Source: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/article/view/12467/14308
Timestamp: 2018-12-16 08:49:08+00:00

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¿INFORMACIÓN RESERVADA Y CÓMO CLASIFICARLA?
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO MÉTRICA
DE LA TRANSPARENCIA 2014
RESERVED INFORMATION AND HOW TO CLASSIFY IT?
ANALYSIS OF THE STUDY TRANSPARENCY METRIC 2014
Susana L. García García*
RESUMEN. El texto analiza los problemas que implicó la evaluación de las respuestas de los sujetos obligados a las solicitudes de información, que podían ser clasificadas como reservadas en el estudio Métrica de la transparencia 2014. El objetivo del análisis es dar claridad sobre los elementos y criterios que se deben utilizar para determinar cuándo es apropiado clasificar información como reservada. Para ello, se analizan la regulación y los criterios judiciales para reservar información, y se define la relación de la clasificación de información reservada con la prueba de daño. Posteriormente, se analizan algunas de las respuestas más relevantes de los sujetos obligados en materia de información reservada de Métrica de la transparencia 2014, para determinar los parámetros que definieron una argumentación válida, y así clasificar dicha información y su relación con la prueba de daño. El artículo incorpora un análisis comparativo de la prueba de daño contemplada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se presentan las conclusiones y se intenta dar luz sobre los retos a los que se enfrentan y enfrentarán los sujetos obligados en la aplicación de la prueba de daño.
PALABRAS CLAVE. Acceso a la información, información reservada, solicitud de información, clasificación de la información, privacidad.
ABSTRACT. The text analyzes the problems that involved the evaluation of the responses of the obligated subjects to the information requests, which could be classified as reserved in the study Metrics of Transparency 2014. The objective of the analysis is to clarify the elements and criteria that should be used to determine when it is appropriate to classify information as reserved. For this, the regulation and the judicial criteria for reserving information are analyzed, and the relationship between the classification of reserved information and the damage test is defined. Subsequently, some of the most relevant responses of the obliged subjects in the matter of reserved information of Metrics of Transparency 2014 are analyzed to determine the parameters that defined a valid argument, and thus classify said information and its relationship with the damage test. The article incorporates a comparative analysis of the proof of damage contemplated in the Federal Law of Transparency and Access to Public Government Information, and in the new General Law of Transparency and Access to Public Information. Finally, the conclusions are presented and an attempt is made to shed light on the challenges faced by the obligated subjects in the face of the application of the damage test.
KEY WORDS. Reserved information, information request, classification of information, obligated subjects, damage test, Transparency Metric 2014.
II. El concepto y alcance del concepto de información
reservada y su relación con la prueba de daño
1. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (LFTAIPG) y normativa en la materia
Al analizar el texto de la exposición de motivos de la LFTAIPG1 junto con el texto de los artículos 13 y 14, el legislador quiso sujetar las causales previstas en el artículo 13 de la LFTAIPG a la prueba de daño. Esto significa que las materias contenidas en las causales del artículo 13 no pueden justificar de forma directa la reserva de la información, sino hasta que se hayan comprometido, menoscabado, dañado, puesto en riesgo, o causado un serio perjuicio a los bienes jurídicos tutelados. A diferencia del artículo 13, el artículo 14 cita de forma directa y sin condicionantes determinadas materias que no están sujetas a la prueba de daño.
El reglamento de la LFTAIPG no proporciona mayor claridad. Del texto del artículo 27 de este ordenamiento se desprende que se puede extender la aplicación de la prueba de daño a las materias incluidas en el artículo 14, e incluso en el 18 de la LFTAIPG.2 No obstante, los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, intentan aclarar la confusión. Éstos refieren, en el artículo octavo, que sólo al clasificar información con fundamento en algunas de las fracciones del artículo 13, resulta necesario considerar la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto.3 Como se puede advertir en el régimen jurídico mexicano de excepciones al derecho de acceso a la información, no queda claro qué supuestos específicos se encuentran sujetos a la prueba de daño.
Como ya se mencionó, las causales previstas en los artículos 13 y 14 de la LFTAIPG deben actualizarse para reservar información. No existe duda respecto a que las causales previstas en el artículo 14 actualizan directamente la excepción de acceso a la información; no obstante, las causales del artículo 13 plantean algunas dudas para su legítima aplicación. En primer lugar, referente a lo incluido en las materias que se mencionan4 y, en segundo lugar, sobre lo que se entiende por las condicionantes previstas por el legislador.5
Ahora bien, si se toma en consideración una de las preguntas que se les hizo a los sujetos obligados —solicitar el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la dependencia, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal—, la respuesta podría llegar a ser reservada en algunos supuestos.
