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Timestamp: 2016-10-26 23:10:16+00:00

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Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. T�TULO II.�De lo Social (Vigente hasta el 20 de Noviembre de 2005).
Modificaci�n del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Se modifica el p�rrafo segundo de la letra d) del apartado 1 del art�culo 15 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que pasar� a tener la siguiente redacci�n:
�Los servicios p�blicos de empleo competentes, financiar�n a trav�s de las partidas de gasto que correspondan, los costes salariales y de Seguridad Social de estas contrataciones subvencionando, a efectos salariales, la cuant�a equivalente a la base m�nima del grupo de cotizaci�n al que corresponda la categor�a profesional desempe�ada por el trabajador as� como los complementos salariales de residencia reglamentariamente establecidos y, a efectos de Seguridad Social, las cuotas derivadas de dichos salarios. Todo ello con independencia de la retribuci�n que finalmente perciba el trabajador. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informar� con car�cter trimestral a la Comisi�n Delegada del Gobierno sobre las subvenciones concedidas y satisfechas en dicho per�odo as� como sobre el seguimiento y control de las mismas.�
Modificaci�n del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio Se modifican los siguientes preceptos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Uno. Se introduce un p�rrafo d) en el apartado 1 del art�culo 31 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que pasar� a tener la siguiente redacci�n:
�d) Aplicaci�n indebida de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, previstas reglamentariamente para la financiaci�n de las acciones formativas del subsistema de formaci�n profesional continua.�
Dos. Se modifica el apartado 3 del art�culo 124 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en los t�rminos siguientes:
�3. Las cuotas correspondientes a las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o de maternidad ser�n computables a efectos de los distintos per�odos previos de cotizaci�n exigidos para el derecho a las prestaciones.�
Tres. Se da nueva redacci�n al apartado 1 del art�culo 172 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los t�rminos siguientes:
�1. Podr�n causar derecho a las prestaciones enumeradas en el art�culo anterior:
a) Las personas integradas en el R�gimen General que cumplan la condici�n general exigida en el art�culo 124.
b) Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o maternidad, que cumplan el per�odo de cotizaci�n que, en su caso, est� establecido.
c) Los pensionistas por incapacidad permanente y jubilaci�n, ambos en su modalidad contributiva.�
Cuatro. Se modifica el apartado 4 del art�culo 179 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los t�rminos siguientes:
�4. La suma de las cuant�as de las pensiones por muerte y supervivencia no podr� exceder del importe de la base reguladora que corresponda, conforme a lo previsto en el apartado 2 del art�culo 120, en funci�n de las cotizaciones efectuadas por el causante. Esta limitaci�n se aplicar� a la determinaci�n inicial de las expresadas cuant�as, pero no afectar� a las revalorizaciones peri�dicas de las pensiones que procedan en lo sucesivo, conforme a lo previsto en el art�culo 48 de esta ley.
A los efectos de la limitaci�n establecida en este apartado, las pensiones de orfandad tendr�n preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares. Asimismo, y por lo que respecta a estas �ltimas prestaciones, se establece el siguiente orden de preferencia:
1.� Nietos y hermanos, menores de 18 a�os o mayores incapacitados, del causante.
2.� Padre y madre del causante.
3.� Abuelos y abuelas del causante.
4.� Hijos y hermanos del pensionista de jubilaci�n o incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, mayores de 45 a�os y que re�nan los dem�s requisitos establecidos.�
Modificaci�n del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio Se modifican los siguientes preceptos del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio.
Uno. Se a�ade un nuevo apartado, el 8, al art�culo 7 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con la redacci�n siguiente:
�8. Los asegurados obligados a cotizar tendr�n derecho a la devoluci�n total o parcial de las cuotas ingresadas indebidamente. El plazo para ejercitar este derecho ser� de cuatro a�os a partir de la fecha en que se hubiesen hecho efectivas. Formar�n parte de la cotizaci�n a devolver los recargos, intereses y costas que se hubiesen satisfecho cuando el ingreso indebido se hubiera realizado por v�a de apremio, as� como el inter�s legal aplicado, en su caso, a las cantidades ingresadas desde la fecha de su ingreso o descuento en n�mina hasta la propuesta de pago, y el coste de las garant�as aportadas para suspender la ejecuci�n de una deuda con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.�
Dos. Se modifica el p�rrafo a) del apartado 5 del art�culo 22 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, quedando con la siguiente redacci�n:
�a) Si la solicitud se efect�a dentro del plazo de cuatro a�os contados a partir de la fecha de retiro o jubilaci�n y el grado de incapacidad absoluta y permanente qued� acreditado entonces, los efectos econ�micos se retrotraer�n al d�a primero del mes siguiente a dicha fecha.�
El resto del apartado contin�a con la misma redacci�n.
Tres. El apartado 3 de la disposici�n adicional sexta del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, tendr� la redacci�n siguiente:
�3. A fin de facilitar la gesti�n del control del colectivo de ISFAS, y con la exclusiva finalidad de comprobar la concordancia de sus datos con los que figuren en los correspondientes registros de personal, el Registro Central de Personal de los funcionarios p�blicos, los �rganos encargados de la gesti�n del personal militar del Ministerio de Defensa, y la Direcci�n General de la Guardia Civil, remitir�n mensualmente al Instituto Social de las Fuerzas Armadas la informaci�n del personal incluido en su campo de aplicaci�n, en relaci�n con los actos de toma de posesi�n, cambio de situaciones administrativas, p�rdida de la condici�n de funcionario, militar, o guardia civil, o pase a jubilaci�n o retiro.�
El actual apartado 3 de la disposici�n adicional sexta del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas pasa a denominarse apartado 4, quedando con la siguiente redacci�n:
�4. Los datos que se faciliten deber�n identificar, en su caso, nombre y apellidos, documento nacional de identidad y domicilio.�
El resto de la disposici�n adicional se mantiene con la misma redacci�n.
CAP�TULO IIIMedidas para la aplicaci�n del principio de igualdad de trato
Objeto y �mbito de aplicaci�n de este cap�tulo 1. Este cap�tulo tiene por objeto establecer medidas para la aplicaci�n real y efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminaci�n, en particular por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual, en los t�rminos que en cada una de sus secciones se establecen.
2. Este cap�tulo ser� de aplicaci�n a todas las personas, tanto en el sector p�blico como en el sector privado.
Definiciones 1. A los efectos de este cap�tulo se entender� por:
a) Principio de igualdad de trato: la ausencia de toda discriminaci�n directa o indirecta por raz�n del origen racial o �tnico, la religi�n o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientaci�n sexual de una persona.
b) Discriminaci�n directa: cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situaci�n an�loga por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual.
c) Discriminaci�n indirecta: cuando una disposici�n legal o reglamentaria, una cl�usula convencional o contractual, un pacto individual o una decisi�n unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad leg�tima y que los medios para la consecuci�n de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
d) Acoso: toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o �tnico, la religi�n o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientaci�n sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.
2. Cualquier orden de discriminar a las personas por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual se considerar� en todo caso discriminaci�n.
El acoso por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual se consideran en todo caso actos discriminatorios.
SECCI�N 2MEDIDAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACI�N POR EL ORIGEN RACIAL O �TNICO DE LAS PERSONAS
�mbito de aplicaci�n de la Secci�n 2 1. Esta secci�n tiene por objeto establecer medidas para que el principio de igualdad de trato y no discriminaci�n por raz�n del origen racial o �tnico de las personas sea real y efectivo en la educaci�n, la sanidad, las prestaciones y los servicios sociales, la vivienda y, en general, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servicios.
El principio de igualdad de trato y no discriminaci�n por raz�n del origen racial o �tnico de las personas en el acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, la afiliaci�n y la participaci�n en las organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoci�n profesional y la formaci�n profesional ocupacional y continua se regir� por lo establecido en la secci�n 3.� de este cap�tulo.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminaci�n directa o indirecta por raz�n del origen racial o �tnico de las personas.
Medidas de acci�n positiva en relaci�n con el origen racial o �tnico Para garantizar en la pr�ctica la plena igualdad por raz�n de origen racial o �tnico, el principio de igualdad de trato no impedir� que se mantengan o se adopten medidas espec�ficas a favor de determinados colectivos destinadas a prevenir o compensar las desventajas que les afecten por raz�n de su origen racial o �tnico.
Legitimaci�n de las personas jur�dicas en relaci�n con el origen racial o �tnico Las personas jur�dicas que est�n legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses leg�timos colectivos podr�n actuar en los procesos judiciales en nombre del demandante que as� lo autorice con la finalidad de hacer efectivo el principio de igualdad de trato de las personas por su origen racial o �tnico.
Carga de la prueba en relaci�n con el origen racial o �tnico En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminaci�n por raz�n del origen racial o �tnico de las personas, corresponder� al demandado la aportaci�n de una justificaci�n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Creaci�n del Consejo para la promoci�n de la igualdad de trato y no discriminaci�n de las personas por el origen racial o �tnico 1. Se crea el Consejo para la promoci�n de la igualdad de trato y no discriminaci�n de las personas por el origen racial o �tnico en la educaci�n, la sanidad, las prestaciones y los servicios sociales, la vivienda y, en general, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servicios, as� como el acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, la afiliaci�n y la participaci�n en las organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoci�n profesional y la formaci�n profesional ocupacional y continua.
El consejo se configura como un �rgano colegiado de los previstos en el apartado 2 del art�culo 22 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y estar� adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. El Consejo a que se refiere el apartado anterior tendr� las siguientes competencias:
a) Prestar asistencia a las v�ctimas de discriminaci�n por su origen racial o �tnico a la hora de tramitar sus reclamaciones.
b) Realizar estudios y publicar informes sobre la discriminaci�n de las personas por el origen racial o �tnico.
c) Promover medidas que contribuyan a eliminar la discriminaci�n de las personas por el origen racial o �tnico, formulando, en su caso, recomendaciones sobre cualquier cuesti�n relacionada con dicha discriminaci�n.
3. Formar�n parte del Consejo los Ministerios con competencias en las materias a que se refiere el apartado 1. Asimismo, deber� asegurarse la participaci�n de las comunidades aut�nomas, de las entidades locales, de las organizaciones empresariales y sindicales m�s representativas, as� como de otras organizaciones que representen intereses relacionados con el origen racial o �tnico de las personas.
4. La composici�n y funcionamiento del Consejo para la promoci�n de la igualdad de trato y no discriminaci�n de las personas por el origen racial o �tnico se regular� mediante real decreto, que ser� aprobado por el Consejo de Ministros en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley.
5. El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales prestar� al Consejo para la promoci�n de la igualdad de trato y no discriminaci�n de las personas por el origen racial o �tnico el apoyo necesario para el desempe�o de sus funciones.
6. Lo dispuesto en este art�culo se entiende sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo establecidas por la Ley Org�nica 3/1981, de 6 de abril.
El Defensor del Pueblo podr� establecer con el Consejo para la promoci�n de la igualdad de trato y no discriminaci�n de las personas por el origen racial o �tnico los mecanismos de cooperaci�n y colaboraci�n que se consideren oportunos.
SECCI�N 3MEDIDAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACI�N EN EL TRABAJO
�mbito de aplicaci�n de la Secci�n 3 1. Esta secci�n tiene por objeto establecer medidas para que el principio de igualdad de trato y no discriminaci�n sea real y efectivo en el acceso al empleo, la afiliaci�n y la participaci�n en las organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoci�n profesional y la formaci�n profesional ocupacional y continua, as� como en el acceso a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional y la incorporaci�n y participaci�n en cualquier organizaci�n cuyos miembros desempe�en una profesi�n concreta.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminaci�n directa o indirecta por raz�n del origen racial o �tnico, la religi�n o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientaci�n sexual de una persona.
Las diferencias de trato basadas en una caracter�stica relacionada con cualquiera de las causas a que se refiere el p�rrafo anterior no supondr�n discriminaci�n cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha caracter�stica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre que el objetivo sea leg�timo y el requisito proporcionado.
Medidas de acci�n positiva Para garantizar en la pr�ctica la plena igualdad por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad y orientaci�n sexual, el principio de igualdad de trato no impedir� que se mantengan o se adopten medidas espec�ficas a favor de determinados colectivos destinadas a prevenir o compensar las desventajas que les afecten relativas a las materias incluidas en el �mbito de aplicaci�n de esta secci�n.
Carga de la prueba En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminaci�n por raz�n del origen racial o �tnico, la religi�n o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientaci�n sexual de las personas respecto de las materias incluidas en el �mbito de aplicaci�n de esta secci�n, corresponder� al demandado la aportaci�n de una justificaci�n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Modificaciones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo Uno. El p�rrafo c) del apartado 2 del art�culo 4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores queda redactado de la siguiente forma:
�c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los l�mites marcados por esta ley, origen racial o �tnico, condici�n social, religi�n o convicciones, ideas pol�ticas, orientaci�n sexual, afiliaci�n o no a un sindicato, as� como por raz�n de lengua, dentro del Estado espa�ol.Tampoco podr�n ser discriminados por raz�n de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempe�ar el trabajo o empleo de que se trate.�
Dos. El p�rrafo e) del apartado 2 del art�culo 4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes t�rminos:
�e) Al respeto de su intimidad y a la consideraci�n debida a su dignidad, comprendida la protecci�n frente a ofensas verbales y f�sicas de naturaleza sexual y frente al acoso por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual.�
Tres. El apartado 2 del art�culo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores queda redactado de la siguiente forma:
�2. Se proh�be la existencia de agencias de colocaci�n con fines lucrativos. El servicio p�blico de empleo podr� autorizar, en las condiciones que se determinen en el correspondiente convenio de colaboraci�n y previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo, la existencia de agencias de colocaci�n sin fines lucrativos, siempre que la remuneraci�n que reciban del empresario o del trabajador se limite exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios prestados. Dichas agencias deber�n garantizar, en su �mbito de actuaci�n, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminaci�n alguna basada en motivos de origen, incluido el racial o �tnico, sexo, edad, estado civil, religi�n o convicciones, opini�n pol�tica, orientaci�n sexual, afiliaci�n sindical, condici�n social, lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud para desempe�ar el trabajo o empleo de que se trate.�
Cuatro. El apartado 1 del art�culo 17 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores queda modificado de la siguiente manera:
�1. Se entender�n nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cl�usulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por raz�n de edad o discapacidad o favorables o adversas en el empleo, as� como en materia de retribuciones, jornada y dem�s condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o �tnico, estado civil, condici�n social, religi�n o convicciones, ideas pol�ticas, orientaci�n sexual, adhesi�n o no a sindicatos y a sus acuerdos, v�nculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado espa�ol.
Ser�n igualmente nulas las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacci�n ante una reclamaci�n efectuada en la empresa o ante una acci�n judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminaci�n.�
Cinco. Se introduce un nuevo p�rrafo g) en el apartado 2 del art�culo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores con la siguiente redacci�n:
�g) El acoso por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.�
Modificaciones de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci�n Social de los Minusv�lidos Uno. El art�culo 37 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, queda redactado de la siguiente forma:
�1. Ser� finalidad primordial de la pol�tica de empleo de trabajadores con discapacidad su integraci�n, en condiciones que garanticen la aplicaci�n del principio de igualdad de trato, en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporaci�n al sistema productivo mediante la f�rmula especial de trabajo protegido que se menciona en el art�culo 41.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entender� por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminaci�n directa e indirecta basada en la discapacidad.
3. Existir� discriminaci�n directa cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situaci�n an�loga por motivo de su discapacidad.
Existir� discriminaci�n indirecta cuando una disposici�n legal o reglamentaria, una cl�usula convencional o contractual, un pacto individual o una decisi�n unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad leg�tima y que los medios para la consecuci�n de esta finalidad no sean adecuados y necesarios, o salvo que el empresario venga obligado a adoptar medidas adecuadas, en funci�n de las necesidades de cada situaci�n concreta y de acuerdo con el art�culo 37 bis de esta ley, para eliminar las desventajas que supone esa disposici�n, cl�usula, pacto o decisi�n.�
Dos. Se introduce un nuevo art�culo 37 bis en la Ley 13/1982, de 7 de abril, con la siguiente redacci�n:
�1. Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de trato no impedir� que se mantengan o adopten medidas espec�ficas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo de discapacidad.
2. Los empresarios est�n obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptaci�n del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en funci�n de las necesidades de cada situaci�n concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempe�ar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formaci�n, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.
Para determinar si una carga es excesiva se tendr� en cuenta si es paliada en grado suficiente mediante las medidas, ayudas o subvenciones p�blicas para personas con discapacidad, as� como los costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el tama�o y el volumen de negocios total de la organizaci�n o empresa.�
Modificaciones de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestaci�n de servicios transnacional El p�rrafo c) del apartado 1 del art�culo 3 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, queda redactado de la siguiente forma:
�c) La igualdad de trato y la no discriminaci�n directa o indirecta por raz�n de sexo, origen, incluido el racial o �tnico, estado civil, edad dentro de los l�mites legalmente marcados, condici�n social, religi�n o convicciones, ideas pol�ticas, orientaci�n sexual, afiliaci�n o no a un sindicato y a sus acuerdos, v�nculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa, lengua o discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud para desempe�ar el trabajo o empleo de que se trate.�
Modificaciones del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril Uno. El art�culo 96 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral queda redactado de la siguiente forma:
En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminaci�n por raz�n de sexo, origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual, corresponder� al demandado la aportaci�n de una justificaci�n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.�
Dos. El art�culo 181 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral queda redactado de la siguiente forma:
Las demandas de tutela de los dem�s derechos fundamentales y libertades p�blicas, incluida la prohibici�n de tratamiento discriminatorio y del acoso, que se susciten en el �mbito de las relaciones jur�dicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social, se tramitar�n conforme a las disposiciones establecidas en este cap�tulo. En dichas demandas se expresar�n el derecho o derechos fundamentales que se estimen infringidos.�
Modificaciones del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto Uno. El apartado 12 del art�culo 8 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social queda redactado de la siguiente forma:
�12. Las decisiones unilaterales del empresario que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por raz�n de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formaci�n, promoci�n y dem�s condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o �tnico, estado civil, condici�n social, religi�n o convicciones, ideas pol�ticas, orientaci�n sexual, adhesi�n o no a sindicatos y a sus acuerdos, v�nculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado espa�ol, as� como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacci�n ante una reclamaci�n efectuada en la empresa o ante una acci�n judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminaci�n.�
Dos. Se a�ade un apartado 13 bis al art�culo 8 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que queda redactado de la siguiente forma:
�13 bis. El acoso por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad y orientaci�n sexual, cuando se produzcan dentro del �mbito a que alcanzan las facultades de direcci�n empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el empresario, �ste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo.�
Tres. El apartado 2 del art�culo 16 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social queda redactado en los siguientes t�rminos:
�2. Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusi�n o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o �tnico, edad, estado civil, discapacidad, religi�n o convicciones, opini�n pol�tica, orientaci�n sexual, afiliaci�n sindical, condici�n social y lengua dentro del Estado.�
Fomento de la igualdad en la negociaci�n colectiva Los convenios colectivos podr�n incluir medidas dirigidas a combatir todo tipo de discriminaci�n en el trabajo, a favorecer la igualdad de oportunidades y a prevenir el acoso por raz�n de origen racial o �tnico, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexual.
Fomento de planes de igualdad Los poderes p�blicos fomentar�n la adopci�n por las empresas y por las organizaciones sindicales y empresariales de planes de igualdad a favor de las personas con discapacidad, mediante los incentivos y medidas de apoyo establecidos para ello.
CAP�TULO IVOtras normas en materia social
Programa de fomento del empleo para el a�o 2004 Uno.
