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Timestamp: 2019-07-20 01:23:44+00:00

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﻿ SENTENCIA 2010-01359/2888-2017 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2010-01359 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:POSIBILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE BENEFICIARSE DE CONVENCIONES COLECTIVAS. SE EXPLICÓ QUE SEGÚN EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL GARANTIZA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, LIMITADO ÚNICAMENTE POR LAS EXCEPCIONES QUE DEFINA LA NORMATIVIDAD. DE IGUAL FORMA, EL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO CONTIENE LA LIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL QUE ESTIPULA QUE LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS NO PUEDEN PRESENTAR PLIEGOS DE PETICIONES NI CELEBRAR CONVENCIONES COLECTIVAS, PERO LOS SINDICATOS DE LOS DEMÁS TRABAJADORES OFICIALES TIENEN TODAS LAS ATRIBUCIONES DE LOS OTROS SINDICATOS DE TRABAJADORES. LO ANTERIOR TIENE FUNDAMENTO PRECISAMENTE EN LA VINCULACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, LA CUAL RESTRINGE LA POSIBILIDAD DE AFECTAR LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES DE FIJAR UNILATERALMENTE LAS CONDICIONES DEL EMPLEO.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, CONVENCIÓN COLECTIVA, RÉGIMEN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 2010-01359/2888-2017 de marzo 1 de 2018
Radicación: 760012331000201001359 02 (2888-2017)
Demandante: Empresas Municipales de Cali, Emcali, EICE, ESP
Demandado: Graciela Arcos de Brand
Sea lo primero precisar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso(5), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:
¿La pensión reconocida por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, por medio de la Resolución 780 del 21 de junio de 1989 al señor Reinaldo Brand Vásquez, con fundamento en la Resolución 104 del 14 de octubre de 1983 expedida por la junta directiva de la entidad y en la convención colectiva de trabajo vigente suscrita por aquella y su sindicato de trabajadores, prestación que se sustituyó a la señora Graciela Arcos de Brand, según Resolución 1058 del 27 de mayo de 1993, quedó convalidada al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993?
(I) Naturaleza jurídica de Emcali y su régimen de personal
Con el fin de definir el contexto normativo que afectó la naturaleza jurídica de la vinculación del señor Reinaldo Brand Vásquez con las Empresas Municipales de Cali, se harán las siguientes precisiones:
Mediante Acuerdo 50 de 1961 expedido por el Concejo Municipal de Cali, se constituyó el establecimiento público denominado Empresas Municipales de Cali, Emcali, como un establecimiento público del orden descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, con el fin de que asumiera “la dirección, organización, administración, ensanches, conservación y mantenimiento de las empresas e instalaciones de propiedad del municipio de Cali que constituyen el acueducto municipal, el alcantarillado municipal, la empresa de energía eléctrica municipal, el empresa telefónica municipal, las plazas de mercado y de ferias, y el matadero municipal” (fls. 15-23 vto., cdno. 1).
Posteriormente, el Decreto-Ley 3135 del 26 de diciembre de 1968(6) de manera general, estableció los criterios para determinar quiénes son servidores públicos y quienes trabajadores oficiales, al señalar:
(...) ART. 5º—Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios; departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
Enlosestatutosdelosestablecimientos públicos se precisaráquéactividadespuedenserdesempeñadasporpersonasvinculadasmediantecontratodetrabajo(7).
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sinembargo,losestatutosdedichasempresasprecisaránquéactividadesdedirecciónoconfianzadebanserdesempeñadasporpersonasquetenganlacalidaddeempleadospúblicos (...)(8).
A su vez el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, en el artículo 2º definió que los empleados públicos son las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, mientras que en el artículo 3º estableció que los trabajadores oficiales, son quienes laboran en las entidades referidas en el inciso 1º del artículo 1º de ese mismo decreto(9), en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, salvo el personal directivo y de confianza que labore en dichas obras, así como aquellos que prestan sus servicios en establecimientos públicos con carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del Estado y en sociedades de economía mixta.
En lo que respecta a la posibilidad de definir a través de los estatutos de los establecimientos públicos, quiénes tendrían la condición de trabajadores oficiales, es importante precisar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-484 de 1995, declaró inexequibles las expresiones “En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo” y “sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”, contenidas en el Decreto-Ley 3135 de 1968, por considerar, en síntesis, que la autonomía de las entidades descentralizadas no llega al punto de permitirles definir en sus estatutos las actividades que pueden ser desarrolladas por trabajadores oficiales, pues esta es una atribución del legislador, a quien también le corresponde la clasificación de los empleos de la administración nacional.
(...) ART. 17.—Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley.
PAR. 2º—Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas (...)(10).
