Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DS_C_10_455.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-07 04:30:40+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 455, de 05/05/2015
Sesión celebrada el martes, 5 de mayo de 2015
Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España (antes denominado Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y por la que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia). 621/000113 historia de España; judío; nacionalidad GOBIERNO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos
En primer lugar, el señor letrado está procediendo a comprobar las asistencias.
A continuación, procedemos a la aprobación del acta de la sesión anterior, a la que no se ha presentado ningún tipo de reclamación. ¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento).
PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO CIVIL Y POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA). 621/000113 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden día: Dictamen del Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y por la que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
A este proyecto de ley se han presentado 4 propuestas de veto y 92 enmiendas. La ponencia designada en su día en relación con este proyecto de ley ha emitido informe en el que como cuestión previa consta el criterio contrario de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular a la aprobación por la comisión de las propuestas de veto presentadas a este proyecto de ley. En este informe se refleja también la aprobación por la ponencia de las siguientes enmiendas: en relación con el título del proyecto de ley, ha sido aprobada por mayoría la enmienda 85, del Grupo Parlamentario Popular. En relación con el apartado cuarto del preámbulo del proyecto de ley, han sido aprobadas por unanimidad las enmiendas 16, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 70, del Grupo Parlamentario Socialista; 45, del Grupo Parlamentario Vasco, y 86, del Grupo Parlamentario Popular; con la redacción de estas dos últimas enmiendas este apartado cuarto del preámbulo pasa a constar de un único párrafo. En relación con la disposición final cuarta del proyecto de ley, han sido aprobadas por mayoría las enmiendas 61, del Grupo Parlamentario Vasco, y 91, del Grupo Parlamentario Popular, de idéntico contenido. En relación con la disposición final sexta del proyecto de ley, ha sido aprobada por mayoría la enmienda 92 del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular, por otro lado, ha diferido al debate en comisión la consideración de sus restantes enmiendas. Las demás enmiendas presentadas han sido rechazadas por mayoría.
Vamos a pasar, señorías, a la defensa de las propuestas de veto de este proyecto de ley.
Señor Iglesias, tiene usted la palabra.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias.
La doy por defendida, señor presidente.
Propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias.
También la doy por defendida.
Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Senador Saura, tiene la palabra.
Propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Después de la defensa de las propuestas de veto, cabe un turno en contra, así como la intervención de los portavoces.
Para el turno en contra, señora Franco, tiene la palabra.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias,
Simplemente quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular rechaza todos los vetos formulados.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿va a intervenir, senador Iglesias? (Denegaciones).
A mí me hubiera encantado poder tomar parte; pero, vista la voz de caverna que tengo, más la actitud que no sé cómo calificar del senador Díaz Tejera, que nos ha sorprendido a todos (Risas), casi que voy a dar hasta por defendido el turno de portavoces.
El señor PRESIDENTE: Y además, no se verá usted en otra como esta. (Risas). Gracias, señor Bildarratz.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, ¿señor Saura? (Denegaciones).
No va a tomar la palabra.
Por Convergència i Unió, ¿señora Rieradevall? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿señor Díaz Tejera?
El señor DÍAZ TEJERA: Sí, va a tomar la palabra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera. Adelante.
El señor DÍAZ TEJERA: De nada, señor presidente.
¿Por qué razón no he intervenido en el veto? Porque todavía no sé cómo va a quedar el texto que se lleve al Pleno, porque este no es el texto que salió del Congreso de los Diputados, ha mutado sustancial y cualitativamente, es algo distinto. Lo que podía haber sido un texto que girase en torno a un motivo de alegría y de resarcimiento histórico con una comunidad, con un pueblo, ha sido un instrumento que se ha aprovechado para incorporar otras disposiciones que cambian sustancialmente la regulación jurídica del acceso a la nacionalidad, y ocurre que lo que se incorpora mediante enmiendas supone un cambio sustancial, pero no sabemos con qué profundidad y con qué calibre.
Nosotros pretendíamos que este fuera un texto que se limitara estrictamente a que la comunidad de los sefardíes pudiera acceder a la nacionalidad española, no a ninguna otra cosa. Pensábamos que iba a ser un texto en el que todos los portavoces hiciéramos relación de los personajes históricos y las citas poéticas vinculadas a esta comunidad, pero no ha sido así, muy al contrario, ha habido vicisitudes muy relevantes, vicisitudes sustanciales que no oscurecen, no debilitan la relevancia y la trascendencia de este resarcimiento histórico. Incluso digo más: hay otras comunidades más apegadas en el tiempo a la realidad de España de hoy, pero eso no supone debilitar la conveniencia de adoptar este texto; a lo largo del debate en el Congreso se ha hablado de las comunidades de moriscos, se ha hablado de los bereberes, se ha hablado de los propios saharauis, de personas que han estado durante gran parte de su vida viviendo en lo que era España en su momento, e incluso personas que han perdido la nacionalidad en el exilio por haberse casado y haber perdido el apellido, o mayores o menores de edad que podían o no acceder a la nacionalidad española según el año en que habían nacido y la nueva regulación de la Constitución del año 1978; todos estos asuntos son relevantes. Nosotros no estamos diciendo que no aprobamos la recuperación de este malestar histórico generado por nuestros ascendientes cinco siglos atrás, en sí tiene relevancia; estos otros asuntos que se han relatado en el Congreso y que ahora acabo de relatar aquí no rebajan la importancia de lo que estamos haciendo, pero nos ha parecido poco serio que a propósito de este debate se hayan incorporado otros asuntos, insisto, como si fueran un cambio insustancial de la regulación del acceso a la nacionalidad.
A mí me parece que lo que hay que plantearse de fondo es una ley que recoja de manera conjunta lo que entendemos los españoles acerca de cuáles son los requisitos que se deben tener para acceder a la nacionalidad; no estamos hablando de la nacionalidad por residencia, no estamos hablando de acceder a la nacionalidad por carta de naturaleza, cuando se tiene determinadas circunstancias excepcionales. Creo que esto habría que regularlo en un texto, es una asignatura pendiente, y creo también que la democracia española tiene varias otras asignaturas pendientes, algunas de las cuales he dicho, también con la comunidad sefardí.
Por esa razón he usado ahora el turno de portavoces, porque el veto se mantendrá o no en función del texto que finalmente tengamos para el Pleno y allí tomaremos la decisión que corresponda; pero ahora me parecía que era una falta de respeto a la comisión al menos no tratar de motivar y razonar cuáles son los factores que nos han inducido a mantener la posición del veto, del cual ya decidiremos en el Pleno su mantenimiento o su retirada, no sin dejar de subrayar la relevancia de que asuntos como este convendría no mezclarlos con otros por la propia relevancia que tienen en sí mismos. Me parece que es de buen legislador no mezclar la velocidad con el tocino, porque cuando se pretenden otros objetivos se oscurece lo que es un momento de justicia poética —creo yo que se oscurece—.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular en este turno de portavoces en relación con los vetos planteados.
Iba a decir que he escuchado con atención a todos los portavoces proponentes de veto, pero la verdad es que he tenido la oportunidad de escuchar al senador Díaz Tejera y de leer —tengo que decir que con atención— a los otros proponentes de las otras 3 propuestas de veto a este proyecto de ley.
Compartirán conmigo, señorías, que muchos de los argumentos que constan en las propuestas de veto planteadas han decaído en cierto modo al haber decaído a su vez —permítanme la repetición— la disposición adicional cuarta en lo referido al expediente de nacionalidad por residencia, que como saben queda al margen de este proyecto de ley. Una retirada absolutamente lógica habida cuenta de la singularidad del presente proyecto de ley, referido, como muy bien saben, a los sefardíes; singularidad que estamos convencidos de que merece un tratamiento específico y preciso, como es el que pretendemos otorgar con esta regulación y, de esta manera, independizar lo que será el otro trámite de los expedientes de nacionalidad por residencia, que serán objeto de un desarrollo reglamentario específico.
Dicho lo anterior, es verdad —lo apuntaba el senador Díaz Tejera— que hoy estamos en el debate de un proyecto de ley que podemos calificar como histórico, que trata de cerrar un capítulo de nuestra historia que hasta hoy permanecía abierto, de una parte de nuestra historia que posee entidad propia y suficiente. Así lo hemos entendido en el Grupo Parlamentario Popular para inspirar una ley específica y precisa como la que hoy debatimos, y les puedo garantizar, señorías, que todo ello sin menoscabo de otros casos ni otros supuestos que nada tienen que ver —dicho sea con todos los respetos— ni en el tiempo ni en la singularidad con el objeto central del presente proyecto de ley. Les digo más: claro que se podrán abordar estos temas, son asuntos importantes sobre los que podremos trabajar, escuchar, dialogar, pero que para nada esos otros planteamientos que han sido mencionados en las propuestas de veto deben restar importancia a este texto que hoy traemos a esta Cámara. Señorías, constatar este hecho que acabo de exponer no significa para nada prejuzgar ningún otro ni buscar, desde luego, agravio alguno.
No les quepa duda de que con este proyecto de ley tratamos de culminar un largo ya proceso de reencuentro con una parte de nuestro pasado: aquella fecha de 1492, cuando los judíos españoles, los sefardíes, fueron expulsados de nuestro país; un reencuentro que lo es, sin ningún género de dudas, por su ejemplo de fidelidad a una lengua, a unas costumbres y a la memoria de nuestro país, de Sefarad, de España.
Y concluyo, pues habrá un trámite posterior al final del turno de enmiendas. Señorías, tal vez en un exceso de ingenuidad por mi parte y también seguramente con una petición que exige una generosidad excesiva al resto de los grupos que han presentado vetos, les pido que, a la vista de lo expuesto y una vez que culminemos este proceso durante la comisión de esta tarde, se planteen esa posibilidad de retirar los vetos planteados a este proyecto de ley. Lo reitero: lo que pretende esta ley es culminar el reconocimiento de la condición de nacionales españoles de los legítimos descendientes de los judíos españoles expulsados hace 500 años; sin duda, una reparación histórica que todos compartimos, una reparación para estos españoles sin patria que, como acertadamente señaló precisamente un senador, el senador Ángel Pulido, se sintieron y se sienten españoles.
Señorías, si a ustedes les parece, yo quiero hacerles una propuesta. En vez de votar ahora los vetos y debatir a continuación las enmiendas de este proyecto de ley y el propio proyecto de ley en sí, podríamos iniciar el debate de los vetos del siguiente proyecto de ley. Una vez que hayamos debatido los vetos de una y otra ley, procederemos a votarlos juntos y después proseguiremos con el debate de las enmiendas de uno y otro proyecto de ley.
¿Les parece bien? (Asentimiento).
PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO CIVIL Y POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA). (Votación) 621/000113 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a votar los vetos del Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y por la que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 16; abstenciones, 3.
Votamos la propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya .
Votamos la propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Y propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, al primer proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO CIVIL Y POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA). (Continuación) 621/000113 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate, y votación en su momento, de las enmiendas presentadas al primer proyecto de ley.
Empezamos con las enmiendas 12 a 15, presentadas por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas números 1 a 11, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muy brevemente, señor presidente.
Se trata de once enmiendas que trasladan al articulado algunos de los argumentos barajados en la configuración del veto.
En primer lugar, frente a las competencias que se dan en el proyecto a los notarios, con nuestras enmiendas defendemos la actual situación de competencia del Registro Civil.
Por otro lado, a través de varias enmiendas proponemos ampliar las previsiones del proyecto referidas a los sefardíes para que se extiendan en términos idénticos a otros colectivos vinculados histórica y culturalmente con nuestro país, como son los moriscos o, fruto de los procesos de descolonización más recientes —alguno de ellos inconcluso—, los habitantes de Sidi Ifni y el Sáhara occidental.
Finalmente, con otro grupo de enmiendas pretendemos superar las diferencias de trato que se han dado en relación con descendientes de españoles según hayan nacido en España o fuera de España o, como hacía referencia en su defensa del veto el portavoz del Grupo Socialista, las mujeres que perdieron la nacionalidad como consecuencia de su matrimonio y sus descendientes.
Enmiendas 44, 46 a 60 y 62, del Grupo Parlamentario Vasco.
Tiene la palabra, señor Bildarratz.
Doy por defendidas todas las enmiendas, aunque explicaré de manera concisa las más importantes.
Algunas de ellas están relacionadas con todos aquellos condicionantes que exigen tener una especial vinculación con España. Son las enmiendas 44, 47, 50, 51 y 53. En este sentido, quiero subrayar unas palabras del que fue ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, que justificaba la presentación de este proyecto de ley diciendo textualmente que se trataba de devolver un derecho a quienes han sido injustamente privados de su nacionalidad. Entendemos que esas personas, los descendientes de aquellos que sufrieron esa injusticia, no tienen que demostrar bajo ningún concepto ninguna vinculación, y mucho menos con una serie de pruebas que se explicitan en este proyecto de ley. No hace falta hacer ningún examen para tener que demostrar nada.
El sentido de la enmienda número 48 podría verse modificado con alguna de las enmiendas que ha presentado en el último momento el Grupo Popular, por lo que pido disculpas si cometo algún error —creo que está relacionada con las enmiendas 87 u 88—. Pero al menos sigue teniendo validez en su contenido. Tanto el texto que se remitió del Congreso al Senado como la autoenmienda que ha hecho el Grupo Popular vienen a decir que la condición de sefardí originario de España se acreditará por una serie de medios probatorios valorados en su conjunto. Pues bien, entendemos que se da una arbitrariedad que no procede, y proponemos que la condición de sefardí originario de España se acredite por al menos dos medios probatorios, entendiendo que, entre las diferentes posibilidades que hay, con la existencia de dos sería suficiente para poder responder a los condicionantes que se establecen en el proyecto de ley.
Vamos a retirar la enmienda 45, puesto que se nos ha aceptado, junto con las enmiendas 86, del Grupo Popular, 70, del Grupo Socialista, y 16, de la Entesa.
También hay enmiendas relacionadas con la tramitación electrónica. El espíritu que queremos trasladar es que sea un condicionante para la Administración, pero que no sea bajo ningún concepto un condicionante para el interesado que quiera gestionar la nacionalidad española, de suerte y manera que tenga la posibilidad de hacerlo, pero no la obligación.
Presentamos la enmienda 49 al artículo 1.2, que también ha sido corregida de una u otra manera por una enmienda del Grupo Popular, al considerar que no existe relación jerárquica entre la Federación de Comunidades Judías de España y la comunidad judía donde pueda residir el interesado; y tampoco se da una relación con respecto a ninguna organización religiosa. El grupo mayoritario ha intentado corregir este aspecto a través de la enmienda 87, pero todavía prevalece algo que entendemos que no procede. En el texto que el grupo mayoritario presenta se dice que el interesado podrá acompañar un certificado expedido por el presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España que avale la condición de autoridad de quien lo expide, y entendemos que se da el mismo razonamiento que antes hemos utilizado respecto de los apartados b) y c), que ahora el grupo mayoritario quiere corregir. En ese sentido, considero que podemos pactar un texto, una enmienda transaccional, pero todavía se da, repito, una condición que no tiene por qué darse y que quisiéramos corregir.
Hemos presentado enmiendas de mejora técnica —las números 54, 60, etcétera— que vienen a evitar la explicitación del significado del apartado a) del artículo 23 del Código Civil, que entendemos innecesario: el juramento o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. También hemos conocido que el grupo mayoritario hace una modificación de la disposición adicional cuarta, y si entiendo bien el significado de esa enmienda concluyo que nuestras enmiendas 58, 59 y 60 perderían sentido y decaerían.
La enmienda número 62 también es importante. Entendemos que la tramitación de los expedientes y hechos inscribibles en esta ley deben tener carácter gratuito, ya que los descendientes o posibles beneficiarios de esta ley no tienen ninguna responsabilidad por lo acaecido y la solución que se les está intentando dar.
Por último, entiendo que la enmienda 57, a la disposición adicional segunda, también queda corregida por el grupo mayoritario y puede haber una transaccional en ese sentido. Evitamos posicionarnos a favor de algo que en estos momentos está sometido a debate, como es la llevanza del Registro Civil por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, y habíamos presentado una enmienda al respecto, pero, como digo, somos conocedores de la voluntad del grupo mayoritario y quedamos a expensas de lo que el Grupo Popular pueda proponer o querer aprobar.
Enmiendas números 17 a 43, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Doy por defendidas todas las enmiendas del Grupo de la Entesa.
Enmiendas números 63 a 69, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Señora Rieradevall, tiene usted la palabra
Hemos presentado siete enmiendas, que voy a resumir al máximo. Una de ellas adiciona un párrafo en el apartado III de la exposición de motivos, referente a la reparación moral y recuperación de la memoria personal y familiar del pueblo sefardí. Se propone que la exposición de motivos del proyecto de ley explique con mayor profundidad los argumentos históricos que justifican la aprobación de esta ley, así como que incluya una disculpa ante el pueblo judío, tal como, por ejemplo, ha hecho Portugal.
La enmienda 64, al apartado 5 del artículo 1, tiene por finalidad conseguir la separación necesaria, en dos fases, del procedimiento de obtención de la nacionalidad española. Propondríamos una primera fase, de constatación de la condición de sefardí originario de España y de la especial vinculación, mediante la aportación de los correspondientes medios probatorios; y una segunda fase, de acreditación de la especial vinculación con España a través de la superación de las dos pruebas. Se trata de evitar que el solicitante tenga que realizar esfuerzos en balde para la preparación y superación de las pruebas en caso de que no haya obtenido resolución positiva de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Para la superación de las dos pruebas resulta conveniente conceder un plazo adecuado al solicitante, y consideramos que este puede ser de veinticuatro meses, a contar desde la obtención de la citada resolución de estimación de la solicitud de nacionalidad para la preparación de dichas pruebas. Asimismo, debido a la diseminación de los posibles solicitantes alrededor del mundo, consideramos que sería necesario prever la posibilidad de que las pruebas pudieran realizarse en otros centros homologados por el Gobierno y dirigidos por el Instituto Cervantes en aquellas zonas donde este no tenga sede.
La enmienda 65 plantea la modificación del apartado 1 del artículo 2, sobre la forma de presentación de la solicitud en la plataforma notarial en campos estandarizados, y la posibilidad de hacerlo en la lengua propia de la comunidad autónoma. Proponemos especificar que la plataforma electrónica sea notarial e incorporar un nuevo parágrafo para especificar el contenido de la solicitud con el fin de mejorar la eficacia y la seguridad jurídica del procedimiento. Asimismo, se prevé, repito, que la solicitud pueda presentarse en la lengua propia de la comunidad autónoma.
La enmienda 66, al apartado 2 del artículo 2, vendría a permitir que la comparecencia pueda ser personalmente o a través de persona autorizada, como propuesta de mejora del procedimiento, para agilizarlo y simplificarlo.
Las enmiendas números 67 y 68 seguramente decaerán, por referirse al apartado 5 de la disposición adicional cuarta, sobre los expedientes de nacionalidad por residencia.
Finalmente, en la enmienda 69, a la disposición transitoria única, vamos a llegar a un acuerdo en una transaccional.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera para defender las enmiendas números 71 a 84.
Con estas enmiendas tratamos de paliar lo que creemos que son insuficiencias del texto. Si hay una voluntad de resarcimiento histórico, no entendemos lo de las pruebas especiales una vez que el notario da fe de la documentación que se le entrega y da fe, en la conversación con esas personas, de los vínculos que tienen con el país, que es la expresión que se utiliza: la acreditación de la especial vinculación con España. Si estamos en el capítulo de resarcimientos históricos, espero que los colectivos que antes he mencionado no tengan que esperar quinientos años. Si se trata de que cada uno de ellos espere quinientos años para que se dé el resarcimiento histórico, no sé en qué situación van a estar. Lo digo, por los supuestos previstos, por ejemplo, en la Ley de memoria histórica, como el de los españoles que al llegar a los 18 años no han optado claramente por la nacionalidad española, aunque sean hijos de españoles de origen. Y con la enmienda número 83 intentamos solventar esta realidad. Pero no solo se trata del caso de las personas que cuando han llegado a la mayoría de la edad no han hecho esa renuncia expresa, sino el de las españolas que al casarse perdieron el apellido porque en esos países pierden el apellido de solteras y adoptan el del marido. Como digo, tratamos de contribuir a ese resarcimiento histórico, que es lo que supone de fondo este texto.
A mí me han explicado que hubo un Gobierno que acordó con otro Gobierno la posibilidad de que personas diversas —hasta tres millones— pudieran acceder a la nacionalidad española para que a través de ahí pudiesen mantener relaciones especiales de tipo económico y político con un área con la que uno de los países tiene especiales vinculaciones por el idioma. Estoy hablando de Latinoamérica. De ahí esa expresión que se utiliza en uno de los párrafos con respecto a las donaciones. ¿Qué sentido tiene que para acreditar la especial vinculación con España se hayan formulado donaciones? Porque los que no tengan suficientes recursos económicos para hacer las donaciones a lo mejor pueden acreditar también esa especial vinculación. Da la impresión de que primero se diseñó el muñeco, se diseñó la radiografía, y después se puso la fórmula, todo ello aderezado con introducciones poéticas, históricas, señalando a los patricios que a lo largo de los siglos se han caracterizado por ese esfuerzo de resarcimiento histórico, que, quinientos años más tarde, vemos en la actualidad.
¿Cuál es el sentido de las enmiendas 70 a 85? En la medida de lo posible, tratar de facilitar que otros grupos humanos más cercanos en el tiempo —ya los he citado; me he referido al caso de los saharauis, o coetáneos de la comunidad sefardí, como el caso de los berberiscos o de los bereberes— pudieran acogerse a esta realidad. Insisto en que las propuestas son bastantes razonables, y como quiera que hechos son amores y no buenas razones, si estuviéramos en disposición de hacer resarcimientos históricos empezando por esta comunidad, mi pregunta concreta —y espero que alguien, aparte de las lecturas que hagan, me acuse recibo de ella y la pueda formular— es qué razones sustantivas, no formales, hay para la no acogida de la enmienda número 83 del Grupo Socialista. Del resto no espero que contraargumente porque posiblemente la lectura no lo contenga; pero en particular en lo que se refiere a la 83 sí me gustaría escuchar las razones por las que se entiende que no debe ser aceptada, desde el punto de vista de que estamos en el esfuerzo del resarcimiento histórico y estas personas de las que se está hablando son hijos de españoles.
Enmiendas 87 a 90 del Grupo Parlamentario Popular.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En su momento, habíamos registrado las enmiendas 87 a 90, pero después de una negociación de determinados aspectos que creíamos que debían cambiarse y mejorarse, al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado, las presentamos hoy en esta comisión.
Voy a explicar a sus señorías los cambios que introducimos. En primer lugar —y es una cuestión a la que ha hecho referencia además el senador Bildarratz—, respecto al papel de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, la redacción previa sí que es verdad que le atribuía la posibilidad de que expidiese unos documentos para garantizar la veracidad del contenido de los documentos enumerados en los apartados b) y c) anteriores. Este inciso desaparece, y se modifica la redacción en atención y también en sensibilidad a una propuesta y a las sugerencias que nos han hecho llegar el gran rabino de Israel y otros rabinos de la comunidad sefardí en la diáspora. En concreto, ahora lo que se establece es que el interesado podrá acompañar un certificado expedido por el presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, que avale la condición de autoridad de quien lo expide; se elimina ese anexo de la veracidad del contenido de los documentos enumerados en los apartados b) y c) anteriores, y a continuación, se establece que alternativamente para acreditar la idoneidad de los documentos mencionados en los apartados b) y c) el solicitante deberá aportar una serie de documentos que aparecen relacionados.
El senador Bildarratz creía que la redacción podría mejorarse. Yo creo que se ha mejorado notablemente y además de acuerdo con lo que nos han pedido los rabinos de las comunidades sefardíes. En todo caso recogemos ese guante de la posibilidad de negociar hasta el Pleno algún tipo de enmienda transaccional entre los dos grupos.
En segundo lugar, la enmienda 88 establece una serie de modificaciones al artículo 2 y en muchos casos simplemente clarifica la redacción. Así por ejemplo, en el apartado número 3 se habla de documentos que deben presentarse «debidamente autorizados, apostillados o legalizados». No tiene mayor importancia; se trata de una mejora de la redacción del texto.
Sí tiene mucha importancia, y es algo que además habíamos propuesto y consideramos que debía ser así, la modificación que se introduce en el apartado número 5, que habla de la resolución, y se señala que la Dirección General de Registro y Notariado remitirá de oficio una copia de la resolución al encargado del Registro Civil competente para la inscripción del nacimiento. Este apartado tiene relación con otras de las enmiendas que señalaré más tarde y creemos que tiene especial importancia. También la tiene que se elimine en el apartado b) del número 6 la posibilidad de realizar una encomienda de gestión a los notarios para la formalización de la jura, como ocurría en la redacción anterior. Esto desaparece y simplemente será ante el encargado del Registro Civil.
Asimismo, al amparo del artículo 115 del Reglamento, en la enmienda 89 presentamos una modificación que versa sobre la plataforma electrónica, que han mencionado también varios de los anteriores ponentes en sus enmiendas. «El Ministerio de Justicia establecerá una plataforma electrónica única para la tramitación del procedimiento regulado en la presente ley...». Y en el segundo apartado, se reintroduce la tasa para la tramitación de estos expedientes. El texto inicial contenía la tasa, se eliminó por una enmienda del Congreso de los Diputados y ahora por esta enmienda de nuestro grupo se vuelve a introducir exclusivamente para los expedientes o procedimientos de concesión de la nacionalidad que regula este texto de ley, que es la de carta de naturaleza a los sefardíes, y esta gestión de la tasa corresponderá en todo caso al Ministerio de Justicia. Sé que la cuestión de la tasa es polémica, pero sí quiero señalar a sus señorías que la reintroducción de esta tasa se justifica por la necesidad de compensar el uso de estos servicios que suponen un coste para la Administración española que, una vez valorados y evaluados, hacen perentoria la introducción de esta tasa para la tramitación de los expedientes.
Finalmente, respecto a la enmienda número 90, que modifica la disposición adicional cuarta, estamos muy satisfechos de que se haya hecho y lo que viene a establecer es que la inscripción será practicada por el encargado del Registro Civil que lo fuera para la inscripción del nacimiento. Con anterioridad era el Registro Civil del lugar donde estuviese radicado el notario que hubiera llevado el acta de notoriedad. Al modificarlo e incluir al encargado del Registro Civil que lo fuera para la inscripción del nacimiento abrimos la posibilidad de que estas inscripciones se puedan realizar, por ejemplo, en los registros consulares, lo cual supone un beneficio notable para todos los solicitantes porque no tendrán que desplazarse a España para llevar a cabo esta inscripción.
Estas son las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco González.
¿En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones).
El señor BILDARRATZ SORRON: Únicamente quería conminar al grupo mayoritario para que, ya que la senadora Franco ha recogido el guante, seamos capaces de mejorar el texto de aquí al Pleno.
También nos posicionaremos en el Pleno respecto de los vetos, pero es verdad que han quedado colectivos sin ningún reconocimiento —moriscos, saharauis o bereberes—, tal como han comentado algunos senadores que me han precedido en el uso de la palabra. No hace falta irnos quinientos años atrás para ver que con determinados colectivos se ha cometido una gran injusticia; se sigue y se seguirá cometiendo una gran injusticia en tanto en cuanto no reconozcamos una serie de realidades. Está bien que solucionemos un tema que hemos mostrado voluntad de solucionar, como el de los sefardíes, pero también me gustaría que todos los grupos se posicionasen respecto al reconocimiento de otra serie de colectivos. En ese sentido creo que todos los grupos presentes en este Parlamento, de una manera u otra, debemos hacer una serie de acciones parlamentarias para que también se les dé un justo reconocimiento a los colectivos antes citados.
¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el señor Saura no hará uso de la palabra? (Denegaciones).
Tiene la palabra la señora Rieradevall, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Señorías, nos encontramos ante un proyecto de ley ciertamente muy mejorable, pero que protagoniza un momento histórico, la reparación de una injusticia histórica, y se hace a través de un proceso de reencuentro, mirando hacia atrás pero también hacia el futuro, y teniendo en cuenta la intensidad efectiva que nos debe unir con esas miles de personas que fueron expulsadas por una edicto de 1492.
Consideramos un avance significativo que este proyecto de ley concrete las circunstancias excepcionales que justifican la carta de naturaleza prevista en el artículo 21 del Código Civil, considerando que la condición de sefardí es por sí misma una circunstancia excepcional que permitiría la concesión de la nacionalidad española. Es también importante que se suprima la necesidad de residencia, así como la renuncia a la anterior. Aun así, se prima evitar la presión sobre los consulados de España so pena de cargar al interesado con la obligación de comparecer ante notario para que sea este quien pueda valorar la presunción de sefardí. Se obliga a estos ciudadanos, con los que España, en teoría, se siente en deuda, a tener un determinado estatus socioeconómico para poder acogerse a este procedimiento, pues se les exige realizar un costoso y largo viaje desde países como Irán, Israel, Turquía, países iberoamericanos, etcétera, y lo que es más grave, sin tener la certeza de que la tan ansiada nacionalidad les va a ser concedida.
Parece pues como si no se hubiera llevado a cabo una reflexión serena sobre lo que ciertos artículos implican, porque realmente podríamos evitar esta y otras cargas a los solicitantes. Esperemos que de aquí al Pleno se reflexione, se valoren otras enmiendas presentadas y se mejore el texto.
Vuelvo a reiterar que como hechos son amores y no buenas razones espero que se tenga la misma sensibilidad hacia esos grupos humanos que no tienen detrás ningún poder político o económico importante llegado el tiempo. No hace falta esperar quinientos años; desde el año 1975 hasta el presente apenas han pasado dos o tres generaciones, y no sé si se va a tener la misma comprensión, la misma sensibilidad, la misma disponibilidad, por ejemplo, para plantear la posibilidad del funcionario consular o alguna prueba sencilla a través del Instituto Cervantes para estas personas de segunda o tercera generación que están perfectamente integradas, que hablan español y cuyos padres usaron el DNI español.
Temo que este raptus de sensibilidad histórica no se dé con estos otros grupos, insisto, porque no tienen un poder económico o político detrás, como sí sucede en este caso, o porque no haya habido donaciones previas que se contemplen en el articulado. En cualquiera de los casos, con este grupo humano hay un resarcimiento histórico, se tiene que hacer; la pena es que han incorporado otras materias que han ido oscureciendo y emponzoñando lo que podría ser un acto de justicia poética en el que tan solo nos manifestásemos a favor de que pudieran obtener la nacionalidad española quienes nunca debieron haberla perdido.
Vuelvo a preguntar respecto de la enmienda a la que me he referido anteriormente porque, insisto, como hechos son amores y no buenas razones, sería importante saber por qué razón la hija de una española que al casarse ha perdido su apellido no puede recuperar la nacionalidad española, o por qué un español, hijo de español, que al llegar a la mayoría de edad no ha renunciado a la anterior, no puede obtener la nacionalidad española. Es decir, que solo con aceptar unas enmiendas podría haber un resarcimiento histórico, pero, claro, no han pasado quinientos años ni tienen detrás ningún poder económico o político.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, van a tomar la palabra dos portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Franco González.
Si me permiten sus señorías, voy a contestar a los ponentes del resto de grupos parlamentarios respecto de las enmiendas que han presentado, ya que en el anterior turno defendí las de mi grupo.
Quiero comenzar señalando que es cierto que el proyecto de ley que hoy debatimos es un proyecto diferente, que ha variado a lo largo de su tramitación parlamentaria, pero también es verdad que este proyecto de ley hoy atiende ya a su denominación después de la enmienda que introdujimos en la ponencia esta mañana: Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. Un proyecto de ley que mediante las enmiendas que hemos introducido ha simplificado el procedimiento para llevar a cabo la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a los sefardíes y que, redundando en mi primera intervención, ha eliminado del texto aquellos otros contenidos, como lo relativo a la nacionalidad por residencia, ajenos al objeto de la ley.
Partiendo de este punto de vista, sus señorías han insistido sobre todo en la posibilidad de ampliar el contenido de este proyecto de ley a otros colectivos; se ha hablado del Sahara, de Sidi Ifni, de los moriscos, de casos en que las mujeres habían renunciado a la nacionalidad por sus hijos, porque no se podía introducir una enmienda para que pudiesen ejercer la opción.
Señorías, sin prejuzgar que estos casos deben tener una atención específica que habría que valorar, y que este Grupo Parlamentario Popular considera que debería formar parte de otra iniciativa parlamentaria precisa y específica para solucionar esas situaciones, consideramos que esos otros colectivos a los que sus señorías han hecho referencia se encuentran en una situación que no es homologable a la de los sefardíes, que nada tiene que ver ni en el tiempo ni en la singularidad y necesitan una ley singular, y —volviendo al comienzo de mi intervención— este es el propósito que persigue esta ley.
También han cuestionado el papel de los notarios. Ya sé, porque lo hemos visto en diferentes debates sobre otras materias, que es una cuestión que a determinados grupos parlamentarios no les gusta, que siempre la relacionan con una privatización de estos servicios públicos, pero nosotros seguimos afirmando que no existe tal privatización porque los notarios son funcionarios públicos, sin perjuicio de que cobren por arancel, y así lo ha destacado en numerosas ocasiones la jurisprudencia, y además la participación de los notarios se prevé precisamente con el fin de agilizar, mejorar y llevar a cabo una gestión más eficaz y poder resolver cuanto antes estos expedientes de nacionalidad.
Sus señorías han presentado diferentes cuestiones, y me voy a referir a ellas someramente porque son muchas. Una es la posibilidad de reducir, incluso exonerar en determinados casos, la prueba relativa a los estudios y cultura española. Nosotros, sin embargo, consideramos que este proyecto de ley pivota sobre dos requisitos que deben concurrir simultáneamente: por una parte, el origen sefardí y, por otra, la especial vinculación con España, y que estas pruebas sobre la historia, cultura o el idioma español deben permanecer. Todos los españoles, incluso los que adquieren la nacionalidad por este procedimiento privilegiado, son iguales ante la ley y no cabe prescindir de estas pruebas establecidas para su concesión.
El Grupo Parlamentario Vasco ha incidido sobre esa posible exoneración de las pruebas, y también sobre la posibilidad de comprobar exclusivamente dos de los medios probatorios aportados en la enmienda 48 a la que ha hecho referencia el senador Bildarratz. Nosotros consideramos, sin embargo, que la valoración conjunta, que es el término contenido en la enmienda que hemos presentado, es más adecuada porque la prueba aportada por el solicitante beneficiará a la garantía de la decisión del notario al otorgar el acta de notoriedad. Repito, esa valoración conjunta es más adecuada que restringirlo a la presentación de dos documentos.
Se ha hecho referencia a la regulación del procedimiento electrónico, una cuestión que se ha incorporado ya en las enmiendas, y también a la posibilidad de eliminar el juramento o promesa de fidelidad al rey y de obediencia a la Constitución, pero este es un requisito común previsto en el artículo 23 del Código Civil y, por supuesto, vamos a desestimar la enmienda.
Convergència i Unió ha defendido varias enmiendas, por ejemplo, la relativa a la posibilidad de dividir el procedimiento en dos fases. Nosotros consideramos que esto alargaría el procedimiento y que, además, con las modificaciones que hemos introducido el previsto es rápido, ágil y seguro. Por tanto, vamos a desestimar su interposición.
El senador Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho referencia también a los requisitos para acreditar la especial vinculación con España, algo a lo que ya he respondido, y reitero a otros colectivos los mismos argumentos que he señalado con anterioridad.
También ha hablado de la enmienda 83, y nos pedía que le ofreciésemos un argumento para no incorporarla. Pues el argumento principal es que nosotros consideramos que, si debe valorarse una solución para esos otros colectivos, debería hacerse en otra iniciativa parlamentaria porque en esta se recoge específicamente, por su singularidad, la situación y la fidelidad que han tenido hacia el lenguaje y hacia la cultura española las comunidades sefardíes que hay dispersas por el mundo. Esta ley debe dedicarse exclusivamente a la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes.
Respecto a ese otro supuesto que mencionaba, me gustaría decirle que el fundamento no es que se lo ofrezca yo ahora, sino que estaba dentro de la modificación que se introdujo en el Código Civil en el año 2002. El objetivo era precisamente evitar la perpetuación de las estirpes españolas en el extranjero. Este es el fundamento legal de aquel entonces, sin perjuicio de que pueda valorarse la situación de estos colectivos y buscar una solución que en todo caso consideramos debería incluirse en una iniciativa parlamentaria distinta a la de hoy.
Señorías, termino diciendo que creo que hoy nos enfrentamos en esta comisión, y también en el Pleno en que debatamos este proyecto de ley, a un debate histórico. Abordamos un debate muy esperado sobre un proyecto de ley que anhelan las comunidades sefardíes que se encuentran dispersas por el mundo y que esperan verlo lo antes posible convertido en ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Franco.
Para completar este turno, tiene la palabra la senadora Dueñas.
Efectivamente, creo que todos los portavoces que han intervenido comparten que esta tarde estamos ante un debate histórico, que a mi juicio pasa de entrada por esa enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular que acota en su tratamiento jurídico e histórico la singularidad del proyecto de ley que hoy traemos a debate en esta comisión en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. A través de las enmiendas que en función del artículo 115 del Reglamento se han presentado hoy también en esta comisión, entiendo que avanzamos en un texto que parte de un espíritu absolutamente constructivo, realista y práctico.
