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Timestamp: 2020-08-09 15:09:04+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 113, de 01/03/2017
cve: BOCG-12-D-113
052/000004 Elección de Diputados, por el Pleno de la Cámara, a los efectos de lo previsto en el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales... (Página14)
162/000279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional.
Enmiendas ... (Página14)
Aprobación con modificaciones ... (Página16)
162/000282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un Plan de Derechos Humanos.
Enmiendas ... (Página17)
Aprobación con modificaciones ... (Página20)
173/000016 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Aprobación ... (Página27)
173/000017 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo.
Aprobación con modificaciones ... (Página31)
173/000018 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página32)
Aprobación con modificaciones ... (Página35)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte ... (Página35)
184/000138 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Elaboración de un plan financiero para los astilleros públicos gallegos ... (Página36)
184/000139 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible ... (Página37)
184/000142 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Previsiones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible ... (Página38)
184/000145 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Astilleros públicos de la ría de Ferrol ... (Página40)
184/000147 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente del Alvia, ocurrido en Santiago de Compostela el 24/07/2013 ... (Página41)
184/002651 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Aplicación del bono social ... (Página42)
184/008191 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Actuaciones de la Dirección General de Supervisión del Banco de España para mitigar y diferir el reconocimiento de la gran morosidad, y sus consiguientes pérdidas, derivada de la expansión crediticia que alimentó la burbuja inmobiliaria desde las entidades financieras ... (Página44)
184/008346 Autor: López Milla, Julián
Carácter reservado del Plan del Control Tributario y Aduanero ... (Página46)
BÁÑEZ GARCÍA, María Fátima (GP) (núm. expte. 005/000285/0002) 1 ... (Página9)
LASARTE IRIBARREN, José Javier (GS) (núm. expte. 005/000030/0001) 1 ... (Página4)
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha elegido, a los efectos de lo previsto en el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004, a los siguientes Diputados:
D. Rafael Antonio Hernando Fraile.
D. Antonio Hernando Vera.
D.ª Irene María Montero Gil.
D. Juan Carlos Girauta Vidal.
D. Joan Tardà i Coma.
D. Aitor Esteban Bravo.
D. Jordi Xuclà i Costa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 81, de 5 de enero de 2017.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional.
"4. Establecer una planificación energética nacional que permita hacer frente a las necesidades de la industria y las empresas mediante la elaboración de un Plan Estratégico de la Energía que aborde de forma integral el conjunto del sector energético y busque el máximo consenso para afrontar de manera
estable las necesidades de España a medio y largo plazo, estableciendo orientaciones estratégicas para el futuro de nuestro modelo energético.
Una de las principales conclusiones de este plan nacional será la fijación del mix energético español y el peso que jugará a futuro cada una de las tecnologías de producción (nuclear, hidráulica, carbón nacional, carbón importado, gas natural, renovables y cogeneración)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2017.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley para su debate en el Pleno sobre la creación del contrato de potencia estacional, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Se añade un nuevo apartado al inicio del texto actual con el siguiente redactado:
"1 (nuevo). Impulsar la reforma del mercado eléctrico para garantizar que la fijación de los precios refleje adecuadamente el coste de generación, fomentando las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética."
"1 bis (nuevo). Reformar la tarifa eléctrica reduciendo la parte fija, el término de potencia, y estableciendo una parte variable progresiva con bloques tarifarios, que penalicen los consumos más elevados, para incentivar el ahorro y la eficiencia energética."
Se sustituye el actual apartado 1 por el siguiente redactado:
"1. Crear un contrato de potencia estacional para las pequeñas y medianas empresas y cooperativas, que permita la variación de la potencia contratada según temporadas establecidas, de acuerdo con las necesidades de la demanda."
Se añade un nuevo apartado entre los actuales 2 y 3 del texto actual, con el siguiente redactado:
"2 bis (nuevo). Realizar una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes, de forma que la reducción de los ingresos vaya acompañada de una reducción de los costes de los peajes, con el objetivo que el nuevo contrato de potencia estacional no suponga un mayor coste para el resto de personas consumidoras."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional.
1. Adoptar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para poder flexibilizar y adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico.
2. Establecer la posibilidad de una tarifa de discriminación estacional que permita modificar la potencia contratada según las necesidades de la demanda en el ciclo productivo.
3. Obligar a las comercializadoras a establecer una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica (cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales o información en relación al PVPC y al Bono Social) de manera que los consumidores domésticos puedan evaluar y comparar estas ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 81, de 5 de enero de 2017, en los siguientes términos:
2. Establecer la posibilidad de una tarifa de discriminación estacional para las pequeñas y medianas empresas y cooperativas, que permita modificar la potencia contratada según las necesidades de la demanda en el ciclo productivo.
Con esta intención, se pretende modificar las siguientes normativas:
a) Modificar el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su artículo 79, apartado 6, con el siguiente redactado:
"Las empresas distribuidoras estarán obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, modalidad de aplicación de la misma y potencia contratada. En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podrá modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación, de acuerdo al mismo."
b) Modificar el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, con el siguiente redactado:
En su artículo 6. Contratos eventuales, de temporada, de interconexiones internacionales, para suministro de energía adicional y para suministros a instalaciones acogidas al régimen especial: condiciones particulares se añadirá un nuevo apartado.
"Apartado 5. Se establecen contratos de potencia estacional, en los que el cliente y la empresa suministradora acordarán un valor de potencia diferente para cada período del año, así como tarifas y condiciones técnicas de acceso."
Y en su artículo 9, apartado 1.1, con el siguiente redactado:
"Artículo 9. Determinación de los componentes de la facturación de las tarifas de acceso.
Las tarifas de acceso se componen de un término de facturación de potencia y un término de facturación de energía y, en su caso, un término por la facturación de la energía que se determinarán tal como se expresa a continuación:
Para cada uno de los períodos tarifarios aplicables a las tarifas, definidos en el artículo anterior, se contratará una potencia, aplicable durante todo el año, permitiéndose acordar cambios estacionales en la tarifa de facturación de potencia según las necesidades del cliente."
3. Impulsar cualquier otra modificación legislativa o reglamentaria que sea necesaria a fin y efecto de implantar la nueva tarifa de contrato de potencia estacional, así como garantizar la posibilidad de flexibilizar los cambios de potencia en la contratación.
4. Será necesario, para llevar a cabo las modificaciones propuestas para la reforma de la tarifa eléctrica, que paralelamente se realice una Auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes, que permita una reforma del mercado eléctrico, para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables."
162/000282
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un Plan de Derechos Humanos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 81, de 5 de enero de 2017.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la aprobación de un Plan de Derechos Humanos.
Se propone la adición del texto siguiente en los puntos 1 y 2:
1. Presentar antes del 31 de marzo de 2017 en el Congreso de los Diputados un Plan de Derechos Humanos que sirva de marco al Gobierno en su actuación con medidas concretas en política exterior e interior a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993 y que cumpla de forma efectiva con todas y cada una de sus obligaciones con la legislación internacional de Derechos Humanos.
