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Timestamp: 2019-05-23 19:17:24+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2012-00196/0814-2012 DE MAYO 25 DE 2017
SENTENCIA 2012-00196 DE 25 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LAS REGLAS DEL DERECHO DISCIPLINARIO EN PROCESOS LABORALES. SE PRECISA QUE EL DERECHO DISCIPLINARIO PRETENDE GARANTIZAR LA OBEDIENCIA, LA DISCIPLINA Y EL COMPORTAMIENTO ÉTICO, LA MORALIDAD Y LA EFICACIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CON MIRAS A ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS A SU CARGO, PUES ESTE SE VINCULA AL ARTÍCULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA PORQUE SIN UN SISTEMA PUNITIVO DIRIGIDO A SANCIONAR LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, RESULTARÍA IMPOSIBLE AL ESTADO GARANTIZAR QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUMPLIESE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MORALIDAD, EFICACIA, ECONOMÍA, CELERIDAD, IMPARCIALIDAD Y PUBLICIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLASES DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DERECHOS FUNDAMENTALES, APLICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, DERECHO DISCIPLINARIO
Sentencia 2012-00196/0814-2012 de mayo 25 de 2017
Radicación: 110010325000201200196 00 (0814-2012)
Demandado: Luis Ernesto Ortiz Cortés
Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala considera pertinente pronunciarse sobre los siguientes aspectos así: i) El juez administrativo y Ios actos administrativos de carácter disciplinario, y ii) de las excepcionespropuestas por la entidad demandada.
Inicialmente con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario, para luego determinar si de acuerdo con los elementos probatorios obrantes en elexpediente, la actuaciónadministrativa acusada está viciada de nulidad.
En Sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016(2) proferida por la Sala plena de esta corporación, se definió que el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de carácter disciplinario, debe ser integral; comoquiera que la actividad del juez “supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales”(3).
La subsección A de esta corporación(4), en relación con la integralidad de ese juicio, en oportunidades anteriores ha considerado lo siguiente:
Respecto a la valoración de las probarizas recaudadas en el disciplinario, lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.
Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, lo faculta para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria(5).
Acerca del principio de proporcionalidad, de que trata el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 referido a que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley, cuando el juicio de proporcionalidad de la sanción sea parte de la decisión judicial, el juez puede según lo ordenan el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo(6)y el inciso 3 del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(7), estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas(8).
Antes de estudiar el fondo del asunto procede la Sala a resolver las excepciones propuestas por la Procuraduría General de la Nación, las cuales denominó: i) de la legalidad de los actos administrativos, ii) de la existencia depresupuestos probatorios para sancionar, y iii) autonomía del régimen disciplinario.
Como quiera que los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en el mes de julio de 2009, época para la cual se encontraba vigente la Ley 734 de 2002(9), es esta la que regula el caso bajo análisis.
La Corte Constitucional ha señalado que “el derecho disciplinario pretende garantizar “la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”(10); cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizarque la administración pública cumpliese los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad a que hace referencia la norma constitucional”(11).
También ha precisado que “[l]as normas disciplinarias tienen un complemento normativo compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario para imponer las sanciones correspondientes, circunstancia que sin vulnerar los derechos de los procesados(12) permite una mayor adaptación del derecho disciplinario a sus objetivos. Así mismo cabe concluir que la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado y que dado que el propósito último del régimen disciplinario es la protección de la correcta marcha de la administración pública, es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas”.
En materia sustantiva el asunto debe analizarse bajo la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios como quiera que la conducta endilgada está relacionada con la suscripción del contrato DAHM-GAA-015-05 entre el municipio de Cali y la Unión Temporal Servicios de Impuestos de Cali, SI Cali.
2.3.1. De las pruebas aportadas y valoradas dentro de la investigación disciplinaria.
Informe de 7 de julio de 2009 suscrito por el Departamento Nacional de Planeación en donde informó a la Procuraduría General de la Nación, la presunta irregularidad disciplinaria en que pudo incurrir el señor Luis Ernesto Ortiz Cortés, alcalde municipal de Yaguará, al ejecutar recursos provenientes de regalías del petróleo y compensaciones de manera anormal, vulnerando la Ley 141 de 1994, al suscribir los contratos 01 y 02 de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2008, pagando con ellos, la gerencia integral de dicho proyecto (fls. 1 a 4).
Copia del convenio marco número 002 de 2 de septiembre de 2008 suscrito entre el municipio de Yaguará y la Sociedad Aguas de Manizales S.A. ESP, cuyo objeto consistía en aunar esfuerzos entre el municipio y Aguas de Manizales para la realización de sus programas y proyectos específicos, a través del ofrecimiento y prestación de servicios de gerencia integral y consultoría, asesoría, diseños, estudios requeridos para la ejecución .de proyectos, estudios de diagnósticos, perfectibilidad y factibilidad, administración técnica prestación de servicios, dirección de programación, interventoría y construcción de obras civiles que tengan relación directa con el objeto de Aguas de Manizales (fls. 7 a 11 cuaderno 3).
Copia de los contratos específicos números 01 y 02 de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2008 respectivamente, por valores de $ 383.996.070 y $ 13.131.798, cuyo objeto consistía en que Aguas de Manizales S.A. ESP se comprometía con el municipio de Yaguará a realizar la gerencia integral de los proyectos de obra civil, sufragados con recursos de regalías y que a continuación se relacionan:
• Construcción de laboratorios, terminación de auditorio y del muro de cerramiento y canal de manejo de aguas lluvias en la institución educativa María Luis Cuenca Lara.
• Construcción de 36 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Yaguará.
• Construcción del bloque C y del muro de cerramiento de la institución educativa Amalia Perdomo.
