Source: http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/channel?channel=%2FOtros+Documentos%2FOtras+Entidades%2FDocs.+Consejo+de+Estado%2F2007&details=true&listType=documentos&forceFolders=true
Timestamp: 2019-12-09 07:17:39+00:00

Document:
Contenido/Otros Documentos/Otras Entidades/Docs. Consejo de Estado/2007
Pag. 1 de 5 49 elementos.
Sentencia Consejo de Estado 2006-01828(16424)
Problema Jurídico: En los términos de la apelación decide la Sala si procede o no el rechazo de plano de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por las Empresas Públicas de Medellín, contra las cuentas de cobro expedidas por el municipio de Medellín por concepto de rotura de vías.
Sentencia CE SI 00321 de 2007
Violación al deber de una adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados reconocidos por la ley
Problema Jurídico: La Sala precisa que se equivocó el Tribunal al haberse declarado inhibido para fallar de fondo respecto de la legalidad de la Resolución 8230 de 4 de noviembre de 1999, cuya nulidad solicita la actora en cuanto el Intendente de Control Social de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios remitió a la Fiscalía General de la Nación copia de los antecedentes, entre otros, de JAIRO A. MOSQUERA, Representante Legal de CONSUCASA LTDA., por haber declarado mediante escritura pública y bajo la gravedad del juramento no haber recibido respuesta alguna de CODENSA S.A. E.S.P. en los términos de ley, pues dicha dependencia encontró que la citada Empresa sí acreditó la respuesta oportuna, pues no obstante que encontró probado que tal Resolución no le fue notificada a la actora declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, cuando lo cierto es que si una decisión no es notificada a la parte interesada es obvio que tampoco se le dio la oportunidad de interponer los recursos procedentes, por lo cual la consecuencia de tal omisión es el poder acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa en procura de su nulidad, como lo establece el artículo 135 del C.C.A.
Sentencia CE SIV 14611 de 2007
LA CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA, CORELCA S.A. E.S.P., solicito la nulidad de la liquidación de revisión y la resolución que la modifico y, en consecuencia, se declare la firmeza de la declaración de renta presentada el 22 de mayo de 1998
Problema Jurídico: En los términos de la apelación se decide si los rendimientos financieros obtenidos por las empresas generadoras de energía por intereses corrientes y de mora de las cuentas por cobrar por venta de energía derivados de los contratos celebrados con las diferentes eléctrificadoras gozan de la exención prevista en el articulo 211 del Estatuto Tributario, o si por el contrario, esos ingresos corresponden a una actividad secundaria y circunstancial de la entidad.
Sentencia CE SIII 00947 de 2007
Pocedencia del recurso de apelación - Aspectos generales atinentes a los fondos de solidaridad
Problema Jurídico: Aunque no exista una norma legal que de manera expresa disponga la constitución de un Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del orden nacional para cubrir los faltantes de los subsidios que se otorguen, a favor de las personas de menores ingresos, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto o de agua potable, de alcantarillado y aseo o saneamiento básico, cabe señalar que a La Nación también le corresponde interesante en la apropiación de recursos presupuestales para esos fines y deberes
Sentencia CE S1 7140 de 2007
Acciones populares - Derechos colectivos - Incentivos
Problema Jurídico: Ha señalado esta Sección en reiteradas ocasiones que el incentivo que se consagra en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 es un reconocimiento a la labor diligente que realiza el actor en defensa de los derechos colectivos y que adicionalmente y en concordancia con el artículo34 de la misma ley, el incentivo se concederá cuando la sentencia acoja las pretensiones de la demanda, es decir que el pago del mismo solo procede en los casos de dictarse sentencia estimatoria y no cuando se trata de aprobación del pacto de cumplimiento
Sentencia CE SIII AP00266 de 2007
Protección de derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas
Servicios Públicos: Telefonia Publica Basica Conmutada;
Problema Jurídico: El alcalde de Neiva autorizó a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. la instalación de una antena de telefonía celular PCS en la carrera 19 número 6 ? 25, Barrio Calixto Leiva, desconociendo las normas sobre uso del suelo contemplada el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo Municipal. La instalación de la antena de telefonía celular PCS representa riesgo para la salubridad de los habitantes del sector debido a las ondas electromagnéticas; y pone en peligro su seguridad pues convierte al sector en objetivo de atentados terroristas.
Sentencia CE SIII 788 de 2007
Protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a los derechos de los consumidores y usuarios.
Problema Jurídico: Corresponde a la Sala determinar si el Municipio de Villa de Leyva ha amenazado o violado los derechos colectivos invocados por el actor. Para ello analizará: 1) el régimen constitucional y legal de los subsidios y las contribuciones, en los servicios públicos domiciliarios, 2) la regulación de los fondos de solidaridad y redistribución
Sentencia CE SI 7140 de 2007
Acción Popular por estimar que se encuentran vulnerados los derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por el hecho de que el plazo legal establecido para la ejecución de los estudios de vulnerabilidad sísmica que deben realizarse a las construcciones existentes cuyo uso sea indispensable o de atención a la comunidad, no ha sido efectuado por el Municipio de Palermo.
Servicios Públicos: Acueducto; General a los servicios publicos; Alcantarillado;
Problema Jurídico: Ha señalado esta Sección en reiteradas ocasiones que el incentivo que se consagra en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 es un reconocimiento a la labor diligente que realiza el actor en defensa de los derechos colectivos y que adicionalmente y en concordancia con el artículo34 de la misma ley, el incentivo se concederá cuando la sentencia acoja las pretensiones de la demanda, es decir que el pago del mismo solo procede en los casos de dictarse sentencia estimatoria y no cuando se trata de aprobación del pacto de cumplimiento.
Amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, a los derechos de los consumidores y usuarios
Problema Jurídico: Afirmó el demandante que tanto el municipio de Cúcuta como la SSPD han contribuido a agudizar el detrimento patrimonial que viene presentándose en la E.I.S. Cúcuta E.S.P. Debido a esta difícil situación financiera, no ha sido posible: i) reparar y mantener debidamente la infraestructura del sistema de acueducto y saneamiento básico, ii) aumentar la cobertura en la prestación del servicio y iii) proteger las cuencas de los ríos Pamplonita y Zulia, a fin de mantener un nivel óptimo en los caudales
Sentencia CE SIII 00689 de 2007
Protección de derecos colectivos, moralidad administrativa y defensa del patrimonio público
Problema Jurídico: El Distrito Capital de Bogotá y la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E. S. P., suscribieron un convenio, cuyo objeto era el suministro y pago del servicio de alumbrado público en la ciudad de Bogotá. Al momento de la celebración del Convenio, el Distrito Capital era una entidad estatal sujeta al régimen de contratación de la administración pública y la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E. S. P., era una sociedad anónima por acciones sujeta al derecho privado. El Distrito Capital para la escogencia del contratista del convenio ya referido, no efectuó licitación ni concurso público, ni dejó constancia de que dicho convenio era interadministravo, ni hizo consideración alguna respecto del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 con el fin de que el Distrito Capital se exonerara de su obligación de escoger el contratista a través de licitación o concurso público. No obstante lo anterior, en la exposición de motivos del proyecto de Acuerdo ?Por el cual se establece la tasa de alumbrado público para el Distrito Capital de Bogotá?, la administración distrital, refiriéndose al Convenio No. 766, informó erróneamente que ?Este contrato es interadministrativo y está regulado por los arts. 2, 24 y 41 de la Ley 80 de 1993 y por la Ley 143 de 1994 en lo relativo a los contratos de concesión?. En la sentencia impugnada, el A quo despachó negativamente las súplicas de la demanda, al declarar probada la excepción de improcedencia de la acción formulada. Consideró que el debate surge con relación al Convenio No. 766 de 30 de abril de 1997, fecha para la cual no se había expedido la Ley 472 de 1998 máxime cuando la referida ley estableció que regiría un año después de su promulgación esto es para el año de 1999. Que de conformidad con lo señalado en la sentencia SU-881 de 25 de agosto de 2005 es evidente que los hechos que se debaten, es decir, la suscripción del Convenio No. 766 de 1997, corresponden a situaciones que se suscitaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 472 de 1998 y, por lo tanto, el entrar a estudiar la legalidad o no del mismo, conllevaría a que el Juez incurriera en una vía de hecho por violación al debido proceso al entrar a aplicar una ley posterior. Como consecuencia de lo anterior declaró probada de oficio la excepción de improcedencia de la acción por debatirse hechos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 472 de 1998 que regula las acciones populares.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 135
 resolución 
 artículo 39
 artículo34
 artículo 39
 artículo34
 artículo 24