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Timestamp: 2020-02-24 12:36:02+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1996-4999
Documento BOE-A-1996-4999
«BOE» núm. 55, de 4 de marzo de 1996, páginas 8494 a 8511 (18 págs.)
BOE-A-1996-4999
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/1995/12/28/4
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado, y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.
En este sentido, los Presupuestos se sustentan sobre tres líneas fundamentales: El aumento de las inversiones, tanto en infraestructuras como en el fomento de la actividad productiva y de la generación de empleo; el incremento de los recursos para políticas de carácter social y mejora de la calidad de los servicios públicos, y la contención de los gastos de funcionamiento de la Administración.
Desde el punto de vista sistemático, el texto articulado de la Ley mantiene los mismos criterios ordenadores de su contenido, que se utilizaron en anteriores Leyes de presupuestos, en aras del principio de seguridad jurídica. La nueva Ley consta de los mismos títulos que la anterior, dieciocho disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. En ella cabe destacar:
En el título I «De los créditos iniciales y su financiación», el artículo 1.º, al igual que la Ley de Presupuestos para el ejercicio 1995, se establece la expresa identificación del contenido de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, destacando la novedad que suponen los del organismo autónomo administrativo Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y del ente público Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, cuyos presupuestos se aprueban por vez primera.
En el título II «Régimen general de los créditos», se incluye el régimen de vinculación de los créditos de los nuevos organismos.
Se regula la autorización de gastos por la Junta de Castilla y León de forma novedosa, desconcentrando en los Consejeros los expedientes de gasto plurianuales inferiores a 150.000.000 de pesetas, con la finalidad de agilizar la gestión presupuestaria, para ello, simultáneamente y en concordancia con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se modifica la Ley de Hacienda de la Comunidad.
Para que la Agencia de Desarrollo Económico pueda ponerse en funcionamiento con agilidad y tenga suficiencia de recursos, se establece un régimen de libramiento de fondos simplificado. Al propio tiempo, y para evitar innecesarios trámites administrativos adicionales, se autoriza a la Junta para que los gastos menores de fin de ejercicio puedan imputarse indistintamente a uno u otro presupuesto en la medida que se complete la documentación precisa.
En el título III «De las modificaciones de créditos», se introducen algunas mejoras técnicas, como la inclusión en un solo párrafo de todos los informes preceptivos que la Ley prevé sobre esta materia, la consideración de ampliables para los créditos destinados al pago de las obligaciones impuestas por decisión judicial firme, la regulación de los expedientes de generación o minoración de créditos financiados con transferencias de carácter finalista o la disponibilidad de créditos.
El título IV «De los créditos de personal», prevé la dotación de un fondo de equiparación salarial para el personal transferido por los Reales Decretos 905/1995 y 906/1995.
En el título V «De las subvenciones y otras transferencias», se modifican los programas con cargo a los cuales pueden realizarse anticipos, para adaptarlos a la vigente clarificación.
En el título VI «De los créditos de inversión», para coordinar la política económica y la planificación y programación económica y social, se requerirá informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda sobre los planes y programas que impliquen gastos futuros.
En el título VII «De las operaciones financieras», cabe hacer mención de la autorización prevista, para que en el marco de su Ley de creación, la Agencia de Desarrollo pueda otorgar avales a empresas privadas con los límites que se prevén. En el futuro, la Agencia será el órgano especializado en avales a pequeñas y medianas empresas privadas, como corresponde a su función de promoción de la iniciativa privada, reservándose la Administración General el resto.
En coherencia con la forma general de contracción de derechos en cuentas públicas, se regula el procedimiento de contratación de derechos procedentes del endeudamiento.
En el título VIII «Tributos y otros ingresos», al igual que se ha hecho en ejercicios anteriores, las tasas de la Comunidad se elevan en la misma cuantía que lo hace la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este tipo de tributos, manteniendo de esa forma el nivel de presión fiscal homogéneo en esta materia.
Para que los técnicos procedentes de otras administraciones públicas no se vean perjudicados económicamente al desempeñar puestos de trabajo en la Comunidad de Castilla y León, se prevé la posibilidad de equipararlos retributivamente.
Se da nueva redacción al artículo 44 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad, con la finalidad de adecuarlo a la legislación mercantil. Asimismo, se modifica la redacción de la disposición adicional primera de la misma Ley, mejorando técnicamente su redacción.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 1996, están integrados por:
a) El Presupuesto de la Administración General de la Comunidad;
b) El Presupuesto de la Sección «Política Agraria Común»;
c) El Presupuesto del organismo autónomo, de carácter administrativo, Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León;
d) El Presupuesto del Consejo Económico y Social;
e) El Presupuesto del ente público Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, y
1. Se aprueba el Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el ejercicio económico de 1996, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones, por un importe de 280.109.681.000 pesetas, y en cuyo estado de ingresos se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio, por el mismo importe.
2. Se aprueba el Presupuesto del Consejo Económico y Social, por un importe de 149.388.000 pesetas, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
3. Se aprueba el Presupuesto del organismo autónomo Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones, por un importe de 16.115.847.000 pesetas, y en cuyo estado de ingresos se recogen las estimaciones de recursos por la misma cuantía.
4. Se aprueba el Presupuesto del ente público Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León por un importe de 6.866.671.000 pesetas, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de ingresos por la misma cuantía.
5. Se aprueba el Presupuesto de ayudas de la Política Agraria Común, por un importe de 114.641 millones de pesetas, y en cuyo estado de ingresos se recogen las estimaciones de recursos por la misma cuantía.
6. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 2.200.000.000 de pesetas.
7. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agruparán en programas según los objetivos a conseguir. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan en miles de pesetas, como sigue:
Alta Dirección de la Comunidad / 2.130.485
Administración General / 4.122.735
Seguridad y Protección Civil / 164.929
Seguridad y Protección Social / 40.277.597
Promoción Social / 9.857.771
Sanidad / 25.816.574
Educación / 32.610.314
Vivienda y Urbanismo / 12.023.277
Bienestar Comunitario / 13.028.758
Cultura / 13.358.598
Infraestructuras Básicas y Transporte / 28.443.623
Comunicaciones / 138.709
Infraestructuras Agrarias / 28.600.542
Investigación Científica, Técnica y Aplicada / 570.349
Regulación Económica / 4.341.090
Regulación Comercial / 1.472.050
Regulación Financiera / 2.115.202
Agricultura y Ganadería / 148.111.508
Industria / 11.142.234
Energía / 1.424.321
Minería / 3.563.195
Turismo / 2.281.120
Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales / 5.256.041
Deuda Pública / 22.337.423
Total / 413.188.445
8. Los presupuestos de las empresas públicas de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital, autorizados por la Junta de Castilla y León.
En todo caso, tendrán carácter vinculante a nivel de concepto económico, los créditos declarados ampliables en el artículo 18.º de esta Ley, los de edición del «Boletín Oficial de Castilla y León», los destinados a atenciones protocolarias y representativas y a la publicidad y promoción, y los créditos financiados por transferencias finalistas y por fondos estructurales, excepto los incluidos en el capítulo VI de todas las secciones y en el capítulo IV de la sección 31.
Artículo 4. Créditos de la Sección de Política Agraria Común.
2. Cuando se trate de subvenciones con cargo a la Sección de Política Agraria Común, el expediente de reconocimiento y pago de las obligaciones correspondientes estará constituido, al menos, por el listado de beneficiarios autorizado por el órgano competente y una certificación del Jefe del Servicio acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
1. Los créditos de la sección 21 «Deuda pública» serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda y los de la sección 31 «Política Agraria Común» por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Artículo 7. Autorización por la Junta de Castilla y León.
1.º Cuando su cuantía exceda de 150.000.000 de pesetas. En el caso de gastos de carácter plurianual, cuya autorización corresponda al Consejo respectivo habrá de comunicarse preceptivamente ésta a la Junta de Castilla y León en el plazo máximo de quince días.
2.º Cuando se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Hacienda de la Comunidad.
3.º En el caso de las subvenciones, cuando el gasto a autorizar por beneficiario sea superior a 100.000.000 de pesetas.
4.º Para formalizar convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de la Junta supere los 25.000.000 de pesetas.
1. Los Consejeros y los Presidentes de los entes de la Administración institucional podrán autorizar y conceder en un mismo acto las subvenciones, dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin. Dichas atribuciones podrán ser objeto de delegación en el Secretario general de la Consejería, en los Directores generales competentes por razón de la materia, en los Delegados territoriales y en los órganos gestores de los entes de la Administración institucional.
2. Durante 1996, en la concesión de las subvenciones plurianuales con cargo a las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común y al Real Decreto 1887/1991 no deberán cumplimentar el trámite previsto en el artículo 7, punto 1.º, cuando individualmente no superen la cifra de 5.000.000 de pesetas por expediente. En este caso no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 108 de la Ley de Hacienda.
3. Los órganos competentes de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León podrán autorizar y conceder en un mismo acto las subvenciones con sujeción a lo previsto en su régimen jurídico.
No podrán adquirirse compromisos por cuantía superior a las consignaciones que se estimen exclusivamente a satisfacer las obligaciones derivadas del cumplimiento de los objetivos contenidos en esta Ley o las modificaciones aprobadas conforme a la misma. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos y disposiciones generales con rango inferior a la Ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
3. Los fondos que con tal naturaleza se destinen a la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León se librarán en firme y por trimestres anticipados, justificándose con la rendición de cuenta anual.
4. Podrán aplicarse a los créditos del ejercicio vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago las obligaciones derivadas de gastos y de contratos menores realizados en el último trimestre del ejercicio anterior.
1. La autorización a que se refiere el artículo 73.1.b) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los gastos de emergencia será inherente a la del documento contable por el ordenador de pagos. Dicho gasto se imputará a los créditos de la Consejería correspondiente y, si no existiere crédito, la Consejería de Economía y Hacienda determinará las partidas a las que se imputará el mismo, financiándolo con la minoración de los créditos que menor perjuicio ocasione al funcionamiento de los servicios públicos.
2. En tanto se lleve a cabo la implantación del sistema de adquisición de bienes a través del Servicio Central de Suministros de la Comunidad Autónoma, las Consejerías podrán optar por adquirir directamente los bienes homologados por la Administración Central del Estado, con las características y precios fijados en los correspondientes catálogos. La Junta, previa adhesión al sistema, establecerá los procedimientos de adquisición a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, y ésta seleccionará los catálogos que regirán para la adquisición de bienes homologados.
1. Los Convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
2. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que regule la formalización de Convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y entidades locales, en los que se les encomiende la gestión y urbanización de suelo. Estos Convenios, conforme autoriza el artículo 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, quedan excluidos de su ámbito de aplicación.
En los referidos Convenios, la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la provisión del financiamiento que comprometan las Consejerías.
En los casos previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los procedimientos de contratación derivados del desempeño de las funciones encomendadas en dichos convenios garantizarán la publicación en la licitación mediante la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», sin perjuicio de otras exigencias de publicidad que pudieran ser aplicables. Serán, asimismo, publicadas las adjudicaciones realizadas en dichos supuestos.
1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, en lo que no resulte modificada por la presente.
4. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios, excepto los previstos en el artículo 109 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad, requerirá informe previo de la Dirección General de Asuntos Europeos. Asimismo, requerirán informe previo de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial las modificaciones presupuestarias previstas en los artículos 17.1 y 38.3 de esta Ley.
6. Cuando las modificaciones autorizadas afecten a créditos del capítulo I «Gastos de personal» deberán ser comunicadas por la Consejería de Economía y Hacienda a la de Presidencia y Administración Territorial.
1. La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, autorizará las transferencias de créditos que afecten a más de una sección y se deriven de redistribuciones de competencias, reorganizaciones administrativas, de aplicación de créditos globales a específicos, de fondos comunitarios y de créditos del capítulo I; en este caso, previo informe de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Estos expedientes serán informados por los Interventores Delegados de las Consejerías cuyos créditos experimenten modificaciones.
2. Las transferencias entre créditos presupuestarios del capítulo II serán autorizadas para cada sección por el Consejero o Presidente del organismo autónomo respectivo, previo informe de la Intervención Delegada. De igual forma se podrán autorizar las transferencias de crédito del capítulo VII, siempre que se realicen dentro del mismo artículo y programa.
1. Excepcionalmente, tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, los créditos que, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad, o incorporados por vía de transferencia o como consecuencia de la creación de un nuevo servicio, se detallan a continuación:
a) Los destinados al pago de las cuotas de la Seguridad Social del personal al servicio de la Comunidad de Castilla y León y las aportaciones de ésta a los restantes regímenes de previsión social de los funcionarios públicos que presten servicios en la misma.
b) Los destinados al pago del personal en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de elevaciones retributivas dispuestas durante el ejercicio o ejercicios anteriores por modificación del salario mínimo interprofesional o vengan impuestos con carácter general por regulación estatal o por decisión judicial firme.
c) El fondo de convenio del personal laboral.
g) Los fondos destinados a medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.
i) Los destinados al pago de obligaciones impuestas por decisión judicial firme.
1. Las ampliaciones de créditos previstas en el artículo anterior que mantengan el equilibrio presupuestario por tener financiación serán autorizadas por el Consejero de Economía y Hacienda. En caso contrario, la competencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.
2. Las de pensiones de Seguridad Social de invalidez y jubilación, en su modalidad no contributiva previstos en la Ley 26/1990 y las de asistencia social se autorizarán, en su caso, por el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social.
c) Ingresos procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con la normativa que les sea aplicable.
2. Los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista se ajustarán mediante el oportuno expediente de generación o minoración, con el fin de adaptarlos a las cuantías efectivamente concedidas. Si las obligaciones contraídas superasen dichas cuantías, este exceso será formalizado con cargo a otros créditos, de forma que se ocasione el menor perjuicio para el servicio público; posteriormente se realizarán las oportunas minoraciones en los créditos correspondientes. El Consejero de Economía y Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.
3. Las generaciones de crédito que, cumpliendo lo establecido en el artículo 117 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, tengan carácter finalista, procedan de ingresos efectivos por sanciones y recargos, por recaudación del «Boletín Oficial de Castilla y León», por reintegros de anticipos al personal y por compromisos de ingresos serán autorizadas por el Consejero de Economía y Hacienda; para las restantes, la competencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.
Artículo 22. Disponibilidad de créditos.
1. Con efectos de 1 de enero de 1996, las retribuciones íntegras del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 3,5 por 100 con respecto a las de 1995, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.
3. Durante 1996, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios. El número de plazas de nuevo ingreso será inferior al que resulte de aplicación de la tasa de reposición de efectivos.
Artículo 24. Del personal no laboral.
b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
16 / 578.580 15 / 541.428
d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía experimentará un incremento del 3,5 por 100 respecto a lo aprobado para el ejercicio 1995, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
e) El complemento de productividad regulado en el artículo 58.3.c) del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se fija como máximo, para cada programa y órgano administrativo en los porcentajes señalados en el anexo del personal.
f) Los complementos personales transitorios derivados de la implantación del nuevo sistema retributivo, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el aumento del 3,5 por 100 previsto en este artículo.
Artículo 25. Del personal laboral.
1. Durante el año 1996, la masa salarial del personal laboral no podrá experimentar un crecimiento global superior al 3,5 por 100 respecto de la percibida de modo efectivo en 1995, comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborables, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para 1996, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.
3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 1996 deberá solicitarse a la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 1995.
4. Durante el año 1996 será preciso informe de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a modificar o determinar las condiciones retributivas del personal laboral.
Artículo 26. Altos cargos.
1. En el año 1996 las retribuciones íntegras del Presidente y de los Consejeros de la Junta de Castilla y León experimentarán la misma variación que las de los funcionarios de la Comunidad, respecto a las que percibieron en 1995. Dichas remuneraciones se percibirán en un único concepto retributivo.
2. El régimen retributivo para 1996 de los Secretarios, Directores generales y asimilados será el establecido con carácter general para los funcionarios públicos en la Ley de la Función Pública. Las retribuciones básicas y complementarias de los mismos experimentarán la misma variación que las de los funcionarios de la Comunidad, respecto a las que percibieron en 1995.
4. Los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como empleados del sector público de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 27. Gratificaciones por servicios extraordinarios.
1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas.
2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir dichas gratificaciones.
Artículo 28. De los fondos.
1. Para la modernización de la Función Pública de la Administración regional se incluye un fondo destinado a tal fin. Igualmente, para todo el personal de la Administración regional, excluidos los altos cargos y personal asimilado, se establece un fondo de acción social destinado a ayudas sociales.
2. Se dota un fondo para la equiparación salarial del personal transferido por los Reales Decretos 905/1995 y 906/1995 en el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
Durante 1996, los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones y otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público, como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.
Tampoco será preciso el requisito mencionado para el abono de las retribuciones de los funcionarios que se encuentren «a disposición» del respectivo Secretario general conforme a lo previsto en el artículo 49, párrafos 2 y 3, de la Ley de la Función Pública de la Administración de Castilla y León, ni en los supuestos de sustitución de representantes sindicales liberados.
Artículo 31. Gastos de personal. Consideración.
Artículo 32. Contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones.
1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante 1996 contrataciones de personal con carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
c) Que las obras o servicios puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal eventual.
3. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. El incumplimiento de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de conformidad con el artículo 187 de la vigente Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 33. Concesión de ayudas.
2. Durante el año 1996 el régimen de concesión de ayudas y subvenciones establecido en el artículo 122.2 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad se regirá, además de lo contemplado en dicho precepto, por lo establecido en el presente artículo.
Los Consejeros correspondientes establecerán, previamente a la autorización de los gastos, las oportunas normas reguladoras de la concesión. Las citadas normas se aprobarán por Orden de la Consejería, con el único requisito de informe previo de los servicios jurídicos correspondientes, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y contendrán los extremos previstos en el artículo 122.2, apartados a), b), c), d), e), f), g), h) e i), de la Ley de la Hacienda de la Comunidad.
3. La convocatoria de subvenciones corrientes a entidades sin ánimo de lucro o a corporaciones locales financiadas
con recursos no condicionados serán resueltas por los órganos competentes de la Junta de Castilla y León, salvo que la Orden de convocatoria estableciese otro, en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria.
4. Si el importe de las subvenciones a empresas privadas, financiadas únicamente con recursos no condicionados es superior a 1.000.000 de pesetas por beneficiario, es preciso para que sea concedida la declaración expresa del destinatario de no tener impagada deuda vencida por ningún concepto con la Comunidad de Castilla y León.
5. Cuando se trate de subvenciones con destino al fomento de las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común (cese anticipado de la actividad agraria, medidas agroambientales y forestación), así como a la mejora de las estructuras agrarias (Real Decreto 1887/1991), ayudas por adversidades climatológicas e indemnizaciones compensatorias, los servicios territoriales formularán las propuestas de concesión de las mismas, previa la comprobación documental de los expedientes por la respectiva intervención territorial.
Las resoluciones de concesión de las subvenciones se adoptarán por el órgano competente en cada caso, limitándose el contenido de la intervención previa a la verificación de la conformidad de aquellas propuestas y de la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Las órdenes de convocatoria establecerán plazo a los servicios gestores para formular las propuestas de concesión que remitirán a las intervenciones territoriales. Las intervenciones territoriales despacharán con carácter preferente estos expedientes.
Artículo 34. Subvenciones directas y nominativas.
1. En los casos en que no sea posible promover concurrencia pública, por la especificidad de la actividad o de las características que deba reunir la entidad, empresa o persona destinataria de la subvención, la Junta de Castilla y León, o el Presidente de la Junta de Castilla y León por razones de interés social o utilidad pública en acciones comprendidas en el Fondo de Acción Especial podrán conceder directamente subvenciones. El expediente de concesión de las otorgadas por la Junta de Castilla y León, debidamente motivado, establecerá las condiciones y requisitos generales de dichas subvenciones, y se comunicará inmediatamente a las Cortes de Castilla y León. Las ayudas comprendidas en el Fondo de Acción Especial serán comunicadas anualmente a las Cortes de Castilla y León junto con la liquidación del presupuesto correspondiente.
2. Las subvenciones nominativas que se concedan por los órganos competentes de la Administración del Estado y que sean libradas a la Comunidad para poner a disposición de un tercero serán tratadas como operaciones extrapresupuestarias.
3. Las referencias que, en materia de subvenciones directas y nominativas se hacen a la Junta de Castilla y León se entenderán referidas al Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo.
1. En el ejercicio de 1996, y para las subvenciones concedidas con cargo a los artículos 46 y 48 de todos los programas de presupuesto de la Comunidad, el anticipo al que se refiere el apartado 3 del artículo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, podrá alcanzar el 100 por 100 cuando su importe no supere las 500.000 pesetas. Para las convocatorias de subvenciones realizadas con cargo a los mismos artículos de los programas 009, 023, 067, 041, 043, 060, 011, 014, 016, 022, 025, 026, 027, 031, 036 y 074 y con cargo al artículo 76 de los programas 012 (Trabajo y Fomento del Empleo) y 015 (Atención Primaria) y el artículo 78 del programa 03 (Relaciones Institucionales) del presupuesto de la Comunidad, el anticipo podrá alcanzar hasta el 70 por 100 cuando la cuantía supera las 500.000 pesetas. En las mismas condiciones podrán anticiparse las subvenciones a centros escolares para Educación al Consumo en la Escuela con cargo a los artículos 44 y 47 del programa 022.
2. Asimismo, en el ejercicio 1996, el importe de las subvenciones que se concedan con cargo al capítulo VII del programa 057 (Promoción Industrial), y al artículo 77 de los programas 058 (Industrias Agrarias y Comercialización), 059 (Apoyo a la Empresa Agraria), 009 (Mujer y Promoción Social), 023 (Tercera Edad y Minusválidos) y 012 (Trabajo y Fomento del Empleo), podrá anticiparse hasta en un 50 por 100, sin exceder a la anualidad concedida y siempre que los beneficiarios cumplan los siguientes requisitos previos:
b) Presentación de un aval de entidad bancaria, caja de ahorros o caja rural en los términos previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a favor de la Junta de Castilla y León, que garantice el importe de la subvención a anticipar y los intereses que pudieran devengarse y en las condiciones que se establezcan.
3. Los beneficiarios de estos anticipos acreditarán ante la Consejería correspondiente, dentro del plazo establecido en la concesión del anticipo, la correcta aplicación de los fondos. En caso de incumplimiento dicha Consejería requerirá el reintegro de los fondos, dando cuenta de ello a la Consejería de Economía y Hacienda para la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiere lugar. No podrán librarse anticipos cuando existan cantidades pendientes de justificación correspondientes a otros de la misma línea de subvención de ejercicios anteriores.
5. Las transferencias a las universidades se librarán y justificarán de acuerdo con la normativa estatal sobre la materia.
Artículo 36. Créditos para proyectos cofinanciados por fondos especiales.
2. Si las obligaciones contraídas superaren dichos importes se realizarán las oportunas minoraciones de crédito de aquellos conceptos presupuestarios cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público, con las limitaciones establecidas en los apartados b) y c) del número 1 del artículo 16 de la presente Ley.
Artículo 37. Proyectos de inversión.
1. Las cantidades que se dotan a los proyectos incluidos o que en el futuro se incluyan en el «Anexo de Proyectos de Inversión Vinculantes», que asimismo se acompañan a los presupuestos de la Comunidad deberán destinarse exclusivamente a la realización de los referidos proyectos. La modificación de estos se comunicará a la Dirección General de Presupuestos y Programación, quien lo comunicará a su vez a las Cortes de Castilla y León.
3. Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las normas y establecer los procedimientos necesarios, al objeto de que por la Dirección General de Presupuestos y Programación se inicie un seguimiento de los objetivos definidos en las memorias de programas. Este seguimiento se orientará a los conceptos presupuestarios financiados por Fondos Comunitarios.
Artículo 39. Del Fondo de Apoyo Municipal.
3. Aprobada la distribución se librará trimestralmente el importe que corresponda a cada municipio. Dentro del mes siguiente al ejercicio económico financiado el Ayuntamiento remitirá a la Dirección General de Administración Territorial, cuenta justificativa de la aplicación de los fondos.
1. Una vez que las Diputaciones o Ayuntamientos hayan contratado los proyectos integrados en el Fondo de Cooperación Local, la Junta de Castilla y León librará a estas corporaciones locales el importe total de las ayudas concedidas, que será depositado en una cuenta exclusiva y única para este fin, de la que podrá disponerse, contra certificación de obras o facturas en la parte que corresponda a la Junta, según las prescripciones al respecto de la Ley de Haciendas Locales.
Los remanentes de fondos resultantes que al finalizar cada ejercicio existan en dichas cuentas seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de Tesorería.
Finalizado el ejercicio económico, las Diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deberán remitir a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial un estado comprensivo de compromisos adquiridos, de obligaciones reconocidas y de pagos realizados hasta el cierre del ejercicio económico.
2. La Junta de Castilla y León aprobará la distribución de la parte no territorializada del Fondo de Cooperación Local para 1996, con anterioridad al 31 de mayo de dicho año.
3. Si mediante el oportuno convenio entre una Diputación Provincial y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social esta última asume la gestión de un Hospital Provincial, los recursos consignados en el Fondo de Cooperación Local para la Corporación Local podrán ser transferidos a la mencionada Consejería de Sanidad, en los términos que prevea el convenio.
Artículo 41. Planes y programas de actuación.
Artículo 42. Fondo de Compensación Regional.
1. Para el ejercicio 1996 se constituye con las cantidades que figuran en el «Anexo del Fondo de Compensación Regional», para ejecutar las inversiones programadas en cada uno de los territorios declarados menos desarrollados por el Decreto 134/1992.
Artículo 43. Adquisición y construcción de inmuebles.
Artículo 44. Avales.
1. Al amparo de la Ley 21/1994, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, durante el ejercicio 1996 ésta podrá autorizar avales sobre operaciones de crédito concedidas por entidades de crédito a empresas privadas, cuyo objeto final sea la financiación de inversiones u otras operaciones de especial interés para la Comunidad Autónoma, hasta un importe máximo de 800 millones de pesetas en total y de 50 millones de pesetas individualmente.
2. Los créditos avalados a que se refiere el apartado anterior estarán orientados a:
3. Al amparo y con sujeción a lo dispuesto en el título VIII de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, durante el ejercicio 1996 la Junta podrá autorizar avales sobre operaciones de crédito concedidas por entidades de crédito, hasta un importe máximo de 4.000 millones de pesetas en total y de 500 millones de pesetas individualmente, cuando el destino del préstamo sea para la creación de nuevas empresas en el territorio de Castilla y León que faciliten el desarrollo de un entorno de alta tecnología y aceleren el proceso de ocupación de los parques tecnológicos.
4. Las empresas privadas que resulten beneficiarias de los avales de la Comunidad durante el año 1996 deberán tener su domicilio legal en Castilla y León. Asimismo, la mayoría de sus activos o la mayor parte de sus operaciones deberán encontrarse o realizarse en el territorio de la Comunidad Autónoma.
5. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, pueda autorizar avales a las empresas públicas de la Comunidad Autónoma hasta un límite global e individual de 10.000 millones de pesetas.
6. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, pueda autorizar avales a las operaciones de crédito que se concierten para la realización de proyectos del Plan de Infraestructura Hidráulica Urbana de la Comunidad de Castilla y León, hasta un importe de 3.000 millones de pesetas en total y de 500 millones individualmente.
7. La entidad financiera cuyo crédito resulte avalado, deberá notificar a la Consejería de Economía y Hacienda cualquier imcumplimiento del beneficiario del aval respecto de las obligaciones garantizadas, en el plazo de un mes.
8. Será necesaria una Ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales a empresas privadas, cuando su cuantía individual exceda de 500 millones de pesetas o cuando la acumulación de avales diversos a una sola empresa pudiera superar tal cantidad.
Artículo 45. De las aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca.
La Comunidad Autónoma y, en su caso, la Agencia de Desarollo Económico de Castilla y León, podrán realizar las aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de Castilla y León, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.
Artículo 46. De las operaciones de crédito.
Se autoriza al Consejo de Economía y Hacienda y a los Presidentes de organismos y entes de la Administración Institucional para que concierten operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con el fin de cubrir las necesidades transitorias de Tesorería derivadas de las diferencias producidas en el vencimiento de sus ingresos y pagos, según lo establecido en el artículo 38.1 del Estatuto y 14.1 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Artículo 47. De la Deuda Pública.
1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, emita Deuda Pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 18.138 millones de pesetas destinados a financiar la realización de gastos de inversión, en los términos previstos en los artículos 38 del Estatuto y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
2. Con el fin de conseguir una eficiente administración de la Deuda Pública, la formalización de las operaciones de crédito, contraídas como derechos liquidados en presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contratación, en función de las necesidades de Tesorería.
3. El endeudamiento formalizado antes de la fecha de liquidación de los presupuestos de 1995 se imputará prioritariamente a los derechos liquidados de esa cuenta de liquidación.
4. Los documentos de la formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contratación como derecho liquidado.
Artículo 48. Operaciones de cobertura.
1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para concertar operaciones financieras o conversión de operaciones existentes, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o el coste de la deuda, tales como seguros, permutas, opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra operación derivada de tipos de cambio o interés, tratando de obtener un menor coste o una distribución de la carga financiera más adecuados o prevenir los posibles efectos negativos producidos por las fluctuaciones de las condiciones de mercado. La posible conversión no se computaría dentro del límite fijado en el artículo anterior.
Artículo 49. De las empresas públicas.
1. Las empresas públicas y el resto de la Administración institucional de la Comunidad de Castilla y León deberán obtener la autorización de la Dirección General de Tributos y Política Financiera con carácter previo a la concentración de sus operaciones de endeudamiento.
2. Las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León remitirán cada semestre natural a la Consejería a que estén adscritas un informe sobre el grado de realización del programa de actuación, inversiones y financiación, conforme a las instrucciones que dicte la Consejería de Economía y Hacienda. Las Consejerías enviarán dicha información al Consejero de Economía y Hacienda dentro del mes siguiente de cada semestre.
3. Las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León cumplirán lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de la Hacienda, remitiendo a la Intervención General copias autorizadas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio así como del informe de gestión y del informe de la auditoría, cuando la sociedad esté legalmente obligada o se hubiera auditado, en el mes siguiente al de su aprobación.
4. Las retribuciones de los Presidentes, Directores generales y Gerentes de las empresas públicas y entes públicos de la Comunidad de Castilla y León serán autorizadas por el Consejero de Economía y Hacienda a propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas.
5. Las transferencias corrientes a favor de empresas públicas tendrán la naturaleza de subvención de explotación, en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias. En caso de exceso, se considerará anticipo de tesorería.
Artículo 50. Normas generales sobre tasas.
1. Para 1996 se elevan con carácter general los tipos de cuantía fija de las tasas en un 3,5 por 100 sobre las cantidades exigibles en 1995.
Artículo 51. Tasa de control higiénico-sanitario de alimentos.
Artículo 52. Precios por prestación de servicios.
Disposición adicional primera. Libramiento de fondos a las Cortes.
Disposición adicional segunda. Información a las Cortes.
Disposición adicional tercera. Ordenes de retención o embargo.
Disposición final cuarta. Seguros de responsabilidad civil.
Se podrán concertar seguros de responsabilidad civil profesional, sobre la vida y de accidentes, que cubran las contigencias que se produzcan con ocasión del desempeño por personal al servicio de la Comunidad, de funciones en las que concurran circunstancias que hagan necesaria dicha cobertura.
Disposición adicional quinta. Transferencias y delegaciones de competencias.
Disposición adicional sexta. Deudas de cuantía insuficiente.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para dictar las normas oportunas en orden de la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas cuya cuantía se estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su ejecución y recaudación represente.
Disposición adicional séptima. Locales para uso social.
En todas las promociones públicas de viviendas con más de setenta y cinco unidades que durante el ejercicio de 1995 entregue la Junta de Castilla y León, se destinará algún local para su uso como servicio social, si la correspondiente corporación local lo solicita.
Disposición adicional octava. Del Consejo Económico y Social.
1. El régimen económico, presupuestario, contable y patrimonial del Consejo Económico y Social se regirá por lo establecido en la Ley de la Hacienda y en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León para los organismos autónomos de carácter administrativo, y a tal efecto se considerará adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda.
2. El régimen de control del Consejo Económico y Social será el previsto en los artículos 8.2 y 141.1 de la Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
3. El Pleno del Consejo establecerá el régimen de retribuciones para el Presidente y Vicepresidente en función del grado de dedicación e incompatibilidades que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 13/1990 del Consejo Económico y Social y en el artículo 49.4 de esta Ley.
Disposición adicional novena. Gastos de secciones sindicales.
Disposición adicional décima. Compensación de deudas.
Los órganos competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrán compensar las deudas de las entidades locales hasta la cantidad concurrente del crédito a favor de las mismas, en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Reglamento General de Recaudación.
Disposición adicional undécima. Presupuesto de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León.
El presupuesto al que se refiere el artículo 16 de la Ley 21/1994, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, para el ejercicio 1996 y siguientes, será únicamente el previsto por el artículo 101 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
Disposición adicional duodécima. Mantenimiento de retribuciones.
Disposición adicional decimotercera. Control interno de la Administración institucional.
La Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá acordar el sometimiento al régimen de control interno de fiscalización previa de toda o parte de la actividad de los entes públicos inicialmente afectos al régimen de control financiero.
Disposición adicional decimocuarta. Modificación Ley de Patrimonio.
1. El artículo 44 de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León queda redactado en los siguientes términos:
«Los títulos o resguardos de depósito correspondientes se custodiarán en la Consejería de Economía y Hacienda.
Los representantes de la Comunidad en los consejos de administración de las empresas participadas y públicas serán nombrados conforme a lo previsto en la legislación mercantil. A tal efecto los representantes de la Comunidad en las juntas generales de accionistas propondrán los representantes en dichos Consejos de Administración de acuerdo con lo que se determine por la Junta de Castilla y León, a propuesta conjunta del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero afectado por razón de la actividad.»
2. El párrafo primero de la disposición adicional primera de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, queda redactado como sigue:
«Las facultades y competencias que de acuerdo con este texto legal correspondan a la Consejería de Economía y Hacienda, serán ejercidas por las restantes Consejerías cuando se trate de actuaciones o negocios jurídicos de adquisición, enajenación, gravamen, afectación, desafectación, adscripción y en general cuantas disposiciones o actos sean precisos, siempre que tengan por objeto la devolución al tráfico jurídico de bienes o derechos reales inmobiliarios, en el ejercicio de las funciones que les correspondan.»
Disposición adicional decimoquinta. Modificación de la Ley de Hacienda.
1. El artículo 122.2.d) de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, queda redactado en los siguientes términos:
«Plazo en el que se entenderán desestimadas las solicitudes si no recae resolución expresa, de conformidad con el régimen de actos presuntos regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
2. El artículo 108.1 y 2 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, queda redactado en los siguientes términos:
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y su ejecución podrá iniciarse en el ejercicio siguiente, siempre que además se encuentre en alguno de los casos que a continuación se enumeran:
b) Contratos de suministros, de consultoría y asistencia y de servicios que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.
c) Arrendamiento de bienes inmuebles a utilizar por organismos de la Comunidad de Castilla y León.
d) Las cargas financieras derivadas de la deuda pública.»
Disposición adicional decimosexta. Subvenciones de carácter social.
1. Durante el ejercicio 1996, las convocatorias públicas de concesión de subvenciones con cargo a los Programas 012 «Promoción de empleo» y 009 «Integración social: Mujer y colectivos de exclusión», podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de las beneficiarios posibles, que con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar, durante el ejercicio anterior.
2. Los hechos subvencionables incluidos en las órdenes de convocatorias públicas, destinadas a los posibles beneficiarios para la realización de obras y equipamientos en centros de salud, centros de guardia, consultorios locales y centros de servicios sociales, con cargo a los Programa 015 «Atención Primaria», 023 «Tercera edad y minusválidos» y 043 «Atención a la tercera edad» de los presupuestos de 1996 y con cargo a los Programas 009 «Acción social» y 015 «Atención primaria» del presupuesto de 1995, podrán comprender como ejecución de la inversión la realizada en el ejercicio de la convocatoria y en el inmediato siguiente.
Disposición adicional decimoséptima. Participación empresarial.
