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Timestamp: 2015-01-25 17:46:50+00:00

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Concepto consejo de estado conflict...
Ensayo. nombramientos en provisiona...
by yeseniaolivolozada
LuisGMurillo
Concepto consejo de estado conflicto de intereses
Ensayo. nombramientos en provisionalidad y su acto de insubsistencia
yeseniaolivolozada
andresburbano20
Pública provisionales v ersión
Rectricciones servidores publico epoca electoral
Ley estatutaria 270 reforma sentencia c 713 - 08
escuelapopularjmc
70 ce-sc-exp1998-n1088
Marixol Peñuela Rodriguez
Constitucion Pol�Tica Actualizada 1 (1)
Debate educación media
El fallo señala que los Congresistas no están impedidos cuando se trata de la elección del Procurador.
ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA – Naturaleza. Objeto / ACCION DEPERDIDA DE INVESTIDURA – Está sujeta a los principios del derechosancionadorComo se ha dicho en varias ocasiones, la acción de pérdida de investidura es unaacción de tipo punitivo, especial, de carácter disciplinario que tiene por objetogeneral el de favorecer la legitimidad del Congreso de la República mediante lafinalidad específica de sancionar conductas contrarias a la transparencia, a laprobidad y a la imparcialidad en que pudieran en un momento dado incurrir loscongresistas. Las causales de pérdida de investidura están taxativamenteprevistas en el ordenamiento. La pérdida de investidura es una grave sanción quese puede imponer a los congresistas y a otros servidores públicos de elecciónpopular por haber unos y otros incurrido en el régimen especial conocido como delas causales de pérdida de investidura, esto es, por haber incurrido en conductastipificadas especialmente por la Constitución y la ley y merecedoras de esasanción. Por tratarse, como ya se dijo, de una acción pública de tipo punitivo, laacción de pérdida de investidura está sujeta a los principios generales quegobiernan el derecho sancionador tales como la presunción de inocencia y elprincipio de legalidad de la causal por la cual se impondría la sanción. Sanciónque debe imponerse según los postulados del Estado Social de Derecho yconforme con las reglas del debido proceso. En ese orden, les corresponde tantoal demandante como al Estado acreditar debidamente la existencia de la causal enla que habría incurrido el congresista y la conducta constitutiva de la falta, todoeso dentro de las garantías procesales, se repite, reconocidas por la Constitucióny los tratados internacionales en favor de los sujetos sometidos a un juicio a cargodel Estado.NOTA DE RELATORIA: Sobre la acción de pérdida de investidura: CorteConstitucional, sentencia de 3 de noviembre de 1994, Rad. C-497 de 1994.IMPEDIMENTO POR CONFLICTO DE INTERESES – Razones de índole moral.Razones de índole económico / CONFLICTO DE INTERESES DE INDOLEECONOMICO – Alcance / CONFLICTO DE INTERESES DE INDOLE MORAL –Alcance / PERDIDA DE INVESTIDURA POR CONFLICTO DE INTERESES –Intereses personales de los Congresistas de tipo económico o moralincompatibles con el interés público relacionado con la decisiónEl conflicto de intereses que originaría un impedimento se puede presentar porrazones de índole moral o económico, conforme lo dice el artículo 182 de laConstitución Política y los artículos 268, numeral 6°, y 286 de la Ley 5ª de 1992. Elconflicto de intereses de índole económico tiene un perfil mucho más claro habidacuenta de que los artículos 287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber deregistrar los intereses privados y la participación accionaria que tenga el respectivocongresista, todo para que haya transparencia respecto de la vida económica delcongresista frente al interés público que se debate en el Congreso y de cara alpueblo. El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no aparecenítidamente definido ni tiene un perfil claro en las normas constitucionales ylegales, como sí ocurre con el conflicto de intereses de índole económico, lo queno significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más, no se descartaque una determinada situación fáctica derive simultáneamente tanto en unconflicto económico como en un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmenteadmisible que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya ejercidoderechos fundamentales y de ahí que tenga intereses privados que deba cuidar.Por otro lado, la Constitución le ordena que como congresista vote en pos del biencomún y la justicia, vale decir, en pos del interés general. En esa dinámica es 2.
factible el enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública que en unmomento dado se superpongan esos intereses, la Constitución castiga el hechode que el congresista omita denunciar la existencia del conflicto de intereses,cuestión que queda en evidencia cuando justamente el congresista vota, participaen un debate o en una decisión trascendental estando de por medio interesespersonales de tipo económico o moral francamente incompatibles con el interéspúblico relacionado con esa votación, ese debate o esa decisión.FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 82 / LEY 5 DE1992 – ARTICULO 268 – NUMERAL 6 / LEY 5 DE 1992 – ARTICULO 286 / LEY 5DE 1992 – ARTICULO 287 / LEY 5 DE 1992 – ARTICULO 288IMPEDIMENTO DE CONGRESISTA – Configuración / INMUNIDAD DE VOTODE CONGRESISTA – Ponderación con norma que rige el conflicto deintereses / CONFLICTO DE INTERESES – Ponderación con norma deinmunidad de voto de congresista / PERDIDA DE LA INVESTIDURA DECONGRESISTA - Violación del régimen de conflicto de intereses /CONFLICTO DE INTERESES – Pérdida de investidura / SANCION DEPERDIDA DE INVESTIDURA POR VIOLACION AL REGIMEN DE CONFLICTODE INTERESES – Si se comprueba fehacientemente que pese a tener interésdirecto, intervino en debate, votación o decisiónEl impedimento puede darse por la participación o votación en una decisión oasunto de que conozca el Congreso de la República, sea que se trate dedeliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o actos legislativos,o se trate de una decisión trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291al señalar que el congresista debe declararse impedido cuando observe que existeun conflicto de intereses para conocer y participar “sobre determinado proyecto odecisión trascendental”. Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando setrate del ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sinocuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las funciones decontrol político, las administrativas, las judiciales y las electorales. La configuracióndel impedimento se sujeta a que exista en el congresista un interés directo,particular, actual y real en la decisión de algún asunto que esté sometido aconsideración del Congreso de la República, de conformidad con los artículos 286de la Ley 5ª de 1992 y 16 de la Ley 144 de 1994. El artículo 185 de la ConstituciónPolítica, consagra la inmunidad del voto del congresista para favorecer laparticipación y el cumplimiento efectivo de la misión que le corresponde a eseservidor público, al paso que el artículo 182, de modo general, prescribe losllamados conflictos de intereses de los congresistas que los inhiben de interveniren las deliberaciones y debates pero que delega a la ley las regulacionesespecíficas sobre esos conflictos. De ahí que la Sala crea que ambas normasdeben aplicarse de forma ponderada de modo que la tensión entre esasdisposiciones se resuelva razonablemente en favor de la participación delcongresista en las funciones propias del Congreso y no en favor de su abstención,preferiblemente. Por esas razones, habría lugar a la imposición de la sanción depérdida de investidura cuando se compruebe fehacientemente que pese a tener elcongresista un auténtico conflicto de intereses frente a un específico asunto y noobstante estar conciente de dicha circunstancia, interviene en el debate o vota odecide el asunto sometido a su conocimiento. El conflicto de intereses comoeventual causa para imponer la sanción de pérdida de investidura se convierte enuna figura que limita de una forma fuerte las libertades de voto y expresión que lapropia Constitución consagra a favor de los congresistas y de ahí la importanciade que la imposición de la sanción sólo resulte legítima cuando haya total 3.
evidencia de la existencia de conflicto de intereses que el congresista no quisoevitar.FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 182 /CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 185 / LEY 5 DE 1992 – ARTICULO 291/ LEY 5 DE 1992 – ARTICULO 286 / LEY 144 DE 1994 – ARTICULO 16NOTA DE RELATORIA: Sobre la pérdida de investidura por la causal de conflictode intereses: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencias de 9 de noviembre de2004, Rad. PI-0584, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y de 22 de agosto de 2002,Rad. PI-043, M.P. Ana Margarita Olaya ForeroPERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Se niega la solicitada conrelación al senador Habib Merheg Marún / PERDIDA DE INVESTIDURA DECONGRESISTA - Se niega porque no se incurrió en conflicto de intereses enla elección del Procurador General de la Nación / CONFLICTO DEINTERESES – Elección de funcionario / ELECCION DE FUNCIONARIO –Conflicto de intereses / ELECCION DE PROCURADOR GENERAL –Investigación disciplinaria contra Congresista no es impedimento oinhabilidad para elegir / ELECCION DE PROCURADOR GENERAL – Nonecesariamente surge conflicto de intereses por investigación disciplinariacontra CongresistaDe las pruebas del proceso, la Sala, tiene la convicción de que el señor HabibMerheg Marún, sin duda, participó y votó en la elección del Procurador General dela Nación, acto celebrado el 11 de diciembre de 2008 y que no se declaróimpedido. Sin embargo, es evidente que no se está frente a un caso de conflictode intereses de naturaleza económica puesto que la acusación lanzada por eldemandante en contra de la investidura del demandado no tiene relación conintereses de índole económico o algo parecido del Senador Habib Merheg Marúnque hubieran chocado contra el interés público inmerso en el proceso de eleccióndel Procurador General de la Nación. La acusación plantea más bien la posibilidadde que haya habido un caso de conflicto de intereses de naturaleza moral o ético.En ese orden, se anticipa que no encuentra la Sala elementos de juicio paradeducir que el señor Habib Merheg Marún merezca la pérdida de investidura porlos hechos que denuncia el demandante, esto es, que sea responsable de haberincurrido en conflicto de intereses por los hechos ya varias veces expuestos. Enrelación con el aparente conflicto de interés suscitado con ocasión de la elección onombramiento de funcionarios, esta Corporación ha expresado que “(…), para quese configurara dicha causal el actor debió probar con medios idóneos, y no consimples especulaciones y presunciones, que la elección de dicho funcionario lereportaría un beneficio directo a aquél o a sus familiares más próximos”. En lafunción constitucional de escoger al candidato de la terna formada para el destinopúblico de Procurador General de la Nación va envuelto el interés general deescoger al mejor aspirante para así asegurar un correcto y adecuadofuncionamiento de ese órgano de control. Como el Procurador General de laNación representa al Ministerio Público, que es una expresión democrática de loscontroles jurídicos que puede instituir el constituyente sobre cualquiera de lasactividades del Estado y de la misma sociedad, no hay duda de que en el procesode elección de este alto funcionario están involucrados intereses que le competena toda la nación. Ahora bien, a cada senador, en particular, atendiendo el deber dedecidir siempre en pos del bien común, le corresponde escoger a quien en sufuero interno estime como el mejor candidato para ocupar ese cargo. De esemodo, resulta que los intereses involucrados en esa función no coliden, no seenfrentan. Aún si pesaran sobre los senadores ciertas investigaciones 4.
disciplinarias a cargo del órgano, no por esa sola circunstancia estarían impedidoso inhabilitados para elegir al Procurador puesto que este funcionario no resulta serun agente subordinado ni del Senado ni de cada senador en particular. Así lo havisto el Congreso al no aceptar los impedimentos de los congresistas que hanquerido apartarse del proceso de designación de Procurador General de la Naciónpor tener ellos investigaciones disciplinarias pendientes. De estar probado queentre el Congresista elector y el candidato a Procurador General de la Nación o acualquier otra dignidad que le corresponda elegir al Congreso existió una suertede compromiso o negocio o acuerdo como condición para obtener determinadaconducta del congresista en el proceso de elección, surgiría claramente unevidente conflicto de intereses que tendría que ser reprimido con la pérdida deinvestidura. Así que la Sala cree que la decisión de elegir Procurador General dela Nación sí es una decisión trascendental en los términos del artículo 291 de laLey 5 de 1992 pero eso no significa que surja necesariamente un conflicto deintereses si un miembro del Senado viene siendo objeto de investigación por partede la Procuraduría y esa corporación se dispone a elegir a quien ha de dirigir enadelante los destinos de ese organismo. El conflicto de intereses no se da si setiene en cuenta que el proceso disciplinario tiene su propia dinámica eindependientemente de la condición personal del funcionario que debaadelantarlo, es la ley la que señala el conjunto de presupuestos necesarios tantopara dictar una providencia favorable o desfavorable al encartado. Y, paramantener la imparcialidad y la transparencia de ese procedimiento, es al agenteque adelanta el procedimiento contra un determinado sujeto disciplinario al que lecorresponde evaluar si existirían causales de impedimento que le impidieranadelantar o continuar a cargo del respectivo proceso disciplinario. Tendría queestar probado, para que surja el conflicto de intereses, que el congresistaefectivamente tuvo la necesidad de defender cierta ventaja, cierto beneficio, ciertoánimo, concreto y actual, al momento de intervenir y votar por uno cualquiera delos miembros de la terna. En este caso y según la acusación, tendría que ser unaventaja o un beneficio o un ánimo o inclinación hacia alguna cuestión relacionadacon la investigación preliminar que había abierto la Procuraduría en contra deHabib Merheg Marún, cuestión que no tiene sustento probatorio de ninguna clase.FUENTE FORMAL: LEY 5 DE 1992 – ARTICULO 291NOTA DE RELATORIA: Sobre el conflicto de intereses en la elección defuncionarios: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 20 de octubre de2005. Rad. 2005-00593(P.I), M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.IMPEDIMENTO – No declaratoria constituye falta disciplinaria pero no escausal de pérdida de investidura / FALTA DISCIPLINARIA – No declaratoriade impedimentoEs deber del Congresista poner en conocimiento de la Corporación los hechos dedonde él deduzca u observe que podría surgir un conflicto de intereses, tal comolo prescribe el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, independientemente de que elórgano competente decida si existe o no ese conflicto. El incumplimiento de esedeber puede ser una falta disciplinaria sancionable en los términos del CUD, cuyoartículo 48 - 46 tipifica específicamente como falta el hecho de que un servidorpúblico no declare un impedimento debiéndolo. Empero, de las circunstanciasparticulares del caso, el servidor público debe razonablemente deducir la eventualexistencia de ese conflicto de intereses y así declararlo. El artículo 181 de laConstitución Política no sanciona con pérdida de investidura el hecho de que uncongresista no cumpla el deber de declararse impedido debiéndolo, sino el hechode que vote una decisión estando incurso efectivamente en un conflicto de 5.
