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Timestamp: 2019-08-24 14:36:15+00:00

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El nuevo Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler: aspectos arrendaticios de derechos sustantivo y procesal - El Derecho - Civil, Inmobiliario, Procesal
El nuevo Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler: aspectos arrendaticios de derechos sustantivo y procesal
Tras más de cinco años de implementación práctica de las medidas de la Ley 4/2013 - EDL 2013/71638-, ha quedado patente que las mismas no han servido para alcanzar la finalidad pretendida de incentivar el mercado de alquileres, tal como algunos ya presagiaban (QUICIOS MOLINA, S.[1]), dado que no se ha producido un incremento de la oferta arrendaticia de vivienda – en 2013 el mercado del alquiler de vivienda en España representaba el 22,3%, y en 2016 el 22,2%, mientras que la media europea estaba en el año 2016 en el 30,7%[2] -, y por el contrario, sí ha servido para “precarizar” el mercado arrendaticio de viviendas, mediante la estandarización de contratos de una duración insuficiente para dotar al domicilio familiar de una mínima estabilidad, y quedando desamparado ante los vaivenes del mercado inmobiliario, conculcando así el núcleo esencial del derecho constitucional a una vivienda digna (art. 47 CE -EDL 1978/3879-), consistente no solo en su vertiente de derecho a “acceder” a una vivienda, sino también, y no menos importante, en el derecho a “permanecer” en ella[3].
El acceso a la vivienda por esta vía se tornó más costoso para el arrendatario dificultando así la satisfacción del derecho a la vivienda para aquellos colectivos que aun disponiendo de recursos económicos limitados no pueden acceder a una vivienda social, en tanto que para que su contrato sea respetado por terceros adquirentes debe elevarse a público e inscribirse en el Registro de la Propiedad, cuando con anterioridad a dicha reforma en aplicación del principio emptio non tollit locatum, el adquirente debía respetar en todo caso la prórroga forzosa legal de los cinco años. La lógica decimonónica del principio legal de “venta quita renta” del art. 1571 del CC -EDL 1889/1- se impuso sin tener en cuenta que más allá de estar ante un contrato de arrendamiento de cosa del Código Civil, estamos ante una vía de acceso del ciudadano a la vivienda.
El 23 de marzo de 2018 el PSOE registró una Proposición de Ley de reforma de la LAU -EDL 2018/23434- que proponía volver a la prórroga legal de los 5 años en los contratos de arrendamiento de vivienda, garantizar su protección frente a terceros, volviendo al mecanismo de la publicidad legal, y no registral.
En la misma dirección registró PODEMOS una Proposición de Ley en fecha 13 de abril de 2018 -EDL 2018/37245-, aunque con algunas medidas más protectoras para el arrendatario como la de facultar a CCAA y a Ayuntamientos para que puedan establecer precios de referencia de forma temporal en aquellas “áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado”.
Finalmente, llegó la tan esperada reforma mediante la aprobación del Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler -EDL 2018/129627- por el Gobierno el día 19 de diciembre de 2018, pero incomprensiblemente, se suprimió en el último momento del contenido de dicho texto legal la tan necesaria reforma de los arts. 7.2, 13 y 14 de la LAU -EDL 1994/18384- que contenía la inicial Proposición de Ley del PSOE -EDL 2018/23434- para garantizar la eficacia frente a terceros de la prórroga legal mínima.
Según el Preámbulo del RDL 21/2018 -EDL 2018/129627- dicha herramienta normativa pretendía dotar al arrendatario de las “condiciones mínimas de estabilidad y seguridad”, sin embargo, eran tan solo palabras bonitas carentes de contenido material, ya que en realidad no se revertían las medidas legales implementadas por la Ley 4/2013 -EDL 2013/71638-, dejándose incólume el redactado de los arts. 7.2, 13 y 14 de la LAU -EDL 1994/18384-.
Se evidenció una absoluta incongruencia entre el propósito manifestado por el Gobierno de proteger el derecho a la vivienda y el texto normativo que contenía dicho RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-.
La falta de calidad técnica del texto del Real Decreto Ley 21/2018 -EDL 2018/129627- evidenció que el Gobierno aprobó dicha reforma de la LAU -EDL 1994/18384- deprisa y corriendo – hasta el punto de que había errores de tal envergadura como equivocarse en el número de artículo supuestamente modificado[11] -, “olvidando” aspectos fundamentales para la protección legal del arrendatario de vivienda, que fue desmantelada por la tan criticada Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler -EDL 2013/71638-.
Dichas críticas al texto normativa pronto calaron en el resto de grupos políticos, y dada la naturaleza provisional de todo Real Decreto Ley que debía convalidarse en el plazo máximo de treinta días hábiles por el Congreso de los Diputados desde su publicación en el BOE, en virtud de lo previsto en el art. 86.2 de la Constitución -EDL 1978/3879- y del art. 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados -EDL 1982/8507-, el texto legal no obtuvo la confianza de la Cámara, produciendo el resultado negativo de la votación la inmediata cesación de sus efectos jurídicos, y su desaparición del ordenamiento jurídico, mediante la publicación en el BOE el pasado 24 de enero de 2019 del acuerdo de derogación del texto -EDL 2019/898-.
Todo ello sin perjuicio de haber desplegado efectos jurídicos absolutamente plenos has dicho momento, por lo que todos los actos realizados a su amparo son válidos. Así mismo, y aun cuando la norma deje de estar en vigor, los contratos de arrendamiento que se hayan celebrado en dicho lapso temporal en que el Real Decreto Ley 21/2018 -EDL 2018/129627- estaba en vigor continuarán rigiéndose conforme a dicho régimen legal en aras de garantizar la seguridad jurídica.
Tras la derogación del efímero Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler -EDL 2018/129627-, el Gobierno aprobó el pasado 1 de marzo un nuevo real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler -EDL 2019/5763-, que reforma, entre otras materias, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU -EDL 1994/18384-).
El espíritu de este nuevo texto legal es recuperar las medidas legales que ya preveía el derogado RDL 21/2018 -EDL 2018/129627- e impulsar nuevas medidas para garantizar la asequibilidad y la estabilidad del inquilino de vivienda en aras de que el arrendamiento se erija en una alternativa al dominio de acceso a la vivienda real y no residual.
II.I. Aspectos de derecho sustantivo
Se reforma la LAU exclusivamente en lo que respecta a la regulación legal de los contratos de arrendamiento de vivienda (art. 2.1 -EDL 1994/18384-).
Se incorporan las medidas legales previstas en el derogado RDL 21/2018 -EDL 2018/129627- y que ya explicamos de forma detallada en el número 70 de esta Revista bajo el título de “El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler: aspectos relativos a arrendamientos urbanos” -EDC 2019/500141-.
Las nuevas medidas legales que contempla este nuevo RDL -EDL 2019/5763- y que no contemplaba el RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-, o si lo hacía, lo hacía en un sentido distinto, son las siguientes:
Se modifica el redactado del art. 9.3 de la LAU -EDL 1994/18384- al efecto de establecer que para que sea operativa la denegación por causa de necesidad del arrendador o familiares sea haya previsto de forma expresa en el contrato de arrendamiento. En caso contrario, no operará.
No es una medida novedosa en nuestra normativa arrendaticia, ya que el redactado del art. 9.3 de la LAU -EDL 1994/18384- anterior a la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas -EDL 2013/71638- ya establecía la necesidad de que se hiciera constar en el contrato este derecho a resolver el contrato del arrendador.
Se aumenta el plazo de preaviso para notificar la voluntad de cualquiera de las partes de que no opere la prórroga legal tácita del art. 10 de la LAU -EDL 1994/18384- a la finalización del plazo de duración del contrato en aras de dotar de mayor estabilidad a la relación contractual, de tal forma que las partes puedan conocer con un plazo de tiempo suficiente la intención de la otra parte contrato con respecto a la duración del contrato, y evitar los perjuicios derivados de una sorpresiva notificación de terminación de la relación contractual.