En primer lugar, la información podría comprometer la seguridad pública, pues su difusión puede poner en peligro la integridad y los derechos de las personas, así como el orden público. A su vez, de acuerdo con los Lineamientos Generales, la información podría hacer peligrar la integridad o los derechos de las personas en diversos supuestos.6 En segundo lugar, la información en poder de los sujetos obligados podría comprometer la seguridad nacional, es decir, poner en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional. Dentro de los supuestos que pueden poner en peligro la seguridad nacional, es posible que la respuesta de los sujetos obligados se asocie con el rubro que prevé el quebranto de las partes integrantes de la Federación, entendida como poner en riesgo las acciones destinadas a proteger la estabilidad de las instituciones de la Federación cuando la difusión de la información pueda afectar la integridad física de las máximas autoridades de los tres poderes de la unión y de los órganos con autonomía constitucional. Finalmente, dentro de lo previsto en los lineamientos como seguridad nacional, también se encuentra poner en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federación.7
El argumento del sujeto obligado para clasificar la información también llama la atención por dos razones. En primer lugar, al manifestar que el revelar el número, turnos y armamento destinado a la vigilancia del inmueble implica dar a conocer elementos sobre la capacidad de respuesta que se tiene ante eventos perpetrados en contra de las instituciones públicas y/o integridad de las personas. Pareciera que la clasificación se establece por ser de carácter reservado y no confidencial. El peligro al que se podría llegar a sujetar al titular o a las instalaciones del inmueble, en
términos de eventos perpetrados en contra de las mismas, se relaciona en mayor medida con temas de seguridad pública que con temas del ámbito de la vida privada, especialmente al tratarse de un servidor público y de una entidad pública. En segundo lugar, porque el argumento omite justificar la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la información causaría un daño presente, probable y específico a los intereses jurídicos tutelados. Aunado a lo anterior, la respuesta no hace referencia al acuerdo de la Unidad de Acceso, por el que se determina, de forma fundada y motivada, clasificar la información como reservada y el periodo que comprende la reserva, tal y como dispone el artículo 18 de la LTAIPEMG.
Ahora bien, esta situación ha encontrado una salida viable con la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).8 Los artículos 1039 y 10410 y 10511 de esta ley hacen alusión al concepto de “prueba de daño”. El artículo 103 prevé que en los casos en los que se niegue el acceso a la información por ser clasificada, se deberá aplicar en todo caso una prueba de daño. El artículo 104 dispone que, en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y que la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad, y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Por su parte, el artículo 105 establece que los sujetos obligados deben aplicar de manera restrictiva y limitada las excepciones al derecho de acceso a la información y acreditar su procedencia, y que la carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información corresponde a los sujetos obligados.
VI. Conclusión: los retos de reservar información
en el marco de la LFTAIPG y de la LGTAIP
Organización de Estados Americanos y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, Washington, OEA, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFOR
MACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf.
Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro (LAIGEQ), disponible en: http://www.queretaro.gob.mx/transparencia/con
tenido_uaippe.aspx?q=0P7NpIeTMww5waTgj/hS/w==.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-694f880ae
f4664d7c807939f85f9231c.pdf.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (LTAIPEM), disponible en: http://www.osfem.gob.mx/02_Marco_Juridico/doc/04_LTyAIPEMyM.pdf.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato (LTAIPEMG), disponible en: https://transpa
rencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/deinteres/archivos/ltaip.pdf.
Fecha de recepción: 30 de noviembre de 2017.
Fecha de dictamen: 5 de febrero de 2018.
1	Para mayor información véase la “Exposición de motivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2001, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/.
2	El artículo 27 del Reglamento de la LFTAIPG establece que, al clasificar expedientes y documentos, las autoridades deben “…tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley”, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf.
3	Para mayor información véase http://consultas.ifai.org.mx/pdf/ciudadanos/marco_nor
mativo/lineamientos/lineamientos.pdf.
4	Las materias comprendidas por el artículo 13 de la LFTAIPG son: 1) seguridad nacional, la seguridad pública o defensa nacional; 2) conducción de negociaciones o de relaciones internacionales; 3) estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) la vida, seguridad o salud de cualquier persona, y 5) las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, y las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos
5	Las condicionantes previstas por el artículo 13 de la LFTAIPG son: 1) comprometido; 2) menoscabado; 3) dañado; 4) puesto en riesgo, y 5) causado un serio perjuicio a los bienes jurídicos tutelados en los respectivos incisos.
6	De conformidad con los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de 2003, la información podría poner en peligro la integridad o los derechos de las personas cuando su difusión pueda: 1) menoscabar la capacidad de las autoridades de seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la salud de las personas, 2) afectar el ejercicio de los derechos de las personas, o 3) menoscabar o dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas distintas delincuencia organizada. Por su parte, se considera que se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda: 1) entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, 2) me-
noscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos, 3) menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos, o 4) menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales que pudieran desembocar en bloqueo de vías generales de comunicación o manifestaciones violentas.
7	De conformidad con los Lineamientos Generales, la información podría poner en peligro la seguridad nacional cuando su difusión pueda 1) obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, 2) obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, 3) menoscabar o dificultar las estrategias o
acciones contra la delincuencia organizada, 4) menoscabar o dificultar las estrategias para combatir la comisión de los delitos contra la seguridad de la nación, previstos en el Código Penal Federal, 5) destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico a que se refieren los párrafos cuarto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6) destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, vías generales de comunicación o servicios de emergencia, u 7) obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país, según lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVI 2a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8	Para mayor información, véase la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf.
9	Artículo 103 de la LGTAIP: “En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva”.
10	Artículo 104 de la LGTAIP: “En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés públicos o a la seguridad nacional; II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio”.
11	Artículo 105 de la LGTAIP: “Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados”.

References: artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 27
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 105
 artículo 27
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 28
 artículo 73
	Artículo 103
	Artículo 104
	Artículo 105