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Timestamp: 2020-08-15 19:57:08+00:00

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Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 127005
Publicado en: BOE Num. 282 (1994)
TÍTULO I. ámbito de la ley - arts. 1 a 5
CAPÍTULO I. Normas generales - arts. 6 a 8
CAPÍTULO II. De la duración del contrato - arts. 9 a 16
CAPÍTULO III. De la renta - arts. 17 a 20
CAPÍTULO IV. De los derechos y obligaciones de las partes - arts. 21 a 25
CAPÍTULO V. De la suspensión, resolución y extinción del contrato - arts. 26 a 28
TÍTULO III. De los arrendamientos para uso distinto del de vivienda - arts. 29 a 35
TÍTULO IV. Disposiciones comunes - arts. 36 y 37
TÍTULO V. Procesos arrendaticios - arts. 38 a 40
Norma citada en: 36613 sentencias, 1579 artículos doctrinales, 78 temas prácticos, 512 formularios, 697 resoluciones administrativas, 2847 noticias, 3 convenios colectivos
El establecimiento de un plazo de duración limitado permite mitigar el impacto que el instituto de las subrogaciones pudiera tener sobre el equilibrio de las prestaciones. En la medida en que el derecho de las personas subrogadas a continuar en el uso de la vivienda arrendada sólo se mantiene hasta la terminación del plazo contractual, no existe inconveniente en mantener dicho derecho en el ámbito mortis causa a favor de aquellas personas con vinculación directa con el arrendatario. Destaca como novedad el reconocimiento de este derecho al conviviente more uxorio".
En relación con las subrogaciones ínter vivos, sólo se reconoce su existencia previo consentimiento escrito del arrendador. Al mismo tiempo, se introduce una novedad en casos de resoluciones judiciales que, en procesos de nulidad, separación o divorcio, asignen la vivienda al cónyuge no titular. En estos casos, se reconoce ex lege a dicho cónyuge el derecho a continuar en el uso de la vivienda arrendada por el tiempo que restare del contrato.
En la regulación de los procesos arrendaticios se establece que la competencia para conocer de las controversias corresponde, en todo caso, al Juez de Primera Instancia del lugar donde está sita la finca urbana, excluyendo la posibilidad de modificar la competencia funcional por vía de sumisión expresa o tácita a Juez distinto.
TÍTULO I ámbito de la ley Artículos 1 a 5
Artículo citado en: 578 sentencias, 70 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 2 formularios, 10 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 2 Arrendamiento de vivienda.
Artículo citado en: 864 sentencias, 100 artículos doctrinales, 5 temas prácticos, 39 formularios, 172 resoluciones administrativas, 5 noticias
ARTÍCULO 3 Arrendamiento para uso distinto del de vivienda.
Artículo citado en: 821 sentencias, 105 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 6 formularios, 45 resoluciones administrativas, 8 noticias
ARTÍCULO 4 Régimen aplicable.
Los arrendamientos regulados en la presente Ley se someterán de forma imperativa a lo dispuesto en los títulos I y IV de la misma y a lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.
Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.
La exclusión de la aplicación de los preceptos de esta ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos.
Las partes podrán pactar la sumisión a mediación o arbitraje de aquéllas controversias que por su naturaleza puedan resolverse a través de estas formas de resolución de conflictos, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y del arbitraje.
Las partes podrán señalar una dirección electrónica a los efectos de realizar las notificaciones previstas en esta ley, siempre que se garantice la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron.
Artículo 4, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 4, apartado 2, modificado por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 4, apartado 2, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 4, apartado 2, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 1776 sentencias, 138 artículos doctrinales, un formulario, 13 resoluciones administrativas, 4 noticias
ARTÍCULO 5 Arrendamientos excluidos.
El uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.
Los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento. Estos contratos se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos.
El uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el establecimiento de las normas a que se someterá su uso.
La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística.
Artículo 5, letra e), añadida por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 5, letra e), modificada por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 5, letra e), modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 5, letra e), modificada por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 366 sentencias, 85 artículos doctrinales, un tema práctico, 29 resoluciones administrativas, 2 noticias
TÍTULO II De los arrendamientos de vivienda Artículos 6 a 28
CAPÍTULO I Normas generales Artículos 6 a 8
ARTÍCULO 6 Naturaleza de las normas.
Artículo citado en: 569 sentencias, 92 artículos doctrinales, un formulario, 2 resoluciones administrativas, 6 noticias
ARTÍCULO 7 Condición de arrendamiento de vivienda.
Artículo 7, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 7, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 219 sentencias, 63 artículos doctrinales, 6 temas prácticos, 4 formularios, 8 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 8 Cesión del contrato y subarriendo.
La vivienda arrendada sólo se podrá subarrendar de forma parcial y previo consentimiento escrito del arrendador.
Artículo citado en: 341 sentencias, 66 artículos doctrinales, 14 temas prácticos, 127 formularios, 4 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II De la duración del contrato Artículos 9 a 16
ARTÍCULO 9 Plazo mínimo.
Artículo 9, apartado 3, modificado por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.
Artículo 9, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 9, modificado por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 9, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 9, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 2244 sentencias, 155 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 15 formularios, 9 resoluciones administrativas, 6 noticias
ARTÍCULO 10 Prórroga del contrato.
Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.
Artículo 10, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 10, modificado por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 10, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 10, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 1386 sentencias, 89 artículos doctrinales, 5 temas prácticos, 7 formularios, 8 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 11 Desistimiento del contrato.
Artículo 11, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 959 sentencias, 51 artículos doctrinales, 4 temas prácticos, 18 formularios, 2 resoluciones administrativas, 7 noticias
ARTÍCULO 12 Desistimiento y vencimiento en caso de matrimonio o convivencia del arrendatario.
Artículo citado en: 469 sentencias, 66 artículos doctrinales, 9 formularios
ARTÍCULO 13 Resolución del derecho del arrendador.
Si durante los cinco primeros años de duración del contrato, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el derecho del arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, el arrendatario tendrá derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco años o siete años respectivamente, sin perjuicio de la facultad de no renovación prevista en el artículo 9.1.
Durarán cinco años los arrendamientos de vivienda ajena que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que aparezca como propietario de la finca en el Registro de la Propiedad, o que parezca serlo en virtud de un estado de cosas cuya creación sea imputable al verdadero propietario, sin perjuicio de la facultad de no renovación a que se refiere el artículo 9.1, salvo que el referido propietario sea persona jurídica, en cuyo caso durarán siete años.
Artículo 13, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 13, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 427 sentencias, 138 artículos doctrinales, 11 temas prácticos, 21 formularios, 41 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 14 Enajenación de la vivienda arrendada.
Artículo 14, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 14, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 265 sentencias, 91 artículos doctrinales, 7 temas prácticos, 66 formularios, 12 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 15 Separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario.
Artículo 15, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 583 sentencias, 78 artículos doctrinales, 6 temas prácticos, 8 formularios, 3 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 16 Muerte del arrendatario.
Si existiesen varias de las personas mencionadas, a falta de acuerdo unánime sobre quién de ellos será el beneficiario de la subrogación, regirá el orden de prelación establecido en el apartado anterior, salvo en que los padres septuagenarios serán preferidos a los descendientes. Entre los descendientes y entre los ascendientes, tendrá preferencia el más próximo en grado, y entre los hermanos, el de doble vínculo sobre el medio hermano.
El arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la identidad del subrogado, indicando su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un principio de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse. Si la extinción se produce, todos los que pudieran suceder al arrendatario, salvo los que renuncien a su opción notificándolo por escrito al arrendador en el plazo del mes siguiente al fallecimiento, quedarán solidariamente obligados al pago de la renta de dichos tres meses.
En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, las partes podrán pactar que no haya derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, cuando este tenga lugar transcurridos los cinco primeros años de duración del arrendamiento, o los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, o que el arrendamiento se extinga a los cinco años cuando el fallecimiento se hubiera producido con anterioridad, o a los siete años si el arrendador fuese persona jurídica. En todo caso, no podrá pactarse esta renuncia al derecho de subrogación en caso de que las personas que puedan ejercitar tal derecho en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y afecte a menores de edad, personas con discapacidad o personas mayores de 65 años.
Artículo 16, apartado 4, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 16, apartado 4, modificado por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 16, apartado 4, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 16, apartado 4, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 1153 sentencias, 125 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 5 formularios, una resolución administrativa, 3 noticias
CAPÍTULO III De la renta Artículos 17 a 20
ARTÍCULO 17 Determinación de la renta.
La renta será la que libremente estipulen las partes.
Salvo pacto en contrario, el pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los siete primeros días del mes. En ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta.
El pago se efectuará en el lugar y por el procedimiento que acuerden las partes o, en su defecto, en metálico y en la vivienda arrendada.
En los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas. Al finalizar el arrendamiento, el arrendatario no podrá pedir en ningún caso compensación adicional por el coste de las obras realizadas en el inmueble. El incumplimiento por parte del arrendatario de la realización de las obras en los términos y condiciones pactadas podrá ser causa de resolución del contrato de arrendamiento y resultará aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23.
Artículo 17, apartado 5, añadido por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 959 sentencias, 40 artículos doctrinales, un tema práctico, 4 formularios, 3 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 18 Actualización de la renta.
Artículo 18, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 18, apartado 1, modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Marzo de 2015.
Artículo 18, apartado 1, modificado por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 18, apartado 1, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 18, apartado 1, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 472 sentencias, 56 artículos doctrinales, un tema práctico, 10 formularios, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 19 Elevación de renta por mejoras.
Cuando la mejora afecte a varias fincas de un edificio en régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá repartir proporcionalmente entre todas ellas el capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de participación que correspondan a cada una de aquellas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y de la indemnización que proceda en virtud del artículo 22, en cualquier momento desde el inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento y previo acuerdo entre arrendador y arrendatario, podrán realizarse obras de mejora en la vivienda arrendada e incrementarse la renta del contrato, sin que ello implique la interrupción del periodo de prórroga obligatoria establecido en el artículo 9 o de prórroga tácita a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley, o un nuevo inicio del cómputo de tales plazos. En todo caso, el alcance de las obras de mejora deberá ir más allá del cumplimiento del deber de conservación por parte del arrendador al que se refiere el artículo 21 de esta Ley.
Artículo 19, apartado 1, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 19, modificado por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 19, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 19, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 111 sentencias, 35 artículos doctrinales, 13 formularios
ARTÍCULO 20 Gastos generales y de servicios individuales.
Durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o durante los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la suma que el arrendatario haya de abonar por el concepto a que se refiere el apartado anterior, con excepción de los tributos, sólo podrá incrementarse, por acuerdo de las partes, anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18.
El pago de los gastos a que se refiere el presente artículo se acreditará en la forma prevista en el artículo 17.4.
Artículo 20, apartado 2, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 20, apartados 1 y 2, modificados por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 20, apartados 1 y 2, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 20, apartados 1 y 2, modificados por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 795 sentencias, 46 artículos doctrinales, 2 formularios, una resolución administrativa, una noticia
CAPÍTULO IV De los derechos y obligaciones de las partes Artículos 21 a 25
ARTÍCULO 21 Conservación de la vivienda.
El arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones que contempla el apartado 1 de este artículo, a cuyos solos efectos deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda. En todo momento, y previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe al arrendador.
Artículo citado en: 2001 sentencias, 75 artículos doctrinales, un tema práctico, 36 formularios, 4 resoluciones administrativas, 11 noticias
ARTÍCULO 22 Obras de mejora.
El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arrendador de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento.
Artículo citado en: 384 sentencias, 45 artículos doctrinales, 31 formularios
ARTÍCULO 23 Obras del arrendatario.
El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de los accesorios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. En ningún caso el arrendatario podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la vivienda.
Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que no haya autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el arrendatario reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna.
Artículo 23, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 536 sentencias, 42 artículos doctrinales, un tema práctico, 4 formularios, 3 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 24 Arrendatarios con discapacidad.
El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar en el interior de la vivienda aquellas obras o actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior a setenta años, tanto del propio arrendatario como de su cónyuge, de la persona con quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, o de sus familiares que con alguno de ellos convivan de forma permanente, siempre que no afecten a elementos o servicios comunes del edificio ni provoquen una disminución en su estabilidad o seguridad.
El arrendatario estará obligado, al término del contrato, a reponer la vivienda al estado anterior, si así lo exige el arrendador.
Artículo 24, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 300 sentencias, 64 artículos doctrinales, un formulario, 2 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 25 Derecho de adquisición preferente.
En caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de adquisición preferente sobre la misma, en las condiciones previstas en los apartados siguientes.
El arrendatario podrá ejercitar un derecho de tanteo sobre la finca arrendada en un plazo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente en que se le notifique en forma fehaciente la decisión de vender la finca arrendada, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión.
En el caso a que se refiere el apartado anterior, podrá el arrendatario ejercitar el derecho de retracto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1.518 del Código Civil, cuando no se le hubiese hecho la notificación prevenida o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restantes condiciones esenciales. El derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, contados desde el siguiente a la notificación que en forma fehaciente deberá hacer el adquirente al arrendatario de las condiciones esenciales en que se efectuó la compraventa, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada.
El derecho de tanteo o retracto del arrendatario tendrá preferencia sobre cualquier otro derecho similar, excepto el retracto reconocido al condueño de la vivienda o el convencional que figurase inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de celebrarse el contrato de arrendamiento.
Para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos de venta de viviendas arrendadas deberá justificarse que han tenido lugar, en sus respectivos casos, las notificaciones prevenidas en los apartados anteriores, con los requisitos en ellos exigidos. Cuando la vivienda vendida no estuviese arrendada, para que sea inscribible la adquisición, deberá el vendedor declararlo así en la escritura, bajo la pena de falsedad en documento público.
Cuando la venta recaiga, además de sobre la vivienda arrendada, sobre los demás objetos alquilados como accesorios de la vivienda por el mismo arrendador a que se refiere el artículo 3, no podrá el arrendatario ejercitar los derechos de adquisición preferente sólo sobre la vivienda.
No habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble. En tales casos, la legislación sobre vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto, respecto a la totalidad del inmueble, en favor del órgano que designe la Administración competente en materia de vivienda, resultando de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores a los efectos de la notificación y del ejercicio de tales derechos.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente.
Artículo 25, apartado 8, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 25, apartado 7, modificado por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 25, apartado 7, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 25, apartado 7, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 782 sentencias, 192 artículos doctrinales, 12 temas prácticos, 180 formularios, 96 resoluciones administrativas, 4 noticias
CAPÍTULO V De la suspensión, resolución y extinción del contrato Artículos 26 a 28
ARTÍCULO 26 Habitabilidad de la vivienda.
Artículo citado en: 564 sentencias, 35 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 2 formularios, 3 resoluciones administrativas, 3 noticias
ARTÍCULO 27 Incumplimiento de obligaciones.
Tratándose de arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro de la Propiedad, si se hubiera estipulado en el contrato que el arrendamiento quedará resuelto por falta de pago de la renta y que deberá en tal caso restituirse inmediatamente el inmueble al arrendador, la resolución tendrá lugar de pleno derecho una vez el arrendador haya requerido judicial o notarialmente al arrendatario en el domicilio designado al efecto en la inscripción, instándole al pago o cumplimiento, y éste no haya contestado al requerimiento en los diez días hábiles siguientes, o conteste aceptando la resolución de pleno derecho, todo ello por medio del mismo juez o notario que hizo el requerimiento.
Artículo 27, apartado 4, añadido por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 3849 sentencias, 110 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 75 formularios, 2 resoluciones administrativas, 23 noticias
ARTÍCULO 28 Extinción del arrendamiento.
Artículo citado en: 188 sentencias, 35 artículos doctrinales, un tema práctico, 3 formularios, una resolución administrativa
TÍTULO III De los arrendamientos para uso distinto del de vivienda Artículos 29 a 35
ARTÍCULO 29 Enajenación de la finca arrendada.
Artículo citado en: 407 sentencias, 79 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 9 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 30 Conservación, mejora y obras del arrendatario.
Artículo citado en: 712 sentencias, 31 artículos doctrinales, 3 formularios, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 31 Derecho de adquisición preferente.
Artículo citado en: 346 sentencias, 70 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 4 formularios, 19 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 32 Cesión del contrato y subarriendo.
Artículo citado en: 853 sentencias, 104 artículos doctrinales, 28 temas prácticos, 174 formularios, 10 resoluciones administrativas, 5 noticias
ARTÍCULO 33 Muerte del arrendatario.
Artículo citado en: 186 sentencias, 40 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 formularios, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 34 Indemnización al arrendatario.
Artículo citado en: 313 sentencias, 31 artículos doctrinales, un tema práctico, 5 formularios, 3 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 35 Resolución de pleno derecho.
Artículo 35, modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 661 sentencias, 50 artículos doctrinales, 8 formularios, 4 resoluciones administrativas
TÍTULO IV Disposiciones comunes Artículos 36 y 37
ARTÍCULO 36 Fianza.
Durante los cinco primeros años de duración del contrato, o durante los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la fianza no estará sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.
Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.
Artículo 36, apartado 6 añadido por la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del Orden social.
Artículo 36, apartado 6 modificado con efectos de 1 de enero de 2011, por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, publicada en el Boletín Oficial del Estado, 23 de Diciembre de 2010.
Artículo 36, apartados 2 y 3, modificados por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Junio de 2013.
Artículo 36, modificado por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo 36, modificación dejada sin efecto por Resolución de 22 de enero de 2019 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.
Artículo 36, modificado por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Artículo citado en: 1660 sentencias, 64 artículos doctrinales, 7 formularios, 14 resoluciones administrativas, 4 noticias
ARTÍCULO 37 Formalización del arrendamiento.
Artículo citado en: 80 sentencias, 19 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
TÍTULO V Procesos arrendaticios Artículos 38 a 40
Artículo 38 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 294 sentencias, 43 artículos doctrinales, 7 formularios, una resolución administrativa
Artículo 39 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 1867 sentencias, 86 artículos doctrinales, 5 formularios, una resolución administrativa
ARTÍCULO 40 Acumulación de acciones.
Artículo 40 derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo citado en: 1113 sentencias, 51 artículos doctrinales, un formulario
El plazo de duración del régimen legal de las viviendas de protección oficial, que se califiquen para arrendamiento a partir de la entrada en vigor de la presente ley, concluirá al transcurrir totalmente el período establecido en la normativa aplicable para la amortización del préstamo cualificado obtenido para su promoción o, en caso de no existir dicho préstamo, transcurridos veinticinco años a contar desde la fecha de la correspondiente calificación definitiva.
La renta máxima inicial por metro cuadrado útil de las viviendas de protección oficial a que se refiere el apartado anterior, será el porcentaje del precio máximo de venta que corresponda de conformidad con la normativa estatal o autonómica aplicable.
No se aplicará revisión de rentas de las viviendas de protección oficial salvo pacto explícito entre las partes. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad.
Además de las rentas iniciales o revisadas, el arrendador podrá percibir el coste real de los servicios de que disfrute el arrendatario y satisfaga el arrendador.
Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas y estipulaciones que establezcan rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa aplicable para las viviendas de protección oficial.
Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a las viviendas de promoción pública reguladas por el Real Decreto-ley 31/1978.
Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación general en defecto de legislación específica de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
El arrendamiento de viviendas de protección oficial de promoción pública se regirá por las normas particulares de éstas respecto del plazo de duración del contrato, las variaciones de la renta, los límites de repercusión de cantidades por reparación de daños y mejoras, y lo previsto respecto del derecho de cesión y subrogación en el arrendamiento, y en lo no regulado por ellas por las de la presente ley, que se aplicará íntegramente cuando el arrendamiento deje de estar sometido a dichas disposiciones particulares.
Disposición Ädicional Primera, apartado 3, modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Marzo de 2015.
Disposición citada en: 164 sentencias, 17 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, una resolución administrativa, 3 noticias
El artículo 2, número 5.º, de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, tendrá la siguiente redacción:
5.º Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos.
En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta ley se establecerán reglamentariamente los requisitos de acceso de los contratos de arrendamientos urbanos al Registro de la Propiedad.
Disposición citada en: 115 sentencias, 34 artículos doctrinales, una disposición normativa, 4 resoluciones administrativas, una noticia
Con objeto de favorecer la transparencia y facilitar el intercambio de información para el ejercicio de las políticas públicas, la normativa que regule el depósito de fianza a que se refiere el apartado anterior determinará los datos que deberán aportarse por parte del arrendador, entre los que figurará, como mínimo:
Los datos identificativos de las partes arrendadora y arrendataria, incluyendo domicilios a efectos de notificaciones.
Los datos identificativos de la finca, incluyendo la dirección postal, año de construcción y, en su caso, año y tipo de reforma, superficie construida de uso privativo por usos, referencia catastral y calificación energética.
Las características del contrato de arrendamiento, incluyendo la renta anual, el plazo temporal establecido, el sistema de actualización, el importe de la fianza y, en su caso, garantías adicionales, el tipo de acuerdo para el pago de los suministros básicos, y si se arrienda amueblada.
Disposición adicional tercera, modificada por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Disposición citada en: 103 sentencias, 10 artículos doctrinales, 23 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Disposición citada en: 16 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
El artículo 1.563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil quedará redactado en la forma siguiente:
1.º El desahucio por falta de pago de las rentas, de las cantidades asimiladas o de las cantidades cuyo pago hubiera asumido el arrendatario en el arrendamiento de viviendas o en el arrendamiento de una finca urbana habitable en la que se realicen actividades profesionales, comerciales o industriales, podrá ser enervado por el arrendatario si en algún momento anterior al señalado para la celebración del juicio, paga al actor o pone a su disposición en el Juzgado o notarialmente el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que en dicho instante adeude.
3.º En todo caso, deberán indicarse en el escrito de interposición de la demanda las circunstancias concurrentes que puedan permitir o no la enervación. Cuando ésta proceda, el Juzgado indicará en la citación el deber de pagar o de consignar el importe antes de la celebración del juicio.
El artículo 1.687,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 1.687,3.
Disposición adicional quinta, apartado 2, modificado por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Disposición citada en: 642 sentencias, 10 artículos doctrinales, una disposición normativa
El Gobierno procederá, a través del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, a elaborar un censo de los contratos de arrendamiento de viviendas sujetos a la presente ley subsistentes a su entrada en vigor.
Este censo comprenderá datos identificativos del arrendador y del arrendatario, de la renta del contrato, de la existencia o no de cláusulas de revisión, de su duración y de la fecha del contrato.
A estos efectos, los arrendadores deberán remitir, al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, los datos del contrato a que se refiere el párrafo anterior.
Los arrendatarios tendrán derecho a solicitar la inclusión en el censo a que se refiere esta disposición de sus respectivos contratos, dando cuenta por escrito al arrendador de los datos remitidos.
El incumplimiento de la obligación prevista en el anterior apartado 3 privará al arrendador que la hubiera incumplido del derecho a los beneficios fiscales a que se refiere la disposición final cuarta de la presente ley.
Disposición citada en: 11 sentencias, un artículo doctrinal, 3 disposiciones normativas
"En los procedimientos arbitrales que traigan causa de contratos sometidos al régimen jurídico de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a falta de pacto expreso de las partes, los árbitros deberán dictar el laudo en el término de tres meses, contado como se dispone en el número 1 de este artículo."
Disposición citada en: 9 sentencias, 2 artículos doctrinales
El derecho de retorno regulado en la disposición adicional cuarta . 3.º del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, se regirá por lo previsto en esta disposición y, en su defecto, por las normas del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
Cuando en las actuaciones urbanísticas aisladas no expropiatorias exigidas por el planeamiento urbanístico, fuera necesario proceder a la demolición total o a la rehabilitación integral con conservación de fachada o de estructura de un edificio, en el que existan viviendas urbanas arrendadas sea cualquiera la fecha del arrendamiento, el arrendatario tendrá derecho a que el arrendador de la citada finca le proporcione una nueva vivienda de una superficie no inferior al 50 por 100 de la anterior, siempre que tenga al menos 90 metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si no alcanzaba dicha superficie, de características análogas a aquélla y que está ubicada en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido o rehabilitado.
Disposición citada en: 41 sentencias, 6 artículos doctrinales, una disposición normativa, 3 resoluciones administrativas
Disposición citada en: 39 sentencias, 3 artículos doctrinales, una noticia
Disposición citada en: 139 sentencias, 8 artículos doctrinales, 2 noticias
Disposición citada en: 43 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
Los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados a partir del 9 de mayo de 1985 que subsistan a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 9.º del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica, y por lo dispuesto para el contrato de inquilinato en el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre.
Los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados a partir del 9 de mayo de 1985, que subsistan en la fecha de entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 9.º del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, y por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. En el caso de tácita reconducción conforme a lo dispuesto en el artículo 1.566 del Código Civil, el arrendamiento renovado se regirá por las normas de la presente ley relativas a los arrendamientos para uso distinto al de vivienda.
Disposición citada en: 1423 sentencias, 24 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas, 3 noticias
Régimen normativo aplicable.
Los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán rigiéndose por las normas relativas al contrato de inquilinato del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de esta disposición transitoria.
Será aplicable a estos contratos lo dispuesto en los artículos 12, 15 y 24 de la presente ley.
Dejará de ser aplicable lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 24 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
Extinción y subrogación.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento.
Al fallecimiento de la persona que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 24.1 y 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, se hubiese subrogado en la posición del inquilino antes de la entrada en vigor de la presente ley, sólo se podrá subrogar su cónyuge no separado legalmente o de hecho y, en su defecto, los hijos del arrendatario que habitasen en la vivienda arrendada y hubiesen convivido con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento.
Al fallecimiento de la persona que de acuerdo con el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ocupase la vivienda por segunda subrogación no se autorizan ulteriores subrogaciones.
Los derechos reconocidos en los apartados 4 y 5 de esta disposición al cónyuge del arrendatario, serán también de aplicación respecto de la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
Durante los diez años siguientes a la entrada en vigor de la ley, si la subrogación prevista en los apartados 4 y 5 anteriores se hubiera producido a favor de hijos mayores de sesenta y cinco años o que fueren perceptores de prestaciones públicas por jubilación o invalidez permanente en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez el contrato se extinguirá por el fallecimiento del hijo subrogado.
Corresponde a las personas que ejerciten la subrogación contemplada en los apartados 4, 5 y 7 de esta disposición probar la condición de convivencia con el arrendatario fallecido que para cada supuesto proceda.
Otros derechos del arrendador.
Para las anualidades del contrato que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley, el arrendador tendrá los siguientes derechos:
La renta del contrato podrá ser actualizada a instancia del arrendador previo requerimiento fehaciente al arrendatario.
La renta pactada inicialmente en el contrato que dio origen al arrendamiento deberá mantener, durante cada una de las anualidades en que se desarrolle la actualización, con la renta actualizada, la misma proporción que el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo o que el Indice General Nacional o Indice General Urbano del Sistema de Indices de Costes de la Vida del mes anterior a la fecha del contrato con respecto al Indice correspondiente al mes anterior a la fecha de actualización.
De la renta actualizada que corresponda a cada período anual calculada con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior o en la regla 5.º, sólo será exigible al arrendatario el porcentaje que resulta de lo dispuesto en las reglas siguientes siempre que este importe sea mayor que la renta que viniera pagando el arrendatario en ese momento incrementada en las cantidades asimiladas a la renta.
Cuando la renta actualizada calculada de acuerdo con lo dispuesto en la regla 1.º sea superior a la que resulte de aplicar lo dispuesto en el párrafo siguiente, se tomará como renta revisada esta última.
El inquilino podrá oponerse a la actualización de renta comunicándoselo fehacientemente al arrendador en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la recepción del requerimiento de éste, en cuyo caso la renta que viniera abonando el inquilino hasta ese momento, incrementada con las cantidades asimiladas a ella, sólo podrá actualizarse anualmente con la variación experimentada por el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.
Numero de personas que convivan en la vivienda arrendada / Límite en número de veces el salario mínimo interprofesional
1 ó 2 / 2,5
3 ó 4 / 3
Más de 4 / 3,5
Período anual de actualización a partir de la entrada en vigor de la ley / Porcentaje exigible de la renta actualizada
Disposición citada en: 6029 sentencias, 67 artículos doctrinales, 29 disposiciones normativas, 2 formularios, 13 resoluciones administrativas, 5 noticias
Los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán rigiéndose por las normas del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 relativas al contrato de arrendamiento de local de negocio, salvo las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de esta disposición transitoria.
Los contratos que en la fecha de entrada en vigor de la presente ley se encuentren en situación de prórroga legal, quedarán extinguidos de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3 a 4 siguientes.
Los arrendamientos cuyo arrendatario fuera una persona fisica se extinguirán por su jubilación o fallecimiento, salvo que se subrogue su cónyuge y continúe la misma actividad desarrollada en el local.
Los arrendamientos de local de negocio cuyo arrendatario sea una persona jurídica se extinguirán de acuerdo con las reglas siguientes:
Los arrendamientos de locales en los que se desarrollen actividades distintas de aquéllas a las que se refiere la regla 1.º a las que correspondan cuotas según las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Los contratos en los que, en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, no haya transcurrido aún el plazo determinado pactado en el contrato durarán el tiempo que reste para que dicho plazo se cumpla. Cuando este período de tiempo sea inferior al que resultaría de la aplicación de las reglas del apartado 4, el arrendatario podrá hacer durar el arriendo el plazo que resulte de la aplicación de dichas reglas.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, la renta de los arrendamientos de locales de negocio podrá ser actualizada, a instancia del arrendador, previo requerimiento fehaciente al arrendatario de acuerdo con las siguientes reglas:
La renta pactada inicialmente en el contrato que dio origen al arrendamiento deberá mantener con la renta actualizada la misma proporción que el Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios de Consumo o que el Indice General Nacional o Indice General Urbano del Sistema de Indices de Costes de la Vida del mes anterior a la fecha del contrato con respecto al índice correspondiente al mes anterior a la fecha de cada actualización.
Actualización a partir de la entrada en vigor de la ley / Porcentaje exigible de la renta actualizada
3 / 35%
4 / 60%
En los arrendamientos comprendidos en el apartado 3, y en aquéllos a los que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4, un período de extinción de quince o veinte años, la revisión de renta se hará con arreglo a los porcentajes y plazos previstos en la regla 9.º, a), del apartado 11 de la disposición transitoria segunda.
A partir del año en que se alcance el 100 por 100 de actualización, la renta que corresponda pagar podrá ser actualizada por el arrendador o por el arrendatario conforme a la variación porcentual experimentada en los doce meses anteriores por el Indice General del Sistema de Indices de Precios de Consumo, salvo cuando el contrato contuviera expreso otro sistema de actualización, en cuyo caso será éste de aplicación.
Para determinar a estos efectos la fecha de celebración del contrato, se atenderá a aquella en que se suscribió, con independencia de que el arrendatario actual sea el originario o la persona subrogada en su posición.
El arrendatario podrá revisar la renta de acuerdo con lo dispuesto en las reglas 1.º, 5.º y 6.º del apartado anterior en la primera renta que corresponda pagar, a partir del requerimiento de revisión efectuado por el arrendador o a iniciativa propia.
La revisión de renta prevista para los contratos a que se refiere el apartado 3 y para aquellos de los contemplados en el apartado 4 que tengan señalado un período de extinción de quince o veinte años, no procederá cuando el arrendatario opte por la no aplicación de la misma.
Para las anualidades del contrato que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley, y hasta que se produzca la extinción del mismo, será también de aplicación a estos contratos lo previsto en el apartado 10 de la disposición transitoria segunda.
Otros derechos del arrendatario.
El arrendatario tendrá derecho a una indemnización de una cuantía igual a dieciocho mensualidades de la renta vigente al tiempo de la extinción del arrendamiento cuando antes del transcurso de un año desde la extinción del mismo, cualquier persona comience a ejercer en el local la misma actividad o una actividad afín a la que aquél ejercitaba. Se considerarán afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aunque sólo sea en parte, de la clientela captada por la actividad que ejerció el arrendatario.
Extinguido el contrato de arrendamiento conforme a lo dispuesto en los apartados precedentes, el arrendatario tendrá derecho preferente para continuar en el local arrendado si el arrendador pretendiese celebrar un nuevo contrato con distinto arrendatario antes de haber transcurrido un año a contar desde la extinción legal del arrendamiento.
La presente disposición transitoria se aplicará a los contratos de arrendamiento de local de negocio para oficina de farmacia celebrados antes del 9 de mayo de 1985 y que subsistan el 31 de diciembre de 1999.
Disposición transitoria tercera, apartado 12 añadido por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición citada en: 2740 sentencias, 42 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, un formulario, 4 resoluciones administrativas, 7 noticias
Los contratos de arrendamientos asimilados a los de inquilinato a que se refiere el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y los asimilados a los de local de negocio a que se refiere el artículo 5.2 del mismo texto legal, celebrados antes del 9 de mayo de 1985 y que subsistan a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán rigiéndose por las normas del citado texto refundido que les sean de aplicación, salvo las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de esta disposición transitoria.
Los arrendamientos asimilados al inquilinato se regirán por lo estipulado en la disposición transitoria tercera. A estos efectos, los contratos celebrados por la Iglesia Católica y por Corporaciones que no persigan ánimo de lucro, se entenderán equiparados a aquellos de los mencionados en la regla 2.º del apartado 4 a los que corresponda un plazo de extinción de quince años. Los demás se entenderán equiparados a aquellos de los mencionados en la citada regla 2.º a los que corresponda un plazo de extinción de diez años.
Los arrendamientos asimilados a los de local de negocio se regirán por lo estipulado en la disposición transitoria tercera para los arrendamientos de local a que se refiere la regla 2.º del apartado 4 a los que corresponda una cuota superior a 190.000 pesetas.
Los arrendamientos de fincas urbanas en los que se desarrollen actividades profesionales se regirán por lo dispuesto en el apartado anterior.
Disposición citada en: 468 sentencias, 7 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
Disposición citada en: 97 sentencias, 4 artículos doctrinales
El Título V de la presente ley será aplicable a los litigios relativos a los contratos de arrendamiento de finca urbana que subsistan a la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Se exceptúa lo establecido respecto al valor de la demanda y a la conformidad de las sentencias, que será inmediatamente aplicable a los recursos de casación en los litigios sobre contratos de arrendamientos de local de negocio en los que la sentencia de la Audiencia Provincial se haya dictado después de la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición citada en: 240 sentencias, 3 artículos doctrinales
La presente ley se dicta al amparo del artículo 149.1.8.º de la Constitución.
El apartado 3 de la disposición transitoria segunda entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial del Estado".
Disposición citada en: 58 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley, publicará en el Boletín Oficial del Estado" una relación de los Indices de Precios al Consumo desde el año 1954 hasta la entrada en vigor de la misma.
Disposición citada en: 9 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
El Gobierno procederá, transcurrido un año a contar desde la entrada en vigor de la ley, a presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley mediante el que se arbitre un sistema de beneficios fiscales para compensar a los arrendadores, en contratos celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 que subsistan a la entrada en vigor de la ley, mientras el contrato siga en vigor, cuando tales arrendadores no disfruten del derecho a la revisión de la renta del contrato por aplicación de la regla 7.º del apartado 11 de la disposición transitoria segunda de esta ley.
Disposición citada en: 7 sentencias, 3 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Comunicación de Contrato de arrendamiento
Formulario de Contrato de arrendamiento
DECRETO 48/2015, de 14 de abril, por el que se crea la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi «Dantzerti».
Ley por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana (Ley 5/1997, de 25 de Junio)
Ley 48/1967, de 22 de julio, Orgánica del Consejo del Reino.
ORDEN PRE/736/2009, de 26 de marzo, por la que se convocan becas para la realización de estudios en el Colegio de Europa, durante el curso académico 2009/2010.
Real Decreto 1314/1984, de 20 de Junio, por el que se regula la Estructura y Competencias de la Tesoreria general de la Seguridad social.
Ley de Urbanismo de Catalunya (Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto)
ORDEN 1205/2007, de 9 de marzo, por la que se convocan subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid para el equipamiento de las Escuelas Municipales de Música y Danza, año 2007.
Real Decreto 1121/1981, de 6 de marzo por el que se declaran conjunto histórico artístico los barrios de San Juan y San Francisco, en la ciudad de Telde (Gran Canaria).
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso de acceso plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

