Source: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/normativa/fies.htm
Timestamp: 2017-05-26 09:27:55+00:00

Document:
Universidad Complutense de Madrid Fichero
de Internos de Especial Seguimiento (F.I.E.S.)
2. Objetivos y mecanismos de control
3. Razones de ilegalidad
4. Posibilidades legales de exclusión del F.I.E.S.
5. Resoluciones del Tribunal Constitucional
6. Resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid
[pasar a primer grado]
1. Concepto y regulación:
El fichero de internos de especial seguimiento (FIES) es un instrumento utilizado por la administración penitenciaria con diversos y cuestionables objetivos de control. Inicialmente fue creado y desarrollado por las Circulares de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 6 de marzo de 1991, 28 de mayo de 1991 y 28 de febrero de 1995 (I. 8/95). Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento Penitenciario (R.D. 190/1996 de 9 de febrero), y en virtud de la D.T. 4ª del REGLAMENTO PENITENCIARIO, se procedió a la refundición, armonización y adecuación de las Circulares, Instrucciones y Ordenes de servicio que existían hasta la fecha. A los fines que estamos tratando se dictó la Instrucción 21/96 que dejó sin efecto las anteriores normas administrativas que regulaban el fichero de internos de especial seguimiento. El fichero incluye distintos grupos en
atención a los delitos cometidos, repercusión social de los
mismos, pertenencia a bandas organizadas y criminales, peligrosidad, u
otros factores. A estos efectos existe la siguiente clasificación:
* FIES-1 (Control Directo). En este fichero se incluyen las
personas especialmente peligrosas y conflictivas, protagonistas e inductoras
de alteraciones regimentales muy graves que hayan puesto en peligro la vida
o la integridad física de los funcionarios, autoridades, otros internos
o personal de la institución, tanto dentro como fuera de la cárcel,
con ocasión de salidas para traslados, diligencias u otros motivos.
* FIES-2 (Narcotraficantes). Se incluyen aquellas personas, preventivas o penadas, presuntas o autoras de delitos contra la salud pública
(tráfico de drogas o estupefacientes) u otros delitos íntimamente
ligados a éstos (evasión de divisas, blanqueo de dinero...)
cometidos por grupos organizados nacionales o extranjeros, y aquellos que,
a través de informes de las fuerzas de seguridad, colaboran o apoyan
a estos grupos. * FIES-3 (Bandas Armadas). Se incluyen todas aquellas personas ingresadas en prisión por vinculación a bandas armadas o elementos terroristas, y aquellos que, a través de informes de las fuerzas de
seguridad, colaboran o apoyan a estos grupos. * FIES-4 (Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de I.I.P.P.). Se incluyen los que pertenecen o han pertenecido a este colectivo profesional, cuya integridad física y seguridad es preciso proteger conforme a lo previsto en el artículo 8 de las L.O. de las F.C.S.E) * FIES-5 (Características Especiales).
Se incluyen diversos subgrupos de personas. Temporalmente, aquellas que evolucionan de forma muy positiva en el colectivo Régimen Especial. Aquellas, que vinculadas a la delincuencia común de carácter internacional, sean autoras o presuntamente responsables de delitos extraordinariamente violentos contra la libertad sexual, que además hayan causado gran alarma social. Finalmente, también
quedan incluidos los reclusos ingresados por negarse a realizar el servicio
militar o rehusaren a realizar la prestación social sustitutoria.
2. Objetivos y mecanismos de control Estos ficheros, según la
Instrucción que lo regula, están dirigidos a "disponer de
una amplia información de determinados grupos de internos por el
delito cometido, su trayectoria penitenciaria, su integración en
formas de criminalidad organizada... que permita conocer sus intervinculaciones
y una adecuada gestión regimental, ejerciendo un control adecuado
frente a fórmulas delictivas altamente complejas y potencialmente
desestabilizadoras del sistema penitenciario....desarrollo con más
eficacia de las funciones que legalmente le corresponde... con el objeto
de prevenir incidentes en los centros". Para la consecución de estos objetivos
el fichero almacena una serie de datos: filiación, penales, procesales,
penitenciarios, incidencias protagonizadas, actividad delictiva y comunicaciones
con el exterior. Para la obtención de estos datos se exige, de forma
inevitable, la existencia de una serie de mecanismos y prácticas
controladoras; de ellas no se hace mención alguna en la Instrucción,
pero constituyen la base para realizar el reproche de vulneración
de derechos que posteriormente describiremos. Por otro lado, con el objetivo de que todos los mecanismos de control que se ejercen desde la administración
carcelaria sobre las personas incluidas en este fichero aparezcan formalmente
ajustados a la legislación constitucional y penitenciaria, la Instrucción
dispone que "los datos FIES tienen un carácter puramente administrativo".
Asimismo, se hace una invocación concreta a que "en ningún
caso la inclusión en el FIES prejuzga la clasificación, veta
el derecho al tratamiento de los internos, ni supone una vida regimental
distinta de aquella que venga reglamentariamente determinada". Como ocurre en otras parcelas del ordenamiento
penitenciario, con la simple indicación formal de que el control
realizado no vulnera en ningún caso la legalidad existente, se quiere
esconder y suplantar la realidad. Estamos ante una situación de intento
de construcción ficticia de una realidad, para "hacer ver, lo que
de ninguna manera es". Esta "maniobra" normativa realizada por el legislador penitenciario (Dirección General de Instituciones penitenciarias)
es tan visible y clara que no consigue los efectos que pretende de camuflaje
de la ilegalidad que pretende, aunque amparándose en esta realidad
ficticia que se dispone en la Instrucción, algunos Jueces de Vigilancia
no han accedido a excluir del fichero a determinadas personas. En cambio,
a otros Jueces, tal situación no se les ha pasado por alto y han
declarado en sus resoluciones la ilegalidad del fichero. Las afirmaciones que estamos vertiendo
en estas líneas son fáciles de comprobar con una minuciosa
lectura de los mecanismos de control a los que se somete a los presos. Para
ello hay que utilizar, como elemento interpretativo, no únicamente
el sentido jurídico (que en ocasiones puede convertirse en "constructor
de realidades virtuales"), sino principalmente el común. Estos criterios,
junto a un conocimiento mínimo del funcionamiento de la institución
carcelaria, llevaría a demostrar como el control administrativo
somete a las personas que se encuentran en este fichero, negándoles
absolutamente la intimidad, el tiempo y el espacio. Este control inevitablemente
afecta a la clasificación, a los permisos, y al régimen de
vida, por más que la normativa disponga lo contrario. Los datos obtenidos deben ser remitidos
por el director de cada cárcel a la Subdirección General
de Gestión Penitenciaria, con indicación del Grupo F.I.E.S.
al que pertenece el recluso. Estos datos son los siguientes: - Propuestas de licenciamiento definitivo
y acuerdos de conclusión de expediente de libertad condicional.
