Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-32792-de-abril-6-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_87fed8f967333034e0430a0101513034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-16 23:41:36+00:00

Document:
﻿ Sentencia	32792 de abril 6 de 2010
SENTENCIA 32792 DE 06 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:CONDICIONES Y TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCESO PENAL. SOLICITUD DE NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. EJECUTORIEDAD DE LA RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, RESOLUCIÓN DE LA PRECLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN, INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL
Sentencia	32792 de abril 6 de 2010
Proceso 32792
Resuelve la Sala el recurso de reposición interpuesto y sustentado oralmente por la defensa del ex senador Luis Humberto Gómez Gallo contra el auto proferido en la audiencia preparatoria y se pronuncia sobre la petición elevada por el procurador tercero delegado para la investigación y juzgamiento penal, en el traslado al sujeto procesal no recurrente.
1. reposición interpuesta por el acusado Luis Humberto Gómez Gallo.
Expuso el ex senador que para llevar a cabo un estudio completo del fenómeno de la parapolítica en el departamento del Tolima, que trascienda los resultados electorales y las pruebas testimoniales, es necesario que la Sala ordene el testimonio del investigador León Valencia Agudelo, experto consultor y analista sobre la materia, quien podrá determinar si dicho fenómeno realmente tuvo ocurrencia y cuál su influencia en los resultados electorales, así como establecer en qué sitio se hicieron presentes los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia del llamado “bloque Tolima”, de qué forma, y si tenían la capacidad de controlar y dominar a la población civil para obligarlos a votar por determinada persona en el departamento.
El doctor Luis Humberto Gómez Gallo comparte la decisión tomada por la Corte de requerir el testimonio de otro experto, como es el doctor Bernardo Pérez Salazar, quien también ha hecho estudios importantes sobre el paramilitarismo en el departamento del Tolima, pero a pesar de ello, reitera la solicitud encaminada a recepcionar el testimonio de Valencia Agudelo.
También requiere que la Sala reflexione sobre las declaraciones de otro importante miembro de la clase política como es el actual candidato doctor Germán Vargas Lleras, quien tuvo una respuesta electoral muy importante en territorio tolimense, por lo que es necesario escuchar directamente de qué forma integró su equipo y logró la respuesta electoral.
Expone el doctor Gómez Gallo que es importante que la Corte Suprema de Justicia le permita adelantar el debate que debe trascender a las cifras, porque si bien ellas hablan por sí solas, es necesario también poder ahondar sobre la forma como se lograron los resultados electorales.
Reitera su interés de escuchar en la audiencia pública el testimonio del ex ministro Jaime Castro, de quien expone que es un “hombre neutral” y puede aportar al juicio su experiencia y conocimientos acerca del desarrollo de la política en el departamento del Tolima.
También le solicita a la Sala Penal que se le permitan los testimonios de los diputados a la asamblea que por su trabajo tuvieron la oportunidad de conocer todos los municipios, pues ellos pueden declarar cómo llevaron a cabo su actividad política. Sobre este punto, aclara el ex senador, que si bien el número de los declarantes pudo haber sido elevado, podría llegarse a un acuerdo para limitarlo, pero a pesar de la voluntad de escogencia, finalmente no propuso ni cuántos ni cuáles eran los testigos que estimaba más importantes.
Continúa su exposición y manifiesta la necesidad de escuchar a los doctores García y Taborda, quienes tuvieron a su cargo la defensoría del pueblo en el departamento del Tolima y estima que su aporte está orientado al conocimiento que ellos tuvieron del origen del bloque Tolima, en lo que originariamente eran las llamadas “autodefensas campesinas de Puerto Saldaña” y la defensoría del pueblo es la entidad que recepciona las quejas de la población que ha tenido que vivir los rigores de los grupos armados.
De igual forma se refiere a la declaración de Juan Manuel Santos quien podrá exponer ante la Corte situaciones que fueron vividas por el ex senador cuando el candidato a la presidencia de la República tenía a su cargo el Ministerio de Hacienda.
En conclusión, el doctor Luis Humberto Gómez Gallo le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aceptar los testimonios de León Valencia Agudelo, Santiago Ramírez, Francisco Taborda, Leonidas López Herrán, Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos.
A las anteriores pruebas se limita su petición, por cuanto a pesar de haberse referido a la importancia de las declaraciones requeridas por la defensa en el término del traslado, finalmente no expuso concretamente cuáles relacionaba.
2. Reposición interpuesta por la defensa.
La impugnación sustentada por la defensa del ex senador Gómez Gallo se orientó hacia los dos aspectos del auto: la negativa a decretar la nulidad a partir de la notificación ordenada por el vicefiscal general de la Nación y las pruebas que no ordenó la Sala al hallarlas improcedentes, inconducentes, innecesarias e inútiles para los fines del proceso.
a. En relación con la nulidad
Afirmó el defensor que la Sala en el auto objeto de reproche se refiere a que no existe una línea jurisprudencial en la que se haya avalado o que se haya tomado decisión en contra de la trascendencia de los errores que puedan llegar a cometer los funcionarios judiciales, particularmente en el tema de las constancias secretariales y, ha acudido la Corte Suprema de Justicia a exponer lo que sería una nueva línea jurisprudencial que a su juicio no es la correcta.
Sostiene que existen no menos de cien providencias que han respaldado la tesis según la cual, los términos judiciales no pueden verse afectados cuando se trata de errores cometidos por los funcionarios judiciales, pues aquellos son preclusivos y no pueden ser desconocidos por el juez, los empleados judiciales ni los sujetos procesales.
Expone el defensor que al escuchar la decisión tomada en la audiencia preparatoria la Corte desconoce su propia línea jurisprudencial —en especial se detiene en la sentencia de julio 24 de 2001—, marcando un pauta según la cual en caso de incurrir un sujeto procesal en error, se estaría reconociendo la desidia en la atención del proceso, hecho que resulta contrario a la función que por ejemplo le es exigible al Ministerio Público, como también es propia del ejercicio de la defensa técnica en toda actuación judicial.
El apoderado se refiere a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sí ha tenido una clara línea jurisprudencial que se estima como proteccionista —como así se afirma en el auto recurrido—, pero se ha apartado al resolver el caso particular que convocó a juicio.
Por esa razón encuentra que la decisión de la vicefiscalía al considerar como posible la inducción en error a quien representaba a la Procuraduría General de la Nación, quien ostenta la calidad de garante del orden jurídico, no puede ser de recibo, posición que en su criterio resulta inadmisible porque la consecuencia implicaba avasallar las garantías del ex senador Gómez Gallo quien tenía el derecho a que se le reconociera que la resolución de preclusión se encontraba ejecutoriada cuando sustentó el recurso el agente del Ministerio Público.
Señaló el apoderado que el tema de los errores de los funcionarios judiciales, por ser jurídico ha sido tratado en forma diversa por las Cortes Suprema y Constitucional, pero lo que no comparte es que “las garantías sean de todos”, porque estima que estas son un arma de defensa del procesado que no puede extenderse a los demás sujetos procesales con poder para intervenir en el juicio o en el trámite de la causa.
La garantía fundamental del procesado en el caso particular es que se le reconozca que una vez notificada en debida forma la resolución de preclusión a los sujetos procesales no podía llevarse a cabo una nueva notificación o “notificación redundante”.
Destaca que el efecto perverso de la providencia que decretó la nulidad fue “llevarse de calle el derecho del imputado” pues este no era otro que la ejecutoria de la resolución de preclusión.
El error no fue del procesado sino una arbitrariedad del Ministerio Público quien no había cumplido su función dentro del término establecido en la ley, por lo que la Fiscalía no podía avalar ese procedimiento y menos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver la petición de nulidad.
Asevera que no es un problema de garantías ni de mera formalidad. Invita a la Sala a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones de la vicefiscalía y de la Corte.
Ahora bien, en la sustentación del recurso de reposición también se refirió el defensor al error de haber tramitado el recurso de apelación —como originalmente era—, como un recurso de reposición, en cuyo caso, la Corte ha debido decretar la nulidad y ordenar a la Fiscalía le diera curso a la impugnación en los términos establecidos en la ley para el recurso horizontal.
El defensor expresa estar de acuerdo en que la administración de justicia debe corregir los errores, pero esa corrección no puede ser a costa del sacrificio del derecho de defensa del procesado, echando mano de correcciones improcedentes que implican la lesión de derechos que se habían consolidado, como en el caso a estudio, en donde existía un pronunciamiento a favor del ex senador que ya se había resuelto y se hallaba ejecutoriada la preclusión.
Se puede afirmar que la declaración de nulidad está regulada por los principios, pero también expone, como “no se declarará la nulidad, cuando cumpla la finalidad a la que estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa”.
La finalidad del acto era comunicar una decisión, se enteraron todos los sujetos procesales, es decir, el acto cumplió su cometido de manera perfecta. El problema radica en que el Ministerio Público, en vez de cumplir su función constitucional, colaboró para que se produjera la causal de nulidad.
Aduce que no se sabe qué motivó al procurador a no sustentar el recurso y después tratar de buscar los medios para que se revivieran los términos.
El poder punitivo del Estado ejercido por la Fiscalía no fue correcto y no entiende cómo permitió la ampliación del término a favor del Ministerio Público para sustentar un recurso cuya oportunidad procesal había concluido.
El criterio de protección del auto recurrido debe examinarse en función del sujeto procesal porque el Ministerio Público y el defensor “son especialistas”, y esa carga es mayor por tener conocimiento de la ley; con algo más, el Ministerio Público tiene mayor carga porque él es una agente de control del ordenamiento jurídico, no solo de los derechos del procesado.
Considera que las razones que la Sala ha expuesto en la providencia son equivocadas frente a los argumentos. La línea jurisprudencial ha sido clara en establecer que las normas son de orden público y que los errores no tienen la posibilidad de revivir términos y que el principio de protección exige distintos grados de análisis, siendo inexcusable que el Ministerio Público obtenga una prórroga por fuera de la ley.
b. En relación con las pruebas denegadas
Afirma que no ha sido fácil poder seguir la cantidad de pruebas que fue requerida por la defensa, pero expone como complemento de la solicitud elevada por el procesado, las siguientes:
Afirma que no se está investigando un delito instantáneo o de un solo eje de acción, sino un delito de concierto para delinquir que obliga al estudio del contexto, el ejercicio real de la política en la región y cómo ese ejercicio se relacionó con grupos paramilitares y éstos con narcotraficantes.
Por eso, al solicitar el testimonio del comandante Manuel de Jesús Pirabán, alias “Jorge Pirata”, explica a la Corte que una cosa es la que enseña el coda y otra las situaciones vividas en la cárceles entre determinados tipos de personas, razón por la cual la declaración de quien fue comandante de un bloque tiene la posibilidad de aportar detalles importantes para el juicio.
En relación con los defensores del pueblo —Santiago Ramírez y Francisco Taborda—, la defensa del acusado manifiesta que es necesario establecer si su experiencia en el servicio público les ha permitido detectar las alertas tempranas sobre las relaciones entre los paramilitares y los políticos de la región. No se trata de una simple verificación de algunos hechos porque ellos tienen mayor información que la que puedan tener los investigadores de la propia defensoría del pueblo y además, como su función constitucional está encaminada a recibir las quejas de la población, a acudir a los consejos de seguridad, todo este cúmulo de información les permite situar el tema del paramilitarismo en el contexto del departamento del Tolima y por esa razón las declaraciones requeridas son necesarias y apuntan a lo que la defensa trata de identificar.
En relación con la prueba sobre la aprehensión de Eduardo Restrepo Victoria a. “El socio”, también la defensa insiste en la necesidad de requerir a las autoridades toda la información que reposa en el expediente de manera fraccionada. Es importante decretar por parte de la Sala la totalidad de las pruebas, porque con ellas se pretende demostrar que allí no hay ningún señalamiento contra Luis Humberto Gómez Gallo.
Finalmente le solicita a la Sala Penal se requiera a la Universidad de los Andes proceda a llevar a cabo un estudio y análisis del paramilitarismo en Colombia, si penetró en la actividad política del departamento del Tolima y que este sea llevado a cabo teniendo en cuenta el contexto político y no solo sobre las cifras indicativas de los resultados electorales.
Advierte desde ya la Sala que esta última petición probatoria no fue elevada dentro del término de traslado del artículo 400 Código de Procesamiento Penal.
a. La solicitud de nulidad
El procurador tercero delegado para la investigación y juzgamiento penal, en el traslado consagrado en la ley para quien no ha impugnado la providencia, le expuso a la Sala que en relación con la decisión de no decretar la nulidad, comparte la posición expuesta en el auto objeto del recurso y por el contrario, se refiere a que el Ministerio Público, como sujeto procesal, estaba en posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la resolución de preclusión, pero sí lo hizo por fuera del término establecido en la ley no fue por algún interés para luego tratar de que se le revivieran los términos; su actuación estuvo precedida del error en el acto de notificación por parte del secretario de la unidad de fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Reitera que el origen del vicio fue la actuación del secretario no del Ministerio Público, por lo que la decisión que tomó en su momento el vicefiscal fue el camino para evitar la vulneración del ordenamiento jurídico, otorgándole prioridad al principio de la legitimidad de la confianza.
Aduce que ante esa situación no se revivieron los términos sino se repusieron, por tratarse de normas de orden público y las garantías, que también son predicables del Ministerio Público, habían sido conculcadas, por lo que le solicita a la Corte mantener su posición y no decretar la nulidad.
b. En cuanto a las pruebas denegadas
El procurador delegado estima que debe reconsiderarse la negativa de recepcionar el testimonio del investigador León Valencia Agudelo, en tanto que sí es interesante para el proceso establecer cómo se presentaron las fluctuaciones de las elecciones en el departamento del Tolima.
1. La solicitud de nulidad.
Desde ahora la Sala anuncia que no repondrá la providencia recurrida, al estimar que en el caso particular no se está recurriendo a argumentos novedosos o totalmente ajenos a la evolución jurisprudencial sobre el tratamiento que se ha dado al tema complejo que surge de los errores en los que puede llegar a incurrir un funcionario judicial y que trasciende al desarrollo del proceso penal.
La Sala es consciente de los pronunciamientos que en torno a esta materia ha hecho desde tiempo atrás en sede de casación, como también de las decisiones en desarrollo de la acción de tutela, del acogimiento de la posición expuesta por la Corte Constitucional, por lo que asumir la tesis proteccionista de los derechos y garantías que son propios de los sujetos procesales, sin distinción alguna, es manifestación de la dinámica que en toda corporación se presenta cuando se trata de la interacción de derechos fundamentales.
Es importante recordar que luego de proferida la resolución de preclusión, se presentó una serie de situaciones irregulares por parte de la Fiscalía, entre ellas, la ausencia de la constancia secretarial del inicio del término para la sustentación del recurso de apelación, como lo preceptúa el artículo 194 de la Ley 600 de 2000, la notificación por estado del 19 de agosto de 2008 que desconoció lo consagrado por el artículo 174 ibídem y a partir de dicho acto procesal redundante, las constancias secretariales, la resolución proferida por el fiscal once de la fiscalía delegada ante la Corte, ante quien la defensa del ex congresista solicitó declarara desierto el recurso y el funcionario judicial, respondió, sin ninguna argumentación, ni sustento, que:
“No obstante el escrito de la defensa con el que se pide se declare desierto el recurso interpuesto por el Ministerio Público, considera esta delegada que la impugnación fue debidamente sustentada”.
Ante las anteriores situaciones el vicefiscal general de la Nación procedió a decretar la nulidad y a habilitar un término que ya había concluido para el sujeto procesal recurrente el día 22 de agosto de 2008, ordenándole a la secretaría administrativa “poner a correr nuevamente el término a que se refiere el artículo 194”, decisión que posteriormente fue confirmada al no reponer la resolución de segunda instancia.
El argumento expuesto por la vicefiscalía, tanto en la resolución que decretó la nulidad como en la que confirmó dicha decisión, se basó en el cúmulo de jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional las que resultan ser afines al cometido del fallo, en torno a uno de los temas que más ha suscitado controversia, por cuanto existen innumerables pronunciamientos que no permiten establecer, de manera general, una sola forma de interpretación.
Los casos expuestos son totalmente disímiles, en los que se advierten errores de la administración de justicia cuya agrupación y resolución dificultan a todas luces determinar si se desconocieron los derechos de los sujetos procesales, cuando éstos, con fundamento en el principio de la buena fe o en el descuido, o en ambas situaciones, no se percataron de una instancia o constancia secretarial errónea, pero cuya solución en algunos casos puede ser la de recurrir a la nulidad y a la habilitación de los términos procesales ya concluidos.
Un análisis de la evolución jurisprudencial sobre la incidencia de los errores cometidos por funcionarios de la administración de justicia y su repercusión en el proceso penal, le permite a la Sala reflexionar sobre la tesis según la cual, no es procedente tomar una sentencia y utilizarla como base para asumir una postura, pues ante un tema que presenta variadas aristas, como sucede cuando se trata de un error producto de la actividad de las personas puestas al servicio de la administración de justicia, solo después de un estudio ponderado del precedente, tanto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, es posible analizar el caso concreto.
El siguiente es el resumen que ilustra cuáles fueron los pasos posteriores a la resolución de preclusión de la investigación, que data del 11 de agosto de 2008:
Agosto 12 Se notificó personalmente de la resolución calificatoria a los siguientes sujetos procesales:Agente del Ministerio PúblicoAbogado defensor (suplente)Procesado privado de la libertad. El término de ejecutoria corría a partir del día siguiente: 13, 14 y 15 de agosto. El secretario no dejó constancia de la disposición del expediente al apelante por el término de cuatro días para la sustentación respectiva, para luego correr el término común a los no recurrentes por el mismo término
Agosto 13 El agente del Ministerio Público, recibe a través de un funcionario de la delegada, copia de la resolución de agosto 11. (fl. 97).
Agosto 13 El agente del Ministerio Público interpuso recurso único de apelación en contra de la resolución preclusiva (fl. 96).
Agosto 19 A pesar de haber sido notificados personalmente todos los sujetos procesales, se fijó estado Nº. 112 para el mismo propósito.
Agosto 20 a 22 A partir de la notificación por estado, corrieron tres (3) días para ejecutoria de la providencia calificatoriaEl 22 de agosto vencía el término para la sustentación del recurso interpuesto por el recurrente.
Agosto 25 a 28 El secretario administrativo deja constancia del traslado de cuatro (4) días hábiles para que el recurrente sustentara la apelación (art. 194).
Agosto 27 El agente del Ministerio Público presentó escrito sustentatorio del recurso de apelación.
Agosto 28 El abogado defensor presenta escrito dentro del término de los no recurrentes pidiendo al fiscal once declarar desierto el recurso por haber sido sustentado extemporáneamente.
Agosto 29 y septiembre 1º al 3 La secretaría administrativa deja constancia del traslado de cuatro (4) días hábiles para los sujetos procesales no recurrentes.
Septiembre 3 La defensa presenta memorial coadyuvando la decisión preclusiva.
Septiembre 8 El fiscal once negó la petición de la defensa de declarar desierto el recurso y concedió el recurso en el efecto suspensivo.
El anterior cuadro explicativo demuestra que el Ministerio Público, en calidad de sujeto procesal no estaba en la posibilidad de haberse percatado que a partir del día 19 de agosto de 2008, empezaba a correr el término de los cuatro días a que se refiere el artículo 194 de la Ley 600 de 2000, por cuanto el secretario administrativo no dejó la correspondiente constancia secretarial, siendo este el primer error anterior al segundo yerro consistente en la fijación del estado.
Pero fue en este instante en el que se produjo realmente el error y este es anterior a la fijación del estado porque el secretario de la unidad de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia no dejó constancia secretarial de la iniciación del término para la sustentación del recurso de apelación, una vez se había producido la notificación a todos los sujetos procesales, constancias que sí fueron dejadas el 29 de agosto y que motivaron en el Ministerio Público la contabilización errada del plazo judicial para la sustentación, como efectivamente ocurrió.
Entonces, los errores en que incurrió el funcionario de la secretaría administrativa de la fiscalía delegada ante la Corte (no consignar la constancia secretarial que dejaba el expediente a disposición de quienes apelaron y luego notificar por estado), tal como así lo reconoció la vicefiscalía, se extendieron, pues a partir de allí devino la imposibilidad del procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia de actuar en forma distinta porque no estaba en posibilidad de percatarse que el trámite de notificación había concluido el 12 de agosto, para luego, ante el último error del secretario (consistente este en fijar estado el día 19 de agosto, cuando esta forma de notificación ya no era necesaria), proceder a presentar el día 27 de agosto la sustentación de la impugnación, por fuera de los términos establecidos en la ley.
Se tiene que si bien se trató de una suma de errores, en criterio de la Corte Suprema de Justicia, la vicefiscalía sí podía decretar la nulidad al estimar que la irregularidad tenía origen únicamente en la actuación del secretario administrativo, para habilitarle el término al agente especial de la Procuraduría que le permitiera revivir una instancia que había concluido.
La corrección de los actos irregulares, norma rectora que inspira el título VII denominado “Ineficacia de los actos procesales”, en especial los artículos 306-2 y 307, es una institución que se erige como un deber para el funcionario judicial, pero como todo derecho fundamental, no es absoluto y sus límites se encuentran determinados en el artículo 15 de la Ley 600 de 2000, según el cual: “el funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos irregulares, respetando los derechos y garantías de los sujetos procesales”.
Los derechos y garantías a los que la norma rectora se refiere, a su vez están también incluidos en las disposiciones que fijan los trámites, que de manera común disponen términos y establecen las etapas procesales para que cada sujeto procesal ejerza en debida forma su derecho.
En esa medida, la ley les otorga a aquellos la posibilidad de acudir a notificarse personalmente, a que esta se realice previa citación y pasado un término a que se lleve a cabo a través del estado. Pero a partir de ese instante, una vez concluidos los actos de enteramiento surge el deber para el secretario de indicarles a las partes que han manifestado la intención de recurrir la providencia, desde qué momento pueden disponer del expediente para la preparación del escrito, término que como lo dispone la ley será de cuatro días.
Si el interés del sujeto está fincado en el acto complejo de interponer y sustentar, este último está atado al deber que la ley le ha impuesto al secretario, porque de otra forma, el legislador habría dispuesto que una vez vencido el término para recurrir, el expediente quedara a disposición de los intervinientes, sin necesidad de constancia como sucede por ejemplo con lo determinado en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000.
Aquí la constancia secretarial marca un hito, un derrotero que da paso al subsiguiente estadio procesal, cual es la sustentación del recurso, que de no hacerse dentro del término estipulado puede ser considerado inviable con la consecuente decisión que lo declara desierto.
Al Ministerio Público, como representante del interés de la sociedad y en salvaguarda del orden jurídico, la notificación es personal, como efectivamente se llevó a cabo el día 12 de agosto y consciente que se encontraba dentro del término para interponer el recurso de apelación, hizo manifestación expresa el día 13 de agosto.
Si como sostiene la defensa en la audiencia preparatoria, que no tiene justificación alguna que el |o público no se hubiere percatado del error y a pesar de la ausencia de constancia secretarial ha debido presentar el escrito se sustentación antes del 22 de agosto de 2008, por qué razón si a partir del 25 de agosto y hasta el 28 corría el término para traslado común a los no recurrentes, presentó el escrito solicitando se declarara desierto el recurso, pero una vez conocida la errada constancia secretarial de fecha 29 de agosto de 2008 (fl. 162, cdno. original 7), procedió el 3 de septiembre, dentro del término previsto en la ley para la intervención de los no recurrentes, a presentar un escrito que tituló “Intervención como no recurrente” y en el acápite de “cuestión previa”, expuso:
“En memorial previo solicité al señor fiscal del conocimiento, declarar desierto el recurso interpuesto por el señor agente del Ministerio Público, por no haber sido sustentado oportunamente. Como estos términos y traslados corren en secretaría, sin que haya habido aún la oportunidad de pronunciamiento sobre esta petición, la defensa descorre el traslado del recurso, sin que ello implique que renuncia a la declaratoria de desierto, cuyos fundamentos legales y jurisprudenciales no dejan ninguna duda.
Se descorre el traslado como no recurrente para cumplir con la carga procesal que implica la sustentación de un recurso, que según los términos de ley no fue presentada dentro de estos. Por tanto a pesar de la presentación de este escrito, se insiste en la decisión previamente solicitada” (negrillas fuera de texto).
Lo anterior, aún cuando el defensor tuvo el cuidado de exponer que su pretensión principal era la de la declaratoria de desierto del recurso, de todas formas presentó el escrito dentro del plazo de los no recurrentes que el secretario fijó en la constancia secretarial, para cumplir con la carga procesal, hecho que resultaba innecesario pero que demuestra cómo efectivamente cuando se trata de una constancia establecida en la ley, como la referida en el artículo 194 de la Ley 600 de 2000, es una imposición a partir de la cual se debe sustentar el recurso interpuesto, como así sucedió con el sujeto procesal no recurrente, y la diferencia entre este y el Ministerio Público estriba en que el procurador delegado confió en que la constancia de fecha 25 de agosto de 2008, que se halla a folio 104 del citado cuaderno, era el derrotero que establecía el término de los cuatro días (a partir de ago. 25 y hasta ago. 28) para sustentar la impugnación, como efectivamente lo hizo el día 27 de los ya citados mes y año.
No se trató de una falta de cuidado deliberada del representante del Ministerio Público, como lo ha querido hacer ver el defensor del acusado Gómez Gallo, sino de un verdadero error que tuvo origen en tres situaciones claramente determinables: la ausencia de constancia secretarial una vez culminada la notificación a todos los sujetos procesales, la notificación redundante y las constancias secretariales a partir de las cuales el procurador delegado contó el término que le permitía sustentar el recurso de apelación.
Estas son las circunstancias que han llevado a la Sala a razonar sobre su propia jurisprudencia al no tratarse de un acto negligente sino producto de las situaciones que sobrepasan los límites de la razonable expectativa del ejercicio de la función secretarial con total desconocimiento de la legalidad.
En esa medida, tratándose de estas circunstancias que le otorgan un cariz diferente a la jurisprudencia que la defensa se ha ocupado de citar, es lo que en esta ocasión ha servido como fundamento para reiterar la posición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, sustentada en decisiones de la Corte Constitucional, como se expuso en el auto recurrido, con base en el principio constitucional de la buena fe.
A fin de responder a los argumentos expuestos por el señor defensor en la sustentación del recurso, es preciso señalar que a diferencia de su criterio en torno a los derechos y garantías de quienes ostentan la calidad de sujetos procesales, para la Corte Suprema de Justicia, en un estado social de derecho, uno de los pilares fundamentales es el principio básico a la igualdad, la que en el proceso penal se predica sin distinción alguna, con respeto y dentro del marco jurídico que de su representación cada uno de ellos tiene, por lo que en reflejo de este, el legislador les ha otorgado el derecho de intervención en la solicitud y aducción de la prueba, en el ejercicio de la contradicción, y en la impugnación de las decisiones que se tomen en el desarrollo del proceso, según así lo contempla la Ley 600 de 2000, a diferencia de la Ley 906 de 2004, en la que las partes e intervinientes responden a otra dinámica distinta basada en la igualdad de las dos partes representativas del sistema, a saber: el titular de la acusación y el acusado, que denotan una estructura distinta en la que el Ministerio Público puede actuar pero en forma restringida por disposición de la ley, como ocurre en el juicio oral.
Por tanto, el Ministerio Público como sujeto procesal que es, tiene la facultad de actuar en términos y condiciones similares a los demás para garantizar el respeto al principio de legalidad, la observancia del debido proceso y, en últimas, asegurar el cabal cumplimiento de los fines del Estado y el acceso efectivo a la administración de justicia: su condición no es la de un simple interviniente sino la de un verdadero protagonista en la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia, por tener un interés superior, fundado este en la representación de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 118 y 277 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional en la Sentencia de tutela T-421 de 1998, recordó que:
“En reiteradas ocasiones, esta corporación ha sostenido que el Ministerio Público se encuentra constitucionalmente facultado para intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales y, para cumplir con tales funciones, puede interponer las acciones que considere necesarias, de acuerdo con el artículo 277 de la Constitución Política. El Ministerio Público no solamente puede intervenir en el proceso de tutela como demandante en favor de las personas que lo requieran, sino que también puede hacerlo como impugnante, aun cuando no haya sido él quien directamente lo haya promovido, en ejercicio de la facultad señalada. El agente del Ministerio Público está facultado legal y constitucionalmente para impugnar los fallos de tutela, para cumplir cabalmente con la función de defender los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos”.
Complementa lo anterior, la Sentencia C-248 de 2004 en la que se cita que el artículo 5º del Código de Procedimiento Penal se encarga de reiterar la garantía del derecho a la igualdad de todos los intervinientes en el proceso que regula. El siguiente es el texto de dicha disposición, que se reviste también de la connotación de norma rectora del procedimiento:
“Artículo 5º. Igualdad. Es deber de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (resalta la Corte)”.
La presencia de este dispositivo refuerza entonces la protección del derecho a la igualdad de todos los intervinientes en la actuación procesal.
Finalmente, solo basta recordarle al señor defensor que en el auto que avocó conocimiento se consideró que el trámite a seguir ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia era el que legalmente corresponde a las atribuciones constitucionales otorgadas a la corporación, como es la competencia para investigar y juzgar a los miembros del Congreso, por lo que las decisiones que se tomen en ejercicio de dicha función solo pueden ser impugnadas ante la misma.
Por tanto, al retomar la Corte Suprema de Justicia la competencia a partir del auto de primero de septiembre del año anterior las actuaciones que venían en curso continuaron en el mismo estadio procesal, como se ordenó en el auto de quince de septiembre del mismo año, con la salvedad que si se encontraba pendiente —como en este caso— de resolverse el recurso de apelación, debía entenderse que era procedente darle trámite a partir de ese momento como recurso de reposición, porque en los procesos de única instancia, según lo dispone el artículo 235 de la norma superior, las decisiones no son susceptibles de apelación por ser la Corte Suprema de Justicia la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria en materia penal. Entonces pretender, al tenor de lo sustentado por el defensor, que debe decretarse la nulidad para que se reponga la actuación y se conceda el recurso de reposición en la Fiscalía ante la Corte, es desconocer que la razón por la cual el proceso seguido contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo regresó a esta corporación precisamente por haberse considerado que a pesar de la dejación del cargo como senador de la República, los hechos por los cuales se dio inicio a la investigación sí tenían relación con las funciones realizadas, en los términos que motivaron la reinterpretación del parágrafo del artículo 235 ibídem, lo que a la sazón obliga a continuar la actuación con fundamento en la normatividad procesal propia del fuero constitucional.
b. Las solicitudes probatorias
Del cúmulo de solicitudes probatorias elevadas por la defensa, como la requerida por el señor procurador, la Sala analizó la conducencia, pertinencia, necesariedad y utilidad, con fundamento en la imputación fáctica y jurídica desde el auto a través del cual se impuso la medida de aseguramiento en su momento, así como en la providencia acusatoria que dio paso a la etapa de juzgamiento y los argumentos que en el transcurso de la audiencia preparatoria fueron expuestos por la defensa, el acusado y el Ministerio Público.
Si bien es cierto, cuando se trata de juzgamiento de personas cuyos vínculos con el ejercicio de la actividad política resultan inescindiblemente ligados a la forma como se ejerció, no por ello la prueba testimonial sobre cómo ha sido su carrera y su desempeño como representante de un partido político ante el Congreso de la República debe ser el centro del haz probatorio, por cuanto, como se expuso en el auto recurrido, no se trata de un juicio político, ni de un debate para calificar la actividad de quien ocupó un escaño en el Congreso de la República, sino de la determinación de la responsabilidad penal cuya base es la promoción de los grupos al margen de la ley.
En ejercicio de la impugnación tanto el acusado como la defensa se refirieron a la necesidad de recepcionar los testimonios de algunos declarantes por la importancia que tienen para la investigación.
La Sala ha atendido la exposición sobre la pertinencia y resuelve acceder a los siguientes:
1. La declaración de los doctores Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y Leonidas López Herrán.
2. La declaración de los defensores del pueblo Santiago Ramírez y Francisco Taborda.
Pero no accederá a las siguientes pruebas:
1. La declaración del señor León Valencia Agudelo, por existir en el expediente el estudio especializado denominado “Expresiones regionales del paramilitarismo en Colombia: El caso del bloque Tolima de las AUC”, que cumple las expectativas que ha expuesto la defensa en la audiencia preparatoria y que por su profundidad en el análisis del paramilitarismo en una concreta zona del país, aunado a la declaración que su autor rendirá en el juicio, hacen que el interés en una prueba similar decaiga por ser esta repetitiva.
2. A la solicitud de oficiar a la Universidad de los Andes o a otro centro académico similar para llevar a cabo el estudio que, como se expuso, ya hace parte del expediente, aportado por la defensa y que será ampliado en la intervención oral de su autor. También, al decretarse la declaración de quienes fueron defensores del pueblo en el departamento del Tolima, mayores elementos de juicio se tendrán sobre la historia, expansión y actuaciones de quienes actuaron como miembros del llamado “bloque Tolima” de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Añádase a lo anterior que la prueba solicitada es extemporánea, en la medida en que fue demandada en la audiencia preparatoria y no dentro del preclusivo término de traslado del art. 400 Código de Procesamiento Penal.
3. A la solicitud de oficiar a las autoridades judiciales para que remitan con destino a este proceso la totalidad del expediente así como toda la información que se tenga sobre procesos, testaferros, bienes etc…del señor Eduardo Restrepo Victoria a. “El socio”, para establecer si se hace mención al ex senador Luis Humberto Gómez Gallo.
La Sala sigue considerando la improcedencia de esta petición por cuanto la única referencia acerca de las presuntas relaciones entre Luis Humberto Gómez Gallo y Eduardo Restrepo Victoria provienen de las declaraciones del ex escolta Robinson Javier Guillombo Arroyo y su declaración en este juicio ya fue ordenada como así lo había requerido la defensa, oportunidad en la que podrá ser interrogado sobre esa concreta situación.
4. La declaración del señor Manuel De Jesús Pirabán, a. “Jorge Pirata” la que se podría decretar posteriormente de manera oficiosa, si después de haber establecido con precisión la unidad de fiscalías para la justicia y la paz que Jimmy Andrés Tapiero Aroca formó parte o existe documento que permita aseverar que militó en el llamado bloque centauros al mando de a. “Jorge Pirata” o en el bloque centauros pero al mando de Vicente Castaño a. “El profe”, porque de ello depende la procedencia y pertinencia de la declaración requerida por la defensa.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
1. NO REPONER lo resuelto en el auto de 23 de marzo de 2010, por medio del cual esta corporación denegó la petición de nulidad interpuesta por el defensor del ex senador Luis Humberto Gómez Gallo.
2. NO REPONER lo resuelto en el auto de 23 de marzo de 2010, por medio del cual esta corporación denegó la petición de las pruebas relacionadas con los testimonios de León Valencia Agudelo y Manuel De Jesús Pirabán a. “Jorge Pirata” y la solicitud de remisión de la totalidad del proceso que se le siguió a Eduardo Restrepo Victoria a. “el socio” por el delito de narcotráfico, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
3. DENEGAR la solicitud elevada por la defensa a fin de oficiar a la Universidad de los Andes o a otro centro académico similar para llevar a cabo el estudio requerido, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
4. REPONER la decisión tomada en el auto de 23 de marzo de 2010, y ordenar los testimonios de los doctores: Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras; del señor Leonidas López Herrán y de los defensores del pueblo Santiago Ramírez y Francisco Taborda conforme a los argumentos expuestos por la defensa en la sustentación del recurso de reposición.
Magistrados: María Del Rosario González De Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz, excusa justificada.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 400
 resolución 
 resolución 
 artículo 194
 artículo 174
 resolución 
 artículo 194
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 194
 artículo 15
 artículo 400
 artículo 194
 artículo 277
 artículo 5
 artículo 235
 artículo 235