En cumplimiento de lo anterior el Concejo Municipal de Cali, expidió el Acuerdo 14 del 31 de diciembre de 1996 (fls. 24-35 vto., cdno. 1), por medio del cual Emcali se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal (art. 4º), a partir del 1º de enero de 1997, es decir que desde este momento, como regla general, la naturaleza jurídica de la vinculación de los servidores de dicha entidad sería la de trabajadores oficiales y de manera excepcional los estatutos de estas empresas podrían definir los cargos con funciones de dirección o confianza que deban ser desempeñados por empleados públicos, al tenor de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, antes transcrito.
En efecto, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, definió que las personas que presten sus servicios a empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares, y en tal virtud se les aplica el Código Sustantivo del Trabajo, y en el caso de aquellas personas que prestaran sus servicios en empresas que hubieren optado por lo previsto en el parágrafo del artículo 17 ibídem, y se transformaran en empresa industrial y comercial del Estado, se regirían por lo establecido en el artículo 5º del precitado Decreto-Ley 3135 de 1968, esto es, se considerarían trabajadores oficiales, tal y como lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-253 de 1996 al declarar la inexequibilidad de la expresión “inciso primero del” contenida en dicho artículo, al razonar que ella implica que los empleados públicos de estas empresas, que se encuentran sometidas en cuanto a su actividad y organización al régimen privado, se ven limitados en su derecho de negociación colectiva (C.P., art. 55), además de que tendrían una situación laboral distinta a la de los demás trabajadores oficiales, situación que es discriminatoria respecto de los servidores de las sociedades por acciones, privadas y mixtas igualmente aludidas por la Ley 142 de 1994, que sí cuentan con dichas garantías.
(...) ART. 62.—La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; lascondicionesdeascensoydejubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del tesoro público (...) (se subraya).
(...) Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, asícomoelrégimendesusprestacionessociales (...) (se subraya).
Por su parte, la Constitución Política de 1991, en el artículo 150 numeral 19 literal e), facultó al Congreso de la República para expedir las leyes y a través de ellas señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el régimen prestacional de los servidores públicos. Igualmente, de acuerdo con el artículo 48 ibídem, la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley.
(...) ART. 1º—El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo (subraya la Sala) (...).
(...) Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos (...).
De ahí se concluye, que ni a la luz de la Constitución de 1886 ni de la Carta de 1991, las entidades territoriales o del sector descentralizado, pueden proferir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales, pues no tenían facultades para ello(11). En esas condiciones, resultan ilegales las disposiciones que en esta materia se expidan a través de normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; así como las contenidas en convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas a este tópico(12).
(...) Artículo 1º
Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones (...) (negrillas fuera del texto).
(...) Limitación de las funciones. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, auncuandonopuedandeclararohacerhuelga (...)(13) (se resalta).
Lo anterior tiene fundamento precisamente en la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos, la cual restringe la posibilidad de afectar la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del empleo(14).
La mencionada Ley 411 de 1997, a su turno, fue reglamentada por el Decreto 160 del 5 de febrero de 2014(15) en el cual se reguló “el procedimiento para la negociación exclusivamente de las condiciones de empleo, entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos”, aplicable a los empleados públicos de todas las entidades y organismos excepto(16):
(...) a) Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas;
d) El personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (...).
Ahora bien, a través del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 411 de 1997. Dicho acto reguló el procedimiento para la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones sindicales de empleados públicos, limitado exclusivamente a las condiciones de empleo (art. 1º), dentro del cual, si se llega a un consenso, no culmina con una convención colectiva propiamente dicha, sino con un acuerdo colectivo (art. 13).
De todo lo expuesto, se concluye que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones, ni pueden beneficiarse de los acuerdos contenidos en las convenciones colectivas.
(...) ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (ocumplandentrodelosdosañossiguientes) los requisitos exigidos en dichas normas(17).
Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente ley (...).
(...) El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.
Nuestro estatuto superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función” (C. Const., Sent. C-168/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes (...).
La Subsección considera importante precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió que dentro de las disposiciones del orden territorial quedaron incluidas las regulaciones de las convenciones colectivas de trabajo(18). En este sentido y para efectos de la convalidación de pensiones reconocidas con fundamento en aquellas, la Sala Plena de esta Sección sostuvo que las mismas se encuentran dentro de los supuestos establecidos por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues la convención colectiva que involucra a empleados públicos no puede ser tenida como un contrato, dado que aquellos no pueden regirse por estos instrumentos y tampoco pueden tener el carácter de una norma, en razón a que carece de las formalidades propias de una preceptiva, sin embargo, sí pueden ser tenidas como una disposición, puesto que lo que se buscó con ella fue dar protección y progresividad a los derechos de los trabajadores(19).
Es relevante señalar que sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibídem estableció que entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las situaciones particulares que se definieron con anticipación a esa fecha deben ser respetadas, sin embargo el artículo 146, permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del sistema general de seguridad social, aparte que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la misma Sentencia C-410 de 1997 antes mencionada.
A pesar de lo anterior, esta corporación consideró que dicho aparte sí surtió efectos respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de inexequibilidad tienen efectos hacia futuro, y como quiera que la sentencia de constitucionalidad no moduló los efectos de su decisión, quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el sistema general en cada entidad territorial. Así lo concluyó la sentencia del 7 de octubre de 2010(20):
(...) Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no solo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma (...).
En el presente caso no se discute que según señala el acto administrativo de reconocimiento el señor Reinaldo Brand Vásquez nació el 17 de abril de 1934(21). Tampoco se controvirtió que se vinculó a Emcali desde el 20 de enero de 1969 hasta el 15 de abril de 1989(22).
Mediante Resolución 104 del 14 de octubre de 1983 (fls. 13 y 14) la junta directiva de las Empresas Municipales de Cali, concedió unos beneficios extralegales a los empleados públicos de la entidad, dentro de los cuales estableció en el artículo cuarto, el siguiente:
(...) ART. 4º—Con retroactividad a 1º de enero de 1983, aplíquense los siguientes beneficios a favor de todos los empleados públicos de las Empresas Municipales de Cali:
3. Al personal de empleados públicos que cumpla con los requisitos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes en Emcali se pagará jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas por el empleado en el último año de servicios (...).
Así mismo, el entonces establecimiento público Empresas Municipales de Cali, suscribió convención colectiva con su sindicato de trabajadores “Sintraemcali” (fls. 48-54 vto., cdno. 1), en la cual se incluyeron previsiones relacionadas con pensiones de jubilación, entre ellas las siguientes:
(...) ART. 103.—Condiciones para jubilación. Emcali jubilará a los trabajadores oficiales que hayan prestado servicios veinte (20) años continuos o discontinuos a entidades de derecho público y cuando cumplieren cincuenta (50) años de edad.
“ART. 110.—Cuantía de la pensión. Emcali jubilará al personal que cumpla los requisitos establecidos por la ley y la convención vigente en Emcali, con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio. Quien ingrese a laborar a Emcali a partir del 1º de enero de 1992 y haya trabajado en otras entidades oficiales, así haya cumplido los requisitos legales o convencionales, si no ha servido en Emcali, diez (10) años o más, se jubilará con el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio (...).
Luego, la entidad aceptó la renuncia presentada por el señor Reinaldo Brand Vásquez, a partir del 16 de abril de 1989(23) y posteriormente, el gerente general de Emcali expidió la Resolución 780 del 21 de junio de 1989, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación al interesado a partir del 25 de junio de 1992, en cuantía del 90% del promedio de salarios y primas devengados en el último año de servicios, con fundamento en la convención colectiva de trabajo celebrada en el año de 1983. En el artículo segundo de dicho acto, estipuló que una vez el Instituto de Seguros Sociales asumiera el riesgo de vejez, la empresa únicamente pagaría el mayor valor si se generara entre la pensión otorgada por el ISS y la reconocida por Emcali.
A raíz del deceso del señor Reinaldo Brand Vásquez(24), se dio lugar al reconocimiento de la sustitución de la pensión que venía devengando el causante a favor de su beneficiaria, Graciela Arcos de Brand en calidad de cónyuge supérstite (fls. 9 y 10, cdno. 1), según Resolución 1058 del 27 de mayo de 1993, emanado de la gerencia general de Emcali.
En este punto, observa la Subsección que la situación jurídica de carácter individual frente a la pensión de jubilación del señor Reinaldo Brand Vásquez y sustituida a Graciela Arcos de Brand, quedó definida con anterioridad al 30 de junio de 1997, fecha hasta la cual el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las pensiones reconocidas con fundamento en disposiciones del orden territorial, dado que fue concedida el 16 de abril de 1989, por haber acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos por la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983 así como los establecidos por la convención colectiva vigente para la época(25).
Ahora bien, el ordinal 3º del artículo 4º de la antes mencionada Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, y la Resolución GG-11917 de 7 de diciembre de 1977, ambas proferidas por Emcali, fueron demandadas ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el cual declaró su nulidad mediante sentencia de 10 de febrero de 1995, decisión que confirmó el Consejo de Estado en providencia de 2 de octubre de 1996, expediente 11697, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, pronunciamiento que se citó en sentencia de esta sección, del 12 de mayo de 2005(26).
En cuanto a los efectos que dicho pronunciamiento tiene sobre los derechos reconocidos en virtud del acto anulado, debe precisarse que la Ley 100 de 1993 previó la protección de los derechos adquiridos de las personas que alcanzaron los requisitos para acceder a una pensión o se encontraran pensionados al momento de su entrada en vigencia(27), protección que como se vio, se entiende extendida hasta el 30 de junio de 1997, motivo por el cual, los efectos de la nulidad del acto general no le son aplicables a los derechos pensionales consolidados con anterioridad.
Conclusión: La pensión reconocida por Emcali al señor Reinaldo Brand Vásquez, por medio de la Resolución 780 del 21 de junio de 1989, con fundamento en la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983 expedida por la junta directiva de la entidad(28) y en la convención colectiva de trabajo vigente, quedó convalidada al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues su situación jurídica individual frente a la prestación al amparo de aquellas disposiciones quedó definida antes del 30 de junio de 1997.
Por lo expuesto la Sala considera que se impone confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 14 de octubre de 2016, que denegó las pretensiones de la demanda.
La Subsección estima que no hay lugar a condena en costas por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que por lo mismo se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso (CCA, art. 171, modificado L. 446/98, art. 55).
1. Confirmar la sentencia del 14 de octubre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por las Empresas Municipales de Cali, Emcali EICE ESP contra la Resolución 780 del 21 de junio de 1989, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación al señor Reinaldo Brand Vásquez y de la Resolución 1058 del 27 de mayo de 1993, por la cual la gerencia general concedió la sustitución pensional a Graciela Arcos de Brand en calidad de cónyuge supérstite del causante.
(5) “ART. 328.—Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
(6) “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.
(7) Texto subrayado declarado inexequible Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
(8) Texto subrayado declarado exequible en la misma Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
(9) Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, definidos en los artículos 5º, 6º y 8º del Decreto Legislativo 1050 de 1968.
(10) Posteriormente la Ley 286 del 3 de julio de 1996 “Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142 y 143 de 1994 (sic) y la Ley 223 de 1995”. Estableció lo siguiente: “ART. 2º—Las entidades descentralizadas y demás empresas que estén prestando los servicios a los que se refiere la Ley 142 de 1994, se transformarán en empresas de servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, en un plazo hasta de dieciocho (18) meses a partir de la vigencia de la presente ley”.
(11) En este sentido ver Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, Corte Constitucional.
(12) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de septiembre de 2011. Radicación 68001-23-15-000-2005-02272-02 (0013-11), actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga en Liquidación; M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(13) Declarada exequible por la Sentencia C-201-02.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-201 de 2002.
(15) Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.
(16) El campo de aplicación del Decreto 160 de 2014 se encuentra delimitado en el artículo 2º.
(17) Lo resaltado entre paréntesis fue declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(18) Al respecto se pueden ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, radicación 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10), actor: Universidad del Atlántico, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, reiterado en las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de septiembre de 2011, radicación 68001-23-15-000-2005-02272-02 (0013-11), actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga en Liquidación; M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; de la Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, radicación: 68001-23-31-000-2005-02207-01 (0200-13), actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga en Liquidación, C.P. Alfonso Vargas Rincón y también de la Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2015, radicación 68001-23-31-000-2005-02293-02 (4597-13), actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga en Liquidación, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, entre otras.
(19) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, radicación 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10), actor: Universidad del Atlántico, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(20) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, radicación 1484-09, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(21) En las consideraciones de la Resolución 780 del 21 de junio de 1989 se indica “Que según consta en la partida de bautismo expedida por la Arquidiócesis de Cali, Parroquia de la Catedral de San Pedro de Cali, el señor REINALDO BRAND VÁSQUEZ, nació el 17 de abril de 1934” (mayúsculas del texto).
(22) Según se indica en el acto de administrativo de reconocimiento obrante en el folio 12 del expediente.
(23) Conforme se observa en la Resolución 1263 del 25 de abril de 1989 visible a folio 11 del cuaderno principal.
(24) Según se observa en la Resolución 1058 del 27 de mayo de 1993 obrante a folios 9 y 10 del cuaderno principal.
(25) Según señaló el acto administrativo de reconocimiento pensional.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2005, radicación 76001-23-31-000-2001-01732-01 (1964-04), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
(27) En este sentido puede consultarse la sentencia de 12 de febrero de 2009, rad. 250002325000200403756 01 (0273-08), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(28) Por la cual se concedieron unos beneficios extralegales a los empleados públicos de Emcali.

References: ARTÍCULO 55
 ARTÍCULO 416
 artículo 328
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 146
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 150
 artículo 48
 Artículo 1
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 146
 artículo 151
 artículo 146
 artículo 45
 artículo 146
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 146
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 146
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución