Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-63846967
Timestamp: 2019-06-25 16:00:36+00:00

Document:
STC 136/2009, 15 de Junio de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 63846967
Número de Recurso: 368-2001
Conflicto positivo de competencias 368-2001. Promovido por el Gobierno de Aragón contra la Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía que regula la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica. Competencias sobre energía, desarrollo económico y fomento de la investigación: subvenciones para fomentar las energías renovables (STC 13/1992). Declaración de competencia autonómica.
STC 136/2009
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 19 de enero de 2001 el Letrado del
Gobierno de Aragón, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra la Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de 8 de septiembre de 2000, por la que se regula la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica en el marco del Plan de fomento para las energías renovables.
Los términos del presente conflicto y su fundamentación jurídica, según se desprende del escrito de interposición y de la documentación que adjunta, son, en síntesis, los que se relatan a continuación:
Tras ello hace mención a la doctrina elaborada por este Tribunal Constitucional sobre el ejercicio del poder financiero del Estado y su incidencia en el orden competencial y en el régimen normativo y de gestión de la actuación de fomento, señalando que, conforme a la misma (singularmente la contenida en la STC 13/1992), la resolución atacada vulnera el principio de autonomía financiera de la Comunidad Autónoma. Al respecto estima que la Resolución de 8 de septiembre de 2000 regula la concesión de unas ayudas que se inscriben en las materias "instalaciones de producción, distribución y transporte de cualesquiera energías, incluidos los recursos y aprovechamientos hidráulicos, de gas natural y de gases limados, cuando se circunscriban al territorio de la comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma", "planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política nacional" y de "investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado", atribuidas a la Comunidad Autónoma de Aragón con carácter exclusivo (art. 35.1, 18, 24 y 29 EAAr), así como en la que legalmente ostenta de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen minero y energético (art. 37.2 EAAr), sin que resulte posible que tales competencias resulten enervadas por la pretensión de basar la resolución impugnada en las competencias estatales sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del régimen energético de los arts. 149.1.13 y 25 CE.
La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de febrero de 2001, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Aragón; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días realice las alegaciones que considere conveniente; comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnase la citada resolución, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto; conceder al Abogado del Estado un plazo de veinte días para que pueda exponer lo que estime conveniente acerca de la suspensión de la resolución impugnada que se pide en otrosí en la demanda; y, finalmente, publicar la incoación del conflicto en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Boletín Oficial de Aragón".
El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones en el Registro General del Tribunal el día 13 de marzo de 2001. En dicho escrito se opone a la demanda por las razones que, resumidamente, se recogen a continuación:
Por Auto 147/2001, de 5 de junio, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó no acceder a la suspensión de la Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de 8 de septiembre de 2000 por la que se regula la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica en el marco del Plan de fomento de las energías renovables.
El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de 28 de abril de 2009 acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.2 LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, atribuir a la Sala Primera, a la que, por turno objetivo, le ha correspondido, el conocimiento del presente conflicto.
Por providencia de 10 de junio de 2009 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año.
El presente proceso constitucional ha de resolver el conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno de Aragón en relación con la Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de 8 de septiembre de 2000, por la que se regula la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica en el marco del Plan de fomento para las energías renovables.
De acuerdo con nuestra doctrina, la resolución de las controversias que se susciten respecto a la regulación y aplicación de las ayudas o subvenciones que puedan establecerse en las distintas áreas o segmentos de la acción pública ha de tener en cuenta la distribución de competencias existente en la materia en la que proceda encuadrar las subvenciones de que se trate, para lo cual debemos examinar el contenido concreto de la resolución impugnada a fin de determinar la incardinación competencial de esta línea de ayudas. En tal sentido, es de señalar que se insertan en el marco del Plan de fomento de las energías renovables en España 2000-2010 (PFER), el cual fue aprobado de acuerdo con lo que al efecto dispone la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y ha sido revisado por el Plan de energías renovables en España (PER) 2005-2010. El citado PFER establecía, entre otras cuestiones, la existencia de un marco de incentivos y medidas en favor del incremento de la utilización de este tipo de energía, entre las que se encuentra la que es objeto del presente conflicto de competencia.
