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Timestamp: 2020-08-13 05:20:36+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00336/4880-2015 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2014-00336 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:RÉGIMEN DE CESANTÍAS APLICABLES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TERRITORIALES. SE ESTIPULO QUE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 6 DE 1945 ESTABLECIÓ QUE LOS EMPLEADOS Y OBREROS NACIONALES DE CARÁCTER PERMANENTE, GOZARÍAN ENTRE OTRAS PRESTACIONES DE UN AUXILIO DE CESANTÍAS A RAZÓN DE UN MES DE SUELDO O JORNADA POR CADA AÑO DE SERVICIO, PARA LO CUAL SE TENDRÍA EL TIEMPO DE SERVICIO PRESTADO DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 1942. ASÍ MISMO, EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990 SE CONSTITUYE EL RÉGIMEN ANUALIZADO DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS EN EL QUE SE ESTIPULA QUE EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO SE HARÁ LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CESANTÍA, POR LA ANUALIDAD O POR LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE LA QUE DEBE EFECTUARSE EN FECHA DIFERENTE POR LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. EN EL CUAL SE ORDENA LA CANCELACIÓN DE LOS INTERESES LEGALES DEL 12% ANUAL O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN, CON RESPECTO A LA SUMA CAUSADA EN EL AÑO O FRACCIÓN QUE SE LIQUIDE DEFINITIVAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, EMPLEOS PÚBLICOS, SALARIO, JORNADA LABORAL, REGLAMENTO DE LOS FONDOS DE CESANTÍAS, REGLAMENTO DEL PAGO DE CESANTÍAS
Sentencia 2014-00336/4880-2015 de marzo 1º de 2018
Rad.: 08001-23-33-000-2014-00336-01 (4880-2015)
Actor: Jorge Mario Pérez Díaz
Accionado: Departamento del Atlántico, Contraloría General del departamento del Atlántico
El problema jurídico consiste en establecer si el señor Jorge Mario Pérez Díaz tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y la de la Ley 244 de 1995 solicitada en su demanda, por considerar que recibió un pago parcial del auxilio de cesantías, dado a que la Contraloría General del Departamento del Atlántico realizó una nivelación salarial que presuntamente no fue tenida en cuenta.
Se tiene que la Ley 6ª de 1945 en su artículo 17 estableció que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilió de cesantías, a razón de un mes de sueldo o jornada por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado después del 1º de enero de 1942.
Así mismo la “Ley 50 de 1990 en el artículo 99, expresamente constituye el régimen anualizado de liquidación de cesantías cuando en su numeral 1 señaló, que “El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo”. En el numeral 2, ordenó la cancelación de los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. En su numeral 3, fijó la sanción moratoria cuando no se efectúe de manera oportuna la consignación del auxilio en el fondo privado en el que se encontrara afiliado el trabajador, que consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo. Y, en el numeral 4, dispuso que cuando se termina la relación laboral y existan saldos de cesantías a favor del trabajador que no haya sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.”(3).
Se evidencia en el expediente que el demandante se Vinculó con la Contraloría General del Departamento del Atlántico en el cargo de profesional universitario código 340 grado 09, el día 16 de febrero de 2004 según documento obrante a folio 114 del expediente.
Se tiene que a folios 14 a 24 se encuentra la solicitud por parte del accionante de 16 de octubre de 2013 a la entidad demandada, consistente en que se le consignen las cesantías causadas desde 2004 hasta el año 2012, al igual que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las mismas por ser estas parciales.
Se halla repuesta negativa por parte de la Contraloría Departamental del Atlántico de 6 de noviembre de 2013 Nº 01116313 (ff. 25 a 27), mediante la cual se le indicó que se le cancelaron las respectivas cesantías en el fondo correspondiente y que “respeto al pago de la citada prestación se hace necesario aclarar que no hubo pago parcial o incumplimiento de la misma por parte de la entidad además que si no estaba de acuerdo con la liquidación del auxilio de cesantías debió acudir a las acciones administrativas correspondientes que la ley otorga.
