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Timestamp: 2020-05-26 20:58:29+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 1549/00 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43614092
Sentencia citada en: 111 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, un tema práctico
Actora: I.J.M.
En ejercicio de la acción pública, la ciudadana I.J.M. demandó el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 1 y 14 de la Ley 50 de 1990 "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones", y el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones."
Artículo 27.- Remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado"
Un salario como retribución de servicios.
El salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.
Al respecto, manifiesta que para los Congresistas, los Magistrados de las altas Cortes, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el F. General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, los artículos 264 de la Ley 5ª de 1992 y 15 de la Ley 4ª de 1992 disponen "el reajuste anual de su salario". Así mismo, afirma que el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992, "ordena al Gobierno que dentro de los diez primeros días de enero de cada año, modifique el sistema salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva Nacional, los empleados del Congreso Nacional, la Rama judicial, el Ministerio público, la F.ía General de la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la República y los miembros de la Fuerza Pública, aumentando sus remuneraciones." Explica que a diferencia de las normas citadas, los artículos demandados del Código Sustantivo del Trabajo "no señalan que la remuneración salarial debe ser incrementada anualmente."
A su juicio, dicha circunstancia constituye una "omisión legislativa relativa", que en la práctica conduce a una discriminación de los trabajadores del sector privado en relación con aquellos del sector público. A., que si bien existen normas que regulan lo concerniente a la determinación del salario anual para los trabajadores de empresas e industrias privadas - art. 8 ley 278/96 y decretos anuales que definen el salario mínimo -, las normas demandadas omiten garantizar ajustes anuales de los salarios de los empleados del sector privado que devengan más de un salario mínimo.
En primer lugar, indica que no le asiste razón al demandante al señalar que el salario es una especie de moneda. Asevera que el salario es en realidad, la contraprestación económica que se paga por el desempeño de un determinado trabajo y, si bien es cierto que en general se paga en dinero, también puede ser pagado parcialmente en especie, caso en el cual no se ve afectado por la inflación. Explica que el artículo 373 de la Carta Política señala como función del Banco de la República, velar por la capacidad adquisitiva de la moneda y no del salario y, por lo tanto, la Junta Directiva del Banco de la República, no tiene la potestad de determinar aumentos o ajustes salariales. Por lo anterior, estima que "no existe coherencia sobre la materia que es objeto de la demanda, esta es, la omisión en la regulación del incremento salarial para trabajadores que ganan más de un salario mínimo y la presunta violación al artículo 373 de la Constitución porque las nociones de salario y moneda son distintas en su naturaleza (...)."
Omisiones legislativas relativas
La Corte Constitucional se ha ocupado en numerosas decisiones sobre el tema de las omisiones legislativas. La doctrina de la Corte sobre la materia, ha indicado que (i) la Corporación únicamente puede conocer de omisiones legislativas relativas Por todas, ver sentencia C-543 de 1996. M.P.C.G.D... Tales omisiones se configuran en aquellos casos en los cuales el legislador ha regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) I.. o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad. (ii) El cargo de omisión legislativa relativa debe dirigirse contra un contenido normativo específico Por todas, ver sentencia C-427 de 2000. M.P.V.N.M., de suerte que resultan inadmisibles las acusaciones que se dirigen a derivar la omisión no de lo prescrito en una norma, sino en un sistema o conjunto de normas. Sobre este punto específico, en la Sentencia C-427 de 2000, la Corte precisó:
"Como se ve, esta Corporación ha definido que para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que se cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) que exista una norma sobre la cual se predica". En la sentencia C-427 de 2000, se citan los siguientes apartes de la jurisprudencia de la Corte, que refuerzan este argumento:
"Comoquiera que la acusación subexamine se concreta a la falta de notificación del auto que ordena la apertura de la investigación dentro del proceso de responsabilidad fiscal, lo cual, en criterio de los actores, impide una presencia activa del investigado en esa etapa procesal en términos de una defensa adecuada, es preciso aclarar que el cuestionamiento plantea una inconstitucionalidad por omisión ante la inexistencia de un trámite dentro de dicha actuación, lo cual no guarda relación directa con ninguno de los contenidos normativos mencionados en la norma acusada, puesto que, como se vio, ella versa únicamente sobre la forma en que se inicia el proceso de responsabilidad fiscal y el señalamiento de las etapas que en el mencionado proceso adelantan los organismos de control fiscal.
"Lo anterior impide un pronunciamiento de fondo acerca del contenido material del precepto demandado pues el cargo de inconstitucionalidad no se contrae a enjuiciar los ordenamientos consignados en la norma ni las previsiones allí establecidas, sino, como se ha expresado, a resaltar la ausencia de una determinada actuación procesal posterior, en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, debiendo en consecuencia la Corte declararse inhibida para proferir decisión de mérito constitucional, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia." (resaltado fuera de texto) Sentencia C-540 de 1997, M.P.H.H.V..
"7. No obstante lo anterior, resulta necesario explicar que la inconstitucionalidad por omisión no puede ser declarada por el juez constitucional sino en relación con el contenido normativo de una disposición concreta, que por incompleta resulta ser discriminatoria. Es decir, son inconstitucionales por omisión aquellas normas legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero la omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en razón de la carencia de objeto en uno de uno de los extremos de comparación.
`La acción pública de inconstitucionalidad no puede entablarse contra una norma jurídica por lo que en ella no se expresa, sino que tiene lugar únicamente respecto del contenido normativo de la disposición acusada.' (Sentencia C-073 de 1996. M.P.D.J.G.H.G.) (resaltado fuera de texto) Sentencia C-146 de 1998, M.P.V.N.M.."
El contenido normativo de las normas acusadas. Ausencia de regulación sobre reajuste salarial. Incompetencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre omisiones legislativas absolutas.
La demandante acusa el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo, el literal c) del artículo 1 de la Ley 50 de 1990, la expresión "constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable..." del artículo 14 de la misma ley y la expresión "será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo" del artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
"La acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales. (...)
Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta" (Sentencia C-543/96. M.P.C.G.D..
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 39583 de 14 de Agosto de 2012

References: artículo 27
 artículo 18

Artículo 27
 artículo 4
 artículo 373
 artículo 373
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 18