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Timestamp: 2018-01-19 15:44:53+00:00

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CAS. N° 7456-2016 ICA / Se produce la desnaturalización del contrato por necesidad de mercado cuando no se sustenta el incremento de la producción coyuntural - Gaceta Laboral
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“El pronunciamiento del Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “6. En tal sentido, se puede concluir que el incremento debe ser coyuntural, es decir, extraordinario y, en segundo lugar, los incrementos de la actividad empresarial deben ser imprevisibles. A ello se reﬁere el último párrafo del artículo 58 (citado): “Si los incrementos no son imprevisibles quiere decir que son cíclicos o estacionales o que se repiten por temporadas, lo que no puede ocurrir a riesgo de conducir por la vía de las necesidades del mercado a labores ﬁjas pero discontinuas (contrato por temporada) (…) La diferencia con el contrato por necesidad de mercado radica en lo previsible del hecho y en que las labores ﬁjas discontinuas no estamos hablando de incrementos de actividad, sino más bien de reinicio de actividad (…). Por tanto, el contrato por necesidad de mercado debe especiﬁcar la causa objetiva que justiﬁque la contratación temporal, en cuyo caso debe entenderse que no bastará citar la deﬁnición de esta ﬁ gura, sino que habrá que insertar en el documento los hechos que motivan la variación de la demanda en el mercado y sus efectos concretos para la empresa contratante”.2 Décimo Quinto: En el caso concreto, la parte recurrente cuestiona la decisión que el Colegiado Superior determine la inexistencia de una causa objetiva que justiﬁque la contratación del actor.
CAS. N° 7456-2016 ICA Desnaturalización de contrato y otros.
Se produce la desnaturalización del contrato por necesidad de mercado cuando no se sustenta el incremento de la producción coyuntural; así como la necesidad de que las variaciones de la demanda tengan carácter sustancial, lo que supone rechazar de su contenido cualquier ﬂuctuación del mercado que no sea necesaria y signiﬁcativa. Lima, trece de setiembre de dos mil diecisiete. VISTA; la causa número siete mil cuatrocientos cincuenta y seis, guion dos mil dieciséis, guion ICA, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – SENATI, mediante escrito de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, que corre en fojas cuatrocientos siete a cuatrocientos veintitrés, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos ochenta y dos a trescientos noventa y ocho, que conﬁrmó la Sentencia de primera instancia emitida el cinco de junio de dos mil quince, que corre en fojas trescientos catorce a trescientos cuarenta, que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso seguido por el demandante, Juan Ernesto Cayo Cruces, sobre desnaturalización de contrato y otros.
Por resolución de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas noventa y uno a noventa y cinco, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la demandada, por las siguientes causales de infracción normativa: i) inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; ii) artículos 58° y 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; iii) artículos 7° y 8° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR; iv) artículos 2°, 6° y 7° de la Ley N° 27735; y v) artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713; correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento de fondo al respecto.
De la Pretensión demandada Se aprecia de la demanda, que corre en fojas cuarenta y cuatro a cincuenta y dos, subsanado a través del escrito de fecha veintiséis de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas ochenta y ocho, que el accionante solicita se declare la desnaturalización de sus contratos sujetos a modalidad por necesidades de mercado, y se declare la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado desde el año 2000 al 2004; asimismo, solicita el pago de asignación vacacional, reintegro de vacaciones, reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), reintegro de gratiﬁcaciones y reintegro por boniﬁcación mensual por quinquenio, por un monto ascendente a nueve mil quinientos cuarenta y nueve con 74/100 nuevos soles (S/.9,549.74); más el pago de intereses legales, costas y costos del proceso con el pago del veinticinco por ciento (25%) del monto total demandado por pago de honorarios profesionales.
Pronunciamiento de las instancias de mérito El Juez del Juzgado de Trabajo de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante Sentencia de fecha cinco de junio de dos mil quince, que corre en fojas trescientos catorce a trescientos cuarenta, que declaró fundada en parte la demanda, amparando la desnaturalización del contrato del actor y ordenó que la demandada pague a favor del demandante la suma de siete mil novecientos noventa y uno con 80/100 nuevos soles (S/. 7,991.80), por concepto de reintegro de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratiﬁcaciones, por el período de enero de dos mil hasta el dos mil cuatro; asignación vacacional, por el período de dos mil uno hasta el dos mil cuatro, y quinquenio por el período de febrero a junio de dos mil cuatro, más intereses legales, costas y costos del proceso. El Tribunal Unipersonal de la Sala Mixta de la Provincia de Pisco de la referida Corte Superior, mediante Sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos ochenta y dos a trescientos noventa y ocho, conﬁrmó la Sentencia apelada en base a los mismos fundamentos.
La infracción normativa Se declaró procedente el recurso interpuesto por la entidad demandada, por las siguientes causales de infracción normativa: i) inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; ii) artículos 58° y 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; iii) artículos 7° y 8° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR; iv) artículos 2°, 6° y 7° de la Ley N° 27735; y v) artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713. Cuarto: Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por norma procesal así como por normas materiales, corresponde en primer término efectuar el análisis sobre la existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nuliﬁcante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa material, referido al derecho controvertido en la presente causa.
Corresponde analizar en primer lugar la causal referida a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ello a efecto de determinar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la constitución Política del Perú, que establece: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional, (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.
La motivación de las resoluciones judiciales como parte integrante del núcleo duro o contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso, supone para el juez un imperativo constitucional y legal que lo compele a fundamentar todas sus decisiones jurisdiccionales (salvo los decretos de mero trámite), precisando los motivos y razones que le sirven como sustento de las mismas, lo que constituye a su vez una garantía para las partes, en tanto les permite conocer y, eventualmente, cuestionar el razonamiento desplegado por el órganos jurisdiccionales, garantizando que el virtual ejercicio de su derecho de defensa y contradicción sea pleno y eﬁcaz, desde esa perspectiva, qué duda cabe, la argumentación jurídica constituye el medio indispensable parta la materialización este deber-derecho, orientándose a que la motivación de una resolución sea cuando menos expresa, clara, suﬁciente, integral (congruencia subjetiva y objetiva), coherente, legitima y lógica.
En el caso de autos, el Colegiado Superior conﬁrmó la Sentencia apelada, que declara fundada la demanda, amparando la desnaturalización del contrato, ordenó que la demandada pague a favor del demandante la suma de siete mil novecientos noventa y uno con 80/100 nuevos soles (S/. 7,991.80), luego de considerar: a) que los contratos suscritos se desnaturalizaron, ya que en ellas no consta la causa imprevisible del hecho que generó la supuesta variación sustancial de la demanda del mercado; así como tampoco se acreditó que dicho incremento tenga un carácter coyuntural,
extraordinario o temporal, y que no haya podido ser cubierto por el personal permanente de la emplazada, por lo que, se incumplió con consignar la causa objetiva de contratación conforme a los artículos 58° y 72° del Decreto supremo N° 003-97-TR; b) al no haberse cumplido con precisar la causa objetiva que justiﬁ ca la celebración de los contratos de trabajo por necesidad del mercado, se ha producido la desnaturalización de los mismos, conﬁgurándose así una relación laboral de duración indeterminada, en aplicación de los prescrito por el inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.
Esta Sala Suprema advierte, que la decisión adoptada por la instancia de mérito se ha ceñido a lo aportado, mostrado y debatido en el proceso, de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con analizar las pruebas ofrecidas por las partes y con precisar la norma que le permite asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación. Por estas consideraciones, la causal denunciada es infundada.
Declarada infundada la causal de infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, corresponde emitir pronunciamiento sobre las siguientes causales: – i) Infracción normativa de los artículos 58° y 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, que establecen: “Artículo 58.- El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Este puede ser renovado sucesivamente hasta el término máximo establecido en el Artículo 74 de la presente Ley. En los contratos temporales por necesidades del mercado, deberá constar la causa objetiva que justiﬁque la contratación temporal. Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional” – “Artículo 72.- Los contratos de trabajo a que se reﬁere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”.
Consideraciones generales Para efectos de analizar las normas antes citadas, se debe tener presente que los contratos sujetos a modalidad se deﬁnen como aquellos contratos atípicos, por la naturaleza determinada (temporales), y que se conﬁguran sobre la base de las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes.
Las características más relevantes de los contratos a plazo ﬁjo en la regulación laboral, son las siguientes: a) el contrato a plazo ﬁ joconﬁere a los trabajadores acceso a todos los derechos y beneﬁcios sociales previstos para los trabajadores contratados a plazo indeﬁnidos (derechos individuales como colectivos, aun cuando, en la práctica, haya políticas y convenios colectivos que no excluyen de la percepción de ciertas compensaciones o beneﬁcios al personal contratado a plazo ﬁjo);
b) sobre estos contratos atípicos hay que indicar que no solamente se debe invocar la causal respectiva de contratación (es el único contrato de trabajo que requiere de una causa de contratación), sino que dicha causa debe haberse conﬁgurado para que proceda la contratación temporal, o cuando menos, se debe encontrar ante el supuesto legal para la contratación de personal temporal;
c) en cuanto al plazo máximo, cada modalidad tiene una duración en función de la existencia de la causa temporal o simplemente el plazo máximo establecido por el legislador, sin que ningún caso se exceda de cinco años. Asimismo, es posible renovar los contratos a plazo ﬁ jo respetando el plazo máximo aplicable para cada modalidad de contratación1.
En ese contexto, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se ha contemplado los siguientes contratos sujetos a modalidad, de acuerdo a su naturaleza:
i) son contratos de naturaleza temporal:
b) contrato por necesidades del mercado;
c) el contrato por reconversión empresarial;
ii) son contratos de naturaleza accidental:
c) el contrato de emergencia;
iii) son contratos de obra o servicio:
a) el contrato especíﬁco;
c) el contrato de temporada. Asimismo, dichos contratos deberán ser celebrados de forma escrita, y bajo las condiciones previstas en el cuerpo normativo citado.
En relación a los contratos por necesidad de mercado, la temporalidad no viene determinada por la naturaleza del trabajo a desarrollar, sino más bien por el carácter transitorio con el que se precisa de él, exclusivamente para la atención de incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda de mercado. Así, este tipo contractual exige la presencia de un “incremento de la producción coyuntural” así como la necesidad de que las variaciones de la demanda tengan carácter “sustancial”, lo que supone rechazar de su contenido cualquier ﬂuctuación del mercado que no sea necesaria y signiﬁcativa.
Siguiendo esta línea de análisis, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “6. En tal sentido, se puede concluir que el incremento debe ser coyuntural, es decir, extraordinario y, en segundo lugar, los incrementos de la actividad empresarial deben ser imprevisibles. A ello se reﬁere el último párrafo del artículo 58 (citado): “Si los incrementos no son imprevisibles quiere decir que son cíclicos o estacionales o que se repiten por temporadas, lo que no puede ocurrir a riesgo de conducir por la vía de las necesidades del mercado a labores ﬁjas pero discontinuas (contrato por temporada) (…) La diferencia con el contrato por necesidad de mercado radica en lo previsible del hecho y en que las labores ﬁjas discontinuas no estamos hablando de incrementos de actividad, sino más bien de reinicio de actividad (…). Por tanto, el contrato por necesidad de mercado debe especiﬁcar la causa objetiva que justiﬁque la contratación temporal, en cuyo caso debe entenderse que no bastará citar la deﬁnición de esta ﬁ gura, sino que habrá que insertar en el documento los hechos que motivan la variación de la demanda en el mercado y sus efectos concretos para la empresa contratante”.2 Décimo Quinto: En el caso concreto, la parte recurrente cuestiona la decisión que el Colegiado Superior determine la inexistencia de una causa objetiva que justiﬁque la contratación del actor.
Los contratos que suscribieron las partes bajo la modalidad de “necesidad de mercado” se ha prolongado desde el veintitrés de febrero de dos mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; lo que revela de una parte, la ausencia de imprevisibilidad de la necesidad empresarial, la misma que pudo haber sido prevista, dada la naturaleza del servicio que presta la institución demandada. Asimismo, es de tenerse en cuenta que en cada renovación del contrato, se mencionó la siguiente justiﬁ cación para la extensión del contrato modal “(…) seguir ampliando sus actividades en otras especialidades con carácter experimental (…)”, lo que no constituye en modo alguno una justiﬁcación razonable de un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada de la emplazada, razones suﬁ cientes para señalar que la demandada no cumplió con demostrar la causa objetiva que justiﬁ ca la contratación a plazo ﬁ jo, resultando correcta la determinación del Colegiado Superior, respecto a que los contratos del actor se desnaturalizaron, deviniendo la causal de infracción normativa de los artículos 58° y 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR en infundados.
Respecto a la infracción normativa de los artículos 7° y 8° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR; interpretación errónea de los artículos 2°, 6° y 7° de la Ley N° 27735 y del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713, la demandada cuestiona la decisión del Colegiado Superior de reconocer la continuidad laboral del actor cuando éste no prestó servicios en los meses de enero de dos mil al dos mil cuatro. Al respecto, debe precisarse que si bien el actor reconoce que no prestó servicios efectivos en dicho mes, ello se debió a la organización académica de la institución y el periodo de vacaciones otorgado al personal, por lo que debe colegirse que no existió interrupción de labores entre febrero de mil novecientos noventa y nueve al año dos mil cuatro, máxime si la propia demandada: a) en las boletas de pago que corren en fojas cincuenta y seis a ochenta y siete, se consigna como fecha de ingreso el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve; b) en todos los contratos modales no se menciona las interrupciones que alega la demandada. En el orden de ideas expuesto, al haberse determinado la relación laboral continua del actor, tal como lo dilucidó el Colegiado Superior le corresponde por ley al actor los reintegros de beneﬁcios laborales reclamados, razón por la cual deviene en infundadas las causales expresadas.
Por las razones anotadas, la Sala Superior no ha incurrido en infracción normativa de las normas denunciadas, por lo que las causales denunciadas devienen en infundadas. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – SENATI, mediante escrito de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, que corre en fojas cuatrocientos siete a cuatrocientos veintitrés; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos ochenta y dos a trescientos noventa y ocho, que conﬁrmó la Sentencia de primera instancia; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oﬁcial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el demandante, Juan Ernesto Cayo Cruces, sobre desnaturalización de contrato y otros; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana, y
los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, RODAS RAMÍREZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO
1 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El derecho individual del trabajo en el Perú”. 1 ed. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2015, pp. 83-85 2 Sentencia recaída en el expediente N° 00232-2010-PA/TC C-1586313-103

References: artículo 58
 resolución 
 artículo 139
 artículo 10
 artículo 139
 artículo 10
 artículo 139
 resolución 
 artículo 77
 artículo 139
 Artículo 74
 artículo 58
 artículo 10
 resolución