No quiero extenderme demasiado, pero me gustaría hacer hincapié en que yo entiendo que es importante —y era una de las demandas mayores de las comunidades sefardíes en el exterior— esa posibilidad de no tener que volver a España para hacer el trámite de inscripción ni para el trámite de la jura. Entiendo necesario reseñar este dato. Evitarles ese trámite tenemos que calificarlo de importante porque, aun así, esas personas tendrán que venir en cualquier caso a comparecer ante notario una vez se acredite por la documentación aportada su condición de sefardíes. Que ese trámite de inscripción y jura puedan realizarla ante los encargados del Registro Civil consular, a nuestro juicio es un avance importante, y quiero mostrar ante esta comisión mi satisfacción personal y la de todo el Grupo Popular.
Como decía el senador Bildarratz, es verdad que aún queda camino hasta el Pleno, y en el Grupo Parlamentario Popular estamos dispuestos a escuchar y a debatir sobre lo que ha planteado, pero también es verdad que estamos dando fin prácticamente a una larga trayectoria histórica, política y legislativa; hoy estamos mirando hacia atrás pero con un espíritu de reconciliación y reencuentro con la comunidad sefardí.
Es un espíritu el de Sefarad sobre el que hablaron y trabajaron hace muchísimos años diferentes personalidades entre las que quiero nombrar a don Emilio Castelar o al senador Ángel Pulido, que allá por 1903 precisamente expuso aquí, en el Senado, la realidad de los judíos sefardíes. Y quiero también reconocer algunos nombres de importantes diplomáticos españoles que de manera callada y generosa trabajaron con la misión de salvar de los campos de exterminio nazis a miles de judíos sefardíes: Romero Radigales, Julio Palencia, José de Rojas... Algunos de ellos, señorías, han sido reconocidos como Justos de las Naciones en Yad Vashem, Centro Mundial de Documentación y Conmemoración del Holocausto.
En definitiva, hemos llegado hasta aquí. Como decía también la senadora Franco, mi compañera, creo que todos compartimos el carácter histórico de este proyecto de ley (Rumores), de este reconocimiento de la nacionalidad por el procedimiento de carta de naturaleza. Hemos trabajado para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una ley bien articulada, a nuestro juicio, y con absoluto respeto hacia los que discrepan de ello, transparente y generosa en el fondo y en su contenido, que entiendo responde al punto final de una larga trayectoria de reencuentro y reconciliación.
Señor presidente, como también decía la senadora Franco, esta ley pretende determinar esta vía de reconocimiento de la condición de nacionales españoles de los legítimos descendientes de los judíos sefarditas expulsados hace quinientos años. Lo hacemos, tal y como marca la tradición jurídica española, a través del reconocimiento de la nacionalidad por el procedimiento de carta de naturaleza, y lo hacemos —quiero reiterarlo, y lo dije en el anterior turno de portavoces— sin excluir ningún otro debate que podrá ser objeto de cualesquiera otros planteamientos y, desde luego, sin pretender excluir a ningún colectivo. Pero está claro que este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo es de reconocimiento a la comunidad sefardí. Señorías, constatar este hecho no es juzgar otros, en absoluto. En ese sentido quiero mostrar nuestro absoluto respeto hacia cualquier colectivo o situación que hayan podido surgir a lo largo del debate de esta comisión.
Y concluyo, con el absoluto convencimiento de que vamos a seguir trabajando de aquí al debate en el Pleno, con una frase que dice mucho del sentimiento del pueblo sefardí que pronunció en 1915 Isaac Alchech Saporta en el Ateneo de Madrid. Dice así: Españoles fuimos, españoles somos y españoles seremos. Entiendo que hacia ese sentir tiene hoy esta Cámara una respuesta.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación del texto propuesto en el informe de la ponencia. (El señor Bildarratz Sorron pide la palabra.)
Puede intervenir, señoría.
El señor BILDARRATZ SORRON: Entiendo que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que se nos han entregado esta tarde quedan incorporadas al informe de la ponencia, señor presidente. Es decir, que no vamos a votar ninguna enmienda parcial ni nada que no esté ya dentro del texto de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Así es. Votaremos el texto del informe de la ponencia más las cuatro modificaciones.
¿Tiene algo que decir, senador Díaz Tejera?
El señor DÍAZ TEJERA: No. Es que se ha vuelto hacia atrás el señor Iglesias, yo le he escuchado con mucha atención y le he dicho: esperemos que nadie haga una lectura de la retórica del Congreso que todos hemos leído ya.
El señor PRESIDENTE: Siempre tiene algo que decir el señor Díaz Tejera. (Risas).
El señor DÍAZ TEJERA: Si usted me invita, la tentación es poderosa. Yo caigo en el pecado con usted, presidente.
El señor PRESIDENTE: No, no. Declino la invitación.
Vamos a proceder a la votación, señorías.
Por lo tanto, ha sido dictaminado por﻿ la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y por la que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. (Rumores). Si ustedes así lo permiten, claro.
La comisión tiene que llevar a cabo el nombramiento de la persona que va a llevar el dictamen ante el Pleno del Senado.
¿Señor Díaz Tejera? Como está usted distraído, hablando y enredando, le indico que hay que proponer a un representante de esta comisión.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, yo no he pedido la palabra, usted me la concede magnánimamente, yo estaba respondiendo a mi compañero porque me ha preguntado que cómo es que manteniendo un veto se hace un voto, y yo le he dicho que es la indicación que hemos recibido. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: No nos lo explique usted.
El señor DÍAZ TEJERA: Si usted ahora me pregunta qué tiempo hace en Madrid, yo le respondo. (Risas).
Como siempre hemos hecho, hemos planteado que sea el presidente el que lo haga. Si usted no quiere, se lo pedimos al vicepresidente, pero usted lo lee muy bien en el Pleno.
El señor ALTAVA LAVALL: Con este tiempo y con el contrario, proponemos al presidente de la comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, así se hará si se puede.
El señor PRESIDENTE: Proyecto de Ley de reforma de la Ley hipotecaria aprobada por decreto de 8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley de catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
A este proyecto de ley se han presentado dos propuestas de veto, además de 146 enmiendas. La ponencia designada en su día en relación con este proyecto de ley ha emitido informe en el que, por una parte, consta el criterio contrario de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular a la aprobación por la comisión de las propuestas de veto presentadas a este proyecto de ley y, por otra, se recoge el rechazo por parte de la ponencia, por mayoría, de todas las enmiendas presentadas, manteniéndose por tanto en todos sus términos el texto aprobado en su día por el Congreso de los Diputados.
Propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jusfresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
El señor SAURA LAPORTA: La doy por defendida, señor presidente.
Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, señor Díaz Tejera.
Esta mañana en la ponencia ya avanzamos algunas de las razones por las que presentamos este veto. Fíjense ustedes que, en general, todo el derecho civil y todo el derecho hipotecario se han basado en la teoría del título y el modo, y en general la mayor parte de los derechos europeos —lo que sería el sistema continental europeo— se basa en esta tradición romana. Si ven ustedes el artículo 9 de este texto que se nos trae hoy, observarán que esto puede suponer una variación de fondo de esta formulación. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora el registrador registraba, lo que hacía no era darle carácter constitutivo a nada, tan solo se limitaba a inscribir, a registrar; si tenía alguna duda y ponía algún obstáculo no registraba, pero si no tenía dudas registraba y tenía efectos de publicidad frente a terceros, daba seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Sin embargo, ahora, según este texto el registrador ya no solo es un registrador, también es un evaluador jurídico y también hace evaluaciones y también hace consideraciones jurídicas, participa en el negocio jurídico. Hasta ahora el derecho lo declaraba el juez; hasta ahora el juez era el que decidía quién tenía el mejor derecho, juzgaba y ejecutaba lo juzgado, y también el notario participaba en la configuración de ese negocio, que elevaba a escritura pública, era una prueba iuris et de iure; el registrador solo tenía carácter constitutivo en el caso de una hipoteca, que es un derecho real, una garantía para el cumplimiento de otra obligación. Sin embargo, si leen ustedes este artículo 9 al que me estoy refiriendo —al que presentamos la enmienda 109— verán que hay una reformulación de las funciones del registrador y que no sabemos a qué responde. Nos parece bastante estrafalario que se injerte esta formulación, que no tiene nada que ver con nuestra tradición jurídica y que no tiene que ver con ninguna otra tradición jurídica que nosotros sepamos. El único país del mundo que tiene una figura como el registrador de la propiedad es Bielorrusia, no hay ningún lugar del mundo donde exista este cuerpo; hay una ciudad, São Paulo, que también la tiene, pero no lo hay en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, no existe; quienes juegan esta función registral son otras instancias como el ayuntamiento, el juez municipal o el juez de distrito, son otro tipo de formulaciones en las que no se plantea esto.
Pero, claro, si relacionamos esto con otros proyectos en los que, a Dios gracias —y eso que soy agnóstico—, han decidido dar marcha atrás —una práctica frecuente en esta legislatura en el ámbito de la justicia la marcha atrás—, empezamos a entender por qué razón en este particular se habla de coordinación entre el catastro y el registro. Falso: se establece un coordinante en una situación preeminente, que es el registrador, y luego está un coordinado, en una posición subordinada al primero, que es el catastro. Hasta ahora nuestro sistema se basaba en el catastro y en la inscripción registral, sin embargo con la formulación que se presenta no hay tal coordinación, sino que se establece una fórmula de jerarquía.