• Estabilización del talud canal principal de recolección de Aguas de la cabecera municipal.
• Adecuación de la nueva plaza demercado del municipio de Yaguará.
• Construcción de obras complementarias que se requieren para el buen funcionamiento del hogar geriátrico.
• Remodelación sede educativa Santa Ana (fls. 12-21, 33-42 cuaderno 3).
Manual de contratación del municipio de Yaguará vigente para la época de los hechos (fls. 62 a 80 cuaderno 3).
Informe de la Contraloría departamental del Huila, de 15 de septiembre de 2010, en donde reporta 16 presuntos hallazgos disciplinarios derivados de la auditoría especial practicada a los recursos de regalías del petróleo del municipio de Yaguará por la vigencia 2008, en donde se evidencian anomalías en el pago de la gerencia integral con dineros derivados de regalías del petróleo, los cuales tienen destinación específica, en los contratos 01 y 02 de 2008 (fls. 187 a 212 cuaderno 3).
En virtud del informe suscrito por el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría Regional del Huila, el 16 de septiembre de 2009 la Procuraduría provincial de Neiva inició indagación preliminar conforme lo dispone el artículo 150 del Código Disciplinario Único en contra del señor Luis Ernesto Ortiz Cortés, alcalde municipal de Yaguará (Huila), por la presunta violación a la ley de regalías, pues no podía pagar con dineros que tenían destinación específica el convenio interadministrativo 002 de 2 de septiembre de 2008 con Aguas de Manizales S.A. ESP, del cual con posterioridad se suscribieron los contratos números 01 y 02 de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2008 respectivamente, cuyo objeto era realizar la gerencia integral y viable de los proyectos de obra civil según propuesta presentada (fl. 54 cuaderno 3).
El 26 de abril de 2010 se profirió Auto de investigación disciplinaria en virtud del artículo 153 del Código Disciplinario Único, a fin de verificar la ocurrencia de la conductay determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, decretando escuchar en versión libre al señor Ortiz Cortés (fls. 87-89 cuaderno 3).
El 30 de noviembre de 2010, la procuraduría citó a audiencia pública al señor Luis Ernesto Ortiz Cortés, auto en el que le imputó los siguientes cargos (fl. 147 cuaderno 2).
Primer cargo “[...] El señor Luis Ernesto Ortiz Cortés, como máximo representante del municipio de Yaguará, autorizó y ordenó la utilización indebida de rentas que tenían destinación específica, comportamiento que se materializó en la suscripción de los contratos interadministrativos específicos números 01 y 02 de fecha 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2008 con la sociedad Aguas de Manizales S.A. ESP que tenían por finalidad realizar la gerencia integral de los proyectos descritos en el acápite de hechos establecidos número 2, concepto este que no podía ser financiado con recursos de regalías por corresponder a gastos de funcionamiento [...]”.
Segundo cargo... “[...] Se le reprocha el haber desconocido los principios que rigen la contratación estatal al suscribir en forma presuntamente irregular el convenio marco 002 de 2 de septiembre de 2008 y los convenios interadministrativos específicos números 1 de 14 de noviembre de 2008 y 2 de 5 de diciembre de 2008, con la Sociedad Aguas de Manizales S.A. ESP, a través de los cuales se obligó a trasferir a la citada sociedad la suma de $ 5.486.953.353 (convenio IA específico núm. 1) y $ 1.334.947.785 (convenio IA específico núm. 2), para que bajo su propio régimen de contratación efectuara la subcontratación de las obras civiles contenidas dentro de los convenios suscritos, evadiendo de ello el realizar licitación pública que garantizara una selección objetiva, pública y trasparente[...]”.
Tercer cargo... “[...] Se le reprocha el haber incumplido con las obligaciones contenidas en el convenio marco 2 obligaciones de las partes núm. 2 literal b) “efectuar el seguimiento técnico administrativo, contable financiero relacionado con la ejecución del presente convenio”, así como las obligaciones contenidas en los contratos interadministrativos específicos números 1 y 2, clausula quinta. Obligaciones de las partes numeral 2 literal f) “efectuar el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, relacionado con la ejecución del presente contrato [...].
En sesión de audiencia pública celebrada el día 18 de enero de 2011, el señor Ortiz Cortés presentó descargos manifestando no haber vulnerado los principios de contratación estatal, tampoco la ley de regalías, así mismo solicitó pruebas documentales y testimoniales con el ánimo de demostrar la no realización de la conducta endilgada (fls. 454 a 457).
Una vez agotadas todas las etapas propias del proceso disciplinario, la Procuraduría provincial de Neiva, lo declaró el 30 de marzo de 2011 responsable disciplinariamente y lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 15 años para ejercer cargos públicos (fls. 1167 a 1261 cuaderno 2).
En cuanto a lo manifestado por el apoderado en relación con que se afectaron rubros distintos a los de las regalías y que los valores correspondientes al pago de servicios de gerencia integral, que resultan abiertamente inferiores a los invertidos, el ente de control señaló, que la norma no realiza distingo alguno en torno al tema de mayores o menores valores afectados, y resulta absolutamente claro, que entorno al manejo de recursos de regalías no resulta permitido aun en una mínima expresión, afectarlos cuando las obligaciones se refieren a gastos de funcionamiento, situación ésta que es la que se advierte en el presente averiguatorio, por tanto resulta irrelevante para este despacho que Ios costos de gerencia integral resulten ínfimos, pues tal consideración no resulta de aplicación.
