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Timestamp: 2017-11-23 13:04:12+00:00

Document:
RECURSO DE CASACIÓN | Acceso a la Justicia
Posted on abril 7, 2017 mayo 17, 2017
TSJ/SCP Nº: 145 Fecha: 07-04-2017
Caso: Jonnhy Yanner Sánchez Jaimes
Decisión: Declara la inadmisibilidad por inepta acumulación del recurso de revisión interpuesto por la defensa.
“La recurrente con fundamento en los numerales 1 y 4 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, alegó que el 26 de febrero de 2013, su defendido fue sentenciado conforme al procedimiento por admisión de los hechos, a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión por la comisión de los delitos de tráfico agravado en la modalidad de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación, mientras que los otros dos acusados de autos por los mismos delitos, fueron sometidos a un juicio oral y público, resultando absueltos el 12 de febrero de 2014, respecto a ambos ilícitos penales, lo que trajo como consecuencia que, según su criterio, “(…) cesa[ron] las condiciones y requisitos que debe tener un hecho para ser calificado como el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR (…) pues la acusación Fiscal (sic) admitida por el Tribunal de Control en su oportunidad, considero (sic) que se configuraba [dicho delito] en virtud de la participación de los tres jóvenes acusados, incluso acogiéndose al número de participantes, tal como lo expresa la propia Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (…), por lo que, al haber quedado como “único autor, mi defendido JONNHY YANNER SÁNCHEZ JAIMES (…) no pu[ede] subsumir[se] el comportamiento en dicha norma (…)”. Por tal motivo, solicitó de esta Sala de Casación Penal, la declaratoria con lugar del presente recurso de revisión, y como consecuencia de ello, la modificación de la pena en razón de la inexistencia de la comisión del delito de asociación por parte de su defendido.
Como se aprecia, resulta evidente para esta Sala de Casación Penal que, en el presente caso, se configuró una inepta acumulación de pretensiones, toda vez que la recurrente alegó conjuntamente dos supuestos de procedencia del recurso de revisión que se excluyen entre sí, no solo por cuanto su conocimiento corresponde a órganos jurisdiccionales distintos, sino, además, por la incompatibilidad del procedimiento que le es aplicable.
En efecto, tal como se estableció en párrafos anteriores, esta Sala de Casación Penal resulta competente para conocer del supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, cuando la revisión se base en la existencia de sentencias contradictorias en virtud de las cuales estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito, que no pudo ser cometido más que por una sola, conforme al trámite y reglas previstas para el recurso de casación en los artículos 457 y siguientes eiusdem; mientras, que en el caso del numeral 4 del artículo 462 del referido texto adjetivo penal, vale decir, cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió, será competente para conocer el Tribunal de Primera Instancia del lugar donde se perpetró el hecho, de acuerdo al procedimiento previsto para el recurso de apelación en los artículos 447 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.
Por esta razón, resulta evidente que, en el presente caso, la recurrente debió fundamentar su recurso de revisión en uno solo de los requisitos de procedencia previstos en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, o aducir únicamente aquellos que pueden ser conocidos por un mismo órgano jurisdiccional a través de un único procedimiento, puesto que, se reitera, a esta Sala de Casación Penal solo le compete conocer cuando lo alegado se circunscriba a lo contenido en el numeral 1 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuyo caso, debe cumplirse con las reglas establecidas para el recurso de casación, mientras que cuando se trate de la causal contemplada en el numeral 4 de la referida norma su conocimiento corresponde al tribunal de primera instancia del lugar donde ocurrió el hecho punible, concretamente, en este caso, a un tribunal del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, conforme al procedimiento previsto para el recurso de apelación.
Por consiguiente, al haber fundado la recurrente la revisión solicitada en dos supuestos de procedencia cuyo conocimiento corresponde a dos tribunales distintos a través de procedimientos evidentemente incompatibles entre sí y, por tanto, no susceptibles de resolución conjunta, resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar la inadmisibilidad de dicho recurso, pues de lo contrario, se vulneraría la garantía del debido proceso al admitir un medio impugnativo que no puede resolverse sobre la base de la unidad de procedimientos característicos de la acumulación de pretensiones en general [Vid. Rengel Romberg, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, Venezuela, 1991].
Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Penal declara inadmisible el presente recurso de revisión, en virtud de haberse alegado conjuntamente dos supuestos de procedencia que corresponden al conocimiento de distintos órganos jurisdiccionales y cuya tramitación se efectúa a través de procedimientos incompatibles entre sí, de conformidad con lo establecido en los artículos 465 y 466 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.”