1. Se atribuyen a la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León las acciones de que sea titular la Comunidad de Castilla y León en las sociedades «Parque Tecnológico de Boecillo, Sociedad Anónima» y «Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, Sociedad Anónima».
2. Se autoriza a la Junta de Castilla y León a que realice todas las operaciones jurídicas y económicas, que sean necesarias para la reorganización de su participación en las siguientes sociedades: «Sociedad Gestión Urbanística de Castilla y León», «Gestur Avila, Sociedad Anónima», «Gestur Burgos, Sociedad Anónima», «Gestur Palencia, Sociedad Anónima», «Gestur Salamanca, Sociedad Anónima», «Gestur Segovia, Sociedad Anónima», «Gestur Soria, Sociedad Anónima», «Gestur Zamora, Sociedad Anónima» y «Promotora de Suelo Industrial de León, Sociedad Anónima», con la finalidad de que su patrimonio de suelo industrial pueda ser gestionado por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León a través de una sola sociedad y su patrimonio de suelo residencial sea gestionado por la Consejería de Fomento o empresa pública adscrita a la misma.
El artículo 52.2 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, referido a la contratación queda redactado en los siguientes términos:
«2. Será necesario acuerdo de la Junta de Castilla y León autorizando la celebración de contratos cuando su cuantía sea superior a la establecida como límite en los Presupuestos de la Comunidad o, en los contratos de carácter plurianual, cuando se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto.»
En el caso de que la Administración Central del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.
1. La Gerencia Regional de Salud, prevista en el título VI de la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León supondrá, con vigencia limitada para el ejercicio de 1996, que la misma se configura como un servicio adscrito a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, con sometimiento al régimen de la Administración General de la Comunidad.
2. La Administración de los créditos asignados a dicho servicio, corresponderá al Consejero de Sanidad y Bienestar Social, siéndole de aplicación las mismas normas que la resto de los créditos de la Sección 05.
Disposición transitoria tercera. Reorganización de Servicios Sociales.
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para que durante el ejercicio presupuestario de 1996 autorice las modificaciones presupuestarios dentro de la Sección 05: Sanidad y Bienestar Social que se deriven del traspaso de medios, funciones y servicios entre el Servicio 03: Dirección General de Acción Social y el organismo autónomo 021: Gerencia de Servicios Sociales, como consecuencia de redistribuciones de competencias o reorganizaciones administrativas.
Disposición transitoria cuarta. De los créditos de personal de la Gerencia de Servicios Sociales.
1. El incremento del 3,5 por 100 en las retribuciones del personal traspasado por los Reales Decretos 905/1995 y 906/1995, se aplicará en las cuantías y de acuerdo con sus regímenes retributivos o a los de la Comunidad Autónoma si se ha acordado el proceso de homologación.
2. Los créditos destinados en el presupuesto de gasto de 1996 de la Gerencia de Servicios Sociales para la equiparación de las diferencias retributivas a que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/1995, se aplicará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, en las condiciones que se determinen en el acuerdo a que hace referencia el párrafo segundo de dicha disposición transitoria.
Disposición adicional quinta. Servicios especiales del personal funcionario.
El personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que sea contratado por la Agencia de Desarrollo Económico, permanecerá en situación administrativa de servicios especiales durante los ejercicios 1996 y 1997.
Valladolid, 28 de diciembre de 1995.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 249, de 30 de abril de 1995)
Descripciones / Administración General / Administración institucional / Suma / Eliminación / Consolidado
I. / Impuestos directos / 10.550.000 / - / 10.550.000 / - / 10.550.000
II. / Impuestos indirectos / 26.100.000 / - / 26.100.000 / - / 26.100.000
III. / Tasas, precios P. y otros ingresos / 21.456.693 / 1.171.595 / 22.628.288 / - / 22.628.288
IV. / Transferencias corrientes / 131.616.367 / 130.482.383 / 262.098.750 / 1.553.852 / 260.544.898
V. / Ingresos patrimoniales / 1.679.946 / 311.898 / 1.991.844 / - / 1.991.844 / Operaciones corrientes / 191.403.006 / 131.965.876 / 323.368.882 / 1.553.852 / 321.815.030
VI. / Enajenación de inversiones reales / 4.828.522 / / 4.828.522 / - / 4.828.522
VII. / Transferencias de capital / 59.414.009 / 5.807.030 / 65.221.039 / 3.140.290 / 62.080.749 / Operaciones de capital / 64.242.531 / 5.807.030 / 70.049.561 / 3.140.290 / 66.909.271 / Operaciones no financieras / 255.645.537 / 137.772.906 / 393.418.443 / 4.694.142 / 388.724.301
VIII. / Activos financieros / 6.241.144 / - / 6.241.144 / - / 6.241.144
IX. / Pasivos financieros / 18.223.000 / - / 18.223.000 / - / 18.223.000 / Operaciones financieras / 24.464.144 / - / 24.464.144 / - / 24.464.144 / Total ingresos / 280.109.681 / 137.772.906 / 417.882.587 / 4.694.142 / 413.188.445
(PRESUPUESTO OMITIDO)
Publicada en el BOCYL núm. 249, de 30 de diciembre de 1995.
SE DEROGA la disposición adicional 11, por Ley 2/2006, de 3 de mayo (Ref. BOE-A-2006-10085).
art. 52.2 de la Ley de Gobierno y de la Administración, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de julio (Ref. BOE-A-1988-24612).
art. 44 y párrafo 1 de la disposición adicional primera de la Ley 6/1987, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-1987-13248).
arts. 122.2.D) y 108.1 y 2 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1987-2493).
Ley 13/1990, de 28 de noviembre (Ref. BOE-A-1990-2826).

References: artículo 14
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 18

Artículo 4

Artículo 7
 artículo 108
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 108
 artículo 73
 artículo 3
 artículo 109
 artículo 117

Artículo 22

Artículo 24
 artículo 33
 artículo 58

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 artículo 49

Artículo 31

Artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 187

Artículo 33
 artículo 122
 artículo 122

Artículo 34
 artículo 122
 artículo 76
 artículo 78
 artículo 77

Artículo 36
 artículo 16

Artículo 37

Artículo 39

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 38

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49
 artículo 144

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52
 artículo 18
 artículo 49
 artículo 16
 artículo 101
 artículo 44
 artículo 122
 resolución 
 artículo 108
 artículo 52