Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2014/132/9/
Timestamp: 2019-11-18 06:25:06+00:00

Document:
Diario de Sesiones 132/2014, de fecha 9/7/2014 - Punto 9 - Parlamento de Canarias
DS 132/2014 (9/jul/2014)
Diario de Sesiones 132/2014, de fecha 9/7/2014 - Punto 9
8L/PL-0019 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2007, DE 17 DE ENERO, POR LA QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN.
El señor PRESIDENTE: Vamos a tratar el debate de primera lectura de la Modificación de la ley que regula la Prestación Canaria de Inserción.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra la señora consejera doña Inés Rojas.
La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Comparece el Gobierno hoy para el debate en primera lectura de la modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción. Señorías, se trata de un paso más dentro de la estrategia canaria para hacerle frente a la pobreza, la exclusión social y en favor del desarrollo humano, que, como recordarán, presentaba el Gobierno no hace todavía un año, a puntito de cumplirlo, el 30 de julio exactamente del año 2013. Por lo tanto, señorías, en menos de un año el Gobierno ha modificado o está en el proceso de modificación de dos leyes, una de ellas ya aprobada, que es la ley canaria de vivienda, la modificación de la ley canaria de vivienda, que, como saben, es una ley que por primera vez regula en el ámbito de la vivienda libre declarando la función social precisamente de la misma, de la vivienda; por lo tanto, es una ley que, como bien recordarán, prioriza y establece una protección importante a las familias que están en una situación de emergencia social, especialmente si además tienen infancia a su cargo. Y decimos que además especialmente porque a lo largo de toda la estrategia canaria para hacerle frente a la pobreza la protección a la infancia tiene una importancia destacada y absolutamente relevante.
Por lo tanto, hay que recordar que, además, dentro de este plan, de este documento, de la estrategia canaria frente a la pobreza, también teníamos otro eje, otro punto destacado, que es la atención a la emergencia social, lo que podríamos llamar el plan de choque de atención a la emergencia social, que, como recordarán, incrementábamos una serie de dineros para el año 2013, 2014 y 2015, porque es la vigencia que tiene esta estrategia, y que, además, íbamos a llevarla a cabo a través de los ayuntamientos y a través de las ONG, Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos. A estas tres entidades, ONG -Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos-, hemos facilitado unas cuantías presupuestarias tanto en el año 2013, extraordinarias, como ahora en el año 2014, y este año tengo que decirles que además se ha firmado hace muy poquito, por segundo año consecutivo, dentro de este marco, el plan de emergencia social con los ayuntamientos, que, como recordarán y habrán visto a través de los medios, en esta oportunidad la Fecam ha conseguido que, además, la Fundación La Caja y la Obra Social de La Caixa también se sumaran a estos créditos llegando a dos millones y medio de euros para la emergencia social, para lo que resta de año 2014, en estos momentos. Por lo tanto, démonos cuenta de que, tal como también apuntaba la propia estrategia, íbamos a buscar fórmulas para que entre todos lográramos sumar todos estos recursos y ponerlos en la puerta del ayuntamiento y de estas ONG que operan en todas las islas canarias para que realmente la situación de necesidades básicas de la ciudadanía y de la gente con dificultades, pues, se viera de forma efectiva, resuelta de forma absolutamente mucho más rápida, como puede hacerse a través de esta vía.
Hay que recordar también que otro eje importante de la estrategia, y siempre en el marco de la protección a la infancia, son también los talleres de inmersión lingüística con la apertura de los comedores escolares en verano, con todo lo que eso conlleva. Recuerden que Canarias, a través de la Consejería de Educación, fue absolutamente pionera en el resto del Estado y que hoy empieza a demandarse, incluso por la propia defensora del pueblo, que desde luego los comedores escolares deberían estar abiertos, deben abrirse en verano, y aquello que parecía ponerse hasta en cierta cuestión en aquel momento, pues, Canarias se adelantó a esa necesidad, y realmente creo que, además, se ha sabido hacer de forma absolutamente importante, vistiéndolo, digámoslo así, que cubrimos dos necesidades: la necesidad de que en verano podamos incrementar esa formación lingüística en nuestro alumnado y que se puedan abrir los comedores escolares en verano no solo para dificultades que pudieran tener las familias de todo tipo, también, especialmente, la de la conciliación laboral y familiar. Y, por lo tanto, eso era también absolutamente importante.
Como saben, en Canarias alrededor de 71.000 niños y niñas comen en los comedores escolares, y prácticamente más de la mitad, alrededor del 52 % de ellos, a pesar de que nuestra tasa en los comedores escolares es la más barata del resto de España, la mitad o algo más de la mitad de los niños están absolutamente también subvencionados; para que nos hagamos una idea de que realmente hay necesidades y que, desde luego, en este caso desde la Consejería de Educación y dentro de ese marco de la Estrategia canaria frente a la pobreza, pues, se les da soluciones, se les da salida.
Lo mismo con otra pata importante de atención a la situación complicada que tiene la gente, que es el Plan de Empleo Social. El año pasado, recuerden, además, fue ya en mitad del año, aprobado precisamente en un mes como este, el de julio del año pasado, que dos mil seiscientas y pico familias pudieron obtener un empleo, lo que nosotros llamamos el empleo social, que no es ni más ni menos que cambiar una ayuda social económica sin más por una actividad que te permita desde luego que te levantes cada día con algo que hacer y te ganes, de alguna forma, como solemos decir, el pan con el sudor de la frente, que eso es dignificar desde luego la ayuda que se pueda dar a las personas que más lo necesitan. Este año, como habrán escuchado a la consejera de Empleo, con la Fecam se redobla porque, además, se va a acordar cerrarlo por dos años para tener ya la tranquilidad de que tenemos esto asegurado y va a permitir que algo más de 7.000 familias puedan obtener un ingreso a través del Plan de Empleo Social.
Por lo tanto, señorías, recordando eso, con la modificación y aprobación ya de la ley de vivienda, otra de las cosas absolutamente importantes, porque si nos damos cuenta de qué es estar en una situación vulnerable, qué es cubrir las necesidades básicas, entre ellas no solo está la alimentación, sino que está también el techo, está también la vivienda. Una vez cubierta, modificada esa ley para adaptarla a la nueva situación que tenemos, está también otro punto importante de esa estrategia, y es que acordamos que tanto la ley de vivienda como la ley de la Prestación Canaria de Inserción, leyes que fueron hechas para otro tiempo, leyes que no fueron elaboradas ni sus objetivos contemplaban lo que pretendemos contemplar ahora con su modificación, porque la sociedad estaba en una situación totalmente diferente y esas leyes desde luego había que adaptarlas a la nueva realidad social, porque si no la legislación no está sirviendo para atender las necesidades reales que tienen las personas en estos momentos.
Por eso, señorías, el otro compromiso importante de esta estrategia era modificar la prestación, la ley de Prestación Canaria de Inserción que permitiera... Bueno, recordar también, porque lo considero importante, que en esa estrategia también nos garantizábamos que toda la cobertura social básica, toda la cobertura social básica se garantizaba en los presupuestos desde el año 2013 hasta el año 2015, eso aseguraba que desde luego no solo no íbamos a sufrir ningún recorte, sino que, como bien saben, este año las políticas sociales han subido un 6,7 % en su presupuesto, pero como mínimo teníamos asegurado que, desde luego, no se perdiera ni un euro en recortes en los servicios esenciales que damos a la política social del Gobierno en general. Quizás, no sé si esto, pero qué casualidad, he estado hasta valorando si dar estos datos o no, pero puesto que son datos públicos que conocimos hace unos cuantos meses, pues, sí me parece importante que los demos, o que por lo menos yo los dé, no para satisfacción porque no es precisamente satisfacción lo que siento, pero sí para que nos demos cuenta de que podemos estar casi seguros en la buena senda, en el buen camino, primero, de que las acciones que estamos llevando a cabo seguramente son las acertadas; y, segundo, para darnos cuenta de que posiblemente la recuperación económica esté ahí, a la vuelta de la esquina, aunque ni muchísimo menos la gente por mucho tiempo todavía lo va a notar, sigue habiendo muchísimos problemas. Pero sí es importante que destaquemos que el Instituto Nacional de Estadística, como les decía, hace un par de meses ya no colocaba a Canarias como la comunidad con mayor tasa de pobreza, sino que en estos momentos ya colocaba a Castilla-La Mancha primero, a Extremadura después, a Andalucía en tercer lugar y a Canarias en cuarto lugar, pasando de un 33,2 % a un 28,4 %. Como digo, son cinco puntos menos, no es para satisfacción de nadie pero sí es para saber, sí quizás una motivación, para saber que podemos estar, primero, como les decía, en la buena senda de las acciones y también, lo más esperanzador de todo, en la senda de la recuperación económica.
Y, además, esta mañana a lo largo de todas las leyes que hemos ido debatiendo entre ayer y hoy y cada vez que tenemos oportunidad, siempre, no podemos olvidar en qué momento estamos y en qué momento de financiación está la comunidad canaria, estamos en 800 millones de euros menos del resto de las comunidades. Por lo tanto, creo que tiene muchísimo más valor el que nos demos cuenta de que modificar leyes, como la que quiero comentar esta tarde en primera lectura, supone siempre que los presupuestos se adapten también a ello, porque si estamos modificando algunas leyes como esta es, desde luego, para incorporar a más personas con necesidad, y eso supone un esfuerzo presupuestario que tiene que estar haciéndolo Canarias prácticamente en solitario. Porque, como digo, no solo la esperanza tan grande que tuvimos, sobre todo en el mes de marzo, cuando el presidente anunciaba en el debate de la nacionalidad que destinaría el 10 % de aquello que se sumara de más a lo que recibimos hoy con el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que correspondiera a Canarias, porque se iba a abrir esa posibilidad, y cómo nos la han cercenado, señorías; que eso suponía que ahora mismo, en el año 2015, pudiéramos tener como mínimo, como mínimo, 80 millones de euros más en el área que a mí me corresponde llevar, en la parte de política social, y eso se ha cercenado en estos momentos, como saben. Y, por lo tanto, hace la situación un poquito más complicada. Menos mal que la economía puede empezar a ayudar y menos mal que, además, todos tenemos la prioridad de que las políticas sociales, pues, son precisamente eso, prioritarias.
