Source: https://tc.vlex.es/vid/2000-23866079
Timestamp: 2020-08-13 16:28:09+00:00

Document:
STC 140/2005, 6 de Junio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 23866079
STC 140/2005, 6 de Junio de 2005
Número de Recurso: 6777-2000
Recurso de amparo 6777-2000. Promovido por doña María del Carmen álvarez Vega frente a la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su demanda contra la Dirección General de Costes de Personal sobre minoración de pensión de viudedad. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad en la aplicación de la ley: prorrateo de pensión sin atender al período de convivencia more uxorio.
STC 140/2005, de 6 de junio de 2005
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de diciembre de 2000 la Procuradora doña Marina de la Villa Cantos, designada en el turno de oficio para la representación procesal de doña María del Carmen Alvarez Vega en el proceso judicial previo a este amparo, manifiesta que, al objeto de interponer demanda de amparo, tanto ella como el Abogado igualmente designado en turno de oficio continúan siendo los encargados de la representación y defensa de la interesada, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 1/1996, de 19 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 11 de enero de 2001, se le concedió un plazo de veinte días para la formalización de la demanda de amparo.
Los fundamentos de hecho relevantes en el presente recurso de amparo son, en síntesis, los siguientes:
La demandante, doña María del Carmen Álvarez Vega, contrajo matrimonio el 28 de noviembre de 1984 con don José Polit Fernández, quien tenía reconocida la condición de pensionista de conformidad con el título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República.
Fallecido el Sr. Polit el 2 de noviembre de 1986, en Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Dirección General de Gastos de Personal, se concedió pensión de viudedad a doña María del Carmen Álvarez Vega, al amparo del título II de la citada Ley 37/1984.
El 27 de noviembre de 1990, doña Enriqueta Medina Gascón solicitó pensión de viudedad del referido don José Polit Fernández, con quien había contraído matrimonio el 9 de diciembre de 1936, separándose de mutuo acuerdo en el año 1948 y sin convivencia conyugal desde esa fecha.
El 19 de octubre de 1992 la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dictó dos acuerdos. El primero de ellos a favor de la citada doña Enriqueta Medina Gascón, reconociéndole pensión de viudedad con efectos desde el 1 de diciembre de 1986, y el segundo, por el que se revisaba y sustituía el anterior de reconocimiento de pensión a la ahora recurrente en amparo, doña María del Carmen Álvarez Vega, en el sentido de minorar la cantidad de su pensión con efectos del día primero del mes siguiente al mencionado acuerdo.
Doña María del Carmen Álvarez Vega interpuso recurso contencioso-administrativo contra Resolución de 12 de enero de 1996 del Tribunal Económico-Administrativo Central, por la que se desestimó la reclamación económico-administrativa que había deducido contra el acuerdo de 19 de octubre de 1992 de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que revisaba y sustituía el anterior de 23 de noviembre de 1987 que le reconocía pensión de viudedad al amparo del título II de la Ley 37/1984.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó Sentencia el 21 de diciembre de 1998. Destaca que la cuestión litigiosa no se refiere tanto a una discusión en relación con el reparto entre ambas viudas de un común período de tiempo de duración del matrimonio, o de un periodo de convivencia que entrase en conflicto con éste y en relación al cual las dos interesadas pretendieran tener derecho, sino que se centra en la pretensión de doña María del Carmen Álvarez Vega de que se le compute todo el período de convivencia more uxorio transcurrido antes de haber contraído matrimonio con el causante en 1984, lapso de tiempo que por ausencia de convivencia tampoco le fue considerado a doña Enriqueta Medina Gascón.
Señala el órgano judicial que el art. 15 del Real Decreto 1033/1985, de 19 de junio, de desarrollo de la Ley 37/1984, establece que tendrán derecho a las pensiones incluidas en el título II de la Ley las viudas de los causantes, siempre que reúnan las condiciones exigidas por la legislación general de clases pasivas para ser pensionistas de viudedad; que el art. 38.1 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, como también antes el art. 31 del texto refundido de clases pasivas de 1966 (en ambos casos en un mandato coincidente con el contenido en la disposición adicional décima de la Ley 30/1981), dispone que tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos, siempre en proporción al tiempo que hubieran vivido con el cónyuge fallecido y con independencia de las causas que hubieran determinado la anulación o el divorcio en cada caso; y, finalmente, que la disposición adicional décima , número 2, de la Ley 30/1981, de 7 de julio, establece que en los casos en que no se hubiera podido contraer matrimonio por impedirlo la legislación vigente a la fecha de la entrada en vigor de la nueva norma, pero se hubiera convivido como tal, si falleciera con anterioridad a la mencionada entrada en vigor uno de los que estuviesen en tal situación, el otro tendrá derecho a la pensión de viudedad o a la de derechos pasivos a que se alude en los números anterior y posterior de aquella misma disposición.
