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Timestamp: 2017-08-24 10:38:17+00:00

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20 diciembre 2012 4 20 /12 /diciembre /2012 00:00
El Federalismo como Modelo Territorial y de Estado (I)
Como ya habíamos anunciado en artículos previos (¿Es el Federalismo la solución?), el último a tenor de la crítica que hacemos a una Constitución de 1978 ya muerta y obsoleta (¿Cómo creernos esta Constitución?), así como en las diversas referencias a nuestros Programas Electorales, vamos a comenzar aquí una nueva serie de artículos donde expongamos a fondo nuestra visión del Modelo Territorial y de Estado que entendemos desde la izquierda, esto es, el Modelo Federal. Voy a remitir a mis lectores a dos documentos principales de referencia, además de a otros muchos artículos y estudios publicados por Izquierda Unida y otras formaciones políticas afines. Los dos documentos en cuestión son los titulados "Un Estado Federal, Plurinacional, Democrático y Solidario", más antiguo y extenso (publicado en 1998), y "Por un Estado Federal Republicano, Participativo y Solidario", bastante más breve, de varios autores, y algo más moderno, ya que data de 2005. A ellos me remito para una información más documentada sobre todo lo que vamos a contar y a proponer aquí.
Partimos de la base, como es lógico y natural, de que el actual Modelo de Estado que tenemos en el Reino de España, surgido de nuestra Constitución de 1978 y del período que se llamó Transición Democrática, después de la muerte del dictador, se ha declarado a todas luces insuficiente. En efecto, lo primero que deberíamos hacer sin ni siquiera tener la pretensión de cambiarlo sería recogerlo en la propia Constitución, cosa que aún no se ha hecho (nos referimos a las propias Comunidades Autónomas). Y ya puestos, si nuestras fuerzas políticas protagonistas del bipartidismo (PP y PSOE) se hubieran puesto a cambiar la Carta Magna, también podrían haber hecho otros cambios que llevan mucho tiempo esperando, tales como los relativos a la sucesión en la Corona, la reforma del Senado, la Ley Electoral, etc. Es decir, la reforma de la Constitución, por sí sola, ya tendría mucho jugo, si es que de verdad hubiese habido voluntad política de actualizarla.
No se ha hecho, y además a esta necesidad se han unido otros dos frentes problemáticos: por un lado, la actual crisis económica ha dejado al descubierto las auténticas pretensiones de las fuerzas de la derecha (bajo la complicidad del PSOE) de desmontar todos los derechos civiles, sociales, laborales y políticos que la Constitución consagraba, lo que ha acabado desmontando el Estado Social y de Derecho que proclamaba la propia Constitución. Y a todo ello se han unido las pretensiones soberanistas (independentistas) de la Comunidad Autónoma de Cataluña, representando un desafío para el Estado y el Gobierno Central. Desde la izquierda no sólo ya sabíamos por dónde iban los tiros, sino que desde hace mucho tiempo que estamos convencidos de que otro Modelo Territorial y de Estado es el que necesitamos en España, bajo unos parámetros de auténtica democracia real, participativa y ejecutiva. Y esto es lo que planteamos en las propuestas que defendemos de derogación de la actual Constitución, para crear otra de corte Republicano y Federal.
En todo caso, el nuevo Modelo ha de tener como norte los valores de solidaridad y de justicia social, que pensamos han de respetarse a toda costa, en cualquier modelo organizativo que se proponga. Desterrar por tanto el neoliberalismo es cuestión principal, pues es el auténtico responsable de los valores que hoy cultivamos como sociedad, donde lo competitivo prima sobre lo solidario, y lo individual sobre lo colectivo. De hecho, desde la izquierda culpamos a esta sociedad neoliberal que tenemos de la búsqueda de argumentos e identidades no a partir de lo que tenemos en común, sino de lo que tenemos de diferentes con el resto de pueblos, naciones y culturas. Quizá represente un mecanismo de defensa de la población, que se introvierte, se interioriza buscando aquéllos valores que puedan protegerla. Craso error, pues si algo nos ha enseñado el neoliberalismo como fase actual del capitalismo más cruel y globalizado, es que justamente tenemos el problema más compartido, y de forma conjunta y globalizada tenemos que acabar con él.
Y así, de esta forma manipulada, estamos cayendo también en otra de las trampas que dicha globalización capitalista nos impone, que no es otra que renunciar a las identidades y culturas de los pueblos, para mirar a un horizonte común. La trampa está en que nos hacen renunciar sin darnos cuenta a la lucha de clases, que sí que es la misma en todos los lugares del mundo, porque ésta es tan vieja como los mismos pueblos. Nuestra identificación como clase trabajadora, ha de ser con la clase trabajadora mundial, de todos los pueblos y naciones del mundo, porque a este nivel de clase sí que podemos compartir nuestros problemas y nuestra lucha. Pero la propia identidad de los pueblos no puede perderse, pues representa el origen y el fondo remoto de nuestra cultura. No podemos renunciar a ella, y desde la izquierda pensamos que el Modelo Federal es el que respeta y representa más fielmente la libre identidad de los pueblos, y su armonía en convivencia con otros pueblos de otros orígenes y de otras culturas.
También quiero aquí denunciar otro ejemplo tramposo que se nos pone cuando se habla de la identidad de una nación, y se pone como referencia a los Estados Unidos de América. Cualquier persona con un poquito de cultura sabe perfectamente que la historia de los EE.UU., comparada con la historia europea, incluso comparada con la historia de la Península Ibérica, tiene tres días mal contados. Cuando ellos comienzan a ser una nación unida a raíz de su Guerra de la Independencia, Europa y la Península (que no España, que tiene únicamente cinco siglos) ya tenían muchísimos siglos de historia pasada, de pueblos y culturas que nos habían habitado. Aclaro esto porque parece ser que algunos se extrañan de que España, con una extensión mucho menor de la de algunos Estados de los EE.UU., pueda albergar tantas Comunidades Autónomas, incluso con ansias y aspiraciones soberanistas. Ésta es la explicación, e ignorarlo es presumir de no conocer ni respetar nuestra historia. Continuaremos en siguientes entregas.
19 diciembre 2012 3 19 /12 /diciembre /2012 00:00
Pues parece ser que sí, que esto es lo que piensa el Partido Popular, el Gobierno al que sustenta, y más concretamente (pues es el autor de dicha frase) su Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Y la ha pronunciado no una vez, sino varias, en algunos de los últimos discursos que ha pronunciado, junto a otras frases de perogrullo como "no vengo para estar, sino para hacer". Pero esto de "repartir dolor" tiene su intrínguli. Usando sólo el sentido común, que es el más común de los sentidos, entendemos que sólo desde el sadismo social y político se puede mantener semejante afirmación. Salvando las distancias, es como cuando te dicen "quien bien te quiere, te hará llorar". Pues no, mire usted, yo no quiero que me quieran para hacerme llorar, sino para hacerme feliz.
Es el Gobierno entendido en plan mesiánico, en plan salvapatrias, que justifica todas las medidas "dolorosas" que han de tomar bajo el fin último de "salvar" a la sociedad. Y a eso se dedican, a "repartir dolor" entre todos los sectores. No me extraña nada, en un PP más a la derecha que nunca, ya que tienen no sólo la mayoría absoluta, sino la perfecta excusa de la crisis. Es la acción de Gobierno entendida por un grupo de fanáticos neoliberales, y ultracatólicos neofascistas, como los actuales. Perfiles como los de Gallardón, Jorge Fernández Díaz o Jose Ignacio Wert se ajustan perfectamente a este corte. Gobernar para ellos es administrar esa penitencia al pueblo, ese castigo, ese dolor, hasta alcanzar sus plenos objetivos. "Estamos gobernando en tiempos muy difíciles, donde gobernar significa muchas veces repartir dolor", ésta ha sido la frase en cuestión del Ministro de Justicia, que como vemos, no tiene desperdicio.
