Source: http://www.revistamediara.es/articulos/53/la-corte-arbitral-de-sevilla
Timestamp: 2019-03-22 20:09:13+00:00

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La Corte Arbitral de Sevilla se ha consolidado como referente en materia de arbitraje en Andalucía. Desde 1993 realiza actuaciones arbitrales en distintos ámbitos. Para acercarnos mejor al conocimiento de la institución y del funcionamiento cotidiano, hemos tenido el privilegio de hablar con GUILLERMO JIMÉNEZ, Presidente, JOAQUÍN MORENO Secretario y ANTONIO OJEDA, Consejero.
R.M. TRAS su paso por el Tribunal Constitucional ¿Nos puede dar alguna pincelada del panorama actual de la Justicia en España?
Guillermo Jiménez: La Justicia en España, en contra de lo que a veces demasiado apresuradamente se dice, creo que es uno de los servicios públicos más utilizados y, en el fondo, uno de aquellos en los que más confianza tiene la Sociedad española; si no se tuviera confianza en la Justicia no se recurriría tanto a ella. Lo que ocurre es que, precisamente por esa demanda cada vez más creciente de prestación de tutela judicial, los Jueces y los Magistrados españoles tienen sobre sí una carga de trabajo casi inasumible con los recursos personales y materiales de que dispone nuestra Administración de Justicia.
Pongo un ejemplo que por mi especialidad conozco bien. Los Juzgados de lo Mercantil están absolutamente desbordados por la demanda de solución a los conflictos que se plantean ante ellos. Seguramente cuando se crearon los Juzgados de lo Mercantil, su número inicial y las dotaciones iniciales de los medios que se les asignaron para el desarrollo de sus funciones podían ser razonablemente adecuados a las circunstancias del momento, las del año 2005. Pero ahora ya no lo son, ni uno ni otras, en modo alguno; especialmente porque la profunda crisis en la que estamos inmersos en el momento presente ha originado una multiplicación y una complejidad de los casos planteados ante los Juzgados de lo Mercantil. Un concurso complicado, y muchos de los que hoy se solicita su declaración son muy complicados, exige una dedicación del Juez y de la Oficina Judicial que casi agota todo el tiempo del que uno y otra disponen para conocer de él y de otros procedimientos, porque en el caso de los concursos estamos hablando de procedimientos en los que no se enfrentan un acreedor y a un deudor, sino de la necesidad de armonizar en los términos fijados por la ley los legítimos intereses de un gran número de acreedores y los de uno o varios deudores, a veces los de un grupo de sociedades.
El gran problema de la Justicia española es el de poder dar respuesta a tiempo a las demandas y a los recursos que se presentan ante los juzgados y los tribunales, porque la justicia tardía es una Justicia insatisfactoria. Esto es lo que explica o da sentido a la búsqueda de fórmulas para resolver conflictos alternativas a la que ofrece la actuación de los órganos que integran el Poder Judicial, que pese a su alta competencia técnica y su absoluta independencia de los otros Poderes del Estado y de los grupos de presión sociales y mediáticos no siempre pueden dar respuesta con los medios de que disponen a la exigencia constitucional de dispensar una tutela judicial efectiva.
R.M. Ante esta realidad de saturación en los juzgados se necesitan cambios, en algunos casos legislativos, pero ¿sólo cambios legislativos o algún otro tipo de cambios?
G.J.: Primero cambios legislativos, naturalmente. Son lo más importante, lo que más huella va a dejar. Ahora bien, no deben ser cambios “de ocasión”, cambios que sólo persigan dar una respuesta ocasional a estados coyunturales de opinión. Si las normas legales deben tener vocación de permanencia no es bueno que estemos cambiando las leyes cada seis meses. Desde luego las leyes deben atender a las circunstancias en las que se dictan. No es lo mismo la situación actual de nuestra sociedad que la de principios de siglo, la del año 2000, porque entonces en España se daba una situación de desarrollo que hubiera permito dotar a la Administración de Justicia de medios suficientes. No es el caso de nuestros días, en los que una situación de contracción, de muy serias dificultades económicas, hace difícil o imposible que el legislador provea a tal dotación y en los que, por ello, se hace más evidente que en otros tiempos la conveniencia de dictar normas que faciliten y potencien el recurso a fórmulas alternativas a la actuación de los órganos integrantes del Poder Judicial para la resolución de conflictos. Pero, al margen de la coyuntura del momento, hay determinados particulares de la regulación de la Administración de Justicia y de las fórmulas alternativas a la actuación de los jueces y tribunales que la integran que pueden y deben ser objeto de la atención del legislador con una visión más amplia que la simplemente coyuntural; es decir, no olvidando que las normas legales han de tener vocación de permanencia. No estoy diciendo con esta última advertencia, insisto en esto para que no se me malinterprete, que el legislador no haya de ser sensible a los cambios; claro que tiene que serlo. Pero los cambios de las leyes deben ser meditados, ponderados. Las leyes extraordinariamente cambiantes dejan de ofrecer seguridad jurídica e incluso plantean problemas de constitucionalidad.
Junto a los cambios legislativos resulta absolutamente necesario un aumento de las dotaciones económicas y de personal de que hoy día dispone la Administración de Justicia. Es indispensable la creación de más juzgados y dotarlos del personal y de los medios que requiere el ejercicio de su jurisdicción. Cierto es que en la situación económica actual hay que establecer unas prioridades en el gasto público, y hay general consenso en que deben situarse en muy preferente lugar la sanidad y la educación; ahora bien a estas atenciones yo me atrevo a añadir la de la dotación de medios a la Administración de Justicia.
En lo posible también deberíamos todos, debería la sociedad, reformular la valoración de la Administración de Justicia. Tendríamos que tener en cuenta su trascendencia; y cómo con apoyo social y con la ayuda de fórmulas alternativas a su actuación los Jueces y los Tribunales podrían desarrollar mejor su labor.
Antonio Ojeda: Estoy de acuerdo con Guillermo. Debemos tener en cuenta que hoy la legislación es tan compleja, porque no solamente legisla el Parlamento Nacional, Congreso y Senado, sino que legisla también la Unión Europea y legislan también las Comunidades Autónomas. Eso es un grave problema. Siempre se había dicho que en la legislación era conveniente pocas leyes pero muy buenas. Y sobre todo con una vocación de permanencia.
También quiero referirme a la necesidad de crear nuevos juzgados y dotarlos económicamente. Por poner un ejemplo, los juzgados de lo mercantil se crean en un momento en que todavía no se había producido la crisis económica. Aquella previsión, para aquel momento, era la adecuada, la correcta, pero como después ha venido la crisis con todas las secuelas de concursos, refinanciaciones, reclamaciones, etc, aquellos juzgados que estaban bien pensados, bien delineados para una situación, han quedado completamente desbordados.
R.M. Y ante este panorama que nos describen, ¿hay otras alternativas, cómo están esas alternativas?
G.J.: La Administración de Justicia en España está presidida por un principio fundamental: la exclusividad de la atribución a los órganos que integran el Poder Judicial de la facultad de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. La atribución a tales órganos de la competencia exclusiva de juzgar creo que tiene que ser matizada, porque nuestro ordenamiento reconoce la facultad de juzgar a otras instancias, lo cual resulta perfectamente conforme a la Constitución, e incluso en algún caso viene exigido por ésta cuando contempla otros órganos a los cuales atribuye facultades jurisdiccionales pero no la competencia de hacer ejecutar lo juzgado. Esto es lo verdaderamente definitivo, definitorio y exclusivo del Poder Judicial. El órgano encargado de la interpretación última de la Constitución, el Tribunal Constitucional, no es parte del Poder Judicial; pero es un órgano jurisdiccional que dicta resoluciones que tienen que ser acatadas por todos, por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial, mas no tiene la facultad de hacer ejecutar lo juzgado. También el Tribunal de Cuentas, órgano que no forma parte del Poder Judicial, tiene atribuido el ejercicio de la denominada jurisdicción contable, pero no la facultad de hacer ejecutar sus resoluciones. Junto a la actuación jurisdiccional de estos órganos, contemplada en normas de desarrollo de los preceptos constitucionales, la ley reconoce a las partes de una controversia la posibilidad de conferir a un árbitro o a un colegio arbitral, que desde luego no son órganos integrados en el Poder Judicial, la competencia para dictar una resolución que le ponga fin, es decir, para juzgar, pero no, desde luego, para hacer ejecutar lo resuelto; la facultad para esto último, en el caso de que sea necesario ejercerla, corresponderá a los Jueces
Sin tener atribuida por la ley ni por la voluntad de las partes la facultad de dictar una resolución sobre un determinado conflicto, un mediador puede intervenir para ayudar a encontrar una solución admisible por los enfrentados en él que le ponga fin. La mediación es un expediente particularmente ágil y económico, que puede desarrollarse en razonables límites temporales y dar lugar a una avenencia satisfactoria, o al menos soportable. Ahora bien, presupone para ser verdaderamente eficaz la voluntad de las partes, de todas las implicadas en el conflicto, de intentar alcanzar a través de ella una solución; y en última instancia reposa en la aceptación por las partes del acuerdo propuesto o sugerido por el mediador, acuerdo que no puede ser impuesto por éste. Si una de las partes no pretende, en realidad, buscar una solución al conflicto en el que se encuentra involucrada, y admite o propone la mediación sólo como un recurso para retrasar su planteamiento ante los Jueces o ante los árbitros, la mediación será inútil o disfuncional. Para que la mediación sea utilizada ampliamente en España, y en particular en Andalucía, tiene que desarrollarse entre nosotros una cultura del entendimiento y no del conflicto, cultura a cuya difusión está llamada a colaborar MEDIARA en cumplimiento de su objeto o fin fundacional.
A.O.: Sólo para completar, diría una cosa en relación con su pregunta. La Justicia española está tan sobrecargada de trabajo, y ante la dificultad que tiene de atender a todo, espero que en esta legislatura salga la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Descargar a la Judicatura de competencias, que no son estrictamente jurisdiccionales, y que pueden ser desempeñadas por otros operadores jurídicos o funcionarios, registradores de la propiedad o notarios, supondría una descarga muy importante del trabajo judicial. Por poner un ejemplo, ya desde mediados de los años 90, la declaración de herederos ”ab intestato”, que se hacía siempre en los juzgados, se confío la competencia a los notarios, siempre que fueran ascendientes, descendientes y cónyuge. Igual para la propuesta que ha hecho el Ministro, no en tanto en cuanto a las bodas, porque eso es puramente anecdótico, pero sí en cuanto a los divorcios consensuados entre cónyuges mayores de edad, que no haya hijos menores de edad y por lo tanto no pueda haber perjuicio para éstos, si los cónyuges están totalmente de acuerdo en divorciarse, es cuestión de prestar su consentimiento ante un funcionario tan experto y tan preparado como es un notario, y liquidar ellos mismos las sociedades de gananciales, con lo cual, junto a la mediación y el arbitraje que decía Guillermo, como alternativa a la jurisdicción, siempre cualquier iniciativa que descargue de ocupaciones y preocupaciones a la magistratura, lógicamente debe repercutir en un funcionamiento más ágil y más flexible.
G.J.: Me gustaría hacer una adición, a lo que ha dicho Antonio en relación a la competencia de los Notarios. A su referencia a “un funcionario tan competente como un Notario”, yo añadiría “a un funcionario tan apreciado, independiente, seguro y fiable como un Notario”. El lema de los notarios es “Nihil prius fide”, “nada antes que la fe”; y porque hacen honor a él en sus actuaciones profesionales la sociedad española tiene absoluta confianza en ellas.
R.M. La conclusión es que la sociedad española desarrollada necesita dotarse de mecanismos ágiles y que den respuesta a esas otras realidades que nos han planteado, ¿es así?
G.J.: Sí, así es. Creo que en la situación actual resulta inexcusable establecer vías ágiles para la solución de conflictos mediante procedimientos alternativos a los judiciales, procedimientos alternativos que pueden contribuir a encauzar y resolver la creciente demanda de respuestas jurídicas a los problemas suscitados en su seno que plantea la Sociedad española. Y daría un paso más, incluso al margen de la situación de imposibilidad de financiar la dotación de suficientes medios personales y materiales que determina la coyuntura económica, la apertura a la utilización con la conformidad de las partes la mediación, el arbitraje o la residenciación en las Notarias de la celebración de los matrimonios, de la tramitación de separaciones o divorcios, o de otras actuaciones análogas, tienen mucho y buen sentido y serían una vías perfectamente admisibles si así lo dispusiera la ley y en cuanto las partes optaran por ellas. Desde luego nunca se podrían imponer a las partes. Los ciudadanos tienen derecho a la tutela efectiva judicial, y si un ciudadano exige esta tutela para la salvaguardia de su derecho o interés no cabe que la sustituya ninguna fórmula alternativa. Pero si las partes de un conflicto desean acudir a alguna de tales fórmulas parece lógico y funcional articular la vía para ello siempre que, en última instancia, se establezca la posibilidad de revisión por parte de la autoridad judicial de la autenticidad de la voluntad de las partes de hacer uso de la vía alternativa y de si la resolución alcanzada en ésta se ha producido dentro de los márgenes establecidos por la ley.
R.M. ¿Cuál es la situación del arbitraje tras la reforma de la ley?
Joaquín Moreno: Desde el punto de vista de las instituciones arbitrales sí hay un punto fundamental que la ley recoge, ya que consagra legalmente el arbitraje estatutario en nuestras sociedades de capital. Uno de los campos donde el arbitraje puede jugar un papel más determinante es en todo lo que afecta a los conflictos que se producen en la vida societaria entre administradores y socios y entre estos entre sí, así como la impugnación por ellos de los acuerdos sociales. En este último supuesto la ley apuesta decididamente por el arbitraje como método de resolución de los conflictos dando preferencia al arbitraje institucional, es decir, que deberá ser dentro de una institución arbitral donde se tendrán que ventilar este tipo de conflictos en caso de acudir al arbitraje. Dentro de los grandes despachos de abogados y operadores jurídicos el arbitraje empieza a ser visto con muy buenos ojos porque entienden que, cada vez más, se impone la cultura del acuerdo y porque la experiencia demuestra que es un sistema que viene funcionando con eficacia en el mundo anglosajón y no hay razón alguna para que aquí no suceda igual. Tenemos en España magníficos árbitros, consolidadas instituciones arbitrales, una legislación favorecedora del arbitraje pero creo que seguimos estando muy estancados. El arbitraje se ha desarrollado en el ámbito internacional pero en el ámbito doméstico todavía no nos podemos considerar, cuantitativamente hablando, una alternativa real a la administración de justicia. Habrá que localizar dónde está el problema y habrá que intentar remover obstáculos.
G.J.: Permítaseme que añada dos observaciones.
Primera: El arbitraje internacional está muy extendido como consecuencia de una casi común desconfianza en la prestación de tutela judicial efectiva e imparcial por los Jueces y Tribunales de un Estado a los extranjeros cuando han de resolver litigios en los que se enfrentan con sus compatriotas. Esa desconfianza resulta injustificada cuando los Jueces y Tribunales son órganos jurisdiccionales de auténticos Estados de Derecho. Pero en otros casos no deja de tener desgraciadamente sólidos fundamentos. Por eso el arbitraje internacional es una vía para la resolución imparcial de conflictos aplicando técnicas jurídicas que tiene amplia aceptación en la práctica.
Segunda: La actual redacción de nuestra ley de arbitraje [1]contempla la figura del arbitraje societario, de añeja tradición en nuestra legislación mercantil, puesto que ya figuraba, no sólo regulada, sino impuesta para resolver las diferencias entre los socios, en el primero de nuestros Códigos de comercio, el Código de comercio de 1829 o “Código de Sainz de Andino”. Conforme a la actual regulación de la ley de arbitraje, los estatutos de las sociedades de capital pueden contener cláusulas de sumisión a arbitraje de los conflictos que en ellas se planteen y de resolución de impugnaciones de acuerdos sociales; estas cláusulas, de ser introducidas en virtud de una modificación estatutaria, tendrán que haber sido aprobadas por los titulares de acciones o de participaciones que representen al menos dos tercios del capital social, fórmula que en mi opinión es de dudosa constitucionalidad.
A.O.: En materia de sociedades, ya desde los años noventa, como notario, incluía en los estatutos sociales una cláusula, cuyo origen está en esta Cámara de Comercio, estableciendo el arbitraje en caso de discrepancia entre los socios o entre los socios y los administradores. Como el arbitraje se basa en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, se inscribía en el registro y era perfectamente legal. La cultura del arbitraje es cuestión de formación, de ejemplo, de que tengamos instituciones arbitrales como la existente en esta Cámara de Comercio, u otras que existen en Barcelona, en Madrid, que se rodeen de un prestigio y de unos profesionales que puedan ser polos de atracción y de atención para que la ciudadanía tenga confianza en esas instituciones y confíen más en el arbitraje. En definitiva, será cuestión de tiempo que los propios ciudadanos vayan adquiriendo esa conciencia de que siempre es mucho mejor acudir a un procedimiento alternativo que tiene las ventajas de la agilidad, de ganar tiempo, de resolución rápida, que no resolver la cuestión en procedimientos judiciales máxime en una situación como la que tenemos ahora en España en la que la maquinaria judicial está bastante atascada.
R.M. En Andalucía, con el sector agroalimentario exportador tan potente, ¿qué situación presentan las Instituciones Arbitrales en relación a éste?
G.J.: Como en otras cosas, Andalucía mantiene un cierto retraso respecto a otras regiones de España, ¡no respecto a todas las regiones españolas! Innegablemente el sector agroalimentario andaluz es de extraordinaria importancia, y su presencia en el comercio internacional de nuestra nación, específicamente en la exportación, es destacada. Pero los conflictos que se suscitan en el marco de su operativa con frecuencia se residencian en instituciones establecidas, no ya fuera de Andalucía, sino incluso fuera de España, como la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París. Esta es una realidad que obedece, al igual que la desconfianza de los ciudadanos ante los tribunales extranjeros, a la desconfianza ante los arbitrajes administrados por instituciones nacionales. Para superar estos recelos en Andalucía y en Canarias se está avanzando en el camino de promover instituciones dedicadas a la administración del arbitraje de carácter internacional en el marco de las relaciones comerciales entre España y el norte de África, escenario en el que el sector agroalimentario juega un papel decisivo.
R.M. En relación con la Corte Arbitral de Sevilla. Nos gustaría que hiciera un recorrido por la historia de esta institución.
J.M.: el recorrido de la Corte es el que le tocó andar a todas las Cortes Arbitrales que nacen en el seno de las Cámaras de Comercio. A raíz de la Ley de Arbitraje del año 88, en la que se consagra el arbitraje institucional, surgen instituciones arbitrales dentro de las Cámaras de Comercio y, la de Sevilla, fue una de las pioneras. En concreto, en el año 89-90 nace en la Cámara de Comercio el Tribunal Arbitral de Sevilla, cuya presidencia recae en D. Ángel Olavarría. Era un Tribunal arbitral conformado por tres miembros únicamente. En el año 93 se decide poner en marcha el proyecto de la que hoy es la Corte de Arbitraje, sucediendo al extinto Tribunal Arbitral. Se amplía el número de miembros de la Corte, incorporándose D. Ángel López, D. Manuel Olivencia, D. Manuel Clavero y D. Jesús Bores, que continúan en la actualidad. Con posterioridad se incorporan nuevos miembros: el Decano y Vicedecano del Colegio de Abogados de Sevilla, D. José Joaquín Gallardo y D. Jorge Piñero, el Presidente del Consejo General del Notariado, Don Antonio Ojeda, los Catedráticos de Derecho mercantil de las dos Universidades sevillanas, D. Alberto Díaz Moreno y D. Agustín Madrid Parra. Se incorporan también la primera y única mujer miembro de la Corte de Arbitraje y recientemente nombrada académica de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, Dª Carmen Moya Sanabria, así como el Jefe de la Asesoría Jurídica de la Confederación de Empresarios de Andalucía, D. Jaime Artillo. Por último, se incorpora nuestro actual Presidente, D. Guillermo Jiménez, una vez cumplidas sus funciones como Vicepresidente del Tribunal Constitucional. Durante estos años, la Corte de Arbitraje ha venido desarrollando una labor importante pero muy residenciada en lo que es la administración de expedientes arbitrales, debiendo destacarse la calidad de los Laudos dictados en el marco de la Corte sin que ninguno de ellos haya sido anulado judicialmente. El grado de satisfacción de las empresas que han pasado por la Corte de Arbitraje es alto, lo cual es fácil de entender de aquellas empresas que ganan el arbitraje pero no tanto para aquellas que no ven reconocidas sus pretensiones en el laudo. En los últimos años, en los que D. Jesús Bores, uno de los grandes impulsores de esta Corte, ejerce en funciones la presidencia, la Corte empieza a desplegar una actividad más institucional con el objetivo final de extender la cultura arbitral a distintos sectores. Se inician proyectos, actividades y empezamos a tener presencia institucional en foros arbitrales y también colaboraciones con otras entidades e instituciones (Colegios de Abogados, Notarios, Arquitectos, organizaciones empresariales, Mediara…). Ahora mismo podemos decir que estamos posicionados entre las cinco Cortes Institucionales más importantes del país. Están Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y nosotros y no necesariamente en ese orden. Y ello tanto por el volumen de asuntos pero, sobre todo, por la calidad de los árbitros. También por la entidad de los asuntos aunque la confidencialidad, que es una de las bondades que se predican del arbitraje, no nos permite revelarlos.
También el arbitraje en la contratación pública tiene amplias posibilidades de desarrollo y la propia Ley de Contratos del Sector Público permite el arbitraje en todo lo que es efectos y extinción del contrato, no así en la fase de preparación y adjudicación, pero si en el cumplimiento. Y es un campo en el que las Administraciones junto con las Instituciones Arbitrales tienen mucho que decir.
R.M. ¿Cómo se eligen los árbitros? ¿Son listas cerradas, abiertas?
G.J.: Los árbitros, ante todo, pueden ser designados por las partes. El que éstas confíen con frecuencia su nombramiento a la Corte, normalmente como consecuencia de la dificultad de llegar a un acuerdo para su elección por ellas, no es sino un sustitutivo de su inicial y plena libertad para designar a los árbitros que estimen oportuno. A falta de esta designación, cuando las partes defieren a la Corte el nombramiento del árbitro o el de los componentes del colegio arbitral llamados a conocer de un arbitraje, vienen aquel o éstos designándose entre los miembros que componen la Corte, atendiendo a criterios de su especial calificación profesional sobre los temas que plantea la controversia a dirimir y de su disponibilidad para resolverla dentro de los límites temporales marcados por la ley y, en su caso, las partes. En la actualidad está estudiándose la elaboración de una relación o panel de juristas no miembros de la Corte que se ofrecería a las partes a título de sugerencia para la posible designación por ellas como árbitros o como miembros de colegios arbitrales en función de su especial competencia o de su disponibilidad para conocer de algunas de las cuestiones a resolver en arbitrajes confiados a la administración de la Corte.
R.M. ¿Qué tipo de asuntos llegan a la Corte?
J.M.: Hay de todo. Asuntos económicamente hablando de muy poca cuantía y otros de cuantías millonarias. Y, fundamentalmente, la materia es contratación mercantil, contratos de agencias, asuntos marítimos, contratos de compraventa de mercaderías, conflictos societarios, divisiones de herencias, arrendamientos de vivienda o de locales de negocios y, últimamente, un tema muy recurrente por la crisis del sector, los contratos de instalación de huertos solares. En fin, la conflictividad es de lo más diversa, porque como el arbitraje puede conocer de cualquier materia que sea de la libre disposición de las partes, son muy pocos los asuntos que quedan fuera de nuestro ámbito (penales, filiación…laborales, consumo, estos últimos con sus propio sistema de arbitraje). Nosotros estamos más orientados al arbitraje mercantil, al arbitraje comercial, sobre todo por el foro empresarial en el que nos encontramos pero, en definitiva, cualquiera puede someterse al arbitraje. En asuntos civiles y mercantiles el abanico es amplísimo.
G.J.: Me permito precisar dos puntos. Primero: No es infrecuente que se sometan a arbitraje confiado a la administración de la Corte conflictos planteados en relaciones de tráfico mercantil internacional. Segundo: También muchas veces se confían a la administración de la Corte, arbitrajes relativos a controversias de reducidas cuantías económicas.
Y no puedo dejar de advertir que en conflictos cuyo contenido es de poca importancia económica pueden debatirse temas jurídicos de tanta o mayor entidad o jurídica que en los asuntos de gran dimensión económica. La atención que dedica la Corte y el esfuerzo que consagran los árbitros a todos los confiados a su administración o resolución no resultan condicionados por criterios de cuantía.
R.M. ¿Cuál cree que es la clave de un buen arbitraje?
G.J.: La competencia técnica y la independencia de los árbitros, así como su entrega a resolver puntualmente la cuestión sometida a su enjuiciamiento. En esto no creo que sea apreciable ninguna diferencia entre las “claves” del arbitraje y las “claves” de la buena administración de Justicia.
R.M. Y en relación con el buen árbitro ¿qué papel juega la Universidad en la formación de árbitros?
G.J.: La Universidad, para la formación de juristas, tiene que ofrecer una formación de calidad, si se quiere, en términos hoy día muy utilizados, una formación de excelencia, y ha de garantizar que ésta ha sido realmente adquirida por quienes alcanzan los títulos que otorga. Y ello a veces resistiendo presiones de ciertos interesados o de algunos sectores de la opinión pública, que sólo reclaman de ella la expedición de estos títulos sin que haya de requerirse a quienes los obtienen estudio, esfuerzo y aprovechamiento.
Siempre he defendido que la sociedad confía, entre otras, a la Universidad una doble función: Ante todo una muy grata, que identificaba Ortega como una de sus tres misiones esenciales: la formación profesional en sus aulas, seminarios, bibliotecas, laboratorios, unidades clínicas y, para no hacer enojosa una enumeración de sus muchos “talleres docentes”, en cualquiera de sus dependencias consagradas a esta tarea, de los estudiantes, de los “escolares” que diría el Rey Sabio. Y junto a ella otra, quizá menos placentera: la de asegurar que las titulaciones que concede efectivamente constatan la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de las correspondientes profesiones a los niveles que formalmente acreditan.
Aplicando estos principios al campo de la formación de juristas y de la obtención de títulos académicos en las Facultades de Derecho, en ocasiones, cuando algún alumno, raramente, se me ha quejado del esfuerzo que se le pide, de la mayor o menor dificultad de las pruebas cuya superación se le requiere para la expedición del título académico al que con toda legitimidad aspira, le he preguntado: “¿Usted consideraría que un licenciado en medicina y cirugía debería considerarse capacitado para ejercer la medicina sin haber obtenido y acreditado poseer la formación suficiente? ¿Se pondría usted, o pondría a alguien de su familia, en las manos de quien tuviera un título de médico que no acreditase en realidad una debida formación como tal? ¿O le parecería bien que un arquitecto pudiera ejercer su profesión sin poseer la formación necesaria para ello? Pues bien, la sociedad debe demandar a quienes ejercen profesiones jurídicas unos niveles de preparación y competencia no menos exigentes que los requeridos a los licenciados o a los graduados por cualquier otra Facultad o Escuela Universitaria.
Y dicho lo anterior debo añadir que la formación impartida en las Facultades de Derecho tiene que ser una formación jurídica general; no es posible pretender que un alumno recién egresado de ellas tenga la formación suficiente para ejercer como Juez, como Notario, como Diplomático.... Pero, además, la exigencia de que en las aulas de las Facultades de Derecho se otorgara a todos los licenciados o graduados en ellas una formación profesional universal, una formación que los capacitara para el ejercicio de todas las profesiones jurídicas, para ejercer como Notario, y como Juez, y como Fiscal, y como Embajador, y como Profesor Titular o Catedrático de Universidad de todas las disciplinas jurídicas, no de una de sola de ellas, y como Abogado del Estado, y como Inspector de Hacienda,… sería una exigencia de imposible cumplimiento, ni siquiera para superdotados que dedicaran al estudio todos los años de su vida. La formación recibida con carácter general en las Facultades ha de dar una base esencial, sólida, sobre la que sustentar los conocimientos y las capacitaciones especializadas que se requieren para especiales ejercicios profesionales. Estos conocimientos y capacitaciones habrán de alcanzarse mediante cursos, programas o, en general, actividades de formación complementaria, en las que creo que la presencia de la Universidad es esencial, pero no excluyente.
Conforme a este orden de ideas entiendo que la habilitación, insisto, no meramente formal, sino real, eficiente, para desempeñar correctamente actuaciones en el mundo arbitral, no solamente como árbitro o miembro de un colegio arbitral, sino también como abogado ante las instancias arbitrales, tendrá que adquirirse, o bien por la relativamente lenta vía de la experiencia, o bien por el más rápido y, quizá más eficiente, camino de la formación especializada. En este campo creo que la Universidad está llamada a desempeñar un papel muy importante, en mi opinión nunca exclusivo o excluyente, que hoy viene facilitado por las actuales reformas de los planes de estudios, en las cuales se dedica una atención preferente a los realizados tras los superar los conducentes a la obtención de los títulos de licenciado o graduado.
R.M. ¿Qué hay que hacer para que resulte más atractivo para las empresas el uso del arbitraje?
A.O.: Yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar es la eficacia y la rapidez en la resolución de los problemas. No sólo a las empresas, sino a los ciudadanos en general, vean que acudiendo a estos procedimientos de jurisdicción alternativa encuentran una serie de ventajas y beneficios que le compense acudir a esta vía que a la vía estrictamente jurisdiccional.
J.M.: Yo añadiría que estamos en una fase en la que lo más importante es que el empresario conozca que existe esta herramienta. La inmensa mayoría de los empresarios y, hablo desde un foro empresarial, la desconocen absolutamente, haciendo abstracción de las grandes empresas. La pequeña y mediana empresa, donde el arbitraje puede desempeñar una labor fundamental, desconoce absolutamente el arbitraje, mientras que la gran empresa tiene a su equipo de asesores jurídicos que conocen perfectamente el arbitraje y cómo introducir las cláusulas arbitrales. Y, bajo mi punto de vista, hace falta también que la Administración tire del carro. Nunca se va a acudir al arbitraje si se desconoce su existencia. Y es muy importante que con la complicidad de las Administraciones y, por supuesto, de los operadores jurídicos, lleguemos a un segmento amplio de la población y que sean los propios empresarios los que digan a sus asesores “oye, que si tengo algún problema quiero resolverlo en la Cámara de Comercio y en su Corte de Arbitraje y no llevarme cinco años pleiteando”. Creo que esa labor de difusión es importantísima.
A.O.: En definitiva crear la cultura del arbitraje.
[1] http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/21/pdfs/BOE-A-2011-8847.pdf

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