Esta Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional fue recurrida en casación, dando lugar al Auto de 3 de noviembre de 2000 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que declaró la inadmisión del recurso a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La recurrente deduce recurso de amparo contra la repetida Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que considera contraria al principio de legalidad (art. 25.1 CE) y al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por desviarse de la que califica como línea jurisprudencial interpretativa de la disposición adicional décima de la Ley 30/1981, de 7 de julio. En concreto, solicita que este Tribunal Constitucional declare su derecho a percibir la pensión de viudedad en cuantía proporcional a todo el tiempo de convivencia real y acreditada con el causante, no sólo en proporción al tiempo de matrimonio, por entender que la Sentencia impugnada supone una desviación injustificada y una vulneración de la doctrina jurisprudencial que interpreta la Ley 30/1981 y que los beneficios que ésta instituye son aplicables a todo el tiempo previo de convivencia more uxorio al existir matrimonio posterior a la entrada en vigor de la citada Ley, con todos los efectos económicos y legales que de tal decisión puedan derivarse, incluso con efecto retroactivo a 1992, fecha del acuerdo administrativo origen de las actuaciones jurisdiccionales, y sin que de ello se desprenda consecuencia negativa para la parte proporcional que ha venido percibiendo hasta su fallecimiento la primera esposa del causante.
Por providencia de 16 de julio de 2001 la Sección Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, requerir a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del recurso de casación núm. 1834/99 y del recurso núm. 398/96, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, de 3 de octubre de 2001, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones, así como escrito del Abogado del Estado a quien se tiene por personado y parte en nombre y representación de la Administración General del Estado. A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de todas las actuaciones del recurso de amparo, en la Secretaria de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a la Procuradora doña María de la Villa Cantos, para que dentro de dicho término pudieran presentar alegaciones.
La recurrente evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 29 de octubre de 2001, ratificándose en esencia en lo expuesto en la demanda de amparo. Indica en su escrito que la Sra. Medina Gascón ha fallecido hace poco tiempo, por lo que la ahora demandante deberá recibir a partir de ese momento la totalidad de la pensión causada por don José Polit Fernández.
Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2001 el Abogado del Estado formuló sus alegaciones. Mantiene, en primer lugar, que la desviación de una sentencia de una línea jurisprudencial no representa en sí misma una lesión del art. 24 CE, menos aún cuando la divergencia no se produce en el seno de un mismo órgano jurisdiccional. Lo que se plantea en la demanda de amparo es la vinculación de una sentencia a precedentes ajenos, circunstancia que de aceptarse implicaría una notoria modificación del sistema de fuentes del Derecho.
El Ministerio Fiscal presentó escrito de alegaciones el 30 de octubre de 2001, interesando la estimación de la demanda de amparo. La Resolución de 12 de enero de 1996, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central, de la que parte el ulterior pronunciamiento judicial, responde a una interpretación literal de las exigencias legales contenidas en la norma controvertida. Sin embargo, a su juicio, como quiera que sólo habían transcurrido dos años y ocho meses desde que hubo entrado en vigor la Ley 30/1981 cuando el Sr. Polit Fernández formalizó demanda en solicitud de divorcio, que culminó con Sentencia firme de 20 de septiembre de 1984, y que se celebró el nuevo matrimonio apenas dos meses más tarde, debe entenderse que si el enlace matrimonial no se hubo producido con anterioridad fue debido a la imposibilidad legal existente hasta el momento de la vigencia de la Ley 30/1981, de 7 de julio. Recuerda en ese sentido que la STC 260/1988 ponía de manifiesto que la transformación de la unión de hecho en vínculo matrimonial requiere unos trámites procedimentales que se prolongan en el tiempo, de suerte que la entrada en vigor de la Ley 30/1981 no determina automáticamente la conversión de la unión extramatrimonial en vínculo conyugal. Los presupuestos exigidos por la norma no pueden interpretarse con rigidez extrema, pues de aceptarse los argumentos esgrimidos por la Sala en la Sentencia recurrida se llegaría a la solución absurda de que, de haber fallecido el Sr. Polit Fernández en fechas inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la Ley o incluso en las consecutivas a dicha fecha de vigencia, sí se habrían reconocido los beneficios que ahora reclama su viuda y, sin embargo, ésta no tiene el mismo derecho en un caso como el de autos, pese a que se aprecia una voluntad decidida de legalizar la situación, habiéndose acordado la disolución por divorcio del anterior matrimonio y llevado a efecto inmediatamente la celebración del nuevo enlace.
Por providencia de 2 de junio de 2005, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
La demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de 21 de diciembre de 1998 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 398/96 formulado por doña María del Carmen Álvarez Vega contra la Administración General del Estado (Tribunal Económico-Administrativo Central) y doña Enriqueta Medina Gascón, en impugnación de la Resolución de 12 de enero de 1996 que desestimaba su reclamación contra el Acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de 19 de octubre de 1992, sobre señalamiento de pensión de viudedad en coparticipación al amparo del título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República.
La Sentencia impugnada funda la desestimación del recurso contencioso-administrativo en que el tiempo de convivencia more uxorio entre la demandante y el causante, que la demandante quiere computar en su beneficio, no podía seguir el régimen previsto en la disposición adicional décima ,, número 2, de la Ley 30/1981, de 7 de julio, al no permitirlo ni la regulación expresa de tal norma, ni tampoco una interpretación flexible y amplia de su cobertura jurídica.
Debemos despejar dos cuestiones previas antes de proceder al análisis de la vulneración denunciada:
En el trámite de alegaciones abierto al amparo del art. 52 LOTC, la parte recurrente pone de manifiesto que ha fallecido doña Enriqueta Medina Gascón, divorciada del Sr. Polit, así como que dicha circunstancia tendrá consecuencias al no poder haber reparto de pensiones a partir de ese momento. La defunción, en efecto, tuvo lugar el día 20 de enero de 2000, según certificación extendida por el Registro Civil de Serra que consta en las actuaciones remitidas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
La recurrente en amparo invoca en su demanda, junto a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), la vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE). Esta última alegación no tiene la consistencia necesaria ya que en el recurso no se argumenta en modo alguno en qué podría consistir esa pretendida infracción. Como hemos señalado reiteradamente no corresponde a este Tribunal reconstruir de oficio las demandas, supliendo las razones que las partes no hayan expuesto, por ser carga procesal de quien pide amparo constitucional no solamente abrir la vía para que podamos pronunciarnos, sino también de proporcionar la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente es de esperar y que se integra en el deber de colaborar con la justicia del Tribunal Constitucional (por todas, SSTC 5/2002, de 14 de enero, FJ 1, ó 167/2004, de 4 de octubre, FJ 2).
Para centrar adecuadamente la cuestión formulada será necesario partir de los términos del recurso contencioso-administrativo, exigencia que viene impuesta por el principio de subsidiariedad del recurso de amparo (STC 116/2004, de 12 de julio, FJ 3).
Pues bien, en respuesta a la solicitud de doña María del Carmen Álvarez Vega de que se le computara todo el período de convivencia more uxorio transcurrido antes de haber contraído matrimonio con el causante, que tuvo lugar en 1984, el órgano judicial analiza la virtualidad en el supuesto de autos de la disposición adicional décima , número 2, de la Ley 30/1981, de 7 de julio. Recuerda en primer término su tenor literal, ciertamente referido a los casos de convivencia extramatrimonial de quienes no hubieran podido contraer matrimonio por impedírselo la legislación vigente, pero que hubieran convivido como tal, y siempre que hubiera acaecido el fallecimiento de uno de ellos con anterioridad a la vigencia de la Ley 30/1981, circunstancia esta última que en verdad no concurría en el asunto enjuiciado, lo que en principio situaba el caso, como afirmó la Sentencia impugnada, fuera del supuesto definido en el texto legal.
