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Timestamp: 2017-08-24 10:35:10+00:00

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CATALUÑA 2017: IGUALDAD O SECESION (autor: Clemente Polo)
Artículo publicado en el diario Expansión el 6 de enero de 2017
2017 va a ser un año decisivo para el futuro del Estado social y democrático de Derecho que lograron hilvanar los principales líderes políticos tras la muerte de Franco y la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles ratificó con entusiasmo el 6 de diciembre de 1978. De todas las amenazas a la arquitectura de nuestra joven democracia, la más inmediata y grave es, sin duda, el proceso secesionista que impulsan ERC, los restos del naufragio de CDC y la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP) desde el gobierno y el Parlament de Cataluña. No está de más repasar cómo hemos llegado hasta aquí.
Viaje a la ilegalidad
9-N con su gobierno antes de romper CiU.
A la consulta que organizó y financió el gobierno de Mas en dependencias públicas, con la colaboración de organizaciones secesionistas, el 9 de noviembre de 2014, siguió el acuerdo que Mas y Junqueras alcanzaron en enero de 2015 para adelantar las elecciones autonómicas al 27 de septiembre de 2015 con intención expresa de convertirlas en un plebiscito sobre la independencia que pondría en marcha el proceso de constitución de la república independiente de Cataluña catalana a completar en18 meses. Para asegurarse el control del Parlament y el gobierno que presidiría de nuevo Mas, ERC y CDC decidieron en julio de 2015 crear Junts pel Sí (JxS) para concurrir coaligados a las elecciones del 27-S.
Mas y Junqueras firmando el acuerdo para convocar elecciones plebiscitarias.
Mas ‘celebrando’ los resultados del 27-S con Romeva, Forcadell y Junqueras. La verdad es que tenían poco que celebrar al haber obtenido peores resultados que en 2010 y 2012.
JxS, con el 39,5% de los votos y 62 diputados, fue la fuerza más votada pero no logró la mayoría absoluta y quedó a merced de la CUP (8,2% de los votos y 10 diputados). Forcadell (ERC y ex-presidenta de la ANC) fue elegida presidenta del Parlament el 26 de octubre con el voto a favor de 77 diputados y el 9 de noviembre JxS y CUP aprobaron la resolución conjunta I/XI que “proclamaba solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república” y fijaba al gobierno, todavía por constituir, plazos para aprobar las leyes de hacienda y protección social propias y la ‘ley de transitoriedad jurídica’, los tres pilares que garantizarían a la república catalana el control de los ingresos públicos y las prestaciones sociales y la preeminencia de las normas aprobadas en el Parlament sobre las leyes del Estado. El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la resolución I/XI por su palmaria inconstitucionalidad el 2 de diciembre de 2015.
Tras la fallida investidura de Mas, el 10 de enero de 2016 se constituyó el gobierno presidido por Puigdemont quien en su discurso de investidura ratificó su determinación de “caminar a la luz de declaración del 9N para iniciar el proceso de constitución de un estados independiente.” El 28 de enero, el Parlament constituyó la ‘comisión de estudio del proceso constituyente’ (CEPC) para desarrollar la resolución I/XI anulada por el TC. En sus conclusiones finales, la Comisión propone encomendar al ‘foro social constituyente’ y a la ‘asamblea constituyente’, dos organismos cuyas decisiones serían inapelables y vinculantes, la redacción de la constitución que luego refrendarían los catalanes. Pese a las advertencias del TC, Forcadell decidió llevar las conclusiones al pleno del Parlament que las aprobó el 27 de julio con los votos de JxS (62) y CUP (10), después de que los diputados de Ciutadans y el Partido Popular abandonaran el hemiciclo. El TC comunicó asimismo a Puigdemont y Forcadell la nulidad de esta resolución.
Turull CDC), Baños (CUP) y Romeva (independiente) registrando las enmiendas a la resolución del inicio del proceso hacia el estado independiente en forma de república en el Parlamente el 6 de noviembre 2015.
Forcadell afirma que “volvería a hacer lo mismo porque el Estado tiene miedo a la democracia”. Ahora resulta que la democracia consiste en saltarse las leyes que a uno le interesa incumplir. ¿Qué le parecería a esta demócrata de pacotilla que los catalanes nos saltáramos las normas aprobadas en el Parlament de Cataluña?
La decisión del gobierno de Cataluña de realizar la consulta del 9-N y la aprobación en el Parlament tanto de la resolución I/XI como de las conclusiones de la CEPC, ignorando las advertencias y contraviniendo las sentencias del TC, son las razones por las que Mas, Homs, Ortega, Rigau y Forcadell han sido investigados y van a ser juzgados. A ninguno de ellos se le juzga por ser independentista sino por ignorar la división de poderes y competencias de un Estado escrupulosamente democrático e intentar situarse por encima de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
El Parlament aprueba la resolución de inicio del proceso de un estado catalán independiente en forma de república.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría en el acto de toma de posesión de Millo, nuevo delegado del Gobierno en Cataluña.
Las dos últimas bofetadas del gobierno de la Generalitat y el discurso de Puigdemont de fin de año ponen de manifiesto que a la estrategia de apaciguamiento y diálogo que patrocina la vicepresidenta Sáenz de Santamaría le queda poco recorrido. A la mano tendida del Gobierno de España, Puigdemont respondió convocando el ‘pacto nacional por el derecho a decidir’ que se reunió el 23 de diciembre con el único fin de transmutarlo en ‘pacto nacional por el referéndum’ para atraer a las coaliciones Barcelona en Comú, Catalunya Sí que es Pot y En Comú Podem-Guanyem el Canvi que cuentan con 11 concejales en la ciudad de Barcelona, 11 diputados en el Parlament, 12 diputados en el Congreso y 3 senadores.
Foto de los representantes de los partidos políticos y las organizaciones secesionistas que acudieron a la reunión el 23 de diciembre de 2016. En la segunda fila en el ángulo superior derecho aparece Carles Sastre, asesino convicto del empresario José María Bultó. Al parecer, a Puigdemont, Mas, Junqueras, Colau, etc. no les supone un problema posar con Sastre.
Turull, Homs y (Oriol) Pujol arropando a Osácar en dependencias del Parlament. Osácar, consejero personal de Mas entre 2000 y 2005 y Tesorero de CDC desde 2005 a 2011, está imputado por cobrar comisiones con las que se financió CDC y sus fundaciones.
La segunda bofetada la propinó Turull, portavoz de JxS, la al anunciarr el 26 de diciembre que JXS y la CUP tienen lista la Ley de Transitoriedad Jurídica cuyo contenido “se guardará bajo llave” para evitar sea impugnada –“ya se sabe como las gasta el Gobierno español”– y el TC la declare nula. Lo sorprendente es que el propio Turull hiciera dos afirmaciones contradictorias: primera, que sus promotores “están estudiando la mejor manera de entrar la ley en el registro”, aunque “la norma no iniciará su trámite ‘hasta que convenga’” para evitar que deje huella parlamentaria; y, segunda, que su contenido “se explicará dentro de unos días.” La pregunta que uno se hace es cómo van a explicarla y registrarla sin dejar huella. Y, en todo caso, ¿qué más les da a quienes han decidido constituir su república que el Gobierno y el TC la anulen? Mi impresión es que estas declaraciones de Turull, diputado que prometió respetar la Constitución al recoger el acta por la que cobra 7.763€ mensuales que pagamos los españoles, merecerían ser investigadas por la Fiscalía.
Turull ‘pasándole’ la ley de transitoriedad jurídica a Puigdemont.
Puigdemont en su mensaje de fin de año ofreciendo al Gobierno pactar el referéndum.
La faena la remató Puidgdemont en su discurso de fin de año en el que ofreció “su mano tendida” al Gobierno español para negociar la fecha, la pregunta y las reglas del referéndum. No hay forma de que los secesionistas se enteren que no es posible hacer una consulta para separarse de España sin reformar la Constitución española, como no lo es convocarla en Barcelona para separarse de Cataluña. Ni tampoco que comprendan que la mayoría de españoles respaldamos el Estado de ciudadanos libres e iguales que proclama nuestra Constitución, donde todos contribuyen “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”, con independencia del lugar donde residan.
Los secesionistas de JxS han ido ya muy lejos en su apuesta por la ruptura con España –llevan ocho años, los cuatro últimos a tiempo completo, dedicados a impulsar la secesión– como para plantearse ahora retroceder más allá de proponer pactar el referéndum con el Gobierno de España, algo que saben ningún Estado serio puede aceptar. Puigdemont se ha convertido en la marioneta cuyos hilos manejan la CUP, un amasijo de agitadores-vividores que pretenden acabar con el capitalismo y sacar a Cataluña de España y la UE, y ERC, un partido cuyo líder espera su momento de gloria efímera agazapado en las sombras que proyectan las figuras de Maciá y Companys.
Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos (los que piensan como ellos).
Sabedores de que ni persiguen los mismos fines ni cuentan con una mayoría social amplia para ganarse la atención en foros internacionales, los secesionistas buscan aupar a su caravana a la nueva y vieja izquierda que representan Colau, Domenech, Rabell y Coscubiela. En los próximos meses, estos políticos con vocación igualitaria tendrán que decidir si se mantienen fieles a sus principios o apoyan a la seudoizquierda secesionista (ERC+CUP) que promete a los residentes en Cataluña, una Comunidad con una elevada renta per cápita y donde lógicamente se recaudan más impuestos, que la independencia les permitirá disponer de mejores servicios públicos y pensiones más altas que el resto de españoles. Igualdad o secesión: éste es su dilema.
Colau y Domenech con los líderes de Podemos Iglesias y Errejón.

References: resolución 
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