Source: https://www.rodriguezramos.es/2019/02/12/conclusiones-del-abogado-general-m-campos-sanchez-bordona-presentadas-el-12-de-septiembre-de-2017-asunto-c%E2%80%9153716-34-2-3-2-3/
Timestamp: 2019-04-24 00:14:57+00:00

Document:
STJUE TC, C‑492/18, de 12 de febrero de 2019, Periodo máximo de privación de libertad en relación a la duración máxima de la Euroorden (art. 17 DM 2002/584). Aplicación de la Jurisprudencia a la situación española (Ley 23/2014, de 20 de noviembre). – Rodríguez Ramos – Penal & Compliance
1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam que debe resolver la Euroorden de un ciudadano de la Unión reclamado por Reino Unido por tráfico de drogas -por lo que podría imponérsele una pena de reclusión perpetua-: TC, un Inglés que vive en España pero es detenido en los Países Bajos y acordada su prisión provisional en tanto se sustancia la Euroorden por riesgo de fuga.
El Tribunal decidió posponer su respuesta a la resolución de un asunto pendiente en el TJUE (acerca del efecto de la notificación del art. 50 TUE -Brexit- sobre las OEDs emitidas por Reino Unido, resuelto por la STJUE RO, C-327/18, de 19 de septiembre de 2018), suspendiendo el Tribunal de Amsterdam el plazo previsto en el art. 17.3 y 4 de la Decisión Marco 2002/584 para la resolución de la Euroorden (60+30 días) hasta que el TJUE resolviera esa cuestión prejudicial.
Alcanzados los 90 días del proceso desde la detención, el ciudadano de la Unión TC pidió la libertad al Tribunal, lo que de acuerdo con la interpretación literal de la norma procesal holandesa debería producirse, pero que de acuerdo con una interpretación de esa norma que defendiera los intereses de la Unión debería denegarse. Por ello, el Tribunal de los Países Bajos plantea una cuestión prejudicial sobre si el mantenimiento de la prisión provisional por encima de los 90 días vulnera el art. 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) si (i) el Estado ha transpuesto la Decisión marco señalando que la privación de libertad de una persona debe cesar si se superan los 90 días y si (ii) esa privación de libertad se mantiene porque se considera que ese plazo de 90 días se suspende desde que se plantea una cuestión prejudicial, o se está a la espera de pronunciamiento del TJUE en otro proceso planteado por otra autoridad de ejecución o se decide posponer la entrega debido al riesgo real de condiciones de detención inhumanas o degradantes en el Estado de emisión.
2. El TJUE resuelve que:
-La decisión marco 2002/258 debe ser interpretada en el sentido de que se opone a una disposición nacional que prevea la obligación general de puesta en libertad de una persona buscada y detenida en virtud de una Euroorden desde que transcurran los 90 días desde la detención existiendo un riesgo legal de fuga no neutralizable aceptablemente por la imposición de medidas adecuadas.
– El art. 6 CEDH debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que interprete que el transcurso de los 90 días se suspende por los motivos planteados, cuando este criterio jurisprudencial no garantice la conformidad de dicha disposición nacional con la Decisión Marco 2002/584 y presente divergencias que puedan traducirse en duraciones diferentes del mantenimiento en situación de privación de libertad; y lo manifiesta conforme a los siguientes fundamentos:
“En este sentido y según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 5 del CEDH, el hecho de que toda privación de libertad debe ser legal implica no solamente que ha de tener una base legal en el Derecho nacional, sino que, además, este Derecho debe ser suficientemente accesible, preciso y previsible en su aplicación para evitar cualquier riesgo de arbitrariedad (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, apartado 38 y jurisprudencia citada).Apartado 58 de la Sentencia.
Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a este respecto, procede señalar que el objetivo de las garantías relativas a la libertad consagradas tanto en el artículo 6 de la Carta como en el artículo 5 del CEDH consiste, en particular, en proteger al individuo contra las arbitrariedades. De este modo, para que una medida de privación de libertad sea conforme con dicho objetivo, no podrá concurrir en su aplicación ningún tipo de mala fe o engaño por parte de las autoridades (sentencia de 15 de marzo de 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, apartado 39 y jurisprudencia citada). Apartado 59 de la Sentencia.
De las consideraciones anteriores resulta que, dado que el mantenimiento de la detención de una persona reclamada una vez superado un plazo de 90 días lesiona gravemente su derecho a la libertad, está supeditado a que se respeten unas garantías estrictas, a saber, la existencia de una base legal que lo justifique, debiendo observar tal base legal las exigencias de claridad, de previsibilidad y de accesibilidad para evitar cualquier riesgo de arbitrariedad, tal como resulta del anterior apartado 58 (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, apartado 40 y jurisprudencia citada)”. Apartado 60 de la Sentencia.
“Por consiguiente, en un asunto como el que es objeto del litigio principal, personas detenidas en los Países Bajos a efectos de su entrega, como TC, se encuentran tanto ante disposiciones de Derecho nacional —concretamente el artículo 22, apartado 4, de la OLW— y del Derecho de la Unión —esto es, los artículos 12 y 17 de la Decisión Marco 2002/584— incompatibles entre sí, como ante una divergencia de criterios jurisprudenciales nacionales en relación con esta disposición de Derecho nacional dirigidos a interpretarla de modo conforme con el Derecho de la Unión. Apartado 75 de la Sentencia.
En estas circunstancias, debe declararse que la divergencia existente entre la interpretación hecha por el órgano jurisdiccional remitente y el criterio jurisprudencial del gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) no permite determinar con la claridad y la previsibilidad exigidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como se ha precisado en los anteriores apartados 59 y 60, la duración del mantenimiento de la detención, en los Países bajos, de una persona reclamada en el marco de una orden de detención europea emitida contra ella”. Apartado 76 de la Sentencia.
3. En el caso de la normativa española que recoge la previsión del art. 12 de la Decisión Marco 2002/584, los arts. 50 y 53 de la Ley 23/2014 (situación personal) y 54 de la misma norma (plazos para la ejecución) de la misma norma, pueden ubicarnos, en función de su interpretación, ante el mismo problema que la situación holandesa resuelta en la STJUE C‑492/18, TC de 12 de febrero de 2019, de vulneración dela art. 6 CDFUE en tanto que:
Se prevé la duración máxima del proceso (60 +30 días) para alcanzar una resolución firme, sin criterio de suspensión de cómputo de plazo alguno (a salvo de la suspensión general del proceso del art. 23 del Estatuto del TJUE en caso de planteamiento de la cuestión prejudicial -art. 267 TFUE-, conclusión 6º de la Instrucción 1/2016 FGE, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en las Cuestiones Prejudiciales Europeas).
Se prevé la posibilidad de privación de libertad durante 60 días y, excepcionalmente, durante 30 mas “cuando por razones justificadas no se pueda adoptar la decisión en los plazos señalados, éstos podrán prorrogarse por otros treinta días. Se comunicará a la autoridad judicial de emisión tal circunstancia y sus motivos y se mantendrán entretanto las condiciones necesarias para la entrega”.
Y todo ello reforzado por el contenido de la STC 210/2013, de 16 de diciembre (FJ 3), que señala “que la adopción, mantenimiento y duración de la medida cautelar privativa de libertad posee un régimen específico tanto en la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva como en la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega (STC 5/1998, de 12 de enero, FJ 4; 71/2000, de 13 de marzo, FJ 6; y 95/2007, de 7 de mayo, FJ 6)“, norma esta última derogada y sustituida por la Ley 23/2014 (Disposición Derogatoria Única), y “todo ello de acuerdo con el principio favor libertatis o in dubio pro libertate, que lleva a la “elección y aplicación, en caso de duda, de la norma menos restrictiva de la libertad” (por todas, de nuevo, STC 210/2013, de 16 de diciembre, FJ 2).

References: resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 22
 resolución 
in dubio