Centrados, pues, en la interpretación que hace la Sentencia de la disposición adicional décima de la Ley 30/1981, de 7 de julio, resultará necesario hacer recordatorio de algunos criterios consolidados en nuestra jurisprudencia y determinantes en la solución de este recurso de amparo.
El segundo criterio jurisprudencial que debemos destacar refuerza el punto de partida que inspira la pretensión de la recurrente, esto es, que no procede una lectura meramente literal de la disposición normativa en controversia. En efecto, es cierto que no se incluyen en el ámbito de aplicación del precepto todos los supuestos de convivencia extramatrimonial, sino tan sólo aquéllos que tengan su causa en la imposibilidad, por impedimento legal, de contraer nuevas nupcias, y que ese fundamento teleológico de la norma llevó al legislador a situarla en un escenario predeterminado, de carácter temporal, consistente en que el fallecimiento del causante hubiera tenido lugar antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio. Sin embargo, como bien precisó la STC 260/1988, de 22 de diciembre, FJ 4, desde la perspectiva constitucional y con el objeto de no dar lugar a situaciones discriminatorias, la interpretación de aquel requisito temporal no puede hacerse al margen de la finalidad de la norma, que quedaría desvirtuada si tal condicionamiento temporal se interpretara en sus términos literales, porque no puede ignorarse que la transformación de la unión de hecho en vínculo matrimonial requiere unos trámites procedimentales que se prolongan en el tiempo, hasta la obtención de la resolución judicial de divorcio necesaria para la posterior celebración del matrimonio, de suerte que la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, no determina automáticamente la posibilidad de convertir la unión extramatrimonial en vínculo conyugal. Es, pues, la imposibilidad, por impedimento legal, de contraer nuevas nupcias la base de la protección dispensada por el legislador a través de la norma en cuestión (STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 1), lo que implica por exigencia del art. 14 CE, como dijimos en la STC 39/1998, de 17 de febrero, FJ 5, la ampliación de los supuestos regidos por la disposición adicional décima , número 2, de la Ley 30/1981.
Como se dijo, la demanda de amparo denuncia la vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al no admitirse la interpretación funcional, correctora del precepto, que se propuso en el proceso, conforme a la cual supuestos como el enjuiciado, en el que se contrajo efectivamente matrimonio, también deberían incluirse en el ámbito regido por la disposición adicional décima , número 2, de la Ley 30/1981, de 7 de julio, y considerarse situaciones transitorias provocadas por el cambio operado por la citada Ley, a las que se ha referido este Tribunal por ejemplo en la STC 260/1988 antes citada.
Aduce la recurrente que se ha resuelto su caso sin atender a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, así como al margen de diversas resoluciones dictadas por distintos Tribunales Superiores de Justicia. Sin embargo, como con acierto destaca el Abogado del Estado, hay que separar los casos de aplicación divergente de la ley por un mismo órgano jurisdiccional de aquellos otros casos en que la divergencia se produce por ser órganos jurisdiccionales diferentes los llamados a decidir los litigios y a aplicar la ley en ellos. Cuando se trata de un único órgano jurisdiccional, debe éste aplicar la ley de la misma manera, señalando, en su caso, las diferencias que pudieran existir entre unos y otros supuestos o las razones que le hayan inducido a un cambio de parecer. En el segundo grupo de supuestos, esto es cuando se trata de órganos jurisdiccionales diferentes, la igualdad de trato expresa una línea tendencial a que debe obedecer el ordenamiento jurídico en su conjunto y determina la necesidad de apertura de las oportunas vías de recurso con el fin de que las eventuales divergencias puedan ser reducidas, y la aplicación de la ley unificada, mediante una doctrina jurisprudencial uniforme; todo ello respetando como es lógico el sistema de fuentes del Derecho y la independencia de los órganos jurisdiccionales, cuya directa vinculación a la ley y al Derecho no puede quedar rota por una absoluta vinculación a los precedentes que nuestro ordenamiento jurídico no establece y que la Constitución no exige (STC 125/1986, de 22 de octubre, FJ 1).
STSJ Canarias 1079/2014, 20 de Junio de 2014
STSJ Comunidad de Madrid , 27 de Enero de 2000

References: Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución