Source: http://blogverdebolivia.blogspot.com/2018/12/
Timestamp: 2020-07-06 20:39:27+00:00

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Ecologia, Medio Ambiente Bolivia: diciembre 2018
El gran felino de América ahora tiene quién lo cuide. O por lo menos esa es la intención. La vida de los jaguares que habitan a lo largo y ancho del corredor selvático, donde habita bajo peligro de muerte, desde el norte de México hasta el sur de Argentina, se ha convertido en un asunto de Estado. Treinta países, entre ellos Bolivia, han tomado la decisión de aplicar políticas conjuntas de protección para evitar que se extinga y para combatir a los traficantes que los tumban a balazos para sacarles sus colmillos, su piel y hasta sus testículos, que son cotizados a precios de oro en mercados de China y de otros países de Asia.
El objetivo que se han puesto las naciones es que hasta el 2030 ejecutarán estrategias para salvar a los jaguares de los cazadores que los matan, por lo general, para arrancarles sus colmillos que venden a precios de oro en el mercado asiático. Por eso el nombre que le han puesto a esta cruzada se llama: Plan Jaguar 2030. Entre los objetivos del plan, según el documento que se está discutiendo entre los países, es priorizar la conservación de esta especie y frenar la disminución de la población de este felino, cuyo nombre también es conocido como Panthera onca, que ha sufrido en los últimos años.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) aseguró en un comunicado que “esta iniciativa cuenta con un enfoque regional y abrirá un nuevo camino para fortalecer la cooperación internacional y la concienciación sobre las iniciativas de protección del jaguar”. El plan se sostiene sobre una estructura de varios pilares para conseguir la conservación del jaguar: la coordinación integral entre países miembros para la implementación de las estrategias a nivel nacional y el mejoramiento de las contribuciones a los proyectos transfronterizos. También dicho plan apunta a la ampliación de modelos de desarrollo sustentables que integran la conservación en los corredores del jaguar y a la mejora de la sostenibilidad financiera de sistemas y acciones dirigidas a su conservación y la de sus ecosistemas. La realidad del felino hizo encender la alerta internacional.
El jaguar, según reportes internacionales, habitaba en 18 países de América Latina, desde México hasta Argentina, sin embargo, existe la preocupación de que el 50% del rango de ocupación original de la especie se haya perdido y sus poblaciones están disminuyendo debido a la caza ilegal y a la pérdida y fragmentación de su hábitat. Rodrigo Herrera, asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, del Viceministerio de Medio Ambiente, recordó que la estrategia para armar el plan para la conservación del jaguar surgió el año pasado en Nueva York, a iniciativa de las Naciones Unidas (ONU) y su brazo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Este proyecto fue remitido a Bolivia en septiembre de este año. Estamos terminando de revisarlo, al igual que otros paí- ses lo están haciendo. Ya hemos manifestado el interés de formar parte de esta lucha y hemos hecho alguna observaciones para enriquecerlo”, dijo Herrera, que detalló que Bolivia profundizará en hacer partícipes del Plan jaguar 2030 a los pueblos indígenas, que son los guardianes naturales del felino y que deben ser contemplados como los actores fundamentales en esta cruzada internacional.
Además del Plan jaguar 2030, la viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Cintia Silva, y la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Teresa Pérez, anunciaron que el Año del Jaguar, que ya fue aprobado por el Gobierno para el 2019, consistirá en una gran campa- ña para luchar contra la matanza y el tráfico del gran felino de América y para crear conciencia en todo el país y más allá de las fronteras.
Y el próximo año, justamente dicho viceministerio pretende realizar en Santa Cruz un evento regional para reunir a autoridades de gobiernos, científicos, policía forestal, FFAA, Interpol, guardaparques y activistas medioambientales. Con todos ellos, dijo Rodrigo Herrera, se consolidará el acuerdo para que los jaguares dejen de estar vulnerables y contrarrestar con fuerza a quienes los cazan para arrancarles los colmillos y traficar con ellos en el mercado asiático.
María Yandery Kempff Ibarra, directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, cree que un acuerdo de políticas y acciones conjuntas entre países puede ser muy beneficioso, considerando que el jaguar atraviesa por un gran problema transfronterizo. “Se trata de un felino que vive en una región gigante del continente americano, Centroamérica. En varios países ya está extinto. Esto obliga a proteger sitios para que el jaguar se mueva en corredores libres de peligro”, enfatizó. En noviembre, después de nueve meses y de 13 audiencias postergadas, en la sala 7 del Palacio de Justicia, Li Ming y Yin Lan eran declarados culpables a cuatro y tres años de prisión, -y no a la pena máxima de seis como el Estado boliviano había solicitado- por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.