Se entiende que estos datos se obtienen para dos fines. Por una lado, para realizar un control posterior -cuando el preso esté libre-, lo que hace ilegal la obtención del dato y la posible intervención porque el objetivo del mismo no es la prevención de incidentes dentro de las cárceles. Por otro lado, la obtención del dato y la actividad de control puede incidir
en la decisión de pronóstico final que emita la Junta de tratamiento
y que figura en el expediente de libertad condicional antes de que sea elevado
al Juez de Vigilancia. Nada impide que tras la comunicación a la
Dirección General, el pronóstico pueda ser variado arbitrariamente, ya que ello no se puede controlar judicialmente. - Excarcelaciones para traslado a otra
cárcel u hospital. - Ingreso procedente de un traslado,
ya sea de tránsito o destino. - Las modificaciones en su situación
penal y procesal, así como las penitenciarias. - Los acuerdos de los órganos
colegiados y resoluciones de los órganos unipersonales (sanciones, cancelación,
destinos, recompensas, intervención de las comunicaciones, propuestas de artículo
10, clasificaciones, grados) - Comunicación con los letrados,
indicando nombre de los mismos. (No es legal el control a profesionales
por parte de la administración penitenciaria). - Cualquier incidente regimental incluso
sospechas de que puedan protagonizarlo. (Vulneración del derecho
a la presunción de inocencia, toda vez que sobre esas sospechas pueden derivar restricciones de derechos o un aumento de control). - Participación en actividades
programadas. - Solicitudes de permisos de salida,
antes de proceder a su estudio por parte del equipo técnico
con indicación del domicilio donde fijaría su residencia.
(Estos datos son los que pueden
influir subrepticiamente en la denegación de los permisos para estas
personas. Estar incluido en alguno de los ficheros es uno de los impedimentos,
en la práctica, para la concesión de los permisos. Este criterio
se maneja hábilmente en la Juntas de régimen, pero el dato
no se refleja posteriormente en los acuerdos adoptados. Así el permiso
se denegará por otro motivos: importancia del delito o trascendencia
social, falta de consolidación de factores positivos, etc...).
- Autos o resoluciones de los Juzgado
de Vigilancia o Audiencias que resuelvan quejas planteadas por estas personas,
siempre que tengan alguna trascendencia para el régimen del establecimiento.
- Cualquier otra información
de interés. Respecto de los de FIES-1 (Control Directo)
se remitirá los lunes de cada semana a la Subdirección de
Seguridad la ficha de seguimiento personal y la información correspondiente.
En relación con los internos incluidos
en FIES-2 y 3, cuando se trate de asuntos urgentes se informará
telefónicamente al área de Intervención de Colectivos
especiales de la subdirección General de Gestión Penitenciaria.
Se entienden como asuntos urgentes los siguientes: - Libertades, excarcelaciones, antes
de que se produzcan las mismas; (no tienen ningún tipo
de eficacia hacia la prevención de situaciones conflictivas en la
cárcel). - Autos u otras resoluciones judiciales
que acuerden la clasificación o progresión a tercer grado.
- Fallecimientos. - Agresiones o incidentes graves.
- Salidas de permiso antes de que se
produzcan. - Resoluciones judiciales que modifiquen
el régimen de vida de las mismas. - Consultas médicas. Cuando el
interno solicite por facultativos ajenos a la institución se interesará
igualmente, autorización de la Subdirección General de Sanidad
penitenciaria y los datos personales del facultativo requerido. (No parece ajustado a la legalidad el control del facultativo correspondiente). Para narcotraficantes el control aumenta
con los siguientes medios: a) Destino a módulos o departamentos
que cuenten con medidas de seguridad adecuadas, donde puedan controlarse
la relación o el contacto con otros internos de su organización.
b) Control sobre estos, durante todas y
cada una de las actividades que desarrollen: - Comunicaciones familiares y con otras
personas (con indicación semanal de las personas con las que comunica
durante la semana, comunicaciones especiales vis a vis, familiares o de
convivencia, indiciando el D.N.I. y parentesco de todas ellas. Mensualmente
se debe remitir una relación de todas las comunicaciones, indicando
D.N.I. y parentesco de todas las personas con las que se comunica, llamadas
de teléfono, señalando el número y si es posible datos
de la llamada. Asimismo comunicaciones escritas, aunque la mayoría
las tiene intervenidas. Este medio de control para obtener la información
vulnera el secreto de las comunicaciones al exigir el control de los comunicantes
(cuando éstos son ciudadanos libres) y los datos de la llamada, sin
previa declaración de intervención. - Relaciones con los funcionarios.
- Relaciones con otros internos.
- Rol y capacidad de liderazgo.
- Relaciones y posibles vinculaciones
con otros grupos. - Control sobre el movimiento de sus
cuentas de peculio, indagando el origen de sus aportaciones, así
como las extracciones para otros internos y ex-internos. - Cuando se valore la posibilidad de
asignarle un destino, deberá cuidar que no sea de los de confianza,
que no conlleve la realización de tareas en el exterior o tenga
acceso a otros medios de comunicación. - Ante salidas al exterior del departamento
para realizar actividades culturales tienen que observar idénticas
prevenciones. - Durante la celebración de las
comunicaciones con el exterior, se tendrán en cuenta las limitaciones
y medidas de seguridad o control previstas en la ley. - Periódicamente y por estrictas
razones de seguridad serán cambiados de celda. - Se potenciará respecto de ellos,
las medidas de seguridad interior inmediatas (cacheos, recuentos, requisas)
del artículo 65 DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO Para el control de presos especialmente
peligrosos y conflictivos se intensifican los mecanismos controladores,
llegando, en sus consecuencias, hasta la negación absoluta de la intimidad
y, por tanto, de la dignidad: - Al menos dos veces por semana se requisarán
todas y cada una de las dependencias de la cárcel y diariamente las
que se consideren vulnerables por los internos que las albergan.
- Los que tengan aplicado el régimen
cerrado y las que pasen por prescripción médica la mayor
parte del día: inspecciones oculares periódicas.
- Datos diarios al Jefe de servicio
sobre cacheos realizados (A DIARIO), actitudes, relaciones con otros internos,
incidentes.(Esos datos se comunican diariamente a la Subdirección
de seguridad) - Cambios periódicos de celda.
- No pueden estar dos de presos FIES
en una misma celda, ni situados en dos contiguas. - Las rondas nocturnas deberán
hacerse respetando la dignidad de la persona presa y las horas de descanso
nocturno-. Tienen que llevarse a cabo con la periodicidad que se considere
adecuada, en función de los distintos tipos de régimen FIES,
en un intervalo no superior a una hora. Su realización y novedades
que pudieran producirse, deberán ser registradas en un libro a tal
fin, que se custodiará en la jefatura de servicios. Nos sorprende que se establezca la necesidad
de que se observe el respeto a la dignidad y las horas de descanso -descripción
formal de que la práctica de control se hace conforme a la legalidad-
y posteriormente se señale que los intervalos nunca serán
superiores a una hora; ¿Qué entienden por dignidad los legisladores
carcelarios? Esta situación supone la negación más absoluta
de la intimidad: 21 horas en celda, si está clasificado en primer
grado, cambios de celda continuos, cacheos diarios, y control nocturno cada
hora. Como ya fundamentaremos más adelante esta situación supone la vulneración del derecho a la dignidad y a la intimidad.
