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Timestamp: 2020-01-24 08:05:09+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 573-3885, de 30/07/2015
cve: BOCG_D_10_573_3885
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.145, Núm.exp. 121/000145)
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Palacio del Senado, 20 de julio de 2015.—Jesús Enrique Iglesias Fernández.
La actual ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad era una ley ambiciosa, que substituía a la Ley 4/1989, de conservación de la naturaleza, que ya había quedado desfasada, e incorporaba al ordenamiento español las exigencias europeas e internacionales en materia de biodiversidad. En cambio, este proyecto de ley no modifica en nada significativo la ley vigente, desaprovecha la oportunidad de solucionar cuestiones como la munición de plomo, los cebos envenenados y los fitosanitarios, y retrocede en algunos aspectos tanto competenciales como de conservación y protección ambiental.
En cuanto a algunos de los elementos negativos, se otorga al Ministerio de defensa potestades que hasta ahora no tenía, y se incluyen entre los objetivos de los planes de gestión de la Red Natura las actividades económicas, cuando se deberían centrar en la conservación de las especies y los hábitats, tal y como establece la propia directiva. De nuevo se lleva a cabo una recentralización de competencias, esta vez en la gestión del medio marino. Es un claro ejemplo de la política de goteo pero a menudo de desborde con el fin de construir un estado cada vez más centralizado. No se ha considerado ni si quiera el principio de subsidiariedad y los beneficios que comportaría la gestión del medio marino por parte de las Comunidades Autónomas, que en la actualidad ya ostentan la titularidad de algunas de las competencias sobre el mismo.
Tampoco se entiende que se modifique una ley cuando existen elementos sin desarrollar de la misma, como las directrices para la ordenación de los recursos naturales, la aprobación de los planes sectoriales, la creación del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, la correcta dotación del Fondo para el Patrimonio Natural y Biodiversidad o el impulso del plan estratégico, centrándose en el desarrollo de las acciones de prioridad 1.
El Gobierno plantea, una vez más, una reforma innecesaria en la que no se incorporan mejoras substanciales para la conservación del patrimonio natural y la mejora de la biodiversidad y se produce una recentralización de competencias además de incluir algunos elementos de retroceso ambiental.
Por las razones antes expuestas, principalmente por cuestiones de contenido, pero también de oportunidad consideramos que el Gobierno de España debe retirar este proyecto de ley.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El presente Proyecto de Ley supone una descarada e inaceptable invasión de las competencias autonómicas en favor de una recentralización estatal. Esta ansia legislativa en el Proyecto de Ley contrasta con la pasividad en la protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en otros ámbitos de competencia estatal, como por ejemplo a la hora de desarrollar medidas para la consecución de los objetivos comprometidos en el Convenio Europeo del Paisaje que el Estado español ratificó.
Asimismo, es paradójico que los objetivos que afirma pretender la ley se subordinen a los intereses que determine el Ministerio de Defensa respecto a los terrenos de su propiedad, algunos de ellos contaminados por la acción del Ejército y en otros casos, terrenos de disfrute exclusivo de los militares (simples prebendas), herencia de otras épocas históricas.
Por otro lado, nuevamente una disposición adicional afirma que «Las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer ningún incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal». En definitiva, que la página 36 del Proyecto de Ley deja en papel mojado las anteriores 35.
Por todo ello, se presenta la siguiente enmienda de veto de devolución del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Palacio del Senado, 27 de julio de 2015.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
Por las razones antes expuestas, principalmente por cuestiones de contenido, pero también de oportunidad presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Palacio del Senado, 27 de julio de 2015.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El texto del Proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad evidencia una falta de conocimiento de la realidad, de los conflictos y de los condicionantes que afectan a la biodiversidad y a la conservación ambiental de nuestro país, así como de la complejidad que caracteriza a sus entornos naturales.
Poco o nada aporta este proyecto sobre el anterior, a pesar de que han transcurrido ocho años desde su aprobación, en los que los problemas y el conocimiento sobre el medio y su diversidad, han puesto en evidencia la necesidad de nuevas estrategias y nuevas normas. Normas que requieren de una visión global y de una acción integrada que tengan en cuenta las circunstancias y los entornos socioeconómicos relacionados con los hábitats.
No resulta nada útil burocratizar la gestión medioambiental, ni responder, en el proceso legislativo a las simples inercias, únicamente para aumentar las estadísticas legislativas. En el caso de la preservación de la biodiversidad, se deben abordar los problemas estructurales de fondo que la amenazan y que en muchas ocasiones tienen que ver con la desaparición de los pueblos de las zonas de montaña, en particular y, del mundo rural en general, y sus actividades tradicionales que han conformado paisajes y culturas, creando los espacios naturales que hoy están amenazados por fenómenos diversos.
Actualmente, se requiere un nuevo marco normativo. Un marco fruto del diálogo con los auténticos protagonistas, los hombres y mujeres del mundo rural y sus asociaciones e instituciones representativas, a los que nunca se les pregunta sobre los efectos del «normativismo exprés», impulsado desde una concepción urbana del medio, que desdibuja y entorpece la preservación.
Sería hora de cambiar conceptos básicos para asegurar que el principio de conservación de la naturaleza debe y ha de incluir las comunidades humanas, sus actividades y el papel esencial de las actividades tradicionales, sin las cuales no existirá el paisaje, ni su biodiversidad.
No se puede concebir un marco de preservación sin estos conceptos, ni sin el reconocimiento del esfuerzo del mundo rural y en especial de las zonas de montaña en su inestimable aportación a este objetivo. Por esta razón, el actual texto adolece de sentido de la realidad y de las condiciones normativas que permitirían afrontar los retos que nos impone la preservación de nuestro patrimonio natural.
La Declaración de Río, adoptada en el seno de la Conferencia Naciones Unidas del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible proclama: «Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza». Este principio ha de ser respetado y ha de impregnar las políticas relacionadas con el medio, que no pueden ni deben, impulsar normas sin tener en cuenta la estrecha relación de nuestro medio y las comunidades que lo habitan.
Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto al Gobierno del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Palacio del Senado, 27 de julio de 2015.—El Portavoz, Óscar López Águeda.
Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, se ha empleado a fondo en el desmantelamiento de la legislación ambiental aprobada por los Gobiernos socialistas como la Ley de Costas, la Ley de Evaluación Ambiental, la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley de Parques Nacionales o la Ley de Montes, y ahora lo hace con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Con ello, el Gobierno pone en evidencia el convencimiento de la derecha española de que frente a la defensa que cualquier Estado hace hoy de sus recursos naturales, bienes públicos por excelencia el PP, sin embargo, demuestra que no puede admitir que el medio ambiente se interponga entre los intereses económicos y sus objetivos, privando a los ciudadanos de unos bienes cuyo disfrute les correspondería en términos de igualdad.
En tan solo tres años, las decisiones que ha tomado el Gobierno han hecho retroceder a España cuatro décadas en materia medioambiental, demostrando un enorme desprecio hacia la comunidad científica, eliminando cualquier cauce de participación ciudadana y en contra de cualquier iniciativa parlamentaria de los partidos de la oposición, evidenciando con el Proyecto de Ley este empeño.
Sin embargo, los socialistas entendemos la sostenibilidad como la combinación de dos principios, de dos virtudes que son importantes en la vida y muy importantes en la política: responsabilidad y solidaridad. Responsabilidad, para gestionar un capital que no nos pertenece; y solidaridad, con los que en el momento presente van a sufrir o a disfrutar las consecuencias de nuestros actos y, de manera muy especial, solidaridad con las generaciones futuras.
Cada generación está obligada a dejar las cosas mejor que como se las encontró. Aunque en materia medioambiental las generaciones que nos precedieron no estuvieron a la altura, bien es cierto que también podrían alegar en su defensa el desconocimiento o la necesidad, pero hoy en día no tendríamos excusa si no fuéramos capaces de frenar el deterioro que hemos heredado e impulsar un cambio en una deriva que puede llegar a ser irreversible.
El texto del Proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que ha presentado el Gobierno es prácticamente el mismo que el actual de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. No hay cambios de orientación, ni de filosofía, por ello, es una modificación innecesaria, no hace falta. Se vuelve otra vez a empezar un proceso legislativo que realmente no solo no soluciona los problemas existentes, sino que, o bien los agrava o bien crea otros nuevos.
Es una modificación de ley que no ayuda a la conservación y, a la vez, impone una burocracia administrativa asociada a la conservación totalmente innecesaria porque no integrar las políticas de conservación en la sociedad, no querer que los actores que la desarrollan sean las personas que están en el territorio, es un gran fracaso de los gobernantes.
El Proyecto de Ley sentencia las políticas de conservación alejándolas, todavía más, de la realidad del territorio, de los paisajes y de la gente, incorporando más análisis, más planes, más estudios, más órganos, pero que en nada contribuyen a acercar la conservación a la gente. Este texto no mejorará la conservación y no nos asegurará un modelo de gestión en donde uso responsable, preservación y gente, vayan de la mano.
Unido a ello, el Proyecto de Ley posee una clara vocación de crear confusión competencial porque es confuso, profuso y difuso, burocrático, excesivamente reglamentista y malamente aplicable.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, por el contrario, es una ley básica cuyo desarrollo corresponde a las Comunidades Autónomas que son a quienes corresponden las competencias en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad, mientras que el Gobierno, a través del Proyecto de Ley, confunde irresponsablemente dicho campo competencial. Así, la Administración General del Estado aparece a lo largo de todo el texto del proyecto para que «actúe», en paridad con las Comunidades Autónomas, «en el ámbito de sus competencias» cuando, en la mayoría de los casos, éstas no existen. De esta manera, el Gobierno consigue su verdadero objetivo: generar más ruido, más indefinición y más conflicto, creando más confusión sobre quién tiene que hacer o autorizar, o evaluar, las políticas y las situaciones.
Además, el Proyecto de Ley incorpora gran cantidad de detalles reglamentistas que ni se entienden ni corresponden a una ley básica. Presentar un texto como este merece todo el reproche de la Cámara y de las distintas administraciones porque lo que realmente necesitamos son leyes sencillas, y llevar el desarrollo legislativo y reglamentario donde corresponde.
En resumen, el Grupo Socialista considera que el Proyecto de Ley es una modificación innecesaria que no encierra un modelo político o una orientación, sino que condena a la política de la conservación al absurdo fango burocrático. El Proyecto de Ley nos hace retroceder otro paso atrás porque es un texto que genera confusión, alejando a la gente del territorio de la conservación aún más.
No se puede cambiar una ley que funciona para simplemente dejar el sello y la huella de las ocurrencias caprichosas de un Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la presente propuesta de veto, solicitando la devolución al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Palacio del Senado, 27 de julio de 2015.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
Mejorar el régimen jurídico básico para la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad es un objetivo deseable a alcanzar y que podría llevarse a cabo a través de una modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante su aplicación e incorporando al ordenamiento jurídico, novedades normativas en la materia derivadas del derecho internacional y del derecho de la Unión Europea. Pero debería acometerse, sin embargo, sin olvidar la distribución competencial que hemos tenido vigente en las últimas décadas, avalada por la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
El artículo 149.1.23 de la Constitución reserva a favor del Estado «la legislación básica sobre protección del medio ambiente y sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias». A su vez, corresponde a la Generalitat de Catalunya por ejemplo, de acuerdo con los artículos 110, 111 y 144 de su Estatuto, competencias exclusivas y competencias compartidas en espacios naturales y medio ambiente respectivamente.
La competencia exclusiva (Art.110 EAC) otorga a la Generalitat de manera íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Corresponde únicamente a la Generalitat el ejercicio de estas potestades y funciones, mediante las cuales puede establecer políticas propias. El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalitat, es el derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro. Y de acuerdo con el artículo 144.2 EAC, esta habilitación o capacidad de acción se le atribuye en materia de espacios naturales, respetando lo que dispone el artículo 149.1.23 la Constitución, pero incluyendo, en todo caso, la regulación y la declaración de las figuras de protección, delimitación, planificación y gestión de espacios naturales y de hábitats protegidos situados en Cataluña.
La competencia compartida (Art. 111 EAC) atribuye a la Generalitat en esta división entre la Administración General del Estado y la administración autonómica, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo, en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto. Y la competencia compartida incluye en todo en caso, entre otras, en materia de medio ambiente: a) El establecimiento y la regulación de los instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos; b) El establecimiento y la regulación de medidas de sostenibilidad, fiscalidad y búsqueda ambientales; c) La regulación de los recursos naturales, de la flora y la fauna, de la biodiversidad, del medio ambiente marino y acuático si no tiene por finalidad la preservación de los recursos pesqueros marítimos.
El Proyecto de Ley de modificación de la ley 42/2007, de 13 de diciembre que el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales, establece y prevé en determinados preceptos, una intervención y una capacidad de acción de la Administración General del Estado que rebasa o excede la prevista por el bloque de constitucionalidad. Sin duda, amplia sin justificación alguna el intervencionismo del Estado en materias que hasta el momento estaban reservadas a la regulación y gestión por parte de la Generalitat y de las demás administraciones autonómicas competentes en medio ambiente. Se atribuyen al Estado competencias que pertenecen a las comunidades autónomas, tal y como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que se pretende modificar, establecía. El Estado se convierte ahora en coautor de medidas o actuaciones que la Ley 42/2007 atribuía en exclusiva a las comunidades autónomas.
En nuestra opinión, para mejorar la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, no hay que cambiar necesariamente los sujetos de la acción, hasta ahora las comunidades autónomas, y de acuerdo con el texto del Proyecto de Ley «la administración general del Estado y las comunidades autónomas». Cambiar los sujetos de las acciones que de acuerdo con la normativa vigente corresponden a las comunidades autónomas, funciones ejecutivas o de gestión, es modelo de Estado (de Estado centralizado) y para nuestro Grupo Parlamentario un paso atrás, no es política de mejora medio ambiental.
Por todo ello, por la falta de adecuación y ajuste al marco competencial establecido, por suponer un ejemplo más de la práctica recentralizadora y de la falta de respeto a las competencias de las administraciones autonómicas, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i d’Unió presenta una Propuesta de Veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

References: artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 149
 artículo 144
 artículo 149