Source: http://www.aesss.org/2014/08/ponencia-del-prof-pieters-al-xi-congreso-aesss/
Timestamp: 2018-03-18 00:24:27+00:00

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Ponencia del Prof. Pieters al XI Congreso AESSS | Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Ponencia del Prof. Pieters al XI Congreso AESSS
Fuentes de financiación y futuro Derecho europeo
Universidad Católica de Lovaina KU Leuven.
Me gustaría aprovechar la oportunidad de tomar la palabra como último en esta conferencia para compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con la forma en la que el Derecho europeo ha tratado las fuentes de financiación de la seguridad social en el pasado y cuál podría o debería ser el papel de los instrumentos del Derecho europeo en el futuro en este asunto. Esto puede alejarnos en cierto modo de los temas de sostenibilidad, revalorización o fraude social debatidos con anterioridad. A pesar de ello, espero demostrar que un nuevo enfoque en el Derecho europeo e internacional podría ofrecer respuestas que el actual Derecho europeo no proporciona en relación con la financiación de la seguridad social.
En la primera parte haré un breve repaso sobre la importancia del actual Derecho europeo e internacional de la seguridad social y trataré de responder a la siguiente pregunta: ¿qué aportan esos instrumentos jurídicos con respecto a las fuentes de financiación de la seguridad social?
En la segunda parte me gustaría compartir con ustedes mis ideas sobre cómo deberían ser en el futuro los instrumentos jurídicos europeos e internacionales de la seguridad social y demostrar que con este nuevo enfoque los temas de financiación recibirían la atención que merecen.
Parte 1. Actual Derecho europeo e internacional de la seguridad social
1.1. Estado actual de las normas europeas e internacionales
No es mi intención hacer un repaso de todos los instrumentos normativos de seguridad social. Sólo vamos a recordar los más relevantes, aquellos emanados de la OIT y del Consejo de Europa. Como la coordinación no es directamente relevante para la financiación de la seguridad social, vamos a concentrarnos ahora en la armonización, más concretamente en los instrumentos jurídicos internacionales de carácter normativo, es decir, vamos a concentrarnos en los instrumentos de armonización que no sólo fijan principios sino que establecen auténticos estándares que los Estados que los aceptan tienen que observar en sus sistemas de seguridad social.
Mientras que algunas normas mínimas previas de la OIT trataban una única contingencia, la OIT fue pionera en la fijación de un mínimo global de seguridad social cuando en 1952 adoptó el Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima). El Convenio 102 de la OIT integró en un solo Convenio todas las grandes ramas de seguridad social que previamente habían sido reguladas en Convenios separados. Con esta Convención universal, la OIT asumió el reto de tener en cuenta las grandes diferencias económicas y sociales de los Estados miembros de la OIT: ¿cómo encontrar un sistema de estándares que no fueran imposibles de alcanzar para los países más pobres pero que al mismo tiempo tuvieran alguna relevancia para los sistemas más desarrollados?
El Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima) tiene nueve partes correspondientes a los nueve riesgos cubiertos por los sistemas de seguridad social más desarrollados. Cada Estado que ratifique el Convenio tiene que cumplir los estándares fijados por el mismo con respecto a al menos 3 de esos riesgos, de acuerdo con su propia elección, siempre que al menos uno de ellos sea desempleo, vejez, enfermedad profesional, invalidez o supervivencia. La posibilidad de una ratificación gradual, es decir rama a rama, sirvió para ayudar a los países menos desarrollados a unirse al Convenio.
El Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima) establece para cada una de las nueve ramas de seguridad social:
– Normas mínimas en relación con la proporción de trabajadores o de la población que debe ser protegida. Para la mayor parte de las contingencias, el porcentaje es o el 50 por cien de todos los asalariados o el 20 por cien de todos los residentes.
– Condiciones necesarias para recibir prestaciones de seguridad social y la duración de dichas prestaciones.
– Cuantías mínimas de las prestaciones. Las cuantías deben alcanzar una suma específica para un “beneficiario estándar”, definido en el Convenio para la mayor parte de las contingencias como un hombre con mujer y dos hijos. La suma específica no es una cuantía fija válida para todos los países sino que se puede elegir entre tres métodos:
1) Calcular la prestación en dinero en proporción a los ingresos previos, o
2) en el caso de prestaciones de cuantía fija para todos los beneficiarios que sigan la filosofía de Beveridge, en relación con los ingresos de un trabajador ordinario no cualificado, o
3) cuando todos los residentes están cubiertos, un examen de recursos puede imponerse siempre que la persona sin medios no reciba menos de los que recibiría si la prestación de cuantía fija se calculase de acuerdo con el segundo método.
La cuantía mínima de la prestación, para un trabajador ordinario cualificado en el caso del primer método y para un trabajador ordinario no cualificado en el caso del segundo y tercer métodos, está fijada en un porcentaje que oscila entre el 40% y el 50% según la contingencia.
El Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima) ha influenciado considerablemente el desarrollo de la seguridad social en el mundo. Se ha convertido en un modelo y en una guía para un gran número de normas internacionales. Además, muchos países lo han ratificado. Incluso, las normas europeas de seguridad social del Consejo de Europa se han construido a partir del Convenio 102. Su carácter modélico se ha confirmado también fuera de Europa con la adopción por parte de la Organización Árabe del Trabajo en 1971 del Convenio sobre la norma mínima del seguro social, que también cubre las nueve contingencias establecidas en el Convenio 102.
Aunque los instrumentos internacionales normativos del Consejo de Europa son el Código Europeo de Seguridad Social (1964) y su Protocolo Adicional del mismo año, así como el Código Europeo de Seguridad Social Revisado (1990), no podemos analizar debidamente las normas mínimas del Consejo de Europa sin hablar antes de la Carta Social Europea (1961), su Protocolo Adicional de 1988 y la Carta Social Europea Revisada (1996).
El artículo 12 de la Carta Social Europea (1961) reconoce el derecho a la seguridad social y es uno de los artículos “clave” obligatorios de la Carta. Al aceptar este artículo, las partes contratantes se comprometen a:
– Establecer un régimen de seguridad social (apartado 1)
– Mantenerlo en un nivel equivalente, por lo menos, al exigido para la ratificación del Convenio 102 de la OIT (apartado 2) y.
– Elevar progresivamente su nivel (apartado 3).
Los instrumentos realmente normativos del Consejo de Europa llevan el nombre de “Código Europeo”, lo cual puede ser engañoso ya que no hay códigos sino convenios estructurados, de hecho, de una forma muy parecida a la del Convenio 102 de la OIT.
El Código Europeo de Seguridad Social (1964) básicamente repite las disposiciones del Convenio 102 de la OIT con pequeñas modificaciones. Sin embargo, exige a los Estados que lo ratifiquen que cumplan, en lugar de con 3, con 6 partes del Código (algunas partes cuentan más de 1). El objetivo del Código es extender el ámbito de aplicación de la legislación nacional de seguridad social de una forma gradual hasta que abarque a toda la población trabajadora, autónomos incluidos, y finalmente a toda la población, sea o no económicamente activa.
El Código indica, para cada prestación, la proporción mínima de la población que debe estar protegida contra el riesgo en cuestión. Estos mínimos se formulan como porcentaje de todos los asalariados o de todos los residentes.
El Código Europeo de Seguridad Social Revisado (1990) está principalmente influenciado por las nuevas tendencias legislativas y las nuevas prácticas de seguridad social aplicadas en algunos países (por ejemplo, énfasis en las necesidades reales de los beneficiarios, en la prevención de riesgos, etc.), pero también por las fuertes críticas contra el Código de 1964, que fue considerado como “rígido, conservador y discriminatorio”. El Código Revisado extiende el ámbito personal de aplicación (aplica mayores porcentajes de la población económicamente activa o de todos los residentes). A menudo el Código Revisado exige una cobertura del 85-95% en las distintas ramas de seguridad social. El Código Revisado mejora el nivel de las prestaciones. El Código Revisado también añade nuevas prestaciones, tales como el derecho a los servicios de orientación, formación, conversión, inserción o reinserción profesionales, y a las ayudas tanto a la movilidad profesional como geográfica.
El Código Europeo de Seguridad Social Revisado (1990) proporciona un gran número de medidas preventivas dirigidas a: evitar que la contingencia se produzca o, en el caso de asistencia médica, el deterioro del estado o de la condición de la persona de que se trate. El Código Revisado también introduce una mayor flexibilidad[1].
La supervisión de los instrumentos normativos del Consejo de Europa siempre empieza con la solicitud a los Estados miembros de los informes sobre el cumplimiento de los mínimos del Código, del Protocolo y del Código Revisado. Los informes son evaluados por expertos. En el caso del Código Revisado, los expertos pertenecen al Consejo de Europa. Para el Código, como para el artículo 12 de la Carta, este examen es llevado a cabo por la OIT. Los informes son transmitidos después al Comité de Ministros del Consejo de Europa. La decisión final en caso de no-cumplimiento de las disposiciones del Código recae en el Comité de Ministros, quien puede invitar al Estado en cuestión a rectificar la situación por medio de una Resolución. El mecanismo de control termina, por tanto, con una decisión política.
Miramos también un momento al derecho de la Unión Europea. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europa, los artículos 34 y 35 son relevantes para nuestro tema, aunque su contenido sea bastante vago. En el artículo 34 sobre seguridad social y ayuda social, “la Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales” (apartado 1). Le sigue un segundo apartado según el cual “toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales”. El tercer y último apartado establece lo siguiente: “con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales”. El artículo 35 se ocupa de la protección de la salud y reza: “toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana”.
1.2. ¿Por qué los instrumentos normativos han sido poco relevantes en tiempos de crisis?
Para responder a esta pregunta, me gustaría diferenciar la falta de atención que se presta en estos instrumentos a los aspectos financieros, por un lado, y la debilidad en general de estos instrumentos, por otra.
1.2.1. La financiación de la seguridad social y los instrumentos normativos
Si examinamos los instrumentos normativos de seguridad social europeos e internacionales antes mencionados, queda claro que prestan muy poca atención a los aspectos de financiación de la seguridad social, concentrándose en el derecho a prestaciones, que debe ajustarse a ciertos estándares (mínimos).
Ya la Convención 102 de la OIT no dice apenas nada de los temas que nos interesan aquí. De hecho, aparte de la referencia a la revalorización de prestaciones en el apartado 10º del artículo 65[2] y del artículo que trata entre otras cosas las sanciones por fraude, artículo 69, sólo un artículo, el artículo 71, aborda directamente aspectos relativos a la financiación de la seguridad social:
3. El Miembro deberá asumir la responsabilidad general en lo que se refiere al servicio de prestaciones concedidas en aplicación del presente Convenio y adoptar, cuando fuere oportuno, todas las medidas necesarias para alcanzar dicho fin; deberá garantizar, cuando fuere oportuno, que los estudios y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio se establezcan periódicamente y, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión.”
Estas disposiciones se repiten en el Código de Seguridad Social del Consejo de Europa, en los artículos 66.8, 68 y 70. En el Código de Seguridad Social Revisado, los correspondientes artículos son el 71.12, el 74 y el 76, siendo no obstante el último más modesto que el original del Convenio 102 de la OIT. El artículo 76 del Código Revisado reza lo siguiente:
“1. El coste de las prestaciones concedidas en aplicación del presente Código (revisado) y los correspondientes gastos de administración deberán financiarse colectivamente, según modalidades que eviten que las personas de escasos recursos tengan que soportar una carga demasiado pesada, y teniendo en cuenta la capacidad contributiva de las personas protegidas.
2. Toda parte deberá asumir una responsabilidad general por lo que respecta a la garantía de las prestaciones concedidas de conformidad con las disposiciones del presente Código (revisado) y tomar todas las medidas necesarias con el fin de ejercer dicha responsabilidad de una manera eficaz.”[3]
El artículo no incluye el requisito de que el total de cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados protegidos no debe exceder del 50 por ciento; dado el carácter artificial de la distinción entre las cotizaciones del asalariado y del empresario la supresión del requisito parece bastante obvia. El artículo 76 omitió también la obligación de los Estados de realizar periódicamente estudios y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio y, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión. Está claro que habría sido una buena idea insistir un poco más en la antigua disposición; ¡lo más sorprendente es que esta obligación haya desaparecido en el texto normativo más reciente!
1.2.2. Debilidad en general de los instrumentos normativos
Si los instrumentos normativos no dicen mucho sobre la financiación de la seguridad social, tenemos que admitir además que estos instrumentos, cuando se ocupan del tema de las prestaciones, no han demostrado ser muy efectivos. Con la finalidad de identificar mejor cuáles son los problemas y los defectos de los instrumentos normativos, nos gustaría repasar un estudio que ya habíamos hecho a finales de los años ochenta del siglo pasado, evaluando la (necesidad de una) revisión del Código Europeo de Seguridad Social[4]. Hoy, más de dos décadas después y tras la adopción del Código Revisado, ¿son todavía válidas las conclusiones a las que llegamos?
En 1990 concluimos que las principales debilidades de las normas mínimas del Código eran:
– El mecanismo de control tarda muchos años, es pasivo y depende en gran medida de la información suministrada por los propios Estados;
– El Código protege más una determinada visión y estructura de la seguridad social que un determinado nivel de protección social;
– El Código no está en el centro del debate jurídico y de política social; las resoluciones no tratan los temas centrales de seguridad social que se debaten en los Estados miembros;
– Normalmente los tribunales nacionales rechazan otorgar efecto directo a las disposiciones del Código y reconocer de este modo derechos subjetivos.
En nuestro estudio de 1990 también nos preguntábamos la cuestión más importante: ¿logra el Código (o el Protocolo o el proyecto de Código Revisado) los objetivos que el propio Código (o el Protocolo o el proyecto de Código Revisado) se asigna así mismo? Para identificar estos objetivos, tenemos que consultar el preámbulo. Encontramos como objetivos:
– Contribuir a una unión más estrecha entre los Estados miembros;
– Estimular el desarrollo de los sistemas nacionales de seguridad social de cara al progreso social;
– Armonizar las cargas sociales de los países miembros; y
– Garantizar en todos los Estados miembros un alto nivel de protección social, mayor que el de la norma mínima definida en el Convenio 102 de la OIT.
¿Qué decir sobre la consecución de estos logros? Lo primero que hay que decir es que no hay signos de que el Código (o etc.) haya contribuido a la armonización de las cargas sociales; el único impacto posible está relacionado con la distribución de las cotizaciones entre trabajadores y empresarios. ¿Ha contribuido el Código a una unión más estrecha entre los Estados miembros? No hay mucho en lo que basar tal afirmación. Si el progreso social significa algo más que detener la regresión social, no encontramos indicaciones de que el Código (o etc.) haya instado a los Estados a avanzar positivamente hacia la mejora de sus sistemas de seguridad social. Pero incluso en lo que al freno de la regresión social se refiere, el efecto del Código ha sido definitivamente limitado.
Hay muy pocas pruebas de que las conclusiones de 1990 no sean todavía válidas; a este respecto, el tono positivo de la tesis doctoral de Tineke Dijkhoff[5] en relación con la República Checa y Estonia no parece lo suficientemente convincente como para decir lo contrario. Pero ¿suponen quizás un punto de inflexión las cinco decisiones[6] de 7 de diciembre de 2012 del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa relativas a los sistemas de pensiones en Grecia? Cinco organizaciones griegas de pensionistas o sindicatos recurrieron el paquete de medidas de austeridad que el gobierno griego se vio obligado a aprobar en el área de las pensiones para cumplir con las exigencias de la llamada Troika. Como la redacción de estas decisiones es idéntica, las trataremos todas a la vez.
Las organizaciones de pensionistas sostenían que la situación en Grecia no era conforme al artículo 12.3 de la Carta de 1961 debido al número de modificaciones introducidas en los sistemas de pensiones tanto públicos como privados a través de ciertas normas de austeridad aprobadas por el gobierno. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa admitió que ciertamente se había producido una infracción del artículo 12.3.
Con relación a la observación preliminar realizada por el gobierno griego para explicar que los derechos salvaguardados por la Carta de 1961 habían sido limitados para poder cumplir otras obligaciones internacionales del gobierno, concretamente aquellas contraídas por el acuerdo de préstamo con la instituciones de la UE y el Fondo Monetario Internacional, el Comité mantuvo que el hecho de que las disposiciones nacionales impugnadas pretendan cumplir con las exigencias de otras obligaciones jurídicos no las excluye del ámbito de aplicación de la Carta.
El Comité abordó el tema central de la conformidad con el artículo 12.3 en los siguientes términos[7]:
“Reducir las prestaciones existentes en un sistema nacional de seguridad social no supone automáticamente una violación del artículo 12.3 de la Carta.
Sin embargo, incluso cuando razones relativas a la situación económica de un Estado parte hagan imposible que ese Estado mantenga su sistema de seguridad social al mismo nivel que había alcanzado, es necesario en virtud del artículo 12.3 que ese Estado parte mantenga el sistema de seguridad social a un nivel satisfactorio que tenga en cuenta las expectativas legítimas de los beneficiarios del sistema y el derecho de todas las personas a un disfrute efectivo de su derecho a la seguridad social. Esta exigencia surge del compromiso de los Estados parte de “esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social”, que está expresamente precisado en el texto del artículo 12.3, y que es distinto al requisito detallado en la parte final del artículo 12.2 de mantener el régimen de seguridad social en un nivel satisfactorio, equivalente, por lo menos, al exigido para la ratificación del Código Europeo de Seguridad Social (y para la Carta de 1961, del Convenio Internacional del Trabajo número 102 sobre normas mínimas de Seguridad Social).
Cuando se aprueben normas que restrinjan los derechos garantizados en la Carta de 1961, los Estados parte deben, de acuerdo con el artículo 31 de la Carta de 1961, ser capaces de demostrar que las restricciones o limitaciones son necesarias en una sociedad democrática para garantizar el respeto de los derechos y libertades de terceros o para proteger el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o las buenas costumbres, todo ello en línea con el artículo 31.
Se ha mantenido en muchas ocasiones que los ingresos de las personas de edad avanzada no deberían ser inferiores al umbral de la pobreza, definido como el 50 por ciento de la renta media calculada en base al valor del umbral de riesgo de pobreza de Eurostat.
Con respecto al nivel de las pensiones en la Carta de 1961, hay una referencia en el artículo 4.1.a) del Protocolo Adicional de 1998 […], que también aparece con idéntica redacción en el artículo 23.1.a) de la Carta Revisada de 1996, que establece el derecho de las personas de edad avanzada a recursos suficientes que les permitan llevar una vida digna.
Algunas de las reducciones introducidas por el gobierno y criticadas por el sindicato demandante no suponen en sí mismas una violación de la Carta de 1961. […]
Pero, el efecto acumulado de las restricciones […] no puede más que traer consigo una significante degradación del nivel de vida y de las condiciones de vida de muchos de los pensionistas afectados.
A pesar del particular contexto en Grecia creado por la crisis económica y por el hecho de que al gobierno se le pidió que tomara decisiones urgentes, el gobierno no ha llevado a cabo el mínimo nivel de estudio y análisis sobre los efectos de medidas tan trascendentales que sería necesario para evaluar de un modo significativo su impacto total sobre los grupos vulnerables de la sociedad. Tampoco ha analizado los estudios disponibles con las organizaciones concernidas, a pesar del hecho de que representan los intereses de muchos de los grupos más afectados por las medidas en cuestión.
No se sabe si otras medidas podrían haberse puesto en práctica, las cuales podrían haber limitado los efectos acumulados de las restricciones impugnadas sobre los pensionistas.
El gobierno no ha demostrado, como exige el artículo 12.3, que se han realizado esfuerzos para mantener un nivel suficiente de protección en beneficio de los miembros más vulnerables de la sociedad, a pesar de que los efectos de las medidas adoptadas pueden ocasionar un empobrecimiento masivo de un significante segmento de la población, como se ha puesto de manifiesto por diversas organizaciones internacionales.
Cualquier decisión que se tome en relación con los derechos de pensión debe respetar la necesidad de conciliar el interés general y los derechos individuales, incluyendo las expectativas legítimas que los particulares puedan tener en relación con la estabilidad de las reglas aplicables a las prestaciones de seguridad social. Las medidas restrictivas en juego, que parecen tener como efecto privar a un segmento de la población de una parte muy importante de sus medios de subsistencia, se han introducido de un modo que no respetan la expectativa legítima de los pensionistas de que los ajustes en los derechos de seguridad social sean implementados teniendo en cuenta su vulnerabilidad, sus prefijadas expectativas financieras y finalmente su derecho a disfrutar de forma efectiva del acceso a la protección social y a la seguridad social. Sin embargo, otros mecanismos son más apropiados para plantear reclamaciones relativas a los efectos de la legislación impugnada sobre el derecho individual de los pensionistas a la propiedad privada. A este respecto, también los tribunales nacionales juegan un papel significativo.”
Las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales han sido recibidas por algunos como la señal de que (por fin) los instrumentos normativos europeos de seguridad social muestran ser del todo relevantes en tiempos de crisis económica. Otros han relativizado la importancia práctica de decisiones como éstas que no emanan de un tribunal internacional. Incluso se ha argumentado en contra de estas decisiones que el Comité Europeo parece haber estado dispuesto a inventar reglas y procedimientos que no estaban escritos en la Carta (o el Código). Lo que me resulta más importante en este contexto es que el Comité Europeo de Derechos Sociales puede haber indicado el camino a seguir en el futuro: establecer procedimientos y salvaguardas frente a los cambios antes que tratar de garantizar el progreso o el mantenimiento de la protección social. Es exactamente en esta misma dirección en la que nosotros creemos que deberían desarrollarse los instrumentos normativos de seguridad social de la próxima generación.
1.2.3. La vía “de escape” de la Recomendación de 2012 relativa a los pisos nacionales de protección social
Para responder a la debilidad de los instrumentos normativos tradicionales, conseguir más adhesiones a los instrumentos de la OIT, también entre los países en vías de desarrollo y las economías emergentes, y además para acercar posiciones con el llamado enfoque “derecho humano a la seguridad social”, tal y como ha sido desarrollado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU cuando supervisa el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la OIT publicó en 2012 la Recomendación núm. 202 relativa a los pisos nacionales de protección social. Nos llevaría mucho tiempo analizar la Recomendación en su totalidad[8]. Recalquemos simplemente desde ahora que estamos ante una Recomendación, y por tanto ante un documento no vinculante legalmente. Es más, los principios enumerados en el artículo 3 de la Recomendación son muy abiertos y obviamente no pretenden ser aplicados al pie de la letra. Si no fuera así, ¿cómo se entendería un principio de protección universal en un sistema de seguros sociales de base profesional? ¿O cómo se entendería un principio de igualdad de género sin ninguna excepción? Por lo que concierne a la financiación de la seguridad social, se debe hacer mención a los siguientes principios:
“ – (h) solidaridad en la financiación, asociada a la búsqueda de un equilibrio óptimo entre las responsabilidades y los intereses de aquellos que financian y se benefician de los regímenes de seguridad social;
– (i) consideración de la diversidad de métodos y enfoques, con inclusión de los mecanismos de financiación y los sistemas de prestaciones;
– (j) gestión financiera y administración sanas, responsables y transparentes;
– (k) sostenibilidad financiera, fiscal y económica, teniendo debidamente en cuenta la justicia social y la equidad”
Se debería valorar la atención que esta Recomendación presta a la parte de financiación de la seguridad social, pero por otro lado reprobar que los principios ofrecidos sean obvios, o simplemente declaraciones sin contenido.
En el artículo 4 encontramos la razón de ser de los pisos de protección social: “los Miembros, en función de sus circunstancias nacionales, deberían establecer lo más rápidamente posible y mantener pisos de protección social propios que incluyan garantías básicas en materia de seguridad social. Estas garantías deberían asegurar como mínimo que, durante el ciclo de vida, todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención de salud esencial y a una seguridad básica del ingreso que aseguren conjuntamente un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel nacional”. Esta idea se desarrolla después en los artículos siguientes, tras los cuales hay también un capítulo sobre las estrategias para extender la seguridad social.
Por supuesto que la Recomendación tiene propósitos honorables, pero nos preguntamos si las posibles ventajas políticas de tal documento contrarrestan la dimensión negativa, que de nuevo un documento de la OIT enumere bonitos principios,…sin ningún carácter obligatorio y probablemente sin ser capaz de distinguir cuándo estamos ante medidas nacionales que reducen o dejan de avanzar en la protección social de un país.
Parte 2. Derecho europeo del futuro y financiación de la seguridad social
2.1. El enfoque alternativo
Para fijar mínimos de seguridad social tendríamos que reflexionar primero sobre la esencia del derecho a la seguridad social: ¿en qué consiste la seguridad social? ¿Cuáles son los principios generales de seguridad social más destacados? En este punto nuestro Instituto de Derecho Social en Lovaina (Research Unit Europe and Social Security) en colaboración con el Instituto Max Planck para la seguridad social y la política social emprendió hace años una investigación pionera sobre los principios fundamentales del Derecho de la seguridad social[9]. Los equipos de investigación acordaron que los principios fundamentales de seguridad social podían articularse alrededor de cuatro ejes:
El primero de estos ejes fue analizado en la primera publicación que resultó de esta iniciativa. El profesor Ulrich Becker hizo un resumen en la introducción de la primera publicación sobre lo que debía entenderse por cada uno de los ejes.
“La seguridad, entendida por un lado como la especial protección de las posiciones jurídicas de las personas en situaciones específicas de necesidad, protege las peticiones de los individuos amparadas por el Derecho de la seguridad social. Esta protección especial se manifiesta de dos maneras. Una es que el Parlamento no es totalmente libre para cuestionar derechos ya adquiridos. La otra es que la administración no puede retirar derechos ya otorgados.” “Por otro lado, y en base a las consideraciones arriba mencionadas, este elemento tiene mayores connotaciones. Junto a la expectativa legal, incluye todas las funciones y las garantías de seguridad a lo largo de un período específico de tiempo. Por lo tanto, aborda la parte-legal-relacionada-con-el-tiempo del Derecho de la seguridad social.
La seguridad social supone una promesa de proporcionar en el futuro prestaciones de sustitución de rentas, reembolsos o pagos al amparo de condiciones preestablecidas”[10].
“Solidaridad es un término abierto. Significa apoyo mutuo”. “En el Derecho de la seguridad social, la solidaridad es el requisito fundamental para la inclusión de ciertas personas en situaciones específicas de necesidad y sometidas a riesgos específicos. Así, por ejemplo, la solidaridad dentro de una comunidad dada, constituida legalmente, podría proteger a personas que son muy mayores, o compensar la situación de las madres, o cubrir el riesgo de daño permanente producido como consecuencia de un accidente laboral. La solidaridad normalmente sirve para explicar y legitimar las modificaciones de Derecho social en el Derecho del seguro civil, por ejemplo el uso del método de redistribución financiera como una modificación del principio de equivalencia entre cotizaciones y prestaciones. En base a estas consideraciones este elemento debería incluir la reciprocidad y la necesidad de aceptación mutua de responsabilidad como elementos jurídicos de la seguridad social. Por tanto, aborda la parte legal colectiva del Derecho de la seguridad social[11].
“Objetivamente, la responsabilidad individual implica la necesidad de que el Estado fije criterios objetivos con las precondiciones esenciales para hacer responsable a la comunidad, para lograr así que los individuos asuman responsabilidades dentro de un Estado desde el primer momento. Subjetivamente, la auto-responsabilidad significa en esencia que las personas protegidas en situaciones específicas de necesidad por enfrentarse a riesgos específicos pueden perder la protección del Derecho de la seguridad social – ya sea porque su conducta contraviene los intereses de la comunidad o porque la situación en sí es atípica y por tanto no puede ser soportada por la comunidad.
Este elemento tiene un significado adicional, relacionado con el significado arriba mencionado: incluye todos los criterios legales que deben cumplirse por parte del ciudadano para poder participar en el sistema de la seguridad social. Concretamente, conlleva la iniciativa personal, el cuidado de sí mismo y la responsabilidad individual. Por lo tanto, este elemento aborda la parte legal individual del Derecho de la seguridad social en la que tanto se insiste hoy día cuando se habla del significado legal de las políticas sociales activas[12]”.
“Antes de nada, el principio de la protección debería entenderse como los derechos procesales especiales de los individuos en situaciones específicas de necesidad, facilitando así que sus peticiones se ejecuten. El derecho de los ciudadanos a una protección especial por parte del Derecho social exige mínimos de Derecho procesal que podrían diferir de aquellos previstos en otros procedimientos judiciales (y/o administrativos).
Como resultado de estas consideraciones, este elemento tiene otro significado más amplio. Incluye no sólo los procedimientos administrativos y la revisión judicial, sino también todo aquello que implique decisiones jurídicas tomadas en nombre de los ciudadanos, a quienes, por ello, se les deja sin poder decidir porque el sistema pretende saber qué es lo mejor para ellos. Por lo tanto, este elemento aborda la parte legal paternalista de la seguridad social. Podría asumirse que esta parte tiene, en lo que se refiere a las prestaciones sociales y por tanto a las acciones positivas del gobierno, un impacto mayor que el que tendría en situaciones en las que los individuos reclaman sus derechos para protegerse de las restricciones a sus libertades civiles”[13].
2.2. Los estándares de seguridad social de nueva generación
¿No podríamos desarrollar una nueva generación de estándares de seguridad social, que tuvieran como objetivo regular de un modo parecido estos cuatro principios generales de seguridad social? Como ya hicimos un estudio sobre cómo se manifiesta el principio de seguridad en el Derecho nacional (constitucional), internacional y Europeo, podría resultar sencillo elaborar normas mínimas relacionadas con este principio. No obstante, creemos que en este momento también podríamos sugerir estándares relacionados con los otros tres principios generales de seguridad social, sabiendo que el estudio de cada uno de estos tres principios facilitaría la identificación de estándares adicionales relacionados con cada uno de estos principios generales. Y al analizar cuáles podrían ser los contenidos de tales estándares de seguridad social de nueva generación, descubriremos que a menudo se ocupan directa o indirectamente de la parte de financiación de la seguridad social.
Más en general, cuando se trata de identificar estándares relativos al principio de seguridad, se presta atención al objetivo fijado por el Código y el Código Revisado de frenar el empeoramiento de la protección social, de contrarrestar la regresión social. Los mínimos del Código (y del Protocolo y del Código Revisado) no alcanzaron apenas este objetivo; ¿podrían los estándares de nueva generación ser más efectivos para lograr este objetivo? Creemos que se pueden mencionar dos aspectos a este respecto: ¿podemos fijar límites en el ámbito de cambio y podemos fijar estándares en el proceso de cambio?