En un restaurante de pollos de una avenida céntrica de Santa Cruz, Li Ming y Yin Lan fueron encontrados con 185 colmillos de jaguar, tres pieles de diferentes felinos, un chaleco de jaguar y un saco de leopardo africano, estatuillas presumiblemente esculpidas en marfil, dos cascabeles de serpiente, dos cuernos de ciervos de pantano y dos garras de pejichi y de jaguar.
Rodrigo Herrera confirmó que tanto Yi Ming como Yin Lan, pese a que ya tienen sentencia, se encuentran en libertad hasta que termine la etapa de apelaciones y ambos han presentado un recurso aduciendo que el tipo penal por el que han sido sancionados, de destrucción del patrimonio y riqueza del Estado, no concuerda con el hecho, puesto que consideran, a través de su defensa, que un jaguar no forma parte del patrimonio nacional. Herrera estima que esa apelación no va a prosperar y que ambos sentenciados pagarán su culpa con cárcel por más que uno de ellos haya recibido solo tres años de prisión.
“El artículo 44 de la Ley 300 establece que en delitos relacionados con la Madre Tierra no habrá lugar al beneficio de la suspensión condicional de la pena, que el reincidente será sancionado con la agravación de un tercio de la pena más grave y que los delitos relacionados con el medioambiente son imprescriptibles”, detalló la autoridad.
El Viceministerio de Medio Ambiente, para mejorar la administración de justicia en temas relacionados con la flora y fauna, anunció que está trabajando una propuesta para que el país cuente con un código penal ambiental. Para el activista medioambiental Heinz Arno Drawert, el Plan Jaguar 2030 es una iniciativa regional muy ambiciosa que aprovechando el carácter de especie paraguas del jaguar pretende conservar grandes extensiones de territorios y su biodiversidad mediante un corredor ecológico que atraviesa toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina.
“Si bien el jaguar es la especie focal, el valor real del plan jaguar 2030 radica en la consolidación de Áreas Protegidas interconectadas que permitirán el flujo de especies de la biodiversidad y el intercambio genético entre poblaciones de la misma especie para garantizar la viabilidad a nivel de población, comunidad y ecosistema y es en este sentido que sea probablemente la iniciativa actual de conservación más importante del continente”, explicó.
Arno Drawert sabe que se trata de un desafío enorme ya que requiere del trabajo coordinado a gran escala, pero a detalle entre muchos actores públicos y privados con intereses y visiones de futuro muy diversos (e incluso contrarios en algunos casos). Por eso, cree que la resolución de conflictos será probablemente el elemento que mayores esfuerzos y recursos consumirá en su ejecución. Uno de los mayores potenciales, sostiene, es la integración de importantes áreas protegidas ya consolidadas y de alto valor de conservación y elevada riqueza de biodiversidad dentro del corredor regional que se pretende establecer. Sin embargo, también es consciente de que existen muchas áreas protegidas que no tienen garantizadas las condiciones para una efectiva gestión debido a la insuficiente asignación de recursos, fuertes y poderosas presiones socioeconómicas y la falta de interés de los actores políticos en algunos países.
Heinz Arno Drawert también agregó que, aparte de la conservación de territorios a escala regional y en 30 paisajes distintos, el plan contempla acciones ya más específicas sobre amenazas muy puntuales sobre los jaguares, como son los conflictos con ganaderos, cacería para trofeos y el tráfico de partes, pero, francamente, enfatizó, cree que esfuerzos en esas direcciones no tienen sentido si los jaguares no tienen los hábitats adecuados en términos de espacio y calidad ambiental.
La sustitución de bolsas plásticas por empaques biodegradables en supermercados del país avanza a paso lento, mientras que el Gobierno impulsa campañas para evitar el uso de estos productos que se degradan en un tiempo de hasta 400 años.
“Esto conlleva tiempo, trámites, aspectos económicos y hasta logísticos”, reconoció Luis Arratia, director de Gestión Integral de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
En abril de 2015, los supermercados Hipermaxi, Ketal y Fidalga firmaron con el MMAyA un convenio para sustituir progresivamente las bolsas de plástico en las que entregan sus productos por envases reutilizables.
“Cuánto es lo que lograron sustituir los supermercados, no tenemos una estimación”, dijo Arratia.
