Source: https://www.slideshare.net/CDESecuador/consulta-previaenelecuador
Timestamp: 2017-02-22 18:32:20+00:00

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Consulta previa en el Ecuador Por David Chávez - CDESIntroducciónEl derecho a la consulta previa, libre e informada fue reconocido en el Ecuador el24 de abril de 1998 cuando el Congreso Nacional, mediante resolución legislativapublicada en el R.O. 304, aprobó el Convenio No. 169 de la OIT, 1 el mismo queratificado por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo No. 1387publicado en R.O. 311 del 6 de mayo de 1998. Posteriormente, este derecho fueincluido en la Constitución de 1998 y ratificado en la de 2008. Como antecedente ala aprobación de la actual Constitución conviene mencionar que en el marco deldesarrollo internacional de los derechos colectivos se había promulgado en 2007 laDeclaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.Este proceso reviste una particular importancia porque, de una parte, recoge lasdemandas del movimiento indígena ecuatoriano respecto a este y otros derechoscolectivos; y, por otra, incorpora el desarrollo que estos derechos habían adquirido en elámbito internacional expresado en el Convenio No. 169 de la OIT de 1989, que marcóun punto de inflexión en relación con la tendencia “asimilacionista” que habíaprevalecido hasta su promulgación2 y la Declaración de Naciones Unidas queprofundiza el contenido del Convenio No. 169.No obstante este reconocimiento, su aplicación ha estado marcada constantemente porsituaciones de conflictividad con las comunidades y pueblos afectados por lasdecisiones del Estado que deberían someterse a procesos de consulta. De hecho, laconflictividad ha determinado una respuesta siempre reactiva del Estado, lo que haprovocado soluciones parciales, desordenadas y coyunturales que no dan cuenta de suobligación para garantizar y proteger el ejercicio de este derecho.1 El texto del convenio fue publicado en el R.O. 206 de 7 de junio de 1999. En el ámbito internacional entro envigencia el 5 de septiembre de 1991.2 Lo cual es reconocido en el propio Preámbulo del Convenio No. 169 de la OIT que dice: “Considerando que laevolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblosindígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normasinternacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores”.Esto implicó la revisión del Convenio No. 107 y de la Recomendación No. 104 de la OIT de 1957, queimplicaban una perspectiva de asimilación de los pueblos indígenas. El punto de partida de este cambio en eltratamiento de los derechos indígenas se da con la Conferencia Internacional de Organizaciones noGubernamentales sobre la discriminación de los pueblos indígenas de América, llevada a cabo en Ginebra en elaño de 1977, en la que los representantes indígenas, a diferencia de lo esperado, no se calificaron comominorías étnicas, ni plantearon sus problemas desde la óptica de la discriminación y del racismo, sino que seautodefinieron como pueblos y naciones invadidas y colonizadas (Sánchez Botero, 1998, p. 37 y 38). 1 2.
¿Cuáles son las razones que explican esta situación?, ¿por qué los avances en elreconocimiento de los derechos constitucionales termina tergiversándose en suaplicación práctica?, más concretamente ¿a qué se debe que la consulta previa seconvierta en una “declaración de principios” y no logre consolidarse como una políticade Estado que se enmarca con el contenido esencial de este derecho? Se haceindispensable una aproximación más amplia al problema, a saber, estas dificultadesguardan relación con las causas profundas que han configurado una institucionalidadespecífica, propia del carácter colonial del Estado ecuatoriano. En la medida en que elderecho a la consulta, y los derechos colectivos en general, ponen en cuestión esacondición histórica del Estado, su pleno ejercicio es posible con el desmantelamiento deesa condición y, por lo tanto, la conformación de un Estado de nuevo tipo, el EstadoPlurinacional.En este sentido, el reconocimiento del derecho a la consulta previa reviste una particularimportancia debido a que pone en el centro de la discusión, al igual que el conjunto delos derechos colectivos, el estatuto del orden jurídico que tiene como uno de susfundamentos aquella situación de colonialidad. Es decir, provoca una tensión que llevaal límite ciertos elementos que persisten en la forma institucional del Estado desde laColonia. Esto hace relación no solo al ámbito normativo, sino especialmente a lasprácticas institucionales. En cierto modo muestra las fisuras de la legalidad colonial aúnpersistente.Es debido a esto que los límites en la aplicación, el incumplimiento y la permanenteconflictividad están presentes. Siendo procesos que tienen una presencia de siglos en lascondiciones materiales de vida, en las instituciones, en la ideología, etc., su superacióndemanda ingentes esfuerzos políticos de la sociedad. Algunos elementos acerca de lahistoria del carácter colonial de la legalidad y la institucionalidad en nuestras sociedadesdan luces sobre la profundidad que este esa condición de colonialidad tiene.¿Puede pensarse que el arrasamiento de pueblos y culturas que ocasionó la Conquistatenga un pretendido marco de legalidad? Pues sí, al amparo del “derecho de conquista”,la Corona expidió un documento conocido históricamente como el Requerimiento. Estedocumento estaba destinado a “explicar” a los pueblos indígenas americanos que Dios,por medio del Papa, había entregado estas tierras a los Reyes españoles, a quienes se lesdebía reconocer como tales y profesar obediencia. Si los indígenas lo aceptaban se lesofrecía respetar sus tierras, no someterlos a servidumbre, acogerlos en el cristianismo yotros “privilegios y exenciones”; si no lo hacían, la respuesta era muy simple: guerratotal, servidumbre, despojo y destrucción (Levaggi, 1993; Zorrilla, 2006).El Requerimiento fue expedido en 1513 para que Francisco Pizarro avance en laconquista del Tawantinsuyu, aunque existen noticias de que también fue usado porHernán Cortez en la conquista de México (Zorrilla, 2006). El proceso contemplaba lalectura del documento a los pueblos indígenas antes de tomar sus tierras “en nombre deDios y los Reyes”. Luego vendrían reformas, nuevas leyes, incluso se dejaría de leer elRequerimiento. Se hablaría de respetar las tradiciones y formas de vida de los pueblos 2 3.
indígenas “en lo que no fueren contra nuestra Sagrada Religión” (Figueras Vallés,2007), es decir, ninguna diferencia; la retórica legalista tenía todas las características deuna entelequia de blancos que arrasaban con cañones, con encomiendas, con mitas, conepidemias a los pueblos que encontraban a su paso.Basado en el “derecho de conquista” este documento era una de las manifestaciones delproceso que los españoles estaban inaugurando en sus nacientes colonias. Laconstitución de un orden legal para la expoliación de las poblaciones indígenas, antesque exclusión pura y simple –más allá de los absurdos obvios de esa legalidad- sebuscaba la inclusión en el orden administrativo colonial. Por ello, se sucederían luegolas denominadas “leyes de indios” que eran la secuencia lógica del Requerimiento, unavez tomadas las tierras en nombre de la Corona, había que pasar a ordenar jurídica einstitucionalmente las condiciones de explotación.La cuestión central de ese “orden inclusivo” emanado de la legalidad del EstadoColonial tenía que ver con los principios y la forma de incorporación de las poblacionesexplotadas a ese estado, es decir, la sanción de su condición de “inferioridad racial” y desujetos de la expoliación colonial. Se trataba al final de cuentas de darle forma jurídica einstitucional a lo que sucedía en el orden económico y social de las colonias. Es asícomo, los conquistadores, frente a la imposibilidad de reorganizar la estructuraeconómica y social de esos pueblos desde su visión, y con el propósito de extraer lamayor cantidad posible de riquezas, tuvieron que utilizar como instrumento paraconseguirlo, la forma fundamental de la organización política de estos pueblos –lacomunidad-, sometiéndola a una brutal explotación a través del trabajo forzado (mitas)y del pago de tributos.Pues bien, los acomodos y la efectividad de esa legalidad estarán determinados por eseorden económico y político. De manera que, ciertas pretensiones de “humanismocristiano” pueden encontrarse en las Leyes de Indios e inclusive en el Requerimiento,pero nunca van a tocar el núcleo de la organización social y económica que condena a laexplotación a las poblaciones colonizadas y esclavizadas. Así por ejemplo el régimen deencomienda se sustentaba en la legalidad de la misión evangelizadora que debíancumplir los encomenderos y la mita estaba justificada a partir del “tributo de indios” queera el mecanismo legal que ponía a las poblaciones indígenas como vasallos de laCorona, es decir el reconocimiento de su pertenencia al Estado Colonial.Con el advenimiento de la Independencia de las colonias, esta situación no variódemasiado, los nacientes Estados nacionales mantuvieron esa legalidad sustentada en ladivisión estamental de nuestras sociedades en una “república de blancos” y otra“república de indios”. Paradójicamente estos Estados inspirados en proyectos políticosliberales terminaron manteniendo ese orden legal estamental. Así por ejemplo, laConstitución ecuatoriana de 1830 establecía entre las condiciones para ejercer losderechos de ciudadanía el estar casado, tener propiedades, ejercer actividadeseconómicas “sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero” y saber leer y 3 4.
escribir.3 Evidentemente las poblaciones indígenas y afroecuatorianas, así como lamayoría de los blanco-mestizos, quedaban fuera; además el texto de aquellaConstitución trasluce una clara mirada discriminatoria cuando, al señalar el tutelaje dela Iglesia sobre la población indígena, se refiere a ella como “clase inocente, abyecta ymiserable.” Por lo demás, es muy importante señalar que la “misión civilizadora” siguesiendo uno de los leit motiv que anima la promulgación de normativa respecto de estaspoblaciones explotadas,4 lo cual supone para ellas la renuncia a su cultura propia paraacceder a la cultura hegemónica, o a sus derechos propios para adquirir otros, todo esto,además, sin su consentimiento, como un proceso forzado (Clavero, 2008, pág. 33).5Los Estados liberales se hallan frente a la paradoja de su proyecto de igualdad y libertaduniversales, extraído de la Ilustración, enfrentado con una sociedad cuyas estructurassociales y económicas le son antagónicas, corresponden más bien a la vieja formaciónsocial de la Colonia. Quizá uno de los momentos históricos en los que mejor se ilustraesta particularidad del proceso de formación de los Estados Nacionales se da cuandoJuan José Flores propone instaurar una “contribución personal” para toda la poblacióndel país, a partir de la constatación de que se mantiene la división colonial depoblaciones que hace que solo los indígenas contribuyan al Estado mediante un tributoque se sustenta en su condición de indígenas. La propuesta pretendía establecerimpuestos que sean pagados por toda la población eliminando esa distinción. Lareacción fue una rebelión violenta de la población blanco-mestiza que echó abajo lapropuesta (Guerrero, 2000, pág. 14 y ss.)Este “comportamiento institucional” se convertirá en un elemento sustancial delfuncionamiento de nuestra sociedad. Como es sabido, la Revolución liberal eliminó lafigura legal del concertaje que afectaba a la población indígena; sin embargo, lapersistencia de relaciones pre-capitalistas de producción en el campo se mantendríanhasta los años 70 del siglo pasado, cuando entra definitivamente en crisis el viejosistema de hacienda.Mientras los sectores dominantes han ido dando forma a esta particular institucionalidadestatal, la resistencia y la lucha de los sectores explotados se ha encargado de ponerlapermanentemente en cuestión mediante rebeliones y levantamientos constantes. En lahistoria reciente del Ecuador la emergencia del movimiento indígena ha sidofundamental en ese proceso histórico, su presencia ha planteado, entre otras cosas, ladiscusión acerca de la necesidad del reconocimiento explícito de los derechos de estospueblos y la necesidad de transformar las raíces coloniales de los Estados-Nación.3 Constitución del Ecuador de 1830. Art. 12.4Este fenómeno fue común en todo el contiene americano, así se evidenciada en varias constituciones de losEstados: Chile – 1822: ‘Corresponde al congreso cuidar de la civilización de los indios del territorio’; Perú –1823: Conversión de los infieles al evangelio a cargo del Senado; Paraguay – 1870: puntualizó convertirlos alcristianismo y a la civilización; Venezuela – 1858: los territorios ocupados por indígenas podrán ser regidospor leyes especiales; Venezuela – 1881: Establece el régimen especial con que deben existir regionesdespobladas de indígenas no reducidos o civilizados. (Clavero, 2008, págs. 23-29).5 Hay otra vía, por supuesto, como la planteada y aplicada en la Argentina de Sarmiento, la del exterminiojustificado en el proyecto de “modernización” que emulaba la conquista del Far West en los Estado Unidos. 4 5.
Este es el contexto en que el presente documento trata de circunscribir la discusiónsobre el alcance del reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.Más allá de las consecuencias que este pueda tener en el ámbito estrictamentenormativo se hace necesario contraponerlo con las condiciones concretas en que esereconocimiento tiene lugar. Planteando los principios y criterios mínimos que estederecho implica se define el horizonte de su pleno ejercicio en contraste con lasexperiencia práctica que el país ha tenido sobre el tema en forma directa o indirecta.De este modo, en el primer apartado se trata de establecer una perspectiva sobre elmarco jurídico actual del derecho a la consulta previa y el contenido esencial de estederecho. En la segunda parte se hacen algunas consideraciones respecto a la experienciadel país y las evidencias de un constante incumplimiento del Estado. En el tercer acápitese abordan algunos elementos que ayudan a delinear una explicación más amplia eintegral de los problemas que subyacen a esas limitaciones para el pleno ejercicio delderecho a la consulta previa. Finalmente se proponen algunas reflexiones a manera deconclusiones.La pregunta que subyace al documento hace referencia a las condiciones de posibilidadpara la superación de los obstáculos que supone la colonialidad. En este sentido, laperspectiva sobre el derecho a la consulta previa que está presente en el mismo es la deque este derecho constituye, por un lado, un primer paso para saldar la deuda históricaen relación con estos pueblos y, por otro lado, un soporte que permite el ejercicioefectivo de los demás derechos colectivos. Este punto de partida ha sido advertido por elRelator Especial de Pueblos Indígenas, quien en relación al derecho a la consulta hamanifestado que: [L]a elaboración de estos principios en los instrumentos y jurisprudencia internacionales responde a una historia en que se ha negado repetidamente a los pueblos indígenas la participación en la toma de decisiones que les han afectado profundamente, muchas veces en detrimento de sus derechos humanos fundamentales y en ocasiones hasta de su propia supervivencia como pueblos. Los principios de consulta y consentimiento intentan revertir esta pauta histórica, para evitar en el futuro la imposición a los pueblos indígenas de nuevas condiciones de vida, de manera consonante con el derecho a la libre determinación (Anaya, 2010, § 34).Habría que añadir que esa exclusión histórica en la toma de decisiones también muestraque los instrumentos y la jurisprudencia son poco eficaces si quedan encerradas en lasformas institucionales que avalan la explotación, la marginación y la discriminación. Esdecir, difícilmente pueden dejar de ser algo más que un “intento por revertir la pautahistórica” si no son entendidas en el contexto de los motivos en los que se sostiene esahistoria.La Constitución y el derecho a la consulta previa 5 6.
El marco constitucional aprobado en 2008 incluye algunos avances en cuanto a laampliación de derechos individuales y colectivos. Este principio de extensión permitióinclusive el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el textoconstitucional. Una primera lectura de estos avances en cuanto al derecho de consultaprevia deja ver que la innovación fundamental tiene que ver con el reconocimiento delderecho a consulta previa acerca de decisiones legislativas que puedan afectar a pueblosy nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Por lo demás, se ratifica elderecho de consulta previa frente a proyectos de explotación de recursos naturales norenovables en territorios de pueblos y nacionalidades y el derecho de consulta comoderecho ambiental para toda la población, los cuales habían sido reconocidos en laConstitución anterior.La importancia de los instrumentos internacionales en cuanto favorezcan alcumplimiento de derechos está reconocida por la Constitución y forman parte delordenamiento jurídico nacional (art. 11, num.3 y 426). Adicionalmente, se encuentranreconocidos como parte de la jerarquía normativa más alta, de manera que tienenprevalencia sobre cualquier otra norma jurídica o decisión del poder público; en estesentido la norma constitucional manifiesta que cualquier duda o conflicto deberáresolverse respetando la preeminencia del marco constitucional y los instrumentosinternacionales de derechos humanos, inclusive estos últimos prevalecerán en cuantosean más favorables que lo establecido en el texto constitucional (art. 424 y 425). Demanera que, la consulta previa como parte del conjunto de derechos individuales ycolectivos recogidos en la Constitución forma parte del orden jurídico con mayorjerarquía y debe ajustarse a los términos señalados en la propia Constitución, elConvenio 169 de la OIT6 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos delos Pueblos Indígenas.7 En otras palabras, aunque la Constitución reconoceexpresamente el derecho a consulta previa para proyectos de explotación de recursosnaturales no renovables y para medidas legislativas, su alcance en el marco jurídiconacional no se limita a estos aspectos puesto que los instrumentos internacionales lorefieren a cualquier medida administrativa o normativa que pudiera afectar a pueblosindígenas.Este enfoque supone, además, una mirada que vincule el conjunto de los derechos conlos mecanismos que la Constitución reconoce para su garantía (art. 84 y 85), laconsideración de estos principios en todas las instancias de Estado y, particularmente, larelación del ejercicio de derechos en relación con el régimen de desarrollo fundado en elsumak kawsay y el carácter plurinacional e intercultural del Estado. En suma, el derechode consulta previa solo puede ser visto como un principio que viabiliza el cumplimientodel conjunto de los derechos colectivos en el marco de la aplicación efectiva de losprincipios rectores de la Constitución.6 Ratificado por el Estado ecuatoriano el 15 de mayo de 1998.7 Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. 6 7.
Otro de los aspectos fundamentales en el actual marco jurídico se relaciona con elprincipio de aplicación directa de la norma constitucional. Este principio implica, enesencia, que la falta de legislación específica no justifica el incumplimiento de lospreceptos definidos por la Constitución y, por ende, de los instrumentos internacionalesde derechos humanos.El derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco constitucionalEl derecho a la consulta previa, libre e informada está reconocido en el artículo 57 de laactual Constitución del Ecuador como uno de los derechos colectivos. Estereconocimiento establece explícitamente dos tipos de consulta, una para planes yprogramas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovablesque se encuentren en sus tierras (num. 7); y, otra previa a la adopción de medidaslegislativas (num. 17). Este derecho se inscribe en el carácter de la Constitución que, ensu conjunto, apuntala el ejercicio de derechos en su sentido más amplio. En relación coneste derecho es importarte contextualizarlo en relación con el enfoque sistémico eintegral de la interpretación del texto constitucional y su relación con el derecho departicipación.En cuanto al enfoque sistémico e integral de la Constitución se debe señalar que laCorte Constitucional ha manifestado que esta no podrá ser interpretada de manerafragmentaria8; por lo que toda norma debe ser leída en concordancia con las demásnormas constitucionales que traten sobre aspectos iguales9 y con el sentido garantista dela Constitución (Grijalva, 2009, pág. 271). En consecuencia, la interpretación debeincorporar el bloque de constitucionalidad conformado por los instrumentosinternacionales de derechos humanos, que a criterio de la Corte incluye a losinstrumentos internacionales que no necesitan proceso de ratificación por los Estados,conocidos como “derecho blando” (soft law).10Entonces principios como la aplicación de la norma más progresiva, la primacía de lainterpretación que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos reconocidos enla Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 11) y laprevalencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando reconocenderechos más favorables a los establecidos en la carta política (arts. 417, 424 y 425),deben observarse estrictamente en la aplicación del derecho a la consulta previa. Demodo que ninguna norma jurídica o acto del poder público puede contravenir estosprincipios.De modo que, en atención a lo expuesto, el derecho a la consulta previa, libre einformada debe ser leído de manera integral con otras disposiciones referidas a los8 Sentencia de la Corte Constitucional No. 0006-2009-SIS-CC.9 Sentencia de la Corte Constitucional No. 0027-2009-SEP-CC.10Sentencias de la Corte Constitucional No. 0004-2009-SAN-CC, parte motiva; 0008-2009-SAN-CC, partemotiva; 0001-2006-SIS-CC, p. 7; y, Dictamen de la Corte Constitucional No. 0004-2009-DTI-CC, p. 13. 7 8.
