Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-02282-de-marzo-14-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dd7699bcd7720014e0430a0101510014&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 05:32:39+00:00

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SENTENCIA 2012-02282 DE 14 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SE PRESENTA CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO, O PARTE DE ÉSTE, QUE LESIONA UN DERECHO A QUIEN ACCIONA, LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO, QUE SE CIRCUNSCRIBE A ESTUDIAR LOS ACTOS ACUSADOS EN LO QUE RESULTAN DESFAVORABLES A LA PARTE ACTIVA DEL PROCESO. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE SI LA PARTE DEMANDADA PRESENTA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, EL JUEZ QUEDE HABILITADO PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE PUNTOS DIFERENTES A LOS CUESTIONADOS INICIALMENTE EN LA DEMANDA, PUES BAJO DICHO SUPUESTO LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO CAMBIA, POR LO QUE PUEDE DECIDIR SOBRE ASPECTOS QUE LE SEAN DESFAVORABLES A LA PARTE DEMANDANTE. CUANDO NO SE PRESENTA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, NO LE ES POSIBLE PARA EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIERA NINGÚN JUICIO SOBRE ASPECTOS DIFERENTES A LOS PLANTEADOS EN LA DEMANDA, QUE SE BUSCABA LA NULIDAD PARCIAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, DEMANDA DE RECONVENCIÓN
Sentenci 2012-02282 de marzo 14 de 2013
Rad.: 11001-03-15-000-2012-02282-00(AC)
Actor: José Miguel Ángel Moya
Decide la Sala la acción de tutela presentada por José Miguel Ángel Moya, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
El señor José Miguel Ángel Moya, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la decisión adoptada en segunda instancia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el hoy actor contra la Universidad Nacional de Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitó: I) se amparen los derechos fundamentales invocados; II) se deje sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de octubre de 2012; III) se ordene al tribunal proferir nuevo fallo dentro de un término perentorio, sin reducir el porcentaje de mesada pensional del demandante, sin declarar la prescripción de las mesadas causadas, y sin excluir las vacaciones y el quinquenio del ingreso base de liquidación.
Señala el apoderado del actor, que el señor José Miguel Ángel Moya, laboró al servicio de la Universidad Nacional de Colombia durante más de 20 años, retirándose de dicha institución el 30 de junio de 2001.
Por haber cumplido con los requisitos legales, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, petición que fue resuelta por la Universidad mediante Resolución 1065 del 11 de junio de 2001.
Afirma que la prestación mencionada, fue reconocida con un ingreso base equivalente al 80% del promedio salarial devengado desde el 1º de abril de 1994 (fecha en que entró a regir la L. 100/93), hasta el 30 de abril de 2001 (fecha en que el actor acreditó el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión); cuando debió ser liquidada con el salario promedio del último año de servicios de acuerdo a la Ley 33 de 1985 y al Acuerdo 20 de 1990 proferido por el Consejo Superior Universitario.
Indica también, que con posterioridad, la universidad resolvió reliquidar en dos ocasiones la pensión del actor, teniendo en cuenta lo devengado por este entre el 1º de mayo y el 30 de junio de 2001; y agregándole los aumentos autorizados por el Gobierno Nacional para el año 2001.
Señala la apoderada que el 7 de octubre de 2010, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la universidad en los cuales se define el derecho prestacional del actor, pero solamente en lo que se refiere al ingreso base de liquidación que fue extraído de lo devengado desde el 1º de abril de 1994, hasta el 30 de abril de 2001; demanda que correspondió por reparto al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
En la contestación de la demanda ordinaria, la institución universitaria planteó como excepción la inconstitucionalidad del Acuerdo 20 de 1990; así como que al conceder las pretensiones, en el caso bajo estudio, implicaba la reducción de la mesada pensional del actor, por lo que necesariamente debían negarse.
Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2011 el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá profirió sentencia en primera instancia, en la cual declaró no probadas las excepciones propuestas por la universidad; declaró la nulidad parcial de los actos acusados; y ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante, con la aplicación del 80% de los factores devengados por José Miguel Ángel Moya en el último año de servicios.
Contra la anterior decisión la entidad accionada presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, quien mediante fallo del 10 de octubre de 2012 confirmó parcialmente la sentencia; condenó a la universidad a reliquidar la prestación teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en el último año de servicios; redujo el porcentaje de la mesada reconocida del 80% al 75% de los factores salariales; declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del 7 de octubre de 2007; y ordenó que se descontara sobre los factores que se incluyeron adicionales en la liquidación, los aportes correspondientes para pensión.
Señala el apoderado del accionante, que el tribunal acusado, en la sentencia de segunda instancia consideró que aunque se reduce el porcentaje reconocido (de 80% a 75%), la mesada pensional se incrementa con la inclusión de los factores salariales del último año de servicios.
A juicio de la parte actora, el tribunal accionado erró al darle alcance a la contestación de la demanda y al recurso de apelación, como si se tratara de una demanda de reconvención, pues los motivos indicados por la entidad universitaria en dichas intervenciones debieron exponerse a través de una acción de lesividad, o de una demanda de reconvención; y no ser formulados como una excepción a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Indica además, que el juez de segunda instancia se excedió al decidir sobre la prescripción de las mesadas pensionales y sobre la no inclusión de los factores salariales denominados: vacaciones y quinquenio; ya que dichos puntos no fueron objeto del recurso de apelación presentado por la entidad demandada.
Mediante providencia del 14 de diciembre de 2012, se ordenó la notificación a las partes accionadas y se puso en conocimiento la admisión de la demanda de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso (fls. 17-18).
Surtidas las comunicaciones de rigor, la Universidad Nacional de Colombia (fls. 26-40), no realizó ningún pronunciamiento sobre las pretensiones de la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sin embargo, manifestó que a la fecha no ha adoptado ninguna medida para dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, toda vez que no ha recibido la primera copia de la sentencia dictada en segunda instancia, razón por la cual no es posible remitir la prueba solicitada por el accionante.
Igualmente, anexó junto a la mencionada intervención, copia del certificado de lo pagado por concepto de pensión al actor durante el año 2012, en los cuales consta que no se ha realizado modificación alguna en cumplimiento del fallo.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuando a través del magistrado sustanciador de la providencia acusada (fls.41-42), señaló que no es posible aplicar el Acuerdo 020 de 1990 proferido por el Consejo Superior Universitario, ya que de acuerdo a la Constitución Política la fijación del régimen laboral y prestacional de los servidores públicos es de competencia exclusiva del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, y en aplicación del principio de favorabilidad, se tuvo en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación, lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, norma que resulta más favorable para el actor, pues aunque en ella se establece un porcentaje del 75% para recibir la prestación; se incluyen todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio.
Previo a decidir de fondo la presente acción, encuentra la Sala que el apoderado del accionante mediante escrito visible a folio 25 del expediente de tutela, solicita que se adicione el auto del 14 de diciembre de 2012, mediante el cual se dispuso la admisión de la demanda, toda vez que en el mismo no se realizó ningún pronunciamiento sobre las pruebas solicitadas en los numerales 3º y 4º del capítulo IV de la demanda de tutela.
Las pruebas solicitadas por el actor hacen referencia a la copia del expediente administrativo mediante el cual la Universidad Nacional de Colombia da cumplimiento a lo dispuesto en el fallo acusado; y a la certificación de las mesadas pensionales pagadas al actor durante el año 2012.
Al respecto se observa, que si bien en el auto de 14 de diciembre de 2012 no se hizo alusión a las pruebas solicitadas por el accionante en el escrito de tutela, por no ser necesarias para establecer la presunta vulneración de derechos fundamentales; la Universidad Nacional de Colombia en el escrito de intervención se refiere a las mismas, y aporta los certificados peticionados por el actor, razón por la cual no resulta procedente la solicitud presentada por el apoderado de la parte actora en este sentido.
Corresponde a la Sala establecer si se vulneró algún derecho fundamental del actor con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se modificó el monto de la pensión de jubilación; se excluyó lo devengado por vacaciones y quinquenio de los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de la pensión; y se declaró la prescripción de unas mesadas pensionales, pese a que la demanda fue interpuesta por el actor en procura de obtener la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta los factores salariales devengados en el último año de servicios.
En síntesis, el apoderado del accionante plantea la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, por cuanto considera que en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por José Miguel Ángel Moya contra la Universidad Nacional de Colombia, se incurrió en error al exceder la competencia que le fue otorgada por el legislador, toda vez que consideró que la pensión mensual vitalicia de jubilación del actor se regía por la Ley 33 de 1985 y no por el Acuerdo 020 de 1990, dictado por el Consejo Superior Universitario, como fue inicialmente reconocida; lo cual no fue cuestionado en la demanda, sino que fue planteado por la entidad demandada como excepción.
Ahora bien, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se hace necesario revisar en primer lugar el contenido de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de octubre de 2012, en la cual se indicó:
“(...) es menester indicar que los Acuerdos 12 de 1986 y 20 de 1990 suscritos por el Consejo Superior Universitario, se tornan contrarios al ordenamiento constitucional dado que respectivamente, normalizan el procedimiento de liquidación de las prestaciones sociales y precisan el régimen laboral y los derechos de los empleados públicos, siendo esto como menciona el artículo precitado(9) competencia exclusiva del Gobierno Nacional, en cumplimiento de los lineamientos legales que hace el Congreso de la República.
Si bien resulta que aquellas situaciones consolidadas por parte de los empleados públicos de los entes estatales universitarios bajo estas preceptivas resultan ilegales, dado que sobrepasan los límites que se imponen a la autonomía universitaria, es también cierto que constituyen derechos adquiridos para estos empleados. Ya que la consolidación se logró con el cumplimiento cabal de los requisitos que las preceptivas legales ó extralegales (acuerdos) en su momento le imponen a la adquisición de aquellos beneficios laborales.
La parte actora pretende que se le aplique el Acuerdo 02 (sic) de 1990 y la Ley 33 de 1985 al mismo tiempo, al respecto deja claro la Sala que como se ha dicho en distintos pronunciamientos no es posible aplicar una mixtura de regímenes, ya que no se puede desconocer el principio de inescindibilidad de las normas; por lo que de conformidad con las pretensiones de la demanda y en virtud del principio de favorabilidad, se tendrá en cuenta la Ley 33 de 1985, por resultar más benéfica, toda vez que, a diferencia del acuerdo, esta incluye en la liquidación de la mesada pensional todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, aun cuando el porcentaje sea del 75%, tal como lo ha venido considerando el Consejo de Estado en casos similares.
Se tiene entonces, que según lo expresado en la norma antes trascrita(10), la pensión de jubilación del actor debía liquidarse con el 75% de aquellos factores determinados por la preceptiva en referencia; esto, por cuanto en el inciso segundo se establece que la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los factores indicados en la misma, en tratándose de servidores del orden nacional”.
En cuanto a los factores salariales que se deben tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, indicó el tribunal, que de acuerdo a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se debe incluir en la liquidación pensional la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, equivalente al 75% del salario mensual.
Asimismo, manifestó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que:
“(...) la entidad accionada efectuó mal la liquidación toda vez que tuvo en cuenta losúltimos 7 años de servicio del actor, en aplicación conjunta de la Ley 100 de 1993; cuando la norma aplicable al caso señala que se deben computar son los factores del último año de servicio.
En este orden de ideas se tiene que verificados los actos administrativos demandados estos no se expidieron conforme a derecho, toda vez que confrontados los mismos con las normas legales aplicables, comentadas y parcialmente transcritas en esta providencia no se liquidó la pensión de jubilación incluyendo el 75% de los factores salariales devengados por el actor en el último año de servicio. En consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión del a quo, que acreditó a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar a la accionada a efectuar dicha reliquidación a favor del demandante teniendo en cuenta el 75% de la totalidad de los factores salariales devengado (sic) en el último año, es decir, salario, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios, subsidio de alimento y transporte, horas extras, recargos, horas festivas y horas extras festivas. Situación que no desmejora el derecho de la parte demandante, pues si bien se reduce un 5% el porcentaje reconocido, la mesada pensional se incrementa con la inclusión de todos los factores salariales mencionados.
La Sala no comparte la decisión de primera instancia, respecto a la inclusión de las vacaciones en la orden de reliquidación pensional, ya que estas no constituyen factor salarial, pues equivalen al servicio que se paga estando en vacaciones, y de reconocerse implicaría un pago doble de salario. Igualmente se aparte (sic) de la inclusión del quinquenio, toda vez que este no fue devengado en el último año de servicio, por lo que se modificará el numeral sexto (6º).