Así mismo, se corrige un error de técnica legislativa existente en la redacción del art. 10 de al LAU dada por el RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-. Dicha redacción legal rezaba "el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más”, mientras que el redactado actual, siguiendo el redactado anterior a la Ley 4/2013 -EDL 2013/71638-, reza “el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más”.
Con la redacción actual del art. 10 de la LAU -EDL 1994/18384- no queda duda pues que el arrendatario está facultado a poner fin a la prórroga legal tácita a la finalización de cada prórroga anual notificando con una antelación mínima de un mes al arrendador, no quedando pues obligado a respetar los tres años de prórroga.
Esta es una de las medidas más importantes de este nuevo texto legal, y que no se adoptó en el RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-, motivando así que terminara fracasando dicha reforma legal.
Se elimina el tan criticado art. 7.2 de la LAU -EDL 1994/18384- que establecía un sistema de publicidad registral (art. 32 LH -EDL 1946/59-) en materia de arrendamientos urbanos y que friccionaba con la redacción de los arts. 13 y 14 de la LAU que, por el contrario, aludían al tercero hipotecario de buena fe (art. 34 LH).
Se modifica también la redacción de los arts.13 y 14 de la LAU -EDL 1994/18384- para volver al sistema de publicidad legal anterior a la reforma de la Ley 4/2013 -EDL 2013/71638- durante el plazo de la duración mínima del contrato.
Si bien había un consenso unánime entre los expertos que participamos en la redacción de este nuevo texto legal respecto de la importancia de terminar de forma definitiva con la aplicación del principio de venta quita renta (1.571 del CC -EDL 1889/1-) en los arrendamientos de vivienda”, finalmente intereses corporativos ajenos a los intereses del ciudadano no lo han hecho posible, y el principio de publicidad legal no se extiende a toda la duración del contrato.
Las políticas de control de rentas en materia arrendaticia se aplicaron en España durante la primera mitad del siglo XX (Decretos de 29 de diciembre de 1931, de 21 de enero de 1936, de 31 de diciembre de 1946 y de 13 de abril de 1956 -EDL 1956/55-), hasta la entrada en vigor de la conocida LAU 64 -EDL 1964/62- que estableció la libertad de pacto de rentas[12].
No obstante, se prevé en la Disposición Adicional Segunda -EDL 2019/5763-, un mandato al Gobierno para que en el plazo de ocho meses elabore un sistema de índices de precios de referencia de alquiler de vivienda como instrumento útil para la aplicación de políticas en materia de vivienda de las Comunidades Autónomas.
La redacción dada por el RDL 21/2018 -EDL 2018/129627- ya establecía esta limitación legal a la actualización de la renta pero exclusivamente por el plazo de la prórroga legal obligatoria del art. 9 de la LAU -EDL 1994/18384-, y no por toda la duración del contrato, y siempre y cuando se tratara de “contratos de arrendamiento de renta reducida”[13].
