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Timestamp: 2020-02-20 17:43:36+00:00

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La eficacia de la desconvocatoria de la junta general - Lexology
Análisis | julio 2018 1 Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. Frente a la detallada regulación de la convocatoria de la junta general, la ley no se ocupa expresamente de la desconvocatoria. Aunque generalmente se admite la posibilidad de que ésta se efectúe, subsisten dudas sobre las condiciones que han de darse para que dicha desconvocatoria sea plenamente eficaz. En este documento se resume el estado de la cuestión. 1. Planteamiento La Ley de Sociedades de Capital (LSC) no se ocupa de precisar si es posible ni, en caso de que sí, en qué condiciones y con qué consecuencias, desconvocar una junta general previa y regularmente convocada. El punto clave es el de la eficacia de la desconvocatoria (entendida como un acto específicamente dirigido a dejar sin efecto un anterior llamamiento a reunirse en junta general): si este acto se considera eficaz, la junta desconvocada no podrá celebrarse lícitamente y los acuerdos pretendidamente adoptados en dicha reunión carecerán de validez, como igualmente sucedería en caso de falta de convocatoria (salvo que, en ambos supuestos, se tratase de una junta universal, en cuyo caso, la desconvocatoria —igual que la falta de convocatoria— resultaría intranscendente). La eficacia de la desconvocatoria de la junta general Alberto Díaz Moreno Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla Consejero académico de GA_P Análisis | julio 2018 2 Por ello el problema no se plantea propiamente si la convocatoria ya adolecía de vicios capaces de invalidarla (vid. SAP Madrid [Sección 28.ª] de 15 de junio del 2006 [JUR 2006\259066]). Por supuesto, y al margen de lo anterior, nada impide que la desconvocatoria vaya acompañada de una nueva convocatoria (eventualmente con un orden del día similar, o incluso idéntico, al de la reunión desconvocada). En tal caso, esa junta nuevamente convocada podrá celebrarse de forma efectiva (supuesta la regularidad de la convocatoria), pero no así la desconvocada (si la nueva junta convocada tiene el mismo orden del día que la desconvocada se suele considerar que existe un aplazamiento de la celebración de ésta; pero, más allá de las palabras, lo cierto es que las cuestiones que se suscitan con respecto a la eficacia del aplazamiento son similares a las suscitadas por la desconvocatoria). Por lo demás, y aunque pueda resultar obvio, no cabe confundir el supuesto de desconvocatoria con las hipótesis en las que el presidente de la junta declare que no se ha alcanzado el quorum de constitución exigido por la ley o por los estatutos sociales o con aquellas en las que, por cualquier otra razón, se interrumpa su celebración después de constituida. La cuestión estriba en determinar los requisitos (de legitimación, tiempo, forma y motivación) que deben concurrir, si es que debe concurrir alguno, para la eficacia de semejante revocación del llamamiento efectuado. Y ya desde ahora cabe anticipar que, si la desconvocatoria procede de quien está legitimado para efectuarla y el correspondiente anuncio se publica (o la correspondiente comunicación llega a los socios —a algunos de ellos—) con antelación a la fecha de celebración inicialmente prevista, será eficaz (privando así de validez a la junta desconvocada que eventualmente llegue a celebrarse y a los acuerdos que eventualmente llegaran —supuestamente— a adoptarse en ella). En todo caso debe recordarse que, al margen de lo que deriva del régimen legal, no parece haber obstáculo para que los estatutos o, incluso, el propio reglamento de la junta general determinen los requisitos (por ejemplo, de tiempo, forma y contenido) de los anuncios de desconvocatoria, en cuyo caso habría que estar a tales reglas para decidir sobre la eficacia de ésta. 2. Competencia para desconvocar La regla general enseña que corresponde al órgano al que incumbe convocar la junta la potestad de dejar sin efecto sus acuerdos o decisiones y, por tanto, de desconvocarla, formando esta decisión parte de su haz de facultades (AAP Madrid [Sección 28.ª] de 21 de octubre del 2011 [AC 2011\2260]; SAP Madrid [Sección 28.ª] de 15 de junio del 2006 [JUR 2006\259066]; SAP Álava [Sección 2.ª] de 7 de diciembre del 2004 [JUR 2005\60481]; SSAP Barcelona [Sección 15.ª] de 18 de febrero del 2004 [AC 2004\436] y de 29 de junio del 2006 [JUR 2009\176479]; Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo del 2004 [RJ 2004\1474]; RRDGRN de 28 julio del 2014 [RJ 2014\4901] y de 22 de mayo del 2017 [RJ 2017\2645]), de modo que la asamblea que se lleve a cabo a pesar de tal decisión revocatoria ha de entenderse inválidamente celebrada —dejando a salvo el Análisis | julio 2018 3 supuesto de junta universal— puesto que la propia junta no puede suplantar al órgano al que la norma atribuye la facultad de convocar. En consecuencia, el órgano de administración (y el órgano de liquidación) podrán desconvocar las juntas convocadas por ellos, con independencia de que la junta sea ordinaria o extraordinaria. Esto significa que, si la gestión de la compañía se encomendó a dos o más administradores solidarios, la competencia para desconvocar se atribuirá a aquel que la convocó, salvo supuestos excepcionales, como el fallecimiento de éste —SAP Gerona (Sección 1.ª) de 20 de enero del 2015—; si la junta fue convocada por administradores mancomunados, será preciso el consentimiento de todos ellos para la desconvocatoria (si la sociedad fuera de responsabilidad limitada y se hubieran designado más de dos administradores conjuntos, la competencia para convocar y, por tanto, para desconvocar, corresponderá igualmente a todos ellos mancomunadamente, sin que la previsión del artículo 233.2c de la Ley de Sociedades de Capital pueda afectar al ejercicio de esta facultad de gestión que se proyecta en la esfera interna: RRDGRN de 11 de julio del 2013 [RJ 2013\6141], de 23 de marzo del 2015 [BOE de 17 de abril] y de 27 de julio del 2015 [RJ 2015\4438]); por supuesto, si el órgano de administración adopta la forma de un consejo, será necesario el acuerdo de desconvocar, adoptado con arreglo a las previsiones legales o estatutarias de aplicación; en el caso de los liquidadores, y salvo disposición estatutaria en contra, la solución será la misma que para los administradores solidarios —art. 379.1 LSC—. No parece, sin embargo, que en caso de acefalia funcional los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo puedan desconvocar la junta anteriormente convocada por el órgano en situación de normal funcionamiento, aunque quizás sí puedan desconvocar la convocada por ellos —al amparo del artículo 171 LSC— al objeto de decidir sobre el nombramiento de administradores. Por otra parte, esta facultad de desconvocar debe entenderse indelegable por el consejo de administración (como lo es la de convocar la junta —art. 249 bis.j LSC—). Por supuesto, quien se haya limitado a ejecutar el correspondiente acuerdo de convocatoria (consejero delegado, presidente del consejo…) suscribiendo los anuncios o las comunicaciones carecerá de la facultad de desconvocar, aunque sí podrá materializar la desconvocatoria acordada por el consejo. Y, lo que es más relevante: los administradores o liquidadores podrán desconvocar la junta con independencia de que la citada reunión se hubiera convocado por iniciativa propia por resultar conveniente para los intereses sociales, en cumplimiento del mandato legal o estatutario o atendiendo la solicitud de la minoría (arts. 167 y 168 LSC); en este último caso los remedios disponibles en tutela de la minoría son los mismos que cuando los administradores desatienden su solicitud de convocatoria. Tampoco elimina esta posibilidad de desconvocar el hecho de que, tratándose de una sociedad anónima, se haya solicitado un complemento de la convocatoria o, incluso, que éste se haya publicado ya (art. 172 LSC). Podrá igualmente desconvocarse la junta de la sociedad anónima cuando, por no haberse podido celebrar en primera convocatoria, esté pendiente su celebración en un segundo llamamiento (con independencia de que la segunda convocatoria fuera anunciada junto con la primera o posteriormente: art. 177 LSC). Análisis | julio 2018 4 En cambio, no podrán los administradores (ni los liquidadores) desconvocar la junta convocada por el letrado de la Administración de Justicia o por el registrador mercantil (arts. 169 y 170 LSC y arts. 117 a 119 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria —LJV—); sólo podrán ser desconvocadas por las mismas autoridades convocantes (aunque parece lógico entender que nunca de oficio, sino en todo caso a solicitud de quien ostente un interés legítimo). 3. Tiempo y forma de la desconvocatoria 3.1. Forma La desconvocatoria (igual que la convocatoria) va dirigida a quienes tienen derecho de asistencia a la junta. Y ha de ser una declaración de voluntad expresa del órgano de administración; no cabe entenderla implícita en otras manifestaciones (por ejemplo, en el anuncio de los administradores de que no asistirán a la junta, en la publicación de las dificultades que pueden surgir para adoptar ciertos acuerdos o para la propia constitución, o en la negativa a proporcionar la información requerida) ni efectuada tácitamente (por ejemplo, por la propia ausencia de los administradores). Además, deberá identificar la junta que se desconvoca (lo que implicará señalar el nombre de la compañía y la fecha y la hora de la reunión) y, muy especialmente, habrá de expresar el cargo de quienes realizan la desconvocatoria; este extremo es de vital importancia porque su constancia es lo que generará en los socios destinatarios del anuncio o la comunicación la confianza en que la junta no se celebrará por haber sido desconvocada por quien tiene competencia para ello. Sin perjuicio de que en ocasiones pueda resultar aconsejable o prudente, no parece necesario para que la desconvocatoria sea eficaz que conste el orden del día de la reunión desconvocada (no resulta aplicable, en suma, el artículo 174 de la Ley de Sociedades de Capital). Probablemente, lo óptimo (y, frecuentemente, lo exigible en principio de los administradores desconvocantes en atención al deber de diligencia que pesa sobre ellos) sería seguir, para desconvocar, un procedimiento análogo al utilizado para convocar: comunicación individual si los estatutos lo han previsto así o anuncios en la página web de la compañía o en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y un diario, según sea el caso (art. 173 LSC). Naturalmente, puede haber circunstancias (especialmente de tiempo) que desaconsejen o impidan seguir estrictamente alguno de estos procedimientos, por lo que los administradores deberán procurar optar por medios (SAP Álava [Sección 2.ª] de 7 de diciembre del 2004 [JUR 2005\60481]) que permitan a los socios conocer realmente que se ha producido la desconvocatoria y, en la medida de lo posible, que sean equivalentes en su efectividad a los legal o estatutariamente previstos. Estos medios pueden ser algunos de los previstos para la convocatoria de la junta, otros diferentes o una combinación de ambos (si se utiliza un procedimiento de comunicación individual y escrita, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha exigido que aquél garantice su recepción por Análisis | julio 2018 5 parte de los destinatarios en términos análogos a lo que el centro directivo requiere en relación con la convocatoria: RDGRN de 28 de julio del 2014 [RJ 2014\4901]). La cuestión es que, si los administradores no se conducen con la diligencia debida, serán responsables de los daños causados (a la sociedad o a los socios) en los términos ordinarios. Pero la desconvocatoria como tal será eficaz si llegó a difundirse, incluso por medios distintos a los previstos a la convocatoria (no obstante, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona [Sección 15.ª] de 29 junio del 2006 [JUR 2009\176479] parece exigir que se observen los mismos requisitos que para la convocatoria, aunque conviene tener en cuenta que en el supuesto decidido se había hecho precisamente así, por lo que no se profundizó en este asunto). La desconvocatoria será eficaz incluso aunque no hubiera sido conocida por todos los socios. Una vez producida la declaración de desconvocatoria por quien resulte competente para realizarla y publicados los pertinentes anuncios o recibidas las comunicaciones individuales por los socios (basta con que lo hayan sido por alguno de ellos), se genera una particular situación en la que los socios enterados pueden optar razonablemente por no acudir a la junta (sin que quepa poner sobre sus hombros las cargas de comprobar si los restantes socios conocen la desconvocatoria —piénsese, especialmente, en los supuestos de comunicación individual—, de verificar la veracidad o la suficiencia de las circunstancias que la motivan o de valorar otras circunstancias que pudieran comprometer su eficacia). Dar por válida la junta celebrada posteriormente en estas condiciones sería tanto como violentar su derecho de asistencia y voto. Entiéndase que nada de lo dicho supone aceptar como lícitas maniobras fraudulentas en las que exista algún tipo de colusión entre los administradores y alguno o algunos socios, si bien la reacción tendrá que venir de la mano de otros remedios diferentes de la afirmación de la validez de la junta desconvocada. 3.2. Tiempo En cuanto al tiempo de antelación con el que se ha de publicar o comunicar la desconvocatoria, sólo cabe afirmar que los administradores deberán procurar que sea tan amplio como las circunstancias permitan. Pero, análogamente a lo que sucede con la forma de la desconvocatoria (y por las mismas razones), hay que asumir que ésta será eficaz si se ha producido antes de la fecha prevista para la celebración de la reunión (SAP Álava [Sección 2.ª] de 7 diciembre del 2004 [JUR 2005\60481]; en rigor, antes de la válida constitución de la asamblea —cfr. SAP Barcelona [Sección 15.ª] de 29 de junio del 2006 [JUR 2009\176479]— y con tiempo suficiente como para que los destinatarios de la desconvocatoria tengan conocimiento de la revocación —AAP Madrid [Sección 28.ª] de 21 de octubre del 2011 [AC 2011\2260]—). Téngase en cuenta, en este sentido, que la imposición de un tiempo mínimo de antelación de la convocatoria tiene la finalidad de tutelar la posición de los socios y, especialmente, de posibilitar el ejercicio Análisis | julio 2018 6 de sus derechos de información, asistencia y voto, lo que no resulta preciso en el caso de la desconvocatoria. En relación con lo dicho, debe observarse que no constituye desconvocatoria la interrupción o suspensión momentánea de la junta ni la prórroga de sus sesiones durante uno o más días consecutivos, puesto que, en ambos casos, la junta interrumpida o prorrogada ya se habría constituido previamente. 4. Causa de la desconvocatoria Por supuesto, los administradores actuarán correctamente cuando desconvoquen la junta por concurrir razón suficiente que lo justifique (por ejemplo, por haberse apreciado en la convocatoria errores —formales, temporales o materiales— que convenga subsanar mediante un nuevo llamamiento que sustituya al anterior; por haberse producido circunstancias sobrevenidas que desaconsejen o hagan inútil la celebración de la junta convocada o su celebración con el orden del día inicialmente previsto; por haber desistido la propia minoría solicitante de la convocatoria solicitada...). Si el interés social exige o aconseja la desconvocatoria, los administradores no sólo podrán realizarla, sino que deberán hacerlo. Por lo demás, no parece necesario (aunque resultará normalmente recomendable) que en el anuncio o en la comunicación de la desconvocatoria se refieran los motivos que la provocan. Ahora bien, la desconvocatoria que carezca de motivo que la justifique suficientemente desde la óptica de los intereses sociales no dejará por ello de resultar eficaz, sin perjuicio de la eventual responsabilidad de los administradores (de la misma manera que la convocatoria efectuada por los administradores a su propia iniciativa será siempre eficaz, aunque no quede acreditado que es necesaria o conveniente para los intereses sociales). Hay que recordar que no cabe obligar a los socios enterados de la desconvocatoria efectuada por quien es competente a indagar sobre la realidad y suficiencia de su causa (que quizás ni siquiera se ha hecho pública) para decidir si aquélla ha de ser tenida por eficaz y, por tanto, para decidir si procede o no participar en la asamblea así desconvocada. Es cierto que al asumir esta idea se asume igualmente la posibilidad de que los administradores utilicen su facultad de desconvocar en su propio interés y no en el de la sociedad; pero esta conducta, de producirse, debe ser corregida mediante el régimen de responsabilidad y haciendo uso de la posibilidad de solicitar del registrador mercantil o del letrado de la Administración de Justicia la convocatoria de nueva junta (de modo similar a lo que sucede cuando los administradores no convocan la junta debiendo hacerlo): cfr. SAP Barcelona (Sección 15.ª) de 29 de junio del 2006 (JUR 2009\176479). No obstante, ha de advertirse que este planteamiento no resulta siempre claro en las resoluciones de los tribunales, que en algunos casos se detienen en consideraciones sobre la justificación de la desconvocatoria. Sucede, sin embargo, que, por lo general, en los casos analizados se ha Análisis | julio 2018 7 considerado que existía motivo suficiente para desconvocar, con lo que no ha habido oportunidad de sentar criterio en tales sentencias en torno a las eventuales consecuencias de una desconvocatoria carente de justificación satisfactoria. 5. Junta desconvocada y Registro Mercantil Si, a pesar de su desconvocatoria, la junta termina por celebrarse, sus acuerdos serán impugnables. Pero, ¿tendrán acceso entre tanto al Registro si son inscribibles? En algún caso la Dirección General de los Registros y del Notariado ha respondido a esta pregunta partiendo de que el registrador no puede tener en cuenta, para la calificación de los acuerdos presentados a inscripción, hechos que no constan en el propio Registro o documentos que no contienen actos inscribibles. Y ha concluido que, aunque conozca que se ha producido la desconvocatoria y aunque el correspondiente acuerdo o decisión se haya documentado públicamente y presentado en el Registro, no podrá basar su calificación negativa en ese hecho (dado que el acuerdo de desconvocatoria no es por sí mismo susceptible de inscripción): cfr. RDGRN de 28 de abril del 2000 (RJ 2000\5826). La cuestión, sin embargo, puede plantearse con un cariz algo diferente cuando —como sucede muy frecuentemente— en la junta desconvocada se procede a destituir a los antiguos administradores y a nombrar nuevos, en ocasiones cambiando incluso la estructura del órgano de administración. En estos casos entra en juego el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, y los administradores destituidos con facultad certificante pueden oponerse a la práctica de los asientos si acreditan la falta de autenticidad del nombramiento. Es cierto que no basta a estos efectos con que conste la mera manifestación de oposición del anterior titular o con la mera argumentación por su parte de la nulidad del acuerdo que se pretende inscribir, pues eso implicaría dejar el desarrollo del procedimiento registral al interés de una parte. Ahora bien, si en efecto llega a acreditarse por parte de quien se opone (típicamente, el administrador anterior con facultad certificante) que la desconvocatoria efectivamente se realizó, entonces quedaría puesta de manifiesto, en el sentido del mencionado artículo 111 del reglamento, la falta de autenticidad, por ejemplo, de la certificación incorporada a la escritura pública presentada a inscripción; y, consecuentemente, no procedería inscribir los acuerdos de nombramiento adoptados en la junta desconvocada (vid. la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 enero del 2013 [RJ 2013\6662], la cual, sin embargo, ante la falta de prueba de la emisión y recepción de la desconvocatoria, revocó la calificación negativa del registrador y admitió la inscripción de los nuevos nombramientos). Así, se ha mantenido que cabe denegar la inscripción de los acuerdos de una junta desconvocada cuando, incluso posteriormente a la presentación de éstos, se presenten en el Registro al amparo del artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil documentos (acuerdo de desconvocatoria, acta notarial que acredite que la junta no se celebró en el domicilio social, Análisis | julio 2018 8 copias de las comunicaciones a los socios en las que se notifique la desconvocatoria…) que evidencien la falta de validez de aquéllos, o bien que comprometan dicha validez en términos tales que su inscripción resultaría contraria al principio general de que sólo pueden acceder al Registro títulos plenamente válidos y no claudicantes o aquejados de incertidumbre en cuanto a las circunstancias fácticas o jurídicas en que se sustenta su validez (RDGRN de 28 julio del 2014 [RJ 2014\4901]). A este propósito se ha señalado que las posibles dudas sobre la suficiencia de la antelación de la comunicación de la desconvocatoria respecto de la fecha prevista en la convocatoria, sobre el carácter obstaculizador de los legítimos derechos del socio convocado o sobre otras análogas tienen naturaleza esencialmente fáctica y no pueden ser valoradas por el registrador al calificar los acuerdos adoptados en la junta desconvocada (RDGRN de 22 de mayo del 2017 [RJ 2017\2645]). 6. Conclusiones A la luz de lo expuesto, cabe afirmar que la desconvocatoria de la junta general será eficaz si procede de quien tiene competencia para ello y si el correspondiente anuncio es publicado efectivamente o la comunicación individual llega a ser recibida por los socios (no necesariamente por todos ellos) antes de la fecha inicialmente prevista para su celebración (privando de este modo de eficacia a la junta desconvocada que eventualmente llegue a celebrarse). Así lo exige la tutela del legítimo interés de los socios que han recibido la comunicación o conocido el anuncio de desconvocatoria y que pueden razonablemente confiar en que la junta no se celebrará y, por tanto, en que no se adoptarán acuerdos sin su asistencia y voto (en esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo del 2004 [RJ 2004\1474]; por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid [Sección 28.ª] de 15 de junio del 2006 [JUR 2006\259066] cita esta idea, aunque apunta que aún no existe doctrina jurisprudencial consolidada). Sólo en algún caso límite en el que estos intereses no estén presentes (que normalmente se vincularán con maniobras fraudulentas o abusivas) podrá entrarse a discutir sobre la eficacia de la desconvocatoria (por su causa) y, por tanto, sobre la validez de la junta celebrada a pesar de haber sido desconvocada (por ejemplo, cuando, habiendo únicamente dos socios, uno de ellos es el administrador desconvocante). Pero, excepto en este tipo de supuestos, serán en principio irrelevantes para la eficacia de la desconvocatoria sus motivos y el tiempo y la forma concreta de su comunicación a los socios (sin perjuicio de las consecuencias que la insuficiencia de los primeros o la inadecuación de la segunda puedan tener desde la óptica de la responsabilidad de los administradores). En este sentido resulta ilustrativa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona (Sección 1.ª) de 20 de enero del 2015 (JUR 2015\81513), en la que se manifiesta que la desconvocatoria será eficaz en estos casos: 1) si quien desconvoca está facultado para hacerlo; 2) si es clara e inequívoca; 3) si es anterior a la fecha prevista para la celebración Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Análisis | julio 2018 9 de la junta, sin que haya de ser realizada con un tiempo mínimo de antelación, y 4) si se comunica o anuncia por un medio idóneo para que todos los socios tengan conocimiento de que la junta ha sido desconvocada, no siendo preciso que se haga por los medios utilizados para convocar la junta.
Rdgrn de 19 de Diciembre de 2012: cláusula estatutaria en sl de asistencia a la junta y delegación del voto por videoconferencia *

References: artículo 233
 artículo 171
 artículo 174
 artículo 111
 artículo 111
 Resolución 
 artículo 111