En caso de que las comunicaciones estén
intervenidas, las cartas, tanto de entrada como de salida se fotocopiarán
todos los días, y se remitirán a la Coordinación de
Seguridad. Existe una normativa interna que dispone que cuando transcurran
más de 15 días sin que la Coordinación de Seguridad
haya contestado se dé trámite a las mismas. Lo que quiere decir
que las cartas se reciben al menos con 15 días de retraso sobre el
día en que han llegado a prisión. Esta intervención,
en la mayoría de los casos, es por tiempo indefinido. Se va renovando
trimestral o mensualmente, aunque no haya existido novedad alguna durante
el tiempo de la intervención. Para poder comunicar con amigos por locutorio
general, los presos FIES han de solicitar autorización que se cursa
a través de la Coordinación de Seguridad (D.G.I.P.), en la
que se indicarán nombre y apellidos, así como el D.N.I. Esta
solicitud tarda en ser contestada entre mes y medio, y dos meses. Una vez
recibida la contestación de la Coordinación de Seguridad,
se les autoriza una comunicación durante un período de tres
meses, y en caso de ser trasladados de cárcel, la autorización
pierde la validez. 3. Razones de ilegalidad:
Frente a la regulación
de este fichero, la interpretación de los conceptos normativos en
su aplicación práctica a personas presas concretas nos permite concluir que la normativa que regula los FIES es ilegal. Ello, por varios razones: Primera.- La modificación del status libertatis de la persona privada de libertad, que se concrete en un mayor seguimiento realizado a través de medios de control (cacheos, requisas, cambios de celda, información al centro Directivo antes de la concesión de permisos, excarcelaciones...), vulneración de los actos más íntimos (control visual continuo), de control a familiares, abogados, debe caer dentro del artículo 17 DE LA CONSTITUCIÓN y, por tanto, deben ser aplicables todas las garantías jurídico-procesales establecidas al efecto; entre ellas, el control judicial. A este respecto, la normativa que regula
los FIES obvia la necesaria petición de autorización judicial
para aplicar lo que es un verdadero y propio régimen especial por
sus fines, ya que se aplica a determinadas personas caracterizadas por la
comisión de diferentes actos o hechos, imponiendo notables limitaciones
y controles en su régimen de vida sin autorización ni seguimiento
por el órgano judicial. En este sentido, y de forma analógica,
la inclusión en el FIES debería hacerse con las mismas garantías
que el traslado de penados a departamentos de régimen cerrado (artículo
95 DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO). Éste debe hacerse dando cuenta
al Juez de Vigilancia, expresando en la resolución la posibilidad
de recurso ante el órgano judicial (artículo 76.2 f. de la
Ley Orgánica General Penitenciaria.) (JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA de Granada auto de 31.07.95). Segunda.- La aplicación del
régimen FIES supone una diferenciación de regímenes de
vida, dentro del régimen cerrado o especial del artículo 10
de la Ley Orgánica General Penitenciaria, con restricciones de derechos,
no querida ni contemplada por el legislador. Las personas incluidas en el
FIES-RE, ahora denominado Control Directo, tienen un régimen más
severo que los internos de una misma clasificación de primer grado
(Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada, auto de 31.07.95). Con la
aplicación de este régimen de vida se ignoran no sólo las consecuencias, sino también las causas de su inclusión en el mismo (Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Madrid, auto de 10.08.95). Por el contrario, tanto las autoridades
administrativas como la instrucción que lo regula, mantienen que
la inclusión en un FIES no afectará a la clasificación,
ni al tratamiento, ni a la vida regimental. Pero ello resulta difícil
de admitir. Por una razón muy sencilla: ¿cómo se puede
lograr "el control adecuado" que demanda el régimen de vida del
FIES?. Este control, como cualquier otro, exige "un especial seguimiento",
y éste tiene que consistir necesariamente en una mayor vigilancia
que afectará, al menos, a la situación regimental. Ello supondrá,
una limitación, menoscabo o derogación pura y simple de derechos
penitenciarios plasmados legal o reglamentariamente. Se han detectado por
información de presos, traslados de módulos dentro de la misma
prisión cada semana o cada quince días, traslados de prisión
a prisión, intervención arbitraria de correspondencia, cacheos
personales indiscriminados, aislamientos, vulneración de la intimidad,
y consecuencias que se desconocen pero que de hecho se realizan en cuanto
a progresiones/regresiones de grado, concesión/ denegación
de permisos. Es evidente que le corresponde a la cárcel la prueba
de que esto no es así en cada caso concreto puesto que es la autora
del fichero y de la base legal en que se fundamenta (JUZGADO DE VIGILANCIA
PENITENCIARIA 3 de Madrid, auto de 14.07.1995). Puede argumentarse por la administración
penitenciaria que a efectos de tratamiento y de seguridad la diferenciación
en tres grados es insuficiente. Pero lo que no puede hacerse es crear un
nuevo régimen de vida, utilizando una vía jerárquicamente
insuficiente; más cuando, para solucionar esta situación,
el Reglamento de 1996 establece en el artículo 100.2 un modelo
de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos
de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se
fundamente en un programa específico de tratamiento que de otras
forma no pueda ser ejecutado. Tercera. En la creación y
aplicación de esta normativa han prevalecido las exigencias del régimen
sobre las de tratamiento. El tratamiento para estas personas incluidas en
este fichero se convierte en algo puramente anecdótico. Se echa en
falta un seguimiento puntual por el equipo de observación y tratamiento
que valore su aplicación concreta y los resultados de la misma (Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria de Granada auto 31.07.95). Cuarta. El fichero carece de la mínima apoyatura legal o reglamentaria (autos de 22.03.95; 14.07.95; 02.11.1995 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº3 de Madrid). El
FIES crea un nuevo régimen de vida no previsto legal ni reglamentariamente. Tampoco está previsto en alguna norma de revisión o abierta que pueda justificar su existencia. La relación de sujeción especial se concreta en la Ley y en el Reglamento, a través de tres grados de tratamiento -cerrado, ordinario y abierto-. No puede admitirse una subespecie de aquella relación, a modo de reduplicación de la sujeción, y por tanto no puede haber ninguna clasificación distinta de las previstas. Es más, la relación jurídica de sujeción especial no puede prolongar la "longa manus" administrativa hasta este extremo. Esta situación vulnera abiertamente
el principio de legalidad, que en materia penal es el principio rector
y la garantía de los ciudadanos (sentencia del Tribunal Constitucional
78/1984). Esta vulneración del principio de legalidad en la fase
de ejecución penal se concreta en la violación de varios preceptos constitucionales y legales (Código penal y Ley Orgánica General Penitenciaria). Entre ellos cabe reseñar: 1) Artículo 25.2. de la Constitución, que establece que el condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena, y la Ley penitenciaria. 2) Artículo 9.1 y 3. Los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución
y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza
el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la responsabilidad
y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
3) Artículo 3.2. del Código
Penal: No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra
forma que la prescrita por la Ley y Reglamentos que la desarrollan, ni
con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto.
4) Ley Organica General Penitenciaria.