principios de aplicación de derechos humanos. En consecuencia, se debe tener en cuentacuestiones tales como el principio de supremacía, el bloque de constitucionalidad, queincluye los instrumentos internacionales de derechos humanos, el vínculo con los demásderechos colectivos de estos pueblos; así como, el desarrollo del contenido de estederecho efectuado por los órganos de los sistemas de protección, regional y universal,de derechos humanos.En lo relacionado con el derecho de participación, cabe señalar que, la consulta previalibre e informada es uno de los mecanismos de participación de comunidades y pueblosindígenas, afroecuatorianos y montubios, constituyendo además el eje fundamental quepermite el ejercicio de los demás derechos colectivos (Gutiérrez Rivas, 2008, pág. 539).Contenido esencial del derecho a la consulta previa, libre e informadaEl desarrollo existente en relación con el derecho a la consulta previa permitepuntualizar los elementos que conforman su contenido esencial, sin que ello agote ladiscusión sobre ese contenido y la definición de mecanismos idóneos que garanticen suaplicación concreta. Es así como el contenido esencial de este derecho debe responder,mínimamente, a preguntas como: ¿cuál es el propósito de la consulta?, ¿qué seconsulta?, ¿quiénes son sujetos de la consulta?, y ¿qué se debe entender por lascaracterísticas de previo, libre e informado? Por lo demás, estos elementos seencuentran materializados en la Declaración de Naciones sobre los Derechos de losPueblos Indígenas, la cual subsume los elementos de buena fe, institucionesrepresentativas, procedimientos y mecanismos adecuados, planteados por el ConvenioNo. 169 de la OIT.Propósito de la consultaEste constituye uno de los elementos más controvertidos de este derecho, en particularpor el carácter de “derecho a veto” que puede adquirir (DPLF y Oxfam, 2011, pág. 22 yss.), lo cual es completamente explicable si se tiene en cuenta el escenario de conflictoque ha marcado la demanda de su cumplimiento. No obstante, a pesar del debate entorno a este tema, es claro y aceptado que el propósito de la consulta es alcanzar elconsentimiento previo, libre e informado.En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia queresolvió el caso del Pueblo Saramaka vs. el Estado de Surinam determinó la obligaciónde este último de obtener el consentimiento libre, informado y previo de acuerdo a lascostumbres y tradiciones de los Saramaka (§ 135). De igual forma, en 2003, el Comitéde Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR)recomendó al Estado ecuatoriano que se recabe previamente el consentimiento de lascomunidades indígenas (CEDR 2003, §16) en relación con la explotación de losrecursos del subsuelo de sus territorios, puesto que con la sola consulta a estascomunidades no se cumplen las condiciones especificadas en la Recomendación general 8 9.
Nº XXIII del Comité relativa a los derechos de las poblaciones indígenas. Estarecomendación al Estado Ecuatoriano fue reiterada por este órgano en 2008 (CEDR2008, §16). La misma recomendación fue efectuada en 2006 por el Comité de NacionesUnidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Estado Mexicano en relacióncon las comunidades indígenas y locales afectadas por el proyecto de la represahidroeléctrica la Parota (Gutiérrez Rivas, 2008, pág. 553).Adicionalmente, los avances en el ámbito internacional han permitido establecer loscasos en los que el consentimiento se convierte en un derecho en sí mismo; es decir, enlos que constituye un requisito sine qua non para la adopción de medidas por parte delEstado y le obligan a suspenderlas en caso de no conseguirlo. Sobre la base de loestablecido en la Declaración de Naciones Unidas, el caso Saramaka ypronunciamientos del Relator James Anaya, DPLF y Oxfam señalan los siguientescasos (2011, p. 24): a. Proyectos que den lugar al desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios tradicionales. b. Proyectos que impliquen el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus territorios. c. Planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un impacto mayor en los territorios indígenas. d. Actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas que tengan impactos sociales, culturales y ambientales significativos.Evidentemente, estos no constituyen los únicos casos y, más bien, se identifica unatendencia a ampliar este principio a otros temas como la protección de conocimientosancestrales o la creación de áreas naturales protegidas (p. 25). En cualquier caso, elprincipio central tiene que ver con las afectaciones a los pueblos indígenas,afroecuatorianos y montubios que cualquier decisión estatal pueda tener.¿Qué se consulta?Como se ha señalado la Constitución del Ecuador establece que deben consultarse losproyectos de explotación de recursos no renovables y las medidas legislativas queafecten a pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, desde una interpretaciónsistémica anclada en el bloque de constitucionalidad, esta disposición debe leerse enrelación con el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas, cuyoalcance, en relación con las medidas administrativas, no se limita a estos proyectosextractivos, sino a toda medida administrativa que el Estado adopte y pueda afectar losderechos de esos pueblos; de otro lado, en cuanto a las medidas legislativas, no se limitasolamente a leyes sino a otros actos normativos jerárquicamente distintos que se hallenbajo responsabilidad de otros órganos e instituciones del Estado diferentes a laAsamblea Nacional. Cabe advertir, que el Ecuador ratificó el Convenio No. 169 de laOIT en 1998, por lo que desde ese año se reconoce el derecho a la consulta tanto para 9 10.
medidas normativas como administrativas, incluyendo como ya se mencionó a lasactividades extractivas.Medidas normativasLa capacidad de emitir normas es competencia de un conjunto amplio de niveles einstancias estatales. De acuerdo al artículo 120, numeral 6, de la Constitución vigente, lapotestad normativa incluye a la Asamblea Nacional; al Ejecutivo por su condición deco-legislador (art. 134, num. 2; art. 137, inciso 3) y su capacidad de promulgarreglamentos de aplicación de las leyes;11 a los gobiernos autónomos descentralizados,que emiten ordenanzas, y las juntas parroquiales con facultades reglamentarias (art.240). De ello se colige que la consulta previa debe aplicarse en todos estos niveles; dehecho, el Relator James Anaya ha manifestado que la consulta pre-legislativa debeoperar a nivel internacional, local y municipal (Anaya 2004, 153-154, cit. por OIT2009, 61). Por su parte, el Consejo de Administración de la OIT, a través de uno de susórganos de control refirió que los reglamentos, cuando afectan derechos colectivos,constituyen una medida legislativa que debe ser consultada en virtud de lo previsto en elConvenio No. 169 (OIT, 2009, pág. 65 y 66).Es importante mencionar que, dentro de la potestad normativa se deben considerar tantoel proceso para elaborar una nueva Constitución (art. 444) como para reformarlaparcialmente. El Relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y laslibertades fundamentales de los indígenas ha señalado que estas decisiones se inscribenen lo establecido por el artículo 6 del Convenio No. 169 (Anaya, 2009b, § 8).Medidas administrativasDe acuerdo al Convenio No. 169 (art. 7 y art. 15, num. 2) las medidas administrativasabarcan las políticas públicas, planes, programas y proyectos que la administraciónpública adopte en forma general (OIT, 2009, pág. 29), por lo que el reconocimientoconstitucional del derecho a la consulta previa para el caso de la explotación de recursosno renovables, constituye sólo un caso de medidas administrativas que se debenconsultar.Ahora bien, el artículo 225 de la Constitución determina que el sector públicocomprende a las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparenciay Control Social; las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; losorganismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de lapotestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividadeseconómicas asumidas por el Estado; y las personas jurídicas creadas por acto normativode los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.1211 Hay que tomar en cuenta que las otras funciones del Estado tienen potestad reglamentaria en relación conlas facultades que prevén las leyes que las regulan.12 En concordancia con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 4. 10 11.
Por lo tanto, las medidas administrativas tomadas en cualquiera de estos niveles degobierno deben ser consultadas en caso de afectar a pueblos indígenas.Sujetos de la consultaLa responsabilidad para la realización de la consulta previa es del Estado tal como loestablece la Constitución y los instrumentos internacionales; de otro lado, esta no puedeser delegada a particulares en ningún caso (Anaya, 2009a, § 72). Entre tanto, los sujetosde la consulta previa reconocidos por la Constitución ecuatoriana son las comunidades,pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Siguiendo loestablecido en el artículo 1 del Convenio No. 169, los criterios para establecer oidentificar a los pueblos indígenas o tribales son de carácter objetivo, cuando hayfactores históricos y culturales que los diferencian como pueblo; y, de caráctersubjetivo, cuando un grupo se autoidentifica como tal.Teniendo en cuenta estos criterios, el caso ecuatoriano tiene la particularidad deextender la condición de sujetos de la consulta previa a pueblos afroecuatorianos ymontubios. Entre los antecedentes del desarrollo que ha tenido el derecho a la consultaprevia, convienen mencionar el caso de las comunidades afrocolombianas de Curbaradóy Jiguamiandó sobre las que la Comisión de Expertos de la OIT dijo que cumplían conlos criterios de pueblo tribal establecidos por el Convenio (OIT, 2009, pág. 12).Eventualmente, esto podría ser aplicado en el caso de los pueblos montubios.La cuestión de los sujetos de la consulta plantea otra cuestión capital, a saber, larepresentación de esos pueblos. Como es sabido, los instrumentos internacionales handeterminado que la consulta debe efectuarse a través de sus organizacionesrepresentativas. En lo sustancial, los criterios a tomarse en cuenta son que estascorrespondan a procesos propios e internos de los pueblos consultados y que el procesorespete irrestrictamente esa representatividad por ser este un principio esencial de laconsulta previa (OIT 2009, 64; Sentencia del caso Saramaka vs. Surinam 2007, § 18).En otras palabras, el Estado no debe decidir cuáles son las organizaciones oinstituciones que representan a los pueblos indígenas o afroecuatorianos, sino que estosdeberán informar quiénes los representan en función de los distintos tipos de medidasnormativas o administrativas que se consulten.Características de la consultaPreviaLos lineamientos establecidos en el ámbito internacional permiten establecer que loprevio de la consulta involucra: a) que se debe obtener el consentimiento con lasuficiente anterioridad al inicio de cualquier medida normativa o administrativa y nocuando es necesario el “permiso” de la comunidad como última etapa (Anaya 2009, §54 y 72); b) que se debe contar con el tiempo suficiente para recopilación de lainformación necesaria y debates internos; y, c) que se debe respetar el tiempo en que los 11 12.
pueblos indígenas internamente adopten su decisión (Clavero, s/f; OIT, 2009, pág. 63;Anaya, 2009, p. 20 y 62). Al respecto, Clavero (p. 2) puntualiza que “ningún plan oproyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y elacuerdo se haya perfeccionado”.Adicionalmente, el ejercicio de este derecho debe sustentarse en el respeto a otroprincipio general, el carácter permanente de la consulta. En concreto, esto supone que elproceso de consulta debe llevarse a cabo con anterioridad a todas las fases del procesoque implique la adopción de una medida normativa y administrativa, teniendo en cuentasiempre las peculiaridades que pueda tener según el tipo de medida. Por ejemplo, en elcaso de la promulgación de leyes, la consulta previa debe darse antes y durante elproceso de presentación de proyectos y debate legislativo en el seno de la AsambleaNacional, esto incluye además la fase de sanción u objeción, en razón a que el Ejecutivoes colegislador (Anaya, 2009b, § 20 y 62); y, en el caso de proyectos de inversión ydesarrollo la consulta debe realizarse no sólo antes del inicio de un proyecto, sinotambién durante todas las fases de ejecución de esos proyectos, además, el RelatorEspecial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas ha señalado que estosproyectos no deben ejecutarse por parte de los Estados si la consulta no es losuficientemente amplia y legítima (Anaya, 2010). Estas consideraciones son extensivasa toda medida de tipo administrativo.LibreEl Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de las Directrices sobre losAsuntos de los Pueblos Indígenas, determinó que este elemento “debe implicar que nohay coerción, intimidación ni manipulación” (OIT, 2009, pág. 63) En el mismo sentido,Clavero (s/f, pág. 2) interpreta este elemento como: [L]a ausencia de coacción y de presiones exteriores, entre ellas los incentivos monetarios (a menos que formen parte de un acuerdo mutuo final) y las tácticas de „dividir para conquistar‟. Significa también la ausencia de cualquier tipo de amenaza o de represalias implícitas si la decisión final es un „no‟.”En otras palabras, por libre debe entenderse que los titulares de este derecho no seanobjeto de coerción, intimidación, presión y manipulación externas, que por ejemplo setraducen en incentivos monetarios, estrategias de división, e incluso, cuando la decisiónde estos sujetos es negativa, puede llegar a amenazas, represalias, persecución ycriminalización.InformadaLo informado supone contar con información necesaria que abarque: a) el alcance y lasimplicaciones de la medida normativa que se trate; b) que en el caso de ser necesario seproporcione información adicional; y, c) los pueblos y nacionalidades, si lo requieren,cuenten con asesoría técnica (Anaya, 2009b, § 46). En relación con proyectos deinversión o desarrollo, exploración y explotación de recursos naturales, el Grupo de las 12 13.
Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de las Directrices sobre los Asuntos de losPueblos Indígenas, determinó que lo informado implica que se suministre información,por lo menos, de los siguientes aspectos (OIT, 2009, pág. 63): a. La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto; b. La razón o las razones o el objeto del proyecto o la actividad; c. La duración del proyecto o la actividad; d. La ubicación de las áreas que se verán afectadas; e. Una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluso los posibles riesgos, y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución; f. El personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto (incluso pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados gubernamentales y demás personas); y g. Los procedimientos que puede entrañar el proyecto.En consecuencia, la información que el Estado tiene la obligación de entregar a lospueblos y nacionalidades indígenas, tanto para medidas administrativas o normativas,deben cumplir mínimamente con estos criterios, según sea el caso. Para el caso deadopción de políticas públicas de carácter general, por su naturaleza, los criteriosmínimos que deberían ser utilizados, por su pertinencia, aquellos referidos a medidasnormativas. Además, hay que subrayar que, independientemente de la medida que setrate, esta información debe presentarse en lenguaje accesible y traducido a las lenguasde los pueblos y nacionalidades indígenas que deban ser consultados.El eterno retorno de lo mismo: el permanente incumplimiento del EstadoEl estado actual que el derecho a la consulta previa tiene en el marco constitucional esproducto de la dinámica conflictiva que ha tenido en las últimas décadas la interpelaciónque el proyecto político del movimiento indígena a planteado respecto de la sociedad yel Estado ecuatorianos. El reconocimiento del carácter plurinacional e intercultural delEstado, así como la ratificación y ampliación de los derechos colectivos son laexpresión de ese proceso, el cual ha estado marcado por tensiones, avances y retrocesos,aunque la tónica principal ha sido la resistencia del Estado al cumplimiento de esosderechos tanto en lo normativo como en lo práctico.Es fundamental aproximarse a las tendencias y causas que explican el proceso quesubyace a los resultados que se recogieron en la Constitución de 2008. Este ejercicioresulta útil en una doble perspectiva, de una parte, da luces acerca de los propios límites 13 14.
que aún son visibles en el marco constitucional, de otra, y quizá más importante, ayudana ubicar a lo normativo e institucional en su real dimensión.Los conflictos por proyectos extractivos como punto de partidaEl origen de las demandas por el derecho a la consulta previa se encuentra en laconvergencia de dos procesos simultáneos durante la década de los 90 que da lugar adiversos conflictos socio-ambientales. Se trata, por un lado, de la emergencia delmovimiento indígena como el actor político progresista más importante en el país; y,por otro, la ejecución de una política de Estado que promueve la ampliación de lafrontera petrolera en la Amazonia para la concesión de nuevas áreas a empresastransnacionales, en el marco de la aplicación del modelo neoliberal. En consecuencia, elescenario concreto para el aparecimiento de las exigencias relacionadas con la consultaprevia serán los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas amazónicos.La conflictividad relacionada con la ampliación de la frontera petrolera en territoriosindígenas, suscitada por las distintas rondas de licitación promovidas por el Estadodesde fines de los 80, se extiende por toda la Amazonia norte y centro-sur. Entre otros,se destacaron los conflictos en territorio de los kichwa y los secoya afectados por laconcesión en su territorio del bloque 15 a Occidental (Guillaume, 2003); el conflicto porla concesión del bloque 16 en el Territorio Waorani y el Parque Nacional Yasuní a unconsorcio liderado por Maxus (Narváez, 1996); y, el conflicto por el inicio deactividades en el bloque 10 localizado en territorio kichwa (Canelos runa) del Pastazapor parte de un consorcio encabezado por ARCO Oriente (Ortíz, 2002).No obstante, en consideración de las repercusiones que tendría, quizá el mássignificativo, fue el conflicto en el bloque 10. La relevancia de este conflicto radica enque hasta fines de los 90 en el país hay una total ausencia de un marco normativo enrelación con la consulta previa. De hecho, las demandas de las organizaciones indígenasde Pastaza, en particular la OPIP, tuvieron como uno de los fundamentos másimportantes el recurso al Convenio 169 de la OIT en relación a la necesidad de consultaprevia a pueblos indígenas. Es importante recordar que hasta fines de los 90 el conveniono había sido ratificado por el Ecuador.La presión de las comunidades y la organización hicieron que la empresa se veaobligada a presentar un Estudio de Impacto Ambiental y un Plan de Manejo Ambiental,a cambiar el proyecto original elevando los estándares ambientales y de “gestióncomunitaria”; y, a considerar mecanismos para la participación de las comunidades y laorganización en el control del proyecto y la participación en los beneficios. En unámbito más amplio, una de las exigencias más importantes fue la del reconocimiento delterritorio de los kichwa por parte del Estado ecuatoriano. Este fue un antecedentefundamental para la inclusión en el ordenamiento jurídico nacional de normasambientales para el sector petrolero y de consulta a pueblos indígenas, aunque esteproceso tendría enormes limitaciones. De hecho, el primer efecto normativo fue la 14 15.
promulgación, en 1995, del primer Reglamento Ambiental para OperacionesHidrocarburíferas.13Dado el contexto político de ese momento, las demandas expresadas en este conflictosuperaron ampliamente el ámbito local y pasaron a formar parte de las exigencias delmovimiento indígena en su conjunto. En consecuencia, como resultado de lamovilización y los conflictos de los 90, el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la OITnueve años después de su promulgación y, reconoció los derechos colectivos de pueblosindígenas en la Constitución Política de 1998, dentro de los cuales incluyó, en formaexpresa, el derecho a la consulta previa para proyectos de explotación de recursosnaturales no renovables en sus territorios que pudieran afectarlos ambiental oculturalmente. Como sujetos de este derecho fueron incluidos también los pueblosafroecuatorianos (art. 84, num. 5). Es importante señalar que esta Constitución tambiénreconoció el derecho a la consulta ambiental general frente a decisiones estatales quepuedan afectar el medio ambiente (art. 88).La situación posterior a la promulgación de la nueva Constitución estuvo caracterizadapor varios fenómenos en relación con el derecho de consulta previa: a) el desarrollodesordenado de instrumentos normativos secundarios (leyes y reglamentos) quebuscaban regular principalmente el derecho de consulta ambiental, en el marco de unaausencia total de legislación secundaria sobre derechos colectivos en general y consultaprevia en particular, yuxtaponiendo en el marco de aquella elementos de esta última; b)la continuidad de la política de ampliación de la frontera petrolera; y, c) el inicio de unapolítica de impulso a la minería metálica a gran escala. Estos fenómenos eranenteramente consistentes con el proyecto de ajuste estructural y liberalizacióneconómica que permitió un acelerado proceso de reprimarización de las economíascomo la ecuatoriana, lo cual –por lo demás- expresaba el agresivo proceso deprivatización de la gestión pública que dio lugar a la paradoja de que se reconocíanavances muy progresistas en cuanto a los principios normativos constitucionales, comolos derechos colectivos de pueblos indígenas y afroecuatorianos o los principios deaplicación de los derechos, mientras se desmantelaba la institucionalidad que podíaponerlos en práctica y se fortalecía al Estado como “prestador de servicios” para elcapital transnacional y sus socios criollos, proceso que puede definirse como“neoliberalismo con rostro social” (Moreano, 1998). El efecto inevitable de esto fue laagudización de los conflictos socio-ambientales provocados por proyectos extractivos.De este modo, en el ámbito normativo, se expidió la Ley de Gestión Ambiental en 1999,esta ley incluyó una disposición sobre la consulta de proyectos que puedan generarimpactos ambientales (art. 28); en 2001 se promulgó el Reglamento Ambiental paraOperaciones Hidrocarburíferas (D.E. 1215) que también hace mención en un artículo ala necesidad de consulta para proyectos del sector. En 2002 se expidió el Reglamento de13 Este reglamento no contemplaba absolutamente nada sobre consulta previa ni consulta ambiental general,pero establecía regulaciones respecto a la necesidad de presentar Estudios de Impacto y Planes de ManejoAmbiental como requisito para la obtención de licencia ambiental. Además establecía regulacionesrelacionadas con la gestión ambiental de los proyectos y el control de la misma. 15 16.
Consulta de Actividades Hidrocarburíferas (D.E. 3401). Por otra parte, en agosto de2000 fue aprobada la Ley para la Promoción de la Inversión Ciudadana (Ley Trole II)14que constituía un instrumento fundamental en el proceso de ajuste estructural yliberalización económica. Esta ley reguló la consulta a las comunidades indígenas ypueblo afroecuatoriano para actividades hidrocarburíferas, sin someterla al ámbito deaplicación de la Ley de Gestión Ambiental. Sin embargo, el Tribunal Constitucional endiciembre de 2000 declaró inconstitucional a esta disposición por el fondo, en razón deque hacía dos distinciones que el Art. 84 numeral 5 de la Constitución no preveía: a)restringía la consulta en casos de planes y programas de prospección y explotación derecursos naturales que se hallen en las tierras asignadas por el Estado ecuatoriano, y no,como lo planteaba la Constitución, de manera general cuando se hallen en sus tierras; yb) estaba prevista sólo para impactos ambientales de dichos proyectos, contrariando a lodispuesto en la Constitución que establecía que la consulta debía realizar tambiéncuando los proyectos tengan impactos culturales a pueblos indígenas. No obstante, estadeclaratoria no tuvo ningún efecto real.15De otro lado, en el nuevo escenario de conflictividad, se destacan dos casos que resultanparadigmáticos en relación con la lucha por el respeto al derecho a consulta previa. Elprimero hace referencia al inicio de actividades de la compañía ARCO-Oriente en elbloque 24 que afectaba el territorio de la nacionalidad shuar; en tanto que, el segundotiene que ver con el comienzo de las actividades de la empresa argentina CGC enbloque 23 en el territorio de la comunidad kichwa de Sarayaku. En términos generales,todas las concesiones entregadas y los proyectos para el desarrollo de las nuevas áreas,tuvieron como tónica la falta de consulta previa con los pueblos y nacionalidadesafectadas, a lo sumo se dieron procesos de consulta ambiental y no en todos los casos;sin embargo, lo sucedido con los bloques 23 y 24 revisten particular importancia por lasconsecuencias jurídicas y políticas que tuvieron como resultado de la oposición yresistencia de las comunidades y organizaciones a la ejecución de los proyectospetroleros mencionados.El conflicto en el bloque 24 tuvo su punto más alto durante 1998. Luego de losacercamientos de ARCO a las comunidades shuar, la asamblea de la FederaciónIndependiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE) decidió no permitir negociacionesentre la empresa y las comunidades sin su autorización. Los acercamientos continuaron,la conflictividad se incrementó y la Federación presentó un Recurso de Amparoargumentando violaciones al artículo 84 de la Constitución, el cual fue aceptado por elJuez Provincial de Morona Santiago en 1999 y ratificado por el Tribunal Constitucional14 Publicada en el Registro Oficial No. 144, suplemento, de 18 de agosto de 2000.15 A más del Reglamento Ambiental para el sector petrolero expedido en 2001 (D.E. 1215), en 2002 se expideel Reglamento de Consulta y Participación para la realización de Actividades Hidrocarburíferas (D.E. 1761,publicado en el Registro Oficial No. 396 de 23 de agosto de 2001); el Decreto Ejecutivo 1040 (publicado en elRegistro Oficial No. 332de 8 de mayo de 2008) que derogó el artículo 21 del reglamento relativo aparticipación ciudadana (D.E. 1761); en marzo de 2003 se expide el Texto Unificado de Legislación Ambiental(TULAS), en el que se establecía el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), en cuyo Libro VI denominadoCalidad Ambiental, se regulaba el procedimiento de consulta ambiental previo a la aprobación de los EIA paratoda actividad que ocasione impactos ambientales. Toda esta normativa se encuadraba en la regulación delderecho de consulta ambiental general. 16 17.
en 2000. En lo esencial la sentencia imponía la prohibición a la empresa deacercamientos a individuos o comunidades sin la autorización de sus organizacionesrepresentativas (Chávez, 2002).No obstante, la empresa incumplió este fallo y continúo con sus actividades de“relaciones comunitarias” en las comunidades shuar, esto hizo que la FIPSE, con el avalde la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), presente unademanda contra el Estado frente a la OIT por violaciones al Convenio 169, lo central erala ausencia de consulta previa; la OIT en respuesta promulgó una serie derecomendaciones al Estado para garantizar los derechos de los shuar y, en particular, laejecución de procesos de consulta previa y respeto al principio de representatividad delas organizaciones de la nacionalidad shuar. El pronunciamiento de la OIT señala queaspectos como el traspaso de la concesión a la empresa Burlington Resources debieronconsultarse (Melo, 2002). A pesar de esto, la intromisión en el territorio de los shuar semantuvo, ahora por parte de Burlington. Como mecanismo de “resolución” delconflicto, en 2005 la empresa y el Estado promovieron la firma de un “ConvenioTripartito” con los presidentes de la FIPSE y la FICSH,16 quienes lo suscribieron sinconocimiento de las comunidades, las cuales los destituyeron como sus representantes ydesconocieron el convenio (García & Sandoval, 2007, pág. 30 y 31).El desarrollo de este caso demostró con absoluta claridad la dinámica política de estetipo de conflictos poniendo en evidencia que las empresas y el Estado propenden a darrespuestas coyunturales y enteramente dirigidas a garantizar la ejecución de susproyectos sin ninguna consideración real por el respeto y protección de los derechoscolectivos; respuesta que, además, tienen un carácter completamente reactivo en funciónde las presiones ejercidas por los pueblos y nacionalidades afectadas. Es por ello que lasupuesta política de “altos estándares” ambientales y “respeto” a las comunidades queARCO-Oriente publicitaba en referencia a su actuación en el bloque 10 hayadesparecido por completo en el caso del bloque 24.En el caso de Sarayaku (Melo, et.al., 2002; López, 2004), el inicio de las actividades dela empresa en 2002 dio origen a un conflicto que alcanzó niveles críticos. Comorespuesta, la comunidad presentó un recurso de Amparo Constitucional ante un juez delPuyo, cuya decisión dispuso la suspensión de actividades en el territorio comunitario. Apesar de esta prohibición las actividades de CGC continuaron, lo que incrementasignificativamente el nivel del conflicto.En 2003 la comunidad puso en conocimiento de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos el caso, la cual decidió otorgar Medidas Cautelares a favor deSarayaku. La tensión se mantuvo en la zona y en julio de 2004 la Corte Interamericanade Derechos Humanos concedió Medidas Provisionales a favor de Sarayaku. A pesarde esta resolución, la Corte debió reiterar en 2005 su pedido al Estado para el16 Federación Interprovincial de Centros Shuar. 17 18.
cumplimiento estricto e inmediato de las Medidas Provisionales, debido a suinobservancia de la resolución.En mayo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante elincumplimiento de sus recomendaciones incluidas en el informe de fondo sobre el casopor parte del Estado, presentó una demanda ante la Corte Interamericana debido a lasituación de incumplimiento que el Estado mantiene en este caso.Ahora bien, estos casos fueron los más visibles durante este período, no obstante laconflictividad por el avance de la frontera petrolera se extendió a prácticamente todaslas áreas en las que se iniciaba la ejecución de nuevos proyectos; inclusive, losconflictos en las viejas áreas de explotación petrolera se agudizaron debido al enormepasivo socio-ambiental dejado por Texaco. Como apunta Fontaine (2003) todo esto fueel resultado de la vinculación de las organizaciones indígenas y campesinas con lasorganizaciones ecologistas y de derechos humanos, lo cual definitivamente generó unescenario completamente nuevo para el desarrollo de proyectos petroleros.En consecuencia, la lucha de las comunidades, pueblos y nacionalidades afectadascontra la intromisión en su territorio de las transnacionales petroleras pasó a convertirseen un obstáculo para el desarrollo de esos proyectos. Una de las demandas másimportantes tenía que ver con la necesidad de que se lleven a cabo procesos de consultaambiental general y consulta previa. De hecho, algunos funcionarios públicosconsideraban que la 10ma. Ronda de Licitaciones que se proponía concesionar bloquespetroleros en territorios kichwa y shuar del centro-sur de la Amazonia se detuvo debidoa las acciones de la FIPSE en contra de ARCO y, posteriormente, Burlington (Garzón,2002); sin embargo, más allá de la importante influencia de este caso y el de Sarayaku,el escenario general de la Amazonia no era del todo favorable.Con una mirada más amplia se podía ver que este escenario de conflictividad no eraexclusivo del Ecuador, se trataba de un escenario regional. Casos similares seevidenciaban en Colombia, Venezuela, Perú o Bolivia. Uno de los más destacables fueel de el enfrentamiento de los U‟wa contra la Occidental en Colombia. Sin duda, estotenía que ver con el contexto neoliberal que buscaba ampliar las fronteras extractivaspara favorecer la transferencia de capitales desde los países subdesarrollados hacia lasgrandes transnacionales. Con Estados “refuncionalizados” y subordinados a esosintereses las respuestas estratégicas para enfrentar el problema surgieron de losorganismos internacionales, en particular el Banco Mundial y el Banco Interamericanode Desarrollo fueron tenaces promotores de “salidas negociadas” a los conflictos entrepueblos indígenas y empresas petroleras y mineras (Garzón, 2002).En el Ecuador esta intervención se hizo visible en dos ámbitos. Por una parte, eldesarrollo de programas de capacitación (Garzón, 2002) en el marco del programaEnergía Ambiente y Población (EAP) de la OLADE, conocido como “DiálogoTripartito”, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y constituía una especiede panel permanente para el diseño de políticas “consensuadas” para la gestión de lossectores petrolero y minero entre empresas, Estados y pueblos indígenas; participaban 18 19.
en el programa la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica(COICA), la OLADE como representante de los gobiernos y la Asociación Regional deEmpresas de Petróleo y Gas Natural. Por otra parte, el Banco Mundial financió unaconsultoría ejecutada por el Ministerio de Minas y Petróleos para la elaboración de unReglamento de Consulta y Participación para actividades hidrocarburíferas.El proceso de diseño tuvo varios intentos fallidos, en particular, debido a la oposiciónde las organizaciones indígenas por su nula o escasa participación en el mismo. Esteproceso se inscribía claramente en el enfoque del EAP, la intención era desarrollar unreglamento de forma “participativa”, mediante un “diálogo” entre el Estado, lasempresas y las organizaciones indígenas. La intencionalidad clara era poner en juegouna estrategia que permita neutralizar la oposición de los pueblos y nacionalidadesindígenas a los proyectos extractivos, finalidad que animaba todo el EAP, creandoespacios aparentemente participativos en los que a la final las empresas terminaríanimponiendo sus criterios con el consentimiento de las organizaciones. Esto fuesuficientemente claro para la CONFENIAE, que cuestionó el proceso y planteó unproyecto alternativo de reglamento, cuyos criterios fueron acogidos en parte, pero laorganización no pudo revisar los ajustes y cambios finales que realizó el equipoconsultor contratado por el Ministerio de Energía y Minas (García & Sandoval, 2007).Luego de este proceso el gobierno de Gustavo Noboa promulgó este reglamentomediante D.E. 3401 en diciembre de 2002. El Reglamento establecía dos tipos deconsultas en función de los momentos y de acuerdo a los sujetos consultados; en elprimer caso se establecía una consulta “pre-licitatoria” y otra “previa de ejecución”;mientras que, en el segundo caso se definía una consulta para pueblos indígenas yafroecuatorianos y otra para la ciudadanía en general. En cuanto la consulta previa deejecución, se establecía que debía realizarse en todas las fases de la actividad petrolera(exploración, desarrollo y producción, industrialización, almacenamiento y transporte,comercialización y venta).La inclusión de ciertos elementos nuevos en este reglamento, que se aproximaban más ala regulación de la consulta previa como derecho colectivo, se explica que por elcontexto explicado líneas arriba; ciertamente, el Reglamento pretendía dar respuesta aeste tema; sin embargo, precisamente por ello, se trata de una norma significativamenteambigua debido a la combinación de la consulta ambiental y algunos elementos de laconsulta previa en la misma norma. No obstante estos terminaron subordinándose alcarácter de la primera. Esto era explicable, además, por la ausencia de una Ley Orgánicaque norme el derecho de consulta previa (García & Sandoval, 2007), situación quepersiste hasta la actualidad. En definitiva, los matices incorporados en este reglamentono modificaron el propósito de la consulta y sus efectos previstos en el reglamentoambiental para actividades petroleras (D.E. 1215).Con este reglamento vigente se llevó a cabo la novena ronda de licitación petrolera, quese inició en 2002, en la cual se incluyó a los bloques 20 y 29 localizados en territoriosdel pueblo kichwa del Napo (Napo runa). Los resultados del proceso de consulta 19 20.
determinaron una mayoritaria “aprobación condicionada” al proyecto tanto enasambleas comunitarias como en asambleas inter-comunitarias. No obstante surgieroncuestionamientos al proceso que señalaban, entre otras cosas, la insuficiencia delproceso por el corto tiempo, la entrega de información solo en castellano y lapresentación de la concesión de las áreas como una decisión irreversible del Estado. Lasorganizaciones locales hablan de manipulación, métodos apresurados de toma dedecisiones, desinformación, en especial, respecto de la posibilidad de oponerse alproyecto y a los impactos negativos de la actividad petrolera.A pesar de los cuestionamientos y los conflictos generados, el proceso de consulta fueaceptado por el Estado y en julio de 2008 Petroecuador decidió entregar la concesióndel campo Pungarayacu, dentro del bloque 20, a la empresa IVANHOE. Luego de estasdecisiones el Gobierno del Pueblo Kichwa de Rukullakta, organización que agrupa a lascomunidades afectadas, hace una declaración explícita en la que rechaza la presencia deempresas petroleras en su territorio. No obstante, la empresa continúa realizandoactividades en la zona como parte de la fase de preparación para la explotación del área.Posteriormente se promulgarán dos Reglamentos para normar el artículo 28 de la Ley deGestión Ambiental, uno en el gobierno de Alfredo Palacio (D.E. 1897) en 2006, y otroque sustituye a este, en el gobierno de Rafael Correa (D.E. 1040) en 2008, antes de laaprobación de la nueva Constitución. Ambos volvieron a establecer a la Ley de GestiónAmbiental como paraguas del desarrollo normativo que regula la consulta ambientalpara todas las actividades que generen impactos ambientales. El primero de ellos definiódos tipos de consulta: previa de preejecución y previa de ejecución. Su alcanceinvolucraba a cualquier decisión, administrativa o normativa, que pueda originar unriesgo sobre el ambiente. En relación al resultado de la consulta, sobre la base de losinformes del proceso de consulta la decisión final estaba en manos de la autoridadcompetente. Establecía como sujeto consultado a la comunidad ubicada en el área deinfluencia, los gobiernos seccionales, las organizaciones indígenas o afroecuatorianas desegundo y tercer grado legalmente constituidas, las federaciones, asociaciones ygremios de la sociedad civil y sectores productivos legalmente constituidos, lasorganizaciones no gubernamentales ambientales y de derechos humanos, losrepresentantes de los medios de comunicación local y los delegados de los demásespacios representativos. Entre tanto, el sujeto consultante para el caso de la consultaprevia de preejecución es el Estado, a través de la entidad competente; mientras que,para el caso de la consulta previa de ejecución el responsable es el promotor delproyecto o actividad que se consulta.Cabe precisar que este reglamento, en su Art. 41, establecía que los procedimientos departicipación ciudadana y consulta previa en él regulados, se aplicarían sin perjuicio delrégimen especial que otorgan los Art. 84 y 85 de la Constitución a los pueblos indígenasy afroecuatorianos; y aclaraba que de existir un procedimiento especial de participacióny consulta para dichos pueblos este prevalecería, reconociendo de este modo que susdisposiciones no regulaban la consulta como derecho colectivo, sino la consultaambiental general. 20 21.
La expedición del Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de ParticipaciónSocial establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (D.E.1040), en abril del 2008,convierte a este en el único marco regulatorio de procesos de consulta ambiental generalmediante la derogatoria de ciertos reglamentos sectoriales y varias disposicionesreglamentarias.17 Mantiene el objeto de la consulta previsto en el Reglamento de 2006,pero elimina la consulta previa de preejecución, es decir limita este derecho a considerare incorporar los criterios de la comunidad solamente previo a la aprobación de los EIA yplanes de manejo ambiental. En cuanto a los sujetos de consulta, el sujeto consultante esla autoridad ambiental competente y la responsabilidad del promotor es la elaboracióndel EIA/PMA. En relación a los sujetos consultados se incluye a los mismos actores delreglamento anterior, eliminando a las federaciones, asociaciones y gremios de lasociedad civil y sectores productivos legalmente constituidos; las organizaciones nogubernamentales ambientales y de derechos humanos; los representantes de los mediosde comunicación local y los representantes de los demás espacios representativos.Por otra parte, determina que si en el proceso de consulta los sujetos de participaciónsocial no ejercen su derecho a participar habiendo sido convocados o se oponen a surealización, este hecho no constituye causal de nulidad del proceso de participaciónsocial ni suspende la continuación del mismo. Respecto al resultado de la consultamantiene lo dispuesto en el Reglamento de 2006, e incorpora lo establecido en el Art.20 del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), referido a que la consideración eincorporación de los criterios emitidos por los sujetos consultados, se lo hará siempre ycuando sea técnica y económicamente viable.Como efecto de la consulta se dispone que, si los sujetos de la participación social seoponen a la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, esta no podrá llevarse acabo, a menos que la autoridad competente insista en su realización, lo cual seráresuelto por la instancia superior. De igual forma, se reconoce que los procedimientosde participación ciudadana y consulta previa en él regulados, se aplicarán sin perjuiciodel régimen especial que otorgan los Art. 84 y 85 de la Constitución a los pueblosindígenas y afroecuatorianos, aunque se elimina la disposición referida a la prevalenciaque se le daría a un reglamento que desarrolle la consulta para pueblos indígenas. Detodos modos este reglamento, como ya se mencionó, tiene por paraguas a la ConsultaAmbiental prevista constitucionalmente y en la ley de gestión ambiental.Mientras el caos normativo generado por las insuficientes y equivocadas respuestas delEstado a las demandas derivadas de los conflictos petroleros, era resuelto por la víatambién equivocada de eliminar de un tajo los escasos avances verificados en medio dela turbulencia reglamentaria anterior; se había abierto otro campo de conflictos de lamisma naturaleza, esta vez, en relación con el impulso de proyectos de minería metálica17 Así lo evidencia la derogatoria total del Reglamento al Art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental sobe laParticipación Ciudadana y la Consulta Previa de 2006 y del Reglamento de Consulta y Participación para larealización de Actividades Hidrocarburíferas de 2002; así como con la derogatoria parcial de las disposicionesrelativas a la consulta ambiental contenidas en el TULAS (literal a. del Art. 20 del Libro VI de CalidadAmbiental) de 2003, en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las OperacionesHidrocarburíferas en Ecuador (Art 9); y en el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas (Art. 21). 21 22.
a gran escala. Desde inicios de la década, como parte de las mismas políticasneoliberales que impulsaron la ampliación de la frontera petrolera, el Estado, apoyadotambién por organismos multilaterales, decidió abrir la posibilidad de este tipo deproyectos mineros en el país.Sin ser el único, por supuesto, uno de los casos emblemáticos en relación con lasviolaciones a derechos colectivos y, en particular, el de consulta previa, es el delproyecto Mirador, que está localizado en el territorio de la nacionalidad Shuar, en laparroquia Tundayme del cantón El Pangui en la provincia de Zamora Chinchipe. Segúnel gobierno ecuatoriano y las empresas privadas se trata del proyecto de minería a granescala y cielo abierto más importante del país. El área fue concesionada a la empresacanadiense Ecuacorriente S.A. (ECSA)18 con un área de aproximadamente 9000 has.El grado de conflictividad vinculado a este proyecto ha sido muy significativo, se hansuscitado agresiones por parte del Ejército a pobladores Shuar y campesinos opuestos ala presencia de la actividad en su territorio, constantes paralizaciones, tomas decampamentos. Por otra parte, las intervenciones de la empresa dieron lugar afragmentación de las organizaciones y las comunidades.El proceso de consulta sobre el proyecto se desarrolló a fines de 2005 y agravó lasituación de conflicto en la zona puesto que la mayor parte de las comunidades expresansu oposición al proyecto. Entre 2006 y 2007 el conflicto se radicalizó, cuando los Shuarorganizaron una toma de varios campamentos de las empresas mineras, especialmenteen la provincia de Morona Santiago. Como resultado de estas movilizaciones y procesosde resistencia, en 2007 el Ejecutivo se vio obligado a suspender las actividades de laempresa Ecuacorriente en Zamora Chinchipe.La entrada en vigencia de la nueva Constitución y los cambios en la política estatal demanejo de recursos no renovables no parecen haber modificado sustancialmente esteescenario que es común a los grandes proyectos mineros. Por el contrario, la aprobaciónde la Ley de Minería19 en enero de 2009 y sus reglamentos no ha hecho más que agravarel conflicto. La Ley incluye un capítulo denominado “De la Gestión Social y laParticipación de la Comunidad”, en el que se establece al Estado como responsable deejecutar los procesos de participación y consulta social, de acuerdo a la Constitución ynormativa vigente, competencia que le es indelegable a cualquier instancia privada. Estaley sólo detalla un proceso de información que obliga al concesionario a través delEstado a informar adecuadamente. En cuanto al resultado de dicha consulta, esta leydetermina que si resulta una oposición mayoritaria a un proyecto minero, la decisiónserá adoptada por resolución motivada del ministerio sectorial.Cabe señalar que, con relación a pueblos indígenas se prevé que los procesos departicipación ciudadana o consulta deben considerar un procedimiento especial18 Ese es su nombre de la sucursal constituida en Ecuador. Corriente Resources Inc. de origen canadiense fueadquirida en 2010 por el consorcio Chino CRCC TONGGUAN Investment, conformado por Tongling NonferrousMetal Group Holdings Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation Limited.19 Publicada en el Registro Oficial No. 517, suplemento, de 29 de enero de 2009. 22 23.
