Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653732
Timestamp: 2019-07-21 07:35:32+00:00

Document:
COMPENSACIÓN A MUNICIPIOS POR MENORES INGRESOS A RAÍZ DE NUEVA DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN
BONIFICACIÓN A CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EN REGIONES PRIMERA, UNDÉCIMA Y DUODÉCIMA Y EN PROVINCIAS DE CHILOÉ Y PALENA
CREACIÓN DE OBRA EN MEMORIA DE ROBERTO MATTA
EFECTOS ADVERSOS PARA PYME DE ACUERDO ENTRE TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DICOM. OFICIOS
REACTIVACIÓN DE CRÉDITOS ROTATORIOS PARA PROYECTOS DE FOMENTO EN REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS.
INQUIETUDES Y REFLEXIONES SOBRE PLAN AUGE. OFICIOS
PROYECTO DE ACUERDO QUE PROPONE CREACIÓN DE OBRA QUE PERMITA PERPETUAR MEMORIA DEL PINTOR ROBERTO MATTA (S 652-12)
Sesión 21ª, en miércoles 18 de diciembre de 2002
(De 16:24 a 18:58)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE, Y MARIO RÍOS, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece un mecanismo para compensar menores ingresos municipales con ocasión de nueva determinación de coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal (3173-06) (se aprueba en general y particular)..........................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea bonificación a contratación de mano de obra en Primera, Undécima y Duodécima Regiones y en provincias de Chiloé y Palena (3107-05) (se aprueba en general y particular)...............................................
Proyecto de acuerdo que propone creación de obra que permita perpetuar memoria del pintor Roberto Matta (S 652-12) (queda para Tiempo de Votaciones de próxima sesión)...............................................................
Efectos adversos para PYME de acuerdo entre Tesorería General de la República y DICOM. Oficios (observaciones del señor Prokurica)...........................................
Reactivación de créditos rotatorios para proyectos de fomento en Región de Aisén. Oficios (observaciones del señor Horvath)..................................
Inquietudes y reflexiones sobre Plan Auge. Oficios (observaciones del señor Cantero)....
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior; de Hacienda ; Secretario General de la Presidencia y de Economía, Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión Nacional de Energía; los señores Subsecretario de Economía y de Desarrollo Regional y Administrativo, y los señores Fiscal y asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 18ª y 19ª, ordinarias, en 10 y 11 de diciembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual retira la urgencia que hizo presente para el despacho del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra, y sus anexos, apéndices, protocolos y notas, suscritos en Bruselas el 18 de noviembre de 2002. (Boletín N° 3147-10).
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que despachó el proyecto sobre aprobación del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra, y sus anexos, apéndices, protocolos y notas, suscritos en Bruselas el 18 de noviembre de 2002. (Boletín N° 3147-10).
--Pasa a la Comisión Especial Encargada de Estudiar el Tratado de Asociación entre Chile y la Unión Europea, y a la de Hacienda, en su caso.
Del señor Subsecretario de Pesca , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en relación a la frecuencia con que se realizan los muestreos de marea roja en el litoral de Aisén.
Del señor Director Ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual contesta oficios enviados en nombre de los Senadores señores Horvath y Romero, referidos a un proyecto para instalar un aeropuerto o aeródromo en la comuna de Buin, Región Metropolitana.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud subrogante de la Novena Región , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre las razones para la calificación de Angol como comuna no pobre, en cuanto a la asignación de recursos.
De la señora Jefa de Gabinete de la señora Ministra de Educación , mediante el cual, por especial encargo de ésta, acusa recibo de un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre la necesidad de reemplazar la atención que prestaba el buque médico dental Cirujano Videla, de la Armada de Chile, en Chiloé y Palena.
De la señora Ministra de Defensa Nacional , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción.
La unanimidad de los Comités acordó que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, durante el primer trámite reglamentario, informe tanto en general como en particular el proyecto de ley que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta (Boletín Nº 2723-07).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 3173-06). Este proyecto será informado verbalmente por la Comisión de Hacienda.
De las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las Regiones Primera, Undécima y Duodécima, y en las provincias de Chiloé y Palena, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 3107-05).
Señor Presidente , solicito a la Mesa que en el Orden del Día, de ser posible, se trate en primer lugar -y ojalá sin discusión- el proyecto que figura con el número 2, atendido que fue aprobado por unanimidad en las Comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Se trata, como Su Señoría sabe, de un beneficio para 206 municipios. La ley respectiva debería estar funcionando el 1º de enero próximo, y, según entiendo, ésta es la última sesión que celebraremos antes de esa fecha.
Además, pido autorización para que la Comisión de Educación sesione paralelamente con la Sala esta tarde, desde las 17 hasta las 18:30.
Respecto del primer asunto, consulté a diversos Comités, los que estarían de acuerdo en tratar primero, con informe verbal, el proyecto signado en la tabla con el número 2. Y a continuación nos ocuparíamos en la iniciativa que figura con el número 1.
¿Habría asentimiento para proceder de esa forma?
En cuanto a la segunda petición del Senador señor Muñoz Barra, entiendo que no hay inconveniente para que la Comisión de Educación sesione paralelamente con la Sala entre las 17 y las 18:30 de hoy.
En la sesión de ayer planteé la posibilidad de dar un breve informe acerca de la visita que diversos Senadores efectuamos recientemente a Londres. Ello, con el objeto de cumplir lo establecido por los Comités en el sentido de rendir cuenta sobre ese tipo de actividades.
Podría hacerlo al terminar el Orden del Día, señor Senador.
En tal caso, señor Presidente , más vale no dar nuestro informe. Lo entregaremos por escrito, pues no tiene sentido hacerlo en la oportunidad que indica Su Señoría, ya que cuando termina el Orden del Día prácticamente no queda nadie en la Sala.
El problema radica, señor Senador , en que hay dos proyectos con "discusión inmediata", a los cuales debo dar preferencia.
Entonces, que quede constancia de que rendí el informe, señor Presidente.
Me lo hace llegar de todas maneras, Su Señoría. Le daremos lectura.
Señor Presidente , es fundamental tratar los dos proyectos a que se refirió usted, pues, si no se despachan ahora, las leyes respectivas no estarán vigentes a partir del 1º de enero próximo. Por tanto, la rendición del informe en comento debe quedar para el final de la sesión.
Ambas iniciativas deben quedar despachadas en la sesión de hoy, ya que tienen "discusión inmediata". Y hay acuerdo al respecto.
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite y con urgencia calificada de "discusión inmediata", que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, informado por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3173-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 17 de diciembre de 2002.
Gobierno, sesión 21ª, en 18 de diciembre de 2002.
Hacienda (verbal), sesión 21ª, en 18 de diciembre de 2002.
El objetivo principal del proyecto es establecer un mecanismo transitorio de compensación, para los años 2003 y 2004, que favorezca a los municipios afectados por la disminución de sus ingresos como consecuencia de la aplicación del nuevo cálculo de los coeficientes de distribución de la parte correspondiente al 90 por ciento del Fondo Común Municipal.
El referido mecanismo se financiará con recursos del Fondo, separados previamente a su distribución, conforme a lo dispuesto en la Ley de Rentas Municipales.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Frei y señores Boeninger, Cantero, Coloma y Núñez), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda también aprobó el proyecto en general y en particular por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Boeninger, Fernández, Foxley, García y Ominami), en los mismos términos en que lo despachó la de Gobierno.
Finalmente, cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, esta iniciativa debe ser discutida en general y en particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
Se me pidió autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Francisco Vidal; el abogado del Ministerio del Interior señor Eduardo Pérez, y el asesor financiero de dicha Subsecretaría, señor Alexis Yáñez.
Tiene la palabra la señora Presidenta de la Comisión de Gobierno.
Señor Presidente , en forma muy breve, debo señalar que el mensaje da cuenta de tres objetivos importantes.
Primero, practicar un nuevo cálculo de coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal para los próximos tres años, en la forma prescrita por la ley.
Segundo, compensar a los municipios afectados por la disminución de sus actuales ingresos como consecuencia del nuevo cálculo de coeficientes.
Y tercero, asegurar a las municipalidades que se beneficiarán con un incremento de sus ingresos como resultado del nuevo cálculo la posibilidad de que a partir del año 2003 perciban, si no el total, parte significativa de dicho aumento.
Concluye el mensaje diciendo que para el año 2005 se espera que esté en vigor la Ley de Rentas Municipales II, lo que permitirá sumar al sistema municipal nuevos recursos, estabilizando así los ingresos de los municipios que hayan sido compensados durante los años 2003 y 2004 y posibilitando, a la vez, que los que han recibido sólo parte de un aumento de recursos obtengan el máximo de éste.
En la Comisión de Gobierno se analizó el hecho de que, conforme al nuevo censo, está cambiando la población de las comunas, lo cual constituye un dato relevante que también debe tomarse en cuenta.
Los señores Senadores que se interesen pueden pedir al señor Subsecretario el detalle -lo tiene ordenado por Región- de cuánto recibirá cada comuna.
En verdad, el mecanismo es muy bueno para los municipios más pequeños que, de no aprobarse la ley en proyecto, verán bastante disminuidos sus recursos.
Sin perjuicio de ello, el señor Subsecretario se comprometió a estudiar nuevamente con la Comisión un sistema completo de regulación de los fondos municipales, porque queremos, en definitiva, que el ciento por ciento esté en los municipios y que la decisión acerca de ellos sea local y no centralizada. Ésta es una materia que debemos analizar los Senadores de Regiones distintas de la Metropolitana.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en general y en particular.
Ruego a Sus Señorías que las intervenciones sean muy breves, porque debemos despachar el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami, para rendir un informe verbal.
Señor Presidente , la Ley de Rentas Municipales establece que la distribución del Fondo Común Municipal se realiza por medio de dos coeficientes. El primero da cuenta del 90 por ciento de él y se determina cada tres años de acuerdo con indicadores como la población, los predios exentos del pago de contribuciones, los ingresos permanentes per cápita y los índices de pobreza comunal. Y el segundo, que da cuenta de 10 por ciento del referido Fondo, se constituye a partir de indicadores de gestión (5 por ciento) y de emergencia (5 por ciento).
La última actualización de los coeficientes con vigencia trienal se hizo en 1998, para los años 1999, 2000 y 2001. Luego, por medio de la ley Nº 19.770, de 2001, se prorrogó la vigencia de ellos por el año 2002, bajo el argumento de que, en razón del censo que tenía lugar ese año, la actualización de datos poblacionales de cada comuna en el Fondo Común Municipal debería hacerse conforme a los nuevos datos emanados de ese proceso.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa procedió a calcular el coeficiente trienal aludido incorporando los nuevos datos censales; también realizó el cálculo de participación comunal por criterios de gestión y emergencias, y obtuvo como resultado -y éste es el punto importante- un cambio muy significativo en la participación relativa de las distintas comunas en el Fondo Común Municipal que debe regir para el trienio 2003-2005.
Según los nuevos cálculos, el cambio de participación implica que 206 comunas -es decir, una gran mayoría del total- rebajen en 13 mil millones de pesos sus expectativas de ingresos para 2003 y, en sentido inverso, que 136 incrementen sus recursos, por efecto de una mejor participación en el Fondo, en 17 mil millones de pesos.
Si se aplicara el cálculo sin pasar por la ley en proyecto, 206 comunas disminuirían de manera importante sus ingresos.
Mediante esta iniciativa se destinan recursos, con cargo al propio Fondo Común Municipal, para los efectos de compensar a los municipios que, por aplicación de los nuevos coeficientes, vean reducida su participación en aquél.
Según se explicó en la Comisión, el proyecto en análisis determina una compensación de hasta 19 mil millones de pesos para el déficit, en términos reales, de las comunas que experimenten una disminución en su participación en el Fondo Común Municipal, a fin de que ninguna pierda ingresos en los próximos años con relación a los obtenidos al 2002. Esto, naturalmente, significa que las comunas que iban a resultar más favorecidas experimentarán una disminución menor.
Desde ese punto de vista, la iniciativa genera tal efecto estabilizador de los ingresos sin implicar mayor gasto fiscal, porque está todo compensado al interior del propio Fondo Común Municipal.
Señor Presidente, entiendo que estamos apurados, pero por lo menos quiero dejar una constancia.
Creo que éste es un proyecto importante, porque reasigna el Fondo Común Municipal en la forma en que debió ocurrir de haber mediado en plenitud la ley que establece su forma de reajuste.
Sucede, señor Presidente , y quiero dejar clara constancia de ello -no es un problema que sea culpa de nadie-, que estamos viendo los efectos de lo que está pasando en Chile desde un punto de vista poblacional. El último censo revela o refleja un proceso de migración muy potente desde las zonas rurales hacia las capitales de Región y, a su vez, hacia la Región Metropolitana. Entonces, esta iniciativa pretende corregir -lo que me parece bien- el hecho de que las pequeñas comunas queden sin recursos. Porque, de aplicarse estrictamente los resultados del censo -como decía el señor Subsecretario -, habría comunas que lisa y llanamente quebrarían pues, debido al cambio en el número de sus habitantes, recibirán porcentajes menores, lo cual es muy delicado.
Por eso, es relevante dejar constancia en el Senado de que el proyecto corrige el centralismo que se está produciendo en forma galopante en Chile y al interior -¡ojo!- de cada Región, porque no se trata sólo de un problema de la Región Metropolitana.
¿Por qué planteo esta situación? Porque -y ya algo dijo la Honorable señor Frei - tiene que motivarnos de verdad a ver la posibilidad de generar una política pública para revertir este proceso. De continuar esta tendencia, en el próximo censo -en diez años más, como destacó el Honorable señor Núñez en la Comisión- los porcentajes aumentarán en las grandes ciudades y disminuirán en las zonas pequeñas, particularmente rurales o mineras.
Entonces, no se trata de que cada tres o diez años, según el caso, se cambie la forma de distribuir el Fondo Común Municipal para evitar que las comunas chicas vayan a la quiebra. Está bien que paliemos la situación, pero el desafío es mucho más profundo: apunta a cómo desarrollar políticas públicas que permitan terminar con el creciente proceso de centralización y migración hacia las capitales.
Por consiguiente, no se puede aprobar un proyecto así no más, sin dejar por lo menos expresa constancia de esta inquietud. Creo que para el Gobierno y el Parlamento constituye un desafío. Porque no se trata de cambiar leyes para rectificar errores, sino de enfrentar el problema de fondo. Y me parece fundamental abordarlo a la brevedad, señor Presidente .
Se dejará constancia de la inquietud expresada por el señor Senador.
Tiene la palabra el último inscrito, el Honorable señor Cantero.
Señor Presidente , sin perjuicio de concurrir con mi voto a aprobar el proyecto, se hace estrictamente necesario plantear y solicitar formalmente al Gobierno que avance en un estudio sobre el financiamiento municipal que asuma una mínima actualización de la situación que tiene hoy el país en cuanto a estratificación social, económica y etaria.
La verdad es que esta iniciativa corrige un hecho basal que, cuando se exhiben las cifras, demuestra fehacientemente un financiamiento municipal absolutamente caduco y completamente irracional.
El hecho de que 206 comunas rebajen sus recursos y que éstas correspondan exactamente a las más pobres, a las más deprimidas y a las que más recursos requieren no es otra cosa que una elocuente manifestación de la ineptitud del sistema de financiamiento vigente, por lo que debe ser modificado con la mayor urgencia por inoperante.
El país enfrenta un fracaso en sus políticas de regionalización y descentralización. El censo es convincente -aun cuando lo silenciemos sin haberlo analizado- para demostrar que Santiago sigue creciendo a una tasa muy por encima de la del resto de Chile y las grandes conurbaciones continúan siendo verdaderos hoyos negros que atraen toda la energía del país.
Quiero expresar clara y explícitamente que he aprobado este proyecto de ley a contrapelo. Por lo demás, tiene un alcance político. ¡Digamos las cosas por su nombre! Se propone para compensar a aquellos que pierden. Es decir, se compensan zonas con crecimiento mucho más dinámico en detrimento de las que hoy más que nunca requieren apoyo y estímulo. Ésa es la verdad. O sea, hay una presión peligrosa -hemos inaugurado un proceso que, en mi opinión, debe ser clara y conscientemente asumido- de orden gremial o corporativo que permite esta situación y posterga la posibilidad de fijar de una vez por todas nuevos criterios para la distribución del Fondo Común Municipal.
Por su intermedio, señor Presidente , solicito formalmente al Gobierno que, con la mayor prontitud y máxima urgencia, proponga un proyecto que permita efectivamente corregir el sistema de financiamiento municipal, a fin de evitar este círculo -que no tiene nada de virtuoso y sí mucho de vicioso- que agrava las disparidades y los desequilibrios existentes en el desarrollo de Chile.
Votaré a favor con esta prevención respecto de algo que me parece francamente preocupante. Debemos corregir los desequilibrios provocados por un sistema de financiamiento municipal inoficioso. La medida que se está tomando en nada soluciona el problema. Simplemente, es un parche paliativo.
Se hará presente al Gobierno su parecer, señor Senador.
Señor Presidente , quiero dar brevemente mi opinión sobre esta normativa.
Desde luego, la apruebo y valoro el esfuerzo del señor Subsecretario para compensar, sobre todo, a los municipios más pequeños, que son los que más pierden.
Pero también deseo adherir a lo manifestado por el Honorable señor Cantero , en el sentido de estudiar los coeficientes con que se calcula la distribución de los ingresos, porque se observan diferencias odiosas entre comunas muy similares. Algunas, con más habitantes y con los mismos rangos de pobreza, reciben 40 por ciento menos. Entonces, a uno le reclaman: "¡Pero cómo se distribuye esto! ¡Nosotros somos tan pobres como los otros municipios, sin embargo nuestros ingresos son absolutamente diferentes!".
En mi concepto, el problema está en el sistema y en los coeficientes con que se calcula la distribución del Fondo Común Municipal. Por eso adhiero a la petición del Honorable señor Cantero , para que ojalá se resuelva pronto esta situación. No esperemos siempre los últimos minutos para aprobar estas materias. Ojalá el próximo año podamos contar con una solución lo más justa y equitativa posible.
El señor Subsecretario tomará nota de la petición que se ha formulado. Esperamos tener noticias suyas a la brevedad.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en la Primera, Undécima y Duodécima Regiones y en las provincias de Chiloé y Palena, con informe de las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3107-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Economía y Hacienda, unidas, sesión 21ª, en 18 de diciembre de 2002.
El objetivo principal de la iniciativa es establecer, a partir del 1º de enero de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2006, para los actuales o futuros empleadores de la Primera, Undécima y Duodécima Regiones y aquellos de las provincias de Chiloé y Palena, en la Décima Región, una bonificación a la contratación de mano de obra de trabajadores con domicilio y trabajo permanente en esos lugares, con una tasa de 17 por ciento.
Las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas, aprobaron este proyecto en general por 8 votos a favor -de los Honorables señores Boeninger, Fernández (en su calidad de integrante de ambas Comisiones), Foxley, García (como miembro de ambas Comisiones), Ominami y Orpis- y uno en contra, del Senador señor Gazmuri.
En cuanto a la discusión en particular, las Comisiones unidas introdujeron modificaciones al proyecto despachado por la Cámara de Diputados, las que se consignan en el informe.
Dichas enmiendas fueron aprobadas de la siguiente manera.
a) En el artículo 1º, inciso primero, el reemplazo del guarismo "2012" por "2006" fue aprobado por 6 votos a favor -de los Honorables señores Fernández (como integrante de ambas Comisiones), García (en su calidad de miembro de las dos Comisiones), Gazmuri y Orpis- y 3 en contra. de los Senadores señores Boeninger, Foxley y Ominami.
b) En el mismo artículo 1º, el reemplazo del inciso segundo, en cuanto a fijar la tasa de bonificación en 17 por ciento, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.
c) La supresión del artículo 3º fue aprobada por 5 votos a favor (Honorables señores Fernández -dos votos-, García -dos votos-, y Orpis), y 3 en contra, de los Senadores señores Boeninger, Foxley y Ominami.
El texto que proponen las Comisiones unidas de Economía y Hacienda se consigna en el informe.
Finalmente, cabe indicar que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento, esta iniciativa debe ser discutida en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Se autoriza el ingreso del Subsecretario de Economía , señor Álvaro Díaz.
Tiene la palabra el Senador señor García, Presidente de las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas.
Señor Presidente , el objetivo de la iniciativa -ya se ha señalado- es prorrogar la bonificación a la contratación de mano de obra en las Regiones Primera, Undécima y Duodécima, y en las provincias de Chiloé y Palena en la Décima Región.
La proposición original del Ejecutivo prorrogaba este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2012. Pero a partir de 2007 este subsidio comenzaría a decrecer de 17 por ciento a 15, a 12, a 9, a 7, a 5 y, finalmente, a 3 por ciento.
En cuanto al ahorro que generaría la rebaja del porcentaje de la bonificación a la contratación de mano de obra, la idea original del Ejecutivo consistía en que en cada Región se creara un comité técnico asesor que decidiera sobre los instrumentos de fomento más efectivos que permitieran asegurar la mejor utilización de los recursos e incrementar en cuantía importante los niveles de empleo.
Ésa fue la proposición original del Ejecutivo.
Sin embargo, las Comisiones unidas de Economía y de Hacienda, por mayoría de votos, acordaron prorrogar esta bonificación sólo hasta 2006, manteniendo el 17 por ciento, y encomendar a otro proyecto de ley la disminución paulatina de los porcentajes y la utilización de los recursos que se ahorran en otros instrumentos de fomento, a fin de que estas materias se discutan con más tiempo.
¿Qué ocurrió ayer en las Comisiones unidas? Que en menos de una hora de debate debíamos resolver una situación extraordinariamente importante para las Regiones extremas. La mayoría de las Comisiones unidas estuvo de acuerdo solamente en prorrogar por cuatro años el beneficio. De ese modo se dispondría de tiempo suficiente para determinar, junto con el Ejecutivo , si realmente conviene suprimir totalmente este subsidio y reemplazarlo por otros instrumentos de fomento.
Los señores Senadores tienen en su poder las indicaciones presentadas por el Ejecutivo para reponer el texto original. Pero la mayoría de los integrantes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas, aprobamos prorrogar el subsidio sólo por 4 años, básicamente, por estimar que el escaso tiempo para tomar una decisión tan trascendente no permitía un análisis serio, acabado, exhaustivo y riguroso.
Es todo cuanto puedo informar, en nombre de las Comisiones unidas.
Hago presente a la Sala que hay siete señores Senadores inscritos.
Señor Presidente , el Senador señor García ha entregado una visión general del proyecto. Por mi parte, deseo plantear cuestiones de forma y de fondo respecto de la propuesta del Ejecutivo.
Si se evalúan los distintos instrumentos aplicables hoy día en las zonas extremas para saber cuál es el más utilizado y con mayor éxito, se comprobará que es la bonificación a la contratación de mano de obra, llamado "889".
Me gustaría que los señores Senadores conocieran los antecedentes relativos a la magnitud de este subsidio. Para ello, daré a conocer los correspondientes a la Región que represento en la Corporación.
La Primera Región tiene la tercera tasa más alta de cesantía en Chile y la bonificación a la contratación de mano de obra beneficia a 62 mil trabajadores, lo que involucra prácticamente a 7 mil empresas. En todo el país se otorgan 144 mil subsidios a trabajadores de 14 mil empresas. Ésa es la magnitud. En términos presupuestarios, en la Región se destinan, por este concepto, alrededor de 15 mil millones de pesos, que equivalen a todo el presupuesto asignado al gobierno regional. De ese monto estamos hablando.
¿Cuál ha sido la virtud de este instrumento? Que opera en forma automática, sin burocracia. Es decir, cuando las empresas reúnen determinadas condiciones van a las oficinas públicas y en forma automática y directa el beneficiario recibe la bonificación. Ésa es la lógica del 889.
¿Qué nos propone el proyecto de ley? Hay cuestiones de forma y de fondo.
Se plantea una cuestión de forma que no es menor. Estamos hablando, lejos, del principal instrumento de apoyo para las zonas extremas, que ahora un proyecto de ley calificado de "discusión inmediata" pretende eliminar directamente. Tal urgencia no permite ningún tipo de reflexión acerca de los instrumentos que operan en las Regiones extremas, las características del resto de ellos, la efectividad de cada uno, etcétera. En esas zonas se entrega un subsidio a la inversión, a través del decreto con fuerza de ley Nº 15, y se aplican otros instrumentos adicionales. Pero nada se señala respecto de cómo ha funcionado el resto.
¿Qué se nos propone en reemplazo? Algo genérico: que el propio gobierno regional, en definitiva, determine los instrumentos a aplicar, muchas veces sin ningún tipo de análisis técnico.
Presumo que el reemplazo del 889 -es probable que tenga defectos y haya que perfeccionarlo, no me cierro a esa posibilidad- se aparta completamente de la lógica que, a mi juicio, debería tener un instrumento de esta naturaleza: su operación automática.
¿Qué proponemos al Gobierno? No nos cerramos a aceptar otros instrumentos que sean eficaces. Estamos dispuestos a analizar a fondo la eficacia del 889. Por lo menos, soy partidario de que este tipo de instrumentos funcione en forma automática e independiente del que se reemplace.
Aquí se está planteando directamente un procedimiento que desarrollará el gobierno regional con un comité asesor. Deseo contar lo ocurrido con el famoso consejo asesor en Arica, Primera Región , establecido en virtud del decreto con fuerza de ley Nº 15. Dicho organismo, integrado por representantes de los sectores público y privado, hizo una proposición que fue ratificada por el Intendente. Hubo presiones y tres días después se dejó sin efecto lo que ya se había resuelto.
¡Ésa es la capacidad de decisión de estos famosos consejos asesores respecto de las inversiones en la Región!
Establezcamos un mecanismo nítido, automático, para ir directamente al beneficiario y no tener que seguir las distintas burocracias en las zonas extremas, donde se necesita apoyo y se requiere actuar con prontitud, sobre todo por su lejanía del resto del país.
Y eso no se resuelve en una discusión inmediata, sino en un debate de largo aliento, profundo, a fin de que logremos plena convicción en cuanto al tipo de instrumentos que queremos y la eficacia de los mismos.
Repito: no me cierro a perfeccionar el decreto ley Nº 889, pero creo que la discusión inmediata no es, de ningún modo, el mecanismo para realizarlo.
Por eso presentamos la indicación para prorrogar el beneficio por cuatro años. Y ojalá que en dos años más o en uno estemos en condiciones de discutir con calma cómo reemplazarlo o perfeccionarlo. Pero -reitero- no en una discusión inmediata, porque de ese modo no podremos saber el impacto que producirá el tipo de mecanismo que se nos propone, y después será tarde para lamentarnos.
Debatimos una iniciativa que será ley permanente, y todos sabemos que cuando el Parlamento despacha esta clase de normativas generalmente es muy difícil reemplazarla después, porque tienden a conservar ese carácter, y muchas veces, cuando ello se logra, es en función de altos costos, que no se hallan evaluados en la iniciativa legal que nos ocupa.
Señor Presidente , en la Comisión voté en contra de este proyecto. Voy a resolver mi voto en definitiva en esta sesión, según sean el desarrollo de la discusión y los compromisos que asuma esta tarde acá el Gobierno.
En forma breve quiero señalar por qué en general me parece que este proyecto de ley no cumple objetivos nacionales consistentemente.
Tengo dos objeciones al respecto.
Primero, la idea de que hay que subsidiar de manera general a las llamadas zonas extremas es una concepción que pudo ser muy válida en Chile hasta, quizás, la década de los 80; pero que en la economía y en el mundo global en que vivimos resulta una situación que debemos revisar de manera completa.
Entiendo que pueda haber alguna Región, provincia o ciudad en los extremos del país que tenga tal condición. Claramente no la tiene, por ejemplo, la provincia de Chiloé, incluida en esta iniciativa, que es beneficiada nada menos que con 38 mil subsidios directos para el 17 por ciento de las plantillas de sus empresas, donde -me imagino- una parte muy importante de este subsidio directo, que va básicamente a la empresa y a los empresarios, se orienta hacia la industria salmonera, que es de alta competitividad, donde hemos llegado a ser primeros o segundos productores mundiales y exportamos a todo el mundo.
Por tanto, aquí claramente los criterios que inspiran la ley en proyecto son por entero discutibles. Y se nos propone que los refrendemos con nuestro voto.
Ya incluso el Ejército, por señalar una institución con una particular sensibilidad geopolítica, hace varios años que nos viene hablando de las fronteras interiores, donde hay áreas deprimidas que no quedan en los extremos del país. San Clemente es frontera interior, y debería recibir algún subsidio directo, mucho más que varias de las comunas, provincias y ciudades que sí lo perciben.
Por consiguiente, creo que aquí hay una concepción que no corresponde al Chile del siglo XXI, a la economía global que tenemos y que discrimina muy injustamente algunas provincias, ciudades y Regiones respecto de otras.
Las Regiones más carenciadas, con más bajos niveles de vida, con mayores niveles de pobreza, básicamente la Novena, de la Araucanía, y la Séptima, no gozan de ninguno de estos beneficios especiales, directos e indiscriminados. Porque eso es lo otro, señor Presidente . Aquí no existe ningún criterio de fomento, de desarrollo o de focalización del subsidio. En cualquier economía de mercado moderna el subsidio puede resultar muy útil como instrumento transitorio, pero no puede ser ni permanente, ni indiscriminado, ni genérico. De modo que estimo que este tipo de política no tiene fundamentación.
En la discusión de ayer me sorprendí -porque no lo sabía, y confieso acá mi ignorancia, quizás culpable, porque hemos aprobado prolongaciones de este beneficio en períodos anteriores, pero no estoy dispuesto a seguir cometiendo el mismo error- al comprobar que tampoco se trata de una cantidad menor de recursos. Hablamos de una bonificación que al año le cuesta al país entre 57 y 60 millones de dólares, que es aproximadamente el presupuesto total de la CORFO, que representa el 70 u 80 por ciento de toda la inversión que hace Chile en ciencia y tecnología. Y está de moda decir que aquí tenemos uno de los grandes cuellos de botella para nuestro desarrollo futuro.
Por lo tanto, me parece que éste es un tipo de concepción de subsidio que no resiste análisis ni desde el punto de vista de su eficacia, ni desde el de la justicia de un país donde, si va a hacer apoyos territoriales, debe ser en función de otros criterios, y no sólo de la lejanía o la cercanía respecto de la Región Metropolitana. Porque -como indiqué- son criterios del pasado, en donde había otro país, otra economía. En efecto, cuando teníamos una economía cerrada, distar tres mil kilómetros de la Capital era realmente estar en el extremo de la economía. En la economía global el tema es cuán cerca se está de la inserción en los mercados. Y allí, Punta Arenas puede estar más cerca del mundo, si se inserta bien, que Copiapó o Curicó, si se insertan mal.
Entonces, tengo una primera diferencia con respecto al criterio básico que rige la ley en proyecto.
Segundo, se ha dicho aquí que no está claro que este instrumento -y se dieron varias opiniones ayer- ayude en materia de empleo, por lo indefinido y porque -argumento que dio el Senador señor Foxley -, además, es procíclico, cuando debería ser contracíclico. Cuando crece el empleo, aumenta el subsidio; cuando disminuye el empleo, decrece el subsidio.
Cualquier criterio de fomento a la creación de puestos de trabajo tiene que ser contracíclico. Cuando se crean empleos, se resta el subsidio; cuando la economía se detiene, pueden inyectarse estímulos adicionales. El que nos ocupa es procíclico, es decir, lo contrario de cualquier subsidio al empleo razonable en el mundo. Y sobre eso tenemos experiencia.
Por ello, incluso, los programas de empleos de emergencia los desatamos cuando en las provincias -lo acordamos en la Ley de Presupuestos- se llega a una desocupación de dos dígitos. Ahí inyectamos, para sostener la situación de empleo. Entonces, el instrumento, además, es por completo ineficiente en Arica, en Puerto Montt, en Linares, en Chillán, en cualquier parte del mundo. Y, por tanto, el subsidio no cumple con la característica señalada.
Finalmente, comprendo que no se elimine la bonificación de un año para otro porque, en efecto, ahí se crearían daños a esas economías que han estado funcionando durante mucho tiempo con un subsidio a la contratación de la mano de obra, que puede ser del 15 al 18 por ciento, o del 10 por ciento -habría que ver cuál es la estructura de salarios de cada empresa-, de manera permanente y, por consiguiente, tiene que haber un período de ajuste. Eso lo entiendo completamente.
Pero no estoy de acuerdo en establecer en la ley el criterio de que lo que se ahorra por este subsidio automáticamente va a esas mismas Regiones y provincias. Porque de nuevo es congelar de por vida que esas Regiones, algunas que pueden requerir subsidio y otras que no, acaparen 60 millones de dólares de bonificación per se, por una definición de base que no corresponde.
En resumen, a mi juicio, lo que corresponde es buscar una solución transitoria para esta situación que, por lo menos en mi concepto, no resiste mucha defensa. Obviamente -también lo comprendo, pues igualmente soy Senador por una Región, por ciudades-, cuando algún beneficio, aunque no tenga efectos positivos de largo plazo, es restado, hay cierta resistencia popular y ciudadana inicial. Estoy consciente de eso. Pero debemos legislar con criterios de equidad territorial y de eficacia en cuanto a los instrumentos públicos de fomento, que no son tan grandes en nuestro país y, por tanto, debemos ser muy rigurosos en su utilización.
En síntesis, creo que aquí corresponde intentar salvar la situación que se nos presenta (por la urgencia con que debe discutirse el proyecto), pero, al mismo tiempo, generar el compromiso a nivel de Gobierno y del Parlamento para desarrollar en los próximos años, en un plazo breve, un debate que nos permita contar con una política de apoyo a las Regiones más deprimidas del país basada en criterios más modernos, objetivos, y que utilice instrumentos de mayor eficacia.
Señor Presidente , la bonificación a la contratación de mano de obra para las Regiones Primera, Undécima y Duodécima y las provincias de Chiloé y Palena ha sido un instrumento realmente eficaz.
En efecto, de acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno, tal beneficio favoreció hasta diciembre de 2001 -no hay datos recientes- a un total de 144 mil 973 trabajadores, y en mi Región (la de Magallanes), a 26 mil 666, lo cual representa una cifra extraordinariamente importante para nuestra zona.
Esta bonificación ha funcionado de manera adecuada y ha demostrado ser eficaz. Por eso su vigencia se ha prorrogado en forma sucesiva. Y esa eficacia ha sido debidamente analizada durante mucho tiempo. Los últimos dos años se han realizado seminarios, reuniones, y todo tipo de encuentros entre el sector productivo, las autoridades regionales, el Gobierno central, para los efectos de determinar qué hacer con ella. En definitiva, todas las fuerzas productivas, las entidades gremiales de la Región, las autoridades regionales, concordaron en que se trata del mejor instrumento y en que es innecesaria su modificación, porque funciona apropiadamente.
¿Qué propone el proyecto del Ejecutivo ? Prorrogar por cuatro años la bonificación de que se trata, y que comience a decrecer a partir del quinto año, hasta desaparecer. Vale decir, un beneficio que ha funcionado en forma adecuada, que la ciudadanía estimó el más conveniente, al ser consultada por las propias autoridades, se extinguirá.
La iniciativa establece el término de la bonificación a la contratación de mano de obra y la sustituye por un plan de fomento que será determinado cada año -obviamente, de manera centralizada- por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a proposición de los gobiernos regionales u oyéndolos, pero que, en definitiva, será resuelto en Santiago.
¿Qué ha ocurrido con los fondos de fomento para las Regiones? La experiencia sobre el particular ha sido muy amarga. Porque esos recursos, destinados a favorecer a las Regiones, en el corto plazo son cargados a los fondos sectoriales. Es decir, son considerados dentro de la inversión general del país que realizan los distintos sectores: Obras Públicas, Vivienda, Salud, etcétera, aun cuando no se diga que es así. En definitiva, se restan tales recursos a las Regiones. Se trata de un cálculo realizado cada año por las autoridades respectivas, donde un fondo de esta naturaleza no se suma a la inversión tradicional que debieran hacer los diversos Ministerios.
Por otra parte, hemos tenido recientemente una muy desagradable experiencia respecto del Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA), que corresponde a una iniciativa del Honorable señor Ruiz para fomentar la inversión en la Región. Pues bien, el presente año, parte de los recursos destinados a dicho fondo se utilizaron para salvar el déficit de administración del gobierno regional. Vale decir, no se confía en nuestra Región.
Por eso, somos partidarios de mantener un beneficio que ha dado estabilidad en el empleo a miles de personas; en nuestra Región, a 26 mil trabajadores. Se trata de una cantidad muy importante de personas, y, diría, representa probablemente poco más de la tercera parte de la fuerza laboral local. Por lo tanto, estimamos que la bonificación debe mantenerse.
Ayer propusimos en las Comisiones unidas de Economía y de Hacienda -así se aprobó y figura en el respectivo informe- prorrogar dicho beneficio por cuatro años, pero que no se extinga al quinto, como sugiere el Gobierno. Y, en caso de ser necesario, analizar durante ese período lo que se hará después: si se continúa consultando a la ciudadanía, al Gobierno Regional, a las autoridades comunales, a todos los que se estime pertinente, y, si es preciso, que se realicen nuevos estudios. Pero que se prorrogue el beneficio por cuatro años y no se extinga. Porque si hoy día aprobamos la indicación que el Ejecutivo renovó para corregir lo resuelto ayer por las Comisiones unidas, estaríamos terminando con él, y estoy cierto de que no se discutirá nunca más, pues la ley se sustenta por sí sola, y ningún Parlamentario podría revivir el asunto, si no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo.
De tal suerte que si se desea analizar mejor la materia, si se quiere buscar otros instrumentos u otras fórmulas -reitero que ya se estudiaron todas-, no podemos cerrarnos a esas posibilidades, porque pueden aparecer nuevas ideas y surgir instrumentos mucho mejores que los existentes hoy. Pero para eso disponemos de cuatro años, y no es necesario terminar con el beneficio.
Tal es el sentir de nuestra Región: no acabar con una bonificación a la mano de obra que ha generado efectos positivos.
Y, si bien es cierto que en Magallanes la cesantía es baja, ello obedece a otras razones. Es preciso señalar que este instrumento existe desde hace varios años y, por lo tanto, 26 mil 666 personas se encuentran de una u otra manera trabajando gracias a él. No estoy diciendo que todas ellas tengan ocupación exclusivamente por eso y que si la bonificación termina se extinguirían esos 26 mil puestos de trabajo, porque probablemente algunos subsistirían.
Pero, ¿qué ocurriría en nuestra Región en tal caso? Que los cesantes no podrían permanecer en la zona más allá de cierto tiempo -tendrían que ir a otra parte, como a Argentina, o volver a Chiloé, a Puerto Montt, a Calbuco, lugares de donde normalmente provienen-, porque les resultaría imposible vivir en las condiciones extremadamente difíciles que hay. Si ya lo son en el resto del país, con mayor razón en Magallanes, pues, por ejemplo, deben contar con calefacción todo el año. Simplemente, no pueden sobrevivir.
Por eso, señor Presidente , soy partidario de mantener lo acordado por las Comisiones unidas y de rechazar la indicación del Ejecutivo. Ello obligará a un tercer trámite, que tendría que llevarse a cabo mañana en la Cámara de Diputados, porque estas normas comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2003.
Otro hecho para tener presente: la iniciativa en estudio reviste gran importancia y, sin embargo, se está analizando a última hora con urgencia calificada de "discusión inmediata". Nosotros hemos solicitado al Gobierno -hay constancia en este Senado de los oficios que he enviado-, desde hace más de un año, la presentación de un proyecto sobre el particular con el objeto de que lo estudiemos con tiempo, con la información necesaria, para que las Comisiones puedan oír a los interesados. No ha sido posible para las Comisiones de Hacienda y de Economía citar a nadie, porque al haberse dado a la iniciativa la referida calificación hemos debido resolver con los meros antecedentes u oficios que constan en el informe respectivo. En definitiva, no se ha podido consultar a nadie.
Por lo tanto, soy partidario de mantener el beneficio por cuatro años y, en caso de ser necesario, de analizar la materia durante ese período para poder contar con un instrumento de mejor categoría, si fuere procedente.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción.
Señor Presidente , la bonificación a la contratación de mano de obra en zonas extremas está operando desde 1975 a través de sucesivas ampliaciones de la vigencia de la ley respectiva. En estos 27 años el gasto fiscal de dicha bonificación asciende a más de 1.000 millones de dólares. En 2001 llegó a 35 mil millones de pesos, es decir, a 50 millones de dólares, que a su vez equivalen al 10 por ciento de todo lo que el Estado gasta en promoción de sectores productivos. En el presente año será del orden de 40 mil millones de pesos, más de lo que se destina al Fondo de Empleo de Emergencia para todo Chile, que alcanza a 39 mil millones de pesos.
Con el proyecto en análisis, el Ejecutivo sugiere crear una nueva bonificación, en reemplazo de la que se extinguirá el 31 de diciembre del año en curso.
La iniciativa combina tres elementos, que a nuestro juicio son fundamentales.
Primero, no se extingue el beneficio (esto ocurriría si no se aprobara la normativa), sino que se extiende por los próximos 11 años, acabando con la incertidumbre que originaban las habituales prórrogas por uno o dos años. Por lo tanto, se establece un rayado de cancha permanente de largo plazo que permitirá a los inversionistas evaluar correctamente los nuevos proyectos de inversión; pero, al mismo tiempo, se consigna una gradual disminución del subsidio y obliga a diseñar otros más eficientes para el fomento productivo y de empleo en zonas extremas y aisladas, porque los dineros totales destinados a éstas se mantienen.
Segundo, se descentraliza la aplicación de los fondos, transformando la bonificación, desde una mera transferencia de recursos a los empresarios regionales, en la herramienta de fomento productivo descentralizada más importante de Chile. Para tal efecto, a partir del quinto año de operación -2007- la tasa de bonificación comenzará a disminuir gradualmente, quedando todos los recursos liberados en las regiones beneficiadas, para que éstas decidan, de acuerdo con sus propias necesidades y características, el mejor uso productivo de ellos.
Tercero, en la asignación de los fondos participará no sólo el sector público sino también el privado, asegurando mayor pertinencia y transparencia en el proceso. Para ello, se considera la constitución de un comité técnico asesor, presidido por el Intendente e integrado por otros personeros del área estatal y por tres empresarios destacados, que se nombrarán por los gremios empresariales más representativos de la Región.
Quiero subrayar que la propuesta del Ejecutivo responde en gran medida a las expectativas regionales. Así lo demuestran el hecho de que los CORE de Aisén y de Magallanes lo hayan aprobado por unanimidad, y las cartas de la Asociación de Industriales de Arica y de las Cámaras de Comercio de esa ciudad, de Coihaique y de Magallanes enviadas al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo el 25 de noviembre pasado.
Cabe señalar que el subsidio es permanente, pero de dudosa eficiencia. En primer término, no es contracíclico, sino procíclico. Esto significa que no aumenta cuando sube el desempleo, sino que, al revés, disminuye.
En segundo lugar, a diferencia de lo indicado por el Senador señor Fernández , no da estabilidad. Al contrario, según datos estadísticos, la cesantía en la Región de Tarapacá entre 1996 y 2001 se duplicó en términos porcentuales, lo cual implica que, desde el punto de vista del uso del instrumento, no tiene el impacto deseado. Lo mismo puede ocurrir si se observa lo pasado en Aisén y Magallanes , donde no hay vinculación entre el monto del subsidio y el efecto de éste sobre el desempleo.
En tercer término, no diferencia entre comunas con más o con menos desempleo y, en consecuencia, no permite focalizar. Tampoco hace distinción entre sectores económicos de mayor o menor intensidad de uso de mano de obra y, por consiguiente, no permite orientar el beneficio hacia aquellas industrias con más capacidad de absorción de cesantía. Igualmente, no diferencia por tamaño de empresa y, por tanto, las más grandes obtienen mayor subsidio.
En cuarto lugar, no ataca fallas de mercado. Por lo tanto, desde el punto de vista del Ejecutivo, esto significa que se trata de un instrumento de promoción altamente ineficiente, que las regiones extremas deben sustituir por mejores herramientas.
En las Comisiones unidas los señores Senadores plantearon algunas preocupaciones, las cuales compartimos. Por eso, antes del 2004 el Gobierno hará llegar al Parlamento una evaluación del conjunto de los instrumentos aplicados en Regiones, incluyendo los subsidios al empleo, con el objeto de identificar aquellos que han sido más eficientes, para racionalizar los que no han funcionado adecuadamente y para asegurar una distribución regional más apropiada de recursos de fomento, que son escasos.
Además, el Ejecutivo preparará una evaluación de los instrumentos de fomento en zonas extremas, para ser discutida en las Regiones y con las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados que designen las respectivas Corporaciones, a fin de introducir correcciones para hacerlos más eficientes, incrementar la integración entre distintos sistemas y asegurar una adecuada asignación de los recursos que se vayan liberando a partir del 2007.
Señor Presidente , al contrario de lo expresado por el señor Ministro , me parece que el sistema propuesto en el proyecto conjuga apropiadamente tres elementos centrales en cualquier política de mediano y largo plazo en esta materia: es transparente, da estabilidad en el empleo y funciona automáticamente.
En mi opinión, las políticas de ese tipo -y en particular la planteada en la indicación-, financiadas con recursos públicos, constituyen una línea de acción sumamente útil para Chile. Si bien puede haberse gastado una cantidad importante, lo cierto es que ello, junto con generar a su vez riqueza y estabilidad, ha permitido invertir. Y éste es el factor central en esta clase de políticas.
¿Por qué afirmo lo anterior de manera tan enfática? Porque el subsidio es diferente, por ejemplo, de los empleos de emergencia creados por algunas leyes que vemos repetirse todos los años. Este último sistema es bastante mas caro...
Es más barato por persona.
Como decía, es bastante más caro y tiene análogas características, pero exactamente al revés.
Uno, es oscuro. Nadie sabe -he tratado de averiguarlo- quiénes son las personas que en definitiva pueden hacer uso del sistema. Al final hemos podido conseguir, en la famosa página web, los datos del año pasado. Los del actual no están.
Dos, no genera estabilidad. De los empleos utilizados en el modelo que el Gobierno plantea hoy como referencial, muy pocos -menos de 40 por ciento- han sido estables.
Tres, no funciona en forma automática. Ello genera, incluso, la opción de ser utilizado para fines partidistas. Por ejemplo, en la Séptima Región, que represento, con motivo de las elecciones, entre septiembre y diciembre de 2001 se crearon 15 mil empleos de emergencia. ¡Quince mil! Y este año, 11 mil en septiembre, 6 mil en octubre, mil en noviembre y 800 en diciembre.
Como se puede apreciar, las cifras de desempleo en la Región del Maule fueron más altas este año que el anterior. ¡Eso no debe ocurrir!
Precisamente por esa visión, estimo que el país necesita un sistema automático que genere una forma de empleo como la concebida en esta iniciativa, y no mecanismos complicados en los cuales los consejos definen las opciones, las pretensiones -como propone el Gobierno en este caso-, que únicamente se prestan para el objetivo inverso: que la sensación que queda al final es que los recursos se dilapidan, se botan, porque no producen utilidad al país.
Éste es un tema súper profundo. Mi única aprensión respecto del proyecto es por qué el modelo a que se refiere no se utiliza también para otro tipo de problema, no solamente para el de las zonas extremas. Porque al comparar la cobertura del subsidio por contratación de mano de obra con la tasa de desocupación por Región, se advierte que, sostenidamente -y a este respecto quiero interpretar especialmente al Senador señor Larraín , quien iba a usar de la palabra en el mismo sentido, pero tuvo que asistir a la Comisión de Educación y me dejó el encargo de consignarlo-, la Séptima Región del Maule es, lejos, en los últimos años, la que registra más desempleo, sin que exista política especial o preferente sobre el particular.
Y observo con cierta envidia, en esa perspectiva, lo que se plantea a partir de las regiones extremas, porque me gustaría que un sistema así pudiese funcionar en la que yo represento. Sobre esa base, me parece que tal fórmula es bastante más adecuada, obviamente, que la que se pueda considerar en otra instancia.
Por tal razón, creo muy de fondo el tema de cómo se utilizan los recursos para generar desarrollo estable. No me cabe duda -y la experiencia lo demuestra- de que ello sí se ha logrado en el caso que nos ocupa, en circunstancias de que las cantidades gastadas por la vía de la emergencia en el empleo se relacionan con una situación profundamente inestable e injusta. Y, mucho más que criticar el mecanismo, ojalá se use como un modelo de desarrollo no sólo respecto de las zonas extremas.
En consecuencia, señor Presidente , apoyando lo propuesto, en la perspectiva de la Comisión, estimo que debe ser aprobado. Se debe dejar en claro, sí, que resulta deseable que el tipo de medidas en análisis se considere no solamente -lo reitero una vez más- para las zonas mencionadas, sino también para aquellas con más desempleo, que es algo cuantificable, que se puede revisar. Precisamente, las estadísticas demuestran que la Séptima, la Quinta y la Tercera Regiones -en ese orden exacto- ocupan los tres primeros lugares. De ese modo se podrá definir una política de desarrollo más profunda y constante para evitar las desigualdades que -según se siente- se están produciendo entre las regiones.
La Metropolitana también.
No es el caso, señor Presidente . Debo corregir a Su Señoría: no es lo que refleja la estadística.
Señor Presidente , opino que una de las tareas más importantes del Congreso es la de velar por el buen uso de los recursos públicos. Ésa es, sin lugar a dudas, una de nuestras principales funciones. Y pienso que debemos interpretar, también, una gran preocupación existente en el país en ese ámbito. La gente, con razón, es particularmente exigente acerca de la eficiencia con que se emplean.
Se ha suscitado durante las últimas semanas una gran discusión, en la que varios Parlamentarios de Oposición han estado muy activos, respecto del uso de 600 millones de pesos por el Ministerio de Salud para una campaña publicitaria. Y juzgo que Sus Señorías tienen razón, desde su punto de vista, al ser muy exigentes.
Quiero llamar la atención, eso sí, en cuanto a que el proyecto de ley en estudio involucra recursos equivalentes a 60 veces esa cantidad. Constituye, en efecto, una bonificación que importa al Fisco un costo anual de 35 mil 800 millones de pesos, equivalentes a más o menos 57 millones de dólares. Ello explica que, sumadas las cifras correspondientes a los 27 años que ha funcionado ese instrumento, el total del costo fiscal haya ascendido a más de mil millones de dólares.
Comparto lo dicho en el sentido de que es mucha plata para tan poco tiempo de discusión. En verdad, el proyecto requería más tiempo de debate. Y juzgo que no es conveniente tratar con urgencia de "discusión inmediata" una iniciativa que involucra tal cantidad de recursos. Pero son condiciones que se nos imponen y creo que debiéramos por lo menos intentar, en estas circunstancias adversas, que nuestro trabajo resulte de la mejor manera.
A mi juicio, el incentivo debe ser objeto de una revisión muy profunda. En primer lugar ¿ello ya se ha dicho-, el programa es extraordinariamente caro. Cincuenta y siete millones de dólares es mucho dinero. Y se hace referencia a una bonificación que significa, por trabajador, del orden de 400 dólares al año. Es un gran monto de recursos para una cantidad bastante pequeña de trabajadores: 144 mil. Lo anterior se coteja muy negativamente con todo lo que se gasta en programas de fomento productivo en el resto del país. Francamente, es algo que no admite comparación. Y me parece que hay una distribución bastante inequitativa, desde el punto de vista regional.
Segunda cuestión: es claramente un instrumento desfocalizado. Si el gasto que representa se confronta con los indicadores de desempleo por región, en realidad, se llega a situaciones bastante absurdas. La Undécima Región, por ejemplo, exhibe -afortunadamente para ella- una tasa bastante baja: 5,6 por ciento, promedio, para los últimos doce meses. Ello se compara muy negativamente con la registrada en la Séptima Región, que es más alta en el país, 12,9 por ciento; o sea, más del doble. Y también con la de la Quinta Región, 12,6 por ciento, asimismo superior al doble, sin que reciba algo por tal concepto. Eso no resulta razonable, ni es una manera adecuada de focalizar productivamente los recursos públicos.
Se ha dicho también -y lo retomo, porque me parece muy importante- que el instrumento no se halla bien concebido, desde el punto de vista económico: cuesta más caro, se usa más cuando hay menos necesidad. Mientras mayores sean los niveles de empleo, más oneroso resulta para el Fisco, porque es un sistema claramente procíclico. Lo razonable sería desembolsar más recursos cuando se requiere con mayor urgencia sostener la creación de empleo. Pues bien, dicho mecanismo opera exactamente a la inversa.
El Senador señor Orpis decía que el sistema ha sido muy exitoso, porque involucra a muchos trabajadores y se gasta mucho dinero. Ésa no es una medida de éxito. Para nada. Lo único que eso significa -el que se gaste mucho dinero- es que resulta muy caro. Exactamente eso. Ni más ni menos. De la cifra involucrada no se puede inferir, sino, repito, que le cuesta al Fisco una cantidad muy importante de recursos.
Si bien no ha sido dable ahora, por desgracia, creo que sería muy importante -me parece que todos estaremos de acuerdo- un buen análisis para determinar qué porcentaje de esos empleos depende del instrumento de que se trata. Francamente, abrigo muchas dudas al respecto, pues, cuando se estudian las cifras -es algo que también ha sido señalado ya en la discusión-, se encuentra que industrias muy importantes, como la salmonera, son muy intensivas en usarlo. Y tengo la sensación de que ése es un sector con perfecta posibilidad de pararse sobre sus pies, sin utilizar tal tipo de mecanismo.
Otro tanto ocurre en el norte del país. Solamente en Iquique hay subsidios correspondientes a 40 mil trabajadores. Si se considera, básicamente, la industria pesquera...
Cabe recordar la situación de Alto Hospicio.
Quisiera que viésemos los detalles, señor Presidente . Tengo la sensación de que debe mediar un componente importante relativo a esa industria, y el convencimiento de que ella también puede sostenerse sobre sus pies, sin necesidad del subsidio.
Desearía corregir algo que aquí se ha dicho. El beneficio no se paga directamente a los trabajadores: se expresa bajo la forma de un cheque directo a las empresas. Así funciona. Es un cheque directo a la empresa o al empresario. No se realiza un pago individual a los trabajadores.
Pero llega directo.
Insisto en que es un cheque a las empresas, que ya llevan 27 años cobrándolo.
Entiendo a los Honorables colegas que defienden los instrumentos que se han puesto en práctica en las regiones que representan. Pero en verdad llama la atención cierta incoherencia, en particular de los señores Senadores de la Unión Demócrata Independiente, que son muy celosos para exigir eficiencia en el uso de los recursos públicos, en determinadas ocasiones; mas, cuando se trata de un instrumento que significa poner un cheque a disposición de las empresas -éste es ciento por ciento de cargo público-, la verdad es que son menos exigentes. Y, desde este punto de vista, me parece que no hay mucha coherencia entre una y otra actuación.
Otro aspecto que conviene destacar es que el instrumento es completamente indiscriminado. Está muy de moda -y con razón- que en nuestro país se realicen todos los días alegatos en favor de la pequeña y la mediana empresas. En efecto, ha sido un gran tema, un lugar común en los últimos años, la discusión de mecanismos para ellas.
Este instrumento no discrimina, ya que una gran empresa también puede bonificar a todos sus trabajadores. No sé cuál será exactamente la distribución entre la pequeña, la mediana y la gran empresa. Pero lo concreto es que, en su concepción, se trata de un sistema que no discrimina, y puede transformarse -creo que así ha ocurrido- en una suerte de abono prácticamente vitalicio al que podrá acceder un conjunto de empresas.
El señor Ministro destacó en esta Sala que el instrumento lleva veintisiete años de aplicación. Sin embargo, los subsidios, en teoría económica, siempre deben ser transitorios, pues se crean para producir ciertos efectos en determinado período, al cabo del cual los proyectos deben valerse por sí mismos. Y, a mi juicio, el hecho de utilizarlo durante veintisiete años, con el altísimo costo fiscal que se ha indicado acá, demuestra que efectivamente estamos en presencia de un mecanismo que no tiene la eficiencia requerida.
En mi opinión -por eso me opuse a la indicación que se presentó en las Comisiones unidas-, resulta fundamental que formulemos un planteamiento para que esta materia sea objeto de modificación, lo cual es una señal importante.
Considero que ése es el gran problema que presenta el informe elaborado por aquéllas, pues lo único que hace es decir: "Prorróguese por otros cuatro años este instrumento", que es claramente deficiente. Sin embargo, no entrega ninguna señal de cambio. En el fondo, simplemente está repitiendo lo que se ha venido haciendo durante los últimos veintisiete años: prorrogar sin más la bonificación.
Por tal motivo, me opuse a esa indicación en la Comisión, y también lo haré en la Sala.