La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías
y dentro de los límites establecidos por ley, los reglamentos y
las sentencias judiciales. A este respecto el artículo 3 Ley Orgánica
General Penitenciaria señala que la actividad penitenciaria se ejercerá
respetando, en todo caso, la personalidad humana de los reclusos, y los
derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena,
sin establecer diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición, o cualesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza. Si el Reglamento no puede innovar la Ley,
ni contradecirla, ni limitarla, ni modificarla, no es legalmente posible
que una instrucción pueda hacerlo. Con arreglo al artículo
18 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de 26 de julio de 1957 y artículo 21 de la LRJAPyPAC, las
circulares e instrucciones sólo pueden referirse a la organización
interna de los servicios dependientes de los subsecretarios y Directores
Generales. Este fichero, como señala el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
nº 3 de Madrid en su auto 08-08-1994, solamente puede tener eficacia
ad intra de la propia administración penitenciaria, sin repercusión,
ni formal ni material en el régimen, y mucho menos en el tratamiento
penitenciario. Este carácter interno es lo que justifica que la
eficacia de las circulares e instrucciones no esté condicionada a
su publicación (artículo 37.10 de la LRJAP y PAC) como sucede
con las leyes (artículo 2.1 del Código Civil) y con las disposiciones
administrativas (artículo 52 de la LRJAPyPAC). Por ello, en la medida
en que las repetidas circulares pretendieran alterar, matizar, o simplemente
interpretar las disposiciones legales o reglamentarias de alcance general,
podrían incurrir en nulidad (artículo 51 de la LRJAPyPAC),
con mayor razón cuando incidieran sobre materias que, como las penas,
gozan en nuestro ordenamiento de reserva de ley (artículo 26 LRJAEyPAC).
La instrucción 21/96, al regular
los FIES, cumple todas las características que se exigen para otorgarle
una naturaleza jurídica de reglamento encubierto, ya que crea un
régimen nuevo, no previsto, ni en la Ley, ni en el Reglamento penitenciario.
La instrucción constituye una auténtica regla imperativa nueva,
una decisión de carácter general, acompañada de ciertas
medidas de aplicación. Puede decirse, con todo rigor, que impone un
determinado modus vivendi fuera de los estrictos confines de la relación
de sujeción especial, ya que crea una subespecie de dicha relación
por cuyo efecto se somete a los internos a sujeciones nuevas. La relación de sujeción especial
del interno en establecimiento penitenciario se concreta en la Ley Orgánica
General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario, y no puede admitirse
un tratamiento distinto de la ejecución de la privación de
libertad sin una Ley Orgánica. Se trata de una exigencia del principio
de legalidad penal. La reserva de ley en materia penal se extiende a la
forma en que se ha de verificar la detención, la prisión y
la ejecución de la privación de libertad. Al tratarse de un auténtico reglamento
encubierto, y no de una norma meramente interna dirigida a los subordinados
en la jerarquía administrativa, precisa una autorizacion legal expresa
para crearse, cosa que la instrucción 21/96 no posee, puesto que
ha sido dictada en virtud de la DT 4 del REGLAMENTO PENITENCIARIO y exigencia
que las primitivas circulares que implantaron el FIES tampoco cumplían.
Las Circulares e Instrucciones en sentido
propio, carecen de valor reglamentario. Son meras normas internas que se
dirigen a los subordinados en la jerarquía administrativa y no pueden
producir efectos externos, sino que agotan su eficacia en el interior del
"ordenamiento derivado" en que se producen (sentencias del Tribunal Supremo
de fechas 20 de diciembre de 1966 y 30 de junio de 1996, y sentencia del
Tribunal Constitucional 102/1988 de 8 de junio). Esto significa: a) Que no deben contradecir los principios
que nutren el ordenamiento general del cual se deriva el ordenamiento administrativo
derivado o subordinado en que se producen. Esto supone que no pueden innovar
respecto de las leyes o reglamentos que interpretan, desarrollan o suplen.
En este caso crean respecto de la Ley Orgánica General Penitenciaria
y el Reglamento Penitenciario. b) No poseen eficacia habilitante, esto
es, no pueden crear "ex novo" potestades que incidan sobre la esfera jurídica
de terceros. Por ello no pueden vincular a particulares, y tampoco a jueces
y magistrados (sentencias del Tribunal Supremo de fechas 17 de febrero
y 18 de noviembre de 1987). c) Lo que tampoco pueden hacer es contradecir
los principios en que se basa el ordenamiento constitucional, muy en concreto
los que rigen la regulación del ejercicio de derechos fundamentales
y su limitación. Por todo ello, son normas que no precisan
su publicación en el BOE (STS 31 de enero de 1967; STS 13 de diciembre
de 1969; STS 5 de marzo de 1976; STS 9 de marzo de 1994; STC 150/1994 de
23 de mayo. La publicación en el BOE no afecta a la validez sino
a le eficacia), y no necesitan para producirse una autorización legal
distinta de la simple habilitación para emanar circulares e instrucciones
que se confiere al órgano administrativo. Sin embargo, en no pocas ocasiones, las
circulares e instrucciones encubren verdaderos reglamentos, por lo que
debe ser el contenido y el fin de la circular o instrucción el que
determine su auténtica naturaleza jurídica. ¿Cómo identificar cuándo
una Instrucción o circular encubre unos reglamentos? Se han dado
tres notas en presencia de las cuales la instrucción debe ser considerada
de naturaleza administrativa?: a) Se someten a sujeciones nuevas a
los administrados. b) Comportan una decisión de
carácter general seguida de simples medidas de aplicación.
Aunque reúnan estas notas, si falta
el requisito de publicación en el BOE la jurisprudencia les niega
el valor reglamentario pero no las anula. Sólo cuando es imposible
su acomodo, porque ha procedido a modificar el contenido de normas superiores,
violando el principio de jerarquía normativa, se declara la nulidad
de la misma (por ejemplo,. la anulación que lleva a cabo la sentencia
del Tribunal Supremo de fecha de 26 de mayo de 1976). En el seno de las relaciones de sujeción
especial, se reconoce que la Instrucción o circular encubre un reglamento
cuando pretende establecer determinados modos de vida fuera de los estrictos
confines de la relación de sujeción especial. Estas circulares
necesitan para producirse una AUTORIZACION LEGAL distinta de la simple
habilitación para emanar este tipo de normas que se haya conferido
a la autoridad administrativa competente. Por tanto estamos ante una norma nula de
pleno derecho, al vulnerar el principio de jerarquía normativa por
carecer de habilitación legal (artículo 62.2 LRJPAC), impugnable,
amén de otros modos de exclusión del interno del FIES, ante
la jurisdicción contencioso-administrativa por virtud del artículo
39 de la LJCA. Quinta.- La instrucción 21/96
es nula de pleno derecho al vulnerar los límites del derecho fundamental
del artículo 17 de la Constitución. El derecho a la libertad personal implica
que no se pueden realizar privaciones o restricciones de la libertad ilegítimas
o arbitrarias, ni imponer límites a las esferas de autonomía
física del individuo que desconozcan el contenido esencial del derecho
establecido en el artículo 17. DE LA CONSTITUCIÓN Esto es,
que lo desnaturalicen, lo hagan impracticable, lo dificulten más
allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección. La amplitud del derecho a la libertad,
su relativa vaguedad e indeterminación y la pluralidad de supuestos
a los que puede afectar hacen imposible una ley que regule o desarrolle
el ejercicio del derecho. Por ello no cabe legislación de desarrollo
en sentido estricto, sino que la forma en que la legislación afecta
al derecho a la libertad y a la seguridad es característicamente negativa: afecta cuando prohibe hacer algo o cuando, de cualquier forma, permite que se prive de libertad. Efectivamente, la protección de
la libertad personal se construye, sobre todo, a través de la interdicción
de sus limitaciones no justificadas constitucionalmente. Para examinar si las limitaciones de la
libertad son constitucionalmente admisibles existe un doble test, basado
en los requisitos de necesidad de la limitación y proporcionalidad
en la misma: A) La normativa restrictiva debe tener
una finalidad constitucionalmente admisible o razonable (interés
constitucional relevante) y la restricción de la libertad debe resultar
necesaria para alcanzar dicha finalidad perseguida. Examinemos si la instrucción 21/96
cumple, como normativa restrictiva de la libertad, ese requisito.
