Source: http://soloderecho.com/viewtopic.php?f=28&t=5180&sid=20b5a3474906f527c46f99985351486c&start=100
Timestamp: 2018-06-21 21:32:06+00:00

Document:
121 mensajes • Página 11 de 13 • 1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
por ariel armando » Dom Jul 11, 2010 12:37 pm
Niegan erróneo encuadre de relación laboral de petrolero
La Cámara enfatizó que el hecho de recibir dinero en playa no cambia la categoría del trabajador, ya que puede realizar esa tarea con derecho a la percepción del adicional por quebranto de caja.
Con sustento en la prueba testimonial -que dio cuenta de que el operario de playa de estación de servicio no tenía a su cargo la supervisión del establecimiento ni el control del personal- y al considerar que el hecho de recibir dinero de los clientes no lo convirtió en encargado de turno, la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo negó que la firma Compañía Rimidan SA haya encuadrado erróneamente a su ex empleado.
A su turno, el actor adujo que se encontraba incorrectamente registrado según el CCT aplicable, señalando que era encargado de playa y no un simple operario.
Ante ello, el tribunal -integrado por Eladia Garnero de Fazio- sostuvo que, conforme la testimonial rendida en la causa, se determinó que aquél no realizaba las tareas que la normativa describe como correspondientes al encargado de turno. De tal manera, la jueza destacó que el demandante no tenía a su cargo la supervisión del desenvolvimiento del establecimiento pues no controlaba a otros dependientes ni podía sancionarlos, acotando que tampoco tenía la responsabilidad de la recaudación por ventas en su sección y turno ni la confección de la planilla de caja.
Por ello, la camarista consideró que el ex dependiente se encontraba correctamente encuadrado, de acuerdo con las tareas que realizaba como operario de la playa, aclarando que no desvirtuaban su conclusión los informes remitidos por la entidad sindical. En tal sentido, puntualizó que el hecho de recibir dinero en playa no convierte a un trabajador en encargado ya que, según surge del artículo 17, CCT 58/89, el personal, cualquiera fuere su categoría, puede realizar esa tarea con derecho a la percepción del adicional por quebranto de caja.
por Solo Derecho » Jue Jun 21, 2018 6:32 pm
Registrado: Jue Jun 21, 2018 6:32 pm
por ariel armando » Dom Jul 11, 2010 12:40 pm
ENCUADRAMIENTO CONVENCIONAL. TAREAS DE AUDITORÍA BANCARIA DESEMPEÑADAS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON EMPRESAS PRIVADAS. CCT N° 18/75. Ámbito de aplicación. DIFERENCIAS DE HABERES Y VIÁTICOS. Improcedencia.*
El caso Un trabajador demandó a una entidad bancaria en conjunto con otras empresas asociadas. Relató que realizaba tareas de auditoría tanto en la sede central como en las sucursales que aquélla posee en capital y provincia. Agregó que se desempeñó en la categoría de “auditor senior” y que tenía tres personas a su cargo, percibiendo su remuneración de parte de una de las firmas y que la otra le hizo suscribir un contrato a plazo fijo como condición para seguir trabajando en las funciones de auditoría en el Banco. Adujo que las labores desempeñadas eran estables y permanentes, lo que le originaba una lógica expectativa de permanencia en el trabajo, por lo que impugnó el contrato mencionado. Destacó que el salario bruto que se la abonaba era inferior al que debió percibir aplicando la escala salarial de los trabajadores bancarios (CCT 18/75), y que bajo el ropaje de “tercerización” se lo hacía figurar como empleado de las mencionadas empresas, siendo que la verdad real era que las tareas las realizaba para el propio banco. A su turno, una de las firmas codemandadas reconoció que el actor se desempeñó como auditor junior “A” pero argumentó que al prescindir de sus servicios se le abonó la liquidación final, la que fue aceptada de plena conformidad. La otra sostuvo que el accionante pactó un contrato en virtud del cual se obligaba a prestar servicios para el estudio y no para el Banco; que en cumplimiento de las previsiones del art. 94 de la LCT se cursó preaviso en forma personal mediante acta notarial para ratificar y anoticiar el vencimiento contractual. Finalmente, el Banco destacó que el demandante cumplía funciones de auxiliar en las tareas de auditoría, aunque negó los hechos y el derecho invocados. Además, sostuvo que no cuenta con inspectores que desarrollen las tareas que aquél esgrimió. La Sala de la CámaraÚnica de Trabajo rechazó la demanda incoada en todas sus partes
1. El CCT 18/75 rige la actividad bancaria y comprende, según lo establece su art. 3º, a empleados, personal de maestranza, obreros y de servicio, de bancos oficiales y privados de todo el país, sean éstos nacionales, provinciales, municipales o mixtos.
2. Los dependientes o la principal no eligen qué convenio o estatuto profesional se aplica a la actividad, ello está determinado por el ámbito de aplicación que el propio instrumento normativo establece y que las partes signatarias acuerdan al momento de constituirse la negociación..
