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Jose Orlando Sanchez Cristancho and the murder of Monita Retrechera
Beneficio de Litigar- Gozaini Codigo Comentado
11001-03-15-000-2008-00638-00(REV)
Las Garantías Constitucionales y La Regla de Exclusión Probatoria en El Proceso Penal
Comentario Bibiliográfico (La Nueva Imagen de La Casación Penal. Daniel Pastor) - Díaz Cantón
ANALISIS DE CASACIÓN Nº 10
JURISPRIDENCIA_MEXICO CONTRADICCIÓN DE TESIS 1542005-PS. MEXICO
55. Problemas de Comunicación
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS ESPAÑOLES PARA CONOCER LOS HECHOS TERRORISTAS OCASIONADOS EN LONDRES POR ALQUAEDA
(LOGICA2)Carga d La Prueba
Casacin 28935 Eduardo Delgado Villalba y otros
Proceso No 28935
Magistrado Ponente Dr. JOS LEONIDAS BUSTOS MARTNEZ Aprobado acta nmero 191
Bogot, D.C., primero de julio de dos mil nueve.
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casacin presentado por el defensor de los acusados Eduardo Andrs Delgado Villalba, scar Fabin Vargas Barrera, Luis Edison Marn Trujillo y Davison Mosquera Berro, contra la sentencia del 30 de agosto de 2007 con la cual el Tribunal Superior de Medelln resolvi el recurso de apelacin que se interpuso contra el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, el cinco de junio de ese mismo ao.
Aproximadamente a la siete y cuarenta y cinco de la noche del jueves primero de junio de dos mil seis, Sal Linfrey Manco Jaramillo, comerciante del municipio de Bello, en compaa de su novia Magda Meja abord un taxi que los trasportara hasta el barrio Machado de esa localidad. A la altura de las bodegas de ALMABIC, concretamente en el desvi que tiene la autopista para continuar hasta el sector de Machado, un vehculo Renault Symbol de placas EKT 628, color gris en el que se movilizaban varios hombres intercept al taxi, uno de ellos, arma en mano, se acerc, tom por el cuello al seor Manco Jaramillo y lo mont en el automvil Symbol. La seora Magda Meja inform a las autoridades lo sucedido a travs del sistema 123. El GAULA de la Polica Metropolitana despleg el operativo correspondiente y hacia las once y treinta de la noche el Patrullero Csar Martn Agudelo, advirti sobre la Autopista Norte un vehculo de caractersticas y placa similares al Symbol en el que se introdujo a Sal Linfrey Manco Jaramillo, por lo que requiri a la Central con el fin de que la Polica de Girardota lo interceptara.
Cuando la polica de ese lugar procedi a identificar a las personas que se movilizaban en el vehculo, se present Eduardo Andrs Delgado Villalba conduciendo la camioneta de placas BSY 459, se identific como Capitn del GAULA del Ejrcito y dio la orden al conductor del Symbol de placas EKT 628 de continuar la marcha, sin permitir la requisa ni la identificacin de los ocupantes. Despus de una intensa persecucin nuevamente la Polica intercept el automotor y estableci que esas personas eran Oscar Fabin Vargas Barrera, Subteniente del Ejrcito adscrito al GAULA Militar del Oriente Antioqueo, los soldados profesionales de la misma entidad Davison Mosquera Berro y Luis Edison Marn Trujillo. En poder de Mosquera Berro se encontraron varios elementos: telfonos celulares, una cadena, un dije, una pulsera y diversas llaves que pertenecan y llevaba consigo Sal Linfrey Manco Jaramillo, desaparecido desde ese da.
1. El 15 de junio de 2006, el Juzgado 3 Penal Municipal de Bello con funcin de control de garantas, realiz las
audiencias preliminares de formulacin de imputacin e imposicin de medida de aseguramiento. El Juez aval la imputacin realizada por el fiscal e impuso la medida de detencin preventiva en establecimiento de reclusin, tambin solicitada por dicho sujeto procesal. 2. El Fiscal 47 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medelln y Antioquia, present escrito de acusacin en contra de los imputados por los delitos de desaparicin forzada, hurto, empleo ilegal de la fuerza pblica y suministro de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. 3. Realizado el trmite correspondiente al juicio, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medelln, dict sentencia el 5 de junio de 2007 con la cual conden: 3.1 A Eduardo Andrs Delgado Villalba a la pena de 44 aos y dos meses de prisin, multa de 2737.21 salarios mnimos legales mensuales, por los delitos de desaparicin forzada agravada, receptacin y empleo ilegal de la fuerza pblica. 3.2 A Oscar Fabin Vargas Barrera y Luis Marn Trujillo, a 43 aos y 6 meses de prisin y multa de
2727.21 salarios mnimos legales mensuales, por los punibles de desaparicin forzada y receptacin. 3.3 A Davison Mosquera Berro a la pena de 46 aos y dos meses de prisin, y 2727.21 salarios mnimos legales mensuales de multa, por los delitos de desaparicin forzada agravada, receptacin y hurto calificado. 3.4 De manera accesoria impuso a los sentenciados la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones pblicas por el trmino de 20 aos y los conden al pago de 1.300 salarios mnimos por concepto de perjuicios morales ms la suma de $72000.000 como reparacin del dao material ocasionado con los ilcitos. En la misma decisin absolvi a Delgado Villalba del cargo que se le formul por el delito de suministro de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. La condena por el delito de receptacin se fundamenta en que el automotor Symbol que utilizaron los acusados en el secuestro y desaparicin de Sal Manco Jaramillo, haba sido hurtado a Efran del Cristo lvarez Martnez el 30 de marzo de ese mismo ao. 4. La decisin anterior fue apelada por el defensor de los acusados quien cuestion la valoracin de algunos medios de prueba, de los cuales el a-quo dedujo la
responsabilidad de los acusados en las conductas imputadas. De igual modo, apel de la decisin el apoderado de un sector de las vctimas (la compaera, la hija, los progenitores
y los hermanos del desaparecido)
indemnizacin de perjuicio tasada por el juez y por la absolucin de Delgado Villalba por el delito de suministro de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas. El apoderado de los restantes afectados (tas y sobrinos
del seor Manco Jaramillo)
sentencia, porque se desestimaron sus pretensiones indemnizatorias. Por su parte, el agente del Ministerio Pblico apel el fallo para que se revocara la condena impuesta a Delgado Villalba por el delito de empleo ilegal de la fuerza pblica. 5. El Tribunal Superior de Medelln, a travs de la sentencia cuestionada, revoc parcialmente la decisin de primera instancia y absolvi al Delgado Villalba del cargo de empleo ilegal de la fuerza pblica. En lo dems, confirm el fallo objeto de apelacin con la
aclaracin de que las penas principales que se le imponen al acusado EDUARDO ANDRS DELGADO VILLALBA, al ser condenado por los delitos de DESAPARCIN FORZADA AGRAVADA
y RECEPTACIN, sern de CUARENTE Y TRES (43) AOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIN y MULTA DE 2727 SMLMV.
En forma adicional, dispuso que la Fiscala investigara las actuaciones al parecer ilcitas de los testigos Claudia Escobar Gil, Ober Weimar Ibargen Loaiza, Luis Carlos Martnez Cristancho, y los comandantes de guardia en el GAULA Oriente a cuya custodia se encontraban los libros de control que, segn lo verificado en la actuacin, fueron falsificados.
DEMANDA DE CASACIN
Al amparo de la causal tercera del artculo 181 del Cdigo de Procedimiento Penal, el actor formula un nico cargo que denomina: Violacin indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho y de derecho, recados sobre diversos medios de prueba. La censura apunta a que los yerros en la produccin y apreciacin de diversos medios de prueba, condujeron al sentenciador a tener por demostrada la autora y la responsabilidad penal de los acusados en las conductas punibles que derivaron su condena, desconociendo la existencia de dudas razonables y la consecuente inaplicacin del principio universal de in dubio pro reo.
Para evitar repeticiones innecesarias, en la respuesta que dar al cargo, la Corte precisar y examinar los mltiples reparos que frente a cada prueba expone el demandante1.
AUDIENCIA DE SUSTENTACIN DEL RECURSO
Intervencin del impugnante. El demandante se ratifica en el contenido de la demanda y resalta tan solo que se trata de un caso en el que los sentenciadores aluden a la apreciacin conjunta de la prueba, concepto que, asegura, emerge como una mera entelequia, pues de haberse empleado el resultado del proceso habra sido diferente, porque se impona reconocer, al menos, la existencia de dudas insalvables que conduciran a la absolucin de los acusados, de acuerdo a lo planteado en el libelo. La Fiscal Delegada ante la Corte, por su parte, solicita desestimar el cargo planteado de manera que no se case la sentencia impugnada. Analiza los reparos que el recurrente formula a diversos medios probatorios y pone de presente el desacierto en que incurre, porque los examina y cuestiona en forma
En esa tarea el actor tiene en cuenta cerca de 23 medios de prueba, frente a los cuales sostiene que el sentenciador incurri en plurales errores tanto en la produccin como en la apreciacin de los mismos.
conjunta de la prueba. Frente a la finalidad del recurso de casacin acogi la exposicin con la cual el censor reclama un pronunciamiento de la Corte sobre los siguientes tpicos: i) el valor del sealamiento del acusado en la audiencia de juicio oral por el testigo de cargo y ii) de las manifestaciones anteriores del testigo en los aspectos que acusa el recurrente.2 En relacin con los ataques que ste formul al testimonio de Magda Janeth Meja Gonzlez, considera contradictorio que el demandante cuestione el retrato hablado elaborado por un tcnico del CTI guiado por la descripcin suministrada por la testigo, porque tal elemento probatorio lleg al juicio precisamente a instancia de la defensa que solicit su descubrimiento, de manera que la actuacin de este sujeto procesal no puede ser utilizada en casacin para cuestionar el fallo. Adems, agreg, el retrato no es una fotografa sino la descripcin general de la morfologa de una persona, de manera que no se puede exigir que contenga los rasgos precisos de quien se pretende identificar.
Cuando (i) El testigo al que se le lee la entrevista no es el mismo testigo cuya credibilidad se pretende impugnar. Esto es, la manifestacin previa se hace valer en contra del acusado como impugnacin, aun cuando se ley durante el testimonio de otro testigo y (ii) El testigo ante quien se lee la manifestacin previa no se pronuncia sobre la misma en el curso de su testimonio (mucho menos la reconoce, la autentica o la admite) amparado, por ejemplo, en el derecho a la no autoincriminacin, lo que obviamente impide que se presente un interrogatorio subsiguiente a la lectura y el contrainterrogatorio de los dems intervinientes.
Sostuvo, adems, que la ley de la ciencia a la que alude el demandante (constancia de tamao), no fue debatida en el juicio razn por la cual tampoco la desconoce el fallo recurrido. De todas maneras, el retrato (elemento con el que se
relaciona aqul principio), no se requera en la actuacin,
pues en el operativo adelantado por la Polica tras la desaparicin del seor Manco Jaramillo, se identific con prontitud a las personas que intervinieron en la ejecucin del delito. En sntesis, la Fiscal Delegada puntualiza que el conjunto probatorio en los demuestra ilcitos que los los acusados fueron intervinieron por que
condenados; que no se presenta ninguno de los errores a los que alude el demandante y tampoco procede reconocer la duda en este asunto, razn por la cual solicita que no se case la sentencia. El apoderado de las vctimas considera que el actor realiz un ataque parcial e individualizado de las pruebas, el cual contrasta con la valoracin conjunta y ceida a las reglas de la experiencia efectuada por el Tribunal Superior. Lo que pretende el recurrente, agrega, es preponderar la historia paralela que propuso la defensa a lo largo del
proceso, para hacer ver que, a pesar de todas las pruebas, de los elementos materiales y las evidencias fsicas debe generados en el la juicio, duda los en acusados torno a son su inocentes de los cargos formulados o que por lo menos, reconocrseles responsabilidad en los ilcitos. Argumento que si bien resulta legtimo por provenir de dicho sujeto procesal, carece de respaldo en el proceso. Por esa razn, teniendo en cuenta que los reproches formulados en el libelo no permiten acreditar la pretensin de la demanda, solicit que se desestime el cargo.
1. En la demanda el actor proclama la necesidad de que la Corte profiera una sentencia dirigida al cumplimiento de las finalidades del recurso relativas a la unificacin de la jurisprudencia en torno a: i) el sealamiento del acusado en la audiencia del juicio oral por el testigo de cargo, y ii) el valor de las manifestaciones anteriores del testigo adems, al para impugnar respeto por su las credibilidad . Alude, garantas de los
intervinientes, la efectividad del derecho material y la reparacin de los agravios sufridos por aquellos; temas frente a los cuales la Corte efecta el siguiente anlisis.
1.1 En torno al primer punto, sostiene que es adecuada la oportunidad para ahondar en el tema relacionado con el reconocimiento del autor o partcipe de la conducta, efectuado por un testigo y el valor que tal reconocimiento tiene cuando se hace dentro del juicio. Aclara que la jurisprudencia ha tenido oportunidad de pronunciarse en relacin con el carcter precario del reconocimiento fotogrfico efectuado ante los investigadores, porque si bien puede ser considerado como un mtodo vlido para encauzar la investigacin en torno a una persona, para que pueda tener mrito persuasivo en el juicio oral es indispensable que en la investigacin se practique el reconocimiento en fila de personas. No obstante, agrega, la jurisprudencia no ha abordado directamente el tema que propone, esto es, si los fiscales deben o no agotar el reconocimiento en fila de personas, o si pueden optar entre acudir a ste o al sealamiento como parte del interrogatorio directo de la vctima en el juicio. En relacin con los fines de la casacin, cuando lo que pretende el demandante es que la Corte emita un pronunciamiento con criterio de autoridad en relacin con un determinado punto jurdico, sobre el cual no exista suficiente ilustracin y por oscuro deba ser
clarificado por va jurisprudencial, se debe indicar si lo que pide es la unificacin de posiciones encontradas sobre el particular con sealamiento de las providencias de la Corte (no de otra autoridad o autoridades) , en las que se observen posturas divergentes sobre una misma temtica, la actualizacin de la doctrina hasta el momento imperante por razn de las nuevas realidades jurdicas, polticas, econmicas o sociales que compete precisar al censor, o el pronunciamiento sobre un tema an no desarrollado. Adems, debe sealar de qu manera la decisin demandada cumple el doble objetivo de solucionar adecuadamente el caso y servir de gua como criterio auxiliar de la actividad judicial. 3 Si bien la postulacin no atiende con rigor estas exigencias, se advierte necesario adelantar algunas breves consideraciones que permitan dilucidar la naturaleza y el valor probatorio del sealamiento que, en el juicio oral, hace la vctima o un testigo del acusado como autor o partcipe de un delito, y si tal reconocimiento se encuentra ligado a los mtodos de identificacin legalmente establecido, segn sostiene el recurrente. La primera precisin se dirige a sealar que los mtodos de identificacin se relacionan con la indagacin y la investigacin penal.4
Autos del 03-08-06 Rad. 25812; 13-02-08 Rad. 28899; 23-09-08 Rad. 29445. El Libro II, Ttulo I del Cdigo de Procedimiento Penal, trata de la indagacin y la investigacin. El Captulo IV (arts. 251 a 253) de ese ttulo, establece los mtodos de identificacin.
El artculo 251 del Cdigo de Procedimiento Penal (L.
906/04), hace alusin a los mtodos de identificacin de
personas, bien que se trata de la vctima de algn delito o, por el contrario, que corresponda al autor o partcipe de la ilicitud. Tales mtodos, adems, tienen que ver con personas vivas y tambin con aquellas que fallecieron con ocasin de una conducta punible (homicidio doloso, o
culposo), en algn tipo de siniestro, un accidente areo
por ejemplo, o en eventos de suicidio. 5 As se infiere de la norma cuando seala que para la identificacin de personas se podrn utilizar los diferentes mtodos que el estado de la ciencia aporte y
La aplicacin de tcnicas periciales en la identificacin, presenta dos vertientes: Identificacin de personas vivas y muertas. I. IDENTIFICACION DE PERSONAS VIVAS. En el mbito Civil: La confirmacin de identidad en personas reportadas como extraviadas o desaparecidas, sobre todo en menores que han evolucionado fsicamente al paso del tiempo; en personas afectadas de sus facultades mentales; determinacin de edad, como fuente generadora de derechos y obligaciones legales. En el mbito penal: La identificacin del presunto responsable de la comisin de un delito, o en su caso la reincidencia del mismo. El confirmar la identidad de un individuo y comprobar su posible transgresin criminal mediante la evidencia de su participacin en el lugar de los hechos o del sealamiento directo hecho por testigos, es tarea fundamental del rea pericial, con apoyo de tcnicas como el Retrato Hablado, Ficha Signalctica, Criminalstica, Estomatologa, etc. II. IDENTIFICACIN DE PERSONAS MUERTAS. mbito Civil: Establecer la plena identidad de personas fallecidas es requisito fundamental para los trmites de inhumacin o cremacin del cadver, as como la expedicin del Certificado de Defuncin; documento indispensable para el cobro de plizas de seguro, indemnizaciones en muertes accidentales, pensiones Institucionales, pago de gastos funerarios y diversos acto actos oficiales de la familia. Situaciones especiales se presentan con relacin vctimas de accidentes masivos en medios de transporte, donde la intervencin del Derecho Internacional se hace patente, ante la diversidad de nacionalidades; o en desastres naturales ante la multiplicidad de vctimas con caractersticas tnicas similares, en las cuales es imperante establecer su identidad. mbito Penal: En la identificacin de personas vctimas de muertes violentas como: Homicidio, suicidio, accidente o de carcter sospechoso y la consecuente investigacin de los hechos a travs del Ministerio Pblico; tendiente a acreditar la presunta responsabilidad, pugnando por la sancin legal. Tomado de criminalistica.com.mx. La pgina de Criminalstica de Mxico.
que la criminalstica establezca en sus manuales, dentro de los cuales cita las caractersticas morfolgicas de las huellas digitales, la carta dental, el perfil gentico presente en el ADN, junto con otros exmenes de sangre
o de semen; anlisis de composicin de cabellos, vellos, pelos; caracterizacin de voz; comparacin sistemtica de escritura manual con los grafismos cuestionados en un documento, o caractersticas de redaccin y estilo utilizado en el mismo; por el patrn de conducta delincuencial registrado en archivos de polica judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al caminar o correr, teniendo en cuenta la lnea direccional, de los pasos y de cada pisada.
Los artculos 252 y 253 de la codificacin en cita hacen relacin exclusiva a los mtodos de identificacin de la persona indiciada o imputada de la ejecucin de una conducta punible y tienen como finalidad individualizarla, de manera que frente a ella se dirija la indagacin o la investigacin penal. La identificacin, entendida como el acto de Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca,6 constituye una labor bsica que la Fiscala General de la Nacin y la polica judicial deben cumplir como requisito previo para adelantar la indagacin o la investigacin penal en contra de una persona. En ese orden de ideas el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Penal, frente al reconocimiento por
medio de fotografas o videos, establece que: Cuando no
exista un indiciado relacionado con el delito, o existiendo no estuviere disponible para la realizacin de reconocimiento en fila de personas, o se negare a participar en l, la polica judicial, para proceder a la respectiva identificacin, podr utilizar medio tcnico disponible que permita mostrar cualquier
imgenes reales, en fotografas, imgenes digitales o videos. Para realizar esta actuacin se requiere la autorizacin previa del fiscal que dirige la investigacin.
Y, en torno al reconocimiento en fila de personas, el artculo siguiente seala que: En los casos en que se
impute la comisin de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere comn a varias o resulte necesaria la verificacin de su identidad, la polica judicial, previa autorizacin del Fiscal que dirija la investigacin, efectuar el reconocimiento en fila de personas
En consecuencia, si la Constitucin Poltica garantiza a toda persona los derechos fundamentales a la intimidad familiar y personal y a su buen nombre (art. 15), a la honra (art. 21), a la libertad (art. 28) y al debido proceso
(art. 29);
resulta apenas elemental considerar que
cuando se involucra judicialmente a alguien con la ejecucin de una conducta punible, es porque el Estado, garante de esos derechos, cuenta no solo con elementos de juicio que lo relacionan con el delito, sino con aquellos que le permiten individualizarlo como el probable autor o partcipe del comportamiento ilcito.
La identificacin se presenta de esa forma como requisito para la formulacin de la imputacin, definida legalmente como el acto a travs del cual
la Fiscala General de la Nacin comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantas.7 (se destaca).
Este acto se dirige contra una persona en particular, previamente identificada, si se tiene en cuenta que la
Situaciones que determinan la formulacin de imputacin
surgen cuando de los elementos materiales probatorios,
evidencias fsicas o de la informacin legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partcipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los trminos de este cdigo, el fiscal podr solicitar ante el juez de control de garantas la imposicin de la medida de aseguramiento que corresponda.
La identificacin previa de la persona contra quien se dirige la actuacin tambin constituye presupuesto para ordenar su captura, pues el mandamiento escrito proferido por el juez de control de garantas, debe indicar, de forma clara y sucinta, los motivos que la determinan, as como el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado cuya aprehensin se ordena.8
Art. 286 C.P.P. Adems, el artculo 126 Ib. seala que El carcter de parte como imputado se adquiere desde su vinculacin a la actuacin mediante la formulacin de la imputacin o desde la captura, si esta ocurriere primero. A partir de la presentacin de la acusacin adquirir la condicin de acusado. 8 Artculos 297 y 298 C.P.P.
Igual exigencia se requiere con el fin de decretar la imposicin de una medida de aseguramiento, pues en la solicitud que al respecto eleve el fiscal ante el juez de control de garantas, debe indicar la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia9 Por supuesto que para efectos de la acusacin dicho presupuesto igualmente debe estar satisfecho, ya que la de fiscala los procede a presentar el escrito fsica o correspondiente ante el juez de conocimiento, cuando elementos materiales, evidencia resulte informacin legalmente obtenida, posible
afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existi y que el imputado es su autor o partcipe.10 Adems, el escrito de acusacin deber contener la individualizacin concreta del acusado , incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.11 De todo lo expuesto se concluye que los mtodos de identificacin, y de manera particular los relacionados en los artculos 252 y 253 del Cdigo de Procedimiento Penal, tienen como finalidad identificar los autores o partcipes de la conducta materia de investigacin por
Artculo 306 Ib. Artculo 336 Ib. 11 Artculo 337-1 Ib.
la Fiscala, en los casos en que no se tiene certeza de quin o quines son exactamente esos imputados. A dichos mtodos se acude, entonces, cuando no se tenga conocimiento o exista duda de la persona o personas en contra de las cules debe dirigirse la investigacin. En este sentido cabe resaltar que si el autor del
comportamiento criminal ha sido sorprendido o aprehendido en situacin de flagrancia, o la identificacin ha sido suficientemente realizada a travs de alguno o varios de los otros mtodos autorizados por la ley (art. 251), o se trata de una persona conocida por la vctima o por un testigo presencial, o el indicado o imputado ha admitido su responsabilidad en el hecho delictivo investigado, resulta evidente que en dichos eventos, esto es, en los que no hay dudas sobre la identidad del indiciado, obviamente la identificacin se entiende lograda, de modo que en tales hiptesis la diligencia de reconocimiento fotogrfico o en fila de personas, segn sea el caso, resultan superfluas.12
Resulta igualmente de inters precisar que como los mtodos de identificacin son herramientas a las que debe acudir la Fiscala en las situaciones referidas (falta
de conocimiento o duda acerca de la persona indiciada o imputada), por s solos no constituyen prueba en tanto
que en el proceso penal acusatorio el principio de inmediacin impone que En el juicio nicamente se estimar
como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pblica, oral, concentrada, y sujeta a confrontacin y
Sentencia del 29-08-07 Rad. 26276
contradiccin ante el juez de conocimiento ,13 condiciones que
no se cumplen en el trmite de identificacin. Lo anterior no obsta para que el fiscal cuando lo considere conveniente, en orden a solventar la credibilidad del testigo y de acreditar las proposiciones fcticas de su teora del caso, 14 en aspectos como la intervencin del acusado en el punible que se le imputa, traiga a juicio los documentos elaborados durante el reconocimiento, para que puedan ser autenticados y acreditados por la persona que los ha elaborado, manuscrito, producido.15 Por su parte, la defensa en el contrainterrogatorio podr impugnar la credibilidad del testigo en torno a esos mismos tpicos. Adems, si solicit el descubrimiento de los elementos alusivos a la identificacin, segn los parmetros de su inters podr interrogar directamente a ese testigo o los testigos de acreditacin. mecanografiado, impreso, firmado o
Art. 16 Ib. Baytelman y Duce consideran que el litigante debe satisfacer los siguientes objetivos con el interrogatorio directo (examen directo): i) solventar la credibilidad del testigo a travs de preguntas (de acreditacin) que permita al juzgador pesar adecuadamente la credibilidad de ese concreto testigo; ii) acreditar la proposicin fctica de la teora del caso, con preguntas destinadas a obtener un relato que sustente las proposiciones fcticas que esa teora requiere; iii) acreditar o introducir al juicio prueba material; y iv) obtener informacin relevante para el anlisis de otras pruebas, pues es comn que los testigos puedan aportar informacin que permita pesar la credibilidad de otras pruebas que se presentarn en el juicio, o contextualizar las historias o relatos que provendrn de otros testigos. Litigacin penal. Juicio oral y prueba. Ed. Fondo de Cultura Econmica, Mxico 2005. 15 Artculo 426-1 C.P.P.
De ese modo se tiene que el valor de los elementos de identificacin y su capacidad persuasiva, se descubren en el testimonio de la persona por medio de la cual se traen al juicio, el cual se rige por las reglas del interrogatorio cruzado16 y se valora segn los criterios de apreciacin previstos en el artculo 404 del Cdigo de Procedimiento Penal. Sobre el particular cabe recordar cmo la Corte ha precisado que,
De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento sea fotogrfico o en fila de personas, por s solo, no constituye prueba de responsabilidad con entidad suficiente para desvirtuar el derecho a la presuncin de inocencia, pues la finalidad del juicio no es, ni podra ser, la de identificar o individualizar a una persona sino que tiene una cobertura mayor. Esto si se tiene en cuenta que una vez lograda la identidad del autor en la fase de investigacin, por medio del juicio se debe establecer su responsabilidad penal o su inocencia en una especfica conducta delictiva, sin dejar de reconocer que es all, en el juicio, en donde el acto de reconocimiento necesariamente debe estar vinculado con una prueba testimonial vlidamente practicada, pues es en la apreciacin de sta, en conjunto con las dems pruebas practicadas, en que tal medio de conocimiento puede dotar al juez de elementos de juicio que posibiliten conferirle o
Artculo 391 Ib.
testigo.17
De lo expuesto se concluye que un
incriminatorio no depende del reconocimiento que por medio de fotografas, videos o en fila de personas se hubiere adelantado previamente, puesto que aqul se puede dar sin que en la investigacin hubiere sido necesario acudir a los mtodos de identificacin. Sin embargo, en el plano de las similitudes, pude decirse, ambas hacen parte de un testimonio. El reconocimiento que de esa forma se hace en el juicio resulta vlido como parte del interrogatorio directo adelantado por la Fiscala porque, sin duda, comporta una pregunta destinada a la verificacin de las proposiciones fcticas de su teora del caso, a travs de la solidez y credibilidad del testigo al que se le interrogue sobre el particular; de manera que en el escenario del proceso adversarial corresponder a la parte contraria o al Ministerio Pblico, oponerse a la pregunta supuesto de que viole las reglas del interrogatorio, o al juez prohibirla si se propone de manera sugestiva, capciosa o confusa. 18 Adems, la doctrina relacionada con las tcnicas del interrogatorio, destaca la importancia de que el fiscal en la pregunta final, que tiene por objeto dejar la
Sentencia del 29-08-07 Rad. 26276. Artculos 392-b y 395 del C.P.P.
informacin del caso en el punto ms alto (de mayor
inters),
haga que el testigo presencial identifique
claramente al agresor.19 En el caso que ocupa la atencin de la Sala ninguna duda surgi frente a la identificacin de las personas que intervinieron en las conductas que se juzgan, pues a pocas horas de haberlas ejecutado fueron aprehendidas por la polica en el automotor utilizado para desaparecer a Sal Linfrey Manco Jaramillo y en posesin de los elementos que la vctima portaba en ese momento. Esta circunstancia elimin la necesidad de que la Fiscala acudiera a los mtodos de identificacin, porque desde las pesquisas iniciales tuvo conocimiento pleno de la identidad de las personas indiciadas, frente a las cuales deba formular imputacin y a las que posteriormente acus ante el juez competente. El reconocimiento que en el juicio oral hizo la declarante Magda Janeth Meja, en contra del acusado Delgado Villalba como la persona que materialmente retuvo a la vctima de la desaparicin, obedeci al desarrollo normal de un interrogatorio directo en el curso de una prueba testimonial vlidamente practicada, a la que el
En la doctrina se considera que todo interrogatorio tiene cinco etapas que se diferencian por igual nmero de preguntas que no pueden faltar y deben respetar un orden especfico, a saber: i) preguntas de acreditacin, ii) preguntas de introduccin, iii) preguntas de transicin, iv) preguntas de tema principal, y v) pregunta final. Sistema Acusatorio y Tcnicas del Juicio Oral. SOLRZANO GARAVITO, Carlos Roberto.
confiri credibilidad por la correspondencia
con los restantes medios de conviccin. 1.2 En segundo lugar, el demandante invoca la
necesidad de un pronunciamiento con el que la Corte unifique la jurisprudencia en relacin con el valor de las manifestaciones anteriores del testigo, pues, asegura, no es un tema pacfico al interior de esta Sala y, adicionalmente, la jurisprudencia de la Corporacin en esta materia ha venido siendo aplicada de manera
completamente descontextualizada por algunos jueces y Tribunales del pas, reflejando un hondo desconocimiento del sistema acusatorio, al entenderla como una autorizacin para valorar cualquier manifestacin previa con tal que sea leda para el registro sin que interese que se cumplan las exigencias jurisprudenciales impuestas por esta Corte al respecto.
La finalidad que invoca el censor como pilar de procedencia del recurso de casacin en esta especie no aparece justificada, porque si bien indica el tema que debera ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corporacin e invoca la necesidad de unificar la jurisprudencia, omite relacionar las providencias en las que la Corte hubiere fijado posiciones antagnicas en esa concreta materia. Sobre el punto, baste sealar que la Sala con
anterioridad ha precisado la connotacin probatoria que revisten las declaraciones previas y los informes en las actuaciones que se surten en el sistema acusatorio
colombiano, en el sentido que si bien no tienen el carcter de prueba autnoma e independiente en los trminos del artculo 347 de la Ley 906 de 2004, pueden ser valoradas en su contenido cuando frente a ellos se ha ejercido el derecho de contradiccin durante el juicio oral, ya que en esos eventos se entienden incorporadas al testimonio rendido en dicha fase procesal. 20 Por consiguiente, si la censura propone la existencia de errores de apreciacin probatoria relacionadas con esta materia, se abordar el estudio correspondiente. 1.3 Sostiene de igual modo el censor que a travs del presente recurso pretende alcanzar el respeto de las garantas fundamentales de los intervinientes, la reparacin de los agravios ocasionados a stos y la efectividad del derecho material, sobre la base de que no se reconoci el principio de in dubio pro reo, el cual, asegura, demostr la defensa a travs de su teora del caso que finalmente no fue acogida por los jueces en las instancias. La temtica que expone la sustenta en la supuesta falta de aplicacin de la norma que establece el principio aludido y en la indebida aplicacin de las reglas probatorias que exigen como presupuesto para condenar el conocimiento por parte del juez, ms all
Sentencia de casacin de 9 de noviembre de 2006. Radicacin 25738. En el mismo sentido autos de 7-02-07 Radicacin 26727 y del 24-11-08 Rad. 30321.
de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad del acusado. El punto corresponde al cargo nico que propone, de manera que se examinar en el apartado que sigue. 2. Anlisis del cargo propuesto en la demanda. Un solo cargo propone el demandante: violacin indirecta de la ley errores de hecho y de derecho sobre diversos medios de prueba. Demanda la sentencia a la luz de la causal tercera de casacin por ser violatoria de la ley sustancial, al haber incurrido el fallador en errores de derecho y de hecho, en la produccin y apreciacin de diversos medios de prueba, los cuales lo llevaron a tener por demostrada ms all de toda duda, la autora y responsabilidad penal de los acusados en los delitos que se les imputa y, en consecuencia, a desconocer la existencia de la duda razonable que conlleva a la aplicacin del principio universal del in dubio pro reo. En relacin con la tcnica de casacin para alegar la figura aludida, la Corte tiene precisado que si el Tribunal, a pesar de reconocer en la motivacin de la sentencia la ausencia de certeza, condena en lugar de absolver con base en el principio de la duda, se debe demandar la violacin directa del artculo 7 del Cdigo
de procedimiento Penal (similar artculo en la L. 906/04 y en
la L. 600/00). Pero si lo que hace el sentenciador es
suponer certeza cuando en verdad no se puede llegar a este grado de convencimiento, la violacin a la ley sustancial se presenta por va indirecta y los cargos en casacin se deben presentar con arreglo a la causal tercera, por error de hecho en cualquiera de las modalidades. La va por la que opt el demandante, violacin indirecta, est relacionada con la materializacin de vicios de naturaleza probatoria de dos clases distintas: de hecho y de derecho. Los primeros se presentan cuando el juzgador se equivoca al contemplar materialmente el medio demostrativo; porque deja de apreciar una prueba, elemento material o evidencia fsica, pese a haber sido vlidamente presentados o practicados en el juicio oral, o porque los supone practicados en ste sin haberlo realmente sido y sin embargo les confiere mrito (falso
juicio de existencia); o cuando no obstante considerarlos
legal y oportunamente presentados, practicados y controvertidos, al fijar su contenido los distorsiona, cercena o adiciona en su expresin fctica, hacindole producir efectos que objetivamente no se establecen de ellos (falso juicio de identidad); o, porque sin cometer ninguno de los anteriores desaciertos, habiendo sido vlidamente practicada la prueba en el juicio oral, en la
sentencia es apreciada en su exacta dimensin fctica, pero al asignarle su mrito persuasivo transgrede los criterios tcnico-cientficos normativamente los establecidos para la apreciacin de ella, o
postulados de la lgica, las leyes de la ciencia o las reglas de experiencia, es decir, los principios de la sana crtica, como mtodo de valoracin probatoria (falso
raciocinio).
Los errores de derecho, a su turno, entraan la apreciacin material del medio de conocimiento por parte del juzgador, quien lo acepta no obstante haber sido aportado al juicio, o practicado o presentado en ste, con violacin de las garantas fundamentales o de las formalidades legales para su aduccin o prctica; o lo rechaza y deja de ponderar porque a pesar de haber sido objetivamente cumplidas, considera que no las rene (falso juicio de legalidad). Tambin, aunque de restringida aplicacin por haber desaparecido del sistema procesal la tarifa legal, se incurre en esta especie de error cuando el juzgador desconoce el valor prefijado al medio de conocimiento en la ley, o la eficacia que sta le asigna (falso juicio de
conviccin), correspondiendo al actor, en todo caso,
sealar las normas procesales que reglan los medios de conocimiento sobre los que predica el yerro, y acreditar cmo se produjo su trasgresin.
Por otra parte, para denunciar la violacin indirecta de normas sustanciales por errores en la apreciacin de los medios probatorios, la misma naturaleza excepcional que la casacin ostenta impone al demandante el el yerro probatorio que denuncia, deber de abordar la demostracin de cmo habra de corregirse modificando tanto el supuesto fctico como la parte dispositiva de la sentencia. Esta tarea comprende el deber de realizar un nuevo anlisis de los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia fsica presentados en el juicio; valorando los medios que fueron omitidos, cercenados o tergiversados, o apreciando acorde con los principios tcnico cientficos establecidos para cada uno en particular y las reglas de la sana crtica respecto de aquellos en cuya ponderacin fueron transgredidos los postulados de la lgica, las leyes de la ciencia o los dictados de experiencia; y excluyendo del fallo los supuestos o los ilegalmente practicados o aducidos. Dicha labor no debe ser realizada de manera insular sino conjunta, esto es, en confrontacin con lo acreditado por las pruebas debatidas en juicio y acertadamente apreciadas, tal como lo ordenan las normas procesales establecidas para cada medio probatorio en particular y las que refieren el modo integral de valoracin.
Todo ello en orden a hacer evidente la falta de aplicacin o la aplicacin indebida de un concreto precepto de derecho sustancial, pues, al fin y al cabo, es la demostracin de la trasgresin de la norma de derecho sustancial por el fallo, la finalidad de la causal tercera de casacin. De otro modo no podra concebirse el trmite extraordinario por errores de apreciacin probatoria, si su propsito no se orienta a evidenciar la afectacin de derechos o garantas fundamentales debido a la falta de aplicacin de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, pese a ser la llamada a regular el caso, o la aplicacin indebida de alguna de stas cuando en realidad no lo rige. 21 La demanda que se examina en este asunto no cumple estos presupuestos, ya que el actor en vez de atenderlos dedica su empeo a criticar la apreciacin de las pruebas efectuada por el Tribunal para establecer la responsabilidad de los acusados en los ilcitos que se les atribuye. De esa manera, en oposicin a la labor de la judicatura y con desconocimiento del mandato legal que impone la valoracin conjunta del material probatorio, toma por separado cada uno de esos medios de prueba y seala el error o la pluralidad de yerros que, en su criterio, los afecta, para concluir que el anlisis correcto, es decir, el que l propone, habra conducido a creer la versin de
Sentencia del 20-08-07 Rad. 26276.
los procesados y, en consecuencia, a reconocer el estado de duda que proclama. El actor, entonces, postula tan solo una divergencia de criterio frente a la apreciacin de las pruebas por parte del Tribunal, propsito extrao a los medios de impugnacin procesal, incluida la casacin, teniendo en cuenta que el grado de credibilidad que la prueba pueda merecerle al juzgador constituye un acto consustancial a sus funciones, las cuales debe desarrollar dentro de los lmites de la sana crtica y de la racionalidad, de manera que as no siempre se compartan sus razonamientos la decisin constituya una expresin cognoscitiva del ejercicio de una autoridad democrtica y no un acto autoritario, simplemente decisionista. Lo anterior permite adelantar que el cargo no est llamado a prosperar. Los errores que denuncia y las pruebas que
supuestamente los contienen, son los siguientes: 2.1 Retrato hablado elaborado a partir de la informacin suministrada por la testigo presencial Magda Janeth Meja Gonzlez. Afirma el actor que sobre esta prueba recae un error de hecho por falso juicio de identidad, porque el tribunal sostuvo que la descripcin morfolgica all plasmada se corresponde casi fidedignamente con la de Delgado Villalba, con
lo cual restringi la contemplacin objetiva a 4 rasgos morfolgicos con omisin de otros varios, as como la mencin de las seales particulares/accesorios y la informacin general, que tambin hacen parte de los datos contenidos en el documento. Segn dice, el Tribunal estableci que la descripcin del retrato corresponde con la morfologa del acusado, con lo cual incurri en tergiversacin y en mutilacin de la prueba, porque la testigo dijo que la persona que arrebat del vehculo a su compaero tena una estatura de 1,65 metros, contextura robusta y el cuello corto, caractersticas que no comparte el procesado. Teniendo en cuenta los trminos del reproche cabe reiterar que en el esquema del proceso penal acusatorio, el conjunto de elementos que conformar la denominada prueba material (documentos, los objetos o
cosas tangibles, Vg., revlver, y los medios audiovisuales, computacionales, etc),
llegan a la actuacin tras un
proceso de acreditacin o autenticacin que, por regla general, se adelanta a travs de un testigo. En el caso de los documentos, por ejemplo, el artculo 426 del Cdigo de Procedimiento Penal establece:
Mtodos de autenticacin e identificacin. La autenticidad e identificacin del documento se probar por mtodos como los siguientes:
1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido. 2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce. 3. Mediante certificacin expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas naturales o jurdicas. 4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina sugerida en el artculo 424.
Lo anterior conduce a concluir que los reproches que se realicen frente a la produccin y apreciacin de aquellos elementos, no pueden adelantarse al margen de la prueba que ha servido de vehculo para introducirla al juicio, esto es, el testimonio de la persona que los identifica y los acredita. De esa manera, surge evidente que el reproche se formula sin contemplacin de la prueba que en realidad debi cuestionarse, pues el documento en mencin
(retrato hablado) aparece ligado a la declaracin de
Magda Janeth Meja Gonzlez, de manera que sobre este testimonio deba proponerse el error que denuncia el demandante. En efecto, el documento por s solo no tena posibilidad de llegar al juicio. De hecho corresponde a una prueba documental, anunciada, solicitada, descubierta e incorporada a travs de la testigo Meja Gonzlez, en desarrollo del interrogatorio directo. Por consiguiente la censura ha debido dirigirse adems contra el medio por
el cual el documento accedi al juicio, precisando la clase de error con el que, eventualmente, se habran desatendido las reglas de produccin y apreciacin del testimonio. 3.2 Testimonio de Magda Janeth Meja. Segn el censor, el sentenciador incurri en dos errores de hecho por falso raciocinio, al desconocer los principios tcnicos cientficos sobre la percepcin, con lo que se apart del artculo 404 del Cdigo de Procedimiento Penal, referido a las reglas de apreciacin del testimonio. 3.2.1 En el fallo recurrido agrega el Tribunal seal que de las respuestas de la testigo Meja Gonzlez, surge que observ como caractersticas del agresor que meda cerca de 1,65 centmetros y tena el cuello corto, datos que si bien no coinciden con los del procesado Delgado Villalba, no debe olvidarse que lo observ
cuando estaba sentada en el interior del taxi y en ngulo agudo que le permita una visibilidad en direccin de abajo hacia arriba a travs de la ventanilla; y que cuando el agresor lleg hasta la puerta trasera del taxi, se inclin e introdujo parte de su cuerpo en el interior de este rodante para sacar a MANCO JARAMILLO, de tal forma que su rostro lo pudo apreciar la testigo a escasos 30 centmetros por lo que tal imprecisin en lo percibido por la testigo, en esas condiciones, es propia de las circunstancias en que la misma observ al agresor, ms no un problema de afectacin de su capacidad de percepcin, observacin o rememoracin.
Adems, dice el demandante, el sentenciador precis que con esa declaracin se corroboran varios aspectos, por ejemplo, que se incrimina como uno de los coautores
de ese delito (desaparicin forzada) al acusado DELGADO VILLALBA, al ser reconocido en forma clara, segura y contundente por la citada testigo, como la persona que descendi de un vehculo, sac a Manco Jaramillo del taxi en el que se encontraba y lo subi a aquel vehculo.
Para el recurrente el anlisis del Tribunal implica el siguiente principio tcnico cientfico en materia de percepcin: cuando el observador percibe un rostro de cerca
un rostro inclinado, en ngulo agudo con una visibilidad en direccin de abajo hacia arriba, la extensin o forma de su cuello no se exhibe debidamente a la vista.
La base fctica del error, sostiene, consiste en suponer que Magda Janeth Meja percibi al agresor nicamente cuando ste se inclin e introdujo parte de su cuerpo en el interior del automotor para sacar a la vctima del delito. Sin embargo, agrega, la percepcin de la testigo se desarroll en tres fases: i) cuando el actor se baj del vehculo gris (Symbol) y se dirigi hasta el taxi que ocupaba con el desaparecido; ii) cuando se inclin e introdujo parte de su cuerpo para sacar al seor Manco Jaramillo, y iii) cuando se alej con el retenido hasta el otro automotor.
Por este motivo, considera que el Tribunal desconoci el principio de constancia de tamao, pues justifica la equivocacin de la testigo en la descripcin de la estatura y el cuello del agresor, por la circunstancia de haberlo visto con el cuerpo inclinado y a una distancia de treinta centmetros. Apreciacin que es manifiestamente
contraria al principio tcnico cientfico de la percepcin en comento porque el cuello de una persona es percibido con un tamao constante por el cerebro a pesar de haber sido visto a diferentes distancias y desde distintos ngulos visuales. En otras palabras, este principio tcnico cientfico ensea que as el cuello de una persona se vea muy cerca y desde un ngulo de visin agudo no por eso se lo percibe de un tamao distinto al que tiene.
El error es trascendente, sostiene el censor, porque si no lo hubiere cometido el Tribunal habra entendido y manifestado que la testigo err en la apreciacin del cuello y la estatura del agresor , de manera que no poda tener como cierta la afirmacin que hizo de Delgado Villalba como la persona que sac por la fuerza a Manco Jaramillo del taxi ya que la persona indicada por la testigo es distinta del procesado. El tema al que alude el demandante se ubica en el contexto de la psicologa de la percepcin, la cual trata el concepto de constancia perceptiva en relacin con los objetos, el tamao, la forma, la posicin, la luminosidad y el color.22
Diccionario de Psicologa. Galimberti, Umberto. Consultado en books.google.com.co
En la literatura especializada se consulta que,
la constancia perceptual ocurre cuando percibimos un estmulo distal como permanente, con todo y los cambios en el estmulo proximal. La constancia de tamao, significa que un objeto parece siempre del mismo tamao con todo y los cambios en su tamao retiniano (retina). El tamao proximal de un objeto puede encogerse o expandirse, mientras que su tamao distal parece que sigue siendo el mismo. El tamao de la imagen de un objeto en la retina puede sufrir cambios con la variacin de la distancia a que se encuentra el objeto del observador. Un factor importante respecto del tamao percibido de un objeto, en condiciones de observacin normal, es que no depende nicamente del tamao de la imagen que proyecta sobre la retina. A lo largo de una variedad de distancias, el tamao percibido es un poco independiente del tamao retinal. El hecho de que el tamao percibido no cambie o sea diferente con el tamao retinal se debe a la operacin de la constancia de tamao. La constancia de forma significa que un objeto parece conservar la misma forma con todo y los cambios en su orientacin. En realidad la forma proximal de un objeto es la misma que la distal, slo si el objeto est exactamente perpendicular a la lnea de visin. En todo los dems casos, la forma prxima est distorsionada.23
Estos conceptos deben complementarse con los de sensacin y percepcin.
Tomado de Definicin www.adrilli.wordpress.com
percepcin,
bsicas, generadas por estmulos aislados simples (Matlin y Foley 1996). La sensacin tambin se define como la respuesta de {los} rganos de los sentidos a un estmulo (Feldman 1999). La percepcin es la interpretacin de esas sensaciones, dndole significado y organizacin (Matlin y Foley 1996). La organizacin, interpretacin, anlisis e integracin de los estmulos, es la actividad de nuestros rganos sensoriales y tambin de nuestro cerebro (Feldman, 1999) {por ejemplo} Cuando un msico toca una nota en el piano, sus caractersticas de volumen y tono son sensaciones. Si se oyen las primeras cuatro notas y se reconoce que forman parte de un tono, se puede decir que se experiment la percepcin.24
Confrontadas las consideraciones del Tribunal con los trminos del reproche, se advierte que el error denunciado carece de existencia. Lo que pretende el demandante es que se elimine todo valor demostrativo a la declaracin de Magda Janeth Meja, por el hecho de no haber ofrecido una descripcin exacta del procesado Delgado Villalba a quien identifica como la persona que arrebat a Sal Linfrey Manco Jaramillo del taxi en que se movilizaba.
En ese propsito focaliza el embate en las dos imprecisiones de descripcin morfolgica en que incurri la testigo: la estatura y la forma del cuello del agresor para sostener que el Tribunal desconoci en el proceso de valoracin probatoria, el principio de constancia de tamao. En el fallo recurrido no se hace mencin a dicho principio, sin embargo, la valoracin desarrollada por el Tribunal lo deja a salvo en la medida que comenz por reconocer que la declarante refiri una estatura y un tipo de cuello diferentes a los del procesado. Entonces, resultan innocuos los extensos argumentos que propone el demandante para afirmar que se desconocieron los postulados de la sana crtica en el anlisis del testimonio referido, pues la labor del Tribunal comienza por manifestar que si bien el acusado Delgado Villalba no tiene cuello corto ni mide 1,65 centmetros como afirm la declarante, no se discute que la declarante vio al agresor durante el tiempo suficiente para fijar en su memoria las caractersticas ms relevantes al punto de poderlo reconocer en cualquier momento, en la forma como lo hizo en el curso de la audiencia pblica; razonamiento que no comporta ningn error frente al juicio de responsabilidad que con base en esta prueba y con las restantes que conforman la actuacin, hizo recaer el Tribunal en relacin con el acusado referido.
En realidad, al amparo del falso raciocinio lo que hace el actor es discutir la credibilidad que para el Tribunal ofrece la declaracin de la testigo, olvidando que ese aspecto de la valoracin de la prueba no es susceptible de atacar en casacin, porque obedece a la ntima conviccin que el juez obtuvo a travs de la percepcin directa que tuvo del medio probatorio, y que slo es susceptible de examen en esta sede el soporte racional bajo el cual se analiza la prueba. 3.2.2 Sobre este mismo medio probatorio el
demandante alega que se presenta un error de hecho por falso raciocinio, porque el Tribunal desconoci las reglas de la sana crtica, en cuanto a la eficacia demostrativa o credibilidad otorgada al reconocimiento que Magda Janeth Meja hizo del acusado Delgado Villalba, en la audiencia de juicio oral como la persona que retuvo a Sal Linfrey Manco Jaramillo. En su criterio la regla de la sana crtica violada es la
que indica que no tiene eficacia demostrativa el sealamiento de un acusado cuando: i) quien seala sabe con anterioridad que el por sealar est implicado en los hechos y ii) quien seala puede observar previamente al sealado en circunstancias que le sugieren que se trata del acusado.
Se indic en precedencia que en tratndose de censuras como la que se analiza, el libelista debe indicar qu fue
objetivamente dice el medio de prueba y cul fue el mrito suasorio que le confiri con menosprecio de los postulados de la lgica, las reglas de la experiencia o los principios de la ciencia, para luego precisar cul es el axioma lgico aplicable, o la mxima de la experiencia apropiada o el parmetro cientfico correcto para otorgarle valor a la prueba en sistemtica y por qu aquel habra determinado una decisin diversa de aquella que se protesta. A lo anterior cabe agregar que las pautas
hipotticamente transgredidas no son las que de manera caprichosa indique el demandante. Se trata de postulados cuya condicin de reglas generales que gobiernan situaciones especficas en un determinado contexto son susceptibles de verificacin. Ninguna norma de la lgica, regla de la experiencia o principios de la ciencia que cumpla esa condicin, denuncia el recurrente como ignorado por el Tribunal, pues la ausencia de valor probatorio en los eventos que refiere (cuando quien seala sabe con anterioridad que la
persona que reconoce est implicado en los hechos, o cuando ha podido observar previamente al sealado en circunstancias que le sugieren que se trata del acusado ), slo
refleja su
particular opinin en torno a esa materia y, por supuesto, resulta de imposible verificacin en todos los casos en los que se analicen.
apotegmas que se demanda, sera un imposible, por ejemplo, que la vctima de una ilicitud reconociera a su agresor en la audiencia de juzgamiento, por el hecho de haberlo visto y fijado su imagen desde la realizacin de la conducta. Tampoco podran reconocerlo los testigos con vnculos de parentesco o amistad con el actor, porque lo tienen identificado con antelacin y, entonces, la conclusin sera que esas declaraciones estaran cuestionadas en su credibilidad incluso antes de traerlas al juicio, lo cual no deja de ser absurdo. Adems, como el reconocimiento al que alude el censor hace relacin con una pregunta que vlidamente puede hacer la fiscala en el examen directo del testigo, en forma alguna puede considerarse contrario a la sana crtica que el Tribunal hubiere otorgado credibilidad a la declarante Meja Gonzlez porque en pleno juicio seala
y reconoce en forma inequvoca al acusado que se identifica con el nombre de EDUARDO ANDRS DELGADO VILLALBA, como la persona que esa noche esgrimiendo un arma de fuego oblig a su compaero a bajarse del taxi y montarse en el vehculo de placas EKT-268 {pues} es claro para la Sala, atendiendo en su conjunto la prueba existente en la actuacin, que lo hace en forma segura y certera; y que algunas imprecisiones en su atestacin, no demeritan en lo absoluto la esencia, firmeza, imparcialidad,
erradamente la defensa en un anlisis sectorizado. 25
En suma, en este aspecto del reproche el recurrente tambin apunta simplemente a cuestionar la credibilidad que al Tribunal amerit la declaracin de la testigo, no los razonamientos lgicos que sustentan la valoracin de ese medio probatorio. 3.3 Testimonio de Sandra Liliana Vargas Guzmn, Juez Penal Militar que conoci inicialmente el caso. Asegura el demandante que en torno a esta prueba el Tribunal incurri algo que en un falso juicio no se de identidad de por su tergiversacin, toda vez que le hizo decir a la declarante objetivamente desprende testimonio, pues el sentenciador asimil una orden de operacin y una misin tctica, con las labores de verificacin e inteligencia que la declarante reconoce estaban adelantando los procesados. El yerro es trascendente, sostiene, porque a diferencia de lo concluido por el Tribunal, la misin de trabajo Magistral 02 existi y al momento de los hechos, los acusados adelantaban labores propias de esa misin lo cual les permite sostener la coartada que alegaron para mostrarse ajenos a la ejecucin de los delitos.
Fol. 247 c 4 (fol. 27 sentencia).
El contenido de ese testimonio, en lo esencial, expresa las razones por las cuales la Justicia Penal Militar no continu el trmite de este asunto y lo remiti a la Fiscala General de la Nacin. Al respecto la testigo hizo la siguiente declaracin conforme la trascripcin que presenta el demandante:
como el seor Mayor MARTNEZ me indic que no tenan una orden de operaciones ni una misin tctica para el personal bajo su mando {incluidos los acusados} para realizar en esas horas de las 17:20 y las 12:00 (en la) que fue la supuesta comisin del delito, y no tena informacin de los movimientos que ellos estaban realizando en el momento, se determin que no haba una relacin directa con el servicio circunstancia que
impona remitir el expediente a la justicia ordinaria, como en efecto lo hizo. En el texto de la sentencia se advierte que con base en esta prueba el Tribunal dedujo que la misin de trabajo Magistral 2 no existi. En consecuencia, no resultaba cierto que los acusados al momento de la ejecucin de los hechos estuvieran cumpliendo actividades relacionadas con la misin y que por ese motivo, pudieron intervenir en el operativo destinado a liberar al seor Manco Jaramillo, teniendo en cuenta que,
A esa conclusin lleg la Juez Vargas Guzmn, cuando al asumir la competencia por inferir que se estaba frente a la comisin de punibles cometidos por los acusados en
relacin con el servicio de sus funciones como miembros de las Fuerzas Armadas, el Superior inmediato de los acusados en su declaracin jurada le refiere que no exista Orden de Operacin para que se estuviese realizando Misin Tctica por el personal bajo su mando de las siete a siete y treinta de la noche de ese 1 de junio en el municipio de Girardota. Al no existir ese Orden de Operacin para la realizacin de la Misin Tctica por parte de los acusados y en su calidad de miembros del GAULA Oriente, su proceder no guardaba relacin con el ejercicio de las funciones que como servidores pblicos les correspondan, y por ende, esta funcionaria concluy con fundamento en la atestacin de Martnez Cristancho, que no era la justicia Penal Militar la competente para conocer de esa averiguacin penal, optando por remitir las diligencias a la Fiscala. Es decir que con base en el testimonio de la Juez VARGAS GUZMN, se infiere la inexistencia de la MISIN MAGISTRAL 02, con la cual se ha pretendido justificar la presencia de los acusados en el municipio de Girardota.
comparando el objetivo de la supuesta misin y las actividades que los acusados dicen haber desplegado
(dilogos con Claudia Escobar Gil y con el Comandante de la Polica Ibarguen Laiza), con las declaraciones del Teniente
Mojica Rojas y del Mayor Cristancho Martnez, de las cuales se infiere que al momento de la retencin ilegal del seor Manco Jaramillo los procesados no se encontraban en Girardota.
De las consideraciones del Tribunal surge evidente que el defecto proclamado por el actor es inexistente, pues lo que concluy el sentenciador de las pruebas referidas fue la inexistencia de la misin Magistral No. 2, sin afirmar que los procesados no desplegaron actividades propias de sus funciones el da de los hechos, solo que el argumento que ofrecieron de estar cumplindolas en Girardota al momento de los hechos no consultaba la realidad y en consecuencia, todo ese esfuerzo que se hace
por ubicarlos en ese lugar a la hora de los hechos endilgados, con base en esas presuntas actividades que desarrollaron, slo tienen por finalidad acreditar la coartada de la imposibilidad material
En suma, el error de identidad que proclama carece de existencia. 3.4 Informe del dos de junio de 2006. Segn el demandante Giovanny en la declaracin Vidal, del testigo Edgar del Hernndez Sargento Segundo
Ejrcito, encargado de labores de digitacin en el Gaula Oriente, se le puso de presente el informe relacionado con la misin Magistral 02 suscrito, al parecer, por el procesado Delgado Villalba. El seor Hernndez Vidal, agrega el demandante, opt por no responder en el interrogatorio las preguntas relacionadas con ese documento con base en el artculo 33 de la Constitucin Poltica, porque la Fiscala
adelantaba en su contra una investigacin por el delito de falsedad. Dice el actor que en la sentencia se utiliz el documento para inferir que la misin Magistral 02 no existi y si as fuera, no tena nada que ver con averiguaciones de secuestro ya que no menciona nada del hallazgo del automvil del Symbol o ni de la con persecucin los testigos que que supuestamente hicieron a un Clo Rojo, como tampoco encuentro reuniones concurrieron al juicio a declarar en ese sentido. El punto de crtica segn el censor, radica en que el Tribunal sostiene que el informe del 2 de junio de 2006 ingres al proceso incorporado o como parte del testimonio de Hernndez Vidal, afirmacin que conduce a un falso juicio de legalidad porque en el fallo se otorg validez jurdica a una prueba que no cumpla con las exigencias legales en para ambas su produccin. Los sentenciadores instancias consideraron
ajustado a derecho y debidamente incorporado a la actuacin el documento referido No se discute, agrega, que se trata del caso de un testigo al que se le puso de presente un informe suscrito por uno de los acusados y se neg a responder preguntas relacionadas con ese documento, amparado en el principio de no autoincriminacin previsto en el artculo 33 Superior, y que a solicitud del Ministerio
Pblico, autorizado por el Juez, el Fiscal ley el contenido del informe. Sin Corte embargo, seala agrega en el censor, con la los juzgadores de las
desconocieron las exigencias que la jurisprudencia de la relacin validez declaraciones anteriores del testigo, esto es, la lectura en voz alta del documento que recoge la versin precedente, el interrogatorio subsiguiente teniendo en cuenta que es a travs de las preguntas que se le formulen, como se aportan al debate el contenido de las declaraciones previas como complemento del testimonio, y permitir el contrainterrogatorio con el que la parte contraria pueda refutar en todo o en parte lo que el testigo dice. En este caso, aade, no se atendieron estas exigencias porque: a) el testigo con el cual los sentenciadores afirmaron que ingres como prueba el informe de dos de junio de 2006, no es la misma persona que cre las manifestaciones anteriores contenidas en el documento y cuya firma aparece all plasmada: EDUARDO ANDRS DELGADO VILLALBA, que es en contra de quien las sentencias hacer valer las manifestaciones all contenidas. Entonces el testimonio que dicho informe deba completar, sera el del acusado referido porque los testigos no pueden responder por las afirmaciones contenidas en declaraciones anteriores hechas por otros testigos, de la misma forma en que a un testigo
manifestaciones anteriores del mismo testigo, no de otro. b) porque en el registro consta que el testigo no admiti, reconoci, autentic o identific el informe del 2 de junio de 2006; y c) porque en este caso no existi el interrogatorio subsiguiente a la lectura, tampoco el contrainterrogatorio por parte de la defensa. En relacin con este punto en el fallo recurrido se lee:
Al recepcionarse la declaracin del Sargento del Ejrcito EDGAR GIOVANNI HERNNDEZ VIDAL,26 quien para la fecha de los hechos haca parte del GAULA Oriente, encargndose de labores de digitacin de informes de documentos, al mismo se le pone de presente un informe en el que se daban respuestas relacionadas con la MISIN MAGISTRAL 02, al parecer suscrito por el acusado DELGADO VILLALBA, fechado 2 de junio de 2006. En el interrogatorio a HERNNDEZ VIDAL es exhibido a todas las partes e intervinientes, pero ste en acogimiento al artculo 33 de la Carta Poltica opt por no responder interrogante alguno, argumentando que en relacin al mismo la Fiscala Seccional del Municipio de Rionegro (Ant.), le adelanta investigacin penal por falsedad documental, por lo que ante su renuencia y derecho constitucional a no autoincriminarse el Fiscal, autorizado por el Juez, procede a leer el contenido de ese documento con el objetivo de incorporar el mismo a ese testimonio.
CD 48 del Juicio oral
De igual forma obra el Fiscal, cuando luego de exhibir a las partes documentos que contienen su versin en esa investigacin penal que se le adelanta, este testigo, quien reconoce como suya esa versin, en virtud del artculo 33 de la Carta Poltica se abstiene de responder ms preguntas al respecto. Eso s, queda claro que quien digit el informe del 2 de junio de 2006 fue HERNNDEZ VIDAL, y que ste lo hizo porque DELGADO VILLALBA se lo haba dictado.
Esta circunstancia, adems, le permite al Tribunal precisar que si en el plano hipottico se aceptara que la misin Magistral existi,
la misma nada tena que ver con secuestros y escasamente se habla de algunas extorsiones; pero que extraamente en ese informe del 2 de junio nada se menciona del hallazgo del carro Symbol de placas EKT628, como tampoco de la persecucin que en el mismo hicieron de un secuestrado que movilizaban en un Clio rojo; aparte adems, que del contenido del mismo puede concluirse fcilmente que esa noche del 1 de junio no existi el encuentro con el Teniente IBARGEN, ni la entrevista con la seora CLAUDIA ESCOBAR GIL, dado que ninguna referencia respecto de ellos se hace, como tampoco se habla de secuestro alguno. Es ms, slo se habla de los seguimientos que se estaban realizando a los alias JUAN PABLO y EL GORDO, y que el mismo se haba abortado por la intervencin de miembros de la Polica.
En fin, que con la existencia de ese informe al erigirse como una presunta respuesta de las actividades realizadas por los acusados en relacin a la MISIN MAGISTRAL 02, lo pretendido sin duda alguna era darle mayor credibilidad desde lo documental a las actividades que dicen los acusados estuvieron realizando como a la existencia misma de la MISIN MAGISTRAL, por cierto digitada por este testigo segn su atestacin.
Examinados los registros de la actuacin se advierte que en el interrogatorio practicado al testigo Edgar Giovanny Hernndez Vidal,27 se lo interrog en relacin con la misin Magistral, sobre la cual dijo que estaba destinada a la vigilancia y seguimiento de un personal de secuestradores. Al no recordar si se haca referencia a personas con nombre propio o a travs de alias, solicit ver el documento relacionado con la programacin de esa misin, 28 de fecha 28 de mayo de 2006, suscrito por el CT Eduardo Andrs Delgado Villalba y por el ST Oscar Fabin Vargas Barrera, con el que trasmiten la informacin suministrada al parecer por la red de cooperantes acerca de las actividades ilcitas (extorsin, secuestro) realizadas por reinsertados del bloque hroes de Granada de las AUC, y precisan las labores de inteligencia que deban desarrollarse.
Ib. Visible a folio 12 c 2
El testigo asegur que l digit el documento de acuerdo con la informacin suministrada por el CT Delgado Villalba.29 Cuando se le interrog si tena conocimiento acerca de los resultados de la misin, indic que siempre se consignan en un documento. Posteriormente manifest que se le adelantaba una investigacin por falsedad relacionada con ese otro documento que contiene dichos resultados, por lo cual solicit se le relevara de declarar en virtud del derecho de no autoincriminacin que garantiza el artculo 33 de la Constitucin Poltica. En vista de esta circunstancia la Fiscala manifest que no le hara preguntas en relacin con ese documento. De otra parte, el fiscal le pregunt si haba rendido declaracin juramentada ante esa entidad; respondi que s aunque no recordaba en qu fecha y solicit que se le exhibiera el documento, el cual reconoci por tratarse de la declaracin que rindi el sbado 24 de octubre de 2006 ante la Fiscala de Rionegro y porque en cada una de las hojas aparece su firma. Sin embargo, por considerar que el interrogatorio relacionado con este otro documento podra igualmente
CD 48 5954
incriminarlo, solicit que se le eximiera del deber de responder las preguntas de la Fiscala. Frente a esta situacin el Juez de conocimiento autoriz la lectura de esas piezas de manera que pudiera conocerse el contenido de los documentos, y como forma de garantizar el derecho fundamental del testigo liberndolo de un interrogatorio autoincriminante. De este modo, estableci que el documento del 2 de junio de 2006 contiene un informe de las actividades verificadas en desarrollo de la operacin Magistral 02, en los municipios de Guarne, vereda El Yarumo, Girardota y Copacabana, con el que se describen labores de inteligencia que comprenden varios das con seguimiento de personas y vigilancia de inmuebles.
El da 1 de junio regresamos a la finca ubicada en la vereda El Palmar del municipio de Girardota a las 20 horas para continuar con las labores de inteligencia con los soldados profesionales Marn Trujillo Luis y Mosquera Berro Davison, llevando armas largas, ubicndonos a unos 100 metros del domicilio y a eso de las 23:30 horas sali el taxi de placas TIT-202 con rumbo hacia el municipio de Copacabana, recogiendo en el parque a alias el gordo y dirigindose hacia el municipio de Girardota, donde en el seguimiento nos par hacia las 24:30 horas una patrulla de la polica donde nos pidi identificacin; el carro sigui su ruta y no se pudo continuar con su seguimiento, continuando con la requisa correspondiente al vehculo, teniendo altercado con el comandante de la patrulla de la polica, los cuales informaron a la Brigada y
al Comando del Gaula Rural del Oriente Antioqueo. Envo el presente informe para los fines que ese comando estime conveniente. Firma CT. Delgado Villalba Eduardo Andrs, responsable operacin 02 Magistral.30
De la declaracin juramentada rendida por el testigo el 24 de octubre de 2006, se dio lectura al siguiente fragmento:
PREGUNTADO: Conoci usted la respuesta que su Capitn Delgado dio a la operacin Magistral 2. RESPONDI: La respuesta de l fue un informe dirigido a mi Mayor Martnez de las actividades que l haba realizado. El informe yo lo digit el 2 de junio de 2006 a ese da l me lo dict en su integridad, el Capitn Delgado Villalba me lo dict todo, eso fue a las 11 y 45 de la maana, yo no me acuerdo quin ms estaba, creo que se encontraba mi Teniente Vargas, pero no estoy seguro. Recuerdo que el Teniente Vargas s lo apur porque tena que irse a la Brigada.
El defensor expresamente renunci a contrainterrogar al testigo y a desarrollar el examen directo que igualmente haba solicitado. Segn se advierte, la Fiscala present este testigo para demostrar que la misin de trabajo Magistral 02 no existi y eso fue lo que finalmente declar el sentenciador en el fallo recurrido.
Corresponde a la lectura realizada por la Fiscala. CD 47 (3354)
demandante se atendi
probatorio pesa un error de derecho en la medida que procedimiento establecido introducir en el juicio documentos que contienen manifestaciones anteriores del testigo. Sobre el tema resulta de inters reiterar que en el esquema procesal de la Ley 906 de 2004, el juicio es el escenario destinado a la prctica de las pruebas con sujecin a los principios de oralidad, publicidad, inmediacin, contradiccin y concentracin, de manera que nicamente aquellas recaudadas con apego a estos principios sern objeto de valoracin por parte del juez de conocimiento para fundamentar el fallo que deba proferir en un asunto determinado. Por consiguiente,
los elementos materiales probatorios y las evidencias fsicas recaudadas en las anteriores etapas del proceso -indagacin e investigacin-, si bien sirven de soporte para imponer medidas de aseguramiento o medidas cautelares, o para restringir otros derechos fundamentales, no tienen efecto por s mismos en el juzgamiento, es decir, no sirven para fundamentar una sentencia, pues sta, se reitera, ha de estar soportada en las pruebas aducidas durante el juicio oral, de acuerdo con el principio de inmediacin inserto en el artculo 379 del Cdigo de Procedimiento Penal de 2004, que seala que el juez deber tener en cuenta como pruebas nicamente las que hayan sido
admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional (se ha destacado). Pero los elementos materiales probatorios obtenidos de los actos de investigacin tienen la potencialidad de convertirse en prueba si son presentados ante el juez de conocimiento en el curso del juicio oral, siempre y cuando en desarrollo del citado principio de inmediacin, el responsable de la recoleccin, aseguramiento y custodia declare ante el juez (testigo de acreditacin) o los testigos o peritos se sometan al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes.31
En desarrollo del interrogatorio cruzado de los testigos es factible la utilizacin de documentos que ayuden a la memoria del declarante,32 o que se empleen para impugnar su credibilidad.33
En ambos casos, la declaracin previa no se utiliza con el objeto de sustituir la declaracin actual del testigo, sino con el fin de contribuir a que la declaracin actual sea completa o con el objeto de entregarle elementos al tribunal para pesar la credibilidad de los testigos o peritos. En consecuencia, en ambos casos, las declaraciones previas no constituyen prueba en el juicio y la prueba sigue siendo la declaracin que all presenta el testigo o
Sentencia del 09-11-06 Rad. 26738 Art. 392.- Reglas del interrogatorio. El interrogatorio se har observando las siguientes instrucciones d) El juez podr autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitir a las dems partes el examen de los mismos. 33 Art. 393. Reglas sobre el contrainterrogatorio.- El contrainterrogatorio se har observando las siguientes instrucciones Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaracin que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevistas, en declaracin jurada durante la investigacin o en la propia audiencia del juicio oral.
perito la informacin que comparece al juicio puede ser inadmisible en tanto prueba, pero admisible para otros usos tales como refrescar la memoria del testigo o demostrar inconsistencias con declaraciones previas.34
El recuento que se hizo del desarrollo del testimonio del seor Hernndez Vidal, pone de presente que los documentos exhibidos por la Fiscala se emplearon no con el propsito de impugnar la credibilidad del testigo, teniendo en cuenta que se trataba de un interrogatorio directo en el que el testigo no refiri hechos o circunstancias diversos a los relacionados en relatos precedentes, sino porque expres la necesidad de acudir a esos elementos para recordar los datos por los que se lo indagaba. Lo cual significa que las piezas referidas se emplearon con el propsito exclusivo de traer a la memoria del testigo los hechos sobre los cuales estaba en capacidad de declarar, finalidad que se encuentra regulada a travs de las reglas del interrogatorio previstas en el artculo 329 del Cdigo de Procedimiento Penal, que permite el empleo de documentos necesarios que ayuden a la memoria del declarante, con la exigencia nica que se permita a la contraparte y dems intervinientes el examen de los documentos.
Baytelman y Duce. Ob. Cit. Pg. 254.
Como la prueba que se introduce al juicio es la declaracin del testigo y no el relato efectuado con antelacin, que en s es un simple apoyo a la declaracin, la parte contraria puede someterlo al contrainterrogatorio de acuerdo con el inters que sirve a su teora del caso, siendo esta la razn por la cual se le garantiza el examen de los elementos sobre los que el testigo elabora el proceso de rememoracin.35 El testigo en este asunto apoy su declaracin en dos escritos Adems, relacionados solicit con con la misin Magistral no 02. insistencia que fuera
interrogado sobre el contenido de los documentos ledos por la Fiscala (informe de resultados de aquella misin y
declaracin juramentada),
fundamental prevista en el artculo 33 Superior. 36 La norma establece el derecho o privilegio de no autoincriminacin, el cual implica el derecho a permanecer callado y a no ser testigo contra s mismo ni contra sus ms cercanos allegados.
Este privilegio constituye una de las garantas civiles ms importantes en el proceso penal, que est directamente relacionado con la prohibicin de la tortura. El origen inmediato
Artculo 392-d C.P.P. Nadie podr ser obligado a declarar contra s mismo o contra su cnyuge, compaero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
respuesta que tuvo el mundo liberal frente a las prcticas inquisitoriales del Tribunal de la Santa Inquisicin, que estuvo presente en varios lugares del mundo. En los procesos que realizaba el Tribunal, como se recuerda, se consideraba que el mismo tena por funcin investigar acusados, extraer la confesin y salvar el alma. De all que la confesin fuera la prueba reina probatio probatissima-, y para lograrla, los jueces deban procurar del encartado su confesin, utilizando cualquier medio: tormentos, amenazas, ddivas, todo con el fin de ahorrarle al funcionario la obligacin de probar los cargos, pues con la confesin era suficiente. Aunado a las circunstancias de que se trataba de procesos oscuros y secretos, en los que los jueces no le informaban al acusado los motivos de la detencin y, sin embargo, se les obligaba a contestar preguntas que no slo los autoincriminaba, sino que podan constituir indicios para otras acusaciones distintas a las que originaron su detencin e iniciar de esta forma otro proceso igualmente oscuro y secreto. Contra estas prcticas, hoy en da el derecho contra la tortura art. 12 de la Constitucin, y la prohibicin de la autoincriminacin art. 33 ibdem, son garantas esenciales a favor del inculpado. Estas garantas no admiten matices, ni modulaciones, ni salvedades, pues estn directamente relacionadas con valores y principios tan importantes como la vida, la dignidad de la persona, asuntos que son de la esencia de la Constitucin colombiana. Adems, la prohibicin de la autoincriminacin y de la tortura estn consagrados como derechos fundamentales de aplicacin inmediata (art. 85 de la Carta).37
C-102 de 2005.
La jurisprudencia constitucional precisa tambin que la norma Superior amplifica lo estatuido en el literal g del numeral 3 del artculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, segn el cual Durante el
proceso, toda persona acusada de un delito tendr derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantas mnimas g) A no ser obligada a declarar contra s misma ni a confesarse culpable.38 Adems de favorecer la indemnidad del ser humano ante s mismo y frente al Estado, para que no sea compelido a expresar algo que resulte contrario a su propia intimidad e intereses personales, la Corte Constitucional ha sealado que el precepto constitucional en cuestin ampara tambin la armona familiar y el derecho de una persona a procurar el bienestar suyo y de sus familiares, pues cualquier conducta que la obligue a declarar contra s mismo o contra sus parientes mas cercanos debe ser censurada.39
La garanta aplica tanto en el proceso en el que se investigue o juzgue al mismo declarante o en aquellos en los que se lo cite como simple testigo, pues el privilegio constitucional busca prevenir que se utilice la declaracin para promover en contra de esa persona
Ahora, los derechos de defensa y de no autoincriminacin no se limitan a las prescripciones de derecho interno consagradas en la Constitucin de 1991, sino en tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Humanos (Ley 74 de 1968), y la Convencin Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), en los cuales se establecen unas garantas mnimas que recogen elementos sustantivos del derecho de defensa, los cuales ineludiblemente han de ser tenidos en cuenta, en virtud de lo dispuesto por el artculo 93, inciso segundo de la Carta Poltica, en el que se establece que: [l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarn de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. C-782-05. 39 Sentencias C-776-2001 y C-115-08.
una nueva actuacin o que sirva como elemento demostrativo de responsabilidad en asuntos que se encuentren en curso. De lo anterior emerge con claridad que el Tribunal err al afirmar que el testigo Hernndez Vidal digit el informe del 2 de junio de 2006 y que el acusado Delgado Villalba fue quien dict el contenido de dicho escrito, pues tal afirmacin no se encuentra presente en la declaracin del testigo referido, sino que surge de la lectura que la Fiscala solicit de unos documentos que no pudo introducir al juicio, porque el testigo reclam el derecho de no declarar acerca del contenido de esos escritos. Lo que reconoci el declarante libremente fue haber digitado el documento suscrito el 28 de mayo de 2006, suscrito por los procesados Delgado Villalba y Vargas Barrera, y por el Mayor Luis Carlos Martnez Cristancho, en el cual relacionaron las labores que adelantaran con ocasin de la Misin Magistral 02. 40 La afirmacin equivocada del sentenciador afecta la presuncin de inocencia de la persona que reclam el derecho fundamental de no declarar en su contra y, en forma adicional, altera el contenido del testimonio del seor Hernndez Vidal, porque no fue l quien reconoci haber digitado el referido informe del 2 de
Fol. 12 c 2
junio de 2006, sino que el dato lo extrajo de la lectura que de unos documentos hizo el fiscal en el curso del interrogatorio. Segn el Tribunal la lectura de los documentos sobre los cuales no declar el testigo tena como objetivo concreto hacer parte de ese testimonio , juicio al que sucede este otro igualmente inconcebible: y si bien,
las partes no pudieron contrainterrogar directamente al testigo en ese preciso momento de su declaracin ante el derecho constitucional que invocara; tal contrainterrogatorio en sentido amplio en esta actuacin jams fue restringido de forma diferente, por lo que podran las partes y sobre todo la defensa, controvertir o refutar con base en la prueba igualmente allegada a la actuacin lo aseverado y reconocido por el testigo, garantizndose as los principios que rigen las pruebas en el sistema acusatorio.
Si la Constitucin Poltica imprime al juicio en el modelo del nuevo proceso penal las caractersticas de pblico, oral, con inmediacin de las ser pruebas,
contradictorio, concentrado y escenario de garantas fundamentales; si adems las normas legales que regulan la prctica de las pruebas insisten que todas deben presentarse y solicitarse en audiencia preparatoria (art. 374), practicarse en la audiencia de juicio oral y pblico (art. 377), permitiendo la facultad de controvertir no solo los medios de prueba sino tambin los elementos materiales probatorios y evidencias fsicas presentados en el juicio o los que se
practiquen fuera de ese acto procesal (art. 378), y bajo el principio de el inmediacin deber de que radica en el las sentenciador valorar nicamente
pruebas que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia; rpido se advierte la equivocacin del Tribunal al valorar como pruebas unos documentos que slo fueron objeto de lectura por uno de los litigantes. Lo anterior si adicionalmente se tiene en cuenta que la bsqueda de la verdad en el proceso penal se somete a los lmites constitucionales que la subordinan al respeto por la dignidad humana, a la eficacia de los derechos fundamentales y al cumplimiento de un conjunto de principios rectores y reglas probatorias que racionalizan su consecucin en el proceso.41 Desde esta perspectiva aunque asiste razn al
demandante al sealar la existencia de un error en relacin con el informe del 2 de junio de 2006, no es el de derecho que pregona (falso juicio de legalidad), pues no surge de la forma como supuestamente se introdujo al juicio un documento, sino por la distorsin del testimonio de Edgar Giovanni Hernndez Velsquez por parte del Tribunal. De todos modos, como ms adelante precisar la Corte, la incorreccin no presenta la magnitud requerida para alterar el sentido de la sentencia, teniendo en cuenta
Sentencia C-396 de 2007
que la Fiscala present otras pruebas para demostrar la inexistencia de la misin de trabajo aludida, a las cuales omite referir el actor en el reparo que se analiza. En forma adicional, si se tiene en cuenta que el documento relacionado con los resultados de la misin Magistral 02, del 1 de junio de 2006 no se aport al juicio, carece de sentido examinar los errores de apreciacin probatoria que el censor atribuye al Tribunal en torno a ese documento. 2.5 Testimonio del T.C. FERNANDO LUS MOJICA ROJAS. El recurrente asegura que en la valoracin de esta prueba el juzgador incurri en error de hecho por falso juicio de identidad (tergiversacin), porque el declarante nunca dijo que el relato exculpatorio de los procesados le pareci extrao o poco convincente y que por esa razn puso en conocimiento de sus superiores y de la justicia Penal Militar los acontecimientos. En su criterio, el testigo reproch la actuacin de los acusados, pero exclusivamente en relacin con el procedimiento liberacin de militar un desplegado para a intentar la la secuestrado, no probable
vinculacin en los delitos que se les imputaron , salvo el caso del soldado Mosquera Berro de quien dijo haber incurrido en el punible de hurto, porque en su poder se encontraron las pertenencias del desaparecido.
Entonces, sostiene, como las inconsistencias referidas por el testigo se refieren al procedimiento militar aplicado y no con su probable responsabilidad militar, el anlisis del Tribunal desatiende la identidad de la prueba porque a travs de este medio demostrativo el sentenciador considera responsable a los acusados de la desaparicin forzada que se les atribuye . El error es trascendente, agrega, porque la valoracin correcta de este testimonio, habra orientado la decisin del Tribunal hacia la absolucin de los acusados. Frente a este reproche cabe precisar que si bien el declarante Mojica Rojas manifest que las exculpaciones de los acusados le parecieron crebles, en el entendido que estaban interviniendo en la liberacin de un secuestrado, tambin afirm que sus relatos presentaban imprecisiones y mentiras que le generaron desconfianza.42 Por ejemplo, porque verific que el 123 del Ejrcito no le report a Delgado Villalba ni a ningn otro integrante del Ejrcito el secuestro que los acusados supuestamente estaban combatiendo. Tambin, porque el soldado Mosquera Berro le explic que cuando encontraron el vehculo en el que se movilizaba al desaparecido, tuvieron tiempo de realizar pesquisas en el sector y por eso sus ropas estaban manchadas de
Declaracin que se encuentra en el CD 8 (3540)
barro, pero los oficiales Delgado Villalva y Vargas Barrera, le dijeron que por la rapidez con la que reaccionaron, sin pensarlo, abordaron el automotor para continuar con la persecucin; y de igual modo porque no respetaron el procedimiento que deban seguir para la conservacin de evidencias fsicas y elementos materiales probatorios, a pesar de la capacitacin que tenan sobre el procedimiento del sistema acusatorio. De acuerdo con lo anterior, si se tiene en cuenta que el error de hecho por falso juicio de identidad se presenta cuando el juzgador, al apreciar una determinada prueba, falsea su contenido material porque le hace agregados que no corresponden a su contenido, porque omite tener en cuenta apartes importantes del mismo o porque transmuta o cambia su literalidad; no se advierte de qu forma en este caso el Tribunal alter la materialidad del testimonio del TC Mojica Rojas, pues fiel a lo afirmado Villalba por no el declarante tuvo a en sus consideracin que: i) no era lgico o normal que Delgado hubiere informado superiores del conocimiento que tuvo del secuestro, ni de las actividades de bsqueda y persecucin que inici en ese momento; ii) que los procesados tratndose de personal con conocimiento en el sistema acusatorio, hubieren ejecucin utilizado de un un vehculo involucrado en la secuestro, supuestamente para
perseguir a los secuestradores; iii) porque si estaban autorizados para realizar operaciones en el municipio de
Copacabana hasta las ocho de la noche, no se entenda por qu Delgado Villalba no report a sus superiores lo que estaba sucediendo; iv) igualmente inexplicable le pareci que si los procesados se encontraban en una persecucin en caliente, conforme sostuvieron, no hubieren informado a todas las fuerzas del orden para que intervinieran o cuando menos para que tuvieran conocimiento del suceso; v) por ltimo, porque el testigo tambin consider sospechoso que el acusado Mosquera secuestrada. Estos fueron los hechos narrados por el declarante y as se verifica en los registros de la actuacin, de donde surge evidente que el error denunciado carece de existencia, ya que el Tribunal valor el contenido de la declaracin en total correspondencia con los hechos declarados por el testigo, para deducir de ese medio probatorio y del conjunto allegado a la actuacin, que los acusados son responsables de la desaparicin forzada del ciudadano Sal Linfrey Manco Jaramillo. El demandante en realidad lo nico que plantea es una disconformidad con la apreciacin que de la prueba adelant el sentenciador, pues desde su perspectiva particular la lectura objetiva del testimonio del TC Mojica Rojas conduce a que los acusados desarrollaron un procedimiento militar errado, no que intervinieron en
pertenencias de la persona que acababa de ser
la desaparicin forzada que se les atribuye; actitud inane frente a la legalidad y el acierto que cobijan la decisin de segunda instancia. 2.6 Testimonio de Robert Wbeimar Ibargen Loaiza, prueba respecto de la cual, dice el actor, el Tribunal tambin incurri en falso juicio de identidad porque asumi que el video que se proyect en la audiencia del noticiero de televisin RCN de la emisin de las siete de la noche el 1 de junio de 2006, es el mismo que mencion el testigo en su declaracin para referir que los procesados estuvieron con l durante el anuncio de los titulares y el desarrollo de la primera noticia. A travs de este referente, agrega, el declarante calcul el tiempo que estuvo con Delgado Villalba y Vargas Barrera, pero no indic la duracin exacta de la reunin como lo entendi erradamente el sentenciador, pues el testigo expres que no recordaba el tiempo especfico. Con base en este anlisis de la prueba, asegura el actor, el juzgador concluy erradamente que los acusados no se reunieron con el Mayor de la Polica Ibargen Loaiza, error sin el cual no se habra podido alimentar la argumentacin probatoria de condena, segn la cual los procesados manipularon la evidencia y mintieron , ya que en el juicio oral manifestaron que al momento del secuestro y desaparicin del seor Manco Jaramillo
estaban en un lugar distante reunidos con el testigo referido. Si bien en la demostracin del cargo el recurrente expuso apartes de la declaracin del testigo Ibargen Loaiza, en las que refiri sobre el tiempo que los procesados estuvieron con l, omite referir qu consider el juzgador en torno a esa prueba como forma de establecer las diferencias que proclama. El examen de la actuacin ensea que el documento aludido (video del noticiero de televisin), utilizado por la Fiscala para impugnar la credibilidad del testigo, fue valorado por el juez de primera instancia para sealar que la coartada de los acusados careca de credibilidad y, por consiguiente, que no surga duda respecto de la intervencin de los acusados en las conductas por las que se los juzga. En esa perspectiva, el juez de instancia neg
credibilidad a los procesados en cuanto sostuvieron que entre las siete y las nueve de la noche estuvieron conversando con el Teniente Robert Wbeimar Ibargn Loaiza y, posteriormente, con la seora Claudia escobar, porque para el sentenciador el oficial de la Polica afirm que el da de los hechos estuvieron un buen rato
e incluso vieron un noticiero donde daban cuenta de los muertos de jamund y donde apareca el Fiscal General de la Nacin, pero resulta que la mencionada noticia, la cual fue observada
en este Despacho y utilizada por la Fiscala para impugnar credibilidad, escasamente dur tres minutos, lo cual no alcanza a justificar su larga permanencia con ese Teniente
mencionar el hecho de que el testigo al ver que su relato respecto del informativo no coincida con el video que se proyect en la audiencia, opt por manifestar que quizs se haba equivocado de noticiero, pues tal vez no fue el de RCN, sino el de otra cadena de televisin.43 La testigo Claudia Escobar tampoco mereci
credibilidad al juzgador porque focaliz su empeo en sealar la hora en que los acusados llegaron a su residencia y aquella en que se marcharon, no en relatar el motivo por el cual los agentes del Gaula concurrieron a su casa, esto es, porque, supuestamente, estaba siendo extorsionada. Adems, el sentenciador consider que la coartada de los acusados no era cierta, es decir, que no se encontraban en un municipio distante al lugar de la ocurrencia de los hechos porque Con la propia prueba No.
10 de la defensa, o sea el listado de llamadas de Comcel puede verse que el Teniente VARGAS BARRERA utiliza su celular a las 7:36 p.m. el da primero de junio de 2006 y la llamada sali de la antena 4 de Bello Medelln, que es la zona del secuestro, igualmente a las 7:38 p.m. realiza otra llamada desde la antena No. 1 Bello, igualmente zona del secuestro y luego hace una llamada a las 20:15 p.m. de una antena con cobertura en el
CD 31 registro 2 (143)
TUNEL de Guarne, lo que desvirta el dicho de los acusados de que ese da y a esa hora (entre las 7:00 y 9:00 de la noche) se encontraban donde CLUADIA en el Municipio de Girardota, pues las llamadas demuestran que VARGAS se encontraba en el sector de BELLO
Segn se observa, el demandante evade los aspectos relevantes de la prueba que censura; tampoco la relaciona con aquellas que se allegaron al proceso para acreditar o desvirtuar el hecho concreto al que se refiere dicho medio probatorio, es decir, la ausencia de los acusados en el sitio y hora de la ejecucin de las conductas ilcitas. Con esta forma de proceder el actor no demuestra que en relacin con el testimonio de Robert Wbeimar Ibargen Loaiza, el Tribunal hubiere incurrido en el error referido y persiste en sentar su disconformidad con la apreciacin de las pruebas por parte de los jueces de instancia, incorreccin que repite en el reproche que dirige contra el testimonio de Claudia Escobar Gil, pues a la valoracin de los jueces el actor contrapone la que considera correcta y nica, esto es, que los procesados no ejecutaron los ilcitos que se les atribuyen porque estaban en un lugar diferente cuando sucedieron; afirmacin que lanza sin controvertir, previamente, los medios probatorios que los ubican a la hora y en el sitio del secuestro del que inicialmente se hizo vctima a Sal Linfrey Manco Jaramillo.
En esas condiciones el reproche resulta insuficiente para acreditar la existencia de los errores que, segn el censor, afectan los testimonios sealados 2.7 Indicio de presencia de cuatro personas en el vehiculo Symbol al momento del retn organizado por la Polica. Alega que se presenta una equivocacin que recae sobre el hecho indicador, como error de hecho por falso raciocinio, por violacin de las reglas de la sana crtica, de manera concreta la que ordena valorar en conjunto los medios probatorios, lo que apareja la violacin mediata del artculo 380 del Cdigo de Procedimiento Penal. Sobre el particular, el actor puntualiza que los policas que intervinieron en el operativo de rescate del seor Manco Jaramillo, declararon que vieron cuatro personas que se movilizaban en el vehculo utilizado para trasportarlo. Los acusados, por su parte, dijeron que slo se movilizaban tres: Vargas Barrera, quien lo conduca, Mosquera Berro y Marn Trujillo. Para deducir qu grupo de testigos dice la verdad, agrega el demandante, resultaba necesario determinar cul versin aparece corroborada en la actuacin, pues sera contrario a la sana crtica sostener que todo acusado siempre miente o que todo polica dice la verdad.
En ese orden de ideas asegura que el Tribunal err porque no crey la versin de los acusados, a pesar de que aparece corroborada con el testimonio de la Subteniente Sandra Liliana Vargas Guzmn, Juez 25 de Instruccin Penal Militar. En este reparo el recurrente devela nuevamente su disconformidad con la apreciacin que el sentenciador hizo del testimonio de los policas Csar Augusto Martnez Agudelo, Luis David Dorian Snchez y Arlin Murrieta Umaa, en relacin con el nmero de personas que ocupaban el vehculo en que se trasport al desaparecido, al momento de ser interceptado la primera vez por la Polica. Segn entiende, el Tribunal se equivoca porque la versin que aparece corroborada en el proceso es la de los acusados a travs del testimonio de Sandra Liliana Vargas Guzmn, Juez 25 de Instruccin Penal Militar, quien declar que a travs de la versin juramentada que le recibi al TC Fernando Luis Mojica Rojas, antes de declararse incompetente para conocer del asunto, supo que en el vehculo se movilizaban tres personas. Como con el reproche se propone la existencia de un error de raciocinio por desconocimiento de los postulados de la sana crtica, era de esperarse que el actor precisara el postulado de la lgica, la ley de la ciencia o la mxima de la experiencia desconocidos en el fallo. Sin embargo, en forma genrica sostiene que el
Tribunal viol las reglas de la sana crtica y el imperativo de la apreciacin conjunta como criterio de valoracin de los medios de prueba, con lo cual el error que denuncia aparece falto de demostracin. Y, como lo que en realidad parece denunciar es la omisin del sentenciador de ponderar el testimonio de la Teniente Vargas Guzmn, el reparo se confunde con un falso juicio de existencia por omisin de dicha prueba. En forma adicional, lo que el actor pretende es que el poder de persuasin de las declaraciones de los policas que efectuaron la retencin de los acusados y que tuvieron conocimiento personal (art. 402 C.P.P.) del hecho que se pretende demostrar (nmero de ocupantes del
vehculo), se elimine con la declaracin de una testigo
que no tiene ese conocimiento directo del suceso y que simplemente trasmite la informacin suministrada a un tercero por los acusados, es decir, que se privilegie una declaracin que no tiene ms valor que el de una prueba de referencia, inadmisible por cierto, por encima de la declaracin de los testigos presenciales del hecho. La propuesta es inadmisible e intil para fundamentar el falso raciocinio que postula el recurrente. 3.8 Indicio de mala justificacin de los acusados Delgado Villalba y Mosquera Berro, en relacin al
hallazgo de las pertenencias del desaparecido, porque el primero sostuvo que revis por dentro y por fuera el vehculo sin haberlos visto y el otro que los encontr en el piso de la parte trasera del vehculo Symbol. Para el actor, esta manifestacin del sentenciador implica falso juicio de identidad por tergiversacin de los testimonios, ya que Delgado se dedic a verificar las condiciones de seguridad del vehculo: presencia de trampas de alivio de tensin, de presin, etc., y no a buscar elementos que pudieran estar en el interior del vehculo. En ausencia de este error, agrega, el sentenciador no habra podido concluir que los acusados mintieron en sus declaraciones y que manipularon elementos materiales probatorios, porque la lectura correcta de esas pruebas es que sus declaraciones son dignas de credibilidad. La exposicin de la censura por s sola descarta el error que se denuncia, pues el actor no demuestra que el sentenciador alter de alguna forma el contenido material de esas pruebas, sino que contrae su esfuerzo a controvertir la apreciacin que de ellas hicieron los jueces de instancia, porque considera que por encima de todos los dems medios probatorios allegados al proceso, debieron conferir crdito absoluto a las manifestaciones de los acusados, de donde surge que el
reproche no tiene por objeto develar un error de identidad, sino censurar la conviccin a que llegaron los juzgadores a travs de los testimonios referidos. Situacin que se reproduce en los defectos que el actor atribuye al anlisis del testimonio del acusado scar Fabin Vargas Barrera, porque sin consideracin al hecho de que se trataba de la persona que conduca el automotor utilizado en la retencin ilcita del desaparecido Sal Linfrey Manco Jaramillo, demanda credibilidad para la versin de los procesados, segn la cual no intervinieron en la realizacin de ese ilcito sino que propendan por la liberacin de la vctima en un operativo desprovisto de todo protocolo, del cual, extraamente, no informaron a sus superiores en el Gaula del Ejrcito o a ninguna otra autoridad interesada en esa clase de ilicitudes, de manera concreta a la Polica Nacional por virtud del convenio suscrito con el Ejrcito para combatir conjuntamente el delito de secuestro, del cual inform el TC Mojica Rojas. 44 3.9 Testimonio de Ignacio Adolfo Carvalho Ruiz. En el fallo recurrido, seala el actor, se dice que el testigo manifest que el acusado Mosquera Berro se encontraba el 1 de junio de 2006 en las instalaciones del Gaula Oriente, pero no explic por qu en los registros de la entidad no aparece saliendo con los otros
CD 8 1123
procesados en la patrulla comandada por el Capitn Delgado Villalba. Entonces, afirma el censor, surge un falso raciocinio por violacin de la regla de la sana crtica ya que no se puede descalificar la credibilidad de un testigo cuando no explica aspectos de los cuales no tiene conocimiento personal. El declarante no llevaba el libro de entrada y salida de personal, sino el que registraba lo relacionado con el armamento. Independientemente de la veracidad de esta ltima afirmacin, ningn esfuerzo desarrolla el censor para demostrar la trascendencia de la prueba, teniendo en cuenta que el hecho al que alude (la presencia del acusado
en el Gaula la tarde del 1 de junio de 2006) , es anterior a la
desaparicin del seor Manco Jaramillo, y no desvirta que Mosquera Berro fue la persona que apareci en posesin de las pertenencias de la vctima y se encontraba con los restantes procesados, los cuales salieron ese da del Gaula aproximadamente a las 2 y 45 o 3 de la tarde. 3.10 Llamadas realizadas con el celular del acusado Mosquera Berro entre las 9:59 y 14:54 del 1 de junio de 2006. Tales llamadas ubican al usuario en un sitio distante a la sede del Gaula Oriente, por lo que el Tribunal concluy que el acusado no se encontraba con los dems procesados cuando salieron de la institucin.
Para el censor se presenta un falso raciocinio que surge de la violacin de las reglas de la tcnica, en concreto, las de telefona celular ya que las celdas o antenas que registran las llamadas, suministran informacin del abonado del cual salen llamadas, pero no de la persona que las realiza y en la actuacin se demuestra (en
realidad es la versin de Mosquera) que ese da el acusado
en la maana le prest el telfono celular a su hermano y ste se lo devolvi en las horas de la tarde cuando sal
con mi Capitn Delgado entre dos de la tarde, aproximadamente dos y cuarto.
Tambin aqu el actor omite demostrar cul puede ser la incidencia en el fallo del error de raciocinio que postula, pues an si fuere cierto que otra persona realiz esas llamadas, sus argumentos no conducen a desvirtuar la responsabilidad de los acusados en la desaparicin de Sal Linfrey Manco, perpetrada ese da hacia las 7 y 45 de la noche. 3.11 Testimonio del perito Hctor Ariel Vargas Piraquive. Segn el demandante, en la valoracin de esta declaracin se incurri en falso raciocinio en la medida que los sentenciadores faltaron al deber de analizar la fundamentacin de 2004. tcnico-cientfica del testimonio pericial, conforme dispone el artculo 420 de la Ley 906
Con lo anterior quiere significar que el perito, al establecer que se alteraron los datos del 1 de junio de 2006 en el libro que registra el movimiento de personal en la sede del Gaula Oriente, tan solo tuvo en cuenta la categora de la forma de la escritura en el texto indubitado, para referir que es ovalada y alargada, mientras que los grafismos del texto debitado son casi ovalares; no se consideraron factores diferentes como: emplazamiento, dimensin, presin, forma, velocidad, desplazamiento lineal, etc., tiles para determinar la heteroprocedencia de un escrito, circunstancia que le permite concluir que el Tribunal viol la ley de la ciencia denominada ley del nmero, conforme a la cual a mayor nmero de cualidades concurrentes, entre las descripciones cotejadas, mayor probabilidad estadstica de uniprocedencia y viceversa. En ausencia de este error, sostiene, el Tribunal no habra podido llegar a la conviccin de que los acusados manipularon las pruebas que utilizaron para sustentar la coartada, y resultara creble que su actuacin obedeca a un operativo oficial y a la espontnea reaccin que desplegaron secuestrada. Con este reparo el demandante reitera que la verdad de los acontecimientos es la que expresaron los acusados y que los sentenciadores erraron al no acoger sus exculpaciones.
En su exposicin, sin embargo, pierde de vista que la prueba de la que predica el supuesto falso raciocinio, se relaciona con la presencia del acusado Mosquera Berro en las instalaciones del Gaula Oriente el da de los hechos, cuando la patrulla al mando del Capitn Delgado Villalba se dirigi, supuestamente, a cumplir labores de inteligencia y, segn razon el Tribunal,
la relevancia que tiene en la actuacin el que MOSQUERA BERRO hubiese o no estado en las instalaciones del GAULA Oriente en las horas de la tarde de ese da 1 de junio; cuando ya se ha acreditado el actuar conjunto de los acusados en el punible de desaparecimiento que se les endilga, no es otra diferente, a que de establecerse que no estaba, como efectivamente era, an ms inexplicable e inverosmil se torna la coartada de los acusados de encontrarse juntos en razn del servicio o realizacin de un operativo de inteligencia militar, dado que al no estar MOSQUERA BERRO en servicio esa tarde, inaceptable era que estuviese acompandolos en labor oficial. Tal como lo predica en su atestacin seria e imparcial el patrullero ARLIN MURRIETA IMAA,45 al hacer referencia a los cuestionamientos que al respecto, en las partidas para Girardota, haca el Teniente Coronel MOJICA ROJAS, al acusado DELGADO VILLALBA.46
Desde esta perspectiva, el actor no explica de qu forma la aplicacin correcta del principio de la ciencia
CD No. 6. Fol. 62 c 4.
que cita, conducira a desvirtuar el raciocinio a partir del cual el sentenciador estableci, ms all de toda duda, que los acusados realizaron las conductas que se les atribuye, al punto que en poder de Mosquera Berro se encontraron las pertenencias de la persona que acababa de ser desaparecida. 3.12 De otra parte, el censor denuncia la existencia de errores de raciocinio en torno a las siguientes pruebaas: 3.12.1 El indicio de que Sal Linfrey Manco fue obligado a subir en un automvil ocupado por tres personas, el cual extrajo el Tribunal de la declaracin de Magda Janeth Meja Gonzlez, cuando seal al acusado Delgado Villalba como la persona que se llev violentamente a la vctima y la oblig a subirse en un automotor en el que haba dos personas ms. De este indicio, agrega, el Tribunal dedujo coautora material en contra de Vargas Barrera, Mosquera Berro y Marn Trujillo, con desconocimiento del principio lgico de identidad ya que no existe correspondencia o mismidad entre los desconocidos que se desplazaban en el automotor en el que se subi al desaparecido y los mencionados procesados. El demandante hace esta afirmacin desde el plano especulativo, sin referir prueba alguna que indique que fueron otros los autores de los ilcitos y con esta actitud,
rehsa demostrar por qu razn err el Tribunal al inferir que los acusados, sorprendidos en el automotor utilizado en la retencin ilcita del desaparecido y en posesin de sus pertenencias, fueron quienes, sin duda, ejecutaron las conducta ilcita. 3.12.2 Indicio de presencia de Vargas Barrera en el sector donde fue retenido ilcitamente el desaparecido. Se demostr en la actuacin que entre las 7:36 y las 8:15 de la noche del 1 de junio de 2006, del telfono celular del acusado Vargas Barrera salieron diversas llamadas que registraron las celdas o antenas que se encuentran ubicadas en el municipio de Bello y en el tnel de Guarne, es decir, en la zona donde se produjo la desaparicin y la ruta por donde se desplazaron los delincuentes, la cual se encuentra distante al lugar donde afirman los acusados se encontraban en ese mismo momento, esto es, en Girardota. Segn el actor, el Tribunal desconoce el principio lgico de no contradiccin, porque precis que esta prueba no permite concluir con certeza que el acusado fsicamente se encontraba en el sitio o zona de ubicacin de las antenas (en cuanto no puede confundirse zona de cobertura
con la ubicacin de la antena), pero al mismo tiempo
sostuvo que el medio probatorio demuestra la presencia del acusado en la zona de ocurrencia de la desaparicin forzada.
Se advierte, entonces, que el falso raciocinio que denuncia, carece de fundamentacin, ya que la conclusin nica que extracta el Tribunal es que, definitivamente, atendiendo la cobertura de las antenas que registraron las llamadas, los procesados no estaban en Girardota como intilmente se esforzaron en hacerlo creer. 3.12.3 Indicio de huida del retn establecido por la Polica para inmovilizar el vehculo en el que se transport al desaparecido. El Tribunal precis que cuando se logr la retencin del automotor y se iba a proceder a la identificacin de los ocupantes, el acusado Delgado Villalba proclamando su condicin de oficial del Ejrcito, orden a los ocupantes del automotor proseguir la marcha, circunstancia de la cual dedujo que
la nica razn para impedir que los agentes cumplieran con sus deberes, era que quedaran en evidencia ante los mismos, al encontrar al secuestrado en el bal del carro o en interior para los pasajeros. la parte
Este indicio, afirma el demandante, contiene un falso raciocinio que afecta su fuerza probatoria pues del hecho indicador es factible deducir una circunstancia distinta a la sealada por el sentenciador, consistente en que movidos por el deseo de acertar, los acusados
reaccionaron de manera urgente en un procedimiento para tratar de dar con la liberacin de una persona secuestrada , la cual
fluye exclusivamente de su percepcin particular de los
hechos y que slo alcanza a fundamentar con las indemostradas exculpaciones de los acusados. 3.12.4 El cmulo de llamadas
realizadas la noche de los hechos entre los procesados Delgado Villalba y Vargas Barrera. El actor hace alusin al acpite de respuesta a los alegatos de los sujetos procesales de la sentencia de primer grado, en donde el a-quo precis que, sin importar las diferencias de los trabajos investigativos que sobre el punto presentaron las partes, s llama mucho la atencin del
Juzgado el cmulo de llamadas realizadas entre DELGADO y VARGAS el da de los hechos entre las 23:45:50 del primero de junio a las 01:27:31 del 2 de junio de 2006 lo que demuestra la preocupacin y afn de hablar entre los dos sobre lo sucedido.
Sobre el punto el actor asegura que se alter la identidad de las pruebas relacionadas con este tema (el
juez dijo que la gestin de la Fiscala hace alusin a llamadas entrantes y salientes, y la de la defensa slo a las de salida) ,
pues ambas tratan de la misma informacin: llamadas salientes de los abonados de los acusados VARGAS, DELGADO y MOSQUERA, entonces no son pruebas distintas como lo sostiene el sentenciador al tergiversar la prueba falseando su identidad. Adems, presenta un falso raciocinio porque el fallador establece un indicio de responsabilidad del aludido cmulo de llamadas, al indicar que entre los procesados
exista afn por hablar sobre lo sucedido, expresin que en opinin del censor significa acerca de la desaparicin del seor Manco Jaramillo , cuando ese hecho indicador en realidad apunta a corroborar la versin de los acusados, en el sentido que el control de mando de la patrulla se perdi despus de haber sido interceptada por la Polica, y Delgado Villalba no tenan comunicacin telefnica con porque no entraban las llamadas. La trascendencia del error es clara, concluye, porque si no se hubiere producido, el sentenciador habra dado credibilidad a la versin de los acusados de estar adelantando labores oficiales para contribuir a la liberacin del secuestrado. El fundamento de la censura se sustenta en la aludida versin que los acusados ofrecieron en su testimonio, la cual no puede apuntalar el demandante a otro medio probatorio que la corrobore, circunstancia que por s sola desvirta la existencia del error y, adems, deja en claro que en realidad lo que ataca es la credibilidad otorgada por el sentenciador a las pruebas de cargo, aspecto que desborda el contenido de la casacin. 3.12.5 Indicio de tenencia de los objetos del Vargas Barrera
desaparecido por parte de Mosquera Berro, y de ocultamiento de los elementos cuando finalmente se logr inmovilizar a los procesados, del cual el Tribunal
procesados Vargas Barrera, Mosquera Berro y Marn Trujillo, quienes se movilizaban en el vehculo utilizado en la desaparicin forzada que se les atribuye. Sobre el particular el censor recuerda que la valoracin del indicio debe ser integral, lo cual implica la contemplacin de todas las hiptesis que pueden confirmar o invalidar la deduccin afincada en el hecho indicante, exigencia que, asegura, no se cumpli en este asunto porque el sentenciador omiti algunas particularidades que permiten inferir razonablemente que Mosquera s se encontr esos bienes abandonados en el piso trasero del vehculo. Lo anterior teniendo en cuenta que adems de los bienes del desaparecido llevaba otros de su propiedad; tambin porque recibieron la orden de dirigirse hasta el sitio donde los esperaba un contingente de autoridades, entre ellos sus superiores, de manera que tuvo ocasin de deshacerse de los elementos hurtados, pues trascurrieron varias horas desde la desaparicin del seor Manco Jaramillo hasta el momento en que se encontraron sus pertenencias en poder de Mosquera Berro. Para el demandante, estas circunstancias restan fuerza demostrativa a la deduccin del Tribunal y, por el contrario, fortalece las proposiciones de la defensa, es decir, La NO probable responsabilidad de MOSQUERA BERRO y
de VARGAS BARRERA y MARN TRUJILLO en la desaparicin de
Manco Jaramillo; y la credibilidad de la versin exculpatoria de MOSQUERA BERRO explicando la tenencia de los bienes de valor del desaparecido.
Como bien puede observarse, los argumentos del actor no conducen a demostrar la existencia real de un error de apreciacin probatoria por parte del Tribunal, en la forma como se exige en esta sede, sino que se identifican con un alegato de instancia destinado a oponer la personal apreciacin de los medios de prueba, frente a la conferida por los juzgadores de instancia. De esa manera, pretende el recurrente, sin
consideracin a un medio probatorio diferente, que se confiera plena credibilidad a las manifestaciones de los procesados en el sentido que no realizaron las conductas ilcitas por las cuales fueron llamadas a este juicio, sin tener en cuenta el conjunto probatorio que establece todo lo contrario, esto es, que fueron las personas que desaparecieron al seor Manco Jaramillo, pues as lo estableci el sentenciador del conjunto probatorio de la actuacin
(por ejemplo, el testimonio de Magda Janeth Meja Gonzlez y el de los patrulleros de la polica que reaccionaron a la desaparicin: Csar Augusto Martnez, Luis David Doria Snchez y Arln Murrieta Umaa) ,
el cual omite confrontar
el actor a lo largo de su extenso escrito, para reducir el ataque a la supuesta existencia de un cmulo de errores probatorios, en ausencia de los cuales la decisin tendra que ser diferente a la censurada.
El afn que motiva al actor por hacer primar la percepcin que tiene de los hechos y de la valoracin que desde su perspectiva debe darse a las pruebas, lo lleva inclusive a proponer la existencia de un falso raciocinio porque el juez de conocimiento neg trascendencia a la ausencia de mvil proclamada por la defensa, bajo la consideracin de que no se trata de un presupuesto de los ilcitos que se juzgan. En criterio del actor, esta afirmacin desconoce las reglas de la sana crtica porque el tema del mvil es un asunto de derecho probatorio, no de orden sustancial y, en consecuencia, resulta errnea la inferencia lgica. El reparo lo formula sin acreditar por qu razn la anotada del sentenciador fue consideracin
irrespetuosa de la sana crtica, pues no determina la ley cientfica, el principio lgico o la regla de experiencia eventualmente desconocida. Adems, el actor desconoce que el denominado mvil slo coadyuva a explicar el por qu de la conducta punible sin que represente otra utilidad dentro del proceso penal, en forma tal que debe ser excluida por innecesaria su valoracin, salvo que el mismo se haya contemplado como circunstancia especificadora o genrica que est en posibilidad de variar el juicio de reproche o la punibilidad del delito.47 En razn de lo anterior, carece de sentido o por lo menos de importancia que el juez haya precisado que la
Sentencia de casacin del 20-10-08 Rad. 28734.
falta de demostracin del mvil no modifica en este asunto el sentido de la decisin, pues sta se sustenta en diversos medios probatorios que con solidez acreditan, ms all de toda duda, la responsabilidad de los acusados en los delitos que se les imputan. 4. En sntesis, el anlisis de los distintos reproches que propone el demandante, permite sostener que la valoracin probatoria adelantada por los jueces de instancia, no viola en forma indirecta la ley sustancial por falta de aplicacin del principio de in dubio pro reo, previsto en el artculo 7 del Cdigo de Procedimiento Penal, porque tal incertidumbre pretende establecerla con las manifestaciones indemostradas de los procesados, inocuas frente al conjunto probatorio que acredita la inexistencia de la misin oficial en virtud de la cual, supuestamente, a la hora de la desaparicin de Sal Linfrey Manco Jaramillo, se encontraban en un municipio distante entrevistando a Claudia Escobar Gil y a Ober Weimar Ibargen Loaiza; porque se demostr que Delgado Villalba fue la persona que se llev por la fuerza al desaparecido e impidi a la Polica registrar el vehculo e identificar a las personas que lo movilizaban; porque en ese automotor en el que fueron vistos los acusados Vargas Barrera, Mosquera Berro y Marn Trujillo y que utilizaban al momento de ser retenidos, se encontraron cabellos de la vctima segn los resultados de la prueba de ADN; porque de acuerdo con los registros de las llamadas del telfono celular de
Oscar Fabin Vargas Barrera se evidenci que a la hora de los hechos los acusados no se encontraban en Girardota, como intilmente se esforzaron en alegar, sino en el municipio de Bello donde se produjo la desaparicin; y porque en poder de uno de los acusados se encontraron las pertenencias que la persona sometida a desaparicin forzada llevaba cuando se la retuvo de manera ilegal. Por consiguiente, la legalidad y acierto de la sentencia permanecen inalterables, ms an cuando para desvirtuarlas se emple como herramienta exclusiva la simple oposicin a la valoracin probatoria emprendida por el fallador. Una conclusin diferente, que es por la que propende el actor, implicara no solo desconocer el hecho demostrado de que fueron los servidores pblicos aqu condenados quienes desaparecieron al seor Manco Jaramillo, sino, adems, rehuir los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la suscripcin de Instrumentos Internacionales como la Convencin Interamericana Sobre Desaparicin Forzada de Personas, hecha en Belm do Par, el 9 de junio de 1994, aprobada por el Congreso de la Repblica mediente Ley 707 de 2001; dentro de las cuales destacan las de No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparicin forzada de personas, ni an en estado de emergencia,
Sancionar en el mbito de su jurisdiccin a los autores, cmplices y encubridores del delito de desaparicin forzada de personas, as como la tentativa de comisin del mismo ;48 obligaciones que los Estados partes adoptaron bajo la consideracin superior de que este delito constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrnseca de la persona humana, en contradiccin con los fines y propsitos consagrados en la Carta de la Organizacin de los Estados Americanos, y porque la desaparicin forzada de personas {delito de lesa humanidad} viola mltiples derechos esenciales en la de carcter inderogable, sobre consagrados Convencin Americana
Derechos Humanos, en la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, como la vida, la libertad, la dignidad inherente al ser humano, el debido proceso y el acceso a la administracin de justicia. Lo anterior significa que la tolerancia estatal, por mnima que sea frente a este delito (y a todos aquellos
calificados como de lesa humanidad), o la falta de resolucin
combatirlo del
comprometen Estado, pues
responsabilidad Humanos,
palabras de la Corte Interamericana de Derechos
Artculo 1 de la Convencin.
directamente numerosas disposiciones de la Convencin, como las sealadas, significa una ruptura radical de este Tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios sistema existencia Estado de que de ms esta profundamente prctica, se fundamentan supone los el La el interamericano y la misma Convencin. adems,
desconocimiento del deber de organizar el aparato del modo que garanticen derechos reconocidos en la Convencin... Adems, la prctica de desapariciones por s sola crea un clima incompatible con la garanta debida a los derechos humanos por los Estados partes en la Convencin, en cuanto relaja las normas mnimas de conducta que deben regir los cuerpos de seguridad a los que asegura impunidad para violar esos derechos.49
La jurisprudencia constitucional ha resaltado que la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expone con claridad que,
en principio, es imputable al Estado toda violacin de los derechos reconocidos por la Convencin cumplida por un acto del poder pblico o de personas que actan prevalidas de los poderes que ostentan por su carcter oficial, y que an as no se agotan all las situaciones en las cuales el Estado est obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los
Caso Godnez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989. Citado por la Corte Constitucional en sentencia C-317-02.
comprometida por efecto de una lesin a esos derechos. En efecto, un hecho ilcito, como violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte atribuible directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresin, sin embargo puede acarrear su responsabilidad internacional, no por ese hecho en s mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violacin o para tratarla en los trminos requeridos por la Convencin.50
En este orden de ideas, resta concluir que el cargo no prospera. Por las razones consignadas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacin Penal, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la Ley,
NO casar la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de agosto de 2007, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medelln, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisin.
No procede recurso alguno. Cpiese, notifquese y cmplase.
JOS LEONIDAS BUSTOS MARTNEZ
MARA DEL ROSARIO GONZLEZ DE LEMOS Permiso
AUGUSTO J. IBEZ GUZMN
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e contrario
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