Comentario de Acceso a la Justicia: En este caso se declara inadmisible el recurso de revisión penal, por considerar que el recurrente presentó se fundamentó en dos causales o motivos de revisión que en criterio de la Sala resultan contradictorios entre sí, cuyo conocimiento correspondería a distintos Tribunales y con procedimientos incompatibles; no obstante, si bien es cierto que el conocimiento del asunto podría corresponder a Tribunales diferentes dependiendo de la causal de revisión invocada, no es menos cierto que cualquier tribunal que resulte competente deberá aplicar el mismo procedimiento, es decir, el de la revisión. Además, la incompetencia podría impedir a la Sala pronunciarse con respecto a uno de los alegatos, pero no con respecto al otro. Por ello, consideramos que no debió declararse inadmisible el recurso, sino pronunciarse al fondo con respecto al punto que le corresponde a la Sala y desechar aquél para el cual no es competente.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197744-145-7417-2017-17-54.HTML
TSJ/SCP Nº: 143 Fecha: 07-04-2017
Caso: José Gregorio Brito Moreno
Decisión: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano JOSÉ GREGORIO BRITO MORENO. Anula la sentencia dictada, el 31 de mayo de 2016, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro. Ordena remitir la presente causa a la Presidencia del referido Circuito Judicial Penal, a los fines de constituir una Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, para que se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto, con prescindencia del vicio que dio lugar al presente fallo.
“Siendo así, es innegable que la referida Sala Única incurrió en el vicio denunciado en casación por la defensa respecto a la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 157 y 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que no dio respuesta a los alegatos expuestos en el recurso de apelación referidos “a la falta de contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia”, en la cual presuntamente habría incurrido la Jueza Primera Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, al dictar la sentencia condenatoria, en virtud que, según consideró la defensa, dicha juzgadora omitió el análisis y comparación de las pruebas evacuadas en el debate oral y público.
En efecto, la referida Sala de la Corte de Apelaciones sustentó la sentencia hoy recurrida en casación, en un argumento común, que puede servir de fundamento para declarar sin lugar cualquier recurso, ya que luego de limitarse a transcribir el texto integro del fallo recurrido, y de citar doctrina y jurisprudencia relacionadas con la motivación de la sentencia, concluyó afirmando que del análisis de la sentencia de juicio se observaba que las pruebas habían sido debidamente valoradas y adminiculadas conforme a derecho, en razón de lo cual, dicha decisión del juzgador de juicio estuvo motivada.
A criterio de esta Sala de Casación Penal, la reseñada actuación de la alzada comporta la infracción de la garantía a la tutela judicial efectiva, toda vez que si bien dicha garantía no consiste en la obtención de una resolución favorable, la misma tiene que ser una resolución motivada, esto es: razonable, congruente y fundada en derecho.
De allí, que el derecho a la motivación del fallo sea de carácter subjetivo para las partes del proceso, y su ejercicio no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que dichas partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe entenderse como la exigencia en cuanto a que toda resolución judicial tiene que apoyarse en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales en los cuales se fundamenta.
…OMISSIS,,,
De lo anterior, se advierte que la falta de motivación de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, se produce bien por la omisión sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, o por la falta de fundamentos que permitan conocer la resolución de la denuncia alegada, tal violación quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa de las partes intervinientes, al no permitírseles conocer los motivos por los cuales fueron rechazados los alegatos expuestos en la apelación.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza y ratifica los criterios relativos a las circunstancias que deben ocurrir para que exista el vicio de inmotivación en la sentencia, indicando que la respuesta genérica sin dar respuesta expresa a los alegatos de impugnación constituye inmotivación.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197742-143-7417-2017-C16-319.HTML
Posted on marzo 20, 2017 mayo 17, 2017
TSJ/SCP Nº: 083 Fecha: 20-03-2017
Caso: Henry Eduardo Pedraza Ortíz
Decisión: Desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa.
“Se hace necesario un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a los autos que ponen fin al proceso y que se equiparan a las sentencias definitivas.
En efecto la Sala Constitucional estableció que la decisión que se dicta en el procedimiento de admisión de los hechos es un auto y se debe apelar como un auto interlocutorio lo cual se contradice con la misma Sala, que declaró respecto al sobreseimiento, pues en ese sentido se estableció que aunque es un auto, al tener fuerza de sentencia debe apelarse como si fuera apelación de sentencia y no de auto.
Esta disparidad de criterios, con todo el respeto por los Magistrados, podría conllevar a la inseguridad jurídica, toda vez que ambos autos (decisión de sobreseimiento y decisión por admisión de los hechos) tienen los mismos efectos de sentencia definitiva por cuanto ponen fin al juicio e impiden su continuación. Y la consecuencia de considerar que las apelaciones respectivas a cada uno de ellos se apela de modo diferente, no solo conlleva inseguridad jurídica para los usuarios de la administración de justicia, son que al tramitarse la apelación como auto se lesiona la tutela judicial efectiva toda vez que el trámite no permite la celebración de una audiencia oral. Y esta audiencia es tan importante como el contenido escrito del recurso que se plantee, tratándose de la oralidad no solo un principio rector, y la escritura de a excepción, resulta que la oralidad produce la inmediación el apelante y los magistrados que asistan a la audiencia.
En el presente caso, el recurso de apelación se tramitó como recurso contra auto interlocutorio y no se celebró audiencia, por lo que el recurso se resolvió a través de la lectura efectuada por la ponente, quien omitió detalles que bien se hubiesen podido resaltar en la audiencia oral, de haberse realizado, obteniendo una dispositiva distinta con la anulación de la decisión apelada, tal como se explicara de seguidas al fundamentar el presente recurso de casación.
Por otra parte, en el escrito de apelación se ofrecieron pruebas documentales que bien podrían incorporarse a la audiencia mediante lectura de haberse celebrado la audiencia, en efecto en la apelación se dijo:
Y no obstante a este ofrecimiento la Corte de Apelaciones violó el contenido del artículo 442 en su 2do aparte del COPP que dispone ‘si alguna de las partes ha promovido prueba y la Corte de Apelaciones la estima necesaria y útil, fijará una audiencia oral. …´.
La Corte de Apelaciones no se pronunció acerca de la pertinencia de las pruebas ofrecidas, para fijar la audiencia oral e incorporarlas en ella mediante la lectura. Y tomando en cuenta que se ofreció todo el contenido del expediente, entre las actuaciones se encontraba el escrito de acusación donde la Fiscalía (sic).
La cualidad para solicitar la interpretación aquí planteada me deviene de mi carácter de defensora en esta causa penal y de la consecuencia que produjo la no celebración de la audiencia. …”.
En lo concerniente al referente punto, se observa que la recurrente pretende plantear como punto previo, una solicitud de interpretación en lo referente a si el “… procedimiento de admisión de los hechos es un auto y se debe apelar como un auto interlocutorio. …”, en tal sentido, la Sala pasa a realizar las siguientes consideraciones:
El recurso de interpretación es un medio procesal preventivo y de carácter excepcional, dado que su finalidad consiste en declarar el sentido y alcance de una norma de rango legal y evitar así las dudas que pudieran ir en desmedro de los derechos constitucionales de las partes. Por tal motivo, no puede ser considerado un recurso normal para la resolución de cualquier duda que se le presente al peticionante durante el desarrollo del proceso penal. Tal como lo ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 777, de fecha 2 de diciembre de 2015.
Siendo así, la procedencia del recurso de interpretación, está determinada por el cumplimento de una serie requisitos, en tal sentido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en sentencia N° 368, de fecha 24 de octubre de 2013, lo siguiente:
“… esta Sala de Casación Penal ha establecido en reiteradas oportunidades (ver sentencia N° 237, del 15 de julio de 2004, entre otras), cuáles son los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación, entre ellos, los siguientes:
La conexión con un caso concreto para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal, que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional en la aclaratoria de ésta. Quien intente un recurso de interpretación debe invocar un interés jurídico, actual, legítimo y fundado en una situación jurídica correcta y que requiera necesariamente, la interpretación de disposiciones legales aplicables al caso concreto para que cese la incertidumbre que motivó su solicitud.
La solicitud de la interpretación debe expresar con toda precisión en qué consiste la oscuridad, ambigüedad o la contradicción de las disposiciones cuya interpretación se solicita.
Que el recurso de interpretación no sustituya los recursos procesales existentes, pues si existieren medios de impugnación la interpretación solicitada deberá declararse inadmisible.
Será inadmisible el recurso de interpretación cuando la Sala haya resuelto el punto y no sea necesario modificarlo.
Que la disposición cuya interpretación y análisis se solicita sea de rango legal…”.
Ahora bien, en lo concerniente al punto previo planteado por la recurrente, la Sala observa que si bien se hace mención al artículo 442, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, la pretensión del recurrente se enfoca en buscar por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un pronunciamiento sobre una supuesta disparidad de criterios expuestos por la Sala Constitucional de este Tribunal, lo cual no corresponde a la finalidad del recurso de interpretación.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala confunde una solicitud de pronunciamiento realizado por el recurrente, en cuanto al sentido y alcance que debe dársele a unas normas aplicables al caso en concreto y necesarias para resolver uno de los puntos planteados en el recurso de casación; con un recurso autónomo de interpretación de normas; negándose en definitiva a pronunciarse sobre el punto, porque la solicitud no llena los requisitos jurisprudencialmente establecidos para interponer este tipo de acciones.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/197204-083-20317-2017-C16-408.HTML
TSJ/SCP Nº: 080 Fecha: 20-03-2017
Caso: Ericsson Cheyn Avendaño Delgado,
Decisión: Desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto por la defensa del ciudadano ERICSSON CHEYN AVENDAÑO DELGADO.