Pero mire usted por dónde, no la vamos a rebatir. Vamos a suponer por un momento que nos volvemos tan fanáticos como ellos, tan hooligans, tan terroristas sociales como ellos mismos, y también opinamos que gobernar debe ser repartir dolor, pero solamente nos diferenciamos de ellos en los destinatarios de dicho dolor. Así que vamos a hacerle algunas recomendaciones y sugerencias de por dónde puede repartir ese dolor. Mayormente, para que el señor Gallardón compruebe que desde la izquierda también sabemos y podemos repartir dolor. Vamos a ver: podemos comenzar por despojar a la Iglesia Católica de todo su poder, anulando los Acuerdos con la Santa Sede, y obligando a la Iglesia a pagar el IBI de todos sus edificios, y a tener que financiarse con las cuotas de sus fieles, además de anular la religión del currículum escolar. Seguro que esto causaría mucho dolor, sobre todo para el sector más "humanista cristiano" del Partido Popular.
Continuamos. También podríamos repartir un poquito de dolor al sector empresarial, derogando la actual Reforma Laboral, e implantando una Reforma Empresarial, que instaure la democracia económica en las empresas, y ponga el protagonismo de las decisiones empresariales en los representantes de los trabajadores. Implantando un modelo que grave sobre los beneficios empresariales, que impida los ERE's masivos, y que nacionalice para el sector público todas las grandes empresas de los sectores estratégicos de nuestra economía. Esto seguro que iba a repartir mucho dolor entre los dirigentes empresariales, quizá habría algún que otro suicidio, como está ocurriendo ahora para los pobres ciudadanos que deshaucian de sus viviendas, porque se quedaron sin empleo, y no pueden pagar su hipoteca. Claro que sí. Si gobernar es repartir dolor, pues vamos a ello. Expropiemos para la clase trabajadora todas las grandes fincas, todas las grandes empresas y propiedades, y democraticemos la economía. No se imagina usted, señor Gallardón, cuánto dolor iba a causar todo esto.
Anulemos los impuestos injustos, como el IVA, y gravemos con una política fiscal progresiva a todos los contribuyentes, para que realmente pague más quien más tiene y quien más gana. Impuestos a las grandes fortunas, impuestos sobre el patrimonio, impuestos a los defraudadores fiscales (en vez de la amnistía que están practicando ustedes), y acoso y derribo a los paraísos fiscales. Esto iba a causar mucho dolor, somos conscientes de ello, pero son medidas completamente necesarias, como ustedes argumentan. Apoyemos toda esta política con Planes de Empleo Público, y fortalecimiento del Estado del Bienestar, junto con una abolición de todos los co-pagos y re-pagos que funcionan actualmente en Sanidad, Dependencia, Justicia, Medicamentos, etc. Volvamos a recuperar para el sector público todas las empresas privatizadas, del sector aéreo, de transportes, sanitario, etc. Con todo ello el dolor ya iba a ser muy intenso para ciertos sectores de nuestra sociedad. ¿No lo cree usted, señor Gallardón?
Y hemos dejado para el final al mejor sector de todos, el financiero y bancario. De entrada, llevemos al banquillo de los acusados a todos los Directivos de todas las entidades nacionalizadas, junto con todas aquéllas donde se tengan indicios de prácticas fraudulentas y abusivas. Es decir, todos. Metamos en la cárcel a toda la cúpula dirigente del sector bancario y financiero español. Hagamos recuperar a todos los afectados el dinero que han perdido por las estafas de sus bancos, como los tenedores de participaciones preferentes. Y por último, nacionalicemos todo el sector financiero español, todo, al completo, ya que los ahorros de nuestra sociedad no pueden estar bajo el control de las manos privadas, esas manos que sólo buscan la avaricia y el lucro desmedido e incesante. Seguro que si hacemos todo ello, ya no tendremos nunca más problemas con la "sostenibilidad" del sistema público de pensiones, ni del sistema sanitario, etc. Claro, somos conscientes de que todo esto iba a generar mucho dolor, pero ¿qué se le va a hacer? Gobernar es esto. ¿Lo ve, señor Gallardón? Desde la izquierda también creemos que hay que repartir dolor, sólo que cambiamos los destinatarios del mismo.
18 diciembre 2012 2 18 /12 /diciembre /2012 00:00
Volvemos a escribir sobre este asunto, sobre todo para concienciar sobre uno de los argumentos (quizá el principal) que se están esgrimiendo desde las Instituciones, en el sentido de privatizar (parte de) la Sanidad Pública. Por básico y elemental que nos parezca, parece ser que todavía hay que difundir estos mensajes, porque hay gente que no es capaz de rebartirlos, incluso de dejarse influir por las corrientes privatizadoras. Antes que nada, quiero rebatir también otro argumento de los que típicamente se utilizan, tal como el siguiente: "No estamos privatizando la Sanidad, sólo su gestión". Esto es una perogrullada como un camello, y una absoluta falacia, pues si lo hacen así (en los casos donde sea verdad que lo hacen así) no es porque no quieran privatizarlo todo, sino simplemente porque esto va por etapas, en una primera etapa se privatiza la gestión, para luego acabar por privatizarlo todo.
Bien, vamos al argumento en cuestión, que se manifiesta de varias maneras: "¿Porqué la Sanidad tiene que ser de gestión pública?", o bien "No está demostrado que la gestión privada sea peor", etc. Como decimos, de varias formas se puede manifestar este argumento, pero todos intentan llevar a la opinión pública al mismo sitio, que no es otro que plantearle dudas acerca de si una Sanidad privada pudiera ser más eficiente que una pública. A su favor, juegan con el argumento de lo mal que han gestionado los políticos la cosa pública en otras facetas, lo cual les ayuda a extender la mala imagen de la gestión pública en todos los ámbitos. Extrapolandolo a otros temas, y después del estropicio que han montado con la fusión de las Cajas de Ahorros, véase cómo ahora se empeñan en desviar la responsabilidad a los políticos que estaban en sus Consejos de Administración, en vez de reconocer el auténtico motivo de todo ese plan, que no era otro que bancarizar las Cajas, es decir, ponerlas a disposición de los grandes bancos, para sanear sus balances.
Pero volviendo a la Sanidad, que es ahora el tema que nos ocupa, lo que tenemos que dejar bien sentado es el diferente enfoque que una empresa o servicio público tiene frente a una empresa privada. En efecto, la empresa privada (salvo excepciones de rigor) se crea bajo ánimo de lucro, es decir, el beneficio y la rentabilidad son su norte fundamental, su razón de existir, y a ella sacrifica todo lo demás. Una empresa o servicio público no funciona bajo ese prisma, no necesita ser rentable, por tanto puede dedicar su tarea a satisfacer otros objetivos. Su empeño es cumplir una función social, para todas las personas, y a ello puede dedicar todos sus recursos humanos y materiales, sin ningun pretexto, bajo ninguna presión.
Frente a esto, como decimos, una gestión privada de un determinado servicio, o una empresa privada está sujeta al fin último de su rentabilidad, y a él sacrifica sus recursos, sus actividades, su tiempo y su dedicación. Desde este enfoque, su política prima los resultados sobre cualquier otro objetivo a satisfacer, que queda no sólo relegado, sino recortado o ignorado si no se cumple el objetivo principal de la rentabilidad económica. En realidad, el empresario que meta sus zarpas en la Sanidad, no es porque le interese la salud de las personas, sino porque le interesa el dinero que pueda obtener con ese negocio. E igual lo podemos aplicar a la Educación, a la Dependencia, a la Alimentación, a la Vivienda, o a cualquier otro aspecto de vertiente social. Precisamente esta vertiente social es ignorada por la empresa, no le interesa para nada, la desprecia, la coloca en un segundo, tercer o cuarto plano, la relega y posterga a una posición que para nada tiene que ver con los objetivos empresariales.
