Source: https://es.scribd.com/doc/83092240/Amparo-contra-amparo
Timestamp: 2016-05-31 10:47:41+00:00

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SUMARIO: I. Introducción. II. El amparo contra amparo en el modelo jurisprudencial precedente. III. La posición de los autores del Código Procesal Constitucional. IV. La posición discrepante con la fórmula recogida por el Código. V. Los amparos contra amparos tramitados durante el régimen procesal de la ley N° 23506 y resueltos tras la entrada en vigencia del código procesal constitucional. VI. La ratificación jurisprudencial del régimen amparo contra amparo y los procesos resueltos conforme a la nueva configuración procesal. VII. Las figuras alternas al amparo contra amparo. VIII. La sentencia emitida en el expediente N° 4853-2004-PA/TC y los nuevos criterios en el régimen amparo contra amparo. A). La necesidad de que la vulneración alegada sea evidente o manifiesta. B). El carácter excepcional o extraordinario. C). Habilitación contra resoluciones estimatorias. D). Procedencia respecto de reclamos sustentados en la amenaza o vulneración de todo tipo de derechos constitucionales. E). Habilitación en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional. F). Protección de terceros que no han participado en el proceso constitucional pero cuyos derechos han sido vulnerados y del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio constitucional. G). Inconveniencia del amparo contra amparo en defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. H). Improcedencia del amparo contra amparo contra decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. IX. El destino del amparo contra amparo. X. Algunos problemas recientes que viene ofreciendo la casuística.
I. Introducción Tras la puesta en vigencia del Código Procesal Constitucional en el Perú y el establecimiento de dispositivos como el contenido en su Artículo 5°, inciso 6), dis* El presente trabajo tiene como referente inmediato uno anterior publicado bajo el título “Los nuevos derroteros del amparo contra amparo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Cambios y perspectivas a raíz de una reciente ejecutoria)” y que se encuentra contenido en: SÁENZ DÁVALOS, Luis (coordinador), El amparo contra amparo y el recurso de agravio a favor del precedente, Cuadernos de Análisis y Crítica a la Jurisprudencia Constitucional, Nº 3, Palestra Editores, Lima, 2007. Lo que ahora se presenta es una versión totalmente revisada y complementada con algunos aspectos novedosos que vienen presentándose en el ámbito de la casuística.
tinguidos y muy versados especialistas nacionales se inclinaron por afirmar que el régimen amparo contra amparo inevitablemente había sucumbido. Actualmente sin embargo y transcurridos poco mas de tres años de la existencia de dicho cuerpo normativo, puede afirmarse sin temor a equívocos que el anunciado deceso ha quedado definitivamente desmentido. En efecto, aun cuando de una revisión preliminar de nuestro Código se especulaba que lo que jurisprudencialmente representaba la opción procesal descrita quedaba eliminada para siempre y que por tanto, carecía de todo sentido seguir efectuando comentarios respecto de sus alcances, ha sido el mismo Tribunal Constitucional, Supremo Interprete de la Constitución, el que se ha encargado de señalar un derrotero radicalmente distinto, en el que lejos de facturarse la supresión del citado régimen, ha quedado éste absolutamente ratificado en su existencia y quien sabe, si hasta incentivado, bajo determinados supuestos o circunstancias. La respuesta dispensada por la jurisprudencia peruana ha permitido por otra parte y en buena cuenta, enfatizar el certero juicio que a menudo se realiza cuando se afirma que la voluntad del legislador, no es precisamente el único de los referentes cuando se trata de precisar el camino que en su aplicación práctica ha de seguir una determinada norma jurídica. Siendo dicha voluntad importante no es empero vinculante, en tanto la norma adquiere vida propia e independiente, y es por tanto su puesta en ejecución la que termina reflejando, los ámbitos o escenarios por donde aquella habrá de discurrir. Queda en todo caso por precisar que si la doctrina amparo versus amparo ha quedado convalidada como aquí se ha dicho, los supuestos o reglas que en su momento fueron utilizados para justificar su presencia, han sido sin embargo pasibles de importantes (y en algunos casos muy notorios) cambios si nos atenemos a lo expuesto en la Sentencia recaída en el Expediente N° 4853-2004-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Pesquería de la Libertad). El presente trabajo, intentará explicitar cuales son los derroteros o cauces que actualmente nos ofrece la doctrina amparo contra amparo, matizando en aquellos extremos que consideramos como importantes avances e incidiendo desde una perspectiva no exenta crítica, en aquellos otros aspectos que de pronto y como se verá en su momento, puedan resultar opinables o susceptibles de un mayor desarrollo o perfeccionamiento. Por lo demás y al margen de que lo que hoy se perfila, pueda considerarse aún embrionario, creemos que la casuística que a futuro pueda ir produciéndose, se encargará de definirnos mayores y más explícitos criterios a tomar en cuenta, con lo cual habrá de verificarse si lo que desde ahora se postula significa o no el mejor o más adecuado de los caminos a seguirse. II. El amparo contra amparo en el modelo jurisprudencial precedente Como bien se conoce, la doctrina amparo versus amparo nació en el Perú sin un referente normativo inmediato.
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En la lógica de que la antigua y hoy derogada Ley N° 23506 (Ley de Habeas Corpus y Amparo) no reconoció cláusula explícita que abordara directamente el tema, la jurisprudencia se encargó de bosquejar determinados elementos de discernimiento que permitiesen encarar el modo de cómo resolver controversias donde se cuestionara la interposición de procesos constitucionales, contra procesos de la misma naturaleza. La necesidad de optar por tal esquema especial, se imponía por lo demás, desde que el modelo amparo contra amparo, representaba una excepción dentro de lo que ya de por si, resultaba una verdadera excepción (cuestionamiento de decisiones jurisdiccionales lesivas a los derechos constitucionales). No todos los días, como es evidente, se cuestionaba un proceso constitucional por aparentemente inconstitucional. De una concepción preliminar en la que fueron esbozadas un total de cuatro reglas (carácter excepcional, prohibición de procedencia contra decisiones emanadas del Tribunal Constitucional, incidencia sobre aspectos vinculados al debido proceso formal y efectos específicos en su carácter restitutorio),1 fuimos pasando a una tesis mucho más restringida en la que junto con dicha máximas, se incorporaron otras tres adicionales (evidencia manifiesta en la lesión al debido proceso, necesidad de agotamiento de los recursos judiciales internos y prohibición de articulación contra sentencias constitucionales estimatorias).2 El amparo contra amparo así configurado fue transformándose en una técnica que siendo importante en sus alcances tutelares, no podía tampoco ser mal utilizada, pues lo que estaba de por medio era ni más ni menos que la trascendencia y certeza implícitas a todo proceso constitucional. La doctrina que por entonces se ocupo de dicha temática, intentó advertir de los eventuales riesgos que su distorsión podría ocasionar si es que no era adecuadamente instrumentalizada.3 También por cierto y desde los escenarios jurisdiccionales, se busco que sobre la base de las reglas preestablecidas su utilización, no respondiera sino a circunstancias de suyo excepcionales. El hecho concreto es que si nos atenemos al referente inmediato que nos pro1 Esta fue la tesis manejada en la Sentencia recaída en el Expediente N° 612-1998-AA/TC (Caso: Sindicato Pesquero del Perú S.A.), la primera en la que el Tribunal Constitucional abordó tan importante temática. 2 A partir de la Sentencia recaída en el Exp. N° 200-2002-AA/TC (Caso: Ministerio de Pesquería), el Colegiado optaría por considerar el amparo contra amparo una fórmula que si bien resultaba importante, debía volverse mucho más restringida o excepcional. A la luz de la lógica manejada por dicha sentencia fueron resueltos un importante número de casos. Cfr. Exp. N° 127-2002-AA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de Yungay), Exp. N° 564-2002-AA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de Yungay), Exp. N° 2073-2003-AA/TC (Caso: Mendel Winter Zuzunaga y Samuel Winter Zuzunaga), Exp. N° 2704-2004-AA/TC (Caso: Ministerio de Agricultura), Exp. N° 1465-2004-AA/TC (Caso: Procurador Público del Ministerio de Agricultura) entre otros. 3 Cfr. EGUIGUREN PRAELI, Francisco, “Las distorsiones en la utilización del amparo y su efecto en la vulneración del debido proceso: ¿Cabe un amparo contra otro amparo?” en Estudios Constitucionales, Ara Editores, Lima, 2002, pp. 227 y ss.
porciona la casuística, el resultado no pareció en estricto desalentador. La mayor parte (casi la totalidad) de procesos constitucionales promovidos contra procesos de similar naturaleza, resulto desestimado y aquellos contados (en realidad contadísimos) amparos que prosperaron estimatoriamente, lo fueron dentro de circunstancias absolutamente extraordinarias.4 La experiencia práctica, en suma, no nos ofreció algo que pueda considerarse negativo o susceptible de proscripciones prima facie. III. La posición de los autores del Código Procesal Constitucional Como es bastante sabido, reconocidos y muy versados juristas de nuestro medio5, elaboraron el proyecto de lo que más adelante se transformaría en el actual Código Procesal Constitucional. No es éste el momento preciso para detenernos a examinar los importantísimos aportes que dicha herramienta legislativa ha traído consigo ni las incidencias que su aplicación práctica ha reflejado en favor de nuestro ordenamiento jurídico y de los propios derechos y principios constitucionales en particular. Queda claro por lo demás, que en relación con tales ítems, se ha tenido el acierto de haber recogido lo que vienen siendo las tendencias más afianzadas y progresistas en materia procesal constitucional. Sin embargo, en lo que respecta al tema específico que aquí nos ocupa, el panorama podríamos adelantar que es distinto. Sin que se tenga porque decir que la opción del Código resulta criticable, creemos que la misma, admite posiciones tanto a favor como en contra. Para nadie es un secreto que la posición asumida por los autores del Código,6
4 Independientemente del caso resuelto en el ya citado Exp. N° 612-1998-AA/TC, que tuvo carácter estimatorio y que como ya se dijo, pertenecieron al periodo embrionario del amparo contra amparo, pueden citarse las Sentencias estimatorias recaídas en los Expedientes N° 1102-2000-AA/TC (Caso: Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República) y N° 1975-2002-AA/TC (Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima). 5 Cfr. Los doctores Domingo García Belaunde, Francisco Eguiguren Praeli, Samuel Abad Yupanqui, Jorge Danós Ordóñez, Juan Monroy Gálvez y Arsenio Ore Guardia. 6 Ello no obstante habría que matizar que hasta antes de la aprobación del Código no todos los juristas que integraron la Comisión mantenían una posición uniforme respecto a lo que en ese momento constituía el régimen amparo contra amparo. Prueba de ello era la postura doctrinal mantenida por Francisco EGUIGUREN PRAELI, conforme a la cual se consideraba “…plenamente justificada la procedencia del amparo contra resoluciones dictadas en procesos de amparo de carácter irregular” aún cuando condicionando dicha procedencia a “…un tratamiento prudente y admisión excepcional…”. Cfr. Estudios Constitucionales, p. 231. Perspectiva mucho mas especial sería también esbozada en su día y bajo el marco de la Ley N° 23506, por Domingo GARCÍA BELAÚNDE, quien pese a no mostrarse muy partidario del régimen procesal en cuestión durante los años en que éste aún tenia un carácter embrionario, nos diría sin embargo y a propósito de casos muy concretos y excepcionales que “…la posibilidad de un amparo contra un amparo obtenido indebidamente y en forma arbitraria, y sin entrar a discutir el problema
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fue en todo momento la de proscribir del escenario el consabido régimen del amparo contra amparo. Sin que se tenga que realizar una revisión exhaustiva de las motivaciones que inspiraron a tan selecto grupo de juristas, a optar por una alternativa que podríamos calificar como restrictiva, queda claro que la explicación de la misma tampoco resulta complicada de determinar. En rigor basta con echar mano de la versión proporcionada por ellos mismos y que fuese publicada bajo la forma de estudio introductorio al primer texto que se difunde en relación con el Código Procesal Constitucional,7 para extraer importantes conclusiones. En el citado estudio introductorio, escrito hacia el mes de Julio del año 2004 y difundido en el mes de Agosto del mismo año,8 dicho grupo de especialistas afirmaron que la inclusión del Artículo 5°, inciso 6°, según el cual, no proceden los procesos constitucionales cuando “se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional”, se hizo a fin de “…evitar el polémico empleo del amparo contra resoluciones recaídas en otros procesos de amparo”.9 Temperamento similar aunque mucho más argumentado, sería posteriormente avalado a título individual, por varios de los distinguidos especialistas integrantes de dicho grupo de trabajo. Domingo García Belaunde, expresaría su punto de vista mediante sendas entrevistas enfatizando que “…lo que si hemos establecido claramente, es que los Amparos son improcedentes contra los demás procesos constitucionales, con lo cual queremos evitar el Amparo contra Amparo”.10 En otro momento volvería a expresarnos su parecer afirmando que “…pensar en un Amparo contra un Amparo es abrir la compuerta a las infinitas instancias, y por eso hemos pensado que no debe existir. Si antes se dio, no creo que ahora lo deba ser, ya que por un lado nuestro Código es garantista y por otro, el Poder Judicial, pese a sus carencias, debe asumir ese reto ahora que vivimos en Democracia…
de fondo, es algo que, hoy por hoy, es factible dentro del vigente ordenamiento jurídico peruano”. Cfr. GARCÍA BELAUNDE, Domingo, El amparo contra resoluciones judiciales de cualquier tipo, Informe Profesional, Lima 28 de Marzo del 2001, pp. 14-15. 7 Cfr. AA. VV., Código Procesal Constitucional. Comentarios, Exposición de Motivos, Dictámenes e Índice Analítico, Palestra Editores, Lima, 2004, pp. 15-93. Cabe precisar que el Estudio Preliminar al que aquí nos referimos, fue objeto de revisión y de algunos retoques y modificaciones en su contenido a raíz de la Segunda Edición de la misma citada obra publicada por la Editorial Palestra en el mes de Julio del año 2005. Ello no obstante y en el tema que aquí nos interesa, no hubo mayores cambios. 8 No hay que olvidar que aún cuando la Ley Nº 28237 (mediante la cual se aprueba el Código Procesal Constitucional) entró en vigencia el 01 de Diciembre del 2004, fue publicada el 31 de Mayo del mismo año, lo que supuso el tiempo necesario para que, sobre todo la Comisión, se encargara de difundir sus propios criterios o pareceres sobre los alcances de dicha norma. 9 Cfr. AA. VV., op. cit., p. 45. 10 Cfr. “El nuevo Código Procesal Constitucional Peruano: Alcances, Reflexiones y Perspectivas”, Entrevista a Domingo García Belaunde por Mauricio Balbi Bustamante en PALOMINO MANCHEGO, José (coord.), El Derecho Procesal Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaunde, tomo II, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2005, p. 1455.
Lo que falta, mas bien, es una suerte de casación de las sentencias estimatorias ante el Tribunal Constitucional, cuando se violen principios fundamentales sobre los que exista jurisprudencia vinculante”.11 Francisco Eguiguren Praeli nos dirá, a su turno, que a la luz de las nuevas causales de desestimación de los procesos de tutela de derechos, son “…improcedentes los procesos promovidos contra resoluciones firmes recaídas en otro proceso constitucional (haciendo impertinente el amparo contra amparo…)”.12 Finalmente Samuel Abad Yupanqui, otro de los destacados juristas de la Comisión, es quien más ampliamente se pronuncia sobre la temática en cuestión. A su juicio “El Código… rechaza el empleo del amparo contra amparo”, esencialmente debido a que reconocer dicha posibilidad al justiciable “…sería ingresar en una cadena sin fin de procesos constitucionales. Ello ocasionaría que la balanza en que hemos tratado de colocar los valores seguridad jurídica y justicia se vea totalmente desequilibrada y la justicia constitucional a la que aspiramos dejaría lugar a una crisis del proceso”.13 Ante ello e invitando a recoger el temperamento que sobre tal extremo asume el derecho mexicano, postula que incluso en el caso de promoverse una demanda de amparo contra amparo “procedería el rechazo de plano…”.14 En todo caso y si bien reconoce que jurisprudencialmente se llego a desarrollar la citada figura, condicionada a determinados supuestos, insiste en su cuestionamiento por estimar como preferente la existencia de “…otros mecanismos procesales, como por ejemplo, un adecuado procedimiento de ejecución de sentencias que permita que cuando el Poder Judicial las desconozca, el caso pueda llegar a manos del Tribunal Constitucional para que corrija el problema presentado, o el acceso a la jurisdicción supranacional”.15 En suma y aún cuando con matices, queda claro que la posición del creador de la norma no fue precisamente auspiciadora del modelo amparo contra amparo,16 lo que podría incluso hacerse extensivo al propio Congreso de la República, en cuyos debates, no pareció tenerse en cuenta la importancia del tema en cuestión ni las restricciones que el Código creaba al respecto.
11 Cfr. “Diez preguntas a Domingo García Belaunde sobre el Código Procesal Constitucional” Entrevista de José Palomino Manchego en PALOMINO MANCHEGO, José (coord.), El Derecho Procesal Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaunde, tomo II, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2005, p. 1459. 12 Cfr. EGUIGUREN PRAELI, Francisco, “El nuevo Código Procesal Constitucional Peruano” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, tomo I, Año 11, Konrad Adenauer Stiftung, Programa Estado de Derecho para Sudamérica, Montevideo (Uruguay), 2005, p. 337. 13 Cfr. ABAD YUPANQUI, Samuel, El proceso constitucional de amparo, Gaceta Jurídica, Lima, 2004, pp. 327-328. 14 Cfr. ABAD YUPANQUI, Samuel, op. cit., p. 329. 15 Cfr. ABAD YUPANQUI, Samuel, op. cit., p. 334.