Examinada la regulación de las subvenciones cuestionadas, para ponderar, como punto de partida de la operación de encuadramiento competencial, cuál, de entre las materias aducidas por las partes, es la más directamente implicada, "hay que partir, una vez más, del principio general según el cual las competencias correspondientes a las Comunidades Autónomas son las que ellas han asumido en sus Estatutos (STC 87/1989, FJ 3). Igualmente, hemos de aplicar en el presente caso la doctrina de que la inclusión de una competencia genérica debe ceder ante la competencia específica (SSTC 71/1982, FJ 2, y 87/1989, FJ 3, entre otras)" (STC 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 6, que cita la STC 190/2000, de 13 de julio, FJ 4).
En concreto, de los términos del debate procesal trabado entre las partes podemos apreciar que, en el fondo, la controversia entre las mismas versa en torno a la aplicación al caso concreto de la consolidada doctrina constitucional en materia de subvenciones y ayudas públicas, en particular la contenida en la STC 13/1992, a la que ambas partes hacen referencia en sus alegaciones. Así, lo discutido entre las partes resulta ser la concurrencia de las circunstancias excepcionales previstas en la doctrina constitucional (en concreto, STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 8) para que resulte justificada la regulación completa de las subvenciones y la centralización en la gestión que se contiene en la resolución impugnada.
Atendiendo a lo anterior y con el fin de concretar el canon de enjuiciamiento de estas ayudas hemos de recordar que, en relación con las subvenciones incorporadas a los presupuestos generales del Estado, existe ya una muy consolidada doctrina de este Tribunal, recogida en la ya citada STC 13/1992, de 6 de febrero, y reiterada en decisiones posteriores, según la cual "no existe una competencia subvencional diferenciada resultante de la potestad financiera del Estado" o, lo que es lo mismo, "el Estado .... no dispone de un poder general para subvenciones (gasto público), entendido como poder libre o desvinculado del orden competencial" (STC 13/1992, FFJJ 4 y 6). También conviene recordar "que la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas viene definida en el bloque de la constitucionalidad más por relación a la vertiente del gasto público ... que por relación a la existencia y desarrollo de un sistema tributario propio con virtualidad y potencia recaudatoria suficiente para cubrir las necesidades financieras de la hacienda autonómica" (STC 13/1992, FJ 7).
Es claro que, habiéndose encuadrado estas subvenciones en la materia de "régimen energético", les es de aplicación el segundo supuesto, recogido en el FJ 8 b) de nuestra STC 13/1992, según la cual, cuando el Estado ostenta un título competencial genérico de intervención que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre una materia, aún si ésta se califica de exclusiva, el Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus presupuestos generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino, o, al menos, para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación. Además, la gestión de estos fondos corresponde a las Comunidades Autónomas, de modo que se trata de partidas que deben territorializarse en los propios presupuestos generales del Estado, si ello es posible o, en su caso, en un momento inmediatamente posterior.
En efecto, la doctrina consolidada de este Tribunal en el particular concerniente a la gestión administrativa de las subvenciones ha insistido en que debe corresponder a la Administración competente para realizar las funciones ejecutivas en la materia de que se trate, pues el poder subvencional no es autónomo respecto del reparto constitucional de competencias (por todas, STC 13/1992, FJ 8). Es cierto que, sin embargo, en algunos casos excepcionales hemos admitido que, frente al criterio general aludido, el Estado pueda gestionar las subvenciones aun careciendo de competencias de ejecución en la materia. Esos supuestos son los recogidos en el FJ 8 d) de la tan citada STC 13/1992, en el que dejamos dicho que esa gestión centralizada "sólo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada de la medida de fomento de que se trate".
Una vez llegados a este punto, sólo resta pronunciarnos sobre el alcance de la vulneración de competencias que hemos apreciado, en consideración a que, como hemos declarado en otros casos (SSTC 75/1989, de 24 de abril; 13/1992, de 6 de febrero; 79/1992, de 28 de mayo; 186/1999, de 14 de octubre; 126/2002, de 23 de mayo y 77/2004, de 29 de abril, entre otras), la Resolución impugnada ya ha agotado sus efectos y no procede afectar a situaciones jurídicas consolidadas. Por ello, la pretensión del Gobierno de Aragón puede estimarse satisfecha mediante la declaración de titularidad de la competencia controvertida, sin necesidad de anular la Resolución correspondiente.
STSJ Asturias , 7 de Abril de 2000
SAP Murcia 377/2014, 23 de Octubre de 2014
STSJ Comunidad de Madrid 504/2006, 26 de Junio de 2006
ATC 565/1989, 27 de Noviembre de 1989

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