En relación al concepto de unidad de caja alegado, indicó, que los recursos se constituyeron en un patrimonio autónomo atendiendo a las obligaciones a cargo de la Sociedad Aguas de Manizales y que si bien, una vez realizadas las imputaciones de tipo presupuestal a los rubros que se nutrían de tales recursos, estos se destinaron a la constitución de una fiducia mercantil, no por ello puede pretenderse dar aplicación al concepto de unidad de caja en primer lugar por cuanto el término no aplica, en el entendido en que lo que aquí se reprocha no es el manejo que Aguas de Manizales debió realizar en relación con los recursos, sino que con cargo a rubros nutridos con recursos de regalías, se hubieran sufragado los costos por concepto de la gerencia, obligación que no se ajusta a las exigencias y los fines dispuestos por el legislador en cuanto a la inversión de tales trasferencias.
Inconforme el actor con la anterior decisión interpuso el recurso de apelación, resuelto el 21 de septiembre de 2011 por la Procuraduría regional del Huila confirmándola (fls. 1455 a 1415 cuaderno 2).
3.1. Violación al debido proceso por inadecuado trámite procesal.
Sostiene el demandante que el ente de control disciplinario aplicó el procedimiento verbal en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, que ordena categóricamente que para las faltas gravísimas a título de dolo el proceso a seguir es el verbal; no obstante lo anterior, los cargos segundo y tercero endosados al investigado se encuentran fundados en los artículos 48 núm. 31 y 50 ibídem los cuales no se encuentran contempladas como aquellas que puedan tramitarse por el procedimiento verbal sino ordinario, con lo cual vulneró el debido proceso del investigado.
3.1.1. Del debido proceso.
A efectos de resolver el cargo, en primer lugar, la Sala hará un estudio del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Carta Política, el cual se aplica no solo a las actuaciones judiciales sino también a las de carácter administrativo e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Sobre él debe descansar la vigencia del derecho disciplinario, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria misma(13).
En el caso concreto, la ley preexistente a la falta imputada al demandante es la Ley 734 de 2002 “por el cual se expide el código disciplinario único” teniendo en cuenta que el actor se desempeñó como alcalde de Yaguará en el periodo constitucional 2008-2011 y que los hechos por los cuales fue investigado y sancionado tuvieron lugar en el año 2008, en esa medida la investigación se tramitó conforme a la ley prexistente al acto que se le imputó y conforme al acervo probatorio existente, por tanto el debido proceso se encuentra garantizado.
3.1.2. Del procedimiento verbal.
En según lugar, la Sala realizará un epílogo sobre el procedimiento verbal disciplinario así:
Este procedimiento se caracteriza a grandes rasgos por ser considerado más corto en cuanto su duración, tener etapas más reducidas y desarrollarse en audiencia. La competencia para estos procesos sigue la regla general de competencia, las notificaciones se producen en estrados y la oralidad es la regla general que rige este procedimiento que lo hace mucho más apto para implementar los medios técnicos de los cuales habla el artículo 98 del Código Disciplinario Único.
Así mismo el Código Disciplinario Único establece tres tipos de procedimiento: el ordinario(14), el verbal(15) y el especial(16).
En relación con los procesos verbales, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre su constitucionalidad, en los siguientes términos: “los procedimientos disciplinarios verbales son constitucionales y desarrollan los principios de celeridad, eficacia, economía procesal y oralidad, siendo las principales características del procedimiento verbal de responsabilidad disciplinaria contemplado en la Ley 734 de 2002 su celeridad, pues si bien se aplica para las situaciones establecidas expresamente en la ley, todas las etapas del proceso se surten en el trámite de la audiencia, los términos son breves, las intervenciones de los sujetos procesales se recogen en medio magnético y solo se levanta un acta con una resumen sucinto de las mismas. Los sujetos procesales cuentan con una gama de garantías que devienen del debido proceso constitucional, pues conocen previamente la acusación, se les concede un término para presentar descargos, pueden solicitar pruebas y se encuentran habilitados para interponer recursos”(17).
En lo que tiene que ver con el procedimiento verbal que fue el que se le adelantó al demandante, el artículo 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002(18), prevén:
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia (las negrillas son de la Sala).
A su turno el ART. 176.—dispone:
El ART. 177.—Audiencia:
“ART. 180.—Recursos.
Contra el fallo proferido e audiencia sólo procede el recurso de apelación, que se interpondrá en la misma diligencia y se sustentará verbalmente o por escrito dentro de los dos días siguientes y será decidido dos días después por el respectivo superior. Procede el recurso de reposición cuando el procedimiento sea de única instancia, el cual deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación por estrado, agotado lo cual se decidirá el mismo. Artículo 181. Remisión al procedimiento ordinario 175.
Para el caso en concreto, en primer término, observa la Sala que por auto calendado de 30 de noviembre de 2010 se le endilgaron cargos al señor Ortiz Cortés alcalde municipal de Yaguará (Huila), por autorizar y ordenar la utilización indebida de rentas que tenían destinación específica, comportamiento que se materializó en la suscripción de los contratos interadministrativos específicos números 01 y 02 de fecha 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2008 con la Sociedad Aguas de Manizales S.A. ESP, cuya finalidad era pagar la gerencia integral de dichos contratos con estos dineros y de paso por eludir los principios contractuales al no hacerle un seguimiento riguroso durante su ejecución.
Así las cosas, el primer cargo lo tipificó en el numeral 20 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, consistente en “autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la constitución o en la ley” conducta que está enlistada dentro de las faltas gravísimas que a voces imperativas del artículo 175 inciso segundo ibídem(19) imponen tramitar la investigación por el procedimiento verbal, como en efecto lo hizo la entidad de control en el presente caso.
En segundo lugar, respecto de los cargos segundo y tercero, citó como normas vulneradas el numeral 31 de los artículos 48 y 50 del Código Disciplinario Único, que corresponde al proceso ordinario y que disponen “son faltas gravísimas las siguientes: 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la constitución o en la ley” y con respecto a las faltas graves, “constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de deberes, el abuso de derechos, la extralimitación de las funciones o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades”.
Dicho lo anterior, habrá de tenerse en cuenta el contenido del artículo 81 del Código Disciplinario Único el cual establece la competencia por conexidad y determina que cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas se investigarán y decidirán por un solo proceso, así:
De conformidad a la anterior norma, no hay duda que en el presente asunto existe conexidad, como quiera que las faltas endilgadas fueron cometidas por el mismo sujeto procesal (alcalde municipal de Yaguará) en una misma conducta, como lo fue el suscribir los contratos 01 y 02 de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2008 con la Sociedad Aguas de Manizales S.A. comprometiendo recursos provenientes de las regalías del petróleo, los cuales tienen destinación específica conforme lo señala la Ley 141 de 1994, faltas endilgadas que tienen conexidad entre sí.
Ahora bien, dentro de su competencia reglamentaria, el Procurador General de la Nación expidió la Directiva 009 de 26 de mayo de 2002, en donde dispuso en el numeral 2 de la misma lo siguiente:
De lo contrario, en el marco de la nueva ley disciplinaria, se atentaría contra los principios de economía, celeridad y unidad de defensa, aspectos que de todos modos requieren una valoración caso por caso al igual que sucede en el marco de la Ley 200 de 1995; empero, frente a la nueva causal de inhabilidad consagrada en el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en los casos allí consignados, puede afectarse materialmente la situación jurídica de la persona en forma grave, pues podría dar lugar la situación a la imposición de dos o más sanciones en tiempos diferentes.
La normatividad anteriormente citada resuelve el planteamiento formulado, pues cuando se investiguen varias conductas entre las cuales se encuentre una por la que deba seguirse el procedimiento verbal, y otras por el procedimiento ordinario, la norma impone que el proceso ha de continuar bajo el procedimiento verbal, toda vez que este por su especialidad atrae al ordinario(20), sin que ello, implique vulneración al debido proceso o derecho de defensa, como quiera que en uno y otro deben garantizarse los derechos fundamentales de los investigados, que fue lo que efectivamente sucedió en el presente asunto.
Las faltas gravísimas escogidas por el legislador para ser resueltas por el procedimiento verbal, tienen como característica ser tramitadas en un tiempo más corto en cuanto su duración, tener etapas más reducidas y desarrollarse en audiencia (art. 175 CDU), siendo la principal particularidad del procedimiento verbal la responsabilidad contemplada en los artículos 29 de la Constitución Política y 6º de la Ley 734 de 2002.
Así las cosas en materia disciplinaria es indiferente que el proceso deba seguirse por el verbal y no por el ordinario o lo contrario; una mirada ligera podía argumentar que es más garantista el ordinario y ello no es así, ambos procedimientos como ya se dijo, respetan normativamente el debido proceso y el derecho de defensa, la diferencia obviamente no está en ello, sino en su agilidad y celeridad; por tanto, su aplicación resulta más razonable “tanto más si se piensa en la necesidad de asegurar una actuación disciplinaria ágil, trasparente efectuada bajo cumplimiento de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal, que son también los que busca garantizar al emplear el principio de oralidad en los trámites y actuaciones judiciales y disciplinarias(21)”, que es finalmente lo pretendido por el legislador.
Por consiguiente, los actos que impusieron la sanción al actor, contienen un extenso capítulo en el cual se analizan los elementos de convicción aportados al proceso disciplinario, cuyas principales anotaciones fueron transcritas en acápites anteriores; de ahí que resulta evidente que el análisis de las pruebas efectuado por la procuraduría, fue acucioso, integral e imparcial (art. 129 CDU), basado en el acopio de elementos de juicio que indefectiblemente condujeron a determinar de manera inequívoca la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado.
3.2. De la omisión en el procedimiento para resolver recusaciones planteadas en la investigación (art. 87 de la Ley 734 de 2002).
Expresa el demandante que el 21 de septiembre de 2011, presentó recusación con base en el numeral 5 del artículo 84 de la Ley 734 de 2002 (enemistad política), en contra del procurador regional del Huila encargado de resolver el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, la cual debió remitir al superior para que la resolviera de plano; sin embargo dicho funcionario no lo hizo y procedió a proferir fallo de segunda instancia, desconociendo el procedimiento señalado en el artículo 87 del Código Disciplinario Único.
La Corte Constitucional en Sentencia C-881 de 2011 magistrado ponente Luis Ernesto Vargas, sobre los impedimentos y recusaciones señaló:
La jurisprudencia colombiana ha destacado el carácter excepcional de los impedimentos y las recusaciones y por ende el carácter taxativo de las causales en que se originan, lo cual exige una interpretación restrictiva de las mismas: “Técnicamente, el impedimento es una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su conocimiento, cuando considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente comprometida. Sin embargo, con el fin de evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (art. 228, C.P.), jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción, ha determinado que los impedimentos tienen un carácter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restringida.
Sobre ese particular, la Sala de la subsección B(22) consideró que “el impedimento y la recusación han sido concebidos como instrumentos idóneos establecidos por el legislador para hacer efectiva la condición de imparcialidad del juez o del funcionario judicial en la toma de decisiones(23). Uno y otra son figuras legales que permiten observar la transparencia dentro del proceso y que autorizan a los funcionarios judiciales a alejarse del conocimiento del mismo. Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva”, y deben ser probadas “no pueden extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes [...] Para que se configuren debe existir un “interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial”(24)”.
A efecto de resolver el cargo planteado, la Sala transcribirá las normas que regulan el procedimiento para tramitar los impedimentos y recusaciones así:
“ART. 84.—Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes:
“ART. 86.—Recusaciones. Cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la actuación disciplinaria, con base en las causales a que se refiere el artículo 84 de esta ley. Al escrito de recusación acompañará la prueba en que se funde.
Así las cosas, a efecto de resolver el cargo, la Sala considera necesario hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas en el proceso en torno al escrito de recusación presentado por el demandante así:
El actor presentó escrito de recusación el 2 de mayo de 2011 en contra del procurador regional del Huila, por enemistad política, argumentando que éste hizo parte de la administración de Pedro Nel Galindo su contendor político, situación que no le permitiría fallar el proceso en derecho (fls. 1310-1311 cuaderno 7).
Obra en el proceso que con Auto de 4 de mayo de 2011 el procurador del Huila, doctor Otoniel Parra Trujillo, consideró que no existían fundamentos fácticos jurídicos para aceptar la recusación y no seguir conociendo del proceso disciplinario que se tramita en contra del señor Ortiz Cortés, entre otras razones por que no concurre enemistad personal, ni política ni de otra índole entre él y el disciplinado. Decisión que en efecto fue remitida al superior para lo de su competencia (fls. 1321-1325 cuaderno 7).
Posteriormente, con Auto de 19 de agosto de 2011 la procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa, negó la recusación impetrada por Luis Ernesto Ortiz Cortés, toda vez que no aportó prueba que demostrara la enemistad alegada por éste. Por lo tanto ordenó devolver el expediente al procurador regional del Huila para que continuara con el trámite de la actuación disciplinaria y resolviera el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del recusante contra el fallo de primera instancia (fls. 1365-1369 cuaderno 8).
Como resultado de lo anterior la Sala concluye, que el señor Ortiz Cortés presentó recusación el 2 de mayo de 2011 contra el procurador regional del Huila, la cual no fue aceptada el 4 de mayo del mismo año por éste, comoquiera que no encontró elementos de juicio que prueben la enemistad entre el investigado y el suscrito procurador regional; por lo tanto, en cumplimiento del inciso 2 del artículo 87 del Código Disciplinario Único, procedió a enviar la actuación al superior.
En suma con la anterior decisión se entiende cumplido el trámite previsto en el artículo 87 y ss. de la Ley 734 de 2002, por consiguiente no se denota vulneración al procedimiento, en tanto se encuentra garantizado el principio de imparcialidad por parte de los operadores disciplinarios.
El cargo no tiene vocación de prosperidad.
3.3. De la oportunidad para interponer las nulidades en materia disciplinaria.
Aduce que la solicitud de nulidad presentada el 1º de abril de 2011 contra el auto de cargos, fue decidida indebidamente, toda vez que fue negada por una errónea interpretación del artículo 146 de la Ley 734 de 2002 al entender que solamente puede interponerse hasta antes del fallo de primera o única instancia. No obstante una interpretación integral de la norma en comento permite establecer que en los procesos de doble instancia el fallo definitivo es el de segunda instancia.
Encuentra esta corporación respecto del cargo, que efectivamente el actor presentó el 1º de abril de 2011 solicitud de nulidad, por considerar que existían irregularidades sustanciales que afectaban el debido proceso, como quiera que dos de los cargos formulados se adelantaron por el procedimiento que no correspondía.
La Corte Constitucional en Sentencia T-125 de 2010 sobre las nulidades expresó:
Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador —y excepcionalmente el constituyente— les ha atribuido la consecuencia —sanción— de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.
La anterior norma establece la oportunidad para solicitar las nulidades, la cual podrá formularse hasta antes de proferir fallo definitivo (pone fin al proceso disciplinario) sea de oficio o a solicitud de parte.
Sobre las nulidades la Procuraduría General de la Nación, mediante Resolución 089 del 25 de marzo de 2004, indicó que el pronunciamiento sobre la nulidad de la actuación debe ocurrir tan pronto se advierta por parte del competente o los intervinientes, debiendo determinarse la causal que la genera.
Empero las nulidades presentadas dentro del proceso administrativo disciplinario a diferencia de otras jurisdicciones, no requieren adelantarse mediante el trámite de incidente procesal. Por el contrario es un trámite muy ágil, ya que acorde con lo establecido por el artículo 147 de la Ley 734 de 2002, debe resolverse la solicitud a más tardar dentro de los cinco días siguientes a su solicitud.
Si la nulidad es deprecada luego de proferido el fallo de primera o única instancia, deberá tramitarse como parte de los recursos ordinarios, atendiendo a que el proceso es una concatenación de actos y teniendo en consideración la preclusividad de las instancias; sin embargo, recuérdese que el artículo 146 del Código Disciplinario Único, indica que la petición de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse el fallo definitivo, esto es, hasta antes del fallo de primera o única instancia.
De conformidad con las anteriores normas, las solicitudes de nulidades podrán formularse hasta antes de proferirse el fallo definitivo, pues no hay que olvidar que el fallo definitivo en este caso es el de primera instancia por ser el acto que decide sobre el fondo de la actuación disciplinaria, significa lo anterior que las peticiones de nulidad que se efectúen tienen que ser presentadas en los términos procesales propicios; por ello si se postulan cuando estos han fenecido, es claro que las peticiones son extemporáneas, argumentos que tiene como fundamento la Sentencia 2007-00376-01 de 19 de julio de 2007 magistrado ponente Marco Antonio Velilla, que expresa:
El fallo definitivo, es el fallo de única o de primera instancia; para el caso y por no existir la única instancia, el fallo definitivo corresponde al fallo de primera instancia por ser el acto administrativo que decide de fondo sobre la actuación disciplinaria. La facultad que da la Ley 43 de 1990, para interponer los recursos correspondientes, sean de reposición o de apelación, no puede entenderse como una prolongación que dé vía libre a los destinatarios de la ley disciplinaria para solicitar nulidades que debieron ser invocadas durante el curso de la investigación y cuando se tuvo toda la oportunidad legal para alegarlas. Caso diferente sería cuando la actuación que dio lugar a la nulidad fue posterior fue posterior(sic) al fallo definitivo o de primera instancia.
Con base en los lineamientos normativos y jurisprudenciales atrás señalados se tiene que las solicitudes de nulidad puede presentarse hasta antes de proferirse el fallo de primera o de única instancia y que proferidos ya no es procedente la solicitud de anulación, toda vez que ha precluido la oportunidad para hacerlo; lo anterior no le impide a los sujetos procesales que, a través de los recursos, el de apelación para fallos de primera instancia y el de reposición para fallos de única instancia, hagan las peticiones de nulidad que consideren pertinentes, siempre y cuando no hayan sido presentadas y decididas con anterioridad dentro del proceso. En estos casos, ha de entenderse que esa petición hace parte del recurso y que se resolverá estudiándola como uno de los aspectos de inconformidad, no como nulidad, al poderse alegar dentro de los argumentos del recurso implica, que debe presentarse el pedimento dentro del término concedido para recurrir el fallo, de acuerdo con el artículo 111 del Código Disciplinario Único.
En el caso bajo estudio, el órgano de control no desconoció el principio de doble instancia, ni realizó interpretaciones erróneas, como equivocadamente lo manifestó el actor en la litis de la demanda, toda vez que a pesar de haber sida presentada extemporáneamente (1º de agosto de 2011) la petición de nulidad ésta fue estudiada y resuelta en el fallo de segunda instancia de 21 de septiembre de 2011 tal y como se observa a folio 477 y siguientes en aras de garantizar el debido proceso del investigado, como uno de los aspectos de inconformidad en el fallo de segunda instancia, en donde el operador disciplinario determinó claramente que no era procedente la solicitud de nulidad porque la interpuso con posterioridad al fallo de primera instancia, además por ser manifiestamente inconducentes y dilatorias.
3.4. De la incorrecta inversión de los recursos provenientes de las regalías.
Considera el demandante que el ente de control se equivocó en su análisis, al considerar que el ente municipal pagó la gerencia integral de los contratos 01 y 02 de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2008 suscritos entre el municipio de Yaguará y la Sociedad Aguas de Manizales S.A., con recursos provenientes de las regalías del petróleo, pues no hay que desconocer que dichos convenios también se nutrieron de dineros provenientes de otras fuentes por mayor valor.
La Constitución Política consagra los lineamientos esenciales del sistema normativo que regula los recursos naturales no renovables, entre los cuales se encuentra el petróleo, defiriendo a la ley la configuración del régimen complementario(9). Las normas constitucionales destacan las siguientes características:
El artículo 332(10) consagra la propiedad estatal sobre el subsuelo y sobre los recursos naturales no renovables, lo cual excluye la posibilidad de la titularidad particular sobre los mismos, salvo los derechos adquiridos y perfeccionado por la legislación preexistente.
Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones (negrillas fuera de texto).
La Sala de consulta y servicio civil en el concepto 1656 de 2005 expresó sobre el asunto lo siguiente:
“[...] En este orden de ideas resulta claro que uno es el derecho del Estado y otro el de los entes territoriales. El Estado, en su calidad de propietario del recurso natural no renovable, es el titular de la contraprestación por su explotación y las entidades territoriales son titulares de los derechos de participación de contenido económico, en el porcentaje que determine el legislador [...]”.
Adicionalmente a las participaciones a que tienen derecho las entidades territoriales, el artículo 361(11) de la Constitución Política previó que con los ingresos provenientes de las regalías, no asignados a estas entidades, se crearía el Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se aplicarían exclusivamente a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de dichas entidades.
Sobre la naturaleza jurídica de las regalías la Corte Constitucional en la Sentencia C-075 de 1993 expresó:
La regalía es, en términos comunes, un privilegio, prerrogativa, preeminencia o la facultad privativa del soberano [CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII. Vigésima primera edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 1989].
En términos jurídicos, la regalía es una contraprestación económica que percibe el Estado y que está a cargo de las personas a quienes se otorga el derecho a explorar o explotar recursos minerales. Esa contraprestación consiste en un porcentaje sobre el producto bruto explotado que el Estado exige como propietario de los recursos naturales no renovables, bien directamente o a través de las empresas industriales o comerciales del Estado, titulares de los aportes donde se encuentran las minas en producción (arts. 212 y 213 del Decreto 2655 de 1988).
En derecho comparado las regalías son consideradas como recursos del orden nacional. La literatura extranjera al respecto ha sido abundante [Véase Bird, Richard. Federal Finance in Comparative Perspective. CTF-ACEF. Canadá, 1986. Así mismo véase Boadway, Robin Intergubernmental Transfer in Canada. CTF-ACEF. Canadá, 1980].
En Colombia igualmente las regalías se tuvieron siempre como recurso de propiedad de la Nación, según se desprende de la jurisprudencia del Consejo de Estado [Consejo de Estado. Ponencia del Consejero Enrique Low Murtra. Sentencia de mayo 22 de 1981. Proceso radicado Nº 6181] y de la doctrina [Cfr. Rojas, Fernando y Alviar, Oscar. Elementos de finanzas públicas en Colombia. Editorial Temis. Bogotá, 1985. Igualmente véase Restrepo, Juan Camilo. Hacienda Pública. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1992].
El subsuelo es del Estado, que no de la Nación, como en los tiempos de la Carta de 1886 (art. 332). Por la explotación del subsuelo se generan regalías en favor del Estado (360 inc. 2).
Las entidades territoriales tienen un derecho constitucional a participar en las regalías (art. 360 inc. 3). El monto de dicha participación es fijado por la ley (art. 360 inc. 1).
La autonomía que la Constitución le reconoce a las entidades territoriales se traduce, en el campo de las regalías, a participar en las rentas nacionales en los términos que fije la ley (art. 287 inc. 4).
Ahora bien, la Ley 141 de 1994(25), por medio de la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables y se establece las reglas para su liquidación y distribución, señaló en el artículo 15 lo siguiente:
“Utilización por los municipios de las participaciones establecidas en esta ley.
Mientras las entidades municipales no alcancen coberturas mínimas en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, asignarán por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus participaciones para estos propósitos. En el presupuesto anual se separarán claramente los recursos provenientes de las regalías que se destinen para los anteriores fines [...]” (negritas fuera de texto).
Visto lo que antecede, y a efecto de resolver el cargo, la Sala copia fragmentos del fallo disciplinario de primera instancia de 30 de marzo de 2011, a fin de probar si el ente de control estudió y analizó los elementos de juicio relacionados con la destinación indebida dada por el municipio de Yaguará (Huila) a los recursos derivados de regalías del petróleo girados por el Fondo Nacional de Regalías, así:
Resulta ser un hecho probado que la administración municipal de Yaguará representada por el señor Luis Ernesto Ortiz Cortés suscribió el convenio marco 2 y los convenios interadministrativos específicos 1 y 2 durante la vigencia fiscal de 2008.
Tal y como se desprende del contenido de las minutas de los contratos interadministrativos específicos 1 y 2, así como en los OTROS SÍ celebrados por la alcaldía de Yaguará, en relación con el contrato interadministrativo específicos Nº 1, documentos de los que obra prueba documental en la causa que nos ocupa, se puede advertir sin lugar a equívoco, que los valores estimados tanto para la inversión en los proyectos de inversión contenidos en las cláusulas sexta y octava, dichas obligaciones contractuales fueron objeto de los mismos CDP y RP, afectando para el efecto artículos presupuestales que se nutrían de recursos de transferencia del petróleo, afirmación que se sustenta en cada una de las sabanas de ejecución presupuestal obrantes a folios 632-63,(sic) 639-645, 647-652, situación ésta que permite concluir que la administración municipal de Yaguará, afectó con cargo a tales recursos el costo por concepto de gerencia integral percibió la Sociedad Aguas de Manizales S.A.
Ahora bien en torno a la aplicación del concepto de unidad de caja alegado igualmente en los descargos y alegaciones finales, resulta preciso indicar que los recursos se construyeron en un patrimonio autónomo atendiendo a las obligaciones a cargo de la Sociedad Aguas de Manizales, y que si bien una vez realizadas las imputaciones de tipo presupuestal a los rubros que se nutrían de tales recursos, estos se destinaron a la constitución de una fiducia mercantil, no por ello puede pretenderse dar aplicación al concepto de unidad de caja, en primer lugar por cuanto el término no aplica, en el entendido en que lo aquí se reproche no es el manejo de Aguas de Manizales debía realizar en relación con los recursos, sino que con cargo a rubros nutridos con recursos de las regalías, se hubieran sufragado los costos por concepto de la gerencia integral, obligación que no se ajusta a las exigencias y a los fines dispuestos por el legislador en cuanto a la inversión de tales transferencias, pues ha de reiterarse como así lo hizo este despacho en el aparte anterior, que la gerencia integral, constituye un gasto de funcionamiento que le resulta prohibido a la administración sufragar con los recursos tantas veces citados, por tener estos una destinación específica.
Así las cosas el señor Luis Ernesto Ortiz Cortés al suscribir el convenio marco 2 y los contratos interadministrativos específicos 1 y 2 utilizó indebidamente recursos que tenían destinación específica en un concepto no permitido por la ley, lo que hoy le resulta merecedor de un reproche, razón esta más que suficiente para descartar de plano la atipicidad invocada por la defensa en sus escritos toda vez que la atipicidad de las infracciones disciplinarias se establecen, de la sola lectura sistemática de: primero, la norma que establece, la función, la orden o la prohibición; y segundo, de aquella otra que de manera genérica prescribe (art. 23) que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones, constituye una infracción disciplinaria (negritas fuera de texto).
Resulta ser un hecho probado, que dentro de la ejecución del convenio marco 2 de 2008 no se realizó imputación presupuestal alguna, como quiera que el objeto era dar inicio a la relación entre el municipio de Yaguará y la Sociedad Agua de Manizales S.A., donde no se requerían recursos para su ejecución.
a) Que el contrato específico número 1 de 14 de noviembre de 2008, tenía como objeto realizar la gerencia integral de los proyectos de obra civil que se desarrollaran en virtud del convenio marco 2, así mismo se estableció en la cláusula tercera que el contrato contaba con un certificado de disponibilidad presupuestal número 1718 de 14 de noviembre de 2008 por valor de $ 4.150.274.594, con cargo entre otras fuentes a los recursos provenientes de las regalías del petróleo, en un monto equivalente a $ 2.270.744.904 (fl. 425 c.p).
b) Con relación al contrato número 2 de 5 de diciembre de 2008, el cual también tenía como objeto realizar la gerencia integral a los proyectos de obra civil que se suscribieran con la Sociedad A(sic).
c) (sic) guas de Manizales S.A., en la cláusula tercera dispuso que el valor del contrato era de $ 1.203.822.876, con certificado de disponibilidad presupuestal número 1794 de 5 de diciembre de 2008 con cargo a los recursos de las regalías en un monto equivalente a $ 946.266.499 (fl. 426).
Igualmente, advierte la Sala de la no existencia de acto administrativo emanado de la administración en el que se hubiere designado el servidor responsable de adelantar la supervisión de los citados contratos, así como también brilla por su ausencia los documento (actas) que den cuenta de la permanente vigilancia por parte de la administración, obligaciones que asumió al celebrar los contratos.
De este modo, a juicio de la Sala, están plenamente probados los cargos que le formuló el ente de control al señor Luis Ernesto Ortiz Cortés alcalde municipal de Yaguará (Huila), como quiera que autorizó y ordenó la utilización indebida de rentas que tenían destinación específica (regalías provenientes del petróleo) para el pago de la gerencia integral de los contratos 01 y 02 de 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2008 respectivamente, suscritos con la Sociedad Aguas de Manizales S.A., en desarrollo del convenio marco 2 de 2008, tal y come se puede apreciar de la afectación que hizo el municipio en los certificados de disponibilidad presupuestal números 1718 de 14 de noviembre de 2008 y 1794 de 5 de diciembre de 2008 con cargo a los recursos de las regalías por valores de $ 946.266.499 y $ 4.150.274.594 respectivamente, vulnerando con dicho comportamiento los artículos 361 de la Constitución Política y 15 de la Ley 141 de 1994, los cuales establecen y determinan la destinación específica que debe dársele a dichos recursos, entre los cuales no se halla el pago de gerencias integrales.
DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Luis Ernesto Ortiz Cortés contra la Nación - Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de Ia fecha».
(2) Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso administrativo, Sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 1220-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación, C.P. William Hernández Gómez. Lo anterior supone tal como se considera en esta decisión, que “1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial.
(4) Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, Sentencia del 6 de julio de 2017, número interno 2657-2011, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
(5) Esta cita es propia del texto transcrito: Ley 734 de 2002 en los artículos 4º a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia.
(6) Cita propia del texto transcrito: Artículo 170 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. “Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.
(7) Cita propia del texto transcrito: Artículo 187 inciso 3del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Para restablecer el derecho particular, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas”.
(8) Esta cita hace parte del texto transcrito: La sentencia de unificación al respecto determina que “El juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de “[...] un principio de proporcionalidad sancionador, propio y autónomo de esta esfera tan relevante del derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho ámbito [...]”, lo cual permite afirmar que “[...] el derecho administrativo sancionador ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que el derecho penal [...]”. Ahora bien, cuando el particular demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley. En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[...] si la esfera subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión, junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación jurídica individual [...]”.
(9) Por la cual se expidió el Código Disciplinario Único.
(10) Cita propia del texto transcrito: Sentencia C-341 de 1996.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(12) Cita propia del texto transcrito: Sobre la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario y su respeto del debido proceso. Ver entre otras la Sentencia C-181/02, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(13) Así lo ha considerado la Corte Constitucional en Sentencia C-708 del 22 de septiembre de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la cual será citada más adelante.
(14) Art. 150 CDU.
(15) Art. 175 CDU.
(16) Cuya competencia solo la tiene el Procurador General de la Nación conforme a lo previsto en el artículo 278 constitucional.
(17) Corte Constitucional, Sentencia C-370/12, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(18) Este artículo fue modificado por la Ley 1474 de 2011. No obstante, esta modificación no se aplica a este caso, por cuanto la investigación disciplinaria adelantada en contra del demandante se tramitó antes de su vigencia.
(19) “[...] También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley [...].
(20) Según se señaló en la Directiva 009 del 26 de mayo de 2002, de la Procuraduría General de la Nación, al interpretar el principio de unidad de materia.
(21) Corte Constitucional, Sentencia C-242/10, M.P. Mauricio González Cuervo.
(22) Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, Rad. 11001-03-25-000-2005-00012-01 (IMP) IJ, Sentencia de 21 de abril de 2009, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(23) Cita propia del texto transcrito: Sala plena, Exp. AC3299, C.P. Mario Alario Méndez, actor: Emilio Sánchez, providencia de 13 de marzo de 1996.
(24) Cita propia del texto transcrito: Consejo de Estado, Sala plena, Auto del 9 de diciembre de 2003, Exp. S-166, actor: Registraduría Nacional del Estado Civil, C.P. Tarcisio Cáceres Toro.
(9) (sic) Sobre las diversas fuentes de configuración del régimen de regalías, ha expresado la Corte Constitucional: “El régimen jurídico de las regalías se encuentra en parte constitucionalizado pues, tal y como esta Corte lo ha destacado, la Carta establece un contenido esencial del régimen de regalías que debe ser respetado por el legislador. Sin embargo, a pesar de esa constitucionalización parcial del régimen de regalías, la Constitución no fija directamente muchos elementos de dicho régimen, pues no establece los criterios para determinar cuál es el valor que deben tener esas regalías ni regula detalladamente las formas de reparto” (Sentencia C-1087 de 2004).
(10) (sic) Dispone el artículo 332 de la Carta: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
(11) (sic) Dispone el artículo 361: “Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales”.
(25) Modificada por la Ley 1530 de 2012 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías”.

References: ARTÍCULO 209
 artículo 18
 artículo 170
 artículo 187
 artículo 209
 artículo 150
 artículo 153
 artículo 175
 artículo 29
 artículo 98
 artículo 175
 Artículo 181
 artículo 48
 artículo 175
 artículo 81
 artículo 38
 artículo 84
 artículo 87
 artículo 84
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 146
 Resolución 
 artículo 147
 artículo 146
 artículo 111
 artículo 332
 artículo 361
 artículo 15
 Artículo 170
 artículo 38
 Artículo 187
 artículo 278
 artículo 48
 artículo 332
 artículo 361