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IV. La posición discrepante con la fórmula recogida por el código A raíz de la difusión del Código Procesal Constitucional y su posterior puesta en vigencia, algunos profesores optamos por considerar que la fórmula contenida en el Articulo 5° inciso 6) de dicha norma, encerraba un contenido cuando menos discutible, esencialmente por restringir las alternativas de tutela frente a lo que representara un proceso constitucional indiscutiblemente inconstitucional. La lógica naturalmente, no pasaba por el desconocimiento unilateral o caprichoso de la toma de posición por la cual optaba el Código, sino por la necesidad de invitar a ponderar a la luz de las propias finalidades de dicho cuerpo normativo, si existían alternativas distintas a la formulada. Con matices unos y otros, entendimos, que ello si era posible. Uno de los primeros autores en pronunciarse extensamente sobre el problema en cuestión, fue el profesor Luis Castillo Córdova, quien al comentar los alcances del Código argumentaría que “…cuando el legislador afirma que no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional, no debe interpretarse como si prohibiese toda posibilidad de interponer una demanda constitucional en defensa de algún derecho constitucional de naturaleza procesal de alguna de las partes del proceso constitucional. Esta disposición legal debe ser interpretada de modo que no procedan los procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en un proceso constitucional regular o desenvuelto con plena sujeción a la tutela procesal efectiva. De modo que procediese el proceso constitucional sólo si es plenamente manifiesta la afectación de la referida tutela procesal efectiva”.17 A su juicio y “Si no se interpretase de esta manera, se estaría reconociendo en el juez constitucional una persona infalible, cosa que la realidad nos demuestra que no es verdad; o se estaría aceptando que los jueces cuando conocen de un proceso constitucional pueden actuar al margen de los preceptos constitucionales, en particular, al margen de los dispositivos que reconocen los derechos de la persona, lo que es rechazable frontalmente por inconstitucional”.18 Ante ello, concluye en que “Debe permanecer, por tanto, la figura conocida en
16 La posición de los asumida por los profesores García Belaunde, Eguiguren Praeli y Abad Yupanqui no deja de ser importante sin embargo, como advertencia frente a las eventuales distorsiones que pueda acarrear el modelo contraamparo. Ello no obstante, consideramos que el reconocimiento jurisprudencial de dicha figura no es per se negativo, requiriéndose en todo caso y a fin de evitar la configuración de tales riesgos, delimitar cuidadosamente sus alcances. Buena parte de este trabajo, por lo demás, se orienta hacia tal objetivo, sin que ello signifique que se tenga que estar de acuerdo con determinadas o muy específicas interpretaciones de la jurisprudencia como se verá un poco más adelante. 17 Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, Comentarios al Código Procesal Constitucional, Universidad de Piura-ARA Editores, Lima, Octubre del 2004, p. 209. 18 Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, op. cit., p. 209.
la doctrina como “amparo contra amparo” por cuanto la misma “…no debe su existencia y vigencia a la ley N° 23506, ni dejará de existir porque no lo recoja expresamente el Código Procesal Constitucional. Existe y tiene vigencia porque así lo ha dispuesto la Norma constitucional, la misma que reconoce no sólo la obligatoriedad de sus mandatos, entre ellos, los que reconocen derechos en tanto se trata de una norma jurídica fundamental; sino que además ha reconocido derechos constitucionales de naturaleza procesal que deben ser respetados en todo tipo de proceso”.19 Otra de las posiciones por entonces difundida, fue la sustentada por nosotros mismos, en pro de la ratificación del régimen amparo contra amparo, no empero lo establecido por el Código. A nuestro entender y aunque la fórmula recogida por el inciso 6) del Artículo 5° del Código invitaba a pensar “…que quedaría proscrita toda posibilidad de articular… un amparo contra otro amparo… el tema no es tan definitivo como de primera intención se podría pensar”.20 Queda claro que si “…la lógica pasa por utilizar el amparo como un instrumento cuestionador de cualquier tipo de incidencia o anomalía procesal… tal posibilidad quedaría del todo vedada. Sin embargo, si partimos del supuesto de que al interior de un proceso constitucional bien podría resultar vulnerada la tutela procesal efectiva en cualquiera de sus manifestaciones… las cosas podrían ser enfocadas desde una óptica diferente”.21 Agregábamos que “…si bien la norma consignada… pareciera ser determinista y optar por una fórmula absolutamente restrictiva, no hay que olvidar que existe precepto expreso según el cual “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva…”.22 Por consiguiente “y tomando en consideración que tampoco se ha hecho la distinción acerca de si la consabida trasgresión fue consecuencia de un proceso ordinario o de uno de carácter constitucional, creemos que en un esfuerzo de ponderación tutelar podría optarse por una fórmula excepcionalmente permisiva, sin que con ello se convierta tal posibilidad en una regla general. Se trataría pues de aceptarla, no empero que sometida a una serie de criterios sobre los que en todo caso, habría que reflexionar”.23 De una manera mucho más sintética aunque no por ello menos concluyente Carlos Mesía Ramírez señalaría que a pesar que “La norma prohíbe interponer lo que comúnmente ha recibido en la doctrina el nombre de “amparo contra amCfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, op. cit., pp. 209-210. Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones del Código Procesal Constitucional en el proceso constitucional de amparo” en AA. VV., Introducción a los Procesos Constitucionales. Comentarios al Có digo Procesal Constitucional, Temas de Derecho Procesal Constitucional, N° 1, Jurista Editores, Lima, Febrero del 2005, p. 132. 21 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones…”, op. cit., p. 132. 22 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones…”, op. cit., p. 132. 23 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones…”, op. cit., p. 132.
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paro”24 la misma “…sin embargo, no debe interpretarse de modo literal y en compartimento estanco”25 debe estarse en todo caso a las reglas establecidas por la jurisprudencia existente, las que como ya se sabe, son habilitadoras de dicho régimen. Razonamiento similar al señalado lo encontramos en la posición asumida por Luis Huerta Guerrero y Cecilia Beltrán Varillas. A entender de dichos profesores “Si bien el Código Procesal Constitucional establece (artículo 5º inciso 6) que no proceden los procesos constitucionales cuando “se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional”26 argumentan “…que el criterio del Tribunal a favor del amparo contra amparo sigue siendo válido, pues la regla es lo dispuesto en el Código, y la excepción lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal y el mismo Código (artículo 4º), al dejar abierta la posibilidad de que se presente una demanda contra resoluciones judiciales, siempre y cuando se presenten determinados requisitos”.27 Otro de los juristas que también se sumo a la posición de quienes argumentaban a favor del mantenimiento de la figura aquí comentada fue el profesor Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. Desde su punto de vista “Una lectura de lo literalmente previsto por el Código Procesal Constitucional podría llevar a pensar que pasaría a prohibirse la posibilidad de admitir Amparos contra Amparos”.28 Sin embargo y aunque se trata de un escenario complejo que “…podría llevar a una situación en principio menos tuitiva o protectora del ciudadano”,29 no es menos cierto que “…si, como ha ocurrido en otros estados, se asume la progresividad de los derechos humanos como un criterio de imprescindible cumplimiento, podría entenderse lo dicho por el Código Procesal Constitucional en estas materias como una ley de mínimos y mantener la línea jurisprudencial ya vigente, siempre y cuando con ello no se deje en situación de indefensión a quien (es) sea (n) nuestra contraparte en aquel proceso constitucional”.30 Punto de vista no menos valioso, fue el sostenido por Enrique Pestana Uribe, quien no obstante reconocer que “El nuevo Código, ciertamente estaría excluyendo toda posibilidad de interponer demandas constitucionales contra resoluciones re24 Cfr. MESÍA RAMÍREZ, Carlos, Exégesis del Código Procesal Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima, Noviembre del 2004, p. 125. 25 Cfr. MESÍA RAMÍREZ, Carlos, op. cit., p. 125. 26 Cfr. HUERTA GUERRERO, Luis y BELTRÁN VARILLAS, Cecilia, Jurisprudencia, magistratura y procesos constitucionales en el Perú. Un Balance sobre su desarrollo en el 2004, Comisión Andina de Juristas, Lima, Julio del 2005, p. 166. 27 Cfr. HUERTA GUERRERO, Luis y BELTRÁN VARILLAS, Cecilia, op. cit., p. 166. 28 Cfr. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy, “Derecho al Debido Proceso: Un acercamiento más didáctico a sus alcances y problemas”, en ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (coord.), Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional, Jurista Editores, Lima, Septiembre del 2005, p. 117. 29 Cfr. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy, “Derecho al Debido…”, en ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (coord.), op. cit., p. 117. 30 Cfr. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy, “Derecho al Debido…”, en ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (coord.), op. cit., pp. 117-118.
caídas en otros procesos constitucionales…”31 (Artículo 5° inciso 6), advierte sobre la conveniencia de que “…pese al sentido literal del mencionado dispositivo prohibitivo, debería quedar abierto el camino para accionar contra resoluciones firmes recaídas en procesos constitucionales siempre que estos no hayan tenido pronunciamiento del supremo interprete de la Constitución”.32 Por lo demás y a fin de evitar polémicas sugiere “…una reforma legislativa que pudiese efectuar esa precisión…”,33 respaldando su propuesta en que “…lamentablemente nuestra judicatura ordinaria aún no esta dotada de elementos suficientemente especializados en materia constitucional como para garantizar o al menos evitar caer en situaciones irregulares que afecten derechos constitucionales en el curso de un proceso constitucional y es ahí en donde la única vía factible de enmendadura recae en el Tribunal Constitucional”.34 Otro de los constitucionalistas que optó por abogar en pro del régimen especial, aún cuando sujeto a específicas condiciones, fue el actual presidente del Tribunal Constitucional, César Landa Arroyo. Desde su punto de vista “…la dogmática y la jurisprudencia han considerado que en la medida que el debido proceso y la tutela jurisdiccional constituyen no sólo principios y garantías de la función jurisdiccional, sino también un derecho fundamental del justiciable, este puede ser reparado frente al acto violatorio proveniente de una autoridad judicial. Si bien este puede ser una resolución judicial cualquiera —sentencia, decreto o auto—, entonces puede ser también una resolución judicial de amparo. Así, de forma excepcional, pero lógica, un proceso de amparo en vez de tutelar los derechos fundamentales —finalidad para la cual existe— podría violarlos, frente a lo cual sólo cabría plantear un amparo, por ejemplo al afectar el debido proceso legal”.35 Enfatiza este mismo jurista “…que esta interpretación conforme con el principio de supremacía constitucional —artículo 200 inciso 2— por sobre la norma del CPC —artículo 5 inciso 6— tiene por finalidad proteger un derecho fundamental violado incluso por un propio proceso constitucional, pero se encuentra también la necesidad de otorgar previsibilidad y seguridad jurídicas a las decisiones judiciales firmes. De allí que el amparo contra el amparo no pueda ser admitida como una forma regular del ejercicio del amparo; por cuanto, se convertiría este proceso en un inagotable instrumento de quienes habiendo sido derrotados en otro proceso
31 Cfr. PESTANA URIBE, Enrique, “Los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales y las nuevas dimensiones del debido proceso y la tutela procesal efectiva en el Código Procesal Constitucional” en PALOMINO MANCHEGO, José (coord.), El Derecho Procesal Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaunde, tomo I, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2005, p. 721. 32 Cfr. PESTANA URIBE, Enrique, “Los procesos…”, en op. cit., p. 722. 33 Cfr. PESTANA URIBE, Enrique, “Los procesos…” en op. cit., p. 722. 34 Cfr. PESTANA URIBE, Enrique, “Los procesos…” en op. cit., p. 722. 35 Cfr. LANDA ARROYO, César, Tribunal Constitucional y Estado Democrático, Palestra Editores, 3ª ed., Lima, Enero del 2007, p. 228-229.
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constitucional, busquen evadir el fallo judicial a través de otro amparo. En todo caso, hay que considerar que el proceso de amparo al ser un recurso residual no puede examinar otro fallo judicial de amparo firme, salvo que cumpla con los requisitos de procedencia y admisibilidad, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.36 Del cotejo de las opiniones aquí referidas, que por lo demás, tampoco fueron las únicas, aparece que la discusión sobre los alcances del Artículo 5° inciso 6) del Código, en ningún momento se mantuvo cerrada. V. Los amparos contra amparos tramitados durante el régimen procesal de la ley N° 23506 y resueltos tras la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional A la luz de la previsión restrictiva contenida en el Código, muchos operadores del derecho se interrogaron acerca del destino que correrían los amparos contra amparos, promovidos antes de la vigencia de dicho cuerpo normativo y pendientes aún de resolución conforme a las nuevas reglas procesales. La incertidumbre desde cierta perspectiva no dejaba de tener asidero, toda vez que conforme a la Disposición Final Segunda del mismo cuerpo normativo “Las normas previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo continuaran rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado”. Una lectura simple del tantas veces citado Artículo 5° inciso 6), podía hacer suponer que en efecto, tras la entrada en vigor del Código, el correlato de los amparos contra amparos, no sería otro que el de su total desestimatoria. Ello no obstante, bien pronto el Tribunal Constitucional, se decidió a precisar, que en todos aquellos casos en los cuales, la aplicación inmediata del Código supusiera una interpretación restrictiva de derechos, no sería aceptable exigir la pertinencia del nuevo esquema procesal.37 La asunción de tal postura trajo como resultado el considerar (sobre todo al inicio, en que aún no existía una posición oficial del Colegiado) que si el Artículo 5° inciso 6), suponía una cláusula limitadora en
Cfr. LANDA ARROYO, César, op. cit., p. 229. Tal fue la concepción manejada en diversos casos, como puede verse de la Sentencia recaída en el Exp. N° 3771-2004-HC/TC (Caso: Miguel Cornelio Sánchez Calderón). Por otra parte, la tesis que cuestionaba la aplicación inmediata del Código, sin ningún referente de ponderación fue defendida por algún sector doctrinal. Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “La aplicación en el tiempo del Código Procesal Constitucional. Algunas notas sobre un problema de interpretación recientemente planteado” en AA. VV., Introducción a los Procesos Constitucionales. Comentarios al Código Procesal Constitucional, Temas de Derecho Procesal Constitucional, N° 1, Jurista Editores, Lima, Febrero del 2005, pp. 283 y ss. Igualmente CARPIO MARCOS, Edgar, “¿Aplicación inmediata del Código Procesal Constitucional?” en Actualidad Jurídica, tomo 136, Gaceta Jurídica, Lima, Marzo del 2005, pp. 152 y ss.
relación con el modelo procesal precedente y el régimen de jurisprudencia creado por entonces, no podía aplicarse el Código Procesal Constitucional a los procesos en trámite. Por consiguiente y a la luz de los alcances de su propia jurisprudencia, se continuó resolviendo los amparos contra amparos (en general, los procesos constitucionales contra procesos constitucionales) anteriores al 01 de Diciembre del 2004, conforme a las reglas diseñadas estando vigente la Ley N° 23506, salvo en aquellos casos en los que la aplicación inmediata del Código no incidiera en el recorte o restricción de derechos procesales.38 VI. La ratificación jurisprudencial del régimen amparo contra amparo y los procesos resueltos conforme a la nueva configuración procesal Mientras determinados amparos contra amparos venían desde atrás, otros nuevos empezaron a interponerse estando ya vigente el nuevo Código Procesal. Al margen de que para los que venían desde el marco procesal anterior existiera una respuesta preconfigurada conforme a las premisas anteriormente descritas, el problema se hacía patente en relación con los procesos iniciados conforme a la nueva normativa. Es en dicho contexto y en la necesidad de definir lo que sería el futuro del amparo contra amparo que el Tribunal Constitucional, daría su punto de vista. Aunque curiosamente lo desarrollaría en dos procesos que no precisamente habían sido interpuestos a posteriori de la entrada en vigor del Código, lo importante es lo que en tales resoluciones se deja por definitivamente sentado.
38 Este fue el destino que siguieron los procesos constitucionales con Sentencias recaídas en los Expedientes N° 2707-2004-AA/TC (Caso: SUNAT), N° 3093-2004-AA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de San Pablo), N° 3571-2004-AA/TC-481-2005-AA/TC (Acumulados) (Caso: SUNAT), N° 3846-2004-PA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de San Pablo), N° 3757-2004-PA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de San Pablo), N° 4388-2004-HC/TC (Caso: Luigi Calzolaio), N° 0077-2005-AA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 0191-2005-AA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de San Pablo), N° 194-2005-AA/TC (Caso: Seguro Social de Salud-Arequipa), N° 4855-2004-AA/TC (Caso: Caja de Pensiones Militar Policial), N° 1311-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 1636-2005-PA/TC (Caso: Jorge Salas Arenas), N° 4416-2004-AA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 0707-2005PHC/TC (Caso: José Manuel Tisoc Lindley), N° 1742-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud-Cajamarca), N° 2371-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 5391-2005-PA/TC (Caso: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), N° 5453-2005-PA/TC (Caso: Caja de Pensiones Militar-Policial), N° 8113-2005-PA/TC (Caso: ESSALUD), N° 7504-2005-PA/TC (Caso: Caja de Pensiones Militar-Policial), N° 2667-2006-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 3311-2006-PA/TC (Caso: Banco de la Nación), N° 04245-2006-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Comercio y Turismo de Huancavelica), N° 7506-2005-AA/TC (Caso: SUNAT) N° 340-2005-PA/TC (Caso: Tony Jaime Yalles Ramírez y Otro) y N° 2727-2006-PA (Caso: Washington David Cruz Cervantes) entre otros. De los citados pronunciamientos, merecen destacarse especialmente los emitidos en los Expedientes N° 27072004-AA/TC y N° 3846-2004-PA/TC, puesto que como luego se verá, fueron abriendo paso a lo que significaría la tesis aperturista o permisiva, actualmente reconocida por el Tribunal Constitucional.
