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1.1 Figuras procesales en el amparo. LA CAPACIDAD. La capacidad de goce. Facultad de una persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio. Posibili...Ver másUnidad 1: Introducción
1.1 Figuras procesales en el amparo. LA CAPACIDAD. La capacidad de goce. Facultad de una persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio. Posibilidad de comparecer en juicio a nombre propio o en representación de otra persona. Incapacitados: Pueden ser quejosos en el juicio de amparo, pero requieren de una persona capaz procesalmente que los represente. Capacidad Procesal a menores de edad. La Ley de Amparo otorga capacidad procesal a los menoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentUnidad 1: Introducción1.1 Figuras procesales en el amparo. LA CAPACIDAD. La capacidad de goce. Facultad de una persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio. Posibilidad de comparecer en juicio a nombre propio o en representación de otra persona. Incapacitados: Pueden ser quejosos en el juicio de amparo, pero requieren de una persona capaz procesalmente que los represente. Capacidad Procesal a menores de edad. La Ley de Amparo otorga capacidad procesal a los menores de edad para interponer el amparo sin necesidad de representante, a condición de que este se halle ausente o impedido. Las Autoridades, ejecutan actos de imperio, detentando una parte de su soberanía y por lo tanto no tienen legitimación para obrar, sino únicamente jurisdicción y en especial competencia para conocer de los conflictos de que habla el artículo 103 constitucional. LA LEGITIMACIÓN. Consiste en demostrar que se es titular del derecho que se considera violado por el acto de autoridad. Tiene legitimación ad causam toda persona que figura como parte en el proceso. Legitimación ad procesum la persona que actúa como representante. Facultad de poder actuar en el proceso. Poseen esos dos tipos de legitimación quienes promueven por su propio derecho. Las Personas Morales solo tienen legitimación ad causam, sus representantes ad procesum. LA PERSONALIDAD. La posibilidad de demostrar ser persona en derecho o la posibilidad de demostrarlo en juicio. Tener personalidad en un juicio es estar en condiciones de desplegar una conducta procesal dentro de el. Puede ser de modo representante. Las personas morales oficiales tampoco pueden tener personalidad originaria, por ello cuando excepcionalmente pueden acudir al juicio de amparo,
originario cuando se promueve por propio derecho y de modo derivado al ser
deben hacerlo por medio de representantes o de los funcionarios que designen las leyes. LOS TÉRMINOS PROCESALES. Es el periodo o lapso de tiempo durante el cual se puede ejercitar un derecho o realizar válidamente una acción. 1.1.2 Figuras procesales para interponer el amparo. Términos. Se entiende por tal al ―Momento en que un acto jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos característicos.‖1 Cipriano Gómez Lara, señala que ―por cuanto hace a los conceptos de término y plazo, existe gran confusión al respecto y muchos códigos y autores emplean mal esto vocablos. Así, se habla en muchos casos de términos, queriendo en realidad la ley y los autores, referirse a plazos. Por eso es importante precisar, que término es el momento en que debe realizarse un determinado acto procesal, y plazo es el espacio de tiempo en que debe realizarse.‖2 Concluyendo entonces, que término es sentido estricto es el momento preciso señalado para la realización de un acto. Los términos en el amparo. Para la interposición de la demanda de amparo, existen dos tipos de términos: el general y los especiales.
De Pina Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. México, Porrúa 1998, p. 471. Gómez Lara, Cipriano. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. México, Universidad Nacional Autónoma de México 1981, p. 251, 252.
Por regla general para interponer la demanda de amparo, el término es de quince días hábiles, los cuales empezaran a correr a partir del día siguiente, al en que surta sus efectos legales la notificación de la resolución o acto que se reclame, o al que haya tenido conocimiento del acto reclamado, o se hubiese ostentado sabedor de los mismos, conforme a la legislación de la materia que dio origen al acto que se va a reclamar. a) Del término general La primera hipótesis que contempla el artículo 21 de la Ley de Amparo, es de fácil comprensión, solo es cuestión de empezar a contar los 15 días hábiles del término a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución reclamada, de acuerdo a la ley que los regula. Como señala Vergara Tejada en su ejemplo:
―En materia civil una sentencia interlocutoria recaída en un incidente de previo y especial pronunciamiento es notificada el día de hoy al quejoso. Conforme a lo señalado en el Código procesal civil, este tipo de notificaciones empiezan a surtir sus efectos a partir del día siguiente de la notificación, ósea, que será mañana cuando el acto o la resolución notificada empezara a surtir efectos. Pues bien el término de 15 días para la interposición del amparo empezará a correr un día después, esto es pasado mañana‖.3
La segunda hipótesis que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, dice que el término de 15 días para la interposición de la demanda, comienza al día siguiente en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución.
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p. 167.
Al respecto, puede ser que el agraviado por un acto o resolución no haya sido notificado legalmente de la resolución o acto de autoridad de que se duele, en el momento en que ésta lo haya emitido. Empero, sí tuvo conocimiento de la ejecución del acto o resolución, como en el caso del auto que ordena el embargo de bienes, por su naturaleza y por disposición de la ley, es una resolución que no debe hacerse del conocimiento de la persona a quien ha de embargarse hasta en el momento de su ejecución, luego entonces, el quejoso tendrá el termino de 15 días hábiles a partir del día siguiente en que se ejecuto o tuvo conocimiento de la ejecución del acto o resolución reclamada, para acudir al amparo. En el caso antes citado, el amparo se interpondrá en el término mencionado, no solo contra la ejecución sabida, sino también contra el auto o resolución que lo ordenó. El último supuesto contenido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se refiere a que el quejoso deba promover el amparo a partir del día siguiente en que se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Puede darse el caso de que el agraviado no haya sido debidamente notificado del acto o resolución reclamados, por lo tanto legalmente no la conoce; y puede ser también que dicha resolución no se haya ejercitado, por lo que el quejoso tampoco ha tenido conocimiento de su ejecución. No obstante en cualquier momento y por cualquier medio, el quejoso se ha enterado de la existencia del acto reclamado y así lo ha afirmado ante la autoridad, porque en este caso como señala Vergara Tejada: ―OSTENTARSE significa declarar que se conoce algo‖.4 En vista de lo anterior, el término para la interposición de la demanda de amparo comenzará a partir del día siguiente a aquel en que dice que se entero del acto
reclamado. Así por ejemplo, se ha ordenado embargar bienes propiedad del
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p. 178.
quejoso y este acude a la autoridad responsable haciendo algún alegato en relación a dicho acto. En esta circunstancia, es claro que el quejoso se ostento sabedor del acto reclamado ante la misma autoridad responsable y será a partir del día siguiente que empezará el término para promover el amparo, sin que el alegato presentado pueda interrumpir dicho acto. b) De los términos especiales Los términos especiales para la interposición de la demanda de amparo están contemplados en el artículo 22 de la ley de amparo. Comenzaremos por lo señalado en la fracción I del citado artículo, que prevé el término de 30 días, cuando el amparo se promueve contra leyes autoaplicativas. Para los efectos del amparo contra leyes, éstas se dividen de acuerdo al momento en que comienzan a exigir a los gobernados deberes jurídicos que deben cumplir.
―Las leyes se dividen en AUTOAPLICATIVAS y HETEROAPLICATIVAS, siendo las primeras aquellas normas jurídicas que desde que adquieren vigencia obligan al gobernado a obedecerlas, porque este se encuentra dentro de la hipótesis legal normativa; las segundas son disposiciones legales que solo afectan la esfera jurídica del gobernado, a partir de que se da otro suceso que coloque al gobernado bajo la hipótesis contenida en la propia ley, es decir, que por si solas no producen deberes jurídicos sino que hasta que el gobernado, por un acto posterior, realiza los supuestos de la ley.‖5
La fracción en cita, se refiere exclusivamente a leyes que a partir de su vigencia producen deberes jurídicos al gobernado. En este caso, se tendrá un término de 30 días hábiles a partir del día siguiente en que la ley reclamada entro en vigencia para interponer la demanda, si se decide impugnar mediante el amparo y dentro
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p. 182.