Consultados al respecto, Salomón Chalán, gerente en La Paz de Hipermaxi, indicó que “próximamente” esta cadena venderá bolsas de mercado reutilizables y biodegradables en la sede de gobierno, Santa Cruz y Cochabamba, pero que ya entregan a sus clientes cajas de cartón que se obtienen de sus proveedores de productos.
De esa manera, expresó el ejecutivo, la cadena de supermercados aplica el principio de “las tres R”: reducir, reusar y reciclar.
Carla Barrero, gerente de Marketing de Ketal, recordó a su vez que esa cadena desde hace seis años usa bolsas biodegradables que, por especificaciones del proveedor, se degradan en un año.
PLANES. Con este proyecto “hemos reducido en un 15% el uso de bolsas plásticas en lo que va del año”. Además, “hasta el primer trimestre de 2019 estaremos entregando otro tipo de bolsas reutilizables”, acotó la representante.
Explicó que los nuevos envases para sus clientes podrán ser usadas por unos cinco años y serán de tela de galleta de tamaño mediano (para 6 kilos) y grande (10 kilos), siendo además prácticas y cómodas de llevar.
Álvaro Sedano, gerente Administrativo de Fidalga, señaló por su lado que la cadena lanzó hace casi dos meses una campaña de concientización para que sus clientes dejen de usar los sacos de nailon. A la par, pusieron a la venta 10.000 bolsas reutilizables de 50 por 70 centímetros en Santa Cruz y La Paz a un precio unitario de Bs 10.
“Nosotros impulsamos las bolsas reutilizables biodegradables, no el reuso de los cajones de cartón porque consideramos que pra el cliente no son prácticas ni cómodas”, declaró el ejecutivo.
IMPACTO. Un estudio de la institución sucrense de voluntarios ambientalistas Centro para el Desarrollo Sostenible Molle da cuenta de que en Bolivia se utilizan 4.100 millones de bolsas plásticas por año, sin contar con las de comida ni las de refresco para llevar.
La Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de octubre de 2015, establece en su artículo 16 parágrafo IV que “toda persona natural o jurídica, pública o privada, que realice actividades de comercialización o distribución de productos, deberá establecer acciones orientadas a prevenir la generación de residuos, priorizando el uso de envases o empaques reutilizables o biodegradables”.
Arratia informó que, en el marco de esta norma, en 2016 y 2017 se realizó la campaña “Desembólsate”, que aglutinó a varias empresas públicas y privadas con las que se logró recaudar unas 27.150 bolsas reutilizables de tela tocuyo para ser entregadas a la población de manera gratuita.
Un nuevo lote de 30.000 bolsas reutilizables se distribuirá en el segundo trimestre del próximo año, adelantó el Director de Gestión Integral de Residuos. “Una nueva campaña (de uso de envases biodegradables) será lanzada el Día de la Madre Tierra (22 de abril de 2019)”.
Propuesta de ley busca prohibir las bolsas nailon
La “prohibición de la entrega de bolsas plásticas en supermercados y centros de abasto de todo el país” y “su reemplazo por materiales biodegradables en el plazo de un año” son los principales objetivos de un anteproyecto de ley elaborado por la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB), que será entregado en los próximos días a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La posible “Ley de Control y Reducción de la Dotación y/o Sustitución de Bolsas Plásticas” es impulsada también por la senadora Adriana Salvatierra (MAS) y “se basa en competencias concurrentes, de aplicación y reglamentación en los gobiernos municipales”, adelantó a La Razón Carlos Lara, presidente de la UPAB.
“Naciones Unidas determinó que un desafío importante para el planeta y la humanidad es la lucha contra el uso excesivo de plástico y es por ese daño al medio ambiente, al agro, a los ríos, a la salud de la población que hemos planteado el proyecto de ley”, dijo el activista.
Se puede evidenciar ese uso sobredimensionado de este tipo de productos, ejemplificó, cuando se observa a la población emplear bolsas contaminantes para todo, especialmente en los supermercados y centros de abasto.
El anteproyecto de ley de la UPAB permite “algunas bolsas plásticas que sean necesarias por razones de asepsia o inocuidad para el traslado de basura o envasado de algunos productos” y promueve “campañas de concientización para la población” a cargo del Gobierno, las alcaldías y los medios de comunicación.
El ministro de Cultura de Perú, Rogers Valencia, aseguró que arqueólogos monitorearán la ruta de la carrera a fin de proteger los sitios arqueológicos y el medioambientales.
