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Timestamp: 2019-10-23 15:59:37+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 402, de 12/12/2017
cve: DSCD-12-CO-402
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 402
- Sobre la integración del lenguaje inclusivo en los trabajos del Congreso. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000425) ... (Página2)
- Para la representación paritaria en los órganos y nombramientos del Congreso de los Diputados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000845) ... (Página5)
- Sobre las políticas de igualdad y conciliación entre vida familiar y laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000484) ... (Página9)
- Relativa al impulso de la presencia de mujeres en organismos internacionales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001846) ... (Página13)
- Relativa a la efectividad del principio de igualdad en las condiciones de acceso a las oposiciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002239) ... (Página16)
- Relativa al establecimiento de un aborto seguro y libre para todas las mujeres. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002345) ... (Página19)
- Relativa al impulso de actuaciones de fomento de la igualdad de oportunidades en el sector pesquero. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002495) ... (Página25)
- Relativa a implementar diferentes medidas para conocer detalladamente la situación española y avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y/o acoso sexual. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002515) ... (Página29)
- Relativa a protocolos contra el acoso sexual por razón de género en las empresas, Administración pública y universidades. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002546) ... (Página34)
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías.
Vamos a comenzar con el orden del día establecido para esta sesión de la Comisión de Igualdad sobre las distintas proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios. Les recuerdo que los tiempos de intervención se distribuyen de la siguiente forma: cinco minutos para el grupo parlamentario autor de la iniciativa, cuatro minutos para los grupos parlamentarios enmendantes y tres minutos para fijación de posiciones del resto de los grupos.
Procedemos con la primera proposición no de ley, sobre la integración del lenguaje inclusivo en los trabajos del Congreso, del Grupo Parlamentario Mixto. Se han presentado tres enmiendas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Socialista. Turno a favor del grupo que presenta la enmienda, señora Sorlí.
El lenguaje construye realidades y tener un lenguaje que incluya a toda la sociedad es un gesto democrático y civilizado. Necesitamos que el Congreso y todas las instituciones sean ejemplo de esa inclusión y de ese lenguaje que haga que todas las personas se sientan parte de las instituciones. Actualmente, aun con las leyes de igualdad que han mejorado bastante la situación, encontramos una representación en política muy masculina: no llega a un 40% de mujeres y hay más de un 60% de hombres en el Congreso de los Diputados, pero es que, además, dentro de las personas que han ocupado ministerios, las ministras que han tenido la suerte de ser ministras no llegan a un 20% en toda la democracia española; por tanto, estamos ante una necesidad clara de incluir en el mundo de la política a todas las mujeres. La política representa un espacio tradicionalmente ocupado por hombres y representa, a su vez, la voz del pueblo. Por tanto, toda la sociedad tiene que estar reflejada en este espacio, también, por supuesto, en el Congreso de los Diputados.
Por eso, proponemos desde aquí que ese lenguaje que construye realidades, ese lenguaje que hace que todas las personas nos sintamos parte se incluya en todos los trabajos del Congreso, así como en el nombre del Congreso, eliminando "de los Diputados", tal cual es el Senado, por ejemplo, o tal cual es un ayuntamiento. No existe el ayuntamiento de los concejales ni el Senado de los senadores y, por tanto, no tiene sentido que exista el Congreso de los Diputados. Y además de por sentirnos parte de esta Cámara, de por sentirnos diputadas de pleno derecho, también por economía lingüística. Congreso es mucho más corto, es mucho más cómodo de decir que Congreso de los Diputados que, además, es reiterativo y cargante. Como decía, el lenguaje construye realidades y es importantísimo que desde todas las instituciones construyamos una realidad igualitaria, una realidad inclusiva y una realidad que pueda hacer que todas las mujeres nos sintamos también parte de las instituciones.
Es ahora el turno para los grupos enmendantes. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra por cuatro minutos la señora Salud.
La señora SALUD ARESTE: Gracias, presidenta.
Desde nuestro Grupo Confederal vamos a votar a favor de esta PNL relativa al lenguaje inclusivo y hemos presentado una enmienda, que luego comentaré, porque a través del lenguaje expresamos la realidad -ya se ha dicho- y a la vez el lenguaje es un elemento fundamental para la socialización porque a través del mismo transmitimos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos; en definitiva, el lenguaje refleja lo que realmente somos.
Hoy, sin embargo, el lenguaje del Congreso no se ajusta a una realidad de igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que es el Congreso. Hoy el Congreso sigue utilizando un lenguaje sexista que nos invisibiliza a las mujeres. No es verdad que el lenguaje no inclusivo sea neutro, es simplemente masculino, y eso tiene un impacto tremendo sobre las mujeres porque lo que no se nombra no existe y, por tanto, las mujeres somos relegadas de la esfera pública a través también del lenguaje. No es casual que el lenguaje sea masculino porque es una construcción social y también histórica; una historia escrita por hombres y dirigida a otros hombres desde su propia perspectiva y también desde su propia realidad. Es consecuencia de un modelo patriarcal arraigado en nuestra historia y en nuestra sociedad, que ha invisibilizado a las mujeres y todavía hoy tiene muchas resistencias para que se produzca este cambio tan necesario. Sin embargo, el cambio se dará -de hecho se está dando ya- a medida que las mujeres nos incorporemos a la vida pública y, además, estamos empujando y mucho. Y no hay que tener miedo ni reservas, porque el lenguaje representa la realidad y es un instrumento vivo y cambiante. Por eso, vamos a apoyar esta PNL. Quisiéramos que el Congreso, formado por diputados y también por diputadas, recogiera esta realidad y que lo pudiéramos hacer posible a lo largo del año próximo. Hagamos de 2018 el año del lenguaje inclusivo en el Congreso; este sería nuestro objetivo.
La enmienda que hemos presentado pone plazos. En primer lugar, el primer trimestre para formar al personal del Congreso y el resto del año para ponerlo en práctica. Ojalá esto sea así y sea posible hacerlo realidad en próximos meses.
Turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Martín.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Señorías, el lenguaje es algo vivo y consideramos positivo el debate que estamos abordando aquí. Hablamos de cuestionar los términos, palabras, frases o expresiones que hemos dado durante mucho tiempo como neutralizadas, cuando en realidad no lo son o no deberían serlo, pero de esta forma la polémica sobre si algo está bien o mal nos hace reflexionar y eso siempre es necesario. A nuestro modo de ver, es importante borrar del diccionario toda herencia misógina, tal y como señaló en su momento la académica Soledad Puértolas. Existen muchos usos del lenguaje que, a nuestro juicio, se deberían cambiar, pero estos usos afectan más al léxico que a la gramática. Creemos que es muy importante hacer esta distinción y debemos adecuarnos a las reglas gramaticales y sintácticas principalmente por razones de inteligibilidad y de claridad.
A día de hoy existe una intensa discusión sobre las mejores formas de conseguir que el lenguaje que utilizamos a diario sea lo más inclusivo posible y no se nos escapa que hay una importante controversia sobre si el lenguaje inclusivo debe fundamentarse en utilizar la acepción femenina y masculina cada vez que existan miembros de ambos sexos -por ejemplo, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, lo que llamamos desdoblamiento-, en lugar de utilizar el género común. Muchos lingüistas coinciden en que cuando se produce en ciertas ocasiones, salimos perdiendo las mujeres; otros señalan que el lenguaje puede perder énfasis y que incluso corremos el riesgo de que las mujeres podamos resultar ridiculizadas. Por eso, he recordado el famoso miembros y miembras de alguna parlamentaria anterior. Desde luego, vistas las enmiendas, consideramos que si se aprueba esa revisión de toda la terminología y se acomete una formación de todo el personal de la Cámara, es preciso fijar con anterioridad cuáles tienen que ser estos criterios y para ello, cómo no, será preciso contar con expertos lingüistas y filólogos. Desde luego, no debe ser un grupo parlamentario quien imponga y redacte el manual de estilo que se pretende imponer. Y sí, por supuesto, como decía al principio, es importante abordar este tipo de debates relativos a la
igualdad formal, pero sin descuidar la igualdad real, las medidas que inciden de manera directa en la consecución de esa igual en nuestra sociedad. Existen lenguas como, por ejemplo, la turca, que no tienen femenino o masculino y no por ello son sociedades más igualitarias; es más, yo me atrevería a decir que algunos puntos lo son menos.
Para finalizar, sobre la modificación de la nomenclatura del Congreso de los Diputados, consideramos que no corresponde a esta Comisión en exclusiva, existiendo otras comisiones que tienen competencias directas sobre este asunto. Si bien pueden estudiarse fórmulas que sean más incluyentes, como, por ejemplo, la que se propone de Congreso, también podrían utilizarse otras como Congreso de representantes o Parlamento. Por tanto, no consideramos que imponer la nomenclatura desde este foro sea la solución al asunto.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Presidenta, hemos hablado con la señora letrada para señalar que creemos que la redacción del punto primero de la PNL debería tener un cambio. Creo que si se mantuviera esa redacción, esta PNL debería decaer porque no es competencia de esta Comisión. Le pediría a la ponente que haga una transaccional donde pueda desarrollar bien el contenido de la PNL.
La señora PRESIDENTA: En todo caso, es un planteamiento que deben hacer ustedes con la ponente, depende de ella.
Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Hemos presentado una enmienda de modificación, pero vamos a apoyar la PNL porque desarrolla el artículo 14.11.ª de la Ley de Igualdad, que dice: "La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de la relaciones sociales, culturales y artísticas". Nuestra postura va a ser de apoyo a la enmienda transaccional.
Volvemos a tratar este tema, analizado y discutido en muchas ocasiones pero que, como podemos comprobar, no llega a materializarse o a hacerse realidad en la práctica diaria. Si consideramos que nuestra acción política es la mejor herramienta para cambiar la sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el hecho de que se utilice un lenguaje machista para reflejar, para escribir, para redactar, para comunicar, para dar a conocer nuestra actividad política, en definitiva, para dar a conocer nuestro trabajo. La Administración pública debe fijarse como objetivo prioritario dotar a sus equipos gestores de información, formación y herramientas suficientes para poder integrar la perspectiva de género en su trabajo. Nuestra acción política tiene que tener como eje central el principio de igualdad, de forma que mujeres y hombres seamos copartícipes de la vida social, económica, jurídica y política, y es preciso reclamar de la lengua española la flexibilidad suficiente para atender las demandas de una comunicación efectiva que no sea ambigua ni discriminatoria ni exclusiva y donde los términos representen con justicia la realidad que designa.
Cada lengua conforma la realidad en un determinado sentido. Esto nos enseña a ver el mundo. La lengua no solo es el vehículo de comunicación que transmite ideas, pensamientos, sentimientos e información, sino que también contribuye a transmitir la ideología y las relaciones de poder de la sociedad que le es propia. Por este motivo, en la construcción de las políticas de igualdad no debe perderse de vista la importancia de las políticas lingüísticas. No es nuestro propósito romper los principios de comunicación de la lengua española, sino enriquecerla, al igual que las aportaciones de las mujeres enriquecen la vida social, económica, jurídica y política.
Hemos que tener presente que el funcionamiento que tiene el género gramatical en español afecta en muchas ocasiones al sexismo lingüístico. Mientras que el femenino posee un uso restrictivo -solo se usa para las mujeres-, el género masculino posee un doble valor: por un lado, el específico, es decir, solo se refiere a los varones, pero, por otro, el genérico, que engloba tanto a mujeres como a hombres. Esta visión androcéntrica asimila el concepto de varón al concepto universal, y la principal consecuencia es la ocultación, la subordinación, la desvalorización y discriminación de las mujeres. Por tanto, se hace necesario evitar, siempre que sea posible, el masculino genérico. En Andalucía disponemos de un amplio dosier de recursos lingüísticos y normativos al respecto. En este sentido, con fecha 16 de marzo de 2005, la Junta de Andalucía emitió unas instrucciones para evitar este uso sexista en el lenguaje en las disposiciones de carácter general. El articulado de estas normas contiene la voluntad de adoptar una posición activa hacia la consecución de la igualdad de oportunidades en general y en el ámbito administrativo en particular.
Por último, en el artículo 14 de la Constitución española ya queda recogido que no se puede hacer ninguna discriminación por razón de sexo. Es ya razón suficiente para abordar este tema de una forma definitiva y seria y, sobre todo, después de que esto quede reflejado hace ya treinta y nueve años.
Turno de fijación de posiciones para el resto de los grupos. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora García-Pelayo.
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la aprobación de esta proposición no de ley que trae el Grupo Mixto a la Comisión de Igualdad. Lo vamos a hacer por todos los argumentos que han aportado los compañeros que han intervenido antes que yo en el uso de la palabra, pero, evidentemente, también porque compartimos, por convicción, la necesidad de que los políticos y el Congreso de los Diputados, como máximo órgano de representación de la soberanía popular, sea ejemplo evidente del trabajo y del compromiso por la igualdad, y, evidentemente, el lenguaje no sexista es un paso importante en esa consecución de la igualdad por la que todos estamos trabajando desde esta Comisión.
Quería matizar que el texto, aunque lo vamos a apoyar, es un tanto confuso, porque más que una proposición no de ley parece que estamos aprobando una declaración institucional. Es un tanto extraño que en el Congreso de los Diputados una Comisión inste al propio Congreso de los Diputados; las comisiones del Congreso están para instar al Gobierno, para controlar e impulsar la acción del Gobierno, pero no para instarse a sí mismo. No obstante, vamos a apoyarla, aunque el texto sea confuso, porque creemos que es importante no dejar pasar ni una oportunidad en la lucha por la igualdad.
Me gustaría poner sobre la mesa el hecho de que la Mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado ya un grupo de trabajo, que preside precisamente una diputada del Partido Socialista, andaluza además, como es Micaela Navarro, vicepresidenta del Congreso, para aprobar un plan de igualdad en el Congreso de los Diputados, o en el Congreso -vamos a adaptarnos a la nueva nomenclatura-; grupo de trabajo que va a elaborar un plan de igualdad y que va a dar unos pasos previos que pasan por un diagnóstico, es decir, se va a elaborar un informe para analizar la situación de los hombres y las mujeres que trabajan en el Congreso de los Diputados. También se van a valorar aspectos mucho más amplios de lo que pueda ser el lenguaje inclusivo, como es la formación, la promoción de la mujer, la contratación y el salario; es decir, las condiciones laborales en general. Queremos dar ejemplo no solamente en lo que se refiere al lenguaje inclusivo, sino también dar ejemplo con este plan de igualdad que apueste por una equiparación total entre los hombres y las mujeres que trabajan en esta Cámara.
También se va a aprobar, junto con el plan de igualdad, un calendario, los recursos que se van a destinar al mismo, así como un sistema de evaluación. Por tanto, creo que se van a dar pasos importantes, con el acuerdo de todos los grupos políticos, por lo que no nos vamos a quedar solo en el lenguaje inclusivo. Pero creo oportuno que esto que vamos a aprobar en el día de hoy, como les decía proposición no de ley o declaración institucional, se traslade a este grupo de trabajo para que, dentro de este plan de igualdad, se considere, por parte de los miembros del grupo, la oportunidad o no de incluir medidas en relación con el lenguaje inclusivo dentro del Congreso. Se ha hablado también de plantear una transaccional en relación con el cambio del nombre de Congreso de los Diputados; en el momento en que llegue la transaccional a la Mesa, evidentemente, nos pronunciaremos. No obstante, siempre estamos abiertos al debate, pero es verdad que coincidimos con portavoces que han hecho uso de la palabra anteriormente en que la Comisión de Igualdad no es la que tiene que tomar esa decisión; puede aportar la necesidad de que se haga ese cambio, pero será la Mesa del Congreso la que estime o no la oportunidad de plantear el debate a todos los portavoces de los grupos políticos.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley. Por acuerdo de los portavoces y Mesa de esta Comisión, la siguiente proposición no de ley es la referente a la representación paritaria
en los órganos y nombramientos del Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Socialista. Turno a favor del grupo proponente.
Las y los socialistas tenemos muy claro que sin paridad no hay igualdad; la paridad tiene que llegar a todas partes, desde luego también a los órganos de gobierno y a los legislativos. Lo tenemos tan claro que incluso apostamos por que en la reforma de la Constitución, que debemos emprender sin demora, se blinde la presencia paritaria de mujeres y hombres en la composición de los órganos del Estado. Queremos que sea nuestra Constitución la que diga que las Cortes Generales tienen que tener una composición paritaria de hombres y mujeres, y que establezca que no se pueden conformar los órganos del Estado sin que haya un reparto de hombres y mujeres. Como dijo hace poco el jurista Octavio Salazar, el principio de la paridad debería figurar como uno de los pilares del edificio constitucional, la paridad entendida en términos cuantitativos y también cualitativos, porque no nos vale solo con tener igual o parecido número de diputadas que de diputados, se trata también de que ellas y ellos tengan las mismas cuotas de poder para tener igual capacidad de decisión. Y eso en esta Cámara se visualiza y se hace efectivo a través de la mayor o menor presencia en mesas y portavocías. La reforma de la Constitución ya llegará, confiamos en que sea más pronto que tarde, pero de momento planteamos que esta Cámara adquiera un compromiso con la paridad. Queremos que se haga efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en la elección tanto de la Mesa de la Cámara como de sus comisiones, así como en otros nombramientos que correspondan a la Cámara o a algunos de sus órganos -el Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y otros organismos- y que sea un compromiso perdurable, reglamentado, independiente de quién ostente la mayoría en cada momento. En territorios gobernados por el Partido Socialista ese compromiso ya se ha hecho efectivo: en las Corts Valencianes, en Andalucía o en Extremadura. El ejemplo de las Corts Valencianes es muy ilustrativo. Hace ya dos años aprobaron la reforma de su reglamento. La reforma contempla que para la elección de la Mesa, así como de las mesas de las comisiones, se siga un mecanismo en la presentación de candidaturas que garantice una composición paritaria; de hecho, apela a la presentación de candidaturas cerradas compuestas necesariamente por dos personas de sexo diferente para cada uno de los diversos cargos, con mecanismos correctivos para que ningún sexo esté sobre representado. Más recientemente, el pasado mes de noviembre, las Corts Valencianes han aprobado la Ley 12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras de las instituciones de la Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos. A partir de su entrada en vigor, todas las entidades y organismos, como la patronal o los sindicatos, que propongan personas para la composición de sus órganos deben respetar la paridad. La ley, que afecta también a las renovaciones parciales de instituciones comisionadas por las Cortes y de las consultivas de la Generalitat, modifica otras leyes que regulan esos órganos estatutarios para garantizar la paridad. Por ejemplo, en el caso del Comité Económico y Social, la Academia Valenciana de la Lengua o el Sindic de Greuges.
Hace diez años, la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya marcó el camino a seguir. Seguramente es por eso que el Parlamento español es hoy en día más igualitario de lo que era hace unos años. Partíamos solo de veintisiete diputadas en la Legislatura constituyente, mujeres que además la historia ha invisibilizado. Y es este, a día de hoy, un Parlamento más paritario que otros parlamentos europeos, como el francés, el italiano o el de Reino Unido, entre otros. De hecho, somos el cuarto país europeo con más mujeres en el Parlamento, después de Suecia, Finlandia y Bélgica. Fuera de la Unión Europea, países como Ruanda se sitúan a la cabeza de ese ranking, con un 63% de mujeres en su Parlamento, cuando hace apenas veinte años solo había un 4%; según la Unión Interparlamentaria, Andorra o Bolivia están también en torno al 50%.
Desde que registramos esta proposición no de ley, hace más de un año, se han creado nuevas comisiones en el Congreso y contamos con trece mujeres diputadas presidentas de Comisión, y veintidós hombres diputados, presidentes. Tenemos que continuar avanzando y afianzando los progresos a través de la inclusión en la reforma del Reglamento del Congreso de fórmulas que bien podrían aproximarse a la solución implementada en Valencia, pero que, sean cuales sean, deben garantizar la justa y necesaria paridad.
El Grupo Ciudadanos ha registrado una enmienda con la que no es que no estemos de acuerdo, pero que no podemos aceptar porque no tiene nada que ver con la proposición no de ley que debatimos hoy. Estamos hablando de paridad, no de conciliación, algo que también es muy importante y que nos afecta
a las mujeres y también a los hombres, porque ambos tenemos el derecho e incluso la obligación de conciliar.
Finalmente presentamos una autoenmienda in voce por cuestiones técnicas. Donde dice: "el Congreso de los Diputados acuerda...", debería decir: "la Comisión de Igualdad acuerda...".
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos para defender su enmienda. Señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas.
La paridad dentro del Congreso de los Diputados tiene un doble origen. Por un lado, diferentes partidos que compiten electoralmente escogen sus listas mediante el procedimiento de elecciones primarias, un procedimiento que, al darse por candidatos individuales, no puede asegurar una paridad real en los primeros puestos de las listas, lo que posteriormente conformará la paridad o no del grupo parlamentario resultante. Por otro lado, la Loreg especifica que las listas electorales deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que el conjunto de la lista de candidatos de cada uno de los sexos suponga, como mínimo, el 40%; cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y de hombres será lo más cercano posible al equilibrio numérico. Se mantendrá la proporción mínima del 40% en cada tramo de los cinco puestos; cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en este tramo será lo más cercana posible al equilibrio numérico.
Señorías, les voy a comentar una experiencia personal. Yo estuve en las elecciones confeccionando las listas electorales. No me permitieron una lista electoral en la que había doce mujeres y dos hombres, porque no cubría la paridad. Esas son cosas que deberíamos plantearnos. A lo mejor la paridad electoral está muy bien, pero una lista que conformada, en un pueblo de 12 000, por diez mujeres sobre doce era una lista súper interesante que se hubiera podido permitir, pero el juez no me la permitió por la Loreg. Por tanto, son los grupos parlamentarios los que también, en base a los resultados que obtienen en las elecciones, deben velar por que sus representantes en órganos de decisión dentro del Congreso y del Senado conserven una paridad.
Como se ha señalado en el comentario de la primera iniciativa debatida, España todavía tiene mucho trabajo por delante en cuanto a la mejora de la presencia de mujeres en los centros de decisión. Impulsar su presencia en las instituciones parlamentarias es un paso más que debemos llevar a cabo. Quiero recordar en este apartado también que la igualdad no es solo la presencia de mujeres en los puestos de decisión, que también es importante, sino que también es preciso que desde los centros de trabajo se facilite la corresponsabilidad y la conciliación. El Congreso no tenía un plan de igualdad hasta que nuestro grupo lo ha solicitado en la Mesa, y el resto de los grupos, especialmente el PP, está negándose a que los plenos de los martes empiecen a las doce de la mañana, para que la hora de finalización sea en torno a las dieciocho horas, a fin de que los trabajadores de la Cámara -también personal externo, como periodistas- puedan finalizar su jornada a esa hora en lugar de a las nueve de la noche, como viene sucediendo.
Por tanto, la enmienda de adición que proponemos es que la Comisión de Igualdad insta a la Mesa del Congreso de los Diputados a modificar el horario de inicio de los plenos de los martes para que empiecen a las doce horas, a fin de mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores de la Cámara.
Es turno ahora para fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Fernández.
Desde el Grupo Confederal no podemos más que recibir con aplauso esta iniciativa, porque entendemos que la acción positiva en este caso es estar hablando de paridad, es estar hablando de algo tan sencillo como cumplir la Ley de Igualdad, en lo que entendemos que tiene que ser esta Cámara ejemplar y por tanto tiene que ser uno de los espacios donde se cumpla. Ahora mismo, la Cámara del Congreso no llega a ese 40% mínimo -estamos en un 38%-, pero podríamos encontrar una manera
mucho más ejemplar de tener esa presencia también en los espacios que implican decisiones, en las mesas de las comisiones. En esta proposición no de ley se menciona en su exposición de motivos que ahora mismo de las veinticinco comisiones nueve están presididas por mujeres. En la breve legislatura anterior que tuvimos eran dos las comisiones que estaban presididas por mujeres, una precisamente la Comisión de Igualdad. Por tanto no vamos a considerar esto como una mejoría sino más bien como un camino imparable, como es el propio camino feminista por el que ahora mismo nuestra sociedad está transitando hacia que sea un paradigma totalmente hegemónico y que no podemos en ningún sentido cercenándolo y menos desde una institución que, ya digo, tiene que ser ejemplar.
Aunque nosotros querríamos hablar no de un 60-40, sino de estar entendiendo que la presencia de las mujeres también por acción positiva y por una cuestión de brecha histórica en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político deberíamos estar hablando de un 50% como suelo y no como techo, y que tenemos que tener una presencia de las mujeres todavía mayor que ese 40-60, no podemos hacer otra cosa que aplaudir esta iniciativa, apoyarla. Aprovecho también para dejar clara la diferencia de que cuando estamos hablando de cuestiones de representación, de la presencia no solo cuantitativa sino cualitativa de las mujeres, en este caso en el Parlamento, es importante hablar de conciliación, pero si entendemos que la representación y la conciliación nos afectan al conjunto de la sociedad, en este caso nos afectan a diputadas y diputados y no que, una vez más, nos refiramos a ello como cuestiones de mujeres.
Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Quintanilla.
En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios y a usted misma como presidenta de la Comisión, por hacer posible que yo pueda intervenir en estos momentos, toda vez que luego tengo que marcharme para presidir la Comisión de Drogas.
Señora presidenta, decía Don Quijote a su amigo Sancho: Cambiar el mundo no es utopía ni locura, es justicia. Creo que las mujeres españolas en el año 1977, con una mínima representación en el Parlamento de aquel momento, un 7% de mujeres, 21 diputadas y 6 senadoras, empezaron a cambiar este mundo, un mundo en el que las mujeres nos hemos incorporado al mundo de la educación, al mundo laboral y al mundo político. Hoy, afortunadamente, somos casi el 40% las mujeres parlamentarias, 40% de parlamentarias, 40% de congresistas. En ese sentido tenemos que felicitarnos, nos tenemos que felicitar por que hoy estamos aquí representadas, pero es verdad que tenemos que seguir avanzando. Diferentes estudios han puesto de relieve que la incorporación de la mujer a la vida política, a la vida social, a la vida económica, en realidad a la sociedad, es la única vía para conseguir que avancemos en el desarrollo económico de cualquier país del mundo. Hoy, si miramos los datos de otros países, desgraciadamente Naciones Unidas hace un llamamiento a los 189 países incorporados al debate de Naciones Unidas; solamente un 22% de mujeres son representantes en los parlamentos del mundo. Nosotros hemos llegado al 40%, pero es verdad que tenemos un largo camino por recorrer.
Hoy tenemos que hablar de brecha salarial, de conciliación de la vida profesional, familiar y personal; tenemos que hablar de brecha digital y tenemos que hablar de la discriminación que todavía sufren las mujeres. Bienvenida sea esta iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y voy a seguir con los refranes: Nunca es tarde si la dicha es buena. Y hoy la dicha es buena porque hacemos un llamamiento a la Mesa del Congreso para que se cumpla la Ley de igualdad, para que diez años después tengamos esa representación parlamentaria, esa representación del 40-60 en las mesas de las comisiones, en la Mesa de la Cámara, también en las distintas instituciones que hoy representan el Parlamento español. Ese es el camino, el camino a seguir avanzando, porque somos un referente en la comunidad internacional. España es un referente en la lucha contra la violencia de género, España es un referente en las políticas a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por tanto, mi grupo -y termino mi intervención-, dice sí a esta iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a votar a favor porque como decía Don Quijote a Sancho -vuelvo a repetir-: Cambiar el mundo no es utopía ni locura, es justicia. Y las mujeres queremos justicia.
- SOBRE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN ENTRE VIDA FAMILIAR Y LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000484).
La señora PRESIDENTA: Siguiente proposición no ley, sobre las políticas de igualdad y conciliación entre vida familiar y laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se han presentado seis enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y cinco del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Turno a favor del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que es el proponente de la PNL. Señor Garaulet.
Señorías, la transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información y el conocimiento ha implicado una serie de cambios que por diversas razones no se han producido de forma armónica ni coordinada. Es verdad que en la esfera productiva ha habido una sobredimensión sin precedentes del sector servicios y que esto ha conducido a una incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo. España ha pasado de un 50% a un 80% de mujeres trabajadoras, con niveles semejantes a otros países europeos y, como consecuencia, la mujeres han complementado masivamente su rol en la esfera privada con un rol nuclear en la esfera pública.
El problema viene porque, sin embargo, el proceso inverso, el de la asimilación de las funciones esenciales del cuidado del hogar y la familia por parte de los hombres no ha sido tan claro. En la esfera productiva las exigencias del cuidado no han disminuido, todo lo contrario, han aumentado. Hay un alto porcentaje de mujeres trabajadoras, más de un 42% que manifiestan hacerse cargo solas de sus hijos mayores, ocuparse en exclusividad del cuidado de sus hijos en un 40% y llevar principalmente las tareas del hogar. Tenemos un nuevo escenario en que la esfera productiva y del cuidado personal presentan condicionales rígidos y difíciles de conjugar; hay un conflicto familia-trabajo y trabajo-familia, que en este país es una verdadera realidad. Un alto porcentaje de las españolas y de los españoles dicen que a día de hoy experimentan un conflicto en su vida personal y familiar que se concreta bien en tres tipos de conflictos: conflicto de horarios, conflicto de tareas y conflicto de roles.
Lamentablemente los datos parecen indicar que la conciliación de la vida profesional y la vida personal y familiar es uno de los retos importantes en España y que diversos factores, tanto institucionales como sociales y de acceso a los servicios, penalizan especialmente a las mujeres con hijos en el mercado laboral. Según la Encuesta Social Europea, más de la mitad de los españoles percibimos que nuestra vida laboral nos impide llevar razonablemente una vida personal. Esta situación tiene consecuencias especialmente negativas para las mujeres, que asumen en mayor medida los roles del cuidado y así, según la EPA, la tasa de participación activa en el mercado laboral para la población entre 30 y 44 años de gente con hijos menores de 15 años, es 15 puntos más alta en caso de los varones que en caso de las mujeres. Asimismo las mujeres con hijos sufren tasas de paro muy superiores a las de los hombres con hijos, mientras que en la población sin hijos la tasa de desempleo de las mujeres es ligeramente inferior a la de los hombres.
Desde esta perspectiva, en la desigualdad entre hombres y mujeres encontramos la presunción de que las tareas de cuidado doméstico y familiar y de que las tareas de la crianza de los hijos, que son trabajos esenciales para la sociedad pero no remunerados, son de escaso reconocimiento social y deben ser realizados solamente por las mujeres. Por tanto, la conciliación es necesaria para la igualdad, pero también la igualdad es necesaria para la conciliación. Señorías, que yo sepa, no somos hermafroditas y si queremos una sociedad más justa y más equitativa tenemos que legislar para que los hombres se ocupen, se preocupen y disfruten también de la esfera del cuidado y de la esfera personal.
La propuesta que planteamos en esta proposición no de ley sobre la conciliación de la vida personal y laboral y la corresponsabilidad en el hogar trata de abordar los tres tipos de conflicto de los que antes hemos hablado: conflicto de horarios, conflicto de tareas y conflicto de roles. En primer lugar, Ciudadanos propone impulsar un pacto nacional para la racionalización de horarios y la conciliación laboral que permita en general tener una jornada laboral más compacta y flexible, adaptar el calendario y la jornada escolar al calendario laboral, así como incentivar que las empresas que se incorporan a esta iniciativa incluyan en los convenios colectivos un conjunto de medidas de flexibilización de la jornada que puedan ser utilizadas por todos los empleados, con independencia de sus circunstancias personales. Proponemos también recuperar el huso horario GMT, que sirva como catalizador para el resto de medidas propuestas, en el
marco de una campaña de concienciación sobre las ventajas económicas y sociales de racionalizar los horarios y de flexibilizar las jornadas laborales.
En relación con el conflicto de tareas y roles, que es el segundo de los conflictos más importantes que impiden la conciliación y que nos genera un problema y un alto nivel de estrés, planteamos igualar y legislar en aras de conseguir bajas por paternidad y maternidad que sean intransferibles y que se acerquen al modelo nórdico. Inicialmente proponemos una baja de 26 semanas, que es lo que las medidas presupuestarias nos permiten hacer en estos momentos -ocho reservadas para cada progenitor y diez elegibles pero no transferibles-, con la idea de ir incrementando estos permisos paternales intransferibles, no compartidos y remunerados al cien por cien. Asimismo, para combatir el conflicto de roles y el conflicto de tareas, proponemos potenciar las ofertas de escuelas infantiles de 0 a 3 años, así como -y esto nos parece esencial- incentivar un cambio cultural por el que se eduque a niños y niñas desde edades tempranas en los mismos valores para que no se creen expectativas desiguales, por ejemplo en el tipo de educación, la carrera profesional o en el cuidado de los hijos.
Por tanto, y como ha dicho la compañera Sofía, si queremos potenciar una sociedad más justa, una sociedad más competitiva, y sobre todo una sociedad más feliz, tenemos que asumir que la conciliación no es un problema de mujeres, como se ha asumido durante mucho tiempo en las normas que se han hecho hasta ahora, sino un problema social y que no habrá igualdad sin conciliación, ni conciliación sin igualdad.
Turno para los grupos parlamentarios a efectos de defender sus enmiendas. En primer lugar, turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora González.
La señora GONZÁLEZ PELÁEZ: Buenos días, gracias, presidenta.
La verdad es que Ciudadanos nos trae hoy aquí una proposición no de ley que bajo un título que tiene una gran expectativa y después de una exposición de motivos muy prolija en información, sin embargo se queda con una parte propositiva que es bastante escasa: o bien no tiene la intención de conseguir armonizar todo lo que nos acaba de contar ahora el portavoz de Ciudadanos y la idea de la proposición es limitarse a una serie de cuestiones que tienen que ver con la racionalización del huso horario y con la ayuda para el acceso a la guardería de 0 a 3 años, o bien queda un poco lejos del objetivo, por lo menos de la proposición inicial.
Por eso, desde el Grupo Socialista hemos presentado una enmienda que lo que intenta es un poco ampliar el contenido de la proposición no de ley, siendo conscientes de que no solamente es el ámbito de la conciliación y la racionalización de los horarios la razón por la cual las mujeres participan escasamente todavía en el ámbito laboral, o no llegan al mismo nivel de participación que los varones. Sería absurdo pretender que con unas medidas que solamente abordan esa racionalización, y con una medida escasa en cuanto a la conciliación, se vaya a finalizar con la poca permanencia, sobre todo en algunos colectivos de mujeres, aquellas que tienen una peor cualificación o que tienen un puesto de trabajo con menores condiciones, y vaya a conseguirse por sí mismo. Detrás de la poca permanencia de las mujeres en el ámbito laboral está fundamentalmente que las tareas del cuidado cae exclusivamente todavía en la práctica en las mujeres, que dedican a ello mucha más jornada que los varones, lo que las obliga a tener una doble jornada.
Proponemos una enmienda en la que empezamos por abordar la reforma laboral en lo que tiene que ver con el peso de la negociación colectiva porque es curioso cómo haciendo una proposición por un pacto nacional con la racionalización de los horarios, que se basa sobre todo en la negociación colectiva, no empiece esta proposición no de ley por ahí. En segundo lugar, entendemos que cualquier proposición que tenga que ver con aumentar y facilitar la participación de las mujeres en el ámbito laboral tiene que tener incluida, como mínimo, la perspectiva de género, y no solo tiene que incluir la perspectiva de género, tal como nos dice la Ley de igualdad, sino que además debe estar conectada necesariamente con las políticas de igualdad que se desarrollen de forma específica. Entiendo que se le ha olvidado también este aspecto, teniendo en cuenta que aun no conocemos la evaluación del II Plan Estratégico de Igualdad que finalizó el año pasado.
Es imprescindible, y así nos lo dicen todos los expertos, que si queremos que los varones entren también en las tareas del cuidado, vayamos hacia permisos igualitarios entre hombres y mujeres, permisos por paternidad y por maternidad que sean iguales y que además sean intransferibles. En aquellos países
en los que los permisos van en esa línea, los varones se incorporan mucho más a las tareas del cuidado. También nos dicen los expertos que es necesario tener una red pública de servicios a la conciliación, no solo una red pública para atención de menores de 0 a 3 años sino también una red pública a la que podamos acceder para atender a las personas dependientes y a las personas mayores que precisan cuidados, cuidados que recaen exclusivamente en las mujeres y que también dificultan su permanencia en el ámbito laboral, lo que no nos lo podemos permitir, puesto que si las mujeres no se incorporan al ámbito laboral, tendremos el envejecimiento de la población por la falta de natalidad y un problema por el coste económico tan importante.
Por todo eso hemos presentado esta enmienda que pretende también que se haga una valoración de todas las ayudas, de todos los beneficios fiscales, de tal manera que las mismas vayan a beneficiar este reparto más equitativo de tareas y sobre todo que la conciliación sea no solamente cosa de mujeres, sino que sea de hombres y de mujeres, y que facilite la permanencia de las mujeres en el ámbito laboral.
En el turno de defensa de las enmiendas por los distintos grupos -es una aclaración- no ocurre lo mismo que en el turno de fijación de posiciones, que sigue el orden de representación de los grupos parlamentarios de menor a mayor; en este caso es por riguroso orden de presentación de las enmiendas, por eso a veces no coincide el orden.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para defender su enmienda.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta, gracias por la aclaración también.
Vemos en esta proposición no de ley del Grupo Ciudadanos una idea que choca con otra, es decir, si tenemos un planteamiento de buenas prácticas, tenemos que tener también un marco de políticas públicas que sea garantista. Si vemos cómo se va desmantelando el Estado de bienestar, si vemos cómo se va recortando en cuestiones de educación, de dependencia, difícilmente vamos a poder estar planteando esas buenas prácticas. El cuidado de los hogares también es una responsabilidad del Estado y si queremos tomarnos esto en serio de lo que tenemos que hablar es de la educación universal, universal es para todo el mundo, de 0 a 3, de poner en marcha de verdad la Ley de dependencia y de tener permisos de paternidad y maternidad igualitarios e intransferibles, y el hecho de que sean intransferibles es fundamental. Sin todo esto lo único que vamos a estar haciendo es poner parches.
Voy a comentar brevemente -para explicar también en qué línea van nuestras enmiendas- el segundo punto de esta proposición no de ley del Grupo Ciudadanos, que tiene que ver con los créditos fiscales, es decir, con esas ayudas para aquellas familias que podríamos considerar que son más vulnerables, que están en situaciones de mayor precariedad y aunque parece que esos créditos fiscales tienen coste cero, esto no es cierto, siempre hay algún coste que va por parte de los bancos a esas familias. Por tanto no es de coste cero, no nos hagamos trampas, pero además me parece que es un ejercicio en vano, porque si llevamos 458 millones de euros menos respecto al año 2010 en materia de educación -voy a hablar concretamente de la partida 322A, que tiene que ver con la educación infantil y con la educación primaria-, quizá nos estamos haciendo trampas diciendo que luego vamos a establecer créditos fiscales para aquellas familias que no pueden acceder a esa educación temprana.
Por cierto, hay una parte en la exposición de motivos -será porque precisamente yo no he pertenecido a una de esas familias que no ha podido llevar a la educación temprana a su criatura- dedicada a familias cuyos padres tienen bajo nivel educativo, menores ingresos o que están afectados por el paro o inactividad, y que entonces tienen menos acceso a esos primeros niveles educativos, y se habla de colectivos. No son colectivos; en realidad, en esto estamos la mayor parte de la población, así que quizá, más que establecer un crédito fiscal, deberíamos hacer universal la educación de 0 a 3 años, deberíamos garantizar también, puesto que estamos hablando de cuestiones de igualdad y conciliación, que la Ley de dependencia realmente se dote y se ponga en funcionamiento, y deberíamos estar diciendo que si queremos igualdad en el ámbito laboral tendremos que establecer permisos igualitarios e intransferibles. Otra cuestión respecto a esos permisos que se mencionan, es que ahora mismo, el tiempo compartido, porque es poco tiempo, no suele compartirse y suelen tomarlo únicamente las madres; bueno, eso también ocurre porque hay una brecha salarial en la que las mujeres cobran menos y por tanto quienes siguen trabajando son los varones. Cobran menos porque hay una brecha salarial y esto no es una cuestión cultural y laborar, sino una serpiente que se va mordiendo la cola porque precisamente ocurre
que son las mujeres quienes en el momento que llega la maternidad sus carreras profesionales o desaparecen o se ven muy mermadas, mientras que cuando llega la paternidad las carreras profesionales de los varones van en ascenso.
Les diría que si queremos poner medidas, la primera tiene que ser revertir los recortes que hay en educación, en dependencia y entonces estaremos empezando a hablar de verdadero compromiso con la conciliación, y que si no lo que estamos haciendo es algo parecido -me van a perdonar en el Grupo Ciudadanos- a esto tan clásico, por hablar también de refranes, de: A Dios rogando y con el mazo dando, porque mientras tanto lo que vamos haciendo es ir empobreciendo cada vez más la calidad de vida de este país. Por último, repito, si quieren igualdad: educación gratuita universal de 0 a 3 años, Ley de dependencia en funcionamiento y permisos igualitarios e intransferibles.
Turno ahora para fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Heredia.
Está claro, señorías, que ninguna mujer debería de tener que elegir entre ser madre o tener un empleo, pero por desgracia es una realidad que todavía sigue sucediendo en nuestro país. Por eso, tenemos que avanzar, tenemos que seguir trabajando y luchando para acabar de alguna manera con esta desgracia.
Estamos muy de acuerdo con muchos de los planteamientos que se exponen en la iniciativa, con una sola salvedad. Por ejemplo en el punto primero, en el apartado h), cuando hablan de introducir criterios en los pliegos de condiciones de las entidades que contratan. Entiendo que han perdido una oportunidad -en este caso el Grupo Ciudadanos- porque recientemente se ha modificado la Ley de Contratos del Sector Público, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de noviembre de 2017 y la única manera real y la mejor de plantearlo es a través de una proposición no de ley, no introduciéndolo en esta proposición no de ley.
El Gobierno del Partido Popular es conocedor de la importancia de avanzar en esta materia. Por eso, como todos saben, a partir del 1 de enero de 2018, el permiso de paternidad en España va a pasar de quince días a cuatro semanas; es un avance y también se han dado avances importantes en esta legislatura, como se ha visto en la reforma laboral, donde se han introducido fórmulas flexibles para la contratación, donde el contrato a tiempo parcial pasa a ser también contrato a distancia. Igualmente por primera vez en España se regula el teletrabajo, algo en lo que tenemos que seguir avanzando. Y por supuesto una gran apuesta ha sido modernizar la negociación colectiva, es la llave, es la llave para avanzar en esta materia. La negociación colectiva tiene mucho que decir porque es la única manera de que las empresas regulen las condiciones y sobre todo establezcan una concreción horaria de la reducción de jornada. Muchas veces nos pasa -y esos ejemplos los tenemos todos en nuestra vida normal- que conocemos a una mujer que accede a solicitar a su empresa que se le reduzca la jornada y al final es peor que tener la jornada completa; o sea, pido reducción de jornada, estoy trabajando por la mañana y también por la tarde en unas horas muy cortas. Al final la verdad es que imposible conciliar así la vida familiar, laboral y personal.
El Partido Popular no solamente se queda en modificar leyes, sino que también ha puesto en marcha el Plan estratégico de igualdad de oportunidades para el año 2014-2016, con dotación económica, no solamente es importante hacer leyes y hacer planes sino también dotarles económicamente: 3127 millones de euros con 224 medidas. El 70% de estas premisas van a ir dedicadas a la conciliación familiar y al empleo, medidas concretas como mejorar la participación, impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito educacional y también seguir avanzando en esos planes de igualdad que tienen que tener las empresas, que nos tienen que gustar más o que nos tienen que gustar menos, pero que entre todos tenemos que intentar que se sigan aumentando, como se ha hecho en España un 17% en estos últimos años, porque es un avance que debemos de reconocer.
Para poder apoyar esta iniciativa, nosotros proponemos que la votación sea separada entre los distintos puntos que tiene la misma. Por nuestra parte nada más, señora presidenta.
- RELATIVA AL IMPULSO DE LA PRESENCIA DE MUJERES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001846).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa al impulso de la presencia de mujeres en organismos internacionales, que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Turno a favor por parte del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular. Señora Bastida, tiene la palabra.
Esta PNL tiene como finalidad seguir avanzando en el objetivo compartido por todos los grupos políticos para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, un reto que es ambicioso, necesario y justo y sería imposible lograr si no es con la participación de la sociedad, del impulso de las instituciones y, por supuesto, dando pasos firmes sin descanso.
Es innegable que son muchos los logros que se han conseguido si echamos la vida atrás, hacia hace unas décadas, pero esto no ha de servir para relajarnos sino más bien todo lo contrario, ha de servirnos de motivación para reafirmar que vamos en la dirección correcta, para no desfallecer, aunque todavía son muchas las barreras que aún tenemos que romper, barreras dentro y fuera de nuestras fronteras.
El compromiso en materia de igualdad del Partido Popular está fuera de toda duda, de hecho somos el partido que ha impulsado, desde hace décadas, políticas y acciones concretas que junto a otras iniciativas sociales y políticas van sumando avances. Baste recordar, por ejemplo, que fue a propuesta del grupo y del Partido Popular, la primera mujer presidenta del Congreso de los diputados, la primera mujer presidenta del Senado, la primera mujer presidenta del Parlamento vasco, la primera mujer presidenta de una comunidad autónoma, la primera mujer en ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, y así hemos estado impulsando el Plan igualdad entre hombres y mujeres en la Administración del Estado, Plan de acción para la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad de la información, Plan de promoción de la mujer rural, y ya vamos viendo algunos frutos. En el último año, los contratos indefinidos a mujeres han crecido casi un 20%; España lidera la creación de empleo femenino en la zona euro. Por tanto, siguiendo con esta misma voluntad política, poniendo el foco en esta ocasión en la presencia de las mujeres en cargos de relevancia, presentamos esta PNL para seguir poniendo el foco en las todavía insuficientes e injustas realidades en este ámbito.
Como bien explica el texto de la PNL, la presencia en igualdad de mujeres en puestos clave en organismos internacionales, no solo afianzaría en la dirección justa, sino que también -y es importante tenerlo en cuenta- esta visibilidad contribuiría a la reflexión, la movilización y la actuación en otros países donde, lamentablemente, la brecha es todavía mayor. Y estamos en la obligación de insistir, en no desfallecer en todas aquellas oportunidades de hacer visible esta anómala realidad, siendo como somos -según el estudio realizado, basado en datos de Naciones Unidas- más mujeres que hombres en todo el planeta. Por eso, además de que la sensibilidad del Gobierno en esta materia es muy alta, nunca está de más insistir y avanzar.
Con toda seguridad, los diferentes grupos políticos tenemos discrepancias, matices, distintos puntos de vista en lo que se refiere a la aplicación de algunas políticas a favor de la mujer, pero de lo que estoy convencida es de que nos unen objetivos en cuanto a igualdad salarial, a conciliación, a la presencia de mujeres en puestos directivos, en consejos de administración contra la violencia machista. Como también nos une saber la importancia capital de que sea mayor el número de mujeres en organismos internacionales. Al igual que ya hoy no es noticia que una mujer sea ministra, presidenta del Congreso, alcaldesa, presidenta de una comunidad autónoma o de un país, es nuestra responsabilidad seguir trabajando para que tampoco lo sea en organismos internacionales, en las grandes empresas y también en sindicatos, como también es nuestra obligación contribuir a ser espejo de avances en igualdad, para que en otros países se progrese en la misma dirección.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda. Señora Cuello.
Señorías, la aprobación de la Ley orgánica para igualdad efectiva entre mujeres y hombres supuso un hito en la historia de la igualdad en nuestro país, una lucha que actualmente vemos amenazada por la crisis económica y por lo que no es la crisis, como los recortes del Gobierno de España. Debemos impulsar la presencia de mujeres, de mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres, en los ámbitos de decisión, pero no solo a nivel internacional, sino también en nuestra sociedad. Es necesario avanzar hacia un mayor equilibrio de poder en las relaciones personales y sociales de hombres y mujeres; necesitamos más mujeres al frente de los diferentes organismos, como gobiernos, empresas, ayuntamientos, universidades, diputaciones, sindicatos, patronales. No solo queremos una mujer en cada organismo, como decía ahora mismo la portavoz del Grupo Popular, sino que queremos una presencia equilibrada. Los puestos que las mujeres tienden a ocupar en los organismos internacionales han sido en trabajos administrativos y de apoyo, no de toma de decisiones ni de primer puesto; sin embargo, hay otro tipo de organizaciones internacionales, las no gubernamentales, en donde las mujeres sí tienen un prominente liderazgo.
Centrándonos en la PNL que presenta el Grupo Popular, de mayor presencia de mujeres en organismos internacionales, aún queda un largo camino por recorrer para que la efectividad del principio de presencia sea real en los organismos de decisión de los diversos ámbitos políticos, sociales y culturales a nivel internacional. Pero de entrada, a esta PNL, en su título ya le falta algo, yo creo que lo más importante, y es la palabra equilibrada, presencia equilibrada, y si nos centramos en nuestro país, ¿se cumple esa presencia equilibrada? A nivel legal claro que sí, tenemos una ley, pero ¿en la realidad? Tenemos una realidad, la presencia o composición equilibrada de las mujeres en cualquier ámbito de participación está recogida en la Ley de igualdad, se encuentra definida en su disposición adicional primera, que determina que se entiende por composición equilibrada, por representación suficiente, un porcentaje de personas de cada sexo que no supere el 60% ni sea menos del 40%.Señorías, el Grupo Popular presenta esta iniciativa para impulsar la presencia de mujeres en organismos internacionales, sin embargo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de igualdad precisamente por ese porcentaje referido a las listas electorales. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional no les dio la razón.
Hemos presentado una enmienda para mejorar y recoger con más profundidad la iniciativa que hoy presenta el Grupo Popular, enmienda que paso a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, adopte las medidas que permitan alcanzar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en organismos internacionales en los que España tenga presencia, de tal modo que se alcance un porcentaje de personas de cada sexo que no supere el 60% ni sea menos del 40%, así como a eliminar cualquier barrera que impida o limite el acceso y el desarrollo profesional en condiciones de igualdad. Esperando que el Grupo Popular la acepte, termino mi intervención.
Es ahora turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Garaulet.
Señorías, nos presentan ustedes una proposición no de ley muy del estilo del Partido Popular, en la que instan al Gobierno a que ejerza el buenismo, en este caso el buenismo en igualdad, pero ni se aportan datos que permitan enmarcar el problema, ni se proponen soluciones concretas para abordarlo.
Nos plantean ustedes que es necesario que el Gobierno impulse la presencia de las mujeres en organismos internacionales sin traer datos sobre cuál es el porcentaje de féminas con respecto a varones o cuáles son las barreras y límites de acceso que hay que erradicar en el caso de que la presencia sea minoritaria. Son unas cifras que ustedes tienen o que deberían tener, porque les recuerdo que son ustedes el Gobierno, el Ejecutivo, y por tanto son los responsables de ejecutar los planes nacionales de igualdad; unas cifras que hubieran sido de gran interés y que nos hubieran servido también para compararnos con otros países. Nosotros no somos Gobierno, pero sí nos hemos molestado en revisar los datos que el Instituto de la Mujer tiene, que por cierto contemplan datos solamente hasta 2016. Según estos datos, la representación de mujeres en organismos internacionales es del 20% versus el 80% de los hombres. Hay un 18% de embajadoras y representantes permanentes, un 17% de representantes permanentes adjuntas, un 21% de consejeras y un 25% de agregadas permanentes. Es evidente que esto no es suficiente y habrá que revisar por qué sucede esta asimetría y cuáles son los problemas que se dan en la
carrera diplomática, por ejemplo, para que haya tan poca representación femenina. En la misma línea, en el informe del World Economic Forum sobre la igualdad y brecha de género, que tiene como fin analizar las políticas de cientos de Estados en esta materia y analizar su avance en cuanto a la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres apunta datos mejorables. Este informe mide como variables para su base de información la participación y oportunidades económicas, igualdad salarial entre hombres y mujeres para un trabajo similar, logros educativos, salud y supervivencia, empoderamiento político, ratio de mujeres parlamentarias versus hombres, ratio de mujeres con carteras ministeriales versus hombres, ratios de años en que la cabeza del Gobierno, mujer, ha desempeñado este puesto versus hombres en los últimos cincuenta años. En los resultados globales para 2017, España se encuentra en el puesto veinticuatro de la posición global, pero es especialmente mala nuestra puntuación en participación económica y oportunidades, donde nos encontramos en el puesto ochenta y uno a escala global, aunque con Portugal es cierto que hemos progresado. En relación con el tema que nos interesa, este informe ratifica que hay poca participación de mujeres en la toma de decisiones, altos cargos y puestos de dirección, un 31,2% versus el 68,8%, el 39% de los parlamentarios son mujeres, un 38,5% de las personas que conforman los Gobiernos han sido mujeres, ninguna mujer ha sido presidenta del Gobierno.
Todas estas cifras son manifiestamente mejorables y somos los partidos políticos los que tenemos que preocuparnos por ello. Por nuestra parte, hemos tenido que pelear con el resto de los grupos de esta Cámara para que el Congreso comience a elaborar un plan de igualdad, ya que diez años después de la aprobación de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres, esta institución, como otras muchas, no ha elaborado este plan para profundizar en la igualdad de género, en la igualdad de oportunidades de sus empleados. Apoyaremos esta iniciativa, porque consideramos que los partidos políticos debemos ser ejemplo para el resto de la sociedad y ser la vanguardia en la lucha por el empoderamiento de las mujeres y la rotura del techo de cristal.
Es ahora turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Bosaho.
La señora BOSAHO GORI: Buenos días, señorías.