de este término, porque también se puede acudir a cualquier medio de defensa legal en contra del primer acto de ejecución o aplicación, lo cual resulta opcional, o se decida interponer el amparo una ves que se intente aplicar mediante algún acto material de la autoridad competente para reclamarla en amparo como hetero-
Para el caso en estudio, el término empezara a correr a partir de las cero horas del día hábil en que entren en vigor, pues es evidente que no existe ninguna notificación hecha legalmente al quejoso, que sirva como punto de referencia del citado término. La fracción II del articulo en estudio, señala que podrá interponerse en cualquier momento (materia penal), tratándose de ―actos que importen peligro de privación de la vida‖; pues resulta que la vida y la libertad son las garantías más preciadas del ser humano, por lo que resulta ilegal e injusto restringir al agraviado a que interponga su demanda de amparo en determinado tiempo, pues se corre el grave riesgo de que al no promover su demanda, se le tendría por consentido el acto reclamado. Dicha fracción también refiere ―ataques a la libertad personal‖ contra los cuales no existe término para interponer el amparo. Esto se, que en cualquier momento el quejoso puede solicitar la protección de la justicia federal contra cualquier acto o resolución, aún dentro o fuera de procedimiento, que vulnere sus garantías esenciales de libertad, así como la audiencia y legalidad relacionadas con su propia libertad. Como ya se mencionó, contra los actos o resoluciones de una autoridad en materia penal, procede el amparo en cualquier tiempo. No menos importante resulta lo señalado en la ultima parte de la fracción citada, que se refiere a la extradición de personas cuando estas son reclamadas conforme a la Ley de Extradición Internacional, que sin lugar a duda atenta contra la libertad
del quejoso, pero la ley solo concede el término de 15 días para reclamarse. En este caso procede el juicio de amparo directo contra la Secretaria de Relaciones Exteriores que determina la Extradición, a excepción de cuando el quejoso se duele de la falta o la indebida notificación del inicio del procedimiento que lo hace equipararse a un tercero extraño. Finalmente la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo, señala términos de 90 a 180 días para la interposición del amparo en el caso de sentencias, cuando el quejoso no fue debidamente notificado. Esta norma contiene un término excepcional de 90 a 180 días hábiles según sea el caso, para interponer una demanda de amparo por aquellas personas que sin haber sido legalmente citadas a juicio, sea cual sea su naturaleza, se encuentre en el supuesto de que ya se ha dictado una resolución definitiva que le causa agravio mientras se encontraba residiendo fuera del lugar del juicio. Así pues, en cualquier lugar que se encuentre residiendo el quejoso al momento en que sea dictado el acto que se reclama, en cualquiera que sea fuera del lugar del juicio pero dentro del territorio del país, el quejoso tendrá 90 días hábiles para interponer la demanda de amparo, y tendrá 180 días hábiles si reside fuera del territorio nacional. Cabe señalar que ambos términos empezaran a correr al momento de que el quejoso tenga conocimiento de la sentencia recaída en el juicio de que se trate, situación que es relativa, pues el quejoso pudo haberse hecho sabedor de la misma por vías extrajudiciales sin que esto implique que los términos empiezan a correr. Ahora bien los términos especiales antes enunciados, se pueden extinguir por las juicio; 2. Cuando tenga mandatarios que lo representen en el lugar del juicio; 3. Cuando hubiese señalado domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del juicio
siguientes causas: 1. Cuando el quejoso regrese al lugar en que se haya seguido el
de que se trate; y 4. Cuando de cualquier manera el quejoso se hubiese manifestado sabedor del procedimiento que dio origen al acto reclamado. En materia agraria, también existen términos especiales para la interposición de la demanda de amparo, dependiendo del sujeto protegido. Cuando el quejoso es un ejido, comunidad o aspirante a serlo, en cualquier tiempo se podrá promover el amparo. Cuando el quejoso resulta ser un ejidatario, comunero o aspirante ha serlo en lo particular, el amparo se podrá interponer dentro de los 30 días, contados a partir de que se de alguna una de las situaciones contempladas en el 21 de la ley de amparo. Ya se analizaron las diferentes hipótesis contempladas por la Ley de Amparo, respecto de los términos para interponer la demanda de amparo, ahora estudiaremos como se computan dichos términos, conforme a lo señalado por el artículo 24 de la citada ley. La fracción I del articulo en estudio, señala que los términos comenzaran a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y deberá incluirse en ellos el día de vencimiento. La fracción II menciona que se contaran en días naturales, excluyendo los señalados como inhábiles, excepción hecha de los términos en el incidente de sus pensión, contándose estos de momento a momento. La fracción III que para la interposición de los recursos, los términos empezaran a correr para cada una de las partes desde el día siguiente a aquel en que para cada parte haya surtido sus efetos la notificación respectiva. Por último la fracción IV señala que los términos deben entenderse sin perjuicio de ser ampliados atendiendo a la distancia, tomándose en cuanta la facilidad o
dificultad de las comunicaciones, pero en ningún caso podrá exceder de un día por cada cuarenta kilómetros. Para concluir, Señala Vergara Tejeda que los términos:
―Son improrrogables porque no pueden ampliarse y son fatales porque transcurrida su duración sin haberse promovido el amparo se pierde el derecho para hacerlo. Por tanto debe afirmarse que la demanda de amparo que no se promueve dentro de dichos términos produce una situación de consentimiento tácito de los actos reclamados y procede declarar su improcedencia.‖6
Días y horas hábiles. Para una mejor comprensión de los términos para la interposición de la demanda de amparo, es importante saber cuales son los días que integran el ―término‖. El artículo 23 de la ley de amparo señala cuales son los días hábiles para la interposición de la demanda de amparo: todos los días del año; y los inhábiles para la interposición de la demanda de garantías: sábados y domingos, el 1º de
enero, 5 de febrero, 1º y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre.
A los días inhábiles antes señalados, se agregan aquellos días en los cuales no se desarrollen labores en el tribunal de amparo, como lo indica el numeral 26 de la Ley de Amparo. Es de suma importancia aclarar, que actualmente ya no se aplica lo señalado en el artículo antes mencionado, sino lo que prevé el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se publicó el 26 de mayo de
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 202.
1995, ya que el primero de los artículos mencionados contempla ciertos días como inhábiles, el último señala otros. Como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es más reciente que la Ley de Amparo, se debe aplicar lo dispuesto en la norma orgánica en cuanto a los días inhábiles para las actuaciones en el amparo y así evitar confusiones. Aunado a lo anterior el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal esta facultado Constitucionalmente y por la Orgánica interna, para determinar que días son inhábiles para la promoción de la demanda de amparo, por lo que además de los días inhábiles señalados por las leyes de la materia, se debe observar los acuerdos que existan al respecto, para conocer con certeza y en forma definitiva cuales son en total el número de días inhábiles decretados en forma oficial. Por lo que respecta a las horas hábiles para la interposición de la demanda de amparo, son hábiles aquellas en las cuales las oficinas de los tribunales y juzgados mantienen abiertas sus oficinas al público en general. Cuando el día de la interposición de la demanda, resulta ser el último del término, el quejoso puede interponer su demanda directamente ante el secretario en turno o en la oficialía de partes común, que por disposición del Pleno de la Suprema Corte se encuentra abierta hasta las once de la noche. 1.2 Las notificaciones Se entiende por notificación: ―Acto mediante el cual con las formalidades legales preestablecidas se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la cual se reconoce como
interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal‖7
De Pina Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. México, Porrúa 1998, p. 383.
Para Cipriano Gómez Lara, la notificación en términos amplios es pues la forma, manera o procedimiento marcado por la ley a través de los cuales el tribunal hace llegar a las partes o a terceros el conocimiento de alguna resolución o de algún acto procesal o bien, tiene por realizada tal comunicación para los efectos legales.8 ―En sentido amplio, significa aquel acto procesal de hacer saber a las partes o un tercero una determinación judicial. En sentido estricto, es el acto procesal de poner en conocimiento de una parte cualquiera de las providencias judiciales, para que dándose por enterada de ellas sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra las mismas establezca la ley que rija el acto.‖9 1.2.1 Tipos de notificaciones En materia de amparo, la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, refiere dos sistemas de notificaciones a las partes diferentes, dependiendo de si se trata de un amparo indirecto o directo. Tomando en cuenta esta distinción, estudiaremos por separado cada uno de los sistemas de práctica de notificaciones. A) En el Amparo Indirecto En el juicio de amparo indirecto existe una gran diversidad en el sistema de notificaciones atendiendo a cada una de las partes a quien deban de hacerse, es por esta razón que analizaremos el tipo de notificación por cada una de las partes. a) Al Quejoso.
Gómez Lara, Cipriano. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. México, Universidad Nacional Autónoma de México 1981, p. 267. Chávez Castillo, Raúl. DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, JUICIO DE AMPARO. México, Harla 1999. Vol. 7, p. 39.
Las notificaciones al quejoso pueden ser en forma personal y las no personales; las primeras no son imperativas como obligación al juzgador en todos los casos, sino que éste, potestativamente, cuando así lo estime conveniente, puede ordenar que se verifique el acto o la diligencia de notificación personalmente, haciendo uso de la facultad que consigna el artículo 30 de la Ley de Amparo. No obstante, la facultad legal conferida a los Jueces de Distrito, respecto de ordenar notificaciones personales de cualquier actuación a cualquiera de las partes, ha sido restringida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, al establecer casos específicos en los que se tengan que hacer en forma personal las notificaciones de las proveídos en el juicio de amparo. Las reglas para la práctica de notificaciones personales se encuentran contempladas en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Las no personales, las realizara la autoridad cuando el agraviado no se encuentre privado de su libertad o bien cuando el juzgador con su facultad discrecional, considere no necesario realizarla en forma personal, en este caso las notificaciones se realizaran por lista o por edictos. b) A la Autoridad Responsable. Las notificaciones que deban hacerse a la autoridad responsable, serán por medio de oficio invariablemente, salvo en los casos de urgencia, que se realizaran por telégrafo, como lo disponen los artículos 28 fracción I y 31 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. c) Al Tercero Perjudicado.
