Source: http://www.dgr.misiones.gov.ar/rentasmisiones/informacion_fiscal/normativa/codigo_fiscal/dictamenes.html
Timestamp: 2015-04-19 09:25:23+00:00

Document:
DICTAMEN Nº 020/99 Ref.: Expte. Nº 695/97 - Consulta s/ Trámites de Rentas Proveedores Señor Subdirector de Jurídica y Técnica:
Atento al planteo formulado por Contaduría General, esta Asesoría informa:
1- La Resolución General Nº 030/91 DGR que establece un régimen de consulta para el Impuesto de Sellos, en su Art. 1º dispone: "Las dudas que se susciten para la aplicación e interpretación de las normas legales o reglamentarias del impuesto serán resueltas por la Dirección General siempre que versen sobre situaciones reales y se planteen con relación a casos concretos. A tal efecto se deberán presentar los documentos del caso y/o las informaciones necesarias para su consideración. Se resolverá previo dictamen jurídico, sin más trámites".
De la lectura de este texto surge claramente que los dictámenes están referidos a casos concretos no siendo aconsejable su generalización a casos semejantes, a menos que el intérprete entienda que la analogía entre unos y otros es tal que corresponde su aplicación.
2- Que no es posible indicar cuál es el instrumento que debe gravarse ya que, a criterio de esta Asesoría ninguno de los acompañados a la consulta cumple los requisitos del Art.153º del Código Fiscal.
Por lo tanto, en la forma que se tramita el reconocimiento de gastos y los instrumentos que se utilizan, no están alcanzados por el Impuesto de Sellos.
Subdirección Jurídica y Técnica, 14/01/99
Consta de 030 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 021/99
Ref.: Expte. Nº 0666/97 L. H. W. s/ Verificación impositiva
Señor Subdirector de Jurídica y Técnica:
Atento a lo solicitado a fs. 64 por la Subdirección de Fiscalización, esta Asesoría informa:
Del análisis de la presentación del contribuyente de fs.58/59 no surgen elementos que a priori modifiquen la liquidación efectuada según F-I5 y F-19 obrantes a fs. 53/56.
Existen sin embargo, algunas cuestiones que introduce en esta instancia que no fueron aportadas en oportunidad de efectuarse la inspección:
1) Por ejemplo a fs. 3 vta. declara que posee contrato de comodato y que la fotocopia del mismo la va a presentar para el día 19/02/97 (lo que no concretó según constancias del expediente); en su descargo dice que el inmueble fue alquilado.
2) Por otra parte, ha tenido participación en el trámite del expte., según las numerosas actas que obran en el mismo, consintiendo el procedimiento de inspección sin aportar otra documentación mas que las citadas en tales actas; en su presentación de fs. 58/59 manifiesta que rechaza la deuda por Impuesto s/ los Ingresos Brutos por la "irrazonabilidad de los montos y el procedimiento en cuanto a su determinación" (sic) poniendo a disposición de los actuantes la documentación básica que en su momento no la aportó por el desorden administrativo que tenía (ese momento fue un año antes).
Esta Asesoría estima que el procedimiento realizado por la inspección fue correcto ya que los montos imponibles se obtuvieron con los elementos y documentación obrantes al momento de realizarse el procedimiento, con consentimiento del contribuyente y sin ninguna objeción de su parte.
Si un año después (o más), el contribuyente cuenta con otra documentación que puede hacer variar los montos arribados, debió adjuntarla a su descargo, puntualizando la incidencia que pudiera tener respecto a cada rubro en particular y no pretender que la Dirección General de Rentas lo haga en su lugar, como se deduce de lo expresado en el punto IV, dos últimos párrafos.
Estimo importante realizar las siguientes observaciones en relación a lo actuado:
I) El contribuyente no ha declarado la actividad Cód. 949019, estando inscripto hasta la fecha únicamente como Abogado (Cód. 832111) actividad que no ejerce.
II) El acta final según Art. 39º, debe ser firmada por el contribuyente o , en caso de negarse a firmar debe procederse conforme lo prevé el último párrafo del mismo artículo. Es decir que se infiere que sí o sí, se requiere la presencia del contribuyente para este acto, por lo que la remisión del instrumento por correspondencia, como consta a fs. 39 no es correcto. En el caso, el descargo del contribuyente ha saneado la irregularidad, pero deben evitarse situaciones similares que pueden dar motivo a la nulidad de las actuaciones.
III) Se solicita al C.P. G. informe los elementos que advierte son relevantes para la aplicación de las disposiciones del Art. 46º del C.F.P. según lo sugiere a fs. 63.
Consta de 066 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 069/99
Ref.: Expte. Nº 0206/99 M. S.A. s/Pago deuda, Concurso E. T. S.A.I.C. y F.
En las presentes actuaciones se presenta la firma "M. S.A.", y ofrece el pago íntegro del crédito declarado admisible con privilegio general y especial de el Concurso del contribuyente "E. T.", que tramita por ante el Juzgado de la Pcia..
Los importes cuyo pago se propone responden a los siguientes conceptos y montos, declarados admisibles judicialmente:
$ xxx correspondiente a Impuesto Inmobiliario Básico, el resto verificado por este concepto se encuentra sujeto a incidente de revisión. Con privilegio especial.
$ xxx correspondiente a Impuesto de Sellos, con privilegio general.
