre del 2006, a favor de los deudos de los terroristas matados en el penal Castro Castro del seis al nueve de mayo de 1992 .
Lo que tiene mas importancia aquí es que la denuncia (número 11.015) ante la Corte se encuentra firmada por personas que indican ser miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. Esto se entiende en primer lugar como una provocación hacia el sistema institucional peruano donde se les reconoce como familiares de terroristas y terroristas en lo que respecta a los sentenciados. Esto, no por su pensamiento político, pero por sus presuntas acciones sanguinarias en contra de la nación. Se entiende en segundo lugar, como una deslegitimación de la posición que el Estado peruano tiene para con el estatus con el que se les ha juzgado. Entonces el sólo hecho de aceptar esta denuncia con las firmas de un comité de este tipo, da mucha desconfianza a los peruanos sobre el fallo que pueda dar la Corte IDH.
Podríamos pensar que si tan sólo se les hubiera reconocido un estatus de “prisioneros por terrorismo” y no el que se dejó entrever, el fallo hubiera sido mejor aceptado porque la Corte hubiera dado un mensaje de comprensión sobre la Historia peruana.
Pero vayamos más allá, y veamos que el hecho no está en complacer a los peruanos con un simbólico seudo-entendimiento. Sino más bien, en tener seriedad en la investigación de estos asuntos preliminares sumamente importantes para el esclarecimiento de la verdad, porque entendamos que esta verdad ya no es tal en su globalidad si la identificación del denunciante comienza siendo falsa
NOTA: si desea la bibliografía de este o los tres otros articulos relacionados con este tema sirvase dejar un comentario
gonzalezcarlos - 09 de noviembre de 2007 - 20:36 - Pena de muerte
gonzalezcarlos - 09 de noviembre de 2007 - 20:27 - Pena de muerte
A) La creación de un Estado “retribucionista”: ¿Un olvido del Estado de derecho?
1) El limite invisible entre la pena independientemente fallada y la venganza
En líneas generales, a todos los Estados que aplican la pena de muerte desde sus propias legislaciones se les puede calificar de “retribucionista”. Esta concepción defiende la retribución de un daño por otro daño equivalente (véase el artículo siguiente ).
En este sentido, según la concepción del Estado, la pena de muerte se aplicaría de manera justa para defender los intereses de los más débiles. Así es como se entiende también a Alan García, quien afirmó en una conferencia de prensa que defiende la vida de los menores de edad cumpliendo con su promesa de reinstalar la pena de muerte (El Comercio, 11/08/06).
El problema aquí radica en el límite muy estrecho que existe entre la pena retributiva y la simple venganza. Por supuesto que esto no quiere decir que el Estado se vaya a vengar de todos los delincuentes, sino más bien que hay un riesgo de que esto ocurra. Peor aun, es un riesgo que quizás nadie podrá observar. De hecho, como lo hemos visto, el sistema judicial peruano no está funcionando en buenas condiciones, a esto se añaden las presiones de otros Poderes del Estado que debilitan aun más el sistema judicial. El conjunto de estos elementos daría como resultado un Poder Judicial organizado según las condiciones y presiones externas. Diríamos entonces sin exagerar:
Que como la Congresista Alcorta quiere que se suspendan a los jueces que no sancionen como ella desea; Como el Congresista Pastor quiere que se haga una lista de los jueces que no fallan como a él le parece, y además como la mayoría de los ciudadanos quieren que se maten a todos los violadores sexuales y terroristas, entonces el Poder Judicial tendría que someterse al grito de Vox populi, vox Dei, pero también al grito Vox Alcorta vox Dei, y así sucesivamente con todos aquellos que no estén de acuerdo con los fallos del PJ.
Por ende, si los jueces, desde ahora, parecen tener un mandato frágil ¿Cómo se puede garantizar que no vayamos hacia un sistema de venganza organizada? ¿Quién sería el garante? Estamos seguros, que como respuesta se nos diría: la Constitución será garante, o el código de procedimientos penales será garante… Pero si el sistema no funciona hoy, ¿cómo va a funcionar mañana con una nueva responsabilidad?
2) Repercusiones de la pena capital bajo un régimen autoritario
Nunca hay que olvidar que al igual que otros países en Latinoamérica nuestras democracias continúan siendo frágiles . Es por ello que hoy la comunidad internacional vuelca sus ojos en Paraguay o Venezuela para verificar si existen o no derivas dictatoriales en el actual gobierno. En el caso peruano, se ha atravesado una dictadura que sólo ha terminado en el año 2000. Y no sería imaginario pensar en el regreso de una nueva, o en la transformación de un régimen democrático en dictadura (como fue el caso de Fujimori). Por esta razón, resulta indispensable preparar siempre el país hacia la democracia y no dejar ningún instrumento del cual se puedan servir los dictadores . Nos referimos sobretodo “al Derecho”, que durante los regimenes autoritarios se convierte en el instrumento para mantener el poder. De esta manera es delicado reestablecer la pena de muerte en un país tan expuesto a la dictadura como lo es el Perú . Porque dicha pena podría alargarse hacia otros delitos según la interpretación política e ideológica del dictador. E incluso, en el peor de los casos, la pena capital podría acelerar el proceso de erradicación de los adversarios políticos.