3. Si el CCT 18/75 es de aplicación al personal dependiente de todos los bancos del país y el actor se desempeñó para empresas privadas, no puede pretender la aplicación del citado convenio pues ninguno de sus dos empleadores han sido entidades bancarias. No obsta a esta conclusión que el actor hubiese realizado trabajos de auditoría para el Banco de la Provincia de Córdoba, pues no lo hizo como dependiente de este último sino de empresas en quien la entidad bancaria había tercerizado el trabajo. Ello lleva a concluir que no corresponde encuadrar al actor en el CCT 18/75 como él pretende, por lo que mal puede reclamar el pago de haberes según la escala salarial vigente para los trabajadores bancarios, ni el monto en concepto de kilómetros recorridos y gastos (viáticos) que la mencionada entidad bancaria abonaba a sus dependientes.
4. Si no corresponde la aplicación de las disposiciones convencionales vigentes para el banco demandado ni las políticas salariales que éste reconociera a su personal por no haberse desempeñado el actor como dependiente de aquél, debe rechazarse la pretensión de pago de las diferencias de haberes reclamadas..
Sala 11ª Laboral Cba., Sent. N° 05, 18/02/2010, “Ludueña Miguel Ángel c/ Banco de Córdoba S.A. y otros - Despido”.
por ariel armando » Dom Jul 11, 2010 12:41 pm
Nuevo fallo alerta a empresas sobre el costo de subestimar riesgos al adquirir otra firma
La Justicia laboral emitió una sentencia en la que dejó en evidencia que la compañía continuadora debe tomar recaudos para evitar posibles reclamos del personal que fuera transferido de una a otra. Cómo computa, para los jueces, la antigüedad en caso de despedir a algún empleado. Opinión de expertos
Un reciente fallo de la Justicia dio un llamado de atención a las empresas continuadoras de otras. Una nueva sentencia evidenció que, aun en situaciones de “transferencias legítimas”, es necesario controlar en qué condiciones se encuentra la compañía que se decide adquirir y cuál es personal se desempeña en ella.
Es decir, en estos casos, toma especial relevancia el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social.
La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 225, establece que ante la transferencia de un establecimiento "pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergente del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aún aquellas que se originen con motivo de la misma".
Dicho artículo también agrega que "el contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se derivan".
Justamente, en este escenario, la Cámara laboral obligó recientemente a una empresa, que había adquirido otra, a computar en la liquidación final de un empleado toda la antigüedad que había acumulado que trabajó en el mismo establecimiento donde desarrollaron su actividad ambas compañías.
En esta oportunidad, el empleado fue despedido de la compañía, luego de que ésta adquiriera el establecimiento donde desempeñaba sus funciones. Entonces, se presentó ante la Justicia para reclamar las indemnizaciones correspondientes.
En su escrito, argumentó que trabajó en dos períodos:
* Desde enero de 1970 a enero de 2006.
* Desde mayo de 2006 a enero de 2008.
También señaló que al cierre de la fábrica no se le abonó indemnización ni liquidación alguna y que siempre se trató de una relación clandestina.
Relató también que volvió a trabajar a la misma fábrica, pero para otra empresa –es decir, la firma demandada-, y que si bien era explotada por esta última, las herramientas, el personal y la maquinaria eran los mismos y la producción era idéntica a la desarrollada con antelación a su cierre, por lo que existía comunidad de materiales y empleados entre ambas compañías.
El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo y computó toda la antigüedad acumulada desde enero de 1970. Para ello, consideró que había existido una transferencia de establecimiento, en los términos de los artículos 225 –mencionado más arriba- y el 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que el empleado se había desempeñado para ambas firmas.
La compañía se presentó ante la Cámara para cuestionar la sentencia ya que el juez tuvo en cuenta situaciones no expuestas en la demanda, por lo que se habría conculcado su derecho a la defensa en juicio.
Los camaristas remarcaron que, si bien es cierto que el empleado denunció que el contrato de trabajo, a las órdenes de la demandada, dio comienzo en mayo de 2006 –es decir, cuando se reincorporó- se calculó de manera errónea la indemnización por antigüedad.
El punto cuestionado se dio en que la liquidación practicada, reclamó la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la LCT por la suma de $6.000, es decir, sobre la base de una antigüedad de dos años y un salario de $3.000. Sin embargo, la indemnización final fue de $72.000, porque el juez tomó todo el período trabajado a pesar de que ese pedido no se había argumentado de manera correcta en la demanda.
Por ese motivo, la empresa remarcó que el juez se expidió sobre cuestiones no sometidas a su jurisdicción, es decir, que no habían sido objeto de controversia.