Por lo tanto, vamos a centrarnos y voy a decirles de la forma más extensa posible que el tiempo me permita el porqué y en qué se da la modificación de la ley del 2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción. Si recuerdan, esta ley, aprobada hace ya siete años, puesta en marcha hace ya siete años, fue un salto cualitativo en la atención a las personas y colectivos más vulnerables de la sociedad, aportando no solo una ayuda económica, recuerden siempre, señorías, que esta ley no supone solo una ayuda económica, que es un derecho por ley, sino que, además, supone un deber de la persona que recibe esa prestación económica para posibilitar y favorecer su integración social, más allá de recibir o no, porque en algunos casos no tiene por qué ser que se reciba una ayuda económica, pero sí de ayudar o favorecer la integración social de las personas que estuvieran en exclusión social.
Pero, señorías, el escenario del año 2007 cuando se aprobó esta ley al de ahora es muy diferente. En aquel momento la exclusión social tenía un significado y tenía una definición, la exclusión social tiene hoy otra definición que no estaba, desde luego, relacionada en aquel momento con la escasez de recursos, estaba relacionada con la escasez de habilidades personales, de habilidades sociales, de tener una determinada formación o no, de tener facilidades o posibilidades para acceder a los servicios mínimos de una comunidad, o sea, de no ser capaz ni siquiera de tomar decisiones personales en tu propia vida, a encontrarnos con personas formadas o no tan formadas, pero sí con la capacidad para buscarse la vida, para buscarse trabajo, para gestionarse una familia y para sacarla adelante. Pero nos encontramos hoy, señorías, con que esas personas con esa capacidad llevan ya demasiado tiempo desempleadas y, además, llevan ya demasiado tiempo que han agotado todas las prestaciones que les permitían un ingreso en casa, y, especialmente, en muchos de los casos, estas personas con cargas familiares, sobre todo, con infancia a su cargo.
Por eso, señorías, cuando estamos ante una situación tan difícil como esta, que no es de Canarias, que es de toda España, que tiene un nivel de desempleo brutal y que tiene un nivel de personas desempleadas sin ningún tipo de ingreso porque han perdido las prestaciones ya por desempleo, porque han agotado todos los tiempos, lo que está claro es que si se llega a esta situación no es por ningún otro motivo que por falta de trabajo, por falta de empleo, porque la gente no encuentra un empleo. Por lo tanto, parece lógico y razonable -y es lo que debería haber pasado- que el Estado resolviera, buscara fórmulas para que esa cantidad millonaria de personas que no tienen hoy esa posibilidad, buscara una fórmula de lo que llamamos rentas mínimas, para que, desde luego, esa parte de la sociedad española, pues, pudiera ver solucionada parte de esa cuestión.
Comoquiera que desde el Estado no se ha hecho, lo que hace el Gobierno de Canarias es utilizar una ley que no fue concebida para esto. La modificamos ahora y la aprovechamos para, desde luego, incluir a estas personas, con lo cual ya tenemos el primer motivo y el primer objetivo de esta ley. La modificamos para incluir a más familias: en estos momentos, las que estén en exclusión social, pero con la modificación también las que estén en riesgo de exclusión social. Y que lo que hace la ley, además, es definir además nos lo pedía el propio Consultivo, que definiéramos qué era riesgo de exclusión social y qué era para nosotros el riesgo de exclusión social, y esta ley lo define, señorías, y dice: la exclusión social es el estado grave en que se encuentra una persona de carencia personal y familiar, que no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación y vivienda; y son personas en situación de riesgo de exclusión social aquellas que, estando en edad laboral, tienen serias dificultades para acceder al empleo y, potencialmente, a corto o medio plazo, pudieran figurar en indicadores de exclusión, y que, sin embargo, con un acompañamiento, como puede ser el de esta ley, pues, puedan salir de esa situación o superarlo de forma relativamente rápida.
Por lo tanto, ese es el núcleo de familias que hoy nos pueden estar solicitando -de hecho, luego les daré algunos datos-, solicitando entrar por esta vía y, como bien me han escuchado muchísimas veces en este Parlamento y lo hemos reflexionado en voz alta, cuando decíamos: oiga, que la ley no está cubriendo...; nosotros decíamos: una de dos, o modificamos la ley para que puedan entrar o cumplimos la ley, porque la ley está concebida para esto y no para lo otro. No es una ley concebida para un periodo de crisis, es para un periodo normal económico en el que siempre te encontrarás con personas a las que esa falta de habilidades y capacidades no les permite integrarse en la vida social y laboral.
Bien, señorías, dentro de ese marco de la estrategia frente a la pobreza, hemos decidido que lo modificamos, y por lo tanto ahí esa modificación viene también en ese sentido. Pero, además, después de siete años de experiencia de esta ley, también hemos decidido que, desde luego, es bastante mejorable en muchísimos aspectos que tiene la ley en estos momentos, y uno de ellos son los procedimientos que se llevan a cabo para que la persona pueda llegar a ser perceptora de una Prestación Canaria de Inserción. Por eso modificamos también esos procedimientos, simplificándolos, y especialmente decimos que toda aquella documentación o aquellos datos que la Administración pueda obtener sin tener que pedírselos a la ciudadanía, a la persona, que los obtenga vía telemática, vía a través de otras administraciones..., que trabajemos entre nosotros, entre las administraciones, y no le exijamos tanto a la gente, sobre todo, como digo, datos que podemos obtener nosotros por nuestra cuenta.
Otro de los objetivos que nos lleva a modificar esta ley, señorías, es que en estos momentos la actual ley contempla hasta nueve meses máximo para resolver una Prestación Canaria de Inserción. En estos momentos la propuesta que traemos al Parlamento es de cinco meses, es decir, para el Gobierno sería de tres meses una vez que entre en el departamento del Gobierno, y, por lo tanto, dos de los ayuntamientos.
También, señorías, y vuelvo a reiterar la experiencia, priorizar a las personas que tienen infancia a su cargo, eso es absolutamente importante. No es lo mismo, señorías, que reciba una Prestación Canaria de Inserción una persona, por supuesto adulta, porque estamos hablando de una persona de más de 25 años, sola, que no tiene ninguna otra carga familiar, a una persona en las mismas circunstancias pero con cargas familiares, especialmente con infancia a su cargo. Por eso también en la ley lo que hacemos es priorizar a aquellas personas que tienen infancia, sin modificar que en este momento la actual dice que si una persona de una unidad familiar se incorpora a la Prestación Canaria de Inserción, y, por lo tanto, a un itinerario socioformativo que le marca la propia ley como deber, por cada miembro de la familia que se sume a ese itinerario se aumentará en cuantía la prestación. Sin perjuicio de eso, también se contempla que, desde luego, para aquellas personas que tienen infancia a su cargo, se mantenga una cuantía mínima, que tengo que decirles, señorías, que esa cuantía mínima que nosotros estamos proponiendo en 450 euros y que no sé si cuando se determina en la ley, que se habla de los porcentajes del Iprem, pues, eso se puede dilucidar y que a esos 450 euros mínimos se incorporen 50 euros mensuales por cada niño o niña que se tenga a cargo hasta un máximo de 650 euros. Hoy la cuantía máxima está rondando los 630, pues que la resolvamos en el máximo hasta 650 es también nuestra propuesta.
Por lo tanto, hablamos de ampliar el colectivo, hablamos de simplificar procedimientos y hablamos de reducir los tiempos, pero también hablamos de los criterios de acceso. ¿Qué criterios estamos siguiendo, cuáles marca actualmente la ley para que una persona pueda acceder a ser perfil de la PCI? Varias cosas, señorías, pero quizás la más importante que debemos modificar es cuando una persona solicita la Prestación Canaria de Inserción, se le pide qué ingresos ha tenido el año anterior, y si el año anterior ha tenido un determinado número de ingresos ya no cumpliría el perfil de la Prestación Canaria de Inserción; en estos momentos decimos: no podemos estar pidiendo qué se ingresó hace un año porque la situación de las familias cambia de forma muy importante de un año a otro, no, en 3-4 meses cambia, y, por lo tanto, vamos a pedirlo en una reducción menor y eso facilita que mucha más gente pueda acceder a ella. Es decir, establecemos unos requisitos mucho más flexibles para que la gente los pueda cumplir y, por lo tanto, poder acceder. Y también hay una cosa importante, y es que en estos momentos la ley dice que la unidad familiar que tenga algún tipo de ingreso no puede percibir la Prestación Canaria de Inserción, cualquier tipo de ingreso. En estos momentos estamos diciendo que vamos a hacer compatible que una persona, una unidad familiar tenga un ingreso, porque tiene una persona dependiente y está cobrando, recibiendo una prestación económica por cuidado en el entorno familiar o tiene un hijo o una hija que estudia y tiene beca y, por lo tanto, tiene un ingreso a través de una beca o tiene una ayuda a través de la Seguridad Social, que eso no compute, señorías, como ingreso. Por lo tanto, esa es también una parte importante de modificación de esta ley, que estos ingresos no computen como tales, son ayudas, y que, por lo tanto, pues, puedan ser compatibles con la Prestación Canaria de Inserción.
Y también lo que les decía, otro de los aspectos importantes es priorizar a la infancia manteniendo los mismos criterios anteriores pero priorizando que a una persona que reciba el mínimo, esos 450 euros, por cada niño o niña que tenga se le sumen 50 euros mensuales a esas cuantías y haya esa diferenciación entre quien tiene infancia y quien no la tiene.
Y luego hay otra parte importante y eso es un cambio sustancial, señorías, porque es un cambio, además, también basado en la experiencia y en la filosofía que pretendemos también inculcar a través de la Prestación Canaria de Inserción, porque no se olviden de que esta ley, además de ser una ley que establece un derecho, al establecer también un deber está inculcando una cultura y una filosofía en la sociedad canaria, y es que cuando dice la ley que usted tendría derecho a una Prestación Canaria de Inserción tanto económica o no, pero sobre todo si es económica, si usted, además, se somete a un deber y ha de cumplirlo, y dice la ley que quien no cumpla ese deber pierde la prestación, y el deber no es ni más ni menos, señorías, que facilitar, permitir o acceder, o aceptar, perdón -creo que es el más adecuado-, aceptar que formes parte de un itinerario formativo, que la unidad de trabajo social de tu ayuntamiento te destine y te organice para que no se reciba una prestación porque sí, sino que como el objetivo es insertarse en la vida social y laboral, pues, desde luego, des los pasos suficientes para que eso pueda ser posible.
Bien, pues actualmente la ley se concede de la siguiente forma: una persona perceptora de la PCI cuando le es favorable se le concede por un año, la primera vez, y es renovable por un año más en periodos de seis meses y después de esos dos años seguidos de recibir esa prestación ya no la puede volver a solicitar. A lo largo de estos siete años de experiencia de esta ley nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas, porque para eso la evaluamos y para eso estamos también en contacto con todos los ayuntamientos, el objetivo es insertar..., y además hemos generado algunas veces, propiciado convenios laborales con Gesplan y con el Servicio Canario de Empleo para facilitar que estas personas vean que sí que es posible que pueden encontrar un trabajo acorde a sus capacidades. En muchísimos casos, como me han escuchado más de una vez, la gente rechaza ese puesto de trabajo, la gente a lo mejor cobra 450, 500, 550 euros y va a ir a trabajar de repente por 600-700 euros, y va a ir a trabajar por dos meses o por tres meses, a lo sumo por seis, tiene una prestación concedida por un año y dicen: no me interesa y no voy a ir a trabajar, me quedo mucho mejor como estoy. En estos momentos nosotros hacemos la siguiente propuesta que, señorías, ustedes con su mejor criterio y trabajándolo entre todos pues vemos si esto nos parece bien, a nosotros nos lo parece, pero como les estoy proponiendo está abierto totalmente a que lo estudiemos, se trataría de lo siguiente: en lugar de dar la prestación por un año la facilitaríamos por doce mensualidades, que es diferente, señorías, por doce mensualidades concedida, de tal manera que si cuando tú llevas cuatro meses cobrando la Prestación Canaria de Inserción te ofertan un puesto de trabajo por dos meses, por quince días, por seis meses, tú lo aceptes, de forma automática se suspende el ingreso de la Prestación Canaria de Inserción; pero también de forma automática a ti te quedan, si has estado cuatro meses, decía yo, te quedan ocho, te quedan ocho, digamos, de depósito en el Gobierno, que cuando a ti se te acabe ese trabajo temporal, sin que tengas que volver a iniciar el proceso para la solicitud de PCI, a ti se te incorporan las ocho mensualidades que te quedaban, de tal manera que, incluso, en esas ocho puedes volver a encontrar un empleo por un mes o por dos meses. Señorías, esto hace que las doce mensualidades no sean un año, a lo mejor es un año y medio y hasta dos, pero, además, conseguimos que la persona vaya cotizando a la Seguridad Social porque no tiene ningún reparo en aceptar cualquier trabajo, en el sentido de cualquier trabajo por poco tiempo que sea, porque sabe que la Prestación Canaria de Inserción que tiene concedida aquí la tiene en el Gobierno.
Y después, señorías, lo que nosotros proponemos es que después de todo ese tiempo hagamos un parón. Proponemos que sea de un año, aquí sí, proponemos que sea de un año salvo en los casos en que desde luego la situación sea tan complicada que haya que renovarla, pero si hay algunos casos en los que no, dejarla un año y si la situación se vuelve a colocar mal para la misma familia pueda volver a solicitarla por otras doce mensualidades, con lo cual no lo agota en dos años y se acabó y ya no la puede pedir más, sino que hay un mayor tiempo y, además, con una mayor calidad porque puede... Es que tenemos que intentar que la persona no renuncie a un puesto de trabajo sino, todo lo contrario, facilitárselo sabiendo que no tiene carga administrativa de tener que volver a hacer la solicitud, y tenga la tranquilidad de que cuando se acabe su trabajo o las prestaciones que pueda recibir por desempleo, tiene las mensualidades que había dejado sin agotar en el Gobierno.
Ese es un cambio absolutamente sustancial. Es verdad que es bastante pionero, no conocemos en el Estado que haya otra similar, pero a nosotros nos ha parecido, después de trabajarlo con el equipo técnico, viendo las condiciones de cada uno, que realmente podía ser bastante interesante esta posibilidad.
Por lo tanto, señorías, espero haberlo aclarado muchísimo para que después sobre esto, pues, ustedes puedan ver... De todas formas, dado el poco tiempo que me queda, sí me gustaría darles algún dato para que tengan referencia.
En el año 2013 se nos presentaron 6577 solicitudes -6577 solicitudes-, de ellas 5864 fueron las perceptoras, las otras, señorías, no cumplían el perfil, y probablemente estarían dentro de esta modificación que hacemos ahora de la ley. Con la ley actual no cumplían este perfil. De esas 6577, decirles que el 68,3 % de estas familias estaban encabezadas por mujeres, que el 57 % eran mujeres viudas y el 19,8 % mujeres divorciadas; en ambos casos la inmensa mayoría con cargas familiares, con personas dependientes o, sobre todo, con infancia a su cargo. Por lo tanto, el perfil de la PCI, señorías, mujer de entre 40 y 44 años y con ese estado civil que les comentaba antes.
Por lo tanto, creo absolutamente importante esta modificación que hacemos de la ley. Yo supongo que no será necesario que haga después una segunda intervención, que no lo sé, pero espero que la propuesta que hacemos desde el Gobierno para facilitar las cosas a la gente, para lograr que la filosofía de esta ley no solo cubra las necesidades básicas de la gente, sino que además estimule a la gente a no rechazar un puesto de trabajo que consiga, como les decía, aunque sea por quince días o por seis meses, porque sabe que perdería la Prestación Canaria de Inserción y tendría que volver a empezar todo el procedimiento. En este caso, ya no habría que hacerlo pero, vuelvo a reiterarles, si esta ley, que ha pasado por el Consultivo, por toda la sociedad organizada de Canarias, los colegios profesionales que han hecho sus sugerencias y sus alegaciones, ahora...
El señor PRESIDENTE: Dos minutos, doña Inés.
Esta es la propuesta que hacemos desde la experiencia por parte del Gobierno de Canarias, pero, señorías, además de haberlo hecho con la mejor de las voluntades y con la mejor disposición para ayudar a las familias que están en una situación muy complicada, aun así, estaría bueno que no..., yo espero que en el Parlamento con su mejor criterio, pues, podamos debatir, "esto así", o "esto no", o "esto de esta forma", "o esto de la otra". De cualquier forma, que sepan que el mínimo de la Prestación Canaria de Inserción que nosotros estipulamos ahora en esos 450 euros es el tercero más alto de España, solo están por encima Navarra y el País Vasco. Y, desde luego, la parte más alta, que ahora estaba en 630 euros aproximadamente, la subimos a un máximo de 650 euros, priorizando siempre esos 50 euros mensuales por cada niño o niña que se tenga a cargo.
Creo que realmente la propuesta que hace el Gobierno, y que ha llegado al Parlamento después de pasar un proceso de alegaciones públicas, pues nos parece la más acertada y la más razonable. Pero vuelvo a reiterar, y ya les doy las gracias incluso por ello: si ustedes la mejoran, pues, muchísimo mejor y bienvenida sea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
El proyecto de ley no tiene enmiendas; por lo tanto, turno de fijación de posiciones.
Sin duda, ayer teníamos un debate importante para Canarias, la aprobación de la primera ley educativa de este archipiélago, pero el debate de hoy es igual o, incluso, más importante. Hablamos de un cambio normativo de una ley, la Ley 1/2007, que regula la Prestación Canaria de Inserción, después de seis años de vigencia.
Es una ley importantísima porque incide en la vida de las personas, pero, además, no en la vida de la ciudadanía en su conjunto sino en la vida, en el día a día y en la dignidad de las personas más vulnerables, de las personas más azotadas por esta crisis. Una prestación que, ya se ha dicho, pretende conseguir la inserción social, económica y laboral de las personas con mayores dificultades para esa integración y que se encuentran, por tanto, en una mayor desigualdad respecto a otras. Este objetivo lo que pretende es que estas personas accedan a unos niveles aceptables de vida y al pleno ejercicio de sus derechos, considerados fundamentales e inalienables.
Recordaba antes la señora consejera, y así es, que hace un año -va a hacer un año- se aprobaba la estrategia canaria contra la pobreza y la exclusión, y ya se recogía ahí la necesidad, la urgencia de cambiar la ley. Tenemos que decirle, señora consejera, que el Gobierno ha tardado un año, creo que -y por eso ya lo hemos hecho público- este cambio llega tarde. Lo vamos a apoyar, es necesario este cambio, lo hemos dicho en las comisiones parlamentarias de políticas sociales, hemos presentado multitud de iniciativas tanto a través de proposiciones no de ley como enmiendas al articulado y a los presupuestos, a las leyes de presupuestos, en la línea de mejorar la atención y los fondos destinados a las familias con menos recursos, pero creemos que un año, pues, es un retraso que a nosotros nos cuesta entender a qué se debe. En cualquier caso, el Gobierno habla de que el objetivo que persigue con este cambio es ampliar el colectivo destinatario, incorporando a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos suficientes para afrontar sus necesidades más básicas, lo ha dicho usted -la vivienda, la alimentación, etcétera-, simplificar el procedimiento administrativo y aumentar la protección de las familias con menores a su cargo.
Compartimos los tres objetivos pero, a renglón seguido, tengo que decir que nos parecen insuficientes, y si el tiempo me lo permite, es muy poco tiempo quince minutos para profundizar en lo que ha significado esta ley, en sus deficiencias y en las mejoras necesarias en el nuevo marco normativo, pero lo intentaré.
Nosotros creemos que debemos esforzarnos para que esta ley, cuando salga de este Parlamento, sea la ley que efectivamente contribuye a que Canarias camine hacia la senda de una verdadera inclusión social. Ese puede parecer un reto muy difícil si tenemos en cuenta las tasas de pobreza y exclusión que usted hoy planteaba, como que ya no somos la comunidad con mayor nivel de pobreza, pero sí que estamos a la cabeza. No nos consuela, y yo estoy segura de que a usted tampoco. No nos consuela porque no estamos en un ranquin, hablamos de la vida de la gente, y, por tanto, tenemos que trabajar para que el mayor número de ciudadanos canarios y ciudadanas vivan en condiciones dignas. La crisis se ha recrudecido en estos seis años desde su entrada en vigor, y esto nos obliga a hacernos un replanteamiento nuevo.
Tal como se recoge en el preámbulo de la ley es una ley que nace para luchar contra la pobreza pero con una visión que va mucho más allá de la carencia material, que hablamos -usted lo planteaba antes- de erradicar la exclusión social, que no solo supone carencias económicas o de aspectos materiales sino de las herramientas que le permitan a la persona desarrollar su vida en plenitud: la inserción laboral, la inserción social en su contexto social y también oportunidades culturales.
