Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2019/acuerdos_y_sentencias/ays_427_19.php
Timestamp: 2019-07-17 12:59:56+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 427/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 427/19
JUICIO: "HEISECKE & CIA S.A.C.I. C/ RESOLUCIONES C.T. N° 11/02 DE FECHA 8/OCT/02 Y LA C.T. N° 13/02 DE FECHA 14/OCT/02, DICTADAS POR EL CONSEJO DE TRIBUTACIÓN".
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiún dias, del mes de junio, del año dos mil diecinueve, estando reunidos en Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y el magistrado, Dr. CARMELO A. CASTIGLIONI, por ante mi la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "HEISECKE & CIA S.A.C.I. C/ RESOLUCIONES C.T. N° 11/02 DE FECHA 8/OCT/02 Y LA C.T. N° 13/02 DE FECHA 14/OCT/02, DICTADAS POR EL CONSEJO DE TRIBUTACIÓN", a fin de resolver los recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 601, de fecha 11 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Previo estudio de los antecedentes, los señores Ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron plantear las siguientes
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA Y CASTIGLIONI.
PRIMERA CUESTIÓN PINTEADA, el Dr. Benitez Riera dijo: El Ministerio de Hacienda, a través de su abogado Fiscal, desistió expresamente del recurso nulidad. Por otro lado, no se observa en la sentencia recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde, en consecuencia, tener por desistido de este recurso. Es mi Voto.
A sus turnos los Dres. RAMÍREZ CANDIA Y CASTIGLIONI manifiestan que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Benitez Riera prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 601, de fecha 11 de julio de 2012, resolvió: "1.- HACER LUGAR a la presente Demanda Contencioso Administrativa promovida por la firma HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra del Consejo de Tributación, y en consecuencia; 2.- REVOCAR los actos administrativos recurridos; 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa; 4.- NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir...".
Contra la citada sentencia se alza el Abg. Fiscal Miguel Cardozo, en representación del Ministerio de Hacienda, y en su escrito de expresión de agravios manifestó, entre otras cosas, que la conclusión del Tribunal es arbitraria, carente de razonabilidad y se contrapone a la sana critica, en vista de que se limitó -lisa y llanamente- a repetir las argumentaciones de la adversa. Resaltó que el Tribunal inobservó el procedimiento legal establecido para la corrección de las declaraciones juradas al momento de resolver la cuestión. Señaló que el contribuyente solicitó a la Administración la nulidad de su declaración jurada de impuestos, tras argumentar que habia cometido un error involuntario al no compensar el monto del tributo obligado con su crédito fiscal; sobre lo cual se expidió la Administración y señaló la imposibilidad de dar curso a lo solicitado, en vista de que el art. 208 de la Ley N° 125/91 solo establece la rectificación, aclaración o ampliación, como vías para subsanar un error en una declaración jurada. Sostuvo que no existe agravio por parte de la firma accionante, en vista de que el fisco finalmente no pudo efectivizar el cheque librado. Resalto que la Administración, no desconoció el crédito fiscal del contribuyente, y que soleí se limitó a estudiar lo solicitado y señalar que no era el procedimiento legal previsto para enmendar el error. Terminó por solicitar se haga lugar a su recurso de apelación y, en consecuencia, se revoque el Acuerdo y Sentencia N° 601, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
A foja 152 de autos obra el A.I. N° 3189, de fecha 15 de setiembre de 2017, dictado por esta Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en el cual se resolvió: "Dar por decaído el Derecho que ha dejado de utilizar el abogado Joaquín Irún Grau para presentar su escrito de contestación del traslado que se le corriera por parte del apelante".
Entrado en el caso de estudio, vemos que la firma Heisecke & Cía., contribuyente del IRACIS e IVA general, presentó -en fecha 22/mayo/2002- una declaración jurada, correspondiente al periodo fiscal 04/2002, en la cual liquidó como monto a pagar en concepto de IVA, G. 7.213.131; y en concepto de anticipo de Renta, G. 92.805.240; totalizando entre ambos G. 100.018.371, suma que fue abonada con cheque N° 4739719, con cargo Banco Sudameris.
Entre los antecedentes (f. 22) obra una nota de la Firma Heiseche & Cia, con fecha 23 de mayo de 2002, dirigida a la Dirección de Grandes Contribuyentes, en la cual comunicó que abonó erróneamente el anticipo del impuesto a la Renta, puesto que contaba con saldo a favor de G. 189.680.364, de acuerdo a la declaración jurada 805, N° 102385; por tal motivo solicitó la nulidad de la Declaración Jurada 801, N° de Orden 439745 y expresó, además, que de ser necesario presentarla la rectificación correspondiente. Mencionar que con la citada nota, se acompañó la copia de la orden de no pago presentada al Banco Sudameris Paraguay SAECA, sobre el cheque N° 4739719, por G. 100.018.371, librada a favor del fisco.
El Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda analizó y, posteriormente, por Resolución C.T. N° 11/02, rechazó el pedido de anulación de la declaración jurada solicitado por la firma, bajo el argumento de que no se podia anular una declaración jurada, al no estar prevista dicha figura en nuestra legislación, además de señalar que el cheque librado ya habia ingresado en caja, y por ende en su contabilidad. No obstante, en la citada resolución se reconoce que el contribuyente cuenta con saldo a favor. El Contribuyente interpuso un pedido de aclaratoria sobre la mencionada Resolución administrativa, siendo este rechazado por Resolución C.T. N° 13/02.
A los efectos de analizar y decidir sobre el caso en estudio, corresponde primeramente verificar si la via escogida y utilizada por el contribuyente para subsanar su error -nulidad de la declaración- es la idónea, y en base a esto verificar si la Administración obró conforme a derecho. Al respecto, es importante recordar que el Art. 208 "De la rectificación, aclaración o ampliación" de la Ley N° 125/91 establece: "Las declaraciones juradas y sus anexos podrán ser modificadas en caso de error, sin perjuicio de las responsabilidades por la infracción en que se hubiere incurrido. La Administración Tributaria podrá exigir la rectificación, aclaración o ampliación que entienda pertinente"(Negritas son propias). De la normativa transcripta, surge claramente que el mecanismo para subsanar un error en una declaración jurada debe ser por las vias de la rectificación, aclaración o ampliación.
De igual forma, es preciso recordar que la Administración, a tenor de lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley N° 125/91, cuenta con facultades para reglar los procedimientos, formas y condiciones para la liquidación de los impuestos y, por ende, también los mecanismos para corregirla.
Resaltar que la Administración, en las resoluciones impugnadas, indicó a la firma cuales eran los procedimientos y las formas previstas para subsanar su error, establecidas estas en virtud a sus atribuciones legales, sin que obre entre los antecedentes constancia alguna que acredite que el contribuyente haya obrado en consecuencia.
Por lo dicho, no se observa un mal actuar de la Administración -en lo que respecta a este punto- al rechazar la solicitud de nulidad sobre la declaración jurada presentada por el contribuyente, puesto que dicha figura no se encuentra contemplada en la normativa.
Siguiendo con el análisis del caso encontramos, entre las constancias de autos, que el contribuyente también alegó que de no conceder su solicitud de nulidad la Administración incurriria en una confiscación y un enriquecimiento indebido.
Es menester mencionar que el Art. 23 "Anticipo a Cuenta" del mismo cuerpo de ley, dispone: "Facúltase a la Administración a exigir anticipos o retención con carácter de anticipos en el transcurso del ejercicio en concepto de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que corresponda tributar al finalizar el mismo, los que no podrán superar el monto total del impuesto del ejercicio anterior. Cuando el monto anticipado supere el impuesto liquidado se procederá a la compensación o devolución en la forma y condiciones que establezca la Administración".(Negritas son propias). De la normativa transcripta, tenemos que en esta se contempla la devolución del importe abonado que supere al monto de impuesto obligado, estableciendo claramente que es la Administración quien fijará el procedimiento para tal efecto.
