Source: http://www.argenpress.info/2012_10_15_archive.html
Timestamp: 2015-03-05 10:22:52+00:00

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ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo: 10/15/12
El cinismo de los gobiernos de los países de la OTAN es evidente. El reciente llamado a una intervención militar en Mali por el Presidente François Hollande hace eco de los hipócritas argumentos a favor de la intervención humanitaria. En una alocución en Dakar, del 12 de octubre el Presidente François Hollande dijo a la Asamblea Nacional de Senegal “Los horrores actuales no pueden seguir. ¿Cómo se va a aceptar los mausoleos profanados, las manos cortadas, las mujeres violadas? ¿Cómo se va a aceptar el reclutamiento forzado de niños por las milicias o que vengan terroristas a esta región para sembrar el terror?”
Hollande tuvo el cínico descaro de hablar así cuando su país ha infligido exactamente esos mismos desastres a Libia y ahora lo hace en Siria. Pero Hollande no se encuentra solo en su cinismo e hipocresía. El 30 de septiembre el jefe del Comando Africano de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, el General Carter F. Ham, estuvo en Argel.
Para las fuerzas nacionalistas del gobierno de Mali, el problema estratégico es doble. Emprender la guerra para recuperar el territorio nacional en el norte implica enfrentar fuerzas mejor armadas que el ejército de Mali, porque los rebeldes tuaregs tienen los armamentos que se llevaron de Libia y los grupos islámicos reciben suministros bélicos por vía aérea desde Qatar. Y también, aún si tuvieran los equipos y armamentos para emprender acciones militares, el traslado de recursos al norte dejaría a la capital Bamako vulnerable a un golpe reaccionario apoyado desde el exterior como pasó en abril.
Es una correlación de fuerzas muy desfavorable para los malienses que quieren resistir las imposiciones de la OTAN. Por el momento, los títeres otanistas de la CEDEAO dominan el escenario frente a la resistencia nacionalista de la mayor parte de los malienses representado más que todo en este momento por sus fuerzas armadas. Mali es víctima de un intento por los poderes occidentales de intensificar su dominio de los recursos y economías de África.
Pero cualquier observador de los acontecimientos en Libia y en Siria va a preguntar ¿cómo es que los países de la OTAN llaman a una intervención militar contra las mismas fuerzas que reciben el apoyo militar y económico la tiranía feudal de Qatar, aliado clave de la OTAN? Es evidente que se trata de otro espejismo cínico de los países de la OTAN y de otro grotesco abuso del sistema de las Naciones Unidas. Habrá que
esperar a ver en los meses que vienen hasta qué punto los países de la OTAN y sus aliados lograrán extender todavía más su siniestro control neocolonial en el África.
Un problema en Bolivia, tal como en otros países de la región, es la tentación de una inserción internacional mediante la venta de recursos naturales. En la agenda patriótica formulada por el presidente boliviano en agosto pasado se enfatiza en la necesidad de superar la primarización de la economía, vía industrialización de los recursos naturales .
La disputa es grande en ese proceso y el propio sector empresarial hegemónico demanda ser parte de la discusión de la agenda sustentada hacia el 2025, el año del bicentenario de Bolivia.
Ese es el debate en Nuestramérica, en un mundo en crisis, cuando el FMI acaba de publicar sus perspectivas económicas para el 2013 , rebajando las proyecciones del 2012 y del 2013 “de 3,2 por ciento en 2012 para ALC
Carrera docente y evaluación: Evaluación docente… de vuelta a los ´90
Cecilia Acevedo - Carolina Flores - Laura Marrone (especial para ARGENPRESS.info)
Los programas de evaluación que implican al 100% del profesorado para detectar un pequeño porcentaje de incompetentes son una notable pérdida de tiempo. (1)
(Fullan & Hargreaves)
La presente nota es producto de debates en la Comisión de Educación de ADEMYS.
¿Cuál es el sentido de aquellos planes de evaluación docente masivos cuyos resultados, o bien muestran que todo funciona bárbaro y que sólo hay algunos pocos compañeros “descarriados”? ¿Cuáles son los criterios con los cuales se construyen estas técnicas de evaluación y en qué medida sus resultados permiten permear nuestras prácticas en un sentido transformador? Para no poner el carro delante del caballo nos parece importante que podamos darnos un debate acerca del sentido de las evaluaciones docentes. Comencemos por revisar las últimas señales del gobierno porteño.
La evaluación docente en la ciudad
El Ministro de Educación, Esteban Bullrich, avizora la modificación de la carrera docente en la Ciudad de Buenos Aires. La fórmula no es original. Coincide con el balance de gran parte de los organismos internacionales que señalan que la Reforma Educativa de los ´90, en nuestro país, habría quedado a mitad de camino en tanto no logró cambiar dos aspectos centrales del régimen laboral docente: los concursos públicos para el ingreso y el ascenso, y la estabilidad en el puesto de trabajo. Dos aspectos que algunos califican de “privilegios corporativos”. La iniciativa del Gobierno del PRO tuvo algunos ensayos previos.
En el 2011 Bullrich propuso públicamente “atar el salario docente a la evaluación de su desempeño y capacitación”. Frente a las fuertes críticas que la propuesta recibió desde diversos espacios, el tema no volvió a tratarse y las declaraciones del Ministro desaparecieron hasta de la web. Luego se implementó un curso de 30 hs. cátedra de las cuales sólo 15 serían efectivamente de clase, a partir a partir del cual el Ministerio podría seleccionar, entre sus participantes, a quienes serían designados como “maestro de maestros” para realizar la tarea de supervisión pedagógica de sus pares. Esto significaba por un lado desconocer la carrera docente superponiendo funciones con las tareas específicas de los cuerpos de conducción de las escuelas y por otro, habilitar salarios diferenciales a partir de una decisión arbitraria del poder político en la designación docente.
La docencia rechazó la propuesta. A pesar de resultar algo tentador el saltar una carrera que lleva años de cursos y esfuerzos, solo se inscribieron alrededor de dos centenas de docentes. Los resultados fueron tan poco satisfactorios que el Ministerio no pudo hacer efectivo el nombramiento de los “maestros de maestros”. Tampoco supo reconocer públicamente el fracaso de la tentativa.
A fines del mismo año logró una nueva ofensiva: la modificación del régimen de Juntas de Clasificación Docente, electas por voto directo de la docencia. Desde la sanción en 1984 del Estatuto Docente, durante 25 años, estas Juntas garantizaron un cuerpo colegiado junto a representantes del Gobierno para la clasificación docente y organización del régimen de concursos que se hacía por jurado, también electo por los concursantes. Un acuerdo con legisladores de la Coalición Cívica facilitó el triunfo del PRO en la Legislatura. El proyecto de Reglamentación de la Ley Nº 1410 contemplaría, por ejemplo, que los jurados puedan ser personas procedentes del ámbito privado, sin ninguna tradición en el sistema educativo. Un avance cualitativo en la privatización de la educación que venimos denunciando.
En el 2012, sin mucha justificación al público, Bullrich cambió el equipo que conducía la Dirección de Evaluación designando a la economista Silvia Montoya, coautora del libro La educación para todos, que en el 1999 propuso la versión neoliberal más cruda de la Reforma Educativa en Argentina. (2) En julio de este año, el Gobierno de Ciudad convocó a un seminario internacional titulado “La Reforma educativa y la evaluación de los docentes. Experiencias en contexto internacional” con presencia de expositores de México, Chile y Estados Unidos. Sus presentaciones giraron alrededor de cómo lograr la mejora de la “calidad de la educación” a partir de realizar cambios en las carreras docentes y, en particular, en las evaluaciones del desempeño. El razonamiento podría traducirse en ya pusimos dinero, actualizamos los planes de estudio, mejoramos la tecnología vía la digitalización y no hubo grandes mejoras. El problema, entonces, son los docentes.
Centrado el debate en este discreto ojo de mirada, las exposiciones, con matices, compartían las premisas de que no bastan las evaluaciones institucionales y son necesarias evaluaciones externas, centralizadas. Las herramientas pueden ser diversas, desde los famosos portafolios y las clases televisadas, como en Chile, evaluaciones de pares que se desligan de su tarea habitual para ese rol (una versión de “Maestro de maestros”), “la percepción” del desempeño por parte de alumnos y padres, el rendimiento de los alumnos hasta pruebas periódicas de actualización disciplinaria y/o pedagógica. (3) En algunos casos incluye premios estímulo como un “aplauso” de toda la institución en la fiesta de cierre del ciclo lectivo, como en Washington D.C. Estas diferentes evaluaciones pueden ser de carácter voluntario o universal, la última opción fue la pactada por el sindicato de los docentes de México este año. Sus resultados sirven para definir la carrera docente, el salario y la estabilidad laboral. (4)
El marco expuesto encuadró la presentación de la todavía no definitiva propuesta de la Directora de Evaluación de Ciudad. Tal vez porque la experiencia no es sonsa, Montoya advirtió, desde el inicio, que su propósito no será establecer rankings públicos ni consecuencias monetarias. Sin embargo, su abanico de posibles herramientas no se distingue de los modelos antes señalados: desde las evaluaciones centralizadas hasta las encuestas a alumnos y padres.
¿Y si evaluamos el resultado de las evaluaciones?
Cuando se habla de evaluar está implícito un proyecto de educación para un proyecto de sociedad en relación a los cuales se establecen puntos de referencia. Por ejemplo, para quienes el modelo de sociedad que vivimos es el adecuado, la existencia de exclusión social y/o fracaso escolar, son anomalías que requieren meros correctivos o esfuerzos “inclusivos” para que lo que quedó afuera, se “incluya”. De algún modo, se deposita el problema afuera. La exclusión no es vista como algo generado por el propio sistema y por lo tanto las opciones nunca apuntan a revisarlo.
En este contexto, las pruebas de evaluación estándar y centralizadas, sirven para reforzar los controles gubernamentales de esos diseños: los resultados se miden en función de la mayor o menor correspondencia con los puntos de referencia que permiten, tanto la adaptación social como la adquisición de capacidades y/o conocimientos, ajustados a ese modelo de educación y de sociedad.
Si miramos Argentina, aún bajo la lupa de estas formas de evaluar, que no suscribimos, los resultados darían cuenta de problemas estructurales y no sintomáticos. Es decir, en lugar de desempeños individuales, estamos en presencia de problemas que requieren políticas sistémicas.
Por ejemplo, para encarar modificaciones en las evaluaciones de desempeño, suelen tomarse como referencia los resultados obtenidos en las recientes evaluaciones internacionales P.I.S.A. (2009). En las mismas, nuestro país quedó ubicado en el puesto 58 de 65 países por el puntaje promedio de las pruebas de rendimiento a los alumnos de 15 años. Asimismo, quedamos en el séptimo lugar de los países con mayor índice de segregación escolar por nivel socioeconómico. Además, somos uno de los de mayor varianza de rendimiento entre establecimientos: 61,7 contra 32,6 de promedio entre todos los países en las pruebas del 2006. Este índice mide la diferencia de resultados entre establecimientos, públicos y privados, entre provincias y entre escuelas urbanas y rurales. Un dato a destacar de los resultados de estas pruebas es que, en países con similar índice de desigualdad socioeconómica, la segregación escolar es mayor allí donde su sistema educativo está más privatizado. (5)
Es nuestro caso. La educación privada creció en las últimas décadas: 28% promedio a nivel nacional, 30% en Provincia de Bs. As. y más del 50% en Ciudad de Bs. As. (6) La búsqueda individual de cada familia de redes sociales que eviten el contacto con la pobreza y/o la exclusión para sus hijos -actitud favorecida por la política de Estado de subsidiar las escuelas privadas- fortaleció la desigualdad educativa. Esto lo sabe cualquier docente al frente de un aula. Cuanto más se homogeneiza un grado o curso en un estrato social, más se potencian los condicionantes socioeconómicos que afectan a la educación. Curiosamente esta particularidad no figura en ningún diagnóstico para la “mejora de la calidad educativa” de Nación ni de Ciudad. Por tanto, tampoco está en sus líneas de acción recomponer el sistema educativo formal para que sea único y público de modo de contrarrestar la segregación social que contribuye a la desigualdad educativa.
Pero sigamos leyendo los resultados de las evaluaciones en “contextos internacionales” como nos propone Ministerio de Educación de Ciudad. Haber traído ya dos veces a expositores chilenos da cuenta de lo mucho que el PRO aprecia el modelo del vecino país. Después de costosas pruebas y miles de horas de televisaciones de clases, el resultado de las pruebas del 2011 dio que casi 30% de sus docentes están por debajo del nivel satisfactorio. Vaya, algo más que un problema de “desempeño” individual.
Chile tiene dos opciones: reconocer que tiene un problema de Estado o una prueba mal hecha. No lo sabemos. Sin embargo, ¿necesitaban para este diagnóstico poner a todo el sistema al ritmo de estas pruebas estándar, que como ya muchos especialistas reconocen llevan a que los docentes “interrumpan la enseñanza un mes antes para prepararse para el resultado de las mismas”? ¿O un análisis muestral les hubiera dado el mismo diagnóstico? ¿Y si hubieran invertido los millones de dólares que pagan en estas costosas evaluaciones y el valioso tiempo de los docentes, en diseñar e implementar un sistema de formación docente continua, gratuito, y en servicio?
Una docente chilena nos reconocía (7): “estamos dejando de ser educadores con todo el arte que eso significa para ser cada vez más meros tutores que administran guías de estudio que responden al diseño de las pruebas estándar. El stress lleva a muchos docentes a vivir muy mal. Estamos todo el año pensando en las pruebas.” Por su parte, Daine Ravith -la Viceministra de Educación de Estados Unidos durante el gobierno de Bush-, una de las primeras impulsoras en el mundo de las evaluaciones a docentes a partir de pruebas estandarizadas, en el 2010 reconoció que la experiencia había sido negativa:
Muchos especialistas han determinado que este trabajo no beneficia a los niños, quienes aprenden a dominar las pruebas más que las materias correspondientes… La lectura y el cálculo se volvieron prioritarios. Los docentes, conscientes de que estas dos materias deciden el futuro de su escuela y por lo tanto de su empleo, descuidan las otras. La historia, la literatura, la geografía, las ciencias, el arte, las lenguas extranjeras y la educación cívica son relegadas al rango de materias secundarias. (8)
Una nota de color es el caso de México que este año experimentó la primera evaluación universal al magisterio en el que las pruebas se filtraron y se denunció su venta por internet días antes. Aunque solo se presentó el 70% de los docentes, el Gobierno anunciaba que el 99% había aprobado. Sin embargo un informe del 2008 a la fecha da cuenta que 17% de las vacantes se llenaron con maestros reprobados, aunque normalmente se presentan hasta 9 candidatos por cada uno de estos puestos de trabajo. (9)
Asimismo, profesores de la Universidad de San Pablo se lamentaban del bajo nivel de los alumnos que llegan a los profesorados aduciendo que:
la implementación desde hace 20 años por parte del partido gobernante P.M.D.B en esa Ciudad de la distribución de fondos por partidas diferenciadas atendiendo a los resultados estadísticos de rendimiento (número de egresados por año según edad y permanencia en el ciclo, número de docentes por alumnos, repitencia, etc.), ha provocado que se haga pasar a alumnos sin que lleguen a los conocimientos necesarios, lo que se agrava a medida que llegan a grados o cursos superiores careciendo de bases sólidas en la formación. (10)
Resulta entonces que los modelos que el PRO nos presenta con reiteración ya fueron evaluados, no han producido mejoras y tienen cuestionamientos desde sus propias entrañas. Sólo sirvieron para generar un malsano clima de disciplinamiento y competencia entre docentes y escuelas.
Pensando alternativas…
Decíamos más atrás, que las evaluaciones están en correspondencia con un proyecto de educación para un proyecto de sociedad. ¿Qué proyecto alternativo, entonces, al que más arriba hemos cuestionado de adaptación a una sociedad excluyente? Desde nuestra óptica, algunas premisas parecen necesarias, por ejemplo, que nadie sea esclavo de su trabajo viviendo al límite de la subsistencia y que, en cambio, pueda desarrollar sus potencialidades humanas al tiempo que contribuye al bienestar de la sociedad. Asimismo, que nadie sufra opresión de ningún tipo, ya sea sexista, racial, o social y que todos puedan disfrutar plenamente de la cultura y de las relaciones humanas.
Parece difícil ponerse de acuerdo en diseños globales de evaluación de la educación cuando el proyecto sobre el cual discutimos es bien diferente. Pero ensayemos algunas medidas comunes de emergencia que son posibles y sin duda tendrían impacto en la mejora de la educación. En lugar de costosas pruebas censales, que alteren el ritmo de enseñanza, ya podemos adelantar que necesitamos:
1. Un plan de formación docente continua, que permita la actualización sistémica en cuestiones disciplinares y pedagógicas. Esta no puede seguir siendo delegada a la iniciativa individual en el tiempo extra-jornada laboral y en base al esfuerzo monetario de la/el docente, en función de la carrera de puntos para el ingreso o ascenso. La inversión presupuestaria para la mejora de la formación docente debe ser prioridad. Ésta debe pensarse como parte de un plan ciclado en el tiempo, con relevo de tareas y al mismo tiempo, equipos de docentes volantes para que los alumnos no pierdan días de clase.
2. La institucionalización de las reuniones de ciclo, departamento y la jerarquización de las ya institucionalizadas jornadas de reflexión o EMIs para la conformación de verdaderas comunidades de aprendizaje, donde se genere una cultura de trabajo cooperativo, se supere el aislamiento del trabajo de aula, se socialicen experiencias, se estudien casos, se realicen ateneos, se comparta bibliografía, se debatan criterios, se realicen evaluaciones individuales y de equipos, etc. Es necesario brindar herramientas para que esta cultura del trabajo cooperativo se instale en nuestras instituciones, y los tiempos ya previstos como las cinco jornadas por calendario sean productivas y se traduzcan en mejoras institucionales.
3. Se abra un debate sobre la formación docente inicial y se fiscalice la de los Institutos Privados. La falta de docentes plantea la necesidad de realizar un diagnóstico de situación de lo que ocurre en nuestros profesorados a fin de revertirla. Al mismo tiempo, es urgente la fiscalización del Estado de los Institutos Privados de Formación Docente. Según estimaciones internas de ADEMYS, además del 50% de los docentes que trabajan en escuelas privadas, el 30% de los cargos en el sistema público lo ocupan egresados de profesorados privados. Los programas de estudio que restringen la carga horaria de materias pedagógicas y/o disciplinares para la incorporación de materias como Teología 1, 2 y 3, Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, entre otras. Al respecto existen dos cuestiones urgentes. Por un lado el Estado debería exigir el cumplimiento de la carga horaria de materias disciplinares y pedagógicas prevista en los programas de estudio oficiales, sin su reemplazo por materias religiosas. Por el otro, la existencia de concursos públicos para la designación de docentes. Esto, como transición, a un plan que debería considerar la supresión de los Institutos privados para la formación docente.
Este no es el rumbo que plantea el Ministerio para octubre, fecha de calendario prevista para las nuevas evaluaciones. Abramos el debate en cada escuela, rechacemos cualquier intento de Evaluación “a la chilena” y reclamemos que no se instrumente ningún cambio hasta tanto no se efectúe un diagnóstico de situación y se debatan cuáles son las mejores propuestas de mejora.
Evaluación “a la chilena”
Entrevista a Luis Burra, dirigente de los docentes del SUTE-Chile
En el mes de setiembre de 2011, varios integrantes del Consejo Directivo de ADEMYS viajaron a Chile para solidarizarse con la lucha de los estudiantes por la educación pública gratuita en ese país. Como parte de las actividades desplegadas, entrevistaron a docentes para conocer el sistema de evaluación que es tomada como modelo por el gobierno del PRO en nuestra Ciudad. Luis Burra integra el SUTE, sindicato que cuestiona la política de concertación de este modelo de evaluación que ha llevado adelante el Colegio de Profesores, sindicato mayoritario en ese vecino país.
Jorge Adaro: ¿Cómo surge la evaluación que actualmente existe en tu país?
Luis Burra: La evaluación docente está legalmente instituida en Chile desde el año 90. Pero no se aplicó por la fortaleza que demostró de alguna manera el Colegio de Profesores pero a poco andar la Asociación de Municipalidades que es la que dirige la educación en Chile en definitiva, empezó a presionar para hacerla. Estaba definido el hacerla pero no estaba definido el cómo hacerla, ni el cuándo. Entonces el Colegio de Profesores entra en un estado de negociación con la autoridad, desconociendo un acuerdo previo que había tenido el Congreso Nacional de Educación donde se había dicho que no se iba a aceptar ningún tipo de evaluación hasta que se pagara la deuda histórica que se tiene con los profesores.
En el año mil novecientos ochenta y tanto Pinochet anunció que se iba a subir el 90 % de los salarios de todos los servidores públicos. Era maravilloso. Lo que traía escondido era que a los tres meses sacó de la administración pública a todos los profesores, dejó a los miles de profesores que estábamos trabajando fuera de los servidores públicos para pasar a ser servidores municipales. Consecuentemente, todo ese 90% en el minuto que se decretó no correspondía. Casualmente quedaron dentro de la administración pública las FFAA. Esto es lo que nosotros entendemos como deuda histórica, que ya pasa a ser deuda prehistórica, ya lleva más de treinta años. Entonces, en términos de plata nosotros evaluamos que es absolutamente impagable, ni vendiendo todos los minerales pagan la deuda. Pero sí planteábamos que aquí deberíamos tener alguna ley que, mientras no hubiera arreglo, no habría evaluación. Jorge Pavéz, Presidente del Colegio en ese minuto llega a un acuerdo.
J.A.: ¿En qué consiste esta evaluación?
L.B.: A cada profesor cada cuatro años se le somete a un proceso que dura varios meses en el cual tiene como etapas, una de ellas es que tiene que presentar un portafolio. El portafolio no es otra cosa que tú presentas una planificación de una clase de ocho horas con un contenido específico que viene dado, de acuerdo al curso, a la asignatura que tú impartes. Sobre la base de esto tú tienes que describir qué tipo de chiquillos tienes, cuáles son las dificultades que tienen, etc. Y luego reflexionar acerca de la aplicación de esa planificación en donde tú tienes que decir en dónde falló, en dónde no falló, presentar el documento mediante el cual mediste los aprendizajes, reflexionar acerca de ese documento, etc.
La segunda etapa es lo que se llama la clase filmada. Llega un tipo con una cámara y te filma una hora de clase. La clase filmada es de cuarenta minutos. Entonces existe una coherencia o no entre la filmación (la clase filmada no tiene por qué ser la del portafolio) pero te verifican que lo que tengas en el portafolio en los términos de lo que tú aplicaste quede reflejado acá. Pongo un ejemplo: yo estoy diciendo que mis niños son absolutamente descontrolados, son hijos de padres alcohólicos, tiene problemas, etc., etc. pero yo acá veo una clase donde los chiquillos se portan perfecto. No hay coherencia. Esta entonces, es la segunda etapa.
La tercera es lo que se llama la evaluación par donde un profesor te hace un cuestionario y tú le respondes. Y el emite opinión. ¿Cuál es la opinión que emite? En base a la presencia de ciertas palabras claves por lo tanto tú no sabes cuáles son, las visualiza pero no están claras…
Pero hay una cuarta que es lo que se llama una evaluación de terceros. Está determinada por la directora o director del establecimiento… que emite una opinión sobre tu trabajo. Ellos pueden opinar lo que quieran porque yo no recibo la evaluación. Yo, evaluado, no sé lo que el tercero está diciendo, lo que el evaluador dice de mi tampoco lo recibo. Lo que el portafolio evalúa lo vuelvo a recibir cuando ya ha pasado todo el tiempo y no tengo derecho a apelación.
Ahora vamos viendo quiénes evalúan. Evalúan en primer término el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación, ellos evalúan cada portafolio, pero que quede muy claro, ellos son los que se supone evalúan. Porque tú comprenderás que un documento de cincuenta páginas que son diez mil documentos, veinte mil documentos, no hay Centro de Perfeccionamiento que resista evaluar esa cantidad. No pueden, entonces empiezan a contratar personas, estudiantes de Pedagogía, etc. quienes verifican que las palabras que ellos esperan estén. Esa es la evaluación. En pocas palabras a ti te evalúan personas que no son profesores. No te evalúa un tipo que sepa más que tú, que te enseñe. Esta es la parte de la evaluación del Centro de Perfeccionamiento. Establece un juicio, y ese juicio se devuelve a la Comuna y en la comuna se constituye la Comisión Comunal de Educación que está compuesta por el Departamento de Educación o Corporación. Los departamentos de Educación son organismos que dependen directamente del alcalde, por lo tanto lo conforman funcionarios municipales. El personal depende de un Departamento de Educación y por lo tanto para todos los efectos legales yo sigo siendo funcionario público porque soy municipal pero no tengo derecho a la deuda histórica. Pero también existen en algunas comunas lo que se llaman las corporaciones. Estas son de derecho público por tanto tienen características de empleado particular o privado. Eso implica que nosotros como gremio debemos formar asociaciones de funcionarios. Las corporaciones conforman sindicatos. La diferencia entre uno y otro es que los sindicatos pueden negociar colectivamente y las asociaciones de funcionarios no. Negociamos igual, de hecho y no de derecho pero en los hechos nosotros no podemos ir al paro, vamos igual.
J.A.: ¿Dónde está el problema?
L.B.: Todas las medidas que se tomen en torno a esas situaciones quedan al arbitrio del alcalde, y el alcalde verá, si es de derecha, de centro o de izquierda, las medidas que toma. Pongo dos ejemplos: el señor alcalde de Santiago es de la UDI que es la derecha de la derecha y el señor alcalde de aquí ha amenazado con la denuncia…va a cerrar escuelas, querella; el alcalde de la comuna donde yo trabajo es un tipo que era de la Concertación pero con todo se ha venido cargando un poquito hacia la izquierda. No nos ha descontado un solo día de paro, el no ha hecho ningún intento por desalojar los colegios que en este minuto están tomados. Fue el único alcalde que nos pagó una plata que nos debían en todo Chile, etc. Pero es el criterio de él, si mañana otro resulta electo sonamos.
J.A.: ¿Además del criterio del alcalde el pagar o no una deuda o similar tiene que ver con el ingreso que tenga cada municipio?
Posiblemente, y digo posiblemente porque yo no trabajo en una comuna muy rica, digamos, trabajo en una comuna mediana pero sí que tiene ingresos. Nunca como Bitacura, nunca como Las Conde, nunca como Barnechea que son las comunas caras de este país
Entrevistó Jorge Adaro, Secretario Gremial de Además.
1) Fullan, Michel & Hargreaves, Andy (1997) ¿Hay algo por lo que merezca la pena luchar en la escuela? Sevilla, Publicaciones M.C.E.P. Página 32.
2) En este libro, Montoya y J. Llach habían propuesto “revolucionar” la educación de nuestro país con diversas medidas como la implementación de las escuelas “charters”, autónomas, por las cuales el Estado entregaría fondos a comunidades con las cuales establecería convenios para que éstas organizaran establecimientos escolares. Los fondos a su vez se distribuirían en función de los rendimientos de cada institución. La “revolución” también llegaría a la carrera docente mediante la “recontratación generalizada del sistema educativo estatal, provincia por provincia, escuela por escuela y colegio por colegio,(…) con un nuevo régimen de concursos empezando por los directores y vice-directores de escuelas y posteriormente de profesores y maestros, basado en mejoras de salarios ligadas a resultados y un nuevo convenio laboral” (pág. 366). Como Ministro de la Alianza, Llach fracasó en su intento “revolucionario” y no pudo hacer nada de lo que se propuso.
3) Ver nota de Flores, Carolina “Evaluación a la chilena, un modelo para el PRO” en Tiza en Mano electrónico Boletín 2011 en www.ademys.org.ar
4) Ver ponencias al Seminario “La Reforma Educativa y la evaluación de los docentes. Experiencias en el contexto internacional” http://integrar.bue.edu.ar/foro-evaluacion
5) Ver Vásquez, Emmanuel. La segregación escolar según el nivel socioeconómico. La Plata, CEDLAS, 2012.
6) Ver Anuario Estadísticas educativas en D.I.N.I.E.C.E.
7) Conversación con una docente chilena de paso por nuestro país.
8) Ravith, Diane (2010). The death and life of the great American school system: how testingand choice are undermining education, Basic Books, Nueva York.
9) En: www.educacionadebate.org
10) Intercambio con docentes de San Pablo en el marco del Seminario Internacional “Marxismo y Alienación” – Revista Herramienta- Agosto 2012.
Argentina: Represión modelo 2012
Jorge Duarte (MARCHA - ANRED)
Es muy importante contextualizar este avance represivo a los trabajadores que se organizan. Mientras palos y balas de goma abundan, avanzan los juicios al ex presidente Fernando De la Rúa por los sobornos pagados para flexibilizar derechos laborales y a José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra en una lucha por el fin de las tercerizaciones en el Ferrocarril Roca. Ambos juicios, que de prosperar pueden ser ejemplificadores por el entramado político sindical que atacan, no tienen correlación en las políticas de gobierno y con el perfil represivo consolidado en 2012. Muchas de las políticas de precarización del empleo que se impusieron en los noventa siguen intactas y son las mismas que se aplican hoy para aplicar ajustes sobre los trabajadores. Como ejemplo podemos destacar el caso de las tercerizaciones laborales que siguen siendo una de las mayores causas de conflictividad sindical que termina en duras represiones. Esas tercerizaciones, que se repiten indiscriminadamente en el sector público y en el
sector privado, no han sido abordadas por la legislación de la década kirchnerista a pesar del proyecto legislativo impulsados por el Diputado Facundo Moyano, integrante del propio bloque del FPV.
Argentina - Haití. Carta a la Presidenta de la Nación: Por el retiro de las tropas de la MINUSTAH
Pablo Micheli, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y representantes de diversas organizaciones elaboraron una carta dirigida a la presidenta de la Nación, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, senadores y diputados de la Nación pidiendo el inmediato retiro de las tropas argentina de Haití.
"Se han cumplido más de 8 años de un operativo militar completamente injustificado, una verdadera ocupación que, bajo el nombre de Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) y mandato de la ONU, viola la soberanía de un país hermano con miles de tropas de Fuerzas Armadas de Argentina y otros países de América Latina y del mundo.
"Esas fuerzas de ocupación fueron enviadas en el 2004, luego de que Estados Unidos en conjunto con otras potencias, provocaran un golpe de estado. Están en suelo haitiano en beneficio de intereses ajenos a los derechos humanos del pueblo de Haití, al servicio de intereses multinacionales y del saqueo de los recursos y la fuerza de trabajo haitiana.
"Esa ocupación, sostenida bajo la excusa de que la MINUSTAH era mejor que una ocupación norteamericana, mostró su verdadero rostro luego del terremoto del 2010, cuando permitió con docilidad el ingreso de 22.000 soldados de Estados Unidos, que tomaron control de todo el país y sus centros neurálgicos.
"El 15 de octubre se propone extender el mandato de ocupación, continuando con el absurdo argumento de que Haití –un pueblo empobrecido, con cientos de miles de habitantes viviendo aún a la intemperie, a dos años y medio del terremoto- es “una amenaza para la seguridad del mundo”. El Secretario General de la ONU recomienda que continúe la ocupación por lo menos cinco años más.
"Los abajo firmantes nos pronunciamos por el inmediato retiro de las tropas argentinas de suelo haitiano y la no-renovación del mandato de la MINUSTAH.
"No se puede seguir avalando un operativo que está lejos, incluso, de haber cumplido siquiera con los objetivos falsamente “humanitarios” que se propuso: viola la seguridad de la población en vez de protegerla; acaba de regentear las elecciones menos participadas y más fraudulentas de los últimos tiempos; los derechos humanos de la población están cada día más precarizado; y la economía está siendo entregada a intereses extranjeros mientras el costo de la vida, la posibilidad de trabajo y salarios dignos, son cada vez más distantes para las mayorías.
"En estos ocho años, la MINUSTAH además ha sido responsable todavía impune, de la violación de mujeres, niñas y jóvenes por parte de las tropas de distintos países, y de la introducción del cólera provocando 7.440 muertes y más de 580.000 infectados hasta julio de este año (según cifras de la ONU) y una epidemia que aún persiste.
"La MINUSTAH actúa en Haití al servicio de los intereses de los países poderosos, y contra los intereses y necesidades del propio pueblo haitiano, como lo demostró la represión que desató sobre las movilizaciones contra el hambre en el 2008, y contra las luchas salariales y por los más elementales derechos, con decenas de muertos.
"El pueblo haitiano no necesita soldados y armas extranjeras. Necesita la solidaridad de nuestros países, expresada en alimentos, medicamentos y misiones de ayuda sanitaria, de ingeniería, educativa y humanitaria, dispuestas a trabajar codo a codo con el pueblo de Haití en apoyo de sus planes y propuestas. Eso no llegará de la mano de tropas.
"Cabe subrayar que, durante esos 8 largos años, el pueblo haitiano en su inmensa mayoría se ha pronunciado de distintas formas en contra de esta presencia militar extranjera. Hace un año el Senado de Haití votó unánimemente a favor de su retiro antes de octubre 2012. Y desde hace tiempo, en solidaridad y por el retiro de las tropas de la MINUSTAH, ha habido pronunciamientos y acciones de un espectro cada vez más grande de movimientos y organizaciones de nuestro país y de todo el continente, en coordinación con sus contrapartes en Haití.
"Es una vergüenza para nuestro país, que sufrió dictaduras que actuaron como fuerzas de ocupación sobre la propia población, estar cumpliendo este triste papel en territorio hermano. Argentina no puede mantener tropas haciendo en otro país lo que la propia legislación local le impide en suelo nacional.
"Por todas estas razones, las entidades y demás firmantes nos pronunciamos por el inmediato cese de la participación de tropas de nuestro país en la MINUSTAH, por su retorno al país y por el retiro de Argentina como país miembro de ese operativo militar. Nos pronunciamos por el fin de la MINUSTAH en su conjunto, y la adopción por parte de Argentina y los demás países de nuestra región, individual y colectivamente, de una nueva política de verdadera cooperación y solidaridad con el pueblo de Haití. Y llamamos a expresarse en el mismo sentido a todos los y las habitantes de nuestro país".
Firmantes: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora; Diálogo 2000; Servicio Paz y Justicia; Central de Trabajadores de la Argentina CTA; Partido Socialista de los Trabajadores Unificados PSTU; Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA; Comité para la Retirada de las Tropas Argentinas de Haití; Federación Luterana Mundial; y Programa de Acción frente a la Deuda Ilegítima.
Sobre fuentes y usos de de los recursos externos de Argentina
Francisco J. Cantamutto - Agostina Costantino (especial para ARGENPRESS.info)
Uno de los temas que ha sido ocasión permanente de debate durante los últimos es la consistencia de las cuentas externas del país. Al hablar de ello se hace referencia a la necesidad de cualquier economía de balancear el flujo de entradas y salidas de recursos de su propio sistema. Ninguna economía puede permitirse la salida permanente de recursos internacionales (divisas, metales preciosos y diversos títulos), a riesgo de provocarse a sí misma una contracción. La idea no es difícil de entender si pensamos en lo ocurrido en Argentina en 2001: que la salida masiva de recursos provoca crisis es algo que aprendimos a la fuerza.
En relación a este problema, el gobierno insiste con que el país ha superado la restricción externa al crecimiento, esto es, el abastecimiento de recursos externos ha dejado de ser un problema. Creemos que esto es sólo parcialmente cierto. Es cierto en el sentido de que la devaluación y la bonanza en los precios internacionales de las materias primas generaron un importante superávit comercial, que ha permitido hasta el momento crecer sin enfrentar la astringencia de divisas de modo crítico. Pero con esto no se supera la necesidad de obtener recursos externos: Argentina los necesita para poder sostener su crecimiento, toda vez que gran parte de los bienes y servicios que requiere para consumir e invertir provienen del exterior. Como veremos, estos no son los únicos usos.
La herramienta contable para ver los flujos de entrada y de salida es la balanza de pagos. Para el análisis que sigue, lo que hicimos fue clasificar las cuentas que la componen en distintos elementos que nos ayuden a comprender el proceso actual. Lo que pretendemos con esto es poder comparar la última década con un período similar de la Convertibilidad. Como podemos ver en el gráfico adjunto, en ambos períodos se logró acumular reservas, lo que indica que se logró que la balanza de pagos fuera positiva en el acumulado. Cuando la balanza de pagos no es positiva, las reservas caen y la economía se ve forzada a devaluar su moneda, como pasó en 2001.
Es que Argentina no posee los mismos recursos que los países centrales. La moneda de una economía periférica, por definición, no sirve a escala internacional de reserva de valor ni de medio de intercambio (aunque pueda cumplir estas funciones a nivel nacional). Es decir, su moneda no es demandada a nivel mundial para atesorar y resguardar el capital dinerario, ni para las operaciones de compras y ventas. Por esto, una economía periférica como la Argentina no tiene posibilidad de financiar una salida de recursos mediante la emisión de moneda, como sí pueden hacer Estados Unidos o la Unión Europea –que han inundado el planeta con sus monedas desde que estalló la crisis en 2008. Por lo tanto, Argentina está obligada a hacer reposar su abastecimiento de recursos sobre otras fuentes: básicamente, el comercio externo, el endeudamiento y la inversión extranjera.
Durante la Convertibilidad, como se puede ver en el gráfico, el comercio externo no aportó recursos a la economía –en gran parte debido al tipo de cambio fijo y apreciado (“caro”). El abastecimiento debía recaer entonces en las otras fuentes, y en efecto lo hizo: fueron la inversión extranjera (neta de las inversiones directas argentinas en el exterior) y el endeudamiento las vías para obtener recursos. Las privatizaciones explican la importancia de la primera fuente, mientras que el vertiginoso modelo de endeudamiento público y privado explica la segunda. Cuando no hubo activos para privatizar ni acceso a deuda, el modelo implosionó.
En la década más reciente, en cambio, el país ha logrado un importante superávit comercial, volviéndose ésta la principal fuente de recursos. La importancia relativa del endeudamiento, a partir de la declaración de default, se vio disminuida, especialmente en el sector público. La inversión extranjera, en cambio, continuó siendo una fuente importante, aunque levemente menor a la década previa. Esto pone en cuestión el rol de la “burguesía nacional” en el proceso de acumulación: sigue existiendo una dependencia –atenuada- de la aplicación de recursos en el país por parte de agentes extranjeros.
Si en términos de fuentes podemos encontrar interesantes diferencias y continuidades, estas últimas parecen ser la regla en términos de “usos”. La salida de recursos por el pago de intereses de deuda se ha mantenido en el mismo nivel que en la década previa, cuando el endeudamiento era parte de la lógica de funcionamiento de la economía. En la última década, sin embargo, la remisión al exterior de utilidades y dividendos ha crecido, llegando casi a triplicar su importancia. Esto es el resultado de la señalada dependencia en la inversión extranjera, que implica una salida de recursos en calidad de pagos por el uso de su capital. La dinámica de pagos crecientes de intereses y utilidades pone a la economía en un aprieto. Sin embargo, la tercera aplicación de recursos externos resulta más explosiva: la fuga de capitales ha crecido más de dos veces y media respecto de la década anterior. Entendemos por fuga toda aplicación de recursos en activos no relacionados con la actividad productiva (principalmente, en finanzas), es decir, que no tienen beneficios futuros en términos de capacidad de abastecer de productos.
Con todo, si la consistencia externa de la Convertibilidad recaía sobre el endeudamiento y su lógica perversa, la etapa actual parece hacer recaer sobre el superávit comercial, agobiado por la presión creciente del pago de intereses y utilidades y la fuga de capitales. En la medida en que estos usos insumen cantidades superiores de recursos, y dado que el endeudamiento no está disponible (ni es deseable) y la inversión extranjera exacerba esta lógica de dependencia, la necesidad del superávit comercial se vuelve un mandato. Desde este punto de vista, la restricción externa está lejos de estar resuelta. Argentina queda obligada a ganar competitividad: elevando la explotación de la fuerza de trabajo, poniendo límites a las mejoras salariales y tendiendo a devaluar su moneda. Ninguna es una buena perspectiva para la mayoría.
Además de ganar competitividad a través de estas medidas, el gobierno puede (y de hecho es lo que hace) poner restricciones a algunas (o a todas) de estas distintas formas en la que los capitales salen del circuito de producción nacional. Sin embargo, aquella en la que más ha concentrado sus esfuerzos es en la compra minorista de dólares, con todo el “costo político” y los cuestionamientos sobre las “libertades individuales” que esta medida conllevó. Esto en lugar de atacar las formas que, según mostramos, son las más importantes a la hora de hablar de salida de capitales: la capacidad de remitir dividendos por parte de las empresas trasnacionales a sus casas matrices y el pago de intereses de deuda tomada en el exterior. No creemos que el gobierno no conozca estas opciones, es más, creemos que la elección de cualquiera de ellas no responde a un problema dentro del ámbito de la Economía, sino que responde directamente a una decisión política. Una decisión política de afectar intereses poderosos.
Se consolida la tendencia a la desaceleración de la recaudación fiscal
En los últimos tres meses fue notoria la caída en la recaudación de aquellos impuestos relacionados con la actividad económica local. Con la publicación de la recaudación impositiva de septiembre se puede observar claramente una desaceleración o caída en el crecimiento de la actividad económica. No es posible dilucidar si hay una caída o simplemente un menor crecimiento, porque no se cuenta con un índice de inflación confiable que permita distinguir aumentos por crecimiento de la producción o aumentos nominales por los incrementos de precios..
Llama la atención en la página de la AFIP el triunfalismo que aún impregna el anuncio del crecimiento de la recaudación. Mientras que en septiembre del 2011 éste orillaba el 33,9%, este mes sólo se incrementó un 20,2%, abriendo una serie de interrogantes sobre el futuro de la actividad económica local y la disponibilidad de recursos por parte del Estado Nacional. Este optimismo incluso se contrapone a las recientes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, que alertó en Perú sobre la persistencia de la crisis internacional.
La variación de la recaudación de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con una variación del 27,3%, fue el ítem que mostró mayor continuidad en su crecimiento. De todas maneras, es el punto al que hay que prestarle la mayor atención en estos meses que siguen. El dato de este mes se encuentra levemente por debajo al promedio del año, 30,6%. Esta variación menor puede ser una baja puntual, aunque en caso de mantenerse puede pasar a reflejar una baja en el nivel de empleo, la que incluso reconoció a fines de agosto el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En ese caso estaríamos asistiendo al comienzo de una etapa de impacto masivo de la crisis sobre el pueblo trabajador del país.
Hilando más fino se puede apreciar que la variación de los Aportes y Contribuciones registra un menor crecimiento que el promedio anual y que hay una caída en “Otros ingresos”, ya que sólo ingresaron $620.5 millones, un 17,1% menos que el año anterior. En este rubro se concentran los pagos de autónomos, la regularización de sus deudas, y el monotributo previsional. Es decir que “el hilo se corta por lo más delgado”, dejan de pagar sus moratorias los sectores de trabajadores profesionales ylas y los precarizados trabajadores contratados como monotributistas interrumpen sus pagos de este régimen (no podemos afirmar si incluso no se finalizan estos contratos precarios).
En Comercio Exterior la caída se debe fundamentalmente a la menor cantidad de días hábiles del mes en comparación con el mismo mes del año anterior (22 contra 19), debido a que los exportadores e importadores tienen que pagar en cuanto declaran sus operaciones (no hay una fecha determinada de vencimiento). Si realizamos un promedio diario de la recaudación encontramos que la misma creció un 12,6% en comparación con el 2011. El promedio anual se encuentra un 22,1% por encima del año anterior, por lo que no se trata de un mes especialmente bueno para el sector externo, a pesar de los altos precios de la soja registrados durante el mes. Queda expuesta la caída del valor de las ventas de otros productos, lo cual es consistente con la caída de la producción industrial de Brasil, país al cuál enviamos la mayor parte de las exportaciones locales.
Con respecto al resto de los ingresos:
En el Impuesto a las Ganancias se continúa observando un incremento de la proporción que se recauda por las retenciones sobre los salarios (llegando al 52% este mes) y aduana (6%), en desmedro de la recaudación por las ganancias de las sociedades (42%). Con la información sobre composición de la recaudación se puede aproximar la variación de ambos conceptos: Mientras que en el caso de las ganancias de las sociedad es el aumento es del 19% con respecto al mismo mes del año anterior ($4.549 Millones), en las retenciones el aumento se mantiene en el 30% ($5.632 millones), afectando a cada vez más trabajadores debido a la falta de actualización del mínimo no imponible y las escalas.
Debido a estos altos montos de recaudación por gravar salarios, el Impuesto a las Ganancias logra una tasa de variación interanual por encima de la variación total (alcanza el 25% con $10.832,3 millones). Eso ocasiona que se incremente el porcentaje de la proporción de la recaudación que proviene del Impuesto a las Ganancias, lo cual es festejado por los analistas oficialistas como un avance de la progresividad del sistema impositivo. Sin embargo,. no se trata de una medida de política expresa (más bien de inercia), ni se trata de algo más que mayores gravámenes sobre los ingresos de las y los trabajadores.
En el Impuesto a los Débitos y Créditos a las cuentas corrientes (“impuesto al cheque”) lo relevante es la variación de los montos que en promedio se recaudan por día (15,6% llegando a $178,1 millones por día), y no la variación interanual (10,6%). Esa variación relevante se encuentra lejos del promedio de la variación del año, que es del orden del 22,4%, habiendo registrado valores cercanos al 30% hace pocos meses. No es una sorpresa la baja en la recaudación de este impuesto, pero no es cierto lo que indica la AFIP al señalar que dicha ralentización se debe únicamente al día hábil menos (ya que el menor incremento se confirma al calcular el promedio por día).
En el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se vuelve a notar un crecimiento menguado por la desaceleración o caída de la actividad económica. Sólo 17,2%. En el IVA que se cobra sobre las importaciones (IVA DGA), efectivamente la pérdida de 3 días en comparación con el 2011 generó que sólo crezca un 6,7%, alcanzando una recaudación absoluta de $5.348,2 millones. Sin embargo, al comparar el promedio diario (281,5 millones) el crecimiento es de 23,6%.Ese incremento también incluye un cambio legal en las percepciones de aduana, que obliga a los importadores a adelantar el pago del impuesto, que no podemos cuantificar. El IVA cobrado sobre las ventas al mercado interno alcanzó un valor de $11.448,4 millones, un 19,1% por encima de lo recaudado el mismo mes del año anterior, confirmando la desaceleración o caída de la actividad económica. No hay en el informe de la AFIP información sobre otros impuestos, pero se pueden buscar en las planillas que informa el Ministerio de Economía. Allí se encuentran un par de puntos llamativos:
Continúa la tendencia creciente de los Impuestos sobre los Combustibles. Si bien las altas tasas de variación se deben a que se compara con una base baja del año pasado (donde los ingresos por estos gravámenes crecieron muy poco en relación con el 2010), esa variación aún así es muy alta, del orden del 57%, llegando a $ 2.361,8 millones. No sólo estos impuestos están recuperando su proporción perdida sino que también crecen debido a los incrementos de los precios de las naftas y el gas oil: YPF, la principal operadora del país, estuvo ajustando sus tarifas, como parte del plan del Gobierno para financiar sus operaciones (el resto del plan contempla la asociación con operadoras internacionales y el endeudamiento de la firma).
El Impuesto a los Bienes Personales creció un 22,3% en relación al mismo mes del año anterior. No se trataba de un mes donde se esperaba que se recaude demasiado (sólo ingresaron $220 millones), pero vale la reflexión: este impuesto que grava la riqueza, en lo que va del año solo representó un 1,11% de los recursos tributarios ($5.546,1 millones).
¿Qué sucede en la ex fábrica Campomar?
Investigan si en Campomar funcionó un centro clandestino de detención. La justicia realizo una inspección al ex predio de la fabrica Campomar de Valentín Alsina en Lanús.
Los vecinos de la zona recuerdan que durante la dictadura en la vieja fábrica Campomar de Valentín Alsina, en Lanús, ingresaban los vehículos cargados de personas armadas, recuerdan el sonido de los tiros y gritos que emanaban entre las paredes del edificio y el de los helicópteros que bajaban en el lugar. Entre otras declaraciones una maestra recuerda incluso, que en el fondo del predio, que da contra la Escuela Media Nº9, en el año 1982 o 1983, encontraron un cráneo humano, otra colega agrego que para la misma época hallo otro con lo que hoy entiende una perforación de bala en la frente.
Por todos esos testimonios que recopiló la comisión de Vecinos por la Memoria fueron presentados a la Comisión Provincial por la Memoria, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata quienes realizaron una inspección ocular en ese predio para determinar si existen pruebas materiales de la comisión de delitos de lesa humanidad que deban ser preservados, ya que el lugar está a punto de ser demolido para la construcción de viviendas.
La inspección fue encabezada a las 11, por el juez Leopoldo Schiffrin que estuvo acompañado por algunos de los testigos que recordaron lo ocurrido allí durante la dictadura, los miembros de la comisión de vecinos, por la directora de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM, Sandra Raggio y otros peritos.
Luis Reinaudi (ACTA)
La contumaz negativa de algunos sectores a reconocer que algo ha cambiado en el modelo sindical argentino se expresa en distintos niveles y ámbitos, a veces con un dogmatismo que se parece mucho a la sobreactuación.
Lo dicho viene a cuento de lo ocurrido en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde una decisión administrativa virtualmente irrelevante en materia de representación sindical ha generado una reacción virulenta y estimulado la reiteración de conceptos que en el estado actual de la legislación y la jurisprudencia parecerían superados.
Las críticas contra el sistema estructurado en torno al privilegio para el sindicato con personería gremial se mantuvieron durante mucho tiempo en el marco de la discusión teórica pero hoy, como consecuencia de los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema a partir de 2008, puede decirse que aquel sólido barco ha sido perforado bajo su línea de flotación.
Se ha relativizado la importancia de estos pronunciamientos jurisdiccionales y, sobre todo, se ha recordado de manera tajante que los fallos judiciales no modifican las normas, por lo que quien discrepe con ellas, aunque sea en coincidencia con el más alto tribunal, debe resignarse a transitar una vez más el largo y lento camino judicial para llegar a él.
Veamos cómo se entronca este debate con la situación en la UNRC.
La Asociación Trabajadores del Estado, seccional Río Cuarto, afilia a trabajadores de la Universidad. Desde 2009 ejerce el derecho de percibir la cuota sindical por nómina, esto es mediante descuento por planilla de haberes, y desde principios del corriente año, por resolución rectoral, tiene reconocimiento gremial con la sola excepción de la participación en los mecanismos de negociación colectiva. Con base en dicho reconocimiento, la asociación sindical de que se trata elige delegados que son reconocidos, realiza asambleas y reuniones, sin que ello haya sido objetado por otra entidad sindical ni por la autoridad de aplicación.
Por el contrario, la reciente decisión rectoral que admitió la designación, por parte de la misma entidad gremial -ATE-, de veedores en los concursos para la designación de personal no docente, descerrajó un sorprendente conflicto gremial que, en principio, aparece como desmesurado atento a la menor trascendencia de la resolución que se cuestiona. En efecto; tales veedores no integran los Tribunales de concurso, no ejercen función vinculante alguna, no constituyen una representación específicamente sindical y ni siquiera implican un privilegio para el gremio que los designa ya que, por definición, el sistema concursal es público y abierto a la asistencia de quienes tengan interés legítimo.
Tal parece, entonces, que la resolución tan fuertemente cuestionada -hoy suspendida en su ejecución- no ha sido sino un pretexto para volver sobre las modificaciones registradas en el panorama de la representación sindical.
Ante todo, en el sector público la pretendida unicidad promocionada por el sistema legal vigente, nunca fue tan inexpugnable como se pretende. La superposición de sindicatos con personería ha sido moneda corriente tanto en los ámbitos nacional, provincial y municipal cuanto en reparticiones del mismo ámbito (ANSeS, PAMI, entre otros) desde larga data, como necesario e inevitable reconocimiento de una realidad que, según escribe Arese, “superó a la norma desde antaño, lo que resultó luego desbordado desde otro costado por la Ley 24.185 que estableció en materia de negociación colectiva la concurrencia de sindicatos con personería gremial…” dejando “…plasmada la representatividad plural y simultánea de los trabajadores del sector público” (1).
El mismo Jorge Sappia -quien se ha pronunciado en defensa del modelo negando facultades al rectorado riocuartense para dictar la resolución de marras- había expresado anteriormente, en similar sentido, que la ley anteriormente citada “admitió, más bien reconoció una realidad, la existencia de una pluralidad de organizaciones sindicales con personería gremial en una misma rama de actividad, como es la del sector público” (2).
La resolución 255 dictada por el ministro Tomada en 2003 vino a reconocer esa realidad, al expresar que “la personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales preexistentes”. En sus fundamentos, se reconoce que la Ley 24185 ha receptado en el sector “…la realidad histórica de la representación de este colectivo de trabajadores…” (que) “corresponde simultáneamente a más de una asociación sindical con personería gremial”.
Fue con base en ese decreto que la Procuradora General, al dictaminar en la causa “ATE c. Ministerio de Trabajo” sugirió a la Corte Suprema que la resolución del conflicto entre el gremio que agrupa al personal civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) y ATE, por la elección de delegados en el Consejo Supremo de las FF.AA., pasaba por compartir la representación entre ambos sindicatos. Sin embargo, el tribunal cimero desechó la alternativa propuesta y, avanzando contra la visión ortodoxa del modelo, fijó claramente algunas precisiones que los defensores de aquél se niegan a aceptar. Recordó que, según la Comisión de Expertos de la OIT, la personería gremial “no debería implicar para el sindicato que la obtiene, privilegios que excedan de una prioridad (no la exclusividad, advierto) en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades y en la designación de los delegados ante los organismos internacionales”.
Y no es ocioso señalar que, para fundamentar su fallo, la Corte Suprema nos hizo recordar que en realidad ha cambiado la legislación en la materia, a partir de la incorporación al plexo constitucional (reforma del 94) de los tratados internacionales sobre libertad sindical y la consecuente vigencia de su interpretación por los organismos internacionales con jurisdicción para ello.
En definitiva: la casi innocua autorización para designar veedores concursales aparece como una facultad indiscutible de la autoridad universitaria. No obstante, si se insiste en cuestionarla desde la óptica de la representación sindical, se está remando contra la corriente. Si me equivoco, me equivoco en la buena compañía de la Corte Suprema y de los más prestigiosos organismos internacionales.
1) Arese, César: “Dos décadas de Ley 23.551 son suficientes”, en Revista de Derecho Laboral, Actualidad, Número Extraordinario, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2009, p. 85.
2) Sappia, Jorge: “Negociación Colectiva en el Sector Público Nacional y Provincial” disponible en buscadores web.
Luis Reinaudi es Abogado laboralista. Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
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