La voluntad del legislador con esta medida tan intervencionista es terminar con las cláusulas abusivas de escalonamiento de rentas o subidas porcentuales descontextualizadas de índices de mercado que alteran la necesaria equivalencia en las prestaciones a lo largo de la duración del contrato, y cuya nulidad ya fue declarada por el Tribunal Supremo en su día mediante la copiosa y abundante doctrina de la “ecuación prórroga renta” (SSTS de 9 de febrero de 1967, de 2 de diciembre de 1977 -EDJ 1977/340-, de 13 de febrero -EDJ 1980/1144- y 20 de noviembre de 1980 -EDJ 1980/998-, de 23 de enero de 1985 -EDJ 1985/7111-). Conviene traer a colación este párrafo de la citada Sentencia de 20 de noviembre de 1980 -EDJ 1980/998- que resume muy bien dicha doctrina:
“Que según tiene declarado este Tribunal en sentencia de 13 de febrero del año en curso -EDJ 1980/1144-, la vigente legislación especial de arrendamientos urbanos, inspirada en el principio de libertad de fijación en el contenido de la relación jurídica pactada acoge, a diferencia de los textos anteriores, el postulado e la autonomía de la voluntad en lo tocante a la determinación de la renta (artículo 97 -EDL 1964/62-) y por consiguiente autoriza el acuerdo de las partes sobre su aumento (artículo 98), pero dada la subsistencia de la norma imperativa sobré el beneficio de la prórroga para el arrendatario según ordena el artículo 57 el convenio sobre incremento del precio que por sus términos desmesurados quiebre la prudente correspondencia entre prórroga y renta, constantemente aludida por la doctrina jurisprudencial como tino de los pilares en que se asientan la Ley de 11 de junio de 1964 y sus precedentes derogados, tendrá la significación de un acto realizado en contravención fraudulenta de un precepto imperativo, nulo como tal según el párrafo segundo del artículo 9 por constituir el vehículo para eludir el cumplimiento de una regla cogente, en cuanto hace excesivamente oneroso con arbitrarias elevaciones de la merced arrendaticia, convirtiéndole en ilusorio, el ejercicio de aquel derecho potestativo cardinal que al locatario asiste como irrenunciable por disposición del articulo 6; razón poderosa en atención a la cual, sin desconocer que en la genérica dicción literal del artículo 100, párrafo primero, con su referencia a cualquier "sistema de actualización" paccionado cabrían a primera vista no sólo las cláusulas de estabilización genuinas de naturaleza bilateral y conmutativas que aumentan o reducen la renta en función de índices objetivos y por lo tanto válidas sin discusión posible, ya que responden al propósito de mantener el equilibrio de las prestaciones, sino también las de exclusiva elevación en cuantía y desarrollo que no puedan tacharse de anormales a los efectos del citado artículo 9, ya que el referido artículo 98 no expresa una mención limitada a las primeras, a diferencia de lo que puede observarse en otras disposiciones legales (artículo 219, número tercero, del Reglamento Hipotecario -EDL 1947/13- y Ley 461, párrafo tercero, del Fuero Nuevo de Navarra -EDL 1973/838-)parecer que podría entenderse en cierto modo avalado por una exégesis puramente gramatical, prescindiendo de pautas finalistas, del Decreto de Ley de 17 de noviembre de 1975 -EDL 1975/2039-, de los Reales Decretos Leyes de 8 de octubre de 1976 -EDL 1976/1817-, 4 de enero de 1978 -EDL 1978/1672- y 29 de diciembre de 1979 -EDL 1979/4407- y de Ley de 1 de octubre de 1980 -EDL 1980/4164-, al limitar el "quantum" de los incrementos de las rentas en los arrendamientos urbanos en situación de prórroga legal "que sean procedentes por pacto expreso de las partes" no es permitido desconocer el reiterado y constante criterio de la jurisprudencia respecto a que, por el contrario de las cláusulas estabilizadoras propiamente dichas, incuestionablemente equitativas dada su intrínseca bilateralidad para prever y corregir el desequilibrio patrimonial ocasionado por la alteración monetaria, sea de signo inflacionista o deflacionista, los pactos de elevación de renta, que contemplan un posible incremento progresivo y constante, carecen de validez, por entrañar prácticamente la conculcación de la norma de derecho necesario sobre la prórroga del contrato y de la prohibitiva de su renuncia (sentencias de 24 de junio de 1971 -EDJ 1971/397-, 25 de enero -EDJ 1973/27-, 23 de abril- EDJ 1973/224- y 16 de junio de 1973 -EDJ 1973/131-, 9 de febrero y 23 de diciembre de 1977), a lo que cabe añadir que en otro aspecto estas cláusulas de incremento unilateral comportan la entrega de la elevación rentística al exclusivo interés del arrendador, desconociendo la facultad que asimismo asiste al arrendatario para pretender su disminución con fundamento en el propio artículo 98 e infringiendo el principio capital en el derecho de obligaciones, sancionado por el artículo 1256 del Código Civil -EDL 1889/1-, de que el cumplimiento y la eficacia del negocio bilateral no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes, norma de naturaleza imperativa que provoca la nulidad de todo pacto que la contradiga, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 párrafo tercero, de ese Cuerpo legal.”
