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BOE.es - Documento BOE-A-2003-10463
Documento BOE-A-2003-10463
«BOE» núm. 124, de 24 de mayo de 2003, páginas 19932 a 19954 (23 págs.)
BOE-A-2003-10463
Por cuanto antecede, en el umbral del siglo XXI, parece razonable, si no obligado –y éste es el objetivo de la ley–, recuperar los rasgos definidores de la figura centenaria de la concesión de obras públicas –contribución de los recursos privados a la creación de infraestructuras y equitativa retribución del esfuerzo empresarial–, figura insustituible en el actuar de los poderes públicos, si bien ajustando los mismos al modelo administrativo y social de nuestros días, es decir, haciendo útil de nuevo la institución, en función de sus características esenciales, en todos los campos en que está llamada a operar.
La tercera nota clave es la atención prestada al significado y efectos del principio de equilibrio económico de la concesión. La tradición de nuestro derecho positivo, quizá habría que hablar con mayor propiedad de numerosos pliegos de condiciones, ha consagrado, llamativamente en algunos casos, una interpretación del principio siempre favorable al concesionario, hasta conseguir incluso que el riesgo del mismo desapareciera en ocasiones. Para que la concesión conserve su naturaleza, el equilibrio económico contractual deberá recomponer –cuando se altera por las causas tasadas que la ley establece– el marco definido y pactado entre la Administración y el contratista, referencia obligada para determinar los riesgos y beneficios del concesionario. El equilibrio deberá restablecerse, tanto si se ha roto en perjuicio como a favor del concesionario, produciendo unos efectos más allá de lo que se considera deseable o tolerable para la credibilidad de la institución y para el interés público, sin que por ello se elimine el interés del concesionario.
Este capítulo incluye, asimismo, la regulación del régimen económico–financiero de la concesión. El artículo 245 diferencia los distintos tipos de aportaciones públicas susceptibles de contribuir, según los casos, a la construcción de la obra, así como las fases en que estas aportaciones pueden producirse. Por su parte, el artículo 247 identifica las aportaciones, también públicas, que puede recibir el concesionario en la fase de explotación para garantizar la viabilidad económica de la concesión. La retribución por la utilización de la obra, que descansa en el modelo tarifario, sin perjuicio de que las tarifas sean abonadas, según convenga para el interés público y se determine en los pliegos, por el usuario o la Administración, total o parcialmente, es objeto de regulación en el artículo 246, precepto que establece además los casos en que procederá la revisión de las tarifas.
«a) Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la realización de suministros, los de concesión de obras públicas, los de consultoría y asistencia o de servicios, excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.»
«Artículo 7. Régimen jurídico de los contratos administrativos.
1. Los contratos administrativos, con la salvedad establecida en el apartado siguiente, se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por esta ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, los contratos administrativos especiales, que se definen en el artículo 5.2, párrafo b), se regirán por sus propias normas con carácter preferente.
3. El orden jurisdiccional contencioso–administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.»
«Sección 2.ª Financiación de la obra pública mediante concesión de dominio público
No podrá otorgarse una concesión de dominio público a resultas del contrato regulado en esta sección contraviniendo el régimen de utilización de los bienes de dominio público regulados en las leyes específicas.»
«a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura, siendo aplicable en este caso lo previsto en los apartados 1 y 3 del artículo 232 de esta ley.»
«a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años.»
Los licitadores deberán presentar el correspondiente plan económico–financiero que contemple ambas partes de las obras.
d) Los requisitos que deberán reunir los licitadores, así como los posibles socios que integren en el futuro la sociedad concesionaria a constituir. Los posibles cesionarios de la concesión deberán cumplir las condiciones específicas establecidas en los pliegos en función del grado de desarrollo del negocio concesional en el momento que se produzca dicha cesión.
2. Las causas de resolución previstas en los párrafos b) –salvo la suspensión de pagos–, e), g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre la resolución del contrato. En los restantes casos de resolución del contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diera lugar a aquélla.
6. Cuando el contrato se resuelva por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre ellas.»
Esta ley entrará en vigor a los tres meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Fecha de disposición: 23/05/2003
Fecha de publicación: 24/05/2003
Entrada en vigor: 24 de agosto de 2003.
SE DEROGA la disposición adicional 7, por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-17887).
arts. 124.4, 139 y el inciso indicado de la disposición final 1, MODIFICA los arts. 5.2.a), 7, la sección 2 del capítulo I del título I del libro II y AÑADE un título V al libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio , (Ref. BOE-A-2000-11533).
en la forma indicada el art. 5.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre (Ref. BOE-A-1998-23284).
En la forma indicada el art. 5.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25340).
los arts. 4.2, 5, 6, 7, 13, 16.1, 25.2, 25 bis, 26, 30, 32, 34 y MODIFICA los arts. 2, 23 y 36 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo (Ref. BOE-A-1972-693).
arts. 53 a 105 y 111 de la Ley general de obras públicas de 13 de abril de 1877 (GAZETA) (Ref. BOE-A-1877-2880).
art. 125 y el capítulo III del título VIII de la Ley de Aguas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2001-14276).
arts. 54 y 84.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1988-18762).

References: artículo 245
 artículo 247
 artículo 246
 artículo 206
 artículo 5
 artículo 232
 resolución 
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 Real Decreto 
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