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Timestamp: 2019-03-25 17:29:43+00:00

Document:
Elimina el cobro por reconexion y reinstalacion de los servicios publicos domiciliarios residencial
OBJECIONES POR INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENIENCIA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 16 DE 2015 SENADO, 190 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2018
Referencia: Cumplimiento al Auto número 476 de 2017 respecto del Informe de Objeciones al Proyecto de ley número 16 de 2015 Senado, 190 de 2015 Cámara.
En nuestra condición de miembros de la Comisión Accidental para estudio de objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de ley número 16 de 2015 Senado, 190 de 2015 Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales y se dictan otras disposiciones, actuando de conformidad con el Auto de Sala Plena de la Corte Constitucional número 476 de fecha 13 de septiembre de 2017, y designados para tal efecto, nos permitimos rendir el informe de objeciones aclarando los siguientes aspectos:
El Gobierno nacional, con fecha 22 de diciembre de 2016, devuelve el expediente de la mencionada iniciativa, sin su correspondiente sanción ejecutiva, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la Constitución presentando objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia.
Designados tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, los miembros de la Comisión Accidental rinden, respectivamente, los correspondientes informes, los cuales fueron aprobados el 17 de mayo de 2017, por el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, el día 24 de mayo de 2017.
Cumplido el trámite anterior, el día 5 de junio de 2017, se remite el expediente a la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2067 de 1991.
Con Auto de Sala Plena número 476 de 13 de septiembre de 2017, la Corte Constitucional, remite el expediente al Congreso y ordena lo siguiente:
"Primero: Devolver el expediente legislativo del Proyecto de ley número 16 de 2015 Senado, 190 de 2015 Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales y se dictan otras disposiciones, para que se elabore un informe respecto de las objeciones y se surta el trámite correspondiente.
Segundo: Una vez se haya subsanado el vicio en los términos del numeral anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte el proyecto de ley objetado por el Gobierno y mencionado en el numeral anterior, acompañado del expediente legislativo correspondiente, a fin de que esta Corte resuelva sobre su constitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política".
Dentro del examen realizado por la Corte Constitucional en cumplimiento de los requisitos de forma en el trámite de las Objeciones Gubernamentales, observó que de acuerdo con el artículo 166 de la Constitución Política, las Objeciones formuladas, fueron presentadas oportunamente, en consecuencia, se dio cumplimiento al proveído del artículo constitucional.
Respecto del trámite de las objeciones, la Corte encontró dos aspectos que podrían materializar vicios en el procedimiento: "a) la falta de congruencia entre el contenido normativo enviado a sanción presidencial y el tomado en consideración en el informe de las objeciones discutido y aprobado por el Congreso, y b) la regularidad de la decisión de levantar la sesión plenaria en la Cámara de Representantes, una vez abierta la votación del informe respecto de las objeciones gubernamentales". (Cursiva fuera de texto).
En cuanto a la falta de congruencia entre el texto enviado a sanción y el tomado en consideración en el informe de objeciones, efectivamente la Comisión encontró que por error de transcripción, al momento de plasmar el texto del articulado en el informe de objeciones, se acogió el texto publicado en la Gaceta del Congreso número 988 de 2016, sin advertir que este correspondía al informe de Conciliación cuyo contenido tenía un error al incluirse un parágrafo en el artículo 2° que había sido aprobado por la Cámara de Representantes a pesar de que la Comisión de Conciliación había adoptado el aprobado por el Senado de la República, que claramente no incluía dicho parágrafo, por lo cual existía una nota aclaratoria al mismo, publicada en la Gaceta del Congreso número 1005 de 2016, cuyo texto aclaratorio señala: "En las Secretarías Generales del honorable Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes radicamos informe de conciliación del proyecto de ley de referencia, en documento escrito y se remitió el texto en medio magnético, sin embargo, por error involuntario el articulado anexado en el informe no corresponde con la decisión de los conciliadores que corresponde con el texto aprobado por la Plenaria del Senado, por tal motivo hacemos llegar la corrección del informe de conciliación, con el fin de que el mismo sea publicado de conformidad".
El texto adoptado por la Comisión de Conciliación corresponde al aprobado por la Plenaria del Senado de la República, que a continuación se adjunta.
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 96 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:
Parágrafo 1°. No habrá lugar al cobro del cargo por reconexión o reinstalación cuando la causa de la suspensión o el corte del servicio en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3, haya sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y el usuario se ponga a paz y salvo o celebre un acuerdo de pago con la empresa por ese concepto.
Parágrafo 2°. No obstante, con la disposición del presente artículo, no habrá disminución ni aumento en el cobro del cargo fijo por consumo de servicios públicos domiciliarios.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 142 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:
Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron por causas imputables al suscriptor o usuario diferentes a la mora, este debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.
Si el restablecimiento no se hace dentro de las 24 horas siguientes, después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio.
Artículo 3°. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación, deroga los artículos 96 y 142 de la Ley 142 de 1994 y todas las disposiciones que le sean contrarias.
El texto anterior corresponde al enviado a sanción presidencial y sobre el cual se formularon las respectivas objeciones Y SOBRE DICHO TEXTO, ESTA COMISIÓN SE PRONUNCIA Y CORRIGE EL ANTERIOR INFORME PRESENTADO.
En virtud de lo anterior y conscientes del error de transcripción del informe aprobado en el pasado mes de mayo del año anterior, nuevamente procedemos a indicar lo siguiente, frente a las objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
TRÁMITE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR EL GOBIERNO
El Gobierno nacional, sin la correspondiente sanción ejecutiva, y, devuelve el proyecto de ley de la referencia por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia que se explican a continuación:
A) OBJECIONES POR INCONSTITUCIONALIDAD: El Gobierno nacional hace alusión al artículo 367 de la Constitución de Política de Colombia, el cual establece:
"Artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas".
De conformidad a lo anterior, el Gobierno considera que el presente proyecto de ley es inconstitucional, esto por:
· Al excluir de la tarifa los costos en que incurren las empresas por concepto de reconexión y reinstalación del servicio, resulta contraria a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 367 de la Constitución, a cuyo tenor la ley que fije el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios tendrá en cuenta para el efecto, entre otros criterios, el relativo a los costos del servicio.
Igualmente, a diferencia de lo sostenido en el trámite legislativo, las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o la suspensión de este.
· La eliminación de los cargos por reconexión y reinstalación vulnera el principio de solidaridad
Si se piensa en que los usuarios sean quienes asuman este costo, necesariamente tendrán que aumentarse, de manera general, las tarifas del servicio. Esto significa que tendrán que incrementarse las tarifas también a las personas beneficiarias de la medida que establece el proyecto de ley, es decir, a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que pagan oportunamente sus facturas.
Esta forma de entender el mencionado principio tiene en cuenta, no solo las posibilidades materiales existentes, la capacidad del erario público, la recuperación de los costos en que incurren las empresas públicas y privadas para la prestación del servicio, sino principalmente lo inequitativo que resultaría para los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 asumir la carga de cancelar el 100% de los costos que genera la prestación del servicio a la población más vulnerable.
En suma, la exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio constitucional de solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos.
Así mismo el Gobierno nacional establece que vulnera el artículo 365 de la Constitución Política:
"Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita".
Lo anterior en razón, a que el parágrafo 1° adicionado al artículo 96 de la Ley 142 de 1994 pone en riesgo la capacidad económica y financiera de las empresas que prestan servicios públicos, al impedirles recuperar los costos en que incurren por la reconexión y reinstalación del servicio, y, por tanto, constituye un obstáculo a la prestación eficiente de los mismos.
CONSIDERACIONES DE LOS DESIGNADOS EN LA UNIFICACIÓN DE TEXTO RESPECTO A LAS OBJECIONES PRESIDENCIALES POR INCONSTITUCIONALIDAD:
Una vez teniendo de presente los argumentos manifestados por el Gobierno nacional sobre la inconstitucionalidad del Proyecto de ley número 190 de 2015 Cámara, 16 de 2015 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales, y se dictan otras disposiciones, respecto a la manifiesta vulneración de los artículos 365 y 367 de la Constitución Política de Colombia, damos paso a hacer énfasis en los siguientes aspectos:
1. El proyecto de ley en cuestión fue creado y estructurado con la intención de abarcar un fin social, el cual busca proteger y garantizar los derechos humanos de las personas de los estratos más bajos, tal como lo expresa la Constitución Política de Colombia en su preámbulo:
"El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana". (Subrayado por fuera de texto).
El Estado colombiano debe velar por garantizar la igualdad y la justicia de todos los colombianos, bajo este sentido no todos las personas nos encontramos en las mismas condiciones económicas y sociales, lo que quiere decir que existen situaciones de vulnerabilidad y pobreza por parte de algunos sectores, por lo tanto es deber del Estado garantizar una igualdad de contenido material para estos, en virtud de que sus condiciones no son las mismas y esto indica que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado a través del cual se llega a la justicia y equidad social que día a día reclama la población colombiana más desfavorecida.
2. Así mismo cabe precisar lo señalado por la misma Constitución en su Título I "Principios fundamentales" en los artículos 1° y 2°:
"Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
Tal como lo señala la Constitución Política de Colombia, el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho basado en la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran principalmente, es así como la defensa de la dignidad humana se convierte en uno de los pilares fundamentales del Estado y así mismo se convierte en objeto de protección a quienes no se les respete y garantice.
Los fines del Estado igualmente expresan servir a la comunidad y promover la garantía de los derechos fundamentales de sus asociados, visto desde un componente axiológico y reconociendo que los principios y derechos constitucionales forman parte dogmática de la Constitución Política de Colombia y que la misma prevalece sobre su contenido orgánico y de reforma, no es cierto que el Gobierno manifieste que el presente proyecto de ley es inconstitucional única y exclusivamente por vulnerar la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuando en el proyecto se está manifestando claramente que lo que se busca es proteger la dignidad humana de los más desfavorecidos y de la función social que tiene el Estado, ya que como se mencionó anteriormente este proyecto es de contenido social.
3. De igual manera el artículo 13 de la misma Constitución señala:
"Artículo 13. (...) El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". (Subrayado por fuera de texto).
Esta norma constitucional señala un componente formal y material de garantía y respeto por este Derecho Fundamental, el cual, visto desde tu aspecto material, profundiza en aquellas personas que por su vulnerabilidad no podrán encontrarse en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y es deber del Estado protegerlas.
4. El proyecto de ley busca adicionar un parágrafo al artículo 96 y de esta forma eliminar el cobro del cargo por reconexión o reinstalación del servicio público domiciliario de inmuebles residenciales en los estratos 1, 2 y 3 si la causa de la suspensión o corte ha sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y, por otro lado, el artículo 142 se modifica para establecer un plazo máximo de reconexión o restablecimiento del servicio de 24 horas, contados a partir de que el usuario haya eliminado la causa de la suspensión del mismo.
A este respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido los servicios públicos domiciliarios como "(...) aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas".
Es así como los servicios públicos domiciliarios son una función social del Estado que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que tienen mayores carencias como los de estratos 1, 2 y 3, a quienes se encuentra dirigido el objeto del presente proyecto de ley. Así mismo, la ausencia o ineficiente prestación de estos servicios puede amenazar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, entre otros.
En los siguientes términos lo ha manifestado el Tribunal Constitucional:
"(...) El contenido social de los fines del Estado se desarrolla de manera particular en los servicios públicos domiciliarios, en la medida en que se orientan a satisfacer las necesidades básicas esenciales de las personas. Por lo tanto, la idea de tales servicios no puede concebirse en otra forma, teniendo en cuenta el inescindible vínculo existente entre la prestación de los mismos y la efectividad de ciertas garantías y derechos constitucionales fundamentales de las personas, que constituyen razón de la existencia de la parte orgánica de la Carta y de la estructura y ejercicio del poder público. Indudablemente, una ineficiente prestación de los servicios públicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta significación como la vida, la integridad personal, la salud, etc. Connotación esencial de estos servicios públicos que se consagró expresamente en el artículo 4º de la Ley 142 de 1994, para efectos de lo establecido en el inciso primero del artículo 56 de la Carta".
De acuerdo con lo anterior, los servicios públicos satisfacen necesidades básicas de la población y es por ello que algunos de estos se han catalogado de manera autónoma como derechos fundamentales, como en el caso del derecho al agua, el cual, por un amplio desarrollo internacional, recogido por la jurisprudencia constitucional nacional, es considerado como un derecho fundamental cuando está destinada al consumo humano (Sentencia T- 749 de 2012).
Este derecho si bien hoy se encuentra garantizado para ciertos grupos poblacionales en especialísimas condiciones de vulnerabilidad, cada vez se abre paso su reconocimiento a mayores segmentos de la población.
Ahora bien, se ha considerado que las tarifas de los servicios públicos deben retribuirle al prestador la efectiva prestación del mismo, así mismo la ley contempla que para efectos de la elaboración de las fórmulas de las tarifas por parte de las Comisiones de Regulación se podrá tener en cuenta lo siguiente: "(i) Un cargo por unidad de consumo, que refleje siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos que varíen con el nivel de consumo como la demanda por el servicio; (ii) Un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso (esta norma es la demandada en el presente caso); y, (iii) Un cargo por aportes de conexión el cual podrá cubrir los costos involucrados en la conexión del usuario al servicio. También podrá cobrarse cuando, por razones de suficiencia financiera, sea necesario acelerar la recuperación de las inversiones en infraestructura, siempre y cuando estas correspondan a un plan de expansión de costo mínimo. La fórmula podrá distribuir estos costos en alícuotas partes anuales".
El proyecto de ley señala unos límites particulares a la exoneración en el cobro del cargo por reconexión, dado que se indica que es exclusivamente para bienes inmuebles de carácter residencial, es decir, que tienen como destinación final servir de casa de habitación de familias y no para otro tipo de actividades como industriales o comerciales. Así mismo, señala que el beneficio se aplica únicamente para aquellos inmuebles catalogados como estratos 1, 2 y 3, los cuales son ocupados por usuarios de menores ingresos y que por esta misma razón en ocasiones deben recibir subsidios por parte del Estado para poder acceder a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Por último, exige de manera puntual que la exoneración en el cobro de la reconexión procederá únicamente cuando la causa de la suspensión del servicio sea la mora en el pago y el usuario se encuentre a paz y salvo con la empresa por esta misma razón, y no bajo otros eventos como el fraude o alteración en las conexiones, acometidas o medidores.
En este orden de ideas, en los términos en que se encuentra señalado el requisito en el proyecto, solo sería posible acceder al no cobro del cargo por reconexión, cuando se pague la totalidad de la deuda de manera inmediata, en cuyo evento el prestador del servicio expedirá el respectivo paz y salvo.
Así las cosas, se propone introducir una modificación al artículo primero del Proyecto de ley número 114 de 2014 Senado, por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 96 de la Ley 142 de 1994, con el fin de incluir la expresión "o celebre un acuerdo de pago".
5. De acuerdo a la Sentencia T- 614 de 2010:
"Es necesario concluir que la pretensión de reconexión de un servicio público esencial en caso de incumplimiento en el pago, en sede de tutela, solo será procedente si; (i) el servicio está destinado al consumo humano; (ii) las personas afectadas por la medida de suspensión son sujetos de especial protección constitucional; (iii) el usuario del servicio se encuentra en una precaria situación económica que le impide el pago inmediato de la obligación contraída; y (iv) no hubo reconexión fraudulenta del servicio. A juicio de la Sala, la exigencia de los cuatro requisitos indicados constituye una manera de salvaguardar los derechos fundamentales y a su vez permitir la viabilidad financiera de las empresas de servicios públicos esenciales. Al respecto, es preciso reiterar que, si bien la protección de los derechos fundamentales es el marco de actuación de los jueces de tutela, un caso como el que ahora es objeto de estudio implica tener en cuenta que el cobro que realizan las empresas de servicios públicos esenciales, así como la suspensión de estos por incumplimiento en el pago, tienen respaldo constitucional. Como se dijo, esos mecanismos se sustentan en el principio de solidaridad, buscan el sostenimiento financiero de esas empresas y constituyen un medio para la realización de la finalidad social del Estado en este ámbito".
Con lo anterior es evidente la protección constitucional que existe para las personas de escasos recursos que no tienen los medios económicos para pagar los servicios públicos domiciliarios, y es de este modo que el legislador debe intervenir y proteger los derechos fundamentales de la población vulnerable.
De igual manera establece la Corte:
"El juez de tutela ordenará adelantar todas las gestiones que sean conducentes para suscribir acuerdos de pago a fin cumplir con la obligación contraída con la empresa de servicios públicos, pues en concordancia con el principio de solidaridad, la reconexión del servicio en sede de tutela debe estar sujeta a la celebración de dichos acuerdos. La reconexión del servicio de agua en el presente caso, así como en casos cuyos supuestos fácticos sean similares, debe estar condicionada a la realización de todas las gestiones necesarias para suscribir acuerdos de pago a fin cumplir con la obligación contraída con la empresa de servicios públicos. Esta Sala considera que los acuerdos de pago cumplen importantes objetivos de orden constitucional: protegen los intereses de las empresas de servicios públicos; procuran la protección debida a los derechos fundamentales involucrados -pues permite que la deuda por concepto de facturas atrasadas sea cancelada progresivamente-; y garantiza que la población vulnerable tenga acceso al continuo suministro de los servicios públicos esenciales" (Sentencia T- 614 de 2010).
Aspecto fundamental en el sentido de que la misma Corte Constitucional incentiva a los acuerdos de pago realizados entre el usuario y las empresas de servicios públicos, pero es tarea de las empresas prestadoras de servicios públicos generar los mecanismos necesarios para que las personas puedan seguir con el servicio público y progresivamente cumplir su obligación, y de esta manera no vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios de estratos más bajos.
"En todo caso, los acuerdos de pago en comento deben contar con plazos amplios y cuotas flexibles que les permitan a los usuarios de escasos recursos y pertenecientes a estratos bajos de la población, la satisfacción de las obligaciones causadas por el consumo de los servicios públicos esenciales. Así, el pago de las obligaciones contraídas con las empresas de servicios públicos no puede poner en riesgo o vulnerar otros derechos fundamentales de los usuarios, especialmente su derecho fundamental al mínimo vital" (Sentencia T- 614 de 2010).
Dejando claro que si bien existe un contrato de condiciones uniformes entre el usuario y la empresa prestadora de servicios públicos, sobre el mismo prevalecerán los derechos fundamentales de las personas, que al encontrarse en una situación económica precaria y de vulnerabilidad, es deber no solo constitucional, sino también legislativo el regular la materia y dejar claridad que debe existir flexibilidad en los acuerdos de pago, cuando exista mora en el pago y como lo establece la Corte Constitucional, no se puede desconocer el mínimo vital de las personas más vulnerables y lograr un equilibrio para que las mismas accedan a los servicios públicos domiciliarios y se les garantice un acuerdo de pago progresivo que no vulnere derechos fundamentales.
Conforme a lo planteado anteriormente, se tuvieron en cuenta las siguientes cifras:
1. Muchas familias de estratos bajos del país no tienen recursos económicos para pagar los servicios públicos, fundamento en ello, se tienen las siguientes cifras de familias colombianas que se encuentran en situación de pobreza:
CIFRAS POBREZA Y DESIGUALDAD EN DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA
% Extrema Pobreza
Promedio Ingreso Pobreza
Promedio Ingreso Extrema Pobreza
$230.000 c/u
$215.000 c/u
$93.000 c/u
229.000 c/u
$192.000 c/u
$205.000 c/u
$193.000 c/u
$176.000 c/u
$86.000 c/u
$211.000 c/u
$94.000 c/u
$183.000 c/u
$87.000 c/u
$3 54.000
$188.000 c/u
$88.000 c/u
$202.000 c/u
$91.000 c/u
$190.000 c/u
$199.000 c/u
$92.000 c/u
$207.000 c/u
$184.000 c/u
$214.000 c/u
$217.000 c/u
$212.000 c/u
$218.000 c/u
$97.000 c/u
$201.000 c/u
$92.000 c/u - /o:p -
$204.000 c/u
$219.000 c/u
Los argumentos dados por el Gobierno para defender el cobro de cargos adicionales al cargo básico se basan en su estabilidad financiera para prestar un eficiente servicio, como se corrobora en la Sentencia SU- 1010 de 2008, al afirmar la Corte que:
"Las empresas demandadas sostenían, de manera general, que ellas se encuentran habilitadas por la ley y por algunas normas de carácter reglamentario para la imposición de sanciones de contenido pecuniario. Dicha potestad administrativa sancionadora, afirmaba, les fue atribuible por la importancia de la función que desarrollan y por la necesidad de garantizar su equilibrio financiero, a través de lo cual se busca lograr la ampliación de la cobertura y la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios". (Subrayado fuera de texto).
De la anterior aseveración se deduce que las empresas de servicios públicos el principal argumento que exponen es su sostenibilidad financiera, más allá de la prestación eficiente del servicio público, aun cuando tienen la facultad de realizar cobros legales que le garantizan su equilibrio monetario.
Circunstancia que la Corte Constitucional, en la misma sentencia referenciada, desvirtúa a las empresas de servicios públicos dicha facultad asumida por ellas mismas respecto a la posibilidad de realizar cobros pecuniarios distintos a los permitidos por la ley, al considerar que:
"Como ya se ha dicho, a través de diversas disposiciones de la Ley 142 de 1994 el legislador le otorgó determinadas facultades y prerrogativas a las empresas de servicios públicos domiciliarios, las cuales resultan necesarias para asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Así, en caso de incumplimiento del contrato, tal como se anotó con anterioridad, dichas facultades se relacionan con la suspensión del servicio y la resolución del contrato y, en caso de que el incumplimiento se dé en el pago de la factura, se permite además que puedan cobrar unilateralmente el servicio consumido y no facturado y los intereses moratorios sobre los saldos insolutos".
De lo que se concluye, que, para la Corte Constitucional, las empresas cuentan con las siguientes prerrogativas para asegurar su estabilidad financiera y en consecuencia prestar un efectivo servicio:
· Cobro del cargo fijo
· Cobrar unilateralmente el servicio consumido
· Cobrar unilateralmente el servicio no facturado
· Intereses moratorios sobre saldos insolutos.
Adicionalmente, tanto la Ley 142 de 1994 como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios son claros al decir que las empresas prestadoras solo pueden cobrar los costos en que realmente incurran, es decir, no pueden cobrar gastos que no han efectuado. Desde este punto de vista, es injustificado que las empresas, amparadas en las reglamentaciones de las comisiones de regulación, hoy cobren unas tarifas de reconexión o reinstalación exorbitantes (siempre el máximo autorizado), cuando lo cierto es que las actividades que deben desplegar para reanudar el servicio son simples, elementales, ejecutables casi siempre por un solo operario con las herramientas más sencillas. Con justificada razón muchos usuarios indignados manifiestan que cuesta más la reconexión que la factura mensual de consumo de algunos servicios.
6. Ahora bien, una de los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta es que este proyecto de ley, en ningún momento busca afectar los cargos básicos que garantizan la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos, mucho menos el cargo fijo y básico de consumo, por cuanto como dice la Corte en la Sentencia C- 353 de 2006, citando a su vez las Sentencias C-150 y C-041 de 2003 y, sobre todo, los salvamentos de voto de los magistrados Humberto Sierra Porto y Jaime Araújo Rentería, la solidaridad y la redistribución no deben ser entendidas solo en beneficio de las empresas - Lo que justifica el cobro del cargo fijo- sino también y especialmente en beneficio de los usuarios, que son la parte más vulnerable de la relación contractual y que, por lo tanto, deben ser sujetos de mayor protección por mandato constitucional.
La mayoría de las empresas de servicios públicos domiciliarios son del Estado, y por lo tanto deben garantizar los fines de un Estado Social de Derecho, lo cual se debería reflejar en el no cobro por reconexión para los estratos 1, 2 y 3, cuando la causa sea mora en el pago, teniendo en cuenta que en dichos hogares habitan menores de edad, adicional a ello existen tutelas de la Corte Constitucional que garantizan estos derechos fundamentales y ordenan la reconexión inmediata.
Así mismo se concluyó que en razón de que las empresas de servicios públicos han tenido avances tecnológicos que les permiten realizar reconexiones de forma ágil y rápida, sin la utilización de una cuadrilla para efectuar estos procesos, con ello se demuestra que el valor de la reconexión no debe ser cobrado.
B) OBJECIONES POR INCONVENIENCIA:
RAZONES EXPUESTAS POR EL GOBIERNO
1. El presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión y reinstalación.
Así como ni los usuarios ni las empresas deben asumir los costos por reconexión y reinstalación de los servicios públicos, cuando estos son cortados o suspendidos por falta de pago, porque esta exigencia es inconstitucional, también resulta inconveniente asignar esta carga al presupuesto público.
Al respecto, se ha de considerar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos o conceda beneficios tributarios debe hacerse explícito cuál es su impacto fiscal y establecerse su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo que dicta anualmente el Gobierno nacional.
En comunicación recibida el 10 de octubre de 2016 por la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público rindió concepto negativo sobre esta iniciativa legislativa y advirtió el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003.
Además, esa Cartera aseguró que, conforme al esquema actual de subsidios, "En el caso del servicio de energía, el subsidio adicional a cargo de la Nación, al incorporar estos nuevos costos, se estima aproximadamente en $5.760 millones al año, tomando como base la proyección de los ingresos anuales presupuestados de las empresas comercializadoras de energía a las cuales el Confis aprueba su presupuesto".
Al respecto, no sobra destacar que en la actualidad existen ocho empresas cuya actividad es la comercialización y distribución de energía, en las que los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía tienen participación directa. Estas empresas se caracterizan por prestar el servicio en las regiones particularmente pobres del país. Dadas las restricciones presupuestales existentes, exigir a estas empresas que asuman los costos que generan las actividades de reconexión y reinstalación puede generar impactos fiscales importantes.
Así, por ejemplo, la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), que reemplazó a la antigua Electrificadora del Chocó y cuenta con una participación estatal del 99,97%, distribuye energía a 16 municipios del departamento del Chocó, siendo el 83% de sus clientes usuarios residenciales de estrato 1.
Con fundamento en lo expuesto hasta aquí, el Gobierno nacional sugiere que se precise y se haga explícito quién y con cuáles recursos se pagarán los costos reales en que incurren las empresas para realizar la reconexión y la reinstalación de los servicios públicos cortados o suspendidos por falta de pago, en caso de que no se acepten las objeciones de inconstitucionalidad formuladas en precedencia.
Como ya explicó, al tenor de lo dispuesto en el artículo 367 de la Constitución, el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios tiene reserva de ley, de suerte que, si este punto no es regulado en esta iniciativa, el mismo no podrá ser desarrollado por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria (artículo 189.11 de la Constitución), así como tampoco por las comisiones de regulación (artículo 73 de la Ley 142 de 1994).
2. El parágrafo 2° adicionado al artículo 96 de la Ley 142 de 1994 no es necesario.
El parágrafo 2° adicionado al artículo 96 de la Ley 142 de 1994 establece que "No obstante, con la disposición del presente artículo, no habrá disminución ni aumento en el cobro del cargo fijo por consumo de servicios públicos".
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Ley 142 de 1994, es claro que la exoneración del pago de los servicios de reconexión y reinstalación no afecta en absoluto el valor del cargo fijo, pues este solo refleja "los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso".
"Se considerarán como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración, facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia se destaca".
Nótese entonces que el cargo fijo, a diferencia del cargo por reconexión y reinstalación, se cobra a todos los usuarios, por cuanto con él se busca garantizar las condiciones de operación que permitan mantener la continuidad, disponibilidad y eficiencia del servicio para toda la población. Por el contrario, el cargo por reconexión y reinstalación solo se cobra a quienes lo generan por el incumplimiento en el pago.
3. La materia regulada en la modificación del artículo 142 de la Ley 142 de 1994 se encuentra parcialmente prevista en el artículo 42 del Decreto-ley 019 de 2012
3.1. El artículo 2° del proyecto de ley modifica el artículo 142 de la Ley 142 de 1994 para señalar que, si el restablecimiento del servicio no se hace dentro de las 24 horas siguientes, después de que el suscriptor o usuario cumpla con todos los gastos de reinstalación o reconexión y satisfaga las demás sanciones previstas, "habrá falla en el servicio".
Sea lo primero indicar que el artículo 42 del Decreto-ley 019 de 2012 establece que "Resuelta favorablemente una solicitud de reconexión de un servicio público a un usuario, o desaparecida la causa que dio origen a la suspensión del servicio, la reconexión deberá producirse dentro de las 24 horas siguientes".
Visto lo anterior, queda claro que el restablecimiento del servicio por reconexión ya está regulado en el artículo 42 del Decreto-ley 019 de 2012, de suerte que la nueva regulación sobre este punto no es necesaria.
ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES:
a) Respecto al Impacto Fiscal:
- Inobservancia requisito:
El Gobierno nacional aduce que el proyecto de ley desconoce el requisito sine qua non de impacto fiscal establecido en la Ley 819 de 2003, porque no fue incluido de manera expresa dentro de la iniciativa se deben incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la fuente de ingreso adicional para cubrirlos.
Respecto a la materia, la Corte Constitucional, en Sentencia C-625 de 2010 ha establecido línea jurisprudencial a través de la cual se ha definido que:
"Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas. El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez el Congreso ha valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la política económica trazada por el Gobierno. Así, si el Ejecutivo considera que las cámaras han efectuado un análisis de impacto fiscal erróneo, corresponde al citado Ministerio el deber de concurrir al procedimiento legislativo, en aras de ilustrar al Congreso sobre las consecuencias económicas del proyecto. El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 no puede interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso legislativo, afecte la validez constitucional del trámite respectivo.
En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.
Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica".
Ahora bien, es importante resaltar que durante el trámite legislativo realizado en los distintos debates los ponentes y el autor del proyecto, cuya exposición se plasmó en las ponencias a considerar donde sostuvieron e ilustraron la inexistencia de algún impacto fiscal que pueda ocasionarse a la finanzas del Estado por cuanto se desvirtuaron los argumentos por las empresas de servicios públicos domiciliarios quienes defienden el cobro de cargos adicionales al cargo básico basados en su estabilidad financiera para prestar un eficiente servicio, no obstante como se corrobora en la Sentencia SU-1010 de 2008, la Corte afirma que:
(...) "las empresas demandadas sostenían, de manera general, que ellas se encuentran habilitadas por la ley y por algunas normas de carácter reglamentario para la imposición de sanciones de contenido pecuniario. Dicha potestad administrativa sancionadora, afirmaba, les fue atribuible por la importancia de la función que desarrollan y por la necesidad de garantizar su equilibrio financiero, a través de lo cual se busca lograr la ampliación de la cobertura y la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios" (Subrayado fuera de texto).
De la anterior aseveración, se deduce que las empresas de servicios públicos el principal argumento que exponen es su sostenibilidad financiera, más allá de la prestación eficiente del servicio público, aun cuando tienen la facultad de realizar cobros legales que le garantizan su equilibrio monetario.
De lo que se concluye que, para la Corte Constitucional, las empresas cuentan con las siguientes prerrogativas para asegurar su estabilidad financiera y, en consecuencia, prestar un efectivo servicio:
· Responsabilidad sobre los costos de reconexión:
En tal sentido, la Resolución 79 de 1997, estipula cuál es la estructura tarifaria, que el comercializador de energía eléctrica podrá cobrar a los usuarios finales los siguientes cargos:
· Un cargo por unidad de consumo
· Un cargo de conexión
· Un cargo mínimo por disponibilidad del servicio.
Así mismo, la Resolución 31 de 1992 contempla que una vez que la comercializadora determine el costo de prestación del servicio de electricidad (entendido como el costo de económico de prestación que resulta de aplicar: a) las fórmulas generales de costos establecidas en el anexo número uno de esta resolución, sin afectarlo con subsidios ni contribuciones, y b) el costo de comercialización particular aprobado por la Comisión para un determinado prestador del servicio, de acuerdo con el anexo número dos de la presente resolución. Sobre el costo de prestación del servicio se determina el valor de la tarifa aplicable al suscriptor o usuario).
Y sumado a ello, esta última resolución contempla que una vez que el comercializador determine el costo de prestación del servicio de electricidad con base en la fórmula de costos establecida en la presente resolución, para efectos tarifarios estará sujeto a las condiciones que rigen los subsidios y contribuciones, según las normas pertinentes.