También se concluyó que “cualquiera fuera el título por el cual se operó la transferencia del establecimiento, el empleado mantenía sus derechos emergentes del contrato laboral" y correspondía que se le reconozca "su verdadera fecha de ingreso" que databa de enero del 70, "ya que la misma no fenece con motivo del traspaso”.
“La sentencia no hace más que confirmar la vigencia del principio de primacía de la realidad cada vez mayor, que se puede advertir en las corrientes jurisprudenciales actuales, aún haciéndolo primar sobre eventuales defectos existentes en el reclamo esgrimido en la demanda”, explicó Alejandro Chamatropulos, abogado del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de PricewaterhouseCoopers.
“El artículo 9 de la LCT juega un papel fundamental cuando se decide inclinar la balanza a favor del trabajador, en estos casos de cambio de empleador que se suelen caracterizarse precisamente por la complejidad probatoria”, agregó el especialista.
“Fallos como estos reafirman la imperiosa necesidad de efectuar un adecuado procedimiento de auditoría de estas obligaciones para poder recibir una empresa limpia o, por lo menos, pagar un precio justo por ella”, finalizó este experto.
En tanto, Juan Manuel Lorenzo, abogado del estudio O´Farrell, remarcó que “la decisión judicial fue correcta ya que en modo alguno se violó el principio de congruencia”.
Si bien es cierto que la redacción de los hechos en el escrito de demanda pudo no ser la mejor, de la misma "se desprende con suma claridad que existió un pasado contractual sobre el cual el trabajador manifestó no tener claridad técnica respecto a como fue la transferencia del establecimiento”, agregó el experto.
“En el caso, no existió una exposición de las pretensiones en forma ambigua. Lo que sucedió fue que las pretensiones fueron expuestas en forma poco claras. Ello no impidió a la empresa ejercitar todas las defensas a las que se considerase con derecho”, finalizó Lorenzo.
por ariel armando » Mié Jul 14, 2010 11:04 am
Polémico fallo sube de manera considerable los costos laborales.
La Justicia incluyó el bonus, el celular y la prepaga en la indemnización de una ejecutiva, por lo que se llevó casi $400.000 y elevó a casi el doble el resarcimiento original.
La tendencia de la Justicia hacia considerar al celular y a la prepaga como "dinero extra" en el cálculo de las indemnizaciones por despido pisa cada vez más fuerte.
Esta situación suele provocar un gran dolor de cabeza a las empresas ya que, ante reclamos de los empleados en los que la compañía no pueda justificar ante los magistrados por qué realizó pagos parciales periódicos -por ejemplo, premios o gratificaciones- el resultado será una importante condena que redundará en un incremento de sus costos laborales.
Si bien estos conceptos no son considerados como integrantes del salario, a los fines de efectuar aportes y contribuciones a la seguridad social, lo cierto es que los jueces sí los tienen en cuenta para determinar el pago de un resarcimiento ante la ruptura de un vínculo laboral.
De hecho, hace pocos días, se dio a conocer un fallo por el cual se obligó a una compañía a incluir al bonus, al celular y a la prepaga dentro de la indemnización de un empleado, lo que llevó el monto del resarcimiento a casi $400.000. De no haber sido contemplados estos ítems por la Justicia el importe hubiera sido la mitad.
Bonus. Luego del despido, la empleada se presentó ante la Justicia para reclamar diferencias indemnizatorias ya que, desde su punto de vista, en el cálculo no se incluyeron bonus, que percibía cada cierto período, los beneficios como los gastos por celular y la prepaga.
También reclamó por las rebajas salariales que había soportado durante la vigencia de la relación laboral.
La empresa sostuvo que las mismas se concertaron en una negociación ante el Ministerio de Trabajo y que éstas eran el único camino válido para preservar la continuidad de la compañía y los empleos.
El magistrado sostuvo que esa “particular y atípica situación de negociar condiciones contractuales en las relaciones laborales- lejos de responder, en el caso, a una iniciativa de la trabajadora, se originaron por la mera voluntad de la firma aprovechando su posición dominante, que se infiere que era habitual y común”.
Además, resaltó que la que la dependiente no obtuvo nada a cambio sino simplemente una lisa y llana disminución de sus ingresos.
El juez hizo lugar, en parte, al pedido de la empleada y sólo desestimó el reclamo en cuanto a la inclusión de la obra social y los gastos de telefonía celular en el cálculo resarcitorio.
Por esa sentencia, ambas partes se presentaron ante la Cámara.
La empresa se agravió porque se incluyó el concepto "gratificación anual extraordinaria" como parte integrante de los salarios devengados, por lo que se tuvieron en cuenta al momento de considerar la base de cálculo de la indemnización por antigüedad.
Sobre este punto, los jueces consideraron que “en los casos en que se abona con la remuneración un suplemento adicional o bonus, -en muchos supuestos sujetos aparentemente al cumplimiento de pautas objetivas o mediante evaluación, y que normalmente no se realizan-, se trata de evitar que lo abonado recaiga en un supuesto de cómputo para el aguinaldo, y así abaratar costos laborales”.
Además, señalaron que "sería muy cómodo para quien, basado en este mecanismo de reforzar los salarios de sus dependientes de mayor jerarquía mediante una simple operación de diferir ciertos pagos de gran parte de la remuneración, en forma semestral o anual y esquivar así la inclusión de dichas sumas para determinar el SAC".
"Resulta insostenible la defensa de un mecanismo que apañe el fraude, que acaece como premisa siempre, o cuando menos en la mayoría de los casos, en que se pagan tales conceptos adicionales en carácter de bonus, sueldo 13 o 14, y un sinnúmero de calificaciones diversas que se otorgan a lo que, en definitiva, no hay ninguna duda en que es remuneración en los términos del art. 103 de la LCT", agregaron los camaristas.
El segundo punto de la sentencia indica que "descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual, y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT."
Es decir que, dicho plenario circunscribe la posibilidad de excluir la bonificación abonada sin periodicidad mensual a los efectos del cálculo de la indemnización por despido, básicamente dos requisitos: 1) que los conceptos estén real y verdaderamente sujetpos al efectivo y verdadero cumplimiento de un sistema de evaluación del desempeño del trabajador; y 2) a que quede de plano descartada de plano la hipótesis de fraude laboral.
“En el caso, ni está probado que el pago de la bonificación abonada al dependiente estuviera sujeta a condición alguna, como tampoco puede darse por sentado que el importante pago efectuado en tal forma anual no fuera un supuesto de fraude laboral”, remarcaron los magistrados.
“Con la mecánica de pago anual de un importante adicional salarial abonado periódicamente, se generó una considerable ventaja económica para el empleador, en detrimento del subordinado", se lee en la sentencia.
Beneficio no remunerativo. En tanto, la empleada solicitó que se le incluyeran los gastos de medicina prepaga y telefonía celular como rubros integrantes de la remuneración.
Los camaristas consideraron que le asistía razón en su pedido ya que la empresa demandada era quien se hacía cargo de los gastos respectivos.
Sobre ese punto, señalaron que “podría llegar a dudarse sobre la eventual inclusión del uso del celular en la remuneración si el teléfono móvil se suministra al trabajador para que cumpla con su tareas o aún para que realice su prestación en forma más eficiente y confortable, pero ello no ocurre cuando, como en el caso, se trata de un empleado de jerarquía que por, su posición social, tenía dichos elementos incorporados necesariamente a su estilo de vida”.
Lo mismo afirmaron respecto a la cobertura médica llevada a cabo por una prestigiosa firma, cuyos gastos eran abonados por la compañía empleadora mediante un acuerdo inter-empresarial.-
“La adjudicación del celular y el pago de la cobertura de salud privilegiada evitaron el gasto que, de todos modos, la ejecutiva hubiera realizado y, en consecuencia, importaron una ventaja patrimonial que debe considerarse una contraprestación salarial en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo”, señalaron los camaristas.
Tomando en cuenta todos los rubros salariales, la empresa fue obligada a pagar $ 381.072,08, más los intereses respectivos.
por ariel armando » Mié Jul 14, 2010 11:05 am
Colocar cámaras de filmación en el trabajo no es acto persecutorio.
Un ex encargado de sucursal de una cadena de carnicerías se consideró despedido invocando esa causa y la falta de pago de horas extras que supuestamente había realizado.
La Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba desestimó que fuera persecutoria la actitud empresarial de colocar cámaras de filmación en el lugar de trabajo.
La decisión fue adoptada ante el planteo de un ex encargado de sucursal de la cadena de carnicerías de Estancias del Sur SA.
Frente a la pretensión de Daniel Álvarez, el tribunal sostuvo que “la circunstancia de que existieran en los locales y en la planta de la empresa cámaras de filmación, como lo es actualmente en gran número de lugares públicos y comercios de distinta índole, como medida de seguridad y aun para el control del cumplimiento del trabajo como medida general de la empresa, no es demostrativo de la persecución y hostigamiento a que alude el actor”.
En otro aspecto, al surgir de la prueba testimonial que el actor se desempeñaba en el cargo referido, encuadrándose ello dentro de la excepción establecida por el artículo 3, inciso a) de la ley 11544 – ley de jornada legal de trabajo-, el fallo denegó la procedencia del rubro horas extras, pese a que la demandada no exhibió los registros correspondientes.
Álvarez se consideró despedido por culpa de la patronal, porque no se le abonaron supuestas horas extras y por sufrir presuntas persecuciones por parte de la patronal mediante la filmación de sus labores cotidianas.
