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Timestamp: 2019-07-21 07:36:33+00:00

Document:
Decreto Ley 1/2014, de 14 de noviembre de 2014, por el que se modifica la ordenación farmacéutica de las Illes Balears (Vigente hasta el 25 de Febrero de 2015).
Publicado en BOIB núm. 157 de 15 de Noviembre de 2014 y BOE núm. 31 de 05 de Febrero de 2015
Vigencia desde 16 de Noviembre de 2014. Esta revisión vigente desde 16 de Noviembre de 2014 hasta 25 de Febrero de 2015
Artículo 1 Modificación de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Islas Baleares
Artículo 2 Modificación de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, de régimen de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears
R Parlamento de 5 Dic. 2014 CA Illes Balears (convalidación del Decreto ley 1/2014, de 14 Nov., por el que se modifica la ordenación farmacéutica de las Illes Balears)
DLey [BALEARES] 1/2014, 14 noviembre, derogado por la disposición derogatoria de la Ley [BALEARES] 1/2015, 19 febrero, por la que se modifica la ordenación farmaceútica de las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 febrero). Véase Res. [BALEARES] del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el D. ley 1/2014, de 14 de noviembre de 2014, por el que se modifica la ordenación farmacéutica de las Illes Balears («B.O.I.B.» 11 diciembre 2014).
Así, la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, no configura un auténtico sistema de planificación farmacéutica, pues no existe una intervención de la Administración pública en la configuración de una planta farmacéutica de Baleares, ni una potestad organizativa de la misma que garantice, más allá del requisito de distancia mínima entre farmacias, una adecuada distribución de las mismas en el territorio de las islas. Durante estos años de vigencia de la Ley ha resultado factor preponderante en la configuración de la planta farmacéutica casi en exclusiva el modulo poblacional. Los cambios demográficos sufridos últimamente, la actual estructura y composición de las familias y la existencia de 67.110 viviendas desocupadas según la definición del INE -esto es, viviendas deshabitadas por no constituir ni domicilio de personas, ni ser objeto de uso residencial temporal o estacional- implican, conforme a los criterios de cálculo previos a la presente norma, generar una inflación ficticia del censo autonómico, a efectos de cálculo de farmacias autorizables, de 80.532 personas que en la práctica no existen, o lo que es lo mismo, 29 oficinas de farmacia que pueden ser autorizadas en base a una población que realmente no existe.
A mayor abundamiento, al hecho de la ausencia de planificación efectiva, sin previa ubicación concreta de las farmacias autorizadas en la zona geográfica donde la misma resulta necesaria, se une otro factor que se ha mostrado desestabilizador para la atención al servicio público, toda vez que la iniciativa para promover la autorización de creación de una nueva oficina de farmacia -la cual debe ser entendida en el sentido de declaración administrativa de admisión de la posibilidad de establecer una nueva oficina de farmacia, sin perjuicio del ulterior concurso de méritos para proceder a su concreta adjudicación a un potencial farmacéutico- en una zona farmacéutica no reside en la Administración sanitaria, previa la realización de los estudios pertinentes y actuación sobre el conjunto de la planta, sino que se deja en manos de particulares y entidades públicas la iniciativa en la promoción de autorizaciones de nuevas oficina de farmacia, así como, en buena medida, de su ubicación.
Así pues, a día de hoy y desde el año 2012, dos titulares de oficinas de farmacia han renunciado a las mismas debido a su inviabilidad económica, originaria o sobrevenida. Del mismo modo, y por aplicación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 un total de 17 oficinas de farmacia de media se han visto en la tesitura de solicitar y percibir ayudas públicas de la Administración autonómica -por un importe total en el ejercicio de 2013 de 115.486,43 €- debido a que sus niveles de facturación anual eran inferiores a los que la norma considera mínimos (200.000,00 € brutos anuales) para garantizar la viabilidad económica de estas oficinas de farmacia.
Por aplicación del sistema de autorización de oficinas de farmacias, durante el último trienio se ha tenido que proceder a autorizar un total de 54 nuevas oficinas de farmacia -13 de ellas por silencio administrativo- que a día de hoy se encuentran pendientes de convocatoria de concurso para su adjudicación. Cabe aquí decir que la Administración sanitaria se ha visto forzada por el sistema legal y el procedimiento administrativo a dictar estas resoluciones de autorización, si bien ello no supone el reconocimiento de un derecho individual para ningún farmacéutico, ni siquiera para el que ha solicitado la autorización conforme a la normativa hasta ahora en vigor.
En consecuencia, por lo expuesto y por salvaguarda del interés general, es urgente proceder a la modificación del régimen legal actualmente existente -representado por la Ley 7/1998- y sustituirlo por uno que, dejando de lado la mera consideración aislada del factor poblacional, tenga en cuenta los módulos de ocupación real y de población actualizados y se sustituya por un sistema de revisión de planta farmacéutica en el que la distribución de las oficinas de farmacia y su ubicación sobre el territorio de la comunidad se realice con un mayor grado de precisión, de forma previa a los procedimientos de adjudicación de las mismas.
El concepto planta farmacéutica, como división del territorio de las islas en zonas farmacéuticas y unidades territoriales menores en las que se ubica concretamente una oficina de farmacia como mínimo, permite, de una parte, la configuración de un catálogo de farmacia como relación de oficinas de farmacia existentes y pendientes de adjudicación, así como -y esto deviene lo fundamental- garantizar una adecuada cobertura de dispensación farmacéutica a todo el territorio. Por otro lado, resulta indispensable realizar modificaciones en el sistema de cómputo y ponderación de los diferentes módulos poblacionales para la autorización de las oficinas de farmacia. A lo largo de estos años se han producido cambios significativos en la configuración de la población que afectan al número de miembros de las unidades familiares, así como su distribución en los diferentes tipos de vivienda.
2. La planta farmacéutica con su división en zonas farmacéuticas y unidades territoriales menores se aprobará por resolución del consejero competente en materia de farmacia, previa instrucción del correspondiente procedimiento, en el que se dará la oportuna audiencia al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a los municipios afectados a través de las asociaciones que les representen. Las alegaciones presentadas serán valoradas en la resolución que ponga fin al procedimiento. El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o en su normativa de desarrollo reglamentario. La resolución que apruebe la planta farmacéutica será publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
11. La resolución aprobando el catálogo farmacéutico se dictará una vez seguido el procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o el que reglamentariamente se establezca, en el que deberán recabarse los datos e información necesaria y darse audiencia al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a los municipios afectados por la creación o supresión de oficinas de farmacia en su término municipal a través de las asociaciones que les representen y a los titulares de oficinas de farmacia situados en los mismos términos municipales. Las alegaciones presentadas en el procedimiento se valorarán en la resolución que ponga fin al mismo y ésta deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Incluida una oficina de farmacia dentro del catálogo aprobado por resolución del director general competente en materia de farmacia, se entenderá que queda autorizada.

References: Artículo 1

Artículo 2
 Real Decreto 
 resolución 
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