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Timestamp: 2018-02-23 20:10:25+00:00

Document:
Manuel RicoActualizada 05/12/2015 ( Infolibre)
Mariano Rajoy durante una comparecencia parlamentaria. LA MONCLOA
La vida del registrador Mariano Rajoy es un misterio. Lo único que se sabe con exactitud es que 32 de los 34 últimos años no ha ejercido su profesión al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981. infoLibre desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, cobró por partida doble: como político y como registrador. También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador. Además, reveló las fechas de algunas solicitudes realizadas por el político gallego a la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con sus situaciones de incompatibilidad. Todos estos datos plantean ya siete cuestiones que el registrador Rajoy se niega a responder. Y no parece que vayan a ser las últimas.
Mariano Rajoy tenía dos ingresos de forma legal. Se lo permitía el artículo 541 del Reglamento Hipotecario, un texto aprobado en la España franquista de 1947. Y, pese a ello, el presidente se niega a ofrecer cualquier información sobre aquella etapa. "¿Siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Padrón cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981?", le preguntó por escrito el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares el 11 de febrero de 2013. Un mes después llegó la respuesta de Moncloa: "El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros".
En septiembre de 2013, cuando infoLibre desveló que Rajoy se había acogido al artículo 541 del Reglamento Hipotecario para cobrar por partida doble, Llamazares denunció que el Gobierno le había "mentido" u "ocultado" información y anunció que volvería a la carga con nuevas preguntas para intentar conocer la verdad.
Cuando estaba a punto de cumplir dos años en la Moncloa, el Gobierno de Felipe González decidió meter mano al régimen de la función pública heredado del franquismo. Con ese objetivo aprobó la Ley 30/1984, que entró en vigor el 23 de agosto de aquel año. En su artículo 29, dicha norma establecía que los funcionarios públicos debían pasar a la situación de "servicios especiales" cuando ocupasen un cargo retribuido en una Asamblea autonómica o una entidad local. Además, dicho artículo obligaba a los afectados a "recibir las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios". Algunos políticos que vivieron aquella época atribuyen la inclusión de este artículo a Alfonso Guerra, entonces todopoderoso vicepresidente socialista, que lo habría ideado para terminar con los privilegios de personajes como Pío Cabanillas, exministro de UCD que había sido registrador de la propiedad en la isla canaria de La Palma, donde las malas lenguas le apodaban Pío Nono, ya que se decía que mientras fue ministro se quedaba con nueve partes de los ingresos del registro y dejaba sólo el diezmo para su sustituto. Cabanillas fue, por cierto, uno de los principales mentores de Rajoy en aquellos primeros años en política del ahora presidente.
El caso es que Mariano Rajoy se tomó con tranquilidad la aprobación de la nueva ley. Pasaron más de 15 meses, en concreto 464 días, desde la entrada en vigor de dicha norma hasta que el 29 de noviembre de 1985 llegó al Ministerio de Justicia un escrito suyo solicitando el pase a "servicios especiales con reserva de plaza" por incompatibilidad con el cargo de presidente de la Diputación de Pontevedra, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 30/1984. Para entonces, Rajoy no sólo había cambiado de cargo político, sino que también había ido concursando como registrador. El 30 de octubre de 1982 tomó posesión de la plaza de Berga, en Barcelona, y el 26 de noviembre de 1985 se hizo con el registro de Elche número 4.
En el mismo acto en que tomó posesión de su plaza en Berga, Rajoy hizo entrega del registro a Ramón Abelló Margalef. Éste asumió el puesto como registrador interino conforme al artículo 541 del Reglamento Hipotecario; es decir, Rajoy trasladó a la localidad catalana su costumbre de seguir cobrando parte de los ingresos del registro, aunque el trabajo lo hiciese otra persona y las oficinas se encontrasen a 1.165 kilómetros, que es la distancia por carretera entre Pontevedra y Berga.
¿Qué ocurrió durante los 464 días transcurridos entre la entrada en vigor de la Ley 30/1984 y la solicitud de Rajoy de pasar a "servicios especiales"? De acuerdo con la documentación que obra en su expediente de funcionario público, depositado en la Dirección General de los Registros y del Notariado, en ese periodo de tiempo no existe ninguna resolución que modificase la situación de Rajoy o del registrador interino de Berga. Por tanto, cabe deducir que el ahora presidente estuvo cobrando honorarios del registro catalán en contra de lo que establecía expresamente la legislación aprobada en 1984.
El año siguiente, 1986, trajo nuevos cambios a Rajoy en su doble vida: como registrador ganó la plaza de Santa Pola (Alicante) y como político fue nombrado vicepresidente de la Xunta de Galicia, el 5 de noviembre. Pero eran tiempos convulsos en aquella Alianza Popular de Manuel Fraga, que tenía en Galicia su casi único bastión de poder. Y lo perdió en 1987 como consecuencia de una moción de censura auspiciada por Xosé Luis Barreiro, que había sido el jefe de Rajoy en la provincia de Pontevedra y terminó abandonando AP para pactar con los socialistas. Así que el 26 de septiembre de 1987, AP perdió la Xunta y Rajoy dejó de ser vicepresidente. Por primera vez en seis años, se quedaba sin cargo público y tenía que volver al registro.
El 29 de noviembre de 1987 pidió la reincorporación al servicio activo como titular del Registro de Santa Pola, localidad situada a algo más de mil kilómetros de su residencia en Galicia. Pero el trabajo de registrador no enganchó a Rajoy, quien exactamente dos años después enviaba una nueva solicitud al Ministerio de Justicia para pasar a la situación de servicios especiales. Acababa de ser elegido diputado en Cortes en las elecciones generales celebradas el 29 de octubre de 1989. En el BOE del 24 de marzo de 1990 se publica la resolución accediendo a la petición de Rajoy, quien queda como titular del Registro de Santa Pola con reserva de plaza. Se nombra como interino a un viejo amigo de Rajoy: Francisco Riquelme Rubira, ya entonces titular del Registro de Elche-3. Y así hasta hoy, 23 años, seis meses y 22 días después.
Desde que ocupó su primer cargo público en 1981 hasta la actualidad han transcurrido 34 años, de los que Mariano Rajoy ha estado 32 en servicios especiales y sólo dos llevando efectivamente un registro. Pero durante estas tres décadas largas siempre ha sido titular, sucesivamente, de los registros de Padrón, Berga, Elche-4 y Santa Pola. La situación más llamativa se produce sin duda en esta última localidad alicantina, cuyo registro tiene desde 1990 a su titular en servicios especiales y está gestionado por una persona que a su vez acumula los puestos de registrador titular en Elche y "registrador accidental permanente" en Santa Pola.
Más allá de la patada a la lingüística del Reglamento Hipotecario, pues algo accidental difícilmente puede ser permanente, lo que han logrado los amigos Rajoy y Riquelme es evitar que otro registrador pudiese optar a una plaza tan codiciada en su día como Santa Pola, donde durante los años del boom inmobiliario los ingresos anuales pudieron acercarse al millón de euros. Ello no habría ocurrido si Rajoy hubiese pedido una excedencia, de forma que su plaza saliese a concurso.
ACTUALIZACIÓN.– Han pasado 27 meses desde que se escribió este artículo. Pese a todas las promesas de transparencia, Rajoy llega a las elecciones generales del 20-D sin hacer público su expediente de registrador y sin aclarar ninguna de las otras incógnitas planteadas

References: artículo 541
 artículo 541
 artículo 29
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 artículo 541
 resolución 
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