Haciendo esto también podemos dar contenido a al menos dos de las obligaciones consagradas en el artículo 12 de la Carta Social Europea (Revisada) que reconoce el derecho a la seguridad social[14]:
– la obligación dirigida a establecer y mantener un régimen de Seguridad Social;
– La obligación de mantenerlo en un nivel satisfactorio;
– y posiblemente también la obligación de esforzarse por elevar progresivamente el nivel de protección
En un estudio anterior nuestro en el que se analizaba la ‘seguridad’ como principio general del Derecho, escribíamos “En primer lugar podríamos decir que la ‘seguridad’ podría ser vista como un principio constitucional emergente del Derecho Europeo, en el sentido de que implícita o explícitamente los órdenes constitucionales de los Estados miembros reconocen una responsabilidad de los Estados en la provisión de un mínimo de seguridad para que las personas puedan vivir bajo su jurisdicción. Esto se puede hacer de diversas formas, variando desde un sistema de seguridad social muy completo a un número limitado de seguros sociales o de regímenes de asistencia social. Sin embargo, una cosa es segura: ningún Estado puede actuar como si los ciudadanos tuvieran que cuidar por completo de sí mismos, y si no pueden pues ¡mala suerte! De esta forma, el principio legal de ‘seguridad’, tal y como lo estamos entendiendo aquí, puede verse como la versión legal de la ‘la libertad de la necesidad’ de la Declaración de Filadelfia, pilar de la ideología Aliada durante la Segunda Guerra Mundial y la fundación de las Naciones Unidas.”[15]
¿Qué implica esto para los instrumentos normativos de la próxima generación?
Una primera disposición minima debería garantizar la función del Estado como responsable de proveer un mínimo de seguridad material a todas las personas que viven bajo su jurisdicción. Esta garantía puede hacerse realidad a través del seguro social, la asistencia social o cualquier otra intervención. De acuerdo con el principio de responsabilidad individual, el Estado tiene que proporcionar la seguridad básica que permita una vida digna y ofrecer a los individuos una posibilidad real de lograr mayores niveles de seguridad.
En segundo lugar, un instrumento internacional de la próxima generación debería incluir una obligación de los Estados de dedicar y mantener medios financieros suficientes para cumplir sus funciones protectoras. Esto implica el deber de asignar medios financieros suficientes en el presupuesto para cumplir con los derechos subjetivos a prestaciones; el deber de respetar a la entidades financieras autónomas que se ocupen de hacer frente a los derechos subjetivos a prestaciones; y el deber de adaptar la actual legislación de seguridad social para hacer que los medios financieros y los derechos subjetivos reconocidos coincidan en el futuro más cercano[16].
En nuestro estudio anterior del principio de seguridad, dijimos más cosas: “En un segundo nivel, el principio de ‘seguridad’ puede verse como el deber de un Estado no sólo de cuidar de las personas sino de hacerlo además de un modo particular en los casos en que los medios de subsistencia reales actuales y futuros están en juego. De nuevo, un Estado no puede decir simplemente: se cambia la ley y tú sales perdiendo, ¡mala suerte!”[17]“Una vez dicho esto, nuestro resumen comparativo deja al mismo tiempo muy claro que el principio de seguridad tiene sus límites en el deber, y no sólo en el derecho, de los Estados a adaptar los sistemas de seguridad social a las necesidades siempre cambiantes”[18] “Como tal, el principio de seguridad insta a aquellos que quieren cambiar (a peor) las futuras condiciones, prestaciones y cotizaciones del Derecho de la seguridad social, a que se aseguren de que reflexionan sobre la manera de manejar el cambio legislativo sin mermar completamente el elemento de seguridad propio de la seguridad social”[19].
Aquí el principio de ‘seguridad’ está conectado con principios generales del Derecho tales como el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la confianza, la igualdad y la proporcionalidad. Aquí está en juego el respeto por los derechos individuales adquiridos y las expectativas legítimas creadas: estos no pueden ser conculcados indebidamente. Al definir qué entendemos por ‘indebidamente’, pueden ser de ayuda los estándares de nueva generación. Todas las reformas de seguridad social tienen de conciliar de hecho dos aspiraciones divergentes: adaptar el sistema a la evolución social y económica, y salvaguardar la ‘seguridad’, lo que implica que los derechos adquiridos y las expectativas creadas se respeten hasta cierto punto[20]. ¿Hasta qué punto? A la hora de cambiar el Derecho de la seguridad social, el legislador tendrá que actuar teniendo en cuenta los principios de justicia, igualdad y proporcionalidad[21]. Estos principios podrían transformarse en los siguientes estándares.
Las reformas de la legislación de seguridad social tienen que ser ‘justas’ con los que participan en el sistema. Esto conlleva que todas aquellas personas que han contribuido sustancialmente a un régimen a través de impuestos, cotizaciones o de cualquier otra manera, no puedan ser excluidos del mismo cuando están llegando o cerca de llegar a la situación en la que se van a beneficiar de ese régimen.
Las reformas de la seguridad social no deberían introducir nuevas distinciones o deshacerse de distinciones existentes si este cambio no puede justificarse objetivamente.
Los cambios sustanciales en la legislación de seguridad social no deberían ir más allá del objetivo legítimo que persigue la reforma. A este test de proporcionalidad se añadiría un test de necesidad cuando la reforma afecta a la esencia de la situación de seguridad social de una persona.
En nuestro estudio, también establecimos una conexión entre el principio de ‘seguridad’ y un posible imperativo stand still o ‘congelación’: “El principio de ‘seguridad’ puede conllevar un imperativo ‘congelación’, pero no lo hará cuando el cambio en el sistema de seguridad social se justifique objetivamente y sea proporcional al objetivo perseguido; a menudo será esencial también que la reforma que obvie la ‘congelación’ afecte a todos los grupos interesados de un modo equivalente. En otras palabras, mientras que el principio de seguridad puede en un primer momento implicar una cláusula stand still, esta última puede ser anulada siempre que todas las personas afectadas sufran de un modo equivalente el aumento de las cotizaciones, o implicar restricciones en las condiciones de acceso a las prestaciones o la disminución de las prestaciones”[22]. Esto nos permite identificar un estándar más.
Cuando se cambian en perjuicio de las personas interesadas las obligaciones o exacciones de seguridad social o las condiciones o cuantías de las prestaciones de seguridad social, los distintos grupos de personas afectadas por la reforma deberían sufrir el cambio de un modo equivalente. Este principio de equivalencia debe entenderse sin embargo a la luz, no sólo del principio general de ‘seguridad’, sino también desde el punto de vista de los principios generales de solidaridad, responsabilidad individual y protección.
Que es posible definir estándares en relación con los efectos temporales de legislación recién aprobada se puede ilustrar a través de, por ejemplo, las Directrices Federales Suizas para una Buena Legislación, que ofrecen un resumen adecuado de los principios más importantes:
– Los hechos que sucedan después de la entrada en vigor de la nueva ley serán juzgados de acuerdo con la nueva ley
– Los hechos que hayan sucedido en su totalidad bajo la antigua ley, serán rigiéndose por estas disposiciones antiguas
– Prohibición de legislación retroactiva (desfavorable), a menos que esté justificada por una razón legítima y se someta a condiciones estrictas
– A los hechos que se originaron con la antigua ley, pero que siguen produciendo efectos con la nueva ley, se les aplicará la nueva ley durante el período de tiempo posterior a su entrada en vigor (‘retroactividad impropia’ o ‘aplicación inmediata’).
A la hora de aplicar estos principios a los cambios en el Derecho de la seguridad social, podría tener que hacerse una distinción con respecto al último principio. En el caso de una reforma favorable, la aplicación inmediata de la nueva legislación será la norma a seguir. Sin embargo, se debe observar que cuando se aplican cambios menos ventajosos, estos van siempre acompañados de medidas transitorias[23].
Los cambios jurídicos sustanciales en los regímenes de prestaciones de larga duración a menudo preverán períodos transitorios más largos durante los cuales a un beneficiario actual se le seguirá aplicando la legislación antigua más favorable. También se dará más importancia en estos casos a la protección de las expectativas legítimas que en el caso de cambios sustanciales de regímenes de prestaciones de corta duración [24].
Lo de antes muestra que a través del análisis de las implicaciones jurídicas de los principios más básicos de cualquier Derecho de la seguridad social, como el principio de seguridad, podemos llegar a definir estándares de seguridad social de nueva generación. Una investigación más a fondo debería permitirnos desarrollar de la misma forma los otros tres principios básicos, solidaridad, responsabilidad individual y protección y luego extraer de estos principios los estándares de nueva generación. Lo que ya se puede decir ahora es que tales estándares de seguridad social de la próxima generación, como los sugeridos antes que derivan del principio de seguridad, se están ocupando ya de algunos de los grandes defectos que se achacan a los actuales instrumentos normativos. Es más, muy a menudo prestan atención no sólo a la parte de las prestaciones sino también a la dimensión financiera de la seguridad social. Esto no es válido sólo para los estándares derivados del principio de seguridad, sobre los que ya hemos hablado, sino también para aquellos que deberíamos poder extraer de los otros tres principios, solidaridad, responsabilidad individual y protección.
Es obvio que una vez que el principio básico de solidaridad sea desarrollado y expresado en estándares de nueva generación, serán abordados adecuadamente los problemas relativos a la solidaridad intergeneracional y la solidaridad entre áreas urbanas y rurales o entre los diferentes sistemas profesionales de seguridad social de un país. También la relación entre el seguro social y la asistencia social podría expresarse en estándares derivados del principio de solidaridad. Y esto siempre supondrá prestar atención a las fuentes de financiación.
La cuestión sobre hasta qué punto la protección social privada voluntaria debería ser tenida en cuenta por los instrumentos normativos internacionales, ha sido poco tratada por los instrumentos existentes. Nosotros creemos que este asunto debería conseguir adecuados estándares de la próxima generación, basados en los principios de solidaridad y responsabilidad individual. Aquí de nuevo la parte de financiación, – decir hasta qué punto los segmentos de la población con menos recursos pueden acceder realmente a los mecanismos de protección privada -, debería ser incluida en el estudio.
En base a los cuatro pilares estructurales del edificio de la seguridad social, podemos desarrollar además estándares completamente nuevos, no tanto estándares de seguridad social, sino estándares que establezcan relaciones entre esta área tan importante de interés público y social, y otras políticas; también estándares que establezcan conexiones directas entre el desarrollo económico y los niveles de protección social. ¿No se ha demostrado ya en bastantes ocasiones que un buen sistema de protección social puede asimilar mejor las crisis y los shocks económicos? ¿Que la seguridad social puede proporcionar a la gente la renta suficiente para hacer que los mercados nacionales permanezcan estables o incluso crezcan? ¿No se ha insistido una y otra vez al mismo tiempo en que no se puede construir un paraíso social sobre un cementerio económico? En muchos países la expansión de la protección social es ahora reducida o limitada con el argumento de que la competencia internacional no permite un mayor gasto social. Encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección social está en el centro de las preocupaciones de los dirigentes políticos e intelectuales, tanto nacionales como internacionales. Pero muy a menudo los temas se debaten en grupos diferenciados: mientras que la Organización Internacional del Trabajo debate los temas de protección social desde un ángulo; el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional parecen abordar los asuntos desde un ángulo bastante diferente. Los instrumentos normativos de seguridad social existentes con frecuencia son insensibles a los temas de desarrollo económico, mientras que los instrumentos jurídicos de apoyo al desarrollo económico apenas se interesan por los asuntos sociales. Frecuentemente el resultado es que los instrumentos jurídicos están desconectados de la realidad cotidiana o que los asuntos sociales se regulan por medio de principios económicos. De nuevo un enfoque diferente, basado en los principios básicos del Derecho de la seguridad social, por un lado, y en los principios básicos del Derecho de otras áreas, por el otro, podría permitirnos desarrollar instrumentos jurídicos internacionales de la próxima generación que abordaran de una manera equilibrada la relación entre el desarrollo económico y la protección social. ¿No se podría pensar en este contexto que los países que tienen una gran vinculación entre ellos, como los de la Unión Europea, acuerden gastar todos ellos un determinado porcentaje de la renta nacional bruta en protección social, dejando a los Estados miembros plena libertad sobre en qué se gastan el dinero de la seguridad social? ¿No podría acordarse en la Unión Europea financiar la seguridad social hasta cierto punto mediante cotizaciones sociales y hasta cierto punto mediante subvenciones del Estado? No tendrían por qué ser porcentajes y cuantías fijas, sino que ¿por qué no dar a los Estados, a todos los Estados miembros, no sólo a aquellos en dificultades, una horquilla común para la fijación de las cotizaciones de seguridad social y una horquilla común para las subvenciones estatales que provienen del presupuesto general? Esto también podría formar parte del grupo de estándares de seguridad social de nueva generación y podría lograr combinar el mantenimiento de una competencia justa y la garantía de un alto nivel de protección social.
Volviendo al tema de esta conferencia, podríamos concluir que mientras que los actuales instrumentos de Derecho europeo e internacional que se ocupan de la seguridad social han contribuido muy poco al debate sobre la financiación de la seguridad social, una nueva generación de instrumentos jurídicos europeos e internacionales podría perfectamente tener un papel crucial en los debates sobre financiación.
La reflexión sobre un instrumento de la próxima generación como los vistos y el desarrollo del mismo es crucial si no queremos dejar el debate sobre la seguridad social y su financiación a los fríos economistas. No puede ser que los abogados sociales tengan que trabajar con tratados internacionales de seguridad social débiles; y que en cuanto haya problemas financieros se imponga la pura lógica presupuestaria y se ignoren los supuestos estándares internacionales de seguridad social. Si queremos que los instrumentos internacionales y ciertamente también los de Derecho europeo sean más que un elemento decorativo, si queremos que los ciudadanos estén realmente protegidos por su seguridad social, es imprescindible desarrollar estándares jurídicos de seguridad social de nueva generación.
Fuentes de financiación y futuro Derecho europeo. 1
Parte 1. Actual Derecho europeo e internacional de la seguridad social 3
1.1. Estado actual de las normas europeas e internacionales. 3
1.2. ¿Por qué los instrumentos normativos han sido poco relevantes en tiempos de crisis? 8
Parte 2. Derecho europeo del futuro y financiación de la seguridad social 18
2.1. El enfoque alternativo. 18
2.2. Los estándares de seguridad social de nueva generación. 20
[1] Los siguientes cambios pretenden una mayor flexibilidad:
– Los mínimos de las prestaciones pueden cumplirse con referencia a dos escalas, una escala para el “beneficiario estándar”, tal y como está definido en el antiguo Código y en el Convenio 102, que siempre es un hogar compuesto por entre dos y cuatro personas, y otra escala para una persona sola.
– Introduce el nuevo concepto de “equivalencia”. Las clásicas nueve ramas de seguridad social no son más que artefactos administrativos. La misma persona, por ejemplo un huérfano, puede a menudo ser clasificado de diferentes maneras. Es relativamente irrelevante en qué casilla administrativa esta persona busca su protección social. Lo que importa es que la persona está cubierta “adecuadamente” por algún tipo de seguridad social, incluso aunque no sea clasificable bajo la Convención 102 de la OIT. Así, el Código revisado evita por ejemplo el problema de la enfermedad profesional al “considerar” que las exigencias de la rama de enfermedad profesional se cumplen si la prestación de invalidez otorga una protección “equivalente”.
[2] “10. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (a excepción de los que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y para la muerte del sostén de familia serán revisados cuando se produzcan variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles, del costo de la vida.”
[3]Traducción de la OISS en:
http://oiss.org/IMG/pdf/INSTRUMENTOS_INTERNACIONALES_EN_MATERIA_DE_SEG-SOCIAL-4_JULIO_2013.pdf)
[4] PIETERS, D., La révision du Code Européen de la Sécurité Sociale, Il Diritto del Lavoro, 1990, pp.271-282;
[5]DIJKHOFF, T., International Social Security Standards in the European Union: the Cases of the Czech Republic and Estonia, Kapellen, 2011.
[6]– Federation of Employed Pensioners of Greece (IKA–ETAM) v. Greece, Complaint No. 76/2012
– Panhellenic Federation of Public Service Pensioners (POPS) v. Greece, Complaint No. 77/2012
– Pensioners’ Union of the Athens-Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) v. Greece, Complaint No. 78/2012,
– Panhellenic Federation of Pensioners of the Public Electricity Corporation (POS-DEI) v. Greece, Complaint No. 79/2012
– Pensioner’s Union of the Agricultural Bank of Greece (ATE) v. Greece, Complaint No. 80/2012
[7] Traducciòn propia.
[8] Para un avanzado y en nuestra opinión demasiado entusiasta análisis, ver VONK, G., The 2012 Recommendation concerning national floors of social protection (n°202). The human rights approach to social security in ILO wrapping paper, International Journal of Social Security and Workers Compensation,2012, 49-59.
[9]Security: A General Principle of Social Security Law in Europe, Becker, U., Pieters, D., Ross, F. & Schoukens, P. (eds.), Groningen, 2010.
[10] Becker, U., Introduction to the General Principles of Social Security Law in Europe, in: Security: A General Principle of Social Security Law in Europe, Becker, U., Pieters, D., Ross, F. & Schoukens, P. (eds.), Groningen, 2010, 1-20, 17.
[11] Idem, 15-16.
[12] Idem, 16.
[13] Idem, 16.
[14] Este Tratado no ha sido ratificado por Suiza. El Reino Unido sí ratificó la CSE (original) pero hizo una reserva explícita a los artículos 12.2, 12.3 y 12.4.
[15] De Mars, B., Pieters, D. & Schoukens, P., ‘Security’ as General Principle of Social Security Law in Europe: Conclusions on Legislative Aspects, in Security: A General Principle of Social Security Law in Europe, Becker, U., Pieters, D., Ross, F. & Schoukens, P. (eds.), Groningen, 2010, 605-636, 633.
[16] Ídem, 610; compara con el ‘Untermaßverbot’ alemán.
[17] Idem, 633
[18] Idem, 634
[20] Idem, 623
[22] Ídem, 634
[23] De Mars, B., Pieters, D. & Schoukens, P., art.cit., 630
[24]De Mars, B., Pieters, D. & Schoukens, P., art.cit., 631

References: artículo 12
 artículo 12
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 65
 artículo 69
 artículo 71
 artículo 76
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 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
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 artículo 12
 artículo 31
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 artículo 4
 artículo 23
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 12