Horario. En ese contexto, la Sala 6ª, integrada por Susana Velia Castellano, precisó respecto del horario que, “si bien la falta de exhibición por parte de la demandada, del libro especial del artículo 52 del RCT, planillas de horarios y descansos y registro de horas extras (…), torna aplicable la presunción contenida en el artículo 55 del citado cuerpo legal y verosímil la afirmación del trabajador en relación”, se destacó que éste “fue desvirtuado por la declaración rendida por el testigo (…), quien se desempeñó en igual tarea que el actor así como el testigo ”.
De esas testimoniales, la magistrada advirtió que “el actor abría y cerraba el local del cual era encargado y luego de controlar el funcionamiento, se retiraba o podía hacerlo y pasaban a controlar los supervisores y en caso de activarse la alarma era llamado el actor o el supervisor que también tenía las llaves de la sucursal, desvirtuándose con esos testigos las afirmaciones de extensión horaria invocadas en el escrito de demanda”.
En esa dirección se subrayó que sus tareas de encargado “encuadran en el tipo de excepción contemplado en el artículo 3 inc. a) de la ley 11544, reglamentada por decreto 16115/33 (artículo 11)”; es decir, que la irreal registración laboral que atribuye a la ex empleadora no es tal.
por ariel armando » Mar Jul 27, 2010 11:50 pm
INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD (art. 245, LCT). Cálculo. DIFERENCIAS. Improcedencia. MEJOR REMUNERACIÓN NORMAL Y HABITUAL. Salarios percibidos en el exterior. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MISMA AUTOMOTRIZ EN EUROPA. Sometimiento a la legislación italiana. CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ARGENTINO. Tratado de corresponsabilidad en materia de Seguridad Social (ley 22861). Alcance. CONTRATOS SIMULTÁNEOS. Precisiones. Suspensión de mutuo acuerdo del contrato de trabajo celebrado en Argentina. ANTIGÜEDAD EN EL EXTERIOR. Reconocimiento. Irrelevancia.
El caso:El trabajador interpuso formal demanda en contra de la automotriz para la cual prestó servicios, reclamando diferencias de liquidación final, art. 16 de la ley 25561 y de aportes previsionales. Sostuvo que la empresa lo envió a capacitarse a Torino (Italia) y que, a su regreso, lo destinó al área para la que fue capacitado, cargo y tarea que desarrolló en Argentina y para la demandada en forma ininterrumpida durante casi tres años, hasta que se dispuso que fueran realizadas en la planta de Belo Horizonte (Brasil). Luego, nuevamente se le propuso ir a trabajar a Italia por un período de dos años. Afirmó que siempre estuvo en relación jurídica-laboral de dependencia con la empresa Fiat Auto Argentina S.A., quien determinaba su destino y abonaba sus haberes: en Argentina, Fiat Auto Argentina S.A.; en Brasil igual, y durante su estadía en Italia los haberes en euros se los pagaba Fiat Auto Spa. En ese tiempo Fiat Argentina le expedía recibo por un salario que no percibió jamás, solo a los efectos de los aportes previsionales. En virtud de ello reclamó diferencias atento a que fue sobre este último haber sobre el cual se le practicó la liquidación final al tiempo del despido, omitiendo considerar el mejor salario percibido en Europa. Y plantea la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 de la LCT. Ya en sede judicial, la demandada manifestó que Fiat Auto Spa de Italia es técnica y jurídicamente otro empleador, con el cual el actor mantuvo un contrato de trabajo ajustado a la legislación de ese país, y que esa relación finalizó con la renuncia del actor. Afirmó que no habilita el reclamo del actor la circunstancia de que ambas empresas pertenezcan o integren un mismo grupo empresario. Que no fue enviado por Fiat Auto Argentina y que solo se le mantenía suspendido el contrato en el país. Por ello, lo que percibió el actor en Italia no le fue abonado por la demandada, por lo que no constituye remuneración. La Sala de la Cámara del Trabajo desestimó el planteo del trabajador e impuso las costas por el orden causado en tanto la complejidad de la situación y lo novedoso del asunto pudieron convencer al actor sobre que le asistía derecho a litigar.
1. Si de la nota de transferencia emanada de Fiat Auto Argentina S.A. y de las notas por las cuales Fiat Auto Spa incorpora al actor, surge de manera indubitable que el actor, que se desempeñaba en relación de dependencia para una sociedad constituida conforme el derecho argentino, pasó a trabajar con otro contrato de trabajo para otra persona jurídica domiciliada e inscripta en el exterior, aunque ambas pertenezcan al mismo grupo empresario, conviene puntualizar que no resulta de aplicación el art. 229 de la LCT -cesión de personal sin incluir el establecimiento-, en tanto no se extinguió el contrato de trabajo con Fiat Auto Argentina S.A., sino que se mantuvo suspendido durante la permanencia del actor en el exterior.
2. Si se estableció que por todo el período de permanencia en Fiat Auto Spa Torino, la actividad sería regida por las disposiciones legales, contractuales y normativas vigentes en Italia; además, el actor fue incorporado a la estructura organizacional de la empresa italiana, a todos los efectos y cumpliendo con todas las obligaciones emergentes del tal vínculo de trabajo -pese a que Fiat Argentina se comprometió, y así lo hizo, a continuar realizando los aportes previsionales previstos en la legislación vigente-, y finalmente la relación laboral finalizó por renuncia del actor y con motivo de ello Fiat Auto Spa le pagó las “usuales competencias previstas por la ley italiana”; y a su vez, las tareas que el accionante prestó en el exterior beneficiaron solo a su empleador en el país de destino, es decir que su antiguo empleador en Argentina no utilizó sus servicios ni se hizo cargo del pago de su sueldo: todo ese espectro probatorio permite afirmar que se trató de dos contratos de trabajo diferentes y simultáneos, uno en ejecución y el otro suspendido.
3. Si el actor fue contratado para trabajar en un país con el que Argentina celebró un tratado de corresponsabilidad en materia de Seguridad Social (ley 22861) y por ello la demandada contribuía al sistema de seguridad social argentino para la obtención del beneficio previsional del accionante; ello no obsta a la existencia del otro contrato de trabajo.
4. La suspensión es una situación anormal que puede atravesar el contrato de trabajo, caracterizada por la paralización temporal de la ejecución de las prestaciones fundamentales. Se suspende la exigibilidad de ciertos deberes jurídicos y de determinados efectos del contrato de trabajo. Esencialmente se suspende la prestación del servicio y se exime al principal de cumplir con el pago del salario. Es decir que no afecta la existencia del vínculo sino su ejecución. En el caso se está frente a una suspensión de mutuo acuerdo, emanada de la voluntad de las partes. Si bien las suspensiones de esta naturaleza no están contempladas en norma alguna, se trata de suspensiones originadas en la voluntad individual y concurrente de las partes, que en nada afectan el orden público laboral.
5. El reconocimiento de la demandada de la antigüedad del actor incluyendo el período de licencia en el exterior, encuentra justificación en el mantenimiento del vínculo durante la suspensión, pero ello no determina que ciertas modalidades del otro contrato de trabajo produzcan efectos jurídicos en el contrato que se encontraba suspendido. Específicamente no genera derecho a ser indemnizado conforme a la remuneración percibida por otro contrato de trabajo. Por esa razón el actor no tenía derecho a que se utilizaran las remuneraciones percibidas en Italia, como base de cálculo de las indemnizaciones por despido previstas en la legislación argentina.
6. En torno a la renuncia del actor en la empresa Fiat Auto Spa Torino, si el actor no demostró sus dichos de demanda relativos a que se le exigiera la presentación de una nota de desvinculación, sin expresión de causa, la validez de la renuncia efectuada por el actor al contrato de trabajo se mantiene incólume. Se trata de un acto jurídico plenamente válido y por el que actor percibiera íntegramente la liquidación final que le correspondía conforme a la legislación italiana.
Sala 5ª Laboral Cba., Sent. Nº 8, 16/02/2010, “Rodríguez Gustavo Adolfo c/ Fiat Auto Argentina S.A. - Ordinario - Otros (Expte. Nº 59749/37)”.
por ariel armando » Vie Ago 20, 2010 7:35 pm
PEÓN RURAL - DEMANDA (CONCUBINA) - CERTIFICADO DE SERVICIO - PRINCIPIO RECTORES - BUENA FE - SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO.
SENTENCIA NUMERO: CINCUENTA Y CUATRO En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de junio del año dos mil diez, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos "SANCHEZ MARGARITA V. C/ ARMEN – COR SRL Y OTROS - DEMANDA Y SU ACUMULADO - RECURSO DE CASACION" a raíz del recurso concedido a la parte actora en contra de la sentencia N° 106/04, dictada por la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo constituida en Tribunal unipersonal a cargo de la señora juez doctora Adriana T. Zérega -Secretaría N° 13-, cuya copia obra a fs. 168/172, en la que se resolvió: “I) Hacer lugar a la demanda instaurada por Margarita Vitalina Sánchez en contra de Jorge Kasparian y Armen Cor SRL, y en consecuencia condenar a los demandados a abonar los conceptos de SAC proporcional, vacaciones proporcionales y 27 días de haberes de mayo todo de 1998, e indemnización por antigüedad rechazando los referidos a haberes de abril de 1998 y seguro de vida obligatorio por las razones y en base a la normativa citada al tratar la cuestión. II) Imponer las costas a la accionada por resultar objetivamente vencida debiendo difererise la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para cuando exista base económica suficiente para practicarla...". Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores M. Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA: La Señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: 1. La recurrente expresa que la a quo omitió pronunciarse sobre la entrega de las Certificaciones de Servicios y Cese por la relación laboral de su concubino fallecido Pedro Nidolfo López. Agrega que la circunstancia apuntada le impide acceder a una pensión y a cobertura médica. Se agravia además por el rechazo del seguro de vida obligatorio, porque entiende que demostró el derecho a percibirlo con la escritura de cesión otorgada por los herederos de aquél. 