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En la ejecutoria recaída en el Exp. N° 2707-2004-AA/TC (Caso: SUNAT), al margen del carácter desestimatorio adoptado del fallo, el Colegiado estimaría necesario interrogarse “…si, a la luz de la actual legislación procesal constitucional, todavía es válido el precedente sentado… en la STC 0200-2002-AA/TC. Esto es, si es procedente o no el amparo contra amparo”. En relación con dicho extremo advierte el Tribunal “…que, a diferencia de lo que sucedía con la legislación procesal constitucional hoy derogada, en la actual si se ha regulado el tema. El inciso 6 del Artículo 5° el Código Procesal Constitucional establece que “No proceden los procesos constitucionales cuando: (…) 6. Se cuestione una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia”. Con dicha disposición, a juicio de los autores de lo que después sancionaría el Congreso de la República como Código Procesal Constitucional, “(…) se trata de evitar el polémico empleo del amparo contra resoluciones recaídas en otros procesos de amparo”. Ello no obstante, se puntualiza a renglón seguido “…que la posibilidad del denominado “amparo contra amparo” no es un problema cuya solución dependa exclusivamente del legislador, pues al tener su fuente directa en el segundo párrafo del inciso 2 del Artículo 200° de la propia Constitución, según el cual el amparo “(…) No procede (…) contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”, el debate en torno a su procedencia debe realizarse en función de lo que pudiera entenderse por “procedimiento regular” (resuelto en forma enunciativa por el mismo legislador a través del artículo 4° del mismo Código Procesal Constitucional)”. “La Constitución —continua la sentencia— ha previsto que el amparo contra resoluciones judiciales (problemática en cuyo seno se sitúa el “amparo contra amparo”) procede sólo en aquellos casos en los que al tramitarse y resolverse una causa judicial no se haya respetado el derecho a la tutela procesal efectiva, en cualesquiera de sus contenidos. No es, por tanto, el legislador el órgano competente para establecer que, tratándose de una resolución judicial dictada en un proceso de amparo, por ese sólo hecho, las lesiones que pudiera sufrir el derecho a la tutela procesal efectiva queden exentas de cualquier tipo de control. Así, las resoluciones firmes dictadas en el seno de un amparo no gozan por la simple circunstancia de que hayan sido emitidas por un juez constitucional, de inmunidad alguna”. Concluye el Tribunal enfatizando que “…la aplicación del Código Procesal Constitucional debe ser interpretada conforme a la Constitución, de modo que cuando se refiere, en su artículo 5°, inciso 6), a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional, tal disposición debe entenderse como que efectivamente no procede el “amparo contra amparo” si es que en el proceso se han respetado de modo escrupuloso los derechos fundamentales de orden procesal a los que se refiere el artículo 4° del mismo Código Procesal Constitucional”. Aunque el Colegiado advierte que por ahora no es necesario que “…nos adentremos en señalar cuales puedan ser los criterios que el juez constitucional deba
observar al conocer y resolver en materia de “amparo contra amparo”, lo importante es precisar el referente habilitador por el cual se ha optado. Una segunda sentencia en la que esta misma tesis se vería ratificada, fue también la recaída en el Expediente N° 3846-2004-PA/TC (Caso Municipalidad Provincial de San Pablo).39 En esta ocasión y tras reconocer que “…nos encontramos nuevamente ante el supuesto de lo que comúnmente se denomina amparo contra amparo” el Tribunal aceptaría que “…si bien lo ha venido admitiendo, ha establecido en su jurisprudencia una serie de restricciones… a efectos de no transgredir otros principios igualmente valiosos desde el punto de vista constitucional, como son el de independencia judicial o el de cosa juzgada y el propio de seguridad jurídica, que están en la base del respeto a las decisiones judiciales, máxime cuando éstas provienen de un proceso de tutela de los derechos fundamentales”. Agregaría que “…conforme lo precisa ahora con mayor claridad el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, una decisión judicial sólo podrá ser cuestionada a través de un proceso de amparo, cuando la violación a la tutela judicial o al debido proceso que se denuncia sea manifiesta, estableciéndose en el mismo artículo, los elementos básicos de lo que debe entenderse por tutela procesal efectiva. Asimismo, respecto de la posibilidad de cuestionar una decisión judicial producida en un anterior proceso constitucional, el artículo 5°, inciso 6) del Código Procesal Constitucional ha establecido, en principio, que ello ya no sería posible, al precisar que no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestione “(…) una resolución firme recaída en otro proceso constitucional (…)”. Advertiría sin embargo el Tribunal “…que la posibilidad del “amparo contra amparo” tiene su fuente constitucional directa en el segundo párrafo del inciso 2° del artículo 200° de la propia Constitución, donde se establece que el Amparo, “(…) No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular” lo que significa que “La definición de “procedimiento regular” se sitúa de este modo en la puerta de entrada que ha venido permitiendo la procedencia del “amparo contra amparo”. Por consiguiente y en tanto la respuesta a la opción procesal planteada la brinda directamente la Constitución “debe enfatizarse que, cuando el Código Procesal Constitucional se refiere en su Artículo 5° inciso 6) a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse referida a procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4° del mismo Código
39 Un análisis de la resolución recaída en este caso así como de sus implicancias en el ámbito de la jurisprudencia, lo tenemos en DONAYRE MONTESINOS, Christian, “Antecedentes, condiciones e implicancias del amparo contra amparo y las posibilidades de su vigencia como consecuencia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional peruano” en Diálogo con la Jurisprudencia, N° 87, Lima, Diciembre del 2005, pp. 37 y ss.
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Procesal Constitucional, puesto que una interpretación que cierra por completo la posibilidad del “amparo contra amparo” sería contraria a la Constitución”. De los dos pronunciamientos aquí glosados, se aprecia con toda nitidez la perspectiva con la que el Tribunal afronta la nueva normativa procesal constitucional, de cara a la respuesta que dicho cuerpo normativo ha dispensado a lo que en su momento representó el amparo contra amparo. Se trata indudablemente y como es fácil percibir, de un enfoque decididamente contestatario. A su juicio, la legitimación que puede o no tener el consabido régimen especial, no pasa por lo que el legislador ordinario pretenda decir, sino por lo que la Constitución explícitamente ha considerado. Así y en la medida en que es la norma fundamental la que ha establecido los supuestos de raciocinio conforme a los cuales procede el amparo contra resoluciones judiciales (supuestos dentro de los que también se sitúa el cuestionamiento de decisiones emitidas dentro de procesos estrictamente constitucionales), es conforme a los mismos que el Código necesariamente ha debido guiarse, si lo que pretendió, como en efecto lo hizo, es definir el tratamiento del amparo contra amparo. El establecimiento de disposiciones como la contenida en el Artículo 5° inciso 6) de la nueva normativa procesal, sólo puede ser admitido en tanto sus alcances no sean opuestos al cuadro de habilitaciones que desde la propia Constitución se realizan. De modo que si la norma fundamental, permite que por interpretación a contrario sensu, procedan los procesos constitucionales contra resoluciones emanadas de procedimiento irregular, queda claro que si un proceso de amparo deviene también en irregular no hay razón alguna que permita excluir o limitar el control constitucional bajo tales contingencias. Asume por lo tanto el Tribunal que de acuerdo al citado Artículo 5° inciso 6) del Código, sólo serán inviables los amparos contra amparos cuando al interior de los respectivos procesos constitucionales se hayan respetado los componentes que integran la denominada tutela procesal efectiva,40 y que a la inversa de ello, serán plenamente procedentes los procesos constitucionales cuando al interior de procesos de la misma naturaleza, no se hayan respetado (o se hayan vulnerado) los componentes del citado derecho fundamental. Incluso y para que no queden dudas de su parecer, afirma categóricamente el Colegiado, que toda interpretación tendiente a cerrar por completo el régimen amparo contra amparo, resultaría inevitablemente inconstitucional, con lo cual, exclu40 Como hemos precisado en otro momento, la tutela procesal efectiva es un atributo que aún cuando amplio en sus alcances (evidentemente más extensos que los correspondientes al debido proceso y a la propia tutela judicial efectiva), resulta a la par, de naturaleza eminentemente procesal. Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones…”, op. cit., pp. 129 y ss. Ello no obstante y por lo que respecta a estos dos pronunciamientos, conviene puntualizar que la concepción manejada por el Tribunal en torno a que sólo serían los aspectos de naturaleza exclusivamente procesal los examinados en el régimen amparo contra amparo, sería retocada en el nuevo y definitivo precedente que se sienta con motivo del Exp. N° 4853-2004-PA/TC, como posteriormente se vera.
ye las tesis restrictivas por lo menos en las dimensiones en que fueron postuladas, tras la puesta en vigencia del Código. Un aspecto que en todo caso, si es oportuno advertir, es que aunque las glosadas resoluciones optan por una postura habilitadora en la forma en que aquí se ha descrito, no desarrollan sin embargo ninguna regla en especial en torno a lo que sería un nuevo régimen amparo contra amparo a la luz de las nuevas previsiones impuestas por el Código Procesal Constitucional. Aunque no se precisa la razón de tal omisión, ello en parte se explica, porque ambas causas, habían sido promovidas estando vigente la Ley N° 23506 y por tanto les correspondía resolverse conforme a las reglas jurisprudenciales por entonces existentes. Una segunda explicación (en realidad presunción), es que por entonces aún no se deseaba definir el tema, reservándose tal cometido para un posterior y evidentemente más oportuno momento. Queda finalmente por señalar, que luego de estas dos importantes ejecutorias, el Tribunal Constitucional, volvería ocasionalmente a avalar sus postulados mediante sendas resoluciones o sentencias expedidas a propósito de diversas causas de las que a posteriori iría conociendo. Aunque evidentemente, algunas de estas lo serían conforme a la Ley N° 23506, otras lo serían conforme al Código Procesal Constitucional.41
41 Son diversos los pronunciamientos que ratifican el temperamento manejado en las ejecutorias N° 2707-2004-AA/TC y N° 3846-2004-PA/TC (existencia del amparo contra amparo no obstante lo dispuesto por el Código). Dentro de aquellas ejecutorias emitidas en procesos iniciados durante la existencia de la Ley N° 23506 y resueltos encontrándose vigente el Código Procesal Constitucional, tenemos a las recaídas en los anteriormente mencionados Expedientes N° 3757-2004-PA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de San Pablo), N° 2371-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 5391-2005-PA/TC (Caso: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), N° 2667-2006-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 4245-2006-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Comercio y Turismo de Huancavelica), y N° 7506-2005-AA/TC (Caso: SUNAT). Por su parte, entre las ejecutorias emitidas en procesos iniciados y resueltos, encontrándose ya vigente el Código Procesal Constitucional, tenemos principalmente a la recaída en el Expediente N° 3491-2005-PHC/TC (Caso: Raúl Arturo Laynes Romero) que en rigor no fue un amparo contra amparo, sino más bien, un atípico habeas hábeas contra habeas corpus, así como también (y en cierta forma) a la recaída en el Exp. N° 9677-2006-PA/TC (Caso: Antero Roberto Pacheco Ortiz). Queda en todo caso por puntualizar, que si bien, tras la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, han habido casos de amparos contra amparos (u otras variantes) iniciados estando vigente dicha norma, el Tribunal Constitucional, ha venido optando por mantener un discreto silencio incluso respecto de los criterios sentados en las citadas ejecutorias 2707-2004-AA/TC y 3846-2004-PA/TC. Tal tendencia se puede apreciar de las ejecutorias recaídas en los Expedientes N° 3590-2006-PA/TC (Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima), N° 8776-2005-PHC/TC (Caso: Luigi Calzolaio), N° 9411-2006-PHC/TC (Caso: José Luis Córdova Peralta), N° 9807-2006-PHC/TC (Caso: Edwin Quispe Huamán), N° 3856-2006-PA/TC (Caso: Richard Aníbal Meléndez Salmón), N° 49282006-AA/TC (Caso: Ministerio de Agricultura), N° 8559-2006-PA/TC (Caso: Ramón Ramírez Erazo), N° 6953-2006-PHC/TC (Caso: Miguel Ángel Pajuelo Rosales), N° 3820-2006-PA/TC (Caso: Emilio Hipólito Morillo Miranda), N° 9080-2006-PHC/TC (Caso: Rómulo Polastri Da Silva y Otra), N° 571-2006-PA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de Jaén), entre otros.
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VII. Las figuras alternas al amparo contra amparo La admisión de un régimen amparo contra amparo, habilitó casi desde su nacimiento la posibilidad de que fueran generándose esquemas procesales bastante similares o paralelos, respecto de otros procesos constitucionales igual de importantes. Tal es el caso del amparo contra proceso de cumplimiento, el amparo contra habeas data, el amparo contra habeas corpus, el habeas corpus contra amparo, e incluso el habeas corpus contra habeas corpus.42 La eventual presencia de esquemas alternos como los aquí descritos respondía en lo esencial a la posibilidad que de por medio estuviesen comprometidas resoluciones judiciales expedidas tras procesos constitucionales presuntamente considerados inconstitucionales. Si existía un régimen especial dirigido a canalizar el amparo contra amparo, no existía ninguna razón en particular que impidiera que hipótesis similares pudieran ser habilitadas por vía jurisprudencial. Queda claro por lo demás, que al discutirse el Código Procesal Constitucional, posibilidades como las señaladas tampoco fueron desconocidas. Prueba de ello es que la previsión contenida en su Artículo 5° inciso 6) no estuvo encaminada a cuestionar específicamente la procedencia de amparos contra amparos, sino en general, de procesos constitucionales contra procesos constitucionales. El hecho concreto es que tras aprobarse el Código e incluso, antes de que este fuese puesto en vigencia, sendas ejecutorias del Tribunal Constitucional, dieron cuenta de casos en los cuales no sólo se articularon amparos contra amparos, sino otra clase de opciones procesales. Que tales controversias hayan tenido o no un resultado estimatorio, es un asunto totalmente distinto. Lo real y concreto es que tales supuestos si se materializaron en la práctica y por consiguiente, no era extraño teorizar en torno de los mismos. Una rápida verificación de controversias como las enunciadas nos puede graficar el panorama: Mediante el Expediente N° 1975-2002-AA/TC (Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima) se promovió un proceso de amparo contra uno de cumplimiento. El resultado de dicho proceso tuvo alcances estimatorios (Fundada). En el Expediente N° 4388-2004-HC/TC (Caso: Luigi Calzolaio) se promovió un proceso de habeas corpus contra sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en tres procesos de habeas corpus anteriormente tramitados. En este caso, Colegia42 Distinguidos académicos de nuestro medio hicieron notar dicha posibilidad, por ejemplo en relación con el habeas corpus contra habeas corpus. Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “Normas autoaplicativas, alternatividad y amparo contra amparo en el nuevo Código Procesal Constitucional”, en Revista Jurídica del Perú, Año LIV, N° 59, Lima, Noviembre-Diciembre del 2004, pp. 44-45. DONAYRE MONTESINOS, Christian, El Habeas Corpus en el Código Procesal Constitucional (Una aproximación con especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano), Jurista Editores, Lima Febrero del 2005, pp. 170 y ss.
do declararía nula la vista de la causa así como nulo el concesorio del agravio en la lógica de habilitar el acceso a la jurisdicción supranacional. Otro caso atípico lo tenemos en el Expediente N° 194-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud) donde se promovió un proceso de amparo contra uno de cumplimiento. El resultado fue también desestimatorio (improcedente). En el Expediente N° 707-2005-PHC/TC (Caso: José Manuel Tisoc Lindley) el Tribunal conocería de un proceso de habeas corpus interpuesto no sólo contra un proceso de amparo sino también, contra un proceso ordinario. En este caso, la demanda sería declarada improcedente respecto del cuestionamiento al proceso de amparo pero fundada respecto del cuestionamiento al proceso ordinario. Un caso verdaderamente excepcional fue el conocido a través del Expediente N° 3491-2005-PHC/TC (Caso: Raúl Arturo Laynes Romero) mediante el cual, el Tribunal Constitucional no sólo se pronunciaría respecto de la eventual procedencia de un proceso de habeas corpus contra otro habeas corpus, sino que incluso lo haría encontrándose ya vigente el Código Procesal Constitucional.43 El resultado del proceso tendría alcances estimatorios (Fundada). Otro de los procesos a tomar en cuenta, fue el tramitado en el Expediente N° 3590-2006-PA/TC (Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima) referido a un proceso de amparo contra uno de cumplimiento. El resultado en este caso sería desestimatorio (improcedente). Mediante el Expediente N° 8776-2005-PHC/TC (Caso: Luigi Calzolaio) se promovería un habeas corpus contra habeas corpus. En este caso sin embargo, se declararía la sustracción de materia justiciable. Un nuevo habeas corpus contra habeas corpus se conocería en el Expediente N° 9411-2006-PHC/TC (Caso: José Luis Córdova Peralta). La demanda terminaría declarándose infundada. Nuevamente aparecería el esquema habeas corpus contra habeas corpus en el Exp. N° 9807-2006-PHC/TC (Caso: Edwin Quispe Huaman). La demanda en esta ocasión se declararía improcedente.
43 Este caso sin embargo tuvo características muy especiales. Aún cuando lo que se cuestionaba era un proceso de habeas corpus primigenio por resultar presuntamente lesivo del debido proceso y la libertad individual, no era estrictamente la presencia de una resolución judicial evacuada dentro de dicho proceso constitucional inicial a la que se imputaba dicha vulneración (con lo cual no era posible utilizar la técnica del proceso constitucional contra resoluciones judiciales) sino a la conducta omisiva en la que deliberadamente venía incurriendo la autoridad judicial emplazada. Se trataba en pocas palabras de un habeas corpus utilizado contra otro habeas corpus en el que se venía produciendo violación del debido proceso en su manifestación de plazo razonable en la administración de justicia y correlativamente (y ante la carencia de oportuna definición), violación de la libertad individual de una persona (el demandante) cuya situación, no se definía, pese a encontrarse privado de su libertad. Un breve comentario a esta interesante sentencia lo encontramos en: MESÍA RAMÍREZ, Carlos, El Proceso de Habeas Corpus desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima, Marzo del 2007, pp. 174-175. Perspectiva más o menos semejante al caso aquí mencionado, aunque con otro tipo de incidencias procesales, se plantearía en el posterior Exp. N° 340-2005-PA/TC (Caso: Tony Jaime Yalles Ramírez y otro).