intereses. Para que pueda deducirse la responsabilidad jurídica disciplinaria queimplique la máxima sanción, esto es, la pérdida de investidura, es necesario queen la sentencia se pueda establecer que ocurrió la violación del régimen delconflicto de intereses en cuanto que el Congresista votó anteponiendo interesespersonales a los intereses públicos y no solamente que el Congresista no se hayadeclarado impedido.FUENTE FORMAL: LEY 5 DE 1992 – ARTICULO 291 / CODIGO DISCIPLINARIOUNICO - ARTICULO 48 CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENASBogotá, D. C. veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010)Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI)Actor: LUIS ERNESTO CORREA PINTODemandado: HABIB MERHEG MARUNSe decide la solicitud de pérdida de investidura interpuesta por el señor LuisErnesto Correa Pinto contra el señor Habib Merheg Marún, elegido Senador de laRepública para el período legislativo 2006 a 2010.ANTECEDENTESEl demandante solicita que se decrete la pérdida de investidura de congresista encontra del señor Habib Merheg Marún, Senador de la República para el períodolegislativo 2006 a 2010, por haber incurrido en la causal señalada en el numeral 1°del artículo 183 de la Constitución Política, según el cual los congresistas perderánsu investidura “por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, odel régimen de conflicto de intereses”.El actor fundamentó la solicitud en los siguientes hechos:1. Que el señor Habib Merheg Marún “se desempeña actualmente” como Senadorde la República.2. Que, mediante oficio del 18 de enero de 2006, el Procurador General de la 6.
Nación pidió al Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia queinvestigara a varios senadores, entre ellos al congresista demandado.3. Que, actualmente, ante el despacho del Procurador General de la Nación, cursael proceso disciplinario radicado con el número 1-1605666-2007 contra elcongresista demandado, proceso que está por resolverse.4. Que el señor Habib Merheg Marún participó en el debate y votación de laelección del actual Procurador General de la Nación, doctor Alejandro OrdóñezMaldonado, y que no se declaró impedido, pues sólo lo hizo para votar la reformapolítica, como consta en el acta de sesión del 11 de diciembre de 2008.CONTESTACION DE LA DEMANDAEl congresista demandado, al contestar la demanda, por intermedio de abogado,expresó:1. Que es cierto que “se desempeña actualmente” como Senador de la Repúblicay que tiene investigaciones en su contra ante la Corte Suprema de Justicia, enetapa preliminar, y ante la Procuraduría General de la Nación, en espera de lacorrespondiente decisión. Sin embargo, afirmó que no incurrió en conflicto deintereses alguno en el trámite de la elección del Procurador General de la Nación,pues dicha elección no puede ser considerada como un “debate” en los términosregulares de las sesiones del congreso. Que en el proceso de elección delProcurador General de la Nación, el congresista se limita a escuchar a loscandidatos y el conflicto de intereses no se presenta por eso. Además, que elquórum no es factor decisivo en ese procedimiento.2. Que no votó por el actual Procurador en esa elección y que, si bien en losvideos entregados por el demandante aparece en el recinto del Congreso, esto esporque en esa sesión se trataron otros temas para los que no estaba impedido.Por tanto, que lo que se debe revisar en tales videos es si, efectivamente, eldemandado votó en la elección del Procurador.3. Pide que se desestime la demanda y se mantenga la investidura de Congresistaporque, además, existen sentencias del Consejo de Estado en las que, en 7.
situaciones similares, se ha establecido que el hecho de no haberse declaradoimpedido no configura, per se, un caso de pérdida de investidura.AUDIENCIA PUBLICALa parte actoraEn la audiencia el actor reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de pérdidade investidura. Y el demandado reiteró los expresados en la contestación de lademanda.El actor, mediante apoderado, dijo que era evidente que el señor Merheg Marúnestaba siendo investigado por el Procurador General de la Nación para la fecha dela elección del nuevo procurador, hecho que aquél conocía y que, además, habíavotado en esa elección como se aprecia en el video de la sesión del 11 dediciembre de 2008.Agregó que, conforme con el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, era una obligacióndel señor Merheg Marún declararse impedido y que así no procedió.Por tanto, concluyó que el mencionado senador incurrió en la causal de pérdida deinvestidura consagrada en el numeral 1° del artículo 183 de la ConstituciónPolítica.La parte demandadaEl senador demandado constituyó un nuevo apoderado para atender la audiencia.Dijo el nuevo apoderado que en la contestación de la demanda se había hechouna serie de cuestionamientos sobre la prueba de los presupuestos necesariospara que se dictara una sentencia favorable a las pretensiones del demandante.En tal sentido, expresó que correspondía a la actividad probatoria propia delproceso de pérdida de investidura y, en especial, a esta Corporación determinar silos supuestos de hecho de la causal invocada realmente acaecieron o que solocorrespondían al “producto de la imaginación del aquí demandante”. 8.
Dijo que, en todo caso, no era suficiente con verificar si el demandado votó oparticipó en esa elección para proceder a decretar la pérdida de investidura, puestal razonamiento resultaba desproporcionado.Consideró que había que evaluar el interés del congresista, que en este caso noera otro que el de elegir a una persona que ofreciera transparencia e idoneidad alfrente de la Procuraduría General de la Nación.Añadió que elegir como Procurador General de la Nación a un “buen Juez” es laaspiración de cualquier ciudadano, de cualquier congresista, así, en este últimocaso, el congresista esté siendo procesado por la Procuraduría. Que esto nosignificaba que estuviera anteponiendo intereses personales, concretos y de tipoparticular frente al interés general de escoger al mejor aspirante para ese cargo.Expresó que, de aceptarse que el demandado sí votó en el procedimiento paraelegir al actual Procurador General de la Nación, esa sola circunstancia no podíaservir para sustentar la sanción de pérdida de investidura, puesto que en esavotación nunca ocurrió un caso de conflicto de intereses.Anotó que el interés con el que obró el señor Merheg Marún al participar en esaelección fue el de coadyuvar al bienestar de la República, lo que no representa uninterés indebido e ilegal. Añadió que cualquiera hubiera sido el procurador elegido,el senador demandado habría tenido que atenerse a las reglas propias delprocedimiento disciplinario, sin que esa elección hubiese tenido la virtud decambiar esas reglas ni las conclusiones de la investigación disciplinaria.El Ministerio PúblicoEl señor agente del Ministerio Público conceptuó en el sentido de que debíadecretarse la pérdida de investidura del senador Habib Merheg Marún.Sustentó ese concepto en que, de acuerdo con el material probatorio que obra enel proceso, el senador Habib Merheg no manifestó impedimento alguno paraparticipar y votar en la elección del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado comoProcurador General de la Nación, pues del video que contiene la filmación de lasesión plenaria del 11 de diciembre de 2008, en la que fue elegido el actualProcurador General, se observa que se llamó a votar al senador Merheg, que 9.
aparece efectivamente depositando el voto. Prueba que tiene pleno valor dentrodel proceso ya que fue aportada cumpliendo las exigencias del artículo 254 del C.P. C.Dice que, siguiendo la línea jurisprudencial de esta Corporación, según la cual “lacircunstancia de tener una investigación en el organismo de control – fiscal en esecaso- implica un interés directo para el servidor que participa en la elección”, elsenador Merheg Marún, al conocer la investigación que en su contra adelantabala Procuraduría General de la Nación, debió declarase impedido para participar yvotar en la elección del jefe del Ministerio Público. Que al no haber procedido deese modo, incurrió dicho senador en la causal invocada por el demandante.Trámite Posterior a la Audiencia de Pérdida de InvestiduraEl magistrado ponente, mediante auto del 13 de mayo de 2009, con el fin decomplementar el acervo probatorio y perfeccionar el recaudo de las pruebas,ordenó poner a disposición de las partes la copia de la grabación fílmica de lasesión plenaria del 11 de diciembre de 2008, en la que fue elegido el señorAlejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación, e instó alcongresista demandado para que se pronunciara sobre su eventual participación yvotación en esa elección.El demandado, por intermedio de un nuevo apoderado, aceptó haber participadoen la sesión en la que se eligió al Procurador General de la Nación. Luego dehacer un minucioso estudio de la jurisprudencia proferida por la CorteConstitucional y el Consejo de Estado sobre el tema y, teniendo en cuenta ladecisión adoptada por los legisladores en el año 2004 frente a los senadores quese encontraban investigados por el procurador de la época, concluyó que “ejercersu función constitucional de participar y votar en la elección del ProcuradorGeneral de la Nación no se adecuaba al conflicto de intereses”.Agregó que el conflicto de intereses sólo se tipifica cuando existe un interésdirecto del senador en el trámite, discusión y votación de proyectos de ley o deactos legislativos, lo que no se extiende al ejercicio de funciones de ordenadministrativo, electoral o judicial, como las de elegir al Procurador General de laNación y la de juzgar al Presidente de la República. 10.
Con fundamento en lo anotado, dijo que llegó al convencimiento invencible deestar habilitado para sufragar, razón por la que depositó el respectivo voto.La parte demandante descorrió el traslado del escrito presentado por eldemandado. Señaló que pese a los intentos de la defensa por hacer creer que elsenador demandado no votó en la elección del Procurador General de la Nación,en el escrito en el que se contestó la orden del tribunal en el sentido de que sepronunciara la parte demandada sobre su eventual participación y votación en esaelección, finalmente esa parte afirmó que sí votó.Por ende, a juicio del demandante, el senador Merheg Marún incurrió en la causalde pérdida de investidura, pues para la época de la elección del ProcuradorGeneral conocía de la investigación disciplinaría que obraba en su contra y no sedeclaró impedido para intervenir en esa decisión.La parte demandada, en relación con las pruebas allegadas por la ProcuraduríaGeneral de la Nación y el Senado de la República al proceso, en cumplimiento delauto del 13 de mayo de 2009, concluyó que no había existido interés directo porparte del señor Merheg Marún en la elección del Procurador General de laNación, pues no participó ni votó acto legislativo o ley alguna relacionada con elrégimen disciplinario de los congresistas.Que el hecho de haber participado en la elección de quien lo investigadisciplinariamente en nada lo afecta, pues el Procurador General de la Nacióngoza de total autonomía e independencia y que sólo está sometido a los mandatoslegales y constitucionales necesarios para adoptar las decisiones disciplinariasque correspondan.Que disiente del concepto del Ministerio Público porque, por un lado, desconoce lareiterada jurisprudencia que protege a los senadores por sus votos en el ejerciciode las funciones y, por otro, por cuanto la causal de conflicto de intereses sóloprocede en el trámite de leyes y actos legislativos. CONSIDERACIONESCOMPETENCIA 11.
La Sala es competente para decidir la solicitud de pérdida de investidura decongresistas, conforme con los artículos 184 y 237, numeral 5, de la ConstituciónPolítica, 1 de la Ley 144 de 1994 y 37, numeral 7, de la Ley 270 de 1996.Como la demanda reunió los requisitos legales y el proceso se surtió deconformidad con las reglas propias de este tipo de negocios, es procedente elestudio de fondo del asunto, que no es otro que el de determinar si el señor HabibMerheg Marún violó el régimen del conflicto de intereses establecido en el numeral1° del artículo 183 de la Constitución Política, violación que da lugar a la sanciónde pérdida de investidura.La condición de Senador de la República del señor Habib Merheg obra a folio 6 ysiguientes. En especial, obra la certificación dada por la Registraduría Nacional delEstado Civil en la que consta que el demandado fue elegido Senador de laRepública por el movimiento Colombia Viva en las elecciones del 12 de marzo de2006. Figura también el informe de los resultados de los escrutinios para elSenado emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que apareceen el cuadro de candidatos elegidos el nombre del señor Habib Merheg Marún.Para este efecto, la Sala estudiará temas referentes al carácter de la acción depérdida de investidura, al conflicto de intereses y luego descenderá al casoconcreto. Para estudiar el caso concreto, a su vez, se examinará la situaciónfáctica que arroja el conjunto de pruebas allegadas al expediente y luego abordarála cuestión de si, en este caso, es jurídicamente procedente deducirresponsabilidad en contra del demandado por haber incurrido en un conflicto deintereses, esto es, en la causal invocada por la parte actora.DE LA ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURAComo se ha dicho en varias ocasiones, la acción de pérdida de investidura es unaacción de tipo punitivo, especial, de carácter disciplinario que tiene por objetogeneral el de favorecer la legitimidad del Congreso de la República mediante lafinalidad específica de sancionar conductas contrarias a la transparencia, a laprobidad y a la imparcialidad en que pudieran en un momento dado incurrir loscongresistas. Las causales de pérdida de investidura están taxativamenteprevistas en el ordenamiento. 12.
La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad de la Ley 144 de 1994, dijo: "Entre los objetivos buscados por esta normativa se halla el de garantizar a los gobernados que las personas a quienes se ha distinguido con tan alta dignidad no abusarán de su poder, aprovechándolo para alcanzar sus fines personales, pues la actividad a ellos encomendada debe estar exclusivamente al servicio del bien público”1.La pérdida de investidura es una grave sanción que se puede imponer a loscongresistas y a otros servidores públicos de elección popular por haber unos yotros incurrido en el régimen especial conocido como de las causales de pérdidade investidura, esto es, por haber incurrido en conductas tipificadas especialmentepor la Constitución y la ley y merecedoras de esa sanción.Por tratarse, como ya se dijo, de una acción pública de tipo punitivo, la acción depérdida de investidura está sujeta a los principios generales que gobiernan elderecho sancionador tales como la presunción de inocencia y el principio delegalidad de la causal por la cual se impondría la sanción. Sanción que debeimponerse según los postulados del Estado Social de Derecho y conforme con lasreglas del debido proceso. En ese orden, les corresponde tanto al demandantecomo al Estado acreditar debidamente la existencia de la causal en la que habríaincurrido el congresista y la conducta constitutiva de la falta, todo eso dentro de lasgarantías procesales, se repite, reconocidas por la Constitución y los tratadosinternacionales en favor de los sujetos sometidos a un juicio a cargo del Estado.La responsabilidad jurídica de tipo punitivo de los sujetos no puede concebirse enel plano exclusivo de los procesos lógicos (inductivos y deductivos), provenientesde interpretaciones puramente formales de las normas que describen lasconductas objeto de reproche. Detrás del reproche jurídico en contra de unindividuo está siempre la conducta que por acción u omisión él ha realizado, de talmodo que el análisis integral de todas las circunstancias en las que se produjo laconducta es indispensable para deducir, conforme con la Constitución, la condignaresponsabilidad.1 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-497 de 3 de noviembre de 1994. 13.
La pérdida de investidura es una figura propia del derecho punitivo que, como sedijo, está sujeta a los principios fundamentales que gobiernan ese régimen,principios que pretenden salvaguardar la presunción de inocencia y el debidoproceso.DEL CONFLICTO DE INTERESESEl artículo 182 de la Constitución Política establece que “Los congresistas deberánponer en conocimiento de la respectiva cámara las situaciones de carácter moral oeconómico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos asu consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de interesesy las recusaciones”.Por su parte, el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución consagra comocausales de pérdida de investidura las violaciones del régimen de inhabilidades,del régimen de incompatibilidades o del régimen del conflicto de intereses.Ese régimen fue desarrollado en el capítulo once “Del estatuto del congresista”,sección 4ª “Conflicto de intereses”, de la ley 5ª de 1992, por la cual se expidió elreglamento del Congreso.Para la materia que es objeto de debate, la mencionada ley en la parte pertinentedispone: “ARTICULO 268. Deberes. Son deberes de los Congresistas: 1. (…). 6. Poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. “ARTICULO 286. Aplicación. Todo Congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. “ARTICULO 287. REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS. En cada una de las Cámaras se llevará un libro de registro de intereses privados en el cual los Congresistas consignarán la información relacionada con su actividad privada. En ella se incluirá la participación en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y similares, o en cualquier 14.
organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro de la cual haga parte, en el país o fuera de él. “ARTICULO 288. TERMINO DE INSCRIPCION. Los Congresistas deberán inscribir sus intereses privados en el registro dentro de los primeros treinta (30) días del período constitucional, o de la fecha de su posesión. “ARTICULO 289. PUBLICIDAD DEL REGISTRO. El Secretario General de cada una de las Cámaras hará público el registro, y lo expresará, además, en la Gaceta del Congreso. “ARTICULO 290. MODIFICACION DEL REGISTRO. El cambio que se produzca en la situación de intereses privados de los Congresistas, deberá inscribirse en el registro dentro de los treinta (30) días siguientes a la protocolización del cambio. “ARTICULO 291. DECLARACION DE IMPEDIMENTO. Todo Senador o Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés. “ARTICULO 292. COMUNICACION DEL IMPEDIMENTO. Advertido el impedimento, el Congresista deberá comunicarlo por escrito al Presidente de la respectiva Comisión o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento. “ARTICULO 293. EFECTO DEL IMPEDIMENTO. Aceptado el impedimento se procederá a la designación de un nuevo ponente, si fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la votación, y aceptado así mismo el impedimento, el respectivo Presidente excusará de votar al Congresista. La excusa así autorizada se entenderá válida para los efectos del parágrafo del artículo 183 constitucional, si asistiere a la sesión el Congresista. El Secretario dejará constancia expresa en el acta de la abstención. “ARTICULO 294. RECUSACION. Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún Congresista, que no se haya comunicado oportunamente a las Cámaras Legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En este evento se dará traslado inmediato del informe a la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de tres (3) días hábiles para dar a conocer su conclusión, mediante resolución motivada. La decisión será de obligatorio cumplimiento.” (Se destaca).Finalmente, el artículo 16 de la Ley 144 de 1994 consagra otra situación en la quese presenta conflicto de intereses. Dispone la norma: 15.
“Los Congresistas que dentro del año inmediatamente anterior a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso, deberán comunicarlo por escrito a la Mesa Directiva de la respectiva Corporación para que decida si los Congresistas aludidos deben abstenerse de participar en el trámite y votación de dichos actos”Vale la pena resaltar que el artículo 40 de la Ley 734 o Código Unico Disciplinarioalude al interés particular y directo cuando tipifica el conflicto de intereses detipo general previsto para todos los servidores públicos2.De las normas transcritas, la Sala estima necesario precisar lo siguiente:a) Que el conflicto de intereses que originaría un impedimento se puede presentarpor razones de índole moral o económico, conforme lo dice el artículo 182 de laConstitución Política y los artículos 268, numeral 6°, y 286 de la Ley 5ª de 1992.El conflicto de intereses de índole económico tiene un perfil mucho más claro habidacuenta de que los artículos 287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber deregistrar los intereses privados y la participación accionaria que tenga el respectivocongresista, todo para que haya transparencia respecto de la vida económica delcongresista frente al interés público que se debate en el Congreso y de cara alpueblo.No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros delos cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberánactuar consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionanlos intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, enla decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto quepretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación. En efecto, deprosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de lafunción para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interésprivado o particular del congresista no subordine al interés público.2 “Artículo 40. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en unasunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere sucónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado deconsanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo delservidor público deberá declararse impedido" (se destaca). 16.
El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no aparece nítidamente definidoni tiene un perfil claro en las normas constitucionales y legales, como sí ocurre con elconflicto de intereses de índole económico, lo que no significa que no exista o que nopueda presentarse. Es más, no se descarta que una determinada situación fácticaderive simultáneamente tanto en un conflicto económico como en un conflicto de tipomoral. Por un lado, es totalmente admisible que el congresista, como cualquierciudadano, ejerza o haya ejercido derechos fundamentales y de ahí que tengaintereses privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena quecomo congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale decir, en pos delinterés general. En esa dinámica es factible el enfrentamiento de intereses que debeevitarse, tal como se explicó. Como no resulta conforme con los paradigmas de laética pública que en un momento dado se superpongan esos intereses, laConstitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar la existencia delconflicto de intereses, cuestión que queda en evidencia cuando justamente elcongresista vota, participa en un debate o en una decisión trascendental estando depor medio intereses personales de tipo económico o moral francamenteincompatibles con el interés público relacionado con esa votación, ese debate o esadecisión.b) Que el impedimento puede darse por la participación o votación en una decisión oasunto de que conozca el Congreso de la República, sea que se trate dedeliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o actos legislativos, ose trate de una decisión trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291 alseñalar que el congresista debe declararse impedido cuando observe que existe unconflicto de intereses para conocer y participar “sobre determinado proyecto odecisión trascendental”Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del ejercicio de lasfunciones puramente legislativas del Congreso sino cuando se trate de las otrasfunciones de ese órgano como las funciones de control político, las administrativas,las judiciales y las electorales.c) Que el congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuandoadvierta la existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que lepermita a la comisión o corporación legislativa correspondiente definir o decidir elimpedimento. No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecionaldel congresista. De todas las circunstancias de hecho que pudieran configurar un 17.
interés privado de índole económico o moral debe surgir la obligación delcongresista de manifestar el impedimento.d) Que la configuración del impedimento se sujeta a que exista en el congresistaun interés directo, particular, actual y real en la decisión de algún asunto que estésometido a consideración del Congreso de la República, de conformidad con losartículos 286 de la Ley 5ª de 1992 y 16 de la Ley 144 de 1994.En efecto, en relación con la causal de conflicto de intereses que da lugar a lapérdida de investidura, la Sala Plena de esta Corporación ha expresado: “(…) la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses tiene ocurrencia cuando en la persona de un congresista exista un interés directo, particular y actual, de carácter moral o económico, en la decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración, de la que le genere a él o a sus familiares o socios, un beneficio de carácter real, y no obstante estar en esa situación, no se declare impedido de participar en los debates o votaciones respectivas”3.Igualmente, esta Corporación ha sostenido que: “Son pues las disposiciones contenidas en la Ley 5a. de 1992, citadas anteriormente y la consagrada en el artículo 16 de la Ley 144 de 1994, las que ha expedido el legislador para desarrollar el mandato constitucional del artículo 182, por lo que tales normas, entendidas de conformidad con los preceptos constitucionales, son las que han de gobernar, de una parte, el deber que se le impone al congresista para declararse impedido cuando se encuentre en alguna de las situaciones previstas en las disposiciones de rango constitucional y legal, y de otra, la sanción por violación a dicho régimen, cuando teniendo interés directo en una decisión que debe tomar la corporación a la cual pertenece, porque lo afecte de alguna manera, no lo exprese y no se declare impedido”4.Ahora bien, un elemento fundamental de la actividad que cumple la institución delCongreso de la República en un Estado de Derecho es el de la deliberación comocondición previa para adoptar las decisiones que le corresponden a eseimportante órgano del Estado. De hecho, se conoce a ese órgano también con elnombre de “parlamento”, expresión que denota su conexión con el “habla” con el“parlar”, esto es, con la necesidad de que se debatan ideas en el seno de una3 Sentencia del 9 de noviembre de 2004. Expediente: PI- 0584. C. P. Juan Angel Palacio Hincapié. Actor:Antonio Madariaga Reales.4 Sentencia del 27 de agosto de 2002. Expediente: PI- 043. C. P. Ana Margarita Olaya Forero. Actor: DanielAlfonso Reyes Fernández. 18.
asamblea que tiene como misión adoptar decisiones claves para el interéspúblico5. Cada una de las curules representa un voto que será necesario paraadoptar la decisión, decisión que se configura en la media en que de lasdeliberaciones surja el consenso, esto es, cuando el principio democrático o elprincipio de las mayorías haya producido el efecto de consolidar la resolución delasunto debatido.En ese marco interviene el congresista y de ahí que tenga libertad para expresarsu opinión, vale decir, la percepción que él tenga sobre el asunto puesto a suconsideración, tanto que resulta inmune por el ejercicio de la función frente a otrospoderes tal y como lo prescribe nítidamente el artículo 185 de la ConstituciónPolítica, que a la letra dice: “Artículo 185 (…) los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”Corresponde a la esencia del Congreso, órgano en el que están representadostodos los intereses de una nación, que sus miembros deliberen y voten al punto deresultar inviolables por razón de tales actividades. Excepcionalmente puede ydebe, el congresista, inhibirse de cumplir esa función. En consecuencia, lainterpretación de las normas jurídicas que regulan la función de los congresistas,incluidas por supuesto las disciplinarias contenidas en el reglamento, debe serponderada y ecuánime de tal modo que prevalezca siempre el criterio según elcual la vocación natural de un congresista es la de participar en los debates y enlas decisiones propias del congreso. De no ser así, lo natural y obvio no sería queun congresista desempeñe su función sino que no lo haga mediante el expedientede estar a cada instante consultando si debe o no declararse impedido, si debe ono asistir a las sesiones, si debe votar o no un determinado proyecto.Sobre el alcance del artículo 185 de la Constitución Política, la CorteConstitucional ha tenido ocasión de expresarse en el sentido de favorecer, engeneral, la amplia libertad de los congresistas para desempeñar sus funciones5 En la Antigüedad, hubo cuerpos colectivos que guardaban algunas semejanzas con los parlamentoscontemporáneos, desde el viejo Areópago de la Atenas aristocrática hasta la Bulé de los Cuatrocientos, mástarde convertida en Bulé de los Quinientos, para conferirle mayor representatividad.El nombre de estos cuerpos surgidos en la Epoca Moderna proviene del francés antiguo parlement, queinicialmente significó ‘consulta’ o ‘conferencia’, y luego pasó a ser ‘cuerpo consultivo’ y más tarde, ‘órganolegislativo’.Parlement provenía de parler ‘hablar’, que a su vez se derivaba del latín parabolare ‘conversar’, vocablo delcual provienen también parábola* y palabra. (Tomado de www.elcastellano.org). 19.
esenciales. En la sentencia SU 062 de 2001 dijo: “La Corte precisó que la figura de la inviolabilidad parlamentaria tiene por función “asegurar la libertad de opinión del congresista”6. Sin embargo, lejos de constituir un privilegio para el Congresista, constituye una garantía institucional del Congreso: “esta prerrogativa es primariamente una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia, en vez de ser un privilegio personal del senador o del representante como tal”7 Teniendo ello presente, la Corte en dicha oportunidad precisó de manera general, que: “Esto significa que una actuación de un senador o representante se encuentra cubierta por la inviolabilidad sólo si cumple con las siguientes dos condiciones: de un lado, que se trate de una opinión o de un voto, por lo cual no quedan amparadas las otras actuaciones de los senadores y representantes, incluso si las desarrollan dentro del propio recinto parlamentario. De otro lado, la opinión debe ser emitida en el ejercicio de sus funciones como congresista, por lo cual no son inviolables aquellas opiniones que un senador o representante formule por fuera de los debates parlamentarios, cuando actúe como un simple ciudadano.”8 Esta afirmación podría dar pie para considerar que únicamente ciertas actuaciones –votos y opiniones- del Congresista están amparados por la inviolabilidad. La Corte, señala casos en los cuales dicha inviolabilidad no opera, los cuales consisten, en términos generales, en conductas que impidan a los representantes y senadores consultar la justicia y el bien común, pues la inviolabilidad “busca proteger la independencia e integridad de la formación de la voluntad colectiva del Congreso”9. De ahí que concluya: “11- Finalmente, si bien la inviolabilidad es específica, pues sólo cubre los votos y opiniones en ejercicio del cargo, también es absoluta, ya que sin excepción todos los votos y opiniones emitidos en el proceso de formación de la voluntad colectiva del Congreso quedan excluidos de responsabilidad jurídica. Este carácter absoluto se explica tanto por razones literales como históricas y finalísticas. Así, de un lado, el artículo 185 de la Carta no establece ninguna excepción, pues protege las opiniones y votos emitidos por los congresistas en ejercicio de sus cargos, sin distinguir qué tipo de función se encuentra cumpliendo el senador o representante en cuestión. (...)6 Sentencia SU-047 de 1999 fundamento jurídico 9.7 Ibídem.8 Sentencia SU-047 de 1999, fundamento jurídico 10.9 Ibídem. 20.
Finalmente, desde el punto de vista conceptual, esta figura pretende proteger de manera general la libertad e independencia del Congreso, por lo cual es natural que se proyecte a todas las funciones constitucionales que desarrollan los senadores y representantes, tal y como lo reconoce uniformemente la doctrina comparada.”10 (Negrillas fuera del texto).Nótese que el artículo 185 consagra la inmunidad del voto del congresista parafavorecer la participación y el cumplimiento efectivo de la misión que lecorresponde a ese servidor público, al paso que el artículo 182, de modo general,prescribe los llamados conflictos de intereses de los congresistas que los inhibende intervenir en las deliberaciones y debates pero que delega a la ley lasregulaciones específicas sobre esos conflictos. De ahí que la Sala crea que ambasnormas deben aplicarse de forma ponderada de modo que la tensión entre esasdisposiciones se resuelva razonablemente en favor de la participación delcongresista en las funciones propias del Congreso y no en favor de su abstención,preferiblemente.Por esas razones, habría lugar a la imposición de la sanción de pérdida deinvestidura cuando se compruebe fehacientemente que pese a tener elcongresista un auténtico conflicto de intereses frente a un específico asunto y noobstante estar conciente de dicha circunstancia, interviene en el debate o vota odecide el asunto sometido a su conocimiento. El conflicto de intereses comoeventual causa para imponer la sanción de pérdida de investidura se convierte enuna figura que limita de una forma fuerte las libertades de voto y expresión que lapropia Constitución consagra a favor de los congresistas y de ahí la importanciade que la imposición de la sanción sólo resulte legítima cuando haya totalevidencia de la existencia de conflicto de intereses que el congresista no quisoevitar.En conclusión, la causal de pérdida de investidura por violación del régimen delconflicto de intereses, se reitera, tiene ocurrencia cuando un congresista tiene uninterés directo, particular y actual, de carácter moral o económico, en la decisiónde uno o varios de los asuntos sometidos a su consideración, decisión de la quese derive para él o para sus familiares o socios, un beneficio de carácter real y, noobstante estar en esa situación, no se declare impedido de participar en losdebates o votaciones respectivas, tal como lo ha dicho esta Sala.10 Sentencia SU-047 de 1999, fundamento jurídico 11. 21.
EL CASO CONCRETOPara estudiar el caso concreto, la Sala abordará el análisis de, en primer lugar, lasituación meramente fáctica de si el senador demandado intervino en la decisiónde elegir al Procurador General de la Nación y de si se había o no declaradoimpedido para el efecto. En segundo lugar, estudiará si, pesando sobre elcongresista una investigación abierta por el Procurador General de la Nación, elhecho de haber participado en esa elección constituye un caso de conflicto deintereses.De las pruebasConsidera el actor que el demandado violó el régimen de conflicto de intereses porno declararse impedido para votar en la elección del Procurador General de laNación, pues ese organismo había antes abierto investigación en contra del señorMerheg Marún. De hecho, el actor dice que la Procuraduría General de la Naciónhabía pedido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que investigara alseñor Merheg Marún y a otros congresistas por supuestos nexos con grupos almargen de la ley.En ese orden, la Sala verifica que en el expediente figura un conjunto de pruebasde donde se deduce que, en efecto, el senador Habib Merheg Marún sí participó yvotó en la sesión plenaria del 11 de diciembre de 2008 en la que fue elegido eldoctor Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación yque no se declaró impedido para intervenir en esa decisión.Las circunstancias y pruebas más relevantes que circunscriben la conducta delseñor Habib Merheg Marún, y que es el objeto de juzgamiento, son estas:1. Acta de plenaria número 035 de la sesión ordinaria del día jueves 11 dediciembre de 2008, en la que fue elegido el doctor Alejandro Ordóñez Maldonadocomo Procurador General de la Nación para el período constitucional de enero de2009 a enero de 2013. En dicha acta figura que esa Corporación denegó elimpedimento de varios congresistas que decían estar impedidos para participar enese acto por tener procesos disciplinarios abiertos por la Procuraduría General dela Nación. 22.
En esa acta aparece que el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado obtuvo 81 votos,el doctor Camilo Gómez Alzate 1 voto, el doctor Germán de Jesús Bustillo Pereira0 votos, 3 votos en blanco, para un total de 85 votos. Conviene advertir que lavotación fue secreta.2. DVD que contiene la copia fílmica de la sesión plenaria del 11 de diciembre de2008, remitida por el Jefe de Oficina de Información y Prensa del Senado de laRepública, por solicitud del ponente.3. Certificación del Secretario General (e) del Senado de la República en la quehace constar que la elección del señor Procurador General de la Nación se llevó acabo mediante votación ordinaria el 11 de diciembre de 2008. Certificó, además,que el senador Habib Merheg Marún, antes de entrar en la discusión y votación delos impedimentos, dejó constancia en la secretaría de su retiro del recinto y que,teniendo en cuenta que la votación fue ordinaria, no era posible determinar si elmencionado senador votó en ese proceso.4. Empero, ante el auto del 13 de mayo de 2009, proferido por el consejeroponente, que puso a disposición de las partes la copia del DVD que contiene losregistros fílmicos de la sesión plenaria del 11 de diciembre de 2008, en la que seeligió al Procurador General de la Nación, y que instó al congresista demandadopara que se pronunciara sobre su eventual participación y votación en esaelección, el demandado no negó haber participado en ese procedimiento.5. El demandado no sólo no negó haber participado en ese acto sino que optó porjustificar la conducta diciendo que el ejercicio de la función constitucional de elegirProcurador General de la Nación no podía constituir un caso de conflicto deintereses por el hecho de estar abierta por ese organismo una investigación encontra del congresista. En memorial que obra a folio 118 y siguientes, luego deexponer una extensa explicación jurídica, el señor apoderado del congresistaHabib Merheg dijo: “(…) una vez el senador HABIC (sic) MERHEG entra a la plenaria, consulta con sus asesores, escucha y verifica las constancias que motivaron la negación de los impedimentos que coinciden con los análisis y estudios realizados a los diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, que se armoniza con la decisión adoptada por el senado, al negar más de 20 impedimentos de senadores que se 23.
encontraban investigados disciplinariamente por la Procuraduría, llegó al convencimiento invencible de estar habilitado por la plenaria del senado, la constitución y la ley para poder sufragar sin que esto constituyera un conflicto de intereses, razón por la cual, procedió a depositar su voto (…)”6. El demandado adjuntó copia de la Gaceta del Congreso correspondiente a unaantigua sesión de esa Corporación, la sesión ordinaria del 9 de marzo de 2004, enla que figura el debate que en esa época se dio en el congreso sobre el tema delos impedimentos de los congresistas frente a la elección del procurador de eseentonces, congresistas que también tenían investigaciones disciplinarias en sucontra y que finalmente fueron habilitados para votar en la elección. No fueronaceptados los impedimentos de los siguientes congresistas: CONGRESISTAS QUE CONSIDERACION DE LA PLENARIA MANIFESTARON IMPEDIMENTO ANDRES GONZALEZ DIAZ NEGADO EDUARO BENITEZ MALDONADO NEGADO JULIO MANZUR ABDALA NEGADO JAIME DUSSAN CALDERON NEGADO FRANCISCO ROJAS BIRRI NEGADO CAMILO ARMANDO SANCHEZ NEGADO ORTEGA JOSE DARIO SALAZAR CRUZ NEGADO LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO NEGADO MANUEL ANTONIO DIAZ JIMENO NEGADO SAMUEL MORENO ROJAS NEGADO WILLIAM ALFONSO MONTES NEGADO MEDINA LUIS EDUARDO VIVES LACOUTURE NEGADO FLOR M. GNECCO ARREGOCES NEGADO MARIO VARON OLARTE NEGADO JESUS PUELLO CHAMIE NEGADO JOSE IGNACIO MESA BETANCUR NEGADO VICTOR RENAN BARCO LOPEZ NEGADO ANGELA VICTORIA COGOLLOS NEGADO AMAYA LUIS CARLOS AVELLANEDA NEGADO 24.
TARAZONA JOSE ANTONIO PEÑALOZA NUÑEZ NEGADO MARIO URIBE ESCOBAR NEGADO EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA NEGADO RAFAEL PARDO RUEDA NEGADO JOSE CONSUEGRA BOLIVAR NEGADO CLAUDIA BLUM DE BARBERI NEGADO CARLOS GARCIA ORJUELA NEGADO JUAN MANUEL CORZO ROMAN NEGADO CARLOS HERNAN BARRAGAN NEGADO LOZADA MAURICIO JARAMILLO MARTINEZ NEGADO CARLOS HIGUERA ESCALANTE NEGADO7. Conviene resaltar que la no aceptación de los impedimentos estuvo precedidade un estudio hecho por la Comisión Accidental nombrada para el efecto, comisiónque estuvo integrada por los senadores Héctor Elí Rojas Jiménez, Jesús AngelCarrizoza Blanco y José Renán Trujillo. Estos senadores, luego de estudiar lasnormas pertinentes del conflicto de intereses previstas en la Ley 5 de 1992 y en laLey 734 de 2002, concluyeron que no había impedimento alguno para quepudieran intervenir en la elección de procurador senadores contra los que se habíaabierto investigaciones de tipo disciplinario. Entre las razones que adujeron parasustentar el informe en el que se basó el congreso para denegar los impedimentosestán las siguientes: “El Consejo de Estado ha dicho respecto del conflicto entre el “interés general, propio de la función pública” y el “interés particular y directo del servidor público” lo siguiente: “El interés que configura el conflicto debe ser real, actual y cierto no futuro, eventual e hipotético. De allí que el beneficio que genere el conflicto debe ser igualmente real, actual y no hipotético o aleatorio. En donde para configurarse, no debe esperarse la ocurrencia de hechos o desarrollos ulteriores. Por tanto, el provecho o beneficio que configura el conflicto debe ser autónomo (Consejo de Estado, Sala de Consulta. Marzo 20 de 2004. Flavio Augusto Rodríguez). Igualmente, ha señalado que el conflicto de intereses se materializa cuando de quien se predica pierde su natural imparcialidad (Consejo de Estado, septiembre 3 de 2002)”. Consideramos que el hecho de votar para elegir Procurador es una función constitucional que deben cumplir los Congresistas, sin que el 25.
impedimento se vuelva una excusa para eludirla y evadir, por ejemplo, la prohibición de recomendar parientes ante aquel funcionario en cuya elección participaron. El hecho de estar siendo investigados no alcanza a convertir en particular, directo, real y actual el interés general de la elección, pues votar por alguno de los tres aspirantes no garantiza que se altere la imparcialidad del investigador ni asegura la absolución y archivo del expediente. En estos eventos el Congresista investigado se encuentra frente al Procurador elegido, como cualquier investigado frente a cualquier juez de la República, y los impedimentos se regulan por los principios generales y las normas que se aplican a los casos corrientes de la jurisdicción ordinaria, o de la disciplinaria”.Fuera de basarse en ese concepto del Consejo de Estado, los Congresistasencargados de estudiar los impedimentos sustentaron en estas otras razones lainexistencia del conflicto de intereses: “Resulta evidente que el género humano realiza acciones motivadas por los más disímiles componentes de su ser intelectual y que el odio, el temor, el afecto, el desprecio, el agradecimiento, la venganza, etc… son móviles que explican por qué alguien decide y actúa o se abstiene en un determinado asunto, y esto es más interesante cuando se trata de la relación que surge entre el juez y sus procesados: Si el juez, en la intimidad de la grandeza que la investidura le otorga para investigar, juzgar y sancionar a sus semejantes infractores de la ley, disciplinaria en nuestro caso, siente el agradecimiento para con quien lo ayudó a llegar al cargo, o el odio o el desafecto, cuando no la venganza para con quien ayudó a otro candidato, afecta la imparcialidad que de él todos esperan, debe declararse impedido y permitir que otro funcionario que no sufra esos males del espíritu tome la decisión. Pero no deja de ser tendencioso y gravemente violentador de la dignidad del Congresista suponer que su voto para elegir al Procurador General de la Nación lo depositará esperando ser absuelto en sus procesos disciplinarios. Una hipotética acusación como esta no tiene prueba, y no puede tenerla porque sencillamente no existe como hecho que pueda ser reconstruido en un proceso disciplinario, y dar lugar a una imputación. La suposición implica igualmente desconocer sin fórmula de juicio la integridad moral de un funcionario respecto del cual no es justo, ni real afirmar que absolverá a los que voten por él, aún si son culpables y condenará, aun cuando sean inocentes, a quienes no lo hagan. Lo razonable es creer que no existe impedimento de parte de los Senadores que están siendo investigados disciplinariamente por el Procurador General de la Nación para intervenir y votar en el nuevo acto de elección, y que sería este, el Procurador, quien eventualmente podría declararse impedido en cada proceso y una vez existan y se prueben las evidencias de su falta de imparcialidad, o ser recusado 26.
como alternativa, por los investigados que prueben la perfidia del funcionario para perjudicarlos. Si faltaran argumentos podríamos decir que la elección del Procurador General de la Nación se hace mediante voto secreto, de manera tal que el supuestamente parcializado Procurador no tendría certeza de quién votó por él y quien no, y el supuestamente perverso Congresista que votara movido por el interés particular de su proceso, tampoco podría demostrar materialmente que lo hizo en determinado sentido”.Además dijeron que: “La idea de que Procurador y Congresistas estén para elegir los unos y absolver el otro, resulta perversa y desinstitucionalizadora, pues no es aceptable que si el Procurador ejerce sus funciones de investigar y juzgar a los Congresistas, deba sufrir la carga de no poder contar con la participación de éstos en su elección y, a contrario sensu, si no lo hace y soslaya sus responsabilidades tenga el premio de que todos participan y asegura su elección”.8. Oficio 775 del 6 de mayo de 2009 de la Sala Penal de la Corte Suprema deJusticia en la que comunicó a esta Sala que adelantaba investigación previacontra el Senador Habib Merheg Marún, iniciada el 20 de marzo de 2007 y cuyoobjeto era determinar la presunta existencia de nexos del congresista con gruposarmados ilegales con fines proselitistas.9. Oficio 2218 del 2 de junio de 2009 de la Procuraduría General de la Nación enla que remite, en dos folios, información sobre el estado de los procesosadelantados contra quienes ostentaban la calidad de Senadores de la República al11 de diciembre de 2008. En ese documento se alude expresamente al señorMerheg Marún y a otros 24 senadores en iguales circunstancias, esto es, que aesa fecha tenían abiertas investigaciones disciplinarias, en fase de estudiopreliminar, esto es, en fase de indagación preliminar, etapa que se notificapersonalmente a los investigados, según el artículo 100 del CUD11.El señor Habib Merheg Marún no ha dicho que hubiera permanecido ignorante dela existencia de esa indagación preliminar para el momento en que se eligió alactual Procurador General de la Nación.11 Conforme con el numeral 21 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000. le corresponde al Procurador Generalde la Nación “Conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los congresistas,por faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad o durante su ejercicio, en este últimocaso aunque hayan dejado de ser congresistas” 27.
10. No figura en autos ninguna prueba de que el senador Merheg Marún sehubiera declarado impedido para participar en la elección del Procurador Generalde la Nación, que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2008. Así se advierte delacta de Sesión de Plenaria del 11 de diciembre de 2008, (folio 176 vuelto) y de lacertificación del Secretario General (e) del Senado de la República, en la que seestablece que el demandado se retiró antes de la discusión y votación de losimpedimentos declarados por varios senadores para la elección del señorProcurador. El Secretario General del Senado dijo que “no es posible determinar siel mencionado senador votó en ese proceso”.11. En efecto, en el acta de la Sesión del 11 de diciembre de 2008 figura que elCongreso se ocupó de la elección del Procurador General de la Nación, para locual se leyeron los impedimentos de varios Senadores que dijeron no poderparticipar en esa elección por tener abiertos procesos disciplinarios por laProcuraduría General de la Nación.La Secretaría, a instancia del Presidente del Congreso, leyó el informe rendido porla Comisión en el año 2004 teniendo en cuenta que se trataba fundamentalmentede la misma circunstancia examinada en ese informe. Consta que, con base enese informe, se denegaron los impedimentos de los Congresistas que dijeron queestaban siendo investigados por la Procuraduría.Se denegaron los impedimentos de los siguientes Congresistas: CONGRESISTAS QUE CONSIDERACION DE LA PLENARIA MANIFESTARON IMPEDIMENTO ELSA GLADYS CIFUENTES NEGADO ARANZAZUGABRIEL IGNACIO ZAPATA CORREA NEGADO OSCAR DE JESUS SUAREZ MIRA NEGADO GLORIA INES RAMIREZ RIOS NEGADO JUAN CARLOS RESTREPO NEGADO ESCOBARLUIS FERNANDO VELASCO CHAVES NEGADO CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA NEGADO JUAN MANUEL CORZO ROMAN NEGADO 28.
JORGE ELIECER BALLESTEROS NEGADO BERNIER OSCAR JOSUE REYES CARDENAS NEGADO MANUEL GUILLERMO MORA NEGADO JARAMILLO GERMAN VILLEGAS VILLEGAS NEGADO ADRIANA GUTIERREZ JARAMILLO NEGADO ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA NEGADO DILIAN FRANCISCA TORO TORRES NEGADO ZULEMA JATTIN CORRALES NEGADO JOSE DARIO SALAZAR CRUZ NEGADOMARTA LUCIA RAMIREZ DE RINCON NEGADO CARLOS CARDENAS ORTIZ NEGADO JUAN CARLOS VELEZ URIBE NEGADO GRISELDA JANETH RESTREPO NEGADO GALLEGO JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA NEGADO UBEIMAR DELGADO BLANDON NEGADO EDGAR ESPINDOLA NIÑO NEGADO RODRIGO LARA RESTREPO NEGADO PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ NEGADOAparece en el acta que se retiraron del recinto para no discutir la cuestión de losimpedimentos los senadores Griselda Restrepo Gallego, Yolanda Pinto Afanador,Luis Fernando Velasco y Habib Merheg Marún.12. El señor Habib Merheg renunció a su condición de Senador de la República el12 de mayo de 2009, según comunicación de la Secretaría General del Senado dela República que obra en autos.En consecuencia, la Sala, se reitera, tiene la convicción de que el señor HabibMerheg Marún, sin duda, participó y votó en la elección del Procurador General dela Nación, acto celebrado el 11 de diciembre de 2008 y que no se declaróimpedido. No se declaró impedido, según lo ha expuesto el demandado por bocade su apoderado, por estimar no estarlo teniendo en cuenta criterios extraídos dela jurisprudencia del Consejo de Estado y de que el propio Congreso de la 29.
República había denegado el impedimento a varios colegas en situacionessimilares previas y aún para la propia elección celebrada ese 11 de diciembre de2008. El señor Habib Merheg Marún se retiró de la sesión mientras que elCongreso debatía el tema de los impedimentos y una vez la Corporación, porintermedio del Presidente del Congreso, no aceptó ninguno de los impedimentosmanifestados por los otros congresistas, retornó a la sesión correspondiente paraintervenir en la elección de Procurador General de la Nación.Inexistencia del conflicto de interesesAhora corresponde a la Sala estudiar si ese hecho constituye efectivamente uncaso de conflicto de intereses para deducir la respectiva consecuencia.En primer lugar, es evidente que no se está frente a un caso de conflicto deintereses de naturaleza económica puesto que la acusación lanzada por eldemandante en contra de la investidura del demandado no tiene relación conintereses de índole económico o algo parecido del Senador Habib Merheg Marúnque hubieran chocado contra el interés público inmerso en el proceso de eleccióndel Procurador General de la Nación. La acusación plantea más bien la posibilidadde que haya habido un caso de conflicto de intereses de naturaleza moral o ético.En ese orden, se anticipa que no encuentra la Sala elementos de juicio paradeducir que el señor Habib Merheg Marún merezca la pérdida de investidura porlos hechos que denuncia el demandante, esto es, que sea responsable de haberincurrido en conflicto de intereses por los hechos ya varias veces expuestos.Esta Corporación ha dicho que el interés que debe asistir al congresista para quepueda adecuarse a la causal de pérdida de investidura por violación al régimen deconflicto de intereses es el “provecho, conveniencia o utilidad que, atendida suscircunstancias, derivaría el congresista o los suyos de la decisión que pudieratomarse en el asunto. (…)”12.Así mismo, se repite, ha sostenido que “(…) la causal de pérdida de investidurapor violación al régimen de conflicto de intereses tiene ocurrencia cuando en la12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 17 de octubre de 2000. C.P. Mario Alario Méndez. Expediente No. AC- 1116. 30.
persona de un congresista exista un interés directo, particular y actual, de caráctermoral o económico en la decisión de uno de los asuntos sometidos a suconsideración, de la que le genere a él a sus familiares o socios, un beneficio decarácter real”.13Y, además, en relación con el aparente conflicto de interés suscitado con ocasiónde la elección o nombramiento de funcionarios, ha expresado que “(…), para quese configurara dicha causal el actor debió probar con medios idóneos, y no consimples especulaciones y presunciones, que la elección de dicho funcionario lereportaría un beneficio directo a aquél o a sus familiares más próximos”.14Recientemente, en providencia del 10 de noviembre de 2009, se estudió la causalde pérdida de investidura relacionada con la violación del conflicto de intereses encuanto que el demandado en ese caso habría participado en la elección demagistrados de la Corte Constitucional teniendo pendientes de revisión dosacciones de tutela por parte de ese alto tribunal. En esa sentencia se descartó laexistencia de conflicto de intereses en ese evento. Esta Corporación discurrió enel siguiente sentido: “Para la Sala, la situación de conflicto de interés que puede presentarse en un asunto o materia de conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha precisado la Sala Plena15, los miembros del Congreso tienen otras funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón, ha dicho la Sala16, que la situación de conflicto debe analizarse en cada caso específico, para determinar si las particulares circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen con el interés comprometido en el asunto o materia en el que intervenga. También es oportuno señalar, que aunque el artículo 185 de la Carta, consagra la inviolabilidad por las opiniones y votos que emitan los congresistas en el ejercicio del cargo, ésta se entiende sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo y del régimen de conflicto de intereses, en cuanto la misma Constitución y la Ley 5ª de 1992, establecen la sanción de pérdida de investidura para los congresistas, cuando omitan su deber de declararse impedidos en los asuntos sometidos a su votación.13 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 18 de febrero de 2008. C. P. Martha Sofía Sanz.Expediente No. PI-02262.14 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 20 de octubre de 2005. C. P. Gabriel Eduardo MendozaMartelo. Expediente No. 2005 – 00593 – 01.15 Sentencia de 10 de noviembre de 2001, Exp. PI-0130, C.P. Dr. German Rodríguez Villamizar.16 Sentencia de17 de octubre de 2000, Exp. AC-11116, C.P. Dr. Mario Alario Méndez. 31.
En este sentido, la Sala Plena ha precisado que “si la inviolabilidad en los votos y decisiones careciera de límites, no tendría sentido hablar de conflicto de intereses. Por ello, al tiempo que se consagra tal garantía, se prevé la responsabilidad cuando, debiendo declararse impedidos por razones de orden moral o económico, no manifiestan estas situaciones, haciéndose acreedores a las sanciones disciplinarias previstas en la ley”17. En el caso bajo examen, se advierte en primer término que, de conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política, compete al Senado de la República, elegir a los Magistrados de la Corte Constitucional, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por tanto, es éste uno de los asuntos de conocimiento de los miembros de la Corporación pública. Ahora bien, según se estableció del artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, para la aplicación del régimen sobre conflicto de interés de los Congresistas deben concurrir varios elementos, como son (i) un interés, (ii) que sea directo y (iii) que afecte de alguna manera al Congresista o a las personas que esta norma determina. Esta Sala ha definido el interés como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto”18. Además el interés debe ser directo, “debe surgir de los extremos de la relación que se plantea a través de la decisión que haya de tomarse, (…), sin intermediación alguna”19. Para la Sala los hechos en que el actor fundamenta la causal, no constituyen infracción al régimen de conflicto de intereses, por las siguientes razones: En primer término porque el Congresista demandado tiene como cualquier otra persona, el derecho de acceder a la Administración de Justicia20 y, por lo tanto, el de interponer acciones de tutela21 para la defensa de sus derechos fundamentales, no lo pierde por el hecho de ostentar la calidad de Senador. De otra parte, no existe relación directa entre el acto de elegir Magistrados de la Corte Constitucional y la eventual revisión de las acciones de tutela, pues ésta es de competencia autónoma y discrecional de un juez plural, es decir, no es del resorte exclusivo de los elegidos y, tampoco existe certeza de que el Senador Gómez Montealegre haya votado por los mencionados Magistrados, pues su17 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de 12 de febrero de 2002, C.P. Olga InésNavarrete Barrero.18 Sentencia de 17 de octubre de 2000, antes citada.19 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P. Dr.Diego Younes Moreno.20 Artículo 228 C.P.21 Artículo 86 íb. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento ylugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, laprotección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, (…) (Subrayas fuera de texto). 32.
voto es secreto de conformidad con el artículo 131 literal a) de la Ley 5ª. de 1992. Todo lo anterior demuestra que el interés alegado por el actor se diluye en suposiciones no comprobadas y que no encaja en la causal invocada, que exige la existencia de un interés directo, concreto y específico, que no aparece en este caso22”De conformidad con los artículos 275 y 279 de la Constitución Política, laProcuraduría General de la Nación es un organismo de control de tipo autónomocuyas funciones, como las de cualquier órgano público, devienen de laConstitución y de la ley, máxime las de los órganos directamente prescritos por laConstitución. Si bien el artículo 276 de la Constitución le atribuye al Senado lacompetencia para elegir al Jefe del Ministerio Público, esto es, al ProcuradorGeneral de la Nación, este alto dignatario del Estado no es un agente delegado,dependiente, adscrito o vinculado ni al Senado ni al Congreso de la República.Tampoco puede plantearse que el cuerpo de senadores resulte ser una especiede instancia directiva de los destinos de la Procuraduría General de la Nación. Setrata de una función constitucional que resulta de la colaboración armónica queexiste entre los distintos poderes públicos tanto que el Senado de la Repúblicaescoge a quien deba ser Procurador General de la Nación de una terna formadapor candidatos designados por el Presidente de la República, la Corte Suprema deJusticia y el Consejo de Estado.En la función constitucional de escoger al candidato de la terna formada para eldestino público de Procurador General de la Nación va envuelto el interés generalde escoger al mejor aspirante para así asegurar un correcto y adecuadofuncionamiento de ese órgano de control. Como el Procurador General de laNación representa al Ministerio Público, que es una expresión democrática de loscontroles jurídicos que puede instituir el constituyente sobre cualquiera de lasactividades del Estado y de la misma sociedad, no hay duda de que en el procesode elección de este alto funcionario están involucrados intereses que le competena toda la nación.Ahora bien, a cada senador, en particular, atendiendo el deber de decidir siempreen pos del bien común, le corresponde escoger a quien en su fuero interno estimecomo el mejor candidato para ocupar ese cargo. De ese modo, resulta que los22 Consejo de Estado. Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 10 de noviembre de 2009.Expedientes Acumulados No. 2008-01180 y 2008-01367. 33.
intereses involucrados en esa función no coliden, no se enfrentan. Aún si pesaransobre los senadores ciertas investigaciones disciplinarias a cargo del órgano, nopor esa sola circunstancia estarían impedidos o inhabilitados para elegir alProcurador puesto que este funcionario no resulta ser un agente subordinado nidel Senado ni de cada senador en particular. Así lo ha visto el Congreso al noaceptar los impedimentos de los congresistas que han querido apartarse delproceso de designación de Procurador General de la Nación por tener ellosinvestigaciones disciplinarias pendientes23.Cree la Sala que no porque el escogido por un órgano colegiado deba atenderluego funciones que le interesan a ese órgano, los miembros de ese cuerpoquedan a priori impedidos para hacer la elección, pues esa deducción haríaimposible el cumplimiento de la misión o de la función propia del órgano concapacidad de elegir y pondría en entredicho por adelantado la idoneidad moral delelegido. La vocación del Senado de la República, para lo que interesa a este caso,es elegir al Procurador General de la Nación con la intervención natural y obvia detodos los Senadores, salvo muy específicas excepciones. De suponer quecualquier circunstancia podría constituir un impedimento para que los congresistascumplan esa función, conduciría definitivamente a crear un marco en el que lafunción constitucional de nombrar al Procurador no se pudiera ejercer24.23 En el estudio que hizo la Comisión Accidental para analizar los impedimentos declarados por loscongresistas en el 2004, estudio que fue luego tenido en cuenta sustentar la no aceptación de losimpedimentos declarados en el año 2008, la Comisión fue del parecer de que “los impedimentos tendrían queaceptarse siempre que los congresistas hubieran sido ya notificados de una formulación de cargos yrechazarse los aducidos por quienes solamente están siendo investigados, es decir, quienes tengan procesosque se encuentren en indagación preliminar o en indagación disciplinaria, que son las dos etapas iniciales delproceso disciplinario”24 Existen variados ejemplos en los que órganos colegiados deben, en cumplimiento de los deberesconstitucionales y legales, elegir o escoger agentes estatales para que asuman tareas propias de la entidad o dela corporación a la que pertenece el órgano directivo o tareas o funciones de otros órganos y ese escenario nodebe implicar necesariamente el impedimento de los miembros del cuerpo colegiado por el hecho de queposteriormente el elegido deba definir cuestiones o asuntos en los que tendrían un interés esos mismosmiembros, interés que no puede mirarse como un interés particular y directo, a la manera de una ventaja quehaya que defender, sino como un interés institucional. Dígase el caso del propio Congreso de la República queen virtud del artículo 46 de la Ley 5 debe elegir tanto el Secretario General del Senado como el SecretarioGeneral de la Cámara de Representantes. Comúnmente esos funcionarios están a cargo de tareas y funcionespropias de la organización del Congreso en la que cada congresista puede tener un interés personal de mayoro menor medida y no por eso estarían impedidos los congresistas para elegir al Secretario General. ElVicepresidente de la República, en caso de falta absoluta, también es elegido por el Congreso, según elartículo 20 de la Ley 5. En escoger este funcionario habría un interés en cada uno de los congresistas que nochoca, en principio, con el interés general. De no ser así y de interpretar que cualquier inclinación delcongresista hacia la candidatura de alguien o cualquier interés in pectore sería motivo de impedimento,entonces casi nunca pudiera el órgano cumplir esa función. Lo propio se puede decir de órganos judicialescomo cuando los altos tribunales proceden a elegir magistrados y jueces y otros funcionarios judiciales. Elhecho de que haya una denuncia contra un alto magistrado, que haya un proceso judicial promovido por losmagistrados ante la rama judicial, que haya interés en que el director ejecutivo de la rama judicial satisfagaciertas carencias y necesidades logísticas en los despachos de los magistrados, en fin, todo eso, no puedesignificar a priori que entonces los altos tribunales no puedan elegir magistrados ni funcionarios judiciales sinque los electores incurran en conflicto de intereses. 34.
Así, podría suceder que para impedir que el Senado, en un momento dado,cumpla la misión constitucional de elegir el Procurador, que es finalmente unórgano fundamental de la estructura del Estado, bastaría interponer una denunciacualquiera contra todo el cuerpo de senadores de modo que la Procuraduría seviera obligada a abrir una investigación preliminar, que es lo mínimo que lecorresponde hacer a un órgano de control ante las denuncias que con razón o sinella suelen hacer los asociados. Deducir que en ese evento habría un conflicto deintereses impeditivo de la función de elegir Procurador, equivaldría a sostener, poruna parte, que los órganos de control carecen de la autonomía constitucional queel propio constituyente les confirió y, además, resultaría que el senadolegítimamente elegido por el pueblo no pueda elegir el Procurador y que quizádeba hacerlo un senado ad hoc, sin suficiente legitimidad para asumir esaresponsabilidad.Además, el hecho de que la votación sea secreta y que el congresista pueda optarpor cualquiera de los tres aspirantes aleja la posibilidad de que quedencompromisos antiéticos, oscuros o inaceptables entre el elector y el elegido. Perode suceder algo así, el Código Penal viene a proteger el interés público y losbienes jurídicos relacionados con el correcto ejercicio de la función pública, encuanto que esas conductas son castigadas por los tipos penales correspondientes.De estar probado que entre el Congresista elector y el candidato a ProcuradorGeneral de la Nación o a cualquier otra dignidad que le corresponda elegir alCongreso existió una suerte de compromiso o negocio o acuerdo como condiciónpara obtener determinada conducta del congresista en el proceso de elección,surgiría claramente un evidente conflicto de intereses que tendría que serreprimido con la pérdida de investidura.Así que la Sala cree que la decisión de elegir Procurador General de la Nación síes una decisión trascendental en los términos del artículo 291 de la Ley 5 de1992 pero eso no significa que surja necesariamente un conflicto de intereses siun miembro del Senado viene siendo objeto de investigación por parte de laProcuraduría y esa corporación se dispone a elegir a quien ha de dirigir enadelante los destinos de ese organismo. 35.
El conflicto de intereses no se da si se tiene en cuenta que el proceso disciplinariotiene su propia dinámica e independientemente de la condición personal delfuncionario que deba adelantarlo, es la ley la que señala el conjunto depresupuestos necesarios tanto para dictar una providencia favorable odesfavorable al encartado. Y, para mantener la imparcialidad y la transparencia deese procedimiento, es al agente que adelanta el procedimiento contra undeterminado sujeto disciplinario al que le corresponde evaluar si existiríancausales de impedimento que le impidieran adelantar o continuar a cargo delrespectivo proceso disciplinario.Tendría que estar probado, para que surja el conflicto de intereses, que elcongresista efectivamente tuvo la necesidad de defender cierta ventaja, ciertobeneficio, cierto ánimo, concreto y actual, al momento de intervenir y votar por unocualquiera de los miembros de la terna. En este caso y según la acusación,tendría que ser una ventaja o un beneficio o un ánimo o inclinación hacia algunacuestión relacionada con la investigación preliminar que había abierto laProcuraduría en contra de Habib Merheg Marún, cuestión que no tiene sustentoprobatorio de ninguna clase.La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de formacontundente cuando se trata de la intervención de los congresistas en el procesode formación de normas jurídicas que luego vendrían a favorecerlos de formaparticular y concreta, como cuando se dictan normas relativas al régimen delderecho penal estando el congresista sometido efectivamente a una investigaciónpenal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por la Sala deConsulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de mayo de 200825, y así seconcluyó en ese dictamen.25 "¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto del proyectode Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la Corte Suprema deJusticia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por actos relacionados con lallamada "parapolítica"?De acuerdo con los fundamentos normativos y los hechos analizados en el presente concepto, la Salaconsidera recomendable que proceda a declarar su impedimento ante la respectiva Corporación, para que seaésta la que decida sobre el mismo.En caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo, quéconsecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura?De acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento antela Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de la posibilidad deque pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una investigación disciplinariay se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de investidura. 36.
En ese orden, para esta Sala, al demandado, en la elección del ProcuradorGeneral de la Nación no le asistía ese interés que se exige para que tengaocurrencia la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflictode intereses, pues, pese a que al momento de la elección, la Procuraduría habíaabierto una investigación preliminar en contra del congresista y de otros quetambién intervinieron en la sesión correspondiente, no se advierte una auténticacolisión de intereses en el sentido de que el interés general hubiera quedadosubordinado a los intereses personales del demandado por el hecho de que esteparticipó en la elección del Procurador General de la Nación.La Sala evidencia que para el momento de la elección del Procurador General dela Nación ni siquiera había imputación, acusación o cargo alguno en el procesodisciplinario que había abierto la Procuraduría en contra del señor Merheg Marún.El estado en el que se encontraba el proceso era el de un estudio preliminar delque tampoco se desprende que los derechos del congresista demandadohubiesen estado comprometidos o afectados en ese proceso disciplinario.Es diciente el hecho de que no se aceptaron los impedimentos que varioscongresistas que estaban en la misma situación del aquí demandadomanifestaron en la sesión correspondiente, esto es, que el propio Senado noconsideró la existencia de conflicto de interés alguno en dicha situación. Y si bienes cierto que el demandado no manifestó el impedimento, de haberlo hecho habríasufrido la misma suerte que sufrieron las manifestaciones de impedimento de losdemás congresistas que estaban en la misma situación, como por ejemplo pasócon los senadores Juan Manuel Corzo Román, Manuel Guillermo Mora Jaramillo,Piedad Córdoba, entre otros. El hecho relevante para este caso no es la conductade no haber declarado el posible impedimento sino el hecho de que no existió elconflicto de intereses de orden moral que daría lugar, de haberse probado, a laconfiguración de uno de los elementos de la responsabilidad jurídica que exige laimposición de la sanción de pérdida de investidura, vale decir, que la conductaencaje en la causal de pérdida de investidura.Es deber del Congresista poner en conocimiento de la Corporación los hechos dedonde él deduzca u observe que podría surgir un conflicto de intereses, tal comolo prescribe el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, independientemente de que elórgano competente decida si existe o no ese conflicto. El incumplimiento de ese 37.
deber puede ser una falta disciplinaria sancionable en los términos del CUD, cuyoartículo 48 - 46 tipifica específicamente como falta el hecho de que un servidorpúblico no declare un impedimento debiéndolo. Empero, de las circunstanciasparticulares del caso, el servidor público debe razonablemente deducir la eventualexistencia de ese conflicto de intereses y así declararlo.El artículo 181 de la Constitución Política no sanciona con pérdida de investidurael hecho de que un congresista no cumpla el deber de declararse impedidodebiéndolo, sino el hecho de que vote una decisión estando incurso efectivamenteen un conflicto de intereses. Para que pueda deducirse la responsabilidad jurídicadisciplinaria que implique la máxima sanción, esto es, la pérdida de investidura, esnecesario que en la sentencia se pueda establecer que ocurrió la violación delrégimen del conflicto de intereses en cuanto que el Congresista votó anteponiendointereses personales a los intereses públicos y no solamente que el Congresistano se haya declarado impedido.En este particular caso, el señor Habib Merheg Marún se retiró del recinto dondesesionaba el Congreso mientra se decidía si la indagación preliminar que pesabasobre varios congresistas en la Procuraduría, él incluido, constituía o no motivopara votar en la elección del Procurador. Esta conducta resultaba prudente dadaslas circunstancias especiales en que se desarrollaba esa elección. De ahí que,una vez el Congreso decidió que no aceptaría los impedimentos, tal como ya lohabía hecho en el año 2004 y porque no consideró que eso constituía un conflictode intereses, el señor Habib Merheg Marún decidió participar en esa elección, sindeclararse impedido, conducta esta imprudente que no alcanza a configurar lafalta de haber incurrido en conflicto de intereses, puesto que, se repite, eseconflicto no existió.En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo delConsejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombiay por autoridad de la ley, FALLADENIEGASE la solicitud de pérdida de la investidura de Senador de la Repúblicaal doctor Habib Merheg Marún, por las razones expuestas en la parte motiva deesta sentencia. 38.
Comuníquese esta decisión a la Mesa Directiva del Senado, al Consejo NacionalElectoral y al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo de su cargo.Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala Plena de lo ContenciosoAdministrativo de esta Corporación en sesión de la fecha.VICTOR H. ALVARADO ARDILA GERARDO ARENAS MONSALVE SALVO VOTOHUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIASUSANA BUITRAGO VALENCIA RUTH STELLA CORREA PALACIO SALVO EL VOTO ACLARO EL VOTORAFAEL E. OSTAU DE LAFONT P IANETA MAURICIO FAJARDO GOMEZ SALVO EL VOTOENRIQUE GIL BOTERO WILLIAM GIRALDO GIRALDO ACLARO VOTOGUSTAVO E. GOMEZ ARANGUREN MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR SALVO VOTOMARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON FILEMON JIMENEZ OCHOABERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO SALVO VOTOMAURICIO TORRES CUERVO ALFONSO VARGAS RINCON SALVO VOTO Salvo el voto 39.
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO Salvo voto SALVO VOTOCARLOS BETANCUR JARAMILLO GUSTAVO QUINTERO NAVAS Conjuez Conjuez Aclaro voto HERNANDO YEPES ARCILA Conjuez Salvo voto SALVAMENTO DE VOTO DE LOS DOCTORES BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ, VICTOR H. ALVARADO ARDILA, GUSTAVO GOMEZ ARANGUREN Y ALFONSO VARGAS RINCON CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENASBogotá, D. C. veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010)Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI)Actor: LUIS ERNESTO CORREA PINTODemandado: HABIB MERHEG MARUNNos separamos de la decisión mayoritaria por lo siguiente:Se acusó al Congresista de haber incurrido en violación del régimen del conflictode intereses, por intervenir en la elección del Procurador General de la Nación apesar de que existían razones que lo inhibían para participar en la decisión.Tales razones quedaron probadas, tal como se afirma en la decisión mayoritaria,en la que se dejó expreso de un lado, que para la fecha de la elección delProcurador General de la Nación, el Congresista tenía conocimiento de que contraél pesaba una investigación de carácter disciplinario ante la Procuraduría Generalde la Nación y de otro, que los congresistas que se encontraban en igual situación,se habían declarado impedidos y que el impedimento no les había sido aceptado. 40.
Sobre la causal invocada “violación del régimen del conflicto de intereses” 26, se hadicho que para que se estructure, es suficiente con que el congresista en talescircunstancias participe en los debates27, así sea simplemente integrando elquórum de la sesión donde se discuta el tema respectivo28.Lo expuesto, es decir, el conocimiento que tenía el actor de la investigacióndisciplinaria que cursaba en su contra, le generaba la obligación de declararseimpedido, de la cual no lo eximía la suerte que corrieran los impedimentospresentados por otros congresistas.En consecuencia, para los suscritos, quedó en evidencia la flagrante violación delrégimen de conflicto de intereses en que incurrió el demandado, pues la CartaPolítica impone a los congresistas el deber de poner en conocimiento de larespectiva cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhibanpara participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración (C.N. art.182) y el legislador al desarrollar este precepto, les impuso el deber de declararseimpedidos para participar en los debates y votaciones, cuando tengan interésdirecto en la decisión porque los afecte de alguna manera.La afirmación del demandado, según la cual no votó por el Procurador General enesa elección y que su presencia en el recinto del Congreso en ese momento, sedebió a que en esa sesión se trataron otros temas para los que no estabaimpedido, no justifica su omisión pues como se dijo, la sola asistencia, estructurala inhabilidad invocada.En los anteriores términos dejamos expresada nuestra inconformidad. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ VICTOR H. ALVARADO ARDILA GUSTAVO GOMEZ ARANGUREN ALFONSO VARGAS RINCON26 Expediente No. PI-047. Marzo 11 de 2003. Ponente: Dr. MENDOZA MARTELO.27 Expediente AC-058. Abril 1º de 2003. Ponente: Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO.28 Expediente AC-0587. Agosto 3 de 2003. Ponente: Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO. 41.
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR GERARDO ARENAS MONSALVE CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENASBogotá, D. C. veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010)Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI)Actor: LUIS ERNESTO CORREA PINTODemandado: HABIB MERHEG MARUNComedidamente procedo a exponer los argumentos por los cuales no compartí ladecisión de la mayoría en la sentencia de la Sala Plena de lo ContenciosoAdministrativo de 23 de marzo de 2010, que denegó la solicitud de pérdida deinvestidura del Senador de la República, Habib Merheg Marún, por el cargorelacionado con la violación al régimen de conflicto de intereses previsto en elnumeral 1º del artículo 183 de la Constitución Política.La demanda presentada en acción de pérdida de investidura parte del supuesto deque el señor Habib Merheg Marún participó en el debate y votación de la eleccióndel actual Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado,y que no se declaró impedido, pues sólo lo hizo para votar la reforma política,como consta en el acta de sesión del 11 de diciembre de 2008.La Sala Plena, en el caso de la causal endilgada al Senador Merheg Marún,abordó el estudio de dos aspectos en la sentencia:1.- La situación fáctica de si el Senador demandado intervino en la decisión deelegir al Procurador General de la Nación, y si se había o no declarado impedidopara el efecto. 42.
2.- Si pesando sobre el congresista una investigación abierta por el ProcuradorGeneral de la Nación, el hecho de haber participado en esa elección constituía uncaso de conflicto de intereses.De acuerdo con lo probado, el Senador Habib Merheg Marún sí participó y votó enla sesión plenaria del 11 de diciembre de 2008 en la que fue elegido el doctorAlejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación, y que nose declaró impedido para intervenir en esa decisión.El demandado optó por justificar la conducta diciendo que el ejercicio de la funciónconstitucional de elegir Procurador General de la Nación, no podía constituir uncaso de conflicto de intereses por el hecho de estar abierta en esa entidad decontrol una investigación en contra del congresista.Consta en el expediente el oficio 2218 del 2 de junio de 2009 de la ProcuraduríaGeneral de la Nación, con el que se remite en dos folios, información sobre elestado de los procesos adelantados contra quienes ostentaban la calidad deSenadores de la República a 11 de diciembre de 2008. En ese documento sealude expresamente al señor Merheg Marún, y a otros 24 senadores más eniguales circunstancias, esto es, que a esa fecha tenían abiertas investigacionesdisciplinarias, en fase de estudio preliminar.Para la Sala está probado que el señor Habib Merheg Marún, sin duda, participó yvotó en la elección del Procurador General de la Nación, acto celebrado el 11 dediciembre de 2008 y no se declaró impedido, por estimar no estarlo teniendo encuenta “criterios extraídos de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de que elpropio Congreso de la República había denegado el impedimento a varios colegasen situaciones similares previas y aún para la propia elección celebrada el 11 dediciembre de 2008.”.En criterio de la Sala, al demandado, en la elección del Procurador General de laNación, no le asistía ese interés que se exige para que tenga ocurrencia la causalde perdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses, pues,al momento de la elección, la Procuraduría había abierto una investigaciónpreliminar en contra del congresista y de otros que también intervinieron en lasesión correspondiente, con lo cual, se dice, no se advierte una auténtica colisiónde intereses en el sentido de que el interés general hubiera quedado subordinado 43.
a los intereses personales del demandado por el hecho de que éste participó en laelección del Procurador General de la Nación.Del anterior criterio me aparto respetuosamente por las siguientes razones:Las particulares circunstancias del congresista en el presente caso, sin duda, secontraponen con el interés comprometido en el ejercicio de su función de elegir alProcurador General de la Nación, atribución constitucionalmente asignadaconforme el artículo 173 [7] de la Carta Política.Según el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, para la aplicación del régimen sobre elconflicto de interés de los congresistas, deben concurrir varios elementos, comoson: i) un interés, ii) que sea directo y, iii) que afecte de alguna manera alcongresista o a las personas que esta norma determina. La causal exige laexistencia de un interés directo, concreto y específico que se da en este caso.Desciendo a la situación del demandado, en la sentencia con acierto se dice, queno por el hecho de que el escogido por un órgano colegiado deba atender luegofunciones que le interesan a ese órgano, “los miembros de ese cuerpo quedan apriori impedidos para hacer la elección, pues esa deducción haría imposible elcumplimiento de la misión o de la función propia del órgano con capacidad deelegir y pondría en entredicho por adelantado la idoneidad moral del elegido.”.Sin embargo, en el caso concreto la causal se configura, no por el sólo supuestode que al Procurador General de la Nación le corresponda el ejercicio de ciertascompetencias que interesan específicamente al órgano colegiado que lo elige(concretamente porque le corresponde al Procurador, conforme el numeral 21 delartículo 7 del Decreto 262 de 2000, conocer en única instancia los procesosdisciplinarios que se adelanten contra los congresistas), pues de ser así, sedeslegitimaría el ejercicio de una atribución constitucionalmente conferida alCongreso.No se trata tampoco de suponer que “cualquier circunstancia” podría constituir unimpedimento para que los congresistas cumplan con la función constitucional deelegir al Procurador General de la Nación. 44.
