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Carolina Henríquez Tebar
1 Roj: SJCA 429/2013 Id Cendoj: Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo Sede: Ourense Sección: 1 Nº de Recurso: 211/2012 Nº de Resolución: 95/2013 Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente: FRANCISCO DE COMINGES CACERES Tipo de Resolución: Sentencia XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1 OURENSE SENTENCIA: 00095/ N11600 PLZA. CONCEPCIÓN ARENAL, S/N (ANTIGUA CÁMARA PROPIEDADE) 1º N.I.G: Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO /2012 / Sobre: ADMON. AUTONOMICA De D/Dª: A CEN LOGISTICA SL Letrado: JOSE CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ Procurador D./Dª: Contra D./Dª CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE Letrado: Procurador D./Dª Materia : Responsabilidad patrimonial. Accidente en autovía AG-53 por irrupción de jabalíes. Cuantía : 3.329,01 # SENTENCIA 95 Número: /2013 Ourense, 10 de abril de 2013 Visto por D. Francisco de Cominges Cáceres, magistrado-juez del Juzgado Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Ourense, el PROCEDIMIENTO ABREVIADO 211/2012 promovido por la entidad mercantil "A CEN LOGÍSTICA SL", representada y defendida por el Letrado D. José Carlos González Fernández; contra la XUNTA DE GALICIA (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas), representada y asistida por la Sra. Letrada de sus Servicios Jurídicos. ANTECEDENTES 1º.- La entidad mercantil "A Cen Logística SL" interpuso demanda por la vía del Procedimiento Abreviado frente a la resolución de 27 de junio de 2012 del Secretario Xeral Técnico de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia desestimatoria de la reclamación indemnizatoria formulada por los daños y perjuicios ocasionados el día 14 de septiembre de 2010 en el camión Iveco, modelo C35730, 1
2 matrícula 5069FVL, por la irrupción de varios jabalíes en el km. 78,300 de la Autovía autonómica "AG-53, de Dozón a Cea" (Término municipal de Punxín) -expte. RP/10/654-. En el "Suplico" de su Demanda solicitó la estimación del recurso, condenándose a la Administración demandada " a indemnizar a mi representada en la cantidad de tres mil trescientos veintinueve euros con un céntimo de euro (3.329,01 #) ". 2º.- Se señaló en un principio para la celebración de la vista oral del juicio el día 2 de octubre de La recurrente solicitó su aplazamiento por coincidirle en el mismo día con la de otro proceso. Se fijó nueva fecha del juicio para el 4 de diciembre de Ese día comenzó la vista oral, pero hubo de suspenderse en fase de prueba por petición de la recurrente a fin de que se practicase determinada prueba documental. Una vez realizada la prueba, se celebró y concluyó finalmente el acto del juicio el día 9 de abril de La Administración demandada se opuso a la demanda solicitando la íntegra desestimación del recurso. Se practicó prueba documental, así como trámite de conclusiones. 3º.- La cuantía del litigio se estableció en 3.329,01 euros, previa audiencia de las partes. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Constituye el objeto de este proceso la resolución de 27 de junio de 2012 del Secretario Xeral Técnico de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia desestimatoria de la reclamación indemnizatoria formulada por los daños y perjuicios ocasionados el día 14 de septiembre de 2010 en el camión Iveco, modelo C35730, matrícula 5069FVL -expte. RP/10/654-. Se esgrime en la Demanda, en síntesis, que sobre las 02:30 horas del referido día, cuando D. Alexis conducía dicho vehículo en el km. 78,300 de la Autovía autonómica "AG-53, de Dozón a Cea" (Término municipal de Punxín) irrumpieron de manera súbita e inesperada varios jabalíes en la calzada. Añade que colisionaron con el vehículo causándole daños materiales valorados en un total de 2.069,01 euros, así como perjuicios por pérdida de lucro cesante durante el tiempo que llevó su reparación, cuantificables en euros. Considera que no concurre fuerza mayor, ni culpa en la persona de la víctima, resultando la responsable del siniestro la referida Administración autonómica, por no mantener la carretera en adecuadas condiciones de seguridad frente a la irrupción de animales salvajes mediante el preceptivo vallado de la vía. Funda su pretensión en lo dispuesto en el artículo de la Constitución ; artículos 139 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ; y en la disposición adicional novena de la Ley 17/2005, así como en determinada jurisprudencia. Frente a dicha pretensión impugnatoria esgrime en resumen la Xunta de Galicia que el siniestro obedeció a causa de fuerza mayor, y que en el peor de las casos habrían de descontarse de la cantidad reclamada los importes correspondientes al IVA (deducible por la propia demandante) y al lucro cesante (no acreditado). II.