Esto es lo que la ciudadanía tiene que tener claro, y lo demás son monsergas, mentiras que nos cuentan para ver si pueden convencernos de que una empresa privada que gestione un servicio público sería mejor que una pública. En estos tiempos se apoyan además en el consabido argumento del ahorro, de la necesidad de ahorrar en "gasto público", bajo la premura de tener que cumplir con los objetivos de reducción del déficit público. No nos dejemos engañar. Todo son trampas, todo son mentiras para intentar llevarnos a su terreno, y que sembremos "dudas razonables" sobre si la gestión privada podría ser mejor. No caigamos en su barata demagogia. NUNCA UNA EMPRESA PRIVADA GESTIONARÁ MEJOR UN SERVICIO PÚBLICO QUE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN. Y no debemos tener dudas en esto jamás. Otra cosa será que dicha gestión pública pueda ser mejorada, controlada, racionalizada, democratizada, puesto que estamos hablando de que se administra con los recursos de todos los ciudadanos/as.
Los efectos en cuanto una empresa privada entra en el ámbito público están clarísimos: como su objetivo es la máxima rentabilidad, entran en juego los planes de "ajuste", "reestructuración", palabras que sólo esconden recortes de personal, reducción de sueldos y precarización de condiciones laborales, para hacer más "sostenible" el servicio público de que se trate, mientras que los Directivos de la compañía en cuestión se llevan a casa sueldos millonarios. Esta es la fórmula, y está inventada hace mucho tiempo. En el tema que nos ocupa de la Sanidad, se materializa en el cierre de servicios, camas, urgencias, quirófanos, plantas, etc., y por otro lado, en el despido de miles de trabajadores/as sanitarios. Por tanto, lo que está ocurriendo es un auténtico expolio, donde el ánimo de lucro está en este caso reñido con la calidad asistencial, y sus características de gratuidad y universalidad. Y ahí tenemos a los Gobiernos del PP (Central y autonómicos), con la complicidad de CIU en Cataluña, atacando en todos los flancos, para conseguir una Sanidad totalmente privada.
En perfecta sintonía, el Gobierno Central, mediante el Real Decreto Ley 16/2012, sustituye la sanidad universal y gratuita en el momento del uso por un modelo de aseguramiento que excluye de la atención sanitaria a diversos colectivos, aumenta a todas las personas las tasas para los medicamentos, y deja de financiar algunas prestaciones. Más tarde, mediante otro Decreto, retira 450 medicamentos de la financiación de la Seguridad Social, sin ofrecer alternativas. Por su lado, a través de la legislación de la Comunidad de Madrid, el PP continúa la desintegración del sistema público sanitario con el llamado, paradójicamente, “Plan de Garantía para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario” contemplado en los Presupuestos de 2013. Como colofón, implantan también el euro por receta, donde Cataluña es pionera.
Esta transformación culminaría el cambio iniciado por la anterior Presidenta de la CM, Esperanza Aguirre, para convertir Madrid en estandarte de lo que el PP considera su modelo sanitario. Primero esgrimen una cuestión ideológica : “la salud es un problema individual”, y por lo tanto el Estado no tiene porqué hacerse cargo del cuidado de la salud de las personas. Sólo en caso de “necesidad” se cubrirían unas “prestaciones básicas”. Segundo, no se puede excluir a las empresas de un sector como el de la sanidad, además éstas “son más eficientes que el sector público”. Tercero, la crisis – antes aludían al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE- hace que la administración tenga que “cumplir los criterios de déficit” impuestos por las políticas de austeridad, sin poder recurrir a la deuda. Toda una estrategia planificada desde hace mucho tiempo, para hacer entrar a las grandes aseguradoras privadas en el negocio de la salud pública.
﻿ En palabras de Carmen San José Pérez, en su artículo de Viento Sur: " Podríamos decir que nos enfrentamos a dos problemas en uno. Primero se cambia el modelo sanitario para poder apuntalar cambios que consolidan la idea de que la sanidad es para quien la paga. Y eso que, aunque la mayor parte de la financiación proceda de los impuestos directos, otra parte proviene de los indirectos -como el IVA- luego todas y todos, tengamos “papeles” o no, contribuimos a su financiación. Pero esta idea se va extendiendo creando un cierto grado de inseguridad en la población, enfrentando a unos contra otros, y aumentando la insolidaridad. Ya no tenemos un sistema universal que atiende a aquel que lo necesite, en lo que necesite, esté donde esté. Segundo, se hacen las transformaciones necesarias para expoliar el patrimonio público que constituyen los servicios de salud. El resultado de este robo va directamente a aumentar el capital de empresas relacionadas con los mismos políticos, familiares y amistades que no dudan en pregonar que lo que teníamos “no nos lo podemos permitir” -, y que ahora el sistema funcionará mejor, será más eficiente y sostenible".
﻿ Recomiendo la lectura de este extraordinario artículo, que además de explicar, como hemos visto en ese fragmento, toda la lógica que subyace al plan de privatización de la Sanidad Pública, nos cuenta con detalle todo el entramado empresarial que está detrás de estas operaciones, con nombres y apellidos, para que tengamos un poquito más claro cuál es la estrategia. Ellos serán los beneficiados de todo este Plan, y los más perjudicados, además de los propios trabajadores/as del sector sanitario, la población más vulnerable, que verá cómo se deteriora aún más su salud. Enfrentémonos a toda esta política, si no queremos vernos como en Estados Unidos, donde existen 50 millones de personas sin ningún tipo de cobertura sanitaria, y 250 millones con seguro médico privado, que cuando necesitan de tratamiento, muchas veces les es negado. ¿Este es el panorama que queremos para nuestro país? Sigamos en la lucha, ya hemos comprobado que esta deriva privatizadora se puede parar.
Acuerdo Programático para Andalucía (XVII)
4.4. Infraestructuras.
La política de Transportes estará presidida por el principio de que la función del transporte es crear accesibilidad sin generar otra movilidad que la estrictamente necesaria. Por ello, promoveremos un sistema de transporte multimodal e integral basado en los servicios de transporte público y en el fomento de los desplazamientos en medios no motorizados. De esta forma, el sistema de transporte contribuirá a la reducción de la movilidad innecesaria, al equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano y a alcanzar la máxima accesibilidad, atenuando el tráfico y la movilidad innecesaria. Para ello:
1.- Impulsaremos la revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, ampliando el horizonte hasta 2020 e incorporando las nuevas orientaciones establecidas en materia de integración ambiental y sostenibilidad y del cambio del modelo productivo.
2.- Elaboraremos una Ley de Movilidad Sostenible donde se regulen las obligaciones de las distintas Administraciones en el transporte público, se planteen los instrumentos que faciliten la movilidad sostenible de la población y se fomenten los medios de transporte no motorizados como la bicicleta, mediante la elaboración de un Plan Director del uso de la bicicleta.
3.- Fomentaremos la creación de conexiones sostenibles y fluidas con los núcleos de empleo, potenciando medios públicos que fomenten la igualdad interterritorial de pueblos y ciudades.
4.- Realizaremos una progresiva redacción de Planes de Transporte Metropolitanos de todas las aglomeraciones urbanas andaluzas.
5.- Ampliaremos el ámbito de los Consorcios de Transporte hacia la cobertura de toda la población de Andalucía, y estableceremos la Tarjeta Única de Transporte para todos los modos públicos dentro de la Comunidad Autónoma andaluza.
6.- Actuaremos en la red convencional de carreteras mediante el desarrollo del Plan MASCERCA.
7.- Abordaremos la redacción y el desarrollo de un Plan de Conservación de Carreteras que garantice las condiciones de circulación, seguridad y fluidez vial.
8.- Impulsaremos la integración de la Red Logística de Andalucía en los Corredores Transeuropeos Central y Mediterráneo para el transporte de mercancías, convirtiendo los nodos de la red en las terminales de acceso al corredor.
9.- Potenciaremos el transporte marítimo entre los puertos andaluces y de éstos con el exterior, así como su capacidad de nodos de desarrollo económico y generadores de empleo, actualizando usos y modernizando y ampliando instalaciones con criterio de sostenibilidad ambiental.
10.- Impulsaremos la creación de una red de nodos estratégicos y logísticos de interés nacional de los principales puertos de Andalucía en conexión con la Red de Áreas Logísticas y la red ferroviaria.