La instrucción justifica la necesidad
de los FIES en el interés de la seguridad del centro penitenciario.
Se trata de "disponer de una amplia información de determinados
grupos de internos [...] ejerciendo un control adecuado frente a fórmulas
delictivas altamente complejas y potencialmente desestabilizadoras del
sistema penitenciario (...) con el objeto de prevenir incidentes en los
centros". La instrucción también menciona
el principio de eficacia de la administración (que puede considerarse
también un interés constitucional relevante en virtud del
artículo 103): "desarrollo con más eficacia de las funciones
que legalmente le corresponden". No puede mantenerse es que la normativa
que regula los FIES sea necesaria para lograr dichos intereses. Ello por
varios motivos: 1) Porque para la prevención de
fórmulas delictivas altamente complejas existen ya regímenes
de vida establecidos legalmente (ordinario y cerrado de primer grado) que
provén la suficiente información y control para prevenir
la comisión de delitos. En el apartado siguiente se determinará
con exactitud los motivos de la abierta inutilidad del fichero.
Si aun así se argumentase que no
es suficiente la diferenciación a los FIES, puesto que el Reglamento
Penitenciario prevé en su artículo 100.2 un módulo
de ejecución en que pueden combinarse aspectos característicos
de los tres grados, cuando dicha medida se fundamente en un programa específico
de tratamiento que no pueda ser ejecutado de otra forma, respetando en
su integridad el sistema de individualización científica en
que se basa todo el ordenamiento penitenciario español. Por tanto, la instrucción no justifica
en absoluto su necesidad. Y es una justificación que resulta de
todo punto necesaria para estimarla constitucionalmente válida, puesto que estamos en presencia de un derecho fundamental, y porque la normativa que examinamos rompe "sin explicaciones" uno de los pilares básicos del derecho penitenciario, que es el sistema de individualización científica. 2) Respecto del principio de eficacia en
la administración penitenciaria debemos recordar que éste se orienta a conseguir los fines de la misma. El fin primordial de la administración
penitenciaria consiste en la reeducación y la reinserción
social de los sentenciados a penas y medidas privativas de libertad (artículo
1 Ley Orgánica General Penitenciaria). No cabe invocar el principio
de eficacia si éste no se orienta a conseguir tal fin. Y los FIES
no están en absoluto destinados a conseguir información para
dar alternativas resocializadoras. B) Proporcionalidad. Para que la norma
limitadora de la libertad sea constitucionalmente admisible debe descansar
también en un principio de proporcionalidad, lo que quiere decir
que constitucionalmente se proclama la interdicción de la desproporción,
el exceso, o la desmesura. Es doctrina consolidada que quien limita
el ejercicio de un derecho fundamental ostenta la carga de realizar un
juicio de oportunidad que acredite la necesidad y proporcionalidad de las
medidas restrictivas, siendo inexcusable su motivación (sentencias
del Tribunal Constitucional 52/1995 de 23 de febrero; 291/1993 de octubre
y 62/1982 de 15 de octubre). Este juicio de oportunidad, sopesando
los intereses constitucionales en conflicto (seguridad y eficacia) con
el derecho a la libertad, pese a que, como todo juicio de oportunidad, hubiera podido resultar discutible, resultaba necesario para estimar la constitucionalidad de la normativa restrictiva de la libertad, pero es que la instrucción ni siquiera lo ha realizado. Podemos concluir que la normativa que regula los FIES no satisface el test de constitucionalidad, pues no demuestra
su necesidad ni proporcionalidad en el cumplimiento de los intereses constitucionales
en que dice justificarse. Por tanto, además de nula de pleno derecho en el plano formal, por violar el principio de jerarquía
en el sistema de producción normativa, es una norma inconstitucional
en cuanto al fondo. Sexta.- El FIES genera situaciones de desigualdad en el régimen de vida respecto de los demás presos clasificados legalmente (auto 12-07-95, sección 3ª Madrid). Asimismo, genera desigualdad clara para los FIES-4, por el hecho de tener una profesión determinada. Esta situación vulnera el mandato constitucional de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. El acto legislativo se revela arbitrario, aunque respetara otros principios del 9.3, cuando engendra desigualdad. Y no ya a una desigualdad referida a
la discriminación -que concierne al artículo 14- sino a las exigencias que el 9.2 conlleva (STC 27/1981, de 20.7). Al examinar una normativa desde este punto de vista el análisis se ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues ésta entraña siempre una arbitrariedad, o bien, aun no estableciéndola, carece de
toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría
una arbitrariedad (STC 108/1986, de 29 de julio). Séptima.- Contradice el
sistema de individualización científica en que se basa el
ordenamiento penitenciario español, toda vez que la inclusión
no deviene de una personalidad o características de la persona que
es el objeto primario y único del sistema penitenciario de individualización científica, sino de un hecho puramente objetivo: delito, trayectoria penitenciaria, criminalidad organizada (JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA núm. 3 de Madrid, auto de 14.07.1995). A este respecto, el artículo
72 Ley Orgánica General Penitenciaria establece que las penas privativas
de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización
científica, separado en grados, el último de los cuales será
la libertad condicional. En todo caso, es necesario la individualización
para su inclusión en el FIES; por ello el JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA
de Granada obliga a que "la cárcel remita al juzgado la relación
de todos los internos ubicados en el llamado departamento FIES de régimen
especial con un estudio actualizado, realizado por el equipo de observación
y tratamiento, de la personalidad y evolución penitenciaria de los
internos y de aquellas circunstancias que han motivado su inclusión
en dicho régimen especial, así como los cambios que se hayan
observado en su conducta con un programa individualizado de recuperación,
tal como contempla la Circular 7/95, a fin de que el juzgado autorice, su
procediese el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria
que implica la ubicación en dichos departamentos especiales. Asimismo
se notificará esta resolución a la DGIP a fin de que dando
cumplimiento a la misma cualquier inclusión en el denominado fichero
FIES de régimen especial RE-1 (o de control directo) se comunique
a este juzgado para su autorización de dicho régimen, si procediera,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 76.j en relación
con el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Tal clasificación deberá notificarse al interno. Octava.- El fichero es abiertamente inútil desde la finalidad resocializadora de la administración penitenciaria. En principio, el fichero tiene como objetivo la obtención de información a través de la observación que se pueda obtener aplicando medios de control directo sobre el preso, con el objetivo de poder llevar a cabo con más eficacia las finalidades que tiene encomendadas. Ante esto cabe hacer las siguientes consideraciones: 1ª.- El funcionamiento de la institución
penitenciaria regulada en la Ley Orgánica General Penitenciaria
tiene como fin primordial la reeducación y la reinserción
1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). De manera que si la
finalidad de estos ficheros fuese la legalmente establecida, nos llevaría
a plantear que el seguimiento especial de personas concretas caracterizadas
por su conflictividad y comportamientos especialmente violentos dentro
de prisión, o por cometer determinados tipos de delitos, estaría
destinado a conseguir información para dar alternativas resocializadoras
y recuperadoras a estas personas, y no para someter y restringir derechos.