De lo anterior se deduce que los subsidios no cubren los costos de reconexión o reinstalación de un servicio público domiciliario, por cual se concluye que no existe ninguna afectación presupuestal a las finanzas del Estado como lo afirma el Ministerio de Hacienda.
Por lo expuesto, consideramos que las razones para alegar la Inconstitucionalidad e Inconveniencia dentro del contenido planteado en el proyecto de ley no son acertadas y se traducen en una prelación de los intereses de particulares y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, sobre la población vulnerable y poco pudiente del país, la cual es en últimas hacia quien va dirigida la iniciativa; recalcando que es un proyecto que genera un impacto social para la comunidad, ya que es una forma de apoyar la paz en Colombia y darles respuesta a miles de familias que necesitan condiciones de vida digna.
Finalmente, queremos precisar que en este nuevo informe quisimos retomar lo expuesto en el informe de objeciones radicado el pasado 10 de mayo de 2017 en Senado de la República y 8 de mayo de 2017 Cámara, salvo lo relacionado con el parágrafo del artículo segundo de la iniciativa en comento, con el fin de mantener nuestra postura en el sentido de dejar claro que esta iniciativa, está enmarcada dentro de un marco social, con miras a hacer efectivo el cumplimiento de los fines del Estado, anteriormente mencionados, buscando que la prestación de los servicios públicos domiciliarios para los estratos de menores recursos no resulten afectados por un mayor valor en los servicios públicos producto de los cobros por reconexión.
No acoger las objeciones presidenciales presentadas por el Gobierno nacional frente al Proyecto de ley número 190 de 2015 Cámara, 16 de 2015 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales, y se dictan otras disposiciones, de conformidad a lo expuesto anteriormente.
Proyecto de ley número 42 de 2017 Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 400 años de la fundación del municipio de Sabanalarga, en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador ponente Juan Diego Gómez Jiménez.
Palabras del honorable Senador Juan Diego Gómez Jiménez.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Juan Diego Gómez Jiménez:
Señor Presidente muchas gracias. Sí efectivamente este es un proyecto de ley que fue repartido desde septiembre del año 2017, fue una iniciativa presentada por el Senador Luis Fernando Duque y fue llevada a la Comisión Segunda. Busca esencialmente que el Congreso de la República, que la nación se vincule a la celebración de los 400 años de fundación del municipio de Sabanalarga Antioquia, y es un proyecto de ley señor Presidente, que consta de sus antecedentes respectivamente, tiene todo el fundamento constitucional, consta de 3 artículos y la vigencia y, esencialmente, lo que busca es un reconocimiento por esta efeméride al municipio, y se encuentran agotados ya los debates anteriores, el debate anterior perdón, en la comisión está listo y presentada la ponencia para ser aprobada en la plenaria señor Presidente. Es un proyecto de ley relativamente sencillo que ya ha tenido el estudio correspondiente en la Comisión y que se encuentra listo para que usted lo someta a consideración a la Plenaria muchas gracias.
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición positiva con que termina el informe.
Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 42 de 2017 Senado.
La Presidencia abre la discusión de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia y concede el uso de la palabra al honorable Senador Juan Felipe Lemos Uribe.
Palabras del honorable Senador Juan Felipe Lemos Uribe.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Juan Felipe Lemos Uribe.
Muchas gracias señor Presidente, seré breve, en aras de abrir el debate sobre este tipo de proyectos o de leyes de honores yo creo que este Congreso debiera con responsabilidad en el futuro, analizar ese tipo de iniciativas; estas que, en teoría se presentan para garantizarles a los municipios o regiones, que a través de estas leyes exaltan recursos adicionales para inversión en los territorios, ha definido la Corte Constitucional, de manera de reiterada que las mismas no presionan el gasto, es decir, a pesar de que el Congreso las autorice no obligan al Gobierno nacional a asignar los recursos correspondientes que allí se establecen en la ley de apropiaciones.
Lo quiero plantear es lo siguiente: ¿Hasta donde este Congreso debe continuar expidiendo leyes de honores, que generan falsas expectativas?, porque en la realidad no pueden materializarse por lo que acabo de referir, no presionan el gasto, no obligan al Ejecutivo a incorporarlas en la ley de apropiaciones. Por lo tanto lo que allí se plantea queda como una especie de generación de falsas esperanzas de falsas expectativas, muchas gracias señor Presidente.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela la honorable Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella:
Me parece bien que se le haga un reconocimiento al municipio de Sabanalarga Antioquia por sus 400 años, pero me preocupa el artículo 3° de este proyecto de ley, además de sumarme a lo que acaba de decir el Senador Lemus, es cierto, no podemos en el Congreso, imponerle al presupuesto nacional la realización de unas obras, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Pero es que el artículo 3° además de ello autoriza celebrar contratos, para cofinanciación y contratos interadministrativos.
Yo estoy radicando una proposición para eliminar ese artículo, porque primero no tiene unidad de materia con el tema y, segundo, porque creo que no es procedente que en una ley de honores, estemos dándole instrucciones de qué tipo de contratación tiene que hacer el Gobierno nacional. Entonces, Presidente celebrando que se le reconozcan los 400 años al municipio de Sabanalarga, sí estoy proponiendo que ese artículo tercero a todas luces no es procedente, gracias Presidente.
Le sugiero a la Senadora, presentar la proposición, para la discusión en el articulado considerarla.
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a las proposiciones que se encuentran sobre el articulado.
Por Secretaría se da lectura a la proposición eliminando el artículo 3º, presentada por la honorable Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella al Proyecto de ley número 42 de 2017 Senado.
Ahí dice, elimínese el artículo 3° del Proyecto de ley número 42 de 2017 Senado.
Como se trata de tres artículos se abre la discusión sobre el articulado, con la proposición presentada por la Senadora María del Rosario Guerra, continúa la discusión, va a cerrarse, queda cerrada.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque con la proposición eliminando el artículo 3º presentada por la honorable Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella del Proyecto de ley número 42 de 2017 Senado, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado con la modificación propuesta? Y esta responde afirmativamente.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 42 de 2017 Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 400 años de la fundación del municipio de Sabanalarga, en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria, el título del Proyecto de ley número 42 de 2017 Senado y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? y ésta responde afirmativamente
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de Ley aprobado haga tránsito a la honorable Cámara de Representantes? Y esta responde afirmativamente.
Proyecto de ley número 238 de 2018 Senado, por medio del cual la Nación rinde homenaje y exalta la vida pública del ilustre ciudadano Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, ex Congresista de Colombia y se honra su memoria como figura ejemplar de nuestros tiempos.
Señor Presidente este es un proyecto de ley, de iniciativa de la Bancada Conservadora en el Senado integrada por la doctora Myriam Paredes, Senador Samy Merheg, Efraín Cepeda, Juan Manuel Corzo, Luis Emilio Sierra, Nadia Blel, Nidia Marcela Osorio, Roberto Gerlein, Eduardo Enríquez, Hernán Andrade, Carlos Ramiro Chavarro y por supuesto quien les habla. Fue un proyecto que se repartió en mayo de este año, el año 2018, la Mesa Directiva designo como ponente para el primer debate a la doctora Nidia Marcela Osorio, y luego, el 12 de junio me designo como ponente para el segundo debate.
Es un proyecto de ley que busca brindar un homenaje al exsenador Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, y vincularse a un reconocimiento por sus ejecutorias en su destacado paso durante 24 años por el Congreso, exaltando actuaciones como legislador, como líder ejemplar, un académico consagrado y una persona de grandes calidades humanas que supo representar responsablemente el ideario Conservador, y que, en muchas oportunidades, fue elegido por los ciudadanos.
Este es, el Proyecto de ley número 238 del año 2018, por medio del cual la nación rinde un homenaje y exalta la vida pública del ilustre ciudadano Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, ex Congresista de Colombia y se honra su memoria como figura ejemplar de nuestros tiempos. El texto propuesto contiene 7 artículos que, repito, buscan exactamente hacer toda una síntesis de lo que fueron sus ejecutorias exaltar la vida y obra de un gran Congresista, y un compañero quien compartió con la gran mayoría de quienes hacemos parte de este Senado de la República. Para su consideración señor Presidente, para que lo someta a consideración de la Plenaria, muchísimas gracias.
Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 238 de 2018 Senado.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Angélica Lisbeth Lozano Correa.
Palabras de la honorable Senadora Angélica Lisbeth Lozano Correa.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Angélica Lisbeth Lozano Correa:
Gracias señor Presidente, pues, voy a asumir una postura impopular, con el aprecio personal que procede por el Senador Tamayo, por el vínculo personal de colegaje, trato amable y cálido que me ha unido a su hermana Soledad; fuimos juntas concejalas de Bogotá, con su otro hermano que ha sido un miembro destacado de las Fuerzas Militares.
No es personal Juan Diego, pero quiero invitar a la reflexión: Somos 280 Congresistas. Una ley de honores ¿que implica? Editar un libro; construir un busto de bronce, si no estoy mal dice busto un monumento para erigirlo en algún lugar de la ciudad. Creo que no es razonable porque todos los Congresistas vamos a morir, no sé cuándo, ojalá muy lejos todos. Entonces, quiero como invitar a la reflexión y creo que el compendio de su labor legislativa y la de cada uno de nosotros, y él en este homenaje póstumo, pues, lo podemos hacer lo puede hacer la Mesa Directiva, entonces, resaltando que no hay ningún desafecto personal y al contrario gran aprecio por Soledad, pues, sí quiero invitar a la reflexión.
Si es necesario que emitamos una ley de honores, a cada uno de nosotros en su memoria, cuando cada uno fallezca, si las leyes de honores, el punto anterior tenía un impacto fiscal que lo destacaba bien la Senadora Guerra u otros, o Juan Felipe sobre los recursos para el aniversario del municipio, en este caso, pues, también implica unos recursos, pero no es mi argumento, no quiero decir un busto cuesta, un monumento, ni más faltaba ni siquiera es eso, sino un poco de cómo llevar a la reflexión, si la agenda legislativa o la prioridad para la memoria de la trayectoria que cada uno de nosotros construya en estas aulas, amerita una ley, luego con los honores que aquí se determinan, el mayor honor es el afecto del pueblo y que en el recuerdo es la obra.
Personalmente voy a votar negativo, con este argumento Juan Diego, en la Cámara voté en contra salvo una ley de honores, a un hombre afrocolombiano líder de la ciencia, por todo el rol que tuvo de apertura digamos para una comunidad afro tan discriminada, pero sí quiero dejar este mensaje si aprobamos leyes de honores, pues, por todos nosotros o que las aprueben en el futuro mil gracias.
Gracias Presidente, el Senador Tamayo fue compañero en la Comisión Tercera y murió siendo Senador en ejercicio, un hombre valioso, pero voy en la misma línea de la Senadora Lozano, yo había entendido que las leyes de honores, a personajes eran fundamentalmente, o próceres de la independencia, o expresidentes, o personas que se han destacado en la vida científica, incluso en la vida política, pero que han tenido un ejercicio, y esta ley no solo pide un busto que estoy proponiendo una eliminación de algunos de estos artículos, sino que se le compile todos los proyectos de ley de los cuales él participó, eso significa que hay que hacer unas publicaciones y se le solicita al Ministerio de Cultura además que también expida un documento donde compile sus escritos.
O, también quiero llamar a la reflexión entre otras cosas porque lo que creería yo que sucedería, debe ser que los partidos nuestros sean los que ejerzan esa responsabilidad, en este caso con respeto el Partido Conservador, pero yo honestamente exaltaría; porque el murió en el ejercicio de Senador, exaltaría su nombre y su labor hasta ahí, pero yo no comprometería recursos del erario público para hacer bustos, ni para hacer libros, ni hacer ese tipo de publicaciones. Por eso, radiqué una proposición de eliminar algunos artículos, que creo son improcedentes para la discusión. Gracias señor Presidente.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre:
Gracias Presidente, yo quisiera llamar la atención a los honorables colegas, dado que seguramente muchos de los que están aquí, no tuvieron el honor de compartir con Fernando Tamayo Tamayo, tantos años de presencia en el Congreso Nacional este es un proyecto de ley que está firmado por toda la Bancada del Partido Conservador, precisamente porque creemos que a quien se hace ese honor no es a cualquier Parlamentario, doctora Angélica yo que el llamado es a que el reclamo no lo hacemos cada uno de los que hacemos presencia y hemos pasado por estas corporaciones, el llamado es a que se le debe hacer con personas que han trascendido también en la política y cuyos aportes han sido importantes en la vida nacional.
Que yo recuerde queridos colegas del Partido Conservador, aquí se hizo lo propio con el Senador Roberto Camacho, que igualmente fue una figura importante para el partido y para el Congreso y lo hacemos con el Senador Fernando Tamayo, porque él estuvo aquí 24 años, un hombre formal, un hombre profesional de las finanzas con maestrías, con aportes importantes que están reflejados en las ponencias, y en las autorías de varias leyes que fueron aprobadas en el Congreso Nacional, un empresario destacado. Igualmente Fernando Tamayo hizo propia una frase que yo la quiero leer que era la que siempre repetía: "Si fortalecemos el capital humano y transformamos el empleo burocrático por trabajo productivo, es posible mejorar la calidad de vida y derrotar la pobreza en nuestro país".
Y eso lo que hizo él como empresario a lo largo de su vida pública y de su vida privada. Yo no creo que exaltar esa la vida de Fernando mediante la compilación de todos los proyectos de ley que fueron aprobados en este Congreso, que pedir que esa compilación de leyes y de ponencias sean conocidas en los escenarios académicos sea malo. Ojalá, ojalá una tarea que debería cumplir este Congreso es precisamente poder copilar la tarea y es esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de este Congreso a lo largo de los años de vida pública, a veces nadie se da cuenta de que el tiempo pasa y quedamos en el olvido. Muchas veces la historia es incompleta porque muchas veces no se dice lo que cada quien ha forjado en beneficio del fortalecimiento de las instituciones en el beneficio de este país.
Yo quiero llamar la atención a los colegas a quienes estuvimos cerca de Fernando y a quienes le reconocemos hoy con este proyecto de ley, toda esa capacidad que tuvo para aportarle al país y para aportarle por supuesto, a la sociedad. Señor Presidente yo le pediría el favor de que sometamos a votación el proyecto y obviamente esperamos como partido, el Partido Conservador, que nuestros colegas y nuestros compañeros nos apoyen en esta iniciativa.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Senador Juan Diego Gómez Jiménez:
Presidente yo personalmente tengo que hacer la salvedad: Que no soy amigo de la ingeniería legislativa, creo que la mayoría de situaciones y de actos que tenemos los colombianos no se resuelve a través de proyecto de ley, y en lo que tiene que ver doctora María del Rosario con la ley de honores, que se aprobó anteriormente, soy opositor a ese tipo de proyecto de ley cuando se va a celebrar y se reconoce una efemérides de unos de estos municipios, yo creo que es más reconocimiento si logramos que a través del presupuesto nacional se pueda dirigir una partida para que en esa celebración tengan una buena causa de la cultura, o tengan una universidad, o tenga una sede del SENA, o tengamos un centro de innovación, y tecnología y obviamente hacer la salvedad que en mi condición de ponente para el segundo debate soy tan solo un mandatario y tengo el deber de traer el proyecto de ley como fielmente lo radicó su autor, y con las modificaciones que haya tenido en el primer debate lo demás tengo que sustentarlo.
Y frente a este proyecto del doctor Fernando Tamayo doctora Angélica yo comparto lo que usted dice aquí no volver un homenaje a 270 Senadores, o 272 por una razón elemental, no todos los que hacen parte de este Congreso de la República, ni los que han hecho parte, se merecen un homenaje, pero el doctor Fernando Tamayo a juicio de la Bancada del Partido Conservador y hoy invocamos la solidaridad de esta Plenaria, era un hombre que dedicó su vida a la academia, que dedicó su vida al servicio público, que durante 24 años estuvo en las comisiones económicas ininterrumpidamente, en la comisión de crédito público y, que tiene más de 150 ejecutorias que si me permite leerlas, muy seguramente se van a aburrir, porque es un mamotreto de más de 20 hojas de las ejecutorias que tiene.
Y yo sí creo que, cuando hay ciudadanos ilustres, que pasan por este Congreso de la República, que hacen aportes a la democracia, que hacen aporte a la política, que hacen aportes a la academia, y que, después de estar 24 años no estar en los medios de comunicación como algunos de nuestros anteriores colegas, sí vale la pena exaltar su obra, sí vale pena exaltar su trabajo, y que el Congreso de la República y las nuevas generaciones sepan que también hubo Congresistas y también hubo políticos que hicieron su aporte a nuestra sociedad, que hicieron su trabajo juiciosamente, que cumplieron sus funciones y que hoy en cabeza del Partido Conservador, le solicitamos amablemente y solidariamente a esta Plenaria que le hagamos ese reconocimiento al doctor Fernando Tamayo, para que el Ministerio de Cultura, simplemente compile parte de sus obras en una edición, que como muchas, como muchas, hace el Ministerio de Cultura, o el Ministerio de Educación a veces con menos importancia, que lo que pudiera ser un ejemplo de vida como la del Senador Tamayo.
Y en lo demás, pues, decirle que no hay absolutamente nada personal, así lo entiendo, pero sí vale la pena cuando hay personas ejemplares como el doctor Fernando Tamayo, que este Congreso de la República tenga un gesto generoso y gesto positivo frente a estas personas, muchas gracias señor Presidente.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Senador Mauricio Gómez Amín:
Presidente gracias, yo creo que cada caso debe ser evaluado en su momento, no podemos adelantarnos a futuros casos, yo creo que estamos discutiendo el caso del doctor Tamayo que fue un hombre ejemplar, que siempre les dio ejemplo a las nuevas generaciones de que la política es un servicio público, y nosotros como Liberales creemos que, en este caso en particular, él merece este homenaje y por supuesto, cada homenaje deberá ser discutido y deberá ser examinado puntualmente. Pero, en este caso nos corresponde, votar afirmativamente a esta iniciativa que hoy presenta el Senador Juan Diego Gómez, gracias señor Presidente.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Senador Antonio Luis Zabaraín Guevara:
Gracias señor Presidente, breve creo que el Partido Conservador en buena hora quiera hacer este reconocimiento a un hombre que durante 24 años prestó inconmensurables servicios a la patria; el Senador Tamayo era un estudioso, un académico, un hombre propositivo, un hombre que vivía y sentía a la democracia en lo más profundo de su ser.
Me parece que no tiene sentido que en este mismo Congreso, en este en el que estamos nosotros hoy, en este mismo Senado, se apruebe por decir alguna cosa el día mundial de la arepa, o el día mundial del sancocho de gallina, y hoy aquí nosotros encontremos que a un ciudadano que le prestó, a un ilustre ciudadano que le prestó 24 años de servicios desde el Congreso de la República al país, se le niegue esa oportunidad de recibir esos honores, pero más aún me parece una falta de solidaridad con una Bancada, o con un Partido como el Partido Conservador, que tiene alrededor de 200 años de historia, muchas gracias señor Presidente.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Senador Efraín José Cepeda Sarabia:
Muchas gracias señor Presidente, en la misma línea de quienes me antecedieron en el uso de la palara, quiero decir que conocí a Fernando Tamayo hace tantos años, aquí en estos pupitres del Senado de la República, un hombre juicioso, trabajador en la Comisión Tercera siempre haciendo el comentario, un hombre impoluto. Además, mire, se enfermó siendo Presidente de la Comisión Tercera y aún a costa de su salud, aquí venía y venía a las sesiones, no podía quedarse muchas veces todo el tiempo, pero es, tal era tal, el sentido del servicio al país de Fernando Tamayo que aquí estaba, incluso en su enfermedad y finalmente prácticamente siendo Congresista Senador de la República de tantos años, encontró la muerte.
Quiero decir frente a las obras que se piden un busto y un libro, finalmente creo que son incluso poca cosa para la gran figura que fue Fernando Tamayo; además, ese tipo de obras no obliga señor Presidente y usted lo sabe hay que incluirse en el Presupuesto General de la Nación, tiene el Ministro de Hacienda de turno que darle el visto bueno, pero ahí está como homenaje a ese hombre serio, porque es que aquí podemos rendir homenajes a los deportistas, podemos rendir homenaje a los artistas, podemos rendir homenaje a los exministros y ¿no podemos rendir un homenaje a un excongresista de tan altas calidades como Fernando Tamayo? Le pido a la Plenaria del Senado votar este proyecto positivamente muchas gracias señor Presidente.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque excepto el artículo 6º del Proyecto de ley número 238 de 2018 Senado, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
Presidente, sobre ese artículo 6°, yo quiero hacer lectura del mismo, porque creo que no tiene mayores inconvenientes, después de que sea aprobada la ley de honores, dice así: Artículo 6°. Como tributo de admiración y reconocimiento a su dedicación en bien del desarrollo de la ciudad capital y del país, desde su condición de Concejal, Representante a la Cámara y Senador de la República, hasta el día que en cumplimiento de su labor Congresual, una desafortunada falencia física produjo su deceso, el Ministerio de Cultura ordenara la elaboración de un busto con su figura indicando su instalación en un sitio estratégico de la ciudad capital.
Creo que es un artículo que no es dañino, que no tiene una gran erogación del gasto, que no tiene digamos mayores implicaciones, por lo que le insistiría a la Plenaria, que nos apoye en la aprobación de este artículo, que es simplemente materializar ese homenaje que se le está rindiendo al doctor Tamayo, muchas gracias.
Cerramos la discusión del artículo, se abre el registro señor Secretario para la votación en virtud de la proposición.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición eliminatoria del artículo 6º del Proyecto de ley número 238 de 2018 Senado presentada por la honorable Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella, y cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria la modificación propuesta? abre la votación e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
Por el Sí: 32
Por el No.: 47
Total: 68 votos
Votación nominal a la eliminación del artículo 6º presentada por la honorable Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella al Proyecto de ley número 238 de 2018 Senado
"por medio del cual la nación rinde homenaje y exalta la vida pública del ilustre ciudadano Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, ex Congresista de Colombia, y se honra su memoria como figura ejemplar de nuestros tiempos".
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Barguil Assis David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Castañeda Gómez Ana María
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castro Córdoba Juan Luis
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Fortich Sánchez Laura Esther
Gómez Amín Mauricio
Gómez Gómez Pedro Leonidas
Gómez Jiménez Juan Diego
Lobo Chincilla Dídier
López Peña José Retter
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pachucan Chungal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Perez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel
Polo Narváez José Aulo
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Mocada Horacio José
Trujillo González Carlos Andrés
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Berner León
04. IX. 2018
En consecuencia, ha sido negada la proposición eliminatoria del artículo 6° del Proyecto de ley número 238 de 2018 Senado, presentada por la honorable Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria el artículo 6º como viene en la ponencia del Proyecto de ley número 238 de 2018 Senado, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 238 de 2018 Senado, por medio del cual la Nación rinde homenaje y exalta la vida pública del ilustre ciudadano Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, ex Congresista de Colombia y se honra su memoria como figura ejemplar de nuestros tiempos.
Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? y esta responde afirmativamente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Guillermo García Realpe.
Palabras del honorable Senador Guillermo García Realpe.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Guillermo García Realpe:
Gracias señor Presidente, solicito, señor Presidente, ante el retiro que tenemos que hacer la Bancada del Partido Liberal, que el punto quinto para segundo debate, el que tiene que ver con la autorización para la adjudicación y titulación de baldíos en reservas forestales, sea aplazado en razón a que el Gobierno, los Ministerios de Agricultura, los nuevos Ministros de Agricultura y Medio Ambiente nos han solicitado conocer más el proyecto; porque en razón a que viene de Gobierno anterior y por supuesto, encuentro absolutamente lógico y procedente, mejor información a la actuales Ministros, en un proyecto tan importante y que beneficia a muchos sectores campesinos y rurales de Colombia.
Entonces, señor Presidente que en su momento que se convoque el debate del artículo Proyecto número 5, sea (cortan sonido)
Tres, punto tres, en virtud de que el Senador Guillermo García quien es el coordinador de ponentes, ha solicitado el aplazamiento de la discusión de este proyecto, queda aplazado, siguiente punto del orden del día señor Secretario.
Proyecto de ley número 199 de 2018 Senado, por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango legal.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador ponente Carlos Eduardo Enríquez Maya.
Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:
Muchas gracias señor Presidente, señoras Senadoras, señores Senadores, respetuosamente reclamo la atención de todas y todos ustedes, porque me voy a permitir presentar la ponencia a mi juicio del proyecto de ley más importante que arranca con una historia de 150 años. Este es un proyecto que lleva un título que se denomina 'Depuración Normativa', sobre todo para los colegas que llegan por primera vez al Senado de la República este va a ser de muchísima utilidad.
Colombia tiene una hiperinflación normativa, vean ustedes señores Senadores, solo me refiero con la vigencia de la Constitución Política de 1991. Doctor Sanguino, a la Constitución Política de Colombia se le han hecho más de 1200 intentos de reforma, de esos 1200 intentos de reforma, tenemos vigentes 48 reformas Constitucionales, cinco de ellas fueron declaradas inexequibles y se complementan las 48 reformas señor Presidente, con las cinco reformas aprobadas para desarrollar los Acuerdos de la Habana, para un total de 48 reformas Constitucionales.
En segundo lugar, tenemos 1.936 leyes vigentes con la vigencia; perdón la redundancia, de la Constitución Política de 1991. Eso quiere decir, doctor José Obdulio Gaviria, que en Colombia cada cinco días tenemos una ley. Ahora bien, solo para esta vigencia, de este cuatrienio, vean ustedes los proyectos que se han presentado en las 7 Comisiones Constitucionales de Cámara y de Senado, Comisiones Constitucionales de Cámara y Senado, por ahora 104 proyectos Comisión Primera de Cámara y de Senado.
Comisión Segunda de Cámara y de Senado 31 proyectos, en las Comisiones Terceras 19 proyectos, en las Comisiones Cuartas 4 proyectos, en las Comisiones Quintas 10 proyectos, en las Comisiones Sextas 37 proyectos, en las Comisiones Séptimas 32 proyectos, para un total, por ahora, de 237 proyectos, anotando que hay 14 proyectos de reforma Constitucional. Ese es, grosso modo, un inventario de normas vigentes en el Estado de Derecho colombiano. Es necesario, señores Senadores, aterrizar en este proyecto de ley que traigo, para que sea considerado por ustedes y se enriquezca; por supuesto, su horizonte Constitucional y su horizonte legal.
Esta iniciativa de 'Depuración Normativa' doctor Londoño, abarca doctor Petro, para retirar del sistema normativo colombiano aproximadamente 15 mil normas, y más o menos en el inmediato futuro, 55 mil actos administrativos que son algo así como vecinos de la ley, para un total de 72 mil normas que desaparecerían del sistema normativo colombiano.
Hagamos un breve recuento de carácter histórico. Este tema de la 'Depuración Normativa' señor Expresidente Uribe, arrancan por allá en los años 527 después de Cristo, bajo la inspiración de Justiniano que quería compilar no simplemente normas, sino la jurisprudencia de los más connotados juristas de la época, entre ellos Modestino, Gayo, Papiniano, Paulo, y se dedicaron a esa obra, que como ejemplo cobra una palpitante actualidad.
Posteriormente, doctor Alexánder, se encarga de la depuración normativa Francia como ejemplo que ha sido jurídico universal, se empieza con el código de Napoleón, que hiciera tránsito por distintos países del orden en América, en Chile, en Argentina, en Colombia, por ejemplo; y no podía faltar Alemania en esta obra grande en la época de Fabiñi, y se extiende este ejemplo de la 'Depuración Normativa' con un maestro en la materia de origen italiano-argentino, el señor Antonio Martino, quien se convirtiera en una autoridad universal para invitar a distintos países a que se vinculen a la cultura de la 'Depuración Normativa'. A nosotros nos han precedido, por supuesto, Argentina, Ecuador, Perú e incluso Nicaragua.
En Colombia señor Expresidente Uribe, este proyecto de 'Depuración Normativa' empezó en su administración doctor Uribe, en el año 2005; para decir la verdad, en ese tiempo el proyecto inició con gran revuelo, pero se frustró en el camino, porque no tuvieron los recursos necesarios para lograr la obra propuesta.
Trabajaron señor Expresidente en esta tarea en el año 2005 al 2010, se recoge la idea en el año 2011, se trabaja hasta el año 2014 haciendo un inventario normativo de lo que ya no servía, de lo que estaba en desuso, de lo que era un anacronismo, en fin, y se reinicia la obra en el año 2014 hasta el 2018. Presento el proyecto del anterior Ministro, el doctor Gil Botero que traigo a consideración de ustedes, y en buena hora, está la señora Ministra de Justicia y del Derecho, la doctora Gloria Borrero, porque la presente administración tiene vivo interés en este proyecto, con la finalidad de garantizar un principio recto que es eje conductor del sistema Constitucional colombiano, que es el principio de la seguridad jurídica.
Entonces, la propuesta que se trae a consideración de ustedes, señores Senadores, es con la finalidad, repito, doctor Roy de expulsar del sistema 10.686 leyes, decretos ley 1.355 y decretos legislativos 3.731. Decíamos antes que este inventario arranca desde año 1864 hasta el año 2014, ¿por qué arranca del año de 1864? Porque en el año 1864 aparece el primer Diario Oficial. Ese símbolo fue el inicio teniendo en cuenta la publicación que se hacía en ese documento hoy vigente.
Ahora bien, para esa depuración normativa en Colombia se conformaron distintos grupos de académicos, de funcionarios públicos de la sala de consulta y servicio civil, es decir, desde el año 2005 cuando se inicia esta obra hasta el año 2018 la administración pública con la dirección de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, se han invertido 13 años para hacer esta propuesta. Estas Comisiones adoptaron, primero, que toda una figura que se está creando por esta ley, la figura, se denomina "Depuración Normativa"; pero señores Senadores, esa 'Depuración Normativa' se convierte en un principio fundamental que a su vez nos lleva a tener seguridad jurídica.
Es con la finalidad de que, en el futuro, no sigamos cometiendo errores que a diario se cometen en la tarea de la configuración legislativa. Basta decirles uno, aquí nosotros legislamos, doctor Alexánder López, y ¿saben que decimos al final refiriéndonos al artículo de la vigencia? "Se derogan todas las leyes que le sean contrarias"; esa es una forma irregular nefasta, porque no sabemos nosotros qué estamos derogando, y ese ha sido el principio recto que inspira el legislador colombiano, "se derogan todas las leyes que le sean contrarias". Debemos nosotros asirnos de la cultura de la seguridad jurídica, con la finalidad de que los proyectos de ley de enmienda constitucional resistan el examen de razonabilidad constitucional que lo hace nuestro máximo tribunal.
Entonces, estos grupos académicos, estos grupos de expertos que se conformaron en tres administraciones Presidenciales adoptaron unos criterios ¿cuáles son esos criterios? Un criterio el de la obsolescencia de la norma, normas obsoletas; otro criterio, el de anacronismo. Por decirles un ejemplo, hasta ahora señores Senadores está vigente la Ley del Bando que arranca con la Ley 4ª de 1913 el denominado Código de Régimen Municipal y está vigente, ¿En qué consiste la Ley del Bando señor Expresidente Uribe? En que el Alcalde municipal sale al balcón de la Alcaldía, toma el bombo de la banda municipal, golpea el bombo y llama a la gente a reunirse para escuchar las noticias, las notificaciones que hace el primer mandatario.
Entonces, hoy que tenemos todos los medios tecnológicos al alcance de la humanidad para comunicarse en un segundo con cualquier parte del mundo, está vigente la Ley del Bando. Yo me desayunaba en una ley de la República de mi autoría, decía el Gobierno a través de un decreto reglamentario "este decreto será conocido por todos los medios de comunicación incluido el bando", hace unos meses; por ejemplo, esa es una ley anacrónica.
Otro criterio para la 'Depuración Normativa', decretos ley, por ejemplo, que tuvieron una vigencia transitoria o decretos que no fueron adoptados como legislación permanente, leyes de la República que cumplieron su objetivo o leyes de la República que van en contra del sistema Constitucional vigente. Esos son los criterios de 'Depuración Normativa'.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela el honorable Senador Gustavo Francisco Petro Urrego:
En esa inmensa cantidad de normas de todo tipo en la historia que usted presenta aquí casi en bloque, para que sean derogadas, y usted dice que hay un método para haber seleccionado eso, uno de ellos de la obsolescencia; me puse a ver, me puse a ver un ejemplo que usted mismo pone, que es la Ley 129 de 1896, aparece en el internet y es una ley sobre tranvías. Ahí se puede investigar la norma, pero no encontré la obsolescencia, que es digamos, el tema que nos trae a cuento.
Porque establece una subvención para construir tranvías en Colombia si son a gas o eléctrico. Mire el avance del cuerpo legislativo en 1896 comparado con el actual, que se le midió a hacer una ley sobre buses troncales, desastre nacional desde el punto de vista financiero.
Esta crea una subvención para tranvías si son a vapor, que ya no existen, o eléctricos, que es lo que hoy existe, y los centra si comunican la capital de la República con municipios cercanos; es lo que nosotros llamamos el Tren de Cercanías hoy, o capitales con el mar, Montería-Coveñas, Sincelejo-Coveñas. Bajo esta ley podrían hacer un tranvía, que sería mucho mejor que las concesiones viales que han hecho subvencionadas por el Gobierno.
Y entonces, lo que dice esta ley es que el Gobierno, al cabo de 50 años, les entregará a los departamentos y el valor de la subvención es 5 pesos por kilómetro; 5 mil pesos de 1896 no existen estadísticas de inflación desde ese entonces, no podría ser indexado, pero sí existe el patrón oro que era como existía la moneda en ese entonces; luego sí puede ser indexado a un valor actual sobre la base del valor del oro -Daría X cantidad, no tendría ahora el dato muy importante-, y la ley sería absolutamente conveniente para hoy, no es obsoleta, se puede modernizar, pero esta ley no es obsoleta. Y me preocupa que este como un ejemplo que usted mismo dio, la Ley 129 de 1896, se repita en muchísimas de esas normas que, a lo mejor, por la sabiduría de los antiguos, pues, tienen vigencia.
Dejo eso como una pregunta y un interrogante, porque en ese bloque de 11 mil y más normas; son como 20 mil normas aproximadamente ¿qué tanto?, ¿cuántas pueden ser de este tenor como la Ley 129 de 1896?, es decir, que puedan ser puestas a la orden del día en lugar de ser derogadas por obsolescencia.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela el honorable Senador José Obdulio Gaviria Vélez:
A mí me alegra mucho ver estas paradojas. El doctor Enríquez, miembro del muy connotado Partido Conservador, pidiendo la derogación de una ley del régimen, de la Regeneración de Caro, y al doctor Petro elogiando el progresivo legislativo del régimen de Regeneración.
Es que hay un Conservatismo viejo que creía en valores éticos, por ejemplo, y hay un Conservatismo muy nuevo que lo ha perdido parcialmente. Unos son los Conservadores que creían en Álvaro Gómez y otros en otro tipo de personajes actuales, y hay una gran diferencia entre quien proponía el acuerdo sobre lo fundamental y en quienes proponen el desacuerdo permanente de la sociedad colombiana.
Yo me imagino que, en este 1896, Guerra de los Mil Días, por ahí, - ¿cuándo fue? - no, es el siglo XIX, estamos en esa época, pero tanto Liberales como Conservadores entendían muy bien, y así lo hicieron en las décadas que siguieron, que lo que había que hacer era la Red Férrea Nacional y construyeron lo que hoy es la Red Férrea Nacional. Esos abuelos de esa época no estaban equivocados; los equivocados fueron los que décadas después. También Liberales y Conservadores destruyeron la Red Férrea Nacional, que hoy todos sabemos se tiene que reconstruir por encima, incluso, por... de las vías 4G, cosa que no se ha querido hacer.
Pero los tiempos del cambio climático nos obligan y los tiempos de la competencia económica nos obligan a reconstruir la Red Férrea Nacional. Aquellos Liberales y Conservadores, a pesar de sus conflictos tenían toda la razón, había que construir la Red Férrea Nacional, y aquellos ya no tan antiguos Liberales y Conservadores que la destruyeron, Gobierno de Turbay Ayala, por ahí en los alrededores, estaban profundamente equivocados.
La norma de 1896 sirve hoy, que es lo que me interesa un poco de la discusión fuera del asunto histórico, sirve hoy, porque hoy necesitamos tranvías, porque sus costos de operación son decrecientes; son una solución mejor que las troncales derivadas de buses de Transmilenio bogotano y porque, además, no contaminan si son eléctricos.
Solo hay una solución eficiente, y la norma lo que permite es un subsidio del Gobierno nacional precisamente al tranvía; luego no es obsoleta. Lo hizo la Regeneración, pero estaba bien identificado un proyecto de construcción nacional sobre la base, entre otras, de una Red Férrea Nacional; estaba absolutamente en lo cierto, así se construyeron también las grandes Naciones del mundo, desde el punto de vista de la movilidad y de la economía, hoy lo necesitamos. Entonces, doctor Maya, por lo menos deje esa ley viva de las 20 mil normas que usted propone derogar.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:
Muchas gracias a los señores Senadores que intervinieron. Quiero decirle al Senador Gustavo Petro dos cosas: La primera, puede haber una norma como la que usted trae y yo me voy a referir a otra norma que tampoco es obsoleta. Este trabajo demandó una dedicación casi de tiempo completo por largos años, 13 años dedicados, académicos, funcionarios públicos, Ministros, digitadores, etcétera, pero por supuesto, no hay una norma perfecta.
Sobre este ejemplo que usted trae de 1896, yo complemento con otro. Se ordenó la construcción del ferrocarril de Nariño que arranca de Tumaco, pasa por Ipiales, llega a Pasto, y dice la norma, doctor Petro, con la posibilidad de pasar por Barbacoas.
El Gobierno de la época destinó la suma de 600 mil pesos anuales para la construcción del ferrocarril, por supuesto, para conservarla como un monumento histórico; yo saqué esa norma, y está vigente. Yo creo que es algo parecido a lo que usted propone como un buen ejemplo doctor Petro, pero yo diría que de pronto estas normas son obsoletas, porque perdieron vigencia desde el punto de vista económico, puede ser una razón.
Ahora bien, lo que menos trae este proyecto es afán; ¿lo quieren estudiar mis colegas? Perfecto. Tienen la Gaceta del Congreso en su poder hace unos días; pueden dedicarse al estudio de norma por norma, y si encuentran unas normas que deben ser separadas de la propuesta, con mucho gusto.
Lo que sí, también, en esta norma señores Senadores, hay una manifestación en el sentido de que, al retirar esas normas del régimen jurídico colombiano, no se desconocen situaciones jurídicas de carácter particular, no se desconocen tampoco los derechos adquiridos, no se desconocen los pronunciamientos que hayan hecho las autoridades a través de las sentencias, es decir, son intangibles, son intocables todos esos factores jurídicos que se han desprendido de la vigencia de estas normas.
Repito, si consideran ustedes conveniente, lo estudian con muchísimo gusto, yo he traído la propuesta con la finalidad de que; otra pregunta honorable Senador Aulo Polo con la venia de la Presidencia con mucho gusto.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela el honorable Senador José Aulo Polo Narváez:
Gracias Vicepresidenta, a mí me parece muy bien traído el tema, habría que agregarles dos elementos más en la revisión de estas leyes; lo que se denominan las Leyes inocuas o esas Leyes que son himno a la bandera.
En su departamento que es mi departamento, desde 1995 se expidió en este Congreso de la República una ley que se llama una Ley de Fronteras que no nos ha servido absolutamente para nada. Entonces, yo creo que, en el contexto de su tesis, de su propuesta y de su ponencia, habría que buscar dos elementos más las Leyes inocuas y otra que es la que más le gustaría al pueblo colombiano, las Leyes injustas como la del IVA, por ejemplo, muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero termina señora Presidenta, destacando los beneficios que se producirían si el honorable Congreso de la República decide aprobar este proyecto. El primero es el de la modernización normativa, saber que tenemos en el mundo jurídico colombiano.
El profesor Antonio Martino, autoridad en esta materia, señor Expresidente Uribe, dice que la contaminación ambiental produce menos daño que la contaminación normativa. Hay muchas normas en Colombia que nos llevan a tener inseguridad jurídica y lo que buscamos nosotros es tener seguridad jurídica, ¿para qué?, para que la responsabilidad del Estado que es norma Constitucional no se vea afectada por la cascada de demandas, que muchas son producto por no tener normas que sirvan para defender al propio Estado, por la contradicción que se presentan entre ellas.
¿Cuántas normas se han expedido, por ejemplo, sin que lleguen a control del tribunal Constitucional que van en contra del régimen Constitucional? Y por supuesto, los señores abogados estudiosos encuentran esas debilidades con la finalidad de demandar al Estado. En la docencia, por ejemplo, que mejor doctora Maritza, crear la cultura de la legalidad, para que nuestros estudiantes se preparen en ese marco de la cultura de la legalidad; decía el Maestro Sáchica, que hay que cambiarles el nombre a las facultades de Derecho y que sería mejor bautizarlas con el nombre de facultades de Leyes, porque en Colombia pertenecemos nosotros a la cultura de sacar más leyes y más leyes.
Acabo de decirles que cada cinco días en Colombia hay una nueva ley, porque, aquí, doctor Roosevelt, se ha creído en Colombia que todo se puede solucionar con la ley: En los municipios, cuando el problema es pequeñito les disparan un acuerdo municipal; en los departamentos, cuando el problema es un poquito más grande les disparan una ordenanza; en el Congreso de la República, de igual manera, leyes y más leyes, sobre todo en materia penal.
Cómo les parece, señores Senadores, que, por mandato de la Corte Constitucional, se ordena que todos los proyectos que tienen que ver con materia penal deben ser previamente consultados al Consejo de Política Criminal. Hoy tenemos 14 proyectos de ley, en materia penal para ser consultados de política criminal, leyes y más leyes.
Entonces, que este principio de la 'Depuración Normativa' creamos nosotros que va indilgado a buscar la seguridad jurídica del país, a modernizar el sistema de configuración legislativa que le corresponde al Congreso de Colombia. Ahí están unas normas para el libre examen. Pueden haber, doctor Petro, una dos, tres normas o más que pueden ser separadas de esta propuesta, y, por supuesto, ese sería un gran aporte como el que acaba de hacer usted con una norma de 1896 que puede servir en pleno siglo XXI.
Esa es, grosso modo, en un apretado resumen la ponencia que está a consideración de ustedes, y estoy dispuesto a escuchar todos los aportes, porque, sé, van dirigidos a llevarle un mensaje al país de la 'Depuración Normativa' que se ha hecho en Colombia, como uno de los pocos países en América.
Doy como referencia para terminar, en Argentina la depuración que se hizo de 15 mil normas, hoy tienen más de 3.000 un poquito más de 3.000 normas vigentes, nosotros aspiramos a llegar a un número racional de normas que nos permita tener seguridad jurídica, muchas gracias señor Presidente y señores Senadores.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela la Ministra de Justicia y del Derecho, doctora Gloria María Borrero Restrepo:
Buenas tardes señores Senadores, esta es una feliz coincidencia que estando recién posesionada como Ministra de Justicia me toque estar acá apoyando este proyecto como Gobierno. Cuando era directora de la Corporación Excelencia en la Justicia en el año 2005, y después cuando estaba de Ministra Ruth Stella Correa, fui designada por el Gobierno como parte de la comisión de expertos de la 'Depuración Normativa'.
Si este proyecto no se hubiera presentado en el Gobierno anterior y estuviera hoy cursando este segundo debate, probablemente lo hubiéramos presentado en esta administración. Por lo tanto, respaldamos la ponencia del Senador Enríquez, y le solicitamos que le den debate y aprobación positiva.
Es muy importante para la seguridad jurídica tener una producción normativa racional. Si estamos en un Estado de Derecho y la ley se tiene que escribir en el corazón de nosotros los ciudadanos, necesitamos pocas y mejores leyes, y esta metodología de 'Depuración Normativa' está iniciando ese camino, esperemos que también, de verdad se implemente una metodología adecuada de producción normativa de aquí en adelante. Todas las normas, ojalá que ustedes aprueben, deben tener si es necesario derogatorias expresas, deben ser claras no confusas, deben ser cortas para que realmente los colombianos las podamos cumplir.
Esta fue una metodología que utilizó el Ministerio de Justicia, no lo hizo de manera aislada, sino que contó, primero, con todas las oficinas jurídicas de todos los sectores. Hay una primera revisión del marco normativo por sectores, posteriormente se consultó a las salas de consulta y servicio civil del Consejo de Estado y luego contamos con la participación de la Universidad del Rosario, para poder llegar a este inventario según los criterios que mencionó el Senador Enríquez, que ya hubieran cumplido su objeto, en esa salen 8.149 en normas por vencimiento de términos de vigencia 321, por no haber sido adoptada como legislación permanente 497, por derogatoria orgánica 1.735, por obsolescencia 450 y por contradicción con el Régimen Constitucional 164.
Por lo tanto, este proyecto de ley es para es para sacar de nuestro ordenamiento jurídico 11.316 normas con fuerza de ley. Entonces, les agradecemos mucho la aprobación de esto; yo sé qué esto va a mejorar seguridad jurídica en el país y tanto los ciudadanos como los jueces, que son los que la interpretan, van a tener un marco normativo más claro, muchas gracias.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela el honorable Senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa:
Gracias Presidente. Los antiguos decían "pessima respublica, plurimae leges", querían decir "mal Gobierno, muchas leyes" decía Tácito, y eso hace referencia, y este proyecto de ley nos confronta con ese espíritu positivista que tenemos en nuestro imaginario colectivo, es la creencia de que todos los resolvemos con leyes. Y debido a eso, desde antaño hemos creado lo que el maestro Zagrebelsky llama una "hiperinflación normativa". Este proyecto lo que busca es precisamente depurar y hacer que nosotros podamos tener un listado y obviamente podamos acceder a la seguridad jurídica.
La metodología que fue utilizada ya la explicaba la Ministra, en el 2016 se le dio un impulso impresionante a este proyecto que estaba dormido y hoy vemos el resultado, que es un resultado que seguramente va a colaborar para que nosotros podamos saber definitivamente, en qué marco normativo nos movemos.
Hemos presentado, Senador Enríquez Maya, una propuesta de artículo nuevo, en el cual se le establece al Ministerio de Justicia y del Derecho una solicitud para que, antes de los 20 de julio, tenga un listado de las normas que han sido derogadas, las que han sido declaradas inconstitucionales, y un listado, que es muy importante, de aquellas normas que han sido reglamentadas y que no han sido reglamentadas a pesar de un mandato expreso.
Si hacemos ese estudio nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas, y eso sería importante que lo hiciera el Ministerio de Justicia y del Derecho, que lo puede hacer a través del SUIN, que es el Sistema Único de Información Normativa, el cual, en honor a la verdad, se encuentra muy desarrollado y ha sido un proyecto muy importante del Ministerio de Justicia, ejemplo para Latinoamérica y para el mundo.
Es esa proposición que ya está radicada en secretaría, y que sería importante que cada año los ciudadanos, insisto, supiéramos qué normas están derogadas, cuáles han sido declaradas inconstitucionales, pero sobre todo qué normas que debiendo ser reglamentadas no lo han sido. Gracias Presidente.
El aporte del honorable Senador Jorge Eduardo Londoño es muy importante y cabe reconocer también que fue en el Ministerio que estuvo a su encargo señor Senador, usted fue uno de los que le dio impulso a este proyecto.
Y también hacerles conocer a usted y a todos los honorables Senadores que esta función se descentraliza también para las Asambleas y los Concejos Distritales y Municipales para que se dedique a la 'Depuración Normativa' de actos administrativos como son ordenanzas y/o acuerdos. De manera que la ponencia no tiene ningún, ninguna objeción a la propuesta del honorable Senador; todo lo contrario, le agradece por ser muy importante y muy útil.
Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 199 de 2018 Senado.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Gustavo Francisco Petro Urrego.
Palabras del honorable Senador Gustavo Francisco Petro Urrego.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Gustavo Francisco Petro Urrego:
Presidente, tiene que ver con el articulado en algunas partes. Sí le pediría al doctor Maya que excluyera la Ley 129 de 1896, tiene plena vigencia, fue reformada en alguno momento.
