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Timestamp: 2019-10-21 21:16:04+00:00

Document:
Derecho de la Energía »
Autor Tema: Retroactividad de las leyes (Leído 3056 veces)
« en: Marzo 07, 2013, 11:03:35 am »
Como puede ser que tú instales una estación fotovoltaica o eólica del tipo que sea basada en una legislación existente, bien mediante decreto ley o mediante una ley y que al cabo de pocos años, se derogue esa ley o se modifique y te afecte a tu instalación?. ¿ No es obligatorio que exista una garantía jurídica y que no exista retroactividad sobre las actuaciones realizadas de acuerdo a las leyes promulgadas en su tiempo?
Re:Retroactividad de las leyes
« Respuesta #1 en: Marzo 07, 2013, 04:22:21 pm »
Eso es la manera de arreglar las burradas de ZP que se creía que el dinero publico crece en los arboles y después han tenido que venir a arreglarlo.
« Respuesta #2 en: Marzo 07, 2013, 04:53:13 pm »
Perdona Rafael, pero ambas leyes fueron publicadas con el gobierno anterior. No veas fantasmas donde no los hay. Que os gusta mucho echar balones fuera. El responsable de arreglar y potenciar este sector es el gobierno actual, dejad tranquilo a los que no están y poneos a trabajar.
« Respuesta #3 en: Marzo 07, 2013, 05:35:13 pm »
Hola Antonio, muy interesante lo que planteas. De hecho el Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial, ha supuesto un antes y un después en el sector de las energías renovables. Un baño de realidad imprescindible para sacarnos del sueño del que aún está despertando, digo esto porque el planteamiento de apoyo a "las renovables" tenía que haber sido tratado previamente con las grandes empresas suministradoras de energía eléctrica en el país y, sobretodo, dimensionado de algún modo que evitase un crecimiento exponencial que, al mismo tiempo, comprometiese la viabilidad económica de las ayudas públicas.
Pero todo eso son asuntos de política energética, así que vayamos a lo estrictamente jurídico:
En este ámbito se han venido pronunciando ya muy reiteradamente los tribunales (TSJ, y TS). De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo especialmente interesante, de 2012, pues aborda todos los principales motivos por los que se ha venido planteando la ilegalidad del Decreto mencionado arriba (y que afectaba negativamente a las primas y tarifas ya establecidas con anterioridad). Pero básicamente los motivos de crítica del Decreto han sido:
A- Vulneración del Sistema Competencial, o reparto de competencias entre el Estado y las CC.AA. fijado en los artículos 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución: es decir, la Xunta de Galicia sostenía que con la publicación del Decreto el Estado estaba invadiendo competencias autonómicas.
El Tribunal Supremo lo desestima al considerar que la regulación reglamentaria no desborda la competencia del Estado para regular la organización y funcionamiento del sistema económico de la retribución de la producción de energía eléctrica en régimen especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 b) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
B- Por infracción del procedimiento de revisión de actos administrativos. Es decir, no puede modificarse las concesiones de licencias, primas, etc. mediante la publicación de un Decreto. No es la vía legalmente establecida para revisar los actos administrativos y dejarlos sin efecto desde que se realizaron.
Sobre este aspecto el TS consideró que el Real Decreto 1003/2010 no suponía la privación de eficacia, revisión o revocación de las resoluciones autonómicas que procedieron a autorizar las instalaciones fotovoltaicas, ni de los actos estatales de inscripción en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. Lo único que se verifica y sobre lo que se resuelve al aplicar el Real Decreto 1003/2010 es la liquidación económica que corresponde al marco retributivo primado del régimen especial, a cuyo efecto aquellas autorizaciones e inscripciones son requisitos necesarios pero no suficientes. Por lo que también desestimó este motivo de impugnación.
C.- Por infracción del PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.
En este sentido, por cuanto se establece la inaplicación del régimen económico especial de las instalaciones fotovoltaicas acogidas al Real Decreto 661/2007 y al Real Decreto 1578/2008, respecto de aquellas instalaciones que se estime no cumplen con los requisitos para la aplicación del régimen primado, considera el TS que tampoco puede prosperar el motivo de impugnación reiterando lo que ha venido diciendo en anteriores sentencias en las que se rechazaba que el establecimiento de un régimen de acreditación de las instalaciones fotovoltaicas con el objeto de comprobar que cuenten con los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica conculque el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de los derechos individuales, y lo hacía con el siguientes razonamientos:
"El Real Decreto 1003/2010 no modifica los requisitos para que las instalaciones fotovoltaicas accedan al régimen especial. Las que contaban con la autorización, el acta de puesta en funcionamiento y la inscripción en los registros autonómicos y en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial mantienen su condición de tales. El Real Decreto tampoco modifica, en realidad, los requisitos que ya eran necesarios para la percepción de la prima, limitándose a instaurar un procedimiento de verificación a fin de comprobar el cumplimiento de aquéllos. No puede hablarse de retroactividad cuando la nueva norma mantiene las exigencias sustantivas derivadas de las anteriores y sólo regula el procedimiento para su inspección y control."
Es una trampa? una puerta de atrás para, en realidad, modificar la aplicación de la Ley?... que cada uno saque sus conclusiones.
D.- Por vulneración del Principio de Legalidad (no se puede cambiar una Ley mediante un Decreto).
Tampoco admite este motivo el TS al entender que, como ya expresa el preámbulo del Real Decreto 1003/2010, éste se dicta para salvaguardar el sentido y finalidad de las "ayudas" que contiene la regulación del régimen especial aplicable a determinadas instalaciones de generación de energía eléctrica. A la vista de que ciertas instalaciones fotovoltaicas podrían estar cobrando de modo indebido los "fondos, el Real Decreto trata de "mejorar el proceso de acreditación" de las instalaciones fotovoltaicas "a la hora de ingresar en los distintos marcos retributivos que la legislación vigente dispone".
Entiende así el TS que este Decreto sólo intenta garantizar un "nivel mínimo de control" de modo que las instalaciones que no dispusieron de los elementos imprescindibles (los paneles solares, entre otros) para producir la energía comprometida no puedan disfrutar del especial régimen de primas. Y para alcanzar este objetivo el Real Decreto incluye en sus artículos 3 a 6, ambos inclusive, una regulación que detalla cómo y ante quién se ha de acreditar que la instalación fotovoltaica cuenta con los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica (artículo 3), qué instalaciones deberán someterse a esta acreditación (artículo 4) y cuáles son los efectos económicos, provisionales o definitivos, que derivan de la acreditación o de la falta de acreditación del cumplimiento, por parte de las instalaciones perceptoras de las primas, de las condiciones mínimas exigibles para generar energía eléctrica (artículos 5 y 6). Por tanto no supone una modificación o supresión de lo ya regulado, sino un desarrollo de aquello.
En fin Antonio, espero haberte sido de ayuda con mi visión del asunto. Un saludo!
« Respuesta #4 en: Abril 23, 2015, 06:18:43 am »
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« Respuesta #5 en: Mayo 09, 2015, 08:52:25 am »
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« Respuesta #6 en: Junio 03, 2019, 12:24:00 pm »
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References: Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
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