2ª.- Si es para prevenir
determinados delitos (está dirigido a fórmulas directivas
altamente complejas y potencialmente desestabilizadoras del sistema penitenciario),
afirmaríamos que también carece de sentido. Los regímenes
de vida establecidos legalmente, bien sea el ordinario, bien sea el cerrado
-primer grado, artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria,
artículo 32 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, intervención
de comunicaciones- tienen los suficientes medios de obtención de
información y de control para la prevención de la comisión
de delitos. Existen medios legalmente establecidos
de los que hace uso la administración carcelaria desde el ingreso
del penado en el centro penitenciario, y a través de los cuáles
se puede obtener, y de hecho se obtiene, toda la información necesaria
sobre los penados: a.- Al ingreso, el penado debe mantener
varias entrevistas con los miembros del equipo técnico (psicólogo,
educador, trabajador social y jurista). A estos efectos, a cada interno
se le abrirá un expediente personal relativo a su situación
procesal y penitenciaria del que el interno tendrá derecho a ser informado; asimismo a cada penado se formará un protocolo de personalidad (artículo 15 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). De la información obtenida aquéllos deberán formular un programa individualizado de tratamiento tras la detección de áreas carenciales de tratamiento (artículo 20 DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO). b.- Para individualizar el tratamiento
hay que realizar una clasificación en grados, y destinar al penado
al centro penitenciario cuyo régimen sea el más adecuado
al tratamiento que se le haya señalado. Para esta clasificación
es necesaria una previa observación (artículo 63. DEL REGLAMENTO
PENITENCIARIO). A estos efectos la observación directa del comportamiento
ocupa un lugar importante y resulta absolutamente necesaria para un adecuado
conocimiento de la personalidad (vid. artículo 64 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria y 111 DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO). Lo característico
de los métodos de observación directa (datos documentales,
entrevistas y observación experimental) es que consisten, tanto en
observar la conducta de las personas, como en deducir de los resultados
de esta observación rasgos de la personalidad valorables desde el
punto de vista del comportamiento delictivo (determinación del tipo
criminológico, diagnóstico de la capacidad criminal, y la
adaptabilidad social). Para la clasificación se ponderará
la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo
del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne
el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada
caso, para el buen éxito del tratamiento (artículo 63 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria). c.- Para las personas definidas como peligrosas
e inadaptadas existe una valoración técnico-pericial con
el fin de decretar el régimen cerrado o el ingreso en departamentos especiales (artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). Para esta determinación deben ponderarse la concurrencia de los siguientes factores (artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario): (a) Naturaleza de los delitos
cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad
agresiva, violenta o antisocial. (b) Comisión de actos que
atenten contra la vida o la integridad física de las personas,
la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente
violentas. (c) Pertenencia a organizaciones
delictivas o a bandas armadas. (d) Participación activa
en motines, agresiones físicas, amenazas o coacciones.
(e) Comisión de infracciones
disciplinarias calificadas de muy graves o graves de manera reiterada y
sostenida en el tiempo, (f) Introducción o posesión
de armas de fuego en el establecimiento penitenciario, así como
la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico.
Este régimen de vida se caracterizará
por una limitación de las actividades en común con los otros
internos y un mayor control y vigilancia sobre los mismos en la forma que
reglamentariamente se determine. Este régimen cerrado será
de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por
su involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en
primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente
inadaptados a los regímenes ordinarios y abiertos (artículo
89 del Reglamento Penitenciario). Ello supone que ha de existir una información
previa, obtenida legalmente a través de los medios y métodos
establecidos legalmente. d.- La información no es solamente
recogida y utilizada al inicio de la condena, sino que cada seis meses
los penados deben ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar,
en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo de tratamiento
individualizado. Así mismo la central de observación estudiará
aquellos internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa
para las juntas de tratamiento de los establecimientos o grupos o tipos
de aquéllos cuyas peculiaridades convenga investigar a juicio del
centro directivo (Artículo 109 del Reglamento Penitenciario)
e.- Un paso más en el conocimiento
de las personas presas se hace necesaria en la progresión y regresión
de grado, que se hará depender de la evolución en el tratamiento:
"dependerá de la modificación positiva de aquellos factores
directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará
en la conducta global el interno...". La regresión cuando se aprecie
una regresión negativa en el pronóstico de integración
social y la personalidad o conducta del interno (artículo 106 DEL
REGLAMENTO PENITENCIARIO). f.- Incluso, para aquellos que rechacen
libremente o no colaboren en cualquier técnica de estudio de su
personalidad, la clasificación inicial y las posteriores revisiones
de las mismas se realizaran mediante la observación directa del comportamiento y los informes pertinentes del personal penitenciario de los equipos técnicos que tengan relación con el interno. g.- Respecto de la información que
se pueda obtener de las comunicaciones, existe todo un sistema de restricciones
e intervenciones y suspensiones legalmente previsto y judicialmente controlado
(artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria) del
que podrá hacer uso el director de la cárcel cuando las comunicaciones
puedan afectar a la seguridad, interés del tratamiento o al buen
orden del establecimiento. O, de igual forma cuando existan razones fundadas
para creer que los comunicantes están preparando alguna actuación
delictiva (artículo 44.a) DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO) h.- Cuando el preso tenga comportamientos
que atenten contra la vida o integridad física de otros internos
o funcionarios, existe el régimen disciplinario para controlar esas
situaciones; en concreto la sanción más estricta: el aislamiento.
Y lógicamente la incoación de un procedimiento si la infracción
está tipificada en el código penal. Novena.- La normativa que regula los ficheros supone una vulneración del derecho fundamental a la intimidad. La sentencia de 19 de enero de 1995 analiza el concepto de
domicilio en el marco del derecho fundamental a la intimidad personal (artículo
18.1 DE LA CONSTITUCIÓN) y al libre desarrollo de la personalidad
(artículo 10.1 DE LA CONSTITUCIÓN) Este derecho se concreta
en la posibilidad de cada ciudadano de erigir ámbitos privados, es
decir que excluyen la observación de los demás y de las autoridades
del Estado. El domicilio es a efectos de protección "cualquier lugar
cerrado en el que transcurre la vida privada individual y familiar, sirviendo
como residencia estable o transitoria (STS 31.01.95). Tal derecho deriva
directamente del derecho al libre desarrollo de la personalidad (Artículo
10.1 DE LA CONSTITUCIÓN) De ello se deduce que el domicilio, en
el sentido de la Constitución, no es sólo el lugar donde
se pernocta habitualmente o donde se realizan otras actividades cotidianas habituales, sino también el ámbito erigido por una persona para desarrollar en él alguna actividad. En este sentido se ha dicho por la STC 22/84 que el derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido para garantizar
el ámbito de privacidad de ésta. En este mismo sentido el
artículo 87.2 de la LOPJ demuestra que el ámbito de intimidad
que corresponde al derecho fundamental es más amplio que el de habitación
o morada. Ante estos extremos, la normativa que permite
cacheos personales diarios, registros de las celdas diarios, cambios de celda
habitualmente, control visual nocturno cada hora, circunstancias añadidas
al especial régimen de vida de las personas clasificadas en régimen
cerrado (21 horas de celda en total aislamiento) anulan todo espacio íntimo
del ciudadano preso. Décima.- Desde otra perspectiva, y quizás más grave, la cárcel como institución cerrada y total, está alejada lo suficiente de su esencia y finalidad. Hace gala además de su opacidad ante los órganos jurisdiccionales de control, como para que se cree aún más la ausencia de control por normas de carácter secreto. (auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 Madrid de 14.07.1995). 4. Posibilidades legales de exclusión del F.I.E.S. Existen varias posibilidades de excluir
a presos de los ficheros de especial seguimiento. 1.La puerta la abrió el Tribunal
Constitucional, mediante resolución de 15 de septiembre de 1994
(auto 241/94), por la que acordó la suspensión de las medidas
derivadas de la inclusión en dicho fichero por entender que el tratamiento ordenado por la Circular que lo regula incidía directamente en las posibilidades de movimiento y de comunicación de individuos sometidos a penas privativas de libertad y, dado que aquella privación añadida sobre bienes tan esenciales es en sí misma irreversible, se procedió a acordar la suspensión del tratamiento penitenciario del que eran objeto los presos. Aunque la decisión del Tribunal
Constitucional únicamente suspendió la aplicación
del régimen FIES a los dos recurrentes, sin embargo, la propia autoridad
penitenciaria o, en su defecto, los Jueces de Vigilancia Penitenciaria
(artículo 76.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria) pueden
suspender todas las medidas restrictivas de tratamiento que vienen aplicándose
a los internos llamados FIES, en virtud de la argumentación adoptada por el Tribunal Constitucional (Autos JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA núm. 1 de Madrid de 17.08.95, 22.02,95, 23.02.95). Para ello hay que recurrir al Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria y argumentar los derechos que se ven restringidos
(intimidad, libre desarrollo de la personalidad, libertad) y toda la argumentación
que se ha expuesto a lo largo de este artículo. 2. También puede hacerse la exclusión
argumentando la ausencia de motivación e individualización
en la resolución. En este sentido el auto NÚM. 571/97 de 28
de mayo de 1997 dictado por la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid, señala que "el recurso debe prosperar, con el efecto de excluir al interno del mencionado fichero, pues si la mera condena por delito de tráfico de drogas, sin más especificaciones, es insuficiente para afirmar que el penado deba ser incluido entre determinados grupos de internos a fin de poder ejercer "un control adecuado frente a fórmulas altamente complejas y potencialmente desestabilizadoras del sistema penitenciario". No se han agotado las razones para que el cambio en la norma de apoyo suponga un mantenimiento de la situación del interno, ni se han expuesto no
ya las razones formales para el mantenimiento en la inclusión sino
tampoco las razones jurídicas para la inclusión inicial en
ese fichero (fichero que pretende por una parte ser útil y de otra no afectar para nada la vida del interno lo que es dudosamente compatible, pues raro será que el control adecuado y el especial seguimiento no afecten cuando menos a la vida regimental y probablemente también a la vigilancia y al propio sistema de clasificación). En definitiva, la inclusión en ese fichero, y por tanto la consideración como
integrante de un grupo de internos de las características antedichas,
requiere una motivación que por ninguna parte aparece en el expediente".
Esta motivación debe ser
más clara cuando algunos internos estaban incluidos en este fichero
cuando estaba en vigor la circular de 2 de agosto de 1991 que ha sido derogada.
Tras la derogación de esa circular con arreglo a la cual fue incluido
en el FIES en 1992, rige la Instrucción 21/96 de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios sin que consten las razones, tras esa
instrucción, que aconsejan mantener en dicho fichero al interno incluido
en él conforme a la circular derogada. Asimismo, se establece la
exclusión de los presos preventivos (auto 323/97, A.P. 5ª Madrid).
3. Una tercera posibilidad se abre por
la vía del artículo 6 de la LOPJ (JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA
3 de Madrid auto de 22.03.95). Esta norma posibilita la inaplicación
de la circular FIES, toda vez que el mandato de la LOPJ es de inaplicación
de reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la Constitución,
a la Ley o al principio de jerarquía normativa. 4. La exclusión total del ordenamiento
jurídico en base el control de constitucionalidad y legalidad ordinaria
que corresponde a los jueces y magistrados respecto de disposiciones normativas
sin rango de ley, inaplicándolas cuando estén en contradicción
con lo previsto en la Constitución y las leyes. Su fundamento se
encuentra en el artículo 106.1 de la Constitución y debe
hacer por la vía contencioso-administrativa. 5. Cualquier acto de la administración
penitenciaria realizado en aplicación de la instrucción que
suponga una mayor restricción de la libertad respecto de lo preceptuado
en la ley y el reglamento penitenciario, puede ser impugnado ante la jurisdicción
ordinaria por la vía sumaria y preferente de la ley de protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales (Ley 62/78 de 26 de diciembre,
artículos 6 y siguientes, garantía contencioso-administrativa)
y una vez agotada la vía previa puede ser objeto de recurso de amparo
ante el TC (artículo 43 LOTC). Así, la sentencia del Tribunal
Constitucional 47/1990, de 20 de marzo, resolviendo el Recurso de
Amparo 1609/1987 admite el Recurso de Amparo contra actos en aplicación
de instrucciones que violen derechos fundamentales, una vez agotada la vía previa que puede tramitarse por la vía sumaria y preferente de la Ley 62/78 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Por su parte, el artículo 39 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, dispone: “1.Las disposiciones de carácter
general que dictaren la Administración del Estado, así como
las Entidades locales y Corporaciones e Instituciones públicas,
podrán ser impugnadas directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
una vez aprobados definitivamente en vía administrativa 2.- También
será admisible la impugnación de los actos que se produjeren
en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones
no son conformes a Derecho”. Hay quie consignar igualmente que el artículo
62.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común establece: “También serán nulas de pleno derecho
las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución,
las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que
regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad
de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales”. 5. Resoluciones del
Tribunal Constitucional: El Auto del Tribunal Constitucional 241/94 de 15 de septiembre acordó la suspensión de las medidas derivadas de la inclusión en dicho fichero por entender que el tratamiento
ordenado por la Circular que lo regula incide directamente en las posibilidades
de movimiento y de comunicación de individuos sometidos a
penas privativas de libertad y, dado que aquella privación añadida
sobre bienes tan esenciales es en sí misma irreversible, procede
acordar la suspensión del tratamiento penitenciario del que son objeto
los recurrentes. 2.- Sobre la regulación administrativa
actual del FIES, consultar la Instrucción de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias nº 21/96 GP, de 16 de diciembre
de 1996, que entró en vigor el 1 de enero de 1997. 6. Resoluciones de
la Audiencia Provincial de Madrid: 6.1 Preso preventivo. Improcedencia de su inclusión. "El recurso debe prosperar, con
el efecto de excluir al interno del mencionado fichero, pues si como este
Tribunal señalo en un auto de 20.3.97, la mera condena por delito
de tráfico de drogas sin más especificaciones es insuficiente
para afirmar que el penado debe ser incluido entre "determinados grupos
de internos" a fin de poder ejercer "un control adecuado frente a fórmulas
sistema penitenciario", con mayor motivo la situación de preso preventivo
es fundamento insuficiente para incluir al interno en un fichero, del que
cabe dudar que su utilidad respete la vida regimental y el propio sistema
de clasificación." AUTO 571/97 de 28.5.97 6.2 Preso preventivo. Improcedencia
de su inclusión. “No consta en el expediente el motivo por el que el recurrente, está incluido en el fichero FIES. El Centro Penitenciario cuando informó al Juzgado de Vigilancia el 28 de octubre de 1998 sobre la queja presentada por dicho interno, omite toda motivación (no tienen tal condición la genérica referencia a su tipología delictiva y su potencial peligrosidad) y
se limita a afirmar que la inclusión no afecta a los derechos del interno. Más tarde, cuando en Enero de 1997 vuelve a informar al Juzgador, lo hace - tal sentido tenía la petición del Juzgado - sobre el destino del interno en la panadería, sin que aparezca ninguna referencia
a las causas de la inclusión. A partir de lo expuesto, el recurso debe
prosperar por no constar las causas que motivaron la inclusión del
interno recurrente en el fichero FIES, no siendo indiferente esta omisión,
pues una decisión que lleva consigo un mayor control y un especial seguimiento, con independencia de otros posibles efectos, debe estar debidamente
fundamentada. En la documentación de la diligencia
de 16 de Octubre de 1996, donde se recoge la queja verbal presentada por
el interno al Juez de Vigilancia Penitenciaria, aparece, en el apartado
correspondiente a la pena esta anotación: preventivo. Por otro lado, al margen de la fotocopia
de una solicitud del interno para ser destinado al taller de imprenta -
fotocopias presentada por él - se lee: “ No procede. Narcotraficante”.