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Mediante el Expediente N° 6953-2006-PHC/TC (Caso: Miguel Ángel Pajuelo Rosales) el Tribunal Constitucional conocería de un habeas corpus promovido contra un proceso de amparo. El resultado, en esta oportunidad, sería la declaratoria de improcedencia por sustracción de materia. A la inversa de la figura anterior, se plantearía un proceso de amparo contra uno de habeas corpus en el Expediente N° 2727-2006-PA/TC (Caso: Washington David Cruz Cervantes). Se desestimaría la demanda por infundada. En el Expediente N° 9080-2006-PHC/TC (Caso: Rómulo Polastri Da Silva y otra) se conocería de otro habeas corpus contra habeas corpus. La demanda se declararía improcedente. Caso igual de especial, sería el tramitado en el Expediente N° 571-2006-PA/TC mediante el cual, el Colegiado conocería de un proceso de amparo contra uno de cumplimiento. La demanda en esta ocasión se declararía infundada. Dentro de este repertorio de casos podría incorporarse desde una perspectiva mucho más amplia aunque de suyo bastante opinable, el proceso competencial tramitado mediante Exp. N° 006-2006-PC/TC (Caso: Poder Ejecutivo contra Poder Judicial), en el cual por vez primera y tras declararse fundada la demanda, el Tribunal Constitucional utilizaría un proceso constitucional orgánico para dejar sin efecto, un numero bastante amplio de resoluciones emitidas dentro de diversos procesos, principalmente de amparo, e incluso, de cumplimiento.44 Al margen de lo discutible que hayan podido resultar algunas de las fórmulas utilizadas, queda claro que las mismas si se dieron en la práctica. Resta en todo caso por puntualizar que el régimen procesal más cercano a las mismas, sería en lo esencial y salvo el caso del citado proceso competencial, el correspondiente al amparo contra amparo, por lo que las reglas del mismo, salvo matices muy particulares,45 se constituirían como los referentes inmediatos.
44 En relación con la Sentencia emitida en este caso, tenemos nuestras particulares reservas. Si bien consideramos que existían razones suficientes para dejar sin efecto algunas resoluciones que ciertamente, parecían derivar de procesos constitucionales notoriamente inconstitucionales, creemos que la vía procesal utilizada no fue, definitivamente, la más oportuna. Entendemos que a fin de haber posibilitado un mejor análisis de cada caso (no todos eran definitivamente iguales) debió optarse por la vía del amparo contra amparo. De haberse asumido dicha alternativa, reconocemos que ello hubiese supuesto una anticipación de muchos de los criterios, posteriormente esbozados en el Exp. N° 4853-2004-PA/TC. Por otra parte y respecto de la sentencia emitida en el Exp. N° 006-2006-PC/TC recomendamos el reciente colectivo dirigido por GARCÍA BELAUNDE, Domingo, cfr. ¿Guerra de las Cortes? A propósito del proceso competencial entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Cuadernos de Análisis y Crítica a la Jurisprudencia Constitucional, Nº 4, Palestra Editores, Lima 2007, especialmente pertinentes resultan los enfoques críticos de MONROY GÁLVEZ, Juan, “Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional, pp. 13-73, y CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “¿Activismo extralimitado del Tribunal Constitucional?: a propósito de un caso de vinculación de los jueces a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, pp. 155-190. 45 Entendemos que estos últimos se darían sobre todo en el ámbito del habeas corpus contra habeas corpus.
VIII. La sentencia emitida en el expediente N° 4853-2004-PA/TC y los nuevos criterios en el régimen amparo contra amparo Como ya se ha señalado, el Tribunal Constitucional ha venido postergando por largo rato la definición de lo que serían las nuevas reglas del amparo contra amparo en la lógica de las no menos nuevas líneas de razonamiento a las que ahora apunta el Código Procesal Constitucional. Si bien ya nos había anticipado, desde las ejecutorias N° 2707-2004-AA/TC y N° 3846-2004-PA/TC que el consabido régimen amparo contra amparo, no había sido suprimido por el Código, guardaba silencio en torno de los criterios a utilizar estando vigente un nuevo esquema procesal. Este reto en definitiva ha sido asumido en la sentencia recaída en el Expediente N° 4853-2004-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Pesquería de la Libertad), en el cual se han expuesto y desarrollado todos y cada uno de los referentes de razonamiento que en adelante han utilizarse en la dilucidación de este tipo de causas.46 Como veremos enseguida, la asunción de estos nuevos criterios, supone en algunos casos, una ratificación de algunas de las reglas ya existentes, en otros, una reformulación absoluta de postulados anteriormente admitidos y finalmente, la adopción de algunas premisas totalmente novedosas por lo menos, en el ámbito de la jurisprudencia. El caso planteado en realidad no tiene mayor importancia. Diríamos que ha sido seleccionado a propósito, no tanto por versar sobre una materia controvertible, sino con el objetivo de ser utilizado como inmediato referente de las reglas ahora habilitadas. Más aún, ni siquiera se trata de un amparo contra amparo interpuesto encontrándose ya en vigencia el Código, sino de uno de aquellos procesos que viene desde atrás, esto es, promovido cuando se encontraba aún en vigor la antigua y hoy derogada Ley N° 23506. La controversia se origina cuando la Dirección Regional de Pesquería de la Libertad interpone demanda de amparo contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Trujillo así como contra el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la misma localidad. El objetivo de dicho reclamo, reside principalmente en cuestionar una resolución emitida en un anterior proceso de amparo en el cual dichas autoridades judiciales participaron y en cuya tramitación, supuestamente habrían sido cometidas una serie de irregularidades. Según se infiere de los antecedentes de la sentencia emitida por el Tribunal
46 Vale la pena puntualizar que esta sentencia no sólo desarrolla los aspectos concernientes con el nuevo régimen amparo contra amparo, sino que también establece, con carácter vinculante, determinadas reglas referidas al recurso de agravio constitucional a favor del precedente. Este último extremo no va a ser analizado en esta oportunidad, salvo en aquellos aspectos que tangencialmente se refieren a la temática que nos interesa.
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Constitucional,47 el primer amparo tuvo como participes a don José Luis Castillo Cava en calidad de demandante y en la condición de codemandados al Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional, al Gobierno Regional de la Libertad y a la Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. El resultado de dicho proceso sería favorable en parte al antes referido demandante. A entender de la Dirección Regional de Pesquería, que es quien promueve el segundo amparo, el proceso constitucional inicial devino en irregular supuestamente por el hecho de que tras haberse emitido sentencia en primer grado judicial y haberse interpuesto apelación por parte de los demandados, solamente se habría dado respuesta al recurso promovido por la Dirección Regional de Pesquería, mas no así al recurso interpuesto por el Gobierno Regional de la Libertad. De este modo y tras haberse acreditado la violación al debido proceso, la inconstitucionalidad del proceso de amparo primigenio, resultaría la respuesta obligada. En realidad y si nos atenemos a lo que el propio Tribunal termina considerando, hubiese bastado invocar las reglas del amparo contra amparo existentes al momento de promoverse la demanda, para desestimar la pretensión planteada. En efecto, habida cuenta que el resultado del primer amparo, era favorable (así sea parcialmente) a la parte quejosa, la articulación de un segundo amparo contra lo resuelto precedentemente, hubiera dado lugar a una desestimatoria en aplicación de la cuarta regla sentada en la sentencia recaída en el Expediente N° 200-2002-AA/TC. El que el Tribunal, haya optado por considerar aplicables al presente caso los nuevos criterios,48 sólo ha sido considerado en la medida en que, ello no ha supuesto ni un recorte indebido de los derechos procesales del justiciable, ni tampoco y sobre todo, resultado estimatorio alguno. Definitivamente lo más importante de la sentencia, lo tenemos en los criterios que con motivo del amparo contra amparo, se pueden dejar establecidos a partir de la fecha. Conviene precisar que aunque el Tribunal considera como precedentes de obligatoria observancia específicamente a las reglas a las que se refiere en el Fundamento 39 de su sentencia, en realidad puede considerarse que hay otras adicionales que aunque naturalmente no se constituyen como precedentes strictu sensu, si forman parte de su doctrina jurisprudencial vinculante. Nuestro propósito no sólo reside en precisar (y además comentar) las re47 En realidad y para ser consecuentes con la verdad, la sentencia del Tribunal es muy poco precisa en relación con los antecedentes del primer amparo cuestionado, lo que de alguna forma corrobora que la prioridad no estuvo tanto en la controversia que traía consigo, sino en el tipo de precedentes que habría de sentar. 48 Los nuevos criterios le permitieron al Tribunal afirmar que la supuesta irregularidad no era tal, si se toma en cuenta dos cosas: a) la supuesta afectada, no sería la actual demandante (Dirección Regional de Pesquería de la Libertad) sino en el mejor de los casos el Gobierno Regional de la Libertad, b) el órgano jurisdiccional demandado, contrario sensu a lo sostenido por la demandante, si dio respuesta a la apelación formulada por el citado Gobierno Regional de la Libertad.
glas-precedente, sino las reglas en general, pues a la larga serán todas ellas en su conjunto las que le prestaran solidez y fundamento, al régimen amparo contra amparo en la forma en que hoy se encuentra estructurado. De acuerdo a lo que aparece en la sentencia comentada, puede decirse que el Tribunal Constitucional, ha reconocido la existencia de ocho reglas concretas. Veamos cada una de ellas a continuación. A) La necesidad de que la vulneración alegada sea evidente o manifiesta Esta regla, ya había sido esbozada como tal en la Sentencia recaída en el Expediente N° 200-2002-AA/TC. En la nueva ejecutoria nos dice el Tribunal que cuando se plantea un amparo contra otro amparo “Se debe tratar de una transgresión manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, por acciones u omisiones de los órganos judiciales que permitan al Tribunal Constitucional constatar fácilmente que dichos actos u omisiones trascienden el ámbito de la legalidad y alcanzan relevancia constitucional, de modo que su uso no puede habilitarse para cuestionar deficiencias procesales de naturaleza legal o, eventualmente, para suplir negligencias u omisiones en la defensa de alguna de las partes. Se debe tratar, en consecuencia, de violaciones acreditadas fehacientemente a consecuencia de la actuación de los órganos judiciales durante el trámite de un proceso constitucional y que tengan directa vinculación con la decisión final de las instancias judiciales” (Fundamento 6). La lógica que subyace a la citada máxima es pues terminante. No cualquier alegación en torno de la inconstitucionalidad del proceso constitucional cuestionado, es la que habilita el régimen amparo contra amparo, sino únicamente aquella en la que la agresión resulte evidente o manifiesta, es decir no sólo tangible de ser verificada casi en forma prima facie sino que exija, habida cuenta de su inobjetable gravedad, un inmediato análisis en sede constitucional. Hemos dicho en otro momento que si el razonamiento de los procesos de tutela de derechos, suele ir de la mano con una concepción híper tutelar que hace de la carga de la prueba una obligación absoluta en el caso de los demandados y más bien relativa en el caso de los demandantes,49 en el supuesto del amparo contra amparo, dicha premisa suele invertirse radicalmente. Esto supone que quien alega vulneraciones acontecidas durante la secuela de un proceso constitucional, esta en la obligación absoluta de acreditarlas y no simplemente en la libertad de alegar meras conjeturas o especulaciones.50 Queda claro por lo demás que aunque todo proceso constitucional debería sustentarse en el principio de prueba, dicha figura, resultaría sintomáticamente más forzosa en el caso del comentado régimen atípico, en tanto y
49 Un ejemplo de esta premisa lo tenemos en la Sentencia recaída en el Expediente N° 1144-2001-AA/TC (Caso: Universidad Inca Garcilazo de la Vega).
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en cuanto lo que se cuestiona es un proceso favorecido por la elemental presunción de regularidad. En adelante, aquel justiciable que intente acudir al régimen especial, sin otro referente que su simple alegación se expondrá no sólo a que su amparo sea desestimado, sino incluso a que tal rechazo pueda operar en forma liminar, acorde con las previsión contenida en el Artículo 47° del Código Procesal Constitucional.51 Compatible con esta misma lógica y muy a pesar del carácter discrecional que tiene el juzgador en la determinación de costas y costos regulados en el Artículo 56° del mismo cuerpo normativo procesal, somos de la idea que los casos de amparos contra amparos, tramitados sin sustento adecuado, deben ser asimilados como temeridad manifiesta y por consiguiente, ser pasibles de las cargas económicas a las que se refiere dicho dispositivo.52 Un aspecto que en todo caso vale la pena precisar y que marcha a tono con una nueva regla que más adelante comentaremos, es el que tiene que ver con los alcances revisores del amparo contra amparo. Si bien en el repertorio de reglas pasadas se decía que la procedencia de un nuevo amparo, se condicionaba a que la vulneración al debido proceso resultara manifiesta, en el esquema actualmente propuesto, no se trata simplemente de condicionar la verosimilitud de vulneración a derechos constitucionales de naturaleza procesal sino en realidad a todo tipo de derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza que les acompañe. B) El carácter excepcional o extraordinario La regla en mención se encuentra muy vinculada a la anterior aunque asume caracteres propios que a nuestro juicio, merecen destacarse por separado. Por lo demás, aunque algo se decía sobre esta premisa en el antiguo régimen procesal, nunca se le llego a concretizar de un modo que pudiese considerarse verdaderamente operativo, sino fundamentalmente, nominal. El Tribunal desarrolla esta regla en los siguientes términos:
50 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el amparo: Reflexiones sobre la viabilidad o no en la prosecución del amparo como mecanismo de protección constitucional dirigido a enervar lo resuelto en otro proceso constitucional” en CARPIO MARCOS, Edgar y SÁENZ DÁVALOS, Luis, El amparo contra el amparo (Dos versiones sobre un mismo tema), Asociación No hay Derecho, Ediciones Legales Iberoamericana E.I.R.L., Lima, 2004, pp. 47-49 51 Dicho dispositivo establece que “Si el juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se podrá rechazar liminarmente una demanda manifiestamente improcedente en los casos previstos por el Artículo 5° del presente Código”. 52 El precepto en referencia establece en su parte pertinente que “Si el amparo fuere desestimado por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad”.
Dada la naturaleza excepcional de los procesos constitucionales el “amparo contra amparo” se configura como una excepción dentro de la excepción, por lo que los jueces deben valorar la intensidad de la afectación y el nivel de acreditación que se presente a efectos de no permitir que cualquier alegación pueda merecer una nueva revisión de los procesos constitucionales. Este Colegiado considera pertinente dejar establecido que su uso excepcional sólo podrá prosperar por única vez y conforme a las reglas que se desarrollan más adelante. Varias son las razones de orden jurídico e institucional que respaldan esta tesis: a) El principio de seguridad jurídica, indispensable para el goce y disfrute de los derechos y libertades en el Estado democrático, en la medida en que permitir amparos sucesivos generaría una permanente inestabilidad e inseguridad en los justiciables; b) El principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales, sobre todo cuando en los procesos constitucionales se trata de restablecer situaciones producidas a consecuencia de afectaciones a los derechos constitucionales; c) El principio de oportunidad y eficacia de la protección de los derechos. Esto está, además, íntimamente vinculado a los principios de sumariedad o urgencia que caracteriza a los procesos constitucionales, en la medida en que dejar abierta la posibilidad de amparos sucesivos, terminaría por desnaturalizar el carácter mismo de los mecanismos destinados a proteger en forma oportuna y eficaz los derechos más importantes en la sociedad democrática; d) Finalmente y, en todo caso, quien considere que, después de haberse resuelto un proceso de “amparo contra amparo”, persiste una situación de lesión a un derecho fundamental, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte, tal como lo dispone el artículo 205 de la Constitución y el artículo 114 del Código Procesal Constitucional (Fundamento 7).
Como es fácil de apreciar, el Colegiado identifica el carácter excepcional del amparo contra amparo en la necesidad de habilitarlo de una forma que resulte única y por demás definitiva. Acorde con lo que algunos hemos venido postulando desde los inicios del antiguo régimen procesal, se establece que debido a sus alcances, sólo debe ser utilizado por una sola y única oportunidad precisamente en la lógica de evitar que la discusión constitucional pueda prolongarse indefinidamente.53 Si bien puede admitirse que un segundo amparo pueda ser utilizado como mecanismo corrector de un primer amparo, es evidente que tal esquema no puede desarrollarse ad infinitum. De ser ello así nos encontraríamos en un escenario absolutamente paradójico (por lo demás, advertido por los juristas que redactaron el Código) en el que un tercer y nuevo amparo podría instrumentalizarse contra el segundo, uno cuarto y posterior contra el tercero y así sucesivamente. Precisamente y en la idea de que no se produzca una sucesión en cadena de procesos constitucionales que traiga consigo el deterioro o la desnaturalización de una serie de principios (seguridad jurídica, inmutabilidad de las decisiones judiciales, oportunidad y eficacia de la protección de los derechos, opción de tutela supranacional, etc.), ha hecho bien el Tribunal en condicionar la procedencia del consabido régimen especial a una sola y excluyente posibilidad. De este modo quien
Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el…” en op. cit., p. 54.
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plantea un amparo contra otro amparo, debe saber que no lo podrá volver a intentar y quien quiera que haya sido participe del amparo original (sobre todo quien haya sido eventualmente beneficiado por los alcances de una sentencia o resolución emitida dentro del mismo) tendrá la garantía, de que la estabilidad creada prima facie, no podrá ser discutida nuevamente, salvo por circunstancias de suyo excepcionales y evidentemente en no mas de una ocasión. Queda naturalmente por analizar si el cierre del comentado régimen por vía de la jurisprudencia, es dentro de una perspectiva ortodoxa, lo más adecuado. Nosotros, como ya se ha visto, nos inclinamos por la conveniencia de dicha alternativa, sin dejar de reconocer que el tema es bastante opinable54 y quien sabe si merecedor de un futuro esquema en donde más allá de lo que pueda decir la casuística, sea la ley la que de modo directo, deba otorgar el respaldo más certero. C) Habilitación contra resoluciones estimatorias La presente es una de aquellas reglas que puede considerarse como novedosas en el caso del comentado régimen. Por oposición a la línea de razonamiento desarrollada en el marco del antiguo modelo, en el que solo se articulaba el amparo contra amparo contra resoluciones que tuvieran alcance desestimatorio, ahora se trata de habilitarlo incluso también contra, resoluciones estimatorias. Nos advierte el Tribunal que “Una de las reglas que se estableció en el expediente N.° 200-2002-AA/TC, para la procedencia del “amparo contra amparo”, señalaba que sólo ha de proceder contra sentencias constitucionales definitivas, siempre que aquellas no tengan carácter favorable para la parte actora, ya que de lo contrario se contravendría el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. Ésta fue una regla elaborada conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº 23506, que establecía que “la resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente” (Fundamento 8). Ello no obstante “…el Tribunal considera necesario adecuar esta regla a efectos de optimizar la defensa del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales que pudieran verse afectados a consecuencia de la actuación de los órganos judiciales en un determinado proceso. En efecto, la estimación de una pretensión en un proceso constitucional no puede llevar a suponer, sin más, que en la tramitación de este haya desaparecido por completo cualquier posibilidad de afectación a los derechos fundamentales, generándose de esta manera un ámbito exento de control por parte del Tribunal Constitucional. En otras palabras, el
54 Evidentemente lo es, en tanto nadie puede asegurar al ciento por ciento que un amparo corrector no pueda devenir también en inconstitucional. Sin embargo creemos (como lo hemos afirmado en otro momento), que si bien dicha posibilidad no es imposible de acontecer, si se relativiza notoriamente, pues en el caso de un segundo amparo, la finalidad es doble: Por un lado, tutelar los derechos objeto de reclamo, por otro, evitar que se vuelvan a producir situaciones como las que dieron origen a la anulación del primer amparo. Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el…” en op. cit., p. 54.