“Contamos con más de 120 arqueólogos y se ha capacitado a más de 400 personas para asegurar un Dakar culturalmente responsable en las 17 áreas de conservación”, dijo Valencia a la radio RPP. En ediciones pasadas, ecologistas y arqueólogos han expresado su inquietud por posibles daños al ambiente o al patrimonio cultural prehispánico durante la prueba.
El rally tendrá la mayor participación de mujeres desde 2009, incluyendo dos equipos 100% femeninos, según los organizadores. Competirán 17 mujeres pilotos, entre ellas las peruanas Fernanda Kanno en auto y Gianna Velarde en moto.
Esta edición tendrá en la competencia a Lucas Barrón que hará historia en el rally Dakar 2019. El copiloto de 25 años con síndrome de Down participará en una de las carreras más exigentes del planeta. En sus 5.000 kilómetros -el 70% de ellos en la arena- el Dakar recorrerá Lima y las regiones sureñas de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, esta última fronteriza con Chile.
La etapa más dura para cada auto y camión será el maratón de 370 kilómetros entre Arequipa y Tacna, en la quinta jornada (10 de enero). El Dakar tendrá lugar por cuarta vez en Perú aunque la versión de 2019 se correrá únicamente en este país.
A poco de cerrarse 2018, se mueve el tablero en el sector productivo y es el Gobierno quien hace –tal vez– la última jugada del año al restablecer en la silla de la Dirección de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) a Clíver Rocha, un viejo conocido del sector que vuelve tras cuatro años distanciado de la producción forestal. El ejecutivo vuelve para llenar el vacío de Rolf Köhler Perrogón, quien atribuyó su salida a problemas de salud.
Tribunal conoció avance de obras de carretera en Tipnis
En 2018 la sociedad internacional conoció más de cerca la protesta y preocupación de los pueblos que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y el conflicto por la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos - Villa Tunari, cuyo avance ya es evidente.
Durante al menos una semana, una comisión especial del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) visitó el país y pudo conocer de viva voz de los propios indígenas las denuncias sobre la cuestionada carretera y reflejarla más allá de las fronteras.
Tras la denuncia que hicieron los dirigentes indígenas del Tipnis ante el TIDN, que entre el 7 y 8 de noviembre realizó su cuarta audiencia en la ciudad alemana de Bonn, el caso adquirió mayor relevancia internacional.
Bolivia, país regido por un Gobierno autoproclamado defensor de la Madre Tierra y de los derechos indígenas, era acusado de no respetar el hábitat de 65 comunidades indígenas e imponer la construcción de una vía que inicialmente fue descartada, pero que volvió a proponerse tras la promulgación de la Ley 969 en agosto de 2017, que quitaba la condición de “intangibilidad” al territorio, facilitando así diversas incursiones.
El TIDN aceptó el caso y anunció la llegada de una comisión de observadores al TIPNIS para agosto de 2018. Su labor sería “verificar in situ” las acusaciones de violación a los derechos de la Madre Tierra e indígenas, además de escuchar la versión del Gobierno boliviano.
También se solicitó al Gobierno imponer una moratoria en la construcción de la carretera, hasta que dicha instancia haya concluido su labor de indagación, y responder a las acusaciones hechas en su contra.
MALESTAR POR COMISIÓN DEL TIDN
A pocos días para la visita, dirigentes indígenas de la subcentral Sécure y del Consejo Indígena del Sur (Conisur), afines al MAS, amenazaron con no permitir la entrada de la comisión del TIDN bajo el argumento que no podían ingresar al TIpnis sin su autorización.
Pese a las advertencias, la comisión del TIDN, compuesta por el ecuatoriano Alberto Acosta, la estadounidense Shannon Biggs y el argentino Enrique Viale, arribaron al corazón del Tipnis el 16 de agosto.
La audiencia con los indígenas se desarrolló un día después en una maratónica y emotiva jornada en el que al menos 28 representantes de las distintas comunidades denunciaron los atropellos que sufren a manos de un Gobierno que se empecina en construir una carretera a merced de la destrucción de lo que ellos consideran su “Casa Grande”.
Las intervenciones fueron escuchadas por la comisión que reconoció que la lucha de los pueblos del Tipnis “es un referente mundial y que tiene una gran repercusión internacional”. Incluso surgió el compromiso de llevar las denuncias hasta el Papa Francisco.
Finalizada la audiencia, el conjunto de las comunidades del Tipnis entregó la demanda formal a la comisión, documento en el que se incluyeron pruebas de sus acusaciones.
El 18 de agosto partieron rumbo a la comunidad Santísima Trinidad del denominado Polígono 7 para conocer la versión de los colonizadores dentro del conflicto y sobre la construcción de la carretera. Previamente la comisión había recibido una invitación para la visita.
PROBLEMAS EN POLÍGONO 7
Junto a un grupo de periodistas y una comitiva especial, la comisión llegó hasta el ingreso del Polígono 7 la mañana del 19 de agosto, pero no pudieron llegar a su destino debido al bloqueo de un grupo de colonizadores en el sector del puente Isinuta, que tenía órdenes de evitar el paso de los visitantes y que retuvo a la comisión por varias horas sin actuación de la Policía.
Acosta cuestionó la actitud de los colonizadores y sus dirigentes, ya que explicó que fueron ellos mismos los que invitaron a la comisión para visitar el Polígono 7. Aquella versión fue refutada por los dirigentes que afirmaron que nunca autorizaron el envío de la carta de invitación.
Tras una breve negociación y en medio de un ambiente tenso, la delegación pudo abandonar el lugar luego de permanecer retenida por al menos cinco horas contra su voluntad.
El Gobierno minimizó el hecho y negó que se haya efectuado un secuestro, como los delegados del TIDN habían advertido durante sus horas de permanencia bajo la amenazante mirada de los colonos.
La reunión entre el Gobierno y la comisión del TIDN se dio el 21 de agosto en la ciudad de La Paz. Allí, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, ratificaron la intención de construir la carretera, aunque reconocieron que aún no había el diseño final de la vía ni la evaluación del impacto ambiental que causaría en el Tipnis.
Según los representantes de la comisión, esa respuesta los llevó a consultar por qué ya se construían tres puentes de enormes dimensiones en aquel territorio si aún no había un diseño de la carretera. La pregunta no obtuvo respuesta.
Finalizada la reunión, Romero ratificó la posición del Gobierno e indicó, como ya lo había dicho antes de la llegada de la comisión, que el TIDN no puede ser considerado como un organismo oficial y que solo se compone por un grupo de ambientalistas cuya sentencia sobre este caso no tendría carácter vinculante.
DESENMASCARAN AL GOBIERNO
Para el expresidente del TIPNIS e impulsor de la VIII marcha en defensa de este territorio indígena, Adolfo Moye, la visita del TIDN sirvió para desenmascarar al Gobierno y mostrar sus verdaderas intenciones.
“Se demostró en qué realidad vive el TIPNIS y se vio la imagen real del Gobierno. Se logró que el contexto internacional se interiorice sobre los accionares las políticas estatales del país para con nosotros, los indígenas”, aseguró.
Asimismo, Moye señaló que fuera de conocerse la sentencia del TIDN, los indígenas del Tipnis “esperan que todo lo expuesto durante la audiencia se pueda difundir y socializar en la comunidad internacional los grandes daños que están ocasionando en su territorio”.
“Tenemos la esperanza de que a partir de esta visita surja la conciencia para buscar otros mecanismos de desarrollo que no destruya la naturaleza”, agregó.
La comisión abandonó el país el 22 de agosto con el compromiso de difundir la sentencia final de este caso hasta finales de septiembre, sin embargo, a la fecha aún no se la ha emitido. (Anuario ANF)
El ministro de Energía, Rafael Alarcón, minimizó ayer la falta de licencia ambiental de la futura planta de fabricación de baterías de litio, en declaración ofrecida a la emisora alemana Deutsche Welle, luego de la constitución el miércoles de la Empresa Pública Mixta por parte de la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y la socia alemana ACI Systems, para la construcción de la planta de baterías de ión- litio, en el marco del desarrollo del proyecto boliviano.
Consultado por qué se formalizó el acuerdo cuando no se cuenta con estudios de impacto ambiental en el Salar de Uyuni, Alarcón salió al paso para señalar que actualmente se tiene una planta de cloruro de potasio, además está en construcción una planta de carbonato de litio y para instalar la planta de dióxido de litio, destinada a la fabricación de baterías de litio, contará en su momento con la licencia ambiental respectiva.
Previa a la concreción de la empresa mixta en Berlín, parlamentarios formularon varias preguntas al Gobierno Federal de Alemania, el que ha reconocido no contar con estudios ambientales para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
“El Gobierno Federal no tiene resultados de estudios ambientales para la explotación de litio en Bolivia, como parte del Joint Venture entre ACI Systems y YLB. Estas dos empresas serán partes contratantes del acuerdo que se firmó el pasado 12 de diciembre”, señaló la respuesta gubernamental dada al parlamentario Uwe Kekeritz, del partido de los Verdes.
Kekeritz consultó también si la evaluación de los impactos ambientales fue concluida antes de la firma de los contratos para el proyecto, a lo cual no obtuvo una respuesta concluyente.
En la respuesta al parlamentario alemán se señaló también que en caso que ACI Systems solicitara al Gobierno Federal [alemán] el apoyo del proyecto, a través de instrumentos de promoción del comercio exterior, este revisará “en particular los aspectos ambientales del proyecto como parte del proceso de revisión de la solicitud”.
El acuerdo suscrito, de riesgo compartido (joint venture o asociación accidental), prevee que el país disponga de la materia prima y la empresa alemana provea la tecnología respectiva, para la fabricación de baterías de litio, las que serán utilizadas por la industria automotriz. El acuerdo se realizó en medio de cuestionamientos de parlamentarios alemanes de izquierda y del Partido Verde, así como de expertos en la materia.
“Las críticas siempre van a existir, lo importante es avanzar, construir un nuevo Estado, confiamos en la tecnología alemana que va a requerir las baterías de litio (…). Bolivia no juega con principiantes y ACI Systems ha demostrado tener la tecnología, esta alianza no solamente entre dos empresas, sino de dos Estados”, dijo el ministro de Energía, Carlos Alarcón,. a la emisora alemana, tras la firma del acuerdo, hace dos días en Berlín.
“El Salar de Uyuni tiene 10 mil kilómetros cuadrados y tendremos intervención sobre 40 kilómetros, es decir, el 0,4% (de la superficie)”, con lo minimizó así el impacto y, a modo de broma, acotó que se tendrá para largo el salar, inclsuive para filmar más escenas destinadas a incluirlas en la película “Star War”.
LEY N° 1037 - Declárase de prioridad nacional la valorización, protección y restauración del ecosistema, conformado por sus aguas, riberas, bosques, suelo, subsuelo, biodiversidad, paisajes que conforman los márgenes del Río Piraí
LEY N° 1037
LEY DE 26 DE MARZO DE 2018
ARTÍCULO 1. Se modifica el Artículo Segundo de la Ley N° 2122 de 25 de septiembre de 2000, con la siguiente redacción:
“ ARTÍCULO SEGUNDO.-
I. Declárase de prioridad nacional la valorización, protección y restauración del ecosistema, conformado por sus aguas, riberas, bosques, suelo, subsuelo, biodiversidad, paisajes que conforman los márgenes del Río Piraí y sus restos arqueológicos, paleontológicos, así como la utilización sostenible, racional y óptima de sus recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento de su equilibrio ecológico.
II. Considerando y respetando las prioridades señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo; en el marco del crecimiento poblacional y desarrollo, se permitirá la construcción de puentes con sus accesos de interconexión municipal, ubicados en las riberas del Río Piraí, los mismos que deberán contar con su estudio de impacto ambiental, en el marco de la normativa legal vigente.”
ARTÍCULO 2. Se modifica el Artículo 3° de la Ley N° 2913 de 18 de noviembre de 2004, con la siguiente redacción:
“ ARTÍCULO 3° (Objetivo). Declárase “Parque Ecológico Metropolitano Piraí” a todas las riberas del Río Piraí, ubicadas en los Municipios de la Metrópoli del Departamento de Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia, Colpa Bélgica y El Torno; entendiendo por ribera el área de protección cuyo aprovechamiento se debe limitar a fines de recreación, educación, investigación y construcción de puentes con sus accesos de interconexión municipal, siempre y cuando se respeten las prioridades señaladas en el Artículo Segundo de la Ley N° 2122 y su estudio de impacto ambiental, en el marco de la normativa legal vigente.”
ARTÍCULO 3. Se derogan los Artículos 7°, 8° y 9° de la Ley N° 2913, así como otras disposiciones contrarias a la presente Ley.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, Efraín Chambi Copa, Alicia Canqui Condori, Sebastián Texeira Rojas.
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
FDO. ALVARO GARCÍA LINERA, Alfredo Rada Vélez, Milton Claros Hinojosa, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez.
Etiquetas: Leyes, RIOS

References: artículo 44
 resolución 
 artículo 16

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 Artículo 3
 ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 3