1.- Las futuras infraestructuras ferroviarias serán diseñadas con criterios de mínimo impacto ambiental y bajo consumo, seguridad, calidad, austeridad y articulación del territorio.
2.- Estableceremos en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, y en coordinación con las determinaciones del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, los criterios necesarios, y en su caso, las reservas de suelo precisas, para garantizar el desarrollo del sistema ferroviario andaluz y su conexión multimodal con otros modos de transporte y con las áreas logísticas y centros de transporte de mercancías.
Con estos puntos acabamos con la exposición del gran apartado del Acuerdo Programático que tiene que ver con la sostenibilidad y la cohesión territorial, habiendo tratado el medio ambiente, la ordenación del territorio, el desarrollo rural y (en este artículo) las infraestructuras y el transporte. Ya hemos contado básicamente estas políticas y nuestras propuestas desde la izquierda en otros muchos artículos, y aquí se incide en parte en ellas. Básicamente, las grandes premisas son que el Transporte debe ser un servicio público, donde además hay que apostar por los modos y medios sostenibles, y de menor impacto medioambiental. Estos objetivos se plasmarían en muchas acciones (parte las tenemos expuestas aquí), entre otras, desestimar la creación de las grandes infraestructuras de transporte (autovías y AVE), a favor de la movilidad mínima, y de los medios respetuosos con el medio ambiente (bicicleta, coche eléctrico, ferrocarril convencional).
Desde este punto de vista, esa futura Ley de Movilidad Sostenible puede representar el marco normativo donde se recojan de forma completa todas las directrices a implementar por unos medios y una política de transporte público, universal, no contaminante y respetuosa con el medio ambiente. Impedir las grandes infraestructuras, así como potenciar la movilidad local con medios públicos, baratos y seguros deben ser objetivos básicos de esta Ley. La Tarjeta Única de Transporte es otro objetivo bien pensado, en el sentido de reunir y canalizar mediante un único instrumento público la política usuaria de los transportes de cara a la ciudadanía. Debe instalarse además una política de precios públicos coherente con la actual situación de crisis, y de desprotección de muchos usuarios, tendente a la gratuidad de todos los medios de transporte públicos, sobre todo con las personas más vulnerables o de menores recursos económicos.
Por último, se debe avanzar hacia un modelo único de ferrocarril, eliminando las actuales distinciones entre líneas de "alta velocidad" y "convencionales", de bajo impacto medioambiental, situado en el entorno de los 200 Km./h. El modelo por tanto debiera tender hacia una integración del ferrocarril de altas prestaciones, combinando altas velocidades (sin llegar a las del AVE), transporte de pasajeros y de mercancías, y potenciando todo ello como el medio idóneo de transporte para largas distancias. En cortas distancias, las redes metropolitanas de tranvías y/o metros podrían ejercer estas funciones. Pero para todo ello, sería necesario que, en consonancia con lo dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomía, el Gobierno Central nos transfiera las competencias y servicios gestionados por las empresas públicas Adif y Renfe, pasando dichas competencias al Ente Público de Gestión de los Ferrocarriles Andaluces.
14 diciembre 2012 5 14 /12 /diciembre /2012 00:00
Orientaciones para una nueva Ley Hipotecaria
Mucho se está hablando últimamente sobre la posibilidad de cambiar la actual Ley Hipotecaria, y sus leyes asociadas, sobre todo después de que el problema de los deshaucios se haya convertido en actualidad diaria. De hecho, ya aparece en la lista de los diez primeros problemas preocupantes para la sociedad española en el barómetro del CIS, y a raíz de algunos suicidios de personas ante la tremenda y cruel situación de ser deshauciados, el Congreso, con el único voto a favor del PP (con la complicidad esta vez de UPyD), aprobó el Decreto Ley de medidas urgentes para combatir este problema, medidas que han resultado ser un grosero parche más de este Gobierno, un parche injusto, insuficiente y que sigue dejando excluídos a la inmensa mayoría de los ciudadanos ante los abusos de la Banca.
Desde la izquierda siempre hemos apostado por un cambio en la Ley Hipotecaria, una Ley que tiene más de un siglo, y que asigna más importancia a las cláusulas hipotecarias (abusivas la inmensa mayoría) que a una sentencia judicial. El cambio de esta Ley, convirtiéndola en una Ley justa, es la única garantía de restar poder a los banqueros, para proporcionar una mayor defensa y seguridad jurídica a los afectados. En el horizonte de dicho cambio debe estar, como no puede ser de otra manera, el Derecho a una Vivienda Digna, recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución, esa que acaba de cumplir sus 34 años de vida, y a la que tan poco caso se le hace en estos menesteres.
Como sabemos, los orígenes del problema vienen del extremo sobreendeudamiento privado de las familias, ocurrido al albur de la burbuja inmobiliaria, más o menos durante el período 1996-2006, basada en un nefasto modelo productivo, centrado en la construcción residencial, y en un apoyo mayoritario al régimen de compra o de adquisición de vivienda en propiedad. Hay que acabar con este modelo productivo, así como dejar de considerar a la vivienda como un negocio especulativo, sino como un bien básico y un derecho fundamental. Junto a todo ello, hay que potenciar más y mejor el mercado de viviendas en régimen de alquier, pero con una mayor seguridad jurídica para los inquilinos.
Por tanto, poner límites futuros a estos niveles de sobreendeudamiento privado, así como a los intereses moratorios de la banca, son dos objetivos que una futura Ley Hipotecaria debería contemplar. Pero esta Ley también debería mirar al presente, y también mirar al pasado, es decir, retroactivamente, si es que quiere de verdad conducir a un escenario de total protección de los ciudadanos, e impedir situaciones como las que contemplamos diariamente. Actualmente, la entidad financiera persigue in extremis al cliente, le obliga a pagar intereses escandalosos, le arrebata la vivienda, y además le coloca con una deuda impagable de por vida, dando en la mayoría de los casos con estas personas en auténticas situaciones de exclusión social.
Debemos cortar esta problemática de raíz, máxime cuanto estas situaciones se están dando no porque la ciudadanía se niegue a asumir sus deudas, sino porque la grave crisis económica les hace extremadamente vulnerables ante esta situación. La disminución de los ingresos, la pérdida del puesto de trabajo, o el fin de las prestaciones por desempleo hacen imposible que las familias puedan hacer frente a estas situaciones límite. Un Estado que mire de verdad a las personas no puede permanecer impasible ante este escenario. Las Leyes las hacemos los humanos, y por tanto no se puede hablar de que una Ley sirva a la justicia, si adolece de este componente de humanidad y de sensibilidad social.
Aspectos como los límites inembargables de los bienes de la ciudadanía, así como la protección por encima de todo de la vivienda de residencia habitual, deben situarse como objetivos básicos de esta Ley, de cara a proporcionar una situación de tranquilidad para todos. Contemplar las situaciones de insolvencia sobrevenida, regular la dación en pago, y establecer mecanismos de alquiler social de la vivienda, son aspectos que no se pueden olvidar, si pretendemos que la Ley sea completa. El actual Código (voluntario) de Buenas Prácticas Bancarias sobre este tema debe ser abolido, pues la Banca no va a practicarlo voluntariamente, si puede obtener más beneficios recurriendo a otras vías. El objetivo último, final y absoluto de una nueva Ley debería ser garantizar que ningún ciudadano/a se quede sin derecho a una vivienda digna. Este es el horizonte, que debe reconocerse sin fisuras, sin limitaciones y sin excepciones.
Concretando un poco más según los puntos anteriores, una nueva Ley Hipotecaria debería contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
1.- Proponer límites para el sobreendeudamiento personal y familiar, por ejemplo en torno al 30% del total de los ingresos.
2.- Limitar el plazo de amortización del crédito hipotecario. Por ejemplo, no más de 20-25 años.
3.- Limitar los intereses moratorios de los préstamos hipotecarios, así como todo tipo de cláusulas abusivas en los mismos.
4.- Declarar como ingresos inembargables los salarios, sueldos, jornales, ayudas, prestaciones, subsidios, o cualquier otra renta física o retribución personal o del conjunto de la unidad familiar, que no excedan del Sueldo Mínimo Interprofesional. Esto debe ser prorrateado para cada miembro que constituya la unidad familiar, en caso de convivencia e ingresos de varias personas.
5.- Regular un procedimiento de liquidación justa y ordenada de todas las deudas de las personas físicas con insolvencia sobrevenida, tanto judicial como extrajudicialmente, definidas en los mismos términos que en la legislación concursal común. El objetivo debe ser lograr para el deudor un convenio vinculante con sus acreedores, incluidos por supuesto los acreedores hipotecarios.
6.- Regular las formas y modalidades alternativas a la propiedad que garanticen el poder continuar disfrutando de la misma vivienda habitual, mediante mecanismos de alquiler social, sistema de usufructo, etc.
7.- Regular el procedimiento de la dación en pago de la vivienda habitual, como último extremo, e incluso retroactivamente. En todo caso, el deudor siempre podrá instar la entrega de la vivienda hipotecada a la entidad financiera como pago liberador de la deuda reclamada, aunque esto no se hubiera pactado de forma expresa en las cláusulas de la hipoteca.
8.- Adaptar todo lo relativo a las leyes relacionadas, tales como la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley del Suelo, Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, etc.
Si conseguimos de verdad realizar los cambios legislativos justos, completos y oportunos, nos habremos quitado de encima otra losa para la clase trabajadora, que contribuye a su indefensión, y habremos conseguido ganar la batalla en el reconocimiento a este Derecho Constitucional a una vivienda digna. Continuemos con la lucha y con la protesta, en la calle y en las Instituciones, junto a las Asociaciones y Plataformas ciudadanas implicadas, tales como los movimientos vecinales, el 15-M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Stop Deshaucios, etc. El grupo parlamentario de la Izquierda Plural ya ha arrancado del Gobierno el compromiso para que dichas asociaciones estén representadas en las próximas negociaciones para el futuro Proyecto de Ley. Ojalá lo consigamos.
13 diciembre 2012 4 13 /12 /diciembre /2012 00:00
LOMCE: Un enfoque crítico (IV)
Vamos a abordar en esta entrega el segundo eje rector de esta LOMCE, que ya habíamos adelantado que tenía que ver con la cantidad de pruebas selectivas implementadas durante los diferentes ciclos, recorridos o itinerarios. En efecto, esta contrarreforma apunta a convertir la educación en una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa: "evaluación a todos los alumnos al finalizar tercer curso de Primaria" (se trata de la primera reválida realizada por el profesorado. Aunque no tendrá carácter eliminatorio, sí constará en el expediente académico del estudiante). "evaluación al finalizar sexto curso de Primaria" (la segunda reválida, realizada por especialistas externos al centro, ya que parece que el profesorado de sexto no está preparado para ello).
Y seguimos. "Al finalizar el cuarto curso de la ESO, los alumnos realizarán una evaluación por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas" (tercera reválida, aplicada también por especialistas externos al centro, desconocedores del alumnado, de su realidad, de su estilo de aprendizaje, e incidiendo como en las otras, en que el profesorado de secundaria tampoco parece estar capacitado para evaluar a su alumnado. Quienes no aprueben serán expulsados del sistema educativo, invalidando el trabajo hecho durante cuatro años de escolarización). "Evaluación final de Bachillerato" (cuarta reválida, después del segundo curso, para obtener el Título de Bachiller). Todo lo que hemos expuesto lo pueden encontrar los lectores en los artículos 20, 21, 28, 29 y 38 de la LOMCE. De las cuatro pruebas de evaluación externas (en 3º y 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato), las de Secundaria tendrán efectos académicos graves, pues de su aprobación dependerá la obtención de los títulos correspondientes.
A partir de Secundaria, estos exámenes serán un castigo para quien no los apruebe, no buscando luchar contra el fracaso escolar, como ellos argumentan, sino más bien certificarlo, sirviéndose de él para legitimar un sistema que segrega al alumnado y produce y reproduce las desigualdades sociales (Fernández Enguita, 2012). Pero todas las pruebas estandarizadas que se proponen, tanto al final de la Primaria, como de la ESO y del Bachillerato, son de carácter censal; es decir, afectarán a todo el alumnado. No son pruebas de diagnóstico, sino reválidas que abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando y sacar el título correspondiente, o bien marcan (como en Primaria) al alumnado para el resto de su escolaridad (Angulo, 2012). Son pruebas que afectan al expediente del alumnado (clasificándolo) y que tienen consecuencias académicas, pues se dan resultados de forma individual, y el alumno o alumna puede llegar a repetir curso en función de sus resultados al valorar en Primaria "la viabilidad del tránsito del alumno a la siguiente etapa" (Art. 21.1). No se trata, pues, de pruebas para conocer el estado o la situación del sistema, sino pruebas para descartar al alumnado.
Además del coste adicional que implicarán estás reválidas, pues serán realizadas por las respectivas Administraciones educativas y aplicadas y calificadas por especialistas externos al centro, abren aún más la educación pública a la privatización y externalización hacia empresas y consorcios de evaluación privados. Pero, sobre todo, suponen una vergonzante desconfianza en el profesorado, y la merma de su autoridad respecto al alumnado, pues el Ministerio de Educación considera que el profesorado que impartió las clases no está capacitado para evaluarles. Este tipo de reválidas centran la enseñanza, sobre todo en estos cursos, en "preparar para los exámenes", para que el alumnado obtenga buenos resultados en los mismos y el centro no baje en el ranking. Se tiende a enseñar focalizándose en los contenidos y procedimientos que en el examen se piden, que se convierten en el eje del currículum: lo que se mide es lo que importa (Inzunza, 2009). Pero aprender "para superar una prueba", como sabe cualquier estudiante, no es lo mismo que aprender para conseguir el dominio y la comprensión de una materia (Angulo, 2012; Stake 2006; Stobart 2010; Gimeno Sacristán 2012).
Hemos de comentar que todos los trabajos, informes e investigaciones que están en la vanguardia educativa, como los de los autores que estamos citando, y de los que daremos cumplida referencia en el último artículo de esta serie, apuestan por una evaluación no como una herramienta selectiva para el alumnado, sino como una compartición, una publicación y una comprobación de los conocimientos adquiridos, por lo que debe ser una herramienta de carácter consensuado, continua en el tiempo, que se realice de forma ética y crítica. La evaluación no debe ser un filtro, sino una constatación de que el alumno/a asimila los conocimientos, los comprende, y los defiende o critica desde un punto de vista formal. Por tanto, creemos que nunca la evaluación entendida como se está planteando en la LOMCE será una herramienta educativa apropiada.
Es necesario señalar también que el Anteproyecto de Ley suprime el examen de Selectividad (precisamente, al cerrar este artículo el Ministerio se reúne con todos los representantes universitarios de las Comunidades Autónomas), pero permite que cada Universidad pueda plantear sus propias pruebas de acceso, según ellos, para ciertas carreras universitarias de gran demanda. Según el artículo 37.bis, "cada Universidad podrá hacer una evaluación específica de conocimientos y/o de aptitudes personales", para admitir al alumnado (quinta reválida). Quienes no superen esta prueba y tengan 45.000 euros, podrán matricularse en una Universidad privada, y obtener la Titulación en Medicina, por ejemplo, pudiendo ejercer su profesión sin ninguna reválida más. Parece pues que las reválidas y el control exhaustivo emprendido desde Primaria desaparecen si se tiene dinero para pagar.
Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones. Todo ello, unido al aumento de tasas y la reducción de becas, propiciará la clasificación de las Universidades en las de élite y en las de, digamos, segunda categoría. Se apuesta así en definitiva por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por "cultura del esfuerzo", y "carrera meritocrática", y que obedece, junto con otros puntos de la reforma que iremos comentando, a los deseos del sector más recalcitrante de la derecha, así como a los sectores religiosos.