2. Presentar de igual manera ante esta Cámara antes del 30 de junio de 2017 un programa sobre metas, objetivos concretos, plazos, indicadores específicos de procesos y resultados y partidas presupuestarias concretas de dicho Plan, tanto de política interior como exterior, que permitan una adecuada evaluación y rendición de cuentas. Para la elaboración de ese programa se contará con la participación efectiva y activa de la sociedad civil y, en especial, de las organizaciones de derechos humanos. Así mismo se tendrá en especial consideración las organizaciones de mujeres y de los colectivos más discriminados (LGBTI, personas con diversidad funcional, niñas niños y adolescentes, minorías raciales y étnicas -pueblo gitano, afrodescendientes, población nacionalizada-, población migrante y refugiada, personas mayores).
3. El Plan especificará cómo y en qué términos se articula un mecanismo de seguimiento por parte del Gobierno, y la participación de las Cortes que en todo caso incluirá la entrega a las mismas de un informe semestral sobre su desarrollo que será presentado ante la Comisión Constitucional del Congreso que dará lugar, en su caso, a la elaboración de propuestas de resolución por parte de esta que serán incluidas en el Plan en caso de aprobación. El Plan asimismo incluirá una cláusula que establecerá la vigencia del mismo más allá del término de una legislatura hasta que sea sustituido por otro."
Es necesario y urgente un Plan de Derechos Humanos que se adopte de la forma más concreta posible a fin de que no se quede en un decálogo de buenas intenciones. En tanto las medidas adoptadas se concreten, los derechos sociales serán más fácilmente garantizables para la mayoría de las personas que residen en este país ante la situación de grave crisis de derechos humanos que se vive en Europa. Por ello proponemos una redacción que clarifique en la medida de lo posible los términos en que se habrá de hacer dicho Plan y el programa para su elaboración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-lone Belarra Urteaga, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un Plan de Derechos Humanos, para su debate en Pleno.
1. Presentar antes del 31 de marzo de 2017 en el Congreso de los Diputados un Plan de Derechos Humanos que cuente con la participación de la sociedad civil, que sirva de marco al Gobierno en su
actuación con medidas concretas en política exterior e interior a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993.
2. Presentar de igual manera ante esta Cámara antes del 30 de junio de 2017 un programa sobre objetivos concretos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias de dicho Plan, asegurando la vinculación de todas las instituciones del Estado.
3. El Plan especificará cómo y en qué términos se articula un mecanismo de seguimiento por parte del Gobierno, y la participación de las Cortes que en todo caso incluirá la entrega a las mismas de un informe semestral sobre su desarrollo que será presentado ante la Comisión Constitucional del Congreso y que dará lugar, en su caso, a la elaboración de propuestas de resolución por parte de esta que serán incluidas en el Plan en caso de aprobación. El Plan asimismo incluirá una cláusula que establecerá la vigencia del mismo más allá del término de una legislatura hasta que sea sustituido por otro.
4. Establecer una comisión interministerial de derechos humanos que mejore la coordinación entre las áreas de gobierno para el mejor cumplimiento del Plan de Derechos Humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un Plan de Derechos Humanos.
1. Presentar antes del 31 de marzo de 2017 en el Congreso de los Diputados un Plan de Derechos Humanos para la XII Legislatura y siguientes, asegurando su consolidación y continuidad en el futuro, que sirva de marco al Gobierno en su actuación con medidas concretas en política exterior e interior a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993.
4. Impulsar un grupo de trabajo entre Gobierno, instituciones, partidos, organizaciones y entidades que trabajan defendiendo los derechos humanos y sociedad civil para la elaboración y seguimiento del Plan de Derechos Humanos.
5. Crear una comisión interministerial de derechos humanos con el objetivo de mejorar la coordinación entre las áreas de gobierno afectadas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un Plan de Derechos Humanos.
1. Presentar en el Congreso de los Diputados un Plan de Derechos Humanos que sirva de marco al Gobierno en su actuación con medidas concretas en política exterior e interior a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993.
2. Presentar de igual manera ante esta Cámara, cuando el proceso de elaboración del Plan lo permita, un programa sobre objetivos concretos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias de dicho Plan.
3. El Plan especificará cómo y en qué términos se articula un mecanismo de seguimiento por parte del Gobierno, y la participación de las Cortes que en todo caso incluirá la entrega a las mismas de un informe semestral sobre su desarrollo que será presentado ante la Comisión Constitucional del Congreso y que dará lugar, en su caso, a la elaboración de propuestas de resolución por parte de esta que serán incluidas en el Plan en caso de aprobación. El Plan asimismo incluirá una cláusula que establecerá la vigencia del mismo más allá del término de una legislatura hasta que sea sustituido por otro."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre aprobación de un Plan de Derechos Humanos.
Texto que quedaría redactado de la siguiente forma:
"1. Presentar antes del 1 de junio 2017 en el Congreso de los Diputados... (resto igual).
2. Presentar de igual manera antes del 30 de septiembre de 2017 un programa... (resto igual)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la aprobación de un Plan de Derechos Humanos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 81, de 5 de enero de 2017, en los siguientes términos:
1. Presentar antes del 1 de junio 2017 en el Congreso de los Diputados un Plan de Derechos Humanos que sirva de marco al Gobierno en su actuación con medidas concretas en política exterior e
interior a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993.
2. Presentar de igual manera antes del 30 de septiembre de 2017 un programa sobre objetivos concretos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias de dicho Plan.
173/000016
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres y de las enmiendas presentadas a la misma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre medidas que piensa adoptar para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Nuestra Constitución proclama la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico y la reconoce como derecho fundamental, por lo que mandata a los poderes públicos a remover los obstáculos que la impiden.
La brecha salarial es el máximo exponente de la desigualad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Sus menores tasas de actividad, su menor ocupación; sus mayores tasas de desempleo, sus mayores interrupciones en la carrera laboral, todo ello manifiesta la dificultad de la mujer en el acceso al mercado de trabajo, en su permanencia, en su promoción interna, topada por un "techo de cristal".
Segregación horizontal, con predominio de las mujeres en sectores tradicionales feminizados; segregación vertical, con obstáculos para ocupar puestos de poder decisorio. Escollos para desarrollarse profesionalmente en un sistema laboral de estructura masculina que privilegia el trabajo denominado
productivo frente a otras esferas de la vida como el trabajo reproductivo o el cuidado de los otros, lugar donde tradicionalmente se ha situado a la mujer.
Obstáculos que hay que remover por mandato constitucional para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Es una cuestión de justicia y de equidad. Y también es una cuestión de calidad de vida, de sostenimiento de nuestro Estado de bienestar y para alcanzar mayores cotas en nuestro sistema productivo.
A pesar de ello, muy tibios han sido los esfuerzos en su remoción. La Encuesta de Población Activa, trimestre tras trimestre, la Encuesta de Estructura Salarial, año tras año, siguen mostrándonos la manifestación de esta desigualdad en todos los sectores de actividad, cualquiera que sea el nivel de formación y la edad de las personas trabajadoras.
La Ley de Igualdad, con medidas concretas para avanzar en su eliminación, se ha visto truncada por una reforma laboral que dinamita la negociación colectiva, pieza clave en la articulación de los planes de igualdad de las empresas, y que desregula el tiempo de trabajo, lo que ha provocado una extralimitación horaria sin contraprestación dineraria y unas jornadas a tiempo parcial que esconden tiempos completos. Trabajos a tiempo parcial realizados fundamentalmente por las mujeres, en muchos casos no queridos pero donde se sitúan dada su menor capacidad de negociación, lastrada y penalizada por las responsabilidades familiares. Esta reforma unida al desmantelamiento de la Ley de Dependencia, entre otras medidas, está provocando la expulsión de la mujer del mercado de trabajo.
Y ello en un momento en el que los organismos internacionales demandan una mayor incorporación de la mujer al trabajo. Cuando la Estrategia 2020 establece como una de sus objetivos el crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres hasta el 74%. Cuando España se encuentra a 21 puntos de esa tasa.
Después de cuarenta años de incorporación masiva de la mujer en el mercado de trabajo, ha llegado el momento, sin dilación, de adoptar decididamente medidas que corrijan esa desigualdad, que corrijan la brecha salarial. Se necesita una Ley integral, de espectro transversal, que actúe en todos los ámbitos que inciden en esa brecha. Y también medidas en el ámbito de la protección social para evitar los efectos que sobre su carrera de seguro ha tenido su trayectoria laboral, que se reflejan en un mayor distanciamiento entre hombres y mujeres en el sistema de pensiones.
La necesidad de una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo no puede realizarse a costa de su extenuación. Se necesita una Ley con una nueva regulación de los tiempos de trabajo y que recupere el protagonismo de la negociación colectiva. Una nueva Ley con medidas que permitan asumir los tiempos de responsabilidad laboral y los tiempos de responsabilidad familiar, otorgándoles un igual valor.
La conciliación parece continuar predicándose exclusivamente de la mujer, es a ella a quien se le imputa la organización de un tiempo que debe estirar para asumir la responsabilidad de su tiempo laboral y la responsabilidad de su tiempo familiar. Y esta doble asunción no es entendida en términos de eficiencia en la organización de un tiempo limitado, sino que es un déficit, un perjuicio al traducirse en una falta de disponibilidad en el ámbito laboral.
Esta Ley integral debe contener, pues, medidas que permitan dar un salto a la corresponsabilidad en la asunción de las tareas y cuidados familiares, lo que significa dotar de equivalencia el tiempo del varón y el tiempo de la mujer, y para ello, y entre otras disposiciones, hay que articular los derechos, y los correlativos permisos, de maternidad y paternidad en términos de equivalencia, nunca de favor; si no se produce esta equivalencia, el talento y el compromiso de las mujeres en el mercado de trabajo siempre será entendido en términos deficitarios y se retribuirá en términos de favor, lo que también se traduciría en una menor cuantía económica.
También el Estado debe asumir su parte de corresponsabilidad, articulando una red de servicios sociales que atienda a los dependientes, dentro de un paquete amplio de políticas de familia, financiando los retornos en el mantenimiento del Estado de bienestar, que hoy recaen casi exclusivamente en las mujeres.
Esta Ley también debe promover la transparencia en las empresas, para las cuales se deben recuperar las ayudas y subvenciones que permitan la realización de planes de igualdad. Y mandatar que en las estadísticas oficiales se desagreguen, entre otros parámetros, por sexo, para saber dónde se sitúe la mujer, fotografía que nos permitirá indagar sobre las causas de su relegación y adoptar medidas de corrección; y evaluar las políticas adoptadas.
En definitiva, para corregir la brecha salarial se necesita una Ley integral con determinación de objetivos concretos en la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, que remueva las dificultades que encuentra en el acceso a este mercado y en su proyección profesional, no condicionada por su falta de formación sino lastrada por la asunción de las responsabilidades familiares, para lo que se necesitan medidas de conciliación y de corresponsabilidad. Corresponsabilidad también del Estado, en la asunción de políticas de familia y de atención a los dependientes, otro de los pilares del Estado de bienestar, y en impulso al desarrollo de políticas en el ámbito de las empresas que aseguren la transparencia y la promoción de las mujeres, estableciendo medidas de acción positiva, a través de cuotas, para romper el "techo de cristal". En conclusión, se necesita una Ley que sea el reflejo de una implicación activa para remover los obstáculos que impiden la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, manifestada también en el ámbito laboral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Revisión de la Exposición de motivos
Revisión del texto de la exposición de motivos con el fin de utilizar un lenguaje no sexista. Por ejemplo, párrafo segundo tercera página sustituir "a los dependientes" por "a las personas dependientes", así mismo sustituir las referencias a "tareas familiares" o "responsabilidades familiares" por "trabajo de cuidado". O "políticas de familia" por "políticas públicas de bienestar".
El punto 2 quedaría redactado de la siguiente forma:
"Dicho Proyecto de Ley establecerá objetivos específicos, entre ellos, alcanzar una tasa de actividad de las mujeres del 74%, en línea con lo acordado en el seno de la Unión Europea en la Estrategia 2020. En concreto se desarrollarán las siguientes medidas:
- Medidas efectivas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por las cuales se impondrá sanciones a aquellas empresas o entidades que discriminen salarialmente a las trabajadoras como medida de garantizar la igualdad en valor de los puestos de trabajo de ambos sexos.
- La puesta en marcha de forma inmediata en la homologación de los permisos de maternidad y paternidad igualitarios, remunerados e intransferibles, conforme lo aprobado por la Cámara el 21 de octubre de 2016. Dicha medida favorecerá la erradicación de la brecha salarial de género así como eliminará el desequilibrio entre los permisos de maternidad y paternidad que actualmente ocurre y que conlleva que la maternidad sea un obstáculo real o potencial para el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres.
- Garantizará la condición universal y gratuita de la Educación de 0 a 6 años en todo el territorio del Estado.
- Incentivar a aquellas empresas que implementen medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad entre sus plantillas mediante un sistema de evaluación de la "calidad en igualdad" que impida la concurrencia de las empresas a los concursos y contratos con las Administraciones Públicas del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local si no gozan de ese sello. Dicha distinción para empresas y entidades que velen por la igualdad de género requerirá del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: además de estas medidas, se valorará la prevención de las violencias machistas y del acoso en el entorno de trabajo; así como el desarrollo de planes integrales de igualdad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas que piensa adoptar para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Se añade un nuevo apartado 4, con la siguiente redacción:
"4. Promoverá, en el marco del diálogo social, acuerdos dirigidos a incentivar el establecimiento de objetivos claros de representación de mujeres en los cargos directivos y en los consejos de administración de las empresas, así como a fomentar una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, entre otras medidas, mediante la publicación por las empresas de estadísticas de contratación desagregadas por sexos que deberán incluir en su informe anual, o que en los procesos de contratación los currículum vitae no incluyan referencia al nombre, sexo o fotografía del candidato, a fin de evitar posibles sesgos de género en su valoración."
Una parte significativa de la brecha salarial entre mujeres y hombres se produce como consecuencia de dos circunstancias previas: la segregación ocupacional (esto es, las mujeres se emplean en trabajos menos remunerados que los hombres) y la segregación dentro de la empresa (esto es, las mujeres desempeñan puestos de trabajo peor remunerados que los hombres dentro de la misma empresa), concepto este último muy relacionado con el denominado "techo de cristal" cuando se hace referencia a las menores oportunidades de promoción).
Por ese motivo, será imposible avanzar en la reducción de la brecha salarial si previamente no se incide en sus causas, entre ellas las expuestas anteriormente. A esos efectos, se propone que el Gobierno promueva, en el marco del diálogo social, por ser imprescindible la complicidad y convicción de las empresas en este objetivo, acuerdos que incentiven el establecimiento de objetivos claros de representación de mujeres en los cargos directivos y en los consejos de administración de las empresas y que fomenten una cultura de transparencia en el proceso de selección de todos los niveles de contratación. En este sentido, se exponen dos medidas concretas: la publicación de estadísticas de contratación segregadas por sexo, que materialicen el compromiso de las empresas pero también la información a disposición de las los empleados y del público en general, y la previsión de que en los procesos de contratación las empresas manejen currículum vitae que no incluyan referencias al nombre, sexo o fotografía de los candidatos, para evitar posibles sesgos en la valoración no relacionados con el mérito y la capacidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2017.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se verá en la Sesión Plenaria de hoy.
Se propone la modificación de los tres puntos propuestos con el siguiente tenor:
"1. Presentar, en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres, previo diálogo social, para garantizar de forma real y efectiva la igualdad de retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto, que asegure la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y en la promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.
2. Establecer en su texto objetivos específicos, entre ellos, alcanzar una tasa de empleo de la mujeres en línea con lo acordado en el seno de la Unión Europea en la Estrategia 2020, incluyendo medidas concretas en conciliación y corresponsabilidad, como la equiparación de permisos de maternidad y paternidad y la racionalización de horarios, así como el impulso de la trasparencia en la empresas y en las estadísticas oficiales.
3. Incluir, como principio conductor de cuantas medidas pueda adoptar cualquier institución pública, que todas las mujeres, independientemente de que vivan en zonas urbanas o en el ámbito rural, puedan acceder al conjunto de servicios y equipamientos que hagan eficaces las medidas que integren el contenido del Proyecto de Ley de igualdad salarial, mandatario en esta Moción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero 2017.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
1. Presentará en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley de Igualdad Salarial [...]
2. Dicho Proyecto de Ley establecerá objetivos específicos, entre ellos, alcanzar [...]
3. Alcanzará un Acuerdo Interinstitucional para hacer posible el Pacto Local por la igualdad [...]
4. Mantendrá efectivamente y en la medida de lo posible incrementará, las partidas presupuestarias destinadas a programas de incentivación de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas, y las transferirá a las administraciones competentes.
5. Abrirá un proceso de diálogo social y político con el objetivo de abordar y consensuar una modificación de la Reforma Laboral de 2012 especialmente, en materia de negociación colectiva y de contratación a tiempo parcial, y con el objetivo a medio plazo de alcanzar un acuerdo que permita la elaboración y la aprobación de un nuevo marco de relaciones laborales que garantice los derechos y la seguridad de los trabajadores, facilite la competitividad de las empresas, y se acomode a las nuevas realidades de la sociedad, especialmente en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y personal.
6. Adoptará las medidas oportunas para que todos los permisos que tengan por objetivo el cuidado y la atención de los hijos menores y personas en situación de dependencia sean equivalentes para ambos progenitores, reconociendo así los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los trabajadores y las trabajadoras de manera que se fomente la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares por consanguinidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
1. Presentar un Plan de Lucha contra la Brecha Salarial de Género, en el plazo más breve posible, consensuado con las Comunidades Autónomas, los agentes sociales y las entidades del Tercer Sector.
2. Aprobar las medidas normativas necesarias para garantizar de forma real y efectiva la igualdad de retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto, que asegure la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia en la formación y en la promoción interna en las empresas,
removiendo los obstáculos que la impidan o dificulten. Asimismo, se contemplaran medidas concretas en conciliación y corresponsabilidad.
3. Alcanzar un acuerdo interinstitucional con la FEMP para hacer posible el pacto local por la igualdad de género, de tal forma que todas las mujeres, independientemente de que vivan en zonas urbanas o en el ámbito rural, puedan acceder al conjunto de medidas adoptadas."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
3. Alcanzará un Acuerdo Interinstitucional para hacer posible el Pacto Local por la igualdad de género, de tal forma que todas las mujeres, independientemente de que vivan en zonas urbanas o en el ámbito rural, puedan acceder al conjunto de servicios y equipamientos que hagan eficaces el conjunto de medidas que integren el contenido básico de este Proyecto de Ley de igualdad salarial, mandatado en esta Moción."
173/000017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Joan Baldoví Roda, de Compromís, y al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo, para debatir en el Pleno de la Cámara.
Según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, solo el 35% de las inversiones previstas en la Comunidad Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 han sido llevadas a cabo. Igualmente, pese a los distintos anuncios de la llegada de la Alta velocidad a la ciudad de Castelló, realizados por el Ministerio de Fomento, la realidad es que estamos en 2017 y sigue sin estar en marcha el tramo Valencia-Castellón.
El último informe de la Comisión Europea exponía que el corredor mediterráneo ferroviario, que pertenece a la red transeuropea de transporte estaba realizándose a su paso por la costa Mediterránea (Tarragona-Almería), a pesar de que solo se trata de la colocación de un carril extra que permita el tránsito, y no de un nuevo corredor ferroviario. En cambio, el pasado mes de noviembre, la asociación de empresarios valencianos (AVE) presentó un informe visual realizado desde un helicóptero este otoño en el que se podía constatar que no existe ninguna obra en marcha en los tramos Tarragona-Castellón o Villena-Alicante. Esto supone que pese a que según los informes del ministerio la infraestructura avanza, la realidad es muy diferente y los plazos para la puesta en marcha de una conexión de ancho europeo entre la frontera francesa y Murcia, prevista para 2016, no tiene visos de estar finalizada, y no se puede dar una fecha para su puesta en marcha.
El Corredor Mediterráneo, que conectaría las comunidades autónomas de Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, los tres principales puertos de España, Valencia, Algeciras y Barcelona, y más de 17 millones de personas, sigue sin tener una programación de ejecución real y es imposible saber si se va a realizar ni en qué condiciones. Esto supone dejar desconectados al 48% de la población, el 45% del PIB estatal, el 50% de las exportaciones y el 47% de las empresas, en un momento en el que las comunidades autónomas mediterráneas están contribuyendo con intensidad a la recuperación de la economía.
Por otra parte el Ministerio de Fomento ha rechazado cualquier compromiso de planificación de obras conjunta con las comunidades autónomas.
"El Congreso insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Que se redacte, en el periodo máximo de un año, una programación detallada de las obras para la puesta en marcha del ancho internacional entre Barcelona y Alicante y continuación en Almería.
2. Elaborar una valoración presupuestaria de las actuaciones y reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en las previsiones para los años 2018 y 2019.
3. Confeccionar una propuesta de dotación de contenidos concretos a la anunciada figura del Coordinador Técnico de Corredor.
4. Que se haga una gestión coordinada con las Comunidades Autónomas implicadas.
5. Iniciar (o, en su caso, recuperar y actualizar los proyectos ya comenzados) de los estudios para la construcción de la doble plataforma en los tramos que no la tienen, empezando con los tramos más saturados, con programación temporal y presupuestaria (como Europa).
6. Redactar una estrategia de impulso de nuevas actividades logísticas donde esté justificada su ubicación. En especial en lo que se refiere a la interoperabilidad de la red con los puertos y las zonas logísticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 182.4 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Que el Ministerio de Fomento haga pública, en el plazo máximo improrrogable de un año, la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias del desarrollo del Corredor Mediterráneo, tal y como indica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, que incluirá necesariamente una programación detallada de las obras para la puesta en marcha del ancho internacional entre Barcelona y Alicante y su continuación en Almería.
Esta estrategia indicativa deberá ejecutarse teniendo en cuenta todos los modos de transporte y garantizar la optimización de la inversión realizada, recomendando que se hagan bajo un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, con una Oficina Nacional de Evaluación encargada de verificar su rentabilidad social y económica.
3. Confeccionar una propuesta de dotación de contenidos concretos a la anunciada figura del Coordinador Técnico del Corredor.
4. Realizar una gestión coordinada con las Comunidades Autónomas implicadas.
6. Redactar una estrategia de impulso de nuevas actividades logísticas, donde esté justificada su ubicación, teniendo en cuenta la Estrategia Logística de España elaborada por el Ministerio de Fomento, en especial en lo que se refiere a la interoperabilidad de la red con los puertos y las zonas logísticas.
7. Para la puesta en servicio de los trayectos ya en explotación se garantizarán que se mantenga su nivel actual de servicio y capacidad en ancho mixto, y deberán realizarse de forma exhaustiva las evaluaciones de riesgo convenientes, sobre todo, de las modificaciones de proyectos y elementos novedosos para que no se produzcan niveles de riesgos susceptibles de degenerar en accidentes como el ocurrido en Angrois."
6. Redactar una estrategia de impulso de nuevas actividades logísticas, donde esté justificada su ubicación. En especial, en lo que se refiere a la interoperabilidad de la red con los puertos y las zonas logísticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví), sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo.
1. Desarrollar el Corredor Mediterráneo en colaboración con las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia y Andalucía.
2. Planificar y hacer público un calendario de obras y puesta en servicio del Corredor Mediterráneo desde Algeciras a la frontera francesa, según el diseño aprobado por la Unión Europea, con la correspondiente memoria económica y dotación presupuestaria para cada tramo, priorizando aquellas actuaciones que tengan un mayor retorno para la actividad económica, teniendo en cuenta a este respecto las opiniones de los operadores de transporte ferroviario, empresas industriales y logísticas, ADIF, Puertos del Estado y las Comunidades Autónomas.
3. Dotar de un contenido adecuado a la figura del coordinador técnico del Corredor Mediterráneo, estableciendo con claridad las funciones que se encomiendan tanto al responsable como a su unidad administrativa de apoyo, con la finalidad de que la relación institucional y el proyecto del Corredor Mediterráneo alcancen su objetivo.
4. Incluir en la planificación las integraciones y circunvalaciones ferroviarias necesarias y la implantación completa de vía en ancho estándar en todo su trazado y duplicación de la plataforma allí donde haya problemas de capacidad.
5. Redactar una estrategia de impulso de nuevas actividades logísticas donde esté justificada su ubicación, en especial, en lo que se refiere a la interoperabilidad de la red con los puertos y las zonas logísticas."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví), sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo.
5. En el caso de que, una vez finalizadas las obras en marcha, a la vista de los datos de utilización de la infraestructura, se constatara la necesidad de ampliar la capacidad de algún tramo en concreto, impulsar los correspondientes estudios, proyectos y obras que permitieran atender satisfactoriamente a dicha demanda.
6. Continuar avanzando en la ejecución de las principales actuaciones recogidas en la Estrategia Logística de España y, en particular, en el impulso a las nuevas terminales logísticas estratégicas y prioritarias."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción del Corredor Mediterráneo, ha acordado lo siguiente:
1. Que el Ministerio de Fomento haga pública, en el plazo máximo de un año, la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias del desarrollo del Corredor Mediterráneo, tal y como indica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, que incluirá necesariamente una programación detallada de las obras para la puesta en marcha del ancho internacional entre Barcelona y Alicante y su continuación en Murcia, Almería, Granada y Algeciras según el diseño aprobado por la Unión Europea, con la correspondiente memoria económica y dotación presupuestaria para cada tramo, priorizando aquellas actuaciones que tengan un mayor retorno para la actividad económica.
Esta estrategia indicativa deberá ejecutarse teniendo en cuenta todos los modos de transporte y garantizar la optimización de la inversión realizada, recomendando que se hagan bajo un Pacto Estatal por las Infraestructuras Estratégicas, con una Oficina Estatal de Evaluación encargada de verificar su rentabilidad social y económica, teniendo en cuenta a este respecto las opiniones de los operadores de transporte ferroviario, empresas industriales y logísticas, ADIF, Puertos del Estado y las Comunidades Autónomas.
2. Elaborar una valoración presupuestaria de las actuaciones y reflejo en el Presupuesto General de Estado para el año 2017 y en las previsiones para los años 2018 y 2019.
3. Dotar de un contenido adecuado a la figura del coordinador técnico del Corredor Mediterráneo, estableciendo con claridad las funciones que se encomiendan tanto al responsable como a su unidad administrativa de apoyo, con la finalidad de que la relación institucional y el proyecto del Corredor Mediterráneo alcancen su objeto.
4. Realizar una gestión coordinada con las Comunidades Autónomas implicadas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia y Andalucía.
5. Incluir en la planificación, las integraciones y circunvalaciones ferroviarias necesarias y la implantación completa de vía en ancho estándar en todo su trazado y duplicación de la plataforma allí donde haya problemas de capacidad.
6. Iniciar (o en su caso, recuperar y actualizar los proyectos ya comenzados) los estudios para la construcción de la doble plataforma en los tramos que no la tienen, empezando con los tramos más saturados, con programación temporal y presupuestaria (como Europa).
7. En el caso de que, una vez finalizadas las obras en marcha, a la vista de los datos de utilización de la infraestructura, se constatara la necesidad de ampliar la capacidad de algún tramo en concreto, impulsar los correspondientes estudios, proyectos y obras que permitieran atender satisfactoriamente a dicha demanda.
8. Redactar una estrategia de impulso de nuevas actividades logísticas, donde esté justificada su ubicación, teniendo en cuenta la Estrategia Logística Europea y la española elaborada por el Ministerio de Fomento, en especial en lo que se refiere a la interoperabilidad de la red con los puertos y las zonas logísticas.
9. Para la puesta en servicio de los trayectos ya en explotación, se garantizará el mantenimiento de su nivel actual y de su capacidad en ancho mixto, y deberán realizarse de forma exhaustiva las evaluaciones de riesgo convenientes, sobre todo de las modificaciones de proyectos y elementos novedosos para que no se produzcan niveles de riesgos susceptibles de degenerar en accidentes."
173/000018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales, para su debate en Pleno.
La Dirección General del Catastro activó el procedimiento de regularización catastral para el periodo 2013-2017 con el objetivo de detectar nuevas construcciones y ampliaciones existentes no declaradas en el catastro, tanto de rústica como de urbana. No obstante el despliegue de ese procedimiento
parte de una valoración errónea y excesiva de algunas construcciones rústicas, y es que la Ley 16/2012, que modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece que mientras no se apruebe la ponencia de valores a la rústica se debe tomar como vigente la ponencia que se determine en cada municipio para la obtención del valor de la urbana.
Este procedimiento supone un auténtico agravio al sector agrario, ya de por sí muy castigado. Unos costes que han de asumir los propietarios de esas construcciones agrarias sin que tengan ninguna vinculación ni con el rendimiento de las explotaciones ni con la realidad del mercado inmobiliario.