Por tanto, hablamos de un gran objetivo que yo, además, creo que es un error, y creo que esa es una de las causas por las que en Canarias en algunos aspectos hemos fracasado en materia de política social, es un error pensar que eso es una responsabilidad del departamento de Políticas Sociales, y yo creo que la aprobación de la ley canaria de ayer, donde insistimos en la necesidad de favorecer la igualdad de oportunidades, tiene mucho que ver con el objetivo de erradicar la exclusión; es un error pensar que este es un objetivo de la consejería de doña Inés Rojas o del titular de cada momento. Es un objetivo de gobierno, es un objetivo que atraviesa transversalmente todos los departamentos y, además, es un objetivo de todas las administraciones canarias, y hasta que no entendamos eso, que yo creo que hay un problema conceptual de no entenderlo, hasta que no entendamos eso, Canarias tendrá serias dificultades para alcanzar el objetivo al que yo creo que todos aspiramos, no es solo el asistencialista, el dar una ayuda económica, que hay que darla ahora, urge darla, pero tenemos que tener una amplitud de miras más larga y saber que además de cubrir la emergencia social tenemos que erradicar las condiciones que generan exclusión social.
Usted lo ha dicho y yo no voy a incidir, es una ley que se creó para otro momento, con un gran objetivo, y ahora nos encontramos con unas necesidades distintas, que son las de erradicar esa exclusión, pero también atender a las familias, que, aun teniendo herramientas y recursos para poder insertarse sociolaboralmente, están pasando una situación muy dura. La realidad del 2014 es aún peor que en los años anteriores, y solo analizando los indicadores y los distintos documentos oficiales y de diferentes instituciones, escuchando a las ONG, escuchando a los trabajadores de lo social, o simplemente escuchando las quejas de los ciudadanos, mi experiencia como diputada en estos tres años es que los dos aspectos de los que mayor número de quejas y de denuncias han llegado a nuestro grupo en materia de política social, y en general, han sido los que tienen que ver con las ayudas, con la prestación por dependencia y la Prestación Canaria de Inserción.
Yo creo que no le descubro nada si le digo cuáles son las grandes deficiencias o las grandes debilidades de esta ley: por un lado, una falta de financiación estable suficiente para responder a la demanda real; por otro lado, un exceso de burocracia y problemas en la gestión que provocan retraso sistemático en la llegada de la ayuda; hablamos de una ley que se inició con unos plazos de ocho meses, cinco más tres, cinco para el Gobierno y tres para los ayuntamientos, se cambió y pasó a ser seis más... Sí, al poco tiempo, a través de una disposición en un presupuesto todavía..., no en esta legislatura, se pasó a seis más tres, seis para el Gobierno y tres meses de gestión para los ayuntamientos -nueve meses-; y ahora se plantea un cambio para acortarlo que a nosotros nos sigue pareciendo -y ya le avanzo, me adelanto, que va a ser una de nuestras enmiendas-, sigue siendo demasiado tiempo para aquellos que no pueden cubrir necesidades básicas como la vivienda o la alimentación, sigue siendo demasiado tiempo esos cinco meses que plantea el Gobierno. Y nuestra posición, aunque la vamos a estudiar en profundidad con los colectivos, con los ayuntamientos, yo creo que va a ir en la línea de lo que el propio Diputado del Común ha orientado: lo más que puede aguantar una familia que está viviendo situaciones extremas de emergencia social con el apoyo de aquellos ayuntamientos comprometidos -porque hay otros que no lo están-, son tres meses; tres, cuatro meses a lo sumo. Cáritas también aquí hace una labor fundamental pero, pasado ese tiempo, ya la situación se convierte en insostenible y el Gobierno, por tanto, tiene la obligación de acortar los plazos de manera sustancial.
Hablaba usted antes de que, efectivamente, esos indicadores últimos con relación a la tasa de pobreza mejoran, pero siguen siendo inaceptables y escandalosos. El paro sigue sin remitir como todos quisiéramos y ese número de desempleados canarios y desempleadas que no cobran ningún tipo de prestación económica y que, por tanto, están en riesgo, más tarde o más temprano, de caer en la pobreza y en la exclusión, sigue siendo escandaloso. Hablamos de 141.978 personas, hablamos de más de un 50 % de los desempleados canarios, que no tienen ningún tipo de prestación, y, por tanto, es fundamental abordar esta realidad.
Por cuestión de tiempo no voy a insistir en esto, pero a todo esto hay que añadirle el contexto de recortes sistemáticos, tanto por parte del Estado..., en el plan concertado, en materia de dependencia y en fondos que tienen incidencia en esta realidad canaria.
Usted hablaba de que este cambio normativo se basa en una evaluación y en un análisis de la ley; yo voy a compartir lo que los sectores distintos, desde el Diputado del Común, como nombraba, los colegios profesionales de trabajo social, Redesscan -la red en defensa de los servicios sociales-, los ayuntamientos y los propios demandantes de la prestación nos han venido a elevar como cuestiones sin resolver, cuestiones a mejorar de esta ley. En primer lugar, no ha cumplido su finalidad, lo tenemos que decir así de claro, no ha facilitado la integración social ni económica ni laboral de las personas en situación de exclusión. Y a los datos de exclusión, pues, nos tenemos que remitir para decir que el objetivo no lo hemos alcanzado, por lo menos en unas tasas deseables.
Además, las medidas establecidas en los programas de actividades de inserción no se han cumplido, no se han ajustado a las circunstancias específicas de las personas incluidas en este tipo de planes de inserción. Y esto tiene mucho que ver con la falta de financiación. Yo no sé si los señores diputados y diputadas saben a qué me refiero cuando hablo de las actividades de inserción: la ley lo que buscaba era una prestación económica que resolviera el día a día, pero acompañara a la persona sin herramientas y sin recursos, acompañara, tutorizara de alguna manera a esa persona, para que en un tiempo corto, razonable, pudiera tener elementos para incorporarse a la vida en todas sus dimensiones. Esto requiere personal cualificado, esto requiere trabajadores sociales, esto requiere psicólogos, y esta realidad de personal no se ha dado, entre otras razones porque los ayuntamientos se han visto con la implantación de esta ley y con una crisis sobrevenida que les ha multiplicado por tres las demandas y los usuarios en los servicios sociales municipales. Y así te lo hacen llegar, están sobrepasados por una realidad crítica que a veces se han visto sin posibilidades de asumir.
Las quejas de los retrasos han sido sistemáticas; es que ni siquiera se han cumplido esos nueve meses que yo decía antes que eran demasiados. Hablamos de un año y a veces, incluso, aunque la resolución esté aprobada, se retrasa la percepción efectiva de la nómina, de esos 450-500 euros que usted planteaba.
En cuanto a las competencias y a la financiación, hay que avanzar en esa coordinación con los ayuntamientos, para poder resolver estos asuntos. Por tanto, y ya aterrizo en los cambios que propone el Gobierno y que nosotros vamos a cuestionar, nos parecen bien las doce mensualidades pero estamos rotundamente en contra de la no renovación. El artículo 18, señores diputados y señoras diputadas, hay que recuperarlo, porque no recuperar el artículo 18 significa que vamos a dejar durante doce meses en el desierto a esas familias que sabemos que no tienen herramientas para insertarse, pero ni siquiera las tendrían en el mundo ideal donde hubiese empleo para todos, menos las van a tener en el mundo real donde no hay posibilidades de emplearse.
Señora consejera, no podemos resolver un problema ampliando la cobertura a esos nuevos beneficiarios y generar otro problema porque, además, parece indicar, y no lo quiero pensar, que el Gobierno lo que quiere es gastarse lo mismo, amplío la cobertura...; claro, porque esos doce meses que usted no renueva, señora consejera, no atente a nuestra inteligencia básica, no es que tengamos mucha pero tenemos la básica, el sentido común básico, entonces no atente a ella, no nos haga hacer pasar por ruedas de molino; es decir, si usted está doce meses sin renovar la prestación, cuando los datos de los profesionales dicen que un porcentaje altísimo de las personas tiende a renovarse porque lo necesitan, usted se va a ahorrar ese dinero ahí y lo va a emplear en abrir la cobertura. Yo no quiero pensar mal, por eso estoy segura de que usted, de que el Gobierno va a aceptar recuperar el artículo 18, que es indispensable para no dejar en la cuneta a esas miles de familias, a esas familias que se benefician.
Bajan ustedes el importe, es verdad que reconocen, y lo aplaudimos, que es de obligado cumplimiento cubrir a la infancia, los datos de Unicef nos obligaban a eso, pero también es verdad que ustedes bajan la cuantía porque ya no se cobrará el 76 % del Iprem sino el 72 %. Además, me gustaría que nos explicara por qué eliminan el artículo 40, por qué suprimen la Comisión Técnica de Coordinación. Miren, todos los profesionales apuntan a que uno de los fallos de la ley es que esa comisión no funcionó bien, es una comisión donde están los técnicos del Gobierno, de la consejería, de la Dirección General de Políticas Sociales y los técnicos municipales, que son al final los que realmente están gestionando el expediente. Bueno, pues se suprime esa comisión, es verdad que se elabora una cuestión alternativa, pero me gustaría que nos explicara cuál es el fundamento para eliminar el artículo 40.
En cualquier caso, y, en definitiva, nuestras enmiendas irán en la línea de garantizar la financiación necesaria y suficiente para cumplir el objetivo de la misma que es doble ahora: evitar la pobreza y que caigan en la exclusión los colectivos de riesgo, pero seguir trabajando para favorecer la inclusión social de aquellos que ya están en situación de exclusión, y esa financiación va a conllevar, por tanto, garantizar la financiación a los ayuntamientos.
Además, presentaremos una enmienda en la línea de que hay que mejorar la gestión de la PCI para eliminar el exceso de burocracia, y también para eso, por tanto, necesitamos más recursos; recuperar el artículo 18, como he dicho; garantizar la coordinación, si no es a través de ese artículo 40 tendremos que buscar una fórmula para garantizar que se coordinen los técnicos municipales con los técnicos de la consejería; y, por último, los plazos, vamos a presentar una enmienda porque los plazos nos parecen excesivos, nos siguen pareciendo excesivos, y que el ampliar los perfiles...
El señor PRESIDENTE: Un minuto, doña Carmen.
