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Timestamp: 2019-05-26 13:34:34+00:00

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﻿ SENTENCIA 6939 DE MAYO 19 DE 1992
SENTENCIA 6939 DE 19 DE MAYO DE 1992
CONTENIDO:FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO- RECEPCIÓN DE TESTIMONIOS ANTICIPADOS
TEMAS ESPECÍFICOS:DOCUMENTO PÚBLICO, PROCESO PENAL, FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO, CÓDIGO PENAL
Sentencia 6939 de mayo 19 de 1992
RECEPCIÓN DE TESTIMONIOS ANTICIPADOS
EXTRACTOS: «No aciertan tribunal y delegada en los razonamientos sobre tipicidad del comportamiento investigado, pues es verdad incontrastable que la juez R. (...), en ejercicio de su función, adecuó su actuar al tipo penal descrito en el artículo 219 del Código Penal, ya que al extender documentos públicos que pueden servir, y efectivamente sirvieron de prueba, consignó una falsedad, en cuanto afirmó haber concurrido a su despacho dos personas que personalmente identificó y juramentó en debida forma para seguidamente rendir ante uno de sus empleados el testimonio anticipado que se les demandaba, todo lo cual resultó inverídico.
Sea lo primero afirmar, como lo ha hecho la Corte en otras ocasiones, el carácter documental que implica la prueba testimonial escrita, sea o no anticipada la declaración. En efecto, el juez a quien la ley faculta para recepcionar el testimonio tiene el deber de certificar sobre los hechos reales ocurridos en su presencia tales como asistencia del testigo, identificación del mismo, amonestación sobre la gravedad del juramento y sobre las consecuencias que genera el faltar a ella, etc. Es el contenido formal de la diligencia o la atestación que corresponde al juez “vale decir, los actos que en su presencia se realizan y de los cuales da fe” (auto nov. 25/82 M.P. Dr. Aldana Rozo); ésta es la parte documental o acto público de la diligencia, presupuesto indispensable para la valoración del testimonio, en un sistema procesal preponderantemente escrito como el nuestro; faltar a la verdad en esa atestación, es cometer falsedad ideológica en documento público, independientemente de que sea verdadero o no lo afirmado por el testigo como percibido por sus sentidos.
La deducción de la delegada, de no haber la juez consignado una falsedad porque se limitó a documentar lo realmente ocurrido, parte de una premisa equivocada: que la juez identificó a dos personas, las enteró de la trascendencia del juramento y de las consecuencias que acarrea el faltar a la verdad bajo esa gravedad, las juramentó y expresaron lo que consta en las declaraciones, cuando es la propia procesada quien ha afirmado en su injurada no tener conocimiento de que esos declarantes hubiesen estado en su despacho. “Prácticamente yo no me di cuenta que estos dos señores hubieran asistido a mi despacho” (fl. 49), son sus palabras, y más adelante, al responder a la pregunta directa de sí asiste a ese tipo de diligencias, agregó: “(...) ningún juez de la República está presente cuando se recibe una declaración, máxime si ésta no tiene relación con proceso alguno, como en la presente que por no formar ninguna pieza procesal, carece de importancia” (fl. 50 vto.); el propio empleado que mecanografió las declaraciones, a pregunta similar, afirmó: “Generalmente se recepcionan los testigos (sic) sin la presencia de la juez (...)”. (fl. 94 vto.).
Sin más esfuerzo argumental, significa lo anterior que, la afirmación documental certificada con su firma es inverídica, o dicho de otra manera, que el presupuesto fáctico sobre el que edifica su conclusión la delegada es inexacto y ello hace necesariamente que lo sea también su deducción de atipicidad plasmada en el concepto referido.
Ese comportamiento de la procesada es típico de falsedad ideológica en documento público, porque jurídicamente consignó una falsedad respecto de lo que le correspondía certificar como juez de la República, sin que la circunstancia de no haber sido ella misma quien mecanografió las declaraciones tenga trascendencia en el juicio de adecuación típica de su conducta, pues sabido de sobra es que la facultad certificadora la tiene el juez y ella como tal firmó una atestación inverídica. El empleado es un simple instrumento o colaborador del funcionario en el cumplimiento de la función pública a éste asignada, por lo que le está vedado delegar lo indelegable. Ello no obsta, desde luego, para que como ocurre en la mayoría de los casos respecto de dichos testimonios anticipados que los recepcione el empleado pero con la verificación real y previa a su firma por el juez, aun cuando lo ideal es que se haga conforme lo señala el procedimiento, es decir, que antes de plasmar en el documento el testimonio se identifique a la persona, se le hagan las prevenciones de ley y solemnemente se le tome el juramento.
Además de típica, la conducta examinada es antijurídica por lesionar el bien legalmente protegido de la fe pública sin que medie justificación alguna de las señaladas en el ordenamiento del Estado.
En efecto, el carácter de documentos públicos les da idoneidad probatoria a los testimonios en ellos contenidos así este medio sea de los denominados en la ley “prueba anticipada” que requiere de ratificación en el proceso donde se hace valer, si es prueba sumaria, esto es, si se recepcionó sin posibilidad de ser controvertida por la contraparte (CPC, arts. 183 y 229).
En el caso sub examine ambos testimonios fueron aportados como prueba sumaria y como tal cumplió su cometido, pues con ellos se inició una acción de reconocimiento de paternidad, afectando por consiguiente, además de la fe pública, un interés particular, independientemente de la suerte que éste pudiese correr en el proceso.
En cuanto al dolo, forma única posible de culpabilidad aquí, en los términos del artículo 36 del Código Penal, ha de decirse que es el desarrollo de una conducta típica y antijurídica con conocimiento y voluntad (dolo determinado o de propósito), o cuando se acepta la probabilidad de un resultado que en principio no se desea, pero cuya producción se consiente, corriéndose el riesgo de causarlo con tal de obtener el efecto querido (dolo eventual o de previsión).
El tribunal discurrió sobre este tópico para descartar que la juez acusada hubiera obrado con e debido conocimiento de la antijuridicidad de lo que hacía, criterio que prohija la Corte, pues realmente no existe prueba de que la juez conociera la falsedad de las actas donde daba fe de haber recepcionado los testimonios, pero ello no significa que no estuviera en condiciones de prever fundadamente que al patrocinar “la criticable costumbre de recepcionar las declaraciones a espaldas de la titular”, pudiese incurrir en alguna falsedad como efectivamente ocurrió. Esa probabilidad era cierta, pues al estar tan recientemente posesionada no tenía el conocimiento necesario de los empleados como para confiar en ellos ciegamente sin que sea, desde luego, explicable y menos excusable el desinterés o “poca importancia” que prestó a la función encomendada. Ello no es una negligencia o simple culpa, como la califica el tribunal, sino un claro querer eventualmente consignar la falsedad probable, pues como dicen los autores con Maggiore a la cabeza, que un tal evento “significa siempre querer, ya que el querer existe o no existe; y no puede faltar sólo por asumir en ciertos casos formas menos intensas. Prever un resultado como posible, y ocasionarlo equivale a quererlo” (MAGGIORE, Giuseppe, Derecho penal vol. I. pág. 589, cit. por Reyes Echandía, Alfonso, La culpabilidad, 1977 pág. 7).
La juez irresponsablemente lo que en verdad quería era firmar cuanta declaración extraproceso le pasaran, aun cuando era perfectamente probable que en alguna de ellas se faltase a la verdad, pero corrió el riesgo porque esas declaraciones nunca las recibía un juez, puesto que no tenía importancia en proceso alguno del juzgado, como lo afirmó en la injurada. Esta reflexión inexacta y reprochable la condujo a dejar de verificar lo indispensablemente verificable: la identidad de quienes declaraban para prevenirlos sobre la gravedad del juramento y solemnemente recepcionarles éste. No obstante esta omisión grave no tuvo escrúpulo alguno en afirmar falsamente haberlo hecho. Esto no puede ser jamás conducta culposa y menos aún atípica. Sostener, como lo hace el tribunal, que actuó la juez culposamente por inexperiencia es sencillamente dar patente de corso para que todo abogado que asuma por primera vez el cargo de juez, pueda faltar a sus deberes impunemente. Cuando no se tiene La suficiente experiencia es cuando mayor atención y cuidado se requieren para evitar ser fácil instrumento de inescrupulosos empleados. Además, su condición de abogado le permitía saber que las pruebas las recepciona siempre el juez directamente o a través de comisionado; es una noción elemental que se enseña en la universidad.
De otra parte, la cita jurisprudencial que se hace de la providencia de diciembre 14 de 1982 con ponencia del doctor Reyes Echandía, no es pertinente, puesto que el caso allí considerado fue un claro engaño al funcionario por parte de quien rindió el testimonio, en tanto que en el presente no hubo engaño, sino certificación de un hecho que nunca tuvo ocurrencia, como atrás se vio.
Así las cosas, acreditadas las exigencias del artículo 470 del Código de Procedimiento Penal para proferir resolución acusatoria contra la ex juez R. (...) por el delito de falsedad ideológica en documento público, habrá de revocarse la providencia recurrida para en su lugar calificar el sumario en la forma indicada.
Deberá sí decretarse la detención preventiva como medida asegurativa aplicable pero, en consideración a la ausencia de antecedentes y a su buena conducta anterior a los hechos así como a la interpretación que viene haciendo la jurisprudencia sobre el alcance de la prohibición de excarcelar señalada en el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, se le otorgará la excarcelación para lo cual deberá prestar caución ante el tribunal competente por una suma equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales y compromiso de presentarse cuando sea requerida, avisar cualquier cambio de residencia y las demás exigencias legales, todo dentro del término de 3 días a partir de la notificación.
Por ser procedente, además, sería el caso de compulsar las copias de lo pertinente para reparto de los jueces competentes a fin de que se investigue la conducta del secretario del juzgado, del escribiente que elaboró materialmente las actas aquí examinadas y de la memorialista Velasco Mosquera los cuales debieron de ser aquí investigados según el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, mas al romperse la conexidad sin que se afecte el derecho de defensa y haberse ordenado ya por el tribunal las copias, la Corte se limitará a confirmar dicha decisión».
(Auto de mayo 19 de 1992. Radicación 6939. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

References: artículo 219
 artículo 36
 artículo 470
 resolución 
 artículo 441
 artículo 85