Source: http://jabuedo.typepad.com/aires_de_la_parra/2006/01/index.html
Timestamp: 2017-04-26 07:52:36+00:00

Document:
Nacionalismo y sociedad pluricultural
Otro periodista de mucho saber y alta responsabilidad, Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, acaba de lanzar (vid. http://blogs.20minutos.es/urbaneja) una severa crítica contra los que llama los “comparsas del tal Rubianes”. Es una censura estricta y diligente de esa moda periodística que se ha adueñado de los espacios televisivos en horas de la tarde, cuando se hallan pegados a la pantalla unos espectadores de psicología singular y una cultura poco sólida. El medio dominante cae demasiado a menudo en lo extravagante y desmesurado, acogedor del aforismo descaminado entre los profesionales novicios que “pretende que no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino que el hombre muerda al perro”. Aquí estaciona el caso Rubianes, “ese humorista que ha conseguido desaforada publicidad por grosero”, subraya Urbaneja, que comenta lo siguiente:
“He visto sus comentarios en la televisión pública catalana en un programa de tarde, en ese horario que llaman protegido frente a las groserías de incontrolados descontrolados. Me ha parecido más grave que lo que dice este "artista", la actitud pánfila del conductor del programa y la tontuna del público asistente, que reían ante las groserías como pasmarotes mecánicos. Más aun el silencio del editor, de los responsables de la cadena, de los gestores de TV3 que se gastan 300 millones de euros de los Presupuestos del Estado con la justificación de que prestan un servicio público. Si pasan las groserías con una equivocada defensa de la libre expresión (esto más que expresión es vómito) pierden cualquier legitimidad para protestar por lo que toleran otros editores, además de demostrar poco criterio y mucha cobardía.
Dejar pasar la desmesura y los insultos es una forma de complicidad y de incitación a que otro provocador necesitado de su minuto de gloria haga otro tanto. Desde el celebrado Consejo Audiovisual Catalán se ha levantado un dedo de protesta, han pedido una explicación y una disculpa pública. Tampoco han andado finos, en aplicación de su propia doctrina el caso merece un expediente con propuesta de sanción severa a la cadena (horario protegido, público infantil, insultos, grosería...) sobre todo por pasividad y por la falta de contrición y de propósito de enmienda del grosero y de quienes le acogían. Pero no pasará nada. Así hasta la próxima. En esta casa, en “20 minutos”, el director tuvo coraje, autoridad y profesionalidad ante un caso mucho menos grosero que el que comentamos. Pero esa decencia no abunda.”
Sin duda, lo peor de todo es que al final este individuo ha conseguido su objetivo. Ahora ya habla de él mucha gente; mientras que hace unos días no le conocían ni en su casa, y ahora es algo más famoso.
Al instante ha tenido Urbaneja varios comentaristas que han politizado su crítica, e incluso socialmente han respondido que el “chorra” ese del Rubianes es conocido en Cataluña por sus “chorradas”, así que mejor no otorgarle seriedad a sus ideas. Algún lector, valedor del artista, dice ir contra el linchamiento de éste porque “hay mucha más mierda que sacar del Ebro para abajo que hacia el norte del mismo río”. Este último aserto es de una persona que firma “makbo”, que dice haber estudiado en la Universidad Carlos III en 2001 de Madrid, donde el propio Urbaneja ha impartido clase. “Fue para mi una experiencia excepcional”, dice mambo, “que me hizo creer que, efectivamente, una España más tolerante y respetuosa con todas las sensibilidades era posible; un espejismo, lamentablemente, que duró lo que dura el intento de aprobación de un estatuto de autonomía sin amputaciones”. Es éste un razonamiento equivocado, como le ha contestado automáticamente otro alumno de la Universidad Carlos III, “lechon”:
Lo de que “la España plural no es posible” no lo extrapole UD (mambo) a nuestros políticos, los políticos no son el país, ni el estado (ni como coño lo queráis llamar en Cataluña) Los políticos pueden ser una mierda, pero no la gente. Eso nunca. Ni del Ebro para abajo ni para arriba. Respeto, que estamos perdiendo el norte.
Rodríguez Ibarra será un “César” y lo que quieran llamarle, pero parece que lo que más duele allí arriba del Ebro es que defienda lo que siente suyo, exactamente igual que hace Rovira…la diferencia es que lo suyo es Extremadura y España…y no Cataluña y Cataluña.
El estatuto parece lo único importante del mundo. Hay más cosas makbo, se lo aseguro. Si está “Catalunya, harta del desprecio y el insulto cobarde y diario, está decidida a decir basta” (…) no le quiero contar cómo están en Palencia, Soria, Cáceres y Melilla cuando se habla del estatuto y de las diferencia nacionales. No pierda el norte que me consta que UD es medio gallego. Nuestros problemas no son el ombligo del mundo. Para sí quisieran sus problemas en otras regiones de esta España nuestra (lo de “nuestra” cada uno le pone la intensidad que guste)
Yo también estudié en la universidad Carlos III de Madrid. A escasos metros de UD. Y no tengo ninguna queja. Ni del señor Urbaneja, ni de otros aunque no compartiera sus ideas. Y es que en la universidad se comparten ideas, no doctrinas (por lo menos aquí, no sé en la Pompeu). La pluralidad existe porque la llevamos cada uno dentro. Algunos más que otros. No porque lo pongan los papeles o los estatutos.
Hay que dejar libertad para que cada uno sienta lo que quiera, más catalán que español, más español que madrileño, etc. Son libres para que los que quieran (sigue sin ser unánime) no sientan suya España. Pero, recuerde: también son libres en el resto de España de sentir suya Cataluña ¿no? Eso sé que escuece pero es cierto. Algo tendrá que decir España del estatuto ¿O es sólo tema de Cataluña? si en el futuro están separadas cada cual hará de su capa un sayo, pero el pasado (y el presente hasta día de hoy) es conjunto.
Por cierto, me he criado en Madrid y nunca le daré “gracias a Dios” por no haberme criado en la “Cataluña plural”. La pluralidad me la enseñó mi madre que es hurdana. Allí hay una cultura, una diferencia lingüística y un sentimiento común de la ostia…pero no hablan de estatutos. ¿Será porque no tienen sentimientos o porque es una región paupérrima? Basta de monsergas: no pongamos el problema en los sentimientos cuando el verdadero problema se llama Don Dinero, que no se le escape a nadie…
El editor de los Aires de La Parra, profesor de postgrado también en la Universidad Carlos III, se siente más unido a lechon que a Rubianes y a makbo. Nuestros aires piensan que la inacabada controversia que gira siempre alrededor del tono victimista del "Madrid tiene la culpa" o en las afirmaciones acerca de "el Estado español" por parte de políticos castellanos, andaluces o extremeños, exacerba cuantiosos ánimos, de condición intelectual variopinta, y deforma en el presente una realidad llena de potencialidades. En efecto, al contrario de muchas referencias políticas edulcoradas, la historia presenta aspectos que conviene no pasar por alto.
Las dos citas realizadas a continuación, sacadas al expurgo entre otras muchísimas posibles, merecen la reflexión de muchos oportunistas que utilizan la coyuntura política para medrar en sus objetivos partidarios irresponsablemente, jugando con nombres, con mitos y con conceptos, y poniendo en juego la vida diaria de millones de personas. Una cita es de Almirall, uno de los padres del catalanismo, y la otra de Colomer, catalán ejerciente y estudioso del catalanismo: "En general, pues, los catalanes son tan españoles como los habitantes de las demás regiones de España, y lo son no sólo por sentimiento, sino también por convencimiento. Debido a nuestra situación geográfica y a nuestros antecedentes históricos, no podemos ser más que españoles" (Valentí Almirall, España tal como es, 1889). "Ante el fracaso histórico del Estado español y de los intentos de reformarlo o reconstruirlo, algunos sectores muy minoritarios del nacionalismo catalán han propugnado la independencia o la formación de un Estado catalán separado. De hecho, la posición independentista ha sido, en el catalanismo, además de muy minoritaria, de aparición bastante tardía" (Josep M. Colomer, Contra los nacionalismos, 1984).
De género histórico ha sido la debilidad demográfica de Cataluña a lo largo del último milenio, en comparación con sus vecinos franceses y castellanos; si a ello se añade la fragmentación política, en el sentido de que valencianos y mallorquines, aunque culturalmente próximos a Cataluña, nunca han querido ser gobernados desde Barcelona, es factible comprender que la supervivencia de Cataluña como tal ha dependido siempre de su disposición a llegar a compromisos pragmáticos, es decir, al pactismo del que habla Gabriel Jackson, signo identificador de sus clases gobernantes desde principios de la Edad Media hasta ahora mismo, con Artur Mas y Jordi Pujol, mal que les pese a Carod y los “soberanistas” (independentistas).
Mayor dosis de veracidad que las de los “inventores de patria” posee el estudio histórico y politológico bien pertrechado. Traeremos aquí en este sentido los fundamentos de Jackson e Ignacio Sotelo. Para nosotros es más difícil poder negar a este último (vid. su artículo El `problema catalán´, publicado en El País en fecha 10-3-1992, pg. 11), cuando argumenta que España lleva siglos arrastrando el problema catalán. Es una cuestión que existe desde la unión personal de los dos reinos. Hemos podido ver como el "problema", a modo de embrión, permanece latente largos períodos y en otros salta a la superficie con mayor o menor vigor. Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, elaborado al compás del sentimiento de superioridad de pertenecer a un país que se industrializaba en una España que permanecía atrasada, llevó a los catalanes a no resignarse a la inferioridad política y a la dependencia cultural de la España castellana o castellanizada, y es formulado como el de "una nación a la búsqueda de un Estado propio". En términos llanamente politológicos, ante esta última formulación, el discurso de Ignacio Sotelo divisa tres repuestas: la primera, negar que Cataluña sea una "nación" y aplicar este concepto sólo a la "española"; la segunda, reconocer la existencia de una "nación catalana" y, consecuentemente, aspirar a constituir un Estado propio e independiente; la tercera, admitir que Cataluña constituye una "nación", pero, en vez de concluir la independencia como única salida, subrayar las muy distintas formas de integración política practicables en sociedades plurinacionales. La unificación política de Europa es un proyecto que impulsa y ratifica esta tercera vía. Un planteamiento adecuado de la significación del nacionalismo español, según confirman los análisis de Andrés de Blas, implica también rescatar los conceptos de España y del Estado español de la manipulación interesada que de los mismos han perpetrado el pensamiento político catalán y su historiografía. Suscribo las tesis plasmadas por este catedrático en Tradición republicana y nacionalismo español: la afirmación de la personalidad histórica y cultural, nacional en suma, de Cataluña no puede hacerse a costa de la denuncia de la artificiosidad de España. Es necesario que el nacionalismo español acepte su coexistencia con otros sentimientos de lealtad territorial; pero, como igualmente ha exhibido Juan José Solozábal, la acomodación entre los nacionalismos españoles sólo será posible si los nacionalismos periféricos aceptan la legitimidad del nacionalismo español. Andrés de Blas ha puesto en evidencia esa actitud reductora del catalanismo que parte de una insuficiente comprensión del propio sentimiento nacional, y que ignora que la generación de este tipo de lealtad puede resultar no sólo de vínculos exclusivamente territoriales, sino de procesos primordialmente políticos. Lo cual ha llevado a este movimiento a una visión esquemáticamente dualista y equivocada de nuestra reciente historia en la que una periferia dinámica se encontraría lastrada por la España interior, asistida por el disfrute en su beneficio del artefacto estatal; incurriendo, asimismo, en manipulaciones historiográficas graves como ha ocurrido con el federalismo de Pi y Margall o la distorsión del significado de Lerroux.
Diga lo que diga la Constitución vigente (artículo 2), la solución "legal" del problema no evita que una buena parte de los catalanes considere que Cataluña reúne todos los requisitos históricos, territoriales, culturales y lingüísticos para constituir una "nación". A Cataluña, con carácter previo, el artículo primero del texto constitucional -no puede negarse que se hizo para mantener la transición pacífica hacia la democracia diseñada- le impuso la soberanía (que reside en el "pueblo español", no habiendo más "nación" que la "española") y la forma política del Estado (la Monarquía parlamentaria). Pero estrictamente el concepto de "nación" se le puede aplicar a Cataluña, porque para ello, controversias doctrinales aparte, y por mucho que digan el resto de los españoles, basta sólo que los catalanes así lo quieran. Aquí está el nudo gordiano del asunto, al ignorarse la proporción exacta de catalanes que considera a Cataluña una "nación". Se han sacado conclusiones desde la vertiente de la sociología electoral y los programas de los partidos votados, pero sus datos resultan poco extrapolables para este último fin (basta sólo tener en cuenta el alto "nivel de abstención" que presentan algunos procesos electorales, entre ellos los autonómicos). Y como puede verse en la Tabla 1 de Los referentes étnicos de la sociedad española, los hechos confirman que Cataluña es una "nación" escindida, cultural, lingüística y políticamente. De un modo similar al que le sucede a España, ella también es una sociedad pluricultural y plurinacional. La vía independentista está impedida por este precedente de escisión que, si bien se explica por la peculiar historia catalana, resulta consustancial con la Cataluña actual y, por tanto, casi es irreversible. Hoy este país es una sociedad bilingüe, que, pese al éxito de la campaña de "normalización del catalán" para consolidar, y aún extender, el catalán como primera lengua en Cataluña, a largo plazo no puede, so pena de producir hondas tensiones, aspirar a poner fin al bilingüismo. Simultáneamente -seguimos con Ignacio Sotelo, como podríamos hacerlo con decenas de especialistas-, cualquier nacionalismo independentista que salga de la mera reivindicación teórica provocará una reacción nacionalista "española" en sentido contrario. Aires de La Parra
31/01/2006 en Actualidad | Enlace permanente
La unidad de España no está en peligro
El editor de nuestros aires cuando le preguntan cuál es la mejor fórmula para entender la contradicción entre la ideología y la realidad, que, curiosamente, suele actuar como acicate en todo progreso histórico, sea cual sea su naturaleza, suele remitir a sus interlocutores a Max Horkheimer, catedrático de filosofía social y director del Institut für Sozialforschung, uno de los miembros más representativos de la Escuela de Frankfurt, y en concreto a su obra El eclipse de la razón, publicada en 1947. Afirma ahí este pensador que “a lo largo de la historia, y de forma recurrente, las ideas se han ido despojando de sus ropajes originales para enfrentarse a los sistemas sociales que les dieron vida. La causa de dicha secuencia radica en gran medida en que el espíritu, el lenguaje y todos los atributos del pensamiento exigen necesariamente postulados de carácter universal. Incluso las clases dirigentes, en su intento de defender a ultranza sus intereses particulares, se ven obligadas a recalcar la importancia de las causas universales de índole religiosa, moral y científica”.
Por eso mismo, como clarificaba otro profesor de Ciencia Política experto en materia de ideologías, Robert Eccleshall, las ideologías comparten dos caracterísiticas principales: una representación de la sociedad y un programa político. La imagen ofrece una sociedad inteligible vista desde un ángulo particular. Para ello, puntualiza este autor, “se acentúan y contrastan distintos aspectos del mundo social a fin de ilustrar cómo actúa la realidad en todo su conjunto y también cómo se debería organizar desde un enfoque ideal”. Así, la representación social concreta configura el núcleo de todas las ideologías. Y, a partir de ella, se transmite un programa de acción, siendo éste, conforme a la síntesis de Eccleshall, a saber: “qué recomendaciones han de hacerse para garantizar la debida convergencia entre el ideal y la realidad sociales”. Entonces, podemos ya entender que las recomendaciones varían “de acuerdo con la imagen específica de una sociedad conveniente o adecuadamente organizada”, concluye este último profesor.
Y no se equivoca, no. Nos basta para constatar esas palabras, la exultante declaración que el siempre respetado político Manuel Fraga termina de hacer en una entrevista publicada por 20 minutos. Contra el criterio de una persona mucho menos hábil e inteligente, José María Aznar, aunque haya sido presidente del Gobierno, Fraga, en un razonamiento elogioso y sin eclipse, afirma literalmente: “Yo no veo que la unidad de España esté en peligro”. ¡Por fin! Era imprescindible que saliese un político de peso para quitar fricción y enderezase las lentes de la perspectiva política de quienes llevan ahora las riendas de nuestro Estado. Porque, como asimismo puntualiza este hombre que lleva ya 55 años de servicio público a nuestro país –causa más que suficiente para que todos los españoles, seamos de derechas o de izquierdas, catalanes, vascos o andaluces, del Real Madrid o del Barça, rubios o morenos, nacidos aquí o inmigrantes…, nos descubramos ante él-, “sí pueden originarse conflictos innecesarios que parecían superados. En la descentralización del Estado llevamos explorando caminos en los últimos 30 años y no nos ha ido nada mal. Ahora, es verdad que algunos quieren reinterpretar eso utilizando una Constitución que dice con toda claridad que no hay más que una nación que es España, patria común e indivisible de todos los españoles”. Con las mismas, explica este “padre de la patria” que los cambios de personas no son un incidente de partido. “Yo he podido oír hasta hace poco cómo Ibarra o Chaves discrepaban de muchos aspectos del proyecto y al final han llegado, al parecer, a algún tipo de acuerdo”, dilucida Fraga. Y es verdad, los partidos suelen superar esas crisis y cuando no, explotan. Motivo suficiente para ver que, contra los que hablan de “derecha casposa” y otros sucedáneos de pobre cultura política, el PP no está para estallar. Cosa distinta es que necesite cambiar su estrategia, poniendo en ruta a personas e ideas más allegadas a Gallardón y la que llaman algunos “fórmula de Madrid”, porque va unida a Esperanza Aguirre, quitando de la conducción de ese auto a Ángel Acebes y su muchachada demasiado encandilada por “la Obra”. Los populares ahora tienen, contra los confundidos e indecisos socialistas de ideología para-minoritaria y sociorrepublicana de corte federal, que divulgar al resto de España que su proyecto es mucho mejor que el de ZP y los rondones jacobinistas poco maduros que le dan asiento. En este sentido, Ignacio Camacho, siempre al loro, ha reflexionado con profundidad y en la línea de Fraga. Este abuelo de profesionalidad política hasta la tumba, vuelve a sentar cátedra, para que sus condiscípulos tomen buena nota. Cuando se le pregunta si la Constitución debe actualizarse, tajantemente responde: “Primero hay que cumplirla. Las constituciones hay que modificarlas con cuidado de no atacar sus principios básicos. No hay que cambiarlas sin necesidad. Pero no creo que la Constitución sea una pieza absoluta y mineralizada. De las cuatro reformas anunciadas, dos, la del Senado y la referente a la Conferencia de Presidentes, las había propuesto yo hace mucho tiempo”. Luego las reformas y los cambios, con adaptación de los textos legales al tiempo presente, no tienen por qué ser negativos. Claro que para el cambio, lo mismo de tipo político que de orden social o económico, se precisan buenos mimbres. De lo contrario las cestas son malas y se rompen al tercer día. Se demuestra con ello también que los errores se pagan, y más que nadie los cometidos en acciones de gobierno. Sin derecho a réplica acaba de contárnoslo el citado Ignacio Camacho. “La política estatutaria del Gobierno”, comenta este periodista, “está empezando a dar sus frutos: mayorías absolutísimas del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, según el barómetro de Metroscopia para ABC. En Cataluña van a laminar a los populares a costa de convertir probablemente a Artur Mas en futuro presidente de la Generalitat, lo cual no deja de ser una manera muy sui generis de obtener una victoria, pero en las autonomías más pujantes -Madrid, Valencia, Baleares, Navarra- el PSOE lleva camino de comenzar una de las carreras descendentes más meteóricas de la política española”. Los Aires de La Parra, liberales ellos siempre, ni callan ni otorgan; sólo aconsejan estar con los ojos bien abiertos, la mente fresca y el espíritu público tan limpio e inteligente como el de Fraga. Bono no vale y los barones del PSOE sólo son un bluff, sin talla para gobernar un país llamado España.
30/01/2006 en Actualidad | Enlace permanente
Puntos y comas en el Estatuto de Cataluña (XI)
A la vista de cómo está el caso y se mueven las revueltas aguas del acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña al día de la fecha, dudábamos si dedicar hoy unas líneas a traer un poco de luz al complicado tema de la politización de la lengua en esa comunidad autónoma o poner varios puntos y comas más a la cuestión estatutaria. Tras un paseo por Internet, y vistas las amplias crónicas que sobre el asunto ese de la lengua corren ya por Internet, nos hemos decidido a avanzar en la precisión de la reforma del marco estatutario, aún a sabiendas de que es algo que ya cansa en España y empieza a interesar cada vez menos a la opinión de este país. Con todo, ni es una incógnita resuelta, ni supone un tema a olvidar, como consecuencia de los aspectos que aún permanecen en el aire, se mueven entre pasillos y se siguen cociendo en la gran cazuela de la política española.
Contra lo que pueda parecerle a Rodríguez Zapatero, poco enterado del fondo de este asunto y adulterado por los argumentos encubridores de sus socios catalanes, en Cataluña hay una corriente independentista (“soberanista” le llaman ahora sus pronunciadores y defensores para no alterar los ánimos de la parte contraria), cuyos movimientos deben seguirse y cuidarse, para poder darles respuesta al minuto. En este sentido, el presidente del Gobierno de España debería leer un texto de hace muchos años, elaborado por Manuel Vázquez Montalbán, que constituye el prólogo de este honorable escritor a la obra Cataluña. Crónica de una frustración, escrita por Alberto Figueruelo y editada por Guadiana de publicaciones allá por 1970. Independiente de las alergias que susciten determinadas interpretaciones de Figueruelo, por ejemplo, la de ligar una solución catalana a una solución española ("...una libertad indivisible que afecte a todos los pueblos españoles. Sólo a partir de esta premisa es posible iniciar conjuntamente el esfuerzo que conceda a todos la libertad en la diversidad"), este autor acomete la difícil empresa de resumir una "historia total" de la cuestión catalana: política, social, económica, cultural, a partir de una bibliografía que puede soportar la sublimación de su síntesis, aunque para una profunda tarea científica resultaría, evidentemente, insuficiente. Aún hay inmensos periodos en la vida de este pueblo que, como dice Vázquez Montalbán, “duermen una amplia y honda noche científica, cruzada por los cometas del tópico y la sabiduría establecida. No ya el largo periodo que va desde la Unificación Española hasta la Renaixença, sino incluso en pleno siglo XX por no aclaradas no lo están ni las políticas, ni las figuras, ni los programas de las principales fuerzas históricas de Cataluña”. Pues bien, esto continúa muy cerca de donde se dejó treinta y cinco años atrás, independientemente de la Transición española y de los pactos y convenios de CiU con UCD, primero, y con el PSOE, después. Si hemos de ser objetivos, el problema señalado por Vázquez Montalbán, si acaso, se ha acentuado; porque los inmigrantes en Cataluña ya no son todos españoles, sino que han llegado –y siguen haciéndolo- en los últimos años de todas las partes del planeta. Entonces, hacer una política sesgada y catalanista, como pretenden algunos, aparte de gregaria y desnivelada, será en todo momento injusta. Y donde mejor se ve y se plasma esto es, precisamente, en la política lingüística. Fuera de ésta –a la que regresaremos en otras ocasiones-, insistimos, el soberanismo se les ha quedado algo “atascado” a los nacionalistas catalanes, como reconoció el pasado día 26 el diario digital tribunacatalana.org, que dijo en su editorial (en catalán por supuesto, que nuestro editor conoce a la perfección, tras haber vivido y estudiado allí casi un par de décadas) lo siguiente:
“Las próximas semanas quedará claro si el soberanismo del país tiene un referente político. Las incertidumbres que quedan del nuevo estatuto no pueden ser aceptadas por el soberanismo consecuente, que, hasta ahora, se ha agrupado alrededor de CiU, ERC y algunos sectores simbólicos de ICV y del PSC. Tenemos sobre la mesa una propuesta de Estatuto que, si se aprueba en los términos que hasta ahora conocemos, significará el sacrificio de, como mínimo, dos generaciones (se refieren los “soberanistas” / independentistas a la consumación de su total separación del Estado español) y que necesita, de manera vital, que haya una revuelta que pueda evitar que la España no plural consolide su mapa territorial e incluya Cataluña y el resto de los Países Catalanes en su proyecto. La dirección de CiU, al margen de las juventudes y buena parte de su militancia, ha optado por renunciar y aceptar la propuesta del Gobierno español. ERC, hoy por hoy, mantiene la dignidad nacional, espoleada por la exigencia de su militancia y de amplios sectores soberanistas huérfanos de referente político. A ICV, los sectores soberanistas tampoco han aceptado de buen grado el pacto de su dirección. De hecho, configura un panorama que da una oportunidad a la fuerza política y a los sectores soberanistas para que cojan la bandera de una opción independentista coherente y digna”.
Más claro imposible, ¿verdad? Y ojo al dato que se ha puesto en negrilla (el de la revuelta), que obliga al señor Bono a dejar de ser ese populista barato y pobre de inteligencia que viene demostrando últimamente, porque deberá poner el oído y la vista –entre las otras técnicas que este tipo de controles exige a nivel de Estado- a controlar los movimientos de esos “revoltosos”. En definitiva, contra lo dicho por ZP, Carod y demás “esquerristas” de masía y fogón –los que se alimentan ahora de las arcas ufanas del poder-, España debe estar en estos momentos intranquila ante las amenazas de revuelta/revolución detrás de las cuales está Òmnium Cultural, la organización de defensa del catalán más nacionalitaria. En esta situación, Policronio escribe –henchido de razón- un denso artículo en redliberal.com titulado “Artículo 6.2 del Estatuto: La estampida”. Centra ahí su autor la crítica en el punto de mayor gravedad (en el que se insistirá a menudo) dentro de la propuesta nacionalista catalana para el nuevo Estatuto. Se refiere concretamente al deber de conocer el catalán, según se refleja en el artículo 6.2 aceptado por el presidente del Gobierno ZP: “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber”. En su versión social de la parte contraria, la que deja en bragas a los “revoltosos”, Policronio es taxativo:
“Es asombroso que se acepte tal cual figura en el Estatuto y que el encargado de velar por los derechos de todos los españoles no haya mostrado el menor reparo. Es más, en la entrevista que concedió ayer en la Cuatro a Gabilondo —uno de los oráculos de la Secta—, Zapatero no tuvo ningún empacho en afirmar que “En Cataluña hay convivencia absoluta en la normalidad lingüística entre el castellano y el catalán” . No sé qué entenderá este hombre por convivencia absoluta. Desde luego la gente no se mata por las calles ni hay riñas continuas —como tampoco sucedía en el franquismo—, pero dudo mucho que pueda ser calificada de normalidad lingüística entre el castellano y el catalán al hecho de que la Generalidad no sólo imponga su aberrante criterio idiomático, sino que haga caso omiso a tres sentencias del TSJC en las que se falla a favor de los demandantes y se impone, de acuerdo con la Ley Lingüística en vigor, que a los hijos de los catalanes que así lo soliciten se les deberá escolarizar en idioma castellano. Pues no, ni con esas, la Autoridad catalana se considera por encima de sus propias leyes y se evade de ellas cuando le conviene, en aras del “progreso” más espantoso.
Por otra parte, me resulta curioso que ninguno de los asesores del presidente Zapatero —en él mismo sería impensable un rasgo de semejante finura política— le haya soplado a la oreja la necesidad de añadir un párrafo al artículo 6.2 en el que se incluya la elaboración de una ley complementaria, o reglamento, para que la obligatoriedad del catalán se adopte gradualmente. No, el 6.2 se ha aceptado a pelo, incluso declarándolo así antes del acuerdo con el convergente Mas. De hecho, aun cuando el 6.2 representa lo más grave y dañino del Estatuto para los intereses de los españoles, fue una de las exigencias nacionalistas que primero se aceptó. Cuando la medida entre en vigor —¡hay que pasmarse!—, a cualquier residente en Cataluña podrá exigírsele de la noche a la mañana que hable catalán. Puede llegar a ser algo así como el cambio de hora de cada equinoccio, sólo que por una vez y no más: A las cero horas del día (el que sea), usted pasará a ser forzosamente catalanohablante”. Como tendremos ocasión de ver en artículos posteriores, con ángulos diferenciados y comentarios bien descritos, cada día este presidente pide a grito pelado un cambio de asesores rápido y una mudanza inmediata de ministros, pues, tal parece, desde Fernando VII no ha habido en España un gobernante más irresponsable, puesto que, en su ignorancia, desconoce claramente adónde puede llevarnos. Sin embargo, los objetivos y las metas de una política “de izquierdas”, como les gusta decir a él y a los suyos, deben y pueden ser otros, empezando por una política territorial que piense en la mayoría de los españoles y no la entregue en manos de minorías separatistas, al tiempo que separadoras. ZP debe dotarse de otros asesores que conozcan mejor la “particularidad de Cataluña”, de la que hablaremos en días sucesivos.
28/01/2006 en Actualidad | Enlace permanente
Fraude de ley y política irresponsable
Dentro de las ideas y los pareceres que en los últimos días venimos presentando en nuestros aires, Ramón Tamames, político bien orientado que fue y catedrático de Estructura Económica que sigue siendo, hizo ayer en una entrevista a periodistadigital.com una declaración muy severa y preocupante: “Se está preparando una secesión con el apoyo del Gobierno”. Este diputado de las Cortes Constituyentes en 1977 y firmante de la Constitución reflexiona ahí sobre el actual texto del Estatuto del que dice, con rotundidad, que rompe la Constitución por sus cuatro costados. Sobre él dice que es una “constitución encubierta” y un “fraude de ley”, pues plantea la reforma de la Constitución por la puerta de atrás. De aquí que apoye la propuesta de Mariano Rajoy, el líder del PP, de instar al Gobierno a que convoque un referéndum. Cree que al igual que él hay muchos españoles que la apoyan:
Cuando se desvirtúa el procedimiento de reforma y se quiere cambiar la Constitución a través de la simple reforma de un Estatuto, no cabe duda de que hay que tomar alguna medida especial. La Constitución permite claramente que haya una consulta de esas características. Pero el Gobierno se escudará en su potestad de convocarlo si quiere y no creo que lo haga en ningún caso.
Del mismo modo que hemos explicado en varios artículos del blog, Tamames también entiende que el texto pactado por Mas y Zapatero, recogiendo en su articulado que Cataluña es una nacionalidad y manifestando en el preámbulo que se trata de una nación, compone un encaje inconstitucional:
Va claramente en contra del artículo 2 y en su día el Tribunal Constitucional tendrá que dirimir esta cuestión. Ya ha habido un ex presidente del Tribunal Constitucional que ha dicho que da igual que el término vaya en el preámbulo o en el articulado. Tiene el mismo valor y, por tanto, es claramente inconstitucional. Comprendo que haya gente que quiera declarar que Cataluña es una nación, pero tiene que seguir los procedimientos de reforma de la Constitución, no a través de la reforma del Estatuto y el artículo 147.3. El Estatuto es una ruptura de la Constitución por sus cuatro costados. Y eso no lo podemos admitir, empezando por los que firmamos la Carta Magna en 1978.
Más rotundo todavía, certifica los temores avanzados días pasados en los Aires de La Parra y afirma que estamos ante una Constitución encubierta para Cataluña:
Triplica el número de artículos del vigente Estatuto de Sau y supera el número de artículos de la Constitución española. Además, retira competencias estatales a favor de la Generalitat y establece las bases para un estado propio. De ahí a que dentro de unos años se plantee una secesión, hay muy poca distancia. Es inaudito que se esté preparando una secesión con el apoyo de la Presidencia. Uno se pregunta por qué dentro del PSOE, los barones no responden ante todo esto. Tiene que haber un cambio dentro del partido socialista, que ya no es socialista, ni nada que se le parezca. Se están destruyendo las bases estructurales del Estado español en su concepción de 1978.
Y en el tema de la Agencia Tributaria compartida se manifiesta nuestro profesor igual que lo criticamos aquí ayer, es decir, la ve también a largo plazo como exclusivamente catalana. De hecho, ya lo han anunciado sus “conveniadores”/acordantes, puesto que la filosofía del Estatuto es que sea el paso para un estado propio en el que la potestad tributaria de la nación española quede absolutamente olvidada a favor de Cataluña.
Entretanto, ¿qué dicen los “oficialistas” del PSOE, esos que están comiendo hoy en día del presupuesto a base de defender irresponsablemente una potencial destrucción del Reino de España? Con palabras literales vamos a trasladar a nuestros lectores una fuente bien informada, la del periodista de gran calado Ignacio Camacho, que hoy dice lo siguiente en ABC. EDICIÓN IMPRESA - Colaboraciones
Oxígeno para el PSOE
ME lo he encontrado por la calle en Sevilla, con la expresión despejada de las brumas que se la ensombrecían la última vez que lo vi. Fue sucesivamente guerrista, borbollista, chavista, siempre felipista, y votó a Bono en el congreso federal que eligió a Zapatero antes de reconvertirse al zapaterismo para sobrevivir en el presupuesto público. Está aliviado, y se le nota.
-Como para no estarlo, después de la que se nos venía encima. No te digo que todo esté arreglado, pero al menos hemos despejado un balón que no lográbamos sacar del área, y estamos empezando el contraataque. CiU es un aliado mucho más fiable que Esquerra, y eso fuera de Cataluña se percibe como un balón de oxígeno. Estábamos con el agua al cuello en las encuestas y ahora es el PP el que tiene que aclarar su postura. Fíjate que en pocos días hemos pasado de una crisis del PSOE a una crisis del PP. Y ojo, que puede haber noticias pronto en el País Vasco. Queda mucho partido, y vamos a darle la vuelta.
-Pero la gente sigue muy cabreada...
-Ya te diré dentro de un año, cuando el Estatuto esté aprobado y asentado. De momento, lo que ha ocurrido es que teníamos un problema gordo y ahora lo tiene el adversario. El PP puede montar un cirio en la calle, pero en Cataluña, con o sin Piqué, no levantará cabeza cuando tenga que defender el no. Y en Andalucía le seguimos llevando una ventaja sideral. Sin Cataluña y sin Andalucía, que son catorce millones de ciudadanos en total, a ver cómo ganan las elecciones. Y como se descuiden, en el Estatuto valenciano les bajamos el tope mínimo electoral y se quedan sin mayoría. Por otro lado, lo mejor del acuerdo del sábado es que de un solo golpe nos hemos cargado a Piqué, a Carod... y a Maragall, aunque esto no lo dirá nadie en voz alta.
¿Y cómo lo vais a explicar en las comunidades que pierdan dinero?
-Bueno, allá cada cual; en Andalucía nos quedaremos igual y hasta puede que ganemos algo si logramos recibir por población en vez de por PIB, que lo lograremos porque el Gobierno no se va a suicidar políticamente. Efectivamente, alguno va a salir perdiendo, pero se hará por fases y se notará menos. Además, en primera instancia el Estado pondrá dinero para amortiguar el golpe; hay superávit y se puede hacer. Y no olvides que Madrid, Valencia y Baleares salen ganando, lo que va a atar bastante las manos al PP a la hora de protestar. Lo dicho: estábamos en un lío, pero ahora el lío lo van a tener ellos.
-A costa de quedarnos casi sin Estado...
-Eso es para los que os hacéis lucubraciones de gran calado y de filosofía general... Yo te estoy hablando de política.
-Tú me estás hablando de poder, que no es lo mismo.
--Ah, pero... ¿es que hay alguna diferencia?
Los Aires de La Parra, ante la gravedad de lo comentado, el cinismo y la irresponsabilidad de los tragaldabas socialistas, hasta el lunes próximo no vamos a decir nada más. En tanto se dispersa por la Red nuestro oxígeno reflexivo, ojalá tercie éste en la aparición por aquí de muchos otros comentarios. ¡Manifiéstense!, queridos lectores, porque estos días el espacio es suyo.
26/01/2006 en Actualidad | Enlace permanente
Política de Estado y transacciones partidistas
La fotografía de ZP con el dirigente nacionalista catalán Artur Mas y la mano derecha de éste, Josep A. Duran i Lleida, en la transacción final convenida para el acuerdo entre el PSOE y CiU sobre la reforma del Estatuto de esa Comunidad autónoma, nos ha hecho releer un volumen relativamente reciente escrito por tres reputados pensadores de la política, Salvador Giner, Xavier Arbós y Victòria Camps. Publicado en 2001 por Ariel, lleva por título La cultura de la democracia: el futuro, y sopesan ahí esta profunda cuestión, algo olvidada en la mesa donde se han tejido esos acuerdos. La democracia, se dice ahí, no es solamente un orden político representativo, enmarcado en un conjunto de leyes que garantizan la libertad y los derechos de los ciudadanos. Es también, y en no menor medida, una cultura, una conciencia participativa de que la cosa pública es de todos, de que todos somos responsables de lo que sucede y también de la calidad de nuestra vida en común. Lo más crucial para la cultura democrática no es sólo la libertad de cada cual y la igualdad de todos ante la ley, sino la fraternidad: el convencimiento moral de que debemos ser solidarios y respetuosos con los demás. Que debemos, también, cuidarlos. Y en esto último es ya común la sensación de que nos han fracasado todos, principalmente los socialistas de Rodríguez Zapatero, que en ningún instante se han formulado dos grandes preguntas, a las que hubieran hallado respuesta en dicho libro. Estos interrogantes son: ¿Cuál es y debe ser, hoy, la dimensión cultural sobre la que reposa el edificio democrático? ¿Cuáles son las perspectivas para la democracia y su cultura en el complejo mundo de hoy, que se enfrenta sin dilación a una mudanza histórica sin precedentes? Estamos lejos en el presente de los encantamientos tecnocráticos. Ni la ciencia comprende todas las razones disponibles, ni la voluntad política se produce en el vacío. Contrariamente, las opciones políticas se dan siempre dentro de un marco institucional determinado que expresa un equilibrio de fuerzas y de preferencias, así como de potenciales conflictos entre actores estratégicos. Pero la decisión política nunca puede considerarse resuelta ni anticipada, siempre es hasta cierto punto fruto de la autonomía y la madurez. De ahí la importancia de la ética de los decisores. Por eso, como enseñara Popper en su crítica del determinismo historicista, tenemos responsabilidad moral por la historia. Por ello el juicio técnico y experto, que tan necesarios resultan en cuantiosas ocasiones, no pueden nunca imponerse ni sustituir al juicio político.
Sin buena política no hay nunca progreso. Es ésta una verdad que, en su obviedad, no siempre es ejercida por el poder, olvidadizo hasta extremos inauditos. Hasta el punto de tener que recordarles que utilicen la cabeza para pensar y la boca para hablar con cordura y fundamento, no solo para comer. Principalmente ahora mismo este recuerdo va dirigido a los socialistas castellano-manchegos y en especial a José Molina, que hace las veces de portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales y se ha atrevido a decir que la financiación catalana beneficiará a Castilla-La Mancha. No ha dado ni una seña puntual, ni un dato específico anclado en bases tributarias y financieras con rigor. Por el contrario, los técnicos de la AEAT destacan lo contrario, pues la fórmula para-catalana beneficiaría sólo a catalanes, madrileños, valencianos y baleares. Entonces, que no vendan la trucha antes de haberla pescado, una fórmula inventada por Bono en su largo virreinato en esa Comunidad, que requiere a marchas forzadas un cambio de partido en el poder, por la deformación de gobierno y los malos hábitos administrativos ahí estatuidos.
Para encontrar la ética específica que requiere la buena política es necesario reconocer la política como un oficio, como una función socialmente necesaria, quizás la más importante y difícil de todas. Es necesario salir del menosprecio estúpido (los griegos consideraban “estúpido” al que se ausenta de los intereses de la ciudad, no se interesa y no participa en la polis) de la política para repolitizar la sociedad, reencantarla y poder así reinventar y reformar la política, es decir, superar las malas políticas que hoy bloquean el desarrollo e ir instalando las buenas políticas que el desarrollo humano requiere. Hay que redescubrir el oficio de la política en la línea iniciada por los grandes pensadores de esta materia. Mientras el PP castellano-manchego no encare con aplomo esta estrategia, nunca llegará a Fuensalida, palacio que cada día pide más aceleradamente un recambio, porque los políticos socialistas de la región están en las nubes y no gobiernan para los habitantes de ésta.
Curiosas –como mínimo y sin tacharlas con el epíteto defectivo que merecen- son las declaraciones del presidente y los consejeros socialistas castellano-manchegos, siempre sumados por inercia a la línea oficial de Ferraz y a la voz en la sombra de Bono. Así, primero, afirmaron tajantemente que no admitirían el término nación en el nuevo Estatuto catalán, y cuando la transacción con CiU les deja con la palabra en la boca, automáticamente alaban el acuerdo y hacen cánticos a la bondad de éste. Un cambio de corbata que, aplicando un serio análisis politológico, puede hasta ahogarlos, pues el nudo que se han hecho no les permite respirar, al hacerlos burdos alumnos de la política dañada. Sin duda, el oficio requerido para hacer la mala política es muy diferente al oficio requerido para la buena política. Las éticas de uno y otro también han de ser muy diferentes. ¿Qué hace el mal político? Niega y desconoce la realidad, la falsea, presenta falsas imágenes que producen falsas ilusiones, temores y esperanzas, manipula. Esto es el bonismo practicado en Castilla-La Mancha. Una fórmula utilizada por este ministro social-liberal, ex presidente de la Junta de Comunidades, que no pasa de ser un político conservador del estatus quo cultural, político, económico y ético. Ha producido desarrollo aprovechando una coyuntura positiva de orden internacional; pero se trata de un desarrollo volátil y de pobre calidad distributiva. No ha transformado los patrones de gobernabilidad: él y sus muchachos son hábiles operadores de un partido caudillista y de institucionalización medida; a través de la cual ha manejado las alcantarillas del financiamiento político, manipulando igualmente las redes clientelares electorales, asignando los empleos públicos en una administración patrimonializada. Con lo mismo, siguen gestionando su mayoría parlamentaria inútilmente, pues no sacan a Castilla-La Mancha de su condición de región de Objetivo 1 en la UE, al transar sin fuerza con los votos de los legisladores, e intermediar con el sector privado la producción de leyes y reglamentos, las adjudicaciones en licitaciones públicas o en las privatizaciones, negociar la concesión de beneficios y exenciones...
Si nuestros aires se dispersan hoy tan severos es porque, como dice el editorial del diario ABC, al Gobierno le esperan España y los millones de españoles que ahora quieren saber qué futuro le aguarda a su país y a su Constitución:
Como suele ser habitual, los nacionalistas se muestran más sinceros que los socialistas, sabedores de que cada palmo de terreno que ganan es definitivo según ese perverso valor entendido de la política española que concede a los nacionalismos un suplemento de legitimación por su victimismo impenitente. Pero como son sinceros, ya han visto y anunciado en el futuro Estatuto catalán el comienzo de una etapa en la que la Generalidad va a tratar «de tú a tú al Gobierno español». Para el nacionalismo no cabe otra interpretación de un texto que, según Convergencia i Unió, «equipara nación y nacionalidad». ¿Es, en estas condiciones, irrelevante que el preámbulo del futuro Estatuto reconozca la existencia de la nación catalana?
Ningún jurista es capaz de negar al preámbulo de un Estatuto de Autonomía el valor jurídico fundamental de expresar la voluntad del legislador. Es la parte de la ley que fija las pautas de interpretación de todo el texto, impregnándolo con los valores esenciales del propósito legislativo. El problema no era buscarle un sitio insípido e incoloro al término «nación», sino camuflarlo frente a la fiscalización del Tribunal Constitucional. El Gobierno siempre ha sido consciente de esta trascendencia jurídica del preámbulo del fututo Estatuto catalán y de su relevancia sobre la constitucionalidad del texto en su conjunto. Por eso se ha forzado la imaginación y la sintaxis para llegar a una redacción que hace que las Cortes reconozcan que el Parlamento catalán, «recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación». Por tanto, las consecuencias de este preámbulo son evidentes: las Cortes Generales aceptan la definición nacional de Cataluña hecha por el Parlamento catalán y legitiman tal definición no sólo en el sentimiento, sino también en la voluntad de la ciudadanía catalana. Los elementos jurídicos de este pronunciamiento futuro de las Cortes españolas conforman el reconocimiento de una nación que no es la española, en virtud de una especie de declaración de autodeterminación sobreentendida que se atribuye a los catalanes, pese a que éstos nunca hayan sido expresamente consultados sobre la definición de Cataluña como Nación. En cuanto a la irrelevancia de hablar de sentimientos en una Ley, cabe recordar que los socialistas vascos llegaron a decir del Plan Ibarretxe (en un documento titulado «34 razones que hacen inaceptable políticamente, y negativo económicamente, el Plan Ibarretxe») que «este es un Plan claramente reaccionario y antidemocrático, porque se basa en los sentimientos de identidad y no en los derechos de ciudadanía». Si el PSOE hubiera mantenido este criterio, nunca habría aceptado el nuevo Estatuto para Cataluña, pero lo ha hecho, abriendo un proceso político en el que también el Partido Popular habrá de ofrecer su alternativa, de no menor entidad, como previsiblemente anunciará hoy Mariano Rajoy.
La mala conciencia del Gobierno por este reconocimiento demoledor para la unidad nacional se demuestra en forma absoluta con la adición en el preámbulo de una auténtica modificación del artículo 2º de la Constitución, al poner en su letra algo que no dice: que «reconoce la realidad nacional de Cataluña en forma de nacionalidad». Semejante derivación interpretativa es una manipulación del texto constitucional, doblemente usurpadora de la función privativa del Tribunal Constitucional y de la soberanía excluyente del pueblo español para modificar su Título Preliminar. Será imposible en el futuro negar que el proyecto estatutario catalán es una reforma de la Constitución. Tanto lo es que dicha reforma se hace en el propio preámbulo, vulnerando el procedimiento establecido en la propia Constitución para su revisión.
Hemos recogido este pensamiento de un diario tan sólido como ABC porque en su “monarquismo” emite siempre, al menos bajo la dirección de Zarzalejos, cultura democrática. Saben sus hacedores que, como decía Christopher Lasch, la información se convierte en un subproducto cuando no se integra en el debate cívico, cuando no se contextualiza. Los medios dibujan escenarios fugaces de inseguridad e incertidumbre -catástrofes, accidentes, conflictos y crisis-, que igual que llegan desaparecen, sin continuidad histórica; esto es, construyendo un presente que no parece estar relacionado con el pasado, por consiguiente, sin una clara proyección de confianza con la incógnita del futuro. Sin embargo, las palabras nunca son inocuas en una ley, y, según afirma ese editorial, menos cuando tratan conceptos que están en la sensibilidad de los pueblos. Bien lo saben los nacionalistas, que, por fin, han enlazado el término «nacionalidad», veintiocho años después de su aprobación en la Constitución, con el de nación. También en 1978 se dijo que aquél concepto zanjaba la cuestión nacionalista. Ahora sólo falta saber cuánto tardará el nacionalismo en dar el siguiente salto, cogiendo impulso en un preámbulo que, con sólo tres líneas, desmantela el principio nacional de la Constitución española. Muy grave es esto señor Rodríguez Zapatero. Tanto, que si el PP sabe llevar el asunto con tiento y buen pulso las elecciones generales podrían anticiparse. Ya veremos, porque tampoco los populares están haciéndolo muy bien, que digamos.
25/01/2006 en Política | Enlace permanente
Política económica y movimientos separatistas
La desintegración de Estados como Yugoslavia o la Unión Soviética movió al catedrático experto Francisco Cabrillo (vid. Nacionalismo, secesión y economía, Cambio 16, Nº 1039, 21-10-91, pp. 68-69) a analizar el decisivo papel jugado por la política económica en la aparición de movimientos separatistas. En sus consideraciones, sin marginar a las razones históricas de todo tipo, pone de manifiesto que la economía tiene aquí mucho que decir, y no sólo en lo que se refiere al hecho evidente de la existencia de regiones ricas y pobres. El problema, en su opinión, no es tanto determinar si existen o no causas "objetivas" para el nacionalismo y la secesión como explicar cuáles son esas circunstancias que hacen que el asunto se concrete en unos países y no en otros. No pierde en ningún momento la perspectiva de Suiza, nación en la que conviven cuatro lenguas y culturas tan diferentes y en la que ninguno de sus grupos parece mostrar el menor interés en separarse de la Confederación.
Invoca este catedrático de Economía a la conexión directa que, desde antiguo, existe entre el ejercicio de la soberanía y el control estatal de la economía. Concretamente, en una economía libre y abierta al comercio exterior, la cuestión de nacionalidad tiene mucha menos importancia que en un Estado regulador y dirigista. En la primera, las decisiones fundamentales están en manos del individuo, y el problema político consiste básicamente en la elección de la gestión más eficiente para la administración pública. En el segundo, en cambio, la pertenencia a una u otra nación tiene efectos muy importantes en la vida diaria de cada ciudadano. Así, como nos recuerda Francisco Cabrillo, no es raro que sea en países cuya economía no sólo anda mal sino que asimismo está enérgicamente regulada donde las tensiones a la disgregación sean mayores.
En el momento de la toma de decisiones políticas la multitud se conduce bajo el peso tanto de sentimientos como de intereses. Y, nos agrade o no, a largo plazo suelen ser éstos los que predominan. "Un ciudadano racional, cuando debe optar entre votar por la continuación de la estructura política en la que está integrado o por la creación de otra más reducida mediante la secesión, valora los costes y los beneficios que a él puede suponerle un cambio de esta naturaleza. Entre los últimos destaca la ventaja básica de todo proceso de descentralización económica, la posibilidad de una mejor asignación de recursos en una comunidad más reducida y homogénea. Entre los primeros, en cambio, es fundamental la reducción de las dimensiones del mercado a la que se enfrenta el grupo secesionista”, según destaca Cabrillo. En consecuencia, podemos deducir que cuanto mayor sea el grado de integración económica con otros Estados, menor será tal coste. Y así, la secesión política de una región llevada a cabo mediante la conservación de las ventajas de una fusión económica supranacional anterior (la Unión Europea, por ejemplo), tendría un importe menor para la región separatista que si esa integración supranacional no tuviera carta de naturaleza. Ahora bien -y esto es algo que, entre otros elementos ya aludidos por nuestros aires en artículos anteriores, los independentistas catalanes y vascos deben tener presente-, los incentivos para separarse serían también menores, ya que el nuevo Estado seguiría sin poder tomar decisiones sobre muchas cuestiones primordiales que le afectan, igual que sucedía antes de la secesión.
Por descontado que, en base a las mismas enseñanzas de la teoría de la elección pública, las decisiones políticas, sabiendo que el gobernante se mueve más por intereses que por sentimientos, se proyectan sobre la expresión de las preferencias del votante. De ahí que todo examen de esta especie no pueda eludir cuáles son los objetivos de los grupos que tienen el poder político, entendido este término en su sentido amplio, es decir, no limitado al gobierno estrictamente, sino incluyendo en él todo el complejo aparato burocrático que sirve de base a la acción del Estado. Es evidente, como recalca el profesor Cabrillo, que un sistema intervencionista y regulador ofrece a las élites gobernantes locales mayores incentivos para buscar la secesión que una economía de libre mercado. En el intervencionismo, detrás de la bandera y el himno, empuja con fuerza el interés por lograr mayores ámbitos de poder para los gobernantes y burócratas locales, que dejan de estar subordinados al antiguo poder central. Y mayores posibilidades de conseguir rentas mediante una nueva política económica para los grupos sociales que tienen influencia sobre aquellos. En el País Vasco posterior a 1978 esto es tan palmario como evidente. En Cataluña, aunque en grado menor, el monopolio de las instituciones autonómicas y locales por la ciudadanía autóctona y de ancestros largos en esa tierra no tiene tampoco discusión alguna. ¿Hay algún castellanohablante en su Parlamento, “parlament”? Negativo.
Esto último significa que, al lado de las reivindicaciones políticas y culturales nacionalistas, existen en todo momento otros factores, a menudo ocultos en el debate político. En el caso de los nacionalismos periféricos de España el editor de los Aires de La Parra revisó en su ensayo/investigación todas esas exigencias y requerimientos en Los referentes étnicos de la sociedad española, con su particular intencionalidad y sujetos regidores. Estas circunstancias hay que tenerlas muy presentes porque, si difícilmente puede negarse a un grupo de personas su derecho a vivir separados de otros grupos, sería ingenuo pensar que son sólo principios e ideales los que guían las decisiones de los pueblos y de sus gobernantes, o que los intereses de todos los habitantes de una determinada región son homogéneos en lo que a su posible independencia respecta. Nadie negará que a la mayor parte de los habitantes de una región lo que menos le interesa es cambiar la soberanía de un Estado grande por la de uno pequeño, si este último va a seguir regulando su vida y sus negocios como lo hacía el primero, o peor. Su objetivo, pues, ha de ser el de conseguir para ese territorio la mayor autonomía de acción posible. En donde se emplaza el poner límites a la organización política que gobierna. Menos importante resulta bajo qué bandera se haga.
Frente a la persistencia de indudables diferenciaciones estructurales internas que, históricamente, han dado personalidad a los distintos territorios peninsulares, la intensa transformación operada en España durante los últimos cuarenta y cinco años viene generando una metamorfosis que, por ejemplo, ni ha confinado a La Mancha o Andalucía a la agricultura, ni mantiene a vascos y catalanes en su oficio de guardianes exclusivos del industrialismo o la sociedad del conocimiento. Esos mismos cambios dan como resultado que los nuevos grupos ocupacionales -gerentes, técnicos, ingenieros, administradores, políticos, sindicalistas-, según destacaron Giner y Moreno, a menudo posean ligámenes más tenues con sus etnias y más intensos con sus respectivos mercados de trabajo, nacionales o internacionales.
La implantación del Estado de las autonomías ha roto muchas de las viejas rigideces de la España tradicional, pero no ha podido todavía terminar con determinados problemas de integración económica, y así lo demuestra la persistencia de notables disparidades de renta entre los diferentes territorios, además de cuanto rodea el marco de solidaridad regional y los distintos desequilibrios territoriales. Estos últimos son producto del capitalismo industrial y, por consiguiente, sólo pueden ser corregidos mediante la puesta en vigor de políticas que asuman valores de solidaridad interterritorial y por la cooperación horizontal entre los territorios de ámbito subestatal. Así puede verse en amplios y diversos estudios, de metodologías diferentes y con objetivos también distintos, que vendría muy bien leer a esos incautos y desdichados dirigentes de ERC, que, cuando han sido cogidos en sus contradicciones y temen el desalojo del poder en Cataluña por parte de CiU –dispuesta a pactar con el PSC-, retorna a sus andadas y a la garrota elefantina que siempre ha movido su política revanchista y sectaria.
Contra la demagogia de políticos vocingleros y desinformados, del estilo de Carod Rovira y compadres, afirmaron los reconocidos expertos Alcaide Inchausti, Cuadrado Roura y Fuentes Quintana en su ya clásico análisis sobre El desarrollo económico español y la España desigual de las autonomías que la premisa del desarrollo de las comunidades autónomas la constituye el propio de la economía española: "No es posible lograr un desarrollo de aquéllas al margen del interno de ésta ni de los factores exteriores que lo condicionan. La coyuntura económica de las comunidades autónomas guarda una íntima interdependencia con la nacional, al igual que ésta con la coyuntura exterior. No existe en España un conjunto de variadas e inconexas coyunturas regionales desconectadas de las coyunturas interna e internacional. Ahora bien, la situación precisa por la que atraviesa la coyuntura nacional se traduce de forma muy variada sobre cada una de las comunidades autónomas según su estructura productiva y ocupacional". En este hecho se emplazan los fundamentos del diferente reparto de la suerte económica que cada comunidad presenta en la España desigual de las autonomías. Y en ninguna línea puede saltarse esto la reforma estatutaria a consolidar en 2006. Las cifras ofrecidas por los economistas en los que se sustenta la opinión hasta aquí manifestada, ratifican igualmente la influencia que la marcha de las economías europea y española ejercen sobre las de las comunidades autónomas. Ateniéndose a la experiencia, afirman aquéllos que las fases de expansión/crisis de la economía española se corresponden con etapas de expansión/crisis de la economía europea, y que el crecimiento de las comunidades autónomas se halla ligado al desarrollo general español.
La premisa mayor de la que arranca el desigual desarrollo autonómico, por tanto, es el crecimiento económico general de España, porque son su marcha y sus distintas etapas las que le condicionan. Así nos lo presentan nuestros historiadores económicos al estudiar las pautas regionales a que ha obedecido la evolución del desarrollo regional a lo largo del tiempo. Cada una de las comunidades autónomas, pese a su individualidad, forma parte de un todo -el desarrollo económico general- del que se benefician y en el que compiten desigualmente todas ellas. El enfoque de las políticas de desarrollo regional se ha vivido en España con un extremismo desmesurado, amparado éste en la creencia de que la España de las autonomías era el reino de la desigualdad regional y en el convencimiento de que la desigual distribución de la renta individual se identificaba con la desigual distribución regional del producto. Hoy se constata más que nunca la tesis de Fuentes Quintana de que la lógica económica del enfoque redistributivo y compensador de las políticas de desarrollo regional sigue registrando en el presente una evidente crisis y su aplicación al caso de España padece importantes errores, que el gobierno de ZP no está intentando corregir –antes al contrario, como lleva consigo la nueva financiación plasmada en el Estatut, que debería debatirse a fondo en el Congreso de los Diputados y alcanzarse unos elementos de aprobación más equilibrados que los “acuerdos” previos alcanzados con los cuatro partidos catalanes-. Contra el prurito emancipador de ERC, cualquier español (y aquí han estado, están y, casi con toda seguridad, seguirán estando, mal que les pese, los “esquerristas” catalanes), tiene que entender las diversas informaciones que concurren en los condicionantes de la desigualdad. En este sentido, el ex ministro de Economía afirma que la distribución del PIB por autonomías no confirma el extendido prejuicio de que su desigualdad sea mayor en España que en los países de la UE. Por el contrario, los datos prueban que España es uno de los países europeos con menor grado de desigualdad territorial. Luego si se tienen por gente de izquierda ERC, convendría que no acercase su postura a la mantenida siempre por el PNV. De lo contrario caerá en los cienos de este bajo y desdeñoso partido nacionalista vasco.
24/01/2006 en Actualidad | Enlace permanente
Estado autonómico contra `cantonalismo´
En la intervención que abrió en Madrid la reunión del Comité Federal del PSOE, en la que calificó de "ejemplar" el trabajo que se está desarrollando para lograr un acuerdo respectivo, su secretario general y presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, efectuó el pasado fin de semana un llamamiento a las fuerzas políticas catalanas para que hicieran un 'último esfuerzo' en la fase final de la negociación del Estatut. Subrayó que se está en la actualidad en la fase final del intercambio de "las últimas ideas y propuestas", que dijo que es la forma de avanzar en una democracia madura, "cuya hoja de ruta ha de ser siempre el entendimiento y el diálogo".
Zapatero garantizó que el resultado será "un Estatuto conforme en todo a la Constitución", que responda al interés general, que mejore el autogobierno, en el que puedan sentirse identificados todos los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña y que integre mejor a esta Comunidad "en la España que -dijo- todos llevamos en el corazón".
El presidente del Gobierno recordó que en los últimos días se ha venido diciendo que el PSOE quería llegar con un acuerdo a la reunión del sábado para que no hubiera discusión en el seno del Comité Federal. "¡Qué poco nos conocen! ¿Cómo no va a haber en este partido discusión, debate y análisis sobre la situación de España, su futuro y la tarea del partido y del Gobierno?", se preguntó. Recordó que el proyecto socialista defiende las reformas estatutarias con el máximo consenso posible porque esas modificaciones y la descentralización política le han sentado bien a España y a la democracia. "A la España democrática, claro; la única España en la que creemos y con la que se identifican los ciudadanos", precisó el líder del PSOE, quien consideró que el Estado de las autonomías ha sido uno de los factores decisivos del incremento del bienestar entre los españoles.
Como aval de las reformas estatutarias en trámite –la valenciana y la catalana- destacó que mejorarán la convivencia desde el entendimiento de las identidades, lenguas, culturas y diversas formas de ser. Y así precisó que su "compromiso y deseo" es que Cataluña tenga un nuevo Estatuto, pero igual que la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y todas aquellas Comunidades que así lo promuevan para lograr "una España más moderna y más fuerte". Bueno, por lo menos ante sus compañeros de partido, y quizás porque es patente la división que este tema está produciendo dentro de él, las palabras del presidente denotan más sabiduría política que la demostrada últimamente. Regresa en su discurso evidentemente a las innegables virtudes del proceso autonómico. Sin embargo, hay que recordar a los políticos que llevan el mando de este país en la actualidad una limitación bastante marcada de las autonomías: lejos de facilitar el desarrollo de la cultura política inspirada en la solidaridad de los pueblos, ha potenciado el arraigo de ideologías partidarias de formular el problema como respeto a la especificidad. De hecho, la política española ha ido impregnándose paulatinamente de cantonalismo. El mejor baluarte de esta postura reaccionaria es el independentista Josep Lluís Carod-Rovira, presidente de ERC, que anunció el día siguiente, en la noche del domingo día 22, el rechazo ya definitivo de ERC a la fórmula sobre la definición de Cataluña como nación pactado entre el PSOE y CiU, y expresaba su voluntad de seguir negociando en los próximos días el modelo de financiación y otras cuestiones. Según Carod-Rovira, para ERC "nada ha cambiado" tras la reunión mantenida con el presidente Zapatero en la Moncloa, y Esquerra "no está dispuesta a decir que 'sí' a un nuevo Estatut" que "se aleja tanto del aprobado por el Parlament" y sobre el cual "aún quedan demasiados aspectos abiertos y sin concretar".
Para el líder republicano catalán, CiU "se ha precipitado" y ERC no piensa caer en "el mismo error que cometieron los partidos en 1979 cuando regresaron a Cataluña diciendo que habían aprobado un Estatuto sin precedentes y el mejor que podía lograrse, cuando lo cierto es que no era así y que se podía haber conseguido mucho más".
Sobre la fórmula pactada con CiU para quitar del articulado la palabra nación y colocarla en el preámbulo, ha subrayado que Esquerra la ve como "una solución legal inaceptable" que su partido "se ve obligado a votar en contra" ya que "desgraciadamente el PSOE ya considera esto absolutamente cerrado". "Es lógico que no quiera hablar más de ello, -ha admitido- porque después de que CiU ya haya aceptado quitar la palabra nación del articulado y ponerla como la han puesto en el preámbulo, el PSOE ya lo tiene solucionado, pero para nosotros no es aceptable". Su independentismo es tajante y causa fiel del anticatalanismo que crece en España a marchas forzadas. Evidentemente la foto de Carod y sus compadres es muy antipática para los españoles, como indican numerosas encuestas. Pero esto a él le es indiferente, mientras tenga su “escala” de voto en Cataluña. Pero, ¿y si bajara ésta?, debido a su intransigencia y falta de diplomacia. Es probable que la burguesía más “concernida” lo abandonase, como ha hecho esta clase social en momentos similares del pasado.
Como relataba Juan Trías Vejarano, catedrático de Historia de las Ideas Políticas, en un serio artículo (vid. “Política de Estado y cantonalismo”, publicado en El País el 27 de enero de 1992), este método compone lo más opuesto a una política de Estado, que tiene siempre presente la globalidad, mientras que el cantonalismo –representado hoy por los peneuvistas, los abertzales pro-etarras y las gentes de ERC y grupos afines-, se dice de ordinario, hace rancho aparte. Contra las premisas de quienes alegan que el Estado de las autonomías postula unas expresiones políticas diferenciadas, recalca Juan Trías, las autonomías se dan en el marco de un Estado y su mismo desarrollo exige una política de Estado. A la hora de pensar la articulación de las voluntades políticas en el plano estatal, casi ni siquiera se piensa en un modelo confederal. Sin embargo, y por el contrario, ZP y el cuatripartito catalán han acudido en los últimos tiempos a uno basado en alianzas, lo que ha hecho intrincado y laborioso el consumar una política de Estado, dada la inclinación al cantonalismo. El mejor ejemplo es la respuesta contundente que está recibiendo en todos los medios de comunicación, por parte de las firmas más variadas y de las plumas más valoradas e independientes de este país.
Desde que Jordi Pujol lo expresara en el debate de las Autonomías celebrado en el Senado en 1994, Cataluña se ha creído por boca de sus líderes políticos, no sólo por la lengua, la economía y la evolución social, sino también por la Historia, un "hecho diferencial" dentro de España. Los nacionalistas catalanes han visto siempre con reservas la llamada equiparación, por considerar que la frontera entre nacionalidades y regiones ofrecida por la Constitución quedaba desdibujada. De entonces data la reivindicación de Pujol de un "giro autonómico" que recoja el "hecho diferencial". En segundo lugar, este hecho diferencial impide que Cataluña "acepte" que las demás autonomías tengan las mismas competencias que Cataluña. Y, como tercer aspecto, corolario de todo ello, Cataluña es una especie de poder soberano que "pacta" con España -o con la Corona- su integración en el Estado, que asumirá lealmente siempre y cuando se la considere "diferente", esto es con competencias por encima de los demás y de alguna manera "soberana". Trascienden, para nuestros aires, en ese temperamento varias esencias de la burguesía catalana dominante de su sociedad. Un freno éste al encaje en nuestra realidad constitucional y de más difícil acoplamiento en la objetividad de los hechos históricos, económicos, políticos y sociales. Ecuanimidad que a los nacionalistas comúnmente, como demuestra Carod y evidencia Ibarretxe, les importa un pepino.
La Historia aducida, como argumento de autoridad, por los elaboradores de la reforma estatutaria salida del Parlamento catalán en 2005 no coincide con otras historias. Estas discrepancias demuestran que son síntoma de una realidad compleja, sinuosa y nada lineal, como pretende la Historia puesta al servicio de la causa nacionalista. De otra parte, el "hecho diferencial" no puede justificar una violentación de la Constitución. La misma contradictoria actuación de PNV, CiU o ERC durante legislaturas anteriores en el Parlamento español evidencia que, afirmaciones ambiguas al margen, no pueden asegurar la permanencia de autonomías de primera y de segunda, sino un modelo único con dos vías de acceso. Ante ello, ni Cataluña puede sobrepasar el techo autonómico ni puede ser negado al resto.
Lo mismo que Euskadi, Cataluña sabe que para contemplar los "hechos diferenciales" se elaboró el título VIII. Desde éste, desarrollando sus estatutos, pueden ambas nacionalidades velar por su respectiva personalidad. Y a fe que lo están haciendo, a veces incluso a costa de las libertades. Ni el País Vasco ni Cataluña pueden pactar con nadie porque la "soberanía" de su Estatuto y de su Parlamento son soberanías derivadas de la soberanía de España.
Los padecimientos provocados por los nacionalistas vascos y catalanes -que causan a ráfagas daño a España, a Cataluña y al País Vasco, no pueden negarlo- radican en la confusión entre lo que es arte, técnica o facultad política y lo que pertenece a otros contornos que, casi nunca, están en discusión. Porque, de estarlo, deberíamos entrar en un nuevo proceso constituyente como paso previo a los vítores de la independencia respectiva. Y ahí "la cosa" no sólo no sería igual de permisiva, sino que se haría a partir de un pulso violento en todos los órdenes. Los “murmullos de los militares” oídos en las semanas pasadas, con la voz explícita del general Mena a la cabeza, demuestran esto último. El título VIII está lleno de defectos, pero, como puntualizó José Miguel de Azaola, se adapta bastante bien a la realidad española de 1978, que, en lo esencial, no ha variado en el 2006. En esta circunstancia, no valen las recetas diferentes para rehacer la estructura institucional basada en su articulado. Ello se debe a que la revisión a fondo de este último plantearía hoy, e igualmente en un futuro nada corto, más problemas que los que pretendiera resolver, y, además y fundamentalmente, daría como resultado un texto demasiado parecido al actual. La raíz del mal que en ese ámbito aqueja a España no está en las instituciones, sino en el espíritu nacionalista -centrífugo por una parte, centrípeto por otra- que anima a los partidos políticos y a sectores muy amplios de la opinión pública. Estos nacionalismos, de uno u otro signo, denunciados con acierto por Ignacio Sotelo, por deplorables que resulten en ocasiones, están ahí y seguirán durante mucho tiempo y, pese a que no les gusten a bastante público, en la medida en que se comporten democráticamente, será inevitable contar con ellos; tanto para desempeñar las funciones de Gobierno como para ejercer una oposición realista y constructiva. La lógica política determina que es irracional el planteamiento efectuado por las comunidades históricas sobre el debate de la singularidad alrededor de unos términos de diferenciación en el nivel competencial. Pero resulta lo mismo de incoherente que las comunidades carentes de esas singularidades (lingüísticas, sobre todo) fijen sus propias reivindicaciones no tanto en función de sus necesidades como en virtud del principio de no tener menos que nadie. La anulación de ese equívoco necesita una recomposición del consenso entre el PSOE y el PP, los dos grandes partidos nacionales. Ambos tendrían que confesar la inexistencia en el momento político de una justificación de varios de sus afanes por acentuar las diferencias sobre el Estado autonómico, en que se han enzarzado a lo largo de 2005. Las tensiones añadidas en este terreno, por si fuera poco, han derivado en resultados nefastos para la cohesión nacional, polarizando artificialmente a la opinión pública hasta ser coronada con epitafios de mal grado, pronunciados casi siempre por los habituados a fustigar duramente la tentación apocalíptica de algunos políticos, demasiado absorbidos por su confrontación personal, hasta derivar en argumentos manipulados de confrontación civil. Y esto es falso, es solamente un gratuito maniqueísmo irreal y poco fundado.
23/01/2006 en Política | Enlace permanente
Una de las grandes paradojas actuales, en términos globales, del progreso de la democracia electoral se encuentra en el chocante estancamiento del ejercicio real de la soberanía ciudadana. Las razones son muchas, pero crucialmente se ha debilitado la democracia al carecer de la legitimidad amplia y suficiente de sus ciudadanos/as que respalde las políticas de Estado y refuerce a la vez los diversos procesos de participación democrática.
Así han salido a la luz distintos modelos de tipo causal y carácter descriptivo, a través de los cuales se busca visualizar la dinámica del proceso de participación, desde su lógica más básica y puntual, hasta las más amplias expresiones de participación sistemática, que principalmente se refieren a procesos coordinados y articulados que permitan la generación de masas críticas que realicen mayor presión para lograr un cambio en las Reglas de Juego existentes.
Sólo haciendo pleno uso de nuestros derechos y siendo responsables en los procesos de participación podremos ser generadores/as de cambios a gran escala, con responsabilidad, comprometidos/as hacia el largo plazo y teniendo una visión holística e interdependiente que sea la guía universal de nuestro comportamiento como especie. Y esto es lo que mueve, al final, nuestros aires. Deben recordar estos un diagrama causal bastante simple, que permite ver siempre dos categorías diferentes y claves de la Participación: 1. la Participación Individual y el grado de Civilidad y 2. la Infraestructura básica de las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada, a través de las cuales se canaliza y articula la participación para aunar esfuerzos y conseguir objetivos comunes. De esta forma se visualiza el comportamiento de la participación en general y el rol fundamental que tiene la participación individual en el fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Ese modelo básico comienza centrándose en la participación individual, atendiendo a dos elementos principales, la Participación en sí, como base (acción) y aquel motor que lo impulsa –la Civilidad- que hace posible el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos reconocidos.
El grado de civilidad está indefectiblemente guiada por el nivel de concienciación logrado y aquel marco referencial de valores y principios que alimenta el respeto por las demás personas, junto al compromiso por la vida. Preceptos que se entienden como “básicos o fundamentales” en una Sociedad. Así se evidencia un bucle muy claro, cuyo recorrido dentro del diagrama causal comienza con el grado de civilidad, pues: “A mayor Civilidad, mayor Participación (la cual depende de la información con que cuente el individuo), mayor presión política (la cual genera una repercusión) y por ende una mayor búsqueda/consecución de políticas adecuadas a través de la inclusión en la Agenda Política. Esto requiere el fomento constante de esta forma la Democracia Participativa, la cual retroalimenta la Sociedad al influir directamente en el grado de Civilidad. De esta forma se nutre un círculo virtuoso, que refleja la importancia del pleno uso de los derechos adquiridos, a la vez que potencia mayores índices de responsabilidad individual y colectiva. En este último círculo se han movido varios de los últimos artículos publicados en este blog, que ha tenido la honra de ser leído por los asesores directos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, y quién sabe si por el mismo Presidente. Como testimonio de lo dicho y apunte de participación democrática directa en el Reino de España en fecha 15 de enero de 2005, damos traslado de este vivo ejemplo, porque así se hace también política transversal y activa. Luego, como todo influye en la opinión, esperamos haberlo hecho –aunque sea en una micro-millonésima parte- en la decisión de la Fiscalía General del Estado de haber tomado la decisión legal más honesta en el asunto de impedir el ilegal Congreso de Batasuna. Vean queridos lectores.
Este era el correo del editor de Los Aires de La Parra:
-----Mensaje original-----De: Juan Andres Buedo [mailto:jabuedo@telefonica.net]Enviado el: domingo, 15 de enero de 2006 14:44Para: BzPortalPresidenciaAsunto: España, con la mentira a cuestas
Señor José Luis Rodríguez Zapatero:
Aunque soy consciente de que el protocolo me obliga a guardar con Vd. un mínimo de educación y formalidad en el trato, en su calidad de Presidente del Gobierno de España, como ha logrado sumergir la vida política española de la última semana en un mar de intranquilidad, de nervios y cierta sensación de que ni se gobierna ni tampoco se hace bajo las miras y el espejo del máximo interés nacional, y sí a favor de los nacionalismos periféricos, de las tasas electorales y de los personalismos de “carrera” de más de un político oficiante, comenzando por los ocupantes del poder, otra vez le encaro con la reflexión del último artículo de http://jabuedo.typepad.com/aires_de_la_parra/. Como siempre hago, el fondo de ese pensamiento político es el reflejo final de más de veinte artículos publicados en más de diez diarios nacionales durante los últimos dos días, pertenecientes a los mejores periodistas que, desde la derecha a la izquierda democráticas, expresan su opinón más o menos libremente. Por descontado, lejos quedan de mi el pago de prebendas o los soliloquios ideológicos. Nací pobre y así moriré, pero mi defensa de la Justicia siempre será moralmente justa y no quedará nunca en medias verdades o mentiras consumadas.
Profesor de Ciencias Políticas y Sociología
Y esta era la respuesta electrónica al mismo:
Su correo ha sido recibido en el buzón del ciudadano del Ministerio de la Presidencia. Hemos leído atentamente su mensaje y le damos las gracias por usar este servicio. Un saludo, El subrayado es del editor, que así se ratifica en la demostrada y eficaz estrategia de coordenadas institucionales, dispuestas para facilitar en los países más dinámicos, por tanto, en mayor o menor medida, la incorporación de ciudadanos/as para que sean parte de la su sociedad; consiguiendo alentar un sentido de pertenencia que se ve reforzada por la “identidad individual”, con el ánimo de inclinar colectivamente la balanza en determinada dirección y cambiar así, colectivamente, las Reglas de Juego existentes. Esa identidad es la que pide a marchas forzadas la puesta en práctica de una cultura política española adaptada a los valores del siglo XXI. Una civilidad que reniegue del terrorismo, pero en la que quepan todos los ciudadanos, con independencia de que unos se sientan de izquierdas y otros de derechas. La ideología no ha de romper nunca el sentido de Estado.
17/01/2006 en Sociedad | Enlace permanente
Puntos y comas en el Estatuto de Cataluña (X)
Aunque todavía sigue sin definirse qué es Cataluña, el Gobierno ha hecho llegar a los negociadores catalanes sus propuestas alternativas a 129 artículos del proyecto de Estatuto, recogidas en 58 páginas y que no difieren en exceso del documento que ya entregó en diciembre al cuatripartito, aunque introduce puntuales modificaciones en concordancia con los acuerdos cerrados en los últimos días en determinados artículos.
El PSOE acepta introducir matices en el título de competencias, para aproximarse a las posiciones catalanas, y avala que la Generalitat participe en las delegaciones españolas ante la UE que traten asuntos de la competencia legislativa de la propia Generalitat y especialmente ante el Consejo de Ministros y los órganos consultivos y preparatorios del Consejo y de la Comisión.
Con todo, el nuevo documento de trabajo elaborado por el Ejecutivo deja sin especificar la definición de Cataluña en el artículo 1.1 del Estatuto y elude pronunciarse sobre el título de financiación, dos de los aspectos de más difícil resolución, pero sí detalla las propuestas de los socialistas en torno al resto del texto estatutario. Pero el texto ya incluye la definición de las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas de la Generalitat, pactada definitivamente en la cumbre multilateral del pasado viernes en Madrid entre los negociadores del Gobierno y del cuatripartito favorable a la reforma estatutaria, es decir, CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.
Hoy mismo, uno de los padres de la Sociología española del tiempo presente, Salustiano del Campo, presidente además del Instituto de España, publica en la “tercera” de ABC un artículo muy profundo y esclarecedor desde el mismo título: España en la encrucijada. Explica ahí largamente la distinta interpretación que se hace en Norteamérica y en Europa de la relación entre sociedad y política. Y al encararse con España determina que nuestra sociedad “parece hallarse en estos momentos en una encrucijada a causa de su complejidad y del funcionamiento inadecuado de su sistema político”. Atentos al dato, porque igual que este gran maestro, una inmensa mayoría de los sociólogos de “segunda generación”, alumnos suyos y, como hemos demostrado también durante largos decenios, a la hora de juzgar los “males de la patria”, compartimos los cuatro ejes que ha vuelto a recordar en el dibujo del cuadro global al que nos enfrentamos en estos instantes. Esto es, el de una sociedad avanzada sujeta a unos fundamentos de hecho que no puede nadie pasar por alto si pretende gobernar con perspicacia y aceptación ciudadana: pasado-futuro, tradición-modernización, derecha-izquierda, y universalización-particularismo, que se entrecruzan en sus acciones y efectos, y, por supuesto, determinan este marco complejo que elucida sin dudas lo que está pasando en nuestra sociedad. Y lo que sucede tiene su repercusión directa en los principales “sistemas”, que llama Salustiano del Campo; o sea, en el educativo, el político, el territorial, el de estratificación, el cultural y hasta cierto punto el económico.
Aquí, al continuar poniendo puntos y comas en el Estatuto reformado de Cataluña, no podemos dejar a un lado el eje del universalismo-particularismo, puesto que el aludido catedrático lo sintetiza de forma clarividente:
“…tiene bastante más incidencia en las sociedades europeas que en las de Norteamérica. Así, a escala personal, los americanos han sido siempre más propensos a unirse para actuar en los asuntos públicos fundando asociaciones, como ya observó sagazmente Tocqueville, mientras que los europeos se han decantado más por los liderazgos fuertes, que en varias ocasiones les han conducido a desastres tremendos, y por los nacionalismos de nuevo cuño. En Europa, los ciudadanos de algunos países tienden a identificarse más con su región de origen, o incluso con el lugar de su nacimiento, que con la gran formación nacional a la que pertenecen. Por otra parte, nuestra modernización no ha destruido fuertes lazos familiares y de amistad, que en otros países que se urbanizaron mucho antes se encuentran ya más diluidos”.
Esos principios poseen una gran influencia en la degeneración y hasta en la destrucción de ciertas instituciones básicas, como consecuencia de no manejar elementos procedentes del conjunto de sistemas, saltándoselos a la torera y no midiendo en las decisiones políticas hechos y pautas que sobreseen –es de desear que en la mesa de negociación del Estatuto catalán tenga esto muy en cuenta- un principio inalienable en el debate político. Este precepto, como recuerda Salustiano del Campo es que “como la sociedad somos todos y es de todos, el arreglo de lo que no va bien en España sólo puede intentarse a base de consenso”. Entonces, ni la mayoría absoluta de José María Aznar, antes, ni ahora la mayoría minoritaria de José Luis Rodríguez Zapatarero, dan nunca soluciones duraderas por culpa de la ausencia de consenso. Los Aires de La Parra por eso solicitan una atenta lectura de este párrafo de nuestro sociólogo, al recordarnos las sombras que nos esperan durante el futuro inmediato en el caso de desdeñar la petición de la doctrina, que es la nuestra:
“Nuestras sociedades, escribía Tocqueville, son sociedades de opinión pero el consenso, que es una planta natural en el medio norteamericano, solamente brota aquí de modo desigual y esporádico y se asienta por largo tiempo, o para siempre, en algunos países, como los escandinavos y, cuando no se logra, conduce a otros, cultos y refinados, como los centroeuropeos, a ejemplos imperdonables de horror. Entre los países europeos en los cuales el consenso surge de tarde en tarde nos encontramos nosotros, que con la modernización hemos incorporado a nuestra sociedad la democracia y vivimos en ella desde hace 30 años. Somos un país en el que la tendencia hacia la polarización de las opiniones y las actitudes ha malogrado ocasiones excepcionales del siglo XX, como la de la II República. A la muerte de Franco, sin embargo, el consenso cuajó y nos ha traído la paz y la prosperidad que disfrutamos”. Contra las caras enervadas e inquietas de los dirigentes de la que se ha dado en llamar “tercera generación de la democracia”, cuya cúpula ostenta Rodríguez Zapatero, que da síntomas de cansancio en los signos que marcan las fórmulas de la prosperidad y la cohesión social disfrutadas desde la muerte del anterior caudillo militar salido de la guerra civil del 36, la experiencia –que la exterioriza en el día a día la cara del ejemplar Rey timonel de la Transición- reclama una “bajada de humos”, orillando las “veleidades y antagonismos como los que nos han dañado tanto a lo largo de los últimos siglos”. Acaso, es tan duro ¿vivir juntos y en paz? ¿Tanto cuesta contribuir al bienestar del país con prodigalidad y sensatez social, reduciendo justamente las diferencias entre los ciudadanos y las regiones? ¿Es que los españoles poseen un temperamento que les impida una tolerancia drástica de opiniones? De ningún modo, antes bien, la sociedad en su conjunto, las muy variadas encuestas realizadas sobre esta materia subrayan –y así hace lo propio Salustiano del Campo- todo lo contrario y donde mejor se expresan es en las elecciones. Los resultados electorales, termina nuestro maestro, en contadas ocasiones se han equivocado, y si lo han hecho es por “acciones mal enfocadas de algunos sectores de la clase dirigente de la transición”. Confiemos también esta vez en el electorado, el actor político en posesión de la verdad que “votó reforma cuando procedía, cambio cuando llegó el momento y consolidación cuando estaban madurando las cosas”. Es de desear que sus representantes en el Parlamento español en estos momentos miren las urnas al poner cada punto y cada coma en la reforma estatutaria a la que ahora y en los próximos meses dedicarán su tiempo. De lo contrario, el electorado les pedirá cuentas.
16/01/2006 en Actualidad | Enlace permanente
España, con la mentira a cuestas
En los últimos días cada vez que aparece en la televisión algún dirigente del PSOE la apago, y otro tanto de lo mismo hago cuando emite declaraciones en la radio. He llegado a la conclusión que, con la entrada en el Congreso para reformar el Estatut, en la palma de la mano y en el "cor" de sus respectivos nacionalistas, se han vuelto todos unos mentirosos. Han perdido carácter y espíritu de Estado para el ejercicio de la política, en la que ya no tratan de mantener unos planteamientos ideológicos y ponerlos en práctica, respetando las reglas de juego democrático, sino que sólo buscan unos resultados con plusvalía electoral, para los que no les importa falsear, desnaturalizar, inventar, mentir y censurar sin pensar ni un instante en el pueblo ni en el país, ni aquí ni allá, ni en el centro ni en la periferia. Sólo les importa a esos bandos mantenerse en el poder. La honestidad política se la pasan por el sobaco. Siendo sus tres mayores actores el Rodríguez, Pepino Blanco y Pepe Bono, siguiéndole a poquísima distancia Rubalcaba y toda la corte de “progresistas” pasados de moda, porque llevan la ropa usada y el verbo ineficaz esgrimido en estos últimos veinte años. Muy poco bagaje.
Habladores y hasta teatrales, balancean su criterio a su modo, peculiar cada uno, pero dosificado por un populismo incauto que está dando alas a esas minorías de petulantes y vanagloriados analfabetos que existen en toda sociedad y que, desde las letrinas de su mente, se permiten defecar groserías y graves injurias contra los militares españoles, como ha hecho alguno en el retrete de Avui.
Viendo esto, no es de extrañar que hasta los máximos avaladores de ZP y sus muchachos, como la periodista Julia Navarro, empiecen a tener dudas. Decía ésta todo los siguiente en Diariocrítico.com varios días atrás:
Cataluña no es una nación12/01/2006
Cataluña nunca ha sido una nación. Al menos no lo ha sido más que el viejo reino de Asturias, el de Castilla, el Califato de Córdoba, o el de Valencia. Pero la Historia se puede tergiversar y reescribir y eso es lo que llevan años haciendo los partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes. Ahora nos encontramos con que el PSC gobierna Cataluña y los socialistas de toda España se han convertido en rehenes de Pascual Maragall. Para que este señor gobierne y dé rienda suelta a sus sueños de ser presidente de una 'nación', el PSOE está dispuesto a sacrificarse hasta el suicidio. Bueno, en realidad el PSOE no, sino los actuales dirigentes del PSOE.
A Zapatero, dicen y dice, no le preocupa la definición de Cataluña, no se si por ignorancia, por frivolidad, o por inconsistencia política y, como no le preocupa, nunca ha puesto obstáculos a que Cataluña se defina como nación, aunque, todo hay que decirlo, si le ha inquietado lo que dicen las encuestas al respecto.
De manera que ya sabemos, según cuenta los 'barones' que cenaron en Moncloa, que en el preámbulo del futuro Estatuto catalán figurará que Cataluña es una nación, y añaden, ¡pobres! que como eso no tiene valor jurídico, pues que por aquello de no hacer difíciles las cosas a Zapatero, lo aceptan. Así que vamos a asistir al espectáculo de ver como el PSOE haciendo de tripas corazón y tapándose la nariz va a aceptar que Cataluña se denomine nación en el preámbulo del Estatuto.
Llegados a este punto, cabe preguntarnos cómo es posible que José Luis Rodríguez Zapatero nos haya traído hasta aquí, y además mantenga que con sus reformas estatutarias va a lograr dejar cerrado el problema territorial para los próximos veinticinco años. En realidad hoy hay más problema territorial que antes de que él gobernara. Pero es que además es absurda esa carrera para conformar a los partidos nacionalistas, incluido el PSC que es nacionalista no socialista, porque el fin de un partido nacionalista es la independencia.
A mi me parece un error esta política de Zapatero, un error con consecuencias no sólo para el PSOE, que en todo caso sería lo de menos, sino para nuestro país en su conjunto. Y sobre todo me parece que Zapatero no habría ganado las elecciones si hubiese dicho a los españoles lo que se proponía hacer de verdad. Yo desde luego no le voté para esto. Y así piensan, en efecto, muchos de sus votantes, sobre todo los situados en un espectro de centro sociológico que le votaron por estar hartos de otras mentiras, las del PP ante el acto terrorista del 11-M y porque no soportaban ya la prepotencia y la falta de diálogo de José María Aznar en los asuntos de Estado.
Cuestión muy seria es la mentira implícita de la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega al decir –igual lo afirma hasta convencida, en cuyo caso es una analfabeta política que no debería ocupar ese cargo- que la expresión "nación", referida a Cataluña, "la sacamos del texto articulado [del proyecto de Estatuto de autonomía] para no producir ningún tipo de efecto jurídico y la llevamos al preámbulo para respetar también, que creo que es muy importante, ese sentimiento mayoritario". ¡Joder! Y tiene la cara de decirlo. ¿Pero acaso ignora el fondo de la teoría y la práctica de los efectos jurídicos y la función de los preámbulos de las leyes? ¿Acaso no se hallan estos en el esclarecimiento de la voluntad del legislador? Bástenos por ahora trasladarle a esa ministra las puntualizaciones de Ramón Pi, hechas también en Diariocrítico.com:
Preámbulo12/01/2006
Primero. Los sentimientos que aspiran a figurar en un texto legal pretenden tener efectos jurídicos. De lo contrario, no aspirarían a plasmarse en un texto legal.
Segundo. Si no se quieren efectos jurídicos para un término o una expresión, no se incluyen en un texto legal, sea en el preámbulo, en el articulado o en las disposiciones transitorias, adicionales, finales o derogatorias.
Tercero. Si se quiere respetar un sentimiento, individual o colectivo, mayoritario o minoritario, se organiza un homenaje, se hace un regalo, se escribe una carta o se da un premio, pero no se hace una ley orgánica. Cuarto. Toda esta vergüenza por la que tiene que pasar la señora Fernández de la Vega (cuya profesión es el Derecho) obedece a estos propósitos: a) A que no quiere dejar de ser vicepresidenta del Gobierno. b) A que ha de sacar a su presidente del colosal lío en que se ha metido. c) A que ya se le ha endurecido la epidermis y le da igual hacer el ridículo o no, mientras se cumplan los dos propósitos anteriores. ¿En qué manos estamos, Señor?
Esto mismo nos estamos preguntando en nuestros aires.
15/01/2006 en Actualidad | Enlace permanente

References: sui generis
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 147
 artículo 2
 artículo 1