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Timestamp: 2020-08-11 12:53:44+00:00

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Ley Orgánica 1/1992 de 21 de Feb (Protección de la Seguridad Ciudadana) | Iberley
LEY ORGANICA 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. - Boletín Oficial del Estado de 22-02-1992
Estado: DEROGADO desde 01 de Julio de 2015 por Ley Organica 4/2015, de 30 de marzo, de proteccion de la seguridad ciudadana.
Fecha de entrada en vigor: 13/03/1992
Fecha de Publicación: 22/02/1992
La Constitución, por otra parte, establece una atribución genérica de competencia al Estado en materia de seguridad pública (articulo 149.1.29) y, específicamente, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de 'los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (articulo 104.1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de. España o al derecho de reunión.
Desde la promulgación de la Constitución, en un proceso ininterrumpido, las Cortes Generales han tratado de mantener un positivo equilibrio entre libertad y seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, mediante la aprobación .de Leyes Orgánicas generales como la de 1 de junio de 1981, de los estados de alarma, excepción y sitio; la de 1 de julio de 1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, o la de 13 de marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se han aprobado Leyes especiales, como la de 15 de julio de 1983, reguladora del derecho de reunión; la de 21 de enero de 1985, sobre Protección Civil, o la de 25 de julio de 1989, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; incluyéndose, asimismo, medidas de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos mediante la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que dedica a la materia su Título IX.
En el Capítulo 11I se habilita para realizar actuaciones dirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de la seguridad ciudadana, particularmente en supuestos de desórdenes colectivos o de inseguridad pública graves. Quedan, así, facultadas las autoridades para el cierre de locales o establecimientos y para la evacuación de inmuebles en situaciones de emergencia o en circunstancias que lo hagan imprescindible, así como para la suspensión de los espectáculos, desalojo de locales y cierre provisional de establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugar graves alteraciones del orden. Se prevé la limitación o restricción de la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden o la seguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento de controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, con el fin de descubrir y detener a los partícipes en un hecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos o pruebas del mismo.
Se regulan las condiciones en que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ello fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que les corresponden, podrán requerir la identificación de las personas. Si no pudieran identificarse por cualquier medio, podrán ser instadas a acudir a una dependencia policial próxima a los sotos efectos de la identificación. No se altera, pues, el régimen vigente del instituto de la detención, que sólo podrá seguir produciéndose cuando se trate de un sospechoso de haber cometido un delito y no por la imposibilidad de identificación. Lo que se prevén son supuestos de resistencia o negativa infundada a la identificación, que tendrían las consecuencias que para tales infracciones derivan del Código Penal vigente.
Se regulan, asimismo, las condiciones y términos en que, conforme la lo permitido por la Constitución y las leyes, podrá prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico.
El Capitulo IV establece un régimen sancionador que permite el cumplimiento de las finalidades de la Ley y de las correspondientes garantías constitucionales. Tipifica las infracciones contra la seguridad ciudadana, haciendo la graduación entre infracciones muy graves, infracciones graves e infracciones leves; comprendiéndose específicamente entre las infracciones graves el consumo en lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, las cuales podrán ser sancionadas, además, con la suspensión del permiso de conducir de vehículos de motor hasta tres meses, y con la retirada de permisos o licencias de armas. Atendiendo al fin resocializador y no exclusivamente retributivo de la sanción, se regula en la presente Ley para estos supuestos, la posibilidad de suspensión de las sanciones en los casos en tos que el infractor se someta a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado. Asimismo, este Capitulo IV determina las sanciones que cabe imponer y las autoridades competentes para ello, estableciendo un procedimiento sancionador con las debidas garantías. Por otra parte, se dispone la obligación del Ministerio Fiscal de remitir testimonio de las sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento y archivo, cuando los hechos no sean constitutivos de infracción penal, si pudieran constituir infracción administrativa de las previstas en esta Ley.
Por último, la presente Ley, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional, en las disposiciones finales primera y segunda, así como en los artículos 2 y concordantes, es claramente respetuosa con el sistema competencial que se desprende de la Constitución, tal como es definido por los artículos 104 y 149.1.29, por la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segundad, y por los Estatutos de Autonomías de las Comunidades con competencias en esta materia. Asimismo, las autoridades locales seguirán ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislación de Régimen Local, espectáculos públicos y actividades clasificadas.
Se estima que así puede facilitarse y orientarse la tarea de proteger un ámbito de seguridad y convivencia en el que, sea posible el ejercicio de derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia en las relaciones sociales y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de dichas libertades y derechos, todo lo cual entraña una de las principales razones de ser de las autoridades a que se refiere la presente Ley y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes.
1. Todas las autoridades y funcionarios públicos en el ámbito de sus competencias deberán colaborar con las autoridades a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado parara consecución de las finalidades prevenidas en el artículo 1.
2. También podrán las autoridades competentes a los efectos de esta Ley y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso necesario y en la medida indispensable para el cumplimiento de las funciones que les encomienda la presente Ley, recabar de los particulares su ayuda y colaboración, siempre que no implique riesgo personal para los mismos, y disponer de lo estrictamente preciso para asegurar el cumplimiento dulas leyes y el ejercicio de los derechos. Quienes sufran daños o perjuicios por estas causas, serán indemnizados de acuerdo con las leyes.
CAPITULO II Medidas de Acción Preventiva y Vigilancia
SECCIÓN PRIMERA.- ARMAS Y EXPLOSIVOS
2. Las autoridades y servicios a los que corresponda ejercer la intervención, podrán efectuar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en los diferentes locales de las fábricas talleres, depósitos, comercios y lugares de utilización de armas y explosivos.
SECCIÓN SEGUNDA.- ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
b) Asegurarla pacífica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la celebración del espectáculo o el desarrollo de la actividad.
SECCIÓN TERCERA.- DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL
2. El Documento Nacional de Identidad será obligatorio a partir de los catorce años. Dicho documento es intransferible, correspondiendo a su titular la custodia y conservación, sin que pueda ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente salvo los supuestos en que, conforme a lo previsto por la Ley, haya de ser sustituido por otro documento.
2. El pasaporte o documento que lo supla se expedirá a los ciudadanos españoles, salvo que el solicitante haya sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimiento, mientras no se hayan extinguido o cuando haya prohibido su expedición o la salida de España la autoridad judicial respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal. A los incluidos en la primera de las excepciones indicadas, se les expedirán, no obstante, los referidos documentos siempre que obtengan autorización del órgano judicial competente.
3. El pasaporte o documento que lo sustituya se expedirá a quien se encuentre sujeto a patria potestad o tutela si cuenta con autorización de quien la ejerza o, en defecto de ésta, del órgano judicial competerte.
4. El pasaporte o documento que lo supla podrá ser retirado por la misma autoridad a quien corresponda su expedición, si sobrevinieren las circunstancias determinantes de su denegación, como consecuencia de las resoluciones judiciales a que se refiere el apartado En tales casos, y en la medida que el Documento Nacional de Identidad sea documento supletorio del pasaporta, se proveerá a su titular de otro documento a los solos efectos de identificación.
SECCIÓN CUARTA.- ACTIVIDADES RELEVANTES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
1. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados, el alquiler o el desguace de vehículos de motor, o la compraventa de joyas y metales preciosos deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente.
SECCIÓN QUINTA.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
4. Los titulares de los establecimientos e instalaciones serán responsables de la adopción o instalación de las medidas de seguridad obligatorias, de acuerdo con las normas que respectivamente las regulen. así como de su efectivo funcionamiento y de la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados
CAPITULO III Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana
La autoridad competente podrá acordar, corno medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la evacuación de inmuebles o el depósito de explosivos, en situaciones de emergencia que las circunstancias del caso hagan imprescindibles y mientras éstas duren.
1. Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de les establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo.
2. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 911983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías.
3. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, ics empleados de empresas privadas de vigilancia y seguridad, si le hubiere, deberán colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicio.
1. Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacifica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento.
2. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los Instrumentos, efectos ó pruebas del mismo, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de las efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la diligencia se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.
3. En las dependencias a que se hace referencia en el apanado anterior se llevará un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en aquéllas, al como los motivos y duración de las mismas, y que estará en todo momento a disposición de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal. No obstante lo anterior, el Ministerio del Interior remitirá periódicamente extracto de las diligencias de identificación al Ministerio Fiscal.
1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder ala entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes.
2. (Declarado inconstitucional).
3. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cesas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.
4. Cuando por las causas previstas en el presente articulo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio, remitirán sin dilación el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente.
Modificación realizada por SENTENCIA 341/1993, DE 18 DE NOVIEMBRE, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 1045, 1279 Y 1314/1992 Y CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 2810/1992 Y 1372/1993, PROMOVIDOS POR 91 DIPUTADOS AL CONGRESO, EL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES DE MADRID Y SEVILLA, PROCESOS QUE AFECTAN A PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (BOE de 10-12-1993) en vigor desde 10-12-1993
Modificación realizada (Articulo inicial) por SENTENCIA 387/1993, DE 23 DE DICIEMBRE, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1845/1993, EN RELACION CON EL ARTICULO 21.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (BOE de 27-01-1994) en vigor desde 13-03-1992
Texto Original. Publicado el 22-02-1992 en vigor desde 13-03-1992
10/12/1993 (Vigente)
13/03/1992 (Versión Original)
SECCIÓN PRIMERA.- INFRACCIONES
a) La fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, adquisición o enajenación, tenencia o utilización de armas prohibidas o explosivos no catalogados; de armas reglamentarias o explosivos catalogados careciendo de la documentación o autorización requeridos o excediéndose de los limites permitidos, cuando tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.
n) Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o amar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal.
ñ) La apertura de un establecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo do su funcionamiento sin autorización o sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad obligatorias o cuando aquéllas no funcionen o lo hagan defectuosamente, o antes de que la autoridad competente haya expresado su conformidad con las mismas.
q) (Derogado)
Modificación realizada por Ley Organica 3/2013, de 20 de junio, de proteccion de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. (BOE de 21-06-2013) en vigor desde 11-07-2013
Modificación realizada por Ley Organica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilizacion de videocamaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares publicos. (BOE de 05-08-1997) en vigor desde 06-08-1997
Las infracciones tipificadas en los apartados a), b), c), d), e), f), h), i), l), n), del anterior artículo, podrán ser consideradas muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública, hubieran alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieran producido con violencia o amenazas colectivas.
1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así ceno la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al trafico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicótropicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en loe sities mencionados de útiles o instrumentos utilizadas para su consumo.
d) La admisión de menores en establecimientos públicos o en locales de espectáculos, cuando esté prohibida, y la venta o servicio de bebidas alcohólicas a los mismos,
1) Las irregularidades en la cumplimentación de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos.
h) Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracción penal
j) Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana.
SECCIÓN SEGUNDA.- SANCIONES
a) Multa de 30.050,62 a 601.012,10 euros, para infracciones muy graves. De 300,52 a 30.050,61 euros, para infracciones graves. De hasta 300,51 euros, para infracciones leves.
c) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
d) Suspensión temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años para infracciones muy graves, y hasta seis meses para las infracciones graves en el ámbito de las materias reguladas en el Capitulo 11 de esta Ley.
En casos graves de reincidencia, la suspensión y clausura a que se refieren los dos apartados anteriores podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves.