1.1. Las empresas que contraten indefinidamente, incluida la contrataci�n de trabajadores fijos discontinuos y de acuerdo con los requisitos y condiciones que se se�alan en esta norma, a trabajadores desempleados, inscritos en la oficina de empleo e incluidos en algunos de los colectivos siguientes:
a) Mujeres desempleadas, entre 16 y 45 a�os.
d) Desempleados mayores de 45 a�os y hasta 55.
e) Desempleados mayores de 55 a�os y hasta 65.
g) Desempleados perceptores del subsidio por desempleo a favor de los trabajadores incluidos en el R�gimen especial agrario de la Seguridad Social, as� como a los perceptores de la renta agraria.
1.2. Los trabajadores incluidos en el campo de aplicaci�n del R�gimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o aut�nomos, dados de alta en el mismo al menos desde el 1 de enero de 2003, que contraten indefinidamente, incluida la contrataci�n de trabajadores fijos discontinuos, a trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo incluidos en alguno de los colectivos definidos en el apartado anterior.
1.3. Las empresas y las entidades sin �nimo de lucro que contraten, indefinidamente, incluida la contrataci�n de trabajadores fijos discontinuos, o temporalmente, trabajadores desempleados en situaci�n de exclusi�n social, podr�n acogerse a las bonificaciones previstas en esta norma en los t�rminos que en la misma se indican. La situaci�n de exclusi�n social se acreditar� por los servicios sociales competentes y queda determinada por la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos:
1.� Falta de periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constituci�n de la unidad perceptora.
2.� Haber agotado el per�odo m�ximo de percepci�n legalmente establecido.
c) J�venes mayores de 18 a�os y menores de 30, procedentes de instituciones de protecci�n de menores.
Menores internos incluidos en el �mbito de aplicaci�n de la Ley Org�nica 5/2002 (sic), de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situaci�n les permita acceder a un empleo, as� como los que se encuentran en situaci�n de libertad vigilada y los ex internos.
1.4. Las cooperativas o sociedades laborales a las que se incorporen desempleados incluidos en alguno de los colectivos establecidos en los apartados 1.1 y 1.3 de este n�mero uno, como socios trabajadores o de trabajo, con car�cter indefinido y siempre que la entidad haya optado por un r�gimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
1.5. Los empleadores a los que se refieren los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 que contraten o incorporen indefinidamente, incluida la contrataci�n de trabajadores fijos discontinuos, o temporalmente, a personas que tengan acreditada por la Administraci�n competente la condici�n de v�ctima de violencia dom�stica por parte de alg�n miembro de la unidad familiar de convivencia.
2. Igualmente se incentivar�, en los t�rminos previstos en esta norma, la transformaci�n en indefinidos, incluida la modalidad de fijo discontinuo, de los contratos de duraci�n determinada o temporales, celebrados con anterioridad al 1 de enero de 2004. Adem�s, se incentivar� la transformaci�n en indefinidos de los contratos formativos, de relevo y de sustituci�n por anticipaci�n de la edad de jubilaci�n, cualquiera que sea la fecha de su celebraci�n.
3. Asimismo, los contratos de trabajo de car�cter indefinido, suscritos con trabajadores de 60 o m�s a�os y con una antig�edad en la empresa de cinco o m�s a�os, dar�n derecho a las bonificaciones previstas en este art�culo.
Las cooperativas tendr�n derecho a dichas bonificaciones respecto a sus socios trabajadores o de trabajo, con v�nculo de car�cter indefinido, mayores de 60 a�os y con la antig�edad establecida en el p�rrafo anterior, siempre que la entidad haya optado por un r�gimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
4. Los contratos de trabajo, de car�cter indefinido o de duraci�n determinada o temporales, de las mujeres trabajadoras que sean suspendidos por maternidad y por excedencia por cuidado de hijo, as� como la transformaci�n de los contratos de duraci�n determinada o temporales en indefinidos, dar�n derecho a las bonificaciones previstas en este art�culo cuando se produzca la reincorporaci�n efectiva de la mujer al trabajo en los dos a�os siguientes a la fecha del parto, siempre que �ste se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposici�n.
b) No haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicaci�n de los programas de empleo por la comisi�n de infracciones muy graves no prescritas, todo ello de conformidad con lo previsto en el art�culo 46.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
1. Los contratos indefinidos iniciales, incluidos los fijos discontinuos, a tiempo completo o parcial, celebrados durante el a�o 2004, dar�n derecho, a partir de la fecha de la contrataci�n, a las siguientes bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes:
a) Contrataci�n de mujeres desempleadas entre 16 y 45 a�os: 25 por 100 durante el per�odo de los veinticuatro meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.
b) Contrataci�n de mujeres para prestar servicios en profesiones y ocupaciones establecidas en la Orden ministerial de 16 de septiembre de 1998, para el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor �ndice de empleo femenino, que re�nan adem�s, el requisito de permanecer inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo, por un per�odo m�nimo de seis meses, o bien sean mayores de 45 a�os: 70 por ciento durante el primer a�o de vigencia del contrato; 60 por ciento durante el segundo a�o de vigencia del mismo. Si no reunieran alguno de los anteriores requisitos adicionales, la bonificaci�n ser� del 35 por ciento durante el per�odo de los 24 meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.
c) Contrataciones de desempleados inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante un per�odo m�nimo de seis meses: 20 por ciento durante el per�odo de los veinticuatro meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.
d) Contrataciones de desempleados mayores de 45 a�os y hasta los 55 a�os: 50 por ciento durante el primer a�o de vigencia del contrato; 45 por ciento durante el resto de la vigencia del mismo.
e) Contrataciones de desempleados mayores de 55 y hasta los 65 a�os: 55 por ciento durante el primer a�o de vigencia del contrato; 50 por ciento durante el resto de la vigencia del mismo.
f) Contrataci�n de perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, a los que les reste un a�o o m�s de percepci�n en el momento de la contrataci�n: 50 por ciento durante el primer a�o de vigencia del contrato; 45 por ciento durante el segundo a�o de vigencia del mismo.
g) Contrataciones de desempleados perceptores del subsidio por desempleo a favor de los trabajadores incluidos en el R�gimen especial agrario de la Seguridad Social, as� como a los perceptores de la renta agraria: 90 por ciento durante el primer a�o de vigencia del contrato; 85 por ciento durante el segundo a�o de vigencia del mismo.
h) Contrataci�n de desempleados admitidos en el programa que contempla la ayuda espec�fica denominada renta activa de inserci�n: 65 por ciento durante 24 meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato; 45 por ciento durante el resto de vigencia del mismo en el caso de trabajadores mayores de 45 a�os y hasta los 55; o 50 por ciento durante el resto de vigencia del mismo en el caso de trabajadores mayores de 55 a�os y hasta los 65.
i) Contrataci�n de mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo que sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a la fecha de parto: 100 por ciento durante los 12 meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.
