Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620648.html
Timestamp: 2019-03-19 21:31:12+00:00

Document:
as201620648
Auto Supremo: 648/2016
Expediente: PT-31-15-S
Partes: Renato Arispe Villavicencio y Maura Foronda de Arispe. c/ Manuel Adán
Almanza Soto y Mery Almanza Soto de Vásquez.
Proceso: Acción reivindicatoria, negatoria y reconocimiento de derecho de
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 321 a 322, interpuesto por Manuel Adán Almanza Soto y Mery Almanza Soto de Vásquez representado por Hugo Orlando Revollo Romero contra el Auto de Vista Nº 108/2015 de 08 de junio de 2015, cursante de fs. 313 a 315, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de Acción reivindicatoria, negatoria y reconocimiento de derecho de propiedad seguido por Renato Arispe Villavicencio y Maura Foronda de Arispe contra Manuel Adán Almanza Soto y Mery Almanza Soto de Vásquez, la concesión de fs. 325, los antecedentes del proceso, y;
I.1.- El Juez de Partido Ordinario, Mixto, Liquidador y de Sentencia, de las Provincias Charcas, Alonzo de Ibáñez y Gral. Bilbao Rioja de San Pedro de B.V. del Departamento de Potosí, pronunció la Sentencia Nº 06/2015 de 20 de febrero de 2015, cursante de fs. 290 a 293 y vta., declarando Probada la demanda de fs. 20 a 21 de obrados, intentado por Renato Arispe Villavicencio y Maura Foronda de Arispe en contra de Manuel Adán Almanza Soto y Mery Almanza Soto de Vásquez, disponiendo en ejecución de sentencia, la restitución del derecho real demandado y consiguientemente se le reconozca su derecho propietario del inmueble, de una olla y media de maíz de sembradío equivalente a 2.175 m2 de superficie, más el pago de daños, perjuicios y costas ocasionados al impedir disponer su propiedad del inmueble, bajo las prevenciones de ley. En su caso, el nuevo propietario detentador, debe restituir la cosa o reembolsar al anterior propietario poseedor la suma real o valor actual de la parte ocupada previo peritaje. Por otra parte, se declara Improbada la demanda reconvencional en el memorial de fecha 14 de marzo de 2014, fs. 71 a 73 vlta. primer otrosí, interpuesto por Manuel Adán Almanza Soto y Mery Almanza Soto de Vásquez en contra de Renato Arispe Villavicencio y Maura Foronda de Arispe, sin adjuntar prueba documental determinado por el art. 351 del CPC.
I.2.- Resolución que es apelada por los demandados Manuel Adán Almanza Soto y Mery Almanza Soto de Vásquez, mediante escrito de fs. 299 a 301 y vta., que mereció el Auto de Vista Nº 108/2015 de 08 de junio de 2015, cursante de fs. 313 a 315, que en lo relevante argumenta que toda Sentencia, debe estar debidamente fundamentada, en el mismo que debe existir congruencia entre lo pedido en la demanda, la contestación tanto de la demanda principal como de la reconvención, los puntos de la relación procesal y la Sentencia que debe responder a estos aspectos; que en la Sentencia existe imprecisión en relación al fallo, por cuanto declara probada la demanda, empero no indica, que aspectos de la demanda es declarada probada, toda vez que le reconoce como propietario del inmueble de una olla y media de maíz de sembradío, cuando debería señalarse concretamente cuantos metros cuadrados debe ser reconocido y cuantos metros cuadrados debe ser reivindicado, es decir debe emplearse datos técnicos concretos; que igualmente debe fundamentar porque se declara improbada la demanda reconvencional que aspectos no ha probada la parte demandada; que también debe pronunciarse sobre el documento de transacción de fs. 211; que por otra parte debe precisar en relación a los daños y perjuicios por el que ordena su pago; en relación a las costas debe pronunciarse por cuanto por imperio del art. 198-III, no es procedente las costas en juicio dobles; por lo señalado, da aplicación a la previsión del art. 237-I inc. 3) del Código de Procedimiento Civil; por lo que en ese antecedente Revoca totalmente la Sentencia impugnada, y dispone que el A quo de cumplimiento estricto a lo determinado por el art.190 del CPC, sin costas por la revocatoria.