- Centrados así los términos del debate, debe estimarse en parte el recurso contenciosoadministrativo. Y ello por las siguientes razones: II.1.- Tal y como señala una reiterada y consolidada jurisprudencia, la viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere conforme a lo dispuesto en el artículo 139 Ley 30/1992, de 26 de noviembre : a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta (S TS de 07/10/2011 -casación 4320/2007). Insiste también la misma jurisprudencia ( S TS de 01/07/ casación 1515/2005-) en que, " no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa ". En esa misma línea el Alto Tribunal ( STS de 25/09/2007 -casación 2052/2003 -) manifiesta que la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. Y así la S TS de 19 de junio de casación 10231/2003- reitera que " es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para 2
3 la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ". Por su parte las SS TS de 19/06/2007 (casación 10231/2003 ) y 0 9/12/ casación 6580/2004 -, concluyen que la prueba de la relación de causalidad corresponde al que reclama la indemnización. II.2.- Respecto del concreto supuesto de la irrupción de animales salvajes en la calzada, preceptúa la disposición adicional novena del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificada por Ley 17/2005, de 19 de julio, que: << En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación. Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización. >> Las Autopistas y Autovías se caracterizan respecto de las demás carreteras convencionales, entre otros aspectos, por determinados requisitos especiales que garantizan la seguridad del tráfico a la alta velocidad permitida en ellas (120 km/h), como son las limitaciones de acceso a las propiedades colindantes y el vallado de todo su perímetro para impedir la irrupción en ella de animales o peatones. Así mismo, en el artículo de la Orden de 28 de diciembre de 1999, aprobatoria de la norma 8.1- IC de señalización vertical (BOE de 29/01/2000) y en el artículo del Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, se establece como señalización de animales en libertad la señal de peligro P-24. II.3.- Pues bien, con este punto de partida de la valoración conjunta de la prueba practicada se concluye antijuridicidad del daño y la existencia de nexo causal entre el deficiente funcionamiento de la Administración pública demandada y el accidente en cuestión. La Administración demandada reconoció en la resolución aquí impugnada la realidad del referido accidente y su origen en la irrupción de varios animales salvajes en la calzada de la autovía, sin que concurriese culpa o negligencia en el conductor del vehículo. Pero consideró también que el siniestro se debió a causa de fuerza mayor, imprevisible, irresistible y externa a la actuación de la propia Administración pública, razón principal por la que desestimó la reclamación indemnizatoria. Sin embargo, la prueba practicada en el proceso (en particular el Informe del Jefe de los Equipos de Atestado de la Guardia Civil, Subsector de Ourense de 23 de diciembre de 2012) ha demostrado que en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 70 y 90 de la referida autovía se han producido en los últimos años nada más y nada menos que cincuenta y dos accidentes de tráfico por la irrupción de animales salvajes, de los cuales tres de ellos tuvieron lugar en el mismo punto kilométrico en el que se produjo el accidente del camión de la entidad aquí demandante. Es evidente que, ante la exagerada siniestralidad del tramo en cuestión, y las peculiaridades del vial (autovía en la que con una velocidad máxima permitida de 120 km/h, de una parte se le genera al conductor una confianza legítima en la seguridad de la carretera, y de otra en caso de producirse un accidente puede resultar de gravísimas consecuencias) la Administración demandada (y en su lugar la concesionaria encargada de la conservación del vial) debió adoptar unas mínimas medidas preventivas para evitar este tipo de accidentes, como son, de manera cumulativa: - La instalación de señales verticales de peligro P La reducción de la velocidad máxima permitida, minorándola de 120 km/h a otra inferior que, ante la gran probabilidad de irrupción de jabalíes en la calzada del tramo en cuestión, disminuya el riesgo de colisión y minore, en caso de producirse, los daños que pudiese provocar. 3
4 - La instalación de " pasos canadienses " o medidas equivalente en los puntos de acceso a la autovía, que eviten la entrada de cuadrúpedos. - La supervisión y mantenimiento permanente en buenas condiciones del vallado de la autovía. Si, ante la gran siniestralidad del tramo en cuestión, el servicio de conservación de carreteras hubiese funcionado correctamente, adoptando esas sencillas medidas de prevención, el accidente no se habría producido. No concurre fuerza mayor, sino un deficiente funcionamiento de la Administración autonómica en el cumplimiento de su obligación de conservación de las Autovías en unas condiciones mínimas de seguridad para la circulación de los vehículos. Tampoco ha demostrado la Xunta de Galicia que la responsabilidad del accidente le corresponda a los titulares del TECOR de los terrenos colindantes con la vía. Por el contrario, afirma en la propia resolución impugnada que en el día de los hechos no se autorizaron batidas o cacerías en ellos, y que la explotación cinegética era adecuada. III.- Constatado el nexo causal determinativo de la responsabilidad patrimonial, procede analizar el importe de la indemnización reclamada. III.1.- La factura aportada por la demandante en la vía administrativa previa (fols. 25 y ss. del expte. admvo.) acredita la causación de un daño emergente, por reparación de los daños del vehículo, de 1.753,40 euros, que, incrementado con un 18% de IVA, asciende a la cantidad final de 2.069,01 euros. Resulta procedente la inclusión en la reclamación de la partida correspondiente al IVA, por las razones señaladas por la Audiencia Provincial de Barcelona (civil) en su sentencia núm. 16/2009, de 26 de enero de 2009 (rec. 361/2008 ) citada en la demanda, sobre un caso similar, que este Juzgado hace suyas. No obstante, no se ha presentado en juicio la factura original. Y la que obra en el expediente administrativo carece de firma y sello. Como consecuencia de ello, en ejecución de sentencia para que se le abone dicha cantidad habrá de exhibir la recurrente en la Xunta de Galicia la factura original expedida en legal forma. III.2.- No procede, por otra parte, estimar la partida reclamada por " lucro cesante " al no haberse acreditado suficientemente. A este respecto la recurrente en vez de aportar un informe genérico sobre los ingresos teóricos que produce un "vehículo ligero provisto de autorización de transporte público" (Fº 31 del expte.), debió adjuntar pruebas relacionadas con su concreta situación financiera y empresarial, como sus últimas declaraciones fiscales de ingresos y gastos junto con la documentación acreditativa del número de camiones que utiliza y el correspondiente cálculo de la media de ingresos mensuales que genera cada camión, en términos netos, con descuento de gastos, lo que no ha hecho. IV.- Conforme a lo dispuesto en el artículo de la Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio (LJCA ), no procede realizar expresa condena en costas. PARTE DISPOSITIVA 1º.- ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil "A Cen Logística SL" frente a la resolución de 27 de junio de 2012 del Secretario Xeral Técnico de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia, desestimatoria de la reclamación indemnizatoria formulada por los daños y perjuicios ocasionados el día 14 de septiembre de 2010 en el camión Iveco, modelo C35730, matrícula 5069FVL, por la irrupción de varios jabalíes en el km. 78,300 de la Autovía autonómica "AG-53, de Dozón a Cea" (Término municipal de Punxín) -expte. RP/10/ º.- Condenar a la Administración demandada a abonarle a la recurrente una indemnización de dos mil sesenta y nueve euros, con un céntimo (2.069,01 #) incrementada en el interés legal desde la fecha de interposición de la reclamación previa en la vía administrativa (23/11/2010). El abono de esta cantidad se condiciona a la presentación por la recurrente en la Administración demandada de la factura original, expedida en legal forma, acreditativa del pago de la reparación del vehículo. 3º.- Desestimar el recurso en todo lo demás. 4º.- Sin imposición de costas. 4
5 Notifíquesele esta sentencia a las partes, con la indicación de que contra ella no cabe interponer Recurso de Apelación ( art a/ de la Ley Jurisdiccional 29/1998). 5
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 139
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 449
 artículo 449