“Ahora bien, en cuanto al deber de indicar los motivos de procedencia del recurso de casación, quien recurre indicó la violación de ley por falta de aplicación de los artículos 157, 346 (numeral 4) y 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Especificando el recurrente que la Corte de Apelaciones no resolvió los puntos alegados en el recurso de apelación y a su vez refiere su inconformidad con dicho pronunciamiento, considerando que hizo una motivación defectuosa.
Siendo necesario destacar, que dicha denuncia carece de la debida fundamentación, ya que además de resultar contradictorios los argumentos expuestos, no cumple con los requisitos previstos en el artículo 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales establecen taxativamente los motivos de procedencia del recurso de casación, debiendo quien recurre, indicar con toda precisión, por qué considera que hubo falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de un precepto legal, así como el modo en que impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente.
Por otra parte, la Sala ha decidido reiteradamente, que la defensa no puede procurar por medio del recurso de casación, que sean revisados fallos que no le son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, debiendo cumplirse con los requisitos que establece la ley, por cuanto este grado del proceso penal, no constituye una tercera instancia que puede conocer de todas las decisiones, por el simple hecho que el impugnante las considere contrarias a los intereses de su defendido.
Haciendo énfasis, que cuando la pretensión de una de las partes es resuelta y ésta no le es satisfactoria en todas sus aspiraciones, ello no implica que la misma sea inmotivada. Por ello, la importancia que todo argumento expuesto en el recurso, desarrolle de forma clara y precisa cuál es el vicio, cómo incidió y el efecto que produjo en la decisión recurrida.
Así mismo, el recurrente indicó que la Corte de Apelaciones no analizó y comparó las pruebas existentes en autos para determinar la perpetración del delito y bajo este aspecto, debe reiterarse que la valoración de pruebas corresponde a los tribunales de instancia y, aún cuando la defensa impugna la decisión de la corte de apelaciones, de sus alegatos, se infiere la intención, que la referida instancia judicial valore los medios de prueba.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza, a la luz del caso concreto, la necesidad de que los alegatos de vicios en la sentencia que se recurre en casación sean explicados y fundamentados exhaustivamente, sin que ello implique que la Sala se pronuncie una tercera vez sobre el fondo del asunto, ni que valore nuevamente las pruebas presentadas en el juicio.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/197201-080-20317-2017-C16-266.HTML
Posted on febrero 20, 2017 abril 6, 2017
TSJ/SCS N° 082. Fecha: 20-02-2017
Caso: Recurso de Casación en demanda interpuesta por Nielsy Romero y otro contra Global Guards, C.A. y otra
Decisión: Se declara Con Lugar el Recurso de Casación y en consecuencia se Anula la decisión recurrida.
“Bajo ese orden argumentativo, esta Sala de Casación Social pudo apreciar de los recibos de pagos pertenecientes a los trabajadores -a los que se les confirió valor probatorio- que quincenalmente éstos percibían una remuneración conformada por los días trabajados, días libres, bono nocturno -en el caso del ciudadano Nielsy Enrique Romero-, bono de eficiencia, prima de antigüedad, hora de descanso y hora adicional de trabajo, entre otros elementos que variaban conforme al tiempo empleado en la labor desplegada por estos trabajadores independientemente del resultado, lo que conduce a asegurar que la remuneración percibida por los actores no pueda catalogarse como un salario variable, pues el trabajo desarrollado por los accionantes se enmarca dentro de un salario estipulado por unidad de tiempo y no por obra, por pieza o a destajo.
En sintonía con lo expresado, esta Sala de Casación Social mediante decisión Nro. 1.215 de fecha 2 de diciembre de 2013, caso: Alexis Jovan Ocariz Silva contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A.), dejó sentado lo siguiente:
El carácter del salario lo determina la unidad considerada para medir su cuantía, así el salario es fijo cuando es estipulado por unidad de tiempo, en este caso se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin considerar el resultado del mismo. En cambio, el salario es variable cuando es estipulado por obra, por pieza o a destajo, en estos casos se toma en cuenta el trabajo realizado por el trabajador, sin considerar el tiempo empleado para ejecutarlo.
En el caso de autos, el salario fue estipulado por unidad de tiempo -mensual-, lo que significa que el salario es fijo, sin que pierda su carácter porque el trabajador percibiera un bono de producción anual con un monto variable, sostener lo contrario sería como pretender que, mutatis mutandi, un salario estipulado por unidad de tiempo o fijo se convierta en salario variable porque el trabajador perciba montos variables por laborar horas extras regularmente.
Del criterio parcialmente transcrito, se desprende que el salario estipulado por unidad de tiempo o fijo no puede convertirse en una remuneración variable porque el trabajador perciba montos inconstantes por laborar en horas adicionales entre otros -como ocurre en el asunto bajo examen-, lo que conduce a esta Sala a determinar que el salario devengado por los accionantes era un salario fijo, por consiguiente, ello no tendría incidencia en el pago de los días domingos y feriados, conforme a lo previsto en el artículo 216 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997.”
Comentario de Acceso a la Justicia: Se reitera el criterio que establece que la diferencia entre salario por unidad de tiempo o fijo y salario variable es la unidad de medida sobre la cual se calcula, tal y como se establece en los artículos 113 y 114 de la LOTTT.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196197-082-20217-2017-16-400.HTML
Posted on febrero 13, 2017 junio 29, 2017
TSJ/SCC N° RC.000028. Fecha: 13-02-2017
Caso: Recurso de Casación en demanda por cumplimiento de contrato de venta interpuesto por YVELITZE MAZA NUÑEZ y CÉSAR ARMANDO CAMPOS RODRÍGUEZ contra GILMAR ELIZABETH GALENO CARREÑO y TEODALDO JOSÉ JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Al respecto, la Sala indicó:
“En este orden de ideas, estima la Sala pertinente realizar las siguientes reflexiones: la justicia y el acceso a ella mediante el proceso, se encuentra garantizado en el artículo 257 de la Carta Política, según el cual: “…el proceso constituye una herramienta para realizar la justicia…” con este postulado constitucional se materializa la tutela judicial efectiva que a su vez la ejercita el justiciable cuando tiene la posibilidad de acceder a un proceso, vale decir, tiene acceso a la jurisdicción.
Ahora bien, ese derecho de acceso a la justicia se encuentra íntimamente vinculado con el tema de la admisibilidad de la pretensión, lo que, en consecuencia, determina que deben evitarse obstáculos que impidan ese acceso.
Lo anteriormente señalado, devela con meridiana claridad que se está en presencia de un problema de orden público procesal, dado que el juzgador de alzada para declarar la inadmisibilidad de la demanda, se fundamentó en el análisis de que se trata de una demanda que para el momento de su presentación no había nacido obligación alguna para los demandados, la cual consideró, “…contrario a derecho toda vez que la obligación de trasmitir la propiedad del inmueble el plazo no estaba vencido…”, advirtiendo que en el caso bajo estudio operó una causal de inadmisibilidad de la demanda dada que la pretensión de la misma está prohibida expresamente por ser materia de orden público y contraria a ley.
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos y contrario a lo declarado por la alzada, la Sala observa que en el sub judice no se evidencia la violación del orden público con la demanda, ni que la misma sea contraria a las buenas costumbres, ni existe ninguna disposición legal que prohíba su trámite, denotándose así la confusión, en el presente caso, entre las causales de inadmisibilidad de la demanda con las causales de improcedencia, las cuales tienen consecuencias jurídicas distintas.
De lo analizado concluye la Sala que el ad quem, violentó el debido proceso y lesionó el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del accionante, pues, sin fundamento legal, declaró la inadmisibilidad de la acción sin sustanciar el juicio, evitando que la pretensión pudiera ser discutida y demostrada, privándosele en consecuencia al accionante del ejercicio legítimo a la acción y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución, así como los artículos 15 y 341 del Código de Procedimiento Civil, generando todo ello la nulidad de la decisión y, por vía de consecuencia, de las actuaciones procesales ejecutadas en dichas condiciones.”
Comentario de Acceso a la Justicia: Se ratifica el criterio de la Sala sobre el carácter restringido de las causales de inadmisibilidad de la demanda y la necesaria distinción que debe hacerse entre éstas y las causas de improcedencia de la demanda.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/febrero/196003-RC.000028-13217-2017-16-452.HTML
Posted on junio 13, 2016 marzo 25, 2017
Tipo de Recurso o demanda: Recurso de Casación.
TSJ/SCS N°546 Fecha: 13/06/16
Comentario. Determinó la SCS/TSJ que el demandante devengaba un salario variable y no fluctuante (sin importar que no recibía una comisión y que no vendía productos), puesto que su labor consistía en la promoción de productos, lo que aparejaba como consecuencia que su salario fuera fluctuante, oscilando en el tiempo y dependiendo de factores ajenos a su desempeño individual.
