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Timestamp: 2018-07-20 17:15:50+00:00

Document:
Javier Quiroga Vega
1 BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFJ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sentencia 204/2014, de 19 de febrero de 2014 Sala de lo Contencioso-Administrativo Rec. n.º 235/2012 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: IP. Exenciones. Participaciones en entidades. Requisitos. Funciones de dirección. Remuneración superior al 50 por 100. La rectificación de la declaración por el IRPF instada por el sujeto pasivo y aceptada por la AEAT al objeto de incrementar sus remuneraciones de tal modo que le permita superar el límite para entrar dentro del ámbito objetivo de la exención en el IP no sólo debe producir efectos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino también en el Impuesto sobre el Patrimonio. De ello cabe concluir que, a fecha de devengo del Impuesto, se cumplían los requisitos para la procedencia de la exención. Ley 19/1991 (Ley IP), arts. 4.Ocho.Dos.c). RD 1704/1999 (Desarrollo art. 4 octavo.dos Ley IP), art. 5. Ley 58/2003 (LGT), arts. 108, 120 y 122. Don José Alberto Gallego Laguna. Magistrados: Doña ANTONIA DE LA PEÑA ELIAS Don JOSE ALBERTO GALLEGO LAGUNA Don JOSE IGNACIO ZARZALEJOS BURGUILLO Doña MARIA ROSARIO ORNOSA FERNANDEZ Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta C/ General Castaños, NIG: / Procedimiento Ordinario 235/2012 Demandante: COMUNIDAD DE MADRID LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA Tribunal Superior de Justicia de Madrid Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda Sr. ABOGADO DEL ESTADO D./Dña. Penélope PROCURADOR D./Dña. JESUS VERDASCO TRIGUERO
2 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA SENTENCIA 204 RECURSO NÚM.: LETRADO COMUNIDAD DE MADRID PROCURADOR D./DÑA: JESÚS VERDASCO TRIGUERO Ilmos. Sres.: Presidente D. José Alberto Gallego Laguna Magistrados D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo Dña. Maria Rosario Ornosa Fernández Dña. María Antonia de la Peña Elías En la Villa de Madrid a 19 de Febrero de 2014 Visto por la Sala del margen el recurso núm interpuesto por la COMUNIDAD DE MADRID representado y defendido por su letrado contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha reclamación nº NUM000, NUM001, NUM002, NUM003 interpuesta por el concepto de Patrimonio habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía y como codemandada DÑA. Penélope, representada por el procurador D. JESUS VERDASCO TRIGUERO. Primero: ANTECEDENTES DE HECHO Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda. Segundo: Se dio traslado al Abogado del Estado, para contestación de la demanda y alegó a su derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido. Tercero:
3 No estimándose necesario el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo, la audiencia del día en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia. Siendo Ponente el Ilmo. Sra. Magistrado D. José Alberto Gallego Laguna. Primero: FUNDAMENTOS DE DERECHO Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 27 de septiembre de 2011 en las reclamaciones económicoadministrativas números NUM004, NUM005, NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, interpuestas contra acuerdos de: 1 ) Liquidaciones provisionales practicadas por la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por el Impuesto sobre el Patrimonio, por los ejercicios 2005, 2006 y 2007, e importes respectivos de ,00, ,48 y ,35 euros. 2 ) Imposición de sanciones por infracciones tributarias leve, dictados por el órgano anterior y derivados de las anteriores liquidaciones, e importes respectivos de 6.875,92, 6.601,88 y 7.299, 69 euros. La indicada resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid acordó desestimar las reclamaciones números NUM004 y NUM005, confirmando los actos administrativos impugnados relativos a 2005 y estimar las reclamaciones, NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 anulando los actos administrativos impugnados y dictando otros según lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores. Segundo: La Comunidad de Madrid, recurrente en el presente recurso, solicita en su demanda que anule de la Resolución recurrida. Alega, en resumen, como fundamento de su pretensión, que no comparte el fallo del TEAR puesto que la presentación de declaraciones complementarias de IRPF de Dª Penélope, por los ejercicios 2006 y 2007, teniendo en cuenta que ella es la Administradora única de la sociedad Inmobiliaria CABIMA SL, y que ella y su marido ostentan conjuntamente el 100% de la sociedad, a los efectos de cumplir con el requisito legal para disfrutar de la exención, declarando extemporáneamente (en el año 2009) haber percibido en el ejercicio 2006 (cantidad suficiente para superar el 50% al haber declarado cero euros inicialmente, en el plazo voluntario), y en 2007 (cantidad también suficiente para superar el 50% dado que había declarado recibidos de otra empresa en 2007), resulta a juicio de la Comunidad de Madrid que se trata de una actuación del sujeto pasivo a los solos efectos de obtener un beneficio fiscal, la exención del paquete de participaciones valorado en ,1, por lo que no puede admitirse como medio de prueba suficiente para acreditar el requisito legal, habida cuenta de que se realiza fuera del plazo reglamentario y con posterioridad a la práctica de actuaciones por la Administración, por quien es la administradora única de la sociedad y por tanto, tiene entre sus funciones presentar el modelo 190 de retenciones, que también se presenta extemporáneamente en el año 2009, y por los importes ajustados para cumplir el requisito del 50%. Que debe atenderse, por tanto, a las circunstancias que concurrían en el momento del devengo del Impuesto sobre el Patrimonio, para analizar los medios de prueba existentes, sin que la presentación de declaraciones complementarias del IRPF pueda alterar los elementos para determinar la procedencia de la exención, pues admitirlo sería dar validez a una declaración que se realiza con el único fin de obtener un beneficio fiscal que legalmente no le corresponde. El hecho de que los nuevos ingresos declarados en el IRPF se hayan incorporado a sus declaraciones de renta vía solicitud de rectificación de las autoliquidaciones iniciales no implica que deban tenerse en cuenta para determinar la exención correspondiente al Impuesto de Patrimonio que nos ocupa. Dicha postura es la sostenida tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de fecha 4/11/2005, como por el Tribunal Supremo, en sentencia de casación de 17/02/2011, ante la misma situación que concurre en el presente expediente, esto es, la presentación de declaraciones complementarias del IRPF a los efectos de acreditar la concurrencia de los requisitos para la aplicación de la reducción del 95% en el Impuesto de Sucesiones del causante. Por todo lo expuesto, en el presente caso, no cabe admitir como prueba las declaraciones complementarias del IRPF presentadas con posterioridad a la práctica de actuaciones administrativas por la propia administradora de la sociedad que a su vez es el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Patrimonio, así como su marido, declarando extemporáneamente los ingresos justos para cumplir el requisito de superar el 50% de los rendimientos, lo que se hace evidente cuando en 2006 declara únicamente euros, y en 2007, al haber declarado en plazo retribuciones de euros percibidas de otra empresa, declara euros, cifra que le permite superar justamente el 50% (al pasar a ser el rendimiento total de ). La información obtenida de la
4 Base de Datos de la AEAT corrobora que el modelo 190 de retenciones de la sociedad Inmobiliaria Cabima SL, a los efectos de declarar estas cantidades se presentó el 28/05/2009 y 11/06/2009, respectivamente, el de 2007 y 2006, cuando las liquidaciones se notificaron el 25/05/2009, y anteriormente ya se habían notificado las propuestas de liquidación provisional. Asimismo, las solicitudes de rectificación de sus autoliquidaciones se presentaron también el 23/04/2009. Tercero: El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, sostiene, en síntesis, que la Sra. Penélope ejerce en Inmobiliaria Cobima, S.L. el cargo de Administradora único, por lo que conforme al art. 4.8.d (c para el 2007) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio 19/1991 en relación con el art. 5.1.d RD 1704/1999, ejerce las funciones de dirección que estas normas exigen para la aplicación de la exención en ellos regulada. Por otro lado, del desglose de los ingresos declarados, se ve que cumple asimismo las condiciones en cuanto al porcentaje previsto en tales normas en relación con el conjunto de rentas empresariales, profesionales y del trabajo por cuenta ajena. Por tanto, como señala el TEAR para los años 2006 y 2007, procede la exención por ella solicitada. Por la codemandada, que se adhiere en un todo a los razonamientos del Sr. Abogado del. Estado plasmados en su contestación a la demanda, que concurren de los requisitos previstos en el artículo 4.8.dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio. A estos efectos, aparecen en el expediente (a los Folios 52 a 69 y 82 a ) las declaraciones del IRPF de los ejercicios 2006 y 2007, certificados de retenciones soportadas por las retribuciones percibidas de Inmobiliaria Cabima S.L., modelos 190 de resumen anual de las mismas, solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones iniciales y acuerdos de la Agencia Estatal. De Adminístración Tributaría admitiendo las solicitudes de rectificación. De todos ellos puede deducirse claramente que los rendimientos percibidos por las funciones de dirección en Inmobiliaria Cabima S.L. en ambos ejercicios suponen más del 50% de los rendimientos de actividades empresariales, profesionales y del trabajo personal, y por tanto cumplen las condiciones legales establecidas para disfrutar de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. Esas solicitudes de rectificación de autoliquidaciones se realizaron en virtud de lo establecido en los artículos 120 y 122 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y por ello debe primar, en virtud de las presunciones de veracidad contenidas en el artículo 108 de esa Ley, el contenido de las autoliquidaciones rectificadas y admitidas por la Agencia Tributaria, o de otro modo realizar los actos de comprobación o investigación necesarios en aquellos casos en que no estime ciertas las declaraciones. En consecuencia, a la fecha del devengo del Impuesto sobre el Patrimonio (31/12/2006 y 31/12/2007) las participaciones de la entidad Inmobiliaria Cabima S.I.. están exentas de ese impuesto por cumplirse todas las condiciones exigidas por la ley, al suponer las percepciones recibidas, según consta en el expediente, más del 50% de los rendimientos de las actividades empresariales, profesionales, y del trabajo personal, no habiendo acreditado lo contrario la Administración demandante. Cuarto: En el análisis de las cuestiones controvertidas en el presente litigio debe señalarse que a la vista de las alegaciones formuladas por las partes, la discrepancia se centra en el alcance que ha de darse a las solicitudes de rectificación presentadas por los contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas respecto de los efectos que las mismas han de producir en el Impuesto sobre el Patrimonio. Sobre dicha cuestión hay que precisar que la recurrente invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2011 (Nº de Recurso: 2124/2006 ), dictada en relación con una sentencia de la Sección Cuarta de esta Sala de 4 de noviembre de Si bien debe señalarse se refiere al Impuesto sobre Sucesiones y en ella, entre otras consideraciones se expresa lo siguiente: "Pues bien, no es admisible que una legataria rectifique en noviembre de 2001 y en abril de 2002 las declaraciones de IRPF de la causante relativas a los ejercicios 1997 y 1998, a menos que se acredite que ha existido un error de hecho en las declaraciones, lo que en el presente caso no ha quedado cumplidamente acreditado, como era exigible, dada la excepcionalidad del supuesto". Por otra parte se razona que "No es ya, pues, que tuviera conocimiento del inicio de la actuación comprobadora o inspectora por la Administración, es que ya sabía el resultado de la misma al haberle sido notificada la liquidación. En estas condiciones, nos parece que las modificaciones introducidas en el IRPF de los ejercicios 1997 y 1998 no podían ser consideradas, "strictu sensu", como declaraciones o liquidaciones complementarias. Por eso hemos de coincidir con la sentencia recurrida en que la posición del sujeto pasivo Dª Eva María no podía alterarse por actos de un legatario realizados con posterioridad al fallecimiento de aquélla y una vez producido el devengo del Impuesto de Sucesiones correspondiente. Las liquidaciones complementarias presentadas con posterioridad a la liquidación del IRPF no podían tener incidencia en el Impuesto sobre Sucesiones ya devengado.". La singularidad del supuesto analizado en la sentencia referida del Tribunal Supremo determina que no sea aplicable dicha doctrina al presente caso, pues en el caso examinado por el Tribunal Supremo se concluye que no puede considerarse que las modificaciones introducidas en el IRPF por las solicitudes de rectificación
5 posteriores a la fecha de devengo no podían ser consideradas, "strictu sensu", como declaraciones o liquidaciones complementarias, por entender que en ese caso la posición del sujeto pasivo causante de la herencia no podía alterarse por actos de un legatario realizados con posterioridad al fallecimiento de aquélla y una vez producido el devengo del Impuesto de Sucesiones correspondiente. Sin embargo, en el presente caso, se trata de un supuesto bien diferente, pues es la misma persona la que presentó las autoliquidaciones la que presenta la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones, es decir, no se trata de un tercero legatario que modifique las autoliquidaciones presentadas inicialmente por el sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pero es que además se han aportado al expediente, como se indica en la resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, acuerdo de la Administración Tributaria en la que se estiman la solicitudes de rectificación de autoliquidación presentadas por los sujetos pasivos. Por otra parte, a diferencia del caso analizado en la sentencia del Tribunal Supremo, en el presente supuesto, las solicitudes de rectificación de autoliquidación referidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios de 2006 y 2007 se presentaron el 23 de abril de 2009, es decir, con anterioridad a la emisión de las liquidaciones provisionales del Impuesto sobre el Patrimonio, de los ejercicios 2006 y 2007, que son de 11 de mayo de 2009 (notificadas el 25 de mayo de 2009), siendo estimadas las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por acuerdos de 13 de octubre de 2009 de la Dependencia Provincial de Gestión de María de Molina de la Delegación de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acordándose la devolución del importe resultante de las solicitudes de rectificación. Por tanto, en el presente caso, deben considerarse válidas y producir efectos las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios de 2006 y 2007, como así lo acordó la Delegación de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las resoluciones indicadas de 13 de octubre de 2009, que no consta que fuesen impugnadas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los arts y 122 de la Ley General Tributaria, que permiten que el obligado tributario inste la rectificación de su autoliquidación y la presentación de autoliquidaciones complementaria o sustitutivas. Dichas rectificaciones no sólo producen efectos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino también en el Impuesto sobre el Patrimonio en la medida en que tienen incidencia en éste. De lo cual debe concluirse que en la fecha del devengo del Impuesto del Patrimonio de los ejercicios de 2006 y 2007, respectivamente, el 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007, se cumplían los requisitos para la procedencia de la exención en los términos en los que se estima en la resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid En consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso administrativo, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida en relación con la impugnación formulada en la demanda formulada por la Comunidad de Madrid que ha dado lugar al presente recurso contencioso administrativo. Quinto: En base a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la redacción dada por la Ley 37/2011, procede especial imposición de costas a la recurrente al ser rechazadas sus pretensiones. F A L L A M O S Debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la Comunidad de Madrid, contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 27 de septiembre de 2011, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida en relación con la impugnación formulada en la demanda formulada por la Comunidad de Madrid que ha dado lugar al presente recurso contencioso administrativo. Con imposición de costas a la recurrente. Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma no cabe recurso. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública el día en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico. El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 108
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 248
 resolución