A mi juicio, lo más razonable habría sido disponer de más tiempo para discutir con mayor profundidad el tema y que se fijara un plazo de vigencia más corto -en vez de cuatro, sólo dos años-, con el objeto de no producir un efecto negativo en las regiones beneficiadas. Luego de esto, diseñar un instrumento distinto. En todo caso, me parece mucho más conveniente reponer el proyecto tal cual fue despachado por la Cámara de Diputados, que renueva el beneficio por los próximos cuatro años, y formular una indicación clara en el sentido de que éste comenzará a desmontarse a partir del quinto año. Pero ello debe ir acompañado de un compromiso, cual es que los recursos de que se trata podrán invertirse en otros programas.
Señor Presidente , deseo terminar mi intervención señalando que durante el presente año tuvimos en la Comisión de Hacienda una muy buena discusión sobre las zonas extremas, incluso firmamos un protocolo con el Ministerio del ramo para los efectos de que el despacho del proyecto de ley que introdujo modificaciones a los regímenes de zonas francas fuese seguido de una discusión y de iniciativas de mayor envergadura, con el objeto de beneficiar a las zonas extremas del país.
Para mí, eso muy importante. Sin embargo, creo que en la revisión de este instrumento están las posibilidades y los recursos para desarrollar una política mucho más eficiente, razonable y de apoyo a las actividades productivas vinculadas con las zonas extremas.
No tengo inconveniente, Su Señoría, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , deseo aclarar que no todas las empresas tienen derecho a cobrar el beneficio. Desde luego, las pesqueras reductivas de la Primera Región no pueden hacerlo, porque se encuentran exceptuadas expresamente, como tampoco las relacionadas con la gran minería del cobre, la mediana minería, las bancarias, las sociedades financieras, las empresas de seguros, las dedicadas a la pesca reductiva, las administradoras de fondos, las casas de cambio, etcétera.
Por lo tanto, no cualquiera tiene derecho a pedir el beneficio, que está destinado precisamente a medianas o pequeñas empresas.
Señor Presidente , pensé que no participaría en este debate porque debía asistir a una sesión de la Comisión de Educación, que lamentablemente fracasó. Por eso, pedí al Senador señor Coloma que lo hiciera por mí en la Sala, pues se trata de una materia que hemos estudiado en forma conjunta. Y estoy seguro de que lo hizo bien, razón por la cual no me referiré a lo manifestado por Su Señoría.
Primero haré una reflexión respecto del tema de fondo y después abordaré el instrumento a que alude el proyecto, haciéndome cargo de algunas observaciones surgidas durante la discusión.
La pregunta de fondo es la siguiente. ¿Se considera razonable que en un país como Chile se apliquen políticas públicas destinadas a favorecer a determinadas Regiones o a preocuparse de su desarrollo, en distintos niveles, cuando por motivos objetivos pareciera conveniente efectuar una intervención de ese tipo? ¿O acaso sólo debemos contar con instrumentos parejos aplicables a todo Chile como una forma de desarrollar el territorio en conjunto por una sola vía?
No me cabe la menor duda de que estamos frente a una disyuntiva que podría ser discutible. A mi juicio, cuando existen Regiones con ciertas características o se presentan en ellas determinadas situaciones, es comprensible que el país genere en forma temporal mecanismos para lograr su recuperación o procurarles un desarrollo especial. Obviamente, en el caso de las Regiones extremas hay consideraciones geopolíticas que justifican esas medidas, y se da en forma bastante frecuente en distintas partes del mundo, por lo que ellas significan.
En consecuencia, por muchos motivos de Estado, es conveniente desarrollar esas políticas, ya que de otro modo podría incluso verse amenazada gravemente la soberanía del país. No olvidemos que nuestros puntos extremos son vitales y delicados, por los motivos que todos conocemos.
Por lo tanto, me parece que eso es atendible.
Sin embargo, no son las únicas razones por las cuales se justifica una intervención o la aplicación de una política especial. Ya lo decía el Honorable señor Coloma , como también otros señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra: existen Regiones -es el caso de la que represento- cuyos indicadores hacen pensar en la conveniencia de aplicar políticas especiales de desarrollo. Pero no apreciamos que haya voluntad por parte del Ejecutivo para analizar otras situaciones que no sean las relacionadas con las zonas extremas.
Comparto la idea contenida en el proyecto y voy a darle mi voto favorable. Pero no puedo entender por qué se cierra el debate cuando se trata de revisar el caso de muchas otras Regiones.
En diversas oportunidades hemos impulsado iniciativas a modo de solicitud, de planteamiento, porque no podemos presentarlas directamente. En efecto, muchas veces hemos pedido al Ejecutivo que se ocupe de esa realidad, por cuanto nuestro país se está desarrollando en forma inarmónica, ya que hay una gran Región que no sólo crece en población, sino también en el aspecto económico. Y lo hace en forma desmesurada con relación a las demás.
En la década de los 90 el producto bruto de Santiago, que representaba poco más de 40 por ciento en el país, aumentó en forma muy significativa, y hoy sobrepasa el 50 por ciento. Si descartáramos las inversiones hechas en la minería durante ese período, el crecimiento de la ciudad sería todavía muchísimo más significativo, mientras que el resto de las Regiones ha perdido nivel, calidad de vida y capacidad económica, porque su producto bruto se ha incrementado, en términos relativos, bastante menos que el de la Región Metropolitana.
Si continuamos así tendremos una linda Capital, muy moderna, llena de autopistas, con metro y otras innovaciones y modernizaciones, en tanto que el resto del país se verá como una nación subdesarrollada o en vías de desarrollo. A mi juicio, eso generará conflictos extremadamente delicados.
Por consiguiente, es necesario promover una política de descentralización y focalizarla a través de mecanismos objetivos, según las circunstancias de las Regiones y su situación.
Ese tipo de discriminación surge al acoger un proyecto como éste, porque tendrá efectos para algunos y no para otros.
Por eso, pido que se estudien estas materias. Por ejemplo, una "Ley Maule" ; o focalizar -como hemos planteado en tantas oportunidades-, mediante instrumentos objetivos, temporales, la situación de retraso, de subdesarrollo, de falta de capacidad tecnológica o de otro orden, que experimentan algunas Regiones del país.
Es hora de pensar en la descentralización de manera distinta, más dinámica, y no seguir considerando desde el centro del territorio que el resto debe someterse a sus políticas del mismo modo, porque no me parece justo.
Después de que termine, porque deseo plantear un segundo punto referido al mecanismo en cuestión.
¿Cuál es el instrumento que se desea utilizar?
En este proyecto se usa el mecanismo de la contratación de mano de obra. Ello me parece bueno, pero quiero señalarle al Senador señor Ominami que no estoy particularmente entusiasmado al respecto, porque en realidad es muy difícil pronunciarse acerca de éste cuando no se ha evaluado su aplicación en años anteriores, lo cual no es responsabilidad nuestra.
Esta iniciativa debió haberse presentado en forma oportuna y con una evaluación, porque de esa forma puede emitirse un juicio. Ello no ocurrió. No me atrevo a asegurar si se ha gastado mucho o poco y cuál ha sido la eficacia del mecanismo. Con esto hago referencia a algunas consideraciones expresadas por los Senadores señores García y Fernández acerca de la premura con que se discuten proyectos relevantes, muy a última hora, lo que no ofrece muchas opciones. ¿Cómo vamos a rechazar este subsidio o a suspender su aplicación a mitad del camino?
Necesitamos evaluaciones y luego podrá constatarse si el mecanismo es eficaz o no lo es.
Estimo que hay aquí un problema de apresuramiento en la forma de legislar que complota contra el objetivo mismo del proyecto. Además, de esta manera resulta muy difícil pensar y discutir con visión de país cómo deberíamos enfrentar el desarrollo y qué otros instrumentos existen. Hemos propuesto mecanismos tributarios, que, según la experiencia comparada de muchos países, parecieran ser los más indicados. Por ejemplo, que en su declaración tributaria quienes reinviertan utilidades no paguen el impuesto de primera categoría.
Si esto se aplicara en las Regiones, generaría obviamente una capacidad de ahorro distinta de la que tendrían en Santiago, lo cual significaría un incentivo. Además, ¿por qué no dar a los municipios la atribución -si se estima conveniente- de rebajar a cero las contribuciones, derechos, permisos o patentes que cobran, cuando se trate de una empresa nueva o de una ya existente que realice una inversión generadora de empleo permanente? ¿Por qué no podemos otorgar esa facultad a las municipalidades y que ellas decidan cómo utilizarla? Hoy día los municipios están presionados por necesidades sociales, ya que no hay empleo en sus comunas. Pero si lo hubiera, no sufrirían las mismas presiones y podrían gastar su dinero de manera más racional que en ayuda social, porque el problema de fondo es la falta de trabajo.
Por estas razones, señor Presidente , si bien aprobaremos el proyecto en general y luego discutiremos la indicación, echo de menos que se enfrente el problema en forma más completa. Es decir, asumamos que el desarrollo debe corresponder a las realidades; pero con mecanismos objetivos que sean evaluados, y, de acuerdo con tales realidades, adoptar los más convenientes y adecuados para dicha finalidad.
Esto lo hemos pedido desde hace no sé cuántos años. Recuerdo haber hablado al respecto por primera vez con los ex Ministros Carlos Figueroa , de Economía, y Álvaro García . Hemos planteado, una y otra vez, ideas similares, recogiendo experiencias internacionales. Lamentablemente, nunca obtuvimos una respuesta, salvo frases de buena crianza. No hay una estrategia de desarrollo regional en lo económico. La regionalización se impulsa, por razones políticas, para elegir a los Intendentes, los CORE, o por razones de carácter administrativo, a fin de otorgarles mayores o menores atribuciones a los organismos; pero no se entra al problema de fondo: el desarrollo económico. Y si no hay descentralización económica, no habrá descentralización administrativa ni política.
Se debe impulsar el crecimiento de las regiones para que se pueda vivir en ellas. No dividamos al país en dos sectores: uno desarrollado, y otro que mira con bastante inquietud cómo crece el otro, probablemente a costa suya. Y mientras más se produce este fenómeno, más crece la inmigración y la focalización de todos los intereses hacia Santiago , con el consiguiente agravamiento de la situación, generándose un vínculo vicioso que impedirá el desarrollo.
Me había solicitado una interrupción el Senador señor Martínez .
Deseo señalar al señor Ministro de Economía que aquí el principal problema es la premura para tratar éste y otros proyectos. Pareciera que todas aquellas leyes cuya vigencia termina en el año no están registradas en una agenda.
Al respecto, sugiero al señor Ministro que el Ejecutivo en general, y su Cartera en particular, analicen qué leyes de impacto económico social, como la que se está discutiendo, dejarán de regir este año y colocarlas prioritariamente en la agenda, para prorrogarles su vigencia con anticipación a la fecha de vencimiento. Porque en el debate, por la información que va surgiendo, a lo mejor se corrige o perfecciona la ley. Pero no es posible que normativas de este tipo, que involucran aspectos sociales, económicos y de desarrollo; es decir, el impacto geopolítico y unitario, terminan por discutirse rápidamente, y que las importantes ideas que pueden lanzarse no sean retenidas o no puedan ponerse en ejecución.
Propongo elaborar un listado anual, sobre todo ahora que estamos prontos a iniciar un nuevo año. Hay cinco o seis leyes que dejan de tener vigencia, importantes en el aspecto socioeconómico, y es mejor discutir anticipadamente la prórroga de su vigencia, en lugar de hacerlo en forma apresurada, como ocurre ahora.
Tiene la palabra la señora María Eugenia Wagner, Ministra de Hacienda subrogante.
La señora WAGNER (Ministra de Hacienda subrogante).-
Primero, el Gobierno cree que incentivar a las Regiones extremas es una buena política y continuará haciéndolo.
En segundo lugar, pensamos que este instrumento puede ser bueno para las empresas que hoy día reciben el beneficio, pero no necesariamente para la Región.
¿Por qué? Aquél consiste en entregar un subsidio directo a las empresas, cuyo monto se calcula en función de su número de trabajadores. No genera ningún incentivo adicional para inversiones ni contrataciones extras en ella; tampoco un crecimiento adicional. Simplemente, se trata de entregarles un cheque por lo que ya están haciendo.
¿Se imaginan, Sus Señorías, cuánto podrían crecer las zonas extremas, si estos 57 millones de dólares se destinaran a inversiones y aumentos de empleos adicionales en ellas?
Eso sí que generaría crecimiento y disminución del desempleo en las Regiones. Es lo que propone el Gobierno en el proyecto y, además, en un período razonable: once años, en forma muy gradual, para que las empresas vayan adaptándose. De tal forma, las mismas que hoy día reciben ese cheque, simplemente por seguir realizando lo que estaban haciendo, en el futuro podrán obtener uno igual, o tal vez mejor, por contratar trabajadores o realizar inversiones adicionales que realmente generen empleo.
También, estamos dando el tiempo suficiente para evaluar juntos qué instrumentos son más apropiados para cumplir el objetivo de que las zonas extremas no sobrevivan, como hasta hoy, sino que crezcan mucho.
Señor Presidente , da la impresión de que o se vive en dos mundos distintos o no se entiende lo que es el país.
Chile tiene particularidades propias, y pienso que todos sabemos cuáles son. Una de ellas es su singular distribución geográfica. Incluso, el nacimiento mismo del país no se dio en forma similar, sino que algunas regiones o localidades fueron creciendo poco a poco, proceso que fue acentuándose, a medida que nuestra nación se iba desarrollando.
Por consiguiente, situar esta discusión desde un ángulo meramente económico, no sólo es errado, sino que, además, contrario al sentido común más elemental. Si de verdad queremos tener un desarrollo armónico del país, debemos reconocer nuestras circunstancias y características.
Por eso, creo que las razones meramente económicas que se dan acá para analizar el incentivo de la bonificación no son la respuesta que el país y la gente esperan. Muy por el contrario. Puede haber motivos; no me cabe ninguna duda. Incluso, he escuchado el argumento de que las regiones extremas podrían tener una mejor participación en la globalización. Está bien. Desde el punto de vista económico, quizá así sea. Pero la realidad es muy distinta.
Entonces, por mi experiencia en la Undécima Región, estoy en condiciones de afirmar que la bonificación es un buen incentivo, un incentivo necesario, tal vez el único que ha ido en la dirección correcta en cuanto a otorgar más trabajo, mayor estabilidad y mejores condiciones en zonas que son bastante diferentes de las del Chile tradicional. Ésa es la realidad de la Región de Aisén, fundamentalmente.
Además, aquí se ha sostenido que en las regiones extremas existe menor cesantía. Ése es un planteamiento equivocado. Como muy bien lo afirmó el Senador señor Fernández , eso no es así, porque la baja desocupación está disfrazada por una migración permanente hacia Argentina. Hoy, más de 400 mil compatriotas habitan la Patagonia del vecino país y ayudan a desarrollarla. Y no digamos que se trata de un hecho ocurrido hace dos siglos o a mediados del siglo XIX. No. Es un proceso que ha seguido en forma paulatina. Incluso ahora, con todo el desastre económico del vecino país, no hemos visto el mismo fenómeno de vuelta hacia Chile. Con todas las complicaciones de Argentina, todavía nuestra emigración es mayor, con la pérdida de población que nos ocasiona.
Y hay otro antecedente que no debemos perder de vista. La Undécima Región, con la séptima parte del territorio chileno, no posee más de 90 mil habitantes; es decir, ahí existe menos de una persona por kilómetro cuadrado. Es una zona que entra en escena, en nuestra estructura jurídica como Estado, sólo en 1920 ó 1930. Por consiguiente, no considerar eso y reducir el asunto a meros guarismos o a simples relaciones económicas significa no entender lo que es nuestro país. De manera que cualesquiera soluciones que no tomen en cuenta dicha realidad serán parciales y, en mi opinión, nunca permitirán un desarrollo integral y armónico de Chile.
Por eso, soy partidario del planteamiento de las Comisiones unidas: aprobar la ley en proyecto por cuatro años y después efectuar una revisión. Me parece indispensable que el Senado realice un debate de fondo, en el que se consideren todos los elementos indicados, para ver cómo desarrollar las Regiones; cómo a partir de nuestra diversidad, de nuestra realidad, lograr que el Estado, que debe actuar cuando se requiera, haga lo necesario para crear las condiciones del caso.
Y, al respecto, echo de menos todo el plan de desarrollo que se venía ejecutando, fundamentalmente durante el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle . Ahí se ideó un plan austral que no ha tenido continuidad. Por el contrario. Se dio un gran paso en materia de infraestructura, pero, aunque se siguen haciendo cosas en ese ámbito, no se actúa con la misma intensidad. En su momento se tomaron diversas decisiones, y me gustaría saber qué ha ocurrido con ellas.
También se habló de que, en otra fase, se iría en ayuda de la Décima y Undécima Regiones; pero eso sigue pendiente. Por ejemplo, continúa en espera algo que hemos venido planteando todos los Parlamentarios de la Región de Aisén desde hace más de diez años, cual es la extensión de la zona franca. La Duodécima goza de ella y no vemos motivo para que no se dé la misma franquicia a la nuestra, donde existen las mismas o mejores razones.
Igualmente, se habló de un subsidio al gas; incluso, se dijo que este producto sería traído desde Argentina. Nada de eso se ha cristalizado. Lo único concreto es el beneficio que otorga la iniciativa en debate. Lo único que hoy aparece como comprensión del Estado respecto de una región extrema como la Undécima es la bonificación a la contratación de mano de obra. Pero creemos que ese incentivo debe ser parte de un plan mayor.
Por eso, señor Presidente , soy decidido partidario de aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo despacharon las Comisiones unidas. Sin embargo, reclamo del Senado -que puede ser la tribuna adecuada- una discusión seria acerca de un plan de desarrollo para las regiones extremas. Podrá revisarse el beneficio de la bonificación; podrá evaluarse si en determinada Región eso es más o menos conveniente. No obstante, es urgente efectuar entre nosotros un debate de fondo que permita adoptar medidas efectivas para el crecimiento de una Región que puede constituirse en gran palanca de desarrollo para el país. Pero si no se avanza en infraestructura, si no se avanza en obras fundamentales, si no se crean condiciones para que los privados puedan desenvolverse, eso no va a ser posible y seguiremos dándonos vueltas en situaciones como las planteadas hoy en esta Sala.
Por lo expuesto, votaré a favor de la proposición de las Comisiones unidas. Empero, planteo además al Ejecutivo la necesidad de realizar una discusión de fondo sobre la forma en que debe enfocarse el desarrollo de las regiones extremas, y en particular el de la Undécima, en términos de posibilitar, al menos en el Senado, un ambiente propicio para un debate nacional, donde el análisis no se limite a lo meramente economicista o comercial, sino que incluya una visión integral del país, con las dificultades particulares de una Región como la Undécima y otras donde no ha sido factible crear condiciones favorables. Tal vez de ese modo podamos lograr de verdad en Chile un desarrollo más equilibrado, más justo y más equitativo.
En consecuencia, señor Presidente , por su intermedio solicito al señor Ministro de Economía que evalúe la posibilidad de discutir este tema el próximo año en el Senado, ojalá en una sesión especial, para revisar el gran problema que aqueja a las regiones extremas.
Comunico a Sus Señorías que después de mis siguientes palabras seré reemplazado en la testera por el señor Vicepresidente de la Corporación , pues debo asistir a la ceremonia de graduación en la Escuela Militar.
Quiero solicitar el asentimiento de la Sala a fin de que tanto quien habla como otros Senadores que así lo han planteado quedemos habilitados para dejar nuestros votos en Secretaría y de ese modo podamos cumplir otros compromisos impostergables.
En segundo término, la Mesa desea proponer el siguiente procedimiento: primero votar en general el proyecto en debate y luego pronunciarse sobre la indicación del Ejecutivo , en el entendimiento de que si ella es rechazada quedará aprobado el informe de la Comisiones de Hacienda y de Economía, unidas.
Todavía quedan cuatro Senadores inscritos, Su Señoría.
Es para plantear un problema de procedimiento.
Puede usar de la palabra, señor Senador .
Propongo que la fórmula sea al revés. Es decir, votar primero el informe de las Comisiones unidas, de manera que, si es aprobado, se entienda rechazada la indicación del Ejecutivo.
No tengo inconveniente. En el fondo, es lo mismo.
Ahora, para completar el planteamiento, habría que decir que, si se rechaza el informe de las Comisiones unidas, se entiende aprobada la indicación del Ejecutivo.
Si no hubiere objeción, se seguiría el procedimiento señalado.
El siguiente Senador inscrito es el Honorable señor Foxley, quien tiene la palabra.
Señor Presidente , trataré de ser bastante breve para decir que apoyaremos la nueva proposición del Gobierno y que, incluso, habríamos preferido que su fórmula hubiera consistido en un período de permanencia del actual esquema de sólo dos años, para inmediatamente después introducir las alternativas que el Ejecutivo sugiere en su indicación. La razón para una etapa de transición más corta entre un sistema y otro radica en que nos encontramos en presencia de uno de los problemas que el país arrastra desde hace mucho tiempo sin lograr una solución adecuada y que, por lo tanto, posterga una y otra vez de manera indefinida.
Desde 1990 en adelante, por lo menos yo recuerdo que, cada dos años, en los últimos meses aparece una presión política muy explicable, razonable, de los Parlamentarios de las Regiones involucradas para simplemente mantener el statu quo; es decir, para mantener sin modificación alguna el subsidio de mano de obra.
Se ha argumentado largamente en esta sesión que éste es un subsidio mal diseñado, que no produce los efectos deseados.
Comparto todas las críticas formuladas aquí al respecto. Y por eso me pareció que un período de dos años pondría un pie forzado al Ejecutivo -entre otros- para que reuniera a un grupo de gente (de Gobierno y de Oposición) a fin de que, desde el punto de vista técnico, elaborara alguna alternativa...
Señor Presidente , me encantaría poder hacer esta breve intervención sin que simultáneamente mis Honorables colegas estuvieran desarrollando una conversación aparte.
Ruego a Sus Señorías respetar el derecho del Senador señor Foxley a hacer uso de la palabra.
No tengo ninguna pretensión de profundidad en mis palabras, señor Presidente . Simplemente, no logro concentrarme.
Por lo menos mi colega representante de la Región Metropolitana sigue con fruición cada una de mis expresiones.
Estamos escuchando con mucho interés a Su Señoría.
Señor Presidente , pienso que en el período de dos años el Ejecutivo también debería realizar la tarea que no hemos hecho, como Gobierno, en todo este tiempo. Tenemos economistas de muy buena calidad que podrían perfectamente elaborar alternativas técnicas a un esquema que, como sabemos, no funciona.
En consecuencia, apoyo la idea del Ejecutivo y no la que se aprobó en las Comisiones de Hacienda y de Economía, unidas.
Pido oficialmente al Gobierno, en la persona del señor Ministro de Economía -aquí presente-, que oficie a Tesorería para que nos entregue una lista de las empresas que se han beneficiado con el subsidio en comento a lo largo de -digamos- los últimos diez años, porque sospechamos que él se ha convertido -como alguien señaló acá- en un pago automático a una lista de empresas, inscritas en una especie de registro, que reciben el cheque del Estado -y lo digo especialmente a los colegas de Oposición, a quienes no les gusta la interferencia estatal en los asuntos de las empresas privadas- y, manteniendo la misma fuerza de trabajo del año anterior, lo pasan en buena medida, directamente en el balance, a sus utilidades.
Llama la atención que, por ejemplo, en un lugar como Chiloé tengamos casi 39 mil subsidios. ¿Y cuáles son las industrias y las empresas que se están beneficiando allí con ese incentivo? Me dicen las autoridades de Gobierno que la presunción es que buena parte de él va al sector salmonero. Se trata de una industria que exporta más de 2 mil millones de dólares; que es competitiva a nivel internacional; que ha desplazado a Noruega como primer productor mundial; que obtiene grandes utilidades; que reinvierte. ¿Y es ése el uso socialmente más adecuado y más rentable de aquellos recursos? Creo que no.
Estimo que la alternativa planteada por el Ejecutivo , con la transición de doce años, ofrece la ventaja de que, más allá de la retórica de que la Región Metropolitana sigue creciendo y de que las demás Regiones no pueden provocar dinamismo propio para frenar el proceso de centralización, está diciendo a éstas que podrán definir autónomamente en qué gastar 300 millones de dólares (para fomento productivo, para generar capacidad emprendedora y empresarial, para nuevas iniciativas y nuevas empresas en cada una de las Regiones) y que a todas en conjunto -por cierto con el Ministerio de Economía- les será factible determinar los mejores instrumentos y los caminos más adecuados para alcanzar un impacto verdadero -y no artificial- en la creación de empleo.
Opino que el futuro de la descentralización en el país va a depender de la capacidad que tengan las Regiones para no seguir, con un criterio rutinario y burocrático, recibiendo recursos que se integran al Fondo de Desarrollo Regional y que se pelean arduamente entre los miembros del CORE. Cada miembro del CORE responde a menudo a los intereses particulares de determinado alcalde o de un grupo de concejales; se parcela el animal en pedacitos muy chicos, y no se hace ninguna diferencia significativa para lo que yo llamaría "desarrollo endógeno de las Regiones". Éste toma a los talentos regionales (a la gente más creativa de los sectores público y privado y de las universidades; a los intelectuales, y, también, a las personas de fuera del país que quieran ayudar a reinventar la Región pertinente), los junta, los hace elaborar una visión estratégica y después se plantea cuáles son los instrumentos adecuados para llevarla adelante.
Mencionaba aquí un Senador que, en el caso de la Primera Región , los integrantes de la Comisión de Hacienda estuvimos de acuerdo en establecer una especie de grupo de trabajo que intentara hacer ese mismo ejercicio pensando fundamentalmente en la Zona Franca y en la posibilidad de concentrar allí el desarrollo de industrias de alta tecnología. Supongamos que el estudio respectivo fuera adecuado y estimulante. El paso siguiente sería complementarlo con recursos públicos que, concentrados en el área que hemos señalado, pudieran producir resultados en un período razonablemente breve.
Ése es un esfuerzo de desarrollo creativo, empresarial, endógeno, con visión de siglo XXI, para las Regiones. Mientras ello no ocurra, estaremos destinando plata a éstas y el animal va a seguir siendo compartido en pequeños trozos por funcionarios de tono menor, por concejales de algunos municipios, sin marcar ni cambiar el tono vital del desarrollo regional.
Por eso, Senador señor Muñoz Barra , estimo que los referidos 300 millones de dólares convendrían a las zonas extremas mucho más que el esquema que ahora se está proponiendo, consistente en mantener un subsidio que nada aporta en materia de empleo y de nuevas ideas para desarrollo y creación de empresas en las Regiones, y que simplemente alimenta -digámoslo claramente- a una clientela de empresas que por 25 años han estado recibiendo la misma plata para mantener cierto nivel de utilidades que con seguridad les significa a ellas bastante prosperidad, pero que no cambia en modo alguno el sentido cualitativo de desarrollo endógeno regional, que es aquello a lo que debemos aspirar si realmente creemos en la descentralización, no como retórica, sino como meta extremadamente exigente y desafiante para el país a futuro.
Tiene la palabra el Senados señor Horvath.
Señor Presidente, quiero aclarar a la Sala algunos conceptos errados.
Por ejemplo, pensar que la bonificación en comento significa un cheque que las empresas contabilizan y punto, es un error.
De partida, hay que revisar el número de empresas que están detrás de este proyecto: 13 mil 592. No es una cifra menor. Y aquí dice que están distribuidas en las diversas Regiones. Esto significa generar sobre 144 mil empleos.
Entonces, habría que hacerse la siguiente pregunta: si este instrumento deja de existir, ¿cuánto va a variar la cantidad de trabajadores ocupados?
Por otro lado, hoy día -y me extraña que algunos economistas lo digan con tanta facilidad- en Chile impera el modelo concentrador: mayor economía en mano de obra, servicios, infraestructura, terrenos. Incluso, la facilidad para cambiar el uso de los suelos alrededor de Santiago es abismante. En cambio, en las Regiones hay comunicaciones más onerosas, infraestructura deficitaria; servicios -como agua y luz- carísimos, y aun así se sigue concentrando. Y hacia Santiago , entonces, con mayor razón.
Se trata de una legislación probada en cuanto a eficacia y -esto es muy importante- transparencia. Porque hay una serie de otros instrumentos en que uno nunca sabe dónde van a parar las platas. Aquí se sabe lo que directamente se hace para que las empresas tengan más personal trabajando. Una de ellas toma la decisión: "Me mecanizo, me instalo, porque tengo la posibilidad de contratar más cantidad de gente". Y ésta es una cuestión no menor.
Ahora, desde otro punto de vista, queda la sensación -y lo veo en los planteamientos de otros señores Senadores- de que no se percibe la realidad que se vive en las Regiones extremas. Hoy en día, por ejemplo, la Administración Pública tiene una asignación de zona para absorber los mayores costos derivados de vivir en una Región extrema. Por ejemplo, en Aisén el kilovatio hora residencial -que como patrón de comparación es mucho más efectivo incluso que el dólar- vale 131 pesos. Es decir, no sólo es la tarifa más elevada de Chile, sino la quinta más cara del mundo.
Por otro lado, estos recursos, que por ley se destinan a las empresas, los trabajadores lo reciben en su sueldo. Si no formaran parte de éste, no habría incentivo. No hay que equivocarse en ese sentido. En las zonas extremas el salario mínimo carece de significado. Nadie trabajaría por esa remuneración en la Región de Aisén en actividades de tipo productivo o industriales.
Por eso, este instrumento ha funcionado bien hasta la fecha. Ahora, si alguien descubre uno mejor, en buena hora. Sin embargo, a mi juicio, no es posible plantearlo en un proyecto con "discusión inmediata", donde los señores Senadores disponen prácticamente de un día para tomar una decisión en ese sentido.
Se ha señalado también que en las Regiones extremas no habría índices de cesantía muy altos. En verdad, si los señores Senadores se ponen en el lugar de quienes viven en las Regiones con climas extremos, podrán apreciar que las personas cesantes no pueden permanecer en ellas y migran hacia el resto del país. Yo diría que hoy en día se trasladan a Santiago y, en el pasado reciente, a Argentina. Sin embargo, si se revisa la situación por la que ésta atraviesa actualmente, de no contar con la ley en proyecto que nos ocupa y dada la presión de regreso de los connacionales hacia nuestro país, el problema de cesantía aumentará. Pero, los indicadores, como siempre, no son muy fieles en este sentido. De hecho, los relativos a desarrollo humano en dicha nación eran mucho mejores que los chilenos, en circunstancias de que bajo cuerda ese país se estaba desplomando.
En cuanto a esfuerzos más imaginativos, deseo llamar la atención que el artículo 3º consigna que con la disminución se va a generar un fondo que va a permitir "financiar o complementar el financiamiento de instrumentos o programas de fomento productivo tales como:", y se señalan algunos. Ello va a ser propuesto por los gobiernos regionales al 30 de marzo de cada año y el Ministro de Economía de turno es quien va a resolver fundadamente los programas y la distribución de los recursos propuestos por los gobiernos regionales. En caso de silencio administrativo, se entiende que el programa de las Regiones es el que realmente prospera. Sin embargo, nada se dice en el evento de que el Ministro de Economía de turno no esté de acuerdo con la propuesta regional. Me parece que en ese sentido hay un vacío que de alguna manera debe corregirse.
Reitero: éste no es un tema que se pueda resolver en un proyecto con "discusión inmediata".
Asimismo, existen otros instrumentos como los planes de absorción de mano de obra. En realidad, uno ve con pena el que éstos se usen en actividades muy poco eficientes y muy poco productivas. De hecho algunas empresas se quejan de que a través de esos programas las personas, obviamente por un esfuerzo mucho menor, dejan de trabajar en tareas productivas.
Por otro lado, un informe de la Universidad de Chile señala claramente la poca focalización de esos programas de absorción de mano de obra, que es una de las alternativas contracíclicas que planteaban algunos Senadores y economistas en esta Sala. En verdad, en él se demuestra que los dineros no van a los cesantes, sino a actividades poco productivas, en el sentido de generar empleos de carácter permanente a futuro, donde, incluso, influyen en aumentar la deserción escolar. Por lo tanto, creo que tales mecanismos no son tan claros.
Finalmente, deseo señalar que el decreto ley Nº 889 es un instrumento transparente. No puede utilizarse, por ejemplo, en un sentido político, como de repente se usan los planes de absorción de mano de obra o ciertos financiamientos a través de algunos programas de carácter productivos, pero que han demostrado que no apuntan a esa línea.
Por lo tanto, hemos propuesto que la bonificación permanezca por los cuatro años iniciales que propone el Gobierno y que durante este período se evalúe la posibilidad de implementar otros instrumentos para que esos fondos puedan ser mejor ocupados en la Región.
En ese sentido, terminantemente no aceptamos la posición de un señor Senador que en el informe señala que vota a favor de la indicación porque no significa ningún compromiso sobre políticas alternativas posteriores para las zonas extremas. Eso sería tremendamente perverso.
Por eso, insistimos en aprobar el informe de las Comisiones unidas, para que, con una evaluación acuciosa y no bajo la presión de un proyecto con "discusión inmediata", podamos generar éste u otros instrumentos alternativos transparentes y eficaces para las zonas extremas del país.
Señor Presidente , ante todo debo señalar que éste es un tema de mucha importancia, que requiere un gran debate por la cantidad de recursos que se están invirtiendo. Sin embargo, nos vemos obligados a resolver sobre él en horas, en minutos, por tratarse de un proyecto con "discusión inmediata", pues, la normativa vigente vence el 31 de este mes y de no aprobarse el texto en debate no habrá ley a partir de enero próximo.
Felicito a los señores Senadores que representan a las zonas favorecidas con este proyecto, porque lo han defendido muy bien. Sin embargo, deseo señalar que como legisladores representamos a todo el país y nuestro interés es que los recursos públicos rindan el fruto correspondiente y que se haga un análisis acerca de su inversión.
Me gustaría saber qué resultado han obtenido los más de mil millones de dólares que se invirtieron en las zonas extremas. Entendemos claramente el carácter estratégico de Arica o del sur de Chile, pero ello ¿ha significado realmente un progreso para la ciudadanía?
Quiero hacer un análisis no sólo de este subsidio, sino de todos los otorgados por el Estado. Conozco, por ejemplo, el establecido por el decreto ley Nº 701, sobre fomento forestal, respecto del cual, durante toda su vigencia, se han invertido no más de 180 millones de dólares. Resultado: hay un millón 600 mil hectáreas de bosques plantadas. No importa quien sea el dueño. Ahí están los bosques. Son del país. Asimismo, se han dado subsidios para el fomento automotriz en Arica y Los Andes, donde se gastaron también 180 millones de dólares. ¿Qué queda hoy día de eso? ¡Chatarra, puro fierro viejo! No subsiste nada. Y ahí están los recursos del subsidio mal focalizados.
Por eso, nos interesa saber qué ocurre con los subsidios del Estado. ¿Son realmente una proyección del futuro del país o son cosas muertas? ¿Se están ocupando bien esos recursos? ¿Están engrosando las utilidades de algunas empresas? ¿Significan progreso para las ciudades? ¿Constituyen mejoría para la gente? Eso es lo que necesitamos saber.
En tal virtud, deseo pedir al Ejecutivo un pronunciamiento sobre esta materia. Y debo llamarle la atención. Éste nos señala claramente que, en opinión del Gobierno, el actual subsidio no está cumpliendo con el propósito para el cual fue concebido y que, además, existen otros instrumentos alternativos más efectivos para impulsar el desarrollo productivo regional, que generarán más y mejores empleos de manera sustentable.
La Ministra de Hacienda subrogante nos dice otra cosa aquí. Deseo que el Ejecutivo se ponga de acuerdo. ¿Es correcto lo que señala en el mensaje o lo que expresa en la Sala? Porque se ha dicho que el subsidio en comento ya no se justifica.
Entiendo que es necesario aprobar este proyecto. Y me pronunciaré a favor. Sin embargo, deseo que en una próxima oportunidad llevemos a cabo un debate más profundo sobre esta materia. Desde ya pido al Ejecutivo que nos informe acerca de los subsidios otorgados en los últimos 15 ó 20 años para diversas actividades, a fin de analizar el resultado de esa enorme inversión hecha por el Estado chileno.
Señor Presidente , a mi juicio, la discusión de esta tarde tiene un pequeño vicio de origen, debido a que es extremadamente difícil que se pueda modificar la sustancia de un tipo de subsidio respecto del cual existe una visión crítica en un debate tan de última hora y con "discusión inmediata". Reconozco que es un hecho bastante limitante, que hace muy difícil la aprobación de la enmienda y que nos ha llevado inevitablemente a esquematizar el análisis.
Dicho eso, y dado que estamos en lo que estamos, quiero aclarar, en primer lugar, que en ninguna parte se halla en cuestión la posibilidad -a propósito de lo que expresaba el Honorable señor Larraín - de apoyar diferenciadamente a distintas regiones del país, incluidas por cierto las extremas.
Segundo, lo que falta, en un diseño más integral, es juntar las razones que puedan estar detrás de los apoyos o subsidios en uno u otro caso. En ese sentido, me parece válido el planteamiento del Honorable señor Gazmuri en orden a revisar las consideraciones que se han tenido en cuenta para aplicar los subsidios vigentes en las zonas extremas, lo que no significa desconocer la existencia de razones geopolíticas. Creo que hoy, probablemente, son más válidas en la Primera Región que en la Undécima o Duodécima. Pero ello no implica olvidar situaciones de aislamiento y de clima de su población.
En mi opinión, el problema para apoyar a determinadas zonas está en cómo integrar ese tipo de medidas con aquellas de eficiencia económica. Y ése es un estudio en el que sólo si se integran variables económicas y no económicas, se podrá tener a futuro una política integrada de apoyo al subsidio a las distintas regiones del país.
Tercero, la limitación de tiempo y la forma como se ha planteado la discusión nos han llevado simplemente a dividir nuestras opiniones. Algunos creemos que el subsidio específico, cuya prórroga se propone, está económicamente mal diseñado, es caro y, como se ha reiterado por muchos, es procíclico, en cuanto a que aumenta cuando hay más empleo y disminuye cuando hay más desempleo.
En consecuencia, como las cifras indican que se están gastando 50 millones de dólares en este subsidio, se hace del todo aconsejable revisarlo. Y, entonces, la discusión se ha terminado por centrar en las opiniones de quienes creemos que el subsidio está mal focalizado, que requiere revisión y que, naturalmente, preferimos la señal dada en la iniciativa del Ejecutivo , en cuanto a que al cabo de cuatro años se iniciaría un proceso de desmantelamiento de lo actual, no para eliminar la ayuda a las zonas extremas, sino para cambiar el mecanismo por otro.
Por lo demás, estimo que en esos cuatro años que quedan por delante, de aprobarse la indicación del Ejecutivo -cosa que me parece poco probable por lo que he escuchado-, constituirían tiempo más que suficiente para afinar instrumentos más idóneos para sustituir el mecanismo vigente. Entre paréntesis, me hace bastante fuerza el hecho de que los CORE de las Regiones Undécima y Duodécima, según he escuchado, se habrían manifestado de acuerdo con el planteamiento del Gobierno.
Por todas estas razones, votaré a favor de la indicación del Ejecutivo y en contra del informe de las Comisiones unidas.
El señor Presidente , como se acordó hace unos instantes, pone en votación el informe de las Comisiones unidas.
Señor Presidente , hay temas que no se han tocado porque la urgencia de la iniciativa es de "discusión inmediata". No se ha dispuesto de mayor tiempo para hacer un análisis de fondo.
Por ejemplo, el bajo crecimiento de la Región de Magallanes es una de las razones -entre otras, porque no es la única- que justifica claramente la necesidad de que cuente con algún incentivo que permita su desarrollo.
No sólo se trata del problema de la cesantía. Es evidente que el proyecto tiene relación con la mano de obra. Por lo menos a ella se refiere la suma. Pero este beneficio forma parte de un conjunto de estímulos para varias regiones del país, con el objeto de que ayuden, favorezcan o promuevan su desarrollo. La Región de Magallanes cuenta efectivamente con varias leyes de excepción. Sin embargo, no se ha logrado hacer un análisis exhaustivo de todas las disposiciones que hoy día la benefician y, al mismo tiempo, ponderar la eficiencia de esos instrumentos.
Muchos de los argumentos expuestos son ciertos y deben ser tomados en cuenta. No obstante, la proposición del Ejecutivo no es una respuesta válida para los problemas de la región austral. Por lo tanto, debemos darnos un tiempo para hacer un debate más profundo sobre esta materia.
Me preocupa, por ejemplo, el destino de los fondos si a nivel nacional se forma una comisión, cualquiera que ella sea, cuando finalmente la decisión la va a tomar el Ministerio de Economía, el de Hacienda o cualquier otra repartición dependiente del Gobierno central. En fin, es indispensable conocer los criterios que se van a utilizar para distribuir los recursos.
Pienso que debe modificarse el mecanismo vigente. Este tipo de beneficio no debe mantenerse eternamente. Pero el cambio por otro debe hacerse de común acuerdo con la Región y con absoluto control y dominio del gobierno regional. Es decir, el Consejo Regional junto con el Intendente deben orientar el desarrollo de la Región. Pero si esto va a depender de decisiones que se adopten a nivel del Gobierno central, ocurrirá lo que nos pasó, por ejemplo, con el FONDEMA: el proyecto de ley lo presentó el Presidente Aylwin a solicitud del Senador que habla y fue modificado sustantivamente por la vía del reglamento, asimilándolo a lo que es el Fondo de Desarrollo Regional. Por lo tanto, no se puede aplicar conforme a su idea original. Y posteriormente, como expresó el Honorable señor Fernández , ha sido empleado para cualquier cosa en la Región menos para promover proyectos de desarrollo productivo.
Por lo tanto, mientras no haya en la zona mecanismos para decidir en forma autónoma qué hacer con estos fondos y qué uso darles -es decir, cuando la Región tenga realmente en sus manos la posibilidad de destinarlos a satisfacer las aspiraciones de la zona-, mantendré mi apoyo al proyecto tal como lo proponen las Comisiones unidas.
--Se aprueba el informe de las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas (26 votos contra 11), con lo cual queda rechazada la indicación del Ejecutivo y despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Fernández, Flores, García, Horvath, Larraín, Muñoz Barra, Novoa, Orpis, Páez, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega, Zaldívar (don Adolfo) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Boeninger, Foxley, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Martínez, Naranjo, Núñez, Parra, Silva, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo suscrito por los Honorables señores Larraín, Romero, Naranjo, Orpis, Aburto, Novoa, García, Valdés, Andrés Zaldívar, Ríos, Cordero, Muñoz Barra, Arancibia, Bombal, Cantero, Chadwick, Viera-Gallo, Prokurica y Horvath, mediante el cual proponen al Senado solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la creación de una obra, monumento u otra iniciativa similar que permita perpetuar la memoria en Chile del destacado pintor y Premio Nacional de Arte, Roberto Matta. (Boletín Nº S 652-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión.
A la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado , solicitándole informe acerca de CIFRAS DE CARGA DE TRABAJO EN BIENIO 2001-2002 EN NOVENA REGIÓN.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de Novena Región , tocante a PREOCUPACIÓN POR CIERRE DE MEDIANA EN RUTA 5 SUR, FRENTE A VILLA LA ESPERANZA EN COMUNA DE COLLIPULLI.
