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Timestamp: 2020-08-07 19:10:09+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 562, de 07/09/2011
Sesión celebrada el miércoles, 7 de septiembre de 2011
Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. (621/000115)
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todas y a todos.
Vamos a iniciar la sesión de la comisión para debatir el Proyecto de Ley por el que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
Ha llegado a la Mesa de la Comisión un escrito de la Presidencia del Senado —creo que todos los grupos han recibido comunicación del mismo— respecto a sus enmiendas, que paso a leer: «La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 12 de julio de 2011, al amparo del artículo 36.1.c) del Reglamento del Senado y de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecida en su Sentencia del día 5 de julio del 2011, ha acordado, en relación con el proyecto de ley…» —al que he hecho mención— «… por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social, no admitir a trámite las siguientes enmiendas, por considerar que las mismas se refieren a materias que carecen de manera evidente y manifiesta de conexión con dicho proyecto de ley:
Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, la número 9, por la que se modifica la Ley 14/1996, de 25 de abril, General de Sanidad.
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado y Socialista, la número 10, por modificar la disposición adicional trigésima del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el fin de incentivar determinados sectores productivos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, las enmiendas números 16 a 26, por las que se modifica la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo; la número 27, por la que se modifica el Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las funciones de gestión y control de las prestaciones de protección por desempleo; la número 28, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores a fin de permitir el cobro de las prestaciones por desempleo desde el inicio de la reclamación judicial de los salarios adeudados; la número 29, por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; las números 30 a 32, 35 a 37 y 48, que regulan bonificaciones y medidas para favorecer el empleo; las números 33 y 34, por las que se regulan programas de fomento a la creación de nuevas actividades empresariales; números 38, 39 y 45, referidas a bonificaciones aplicables a las personas con discapacidad; la número 40, por la que se establece la obligación del Gobierno para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para el pago de las subvenciones por mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo; las números 41 y 43, referidas a políticas activas de empleo; la número 42, relativa a la evaluación de los trámites administrativos para la creación de empresas; número 44, por la que se deroga la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad; número 46, por la que se regula el tratamiento fiscal de las indemnizaciones derivadas de expedientes de regulación de empleo; número 47, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores; número 49, por la que se regula la financiación de los gastos por los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo; número 50, por la que se regula la financiación de los gastos de gestión soportados por las comunidades autónomas por la tramitación de las autorizaciones de trabajo y la emisión de informes previstos en el Reglamento de Extranjería; número 51, sobre aplicación de los itinerarios individuales y personalizados de empleo; números 52 a 57, por las que se modifica el Fondo de Políticas de Empleo.
Del Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas números 58 a 60, referidas a la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo; número 61, referida al Real Decreto-Ley 3/2001, de 18 de febrero, de Medidas Urgentes para la Mejora de la Empleabilidad y la Reforma de las Políticas Activas de Empleo; número 62, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Palacio del Senado, a 6 de septiembre de 2001.
Francisco Javier Rojo, Presidente del Senado.»
Por tanto, quedarían vivas las enmiendas de la 1 a la 7, del Grupo Parlamentario Popular, ambas inclusive; la número 8 de Entesa; y las números 11 a 15, ambas inclusive, de Convergència i Unió.
Comienza el debate de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa, para la defensa de la enmienda número 8, tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendida la enmienda en sus justos términos.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas números 11 a 15, ambas inclusive, de Convergència i Unió, tiene la palabra su señoría.
A la espera de una próxima resolución al veto de las enmiendas presentadas, hoy presentamos 5 enmiendas que han quedado vivas. Haré un breve resumen de ellas.
Lo que solicitamos principalmente a través de estas enmiendas es la aplicación paulatina de las bases y los tipos cotizados y las reducciones de las mismas, la necesidad de contar con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del ámbito estatal, así como que se permita la incorporación de las organizaciones de ámbito autonómico.
Asimismo, presentamos una enmienda que pretende clarificar los criterios de separación de las fuentes de financiación, que, a nuestro entender, no están claros hoy en día.
También solicitamos del Gobierno que presente ante la comisión un estudio sobre la evolución del subsidio agrario, la renta agraria y el programa de empleo agrario, donde se analice su contribución a la creación de empleo y a la evolución de las tasas de desempleo en las comunidades autónomas beneficiarias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra la senadora Peris.
La señora PERIS JARQUE: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado da por defendidas sus enmiendas, de la 1 a la 7, por su tenor literal y por la justificación que aparece en las mismas.
