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Timestamp: 2019-07-20 18:55:41+00:00

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RESOLUCIÓN FISCAL DE RECHAZO CASO: FIS-SCZ1813856 IANUS: 70162102 (Proceso Penal seguido a instancias de GONZALO RODRIGEZ CAMARA Director General Ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, en contra de FEDERICO HURTADO ROSALES Y NELSON PAZ RIBERA, por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO) | Edictos.bo
RESOLUCIÓN FISCAL DE RECHAZO CASO: FIS-SCZ1813856 IANUS: 70162102 (Proceso Penal seguido a instancias de GONZALO RODRIGEZ CAMARA Director General Ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, en contra de FEDERICO HURTADO ROSALES Y NELSON PAZ RIBERA, por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO)
en Diciembre 2018, Edictos 2018
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL Y ANTICORRUPCION DE LA CAPITAL.-
PRESENTA: RESOLUCIÓN FISCAL DE RECHAZO CASO: FIS-SCZ1813856 IANUS: 70162102
ABOGS. RICHARD CAMACHO CAIGUARA, MARCELA ELIANA TERCEROS MONTEALEGRE Y MARINA FLORES VILLENA, Fiscales de Materia adscritos a la Fiscalía Corporativa Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción N° 2, en Representación del Ministerio Público, del Estado Plurinacional de Bolivia dentro del proceso penal seguido a instancias de GONZALO RODRIGEZ CAMARA Director General Ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, en contra de FEDERICO HURTADO ROSALES Y NELSON PAZ RIBERA, por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO previstos y sancionados por los Art. 222 del C.R. y Art. 28 de la Ley 004, en contra de LUIS GONZALO PEÑARANDA CORONADO por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO Y FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previstos y sancionados por los Art. 222 del C.P. y Art. 28 y 29 de la Ley 004, efectúan las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
RELACIÓN DE HECHOS.-
Conforme a los antecedentes de la denuncia de fecha 16 de julio del 2018, presentada por el ciudadano Gonzalo Rodríguez Cámara Director General Ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, se tiene que por escritura pública Nº 283/2008 de fecha 30 de enero de 2018, se evidencia que se ha suscrito el contrato de ejecución de obra entre la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CERRADA DE CARÁCTER COMUNAL denominada «PIRAI» LTDA. y la Empresa Unipersonal Constructora, para la ejecución del proyecto denominado «SAN JULIÁN» SP2 y SP3, en el marco del programa de Vivienda Social Solidario – PVS, ubicado en la Prov. Ñuflo de Chávez, 4ta. Sección Municipal del Dpto. de Santa Cruz, estableciéndose en el contrato el plazo de 90 días calendario (plazo que tenía vigencia desde el 31 de junio de 2008 hasta el 28 de octubre de 2008), por un monto de Bs. 4.330.159,70.- sin embargo posteriormente en mérito al informe técnico PVS-SC Nº 0020/2010, emitido por el Ing. Antonio Héctor Fernández Córdova, para ampliación de plazos solicitado por el supervisor de obra y ejecutor por el plazo de 73 días, es aprobado mediante memorándum Nº PVS/SC Nº 02/2010, de fecha 29 de junio de 2010, dándose viabilidad a la suscripción de un nuevo contrato con el nuevo plazo aprobado; contrato que fue suscrito mediante escritura PÚBLICA TESTIMONIO Nº 2336/2010, de fecha 29 de noviembre de 2010, sobre CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUSCRITO ENTRE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA «PIRAI» LTDA., la Empresa CONSTRUAR y el COMITÉ DE VIVIENDA DEL PROYECTO SAN JULIAN; por el cual se evidencia que misma tiene por objeto la Construcción de 85 unidades habitacionales Subprograma 2 (45 UH)y Subprograma 3 (40 UH), ubicado en la localidad de San Julián Departamento de Santa Cruz, siendo el monto para la ejecución del Subprograma SP2 (construcción de 45 viviendas) Bs. 1.813.372,20.- y el monto para la ejecución del Subprograma SP3 (contracción de 40 viviendas) Bs. 2.516.787.60.- habiendo sido suscrito por el Comité de Vivienda del Proyecto SAN JULIAN-COVI, representados legalmente por Jun Soria Yucra y Benito Parada Jardín, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria «PIRI» LTDA, legalmente representada por Rogelio Ashimine Oshiro, en condición de Gerente General, la Empresa Constructora UNIPERSONAL «CONSTRUAR», el ejecutor legalmente representada por Federico Hurtado Rosales, contrato de ejecución de obra que establece un plazo de 73 días. Posteriormente se vuelve a ampliar el plazo mediante Escritura Pública Testimonio Nº 1970/2011 de 29 de agosto de 2011, donde se evidencia que se ha suscrito Adenda de Ampliación de plazo suscrito entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito PIRAI LTDA., la Empresa Unipersonal CONSTRUAR y el Comité de Vivienda del Proyecto San Julián, por lo cual se amplía el plazo de Ejecución de Obra por 50 días calendario computables a partir del 17 de julio de 2011. Que mediante Nota Interina NI/MOPSV/VMVU/UEPVS/REG. SANTA CRUZ Nº 0372/2014, elaborado por el Ingeniero Álvaro H. Gutiérrez Vacaflore Responsable Regional PVS-SCR de fecha 14 de octubre de 2013, remite informe técnico, legal, financiero y social para inicio del proceso penal. Que del Informe Legal INF/MOPSV/VMVU/UE-PVS/REG. SANTA CRUZ Nº 0456/2013, emitido por el Dr. Freddy Alejandro Vidovic Falch, de 31 de octubre de 2013, para inicio de proceso penal Proyecto Construcción de Viviendas SAN JULIAN, SP2 45 UH y SP3 40 UH, por el cual establece que «según informe financiero existe un desfase financiero por encima del físico por lo que la Empresa Constructora Unipersonal CONSTRUAR, a través de su representante legal Lic. Federico Hurtado Rosales, es responsable de los tipos penales previstos en los Art. 222 del CP y art. 28 de la Ley 004». Que del Informe Financiero INF/MOPSV/VMVU/UE-PVS/REG. SANTA CRUZ Nº 0378/2013, emitido por la Lic. Cinthya Alejandra Guidi Sánchez (Técnico Financiero) PVS, regional Santa Cruz, de fecha 11 de octubre de 2013, sobre proceso legal a la empresa ejecutora del Proyecto Construcción de Viviendas SAN JULIAN 40 UH SP3, «concluyendo que existe un desfase de Bs. 826.668,24.- es decir que el avance financiero está por encima del avance físico en un 32,58%». Que del Informe Técnico INF/MOPSV/VMVU/UE-PVS/REG. SANTA CRUZ Nº 0361/2013, emitido por el Ing. Nelson Cardoso Alvarez, Fiscal de Obra PVS Regional Santa Cruz, de fecha 07 de octubre de 2013, establece que «realizadas las 6 ampliaciones de plazos, habiéndose realizado cambios de Ítem y redistribución de cantidades (por regularización), concluye que la Empresa no cumplió con el plazo establecido para la culminación de las obras dentro del plazo ampliado por 6 oportunidades, que no existe acta de entrega provisional ni definitiva, existen ítem inconclusos y otros sin ejecutar, proyectos con varias observaciones técnicas con incumplimiento a las especificaciones técnicas, estableciéndose un desfase físico y financiero en las dos tipologías (S2 y S3) de acuerdo al siguiente detalle:
•	Para el Subprograma SP2-45 UV. El Estado desembolso la suma de Bs. 1.628.845,04.-equivalentes a un 89,11%, pero de acuerdo con el avance físico realizado el 20 de septiembre de 2013, el físico de obra determina un avance de 62.32% equivalente a Bs. 1.139.206,79.- con una diferencia de desembolso por demás de Bs. 489.638,25.- equivalente a un 26.79% habiéndose desembolsado más de lo ejecutado, con 32 unidades habitacionales intervenidas.
•	Para el subprograma SP3-40 UH. El Estado desembolso la suma de Bs. 2.071.535,86.-equivalente a un 81.66% pero de acuerdo con el avance físico realizado el 20 de septiembre de 2013, se tiene un avance de obra de 53,98% equivalente a Bs. 1.369.555,68.- con una diferencia de desembolso por demás de Bs. 701.980,18.- equivalente a un 27.67% habiéndose desembolsado más de lo ejecutado, por la intervención de 33 unidades habitacionales intervenidas».
Haciendo ambos subprogramas en obra no ejecutada un total de Bs. 1.191.618,43; así mismos se tiene que las multas superan el 10% del monto de contrato a la fecha del 07/10/2013, con una multa que asciende a Bs. 451.549,06.-
Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado. Este será sancionado con privación de libertad de uno a (1) a cuatro (4) años.
ARTÍCULO 28 LEY 004. (ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTA). La persona natural, que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad Ilícita, adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25 % de su patrimonio.
ARTÍCULO 29. (FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO). El que con la
finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días.
Que, el trabajo o actuación del Ministerio Publico, debe ser estrictamente en el marco de sus principios rectores, entre ellos, los de Objetividad, Legalidad, Transparencia, Oportunidad, Responsabilidad, Autonomía, todos ellos imbuidos en el marco del debido proceso, por lo que, la actuación fiscal no debe ser desarrollada en el marco de presiones, intereses o pretensiones de las partes, como también de los medios de comunicación y de la misma sociedad además de pretensiones o injerencias que pudieran haber de otras autoridades u otras instituciones gubernamentales.
Es decir, la normativa procesal que rige nuestro ordenamiento jurídico prevé el rechazo de denuncia y querella como una facultad exclusiva del ministerio público, la misma que debe estar basada en virtud a las causales contenidas en el art. 304 del Código de Procedimiento Penal. Así mismo el art. 301 del mismo cuerpo legal Señala que recibidas las actuaciones policiales (informe preliminar), el fiscal, analizará su contenido y en función a ello, podrá disponer el rechazo de la denuncia, querella, actuaciones policiales, disponiendo el archivo de obrados; es decir, al ser el titular de la investigación, cuenta con la atribución o facultad de analizar los actos de investigación realizados en la etapa preliminar, para disponer el rechazo sí considera que los indicios son insuficientes para fundar una imputación. El Art. 304 del CPP, señala que la resolución de rechazo deberá estar debidamente fundamentada, cuando: 1) Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él; 2) No se haya podido individualizar al imputado; 3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y, 4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. En los casos previstos en los numerales 2), 3) y 4), la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso. En consecuencia, el Ministerio Público, que tuviere a su cargo el ejercicio de la acción penal pública, iniciada la investigación, efectuada la recolección de los elementos que sirvan para demostrar ¡a comisión del hecho delictivo; si considera que son suficientes para fundar una imputación, efectuará la misma, empero, si realizado el análisis del contenido de dichos elementos recolectados, considera que no son suficientes para sostener, inicialmente la imputación formal y posterior acusación, rechazará la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, mediante el pronunciamiento de una resolución debidamente fundamentada, salvando en su caso, la modificación de la resolución y reapertura de la investigación en el supuesto de variar las circunstancias que dieron lugar al rechazo (incs. 2, 3 y 4 del CPP)». Por otra parte, pese a existir en el cuaderno procesal las actuaciones policiales, los plazos procesales son de estricto cumplimiento, por lo cual ninguna investigación debe durar más allá del plazo establecido por ley, lo contrario resultaría en retardación de justicia.
Es así que con relación al plazo establecido para las investigaciones, la Sentencia Constitucional 0760/2003-R de 4 de junio de 2003 establece: «(…) en ningún caso el Fiscal puede dejar de pronunciarse sobre el resultado de la investigación, más allá del término de seis meses, como lo ha establecido la SC 1036/2002-R, manifestándose en el mismo sentido la Sentencia Constitucional Plurinacional 1128/2013 de 17 de julio de 2013. por lo cual, posterior al análisis de las actuaciones policiales se evidencia que en el cuaderno de investigaciones el plazo establecido por ley se encuentra vencido.
Sin entrar en mayores consideraciones de orden legal y de hecho en aplicación del Art. 304 núm. 4 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el Art. 40 núm. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 260, bajo el principio de objetividad, descritos en el Art. 5 núm. 3 de la LOMP y el Art. 72 del Código de Procedimiento Penal, se RECHAZA la denuncia interpuesta por GONZALO RODRIGEZ CAMARA Director General Ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA, en contra de FEDERICO HURTADO ROSALES Y NELSON PAZ RIBERA, por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO previstos y sancionados por los Art. 222 del C.P. y Art. 28 de la Ley 004, en contra de LUIS GONZALO PEÑARANDA CORONADO por la presunta comisión de ¡os delitos de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO Y FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previstos y sancionados por los Art. 222 del C.P. y Art. 28 y 29 de la Ley 004. Por la existencia de un impedimento legal para el desarrollo del presente proceso penal
A los fines establecidos en el Art. 305 del Código de Procedimiento Penal, Notifíquese a las partes con una copia de la presente Resolución.
Asimismo notifíquese a la víctima al tenor de lo dispuesto por el Art 27 inc.9) del Código de Procedimiento Penal y la Sentencia Constitucional 0745/2004-R el denunciante aún tiene la vía expedita para reabrir la investigación en el plazo de un año o promover la conversión de acción y en cumplimiento del núm. 18) del Art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0171/2013-L de 2 de abril de 2013.
Santa Cruz de la Sierra, 01 de noviembre de 2018.-
EDICTO PARA LOS ACUSADOS MIGUEL ÁNGEL VILTE SANDAGORDA Y SANTOS VILTE CRUZ.-
EDICTO DE PRENSA PARA el querellado FREDDY JULIO HERVAS MORALES EN NOMBRE DE LA LEY

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29
 resolución 
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