Por otra parte, no entendemos el grado de minuciosidad del proyecto. Da la impresión de que la autoría intelectual es de un registrador que quiere que su cuerpo tenga muchas más competencias, y a mí y a los socialistas no nos importa especialmente que tenga más competencias... si se acredita que es bueno para el interés general; si no se acredita que sea bueno para el interés general se tiene que razonar. En España hay 2855 notarios y 855 registradores, a la hora del reparto de la tarea el notario tenía unas funciones —participaba en el negocio haciendo la escritura— y el registrador registraba, pero, insisto, con la formulación del artículo 9 hay un cambio completo.
Existen otras consideraciones argüidas por mis compañeros en el Congreso de los Diputados en cuanto a la presentación del veto que me parecen relevantes, pero creo que la de mayor calado es esta que les estoy señalando. Señorías, algunas reformas tenían que tener rango de ley porque afectan a otras leyes, pero hay otras regulaciones que están redactadas con un detalle tan de reglamento, incluso tan de orden y tan de circular, que congela, que petrifica el sistema, porque luego a la hora de gestionarlo no van a poder tocarlo si no a través de otra norma con rango de ley. Y esta es una formulación que ya planteó el Tribunal Constitucional respecto a la relación ley orgánica/ley ordinaria, en el sentido de que solo debía ser orgánico aquello que era exigible que lo fuera. En este caso ocurre lo mismo: solo deben tener rango de ley aquellas formulaciones que solo pueden regularse por ley o que, regulada por una ley anterior, se tiene que reformar, pero no hacer una regulación tan minuciosa, como si fuera un reglamento, como si fuera una orden o una circular que impida la gestión de estos asuntos.
Por último, hay algunas propuestas, que defenderemos en el apartado de las enmiendas, que pretenden equilibrar más la situación y subrayar que cada uno desempeñe su función para que no se generen zonas grises y zonas de incertidumbres en un ámbito en que se busca, sobre todo, seguridad jurídica.
En turno en contra, tiene la palabra don José Blas Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venía, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Intervengo, efectivamente, para anunciar el voto en contra de estos vetos. Y ya que el senador Díaz Tejera ha abundado algo en este proyecto de ley, quiero recordar a todos los asistentes, dado que ya conocemos el borrador, que el Proyecto de Ley de reforma de la Ley hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley de catastro inmobiliario pretende únicamente regular procedimientos y efectos para la coordinación entre el catastro inmobiliario y el Registro de la Propiedad.
Podríamos hacer una gran historia de lo que supone esta historia —valga la redundancia— y los esfuerzos realizados desde el inicio del siglo pasado, ya que ha habido reformas en 1906, 1946 y 1980. Como vemos, son muchos los proyectos normativos que han ido encaminados en esta dirección; sin embargo, todavía subsisten muchos problemas y dificultades que hacen necesario que presentemos este proyecto a las Cámaras, tanto a la Cámara Baja como a la Cámara Alta.
¿Qué se busca? Se busca —es mi opinión personal y también la de mi grupo— que el proyecto de ley sea respetado y que se respeten escrupulosamente las competencias y las funciones de una y otra institución. Establecemos e impulsamos los cauces adecuados para la comunicación y la coordinación entre ambas, evitando duplicidades, con un ahorro de tiempo y dinero, en especial para los ciudadanos, mejorando la calidad y el servicio público que reciben estos y que prestan los registradores, tanto en el catastro como en el registro.
Por tanto, señor Díaz Tejera, permítame que discrepe de lo que acaba de argumentar. Se ha centrado usted muchísimo en el tema del registro; yo diría que el señor Díaz Tejera —lo digo con todo mi aprecio y cariño— hoy ha mostrado un síndrome registral en esta comisión —ese síndrome que a veces padece uno, tal vez deformado—, en el sentido de que va con una meta clara, buscando lo que hay detrás de este proyecto de ley, que no es ni más ni menos que el interés general de todos los ciudadanos y el interés general nuestro, que es el que traemos aquí.
Por tanto, aunque habrá un debate mucho más amplio en el Pleno, como es lógico, nos vamos a oponer los vetos, por lo que votaremos en contra.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.
Intervengo simplemente para manifestar nuestro voto favorable al veto y, si me lo permite, señor presidente, por si tuviera que ausentarme antes de acabar la comisión, quiero dar por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto a este proyecto.
A este proyecto y al anterior también, ¿no?
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Creo que todavía estaré aquí.
El señor PRESIDENTE: Estupendo, señor Iglesias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿señor Bildarratz, señora Iparragirre? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, ¿señora Rieradevall? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, señor Díaz Tejera.
No ha sido el Grupo Socialista el que ha intentado que los registradores de la propiedad llevasen todos los asuntos de la vida de todos los españoles —cuando se casan, cuando no se casan, cuando mueren, cuando nacen, las separaciones, los divorcios, etcétera—. No ha sido el Grupo Socialista. No ha sido el Grupo Socialista el que planteó una corporación pública para administrar, que luego decayó; ni se lo pidió a una empresa vinculada a defensa, que luego decayó. Nada de eso ha hecho el Grupo Socialista, lo ha hecho el Grupo Popular. Y tampoco ha sido el Grupo Socialista el que, bajo el pretexto de coordinar catastro y registro, ha dado preeminencia al registro. Yo diría que los que tienen un síndrome de encapsulamiento registral son los que han estado promoviendo esto, dicho sea con el mismo cariño, el mismo aprecio y el mismo respeto, faltaría más —¡qué tendrá que ver el cariño personal con la claridad en la exposición de las ideas! No tiene nada que ver—.
Lo que planteamos es que si se trata de coordinar no hace falta una figura coordinante; y esta no es una aportación mía, sino del Tribunal Constitucional cuando se refiere a las comunidades autónomas entre sí. Quien está coordinando tiene una tarea preeminente respecto del coordinado, y en este caso hay un desequilibrio profundo entre el catastro y la figura del registrador. Este asume tareas que nunca ha tenido. Lo diré al contrario: si ya las tiene, ¿para qué hace falta plantearlas en el artículo nueve? Si ya las tiene no hace falta incorporarlas, luego si se incorporan aquí es porque no las tenía y a partir de esta ley las va a tener.
Por otro lado, resultaba impresionante cómo, en el caso de un expediente de dominio o para un deslinde, si un ciudadano no quería acudir directamente a un declarativo en el juzgado el notario podía establecerlo —si hay un acuerdo entre ellos, el notario lo formula, lo eleva a escritura, y asunto solventado; y si uno está en desacuerdo, va al declarativo—. ¿Por qué razón, pues, ahora para unos casos se plantea que sea el registro correspondiente a la finca objeto de litigio y que para otros puedan ser los colindantes o de la capital de provincia?
Yo creo que en el fondo este es un texto que no tiene nada que ver con los españoles, que no tiene que ver con los intereses generales, que tiene que ver con el hecho de blindar un oficio que vive una situación de crisis y al que hay que buscar competencias como sea, al que hay que reafirmar como sea, pero a costa, insisto, de lo que hasta ahora ha sido nuestra tradición jurídica en materia civil, en materia hipotecaria y en materia de teoría del título y del modo. Eso es lo que pensamos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Blas Fernández.
Señorías, voy a ser muy breve, porque los argumentos del señor Díaz Tejera son los mismos que ya ha dado en la defensa del veto. Vuelvo a repetir que lo que buscamos es impulsar los cauces adecuados para que la comunicación y la coordinación entre ambas instituciones sean mucho más factibles. Ya he hablado al principio de dónde arrastra este proyecto de ley: de 1906. Es un proyecto altamente positivo y ha logrado grandes mejoras. Luego se dará cuenta de las enmiendas una a una, pero entendemos que era muy necesario, que el proyecto de ley anteriormente era un poco farragoso y este viene a calificar muchas actuaciones; y creemos que hay tantas inscripciones y tantas inmatriculaciones que hacer en este país que la legalidad vigente tiene que superar los criterios que pueda haber por parte de cualquier persona, en este caso incluso del legislador.
Por ello, como he dicho al principio, vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA APROBADA POR DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1946 Y DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO. (Votación) 621/000114 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las propuestas de veto del Proyecto de Ley de reforma de la Ley hipotecaria aprobada por decreto de 8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley de catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Votamos la propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Por último, vamos a votar la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA APROBADA POR DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1946 Y DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO. (Continuación) 621/000114 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Bien, señorías, vamos a pasar al debate de las enmiendas del Proyecto de Ley de reforma de la Ley hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, y del Texto Refundido de la Ley de catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Empezamos por las enmiendas números 4 a 6, presentadas por la señora Domínguez Hormiga del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Desea intervenir, señor Iglesias, por el Grupo Parlamentario Mixto?
Enmiendas 8 a 32, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos también del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Señor Iglesias?
Con estas 25 enmiendas hemos intentado introducir una terminología más precisa sobremanera con una descripción del concepto incorporado de levantamiento topográfico parcelario, especificando que el mismo es el que se realiza con arreglo a un sistema de coordenadas geográficas referido a las redes nacionales geodésicas y de nivelación, tanto en los artículos que hacen referencia a las inmatriculaciones, a las inscripciones, a las rectificaciones como a las subsanaciones.
Finalmente, como único contenido político de nuestras enmiendas, planteamos que se declare la nulidad de las inmatriculaciones de bienes inmuebles que la Iglesia ha realizado a tenor de las previsiones del hasta ahora vigente artículo 206, equiparándola prácticamente a la condición de Administraciones Públicas en esta materia.
