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Timestamp: 2018-11-17 09:40:27+00:00

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﻿ SENTENCIA SP13157-2016/48453 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2016
SENTENCIA SP13157-2016 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:PRECISIÓN SOBRE CUÁNDO LA INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. SE RECUERDA QUE DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL, LA INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 20 AÑOS, SALVO EL CASO DEL INCISO 3° DEL ARTÍCULO 52. SE ACLARA QUE SE LESIONA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, CUANDO SE ESTABLECE UNA PENA QUE SUPERA EL MÁXIMO, AUN CUANDO SE HAYA APLICADO UN BENEFICIO COMO LO ES EL ALLANAMIENTO DE CARGOS, YA QUE SE ENTIENDE QUE SIN EL BENEFICIO SI LO SUPERA. SE CONCLUYE QUE “LA JURISPRUDENCIA HA MANIFESTADO QUE LOS FACTORES A TENER EN CUENTA PARA APLICAR LA REBAJA CONTEMPLADA EN EL PRECEPTO 351 DE LA LEY 906 DEL 2004 NO PUEDEN CIRCUNSCRIBIRSE A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEEN LA REALIZACIÓN DEL INJUSTO AL CUAL SE ALLANA EL IMPLICADO”.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, INHABILITACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ALLANAMIENTO DEL IMPUTADO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, DURACIÓN DE LA INHABILITACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Sentencia SP13157-2016/48453 de septiembre 14 de 2016
SP13157-2016
Rad.: 48453
(Aprobado acta 293)
Vencido el término sin que se haya presentado insistencia respecto del auto proferido el pasado 3 de agosto, en virtud del cual se inadmitió la demanda de casación promovida por la defensa de M... M... H... contra la sentencia dictada el 8 de marzo anterior por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, la Corte se ocupa, oficiosamente, de estudiar la posible violación de los principios de legalidad y non bis in ídem.
Los hechos signados por el Tribunal en el fallo de segundo grado:
Acorde con el escrito de acusación con allanamiento a cargos presentado por la Fiscal 10 Seccional el 1º de octubre de 2013, los hechos se pueden sintetizar en que durante el año 2008, se celebraron por la administración pública del municipio de Mapiripán, Meta, donde M... M... H... era la alcaldesa, un sin número de contratos de prestación de servicios y obra, sin atender los postulados legales previstos en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, así como de sus normas concordantes, mediando para ello la falsificación de documentos públicos y de cuyos dineros se apropió en compañía de otras personas. Los contratos en mención corresponden a los números 6 del 16 de enero, 34 del 18 de abril, 33 del 24 de abril, 73 del 29 de agosto, 100 del 2 de septiembre, 101 del 3 de septiembre, 104 del 4 de septiembre, 111 del 08 de septiembre, 116 del 12 de septiembre, 118 del 16 de septiembre, 107 del 14 de noviembre, 193 del 15 de diciembre, 19 del 15 de diciembre y 202 del 22 de diciembre, cuyo objeto, circunstancias de celebración y pago, se encuentran especificados en el escrito de acusación.
1. El 16 de septiembre de 2013, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías Ambulante de Villavicencio, la Fiscalía Décima Seccional imputó a M... M... H... la coautoría en el concurso sucesivo homogéneo y heterogéneo de falsedad ideológica en documento público agravada, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, conforme a su descripción en los artículos 286, 290, 397 –inciso tercero- y 410 del Código Penal, con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 10 del precepto 58 ibídem, cargos a los que se allanó1.
2. El escrito de acusación se radicó el 1º de octubre siguiente2 y el 2 de abril de 2014, bajo la dirección del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de ese municipio, se celebró audiencia de verificación del allanamiento3.
3. El 12 de junio sucesivo el juez profirió sentencia y condenó a M... M... H... a las penas principales de 95.7 meses de prisión, multa equivalente a 261.163 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 121 meses —le reconoció rebaja del 45% por la aceptación de cargos—.
Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y le concedió la prisión domiciliaria4.