Tiene la palabra el senador Bustos.
El señor BUSTOS AMORES: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en este turno en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Entesa Catalana de Progrés y CiU. Como bien se ha dicho, han quedado vivas 13 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: 7, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; 1, de Entesa Catalana de Progrés, y 5, de Convergència i Unió.
Tanto las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado como las de CiU y Entesa Catalana de Progrés son prácticamente las mismas y coinciden con las ya presentadas en el Congreso, que fueron rechazadas.
Hay que tener en cuenta que en dicha Cámara se pactaron una serie de enmiendas de gran trascendencia para el sector agrario. Quizá la más importante sea la posibilidad de compatibilización de la realización de labores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional con la pensión de jubilación del sistema especial agrario, planteada tanto por CiU como por el Partido Popular, BNG e Izquierda
Unida-Esquerra Republicana. Asimismo, existen otras enmiendas que mejoran sustancialmente el proyecto de ley, por lo que considero que repetirlas solo tiene sentido en cuanto al debate, y mi grupo parlamentario no las va a aceptar por los motivos que voy a expresar a continuación.
La enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que pretende modificar el párrafo segundo del punto 2 del artículo 1 del proyecto de ley que estamos debatiendo, no es en realidad una mejora, puesto que el proyecto, tal y como está redactado, declara también la integración en el régimen general a futuro de los trabajadores por cuenta ajena. El proyecto de ley dice: en lo sucesivo, es decir, a partir de la entrada en vigor de la ley. Por consiguiente, considero que no es necesario volver a referirse a la fecha de entrada en vigor de la ley proyectada por entender que ya el párrafo segundo afecta a futuros trabajadores agrarios por cuenta ajena no incluidos en el régimen especial agrario en esta fecha.
La enmienda número 2, además de su carácter contradictorio, es imprecisa. No se están creando nuevos regímenes especiales en sustitución de aquellos otros a los que se refiere el artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social ni de todos los nuevos sistemas especiales que se establecen dentro del régimen general. Lo cierto es que el principio general seguido de trabajadores procedentes de regímenes especiales, tanto en el general como en el régimen especial de los trabajadores autónomos, consiste en la aplicación a los mismos de las normas generales reguladoras de estos dos regímenes, salvo en una serie de aspectos puntuales —fundamentalmente cotización—, cuya regulación se enmarca dentro del respectivo sistema especial.
Tengo que decir en cuanto a la enmienda número 3 que la disposición adicional segunda del proyecto establece un régimen jurídico específico y diferenciado respecto a la cotización en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios durante un extenso periodo de tiempo, no contemplando situación transitoria alguna.
La enmienda número 4 se refiere a las funciones atribuidas a la comisión, a la que pretende atribuir directamente la tarea de evitar un incremento de costes, algo que no parece propio del referido órgano colegiado, al que corresponderá emitir las propuestas, acuerdos y criterios que procedan al respecto.
La enmienda número 5 resulta innecesaria por cuanto en la disposición final primera del proyecto, tal como se indica en su exposición de motivos, ya se procede a modificar directamente los preceptos de la citada Ley General de Seguridad Social relativos al régimen especial agrario a efectos de su adaptación.
Respecto a la enmienda número 6: entendemos que no se considera adecuado mandatar al Gobierno la refundación de textos legales vigentes en los términos establecidos, habida cuenta de las grandes reformas que ya se están introduciendo en el modelo.
Finalmente, no parece oportuna la enmienda número 7, toda vez que la reciente aprobada Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en su disposición adicional vigésimo tercera prevé el establecimiento de un procedimiento general para la determinación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para todos los sectores, por lo que se estima que deberá ser en dicho contexto en el que se plantee la eventualidad de dicho objetivo.
Quiero decir con respecto a la enmienda que queda viva de Entesa Catalana de Progrés, la número 8, que coincide prácticamente en su totalidad con la número 11 de CiU. Rechazamos ambas, puesto que con las reducciones propuestas en la enmienda se observa que las tasas interanuales no alcanzan en ningún caso el 1%, llegando incluso a ser negativas para algunos años, por lo que afectaría de forma importante a la financiación del futuro sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, resultando contraria a las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre equilibrio financiero y reforzamiento de la contributividad.
