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Timestamp: 2018-05-22 15:44:51+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/308/2007, 18-04-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/308/2007 de 18 de Abril de 2007
Se inadmite a trámite la solicitud de suspensión del acto impugnado en base a perjuicios de imposible o difícil reparación según los artículos 233 de la LGT (Ley 58/2003) y 46 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa (aprobado por Real Decreto 520/2005), ya que la entidad se ha limitado a invocar los perjuicios de imposible o difícil reparación que provocaría la ejecución del acto impugnado, que es una medida cautelar consistente en embargo de determinadas parcelas. Sin embargo, la documentación aportada para justificar la suspensión resulta insuficiente para conocer la situación económico-financiera y patrimonial, de forma que permita al Tribunal Económico-Administrativo Central apreciar que el impacto que la ejecución del acto impugnado tendría sobre la misma unos perjuicios que pudieran calificarse de irreparables o de difícil reparación. No resulta aplicable como fundamento para la suspensión solicitada la doctrina de la apariencia del buen derecho.
En la Villa de Madrid, a 18 de abril de 2007 vista la Pieza Separada de Suspensión al expediente número 308/07 R.G. formalizada ante este Tribunal Económico Administrativo Central en virtud de la solicitud realizada por ..., S.L. y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., en torno a la suspensión de la ejecución de los actos que a continuación se dice.
PRIMERO.- En fecha 13 de diciembre de 2006, la entidad ..., S.L., interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, contra acuerdo del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ... de 24 de noviembre de 2006, por el que se adopta la medida cautelar prevista en el apartado b) del punto 3 del artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por importe de 13.222.266,28 euros, además de los intereses y costas, que en su caso, se devenguen en el procedimiento de apremio que proceda contra el responsable, y en su virtud se ordena el embargo preventivo de los bienes y derechos titularidad de la sociedad reclamante que se indican a continuación:
- el embargo de las fincas números ... inscritas en el registro de la Propiedad de ... nº ...
SEGUNDO.- Mediante escrito separado, presentado en igual fecha, la Sociedad reclamante solicita, al amparo de lo dispuesto en los artículos 233.10 de la Ley General Tributaria, la suspensión del acto impugnado, con dispensa de garantía, a cuyo efecto formula, en síntesis, las siguientes alegaciones: 1º) Que la ejecución del acto impugnado le ocasionaría perjuicios de imposible o difícil reparación por cuanto las parcelas embargadas preventivamente en el P.G.O.U. de ..., fueron adquiridas para su transmisión a las cooperativas de viviendas que gestiona, adquisición que se hizo parte con fondos propios y parte con prestamos hipotecarios sin que la sociedad tenga capacidad para hacer frente a las obligaciones derivadas de los mismos. Por tanto, mientras se mantenga el embargo sobre las citadas parcelas, las mismas no pueden ser transmitidas, ni las cooperativas destinatarias del suelo podrán obtener financiación hipotecaria de préstamos promotores con tal fin, generándose una situación en la que la sociedad no podrá hacer frente a las obligaciones financieras, ni los adquirentes podrán proceder a adquirirlas. Situación que aboca a la mercantil a una situación insostenible y con ello a las Sociedades Cooperativas; 2º) Que la Ley exige que las medidas cautelares resulten proporcionadas, dándose la circunstancia en el presente caso que para garantizar una deuda de 11.018.555,23 euros a la que se limitaría la posible responsabilidad de la reclamante se le han embargado bienes cuyo valor neto aproximado es de 18.703.824,01 euros; 3) Existencia a su favor de "fumus boni iuris", como puede constatarse de las alegaciones y prueba documental aportada en el expediente de derivación de responsabilidad y 4) Inexistencia de "periculum in mora" e ineficacia de la acción recaudatoria, por cuanto las medidas cautelares adoptadas no aportan efectividad en la ejecución de una posible resolución, toda vez que, de mantenerse, tienen como resultado seguro la insolvencia de la mercantil.
Con la solicitud de suspensión se acompaña la siguiente documentación: Estudio económico financiero de la mercantil en soporte magnético; Resumen de estructura financiera y tesorería de la entidad y Copia del escrito de alegaciones presentadas en el expediente de derivación de responsabilidad
TERCERO.- En el presente caso, la sociedad reclamante manifiesta, en primer lugar, que la ejecución del acto impugnado le ocasionaría perjuicios de imposible o difícil reparación ya que mientras se mantenga el embargo sobre determinadas parcelas, las mismas no pueden ser transmitidas, ni las cooperativas destinatarias del suelo podrán obtener financiación hipotecaria de préstamos promotores, generándose una situación que podría abocar a la mercantil a una situación insostenible, acompañando, en acreditación de lo así alegado, un estudio económico financiero de la mercantil en soporte magnético y un resumen de su estructura financiera y tesorería, documentación a todas luces insuficientes para conocer la situación económico financiera y patrimonial de la interesada, de forma que permita a este Tribunal apreciar que el impacto que la ejecución del acto impugnado tendría sobre la misma provocaría unos perjuicios que pudieran calificarse de irreparables o de difícil reparación, y no simples perjuicios económicos derivados de toda ejecución, siendo necesario, como así ha recogido el Tribunal Supremo, una prueba al menos racionalmente indiciaria de que la ejecución causaría perjuicios de tal carácter, prueba indiciaria que, en este supuesto, no se produce al limitarse la recurrente a alegarlos aportando, como único medio probatorio, la documentación anteriormente indicada cuyo análisis no permite a este Tribunal deducir en modo alguno dicho carácter, carácter fundamental para poder acceder a la suspensión solicitada que no se puede presumir y que así ha sido recogido por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su sentencia de 18 de enero de 1998 al establecer en su Fundamento de Derecho Tercero que "lo prioritario no es la incidencia del interés público, como elemento inicial a ponderar en orden a la suspensión, sino la reparabilidad o no del daño derivado del acto, entrando en juego aquel factor, al que alude la exposición de motivos de la ley (se está refiriendo a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), y una constante jurisprudencia, en combinación con el de reparabilidad, y no en sustitución de éste".
Por otra parte, debe señalarse que el acto cuya suspensión se solicita consiste en un acuerdo de adopción de medidas cautelares, acto que por su propia naturaleza, resulta fácil de entender que, en caso de accederse a la solicitud de suspensión, más que detener la eficacia de un acto administrativo, tal medida cautelar se transformaría en una estimación anticipada, aunque no definitiva, del asunto, lo cual excede a la finalidad del instituto de la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, por lo que en definitiva de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 46 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la inadmisión de la presente solicitud, debe procederse a inadmitir la presente solicitud de suspensión.
CUARTO.- Así mismo se alega la entidad reclamante la procedencia de la suspensión solicitada dada la existencia a su favor del principio de buen derecho como puede constatarse de las alegaciones y prueba documental aportada en el expediente de derivación de responsabilidad.
En este sentido debe señalarse que, si bien es cierto que tal doctrina se ha incorporado como criterio jurisprudencial para decidir la procedencia de una concreta medida cautelar y, singularmente, la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado, no lo es menos que el propio Tribunal Supremo en varias resoluciones -Sentencias de 17 de octubre de 1990, 13 de octubre de 1991, y Auto de 1 de diciembre de 1997 (Rec. 2469/1997)-ha declarado que al suponer la apelación al principio del "fumus boni iuris" una invitación a que la Sala entre en el fondo del asunto, el Tribunal en la pieza de suspensión debe extremar su prudencia y no establecer, al decidir sobre dicha suspensión, indicaciones que puedan distorsionar, acaso, los planteamientos del asunto principal, por lo que la suspensión del acto administrativo por esa alegación requiere que la nulidad del mismo sea absolutamente ostensible, patente, manifiesta y evidente a todas luces, lo que en el caso examinado no ha sido acreditado. Asimismo, ese Tribunal, en varias resoluciones -Autos de 31 de enero de 1994 y 16 de mayo de 1995 y Sentencias de 12 de febrero de 1996, entre otras- ha declarado que el criterio del "fumus boni iuris" debe tenerse en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una disposición de carácter general declarada previamente nula de pleno derecho, o bien cuando se impugna en acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente, pero no al predicarse la nulidad de un acto, como sucede en el presente caso, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión en el proceso principal, pues de lo contrario, se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la vigente Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de la solicitud de suspensión formulada por ..., S.L. en pieza separada de suspensión al expediente número 308/07 R.G., en orden a la suspensión de la ejecución del acto en él reclamado, ACUERDA: Inadmitir a trámite la citada solicitud.
Sentencia Administrativo Nº 50/2010, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1356/2007, 25-01-2010
Orden: Administrativo Fecha: 25/01/2010 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Piquer Torrome, Jose Luis Num. Sentencia: 50/2010 Num. Recurso: 1356/2007

References: Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 81
 artículo 46
 Real Decreto 
 artículo 24
 resolución