B)	Un riesgo indiscutible de error judicial irreparable
Contemporáneamente, es lógico suponer que el sistema jurídico positivo no desciende del Jus naturalis, por consecuencia éste emana de los Hombres quienes lo regulan. Sabiendo, no sólo por el dicho popular errar es humano, sino también por la experiencia personal, que el error nace también del humano. Entonces no podemos estar seguros que las penas son impuestas sin errores.
Es por esta simple razón, admitida en todas las justicias democráticas del mundo, que existe el derecho de apelación hacia un fallo que se considere injusto o no ajustado al Derecho . El Perú no es la excepción, por ello luego de pasar por un Juzgado en primera instancia, el reo puede apelar, su caso vuelve entonces a ser estudiado por la Corte Superior. Por último, luego de obtener el fallo en segunda instancia, y si no se ha aplicado bien el Derecho, se puede llevar el caso para que sea estudiado por la Corte Suprema. De esta manera se filtran los posibles errores.
Pero, si consideramos además que el Poder Judicial peruano tiene problemas de funcionamiento, estaríamos entonces en presencia de un órgano con muchas posibilidades de equivocarse y cometer un error judicial. Cosa que sucede con mucha frecuencia en el Perú . Pero todo error puede ser remediable compensando de una manera u otra al inocente, en la única aventura en donde esto sea irremediable es cuando la vida ya ha sido cobrada. Recordaremos, para finalizar la historia del “Monstruo de Armendáriz”, tal como lo bautizó la prensa en 1953. Jorge Villanueva , fue sentenciado a muerte y fusilado en 1957 por la presunta violación y asesinato de un niño en un barrio adinerado de Lima. Villanueva, gritó su inocencia hasta el “último día” pero no fue entendido. El investigador de la Comisión Andina de Juristas, Eddie Condor Chuquiruna, afirma que “existieron diversos errores en las etapas de investigación y acopio de pruebas”. Además, quienes han clamado su inocencia, y lo hacen todavía aun, siguen insistiendo en que su color de piel negra y su condición económica humilde fueron trascendentales para encontrar un culpable, “la gente estaba horrorizada y exigía un culpable que pagase por este hecho atroz” afirma el forense Víctor Maurtua (La República p.21, 13/08/06). Lo cierto es que las investigaciones demostraron ulteriormente que el infante, supuestamente asesinado, había sido arrollado por un auto, cometiéndose así un error irreparable para el falso monstruo de Armendáriz.
C)	El refuerzo en la penalización del Estado y el triunfo del neoliberalismo en el sistema penal
En el Perú se escucha desde hace algunos años el discurso de la “tolerancia cero”, para los ladrones de carteras, para los drogadictos, las prostitutas, los asaltantes de banco. Desde hace ya varios meses la intolerancia penal es una política municipal activa que incluso ha sido imitada por ministerios, parlamentarios: “plan de tolerancia cero en navidad”, dirigido por el Ministerio de transportes a la circulación (El Correo, 5/1/07); Carlos Bringas, alcalde de Jesús María , refirió que la norma (de penalización) es un buen avance, pero a lo que debe apostarse es a la “tolerancia cero… los delitos deben ser sancionados incluso sólo por el hecho de haber tenido la intención”, señaló (El Correo, 11/05/06)…
Ahora bien, ¿de dónde proviene esta doctrina? Nos viene de Estados Unidos, y más específicamente de Charles Murray, un politólogo contratado por el Manhatan Institut en los “buenos tiempos” del gobierno de Ronald Reagan, para encontrar una solución a las “violencias urbanas” que sufría Nueva York. Murray es conocido por sus ideas neoliberales (mientras menos Estado social, mejor) Losing Ground: American Social Policy 1950–1980.
Por otro lado también se le relaciona con el círculo de pensadores racistas-segregacionistas estadounidenses, en este sentido, desarrolló junto con el psicólogo Richard Herrstein, teorías que relacionaban el coeficiente intelectual con el nivel social y la raza .
Desde Estados Unidos, donde nunca dio mayores efectos, esta doctrina se exportó primero
a Inglaterra y luego a diversas partes del mundo (Sudáfrica, Australia, Holanda, Brasil, Bélgica…) incluso llegó a Perú cuando el entonces Alcalde de Lima Alberto Andrade contrató a Murray para que dé su opinión sobre la delincuencia urbana limeña. Miles de dólares más tarde, ya conocemos los éxitos de dicho programa: ninguno.
Lo más preocupante es que esta doctrina neoliberal parece convincente, pero no es efectiva, e incluso divide a la población con conceptos que satanizan a unos y provocan temor a otros.
Según afirma Loic Wacquant, la doctrina de la “tolerancia cero” neoliberal, busca “un Estado fuerte, tutor moral inflexible, sólo capaz de vencer la pasividad” (Les Prisons de la misère, 2004). Por otro lado, critica la penalización del Estado como respuesta a las violencias, ya que según los datos numéricos que presenta en su libro, no es ni elevando las penas, ni preconizando un Estado policial, que algo haya cambiado en el comportamiento delictivo.
Por último, Wacquant deplora que muchos países “luego de haberse convertido al mercado libre y a la necesidad del Estado menos social” se conviertan a los imperativos de la tolerancia cero: “Renunciando a crear empleos allí donde se instalarán comisarías, esperando sin duda, construir prisiones”.
En el Perú es algo distinto lo que sucede, porque luego de resignarse al desempleo, ya no son de prisiones de las que se ha habla sino más bien de pelotones de fusilamiento.
D)	El desprestigio del Perú ante la comunidad internacional
1) La nueva aplicación de la violencia de Estado: ¿Un ejemplo para el mundo?
Sabemos que con la pena de muerte el Estado peruano sería capaz de matar. En Derecho internacional, sólo los Estados tienen jurídicamente esta facultad. Ni un Hombre, ni una empresa, ni siquiera un Organismo Internacional tiene la capacidad para matar a alguien. Sólo el Estado soberano y reconocido por la comunidad internacional puede, en principio, ser el único quien se atribuya jurídicamente esta prerrogativa violenta sin ser molestado.
Decimos aquí violenta porque con la pena de muerte se está generando un tipo de violencia llamada estructural. Según la concepción del noruego Johan Galtung, fundador del International Peace Research Institute, la violencia puede ser de dos tipos: Por un lado, la violencia directa, que es lo que conocemos clásicamente como violencia física y psicológica (podemos detectar al autor de esta violencia). Por otro lado, la violencia estructural que es aquella que emana de una estructura y donde el autor no es identificable.
Galtung apunta además que la violencia estructural es la raíz de la violencia directa y supone que sin violencia estructural no hay violencia directa.
Esto querría decir que los delitos corresponderían a causas venidas de la estructura cultural en la que vivimos. Llámense en este sentido, a la pobreza, la falta de libertad de expresión, la falta de educación, el hambre, la frustración social y sexual… No se trata aquí de disculpar a los violadores sexuales o a los terroristas como víctimas de un sistema sino más bien, de entender las posibles causas que llevan a generar estos actos. Y en conclusión, tratar de buscar soluciones a los problemas estructurales en lugar de atacarse sólo al problema individual.
De esta manera, el abogado y ex ministro de justicia Francés Roger Badinter, piensa que los delincuentes “tal y como se han comportado, son una forma de desgracia” y que “no nos protegemos de la desgracia matando a los que sólo son los instrumentos”. Badinter, quien ha visto morir a sus clientes en la guillotina, quien ha defendido no lo indefendible pero simplemente vidas, nos da aquí una lección de lo que debe de ser una reforma. Una reforma no debe de atacarse a “los instrumentos” de la desgracia sino más bien a la desgracia social en concreto o al problema estructural, según Galtung lo entendería.
No entraremos aquí en las causas estructurales de la violencia generada por los terroristas o los violadores. Pero podemos imaginar algunas que son propias a la falta de recursos económicos y a la falta de educación cívica, ética y moral.
¿Hasta dónde llegaría entonces nuestra imagen internacional si el Estado se pone al mismo nivel de entendimiento que los subversivos? Podríamos pensar que nuestra imagen no sería mas positiva que antes, si hoy, en lugar de afrontar los problemas de fondo, nos escondemos detrás de una pena que ya ha demostrado su fracaso para retomar el termino que usó Armando Villanueva.
2) El Perú: ¿un país sui generis por situación o por sus ideas?
En muchas ocasiones cuando se ha querido hacer entender alguna reforma en Perú, se ha tomado el argumento de país sui generis, y se ha clamado la particularidad, los problemas y el sistema interno. Con más razón este argumento se utiliza cuando se compara al Perú (en pleno debate político por un problema cualquiera) con otros países que han optado por otra vía frente a una misma encrucijada.
Pero esta vez, el argumento ha sido empleado para legitimar la pena de muerte. Ya que en muchas ocasiones se comparó al Perú con Europa y con sus vecinos latinoamericanos que no la aplican: “el Perú no es Inglaterra, no es Costa Rica (…) es un país sui generis pluricultural, tenemos de todo en el Perú, y nuestra realidad es muy diferente…” (Congresista Alcorta a BBC mundo, 10/10/06). Sin embargo este argumento es relativo, e incluso podríamos decir que no tiene peso. Basta con asomarse un poco a la realidad mundial para darnos cuenta que muchísimos países presentan estas características que Lourdes Alcorta (y no ha sido la única) nos presenta como “exclusivas” de Perú. Un ejemplo de ello es Rusia, en la que se integran veinte Repúblicas de base étnica, diez okrugs de base étnica, cuarenta y nueve oblasts , una región autónoma también de base étnica, seis territorios administrativos… Pero sin ir tan lejos, hablemos de Argentina donde las inmigraciones (catalanas, judías, italianas, peruanas, francesas, musulmanas, coreanas, caribeñas…) han dado como resultado un país pluricultural. También podemos hablar de Brasil, que cuenta con miles de rurales perteneciente a etnias variadas. De esta manera, podemos continuar la lista, hablando de las singularidades de muchos países, pero lo importante aquí es que no se crea que el Perú es sui generis por ser pluricultural.
Es por esta razón principalmente, que no se puede justificar la pena de muerte con base en la singularidad de la situación peruana. Lo que se puede afirmar, por el contrario, es que los gobernantes del Perú (Presidente, Primer ministro, Legisladores…) tienen una actitud sui generis para afrontar los problemas de violencia urbana. Ya que la postura de los gobernantes peruanos que están a favor de la pena, se destaca de todas las posiciones actuales en el mundo, por ello en la actualidad, con excepción de Perú, ningún país plantea reinstaurar la pena capital . Siendo probablemente ésta la peor propaganda que se haga del Perú con respecto a los Derechos Humanos
No obstante, la esposa del Presidente García, señora Pilar Nores, discrepando con el ministro de relaciones exteriores peruano, señaló que el país quedaría con más mala imagen internacional debido a los índices de violencia que existen actualmente (RPP, 10/08/06). Argumento que en realidad, puede ser o no ser cierto, ya que no hay posibilidad de verificar este supuesto que la señora Nores plantea. Quizás, si se sabe de la violencia en otros lugares del mundo, uno pueda tener una idea sobre la magnitud de los hechos que ocurren en el Perú visto con un ojo más internacional. Sepamos aquí, que otras naciones tienen problemas tan o mas graves que los que vive el Perú. Veamos, por ejemplo, el fenómeno de los escolares estadounidenses que emplean armas contra sus compañeros; La fiebre de los asesinos en serie también en EEUU; Las redes pedófilas en Europa ; Los violadores de deficientes mentales y enfermos vegetales en Francia (2006); El fenómeno de las “maras” en El Salvador que se extiende por América central y llega a España; la prostitución infantil que se cuenta por decenas de miles de casos en Indonesia, República Dominicana, Vietnam, Cuba, Tailandia, etc.: La sanguinaria delincuencia juvenil en Brasil o Sudáfrica; Los niños soldados que se matan entre ellos en Haití, Somalia, Colombia, El Congo… y otras decenas de ejemplos. Tomando en cuenta esta realidad mundial, tenemos la íntima convicción, de que el Perú no está dando mala imagen con sus problemas, y que son peores las consecuencias para con nuestra reputación si no defendemos los Derechos Humanos defendiendo el derecho fundamental a la vida.
E)	La contradicción con las promesas en los Tratados internacionales (La crisis del Pacto de San José)
Este es quizás el argumento que más ha sido difícil de combatir para los que están a favor de la pena de muerte. En primer lugar porque es una prueba indiscutible de la incompatibilidad de esta pena con el Derecho penal moderno. En segundo lugar, porque la salida de las instancias supranacionales generaría un revuelo en las garantías jurídicas del ciudadano y un retroceso en el ordenamiento jurídico peruano. Por esta última razón, extenderemos este segmento hasta la interpretación anticonstitucional de la pena en el enunciado numero cinco.
1) La relación entre el Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Se recuerda aquí que la pena de muerte (abolida en 1979) ha quedado restringida desde 1993 para ser utilizada solo por traición a la patria en tiempos de guerra (art. 140° de la Constitución peruana). Por otro lado, se resalta que el Perú es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta Organización Internacional posee dos entidades de protección y promoción de los Derechos Humanos en las Américas, que son la Comisión Interamericana con cede en Washington DC, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con cede en San José de Costa Rica. Esta última fue establecida en 1979 y está compuesta por jueces reconocidos por su alta autoridad moral. La Convencion, que se llama también Pacto de San José por haber sido firmada en esa ciudad en 1969, es lo que une al Perú con esta entidad quien se ocupa de poner en aplicación e interpretación la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros Tratados en instancia supranacional luego de haber “agotado la jurisdicción interna” del Perú (art.205° Constitución peruana).
2) La incompatibilidad entre la muerte y el artículo 4.2 del Pacto
Primero veamos que el Pacto de San José comprende tres partes que se subdividen en Capítulos y estos en artículos. El artículo 4.2 corresponde aquí a la primera parte del Pacto titulada Deberes de los Estados y derechos protegidos. Dentro de esta, en el capítulo dos sobre los Derechos civiles y políticos, figura el artículo en cuestión. Este dispone lo siguiente:
“En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”
Entonces, tal como se enuncio precedentemente, el Perú está dentro de la competencia del pacto de San José desde su adhesión el 12 de julio de 1978 y por ello debe de respetar las disposiciones de éste según lo dispuesto por la Convención de Viena de 1969. Sin embargo, el problema viene a plantearse aquí entre la incompatibilidad de la pena de muerte que el Perú quiere extender y entre la parte final del articulo 4.2 del Pacto de San José. En este sentido, consultando información, se puede encontrar un precedente de extensión de la pena de muerte del Estado de Guatemala y una opinión consultiva del 8 de septiembre de 1983 sobre las restricciones a la pena de muerte por parte de la Corte IDH . La Corte plantea en este caso en el punto 49° que los tratados deben interpretarse “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin” (articulo 31.1de la Convención de Viena de 1969). Sobre este punto, la Corte prosigue en el punto 58° diciendo que “la Comisión (redactora del Pacto de San José) dejó constancia, en este articulo, de su firme tendencia a la supresión de la pena de muerte”. De modo que, prosigue en el punto 59°:
“al interpretar la parte final del articulo 4.2 de buena fe conforme al sentido corriente (…) no es posible albergar duda alguna respecto a la prohibición absoluta contenida en esa disposición, según la cual ninguno de los Estados Partes puede disponer la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales no estuviese contemplada previamente por su legislación interna (…)”
Finalmente el punto 76° la Corte IDH responderá a la pregunta que se le había hecho que “la Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que en consecuencia no puede un Estado Parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada en su legislación interna”
Por esta razón es coherente pensar que aplicando la pena de muerte hacia los casos de violación sexual, el Perú seria condenado por la Corte IDH, deteriorando aun más las relaciones con esta Institución (supra I.C.3.b). Otra opción ya sustentada, seria que el Perú salga de la competencia del Pacto de San José totalmente o parcialmente. Pero esto, aunque fuera parcial no haría mas que recortar los derechos fundamentales de cada peruana y peruano, restringiendo sobretodo sus “derechos civiles y políticos” tal como lo enuncia el Capitulo II del Pacto de San José. Pero ¿por qué haría esto un gobierno democrático defensor de los derechos fundamentales? Veremos esto a continuación.
3) Jugar con el fuego
Varias respuestas posibles, una de ellas podría ser que se quiere hacer un trueque de algunos derechos contra la aprobación popular haciendo creer que algo se está haciendo por combatir la delincuencia. Una segunda razón, podría ser también que el Gobierno actual no es defensor de los Derechos Humanos. Esto no solo se sustentaría con la supuesta intención de salida del Pacto de San José, sino también con muchos otros indicios, como el que el Vicepresidente que García eligió para acompañarlo en la plancha electoral sea un hombre de armas enemigo declarado de las Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. También se puede añadir a la lista las sospechas de implicación de García en las matanzas de los penales limeños, la formación de un comando paramilitar llamado “Rodrigo Franco” , etc. Y como bien se sabe que las coincidencias en la política son como las apariciones de la Virgen Maria, es decir milagrosas, podemos desear que, sin tardar, se expliquen razones honestas y posturas claras al pueblo con respecto a lo que el Gobierno piensa sobre los derechos fundamentales.
Por otro lado, algunos críticos señalan una tercera razón que consiste en decir que el Presidente procura introducir el drástico castigo con el fin de vulnerar expresamente el Pacto de San José. Esto podría responder a dos imperativos no confirmados pero posibles. El primero podría ser que con la pena de muerte y saliendo de la jurisdicción de la Corte, esta última ya no pueda fallar en contra del gobierno peruano por los presuntos genocidios y matanzas extrajudiciales cometidos durante el gobierno de Fujimori y del propio García . La segunda razón, aun más delicada, sostiene que el Presidente García no desee desprestigiarse políticamente si se condenan los actos cometidos por el grupo paramilitar autodenominado “Rodrigo Franco” que operó en el Perú durante el primer gobierno de García. Oficiosamente se tiene la versión que este grupo funcionó con la protección del entonces ministro de Interior, Agustín Mantilla, y que era organizado con la ayuda de militantes apristas. Este grupo, asesinó a decenas (si no son cientos) de presuntos terroristas, y también a estudiantes, sindicalistas…sin nexos terroristas, pero que pertenecían a la izquierda progresista. Entre las decenas de desaparecidos que se cuenta, probablemente existieron también “errores de ejecución” cuando se equivocaban de persona o cuando se excedían en sus misiones.
4) La convicción de los juristas peruanos frente a la salida del Pacto de San José
En pleno debate sobre la pena, se comprobó la incompatibilidad con el Pacto de San José, que no permite de ampliar la pena de muerte al Perú.
Sin embargo, el legislador del APRA, Mauricio Mulder, en penosas declaraciones, sostuvo que de ser necesario renunciarían a los convenios internacionales para implantar la pena de muerte. Luego de lo cual, las respuestas por parte de los juristas democráticos del Perú no se hicieron esperar. A través de la ONG defensora de los Derechos Humanos APRODEH , el colegio de Abogados de Arequipa, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín y la Facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa reprobaron la idea del retiro de la competencia del Pacto de San José. De igual modo, el Canciller José García Belaunde, reconoció que sería negativo para la imagen internacional del Perú que el gobierno denuncie el Pacto (RPP, 09/08/06). Por su parte la decana del Colegio de Abogados de Lima, Dra. Greta Minaya, afirmó que desde “una posición principista…renunciar al tratado significaría un retroceso en la administración de justicia y aun aislamiento ”. Lo propio hicieron altas personalidades jurídicas como el ex juez AD’Hoc de la CorteIDH, Fernando Vidal (La Primera, 13/08/06) o la Dra. Delia Revoredo (La República, 13/08/06).
Yendo mas allá de las discrepancias políticas, se puede decir que con la salida del Pacto de San José se va contra la defensa de la seguridad jurídica, porque se atenta contra el derecho a una instancia supranacional que aprecie la situación del Perú en cuanto al respeto del Estado de Derecho: “la protección legal de la Corte IDH sirve para corregir, frenar excesos, equivocaciones y hasta abusos judiciales o legislativos. Fue esta corte la que dejó sin efecto la ley de amnistía para el grupo colina (grupo asesino paramilitar)” (El Comercio editorial, 13/8/06).