Tampoco podemos aceptar las enmiendas de CiU. La número 12 se refiere a la comisión prevista en esta disposición adicional segunda, punto 2, del proyecto de ley, cuyo ámbito de actuación será estatal, y vamos a rechazarla porque la propia materia, cuyo seguimiento se encomienda a la cotización a la Seguridad Social, y por conceptos de recaudación conjunta en dicho sistema especial, la regulación y efectos alcanzan a todo el Estado; de ahí que la representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales del sector agrario que formen parte de ella han de tener también ámbito estatal.
Quiero decir con respecto a la enmienda número 13 que no resulta claro su alcance porque parece que con ella se pretende reforzar el control de los beneficios en la cotización, con el fin de evitar que sean el resto de los regímenes del sistema de la Seguridad Social los que puedan verse resentidos financieramente por ello. Además, este tipo de cautela legal constituiría un precedente nuevo no observado en ninguna de las modificaciones legales introducidas últimamente en el régimen de prestaciones del sistema.
La enmienda número 14 va en contra del principio de contributividad del sistema de la Seguridad Social establecido en la recomendación novena del Pacto de Toledo pues de aplicarse la medida propuesta, se percibirían prestaciones contributivas por encima de la cotización equivalente.
Finalmente, rechazamos la enmienda número 15, ya que tanto el momento como el plazo de realización se consideran improcedentes pues la evolución de las tasas de desempleo no debería realizarse hasta que se supere la situación de crisis del mercado de trabajo para no distorsionar los resultados del estudio.
Por otro lado, se consideran poco adecuados los términos en que se plantea el estudio, ya que en lo que respecta al subsidio por desempleo agrario y a la renta agraria debe tenerse en cuenta que se trata de prestaciones que obviamente no tienen como objetivo inmediato la creación de empleo pues su finalidad es la de proteger a estos trabajadores en situación de desempleo cuando carecen de recursos en los términos establecidos por la norma.
Por todo lo que he expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar todas las enmiendas planteadas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bustos.
Señorías, por un tiempo aproximado de diez minutos, voy a dar la palabra a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, con objeto de que expresen su posición respecto al proyecto de ley.
Comenzamos por el Grupo Mixto. Ha llegado a la mesa la sustitución del senador Bagur por la senadora Margarita Font. Por tanto, tiene la palabra la senadora Font.
La señora FONT AGUILÓ: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente para mostrar nuestra satisfacción por esta, en nuestra opinión, buena ley que equipara en derechos y obligaciones a los trabajadores agrarios con los del régimen general; una buena ley que da respuesta a una necesidad y también a una reivindicación histórica. Por ello —y para terminar—, mi voto será favorable al proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Font.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señora presidenta.
Quiero decir que coincidimos con lo dicho por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto porque consideramos que es una buena ley. Por ello nosotros no hemos presentado ninguna enmienda y votaremos a favor de la misma.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Leanizbarrutia.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.
Este proyecto de ley no representa la posición de la mayoría de los agricultores catalanes, los cuales lo perciben como un instrumento de costes perjudiciales para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias de Cataluña. Por tanto, Convergència i Unió no va a apoyar el proyecto de ley, puesto que no queremos ser corresponsables de una decisión que los agricultores catalanes juzgan contraria a los intereses de nuestras explotaciones agrarias. Por tanto, nos vamos a abstener en la votación de este proyecto de ley.
Nuestro Grupo celebra la aprobación de esta ley. Consideramos que ha habido un diálogo social importante y unos acuerdos tomados a partir del Pacto de Toledo y que supone el reconocimiento de unos
derechos para un sector de población —los trabajadores agrarios— que todavía no tenían cobertura de unos derechos como los de los demás trabajadores.
En el sector agrario los trabajadores por cuenta propia fueron integrados ya en el año 2008 dentro del régimen de trabajadores autónomos. Por lo tanto, este sector se quedaba fuera y todavía tenía esta disfunción. De ahí que esta ley recoja toda una serie de derechos que creemos que son beneficiosos. Por tanto, nuestro voto será favorable.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias.
Me van a permitir que intente hacer pedagogía política sobre este proyecto de ley, toda vez que la mayoría de los trabajadores afectados están ubicados en Extremadura y en Andalucía, y solamente en una provincia como la mía, Jaén, suponen el 10% de los trabajadores del régimen especial agrario.
Es difícil que una ley de estas tome la importancia que tiene en el momento que estamos viviendo, pero estos trabajadores tanto en términos cuantitativos —850 000 personas afectados— como en términos cualitativos pagan a día de hoy —por lo que veo hay gente que interviene que no conoce el tema o que no conoce algún dato importante— exactamente igual que un trabajador del régimen general y tienen la mitad de prestaciones que ese mismo trabajador del régimen general. Por tanto, es razonable que se apruebe un proyecto de ley para que, con efectos del 1 de enero de 2012, estos 820 000 trabajadores —más del 60%, mujeres— tengan exactamente los mismos derechos y prestaciones contributivas en términos de pensiones y el resto de prestaciones que los trabajadores del régimen general. Y el tema no es de menor entidad. De ahí que en términos políticos quiera destacar el impulso del Gobierno para sacar adelante esta ley en un momento de dificultad económica. El nivel de acuerdo en este proyecto de ley ha sido consensuado previamente con sindicatos, con empresarios y con asociaciones agrarias. Asimismo, el esfuerzo que se hizo, fundamentalmente en el Congreso, entre todos los grupos políticos, y especialmente —porque es lógicamente su tarea— con el grupo que apoya al Gobierno, para llegar a acuerdos en algunos temas de las enmiendas planteadas —para eso está el trámite parlamentario— ha mejorado el contenido de la ley. Sirva como ejemplo algo que parece irrelevante pero que es muy importante: la demanda de la mayoría de estos trabajadores y de estas trabajadoras para que una persona jubilada por este régimen pueda en su pequeña explotación, de manera esporádica y no habitual, seguir haciendo algunos trabajos consensuados con el Partido Popular, con Izquierda Unida y con el resto de los grupos políticos. La ley —lo digo como referente— se ha mejorado en algunos temas importantes.
Creo que es bastante ilustrativa la valoración que ha hecho de este anteproyecto de ley el Consejo Económico y Social que dice que socialmente responde a los compromisos asumidos en el preacuerdo del 8 de marzo con CEOE-CEPYME, UGT y Comisiones Obreras. Por tanto, destaca el nivel de consenso previo porque se introduce —este es un tema importante— con la suficiente gradualidad, evitando problemas de competitividad en las explotaciones agrarias. Todo el mundo sabe que un punto importante de la ley es que durante 20 años —hasta 2031— ha de haber una adecuación en el aumento de los pagos por parte de los empresarios. Es una posición bastante respetada con un sector que lo tiene difícil y constituye un avance en la modernización y simplificación de la Seguridad Social, que era uno de los objetivos del Pacto de Toledo.
Este proyecto de ley —como se sabe— emana del Pacto de Toledo que recogía en una de sus recomendaciones la confluencia de los distintos regímenes de la Seguridad Social en dos: el régimen general, es decir, el régimen de los trabajadores, y el régimen de autónomos para los empresarios. En este sentido se da un paso importante, fundamental, en términos conceptuales de Seguridad Social, pero —insisto— 850 000 trabajadores eventuales del campo —520 000 en Andalucía y en Extremadura— van a tener —lo digo por la importancia cuantitativa que tiene en su parte positiva y negativa— exactamente los mismos derechos que tiene el resto de los trabajadores. Y los mismos derechos quiere decir que hoy día, pagando ambos exactamente la misma cantidad a la Seguridad Social, un eventual del campo cuando se jubila cobra una media de 569 euros de pensión, mientras que un trabajador del régimen general cobra una media de 910 euros. Esta es una situación que se va a corregir de manera paulatina. Hoy día un obrero eventual del campo no tiene derecho a la jubilación anticipada según los términos generales que recoge la ley, y este proyecto de ley cambia esa situación que resulta bastante inexplicable.
A partir del 1 de enero del 2012, estos trabajadores eventuales del campo van a percibir por incapacidad laboral lo que les corresponda sobre la base del salario real, cosa que ahora no ocurre, lo que les supone una percepción casi un 50% inferior a la de los trabajadores del régimen general. Por ejemplo, ahora mismo un trabajador eventual del campo no tiene derecho a prestación por desempleo, aunque paga, y esta ley lo reconoce. Por ejemplo, las prestaciones por maternidad y paternidad son un 50% inferiores a las de los trabajadores del régimen general, y eso lo corrige esta ley. Y por otro lado, aunque es un tema aleatorio pero de importancia, crea un contrato fijo discontinuo, por la propia naturaleza de este trabajo, con bonificaciones para dar estabilidad a estos trabajadores.