I.3.- Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por los referidos demandados, que obtiene el presente análisis.
II.1.- De las infracciones acusadas por el ahora recurrente, se extrae en calidad de resumen lo siguiente:
Denuncia que en el caso que nos reúne, (tomando en cuenta que la carga de la prueba corresponde a ambas partes; empero sólo la carga respeto a sus distintas pretensiones y no así la prueba en sí, que en general es del proceso, pudiendo servir a cualquiera de las partes según su derecho), tanto en la Sentencia, como en el Auto de Vista recurridos, no se ha valorado correctamente dicha prueba. Toda vez que en la escritura Nº 548/89 (fs. 5 y 6), registrado en la oficina de Derechos Reales en fecha 10/07/1989; (el título de propiedad) una de las partes principales, específicamente el co-vendedor Pacífico Vargas, siendo analfabeto sólo digita, empero no figuran las firmas de los tres testigos tal y como lo disponen los arts. 1295 y 1299 del Código Civil. Requisitos sin los cuales, tal y como manifiesta la norma aludida, dicho documento es nulo. Por lo tanto, debería de haberse declarado su nulidad e improbada la demanda principal.
Tomando en cuenta que la nulidad no prescribe. Al no valorar al tenor de los art. 1295 y 1299 del Código Civil, el título de propiedad que blande los demandantes. Se ha infringido los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo expuesto, solicita casar el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda principal, y probada la demanda reconvencional, declarando nula la escritura Nº 548/89; (el título de propiedad), cancelando su partida en las oficinas de DD.RR.
En el presente caso de autos se aclara que no existe respuesta de la parte demandada al recurso de casación interpuesto por el actor.
III. DE LA DOCTRINA APLICABLE AL CASO:
III.1.- En relación a la declaración de nulidad de obrados y la revisión de las actuaciones:
El art. 106.I del Código Procesal Civil, dispone que: “I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”.
Por su parte el art. 17.I de la Ley Nº 025 preceptúa que: “I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley”.
En consecuencia, el art. 106 del Código Procesal Civil, dispone que la nulidad de obrados podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente, en esa misma orientación el art. 17.I de la Ley Nº 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.
Razonamiento que ha sido reiterado en el Auto Supremo N° 884/2015–L de 02 de Octubre 2015, entre otros.
III.2.- Respecto a la congruencia de las resoluciones:
La Jurisprudencia Constitucional sobre el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.
Asimismo, la Sentencia Constitucional 0816/2010-R de 02 de agosto, citando a su vez a la SC 0670/2004-R de 04 de mayo, refirió que: “…el art. 236 del CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad este expresamente prevista por ley…”.
En relación a la congruencia externa e interna que debe guardar toda resolución, el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre ha razonado: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son nuestras).
III.3.- Respecto a la nulidad procesal:
La uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.
Conforme se ha desarrollado en la doctrina aplicable, el art. 106 del Código Procesal Civil, en concordancia del art. 17.I de la Ley Nº 025 prescriben que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley, con la finalidad de observar si se han cumplido con las formas esenciales del proceso, en afán de que los actos jurisdiccionales otorguen seguridad jurídica a los litigantes, en ese antecedente en el caso de autos, corresponde realizar las siguientes consideraciones legales:
De antecedentes que hacen a la presente causa, se conoce que la parte actora (Renato Arispe Villavicencio y Maura Foronda de Arispe) por memorial de fs. 20 a 21, ha interpuesto demanda ordinaria, impetrando en su pretensión la “Acción reivindicatoria, negatoria y reconocimiento de derecho de propiedad, y que en ejecución de fallos se ordene la restitución del derecho real demandado y consiguientemente se les reconozca su derecho propietario de una olla y media de maíz de sembradío, equivalente a 2.175 m2 de superficie, más el pago de daños, perjuicios y costas ocasionados”. En tanto que los demandados (Manuel Adán Almanza Soto y Mery Almanza Soto de Vásquez), una vez que hubieron tomado conocimiento de la demanda, contestan negativamente a la misma, e interponen demanda reconvencional impetrando como pretensión la “Nulidad de documento, mejor derecho de propiedad, acción reivindicatoria y negatoria y pago de daños y perjuicios y costas del juicio”. A este proceso se acumula el ordinario de “Nulidad de documento, acción reivindicatoria y negatoria y pago de daños y perjuicios y costas del juicio” que hubo instaurado esta vez Manuel Adán Almanza Soto y Mery Almanza Soto de Vásquez en contra de Renato Arispe Villavicencio y Maura Foronda de Arispe, en el estado de haberse contestado a la demanda (fs. 76 a 141).
Una vez sustanciado el proceso, en la Resolución de primera instancia el A quo declaró probada la acción principal, disponiendo en ejecución de sentencia, la restitución del derecho real demandado y consiguientemente se le reconozca su derecho propietario del inmueble, de una olla y media de maíz de sembradío equivalente a 2.175 m2 de superficie, más el pago de daños, perjuicios y costas ocasionados, bajo las prevenciones de ley, y en su caso, el nuevo propietario detentador, restituya la cosa o reembolse al anterior propietario poseedor la suma real o valor actual de la parte ocupada previo peritaje. Por otra parte, declara Improbada la demanda reconvencional incoada por los demandados; resolviendo de esta manera el A quo en mérito a las pretensiones de las partes y conforme a su razonamiento el conflicto jurídico, fallo que fue apelado. Sin embargo, el Tribunal de alzada en el Auto de Vista Nº 108/2015 de 08 de junio de 2015, sin disgregar los agravios interpuestos por la parte demandada en el recurso de apelación y haciendo consideraciones de fondo en relación a la demanda principal y reconvencional, de forma incoherente dice Revocar totalmente la Sentencia impugnada, empero en los hechos anula dicha resolución bajo el fundamento de que: “…toda sentencia, debe estar debidamente fundamentada, en el mismo que debe existir congruencia entre lo pedido en la demanda, la contestación tanto de la demanda principal como de la reconvención, los puntos de la relación procesal y la sentencia que debe responder a estos aspectos. Que en la sentencia de fs. 290 a 293, existe imprecisión en relación al fallo, por cuanto declara probada la demanda, empero no indica, que aspectos de la demanda es declarada probada, toda vez que le reconoce como propietario del inmueble de una olla y media de maíz de sembradío, cuando debería señalarse concretamente cuantos metros cuadrados debe ser reconocido y cuantos metros cuadrados debe ser reivindicado, es decir debe emplearse datos técnicos concretos…Igualmente debe fundamentar porque se declara improbada la demanda reconvencional de fs. 71 a 73, que aspectos no ha probada la parte demandada…También debe pronunciarse sobre el documento de transacción de fs. 211. Por otra parte debe precisar en relación a los daños y perjuicios por el que ordena su pago. En relación a las costas debe pronunciarse por cuanto por imperio del art. 198.III, no es procedente las costas en juicio dobles. Por lo anteriormente señalado, corresponde dar aplicación a la previsión del art. 237-I inc. 3) del Código de Procedimiento Civil”, por lo que en ese antecedente dispone que el A quo de cumplimiento estricto a lo determinado por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, al respecto, corresponde señalar que las partes de inicio no han hecho uso de la facultad que les otorga el art. 196-2) del Código de Procedimiento Civil, por lo que su derecho respecto a la explicación y complementación habría precluído; por otra parte, los demandados en su memorial de apelación de fs. 299 a 301 y vta., como fundamentos de agravio han denunciado: 1) Error de hecho en la valoración de la prueba documental, testifical e inspección ocular, porque los demandantes no han demostrado que ellos sean propietarios del terreno con media olla y media, 2) Omisión en la valoración de la prueba ofrecida y producida, especialmente las literales de fs. 185 al 211 que no han sido analizadas en la sentencia, 3) Falta de valoración del documento de propiedad (Escritura Pública Nº 548 de 16 de junio de 1989) del inmueble reivindicado por los demandantes, donde una de las partes solo digita su huella, sin presencia de testigos, por lo que el documento es nulo de pleno derecho, 4) Que los demandantes no han demostrado que estaban en posesión del terreno, consecuentemente no pueden demandar la reivindicación y el justo título no es para demostrar acción reivindicatoria, 5) Reitera que el A quo no ha tomado en cuenta su prueba, y que uno de los hermanos de los vendedores, manifiesta que nunca firmo documento de venta a Renato Arispe, éste documento no fue considerado en la Sentencia, por lo que extraña su valoración y análisis; en ese antecedente en base a dichos fundamentos solicita revocar en parte la Sentencia impugnada y declarar improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional.
De donde se infiere que el Tribunal de Alzada no ha resuelto en función de la pretensión contenida en la demanda principal menos reconvencional, sino que de oficio anula totalmente la Sentencia impugnada, es decir que en base a las consideraciones realizadas de oficio, dispone la nulidad de la sentencia, extremo que empero no fue fundamento del recurso de apelación. Por otra parte, los fundamentos por los cuales se ha dispuesto la nulidad de la Sentencia como son la falta de fundamentación, incongruencia, e imprecisión en el fallo, bien pudieron y pueden ser suplidos por el Tribunal de segunda instancia en el marco de sus facultades y atribuciones, es más conforme a lo que preceptuaba el art. 233-I del Código de Procedimiento Civil y actualmente el art. 261-III del Código Procesal Civil, el Ad quem tiene la facultad de aperturar plazo probatorio y producir de oficio las pruebas que considere pertinentes y necesarias para resolver de la manera más justa la causa sometida a juzgamiento, asimismo tiene la facultad de reevaluar las pruebas producidas, para sobre esa base asumir la decisión que corresponda, y de esta manera pronunciar una resolución de fondo, que resuelva el conflicto jurídico de las partes, que además sea eficaz para poner fin a la contienda que mantienen las partes, pero en ningún caso disponer la nulidad de obrados con fundamentos que no han sido parte de la alzada, salvo que se afecte al debido proceso en su vertiente al derecho a la defensa, extremos en los que no se funda la nulidad dispuesta por el Ad quem y que de consiguiente no acontecen en el presente caso en examen.
En relación a lo anterior, corresponde señalar que el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y actualmente el art. 265.I del Código Procesal Civil, señalan que el Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación; normas en la que se manifestaba el principio de congruencia, por el cuál la resolución de Alzada en su motivación y fundamentación debe estar dirigida a absolver cada uno de los agravios deducidos en apelación, sin omitir, exceder o alterar el cuadro recursivo que se sustancia. En ese sentido el Tribunal Ad quem a tiempo de resolver la Alzada tiene un marco jurisdiccional sobre el cual debe recaer su decisión.
En ese antecedente, en la especie, el A quo en mérito a las pretensiones de las partes y conforme a su razonamiento ha resuelto el conflicto jurídico, fallo que una vez apelado, correspondía al Ad quem circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación y en el marco del principio de congruencia, absolver cada uno de los agravios deducidos en apelación, sin omitir, exceder o alterar el cuadro recursivo que se sustancia en resguardo precisamente del derecho de acción o de tutela judicial efectiva, sin embargo el Ad quem en incongruencia de la pretensión formulada por la parte recurrente en el recurso de apelación, dispone la nulidad de la Sentencia sin que al respecto exista petitorio expreso de las partes. Por lo mismo, los fundamentos expuestos por el Ad quem para determinar la nulidad (revocatoria) de la Sentencia han sido asumidos de oficio, lo que resulta contrario a los principios constitucionales previstos en los art. 179 y 180 del texto constitucional.
Por lo que en conclusión podemos referir que el Tribunal de alzada al haber anulado la Sentencia bajo el rótulo de “revocatoria” y al no haber emitido su criterio en relación a los puntos apelados, incurrió en infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y con ello, la violación al principio del debido proceso legal, en su elemento al derecho a la defensa de los impugnantes, que corresponde ser enmendado por este Máximo Tribunal.
Finalmente, corresponde referir que siendo inminente la nulidad del Auto de Vista, ya no corresponde pronunciamiento alguno sobre el recurso de casación de fondo interpuesto por los demandados.
Por lo expuesto, y en aplicación del art. 106.I del Código Procesal Civil, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 106.I y 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 108/2015 de 08 de junio de 2015, cursante de fs. 313 a 315, y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem emita nueva Resolución resolviendo la apelación deducida contra la Sentencia de primera instancia con la pertinencia prevista por el art. 265.I del Código Procesal Civil.
En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

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