2. La contrataci�n indefinida a tiempo completo o parcial, incluida la contrataci�n de trabajadores fijos discontinuos, que realice un trabajador aut�nomo de los referidos en el apartado 1.2 del n�mero uno con un trabajador desempleado dar� lugar a la aplicaci�n de las bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes previstas en el n�mero 1 de este apartado, con un incremento de cinco puntos respecto de lo previsto para cada caso, excepto en el supuesto del p�rrafo i).
3. La incorporaci�n a las cooperativas o sociedades laborales como socios trabajadores o de trabajo, con car�cter indefinido y encuadrados en un r�gimen por cuenta ajena de Seguridad Social que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2004 dar�n derecho a partir de la fecha de incorporaci�n a las bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes establecidas en los apartados 1, 5, 6, 7 y 8 de este n�mero tres, seg�n proceda en cada caso.
4. Cuando las contrataciones iniciales previstas en los p�rrafos c), d), e), f) y h) del apartado 1 y en los apartados 2, 3, 5 y 6 de este n�mero se realicen a tiempo completo con mujeres desempleadas, las bonificaciones de cuotas se incrementar�n en 10 puntos.
5. Las empresas y entidades que contraten indefinidamente, incluida la contrataci�n de trabajadores fijos discontinuos, o temporalmente, bien mediante contrataciones a tiempo completo o parcial, a trabajadores desempleados en situaci�n de exclusi�n social, en los t�rminos del apartado 1.3 del n�mero uno, podr�n aplicar una bonificaci�n en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes del 65 por ciento, durante un m�ximo de 24 meses. Cuando un mismo trabajador celebre distintos contratos de trabajo, ya sea con una misma empresa o entidad, o con otra distinta, con o sin soluci�n de continuidad, se aplicar� igualmente el m�ximo de 24 meses desde la fecha inicial del primer contrato.
6. Los empleadores a los que se refieren los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del n�mero uno que contraten o incorporen indefinidamente, incluida la contrataci�n de trabajadores fijos discontinuos, o temporalmente, a personas que tengan acreditada por la Administraci�n competente la condici�n de v�ctima de violencia dom�stica por parte de alg�n miembro de la unidad familiar de convivencia, podr�n aplicar una bonificaci�n en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes del 65 por ciento, durante un m�ximo de 24 meses. Cuando un mismo trabajador celebre distintos contratos de trabajo, ya sea con un mismo empleador o con otro distinto, con o sin soluci�n de continuidad, se aplicar� igualmente el m�ximo de 24 meses desde la fecha inicial del primer contrato.
7. Las transformaciones en indefinidos, incluidas las que se acuerden a la modalidad de fijo discontinuo que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2004, de los contratos de duraci�n determinada o temporales celebrados a tiempo completo o parcial con anterioridad al 1 de enero de 2004, as� como la de los contratos formativos, de relevo y de sustituci�n por anticipaci�n de la edad de jubilaci�n concertados, de acuerdo a lo dispuesto en su normativa reguladora, a tiempo completo o parcial, cualquiera que sea la fecha de su celebraci�n, dar�n lugar a una bonificaci�n del 25 por ciento durante el per�odo de los 24 meses siguientes al inicio de la vigencia del nuevo contrato.
8. Los contratos de trabajo de car�cter indefinido que est�n suscritos con trabajadores de sesenta o m�s a�os y con una antig�edad en la empresa de cinco o m�s a�os, dar�n derecho durante 2004 a una bonificaci�n sobre las cuotas correspondientes a la aportaci�n empresarial en la cotizaci�n a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas, de la siguiente cuant�a:
50 por ciento para los que re�nan los requisitos por primera vez en 2004.
60 por ciento para los que ya reun�an los requisitos en 2003.
70 por ciento para los que ya reun�an los requisitos en 2002.
Dichos porcentajes se incrementar�n en un 10 por ciento en cada ejercicio hasta alcanzar un m�ximo del 100 por ciento.
Si al cumplir 60 a�os de edad el trabajador no tuviere la antig�edad en la empresa de cinco a�os, la bonificaci�n a la que se refiere el p�rrafo anterior ser� aplicable a partir de la fecha en que alcance la citada antig�edad.
Las mismas bonificaciones se aplicar�n en el caso de cooperativas respecto a sus socios trabajadores o de trabajo, con v�nculo de car�cter indefinido, mayores de 60 a�os y con la antig�edad establecida en el p�rrafo primero de este apartado, siempre que la entidad haya optado por un r�gimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
9. Los contratos de trabajo y relaciones a que se refiere el apartado 4 del n�mero uno de este art�culo dar�n derecho a una bonificaci�n en la cuota empresarial por contingencias comunes del 100 por ciento durante los doce meses siguientes a la reincorporaci�n efectiva de la mujer al trabajo tras el per�odo de suspensi�n del contrato por maternidad y por excedencia por cuidado de hijo, de acuerdo con lo establecido en el citado apartado 4.
En el supuesto de contratos de duraci�n determinada o temporales suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposici�n, cuando se produzca la reincorporaci�n en los t�rminos se�alados en el p�rrafo anterior y antes de haber transcurrido un a�o desde la misma, se transforme el contrato en indefinido, la duraci�n de la bonificaci�n que se refiere al p�rrafo anterior ser� de 18 meses.
La bonificaci�n a que se refieren los p�rrafos anteriores no ser� acumulable a otras bonificaciones previstas por transformaci�n de contratos.
10. Los contratos de trabajo acogidos al presente programa de fomento de empleo estable se formalizar�n en el modelo oficial que disponga el Instituto Nacional de Empleo, excepto en el supuesto de contratos ya existentes, a los que se refieren los apartados 3 y 4 del n�mero uno.
No obstante lo se�alado en el p�rrafo anterior, las bonificaciones en las cotizaciones previstas para los contratos indefinidos con trabajadores de 60 o m�s a�os y con una antig�edad en la empresa de cinco o m�s a�os, ser�n compatibles con las bonificaciones establecidas con car�cter general en los Programas de Fomento de Empleo y ser�n a cargo del Instituto Nacional de Empleo, sin que en ning�n caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por ciento sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el art�culo 112 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
a) Relaciones laborales de car�cter especial previstas en el art�culo 2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, u otras disposiciones legales, con la excepci�n de la relaci�n laboral de car�cter especial de los penados en instituciones penitenciarias y de la relaci�n laboral especial de los menores en centro de internamiento, a las que se puede aplicar el r�gimen de bonificaciones establecidas para los trabajadores desempleados en situaci�n de exclusi�n social.
e) Incorporaciones de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales cuando hayan mantenido un v�nculo contractual previo con dichas sociedades superior a los 12 meses.
2. Las empresas o entidades que hayan extinguido o extingan, por despido declarado improcedente o por despido colectivo, contratos bonificados al amparo de la presente norma y del Real Decreto Ley 9/1997, de 17 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de car�cter fiscal para el fomento y la estabilidad en el empleo y de la Ley 64/1997, de 26 de diciembre; as� como de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre; de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre; de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre; de la Ley 12/2001, de 9 de julio; de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre; del Real Decreto Ley 16/2001, de 27 de diciembre; de la Ley 35/2002, de 12 de julio, y de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, quedar�n excluidas por un per�odo de 12 meses, de las bonificaciones contempladas en la presente disposici�n. La citada exclusi�n afectar� a un n�mero de contrataciones igual al de las extinguidas.
a) Las bonificaciones de los contratos indefinidos con trabajadores de 60 o m�s a�os y con una antig�edad en la empresa de cinco o m�s a�os.
Las bonificaciones aqu� previstas no podr�n, en concurrencia con otras medidas de apoyo p�blico establecidas para la misma finalidad, superar el 60 por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica.
2. La Tesorer�a General de la Seguridad Social facilitar� mensualmente al Instituto Nacional de Empleo el n�mero de trabajadores objeto de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, detallados por colectivos, con sus respectivas bases de cotizaci�n y las deducciones que se apliquen como consecuencia de lo previsto en la presente norma.
2. La obligaci�n de reintegro establecida en el p�rrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2002, de 4 de agosto.
Uno. Se modifica el p�rrafo primero del apartado 2 del art�culo 1 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�2. El n�mero de horas-a�o trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios, no podr� ser superior al 15 por ciento del total de horas-a�o trabajadas por los socios trabajadores. Si la sociedad tuviera menos de 25 socios trabajadores, el referido porcentaje no podr� ser superior al 25 por ciento del total de horas-a�o trabajadas por los socios trabajadores, para el c�lculo de estos porcentajes no se tomar�n en cuenta los trabajadores con contrato de duraci�n determinada y los trabajadores con discapacidad ps�quica en grado igual o superior al 33 por ciento con contrato indefinido.�
Dos. En relaci�n con el encuadramiento del personal del servicio de practicaje se introducen las siguientes modificaciones legales:
1. El apartado 4 del p�rrafo a) del art�culo 2 del Decreto 2864/1974, de 30 agosto, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, queda redactado en los siguientes t�rminos:
�4. Tr�fico interior de puertos, embarcaciones deportivas y de recreo y practicaje.�
2. Se incorpora un p�rrafo segundo al art�culo 4 del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, con el siguiente contenido:
�Asimismo, se asimilan a trabajadores por cuenta ajena los pr�cticos de puerto que, para la realizaci�n de su actividad de practicaje, se constituyan en corporaciones de pr�cticos de puertos o entidades que las sustituyan, teniendo los mismos derechos y obligaciones en cuanto a este R�gimen Especial se refiere que los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el p�rrafo a) del art�culo 2, con excepci�n del derecho a las prestaciones por desempleo y del FOGASA de las que quedan excluidos. Dichas corporaciones de pr�cticos de puertos o entidades que las sustituyan tendr�n la consideraci�n de empresarios a efectos de este r�gimen especial respecto de los pr�cticos de puerto en ellas incluidos y resto de personal a su servicio.�
3. Queda derogada la disposici�n final tercera de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de R�gimen Econ�mico y de Prestaci�n de Servicios de los Puertos de Inter�s General.
Modificaci�n del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto Se modifican los siguientes preceptos del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Uno. Se modifica el t�tulo de la subsecci�n primera de la Secci�n tercera del cap�tulo II del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que queda redactado en los t�rminos siguientes:
�Infracciones de los empresarios, de las agencias de colocaci�n y de los beneficiarios de ayudas y subvenciones en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo en general y formaci�n profesional ocupacional y continua.�
Dos. Se introduce un nuevo apartado 4 en el art�culo 14 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con la siguiente redacci�n:
�4. Incumplir, los empresarios y los beneficiarios de las ayudas y subvenciones p�blicas, las obligaciones de car�cter formal o documental exigidas en la normativa espec�fica sobre formaci�n profesional continua u ocupacional, siempre que no est�n tipificadas como graves o muy graves.�
Tres. Se introduce un nuevo apartado 6 en el art�culo 15 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con la siguiente redacci�n:
�6. Incumplir, los empresarios y los beneficiarios de ayudas y subvenciones p�blicas, las obligaciones establecidas en la normativa espec�fica sobre formaci�n profesional continua u ocupacional siguientes, salvo que haya dado lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el pago de las cuotas sociales:
a) No ejecutar las acciones formativas en los t�rminos, forma y plazos previamente preavisados cuando no se hubiera notificado en tiempo y forma su cancelaci�n o modificaci�n al �rgano competente.
c) Realizar subcontrataciones indebidas con otras entidades, tanto en lo que respecta a la gesti�n como a la ejecuci�n de las acciones formativas.
d) Expedir certificaciones de asistencia o diplomas que no se ajusten a las acciones formativas aprobadas y/o realizadas o cuando no se hayan impartido dichas acciones, as� como negar su entrega a los participantes en las acciones impartidas, a pesar de haber sido requerido en tal sentido por los �rganos de vigilancia y control.�
Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 5 en el art�culo 16 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con la siguiente redacci�n:
�5. Incumplir, los empresarios y los beneficiarios de ayudas y subvenciones p�blicas, las obligaciones establecidas en la normativa espec�fica sobre formaci�n profesional continua u ocupacional siguientes, salvo que haya dado lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el pago de cuotas sociales:
a) Solicitar cantidades en concepto de formaci�n a los participantes, cuando las acciones formativas sean financiables con fondos p�blicos y gratuitas para los mismos.
b) Simular la contrataci�n laboral con la finalidad de que los trabajadores participen en programas formativos.�
Cinco. Se modifica el t�tulo de la subsecci�n segunda de la secci�n 3.� del cap�tulo II del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, as� como el t�tulo del art�culo 17, que se incluye en la mencionada subsecci�n, que quedan redactados en los t�rminos siguientes:
�Infracciones de los trabajadores por cuenta ajena y propia.�
Seis. Se suprime el p�rrafo c) del apartado 1 del art�culo 17 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Siete. Se modifica el apartado 2 del art�culo 17 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
�2. Graves: rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por el servicio p�blico de empleo o por las agencias de colocaci�n sin fines lucrativos, o negarse a participar en programas de empleo, incluidos los de inserci�n profesional, o en acciones de promoci�n, formaci�n o reconversi�n profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por el servicio p�blico de empleo o por las entidades asociadas de los servicios integrados para el empleo.
A los efectos previstos en esta ley, se entender� por colocaci�n adecuada la que re�na los requisitos establecidos en el apartado 3 del art�culo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en aquellos aspectos en los que sea de aplicaci�n a los demandantes de empleo no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo.�
Ocho. Se modifica el apartado 3 del art�culo 17 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que queda redactado de la siguiente manera:
�3. Muy graves: la no aplicaci�n, o la desviaci�n en la aplicaci�n de las ayudas, en general, de fomento del empleo percibidas por los trabajadores, as� como la connivencia con los empresarios y los beneficiarios de ayudas y subvenciones, para la acreditaci�n o justificaci�n de acciones formativas inexistentes o no realizadas.�
Nueve. Se modifica el apartado 12 del art�culo 22 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
�12. Obtener o disfrutar indebidamente reducciones o bonificaciones en el pago de las cuotas sociales que correspondan, entendiendo producida una infracci�n por cada trabajador afectado, salvo que se trate de bonificaciones en materia de formaci�n continua, en que se entender� producida una infracci�n por empresa.�
Diez. Se introduce un nuevo apartado h) en el n�mero 1 del art�culo 23 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con la siguiente redacci�n:
�h) El falseamiento de documentos para la obtenci�n o disfrute fraudulentos de bonificaciones en materia de formaci�n continua.�
Once. Se a�ade un apartado 6 en el art�culo 21 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en los t�rminos siguientes:
�6. No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes m�dicos de baja, confirmaci�n de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por los trabajadores, o su no transmisi�n por los obligados o acogidos a la utilizaci�n del sistema de presentaci�n de tales copias, por medios inform�ticos, electr�nicos o telem�ticos.�
Doce. Se introduce un nuevo apartado 3 en el art�culo 24 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
�3. En el caso de los solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial:
a) No comparecer, previo requerimiento ante el servicio p�blico de empleo, las agencias de colocaci�n sin fines lucrativos o las entidades asociadas de los servicios integrados para el empleo, o no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovaci�n de la demanda, salvo causa justificada.
b) No devolver en plazo, salvo causa justificada, al servicio p�blico de empleo o, en su caso, a las agencias de colocaci�n sin fines lucrativos el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aqu�llos.
c) No cumplir las exigencias del compromiso de actividad, salvo causa justificada, siempre que la conducta no est� tipificada como otra infracci�n leve o grave en los art�culos 24 � 25 de esta ley.
A los efectos previstos en esta Ley, se entender� por compromiso de actividad el que re�na los requisitos establecidos en el apartado 2 del art�culo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.�
Trece. Se introduce un nuevo apartado 4 en el art�culo 25 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
�4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial:
a) Rechazar, una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por el servicio p�blico de empleo o por las agencias de colocaci�n sin fines lucrativos, salvo causa justificada.
b) Negarse a participar en los trabajos de colaboraci�n social, programas de empleo, incluidos los de inserci�n profesional, o en acciones de promoci�n, formaci�n o reconversi�n profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por el servicio publico de empleo o por las entidades asociadas de los servicios integrados para el empleo.
A los efectos previstos en esta ley, se entender� por colocaci�n adecuada y por trabajos de colaboraci�n social, los que re�nan los requisitos establecidos, respectivamente, en el apartado 3 del art�culo 231 y en el apartado 3 del art�culo 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.�
Catorce. Se introduce un nuevo apartado 4 en el art�culo 26 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
�4. La no aplicaci�n o la desviaci�n en la aplicaci�n de las prestaciones por desempleo, que se perciban seg�n lo que establezcan programas de fomento de empleo.�
Quince. Se a�ade una nueva disposici�n adicional al texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con la siguiente redacci�n:
Competencia sancionadora en materia de prestaciones por desempleo Lo dispuesto en el apartado 4 del art�culo 48 de esta ley se entiende sin perjuicio de las funciones en materia de empleo delimitadas por los reales decretos de traspasos a las comunidades aut�nomas de la gesti�n realizada por el Instituto Nacional de Empleo en materia de trabajo, empleo y formaci�n, as� como de la coordinaci�n entre los servicios p�blicos de empleo de las comunidades aut�nomas y la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.
La coordinaci�n a la que se refiere el p�rrafo anterior se llevar� a cabo en la Comisi�n de Coordinaci�n y Seguimiento, de composici�n paritaria, contemplada en los reales decretos de traspasos a las comunidades aut�nomas de la gesti�n realizada por el Instituto Nacional de Empleo en materia de trabajo, empleo y formaci�n, y constituida para la coordinaci�n de la gesti�n del empleo y la gesti�n de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio de los convenios que a tal efecto pudieran suscribirse entre los �rganos y entidades competentes del Estado y de las comunidades aut�nomas.�
Diecis�is. Se modifica el art�culo 47 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que pasa a tener la siguiente redacci�n:
Sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios 1. En el caso de los solicitantes y beneficiarios de pensiones o prestaciones de Seguridad Social, incluidas las de desempleo, las infracciones se sancionar�n:
a) Las leves con p�rdida de pensi�n durante un mes. En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, las infracciones leves tipificadas en los apartados 2 y 3 del art�culo 24 se sancionar�n conforme a la siguiente escala:
1.� Infracci�n. P�rdida de 1 mes de prestaciones.
2.� Infracci�n. P�rdida de 3 meses de prestaciones.
3.� Infracci�n. P�rdida de 6 meses de prestaciones.
4.� Infracci�n. Extinci�n de prestaciones.
Se aplicar� esta escala a partir de la primera infracci�n y cuando entre la comisi�n de una infracci�n leve y la anterior no hayan transcurrido m�s de los 365 d�as que establece el art�culo 41.1 de esta ley, con independencia del tipo de infracci�n.
b) Las graves tipificadas en el art�culo 25 con p�rdida de la prestaci�n o pensi�n durante un per�odo de tres meses, salvo las de sus n�meros 2 y 3, respectivamente, en las prestaciones por incapacidad temporal y en las prestaciones y subsidios por desempleo, en las que la sanci�n ser� de extinci�n de la prestaci�n.En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial las infracciones graves tipificadas en el apartado 4 del art�culo 25 se sancionar�n conforme a la siguiente escala:
1.� Infracci�n. P�rdida de 3 meses de prestaciones.
2.� Infracci�n. P�rdida de 6 meses de prestaciones.
3.� Infracci�n. Extinci�n de prestaciones.
Se aplicar� esta escala a partir de la primera infracci�n y cuando entre la comisi�n de una infracci�n grave y la anterior no hayan transcurrido m�s de los 365 d�as que establece el art�culo 41.1 de esta ley, con independencia del tipo de infracci�n.
c) Las muy graves, con p�rdida de la pensi�n durante un periodo de seis meses o con extinci�n de la prestaci�n o subsidio por desempleo.Igualmente, se les podr� excluir del derecho a percibir cualquier prestaci�n econ�mica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un a�o, as� como del derecho a participar durante ese per�odo en acciones formativas en materia de formaci�n profesional ocupacional y continua.
d) No obstante las sanciones anteriores, en el supuesto de que la trasgresi�n de las obligaciones afecte al cumplimiento y conservaci�n de los requisitos que dan derecho a la prestaci�n, podr� la entidad gestora suspender cautelarmente la misma hasta que la resoluci�n administrativa sea definitiva.
2. En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena, y demandantes de empleo no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo, las infracciones se sancionar�n:
a) En el caso de desempleados inscritos como demandantes de empleo en el servicio p�blico de empleo, no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo, las infracciones leves, graves y muy graves tipificadas en el art�culo 17 se sancionar�n con el cambio de la situaci�n administrativa de su demanda de empleo de la de alta a la de baja, situaci�n en la que permanecer� durante uno, tres y seis meses respectivamente. En esta situaci�n estos demandantes no participar�n en procesos de intermediaci�n laboral ni ser�n beneficiarios de las acciones de mejora de la ocupabilidad contempladas en las pol�ticas activas de empleo.No obstante lo establecido en el p�rrafo anterior, estos demandantes, cuando trabajen y queden en situaci�n de desempleo, podr�n inscribirse nuevamente en el servicio p�blico de empleo y, en ese caso, solicitar las prestaciones y subsidios por desempleo si re�nen los requisitos exigidos para ello.
b) En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena que cometan las infracciones tipificadas en el art�culo 17.3, se les excluir� del derecho a percibir ayudas de fomento de empleo y a participar en acciones formativas en materia de formaci�n profesional ocupacional y continua durante seis meses.
3. Las sanciones a que se refiere este art�culo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
4. La imposici�n de las sanciones por las infracciones previstas en esta subsecci�n se llevar� a efecto de acuerdo con lo previsto en el art�culo 48.4 de esta ley, respetando la competencia respectiva del �rgano sancionador y estableciendo la cooperaci�n necesaria para la ejecuci�n de la sanci�n impuesta, cuando la misma corresponda a la competencia de otro �rgano.�
Diecisiete. Se modifica el p�rrafo primero del apartado 4 del art�culo 48 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
�4. La imposici�n de las sanciones por infracciones leves y graves a los trabajadores en materia de empleo, formaci�n profesional y ayudas para el fomento del empleo, corresponde al servicio p�blico de empleo competente; y en materia de Seguridad Social corresponde a la entidad gestora de la Seguridad Social competente, salvo que la sanci�n afecte a las prestaciones por desempleo, en cuyo caso la competencia corresponde a la entidad gestora de las mismas; la de las muy graves a la autoridad competente a propuesta de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social.
Cuando la sanci�n impuesta consista en la extinci�n de la prestaci�n por desempleo por la comisi�n de una infracci�n muy grave, la autoridad competente que haya impuesto la sanci�n dar� traslado a la entidad gestora de dicha prestaci�n a los efectos procedentes para su aplicaci�n.
El servicio p�blico de empleo comunicar�, en el momento en que se produzcan o conozcan, las infracciones contenidas en los art�culos 24.3 y 25.4 de esta ley, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, a los efectos sancionadores que a �sta le corresponden�.
Dieciocho. Se a�ade un nuevo p�rrafo, la d), al apartado 4 del art�culo 50 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, con la siguiente redacci�n:
�d) El incumplimiento del deber de colaboraci�n con los funcionarios del sistema de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social al no entregar el empresario en soporte inform�tico la informaci�n requerida para el control de sus obligaciones en materia de r�gimen econ�mico de la Seguridad Social, cuando est� obligado o acogido a la utilizaci�n de sistemas de presentaci�n de los documentos de cotizaci�n por medios inform�ticos, electr�nicos o telem�ticos.�
El resto del art�culo se mantiene con la misma redacci�n.
Diecinueve. Se modifica el t�tulo de la subsecci�n 3.� de la secci�n 2.� del cap�tulo VI, que queda redactado de la siguiente forma:
�Sanciones accesorias a los empresarios en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo, formaci�n ocupacional y continua y protecci�n por desempleo.�
Modificaci�n de la Ley Org�nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci�n Se modifica el p�rrafo a) del apartado 1, del art�culo 32 de la Ley Org�nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci�n, que queda redactado del siguiente modo:
�a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el inter�s general, en los t�rminos definidos por el art. 31.3 de esta ley, y sean de car�cter c�vico, educativo, cient�fico, cultural, deportivo, sanitario, de promoci�n de los valores constitucionales, de promoci�n de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperaci�n para el desarrollo, de promoci�n de la mujer, de promoci�n y protecci�n de la familia, de protecci�n de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la econom�a social o de la investigaci�n, de promoci�n del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoci�n y atenci�n a las personas en riesgo de exclusi�n por razones f�sicas, sociales, econ�micas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.�
El resto del apartado y art�culo quedan con la actual redacci�n.
Incremento de la multa a imponer a quien emplee a un trabajador extranjero sin la preceptiva autorizaci�n de trabajo 1. Cuando se sancione a un empleador que utilice un trabajador extranjero sin la preceptiva autorizaci�n de trabajo, el importe de la multa establecido en la Ley Org�nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, se incrementar� en la cuant�a que resulte de calcular lo que hubiera correspondido ingresar por cuotas de Seguridad Social y dem�s conceptos de recaudaci�n conjunta, desde el comienzo de la prestaci�n del trabajo del trabajador extranjero hasta el �ltimo d�a en que se constate dicha prestaci�n de servicios.
2. En el acta de infracci�n que la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social levante al efecto, la propuesta de sanci�n especificar� los par�metros utilizados para el c�lculo de la cuant�a total de la multa seg�n lo indicado en el apartado anterior.
3. El importe correspondiente al incremento de esta sanci�n se har� efectivo en la Tesorer�a General de la Seguridad Social conforme al procedimiento reglamentariamente establecido en ejecuci�n de la citada Ley Org�nica 4/2000.
CAP�TULO VAyudas a los afectados por delitos de terrorismo
Modificaci�n de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social Se modifica la disposici�n adicional novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la redacci�n dada a la misma por el art�culo 48 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, con el siguiente texto:
�mbito de aplicaci�n de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las V�ctimas del Terrorismo Uno. El �mbito temporal de aplicaci�n de la Ley 32/1999 se extiende a los hechos previstos en dicha ley, acaecidos entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, sin perjuicio de las dem�s ayudas que pudieran corresponder por los mismos con arreglo al ordenamiento jur�dico.
Tres. El plazo para solicitar las ayudas previstas en la Ley 32/1999 por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004 ser� de un a�o contado a partir de la fecha en que se hubieren producido.�

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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