Por todo ello se presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales.
2. Garantizar que la Dirección General del Catastro asuma un modelo de ponencias rústicas de carácter supramunicipal, entendiendo que los precios del mercado inmobiliario de rústica no presentan diferencias significativas entre municipios contiguos, sino que responden a criterios de tipos y uso del suelo, tipos de cultivos y/o ganadería y que tienen alcance supramunicipal.
3. Aplicar unos coeficientes reductores específicos distintos a los que ya recoge la actual normativa, destinados a corregir la valoración catastral excesiva de las construcciones indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal resultante del procedimiento de asignación del valor catastral mientras no se apruebe la ponencia especifica de valoración de inmuebles rústicos referenciada en el punto 1.
4. Impulsar los cambios normativos necesarios para la aplicación de un coeficiente reductor de la base imponible con el objetivo de lograr una aplicación progresiva de los nuevos valores catastrales resultantes del procedimiento de regularización catastral, solo en el caso de las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal que hasta ahora no tienen valor asignado por no haberse efectuado un procedimiento de valoración colectiva de carácter general."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales.
"1. Acometer el establecimiento del valor catastral de las construcciones rústicas en el marco de la próxima revisión de la reforma del Sistema de Financiación de las administraciones públicas.
2. Incorporar variables para mejorar los criterios de distribución de fondos de financiación en beneficio de las regiones españolas que desde 2009 (fecha de aprobación del vigente Sistema de Financiación Autonómica) han resultado perjudicadas o desfavorecidas por circunstancias económicas y geográficas (caso de los núcleos rurales de montaña), mediante una redistribución más equitativa de los recursos.
3. Apoyar el desarrollo del mundo rural mediante procesos de regularización que no supongan incremento de los valores catastrales en el caso de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
4. Aplicar exenciones o limitaciones de tributación para aquellas edificaciones indispensables vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales situadas en suelo rústico y también a las que por su singularidad (caso de los hórreos, paneras y cabazos asturianos y gallegos) forman parte de la economía tradicional del mundo rural."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2017.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición de dos apartados a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales.
"5. Paralizar las valoraciones catastrales de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico y suspender todos los expedientes en curso y proceder a regular un procedimiento de corrección de los que se hayan incoado desde el 1 de enero de 2006.
6. Impulsar la derogación del segundo párrafo de la disposición adicional cuarta y la modificación de la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en su redacción introducida por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la cual, mientras no se aprueben las normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos, el valor catastral se obtendrá por aplicación de la ponencia de valores urbanos vigente en el municipio."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales.
"2. Tomar en consideración en la elaboración de la citada ponencia específica de valoración de inmuebles rústicos que los precios del mercado inmobiliario de rústica no presentan diferencias
significativas entre municipios contiguos, sino que responden a criterios de tipos y uso del suelo, tipos de cultivos y/o ganadería."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales, ha acordado lo siguiente:
2. Tomar en consideración en la elaboración de la citada ponencia específica de valoración de inmuebles rústicos que los precios del mercado inmobiliario de rústica no presentan diferencias significativas entre municipios contiguos, sino que responden a criterios de tipos y uso del suelo, tipos de cultivos y/o ganadería.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Educación y Deporte, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/003391
Núm. registro: 7260
Autor iniciativa: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Objerto iniciativa: Proyecto de Real Decreto por el que se modificaba el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, con el fin de incorporar el nuevo sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales que afecta al sistema de reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión Europea de las profesiones sanitarias.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000089.
184/000138
Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre elaboración de un plan financiero para los astilleros públicos gallegos.
La Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta escrita relativa a la elaboración de un plan financiero para los astilleros públicos gallegos.
El pasado mes de abril, los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados aprobaron, a instancias del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y por unanimidad, una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno, a la SEPI y a Navantia, a que adoptaran las medidas necesarias para negociar un plan industrial viable para los astilleros gallegos.
Este plan industrial debería definir la carga de trabajo, ampliando la oferta para la construcción de buques del sector civil, incorporando nuevas actividades, corno las energías renovables.
También se solicitó un plan financiero para garantizar los recursos necesarios para mantener la actividad, incluyendo un plan de inversiones y en I+D. Asimismo, en este acuerdo se exigía un plan laboral que asumiese el necesario relevo generacional en la plantilla y que se regulara y se fidelizara la industria auxiliar.
A día de hoy la situación sigue siendo la misma, y no se adoptaron las medidas necesarias para iniciar las negociaciones entre el Gobierno en funciones, la empresa y las y los representantes legales de los trabajadores para la elaboración del citado plan industrial.
El último balance contable de Navantia arroja de nuevo datos económicos negativos, con pérdidas en 2015 que rondan los 168 millones de euros. Y los datos que se conocen de 2016 van en sintonía negativa con los ya mencionados, superando pérdidas de 20 millones de euros en los dos primeros meses de 2016.
Estas dificultades económicas no se deben solo a la falta de carga de trabajo, la empresa no tiene capacidad para dar respuesta a los contratos firmados, al carecer de capacidad de gestión, tanto en lo financiero como en lo laboral.
En los últimos años las políticas llevadas a cabo por el PP están provocando el ahogamiento del sector público industrial, acrecentado por la falta de partidas necesarias en las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos desde el año 2012,
Por lo señalado, la Diputada Yolanda Díaz Pérez formula las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo va a poner un plan financiero la SEPI para reordenar el equilibrio de las cuentas públicas de Navantia?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno hacer cumplir el acuerdo parlamentario del 27 de abril en el que se instaba a la elaboración de un plan industrial para Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
184/000139
Reformulación de su pregunta sobre previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible.
La Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta escrita relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible.
Para el inmediato, hace falta modificar el sistema de subasta en el que alcanza a su ámbito temporal y a la oferta de megawatios porque las subastas con una periodicidad anual no son el período idóneo para definir inversiones, también de la necesaria garantía -que no tenemos- acerca de la oferta suficiente de bloques de manera que ninguna fábrica quede excluida.
Por lo expuesto, la Diputada Yolanda Díaz Pérez presenta las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar las medidas conducentes, en relación con la empresa Alcoa, para garantizar el empleo en su planta de A Coruña?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno fomentar la implementación por parte de la empresa Alcoa de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético, la rebaja de las emisiones contaminantes y el desarrollo de la actividad productiva en nuestro país?
Reformulación de su pregunta sobre previsiones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible.
La Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad como una herramienta para flexibilizar la operación del sistema eléctrico y dar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones de emergencia, minimizando el impacto en la seguridad del sistema.
Se trata, por tanto, de una actividad exclusivamente técnica, cuya gestión se encomienda al operador del sistema "Red Eléctrica de España, S.A.", que, consecuentemente, y de acuerdo con el Artículo 4 dos de la IET/2013/2013, modificado por la IET/2804/2012, de 27 de diciembre, deberá remitir, no más tarde del 15 de julio de cada año, a la Secretaría de Estado de Energía y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una propuesta de requerimiento de potencia interrumpible para el siguiente periodo de prestación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Una propuesta que deberá ser informada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un plazo de diez días y remitido el informe a la Secretaría de Estado de Energía.
Por otra parte, el artículo 4 uno de la IET/2013/2013 establece que la asignación de la potencia interrumpible a los consumidores cualificados se realice mediante un procedimiento de subastas, gestionado por el operador del sistema, pero cuyas características se reserva la Secretaría de Estado de Energía de acuerdo con el artículo 4 tres de la IET/2013/2013. En concreto deberá decidir:
a) Las reglas a aplicar en la subasta.
b) La fecha de realización de cada subasta.
c) El periodo de prestación del servicio subastado.
Es decir los aspectos económico-administrativos de la adjudicación de la prestación del servicio.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y considerando que en una situación política como la actual, con un Gobierno en funciones, el Congreso de los Diputados debe de estar informado de decisiones como la adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, debido a su enorme impacto en los planes de inversión y planificación de la producción de industrias electrointensivas y eventualmente en el mantenimiento del empleo.
1. ¿Tiene previsto el Ministro de Industria, Energía y Turismo modificar las reglas de la subasta de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y el periodo de prestación del servicio?
2. Y, en caso afirmativo, ¿cuáles serían estas modificaciones y periodo de prestación?
Reformulación de su pregunta sobre astilleros públicos de la ría de Ferrol.
La Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta escrita relativa los astilleros públicos de la ría de Ferrol.
La empresa pública Navantia está sufriendo la pésima gestión política de un Gobierno y de un partido (el PP) que rechaza el carácter público del astillero Navantia y que por lo tanto, renuncia a intervenir para salvaguardar un sector estratégico con potencialidades extraordinarias para el desarrollo social, económico e industrial de nuestro país.
La centralización de la gestión y la imposición de una estructura organizativa y funcional equivocada, sumada a la incapacidad del área comercial para conseguir nuevas contrataciones y a la negativa del gobierno a avanzar inversiones productivas y programas de construcción que dependen de él, configuran una intervención política errática causante de la evidente falta de rumbo vigente en una empresa y sector fundamentales para la industria gallega.
El estrangulamiento que los gobiernos del PP provocan a los astilleros públicos de la ría de Ferrol, comporta además en este territorio un brutal destrozo socioeconómico, después de sucesivas reconversiones frustradas, vetos europeos y abandono por parte de los Gobiernos del turno restauracionista. Ejemplo paradigmático de ello son las mentiras electorales comprometidas por el PP y que no se han hecho realidad: dique, armada de buques mexicana desaparecida o un Astano que sigue sin construir buques.
El balance contable no puede ser más negativo a causa de la caída de las ventas y de los niveles de contratación, el alto nivel de endeudamiento y el desequilibrio patrimonial existente, que aboca al Gobierno a actuar de manera decidida para capitalizar la empresa pública.
Navantia Ferrol y Navantia Fene, Bazán y Astano, son -pese a los Gobiernos sucesivos -un conjunto industrial con gran capacidad tecnológica llamado a jugar un papel tractor en un nuevo desarrollo industrial que comparta con las universidades y centros tecnológicos -como tendría que ser el CIS de A Cabana- el núcleo de I+D+i de la construcción naval pública. Una oportunidad para crear riqueza social y empleo estable y con derechos: toda una alternativa política y social al desmantelamiento industrial que propician las políticas del PP.
Los astilleros públicos de la ría de Ferrol representan el futuro de las comarcas en las que están radicados, pero para ello se requiere un compromiso público estable.
Una herramienta clave para desarrollar el futuro de los astilleros públicos de la ría de Ferrol es la aprobación de un plan industrial, que debe ser acordado con la representación sindical de la plantilla, un plan industrial que el PP se comprometió a aprobar, y que así lo hizo público durante la campaña electoral.
1. ¿Tiene previsto el Gobierno el plan industrial de Navantia?
2. ¿Cuál es la carga de trabajo prevista para Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2017.-Yolanda Díez Pérez, Diputada.
Reformulación de su pregunta sobre creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente del Alvia, ocurrido en Santiago de Compostela el 24/07/2013.
La Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta escrita relativa a la creación comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente del Alvia, ocurrido en Santiago de Compostela de 24 de julio de 2013.
El demoledor informe de la Agencia Ferroviaria Europea pone de manifiesto la invalidez y la falta de independencia de la investigación del accidente que llevó a cabo la Comisión de Accidentes Ferroviarios por encargo del Gobierno. El Gobierno en funciones obstaculiza el esclarecimiento de las verdaderas causas e impide que se depuren las posibles responsabilidades, políticas y judiciales, del accidente que sesgó la vida a 81 personas y dejó más de 140 personas heridas.
El máximo órgano técnico en materia de seguridad ferroviaria en la Unión Europea, expone en su informe las debilidades de la investigación del accidente de alta velocidad de Santiago de Compostela, invalidándolo.
Demuestra el incumplimiento de la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria por parte del Ministerio de Fomento y concluye que "teniendo en cuenta la extremadamente seria naturaleza de este accidente debería abrirse una investigación que cumpla con las exigencias de independencia." Un informe que se demoró varios meses por las presiones del Gobierno para que no se hiciera público.
- La composición del equipo de investigación de la CIAF no garantiza la independencia que requiere la investigación del accidente, por estar integrado por personas vinculadas a ADIF, RENFE e INECO. De este último organismo, responsable de la evaluación de seguridad de la línea, y que dejó la seguridad en manos del conductor, señala expresamente que como partícipe de los hechos no puede formar parte del equipo de investigación del accidente.
- Las preguntas clave a las que no da respuesta la investigación son las referidas a los organismos que forman parte del equipo de investigación: RENFE Operadora, ADIF e INECO y el papel de la Dirección General de Ferrocarriles.
- El informe de la CIAF se centra en el fallo humano y no da respuesta a preguntas esenciales, ni determina las causas estructurales y causas raíz, que son las que con toda probabilidad se refieren a las actuaciones que implicarían a ADIF, RENFE e INECO. Obvia causas principales como: el cambio de proyecto que rebajó la seguridad y la desconexión del sistema de control de velocidad. De no haberse producido, el accidente se podría haber evitado.
- No se ha analizado de forma crítica cuestiones trascendentales como las decisiones relativas al diseño de la línea, al tren implicado en el accidente, las autorizaciones de puesta en servicio, ni la forma en que se realizó la evaluación de riesgos, entre otras.
- Víctimas y familiares no fueron informados, ni se les dio la oportunidad de plantear cuestión alguna, tal y como obliga la Directiva.
1. ¿Tiene previsto el Gobierno presentar en el Congreso de las Diputadas y de los Diputados el informe remitido por la Agencia Ferroviaria Europea sobre el accidente del Alvia ocurrido en Angrois-Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013?
2. En caso afirmativo, ¿en qué plazo de tiempo?
184/002651
Reformulación de su pregunta sobre aplicación del bono social.
La Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas escritas relativas a la aplicación del bono social.
La Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio 2009 (y antes la 2003/54/CE), obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a establecer medidas de protección a los "consumidores vulnerables". En concreto el artículo 2 (puntos 7 y 8) señala:
"Artículo 2.7: Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en períodos críticos. Los Estados miembros garantizarán la aplicación de los derechos y las obligaciones relacionados con los clientes vulnerables."
"Artículo 2.8: Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, tales como planes nacionales de acción en materia de energía, prestaciones en el marco de regímenes de seguridad social para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables..."
Es decir establece la obligación de definir el concepto de "cliente vulnerable" y medidas de protección para estos clientes, pero deja a la discreción de los Estados Miembros tanto la definición del concepto como sus implicaciones, por ejemplo la "prohibición de desconexión" y hace referencia a las prestaciones sociales como mecanismo de protección.
Por otra parte en el punto 2 del mismo artículo 2 establece:
"Artículo 2.2: En el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado, y en particular de su artículo 86, los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro..."
En España esta Directiva se ha transpuesto en la Ley del Sector Eléctrico en su artículo 45, donde se señala por una parte que la definición de "consumidor vulnerable" se realizará reglamentariamente por el Gobierno, y por otra que "el bono social será considerado obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/7210E" y que por lo tanto su coste será asumido "por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica".
El Gobierno desarrolló el bono social y su financiación en el Real Decreto-ley 6/2009. Hay que señalar que este Real Decreto-ley fue recurrido ante el Tribunal Supremo que estimó el recurso en lo relativo a los criterios de reparto de la financiación y el Gobierno tuvo que enmendarse posteriormente con el Real Decreto 968/2014, que es el actualmente vigente.
Por otro lado el Real Decreto Ley 6/2009 en su artículo 2 establece:
"Se crea el bono social para determinados consumidores de electricidad acogidos a la tarifa de último recurso que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. A estos efectos, se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual".
Como se puede comprobar, el legislador deja a criterio del Ejecutivo la definición de "consumidores vulnerables".
El desarrollo del artículo 2 no se ha producido y en su lugar, la Secretaría de Estado de la Energía el 26 de junio de 2009 publicó una Resolución (disposición transitoria décima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre) en la que se regulan las condiciones para acceder al bono social que están en vigor.
Según la citada resolución, "tienen derecho al bono social los suministros de los consumidores que, siendo personas físicas en su vivienda habitual, cumplan alguno de los requisitos siguientes":
1. Potencia contratada menor de 3 kW.
2. Familias con todos los miembros en paro.
4. Pensionistas con pensión mínima.
Uno de los principales problemas en la regulación formulada por el Estado español es que no se contemplan datos como el umbral de renta per cápita o las características del consumo, por lo que se pueden dar casos como que familias numerosas con rentas muy altas podrían tener derecho al bono social y una familia donde solo trabaje un miembro con un salario de miseria no tendría ese derecho.
Además, en nuestro país, los detalles de la financiación o la definición de consumidor vulnerable no se han incluido en una Ley o en un Real Decreto-ley, y el hecho de dejarlo a una mera decisión administrativa representa una incertidumbre en una materia tan sensible como es el "bono social", y que puede eliminar, de un plumazo, este beneficio para cientos de miles de personas, lo que incrementa la desigualdad social.
Por otro lado, las Eléctricas han recurrido la orden ministerial publicada en el BOE el pasado 10 de septiembre, por la que se establece el reparto entre empresas del pago del bono social de la tarifa eléctrica para 2016. Las empresas se niegan a financiar el coste del bono e insisten en los escritos presentados que este debería asumirlo el Estado.
Por todo lo expuesto, la Diputada Yolanda Díaz Pérez presenta las siguientes preguntas escritas:
1. ¿Existe algún informe de desarrollo regulatorio previsto en materia de bono social?
2. En caso afirmativo, ¿cuál es el contenido de ese informe?
184/008191
Montero Soler, Alberto (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre actuaciones de la Dirección General de Supervisión del Banco de España para mitigar y diferir el reconocimiento de la gran morosidad, y sus consiguientes pérdidas, derivada de la expansión crediticia que alimentó la burbuja inmobiliaria desde las entidades financieras.
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, los Diputados adscritos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
De acuerdo a una información publicada por el diario "El País" a fecha de hoy, la Dirección General de Supervisión del Banco de España habría estado maquillando la regulación (las normas y circulares contables) para mitigar y diferir el reconocimiento de la gran morosidad, y sus consiguientes pérdidas, derivada de la expansión crediticia que alimentó la burbuja inmobiliaria desde las entidades financieras. Según explica el citado diario, el Comité de Técnicos de Coordinación (CTC) habría estado dando instrucciones a los inspectores para que no exigieran el cumplimiento de la legalidad vigente a las entidades supervisadas en las operaciones relacionadas con la refinanciación de préstamos hipotecarios y de consumo. Asimismo, el CTC habría prohibido a los inspectores la entrega por escrito a las entidades de esta y otras posiciones, que solo se comunicaban a las entidades oralmente.
El hecho que quedara prohibida la entrega por escrito a las entidades de la posición del CTC indica claramente que la Dirección General de Supervisión no quería dejar rastros de sus "interpretaciones". Este ejercicio opaco y falto de transparencia habría afectado a otro departamento: la Dirección General de Regulación del Banco de España, que es la responsable de crear y velar por las normas contables que debían cumplir bancos y cajas.
Según la reconstrucción realizada por "El País", las reuniones relevantes de los CTC y las instrucciones de "flexibilización" contable tuvieron lugar en relación con la crisis financiera internacional y sus efectos sobre España y lo que era presentado como "interpretación" era en realidad un cambio radical respecto de la regulación vigente que servía para esconder resultados contables no deseados. La Dirección General de Supervisión confió en que con el maquillaje contable se podría ganar tiempo ocultando a los mercados los graves problemas que sufrían sobre todo las Cajas de Ahorro. Con ello, se retrasaron las acciones y se agravaron aún más los problemas.
De confirmarse la veracidad de la información aportada estaríamos ante un gravísimo hecho que debe ser investigado y resuelto de inmediato.
¿Es cierto que la Dirección General de Supervisión del Banco de España habría estado maquillando la regulación para mitigar y diferir el reconocimiento de la gran morosidad derivada de la expansión crediticia que alimentó la burbuja inmobiliaria? En caso afirmativo, ¿se plantea el Gobierno incoar una investigación para esclarecer si realmente se han estado llevando a cabo acciones contrarias a la legalidad?
¿Cuáles eran los criterios exactos de las instrucciones dadas por el Comité de Técnicos de Coordinación a las entidades financieras?
¿Por qué motivo el Comité de Técnicos de Coordinación prohibía la notificación por escrito de las instrucciones aportadas por los investigadores a las entidades financieras? ¿Le parece al Gobierno que este tipo de conductas contribuyen a generar un clima de confianza en las instituciones? ¿Es consciente que este tipo de actuaciones en ningún caso contribuyen a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública?
¿Es consciente el Gobierno de que el maquillaje contable ocultó los graves problemas que sufrían las entidades financieras y que ese hecho retrasó la aplicación de las acciones necesarias para paliarlos agravando todavía más la situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes y Alberto Montero Soler, Diputados.
184/008346
Autor: López Milla, Julián (GS).
Reformulación de su pregunta sobre carácter reservado del Plan del Control Tributario y Aduanero.
Don Julián López Milla, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
A juicio del Gobierno, ¿qué elementos del Plan de Control Tributario y Aduanero deben ser puestos en conocimiento de los Diputados y Diputadas del Congreso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2017.-Julián López Milla, Diputado.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 97
 artículo 194
 Real Decreto 
 artículo 79
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 97
 resolución 
 resolución 
 artículo 194
 artículo 193
 resolución 
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 182
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 Real Decreto 
 artículo 184
 artículo 190
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 185
 artículo 185
 Artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 45
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 185
 artículo 185