4. Al finalizar la audiencia de lectura de fallo, tanto la delegada de la fiscalía como el defensor contractual interpusieron recurso de apelación5, pero solamente lo sustentó aquélla6. El de la bancada defensiva se declaró desierto7.
5. El 8 de marzo de 2016 el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, al resolver la alzada, modificó parcialmente la providencia impugnada, en el sentido de imponer a la acusada 110 meses de prisión, multa equivalente a 215.871.095 smlmv y 137.5 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y aclarar que “las penas acompañantes de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, son intemporales en cuanto acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y la celebración de contratos con el Estado y temporales (por el mismo término de la pena de prisión) en cuanto a los demás derechos políticos, conforme lo expuesto en parte (sic) considerativa”.
Así mismo, revocó el numeral tercero y negó la prisión domiciliaria, al tiempo que ordenó compulsar copias para que se investigue al a quo por haberla concedido pese a su abierta improcedencia8.
6. El defensor público de la procesada interpuso recurso y presentó demanda de casación.
7. En proveído del 3 de agosto del año en curso, la Sala inadmitió el libelo, pero dispuso que, una vez venciera el término para formular insistencia, el asunto regresara para examinar, en sentencia, la posible trasgresión de los principios de legalidad de la pena y non bis in ídem.
1. Al no presentarse insistencia, la Corte se centrará exclusivamente en el tema enunciado en el auto referido, esto es, la eventual infracción de los principios de legalidad de la pena y non bis in ídem.
2. Para esos efectos, conviene recordar que el Tribunal Superior, al resolver el recurso de apelación propuesto por la fiscalía, reconoció, con acierto, que el a quo erró al ubicarse en los cuartos mínimos, puesto que a M... M... H... se le imputaron circunstancias de menor y de mayor punibilidad —carencia de antecedentes penales y obrar en coparticipación criminal— y en esos términos aceptó los cargos.
En consecuencia, esa colegiatura determinó que lo correcto era situarse en el segundo cuarto (primer medio), para lo cual redosificó las penas y, atendiendo los parámetros del fallador de primer nivel, las fijó en: 200 meses de prisión, 250 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 392,4929 smlmv de multa. Seguidamente, por virtud del allanamiento a cargos, las redujo en un 45%, para dejarlas en 110 meses de prisión, 137.5 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 215,871095 smlmv de multa.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Código Penal, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración máxima de 20 años, salvo el caso del inciso 3º del artículo 52, que no resulta aplicable en esta ocasión.
Como se vio en precedencia, el ad quem determinó que esta sanción sería de 250 meses (20.833 años), pero, tras disminuirla en un 45% por el allanamiento, la dejó en 137.5 meses.
Si bien este último guarismo es menor a 20 años, lo cierto es que el que correspondería, si no se hubiese hecho mengua alguna, sí lo supera, lo que lesiona el principio de legalidad.
4. La jurisprudencia de la Sala ha manifestado que los factores a tener en cuenta para aplicar la rebaja contemplada en el precepto 351 de la Ley 906 de 2004, no pueden circunscribirse a las circunstancias que rodeen la realización del injusto al cual se allana el implicado, en tanto ellas se observaron al instante de individualizar la sanción respectiva, sino a las actividades relacionadas con la eficaz colaboración con la justicia, como la economía en la actividad estatal de investigación, las dificultades probatorias para la labor de imputación o la posibilidad de descubrir copartícipes u otros delitos conexos, por ejemplo. Así, en CSJ SP, 21 feb. 2007, rad. 25726 afirmó:
…si en los artículos 351 y 356 de la Ley 906 de 2004 no se establece una rebaja fija de la sanción para cuando el allanamiento a cargos se produce dentro de las audiencias de imputación y preparatoria —como sí ocurre cuando la aceptación de los cargos acontece en la iniciación del juicio, caso en el cual se descuenta de manera fija una sexta parte de la pena— sino que frente a las referidas situaciones se dispone una rebaja ponderada de “hasta de la mitad” de la pena para la primera y “hasta de la tercera parte” para la segunda, es razonable concluir que corresponde al fallador determinar la proporción en la cual rebajará la pena.
En tal labor, es de su resorte tener en cuenta, como ya lo ha precisado la Sala, las circunstancias posdelictuales que guarden relación con la eficaz colaboración para lograr los fines de justicia en punto de la economía procesal, la celeridad y la oportunidad, tales como: la significativa economía en la actividad estatal orientada a demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, la importancia de la ayuda en punto de la dificultad de acreditación probatoria, la colaboración en el descubrimiento de otros partícipes o delitos, o diversos factores análogos, sin ponderar los criterios definidos por el legislador en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000 para individualizar la pena, pues para tal momento ya fueron apreciados al establecer la sanción a la cual se aplicará la rebaja en razón del allanamiento a cargos9. (Ver, además, CSJ SP, 6 jun. 2012, rad. 38353 y CSP AP, 22 sep. 2010, rad. 34784).
También ha sostenido que el canon 351 no obliga al juez a hacer una mengua de la mitad, en tanto “le asiste la facultad de aplicar criterios razonables para medir el merecimiento de la rebaja, según las circunstancias del proceso y de cada uno de los procesados, de suerte que bien puede aplicar la rebaja en cualquier proporción inferior a la mitad, pero no menor a la tercera parte”. (CSJ SP, 22 feb. 2012, rad. 30777).
5. El a quo afirmó que como M... H...expresó su voluntad de allanarse en la audiencia de formulación de imputación, había lugar a reconocerle la disminución prevista en el primer inciso del artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, no consideró que pudiese ser de la mitad porque, pese “al poco desgaste de la justicia en el desarrollo de las labores investigativas (…) no hubo restitución de lo apoderado por parte de la condenada, entendiéndose que la suma ascendió a más de 103 millones de pesos y quien tomó para sí el dinero lo fue ella”10, y, en ese orden, concluyó que haría la disminución “conforme a su participación, siendo lógico y justo que se le conceda rebaja del 45%”11.
El Tribunal, al hacer la readecuación punitiva, respetó tal discernimiento porque —dijo— no fue “objeto de opugnación”12.
El criterio plasmado por el juez singular para no hacer la mengua punitiva del máximo posible en esa etapa (50%) se muestra sensato y, en esa medida, no lesiona el debido proceso. Téngase en cuenta que el artículo 349 del estatuto procesal penal de 2004 previó la imposibilidad para la fiscalía de que, tratándose de delitos en los que el sujeto activo haya obtenido incremento patrimonial, pueda celebrar acuerdos “hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente”.
Uno de los injustos atribuidos y admitidos por M... H...fue el de peculado por apropiación, por lo que no resulta irrazonable que en el cálculo del porcentaje de rebaja de pena el fallador hubiese considerado que aquélla no devolvió los dineros de los que se apoderó, cuyo monto ascendió a más de 103 millones de pesos, tal como lo refirieron las instancias.
6. Conforme a lo expuesto en el considerando 3 de este proveído, se casará oficiosa y parcialmente la sentencia de segundo grado, por violación del principio de legalidad en la imposición de la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y se fijará esta en 20 años o 240 meses, quantum que, rebajado en un 45%, por virtud del allanamiento a cargos, queda en 132 meses. En lo demás, se mantiene.
1. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, para fijar la pena de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta a M... M... H..., en 132 meses.
1 Cfr. acta visible a folios 16 y 17 del cuaderno del Centro de Servicios Judiciales y disco compacto contentivo de la audiencia.
2 Cfr. folios 24 a 32 del mismo cuaderno.
3 Cfr. acta obrante a folio 46 Id.
4 Folios 84 a 118 Id.
5 Folios 119 y 120 Id.
6 Folios 122 a 131 Id.
7 Folio 136 Id.
8 Folios 46 a 57 del cuaderno del tribunal.
9 Sentencia del 29 de junio de 2006. Rad. 24529.
10 Página 32 del fallo.
12 Página 8 de la sentencia de segunda instancia.

References: ARTÍCULO 51
 ARTÍCULO 52
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 61
 artículo 351
 artículo 349