El emplazamiento al tercero perjudicado deberá hacerse en forma personal, entregándole al momento copia de la demanda de amparo, por conducto del actuario o Secretario del Juzgado de Distrito, como lo dispone el primer párrafo del artículo 30, en relación al numeral 147, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Las notificaciones posteriores se le harán en el domicilio que haya señalado para tal efecto, o en su defecto se le harán por lista, colocada en lugar visible y de fácil acceso dentro del local de juzgado de amparo. d) Al Ministerio Público. Las notificaciones que deban hacerse la ministerio público dentro de los juicios de amparo indirecto, se realizaran por medio de lista o en forma personal, según lo determine el juzgador, siguiendo las mismas reglas que se establecen en cuanto a las que se hacen al tercero perjudicado. B) En el Amparo Directo. En el amparo Directo, la Ley señala un sistema legal de notificaciones muy similar al que se emplea para los amparos indirectos. a) Al Quejoso y Tercero Perjudicado. Cuando se deban practicar diligencias de notificación al quejoso y al tercero perjudicado en los juicios de amparo directo, y cuando se tramiten cualquiera de los recursos que deba conocer la Suprema Corte de Justicia deberán hacerse personalmente, el emplazamiento al tercero perjudicado,
o los Tribunales Colegiados de Circuito, las notificaciones
los requerimientos y prevenciones que se hacen a las partes, y por medio de lista. b) A la Autoridad Responsable. Las notificaciones que deban hacerse a la autoridad responsable y a aquellas que resulten tener el carácter de terceros perjudicados en el juicio de amparo directo, serán por oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, debiéndose agregar el recibo postal a los autos del juicio. c) Al Ministerio Público. Señala la fracción II del artículo 29 de la Ley de Amparo, que al Procurado General de la República, se le notificará por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes competencia de la Suprema Corte de Justicia. Al Ministerio Público Federal adscrito a los Tribunales Colegiados de Circuito, el primer auto recaído en los expedientes competencia de los citados tribunales, se le notificará por oficio, y las demás que se le hagan serán por medio de lista.
Unidad 2: El Amparo Directo
El Amparo Directo es contrario al que usualmente llamamos Amparo Indirecto o Biinstancial, toda vez que llega directamente a los Tribunales Colegiados de Circuito y su substanciación se realiza en una sola instancia. Se le da el nombre de amparo directo por la forma en que llega de manera inmediata a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito, situación diferente a la del amparo indirecto, en donde el acceso a la Corte o a los Tribunales Colegiados de Circuito se produce a través de la interposición del recurso de revisión. El amparo directo, por regla general se va a realizar en una instancia, por esta razón se le conoce también como uni-instancial, pero como excepción encontramos que sobre los asuntos de inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, se pueda interponer el recurso de revisión donde se va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una segunda instancia. La excepción referida a la posibilidad de una segunda instancia en el amparo directo se encuentra en el artículo 107 constitucional fracción IX y es corroborada por el artículo 93 de la Ley de Amparo. En los amparos directos no hay una audiencia constitucional de pruebas y alegatos, a diferencia del amparo indirecto donde si la hay. Por consiguiente, y en resumen la procedencia del amparo directo está determinada a razón de la índole del acto que se impugne, de acuerdo al artículo 158 de la Ley de Amparo, que corresponde a las fracciones V y VI del artículo 107 Constitucional. Procedencia del juicio de amparo directo
El juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, según lo dispone el artículo 158 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Para los efectos del párrafo anterior, es importante mencionar la definición de sentencias definitivas, ya que son objeto de estudio en él Amparo directo. El artículo 46 de la Ley de Amparo, define las sentencias definitivas que son aquellas que deciden el juicio en lo principal y respecto de los cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o revocados, o bien, que siendo dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, las partes formularon renuncia expresa a la interposición de dichos recursos, si tal renuncia legalmente estuviese permitida. 2.1 Demanda: los contenidos y los documentos. La demanda de amparo directo debe ser presentada por escrito, y cumplir con una serie de requisitos, tal y como lo mandata el artículo 166 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que a saber son los siguientes: 1. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre. 2. El nombre y domicilio del tercero perjudicado. 3. La autoridad o autoridades responsables; 4. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio. 5. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución quejoso de la resolución recurrida.
que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el
6. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación. 7. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. En cuanto a su forma, como ya se menciono, deberá ser por escrito, dirigida al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito (aún y cuando esta sea presentada ante la autoridad que emitió la resolución que por éste se combate), debiendo satisfacer todos los requisitos señalados en el precepto ya señalado. En la demanda de amparo, el quejoso debe hacer una narración sucinta del juicio o procedimiento en que hayan llevado a cabo los actos violatorios que se impugnan a través de la sentencia definitiva civil, penal o administrativa o del laudo laboral definitivo, o los mismos actos procesales, cuando las violaciones se hubiesen cometido en ellos, uniéndose en los antecedentes. En el apartado correspondiente a conceptos de violación, el quejosos especificará las violaciones procesales en que incurrió la autoridad responsable, o en los actos del procedimiento, o en la sentencia impugnada, en concordancia con el artículo 166 de la Ley de Amparo, así como las contravenciones que en ésta se realizaron a las leyes de fondo aplicables al caso debatido en el juicio, y por supuesto, la causa de la infracción a las garantías constitucionales correspondientes. Los conceptos de violación abarcan dos partes, una en donde el quejoso va a exponer las contravenciones a las leyes procesales o de fondo cometidas por la autoridad responsable, y donde exponga las infracciones correlativas a los preceptos constitucionales correspondientes, que en la mayoría de los amparos
directos son los artículos 14 y 16 constitucionales, formulándose en la misma demanda de amparo.10 2.2 Trámite. El Jurista Ignacio Burgoa, menciona que la substanciación del amparo directo va a contener una ―serie de actos jurídicos realizados por el quejoso, la autoridad
responsable, el tercero perjudicado, el Ministerio Público Federal y el órgano jurisdiccional de control, sean los Tribunales Colegiados de Circuito, o la Suprema Corte de Justicia, en el caso del recurso de revisión, quienes quieren lograr un fin común, y éste va a consistir en una sentencia o resolución definitiva, donde se puede otorgar o negar la protección federal o se puede sobreseer el juicio respectivo.‖11
El procedimiento en este tipo de amparo se inicia con el ejercicio de la acción constitucional ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de acuerdo al artículo 158 de la Ley, reglamentario de las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución.12 La competencia del Amparo Directo se encuentra establecido en el artículo 44 de la Ley de Amparo, y si se reúnen los requisitos necesarios para que se pueda tramitarlo, es decir, que se quiera reclamar contra sentencias definitivas o laudos, ya sea que la violación se cometa en el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio se va a proceder de la siguiente forma: Se debe exhibir una copia en la demanda de amparo para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional,
BURGOA Orihuela, Ignacio. El juicio de amparo. México, Porrúa 32a edición, 1995. P. 691. Idem; p. 689. 12 Idem; p. 689 y 690.
y se les va a emplazar en un término máximo de diez días, debiendo comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito. (Artículo 167 de la Ley de Amparo). En el supuesto que no se presentaren las copias o se omitieren algunas, en juicios del orden civil, administrativo o del trabajo, la autoridad responsable no va a remitirle la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, mandando prevenir al quejoso para que en un término de 5 días satisfaga este requisito, de lo contrario, se tendrá por no interpuesta la demanda, excepto en materia penal porque en este caso va a ser deber del Tribunal sacarlas oficiosamente en caso de omisión. (Artículo 168 de la Ley de Amparo). En el punto anterior, observamos que en materia penal no se le hace la prevención al quejoso si es que le falta alguna copia, o las copias, y esto es para agilizar todo el proceso, y no se retrase, ya que la materia de derecho penal están en juego asuntos más importantes como la libertad, y existen situaciones en que el tiempo es factor indispensable para su correcta resolución, y en el caso de atrasarse por unos requisitos equivaldría a que el daño pudiera resultar irremediable. La autoridad responsable, una vez promovida la demanda de amparo, va a remitir al Tribunal Colegiado de Circuito, o a la Suprema Corte de Justicia en el caso del recurso de revisión, los autos originales, dentro del término de tres días, debiendo rendir su informe justificado dejándose testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la sentencia. (Artículo 169 de la Ley de Amparo). En síntesis, la tramitación del juicio de amparo directo, abarca en forma general lo siguiente: 1. La presentación por escrito de la demanda de amparo, ante la correspondiente, así como el informe justificado rendido por la responsable; 3. La
autoridad responsable; 2. El envió del expediente original o de la copia certificada
presentación del escrito del Tercero Perjudicado; 4. El pedimento que realice, en su caso, el Ministerio Público Federal; y 5. La Sentencia del juicio correspondiente. 2.3 Alegatos. Cuando hayan intervenido, en materia penal, el Tercero Perjudicado y el Ministerio Público, podrán dentro de los diez días contados a partir del día siguiente al del emplazamiento a que se refiere el artículo 167 de la Ley de Amparo, podrán presentar sus alegaciones por escrito directamente ante el Tribunal iado de Circuito. 2.4 Designación de Ponente. El artículo 184 fracción I de la Ley de amparo, señala que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, turnará dentro del término de cinco días el expediente a un Magistrado relator, para que formule el proyecto escrito en forma de sentencia, el auto que se dicte de turno tendrá efecto de citación para sentencia, misma que se pronunciara dentro de los quince días siguientes por unanimidad o por mayoría de votos. 2.5 Proyecto. Como ya se menciono, una vez turnado al Magistrado relator, este realizara el proyecto respectivo, el cual será discutido y en su caso a probado por los demás integrantes. 2.6 Resoluciones. Como lo señala el artículo 107 fracción IX de la Constitución General, las resoluciones que en materia de amparo directo dicten los tribunales colegiados, no
admiten recurso alguno, salvo que se trate de la inconstitucionalidad de una ley o se establezca la interpretación de un precepto constitucional. 2.7 Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como lo establece el último párrafo de la fracción V, del artículo 107 Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio, o a petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República, conocerá de los juicios de amparo directo, cuando estos sean de gran trascendencia o importancia. 2.8 Amparo directo de ejercicio, facultad de atracción. En líneas anteriores se menciono que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocerá de los juicios de amparo directo de oficio, o a petición del Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República. También en el caso de los juicios de amparo indirecto, cuando este se encuentre en revisión podrá ejercer las facultades mencionadas. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decida conocer de oficio de un juicio de amparo, lo hará saber al Tribunal Colegiado por escrito, para que este último remita los autos dentro de los quince días hábiles siguientes. Para el supuesto de que el Procurador General de la República sea el que solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción, lo deberá hacer por escrito, dando aviso al Tribunal Colegiado que conozca del juicio; una vez recibida la solicitud, la Suprema Corte solicitará al Tribunal Colegiado, de término de quince días hábiles, recibidos los autos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los treinta días siguientes resolverá si ejerce su
considerarlo así procedente que le remita los autos originales del juicio dentro del
facultad de atracción; cuando decida ejercer dicha facultad lo hará del conocimiento al Tribunal Colegiado respectivo y dictará la resolución correspondiente; en caso contrario hará saber al Procurador General de la República su determinación y devolverá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que dicte la resolución correspondiente. Ahora bien, si es el Tribunal Colegiado de Circuito quien solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción, lo deberá solicitar expresando las razones en que funde su solicitud y remitirá los autos originales del juicio; recibida la solicitud y los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del término de treinta días siguientes resolverá si ejerce dicha facultad, de considerarlo procedente la Suprema Corte de Justicia de la Nación procederá a dictar la resolución correspondiente, de lo contrario hará saber al Tribunal Colegiado de Circuito su determinación, devolviendo los autos para que resuelva en consecuencia. 2.8.1 Participación del Ministerio Público. Señala el autor Chávez Castillo, que el Ministerio Público en los juicios de amparo, funge como parte en el mismo, calidad que se le otorga en términos del artículo 107 de la Constitución Federal, al establecer que el Procurador General de la República será parte en todos los juicios de amparo en los que podrá intervenir por sí o por conducto de sus agentes, salvo el caso de que a su criterio estime debe abstenerse de intervenir porque carece el juicio constitucional de interés público, empero, siempre en todos y cada uno de los juicios de amparo en que se admita una demanda, es obligación para el tribunal de amparo hacerlo del conocimiento del Ministerio Público federal, como lo prevé el artículo 5, fracción IV de la Ley de
Amparo.13
Chávez Castillo, Raúl. DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, JUICIO DE AMPARO. México, Harla 1999. Vol. 7, p. 37.
