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﻿ SENTENCIA AG-13 DE FEBRERO 23 DE 2001
SENTENCIA AG-13 DE 23 DE FEBRERO DE 2001
CONTENIDO:ACCIONES DE GRUPO. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES. LA ACCIÓN ES PROCEDENTE, SI SE CUMPLE LA CONDICIÓN LEGAL QUE EXIGE QUE EL CONJUNTO DE PERSONAS REÚNA CONDICIONES UNIFORMES RESPECTO DE UNA MISMA CAUSA DE LA LESIÓN PATRIMONIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE GRUPO, MESADA PENSIONAL, INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, DERECHOS COLECTIVOS, PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, PAGO DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
REVISTA TUTELA N°:17 DE MAYO DE 2001, PÁG.931
Sentencia AG-13 de febrero 23 de 2001
Rad.: AG-013, feb. 23/2001
C.P. Roberto Medina Lopez
Actor: Asociación de pensionados del Cauca y otros.
Demandado: Departamento del Cauca.
Decide la Sala la impugnación formulada por el actor contra la providencia del 21 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.
El señor Gerardo Antonio Mera Velasco, obrando en nombre de la Asociación de Pensionados del Cauca (Asopen) y del señor Carlos Alfonso Medina Velasco y del suyo propio, éstos últimos en su calidad de afiliados a dicha asociación, en ejercicio de la acción de grupo consagrada en el artículo 88 inciso 2º de la Constitución Política, ante el Tribunal Administrativo del Cauca presenta demanda contra el Departamento del Cauca, con el propósito de obtener el pago de la indemnización colectiva que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales, en razón de la mora en el pago de las mesadas pensionales correspondientes al tiempo transcurrido desde febrero de 1998 hasta la fecha de la sentencia, con los intereses que fija el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, incluida su corrección monetaria, más la compensación de los perjuicios inmateriales reseñados, y los gestos del proceso.
La acción se sustenta en el hecho de que el departamento del Cauca ha venido incumpliendo durante los dos últimos años el deber de pagar a sus pensionados las mesadas reconocidas, salvo la común de diciembre de 1998. Por tal decisión ellos han sufrido enormes perjuicios, traducidos en el desconocimiento a su dignidad de personas y en la consecuente e indecible gama de penalidades económicas, tanto mas gravosas cuanto menores son para ellos las posibilidades de sobrevivir con recursos diferentes a la pensión.
Fundamenta su acción en los artículos 3º y 46 de la Ley 472 de 1998, porque las personas integradas en Asopen son todas pensionadas o sustitutas de pensionadas, que vienen siendo perjudicadas individualmente, de donde afirma que se dan las condiciones para proponer la acción de grupo, a saber:
— Un hecho dañino reiterado, que es el pago extemporáneo de las mesadas;
— Un único responsable del hecho dañino, que es el departamento del Cauca;
— Unos mismos perjudicados con el hecho dañino, que son los pensionados a cargo del departamento del Cauca, entre los cuales Asopen constituye un grupo;
— Un perjuicio desagradablemente repetido, que comprende menoscabos materiales y afrentas, congojas y otras aflicciones, de suyo inmateriales, a los pensionados,
— El interés común del grupo reclamante por obtener el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente.
En auto del 14 de marzo de 2000, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Unitaria, admitió la demanda porque estimó procedente la acción de grupo incoada, por cumplir los requisitos de los artículos 3º y 47 de la Ley 472 de 1998. Lo anterior en cumplimiento del artículo 53 ibídem.
El departamento del Cauca, mediante apoderada constituida por el gobernador, en su respuesta a la demanda solicitó que se declarara improcedente la acción de grupo impetrada por Asopen, porque con ella se busca la protección del derecho constitucional de los pensionados consagrado en el artículo 53, que no es considerado dentro de los derechos colectivos a que se refiere el artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
En el caso de que el departamento sea condenado solicita que la indemnización se limite a lo contemplado en la Ley 100 de 1993, artículo 141, que se debe aplicar por su carácter especial y no acceder al pago de corrección monetaria ni indemnización de perjuicios; en relación con los perjuicios morales manifiesta que solo serían procedentes si se probaran y que el demandante tiene la carga de la prueba.
Propone la excepción de falta de jurisdicción y competencia, porque el régimen de pensiones forma parte del sistema de seguridad social, de competencia de la justicia ordinaria, conforme a la Ley 362 de 1997 que modificó el artículo 2º del Código Laboral.
Por último manifiesta que es de público conocimiento la crisis financiera que viene atravesando el departamento del Cauca, ante lo cual menciona el principio de que nadie está obligado a lo imposible.
Ei 6 de junio de 2000 se celebró la audiencia especial de conciliación ordenada por el artículo 61 de la Ley 472 de 1998, que se declaró fallida por falta de acuerdo entre las partes. En ella la apoderada del departamento, además de ratificar su afirmación de que la acción de grupo es improcedente y de su posición en cuanto al alcance de la indemnización por el incumplimiento en el pago de las mesadas pensionales, presentó nota de la tesorería general que acredita el pago de ellas hasta el mes de abril de 2000, y anexó el Acuerdo 0849 de 2000, que prohíbe pagos, conciliaciones, transacciones, y en general constituir garantías u obligaciones que no correspondan a las necesarias para evitar la parálisis del servicio o que afecten derechos fundamentales.
El Defensor del Pueblo alegó que la mora del departamento del Cauca en el pago de las pensiones es fuente de múltiples perjuicios e inadmisible que en un Estado social de derecho no sea real y oportuna la seguridad social; no obstante opina que la acción de grupo es improcedente, la cual se origina en la vulneración de derechos o intereses colectivos. En el mismo sentido se pronunció el señor Procurador, agregando que los pensionados podrían acudir a la acción de reparación directa. El actor manifestó su interés de aplazar la diligencia para estudiar una posible conciliación, pero el tribunal consideró necesario un estudio de fondo y declaró fracasada la diligencia.
1. La apoderada del departamento reitera la improcedencia de la acción de grupo porque el artículo 53 de la Carta consagra un derecho que no se puede catalogar como colectivo; afirma también que en el proceso no se han probado los perjuicios causados por la mora en las mesadas pensionales (fl. 260).
2. El demandante enfatiza acerca de la procedencia de la acción de grupo, conforme a la definición de los artículos 3º y 46 de la Ley 472 de 1998, que fue analizada en el auto admisorio de la demanda, remitiéndose a distintos apartes de la exposición de motivos de la ley, de la cual se deduce que es un mecanismo procesal adecuado así se considere que el derecho de los pensionados a recibir sus mesadas oportunamente es un derecho no colectivo, porque en todo caso los pensionados reclaman en grupo la indemnización, como vía alternativa a la acción individual ordinaria, prevista en la ley (arts. 55 y 56) al permitir que se acumulen a la acción de grupo las particulares que puedan estar en curso o por el contrario excluirse del grupo para intentar acción individual de indemnización de perjuicios.
El actor refuta los planteamientos de la contestación de la demanda que encuentra desconsiderada con la dignidad de las personas jubiladas y con el Estado social de derecho, porque la crisis fiscal, financiera, la iliquidez de tesorería, invocadas como excusa para el incumplimiento de deberes salariales y pensiónales han sido rechazadas por los tribunales.
El tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la prueba oportunamente solicitada por el demandante, por “pretender demostrar perjuicios de personas ajenas a este proceso” (fl. 239). Se trata de la prueba distinguida con el 6.2 (fl. 166) de la adición de la demanda, cuyo texto es el siguiente:
“6.2. Agrego la petición al H. tribunal de solicitar a la gobernación del departamento del Cauca el envío, por parte del funcionario a quien corresponda, de un certificado que contenga: La nómina completa de pensionados a cargo del mismo departamento, con sus nombres y apellidos, documentos de identificación y valor de la mesada de cada uno, pagados en febrero de 1998; los mismos datos de los pensionados que se han ido incorporando y han sido pagados en marzo de 1998 y en cada uno de los meses siguientes, hasta la expedición del certificado; la suma total paga por pensiones, y las fechas en que se transfirieron a las EPS las cuotas para salud, en cada uno de los meses corridos desde febrero de 1998 hasta cuando se expida la certificación.
No obra en el expediente la providencia que resolvió el recurso, concedido en el efecto devolutivo.
El Tribunal Administrativo del Cauca negó las súplicas de la demanda por improcedencia de la acción impetrada. Sus consideraciones se resumen así:
Desestimó la excepción de falta de jurisdicción propuesta por hallarse asignados por la ley a la contencioso administrativa los procesos en que se suscite el ejercicio de las acciones de grupo, siendo competente el tribunal conforme al artículo 50 de la Ley 472 de 1998.
Sustenta la improcedencia de la acción de grupo en el hecho de que, si bien en este caso fue interpuesta por un número plural de pensionados del departamento del Cauca, los derechos vulnerados por el no pago de pensiones, son de índole particular y subjetiva y no colectiva como lo prevé la ley y lo interpretó la Corte Constitucional en providencia C-215 del 14 de abril de 1999, con ponencia de la magistrada Martha Victoria Sáchica M. Agrega que en este caso la acción de cada uno de los pensionados, afectados por la mora en el pago de sus prestaciones, tiene una causa diferente, a saber, su propio derecho.
El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra el fallo del tribunal, para que se revoque y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, con base en que el no pago oportuno de las mesadas pensionales, afecta por igual a todos los que tengan la condición de pensionados, por una misma actitud deel departamento del Cauca, que les causa el mismo perjuicio de no poder utilizar oportunamente los recursos de su mesada en la solución de sus necesidades del diario vivir y de no poder acceder a la justicia, en la casi totalidad de los casos, y por no disponer de recursos económicos para ello.
Afirma además que resulta contrario al principio de economía procesal cambiar la acción de grupo por cerca de dos mil acciones que serían necesario promover para el reconocimiento y pago de la indemnización pretendida.
Agrega que desconocer el derecho que tiene Asopen de reclamar los perjuicios que vienen recibiendo desde hace más de dos años sus asociados, y quienes no lo son, por el retardo en el pago de sus mesadas pensionales a cargo del departamento del Cauca, es tanto como atentar contra la garantía constitucional de asociación para la defensa de los derechos subjetivos individuales, provenientes del status de pensionados y la de acceder a la administración de justicia (C.P., arts. 38 y 229).
Conforme al artículo 67 de la Ley 472 de 1998, contra la sentencia de primera instancia, proferida en el ejercicio de una acción de grupo, procede el recurso de apelación en la forma y oportunidad señalada en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.
Las acciones establecidas en el artículo 88 de la nueva Carta, tienen por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos, siempre que resulten amenazados, vulnerados o agraviados por la acción u omisión de la autoridad, o de los particulares en determinados casos, de modo que por esos medios procesales se haga cesar el peligro o la amenaza o se restituyan las cosas a su estado anterior si fuere posible.
Dicho precepto constitucional fue desarrollado por la Ley 472 de 1998, con el objeto de reglar las acciones populares y las acciones de grupo (art. 1º), definidas en los artículos 2º y 3º en los siguientes términos:
“ART. 3º—Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”.
Los artículos 46 y 55 de la citada ley disponen:
“ART. 55.—Integración del grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por vanas acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso” (subrayado fuera de texto).
La Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad de la expresión subrayada del artículo 55 antes transcrito, declaró su exequibilidad, “en el entendido de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o de grupo” (1) .
(1) Sentencia C-1062 de 2000, Expediente D-2770. Ponente Magistrado Álvaro Tafur Galvis.
Dicho pronunciamiento de la Corte Constitucional tiene efectos erga omnes de carácter obligatorio, conforme lo dispone el artículo 48-1 de la Ley Estatutaria 270 de 1996; de manera que, contrario a lo afirmado en la sentencia de primera instancia, la acción es procedente, en cuanto tiene como causa la vulneración del derecho. subjetivo, individual, de los pensionados, al pago oportuno de sus pensiones legales, en los términos de los artículos 53, inciso 3º, de la Constitución Política, 8º de la Ley 71 de 1988, 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, invocados en la demanda. Por ser subjetivos los derechos, se configura una vulneración de tantos cuantos pensionados se vieren afectados, pues se cumple la condición legal que exige que el conjunto de personas reúna condiciones uniformes respecto de una misma causa de la lesión patrimonial.
También integran esta acción los elementos que señalan su procedencia en el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, ya transcrito, a saber: son potencialmente perjudicados por la demora en el pago de las pensiones por parte del departamento del Cauca todos los pensionados del fondo de pensiones del departamento, que según la demanda suman más de quinientos y la indemnización que se pretende abarca la demora reiterada en el pago de las pensiones desde el mes de marzo de 1998, es decir, dentro de los dos (2) años anteriores a la presentación de la demanda (fl. 130).
De manera que no será confirmada la sentencia apelada, en cuanto desechó las pretensiones de la demanda por improcedencia de la acción, lo que hace necesario analizar todos los extremos del proceso, para decidir si se confirma negando tales pretensiones por otro motivo, o por el contrario, se revoca y en su lugar se accede a ellas.
La apoderada del departamento del Cauca propuso la excepción de falta de jurisdicción y competencia (fl. 151), porque el tema de las pensiones se halla comprendido dentro del sistema de seguridad social, que conforme al artículo 2º de la Ley 362 de 1997 corresponde a la justicia laboral.
Al respecto se observa, como ya se dijo, que la acción propuesta es la de grupo, regulada por la Ley 472 de 1998, y que sobre el particular se pronuncia en los artículos 50 y 51, en los siguientes términos:
“ART. 51.—Competencia. De las acciones de grupo conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia.
PAR.—Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgados administrativos, de las acciones de grupo interpuestas ante la jurisdicción contencioso administrativa conocerán en primera instancia los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado”.
El presente proceso lo suscita el ejercicio de la acción de grupo originada en omisiones de las autoridades del departamento del Cauca, de manera que conforme a las normas transcritas, es de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, y en primera instancia del Tribunal Administrativo del Cauca. En consecuencia la excepción propuesta por la apoderada de la entidad demandada no puede prosperar.
Legitimación para el ejercicio de la acción
El artículo 48 de la Ley 472 de 1998 establece:
“Titulares de las acciones. Podrán presentar acciones de grupo las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo establece el artículo 47.
PAR.—En la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”.
La acción de grupo fue propuesta, mediante apoderado legalmente constituido, por la Asociación de Pensionados del Cauca Asopen en nombre de todos sus miembros, y por el señor Carlos Alfonso Medina Velasco en su calidad de pensionado del departamento interesado en el asunto, y en nombre propio, también en su condición de pensionado, por el señor Gerardo Antonio Mera Velasco.
La Asociación de Pensionados del Cauca - Asopen, no representa a sus miembros individualmente considerados y por lo mismo no se halla, autorizada legalmente para demandar en defensa de sus intereses particulares; en tales condiciones el poder otorgado por su representante legal para que se proponga la acción de grupo contra el departamento del Cauca, en procura del reconocimiento y pago de la indemnización del perjuicios individuales por mora de las mesadas pensiónales, carece de validez por falta de interés jurídico para demandar.
Distinta es la situación de los pensionados Carlos Alfonso Medina Velasco y Gerardo Antonio Mera Velasco, quienes además, de acuerdo con el artículo 48, parágrafo, de la Ley 472 de 1998, representan a los demás perjudicados, así:
“PAR.—En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su acción, ni haya otorgado poder”.
De manera que los pensionados del departamento del Cauca, distintos de los dos abogados que intervienen personalmente, no serían parte en este proceso. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 48 y 66; de la citada ley, sus intereses están representados y el fallo tiene efectos de cosa juzgada en relación con todos los integrantes del grupo, salvo aquellos que “manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso”.
Se demanda el pago por el departamento del Cauca y a favor de los pensionados por esa entidad, de la indemnización colectiva que arroje la suma ponderada de las indemnizaciones individuales por la mora en el pago de las mesadas pensionales, correspondientes a los meses comprendidos entre febrero de 1998 y la fecha de la sentencia que se dicte, que comprenda los intereses fijados por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la corrección monetaria y la compensación por los perjuicios inmateriales.
Los fundamentos de derecho de la pretensión son los siguientes:
El artículo 8º de la Ley 71 de 1988 que establece:
“Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez una vez reconocidas, se hacen efectivas y deben pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio, en caso de que este requisito sea necesario para gozar de la pensión”.
Los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993 establecen dos mesadas adicionales en el año, que deben ser canceladas, respectivamente, con las de noviembre y junio.
Por su parte el artículo 141 de la citada ley establece:
“Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensiónales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratoria vigente en el momento en que se efectúe el pago”.
La tasa máxima de interés moratoria, conforme lo establece el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, equivale a una y media veces del bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria.
La mora en el pago de pensiones
1. Obra en el expediente el certificado expedido por la tesorería general del 24 de enero de 2000, que muestra las fechas en que fueron pagadas las mesadas pensionales a cargo del departamento del Cauca (fl. 118) durante la vigencia de 1999; de él se deduce la existencia una mora en el pago de cada mes lo mismo que el no pago hasta esa fecha de las mesadas de noviembre y diciembre y de la adicional de fin de año.
2. Del acta de la audiencia de conciliación celebrada el 6 de junio de 2000 (fl. 214) se desprende que es un hecho indiscutible el reiterado incumplimiento del departamento en el pago de las mesadas pensionales.
En dicha audiencia la apoderada de la entidad demandada allegó una comunicación del 6 de junio de 2000, suscrita por la tesorera general (fl. 217), en la cual informa que a los pensionados departamentales se les han cancelado las mesadas hasta el mes de abril anterior y que la del mes de mayo se pagaría a partir del 14 de junio, es decir con 14 días de retraso.
3. El Defensor del Pueblo manifiesta en la audiencia que resulta innegable la constante mora del departamento, como fuente de múltiples perjuicios para las familias de los pensionados.
Salvo lo anterior, no se encuentran en el proceso otras pruebas del retraso en el pago de las mesadas pensionales; sin embargo, las referidas son suficientes para afirmar, como lo hizo el Defensor del Pueblo en la audiencia, que el departamento ha incurrido en falta y con ella ha causado un daño uniforme a todos sus pensionados, que debe ser resarcido, en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
No se incluirá la corrección monetaria para el cálculo de la indemnización porque, conforme lo ha definido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (2) , los intereses moratorios cubren la depreciación; tampoco los perjuicios inmateriales porque son subjetivos y su monto se mediría de acuerdo a la situación de cada individuo, con lo cual desaparece el elemento “uniformidad que caracteriza la indemnización en esta clase de procesos.
(2) Ver Sentencia de la Sala de Casación Civil del 24 de enero de 1990.
Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia del tribunal, que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar dispondrá el pago de una indemnización colectiva por la suma de las indemnizaciones individuales; su ponderación se hará en sentencia complementaria, como lo prevén los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, previa obtención de las pruebas que lo permitan, en la cual además se dispondrá sobre los demás aspectos del fallo conforme a lo señalado en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
Revócase la sentencia del 21 de septiembre de 2000 del Tribunal Administrativo del Cauca, y en su lugar se dispone:
1. Declárase no procedente la excepción de falta de jurisdicción y competencia propuesta por la parte demandada.
2. Condénase al departamento del Cauca al pago de una indemnización colectiva a favor de todos los pensionados a su cargo, por la mora en el pago de sus mesadas pensionales y adicionales a partir del mes de marzo de 1998 y hasta la fecha de esta sentencia. El monto de dicha indemnización será equivalente a la suma ponderada de todas las indemnizaciones individuales calculadas en los términos señalados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que se fijará en sentencia complementaria. Para su determinación se decreta la siguiente prueba:
Ofíciese a la tesorería general del departamento del Cauca para que remita en el término perentorio de cinco (5) días, una relación de las fechas y montos globales de las mesadas pensionales y adicionales pagados hasta la fecha, a partir de la correspondiente al mes de febrero de 1998, especificando en cada caso los montos pagados a los señores Carlos Alfonso Medina Velasco y Gerardo Antonio Mera Velasco.
Magistrados:Mario Alario Mendez, presidente—Reinaldo Chavarro Buriticá—Roberto Medina López—Darío Quiñones Pinilla—Mercedes Tovar de Herrán.

References: artículo 88
 artículo 141
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 4
 artículo 141
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 53
 artículo 50
 artículo 67
 artículo 352
 artículo 88
 artículo 55
 artículo 48
 artículo 46
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 141
 artículo 8
 artículo 141
 artículo 111
 artículo 141
 artículo 65
 artículo 141