Importante resulta advertir que el reconocimiento pensional se efectuó el 11 de junio de 2001, condicionando los efectos al retiro definitivo del servicio que operó el 1º de julio de 2001, por lo que desde esa fecha deberá reajustarse y reliquidarse la pensión que le viene reconocida (sic) a la demandante; pero, en razón de la prescripción trienal de las mesadas pensiónales (sic), el pago de la reliquidación ordenada en este proveído será a partir del 7 de octubre de 2007, teniendo en cuenta que la presentación del derecho de petición de reliquidación de la pensión se radicó el 30 de septiembre de 2002, y vencido el término de interrupción de la prescripción de 3 años, se presentó la demanda el 7 de octubre de 2010. (...)” (Negrillas y subrayado fuera del texto).
Una vez revisado el contenido de la providencia acusada, observa la Sala que el tribunal argumentó su decisión en que a su juicio el contenido de los acuerdos 12 de 1986 y 20 de 1990 expedidos por el Consejo Superior Universitario resultan inconstitucionales, por cuanto en ellos se establece el procedimiento para liquidar las prestaciones sociales de los empleados de la Universidad Nacional de Colombia y se precisa el régimen laboral y prestacional de los mismos; lo cual es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que al no ser posible aplicar lo dispuesto en dichos actos administrativos para reconocer y liquidar la pensión de jubilación del actor, las disposiciones más favorables para el accionante en relación con la prestación reconocida, son las contenidas en la Ley 33 de 1985, razón por la cual procedió a revisar frente a esta norma el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento pensional, los factores de liquidación que se deben incluir y el ingreso base de liquidación a tener en cuenta.
A juicio del apoderado del actor, dicha conducta adoptada por el juez de segunda instancia constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales de su poderdante, toda vez que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada por el hoy accionante con el fin de que se reliquidará su pensión de jubilación modificando el periodo que se tuvo en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación, por lo que considera que no era posible estudiar la normatividad bajo la cual se debió reconocer la prestación indicada.
Visto lo anterior, encuentra la Sala que le asiste razón a la parte actora al considerar que el tribunal accionado carecía de competencia para analizar bajo que norma se debía regir el reconocimiento pensional de José Miguel Ángel, pues la controversia planteada por el actor se refería exclusivamente al periodo que se debía tener en cuenta para establecer el monto de la pensión de jubilación.
De acuerdo al artículo 85(11) del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se puede interponer por todas aquellas personas que consideren que con un acto administrativo se les lesionó un derecho amparado en una norma jurídica, situación ante la cual pueden solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo y pedir que se les restablezca su derecho.
Teniendo en cuenta el contenido de la norma indicada en el párrafo anterior, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se presenta contra el acto administrativo, o parte de este, que lesiona un derecho a quien acciona, lo cual limita la competencia del juez de conocimiento, que se circunscribe a estudiar los actos acusados en lo que resultan desfavorables a la parte activa del proceso.
Lo anterior sin perjuicio de que si la parte demandada presenta demanda de reconvención, el juez quede habilitado para emitir un pronunciamiento sobre puntos diferentes a los cuestionados inicialmente en la demanda, pues bajo dicho supuesto la competencia del juez de conocimiento cambia, por lo que puede decidir sobre aspectos que le sean desfavorables a la parte demandante.
Sin embargo, en el caso bajo estudio, encuentra la Sala que no se presentó demanda de reconvención, por lo que no era posible que el juez de segunda instancia emitiera ningún juicio sobre aspectos diferentes a los planteados en la demanda, que se buscaba la nulidad parcial de los actos administrativos que reconocieron la pensión de jubilación al actor y que reliquidaron la misma prestación, en lo que se refiere al periodo que se tuvo en cuenta para calcular el monto de la mesada pensional.
Quiere decir entonces, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, excedió su competencia al considerar que la pensión de jubilación del señor José Miguel Ángel Moya debió reconocerse con fundamento en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, y no con el Acuerdo 20 de 1990; ya que sobre este punto el demandante no consideró que se le vulnerara ningún derecho, por lo que no fue objeto de demanda.
De acuerdo a lo anterior, las consideraciones realizadas por el tribunal acusado, con las cuales se abordó el estudio de los factores salariales que se debían incluir en la liquidación de la prestación reconocida, igualmente sobrepasaron su competencia, ya que cuestionaron la normatividad aplicable sobre este punto, lo cual tampoco fue objeto de demanda.
Ahora bien, en cuanto a la afirmación realizada en el fallo de segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según la cual la decisión adoptada en dicha instancia, de estudiar el reconocimiento pensional bajo la Ley 33 de 1985 “no desmejora el derecho de la parte demandante, pues si bien se reduce un 5% el porcentaje reconocido, la mesada pensional se incrementa con la inclusión de todos los factores salariales mencionados”, considera la Sala que carece de sustento probatorio, pues no se encuentra en el proceso ordinario la existencia de documento alguno que corrobore dicha afirmación.
Por el contrario, dentro del trámite de la acción de tutela se solicitó a la Universidad Nacional de Colombia que certificara lo devengado por el actor por pensión de jubilación, aplicando lo resuelto en el fallo acusado, y lo reconocido sin la misma liquidación, observándose que existe diferencia cuantitativa que perjudica al actor.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del señor José Miguel Ángel Moya y por ende se accederá al amparo invocado.
Finalmente, para la Sala, no resulta válida la afirmación realizada por el apoderado del actor, sobre la falta de competencia del fallador de segunda instancia para pronunciarse sobre la excepción de prescripción, bajo el argumento de que en el recurso de apelación se infirió que el juez de primera instancia no hizo alusión a esta excepción, lo cual a su juicio resulta erróneo.
Al respecto, se indica que el argumento expuesto por el recurrente en la apelación, no es cierto; pues el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá al resolver de fondo el asunto, sí estudió la prescripción de la reliquidación de las mesadas reclamadas, pero si no se hubiera estudiado esta excepción, ello no constituiría impedimento para que el tribunal, al resolver el recurso interpuesto contra la sentencia del 18 de noviembre de 2011 pueda pronunciarse sobre esta excepción, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en el cual se establece que “(...) En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada. (...)”.
Bajo los argumentos que anteceden, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social invocados por el accionante; y en consecuencia se dejará sin efectos la sentencia del 10 de octubre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y se ordenará a dicha corporación que dicte dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la presente providencia como juez de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, una nueva sentencia en la que se analicen los aspectos que aquí se estudiaron.
1. TUTÉLANSE los derechos al debido proceso y a la seguridad social de José Miguel Ángel Moya, por las razones expuestas en esta providencia.
2. DÉJESE SIN EFECTOS la sentencia de 10 de octubre de 2012 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, presentado por el hoy actor contra la Universidad Nacional de Colombia, con radicación No. 2010-00420.
3. ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, dicte como juez de segunda instancia, una nueva sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento indicado, teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular se expresaron en esta providencia.
(6) Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 Ene. 1992, r AC – 009, Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 Ene. 1992, r AC – 016, Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 Feb. 1992, r AC – 015, Luis Eduardo Jaramillo]. 4) 27 Ene. 1993, r AC-429, Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 Jun. 2004, e 2000-10203-01, Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 Nov 2004. e 2004-0270-01, Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 Jun. 2006, e 2004-03194-01, Ligia López Díaz. 8) 16 Dic. 2009, e 2009-00089-01, Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
(8) Entre otras, de esta subsección pueden consultarse la siguiente providencias: 1) 28 Ago. 2008, e 2008-00779-00, Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 Oct. 2009, e 2009-00888-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 3) , 22 Oct. 2009, e 2009-00889-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 Feb. 2010, e 2009-01268-00, Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 Feb. 2010, e 2009-01082-01, Victor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 May. 2010, e 2010-00293-00, Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 Jun. 2011, e 2010-00540-00, Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 Nov. 2011, e 2011-01218-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 Feb. 2012, e 2011-01581-00, Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 Feb. 2012, e 2011-01741-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 Mar. 2012, e 2012-00250-00, Gerardo Arenas Monsalve.
(9) Constitución Política de Colombia. Artículo 150, numeral 19, literales e), f) y g).
(10) Ley 33 de 1985, artículos 1º y 3º. Ley 62 de 1985, artículo 1º.
(11) Artículo 85. “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”.

References: Resolución 
 artículo 85
 artículo 164
 Artículo 150
 artículo 1
 Artículo 85