El artículo 167 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, refiere que una vez recibida la demanda de amparo por la autoridad que emitió la resolución que se combate, deberá emplazar al Ministerio Público para que dentro del término de 10 días, de contestación a la demanda defendiendo sus derechos. Asimismo, el numeral 180 de la citada ley señala que el Ministerio Público que haya intervenido en los asuntos del orden penal, podrá presentar sus alegatos por escrito dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al que se haya hecho el emplazamiento a que se refiere el artículo 167, antes mencionado. Finalmente el artículo 181 de la Ley de Amparo, menciona que el Ministerio Público podrá solicitar los autos del juicio para formular pedimento, debiendo devolver los mismos dentro del término de diez días, de no hacerlo dentro del tiempo antes referido, el Tribunal Colegiado de Circuito mandara solicitarlo de oficio. 2.8.2 La sentencia. El autor Rafael de Pina define sentencia: ―Es la resolución judicial que pone fin a un proceso o juicio en una instancia o en un recurso extraordinario.‖14 Por su parte Raúl Chávez Castillo, define los que es sentencia en el juicio de amparo señalando que: es aquella que pronuncian los tribunales de la federación resolviendo una controversia que se haya suscitado entre un gobernado y una autoridad del estado en las hipótesis previstas en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea sobreseyendo, concediendo o negando el amparo solicitado.15
De Pina Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. México, Porrúa 1998, p. 452. Chávez Castillo, Raúl. DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, JUICIO DE AMPARO. México, Harla 1999. Vol. 7, p. 50.
La Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dedica un capitulo para hablar de las sentencias en los juicios de amparo, comprendido de los artículos 76 a 81, en los cuales se menciona sobre que versaran dichas sentencias, lo que deben contener y el sentido en que estas deberán ser emitidas.
Unidad 3: El Amparo Indirecto
Es el medio que se tiene constitucionalmente que se ocupa de actos de autoridad que no son impugnables mediante otro recurso previsto en la ley o actos de autoridad que implican violaciones directas a la Constitución. También denominado bi-instancial, en virtud de que contra la sentencia definitiva que emita el Juez de Distrito que conozca del amparo, procede el recurso de revisión del cual conocerá y resolverá el Tribunal Colegiado de Circuito que competa. Por disposición expresa de la Constitución ningún juicio de amparo puede iniciarse o seguirse de oficio, sino siempre a petición de persona especifica que manifieste que ha sufrido un agravio violatorio de sus garantías individuales, por virtud de un acto de autoridad. Procedencia del juicio de amparo indirecto El juicio de amparo indirecto se tramita ante los Juzgados de Distrito, y conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, procede en contra de:
I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso: II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última _ resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley. VII.- Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional.
El artículo 115 prevé una salvedad a lo señalado en la fracción V del artículo 114, al señalar que el juicio de amparo sólo podrá promoverse, contra resoluciones judiciales en materia civil cuando la resolución que se reclama sea contraria a la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica. 3.1 Demanda: la forma y los contenidos. La demanda de amparo siempre será el primer acto procesal del amparo, traduciéndose así en el presupuesto del juicio, pues sin ella no puede iniciar ni haber ningún juicio de amparo.16 Teóricamente la demanda de amparo siempre estará compuesta por dos elementos: a) la declaración de la voluntad del quejoso de poner en movimiento la
actuación jurisdiccional del órgano de amparo y; b) la afirmación de que existen
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 19.
actos o leyes de autoridades que violan sus garantías individuales o el régimen de distribución competencial de los Estados, la Federación o el Distrito Federal. Desde luego que estas dos partes fundamentales de la demanda se componen de todos los apartados que en forma estricta debe contener toda demanda, según lo exige la Ley de Amparo.17 3.1.1 De la forma. La tramitación del juicio de amparo siempre deberá ser por escrito, tal y como lo señala el artículo 116 de la Ley de Amparo, al mencionar que ―La demanda de amparo deberá formularse por escrito…‖. Contemplada en los artículos 117 y 118 de la misma Ley, existen excepciones; en el primero de los preceptos mencionados, es suficiente que el quejoso reclame como violatorios algunos de los actos previstos en éste, para que pueda hacer su demanda por comparecencia, ante el Juez de Distrito quien levantará un acta circunstanciada, que deberá llenar los requisitos que exige la Ley. En el segundo de los artículos señalados, el quejoso esta facultado para interponer su demanda de amparo vía telégrafo cuando el caso no admita demora y se encuentre algún inconveniente en la justicia local, es decir, que no haya juez de distrito o que los tribunales con competencia auxiliar, no se encuentren expeditos para recibir la demanda, y en su caso, otorgar la suspensión. En síntesis, es claro que en materia de amparo en todo lugar y momento, la demanda deberá ser por escrito, aún y cuando la propia ley señale diversas formas de promoción y redacción de la misma (por comparecencia y vía telegráfica).
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 20.
3.1.2 Del contenido. Toda demanda de amparo indirecto, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, deberá contener:
I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado; III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes; IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley; VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.
Para mejor compresión de cada uno de los requisitos enlistados, realizaremos su estudio por separado.
a) Requisito del nombre y domicilio del quejoso.
En este apartado debe asentarse el nombre de la persona que esté recibiendo personal y directamente la violación, por virtud de la cual se solicita el amparo y protección de la justicia federal, así como el domicilio de la misma. No obstante lo anterior, se debe señalar que aún y cuando la Ley exija los dos requisitos, lo cierto es que el único indispensable para la admisión de la demanda
es el nombre, ya que el juzgador debe saber quien es titular de las garantías violadas, para así solicitar a la responsable informe si los actos que reclama el quejoso le afectan en forma personal y directa, teniendo así el juzgador mayores elementos de convicción que le permitan valorar todas las circunstancias del caso. La omisión de señalar domicilio del quejoso, no impide la admisión de la demanda, ni se considera un obstáculo para la tramitación del juicio, resultando en todo caso perjudicial para el quejoso, tomando en consideración lo señalado en el artículo 30 fracción II de la Ley protectora de garantías. De lo cual se deduce que si el quejoso no señalo en su demanda domicilio para oír y recibir notificaciones personales, éstas se le harán por medio de lista de acuerdos, teniendo el quejoso que acudir al local del juzgado en vez de recibir las notificaciones en su domicilio.
b) Requisito del nombre y domicilio del tercero perjudicado.
En este apartado el quejoso debe señalar con claridad a la persona o entidad que resultan tercero o terceros perjudicados, así como sus domicilios o lugar donde puedan ser emplazados.18 La falta de este requisito, puede provocar la no admisión de la demanda y prevención de llenarlo, o en el peor de los casos, que el juicio de amparo tenga que reponerse por falta de emplazamiento del tercero perjudicado al no haberlo señalado debidamente el quejoso.19 Puesto que el artículo 146 de la ley de amparo prevé que si el juzgador encontrase irregularidades en el escrito de demanda o la omisión por parte del promovente de alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116, le mandara prevenir para que complete los requisitos omitidos, en caso de que el promovente no llenara los requisitos omitidos el juez le tendrá por
no interpuesta la demanda.