Senador Petro, le sugiero proposición para el articulado.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador Gustavo Francisco Petro Urrego:
Aquí está ya la proposición, la que usted mencionó; no sé si usted la va a derogar, la de Nariño, porque si no lo hacen ahora lo hacemos después, se puede hacer.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela el honorable Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:
Senador, yo le propongo que la deje como constancia y en el momento en que nosotros rindamos el informe se hará esa.
Le entrego la proposición entonces, ya para que usted, pues no sé exactamente el artículo, pero es excluir la Ley 129 de 1896, porque yo creo que todas las ciudades de Colombia hoy.
La ponencia no tiene ninguna objeción señor Senador.
Que conste que apoyamos una Ley de la Regeneración.
Gracias señor presidente. De verdad que me gustaría que en la ponencia se revise lo que planteé al principio aquello de las Leyes inocuas. Usted mejor que yo Senador Eduardo Enríquez Maya, sabe la inutilidad de una ley de nuestra región que es la Ley de fronteras, es la Ley 191 de 1995.
Cuando eso se expidió, señor Presidente y colegas Senadores, en Nariño, los que insertaron presentaron e hicieron aprobar la Ley de Fronteras se pasearon por todo el territorio de Nariño y los fueron condecorando, desde la Asamblea y en los Concejos municipales. Grandes fiestas se elaboraron, grandes fiestas se realizaron.
La verdad es que los que vivimos en frontera nos encontramos con que hasta hoy esa ley no nos ha servido absolutamente para nada. Cuando yo digo que hay Leyes inocuas usted mejor que yo como constitucionalista, como abogado y como Senador de la República, sabe, doctor Eduardo Enríquez Maya, que esa ley fue una mamadera de gallo para Nariño. Por eso es que yo insisto en la ponencia se inserte la revisión de leyes como la Ley de Fronteras, que deben existir en muchos departamentos y que de igual manera no son más que un himno a la bandera. Así que le ruego al Senador Eduardo Enríquez Maya tener en consideración, porque usted como yo somos testigos de lo inútil que ha sido la Ley de Fronteras 191 de 1995.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela el honorable Senado Feliciano Valencia Medina:
Gracias señor presidente, en la misma dirección invito al doctor Enríquez Maya, tener mucho cuidado con leyes que se han expedido a favor de pueblos indígenas y sectores étnicos del país. En ese orden solicito tener cuidado con la Ley 89 de 1890, que es la primera ley que nos asigna potestades sobre territorios indígenas en el país. Dejo esta constancia por escrito, para que se revise esta ley que acabo de mencionar.
Yo disiento con el honorable Senador Aulo Polo. Yo no pienso igual sobre la Ley de Fronteras, pero si su señoría... que desaparezca del escenario jurídico, redacte la proposición para someterla a consideración.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre:
Presidente, con respecto a la intervención del doctor Aulo Polo, yo le pediría el favor al colega de que ese tema específicamente en cuanto a la Ley 191 del 95, llamada Ley de Fronteras, la revisemos en el momento oportuno cuando se discuta la nueva Ley de Fronteras que ha sido radicada por el Partido Conservador.
Esa ley hoy nos sirve de fundamento para que todavía el combustible en los departamentos de frontera tenga un precio diferencial, en el caso específico de Nariño, contempla la norma de la compensación por el transporte de combustible. Creo que no puede ser incluida en el proyecto de ley que hoy se discute, y, por lo tanto, rogarle que ese tema lo miremos y lo analicemos cuando discutamos la nueva Ley de Fronteras. Gracias presidente.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia y cerrada su discusión esta le imparte su aprobación por unanimidad.
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a las proposiciones presentadas al articulado del proyecto.
Por Secretaría se da lectura a los artículos nuevos presentados por los honorables Senadores Feliciano Valencia Medina, Gustavo Petro Urrego y Jorge Londoño Ulloa al Proyecto de ley número 199 de 2018 Senado.
Bueno, entonces, la primera del Senador Feliciano Valencia Medina: Proyecto de ley número 199 de 2018 Senado: Tener cuidado con la Ley 89 de 1890.
Proposición del Senador Gustavo Petro Urrego: Excluir la Ley 129 de 1896.
Y una del Senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa: Adiciónese al Proyecto número 199 de 2018 Senado un artículo nuevo correspondiente al siguientes texto: Artículo nuevo. Sin perjuicio de la actividad permanente de revisión y actualización de ordenamiento jurídico, el Ministerio de Justicia y del Derecho publicará, en la página web a más tardar el 20 de julio de cada año, el listado de las normas de carácter general y abstracto de rango legal que se encuentren derogadas expresamente, y que hayan sido declaradas inconstitucionales o nulas, al igual que el listado de las normas constitucionales y legales que no hayan sido reglamentadas a pesar de existir un deber expreso de reglamentación.
Esas son las tres proposiciones, señor Presidente, señor Ponente.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y, cerrada su discusión, ésta le imparte su aprobación.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto con los artículos nuevos presentados por los honorables Senadores Feliciano Valencia Medina, Gustavo Petro Urrego y Jorge Londoño Ulloa y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta les imparte su aprobación.
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Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 199 de 2018 Senado, por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango legal.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y esta responde afirmativamente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador José Aulo Polo Narváez.
Palabras del honorable Senador José Aulo Polo Narváez.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador José Aulo Polo Narváez:
Sí señor Presidente, yo aprobé la ponencia con la constancia. Nosotros también estamos trabajando la posibilidad de presentar una ley que realmente recoja las fronteras y los problemas de la frontera.
La constancia que quiero dejar es esta, cuando yo hablo de la Ley 191 del 95, en ella, por ejemplo, se le reconoce como frontera a tres municipios: Carlosama, Ipiales y Pasto, y Nariño tiene 64 municipios, es decir los dejan por fuera de la órbita y de las supuestas favorabilidades de esta ley.
Entonces, retiro y dejo esta constancia, señor Presidente, en virtud de que la colega nariñense también, Myriam Paredes Aguirre, cerca del pueblo de Ipiales, de Guachucal, ha dicho que van a presentar, y obviamente estaremos acompañando la presentación de una nueva ley de fronteras. Muchas gracias señor Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya.
Señor Presidente, simplemente para agradecer a su señoría y a los colegas por los aportes y por la confianza depositada en la ponencia. Muchas gracias.
Proyecto de ley número 90 de 2017 Senado, por medio de la cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia del aseguramiento en la salud.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador ponente Álvaro Uribe Vélez.
Palabras del honorable Senador Álvaro Uribe Vélez.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Álvaro Uribe Vélez:
Gracias señor Presidente, para pedir el aplazamiento de este proyecto, porque se está revisando con el Ministerio de Salud; este es un proyecto que viene de la legislatura anterior y queremos tomar en cuenta para un pliego de modificaciones en plenaria, puntos de vista del Gobierno y también temas de otros proyectos. Entonces queríamos señor Presidente, pedirle que se aplace por esa razón.
Hay un inconveniente con varios proyectos, con los que siguen aquí, y es que son ponencias que vienen de la legislatura anterior. Vamos a actualizar el orden del día, terminamos el trámite de proyectos en esta sesión, vamos a evacuar algunas constancias que nos quedaron pendientes y también unas proposiciones que tenemos radicadas en la Secretaría.
Por Secretaría se da lectura a una proposición presentada por la honorable Senadora Ana María Castañeda Gómez.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con la siguiente proposición.
Por Secretaría se da lectura a la proposición presentada por el honorable Senador Alexander López.
Por Secretaría se da lectura a la proposición presentada por los honorables Senadores Richard Alfonso Aguilar Villa y Daira de Jesús Galvis Méndez.
Por Secretaría se da lectura a la proposición presentada por los honorables Senadores Nicolás Pérez Vásquez y Juan Diego Gómez Jiménez.
Por Secretaría se da lectura a la proposición presentada por el honorable Senador Gustavo Bolívar Moreno.
Por Secretaría se da lectura a la proposición presentada por la honorable Senadora Emma Claudia Castellanos.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria las proposiciones leídas y, cerrada su discusión, esta les imparte su aprobación.
Proposición número 44
Permítase escuchar a una de las representantes de las madres comunitarias en general que se encuentran en huelga de hambre por las pésimas condiciones laborales y de carácter pensional en las que se encuentran, ser escuchadas por la Plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado de la República en sesión informal cuando así la Mesa Directiva lo disponga.
Honorable Senadores
Siguen firmas ilegibles...
Proposición número 45
Los Senadores abajo firmantes solicitamos la convocatoria a una Audiencia Pública en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, el día 5 de octubre de 2018, a las 9 a. m. en adelante.
El objetivo de dicha audiencia será evaluar y escuchar a los líderes y organizaciones sociales del suroccidente colombiano en relación a la grave situación de asesinatos, amenazas y persecución de las que son víctimas ellos y las comunidades de la región.
Se solicita se cite y asistan los siguientes funcionarios del Gobierno nacional:
Ministra del Interior, Ministro de Defensa, Director de la UNP, igualmente se solicita invitar al Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Alto Comisionado de Derechos Humanos "ONU", Procurador General de la Nación, Representantes Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Esta audiencia deberá ser trasmitida en directo por los canales institucionales del Congreso, invítese a las comunidades y a los líderes sociales y defensores de derechos humanos y organizaciones sociales a participar en esta convocatoria.
Paloma Susana Correa Valencia
Adiciónese el siguiente cuestionario a la Proposición número 15 del 8 de agosto de 2018, a través de la cual se solicita citar debate de control político sobre el Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja.
Los resultados del segundo trimestre de 2018 que nos presentó recientemente Ecopetrol son positivos. Una utilidad neta que llegó a $6,1 billones, frente a los $2,1 billones del mismo período en 2017. En ganancia neta la cifra es de $3,5 billones con un aumento del 170% en relación con los $1,3 billones del segundo trimestre del año pasado, y un margen Ebitda del 51%, el mayor en la historia del Grupo Ecopetrol, según informó.
Estas cifras nos hablan de las eficiencias logradas por Ecopetrol, de los buenos resultados de sus segmentos de operación y de cómo sus finanzas son sostenibles, luego del duro momento que atravesó por la caída de los precios internacionales del crudo, que afectó sus resultados, y por consiguiente la economía nacional.
En este marco nos presenta un negocio de refinación con un desempeño operativo sobresaliente, con una carga estable de 374 mil barriles por día, siendo la Refinería de Barrancabermeja el mayor aportante con una carga de 221 Kbd.
Es por esto que nos preguntamos si los resultados de Ecopetrol y la Refinería de Barrancabermeja son sostenibles a largo plazo y cuál es el futuro del primer centro energético del país sin el Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja, que de acuerdo a lo que ha informado la Empresa, se encuentra aplazado.
¿Cuál es el impacto de haber aplazado la ejecución de este proyecto en el negocio de refinación, en Ecopetrol, en el medio ambiente, y en las gentes de Barrancabermeja y el Magdalena Medio?, son algunas de las inquietudes que nos llevan a realizar este debate y para lo cual hemos citado al Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.
¿La crisis económica que viven los barranqueños obedece a la no ejecución del PMRB?, ¿cuáles son los aportes que Ecopetrol le hace a Barrancabermeja?, y ¿cuál es el futuro de las operaciones que proyecta Ecopetrol en esta región?, nos permitirán tener un panorama más claro de las operaciones y acciones de responsabilidad corporativa de la Empresa en esta región.
Agradezco al presidente Felipe Bayón su presencia en este recinto. Estas son las preguntas que esperamos resolver en este debate.
1. ¿Cuál era el propósito y alcance del Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja?
2. ¿Por qué Ecopetrol tomó la decisión de aplazar la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja?
3. ¿Qué ha hecho Ecopetrol para mitigar el impacto de la no ejecución del PMRB, garantizar la seguridad energética del país, entregar combustibles de calidad y ser un activo rentable?
4. ¿Qué actividades ha venido adelantando Ecopetrol para mantener la vigencia de la Refinería de Barrancabermeja y cuáles son los planes y proyectos que tiene Ecopetrol para que la Refinería siga siendo un activo estratégico para el país?
5. En el marco de la estrategia de Ecopetrol para aumentar reservas, ¿cuáles son sus más importantes proyectos exploratorios y de producción en la región del Magdalena Medio y de qué manera impactarán en la vida de sus habitantes en términos de ocupaciones laborales e inversión social?
6. ¿Cuáles son los sistemas de levantamiento utilizados por Ecopetrol en la cuenca del valle medio del Magdalena y qué impactos tienen en la utilización de las fuentes hídricas de la región?
7. ¿Cuáles serían los beneficios que le aportaría al país y a la región del Magdalena Medio el desarrollo de yacimientos no convencionales?, y hasta el momento ¿en qué ha avanzado Ecopetrol?
8. ¿Cómo ha sido la participación de Ecopetrol en el desarrollo social y económico de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, en los últimos diez años?
9. ¿Cuáles son las inversiones que está proyectando Ecopetrol para fortalecer el desarrollo económico de Barrancabermeja y el Magdalena Medio?
10. ¿Cómo avanza el programa de atención ambiental en los corregimientos de La Fortuna, La Lizama y San Rafael por el evento ambiental en el pozo Lisama 158?
Proposición número 47
Asunto: Proposición. Creación Comisión Accidental de Cooperativismo y Economía Solidaria en el Congreso de la República.
1. De conformidad con los artículos 34-43 numeral 8, 53, 66 y 67 de la Ley 5ª del 92, respetuosamente solicito se sirva aprobar la creación y designación de la Comisión Accidental de Cooperativismo y Economía Solidaria en aras de promover un trabajo articulado entre las entidades públicas y privadas en beneficio del mismo sector y la comunidad. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:
· Incentivar el crecimiento y la transformación de temas correspondientes a la implementación de cooperativismo y economía solidaria.
2. La Comisión Accidental de Cooperativismo y Economía Solidaria se encargará de:
· Estudiar, analizar, formular y presentar a las comisiones y plenarias iniciativas legislativas que promuevan y garanticen temas de cooperativismo y economía solidaria.
· Promover el diálogo entre el Congreso de la República y los diferentes sectores.
· Realizar un seguimiento exclusivo a todos aquellos compromisos que adquiera el Gobierno nacional frente al cooperativismo y la economía solidaria.
· Articular todas las acciones institucionales orientadas al bienestar de la población y enfocadas a temas de cooperativismo y economía solidaria.
· Velar por el fortalecimiento de la estructura institucional y de participación del sector solidario con la comunidad.
· Desarrollar estrategias orientadas a la generación y mejores oportunidades de implementación de economía solidaria y cooperativismo del sector.
3. Los miembros de esta Comisión Accidental, serán designados por la Mesa Directiva, respetando los mandatos y ánimo de participación de los partidos, movimientos y minorías.
4. El Presidente, Vicepresidente y Secretario serán elegidos por la Mesa Directiva de la correspondiente Cámara, en consenso con los miembros llamados a hacer parte de la Comisión Accidental.
Proposición número 48
Solicito a los miembros del Senado de la República con fundamento en el artículo 264 numeral 3 de la Ley 5a de 1992, se apruebe la convocatoria a audiencia pública, a realizarse el 27 de septiembre de 2018 en Bogotá de 8 a. m. a 12 p. m. en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, para discutir sobre la efectividad misional del Icetex y la situación de sus usuarios.
Para tal efecto, invítese a los representantes de las siguientes Instituciones del orden Nacional: al Presidente del Icetex, señor Manuel Acevedo Jaramillo; a la Ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo González; al Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera; al Contralor General de la Nación, señor Carlos Felipe Córdoba Larrarte; al Procurador General de la Nación, señor Fernando Carrillo Flórez y al Superintendente Financiero, señor Jorge Castaño Gutiérrez.
Adicionalmente, extiéndase invitación a las organizaciones, asociaciones de usuarios y ciudadanos en general.
Proposición número 49
Cítese a la señora Directora del ICBF, doctora Juliana Pungiluppi Leyva, para que rinda un informe claro y detallado sobre la actual situación que en la actualidad enfrentan las madres comunitarias.
Claudia Yadira Inés Rodríguez Castellanos
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Eduardo Guevara Villabón.
Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo Guevara Villabón.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Carlos Eduardo Guevara Villabón:
Mil gracias Presidente. En virtud de que se va a hacer una reasignación de la agenda para plenaria, solicitaría formalmente que el Proyecto 139 de 2017 lo podamos tramitar, es un proyecto que hemos venido trabajando con la Vicefiscal y que va a apuntar a mejorar las condiciones sobre todo de atención inmediata frente a los delitos de violencia intrafamiliar.
Si lo pusieran de pronto para mañana, la Vicefiscal me solicitó dado que en horas de la mañana tiene un debate respectivo, podamos de pronto evacuarlo mañana en la plenaria si usted lo considera Presidente. Muchas gracias.
Será incluido señor Senador. La Senadora Ana María Castañeda nos informa que la señora se retiró, la invitamos para mañana, en la sesión de mañana con mucho gusto. Vamos a dar la palabra para las constancias que nos quedaron faltando, antes de levantar la sesión. Entonces tiene la palabra la Senadora Myriam Paredes, quien le correspondía.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Criselda Lobo Silva.
Palabras de la honorable Senadora Criselda Lobo Silva.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Criselda Lobo Silva, quien da lectura a la siguiente constancia:
Muchas gracias señor Presidente, buenas noches señoras Senadoras y señores Senadores.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paola Andrea Holguín Moreno.
Palabras de la honorable Senadora Paola Andrea Holguín Moreno.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Paola Andrea Holguín Moreno, quien da lectura a la siguiente constancia:
Gracias señor Presidente. Antes de dejar el reporte sobre la herencia de inseguridad del Gobierno Santos, simplemente quiero refrescar un poco la memoria sobre dos afirmaciones que se vienen haciendo constantemente sobre el tema de las Convivir.
La primera es, desde los años 80, incluso antes, hay reportes de actuación del paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo no es consecuencia de las Convivir, es consecuencia de la guerrilla, del accionar criminal de la guerrilla, convirtiéndose el paramilitarismo en una pesadilla igual.
Y en el tema de las Convivir siempre se habla de quien creó las Convivir, y yo no sé por qué de manera equivocada se habla de Álvaro Uribe Vélez, cuando las Convivir empezaron en la Presidencia de Ernesto Samper y a través del Decreto 356 del 94, se establecieron, siendo Presidente César Gaviria y sus Ministros de Defensa Fernando Zea y del Interior Horacio Serpa.
Por último quiero recordar que de todas las Convivir que había en el país, el único que sin tener la competencia porque era de la Superintendencia, mantuvo vigilancia, denunció y quitó personerías a Convivir que fueron irregulares en Antioquia, fue el entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez.
Frente al tema de inseguridad que nos dejó Santos, quiero resaltar varios hechos que se presentaron esta semana:
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, quien da lectura a la siguiente constancia:
Gracias Presidente. Como vocera de la bancada del Partido Conservador, quiero pedirle excusa a su señoría y a la Mesa Directiva, vamos a retirarnos porque tenemos reunión de bancada. Obviamente señor que yo quiero aprovechar el uso de la palabra para dejar una constancia, que la habíamos solicitado desde hace ochos días. De todas maneras, yo quería dar lectura a la siguiente constancia.
Fundamentalmente, después de haber escuchado a Luz Fary Palomar, una niña que estuvo en la guerrilla de las FARC y que en el programa Los Informantes, contó cómo fue objeto de violación por parte de la dirigencia de ese grupo subversivo.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Julián Gallo Cubillos.
Palabras del honorable Senador Julián Gallo Cubillos.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Julián Gallo Cubillos, quien da lectura a la siguiente constancia:
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común informa a la opinión nacional e internacional, a su militancia que realizó su segundo pleno del Consejo Nacional de los Comunes el pasado fin de semana. En desarrollo del pleno, pudimos ratificar que la firma del Acuerdo de Paz de La Habana ha desatado enormes potencialidades de transformación en Colombia.
Así mismo, pudimos ratificar en desarrollo del pleno del Consejo Nacional de los Comunes, que nos encontramos frente a un Gobierno de corte neoliberal que acaba de asumir. Rechazamos en ese sentido y ratificamos nuestro pronunciamiento como Partido de oposición, dada las medidas de reforma fiscal que se han anunciado y que se convierten en un atentado directo contra los trabajadores y en beneficio de los grandes capitales. Nos oponemos abiertamente a las políticas intervencionistas que se vienen anunciando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El pleno logró ratificar que somos un Partido Democrático que lleva una vida interna sobre la base de principios y así mismo, expresó el respaldo a su bancada parlamentaria y a las instancias nacionales creadas en el Acuerdo de La Habana como el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación de lo acordado.
Así mismo, planteó el pleno y constató, cómo nuestro Partido avanza a pasos agigantados en su proceso de construcción organizativa a lo largo y ancho del país y se trabaja por la consolidación de la unidad, sobre la base de principios de mayorías, ratificando la confianza en la Dirección Nacional.
Un partido como lo señaló el pleno, en el que nadie, nadie puede obrar por fuera de las directrices de la Dirección Nacional, ratificando que quien se aparte de estos criterios no puede esperar el apoyo incondicional del Partido. Invitamos en el pronunciamiento y en esta constancia, el llamado a que regresen a sus filas todos aquellos excombatientes que se han alejado de las filas partidarias a raíz de la incertidumbre que se vive en la implementación del acuerdo.
Rechazamos enfáticamente el uso indebido de nuestros símbolos históricos, así como la vocación de la memoria de nuestros fundadores y dirigentes, del acumulado político de nuestras luchas. El partido FARC y su militancia nada tienen que ver con ellos ni con ninguna de sus actividades. Seguimos convencidos de que el Acuerdo de La Habana es un hito histórico, y, por lo tanto, exigimos y reclamamos del Estado colombiano su cabal cumplimiento en la implementación de todo lo acordado, reafirmamos nuestro agradecimiento a la comunidad internacional que se ha constituido en un apoyo fundamental en esta fase de implementación de los acuerdos.
Trabajaremos porque las inmensas mayorías de los colombianos hagan suyos los acuerdos. Observamos con enorme preocupación y con verdadera indignación el bajo nivel de incumplimiento por parte del Estado, la reforma rural integral no se ve por ninguna parte, así como se están impulsando proyectos que en cierta medida buscan apoyar intereses de grandes empresarios en contravía de lo que fue acordado en La Habana.
Nuestro partido exige el cumplimiento de lo que tiene que ver con todo el proceso de reincorporación económica y social para los exguerrilleros. Denunciamos que 75 exguerrilleros han perdido la vida violentamente en medio de una aterradora bala de exterminio contra dirigentes sociales y populares. Así mismo, nos preocupa que al día de hoy no hayan arrancado los proyectos productivos que fueron contemplados en los acuerdos. Igualmente, llamamos la atención en la necesidad de que sean aprobadas la reforma política y la reforma electoral como parte de todo lo que fue pactado en La Habana.
Integramos, actualmente la convergencia por la paz, la vida y la democracia y nos declaramos dispuestos a seguir trabajando mancomunadamente con todos aquellos sectores que estén dispuestos a trabajar por la consolidación de la paz estable y duradera en nuestro país. Muchas gracias señor Presidente.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Manuel Meisel Vergara.
Palabras del honorable Senador Carlos Manuel Meisel Vergara.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Carlos Manuel Meisel Vergara:
Muchas gracias señor Presidente. El 5 de diciembre de 1919 se crea en Barraquilla anecdóticamente la Asociación Colombo-Alemana de Aviación, que daría origen a la que hoy se conoce como Avianca. Así mismo, fuimos en esa época, en la ciudad donde nací, pioneros en temas portuarios, en automóviles, en un sinnúmero de aspectos de la vida nacional que, por cuestiones, que no son objeto de esta constancia, perdimos en gran parte del siglo XX.
Sin embargo, para nuestra fortuna, Barranquilla ha venido recuperando ese protagonismo y está llamada a convertirse en un epicentro muy importante en el presente y en el futuro de este país. Por lo tanto, esta constancia no puede tener ningún tipo de sectorización política. yo no sé cuántos paisanos me acompañan a esta hora.
Con similitudes Toño, con grandes diferencias que hemos tenido con las últimas administraciones, incluso en mi periodo como Concejal, tenemos que hacer un reconocimiento a Barraquilla y un esfuerzo muy grande que han tenido los ciudadanos junto con las últimas administraciones, por proyectar una ciudad que hoy le muestra una cara al mundo diferente, llena de brillo, llena de porvenir, llena de ilusión en el futuro.
Por lo tanto, me veo en la obligación de pedirle a esta plenaria que me acompañe con un comunicado que rechace el nuevo horario aéreo Barranquilla-Miami que nos impuso la aerolínea Avianca, el único vuelo que tiene esta aerolínea que se originó en Barraquilla, hoy en día a partir del 28 de septiembre sale a las 3 de la mañana.
Estamos hablando que al mes 5.800 trayectos se dan en esa ruta, y Barranquilla como epicentro del TLC en Colombia, como la esquina que florece en el Caribe colombiano, no podemos ponerla a que el turismo, si se quiere, como lo quiere el doctor Duque, que sea la nueva industria de Colombia y que remplaza el petróleo, cosa que aplaudimos. La nueva disposición de Avianca no va a ese sentido. Por ende, yo quiero hacerle un llamado a las empresas aéreas para que sus horarios generen desarrollo turístico y empresarial.
Las nuevas disposiciones de Avianca, queridos Senadores, querido José Obdulio, hijo adoptivo de esa tierra, no favorece el desarrollo cultural ni turístico de nuestra ciudad, por eso les pido que me acompañen en un comunicado oficial que radiquemos en la aerolínea. Muchísimas gracias señor Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Jesús Alberto Castilla Salazar.
Palabras del honorable Senador Jesús Alberto Castilla Salazar.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Jesús Alberto Castilla Salazar:
Muchas gracias señor Presidente. En las primeras horas del pasado domingo fue asesinado en el municipio de Ocaña el Presidente del Consejo de Convención, mi tierra natal, Alirio Arenas Cárdenas, un líder campesino que había llegado a ocupar la curul en el Concejo Municipal y se había destacado por su pertenencia y la defensa del territorio. Este hecho señor Presidente, unido a otros que expresan la violencia que se está viviendo en la región del Catatumbo mantiene a esta importante zona del país en la mayor crisis humanitaria.
Yo en la pasada sesión había dejado una constancia, solicitándole al Gobierno nacional que autorice; y voy a insistir haciéndole la solicitud al señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque, para que apruebe una misión humanitaria que pueda contribuir y colaborar en la búsqueda de proteger la vida y la libertad de la población civil inocente de la región del Catatumbo.
Esa misión que le planteamos en su visita al municipio de Tibú el pasado 9 de agosto, estaría conformada por el señor Embajador de España, don Pablo Gómez de Olea, por el señor Obispo de la Diócesis de Tibú, el señor ex-Presidente de la República, el doctor Ernesto Samper, por organismos internacionales y representantes de las organizaciones sociales de la región. Yo hago este llamado con insistencia al Gobierno nacional para que por favor nos escuche en esa solicitud y podamos contribuir a resolver esta situación, esta grave crisis que vive la región.
El próximo viernes va a visitar Palacio una delegación de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz que viene directamente de la región del Catatumbo a entrevistarse con el señor Presidente, de la voz de ellos sin duda conocerá directamente el Gobierno la problemática que vive el Catatumbo.
Yo creo que es necesario y le hago esa solicitud, también respetuosa al señor Presidente, al Gobierno nacional para que se estudie la posibilidad de declarar la emergencia social en nuestra región y se pueda disponer de los recursos necesarios, para atender los problemas sociales que tiene el Catatumbo.
Nuestro sueño es vivir en paz, pero la situación que hoy se está viviendo nos tiene profundamente desesperados y creo que, si se aprueba esta misión humanitaria y la conversación con la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz apunta a la atención del Estado, a los graves problemas que tiene la región, podremos seguir soñando en que sí va a ser posible la paz en nuestra región.
Lamentar profundamente los hechos que vienen ocurriendo en Norte de Santander y esperar que el Gobierno pueda escuchar esta solicitud respetuosa que hacemos. Muchas gracias señor Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador José Obdulio Gaviria Vélez.
Palabras del honorable Senador José Obdulio Gaviria Vélez.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador José Obdulio Gaviria Vélez:
Gracias señor Presidente. Respecto a cierta constancia que se acaba de dejar acá en el recinto, en donde se menciona el tema de las Convivir, se remata diciendo que se debe investigar a 3 ex-Gobernadores del Departamento de Antioquia, que van de los periodos 1997, le entendí al año 2004, y los acusan del gravísimo delito de haber colaborado con el Gobierno nacional en la implementación de las Convivir.
En Antioquia, y yo creo que es un dicho del todo el país, 'los pájaros tirándoles a las escopetas'. Alguien que perteneció a una organización que utilizó el asesinato como sistema; les recomiendo una obra de 18 tomos publicada por las Fuerzas Armadas de Colombia y entregada a la Comisión de la Verdad en donde se narra, por ellos mismos, por el propio asesino, hora a hora, más bien minuto a minuto, segundo a segundo sus crímenes, sus asesinatos, sus secuestros, su participación en el negocio nefando de la droga, su participación en crímenes como el de los diputados del Valle de Cauca, etcétera.
Vienen a hablar aquí de su propia versión de la historia, yo creo que el gran pecado de Juan Manuel Santos, por encima de todos los demás, es el haber permitido que la historia se narrara por los asesinos vencidos. Pues he de decir lo siguiente a los televidentes, los demás aquí presentes todos los sabemos y conocimos a los personajes, o los conocemos.
Se está hablando de 3 Gobernadores que son 3 prohombres, se está hablando de que el año 2000 al terminar el milenio, los antioqueños, sus dos grandes periódicos de consuno hicieron una encuesta en la que participaron miles, centenares de miles de ciudadanos antioqueños, ¿Quién es el político de la historia de este siglo de Antioquia?, casi que unanimidad, Álvaro Uribe Vélez.
Incluso, los organizadores perplejos periódico El Colombiano y el periódico El Mundo, decidieron que se compartiera el premio, el Presidente Marco Fidel Suárez de la década del 20 del siglo XX y así se otorgó.
El doctor Alberto Builes, una personalidad del Partido Conservador lleno de méritos, un gran empresario, un creador de riqueza, un emprendedor y un hombre pro; pero miren ustedes, ¿saben quién es el Gobernador siguiente?, a quien esa organización criminal pide se le investigue post mórtem, como criminal de guerra, entre comillas, como asesino, como cómplice del paramilitarismo, pues se trata nada más ni nada menos que de Guillermo Gaviria secuestrado y asesinado por la organización ¿qué pretende que se le investigue?
Remato, señor Presidente, para los televidentes, sobre todo para los jóvenes que no están enterados de la realidad colombiana. Las Convivir merecieron la siguiente definición por parte de otro prohombre, contradictor nuestro, del Presidente Uribe y mío, amigo personal del Presidente Uribe y mío el doctor Carlos Gaviria Díaz. El doctor Carlos Gaviria Díaz, redactó la sentencia que le dio vigencia, convalidó la vigencia más bien, del decreto dictado por el Presidente Gaviria y puesto en marcha por el Presidente Samper y de su Ministro Serpa.
Dijo así respecto a las Convivir, por las cuales pretende la organización criminal que se juzgue a 3 Gobernadores prohombres que prohijaron la vigencia de ese decreto; textual, "la Corte reconoce el derecho de la comunidad para organizarse, para defenderse de la delincuencia y apoyar a las autoridades legítimas con estricta sujeción a las leyes vigentes", es decir, a las Convivir. Muchas gracias señor Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Ana María Castañeda Gómez.
Palabras de la honorable Senadora Ana María Castañeda Gómez.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Ana María Castañeda Gómez:
Gracias señor Presidente, hoy nos está acompañando la señora Olinda García, vocera de las madres comunitarias que se han declarado en huelga de hambre reclamando una pensión.
Quiero solicitarle a la honorable plenaria del Senado, declarar sesión informal, señor Presidente para escuchar por 4 minutos a la señora Olinda, creo que es importante que nosotros conozcamos esta realidad, porque esta labor que ha realizado esta madre, estas mujeres ya todas de la tercera edad no tiene precio, ha sido el cuidado de nuestros niños, de los niños de Colombia. Muchas gracias señor Presidente.
Por solicitud de la honorable Senadora Ana María Castañeda Gómez, la Presidencia pregunta a la plenaria si aprueba la sesión informal para escuchar a la señora Olga García, Vocera de las Madres Comunitarias y, cerrada su discusión esta le imparte su aprobación.
La Presidencia declara la sesión informal y ofrece el uso de la palabra a la vocera de las madres comunitarias, señora Olinda García.
Palabras de la vocera de las Madres Comunitarias, señora Olinda García.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la Vocera de las Madres Comunitarias, señora Olinda García:
Buenas noches, quiero agradecer a la Comisión de Equidad de la Mujer del Senado, también a los Senadores y Senadoras que me están escuchando.
Nuestra organización Sintracihobi, representa a las madres comunitarias a nivel nacional. Como ustedes saben llevamos más de 3 décadas trabajando con la niñez de Colombia; en este momento la Corte Constitucional no ha dado reversa a nuestro derecho que tenemos ya adquirido de una pensión digna.
Yo sí quiero decir muy claro, las madres comunitarias no fue que no quisimos pagar la pensión, fue porque no hubo políticas claras. Lo otro que quiero decir es, que yo le pido al Senado de verdad que le exija a la Corte Constitucional que respete la Constitución de nuestro país, está violentando el derecho a las madres comunitarias a tener una vejez digna, una pensión digna que nos merecemos.
Con esto quiero de verdad decirles a ustedes, las mujeres estamos enfermas después de 3 décadas de atender la niñez del país, queremos que ustedes sean conscientes de la realidad de nosotras las madres comunitarias, que le hemos dado mucho a la niñez del país, le hemos dado nuestra vivienda, nuestra salud, todo le hemos dado porque el programa ha sido una responsabilidad.
No entiendo cómo la Corte nos quita la T-480 que fue la primera que nos dieron, que pasó por el Senado, después la Corte Constitucional nos la da. Después nos da el auto 186 quitándonos la mitad, y ahora en este momento nos dicen que tenemos que pagar el 20% y el 80% nos lo da el Estado. ¿Ustedes creen que nos vamos a poder pensionar?, ¡no!, nosotros lo que exigimos es que la Corte nos dé el derecho que tenemos las madres comunitarias.
Agradezco de verdad que nos apoyen, porque nos estamos muriendo de enfermedades, de todo lo que tenga que ver, porque esto es un desgaste que hemos dado a la niñez, de verdad muchas gracias y que nos apoyen; mañana estaremos frente a la Corte Constitucional las madres comunitarias exigiendo nuestro derecho a una pensión digna. Muchas gracias.
La Presidencia pregunta a la plenaria si regresa a la sesión formal y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Milla Romero Soto.
Palabras de la honorable Senadora Milla Romero Soto.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Milla Romero Soto, quien da lectura a la siguiente constancia:
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Maritza Martínez Aristizábal.
Palabras de la honorable Senadora Maritza Martínez Aristizábal.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Maritza Martínez Aristizábal:
Gracias Presidente. Es una constancia sobre las dificultades que venimos enfrentando los llaneros con la vía Bogotá-Villavicencio, es una constancia que se llama, El pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla, porque esto que hoy nos aqueja, es la repetición de lo que desde hace 24 años y más, viene presentando esta vía tan importante para la conectividad del Llano, la Orinoquia con el resto del país.
Las dificultades que está pasando la movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio nos obliga a reflexionar sobre el futuro de esta vía de comunicación, a la cual los llaneros le hemos invertido tantos recursos vía peaje y de la cual esperamos tanto como medio de desarrollo de una región históricamente olvidada por el Gobierno nacional.
Desde el proyecto Carretera al llano 90 minutos, en la década de los 90, se deslumbró el problema crónico que tendría el desplazamiento de personas y vehículos por esta vía, a pesar de la inversión anunciada. Uno de los contratistas de la época, la firma Andrade Gutiérrez, realizó un estudio geotécnico para analizar la estabilidad de los taludes que el proyecto intervendría, y sus conclusiones, desde hace cerca de 2 décadas, son que los taludes; bueno, y estas conclusiones de Andrade Gutiérrez fueron reafirmadas por la veeduría que en ese entonces ejercía el ingeniero Orlando Barbosa, como veedor de la Cámara de Comercio.
La consultoría afirmaba que el proyecto adolecía de un estudio completo de estabilidad de taludes, generado por los cortes de la ampliación y rectificación de la vía producían. De tal manera que con esas obras, que en ese momento se proyectaban, la movilidad sin duda iba a mejorar, pero el riesgo de cierres por avalanchas y deslizamientos iba a aumentar, y el tiempo le ha dado la razón a este estudio técnico.
Es esa época, como recientemente ha ocurrido, el Ministerio de Transporte eludía su responsabilidad en ese aspecto, aduciendo que el manejo de las laderas era responsabilidad de los municipios por cuyo territorio cruzaba la vía, y de la corporación ambiental, Corporinoquia, después de 18 años de terminados esos trabajos y de 24 años de la concesión.
No es posible seguir escudándose en las pobres finanzas de los municipios de la vía, que escasamente tienen recursos para sobrevivir; se requiere que se cambie de mentalidad y estrategia, atendiendo la realidad de que solo la nación tiene la capacidad financiera de garantizarnos a los llaneros y al país la movilidad en los corredores nacionales que son su competencia, atacando la inestabilidad de las laderas y los taludes con estructura de ingeniería y programas sociales que lleven al uso adecuado del suelo en ellos.
Solo así llegará la tranquilidad de quienes viven e invierten en el llano y a quienes desean hacerlo en el futuro. De lo contrario, se nos condena a continuar padeciendo el aislamiento, a que los tramos de cielo abierto de la nueva calzada sean afectados por deslizamientos, a que las estructuras de manejo de agua sean insuficientes para los caudales que las precipitaciones ocurridas han generado con el consiguiente arrastre de material hacia la vía.
La vía al llano requiere inversiones urgentes, los llaneros no aguantamos un cierre más, la economía del Meta, Vichada, Guaviare, depende de esa vía, y está en crisis. Necesitamos medidas estructurales, necesitamos soluciones reales, el llano realmente está cansado de esta situación. Muchas gracias Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés.
Palabras del honorable Senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés:
Gracias Presidente. Quiero radicar una constancia para que sea enviada al Ministerio de Defensa, Hacienda y Cultura, con el ánimo de expresar la voluntad de unión de las diferentes fuerzas políticas, concejales, diputados, congresistas, alcaldes, empresarios, industriales y los tres gobernadores de los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, que tuvo un encuentro este fin de semana en el municipio de Socha, Boyacá; ese mismo municipio que hace 199 años tuvo el recibimiento de las tropas de Bolívar, y sus habitantes prestaron su ropa para vestir a esos soldados, que días posteriores nos dieron la libertad y la independencia en las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá.
Y quiero con esto decir que hay una unión sin distingo de partidos políticos, solo con un ánimo de tener un diálogo abierto con el Gobierno nacional y, obviamente, me compromete siendo el Senador, como con la compañera, la Senadora Amanda Rocío y los Representantes a la Cámara, para liderar un proceso junto con las diferentes autoridades para que en el año 2019 esta región del centro oriente del país sea reconocida, como estoy seguro que lo hará, porque así lo ha dicho el presidente Iván Duque, desde el acto de posesión en su discurso cuando él señala que será el Presidente del bicentenario.
Y, señor Presidente, quiero decirle que tendré que hacerle honor a mi nombre y seré un sirilí todo el 2019 para que esta región sea bien atendida, y sobre todo sea reconocida por ese gran homenaje que le tiene que hacer el país a esos municipios y departamentos que le dieron la independencia a un país, sino a una región y a un continente. Gracias Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Nicolás Pérez Vásquez.
Palabras del honorable Senador Nicolás Pérez Vásquez.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Nicolás Pérez Vásquez:
Gracias señor Presidente, primero quiero agradecer a la plenaria que de forma unánime aprobó la proposición de creación accidental de cooperativismo de economía solidaria, quiero darles algunos datos de la importancia de este sector solidario.
Hoy hay cerca de 6.300.000 asociados a cooperativas, si a eso lo relacionamos con el número de personas por familias, hoy cerca de 24 millones de personas en Colombia tiene beneficios del sector cooperativo. Hoy existen, a parte de las cooperativas de transporte, salud y vigilancia, cerca de 11 mil cooperativas, solamente están registradas en la Superintendencia 3.500. Las cooperativas hoy generan cerca de 170.000 empleos y cerca de 4 millones de personas están vinculadas a cooperativas de ahorro y crédito.
La importancia en este tema de ahorro y crédito es que hay unas líneas de crédito que son motivadas para temas sociales, que en otras partes del sector financiero no se pueden llegar con beneficios de tasas tan bajas como lo logra el sector cooperativo. Nosotros a través del sector cooperativo podemos lograr bajar esa intermediación financiera y ayudar a los ahorradores a tener unos mejores rendimientos, y las personas que se benefician de las líneas de créditos por parte del cooperativismo lograr unas tasas inferiores que el sector financiero les puede brindar.
Son cerca de 9 décadas las que ya han venido trabajándose para fortalecer este sistema cooperativo. ¿Qué buscamos con esta creación de esta Comisión Accidental?, buscamos el crecimiento, la reglamentación y la protección del sector solidario.
El viernes pasado en la ciudad de Cartagena, en el foro organizado por Confecoop, un grupo de Congresistas, conformados de Cámara y Senado, hemos creado un gran grupo de apoyo al sector solidario, una invitación al resto de las personas de Senado y Cámara que conformemos una gran bancada defensoras del sector solidario, esto está por encima de cualquier partido, aquí lo que tratamos es de buscar una alternativa adicional que basada en la solidaridad y en la ayuda mutua podamos crecer este sector cooperativo y fortalecer la economía colombiana. Recordarles que el sistema cooperativo es el vehículo de democratización más grande con el cual podemos contar hoy en el país. Señor Presidente, muchas gracias.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Alejandro Corrales Escobar.
Palabras del honorable Senador Alejandro Corrales Escobar.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Alejandro Corrales Escobar, quien da lectura a la siguiente constancia:
Para radicar una constancia en el tema de las vías terciarias de nuestro país. Vías terciarias que deberían ser la conexión entre lo rural y lo urbano, pero que hoy lastimosamente se convirtieron en la barrera entre esos dos sectores, unas vías terciarias abandonadas por el Gobierno anterior, unas vías terciarias que no permiten que las poblaciones tengan igualdad de condiciones.
Ese sector agropecuario hoy, Presidente y Senadores, tiene un gran problema de rentabilidad, porque sus costos han subido de sobremanera y ha bajado esa rentabilidad producto en parte de esas malas vías terciarias. Unas condiciones precarias en la gran mayoría del país, y están entonces haciendo perder competitividad a todo el sector agropecuario, competitividad que muchos sectores hoy no tienen, como el cafetero, pero competitividad que necesitamos darle a otros sectores como el ganadero, el sector del aguacate y el resto del sector agropecuario.
El Gobierno pasado se dedicó a motivarnos a sembrar pero no se comprometió en arreglar esas vías terciarias para sacar lo sembrado y lo producido en la zona rural. Hay un ejemplo muy claro y es el tema de los fertilizantes, nosotros tenemos una falta de competitividad frente al resto del mundo y hay sobrecostos, incluso del 40% de los fertilizantes frente a otros países, en gran parte causado por esas vías terciarias en muy mal estado. Y ese problema no es solamente del sector agropecuario, es un problema para la seguridad, para la salud, para el tema comercial, para todos los otros sectores, el turismo por ejemplo.
Por eso termino esta constancia señor Presidente, solicitándole al Gobierno nacional que tome medidas en cuanto a las vías terciarias en su mantenimiento, en su mejoramiento, porque necesitamos cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano. Muchas gracias.
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Álvaro Uribe Vélez.
Gracias señor Presidente, solidaridad con temas que afligen al país y que han sido traídos esta noche, por ejemplo, el tema de la vía al Llano, el tema cafetero, el tema de las innumerables muertes, asesinatos, secuestros, todo lo de la herencia.
Pero quiero referirme esta noche, señor Presidente, por una intervención que oí hace poco a dar unas razones de por qué se necesita que la comunidad internacional busque los caminos legales de intervención en Venezuela, como lo ha propuesto el Presidente Iván Duque. Uno compara la dimensión de la crisis europea por los refugiados que están llegando del Oriente del conflicto Siria, en un año 230.000, en Alemania se han sumado aproximadamente 390.000, le han creado al Gobierno de la señora Merkel, un problema enorme y eso ha fortalecido un partido extremadamente nacionalista, chovinista se diría en el lenguaje de la juventud, de mi generación que ha logrado debilitarla contra todo lo que sería pronosticable desde el punto de vista de la política.
A Chile han llegado aproximadamente 450.000 venezolanos, la mayoría por tierra, cruzando todo el territorio de Colombia, el de Ecuador y el de Perú, eso da la razón a quienes estiman que ya en nuestro país pueden haber un millón de hermanos venezolanos. Esto supera todas las capacidades del país, por eso el Presidente Iván Duque ha venido liderando la constitución de un fondo internacional para atender esa crisis y ojalá esos 316 millones de dólares que el anterior Gobierno comprometió para una tarea inútil de Naciones Unidas en el narcotráfico se pudieran aplicar a este problema de la crisis de los hermanos venezolanos.
Pero, el Presidente Iván Duque ha ido más allá, señor Presidente y honorables Senadores, ha tomado la decisión de retirar a Colombia de Unasur, justamente reclamando la permisividad de Unasur con la dictadura de Venezuela y ha instado a otros países a que lo hagan, como Senador aquí muchos lo acompañamos con nuestra firma para demandar la dictadura de Maduro ante la Corte Penal Internacional y como Presidente, de acuerdo con los canales diplomáticos ha anunciado seguir en esa tarea que muchos colombianos apoyamos con entusiasmo.
Además, toda esa línea de frontera sigue mostrando en Venezuela un refugio a terroristas, que no contentos con la generosidad que les ofreció Colombia, siguen en armas y siguen en su actividad de terror; entonces, uno se pregunta, impera el principio de la no intervención o hay las circunstancias fácticas, éticas y legales para la intervención en los términos propuestos por el Presidente Iván Duque. El principio de la no intervención está hoy excepcionado por instituciones jurídicas del derecho internacional, como la Carta de las Américas, la carta democrática que obliga no solamente a los países signatarios a respetar la democracia en su interior, sino a exigir que los otros países las cumplan, lo que obliga a los países de la OEA signatario de la carta democrática a exigir que los otros signatarios también cumplan con las obligaciones democráticas.
Además, los acuerdos de Naciones Unidas dicen muy claramente que en estas circunstancias en la que está la dictadura de Venezuela, causa eficaz de ese éxodo, esa dictadura pierde toda la legitimidad y obliga a los Estados a tomar las medidas para superar esa calamitosa situación. Por eso, quería decir que ojalá la intervención en los términos propuestos por el Presidente Iván Duque, avancen, se pare esa tragedia de Venezuela, se supere esa dictadura y la hermana nación empiece a recuperarse.
Quería dejar en claro en nombre de esta bancada que para nosotros ante estas circunstancias, el principio de la no intervención es una excusa inaceptable, porque hoy prevalecen las obligaciones de todos frente a todos, de acuerdo a la Carta democrática y con las Naciones Unidas. Gracias señor Presidente.
En el transcurso de la sesión los honorables Senadores Daira de Jesús Galvis Méndez, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos, radican por Secretaría las siguientes constancias.
Siendo las 8:01 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el próximo miércoles 5 de septiembre de 2018, a las 3:00 p. m.
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA.
La Segunda Vicepresidente,
ANGÉLICA LISBETH LOZANO CORREA.

References: artículo 32
 artículo 167
 artículo 166
 artículo 2

Artículo 1
 artículo 96

Artículo 2
 artículo 142

Artículo 142

Artículo 3
 artículo 367
 artículo 367
 artículo 365
 artículo 96

Artículo 2
 artículo 13
 artículo 96
 artículo 142
 artículo 4
 artículo 56
 artículo 96
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 367
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 90
 artículo 142
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 142
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 6
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 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
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 artículo 6
 artículo 264