Para la defensa de las enmiendas 1 a 3, presentadas conjuntamente por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto, ¿señor Iglesias?
Enmienda número 7, presentada conjuntamente por el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Señor Iglesias?
Enmiendas 33 a 97, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. ¿Señor Saura?
Enmiendas 98 a 106, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. ¿Señora Rieradevall?
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Las doy por defendidas, señor presidente.
Enmiendas 107 a 146, del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Señor Díaz Tejera?
A mí me gustaría saber por qué razón se plantea una diferente regulación para la designación de registrador o notario. No termino de entender por qué razón en un caso es solo la ubicación de la finca y en el otro caso es la ubicación de esa finca o colindante o capital de provincia. Ya en ponencia nos dijeron que retiraban lo de capital de provincia y quisiera saber por qué plantean todavía lo de colindante, si no es suficiente guiarnos por la ubicación de la finca. Y quisiera saber —de ahí el conjunto de nuestras enmiendas— cuál es la razón de fondo de este planteamiento que, en la medida de lo posible, tratamos de paliar desde la enmienda 107 hasta la 146. ¿Cuál es la razón de fondo por la que se entiende que el registro tiene que ser el órgano coordinante, preeminente, respecto a la información que está en el catastro?
No termino de comprenderlo porque si se leen la exposición de motivos, su contenido no tiene nada que ver con la articulación que se plantea luego, y ni siquiera aludo a algunas de las afirmaciones que hacen con una rotundidad especial: cuando se habla de algunas inmatriculaciones vinculadas a la desamortización, incluso usa la expresión de algo que es indiscutible. No sabía yo que hubiera algún asunto relativo al ser humano que no fuera susceptible de ser discutible, pero al margen de esas expresiones, una cosa es la articulación del texto y otra cosa es la exposición de motivos. Hay un desajuste entre una cosa y otra y no sé cuál es el sentido que tiene el texto, porque el planteamiento es coordinar las informaciones y los datos que tiene, por un lado, el catastro —que atendían a la realidad fiscal— y, por otro lado, las vicisitudes del inmueble: los propietarios que ha tenido, las cargas, los gravámenes, quiénes han comprado o han vendido, las anotaciones preventivas, las cancelaciones, las hipotecas, etcétera, y no sé por qué este conjunto de realidades se ha planteado en la razón de ser del texto. Yo sé que otra vez me van a hacer lo mismo, o sea: lectura de textos anteriores, a veces con apelativos a la historia, a la retórica poética y a las citas de asuntos que ya se han planteado en la otra Cámara, pero, en fin, cuando a la gente le gusta hacer esos retruécanos hay que llevarlo con espíritu deportivo y con paciencia.
Pero en términos de contenido material, sí me gustaría saber a qué se debe este planteamiento preeminente de la fuente de información, de lo que es mero registro de las vicisitudes de un inmueble con respecto a la información que está en el catastro y que hasta el momento era una información básica, no solo en términos fiscales, sino incluso para establecer el justiprecio. En cualquier expropiación que se ha hecho en España siempre se tenían en cuenta los datos fiscales del catastro junto con el precio de mercado del metro cuadrado de ese suelo, y era siempre una información clave en todas las juntas de expropiaciones. ¿Por qué de esa información clave en el ámbito del catastro se pasa a minusvalorar esa fuente informativa y a darle ese carácter preeminente al registro? No termino de entenderlo y me gustaría que, aparte de las lecturas de rigor, pudieran entrar en el fondo del asunto en términos materiales. No pregunto por ninguna de las enmiendas de manera particular, sino por el conjunto de lo que se plantea, y sí específicamente por la que antes mencioné respecto al artículo nueve: que creo que supone una variación sustancial en términos cualitativos de las funciones del registrador, porque supone evaluación jurídica y participar en la elaboración del negocio, cuando hasta ahora no participaba en el negocio, tan solo registraba las vicisitudes del inmueble, pero, como digo, no participaba en el negocio, algo que sí hacen el notario y el juez.
El turno en contra lo va a ejercer el senador Ibarrondo, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene usted la palabra.
El señor IBARRONDO BAJO: Muy buenas tardes.
Al ser lego en esta comisión, creo que es el momento ahora de presentar dos enmiendas in voce de mi grupo.
Esta mañana en la ponencia hablamos del artículo primero, apartado 6, referido al párrafo primero del artículo 200, y sobre cómo quedaba redactado, al igual que esta mañana se explicó el párrafo primero del artículo 203. ¿Y cuáles eran los objetivos fundamentales de estas dos enmiendas? Pues seguir con los criterios que tiene esta ley, que son: agilizar trámites, reducir gastos, garantizar jurídicamente las tramitaciones, simplificación administrativa y abaratamiento de todos los trámites.
Esto ha sido la presentación de las dos enmiendas y ahora, si procede, entro en el turno en contra de todas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Es el mismo turno, senador Ibarrondo, y finalmente le quedará otro al Grupo Parlamentario Popular en portavoces. Se lo aclaro para que lo sepa.
El señor IBARRONDO BAJO: Muchísimas gracias.
Entonces, Díaz Tejada, yo intentaré contestarle en esta intervención.
El señor DÍAZ TEJERA: ¿A quién? Es Tejera. La mamá es clave. (Risas).
El señor IBARRONDO BAJO: Tejera, perdóneme. Intentaré contestarle con la intervención genérica que voy a dar a todas estas enmiendas.
Todos partimos de una base: que el registro de la propiedad y el catastro inmobiliario son instituciones de naturaleza y competencias diferenciadas pero que participan de la misma realidad inmobiliaria. La Ley 13/1996, que introduce la referencia catastral como elemento de identificación e intercambio de información, es fundamental porque incorpora la certificación catastral descriptiva —luego hablaremos más sobre ella a causa de esas enmiendas—. El Real Decreto Legislativo 1/2004 facilitó que la cartografía catastral sirviera para la identificación de las fincas del registro de la propiedad; el registro y el catastro tienen que tener esa relación bidireccional y estos son unos puntos básicos que si no entendemos es muy difícil que podamos llegar a entendernos respecto a las enmiendas.
La coordinación del catastro y del registro, con los elementos tecnológicos de los que hoy disponemos —y que veremos en los artículos nueve y diez, porque a todos nos preocupa el Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía—, quiere potenciar la interoperabilidad a través de estas técnicas de representación. Como decíamos antes en la defensa de la enmienda, el objetivo de esta coordinación es ser ágiles y dar suficientes garantías jurídicas; lógicamente, quien se tiene que beneficiar de todo esto es el ciudadano, sobre todo a través de la simplificación.
Unas de las enmiendas más recurrentes a lo largo de toda la tramitación han sido, posiblemente, las relativas a la disposición derogatoria única respecto a las relaciones con la inmatriculación de bienes de la Iglesia católica, que no pueden ser admitidas por cuanto supondría la aplicación retroactiva de normas restrictivas de derechos individuales. Pues bien, el artículo 9.3 de la Constitución española sanciona el principio de irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales; desde esta perspectiva, debe tenerse en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2006 ha considerado que el precepto recogido en el actual artículo 206 de la Ley hipotecaria no es inconstitucional. Debe entenderse que la privación a la Iglesia católica del derecho a inmatricular fincas a su favor por la vía del precepto referido constituye una disposición restrictiva o eliminatoria, cuando es un derecho individual que determina persona jurídica —en este caso la Iglesia católica— y que tenía atribuido a su favor por ley, de modo que la norma que lo prohíba deberá tener carácter irretroactivo so pena de caer en defecto de inconstitucionalidad —que seguramente ninguno de los que estamos aquí presentes queremos caer en ese error—. Por lo tanto, no se pueden socavar derechos ya adquiridos con anterioridad.
Otro de los puntos recurrentes en estas enmiendas y del que los grupos que las han dado por defendidas hablan siempre es lo recogido en el apartado II de la exposición de motivos, en el artículo nueve a), en el artículo diez.2.5, en el 198, en el 199 y así continuamente. El proyecto de ley prevé que la cartografía catastral —que hay que recordar que es de acceso libre y gratuito—, sea la base de la descripción gráfica de las fincas en el registro de la propiedad —vuelvo a decir: acceso libre y gratuito—; solo en casos tasados se pueden adoptar otras descripciones gráficas distintas. Pues bien, el artículo 10.6 de la Ley hipotecaria es con lo que el Grupo Popular da contestación a estas enmiendas respecto al sistema de esos 46 puntos, de esas 46 nominaciones a grafía en vez de a topografía —y vuelvo a insistir, tras varios encuentros y reuniones con el colectivo de topógrafos de España—, a los que tienen esa inquietud, vuelvo a insistir, en la denominación de gráfico y no topográfico.
¿Por qué se está defendiendo en estos momentos en el turno en contra que mantengamos el concepto de gráfico? A lo largo de la tramitación se ha visto que hay muchos casos, como por ejemplo en deslindes judiciales, en los que otros profesionales con competencias —como pueden ser arquitectos, arquitectos técnicos, incluso delineantes, personas relacionadas con peritos agrónomos o relacionadas con el mundo del grafismo— tienen la posibilidad y la capacidad de hacer mediciones y homologaciones; por lo tanto, ahí está la dificultad semántica entre gráfico y topográfico, que puede inducir a cerrar las puertas a algún profesional para realizar estos trabajos. Sabido esto, el artículo 10.6 dice que debe existir un desarrollo conjunto entre registro y catastro donde se regularán los casos en que sea necesario un levantamiento topográfico, por lo que no se estima conveniente establecer dicho requisito en el articulado de la ley para todos los casos —vuelvo a decir, para todos los casos—, lo que encarecería innecesariamente el proceso de coordinación.