5) Una interpretación anticonstitucional de la pena de muerte
Si lo expuesto anteriormente no fuera ya una razón suficiente, se sostiene también que la pena capital sería anticonstitucional porque aunque está inscrita en el articulo 140° de la Constitución, la cuarta disposición final de la Carta Magna prescribe que las normas referidas a los Derechos Humanos se interpretan de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los Tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siguiendo este proceso, se puede interpretar, que esta disposición introduce (en el Derecho interno) todos los acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia de Derechos Humanos, dando un valor Constitucional a esta introducción. Lo que implica, que una vez introducidos estos Tratados sobre DDHH, quien los denuncie, va en contra de la Constitución.
Entonces por ejemplo, el que querría denunciar la Convención Americana sobre DDHH para reinstaurar la pena capital, además de ir contra la interpretación del articulo 2° de la Constitución “Toda persona tiene: Derecho a la vida…”, iría también en contra del Pacto de San José y en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su articulo 3 “todo individuo tiene derecho a la vida…”, los cuales están introducidos constitucionalmente en Derecho interno.
Pero apuntando más allá de cómo se ha venido interpretando la Constitución peruana hasta hoy, y luego de lo expuesto, una pregunta nos salta a la vista: ¿El articulo 140° de la Constitución, que reconoce la pena de muerte en tiempos de guerra, no entra en contradicción con el articulo 2° que defiende el derecho a la vida? Pensamos que existe allí una relación “contra natura” entre dos conceptos que se oponen (muerte y vida), lo cual amerita una reforma en la Carta Magna con una preocupación de claridad y sobretodo de humanidad.
NOTA: Si desea la bibliografía de este u otro de los tres artículos relacionados con el tema, sírvase dejar un mensaje en la presente rública de comentarios.
gonzalezcarlos - 09 de noviembre de 2007 - 20:21 - Pena de muerte
“Insistir en… la pena de muerte es convertir el asunto en tema principal del debate político, o por lo menos, en uno de sus ejes; es decir, en una prioridad nacional, cuando los esfuerzos… deberían centrarse hoy, en los momentos iniciales de la nueva generación gubernamental, en las urgencias referidas al desarrollo, a la exclusión, al empleo y a la reforma del Estado” (Santiago Pedraglio, diario Perú 21, 13/08/06).
Muchas de las propuestas que aquí plantearemos necesitan de medios económicos consecuentes, sin embargo, estos gastos parecen estar a la altura de las arcas del Perú. Según el Banco Central de Reserva, se estima que en 2007 el Perú crecerá más de 6%, habiendo crecido a ritmo acelerado desde hace ya un lustro. Así, para que no exista un riesgo de déficit durante la inversión social, deben de desplazarse las prioridades del gobierno, garantizando un Estado más social para recolectar a mediano o largo plazo (en el caso de la educación) los frutos de una nueva política basada en la oportunidad y la paz. Recordemos, en este sentido, que el Perú está en “la cola sudaméricana del avance social” con solo 8% de su PBI consagrado al gasto social, mientras que Bolivia o Colombia ocupan mas del 13% y Uruguay llega a casi 21% .
Consideramos que ésta es la medida más importante de todas contra la plaga de violadores y delincuentes que afrontan las tierras peruanas. No olvidemos, en este tema, que muchos de estos adultos que ahora tienen alrededor de treinta años y que violan, eran sólo niños de apenas diez años cuando Alan García tuvo la “tarea” de educarlos como buenos ciudadanos. ¿Qué se nos ha legados luego de su gobierno y los demás gobiernos que le han seguido? No respondamos que el resultado son violadores, porque sería muy fácil, y generalizaría la situación para con muchos ciudadanos que no lo son. Pero, digamos que algo falló en la educación, que los violadores, los cientos de padres que abandonan a sus familias, etc. son producto de la falta de educación, o son más bien producto de la mala educación/formación que se les ha dado. Es de esta manera que luego de un estudio llevado a cabo durante diez años, el Latinobarometro se expresa así en su informe: “Perú es uno de los países que mas preocupa en términos de su cultura cívica y sus actitudes hacia la democracia que han experimentado un retroceso en los últimos años”
Por ello, pensamos que hay que proceder a una reforma de la estructura curricular que implique una enseñanza eficaz de la educación cívica (no relegada a segundo plano como sucede hoy). El aumento de las horas por semana de esta materia; Que la estructura del curso exija la enseñanza de la Constitución y la visita de un personaje cívico durante el año (policía, juez, alcalde, regidor…). Por otro lado, se puede imaginar la fusión del curso de educación religiosa con uno de educación moral, que imparta un modelo de cultura ética que falta en el Perú, (el profesor impartiendo antiguamente la religión puede –bajo ciertos criterios- ser el mismo de educación moral si se le capacita).
También se deben de reactivar las inspecciones académicas a diversos niveles (nacional, regional, local). Alargar las funciones de la Oficina de Supervisión y Coordinación Regional para que se ocupe de controlar esporádicamente las escuelas a nivel local. Por otro lado, crear tests anónimos donde cada alumno pueda expresarse sobre el sistema educativo, (para evitar presiones, las respuestas a este test deberían de darse con “aspas” y no con escritura caligráficamente reconocible). Las veintiséis Direcciones Regionales de educación podrían hacerse cargo de la organización y recuperación de datos de este sondeo semestral. Vale la pena señalar aquí, que los alumnos pequeños o grandes también son nacionales y tienen voz aunque por la minoría no tengan voto. Y es posible que en la negligencia, o el hecho de hacer caso omiso a sus pedidos, esté uno de los fracasos del sistema educativo peruano.
2) La lucha contra la cultura machista
Muchos conocedores de la sociedad están de acuerdo en decir que esta es una posible causa del alto numero de violadores sexuales estos últimos años en el Perú. En este argumento esta implicado el Alcalde de Surquillo Gustavo Sierra quien afirma que “el 100% de jóvenes inmersos en problemas de drogas, pandillaje y delincuencia proviene de familias mal estructuradas” (el Correo, 11/05/06). Por ello, y por seguir una lógica avanzada de lucha contra la estructura violenta que genera violencia, no podemos ignorar esta pista. Entonces habría que combatir el abandono de hogares y prestar auxilio en los casos de abandono. ¿Hasta cuando vamos a ver a niños vendiendo caramelos en los buses a horas de colegio para alimentar a sus hermanitos porque el o los padres los abandonaron? ¿Qué plan de ayuda general existe para asistir a la madre abandonada?
Por último, y en los casos de pobreza declarada por un organismo social (asistenta social, hospital, escuela) prestar una ayuda económica directa a la familia destruida, un modelo como el plan “hambre cero” aplicado en Brasil por su Presidente Lula da Silva . Para información sepamos que este modelo se aplica en escala mas grande y social en países como Chile, Francia (con sus Allocations familiales), o México que cuenta con el programa Oportunidades .
Es posible que se afirme la falta de liquidez del Estado para afrontar tal gasto de ayuda directa. Pero pensamos que 8% para el gasto social es insuficiente. Por eso, se puede empezar desde ahora con los casos más graves como son los niños sin padres, a los cuales debería de darse prioridad con un estatus de hijos de la nación. Lo mismo debería de aplicase para con las madres abandonas en situaciones críticas. Recuerdo justamente haber encontrado una señora de alrededor de cincuenta años en Lima quien vendía caramelos en las calles y se desplazaba con una cojera muy pronunciada. Al preguntarle por la causa de ésta, me contó que era fruto de un accidente que sufrió al ser atropellada por un carro cuando pasaba de un bus a otro para vender sus caramelos. Imaginé que por su trabajo estaba de pie todo el día, dándome cuenta (luego de calcular rápidamente sus ganancias) que el sufrimiento y los años de vida que estaba perdiendo por el dolor valían apenas 150 soles para alimentar sola a sus dos hijos.
De todos los planes de reforma analizados, el más maduro y con más visión realista de éxito es el que planteó el ex presiente del Poder Judicial peruano, Dr. Hugo Sivina Hurtado, (que retomamos de nuestro artículo más arriba) esto se debe a que sus proposiciones son concisas, claras, directas y además, a que articula eficazmente los focos del problema en tres ejes centrales.
Reestablecer la legitimidad de las instituciones débiles es tarea nacional, y esto debería ser una regla para todos los altos funcionarios con un cargo importante. Esto implica que los otros poderes del Estado no se inmiscuyan en los asuntos judiciales ni en los fallos de los jueces. Se estima en este sentido que aunque exista la libertad de expresión, ésta tiene sus limites donde empiezan las libertades del Poder Judicial, a saber el derecho a su independencia de los otros dos poderes del Estado (Véase en este sentido el desarrollo y los ejemplos puestos en el artículo dos puestos más arriba).
Esta reforma es necesaria, para agilizar un Derecho Humano que es el de la justicia rápida y eficiente. Tengamos presente que en el Perú la justicia tarda demasiado. Por ello, el 65% de los peruanos consultados expresaba su descontento con la lentitud de la justicia (latinobarometro, 2005). La ciudadanía sondeada aquí no hace más que, clamar un derecho que no es únicamente el de los reos, pero que es el de todos. Para darnos una idea de la lentitud de los procesos penales tomemos en cuenta que sólo en Lima hay 19.110 reos de los cuales sólo 4880 han sido sentenciados. Viendo esto, es evidente que se necesitarán medios económicos consecuentes con la modernización y progreso judicial, pero esto responde a una necesidad que no solo se debe de interpretar como institucional, sino más bien como social. Hay que recalcar que desde la segunda mitad del régimen de Fujimori se vieron algunos progresos en las oficinas de los juzgados (computadoras remplazaron las maquinas de escribir, se informatizaron algunos datos del reo…). Pero esta reforma debe de continuar e ir en un proceso evolutivo constante que implemente las áreas de trabajo de utensilios necesarios (escritorios de talla adecuada, más sillas en las salas de espera, fotocopiadoras que sirvan…). Pero también que se implemente el ambiente de descanso de los funcionarios (máquinas de café, pintura en los muros, baños adecuadamente mantenidos…). Si hablamos de los juzgados provinciales, que son los más marginados, por la centralización del Estado en materia judicial, podemos desear incluso menos que esto, ya que ellos no tienen en muchas ocasiones ni siquiera agua en los baños, o vidrios en algunas ventanas. (Véase en este sentido el desarrollo y los ejemplos puestos en el artículo dos puestos más arriba)
1)	Aumentar los medios financieros y la fiscalización en el INPE
El INPE o Instituto Nacional Penitenciario es un Organismo público y descentralizado del sector Justicia, rector del sistema penitenciario peruano, con personería Jurídica de derecho público y con autonomía económica, técnica, financiera y administrativa. Forma pliego presupuestario y se rige por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento . Es importante señalar que aunque se ha comenzado ya con esta reforma trascendental para mejorar la vida en las prisiones, no parece haber las garantías de un buen manejo del Instituto por los múltiples casos, que van desde corrupción, madre de todos los tráficos (de drogas, beneficios) hasta las fugas de prisioneros , pasando por el maltrato a los familiares.
En esta óptica se debe de seguir con la reestructuración y reordenamiento del personal penitenciario, capacitándolos para evitar fugas por ejemplo. Capacitándolos también para canalizar la violencia gratuita contra un prisionero. Este tema de la violencia siendo muy importante para que el reo no repita lo que ha visto o vivido en la cárcel. Por ello, el despido de agentes penitenciarios violentos o corruptos debe de ser una norma fundamental y respetada ejemplarmente por el cuerpo del INPE.
Además, se debería de crear un ente fiscalizador de las acciones del INPE, con comunicación directa entre el INPE y el gobierno central a través del ministerio de Justicia. Las familias de los reclusos de largas penas (y que los visitan regularmente) podrían participar en encuestas sobre el funcionamiento de las cárceles. Lo cual sería útil para conocer las prioridades de reforma, debido a su experiencia en el sistema durante varios años.
Finalmente, se debe de aumentar los medios económicos a invertir en la seguridad (refuerzo de muros, rejas…), pero también, en la compra de herramientas para fabricar artesanías, compra de libros, cuadernos, implementación de aulas, y el pago de profesores de educación cívica entre otros.
Contrariamente a lo que se afirma vulgarmente por los defensores de la pena capital, el decano del Consejo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, Dr. Cesar Neyra apunta lo siguiente sobre los violadores: “Estos delincuentes pueden rehabilitarse a través de un trabajo psicológico cognitivo dirigido a modificar su conducta”. Mas tarde en su discurso el psicólogo aclara que actualmente “las condiciones de las cárceles peruanas no son las mas adecuadas para lograr estos fines” antes de proponer para estos delincuente el internamiento acompañado de un tratamiento en un centro especial para violadores, en donde aprenderían a comportarse socialmente y reaccionar sobre sus actos a través de una terapia o combinaciones de técnicas, como las dinámicas de grupo por ejemplo.
Esta idea no es en nada utópica e irrealizable, depende únicamente de un giro de en la política represiva (del Estado policial) que se esta llevando hoy . Recordemos que estamos hablando de menos tres mil trescientos internos que sólo representan el 10% de la población penitenciaria . Se debería entonces empezar por tratar a los violadores como violadores. Esto implica que se les trate a muchos de entre ellos como a enfermos mentales (véase los artículos posteriores relacionados con el tema) , y entonces serían necesarios los centros aislados especializados en tratamiento y reeducación para los violadores, con la participación de psicólogos, sociólogos, antropólogos... y de estudiantes en estas ramas para que se puedan especializar en el trato de este público. No se trata, con esta proposición, de darles un trato “de lujo”, porque sería siempre el INPE quien se ocuparía de esa prisión, con las mismas medidas de seguridad y tolerancia que se tiene para con los reos de otros penales. Desde esta perspectiva, el trato que se les daria seria según su condición, adecuando el tiempo pasado tras las rejas en tiempo que será útil para la sociedad, cuando estos individuos salgan libres y se reintegren. Pensemos que el deber del Estado no es solo encerrar al delincuente, pero tambien es de hacerle aprovechar el tiempo de encarcelamiento hacerlo conciente del acto delictivo, para reformarlos y terminar con el comportamiento antisocial.
Continuando con esta suposición de reforma, y si no tenemos un pensamiento misántropos o pesimista también se podría comenzar progresivamente a capacitarlos (realmente) a un oficio . Esto implica que las metas sean más ambiciosas de las que se tiene ahora . Y en un segundo tiempo, esta capacitación puede comportar clases donde se impartan cursos de lectura, aptitud numérica, pero sobretodo educación cívica, en la cual sean notados del 0 al 20. Si esta nota es sobresaliente, se podría tomar en cuenta por el Consejo técnico penitenciario para facilitarles o no los beneficios por “readaptación a la sociedad civil”.
Por último se pueden también optar por “los trabajos voluntarios de interés público” con delincuentes que muestren su buena conducta y que no se hayan visto implicados en casos de fuga o intención de fuga. Esta mano de obra podría ser explotada en beneficio del propio penal o de la sociedad a la cual han damnificado, y se traduciría por la construcción/reparación de pistas, la limpieza y recojo de basura (en los bordes del Lago Titicaca, en los lados de las carreteras…), ejecución de obras ecológicas (plantar árboles en zonas deforestadas, curar animales).
NOTA: Si desea la bibliografía de este u otro de los tres artículos relacionados con el tema, sírvase dejar un mensaje al autor en la presente rública de comentarios.
gonzalezcarlos - 10 de abril de 2007 - 02:22 - Pena de muerte

References: sui generis
sui generis
sui generis
sui generis
sui generis
 artículo 4
 artículo 4