Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421505.html
Timestamp: 2019-03-21 11:53:07+00:00

Document:
as201421505
Auto Supremo:505/2014 Sucre:08 de septiembre2014 Expediente: T-21-14-S Partes:Víctor Portal Yurquina, Corina Yurquina, Elizabeth Mary Portal
Yurquina, Ana María Portal Yurquina. c/ Milton Salomón Arce Arroyo,
Milton Arce Delgado, Betty Arroyo Márquez.
Proceso:Resolución de contrato por incumplimiento voluntario.
VISTOS: El recurso de “Casación y/o nulidad” interpuesto por Milton Salomón Arce Arroyo, Milton Arce Delgado, Betty Arroyo Márquezde fs. 687 a 711 vta., contra el Auto de Vista Nº48/2014 de 5 de mayo de 2014 de fs. 679 a 683, pronunciado por la Sala Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, violencia Intrafamiliar o Doméstica y PúblicaPrimera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso de Resolución de contrato por incumplimiento voluntario, seguido por Víctor Portal Yurquina, Corina Yurquina, Elizabeth Mary Portal Yurquina, Ana María Portal Yurquinacontra Milton Salomón Arce Arroyo, Milton Arce Delgado, Betty Arroyo Márquez;concesión de fs. 715 y vta., los antecedentes del proceso y:
La Juez Cuarto de Partido en lo Civil de Tarija, pronunció Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2013 cursante de fs. 619 a 641, declarando: IMPROBADA LA DEMANDA de Resolución de Contrato por incumplimiento de fs. 12 a 15 aclaraciones de fs. 20 a 21 y 25 a 25 vta., interpuesta por Corina Yurquina Gutiérrez de Portal, Elizabeth Mary, Ana María y Víctor Portal Yurquina e IMPROBADA DEMANDA RECONVENCIONAL de Resolución de contrato del documento de venta bajo la modalidad de arras con permuta suscrito en fecha 06 de noviembre de 2009 y el pago de daños y perjuicios de fs. 61 a 72 y aclaración de fs. 124 a 126 interpuesta por el demandado Milton Salomón Arce Arroyo, Milton Arce Delgado y Betty Arroyo Márquez de Arce.
Contra la referida Sentencia interpusieron recurso de apelación Milton Arce Delgado, Betty Arroyo Márquez de Arce y Milton Salomón Arce Arroyo por memorial de fs. 648 a 664 vta.
En mérito a esos antecedentes, Sala Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, violencia Intrafamiliar o Doméstica y PúblicaPrimera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 679a 683, por el que CONFIRMA TOTALMENTEla sentencia de Fs. 619 a 641 del expediente dictada por la Juez A quo. Se salva el derecho de las partes a acudir a la vía legal que corresponda en cuanto a las arras.
Resolución que dio lugar al recurso de “Casación y/o Nulidad” interpuesto por parte de Milton Salomón Arce Arroyo, Milton Arce Delgado y Betty Arroyo Márquez de Arce, que se analiza.
I.-) Habilitación de recurso de nulidad.- Sin embargo de señalar que se habilita como recurso de nulidad en el subtítulo, luego señala que se permiten interponer recurso de casación en el fondo, al sentir del art. 253 inc. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, por actuar con error de hecho y de derecho.
II.-) Equívoco análisis y valoración de la prueba producida por las partes. Refiriendo al considerando II.2 de la sentencia analiza lo que se afirmaría respecto al testimonio de poder 521/2003, de las circunstancias de la firma del contrato, cuestionando el razonamiento de la Juez A quo referido al conocimiento del poder presentado mencionado.
Que, demostraría error de hecho, en la obtención del poder que hubo exhibido el actor narrando la forma en que hubieran obtenido los demandados recurrentes, las acciones tomadas porque no habrían obtenido nada de cumplimiento de los actores por lo cumplido de su parte.
III.-) Insuficiente e inconcluso ausente totalmente la motivación de la sentencia para condenarnos a que conocíamos los dos gravámenes y otros aspectos de la litis. Refiere al debido proceso citando doctrina referida a la motivación de la Sentencia Civil, que se les habría agraviado con la sentencia, analiza respecto al poder mencionado supra, el conocimiento sobre los gravámenes que pesaban sobre el inmueble, las presuntas fórmulas que debieran ser aplicadas, que demostrarían la existencia de ausencia de motivación, por lo que dicen piden al Tribunal Supremo establecer sus derechos declarando probada su demanda.
IV.-) Infundada negatoria al petitorio de la demanda reconvencional. Señalan que hubieran pedido en su demanda reconvencional se declare la resolución del contrato de compra venta suscrita en fecha 6 de noviembre de 2009 debido al fraude y al engaño consistente en los gravámenes, que habrían probado la entrega de $us. 22.000, refiriendo una vez mas al razonamiento expuesto por la A quo en sentencia.
Observan la existencia de gravámenes, carencia de firma de uno de los hermanos; analizan lo contenido en sentencia, concluyendo por señalar que el Tribunal recurrido les condenara a que incumplieron igual, se habría incurrido en error de hecho y derecho, que el A quo hubiera infringido los arts. 192 y 193 del Código de Procedimiento Civil, demostrarían que se está frente a sentencia contraria a la legalidad vigente, contradictoria, incoherente y omisa.
V.- Más errores del Auto de Vista recurrido. Errores del Auto de Vista que señalaría cosas que no habrían dicho, dando a entender que conocerían el gravamen sobre el inmueble. Desarrollando una vez más respecto al testimonio de poder Nº 521/2003, converge nuevamente al análisis de la resolución de primera instancia que violaría su derecho de acceso al debido proceso, que luego no hubiera obtenido respuesta en el Auto de Vista. Se preguntan –señalan- sobre aspectos del documento de 6 de noviembre de 2009, vinculando sus interrogantes al razonamiento de la sentencia, para asumir que no hubo argumento jurídico de los Vocales. Consideran que hubo violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley que cumpliera lo establecido el inciso 1 del art. 253 del Código de Procedimiento Civil.
VI.- Abundancia de errores in “procedendu” (Sic.) lo que denotan total incongruencia contenida en la sentencia. En la sentencia encuentran “incongruencias” que fueran errores “in procedendu” (Sic.)
Refiere en otro acápite –repetido- VII.- Fondo del Recurso de Casación y bajo el mismo punto –separado- VII dice: (I) Normas del derecho vigente que han sido infringidas por contravención a su texto formal de la ley, y demostración doctrinaria y jurisprudencial de que la infracción a provocado que el pleito se resuelva de una manera incorrecta, cita a los arts. 250 y 253 inc. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, reiterando argumentos ya expuestos con cuestiones subjetivas la existencia de error de hecho y derecho.
II.- Violación, infracción y errónea aplicación de leyes del Código de Procedimiento Civil y Código Civil, enarboladas por los mismos vocales en su Auto de Vista, por contravención a su texto formal, porque la sala civil primera hizo falsa aplicación de las mismísimas leyes citadas por ellos. Expone antecedentes y actuados de manera extensa como en todos los puntos y sin la concreción necesaria, pero una vez mas a lo razonado por la Juez A quo.
VII.- (Sic.) Errores en la parte resolutiva del Auto de Vista recurridos. Que, si la Juez partió de una premisa equivocada y arbitraria referido a la existencia de gravámenes tenía que concluir con resolución equivocada, cuestionando el razonamiento de la sentencia. No habría pronunciamiento respecto a los daños y perjuicios, calificándola de sentencia omisa.
VIII.- Daños y perjuicios ocasionados en el Auto de Vista recurrido. Refiere a la sentencia como ampulosa y razona que al declarar improbada la demanda reconvencional, estarían perdiendo dinero y otros aspectos de manera subjetiva.
IX.- Conclusiones finales y petición. Protestando dice mejorar el recurso acusan como infringidos los arts. 190, 192, 193, 397 del Código de Procedimiento Civil y arts. 519, 568, 537, 291, 302, 614 y “siguientes” y 1289 del Código Civil, pidiendo se dicte Auto Supremo por “casar y/o anular” obrados hasta el vicio mas antiguo o sea la sentencia de fs. 619-641, disponer que se dicte nueva sentencia a fin de declarar probada la demanda reconvencional.
1.- Es preciso puntualizar antes de ingresar a considerar los antecedentes del proceso y los argumentos expuestos en el caso, que la administración de justicia tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las leyes, la solución de conflictos suscitados por las partes, buscando que la vida social se desarrolle en armonía; debe entenderse el art. 11 de la Ley 025 cuando refiere a la Jurisdicción, que: “Es potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial”, administrar justicia, situación que implica la resolución de las controversias suscitadas respetando y cumpliendo lo mandado por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia cuando en su art. 180.I señala entre los fundamentos de la jurisdicción ordinaria, los principios de “eficacia”, y “verdad material” entre otros, lo cual significa que en la función de impartir justicia es de obligatorio cumplimiento la materialización de esos principios, garantizando la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos por el mismo ordenamiento jurídico, buscando la verdad histórica de los hechos, y conforme el razonamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo en sentido que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”, debido proceso que implica la exigencia de exponer de manera motivada las razones para emitir una resolución con la dilucidación de una situación jurídica.
2.- Por otro lado, en relación al tema de los contratos, por lo general, éstos deberían ser absolutamente claros, precisos y exactos y cuya literalidad indique indubitablemente a las partes, cuáles son sus obligaciones, cuando, donde y en que forma deben ser cumplidas. Sin embargo ante la carencia de lo anterior, el Código Civil en su art. 510 señala que: “I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de ésos y las circunstancias del contrato.”
A lo anterior se suma lo mencionado por el art. 511 de la norma aludida que señala: “Cláusulas ambiguas). Cuando una cláusula es susceptible de diversos sentido, se le debe dar el que pueda producir algún efecto, nunca el que ninguno.”. Eso implica entonces que se debe determinar la naturaleza del contrato, entender exactamente su significado y, en ocasiones, llenar los vacios de convenio mediante aplicación de las normas supletorias pertinentes, doctrina, jurisprudencia, o acudiendo a usos y costumbres no contradictorios con la ley y la moral, o la forma en que la ley resuelve casos análogos.
3.- En el caso en cuestión se hubo planteado por parte del actor, resolución de contrato por incumplimiento voluntario, aspecto que fue rebatido por los demandados, e interpuesto a la vez reconvención por resolución de contrato de compra venta con permuta, el resultado de la controversia que se la expresó en sentencia de primera instancia, que al haber declarado improbado tanto la acción principal como la reconvencional, no puso fin al problema suscitado sometido a consideración del juzgador, que en todo caso, ejercitando la función encomendada de administrar justicia, debió resolver en uno u otro sentido, pero no quedar en una especie de paridad, dejando en la incertidumbre el resultado. Se alegó por ambas partes lo determinado por el art. 568 del Código Civil, entonces de su correcta aplicación debió darse solución a la controversia suscitada, verificando en tratándose de obligaciones bilaterales, cual era la obligación que primero debía cumplirse para dar lugar a la exigencia de la otra prestación, es decir, debió establecerse cual era la obligación que resultaba siendo primigeniamente exigible o quien habría incumplido la obligación, examinando de manera exhaustiva el documento de fecha 6 de noviembre de 2009.
4.- La sentencia dictada por la A quo, si bien analiza de manera extensa los antecedentes del caso, no dio solución a la controversia suscitada entre partes, quedando el conflicto en la misma situación inicial de incertidumbre; y recurrido esta resolución, sensiblemente sin que hubiera cumplimiento de los fines de la administración de justicia, se confirmó sin mayor análisis tendiente a enmendar la deficiencia con la que razonó el A quo, sino el insatisfactorio justificativo de proferir que en sentencia de primer grado se habría analizado de manera correcta los antecedentes para arribar al resultado que emitió, situación que no esta acorde a la realidad, ni cumplió con la función encargada, pues sino se dio solución al conflicto, recurriendo a todos los medios como se dijo, en definitiva resulta siendo una sentencia deficiente, consecuentemente el razonamiento que avala esa situación cae en el mismo defecto, no habiendo considerado el real alcance de perjuicio a las partes de no haber dado solución a la controversia, mas aun cuando el Auto de Vista luego de confirmar totalmente la sentencia dispone “Se salva el derecho de las partes a acudir a la vía legal que corresponda en cuanto a las arras”, sin dar luz de cual fuera esa “vía legal” a la que deban acudir las partes, si se considera que el documento como tal sigue con el valor que tenía con relación a las partes cuando se accionó y ejercitaron la facultad de traspasar ese conflicto al proceso para lograr una solución jurisdiccional, comprendiendo entonces que la acción se satisface en una lógica conforme al cumplimiento de ciertos objetivos del proceso, es así que los litigantes tienen derecho a recurrir al Juez en demanda de justicia, pues es la compensación por haberse prohibido la auto tutela como solución para los conflictos, y que la solución del conflicto a través del proceso cumple dos objetivos, el primero la satisfacción de los intereses subjetivos de los involucrados y el segundo, la actuación del derecho objetivo para mantener la observancia de la ley. Una acción ante la jurisdicción termina siendo útil cuando se ejecuta según lo dispuesto por el Juez, restableciendo el imperio del derecho y garantizando la protección necesaria que la Constitución y las leyes brindan. Consecuentemente, cuando aquello no se cumple, y como en el caso de autos se tiene por no resuelto el conflicto en sentencia, no se dio aplicación efectiva de lo determinado por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, y cuando el Tribunal de apelación confirma esa situación tiene actuación irresponsable.
En ese contexto, tanto el A quo como el Ad quem debieron haber entendido lo mandado por el art. 193 del Código de Procedimiento Civil, es decir: “El Juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del Derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado.”, consecuentemente resulta insoslayable la labor de administrar justicia en base al estudio del contrato en controversia establecer lo que se dijo supra, de encontrar el meollo de la problemática, de establecer cual obligación era exigible primero para la contra exigencia de contrario, aspecto que no cumplieron los fallos de instancia, manteniendo una situación de perplejidad de las partes que no encontraron solución a la discusión sometida a criterio judicial.
5.- Con esos antecedentes, si bien el recurso de casación planteado resulta siendo confuso y poco entendible, cuando se plantea como “casación y/o nulidad”, sin advertir de manera cabal lo que representa su planteamiento tanto en la forma como en el fondo, alegando normativa que le hace al fondo de la controversia finalmente pedir que se anule obrados hasta el vicio mas antiguo, identificando a la sentencia de primer grado, es que bajo el análisis expuesto supra, en ese desorden de argumentos, en definitiva existe razonamiento válido para dar viabilidad a lo solicitado, soslayando la exquisitez que se extraña en la fundamentación, y fuera de la exigencia de rigor, encontramos el reclamo de cuestionar el rol del juzgador, vinculando a ello lo que considera insuficiencia de motivación en la sentencia ante la existencia de la aportación de pruebas que debieron ser considerados en la solución del conflicto, el hecho de haber dado cumplimiento inicial de su parte, con aspecto negativo de contrario, siendo evidente que si bien en definitiva ambas partes incumplieron sus obligaciones, le correspondía al Juez determinar cómo se analizó supra, cual de las obligaciones era de primigenia exigencia, y de la norma contenida en el art. 568 del Código Civil entender que quien dio cumplimiento –así no sea total- de lo pactado en el contrato en cuestión, lo esencial en situaciones como las que se controvierte en el caso de Autos, es que debe examinar el jugador la razón inicial que motivó el incumplimiento, ese aspecto esta inserto precisamente en el contrato en cuestión, y es tarea del juzgador dilucidar ese aspecto, al no hacerlo se vulnera entonces el debido proceso y no se cumple con la tutela judicial efectiva, en razón que el derecho constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al examen de los Jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial.
Bajo esas consideraciones, lo reclamado por los recurrentes si bien de manera confusa, tiene sustento, pues no se dio solución al conflicto sometido a controversia judicial, aspecto que debe ser enmendado por los mismos administradores de justicia de la instancia pertinente, siendo esa su función.
Consecuentemente, este Tribunal Supremo, considera necesario enmendar esa situación con la anulación de obrados, a fin de que bajo los lineamientos expuestos se de solución a la controversia formulada por las partes en el proceso en ese entendido se dará aplicación de lo contenido por los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA lo obrado hasta fs. 617 vta., y dispone se dicte nueva sentencia previo decreto de Autos, sin espera de turno.
Al no ser excusable, tanto al A quo como a los vocales suscriptores del Auto de Vista, se impone multa de un día haber a ser descontable de su sueldo mensual, a tal efecto hágase conocer la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
e contrario
 resolución 
 Resolución