Source: http://www.dt.gob.cl/m/1620/w3-article-110844.html
Timestamp: 2018-01-21 18:34:18+00:00

Document:
Referencias Legales / dl 3.476, 1980
Referencias Legales / ley 19.828
Grupo Materia / Empresa vinculada a Órgano de la Administración del Estado
Descriptores / Empresa vinculada a Órgano de la Administración del Estado
negociación colectiva, empresa vinculada órgano administración estado, efectos, organización sindical, constitución, fuero, modalidad contratación,
Atiende presentación sobre consultas relacionadas a constitución de organización sindical en institución de carácter privado, que se financia con presupuesto fiscal.
S/K. (1983) 2016
ORD.:6014/
MAT.: Negociación Colectiva; Empresa vinculada a Órgano de la Administración del Estado; Efectos; Organización sindical; Constitución; Fuero; Modalidad de contratación;
RORD.: Atiende presentación sobre consultas relacionadas a constitución de organización sindical en institución de carácter privado, que se financia con presupuesto fiscal.
ANT.: 1) Instrucciones Jefa Unidad de Dictámenes, de fecha 15.11.2016.
2) Pase N°1227, de 22.08.16, del Jefe de Gabinete del Sr. Director del Trabajo.
3) Correo electrónico, de 11.08.2016, de Encargada Unidad de Servicios Sociales, División de Gestión y Coordinación Territorial, Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA.
A : SRA. GLADYS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES, DIVISIÓN DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
Mediante presentación singularizada en el antecedente, se ha solicitado un pronunciamiento jurídico a esta Dirección, relacionado a informar diversas materias referidas al tipo de contrato de trabajo aplicable al caso específico; constitución de organización sindical en institución de carácter privado, que se financia con presupuesto fiscal; posibilidad de negociar colectivamente en dicha situación, y desvinculación de dirigente sindical, sujeto a fuero laboral, entre otras.
Agrega el ocurrente que "tiene convenios por dos años con instituciones sin fines de lucro para la atención de personas mayores vulnerables y dependientes en hogares. Se entrega un monto fijo y depende del presupuesto de la nación".
Lo anterior, en el contexto de una consulta efectuada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, servicio público descentralizado, creado por ley N°19.828, de 2002, que de conformidad al inciso sexto del artículo 7° expresa:
"Sin perjuicio de la concursabilidad de los recursos del Fondo Nacional del Adulto Mayor, cuando se trate de actividades permanentes de mantención, apoyo y promoción de adultos mayores indigentes abandonados, desarrolladas por instituciones públicas, entre ellas las municipalidades, o privadas, sin fines de lucro, que dispongan de la infraestructura y personal necesario para el adecuado cumplimiento de dichas actividades o funciones, tales instituciones podrán ser objeto de financiamiento directo por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con cargo a recursos consultados en el Fondo Nacional del Adulto Mayor, a través de convenios entre dicho Servicio y la institución beneficiaria. En ningún caso con estos convenios se podrá comprometer anualmente más de un tercio de los recursos del Fondo asignados a las regiones. Los convenios durarán hasta dos años, pudiendo renovarse".
1.- A su primera consulta, esto es, ¿cuál es el tipo de contrato que correspondería?, se debe indicar:
Señalado lo anterior, la facultad de determinar el tipo de contrato de trabajo aplicable al caso concreto, corresponde a una decisión del empleador, que debe sujetarse a los elementos objetivos de la prestación de servicios efectuada por el trabajador, y que la legislación laboral reconoce como parte integrante de la facultad de dirigir, organizar y administrar su propia empresa.
En efecto, los incisos primero y tercero del artículo 3° expresan:
Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada".
No obstante lo anterior, en el ámbito de competencia de esta Dirección, y con el objeto de informar y colaborar con la función pública, en términos generales, se debe indicar que los tipos de contrato de trabajo reconocidos en nuestro ordenamiento laboral común, según su duración, son aquellos de extensión indefinida, a plazo fijo y por obra o faena determinada.
La jurisprudencia administrativa de este Servicio, contenida en el dictamen N° 2389/100, de 08.06.2004, prescribe "sobre la base de todo lo expuesto podemos definir el contrato por obra o faena como aquella convención en virtud de la cual el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquella.
No resultaría tampoco jurídicamente procedente la contratación sucesiva por obra o faena, si la labor ejecutada primitivamente por el trabajador no ha finalizado y continúa siendo desarrollada por la empresa hasta su total finalización, como sucedería, por ejemplo, si éste hubiere sido contratado primeramente para la construcción de 10 kms. de un camino que abarca un total de 100 kms., siendo finiquitado y recontratado posteriormente para la construcción de otros 10 y así, sucesivamente.
Distinta es la situación si una vez finalizada la obra para la cual fue contratado el dependiente y finiquitada la relación laboral respectiva, éste es nuevamente contratado por el mismo empleador para una faena distinta dentro de aquella en que se desempeñó o en otra obra que éste ejecute".
En consecuencia, sobre la base de las consideraciones formuladas, disposiciones legales citadas y jurisprudencia administrativa invocada, cumplo con informar a Ud. que no corresponde efectuar a este Servicio una determinación específica del tipo de contrato de trabajo que correspondería celebrar entre los trabajadores y las entidades participantes de convenios celebrados para la operación de residencias de adulto mayor, cuyo financiamiento se efectúa a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, por cuanto, la facultad de dirección de la empresa corresponde al empleador, las que no pueden ser renunciadas ni traspasadas a la Dirección del Trabajo.
2.- Con relación a la segunda consulta de su presentación, esto es, "¿pueden los trabajadores conformar sindicato aún siendo instituciones cuyo presupuesto es 80% estatal?".
Al respecto se debe indicar que el artículo 19, N° 19 de la Constitución Política de la República, expresa:
El derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.
Por su parte, el artículo 214 del Código del Trabajo, en sus incisos segundo y tercero, prescribe:
Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse su desafiliación".
De este modo, a la luz de las disposiciones legales citadas, en la especie, los trabajadores afiliados al Sindicato de Empresa O.N.G. Vitalize, R.S.U N° 0805.0611 que se constituyeron el 04 de diciembre de 2015, han ejercido su derecho a sindicalización previsto por el legislador, toda vez que tanto la norma constitucional como la legal, citadas, no hacen ninguna clase de discriminación, para los efectos de ejercer este derecho colectivo-, relativo a el tipo de vínculo contractual que tiene el empleador de aquellos trabajadores, con un Servicio Público.
En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo con informar a Ud. que no existe impedimento legal para que los trabajadores afiliados al Sindicato de Empresa O.N.G. Vitalize, R.S.U. N°08050611, constituyan una organización sindical, independientemente de la relación contractual existente entre su empleador y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
3.- Con relación a la tercera consulta de su presentación, esto es, "¿puede haber negociación colectiva si el presupuesto que entrega el Estado es restringido y no se puede incrementar?", cumplo con informar a Ud. lo siguiente:
Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá lugar, sin embargo, respecto de los establecimientos educacionales particulares subvencionados en conformidad al Decreto Ley Nº3.476, de 1980, y sus modificaciones, ni a los establecimientos educacionales técnico-profesional administrados por Corporaciones Privadas conforme al Decreto Ley Nº3.166, de 1980".
Por su parte, la doctrina del Servicio, a través del Ordinario N° 3356/050, de 01.09.2014 precisó, en lo que interesa, "el citado precepto precisa igualmente cuáles son las empresas e instituciones marginadas de la negociación colectiva, a saber:
Ahora bien, en lo que concierne al sentido y alcance que debe darse al precepto recién citado, para los efectos de su aplicación por la autoridad administrativa en materia laboral, específicamente en cuanto a que la prohibición de negociar allí establecida recae en las empresas o instituciones públicas o privadas «…cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiadas en más del 50% por el Estado, directamente…» debe tenerse presente que, tratándose de una norma de excepción como la analizada, esta debe aplicarse en forma restrictiva, vale decir, circunscrita específicamente a la situación regulada por el legislador, con el objeto de no afectar la garantía contenida en el artículo 19 Nº16 de la Constitución Política de la República, a través de la cual se otorga a la negociación colectiva el rango de derecho fundamental.
Atendiendo a las argumentaciones formuladas, es posible sostener que por la expresión «…cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiadas en más del 50% por el Estado, directamente…» utilizada por el legislador en la norma en comento, debe entenderse que tal prohibición solo rige cuando los aportes respectivos hubieren sido entregados a las empresas o instituciones de que se trata a título gratuito por el Estado, en razón de haberse acogido dichas entidades a un régimen legal o convencional previsto para tal efecto, sin que pese sobre estas, por ende, la obligación de efectuar contraprestación alguna en compensación por tal provisión de fondos.
Por el contrario, no constituirá financiamiento directo del Estado, en los términos previstos en el precepto en estudio, el desembolso de fondos públicos transferidos a las referidas entidades con la finalidad de obtener de estas una prestación recíproca en bienes o servicios, circunstancia que deberá determinarse por este Servicio en la investigación que corresponda efectuar a la Inspección del Trabajo respectiva en forma previa a resolver sobre la materia, en la oportunidad precisada en párrafos precedentes".
Señalado lo anterior, la prohibición legal para negociar colectivamente, debe interpretarse restrictivamente, esto es, solo para el caso previsto por el legislador, sin que corresponda al intérprete, extender aquella más allá de los supuestos establecidos en la propia norma.
De esta manera, la Organización No Gubernamental de Desarrollo Vitalize, no se encuentra en ninguna de las hipótesis contenidas en la norma indicada en el artículo 304 del Código del Trabajo.
En efecto, consta en el sistema informático SIRELA, que el Sindicato de Empresa O.N.G. VItalize, registra una negociación colectiva con su empleador finalizada en mayo del año 2016.
Por último, al tenor de lo señalado y la consulta formulada, en los términos contenidos en el presente pronunciamiento, no existe prohibición para negociar colectivamente por parte de empresas o instituciones privadas, cuyo presupuesto se financia en cualquiera de los dos últimos años calendario, en más de un 50% por el Estado, -independientemente que aquel sea "restringido y no se puede incrementar"-, cuando, como en el caso indicado, existe una contraprestación de servicios efectuada por la empresa.
En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo con informar a Ud. que no existe impedimento legal para que los trabajadores afiliados al Sindicato de Empresa O.N.G. Vitalize, R.S.U. N° 08050611, negocien colectivamente con su empleador, independientemente de la relación contractual existente entre aquel y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
4 y 5.- Al tenor de su cuarta y quinta consulta, esto es, ¿qué se hace (finiquito o contratación) cuando existe prórroga de dos años del convenio?; y ¿Cómo se acota que el trabajador es sólo para el proyecto que se realiza en determinado ELEAM?, aunque la ONG tenga otras dependencias y con otros convenios?
Al respecto se debe indicar que esta respuesta tiene relación con lo ya indicado en la primera consulta, haciendo presente además, que la razón jurídica que vincula a una empresa en particular con un Órgano de la Administración del Estado, no puede alterar la relación laboral existente entre aquella y sus trabajadores.
Señalado lo anterior, corresponde al empleador, a través de su facultad de administración y dirección, determinar el tipo de contrato de trabajo que vinculará a las partes, decisión que dependerá de distintos factores, a su haber, la naturaleza propia del servicio contratado, el tiempo de duración de aquel, la posibilidad de diversificar los servicios, la especialidad y calificación pertinente requerida en el caso concreto, entre otros, hechos que solo corresponde ponderar al empleador.
Ahora bien, el artículo 159 N° 4, prescribe:
El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo".
De esta manera, si el empleador opta por un contrato a plazo fijo, deberá establecer un período de vigencia que haya sido previamente fijado por los contratantes, conociendo por tanto éstos, de antemano, la oportunidad en que su producirá la extinción de la respectiva relación laboral, que no podrá exceder de un año, salvo en el caso de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en cuyo caso no podrá exceder de dos años.
En consecuencia, sobre la base de lo señalado, la respuesta al punto indicado, es la analizada en el cuerpo del presente informe.
6.- Finalmente, a su consulta ¿en caso de dirigentes del sindicato que tienen fuero, cómo se les desvincula?, y otras preguntas relacionadas a la misma materia, cúmpleme informar a ud. lo siguiente:
Sobre el particular, la doctrina de este Servicio, contenida, entre otros, en el Ordinario N°1746/031, de 27.04. 2006 señala "del análisis conjunto de las normas legales transcritas precedentemente es posible inferir que el dirigente sindical goza del beneficio del fuero desde la fecha misma de su elección y hasta seis meses después de expirado su mandato y que, durante esta época, para que el empleador ponga término a su contrato de trabajo debe contar con autorización previa de juez competente, fundado en las razones que en la propia ley se consignan.
De esta forma, el empleador sólo podrá poner término a la relación laboral de sus dependientes aforados previa autorización judicial y únicamente invocando algunas de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160 del Código del Trabajo, entre las cuales, no aparece incluida la denominada necesidades de la empresa, establecimiento o servicio".
De este modo, por las razones expuestas en el cuerpo del presente ordinario, resulta lícito colegir que el hecho que un trabajador se encuentre afecto a fuero sindical, en los términos previstos en el inciso 1º del artículo 243 del Código del Trabajo, se traduce en la imposibilidad para el empleador de poner término a sus contratos, salvo previa autorización judicial, la que sólo podrá otorgarse si la causal invocada es el vencimiento del plazo convenido para la duración del contrato o la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato o alguna de las causales previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo.
1) No corresponde efectuar a este Servicio una determinación específica del tipo de contrato de trabajo que correspondería celebrar entre los trabajadores y las entidades participantes de convenios celebrados para la operación de residencias de adulto mayor, cuyo financiamiento se efectúa a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, por cuanto, la facultad de dirección de la empresa corresponde al empleador, las que no pueden ser renunciadas ni traspasadas a la Dirección del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio del análisis efectuado en el presente informe.
2) No existe impedimento legal para que los trabajadores afiliados al Sindicato de Empresa O.N.G. Vitalize, R.S.U. N°08050611, constituyan una organización sindical, independientemente de la relación contractual existente entre su empleador y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
3) No existe, por las razones expuestas en el presente informe, impedimento legal para que los trabajadores afiliados al Sindicato de Empresa O.N.G. Vitalize, R.S.U. N° 08050611, negocien colectivamente con su empleador, independientemente de la relación contractual existente entre aquel y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
4) El hecho que un trabajador se encuentre afecto a fuero sindical se traduce en la imposibilidad para el empleador de poner término a sus contratos de trabajo, salvo previa autorización judicial, la que sólo podrá otorgarse si la causal invocada es el vencimiento del plazo convenido para la duración del contrato o la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato o alguna de las causales previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo.

References: in fine
 artículo 7
in fine
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 214
 artículo 19
 artículo 304
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 160
 artículo 243
 artículo 160
 artículo 160