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Miranda. Ahata_Che_Juventud_migracion_y_genero_en
ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS DE LA MIGRACIÓN
DP2/IF02/2008
Capítulo I. La Migración desde la perspectiva de género
1.Características actuales de la migración
2. La migración y el género
3. La condición y posición de género de las mujeres en los procesos migratorios
Capitulo II. Marco internacional y nacional en materia de los derechos humanos de las personas migrantes
1.La importancia de los derechos humanos de las mujeres migrantes
2. Instrumentos internacionales jurídicos y políticos en materia de migración
3. Inclusión de los derechos humanos de las mujeres migrantes en los instrumentos internacionales
4. Observaciones y recomendaciones internacionales al Estado mexicano en
materia de derechos de las mujeres migrantes
5.El Marco jurídico nacional
Capitulo III. La presencia de las mujeres en la migración México- Estados Unidos
1. Datos generales acerca de la migración internacional
2. Breve historia de la migración México- Estados Unidos
3. Características de la migración mexicana
4. Las mujeres mexicanas en los procesos de migración a Estados Unidos
Capitulo IV. Las remesas y el género
1.La migración internacional y las remesas
2. Las remesas desde una mirada de género
3. Efectos de la migración y las remesas en la condición y posición de género de
Capítulo V. Las políticas públicas en México sobre migración. Inclusión de las mujeres y de la perspectiva de género
2. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012
3. Instancias y programas para la atención de la migración. Acciones a favor de
las mujeres y de la perspectiva de género
A. Instituto Nacional de las Mujeres
B. Secretaría de Relaciones Exteriores
a. Instituto de los Mexicanos en el Exterior
b. Consulados de México
c. Programa Apoyo a las mujeres, niñas y niños migrantes en situación de
maltrato en Estados Unidos de América
C. Instituto Nacional de Migración
a. Programa Bienvenido Paisano
D. Programa 3x1 para migrantes. Secretaria de Desarrollo Social
E. Programa Vete Sano y Regresa Sano. Secretaría de Salud
La migración es un fenómeno social complejo y de múltiples aristas, resultado de distintos motivos y causas, cuyos impactos tienen implicaciones socio- económicas, políticas, culturales y demográficas de diversa índole en los distintos países afectados por los flujos migratorios que modifican la dinámica y estructura de las sociedades actuales a nivel global. En las décadas recientes, este fenómeno se ha distinguido, entre otras cosas, por el aumento significativo de la participación de las mujeres en los distintos procesos migratorios en el mundo, incluyendo México.
Bajo estas consideraciones, el presente estudio busca contribuir al analísis y reflexión sobre este tema desde una mirada de género; ello en alineación al marco institucional que sustenta el quehacer del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG); en particular al Manual General de Organización de la Cámara de Diputados 1 , el cual define como una de las funciones del CEAMEG:
Realizar investigaciones y estudios comparados desde la perspectiva de género, de carácter jurídico, legislativo, histórico, sectorial, estadístico, económico, político y social, sobre los derechos y adelanto de las mujeres, para enriquecer y orientar el trabajo parlamentario. (pág. 372).
Este estudio se presenta como una respuesta a la necesidad de atender y hacer visible el crecimiento cada vez mayor de la participación de las mujeres en los flujos migratorios internacionales, en particular la migración de México hacia Estados Unidos. Un tema que debido a su complejidad y amplitud presenta innumerables vertientes y formas de abordaje; en este caso, se consideran como ejes de análisis fundamentales: el género en los procesos migratorios, la importancia de las remesas y algunos de sus efectos en las relaciones de género, así como la descripción de las políticas en México para la atención de las personas migrantes.
A través de la revisión de textos y estudios especializados en el tema, se busca indagar y ubicar algunos de los principales elementos que motivan que la migración y en particular, las remesas contribuyan a la modificación de las relaciones desigualdades entre mujeres y hombres, así como aquéllos otros elementos que por el contrario, agudizan o mantienen estas relaciones asimétricas de poder.
Se considera la premisa acerca de que la migración y las remesas –como fenómenos sociales- pueden producir, tanto efectos positivos como negativos en las relaciones de género. Ello depende de una serie de factores, algunos de los cuales se exponen en el presente trabajo.
Asimismo, se expone una descripción acerca del marco jurídico internacional y nacional en materia de los derechos de las personas migrantes, así como de las instancias y programas del ámbito federal en México orientados a este tema. Ello con el fin de ubicar de qué manera se incluyen los derechos humanos de las mujeres migrantes y las acciones de política pública orientadas a este sector de la población.
Enfocar el estudio en estos aspectos se debe principalmente a que, a pesar de que el fenómeno de la migración ligado al tema de las remesas y al papel que juegan las mujeres en el uso y administración de éstas, así como su participación vital en el mantenimiento de la reproducción y del tejido social, tanto en los lugares de origen y como en los de destino de la migración es una realidad que no es nueva en nuestro país, a la fecha no se le ha dado la suficiente visibilidad.
Tradicionalmente, la participación de las mujeres en torno a los procesos migratorios se ha tomado sólo como una evidencia empírica, que no es necesario problematizar teóricamente, tampoco se reconocen de manera clara como sujetas de derechos y de políticas públicas específicas que den respuesta a sus necesidades y problemáticas derivadas de su condición y posición de género.
Actualmente son pocos los estudios que abordan elementos en torno a la relación entre la migración y los procesos de cambio y contradicciones desencadenadas en las relaciones de género, a través de los cuales es posible reconocer la presencia de las mujeres como agentes activas en este fenómeno. En contraste, el tema de la migración se ha abordado, sobre todo, desde miradas que tienden a considerar a los hombres como los sujetos en torno a los cuales gira el fenómeno migratorio, esta situación también tiende a expresarse en las políticas públicas del país, cuya población objetivo suelen ser “los migrantes”.
De ahí que el contenido de este estudio se enmarque en los hallazgos de la teoría de género y los planteamientos del paradigma de los derechos humanos. La estructura del texto comprende cinco capítulos. En el primero se enuncia el marco teórico que sustenta el estudio; se retoman una serie de categorías y conceptos, construidos, sobre todo, desde la teoría de género.
En el segundo capítulo se expone el conjunto de instrumentos internaciones de carácter jurídico y político en torno a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, así como el marco jurídico nacional en la materia. Se destacan las limitadas disposiciones y medidas orientadas a salvaguardar los derechos humanos de las mujeres migrantes, así como la ausencia de mecanismos eficaces que garanticen y hagan exigibles los derechos humanos de las personas migrantes, en particular de aquéllas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad derivadas de su condición de “ilegales”.
En el tercer capítulo se presenta un análisis acerca de algunas de las principales características de la migración de México hacía Estados Unidos, el cual permite mostrar con base en datos e información estadística, el aumento significativo de los flujos migratorios de mujeres en las décadas recientes, lo que sumado a otros factores como la ampliación de las entidades de expulsión de migrantes, han modificado sustantivamente las características “tradicionales” de la migración.
El cuarto capítulo se centra en la revisión y análisis de una serie de elementos ligados al tema de las remesas, a fin de destacar su importancia como parte del fenómeno migratorio. En particular se trata de ubicar aquéllos factores que conjugados con la migración y las remesas pueden incidir de manera positiva en la modificación de las relaciones de género, así como aquéllos que por el contrario, mantienen o profundizan las situaciones de desigualdad y aumentan la vulnerabilidad de las mujeres. Este análisis se hace con base en estudios cualitativos –estudios de caso realizados en México-, que exploran este tema sobre el que se identificó poca bibliografía.
En el quinto capítulo se exponen las principales instancias y programas de política pública en el ámbito federal del país, enfocados a la atención de las personas migrantes. Se presta especial atención a la manera como se incluye a las mujeres y a la perspectiva de género en dichas políticas. En general se observa la existencia de ciertos programas orientados a la atención de las personas migrantes, aunque no se ubicó algún programa federal orientado de manera específica a las mujeres migrantes y, de acuerdo a la información pública disponible, los programas revisados no incluyen perspectiva de género como parte de sus objetivos y quehacer institucional.
En las consideraciones finales se presentan algunos retos y tareas pendientes, a fin de lograr el reconocimiento pleno de las mujeres como agentes activas en los procesos migratorios, así como la necesidad de ampliar los estudios tendientes a profundizar la identificación de los efectos de la migración y las remesas en las relaciones de género y con ello, poder contar con mayores elementos de análisis que guíen la creación, modificación y fortalecimiento de las políticas públicas en la materia. Se trata de reflexionar en torno a algunos de los efectos sociales de la migración y las remesas que impactan la vida cotidiana de mujeres y hombres, ello con el fin de que las diputadas y los diputados puedan contar con mayores elementos de análisis en su quehacer legislativo.
1. Características actuales de la migración
La migración alude al proceso de cambio de las personas de un lugar a otro, ya sea hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, tiene distintos motivos y finalidades y puede ser permanente, temporal o circular (CEPAL, 2008). Este movimiento de la población muestra diferentes causas, tamaño y composición e incluye la migración de personas refugiadas, desplazadas, desarraigadas, o por motivos económicos (Inmujeres, 2007a:98). Se trata de un fenómeno social que suele ser el resultado de la necesidad de las personas de trasladarse en dirección de mejores condiciones de vida, las cuales no poseen en su lugar de origen.
Los procesos de migración traen consigo dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales tanto en sus causas y efectos; como en los lugares de origen y de destino, debido a que se trata de una acción colectiva que afecta a toda la sociedad (Castles, 2004).
Este fenómeno ha existido a lo largo de la historia y se ha profundizado en la época reciente, como parte de la dinámica inherente a la globalización, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por el incesante despliegue de intercambios económicos, políticos, culturales, de información etc. En este contexto, la migración representa un tema clave que ha emergido en la agenda internacional del siglo XXI.
El proceso de globalización actual ha provocado un mayor grado de interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular en las áreas de relaciones comerciales, financieras, de comunicación, así como en distintos ámbitos de la producción lo cual genera, entre otras cosas, la demanda amplia de mano de obra; ello ha provocado el crecimiento y modificaciones cualitativas de los flujos migratorios. Casi la totalidad de los países se ven afectados por el fenómeno de la migración internacional, ya sea como países de
emigración, de inmigración 2 , de tránsito, o incluso los tres a la vez. Por ello la migración internacional se ha convertido en una característica intrínseca de la globalización (UNESCO, 2003).
Sin embargo, según Roxana Volio (2007) la presente era de globalización exhibe profundas contradicciones que afectan de manera estructural los procesos migratorios:
a) La desaparición de las fronteras nacionales para el mercado; incluyendo capital financiero, empresas transnacionales, mercancías etc. y al mismo tiempo dichas fronteras nacionales refuerzan sus mecanismos de blindaje al libre tránsito de las personas, con lo cual se controla y restringe la movilidad de la población de un país a otro.
b) La agudización de la polarización entre riqueza y pobreza. Debido a los avances tecnológicos, nunca antes en la historia de la humanidad se había generado tanta producción y riqueza como ahora, pero al mismo tiempo, nunca antes se había producido tanta pobreza y exclusión del desarrollo de sectores sociales tan amplios como ahora.
c) Los avances en el reconocimiento oficial de los derechos humanos, los principios de la modernidad y las libertades ciudadanas por parte de los gobiernos democráticos y de organismos internacionales. Sin embargo, estos discursos suelen distinguirse por no contar con un anclaje y un sustento en mecanismos que los hagan exigibles; por el contrario, la realidad muestra de manera sistemática la violación a los derechos humanos y la imposibilidad del ejercicio pleno de la ciudadanía.
d) La “aparente” preocupación de los países ricos por la agudización de la pobreza en los países “en desarrollo”; sin embargo, sus medidas y “apoyos” no disminuyen la pobreza de estos países, sino que ésta tiende a agudizarse y con ello se incrementa la migración de importantes sectores de la población en circunstancias adversas. En este contexto, no se reconoce que los países ricos son los más beneficiados de los recursos
humanos de los países pobres que emigran en condiciones hostiles, irregulares e ilegales (Volio, 2007).
Bajo este marco, la migración internacional (el movimiento de las personas de un país a otro) presenta en la actualidad una serie de características distintivas respecto a épocas anteriores.
Ahora existe una distinción fundamental entre las y los migrantes documentados o en situación regular y los no documentados o en situación irregular. Los primeros son aquéllos autorizados a ingresar y a permanecer en el país de destino, de conformidad con las leyes internas y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte, mientras que los segundos son todas aquéllas personas migrantes que no cumplen las condiciones antes referidas. Otras características actuales son las siguientes:
• Se trata de un fenómeno que tiene un carácter globalizado, es decir sucede en todo el mundo.
• Existe una aceleración de los flujos migratorios, éstos han crecido en volumen en los años recientes.
• Se da un proceso de diferenciación de la migración, la mayoría de los países no tienen sólo una clase de migración, puede ser toda una gama de carácter económico y político, temporal o permanente, legal o ilegal.
• Muestra un proceso de feminización. Las mujeres juegan un papel preponderante en todas las regiones y en la mayor parte de los esquemas migratorios.
• Constituye un tema emergente de la agenda internacional (Castles,
Estas situaciones se ven reflejadas en la diversificación de los lugares de destino. La dinámica global del mercado genera y provoca migraciones constantes en respuesta a factores como el incremento de la desigualdad del ingreso, las crisis
económicas, los conflictos políticos y sociales e incluso, cambios medioambiantales que obligan a millones de personas a desplazarse de sus lugares de origen.
Actualmente la mayoría de las personas migrantes ha dejado de emigrar exclusivamente a los “destinos tradicionales”; Los flujos migratorios se han diversificado: de los casi 200 millones de personas migrantes que hay en el mundo, aproximadamente un tercio se ha trasladado de un país en desarrollo a otro. Así, la migración “Sur-Sur” es significativa en relación a la migración “Sur- Norte”; ahora no resulta tan sencillo dividir los países en “países de origen” y “países de destino” puesto que hay países que presentan ambas situaciones(ONU, 2006 b).
Otro cambio importante es el perfil de las personas migrantes, ya que los trabajadores muy calificados representan casi la mitad del aumento de los migrantes internacionales mayores de 25 años de edad, registrado en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en los años noventa (ONU, 2006 b).
Estas modificaciones sustantivas en las características de la migración internacional también se reflejan en el desarrollo de abordajes teóricos novedosos que buscan comprender la complejidad de este fenómeno. En este sentido es importante señalar que tradicionalmente, en gran parte de las corrientes teóricas ha predominado el análisis de elementos económicos y demográficos inherentes a la migración, y en menor medida se han desarrollado estudios referidos a aspectos subjetivos, simbólicos y determinantes socioculturales de los procesos migratorios 3 .
Especialistas como Jorge Durand y Douglas Massey (2003) sostienen que las diversas teorías e investigaciones en torno a la migración deben considerar como elementos básicos: a) un tratamiento de las fuerzas estructurales que promueven
la migración desde los países en desarrollo; b) una caracterización de las fuerzas
que atraen a las personas migrantes hacia las naciones desarrolladas; c) tomar en consideración las motivaciones, objetivos y aspiraciones de quienes se vuelven actores de la migración, y d) observar las configuraciones sociales, económicas y culturales que conectan los espacios de origen y destino de la migración (cfr. Durand y Massey, 2003).
Tomar en cuenta estos elementos permite afianzar el análisis de diversos aspectos importantes que configuran el fenómeno de la migración. Aunado a estas premisas es necesario considerar el carácter masculino que ha prevalecido respecto al concepto migrante; tanto en el imaginario social, en los valores, normas e instituciones creadas en torno a los procesos migratorios, e incluso en gran parte de los estudios realizados en la materia, se ha relacionado por antomasia este fenómeno con los hombres.
Por tal motivo, el presente estudio se enmarca fundamentalmente en la teoría de género, lo que implica la consideración de una serie de conceptos y categorías emanadas de dicha teoría. Asimismo, se atiende el paradigma de los derechos humanos y sus aportes fundamentales que permiten refrendar que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Desde esta mirada se busca dar cuenta de algunos de los procesos de continuidad y de cambio cultural que genera la migración en torno a las relaciones sociales entre mujeres y hombres y hombres.
Asimismo, se toma en consideración lo expresado por Marina Ariza (2000) en el sentido de que si bien en los estudios acerca de la migración se ha avanzado en la comprensión de las relaciones de género y desigualdad social, se carece todavía de una comprensión integral con perspectiva de género acerca de la dinámica
social inserta en los procesos migratorios. Ello se debe, de acuerdo a esta autora
a que continuamente se considera al género como una variable y no como un
concepto teórico central, lo cual impide conocer información básica que exponga las particularidades de mujeres y hombres en relación a la migración (Ariza,
2000:37). En este sentido el presente estudio se desarrolla, a partir de la información disponible, teniendo como marco fundamental los hallazgos epistemológicos derivados de la teoría de género.
Una categoría fundamental en el análisis de la migración desde este enfoque es el género. Categoría a través de la cual se analiza la definición, representación y simbolización de las diferencias sexuales en una determinada sociedad.
El género alude a los significados que la sociedad asigna a mujeres y hombres a
través de la diferenciación de los roles, actitudes, conductas y responsabilidades definidas como “propias” de unas y otros; considera las formas históricas y
socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad; estas formas varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo (Inmujeres, 2007a: 73). Esta categoría permite centrarse en las relaciones sociales entre mujeres y hombres (relaciones de género), por ello es preciso subrayar que género no es sinónimo de mujeres.
Para Joan Scott (2003) el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder; es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; de tal forma que las identidades masculinas
y femeninas se encuentran determinadas por los procesos diferenciados de
socialización, por lo que no son simples derivaciones de las diferencias biológicas, sino complejas construcciones sociales cargadas de significación que se proyectan y activan a través de las diversas estructuras regulatorias de la sociedad (Scott, 2003:289-301).
La categoría de género ha recorrido un camino importante abocándose a cuestionar nociones convencionales acerca de lo masculino y lo femenino que circulan no sólo en los discursos de sentido común, sino también en aquéllos que
se designan como científicos y que de una u otra forma terminan por legitimar las desigualdades sociales entre mujeres y hombres. A través de esta categoría se han cuestionado premisas esencialistas sobre las que descansa la lógica binaria y jerárquica de lo masculino sobre lo femenino que provoca la exclusión y el silenciamiento de las mujeres en los distintos ámbitos significativos de la sociedad.
Esta categoría ha sido fundamental en el desarrollo no sólo de un enfoque epistemológico (el enfoque o perspectiva de género) sino también de la teoría de género, la cual según Gloria Bonder (1999) surgió como un corpus de conocimiento que buscó una explicación acabada y universal de la condición desigual de las mujeres y logró con argumentos fuertes situar la problemática de la discriminación de las mujeres en la agenda del debate político y teórico (Bonder,
1999:31-32).
Actualmente, la teoría de género ha logrado tal desarrollo que de acuerdo a esta misma autora, no hay una teoría de género sino varias, lo que implica una complejización de la categoría género en torno a la problematización de lo femenino y lo masculino, lo cual está intrínsecamente vinculado a la crítica y reconstrucción de la idea del sujeto [masculino] racional, universal y moderno (Bonder, 1999:38).
Al abordar el tema de la migración desde esta perspectiva teórica es posible comprender cómo la valoración de lo masculino sobre lo femenino en los procesos migratorios deviene del posicionamiento social, de las representaciones y significados culturales atribuidos a la masculinidad y a la feminidad, así como de los principios sexistas incorporados en las reglas de funcionamiento de las instituciones sociales construidas en torno a este fenómeno. Permite hacer visible cómo el ser hombre o mujer influye en las características y comportamiento de la migración.
Se evidencia que el género es un principio estructurante de la migración que se traduce en las características y aspectos diferenciados en mujeres y hombres respecto a las causas, adscripción, consecuencias, duración, variedad e impacto de este fenómeno. Permite ubicar las condiciones particulares de la migración en los desplazamientos masculinos y femeninos; además de enfatizar la heterogeneidad de los procesos migratorios de mujeres y hombres, así como definir las situaciones que derivan en mayor vulnerabilidad de las mujeres debido a su condición y posición de género.
La condición social de las mujeres hace referencia a las características socio- económicas que configuran sus niveles materiales de vida, a las circunstancias en que viven y se desarrollan. Expresa el grado de satisfacción de las necesidades prácticas e inmediatas y los niveles de bienestar de las mujeres. Entre los indicadores utilizados para dar cuenta de las condiciones de vida de las mujeres se hace uso de la información relativa a su acceso a la educación, a la salud, al agua potable, la vivienda, la higiene, al trabajo remunerado, entre otros que permiten ubicar su calidad material y ambiental de vida (PNUD, 2006; Inmujeres,
De igual manera es necesario analizar la posición social de las mujeres, la cual hace referencia a la ubicación de la población femenina en la estructura de poder que prevalece en una sociedad. Se mide en términos de las diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al poder político, la educación, los recursos productivos, el ingreso, las oportunidades de empleo, la participación en los cuerpos legislativos, la vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia, etc. (PNUD, 2006; Inmujeres, 2007a). Su análisis comprende el reconocimiento social, el estatus, la disposición de las fuentes de poder que
incluye el control de los activos productivos, la información, el liderazgo, la participación en la toma de decisiones, entre otras dimensiones.
El uso del binomio condición/posición de las mujeres como herramienta conceptual y operativa permite ubicar y comprender aquéllos factores y mecanismos sociales, económicos y culturales conjugados con los procesos migratorios que pueden mantener a las mujeres en situaciones de desventaja y subordinación en relación con los hombres o bien pueden coadyuvar positivamente a la modificación de las relaciones desiguales por motivos de género.
Otra categoría fundamental para este estudio es la identidad de género, la cual alude al modo en que el ser hombre o mujer es prescrito socialmente por la combinación de rol y estatus atribuidos a una persona en función de su sexo y que es interiorizado individualmente. Las identidades y roles atribuidos a uno de los sexos son complementarios e interdependientes con los asignados al otro; así por ejemplo, dependencia en las mujeres e independencia en los hombres (Inmujeres,
2007a:77).
En este sentido, la migración constituye una experiencia que incide sobre los procesos de la identidad de género de las personas, contiene un potencial que bajo ciertos contextos puede contribuir a la modificación sustantiva de esta identidad. Al cruzar fronteras se modifican las coordenadas de referencia individual y con respecto a los otros. Así, la migración no sólo implica desplazamientos geográficos, sino también morales, sicológicos, culturales etc. y con ello es posible, bajo ciertas circunstancias, transformar las identidades de género.
Otra categoría importante es la referida al empoderamiento de las mujeres, acerca de la cual, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala lo siguiente:
El empoderamiento de las mujeres “es el proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades”.
El objetivo estratégico del empoderamiento es dar poder a las mujeres, pero entendiendo éste no como un ejercicio de dominación sobre otros, sino como la capacidad efectiva de controlar las fuentes del poder social. Para ello, es fundamental aumentar la “capacidad de las mujeres de confiar en sí mismas e influir en la dirección de los cambios mediante la habilidad de ganar el control sobre recursos materiales y no materiales fundamentales” (Inmujeres, 2007 a: 58).
Al lado del enfoque de empoderamiento se desarrolla el concepto de autonomía para enfatizar los procesos que diferentes grupos sociales utilizan desde posiciones subalternas para abrirse espacios de participación y modificar su situación de subordinación. Se reconoce que el empoderamiento no es un proceso lineal, por el contrario, es dinámico, multidimensional y su acción no se restringe al cambio individual, abarca también el ámbito de las relaciones interpersonales y las transformaciones institucionales y culturales (Inmujeres, 2007 a: 58-59).
Estas y otras categorías desarrolladas desde el corpus de las teorías de género permiten hacer visible la presencia de las mujeres como agentes activas en los procesos migratorios tanto en los lugares de origen como en los de destino, como personas con necesidades e intereses propios, dejándolas de pensar como entes pasivos, dependientes y/o subordinadas permanentemente a las decisiones de otras personas (el esposo, los padres, la familia).
Según algunas autoras, una de las primeras consecuencias de la mirada de género sobre los desplazamientos migratorios ha sido el pleno reconocimiento de las mujeres migrantes como trabajadoras, como personas que se desplazan movidas por una determinación laboral y una motivación personal de mejorar su
situación de vida, lo cual cuestiona la imagen a través de la cual se percibe a las mujeres como migrantes “asociacionales” o acompañantes de un jefe varón, en su calidad de esposas, hijas o hermanas (Ariza, en Barrera y Oehmichen, 2000:34; Montaner, 2006:14).
Este cambio en la concepción de las mujeres en los procesos migratorios es importante si se considera que tradicionalmente el carácter diferencial de la migración por sexo se había tomado sólo como una evidencia empírica que no era necesario problematizar teóricamente, con lo cual las mujeres carecían del reconocimiento de una presencia propia en los desplazamientos.
En las décadas recientes se ha dado paso, de manera paulatina como un primer espacio de reflexión, al análisis de la relación entre migración femenina y mercados de trabajo. En este sentido es importante señalar que a la fecha son pocos los estudios que abordan elementos en torno a la relación entre la migración y los procesos de cambio y contradicciones desencadenados en las relaciones de género.
Los estudios realizados desde esta óptica muestran que los hombres tienden a expresar una mayor movilidad en relación a las mujeres, aunque éstas presentan más variaciones en sus patrones de desplazamiento (Ariza, 2000; Hondagneu- Sotelo, 2007; D´aubeterre, 2007). La movilidad masculina abarca un rango más amplio de lugares, mayores distancias y transcurre a través de un trecho más largo del ciclo de vida, con frecuencia sus desplazamientos tienden a guardar un carácter independiente, mientras que la adscripción de las mujeres al mundo familiar (en su papel de madres, hijas, hermanas etc.) define en gran medida su movilidad territorial, así como las desiguales estructuras de oportunidades en los mercados de trabajo.
Según Richard Bilsborrow (1998), la mayor tendencia de las mujeres a desplazarse en trayectos cortos implica que la distancia es un factor determinante
cuando se encuentra reforzado por condiciones que fortalecen el aislamiento – comunicación, vías de transporte, redes sociales- y que esta tendencia suele disminuir cuando las mujeres migrantes cuentan con altos niveles de educación (Bilsborrow, 1998, en Ariza, 2000:38).
La estructuración de estas diferencias en los comportamientos migratorios de mujeres y hombres expresa una intrincada red de aspectos macrosociales - económicos, demográficos y culturales- que definen la conformación de los mercados de trabajo, hasta aquéllos microsociales que inciden en la subjetividad y en las normas sociales que determinan las conductas “adecuadas”, para mujeres y hombres.
Asimismo, los efectos de la migración en las relaciones de género inciden en la modificación de la dinámica y estructura familiar. Las mujeres en los lugares de origen suelen asumir mayores responsabilidades debido a las prolongadas ausencias de los varones. En este contexto, se tienden a flexibilizar los roles tradicionales ya que al no encontrase los hombres, las mujeres se ven forzadas a tener que sumar a sus actividades cotidianas nuevas tareas, lo que a su vez puede estimular su capacidad de decisión, el reconocimiento de su autoridad y un papel más protagónico en el ámbito familiar y comunitario.
Por otro lado, las mujeres que migran viven una serie de experiencias que desencadenan múltiples cambios en su identidad. Un elemento central en este proceso lo constituye su inserción en el mercado laboral porque a través de su trabajo remunerado las mujeres acceden a un contexto social que favorece un mayor control de los recursos generados, una mayor independencia en su movilidad, así como su acceso y participación en redes sociales.
Si bien habría que matizar la idea acerca de la migración como un proceso liberador para las mujeres en la medida en que este fenómeno puede tener efectos positivos y negativos al mismo tiempo, los cuales dependen de una amplia gama de situaciones sociales, económicas, políticas y culturales. En todo caso, los
posibles efectos positivos en la mejora de la vida de las mujeres guarda una estrecha relación con el carácter extraordinariamente asimétrico de las relaciones de género.
Respecto a los efectos negativos de la migración en la vida de las mujeres, algunas autoras señalan que la situación de migrante constituye una condición de opresión que se suma al género, la clase y la etnia y que recrudece la situación de vulnerabilidad de las mujeres (Ariza, 2000; Hondagneu- Sotelo, 2007).
En este sentido, algunos estudios muestran que si bien en los lugares de destino hay mujeres que logran ciertos cambios positivos en sus relaciones cotidianas con los hombres, particularmente en el ámbito del hogar, a través de modificaciones importantes en el manejo del presupuesto familiar, en donde se pasa de un modelo autoritario a uno compartido, una mayor coparticipación en las tareas domésticas y cuidado de menores; sin embargo, estos cambios tienden a perderse al retornar al país de origen (Arias, 2008). Así, aunque la experiencia migratoria propicia cambios orientados hacia un patrón más igualitario en las relaciones de género en el contexto de la sociedad receptora, el retorno al lugar de origen produce un reacomodo de esas relaciones, al retomar el patrón prevaleciente en la situación pre-migratoria.
En otros casos se da la situación contraria. Con los procesos migratorios se pueden trastocar aquéllas dinámicas familiares que cuentan con estructuras tendientes a la igualdad, cooperación y solidaridad las cuales forman parte de la cultura de los lugares de origen. En estos casos la migración puede provocar situaciones que polarizan la estructura de los roles familiares, con lo cual contribuye a disminuir y colocar en situación de desigualdad el estatus de las mujeres en el contexto familiar. Asimismo, en ocasiones la migración no implica para las mujeres ninguna mejoría en el equilibrio de poderes en el ámbito doméstico, sino más bien la profundización de las dobles jornadas de trabajo 4 .
La variedad de experiencias respecto a los efectos de la migración en las relaciones de género muestran que factores como la condición de legalidad, el nivel de remuneración, el grado de control sobre la movilidad de las mujeres, etc. son aspectos fundamentales que deben ser considerados (Ariza, 2000:43).
Por otro lado es importante destacar que si bien mujeres y hombres en su carácter de migrantes pueden compartir determinadas situaciones; como por ejemplo el ser extranjeros (extraños en el país de destino), vivir en ciertos márgenes inciertos de la ilegalidad, tener a imposición de fuertes barreras culturales como el idioma o el prejuicio racial, así como la necesidad de realizar extenuantes jornadas de trabajo para asegurar su sobrevivencia; estas situaciones constituyen experiencias diferentes para unas y otros, con relación a su identidad de género.
Elementos como las remesas, esto es, las transferencias de los envíos de dinero de personas [trabajadores] migrantes a sus familias (BID, 2003a), adquieren características particulares a la luz de la experiencia de mujeres y hombres, tanto en su remisión como en su recepción.
Si bien existe bibliografía limitada al respecto, la información con que se cuenta apunta a que las mujeres guardan patrones de comportamiento diferentes en relación a los hombres respecto al envío de remesas. Aunque los ingresos de las mujeres migrantes, tienden a ser menores a las de sus pares varones, ellas suelen enviar un mayor porcentaje de sus ingresos y en el transcurso del tiempo, son las mujeres quienes tienden a mantener de manera sostenida su patrón de envío de remesas, conservando un nexo cercano con la familia (Peña, en Suárez y Zapata, 2004, Unifem, 2006).
Por otro lado, las mujeres, que en la mayoría de los casos son quienes reciben y administran las remesas enviadas, pueden lograr bajo ciertas circunstancias, que esta experiencia se traduzca en un elemento que les brinde mayor autonomía y eleve su estatus de autoridad en el ámbito familiar, aunque otros estudios señalan
que las remesas por sí solas no garantizan modificaciones respecto a la posición social de las mujeres y en algunos casos pueden incluso agudizar su situación de desigualdad (Ariza, en Barrera y Oehmichen, 2000:17).
De tal forma que la migración y las remesas –como fenómenos sociales- pueden producir efectos tanto positivos como negativos al mismo tiempo en las relaciones de género. Ello depende de una serie de factores sociales, familiares y culturales.
En este contexto, el marco de normas jurídicas y políticas juegan un papel importante respecto a la experiencia migratoria y a los efectos de las remesas en la vida de las mujeres, debido a que se inscriben como parte del contexto que puede favorecer o no las relaciones democráticas y equitativas entre mujeres y hombres, en la medida que promueven y observan los principios de los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres.
1. La importancia de los derechos humanos de las mujeres migrantes
El fenómeno de la migración constituye actualmente uno de los temas importantes de la agenda internacional. Sin embargo, los avances para su regularización son limitados, más aun lo es la generación de mecanismos eficaces que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes y en particular de las mujeres.
En este sentido habría que tener presente que los derechos humanos se definen como el conjunto de derechos básicos y libertades fundamentales inherentes a todas las personas para garantizar la dignidad humana (ONU, 1948). El carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos humanos ha posibilitado el reconocimiento de la necesidad de salvaguardar los derechos de las personas migrantes, incluyendo a las mujeres.
Asimismo, la mayor conciencia internacional en torno a la importancia de la salvaguarda de los derechos humanos ha permitido reconocer que los derechos de las mujeres (incluyendo las migrantes) son también derechos humanos y por ende, requieren estar plenamente integrados en los instrumentos internacionales de la materia.
Sin embargo, tal como apunta Alda Facio (1992) habría que tener presente que la concepción de los derechos humanos varía históricamente de acuerdo con el sentido, valor o contenido que cada época y cada sociedad le otorgan (Facio,1992); por ello, el reconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad a que están expuestas las personas migrantes y en particular las mujeres debido a su condición y posición de género, no se ha logrado traducir en la puesta en marcha de mecanismos sistemáticos y efectivos en todos aquéllos países que fungen como lugares de expulsión, tránsito y recepción de los flujos migratorios, a fin de garantizar los derechos humanos de este sector de la población.
De tal forma que el respeto pleno de los derechos humanos implica, entre otras cosas, que a las mujeres (incluso a las migrantes) se les garanticen sus derechos y ello demanda que la humanidad de las mujeres forme parte de la conciencia colectiva internacional. Si bien es cierto que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por razones de sexo y garantizan la igualdad de todos los seres humanos, esto no ha sido suficiente para garantizarles a las mujeres la protección de sus derechos, por parte de estos instrumentos y sus mecanismos de monitoreo.
Ello se debe, de acuerdo a Cinta Canterla (2002) a que dichos instrumentos prohíben la discriminación en el goce de los derechos que establecen, pero la forma como se establecen los derechos humanos es androcéntrica.
Es decir, los derechos reconocidos en esos instrumentos son pensados desde las necesidades de los hombres; lo que evidencia múltiples resistencias para considerar a las mujeres sujetos morales y por tanto jurídicos, y en consecuencia reconocerlas explícitamente como beneficiarias de los principios fundamentales éticos y universales de los derechos humanos.
Por ello el derecho y las instancias internacionales en materia de derechos humanos han asumido de manera paulatina, cada vez con mayor claridad, la necesidad de reconocer de manera específica y explícita los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos.
En este proceso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) juega un papel fundamental en la conformación de un marco jurídico internacional que reconozca, tutele y proteja los derechos de las mujeres migrantes; así como el impulso, de manera sistemática, de la realización de foros internacionales en los cuales los países se comprometan a impulsar medidas concretas a favor de las mujeres migrantes.
A la fecha, en el ámbito internacional se cuenta con una serie de instrumentos de
carácter jurídico y político (instrumentos jurídicamente vinculantes y no vinculantes) 5 encaminados a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Se trata de una serie de acuerdos entre Estados que contienen principios básicos sobre los cuales los gobiernos de los respectivos países deben formular políticas e impulsar diversas medidas, incluyendo aquellas de carácter legal, que permitan garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
Habría que señalar que no en todos estos instrumentos se señalan medidas
específicas para salvaguardar los derechos de las mujeres migrantes, en atención
a su condición y posición de género. Bajo esta consideración, a continuación se
describen brevemente algunos de los principales instrumentos internacionales en
La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, señala entre otras cosas, lo siguiente:
Artículo 2. 1Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 6.Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión 7 por la Asamblea General de
la ONU en su Resolución 200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966; señala que:
Artículo 2 (…) 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Los derechos enunciados en el PIDESC se centran en temas como: el derecho al trabajo, a la seguridad social, el compromiso de los Estados Partes de conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y
después del parto, así como la adopción de medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes. El derecho de las personas
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, a una mejora continua de las
condiciones de existencia, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación, a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 expone lo siguiente:
Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
Artículo 12. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio (…)4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.
Artículo 13. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.
Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia (…) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;(…) f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal (…)
Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 20. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Artículo 24. 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su
familia como de la sociedad y del Estado (…) 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.
Artículo 26.Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Por su parte, el Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado por la conferencia general de la OIT el 23 de junio de 1975, expone lo siguiente:
Artículo 3. Todo Miembro deberá adoptar todas las medidas necesarias y convenientes, tanto en el ámbito de su propia jurisdicción como en colaboración con
otros Miembros: a) Para suprimir las migraciones clandestinas con fines de empleo y el empleo ilegal de migrantes; b) Contra los organizadores de movimientos ilegales o clandestinos de migrantes con fines de empleo, que procedan de su territorio, se dirijan
inmigrado en condiciones ilegales, a fin de evitar y suprimir los abusos a que se refiere
el artículo 2 del presente Convenio.
Artículo 10. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se compromete a formular y a aplicar una política nacional destinada a promover y a garantizar, por los métodos adaptados a las circunstancias y usos nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, seguridad social, derechos sindicales y culturales y libertades individuales y colectivas para las personas que, en su condición de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, se encuentren legalmente en su territorio.
Artículo 11. 1. A los fines de la aplicación de la presente parte del Convenio, la expresión trabajador migrante comprende a toda persona que emigra o ha emigrado de un país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia; incluye también a toda persona admitida regularmente como trabajador migrante.
Artículo 13.1. Todo Miembro podrá adoptar todas las medidas necesarias, que dependan de su propia competencia, y colaborar con otros Miembros a fin de facilitar la
reunión de familias de todos los trabajadores migrantes que residan legalmente en su territorio. 2. El presente artículo se refiere al cónyuge del trabajador migrante y, en la medida en que estén a su cargo, a los hijos, al padre y a la madre del migrante.
Como puede observarse, este convenio se enfoca primordialmente a garantizar una serie de derechos a los trabajadores migrantes legales, sin contemplar a los “ilegales”, tampoco hace referencia de manera explicita, acerca de los derechos de las mujeres migrantes trabajadoras.
Otro instrumento internacional en la materia, es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Adoptada por la Asamblea General de la onu en su resolución 45/158, el 18 de diciembre de 1990, la cual expone, entre otras cosas, lo siguiente:
Articulo 2. A los efectos de la presente Convención: 1. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional (…)
Articulo 4. A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate.
Artículo 5. A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus familiares: a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte; b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no cumplen las condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo.
Artículo 7. Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
En todo el texto de esta convención se exponen una serie de consideraciones y derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como diversas medidas que deberán llevar a cabo los Estados Partes en la materia. Destaca la parte III “Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares” [artículos 8 a 35] en la cual se enuncia el conjunto de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, tanto aquéllos considerados documentados o en situación regular como los considerados no documentados o en situación irregular. Cabe señalar que la convención utiliza lenguaje no incluyente, como se verá en los siguientes párrafos.
Entre los derechos enunciados por esta convención se encuentra el derecho de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares a la vida, a no ser sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a esclavitud ni servidumbre a la realización de trabajos forzosos u obligatorios.
También se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, opinión, de conciencia y de religión, a la protección de la ley contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones, a no ser privados arbitrariamente de sus bienes, a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones, así como a no ser sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias.
De igual forma se reconoce el derecho al respeto a la identidad cultural y a mantener vínculos culturales con sus Estados de origen, a transferir a éste sus ingresos, ahorros y pertenencias, de conformidad con la legislación aplicable de los Estados de que se trate. El derecho a la información acerca de sus derechos con arreglo a la presente Convención [Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares] y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender.
En caso de ser detenidos, se tiene el derecho a ser informados en el momento, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y a que se les notifique prontamente en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado, así como ser informados del derecho a dar aviso a las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen y de los derechos derivados de los tratados pertinentes.
Se señala que los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. Aquéllos que se encuentren detenidos en un Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración tienen derecho a ser alojados, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas.
Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento y tendrán iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia y se reconoce que los trabajadores migrantes y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva.
También se señala que la expulsión por parte de un Estado, no menoscaba ninguno de los derechos que un trabajador migratorio o un familiar suyo hayan adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado; incluyendo lo concerniente al pago de salarios y otras prestaciones que se le adeuden y que las
autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de este derecho.
Otra cuestión fundamental es lo concerniente a que los Estados Partes deben adoptar medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores migratorios tengan un trato igualitario a los nacionales del Estado de empleo, en lo referente a remuneración y condiciones de trabajo y que no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular se señala que, los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas a causa de cualquiera de esas irregularidades.
Respecto al derecho a la salud, se expone que los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente, en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate, y que esta atención médica no puede negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo. Asimismo, se reconoce que los hijos de los trabajadores migratorios tienen derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento, a una nacionalidad y al acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate.
En la parte VI “Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares” [artículos 64-71) se expone que los Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en relación con la migración internacional de trabajadores y sus familiares, tomando en cuenta para ello no sólo las necesidades y recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas y culturales de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate.
También se afirma que los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para
atender las cuestiones relacionadas con la migración internacional de trabajadores
y sus familiares, a través de políticas relativas a esa clase de migración; el
intercambio de información, las consultas y la cooperación con las autoridades competentes de otros Estados Partes, el suministro de información apropiada a empleadores, trabajadores y sus organizaciones, además de facilitar la provisión de servicios consulares para atender a las necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y sus familiares.
Se expone que los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista y tendrán en cuenta las circunstancias de entrada, duración de su estancia en los Estados de empleo y otras consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con su situación familiar.
Es importante señalar que esta convención adolece de perspectiva de género, lo cual se evidencia desde la utilización de lenguaje no incluyente, hasta la ausencia de medidas y disposiciones específicas para las mujeres migrantes. Por otro lado, diversos especialistas coinciden en señalar que el impacto de esta convención en
la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes es limitado por
contener lagunas, imprecisiones y ambigüedades que la hacen poco operativa (Nafziger y Bartel, 1997; Castillo, 1999, citado en CEAMEG, 2008b:13). Sumado a lo anterior habría que agregar que los principales países de destino de las personas migrantes trabajadoras no se han adherido a dicha convención.
Otro instrumento internacional en la materia es el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000. Este
instrumento expone entre otras cosas, lo siguiente:
Artículo 2. Finalidad. El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico. Artículo 3. Definiciones. Para los fines del presente Protocolo: a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material; b) Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor;(…) Artículo 7. Cooperación. Los Estados Parte cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar. Artículo 14.Capacitación y cooperación técnica. 1. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a otros funcionarios pertinentes capacitación especializada en (…) el trato humano de los migrantes (…), respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo (…) 2. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes (…), a fin de (…)proteger los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas: (…) e) El trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo. Artículo 18. Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito.1. Cada Estado Parte
conviene en facilitar y aceptar, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de toda
persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional de ese Estado Parte o tuviese derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de la repatriación (…) 5. Cada Estado Parte que intervenga en la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo adoptará todas las medidas que proceda para llevar a cabo la repatriación de manera ordenada y teniendo debidamente en cuenta la seguridad y dignidad de la persona(…)7. Las disposiciones del presente artículo no menoscabarán ninguno de los derechos reconocidos a las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo por el derecho interno del Estado Parte receptor (…)
En virtud de este Protocolo, cada Estado Parte se compromete a tomar una serie de medidas para impedir la migración ilegal y el tráfico ilícito de migrantes; si bien no se contempla ninguna disposición que explicite la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres migrantes ilegales, en consideración a sus necesidades particulares, derivadas de su condición y posición de género; tampoco se expone ningún compromiso de los Estados Partes en torno al establecimiento de medidas encaminadas a prevenir las causas de la migración ilegal.
Inclusión de los derechos humanos de las mujeres migrantes en los
En el ámbito internacional y regional existen algunos instrumentos jurídicos y políticos orientados, de manera expresa, a garantizar los derechos humanos de las mujeres, incluyendo a las migrantes, los cuales se describen a continuación:
Por su importancia destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, la cual fue adoptada y abierta a su firma y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/180, el 18 de diciembre de 1979.
Según Alda Facio (1992 y 2000) dicha convención es definida como “la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres” o bien la “Carta Magna de los Derechos de las Mujeres” al ser el primer instrumento internacional que incluye todos los derechos humanos de las mujeres, ya sea explícita o implícitamente, al prohibir todas las formas de discriminación por razones de sexo.
La CEDAW se distingue por ser el primer instrumento internacional de carácter amplio y jurídicamente vinculante que prohíbe la discriminación hacia las mujeres en todas las esferas de la vida y obliga a los gobiernos a adoptar medidas especiales de carácter temporal –acciones afirmativas- para promover el adelanto de las mujeres y la igualdad de género.
Se trata de un tratado internacional de derechos humanos que protege los derechos y libertades fundamentales de las mujeres a través de principios clave que aseguran la igualdad entre mujeres y hombres y una serie de medidas que los Estados deben tener en cuenta al elaborar sus agendas nacionales, encaminadas a eliminar la discriminación que impide o anula el acceso de las mujeres a sus derechos y limita sus oportunidades (SRE, 2007a).
El primer artículo de dicha convención es fundamental, ya que en éste se define el concepto de discriminación contra las mujeres, señalándose que:
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Si bien no explicita medidas referidas de manera particular hacia las mujeres migrantes, es importante tomar en consideración los siguientes artículos:
Artículo 9. 1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.
Artículo 15. 1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. (…) 4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
De tal forma que si bien la CEDAW no hace referencia de manera específica de las mujeres migrantes, sí configura una serie de derechos que deben ser garantizados
a las mismas, independientemente de su situación migratoria o del país donde se encuentren, al comprometer a los Estados Partes a tomar medidas apropiadas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres.
Un mecanismo fundamental derivado de la CEDAW es el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, también conocido como el Comité de la CEDAW –COCEDAW- 8 , el cual se incluye en la V parte de dicha convención -artículos 17 al 22-. El objetivo de dicho comité es examinar los progresos alcanzados por los Estados Partes en la aplicación de la convención, de tal manera que éste funciona como un sistema de vigilancia de la aplicación de la CEDAW por parte de los países que la hubiesen ratificado o adherido a ella.
El seguimiento y evaluación que realiza el comité se basa en el examen de los
informes periódicos que recibe de los gobiernos nacionales. Asimismo puede invitar a organismos especializados de las Naciones Unidas a que envíen informes para su estudio y recibe información de organizaciones no gubernamentales sobre
Cuando el Comité detecta patrones de violación de los derechos humanos de las mujeres que se repiten en distintas partes del mundo puede, de conformidad con el artículo 21 de la CEDAW, hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general. (SRE, 2007a).
El COCEDAW ha emitido dos recomendaciones generales en referencia a las mujeres migrantes, las cuales exponen a continuación:
Recomendación General Nº 21. Emitida por el Comité durante su 13° periodo de sesiones en 1994, la cual establece que a las mujeres migrantes que viven y trabajan temporalmente en otro país deben otorgárseles los mismos derechos que
a los hombres de reunirse con sus cónyuges, compañeros o hijos.
Recomendación General Nº 24. Emitida por el Comité durante su 20° periodo de sesiones en 1999. En la recomendación se señala que debe prestarse especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas y las desplazadas internas, las niñas y las ancianas, las mujeres que trabajan en la prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental.
En el ámbito regional del sistema interamericano destaca la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, conocida también como “la Convención de Belem do Pará”, adoptada el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto periodo ordinario de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En relación a las mujeres migrantes señala lo siguiente:
Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: (…) b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, (…) trata de personas, prostitución forzada, secuestro (…) c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, [capítulo III. Deberes de los Estados] los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
La importancia de esta convención estriba en que es el primer instrumento regional jurídicamente vinculante, (constituye un hito en el ámbito internacional) que compromete a los Estados Partes a poner en práctica medidas concertadas para eliminar la violencia contra las mujeres.
Respecto a los instrumentos políticos internacionales que incluyen disposiciones y medidas a favor de las mujeres migrantes destacan los siguientes:
La declaración y programa de acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, Austria, del 14 al 25 de junio de 1993, reconoce, entre otras cosas lo siguiente:
18. Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los
planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
24. Debe darse gran importancia a la promoción y protección de los derechos humanos
de las personas pertenecientes a grupos que han pasado a ser vulnerables, en particular los trabajadores migratorios, a la eliminación de todas las formas de discriminación contra ellos y al fortalecimiento y la aplicación más eficaz de los instrumentos de derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de adoptar y mantener medidas adecuadas en el plano nacional, en particular en materia de educación, salud y apoyo social, para promover y proteger los derechos de los sectores
vulnerables de su población y asegurar la participación de las personas pertenecientes
a esos sectores en la búsqueda de una solución a sus problemas.
33. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a todos los Estados a que
garanticen la protecciónde los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios
La importancia de esta conferencia radica en gran medida, en el reconocimiento pleno y explicito acerca de que los derechos de las mujeres, incluyendo las migrantes, son derechos humanos, y por tanto los países firmantes se comprometen a su salvaguarda.
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada del 5 al 13 de septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto, dedica el capitulo X a la migración internacional.
Entre las medidas asumidas por los Estados se encuentran las siguientes:
10.3. Se insta a los gobiernos a que adopten políticas y programas de migración internacional transparentes para hacer frente a esas corrientes migratorias.
10.18. Los gobiernos de los países de acogida y los países de origen deberían adoptar sanciones eficaces contra quienes organizan la migración de indocumentados, explotan
a esos migrantes o se dedican al tráfico de migrantes indocumentados, especialmente
a los que se dedican a cualquier forma de tráfico internacional de mujeres, jóvenes y
niños. Los gobiernos de los países de origen en que las actividades de agentes u otros intermediarios del proceso migratorio sean legales deberían regular esas actividades a fin de impedir los abusos, especialmente la explotación, la prostitución y la adopción coercitiva.
Destaca el compromiso asumido por los países firmantes de este programa de acción respecto a la adopción de medidas para impedir las formas de explotación, abuso, acoso y violencia contra las mujeres. Se insta además a los países de acogida a que tomen medidas para evitar las formas de discriminación contra las personas migrantes, incluida las relativas a su nacionalidad y la de sus hijos, así como proteger su seguridad.
Además se exhorta a estos países a proteger a las mujeres y a los niños que emigran en calidad de familiares, contra los abusos o la denegación de sus derechos humanos por sus patrocinadores, y se pide a los gobiernos que consideren la posibilidad de prorrogar su estadía, en caso de que se disuelva la relación familiar, dentro de los límites de su legislación nacional.
Otro instrumento fundamental es la Declaración y Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en septiembre de 1995 en Beijing, China. Los Estados participantes que adoptaron la plataforma y plan de acción de dicha conferencia se comprometieron a llevar a cabo medidas integrales a través de la estrategia de transversalidad de la perspectiva de género 9 en toda la estructura y quehacer gubernamental; así como a adoptar una serie de acciones
concretas en 12 esferas de especial preocupación, entre las que se incluyó el tema de los derechos humanos de las mujeres, específicamente en el inciso I.
Como parte de los derechos humanos de las mujeres, se hizo referencia a las mujeres migrantes en los siguientes términos:
225. Muchas mujeres enfrentan otras barreras para el disfrute de sus derechos
humanos debido a factores tales como su raza, idioma, origen étnico, cultura, religión,
incapacidades o clase socioeconómica o debido a que son indígenas, migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, desplazadas o refugiadas. También pueden encontrarse en situación desventajosa y marginadas por falta de conocimientos generales y por el no reconocimiento de sus derechos humanos, así como por los obstáculos que encuentran para tener acceso a la información y a los mecanismos de recurso en caso de que se violen sus derechos.
232. Medidas que han de adoptar los gobiernos: a) Dar prioridad a la promoción y
protección del disfrute pleno y amplio, por mujeres y hombres en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de ningún tipo en cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, orígenes nacionales o sociales, bienes, nacimiento u otra condición; (…) i) Impartir enseñanza y capacitación sobre derechos humanos en que se tengan en cuenta los aspectos relacionados con el género a los funcionarios públicos, incluidos, entre otros, el personal policial y militar, los funcionarios penitenciarios, el personal médico y de salud y los asistentes sociales, incluidas las personas que se ocupan de las cuestiones relacionadas con la migración y los refugiados, y los maestros a todos los niveles del sistema de enseñanza, y facilitar también ese tipo de enseñanza y capacitación a los funcionarios judiciales y a los miembros del parlamento con objeto de que puedan cumplir mejor sus responsabilidades públicas;
233. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, según corresponda: (…) i) Adoptar medidas apropiadas para garantizar que las mujeres refugiadas y desplazadas, las mujeres migrantes y las trabajadoras migrantes se sensibilicen en lo que respecta a sus derechos humanos y a los mecanismos de recurso de que disponen.
Se trata de una serie de medidas que los Estados firmantes de la plataforma y plan de acción de esta conferencia están comprometidos a llevar a cabo, a través de acciones y mecanismos concretos y efectivos que permitan salvaguardar los derechos humanos de las mujeres migrantes.
Otro instrumento importante es La Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas de Intolerancia, llevada a cabo en Durban, Sudáfrica del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001. Los países firmantes reconocen, entre otras cosas, lo siguiente:
69. Estamos convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones de vida, a la
pobreza, la violencia, las formas múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos. Reconocemos la necesidad de integrar una perspectiva de género en las pertinentes políticas, estrategias y programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a fin de hacer frente a las formas múltiples de discriminación;
28. Se Invita a los Estados a que faciliten la reunión de familias en forma rápida y
eficaz, la cual favorece la integración de los migrantes, tomando debidamente en
cuenta el deseo de muchos miembros de las familias de ser independientes;
30. Se insta a los Estados a que (…) h) Consideren la posibilidad de adoptar y aplicar
políticas y programas de inmigración que permitan a los inmigrantes, en particular a las
mujeres y los niños que son víctimas de la violencia conyugal o doméstica, escapar de unas relaciones opresivas;
31. Se insta a los Estados, en vista de que aumenta la proporción de las mujeres
migrantes, a que presten una atención especial a las cuestiones de género, en especial a la discriminación sexual, y en particular cuando los múltiples obstáculos con que tropiezan las mujeres migrantes se combinan; a que realicen investigaciones exhaustivas, no sólo sobre las violaciones perpetradas contra los derechos humanos de las mujeres migrantes sino también sobre la contribución que esas mujeres hacen a
las economías de sus países de origen y de sus países de acogida, y a que incluyan los resultados de esas investigaciones en los informes destinados a los órganos creados en virtud de tratados;
La importancia de la declaración y plataforma de acción de esta conferencia, radica, entre otras cosas, en la serie de compromisos asumidos por los países en relación a las necesidades y problemas específicos de las mujeres migrantes.
4. Observaciones y recomendaciones internacionales al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres migrantes
México al formar parte de la comunidad internacional y ratificar y adherirse a la serie de instrumentos jurídicos y políticos antes señalados está obligado a implementar una serie de disposiciones y medidas a fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres migrantes. En este sentido los esfuerzos implementados en la materia siguen siendo insuficientes, ello ha motivado que el Estado mexicano sea objeto de una serie de recomendaciones y observaciones por parte de organismos internacionales.
En relación a la migración de las mujeres, el Comité de la CEDAW señaló como parte de sus observaciones y recomendaciones finales hacia México, en sus sesiones 569a y 570a, celebradas el 6 de agosto de 2002 lo siguiente:
437. Dado el creciente número de mujeres mexicanas que están emigrando a otros
países en busca de mayores oportunidades laborales, preocupa al Comité que tal circunstancia les pueda hacer especialmente vulnerables a situaciones de explotación o tráfico.
438. El Comité exhorta al Estado parte a que se concentre en las causas de este
fenómeno, adoptando medidas encaminadas a mitigar la pobreza y a potenciar e impulsar el papel económico de la mujer, así como la plena garantía del reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Asimismo el Comité alienta al Estado parte a buscar acuerdos bilaterales o multilaterales con los países de destino de estas mujeres 10 .
Otro de los organismos que ha emitido recomendaciones a México en materia de los derechos humanos de las mujeres migrantes es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que estableció una Representación en México en 2003, en atención al Acuerdo de Cooperación Técnica firmado en diciembre de 2000 entre la OACNUDH y el gobierno mexicano. Uno de los compromisos de dicho acuerdo se concretó en la elaboración del “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”, presentado en diciembre de 2003.
En dicho diagnóstico recomendó al gobierno mexicano que adopte el enfoque de género en el trato a las mujeres migrantes y a los menores de edad, adecuándose a las características específicas del flujo en a frontera norte y la frontera sur, así como a los problemas de las comunidades expulsoras (OACNUDH 2003: 175). Estas recomendaciones requieren ser atendidas a cabalidad por el Estado mexicano. Sin embargo, el país presenta una serie de pendientes respecto a la concreción de medidas a favor de las mujeres migrantes.
En un ámbito general, los procesos migratorios globales y en particular la migración internacional de las mujeres muestra vacíos significativos respecto a su regulación, acorde a los derechos humanos y la perspectiva de género, por parte de los países de origen, de tránsito y de destino.
Los instrumentos internacionales en la materia tienden a mostrar ausencias importantes respecto al establecimiento de mecanismos y disposiciones que permitan dar seguimiento a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres migrantes y obliguen a los países responsables a tomar medidas sistemáticas al respecto. Los esfuerzos de los Estados, incluyendo México, son insuficientes, por lo que es urgente la construcción y fortalecimiento de un marco regulatorio internacional acorde al fenómeno global que representa la migración de las mujeres, a fin de hacer exigible el cumplimiento de sus derechos humanos.
5. El Marco jurídico nacional
México es un país de origen, tránsito y destino de flujos migratorios de mujeres y hombres. Sin embargo, en el marco jurídico nacional, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y en particular los de las mujeres no están reconocidos, de manera integral, tal como se expone a continuación:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tema se aborda en los siguientes términos:
Artículo 2. La Federación, los Estados y los Municipios tienen la obligación de: B (…) VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Establece las bases para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promueve la igualdad de oportunidades y de trato para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, tanto como su participación en la vida política, económica, cultural y social del país.
Asimismo, establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También reconoce el derecho de la reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad.
La Ley General de Población. Señala que los servicios migratorios se realizarán velando por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar. Establece que estos servicios serán organizados por la Secretaría de Gobernación, dependencia que cuidará, asimismo, de que los inmigrantes sean elementos útiles para el país y de que cuenten con los ingresos necesarios para su subsistencia y en su caso, la de las personas que estén bajo su dependencia económica. Esta ley regula los asuntos relacionados con la migración en el país, sin embargo adolece en sus ordenamientos de la perspectiva de género y por ende no contempla medidas específicas, acorde a las necesidades de las mujeres y hombres migrantes.
La Ley del Instituto Nacional de las mujeres establece lo siguiente:
Sin embargo, normas fundamentales tendientes a garantizar la igualdad de género como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, no incluye mención alguna referente a las mujeres migrantes. En su artículo 1 establece que:
Situación similar sucede con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual no contempla medidas específicas orientadas a las mujeres migrantes. En su artículo 1 se establece lo siguiente:
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.
Esta ley señala en su articulado cinco tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; además, considera las distintas modalidades de
violencia: en el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional
la violencia feminicida como forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados. Tal como en el caso de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no se encuentran en su texto disposiciones explícitas encaminadas hacia las mujeres migrantes.
Esta situación da cuenta de la invisibilización que sufren las mujeres migrantes en nuestro marco jurídico nacional, incluso en leyes orientadas a la eliminación de la violencia hacia las mujeres y la igualdad de género.
No obstante la dimensiones y el crecimiento del fenómeno de la migración en el país, parecen ser mínimas y desarticuladas las medidas específicas orientadas a
las mujeres migrantes, lo cual expresa la gran tarea del Estado mexicano en torno
a la construcción de una política migratoria de Estado que aborde el fenómeno
desde la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres y ello se
refleje en su marco jurídico nacional.
Capitulo III. La presencia de las mujeres en la migración México- Estados Unidos 11
En la actualidad, la migración es uno de los fenómenos sociales más importantes
y dinámicos, en donde los flujos de personas en búsqueda de una mejor situación
de vida representan retos a atender por parte de los gobiernos de gran parte de
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2005 había alrededor
de 191 millones de personas migrantes: 115 millones vivían en países
desarrollados y 76 millones en países en desarrollo. Entre 1990 y 2005, el
conjunto de los países con ingresos altos registró el mayor aumento en el número
de migrantes internacionales (41 millones) (ONU, 2006). Otros datos de esta
organización muestran que en 2005, el 75% de todas las personas migrantes se
concentraban en 28 países. Los Estados Unidos de América recibían a uno de
cada cinco migrantes de todo el mundo.
Las y los migrantes constituyen actualmente como mínimo el 20% de la población
de 41 países, 31 de los cuales tienen menos de 1 millón de habitantes. Las
mujeres, por su parte, representan casi la mitad del total mundial de personas que
emigran de su lugar de origen (ONU, 2006).
Entre los países en desarrollo que destacan como lugares de destino de las
personas migrantes se encuentran, entre otros, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei
Darussalam, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, la República de Corea
del Sur y Singapur (ONU, 2006: 9)
De acuerdo a la UNESCO (2003), entre los países de origen con mayor número de
personas migrantes en las últimas décadas se ubican México, las Filipinas y
Bangladesh, mientras que los principales países de destino se encuentran en Norte América, Oceanía (Australia) y Europa Occidental, aunque también sobresalen países de la región del Golfo Pérsico, además de Japón. Otros países como Rusia, India o Costa de Marfil también reciben muchos inmigrantes.
De tal forma que los países con mayor población inmigrante son Estados unidos
con 34.988 millones, Rusia 13.259 millones, Alemania 7.349 millones, Ucrania 6.4
millones, Francia con 6.2 millones e India con 6.2 millones. Por su parte, los Estados con mayor porcentaje de migrantes en el total de su población son: los Emiratos Árabes Unidos con el 73.8%, Kuwait 57.9%, Jordania 39.6%, Israel
37.4%, Singapur 33.6%, Omán 26.9% y Estonia con el 26.2% (UNESCO, 2003: 8).
Los procesos de migración de México a Estados Unidos se remontan a la época
de surgimiento del primero como país independiente. La inestabilidad política y económica durante sus primeros años provocaron flujos migratorios al país vecino (Solimano, 2008). Los constantes conflictos internos se tradujeron en problemas estructurales que impedían al país elevar el nivel de vida de las personas.
El flujo migratorio hacia Estados Unidos tuvo en las últimas tres décadas del siglo
un incremento importante, debido sobre todo, a las oportunidades económicas
ofrecía ese país, el cual tenía un ingreso por habitante que era más del doble
de los habitantes de América Latina, situación que lo convirtió en un importante lugar de destino, aunque ya desde entonces empezó a haber sectores de población en los Estados Unidos que empezaron a argumentar que con los flujos migratorios se verían desplazados y disminuirían los sueldos (Castles, 2004).
Fue a partir de la segunda década del siglo XX cuando los flujos migratorios hacia
Estados Unidos empezaron a tener mayores restricciones, esto por la rigidez del Acta de Inmigración Norteamericana y por las condiciones de inestabilidad que
provocó la revolución mexicana; aun así, ese país se mantuvo como el principal destino de las personas migrantes mexicanas.
El primer Programa bracero (1917 – 1918) atendió la escasez de mano de obra en Estados Unidos asociada a la participación de este país en la Primera guerra mundial. Esta política era una excepción a la aplicación de la Ley migratoria estadounidense de 1917. Dicho programa permitió la conformación progresiva de un flujo migratorio importante enfocado al trabajo del sector primario y secundario del aparato productivo norteamericano.
El segundo Programa bracero (1942 – 1964) surgió en el contexto de la Segunda guerra mundial, esta vez se pudo concretar un acuerdo bilateral, que conformó una mano de obra con las siguientes características: legalidad, masculinidad, ruralidad y temporalidad (PNUD, 2007). La coyuntura internacional marcada por la guerra y la necesidad de la mano de obra para mantener su producción, obligó al gobierno de los Estados Unidos a flexibilizar su política migratoria e implementar este programa, el cual permitía la migración legal y controlada de trabajadores mexicanos.
En 1965 se realizaron enmiendas al Acta de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que fueron vistas como parte de la legislación de los derechos civiles de ese periodo; estas modificaciones fueron diseñadas para reformar el sistema de cuotas según su origen nacional. Estas enmiendas crearon un sistema de inmigración a nivel mundial, donde el criterio de aceptación era el parentesco con ciudadanos o residentes de Estados Unidos. El resultado fue un aumento significativo de inmigrantes (Castles, 2004).
Paralelamente se gestó un flujo importante de migrantes indocumentados. El programa bracero llegó a su fin, de manera unilateral por parte del gobierno de Estados Unidos, posteriormente en 1986 con la entrada en vigor de la Ley para la
Reforma y Control, el gobierno de ese país intentó controlar la migración indocumentada sin tener éxito (Castles, 2004).
Factores como la cercanía geográfica con Estados Unidos, así como el desigual desarrollo entre ambos países, motivaron un incremento considerable de la migración internación, en detrimento de la migración interna que se da principalmente de zonas rurales y ciudades pequeñas a las grandes ciudades y capitales de las entidades federativas.
Actualmente el fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos es considerado como el flujo de migrantes más importante a nivel mundial. Elementos como el crecimiento de la población económicamente activa, las características demográficas del país, aunadas a las recurrentes crisis económicas México, al deteriorado nivel de vida de la mayoría de la población y la agudización en las brechas de desigualdad socioeconómica, así como las brechas de desarrollo entre ambos países han conformado un contexto que favorece el incremento y diversificación de los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
En este contexto se han ampliado tanto las zonas de los flujos migratorios “tradicionales” como los sectores de la población migrantes, destacándose en ello la mayor presencia de las mujeres y de personas indígenas. Así, la migración hacia Estados Unidos muestra mayor diversidad y cantidad tanto de mujeres como hombres mexicanos.
Porcentaje de la población nacida en México residente en los Estados Unidos de América por
edad y sexo 2005
Como puede observarse la mayoría de la población migrante mexicana en Estados Unidos se concentra en los rangos de edad con mayor nivel de productividad (25-34 años), tanto en el caso de hombres como en el de mujeres y de acuerdo al PNUD en el 2005, aproximadamente 11 millones de personas nacidas en México vivían, de manera permanente o temporal, con documentos o sin ellos en dicha nación (PNUD, 2007). Las personas mexicanas establecidas en dicho país en 2005 representaban el 3.8% de la población total y alrededor de 29.5 por ciento de la población inmigrante. (Conapo, 2005).
Al respecto, el informe: Indicadores del Desarrollo Mundial, que concentra datos de 185 países asociados al Banco Mundial, presenta el fenómeno migratorio en un
contexto amplio y señala que el aumento en el movimiento de personas que cruzan la frontera norte ha convertido a México en el país con más ciudadanas y ciudadanos que viven fuera de su lugar de origen, arriba de China, Pakistán e India (PNUD, 2007).
Para las personas migrantes mexicanas la ausencia de oportunidades de desarrollo es la principal causa de la migración, ya que el estimulo de encontrar mejores opciones de trabajo en otro lugar, es lo que hace que el flujo de personas dentro y fuera del país sea una situación constante. Las personas se desplazan al país vecino al no encontrar una perspectiva de crecimiento económico y debido a la incapacidad del Estado para promover la formación y crecimiento del capital humano, renovar las instituciones, reducir la pobreza y la desigualdad social (Solimano, 2008).
Las brechas de desarrollo, las oportunidades económicas, las inequidades sociales y las diferencias de salarios crean poderosos incentivos para la migración internacional. Sumado a lo anterior, se ubican elementos como la reunificación familiar, así como la búsqueda de un entorno más sano y seguro son otros factores que motivan la persistencia de flujos migratorios, sobre todo a Estados Unidos.
El proceso migratorio actual tiene diversas características, entre las que destaca la creciente feminización de los flujos migratorios a nivel internacional, lo cual tiene impactos sociales, económicos y culturales importantes tanto en los estados receptores como los emisores.
Tal como se muestra en la gráfica anterior el índice de feminidad se ha elevado de manera significativa en la década reciente, en los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos.
La migración de mujeres tiene una importancia cualitativa y cuantitativa en el fenómeno migratorio, por su impacto en la transformación de las estructuras sociales, ya sea en los lugares de destino como los de origen y porque representan un número importante en los flujos migratorios a Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2002, la proporción de mujeres con respecto de la población total migrante fue de 23.06%.
Emigrantes a Estados Unidos 1992 - 2002
1 968 353
1 720 460
2 079 446
1 569 157
2 011 243
2 475 064
Fuente: Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Mujer en México de INEGI, 2008
Respecto a los flujos migratorios más importantes del país, estos se concentran en los Estados del Occidente y Bajío del país y de la zona centro sur. Estos Estados históricamente han concentrado la mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos.
Asimismo, la evidencia empírica muestra que las personas emigrantes de América Latina; incluyendo México, comparten tres características sociodemográficas principales: 1) una elevada participación de la migración femenina; 2) la concentración de los flujos migratorios en las edades laboralmente más productivas de los emigrantes e inmigrantes; y 3) el mayor nivel de escolaridad que ostentan los emigrantes respecto de sus compatriotas que no emigran (Solimano, 2008).
En la siguiente gráfica (gráfica 3) se observa como parte del perfil de la población inmigrante internacional, que la mayoría tiene estudios básicos; sin embargo, de la población que cuenta con estudios superiores, son las mujeres quienes presentan mayor nivel de escolaridad con respecto a los hombres.
Las personas con mayor escolaridad buscan su crecimiento profesional y una de las características más importantes de la globalización es la migración de la mano de obra calificada ante las necesidades de los países con mayor grado de industrialización de contar con trabajadores con conocimientos científicos y en el desarrollo económico (Pellegrino, 2008).
La información estadística del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2007 muestra que las personas migrantes en México no provienen de los hogares con mayor índice de pobreza y contradicen los argumentos de que la migración podría deberse a las condiciones básicas para el desarrollo.
Dentro de las características socioeconómicas de las familias migrantes se ha constatado que los hogares cuyas jefas o jefes de familia se encuentran empleado, tiene una mayor probabilidad de enviar a algún integrante al extranjero que aquéllos que se encuentran fuera del mercado laboral (Solimano, 2008).
Ello muestra que la pertenencia a una familia cuya jefa o jefe está empleado no es suficiente para frenar la migración y se apunta la idea de que se necesita cierto nivel de ingreso para tomar la decisión de migrar, además de estar en los rangos de edad más productivos y sentir la necesidad de mejorar las condiciones de vida; de tal forma que las entidades que presentan el mayor flujo migratorio, si bien no en todos lo casos son las más pobres del país, sí presentan rezagos importantes.
Aunque algunos municipios pobres presentan tasas de migración que se incrementan más rápidamente que el promedio nacional, éstas aún son bajas y no igualan los niveles de migración de los municipios de mayor tradición migratoria.
Así, esos municipios no constituyen evidencia suficiente para concluir que existe una “nueva dinámica de la migración” explicada fundamentalmente por la pobreza. Los niveles máximos de emigración internacional se observan en municipios con marginalidad y pobreza medias. Los municipios con marginación y pobreza extremas tienen tasas de migración cercanas a cero. Los municipios con pobreza y marginación mínimas también tienen tasas de migración inferiores al promedio (Solimano, 2008).
En el caso de la migración de mujeres mexicanas a los Estados Unidos, destacan los estados de Jalisco, Michoacán, México, Guanajuato y Guerrero, los cuales son las entidades que presentan las tasas de migración al exterior más altas, ello corresponde a la tendencia nacional migratoria.
Mujeres migrantes por Entidad Federativa. Año 2000
Cobertura: Michoacán
Cobertura: Guanajuato
Cobertura: Guerrero
Cobertura: Chihuahua
Cobertura: Veracruz
Cobertura: Zacatecas
Cobertura: Morelos
Cobertura: Oaxaca
Cobertura: Nuevo León
Cobertura: Durango
Cobertura: Tamaulipas
Cobertura: Sinaloa
Cobertura: Hidalgo
Cobertura: Baja California
Cobertura: Nayarit
Cobertura: Coahuila
Cobertura: Sonora
Cobertura: Aguascalientes
Cobertura: Colima
Cobertura: Querétaro
Cobertura: Tlaxcala
Cobertura: Chiapas
Cobertura: Yucatán
Cobertura: Quintana Roo
Cobertura: Tabasco
Cobertura: Baja California Sur
Cobertura: Campeche
Fuente: Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Mujer en México de INEGI, 2008.
Asimismo, la tendencia del fenómeno migratorio se caracteriza porque las y los migrantes se dirigen principalmente a lugares donde previamente se han concentrado los procesos migratorios del país. La mitad del flujo migratorio hacia Estados Unidos de 1997 a 2002 (51.3%) se orientó a la región Sudoeste, principalmente a los Estados de California y Texas.
El 21.8% tuvo presencia por la Costa Este, la cual ha cobrado relevancia en las últimas décadas. Actualmente las regiones de los Grandes Lagos (Noreste) y de las grandes planicies (Centro) han tenido un aumento importante de población migrante (Conapo, 2005)
Como puede observarse no existen diferencias significativas en los lugares de destino de las mujeres y hombres migrantes, lo que varía es el tipo de trabajo en el que se emplean. Las mujeres por lo regular tienden a trabajar en los sectores primarios y de servicios, y por lo regular, perciben un ingreso menor con relación a los hombres, lo cual quiere decir que en los lugares de destino migratorio también persisten las desigualdades de género.
La creciente feminización de la migración internacional, se suma ha otros factores que complejizan el fenómeno de la migración (CEPAL, 2003:11-12; Suárez y Zapata, 2004:7-9), al expresar nuevos elementos que se suman a otros más “añejos” de carácter sociodemográfico, económico y político que en conjunto contribuyen a delinear las características actuales del fenómeno de la migración, en particular la que existe entre México y los Estados Unidos, en la que se Involucran de manera diferente y desigual mujeres y hombres debido a su condición y posición de género.
En este sentido, es importante subrayar que el papel de las mujeres en el fenómeno de la migración ha sido poco estudiado a lo largo de la historia, ya que
tradicionalmente el rol productivo (ligado a la migración) se les ha otorgado a los hombres. Esta situación ha motivado que apenas, de manera reciente (a partir de los años 80´s) se haya empezado a prestar atención a las mujeres y su vinculación con la migración (Ariza, 2000; Hondagneu-Sotelo 2007).
Respecto a las causas de la migración existen factores comunes que motivan tanto a mujeres como a hombres a migrar (situación económica precaria, desempleo, falta de oportunidades etc. aunque también hay otras situaciones que afectan sobre todo a las mujeres, por ejemplo la violencia familiar, que las lleva a tomar la decisión de migrar, aunque antes de poder hacerlo deben sortear una serie de dificultades visibles e invisibles de los controles familiares, la tradición y las costumbres (Montaner, 2006:14), dificultades que no experimentan los hombres.
A estos obstáculos se suman riesgos como son los abusos y extorsiones sexuales
a que se ven expuestas las mujeres tanto en su travesía como en su calidad de
inmigrantes; estas situaciones expresan la condición y posición social de las mujeres caracterizada por una situación de desigualdad sistemática. Aun así, para muchas mujeres, la migración constituye no sólo una posible salida a la pobreza y
a su situación económica precaria.
También se vislumbra como una vía a través de la cual pueden iniciar un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto de sí mismas, que les permita reconfigurar sus relaciones de pareja, familiares y comunitarias, lo cual implica procesos amplios de modificación de su identidad de género. Estas situaciones hacen que la migración constituya para las mujeres una serie de riesgos y a la vez una oportunidad para cambiar su vida.
Como parte de este contexto, cobra importancia un elemento central en el fenómeno de la migración México- Estados Unidos que es el tema de las remesas, las cuales se han vuelto fundamentales para la economía de nuestro país,
asimismo diversas investigaciones afirman que ligadas a otros factores juegan un papel importante en la modificación de la condición y posición de género de las mujeres migrantes como de aquéllas que las reciben y hacen uso de éstas. Sin embargo, también existen investigaciones que aseguran que las remesas por sí solas no garantizan una modificación sustantiva en la vida de las mujeres y que bajo ciertas circunstancias pueden incluso agudizar su situación de desigualdad.
1. La migración internacional y las remesas
La migración internacional trae consigo, además del tránsito de personas, el flujo de remesas hacia los países expulsores, pues las y los migrantes que dejaron su lugar de origen habitualmente dejan a su familia atrás, por tal motivo les envían un porcentaje de sus ingresos para su manutención, ahorro o para financiar su reintegración en un nuevo hogar en el extranjero.
Las remesas juegan un papel importante en las economías de los países emisores de migrantes, pues representan una fuerte entrada de divisas con beneficios a escalas macro y micro. Permiten a los Estados emisores de migrantes percibir cantidades importantes de divisas altamente cotizadas como el dólar y al mismo tiempo constituyen el sustento de economías locales y familiares, ya que les permite tener un ingreso en divisa extranjera y así financiar sus necesidades básicas y en ocasiones hasta proyectos productivos.
Según el informe: International migration 2006 de la ONU, los Estados que mayor cantidad de remesas reciben son India con 21,727 millones de dólares, China con 21,283 millones, México 18,143 millones, Francia 12,250, Filipinas con 11,634 millones y España con 6,859 millones de dólares.
Las remesas representan el beneficio más evidente como resultado de las migraciones. Los hogares que las reciben las emplean fundamentalmente en acceder a bienes y servicios básicos que de otro modo no obtendrían, pero su impacto va más allá del ámbito de los hogares y lo privado. La suma agregada de las pequeñas remesas individuales tiene un enorme efecto macroeconómico, a tal punto que las remesas constituyen actualmente la segunda fuente de financiación externa para los países en desarrollo.
En el caso de México, el volumen de las remesas aumentaron significativamente en el período de 1980 a 2005, la tendencia de crecimiento en los años ochenta era de 12.7 por ciento anual, hacia los noventa aumentó a 16% y en lo que va del presente siglo a aumentado 30%. En 2005, el Banco de México registró alrededor de 58.7 millones de dólares en envíos, con un promedio de 341 dólares en cada envío. Estos recursos se concentran en alrededor de 1.4 millones de familias, que lo destinan primordialmente al consumo básico (Márquez, 2007).
En la siguiente tabla se aprecia el crecimiento de los montos de las remesas enviadas a México en los últimos cinco años.
Ingreso de remesas en México
(millones de dólares) *
De enero a nov. de 2008
13,650.20
16,730.10
20,283.60
23,969.53**
21,557.38***
Fuente: Banxico “información financiera y económica” 2008.
*Según Banxico las cifras de remesas familiares tienen el carácter de premilitar y están sujetas a revisiones posteriores. ** Los datos correspondientes al período de 2003 a 2006 se retoman de la información consultada el 20 de agosto de 2008 en: http://www.banxico.org.mex/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html ***Los datos relativos al período de enero a noviembre de 2008 se retoman de la información consultada el 02 de enero de 2009 en:
http://www.banxico.com.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuad
roAnalitico&idCuadro=C
Estas remesas provienen básicamente de Estados Unidos y las generan las y los trabajadores migrantes, por su monto ocupan el segundo lugar como fuente de divisas después del petróleo. Existen dos tipos de remesas y dos tipos de envío: el
formal (vía sistema financiero) y el informal mediante viajeras (os). Su distribución en las entidades del país se presenta en el siguiente cuadro:
Remesas familiares y su distribución por entidad federativa, 1995 y 2006 (millones de dólares corrientes)
Orden de captación
Nacional Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos , diversos años; página WEB, www.banxico.org.mx.
Como puede observarse la entidad que recibe mas remesas es Michoacán. Estos recursos pasan a formar parte del ingreso total de las familias y son destinados al consumo básico (alimentos, salud, educación, medicinas); el sobrante, si lo hay,
se utiliza en inversión física (bienes muebles e inmuebles), y en el mejor de los casos se destinan a una microempresa, generalmente manejada por la familia ampliada del migrante. En muy pocas ocasiones son utilizados estos recursos en inversiones financieras.
Esto se aplica a las remesas individuales, las colectivas, provenientes de asociaciones de migrantes, tienen un destino predeterminado claramente por el emisor y frecuentemente se aplican en subsidios al pueblo, localidad o municipio receptor (escuelas, ambulancias, hospitales, agua potable, etc.).
Las remesas representan un lazo de unión entre las familias y permiten mantener en forma transnacional el contacto. No se trata de una simple transferencia monetaria, ya que ésta forma parte de una intrincada red de relaciones al interior de las familias que involucra, entre otros elementos al género. En México la mayoría de quien recibe las remesas (63%) son mujeres, tal como se muestra en la siguiente gráfica.
Aunado a estos datos, el BID señala que el perfil de las mujeres que reciben las remesas en México es: que cuentan con ingresos moderados y con niveles de educación bajos (BID, 2008).
Bajo ciertas circunstancias, las mujeres que reciben las remesas pueden traducir este recurso en mayores oportunidades de autonomía y mejoramiento de su
estatus familiar y comunitario; aunque también en ciertos casos, las atribuciones ganadas por las mujeres que dependen de las remesas enviadas por sus esposos
o parejas, es muy relativa, ya que existe una relación de poder masculino transnacional.
Así, elementos como la fidelidad de la mujer como pareja, es arma masculina de control, en otros casos la mujer es sometida y juzgada por la familia ampliada (los padres del marido), mientras que el hombre mantiene su independencia y mediante el envío de dinero refuerza su poder patriarcal, no obstante que el hogar del país receptor sea monoparental y esté jefaturado por una mujer.
Las remesas desde una mirada de género
número cada vez mayor de mujeres migrantes esta produciendo nuevos efectos
económicos, sociales y culturales. De ahí la importancia de reconocer el papel protagónico que las mujeres tienen con relación a la migración y las remesas.
A pesar de la numerosa literatura existente sobre remesas, son escasos los datos de la relación entre remesas y mujeres en nuestro país; de ahí la necesidad de retomar datos de estudios de caso, experiencias de vida e incluso información de otros países de la región.
La migración y el envío de remesas ha generado cambios en el tejido social de las comunidades mexicanas, un elemento destacable es que las mujeres se han incorporado a nuevas funciones: jefas de familia temporales, administradoras de
remesas, diversificación en la participación comunitaria, y en algunos casos hasta empresarias. Este número de funciones implica para las mujeres dobles y triples jornadas de trabajo.
También se sabe que la migración y las remesas son oportunidades de cambio en el entorno personal de las mujeres y pueden contribuir a la construcción de procesos individuales y autónomos. Las experiencias individuales de las mujeres que migran, como las que permanecen en las comunidades y hacen uso de las remesas; tienen la potencialidad de generar procesos de autonomía.
Diversos estudios realizados identifican que la migración y las remesas crean oportunidades de empoderamiento en las mujeres indígenas y campesinas, partícipes de sus estudios; aunque no en todos los casos, se conjugan las variables necesarias para insertar a las mujeres a procesos de cambio (Suárez,
3. Efectos de la migración y las remesas en la condición y posición de género de las Mujeres en México
Las mujeres en México son quienes, en la mayoría de los casos, reciben las remesas enviadas de los Estados Unidos. Esta situación no asegura que sólo ellas decidan en qué van a invertirlas, al respecto existen algunos estudios de tipo cualitativo con enfoque de género que permiten estimar las aparentes contradicciones en la apreciación de que la sola recepción de remesas coloca a las mujeres en la posibilidad de empoderarse.
Se señala que existen modelos de asignación de remesas determinados por diferentes factores, entre ellos los tipos de economías domésticas campesinas e indígenas, en donde existen un tipo de organización familiar que asigna roles y tareas a cada integrante, y en donde los hombres son quienes deciden sobre el destino del dinero.
Se encontró que en gran parte de los hogares existen tensiones para determinar cómo y en qué utilizar el dinero, la decisión de esto, implica negociaciones al interior de los grupos, y es este espacio el que las mujeres aprovechan para influir sobre las decisiones con respecto al dinero. Según Bekkers (2004) en las decisiones de asignación y gastos de remesas se conjugan variables como: la estructura del grupo doméstico, la posición de las mujeres en el grupo, las oportunidades económicas, los gastos sociales, las prioridades de los gastos, los tipos de negociaciones al interior de cada grupo, el nivel educativo.
En su estudio realizado en San Miguel Tiquiapam Oaxaca, encontró que las jornaleras agrícolas y las receptoras de remesas internacionales que formaron parte de la muestra; en su mayoría formaban parte de grupos domésticos de orden patriarcal en los que los hombres son quienes manejan los ingresos del grupo, aun cuando las mujeres también aportan dinero al fondo común, deben pedir y negociar su uso. Ellas tienen un poder de negociación limitado, aun más, si son mujeres jóvenes, sin escolaridad y sin bienes propios; en estos casos, las mujeres mayores madres de migrantes y suegras tienen mayor poder de negociación y manejo de las remesas (Bekkers, 2004).
Sin duda, el impacto de las remesas al interior de los grupos familiares es diferenciado entre hombres y mujeres. Otro estudio que ilustra este fenómeno se realizó en una comunidad del municipio de Texcoco en el Estado de México, se encontró que hay asimetrías en el poder de decidir el uso de remesas. Los hombres controlan las remesas (en particular si ellos son los receptores); las mujeres obtienen menor beneficio personal, sobre todo si el gasto esta destinado a aspectos indispensables (tales como: la compra de ropa, calzado, incluso salud) que contribuyen a mejorar su calidad de vida (Galindo, 2004).
En este mismo estudio se concluye que: en el grupo muestra, las remesas pueden contribuir a la inequidad de género porque pueden favorecer la
reproducción del poder patriarcal. Cuando las mujeres son las receptoras de remesas, tienen la posibilidad de controlar el total de ellas; siempre y cuando gocen de posicionamiento en el grupo familiar y sean jefas de familias (Galindo,
Por otro lado, la literatura también reporta experiencias positivas. Se han documentado casos en los que las mujeres logran cierta autonomía y empoderamiento personal. En un estudio de caso de localidades de Michoacán
ubicadas en el municipio de Maravatío existe una experiencia de mujeres parejas
o esposas de migrantes que trabajan en empresas familiares financiadas con parte de las remesas.
Se convirtieron en productoras y comercializadoras de quesos y tienen una alta
injerencia en el mercado comercial de la región. Generan ganancias que son útiles para la construcción vivienda, o espacios para la elaboración de su producto
y tienen impacto en su economía local (Santiago, 2004). Los factores que se
identificaron como relevantes en esta experiencia exitosa son: las mujeres no sólo esperan la remesa, tienen iniciativa; conocimiento de los procesos de elaboración y comercialización del queso. Poseen un mayor margen en la toma de decisiones en su grupo doméstico, en la actividad productiva, con respecto al dinero producto del comercio y sobre las remesas (Santiago, 2004).
La función de administradoras de remesas, la condición de esposa o madres de migrantes, y su inserción a los mercados productivos, o a los esquemas de capacitación que exigen los programas gubernamentales si ésta es beneficiaria de alguno de ellos. Colocan a las mujeres en otra posición personal, las enfrenta a una serie de procesos que le posibilitan nuevos aprendizajes.
Al respecto, es posible inferir que hay impactos diferenciales en el uso y control de
las remesas, éstas por sí solas no producen efectos inmediatos para que las mujeres modifiquen favorablemente su condición y posición de género. Aun así, la
relación de mujeres y remesas requiere de mayor indagación sobre sus procesos particulares, debido a la ausencia de información sistemática al respecto. Gimtrap ha señalado que las variables a estudiar son muchas, tales como: la sexualidad, la conyugalidad, los proyectos a largo y corto plazo derivados del envío de remesas, el apoyo a las mujeres por organismos gubernamentales, entre otras.
Sin embargo, la información hasta ahora disponible, nos posibilita mirar algunas de las complejidades y las particularidades de las comunidades receptoras de remesas, y por ende ubicar algunos de los elementos estructurales que inciden en los impactos diferenciados de las remesas en las relaciones de género.
Según Paiewonsky (2007) existen una serie de complejidades en las evaluaciones sobre impactos de género de la migración, celebrar su efecto empoderador puede resultar injustificado y prematuro. Coincide con la hipótesis que no siempre el hecho de recibir remesas se traduce espontáneamente en mayor autonomía de las mujeres. Para que esta relación sea positiva, se requiere de otros factores favorables, tales como: situación conyugal, clase social, composición del hogar, distribución del poder, acceso a servicios sociales. Es por eso que sólo en algunos casos las remesas pueden favorecer y aumentar el empoderamiento (Paiewonsky,
Otro elemento a considerar es que las remesas tienen un comportamiento diferente cuando provienen de mujeres migrantes que de hombres, aunque en la búsqueda que se hizo se encontró escasa literatura al respecto. Se cuenta con apreciaciones generales; en una declaración de junio de 2008 realizada por Carmen Moreno, directora del Instraw en América Latina, afirmó que las remesas enviadas por mujeres corresponden al 54%, asimismo expuso que las mujeres están migrando de manera autónoma y como proveedoras de sus hogares (La especial, 2008).
A partir de estudios de caso y encuestas de otros países, se infiere que las remesas femeninas constituyen una prolongación de trabajo reproductivo de las mujeres. Cuando una mujer es jefa de familia y deja el cuidado de los hijos envía dinero para ellos, y quien recibe las remesas es la persona quien cuida a los mismos. Sus envíos de remesas son complementadas con artículos en especie ropa, zapatos y juguetes (Molina, 2007).
Otros datos significativos refieren que las mujeres envían remesas de menores montos pero por temporalidad más prolongada. Este comportamiento de remesas femeninas implica que las mujeres usen diferentes estrategias de ahorro para cumplir su papel como proveedoras, todas estas estrategias en detrimento a su bienestar, particularmente el ahorro deviene de limitar el consumo de alimentos, lujos y diversión. En experiencias de vida de mujeres migrantes se encuentran afirmaciones, que ilustran esta situación, tal como “ellas envían más porque están más dispuestas a sacrificarse” (La especial, 2008).
En un estudio de Peña Vázquez con migrantes de Santa María Oaxaca, se encontró que en ese grupo de mujeres migrantes nacionales e internacionales, responsables del envió de remesas; el padre o el marido deciden sobre el uso de éstas. Hay un beneficio asimétrico de las remesas, las mujeres son las menos favorecidas. La mayor parte del dinero que estas migrantes ganan se usan para cubrir las necesidades básicas del grupo doméstico al que pertenecen, sus necesidades están en segundo lugar, se podrán cubrir posteriormente y de manera parcial (Peña, 2004).

References: Artículo 2
 Artículo 6
 Artículo 13

Artículo 15
 Artículo 28
 Resolución 

Artículo 2
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Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

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Artículo 20

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 3
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Artículo 10

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Artículo 13
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Artículo 5

Artículo 7

Artículo 2
 Artículo 3
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 Artículo 14
 Artículo 18
 artículo 6
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Artículo 1

Artículo 9

Artículo 15
 artículo 21

Artículo 2

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Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
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