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Timestamp: 2019-12-15 15:26:20+00:00

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Sentencia nº 332 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 647166749
Número de Expediente: E16-254
El 27 de julio de 2016, esta Sala de Casación Penal dio entrada al expediente signado con el alfanumérico 37C-18.081-16, procedente del Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano K.J.G.T., venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-24.804.553, iniciado por el referido Tribunal para ser sometido a un p.p. por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 3 y 10 numerales 2, 7 y 8 y 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión; homicidio calificado, tipificado en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal; robo agravado, previsto en el artículo 458 eiusdem; y asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El 28 de julio de 2016, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal del recibo del expediente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Doctor J.L.I.V., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Siendo la oportunidad legal, esta Sala de Casación Penal pasa a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa del ciudadano K.J.G.T., y, a tal efecto, observa:
Que, el 27 de enero de 2016, la Fiscal Provisoria Segunda del Ministerio Público del estado Vargas, solicitó al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, al cual le correspondiera conocer según distribución, orden de aprehensión, entre otros, contra el ciudadano K.J.G.T., por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 3 y 10 numerales 2, 7 y 8 y 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión; homicidio calificado, tipificado en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal; robo agravado, previsto en el artículo 458 eiusdem; y asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dicha solicitud la realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que, el 1° de febrero de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, al cual le correspondió conocer de dicha solicitud, dictó decisión mediante la cual acordó la orden de aprehensión del ciudadano K.J.G.T., por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 3 y 10 numerales 2, 7 y 8 y 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión; homicidio calificado, tipificado en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal; robo agravado, previsto en el artículo 458 eiusdem; y asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en virtud de encontrarse satisfechos los extremos legales contenidos en los artículos 236, numerales 1, 2 y 3, y 237, numerales 2, 3 y parágrafo primero, del Código Orgánico Procesal Penal.
(…) El 5 de enero de 2016, a las 12:10 horas de la noche aproximadamente, el ciudadano ORAZAL F.G.R. se encontraba en su residencia, ubicada en la calle R.P.d.L.T., parroquia C.L.M.d. estado Vargas, en compañía del ciudadano E.D.M.F., cuando ingresaron a su casa cuatro sujetos de sexo masculino, portando prendas de vestir identificadas con el logotipo del CICPC y armas de fuego, quienes de inmediato le empezaron a preguntar a ORAZAL que donde estaba el dinero y la pistola, mientras encerraron a EMIR en una de las habitaciones de la casa y le ordenaron que no saliera del lugar en 30 minutos, cuando el ciudadano EMIR salió de la habitación se percató que se habían llevado a su amigo ORAZAL, y sus dos equipos telefónicos un Blackberry Curve 9320 signado con el N° 0412-8261131 y un Samsumg (sic) Galaxy Mini S4 que usaba para el momento el N° 0412-9995195.
El 6 de enero de 2016, la esposa del ciudadano ORAZAL F.G.R., ciudadana E.E., recibió la visita de un amigo de su esposo de nombre J.L.H.G. apodado ‘El catire’, quien le entregó un equipo telefónico que estaba utilizando la línea 0424-1693853 y le indicó que estuviese pendiente que la iban a llamar; al cabo de 30 minutos recibió llamada de parte de un sujeto desconocido que estaba utilizando el teléfono de su esposo 0424-1741292 que le dijo que si quería volver a ver con vida a su esposo tenía que conseguir 150.000 y llevárselos a Plaza Venezuela, que tenía 10 minutos para hacerlo. A las 10:20 horas de la noche aproximadamente la ciudadana ELVIRA recibió una llamada donde le indicaron que debía trasladarse a Chacaíto, luego a Plaza Venezuela y por último a San Bernardino a un lugar donde se encontraban unos galpones, en donde se le acercaron tres (03) sujetos a quienes les entregó 150.000 Bs. En (sic) efectivo. A los 5 minutos, la llamaron nuevamente para decirle que el dinero era en dólares no en Bolívares, y que consiguiera 1500 $, y que le entregara el teléfono al hermano de J.L.H.G., lo cual hizo el 07 de enero.
El día 8 de enero de 2016 a la 1:00 de la tarde aproximadamente, la ciudadana ELVIRA recibió una llamada de J.L.H.G. quien le manifestó que los secuestradores le habían dicho que le habían dejado un regalito en el poste, cuando salió a ver, se encontraban adyacente (sic) al lugar los ciudadanos K.G., C.A.C. y W.C., y en el poste un vaso contentivo de un dedo meñique al cual reconoció como el de su esposo ORAZAL F.G.R., el cual luego de ser realizada las experticias de lofoscopia, arrojó que efectivamente dicho dedo pertenecía al ciudadano ORAZAL F.G.R. y que cuando el mismo fue amputado carecía de reacción vital, es decir, que el ciudadano ORAZAL F.G.R. estaba muerto para el momento en que los secuestradores le cortaron el dedo.
En fecha 23 de enero de 2016, se tuvo conocimiento de investigación aperturada por la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas signada con la nomenclatura K-16-0017-0069 por cuanto en la carretera vía Ciudad Caribean, parroquia Sucre del Distrito Capital, se encontró el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, desprovisto de vestimenta, el cual se encontraba esposado y amarrado con un mecate y presentaba una herida abierta en la región parietal con exposición de restos óseos, una herida de forma circular en la región temporal derecha con exposición de restos óseos, una herida abierta en la región externa de la pierna izquierda con exposición de restos óseos y una herida abierta en la región maleolar con exposición de restos óseos, a dicho cadáver le fueron amputadas ambas manos y enviadas a la División de Laboratorio Biológico con la finalidad de acondicionar los pulpejos dactilares, los cuales fueron a su vez remitidos a la División de Lofoscopia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes al efectuar un análisis comparativo con los archivos dactiloscópicos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) se logró determinar que los mismos coincidían en todos sus puntos característicos individualizantes con las huellas del ciudadano ORAZAL F.G.R., víctima en el presente caso (…)
Y, en virtud de los elementos de convicción señalados en dicha decisión, tales como:
(…) 1.- DENUNCIA COMÚN de fecha 8 de enero de 2016 interpuesta por la ciudadana E.E., en el Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (…)
2.- ACTA POLICIAL DE ANÁLISIS TELEFÓNICO N° 007-2016, suscrita por el funcionario S/2 KERVIS P.C. adscrito a la Sección de Operaciones Tecnológicas del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (…)
3.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 12 de enero de 2016 rendida en el Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB por el ciudadano E.D.M.F. (…)
4.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 12 de enero de 2016 interpuesta por la ciudadana E.E., en el Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (...)
5.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 14 de enero de 2016 rendida por la ciudadana ARIANNYS D.F.M., en la sede del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (…)
6.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 14 de enero de 2016 rendida por el ciudadano J.M.H.G., en la sede del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (…)
7.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 15 de enero de 2016 rendida por la ciudadana N.J.O.M., en la sede del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (…)
8.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 15 de enero de 2016 rendida por la ciudadana M.G.T., en la sede del grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (…)
9.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 15 de enero de 2016 rendida por el ciudadano F.C.H., en la sede del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (…)
10.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 15 de enero de 2016 rendida por el ciudadano J.C.C.C., en la sede del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (…)
11.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 18 de enero de 2016 rendida por el ciudadano W.R.C.C., en la sede del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (…)
12.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 19 de enero de 2016 rendida por la ciudadana G.C., en la sede del grupo Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (…)
13.- REPORTE DE SISTEMA de fecha 14 de enero de 2016 en la cual se refleja el status de SOLICITADO del ciudadano W.J.C.O. quien se encuentra requerido por el Juzgado Segundo en Funciones de Control de esta Jurisdicción por la comisión de los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO y ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR (…)
14.- TRANSCRIPCIÓN DE NOVEDAD de fecha 23 de enero de 2016, en la que el funcionario A.G., adscrito a la Central de Trasmisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)
15.- ACTA DE INVESTIGACIÓN de fecha 23 de enero de 2016, suscrita por el funcionario A.E., adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…)
16.- MEMORANDUM 9700-032-554 de fecha 25 de enero de 2016, suscrito por el Inspector Duque Germán (…)
En razón de la anterior orden de aprehensión, el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas libró oficio al Jefe del Bloque de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante el cual remitió, entre otras, la orden de aprehensión, N° 5-16, del ciudadano K.J.G.T..
Consta asimismo que, el 13 de julio de 2016, los Fiscales Provisorio y Auxiliar Cuadragésimo Sexto del Ministerio Público Anti Extorsión y Secuestro a Nivel Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitaron al Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el inicio del procedimiento de extradición activa en contra del ciudadano K.J.G.T., en virtud de haber sido detenido el 7 de julio de 2016, en la ciudad de Lima de la República del Perú.
El 14 de julio de 2016, el referido Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la solicitud realizada por los representantes fiscales dictó decisión mediante la cual:
(…) constatada la ubicación y situación jurídica en la que se encuentra el ciudadano K.J.G.T., todo ello a los fines de tramitar correctamente la extradición activa como en efecto se ordena (…) de conformidad con lo previsto en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal (…) ACUERDA la remisión del presente asunto penal a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines efectúe el pronunciamiento correspondiente sobre la procedencia o no de la solicitud de Extradición Activa (…)
[Resaltado de esta Sala de Casación Penal].
Ahora bien, recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal se procedió a anexar a los autos el oficio N° 7732, del 13 de julio de 2016, recibido con antelación, el 14 de julio de 2016, suscrito por el Director General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual remitió en copia simple de la comunicación N° 326, del 8 de julio de 2016, suscrita por el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Perú dirigida a la Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en la cual le informó que el 7 de julio de 2016 “(...) el personal de Migraciones de Ecuador y la Policía Nacional de la República del Ecuador puso a disposición de esa sección a ciudadano GALVAO TELES, K.J. (…) quien presenta alerta roja de Interpol como PROFUGO BUSADO PARA UN P.P. por el delito de SECUESTRO AGRAVADA, HOMICIDIO CALIFICADO, ROBO AGRAVADO y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR (…)”.
Asimismo, el 25 de julio de 2016, se recibió el oficio N° 8068, del 20 de julio de 2016, suscrito por el Director General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual remitió en copia simple lo siguiente:
1.- Fax II.2.P6.E1/SC334, del 14 de julio de 2016, suscrito por el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Perú dirigido a la Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en el cual le informó sobre la detención del ciudadano K.J.G.T., el 7 de julio de 2016, razón por la cual indicó que debería ser enviada la documentación para formalizar la extradición en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la detención.
2.- Nota verbal N° 6-24/37, de fecha 12 de julio de 2016, suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:
(…) El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú –Oficina General de Asuntos Legales- saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, y tiene a bien referirse a la detención con fines de extradición del ciudadano venezolano K.J.G.T., requerido por las autoridades judiciales venezolanas, por los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.
Al respecto, a través del Oficio N° 5124-2016-MP-FN-UCJIE (EXT N°-16), La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación hace llegar copia del Oficio N° 418-2016-REGPOL-T/DIVICAJ-DPJ/SECC.RQ-CEBAF-T, procedente de la Región Policial de Tumbes, mediante el cual se informa que el referido ciudadano venezolano ha sido detenido el día 07 de julio de 2016, por presentar una alerta roja de INTERPOL.
La Autoridad Central solicita informar que, de existir interés en la extradición del citado ciudadano, las autoridades venezolanas deberán cumplir con formalizar el pedido de extradición por vía diplomática, dentro del plazo de 60 días calendarios contados desde la fecha de detención, conforme lo establece el artículo 366° del Código de Derecho Internacional Privado – Código Bustamante, y cumpliendo los requisitos establecidos en la acotada normativa (…)
El 25 de julio de 2016, se recibió en esta Sala de Casación Penal, oficio N° 38235, de fecha 22 del mismo mes y año, suscrito por la Fiscal General de la República, contentivo de su opinión, en el que expresó lo siguiente:
(…) El Ministerio Público a mi cargo y dirección, solicita a la Sala de Casación Penal, declare procedente la Extradición Activa del ciudadano K.J.G.T. (sic), quien es de nacionalidad venezolana, (…) quien se encuentra en la República del Perú, para que sea trasladado al territorio nacional, a los fines de ser sometido a la Jurisdicción de los órganos competentes venezolanos, toda vez que se cumple plenamente los extremos legales necesarios para su procedencia (…)
El 28 de julio de 2016, mediante oficio N° 869, se solicitó al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, los datos filiatorios, movimientos migratorios, las huellas decadactilares, las trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad N° V-24.804.553, correspondiente al ciudadano K.J.G.T..
Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud, y, en tal sentido, observa:
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este M.T.. De manera específica, respecto a esta Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 1, de la referida ley especial, señala:
(…) Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley (…)
De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que corresponde a esta Sala de Casación Penal pronunciarse sobre la procedencia de las solicitudes de extradición activa. En el presente caso, se está solicitando la extradición del ciudadano K.J.G.T., quien tal como consta en las actas del presente procedimiento fue detenido en la República del Perú, por lo que se trata de un procedimiento de extradición activa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, esta Sala de Casación Penal declara su competencia para conocer del procedimiento en cuestión. Así se decide.
Esta Sala de Casación Penal de conformidad con lo establecido en el artículo 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa del ciudadano K.J.G.T., y, al respecto, observa:
En primer término, en cuanto a la identificación del ciudadano solicitado en extradición, esta Sala de Casación Penal advierte que de las actas que conforman el presente expediente consta que el ciudadano K.J.G.T., es venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 24.804.553 y del pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela N° 58952951.
Asimismo, advierte que el Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó el inicio del procedimiento de extradición del ciudadano K.J.G.T., en virtud de que contra el mencionado ciudadano fue decretada orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado, robo agravado y asociación, la cual conserva su vigencia sin que hasta este momento haya podido ejecutarse, toda vez que el mencionado ciudadano no se encontraba en el territorio nacional, circunstancia que originó la paralización de la causa seguida en su contra y la orden internacional de detención preventiva, en virtud de lo cual fue detenido en la República del Perú, el 7 de julio de 2016.
(…) Artículo 1°. Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.
Artículo 11. El extradido no podrá ser enjuiciado ni castigado en el Estado que lo reclama, sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco ser entregado a otra Nación, a menos que haya tenido en uno u otro caso la libertad de abandonar dicho Estado durante un mes después de haber sido sentenciado, de haber sufrido la pena o de haber sido indultado. En todos estos casos el extradido deberá ser advertido de las consecuencias a que lo expondría su permanencia en el territorio de la Nación (…)
De igual forma, ambos países (Perú y Venezuela) el 20 de febrero de 1928, con motivo de la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en la ciudad de La Habana, suscribieron el Código de Derecho Internacional Privado, también denominado Código Bustamante, cuyo Libro Cuarto, Título Tercero (artículos 344 y siguientes), se dedica a la extradición. La República Bolivariana de Venezuela (Ley aprobatoria promulgada el 23 de diciembre de 1931, depositado el instrumento de ratificado el 12 de marzo de 1932) y la República del Perú, aprobaron el mencionado cuerpo normativo.
De lo anterior se evidencia que, las disposiciones precedentemente citadas resultan plenamente aplicables al presente caso, por ello, esta Sala resolverá de acuerdo a ellas (por ser leyes vigentes en la República) y conforme con las prescripciones del Derecho Internacional y el Principio de Reciprocidad, que consagra del derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición.
En el Código de Derecho Internacional Privado, las partes contratantes, respecto a la materia de extradición, convinieron lo siguiente:
A la par de lo ya referido, el mencionado cuerpo normativo respecto a uno de los delitos por el cual se puede aplicar el procedimiento de extradición, entre otras disposiciones, establece:
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán porque su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella (…)
Ahora bien, tal como precedentemente se señaló, contra el ciudadano K.J.G.T., fue dictada orden de aprehensión que conserva su vigencia y dicho ciudadano fue detenido en la República del Perú, razón por la cual esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha iniciado el procedimiento de extradición activa para requerir a dicho Estado, al mencionado ciudadano.
Asimismo, se observa que los delitos imputados al ciudadano K.J.G.T. y por el cual se solicita su extradición, fueron cometidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela encontrándose previsto en nuestra legislación, de la manera siguiente:
El delito de secuestro agravado se encuentra previsto en el artículo 3, en relación al artículo 10, numerales 2, 7, 8 y 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, publicada en Gaceta Oficial N° 39.194, del 6 de junio de 2009, en los términos siguientes:
(…) Artículo 3. Quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años. Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos en este artículo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya solicitado a la víctima o terceras personas u obtenido de ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del secuestrado o secuestrada (…)
Artículo 10. Las penas de los delitos previstos en los artículos anteriores serán aumentadas en una tercera parte, cuando: (…)
2. Se hayan ejercido actos de tortura o violencia física, sexual o psicológica en contra del secuestrado o secuestrada, o de cualquier otra forma hayan menoscabado sus derechos humanos (…)
8. El secuestro se prolongue por un tiempo mayor de tres días (…)
16. Es cometido con armas (…)
Asimismo, el delito de homicidio calificado se encuentra previsto en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.768, Extraordinario, del 13 de abril de 2005, en los términos siguientes:
(…) En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas:
2. Veinte años a veintiséis años de prisión si concurrieren en el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede. (…)
Además, el delito de robo agravado se encuentra regulado en el artículo 458 del referido Código Penal, en los términos siguientes:
(…) Artículo 458. Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de diez a diecisiete años; sin perjuicio a la persona o personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas (…)
Y, el delito de asociación se encuentra tipificado en el artículo 37, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.912, del 30 de abril de 2012, en los términos siguientes:
(…) Asociación
Por su parte, la República del Perú, en el Código Penal, respecto a las disposiciones legales aplicables al caso, prevé y sanciona los delitos de homicidio calificado, secuestro y robo agravado, de la manera siguiente:
(…) Artículo 108.- Homicidio calificado
4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas (…).
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.
6. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con las personas referidas en los incisos 3, 4 y 5 precedentes.
7. Tiene por finalidad obligar a un funcionario o servidor público a poner en libertad a un detenido o a conceder exigencias ilegales.
13. La víctima se encuentra en estado de gestación.
La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.
2. El agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de ésta circunstancia.
3. Si se causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o como consecuencia de dicho acto (…).
La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental (…)
En virtud de ello, es evidente que los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado y robo agravado son delitos previsto tanto en el Código Penal peruano como en el de la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto delito de asociación, se encuentra además tipificado en el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organiza.T., suscrita entre ambos países.
Asimismo, todos los delitos referidos también se encuentran dentro de los delitos que hacen procedente la extradición y que señala el artículo 2, numerales 1, 7, 9 y 24 del mencionado Acuerdo sobre Extradición, por lo tanto la extradición resulta procedente por los tipos penales antes señalados. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del principio de doble incriminación para declarar procedente la solicitud de extradición del ciudadano K.J.G.T..
Además, se observa que los delitos por los cuales se solicita la extradición del ciudadano K.J.G.T., no son políticos ni conexos con estos, toda vez que el hecho por el cual es procesado fue calificado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, como secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 3 y 10 numerales 2, 7 y 8 y 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión; homicidio calificado, tipificado en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal; robo agravado, previsto en el artículo 458 eiusdem; y asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por lo tanto se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 del Acuerdo sobre Extradición y artículo 355 del Código de Derecho Internacional Privado.
De igual forma, cabe agregar que solicitada como fue la extradición del ciudadano venezolano K.J.G.T., en virtud de que en su contra fue decretada orden de aprehensión, dicha circunstancia hace también procedente la extradición por tratarse de un procesado, tal como lo ha reiterado esta Sala de Casación Penal, entre otras, en sentencia Nº 36, del 31 de enero de 2008, en la cual señaló:
Por último, consta en el expediente que en la República Bolivariana de Venezuela, la pena que pudiera llegar a imponerse, al ciudadano K.J.G.T., no es de muerte ni privativa de libertad a perpetuidad, ya que el mayor de los delitos imputados al mencionado ciudadano establece una pena que en su límite máximo no excede de treinta (30) años de prisión.
De acuerdo con la disposición transcrita y de la revisión de la documentación que consta en actas, se aprecia: a) que existe una resolución judicial respecto al hecho por el cual está siendo solicitado el ciudadano K.J.G.T.; b) que dicha resolución indica de manera clara la naturaleza y la gravedad del hecho; y, c) que se establecen también las disposiciones de las leyes penales que han de aplicársele.
De lo expuesto, se concluye que, en el presente caso, se encuentran satisfechos los requisitos legales para solicitar la extradición activa del ciudadano K.J.G.T., esto es: a) que se tiene noticias que el solicitado en extradición se encuentra en un país extranjero; b) que el tribunal competente dictó la correspondiente orden de aprehensión; c) que dicha orden se encuentra vigente, y, d) que cursan en el expediente las pruebas que, a criterio de esta Sala de Casación Penal, acreditan la existencia del hecho imputado y la presunta responsabilidad del ciudadano K.J.G.T..
A la par, de las actuaciones consignadas no se evidencia elemento alguno que haga presumir la prescripción de la acción penal en el presente caso, toda vez que se trata de delitos graves, de los cuales el mayor establece una pena que su límite máximo es de treinta (30) años, y los hechos por los cuales se dictó la orden de aprehensión contra el hoy solicitado en extradición se cometieron el 5 de enero de 2016, librándose la correspondiente orden de aprehensión el 1° de febrero de 2016, en tal sentido es evidente que la acción penal para perseguir los delitos imputados no se encuentra prescrita.
Ello así, el delito de secuestro agravado, tiene una pena asignada de veinte (20) a treinta (30) años, siendo su término medio de veinticinco (25) años; el de homicidio calificado, tiene asignada una pena de veinte (20) a veintiséis (26) años de prisión, por lo que su término medio es de veintitrés (23) años; el delito de robo agravado, prevé una pena de diez (10) a diecisiete (17) años, su término medio es de trece (13) años y seis (6) meses; y el delito de asociación, establece una pena de seis (6) a diez (10) años, su término medio es de ocho (8) años.
Aunado a ello, el artículo 108, numeral 1, del Código Penal, establece que la acción penal para estos delitos, prescribe:
Y el artículo 109, del mencionado Código Penal, agrega que la prescripción ordinaria de la acción penal, se debe comenzar a contarse: “(…) para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho (…)”.
En el presente caso, el p.p. iniciado con ocasión a los hechos imputados al ciudadano K.J.G.T., se encuentra paralizado en virtud de no haberse hecho efectiva la orden de aprehensión dictada en su contra el 1° de febrero de 2016, quedando así interrumpido el lapso para que opere la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código Penal, de acuerdo al cual:
En tal sentido, de conformidad con lo preceptuado en los referidos artículos y siendo que los hechos en el presente caso ocurrieron el 5 de julio de 2016, es evidente que en dicho Estado tampoco ha operado la prescripción de la acción penal. Por tal razón se cumple con lo preceptuado en el artículo 5 literal “b” del Acuerdo sobre Extradición y artículo 359 del Código de Derecho Internacional Privado.
Por otra parte, cabe advertir que por encontrarse el proceso seguido contra el prenombrado ciudadano en la fase preparatoria, resulta necesaria su comparecencia para ser sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios venezolanos, toda vez que en dicha oportunidad es que será impuesto de los hechos y de los elementos de convicción que sustentan su proceso.
Al respecto, esta Sala de Casación Penal ratifica el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado, como garantía establecida a su favor, en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, cuya finalidad es evitar que se juzgue a un ciudadano sin su presencia ante sus jueces naturales y sin haber sido previamente escuchado.
En síntesis, al analizar la documentación que consta en el expediente se evidencia que, en el presente caso, además de verificarse todos los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en nuestro país, tales como:
Principio de la doble incriminación: De acuerdo con este principio, el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado, robo agravado y asociación, se encuentran tipificados en la legislación de la República del Perú y en nuestra legislación, así como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada;
Principio de la mínima gravedad del hecho: De acuerdo al cual sólo procede la extradición por delitos y no por faltas y en el caso que nos ocupa la extradición es solicitada por la comisión de cuatro delitos, concretamente, los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado, robo agravado y asociación.
Principio de la no entrega del nacional: Según el cual el Estado requerido no entregará a sus nacionales y en el presente caso, se solicita a la República del Perú, la extradición activa del ciudadano K.J.G.T., quien es venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-24.804.553.
Principios relativos a la pena: Según los cuales no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte o una pena perpetua, y tal como se determinó en el presente caso, el ciudadano requerido es procesado por delitos delito cuyas penas no excede de treinta años de privación de libertad.
Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Penal declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano K.J.G.T., titular de la cédula de identidad N° V-24.804.553, de nacionalidad venezolana, a la República del Perú. Así se decide.
De igual modo, la República Bolivariana de Venezuela asume el firme compromiso ante la República del Perú, que al ciudadano K.J.G.T., se le seguirá juicio penal por la comisión de los delitos secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 3 y 10 numerales 2, 7 y 8 y 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión; homicidio calificado, tipificado en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal; robo agravado, previsto en el artículo 458 eiusdem; y asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: el derecho al debido proceso (artículo 49), el principio de no discriminación (artículo 19), la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45), el derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumano o degradantes (artículo 46, numeral 1) y el derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272), en caso de que el mismo resulte condenado por los señalados delitos. De igual modo el requerido no será condenado a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3) a cuyo efecto se tomará en cuenta el tiempo que estuvo detenido en la República del Perú. Así de declara.
Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes:
declara PROCEDENTE la solicitud de extradición activa del ciudadano K.J.G.T., venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-24.804.553, a la República del Perú, por los delitos de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 3 y 10 numerales 2, 7 y 8 y 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión; homicidio calificado, tipificado en el artículo 406, numeral 2, del Código Penal; robo agravado, previsto en el artículo 458 eiusdem; y asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
asume el firme compromiso ante la República del Perú, que el ciudadano K.J.G.T., será juzgado por los delitos mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: el derecho al debido proceso (artículo 49), el principio de no discriminación (artículo 19), la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45), el derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumano o degradantes (artículo 46, numeral 1) y el derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272), en caso de que el mismo resulte condenado por los señalados delitos. De igual modo el requerido no será condenado a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3) a cuyo efecto se tomará en cuenta el tiempo que estuvo detenido en la República del Perú.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Exp. AA30-P-2016-000254
Sentencia nº 0152 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 19 de Febrero de 2008
Decisión de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Aragua, de 8 de Abril de 2008
Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Diciembre de 2006

References: artículo 406
 artículo 458
 artículo 37
 artículo 99
 artículo 406
 artículo 458
 artículo 37
 artículo 236
 artículo 406
 artículo 458
 artículo 37
 artículo 383
 artículo 383
 artículo 366
 artículo 29
 artículo 383
 artículo 266
 artículo 29
 artículo 383
 Artículo 1
 artículo 2

Artículo 11
 artículo 3
 artículo 10
 Artículo 3

Artículo 10
 artículo 406
 artículo 458
 Artículo 458
 artículo 37
 Artículo 108
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 406
 artículo 458
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 355
 resolución 
 resolución 
 artículo 108
 artículo 109
 artículo 110
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 artículo 359
 artículo 49
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 artículo 406
 artículo 458
 artículo 37
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 artículo 458
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