Todos sabemos que el punto 1 del artículo 35 de la Ley catastral, Carácter temático de la cartografía catastral, dice algo así como: A tal fin, en los trabajos topográficos catastrales se utilizarán las técnicas adecuadas para asegurar el enlace de las redes topográficas catastrales con la red geodésica nacional. Por lo tanto, todo aquel que va a trabajar sobre los grafos, sobre el diseño, sobre el levantamiento taquimétrico, se va a referenciar a todos los puntos geodésicos, o al menos así se lo van a exigir en el catastro. Esta es la justificación por la que esa discusión —no sé si semántica o de imperativo respecto a topográfico versus gráfico— la delegamos al desarrollo, donde una serie de técnicos del catastro y del registro podrán desarrollar a su vez el proceder de todas estas mediciones.
Otra enmienda muy importante, de las que se ha estado hablando y que da contestación a una petición no solamente de algunos grupos, sino también de la Federación Española de Municipios y Provincias, es la enmienda 85: calificación catastral en materia de suelos urbanizables. Su justificación es que es fundamental que aquellos suelos urbanizables que no cuenten con una ordenación de planeamiento detallada o pormenorizada deberían ser calificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica.
Otras enmiendas de calado y sobre las que ha habido mucha discusión se refieren a la redacción, al detalle de cómo se ha expresado el objeto del articulado. Por ejemplo, en la enmienda 66, nosotros proponíamos que había que reforzar y garantizar la coordinación entre el registro y el catastro en cuanto a superficie literal y gráfica; que deben ser iguales las mejoras y las facilidades para las comunicaciones con el titular registral. Otra de las enmiendas muy discutidas es que, una vez coincidentes, no se puede realizar de manera unilateral por el catastro la rectificación de una finca —de ahí también han surgido muchas enmiendas—. Respecto a la protección de los titulares de fincas colindantes afectadas, el promotor del deslinde deberá aportar, junto con la información de la finca objeto de deslinde, la información de aquellas colindantes afectadas; por lo tanto, aquí estamos defendiendo los intereses de los colindantes y se reduce el uso fraudulento de procesos de deslinde.
Estas son las razones de más peso, de fondo, que podemos dar a todas las enmiendas. Con esto termino mi primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.
El Grupo Parlamentario Mixto no está.
El Grupo Parlamentario Entesa no está.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.
Señorías, este proyecto de ley, más allá de su contenido técnico, tiene una finalidad compartida que entendemos que es intentar coordinar mejor lo que está en el catastro y lo que está en los registros de la propiedad. Como alumna de Derecho, me enseñaron que lo que no está en el registro no está en el mundo, en la concepción de seguridad que otorga una inscripción registral. El problema es que, desgraciadamente, muchas veces lo que está en el registro tiene poco que ver con lo que está en el mundo, pues en algunos casos hay una disparidad absoluta entre lo que dice el folio registral y lo que es la realidad física.
Dado que lo deseable es que lo que está realmente en el mundo físico se refleje también en el catastro y que el registro refleje correctamente lo que está en el catastro como si de un espejo se tratara en una concordancia perfecta, esperamos sinceramente que este proyecto de ley haga posible tan importante objetivo.
Si bien, de momento, no han sido incorporadas las enmiendas presentadas por mi grupo en la ponencia, esperamos que en el debate del proyecto de ley acaben siendo aceptadas y aprobadas. Mientras tanto, nos vamos a abstener en la votación del dictamen.
La verdad es que la penúltima intervención ha sido escuchada con un entusiasmo perfectamente descriptible, porque ha sido una explicación sobre el contenido del asunto en la que no se han abordado las enmiendas en concreto. Es verdad que no tiene por qué abordar el contenido material de las enmiendas y que cada uno puede explicar lo que quiera: hasta que la Luna la habitan selenitas o repetir las citas planteadas en el Congreso dándoles un cierto contenido, con pausas y subidas de tono para darle carácter —¿cómo lo llaman?— histórico. Cada vez que un parlamentario habla de que algo es histórico, uno se pone a temblar; y cuando echa mano de la lírica, entonces la cosa ya es preocupante, te asusta.
Sinceramente, los problemas de coordinación entre el catastro y los registros no se van a solventar con esto. ¿Por qué razón? Porque esto se ha hecho desde la óptica de unos, no desde la óptica de todos los que intervienen; incluso se han hecho sugerencias para mejorarlo en términos topográficos, superando la foto del avión, y también han sido desechadas. ¿Por qué? Porque otros tienen otros criterios. Alguien podría preguntarse: ¿Se ha planteado una reunión conjunta de todos los operadores, cara al registro, cara al catastro y a los que participan del tráfico jurídico inmobiliario para ver las dificultades que existen? Sinceramente no se ha hecho, no se ha hecho, no se ha planteado tal cosa. Y las sugerencias que se han ido formulando en la tramitación lo que intentan es que la ley sea eso, una ley, y no en ocasiones voluntad de ley y en otras ocasiones voluntad de circular u orden interna, que regula hasta la náusea, se extasía regulando aspectos que no tendrían por qué estar en una ley. Cuando eso se vaya a modificar no se podrá hacer con un reglamento, se tendrá que plantearse hacerlo con otra ley, lo cual —insisto— congela el propio ordenamiento jurídico en este ámbito.
Vuelvo a reiterar que, en mi opinión, esto no tiene nada que ver con la realidad material de la inmatriculación de las fincas, tampoco con su publicidad, tiene que ver con otro tipo de tics corporativos ajenos al interés general, por mucha retórica y por mucha lírica que se vaya a poner —con todo el respeto para la retórica y para la lírica, claro—.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente.
Efectivamente, una vez que mi compañero de grupo ha intervenido y ha hecho una exposición muy motivada, detallada y muy técnica, tanto en la oposición a las enmiendas formuladas como en la defensa de las enmiendas que ha introducido el propio Grupo Popular, quiero resumir mi intervención diciendo que estamos ante el primer efecto de una reforma que va a favorecer la coordinación entre el catastro y el registro y que, sobre todo, va a determinar con mayor exactitud la porción de terreno sobre la que se proyectan sus propios efectos. Así, para el catastro es esencial conocer y reflejar en cartografía todas aquellas modificaciones o alteraciones registrales y, por lo tanto, se van a producir un acto y un efecto jurídico que, lógicamente, se contemplan en este proyecto de ley. La fiabilidad de la información incrementa la seguridad jurídica y, lógicamente, así se hace en este proyecto de ley.
Desde el punto de vista del ciudadano, además de verse beneficiado por la seguridad jurídica a la que antes ha hecho referencia este senador, también va a verse beneficiado por una simplificación administrativa en sus relaciones con ambas instituciones. Estimamos que lo registral y lo catastral deben ir unidos y por tal motivo no será necesario volver a aportar la información sobre la descripción de los inmuebles ya presentada.
Pero quiero resaltar algunos artículos importantes que se modifican. Se modifica el artículo 206, que se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las Administraciones Públicas y las entidades de derecho público. Es destacable la desaparición de la posibilidad que la legislación de los años 1944 a 1946, que otorgó a la Iglesia católica utilizar un procedimiento especial que regulaba aquel artículo.
En este momento también se va a tener muy en cuenta todo aquello que están aportando los agentes inmersos en este mundo. El senador Díaz Tejera preguntaba si era necesario que todos trabajasen conjuntamente en ello y le puedo decir que sí, que efectivamente la propia directora general del Catastro está trabajando con todos los operadores que intervienen en este proyecto de ley y antes del 1 de noviembre de 2015 esperamos tener terminada esta confluencia de aportaciones y poder ensamblar este proyecto de ley con el correspondiente desarrollo reglamentario que va a tener.
Quiero volver a recordar el artículo 206, que ha quedado redactado con efectos para las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público; en el caso de que sea preciso que el registrador compruebe la falta de previa inmatriculación, se advertirá, como es lógico, del inmueble y junto con la calificación podrá rechazar al organismo. También es importante el artículo 207 y todo el capítulo que le rodea.
En resumen, en este proyecto de ley se contemplan un sinfín de circunstancias de interés general que de alguna forma todos vamos a palpar. Aquellas innovaciones que se hicieron en otros tiempos, en tiempos dispares y distintos, desaparecen aquí, en este proyecto de ley —que próximamente se va a convertir en ley— ajustado, equilibrado y equitativo, construido con seriedad y que traemos hoy a la Cámara.
Sin más, señor presidente, doy por concluida mi intervención. Muchas gracias.
Seguidamente sometemos a votación, si sus señorías lo ven oportuno, todo lo aprobado en ponencia esta mañana más las dos enmiendas in voce que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular esta tarde.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 4; abstenciones, 2.
Por lo tanto, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley de reforma de la Ley hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, y del Texto Refundido de la Ley de catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Señorías, procede nombrar al miembro de la comisión que hará la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (Varios señores senadores: El presidente.) Agradezco su confianza, señorías.

References: artículo 23
 ARTÍCULO 23
 artículo 23
 ARTÍCULO 23
 artículo 23
 ARTÍCULO 23
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 115
 artículo 2
 resolución 
 artículo 115
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 115
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 206
 artículo 200
 artículo 203
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 206
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 207
 Real Decreto