En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, salpicado de pruebas y exámenes continuos, que convierte el sistema educativo en un auténtico via crucis, recuperando el espíritu franquista que abogaba por que "la letra con sangre entra" (sólo falta que a los escolares les vuelvan a dar reglazos en las manos, como antaño), en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar, ya que la aplicación de todo este periplo de reválidas puede suponer un aumento del abandono y el fracaso de un sector de la población escolar. No les interesa por tanto el fracaso escolar, sino el éxito y la supervivencia de las personas con medios suficientes como para poder pagarse sus estudios. El resto no importa. Continuaremos en siguientes entregas.
12 diciembre 2012 3 12 /12 /diciembre /2012 00:00
¿Aquí no haría falta una revolución? (y XIV)
Decimocuarta y última entrega de esta serie. Y acabamos como empezamos: denunciando las barbaridades que ocurren en nuestra sociedad, denunciando las injusticias, denunciando a este indigno Gobierno que tenemos, denunciando en última instancia al sistema capitalista, auténtico germen posibilista de toda esta situación. Se siguen declarando obscenidades por parte de Rajoy y sus secuaces del PP, que parece ser que encuentran los orígenes de esta crisis en que hemos comprado muchos televisores de plasma. Y a ello viene a contribuir la patronal bancaria, que dice que ellos no han sido los causantes de esta crisis.
A todo esto, las noticias sobre desmanes de nuestros "empresarios estrella" no cesan. La pasada semana fue detenido el que fuera Presidente de la gran Patronal, Gerardo Díaz Ferrán, acusado de evasión fiscal, y de lanzamiento de bienes y capitales antes de declarar la quiebra de Viajes Marsans. Todo un episodio canalla y burlesco, del que fuera máximo representante de los empresarios, y uno de los más sinvergüenzas de toda su camarilla. Sí, aquél mismo que afirmaba que de la crisis había que salir "trabajando más y cobrando menos", y parece ser que a esta receta se han aplicado todos muy diligentemente.
Gente de esta calaña, de esta bajeza moral es la que está hundiendo al país, y llevando a la clase trabajadora a la ruina, con la connivencia de nuestros inmorales gobernantes. Y cada vez más colectivos salen a la calle diariamente para denunciar los recortes sufridos, como las asociaciones de las personas dependientes, ya que la Ley de la Dependencia, ha sido prácticamente rota, agotada, por falta de inanición, por ser según ellos "inviable". Como hemos afirmado en otras ocasiones, la crisis tiene salida, este Gobierno no.
Durante todos los artículos anteriores de esta serie hemos argumentado hasta la extenuación la necesidad de llevar a cabo una revolución popular, una revolución pacífica, pero una revolución útil, con un sentido, con un recorrido y con un objetivo, con un final: un Proceso Constituyente para un cambio de sistema. Queda ya atrás el día 25 de Septiembre pasado, cuando la Coordinadora 25-S movilizó por vez primera a los ciudadanos/as para este fin, intentando rodear el Congreso de los Diputados como una protesta genérica para derrocar el sistema donde estamos inmersos, y acabar con él.
Creemos que es la única solución. En caso contrario, no sólo nos iremos hundiendo más en la miseria (es expresión literal), sino que a subsiguientes gobiernos les será más difícil salir de la situación donde nos están llevando. Y sólo este poder popular, sólo este contrapoder ciudadano puede ser legítimo para llevar a buen puerto esta aventura por nuestro futuro. La alianza de los de abajo será el resultado de sumar a las fuerzas de la clase trabajadora contemporánea todo el grueso de las clases medias empobrecidas y golpeadas por la crisis.
Así que al gran ejército de parados, trabajadores precarios, trabajadores temporales, subsidiados, inmigrantes, mujeres, jóvenes, pensionistas, dependientes, deshauciados, desprotegidos del sistema en general, habrá que sumar a la pequeña burguesía, pequeños empresarios, pequeños propietarios, que hoy en día, al acabarse sus posesiones, sus empresas y su nivel de vida, han venido a engordar toda la pléyade que conforman los sectores sociales excluídos de este país, así como los colectivos más afectados por esta ya larga crisis. Sólo recogiendo el sentir y la experiencia de todos los colectivos afectados por las actuales políticas, será posible componer ese tejido que forme la mayoría social que necesitamos para el éxito de este nuevo proyecto de país y de sociedad que necesitamos imperiosamente.
Y lo necesitamos con urgencia. No podemos resistir de esta forma mucho tiempo más. Cada día, en un continuo goteo, se suceden las personas que van al paro, las personas que traspasan los umbrales de la pobreza, los deshaucios de viviendas, las empresas que cierran o plantean ERE's a sus empleados, las personas que se ven obligadas a vivir de sus mayores, los recortes sociales a todo tipo de colectivos. No podemos seguir así. Es imprescindible multiplicar las alianzas políticas en torno a este proyecto, y en torno a todos los nuevos movimientos y plataformas políticas y sociales que demanden un cambio de sociedad.
Desde todos los movimientos y asociaciones ciudadanas que quieran apostar por un cambio de modelo político y social, por derrocar el régimen que sufrimos, y que nos está llevando a la ruina en todos los frentes. Y también es imprescindible sumar apoyos para este proceso por parte de determinados Cuerpos de la Administración del Estado, y de las Fuerzas de Seguridad, o al menos anular o disminuir su capacidad de intervención para anular el proceso. Afortunadamente, cada día crecen los colectivos que no sólo se suman a las protestas, sino que confluyen en estos planteamientos. Con un crecimiento de todos los apoyos, desde todos los frentes, a modo de círculos concéntricos, círculos sociales provenientes de todos los colectivos afectados e implicados. Sólo así conseguiremos nuestro objetivo. Siendo constantes en nuestros compromisos, en nuestras ideas claras, y en la necesidad de conseguir nuestra meta, nuestro fin, que no es otro que un cambio de modelo, un cambio de sociedad, y un cambio de valores.
En fin, aquí terminamos. Quiero agradecer especialmente a todos/as los/as lectores/as que me hayan seguido en estas notas, y si esto ha conseguido que algunas personas se enfrenten y reaccionen contra el sistema, me doy por satisfecho. Continuaremos dando cobertura a todas las ideas, iniciativas y proyectos (que afortundamente ya son muchos) que abunden en esta senda, que sintonicen con estos objetivos, en nuestros futuros artículos de este Blog. Pero con esta serie que ahora finalizamos, esperamos haber conseguido esa concienciación que reclamábamos desde el primero de los artículos: concienciar de la tremenda situación que vivimos, y hacer comprender que la única vía es la revolución.
Que dicha revolución, pacífica pero implacable, sea el principio del fin, el comienzo para el final de este régimen, que acabe con el bipartidismo, con la injusticia social, que acabe con el dominio de los banqueros, que termine con el paro, con el modelo laboral precario, con los privilegios de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la Iglesia, que implante una democracia real y completa, y que transforme nuestro modelo territorial y de Estado en otro más justo, humano y solidario. ¿Para todo esto no vale la pena hacer una revolución? Nuestra respuesta es que sí. Entonces, ¡hagámosla!
Sobre los Presupuestos para Andalucía
En primer lugar, denunciar desde aquí el oscurantismo al que nos tienen sometidos nuestros compañeros de IU en el Gobierno de la Junta, pues nos hemos tenido que enterar por la prensa local, y por terceros artículos de otros compañeros (como el de Santiago Jiménez, publicado en Lucha de Clases, al que me remito si desean los lectores obtener una más amplia información), sobre lo que se propone en relación a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2013. Una prueba más de que IU-CA se está convirtiendo en una fuerza de la izquierda muy al uso, que una vez llega mínimamente al poder reproduce los comportamientos de otras fuerzas políticas, tantas veces criticados en nuestro mismo seno. No estamos dando la talla, no ya tanto en lo que se refiere a la democracia participativa que tanto propugnamos, sino también en la propia difusión y conocimiento de los mismos dentro de nuestra propia Organización. Por todo ello, mi más agresiva crítica desde aquí.