El pago por terceros sin vinculación alguna con la obligación tributaria, ha sido admitido por la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia, que admitió la aplicabilidad de lo normado en los artículos 727º y ss. del Código Civil (C.S.J.N., 2/10/57, "Ballin", Fallos, 239-5, La Ley, 90-54). Por ello nada obsta a que el pago se realice de esta manera y libere al deudor. Dicho pago desinteresa al Fisco, ocupando el tercero el lugar de aquél con sus derechos, acciones y garantías (Art. 771º del Código Civil; Cám. Nac. Civil, Sala F, 22/02/62, en E.D., 2-612).
Se niega al deudor el ejercicio de la vía de apremio por entenderse que es un procedimiento de excepción establecido en favor del fisco exclusivamente (Cám. Com., en la Ley Nº 53-280).
Subdirección Jurídica y Técnica, 27/01/99
Consta de 014 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 075/99
Ref.: Expte. Nº 3.066/98 "E. T. S.R.L. s/ Verificación Impositiva (Decreto Nº 027/94)"
Considerando el Art. 9 de la Resolución General Nº 001/94 que enuncia "...Será considerada actividad turística específica la realizada por las empresas comprendidas en la Ley Nº 18.829 (Agentes de Viaje - Reglamentación de su actividad), y su Decreto Reglamentario Nº 2.182/72 del Poder Ejecutivo Nacional", y el Art.1º de la antes mencionada Ley, que establece "...Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley todas las Personas Físicas o Jurídicas que desarrollen en el territorio nacional con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental, algunas de las siguientes actividades: a) La intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero...". Es de opinión de esta Asesoría, que la sociedad "E. T. S.R.L." se halla alcanzada por el Art. 1º del Decreto Nº 027/94.
Subdirección Jurídica y Técnica, 04/02/99
Consta de 060 fs. útiles. DICTAMEN Nº 077/99
Ref.: NOTA Nº 434/98
La Empresa S. F., por intermedio de su director titular Sr. N. J., se presenta a ésta Dirección General a los efectos de formular la siguiente consulta: Si un frigorífico puede actuar como Agente de Percepción, teniendo en cuenta que su actividad industrial no paga el Impuesto s/ los Ingresos Brutos por tener alícuota "0".
Entiendo, Sr. Subdirector, que el hecho de que la actividad industrial del Recurrente este gravada con alícuota "0" no impide de ninguna manera que la firma pueda actuar como Agente de Percepción, pués son dos situaciones completamente independiente desde el punto de vista tributario.
Subdirección Jurídica y técnica, 04/02/99.
DICTAMEN Nº 097/99
Ref.: Expte. Nº 0308/99 -DGR- s/ Proyecto Decreto utilización de CEMIS p/ Cancel. de Obligaciones con el Est. Pcial. o Municipalidades adheridas
De acuerdo a lo solicitado a fs. 5 y del examen de las presentes actuaciones, se dictamina que el Poder Ejecutivo Provincial está facultado, por Ley Nº 3311, a emitir Certificados de la Deuda de la Provincia de Misiones (CEMIS).
Dichos Certificados pueden utilizarse, para la cancelación, de obligaciones de cualquier naturaleza, que mantengan con el Estado Provincial y Municipalidades adheridas, cuando las mismas sean exigibles al 1º de agosto de 1996.
Dicha limitación de la fecha de exigibilidad fue modificada sucesivamente por las Leyes Nsº 3444, 3482 y 3525, siendo la última fecha establecida el 1º de octubre de 1998.
Se estima conveniente, a efectos de facilitar la regularización de las obligaciones con el Estado Provincial y Municipalidades adheridas, comprender en dicho régimen a aquellas que resulten exigibles hasta el 1º de enero de 1999, a lo cual responde el Proyecto de Decreto que se remite.
Subdirección Jurídica y Técnica, 16/02/99
Consta de 006 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 108/99
Ref.: Actuaciones correspondientes a N. S.A. s/ quiebra
El 8 de febrero de 1999, el Sr. Jefe del Departamento Fiscalización Externa, remite estas actuaciones sin foliar ni caratular, de donde surge que: N. S.A. se encuentre en Quiebra desde el 23/6/98, y según edicto acompañado, se hace saber a los acreedores posteriores a la presentación en concurso (4/3/97), que podrán requerir la verificación de los créditos por la vía incidental (Art. 202º Ley Nº 24.522).
Ahora bien, conforme surge de la fotocopia del escrito que habría presentado el Dr. S. al Juzgado interviniente, está SOLICITANDO verificación de créditos en concepto de Impuesto sobre los ingresos Brutos, de Abril de 1992 a Julio de 1996, deuda que no es Post-Concursal sino Concursal, según el edicto, y por ende debe ser presentada a través de un incidente de verificación tardía.
En virtud de lo expuesto, corresponde pedir un informe urgente al apoderado actuante a instruirlo a que desista, si ha procedido a iniciar un incidente de verificación como desde Post-Concursal, considerando que eventualmente se impondrán las costas al Fisco Provincial, ante un incidente improcedente, y con ello obviamente un perjuicio al erario público.
Asimismo, considerando que el 4/3/97 fue la fecha de presentación en concurso, deberá informarse sí fue verificado tempestivamente un crédito de la Dirección General de Rentas.
Es cuanto informo.
DICTAMEN Nº 110/99
Ref.: Nº 3365/98 K. A. S.A.I.C. s/ Verificación Impositiva
A fs. 18, la Subdirección de Fiscalización, remite este expediente a fin de tomar conocimiento de lo actuado y efectos que estimemos corresponder.
De la lectura del edicto de fs. 17 surge que la quiebra del contribuyente, es INDIRECTA, y por ende la verificación de los créditos Post-Concursales deben efectuarse por la vía incidental.
A fs. 9) obra copia del incidente de verificación de créditos presentado por el Dr. S., de donde se desprende que pretende insinuar un crédito por Impuesto s/ los Ingresos Brutos Convenio Multilateral por los períodos abril a diciembre de 1993, no surgiendo si dicho período es Concursal o Post-Concursal.
Atendiendo a que una eventual condena en costas, ante un incidente que no se ajusta a derecho causa perjuicio al erario público, debe requerirse al Dr. S., informe si el período insinuado es Concursal o Post-Concursal, con carácter de PRONTO DESPACHO.
Consta de 019 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 112/99
Ref.: C. C. I. s/ Cheque rechazado
El contribuyente pretendió abonar el anticipo 11 de 1998 con un cheque de pago diferido librado por M. C. G. que fue rechazado por falta de fondos.
El 08/01/99 se intimó a esta por carta documento para que abone el saldo impago bajo apercibimiento de efectuar denuncia penal. Telefónicamente se ha reclamado también al responsable de la Sociedad, todo sin resultado positivo.
A la fecha, hemos tomado conocimiento que la empresa y los responsables han solicitado su concurso preventivo el 23/12/98. En consecuencia, lo adeudado en concepto de anticipo queda como crédito de la DGR a verificar en concurso. Respecto a la denuncia penal se solicita que esa Superioridad indique el apoderado que deberá realizarla.
Por lo expuesto se sugiere que se caratulen las actuaciones se informe a la Subdirección de Fiscalización para que liquide la deuda concursal (incluido el anticipo 11/98) y vuelvan para la denuncia penal correspondiente.
Subdirección Jurídica y Técnica, 17/02/99.
DICTAMEN Nº 162/99
Ref.: Expte. Nº 0332/99 S. D. M. s/ Verificación Impositiva y Expte. Nº 3803/98 S. D. M. A. s/ Verificación Impositiva
Señor Subdirector de Jurídica y Técnica: En fecha 21 de diciembre de 1998 salió publicado edicto donde se hace saber que el S. D. vende y transfiere la farmacia S..
A fs. 30 del Expte. Nº 0332/99 obra carta documento suscripta por el C.P. Q., y remitida al escribano interviniente donde comunica la oposición a la transferencia de Fondo de Comercio.
A fs. 49 el C.P. R. eleva a la Subdirecciòn de Jurídica y Técnica expresando que corresponde la tramitación en forma conjunta con el Expte. 3803/98 remitido a Jurídica y Técnica el 10/02/99.
Ahora bien, el Expte. Nº 3803/98 citado supra, viene a esta Subdirección a efectos de emitir opinión sobre la nota que le fuera elevada a la Dirección General por el Subdirector de Fiscalización y que obra a fs. 23, 24 y 25.
Sobre la base de lo expuesto, y teniendo en cuenta la premura con la que debe actuarse en estas circunstancias, tratándose de una transferencia de fondo de comercio, el pase del Sr. Subdirector de Fiscalización a la Subdirección de Jurídica y Técnica de estos actuados (entregados a la suscripta el 01/03/99) para emitir opinión sobre una consulta elevada al Sr. Director General, implica un trámite fuera del contexto de la oposición y notificación de la deuda al escribano actuante.
Si los inspectores han confeccionado la liquidación de la deuda conforme las normas fiscales vigentes, DEBE procederse a notificar al escribano actuante R. A. R. y a la Srta. S. P. F., la deuda mantenida con el Fisco Provincial por el Fondo de Comercio Farmacia S. con carácter de pronto despacho, considerando las normas de la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio.
Subdirección Jurídica y Técnica, 05/03/99
Consta de 050 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 170/99
Ref.: Expte. Nº 885 bis/1/96 (P. J.) V. S. c/ I.P.S. s/ Ejec. de Sentencia
El apartado 7to. del Art. 161º del Código Fiscal dice: "Los convenios sobre traslación del impuesto sólo tendrán efectos entre las partes y no podrán oponerse al Fisco".
En virtud de la citada norma, todo lo que las partes acordaren en el convenio al que se hace referencia a fs.72 del expte. judicial resulta imponible al Fisco Provincial, por lo que considero que debe ratificarse lo informado a fs.70 del mencionado expediente (que debe abonar el 50% del impuesto).
Subdirección Jurídica y Técnica, 16/03/99.
DICTAMEN Nº 207/99
Ref.: Expte. Nº 803871/98 - C.S. S.R.L.
Señor Subdirector Jurídica y Técnica:
Las actuaciones vienen a ésta Asesoría a los efectos de que se emita opinión sobre la presentación efectuada por C. S. S.R.L., en la que cuestiona el rechazo de acogimiento a moratoria efectuado por la Dirección General de Rentas.
Alega el contribuyente que junto con el fisco ha sido objeto de una defraudación y que, por lo tanto, no puede ser encuadrada en la figura del Art. 3º del Decreto Nº 1086/98. Sostiene que ello conllevaría la injusticia palmaria, de quien cumplidor con sus obligaciones fiscales, se vea imposibilitado de acceder a un derecho, en el marco de la conducta delictual de terceros, con una investigación que no ha arribado a conclusiones definitivas. Señala además, que ha habido negligencia grosera de quien tenia el control de los pagos, por lo que en virtud de lo que dispone el Art. 1112 del C.C. hace reserva de reclamar los daños y perjuicios que pudieran concretarse.