La señora HERNÁNDEZ JORGE: Decía que también una enmienda en la línea de que el hecho de que ampliemos los perfiles no genere un abandono de los perfiles que ya estaban reconocidos, eso no lo podemos hacer.
En definitiva, la realidad nos demuestra que ni siquiera teniendo buenas leyes la realidad se cambia de manera...; es decir, que las leyes no van a resolver todos nuestros problemas porque la Ley 1/2007 yo creo que fue una buena ley, al final lo importante es la implementación, ir corrigiendo durante el camino los errores y tener una estabilidad financiera que permita hacer realidad los objetivos que se marca.
Por lo tanto, podremos mejorar la ley pero es fundamental que el Gobierno se comprometa con una ficha financiera y con el objetivo de coordinarse con los ayuntamientos y con otras administraciones, si pudiéramos comprometernos en esto, no está en la ley, pero yo creo que el cabildo algo tendrá que decir siendo la institución insular más importante con relación al objetivo de reducir los niveles de pobreza y avanzar hacia una sociedad canaria más inclusiva; hablábamos ayer de la inclusión y ese es un objetivo de gobierno y creo que el presidente del Gobierno de Canarias tiene que estar también implicado, y todo el Gobierno, en esta tarea.
La señora JEREZ PADILLA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Señorías, la modificación de la ley que regula la PCI fue una de las resoluciones aprobadas en pleno en la que se debatió y se aprobó la estrategia contra la pobreza, como así ha manifestado la señora consejera. Ahí se veía que era necesario ampliar el ámbito de cobertura de la ley y proceder a la simplificación administrativa, que era donde estaba también o donde había más problemas a la hora de solicitar esta ayuda. Esta modificación era una cuestión que se solicitaba en vista de la cantidad de personas ante el problema de la crisis que necesitaban, desde luego, necesitan de una ayuda urgente en tanto en cuanto la situación cambie, y por eso pedíamos continuamente en todas las intervenciones o en todas las iniciativas que se hicieran en este Parlamento modificar la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, porque era necesario o es necesario hacerlo.
Señorías, el objeto de la PCI no es ser una simple ayuda económica, sino que va ligada a un itinerario individualizado con el fin de que los beneficiarios puedan insertarse en el mercado laboral y sobre todo, señorías, en la sociedad. Y su objetivo era y es, señorías, acabar con la exclusión social en nuestra comunidad autónoma. Es una ley contra la desigualdad y la marginación, y eso no podemos olvidarlo. Eso no podemos olvidarlo (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Le sustituye el señor vicepresidente segundo, Fernández González). Se trata, señorías, de ayudar a esas personas con recursos mientras se preparan para su inserción laboral hasta que obtengan un empleo.
Señorías, para los socialistas las PCI son un derecho que tienen todos aquellos ciudadanos de Canarias que se encuentran en una situación de pobreza, porque así lo hemos dicho cada vez que hemos intervenido sobre este tema; y su modificación es una de las cuestiones que el Partido Socialista le ha exigido al Gobierno desde el momento en que la crisis ha sido más notable. Pero, además, cuando se presentó la estrategia contra la pobreza fue una de las propuestas de resolución donde más se incidió por parte de todos los grupos parlamentarios, ya que esto, señorías, ayudaría a que la cobertura de las PCI se extendiera a un número de beneficiarios mayor que en la actualidad.
Lo importante es que en la modificación que se presenta hoy aquí, primero, se ha ampliado el ámbito de cobertura, sobre todo para aquellas personas que no tienen ninguna renta, aunque tengan familiares -así lo ha dicho la señora consejera-, aunque tengan familiares que están recibiendo una beca, algo muy puntual, ¿no?, y que esta se reduce de un año a tres meses; segundo, también se recoge la simplificación de la tramitación administrativa que tanto criticábamos todos los grupos parlamentarios, que pasa de nueve a seis meses, dos para los ayuntamientos y cuatro para la Consejería de Política Social, o, bueno, tres... Sin embargo, creo que esto, señora consejera, aunque usted me esté diciendo tres, creo que esto es mejorable. Esto es mejorable ya que ahora mismo no solo se reducen esos nueve meses de los que hablábamos al principio en la ley, sino que esos nueve meses se hacían para muchos un año, incluso más, entonces hay que reducirlo, si podemos, mucho más, y yo creo que esto se puede mejorar en el proceso de enmiendas.
Y lo más importante que sí me ha llamado la atención de la modificación de esta ley es la importancia que se le da a la infancia. Creo que se ve una preocupación por parte del Gobierno de que la infancia esté protegida, protegida en todos los sentidos, y creo que eso es, desde luego, muy importante. Asimismo, serán mejorables, desde nuestro punto de vista, otras cuestiones que desde el Partido Socialista vemos que realmente no ayudarán a esas personas en exclusión social, sino que pueden seguir aumentando esa pobreza de la que se intenta salir, y, por tanto, creemos que por medio de enmiendas se mejorarán todos aquellos aspectos que creemos que pueden beneficiar a las personas. Por ejemplo, es importante que queden claros los nuevos perfiles de exclusión social para que no haya confusiones, por ejemplo, entre los ayuntamientos, sobre todo entre todos aquellos agentes responsables de valorar esos perfiles.
Esta modificación, señorías, tiene que tener en cuenta a aquellas personas que han perdido su vivienda, su trabajo e, incluso, sus empresas, y que se ven abocadas a vivir en condiciones totalmente precarias, siendo en muchos de estos casos la Prestación Canaria de Inserción una oportunidad para conseguir unos mínimos económicos que le puedan sostener durante un tiempo y que ahora ese tiempo se hace mayor debido a la baja posibilidad de la empleabilidad, y sin posibilidad, desde luego, de acceder a unos recursos económicos ya y pronto.
Por tanto, hay que decir que esta modificación que trae el Gobierno es muy importante, es valiente, señora consejera, y será mejorada en el proceso de enmiendas con la aportación de aquellos grupos parlamentarios que crean que es mejorable, que es mejorable, y que, por supuesto, señorías, crean en las PCI, porque si no creen en las PCI no se va a poder avanzar ni van a poder mejorarlas.
Señorías, se critica en Canarias que se tarda en dar las PCI pero..., porque sé que va a intervenir la portavoz del Partido Popular y va a hablar de que en Canarias se critica que no se dan las PCI en tiempo y forma, o, como yo les comenté, que tardan más de un año, pero no se dice que hay otras comunidades, gobernadas, por ejemplo, en este caso por el Partido Popular, como es, por ejemplo, la de Madrid, que tardan más de dos años en dar las ayudas a estas personas que están en la pobreza más extrema. Por eso creo que algunos grupos deben ver cómo tienen su casa, es decir, yo tengo que ver mi casa para poder criticar la del otro, porque si yo veo cómo tengo mi casa y no me ocupo de ella, pues no puedo criticar la de al lado, ¿no? Y, asimismo, se olvidan también de decir, señorías, y valorar que la Prestación Canaria de Inserción, hay que decirlo, es la tercera renta de subsistencia más alta de todo el territorio español, aunque a muchos no les guste.
Señorías, en Canarias, aunque a algunos no les guste reconocerlo, se modifican leyes en beneficio de los ciudadanos, mientras que el Gobierno, de derechas, el Partido Popular, modifica leyes en contra de los ciudadanos, dejándolos en la máxima pobreza, como las pensiones, educación, sanidad, dependencia, etcétera, etcétera, incluso... (Rumores en la sala).Yo sé que a los del Partido Popular no les gusta lo que estoy diciendo pero yo creo que tienen que tener respeto, ya está bien, tienen que tener respeto cuando una persona está interviniendo, y, señorías, si no les gusta salgan de la sala.
Como decía, se han cargado las pensiones, se han cargado la educación, se han cargado la sanidad y se han cargado la dependencia. Incluso, ayer, u hoy, salió en prensa que se han cargado o no dejan debatir en el Parlamento 26 leyes porque sí, porque ellos tienen una mayoría y aquí paz y en el cielo, gloria. Y esta es la forma de hacer política del Partido Popular: burlar a un parlamento, a lo que nosotros no estamos acostumbrados, porque traemos las modificaciones y traemos las leyes, es a imponer, señorías, un estado de excepción a la democracia. Aunque no les guste, es así.
Por tanto, señorías, dicho todo esto, he de decirle, señora consejera, que esta modificación era necesaria y desde luego era esperada, pero esta tiene que ir en beneficio de aquellos canarios que más lo necesitan, no en contra de ellos, señora consejera. Y, señora consejera, quiero decirle también que, aunque los datos que usted ha dado hoy aquí de que Canarias desciende en pobreza, hay que seguir trabajando, señoría, como usted bien dice, porque, en realidad, el problema está ahí y tenemos el deber y la obligación de erradicarlo de nuestra sociedad, porque aunque se modifique la normativa de la PCI, señora consejera, esta seguirá sin ser una solución a la exclusión que se sufre si no se contribuye de alguna manera a crear empleo, por ejemplo, que es el que puede asegurar una vida digna para esas personas o esos canarios y canarias que lo que quieren es llevar un sueldo a sus casas. Y lo que está claro es que, aunque se aumente el presupuesto para la Prestación Canaria de Inserción, es necesario que también se implique el Gobierno del Estado, señoría, ya que esto permitiría un mayor equilibrio, por ejemplo, entre territorios, para que no se den las grandes diferencias a la hora de otorgar las prestaciones. Así y todo, siendo Canarias, señoría, la comunidad más castigada por el gobierno de derechas del Partido Popular, como decía anteriormente, es la tercera comunidad donde la prestación es más alta. Y hay que decirlo también y seguir diciéndolo. Sin embargo, señora consejera, no podemos seguir esperando las migajas, desde luego, que nos mandan del Estado, ya que es realmente a eso a lo que nos tienen acostumbrados, a darnos migajas para que Canarias se contente con poquito y que con eso lo resuelva, y no les importan los pobres de Canarias. Canarias sigue siendo..., no ciudadanos de segunda o de tercera, para ellos somos de cuarta o de quinta, vamos, de lo menos que pueda haber.
Señorías, la agudización de la crisis, el nacimiento de una nueva pobreza y la precarización laboral han cambiado el panorama para el que la ayuda fue diseñada, y así lo ha manifestado tanto usted como la portavoz que me ha precedido en la palabra.
Por tanto, esta medida tiene que promover, señora consejera, la superación de la situación de riesgo y evitar sobre todo que desmotive a los beneficiarios de la búsqueda de empleo. Eso tenemos que trabajarlo y no sé cómo pero tenemos que evitarlo. Y, por tanto, era necesaria esta modificación, había que traer aquí la modificación de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción.
Y para finalizar decirle, señoría, que la fotografía, la fotografía hacia el exterior, hacia esos ciudadanos, hacia esos canarios y canarias que necesitan de esa ayuda, debe ser que todos los grupos parlamentarios estemos por la labor de modificar esta ley, que estemos preocupados por que Canarias cuente con el mayor número de personas que puedan recibir las PCI, que no se saque una fotografía donde estemos discutiendo, donde "tú más", "y tú más", y que no pongamos sobre la mesa cuestiones que puedan salvar esta situación. Yo creo que este es el momento, con las PCI, con la modificación de las PCI, el momento de sentarse todos los grupos parlamentarios, presentar enmiendas y trabajar codo con codo y hombro con hombro. Señorías, no podemos estar jugando con las personas que están en la calle esperando por esta normativa, tenemos que cumplir con esas personas, tenemos que cumplir con esas personas, y esa es nuestra responsabilidad, que para algo creo yo que nos han elegido los ciudadanos que están en la calle, para darles soluciones, y no para estar peleando si esto es así, si esto es más allá y si esto no contempla esto, sino contempla lo otro, y si hay tanto o si hay cuanto. Hay que trabajar, señorías, hay que presentar enmiendas y hay que sentarse a darles una solución a todos esos canarios y canarias que ahora mismo están esperando por una propuesta nuestra adecuada a sus necesidades.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Bueno, ahora, muchas gracias, señora diputada.
Tiene ahora la palabra, doña Flora.
Yo quiero comenzar en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria diciendo que esta ley, que nosotros entendemos que es imprescindible su modificación, así lo decíamos en la estrategia frente a la pobreza, fue una propuesta nuestra, que había que modificar la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, y yo diría que es necesario atender el presente para que miles de personas -y digo la palabra miles de personas por desgracia- puedan tener un futuro mejor. Me parece que es este el objetivo principal de la modificación de esta ley, que con las medidas que se puedan poner en este momento se pueda dar una esperanza desde el punto de vista económico y social a muchísimas personas y familias.
Yo, viendo el Diario de Sesiones de cuando se aprobó la ley, del año 2007, y la propia exposición de motivos, es lo que decía la señora consejera: la realidad era totalmente diferente, estábamos pensando no en otro tipo de sociedad, sino en otras necesidades. Decía el preámbulo -y quiero leerlo porque me parece que resume bastante bien lo que era el antes y lo que es la situación ahora, que ahora es peor, es peor, lógicamente, estamos muchísimo peor que en el 2007-, decía que en todas las sociedades existen individuos y grupos de población que carecen de medios de subsistencia para atender a las necesidades básicas y que se encuentran en situación de mayor desigualdad social respecto a otros individuos, para conseguir el acceso a unos niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales. El debate sobre cómo afrontar los problemas que afectan a estos ciudadanos se ha venido incrementando en los últimos años y existe una idea básica en torno al mismo que reseña que la pobreza es un fenómeno estructural y multidimensional, estimándose que los procesos que llevan a esta condición obedecen a una multitud de factores relacionados entre sí. El enfoque de la pobreza se vincula de esta manera al concepto de exclusión social, que tiene unas connotaciones más amplias que la de la mera referencia a escasez de recursos económicos, y considera componentes laborales, económicos, sociales, educativos y culturales para entender que existen procesos que impiden a determinados individuos o grupos alcanzar una posición de autonomía que les permita acceder de forma efectiva a sus derechos primordiales: a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la cultura.
¿Por qué digo esto? Porque en ningún momento a lo largo del articulado -y lo resume, porque si vemos todo el preámbulo está muy bien resumido en estos dos párrafos-, en ningún momento hace referencia a falta de recursos económicos, en ningún momento, que es el objetivo de esta ley. El objetivo de esta ley es dotar de recursos económicos, unidos a una serie de deberes, a personas que en este momento no tienen ninguna esperanza. Y a mí me parece que es fundamental, porque no estaba recogido en la ley; en la ley recordamos que hablábamos del itinerario que necesitaba la persona. Y por eso yo cuando decía que en todas las sociedades existen individuos y grupos de poblaciones con esta situación de pobreza, yo creo, como parlamentaria, y todo el grupo parlamentario, que no nos podemos resignar a admitir esta realidad, aunque sea así, pero no nos podemos resignar a admitir que en todas las sociedades haya personas en situación de pobreza, porque entonces estaríamos fracasando, primero, socialmente, y también como personas que en este momento tenemos como obligación el servicio público.
Y, además, importante: en la ley del 2007 en ningún momento se relaciona la situación de pobreza y exclusión social con la falta de empleo, la relaciona con otros condicionantes: con familias desestructuradas, lo que usted ha dicho, con falta de habilidades sociales..., y en esta reforma, y a mí me parece que este es el tema donde vamos a trabajar las enmiendas, pues, hay que relacionarlas directamente con la situación de desempleo. ¿Por qué?, porque la situación de pobreza, o, como dice, la situación de personas que pueden caer en riesgo social está directamente relacionada con la falta de empleo y eso engloba todo, cuando dejas de pagar la hipoteca pierdes tu vivienda, no puedes llevar a los niños al colegio o atenderlos en el ámbito educativo como se merecen; es decir, existe una serie de conglomerados que están relacionados.
A mí me parece también importante recordar, porque está recogido en la ley y lo que no está recogido nosotros lo vamos a hacer a través de enmiendas, pues, por ejemplo, que en su momento fue objeto de mucha controversia el informe sobre la Prestación Canaria de Inserción del año 2012 de la red canaria en defensa de los servicios sociales, Redesscan, ¿no?, donde decía que en las finalidades de las PCI habría que incluir a determinados colectivos en situación de exclusión social a los que la ley, decía, no ampara, entonces estaba pensando en colectivos de personas sin hogar, los menores de 25 años, las personas migrantes, y en eliminar aquellos requisitos económicos, decía, por ejemplo, los ingresos del año anterior que impiden el acceso a esta prestación a personas que sufren exclusión social a raíz de la actual situación económica, que es cuando se empieza, cuando empezamos a hablar todos aquí de la situación económica, a mejorar las medidas de integración establecidas en los PAI a fin de adaptarlas a la realidad de las personas perceptoras de la prestación. Decía: de ser posible no incluir la contraprestación de actividades a la ayuda económica, la inclusión social requiere, además del aumento de partidas presupuestarias, coincidimos en eso, desde luego, esta ley tiene que ir directamente relacionada con el presupuesto, porque, si no, no tendría razón de ser; otro aspecto importante que nosotros entendemos que hay que trabajar es la voluntad de las instituciones por trabajar desde la coordinación, colaboración y el apoyo mutuo y los profesionales desde la potencialidad y la creatividad.
Hablaba de simplificar los procedimientos, acortar los tiempos y mejorar la aplicación informática empleada para la tramitación y gestión de la PCI. Nosotros entendemos que es imprescindible el trabajo con la Fecam, es decir, estamos hablando de..., con los ayuntamientos, nos parece que hay que escucharlos diariamente, tiene que haber un trabajo de coordinación, como está siendo, y, sobre todo, no permanecer impasibles ante esta nueva realidad.
Esta ley recoge, como decíamos antes, el mandato del Parlamento ante este nuevo y terrible diagnóstico social que tenemos. Lo vemos, hemos visto la memoria de Cruz Roja, la memoria de Cáritas y vemos todos los días, pues, cifras que son escalofriantes. Se recogía el año pasado en la estrategia frente a la pobreza, recordemos que esa comunicación del Gobierno que llegó a este Parlamento fue porque había una situación que estábamos viendo que cada vez iba a ser más desesperada y nosotros entendíamos que había que cambiar, hemos hecho muchísimas iniciativas en este sentido, inclusive pues alguna iniciativa de algún grupo parlamentario hemos apoyado y otras no, y en su momento reconocíamos que había sido un error.
Tenemos que lograr, a través de esta ley, la cohesión social si queremos una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Tenemos que adaptarla a esta..., iba a decir nuevos tiempos pero quizás yo diría a estas nuevas tragedias sociales que tenemos en la medida de lo posible que evitar.
Cuando se estaba hablando de los perfiles, de los nuevos perfiles de la pobreza, usted ponía como ejemplo la situación de la mujer. Está recogido, cuando vemos las personas que han sido destinatarias desde el 2007 la mayoría han sido mujeres mayores de 36 años con hogares unipersonales, lógicamente con hijos e hijas a su cargo, y más del 60 %, estamos hablando de que, creo que era el 63 % o el 68 %, las personas destinatarias de las ayudas de la PCI han sido mujeres y esta realidad no va a cambiar con esta ley porque es así, es así, y hay que tenerlas en cuenta. En los informes que veíamos está recogido el impacto de género y también hacía referencia al tema de la situación de la mujer.
En este momento, anualmente existen unas 3000 familias que al año todavía no reciben la PCI, existen 120 000 hogares con todos sus miembros en paro. Y cuando siempre vemos estas cifras yo automáticamente la pregunta que me hago es cómo pueden subsistir, porque ya no digamos vivir, porque ya no digamos vivir, es subsistir, un hogar, si en Canarias tenemos 120 000 hogares, familias, que tienen todos sus miembros en paro: ¿cómo hacen?, ¿cómo lo hacen? Me parece que tenemos que trabajar en esta línea. Se está haciendo para mejorar esta situación.
Desde el año 2007 han sido beneficiadas, con la ley, con la Prestación Canaria de Inserción, pues, cerca de 18 000 familias. Si empezamos a ver las cifras, lógicamente, la conclusión a la que llegamos es que es insuficiente. A mí me parece insuficiente haber llegado a 18 000 familias cuando vemos toda esa situación. Y lo ha hecho el Gobierno de Canarias solo, también hay que decirlo, toda esta situación la ha hecho solo, no se ha contado con la ayuda del Estado español, también hay que decirlo. Porque usted daba la cifra de cómo se hubiese podido ayudar a estas miles de familias si hubiese contado con esa ayuda. Por eso, desde luego, yo no sé cómo alguna fuerza política no se sonroja cuando demanda sin demandar a los suyos, pero, bueno, cada persona es responsable de sus coherencias y cada fuerza política también es responsable de su incoherencia.
Cada año, además, según los datos que tenemos y lo que hemos podido consultar, solicitan la PCI 5000 personas, otra cosa es que tengan derecho a la PCI, porque un importante número de personas que la solicitan son desestimadas. ¿Qué quiero decir con ello?, que es importante la información previa también, sobre todo para no crear expectativas en las personas, ¿no? Es decir, a mí me parece que es muy frustrante para una persona, pues, pedirle toda esa documentación y que después le llegue una notificación diciendo que no tiene derecho, porque está recogido en la ley, porque está recogido en la ley, pero me parece que eso también, la información previa es importante, y eso solo lo pueden hacer, pues, los trabajadores, los trabajadores sociales, es decir, esa información previa de que se les pueda decir a las personas que conforme a la ley no tienen derecho. Y existen otros instrumentos jurídicos que les pueden ayudar, y sociales, pero me parece que es importante. Por eso decíamos que es fundamental el trabajo con la Fecam, con los colectivos sociales... Y después una obviedad, pero escuchar a las personas y todas sus realidades, y cuando hablábamos de las realidades estábamos hablando de sus dramas personales, ¿no?
Usted decía la cifra del incremento de la política social en un 6-7; a nosotros nos parece que es un esfuerzo presupuestario considerable y hay que seguir en esa línea, y sobre todo yo decía al principio que hay que mirar el presente para tener un futuro mejor.
Esta ley tiene que ser útil, tiene que tener una aplicación inmediata, tiene que llegar al máximo número de personas, y, lógicamente, tenemos que dedicar las veinticuatro horas del día a esa aplicación inmediata, a esa dedicación, porque no puede esperar, hay miles de familias en Canarias que no pueden esperar.
Y hablábamos de retroceso del Estado de bienestar, de esta insensibilidad social que existe por parte del Estado, pero, señora consejera, una vez más le digo: todo el apoyo, pero, desde luego, desde luego, tenemos que ser útiles y sobre todo -decía- llegar al máximo número de personas, pero todos los esfuerzos, porque tenemos que lograr una Canarias cohesionada, cohesionada socialmente, y en este momento existe mucho peligro de que cada vez, pues, se está viendo, la clase media está desapareciendo, y cada vez existe mayor diferencia social, y no podemos resignarnos a esto. Yo, desde luego, como hija de un carpintero -mi padre era carpintero- me resigno a que eso en Canarias llegue a suceder. Tenemos que lograr una Canarias cohesionada socialmente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, doña Flora Marrero.
Ahora, el Grupo Popular. Doña Milagros Bethencourt.
Hoy por fin, señora consejera, debatimos la modificación de la Ley 1/2007, de la PCI, una ley netamente canaria, como usted suele decir; una modificación, señores del Gobierno, que tenía carácter urgente y que venía mandatada por la Estrategia de lucha contra la pobreza, una estrategia, señorías socialistas y nacionalistas, que se aprobó aquí como un paripé, para lavar sus conciencias a sabiendas de que no iban a cumplirla, que se ha ido diluyendo y desmoronando de manera orquestada por el propio Gobierno de Canarias. Un año después -de julio a julio- usted, en nombre del Gobierno, pretende hoy escenificar un compromiso social con los más débiles, señora consejera, pero mi grupo parlamentario y sobre todo el colectivo, ellos, los que están fuera, saben perfectamente que lo suyo y lo del Gobierno de Canarias, el compromiso con los más débiles es pura fachada, de julio a julio. Y para muestra un botón: usted nos trae la modificación cuando quiere, pasando olímpicamente del carácter urgente mandatado por este Parlamento. Hoy viene y nos expone un texto, señora consejera, bueno, prácticamente ha dedicado los últimos minutos a divagar por encima de la ley, que decepciona, nos ha decepcionado profundamente esta modificación porque todos esperábamos muchísimo más.
Señora Rojas, al Grupo Parlamentario Popular no le ha gustado este texto, y, peor, creemos sinceramente que el Gobierno de Canarias, y el presidente Paulino Rivero a la cabeza, estafa y traiciona a los que más necesitan en esta sociedad esta nueva PCI. Sí, señora Rojas, este texto nos parece una estafa social. ¿Y sabe por qué?, porque ha generado expectativas y a partir de hoy el colectivo que está ahí afuera esperando por el contenido se va a llevar la decepción y va a ver que ha sido realmente un timo, señora consejera. Y no va a ser una decepción más, no será una decepción más, sino que usted, señora consejera, ha cercenado la última esperanza que les quedaba a cientos, miles de familias canarias.
Miren, en síntesis, la modificación, porque ningún grupo parlamentario lo ha dicho, la modificación del texto que se ha elevado a este Parlamento, lo primero, no responde al compromiso adquirido en la estrategia, para nada; endurece el acceso y empeora la situación actual; elimina la renovación, ¡tremendo!, eso es un mazazo, eliminar la renovación; ahonda en la espiral de la exclusión y de la pobreza, señora consejera; reduce cuantías; no garantiza la financiación a los ayuntamientos, que son los que tramitan la primera fase de esta ayuda; y lo más relevante, ningún grupo parlamentario lo ha dicho, usted ni lo ha mencionado, lo más relevante y grave en el texto, señora consejera, es su disposición adicional única, ese es otro mazazo, que elimina los créditos ampliables que quedan supeditados a la consignación presupuestaria, quedan supeditados a la consignación presupuestaria con lo que eso significa. (El señor presidente se reincorpora a su lugar en la Mesa).
Y tengo que decir, señora consejera, señorías, que mi grupo parlamentario no ha presentado una enmienda a la totalidad por responsabilidad, porque no queremos retrasar, ya bastante lo ha hecho el Gobierno -un año-, la modificación de esta ley, porque creemos en su urgencia, claro que creemos en la urgencia, y también creemos en la Ley de la Prestación Canaria de Inserción. Es una ley del Partido Popular, se aprobó cuando el Partido Popular gestionaba ese departamento.
El Grupo Popular no dará la espalda a las cientos de familias que han puesto todas sus esperanzas en la modificación de la PCI, y porque pensamos en ellos, no en usted, señora consejera, como pensamos en ellos, el Grupo Parlamentario Popular dice sí a la modificación, el Grupo Parlamentario Popular dice sí a que siga su tramitación; pero queremos dejar claro, señora Rojas, que no estamos de acuerdo con la totalidad del texto que usted nos ha elevado y ha intentado defender hoy desde el estrado.
Y anunciamos enmiendas, por supuesto. El artículo 18, la disposición adicional hay que fulminarla. Anunciamos enmiendas parciales para corregir el desaguisado que usted ha incorporado a este nuevo texto. Le cambiaremos la ley, señora Rojas, no la podemos empeorar.
Así que hoy podríamos decir que es un día con una buena noticia, la buena noticia es que por fin se ha debatido en primera lectura la modificación de la PCI; pero también tenemos una mala noticia, señora consejera, una muy mala noticia: empeora la situación del texto que ya tenemos. Es que para empeorarlo lo dejamos tal y como está. Es que tiene que ser así.
La modificación de la PCI fue contemplada en la estrategia como uno de sus baluartes, señora consejera, todos los grupos parlamentarios coincidimos en exigir ese cambio para dar cobertura no solo a los colectivos en exclusión sino también a los cientos, a las miles de familias canarias que no cuentan ni con lo básico -con alojamiento, con alimentación-, que en Canarias lamentablemente son muchas.
Señora Rojas, recoge el texto -y cito textualmente-: "ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y que estén en riesgo de exclusión social"; recoge también el texto: la demanda potencial de la prestación son el número de parados o demandantes de empleo sin cobertura por desempleo, y en especial los hogares sin ningún tipo de prestación económica pública. Ponemos estas dos premisas en conexión con los últimos datos publicados por el Istac, el Istac también netamente canario: Canarias es la región española con mayor número de parados con más de dos años en esta situación, más del 52 %, lo que supone 140 991 canarios; el número de hogares con todos sus miembros en desempleo en Canarias es 132 700; el número de familias sin ningún tipo de ingresos son en Canarias 45 000 familias. Por lo tanto, señora consejera, los posibles demandantes de la PCI son o 140 991 parados de larga duración y en riesgo de estar en exclusión social, o 132 700 familias con todos sus miembros en paro con posibilidades de riesgo de exclusión social, y, por supuesto y sin ninguna duda, las 45 000 familias en Canarias donde no entra un céntimo de euro para sobrevivir son potenciales demandantes de la PCI. Sin embargo, usted recoge en el texto que sus previsiones de demandante son 40 000; no sé de dónde saca ese número, señora consejera, usted habla de 40 000, pero dice más, avanza más, dice que le va a dar cobertura a 6079, que solamente 6079 lo van a demandar, ¿y en qué se basa, si tenemos a 45 000 familias que son potenciales demandantes, que están en exclusión social seguro y que no tienen un céntimo? Está claro que tienen que ir a los ayuntamientos a solicitar la PCI. ¿No será, señora consejera, que esta modificación legal solo dará cobertura a 6000 potenciales demandantes? ¿No será que su economía solo da para 6000 demandantes? Diga la verdad, señora consejera, diga la verdad. ¿Qué le va a decir al resto de los demandantes que va a dejar sin cobertura?, porque se me ocurre, es que "tanto nadar para morir en la orilla". Es lo que les va a pasar a todas estas familias.
Señora Rojas, díganos con claridad, diga la verdad de la sutil incorporación de esa disposición adicional única que obliga, que es marca de la casa, porque ya es marca de la casa, y que cito literalmente: las ayudas quedarán condicionadas -y además lo ha dicho usted públicamente-, quedan condicionadas a la consignación presupuestaria.
Ha dicho usted, señora consejera, que esta disposición no le obliga. Ha dicho usted públicamente, ayer la escuchábamos en una radio, que es una coletilla presupuestaria, que le obligan a ponerla, pero que no tiene mayor importancia. Yo le digo: como gestora pública, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted sabe lo que es una disposición adicional en un decreto? Pues claro que obliga. ¿Sabe usted cuántas ayudas pueden ser desestimadas invocando esa coletilla sin importancia? Cientos, miles. ¿Y sabe cuántas resoluciones o recursos podrían estimarse en caso de que estas personas -que no lo van a hacer, por supuesto- vayan a un recurso contencioso-administrativo? Ninguno, ninguno, porque es que usted se acogía a una coletilla que es totalmente legal, que está en un decreto.
Sinceramente, me parece que lo que usted ha hecho es mentir, y, además, hacerlo de esa manera es una crueldad, señora consejera, es una crueldad. Parece que usted no aprende de la experiencia. ¿Sabe por qué se lo digo?, porque es la batalla que llevamos un año con las subvenciones aparejadas a la Hipoteca Joven, y también con las subvenciones aparejadas a las VPO, lo de la consignación presupuestaria. Es que es la coletilla, es la marca de la casa. Y es posible, señora consejera, que esa disposición adicional haya sido obligada por el informe de la Dirección General de Presupuesto y Planificación que vino a confirmar que no había dinero para modificar la PCI. Lo mismo que dijo con la ley de vivienda, que no había dinero y que usted hizo caso omiso.
Sea como fuere, por primera vez en la historia de la PCI desde el año 2007, la partida económica está condicionada y ya no son créditos ampliables. Dicho de otra manera, hasta ahora, cuando se acababa el dinero, la consejería podía proveer más dinero según la demanda presentada. Un ejemplo para verlo más claro: este año la dotación presupuestaria era de 23 millones, según ha dicho usted, el dinero se acabó en junio y el Gobierno ha incorporado más dinero; según el informe de la Dirección General de Planificación, el dinero se le acabó a usted en el mes de abril. Pero usted tiene ahora la potestad o la facultad de poner más dinero en esa partida presupuestaria y atender toda la demanda. ¿Qué pasará cuando esta ley entre en vigor?, que a usted le dará exactamente lo mismo, porque ya la disposición le dice, si no hay consignación, no le obliga, dígalo claro, no le obliga a poner más dinero.
Si la dotación para el año 2014 es también de 23 millones, que es lo que usted tiene, el compromiso de la estrategia, diga usted hoy aquí si va a tener más dinero, en un principio son 23 millones, eso significa que el próximo año, para decirlo de una manera clara, el próximo año, cuando llegue el mes de junio, se habrá acabado el dinero, ¡claro que se habrá acabado el dinero! Y como usted tiene la coletilla, la coletilla insignificante para usted pero que tiene mucho significado, pues, ya no pondrán más dinero. Es decir, a partir del mes de junio ya nadie..., es que, es más, ni siquiera recogerán las solicitudes, porque ya no van a ser atendidas, aunque todo siga igual.
Y hablando de informe preceptivo, señora consejera, díganos por qué en el expediente no está el informe preceptivo del Consejo Económico y Social. Dice usted que lo pidió y que no le respondió. Me parece increíble que el Consejo Económico y Social, que el otro día el presidente hacía público que la infancia en Canarias era terrorífica, haya hecho caso omiso a un informe de la Consejería de bienestar sobre esta ley, sobre esta ley tan importante, me parece increíble. Hago un llamamiento al Consejo Económico y Social para que se pronuncie sobre este tema, me parece grave, me parece grave que usted lo afirme o que el Consejo Económico y Social no se haya pronunciado.
Hay más, señora consejera, este texto no ha sido consensuado. En el periodo de alegaciones, los colegios de trabajadores sociales han presentado alegaciones, también las presentó la Fecam, y ustedes no han hecho caso a ninguna de las alegaciones de los colegios de trabajadores sociales. Queda claro que el texto no ha sido consensuado. Que el rechazo del Partido Popular a muchos preceptos de esta ley, señora consejera, quede claro. Nos parece un disparate la eliminación de la renovación y el parón de los doce meses. Sí que tengo que decirle, señora consejera, que podríamos estar de acuerdo en el cambio de, en vez de un año, ponerlo en doce meses, podemos estar de acuerdo porque lo prioritario es que la persona trabaje si se le oferta un empleo, esta es una ayuda extraordinaria, no son ayudas vitalicias, no podemos colaborar en que la población se acomode, eso tiene que ser así, es vital, lo importante es el empleo.
Podemos estar de acuerdo en modificar que en vez de un año sean doce meses, me parece correcto, pero no estamos para nada de acuerdo en eliminar la renovación, para nada, la renovación es necesaria, es un colchón para aquellas familias que durante esos doce meses no han encontrado empleo, señora consejera, porque, mire, ¿qué hacen las familias cuando acaben esos doce meses? No pueden poner el off, no se pueden bajar del mundo, algo tienen que hacer, con lo cual: ¿o el Gobierno de Canarias ha contemplado otras medidas paralelas para ese periodo?, porque lo que está haciendo el Gobierno de Canarias es ahondar más en la exclusión, y esa gente luego ya no tiene retorno, es que no tiene retorno a la sociedad, señora consejera.
Por cierto, antes era, le aclaro una puntualización a lo que usted ha hecho, señora consejera, antes la ayuda, la ley que está en vigor, que usted lo ha dicho sin precisión y se lo voy a corregir, antes era un año con dos periodos de prórroga de seis y seis meses...
El señor PRESIDENTE: Un minuto, doña Milagros.
La señora BETHENCOURT AGUILAR: Sí, gracias, señor presidente.
Y luego seis meses más para casos extraordinarios, usted no ha mencionado esos seis meses más, pero había, es que antes el colchón era tremendo para esas familias y usted ahora de golpe lo deja en doce meses, no estamos de acuerdo con la renovación, cambiaremos las enmiendas de los plazos.
Y, señora consejera, en definitiva, lo que le quiero decir es que ha desaprovechado usted una oportunidad de oro para dar respuesta a las familias canarias a través de esta modificación, pero sí que quiero acabar en positivo y espero que en periodo de enmiendas todos los grupos parlamentarios trabajemos en la misma línea, codo con codo, hombro con hombro, para mejorar esta modificación de la Prestación Canaria de Inserción, que es lo que se merecen las miles de familias canarias.
(La señora Zamora Rodríguez solicita la palabra).
Dígame, doña Marisa.
La señora ZAMORA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Con base en el artículo 82, por inexactitudes.
Señor presidente, ha habido una inexactitud que quiero corregir y que va a quedar en el acta de sesiones.
El señor PRESIDENTE: No, no, vamos a ver, dígame.
La señora ZAMORA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señor presidente, se ha dicho...
La señora ZAMORA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): ...que la Ley de la Prestación Canaria de Inserción se aprobó estando el PP gobernando y quería hablar.
El señor PRESIDENTE: No...
La señora ZAMORA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Se aprobó estando el PP, doña Águeda Montelongo, dijeron (ante un comentario de la señora secretaria segunda, Montelongo González, desde la Mesa).
El señor PRESIDENTE: No, vamos a ver, doña Marisa, doña Marisa Zamora, aténgase brevemente, por favor, brevemente, aténgase...
La señora ZAMORA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Muy brevemente.
El señor PRESIDENTE: ...a lo que tenga que decir.
La señora ZAMORA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señor presidente, señora Bethencourt, la ley se aprobó, la ley es la Ley 1/2007, de 17 de enero, estando yo de consejera del Gobierno de Empleo y Asuntos Sociales, no era consejera doña Águeda Montelongo en aquel momento porque se había ido del Gobierno en el 2005, y salió con la idea de que no fuera simplemente una ayuda económica sino fuera una ley dirigida a la inserción de los miembros de las familias. Por lo tanto, al César lo que es del César, pero usted no se arrogue cosas que no aprobaron ni ustedes hicieron.
El señor PRESIDENTE: Bien, señorías...
(La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Rojas de León, solicita intervenir).
Sí, señora consejera, no está prevista la intervención, puede reabrir el debate, pero tres minutos para una cuestión concreta, ¿puede ser desde el escaño? Tres minutos, por favor.
Sí, no pienso reabrir el debate, no tengo intención de reabrirlo. Yo creo que realmente, tal como creo que han dicho todos los grupos, es una buena noticia la modificación de la Prestación Canaria de Inserción. Señorías, aquí nadie tiene más sensibilidad que nadie y, desde luego, lo que está haciendo el Gobierno es para beneficiar a la gente, no para meterle el dedo en el ojo a la gente. El Gobierno ha hecho una propuesta, es una ley que no viene aquí directamente metida por el Gobierno de Canarias, sino que viene ya con el trabajo y las sugerencias recogidas de toda la sociedad organizada de Canarias. Ahora está en el Parlamento, si no se han recogido las sugerencias de todo el mundo, el Gobierno tiene la potestad de que dentro de todas las sugerencias que te hacen recoges aquellas que tú consideras que debes coger. Por lo tanto, ahora, a partir de ahora, lo que puedan aportar ustedes como grupo parlamentario el Gobierno también lo va a escuchar.
Pero se han dicho aquí inexactitudes que quizá, o yo no lo he explicado bien..., pero que seguro que a lo largo del trámite de esta ley, sin el fragor a lo mejor de la tribuna, de intentar, pues, de alguna manera, incluso, exponer nuestra propia ideología quizá, sino con más sosiego, seguro, que no es que las enmiendas cambien la ley, no es que la cambiemos, la ley, pero seguro que propondremos enmiendas que mejorarán la ley entre todos.
Por lo tanto, darles las gracias por esa predisposición. Creo que ha habido un buen debate por parte de todos, y la finalización de la intervención de la diputada del Partido Popular, me ha parecido que esa bajada de tono y ese reconocimiento a la posibilidad de que esta es una buena noticia, la modificación de esta ley, que no se haya hecho una enmienda a la totalidad de la misma, significa que el Parlamento entiende que hay que modificarla, y que la propuesta que el Gobierno ha hecho está más en la línea de todos que todo lo contrario, porque luego ya hablaríamos de que sí se permiten las renovaciones. Señorías, cómo no se van a permitir las renovaciones, pero la filosofía que estamos imprimiéndole es para que la gente logre aceptar un empleo y no que se acomode a recibir una prestación económica y no... (Rumores en la sala).
La verdad es que yo, de verdad, presidente, lo siento muchísimo porque... Es que no puedo. No sé exactamente qué está pasando, si es a mí a quien está hablando, si es que me quiere interrumpir por algo, supongo que no porque no se está dirigiendo de cara, pero es verdad que la escucho de fondo...
Señorías, de verdad, pongámonos a trabajar todos a ver si somos capaces de sacarla, como está ya está muy bien, pero si encima logramos mejorarla, pues, mejor que mejor.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este proyecto de ley, al no haber tenido enmienda de devolución, continúa su trámite en ponencia y comisión.
8L/PL-0019 Sobre De modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

References: resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 18
 artículo 40
 resolución 
 artículo 18
 artículo 82