Por lo expuesto, podemos sostener que no se observa una conculcación del derecho de propiedad de los contribuyentes, puesto que la ley garantiza la devolución de lo percibido sin justa causa, para lo cual el sujeto afectado deberá imprimir los trámites administrativos previstos por la Administración, esto último, conforme a sus atribuciones legales.
Ahora, debemos analizar si corresponde o no compensar el tributo obligado por el contribuyente, con el saldo que este alega contar a su favor.
Tras la verificación nuevamente de los antecedentes, no se observa que el contribuyente haya presentado la rectificación de su declaración, que era el mecanismo para subsanar el error cometido, a pesar de que en su escrito de nulidad -presentado en sede administrativa- señaló, en la parte final, que lo haría de ser necesario.
Ante tal situación surge claramente que esta magistratura no puede entrar a juzgar si corresponde o no compensar el monto del tributo, en vista de que ello no fue discutido en sede administrativa, y por tal motivo estamos vedados de omitir un parecer, ya que entre uno de los presupuestos para el inicio de la demanda contencioso- administrativa se establece el deber de realizar las formulaciones administrativas previas de la pretensión.
Al respecto, el jurista Roberto Dromi (Derecho Administrativo. 4ta. Edición. Editorial Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Año 1995 Página 844.), nos enseña: "La acciones procesales deberán limitarse a las cuestiones que fueron debatidas previamente en las reclamaciones o recursos administrativos. Tal principio se explica obviamente en virtud del carácter prejudicial de la reclamación. En su caso la demanda puede articular tal aspecto como defensa sobre el fondo de la cuestión. La ley exige que la reclamación se refiera al derecho controvertido. Esto no significa una necesaria identidad entre el reclamo y la pretensión procesal. Lo que sí requiere es que ésta no exceda aquel, en virtud del carácter revisor de la jurisdicción procesal administrativa, que veda a los Tribunales resolver pretensiones sobre las que previamente no se haya pronunciado la administración expresa o tácitamente. La jurisdicción es revisora en tanto requiere la existencia previa de un acto administrativo emitido expresamente o por via legal presuntiva ante el silencio administrativo". (Negritas son propias). Al ser así, y atendiendo las constancias del expediente, queda claro que existe un impedimento para analizar y juzgar sobre este punto. Por último, debemos mencionar que en derecho administrativo rige la presunción de legalidad y regularidad de los actos administrativos, lo cual concuerda con lo dispuesto en el Art. 196 de la Ley N° 125/91 que dice: "Los actos de la Administración Tributaria se reputan legítimos, salvo prueba en contrario, siempre que cumplan con los requisitos de regularidad y validez relativos a competencia, legalidad, forma legal y procedimiento correspondiente", es por ello que corresponde al Contribuyente demostrar, en sede jurisdiccional, la ilegalidad o irregularidad de la resolución administrativa impugnada, que a mí consideración no aconteció en el caso en estudio.
En base a lo expuesto, no cabe más que Hacer Lugar al Recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 601, de fecha 11 de junio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, conforme a los fundamentos expuestos, y, en consecuencia, confirmar la Resolución C.T. N° 11, de fecha 8 de octubre de 2002, y la Resolución C.T. N° 13, de fecha 14 de octubre de 2002, ambas dictadas por el Consejo de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda. En cuanto a las costas, corresponde que las mismas sean impuestas a la perdidosa, en virtud a lo dispuesto en el art. 192 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por Ante mí que lo certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 21 de junio del 2.019.
REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 601, de fecha 11 de junio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
IMPONER las costas a la parte perdidosa.
Dr. Manuel Dejesús Ramirez C. Ministro
Dr. Carmelo A. Castiglioni. Miembro
Abg. Norma Domínguez. Secretaria

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución