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Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana. TÍTULO I. De la actuación pública en materia de ordenación sectorial y de la propiedad agraria (Vigente hasta el 01 de Enero de 2008).
Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana (Vigente hasta el 01 de Enero de 2008).
Publicado en DOCV núm. 4396 de 11 de Diciembre de 2002 y BOE núm. 9 de 10 de Enero de 2003
Vigencia desde 12 de Diciembre de 2002. Esta revisión vigente desde 12 de Diciembre de 2002 hasta 01 de Enero de 2008
De la actuación pública en materia de ordenación sectorial y de la propiedad agraria
Artículo 7 Fines de la actuación pública
El Consell de la Generalitat, en aplicación de la función social como criterio de eficacia delimitadora del contenido de la propiedad agraria y de su actividad por razones de interés social y general, dirigirá su actuación pública a la consecución de los fines y principios previstos en la presente ley, y para ello empleará los necesarios instrumentos y medidas de intervención pública.
Criterios de ordenación sectorial del suelo no urbanizable
Artículo 8 Directrices de coordinación
Establecidas, mediante orden de la conselleria competente en materia de agricultura, las correspondientes directrices de coordinación en materia de ordenación sectorial del suelo no urbanizable y funciones conexas de interés de la Comunidad Valenciana, los municipios y demás entidades locales, sin perjuicio de la facultad de la administración autonómica para recabar y obtener la información precisa que considere necesaria y ejecutar cuantas comprobaciones estime pertinentes, deberán informar a la conselleria competente en materia de agricultura de los actos y acuerdos celebrados cuyo tenor o alcance desarrolle, ejecute o se refiera al contenido de los criterios, reglas y procedimientos técnicos previstos en las respectivas directrices.
Del suelo no urbanizable de especial protección por razón de sus valores agrarios y de preservación del medio rural
1. La clasificación de terrenos como suelo no urbanizable de especial protección por razón de sus valores agrarios y de preservación del medio rural tendrá por finalidad la promoción del espacio rural como elemento del territorio comunitario y, en particular, la defensa del destino, usos y funciones propias del suelo de interés agrario.
2. Podrán tener la condición de suelo no urbanizable de especial protección regulado en esta ley los terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar en atención a los fines a los que se ha hecho referencia en el número anterior, en función de su valor agrícola, ganadero o forestal.
Artículo 10 Régimen
En el suelo de especial protección por razón de sus valores agrarios no estarán permitidas las actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza y destino o infrinjan el concreto régimen limitativo establecido al efecto.
En todo caso, conforme a su carácter excepcional, para la autorización de obras y edificaciones se estará a las medidas y procedimientos dispuestos en la legislación sobre suelo de especial protección, exigiéndose una específica valoración de su impacto y necesaria compatibilidad con los valores agrarios inherentes a la ordenación del espacio rural en donde se proyecte la referida actuación urbanística.
Del informe de obras, usos, instalaciones y aprovechamientos en suelo no urbanizable de especial protección por razón de sus valores agrarios y de preservación del medio rural
Artículo 11 Informe previo. Delimitación
1. De acuerdo con los fines de la presente ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa urbanística o de protección vigente, con carácter previo a la autorización del órgano competente, será preceptivo el informe favorable por parte de la consellería competente en materia de agricultura, respecto de todas aquellas obras, usos, instalaciones y aprovechamientos cuyas realizaciones incidan en suelo no urbanizable de especial protección por razón de sus valores agrarios y de preservación del medio rural.
2. En todo caso, quedan comprendidos en dicha calificación los siguientes terrenos:
a) Todos aquellos que hayan sido objeto de reparcelación como consecuencia del correspondiente procedimiento de concentración parcelaria.
b) Los terrenos sobre los que se realicen las obras clasificadas de interés general de la Comunidad Valenciana en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos y demás infraestructuras agrarias previstas en la presente ley, en tanto no transcurran 10 años desde la completa finalización de dichas obras.
c) Todos aquellos terrenos que hayan sido objeto de concentración o agrupación de explotaciones al amparo de los procedimientos establecidos en el título III de la presente ley, en tanto no transcurran 10 años desde la efectiva concentración o agrupación de las explotaciones.
d) Los terrenos, ya sean de titularidad de la Generalitat o de entidades colaboradoras, cuyos usos y aprovechamientos queden sujetos a los respectivos programas experimentales sobre investigación y desarrollo agrario, mientras dure el desarrollo de dichos programas experimentales.
3. En orden a la calificación del suelo no urbanizable de especial protección por razón de la preservación del medio rural, se estará a la delimitación sectorial que determine la futura ley de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana.
4. El informe será evacuado en un plazo máximo de dos meses desde que se solicite por el órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el informe, éste se entenderá favorable. En todo caso, durante el plazo establecido para la emisión del preceptivo informe quedarán suspendidos cualesquiera plazos previstos en la normativa vigente para resolver el procedimiento de autorización de la actuación de que se trate.
Artículo 12 Excepciones
1. El informe previsto en el artículo anterior no será preceptivo en los siguientes supuestos:
a) Para los municipios que tengan atribuida o delegada la competencia para el otorgamiento de la correspondiente autorización, siempre y cuando sus respectivos instrumentos de ordenación del suelo no urbanizable contengan una delimitación suficiente acerca del suelo que se considere necesario preservar en razón de sus valores agrarios y de las medidas de ordenación básica en punto al equilibrio y conservación del medio rural.
b) Para las actividades sujetas a previa declaración de su interés comunitario, si bien los pertinentes estudios de localización e impacto territorial también ponderarán específicamente la posible incidencia de la actividad en la preservación de los valores agrarios y del medio rural de la zona objeto de actuación.
c) Para las obras e instalaciones requeridas por las estructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos no urbanizables de especial protección según su destino, uso o aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal, siempre y cuando el proyecto técnico incorpore la específica evaluación del impacto prevista en el apartado anterior.
