Source: https://es.scribd.com/doc/55934214/Recurso-de-amparo
Timestamp: 2016-05-27 09:30:33+00:00

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3. Principio de Oralidad: El procedimiento de Amparo Constitucional es oral, no significando con esto que la presentación y la documentación del Amparo sea escrita. - Son Orales: - La audiencia o su interposición ( Artículo 18 de la LOASDGC - Las Defensas - Son Escritas: - Los Documentales - El acto que levanta el secretario cuando se celebra la audiencia. - Sentencia: - Narrativa ( Cuando se narran los hechos. - Motiva ( Adecuación de los hechos al Derecho.
- Dispositiva ( Decisión del Juez. 4. Principio de Publicidad: Esta también en el Artículo 27 de la CRBV. Son públicos todos los actos del Amparo y solo se harán a puerta cerrada, cuando así lo determine el tribunal, por razones de seguridad del Estado, cuando este involucrado un adolescente y este en juego su vida privada y reputación. 5. Principio de Brevedad: Artículo 27 de la CRBV. Todo el tiempo y días serán hábiles en materia de Amparo Constitucional y los tribunales darán preferencia para tramitar el Amparo sobre cualquier otra causa. 6. Principio de Gratuidad: Artículos 26 y 27 de la CRBV y 16 de la LOASDGC. Los Amparos no están sujetos del pago de tributos o aranceles judiciales, porque así lo establece la Constitución. 7. Principio de Inmediación: El Juez Constitucional debe estar presente y presenciar todos los actos del Amparo. En el mismo acto el juez debe presenciar: - Cuales son las pruebas. - Cuales pruebas que se van a admitir. - Cuales se van a evacuar. - En caso de diferimiento por lo avanzado de la hora se puede suspender la audiencia, para el día inmediatamente posterior a la misma. Competencia en Materia de Amparo Constitucional - Concepto: Es la medida de la jurisdicción que ejercen en concreto los jueces, en razón de: - La materia. - El territorio. Solo en razón de estos dos factores, porque en los Amparos Constitucionales no existe el factor de la cuantía, es decir que no se le puede atribuir valor económico a la violación de un Derecho Constitucional. Competencia en razón de la materia: Artículo 7 de la LOASDGC, se determina en razón de la materia afín con la naturaleza del Derecho o Garantía Constitucional violado o amenazado de violación. Competencia en razón del territorio: Se determina en razón del lugar donde ocurrió el hecho objeto de la acción de amparo. Competencia especial de la Sala Constitucional 1. Cuando la violación del Derecho o Garantía Constitucional provengan de: - El Presidente de la República. - Los Ministros. - El Fiscal General de la República. - El Contralor General de la República. - El Procurador General de la República - El Consejo Nacional Electoral. Artículo 18. (LOASDGC)- En la solicitud de amparo se deberá expresar: 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; 2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;
3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización; 4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación; 5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo; 6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos. Derecho Constitucional Tema 5,6,7,8 Tema 5 La Enmienda 1) Enmienda: Consiste en cambiar o modificar algunos o varios articulos de la constitución siempre que el cambio no afecte la estructura de la misma. Sin alterar su estructura fundamental. 2) Como se tramita la Enmienda:  Por la iniciativa del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, o por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en consejo de ministro.  Por iniciativa de la Asamblea Nacional, a través de la mayoría de sus integrantes.  El poder electoral someterá a referendo las enmiendas a los 30 días siguientes de la recepción formal.  Se consideran aprobadas las enmiendas de acuerdo a lo establecido en la constitución para la reforma de leyes.  Las enmiendas deben ser publicadas y numeradas en la constitución vigente , sin alterar el texto de la misma, anotando la referencia, numero y fecha de la enmienda que lo modifico. La Reforma 3) Reforma: Es una revisión parcial de la constitución y si ésta es profunda, es decir de varios articulos estaríamos en presencia de una nueva constitución. Art 347. 4) De donde parte la iniciativa: La iniciativa podrá tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; el Presidente o Presidenta de la República en consejo de Ministros; o un numero no menor del 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil. 5) La tramitación de la Reforma: Será tramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente: 1) El proyecto de reforma constitucional tendrá una primera discusión en el periodo de sesiones correspondientes a la presentación del mismo. 2) Su segunda discusión por titulo o capítulo, según fuera el caso.
3) Una tercera y última discusión, articulo por articulo. 4) La asamblea nacional aprobara el proyecto de reforma constitucional, en un plazo no mayor de dos años 5) El proyecto de reforma se considerara aprobado con el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea nacional. La Aprobación de la Reforma: Para que sea aprobada es necesario que el número de votos afirmativos supere al numero de votos negativos; en caso de resultar negativa su aprobación esta no podrá presentarse de nuevo ante la Asamblea Nacional en ese mismo periodo Constitucional. 6)Diferencia entre enmienda y reforma: La Enmienda, tiene por objeto la modificación de uno o varios articulos de la constitución, sin alterar su estructura fundamental, mientras que La Reforma, tiene por objeto la revisión parcial de la constitución y la sustitución de una o varias de sus normas, sin que modifique la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Tema Nº 6. A Control de la Constitucionalidad 1.- Definición de Control de la Constitucionalidad o Sistema de Garantías de orden Constitucional: el control de la constitucionalidad es el término genérico para hacer referencia al sistema de garantías de orden constitucional. Significa que se va a buscar un (os) órgano (s) que se encargue a través de diferentes procedimientos de estudiar y verificar si una ley está conforme a la constitución. (No estudiará ni verificará únicamente las leyes, sino los actos legislativos, los actos de efectos generales emanados de los órganos del Poder Público). 2.-Diferentes Sistemas de Control 2.1.- Control a cargo de un órgano político: (Sistema histórico). La constitución de la República es fundamentalmente un acto político, ya que, requiere la aprobación y el consenso del pueblo para que ella entre en vigencia. Es normal que un órgano político sea quien se encargue de ejercer el control de la constitucionalidad. 2.2.- Control a cargo de un órgano judicial: (Sistema actual). No es menos cierto que la constitución de la República es un acto jurídico, porque contiene un conjunto de normas jurídicas de manera que es normal que el órgano que estudia, interpreta y dirime conflictos diariamente sea el encargado de velar por el control de la constitucionalidad, debido a la desventaja que presenta el órgano legislativo por su inclinación política. El órgano judicial tiene a su favor la competencia técnica y el respeto por el principio contradictorio (principio de derecho procesal que significa la existencia de varias partes en un acto jurídico, una a favor y otra en contra del asunto que se trate), que permite asegurar el ejercicio de control de la constitucionalidad. 3.- Sistema adoptado por Venezuela: Venezuela adoptó el sistema de control de la constitucionalidad a cargo de un órgano judicial, su norma rectora se encuentra en el art. 334 de la CRBV. 3.1.-Control Concentrado de la Constitucionalidad.
A.- Control Concentrado Previo: (adoptado con variantes en Italia, Alemania, España y Bélgica), hay una jurisdicción constitucional especializada, que ejerce un ³Tribunal Constitucional´. Generalizando, estos tribunales suelen estar conformados por jueces que tienen mandato de duración predeterminada, y ejercen el control de constitucionalidad en abstracto, a veces incluso con carácter previo a la promulgación de la ley .En este caso, la ley o el acto del Poder Público no está aún en vigencia. a.- Leyes Orgánicas: Art. 202 y 203 de la CRBV. Las leyes orgánicas están por debajo de la Constitución y se clasifican de la siguiente manera:  Así las denomina la Constitución: actividades que denomina la Constitución ordena que sean reguladas mediante una ley orgánica. Ej. Temas de fronteras.  Sirven para organizar el Poder Público: regulan las actividades de los órganos del Poder Público. Ej. Ley Orgánica del Poder Ciudadano.  Sirven para desarrollar los Derechos Humanos: o derechos Constitucionales.  Sirven de marco o cuadro a otras leyes. El Control de la Constitucionalidad de las Leyes Orgánicas radica en su segundo requisito, es decir, en caso de los últimos supuestos, la Asamblea Nacional (quien ha aprobado el calificativo de orgánica por sus 2/3 partes) está obligada a llevar esa ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para determinar si esta es o no una Ley Orgánica. Sentencia TSJ- SC N. 811 22/05/00. b.- Control por el Presidente de la República: art. 214 CRBV. Cuando una ley es sancionada por la Asamblea Nacional, el Presidente de la República debe proceder a promulgarla dentro de los cinco días siguientes a su recibo, sin embargo, si el Presidente considera que la Ley o alguno de sus artículos es inconstitucional se solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y en caso de que no se viole la Constitucionalidad el Presidente deberá promulgarla en los cinco días siguientes a la decisión del TSJ. c.- Constitucionalidad de los tratados Internacionales: El Presidente representa al Estado, es el encargado de suscribir los tratados internacionales, pero el hecho de suscribirlos no implica de alguna manera que el Estado Venezolano se vea obligado a partir de la firma del tratado internacional; para que éste sea válido debe pasar por la Asamblea Nacional y convertirse en Ley de la República. El control de la constitucionalidad en este caso, radica en la RATIFICACIÓN, un acto solemne por el cual el Estado se obliga internacionalmente de cumplir con un tratado internacional y esto ocurre cuando la AN remite el Tratado Internacional convertido en Ley de la República al TSJ para que éste último verifique su constitucionalidad. d.- Omisiones Legislativas: art. 336,7. La SC del TSJ deberá declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del órgano legislativo estadal, municipal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución; o las haya dictado en forma incompleta y establecer el plazo, de ser necesario, los lineamientos de su corrección. B.- Control Concentrado Posterior: en este caso las leyes o actos del Poder Público ya han entrado en vigencia. Tiene las siguientes características:  Tribunal competente: Sala Constitucional del TSJ.  Objetivo: solicitar la nulidad de un acto de efectos generales o de una ley emanada de los órganos del Poder Público. El acto del cual se solicita nulidad debe ser realizado en ejecución directa de la Constitución, lo que significa que la competencia para la
realización del acto debe estar contenida en el texto constitucional. Por ejemplo la nulidad de un reglamento no debe solicitarse por la SC del TSJ porque éste no es en ejecución directa de la constitución sino de una ley. En ese caso, se acude a la sala del TSJ que se declare competente. El Control concentrado posterior se puede dar de las maneras siguientes: a. Actio Popular: una de las características del recurso de nulidad por Inconstitucionalidad (CCP) es que es una acción popular, es decir, cualquier ciudadano puede intentar la acción. * Legitimación activa: Podemos usar los términos: acción popular o recurso de nulidad por inconstitucionalidad para referirnos a la acción mediante el cual se solicita al TSJ en Sala Constitucional (tribunal competente) la nulidad de la ley o de un acto que pudiera ser contraria al texto constitucional. Hablamos de unas características del procedimiento y sobre la cual queremos hacer énfasis es la Actio Popular; se llama así porque va a dar inicio a un procedimiento (acción del pueblo ± la puede realizar cualquier ciudadano); es decir, que no esta en un procedimiento ya existente (es un procedimiento por vía de acción porque va a comenzar a partir de la solicitud que nosotros hagamos). A pesar de que cualquier ciudadano pude intentar esta acción existen unas pequeñas limitaciones que la CSJ impone. Aquí es cuando hablamos de una Legitimación Activa. En derecho procesal vamos a conseguir dos conceptos: el legitimado activo y el legitimado pasivo. - el legitimado activo es la persona que tiene capacidad para intentar un juicio en calidad de demandante, solicitante o querellante (se va a llamar de distinta manera dependiendo del tipo de procedimiento); en fin, de iniciar un procedimiento (mediante la introducción de una demanda, una solicitud o una querella). - El legitimado pasivo es la persona que en calidad de demandado, que tiene que contestar una determinada solicitud, de querellado. (pero nos interesa mas, por ahora, la legitimación activa. En la legitimación activa hay que hacer una subdivisión más. Se le pude exigir un interés distinto dependiendo de la acción que se vaya a intentar. Por ejemplo si la acción que se va a intentar es para el cobro de un dinero por daños físicos o lesiones (por ellos el termino de querella) a el se le va a exigir, para intentar la demanda, un interés personal y directo (que la persona que este afectada intente un recurso o acción). El interés simple significa que el acto no afecta en el momento, sino a futuro (una ley o acto pudiere llegar a afectar en cualquier a alguien y allí se decide acudir al TSJ para intentar un recurso de nulidad). También es interés simple en el momento de habitar en el lugar donde la ley tiene vigencia. . Hemos venido diciendo que el objeto del Recurso de Nulidad es solicitar la nulidad de un acto o de una ley que haya sido emanada de un órgano del poder público y el acto del poder publico puede ser de carácter nacional, estadal o municipal. Vale decir con ello que podría ser un acto emanado del Presidente de la Republica (que es poder nacional),
de la asamblea nacional (que es el poder u órgano legislativo nacional), del Consejo Federal Legislativo de los Estados, o de la Cámara Municipal del Municipio; los ordinales 1, 2, 3, 4, 6 del articulo 336 la CRBV muestran el hecho de que en virtud de ser un estado federal, los actos que son susceptibles de nulidad pueden ser de nivel nacional, estadal o municipal. En el ordinal 2º: La ejecución directa de la constitución es lo que va a diferenciar entre que el tribunal competente sea la Sala Constitucional, la Sala Político Administrativa o la Sala Electoral. En el ordinal 3º: Habla de decretos leyes que generalmente son dictados por el presidente de la republica. [En la historia presidencial venezolana se ha visto que los presidentes de la republica pidan a su asamblea nacional o a su órgano nacional que le den potestades extraordinarias para legislar en ciertas materias y ya el presidente de la republica lo hizo en una oportunidad en su primer periodo constitucional y ahora con el segundo periodo va a pedir a la asamblea nacional que le de una ley habilitante: permiso para legislar sobre ciertas materias. La propia asamblea nacional le tiene que decir cuales son esas materias (las que el Presidente pida, pero ellos deciden cuales si y cuales no y el tiempo que tiene para dictar esos decretos leyes que generalmente es un año)]. Esos actos son susceptibles de nulidad a través de un recurso de inconstitucionalidad porque el presidente haga alguna norma que podría llegar a chocar con la constitución en ese momento vigente. En el ordinal 4º: esos actos serian los dictados por: los gobernadores de estados, los alcaldes, el defensor o poder ciudadano, el poder electoral. En el ordinal 6º: aquí hay otra posibilidad; el presidente de la republica (norma que no existía en la constitución del 1961- que los decretos de estado de excepción a partir de la constitución del 99) se ejerce un doble control. El primer control consiste en que una vez que el presidente dicta un decreto de estado de excepción el tiene que permitir este a la asamblea nacional y también tiene que remitirlo (que es lo que nos interesa en este momento porque es el control de la constitucional) a la Sala Constitucional del TSJ para que esta verifique que haya constitucionalidad de los decretos; que no haya violación de los derechos fundamentales. Decreto de estado de Excepción: es una potestad que tiene el presidente cuando se producen algunos acontecimientos anormales en el país. Estos pueden ser catástrofes naturales, pueden ser de tipo bélico (nacional o internacional que afecten el orden publico venezolano), de desorden publico, de tipo económico. El presidente puede limitar derechos constitucionales; libertades económicas, civiles (como la libertad de transito que es la que mas se limita), libertad de expresión« con motivo de lograr que las posiciones vuelvan a normalizarse. Un decreto de este tipo siempre va a tener el control de ir (a partir de la constitución del 99) a la Sala Constitucional para que ella verifique la constitucionalidad del mismo, y si aquella dijera que no esta de acuerdo al texto constitucional; a las atribuciones que tiene conferida y a las limitaciones que tiene el presidente de ciertos derechos que no se pueden limitar de ninguna manera (como el derecho a la vida), entonces la Sala Constitucional podría decidir de inconstitucional ese decreto.
Caducidad de la acción: es la caducidad del lapso en el que se puede intentar la acción. No existe un lapso de caducidad ya que desde el momento en que la ley entra en vigencia es susceptible de que alguien pueda intentar un acto de nulidad. Todo este procedimiento de nulidad es un juicio ORAL. Es un procedimiento largo. Hay unos lapsos que cumplir hasta llegar a la sentencia: - Se introduce la solicitud, debe haber una admisión de esta; específicamente en la Sala de Substanciación. - Tienen tres días para admitir la solicitud; el Ministerio Público podría incluso de oficio subsanar algunos errores que tuviera la solicitud. - Después de admitida la solicitud se debe citar a la parte que ha realizado, se debe notificar al fiscal general de la republica, al procurador (si hay intereses de por medio; algún interés patrimonial de la republica) después de esta citación se debe citar a citar a cualquier otra persona (por medio de carteles). - Se da un lapso para que esa persona conteste la solicitud. Después de contestar, podría abrirse un lapso probatorio (generalmente en los recursos de nulidad no hay apertura de lapsos aprobatorios porque son las que se llaman Acciones de Mero Derecho; es decir, que con las pruebas que se aportan en el acto de solicitud señalando cuales son las leyes contrarias al texto constitucional, es suficiente para que la Sala Constitucional pueda decidir). - Si hubiere la apertura de este lapso probatorio, habría que dar un lapso de 15 días para promover las pruebas, otro de 15 días mas una prorroga para evacuarlas. - Luego se esto se producen los informes (primera parte de la relación de la causa), luego de esto hay un tiempo en el cual se nombra al magistrado ponente (son órganos colegiados; en el caso de la Sala Constitucional son 7 los magistrados del TSJ. Ella funciona a través de ponencias: se nombra un magistrado ponente que es el que va a realizar un proyecto de sentencia) y después es que viene la sentencia. Aunque no se le denomina como juicio, es un procedimiento donde se citan a las partes (dos o más), y se le solicita por carteles a cualquier otra persona interesada« realmente estamos en presencia de un juicio aunque la doctrina o la legislación no lo califique como tal. Suponiendo que, en el caso que estamos planteando, el solicitante tiene la razón; los efectos de la sentencia son: - Que la Sala Constitucional debe determinar cuales van a ser los efectos en el tiempo de esta sentencia. - Generalmente, los efectos son hacia el futuro; a partir del momento en que se produce la sentencia el reglamento o ley queda anulado (o ciertos artículos, no necesariamente por completo). Pudiere pasar que estos efectos son hacia el pasado; será el tribunal quien lo determine. - Debe ser publicada en la gaceta oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, y en la gaceta oficial del Estado o del Municipio si fuere el caso. - Tiene efectos Erga Omnes (la contrapartida de estos serian los ínter partes, como el control difuso). Erga omnes = oponible a todos. Los efectos hacia el futuro es cuando una ley perjudica a ciertas personas por el hecho de que cambie, y estando estas personas beneficiadas por ella.
Tema 6 El Estado 7)El Estado: Es la propia nación, brazo principal de una Constitución, Sociedad Jurídicamente organizada capaz de imponer la ley, frente a las otras sociedades. Conjunto de personas en comunes con caracteres culturales, históricos y sociales regidos por las mismas leyes de un solo gobierno. 8) Fines del Estado La defensa y desarrollo de la persona en cuanto a su dignidad y al libre ejercicio democrático de la voluntad popular, así como una sociedad justa, amante de la paz garantizando el fiel cumplimiento de los deberes y derechos consagrados como principio de esta Constitución. 9) Valores Supremo del Estado Venezolano Se toman como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ètica y el pluralismo político 10) Distintas formas de Estado Conocemos como distintas formas de estado: a) Estado democrático: Es el gobierno del pueblo por el pueblo a través de sus representantes legítimamente elegidos que ejercen la soberanía popular en ellos delegada b) Estado Totalitario: Es el gobierno con poder Dictatorial. 11 Cual es el Idioma del Estado Venezolano El Idioma oficial es el castellano y los idiomas indígenas son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la Republica por constituir Patrimonio Cultural de la Nación y de la Humanidad 12) El estado Federal La Republica Bolivariana de Venezuela es un estado federal descentralizado en los términos consagrados en la constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, y corresponsabilidad 13 Elementos que conforman un Estado a) Educación b) Trabajo c) Estado federal d) Ejercicio de la Soberanía Popular
e) Gobierno Democrático y Descentralizado, participativo, ejecutivo f) Alternativo, Responsable, pluralista y revocable Tema 7 Poder Publico Nacional: 14) Poder Ejecutivo: Esta compuesto por Presidente, Vicepresidente, Ministro, Procurador General ¨´consejo de estado´, es el encargado de asesorar al presidente, Poder Judicial, Poder Ciudadano, Poder Electoral. Cada uno de ellos tiene sus propias funciones, todos colaboran entre si en la realización de los fines del estado 15) Del Abuso del Poder Publico Nacional El ejercicio del poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso, desviación de poder o por violación de la constitución o de la ley 16) Del Poder Estadal y su Autonomía Los Estado son entidades autónomas e iguales en lo político con personalidad jurídica plena, y están obligados a mantener la independencia, la soberania, e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir la constitución de las leyes de la republica 17) La administraciòn del estado: la administraciòn de cada estado corresponde al gobernador o gobernadora 18) requisitos para ser gobernador: se requiere ser: venezolano, mayor de 25 años y de estado seglar 19) periodo de gobierno: el periodo de gobernador tiene una vigencia de 4 años, podr á ser reelegido de inmediato por periodo de igual duración 20) a quien rendira cuanta el gobernador: los gobernadores rendirán cuenta anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el contralor o contralora del estado y presentaran un i informe de la misma ante el consejo legislativo y el consejo de planificacion y coordinación de políticas publicas 21) el consejo legislativo estadal: el poder legislativo se ejercerá en cada estado por un consejo legislativo conformado por un numero no mayor de 15 ni menor de 7 integrantes. El consejo legislativo tiene sus atribuciones 1) legislar sobre las materias de la competencia estadal 2) sancionar la ley de presupuesto del estado 3) las demás que establezcan las constitución y la ley
22) contraloría estadal: Cada estado tendrá una contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional la cual ejercerá sus funciones cumpliendo con las normas de la constitución y la ley, El control y la vigilancia y la fiscalización de los ingresos gastos y bienes estadales. 23) Ingresos estadales: Son ingresos del estado: Los procedentes de su patrimonio y de la administracion de sus bienes Las tasas, multas y sanciones El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales Los recursos que les confieren por situado constitucional Los recursos provenientes del fondo de compensación Inter.-territorial 24) requisitos para ser alcalde: Se requiere de : Nacionalidad venezolana, ser mayor de 25 años, de estado seglar 25) periodo de gobierno del alcalde: Tiene una vigencia de 4 años, pudiendo ser reelecto de inmediato por un periodo igual. Es electo a través del voto. 26) Los ingresos de los municipios: Los municipios tendrán ingresos: por rentas municipales. Por los procedentes de su patrimonio. Las tasas, el impuesto territorial rural, los derivados del situado constitucional, el producto de las multas, TEMA 8 El poder ejecutivo 27 Quien lo ejerce y como esta organizado: Lo ejerce el presidente o presidenta de la republica y se encuentra organizado por el vicepresidente ejecutivo, los ministros y demás funcionaros que determine la constitución y la ley 28)requisitos para ser presidente: Ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, ser de estado seglar, ( no ser ministro de ninguna religión, no estar sometido a condena) 29) Como se elige el presidente:
La elección del presidente será 8niversal directa y secreta de conformidad con la ley. Se proclamara electo el que hubiere obtenido la mayor de votos validos. 30) Quien no puede ser elegido presidente de la republica. No podrá ser elegido presidente de la republica quien este en el ejercicio de vicepresidente, ministro, gobernador o alcalde. En el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección. 31) Toma de posesión: El candidato elegido tomara posesión del cargo de presidente el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la asamblea nacional. El Poder Ciudadano Es una de las dos nuevas ramas del poder público nacional que fueron añadidas a la estructura organizativa del Estado, y como se incluye en el Art. 136, se incluye este poder en la distribución horizontal del poder nacional. Bajo la vigencia de la constitución del 61, la contraloría general de la republica y el ministerio publico figuraban expresamente en la carta fundamental como órganos superiores dotados de autonomía funcional, pero sin estar asignados a ninguna de las tres ramas del poder publico nacional, aun cuando existía alguna conexión con algunos de ellos. En el caso de la contraloría general de la republica, era un órgano auxiliar del Congreso en su función de control sobre la hacienda publica; y el ministerio público, se incorporo esta institución a fin de cumplir la misión fundamental de asegurar la integridad del orden jurídico, cuya razón impulso a establecer el ministerio publico en un capitulo especial del título correspondiente al poder judicial. En esa misma exposición de motivos se indica que se le atribuyeron al fiscal general de la republica las funciones de velar por el cuidadoso ejercicio de las garantías constitucionales; de impedir las detenciones arbitrarias; de velar por la legalidad ante los tribunales; de controlar la legalidad administrativa, y comprobar las infracciones que en orden a la misma se produjeren en el funcionamiento de las distintas administraciones e intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones. La decisión del constituyente de haber agrupado a la contraloría general de la republica, el ministerio publico y a la defensoría del pueblo que emergió como una innovación en el texto constitucional, para conformar una nueva rama del poder publico nacional, como es el poder ciudadano, resulta conveniente en la conformación estructural del Estado. El asignársele a sus componentes una función distinta a la que les corresponde a cada uno de los tres poderes tradicionales del Estado, como se contempla en el Art. 274: que determina que los órganos que ejercen el poder ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con la constitución y la le, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, como también velar
por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio publico, el cumplimiento y aplicación del principio de la legalidad en toda actividad administrativa del Estado. Inspiración para incluirse este cuarto poder En la exposición de motivos de la constitución se señala que para la incorporación del poder ciudadano la fuente de inspiración se halla en parte, en el Poder Moral propuesto por el libertador en su proyecto de constitución presentado al congreso de Angostura el 15 d3e Febrero de 1819. Simón Bolívar quería fundar una republica con base en un pueblo que amara a la patria, a las leyes, a los magistrados, porque esas ³son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano´. Características del poder ciudadano. Su organización El poder ciudadano es independiente de los demás poderes públicos y no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad, y los órganos que lo integran gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Dentro del presupuesto general del Estado se le asigna una partida anual variable. Por mandato de la constitución, se4 establece que la organización y el funcionamiento se determinará en la ley orgánica respectiva, la cual fue dictada por la Asamblea Nacional y promulgada por el ejecutivo nacional 25 Octubre 2001. Con respecto a la independencia, la Asamblea nacional tiene competencia para remover al contralor general de la republica, al fiscal general y al defensor del pueblo, de acuerdo a lo previsto en el Art. 279, lo cual contradice el principio de la independencia y autonomía del poder ciudadano a que se contrae el Art. 273, en su penúltimo aparte. Ello ocurre igual con los magistrados del TSJ y con los integrantes del CNE por lo cual, en el esquema de pesos y contrapesos derivados del principio de la separaron de poderes, al atribuir a la AN tales remociones se aprecia un desbalance general y una primacía de la AN sobre el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral, cuyos óranos dependen de la voluntad del legislador. El consejo moral republicano Es el ente a través del cual el PC ejerce la función que le asigna la constitución, como lo expresa el Art. 9 de la ley respectiva, es el órgano de expresión de dicho poder. Esta integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general el contralor general de la republica. El Art. 273 establece que los órganos del PC son la defensoría del pueblo, el ministerio público y la contraloría. El CMR como cuerpo colegiado, esta diri8gido por uno cualesquiera de los titulares de los mismos, quien ha de desempeñarse como presidente del mismo, por el periodo de un año y podrá ser reelegido. Funciones El Art. 275 establece q ³los representantes del CMR formularan a las autoridades, funcionarios de la administración publica, las advertencias sobre las faltas
en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el CMR podrá imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el presidente del CMR presentara un informe al órgano o dependencia al cual este adscrito el funcionario publico, para que esta instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en conformidad con la ley´. Informes Tanto el presidente del CMR como los titulares de los órganos del poder ciudadano presentaran un informe anual ante la AN en sesión plenaria y están obligados a presentar los informes que en cualquier momento le sean solicitados por la AN; y conforme a lo previsto en la normativa constitucional dichos informes bien sean ordinarios o extraordinarios deberán ser publicados en la gaceta oficial de la republica. Competencias del Consejo Moral Republicano La ley orgánica del poder ciudadano establece en su art. 10 sus competencias entre las cuales están las siguiente: prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público; velar por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado; promover la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo; presentar ante la AN los proyectos de leyes relativos a los órganos que lo integran; efectuar la segunda preselección de los candidatos a magistrado del TSJ la cual será presentada ante la AN; postular ante la AN a un miembro principal del CNE y a sus dos suplentes; calificar las faltas graves que hubieren cometido los magistrados del TSJ; formular ante las autoridades y funcionarios de la administración pública las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus funciones; imponer a las autoridades y funcionarios de la administración pública las sanciones establecidas en la presente ley; elegir a su presidente dentro de los diez días siguientes a la instalación del consejo. Para los siguientes períodos dicha elección se realizará al finalizar cada año de gestión; designar al secretario ejecutivo, demás funcionarios y empleados de la secretaria del CMR, así como los asesores ad honorem; dictar el ordenamiento jurídico interne del CMR que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. La LOPC determina en su art. 16 las atribuciones y deberes del presidente del CMR y entre otras esta la de ejercer la representación oficial del CMR y del poder ciudadano como convocar, coordinar y presidir las reuniones del CMR, efectuar intercambios con instituciones públicas o privadas, educativas y de investigación, nacionales, internacionales o extranjeras, para la mejor divulgación y promoción de los valores, principios y de hechos previstos en la constitución y las leyes, como el amor a la patria, las virtudes cívicas y democráticas. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Designación del Defensor del Pueblo del Fiscal General y del Contralor General de la República En la normativa constitucional relativa al CMR se prevé la formación de un comité de evaluación de postulaciones del poder ciudadano, a ser integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad, q tiene como función primordial conformar una terna de candidatos que pudieren optar a ejercer la titularidad de cada
órgano del poder ciudadano. Dicha terna elaborada conforme a un proceso público que permita acceder a todas las personas clasificadas e interesadas en ocupar esos cargos, será remitida a la AN para su consideración. La AN una vez recibida esas postulaciones debe escoger en un lapso no mayor a 30 días continuos, el candidato a ocupar la titularidad de cada uno de los órganos del poder ciudadano. Es factible que en el lapso previsto para la selección de candidatos no hubiere acuerdo en el seno de la AN y vencido que sea ese lapso sin haberse hecho la designación correspondiente, le corresponde al poder electoral someter la terna elaborada por el comité de evaluación de postulaciones a consulta popular a fin de que sea el elector quien decida la persona a ocupar los cargos de defensor del pueblo contralor y fiscal. Para el caso de que no hubiere sido convocado el CEPPC, la AN procederá dentro del plazo que determine la ley a la designación del titular del órgano del poder ciudadano correspondiente (art. 279). El CEP a la Luz de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano La LOPC fue promulgada posteriormente a la ley especial para la ratificación o designación de los funcionarios del poder ciudadano y magistrados del TSJ para su primer período constitucional, con lo cual el próximo comité se convocará como lo ordena el art. 23 de la LOPC 60 días antes del vencimiento del período para el cual fueron designado los titulares de los órganos del poder ciudadano. Se señala que en caso de no haber sido convocado en comité de evaluación de postulaciones del PC, la AN procederá a la designación de los titulares de los órganos del PC a un tiempo no mayor de 30 días continuos. La integración de dicho comité se hará con representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes deberán ser vzlanos. por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicios de sus derechos civiles y políticos, en un numero no mayor de 25 integrantes art. 23 Ley. La convocatoria del comité se realizará por lo menos con 120 días de anticipación al vencimiento del período de 7 años establecidos para el ejercicio del cargo correspondiente. Período En El Desempeño De Las Funciones Del Defensor Del Pueblo Del Fiscal Y Del Contralor Los titulares de los órganos del PC duran en el desempeño de sus funciones por períodos de 7 años, con el entendido de que el defensor del pueblo no podrá ser reelegido para un siguiente período. Remoción De Los Integrantes Del Poder Ciudadano En el último aparte del art. 279 de la constitución los integrantes del PC podrán ser removidos por decisión que adopte la AN previo pronunciamiento del TSJ. La Defensoría Del Pueblo
Una de las innovaciones en la constitución del 99 es la DP. La incorporación de la DP debe representar la institución del poder público más vinculada y cercana a los ciudadanos cuyas funciones son esenciales para controlar los excesos del poder, contribuir el afianzamiento del sistema democrático y para lograr que los derechos y las garantías de los ciudadanos sean respetados. A la cabeza de esta institución esta la figura del defensor del pueblo que corresponde la figura del ombudsman sueco. Como dice Lowenstein la institución procede de suecia donde se estableció desde 1809 un comisario de justicia para custodiar los tribunales y administración de justicia. La inserción de la defensoría del pueblo en América Latina ha sido dirigida como dice Briceño Vivas ante la carencia de controles adecuados a favor del ciudadano y a la violación constante de los derechos humanos en el continente americano. Indica el autor que esta institución ha pasado desde hace un tiempo para acá, como un ente encargado de proteger los derechos humanos del ciudadano en una sociedad democrática y por ello la tendencia en América latina se sitúa en lograr que los diversos ordenamientos jurídicos incorporen el ombudsman como una institución encargada de vigilar supervisar y fiscalizar el trato de los derechos humanos a lo largo de todo el contexto social en América latina. La Regulación Normativa De La DP En La Constitución La DP tiene a su cargo la promoción defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, los intereses legítimos colectivos y difusos de los ciudadanos. La titularidad del órgano está bajo la dirección y responsabilidad del defensor del pueblo quien se desempeñara por un período único de 7 años lo que implica que dicho funcionario no puede ser reelegido para un período adicional. Los requisitos que exige la constitución para ocupar este cargo es ser vzlano por nacimiento y sin otra nacionalidad art. 441, mayor de 30 años con manifiesto y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad que establezca la ley. Los mecanismos para la designación del defensor del pueblo son los mismos que se emplean para la escogencia del contralor y el fiscal. El DP puede ser removido del cargo al igual que los demás integrantes del PC por la AN previo pronunciamiento del TSJ conforme a lo establecido en el art. 273. El art. 281 de la constitución dispone que son atribuciones del defensor(a) del pueblo entre otras las siguientes: velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta constitución y los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la república investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento; instar al fiscal general para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los
funcionarios públicos, responsables de la violación o menos cabo de los derechos humanos; solicitar al CMR que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a los funcionarios públicos responsables por la violación o menos cabo de los derechos humanos; presentar ante los órganos legislativos municipales, estadales o nacionales proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos; velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección. Conforme al art. 280 la DP tiene bajo su responsabilidad otra que cumplir, como es la educativa o formación de cultura en torno a los derechos y garantías que son inherentes a la persona humana, lo cual permitirá a la persona poder contestar o comparar la licitud o no de los actos realizados por la administración pública, al mismo tiempo facilitará al gobernado recurrir a las instancias necesarias en defensa de sus derechos. La investidura del cargo de DP impone que la labor que se encomienda debe ejercerse con dignidad y valentía y estar vació de intereses políticos o cualquier otro. El DP debe ser el instrumento de defensa colectivo nacional y de los individuos en particular y jamás estar al servicio de quienes atropellan y arremeten en contra de los más sagrados valores del ser humano. Privilegios de que goza el defensor del pueblo Goza de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto, no podrá ser perseguido, detenido, ni enjuiciado por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En todo caso conocerá de manera privativa el TSJ. Organización de la defensoría del pueblo Constitucionalmente se ordena que la ley determinara la organización y funcionamiento del la DP en el ámbito municipal, estadal, nacional especial Art. 283. Principios que rigen la actividad del DP Ha de regirse por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informabilidad e impulso de oficio; tales principios tienen por objeto facilitar y estimular la compenetración del pueblo con una institución que debe sentir como suya. La DP en los procesos de amparo constitucional Algunos tribunales que conocen de acciones de amparo constitucional llaman al mismo tiempo en causa, tanto a la fiscalía como a la defensoría, agrega Rondón de Sanso que la opinión de cualquiera de los dos organismos es la opinión de la parte de buena fe, es el criterio del defensor de la legitimidad, del tutor del respeto de los derechos humanos. La le orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales en sus arts. 14 y 15 aluden a la intervención del MP señalando que se entenderá a derecho en el proceso de amparo el representante del MP a quien el juez competente le hubiere participado por oficio o por telegrama la apertura del procedimiento. Si no atenemos a la lO sobre derechos y garantías constitucionales solo el MP ha de ser llamado en un juicio ya entablado para que actué como parte rebuena fe.
Ministerio publico De acuerdo a la constitución del 99, se le dio una orientación que difiere de lo que se contemplaba en la constitución del 61. en la derogada ley, el MP tenia la responsabilidad por velar por la exacta observancia de la constitución y de las leyes Art. 281. hoy en día esta institución cumple una función que esta orientada, conforme lo prevé el COPP a ejercer la acción penal que en forma principal y determinante le corresponde de acuerdo con el sistema acusatorio que se introdujo en la legislación adjetiva penal para remplazar el sistema inquisitivo que se había instituido en Vzuela. Al MP se le atribuyen todas aquellas funciones necesarias para el cumplimiento de los fines que debe gestionar frente a la administración de justicia, tales como garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. El MP forma parte del sistema de justicia Art. 253 CN y a los fines de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones los fiscales del MP no pueden llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni ejercer ninguna otra función publica a excepción de actividades educativas Art. 256. Atribuciones del MP Conforme al Art. 285 de la CN son atribuciones del MP entre otras las siguientes: garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la republica; garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso; ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley; intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal y administrativa o disciplinaria en q hubieren incurrido los funcionarios del sector publico, con motivo del ejercicio de sus funciones. Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los particulares o a otros funcionarios de acuerdo con esta constitución y la ley. La organización funcionamiento del MP a nivel nacional, estadal y municipal Será determinada por la ley relativa a este componente del PC, donde ha de proveerse lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fiscales del MP. Se establecerán las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su función. Fiscal general Conforme al Art. 284 de la CN el MP esta bajo la dirección y responsabilidad del fiscal, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la ley.
Requisitos para ocupar el cargo Se requiere ser venezolano por nacimiento, ciudadano de reconocida honorabilidad, jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener titulo universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario en ciencias jurídicas durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor titular, o ser o haber sido juez superior en la especialidad que se entiende debe ser la materia penal, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones y cualesquiera otros que establezca la LOMP. El fiscal general será designado por un periodo de 7 años y podrá ser destituido por la AN previo pronunciamiento del TSJ Art. 279. La Contraloría General De La República Ha dejado de ser un órgano auxiliar del poder legislativo, para formar parte del poder ciudadano. La naturaleza de sus atribuciones se inscribe dentro de las clásicas funciones del control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado para cuya mejor realización la constitución dota a la institución no únicamente de autonomía funcional sino también administrativa y organizativa. La constitución establece el principio del sistema nacional de control fiscal en virtud del cual corresponde a la ley de la terminación de su organización y distribución funcional, bajo la dirección y responsabilidad del contralor general en su condición de titular. La ley debe velar por impedir que las funciones atinentes al control fiscal se ejerzan sin coordinación, si no como parte de un sistema con variados grados de autonomía. Cuyo pináculo. Dentro de las atribuciones de la institución el control de la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los estados y los municipios art. 289 CN. El texto fundamental consagra y regula una estructura especializada de control para el sector militar, bajo la dirección del Contralor General de la Fuerza Armada Nacional art. 291 CN. La contraloría general de la fuerza armada nacional es parte integrante del sistema nacional de control y en segundo lugar sus atribuciones se ejercen sin menos cabo del ámbito competencial de la contraloría general de a cuerdo a los principios y orientaciones que establezca la ley. Sin embargo el constituyente debió consagrar explícitamente su subordinación al contralor general. El CG debe ser vzlano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de 30 años, comprobada actitud y experiencia para el ejercicio del cargo art. 288 CN. Elegido para un período de 7 años, puede al igual que el fiscal ser reelegido. Poder legislativo Conceptualización del sistema presidencialista venezolano
El sistema de gobierno vzolano ha sido definido por Brewer Carias como un sistema presidencialista con sujeción parlamentaria. La separación de poderes no es rígida (Art. 136), pese a que el presidente de la república deriva su legitimidad directamente del pueblo y ejerce no solo la jefatura del Estado sino también la jefatura de gobierno, además de que el ejercicio de la función de gobierno solicita la colaboración de funcionarios libremente escogidos por el. El gobierno vezolano es un sistema presidencial, y no como un sistema semipresidencial como lo califica la exposición de motivos de la Constitución. En venezuela tanto los ministros como el vicepresidente ejecutivo son de acuerdo a la constitución órganos directos del presidente, quien los nombra y remueve libremente, no necesitándose del concurso del parlamento ni para su designación ni para su ratificación. El presidente es el jefe de gobierno Art. 226 que dirige la acción del gobierno Art. 236. Esta nota distingue el sistema presidencial del sistema semipresidencial. Los rasgos parlamentarios que hacen peculiar a nuestro sistema presidencial son: a) la moción de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros. Arts. 187, 240 y 246CN, La AN puede censurar la actuación del vicepresidente y los ministros. Si la moción de censura se aprueba por una votación de las tres quintas partes de los integrantes presentes de la AN, acarrea su remoción (en la constitución del 61 se exigía la mayoría de las dos terceras partes). La constitución estipula q el funcionario removido no podrá optar al cargo de ministro o vicepresidente por el resto del periodo presidencial. b) el derecho de palabra de los ministros en la AN y sus comisiones Art. 245CN, el derecho de palabra incluye la posibilidad de participar, sin derecho a voto en los debates de la AN. c) la función de control político y administrativo de la AN Arts. 222, 223 y 224 CN, conlleva la posibilidad de interpelar, investigar, realizar preguntas y autorizaciones a todos los funcionarios públicos en los términos establecidos en la Cont. Y la le y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento interno. En el ejercicio de la función de control la AN puede requerir de los funcionarios públicos no solo su comparecencia, sino la obligación de suministrarle, bajo las sanciones prescritas en las leyes las informaciones y documentos que requiera para el cumplimiento de las posibilidades propias en la función de control. d) la facultad de disolución de la AN por parte del presidente Art. 236 y 240. lo constituyo la aprobación de una norma gracias a la cual el presidente puede disolver la AN. La posibilidad de disolución del parlamento es una característica del sistema parlamentario, como compensación a los poderes de destitución del gabinete ministerial por parte del parlamento. La AN puede puede censurar destituir al vicepresidente y a los ministros y se considera pertinente dar al presidente de la república la facultad de disolver la AN, en el supuesto de remoción del vicepresidente en 3 oportunidades dentro de un mismo periodo presidencial. El decreto de disolución conlleva la
convocatoria de elecciones para una nueva legislatura, dentro de los 60 días siguientes a su desilusión. La AN no puede ser disuelta en el último año de su periodo const. Se remite al pueblo la decisión fundamental sobre el destino de la AN puede ratificar la mayoría hostil del presidente o decide modificar la correlación de fuerzas de la Asamblea, inclinando la balanza a favor del presidente y las políticas que desea proyectar. Permanece siempre la posibilidad de recurrirse a la revocación del mandato presidencial si así lo impulsa la iniciativa popular. El poder legislativo nacional, la AN y el estatuto del diputado. Tiene a su cargo el ejercicio del poder legislativo que se entiende como la rama del poder público a la que compete la función de sancionar las leyes. Es ejercido por una Asamblea Nacional cuya estructura unicameral obedece al propósito de simplificar el procedimiento para la formación de las leyes, reducir los costos de funcionamiento, erradicar la duplicación de órganos de administración y control. Se establece la obligación constitucional de abrir procesos de consulta de los proyectos de ley que se discutan en el seno de la Asamblea Nacional, a los otros órganos del estado, a los ciudadanos y a la sociedad La AN elige de su seno un presidente y dos vicepresidentes y fuera de su seno un secretario y un subsecretario por el periodo de un año Art. 194, la asamblea distribuye su trabajo en comisiones que son reglamentadas en su número no más de 15 permanentes, por la const. Art. 193. Tiene su explicación en evitar la reincidencia, en la proliferación de comisiones, con las consiguientes cargas burocráticas. El constituyente del 61 dejo completamente la regulación de las comisiones al reglamento. El primer periodo de sesiones ordinarias de la AN comienza el 5 de enero o el día posterior más inmediato y dura hasta el 15 de agosto. El segundo período comienza el 15 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Con este calendario de reuniones la AN trabaja prácticamente ininterrumpidamente todo el año. Además puede reunirse en sesiones extraordinarias. Durante el corto receso de la AN funciona la comisión delegada integrada, por el presidente de la asamblea, los vicepresidentes y los presidentes de las comisiones permanentes. La AN se integra por diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional con base poblacional del 1,1 % de la población total del país Art. 186. Para garantizar una representación básica de todos los Estados, la const, dispone q cada entidad elige, tres diputados a los q se le suman tres diputados representantes de los pueblos indígenas. La const. Cierra la posibilidad a los denominados diputados adicionales. El número q gira alrededor de los 165 diputados, reduce significativamente el número de parlamentarios nacionales en relación a lo pautado por el sistema electoral derogado. Aunque es posible la reducción sustancial del número de parlamentarios ello no comporta un argumento de peso para rebatir la permanencia del senado.
Las condiciones de elegibilidad de los diputados Art. 188, son: Ser venezolano por nacimiento o por naturalización con por lo menos quince años de residencia en el territorio venezolano; Ser mayor de veintiún años de edad y Haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección. El estatus del diputado exige dedicación exclusiva y una vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión y la de la asamblea. En concordancia con el derecho de los ciudadanos a exigir rendición de cuentas a sus representantes Art. 66, Los diputados deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores de la circunscripción en la cual fueron electos Art. 197. La dedicación exclusiva a su vez implica que los diputados de la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales y asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva Art. 191. Las inelegibilidades para optar a una diputación Art. 189 sigue las pautas de la Const. Del 61. Por otra parte la const. Prescribe que los diputados de la Asamblea Nacional no podrán ser propietarios, administradores o directores de empresas que contraten con personas jurídicas estatales a objeto de no gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas. Así como deben abstenerse cuando surjan conflictos de intereses económicos en que se encuentren involucrados Art. 190. El periodo del mandato de los diputados a la AN tiene una duración de 5 años pudiendo ser reelegidos aunq nunca indefinidamente como lo establecía la const. del 61, por dos periodos consecutivos como máximo Art. 192. siemp0re el diputado puede renunciar a su investidura, así como puede ser revocado su mandato por iniciativa de los electores q lo eligieron. En el supuesto de que le fuere revocado el mandato no podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período Art. 198. la const. Admite la posibilidad de su separación temporal aunque no señale expresamente las cusas acordada por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes Art. 187. La Const. Art 201, reconoce el voto de conciencia de los diputados, quienes no están sujetos a mandatos ni instrucciones que involucran la disciplina partidista. No puede el diputado bajo ningún concepto ser impelido a observar un determinado comportamiento a seguir. El voto de conciencia protege al diputado ante las presiones externas a su función. Debe regirse por los dictados de su conciencia donde juega un rol fundamental su percepción e interpretación de los intereses del pueblo en su conjunto como del interés del Estado q representa. El constituyente del 99 mantuvo en lo fundamental los privilegios tal como los consagraba la const. Del 61 con ligeras modificaciones: la irresponsabilidad y la inmunidad penal. Los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los miembros de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia Art. 200. La función legislativa Es la función clásica q ejerce la AN como expresión del poder legislativo, así lo destaca su primera atribución, Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional Art. 187. dado el
carácter unicameral de la AN el procedimiento de formación de la ley recibió sustanciales modificaciones respecto al estipulado por la const. Del 61. sus rasgos más resaltantes: a) la iniciativa de las leyes Art. 204, se amplia al incluir las novedosas ramas del poder publico, es decir el poder ciudadano y el poder electoral, así como a los consejos legislativos cuando se trate de leyes relativas a los Estados. En lo que se refiere a la iniciativa popular de leyes, se acogió un criterio numérico distinto al de la const. Del 61 un numero no menor de 0,1% de los electores inscritos en el registro civil electoral. La iniciativa popular de lees goza de una protección especial por parte de la const. Acorde con el principio de la democracia participativa q jerarquiza nuestra ley suprior con el fin de evitar su engavetamiento. En efecto el Art. 205, la const. Prescribe q la discusión de los proyectos de ley presentados por los electores, debe iniciarse a más tardar en el periodo de sesiones ordinarias siguiente al que haya presentado. Si no se cumple con dicha exigencia el proyecto debe someterse a referéndum aprobatorio, en los términos q disponga la ley. b) en el rol de los consejos legislativos de los estados en la legislación nacional. Como consecuencia de la supresión del senado, el constituyente aprobó la consulta a los Estados, a través de sus consejos legislativos, cuando la AN legisle en materias a ellos referidas. Se estipula la obligación a prescribirse en la correspondiente ley, de establecer mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás instituciones de los Estados por parte de sus respectivos consejos legislativos, en dichas materias Art. 206. c) la constitución Arts. 207, 208, 209, 210, 211 y 212, establece el procedimiento de formación de la ley. La primera discusión considera la exposición de motivos del proyecto de ley y se evalúan sus objetivos, alcance y viabilidad a fin de determinar la pertinencia de la ley para de inmediato discutir su articulado en su globalidad; una segunda fase se inicia cuando una vez aprobada la ley en 1era discusión, se remite a la comisión permanente directamente relacionada con la materia, o una comisión mixta, si mas de una comisión esta involucrada para su consideración. La comisión debe presentar su informe en un plazo no mayor de 30 días consecutivos; la 3era fase se abre con la segunda discusión de la ley realizada art. Por art. La const. Acorde con la obligación de la AN de organizar y promover la participación ciudadana en la legislación Art. 187, prescribe la consulta a las instituciones del Estado y de la sociedad organizada en el proceso legislativo, así como el derecho de palabra de sus representantes en la discusión Art. 211. d) la promulgación de la ley corresponde al presidente Arts. 214 y 215, la const. Sigue los lineamientos de la const del 61. Aquí el presidente conserva el veto suspensivo, de acuerdo al cual puede solicitar a la AN la modificación de algunas de las disposiciones de la ley sancionada, e incluso q levante la sanción a toda la ley o a parte de ella. e) la constitución distingue las leyes ordinarias, los códigos, las leyes especiales, las leyes orgánicas, las leyes de bases y las leyes habilitantes. Las leyes ordinarias son las leyes sin calificación ninguna en la const. Bastando con cumplir para su actualización con el procedimiento de formación de las leyes en ella establecido. La const. Denomina como códigos Art. 202, a las leyes que reúnen sistemáticamente las normas relativas a determinada materia. La calificación de código es facultativa de la AN. Las leyes especiales son aquellas que así denomina la const. Art. 312, desde el punto de vista formal deben llenar los mismos requerimientos de la ley ordinaria. Las leyes organicas conforme al Art. 203 de la const. Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para
desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. La cont. Plasma los supuestos en los q encaja el concepto de ley organica. Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que la propia Constitución así califica, deberá ser previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas, antes de su promulgación, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica la ley perderá este carácter. Las leyes de bases conforman una categoría única constitucional de leyes prevista p0ara regular las materias objeto de competencias concurrentes entre los órganos del poder público, el poder publico estadal y el poder publico municipal. La const no determina ninguna formalidad particular para la discusión de las leyes de bases. El Art. 165 conecta las leyes de base con las leyes de desarrollo aprobadas por los Estados en lo atinente a la regulación de las materias objeto de competencias concurrentes en lo cual se indica que las leyes de bases deben concentrarse en el marco, las directrices y los propósitos de la concurrencia competencial cuya concreción aplicativa corresponde las denominadas leyes de desarrollo aprobadas dentro del ámbito estadal. Las leyes habilitantes son aquellas leyes q delegan en el presidente la potestad de legislar. Las leyes habilitantes son leyes de autorización Art. 203 y 236, al presidente para dictar decretos con fuerza de ley. La const. Impone exigentes parámetros q limitan tanto en lo material como en lo formal los alcances de la delegación legislativa. Derecho del Trabajo III Lunes 19072004 Naturaleza jurídica del amparo constitucional Los autores no se han puesto de acuerdo acerca de la naturaleza jurídica del amparo constitucional. Algunos consideran que el amparo es un recurso; otros por el contrario, estiman que es un juicio. La Ley Orgánica de Amparo señala que el amparo es una acción o solicitud, y su tramitación la califica de un procedimiento que termina en una sentencia. El amparo no es un recurso, pues éste, por su esencia, supone la existencia de un acto o sentencia que es objeto de impugnación para su revisión y modificación. En materia administrativa, los recursos se proponen directamente al órgano autor de la decisión (recurso de revisión) o al superior (recurso jerárquico), a objeto de que revisen el acto administrativo y procedan a su anulación o modificación. En materia judicial, los recursos ordinarios (apelación, consulta, invalidación y de casación), persiguen que el Juez anule, revoque o modifique la sentencia, providencia, orden o resolución dictada por otro órgano judicial. El amparo no persigue la revisión de un acto, sino la inmediata restitución de los derechos y garantías constitucionales violados o amenazados de violación por el acto, hecho u omisión proveniente de un órgano del Estado o de un particular. La sentencia de amparo no es declarativa, pues la sentencia de este tipo se agota con la sola declaración de la existencia o inexistencia del derecho, teniendo una retroactividad total (ex tunc); tampoco es una sentencia en sentido positivo un dar o un
hacer, ya sentido negativo, un no hacer o abstención, y sus efectos se retrotraen hasta el día de la demanda; tampoco es una sentencia constitutiva, ya sea modificando, ya sea sustituyendo por otro, careciendo de efecto retroactivo, proyectándose éstos siempre hacia el futuro (ex nunc). La sentencia de amparo se ubica más bien en la categoría de las sentencias cautelares, en la medida en que no prejuzgan sobre la juridicidad del acto causante del agravio ni se pronuncian en torno a la validez o nulidad, sino únicamente en cuanto a que el hecho, acto u omisión configuran la violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales del solicitante del amparo. De allí que la desestimación del amparo no afecte la responsabilidad civil o penal en que hubiese podido incurrir el autor del agravio, ni prejuzga sobre ninguna otra materia. Conclusión Consideramos que el amparo es equiparable a un proceso cautelar y restitutorio, tendente únicamente a la constatación de la violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucional, a objeto de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las partes las vías ordinarias para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que haya lugar en derecho. Efectos del amparo Los derechos y garantías constitucionales no involucran directamente nulidades, ni indemnizaciones, sino que otorgan situaciones jurídicas esenciales al ser humano: individual o como ente social, por lo que no resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pide el quejoso en la solicitud, sino la situación fáctica ocurrida en contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella produce, que el actor trata de que cesen y dejen de perjudicarlo. Consecuencia de esta situación, es que lo que se pide como efecto de un amparo puede no ser vinculante para el tribunal que conoce de la acción, ya que el proceso de amparo no se rige netamente por el principio dispositivo, porque si bien es cierto que el Juez Constitucional no puede comenzar de oficio un proceso de amparo ni puede modificar el tema decidendum, no es menos cierto que como protector de la Constitución y de su aplicación en todos los ámbitos de la vida del país, tal como se desprende de los artículos 3 y 334 de la Constitución, existe el interés constitucional de que quienes pidan la intervención del poder judicial en el orden constitucional reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones o minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones, como tampoco sin extralimitaciones provenientes del objeto de sus pretensiones, ya que de ser así el Juez Constitucional estaría obrando contra el Estado de Derecho y Justicia que establece el Artículo 2 de la Constitución vigente. (Sala Constitucional, sentencia N° 7 de 01/02/2000). ³Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.´
Procedimiento de Juicio de amparo constitucional según sentencias vinculantes de la Sala Constitucional Antes de abordar el desarrollo del procedimiento en el juicio de amparo constitucional, nos parece pertinente transcribir los párrafos más resaltantes de la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del 01 de febrero de 2000, bajo ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, que deslinda los parámetros bajo los cuales debe desarrollarse el nuevo procedimiento de amparo constitucional con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. Dado el carácter vinculante de esta sentencia, los Tribunales de la República, incluidas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, están obligados a acatarla, de conformidad con el artículo 335 constitucional. De igual manera, se incluye el tema del procedimiento del amparo sobrevenido y de la facultad revisora de la Sala Constitucional, que resulta de la sentencia N° del 20/01/2000 (caso Emery Mata Millán). Artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. dice así el texto de la primera de dichas sentencias: Caracteres generales del nuevo procedimiento de amparo Por mandato del artículo 27 de la Constitución de la República, el procedimiento de la acción de amparo Constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades. Son las características de oralidad y ausencia de formalidades que rigen estos procedimientos, las que permiten que la autoridad judicial restablezca, a la mayor brevedad, la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Artículo 27 ejusdem. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantía constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser impuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. La aplicación inmediata del artículo 27 de la Constitución, conmina a la Sala a adaptar el procedimiento de amparo establecido en la Ley Orgánica de Amparo a las prescripciones del Constitucional 27.
El debido proceso en el procedimiento de amparo Por otra parte, todo proceso jurisdiccional contencioso debe ceñirse al artículo 49 de la Constitución, que impone el debido proceso, el cual; como lo señala dicho artículo, se aplicará sin discriminación a todas las actuaciones judiciales por lo que los elementos que conforman dicho proceso deben estar presentes en el procedimiento de amparo, y, por lo tanto; las normas procesales contenidas en la Ley Orgánica de Amparo deben igualmente adecuarse a las prescripciones del citado artículo 49. Artículo 49 ejusdem. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer el tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier caso de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y actuar contra éstos o éstas. En consecuencia, el agraviante, tiene derecho a que se le oiga a fin de defenderse, lo que involucra que se le notifique efectivamente de la solicitud de amparo; de disponer del tiempo, así sea breve; para preparar su defensa; de la posibilidad, que tienen todas las partes, de contradecir y controlar los medios de prueba ofrecidos por el promovente, y por esto, el procedimiento de las acciones de amparo deberá contener los elementos que conforman el debido proceso.
Carácter vinculante del fallo Ante esas realidades que emanan de la Constitución, la Sala Constitucional, obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo 335 ejusdem, de establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, las cuales serán, en materia de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo, distinguiendo si se trata de amparos contra sentencias o de los otros amparos, excepto el cautelar, de la siguiente forma: A. Procedimiento en todo tipo de amparo, excepto contra sentencias La solicitud debe ir acompañada de la oferta probatoria y de la producción de la prueba escrita con que se cuenta para el momento de incoar la acción. Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante, además de los elementos descritos en el citado artículo 18, deberá señalar también en su solicitud, las pruebas que desea promover, siendo una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre otros instrumentos a producir, aquellos que sean auténticos. Artículo 16 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales: La acción de amparo es gratuita por excelencia. Para su tramitación no se empleará papel sellado ni estampillas y en caso de urgencia podrá interponerse por vía telegráfica. De ser así, deberá ser ratificada personalmente o mediante apoderado dentro de los tres (3) días siguientes. También procede su ejercicio en forma verbal y, en tal caso, el Juez deberá recogerla en un acta. Artículo 18 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales: En la solicitud de amparo se deberá expresar: 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; 2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante; 3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización; 4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación; 5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo; 6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos. Valoración de pruebas
El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos, valorándose las pruebas por la sana crítica, excepto la prueba instrumental, que tendrá los valores establecidos en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil para los documentos públicos, y en el artículo 1363, para los documentos privados auténticos y otros que merezcan autenticidad, entre ellos los documentos públicos administrativos. Artículo 1.359 del Código Civil de Venezuela.- El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos constar. Artículo 1.360 ejusdem.- El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación. 2º. De los Instrumentos Privados Artículo 1.363 ejusdem.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones. Trámite de admisión del amparo Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo por aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de Amparo, admitirán o no el amparo, ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas, o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud, para lo cual se señalará un lapso, también preclusivo. Todo ello conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo. ARTICULO 17 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales: El Juez que conozca de la acción de amparo podrá ordenar, siempre que no signifique perjuicio irreparable para el actor, la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros. Se entenderá que hay perjuicio irreparable cuando exista otro medio de comprobación más acorde con la brevedad del procedimiento o cuando la prueba sea de difícil o improbable evacuación. ARTICULO 19 ejusdem: Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible. Citación del presunto agraviante, modos de practicarla, formalidades y lapso de comparecencia
Admitida al acción, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes contadas a partir de la última notificación efectuada. Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad, la notificación podrá ser practicada mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico, o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por el Alguacil del mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el Secretario del órgano jurisdiccional en autos, constancia detallada de haberse efectuado la citación o notificación y de sus consecuencias. Desarrollo de la audiencia constitucional En la fecha de la comparecencia a la audiencia oral y pública, las partes propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozcan de la causa en primer instancia, y ésta o éste decidirán si hay lugar a pruebas, caso en el cual el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que éste es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él, se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso. Consecuencias de la Falta de Comparecencia de las Partes La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral, producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo. Artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: Si el Juez no optare por restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, conforme al artículo anterior, ordenará a la autoridad, entidad, organización social o a los particulares imputados de violar o amenazar el derecho o la garantía constitucionales, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la respectiva notificación, informe sobre la pretendida violación o amenaza que hubiere motivado la solicitud de amparo. La falta de informe correspondiente se entenderá como aceptación de los hechos incriminados. La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el tribunal considere que los hechos alegados afecten el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme el principio general contenido del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo, la materia de amparo es de orden público y el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyeren necesarias. Artículo 11 del Código de Procedimiento Civil.- En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes. En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá
en vigencia mientras no cambien las circunstancias y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa. ARTICULO 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: La acción de amparo, tanto en lo principal como en lo incidental y en todo lo que de ella derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva, es de eminente orden público. Las atribuciones inherentes al Ministerio Público no menoscaban los derechos y acciones de los particulares. La no-intervención del Ministerio Público en la acción de amparo no es causal de reposición ni de acción de nulidad. Litis consorcio En caso de litis consorcios necesarios activos o pasivos, cualquiera de los litis consortes que concurran a los actos, representará al consorcio. (Principio de la Representación Recíproca). Admisión y Evacuación de Pruebas En la misma audiencia, el órgano jurisdiccional decretará cuáles son las pruebas admisibles y necesarias, y ordenará, de ser admisibles - también en la misma audienciasu evacuación, que se realizará en ese mismo día, con inmediación del órgano jurisdiccional, en cumplimiento del requisito de la oralidad pudiendo el Juez diferir para el día siguiente la evacuación de las pruebas. Elaboración de las actas del debate oral y de las pruebas En las audiencias orales, se grabarán o registraran las actuaciones cumplidas en el procedimiento, las cuales se verterán en actas que permitan al Juez de la Alzada conocer el devenir probatorio, a cuyo efecto se levantará acta de lo actuado, que firmarán el Juez, el Secretario y todos los intervinientes. Los Jueces Constitucionales están facultados para interrogar a las partes y a los comparecientes. Oralidad Debido al mandato constitucional de que el procedimiento de amparo no debe estar sujeto a formalidades, los trámites bajo los cuales se desarrollarán las audiencias y la evacuación de las pruebas, si fueran necesarias, las dictará el tribunal que conozca del amparo, siempre manteniendo la igualdad entre las partes y el derecho de defensa. Todas las actuaciones serán públicas, a menos que por protección a derechos civiles de rango constitucional, como el comprendido en el artículo 60 de la Constitución, se decida que los actos orales sean a puerta cerrada, pero siempre como inmediación del tribunal. Artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.
Relación de la causa Una vez concluido el debate oral o las pruebas, el Juez o el Tribunal en el mismo día, estudiará individualmente el expediente o deliberará (en los casos de los Tribunales colegiados) y podrá: Plazo para dictar la decisión A. Decidir inmediatamente; en cuyo caso dispondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo; el cual deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco días siguientes a la audiencia en la cual se dictó la decisión correspondiente. El fallo lo comunicará el juez o el presidente del Tribunal Colegiado pero la sentencia escrita la redactará el ponente o quien el Presidente del Tribunal Colegiado decida. B. Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de 48 horas, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público. Efectos del fallo El dispositivo del fallo surtirá los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo, mientras que la sentencia se redactará de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 ejusdem. ARTICULO 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: El Juez que acuerde el restablecimiento de la situación jurídica infringida ordenará, en el dispositivo de la sentencia, que el mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. ARTICULO 32 ejusdem: La sentencia que acuerde el amparo constitucional deberá cumplir las siguientes exigencias formales: A) Mención concreta de la autoridad, del ente privado o de la persona contra cuya resolución o acto u omisión se conceda el amparo; B) Determinación precisa de la orden a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su ejecución; C) Plazo para cumplir lo resuelto. Recursos contra la decisión Contra la decisión dictada en primer instancia, podrá apelarse dentro de los tres días siguientes a la publicación del fallo. La apelación se ubica en un solo efecto, a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que, por excepción, tenga una sola instancia. De no apelarse, pero ser el fallo susceptible de consulta, deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo; esto es, que la sentencia sea consultada con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente el expediente, dejando copia de la decisión para la ejecución inmediata, por el juzgado a quo. El juzgado superior decidirá en un lapso no mayor de treinta días. La falta de decisión equivaldrá a una denegación de justicia, a menos que por el
volumen de consultas a decidir se haga necesario prorrogar las decisiones conforme al orden de entrada de las consultas al Tribunal de la segunda instancia. ARTICULO 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días. Procedimiento de la segunda instancia A los efectos de facilitar la labor revisora a cargo de los jueces superiores, debe darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, ajustándolo, desde luego; a la especial naturaleza del procedimiento de amparo. En este sentido, las intervenciones y las declaraciones de las partes, las declaraciones de testigos y cualquiera otra diligencia del Tribunal que deban hacerse constar en el acta, podrán ser tomadas mediante el uso de algún medio técnico de reproducción o grabación del acto, por disposición del Tribunal o a solicitud de alguna de las partes. A tal efecto, la grabación se hará bajo la supervisión del Juez, quien ordenará realizar la versión escrita de su contenido, la cual será incorporada a las actas del expediente en el mismo día, previa su lectura y aprobación por las partes y terceros que hayan participado en los actos el acta será firmada además por el Juez y el Secretario. El fallo vinculante del Tribunal Supremo objeto de estos comentarios dice textualmente "que el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil regirá la confección de las actas, a menos que las partes soliciten que los soportes de las actas se envíen al Tribunal Superior". Artículo 189 del Código de Procedimiento Civil.- El acta deberá contener la indicación de las personas que han intervenido y de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se han cumplido las diligencias de que hace fe; debe además contener la descripción de las actividades cumplidas y de los reconocimientos efectuados. El acto deberá ser suscrito por el Juez y por el Secretario. Si han intervenido otras personas, el Secretario, después de dar lectura al acta, les exigirá que firmen. Si alguna de ellas no pudiere o no quisiere firmar, se pondrá constancia de ese hecho. Las declaraciones de las partes, las posiciones juradas, las declaraciones de testigos y cualesquiera otras diligencias del Tribunal que deban hacerse constar en acta, podrán ser tomadas mediante el uso de algún medio técnico de reproducción o grabación del acto, por disposición del Tribunal o por solicitud de alguna de las partes. En estos casos, la grabación se mantendrá bajo la custodia del Juez, el cual ordenará realizar la versión escrita de su contenido por el Secretario o algún amanuense bajo la dirección de aquél, o por alguna otra persona natural o jurídica, bajo juramento de cumplir fielmente su cometido. En todo caso el Secretario, dentro de un plazo de cinco días agregará al expediente la versión escrita del contenido de la grabación, firmada por el Juez y por el Secretario. Si ninguna de las partes hiciere objeción al acta, señalando expresamente alguna inexactitud, la misma se considerará admitida, pasados que sean cuatro días de su consignación en los autos. En caso de objeciones, el Juez fijará día y hora para la revisión del acta con los interesados, oyendo nuevamente la grabación. De lo resuelto por el Juez en ese acto, no habrá recurso alguno.
El costo de la grabación estará a cargo del solicitante, y en caso de disponerla de oficio el Tribunal, será de cargo de ambas partes. B. Procedimiento del amparo contra sentencias Con el fin de mantener el orden sistemático, a continuación haremos una ligera glosa del fallo vinculante del Tribunal Supremo del 01/02/2000. En los amparos contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más. Inmediatamente que sea presentada la solicitud se le admitirá y se ordenará la notificación del juez o encargado del Tribunal, así como las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral. En esa oportunidad el Juez señalado como causante del agravio y las partes manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Solicitud Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia. Actuación de las partes y terceros Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse parte en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública. Consecuencias de la falta de comparecencia del Juez autor del fallo impugnado a la audiencia oral La falta de comparecencia del juez que dicte el fallo impugnado o de quien este a cargo el Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada. C. Recurso de Revisión Ejercido por la Sala Constitucional La labor revisora de las sentencias de amparo que atribuye el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución a la Sala, será realizada en forma selectiva, sin atender a recurso específico y sin quedar vinculada la Sala por peticiones de las partes. Se trata de una vía excepcional que ejerce la Sala discrecionalmente, siempre que se trate de una sentencia definitivamente firme dictada en amparo constitucional, como lo exige el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución. Por sentencia firme se entiende un fallo contra cual se hayan hecho valer los recursos ordinarios de impugnación establecidos en las leyes, razón por la cual el fallo objeto del recurso de revisión exige que la sentencia haya sido
dictada por un Tribunal que haya conocido del asunto en segunda instancia, bien sea con motivo de la apelación intentada por la parte perdidosa o con motivo de la consulta legal que exige el procedimiento de amparo. Ese poder se extiende también al desacato por parte de las demás Salas de ese Tribunal Supremo de Justicia, a los fallos vinculantes dictados por la Sala Constitucional de conformidad con lo establecido en la disposición constitucional anteriormente citada. Artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ³Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:...´ ³...10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva...´ Es oportuno acotar que la Sala no queda circunscrita en su poder de revisión a los señalamientos concretamente formulados por la parte afectada por el fallo impugnado, pudiendo la Sala declarar de oficio su nulidad si considera que los hechos probados tipifican otra infracción constitucional. Ejercido por los demás jueces Todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley; están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución mediante el ejercicio del control difuso, a cuyo efecto; en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, aplicarán preferentemente las disposiciones constitucionales con lo cual coadyuvan con el Tribunal Supremo en la delicada tarea de garantizar la supremacía de la Constitución. D. Procedimiento del amparo sobrevenido Nuevo criterio El tratamiento de la figura del amparo sobrevenido ha sufrido una importante modificación en el fallo vinculante de la Sala Constitucional objeto de estos comentarios, en el sentido de que no se intentará en adelante ante el mismo Tribunal autor del agravio, sino ante el Tribunal Superior que conozca de la apelación. Órganos competentes Dice al efecto el fallo en cuestión: "las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quién cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica de Amparo." Procedimiento cuando las violaciones no surgen de una decisión judicial Cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso, debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de
funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien los sustanciará y decidirá en cuaderno separado. Razones que justifican la instauración del nuevo régimen procedimental del amparo sobrevenido Con esta posibilidad, se hace evidente la necesidad de mantener esta importante manifestación del amparo constitucional, debido a la ventaja de ser dictada dentro el mismo proceso del cual se produce la lesión o amenaza de lesión de derechos constitucionales, manteniéndose así el principio de la unidad del proceso, a no tener que abrirse causas procesales distintas -con los retardos naturales que se producirían- para verificar si efectivamente se ha producido la violación denunciada. Igualmente, se lograría la inmediación del juez con la causa que se le somete al conocimiento, la cual no sólo incidiría positivamente en la decisión del amparo interpuesto, sino que también pudiera aportar elementos de juicio necesarios para tomar medidas, bien sean cautelares o definitivas, en la causa principal y en el propio amparo. Naturaleza de la tutela judicial efectiva Un aspecto a considerar en el procedimiento de amparo es la aplicación de la tutela judicial efectiva, ese nuevo concepto que sea de paso en nuestro Derecho como garantía del derecho del ciudadano a tener acceso a la justicia en forma expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles. Se ha dicho que el derecho a la tutela judicial efectiva, es de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido. De allí que la Constitución señala que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). Artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. En un Estado social del derecho y de justicia (artículo No. 2 de la Constitución Nacional), que garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 ejusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando de que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el Constitucional 26 instaura. (Sala Constitucional, sentencia N° 708 de 10/05/2001). Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Infracción de la tutela judicial efectiva Este criterio de la tutela judicial efectiva ha llevado a la Sala Constitucional a considerar que la decisión de un Tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción en la situación jurídica de quien interpone la acción y del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual puede ser analizado de oficio por el juez constitucional aunque no haya sido alegado por los accionantes. (Sala Constitucional, sentencia N° 708 de 10/05/2001). La tutela judicial efectiva conlleva también a que las personas llamadas a un proceso, o que de alguna manera intervengan en el mismo en condición de partes, gocen ampliamente del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa; a que se respete el debido proceso; a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable; y, a que, una vez dictada sentencia motivada, ésta se ejecute, a los fines que se verifique cabalmente la efectividad de sus pronunciamientos (Sala Constitucional, sentencia N° 72 de 26/01/2001).
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References: Artículo 27
 Artículo 18
 Artículo 27
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 Artículo 7
 Artículo 18
 resolución 
 Artículo 2
 artículo 335
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 artículo 27
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 artículo 49
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 artículo 1363
 Artículo 1
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 artículo 23
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 artículo 11
 artículo 14
 Artículo 11
 resolución 
 artículo 60
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 artículo 29
 artículo 32
 resolución 
 artículo 35
 artículo 189
 artículo 189
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 artículo 429
 artículo 336
 artículo 336
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 Artículo 257
 Artículo 26