Considero que el planteo debe ser desestimado. Efectivamente, la situación del contribuyente se encuentra claramente encuadrada en el Art. 31º del Decreto Nº 1083/98 toda vez que ésta dirección ha procedido a practicar denuncia penal al advertir que en los expedientes administrativos pertenecientes al contribuyentes y que ésta referencia en su presentación, se encontraron boletas de deposito donde se consignaban importes que no han ingresado al fisco.
Rechazar el pedido de acogimiento a la moratoria no implicó prejuzgamiento alguno sobre la situación del contribuyente; pues se sustentó en la comprobación de un hecho objetivo previsto por la norma como impedimento para acceder al beneficio: existencia de denuncia penal.
Finalmente destaco, que ésta Dirección no se puede expedir sobre aspectos constitucionales del Decreto Nº 1083/98 en virtud de lo preceptuado por el Art. 13º del C. F..
Subdirección Jurídica y Técnica, 07/04/99
Consta de 016 fs. útiles.
Ref.: Expte. Nº 803871/98 C. S. S.R.L. s/ Moratoria Decreto Nº 1083/98
Resolución Nº ....../99 DGR
Visto: El Expte. Nº 803871/98 C.S. S.R.L. s/ Moratoria Decreto Nº 1083/98; y
QUE el contribuyente ha solicitado el acogimiento al régimen de regularización de obligaciones tributarias Decreto 1083/98;
QUE la Subdirección de Jurídica y Técnica ha emitido dictamen que el suscripto comparte y que en su parte pertinente dice: (Ref. Exptes. Nº 803864/98 G. C. y Nº 803871/98 C.S. S.R.L.), "Conforme surge de las fotocopias de la Resolución Nº 1119/98 DGR, los expedientes allí referidos por acogimiento a Moratoria Decreto Nº 164/96, fueron recepcionados por esta Asesoría para efectuar la denuncia penal correspondiente. En virtud de ello, se ha realizado la denuncia ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de esta Ciudad de Posadas.
En consecuencia y atendiendo lo dispuesto por el Art. 3º del Decreto Nº 1083/98, esta Asesoría estima pertinente proceder al rechazo de los acogimientos de referencia, cuyos expedientes originales se adjuntan."
EL DIRECTOR PCIAL. DE RENTAS RESUELVE:
ARTICULO 1º: Rechazar la solicitud de acogimiento al régimen de regularización de obligaciones tributarias, Decreto Nº 1083/98, presentada por la firma C. S. S.R.L., por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.
DICTAMEN Nº 281/99
Ref.: Expte. Nº 4486/96 M. F. E. S.A. s/ Verificación Impositiva
Las presentes actuaciones vienen a esta Asesoría en virtud del pase dispuesto a fs. 78 por el Sr. Subdirector de Fiscalización, a los efectos de emitir opinión sobre el recurso de reconsideración articulado por el contribuyente a fs. 72/76 contra la Resolución Nº 016/99 emanada del Sr. Director Provincial de Rentas.
Los argumentos alegados en el planteo recursivo, ya habían sido expresados por el Contribuyente en presentaciones anteriores y, por lo tanto, han sido materia de dictamen conforme surge de las constancias de fs. 14, 18/19 y 56 que el suscripto comparte y los que "brevitatis causae" me remito.
SÍ corresponde hacer referencia a la multa que se le aplica en los términos del Art. 45º del Código Fiscal (Art. 2º Resolución General Nº 016/99).
Sostiene el Contribuyente que en ninguno de los considerandos se hace referencia a la multa (por ejemplo circunstancias agravantes, atenuantes etc.), lo que viola el Art. 52º del C. F. que es -afirma- de insoslayable cumplimiento.
Soy de opinión y como bien lo señala el C. P. G. en el apartado c) del informe de fs. 77, que al haberse aplicado el mínimo de la multa (20%), el contribuyente no puede sentirse agraviado porque no se haga referencia a ese punto en los considerandos de la Resolución. Pues al estar perfectamente comprobado el hecho previsto en la norma (presupuesto) para aplicar la sanción (OMISION), el Director Provincial está facultado para aplicar una multa graduable del 20% al 200% del monto de la obligación fiscal omitida.
En definitiva, los argumentos del recurrente no tienen entidad para modificar la resolución cuestionada, por lo que de compartirse este criterio, deberá dictarse resolución rechazando el recurso el planteo formulado.
Subdirección Jurídica y Técnica, 24/05/99
Consta de 084 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 333/99
Ref.: Expte. Nº 1032/86 y 932/89 E. S. P. S.A. s/ Verificación Impositiva - Moratoria caida
Ampliando el dictamen de fecha 11 de mayo de 1999, esta Asesoría en relación a su pedido de que se fundamente la postura contenida en el mismo, se informa:
1) Conforme surge del Decreto Nº 1083 el punto IV deudas en gestión administrativa o judicial comienza a ser tratado a partir del Art. 16º de la citada normativa, por lo que esta Asesoría entiende que a las deudas sometidas a ejecución judicial con sentencia firme y consentida como es el caso de E.S.P.S.A. le corresponde la aplicación del Art. 17º, aunque debe decirse que la técnica empleada en cuanto a su regulación y encuadramiento es altamente insuficiente.
Conforme lo expresa el Dr. L., luego de un largo trámite procesal tanto en primera como en segunda instancia, la Dirección General de Rentas resultó gananciosa en el juicio de apremio, y el juez mandó llevar adelante la ejecución por capital reclamado, más los intereses establecidos por la DGR mediante Resolución Nº 003/92, la misma se encuentra Firme y Considerada y ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
La pretensión de que renazcan los beneficios de un acogimiento a moratoria que efectuó en el año 1987 deviene absolutamente inadmisible, toda vez que en virtud de no haber cumplimentado con la misma, dichos beneficios decayeron y se inició la ejecución fiscal por dichos períodos (enero/79 a octubre/91). A la fecha la sentencia allí recaída está firme y consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada.
La aplicación de la institución de la cosa juzgada es de orden público y debe declararse aún de oficio para resguardar un instituto de jerarquía constitucional.
La jurisprudencia ha expresado: "el régimen de cosa juzgada abarca dos aspectos concretos, pero claramente diferenciales:
a) La estabilidad de las decisiones judiciales, que es exigencia primaria de la seguridad jurídica.
b) Al derecho adquirido que corresponde al beneficiario de una sentencia ejecutada, derecho que representa para su titular una propiedad (C.N. Apel. Cpción del Uruguay) junio/19/1996 Rougier, Lucio o/Bourlot, José L.L.1998 D-881.
"Por otra parte la autoridad de la cosa juzgada está íntimamente ligada a la seguridad jurídica, representa una exigencia vital de orden público tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social cuya ausencia pondría en crisis la íntegra juridicidad del sistema".
C.N. Civil, Sala D, Sept. 30/1997. Chilczuk, Sergio c/ Héctor Montero L.L. 1998 -D- pág. 93.
El hecho de acogerse a moratoria en las actuaciones judiciales que se tramitan en el Expte. Nº 417/90 (Juzgado Civil y Comercial Nº 5) no implica el renacimiento de los beneficios establecidos en la Ley Nº 2423 del año 1987.
En efecto, el Decreto Nº 1083 al referirse a las deudas incluidas en moratorias y/o planes de facilidades de pago caducos, se está refiriendo en el caso concreto, al Decreto Nº 164/96 pues el contribuyente se había acogido al mismo.
Esta NORMA no contempla entre sus beneficios la condonación de los períodos que E.S.P.S.A. adeuda al Fisco Provincial y se reclaman en expediente judicial son sentencia firme y consentida en Eldorado, Provincia de Misiones.
También se concluye que de acceder a la pretensión de los recurrentes se produciría a un perjuicio al erario público provincial, toda vez que se privaría al fisco provincial del ingreso de una importante suma (capital reclamado: pesos xxx.).
Así también la firma E.S.P. , debió en caso de pretender solicitar su acogimiento a los beneficios del Decreto Nº 1083 proceder conforme el 2do. párrafo del Art. 17º en el expte. judicial Nº 4522/96 que se tramita en Eldorado, sin que surja del informe del Dr. L del 23 de diciembre de 1998, que la firma haya solicitado conforme el artículo citado supra el pertinente acogimiento.
Por último, en virtud de un principio de orden en cuanto a la faz administrativa, debería ordenar esa Subdirección foliar y caratular las presentes hojas, las que junto al presente dictamen, ascienden a 28 fs. útiles.
Subdirección Jurídica y Técnica, 29/06/99
DICTAMEN Nº 462/99
Ref.: Expte. Nº 0999/90 I. C. S.A. s/ Verificación Impositiva
A fs. 369/372, el Sr. H.Y.G., interpone recurso de Revocatoria (sic), contra la Resolución Nº 167/99 de la Dirección General.
Contra la misma corresponde deducir el Recurso, de Reconsideración, establecido en el Art. 67º del Código Fiscal, y así corresponde encuadrar al interpuesto por el responsable, en estos actuados.
El recurrente, opone en primer termino la prescripción manifestando que la deuda por la cual se lo hace responsable es el período, junio de 1988 a agosto de 1990 y en virtud del plazo del Art. 4027 inc. 3) en concordancia con el Art. 482º del Código de Comercio, la prescripción debe considerarse por el término de cinco (5) años, y que pretender otro término importa cubrir deficiencias en la organización administrativa, creando situaciones inciertas y expresa que la Ley Nacional Nº 11.683 establece el término de cinco años.
Manifiesta que la Dirección General de Rentas, no ha cumplido con los requisitos previos establecidos en los Arts. 20º inc. a) y 21º del Código Fiscal, porque no ha intentado el cobro contra el deudor principal, y no ha cumplido con una audiencia previa a efectos de demostrar las causas de la exculpación de su responsabilidad y que la misma no se ha probado.
Transcribe doctrina y jurisprudencia, con la que pretende avalar su postura.
Expresa que la sociedad I. C. de la cual era miembro fue denunciada penalmente por la Dirección General Impositiva en el año 1990, y ni siquiera obra en su poder documental, con lo que tampoco puede constatar si el reclamo de la Dirección General de Rentas es procedente o improcedente y la imposibilidad de la firma de abonar los impuestos y demostrar que no se han utilizado los mismos o dispuesto de fondos, para el pago de otras obligaciones antes que las impositivas, ya que la misma fue secuestrada en la causa penal que se tramita por Expte. Nº 1812/91 I.C.S.A. s/ Infracción Ley Nº 29.771, causa que ofrece como prueba documental.
Solicita en el petitorio se haga lugar a la prescripción incoada, y para el hipotético caso de que no se haga lugar a la misma, se revoque la resolución, y se tenga ofrecida la prueba.
Encuadre Jurídico de los Actuados
1) Prescripción: La defensa alegada, por el Sr. G., carece de asidero jurídico; en efecto, el Código Fiscal Provincial en su Art. 102º y siguientes establece claramente que el término es de diez años. Pretender la aplicación de la legislación tributaria nacional, es inadmisible. Por otra parte, en sucesivos actos administrativos, la prescripción se ha interrumpido (Ver Art. 105), por lo que su defensa, carece de sustento. Puede observarse del largo trámite administrativo que se sustancia en el Expte. de referencia, que sucesivamente se ha interrumpido.
2) Responsable por deuda ajena y solidario: El Fisco Provincial, ha cumplimentado con excesivo rigorismo las disposiciones de los Artículos 20º inc. a) y 21º inc. a) del Código Fiscal . En efecto, surge de fs. 327/330 y 336, en la cual se le corrió la VISTA del Art. 40º del Código, sin que el Sr. G. haya ofrecido su descargo en tiempo y forma.
Por otra parte, la contribuyente Y.C., de la cual el responsable fue presidente del Directorio, se encuentra DEBIDAMENTE INTIMADO ADMINISTRATIVAMENTE, conforme surge de fs. 309 de estas actuaciones.
En su libro "Responsabilidad patrimonial solidaria de directores y administradores por deudas impositivas de las sociedades comerciales", Federico R. Highton expresa citando jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo Sala IV, en la causa Florentino Cámara: "De las normas legales vigentes fluye naturalmente que a los directores y gerentes de las sociedades se les impone una obligación solidaria que nace -por imperio legal- por el solo incumplimiento del obligado principal, aún cuando esa solidaridad no haga perder a la obligación del responsable su carácter de accesorio, toda vez que la obligación de los directores nace con posterioridad a la configuración del hecho imponible" (ob.cit, pág.33).
No ha probado el Sr. M.G., circunstancias que le permitan eximirse de la responsabilidad por deuda ajena y solidaria, ni en la corrida de vista del Art. 40º, como en el presente descargo, teniendo en cuenta que el expediente penal que cita, data del año 1991, y la Dirección General de Rentas, determina la deuda por los Períodos Junio de 1988 a Agosto de 1990.
Sobre la base de lo consignado, esta Asesoría considera que el recurso de reconsideración interpuesto, carece del sustento fáctico, legal y fundamentalmente probatoria que permitan dejar sin efecto la resolución de la Dirección General de Rentas.
De compartirse el presente dictamen, por la Subdirección de Jurídica y Técnica y la Dirección General, deberá dictarse el instrumento legal respectivo y notificárselo al responsable en la forma prevista en el Código Fiscal Provincial, garantizando de esa forma su derecho de defensa.
Subdirección Jurídica y Técnica, 16/07/99
Consta de 462 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 467/99
Ref.:Consulta Transferencia de derechos reales
Aplicación de la Ley Nº 22.427
El Señor Subdirector de Fiscalización, eleva a esa Subdirección una consulta referida a los requisitos para la Constitución o Transferencia de derechos reales sobre inmuebles (Ley Nº 22.427), obtenido de actuaciones llevadas a cabo por los inspectores -Dpto. Fiscalización externa- sobre Escrituras de Transferencias de Dominio de Inmuebles.
Expresa que la citada norma es esgrimida a favor del incumplimiento del Art. 29º, primer párrafo del Código Fiscal Provincial. Luego de esta consideración, solicita dictamen, respecto a la vigencia de dicha norma en el ámbito local a los efectos de proseguir las verificaciones de cumplimiento de libre deuda -Impuesto Inmobiliario-.
Sobre la base de lo reseñado, esta Asesoría estima que la Ley Nº 22.427 no es aplicable en la Pcia. de Misiones, y rige exclusivamente en el ámbito de la Capital Federal, por imperio de lo normado en el Art. 75º inc. 30º de la Constitución Nacional.
Esta postura, es avalada también, conforme fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala A, que en fecha 4 de marzo de 1999, y en autos: "Ginochio c/c, E.L. y otro (Revista La Ley del 13 de Julio de 1999, pág. 4/5), se ha expresado:
"No está en tela de juicio, que los escribanos titulares de Registro, tanto de esta ciudad como de la Provincia de Buenos Aires son agentes de percepción de los tributos que se adeudan en relación a los inmuebles respecto de los que se autoricen escrituras traslativas de dominio".
"Sin embargo, no existe en el orden provincial una normativa análoga a la Ley Nacional (J.A. Legislación Argentina 1981-A, 196), de improcedente aplicación en la especie en tanto prescribe exclusivamente para el ámbito específico de la Capital Federal, conforme las previsiones de la Constitución Nacional, vigente para ese entonces (conforme Art. 67º inc. 27), vale decir respecto de operaciones de constitución o transferencia de derechos reales de inmuebles asentados en esta jurisdicción y su inscripción en el Registro de la Propiedad local.... El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a fs. 174/175, informó que los notarios están obviamente incluidos entre los sujetos pasivos referidos en los Arts. 18º y 20º del Código Fiscal y que deben responder solidaria e ilimitadamente con el contribuyente, para dictaminar finalmente que la Ley Nº 22.427 no es de aplicación respecto de los inmuebles ubicados en esa Provincia...".
Sobre la base de lo expuesto, y si la Dirección General , compartiera el presente dictamen, deben girarse estas actuaciones, debidamente foliadas a la Subdirección de Fiscalización.
Subdirección Jurídica y Técnica, 20/07/99
Consta de 005 fs. útiles.
DICTAMEN Nº 504/99
Ref.: Expte. Nº 1994/97 A. S.A. s/ Verificación Impositiva
Señor Subdirector de Recaudación:
I) Reseña de la actuaciones.
A fs. 106/109 obra una presentación efectuada por la Contribuyente en su carácter de Vicepresidenta de A. S.A. con domicilio en G. U. de Capital Federal y constituye domicilio legal en F. Capital Federal.
- Que se les dio vista de la determinación de una deuda con la DGR de la Provincia de Misiones por diferencias sobre el Impuesto s/ los Ingresos Brutos, infracciones a los deberes formales y multas.
- Alegan en el punto III que la inspección ha incurrido en arbitrariedad manifiesta, ya que en la nueva actuación los inspectores y en la planilla de diferencias de deudas, origen de esta vista, se ha prescindido de todas las argumentaciones y pruebas aportadas en las actuaciones de los mismos inspectores y en el mismo descargo realizado por la empresa el 12 de junio de 1997. Transcriben fallo de la C.S.J.N. a fin de "acreditar" lo que consideran arbitrario. Expresan también que las diferencias determinadas son arbitrarias porque los inspectores actuantes con un proceder de esta naturaleza le trasladan unas actuaciones "disparatadas" (sic) presidiendo de tomar sus fundamentos de hecho y derecho y que las legítimas pretensiones fiscales no deben estar amparadas por mecanismos antijurídicos como los utilizados por los funcionarios actuantes que en vez de tener en cuenta las alegaciones jurídicas realizan un dispendio de actividad jurisdiccional.
- Expresan que está probado y reconocido que A. S.A. vendió a un contribuyente con domicilio en Misiones en el año 1992 pero que las mercaderías se ponen a disposición del cliente en Buenos Aires y las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Son del comprador desde que salen de Buenos Aires. Pero dicen que el hecho indiscutible es que en el año 1993 no puede haber nunca iniciación de actividades atento que en 1992 existió venta en las condiciones descriptas a contribuyente domiciliado en Misiones, y en caso de corresponder ¿a que jurisdicción pertenecen, habida cuenta la particularidad de la forma en que se concertó la venta?.
Argumentan que el Art. 27º del Convenio Multilateral dispone que la atribución de gastos e ingresos a que se refiere el presente convenio se atenderá a la realidad económica de hechos, actos y situaciones que efectivamente realicen. Tampoco -dicen- es aplicable el Art. 14º del Convenio directamente si entra en contradicción con el Art. 27º habida cuenta que no existen gastos proporcionales y atribuibles a la Provincia de Misiones como para asignar todas las ventas a Provincia de Misiones habida cuenta que se distorsionarían los legítimos derechos de otras jurisdicciones sobre dichas ventas.
Con relación al Art. 14º del Convenio Multilateral -artículo pretendido aplicar al período Enero/Diciembre en 1993 y anteriormente en 1992 no existe una omisión de base imponible globalmente considerado dado que el impuesto fue liquidado sobre el total de ventas mensuales aplicando los coeficientes correspondientes a las otras jurisdicciones hecho que se puede constatar en respectivas boletas de pago y registraciones transcriptas en libros contables que se ofrecen como prueba.
Dicen que la empresa ha pagado todos los Impuestos a los Ingresos Brutos en función de las ventas según las jurisdicciones de conformidad con la Declaración Jurada C.M. 05 y con el criterio donde se han concertado las operaciones de compraventa y en el año 1993 de conformidad con el criterio del Art. 5º del Convenio Multilateral. Obviamente -expresan- todas las consideraciones sobre el Impuesto s/ los Ingresos Brutos del año 1993 son aplicables a las diferencias determinadas para el año 1994 especialmente y también los sucesivos.
Que el pretendido ajuste del punto a) del Art. 145º no se omitió base imponible, sino simplemente se atribuyó a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires; que dicho proceder se motivó más a un error de hecho y derecho excusable -si realmente existe- que a una omisión de base imponible dado que dichas ventas fueron realizadas y concertadas en la ciudad de Buenos Aires, a empresas que si bien tienen su domicilio o están radicadas en la Provincia de Misiones, habiendo viajado la mercadería por cuenta orden y riesgo del cliente. Que según el criterio que sustentan la venta debió atribuirse a la ciudad de Buenos Aires. Dicen que no están ante una posible atribución en defecto de base imponible a la Provincia de Misiones atribuida en exceso a la Ciudad de Buenos Aires.
Indican que posteriormente y habida cuenta que en el año 1993, las ventas en la Provincia de Misiones se concertaron esporádicamente por teléfono, les pareció prudente regularizar las obligaciones tributarias con esa jurisdicción incluyendo las mismas en el Decreto Nº 164/95 desde abril de 1993 -mes que incluye retroactivamente las operaciones desde enero de 1993 por aplicación del coeficiente unificado del Convenio Multilateral- hasta diciembre de 1995. Pero, a pesar de las ventas telefónicas las mercaderías viajan por orden y riesgo del cliente y están puestas a disposición en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso insisten en las legítimas dudas sobre cual es la jurisdicción a la cual corresponde atribuir dichas ventas.
A fs. 108 en el punto b) mencionan que una vez firme la determinación es aplicable el protocolo adicional del Convenio Multilateral y que corresponde dar conocimiento a las restantes jurisdicciones involucradas en el resultado de la determinación practicada, y que así se desprende del Art. 1º.
En el punto IV (fs.108) ofrece prueba documental y pericial.
En el punto V hace reserva del caso federal y de ampliar las consideraciones que fundan la impugnación.