Pues bien, si esta fotocopia y la solicitud
correspondiente son auténticas (la solicitud tiene fecha del 20
de septiembre de 1996 y el Centro dice en Enero de 1997 que al margen del
destino en la panadería no consta “ en nuestros archivos más
solicitudes de destino por parte de dicho interno”) sucedería:
* Que el estar privado preventivamente
de libertad por existir indicios de haber cometido un delito de tráfico
de drogas no es motivo suficiente para acordar la inclusión en el
fichero FIES. * Que esa inclusión, sí se
ha proyectado sobre la vida penitenciaria, pues por tal causa - sin
más especificaciones - se ha rechazado al interno su petición
de destino en un taller de imprenta.” AUTO 224/98 26.2.98 6.4 Falta de motivación de la
inclusión. “El informe emitido por el centro penitenciario con fecha de 18.2.97 con motivo de la queja planteada por el
interno, no establece las causas de inclusión de éste en el
fichero de especial seguimiento FIES, sí recoge la pena que aquél está cumpliendo por la comisión de un delito contra la salud pública, la existencia de unas faltas muy graves que ya estaban canceladas en la fecha del indicado informe y que el penado ya se encontraba incluido en el referido fichero cuando fue trasladado al centro de Madrid IV. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias justifica por sí misma el mantenimiento en aquél y no encuentra el Tribunal razones por las que
se haya de continuar con ese especial seguimiento, toda vez que por el centro
no se expone ninguna para ello, y por tal motivo se estima el recurso.” AUTO
326/98 25.3.98 6.5 Ilegalidad de la instrucción
que regula los F.I.E.S. “La instrucción 21/96 de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias - que dejó sin efecto la instrucción 8/95 y anteriores - es a juicio de este Tribunal ilegal y carece de apoyatura en la ley o el reglamento penitenciario y lo es porque, aunque lo niegue expresamente en alguno de sus apartados incluye
en otros notas o detalles de tratamiento generalizado y no individualizado de internos por la sola razón de su pertenencia, o incluso de la sospecha
de la misma, a determinados grupos: FIES 1 internos especialmente peligrosos;
FIES 2 narcotraficantes o sospechosos de serlo, FIES 3 personas vinculadas
a bandas o grupos terroristas, etc. Ello conlleva, entre otras cosas, no sólo
el especial seguimiento en cuanto a su evolución - licenciamientos,
ingresos y traslados, modificación de su situación penitenciaria,
etc.- sino también, la puesta en conocimiento urgente de la Subdirección
General Penitenciaria de datos tales como las comunicaciones con letrados,
la participación en actividades programadas por los Centros, las
solicitudes de permisos de salida antes de proceder a su estudio por el Equipo
Técnico. No es todo. Existen normas específicas
respecto de las consultas médicas de estos internos, y en lo que
respecta a los sospechosos de narcotráfico o condenados por ello conlleva
el destino a módulos determinados especialmente seguros, el control
de todas sus actividades, la denegación de destinos de confianza,
o de aquellos que tengan acceso al exterior o a teléfonos, el periódico cambio de celda, y la potenciación de medidas como cacheos, recuentos y requisas. A partir de la anterior consideración,
este Tribunal sin embargo ha de establecer que, aunque juzgue la instrucción
ilegal por contraria al principio de jerarquía normativa, no es
competencia suya, sino si acaso, de los Tribunales del orden jurisdiccional
contencioso declarar tal ilegalidad, pero ello no impide el pronunciamiento
de esta Sala sobre cada caso concreto. Y, en el presente, la Administración no da razón alguna fuera de la pertenencia al “grupo de narcotraficantes
“ para mantener la inclusión del mismo en el Fichero de Internos
de Especial Seguimiento por lo que debe estimarse el recurso. En primer lugar, porque esa agrupación por clases de delitos es contraria al tratamiento individualizado; en segundo lugar porque afecta de hecho al régimen de vida del interno y, en fin, porque ni siquiera consta que esté condenado y según la Administración en informe de 10.4.97 meramente estaba acusado de ese delito cuando fue incluido en el Fichero.” AUTO 503/98 6.5.98 Insuficiencia de la condena por
tráfico de droga para la inclusión en F.I.E.S. (NA).
"La mera condena por delito de tráfico
de drogas sin más especificaciones es insuficiente para afirmar
que el penado debe ser incluido entre "determinados grupos de internos"
a fin de poder ejercer "un control adecuado frente a fórmulas delictivas
altamente complejas y potencialmente desestabilizadoras del sistema penitenciario."
Es decir, ni se han agotado las razones para el cambio en la norma de apoyo
suponga un mantenimiento de la situación del interno, ni se han
expuesto no ya las razones formales para la inclusión sino tampoco
las razones jurídicas para la inclusión inicial en ese fichero
(fichero que pretende de una parte ser útil y de otra no afectar
para nada la vida del interno lo que es dudosamente compatible, pues raro
será que el control adecuado y el especial seguimiento no afecten
cuando menos a la vida regimental y probablemente también a la vigilancia
y al propio sistema de clasificación). En definitiva la inclusión en ese fichero y por tanto la consideración como integrante de un grupo de internos de las características antedichas, requiere una motivación
que por ninguna parte aparece en el expediente, por lo que el recurso debe
ser estimado. AUTO 323/97 de 20.3.97 ©THEORIA -

References: artículo 8
 artículo
10
 artículo 65
 artículo 17
 resolución 
 artículo 10
 artículo 100
 Artículo 25
 Artículo 9
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo
18
 artículo 21
 artículo
39
 artículo 17
 artículo 17

artículo 103
 artículo 100
 artículo 14
 artículo
72
 artículo 10
 resolución 
 artículo 76
 artículo 10
 artículo 10

artículo 32
 artículo 64

artículo 87
 resolución 
 artículo 6
 artículo 106
 artículo 39
 artículo
62