Voy a dedicar fundamentalmente mi intervención en el Pleno a algo que me indigna. La enmienda número 15 de Convergència i Unió es un proceso inquisitorial completo para que el Gobierno, en un plazo de seis meses, estudie el mal llamado subsidio de desempleo, y digo mal llamado porque es una prestación por desempleo contributiva cuando un subsidio es algo que se da por amor al arte. Esta es una prestación contributiva y se paga por ello. Me parece que hay un desconocimiento enorme de este tema y por eso se habla con tanta facilidad, sobre todo cuando hay procesos electorales, de la Andalucía subsidiada y del voto cautivo. Con bastante frecuencia altos dirigentes del Partido Popular de otras comunidades autónomas —de Andalucía no porque allí los votos pueden ser más complicados— y sobre todo de Convergència i Unió, como el señor Duran i Lleida, hablan de este asunto, y yo siempre tengo la duda de si hablan así porque no lo conocen o hablan así porque lo conocen y creen que en su comunidad autónoma es rentable decir disparates de esta naturaleza. Es difícil entender que 520 000 trabajadores que cotizan por desempleo no tengan derecho a cobrar una prestación contributiva en unas condiciones especiales porque, si no, no podrían cobrarla nunca, porque por el régimen general no tendrían nunca cotizaciones para poder tener derecho a desempleo, y para mantener a esta población en el medio rural en unas condiciones medianamente dignas cobran cuando están parados, como prestación contributiva, 426 euros al mes. Y aunque solamente fuera porque en Andalucía y Extremadura el 62% de los 520 000 trabajadores del REASS son mujeres que gracias a esta prestación que les permite cotizar a la Seguridad Social van a tener derecho a cobrar una pensión contributiva que de otra manera no hubieran tenido nunca —no la han tenido antes las mujeres en Andalucía, en Extremadura y en el resto del Estado español, que sí trabajaban en el campo pero no las daban de alta, no cotizaban por ellas y no han cobrado una pensión contributiva nunca—, aunque solamente fuera por eso, merecería la pena hablar con un poco más de respeto y dignidad de este asunto.
Y voy a dar un avance, sobre todo a Convergència i Unió y a insignes dirigentes del Partido Popular, en términos de pedagogía política, ni siquiera de crítica, porque en Andalucía ahora está prohibido hablar de este tema. Como el PP ha ganado las últimas elecciones, ya no es voto cautivo y aunque siguen cobrando el subsidio de desempleo, desde el momento que ha ganado el PP se han redimido y ya es un voto cualificado. Esto ha sido un avance importante y es bueno que se conozca.
Voy a dar dos avances. Convergència i Unió, insisto, habla de la necesidad de revisar, para ver qué ha sido del empleo, en su caso, y de la reducción de los niveles de fraude, pero añade «que puedan existir». Es una manera lírico bailable de plantear los temas que consiste en intentar quedar bien con unos y con otros; «que puedan existir» y que no, pero ya le estamos poniendo el sello del fraude. Le daré dos avances para ir abriendo boca sobre el tema. Es sorprendente que los propietarios agrícolas en España se repartan todos los años 6000 millones de euros de ayudas de la Unión Europea en rentas directas, pagadas con los impuestos de los ciudadanos, y no se pida ninguna causa general de inquisición sobre este asunto. Sin embargo, el mal llamado subsidio agrario tiene un coste de 596,7 millones de euros al año para un potencial de 520 000 personas y como esto da juego de otra manera, se convierte en una petición de esta naturaleza.
Sería bueno también reflexionar —nosotros lo apoyamos y a mí me parece muy bien— sobre las líneas de apoyo al empleo y al desempleo que hay en las distintas comunidades autónomas del Estado español, algunas de ellas concretamente en Cataluña, de mayor cuantía que el mal llamado subsidio de desempleo, y tampoco se pide un proceso inquisitorial general para que se valore cómo funcionan o cómo dejan de funcionar.
Por tanto, me parece que este asunto requiere ser un poco más mesurado y, aunque haya elecciones dentro de dos meses, no es oportuno y no sé qué sentido tiene, más allá de la demagogia de menor entidad, meter todo esto aquí cuando por vía parlamentaria normal se puede pedir la información que se quiera al Gobierno, crear una ponencia o abrir un debate en la comisión respectiva. Pero, insisto, esto da cierto juego y a mí no me sorprende que se utilice en términos políticos. A mí lo que me indigna es la
manera en que se trata a estos trabajadores y trabajadoras, que lo único que hacen es cotizar, tener poco empleo y tener derecho a cobrar una prestación contributiva de 426 euros al mes, que es lo mínimo que se merecen, insisto, con un coste de 596 euros al año para la arcas del estado. Así que pediría que sobre este asunto se tuviera un poco más de respeto, sobre todo por estos 520 000 trabajadores, que no merecen que se hagan análisis de manera tan frívola, insisto, no sé si por desconocimiento, punto uno, lo cual sería negativo, o por demasiado conocimiento, punto dos, lo cual sería igual o peor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pliego.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Aragón.
La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ; Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular quiere manifestar, en primer lugar, que nosotros vamos a dar apoyo a este proyecto de ley, como hicimos en el Congreso de los Diputados. Ha sido largo y laborioso, no ha estado falto de una serie de problemas para intentar llegar a consensos, pero lo bueno es que al final se ha llegado a un amplio acuerdo y, por tanto, en coherencia política con lo que hicimos en el Congreso, vamos a votar a favor en el Senado.
No pensaba entrar en mucho debate, lo iba a dejar para el Pleno, pero después de oír al portavoz del Grupo Socialista, voy a hacer alguna consideración. En primer lugar, quiero decir que el Partido Popular es consciente de las necesidades del sector agrario. Esta es una Cámara territorial. Él ha hecho referencia a los agricultores de Extremadura y Andalucía. Nosotros los respetamos profundamente y saben que tienen nuestro apoyo. Pero el Partido Popular apoya globalmente al sector agrario de todas las comunidades autónomas de una forma cuantitativa y cualitativa. Esta es una Cámara territorial, yo procedo de una comunidad, Castilla y León, donde hay menos población, pero el sector agrícola y ganadero es importantísimo, y lamentablemente en estos últimos ocho años de Gobierno todos los agricultores españoles han estado poco apoyados, por lo que hoy es un motivo de satisfacción sacar adelante este proyecto de ley, que espero que así sea en el próximo Pleno, porque es un motivo de satisfacción para los agricultores y, por consiguiente, para el Partido Popular, que siempre ha apoyado a los agricultores en todas sus comunidades. Otro motivo de satisfacción es que esto supone plasmar uno de los acuerdos del Pacto de Toledo.
Al portavoz del Grupo Socialista no sé si agradecerle o no la pedagogía política que ha hecho en lo que se refiere al Partido Popular —no voy a hablar de Convergència i Unió— y no sé si yo entraré entre esos insignes dirigentes del Partido Popular —supongo que no— a que usted ha hecho alusión en su discurso diciendo que se han redimido. Seguramente que yo para usted no formo parte de esos insignes dirigentes del Partido Popular, pero sí formo parte de una formación política, que es el Partido Popular, de la que me honro mucho en pertenecer y, por supuesto, los dirigentes del Partido Popular y nosotros, los que no somos tan insignes, vamos en una misma dirección. El Partido Popular no se ha redimido y no tiene de qué redimirse en el sector agrario; sí tendrá que trabajar y seguir luchando por mejorar las condiciones del sector agrario en España. Creo yo —y no es hacer pedagogía política, pero sí una reflexión— que igual se tendría que redimir el Grupo Socialista que está dando apoyo al Gobierno de la nación, porque los agricultores españoles durante estos últimos años han sufrido desde el primer día hasta el último la falta de apoyo del Gobierno y de su grupo político y han visto que les han dado la espalda en serios proyectos y no han sido defendidos como ellos merecen y como en el Partido Popular, desde el primer militante hasta el último, reconocemos que debe ser.
Sin más, quiero mostrar nuestra satisfacción y decir que vamos a apoyar este proyecto de ley como una forma de apoyo al sector agrario, que es lo que aquí se debate, es lo que a todos nos importa y al final es lo que nos satisface.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Aragón.
Vamos a pasar a la votación de las enmiendas.
¿Algún grupo que ha presentado enmiendas tiene interés en que se vote alguna por separado, o se pueden votar todas en bloque? (Pausa.)
Las votamos todas en bloque.
Empezamos con la votación de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, de la 11 a la 15, ambas inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25.
Votamos la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 25; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 1 a 7 del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, quedan rechazadas.
Tenemos que votar el proyecto de ley tal cual porque no ha sido admitida ninguna enmienda.
Hay que designar a la persona encargada de presentar el dictamen ante el Pleno. (Varios señoras y señores senadores: La presidenta.)
Pues lo hará la presidenta. Muchas gracias por vuestra confianza.

References: artículo 36
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 10