“amparo contra amparo” no debe habilitarse en función de que el fallo en el primer amparo sea estimatorio o desestimatorio, sino en función de si puede acreditarse o no un agravio manifiesto a los derechos constitucionales a consecuencia de la actuación de los propios jueces constitucionales y cuya intensidad sea tal que desnaturalice la propia tutela que deba prestarse a través de su actuación” (Fundamento 9). Por consiguiente y a juicio del Colegiado “…es razonable que tratándose de una sentencia estimatoria de segundo grado, cuando se acredite que en la tramitación se haya producido una violación manifiesta a un derecho constitucional, el “amparo contra amparo” resulta una opción válida a efectos de optimizar la defensa de los derechos fundamentales a través de los procesos constitucionales, sin que su uso pueda suponer, paradójicamente, una nueva afectación” (Fundamento 10). El mensaje que nos da la sentencia, no deja de ser elocuente. Tras haberse superado el escollo que en el pasado suponía el estado de cosa juzgada absoluta generado de conformidad con el Artículo 8° de la Ley N° 23506, hoy en día y ante la inexistencia de una norma con similares alcances, el Tribunal entiende, que el cuestionamiento constitucional de lo decidido en un primer amparo, no tiene porque condicionarse al sentido del fallo adoptado. Por consiguiente y al margen del carácter estimatorio o no en el que haya podido desembocar un amparo, será perfectamente viable articular un proceso constitucional cuestionador, si es que el proceso primigenio, naturalmente devino en inconstitucional. A este respecto es pertinente recordar que cuando se generó por vez primera la doctrina amparo contra amparo, en el marco del antiguo caso N° 612-98-AA/TC (Caso Sindicato Pesquero del Perú S.A.), no existió prohibición alguna tendiente a cuestionar la posibilidad de promover un proceso constitucional contra decisiones estimatorias derivadas de otro proceso constitucional. Prueba incuestionable de lo dicho es que el proceso tramitado en este expediente fue dirigido en forma directa y expresa contra fallos estimatorios.55 Al Tribunal existente por aquella época, no le preocupo en demasía, dilucidar sobre las incidencias del Artículo 8° de la Ley N° 23506, pese a los notables efectos de dicha norma.56 Lo importante por entonces era encontrar una formula tendiente a rescatar de la irregularidad a un proceso constitucional y es por tanto hacia tal objetivo que fueron dirigidas las reglas en aquel momento habilitadas. Unos años más tarde el Tribunal volvería a ratificar esta misma línea jurisprudencial en el Exp. N° 1102-2000-AA/TC (Caso: Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República). En este caso también se trato de un
55 Un comentario de esta sentencia lo desarrollamos en nuestro anterior trabajo. Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el…” en op. cit., pp. 55-59. 56 En la lógica del antiguo y hoy derogado Artículo 8° de la Ley N° 23506, era posible que ante la inexistencia de cosa juzgada en casos de desestimatorios, el quejoso pudiera reintentar su reclamo mediante sucesivos amparos. Por ello no era raro que quien perdía en una primera oportunidad, ganase en la segunda o en la tercera, sin que ello fuese considerado un hecho anormal.
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amparo dirigido contra otro amparo estimatorio, con la única salvedad de que lo directamente cuestionable no fue exactamente la sentencia que declaraba fundada una demanda constitucional (por añadidura, declarada de ese modo por el propio Tribunal Constitucional) sino una resolución incidental que en vía de ejecución desnaturalizaba precisamente lo decidido por el supremo interprete de la Constitución. El Tribunal de esta forma se vio obligado a defender su propia sentencia, distorsionada por el Poder Judicial en vía de ejecución, con un resultado no sólo favorable sino incluso cuasi sancionatorio.57 Como lo hemos precisado en algún otro momento, es tras la emisión de la sentencia recaída en el Exp. N° 200-2002-AA/TC (Caso: Ministerio de Pesquería) que recién se establecería como vinculante la regla de cuestionamiento exclusivamente para los desestimatorios, opción que como ya se ha señalado, resultaba explicable en el marco de la antigua legislación procesal. El caso sin embargo, es que pese a que tal temperamento parecía ser la fuente de razonamiento del Tribunal, ello no impidió que en determinadas y muy puntuales controversias, este último se viera en la necesidad de habilitar el consabido régimen especial directamente contra estimatorios. Por lo menos habría dos ocasiones en las que esto sucedería. La primera de tales contingencias se presentaría en el Exp. N° 1975-2002-AA/TC (Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima) referido a una demanda de amparo interpuesta contra lo sentenciado en un proceso de cumplimiento. Lo que se cuestionaba en rigor, de este último, era el hecho de que una Sala del Poder Judicial haya resuelto de manera cuasi paralela dos procesos constitucionales similares de manera totalmente contradictoria, sin que existiera de por medio ningún apartamiento formal de jurisprudencia. Es ante tal situación y en la lógica que de por medio existía una vulneración del derecho a la igualdad, que el Tribunal se inclinaría por considerar fundada la pretensión, dejando sin efecto aquella sentencia emitida vía proceso de cumplimiento cuya inaplicación precisamente se solicitaba. Años después tendríamos un segundo caso en el que pese a lo proclamado por la jurisprudencia, el Tribunal habilitaría el amparo contra un proceso constitucional formalmente estimatorio. Se trataría de la sentencia emitida en el Exp. N° 4245-2006-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Comercio y Turismo de Huancavelica) a instancias de un proceso de amparo promovido contra determinadas decisiones judiciales que habían ratificado el carácter de firmeza en una sentencia constitucional mediante la cual se declaraba fundada una demanda constitucional.
57 En efecto. En esta ocasión el Tribunal ordenaría que en aplicación del entonces vigente Artículo 11° de la Ley N° 23506 (equivalente de alguna forma al Artículo 8° del actual Código Procesal Constitucional) se disponga la remisión de los actuados al Ministerio Público y al Órgano de Control de la Magistratura, a fin de que procedan con arreglo a sus atribuciones respecto de la dependencia judicial responsable de la vulneración invocada (Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima).
La controversia en esta oportunidad giraba en torno a si se había vulnerado o no el derecho de defensa de la ahora recurrente durante el proceso constitucional primigenio en el que le toco ser una de las demandada y donde a su juicio y pese a existir la necesidad de que se le notifique de la sentencia de primera instancia (justamente la que declaró fundada la demanda de amparo), no se dio cumplimiento a dicho trámite imperativo. Aunque podría decirse que en este segundo proceso lo que estaba en discusión no era rigurosamente un estimatorio, sino las resoluciones que lo convertían en irrecurrible, el hecho concreto es que el Tribunal habilito el amparo como una manera de sanear las irregularidades de un proceso anterior que, quiérase o no, si tenía carácter favorable a la parte que lo promovió.58 A posteriori de este pronunciamiento, no volvería el Tribunal a reiterar esta suerte de singularidad dentro de su repertorio casuístico. Sin embargo la sola existencia de sentencias como las reseñadas dejo muy en claro que no siempre, las reglas habilitadas podían ser todo lo aparentemente incuestionables y por otra parte hizo notar la necesidad de tener que replantear en algún momento si las líneas de razonamiento sentadas en el Exp. N° 200-2002-AA/TC resultaban o no, las mas acertadas. Parece ser que el tiempo terminaría por reflejar la urgencia de que por lo menos la regla concerniente con los estimatorios tuviese que reformularse y es esa la razón principal, por la que la reciente jurisprudencia, acorde con el nuevo marco procesal, opta por habilitar el régimen especial contra cualquier tipo de resolución, independientemente de sus alcances. Queda claro por lo demás, que de manera independiente a lo que hayan podido significar las ventanas que para casos muy especiales el Tribunal optó por abrir, la vida práctica patentizo la presencia de casos verdaderamente paradójicos en los que más de un analista se pregunto, si la prohibición de revisar resoluciones estimatorias (incluso por vía del entonces llamado recurso extraordinario) resultaba lo mas sensato. Muchos recordamos todavía lo sucedido en nuestro país con el famoso proceso de amparo que tramitaron y sorpresivamente ganaron aquellas discotecas miraflorinas en las que se practicaban actos de discriminación y cuyo resultado, por demás grotesco, termino colocando al INDECOPI (Institución responsable de proteger a los usuarios y consumidores) como la entidad agresora y a las consabidas discotecas como las supuestamente agredidas.59
58 Con esto tampoco estamos diciendo que el proceso de amparo primigenio no haya sido inconstitucionalmente tramitado, sino simplemente dejando constancia de un hecho objetivo en relación con la jurisprudencia por entonces existente. 59 Nos referimos al amparo interpuesto por American Disco S.A. (propietaria del negocio “The Edge”) y Merchant Invesment Corporation S.A. (propietaria del negocio “The Piano”) contra la Presidencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, cuya sentencia, emitida por la Sala Corporativa Especializada en Derecho Público, revocando la apela-
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Todos recordamos igualmente los pintorescos amparos promovidos por una ex congresista y por un conocido artífice de juicios contra la sentencia del Tribunal Constitucional que (vía proceso de inconstitucionalidad) declaró inaplicable la reelección de un ex presidente de la Republica y que sorprendentemente y contra toda lógica, fueron declarados fundados por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.60 Los ejemplos pueden ser muchos, pero queda claro que no existiendo una disposición como la contenida en el antiguo y hoy derogado Artículo 8° de la Ley N° 23506, la real dimensión del amparo contra amparo, adquiere uno de sus más importantes roles protagónicos en su habilitación contra los estimatorios. Aunque desde luego, muchos podrían decir, que esta fórmula, es una manera de desvirtuar los alcances del Artículo 202° inciso 2) de la Constitución, conforme al cual, el Tribunal Constitucional sólo conoce de las resoluciones denegatorias expedidas en los procesos de tutela de derechos (habeas corpus, amparo, habeas data, proceso de cumplimiento), creemos que ello no es rigurosamente cierto, pues no se trata en el caso del amparo contra amparo, de una habilitación a partir de una lectura contraria a lo dispuesto en la citada cláusula, sino de una interpretación en función de lo que a contrario sensu se entiende por el llamado procedimiento regular al que se refiere el Artículo 200° inciso 2) último párrafo de la misma norma fundamental. De este modo y si un procedimiento es irregular, ello no tiene que ver con el resultado del proceso (que podría ser favorable o desfavorable) sino con su carácter evidentemente inconstitucional. D) Procedencia respecto de reclamos sustentados en la amenaza o vulneración de todo tipo de derechos constitucionales Relacionada de alguna forma con la máxima anterior y definitivamente novedosa dentro de los referentes estructurados por la reciente jurisprudencia, es esta regla según la cual el amparo contra amparo tiene por objeto la tutela de cualquier clase o variante de derecho constitucional.
da, declaró fundada la demanda ordenándole a la citada demandada abstenerse de realizar publicaciones, actos, inspecciones, investigaciones, procedimientos y sanciones contra las citadas recurrentes (Exp. N° 1720-98). Sobre esta paradójica sentencia se dirían no pocas cosas. Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan y SIFUENTES DOMENACK, Hugo, “Vamos a la Discoteca Cholito! El derecho a diferenciar vs. La prohibición de discriminar” en Dialogo con la Jurisprudencia, N° 11, Gaceta Jurídica Lima 1999, RIVAROLA REIZ, José Domingo, “Discriminación por raza: Un peligroso precedente judicial” en Diálogo con la Jurisprudencia, N° 11, Gaceta Jurídica Lima 1999. 60 Tanto el amparo promovido por la ex Congresista Martha Chávez Cossío (Exp. N° 321-97) como el amparo interpuesto por el ciudadano Santiago Sanguinetti Galindo (Exp. N° 303-97) buscaban que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 005-96-AI/TC quedara sin efecto por mandato del Poder Judicial, lo que evidentemente comportaba un absoluto despropósito y una negación de los roles atribuidos al Supremo Interprete de la Constitución. Sobre lo que significaron estos cuestionables y maniqueos procesos puede verse: LANDA ARROYO, César, Tribunal Constitucional y Estado Democrático, pp. 844 y ss. ABAD YUPANQUI, Samuel, El proceso constitucional de amparo, pp. 335-336.
A diferencia de anterior esquema procesal en el cual, sólo se habilitaba el régimen especial, en los casos en que el amparo primigenio colisionara con aquellos derechos constitucionales de naturaleza estrictamente procesal (debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva) en el modelo jurisprudencial propuesto, no interesa la naturaleza del derecho constitucional comprometido sino únicamente su relevancia o carácter fundamental. Al hilo de la doctrina sentada en el Expediente N° 3179-2004-AA/TC (Caso: Apolonia Ccollcca), afirma el Tribunal “…que la protección de los derechos fundamentales vía un nuevo proceso de amparo no se agota en los aspectos formales, toda vez que el “amparo contra amparo” comparte el mismo potencial reparador cuando se trata de la afectación de cualquier derecho fundamental; esto es, “(…) comprender residualmente la protección de todos los derechos constitucionales no protegidos por los otros procesos de tutela de los derechos fundamentales (hábeas corpus y hábeas data)”. De este modo un proceso judicial resulta tanto irregular si viola el debido proceso formal y la tutela judicial efectiva, como cuando penetra de forma arbitraria o irrazonable en el ámbito constitucionalmente protegido de cualquier otro derecho fundamental” (Fundamento 13). Añade que “Sólo así los derechos fundamentales alcanzan verdadera eficacia normativa vertical, vinculando a todos los poderes del Estado, incluidos los órganos del Poder Judicial. Esto además en el entendido de que el ámbito de protección del proceso constitucional de amparo no se limita solamente a la tutela del derecho al debido proceso, sino que se extiende de conformidad con el artículo 200.2 de la Constitución a todos aquellos derechos fundamentales que no son objeto de tutela por el proceso constitucional de hábeas corpus y hábeas data. Nada justifica por tanto, que el objeto de protección en el “amparo contra amparo” se reduzca sólo a los aspectos formales del debido proceso” (Fundamento 14). Lo que sin embargo, pocos parecen haber percibido, es que tras el reconocimiento de esta nueva regla no se esta diciendo simplemente que los referentes objeto de enjuiciamiento se refieren a aspectos que rebasan la concepción formal o procedimental del debido proceso, sino que de ahora en adelante se ingresa a un escenario de expansión fiscalizadora de alcances no solo amplios, sino en algunos casos, verdaderamente indeterminados. Como ya se ha precisado, el punto de arranque para comprender esta nueva regla, lo constituye el raciocinio utilizado en la Sentencia recaída en el Exp. N° 3179-2004-AA/TC, donde el Tribunal ha manejado la tesis de que son todos los derechos fundamentales y no sólo los de naturaleza estrictamente procesal, los que vinculan a los poderes públicos, lo que supone que si la judicatura es uno de tales poderes, no existe ninguna razón lógica, para que se exima del control constitucional a las decisiones judiciales.61
61 Un comentario a esta interesante aunque (de alguna forma) polémica sentencia, lo encontramos en LEÓN VÁSQUEZ, Jorge, “El control constitucional de las resoluciones judiciales. Notas a la Sentencia
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Aunque no es este el momento y lugar oportuno para analizar en detalle las incidencias de dicha toma de posición jurisprudencial,62 si nos corresponde puntualizar algunos aspectos muy breves de la misma de cara a lo que constituye su aplicación al interior del régimen especial. Lo primero que habría que precisar es que aunque naturalmente, nadie pretende colocar en tela de juicio la eficacia de los derechos sobre la totalidad de poderes públicos, autoridades y sobre todos los individuos o sujetos de derecho de carácter particular, se omite considerar que la fórmula de fiscalización articulada para cada caso, no siempre resulta ser la misma. Si el raciocinio condujera a postular una sola y única técnica de control para todos los supuestos, ello significaría que el enjuiciamiento de un juez o de una autoridad corporativo particular, sería prácticamente idéntica, sin tomar en cuenta las radicales diferencias en el estatus de cada sujeto de control y los principios propios del marco en el que estos se desenvuelven. Una lógica absolutamente unilateral, llevaría a extremos como los de postular, por citar un ejemplo, una misma técnica de control difuso para jueces y autoridades administrativas o incluso para particulares, cuando se sabe que los escenarios de desenvolvimiento no son iguales para cada uno de estos casos. La idea como es obvio, no es negar el control que, quiérase o no, debe darse de alguna forma (no en vano, la Constitución vincula a todos) sino el tipo de mecanismos de fiscalización a implementarse. Pero si a la inversa de la lógica descrita, todos los instrumentos de revisión respondieran a una misma consigna, sin importar matices ni particularidades, nos podríamos encontrar con verdaderas paradojas en el camino, empezando por el propio Tribunal Constitucional, quien no tendría que verse privilegiado, como hasta ahora ha venido sucediendo.63 En dicho contexto y aunque difícilmente se podría cuestionar un control constitucional sobre las decisiones judiciales, no es por un capricho que la jurisprudencia
3179-2004-AA/TC del 02 de Octubre del 2006” en Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, Análisis y Crítica Jurisprudencial, Año 12, N° 100, Lima Enero del 2007, pp. 39 y ss. 62 Posición que por otra parte no es desconocida. Desde hace algún tiempo atrás ha venido siendo impulsada, por algunos distinguidos colegas en la idea de que tal perspectiva supuestamente permitiría ser más consecuente con la lógica de vinculatoriedad absoluta que nos ofrece la norma fundamental. Cfr. CARPIO MARCOS, Edgar, “El amparo contra el amparo” en CARPIO MARCOS, Edgar y SÁENZ DÁVALOS, Luis, El amparo contra el amparo (Dos versiones sobre un mismo tema), pp. 23-26. 63 En efecto, si se insiste en maximizar la idea de un control igualitario para todos, no vemos porque no tendría que decirse lo mismo del propio Colegiado constitucional, quien bajo ciertos contextos también podría convertirse en un transgresor de los derechos fundamentales (Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, “Las violaciones del derecho al proceso debido por las jurisdicciones instituidas para su protección” en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, tomo II, 3ª ed., Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Editorial Porrúa, México 2002, pp. 2061 y ss.). Sin embargo, si se crea un régimen especial para el Tribunal Constitucional (que sigue siendo regla, como lo veremos mas adelante) es porque se reconocen sobre el mismo determinados principios que le confieren una suerte de protección especial, de la que paradójicamente (y contra el razonamiento utilizado en el caso Apolonia Ccollcca) carecen otros organismos.
y la doctrina, han ideado desde hace mucho tiempo, la presencia de ciertos criterios. El principal de todos ellos, tiene que ver con su reconducción a determinados referentes como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, en la idea de que tales atributos son aquellos que garantizan el adecuado comportamiento de los jueces al interior de los procesos. Cuando la Constitución se refiere a la presencia de un proceso regular como garantía de no cuestionamiento de las decisiones judiciales y por interpretación a contrario sensu, al llamado procedimiento irregular, como escenario en el que si resulta viable articular el proceso constitucional, queda claro que los referentes de medición directa, no pueden ser otros que los derechos constitucionales de naturaleza procesal, pues es en base a ellos que puede determinarse si un juez obró bien o mal al momento de ejercer sus competencias. En ello, poco tiene que ver (por lo menos directamente) el tema de los derechos constitucionales sustantivos, cuya importancia no es que se vea retaceada o desconocida ante la judicatura, sino específicamente aquellos atributos ligados al tipo de función que entraña la jurisdicción (no nos olvidemos que el debido proceso y la tutela jurisdiccional, no sólo son derechos del justiciable a tenor del Artículo 139° de la Constitución, sino también principios de la función jurisdiccional). Que los jueces deben respetar la totalidad de derechos fundamentales y no sólo una parte de ellos es una verdad que nadie se atrevería a poner en tela de juicio, pero de lo que se esta hablando cuando se articulan técnicas de control de las decisiones judiciales, no es del modo como los jueces interpretan el alcance de los derechos (operación que podría darse dentro de un plano ulterior o indirecto), sino de la forma como ejercen sus funciones constitucionales en cuanto autoridades investidas del poder de administrar Justicia. Es cierto que podemos encontrarnos con casos en que la interpretación dispensada a los derechos por parte de los jueces puede rozar con lo discutible o con lo evidentemente inconstitucional, pero la fórmula para corregir tales excesos, ha venido siendo (por lo menos hasta antes de la sentencia mencionada) la de habilitar una concepción sustantiva en el ámbito de los derechos constitucionales de naturaleza procesal. Se ha ingresado así a lo que hoy en día se califica sin muchos rodeos como debido proceso sustantivo o material,64 derecho que desde la perspectiva de la función jurisdiccional, permite corregir la presencia de resoluciones irrazonables o desproporcionadas en su contenido. Muchos pueden preguntarse porque este y no otro es (o ha sido hasta hace poco) el alcance fiscalizador en el ámbito de la jurisdicción. La respuesta es muy simple. Porque uno de los principios (y a la par uno de los derechos) que confiere un sentido de solidez a lo que representa dicha función es la intangibilidad de la
64 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El debido proceso sustantivo y su aplicación como referente de los procesos estrictamente judiciales a la luz de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional” en Revista Peruana de Jurisprudencia, N° 35, Lima, Enero del 2004, pp. 3 y ss.
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cosa juzgada, atributo que si esta en la Constitución no es por un simple capricho, sino por la necesidad de consolidar o dotar de ciertas garantías a la responsabilidad ejercida por los jueces. Dicho principio (y también derecho), va de la mano con la llamada seguridad jurídica, atributo que siendo implícito en su estructura es a su vez revelante en el contexto de lo que representa el Estado de Derecho. Curiosamente la sentencia emitida en el Caso Apolonia Ccollcca, invoca la necesidad de tener de interpretar la totalidad de preceptos constitucionales (principio de unidad de la Constitución) a efectos de sustentar su posición. Omite sin embargo considerar que dentro de dicha totalidad, también se ubican la cosa juzgada y la seguridad jurídica ¿O es que acaso no significan nada? La fórmula reconocida en el Artículo 200°, inciso 2) de la Constitución como en su día, la contenida en el Artículo 6° inciso 2) de la Ley N° 23506 (los procesos constitucionales proceden contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento irregular) no fue diseñada como una manera de mitigar o disminuir (o peor aún, desconocer) la eficacia de los derechos constitucionales sustantivos, sino para delimitar el tipo de ámbitos en los que el control habría de dispensarse.65 Ahora bien, puede que en el fondo la discusión resulte para muchos ociosa, pues sea que se controle las resoluciones judiciales sobre la base de una invocación a derechos constitucionales sustantivos o sea que se fiscalice las sentencias tomando como referencia un ámbito sustantivo en el derecho al debido proceso, el camino inevitablemente, ha de conducir hacia el mismo resultado (control de lo directamente resuelto). Sin embargo, no creemos que haya sido descabellado (por lo menos en la forma en que lo plantea el Tribunal) optar por un modelo jurisprudencial en el que los referentes siempre fueron los derechos constitucionales de naturaleza procesal, pues ello ha respondido a un esquema derivado de la propia Constitución y del cuadro de valores que como ya se ha visto, aquella propone. Lo que si nos parece, a despecho de la buena intención que pueda exhibirse por el Tribunal, es que en la manera como ha quedado diseñado el modelo de control, pueden generarse ciertos riesgos sobre los que a corto plazo, convendría reflexionar. En efecto, si una decisión judicial puede cuestionarse por el sólo hecho de vulnerar un derecho constitucional sustantivo (en la lógica de que ello es también proceso irregular), bastaría que el justiciable invoque cualquier derecho reconocido en la constitución para traerse abajo, o cuando menos generar controversia o conflicto, respecto de cualquier proceso ordinario. Como nunca antes, la cosa juzgada podría verse devaluada en un contexto en que el litigante (tan propenso a constitucionalizar todo tipo de reclamo) vería en la nueva opción, una puerta de acceso a
65 No creemos, por consiguiente, que la alternativa del debido proceso sustantivo haya sido una respuesta forzada a las supuestas insuficiencias del modelo recogido (Cfr. CARPIO MARCOS, Edgar, “El amparo contra el amparo”, op. cit., p. 25) sino la manera más sensata de desarrollar la opción a la que conducía un esquema constitucional (y también legal) en el que se ponderaba la importancia de institutos como la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
las infinitas instancias y desde luego un sacrificio de la Justicia en manos del tiempo artificialmente ganado. Todo este razonamiento lo hemos consignado no en vano, porque si hoy en día y como se ha señalado, cabe interponer un amparo contra amparo, siguiendo la tesis del control absoluto, ello significaría que la discusión a generarse, ya no sólo tendría que ver con el procedimiento constitucional en sentido estricto, sino con los criterios directamente utilizados por el juez constitucional. No nos parece desacertado que las resoluciones de los jueces constitucionales puedan ser revisadas en aquellos casos en que las mismas resulten irrazonables o desproporcionadas. Queda claro por lo demás que de presentarse tal tipo de decisiones el proceso constitucional degeneraría en algo incuestionablemente inconstitucional, pero que so pretexto de tal perspectiva, todas las sentencias (como incluso los autos o los propios decretos) pueden ser susceptibles de control porque todos los derechos vinculan a los jueces, nos colocaría en un escenario en que el criterio del juez constitucional ordinario pendería casi de un hilo ¿quién podría garantizar que el razonamiento del juez constitucional fiscalizador es el correcto y no el del juez constitucional fiscalizado? Muchos podrían decir que el Tribunal Constitucional es a donde finalmente podría reconducirse la controversia en tales casos. Sin embargo, no siempre ello ha de ser así, pues estamos hablando de un amparo contra amparo cuyo trámite aunque en algunos supuestos pueda llegar ante la sede especializada, en otros (principalmente en los estimatorios) puede quedarse en el propio Poder Judicial. Y aún en los casos en que el proceso corrector pudiese llegar a conocimiento del Tribunal Constitucional, no dejaría de ser paradójico, que dicho organismo sea quien finalmente tenga que verse obligado a darle lecciones a los jueces acerca de cómo interpretar la Constitución y su cuadro de derechos fundamentales. Nos parece que lo más acertado hubiese sido habilitar el régimen especial, no en defensa directa de los derechos constitucionales distintos a los procesales, sino en relación con lo que pueda representar la dimensión sustantiva del debido proceso. Ello a nuestro entender, hubiera permitido que el ámbito de control, no se viera como algo desmesurado y peligroso, sino como una técnica que siendo radical en sus alcances, no signifique tampoco un debilitamiento, cuando no un desconocimiento total, de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica. Siendo las cosas en la forma en que ahora las perfila la jurisprudencia, consideramos que de todas las reglas establecidas, será esta donde más fino tenga que trabajarse, a fin de no convertir el amparo contra amparo en un remedio más caro que la propia enfermedad. E) Habilitación en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional Una quinta regla desarrollada mediante la sentencia comentada es la que tiene que ver con la defensa de lo que el Tribunal Constitucional considera como su doctrina vinculante.
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La citada línea de razonamiento la encontramos perfilada en los siguientes términos:
…resulta razonable el uso de un segundo proceso constitucional para restablecer el orden jurídico constitucional y el ejercicio de los derechos fundamentales que pueda verse afectado con una estimatoria de segundo grado, cuando las instancias judiciales actúan al margen de la doctrina constitucional establecida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por doctrina constitucional debe entenderse en este punto: a) las interpretaciones de la Constitución realizadas por este Colegiado, en el marco de su actuación a través de los procesos, sea de control normativo o de tutela de los derechos fundamentales; b) las interpretaciones constitucionales de la ley, realizadas en el marco de su labor de control de constitucionalidad. En este caso, conforme lo establece el artículo VI del Título preliminar del Código Procesal Constitucional, una ley cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal, no puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio del control difuso, a menos, claro está, que el Tribunal sólo se haya pronunciado por su constitucionalidad formal; c) las proscripciones interpretativas, esto es las “anulaciones” de determinado sentido interpretativo de la ley realizadas en aplicación del principio de interpretación conforme a la Constitución. Se trata en este supuesto de las sentencias interpretativas, es decir las que establecen que determinado sentido interpretativo de una disposición legislativa resulta contrario a la Constitución, por lo que no debe ser usado por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional que les corresponde (Fundamento 15).
Añade asimismo que “Todo lo anterior no excluye…, que los jueces del Poder Judicial, que también son jueces de la Constitución, en la medida en que deben aplicarla como norma suprema del Estado en los casos que conocen, puedan también participar en esta labor de integración e interpretación en aras de dar una mayor y más amplia protección a los derechos fundamentales. En cualquier caso, las relaciones entre la interpretación del Tribunal Constitucional y la que realice el juez ordinario deben orientarse, en estos casos, por el principio de mayor protección y más amplia cobertura que pueda brindar determinada interpretación en un caso concreto. De este modo, las decisiones del Tribunal Constitucional alcanzan el máximo grado de vinculación cuando ofrecen una mejor protección a los derechos en cuestión, mientras que, si es posible que en un caso concreto la interpretación realizada por el Tribunal puede ser optimizada con la intervención de los jueces del Poder Judicial, el grado de vinculación disminuye a efectos de incorporar la mejor interpretación que objetivamente ponga de manifiesto la mayor protección que pueda brindar a un bien constitucional determinado” (Fundamento 16). De los párrafos aquí citados, puede considerarse que para la sentencia examinada, no sólo se trata de crear un régimen especial en aras de defender lo que la Constitución directamente dispone, sino de maximizar en todos sus niveles la posición especial que ocupa el Tribunal Constitucional en cuanto interprete supremo de la norma fundamental. A los efectos de poder entender esta regla en sus verdaderos alcances, conviene precisar que el propio Colegiado, desde hace ya algún tiempo atrás, nos ha veni-
do ofreciendo una distinción entre lo que constituye la llamada doctrina constitucional vinculante y lo que supone el precedente de obligatoria observancia. Mientras que por la primera se entiende los diversos criterios que el Tribunal desarrolla en los distintos ámbitos del derecho a consecuencia de su labor en cada caso que va resolviendo, el segundo implica una capacidad para poder extraer normas de obligatoria observancia, a partir de determinados casos concretos. Ambas categorías se encuentran previstas como fórmulas en el Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. La doctrina constitucional vinculante en el Artículo VI y el precedente en el Artículo VII.66 La citada diferenciación definitivamente no es ociosa si se toma en cuenta que lo que pretende el Tribunal mediante la presente sentencia, es establecer que la defensa de la doctrina constitucional vinculante puede articularse por vía del amparo contra amparo, a diferencia de lo que ocurre (como veremos más adelante) con el precedente de obligatoria observancia. En el caso de la doctrina vinculante, que es el que aquí nos interesa resaltar, la sentencia opta por un desarrollo en torno de lo que constituyen sus alcances. Dicho de otro modo, no cualquier cosa formaría parte de lo que Colegiado califica de dicha forma, sino específicamente tres supuestos. En primer lugar, formarían parte de la doctrina constitucional vinculante todas aquellas interpretaciones que de la Constitución ha realizado el Tribunal tras conocer de los diversos procesos de defensa de la Constitución, sea que estos tengan por objeto tutelar su parte dogmática (procesos constitucionales de la libertad) sea que tengan por finalidad proteger su parte orgánica (procesos constitucionales orgánicos). Aunque la perspectiva descrita, puede considerarse correcta dentro de un plano rigurosamente teórico, el único problema que ofrece es lo que eventualmente pueda resultar en la práctica, de criterios que siendo indiscutibles interpretaciones, no siempre sean muy consecuentes con la línea de uniformidad que ha de esperarse de todo organismo de protección de la Constitución. No es este el momento preciso para detenerse en el tema, pero muchas veces ha ocurrido que sobre una misma materia ha existido más de una corriente de interpretación. Y no es que estemos hablando de los cambios naturales que como es
66 Esta distinción la tenemos desarrollada en la sentencia recaída en el Exp. N° 3741-2004-AA/TC (Caso: Ramón Hernando Salazar Yarlenque). Por otra parte y desde la perspectiva doctrinaria ha sido también explicitada en diversos trabajos, entre los que podemos mencionar: RODRÍGUEZ SANTANDER, Roger, “El precedente constitucional en el Perú: Entre el poder de la historia y la razón de los derechos”, GRÁNDEZ CASTRO, Pedro, “Las peculiaridades del precedente constitucional en el Perú”, ADRIÁN CORIPUNA, Javier, “La jurisprudencia vinculante de los altos tribunales como límite al principio de independencia judicial”. Cfr. CARPIO MARCOS, Edgar y GRÁNDEZ CASTRO, Pedro (coords.) Estudios al precedente constitucional, Palestra Editores, Lima Febrero del 2007, pp. 58 y ss., 92 y ss., 118 y ss., respectivamente.
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obvio siempre ofrece la jurisprudencia, sino de puntos de vista absolutamente dispares ante los ojos de cualquier buen entendedor.67 Somos de la idea que la única forma de salvar la línea de congruencia en los criterios doctrinales utilizados por el propio Tribunal, particularmente en el caso de los procesos constitucionales de la libertad (ya que con los procesos constitucionales orgánicos el margen de controversia sería mucho más restringido) pasaría por el hecho de asumir, como lo viene haciendo actualmente, una técnica de consolidación de la doctrina, específicamente por conducto de las decisiones a título del pleno jurisdiccional y no simplemente a instancias de lo que pueda opinar una de sus Salas.68 Un segundo componente de la llamada doctrina constitucional vinculante tiene que ver con las interpretaciones constitucionales de la ley, desarrolladas en el contexto de la labor de control de la constitucionalidad. A simple vista, la fórmula utilizada parece ser la acertada. Lo que sin embargo parece no muy claro de percibir es que aunque nadie puede discutir la importancia de interpretar toda norma infraconstitucional de conformidad con la Constitución, no siempre el auscultamiento que de la ley practica el Tribunal, puede considerarse la única forma de verificar un resultado legítimamente constitucional. Dicho de otro modo, aunque pueda existir una lectura de la ley acorde a la norma fundamental y predicada por el supremo Colegiado, ello no tiene porque excluir otras eventuales lecturas de la misma norma legal igual de compatibles con lo señalado por la Constitución. Lamentablemente en la manera como ha sido prevista esta segunda opción, pareciera entenderse como que el único ente con capacidad para efectuar lecturas de la ley de conformidad con la norma suprema es el propio Tribunal, lo cual no nos parece rigurosamente cierto, no sólo porque las interpretaciones no se cierran con lo que en forma exclusiva y excluyente pueda pensar dicho organismo, sino porque tampoco se puede desconocer el papel constitucional del juez ordinario. Aunque la sentencia luego nos aclarará que no se encuentra excluida la capacidad de los jueces ordinarios para interpretar la Constitución, no se termina de en67 Sin ánimo de ser exhaustivos, podría verificarse tales situaciones en algunas causas como por ejemplo las tramitadas en el Exp. N° 2876-2005-PHC/TC (Caso: Nilsen Mallqui Laurence y otro) y el Exp. N° 2086-2005-PHC/TC (Caso: Jaime Walter Correa Campos), referidas al rechazo liminar en materia de habeas corpus, o entre el Exp. N° 3179-2004-AA/TC (el ya citado Caso Apolonia Ccollcca) y el Exp. N° 1209-2006-AA/TC (Caso: Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.), concernientes con el control constitucional sobre las resoluciones judiciales ordinarias. 68 Fórmula que se ha visto ratificada a través del Artículo 13° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional aprobado mediante Resolución Administrativa N° 095-2004-P/TC del 14 de Septiembre del 2004 (modificado por la Resolución Administrativa N° 016-2006-P/TC del 27 de Enero del 2006) y que a la letra dice “Los procesos referidos en el artículo 11º, iniciados ante las respectivas Salas de las Cortes Superiores, y todos los que, al ser resueltos, pueden establecer jurisprudencia constitucional o apartarse de la precedente, deben ser vistos por el Pleno, a petición de cualquiera de sus miembros. En tales casos se procede conforme al artículo 5º de la Ley Nº 28301”.
tender del todo el condicionamiento de dicha facultad a que se dispense una mayor o más amplia protección de los derechos fundamentales. Que sepamos, las interpretaciones son totalmente libres mientras respeten la Constitución y aunque lo deseable es que sean evidentemente protectoras, ello no significa que por no serlo (bajo determinados casos o circunstancias) adolezcan de legitimidad. Acertado si nos parece el segundo párrafo que contempla esta segunda opción. En efecto, muy distinto es el caso, cuando de las interpretaciones que realice el Poder Judicial, puedan desprenderse conclusiones opuestas (de una forma o de otra) a lo sostenido precedentemente por el Tribunal (si por ejemplo y como aquí se señala, este ha validado una norma). En tal supuesto, no cabe la menor duda que lo que ha de prevalecer, es lo que a fin de cuentas pueda considerar el Supremo Colegiado. Contrario sensu y de no respetarse dicha perspectiva, será perfectamente viable articular el régimen especial. El tercer componente de lo que constituye la doctrina constitucional vinculante, nos parece totalmente justificado. Conforme al mismo se trata relievar el significado y posición de las llamadas proscripciones interpretativas que no son otra cosa que la exclusión en el ámbito de las probables interpretaciones, de determinadas maneras de conceptuar o identificar a una norma o componente normativo. En este caso el mensaje es pues directo e inobjetable. Bajo ciertos significados, no puede ser interpretada una norma, cuando el Tribunal así lo ha dispuesto. Por consiguiente, a ninguna autoridad, funcionario o persona, y por supuesto, a ninguna autoridad jurisdiccional, le esta permitido desconocer lo señalado por el Supremo Interprete, mucho menos a través de un proceso constitucional. El desconocimiento de dicha premisa, traerá consigo la posibilidad de un amparo contra amparo. La importancia de esta nueva regla y de sus variantes (no empero la necesidad de explicitar de mejor manera algunos de ellos) resulta pues inobjetable. La única forma de garantizar la existencia de un intérprete supremo, se verifica cuando tal condición cuenta con opciones o mecanismos que garanticen dicha posición. En dicho contexto, el régimen especial, es lo más adecuado. F) Protección de terceros que no han participado en el proceso constitucional pero cuyos derechos han sido vulnerados y del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio constitucional Una de las novedades más importantes que nos ofrece el nuevo esquema es esta sexta regla que abarca dos supuestos. El que tiene que ver con la posición especial del tercero o sujeto extra procesal cuyos derechos puedan verse afectados a instancias de lo que sucede en un proceso constitucional en el que no participa y el que se refiere al recurrente que por razones ajenas a su voluntad no haya podido acceder al recurso de agravio constitucional La comentada innovación nos la grafica el Tribunal en los siguientes términos:
El amparo contra amparo en la jurisprudencia constitucional peruana • 275 …si bien es cierto que, tratándose de resoluciones desestimatorias siempre está abierta la posibilidad de interponer un recurso de agravio constitucional (artículo 18 del Código Procesal Constitucional), permitiendo en estos casos que sea el Tribunal Constitucional quien se pronuncie en última y definitiva instancia, también lo es que los terceros que resulten afectados ilegítima y directamente por dichas resoluciones no tendrían tal posibilidad en la medida en que su actuación como parte en el proceso haya sido denegada o simplemente no haya podido ser acreditada por desconocimiento de dicho trámite judicial. En consecuencia, el “amparo contra amparo” abre la posibilidad, en estos supuestos, de que las alegaciones de violación de derechos puedan ser evaluadas en un nuevo proceso constitucional y, de este modo, se pueda acceder a un pronunciamiento final y definitivo por parte del supremo intérprete y guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales, si la pretensión es denegada en las instancias judiciales (Fundamento 18). En este sentido el “amparo contra amparo” habilita al tercero afectado, cuya participación haya sido rechazada en el primer amparo, o cuando, por desconocimiento probado, éste no haya tenido ocasión de solicitar su intervención en el trámite del primer proceso. En estos supuestos, dentro del plazo que establece el artículo 44 del Código Procesal Constitucional para el caso del amparo contra resoluciones judiciales, el tercero afectado en el ejercicio de sus derechos fundamentales a consecuencia de la decisión desestimatoria, puede presentar un nuevo amparo cuestionando dicha decisión, siempre que esta no haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional, tras haberse interpuesto el respectivo recurso de agravio constitucional (Fundamento 19). Por ello se puede admitir un nuevo amparo frente a una resolución desestimatoria de segundo grado en los siguientes supuestos: (1) el caso del tercero que no ha participado en el primer proceso, bien por no haber sido admitido como parte en el primer amparo, pese a contar con los presupuestos procesales para ello, bien por desconocimiento del trámite al no habérsele notificado como correspondía en su calidad de litisconsorte necesario. En este supuesto, la decisión desestimatoria de segundo grado le ha producido agravio sin que pueda ejercer su derecho de defensa; y (2) el caso de quien, habiendo sido parte en el proceso, no ha podido interponer el recurso de agravio en su oportunidad, sea por no habérsele notificado oportunamente la sentencia desestimatoria o porque, pese a haber sido notificado, no ha podido conocer de su contenido por alguna imposibilidad material debidamente acreditada (Fundamento 20).
De lo que se aprecia en los párrafos glosados, queda claro que aunque la preocupación principal del Tribunal se centra en la posición del tercero eventualmente perjudicado, se ha utilizado la misma línea de razonamiento para dispensar protección al justiciable que habiendo participado en el proceso resulte lesionado por el mismo por causas no imputables a su comportamiento. En relación con el primer supuesto, estimamos que la sentencia acierta en establecer una previsión desde hace mucho tiempo reclamada. En efecto, aunque la normativa procesal constitucional, ha venido contemplado la posibilidad de incorporar a los terceros cuyos derechos puedan resultar eventualmente perjudicados por la decisión de un proceso constitucional, dicha facultad sólo ha venido cubriendo dos probables situaciones a) Cuando la propia autoridad jurisdiccional detecta
la necesidad de incorporar a sujetos extra procesales cuyos derechos puedan verse afectados por la sentencia (Artículo 43° del Código Procesal Constitucional),69 y b) Cuando el propio sujeto extra procesal solicita expresamente su participación a instancias de no verse perjudicado por lo que se decida en el proceso (Artículo 54° del Código Procesal Constitucional).70 Uno y otro supuesto evidentemente han sido siempre necesarios (y por lo demás, la jurisprudencia se ha encargado de desarrollarlos y en muchos casos, perfeccionarlos), pero lo que nunca había sido previsto, era lo que sucedía en aquellas hipótesis en las que el juez constitucional no reparaba en la necesidad de habilitar a terceros o reparando en ella no permitía el acceso al proceso. Tampoco se pensó en lo que ocurría cuando los citados terceros jamás solicitaron su incorporación fundamentalmente debido a un desconocimiento total del proceso. En todos estos casos, por lo general, la situación era bastante dramática. Si había denegatoria en el acceso, el afectado observaba con impotencia y no poca desesperación, como se resolvía su situación a sus espaldas. Situación no menos injusta acontecía en los casos en que el proceso se tramitaba con total desconocimiento de los terceros. Estos sólo se enteraban de la afectación a sus derechos cuando el proceso había culminado y la sentencia venía siendo ejecutada. Irónicamente nada podía intentarse en tales situaciones, pues el circuito procesal había precluido en todas sus fases, sin la posibilidad de impugnatorio alguno. El nuevo régimen, como es fácil de apreciar, abre una puerta para corregir tales excesos y lo hace de la única manera en que de verdad podía intentarse, mediante el ejercicio de un nuevo proceso constitucional cuestionador de aquel otro proceso llevado al margen o a las espaldas del tercero. Agrega sin embargo la sentencia que en los casos en que se intente un amparo contra amparo dentro de los alcances de esta nueva regla, los afectados lo tendrán que hacer dentro de ciertos límites. El primero de ellos tiene que ver con la sujeción al plazo de prescripción previsto en el Artículo 44° del Código Procesal Constitucional para el caso de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales (30 días hábiles) y el segundo con el respeto a otra regla del nuevo régimen que comentaremos más adelante, y que exige que en la decisión cuestionada, no haya tenido participación el Tribunal Constitucional. El segundo supuesto previsto por la sentencia se refiere a quien contrario sensu,
69 Dice el citado dispositivo “Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar”. 70 Establece la citada norma que “Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. Si el Juez admite su incorporación ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuviera en segundo grado, la solicitud será dirigida al Juez superior. El litisconsorte facultativo ingresa al proceso en el estado en que se encuentre…”.
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si ha venido participando del proceso constitucional en la etapa judicial, pese a lo cual no ha sido oportunamente notificado con la sentencia desestimatoria o, habiendo sido notificado, no ha podido acceder al contenido de la misma debido a situaciones de suyo especiales y por lo demás debidamente acreditadas (personas privadas de su libertad, incapacitadas por razones de salud, etc.). En este caso, el raciocinio se orienta a evitar el perjuicio para quienes tras haber participado del proceso constitucional en sus primeras etapas, se encuentren con imprevistos ajenos a su voluntad que dificulten su acceso directo al Tribunal Constitucional. Aunque podría pensarse que hipótesis como las descritas podrían dar lugar a eventuales recursos de queja susceptibles de ser puestos en conocimiento del supremo Colegiado (de conformidad con el Artículo 19° del Código Procesal Constitucional),71 ha querido la sentencia reparar en la magnitud de tales incidencias, con miras a que las mismas, por sus características especiales, puedan ser analizadas en un nuevo proceso constitucional. De esta forma, lo que queda reservado para el consabido mecanismo impugnatorio (recurso de queja) sólo estará referido a aspectos de carácter esencialmente formal. G) Inconveniencia del amparo contra amparo en defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional La regla enunciada se encuentra vinculada de alguna forma con aquella otra referida a la defensa de la denominada doctrina constitucional vinculante. En efecto, como lo precisáramos en otro momento, el Tribunal ha establecido una diferencia entre doctrina y precedente. Para la protección de la primera queda claro que se habilita el régimen especial, para la protección de este ultimo sin embargo, no se promueve (o para ser más precisos, no se aconseja) el uso del amparo contra amparo. La sentencia que venimos comentando ha hecho un largo y detenido desarrollo de las razones por las cuales el precedente constitucional debe ser en adelante, tutelado directamente por vía del recurso de agravio constitucional. De este último extremo no pretendemos ocuparnos ahora.72 Ello no obstante la asunción de esta
71 Conforme a dicho dispositivo “Contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional procede recurso de queja. Este se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación de la denegatoria. Al escrito que contiene el recurso y su fundamentación, se anexa copia de la resolución recurrida y de la denegatoria, certificadas por abogado, salvo el caso del proceso de habeas corpus. El recurso será resuelto dentro de los diez días de recibido, sin dar lugar a trámite. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la queja, conoce también el recurso de agravio constitucional, ordenando al juez superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado, bajo responsabilidad”. 72 Por ahora, simplemente bastará con dejar constancia que para el Supremo Interprete de la Constitución las denominadas resoluciones denegatorias ya no son asumidas únicamente desde una
alternativa, permite ofrecer una explicación indirecta, en torno de la presencia de esta nueva regla. Conforme se precisa en la ejecutoria “…una decisión judicial emitida sin tomar en cuenta los precedentes vinculantes del supremo intérprete de la Constitución aplicables al caso, viola el orden constitucional y debe ser controlado por este Colegiado a través del propio recurso de agravio, que debe habilitarse en este supuesto como el medio procesal más eficaz e idóneo para restablecer la supremacía de la Constitución, alterada tras una decisión judicial estimatoria de segundo grado en un proceso constitucional. Este Colegiado estima por tanto que debido a la naturaleza del agravio y la objetividad de su constatación, en la medida en que los precedentes son reglas precisas y claras que no admiten un juego interpretativo por parte de los jueces, relegar su control al trámite de un nuevo proceso de amparo resultaría en el mejor de los casos inadecuado” (Fundamento 25). A fin de despejar dudas sobre dicha toma de posición se nos explica que “…Respecto de las afectaciones de los derechos fundamentales en general (incluido los terceros), así como respecto del eventual desacato a las interpretaciones de este Colegiado contenidas en su doctrina jurisprudencial, este Tribunal ha sostenido que debe habilitarse para ello la interposición por única vez de un segundo amparo. Esto porque la invocación de tales vulneraciones requieren siempre de un contencioso mínimo donde puedan acreditarse los alegatos escuchando al órgano judicial emplazado y permitiendo, al propio tiempo, una nueva evaluación de la decisión por parte del propio Poder Judicial en sus dos instancias. Sin embargo este Tribunal entiende que no es necesario dicho trámite contradictorio cuando la alegación esté referida al desacato manifiesto y claro a un precedente vinculante, establecido en tales términos por el propio Tribunal…” (Fundamento 27). Varias son las reflexiones que pueden extraerse de estos párrafos. La primera de ellas, permite considerar que para el Tribunal la temática relativa a los precedentes no admite discusión o controversia alguna. En otras palabras y en la medida en que aquellos se manifiestan bajo la forma de reglas concretas o específicas que describen los alcances y límites en el comportamiento de los operadores del derecho frente a determinadas disposiciones constitucionales y legales, no existe margen interpretativo que habilite optar por alternativas o criterios opcionales al interior de los propios precedentes. Estos se cumplen sin dudas y murmuraciones. La concepción así graficada, naturalmente no deja de ser bien intencionada (si
perspectiva subjetiva (como aquellas que desestiman o resuelven la pretensión en forma opuesta a los intereses del demandante) sino que también lo son desde una óptica objetiva, lo cual supone su disconformidad con el orden material de valores reconocidos por el ordenamiento constitucional. De este modo, si una resolución judicial de segundo grado no sólo resuelve en forma contraria a los derechos del reclamante, sino también, en forma opuesta al orden objetivo constitucional, procederá el recurso de agravio, así se trate de una resolución formalmente estimatoria. La manera de determinar el citado orden material y su eventual trasgresión, pasa a juicio del Tribunal, por evaluar si la magistratura ordinaria ha respetado o no los precedentes vinculantes.
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de lo que se trata es de resguardar las interpretaciones más importantes realizadas por el Tribunal). Sin embargo, la presunción de que todos los precedentes grafican reglas claras y concretas, puede no ser siempre consecuente con la verdad. De hecho pueden existir ocasiones en que los precedentes establecidos no aparezcan como reglas trasparentes y precisas, sino como un discurso que siendo interesante en términos doctrinarios, sepa más a una concepción abierta al debate que a una definitiva toma de posición sobre los alcances de una o varias disposiciones. Ello ha ocurrido especialmente cuando el Tribunal ha optado por definir determinados derechos constitucionales o incluso, el alcance de específicos bienes jurídicos de relevancia. Definitivamente no está mal que de acuerdo con las características de ciertos casos, la justicia constitucional opte por ir perfilando los contornos de ciertos atributos, libertades o valores, pero pensar que a la luz de un caso concreto, puede ensayarse una definición integral y definitiva de cada derecho o bien jurídico, si nos parece un exceso, pues no hay contenido que pueda vislumbrarse como de cierre. Cada atributo, facultad, libertad o cada valor material en su diario contraste con la vida real suele anteponer derroteros en los que el intérprete jurídico siempre va encontrando cosas nuevas que auscultar. Pretender que los desarrollos son absolutos y definitivos y que por ende, todo está oleado y sacramentado a modo de precedente de obligatoria observancia, suele ser el anticipo de ulteriores y a veces hasta urgentes rectificaciones. En resumen, puede parecer correcto sostener que los precedentes suelen ser directrices claras y concretas (que de poseer tales características, no admiten discusión), pero alegar que no puede haber casos en que los mismos, resulten imprecisos o en el que pese a no serlo, devengan en insuficientes para resolver determinadas controversias, si nos parece bastante opinable. Ante una lógica como la descrita, no nos termina de convencer que el recurso de agravio sea la mejor o más sensata solución para todos los casos. Somos de la idea que en aquellos supuestos en los que el consabido precedente, se preste a discusiones o controversias, la mejor fórmula seguirá siendo pese a todo, la del amparo contra amparo. Dicho esto y en la lógica de interrogarse si es esto posible, conviene reparar en un detalle adicional percibido de antemano. El Tribunal, en realidad, no esta sentenciando que el régimen especial se encuentre terminantemente prohibido como instrumento de defensa del precedente. Lo que nos esta diciendo (y basta con repasar el primero de los fundamentos citados) es que su utilización no sería la adecuada, cuando existe un mecanismo de control directo e inmediato como el que ofrece el agravio. Si las cosas son como aparece del modo descrito queda claro que ante una eventual contingencia, donde el precedente pueda generar discusión por no haberse acatado en la sede constitucional ordinaria, lo más sensato según entendemos,
no sería precisamente el agravio sino el amparo contra amparo. Razones que avalen dicha postura no sería difícil precisar. Ellas irían desde la conveniencia de demostrar las particularidades de cada reclamo en función de los contextos de hecho que les rodean, hasta la necesidad de verificar de un modo suficientemente amplio los reales alcances de la máxima sentada por el Tribunal Constitucional.73 H) Improcedencia del amparo contra amparo contra decisiones emanadas del Tribunal Constitucional De las reglas establecidas en el antiguo régimen especial, la presente constituye una indiscutible ratificación. Según se refiere en la sentencia “En ningún caso puede ser objeto de una demanda de “amparo contra amparo” las resoluciones del Tribunal Constitucional, en tanto instancia de fallo última y definitiva en los procesos constitucionales” (Fundamento 39, Acápite B, Numeral 1, epígrafe c). Aunque la sentencia, no se ha preocupado demasiado en desarrollar las razones que justifican la reiteración de esta línea de razonamiento, diversos párrafos de la misma la dan como inobjetablemente existente (tal y como puede apreciarse de los Fundamentos 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27 y 39, Acápite B, Numeral 1, epígrafes “a” y “b” y Numeral 3, epígrafes “a” y “b”). En algún otro momento sostuvimos que el fundamento principal en pro de dicha regla estaba basado en la presunción, evidentemente radical, de que el Tribunal es el defensor incuestionable de la Constitución a la par que su Interprete Supremo,74 razones suficientes para enfatizar la importancia e invulnerabilidad de sus fallos. Sin que tengamos que retractarnos de dicha argumentación, consideramos sin embargo que la misma, puede ser susceptible de diversos cuestionamientos, no a la lógica de que todo ordenamiento constitucional requiere para ser tal, la existencia de un defensor y de un interprete con carácter supremo, sino al hecho, de que se presuma desde una perspectiva absoluta, un carácter infalible en el ejercicio de las competencias atribuidas al Tribunal Constitucional. No es este el momento preciso para realizar un análisis pormenorizado de los aspectos opinables que pueda encerrar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, como la de otros tribunales o cortes existentes en el mundo, pero queda claro que no hay modelo que pueda reputarse perfecto, ni presunción alguna que permita considerar al ciento por ciento, que un Tribunal de defensa de la Constitución es incapaz de equivocarse o de no incurrir en excesos o arbitrariedades.75
Esto evitaría situaciones como las acontecidas en el Exp. Nº 006-2006-PC/TC. Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el…” en op. cit., pp. 53-54. 75 Comentando sobre la incidencia que tiene la tutela judicial en el comportamiento de los órganos que administran justicia, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ nos advierte que “…es en el ámbito de las lesiones de este derecho donde se manifiesta de modo más evidente la deficiencia de la justicia constitucional para una eficaz protección de estos derechos frente a los jueces y tribunales de estos distintos órdenes. Y, lo
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Aunque desde luego, muchas veces el derecho esta construido sobre la base de las consabidas presunciones, las que bajo ciertos contextos adquieren el carácter de un dogma, nos parece que lo más correcto, no es utilizarlas como un referente único y excluyente, sino más bien, como uno de los tantos argumentos pasibles de considerar, sin que tampoco y como es obvio, ello signifique un reconocimiento de prioridad o mayor importancia. Mas sugerente (y desde luego más acertado) nos parece estimar que la razón por la que los fallos del Tribunal no debieran ser susceptibles de revisión mediante el amparo contra amparo, radicaría en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, a partir de un momento en el que ya no sea posible dejar abierto el ciclo de control. Como es bien sabido, al interior del derecho toda construcción tiene un límite final, fuera del cual, ya no resulta posible seguir efectuando extensiones. De no ser así la Constitución no tendría porque ser la norma suprema, sino uno más de los tantos escalones a los que conducirían interminables construcciones jurídicas. Con la lógica de que nada es definitivo, ningún tema quedaría resuelto y los mecanismos jurídicos, más que fórmulas de solución, serían parte de un círculo eternamente vicioso Ante un resultado paradójico y evidentemente opuesto a lo que aspira el derecho, se busca límites o parámetros a toda fórmula jurídica. Con el control (y en particular, con el de tipo constitucional) pensamos que no hay excepción. Es evidente que la existencia de un organismo que oficia como defensor e interprete por excelencia de la Constitución, requiere de garantías que fortalezcan o consoliden dicha posición. Si contra sus resoluciones procedieran instrumentos que las revirtieran o debilitaran, dicho organismo seria cualquier cosa, menos un defensor y un intérprete supremo. Bajo tales circunstancias el Tribunal Constitucional, es quien tiene a su cargo (por lo menos en lo que respecta a la sede interna) oficiar como el órgano de clausura en materia de control. Suya es la última palabra, no porque se presuma que todo lo hace bien, sino porque alguien tiene que cerrar el circuito y a la par, garantizar la seguridad jurídica. Su posición en el último de los niveles, no es por tanto un capricho del sistema, sino una consecuencia lógica de nuestra confianza en el Estado Constitucional de Derecho y en los roles que este asigna al Tribunal. Desde luego, hubiese sido pertinente que la sentencia lo dijera de un modo mucho más preciso y esclarecedor. Sabemos que es el intérprete supremo de la Constitución, pero a veces es bueno justificarlo ante el ciudadano, antes que simplemente proclamarlo.
que es mas grave, son los propios Tribunales constitucionales los que incurren a veces en flagrantes violaciones.” Cfr. “Las violaciones del derecho al proceso debido por las jurisdicciones instituidas para su protección” en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, op. cit., tomo II, p. 2063.
IX. El destino del amparo contra amparo A nuestro modo de ver el régimen amparo contra amparo se ha impuesto en la práctica como una respuesta frente a ciertos vacíos e insuficiencias que ofrece el sistema. Por cierto, no es que nuestro Código Procesal Constitucional sea deficiente o que no dispense un adecuado elenco de alternativas tutelares al justiciable. Hemos dicho y nos ratificamos en que la propuesta procesal incorporada a su contenido supera el esquema procesal precedente y supone notorios avances de los que hoy en día la jurisprudencia viene dando cuenta. Sin embargo el hecho que la descrita sea nuestra perspectiva en términos muy generales, no implica considerar que no puedan existir (como de hecho existen) específicos y muy concretos aspectos opinables. Entendemos que uno de tales aspectos consistió en haber abandonado el régimen especial precisamente cuando la jurisprudencia empezaba a perfeccionarlo y cuando hasta donde sabemos, tampoco venía dando muestras de haber sido mal utilizado. Consideramos que aún cuando desde la propia Constitución existían ciertas omisiones o no se brindaba una respuesta directa a los efectos de que determinadas incidencias puedan ser oportunamente solventadas (la violación a los derechos por conducto de un proceso constitucional) era sin embargo, perfectamente posible, utilizar las propias opciones brindadas por el ordenamiento para habilitar caminos que no siendo fórmulas muy ortodoxas, llevaran no obstante a un resultado optimizador en pro de aquello a lo que en su momento no se dispenso adecuado tratamiento. Es esa en rigor, la razón por la que se diseño un régimen especial como el amparo contra amparo, en la lógica de que lo imprevisto (lo arbitrario) en un proceso constitucional, pudiese a pesar de todo encontrar una alternativa reparadora. No es pues que su admisión contra la voluntad expresa de los autores del Código haya supuesto un desconocimiento de sus advertencias como una minimización de los problemas a los que de pronto podría conducir, sino la necesidad de privilegiar el rol de protección de los derechos por encima de otro tipo de valores o principios. Quienes consideramos necesario el régimen especial, no ignoramos que dicho modelo incorrectamente manejado podría conducir a eventuales excesos, como los de desvirtuar la propia importancia de los procesos constitucionales en la defensa del orden constitucional o posibilitar la aparición de contralitigantes maliciosos. Sin embargo, entendemos que no es esa la lógica con la que se asume su admisión. Si de lo que se tratara es de crear el caos o fomentar la anarquía judicial por el simple deseo de asumir técnicas exóticas, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en incorporarlo. Pero a contrario sensu, lo que se pretende, es evitar la existencia de zonas inmunes al control, que precisamente por gozar de ciertos privilegios o presunciones en su favor tiendan al exceso o a la desnaturalización del propio orden constitucional. A título personal somos de aquellos que estiman que el modelo incorporado
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no es un homenaje a la perfección, pero tampoco ni mucho menos creemos que sea negativo. Es posible que haya mucho por trabajar en torno de los derroteros que desde hoy y a futuro han de corresponderle,76 pero la elección para nosotros es esa. O el eventual riesgo de que ciertos artífices de juicios puedan aparecer en el camino (lo que exigiría la presencia de contrapesos o medidas de control o incluso hasta fórmulas de sanción) o la irónica contradicción que pueda suponer el aceptar un proceso supuestamente perfecto, pese a todos los excesos y arbitrariedades que pueda contener. Valdría la pena en medio de todo lo dicho, que su tratamiento futuro, no sólo pasara por un desarrollo jurisprudencial sino por reconocimiento directo por vía de la ley. Ello contribuiría a objetivizar sus alcances y a evitar distorsiones en su utilización. En todo caso siempre será mejor tener un esquema procesal atípico adecuadamente desarrollado que sucumbir ante las ironías de un derecho que bajo ciertos contextos pueda resultar insuficiente. X. Algunos problemas recientes que viene ofreciendo la casuística Prueba irrefutable de que no siempre los esquemas son perfectos y de que la realidad desborda lo aparentemente previsible lo constituyen determinadas hipótesis que tras la vigencia de los criterios aquí desarrollados, viene ofreciendo la casuística. Aunque el Tribunal Constitucional aún no nos ha dispensado una respuesta definitiva a los mismos vale la pena mencionarlos muy brevemente, en la lógica de demostrar la necesidad de optar por un modelo que a pesar de ser necesariamente restrictivo, tenga cierto margen de elasticidad en cuanto a las variantes que lo habilitan. El primero de estos problemas (que por cierto, cada vez se presenta con mayor frecuencia) tiene que ver con los supuestos en los que se cuestiona mediante un
76 Y por cierto valdría la pena recomendarle ello al propio Tribunal Constitucional. En una resolución publicada estando ya vigentes los nuevos criterios en materia de amparo contra amparo, a los que se califica de vinculantes (Cfr. Exp. Nº 10596-2006-AA/TC. Caso: SUNAT) nos ha dicho que dicho régimen especial “…sólo se habilita (sic) por una única vez y en los siguientes supuestos: a) Cuando se afecte de modo manifiesto un derecho fundamental; b) Cuando se desconozca la doctrina jurisprudencial de este Colegiado; c) Cuando se afecten derechos de terceros que no han podido participar del proceso de amparo y, finalmente d) Cuando el afectado no haya tenido la ocasión de recurrir la decisión ante esta instancia a través del recurso de agravio por situaciones no imputables a éste”. ¿Y donde quedo la prohibición de amparos contra amparos contra las decisiones del Tribunal Constitucional?, ¿No era acaso también un precedente vinculante? No esta mal citar los nuevos criterios, pero hay que hacerlo en forma completa, sin perjuicio de aquellos otros criterios a los que aquí se ha hecho referencia, que pueden no ser precedente vinculante, pero que forman parte de su doctrina jurisprudencial.
nuevo amparo un anterior proceso constitucional en etapa de ejecución.77 Curiosamente en estos casos, lo que se objeta no es la sentencia constitucional misma (y que ha definido los derechos en determinada manera), sino la distorsión que de aquella han realizado las instancias judiciales encargadas de su ejecución, sea porque no la cumplen, sea porque la cumplen sólo parcialmente, sea porque se trata de un cumplimiento opuesto a los reales mandatos contenidos en la sentencia definitiva. Se ingresa así a un escenario en el que a juicio de algunos78 pareciera que ya no estamos hablando de un amparo contra amparo, strictu sensu, sino de un amparo en defensa del amparo. El antecedente directo de dicha figura podría decirse que lo tenemos en la antigua y en algún momento comentada sentencia recaída en el Exp. Nº 1102-2000-AA (Caso: Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República) donde el Tribunal Constitucional termino otorgando tutela a su propia sentencia frente a la desnaturalización que de la misma hicieron los jueces de ejecución en la vía judicial ordinaria. A nuestro entender y desde una perspectiva amplia podría decirse que en casos como los descritos aún nos encontraríamos en el amparo contra amparo en tanto este supone atacar lo inconstitucional de un primer proceso constitucional, siendo que tales incidencias no necesariamente tienen que provenir exclusivamente de una sentencia sino de cualquiera de sus correspondientes etapas procesales, como por lo demás lo entendió el propio Tribunal en el pasado y actualmente lo corroboran un buen numero de casos pendientes de solución. El problema sin embargo es que en el esquema de reglas habilitadas por la jurisprudencia, pareciera en efecto, sólo haberse pensado en la sentencia de amparo inconstitucional antes que en el proceso de amparo en su integridad, con lo que las dudas sobre el régimen procesal aplicable bajo tales circunstancias, resultarían harto evidentes. Para resolver el dilema descrito, recientemente el Tribunal ha emitido una re77 En el modelo procesal peruano, la etapa de ejecución de sentencia queda a cargo no del Tribunal Constitucional, sino de la autoridad judicial ordinaria que conoció en primera instancia del proceso constitucional. No se trata en estos casos de un nuevo proceso, sino de la fase final del proceso constitucional. 78 Tal es la perspectiva recientemente defendida por nuestro colega Pedro Grández Castro en inédita polémica mantenida con nosotros sobre este mismo tema y en la que dicho jurista postula que no nos encontraríamos en el supuesto descrito ante un verdadero caso de amparo contra amparo sino de simple amparo contra resoluciones judiciales, en tanto el régimen especial, sólo se encontraría estructurado para atacar sentencias inconstitucionales. Algunas de las ideas generales que sobre la materia ha venido desarrollando el distinguido profesor sanmarquino las tenemos en: GRÁNDEZ CASTRO, Pedro, “Tribunal Constitucional versus Poder Judicial: ¿Desamparando al amparo? Debate sobre la Política Jurisdiccional del Contra amparo” y que forma parte de un interesante dialogo mantenido con el profesor Giovanni Priori Posada. Cfr. Themis. Revista de Derecho, Nº 55, Asociación Civil Themis, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Febrero del 2008, pp. 155 y ss.
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solución, strictu sensu no muy ortodoxa,79 en la que ha desarrollado la tesis de que en los casos en los que el juez de ejecución desnaturalice las sentencias del propio Tribunal, el afectado tendrá la posibilidad de acceder directamente a dicho órgano colegiado a través del recurso de agravio constitucional. En tales circunstancias será este último quien habrá de verificar si en efecto, sus sentencias vienen siendo o no acatadas. Aunque sin duda se trata de una respuesta, no deja de ofrecer una perspectiva simplemente parcial del problema, pues por un lado no se dice nada ni de las vulneraciones que recaigan sobre sentencias constitucionales provenientes del Poder Judicial, ni tampoco se establece consideración alguna en torno a la situación de quienes a pesar de todo opten por la vía del amparo contra amparo. Ante ello, haría bien el Tribunal en esclarecer o en su caso, ampliar este tema, pues de ello depende una buena cantidad de causas en espera del régimen procesal que en definitiva ha de corresponderles. Un segundo problema no menos paradójico pero que de alguna forma refuerza la tesis de que no siempre lo que se discute son sentencias contrarias a la Constitución lo tenemos en el supuesto de las omisiones inconstitucionales al interior de los procesos constitucionales. La figura, no muy frecuente a decir verdad, no es sin embargo imposible de presentarse. La mejor demostración la tenemos en el único habeas corpus contra habeas corpus hasta hoy declarado fundado por el Tribunal en el también citado Exp. Nº 3491-2005-PHC/TC (Caso: Raúl Arturo Laynes Romero). En este caso y como se recordará, no se trato del cuestionamiento a una resolución judicial, sino de una violación por omisión acaecida al interior de un proceso constitucional. Lo que se reclamaba en otros términos no era una sentencia tras considerarla arbitraria, sino exactamente al revés, por la arbitrariedad configurada tras la inexistencia de la misma. Imposible en tales circunstancias aplicar un modelo estructurado para cuestionar resoluciones como finalmente el Tribunal lo entendió. En el contexto descrito conviene preguntarse como proceder ante el supuesto de que el proceso constitucional haya devenido en inconstitucional producto de la simple inercia o abstención de los emplazados. Hipótesis sobre el particular pueden haber y muchas. Supongamos el caso de una autoridad judicial renuente por la vía de los hechos a conceder la palabra a una de las partes ¿Acaso con tal comportamiento no estaría vulnerando el derecho de defensa? Pensemos en la abstención asumida por un juez a los efectos de elevar un expediente legítimamente recurrido a la instancia superior ¿No se encontraría afectando el régimen de instancia plural? Imaginemos la resistencia de una corte a inhibirse de una causa que sabe compe79 Lo ha hecho a través de una resolución recaída en un recurso excepcional de queja por denegatoria del recurso de agravio constitucional que es el medio impugnatorio a través del cual se accede al Tribunal Constitucional. Cfr. Exp. Nº 0168-2007-Q/TC (Caso: Banco Continental).
tente de otro juez o sala ¿Tal conducta no estaría afectando al juzgador predeterminado por la ley? Pues más allá de situaciones como las descritas y el eventual enjuiciamiento que puedan merecer, somos de la opinión que para tales supuestos el régimen procesal a aplicarse no sería el del amparo contra resoluciones judiciales, sino el del amparo por omisión.80 Lo curioso del caso es que aún frente a tales hipótesis, el cuestionar omisiones acontecidas al interior de un proceso constitucional, nos traería de regreso el modelo amparo contra amparo, no precisamente como mecanismo articulado contra las sentencias. ¿Significará ello que el régimen especial es algo más que una variante del amparo contra resoluciones judiciales? La jurisprudencia evidentemente, seguirá teniendo la palabra.
80 Tal criterio pareciera desprenderse de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 2732-2007-PA/TC (Caso: Juan Humberto Quiroz Rosas). En este caso se trataba de un amparo ordinario promovido contra una resolución administrativa de la Corte Superior de Lima que no hubiera originado mayor incidencia si no fuese porque la tramitación del citado proceso quedo trunca por un numero excesivo de años sin que se ofreciera explicación alguna por parte de los emplazados, dando lugar a que independientemente al tema de fondo, el Tribunal estableciera la presencia de graves omisiones que atentaron contra el plazo razonable en la administración de justicia.
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 artículo 4
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 artículo 5
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 resolución 
 artículo 200
 Artículo 5
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 5
 resolución 
 resolución 
 Artículo 47
 Artículo 56
 Artículo 5
 artículo 205
 artículo 114
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 8
 resolución 
 Artículo 11
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 202
 Artículo 200
 artículo 200
 Artículo 139
 Artículo 200
 Artículo 6
 Artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 44
 resolución 
 Artículo 44
 Artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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