2. Las infracciones previstas en el artículo 25 podrán ser sancionadas, además con la suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses con la retirada del permiso o licencia de armas, procediéndose desde luego a la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
3. En casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con tu previsto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Modificación realizada por RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a las equivalencias pesetaseuros de las cuantías de las sanciones, precios comunicados, indemnizaciones, ayudas y cánones del Ministerio del Interior. (BOE de 02-11-2001) en vigor desde 03-11-2001
03/11/2001 (Vigente)
1. Serian competentes para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior.
d) Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla, para imponer multas de hasta 6.010,12 euros, las sanciones previstas en los apartados b) y e) del articulo anterior y la suspensión temporal de las licencias o autorizaciones de hasta seis meses de duración, por infracciones graves o leves.
e) Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la provincia, para imponer multas de hasta 601,01 euros, y las sanciones previstas en los apartados b) y e) del artículo anterior, por infracciones graves o leves.
Cuando no concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior, en las materias a que el mismo se refiere;.los Alcaldes pondrán los hechos en conocimiento de las autoridades competentes o, previa la sustanciación del oportuno expediente, propondrán la imposición de las sanciones que correspondan.
Modificación realizada (29 (se actualizan cantidades a euros)) por RESOLUCION de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaria, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administracion Publica. (BOE de 17-11-2001) en vigor desde 07-12-2001
Modificación realizada (29 (apdo. 2)) por LEY 10/1999, de 21 de abril, de modificacion de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccion de la Seguridad Ciudadana. (BOE de 22-04-1999) en vigor desde 12-05-1999
07/12/2001 (Vigente)
1. Las respectivas normas reglamentarias podrán determinar, dentro de los limites establecidos por la presente Ley, la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales por la comisión de las infracciones, teniendo en cuenta la gravedad de las mismas, la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevención y mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana.
SECCIÓN TERCERA.- PROCEDIMIENTO
3. Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades sancione, doras antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales.
En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal, cuando se acordase el archivo o se dictase apto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que los hechos no sean constitutivos de infracción penal, deberá aquél remitir a la autoridad sancionadora copia de la resolución y de los particulares que estime necesarios, cuando aquéllos pudieran ser objeto de sanción administrativa conforme a lo previsto en esta Ley.
2. Dichas medidas, que deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción, podrán consistir en la adopción de medidas de acción preventiva y en la realización de actuaciones para el mantenimiento o restablecimiento de, la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y especialmente en:
4. Excepcionalmente, en supuestos de posible desaparición de las armas o explosivos, de grave riesgo o de peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en la letra a) del apanado 2 anterior podrán ser ordenadas directamente por los agentes de la autoridad, debiendo ser ratificadas o revocadas por ésta en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas desde queda resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.
- La Ley 36/1911, de 21 de julio, sobre modificación de determinados articules de la Ley de Orden Público.
- El Real Decreto-ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados articules de la Ley de Orden Público.
- Cuantas cifras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto eh la presente Ley.
l. Las disposiciones relativas a los espectáculos públicos y actividades recreativas contenidas en la presente Ley, así como las normas de desarrollo de las mismas, serán de aplicación general en defecto de las que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en esta materia.
Fecha: 2001-11-03
LEY 10/1999, de 21 de abril, de modificacion de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccion de la Seguridad Ciudadana.
SENTENCIA 341/1993, DE 18 DE NOVIEMBRE, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 1045, 1279 Y 1314/1992 Y CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 2810/1992 Y 1372/1993, PROMOVIDOS POR 91 DIPUTADOS AL CONGRESO, EL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES DE MADRID Y SEVILLA, PROCESOS QUE AFECTAN A PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
Fecha: 1993-12-10
SENTENCIA 387/1993, DE 23 DE DICIEMBRE, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1845/1993, EN RELACION CON EL ARTICULO 21.2 DE LA LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
Entrada en Vigor: 1992-03-14
11/07/2013 Última Redacción
desde 22/02/2007 hasta 11/07/2013
desde 07/12/2001 hasta 22/02/2007
desde 03/11/2001 hasta 07/12/2001
desde 12/05/1999 hasta 03/11/2001
desde 06/08/1997 hasta 12/05/1999
desde 10/12/1993 hasta 06/08/1997
desde 13/03/1992 hasta 10/12/1993

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 25
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución