Source: http://boladevidre.blogspot.com/2014_02_01_archive.html
Timestamp: 2017-06-26 22:33:09+00:00

Document:
I.- Que, por medio del presente escrito; al amparo de lo dispuesto en los artículos 270, siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en ejercicio de la acción penal popular, prevista en los artículos 125 de la Constitución Española, 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; estando especialmente facultado para ello en la Escritura Pública Notarial de poder general y especial para pleitos que se adjunta, y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a interponer QUERELLA, contra las personas que, a lo largo de la instrucción resulten responsables de los hechos que se describen, por la presunta comisión de los delitos de PREVARICACIÓN, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, complementariamente, al delito de DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD JUDICIAL, contenido en el artículo 410 del Código Penal, además del delito de REBELIÓN contenido en el artículo 472 en relación con el 473 del mismo código, y alternativamente a este último, por delito de SEDICIÓN tipificado en el artículo 544 en relación al 545 del Código Penal. II.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a formular la citada querella, con sustento en los siguientes extremos:
Hay que resaltar, que llevar al pleno de Parlamento Catalán la proposición que dio lugar a la precitada resolución no hubiera sido posible sin el impulso político del Grupo Político del partido en el Gobierno, es decir, “Convergencia y Unión”, y por tanto de quien es su actual presidente, quien es al mismo tiempo Presidente del Gobierno de la Generalidad, es decir, el querellado Don Artur Mas i Gavarró. Por tanto, la acción del Gobierno de Cataluña, manifestada a través de dicha Resolución del Parlamento –y las sucesivas que se ponen a continuación en conocimiento de este Tribunal- manifiestan la clara vocación del Sr. Mas para instar a través de su innegable acción política y ejecutiva, llevar acciones a favor de la desintegración de España, mediante la separación de una parte de su territorio, y ello por medio de la convocatoria de un referéndum ilegal que contraviene el texto y el espíritu del artículo 1.2 de la C.E, y todo ello como autor, participe y autor intelectual de los hechos que continuamos relatando.
Al mismo tiempo, se evidencia que dicha Resolución 5/X muestra claros efectos ad extra, por cuanto no se mantienen en el mero planteamiento político de una determinada acción que se plantea, sino que se pretende por todos los medios, se lleve a cabo, y se anima por ello a instar a los catalanes a que efectivamente participen en un proceso que, hasta la fecha, no tiene base ni legitimidad jurídica alguna. Muestra de dichos efectos es el corolario con el que finalizan tal Resolución: “El Parlamento de Cataluña anima a todos los ciudadanos y ciudadanas a ser protagonistas activos en el proceso democrático de ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”.
De la lectura de esta resolución del TC se desprende la evidente trascendencia que la misma tiene, y por ello la decisión de suspender los efectos que pudieran dimanar de la misma, lo que evidencia la repercusión legal que conlleva la misma, y por ende, podemos contemplar que no estamos ante una mera declaración institucional, sino más bien el comienzo de una acción antijurídica, acción tipificable penalmente, y declaración instada por el querellado, por tanto estamos ante una autoría directa en su condición de Presidente, una autoría mediata en condición de Diputado del Parlament, y autoría intelectual en su condicional de Presidente de Convergència i Unió. CUARTO.- Que, como evidencia del camino marcado para ejecutar la Secesión de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat incurre en gastos de todo tipo de gastos, con el fin de recibir asesoramiento exclusivo para esta materia, creando para ello el “Consejo Asesor para la Transición Nacional”, mediante Decreto 113/2013 firmador por el Sr. Mas y con fecha de 12 de febrero de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el día 14 del mismo mes y año, además de los distintos lobbies que ha contratado para internacionalizar el proceso de secesión de Cataluña ante organismo internacionales. No pudo esta parte más que sorprenderse –aunque debía resultarnos obvio tras la Resolución 5/X- cómo con el presente Decreto se llegan a determinar hasta los extremos, mediante los cuales, Cataluña debería regirse para “cuando sea un Estado”. Reproducimos a continuación los primeros artículos:
Así, con fecha de 25 de julio de 2013 -y ya habiéndose dictado por el Tribunal Constitucional auto de suspensión de la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña- se emitió un informe por el Consejo Asesor para “La consulta sobre el futuro político de Cataluña”, siguiendo de ese modo los mandatos dados por el President de la Generalitat, Don Artur Mas i Gavarró, en el Decreto supra referenciado. Dicho informe no carece de desperdicio alguno, siempre y cuando uno sea un secesionista consumado, claro está. Tras la lectura de las 221 páginas de las que consta, y al mismo tiempo, tras haberse acercado esta parte más a la lengua catalana –puesto que únicamente se encuentra disponible en catalán- se denota la clara y urgente necesidad con la que se desea llegar por el Sr. Mas y su gobierno a la secesión de Cataluña. Bien siguieron el mandato dado por el Sr. Mas en su decreto de que identificasen absolutamente todas las vías por las que Cataluña puede llegar a constituirse como un estado independiente, y como anteriormente hemos referenciado, sin importar su esas vías están amparadas bajo la legalidad o por el contrario no.
Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
“El Tribunal Supremo ha reconocido tal forma de autoría cuando afirma que autor inmediato es el que ha realizado el tipo del injusto penal directa y personalmente, mientras que el autor mediato es el que ha causado el resultado, sirviéndose de otra persona como medio o instrumento de la ejecución”. Sentado que la autoría mediata es una forma de atribución de responsabilidad criminal, esta parte afirma que el Sr. Mas es autor del delito de prevaricación, en relación a la Resolución 5/X, por servirse de otras personas (en concreto, los componentes del Parlamento de Cataluña) para dictar dicha resolución, manifiestamente arbitraria y a sabiendas de su injusticia. Afirmamos dicha pretensión acusatoria en base a la doctrina del aparato organizado de poder, modalidad de la autoría mediata que ha venido siendo asumida por nuestros tribunales, como se evidencia en la Sentencia 27/2009 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23ª) del 30 de abril:
Es vox populi, y de alarmante notoriedad, que el Señor Artur Mas tiene como principal objetivo la declaración de independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que desea su independencia del territorio Español, y que la base de su argumentario político en cada una de sus comparecencias públicas es el conseguir dichos propósitos independentistas, desafiando incluso al Gobierno de la Nación y al marco constitucional establecido en nuestra propia Constitución Española. Para conseguir este propósito su intención ha sido siempre la realización de un referéndum, para de ese modo poder otorgar alguna clase de legitimidad a esa Declaración de Independencia de Cataluña, referéndum del cual no tiene competencia atribuida para realizar, pero sin importarle lo más mínimo está decidido a hacerlo. Todo ello lo evidencia la Resolución 5/X a la que nos referimos, resolución arbitraria y contraria al marco constitucional –infra referenciado- y que a pesar de no haber sido formalmente firmada por el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, se le debe atribuir su autoría mediata en base a la doctrina de “aparato de poder organizado”. Ello es así de manera evidente. El Sr. Mas ostenta el cargo de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo la cabeza del gobierno autonómico, con sujeción al principio de estructura jerarquizada, determinado el artículo 67.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que “el Presidente o Presidenta tiene la más alta representación de la Generalitat y dirige la acción del Gobierno”. Así mismo, en el mismo Estatuto de autonomía se determina en su artículo 68 que:
Las notas de estructura jerarquizada concurren perfectamente en cualquiera de las formaciones de gobierno existentes en España (tanto el gobierno central, como los gobiernos autonómicos), por lo que evidentemente estamos ante el tipo de “aparato organizado de poder” en su más manifiesta versión. Que el Señor Artur Mas se ha servido de esta organización de poder es más que evidente, pues reiteramos, es por todos sabido su deseo de alcanzar la independencia de Cataluña desde hace años atrás, y la voluntad de tratar en primer paso realizar un referéndum al pueblo catalán para llevar a cabo este cometido, un referéndum ilegal, y con un hipotético resultado viciado por la propia maquinaria gubernamental que dirige el Sr. Mas, con el único fin de garantizar la secesión del Cataluña del resto del territorio Español. Es por ese motivo, por la acción política que presenta y por ser al mismo tiempo diputado del Parlamento de Cataluña, que la Resolución 5/X –a pesar de haber sido dictada por dicho Parlamento- es una manifestación de la voluntad querida por el Sr. Mas, y ha sido gracias a su constante actuación que se ha llevado a cabo. Pues si el Sr. Mas no hubiera promovido de manera artificial, como continuación de la “dictadura blanca del President Pujol” y de la desbocada carrera nacionalista de los años del Gobierno del tripartito encabezado por el PSC, con el permanente incumplimiento de multitud de resoluciones judiciales relativas a inmersión lingüística y lengua vehicular en la enseñanza; este falsario y artificia deseo independentista de parte de Cataluña como argumentario político, o si no hubiera prometido que de ser elegido presidente en las pasadas elecciones autonómicas de 2012, se llevaría a cabo dicha “consulta popular” sobre la independencia de Cataluña, esta Resolución 5/X, en sus términos, no habría sido redactada jamás. Añadido todo lo anterior, consideramos de vital importancia recordar que, con fecha de 12 de febrero de 2013 se dictó Decreto en Barcelona por el que se creaba el “Consejo Asesor para la Transición Nacional”, entre los firmantes, el Sr. Artur Mas i Gavarró. Realmente consideramos que el Sr. Mas está en su derecho de crear los consejos asesores que estime convenientes, pero siempre que los mismos no sean para desarrollar y promover maquinaciones que atentan a nuestro ordenamiento jurídico en general y a nuestra Constitución en particular.
Es obvio que la creación de este consejo asesor supone otro paso más para determinar la coautoría mediata del Sr. Mas, pues lógicamente, ha creado instituciones y organismos para poder dar apariencia de licitud a lo que es verdaderamente ilícito, además de emplear estos organismos como entidades que le pudieran servir para la descarga de su responsabilidad penal. Paralelamente, estas entidades servirán, para poder ejecutar la “hoja de ruta” de la secesión de Cataluña del resto de España, plan ya descrito en la Resolución 5/X. Con tan solo leer la exposición de motivos del Decreto 113/2013 de 12 de febrero, de creación del Consejo Asesor para la Transición, que crea el referido Consejo Asesor, y el artículo 1 del mismo, que preceptúa lo siguiente:
Tras todo lo dicho, cabe atribuir como determina gran parte de la doctrina, autoría mediata al sujeto que se sirve de otro subordinado, que opera en el seno de un aparato de poder organizado, conectándolo con supuestos “como el de un grupo terrorista o mafioso, o incluso un grupo criminal organizado en Estado, como el régimen Nazi”. Por último, de señalar es la Sentencia 76/2002, de 25 de enero, dictada por el Tribunal Supremo:
Al mismo tiempo, y reforzando la autoría mediata basada en el aparato de poder organizado, podemos afirmar también la responsabilidad criminal del Sr. Mas en base a la coautoría, y todo ello respetando del mismo modo el principio básico de culpabilidad requerido por el derecho penal como base de imputación. Es conveniente recordar la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto de la modalidad de la coautoría. Dice el Tribunal Supremo en sus sentencias de 21 de mayo de 2005 y 17 marzo del mismo año que (SAP Madrid 27/2009 de 30 de abril): “La coautoría es una figura jurídica que en modo alguno es contraria al principio de culpabilidad, pues aun cuando, de acuerdo con el principio de culpabilidad esta es individual, en los casos de coautoría nada excluye la individualidad de culpabilidad”.
Es evidente que en el presente supuesto nos encontramos en una modalidad de coautoría poco desarrollada, por el simple hecho de que se pretende justificar esta figura en base a una persona, el Sr. Mas, que ha intervenido en el hecho delictivo de forma conjunta con un sujeto abstracto, como lo es el Parlamento Catalán o el Gobierno de la misma comunidad autónoma. Pero no por ello debe descartarse esta modalidad, es decir, si bien dirigirse contra el Parlamento de Cataluña por dictar la Resolución 5/X se escapa de nuestro propósito y capacidad, no ocurre lo mismo con el Sr. Mas. Su coautoría se fundamenta esencialmente en el dominio funcional del hecho delictivo, que no es otro que el de prevaricación, pues si bien la Resolución 5/X que determinamos prevadicadora, ha sido dictada por el Parlamento de Cataluña, el arranque, la dedicación, los esfuerzos, y en suma, el principal impulso, ha venido de la mano del Sr. Mas, y en este particular caso, no podría ocurrir como en la universal obra “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, ya que aquí no se puede diluir la responsabilidad penal del Sr. Mas en las instituciones políticas como meros resortes de su acción gubernativa y política, ya que si aceptáramos la conducta del Sr Mas como atípica, estaríamos también aceptando que fue “Fuenteovejuna quien mato al comendador” Nos recuerda la Audiencia Provincial de Madrid en su Auto 27/2009, supra indicado, la doctrina del Tribunal Supremo frente a este extremo:
Por la posición de poder del Sr. Mas, su autoría directa, mediata, o incluso intelectual, sería entendible como un hecho ejecutado por una colectividad, como en el caso de “Fuenteovejuna”, es decir, Diputados, miembros del Gobierno de la Generalitat y demás políticos implicados en el proceso de sedición y rebelión para alcanzar la secesión de una parte del territorio español, sin embargo todos los mencionados, por ser un grupo amplio requieren de un “jefe”, “inductor” o “autor intelectual”; por tanto la actuación del Sr. Mas encaja perfectamente citada acciones en el seno de Grupos de Poder Organizados, de cualquier manera parte de la doctrina defiende que la autoría intelectual no es más que un tipo de autoría mediata, ya que la autoría imputable al líder de un grupo “véase el caso de la Alemania Nazi de Hitler”, los delitos cometidos por subordinados que cumplían sus órdenes, por tanto se puede entender que la autoría del Sr. Más en relación con sus subordinados y cómplices sería una posible relación de autoría mediata. SEGUNDO.- La Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña como acto susceptible de prevaricación.
Con el fin de acreditar lo anterior, se adjunta como documento nº 14 el referido Auto dictado por el TSJ de Cataluña. Dice el Tribunal Superior de Justicia que la resolución es un acto meramente político sin contenido administrativo, cita para ello la sentencia del 30 de abril de 2012 del Tribunal Supremo, reproduciendo de manera textual el párrafo que sólo conviene al sentido general de su resolución, obviando otros apartados de la precitada resolución del TS. Pues aunque efectivamente la resolución 5/X pueda o deba ser considerada como un acto de carácter político, como bien expresa la sentencia a la que el TSJ “…los órganos de la administración también producen actos políticos, excluidos generalmente de control, salvo en sus formalidades intrínsecas, o adoptan decisiones que se rigen por otros medios de control jurídico…”. Bien es cierto, que si consideramos que la Resolución 5/X es un acto de impulso político, como bien cita el propio TSJ de la sentencia del Tribunal Supremo, la mayoría de estos actos o resoluciones con carácter político están generalmente exentos de control salvo en sus formalidades intrínsecas. ¿Qué hay más intrínseco a un propio acto político que lo contenido en el mismo y las consecuencias que se derivan de la tendencia a conseguir lo determinado en dicha resolución? Es decir, si dotamos de toda clase de inmunidad a absolutamente todas las resoluciones que puedan ser consideradas como actos de impulso político, sin que en ningún caso el derecho penal pueda intervenir en su control, podríamos encontrarnos ante situaciones realmente nefastas, en las que nuestro Estado de Derecho dejaría de estar protegido, por haber una reacción demasiado tardía del derecho penal -y recordemos que uno de los principios del ordenamiento penal, por antonomasia, es el de prevención-. Por ello, es posible intervenir cuando una resolución es manifiestamente arbitraria, aunque la misma se únicamente acto político, ya que de lo contrario, estaríamos ante la posibilidad de dejar impune todo aquello que sea acción política, pero cuyo resultado genere un ilícito penal, ya que ese impulso político ha de ser juzgado como si se tratara de una acción penalmente relevante, y no ya solo eso, sino también porque esas acciones atentan contra el Estado de Bienestar Social. Es como si se pretendiera la promulgación de una ley cuyo fin fuera permitir la venta de sustancias estupefacientes, ¿mientras sea simplemente una resolución con el carácter de “político”, no sería controlable por los tribunales penales? ¿No se podría reaccionar ante ello hasta que adquiriese la efectiva condición de resolución de carácter administrativo? esto es ilógico. El pluralismo político es uno de los pilares de nuestra Constitución, pero no la completa arbitrariedad política, ya que permitir esto sería dejar impune cualquier acto político, y más en concreto, a los ejecutores o impulsores de los mismos.
El hecho de que el propio Tribunal Constitucional haya decretado mediante Auto la suspensión de la mencionada resolución, evidencia el carácter erga omnes que entraña la misma, y que a pesar de que pueda considerarse de naturaleza o impulso político o argumentario de ideales políticos, no excluye que también tenga un contenido pre-legislativo y/o pre-administrativo, motivo por el cual es susceptible de ser del tipo de resoluciones que requieren su inclusión dentro del tipo penal del artículo 404 del Código Penal; y todo ello a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considere que el Tribunal Constitucional tiene su ámbito de actuación, y aquél el suyo propio –el penal- pues el carácter de la resolución es siempre el que es, por esencia propia, estemos dentro del ámbito del orden penal, contencioso-administrativo, o del marco constitucional. Lo relevante para este Tribunal Superior de Justicia parece ser que la resolución 5/X no tiene carácter de enjuiciable penalmente por ser de impulso político, pues bien ya ha quedado demostrado que no es así, que las excepciones de control a las que sí se pueden someter tales resoluciones -y que aluden en la transcripción de la STS de 30 de abril de 2012, aunque casualmente parezcan evidenciar que ahí no se encuentran recogidas-, concurren en el presente supuesto por tener esa resolución una eficacia ad extra, que compromete tanto las actuaciones del gobierno y el parlamento de Cataluña como la incitación a los ciudadanos, con la consiguiente ruptura de la paz social.
“Primero. Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Declarar de manera autónoma la soberanía de una parte del territorio español atenta de manera directa y manifiesta contra el marco constitucional, ya que uno de los principios rectores de nuestra Constitución es que la soberanía recae sobre todo el pueblo español, y no sobre una parte territorial del mismo, ni sobre algunos de los ciudadanos de España, sino de todos, y en este caso el Sr. Mas, como si se tratara de un “señor feudal”, que desconoce que no hay más derechos que los de todos los ciudadanos de España, y que lo territorios no tienen derechos, sino el conjunto del pueblo español, que acordó y refrendó la actual Constitución. Por ello, interesa destacar la manera en la que está redactado el artículo primero de la resolución, pues evidencia que no se está queriendo atribuir soberanía a los catalanes, sino al territorio catalán, al proclamarlo como sujeto jurídico y político. Manifestar que la soberanía recae sobre una parte del territorio español llevaría ligado que de esa parte del territorio español emanan poderes soberanos, cosa que no es acordé a Derecho, contraviniendo nuestro ordenamiento y desprendiéndose de ese proceder unos hechos penalmente relevantes. Toda esta actividad ilícita y punible está siendo desarrollada por el Sr. Mas, y por consiguiente, el estado de Derecho no puede mirar hacia otro lado, ya que los actos del Sr. Mas no son punibles de conformidad con nuestro Código Penal, ya que los mismos atentan contra nuestro marco constitucional. Así se establece en el artículo 1.2 de la Norma Suprema:
Otorgar por consiguiente la soberanía a una parte del territorio –vuelvo a enmarcar territorio- español, supone por consiguiente una auténtica contradicción con el Derecho, y no cualquier contradicción, sino una tan arbitraria y manifiesta como lo es el contravenir los principios rectores propugnados por el constituyente. La resolución en sí, es un flagrante ultraje a nuestro Estado de Derecho, es tan evidente, que hasta un alumno de primero de Derecho diría que efectivamente la soberanía no recae sobre el territorio catalán, como sujeto jurídico y político, sino sobre todo el pueblo español, como ciudadanos libres del que emanan el resto de poderes del Estado. Dicha resolución afirma de forma categórica, que la soberanía de Cataluña sólo es atribuible aquellos que residen en aquel territorio, como el mero empadronamiento es lo que delimitará derechos soberanos, así, el que este empadronado fuera de un ayuntamiento Catalán no podría participar en una decisión de tan calibre, por tanto una interpretación jurídica de esta importancia no puede ser llevada a cabo por quien tiene una ridícula visión del derecho, y atribuir la soberanía a quien no les corresponde, esto no es solo una vulneración del derecho vigente sino incurrir en un ilícito penal.
El hecho de que se dicte una resolución judicial que acuerde la suspensión de una resolución autonómica implica, obviamente, que el contenido y objeto de dicha resolución no pueden ser llevados a cabo hasta que se resuelva definitivamente si esa resolución es ajustada a derecho o no (y por tanto se resuelva si se alza o se mantiene la suspensión). Es por ello desde que se dictó dicho Auto por el Tribunal Constitucional debería el Sr. Mas haber acatado tal mandato, consistiendo en este caso en dejar de hacer todas las conductas tendentes a la consecución secesión catalana, secesión encubierta mediante un referéndum ilegal. Es obvio que el Sr. Mas ha continuado realizando múltiples actos tendentes a conseguir la consecución de la plena soberanía, constituyendo por ello un delito de desobediencia a la autoridad judicial, autoridad a la que está sujeto como cualquier otro ciudadano y por ser el máximo representante del Estado en Cataluña. Todo ello queda perfectamente encuadrado en el tipo penal del delito de desobediencia, tal y como se puede acreditar con la doctrina del Tribunal Supremo. Cito de manera concreta la STS 54/2008 de 8 de abril de la Sala de lo Penal, relativo al Caso Atutxa, que además de la importancia y relevancia doctrinal que tiene, se ajusta claramente al presente caso, por tratarse de supuestos con un objeto sustancialmente similar (desobediencia respecto de una resolución emanada del Tribunal Supremo por un Presidente de una Comunidad Autónoma). La parte acusadora/recurrente argumenta que “La interpretación que acoge el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deja sin contenido material el art. 410.1 del CP, en la medida en que la conducta de los acusados fue nítidamente obstruccionista, existiendo una decidida voluntad de no acatar los sucesivos requerimientos formulados por el Tribunal Supremo” y el Tribunal Supremo acoge de manera rotunda este motivo.
1º) Por un lado, la inclusión de una partida de 5.075.000 euro en el presupuesto de 2014 para la celebración de un referéndum, y sólo este proceso electoral, ya que como todo el mundo sabe 2014 no es año de elecciones autonómicas en Cataluña, por tanto, destinar esa partida de dinero en el presupuesto de 2014 es una clara y evidente manera de incumplir el mandato que se deriva del Auto del Tribunal Constitucional que dejaba sin efectos la resolución X5, lo antedicho es claramente evidenciable con la mera lectura de la partida del programa 132, aplicación 227.004, que se encuentra en la página 161 del Presupuesto General de la Generalidad para 2014 y que aquí adjuntamos como documento nº 15. 2º) Por otro lado, otro hecho que indubitadamente manifiesta la desobediencia del querellado está en la solicitud a todos ayuntamientos de Cataluña de los datos del padrón municipal de cada ayuntamiento con el fin de confeccionar un censo general de toda la región que sirviera para llevar a cabo la consulta soberanista, estos hechos son también vox populi, ya que los mismo han tenido una amplia difusión en la prensa nacional, tal y como recogió en su edición digital Europa Press y la Vanguardia, Bloque documental nº 16, donde se informa de la voluntad del alcalde de Barcelona de ceder el padrón municipal a la Generalidad por petición del aquí querellado.
Que la resolución emanada por el Tribunal Constitucional se encuadra dentro de esos requisitos es algo que parece bastante poco discutible en el presente supuesto. -DEL DELITO DE REBELIÓN-
“Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
“La rebelión es un delito contra la Constitución, plurisubjetivo de convergencia y de resultado cortado, que se describe típicamente por la acción de alzarse, violenta y públicamente, para cualquiera de los fines que se señalan en los siete números del artículo 472 del Código Penal, entre ellos, derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución (núm. 1º) y declarar la independencia de una parte del territorio nacional (núm. 5º). Siendo, tras el nuevo Código Penal del año 1995, la intercalación de la locución "violenta" entre los términos "alzaren" y "públicamente", la característica más significativa, por la matización que supone y restricción que conlleva, de la actual descripción típica. Debiendo catalogarse el alzamiento como violento, según generalizada opinión, cuando vaya acompañado del ejercicio de la fuerza física, o, cuando el empleo de ésta, de resultar necesario de cara a la consecución de alguno o algunos de los fines indicados en la norma penal, constituya una seria y fundada amenaza, por estar dispuestos los alzados a conseguir aquéllos a todo trance, recurriendo inclusive, de así resultar preciso, a la utilización o al uso de la misma.” Es del análisis llevado a cabo por la limitada jurisprudencia al efecto, que se determinan como elementos integradores del tipo desarrollo por un colectivo de personas, pretender uno de los fines tipificados en el precepto penal, alzamiento violento y público. Se matiza al mismo tiempo que la rebelión es un delito de mera actividad, no de resultado, por lo que es completamente irrelevante si se alcanza el fin pretendido con la rebelión.
Su deseo independentista no puede calificado como penalmente relevante, sin embargo, como representan de la más alta institución del Estado en Cataluña, se le ha de exigir un estricto cumplimiento de la legalidad vigente, y por tanto abstenerse de desarrollar actividad legislativa tendente a la desmembración de España por su condiciona del Presidente de la Autonomía Catalana. Si acogemos la tesis que parece seguir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, o la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿podríamos incluir en nuestro ideario político el deseo de cometer un atentado terrorista, o el asesinar a alguien, a pesar de que sean actos que van radicalmente en contra de nuestro ordenamiento jurídico?, la respuesta es un rotundo no, por tanto la soberanía nacional que residen en el pueblo español, y la unidad de España son elementos esenciales y protegidos por el Derecho, tal y como es la vida y la libertad. Consideramos que una cosa es defender determinadas ideas políticas, y otra muy distinta es tratar que toda manifestación idearía contraria al marco constitucional pueda quedar amparada por “el pluralismo político”. Sería tanto como admitir que se tiene completa inmunidad, dejando vacío de contenido todo marco establecido por la Constitución, siempre que quede amparado por la defensa de ideas. No obstante, reiteramos, el caso que nos acontece no es en modo alguno como el caso que se planteó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto del Lehendakari, pues en ese caso, si bien las manifestaciones se habían realizado, no había comenzado a realizar las actuaciones tendentes a conseguir los cometidos que se habían manifestado. En el presente caso, como ya ha quedado expuesto en los apartados anteriores y a lo largo de toda la presente querella, esa “defensa de ideas” no se ha quedado en la mera defensa de la mismas, sino que se están llevando a cabo todas las actuaciones posibles, y con el mayor “sigilo” –si se me permite el término-, para poder conseguir la independencia de Cataluña. ¿Qué mejor muestra de ello que el informe solicitado por el Presidente Mas y emitido por el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, en el que se recogen todas las vías posibles para poder alcanzar la independencia del territorio catalán? DÉCIMO.- Alzamiento violento y público.
Retomando la jurisprudencia extraída por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su auto 11/2005 de 1 de marzo, y la doctrina al respecto, el alzamiento violento no es el propio uso de la fuerza (no obstante, de usarse ésta, estaríamos lógicamente ante un alzamiento más que violento) sino que se debe catalogar como un alzamiento violento cualquiera que, con el objetivo de conseguir uno de los fines determinados en el art. 472 del CP (en el presente caso el declarar la independencia de una parte del territorio nacional), constituya una fundada amenaza por estar dispuestos los alzados a llegar a usar esa fuerza física. “…Debiendo catalogarse el alzamiento como violento, según generalizada opinión, cuando vaya acompañado del ejercicio de la fuerza física, o, cuando el empleo de ésta, de resultar necesario de cara a la consecución de alguno o algunos de los fines indicados en la norma penal, constituya una seria y fundada amenaza, por estar dispuestos los alzados a conseguir aquéllos a todo trance, recurriendo inclusive, de así resultar preciso, a la utilización o al uso de la misma.”
Y si esto no es una patente amenaza de que el uso de la fuerza física se llevaría a cabo, aunque no en primer lugar por la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino por el Estado Español, es como consecuencia directa e irrefutable de lo pretendido por Cataluña, por lo que el uso de la fuerza física vendría determinado por ella. Es a consecuencia directa de dicho movimiento secesionista el que se lleve a cabo el empleo del monopolio de la fuera que ostenta el Estado, empleo de la fuerza legítima que consagra nuestra Constitución para mantener la cohesión territorial de España, por tanto la acción política del Sr. Mas pone en permanente peligro la estabilidad del Reino de España y la pacífica convivencia entre españoles. Además de ello, es más que evidente que el Sr. Mas es conocedor de las palabras precisas que debe utilizar en sus debates políticos para no incurrir conductas tipificable penalmente, pero también es evidente que no siempre se pueden guardar las formas, y que en ocasiones se vierten declaraciones que delatan sus claras intenciones. Cuando el Sr. Mas hizo el “aviso” por el cual declaraba con contundencia que los Mossos d’esquadra estarían siempre al servicio de la Generalidad de Cataluña, demostró ser conocedor –no esperábamos menos- de que las Fuerzas Armadas deberían intervenir si se pretende llevar a cabo la secesión de una parte del territorio español, y que por ese motivo la Mossos defendería Cataluña como si de un ejército se tratare. Damos gracias, al menos, de que ciertos componentes de la policía catalana demostrasen al menos estar aún en su cabal juicio, manifestando que lo dicho por el Sr. Mas era cierto –que estaban al servicio de Cataluña- pero que por encima de todo estaban al servicio de España. Respecto de la necesidad de que las acciones típicas del delito que aquí imputamos al Sr, Mas sean públicas, poco cabe decir, puesto que es vox populi y de evidente notoriedad todo lo que promueve, alienta, hace y dice. Creemos que en absolutamente cada uno de los rincones de España y parte del mundo se está al tanto de los hechos que acaecen respecto de Cataluña.
Al igual que ocurre con el delito de rebelión, la acción típica del delito de sedición queda determinada en el artículo 544 del Código Penal que determina lo que a continuación se transcribe: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Al efecto, extrayendo de la jurisprudencia los elementos del tipo, son requisitos por tanto para la comisión del delito de sedición –como también nos recuerda la Fiscalía Superior de Cataluña en su Decreto del 14 de diciembre de 2012- que: I. Alzamiento, entendido como sublevación, levantamiento o insurrección contra el orden jurídico establecido.
III. Que el intento de la consecución de los fines indicados, sea por la fuerza o fuera de las vías legalmente establecidas, como violencia absoluta o compulsiva sobre las personas. IV. Tumultuario, “tanto como caótico, anárquico, inorganizado o en tropel”. Y todo ello, obvia decirlo, en base a la Sentencia del Tribunal Supremo del 10 de octubre de 1980 (RJ 1980/3686), que se encarga de desgranar cada uno de los elementos del tipo penal:
b) que ese alzamiento, ha de ser público, esto es, abierto, exteriorizado, perceptible, y patente y manifiesto y tumultuario, lo que equivale a gregario, amorfo, caótico, anárquico, inorgánico y desordenado o en tropel, aunque nada impediría, según opinión unánime, que de ser organizado y ordenado también se aplicará el precepto analizado; c) que el mentado alzamiento se encamine a la consecución de los fines indicados, por la fuerza, esto es, de modo violento -violencia, bien absoluta, bien compulsiva y tanto recayente sobre las personas como sobre las cosas-, o fuerza de las vías legales, es decir, de modo ilícito, ilegítimo o ilegal y no a través de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la Ley arbitre o prescriba.
e) en lo que respecta al sujeto pasivo, éste es variadísimo, desde el poder legislativo hasta las Corporaciones públicas, pasando por la Autoridad, sus agentes, los funcionarios públicos, el Estado, la provincia, el municipio, los particulares, las clases del Estado y las clases sociales. f) la finalidad política o social no siempre se exige explícitamente.
g) toda la doctrina está de acuerdo en que, en este delito, no cabe tentativa -ejecución parcial- ni frustración -ejecución total sin resultado-, lo que es plausible, pues el legislador criminaliza y reputa perfecto al mero alzamiento, sin que sea preciso, para la consumación del delito, la obtención de los fines apetecidos, con lo cual, los comportamientos de preparación, no constituyen conato, y los de iniciación del «iter criminis» propiamente dicho, ya pertenecen a la esfera de lo consumado”. ÚNDECIMO.- Autoría de Don Artur Mas conforme a lo preceptuado en el artículo 545 del Código Penal.
Determina la doctrina jurisprudencial, tal y como nos recuerda el auto 11/2005 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 1 de marzo (JUR 200/193396), respecto de los caracteres del alzamiento que deben darse en la acción típica del delito de sedición: “La sedición, que es un delito contra el Orden Público, se configura también como una infracción plurisubjetiva de convergencia y resultado cortado, pero se caracteriza por la existencia de un alzamiento, en este caso, público y tumultuario, que tiene por finalidad impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. Considerándose, por un sector de la doctrina, que por alzamiento público y tumultuario debe entenderse todo levantamiento, sublevación o insurrección realizados de forma colectiva, produciendo conmoción, y dirigidos a la consecución de los mencionados fines. Entendiendo otro sector doctrinal que la locución "tumultuario" no puede tener otra significación, si no se quiere convertir en superflua la mención al no adicionar ulteriores requisitos materiales al carácter colectivo del alzamiento, que la de "abierta hostilidad", por ser característico al delito de sedición un cierto contenido de violencia, que no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, pero que ha de vivificarse necesariamente en actitudes intimidatorias, amedrentatorias, etc”.
De la lectura de lo anterior es claramente evidenciable que la conducta del Sr. Mas incurre de manera precisa en los elementos del tipo señalados por jurisprudencia, tal y como podemos concurrir con la lectura del extracto anterior. DÉCIMOTERCERO.- Intento de consecución de los fines establecidos por la fuerza o fuera de las vías legales.
La pretensión por parte del Sr. Mas de desgajar una parte del territorio de España, ateniendo al marco establecido por la Constitución y mientras esta se mantenga en sus propios términos como hasta el presente momento, supondría una inaplicación directa de la misma, en tanto en cuanto la patria ya no sería común e indivisible, sino, completamente divisible. La modificación de la Constitución es una opción que está establecida por la misma, pero en tanto en cuanto eso no suceda, y efectivamente se determine la posibilidad de poder separarse del Estado español, hacerlo, supone contravenirla directamente. Consideramos, además, que pese a que se le transfiriese la competencia a la Comunidad de Cataluña para realizar un referéndum sobre la independencia del territorio catalán, tampoco podría llevarse a cabo sin contravenir lo dispuesto en la Norma Suprema. Efectivamente el resultado que se lleve a cabo en un referéndum obliga a que las fuerzas políticas actúen en consecuencia para poder alcanzar los fines solicitados por el pueblo, pero en el presente caso, estaríamos ante una situación atípica, puesto que para la reforma de la Constitución se requiere afectivamente la voluntad de los ciudadanos, pero no solo de los catalanes, que son a quienes se les va a realizar la consulta independentista –ya sea por vía de referéndum o vía plebiscitaria-. Es por este motivo, que a pesar de que se consiguiera la transferencia por parte del Gobiernos Central de la competencia para realizar un referéndum, este se llevase a cabo, y posteriormente resultase un resultado positivo a favor de la independencia de Cataluña que obligase a actuar en consecuencia con ello, el llegar a cambiar la Constitución sería algo que efectivamente atañe a todos los españoles, y de no ocurrir este cambio, se seguiría impidiendo la aplicación efectiva del artículo 2 de la Constitución Española.
No obstante lo anteriormente referenciado es una cuestión bastante hipotética, en tanto que esta parte duda en sobremanera que se vaya a producir una transferencia por parte del Gobierno Central de la capacidad para realizar un referéndum por parte de la Generalitat de Cataluña, por lo que ello determinaría que se tomasen las vías establecidas en el informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional, concretamente las determinadas en el epígrafe octavo, y al que hemos hecho referencia en la exposición de hechos. Como se evidencia incluso en el propio informe, esas vías para la consecución de la independencia o autodeterminación de Cataluña están fuera de toda legalidad prevista en el Ordenamiento Jurídico español. Las elecciones plebiscitarias, que se realizarían con o sin aprobación del Gobierno, y al mismo tiempo la Declaración Unilateral de Independencia o la propia alternativa propuesta: la Declaración Unilateral de Independencia de manera directa sin acudir a unas elecciones plebiscitarias. Por ello resulta evidente la integración de los elementos: impedir la aplicación de una ley, en este caso la Constitución Española –ni más ni menos-, fuera de las vías legales, que no serían otras que el declararse unilateralmente independientes, previa o no consulta plebiscitaria.
DÉCIMOCUARTO.- Epilogo. Actualmente, sociedad española está siendo castigada por la lacra del desempleo, fruto de la recesión económica, de la que parce ya hemos tocado fondo, y débilmente se ven los primeros indicadores macroeconómicos de cambio de ciclo económico.
La crisis económica se ceban con los más débiles y desfavorecidos de la sociedad, sobre estos las instituciones públicas han de actuar con el fin de garantizar su bienestar y seguridad. Estos momentos de incertidumbre económica son aprovechados por políticos, que tergiversando la realidad y bajo falsos eslóganes como “Espanya ens roba”, tal vez con la única finalidad de hacer que el Gobierno de España ponga en marcha el mecanismo del artículo 155 de la Constitución Española para únicamente seguir alimentando el victimismo entre una parte de la sociedad catalana. El partido Nazi en la Alemania de los años 30 del siglo XX uso la frustración del pueblo alemán, generada por la crisis económica de esa década y el deseo de venganza contra lo vencedores de la I Guerra Mundial por la humillación plasmada en el Tratado de Versalles, para alcanzar el poder a través de unas elecciones libres.
Cualquier inacción por parte de los poderes del estado para frenar al Presidente de la Generalidad, sólo servirá para permitir que una oligarquía política catalana, cimentada en el nacionalismo, use esta ideología, para mantener la “dictadura blanca” a la que refirió el President Tarradellas, cuando de esa manera se refirió a la victoria del President Pujol en la elecciones autonómicas de 1980. Sin duda, mirar para otro lado, sólo servirá para que arraigue aún más en Cataluña, una clase política extractiva, protegida por el paraguas de la bandera catalana. En virtud de cuanto antecede,
Todos ellos Diputados del Parlamento Catalán y miembros del Gobierno de la Generalitat, pudiendo ser citados en la sede del Parlamento en Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona, aquellos que son Diputados. Citar a comparecencia, en calidad de testigo, a:
DON FRANCESC HOMS I MOLIST, Consejero de la Presidencia y Portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Siendo citado en el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, situado en la Plaça de Sant Jaume nº 4, 08002, Barcelona, aquellos que son miembros del Gobierno de la Generalitat.
DON CARLES VIVER Y PI-SUNYER, Presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional DOÑA NURIA BOSCH I ROCA, Vice-Presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional.
Las actas del Consejo de Gobierno de la Generalitat para aprobar el DECRETO 113/2013 de 12 de febrero de 2013, de creación del Consejo Asesor para la Transición Los acuerdos firmados entre los representantes de Convergencia i Unio, Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa per Catalunya Verds y Candidatura de Unidad Popular que permitieron al Sr. Mas anunciar el 12 de diciembre de 2013 la convocatoria de un referéndum secesionista el 9 de noviembre de 2014.
f) Se requiera a la Consejería de Economía y Conocimiento, con domicilio en Rambla de Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona, para que aporte certificado detallado de la partidas partida de 5.075.000 euro en el presupuesto de 2014, en concreto, de partida del programa 132, aplicación 227.004, que se encuentra en la página 161 del Presupuesto General de la Generalidad para 2014, donde se reflejen con detalle la previsión de gastos de la referida partida. g) Se requiera a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, situado en la Plaça de Sant Jaume nº 4, 08002, Barcelona, para que aporte copia de los contratos y facturas de las entidades y lobbies contratados por la Consejería de la Presidencia de la Generalidad de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, y cualquier otro gastos destinado a la internacionalización del proceso de secesión instado por el querellado.

References: artículo 404
 artículo 410
 artículo 472
 artículo 544
 artículo 277
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 artículo 1
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 artículo 67
 artículo 68
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 artículo 1
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 artículo 404
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 artículo 1
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 artículo 472
 artículo 544
 artículo 545
 artículo 2
 artículo 155