La jurisprudencia y la doctrina lo que ha estipulado es que el salario es “Fijo” cuando su alteración es definitiva, es decir, no puede luego bajar el monto de la remuneración, y por el contrario es “Variable” cuando la fluctuación puede luego de subir, volver a bajar. En el caso referido, el salario subía y bajaba. Por tanto, el concepto de “Salario Fluctuante” no existe en la legislación laboral, lo que existe es la remuneración Fija o la Variable que afectan la forma de cálculo de las prestaciones sociales (art. 1221 LOTTT); pago de Vacaciones (art. 121 LOTTT) y el sistema de pago de descansos y feriados (art. 119 LOTTT).
Decisión: Sin lugar el recurso. CONFIRMA la sentencia recurrida
“A razón de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncian la transgresión de los artículos 216 y 217 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aplicable ratione temporis, por ‘errónea aplicación’ al considerar que la recurrida aplicó erradamente el criterio establecido por la Sala de Casación Social en sentencia N° 478, en fecha 25 de junio de 2013, la cual analizó la naturaleza del pago de los días de descanso y feriados para aquellos trabajadores que devengaban un salario variable, siendo lo cuestionado en el caso en particular la remuneración percibida por un ‘Especialista de Ventas’.
En refuerzo de lo anterior, expone que el demandante en este juicio era un visitador médico, quien no vendía productos, puesto que su labor consistía en la promoción de productos, lo que aparejaba como consecuencia que su salario fuera fluctuante, oscilando en el tiempo y dependiendo de factores ajenos a su desempeño individual.
Delata la parte formalizante demandada la infracción de los artículos 216 y 217 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, aplicable rationae temporis, referidos a la forma de pago de los días de descanso semanal y feriados, los cuales son del siguiente tenor:
De las normas transcritas, se desprende que cuando el salario es estipulado por unidad de tiempo, el pago de los días de descanso semanal obligatorio –en el caso de autos sábado y domingos–, así como los días feriados está comprendido dentro de la remuneración, pero, cuando un trabajador devenga un salario variable, el pago que corresponde a los días de descanso semanal y feriados debe calcularse con base en el promedio de lo generado en la respectiva semana.
En este contexto, la Sala de Casación Social de este alto Tribunal en sentencia Nº 633 de fecha 13 de mayo de 2008 (caso: Oswaldo José Salazar Rivas, contra Medesa Guayana, C.A.), estableció:
Del criterio jurisprudencial expuesto, se colige que cuando un trabajador devenga un salario variable, el pago que corresponde a los días de descanso semanal y feriados debe calcularse con base en el promedio de lo generado en la respectiva semana, o, con el promedio del mes correspondiente cuando las comisiones generadas se calculen y liquiden mensualmente.
No obstante, es imperioso precisar conforme se expuso en la resolución de la primera delación, que lo pretendido por la representación judicial de la parte demandada es cuestionar la percepción variable de los montos cancelados a favor del ciudadano Antonio José Cortez Delgado, cuestión ya resuelta por esta instancia jurisdiccional precedentemente, lo que imposibilita la procedencia de la presente denuncia, al evidenciar esta Sala que el juez de segunda instancia acertadamente constató, el error en que incurrió la sociedad mercantil Merck, S.A., en el pago en la incidencia de los días de descanso y feriados al no considerar los montos totales dispuestos en los reportes mensuales de incentivos para la obtención del quamtum de las diferencias solicitadas.”
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/188280-0546-13616-2016-13-1582.HTML
TSJ/SCS N° 540 Fecha: 13/06/16
Comentario de Acceso a la Justicia. La SCS/TSJ estableció que la tacha de documentos sólo procede contra los documentos públicos.
“En el caso sub-lite, el juez de segunda instancia si bien no se limitó al alegato esgrimido por la parte demandada en la audiencia de apelación, indicó que por tratarse el medio de ataque propuesto por la parte actora en la audiencia de juicio, de la tacha de documento privado, a los fines de evidenciar un vicio en el consentimiento, el mismo no era el mecanismo idóneo. De modo que, la sentencia recurrida se pronunció sobre el alcance del medio de prueba aludido, y fundamentado en el contenido del artículo 83 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que indica de manera taxativa los motivos por los cuales puede ser solicitada la tacha de falsedad, y motivándose en lo establecido en el artículo 1.381 del Código Civil, aplicable por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, concluyó que ninguna de las causales contenidas en las disposiciones normativas podían subsumirse en los hechos de violencia alegados por la parte accionante, y por tanto le otorgó eficacia probatoria a las documentales cuestionadas.
Es trascendental, para la resolución de la presente delación precisar que el vicio de incongruencia positiva se verifica cuando el juez extiende su pronunciamiento a alegatos no formulados en el proceso, es decir, cuando arriba a conclusiones sustituyendo la carga alegatoria otorgada a las partes en litigio.
No obstante, debe afirmarse que el juez como figura garante de una efectiva administración de justicia, está obligado a considerar el ordenamiento jurídico aplicable a los fines de emitir una sentencia ajustada a derecho y enmarcada dentro de las potestades que la ley le atribuye, todo en atención al principio iura novit curia, que establece que el juez como conocedor del Derecho no está atado al que le invoquen las partes, sino que está en la obligación de aplicar las normas idóneas y conducentes, para la obtención de la verdad material, puesto que las consecuencias jurídicas previstas en las normas que regulan la materia laboral, no pueden estar supeditadas al capricho de los justiciables, sino que deben subsumirse al supuesto de hecho que las contempla, para así tener plena eficacia y lograr el alcance legal propuesto.
En tal sentido, esta Sala de Casación Social de la reproducción de los argumentos expuestos por la parte accionante para formular la incidencia de tacha, no logra constatar que los mismos encuadren dentro de alguna de las causales taxativas contempladas tanto en el artículo 83 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como en las previstas en el artículo 1.381 del Código Civil, careciendo el mecanismo de defensa ejercido –tacha de instrumentos– de fundamentos que hagan subsumible el supuesto de la norma a la situación de hecho alegada, tal como ocurre en el presente asunto, dado que al pretenderse mediante la tacha de instrumentos, el análisis de vicios en el consentimiento, desnaturalizando el alcance de la misma, es indefectible considerar que el juez como rector del proceso y garante de la idónea aplicación del derecho, actuó acertadamente al evidenciar la errónea apertura de la incidencia de tacha por parte del juzgado de juicio de primera instancia y en aplicación íntegra del principio iura novit curia, determinó la improcedencia de la tacha de documento privado propuesta por la parte accionante y le atribuyó valor probatorio a las documentales cuestionadas.
Por los razonamientos expuestos no incurrió la sentencia recurrida en el vicio de incongruencia delatado y, en consecuencia, se declara la improcedencia de la denuncia analizada. Así se establece.”
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/188269-0540-13616-2016-12-929.HTML
Posted on mayo 17, 2016 marzo 24, 2017
TSJ/SCS sentencia N° 474. Fecha: 17/05/16.
Comentario de Acceso a la Justicia: Ratificó la SCS/TSJ su doctrina sobre la incomparecencia a la audiencia de apelación. Cuando el abogado no puede asistir por una causa extraña no imputable, el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denunciado como infringido por falta de aplicación, establece que en caso de que la parte demandada no comparezca a la audiencia preliminar se tendrán por admitidos los hechos alegados por el demandante, así como que la parte demandada podrá ejercer recurso de apelación contra dicha decisión; pudiendo el tribunal superior confirmar la sentencia de primera instancia o revocarla, cuando considerare que existieren justificados y fundados motivos para la incomparecencia del demandado por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables a su criterio.
Igualmente, el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo delatado como infringido, dispone que en el día y la hora fijado para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados; así como que en caso de incomparecencia de cualesquiera de las partes, se considerarán como causas justificativas de su inasistencia el caso fortuito o fuerza mayor, comprobables a criterio del tribunal.
En cuanto a las causas extrañas no imputables que configuran el incumplimiento involuntario del deudor, previstas en el artículo 131 de la Ley adjetiva laboral, esta Sala en sentencia Nº 115 del 17 de febrero del año 2004, con ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz (caso: Arnaldo Salazar Otamendi contra Publicidad Vepaco, C.A.), ratificada mediante sentencia N° 1046 de fecha 16 de noviembre del año 2015, con ponencia de la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero (caso: Junnior Alexander Castro Santiago contra las sociedades mercantiles Grupo Mira, C.A. y Constructora Oreka, C.A.)
Decisión: CON LUGAR el recurso de casación. ANULA el fallo recurrido y se REPONE la causa y fija nueva oportunidad para la celebración de la audiencia de apelación.
“Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se desprende que toda causa o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse, ser sobrevenida, no previsible, ni puede responder a la voluntad del obligado. Además, esta Sala flexibilizó el patrón de causas extrañas no imputables a las partes, considerando también aquellas eventualidades del quehacer humano que siendo previsible e incluso evitables, imponen cargas complejas que escapan de la voluntad del deudor para cumplir con la obligación adquirida.
En el presente caso, el apoderado judicial de la demandada, no compareció a la audiencia de apelación fijada para el día 27 de octubre del año 2014 a las 09: 00 a.m., tal como se desprende del auto dictado por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que cursa agregado al folio 754 de la tercera pieza del expediente, declarando mediante sentencia proferida en fecha 29 de octubre de 2014, lo siguiente:
… De lo supra transcrito se constata que la sentenciadora ad quem actuó ajustada a derecho, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declaró desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, motivado a su falta de comparecencia a la audiencia oral y pública de apelación, por intermedio de alguno de sus representes estatutarios, ni por medio de sus abogados. Así se declara.
Posteriormente, en fecha 5 de noviembre del año 2014, la parte demandada presentó ante el Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, escrito mediante el cual solicitó la nulidad de la citada sentencia de fecha 29 de octubre del mismo año y la reposición de la causa al estado en que se fijara una nueva oportunidad procesal a fin de celebrar la audiencia oral y pública de apelación; alegando que la intención de la demandada no era desistir de la apelación interpuesta y explicando que el motivo de su incomparecencia obedeció a que el mismo día 27 de octubre del año 2014, para el cual se había fijado la celebración de la referida audiencia, a las ocho de la mañana el representante judicial de la empresa accionada, al encontrarse en su oficina sintió quebrantos de salud consistentes en dolores a nivel de la parte baja de la espalda, náuseas, molestias para orinar y fiebre, por lo que se vio en la imperiosa necesidad de acudir a consulta médica en la especialidad de nefrología del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación, habiéndosele diagnosticado un cólico nefrítico derecho, consignando adjunto a esa diligencia, el respectivo informe médico suscrito por la Dra. Petra Jáuregui de Rivas, médico nefrólogo del citado Instituto, cursante al folio 793 de la tercera pieza del expediente.
Asimismo, en fecha 7 de noviembre del año 2014 el representante judicial de la demandada, consignó diligencia ante el Tribunal Superior en cuestión, a través de la cual anunció que en el supuesto de declararse improcedente la solicitud de reposición de fecha 5 de noviembre del año 2014, ejercía recurso de casación contra la sentencia emitida por el mismo en fecha 29 de octubre del mismo año.
Así las cosas, en cuanto a la solicitud realizada por la demandada, de reposición de la causa al estado de fijar nuevamente la audiencia oral y pública de apelación, el Juzgado Superior mediante auto de fecha 13 de noviembre del año 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señaló que después de pronunciada la sentencia el Tribunal que la haya dictado no podrá revocarla ni reformarla; así como que el justificativo de incomparecencia a la audiencia de apelación fue presentado en fecha posterior a su publicación, por lo que negó la declaratoria de nulidad y reposición de la causa al estado de fijar nuevamente la audiencia de apelación.
No obstante, al constatar esta Sala que la incomparecencia del único apoderado de la parte demandada, obedeció a haber presentado quebrantos de salud consistentes en dolores a nivel de la parte baja de la espalda, náuseas, molestias para orinar y fiebre, por lo cual se vio en la necesidad de acudir a consulta médica en la especialidad de nefrología del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación, en fecha 27 de octubre del año 2014 a las 8:45 a.m., diagnosticándosele cólico nefrítico derecho, consignado ante el Juzgado Superior el respectivo informe médico suscrito por la Dra. Petra Jáuregui de Rivas, médico nefrólogo del citado Instituto, el cual constituye un documento público administrativo que goza por su naturaleza de una presunción de veracidad; quedando demostrado de esa forma, que la incomparecencia del único apoderado de la demandada, se produjo por una causa extraña no imputable a la parte, que se puede considerar incluida entre aquellas eventualidades del quehacer humano que siendo impredecible e inevitable, escapa de la voluntad de la misma para cumplir con la obligación adquirida y en razón de ello, resulta imperioso para esta Sala, declarar procedente la presente denuncia, toda vez que al dejar firme la sentencia recurrida, se estaría cercenando el derecho a la defensa y el debido proceso de la parte demandada recurrente, al no poder hacer valer la causa justificativa de su incomparecencia a la audiencia de apelación.
Como consecuencia de la procedencia de reposición solicitada, se declara con lugar el recurso de casación, anulando el fallo recurrido y se repone la causa al estado en que el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia de apelación, sin que sea necesaria la notificación de las partes. Así se declara.”
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/187776-0474-17516-2016-14-1704.HTML

References: artículo 462
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 resolución 
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 artículo 442
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 artículo 452
 artículo 216
 artículo 257
 artículo 168
 artículo 313
 resolución 
 artículo 83
 artículo 1
 artículo 11
 resolución 
 artículo 83
 artículo 1
 artículo 131
 artículo 151
 artículo 131
 artículo 164
 artículo 252
 artículo 11