A mi juicio, el hecho de que la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de lacompetencia atribuida por el Decreto 262 de 2000, adelantara para la época de laelección del señor Procurador General de la Nación, actuación disciplinaria contrael congresista demandado, constituía una situación personal y particular decarácter moral que lo inhibía para participar y votar en la sesión plenaria del 11 dediciembre de 2008 en la que fue elegido el doctor Alejandro Ordóñez Maldonadocomo Procurador General de la Nación, situación respecto de la cual le asistía nosólo el deber ético y moral, sino la obligación constitucional de poner dichacircunstancia en conocimiento de la plenaria.El hecho de cursar una investigación disciplinaria en su contra constituía un casode conflicto de intereses en los términos previstos en los artículos 182 de laConstitución Política y 286 de la Ley 5ª de 1992, ese hecho, sin duda, significabapara el congresista un interés particular y privado contrapuesto al interés públicoque comporta la elección del jefe del Ministerio Público, sin que importe establecerel sentido de su voto, pues de lo que se trata es de señalar que dada su situaciónde investigado, podía querer beneficiar o perjudicar con su voto a quien resultaraelegido Procurador General.En tal sentido puede decirse que su condición de investigado comportaba para élun hecho que le impedía participar en la elección despojado de cualquier interésparticular que se opusiera al ejercicio de su investidura consultando el interésgeneral y el bien común.Se trataba de un interés real, actual, cierto y no meramente eventual e hipotético,que le impedía al congresista actuar con absoluta imparcialidad.El senador Habib Merheg Marún, debió indudablemente declararse impedido paraintervenir en la decisión, en tanto que, se trataba del acto de elección delfuncionario titular de la potestad disciplinaria que se estaba ejerciendo en sucontra, es decir, de la elección del funcionario a quien le correspondía definir laresponsabilidad disciplinaria dentro de la actuación que ya estaba en curso. Estehecho preciso de estar en curso la actuación, es el hecho determinante quecomporta un interés particular de índole puramente ético que inhibía al congresistapara participar en el debate, pues al estar siendo investigado, resultaba moral yjurídicamente reprochable no haber manifestado dicha circunstancia,declarándose impedido. 45.
El demandado debió poner en conocimiento su particular situación, para que laplenaria resolviera el impedimento manifestado, respetando con dicha conducta latransparencia, ética y responsabilidad política que reviste el cargo de congresista.Esa conducta omisiva no se compadece con los postulados de la ética y la moralque deben siempre preceder el ejercicio de la función pública encomendada a loscongresistas quienes son los depositarios de la confianza de sus electores.Debo precisar, que la obligación que debía cumplir el congresista en el sentido deponer en conocimiento su situación particular, tampoco está condicionada a laetapa procesal del juicio que se adelantaba en su contra, pues el hecho impeditivoexistía aún cuando sólo se hubiera abierto investigación preliminar.En el juicio de valoración de la causal endilgada al congresista demandado, noresulta relevante el hecho de que no se aceptaran los impedimentos de varioscongresistas que estaban en la misma situación del señor Merheg Marún. Ladecisión de la mayoría de la Sala, en este punto, sienta un grave precedente dejustificación de la omisión de declararse impedido, por el hecho de la noaceptación de los mismos a los demás, dado que cada impedimento alude a unasituación particular del respectivo congresista.Conforme al precepto constitucional es deber del congresista poner enconocimiento de la Cámara respectiva la situación moral o económica queconcurra en él. La omisión a ese deber, estructura la causal, pues lo que sepretende a través de este instituto, es garantizar la imparcialidad con la que elcongresista debe obrar en ejercicio de su investidura, esto es, que no exista lamás mínima sospecha de que el congresista pudo haber utilizado su investidurapara adoptar una decisión desconociendo que frente a la comunidad debe actuarcon la ecuanimidad, ponderación y desinterés necesarios.Como lo señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 18de noviembre de 200829, la omisión al deber de exteriorizar la situación, estructurala causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto deintereses.29 Radicación No. 11001-03-15-000-2008-00588-00 (PI) Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.Demandado: Pedro Nelson Pardo Rodríguez. 46.
La conducta asumida por el señor Habib Merheg Marún al retirarse del recintodonde sesionaba el Congreso mientras se decidía si la indagación preliminar quepesaba sobre varios congresistas en la Procuraduría, constituía o no motivo paravotar la elección del Procurador, no legitima la omisión en la que incurrió y de lacual, insisto, se deriva la consecuencia ineludible de la pérdida de investidura porviolación al régimen de conflicto de intereses.Con base en estos razonamientos, y con toda consideración y respeto por ladecisión mayoritaria, dejo presentado mi salvamento de voto.GERARDO ARENAS MONSALVESALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENASBogotá, D. C. veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010)Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI)Actor: LUIS ERNESTO CORREA PINTODemandado: HABIB MERHEG MARUNMe he apartado de la decisión de mayoría, por cuanto considero que eldemandado HABIB MERHEG MARUN sí estaba incurso en la causal de pérdidade investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1, de la Carta Política, puessu conducta configura violación al régimen de conflicto de intereses.En efecto, el demandado participó en el trámite de la elección de ProcuradorGeneral de la Nación, pues con su comparecencia contribuyó al quórum y votó,sin expresar su impedimento, no obstante que tenía conocimiento de que era 47.
objeto de investigación disciplinaria por parte del ente de control y es en ello queradica el conflicto de intereses.En efecto, a mi juicio, el Congresista conocía con absoluta certeza de quequien se encontraba en el recinto en calidad de candidato a Procurador iba aser elegido por abrumadora mayoría, y tenía interés directo de que seenterara de su voluntad de acompañarlo con su voto. No de otra manera sepodría entender la contradicción en que incurrió en la contestación de la demanday en la audiencia pública acerca de si había votado o no para la elección deProcurador General, como se explicará más adelante.En otras palabras, de no ser por el conocimiento certero de la elección a favor delProcurador, no hubiera corrido el riesgo que finalmente corrió, de votar sin haberpresentado a consideración su impedimento, y pese a que conocía previamenteque el candidato a la Procuraduría Alejandro Ordoñez Maldonado no requería enla práctica de su voto, ya que era la primera vez en el Senado y en la democraciacolombiana que se alcanzaba la votación unánime de los Senadores por un solocandidato a una dignidad de este nivel, como lo señala el fallo en su página 20.Obró en ese sentido, por supuesto, por algún motivo.¿ Por qué razón el Congresista en la contestación de la demanda trata de ocultarque votó por el candidato a Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado?Textualmente se expresa en la página 2 de la sentencia: “…2. Que no votó porel actual Procurador en esa elección y que, si bien en los videos entregados por eldemandante aparece en el recinto del Congreso, esto es porque en esa sesión setrataron otros temas para los que no estaba impedido. Por lo tanto, que lo que sedebe revisar en tales videos es si, efectivamente, el demandado votó en laelección de Procurador”, para posteriormente, a través de un nuevo apoderado 48.
que designó para atender la audiencia pública manifestar, luego de la intervencióndel Procurador Delegado en la misma, donde este comprobó, que había votado através del video correspondiente, “ que en todo caso, no era suficiente converificar si el demandado voto o participó en esa elección para decretar la perdidade investidura, pues tal razonamiento resulta desproporcionado”, aduciendo quetan solo lo movió la idea de elegir un buen juez, que es la aspiración de todo buenciudadano y de cualquier congresista, pero que “de aceptarse que el demandadosí votó en el procedimiento para elegir al actual Procurador General de la Nación,esa sola circunstancia no podía servir para sustentar la sanción de pérdida deinvestidura, puesto que en esa votación nunca ocurrió un caso de conflicto deintereses” (subrayado fuera del texto).Obsérvese que según la sentencia en la pagina 6, “el demandado, por intermediode un nuevo apoderado, aceptó haber participado en la sesión en la que se eligióal Procurador General de la Nación” (subrayado fuera del texto).En efecto, el señor Agente del Ministerio Público conceptuó, como lo reconoce elfallo, en el sentido de que debía decretarse la perdida de investidura del Senador,lo que sustentó entre otras razones en que según el material probatorio elSenador Habib Merheg “no manifestó impedimento alguno para participar y votaren la elección del doctor Alejandro Ordoñez Maldonado como Procurador Generalde la Nación, pues en el video que contiene la filmación de la sesión plenaria del11 de diciembre de 2008, en la que fue elegido el actual Procurador General, seobserva que se llamó a votar al senador Merheg, que aparece efectivamentedepositando el voto. Prueba que tiene pleno valor dentro del proceso ya que fueaportada cumpliendo las exigencias del artículo 254 del C.P.C”. Entonces, repito¿Qué interés podía tener el Senador Habib Merheg, si conocía el ambiente en elcual se desenvolvía la votación en presencia del candidato, si no era que el 49.
entonces postulado y ahora elegido, conociera que él también había votado en sufavor?.Atenta contra la lógica no inferir que alguna razón ha de tener alguien que no hamanifestado su impedimento, para correr semejante riesgo sin razón aparente, sinpresentar a consideración su impedimento, en un voto que resulta imposiblesostener que sea secreto, pues, las cifras son sospechosas desde el punto devista democrático, pero contundentes desde el punto de vista de una elección quese presume válida.No resulta difícil deducir entonces, qué era lo que pretendía el Senador contraquien cursaba un proceso disciplinario abierto en la Procuraduría General de laNación, dentro de la “votación secreta” realizada por el Senado de laRepublica, en presencia del candidato Ordoñez Maldonado, quien según elacta “obtuvo 81 votos, el doctor Camilo Gómez Alzate 1 voto, el doctor Germánde Jesús Bustillo Pereira 0 votos, 3 votos en blanco, para un total de 85votos…”(subrayado y negrilla fuera del texto).Resulta un imposible lógico sostener, como lo hace el fallo, que el Congresista notenía un interés real, directo, particular y actual, de carácter moral, para que quienllegaría segundos después a ser elegido por aclamación por sus compañeros- quesí habían presentado debidamente sus impedimentos y se les habían rechazadode acuerdo con la normatividad existente-, advirtiera la dimensión y riesgo de suesfuerzo, como se deduce de la intervención del propio Agente del MinisterioPúblico, que pese a su dependencia funcional, alcanza a advertir lo quelamentablemente no pudo la ponencia mayoritaria. 50.
Es claro que el demandado tenía un interés directo, particular y actual, de caráctermoral- ser exonerado o favorecido en el trámite del proceso disciplinario-, queimplica, desde luego, un beneficio de carácter real; y el hecho de que la elecciónde Procurador General de la Nación constituya un asunto del conocimiento de losmiembros de la Corporación Pública, no hace desaparecer la causal, pues lascircunstancias de que derivarían provecho los Congresistas en este caso no songenerales y comunes por igual a todos ellos.Atendiendo el propósito de favorecimiento específico que pretendió evitar ellegislador al consagrar la causal bajo estudio, no puede afirmarse que todos losCongresistas estén en la misma circunstancia fáctica del demandado, pues notodos están siendo investigados disciplinariamente por el ente de control. De ahíque no puede, como se hace en la sentencia de la cual disiento, acudirse alargumento de que se trata del ejercicio de una función que corresponde alCongreso, donde están involucrados intereses que le competen a toda la Nación,pues, repito, en este caso el interés general no excluye la situación de conflicto.Así pues, la sentencia debió decretar la pérdida de investidura solicitada. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Consejero English

References: artículo 182
 artículo 291
 artículo 185
 artículo 182
 artículo 291
 artículo 291
 artículo 181
 artículo 183
 artículo 286
 artículo 183
 artículo 254
 artículo 183
 artículo 182
 artículo 183
 artículo 183
 resolución 
 artículo 16
 artículo 40
 artículo 182
 artículo 133
 artículo 291
 artículo 16
 artículo 182
 resolución 
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 182
 artículo 100
 artículo 7
 artículo 185
 artículo 239
 artículo 286
 Artículo 228
 Artículo 86
 artículo 131
 artículo 276
 artículo 46
 artículo 291
 artículo 291
 artículo 181
 artículo 183
 artículo 173
 artículo 286
 artículo 183
 artículo 254