Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400047.html
Timestamp: 2019-03-22 10:18:25+00:00

Document:
se201401047
SENTENCIA: 47/2014
EXPEDIENTE Nº: 549/2012
PARTES: Gerente Distrital Cochabamba a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Directora Ejecutiva General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
MAGISTRADA RELATORA: Norka Natalia Mercado Guzmán
Pronunciada en el proceso contencioso-administrativo seguido por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, en el que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0392/2012 de 12 de junio de 2012 pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fojas 52 a 57 vuelta, la respuesta de fojas 61 a 63 vuelta, la réplica de fojas 68 a 73 vuelta, la dúplica de fojas 76, los antecedentes de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO: Que la entidad demandante señala que su Departamento de Fiscalización, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 1179200201 debido a que el contribuyente Gobierno Autónomo de Villa Tunari no presentó la información del software RC-IVA (Da Vinci) correspondiente al periodo enero de 2008, el cual fue notificado por cédula el 9 de septiembre de 2011 y que habiendo vencido el plazo para presentar descargos sin que se hubiera presentado ninguno, el 14 de octubre de 2011, se dictó la Resolución Sancionatoria 18-0034411 que impuso una sanción de UFV’s 3.000, que luego del proceso de impugnación correspondiente, motivó la emisión de la resolución jerárquica que fue dictada en forma ultra petita, sin congruencia e interpretando en forma incorrecta los artículos 85 del Código Tributario Boliviano (Ley 2492); 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 55 de su Reglamento. Fundamentó su demanda en los siguientes tres puntos que se resumen a continuación:
La resolución que impugna es ultra petita porque la autoridad demandada consideró aspectos que nunca fueron objetados ni manifestados por el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari y específicamente, nunca mencionó ni observó que la representación jurada para la notificación fue realizada por otro funcionario de la institución, pues únicamente arguyó en su recurso de alzada, que la notificación por cédula fue realizada obviando el procedimiento que la Ley 2492 exige y que así, se le impidió presentar los descargos respectivos.
No se consideró que el contribuyente declaró y aceptó la notificación por cédula y así, se cumplió la finalidad de comunicar el inicio del sumario contravencional, pues refirió que los funcionarios actuantes se limitaron a dejar sobre el escritorio de la secretaria las copias mencionadas, declaración que no fue tomada en cuenta por la autoridad demandada.
Tampoco se analizó el memorando que cursa a fojas 2 de antecedentes administrativos que establece que Cristian Vargas Morales, funcionario de la administración tributaria, fue asignado para llevar adelante el procedimiento sancionatorio hasta culminar con la emisión de la Resolución Sancionatoria 18-00344-11, de donde resulta, que la interpretación efectuada por en la resolución impugnada vulnera la seguridad jurídica al pretender que el mismo funcionario que dejó los avisos, sea quien elabore la representación.
Concluyó solicitando se declare probada la demanda y se deje sin efecto la resolución impugnada.
CONSIDERANDO: Que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda señalando que el sujeto pasivo al plantear su recurso de alzada, observó la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional porque consideró que fue realizada obviando el procedimiento que la Ley 2492 exige y que existían defectos de forma en su notificación, observación que determinó que la controversia se refería precisamente a esos defectos en el procedimiento y de ese modo, se efectuó el análisis de cumplimiento del artículo 85 de la Ley 2492, de modo que el pronunciamiento no es ultra petita.
Añadió que de la revisión de antecedentes, el funcionario Marcelo Paricollo se apersonó el 7 de septiembre de 2011, al domicilio del Gobierno Municipal y que al no encontrarlo, dejó el primer aviso de visita a la Secretaria Reina Chino. Al día siguiente, nuevamente dicho funcionario se habría constituido en el domicilio, oportunidad en la que fijó en la puerta del domicilio fiscal el segundo aviso de visita en presencia igualmente, del testigo de actuación; sin embargo, en la misma fecha, Cristian Vargas Morales emitió representación jurada en la que hace constar que él buscó en dos oportunidades al representante legal de la contribuyente y que dejó los dos avisos de visita, dando fe de actos que no realizó personalmente, por ese motivo se estableció que la administración tributaria incumplió uno de los pasos previstos en el parágrafo II del artículo 85 del Código Tributario, por ello, se dispuso anular obrados hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional.
Concluyó su argumentación solicitando se declare improbada la demanda, manteniéndose firme y subsistente la resolución impugnada al no existir agravio ni lesión de derechos de la entidad demandante.
CONSIDERANDO: Que la presente controversia radica en que la administración tributaria considera que la resolución impugnada es ultra petita, incongruente y vulneratoria de los artículos 85 de la Ley 2492 del Código Tributario; 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 55 de su reglamento.
Los antecedentes del proceso refieren que la administración tributaria, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional número 1179200201 de 19 de julio de 2012, con el que instruyó sumario contravencional en contra del contribuyente Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, por presunto incumplimiento en la presentación de información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención correspondiente al periodo fiscal febrero/2008 (fojas 3 del cuerpo I de antecedentes administrativos).
Consta de fojas 9 a 12 vuelta del mismo cuerpo de antecedentes, que: a) que Marcelo Paricollo como Notificador de la administración tributaria, dejó el primer aviso de visita a horas 11:02 del 7 de septiembre de 2011; b) que fijó el segundo aviso de visita a la misma hora del 8 de septiembre de 2001; c) que Cristian Vargas Morales, Consultor de Línea del SIN - a quien fueron asignados los trámites de los sumarios contravencionales del mes de febrero de 2008 – efectuó la representación que cursa a fojas 11, en la que señaló que se había constituido en el domicilio fiscal del contribuyente y que dejó los dos avisos de visita; d) que el 9 de septiembre de 2011, se dictó el Auto de Instrucción para la notificación por cédula de fojas 12; y e) que finalmente, el Auto Inicial de Sumario Contravencional número 1179200201 fue notificado por cédula el 9 de septiembre de 2011 fijada en la puerta del domicilio fiscal por el Notificador Marcelo Paricollo.
Posteriormente, la administración tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 18-00344-11 de 14 de octubre de 2011 que fue notificada en forma personal al representante legal del Gobierno Municipal, quien planteó recurso de alzada, que fue resuelto con Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0068/2012 de 16 de marzo de 2012, que anuló la resolución sancionatoria con reposición hasta la notificación con el auto inicial de sumario contravencional, acto administrativo que a su vez, motivó que la administración tributaria recurriera a la autoridad jerárquica, que con la resolución impugnada, confirmó la resolución de la alzada.
En relación a las notificaciones, el artículo 85 del Código Tributario Boliviano, prevé expresamente lo siguiente:
Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho años (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente.
Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de la circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.
En el marco fáctico y legal precedente se concluye lo siguiente:
Conforme se lee en el recurso de alzada presentado por el representante legal del Gobierno Autónomo del Municipio de Villa Tunari, el objeto de su planteamiento se refirió a observar la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional 1179200201, aduciendo defectos de forma que le provocó total indefensión por desconocimiento del inicio del procedimiento sumario contravencional que les impidió presentar los descargos correspondientes.
Sobre el particular, y habiéndose controvertido el criterio jurídico de la autoridad demandada relativo a verificar el cumplimiento de los requisitos formales del acto de notificación cedularia, resulta acertado el argumento de las instancias de impugnación tributaria, en sentido de que el agravio sostenido por el Gobierno Municipal en su recurso de alzada, permitió ingresar a la revisión de lo actuado por los funcionarios de la administración tributaria en forma integral, de donde no es evidente la acusada vulneración al principio de congruencia o que se hubiera dictado una resolución ultra petita.
La entidad demandante afirmó también que en el recurso de alzada, el Gobierno Municipal reconoció expresamente que los funcionarios de Impuestos Nacionales, se limitaron a dejar sobre el escritorio de la Secretaria las copias mencionadas y que ese aspecto no fue debidamente valorado en el momento de resolver. Sobre el particular, la documental que cursa en los antecedentes administrativos y que ha sido descrita precedentemente, acredita que habiéndose dejado un primer aviso de visita a persona mayor de 18 años que suscribió la diligencia, se anunció el retorno del funcionario Marcelo Paricollo, Notificador, al día siguiente, cumpliéndose así, el procedimiento señalado por el parágrafo I del artículo 85 del Código Tributario.
Consta también, que el mismo funcionario, se apersonó a la hora anunciada del día siguiente y que fijó el formulario 011842 (fojas 10) denominado “Segundo Aviso de Visita” en la puerta del domicilio fiscal, extrañándose que no diera cumplimiento a la primera parte del citado parágrafo I del artículo 85 del Código Tributario Boliviano; es decir, entregado a persona mayor de 18 años, pues se entiende que ese es el orden que debe seguirse por expresa previsión de la norma analizada, a lo que se añade que por ser día y hora hábil, la oficina del Municipio estaba abierta.
Resulta necesario apuntar también, que dicha segunda visita emerge de la observancia de la primera parte de la norma en análisis, que señala “si en esta segunda ocasión tampoco pudiera ser habido”, coligiéndose que así se deja constancia de que la persona a quien debe notificarse fue buscada por segunda vez y que fue advertida de que se efectuará la representación correspondiente.
En el recurso de alzada se observa que la entidad municipal al expresar agravios, afirmó que no se cumplió con la entrega de “las copias que debería realizarse a persona mayor de 18 años, o en su defecto dejar fijada en la puerta del domicilio” (sic) y que los funcionarios de impuestos nacionales, se limitaron a dejar sobre el escritorio de la Secretaria las copias mencionadas, lo que ocasionó que “se confundieran con otros documentos que estaban sobre el escritorio de la secretaria o presumiblemente fueron alzadas por equivocación por alguna de las tantas personas que acuden al Municipio” afirmación que contradice a la versión de la administración tributaria contenida en la diligencia de fojas 14 vuelta, que sostiene que se fijó copia de ley en la puerta del domicilio fiscal; es decir, que en día y hora hábil se incumplió la previsión del parágrafo III del tantas veces citado artículo 85 del Código Tributario, que al señalar expresamente que la cédula será entregada por el funcionario de la administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la puerta de su domicilio, establece un orden para cumplir dicha diligencia, en autos, no existe constancia de haberse agotado dicho procedimiento ni tampoco se hizo constar que la entidad pública que debía ser notificada se encontraba cerrada en día y hora hábil, para justificar que la cédula hubiera sido fijada en la puerta del domicilio fiscal.
Finalmente, en cuanto a la observada representación que fue suscrita por un funcionario distinto al que dejó los avisos de visita y finalmente practicó la notificación cedularia, si bien es evidente que Cristian Vargas Morales, Consultor de Línea del Servicio de Impuestos Nacionales, fue asignado a cumplir el trabajo de “Autos Iniciales de Sumario Contravencional” y específicamente del trámite del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, también es cierto que el funcionario Marcelo Paricollo, que desempeñaba las funciones de Notificador, fue quien practicó la diligencia de notificación hasta su conclusión y quien debía dar fe de las actuaciones cumplidas y aun cuando el Consultor de Línea fuera el responsable del trámite, no le correspondía efectuar la representación de fojas 14 vuelta de antecedentes, resultando impertinente la argumentación relativa a que por renuncia, jubilación, muerte o vacación los funcionarios son reemplazados en razón de que el Cristian Vargas no actuó en suplencia legal o en sucesión administrativa de Marcelo Paricollo ni tampoco, fue quien practicó la diligencia de notificación cedularia.
El análisis precedente permite concluir que la decisión de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en sus dos instancias, ha sido acertada porque los actuados cumplidos por la administración tributaria al practicar la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional número 1179200201 emitido el 19 de julio de 2011, no generan ninguna certeza de que el representante legal del Gobierno Autónomo del Municipio de Villa Tunari tuvo conocimiento cierto e indubitable de la existencia del proceso sumario contravencional; del hecho objeto del procesamiento y del plazo que tenía para presentar descargos, por lo tanto no puede afirmarse que la diligencia practicada cumplió su finalidad, resultando evidente que ante la indefensión causada, correspondía restablecer el derecho lesionado.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, falla en única instancia declarando IMPROBADA demanda y en su mérito, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0392/2012 de 12 de junio de 2012 pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
No interviene la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por presentar voto disidente.

References: Resolución 
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