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 29. Idem; p 29.
Por regla general tenemos que el señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, sólo es a cargo del quejoso, quien debe hacerlo saber al juez siempre en su escrito de demanda como lo ordena la fracción II del artículo 116 de la ley de amparo.
c) Requisito de mencionar la autoridad o autoridades responsables.
La autoridad responsable es el sujeto pasivo de la acción de amparo, esto es, la autoridad que interviene de alguna manera en el acto violatorio de garantías individuales.21 El artículo 11 de la ley de garantías menciona que se considera autoridad responsable a aquella la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Entonces encontramos que autoridad responsable puede ser no solo un órgano del estado, sino cualquier organismo público o privado que, actúe en perjuicio del promovente o quejoso por disposición expresa de la ley. No tiene mayor relevancia si el quejoso omite señalar el domicilio de la autoridad responsable, pues en dado caso es el juez de distrito quien deberá localizarla y emplazarla, ya que existen criterios jurisprudenciales a este respecto que señalan que en caso de omisión del domicilio de la autoridad responsable por parte del quejoso, no se le tendrá por no interpuesta la demanda.
d) Requisito de señalar la ley o acto que de cada autoridad se reclama.
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 37. Ídem; p 48.
Este requisito contiene en sí tres requisitos de formalidad que el quejoso debe llenar en su demanda de amparo indirecto, a saber: a) los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables; b) la exigencia de que el quejoso proteste conducirse con verdad al narrar al narrar los hechos o antecedentes en su demanda, y; c) la narración de dichos hechos o antecedentes.22 Respecto del inciso ―a) los actos reclamados a cada una de las autoridades
responsables‖, es necesario que el quejoso señale los actos reclamados de cada
una de las autoridades responsables, ya que esto permitirá saber al juzgador si es competente para conocer de la demanda dependiendo de la naturaleza de los actos, o si existe o no alguna causal de improcedencia, etcétera. Por cuanto hace a ―la exigencia de que el quejoso proteste conducirse con verdad
al narrar al narrar los hechos o antecedentes en su demanda‖, el artículo 211 de la
ley de amparo señala las sanciones a que se hacen acreedores los que demandan hechos que son falsos, o que presente testigos o documentos falsos; por su parte el numeral 130 de la constitución señala que ―La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujetan al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo, establece la ley‖. Las disposiciones antes señaladas someten a responsabilizarse a los presuntos agraviados por sus afirmaciones o negaciones en la demanda de amparo, por lo que, de haber falsedad en ellas, se hace acreedor a las penas establecidas para tal efecto, y siempre y cuando en la demanda se manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. El último de los requisitos, dentro del requisito señalado en la fracción IV del
artículo 116 de la Ley de Amparo, referente a ―la narración de dichos hechos o
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 69.
antecedentes‖, este por si solo se explica, aquí el quejoso narrara todo lo
relacionado con el acto que reclama, teniendo cuidado de expresar con claridad los hechos que le consten, ya que si manifiesta hechos que no le son propios incurriría en falsedad. Es recomendable señalar que la narración deberá ser en orden cronológico, lo cual no es una exigencia legal, pero ayudara al juzgador a mejor proveer en el juicio de garantías.
e) Requisito de mencionar los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas y los conceptos de violación.
Este requisito implica nuevamente dos requisitos, a saber: a) Señalar los artículos de la Constitución que contengan las garantías individuales que se estimen violadas, y; b) Los conceptos de violación. Respecto del primero de ellos: ―Señalar los artículos de la Constitución que
contengan las garantías individuales que se estimen violadas‖, es de fácil
comprensión y cumplimiento para promovente, ya que sólo debe buscar en la Constitución la garantía o garantías individuales que afirma fueron violadas por la autoridad responsable. Por cuanto hace a: ―Los conceptos de violación‖, este es de gran importancia ya que los estudiosos en la materia lo han denominado la columna vertebral de la demanda de amparo. Es precisamente el campo donde debemos expresar en forma de razonamiento
lógico-jurídico, la forma o modo en que los actos de las autoridades nos producen
individuales. Esto surte dos efectos: el primero consiste en que, por medio de nuestros argumentos lógico-jurídicos expuestos en este capitulo, se convenza al
lesión en nuestros derechos subjetivos y con ello una ofensa a nuestras garantías
juzgador de nuestro derecho a obtener la protección federal solicitada, a virtud de la existencia de una violación autoritaria a nuestros derechos constitucionales directos; el segundo efecto, es dar oportunidad a la parte demandada, en este caso la autoridad responsable, a que alegue todo lo correspondiente para intentar destruir nuestros argumentos de inconstitucionalidad del acto reclamado y por ende su subsistencia.23 Los conceptos de violación no son más que el juicio o concepto de valor que se hace en base a premisas bien definidas: la ley por una parte y el acto reclamado por la otra, de tal manera que comparando esas premisas, algún resultado debe dar, ya sea en el sentido de que concuerden entre sí o son discordantes, desde luego que el quejoso siempre alegará esto último. Por eso se llaman ―conceptos de violación‖, por que mediante ellos se expresa uno o más conceptos del quejoso de que ha habido alguna o algunas violaciones al derecho del mismo quejoso por parte de las autoridades responsables.24
f) Requisito
constitucionales cuando el amparo se solicita en base a las fracciones II y III del artículo 1º de la ley de amparo.
Literalmente la fracción VI de la ley de amparo establece:
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 99. Ídem; p 100 y 101.
Esta disposición contiene dos hipótesis: la primera, referente a los casos en que se pide el amparo indirecto contra leyes o actos de la autoridad federal que vulneren y restrinjan las soberanías de los Estados. La segunda, se refiere al caso de solicitud de amparos indirectos contra leyes o actos de las autoridades de los Estados que invadan la esfera de la autoridad federal.25 Así concluye el estudio de los requisitos formales señalados en el artículo 116 de la ley de amparo, pero no menos importante es el de que, por ningún motivo debe dejarse de firmar la demanda de amparo, de lo contario también podría el juzgador tener por no interpuesta nuestra demanda de garantías. Existen otros requisitos formales, que por ningún motivo deben omitirse como lo son: el nombre del Tribunal o Juzgado a quien va dirigida la demanda; la petición expresa de Amparo contra los Actos Reclamados; la Suspensión del Acto o Actos Reclamados y los puntos petitorios. 3.1.3 Los documentos que deben presentarse. De acuerdo con el artículo 120 de la ley de amparo, el quejoso tiene la obligación de acompañar a su demanda de amparo, tantas copias de la misma como partes sean en el juicio, y dos tantos más si se solicita la suspensión de los actos reclamados. Además deberá acompañar a la demanda el documento que acredite su personalidad, cuando promueva el amparo en representación de quien es directamente el agraviado, conforme a lo establecido en los artículos 12, 13 y 14 de la ley de amparo.
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 124.
Finalmente deberá anexar los documentos con los que se acredite la existencia del acto reclamado, estos pueden anexarse a la demanda o presentarse hasta la audiencia constitucional, como lo dispone el artículo 151 de la ley de garantías, con excepción de la documental, que obviamente es la prueba que contiene el acto que se reclama. Es procedente aclarar que, si bien es cierto, el quejoso tiene la obligación de acompañar las copias de la demanda para cada una de las partes en el juicio, también es cierto que solo debe ser la demanda y no los demás documentos anexos, ya que la ley no lo exige así, además de que las partes están facultadas para imponerse de las actuaciones del expediente que conforma el juicio en el local del juzgado. 3.1.4 Resoluciones que pueden recaer. El auto inicial del juicio de amparo, podríamos definirlo de la siguiente manera: ―Es el acto procesal en el cual el órgano de amparo una vez que analiza la demanda del quejoso, resuelve sobre su admisión‖.26 De acuerdo a los artículos 145 al 147 de la ley de amparo, son tres los tipos de auto que pueden otorgarse una vez que el órgano constitucional de amparo haya analizado la demanda de garantías: 1. AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA; 2. AUTO QUE ORDENA ACLARAR LA DEMANDA, Y; 3. AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA.27 El primero de los autos señalado (DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA), esta contemplado en el artículo 145 de la ley de amparo, al señalar que el Juez de
Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar motivo
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 259. Ídem; p 259.
manifiesto de improcedencia, la desechara de plano, sin suspender el acto reclamado. En el segundo supuesto (AUTO QUE ORDENA ACLARAR LA DEMANDA), el juez no desecha la demanda, sino que una vez analizada la misma, si el juez no advierte motivos manifiestos de improcedencia, pero si encuentra omisiones en los requisitos esenciales para la instauración del juicio, el órgano conocedor requerirá al promovente para la que los llene, de tal suerte que al llenarlos, el juicio de amparo se tramitara legalmente.28 Finalmente el tercer auto (QUE ADMITE LA DEMANDA), lo dicta el órgano de amparo, previo análisis de la misma, no se encuentra ningún motivo manifiesto e indubitable de improcedencia. También es procedente tal resolución cuando a la demanda no le falte ningún requisito de los señalados en el artículo 116 de la ley de amparo, ya sea que de entrada los haya llenado o se hayan subsanado en la prevención respectiva. 3.1.5 Desahogo de prevención. Como ya se señaló, mediante auto de prevención dictado por el Juez de Distrito, una vez que analizo la demanda y no encontró motivos manifiestos para desechar la demanda, empero, si encontró que se omitieron algunos de los requisitos formales, ordenará al promovente los complete o aclare, ya que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta la demanda. Dando cumplimiento el quejoso a las exigencias ordenadas, se procederá a admitir la demanda de amparo. 3.2. Informe justificado.