References: resolución 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 resolución 

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4
 Resolución 

Artículo 4

ARTÍCULO 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5
 Resolución 

Artículo 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

Artículo 7

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ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

Artículo 9

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 Resolución 

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ARTÍCULO 10

Artículo 10

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 Resolución 

Artículo 10

ARTÍCULO 11

Artículo 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13
 Resolución 
 artículo 9
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Artículo 13

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ARTÍCULO 14

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ARTÍCULO 15

Artículo 15

ARTÍCULO 16

Artículo 16

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 Resolución 

Artículo 16
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ARTÍCULO 17
 resolución 
 artículo 23

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ARTÍCULO 18

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 18

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 Resolución 

Artículo 18

ARTÍCULO 19
 artículo 22
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 21

Artículo 19

Artículo 19

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 Resolución 

Artículo 19

ARTÍCULO 20
 artículo 18
 artículo 17

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 20
 Resolución 

Artículo 20
 resolución 

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ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23
 artículo 2

Artículo 23

ARTÍCULO 24

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ARTÍCULO 25
 artículo 1
 artículo 3

Artículo 25

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 Resolución 

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 resolución 

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27
 resolución 
 resolución 

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ARTÍCULO 28
 resolución 

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

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ARTÍCULO 35
 Resolución 

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ARTÍCULO 36

Artículo 36

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Artículo 36

Artículo 36

Artículo 36
 Resolución 

Artículo 36

ARTÍCULO 37
 resolución 

Artículo 38
 resolución 

Artículo 39
 resolución 

ARTÍCULO 40

Artículo 40
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 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 149
 resolución 
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Real Decreto 

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