obligatorio para estos pueblos, sobre la base de los principios de legitimidad yrepresentatividad y a través de sus instituciones, para el caso de que la exploración oexplotación minera se lleve a cabo en sus tierras o territorios ancestrales y cuandoafecten a sus intereses, aunque lo relaciona a la consulta ambiental reconocidaconstitucionalmente.En noviembre de 2009 se expidieron los reglamentos General de la Ley de Minería 20 yAmbiental de Actividades Mineras.21 El primero establece como facultades delMinisterio sectorial la creación de los Consejos Consultivos22 y la definición de losmecanismos para su gestión. Estos consejos deben viabilizar la participación ciudadanapara la toma de decisiones en la definición de las políticas mineras. El segundo incluyeuna disposición sobre la necesidad de consulta y cuya promulgación se dio en funciónde la aprobación de la Ley de Minería.Por último, hay que mencionar que la aprobación de la Ley de Minería en 2009 dio pasoa la reactivación de las actividades de los proyectos a gran escala, lo que activónuevamente la situación de conflicto. En el caso de Mirador se llevó a cabo uncuestionado proceso de consulta ambiental en noviembre de 2010, a pesar de que laCorte Constitucional estableció que la ley debía ser sometida a un proceso de consultaprevia en los casos en que afecte a territorios de pueblos y nacionalidades indígenas.El recuento de esta dinámica entre la conflictividad relacionada con la extracción derecursos naturales no renovables y las desordenadas intenciones de establecer un marconormativo secundario deja ver claramente la ausencia de una política de Estado quepermita el pleno ejercicio de este derecho. En el ámbito normativo, esto se expresa enla ausencia de una ley orgánica que regule su aplicación como derecho colectivo y en elhecho de que la referencia a la Ley de Gestión Ambiental sea tomada como el marcopara la expedición de reglamentos específicos. Inclusive en los casos en los que se haprocurado establecer criterios direccionados a regular la consulta previa a pueblos ynacionalidades indígenas y afroecuatorianos, como el Reglamento de Participación yConsulta del sector pertolero (D.E. 1761) subsiste la tendencia a subordinar el principiode consulta previa como derecho colectivo al de consulta como derecho ambientalgeneral; y, por tanto, la sustancial restricción al ejercicio del primero.Esta situación de incumplimiento tiene otro elemento de significativa importancia. Dadoque la Constitución de 1998 establecía que los tratados internacionales forman parte delordenamiento jurídico nacional con la más alta jerarquía legal (art.162) era necesariocontemplar la aplicación del Convenio 169 de la OIT en todo su alcance. En otras20 Decreto Ejecutivo No. 119, publicado en el Registro Oficial No. 67, suplemento, de 16 de noviembre de 2009.21 Decreto Ejecutivo No. 121, publicado en el Registro Oficial No. 67, suplemento, de 16 de noviembre de 2009.22Que estarán integrados por un delegado de cada una de las siguientes entidades: ministerio sectorial,Agencia de Regulación y Control Minero, Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico,Gobiernos Autónomos Descentralizados, y los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil,debidamente acreditados del área de influencia del proyecto minero. Ver Art. 6 del Reglamento General a laLey de Minería. 23 24.
palabras, las decisiones del Estado en relación con las concesiones petroleras y minerasposteriores a 1998 y todos sus efectos sobre los pueblos y nacionalidades indígenas yafroecuatorianos no han dado cumplimiento al derecho de consulta previa. Estaconstatación es de enorme importancia puesto que, luego de la aprobación de la actualConstitución, esta situación de incumplimiento persiste y el Estado sigue tomandodecisiones inconsultas sobre proyectos extractivos en territorios indígenas como lasrenegociaciones de contratos o los traspasos de las concesiones de una empresa a otra.El nuevo contexto político, la consulta pre-legislativa y el complicado tema de laspolíticas públicasLuego de casi una década de vigencia del marco constitucional de 1998 se inició elproceso de elaboración de una nueva Constitución; por otro lado, en el marcointernacional, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó su Declaración deDerechos de los Pueblos Indígenas en 2007 que fortalece los principios del Convenio169 en cuanto a consulta y consentimiento previos. En este contexto, la Constitución de2008 ratificó el reconocimiento de derechos colectivos ampliando su alcance, lo másrelevante en este sentido fue el reconocimiento de la necesidad de consulta previa parala toma de decisiones legislativas.En consecuencia, la discusión sobre consulta previa incluye con el nuevo marcoconstitucional un campo distinto, aunque relacionado con la consulta previa vinculadacon proyectos extractivos, el de la consulta prelegislativa. Con el antecedente delfracaso en el cumplimiento del derecho de consulta previa que reconocía la Constituciónde 1998, esta nueva dimensión del problema devuelve la mirada a los serios límites queexisten a la hora de cumplir con los derechos colectivos, los cuales son principalmentede carácter político. Ahora bien, en efecto la Constitución fortalece el marco jurídico para el ejercicio de losderechos humanos y los derechos colectivos; sin embargo, subsiste el riesgo demantener la brecha entre los principios constitucionales y las condiciones institucionalespara su aplicación práctica. Esto se hace evidente en el mismo texto constitucional quedeja la decisión última, en el caso de consulta ambiental, en manos de la autoridadadministrativa correspondiente (art. 398). Si se tiene en cuenta que el aparatajeinstitucional del Estado responde a estructuras inequitativas de poder, el riesgo de queaquellos principios terminen vaciados de contenido al momento de su aplicaciónpráctica es muy grande.Basta mencionar algunos ejemplos posteriores a la aprobación de la Constitución que serelacionan con el derecho de consulta pre-legislativa para poner de manifiesto estasituación. Lo sucedido en el tratamiento de leyes que afectan a pueblos y nacionalidadesindígenas, afroecuatorianos y montubios, por parte de la Asamblea Nacional y elEjecutivo permite establecer que la consideración del derecho a consulta previa seinscribe en la tendencia que el país ha tenido desde la década de los 90. Hasta el 24 25.
momento no hay regulación alguna sobre la consulta pre-legislativa, sin embargo, sehan tramitado varias leyes que deberían haber sido sometidas a un proceso de consulta.Entre ellas, las de mayor relevancia por los efectos y el grado de conflictividad quegeneraron son la Ley de Minería y la Ley de Recursos Hídricos.En enero de 2009 Ley de Minería fue aprobada por la Comisión Legislativa y deFiscalización, conocida como “Cogresillo”. En lo sustancial la ley modifica lasmodalidades contractuales, abre la posibilidad para la ejecución de proyectos de mineríaa gran escala y genera ciertos mecanismos de control por parte del Estado. Laaprobación de esta ley se dio en medio de un importante conflicto social y político porefecto de la oposición que generó entre el movimiento indígena, sectores ambientalistasy otros sectores sociales. Desde noviembre de 2008 se suscitaron una serie de accionesy movilizaciones de estos sectores para exigir el cumplimiento del Mandato Minero ymanifestar su rechazo a la nueva ley.Luego de la aprobación de la ley, en marzo de 2009, la CONAIE y los SistemasComunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui y Victoria de Portete de la Provincia deAzuay presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucionalplanteando que la ley incumple la Constitución en varios aspectos, entre ellos, elincumplimiento del derecho a la consulta previa pre-legislativa.La sentencia de la Corte Constitucional23 desechó el pedido de inconstitucionalidad dela ley y declaró “constitucionalidad condicionada” que señala la necesidad de que todaactividad minera que se desarrolle en territorios de pueblos indígenas afroecuatorianos ymontubios deberá cumplir con el derecho a consulta previa establecido en el numeral 7del artículo 57 de la Constitución de acuerdo a las reglas que establece la sentencia de laCorte hasta que la Asamblea Nacional expida la ley respectiva.La importancia de esta sentencia está vinculada a ciertos elementos que definen lasituación de la consulta previa en el marco legal ecuatoriano. Lo primero que convienedestacar es que la Corte establece una diferenciación entre los tipos de consultarecogidos en la Constitución: consulta previa, libre e informada, la consultaprelegislativa y la consulta ambiental, los cuales no serían equiparables. Deja sentadoque los dos primeros son aplicables únicamente para pueblos y nacionalidades indígenasy afroecuatorianas; mientras que la consulta ambiental tiene un carácter general. Demodo que, estableció que la consulta pre-legislativa es un derecho de carácter colectivoy no se trata de un mero procedimiento o formalidad sino que es un derecho de caráctersustancial.24Otro aspecto que merece atención es la definición de ciertas reglas para losprocedimientos aplicables en los casos de consulta previa para planes y programasextractivos y consulta prelegislativa, manteniendo la diferenciación anotada; esto enrespuesta a la ausencia de ley que regule este derecho. Entre lo más relevante de estos23 Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-10-SIN-CC.24 Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-10-SIN-CC, p. 26 y 27. 25 26.
criterios se destaca el respeto a los procesos internos y la representatividad propia de lospueblos y nacionalidades consultados. Así cómo la búsqueda de decisiones concertadaspara la determinación de las condiciones en que se llevará a cabo el proceso, aunquedista mucha de inscribirse en los elementos esenciales de la consulta, entre otros enrelación a la obligación de recabar el consentimiento expreso para el caso de actividadesextractivas.Sin embargo, esta sentencia genera un precedente preocupante por la ambigüedad quereviste el criterio de “constitucionalidad condicionada” y el incumplimiento delcontenido esencial del derecho a la consulta previa que se deriva de las reglas yprocedimientos establecidos en la sentencia. En rigor, la sentencia se corresponde con latendencia histórica del cumplimiento del derecho de consulta previa en el país, es decir,el vaciamiento de su contenido de derecho al reducirlo a un proceso administrativo.Varios elementos ayudan a visualizar este problema en la sentencia: a. La “constitucionalidad condicionada” de la Ley determina un claro orden de prioridades: los derechos colectivos se subordinan a la decisión del Estado de promulgar la ley, lo cual afecta el carácter previo de la consulta. Este pronunciamiento induce fuertemente a que el cumplimiento de un proceso formal de consulta sea suficiente para obtener la “constitucionalidad total”. b. Las reglas propuestas para la consulta pre-legislativa otorgan a las entidades de Estado un significativo grado de control sobre el proceso. Así por ejemplo, las organizaciones representativas deberán cumplir con un proceso de inscripción ante organismos de Estado, afectando así el principio por el cual son los pueblos y nacionalidades los que definen qué organizaciones los representan; la consulta se efectuará en español; los plazos, la agenda, las convocatorias, la documentación y los mecanismos de consulta serán determinados de manera unilateral por parte de la Asamblea Nacional, etc. Todo lo cual afecta el carácter de libre e informado de la consulta, en particular, porque se afecta la posibilidad de que los pueblos y nacionalidades indígenas cuenten con el tiempo suficiente para recopilar la información necesaria y efectuar los debates internos. c. Sobre la base de una interpretación sui generis del principio de aplicación directa, se reconoce que el envío de información a las organizaciones indígenas por parte de entes estatales, las comunicaciones formales de las organizaciones que señalan sus cuestionamientos y la participación en reuniones convocadas por la Asamblea Nacional son mecanismos que sin equipararse íntegramente a un proceso de consulta pre-legislativa, contienen “elementos sustanciales del mismo”.25 Esta consideración es especialmente grave puesto que esos mecanismos tienen un carácter estrictamente apegado a la formalidad administrativa.25 Ibíd., p. 38. 26 27.
d. La sentencia no prevé que en el caso de medidas legislativas, en razón de que en nuestro diseño constitucional el Ejecutivo es colegislador, la fase de sanción u objeción deberá contemplar, de ser el caso, un proceso de consulta adicional.Aunque con tergiversaciones y limitaciones la sentencia de la Corte Constitucional pusode manifiesto las dificultades para el cumplimiento del derecho de consulta previareferido a medidas legislativas. De modo que, con lo sucedido en cuanto a la Ley deMinería se abría un escenario conflictivo para la aprobación de ciertas leyes. Esto es loque ocurrió con el trámite de la Ley de Recursos Hídricos. Durante abril y mayo de2010 la Asamblea Nacional tramitó la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos o Leyde Aguas; esto en medio de un proceso muy importante de movilización de lasorganizaciones indígenas en rechazo a los contenidos de la Ley. Los puntos críticos enel cuestionamiento de las organizaciones se centran en la conformación de la AutoridadÚnica del Agua frente a la que plantearon la conformación de un Consejo Plurinacional,el alcance del carácter desprivatizador de la ley y la vulneración de los derechos de lascomunidades para la gestión del agua.En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional decide presentar una mociónpara suspender la votación en el pleno sobre la ley con la finalidad de disponer alConsejo de Administración de la Legislatura que desarrolle un proceso de consultaprelegislativa según las reglas establecidas en la sentencia de la Corte Constitucional enla demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Sin embargo, la votación dela Asamblea rechazó la moción. La propuesta del Ejecutivo, en cambio, fue el archivode la ley. De cualquier modo, el proceso de discusión de la ley quedó suspendido ydebería llevarse a cabo la consulta prelegislativa en los términos definidos por la CorteConstitucional.Lo más destacable de este caso guarda relación con las serias dificultades paraestablecer garantías mínimas para el cumplimiento del derecho de consulta previa anivel institucional. Así por ejemplo, la respuesta del Estado es completamentedependiente del grado de conflictividad de la decisión sometida a consulta, como sepuede ver esto ocurre tanto a nivel de proyectos extractivos como de leyes nacionales.Como una estupenda muestra del carácter paradójico de la formación social ecuatorianaque contrapone una compulsión normativa exacerbada a la tozudez de una dinámicasocial que parece caminar por un sendero distinto, mientras quedaba claramenteestablecida la resistencia del legislativo a aplicar procesos de consulta pre-legislativa enlas leyes mencionadas, en abril de 2010 se aprobó la Ley Orgánica de ParticipaciónCiudadana26, la cual establece regulaciones claramente diferenciadas para consultaprevia, libre e informada para pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios enrelación con planes y programas de prospección, explotación y comercialización derecursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras; y, para la consultaambiental a la comunidad. Esta ley, en su artículo 83, señala que si de los procesos deconsulta detallados deriva una oposición mayoritaria de la comunidad consultada:26 Publicada en el Registro Oficial No. 175, suplemento, de 20 de abril de 2010. 27 28.
[L]a decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana.No obstante, la aprobación de leyes sin consulta previa continuó como en el caso de lasreformas a la Ley de Hidrocarburos, el Código de Ordenamiento Territorial o el Códigode la Producción, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Merece especial atenciónel trámite de las reformas a la Ley de Hidrocarburos en cuyo proceso de debate yaprobación no se consideró la posibilidad de someterla a un proceso de consulta pre-legislativa. Lo ocurrido con esta ley ejemplifica bastante bien la compleja situación delderecho de consulta previa, justamente en el sector en el que ha tenido lugar la mayorparte de la experiencia en cuanto a conflictos relacionados con el incumplimiento delderecho a la consulta previa cuenta con un marco legal que no fue sometido a unproceso de consulta pre-legislativa.La problemática actual de la consulta previa en el país plantea otro ámbito de discusiónen cuanto al contenido sustancial del derecho como se ha referido con anterioridad.Teniendo en cuenta el bloque de constitucionalidad y el tipo de medidas que debenconsultarse tal como lo establecen el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración deNaciones Unidas la consulta previa no puede limitarse únicamente a los proyectos deexplotación de recursos naturales no renovables y las medidas legislativas, debe incluira todas las medidas normativas y administrativas que impliquen riesgo de afectar losderechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos ymontubios. Como se ha dicho, en rigor esto debió considerarse desde la ratificación delConvenio 169 (1998) y el momento actual, con una Constitución garantista en vigencia,obliga a ponerlo en el marco de la discusión.La experiencia más reciente e importante para la definición de políticas públicasconstituye la formulación del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). Este representa elmarco general en el que se consigan las estrategias, los objetivos y las políticas decarácter nacional que sustentan el reordenamiento institucional y las reformas legales.Por lo demás, la referencia de cualquier nivel de política pública al PNBV es obligatoriasegún lo establece el artículo 280 de la Constitución Política. De manera que, siendo elmarco más importante para la definición de políticas públicas su formulación debíacumplir con el derecho de consulta previa en el caso de medidas administrativas quepuedan afectar a pueblos indígenas tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT y laDeclaración de Naciones Unidades de Derechos de los Pueblos Indígenas. 28 29.
Para el proceso de formulación del Plan se desarrollaron varios mecanismos departicipación, entre ellos talleres de consulta, mesas de trabajo, presentaciones públicasy veedurías ciudadanas. Los talleres y presentaciones se efectuaron en varias ciudadesdel país. En consideración de las “especificidades territoriales” se realizó un taller en laciudad de Baños dirigido a pueblos y nacionalidades indígenas. Este taller contó con lapresencia de varias entidades de Estado, no tuvo la participación de organizaciones deningún nivel.El documento del Plan señala que se requiere de la incorporación de criterios queprovengan de la planificación local y de los Planes de Vida o planes para el Buen Vivirde los pueblos y nacionalidades. Menciona la necesidad de un esfuerzo, de parte de losplanificadores estatales se entiende, de apoyo técnico para la formulación de estosplanes.Como se puede ver, la “socialización” es del todo insuficiente en relación con elderecho a consulta previa. De hecho si en el caso de proyectos extractivos y medidaslegislativas hay serias dificultades, en lo relacionado con políticas públicas la situaciónestá mucho menos desarrollada. Es importante tener en cuenta que en este ámbitodebería haber un mayor énfasis, dado que la definición de políticas públicas establecelos marcos generales de los que se derivarán las normas específicas y los planes,programas y proyectos.Los límites de la consulta previaLa situación de evidente incumplimiento normativo y práctico del derecho a consultaprevia, libre e informada responde a distintos factores que, en buena medida, suelenquedar fuera de la discusión. Algunas opiniones apuntan a señalar que si bien en losprincipios y el contenido esencial hay un acuerdo relativo, el problema fundamental seencuentra en el diseño de mecanismos e instrumentos institucionales que permitanresolver el modo “operativo” de ejecución de procesos de consulta previa. Desde otrasperspectivas, se muestra lo indispensable que resulta dirigir los esfuerzos a la creaciónde un marco normativo específico que legisle sobre este derecho separándolo de laconsulta ambiental. Finalmente, con otra óptica, se puede decir que en realidad sonambos procesos los que deben concretarse simultáneamente para garantizar el ejerciciode este derecho.Sin dejar de lado la obvia importancia que estos aspectos tienen, la experiencia existenteen el país plantea algunos aspectos problemáticos que parecen ir más allá de estas“salidas institucionales”. Así por ejemplo, el caso del conflicto de ARCO en el bloque10 obligó a que la empresa replanteara completamente su proyecto, se establezcaninstancias de consulta permanente con las comunidades y las organizaciones, y sedeterminen mecanismos que garanticen la distribución de los beneficios entre lascomunidades afectadas por el proyecto. Todo esto sin ningún marco regulatorioespecífico sobre derechos colectivos y ni siquiera alguna exigua reglamentación sobre el 29 Recommended

References: resolución 
 artículo 57
 artículo 120
 artículo 6
 artículo 225
 artículo 1
 artículo 84
 artículo 21
 artículo 28
 resolución 
 artículo 57
sui generis
 artículo 83
 resolución 
 artículo 280