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 270.
Podemos conceptuar al informe justificado, como: ―El acto procesal obligatorio de la autoridad responsable, por medio del cual responde a la demanda de amparo; manifestando si son o no ciertos los actos reclamados; en caso de que sean ciertos, sosteniendo su constitucionalidad y; en su caso, haciendo valer cualquier causa de improcedencia del juicio de garantías‖.29 Frente al quejoso se encuentra la autoridad responsable que es a quien se le imputa dicho acto reclamado y ésta, al rendir su informe justificado, o hace más que contestar la demanda de amparo, informando al órgano jurisdiccional si son o no ciertos los actos reclamados, sosteniendo la constitucionalidad de los mismos y por ende rechazando los conceptos de violación y, en su caso, como antes dijimos, denunciando cualquier causa de improcedencia de la acción de amparo que tenga como consecuencia el sobreseimiento del juicio.30 El fundamento del informe justificado lo encontramos en el artículo 149 de la ley de amparo, de este precepto se advierten cuatro requisitos que debe contener el mismo, y que son: a) LA MANIFESTACIÓN CLARA DE SI SON O NO CIERTOS LOS ACTOS QUE A LA AUTORIDAD SE LE RECLAMAN; b) EL SOSTÉN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS; c) LA JUSTIFICACIÓN DEL INFORME, Y; d) EL SOSTÉN DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Del mismo precepto en estudio, se desprende que la autoridad responsable tiene el termino de cinco días para rendir su informe con justificación; también contempla que en caso de no rendir el informe justificado se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad; Asimismo se prevé que en caso de que no rinda su informe justificado o no remita
copia certificada de las actuaciones, se le impondrá una multa de diez a cinto
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 313. Ídem; p 317.
cincuenta días de salario. Finalmente en caso de que la autoridad responsable rinda su informe fuera del plazo legal otorgado, el mismo será tomado en cuenta, cuando las partes lo hayan conocido oportunamente y hayan tenido la oportunidad de preparar sus pruebas que lo desvirtúan. 3.3 las pruebas. No existe en la ley de amparo disposición alguna que en forma concreta indique la obligación del quejoso de probar su acción en el juicio de amparo, esto es, la existencia del acto reclamado, su inconstitucionalidad y el interés jurídico del quejoso, que como dijimos con anterioridad, son los tres extremos de su acción.31 Además de las disposiciones jurisprudenciales relativas a la necesidad indubitable de que las partes acrediten sus acciones y excepciones, en esto cabe la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles que es supletorio de la Ley de Amparo en todo lo que no diga ésta ni la contraríe, según lo dispuesto por la propia ley en su numeral 2.
De esta manera, tenemos que en el juicio de amparo al igual que en cualquier otro juicio, rige la regla general probatoria consagrada en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señalan:
Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Artículo 82. El que niega sólo está obligado a probar: I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III. Cuando se desconozca la capacidad.
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 379. Ídem; p 379.
Traída al juicio de amparo ésta formula probatoria, tenemos que por actor tendríamos al quejoso y por reo a la autoridad responsable y en ciertos casos al tercero perjudicado que, como se dijo con anterioridad, generalmente tiene u n interés legitimo contrario al quejoso.33 3.3.1 Tipo de pruebas. El artículo 150 de la Ley de Amparo, señala que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, asimismo prevé la salvedad de las mismas como lo son las posiciones y aquellas que fueran contra la moral y el derecho. En virtud de lo anterior y que como ya se menciono la ley de amparo no señala expresamente cuales son esos medios de prueba, por lo que se debe estar a lo previsto en el artículo 93 del Código Federal de Procedimiento Civiles (con las excepciones ya mencionadas), que a la letra establece:
Artículo 93. La ley reconoce como medio de prueba: I. La confesión. II. Los documentos públicos. III. Los documentos privados. IV. Los dictámenes periciales. V. Los reconocimientos o inspecciones judiciales. VI. Los testigos. VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y VIII. Las presunciones.
3.4 Audiencia Constitucional La audiencia constitucional: ―Es el acto procesal dentro del juicio de amparo indirecto en el que se ofrecen y desahogan pruebas, las partes formulan alegatos
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 379 y 380.
y se dicta sentencia, bien concediendo o negando el amparo, o bien sobreseyéndolo‖.34 Es procedente aclarar que por lo que respecta al sobreseimiento, en ocasiones se dicta fuera de la audiencia constitucional, por lo que no tendrá el carácter de sentencia, sino de auto. La audiencia constitucional satisface sin duda lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, al cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que figura el periodo probatorio, los alegatos y el dictado de una resolución por parte del órgano jurisdiccional que pone fin a la instancia.35 El artículo 147 de la Ley de Amparo, en su parte conducente refiere que el Juez de distrito en el mismo auto que admita la demanda ―señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días‖. La audiencia constitucional se divide en tres sub-etapas: desahogo de pruebas, formulación de alegatos y la sentencia; mismas que deberán desahogarse en forma ordenada y consecutiva, ―por lo que cualquier violación o alteración en su orden en perjuicio de algunas de las partes, requiere necesariamente de la reposición de la audiencia‖.36 3.4.1 Pruebas, alegatos y sentencia. El artículo 151 de la Ley de Amparo, establece que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional; asimismo en el numeral 155 se señala
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 507. Ídem; p 507. 36 Ídem; p 509.
que una vez abierta la audiencia se procederá a recibir en orden las pruebas, los alegatos por escrito y finalmente se dictará la resolución que corresponda.
Unidad 4: Las Resoluciones
Según el autor De Pina Vara, resolución judicial es el acto procesal de un juez o tribunal destinado a atender a las necesidades del desarrollo del proceso a su decisión.37 Para Gómez Lara, resolución judicial es: ―Toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal en el curso de una causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, sea a instancia de parte o de oficio‖.38 4.1 Clasificación. Las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, autos o sentencias, según lo prevé la legislación adjetiva civil federal. 4.1.1. Auto Resolución judicial dictada en el curso del proceso y que, no siendo de mero tramite, ni estar destinada a resolver sobre el fondo, sirve para preparar la decisión, pudiendo recaer sobre la personalidad de alguna de las partes, la competencia de un juez o la procedencia o no de la admisión de pruebas, por ejemplo.39 4.1.2 Decreto. Resolución judicial de un órgano jurisdiccional –conocida también como providencia— conceptuada como una simple determinación de trámite.
De Pina Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. México, Porrúa 1998, p. 442. Gómez Lara, Cipriano. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. México, Universidad Nacional Autónoma de México 1981, p. 317 39 De Pina Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. México, Porrúa 1998, p. 115.
4.1.3 Sentencia interlocutoria. Es aquella que pronuncia un tribunal que resuelve sobre cuestiones incidentales que se hayan presentado dentro del juicio y nunca sobre el fondo del negocio.40 4.1.4 Sentencia. Resolución judicial que pone fin a un proceso o juicio en una instancia o en un recurso extraordinario. En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (art. 79) se hace referencia a dos clases de sentencias: las interlocutorias (que resuelven un incidente promovido antes o después de la resolución del juicio) y las definitivas (que contienen esta resolución).41 4.3 Resoluciones en el amparo. En el juicio se emiten tres tipos de resoluciones: acuerdos de trámite, autos y sentencias. 4.4. Sentencia en el amparo. La sentencia definitiva en el juicio de amparo, es el último acto procesal mediante el cual se resuelve y se pone término al juicio. La sentencia o fallo definitivo, viene a ser una determinación unilateral de la voluntad e imperativa que se impone obligatoriamente a las partes en el juicio. Para emitirla, el juzgador debe convertirse en un historiador analítico de las consecuencias del caso y al mismo
Chávez Castillo, Raúl. DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, JUICIO DE AMPARO. México, Harla 1999. Vol. 7, p. 50. De Pina Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. México, Porrúa 1998, p. 452.
tiempo, un razonador lógico-jurídico que entrelaza la ley con los hechos motivo de la Litis.42 De acuerdo con lo establecido por el artículo 77 de la ley de amparo, las sentencias que se dictan en la audiencia constitucional del juicio de garantías sólo pueden ser en tres sentidos: I. Sobreseyendo el juicio; II. Negando el amparo o; III. Concediendo el amparo.43 Aunque en ocasiones muy comunes suelen entremezclarse estos sentidos en una misma sentencia, es decir, puede concederse el amparo por cierto acto reclamado y negarse por otros, o puede sobreseerse por unos actos y concederse por otros, etcétera, según las circunstancias propias del caso.
I. La sentencia de sobreseimiento.
Es la resolución judicial emitida en la audiencia constitucional, por virtud de la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión del fondo de la controversia planteada, de tal forma que se termina el juicio sin resolver sobre el fondo del asunto, dejando las cosas tal y como se encontraban antes de la interposición de la demanda.45
II. La sentencia negatoria de amparo.
A las sentencias negatorias de amparo, también se les conoce como sentencias
desestimatorias, habida cuenta que se dictan cuando el órgano de amparo
considera que no se comprobaron los conceptos de violación planteados en la demanda, es decir, desestima los mismos y los declara no aptos para acreditar
Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 575. Ídem; p 575. 44 Ídem; p 575. 45 Ídem; p 576.
que se violan en perjuicio del quejoso sus garantías individuales y por ende le niega la protección de la justicia federal, habida cuenta que, como ya sabemos, la teología del juicio de amparo es reponer al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, lo que se consagra de igual manera en le numeral 80 de la ley de amparo, por lo que si no existe realmente una violación a las garantías del quejoso, la sentencia protectora de amparo deviene estéril e infructuosa, violatoria además de la finalidad del juicio de amparo, razón por la cual lo que procede es denegar el amparo solicitado.46
III. La sentencia concesoria de amparo.
A la sentencia concesoria de amparo, también se le conoce como estimatoria, en virtud de que el juzgador ha estimado debidamente la demanda y la considera procedente, es decir, el órgano de control considera procedentes los conceptos de violación señalados en la demanda y, por tanto, fundada la inconstitucionalidad del acto reclamado, de modo que concede la protección de la justicia federal para efectos de lo establecido en el articulo 80 de la ley de amparo.47 4.5 Principios constitucionales relativos a la sentencia de amparo. El autor Vergara Tejeda, señala que existen cuatro requisitos de validez de las sentencias de amparo, a saber: LA FIJACIÓN PRECISA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL FALLO Y LOS PUNTOS RESOLUTIVOS.48 En virtud de que el llenado de tales requisitos en una sentencia de amparo se encuentra exigido expresamente en la ley, los mismos se han de convertir en
Ídem; p 584 y 585. Ídem; p 602. 48 Ídem; p 605.
verdaderos principios rectores de dichas sentencias, como son: EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Adicionalmente nuestros altos tribunales de amparo han creado con sus criterios jurisprudenciales otro principio que debe imperar en toda sentencia protectora de amparo, como lo es: EL PRINCIPIO DE MAYOR PROTECCIÓN, que consiste en que, en toda sentencia protectora de amparo, el juzgador debe otorgar la protección de constitucional de manera que, ante dos conceptos de violación procedentes, se decida por el que otorgue mayor beneficio al quejoso.49 4.6 Ejecutorias. Es aquella que pronuncian los tribunales y que ya no puede ser objeto de impugnación mediante ningún recurso por haber alcanzado la categoría de cosa juzgada, tal categoría la puede tener por medio de declaración judicial cuando la resolución admita en forma expresa recurso ordinario, pero que por no haberse interpuesto dentro del término que la ley señala causa ejecutoria; asimismo, alcanza la calidad de cosa juzgada por ministerio de ley, que es cuando no existe ningún recurso ordinario que proceda en su contra, por lo cual, sin necesidad de ninguna declaración alcanza tal categoría.50 4.7.1 Cumplimiento e incumplimiento. El cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se presenta en dos casos: a) Cuando concedido un amparo al quejoso el tribunal de amparo requiere a la autoridad responsable para que dentro del termino de veinticuatro horas informe el acatamiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, la cual
debe cumplirla restableciendo las cosas al estado en que se encontraban
Ídem; p 605. Chávez Castillo, Raúl. DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, JUICIO DE AMPARO. México, Harla 1999. Vol. 7, p. 50.
antes de la violación, cuando los actos reclamados en el amparo sean de carácter positivo o respetando lo que la garantía individual consagrada en la Constitución federal exija, cuando se haya reclamado en el juicio de amparo actos de carácter negativo, y b) Cuando el quejoso no desee que se cumpla la ejecutoria de amparo por medio de la autoridad responsable, entonces podrá promover ante el juez de distrito un incidente de daños y perjuicios que haya sufrido con motivo de los actos reclamados, en términos de lo que dispone el párrafo in fine del art. 105 de la Ley de Amparo, debiéndose aclarar que solamente podrá intentar este medio cuando exista en el juicio de amparo el tercero perjudicado.51 El incumplimiento de una ejecutoria de amparo, es cuando después de requerir a la responsable no se logra el debido cumplimiento de la sentencia, ya sea porque no hace nada al respecto, o porque lo hace a medias, o porque le da una falsa apariencia de cumplimiento, etcétera, entonces estaremos ante la inejecución de la misma, caso en el cual procederá alguno de los medios legales que la ley de amparo previene para lograr finalmente una debida ejecución de la sentencia.52
Ídem; p 14. Vergara Tejada, José Moisés. PRACTICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. México, Ángel Editor 2008, p 675.
Unidad 5: Recursos.
5.1 Concepto y clases en el amparo.
Es un medio de impugnación establecido en la ley, para el efecto de que las personas que se consideren afectadas por un acto, ya judicial, ya administrativo, se defiendan con la finalidad de que el superior jerárquico o la misma autoridad que lo haya emitido, lo revoque, modifique o nulifique mediante un nuevo análisis que realice conforme a los elementos que aparezcan en el mismo.
En estricto sentido los recursos constan de los elementos esenciales siguientes: a) sujeto activo, b) sujeto pasivo, c) causa y d) objeto. a) Sujeto activo: es la parte recurrente en un procedimiento judicial uqe lo interpone por considerar que el acto o resolución contiene un agravio en su contra. b) Sujeto pasivo: es la contra parte del recurrente, a quien de modo directo o indirecto beneficio la resolución que se recurre. c) Causa: es la legalidad que todo acto o resolución debe revestir, es decir, que deben dictarse con total apego a la ley que los regula, sea de fondo o adjetiva. d) Objeto: puede ser en tres sentidos confirmando, modificando o revocando, el acto o resolución que ataca
Clases en el amparo
El artículo 82 de la ley de amparo es muy preciso, al señalar que en los juicios de amparo solo se admitirán el recurso de revisión, queja y reclamación. 5.2 Suplencia de la queja. Principio fundamental que rige en el juicio de amparo y que esta consagrado en el art. 107 frac. II, párr. segundo de la Constitución General de la República, que significa que los tribunales de la Federación tiene la obligación de suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda , así como la de los agravios formulados en los recursos en los siguientes casos: 1. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo; 3. En materia agraria, cuando promuevan como quejosos o terceros perjudicados: un núcleo de población ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros en lo individual, así como a los aspirantes a ejidatarios y comuneros; 4. En materia laboral, sólo opera en favor del trabajador; 5. En favor de menores de edad o incapaces, y 6. En materia civil y administrativa, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, razón por la cual, suplir la deficiencia de la queja significa que el tribunal de amparo tiene libertad de apreciar todos los posibles aspectos inconstitucionales del acto reclamado, por lo que colma las deficiencias de la demanda y las omisiones en que haya
incurrido el quejoso en la parte impugnativa de los actos reclamados.
Es importante destacar que siempre que el tribunal de amparo supla la deficiencia de la queja, la consecuencia jurídica será el otorgamiento de la protección federal que haya solicitado la parte quejosa.53 5.3 Recurso de revisión. Es un medio de impugnación que procede en contra de resoluciones dictadas por la autoridad que conoce del juicio de amparo que tienen el carácter de definitivas, generalmente en Amparo Indirecto y por excepción en el Amparo Directo (en aquellos casos en que los tribunales colegiados de circuito dictan una sentencia en un juicio de amparo en que se haya impugnado la constitucionalidad de una ley federal, local o del Distrito Federal o un tratado internacional o un reglamento federal expedido por el presidente de la República o reglamentos expedidos por el gobernador de un estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto constitucional, y decidan u omitan decidir en tales sentencias sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional) Por lo cual se establece un sistema de control de las resoluciones emitidas por el tribunal de amparo, que se tramita en otra instancia (segunda instancia), ya que el superior jerárquico es quien conoce del mismo y, por ende, le corresponde su resolución.54 En los artículos del 83 al 94 de la ley de amparo, se señalan los casos en los que procede el mismo, los casos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, cuando conocerá los Tribunales Colegiados de Circuito, ante quien debe interponerse y los plazos para su interposición que por regla general es de diez días, así como la forma en que se sustancia el recurso en estudio. 5.4 Recurso de queja.
Chávez Castillo, Raúl. DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, JUICIO DE AMPARO. México, Harla 1999. Vol. 7, p. 52. Ídem; p 46.
Es un medio de impugnación que se regula en la Ley de Amparo por virtud del cual pueden combatirse las resoluciones pronunciadas en el juicio de amparo o que tengan relación con él, que no admitan expresamente el recurso de revisión. Este recurso puede intentarse en contra de actos de cualquier autoridad que conozca del juicio de amparo, excepto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las autoridades responsables en los casos que lo permita expresamente la Ley de Amparo.55 En los artículos del 95 al 102 de la ley de amparo, se señalan los casos en los que procede el mismo, contra que actos o resoluciones se puede interponer, los casos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito o el Juzgado de Distrito conocerá del recurso, ante quien debe interponerse, los plazos para su interposición, así como la forma en que se sustancia el recurso en estudio. 5.5 Recurso de reclamación. Es un medio de impugnación que procede en contra de acuerdos de tramite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya sea en primera o única instancia o el Amparo en Revisión, según corresponda y que tiene por objeto que se revoque, modifique o nulifique el acuerdo impugnado por el tribunal que es competente para conocer el fondo del asunto.56 A diferencia de los otros recursos estudiados, este recurso se limita sólo al amparo directo, el numeral 103 de la ley de amparo, prevé lo relativo a contra que resoluciones se interpone, que autoridad conoce del mismo, el termino que se
tiene para su interposición y lo relativo a su sustanciación.
Ídem; p 46. Ídem; p 46.
Unidad 6: Suspensión.