Pero sintiéndolo mucho, no van a acabar aquí las críticas, puesto que si se está haciendo muy mal en las formas, también se está haciendo muy mal en el fondo. Comenzaremos por los aspectos positivos, que son los menores, es decir, las partidas del presupuesto que aumentan: se trata de las de agua, vivienda (en su aspecto de rehabilitación), se mantienen las partidas para investigación y desarrollo, suben levemente las dotaciones para la promoción de la igualdad, y se estrenan las ayudas para la recuperación de la memoria histórica. Pero como decimos, estas subidas son completamente ridículas en comparación con los grandes recortes efectuados en las partidas básicas, tales como Sanidad, Educación, Empleo, pero evidentemente, representan los pilares del discurso político de IU, por el que tanto damos la batalla en la calle y en las Instituciones.
El resto de las partidas, tal como advertíamos, representan graves recortes. Y un presupuesto así debe ser incompatible con las políticas de IU, con la defensa de los derechos de los trabajadores, y con nuestras bases ideológicas. Ya hemos dicho muchas veces que no podemos aceptar los recortes, ni siquiera por "imperativo legal", opción que no casa muy bien con la rebeldía que le pedimos a nuestros votantes en las elecciones. Pero vamos sin más a detallar con más calma dónde están los principales retrocesos: en líneas generales, y aceptando los compromisos de reducción del déficit público, junto con los recortes impuestos desde Madrid, el conjunto del presupuesto se reduce en un 4,1%. Dentro del montante total, algo más de 30.000 millones de euros, más de 3.500 se destinan al pago de la deuda, entrando en la misma espiral del Gobierno Central, que tanto estamos criticando. Las partidas para Educación y Sanidad sufren respectivamente una disminución de 600 y 1.000 millones de euros. Esto ya sería motivo suficiente de rechazo político y socia a estos presupuestos, por sobrepasar las famosas líneas rojas que tanto hemos defendido.
Pero no queda aquí la cosa. Las políticas activas de empleo tienen una de las bajadas más profundas, reduciéndose en más de un 30%, por lo cual esperamos que siga sin reactivarse toda la política de formación, que tanta falta nos hace, en lo relativo a Cursos de Formación para el Empleo, Certificados de Profesionalidad, Escuelas Taller, despegue de muchas especialidades, etc. Todo ello redunda no sólo en el empleo en este sector, sino en una mejor capacitación para las personas desempleadas, que pueda abrirles mayores esperanzas de futuro. El famoso Plan de Choque para el Empleo se dota con la ridiculez de 60 millones de euros. Es una completa burla al electorado, y al Acuerdo Programático de Gobierno firmado entre ambas fuerzas políticas.
Respecto a las políticas sociales, baja suavemente la financiación para la Ley de la Dependencia, las ayudas al Plan de Drogodependencia baja un 20%, la atención a la infancia un 15%, las políticas de bienestar y servicios sociales bajan un 33%, las políticas migratorias sufren un grave recorte de casi un 55%, e igual le toca a las políticas contra la violencia de género. Igualmente, bajan las partidas dedicadas a juventud (40%), cultura y deportes (casi un 50%), participación ciudadana (más de un 45%), cooperación internacional (40%), y todo lo relacionado con el Medio Ambiente, en más de un 35%. El panorama por tanto es desastroso. Pero hay más: bajan también las partidas para investigación agraria y pesquera, desarrollo sostenible del sector agrario, acciones para el desarrollo rural, la pesca o la minería.
En fin, unos presupuestos de todo punto inadmisibles. Desde los sectores más críticos de IU, seguimos sin comprender cómo nuestra Organización puede pertenecer, aunque sea mínimamente, a un Gobierno que ejecuta estas políticas, a las que nos oponemos sistemáticamente en nuestro programa, en la calle y en los Parlamentos donde tenemos alguna representación. Creo sinceramente que IU-CA está entrando en un camino sin retorno si se empeña en continuar con la situación de muleta para el Gobierno del PSOE-A, del cual debe retirarse, y ejercer una actitud de verdadera insumisión y rebeldía, siendo coherente en todos los frentes de actuación.
La conclusión es clara: son unos presupuestos de recortes, que reafirman, aunque sea de forma más sensible y controlada, las políticas neoliberales y del capital, las políticas de la derecha, y que tienen que ser votados en contra por nuestros diputados en el Parlamento andaluz. Los diputados de IU-CA deben representar, como siempre hemos dicho, al programa político de IU, para el que fueron elegidos. No caben por tanto atajos ni llamadas a la responsabilidad. La coherencia política sólo tiene un camino.
10 diciembre 2012 1 10 /12 /diciembre /2012 00:00
¿Cómo creernos esta Constitución?
Otra vez 6 de Diciembre, y otra vez, celebración de la Constitución. Y otra vez volvimos a ver el acto protocolario, insulso e hipócrita de nuestros políticos (con las honrosas excepciones de la Izquierda Plural y de los grupos nacionalistas, así como del Grupo Mixto), que vuelven a la carga como cada año a ensalzar la importancia de nuestra Constitución, su total vigencia (según Rajoy), o su necesidad de "adaptarla a los tiempos" y de "cumplirla" (según Rubalcaba). Y esto lo dicen los dos partidos que nos llevan gobernando durante toda esta etapa "democrática", prácticamente durante los 34 años de vida que tiene la Constitución. Parece mentira lo cínicos que pueden llegar a ser nuestros dirigentes.
No pudieron ser más rancios los discursos de los dos Presidentes de las Cámaras, la del Congreso (Jesús Posada) diciendo que "no era momento para aventuras de dudoso recorrido", y la del Senado (Pío Garcia-Escudero) diciendo que "las Autonomías habían sido lo mejor de nuestra senda constitucional". Me asquea tanta palabrería barata, tanto hablar sin decir nada, tanta falsa solemnidad, tanta hipocresía, tanto cinismo. Y por si todo ello fuera poco, tuvimos por primera vez en un 6 de Diciembre en Madrid y Barcelona sendas manifestaciones abogando por la "unidad de España", lógicamente convocadas por las fuerzas más reaccionarias de este país nuestro, al que parece que le va la marcha, que le gusta que le den caña. Lo que verdaderamente hay que decir de la Constitución es que no se cumple, y que debemos cambiarla por otra no más adecuada a los tiempos, sino más adecuada a la democracia. Vamos a profundizar en estos dos aspectos:
1.- La Constitución Española de 1978 no sólo no está vigente, sino que está muerta, es papel mojado. En efecto, no se cumple el artículo 34, que recoge el derecho fundamental a una vivienda digna, cuando los poderes públicos siguen primando los intereses de los bancos, y permitiendo cientos de desalojos diarios. No se cumple el artículo 24, que dice que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales", cuando el Ministerio de Justicia impone tasas judiciales que atentan contra la igualdad y la universalidad en el acceso a dicha tutela. No se cumple el artículo 3, que recoge la garantía del uso y la enseñanza de las diferentes lenguas del Estado, ya que el Gobierno Central, en cada nuevo Decreto Ley, las va degradando cada vez más. No se cumple el artículo 14, que proclama que "todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley", cuando al mismo tiempo desde el Gobierno se indulta a banqueros corruptos o a polícias torturadores.
No se cumple el artículo 128, que recoge que "toda la riqueza del país está subordinada al interés general" (esto ya causa risa), porque vemos continuamente cómo aumentan los beneficios de la banca y de las grandes empresas, mientras se recorta en derechos básicos, como educación o sanidad, a la mayoría social. Y así podríamos continuar con muchos ejemplos más. El derecho al trabajo, sobre todo, se ha convertido no ya en papel mojado, sino en objeto de auténtico lujo. La Constitución por tanto está completamente rota, inservible, extinguida. Se viola sistemáticamente con la más absoluta impunidad por parte de nuestros gobernantes, mientras nosotros, el pueblo soberano, no hacemos nada para evitarlo. Así nos va. La Constitución sólo se cumple, ahí sí, cuando se trata de defender los intereses de los ricos, de los más poderosos. Tenemos una Constitución secuestrada, fruto de la imposición del poder de la Troika, de las oligarquías financieras y económicas, cuyo único objetivo es consolidar un Estado donde los derechos sociales y el bienestar de la mayoría, diga lo que diga la Constitución, no importan frente a su lógica de rentabilidad y beneficio. Esto es lo que tenemos.
2.- Necesitamos una nueva Constitución Republicana y Federal. No sólo que se "adecue a los tiempos", como dice Rubalcaba (tiene gracia que lo diga el PSOE, después de todos los años que ha gobernado este país sin hacer nada para cambiarla, salvo el artículo 135, para consagrar el pago de la deuda como prioridad sobre todos los demás gastos sociales). En efecto, necesitamos una nueva Constitución para reflejar en ella todos los cambios que este país necesita, tales como un Estado Republicano, de organización Federal, donde las actuales Comunidades Autónomas se conviertan en pueblos federados, y tengan plena y total autonomía, incluso reconociendo para ellos el derecho a la autodeterminación.
Un Estado que aborde la renovación del Senado y lo convierta en la auténtica Cámara de Representación Territorial (de los pueblos federados), y un Estado que sobre todo consagre (y cumpla) todos los pilares de un auténtico Estado Social, de Derecho y Participativo, con democracia plena. Un Estado que defina y plasme la democratización de nuestra economía, que la ponga al servicio de las personas, y amplíe todo el catálogo de Derechos Fundamentales y Servicios Públicos. Una Constitución que implante y consagre lo que el pueblo exige, una verdadera y auténtica Democracia, completa y real, y no este falso régimen que se disfraza de democrático sólo cuando le interesa.
Cada 6 de Diciembre ensalzamos la Constitución, el resto del año machacamos al pueblo. Así que, de no cambiar las cosas, el 6 de Diciembre de 2013 volveremos a escuchar las necedades, las falacias, las falsedades, las mentiras, las manipulaciones y los discursos insulsos, hipócritas, vacíos y solemnes de nuestros políticos. Y quizá también a ver las manifestaciones por la "unidad de España", que seguirán sin denunciar nada de lo que hemos recogido aquí. Sencillamente lamentable.
7 diciembre 2012 5 07 /12 /diciembre /2012 00:00
¿Homenaje a Felipe González?
El pasado domingo 2 de diciembre se reunió la plana mayor del PSOE para celebrar un homenaje a Felipe González, 30 años después de su primer Gobierno en 1982. Además de destacados dirigentes del partido y el ex Presidente Zapatero, unos 40 ex Ministros de todos los gobiernos socialistas acudieron al Palacio de Congresos de Madrid, que ante unas 2.000 personas recordaron y ensalzaron la figura del ex líder del PSOE, así como su acción de gobierno durante sus 3 legislaturas. González compartió escenario y diálogo con el actual Secretario General, Alfredo Pérez Rubalcaba. El acto no dió mucho de sí, pues parece ser que lo más "inteligente" que se dijo fue que el PSOE ha perdido su "vocación de mayoría", y que debería recuperarla.
Bien, hagamos un poco de historia y una proyección a la actualidad, a ver si en realidad este personaje de nuestra política reciente se merece un homenaje. Las elecciones del 28-O de 1982 dieron al PSOE una mayoria super absoluta de 202 diputados. Cuánto se podría haber hecho con un poder así para bien de las clases trabajadoras de nuestro país, si se hubiera empleado de forma coherente, y bajo un auténtico ideario de izquierdas. No obstante, comenzaremos por destacar los logros (que los hubo) de los Gobiernos de González, tales como la universalización de la Sanidad, el aumento de la edad obligatoria de la enseñanza pública, la extensión del sistema público de pensiones, y algunas otras mejoras sociales. En el terreno internacional, quizá nuestra entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea fue su mejor logro. Por tanto, los Gobiernos del PSOE de entonces tuvieron su parte positiva, y negarlo sería hacer un ejercicio de gran injusticia.
Pero si comparamos esto con el saldo negativo, quizá lo veamos más claro. Nuestra entrada en la OTAN (con un engañoso referéndum) y la pérdida de derechos sociales y laborales de los trabajadores, mediante varias reformas laborales, fueron sus principales engaños. Hay que partir de la base de que el PSOE, desde 1974, renuncia completamente a su ideario marxista, y se queda únicamente en la ideología socialdemócrata más tenue, practicando únicamente una política neokeynesiana de protección social, pero poco más. El PSOE nunca se enfrentó a los poderes fácticos de entonces, que eran los mismos que perduraban desde la época franquista, los protagonistas de la Transición, y los mismos que nos imponen ahora las políticas neoliberales. Y el PSOE nunca practicó realmente una política de defensa a ultranza de los trabajadores, ni de la consagración de los pilares del auténtico socialismo.
Bajo un panorama de tremenda crisis política después del intento fallido de Golpe de Estado y las horas bajas de los Gobiernos de la UCD, junto a una recién fundada Alianza Popular por Manuel Fraga, el PSOE consiguió aglutinar el inmenso voto de la clase trabajadora, y las esperanzas de mucha gente de izquierdas, que confió en Felipe González para liderar un proyecto político que dio al traste con el auténtico ideario progresista, y que sólo realizó una tibia política de redistribución de la riqueza, y una extensión de derechos sociales y de algunos servicios públicos. La reconversión industrial, la entrada en la OTAN, la Ley Antiterrorista (la "patada en la puerta" del ex Ministro Corcuera), la reforma del Código Penal, los GAL, las reformas laborales, la huelga del 14-D, y un larguísimo etcétera, contribuyeron al deterioro de los Gobiernos del PSOE de aquéllos tiempos. La renuncia a los principios de la izquierda, así como los tremendos casos de corrupción de la época, hicieron que la figura de González se fuera debilitando, hasta perder el Gobierno en 1996, para mayor gloria de sus detractores del Partido Popular.
El PSOE de González contribuyó a instalar el actual bipartidismo, consagrando una injusta Ley Electoral, con la connivencia del PP, que aún no se ha modificado, y que ha ayudado a perpetuar su presencia y sus privilegios, en detrimento de la pluralidad política de nuestro país. Luego por tanto, y visto en perspectiva, tenemos que reconocer en honor a la verdad que, aunque Felipe González fue un líder carismático, capaz de conseguir algunos logros importantes, sus Gobiernos desaprovecharon completamente la oportunidad de establecer de forma segura y permanente los cimientos del socialismo, creando y fortaleciendo todo el andamiaje no sólo para desmontar el poder de la histórica derecha de este país, sino para levantar un modelo de protagonismo y control democrático de toda la economía, planificado y controlado por los trabajadores/as. Al no sentar estas bases, los Gobiernos siguientes (incluyendo al actual, que aún lo tiene más fácil con la excusa de la crisis) tuvieron mucho más sencillo continuar en la senda de la destrucción de derechos, conquistas sociales y poder de la clase obrera. El PSOE de Felipe González dejó de ser (si alguna vez lo había sido) Socialista y Obrero. La S y la O le sobran en sus siglas y en su ideología.
Y de todos aquéllos polvos, tenemos los lodos actuales, con un PSOE en caída libre en todas las citas electorales, completamente desorientado, deslegitimado, con unos líderes que no despiertan ni la más mínima confianza, con un partido que no goza de credibilidad, y con un electorado cada vez más en debate interno para alcanzar de nuevo su sitio dentro del panorama político español. Si a esto le unimos un Felipe González de hoy, perteneciente al Consejo de Administración de varias empresas multinacionales, la verdad es que no obtenemos la imagen de coherencia que sería deseable para un ex político "socialista", sino más bien para un paladín del capitalismo moderno y actual. En resumidas cuentas, y con todo mi respeto hacia quien crea lo contrario, pienso que una figura de esta trayectoria merece muy pocos homenajes.

References: Real Decreto 
 artículo 47
 artículo 37
 artículo 34
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 128
 artículo 135