Ahora bien, de conformidad con las pruebas existentes en el expediente se estableció para la sala que el señor Jorge Mario Pérez Díaz es beneficiario del régimen establecido en la en la Ley 50 de 1990 por cuanto se vinculó con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y le es aplicable la Ley 344 de 1996 que se reglamenta por el Decreto 1285 de 1998.
También se aprecian las siguientes resoluciones en donde se le reconoció el pago de las cesantías parciales y definitivas al demandante, como las consignaciones al fondo de cesantías de los años 2005 a 2011, por la totalidad de los valores allí reconocidos así:
Resolución Vigencia
reconocida Valor Fondo
Resolución 88 de 14 de febrero de 2005, emitida por el Contralor General de la Contraloría Departamental del Atlántico, (ff. 52 y 53). 2005 $ 1.071.263 Porvenir
Resolución 55 de 13 de febrero de 2006, proferida por el Contralor Departamental del Atlántico por la cual se le reconoce al accionante sus cesantias (f. 54). 2005 $ 1.422.177 Porvenir
Resolución 73 de 13 de febrero de 2007, expedida por el Contralor del Departamento del Atlántico (f. 55). 2006 $ 1.538.516 Protección
Resolución 116 de 14 de febrero de 2018 suscrita por el Contralor del Departamento del Atlántico (f. 56). 2007 $ 1.597.559 Colfondos
Resolución 72 de 12 de febrero de 2009, emitida por el Contralor del Departamento del Atlántico (f. 57). 2008 $ 1.694.164 Colfondos
Resolución 56 de 9 de febrero de 2010 proferida el Contralor del Departamento del Atlántico (f. 58). 2009 $ 1.823.899 Colfondos
Resolución 108 de 14 de febrero 2011 suscrita por el Contralor del Departamento del Atlántico (f. 59). 2010 $ 1.896.630 Colfondos
Resolución 110 de 18 de febrero de 2012 suscrita por el Contralor del Departamento del Atlántico (f. 61). 2011 1.956.946 Colfondos
El régimen de liquidación anualizado del auxilio de cesantías previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990(4), extendido únicamente a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y que se afilien a los fondos privados(5), contempló la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que el empleador incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente(6).
La Sección Segunda de esta corporación mediante la sentencia de 25 de agosto de 2016(7), también unificó los diversos criterios jurisprudenciales existentes en relación con la sanción que contempla el régimen anualizado, en aras de proteger al empleado cesante afectado con el incumplimiento de la entidad pública morosa, En suma, la providencia unificó los siguientes aspectos:
— La sanción moratoria se causa a partir del incumplimiento por parte del empleador de consignar de manera anualizada el auxilio de cesantías dentro del término legal (14 de febrero de cada vigencia fiscal), al considerar los siguientes aspectos: i) el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte al 31 de diciembre de cada año, y además, los fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado los saldos de su cuenta individual; y ii) la posición jurisprudencial(8) que sostenía la exigibilidad de la obligación a partir de la terminación del vínculo laboral imponía al empleador una carga adicional, en tanto el empleado público podía reclamar porciones afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción. Al respecto, consideró:
La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con lo previsto en el inciso 1(9) del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.
— La sanción por mora no es accesoria al auxilio de cesantías, puesto que al hacer parte del derecho sancionador cuya finalidad es penalizar económicamente al empleador que incurra en retardo(10) es susceptible de prescripción. Al respecto, debe aplicarse el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral antes citado y no el término prescriptivo contemplado en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, los cuales se predican de los derechos allí contemplados, entre los cuales no se reguló la sanción aludida cuya creación tuvo lugar con la expedición de la Ley 50 de 1990. Sobre este punto, la Sección Segunda señaló al tenor, lo siguiente:
Como se señaló en forma previa, los salarios moratorias, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios(11) a la prestación “cesantías”.
Como hacen parte del derecho sancionador(12) y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.
En ese orden de ideas, por disposición legal y en virtud del criterio unificador de la Sección Segunda de esta corporación mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, se establece que la exigibilidad de dicha sanción tiene lugar a partir del momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente en la cuenta individual del trabajador dentro del plazo legal (antes del 15 de febrero del año siguiente a aquel en que se causó la prestación) y tiene lugar hasta el momento en que la entidad cumpla su deber legal, se produzca su pago efectivo o finalice el vínculo laboral.”(13).
Es pertinente señalar que para esta sala, en el presente caso, no se configuraron las sanciones deprecadas por la parte demandante, toda vez que en la normatividad no se encuentra previsto sanción moratoria para pagos tardíos de nivelaciones salariales.
De conformidad con todo lo anterior la sala concluye que como en el presente caso existió el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías parciales al demandante, con base en los salarios y prestaciones vigentes al momento de la causación de los mismos, por la totalidad de los períodos 2004 a 2012, no proceden las súplicas de la demanda frente a esta pretensión.
Con relación a la solicitud atinente a la mora prevista en la Ley 244 de 1995, se tiene que esta no es de recibo, toda vez que el accionante, a la presentación de la demanda, se encontraba trabajando en la entidad demandada, tal como lo acreditó la entidad demandada a folio 82 del expediente, por cuanto y esta está prevista, en caso de retardo en el pago de las cesantías definitivas cuando el servidor llegare a quedar cesante.
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias en derecho(14), los llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso(15) y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte del expediente al superior en caso de apelación.
Tiene previsto el artículo 188 ídem que “salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento-Civil”, hoy día por el Código General del Proceso.
En orden a lo anterior, como la Contraloría General del Departamento del Atlántico sí presentó alegatos de conclusión, esta Sala de Decisión condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, quien resultó vencida en las resultas del proceso.
Por todo lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica, esta Sala de Subsección procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico de 21 de septiembre de 2015, que negó las pretensiones de la demanda.
CONFIRMAR la sentencia de 21 septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.
Se condena en costas en esta instancia a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
3 Sentencia de 29 de enero de 2015. Consejo de Estado. Sección Segunda - Subsección A. exp. 70001-23-33-000-2012-00053-01 (0613-14). Actor: Alonso Emiro Rengifo Lobo. Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo —IMDER—.
4 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
5 De conformidad con el Decreto 1582 de 1998 reglamentario de los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998.
6 “ART. 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales de 112% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016. Rad. 0800123 31 000 2011 00628 01 (0528 14). C.P.: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
8 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de mayo de 2009. Expediente 2070-07, C.P.: Dr. Gerardo Arenas Monsalve; ii) De la Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011, C.P.: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad: 2005-09; iii) De la Subsección B, sentencia de 9 de mayo de 2013, C.P.: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Rad: 1219-2012; iv) De la Subsección A, sentencia de 20 de noviembre de 2014, C.P.: Dr. Alfonso Vargas Rincón, Rad: 3404-13; v) De la Subsección A, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P.: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad: 2924-2013.
9 “ART. 104.—De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía (…)”.
10 Al respecto citó: Corte Constitucional. Sentencia C-448 de 1996.
11 Tal indemnización no tiene el carácter de accesoria a las cesantías, como pasa a precisarse en esta providencia, a pesar de que en diversas providencias, se le haya dado tal connotación; ver, entre otras, el auto de 21 de enero de 2016, Rad.: 27001-23-33-000-2013 00166-01 (0593 14).
12 En Sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora (…)”.
13 Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B Radicación: 08001233300020140033201 Nº interno: 3815-2015. Actor: Juan Carlos Torres Trillos. Demandados: Departamento del Atlántico. Contraloría del Atlántico.
15 Articulo 171 Nº 4 en conc. Art. 178 ib.

References: ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 99
 artículo 17
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 artículo 151
 artículo 188
 artículo 365