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Timestamp: 2017-11-20 07:39:40+00:00

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Página 4 by Renzo Cavani - issuu
LABORAL 4 LA LEY IRREGULAR DECISIÓN HARÍA PASIBLES A SUS MIEMBROS DE UN JUICIO POR PREVARICATO
AÑO 3 / Nº 34 / DEL 1 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010
Tribunal Constitucional aplicó norma que fue derogada hace más de 15 años Colegiado emitió una sentencia declarando fundada la demanda de amparo de un trabajador, pero basó su fallo en una norma derogada en julio de 1995
El Tribunal Constitucional (TC) acaba de emitir una sentencia declarando fundada la demanda de amparo de un trabajador y ordenando su reposición. El caso podría ser uno más de los innumerables amparos laborales declarados fundados por la máxima corte del país, pero tiene una peculiaridad que podría acarrear incluso un proceso por prevaricato a los tres jueces firmantes (Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola Hani), la resolución tiene como fundamento normativo una norma derogada hace más de quince años. La controversia que ha suscitado este fallo –contenido en la STC Exp. Nº 05012-2009-PA/TC, publicada en la página web del TC el 17 de agosto de 2010– tiene como protagonistas a un trabajador y una entidad estatal. El primero de ellos fue contratado por el segundo bajo La aplicación los alcances de un contrato a plazo determinado de una norma deroga- laboral (propio del régimen laboral da para resolver una privado), pero la entidad controversia tiene con- estatal no esperó a que el trabajador culminara el plasecuencias penales zo del contrato y antes de su finalización procedió a despedirlo. Lo llamativo, sin embargo, es que el despido se produjo antes de que el trabajador cumpliera tres meses de haber empezado sus labores. De esta manera, el despido sería perfectamente válido pues, en nuestro ordenamiento jurídico laboral, se puede despedir sin expresar causa justificativa cuando el trabajador no acumula tres meses de trabajo. Esto es lo que el legislador nacional ha denominado “periodo de prueba” y consiste en lo siguiente: desde el inicio de la relación laboral hasta tres meses después, el trabajador puede ser despedido y no tiene derecho a ser indemnizado o, en todo caso, a recuperar su trabajo. Sin embargo, en este caso, el TC no considera que el despido sea válido, a pesar de que, como dijimos, este se produjo durante el periodo de prueba del trabajador. La razón principal que esgrime para ello es que este último ingresó a trabajar a través de un “concurso”. Por eso, para el TC, debe aplicarse el inciso a) artículo 44 del Decreto Legislativo Nº 728, que establece que
ÁLVAREZ, CALLE Y URVIOLA: fundamentaron sentencia que se basó en una norma derogada. ¿Son pasibles de un proceso penal?
los trabajadores que ingresaron por concurso no están sujetos a periodo de prueba. Es decir, estos últimos, desde el inicio de sus labores, tienen protección contra el despido injustificado. Lo único malo es que el dispositivo normativo en mención, el artículo 44 del Decreto Legislativo Nº 728, ya había sido derogado a través de la Ley Nº 26513, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de julio de 1995. Es decir, desde el día siguiente a dicha publicación, los trabajadores que ingresaban a laborar a través de un concurso se encontraban, al igual que los trabajadores que no ingresaban de dicha manera, sujetos a un periodo de prueba. Aplicar una norma derogada no tiene ningún sustento jurídico válido. Más aún, en la sentencia que comentamos, el TC
El artículo 44 del Decreto Legislativo Nº 728 fue derogado por la tercera disposición complementaria, transitoria, derogatoria y final de la Ley Nº 26513, publicada el 28 de julio de 1995
no argumentó si es correcto aplicar una norma derogada. Sólo se limita a emplearla como si, al día de hoy, estuviera vigente y formara parte del ordenamiento jurídico laboral. Esto, a todas luces, es un proceder incorrecto y contrario al Derecho, al punto que los miembros del TC podrían enfrentar un juicio por prevaricato. Hay que recordar que la aplicación de una norma derogada tiene consecuencias penales, tal como lo establece el artículo 418 del Código Penal (ver despiece). Este desliz de nuestro TC deja en evidencia que, en algunos casos, el ente que debería asumir la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, termina emitiendo justamente sentencias contrarias a los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
¿Un proceso penal contra el TC?
3. El inciso a) del artículo 44º del Decreto Legislativo N.º 728 establece que están exonerados del período de prueba los trabajadores que ingresen por concurso.
Tal como lo establece el artículo 418 del Código Penal: “El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”. A la luz de este artículo, es evidente que el máximo tribunal ha cometido una falta gravísima que ameritaría una sanción que podría llevar a sus miembros a prisión por el periodo señalado. Sin embargo, dado que se trata de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones (al emitir una sentencia), la sanción penal para los magistrados del TC que firmaron dicha resolución requeriría, previamente, que se lleve a cabo un antejuicio ante el Congreso, a fin de que este levante la inmunidad de la que gozan los jueces del Tribunal Constitucional por su investidura. En efecto, el artículo 99 de la Constitución Política del Perú señala que a la Comisión Permanente le corresponde acusar ante el Congreso a los miembros del Tribunal Constitucional por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas, una situación parecida a la que corresponde a los miembros del propio Parlamento. El procedimiento de dicho antejuicio está regulado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Una vez que el Congreso aprueba el antejuicio y ordena levantar la inmunidad, entonces corresponde formular la denuncia al Fiscal de la Nación, iniciando un proceso penal que sería ventilado ante un juez supremo.
Página 4 de la Ley N° 34
renzodeath

References: resolución 
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 418
 artículo 44
 artículo 418
 resolución 
e contrario
 resolución 
 artículo 99
 artículo 89