Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=282&lang=es
Timestamp: 2018-08-15 07:00:59+00:00

Document:
<p><strong>I. Incompetencia <em>&lsquo;ratione temporis&rsquo;</em> de la Corte para examinar supuestas violaciones ocurridas previo al reconocimiento de competencia por el Estado</strong></p>
<p>12. El Estado señaló que de acuerdo con el artículo 62 de la Convención y la jurisprudencia interamericana, el Tribunal tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y a la aplicación de las disposiciones de la Convención, a partir de que el Estado haya reconocido su competencia. Brasil reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte el 10 de diciembre de 1998 (…). Por lo tanto, tomando en consideración que la muerte de Sétimo Garibaldi ocurrió el 27 de noviembre de 1998, la Corte no tendría competencia para declarar violaciones a la Convención en el presente caso. </p>
<p>19. De manera general, a efectos de determinar si tiene o no competencia para conocer un caso o un aspecto del mismo, de acuerdo con el artículo 62.1 de la Convención Americana, la Corte debe tomar en consideración la fecha de reconocimiento de la competencia por parte del Estado, los términos en que el mismo se ha dado y el principio de irretroactividad, dispuesto en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (…).</p>
<p>20. Brasil reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998 y en su declaración indicó que el Tribunal tendría competencia para los &ldquo;hechos posteriores&rdquo; a dicho reconocimiento. Con base en lo anterior y en el principio de irretroactividad, la Corte no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la Convención y declarar una violación a sus normas cuando los hechos alegados o la conducta del Estado, que pudiera implicar su responsabilidad internacional, son anteriores al reconocimiento de la competencia del Tribunal.</p>
<p>22. Las partes coinciden en que la muerte del señor Garibaldi ocurrió el 27 de noviembre de 1998, es decir, con anterioridad al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por parte del Estado. La privación de la vida del señor Garibaldi, la cual se ejecutó y consumó de manera instantánea en esa fecha, queda fuera de la competencia del Tribunal y, por ello, no se analizará la alegada responsabilidad estatal por ese hecho. Por la misma razón, queda fuera de la competencia del Tribunal la supuesta violación al derecho a la integridad personal en razón del alegado sufrimiento previo al fallecimiento que habría afectado al señor Garibaldi, así como cualquier otro hecho anterior al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por parte del Estado (…). </p>
<p>23. (…) [L]a Corte es competente para analizar los hechos y posibles omisiones relacionadas con la investigación de la muerte del señor Garibaldi que ocurrieron bajo la competencia temporal del Tribunal, es decir, con posterioridad al 10 de diciembre de 1998, a la luz de los artículos 8 y 25, en relación con los artículos 1.1, 2 y 28 de la Convención. De igual modo, el Tribunal tiene competencia para analizar tales hechos a la luz de la obligación procesal derivada del deber de garantía emanada del artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. En efecto, Brasil ratificó la Convención Americana en 1992, seis años antes de la muerte del señor Garibaldi. Por lo tanto, el Estado se encontraba requerido, desde aquella fecha, a cumplir con la totalidad de las obligaciones emanadas de la Convención, entre otras, la obligación de investigar y, en su caso, sancionar la privación del derecho a la vida, aún cuando este Tribunal no tuviera competencia para juzgarlo por supuestas violaciones a la misma. No obstante lo anterior, la Corte puede examinar y pronunciarse sobre el eventual incumplimiento de la obligación convencional respecto de los hechos y supuestas omisiones relativos a la investigación a partir del 10 de diciembre de 1998, cuando el Estado aceptó la competencia contenciosa del Tribunal.</p>
<p>24. (…) [S]in perjuicio de que la Corte tiene competencia temporal en los términos antes señalados, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de la Comisión según el artículo 50 de la Convención. Además, de conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento, corresponde a la Comisión y no a este Tribunal identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante esta Corte. Tomando en cuenta lo anterior, de acuerdo con su jurisprudencia reiterada, el Tribunal considera como presuntas víctimas a aquellas que así aparecen indicadas en el escrito de demanda de la Comisión. En el presente caso, en el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 13/07, la Comisión estableció la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 4de la Convención Americana en perjuicio de Sétimo Garibaldi. Sin embargo, en la demanda la Comisión indicó como presuntas víctimas a la señora Garibaldi y a sus seis hijos por la alegada violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. (…) </p>
<p>25. Con base en las consideraciones precedentes el Tribunal admite parcialmente esta excepción preliminar.</p>
<p><strong>II. Incumplimiento por los representantes de los plazos previstos en el Reglamento de la Corte para presentar el escrito de solicitudes y argumentos y sus anexos</strong></p>
<p>26. El Estado alegó el incumplimiento por parte de los representantes de los plazos establecidos en los artículos 26.1 y 36.1 del Reglamento de la Corte. (…)</p>
<p>29. En el presente caso, el supuesto incumplimiento de los representantes de los plazos previstos en el Reglamento para presentar el escrito de solicitudes y argumentos y sus anexos no sustenta una excepción preliminar (…), pues no objeta la admisibilidad de la demanda o impide que el Tribunal conozca el caso. </p>
<p><strong>III. Imposibilidad de alegar violaciones no consideradas durante el procedimiento ante la Comisión Interamericana</strong></p>
<p>31. El Estado señaló que la Comisión requirió en su demanda que el Tribunal declarara el incumplimiento del artículo 28 de la Convención. (…) Alegó que la jurisprudencia de la Corte ha establecido que no es posible incluir en esta fase una violación no apreciada durante el procedimiento ante la Comisión, pues se estaría sustrayendo al Estado la oportunidad de manifestarse sobre el tema en aquella instancia, necesariamente anterior al juzgamiento por parte de la Corte. Agregó que el referido dispositivo no establece derecho o libertad alguna sino reglas de interpretación y aplicación de la Convención y que dicho tratado, particularmente en los artículos 48.1 y 63, es claro al establecer que los órganos del Sistema Interamericano sólo pueden examinar eventuales violaciones a derechos y libertades. Por lo expuesto, a juicio del Estado la alegada violación al artículo 28 de la Convención no debe ser analizada por la Corte. </p>
<p>39. La Corte considera que la inclusión en la demanda del supuesto incumplimiento del artículo 28 de la Convención Americana, cuando el mismo constaba en el Informe No. 13/07 de la Comisión, no resulta contrario a las disposiciones relevantes de la Convención Americana y del Reglamento de la Comisión. </p>
<p>42. Con base en las consideraciones precedentes la Corte desestima esta excepción preliminar</p>
<p><strong>IV. Falta de agotamiento de los recursos internos</strong></p>
<p>43. El Estado alegó, en términos generales, que los representantes no cumplieron con el requisito de previo agotamiento de los recursos internos antes de acudir al Sistema Interamericano. (…)</p>
<p>50. De los argumentos de las partes y la prueba allegada al expediente, la Corte observa que los alegatos del Estado relativos a la eficacia y a la inexistencia de un retardo injustificado en la investigación policial versan sobre cuestiones relacionadas con el fondo del caso, puesto que controvierten los alegatos relacionados con la presunta violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. 51. Con base en las consideraciones precedentes la Corte desestima esta excepción preliminar.</p>
<p><strong>I. Artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la misma Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de la misma</strong></p>
<p>111. La Corte ha reconocido en casos anteriores la necesaria relación que existe entre el deber general de garantía señalado en el artículo 1.1 de la Convención y los derechos específicos protegidos por este instrumento. Como consecuencia de dicho deber de garantía, surgen obligaciones que recaen sobre el Estado a fin de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Este deber de garantía, al estar vinculado con derechos específicos, puede ser cumplido de diferentes maneras, dependiendo del derecho que el Estado tenga el deber de garantizar y de la situación particular del caso.<br>
112. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que para cumplir con la obligación de garantía los Estados deben, no solo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en ese instrumento, (…), y procurar además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.<br>
113. Es pertinente destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultado. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. </p>
<p>115. [La] Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, <em>inter alia</em>: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.</p>
<p>116. [El] Tribunal se ha referido al derecho que asiste a los familiares de las presuntas víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los responsables de los hechos. Al respecto, la Corte también ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. En este sentido, la Corte ha señalado que en un caso de ejecución extrajudicial los derechos afectados corresponden a los familiares de la víctima fallecida, quienes son la parte interesada en la búsqueda de justicia y a quienes el Estado debe proveer recursos efectivos para garantizarles el acceso a la justicia, la investigación y eventual sanción, en su caso, de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones. </p>
<p>117. Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a éstas sea efectivamente investigado por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido<br>
118. Asimismo, la Corte ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de los familiares no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos.</p>
<p>133. Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los responsables. La falta de razonabilidad en el plazo para el desarrollo de la investigación constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. En ese sentido, la Corte ha considerado cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. </p>
<p>134. La Corte advierte que el retardo en el desarrollo de la Investigación no puede justificarse en razón de la complejidad del asunto. En efecto, el presente caso se trató de un sólo hecho, ocurrido frente a numerosos testigos, respecto de una sola víctima claramente identificada. Asimismo, desde el inicio de la Investigación podrían existir indicios sobre la posible autoría y motivación del hecho los cuáles pudieron guiar el procedimiento y sus diligencias. </p>
<p>135. En cuanto al segundo de los elementos a ser considerado, el Tribunal advierte que el delito de homicidio debe ser investigado de oficio por el Estado, conforme éste mismo lo ha explicado y a la legislación nacional (…), y la actividad procesal de los familiares del señor Garibaldi en ningún momento entorpeció la Investigación.</p>
<p>136. Con respecto a la conducta de las autoridades responsables (…), a lo largo de casi seis años que duró la Investigación, en trece oportunidades se solicitaron y otorgaron prórrogas para el desarrollo de la misma. De tal manera, considerando el período transcurrido entre el 10 de diciembre de 1998, cuando recién se iniciaba la Investigación, hasta la orden de archivo en mayo de 2004, la Corte encuentra que dicho procedimiento tardó el equivalente a más de sesenta veces el plazo legal de treinta días establecido en el artículo 10 del Código de Proceso Penal.</p>
<p>138. En cuanto al cuarto elemento, la Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. En el presente caso la Corte considera que no es necesario realizar el análisis de este elemento para determinar la razonabilidad del plazo de la Investigación iniciada a raíz de la muerte del señor Garibaldi.</p>
<p>140. La Corte Interamericana concluye que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia en la investigación de la muerte de Sétimo Garibaldi, la cual, además, excedió un plazo razonable. Por ello, el Estado violó los derechos a las garantías y a la protección judiciales previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Iracema Garibaldi, Darsônia Garibaldi, Vanderlei Garibaldi, Fernando Garibaldi, Itamar Garibaldi, Itacir Garibaldi y Alexandre Garibaldi.</p>
<p><strong>II. Artículo 28 (cláusula Federal) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana</strong></p>
<p>145. (…) [L]a Corte Interamericana tiene competencia para interpretar y aplicar todas las disposiciones de la Convención Americana, no sólo aquellas que reconocen derechos específicos, sino también las que establecen obligaciones de carácter general como las que se derivan de los artículos 1 y 2 del tratado, habitualmente interpretadas y aplicadas por el Tribunal, así como otras disposiciones, entre las que figuran las normas de interpretación previstas en el artículo 29 de dicho instrumento. </p>
<p>146. En lo que respecta a la denominada &ldquo;cláusula federal&rdquo; establecida en el artículo 28 de la Convención Americana, en ocasiones anteriores la Corte ha tenido oportunidad de referirse al alcance de las obligaciones internacionales de derechos humanos de los estados federales. (…) [U]n Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacional&rdquo;. (…)</p>
<p>148. (…) [L]a Corte estima, (…), que el alegato sobre la eventual inobservancia de las obligaciones emanadas del artículo 28 de la Convención debe referirse a un hecho con entidad suficiente para ser considerado como un verdadero incumplimiento.</p>
<p>149. [E]l Tribunal no encuentra que el Estado haya incumplido las obligaciones emergentes del artículo 28 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 y 2 del mismo tratado. </p>

References: artículo 62
 artículo 62
 artículo 28
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 33
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 1
 Artículo 28
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28