En el petitorio (pto. VI), solicita se lo tenga por presentados, parte y constituido, se anule el acta final de inspección del 08/09/98 y se deje sin efecto la deuda determinada por diferencias sobre el Impuesto s/ los Ingresos Brutos y multas y en caso de corresponder se de cumplimiento a las disposiciones del Protocolo Adicional del Convenio Multilateral.
II) Encuadre jurídico de actuaciones.
Debe decirse que a fs. 145/148 de estos actuados se expide el C.P. G. quien solicita la intervención de la Subdirección de Jurídica y Técnica en relación a la supuesta arbitrariedad y sobre la pretendida nulidad de las actuaciones.
Primeramente debe decir esta Asesoría , que conforme surge de fs. 106/109 el descargo fue presentado por M. E. M., en su carácter de Vicepresidente (ver fs. 115) de la sociedad: destacándose, en consecuencia que la misma carece de representación ya que quien representa a la S.A. frente a terceros es el presidente del directorio y por ende se encuentra acreditada la falta de personería para recurrir a la vista pertinente.
Cabe destacar que en autos «D. C. M. Autoplan Circulo de Inversores para Fines Determinados se dijo: «El vicepresidente de la sociedad actuando individualmente, carece de capacidad por si para decidir el otorgamiento de poder para representar a la sociedad». (L.L.1997 -E.1066 J. Agrup. Caso 12013).
La organización de la representación de una sociedad anónima se basa fundamentalmente en la Ley Nº 19.550 (Arts. 58, 59 y 60), y en las cláusulas del estatuto social (CNC Sala E. Mayo 27-997, Dermicael S.A. c/ Mikaelian. Enrique L.L. 1997 E. 883) y la representación de esa sociedad anónima puede ser ejercida por el vicepresidente quien obliga a la persona jurídica «cuando ha actuado en ejercicio de la presidencia». L.L. 1997 -E - 883 sobre la base de lo expuesto debe destacarse que no surge de autos que el representante legal de la sociedad por imperio legal (Art. 268º de la Ley Nº 19.550) haya conferido o extendido dicha función a los otros integrantes del directorio en el caso de autos la Sra. Vicepresidente.
El otorgamiento de mandato es una decisión que compete al directorio de la sociedad anónima, que es el encargado de determinar el contenido de la voluntad del ente, sin perjuicio de la facultad representativa que el Art. 268º de la Ley Nº 19.950 confiere al presidente del órgano.
A todo evento, pasa a considerarse la supuesta "arbitrariedad" y "nulidad" alegadas por el contribuyente.
Por arbitrariedad se entiende una actuación en la que se menoscaba la garantía del debido proceso, el derecho de propiedad y la defensa en juicio, o bien pronunciamientos carentes de fundamentación o apartados inequívocamente de la solución normativa prevista para el caso.
De las presentes actuaciones no surge de modo alguno un accionar arbitrario, apartado del derecho vigente, por el contrario el Fisco Provincial dirige su conducta, su accionar sobre la base de las normas procesales y sustanciales propios de su ordenamiento, en un marco de absoluto respeto del orden jurídico vigente y del derecho de defensa del contribuyente.
En cuanto a la pretendida nulidad que alegan en su descargo debemos considerar que la misma puede devenir de una grave vulneración del derecho aplicable del debido proceso, y estas nulidades deben interpretarse con carácter restrictivo. La nulidad por la nulidad misma, es inadmisible.
No se observa en las presentes actuaciones que se haya violado una garantía constitucional o una disposición de las leyes de fondo relacionadas con la defensa en juicio de los derechos establecidos, como ineludible condición de validez como ocurre cuando se vulnera el Art. 18º de la Constitución Nacional y las disposiciones de orden público de una ley de fondo. Así se expidió la jurisprudencia en autos Consorcio Avellaneda II contra Sobrado Héctor y Otra L.L. Bs. As. 1997-873.
Sobre la base de lo expuesto se expide esta Asesoría sobre los puntos requeridos por el C.P. G. considero deben girarse los actuados a la Subdirección de Fiscalización.
Subdirección Jurídica y Técnica, 04/08/99.
DICTAMEN Nº 512/99
Ref.: Expte. Nº 822027/99 S. P. S.R.L. s/ Solicitud de Plan de Facilidades de Pago
La firma S. P. S.R.L. que se encuentra en concurso preventivo, presenta plan de facilidades de pago, por la Deuda Concursal Verificada. Ahora bien, los montos consignados se encuentran liquidados al 15/03/97 que fue la fecha de presentación en concurso preventivo.
Se acompaña en consecuencia, el Expte. administrativo Nº 1779/97 S. P. S.R.L. s/ Concurso Preventivo, a fin de constatar la opinión de la sindicatura , que fue avalada por el Juez.
Esta Asesoría estima que una vez homologado el acuerdo, corresponde que la firma ABONE el crédito verificado con más los intereses hasta la fecha del efectivo de pago, con lo cual deberá rectificar el formulario.
Para el caso de requerir la conformidad a fin de presentarla en el Juzgado, entiendo no existen impedimentos para otorgarla expresando que el plan de facilidades a suscribir se realizará conforme el marco del Decreto Nº 1252. Esto incluye, obviamente los intereses hasta la fecha del efectivo pago, ya que la deuda verificada en el concurso se cristaliza conforme al Art. 19º de la Ley Nº 24.522, a la fecha de Presentación en concurso.
Pero Homologado el Acuerdo, los acreedores privilegiados no comprendidos en el acuerdo, recuperan el derecho a perseguir su cobro.
Subdirección Jurídica y Técnica, 06/08/99

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