2. Asiste razón a la impugnante. De las constancias de autos surge que se demandó la documentación que certifica el tiempo trabajado por López, (fs. 2), que la empleadora nada dijo al respecto en la audiencia de conciliación (fs. 45/45 vta) y que la Juzgadora, pese a mencionar el rubro en la relación de causa (fs. 168 vta.) no analizó su procedencia. En lo demás, la conclusión del Tribunal referida a que no se acreditó el carácter de beneficiaria o heredera forzosa del causahabiente no resulta suficiente para sostener el rechazo de la pretensión, teniendo en cuenta la prueba aludida, que alguna consideración debió merecer. 3. En tales condiciones corresponde anular el pronunciamiento en estos aspectos (art. 105 CPT) y entrar al fondo del asunto. 4. La a quo encuadró el caso en la Ley 22.248, extremo que llega firme a esta instancia. Si bien esta normativa no contiene un dispositivo similar al art. 80 LCT, la obligación de entregar la certificación de marras no es ajena al régimen agrario. Surge implícitamente del art. 72 ib., que establece el deber del empleador de hacer entrega de toda la documentación necesaria a los fines de la jubilación del trabajador. A ello se suma el principio rector de obrar de buena fe impuesto por el art. 12 del RNTA, que ordena a las partes ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y un buen trabajador. Tal directiva se hace visible cuando el patrón cumplimenta los actos pertinentes a fin de posibilitar la obtención y goce de los beneficios que las leyes conceden al empleado, entre los que sin duda debe ubicarse la entrega de este instrumento a quienes se consideren con derecho a gestionar alguna prestación de la seguridad social que reconozca causa en aquella vinculación jurídica. Cabe aclarar que al tiempo del deceso de López no se había dictado la ley 25.191/99, que determinó, a partir de su vigencia, la obligatoriedad del uso de la Libreta del Trabajador Rural -válida como certificación de servicios y remuneraciones-. No obstante ello, se reitera, las previsiones del régimen general amparan el derecho pretendido por la actora. Por otra parte la Sra. Margarita Sánchez acreditó su carácter de conviviente (fs. 169) por lo que, según la normativa vigente -art. 53 inc. c, ley 24.241- está legitimada para solicitar el beneficio previsional de pensión por fallecimiento. Lo anterior justifica que se condene a los demandados a la entrega de la documentación de que se trata. En cuanto a la restante pretensión cabe destacar dos cuestiones que surgen de la ley. La primera es que conforme el art. 11, Ley 16.600, el empleador resulta responsable del seguro de vida colectivo (implementado para el personal rural) cuando no hubiese incorporado a un dependiente a dicho sistema obligatorio. La otra es que el cobro del mismo corresponde al beneficiario instituido por el asegurado –art. 6 ib.- o a sus herederos, en el orden y proporción establecidos en el Código Civil. En autos el accionado no arrimó prueba de la efectiva contratación del mentado beneficio; por el contrario, la ofrecida por la accionante fue perjudicial a aquél. Mediante la informativa de fs. 60 se constató la ausencia de negocio con “La Caja de Ahorro y Seguro” y en la audiencia respectiva se omitió la exhibición de los comprobantes de pago de la póliza en cuestión (fs. 57 vta./58). Con estos elementos quedaría saldado el primer extremo arriba señalado, y es responsable directo el demandado incumplidor. Respecto del otro requisito mal podría intentar establecerse el beneficiario de un seguro que nunca se contrató. Sin embargo, declarada la procedencia del mismo por las razones antedichas, resultarían adjudicatarios los herederos del causante tal como impone la ley. Ninguna persona se ha insinuado en el pleito enarbolando tal pretensión. Antes bien, obra a fs. 23/23vta. la copia autenticada de la escritura pública Nº 375 del 27 de Septiembre de dos mil uno, por la cual los hermanos del causante Pedro Nidolfo López, ceden y transfieren los derechos y acciones hereditarios a favor de la Sra. Margarita Sánchez, actora en estos autos. Por ello el rubro de que se trata debe concederse a la accionante en la porción pertinente y sin perjuicio de eventuales derechos de terceros. Voto pues por la afirmativa. El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Coincido con la opinión expuesta por la señora vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma. El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: A mi juicio es adecuada la respuesta que da la señora vocal doctora Blanc a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: La Señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: A mérito de la votación que antecede, corresponde admitir el remedio intentado y en consecuencia anular el pronunciamiento en cuanto fue motivo del mismo. Condenar a los demandados Jorge Kasparian y “Armen Cor SRL” al otorgamiento de las certificaciones de servicios y cese por el período de relación laboral con el Sr. Pedro Nindolfo López en los términos que fijó la sentencia de la a quo, la que deberá hacerse efectiva en el término de