6.1 Concepto y objeto.
Es una medida cautelar por la que se paraliza la ejecución de los actos reclamados con la finalidad de conservar la materia del juicio y evitar al quejoso o agraviado daños y perjuicios de imposible reparación que le pudiera ocasionar la ejecución de dichos actos.57
Del concepto antes mencionado, se desprende que el objeto de la suspensión del acto reclamado es para la ejecución del mismo, para no causar daños de imposible reparación al quejoso o agraviado, ya que de consumarse o ejecutarse se dejaría en total y absoluto estado de indefensión al quejoso. 6.2 En cuanto a la naturaleza del acto reclamado. No existe en la ley de amparo ningún articulo referente al carácter, particularidades o naturaleza que debe tener el acto reclamado para que se susceptible de suspenderse por lo que para determinar si hay o no materia sobre la que ha de surtir efectos la suspensión se tiene que acudir a la jurisprudencia respectiva.58 En principio, cabe señalar que es evidente y lógico que los actos de carácter positivo son los que tiene materia para los efectos de la suspensión, en tanto que
Ídem; p 54. Espinoza Barragán, Manuel Bernardo. JUICIO DE AMPARO. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. México Editorial Oxford University Press, 2000, p 223.
los mismos implican un hacer, un actuar o un dar por parte de la autoridad responsable, que en virtud del mandamiento suspencional está obligada a cesar en su actuación o a paralizar su conducta de dar o hacer, mientras se resuleve el asunto en lo principal.59 En contraposición a estos actos encontramos los de carácter o naturaleza negativa, pues en éstos la autoridad responsable se abstiene de hacer o se niega a realizar determinada conducta. Estos actos: por su naturaleza, no pueden ser objeto de la suspensión, ya que no puede paralizarse lo que no se está haciendo.60 6.3 Amparo indirecto. En el juicio de amparo indirecto procede la suspensión de oficio o a petición de la parte agraviada, como lo dispone el numeral 122 de la ley de amparo.
La autoridad respectiva concederá la suspensión del acto reclamado sin que se le haya solicitado, toda vez que la ley impone esa obligación. Así, en Amparo Directo, la autoridad responsable que es a quien le corresponde proveer sobre la suspensión del acto reclamado, tiene el deber de ordenar en forma oficiosa que se suspenda la ejecución de las sentencias definitivas del orden penal. En Amparo Indirecto procede decretar la suspensión de oficio: a) Cuando se reclaman en el amparo actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el art. 22
Ídem; p 224. Ídem; p 224.
b) Cuando se trate de cualquier otro acto que, si llegaré a consumarse, habría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y c) En materia agraria cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población ejidal o comunal quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal.61
Esta suspensión se provee por parte de la autoridad que le corresponda decretarla a petición de la parte agraviada o quejosa, ya sea en Amparo Directo, ya sea en
Amparo Indirecto, por lo cual dicha autoridad analizará los actos reclamados y
determinará si procede o no conceder la medida cautelar que se le ha solicitado. Así, tenemos, que para la procedencia de la suspensión del acto reclamado a petición de parte debe: a) De solicitarla el agraviado; b) Que no siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o que se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión: º Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; º Se permita la consumación o continuación de los delitos o de sus efectos o el alza de preciso en relación a artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario; º Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter
grave, peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la
Chávez Castillo, Raúl. DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, JUICIO DE AMPARO. México, Harla 1999. Vol. 7, p. 55.
campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza, o º Se permita el incumplimiento de órdenes militares, y c) Que los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso o agraviado con la ejecución del acto sean de difícil reparación. De ahí que para que se conceda la suspensión del acto reclamado es indispensable que la autoridad a quien corresponda proveer sobre la misma verifique si reúne los requisitos a que alude el art. 124 de la Ley de Amparo, además de que deberá consultar la jurisprudencia para complementar lo que establece el numeral citado, ya que es de vital importancia que se aprecie qué es lo que señala la jurisprudencia en la mayor parte de los casos, ya que sólo de esa manera será factible que la autoridad que decrete la suspensión del acto reclamado lo realice lo más apegado a derecho. Por otra parte, en el caso de que no se cumplan los requisitos que antes se han mencionado para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, es claro que la suspensión deberá negarse, razón por la cual si para la procedencia de la medida cautelar se deben reunir los requisitos citados y además consultar la jurisprudencia, resulta lógico que también exista la misma consulta para los casos en que no proceda y se decretará que no procede cuando no reúna los requisitos legales, o bien, que la jurisprudencia determine que debe negarse. Es importante aclarar que el hecho de que exista la suspensión dela acto reclamado no forzosamente se concede, pues puede negarse.62
6.4 Suspensión en el amparo penal.
Chávez Castillo, Raúl. DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, JUICIO DE AMPARO. México, Harla 1999. Vol. 7, p. 52.
La suspensión en materia penal esta contemplada en el artículo 124 bis. de la ley de amparo, complementándose con lo preceptuado en los numerales 130 y 136 de la ley en cita. 6.5 Suspensión en el amparo fiscal. De lo preceptuado en el artículo 135 de la ley de amparo, se desprende que constituye una facultad discrecional del juzgador otorgar la medida cautelar, cuando se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos. Asimismo, el numeral en estudio prevé que para otorgar la medida suspensiva el quejoso deberá garantizar con un depósito por la cantidad que se cobra, asegurando así el interés fiscal, pero también prevé la salvedad a esta obligación. 6.6 Garantía y contragarantías.
Cantidad que se fija por los tribunales en materia de amparo para cubrir los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero perjudicado con la concesión de la suspensión del acto reclamado en caso de que el quejoso no obtuviera una sentencia favorable en cuanto al fondo del amparo. La cantidad que se fije por la autoridad puede exhibirse mediante dinero en efectivo ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda (materia fiscal), billete de depósito, fianza, prenda o hipoteca.63
Ídem; p 24.
Contragarantía o contrafianza
Consiste en la exhibición por parte del tercero perjudicado de caución bastante para que se ejecute el acto reclamado, con el objeto de que se garantice que se restituyan las cosas al estado que guardaban antes de la violación de las garantías individuales del quejoso y pagar daños y perjuicios que le sobrevengan a éste, en el caso de que se le otorgue el amparo y protección de la justicia federal que solicita.64 Respecto de la garantía, el artículo 125 de la ley de amparo contempla los casos en los que procede de haberse otorgado la suspensión que se solicita; asimismo los preceptos 126 y 127 de la ley en cita, prevé lo relacionado a las contragarantías o contrafianzas. 6.7 incidente. Cuando a petición de parte se solicita la suspensión del acto reclamado, el juzgador abrirá un cuadernillo separado del cuaderno principal del juicio de amparo, en el cual se acurda y se resuelve lo referente a este tipo de suspensión, que se divide en dos etapas, suspensión provisional y suspensión definitiva. De no solicitarse en el escrito de demanda la suspensión del acto reclamado, el agraviado podrá solicitar la suspensión hasta antes de que se dicte la resolución definitiva que resuelva el fondo del asunto, como lo dispone el artículo 141 de la ley de amparo.
Ídem; p 12
Es la medida cautelar que se dicta por parte de la autoridad que conoce del juicio de Amparo Indirecto, es un subtipo de la suspensión a petición de parte, y solo puede presentarse en este amparo, se denomina así porque su duración es efímera, toda vez que solamente tiene vigencia a partir de que se concede y surte sus efectos, o se niega, hasta la celebración de la audiencia incidental en que se resuelve sobre la suspensión definitiva que prevalece durante todo el tiempo que dure el juicio hasta que concluya por sentencia ejecutoria.65 El fundamento constitucional de la suspensión provisional se encuentra en el artículo 130 de la ley de amparo.
Es un subtipo de la suspensión del acto reclamado a petición de parte, solamente se presenta en el juicio de amparo indirecto se resuelve sobre su procedencia en la audiencia que se denomina incidental, después de un brevísimo tramite en el que se le pide a la autoridad responsable rinda un informe que se llama previo dentro de un lapso de veinticuatro horas, y setenta y dos horas después tiene verificativo la audiencia citada. La autoridad que conoce del juicio de amparo también consultará la ley de amparo así como la jurisprudencia para determinar si procede conceder o negar la suspensión definitiva de los actos reclamados, también debe tomar en cuanta el informa previo que haya rendido la autoridad responsable pues en caso de que niegue la existencia de los actos reclamados no procederá la concesión de la suspensión definitiva solicitada.
Ídem; p 55.
Asimismo, puede ser impugnado el auto de suspensión definitiva mediante el recurso de revisión, pero ello evidentemente fuera de los casos que se han citado.66 6.8 Amparo directo. Cuando se trata de suspensión de los efectos o consecuencias que pudieran darse con motivo del cumplimiento o ejecución de sentencia, laudos o resoluciones, las autoridades responsables que las pronuncian son las que están facultadas para decidir al respecto, según lo preceptuado en el artículo 170 de la ley de amparo.67 En materia penal los artículos 171 y 172 de la ley de amparo, prevén lo conducente respecto a la suspensión. En materia civil o administrativo, el precepto que regulan la suspensión del acto es el artículo 174 de la ley de amparo. Finalmente el artículo 174 de la ley en estudio, contempla lo conducente tratándose de materia laboral o del trabajo.
Ídem; p 54 Espinoza Barragán, Manuel Bernardo. JUICIO DE AMPARO. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. México Editorial Oxford University Press, 2000, p 245.
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References: artículo 103
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 Artículo 82
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 resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 82
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