Para garantizar el respeto a la función esencial del derecho bilateral a la actualización de la renta durante toda la duración del contrato – y no solamente durante la prórroga obligatoria del art. 9 de la LAU -EDL 1994/18384- - hubiera sido suficiente con establecer en el art. 18 de la LAU un límite a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes consistente en que el sistema de actualización libremente pactado deba garantizar la equivalencia de prestaciones.
Se introduce un último párrafo en el art. 20 de la LAU -EDL 1994/18384- que establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de arrendamiento serán a cargo del arrendador si este fuere persona jurídica.
Si bien el RDL 21/2018 -EDL 2018/129627- contemplaba la misma medida en beneficio de la asequibilidad del arrendatario de vivienda, en dicha redacción anterior no estábamos ante una norma imperativa ya que se permitía el pacto en contrario en el contrato, al utilizar el legislador los siguientes términos que ahora ya no contiene el texto legal recién aprobado: “salvo en el caso de aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa del arrendatario”.
Con anterioridad al RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-, la LAU 94 -EDL 1994/18384-no regulaba quién debía satisfacer estos honorarios, por lo que el sujeto obligado al pago quedaba al arbitrio de las partes en cada caso, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4.2.
Si bien sobre el papel las cláusulas de repercusión de gastos de gestión inmobiliario al arrendatario eran cláusulas válidas en tanto que no vulneran la ley, la moral o el orden público, conforme al art. 1.255 del Código Civil -EDL 1889/1-. No obstante, en ocasiones esta cláusula de repercusión podría llegar a ser nula de pleno derecho por contravenir la normativa protectora de consumidores (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias -EDL 2007/205571-, Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones generales de la Contratación -EDL 1998/43305-) cuando dicha cláusula hubiera sido impuesta por el arrendador, se enmarcara en un conjuntos de cláusulas predispuestas unilateralmente por el arrendador, siendo pues el arrendatario un mero adherente, causando así un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del arrendatario, y dando como resultado una patente falta de reciprocidad contractual (art. 8 de la LCGC y art. 82 del TRLGDCU).
Debemos recordar que sin perjuicio de la protección legal que le dispensa al arrendatario de vivienda el art. 6 de la LAU -EDL 1994/18384-, este es siempre consumidor (art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007 -EDL 2007/205571-), y por tanto, goza de una especial protección jurídica en el ámbito contractual conforme a la normativa aplicable en materia de consumidores.
II.II. Aspectos de derecho procesal
Se incorporan las medidas legales de reforma de la LEC -EDL 2000/77463- previstas en el derogado RDL 21/2018 -EDL 2018/129627- y que ya explicamos de forma detallada en el número 70 de esta Revista bajo el título de “El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler: aspectos relativos a arrendamientos urbanos” -EDC 2019/500141-.
Las nuevas medidas procesales que contempla este nuevo RDL -EDL 2019/5763- y que no contemplaba el RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-, o si lo hacía, lo hacía en un sentido distinto, son las siguientes:
Se modifica el art. 249.1.6º de la LEC -EDL 2000/77463- para que los procedimientos arrendaticios se tramiten por cuantía, y no por el criterio de la materia, salvo para el caso de desahucios arrendaticios y las reclamaciones de rentas u otras cantidades debidas por el arrendatario, que seguirán tramitándose, con independencia de la cuantía, por juicio verbal conforme a lo dispuesto en el art. 250.1.1ª de la LEC.
El nuevo art. 249.1.6º de la LEC -EDL 2000/77463- reza así: “Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia, o salvo que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento, en cuyo caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas generales de esta Ley.”
Si bien es cierto que el criterio de la materia en arrendamientos del anterior redactado del art. 249.1.6º de la LEC -EDL 2000/77463- buscaba proteger al arrendatario para evitar las posibles indefensiones que se pudieran generar de tramitarse su demanda por un proceso de juicio verbal dada la complejidad de este tipo de procesos, ello ya no tiene razón de ser en virtud de la modificación legal de proceso de juicio verbal dada por la Ley 42/2015, de Reforma de la LEC -EDL 2015/169101-, que ha eliminado a nuestro juicio dicho riesgo de posibles indefensiones para la parte actor.
Así mismo, cuando el arrendatario reclame cantidades no superiores a 2.000 €, podrá beneficiarse de la posibilidad de litigar sin abogado y procurador, en virtud de lo dispuesto en el art. 23.2.1º de la LEC -EDL 2000/77463-.
Al efecto, debemos recordar que en materia arrendaticia no existen los procedimientos de cuantía indeterminada conforme a lo dispuesto en el art. 251.9º de la LEC -EDL 2000/77463-, debiendo estarse en todo caso, cuando la demanda no verse sobre reclamaciones de cantidad, al importe equivalente a una anualidad de renta.
En idéntico sentido al texto del RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-, se introduce un apartado 1.ter en el art. 441 de la LEC -EDL 2000/77463- por el cual en el requerimiento de pago se deberá informar al demandado de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales a fin de que pueda apreciar la posible situación de vulnerabilidad.
Recibida dicha comunicación se suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de un mes de suspensión a contar desde la recepción por el juzgado de la comunicación de los servicios sociales, o de tres meses si el demandante es persona jurídica. Se amplía un mes más el plazo de suspensión máxima en caso de que el arrendador sea persona jurídica, ya que la redacción del texto del RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-, establecía el plazo máximo de dos meses en estos casos.
Otra novedad respecto del texto derogado del RDL 21/2018 -EDL 2018/129627-, es que se establece como obligación jurídica el deber de comunicación de oficio del Juzgado a los Servicios Sociales de la existencia del procedimiento para que determinen si el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y/o social.
Se modifican los apartados 3 y 4 del art. 440 de la LEC -EDL 2000/77463- introduciéndose como obligación del Juzgado que la notificación del lanzamiento contenga el día y hora exactos en que se vaya a practicar, prohibiendo así la posibilidad de que el juzgado dicte lanzamientos con fecha abierta.
Aun cuando la técnica legislativa no es la idónea para legislar en una materia tan sensible como es la vivienda – lo ha evidenciado el daño causado a la seguridad jurídica con la falta de convalidación del RDL 21/2018 -EDL 2018/129627- – urgía una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos -EDL 1994/18384- que tras la reforma liberalizadora de la Ley 4/2013 -EDL 2013/71638- devolviera al arrendatario de vivienda la protección legal necesaria para que el alquiler sea una vía de acceso a la vivienda con las garantías mínimas de estabilidad y asequibilidad.
Esperemos que esta vez se convalide este Real Decreto Ley -EDL 2019/5763- ya que nuestro sistema no resistiría otro golpe a la seguridad jurídica de este calibre.
[4] FUENTES-LOJO LASTRES, A., “Arrendamientos urbanos, Derecho sustantivo y procesal, adaptado a la Ley 4/2013, de 4 de junio”, Ed. El Derecho, 2013, p.125-126.
[6] “La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los arrendamientos urbanos, para aumentar la vivienda alquiler en un contexto europeo”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº747, 2014.
[8] “Arrendamientos Urbanos Derecho Sustantivo y procesal, adaptado a la Ley 4/2013, de 4 de junio”, Ed. El Derecho Grupo Francis Lefebvre, 2013, pág. 65.
[11] Se introduce un apartado 1 ter en el art. 441 de la LEC -EDL 2000/77463-, cuando en realidad debería haberse introducido dicha modificación en el art. 440 de la LEC.
[13] FUENTES-LOJO RIUS, A.; “El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler: aspectos de propiedad horizontal, arrendaticios y vivienda de uso turístico”, Revista La Ley. nº15409/2018, Ed. Wolters Kluwer 2018.
Este artículo ha sido publicado en la "Revista Derecho Inmobiliario", el 5 de marzo de 2019.
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