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Timestamp: 2018-12-11 02:35:19+00:00

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STS 582/2007, 21 de Junio de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 30355647
STS 582/2007, 21 de Junio de 2007
Número de Recurso: 183/2007
Número de Resolución: 582/2007
En el recurso de casación por infracción de ley, que ante Nos pende, interpuesto por EL MINISTERIO FISCAL, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Sexta, seguida por delito contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, siendo parte recurrida Alvaro representado por el Procurador Don Leonardo Ruiz Benito, Aurelio representado por la Procuradora Doña Eva María Escolar Escolar, Casimiro representado por la Procuradora Doña Begoña Cendoya Arguello, Cristobal representado por el Procurador Don Antonio Orteu del Real, Ernesto representado por la Procuradora Doña María Luisa Bermejo García, Fidel representado por la Procuradora Doña María Gracia Martos Martínez
El Juzgado de Instrucción nº 6 de San Bartolomé de Tirajana, incoó Procedimiento Abreviado nº 33/06 contra Casimiro y otros, por delito contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Sexta, que con fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:
"HECHOS PROBADOS: PRIMERO.- Probado y así se declara, que el día 16 de junio de 2006 la embarcación de Salvamento marítimo localizó a cincuenta y cinco millas al sur de la isla de Gran Canaria, una embarcación tipo cayuco con cincuenta y cinco inmigrantes de origen subsahariano a bordo, entre los que se encontraban los acusados D. Casimiro, D. Cristobal, D. Ernesto, D. Alvaro, D. Aurelio, y D. Fidel, todos mayores de edad y sin antecedentes penales, siendo embarcados y trasladados por la referida embarcación de salvamento hasta el puerto de Arguineguín en la localidad de Mogán (Las Palmas) donde arribaron a las 5,45 horas del día 17 de junio".
"FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos LA FALTA DE JURISDICCIÓN de esta Sala para conocer de los hechos objeto de acusación, declarando de oficio las costas procesales.- Se acuerda la inmediata libertad a los acusados D. Casimiro, D. Cristobal, D. Ernesto, D. Alvaro, D. Aurelio y D. Fidel, poniéndolo en conocimiento de la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional a los efectos oportunos".
Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, el Ministerio Fiscal, formalizó su recurso, alegando los motivos siguientes: UNICO.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por inaplicación del artículo 23.1 y, en su caso, del artículo 23.4-h) de la Ley Orgánica dell Poder Judicial (según redacción dada por LO 3/05, en relación con el artículo 318 bis 1º y 3º del C.P ..
Realizado el señalamiento para Fallo, se celebró la deliberación y votación prevenida el día 12 de junio de 2007.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado la falta de jurisdicción de dicho Tribunal para conocer de los hechos imputados a los acusados a Casimiro
, Cristobal, Ernesto, Alvaro, Aurelio y Fidel, detectados a unas 55 millas al sur de la isla de Gran Canaria, cuando navegaban en una embarcación tipo "cayuco" con cincuenta y cinco inmigrantes de origen subsahariano a bordo, procedentes de la costa africana.
El Tribunal de instancia ha fundado su decisión en que la norma contemplada en el art. 23.4 de la LOPJ, que establece en nuestro Derecho el principio de jurisdicción universal para determinados delitos, no es de aplicación al caso, así como tampoco lo son los principios de territorialidad y personalidad.
Afirma el Ministerio Fiscal que "la inmigración ilegal constituye uno de los problemas más graves que afronta nuestro país en la actualidad" y que "no parece aceptable entender que España no tiene jurisdicción en relación con los patrones responsables de las embarcaciones que se dirigen a nuestro país"; y, en este sentido, dice que, en su opinión, el Tribunal de instancia no presta la debida atención al Protocolo contra el Tráfico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y al art. 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en el que se prevé el derecho de visita en relación, entre otros supuestos, con aquellos buques que no tienen nacionalidad (como normalmente son las pateras o cayucos), pues, de no actuar en tales casos, este tipo de comportamientos quedarían impunes.
El delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, del artículo 318 bis, apartados 1º y 3º del Código Penal, que el Ministerio Fiscal imputa a los acusados en esta causa y por el que solicita la imposición de una pena de prisión de siete años, es un delito de mera actividad que se consuma por la realización de los actos de promover, favorecer o facilitar el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas "desde, en tránsito o con destino a España". La conducta se describe, por tanto, de forma progresiva: promoción, que equivale a provocación, incitación o procurar su consecución; favorecimiento, integrado por cualquier acción de ayuda o apoyo al tráfico ilegal; y facilitar, que viene constituida por la remoción de obstáculos o prestación de medios para hacer posible el tráfico y que, en el fondo, no es más que una modalidad del favorecimiento. Podríamos decir que cualquier acción prestada al inicio o durante el desarrollo del ciclo emigratorio o inmigratorio y que auxilie a su realización en condiciones de ilegalidad está incluida en la conducta típica.
Ahora bien, como consecuencia del abanico de actividades que el tipo penal admite, basta con que se promueva, favorezca o facilite por cualquier medio la inmigración clandestina para que se consume el delito; lo que comporta que es suficiente la participación del infractor en alguna de las múltiples tareas que convergen para llevar a cabo la acción para cumplir la previsión normativa, por lo que pueden incluirse conductas tales como la financiación de la operación, la actuación como intermediario, transportista, piloto de embarcación, o la facilitación de ésta, etc. Ello implica que sea irrelevante que los inmigrantes lleguen a acceder a la península o islas o no se concluya la operación por causa de intervención de la policía judicial o por razón de naufragio, por cuanto el delito se consuma por la realización de los actos de promoción, favorecimiento o facilitación, sin exigir que se consiga llegar clandestinamente a territorio español (v. SSTS de 5 de febrero de 1998, y de 16 de julio de 2002 ).
Es importante destacar también que el bien jurídico protegido por el artículo 318 bis del Código Penal está integrado por dos tipos de intereses: el interés general de controlar los flujos migratorios, evitando que éstos movimientos sean aprovechados por grupos mafiosos de criminalidad organizada, y el interés mediato de proteger la libertad, seguridad, dignidad y derechos de los emigrantes.
Junto a los principios de territorialidad y el real o de protección de los intereses españoles, también configura el alcance de la jurisdicción de los tribunales españoles el principio de personalidad o de nacionalidad, ya que, conforme al mismo, cada ciudadano se halla siempre sometido a la jurisdicción de su país. Así, la jurisdicción penal española conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho, siempre que concurrieren los siguientes requisitos: 1) que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito; 2) que el agraviado o el Ministerio fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles; 3) que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda
23.4 LOPJ, en cuanto determina la competencia de la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del territorio nacional, cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio; b) Terrorismo; c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves; d) Falsificación de moneda extranjera; e) Delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces [modificado por L. O. 11/1999, de 30.4,,por la que se han incluido los delitos de corrupción de menores e incapaces]; f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes; g) Delitos de mutilación femenina (conforme a la L.O. 3/2005, en vigor desde el 10 de julio de 2005 ); y, h) Cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.
(v. art. 318 bis 1º y 3º CP y art. 2 b) de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 15 de noviembre de 2000). La embarcación utilizada carecía de nacionalidad. No consta que ningún Estado haya reclamado el conocimiento de este hecho. Los presuntos responsables -al menos una parte de ellos (los que viajaban en el cayuco)- se encontraban en territorio nacional. Existe, en todo caso, un evidente lazo de conexidad entre el hecho objeto de esta causa y los intereses nacionales. Concurren, pues, en el presente caso, un conjunto de circunstancias que, de acuerdo con las normas y principios de Derecho internacional ya expuestos, especialmente el art. 23.4 h) LOPJ . en relación con el art. 8.7 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire anteriormente transcrito, dotan de cobertura a esta atribución jurisdiccional, posibilitan la adopción de medidas conforme al derecho interno, entre ellas la incoación del oportuno atestado por las Fuerzas de Seguridad, y justifican sobradamente el conocimiento del presente caso por los Organos jurisdiccionales españoles.
Que estimando el recurso de casación formulado por el Ministerio Fiscal, casamos y anulamos la sentencia recurrida, dictada en esta causa por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, el veintisésis de octubre de dos mil seis, y declaramos de oficio las costas procesales.
STC 187/1997, 10 de Noviembre de 1997
SAP Madrid 309/2005, 7 de Junio de 2005
STSJ Castilla y León 350/2012, 27 de Febrero de 2012

References: artículo 849
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 318
 artículo 318
 artículo 318