Al señor Director Regional de CONAF de Novena Región , pidiéndole información respecto de cantidad de RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN.
Al señor Alcalde de Los Sauces , en cuanto a ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA E-77.
Al señor Ministro de Obras Públicas , referente a PROBLEMAS POR EXPLOTACIÓN DE AGUAS DE LAGO CHAPO POR PLANTA HIDROELÉCTRICA CANUTILLAR DE ENDESA (DÉCIMA REGIÓN).
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
Señor Presidente , en esta oportunidad deseo referirme a una situación bastante perjudicial para las PYME, según mi parecer. Me habría gustado que la señora Ministra de Hacienda subrogante estuviera presente en la Sala para que escuchara mi intervención, pero pediré que se le envíe copia de ella.
A través de la circular normativa Nº 52, del 9 de octubre del presente año, emitida por el Tesorero General de la República don Gianni Lambertini, se informó a todos los tesoreros regionales, provinciales y a los funcionarios del Servicio a lo largo del país, que a contar del 7 de ese mes entró en vigencia un acuerdo de intercambio de información entre la Tesorería General de la República y la empresa DICOM mediante el cual el ente estatal tendrá acceso a la información que posee la empresa, para ser utilizada en cobranza, debiendo DICOM informar a los contribuyentes, además, las deudas morosas por impuestos y créditos fiscales que cobra la Tesorería.
Este acuerdo no hará más que agravar la ya compleja situación de las pequeñas y medianas empresas del país que hayan sido objeto de cobro de impuestos y que estén litigando por éstos ante los tribunales, ya que ningún banco les otorgará crédito mientras mantengan ese tipo de deudas en DICOM, dada la preferencia de cobro que tienen las deudas por impuestos. Es decir, muchas empresas que hasta ahora sobrevivían con dificultad dejarán de ser viables para el sistema bancario, con el consiguiente aumento de la cesantía.
Lo grave de esta medida, que no hará más que ahondar la crisis económica, resulta evidente y es una demostración de cómo se sacrifica el interés general, en aras de una supuesta mayor recaudación tributaria.
Desde el punto de vista legal, el citado convenio es totalmente discutible, puesto que el artículo 20 de la ley Nº 19.812 establece que "el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia". Cabe señalar que, a mi juicio, no es materia de la competencia de la Tesorería General celebrar contratos de esta especie, como claramente se infiere de las normas de su estatuto orgánico, contenidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1994, en el que no existe disposición alguna que le permita entregar a entes privados la información de los contribuyentes sujetos a su cobranza.
En este orden de ideas, llama la atención que la Contraloría General de la República se haya contradicho en forma tan abierta sobre la materia en unos pocos años. En efecto, en los dictámenes Nºs. 031125, del 3 de octubre de 1995, y 028795, del 5 de septiembre de 1996, señaló que este tipo de contratos destinados a dar satisfacción a un interés privado es del todo ajeno a las funciones propias del Servicio de Tesorería. Sin embargo, en el dictamen Nº 025336, del 8 de julio de 2002, el organismo contralor cambió radicalmente de criterio y autorizó la celebración de este, a mi juicio, ilegal convenio, que llevará a la ruina a miles de contribuyentes y a la pérdida de otros tantos puestos de trabajo.
Si se lee con atención el acuerdo celebrado, se apreciará que se informarán deudas -y esto es lo importante- aun antes de que se encuentre decidido si existe tal incumplimiento, por cuanto los contribuyentes pueden haber reclamado de las respectivas liquidaciones de impuestos. Es decir, en este convenio se otorga categoría de deuda a un giro cuya legalidad está por resolverse, ya que emana de liquidaciones reclamadas por el contribuyente. Vale decir, se le considera documento que acredita el incumplimiento tributario, antes de que un tribunal imparcial resuelva acerca del reclamo de la liquidación de tales impuestos.
En consecuencia, podría darse la paradoja de que una persona que figura en los registros de DICOM por una deuda tributaria, a la que se le ha causado daño, termine ganando el juicio en la segunda instancia en los tribunales, probando que no es deudor; sin embargo, ya se ha ocasionado un gran perjuicio a su pequeña o mediana empresa o a ese particular, en momentos en que, realmente, el país no está en condiciones de darse esos lujos.
Por las razones expuestas y, en especial, por los efectos perniciosos que se pueden producir para la pequeña y mediana empresa, solicito que esta intervención sea enviada, en mi nombre, al señor Ministro de Hacienda y al Tesorero General de la República , a fin de que estudien esta situación y dejen sin efecto el convenio mencionado, por las consecuencias adversas que, a mi juicio, provocará en sectores tan golpeados por la crisis económica, como son la pequeña y mediana empresa.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS (Presidente accidental).-
Señor Presidente , hoy día se trató en el Senado un proyecto específico de apoyo a las zonas extremas del país. Deseo referirme a otro de los sistemas destinados a fomentar iniciativas de esas regiones.
La horticultura era una actividad que en una zona tradicionalmente ganadera tenía muy pocas posibilidades de desarrollo, desaprovechando incluso las condiciones de microclima de la Región de Aisén.
Así fue como un grupo de horticultores de los sectores Río Claro, Coihaique Bajo , Villa Mañihuales , Seis Lagunas y Puerto Ingeniero Ibáñez decidió entrar fuertemente en esta actividad para abastecer a la población regional y, además, aprovechando las condiciones de pureza ecológica de la zona, exportar sus productos. Incluso, diversificaron los cultivos, en algunos casos hacia las flores.
Estos agricultores recibieron el apoyo del Programa Chile Austral, auspiciado por la Comunidad Económica Europea, que entregó 60 millones de pesos para la adquisición de 30 invernaderos y otros programas de inversión. Estos recursos se otorgaron originalmente a través de un crédito rotatorio, el cual permitía que, al pagar las personas las cuotas de él, se siguiera beneficiando a otros agricultores que se incorporaran al programa.
Sin embargo, pese a que hasta la fecha se ha recuperado más de 42 por ciento de los recursos otorgados, el fondo rotatorio no está funcionando y el Programa Chile Austral, de la Comunidad Europea, llegó a término, de acuerdo con el plazo comprometido con nuestro país.
Por esta razón, solicito oficiar a los señores Ministros de Agricultura , de Planificación y Cooperación y de Relaciones Exteriores, con el objeto de que este fondo rotatorio siga operando en la Región de Aisén, focalizado en los proyectos de la naturaleza mencionada, los cuales han mostrado claras bondades.
Señor Presidente, deseo hacer algunas reflexiones respecto de un tema que me causa particular preocupación: el Plan AUGE.
Esta materia, que se está discutiendo en nuestro país, pareciera tener dificultades para que la gente participe y se genere un acuerdo al respecto. No se ha logrado establecer un criterio de diálogo que permita alcanzar efectivamente un consenso mínimo y, al parecer, tampoco se está practicando un predicamento largamente propagado en Chile, respecto de aceptar como legítimos los criterios de los otros.
Actualmente se está propiciando un plan de salud que ha confrontado de manera descarnada a médicos con el Ministerio de Salud. Pocas veces se ha visto en nuestro país una lucha comunicacional de tales proporciones, en donde cada sector ha invertido esfuerzos para convencer a la ciudadanía de que lo planteado por la contraparte es erróneo. Esta lucha, sin lugar a dudas, no contribuye a sacar adelante una reforma que, por lo demás, se hace tan necesaria para Chile.
El Colegio Médico arguye que este Plan se ha tratado de hacer sin la participación de ellos ni de los técnicos con mayor especialización en la materia, y que para su elaboración se han empleado metodologías economicistas y no de índole sanitaria, olvidando totalmente el carácter interdisciplinario con que es necesario abordar el tema.
Por otro lado, se ha planteado un aumento de las listas de espera en aquellos hospitales donde se está aplicando de manera piloto el Plan AUGE y donde, además, se han dado casos de incremento de las listas de espera de casi 400 por ciento. Así lo afirman con énfasis los médicos desde la vocería del Colegio Médico.
Tal hecho, sumado a las deudas que registran los hospitales del país, me hace reflexionar acerca de quién se beneficia realmente con este proyecto. Debido a todo ello, me he reunido con dirigentes del Colegio Médico para escuchar sus observaciones, conocer sus reflexiones y pensamientos y ver cuánto grado de consistencia logro compartir con tales planteamientos.
Por esta razón, deseo enviar al Ministro de Salud señor Artaza una serie de interrogantes que surgen de esta reflexión.
Considerando que las ISAPRE pueden ser prestadoras institucionales y que ellas serán responsables de las fichas clínicas de los pacientes, me surgen las siguientes preguntas: ¿quién velará por que éstas, como prestadoras y aseguradoras, no utilicen mal la información económica contenida en la ficha clínica? ¿Cómo pretende el Ministerio resolver el problema de falta de especialistas para atender las enfermedades contempladas en el Plan AUGE a lo largo del país, considerando que actualmente hay un déficit de estos profesionales? ¿Cómo evitar un comportamiento monopólico de las aseguradoras que vaya en desmedro de la población y del sistema en general? ¿Cómo se pretende financiar esta reforma, teniendo presente la deuda del actual sistema de salud, donde se cancela sólo 75 por ciento de los gastos efectivamente realizados en los hospitales y, más aún, se pretende por esa vía, aplicando la reforma, el autofinanciamiento de ellos? No hay racionalidad, no se logra entender la forma en que se buscará este financiamiento. ¿Por qué premiar con dinero a los directores de hospitales que logren autofinanciarse, en vez de utilizar esos recursos en ayuda -trátese de asesorías o de otros mecanismos- de hospitales que enfrentan dificultades para el autofinanciamiento, en lugar de reconocer a los directores sus méritos en la gestión, ayudándolos en el ascenso mediante la carrera funcionaria? ¿Por qué en los manuales del AUGE aparece la tramitación de convenios con centros de salud privados, considerando que todavía no se implementa el Plan y que dichos convenios deberían realizarse mediante concurso público? ¿Cómo se regulará la priorización de enfermedades que revistan riesgo vital y que actualmente no están contempladas en el AUGE? ¿Por qué se insiste en que no se va a discriminar a los enfermos, cuando en realidad el Plan AUGE es una discriminación, que hoy se pretende denominar priorización? De hecho, se está priorizando a las personas del Plan AUGE, en desmedro y detrimento de quienes han esperado durante meses una atención de salud. ¿Se ha realizado algún estudio en cuanto al número de cesantes que dejará esta reforma al afectar la salud privada versus la cantidad de empleo que se generará o se redistribuirá? ¿Qué sucederá con aquellos especialistas que queden sin ocupación? ¿Cuál es el objetivo del Plan AUGE al mezclar lo público y lo privado, no quedando claros los límites entre estos distintos sistemas de salud, convirtiéndolos aparentemente en un sistema de redes cerradas, en el cual, si un paciente se sale de esta red en algún punto para ahorrar en la realización de algún examen y, luego, quiere volver a ella, queda automáticamente marginado, debiendo cubrir en su totalidad los gastos de la atención solicitada? ¿Qué criterios se utilizarán en caso de que un paciente presente simultáneamente dos enfermedades, una cubierta por el Plan AUGE y otra no? ¿Se atenderá sólo aquella enfermedad contemplada, y se le pondrá en lista de espera para la segunda? ¿Cómo ha cautelado el Gobierno la probidad mínima exigible a los diseñadores e impulsores del Plan AUGE de modo que no haya entre ellos directores o accionistas de instituciones interesadas, léase ISAPRE?
Solicito, en la medida de lo posible, que el señor Ministro dé a conocer los nombres de los equipos técnicos que han trabajado en la redacción, como consultores, y de todas aquellas personas que, de una u otra forma, han dado origen a este Plan, acompañando su currículo. Me encantaría conocer claramente qué cargos han ocupado con anterioridad, como, asimismo, una declaración de sus respectivos intereses, de modo de asegurar a la ciudadanía la total transparencia de los autores en la elaboración de este Plan, dejando en claro la inexistencia de intereses que puedan afectar la decisión en torno de estas materias.
Creo que el Colegio Médico está reclamando un espacio de diálogo del todo necesario. Considero preocupante la tremenda dicotomía que se observa entre el planteamiento de autoridades del Ministerio de Salud y ese Colegio. Me preocupa mucho más que se esté llegando a niveles de imputación respecto de qué intereses subordinados hay detrás de todo esto, porque por esta vía, en definitiva, no se llegará a ningún destino adecuado.
Espero que el señor Ministro acoja estas reflexiones y que, de acuerdo a la disponibilidad de información que posea, me haga llegar su respuesta con el fin de aclarar y orientar la decisión que en el futuro tome respecto de estas materias.
Excúseme, señor Presidente , además, solicito que se remita copia de esta intervención al Colegio Médico de Chile en las Regiones Segunda y Quinta.
El señor RÍOS ( Presidente accidental ).-
Así se procederá, señor Senador.
1.- Que Roberto Matta ha sido uno de los más importantes pintores en la historia de Chile, con una obra reconocida en todo el mundo por su enorme creatividad y notable espíritu renovador;
2.-Que a pesar de que en 1990 obtuvo el Premio Nacional de Arte, no ha tenido el reconocimiento que su figura merece de parte de todos los chilenos:
3.- Que es necesario asegurar que su legado y memoria tengan en Chile, su patria, un reconocimiento imperecedero y adecuado a su impresionante calidad artística;
Proponemos el siguiente
El Senado de la República de Chile acuerda solicitar al señor Presidente de la República de Chile tenga a bien promover la creación de una obra, monumento u otra iniciativa similar que permita dejar memoria perpetua en Chile del destacado pintor y Premio Nacional de Arte, Roberto Matta.
(FDO.): Hernán Larraín Fernández.- Jaime Naranjo Ortiz.- Jaime Orpis Bouchín.- Marcos Aburto Ochoa.- Jovino Novoa Vásquez.- José García Ruminot.- Gabriel Valdés Subercaseaux.- Andrés Zaldívar Larraín.- Mario Ríos Santander.- Fernando Cordero Rusque.- Roberto Muñoz Barra.- Jorge Arancibia Reyes.- Carlos Bombal Otaegui.- Carlos Cantero Ojeda.- Andrés Chadwick Piñera.- Antonio Viera-Gallo Quesney.- Baldo Prokurica Prokurica.- Sergio Romero Pizarro.- Rafael Moreno Rojas

References: artículo 127
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 127
 artículo 3
 artículo 20