Todos sabemos que el fomento de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación de las mujeres es un objetivo relativamente reciente para la comunidad internacional, que apenas comenzó a abordarse en la década de los años setenta del pasado siglo. La primera norma, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, fue ratificada en 1979. La segunda conferencia tuvo lugar en Copenhague, en 1980, seguida de la tercera conferencia en Nairobi, en 1985. Sin embargo, la igualdad entre hombres y mujeres no se situará en el lugar central de la agenda política internacional hasta la Cumbre de Beijing, en 1995, en la que todos los países firmantes, incluida España, asumieron el compromiso de alcanzar el 30% de mujeres en puestos de decisión. También los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en el año 200 -el Objetivo 3 concretamente- hablaron de promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer.
Con todo esto, queremos plantear que estamos de acuerdo con la proposición no de ley en sí, sobre todo en la parte en la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar la presencia de mujeres en organismos internacionales en los que España tenga presencia, así como a eliminar cualquier barrera que impida o limite el acceso al desarrollo profesional en condiciones de igualdad. Sin embargo, consideramos que la exposición de motivos no da la base para ello. La cuestión de la participación de las mujeres en los organismos internacionales es, sobre todo, una cuestión de acceso a mecanismos de decisión política y no de consejos empresariales, por lo que nos gustaría que en el debate se recogiese el marco del derecho internacional -la CEDAW y, sobre todo, las resoluciones de Naciones Unidas- en el que se enmarcara la obligatoriedad del Gobierno para instar a dichos organismos internacionales a aumentar el número de mujeres y, más concretamente, de expertas en derechos de mujeres. Es mediante la presentación democrática como pueden estar representados los intereses de las mujeres y pueden oírse perfectamente sus voces. El artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres reitera la importancia de la presentación de las mujeres en la vida política en sus países, señalando exactamente que los Estados partes garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones que a los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y
referéndums públicos, a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas y a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los países a nivel gubernamental. El papel de las mujeres en los procesos democráticos se acentúa más en la resolución aprobada por la asamblea en 2011 sobre la participación de las mujeres, en la que se reafirma que la participación activa de la mujer en pie de igualdad con el hombre en todos los niveles de adopción de decisiones es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. La igualdad en organismos internacionales debe ser considerada un derecho y no una aspiración, y más en un marco tan limitado como el planteado en esta proposición no de ley y en la pertenencia a consejos empresariales. Aun así, votaremos a favor de la PNL.
- RELATIVA A LA EFECTIVIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS OPOSICIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002239).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la efectividad del principio de igualdad en las condiciones de acceso a las oposiciones, que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y otra del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Turno a favor del grupo proponente, Grupo Parlamentario Popular. Señora Dueñas.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias. Buenos días, señorías.
Traemos hoy a esta Comisión una iniciativa que tiene como objetivo fundamental y necesario evitar que se vuelvan a reproducir situaciones como la que padeció, entre otras, una señora de Burgos que en 2008 fue excluida de participar en la oposición a dos plazas de enfermería porque la fecha del primer examen le coincidía con los días en los que era previsible que diera a dar a luz, cuestión esta que comunicó en tiempo y forma al tribunal calificador, solicitando celebrar el examen, fíjense, en su domicilio o en el centro sanitario en el que estuviera ingresada. La solicitud fue denegada por el tribunal, una denegación a todas luces injusta que, como tal, fue objeto del oportuno recurso y que obtuvo pronunciamiento a favor de la opositora en última instancia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia de 14 marzo de 2014, que resolvió recurso de casación 4371/2012. Fue una sentencia esta del Tribunal Supremo pionera en lo que al derecho de acceso a la Función pública se refiere y más en concreto en lo que tenía que ver con el acceso a la Función pública de la mujer embarazada. Determinó, como recogemos en la proposición no de ley, que los tribunales de oposición tienen que fijar las condiciones necesarias para hacer efectiva la igualdad en las condiciones de acceso a las pruebas para lograr una plaza pública a las mujeres que estén próximas a dar a luz, y yo añadiría que hayan dado a luz, como en algún caso se ha producido. Señorías, tanto en el artículo 23.2 de la Constitución Española, que refiere que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, como la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo, reconocida en el artículo 14 de nuestra Constitución, se proyectan sobre la maternidad, que está además expresamente tutelada por la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y por las previsiones que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 55.1 recoge que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el presente estatuto y con el resto del ordenamiento jurídico. Pero además de esta importante sentencia del Tribunal Supremo, fundamento de muchas resoluciones posteriores en idénticos o similares casos al planteado al inicio de mi intervención, recientemente se ha pronunciado otro tribunal, una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha anulado, en base a los parámetros recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo reseñada, el examen de una opositora enfermera a la que el tribunal obligó a acudir, pese a estar a punto de dar a luz. Esta señora realizó la prueba tras haber sido obligada, como digo, a acudir, pese a que ese mismo día estaba ingresado en el hospital a punto de dar a luz bajo los efectos de la oxitocina, con una importante dilatación y monitorización fetal interna, al tiempo que ya se le había administrado la anestesia epidural, una situación que las que
hemos sido madres sabemos que es bastante complicada. La opositora en cuestión ha obtenido resolución favorable, al estimar el tribunal que la actuación llevada a cabo por el tribunal examinador vulneró los derechos fundamentales de la recurrente, en concreto lo previsto en los artículos 23 y 14 de nuestra Carta Magna, que recogen y reconocen el derecho de todos ante la ley y el acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Como recogió el tribunal, el hecho de no querer cambiar la fecha -abro comillas- "repugna al más mínimo sentido común". De ahí que, tal y como recoge en sus fundamentos de derecho la sentencia del Tribunal Supremo, es necesario promover las medidas necesarias que en derecho procedan para que estas lamentables circunstancias, que atentan gravemente contra el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso a la función pública, no se vuelvan a producir.
Dicho esto, debo reseñar que ya en las órdenes anuales por las que se convocan los procesos selectivos para el ingreso en cuerpos de la Administración General del Estado se incluye, quizás no con tanta concreción como la solicitada la presente iniciativa, alguna disposición por la que se establece que la correspondiente Comisión permanente de selección debe velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como que las convocatorias tengan en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de nuestra Constitución, Real decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015 por el que se aprueba el II Plan de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Concretamente, entre las medidas del segundo plan se señala -abro comillas- facilidad para aspirantes embarazadas o en maternidad para la realización de cursos selectivos en materia de acceso al empleo público a fin de asegurar la igualdad de trato y de oportunidades de las aspirantes en las que concurran dichas situaciones. Además, quiero resaltar, señorías, que en el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para este año, se recoge una previsión en el sentido que proponemos. En su artículo 3.7 señala: Si a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún el ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse estas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables.
En base a todo lo expuesto, consideramos imprescindible que se incluya por el Gobierno el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de marzo de 2014 y que se haga en la normativa de aplicación a tal efecto, esto es, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, de aplicación a los procedimientos de ingreso del personal de la Administración general y sus organismos autónomos, así como la provisión de puestos de trabajo, promoción interna y carrera profesional de los funcionarios de la Administración General del Estado, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función pública.
Teniendo en cuenta las enmiendas planteadas, que estoy convencida que buscan mejorar el objetivo perseguido, haremos llegar en tiempo y forma una transacción a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Turno ahora para los grupos parlamentarios que han presentado las correspondientes enmiendas. En primer lugar, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Esta PNL hace referencia a una sentencia de 2014 en la que el Tribunal Supremo falló a favor de una mujer que denunció la falta de alternativa para poder realizar el examen de su oposición por coincidirle este con el momento de parir. Ciertamente, otras sentencias posteriores han ido en esta misma línea. Una de las más recientes -si no nos equivocamos- ha sido emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en junio de este mismo año, resolviendo un caso de 2014, cuando a otra mujer se la obligó a acudir al examen pese a estar también a punto de parir. Efectivamente, como propone el texto de esta PNL, es necesario incorporar estas sentencias al funcionamiento de los tribunales de oposición para que no exista discriminación, pero tal como está redactada la PNL la solución queda sin concretar, y por ese motivo hemos presentado una enmienda de
adición que busca especificar ese cambio de manera que en esas situaciones se establezca un aplazamiento del examen, ya que en ningún caso podría ser una solución realizar el examen en el mismo hospital después de horas de parir. Por eso esperamos que la enmienda sea aceptada. Dicho esto, hay un par de cosas que nos gustaría añadir. Para empezar, creemos que es importante preguntarse por qué en una cuestión tan elemental y concreta como esta, estando el Partido Popular en el Gobierno ya en 2014, no ha llevado a cabo aún los cambios legales necesarios para que los tribunales de oposición incorporen este contenido de las sentencias. Otra reflexión un poco más de fondo, es que las desigualdades de todo tipo que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo, y aquí estoy simplificando con el tema del binarismo género, no voy ahondar en ello pero quiero dejar claro que también es una cuestión a erradicar, las desigualdades que sufrimos no es que solo afecten a ámbitos concretos, como el de las oposiciones, sino que responden a estructuras sociales, culturales, económicas, institucionales, judiciales que funcionan bajo lógicas machistas y patriarcales y que para ser revertidas requieren de medidas integrales, globales, estructurales que sean feministas, y precisamente propuestas feministas que persiguen estos cambios son las que su partido se empeña en vetar, en bloquear o, directamente, en desmantelar. Algunas medidas estructurales que serían indispensables si quisiéramos revertir esta situación, citaré sólo unos ejemplos: aprobar los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles que ustedes han bloqueado esta misma legislatura; no disminuir, como ustedes han hecho desde 2010, en casi un 8% el presupuesto para luchar contra la violencia machista; no recortar el Programa de igualdad de oportunidades casi en un 50% desde 2010 y muchísimas otras cuestiones que este grupo ha puesto de relieve en infinidad de ocasiones. Por tanto, creemos que es una cuestión más que pertinente viendo el contenido de la PNL y viendo también quién es el grupo proponente.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Garaulet.
Señorías, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo publicó hace años una sentencia, en marzo de 2014, por la que se reconoce el derecho de una mujer a participar en una oposición pese a quedar excluida del proceso porque la fecha del primer examen le coincidió con los días en los que iba dar a luz. El Tribunal Supremo recordó para ello la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo, artículo 14, que se proyecta sobre la maternidad, subrayando que las bases del concurso-oposición debían interpretarse conforme a la Constitución y al principio de igualdad. El alto tribunal señaló no obstante que el embarazo no se trata de una enfermedad y que las bases del concurso permitían al tribunal calificador buscar la forma de acoger la petición de la recurrente o de establecer cualquier otra, como el aplazamiento del ejercicio, para evitar el perjuicio que sufrió. El Tribunal Supremo determinó entonces que la Administración no cumplió su deber de garantizar las condiciones de igualdad necesarias para que un proceso tan sumamente importante y protegido legalmente, como es la maternidad, no alterarse las condiciones de igualdad a la hora de presentarse a una oposición. Porque el caso de la enfermera de León es solo un ejemplo de los muchos que hemos conocido desde entonces relativos a discriminación de mujeres en el ámbito laboral por estar embarazadas. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León se negó a contratar a una profesora con un contrato de interinidad para sustituciones al padecer una lumbalgia originada por su embarazo. El Tribunal Superior de la Junta de Castilla y León dio la razón a la maestra en marzo de este año. En junio de 2017, conocíamos la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid daba la razón a una enfermera que, estando en el hospital a punto de dar a luz, ya medicada y con 8 centímetros de dilatación, tuvo que paralizar el parto y presentarse a la prueba, ya que se presentó en el hospital un miembro del tribunal examinador que le señaló que o hacía la prueba en ese momento o quedaría excluida del proceso de oposición de enfermería. Cuando se recuperó, solicitó la nulidad de examen en esas condiciones. Casi tres años después, la justicia ha dado la razón a la mujer y ha anulado el examen. En este caso concreto, quiero recordar que fue mi grupo parlamentario quien hizo una pregunta al Gobierno para ver qué medidas pretendía adoptar para que esta situación no se repitiese. Seguimos esperando y estamos sorprendidos de estar debatiendo una PNL del grupo del Gobierno, que lo que debería hacer de nuevo es más actuar y menos hablar.
Apoyaremos esta proposición, aunque hemos presentado una enmienda que esperamos que sea aceptada. Esta enmienda es de adición e incluye un párrafo que dice: "así como todas aquellas otras
sentencias posteriores que tengan que ver con el respeto a la igualdad de condiciones y protección de la maternidad para la contratación laboral". Señorías del Partido Popular, lo que no son cuentas son cuentos. Por favor, aplíquense y hagan cuentas.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Muchas gracias, presidenta.
Desde luego, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, como no puede ser de otro modo, ya que cierto es que el Tribunal Supremo reconoció -y decimos reconoció porque ya fue en 2014- el derecho de las mujeres que estén próximas a dar a luz a que los tribunales de oposición ofrezcan condiciones que hagan efectiva la igualdad para el acceso a las pruebas previstas. No entendemos muy bien la relación normativa que ha hecho la diputada del Partido Popular, pues el tema hubiese estado ya resuelto y regulado no hubiesen existido pronunciamientos posteriores sobre la misma materia. La sentencia del Tribunal Supremo es de 2014 y la estamos analizando en 2017; ya se ve el retraso del Gobierno en adoptar las medidas necesarias para reconocer tanto en el Estatuto Básico de la Función Pública como en todas las normas que regulan el acceso de los funcionarios y funcionarias a la Función pública este derecho. Esta PNL no deja de demostrar que el Gobierno ha tenido tiempo de adoptar las medidas legislativas necesarias y que este es un brindis al sol al venir del grupo que está gobernando. Es una medida que es sencilla de adoptar. Simplemente se trata de establecer los mecanismos para que tribunal calificador busque la forma o que la forma le venga impuesta para que las mujeres embarazadas o a punto de dar a luz puedan participar en todas pruebas o fases del proceso selectivo.
Queremos hacer aquí también una breve reflexión -porque nuestro grupo ya va un paso más adelante en este sentido- sobre la garantía en el ámbito de la Administración pública de todos los derechos de las personas que ya han dado a luz y en situación de maternidad en el acceso a las prestaciones, pues hay una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que dice que la Administración pública está discriminando a las mujeres en el acceso a las prestaciones por riesgo durante el embarazo. Este es un paso necesario. Hay que dar muchos pasos más. Déjense ustedes ya de PNL y hagan lo que tengan que hacer para llegar a la total equiparación entre futuros y futuras funcionarios y funcionarias en el acceso a la Función pública sin que la maternidad pueda ser un obstáculo. Dejen de decirnos retahílas de normativas que parece que han hecho cuando la práctica y la jurisprudencia nos demuestran que no.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN ABORTO SEGURO Y LIBRE PARA TODAS LAS MUJERES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002345).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa al establecimiento de un aborto seguro y libre para todas las mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Es el turno del grupo proponente. Señora Rodríguez.
En primer lugar, tenemos que decir que lamentamos profundamente tener que traer una proposición como esta en el año 2017 a esa Comisión en España. Muchas mujeres nos cuentan historias de terror sobre cómo tienen que enfrentarse al día que tienen que interrumpir su embarazo voluntariamente, gente desangrándose en baños y cosas de este tipo que pasan mismamente en Galicia. Y no es que lo digamos nosotras, sino que el resto de organismos internacionales están empezando a notar que hay un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos en España. Concretamente, el Consejo de Europa en su último informe ha dicho que de todos los países que ha estudiado España es, solamente detrás de Hungría, el país que más ha visto cómo sus derechos sexuales y reproductivos han ido retrocediendo en los últimos años.
Nos hubiese gustado que la proposición que presentamos hoy aquí hubiese formado parte en su totalidad del Pacto de Estado contra la violencia de género, cuyo informe se aprobó en septiembre de este año. Lo cierto es que finalmente se aprobó un voto particular del Grupo Socialista que hablaba sobre la necesidad de que las menores pudiesen abortar siempre que se diesen una serie de circunstancias concretas, derogando por tanto la reforma 11/2015 del Partido Popular, que -como sabemos- dejó a las mujeres de entre dieciséis y diecisiete años sin poder ejercer su derecho a decidir. Sin embargo, a nosotras nos seguía pareciendo que esta propuesta no era suficiente y por eso en su momento, en el pacto de Estado, intentamos ampliar la garantía para estos derechos, pero nos encontramos con que no fue posible llegar a un acuerdo. Particularmente -esto es de vital relevancia- el Partido Popular vetó la posibilidad de que estas medidas apareciesen por unanimidad en el informe del pacto de Estado.
Nos encontramos ante un debate que es profundamente ideológico y que ha atravesado los grandes debates feministas que hemos tenido en esta casa. Cuando se debatió sobre qué derechos de las mujeres deberían aparecer en la Constitución de 1978, el aborto ya era un debate. Muchas mujeres entonces consideraban que el derecho a decidir debería estar blindado nuestra Constitución; sin embargo, cuarenta años después, nos encontramos con retrocesos en un derecho que incluso se consideraba que podía llegar a ser constitucional. Es evidente que tenemos que hacer reformas constitucionales y que de estas reformas tienen que formar parte los derechos de las mujeres. No obstante, creemos que mientras tanto se pueden hacer algún tipo de reformas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Por otro lado, nos preocupa enormemente la situación de la privatización de la sanidad en nuestro país, porque creemos que está íntimamente relacionada. No es menor el dato que aporta el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales en este sentido, que dice que el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en España en el ámbito de la sanidad privada, cuando en realidad la interrupción voluntaria del embarazo debería ser una prestación incluida en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Muchas de las medidas que proponemos en esta proposición no de ley van en este sentido: ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Por qué no está internalizada en este momento la interrupción voluntaria del embarazo con total normalidad? ¿Cuál sería el coste económico de esta internalización? ¿Por qué a día de hoy muchas mujeres tienen que seguir recurriendo a clínicas privadas?, porque independientemente de que el procedimiento allí sea igual de profesional, si tenemos servicios públicos -y nosotras apostamos por la sanidad pública y de calidad-, la interrupción voluntaria del embarazo -y así lo recogen nuestras leyes- debería poderse hacer en estos lugares, y sabemos que a día de hoy esto no sucede así. También nos gustaría que todos los profesionales que participan en todo este proceso pudiesen estar formados con perspectiva de género, y para eso necesitamos que los abortos se den en la sanidad. También creemos que la toma de decisiones tiene que tener a día de hoy algunas modificaciones. Creemos que el periodo reflexión de tres días es innecesario. Creemos que hay que revisar lo que sucede con la objeción de conciencia en nuestro país; una objeción de conciencia, para ser operativa y funcional, tiene que ser apriorística y universal, no puede ser para cada caso, porque eso genera una estigmatización de las mujeres a la hora de abortar. Creemos que las mujeres tienen que ser escuchadas en los comités clínicos, y a día de hoy no sucede de esta manera. Creemos que tiene que haber acompañamiento e información suficiente para la toma de decisiones, y esto tampoco está sucediendo como debería. Por supuesto -esto ya lo hemos dicho, pero no nos parece menor-, creemos que se tiene que derogar la Ley 11/2015 y que las mujeres de dieciséis y diecisiete años puedan abortar sin el consentimiento paterno; creemos también que la Ley 2/2010 tiene que cumplirse en su totalidad y tiene que estudiarse para ver cuáles son las consecuencias de que a día de hoy no se haya aplicado, no se haya desarrollado y la mayor parte de esas medidas ni siquiera tenga su correspondencia presupuestaria.
En general nos parece que se pueden hacer muchísimos avances en lo que tiene que ver con el aborto, y creemos que este es un debate que tenemos que tener en esta Comisión y que aparte atañe a todas las mujeres de todos los partidos políticos, independientemente, incluso, de lo que lleven en sus programas electorales. Por eso, me gustaría hacer un llamamiento: me parece importantísimo que tengamos este debate aquí, un debate sobre qué mejoras podríamos hacer en lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y que seamos las mujeres de esta Cámara las que pensemos cómo podemos progresar en esta ley y como podemos mejorarla. Creo que no sería la primera vez que se rompe la disciplina de voto en lo que tiene que ver con el aborto en el Congreso y me parece que sobre todo las diputadas del Partido Popular, muchas de ellas están bastante más de acuerdo de lo que su propio partido dice respecto a lo que deben ser los derechos sexuales y reproductivos en España a día de hoy. Por tanto, las animo a que hagamos un pacto entre nosotras y podamos mejorar la ley que ahora
mismo tenemos y que sea lo suficientemente garantista como para que todas las mujeres de nuestro país, independientemente de su edad, su condición sexual, su raza, etnia o si tienen diversidad funcional o no, o independientemente de su situación económica, puedan ejercer todos los derechos sexuales y reproductivos con garantías plenas y por supuesto dentro de unos servicios públicos que creemos que forman parte de un Estado de derecho y de bienestar, como el que debería de ser en la democracia española.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para defender su enmienda tiene la palabra el Señor Garaulet.
Señorías, la Ley 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva, estableció en su artículo original de ese año que a las mujeres de dieciséis y diecisiete años se les aplicará el mismo régimen que a las mujeres mayores de edad en lo relativo al consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo, siempre que al menos uno de los representantes legales, padre o madre, fuera informado de la decisión, pudiendo prescindir de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave. Si bien la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, aprobada por el Partido Popular a finales de la X Legislatura, supuso la modificación de esta ley, suprimiendo por completo este apartado cuarto, según numerosos expertos no existen razones objetivas, basadas en el interés de la menor, que justifiquen la decisión de limitación de su derecho a la autonomía personal a decidir, pues en contra de lo manifestado en la exposición de motivos de la reforma que dice la Ley Orgánica 2/2010, impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a las menores de la protección que el mismo texto legislativo reconoce, de poder contar en un momento crucial y complicado de su vida, con la asistencia de quien ejerce su patria potestad. Lo cierto es que la Ley 2/2010 exigía que al menos uno de los tutores legales fuera informado, salvo casos muy concretos en los que la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas o coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
¿Quién debe decidir un aborto en el caso de una mujer de dieciséis y diecisiete años, casada y no emancipada, aunque viva independientemente? ¿Sus padres? ¿Resultaría algo extraño? Con dieciséis años se puede dar el consentimiento válido para algunos actos jurídicos; por ello, la reforma realizada en 2015 puede ser cuestionada. Si bien es cierto que en otra etapa de nuestra historia ha sido un clamor social la regulación de la IVE, la reforma que plantea la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, no es un debate que esté ahora mismo candente en nuestra sociedad; no nos lo planteemos como una necesidad que haya que abordar de manera urgente. No obstante, podemos estar de acuerdo con muchos de los puntos que se plantean en esta iniciativa, tales como la introducción de indicadores específicos en el Sistema Nacional de Salud, mayor transparencia en los informes, formación específica para los profesionales, facilitar que las mujeres sean escuchadas, etcétera.
Como he apuntado en un principio, quizá la cuestión básica está en la PNL, es decir, la autonomía de la menor de dieciséis y diecisiete años a la hora de dar su consentimiento. Por ello, hemos presentado una enmienda con la finalidad de que se pueda evaluar en un plazo concreto el impacto que ha tenido el cambio legislativo y conocer hasta qué punto la limitación de la autonomía de las menores de edad está teniendo consecuencias perjudiciales para ellas en el corto, medio y largo plazo. El nuevo artículo 9.3.c) de la Ley 41/2002, cambia sustancialmente el sentido de la autonomía del menor, de forma que donde antes decía: "Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación". La nueva redacción sostiene: "Cuando se trate de menores emancipados o mayores de dieciséis años que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación." Y añade: "No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo".
Si bien vemos que el número de abortos tiene una tendencia decreciente desde el año 2011 hasta el año 2015, no existe una valoración pública del impacto de los cambios normativos en relación con el
número de abortos de menores de diecinueve años desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El informe anual que se publica desde el ministerio sobre los datos definitivos en relación con la IVE, no van más allá del año 2015. Por otro lado, las administraciones públicas tampoco limitan la condición previa de que el embarazo de la menor debe interrumpirse. En España no se cubre completamente ningún tipo de método anticonceptivo; no existe una web oficial sobre la planificación familiar, y la ayuda de grupos de riesgo en este ámbito, como jóvenes y/o mujeres con pocos recursos, es muy limitada. Las conductas de riesgo siguen dándose entre jóvenes, pudiendo dar lugar a embarazos no deseados. Según la encuesta sobre anticoncepción en España 2016, elaborada por la Sociedad Española de Contracepción, el 24,7% de las mujeres en edad fértil no utilizan ningún método anticonceptivo. Se debe evaluar el periodo de reflexión y ver qué consecuencias supone para la mujer, pero no suprimirlo sin más.
Por otro lado, en relación con el apartado específico de los comentarios sobre la objeción de conciencia, el Grupo de expertos sobre discriminación contra la mujer, en su visita a España en 2014, manifestó que la actual regulación de la objeción de conciencia obstaculiza el acceso de las mujeres al aborto y la nueva regulación del aborto exigiendo el consentimiento de los padres restringe aun más el acceso de las niñas a un aborto seguro y legal. Además, se sitúa la carga de la prueba en las niñas, respecto a que la notificación a sus familiares supone un riesgo. Consideraciones similares se aplican en relación con las niñas menores de dieciséis años, ONU 2014. La realidad sociológica tras el aborto es que durante el año 2014 la tasa de abortos por mil se situó en el 9,2, descendiendo respecto a años anteriores, mucho menor si solo se tomara como referencia la mujer de dieciséis y diecisiete años, dato que confirma la tendencia a la baja iniciada desde que entró en vigor en 2010 la Ley de plazos. Concretamente en su recomendación 103, el grupo señala lo siguiente: El Estado cuenta con una ley progresista sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación, reconoce el derecho de la mujer al más alto nivel posible de salud y autonomía y considera que la protección de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer forman parte de la igualdad de género. No obstante, en el caso de las niñas menores de dieciséis años, este derecho está supeditado al consentimiento de los padres. Asimismo, hay lagunas en su aplicación, puesto que la ley también prevé excepciones por objeción de conciencia, y se han hecho repetidos intentos de introducir enmiendas regresivas en ella.
En su votación final, la proposición de ley presentada por el Partido Popular, tuvo entonces el apoyo del Grupo Catalán y Foro Asturias; el resto de los grupos parlamentarios entonces presentes en la Cámara Baja en la X Legislatura, votaron en contra. Fue una reforma sin consenso, en la que el Partido Popular aprovechó el rodillo parlamentario...
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Termino.
Por todo ello, y con el ánimo de que las cosas no se hagan como hizo en su momento el Partido Popular, proponemos una enmienda que nos permita elaborar una evaluación de cambios legislativos en 2015, es decir, que nos permita conocer hasta qué punto la limitación de la autonomía de las mujeres menores de edad en este procedimiento está teniendo consecuencias perjudiciales para ellas y actuar en consecuencia con esta evaluación.
Muchas gracias, señora presidenta, por el periodo extra.
La señora PRESIDENTA: Turno de fijación de posiciones para el resto de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Agirretxea.
Muy brevemente. Es clara, contundente y fija la posición que el Partido Nacionalista Vasco mantuvo en la ley que el Partido Socialista propuso cuando gobernaba y que el PNV apoyó y participó en su elaboración y enmendó, y creo que trabajó muy concienzudamente para sacar una buena ley; es clara y pública la posición que el PNV mantuvo y mantiene con la primera reforma que planteó el Partido Popular, con esa propuesta en la que al final el Gobierno se quedó sin proyecto y sin ministro, que al fin y al cabo se lo llevó por delante; es clara ante esa propuesta que planteó el Partido Popular y que el PNV rechazó claramente. También rechazamos la propuesta de modificación, que es la que hoy en día está en vigor, con el tema de los dieciséis años, es además un punto que nosotros en su momento planteamos y
peleamos porque considerábamos que fue fruto de una negociación. Nosotros pensábamos que en las situaciones mayoritarias, en las situaciones normalizadas, casi la mayoría de las chicas que se veían abocadas a abortar buscarían el apoyo de sus progenitores, pero entendíamos que no todas las situaciones son las idílicas y las que a todos nos gustaría tener con nuestros padres. Por tanto, había que marcar una salvedad para esas personas, porque por sus relaciones o no relaciones o por sus problemas importantísimos que pudieran tener con sus progenitores, era peor informar que no hacerlo. Por tanto, esa salvedad quedó ahí marcando además el criterio que nosotros manteníamos de por qué era eso así, no una cuestión a la ligera de: vamos a dar el permiso a las niñas para que aborten cuando les dé la gana, como les dé la gana y en cualquier situación. Por tanto, creo que desde una perspectiva de responsabilidad asumimos eso y seguimos manteniéndolo.
Dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues un problema que se da más de una vez, que si hoy la propuesta de Podemos hubiera venido con ese punto, nosotros lo hubiéramos apoyado, lo que pasa es que viene con diecinueve puntos en la misma PNL y, claro, estar de acuerdo con los diecinueve en su totalidad es una situación que a nosotros nos genera una pequeña confusión, porque evidentemente no habla solo de eso, habla también de cosas que fueron consensuadas, como por ejemplo el periodo de reflexión de tres días, u otra serie de cuestiones que creo que son fruto de un consenso y que son necesarias y cuando se plantearon eran estimadas y, además, positivas. Por tanto, yo estoy de acuerdo en que si hay que replantearse ciertas cuestiones se replanteen, pero diecinueve puntos en una PNL me parece que en vez de aportar reduce apoyos. Estando de acuerdo con el objetivo principal que era el de los dieciséis y con algunos otros, pero visto que lo único que hacemos es acumular texto en vez de centrar el tiro en una única cuestión, que es la importante, la que ha modificado la ley, nuestro grupo se va a abstener en esta proposición.
Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Álvarez.
Antes de marcar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, quería decirle a la representante de Podemos que los partes de lesiones por abortos provocados en este país son ínfimos y que, por tanto, esta descripción sanguinolenta que ha hecho de cuál es la situación en materia de aborto en este país, desde luego no atiende a la realidad y no es necesario recurrir a esas imágenes y exageraciones para poner en evidencia cosas que en realidad, además, no están ocurriendo.
Todos los avances en materia de salud sexual y reproductiva son bienvenidos por parte del Grupo Socialista. Nosotros a lo largo de estos años hemos conseguido concitar además mayorías parlamentarias que nos han permitido avances legislativos que han sido fundamentales para garantizar a las mujeres tomar decisiones para planificar su maternidad. Nosotros hemos establecido en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva un sistema que ha permitido a las mujeres decidir en condiciones seguras, médicamente adecuadas y sin consecuencias penales sobre un embarazo no deseado. En realidad, la mayoría de las propuestas que vienen en esta iniciativa están enfocadas a dar cumplimiento o bien a la ley o bien a la estrategia en materia de salud sexual y reproductiva; siempre estaremos trabajando para encontrar los votos necesarios para tumbar las contrarreformas del Partido Popular, que pusieron en cuestión la libertad de las mujeres para tomar decisiones que son vitales para su vida. Las leyes del Partido Socialista en materia de salud sexual y reproductiva han garantizado el cumplimiento por parte del Estado del especial interés por la vida prenatal, sin interferir en la autonomía de las mujeres en su decisión, y hemos combinado precisamente sin problemas y, sobre todo, insisto, concitando mayorías en torno a esto, que estos dos intereses no colisionaran. Concitamos mayorías optando por las ventajas de un sistema de plazo combinado, con indicaciones; acabamos con la inseguridad jurídica en la que se encontraban mujeres y profesionales y, por otro lado, con la inequidad en el acceso a la prestación sanitaria. Y fue el consenso, como bien ha explicado el señor Agirretxea, el que construyó un texto legislativo en relación a las jóvenes de dieciséis y diecisiete años. Apoyaremos la iniciativa porque lo que plantea es que se dé cumplimiento a la ley y a la estrategia y, además, hace algo importante, y es que pone en evidencia el abandono al que el Partido Popular ha condenado tanto a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva como a la estrategia, pero la apoyaremos no sin antes recordarle a Podemos que lo efectivo es tener la capacidad de acordar textos factibles y útiles a las ciudadanas.
Quiero aprovechar mi intervención, además -y termino ya aquí, presidenta-, para agradecer a las organizaciones que se movilizaron, a través del Tren de la Libertad, que fue, por cierto, la primera movilización masiva y conjunta del feminismo y de la sociedad española, en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, agradecerles, decía, que marcasen al Gobierno del Partido Popular los límites de lo que la sociedad española está dispuesta a tolerar. Ellas fueron el muro defensivo de los derechos conseguidos. Al Grupo Socialista en aquel momento le ocupó la tarea de defender sus reivindicaciones en esta Cámara, con inteligencia y trabajando para que la mayoría parlamentaria fuese reflejo de la mayoría social. Eso es, señorías, la tarea que queda siempre, más allá de la aprobación de una proposición no de ley.
Turno para el Grupo Parlamentario Popular, señora Alba.
La señora ALBA MULLOR: Vaya por delante que, como ya esperarían, no vamos a apoyar esta iniciativa, y ello por varias razones. En lo que atañe a su primera propuesta, pretenden ustedes que una menor precise consentimiento expreso de sus representantes legales o de sus padres para sacarse una muela o hacerse un tatuaje, pero no para esta decisión vital y trascendente como es un aborto. Aceptar esto llevaría a consecuencias absurdas, cabría preguntarse cuál sería el papel de los padres o representantes legales ante, por ejemplo, un caso de negligencia médica en la práctica de un aborto, ¿deberían intervenir para reclamar los daños causados sin su conocimiento siquiera, o la menor seguiría siendo la única con capacidad de decisión en estas lesiones?
Por otra parte, ustedes no tienen una idea clara de lo que es el marco constitucional que delimita las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, y lo demuestran cada vez que pueden. Las comunidades autónomas son las administraciones competentes en materia de atención sanitaria en sus respectivos territorios, y les animo a presentar esta proposición no de ley en aquellas comunidades autónomas en las que no gobiernan y a aplicarla directamente en aquellas en las que están gobernando, y si lo hacen ya les avanzo que se van a encontrar con que no es posible, a menos que quieran hacer lo mismo dos veces, puesto que sus propuestas de acuerdo relativas a registro nacional, estadística, formación de los profesionales, seguridad y calidad de la atención sanitaria ya se están llevando a la práctica.
Proponen ustedes, por otro lado, algo similar a la vuelta del sistema de supuestos. Señorías, en España hoy cualquier mujer puede abortar libremente dentro del plazo legalmente establecido, y ahora quieren ustedes que, victimizando nuevamente a la mujer que sufre violencia de género o ha sido violada, vea que la mujer de al lado aborta libremente, sin tener que dar explicaciones, pero ella ha de relatar nuevamente su calvario para acceder a esta prestación. Ese es el tenor literal de su propuesta undécima y duodécima, y en esta no nos van a encontrar, señorías. (La señora Rodríguez Martínez: No dice eso). En este sentido, y dado que ustedes proponen que cualquier mujer pueda abortar libremente, salvo las que han sido víctimas de violación o violencia de género, sería conveniente también preguntar al grupo político que eliminó este supuesto y que no fue precisamente este; tal vez el PSOE decidió eliminarlo con el fin de no revictimizar a las mujeres, y dado también que durante los años en que existen estadísticas al respecto, porque sí, señorías, hay estadísticas, este supuesto representaba únicamente entre un 0,01% y un 0,02% del total de los abortos practicados. Su propuesta número 6 consiste en que los datos reservados de las mujeres que abortan dejen de serlo, y que se incorporen a su historial clínico de modo que sean accesibles a cualquier profesional de la sanidad. (La señora Rodríguez Martínez: Tampoco dice eso). Y ahí tampoco nos van a encontrar, ni creo que muchas de las mujeres que se someten a un aborto quieran ver sus datos accesibles en su historial clínico, gracias a una iniciativa en esta ocasión del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Señorías, en esta materia y en España, hoy en día ninguna mujer va a ir a la cárcel por abortar fuera de los plazos y supuestos legales establecidos, gracias a la nueva redacción dada al artículo 145 del Código Penal, por la Ley Orgánica 11/2015, a instancias de este grupo parlamentario, a instancias del Partido Popular. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, señorías. El Grupo Parlamentario Popular defiende la libertad de todas las personas, y en este caso de las mujeres que deciden abortar y ustedes, haciendo gala de su ideología, pretenden eliminar y limitar los deberes de la patria potestad; eliminar la intimidad de las mujeres que deciden abortar, haciendo accesibles los datos de esta intervención; eliminar la intimidad de las mujeres que sufren violencia de género o una violación, revictimizándolas frente a
cualquier otra que puede abortar sin dar explicaciones, y por último, recentralizar competencias de las comunidades autónomas. Como ya les he dicho, señorías, ahí no nos van a encontrar.
Les pediría a sus señorías que no interrumpan en todo caso al parlamentario o parlamentaria cuando esté en el uso de la palabra.
- RELATIVA AL IMPULSO DE ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL SECTOR PESQUERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002495).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa al impulso de actuaciones de fomento de la igualdad de oportunidades en el sector pesquero, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Turno, por tanto, para el Grupo Parlamentario Popular, para defender su proposición no de ley.
El señor GARCÍA DÍEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, para mí es una satisfacción, como portavoz de Pesca del Grupo Popular, defender esta iniciativa no en el seno de la Comisión en la que habitualmente suelo intervenir, que es la de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sino en esta precisamente, y lo hago doblemente satisfecho por el hecho que acabo de resaltar y por el contexto y contenido de esta iniciativa. Para ello comenzaré poniendo sobre la mesa lo que son las evidencias. (La señora vicepresidenta, Rodríguez Martínez, ocupa la Presidencia).
Hay que poner en valor, a nuestro juicio, el protagonismo que en los últimos años ha ido tomando la mujer, con un incremento de mayor visibilidad, de crecimiento en su liderazgo y sobre todo un incremento en la participación en los órganos de dirección y de gobierno de muchas de las entidades, tanto públicas como privadas, vinculadas al sector pesquero. Les daré solamente unos breves datos: el 33% de los empleos en el sector pesquero y en la acuicultura, lo desempeñan mujeres; son 45 000 trabajadoras entre el sector pesquero extractivo, el marisquero, la acuicultura, la industria auxiliar, etcétera. De estas 45 000 trabajadoras, 10 000 están afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores del Mar, lo que representa un total del 16% de todos los trabajadores del sector marítimo, Pero también hay que poner en valor lo que ya se ha realizado hasta este momento, por ejemplo, y brevemente, la modificación de la Ley 33/2014, de pesca, para que se reconociera precisamente la igualdad y la visibilidad de la mujer en el sector pesquero; se añadió un nuevo artículo específico, el artículo 3 bis, sobre la igualdad de trato y oportunidades en este sector; el Plan para la igualdad de género en el sector pesquero y la acuicultura 2015-2020 que más que propuestas contiene soluciones para la plena integración de la mujer; o la puesta en marcha por la Secretaría General de Pesca de este Gobierno, de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, cuyo objetivo principal es impulsar el papel de la mujer en el asociacionismo, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejoras prácticas entre las mujeres del sector pesquero. Precisamente esta red elaboró el plan integral, al que me refería hace un momento, como una importante herramienta en la lucha contra las situaciones de discriminación. Y dos únicos ejemplos más, como puede ser el apoyo que está dando este Gobierno a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, Anmupesca, para que incrementen su liderazgo por parte de las mujeres vinculadas al mar, como instrumento de diálogo social y para promover la efectiva igualdad de oportunidades o, como último ejemplo, la celebración hace muy pocas fechas en Valencia del V Congreso de esta Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.
A pesar de este breve resumen de algunos de los hechos de estos últimos años, a juicio de nuestro grupo parlamentario hay que seguir trabajando, planificando y gestionando más actuaciones de integración e igualdad dentro del sector pesquero. Precisamente por eso, esta proposición no de ley les propone, señorías, siete puntos muy concretos y muy claros: Reforzar la colaboración en materia de igualdad con las cofradías de pescadores, dirigida a visibilizar y fomentar el papel de la mujer en el sector. Este es el primer punto de la iniciativa y está justificado plenamente en que la mujer del sector pesquero está estrechamente vinculada con las cofradías de pescadores; en los últimos años son muchas las que ocupan el puesto que hasta ahora era siempre el patrón mayor de la cofradía y hoy hay ya muchas patronas mayores de cofradías en España. El segundo punto es desarrollar actuaciones que permita
fomentar la formación específica de la mujer pesquera y la colaboración internacional para desarrollar actividades formativas con mujeres de otros países, así como trabajar en aspectos sociales, como las condiciones laborales, enfermedades de trabajo, etcétera. Para nosotros la formación de la mujer en el sector pesquero es una línea prioritaria dentro de ese Plan de igualdad de género en el sector pesquero. El tercer punto propone avanzar en el liderazgo y empoderamiento femenino en el sector, con una mayor presencia y participación de mujeres en los órganos de representación. Todavía aquí, señorías, hay una brecha que hay que ir acortando. El cuarto punto es poner en marcha el Grupo Temático de Igualdad en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para el seguimiento de la aplicación del principio de igualdad en las ayudas de este fondo. Los que trabajamos habitualmente en este sector sabemos de la importancia de este fondo comunitario, que es la principal herramienta financiadora dentro de la política pesquera común. El quinto punto es mejorar la comunicación de las actuaciones de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, Remsp, con la finalidad de reforzar su visibilidad y notoriedad como referente en materia de igualdad en el sector, promoviendo la difusión de publicaciones de buenas prácticas en los proyectos promovidos por la mujer en el sector pesquero. Por último, el punto sexto propone fomentar el asociacionismo, visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector pesquero e impulsar la igualdad de trato y de oportunidades de las mujeres y hombres en este ámbito, así como combatir los estereotipos y las actitudes sexistas que perpetúan las desigualdades todavía existentes.
Señorías, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que quiero valorar en su justa medida, pero no vemos que encaje en este momento en esta proposición donde lo que se propone es lo que acabo de resumirles. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista relaciona aspectos no competentes del ministerio al que nos referimos en esta Comisión, son competencia del Ministerio de Empleo. Sin entrar a enjuiciar en este momento el contenido, que son temas muy concretos, muy específicos, que afectan a la revisión de un catálogo de enfermedades profesionales o a labores de la Inspección de Trabajo, insisto, creo que sería una iniciativa que bien merecería la pena, si así lo estima oportuno el grupo proponente, tratar específicamente y como tal en la Comisión de Empleo. Por eso, entendemos que no debería ser adicionada a los seis puntos que yo acabo de referir. Por tanto, señorías, señora presidenta, finalizo pidiendo el apoyo que el Grupo Parlamentario Popular les solicita en este momento para esta iniciativa. Como no volveré a intervenir, al menos en este año en esta Comisión, quiero desearles a todas sus señorías una feliz Navidad y un buen año que viene. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Martínez): Gracias, señor García Díez.
Les comunico, señorías, que precisamente porque está celebrándose a la vez la Comisión de Infancia, de la cual muchas de las señorías aquí presentes formamos parte, vamos a interrumpir la Comisión de Igualdad, si les parece bien, durante unos diez minutos, para poder acudir a la votación. La Comisión de Infancia se está celebrando en la sala Pérez-Llorca, en la tercera planta de este mismo edificio, así que en cuanto acabe la votación continuamos con el debate de esta iniciativa. Gracias. (Pausa).
Señorías, continuamos la sesión con el debate de la proposición no de ley relativa al impulso de actuaciones de fomento de la igualdad de oportunidades en el sector pesquero, del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la señora Cancela.
La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.
La PNL, que en este caso presenta el Grupo Parlamentario Popular, se titula: Para el impulso de actuaciones de fomento de la igualdad de oportunidades en el sector pesquero. Su contenido versa, fundamentalmente, sobre el apoyo al asociacionismo a nivel estatal de las mujeres del sector de la pesca, visibilizarlas en los órganos de Gobierno de las cofradías de pescadores e incrementar su participación en los órganos de toma de decisiones, promoviendo su empoderamiento y liderazgo femenino en el sector, a través de la unión de los colectivos de mujeres profesionales del mar. En todo caso, sobre esta idea volveré en un momento.
España es la primera potencia pesquera de la Unión Europea. Según el Instituto Social de la Marina, a diciembre de 2016, el número total de trabajadores y trabajadoras en situación de alta en el Régimen Especial del Mar, es de 58 774 personas, de las cuales 9426 son mujeres, lo que supone un 16% del total. Por comunidades autónomas, es Galicia quien registra el mayor número de trabajadores del mar, con un 25,21% del total de España. El sector pesquero incluye a personas que trabajan a bordo de buques y embarcaciones pequeñas y a otros trabajadores y trabajadoras que no precisan embarcarse, formando parte de la industria auxiliar de la pesca o desarrollando trabajos como descarga de pescado, procesamiento y comercialización, reparación y fabricación de redes o la gestión de cofradías de pesca
que los representan, así como los colectivos que se dedican a actividades de marisqueo o acuicultura. Estos grupos profesionales no embarcados están formados mayoritariamente por mujeres, en su mayoría trabajadoras autónomas. Pero a pesar de estar en el siglo XXI, persiste la realidad de siempre: las mujeres se quedan en tierra y los hombres van al mar.
El prototipo de trabajo femenino en el mar, según la propia Unión Europea, lleva a cabo trabajos de carácter monótono, con salarios inferiores, menos oportunidades de participar en la planificación de su trabajo y cuenta con menos expectativas de promoción profesional. Los riesgos laborales de las mujeres en la pesca se refieren a posturas de trabajo inadecuadas, largas jornadas de pie, trabajos repetitivos, exposición a agentes químicos y biológicos, mientras que en los hombres los riesgos fundamentales son en cuestiones de seguridad y manipulación de objetos pesados.
La participación activa de las mujeres en las actividades pesqueras ha contribuido al desarrollo laboral, económico y social de sus territorios, mantenimiento de sus tradiciones y oficios, garantizando la diversidad y el patrimonio cultural de los pueblos. A pesar de su importancia socioeconómica como fuerza laboral en la pesca y la acuicultura, poco se ha tenido en cuenta la perspectiva de género respecto a la promoción del acceso o desarrollo profesional de las mujeres en el sector o a aumentar su presencia en los órganos de gobierno y decisión, hasta hace bien poco. Fue la Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de 2007, la que marcó la pauta; de ahí, la Ley 33/2014, que modifica a su vez la Ley de Pesca Marítima del Estado de 2001, que introduce la igualdad de trato y oportunidades en el sector, de la cual deriva también el Plan para la igualdad de género del sector pesquero y acuícola 2015-2020, a lo que ya hizo referencia también el ponente de la proposición no de ley.
La presencia de la mujer es desigual en los distintos ámbitos de la pesca: en la pesca artesanal y de bajura; en la pesca de altura y de gran altura, donde hay un déficit de presencia femenina; en el ámbito de las mariscadoras de a pie, rederas, nescatillas y empacadoras; en la concepción y reparación artesanal de aparejos de pesca, como rederas y rederos, y en la acuicultura, en la industria transformadora y en la comercialización. Tanto a nivel de Europa como en España es difícil conocer con detalle cuál es la situación laboral de las mujeres en el sector pesquero y acuícola, lo que dificulta también aportar datos concluyentes sobre su peso real en estas actividades. Aun así, hay determinadas notas que las caracterizan: su invisibilidad y falta de reconocimiento; la segregación profesional y sectorial; los riesgos laborales, que se desconocen mayoritariamente; las enfermedades profesionales; los coeficientes reductores de edad de jubilación, porque existe penosidad, peligrosidad, toxicidad, etcétera; el intrusismo; la falta de formación; la falta de relevo generacional; la brecha salarial; la conciliación, y el asociacionismo y la representatividad en los órganos de decisión del sector. Se ha avanzado pero debe seguir promoviéndose de cara al empoderamiento femenino. Por tanto, nuestro reconocimiento al movimiento asociativo femenino, como la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, las asociaciones de rederas, mariscadoras, etcétera.
Por todo ello, y retomando el inicio de mi intervención, el impulso de actuaciones de fomento de la igualdad de oportunidades es mucho más que el asociacionismo en el sector pesquero. Apoyaremos esta proposición no de ley porque apoyamos las formas que contribuyan al empoderamiento femenino en todos sus manifestaciones, pero el Grupo Parlamentario Socialista presentará una iniciativa parlamentaria integral sobre el trabajo de la mujer en este sector, porque es necesario regularizar sus condiciones de trabajo e igualar su situación profesional con los hombres, visibilizar su trabajo, prevenir los riesgos de trabajo y las enfermedades profesionales, incentivar su formación, dignificar su salario, empoderar su presencia en los órganos de dirección de sus organizaciones e impulsar su capacitación profesional, entre otras muchas cosas.
Retiramos, por tanto, las enmiendas de adición 7 y 8, sobre las enfermedades profesionales e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y mantenemos la adenda introductoria porque consideramos que contextualiza muchísimo mejor esta proposición no de ley. Se lo hemos trasladado al grupo proponente, que ha aceptado esta enmienda. Por tanto, tenemos acuerdo al respecto.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Martínez): Gracias, señora Cancela.
Para el turno de fijación de posiciones del resto de los portavoces, en primer lugar tiene la palabra el señor Agirretxea.
Intervengo muy brevemente. Procediendo como procedo de un pueblo marinero y costero, sin duda alguna la masculinización que el sector pesquero ha tenido desde sus orígenes es una evidencia, es una realidad, como es una evidencia y una realidad la pura feminización de ciertas profesiones relacionadas con el sector pesquero en su amplitud, como pueden ser las rederas, las empacadoras, las neskatillas, personas que han trabajado y han sido piezas fundamentales en el ciclo económico, social y cultural del entorno pesquero y marítimo en pueblos costeros muy importantes, en Euskadi, por ejemplo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Por tanto, estamos a favor de todo aquello que sea promover, por una parte, la integración total de la mujer en este sector y, por otra, el reconocimiento, porque podemos decir muchas cosas pero después cuando eso no se plasma en papeles, en leyes y en posibilidades laborales, queda en agua de borrajas. Hasta hace muy poco, y gracias a las iniciativas que muy machaconamente este partido al que represento ha llevado a cabo, la situación laboral de neskatillas, empacadoras o rederas se ha podido regularizar de una forma estable en la legislación laboral española.
Apoyaremos esta propuesta, porque todo aquello que permita, independientemente de la situación actual, que las mujeres puedan incorporarse también al sector pesquero en toda su amplitud e incentivar en una profesión que de por sí ya está bastante deteriorada, bastante infravalorada, pero tan necesaria como la que es, para que se reconozcan los derechos de las mujeres, de los hombres y de todas las personas que trabajan en este sector.
Turno para el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Garaulet.
Estoy absolutamente de acuerdo prácticamente con todo lo que han comentado los ponentes que me han precedido, tanto el señor Díaz, que habitualmente también en la Comisión de Agricultura tenemos algunos debates sobre el tema del sector pesquero, y que coincidimos prácticamente en lo que creemos que hay que hacer para desarrollar un sector importante y que tiene que incluir no solamente el acceso a la mujer en igualdad de derechos y oportunidades, sino también a los jóvenes que necesitan introducirse en un sector como es el pesquero, que es importante para nuestra nación; y, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que han desarrollado la señora Cancela y el señor Agirretxea.
Las características del sector pesquero hacen que estemos tratando un tema que es complicado; estoy de acuerdo con que no solamente esto es asociacionismo, hay que abordar un problema muchísimo mayor, porque el sector tiene un perfil complejo. Hay personas jubiladas anticipadamente; personas que disfrutan de descansos prolongados por paro biológico o que tienen periodos vacacionales largos por faenar en caladeros lejanos; hay personas que trabajan de noche, lejos del hogar; es decir, el perfil es complicado para poder favorecer la introducción tanto de la mujer como de los jóvenes. También hay un preocupante envejecimiento de la población activa, lo que hace que la implantación de estrategias que tengan como objeto el incremento de oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes serían interesantes para poder desarrollar el sector. Hay que lograr que el conjunto de las actuaciones públicas tengan como objetivo adaptar, mejorar y paliar las condiciones sociales negativas, adversas y discriminadoras de personas y colectivos que se producen en el marco de una actividad económica, que debe considerar siempre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector. Así, prácticamente, la inexistente incorporación de la mujer en algunos ámbitos del sector, está suscitada por otros factores, como pueden ser la limitada habitabilidad de los barcos, la dureza de la profesión, la dificultad de conciliar la vida laboral con la familiar, lo que deriva en una clara discriminación por razón de género y priva al sector, señorías, de la riqueza que aporta la actividad económica en los colectivos mixtos.
La igualdad entre hombres y mujeres es un mandato legal, como así lo proclama la Constitución, la Ley Orgánica sobre igualdad de oportunidades y las propias competencias atribuidas a la Secretaría General de Pesca, Mapama, que en esta materia son las de planificar y gestionar las políticas de integración e igualdad de oportunidades en la actividad pesquera. En virtud de estas competencias, la Dirección General de Ordenación Pesquera, a través de la Subdirección General de Economía Pesquera, elaboró el Plan para la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola, 2015-2020. Este Plan para la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola debe configurarse como una herramienta para promover la igualdad de oportunidades en el ámbito pesquero y acuícola, para combatir las situaciones de desigualdad que se producen en este sector, de cara a desarrollar una igualdad efectiva y real, no
solamente teórica. Es imprescindible tomar medidas que eliminen las barreras y mitiguen la problemática que afecta a las mujeres de la industria pesquera, y entre ellas se encuentra su invisibilidad, la falta de estadísticas suficientes segregadas por sexo, como antes ha comentado la diputada Cancela, como la segregación profesional y la sectorial, no exenta de ciertos perjuicios, tanto de riesgos laborales, enfermedades profesionales específicas, etcétera.
Señorías, creemos que el objetivo no es solamente fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al mercado laboral en el sector pesquero y acuícola, sino que hay que impulsar el emprendimiento femenino; también hay que mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de las mujeres en el sector pesquero y acuícola, impulsando el reconocimiento y la igualdad de trato, y la no discriminación de la mujer en el sector pesquero y su liderazgo y empoderamiento en estos sectores.
Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Grazas, señora presidenta.
Evidentemente, para mí como gallega y como diputada de En Marea, esta es una iniciativa que me preocupa particularmente y en la que no queríamos dejar de trasladar nuestra preocupación por lo que en ella se relata. Hay dos problemas fundamentales. Evidentemente, lo que contiene esta iniciativa no está mal, ni mucho menos, nos parece estupendo y por eso ya adelanto que nuestra votación va a ser una abstención, pero consideramos que para poder mejorar la situación de las mujeres del sector de la pesca faltan un montón de cuestiones fundamentales, que, por cierto, ya se han debatido en otras comisiones de esta Cámara y que el Grupo Popular no ha estado disponible para que saliesen adelante. Algunas de estas cuestiones ya han sido comentadas en el debate de esta iniciativa, por tanto no me voy a detener demasiado en explicitarlas, pero me gustaría comentar dos cuestiones.
En primer lugar, es una iniciativa que desde luego no cuenta en absoluto con las comunidades autónomas para el desarrollo de las iniciativas, y esto nos parece preocupante porque creemos que tiene que ver con este espíritu recentralizador que últimamente nos estamos encontrando en todas las iniciativas del Partido Popular, que no nos gusta, no compartimos; nosotros creemos que está muy bien que las comunidades autónomas puedan ejercer sus políticas y en la medida de lo posible puedan tener cierto autogobierno, por tanto no compartimos este tipo de espíritu en las políticas públicas y no nos gusta, y creemos que adolece bastante esta iniciativa de esta cuestión.
En segundo lugar, creemos que las propias demandas que las mujeres en el sector de la pesca han realizado, y en el caso de Galicia lo que tiene que ver con las mariscadoras y con las rederas, evidentemente no están atendidas en esta iniciativa; creemos que cuestiones como la reducción de la edad de jubilación, la reducción de los coeficientes reductores o hacer un catálogo de enfermedades frecuentes en las mujeres que están en estos sectores son cuestiones que deberían ser atendidas y que distan bastante de estar incluidas en esta proposición no de ley. Precisamente porque estamos muy de acuerdo en que hay que dignificar la situación de estas mujeres, nos parece que podemos aspirar a algo más, también en esta Comisión de Igualdad, que, por cierto, celebramos también que se debatan este tipo de cuestiones aquí, pero evidentemente nos parece que es absolutamente insuficiente esta iniciativa. Por tanto, no podremos votarla favorablemente.
- RELATIVA A IMPLEMENTAR DIFERENTES MEDIDAS PARA CONOCER DETALLADAMENTE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA Y AVANZAR EN EL DISEÑO LEGISLATIVO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y/O ACOSO SEXUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002515).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a implementar diferentes medidas para conocer detalladamente la situación española y avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y/o acoso sexual, que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista. Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para defender su propuesta, turno a favor del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, nueve millones -repito, nueve millones- de mujeres de la Unión Europea habrían sido objeto de agresiones sexuales en el periodo de doce meses anterior a la encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el año 2014. Esta encuesta nos ha revelado, además, que el 18% de las mujeres han sido objeto de acoso a partir de los quince años de edad. Recientemente, el Grupo Parlamentario Socialista, analizó pormenorizadamente los datos de esta encuesta y pudimos desvelar que España se sitúa a la cola de Europa en denuncias por violaciones y agresiones sexuales. ¿Se han preguntado cómo influye en la interposición de denuncia el hecho de que las víctimas sepan que tras la denuncia se exponen, sin ningún tipo de amparo, a un linchamiento y cuestionamiento estereotipado de su comportamiento social? Pues bien, nosotros sí, porque sabemos que hay más denuncias en países con mayor intolerancia a la violencia sexual y con mejores niveles de igualdad de género. Estamos en el furgón de cola en el número de este tipo de delitos registrados ante la policía. Señorías, la tasa de denuncia de violaciones en España es de 2,65 casos por cada cien mil habitantes, frente a la de Suecia, que es de casi 57. Si hablamos de agresiones sexuales, el índice de Suecia es seis veces mayor que el de España.
La indignación social que nos provocan determinados tratamientos mediáticos o judiciales debería ser la espoleta para mover conciencias, pero Europa lo que hace es alertarnos de que las respuestas solo serán eficaces -y cito- ofreciendo una base sólida sobre la que elaborar las respuestas específicas para cubrir las necesidades de las mujeres como víctimas de esta violencia y conocer las intervenciones de la justicia. En este sentido va nuestra iniciativa.
La encuesta europea apunta en sus conclusiones a la necesidad de que cada Estado miembro examine los patrones de las agresiones y abusos sexuales como un elemento de base para desarrollar respuestas políticas basadas en pruebas. Necesitamos conocer. Les presentamos diez puntos que nos parecen imprescindibles y de los que queremos destacar la necesidad de incorporar al plan de estadística nacional datos relacionados con la violencia sexual, para poner a disposición de la sociedad esos datos que reflejan esta realidad y que ayuden además a las administraciones y al Legislativo en la planificación de una respuesta adecuada y adaptada. Básico nos parece que el Consejo General del Poder Judicial abra un nuevo epígrafe en sus informes que identifique el número de denuncias y el sentido de las sentencias. Lo que nos gustaría es que se priorizase lo que nosotros entendemos que es una necesidad imperiosa, que es realizar, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con las organizaciones de juristas, una investigación sobre la respuesta de la Administración de Justicia ante los delitos relacionados con violaciones, acoso sexual en el trabajo y otro tipo de agresiones sexuales. Han sido este tipo de trabajos los que han ido desvelando prácticas judiciales estereotipadas y, por tanto, injustas.
Tenemos incluso una grave llamada de atención de Naciones Unidas en este sentido. Es urgente conocer la interpretación que la justicia está haciendo sobre los delitos sexuales porque es a través del análisis de las sentencias como podemos conocer si existe un trato discriminatorio que no aparezca asignado a ningún precepto legislativo. Esta reflexión, señorías, ya se hizo en la investigación que, bajo el título La mujer en la Administración de Justicia, llevó a cabo el Instituto de la Mujer a finales de los años ochenta, y que permitió desvelar un tratamiento discriminatorio en los casos de parricidio, donde se identificó que, en todos los casos que se analizaron, cuando el parricida era un varón se presentaban alusiones no probadas respecto de la conducta sexual y social de la víctima al efecto de reducir la culpabilidad del acusado. Esto lo estamos viendo cada día en los delitos de tipo sexual. Aquella investigación probó la discriminación sexual en la apreciación de los jueces que de manera sistemática utilizaron las agravantes y atenuantes como factores discriminatorios en la responsabilidad criminal, siempre a beneficio de los varones.
Pues bien, sobre la respuesta de la Administración de Justicia a las agresiones sexuales, no hemos sistematizado nada; científicamente no podemos probar qué agravantes o atenuantes funcionan a beneficio de los violadores, y desconocemos absolutamente qué prejuicios y estereotipos sexistas resultan favorables a los agresores. Sabemos que existen porque cada vez que tenemos un caso mediático se pone en evidencia, pero necesitamos desentrañarlo y mostrarlo a la sociedad. Necesitamos -y creo que
ha llegado la hora- conocer si están funcionando los estereotipos en las descripciones de los informes forenses o psicológicos; desconocemos por completo qué papel está jugando el juzgador como variable intermedia entre los hechos reales y la sentencia. Los jueces son también seres sociales que tienen los mismos mecanismos psicológicos que los ciudadanos medios; conocer el estereotipo, las actitudes, las motivaciones o los prejuicios que aparecen en el discurso jurídico, y que influyen en el resultado final de las sentencias, es esencial. Son estos trabajos los que permiten, posteriormente, diseñar una respuesta legislativa adecuada. Por eso les pedimos que hoy votemos positivamente esta medida y que más pronto que tarde el Gobierno dé cumplimiento para allanar el camino de las reformas que en materia de agresiones sexuales serán precisas para equiparar y garantizar la respuesta en todo el territorio y dar respuesta integral, esa respuesta integral que nos reclama el Convenio de Estambul y el Pacto contra la violencia.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para defender su enmienda. Señora Rodríguez.
Estamos bastante de acuerdo con lo que dice esta proposición no de ley, de hecho me gustaría felicitar al Grupo Socialista, sobre todo porque lo que ha pasado en la Comisión de hoy denota una cosa, y es que estamos de acuerdo en lo fundamental en muchísimas cuestiones y en realidad quien está poniendo cortapisas a todo esto es el Gobierno, y esto es lo que me gustaría aclarar en primer lugar. Creo que tanto las diputadas del Grupo Socialista, como nosotras, como las diputadas del Grupo Mixto e incluso también de Ciudadanos nos podríamos poner de acuerdo en este momento con muchas de las cuestiones que están en el informe del pacto de Estado, pero cuál es mi sorpresa cuando la semana pasada sale el plan normativo de 2018 del Gobierno, después del Consejo de Ministros, en el que adelantan cuáles van a ser las reformas legislativas, y una se pone a leer qué es lo que hay respecto a la violencia de género y se encuentra que lo único que van a hacer es tocar algunas cositas de la Ley de 2004. ¡Qué sorpresa! No van a hacer absolutamente nada de lo que estaba en el informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la violencia de género. A nosotras, desde luego, no nos sorprende, pero lo que no sé es cómo no se les cae la cara de vergüenza al Gobierno del Partido Popular cuando ninguna de las cuestiones que hemos acordado entre todas que deberían ser modificadas en el próximo año, ya no digamos los próximos seis meses o los dos meses que habíamos acordado en ese informe, se van a poner en marcha. Esto es lo primero que nos parece superpreocupante y por eso celebro enormemente que el resto de grupos políticos de esta Cámara seamos responsables y estemos trayendo iniciativas a esta Comisión para poner en marcha medidas que cuanto antes mejoren la vida de las mujeres.
Aparte de que el Partido Popular no haya querido hacer nada, y así lo haya dejado claro en su plan normativo, si una se lee la exposición de motivos de la iniciativa del Grupo Socialista, que está bastante bien, precisamente dice que en el punto 86.3 del informe de la subcomisión se indican cuáles son las reformas legislativas que se tienen que hacer para cada tipo de violencia. Creo que este párrafo en realidad es el origen de todos los males, es en realidad el párrafo sobre el que hemos tenido más debates en toda la Comisión, porque está claro que no tenemos la misma idea de lo que tiene que ser un tratamiento integral para cada uno de los tipos de violencia. Por un lado, el Partido Popular entiende que un tratamiento integral es no hacer nada; no compartimos esa opción. Por otro lado, el Grupo Socialista nos trae hoy una propuesta, que es en la que me gustaría centrarme ahora, para profundizar en cuál debe ser el mejor tratamiento legislativo para las violencias sexuales. Ya de entrada a nosotros nos parece que el hecho de hablar específicamente solamente del acoso sexual, aunque tiene sus características concretas, y no hablar del resto de formas de violencia sexual y precisamente profundizar y estudiarlas también ya que tenemos esta oportunidad, nos parece que podría quedarse corto. En este sentido va nuestra enmienda. Nosotras proponemos que precisamente, haciendo una interpretación bastante clara de lo que dice el punto 86.3 del informe de la subcomisión, podamos hacer una ley integral.
¿Qué sería una ley integral para las violencias sexuales y por qué necesitamos una ley integral para las violencias sexuales? En primer lugar, creo que los motivos son evidentes, es un clamor en todos los rincones del planeta Tierra que las mujeres no van a seguir en silencio, desde las actrices en Hollywood hasta cualquier mujer en una empresa en nuestro país está diciendo que ha sufrido situaciones de
violencia sexuales, también, por cierto, en esta Cámara, en el Congreso; también, por cierto, muchísimas de nosotras como diputadas hemos vivido estas situaciones, y lo que no tiene sentido es que no pongamos en marcha todas las herramientas que están en nuestras manos para darle solución.
Creemos que el modelo que se utilizó para la Ley de violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja, como es la Ley de 2004, aportaba un tratamiento integral que por supuesto va a tener diferencias a la hora de aplicarse a la violencia sexual, pero nos parece positivo y creemos que, a partir de ahí, podemos empezar a debatir. Creemos que esta ley tiene que hablar de sensibilización, de prevención, de detección, de exacción y de erradicación. Y cuando hablemos de qué tiene que pasar con la asistencia a las víctimas, tienen que estar garantizados para las víctimas de violencia sexuales sus derechos a la información, los derechos laborales, económicos, de tutela, los derechos institucionales y de protección integral. Creemos que sin todo esto no estaríamos hablando de una buena ley contra las violencias sexuales, sino que lo que estaríamos haciendo es continuar con este modelo, que evidentemente es el modelo del Partido Popular, de no hacer absolutamente nada.
Estamos completamente de acuerdo con el Partido Socialista en que tenemos que estudiar la cuestión, tenemos que saber exactamente qué es lo que está pasando. Son aterradoras las cifras del propio Gobierno, que no compartimos su ideología, que nos dicen que hay millones de mujeres en este país que sufren agresiones sexuales, más todas aquellas que ni siquiera sabemos que las sufren. Por tanto, la situación es urgente y por eso nosotras pensamos que este párrafo, que por cierto dice literalmente que tenemos que hacer desarrollos normativos de las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul. Creo que está muy claro que hay que hacer otra ley, y si es que el resto de grupos de esta Cámara no entienden que con lo que se dice en este párrafo hay que hacer otra ley, entonces nos darán la razón en la posición que tuvimos en el pacto de Estado, que, por cierto, no hacen más que hacerlo cada vez que no reconocen una nueva asesinada si es que no estaba en el ámbito de la pareja. Señorías del Partido Popular, por favor, corrijan sus estadísticas porque ya hemos acordado entre todas en esta Cámara que hay más mujeres asesinadas que son víctimas de violencia machista que están fuera del ámbito de la pareja o de la expareja, y es vergonzoso a día de hoy las cifras que ustedes utilizan cada vez que hacen exposiciones de motivos.
Sin más, a nosotras nos gustaría que el Grupo Socialista aceptase nuestra enmienda; nos parece que es urgentísimo en España hacer una ley contra las violencias sexuales que sea efectiva, que sea real, que comience a funcionar en esta legislatura; creemos que no podemos esperar a hacer mesas de estudio y simplemente estar contándonos los datos que ya tenemos encima de la mesa. Sentémonos a hacer la ley en vez de hacer un estudio y démosles una respuesta a todas las mujeres de nuestro país que lo están señalando. Por cierto, haciéndolo estaríamos a la vanguardia, una vez más, en la lucha contra la violencia machista en el ámbito internacional, y creo que esto es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos.
Por cierto, retomando lo que acaba de decir usted ahora al final de su intervención, respecto a que somos un referente y estamos a la vanguardia a nivel internacional en materia de igualdad, quería trasladarles que en el último viaje que hicimos al Parlamento Europeo, que nos invitaron para participar, exponer y hablar de nuestro pacto de Estado, prácticamente todas las intervenciones de las señorías de otros países iban en el sentido de que para ellas España es un referente siempre en materia de lucha de igualdad de oportunidades contra la violencia de género y que siempre están expectantes esperando a ver qué es lo que hacemos nosotros para seguirnos. Por tanto, no defraudemos a nadie, primero a nuestras mujeres en nuestro país, que, fundamentalmente para eso trabajamos, pero tampoco olvidemos que nos están mirando siempre como un referente que fuimos y no dejemos de serlo.
Seguimos. Turno de fijación de posiciones para el resto de portavoces que deseen intervenir. Grupo Parlamentario Ciudadanos
La violencia sexual existente en España es un elemento altamente invisibilizado del que todavía a día de hoy desconocemos su verdadera magnitud. En los estudios sobre la incidencia de este tipo de violencia sobre las mujeres y menores de edad, existen datos altamente dispares. Por ejemplo, los datos que ofrece el Ministerio del Interior señalan que en España hay más de un millar de mujeres violadas cada año. Desde el año 2009, que es cuando el Ministerio del Interior comienza a desglosar la estadística sobre agresiones sexuales, encontramos que se producen las siguientes denuncias: en 2009, 1304 casos;
en 2010, 1177; en 2011, 1513; en 2012, 1280; en 2013, 1298; en 2014, 1239 y en 2015, 1127. Para el presente año solo en los tres primeros meses el Ministerio del Interior recogió 516 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, de los cuales 33 fueron agresiones con penetración. Además de estas cifras que ofrece el ministerio, que recogen solo denuncias, encontramos las ofrecidas por Amnistía Internacional sobre la base de una macroencuesta que señala que 1,4 millones de menores y mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en el último año, datos que contrastan de manera significativa con los ofrecidos por el Ministerio del Interior y que hacen pensar que las estadísticas oficiales no recogen la grave magnitud del problema que nos atañe.
Las medidas que propone el Grupo Socialista nos parecen adecuadas; la falta de una fotografía que muestre la magnitud real del problema y que facilite que podamos actuar con datos realistas y sobre elementos concretos que causen un impacto real en el retroceso de esta violencia es altamente necesario. Esta tendencia y las altas cifras que se producen año tras año muestran que es preciso que las administraciones trabajen de manera decidida sobre este tipo de delitos, como además se puso de manifiesto por parte de muchos comparecientes que asistieron a la subcomisión del Pacto contra la violencia de género. Queda aún muchísimo por hacer para luchar contra este tipo de violencia machista. Creo que además en esto podemos estar de acuerdo casi todos los grupos de esta Comisión, así que, por supuesto, apoyaremos la iniciativa del Grupo Socialista.
Es el turno para el Grupo Parlamentario Popular, señora Valmaña.
Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Popular, que va a ser la de apoyar esta proposición no de ley del Grupo Socialista, y quiero comenzar haciéndolo con una pequeña corrección, que no merece la categoría ni la pena tomar forma de enmienda de pequeña que es, y es pedir que se incluya el abuso sexual, junto con las agresiones sexuales y el acoso sexual como otra realidad, puesto que así tanto nuestras normas jurídicas como el bagaje y acervo jurídico de nuestro país lo aconsejan.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley por coherencia y por responsabilidad. A diferencia de otros grupos que se convierten en exégetas e interpretan la voluntad y la actuación de otros, como hace la representante de Podemos en esta Comisión, que parece que sabe lo que el Partido Popular quiere o hace mejor que el propio Partido Popular, nosotros, por coherencia y responsabilidad no decimos una cosa el lunes y otra cosa el viernes, nosotros decimos siempre lo mismo. Lo dijimos el 24 de julio, lo dijimos el 28 de julio, lo dijimos el 28 de septiembre y lo volvemos a reiterar hoy, porque todas estas medidas que se contienen en la proposición no de ley de forma muy detallada, de forma muy minuciosa, son medidas que están implícitas en la letra y en el espíritu del Pacto de Estado contra la violencia de género. Por tanto, nos parece bien que todo aquello que desarrolle, que permita de una manera más detallada delimitar cuál es el contenido de ese ya extenso y amplio pacto es algo digno de tener en cuenta, medidas que se contienen, como la propia proposición no de ley establece, en el punto 183 de ese pacto de Estado, pero también de alguna manera quedan recogidas en el 181, 184, 185, 186, 187 y 192, y no quiero hacer una detallada exposición de todos y cada uno de ellos. Por tanto, responsabilidad y coherencia es votar a favor de aquello que ya de alguna manera hemos votado. Y responsabilidad, porque consideramos que además la protección y la defensa de los derechos de las mujeres está por encima de cualquier tipo de interés partidista. (Rumores).
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Señorías, las personas que estamos en esta Comisión, bueno la mayoría, ya sabemos que algunas no, ya hemos dado pruebas de esa responsabilidad en estos recientes momentos históricos de la aprobación por esta Cámara del Pacto de Estado contra la violencia de género, y quiero reafirmar aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el compromiso de este grupo y solicitar, además, el suyo para que pongan todo de su parte, en la medida que les sea posible, para que el pacto se lleve a efecto y que sea firmado sin más dilaciones por todas las administraciones y agentes que han de llevarlo a la práctica, sellando un compromiso que va más allá de lo simbólico y que suponga un pistoletazo de salida precisamente para encontrar una salida, la salida de muchas mujeres a esa
violencia sexual. En este camino, esta proposición no de ley nos parece que es un paso que puede ser adecuado, que aporta y que, por tanto, el Grupo Popular va a votar favorablemente.
- RELATIVA A PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO SEXUAL POR RAZÓN DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y UNIVERSIDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002546).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a protocolos contra el acoso sexual por razón de género en las empresas, Administración pública y universidades, que presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular.
Turno para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para defender su proposición. Señora Fernández.
Una de las cuestiones que muchas veces, cuando nos ponemos a hablar de feminismo en una asamblea, en un barrio, nos dicen muchos compañeros varones es que lo que necesitamos las mujeres es tener independencia económica para sentirnos libres, para sentirnos autónomas, por tanto necesitamos tener empleos. Por eso creo que es tan importante, precisamente porque parece que toda nuestra capacidad y nuestra adquisición de una ciudadanía de primera va a ser a través del trabajo, entender la relevancia de esta proposición no de ley que planteamos hoy, que de hecho ya fue aprobada como voto particular dentro del informe del pacto de Estado del pasado 28 de septiembre. (Rumores). Creo que ahora mismo es también una cuestión de justicia traerla con todo el silencio que se está rompiendo, y me refiero a la situación de acoso sexual que hay en los entornos laborales, así como en los entornos de ámbito educativo, pienso en la universidad, por ejemplo. Y es que hace menos de un mes UGT, sin ir más lejos, que tampoco es que estemos hablando de ningún pequeño colectivo...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Fernández. Señorías, si tienen alguna cuestión que comentar respecto de alguna transacción o respecto de alguna cuestión que derive del trabajo de esta Comisión les rogaría que lo hicieran fuera de la sala, porque si no es imposible escuchar a la persona que está interviniendo en este momento.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Muchas gracias.
Decía que hace menos de un mes concretamente la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, era quien destacaba que entre los años 2008 y 2015 prácticamente había 2500 casos recogidos de mujeres que habían denunciado acoso sexual en el ámbito laboral. (Rumores). Nos parece gravísimo que estemos hablando únicamente de 2500 casos -es un poco difícil de hecho concentrarse, presidenta, así que perdón cuando se vea este video porque se va a entender mal-, ya que precisamente esos 2500 casos son de los que tenemos noticia, pero lo que nos encontramos normalmente es que del acoso sexual que se sufre en otros ámbitos también, pero en el laboral no se habla, no se habla por parte de las mujeres por miedo a las represalias y no se habla por parte de las empresas porque dicen que no sucede. Ahora que se está rompiendo el silencio, ahora que tenemos el me too, que tenemos el yo también, ahora que empezamos a hablar entre nosotros de todos esos casos que además, por un constructo social, nos dan más pudor que indignación y que rabia, y nos sentimos más culpables que directamente agredidas, ahora que se está haciendo todo eso por parte de la sociedad civil lo mínimo es que esta institución y que esta Cámara esté a la altura de la situación. Por tanto me parece fundamental hacer referencia al movimiento feminista que siempre ha estado apoyando -incluso aunque escritores como Juan José Millás, que ha cubierto el caso Nevenka, digan que de vez en cuando no ha sido así- a las mujeres que se atrevían a decir que en el entorno que fuera, y fuesen de la ideología que fuesen, estaban sufriendo acoso sexual. Me parece importante estar hablando de casos concretos, me parece importante hablar del caso de La Felguera, siendo asturiana, en el establecimiento La Antigua, en el que tenemos ahora mismo a una mujer denunciando ese acoso sexual que ha sufrido en su ámbito de trabajo. Me parece que no solo es una cuestión de sentido común y de sensatez, porque ya se ha aprobado este
voto particular en el informe del pacto de Estado, sino que se está rompiendo el silencio, que las mujeres están diciendo lo que está pasando en sus entornos de trabajo, que lo están haciendo con muchas dificultades, que lo están haciendo también en la universidad, que se quiere seguir negando que hay una vulneración de derechos humanos. En esto creo que la sororidad es lo que más sentido tiene, y enlazo con lo que decía mi compañera Ángela Rodríguez en la intervención anterior, hablando de agresiones sexuales. En estos casos da igual de dónde vengamos, da igual que compartamos ideología o que no, da igual que seamos feministas o que no, a todas las mujeres que en algún momento se nos acose sexualmente, se nos agreda, esas son hermanas, nos creemos, y por tanto creo que es responsabilidad de esta Cámara que estemos a la altura. Por esto y porque ya está recogido en el informe del pacto de Estado me imagino que no habrá ningún problema por parte de todos los grupos parlamentarios en apoyar esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Es una buena frase nos creemos.
Turno del Grupo Parlamentario Popular para defender su enmienda. Señora González.
Como muy bien se ha dicho nosotros hemos presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, pero antes de llegar a ella voy a explicar unos planteamientos.
Queremos decir que gracias a la ratificación por parte de España del convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el conocido como Convenio de Estambul, hemos podido en España continuar mejorando en las distintas medidas ya implementadas, muchas de ellas en materia de igualdad y contra la violencia de género, medidas que como muy bien ha dicho la presidenta hace un momento nos hacen un referente, tanto en Europa como en el resto del mundo. Sin entrar a enunciarlas sí diré que la medida más importante consideramos que ha sido el poner la lucha contra la violencia de género entre las prioridades de esta legislatura, puesto que prioritario ha sido llegar al ansiado por todos los grupos políticos Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que creemos va a suponer un importante impulso para la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer.
Reconocido el acoso sexual y por razón de género como forma de violencia de género en el artículo 40 del Convenio de Estambul, nos consta que la Inspección de Trabajo ya está llevando a cabo su función de velar por los protocolos contra dicho acoso sexual y por razón de género, especialmente en lo que respecta al cumplimiento por parte de las empresas, así como de las medidas previstas en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad, medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Esto está incluido dentro del capítulo tercero de los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad. Pues bien, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias de vigilancia y control de los convenios colectivos en diversas materias, entre las que se encuentra la igualdad, planifica anualmente de acuerdo con las comunidades autónomas varias campañas en la materia, al margen de las denuncias que en esta materia puedan interponerse. Así pues en caso de incumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones en relación con la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo se inicia el correspondiente procedimiento sancionador. Por otro lado el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado recoge entre sus objetivos prestar una especial atención a aquellas situaciones que requieran especial protección, como son las víctimas de violencia de género o la prevención de situaciones de acoso.
En cuanto a diseñar de manera conjunta los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones quiero recordar que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya está llevando a cabo el Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020, con actuaciones de colaboración con las comunidades autónomas para el seguimiento y evaluación de planes de estrategia y estrategias nacionales que inciden en la convivencia, con especial atención a la socialización preventiva en violencia de género. Asimismo en la línea de actuación cuatro del plan estratégico se contempla la formación del profesorado -hecho importante- y otros agentes de la comunidad educativa, impulsando la formación en materia de convivencia que permita avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia escolar, sexual, por razón de género, etcétera.
Así pues entendemos, y en este sentido va nuestra enmienda, que atendiendo a las indicaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para su cumplimiento, en el punto 184, deberemos
diseñar programas de prevención, detección y protocolos especializados o actualizar los ya existentes, adaptándolos a las diferentes violencias sexuales en todos los ámbitos educativos: infantil, primaria, secundaria y ámbito universitario, que deberán por supuesto ser recogidos en el futuro pacto de Estado por la educación.
Compartimos muchos de los objetivos de esta PNL, pero vamos a solicitar la votación por puntos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Turno de fijación de posiciones del resto de los grupos. Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señorías, hemos discutido previamente a esta PNL otra relativa a la violencia sexual, que ya mi compañera ha dicho que apoyaríamos porque creemos que la violencia sexual es una forma de violencia de género que muchas veces ha permanecido invisible, y que hay que construir el problema social para que se entienda que es un problema que tenemos las mujeres. Añadido a todo lo anterior que hemos expuesto en la discusión previa hay que decir que la violencia sexual en muchas ocasiones se produce en el ámbito laboral, ya sea ejercida por compañeros o por superiores en el contexto del trabajo o de los estudios. En este sentido se ha mencionado ya, lo ha mencionado la portavoz del Partido Popular, que es cierto que teóricamente los planes de igualdad de la Ley de Igualdad de 2007 deberían incluir obligatoriamente planes para la prevención del acoso, y también intervenciones de la Inspección de Trabajo, pero lo cierto es que no en todos los casos se cumplen estas normativas, y además estas normativas no tienen lugar en empresas de menos de 250 trabajadores. Desde Ciudadanos creemos que el sector público en efecto es especialmente importante, especialmente relevante, especialmente ejemplar, y que por eso es imprescindible que los protocolos de acoso se pongan en marcha, se vigilen y se pongan en vigor en algunas administraciones públicas. En concreto tengo constancia de que en algunas universidades, a través de las unidades de igualdad y de las oficinas de delegación para la igualdad de los rectores, se han puesto en marcha; por ejemplo, en mi propia universidad, la Universidad de Alicante, existe un protocolo de prevención del acoso por razón de sexo, por razón de identidad sexual o por orientación sexual, que está funcionando desde hace más de dos años, y que efectivamente está previniendo situaciones en las que hasta ahora muchas de las mujeres teníamos que estar en un absoluto silencio.
Nosotros vamos a apoyar esta proposición de Podemos, que ya lo hicimos apoyando y votando a favor del voto particular que propusieron en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y esperamos también tener el apoyo de la mayor parte de los grupos para estas cuestiones que como se ha dicho ya no afectan a las mujeres por razón de ideologías, sino por el mero hecho de serlo.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Galovart.
La señora GALOVART CARRERA: Muchas gracias, señora presidenta.
La exposición de motivos de la PNL que se debate oculta o no menciona un dato fundamental, y es que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó voto particular a la totalidad del informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rompiendo así la unidad de todos los grupos parlamentarios respecto a la lacra de la violencia machista. En nuestra opinión se trató de una deserción por cálculo político, pues se llevó a cabo de forma sorpresiva, después de que el grupo, ahora proponente, hubiese mostrado su conformidad con todas y cada una de las propuestas del pacto, aprobadas por unanimidad, y también después de que este grupo hubiese votado a favor del pacto en la propia subcomisión del pacto de Estado. La mencionada deserción entendemos que fue un acto de irresponsabilidad política, pues el pacto en la actualidad es el mejor instrumento para avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, al realizar un diagnóstico de la situación en nuestro país, y en base al mismo proponer 213 propuestas de actuación al Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, Administración de Justicia, asociaciones civiles, sindicales y empresariales, todas ellas basadas en recomendaciones de organismos internacionales, ONO, y Convenio de Estambul. También se trató de un acto políticamente irresponsable porque los acuerdos alcanzados han de comprometer al Estado en su conjunto en su lucha contra cualquier forma de violencia
que sufran las mujeres por el mero hecho de serlo, y también porque las medidas acordadas en el pacto son prioritarias, urgentes y útiles para salvar vidas y para evitar maltratos cotidianos, acosos en este caso que nos ocupa de la PNL, sexuales y a miles de personas de nuestro país. En definitiva entendemos que no cabía la abstención frente a lo beneficioso de las 213 medidas para las víctimas. Se trató de un error del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, un inmenso error con víctimas de por medio. A este respecto ha de indicarse que desde 2014 el Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado con perseverancia un pacto de Estado contra la violencia de género, y ha reivindicado la unidad de todas las fuerzas políticas frente a esta lacra, unidad que no admite deserciones por cálculo político.
Para tratar de enmendar en una minúscula parte esa deserción el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea procedió a registrar la presente PNL, relativa a los protocolos contra el acoso sexual y por razón de género en las empresas, administraciones públicas y universidades, y lo hizo cuarenta y nueve días después de la aprobación por el Pleno del pacto de Estado. Se trata de una PNL que en su exposición de motivos reproduce prácticamente al dictado la motivación del voto particular que presentó en sustitución de la medida 77 del pacto, respecto a los protocolos contra el acoso sexual y por razón de género, voto particular que resultó aprobado por mayoría de la Cámara. Sin embargo, y a pesar de la aprobación de este voto particular, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha formulado la presente PNL sin apenas modificación sustancial. De ahí también, como señalamos, el copiado casi al dictado de la exposición de motivos del voto particular. Asimismo ha de señalarse que el conjunto de las medidas propuestas en la PNL se encuentran prácticamente recogidas en el voto particular aprobado y en los puntos 7, 16, 77, 181, 182, 183 y 184 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para este viaje, señorías, no eran menester esas alforjas.
A pesar de todo lo expuesto y de que técnicamente el petitum de la PNL nos parece farragoso en su conjunto y tan generalista que roza la abstracción, así como también ambiguo en sus puntos 2 y 3, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la iniciativa, ya que toda cuestión que plantee cualquier grupo del arco parlamentario que afecte a la lucha contra esta lacra, en cualquiera de sus manifestaciones, contará siempre con nuestro apoyo, sin deserción alguna. Y es que, parafraseando a nuestra portavoz en esta Comisión, en su intervención en el Pleno del 28 de septiembre, mi grupo parlamentario ni se abstiene ni se va a abstener ante el acoso sexual que sufren diariamente muchas mujeres, y además siempre tiene y va a tener en su agenda la defensa de la igualdad y de la libertad de las mismas, esa libertad por la que muchas mujeres han pagado y siguen pagando un precio muy alto.
Gracias y felices fiestas. (Aplausos).
Señorías, vamos a suspender unos minutos la sesión y después votaremos. (Pausa).
Señorías, en primer lugar tenemos que solventar una cuestión yo diría que de fondo o de forma, creo que más bien de forma, y es respecto a las proposiciones no de ley primera y tercera. Como hay acuerdo entre los grupos parlamentarios al respecto, señora Reyes, creo que va a hablar usted.
Simplemente quiero poner de manifiesto que esta mañana en la reunión de la Mesa del Congreso, de la que yo soy secretaria cuarta, se ha planteado que estas dos iniciativas podrían afectar a las competencias que tiene la Mesa de la Cámara. Yo lo he hablado con todos los grupos parlamentarios y creo que podría ser conveniente que los servicios generales de la Cámara hicieran un informe para plantear si podemos aprobar las iniciativas en los términos en los que han quedado las transaccionales, que creo que puede ser que sí, y posponer la votación hasta ese momento.
La señora PRESIDENTA: Si todos los grupos están de acuerdo lo que hacemos es suspender la votación, porque estas proposiciones han sido debatidas, por lo que procede suspender la votación de las dos PNL que figuraban como primera y como tercera.
La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a la votación de la proposición no de ley sobre las políticas de igualdad y conciliación entre vida familiar y laboral. Se vota la transaccional.
Proposición no de ley relativa al impulso de la presencia de mujeres en organismos internacionales. Existe un texto transaccional que es el que se somete a votación.
Proposición no de ley relativa a la efectividad del principio de igualdad en las condiciones de acceso a las oposiciones. Hay un texto transaccional que es el que se somete a votación.
Proposición no de ley relativa al establecimiento de un aborto seguro y libre para todas las mujeres. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14; abstenciones, 4.
Proposición no de ley relativa al impulso de actuaciones de fomento de la igualdad de oportunidades en el sector pesquero. Existe un texto transaccional que es el que sometemos a votación.
Proposición no de ley relativa a implementar diferentes medidas para conocer detalladamente la situación española y avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y/o acoso sexual. Creo que hay un texto que es conveniente que se proceda a su lectura.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Es que ha sido muy de última hora. Abro comillas: Impulsar con posterioridad a este análisis una ley contra la violencia, el acoso y abuso sexual para garantizar los derechos de las víctimas en materia de prevención, información, tutela institucional, protección integral y apoyo a la reparación del daño, y equiparar y garantizar la respuesta en todo el territorio.
Procedemos, entonces, a su votación.
Proposición no de ley relativa a protocolos contra el acoso sexual por razón de género en las empresas, Administración Pública y universidades. Se vota en sus términos.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Presidenta, vamos a solicitar la votación por puntos de esta última.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Perdón, presidenta, ¿el grupo proponente puede decir que no está de acuerdo?
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Pues no estamos de acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Procedemos, entonces, a la votación en sus propios términos.

References: artículo 14
 artículo 14
 artículo 7
 resolución 
 artículo 23
 artículo 14
 artículo 55
 resolución 
 artículo 14
 Real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 145
 artículo 3
 artículo 40
 artículo 48