diez días desde que quede firme la presente, bajo apercibimiento de que el Tribunal las extienda con la documentación que la parte obligada deberá acompañar en el término de los cinco días subsiguientes; condenar además a abonar el importe de seguro de vida obligatorio establecido en la ley 16.600. A la suma pertinente, deberán adicionarse los intereses fijados en el decisorio principal para los rubros que fueron admitidos. Con costas. Los honorarios de la Dra. Lilian Norma Laurenti serán regulados por la a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8.226, sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 37, 38 y 104 ib.; 125, ley 9.459), debiendo considerarse lo dispuesto por el art. 27 del CA. El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Adhiero a las conclusiones a las que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo. El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: Comparto la decisión que propone la señora vocal doctora Blanc a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, R E S U E L V E: I. Admitir el recurso de casación deducido por la parte actora y anular el pronunciamiento en cuanto fue motivo del mismo. II. Condenar a los demandados Jorge Kasparian y “Armen Cor SRL” al otorgamiento de las certificaciones de servicios y cese por el período de relación laboral con el Sr. Pedro Nindolfo López con el alcance y en los términos establecidos en la cuestión anterior. Además deberán abonar a la Sra. Margarita Vitalina Sánchez el importe de seguro de vida obligatorio establecido en la ley 16.600. A la suma pertinente, se le adicionarán los intereses fijados en el decisorio principal para los rubros que fueron admitidos. III. Con costas. IV. Disponer que los honorarios de la Dra. Lilian Norma Laurenti sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8.226, sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 del CA. V. Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.
por ariel armando » Jue Ago 26, 2010 10:01 pm
"ASIS, BRUNO GAMALIEL C/ SISDEV SOC. DE HECHO Y OTROS S/ DESPIDO", CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA X.
Considera ajustado a derecho el despido con causa dispuesto por el empleador, de un dependiente que utilizaba en forma indebida las herramientas de trabajo provistas por la empresa, al ingresar constante y reiteradamente a páginas con contenido pornogfráfico.
http://www.saij.jus.gov.ar/news/files/asis.pdf
por ariel armando » Jue Ago 26, 2010 10:02 pm
"LAWSON, PEDRO JOSÉ C/ SWISS MEDICAL S.A. S/ DESPIDO", CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO EN PLENO.
Establece la siguiente doctrina: “La condición prevista en el artículo 4° de la ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, solo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07”.
http://www.saij.jus.gov.ar/news/files/lawson.pdf
por ariel armando » Mar Sep 14, 2010 10:34 pm
Soria, Carlos Alberto c/ Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA. (Se hace lugar a la queja - Procedente el recurso extraordinario - Deja sin efecto sentencia con alcance indicado - Indemnización por despido - Resarcimiento daño moral - Art. 245 LCT - Cuestión constitucional - Introducción del planteo - Debate entre partes - Cuestionamiento al tope - Invocación precedentes CSJN -Confrontación argumentos - Habilitación al juzgador para examinar la norma -Daño moral - Juzgamiento en sede laboral -Declaraciones incompetencia - Etapas procesales previstas a tales efectos - Descalificación de la sentencia - Arbitrariedad)
Vistos los autos: ARecurso de hecho deducido por la actora
en la causa Soria, Carlos Alberto c/ Provincia Aseguradora de
Riesgos de Trabajo SA@, para decidir sobre su procedencia.
1°) Que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo (fs. 846/850 de los autos principales,
cuya foliatura se citará en lo sucesivo), al modificar la
sentencia de primera instancia, dispuso la reducción de la
condena en concepto de indemnización por despido y desestimó
el resarcimiento por daño moral, reclamado con base en el
derecho civil. Contra tal pronunciamiento el actor interpuso
el recurso extraordinario (fs. 855/861) cuya denegación dio
origen a la queja en examen.
2°) Que para decidir en el sentido indicado el a quo
consideró, en primer lugar, que el fallo de origen debía
revocarse en cuanto había declarado de oficio la inconstitucionalidad
del art. 245 de la ley de contrato de trabajo pues
una solución de esa índole no resultaba pertinente "en los
procesos que involucran cuestiones de derecho privado de sustancia
patrimonial". En segundo término señaló que la condena
por daño moral también debía dejarse sin efecto en la medida
en que se basaba en "actos ajenos al despido mismo" que no
podían ser juzgados en sede laboral.
3°) Que el apelante expresa sus agravios tanto con
sustento en la existencia de cuestión federal como por configurarse
diversos supuestos de arbitrariedad. En relación con
lo atinente a la indemnización por despido sostiene, en síntesis,
que la decisión de la cámara transgrede disposiciones
constitucionales y desconoce la doctrina de esta Corte establecida
en la causa "Vizzoti" (Fallos: 327:3677).

References: artículo 17
 artículo 225
 artículo 245
 artículo 9
 artículo 245
 artículo 3
 artículo 52
 artículo 55
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 16