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Timestamp: 2017-04-29 13:28:03+00:00

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CIUDADES PARA TODOS ENTRE RÍOS: 2010
Un análisis crítico de la legislación argentina (XI) Por Silvia Augsburger
Un análisis crítico de la legislación argentina (X) Por Melinda Lis Maldonado
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Mª Jesús González González Universidad de León. Departamento de Geografía
Mª Luisa de Lázaro y Torres Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Geografía Humana
AGENDA DE PUNTOS CRÍTICOS Elaborada sobre la base de los comentarios de la Dra. Marian Santos OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA
- Tener en cuenta el concepto del derecho a la ciudad para todos - Plantear un esquema normativo viable políticamente, teniendo en cuenta las restricciones y márgenes de actuación de nuestra organización institucional y su relación con el actual sistema capitalista.
- Propiciar la implementación de patrones democráticos y participativos en la planificación y gestión de nuestras ciudades y territorios. - Tener en cuenta la necesaria intersectorialidad de las políticas públicas, articulando las políticas urbanísticas y territoriales con las demás políticas sectoriales.
Artículo 1.- La provincia, los municipios y las comunas, en el marco de sus respectivas competencias, llevarán adelante políticas de ordenamiento territorial, regulación del uso del suelo y planificación del desarrollo urbano, rural y regional. En la planificación y ejecución de estas políticas se aplicará lo previsto en esta ley, en la ley orgánica de municipios, en la ley de comunas, y en la carta orgánica municipal respectiva, en lo que correspondiere. Para todos los efectos, esta ley establece normas de orden público e interés social en pos del bien colectivo, de la mejora de la calidad de vida de los habitantes y de la capacidad del territorio para servir como soporte del desarrollo humano y el desarrollo sustentable. Artículo 2.- Las políticas de ordenamiento territorial y de planificación urbana y regional tienen como finalidad general ordenar el pleno desarrollo de la función social de la ciudad y del territorio, mediante los siguientes principios y objetivos básicos: 1) garantizar el derecho de todos los habitantes a gozar de territorios y ciudades sustentables, comprensivo del derecho al ambiente sano, a la vivienda digna, a infraestructura de servicios públicos básicos, a equipamiento comunitario, a transporte público adecuado, a espacios públicos integradores y seguros, a espacios verdes suficientes y ámbitos adecuados para el trabajo, la comunicación, la cultura, la recreación y el deporte, en especial destinados a los sectores de menores recursos. 2) gestión democrática, a través de la participación permanente de los ciudadanos y de asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad en la formulación, ejecución, seguimiento, control, y evaluación periódica de los planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo urbano y regional; y a través de la concertación de políticas y cooperación entre la provincia, los municipios, las comunas, y las instituciones que lo requieran, en los casos que correspondiera; 3) planificación permanente del desarrollo urbano y regional, de la distribución espacial de la población y de las actividades económicas en el territorio, de modo de evitar las distorsiones del crecimiento y sus potenciales efectos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población; 4) ordenamiento, control y gestión de políticas de uso del suelo, de forma de evitar: a) la utilización inadecuada de los inmuebles urbanos y rurales; b) la proximidad excesiva de usos incompatibles o inadecuados; c) la subdivisión del suelo, la edificación, la intensidad de ocupación, o el uso del suelo inadecuados o excesivos y/o insuficientes en relación a la infraestructura de servicios públicos, teniendo en cuenta el carácter urbano o rural; d) la retención especulativa de inmuebles urbanos, cuyo resultado sea la subutilización, la no utilización, o la utilización con usos inadecuados; e) el deterioro de las áreas urbanas y rurales; f) la contaminación ambiental; 5) integración y complementación armoniosa entre las actividades urbanas, suburbanas y rurales; 6) adopción de patrones de producción y consumo de bienes y servicios y de configuración territorial compatibles con los requisitos de la sustentabilidad económica, social y ambiental; 7) justa y equitativa distribución de las cargas y los beneficios derivados del proceso de urbanización y de las transformaciones territoriales; 8) adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria, financiera y presupuestaria a los objetivos del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, de modo de privilegiar las inversiones generadoras de bienestar general en condiciones de mayor eficacia y eficiencia, y el disfrute de los bienes públicos por parte de los diferentes sectores sociales, en especial de aquellos más vulnerables; 9) recuperación por parte del Estado de las plusvalías o rentas extraordinarias generadas por inversiones públicas que tengan como resultado la valorización de inmuebles; 10) protección, preservación, recuperación y valorización del ambiente natural y cultural, del patrimonio histórico, artístico, urbanístico, paisajístico y arqueológico; 11) requisito de audiencia pública previa frente a todo emprendimiento o actividad con efectos potencialmente negativos sobre el ambiente natural o construído, la calidad de vida o la seguridad de la población. La participación en la audiencia pública respectiva será obligatoria para los municipios y comunas involucrados; 12) regularización dominial y urbanización de áreas ocupadas por población de bajos ingresos, mediante el establecimiento de normas especiales de urbanización, uso e intensidad de ocupación del suelo y edificación; teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de los pobladores y las posibilidades de integración a la trama urbana consolidada; 13) armonización y racionalización de las normas de subdivisión, uso e intensidad de ocupación del suelo y de edificación, de modo de permitir la disminución de los costos y el aumento de la oferta de inmuebles y unidades habitacionales; 14) igualdad de condiciones para los agentes públicos y privados en la promoción y desarrollo de emprendimientos y actividades relativos al proceso de urbanización, atendiendo al interés público. 15) El ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo urbano y regional son funciones públicas no susceptibles de transacción ni delegación, que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Esta facultad no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecido en las leyes. El ejercicio de las potestades públicas deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve. COMPETENCIAS SOBRE EL TERRITORIO
Es por ello que la autonomía municipal y comunal, bandera que reivindicamos y levantamos, no debe malinterpretarse como un localismo cerrado ni como una competencia estéril entre localidades. Por el contrario, las competencias y las acciones concretas sobre el territorio deben articularse de la manera más efectiva posible, asumiendo la provincia un rol activo en dotar a los municipios y comunas de recursos con los que éstos no cuentan, y explotando al máximo las posibilidades de la cooperación intermunicipal y la integración regional. En este sentido, el borrador de anteproyecto de ley establece lo siguiente: Artículo 3.- Es competencia de la provincia: 1) dictar normas generales de ordenamiento territorial, regulación del uso del suelo, y planificación del desarrollo urbano, rural y regional; 2) dictar normas para la cooperación entre la Nación, provincias y países limítrofes, municipios y comunas, en la relación a las políticas objeto de la presente ley; 3) promover, planificar y ejecutar, por iniciativa propia y a través de acciones concertadas con municipios y comunas, programas de construcción y rehabilitación de viviendas, dotación de infraestructura de servicios públicos, equipamiento comunitario y mejoramiento de áreas urbanas; 4) elaborar y poner a disposición de los municipios y comunas directrices y pautas indicativas para la planificación del desarrollo urbano y la regulación de los usos del suelo; 5) elaborar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar de manera periódica y permanente planes provinciales y regionales de ordenamiento territorial y de desarrollo sustentable; 6) elaborar y ejecutar planes específicos de ordenamiento territorial y desarrollo rural en las áreas no sujetas a ninguna jurisdicción municipal ni comunal. En estos casos se tendrá especialmente en cuenta las necesidades y demandas de la población residente en el área, así como también su armonización con las de los municipios y comunas colindantes. Artículo 4.- Es competencia de los municipios y comunas: 1) dictar normas de ordenamiento territorial, regulación del uso del suelo, y planificación del desarrollo local, dentro de los límites de su jurisdicción; 2) elaborar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar de manera periódica y permanente planes de ordenamiento territorial y desarrollo local sustentable; 3) participar en planes de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable de los organismos de carácter departamental y/o regional de los que forme parte; SISTEMA DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO
La propuesta pretende definir condiciones mínimas de los instrumentos de planificación. Hemos preferido inclinarnos por un criterio que establece que cada nivel territorial formula y aprueba sus propios planes e instrumentos, evitando la aprobación compleja, en la que el municipio dicta y la provincia convalida. De todas maneras, dado que no concebimos a la autonomía municipal como un absoluto, municipios y comunas están obligados a respetar ciertas pautas. En tal sentido, queda abierta la posibilidad de introducir presupuestos mínimos por parte de la Provincia. Con respecto a la actualización de los planes, los municipios deben evaluar y actualizar permanentemente los planes, estando sujetos a aprobación legislativa cada 5 años. La participación ciudadana y la gestión democrática de las ciudades y los territorios están previstas en diversos artículos, así como el derecho al acceso a la información pública vinculada a la gestión del territorio. Herramientas tales como la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto urbano son tenidas en cuenta, previendo la necesaria articulación con la reglamentación de estos institutos en otras normas, fundamentalmente la ley general del ambiente en proceso de redacción, dado que los dos primeros tienen rango constitucional a partir de 2008. CRITERIOS DE TÉCNICA URBANÍSTICA
Deberá evaluarse la posibilidad e incluir un capítulo referido a esta temática, para definir aspectos instrumentales tales como contenido de los instrumentos, tipos de planes, manejo de los usos, etc.; más allá del contenido mínimo de los planes maestros municipales previsto en el artículo 24. Deberá incluirse la utilización de indicadores y parámetros urbanos, con criterios de sostenibilidad. DEFINICIONES SOBRE OPERACIONES BÁSICAS SITUADAS EN EL TERRITORIO
Deberán incluirse definiciones sobre ciertas intervenciones críticas en el territorio, es decir los presupuestos mínimos para algunas configuraciones territoriales clave: usos del suelo en áreas de cuenca, manejo integral de recursos hídricos, áreas ecológicamente estratégicas no urbanizables, preservación de áreas productivas y forestales, acceso a cursos y espejos de agua, criterios para habilitar suelo en áreas de expansión, completamiento de tejido, densificación en altura, consolidación de centros urbanos, provisión de servicios públicos, sistemas de áreas verdes, gestión patrimonial, sistema vial, etc. RELACIÓN ENTRE POLÍTICA URBANA, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DEL SUELO CON LAS DEMÁS POLÍTICAS SECTORIALES Este es un tema crucial. Si bien el borrador de anteproyecto de ley prevé la creación de un Consejo del Plan Estratégico, deberá tenerse en cuenta la necesaria articulación con otros ámbitos de rango constitucional como el Consejo Económico y Social y el ente ambiental. Es muy importante lograr un sistema que asegure suelo correctamente localizado y urbanizado para las políticas específicas de vivienda, articulando esfuerzos con el instituto provincial de vivienda. La ley deberá ocuparse del suelo tanto urbano como rural, previendo las interrelaciones entre uno y otro. La ley de Mendoza puede servir como un antecedente útil en este sentido. TIPOLOGÍAS DE URBANIZACIÓN
ARTICULO 2º.- Objetivo de la Comisión. La Comisión tendrá como objetivo central la elaboración de un anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo para la Provincia de Entre Ríos. A tal efecto la Comisión tendrá en cuenta la necesidad de garantizar la operatividad de lo previsto en los Artículos 22, 23, 25, 68, 69, 71, 72, 83, 84, 85, y 86 de la Constitución Provincial, y la debida armonización con otras normas. A tales fines deberá obligatoriamente considerar los siguientes principios y objetivos generales:
1) garantizar el derecho de todos los habitantes a gozar de territorios y ciudades sustentables, comprensivo del derecho al ambiente sano, a la vivienda digna, a infraestructura de servicios públicos básicos, a equipamiento comunitario, a transporte público adecuado, a espacios públicos integradores y seguros, a espacios verdes suficientes y ámbitos adecuados para el trabajo, la comunicación, la cultura, la recreación y el deporte, en especial destinados a los sectores de menores recursos. 2) gestión democrática, a través de la participación permanente de los ciudadanos y de asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad en la formulación, ejecución, seguimiento, control, y evaluación periódica de los planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo urbano y regional; y a través de la concertación de políticas y cooperación entre la provincia, los municipios, las comunas, y las instituciones que lo requieran, en los casos que correspondiera; 3) planificación permanente del desarrollo urbano y regional, de la distribución espacial de la población y de las actividades económicas en el territorio, de modo de evitar las distorsiones del crecimiento y sus potenciales efectos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población; 4) ordenamiento, control y gestión de políticas de uso del suelo, de forma de evitar: a) la utilización inadecuada de los inmuebles urbanos y rurales; b) la proximidad excesiva de usos incompatibles o inadecuados; c) la subdivisión del suelo, la edificación, la intensidad de ocupación, o el uso del suelo inadecuados o excesivos y/o insuficientes en relación a la infraestructura de servicios públicos, teniendo en cuenta el carácter urbano o rural; d) la retención especulativa de inmuebles urbanos, cuyo resultado sea la subutilización, la no utilización, o la utilización con usos inadecuados; e) el deterioro de las áreas urbanas y rurales; f) la contaminación ambiental; 5) integración y complementación armoniosa entre las actividades urbanas, suburbanas y rurales; 6) adopción de patrones de producción y consumo de bienes y servicios y de configuración territorial compatibles con los requisitos de la sustentabilidad económica, social y ambiental; 7) justa y equitativa distribución de las cargas y los beneficios derivados del proceso de urbanización y de las transformaciones territoriales; 8) adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria, financiera y presupuestaria a los objetivos del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, de modo de privilegiar las inversiones generadoras de bienestar general en condiciones de mayor eficacia y eficiencia, y el disfrute de los bienes públicos por parte de los diferentes sectores sociales, en especial de aquellos más vulnerables; 9) recuperación por parte del Estado de las plusvalías o rentas extraordinarias generadas por inversiones públicas que tengan como resultado la valorización de inmuebles; 10) protección, preservación, recuperación y valorización del ambiente natural y cultural, del patrimonio histórico, artístico, urbanístico, paisajístico y arqueológico; 11) requisito de audiencia pública previa frente a todo emprendimiento o actividad con efectos potencialmente negativos sobre el ambiente natural o construído, la calidad de vida o la seguridad de la población. La participación en la audiencia pública respectiva será obligatoria para los municipios y comunas involucrados; 12) regularización dominial y urbanización de áreas ocupadas por población de bajos ingresos, mediante el establecimiento de normas especiales de urbanización, uso e intensidad de ocupación del suelo y edificación; teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de los pobladores y las posibilidades de integración a la trama urbana consolidada; 13) armonización y racionalización de las normas de subdivisión, uso e intensidad de ocupación del suelo y de edificación, de modo de permitir la disminución de los costos y el aumento de la oferta de inmuebles y unidades habitacionales; 14) El ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo urbano y regional son funciones públicas no susceptibles de transacción ni delegación, que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Esta facultad no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecido en las leyes. El ejercicio de las potestades públicas deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve. La enumeración que antecede no se entiende como limitativa ni prohibitiva de toda otra consideración que la Comisión considere pertinente.-
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Proyecto de ley de Desarrollo Urbano Territorial Nacional de la diputada nacional Nilda Belous Acceder al texto completo
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE MENDOZA
Anteproyecto de ley nacional de ordenamiento territorial del Poder Ejecutivo Artículo 1.- Objeto El objeto de la presente ley es el ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo , a través de la regulación del suelo como recurso natural , económico, social, e incluyendo la localización y condicionamiento de las actividades antrópicas.
b) Los principios rectores para el ordenamiento y desarrollo territorial. c) El marco orgánico rector, operativo y de control del Ordenamiento Territorial, definiendo su conformación y funciones . d) Los instrumentos políticos, administrativos y técnico-operativos de aplicación obligatoria mínima para planificar, ejecutar, controlar y armonizar el proceso de ordenamiento territorial, en el marco institucional del proceso de ordenamiento territorial, a los fines del ordenamiento, ocupación, planificación y programación del uso, conservación y transformación del territorio así como las formas que adoptaran en su ejecución
Artículo 4.- Definición El Ordenamiento Territorial es un instrumento de política pública, destinado a orientar el proceso de producción social del espacio, mediante la aplicación de medidas que tienen por finalidad el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la población, su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos, económicos, sociales, naturales y culturales. El Ordenamiento Territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad , que se llevan a cabo mediante determinaciones que orientan el accionar sobre el suelo, de los agentes privados y públicos.
El ordenamiento territorial es una función pública indelegable, que organiza el uso del territorio de acuerdo con el interés general, determinando facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de este. Se ejerce conforme lo establezca cada jurisdicción en base a las autonomías provinciales y municipales, en forma armónica con las disposiciones de las autoridades ambientales. Los instrumentos normativos de ordenamiento territorial, tanto de naturaleza federal como local, son de orden público y las determinaciones de los planes legalmente aprobados son de carácter vinculante para las instituciones públicas, entes y servicios del Estado y los particulares .
Artículo 6.- Principios rectores. Se reconocen los siguientes principios rectores del Ordenamiento Territorial Nacional.
vii. Respeto por las autonomías: Se respetan las decisiones autónomas de las competencias provinciales y municipales, según su propio régimen. viii. Articulación institucional: La coordinación, cooperación y complementación entre sí -sin perjuicio de las competencias atribuidas a cada una-, de las entidades públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento del territorio y el fomento de la concertación entre el sector público, el privado y el social.
xi. Planificación Estratégica: El Ordenamiento Territorial en todas las jurisdicciones en que se divide el territorio nacional, se realizará en base a un proceso de Planificación Estratégica, del cual resulte una visión de futuro que establezca lineamientos para el desarrollo sustentable del territorio involucrado. xii. Coherencia de los Planes: Coherencia, articulación y armonización de los planes regionales y locales, con las normas de aplicación especificas.
xiv. Actualización y revisión del Planeamiento: Actualización en la producción de la información para la planificación y periodicidad en la revisión de las determinaciones de los Planes. xv. Recuperación pública de plusvalías: Recuperación de los mayores valores inmobiliarios producidos en el proceso de desarrollo territorial y generados como consecuencia de la inversión pública o cambios normativos generados en cualquier instancia estatal, las directrices de planificación y las determinaciones del ordenamiento del territorio.
Artículo 7.- Instrumentos Considérense instrumentos del Ordenamiento Territorial al conjunto de las normas, planes, programas, proyectos y acciones nacionales, provinciales y locales que estructuran el territorio del País.
TITULO II – DE LOS PLANES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Artículo 8.- Definición Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, proyectos, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo .
El componente general del plan, el cual estará constituido por el diagnostico de las dinámicas territoriales, los objetivos, las estrategias y los escenarios estructurales de largo plazo. i. Clasificación del uso del suelo urbano y no urbano. ii. Articulación con las políticas ambientales, fiscales, catastrales y de inversión pública.
iii. Sistemas de información y monitoreo, georeferenciados y compatibles. iv. Instrumentos de protección ambiental y patrimonial.
v. Mecanismos de distribución equitativa de costos y beneficios para el ordenamiento territorial. vi. Mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información.
Artículo 12.- Actualización del Plan Estratégico Territorial. El Plan Estratégico Territorial deberá ser actualizado en un período no mayor a cuatro (4) años, garantizando la participación de todas las jurisdicciones provinciales. Sin perjuicio de ello, las provincias podrán solicitar la revisión del mismo a través del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial
El Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial tendrá como objeto participar en la planificación, articulación, e implementación de los aspectos de la política territorial sustentable que comprometen la acción conjunta de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de reafirmar el proceso de planificación y ordenamiento del territorio nacional conducido por el Gobierno Nacional hacia la concreción de un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo. Artículo 15. Función Mediativa
b) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente; que cuente con las infraestructuras y los servicios que le son propios; que prevea espacio para dotar de vivienda adecuada a todos sus habitantes y en el que los usos se combinen de forma funcional y protegiendo el patrimonio histórico-cultural. La prosecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del Plan Estratégico Territorial, adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística . Artículo 17. De la Legitimación.
Artículo 18. Derechos sobre el suelo. Los titulares de dominio, poseedores y tenedores tienen los siguientes derechos:
d) A exigir una decisión administrativa fundada , a los recursos administrativos y al acceso rápido y eficaz a la Justicia . e) A participar de los procedimientos de elaboración de los Planes Locales de Ordenamiento Territorial Sustentable .
Artículo 19. Obligaciones con relación al suelo. Los titulares de dominio, poseedores y tenedores tienen la obligación de:
Artículo 20. Ratifícanse las Actas Acuerdo de “Bases para la creación del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial” de fecha 17 de marzo de 2008 con adhesiones complementarias y la de “Constitución del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial” de fecha 16 de diciembre de 2008. Artículo 21. Derogase la Ley Nº 16.964.
ANEXO I – GLOSARIO o Contenidos Mínimos: Elementos que obligatoriamente deben ser tratados en los Planes y normas locales de ordenamiento territorial.
o Paisaje: Cualquier espacio tridimensional del territorio tal como la percibe la población, integrado por los factores geográficos naturales modificados o no, y obras del hombre, que conforman un panorama integrado característico y dinámico del territorio en cuestión del que la población forma parte interactiva. Testigo o parte de la relación pasada o presente del hombre con su medioambiente. o Paisajístico: Relativo al paisaje o Participación Ciudadana: Intervención de los actores involucrados a fin de priorizar metas y objetivos, detectar problemas y conflictos y establecer las acciones a seguir, logrando el máximo nivel de beneficio público posible, definiendo propósitos, objetivos y metas compartidas, que permitan alcanzar los objetivos fijados por los planes .
o Planificación Estratégica: El Ordenamiento Territorial en todas las jurisdicciones en que se divide el territorio nacional, se realizará en base a un proceso de Planificación Estratégica, de la cual resulte una visión de futuro que establezca lineamientos para el desarrollo sustentable del territorio involucrado. o Principios Rectores: Lineamientos Jurídicos a los que deben adaptarse progresivamente los planes y las normativas locales.
o Suelo No urbano (Rural en sentido amplio): Comprenderá las áreas de territorio que los instrumentos de ordenamiento territorial categoricen como tales, incluyendo las subcategorías de a) Rural productiva, que podrá comprender áreas de territorio cuyo destino principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las que los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la disponibilidad de suelo productivo y áreas en que éste predomine. También podrá abarcarse como suelo rural las zonas de territorio con aptitud para la producción rural cuando se trate de áreas con condiciones para ser destinadas a esos fines y que no se encuentren en ese uso.
b) Rural natural, que podrá comprender las áreas de territorio protegido con el fin de mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el paisaje u otros valores patrimoniales, ambientales o espaciales. Podrá comprender, asimismo, el álveo de las lagunas, lagos, embalses y cursos de agua del dominio público o fiscal, del mar territorial y las fajas de defensa de costa. o Territorio: Espacio geográfico definido y delimitado por pautas institucionales, legales y el sentido de pertenencia de la comunidad, en donde se verifica una vinculación permanente de Ios procesos sociales, económicos y ambientales .
Realizó aportes a la redacción y algunas aclaraciones con relación a la definición de suelo y a los contenidos de los planes. Asimismo, contribuyó a una mejor conceptualización de la recuperación de los mayores valores inmobiliarios por cuanto ésta también puede darse por cambios en la normativa además de las obras de inversión pública. 2) Aportes de la Provincia de Chubut:
Realizó aportes sustanciales en la redacción del Anteproyecto de Ley, a fin de que este sea más claro, los que en general fueron incorporados al mismo. Incorporan al Glosario:
o MEDIO AMBIENTE: Sistema complejo, dinámico y abierto, integrado por los subsistemas humano, físico y económico. El accionar de los mencionados subsistemas está integrado por la estructura institucional vigente, que también es dinámica promoviendo o limitando los cambios de la realidad. o MEDIO HUMANO: Le corresponden los aspectos socioeconómicos del hombre considerado, tanto individual como grupalmente. o MEDIO FÍSICO: Agrupa no sólo a los componentes abióticos sino también a los seres vivos excepto al hombre, o MEDIO ECONÓMICO: Considera a los procesos y a los resultados de la generación, acopio, distribución, consumo y comercialización de bienes y servicios. La estructura institucional es el conjunto orgánico de concepciones jurídicas, administrativas, institucionales y de Políticas de Estado dirigidas a obtener la mejor y permanente calidad de vida de la población. o PAISAJE: Espacio tridimensional integrado por los factores geográficos naturales, alterados o no y obras del hombre, que conforman un panorama integrado característico y dinámico del territorio en cuestión, tanto urbano como rural, del que la población forma parte interactiva.
Incorporan al Glosario o PAISAJE: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo valor o carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Testigo o parte de la relación pasada o presente del hombre con su medioambiente.
A LA SRA. SECRETARIA DE PLANIFICACION DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Habiendo realizado una lectura del Proyecto, creo conveniente realizar las siguientes apreciaciones: En la actualidad, la nación Argentina está en la búsqueda de nuevos horizontes, de diseño e instrumentación de los escenarios estructurales y territoriales que conformarán el nuevo orden territorial, como reflejo de aspiraciones colectivas. Este nuevo orden tiene como ejes centrales la descentralización y autonomía territorial, la democracia participativa, la reestructuración de la organización territorial, el desarrollo sustentable y espacialmente armónico, el desarrollo social. La búsqueda de este nuevo orden implica cambios sustanciales en la organización y manejo del territorio y en la concepción del desarrollo que lo aproximan a la política de ordenamiento, en la cual se hacen compatibles los objetivos sociales, culturales, ambientales y espaciales que llevan implícitos los ejes señalados. La construcción de este nuevo orden implica, por tanto, la formulación de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, como estrategia de manejo integral de la ocupación del territorio, que señale directrices, planes e instrumentos que coadyuven a la solución de los graves problemas de deterioro de recursos naturales y de integración y desarrollo económico regional que afectan, de manera significativa, al territorio nacional. La política de ordenamiento territorial debe contribuir, también, a la construcción de los escenarios político-administrativos del nuevo orden territorial, especialmente en lo correspondiente a la descentralización y autonomía de las entidades territoriales.-
Dra. VIVIANA SLAME.-
Un análisis crítico de la legislación argentina (II) Por Hernán Petrelli
Un análisis crítico de la legislación argentina (I) Por Marcelo Corti
relación al tipo y la intensidad del uso asignado
ARTÍCULO 52 bis.- (Artículo incorporado por Ley 13342) Como caso particular de la categoría de Proyectos Urbanísticos Integrales prevista en el artículo precedente, créase la figura de “Conjuntos Habitacionales Preexistentes”. Quedarán encuadrados en ésta categoría los emprendimientos de viviendas promovidos por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuya construcción fuera iniciada antes del 31 de Diciembre de 2004. En tales casos la autoridad de aplicación emitirá mediante Acto Administrativo fundado un Certificado de Aptitud Urbanístico, asignando indicadores adecuados para contener los usos y volumetrías existentes. Asimismo señalará en caso de verificarse situaciones inadecuadas, las medidas que la autoridad de aplicación en materia de viviendas deba aplicar para mitigar los perjuicios que éstas urbanizaciones ocasionan. ARTICULO 53°.- En áreas rurales las parcelas no podrán ser inferiores a una unidad económica de explotación extensiva o intensiva, y sus dimensiones mínimas serán determinadas en la forma establecida por el Código Rural, como también las de aquellas parcelas destinadas a usos complementarios de la actividad rural.
Area verde Reserva Uso Público Hasta 60.000 habitantes
Perspectivas para una ley de suelos y desarrollo u...

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 artículo 24
 Artículo 1

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 7
 Artículo 8

Artículo 12
 Artículo 15
 Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 Artículo 21

ARTÍCULO 52