2. Sin perjuicio del carácter no preceptivo del informe en los supuestos señalados anteriormente, y con base a una mayor eficacia del principio de colaboración interadministrativa, las administraciones públicas que promuevan o autoricen las obras, servicios y actividades comprendidas en el ámbito de las excepciones contempladas deberán informar a la conselleria competente en materia de agricultura, cuando de la naturaleza de las mismas se derive una clara incidencia sobre los valores agrarios y la ordenación del medio rural de la zona objeto de actuación.
Artículo 13 Delegación de la competencia para emitir informe
1. La conselleria competente en materia de agricultura delegará la competencia para emitir el informe referido en los artículos anteriores en aquellos ayuntamientos que lo soliciten y acrediten cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener en vigor instrumentos de ordenación del suelo no urbanizable que ofrezcan una delimitación y protección suficiente del suelo de interés agrario ya en su calificación de suelo de especial protección, o bien en su delimitación de suelo no urbanizable de protección genérica.
b) Disponer de personal propio con formación agronómica universitaria para evaluar los valores agrarios que deban ser tenidos en cuenta para la emisión del informe.
2. A los efectos del párrafo anterior se entienden por instrumentos de planeamiento que ofrecen una delimitación y protección suficiente aquellos que reúnan las siguientes previsiones y requisitos:
a) Concreción de los valores agrarios que, dentro del marco general recogido en esta ley, se vayan a proteger en las distintas calificaciones del suelo no urbanizable.
b) La calificación del suelo de interés agrario con una delimitación territorial precisa del mismo y con mención de las distintas normativas e instrumentos sectoriales protectores eventualmente concurrentes.
c) La previsión de un régimen de protección igual o superior al que directamente pueda deducirse de la legislación urbanística y sectorial aplicable, así como de los instrumentos autonómicos de desarrollo, indicando con precisión, cuando menos, los usos incompatibles, los compatibles en supuestos excepcionales y los usos compatibles fomentados.
3. Si un ayuntamiento desistiera en sus funciones, la consellería revocaría la delegación.
1. La conselleria competente en materia de agricultura y, en su caso, los ayuntamientos con delegación para la realización de los informes preceptivos, junto a las valoraciones específicas derivadas de la naturaleza y alcance de los supuestos descritos, así como de las indicaciones y medidas protectoras delimitadas en el correspondiente plan o proyecto técnico que justifique su realización, tendrá en consideración los siguientes criterios de valoración:
a) Su conformidad con los principios, reglas y directrices que estructuren la ordenación del suelo de interés agrario y del espacio rural en el territorio de la comunidad, y, en su caso, su conformidad con las determinaciones del planeamiento, las alternativas de situación y las condiciones o medidas correctoras de sus efectos.
b) Su adecuación a los valores, usos y funciones propias del suelo rústico productivo.
c) Su compatibilidad con la conservación del medio rural y la promoción de su entorno.
2. El informe será en todo caso suficientemente motivado.
Del informe de obras, usos, instalaciones y aprovechamientos en suelo no urbanizable de protección genérica
Artículo 15 Supuestos
1. En suelo no urbanizable de protección genérica por causa de sus valores agrícolas, ganaderos o forestales, en idénticos términos a los establecidos en los artículos precedentes, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa urbanística o de protección vigente, con carácter previo a la autorización del órgano competente, será preceptivo el informe favorable de la conselleria competente en materia de agricultura en relación con las construcciones, instalaciones y viviendas que puedan permitirse conforme a la legislación urbanística y sectorial aplicable.
2. No obstante, y con base a una mayor eficacia del principio de colaboración interadministrativa, las administraciones públicas que promuevan o autoricen obras, usos, instalaciones y aprovechamientos no comprendidos en el apartado anterior deberán informar a la conselleria competente en materia de agricultura de los aspectos básicos del plan o proyecto técnico que justifique su realización, cuando de la naturaleza de las mismas se derive una clara incidencia sobre los valores agrarios o de preservación del medio rural que presente la zona objeto de actuación.
De las medidas de intervención pública de la concentración parcelaria
Artículo 16 Principios y fines
1. La concentración parcelaria, con base a la declaración de la razón de utilidad pública o interés social justificativa de la intervención, podrá llevarse a cabo en atención a los siguientes fines:
a) La consecución de explotaciones agrarias viables en las zonas de actuación en donde el parcelamiento de la propiedad rústica revista caracteres de acusada gravedad o carencia de las infraestructuras necesarias.
b) La ordenación de aquellas zonas, principalmente de regadío, que requieran una reestructuración en orden a la consolidación y modernización de los regadíos existentes.
c) La ejecución de obras públicas consideradas de interés de la Comunidad Valenciana.
d) Cualesquiera otras declaradas de interés social para las zonas de actuación, conforme a los principios y directrices contemplados en la presente ley.
2. El procedimiento de concentración parcelaria puede iniciarse a petición de la mayoría de los propietarios de la zona, o bien de un mínimo cualquiera de ellos a quienes pertenezcan más de las tres cuartas partes de la superficie concentrada, y en todo caso cuando lo soliciten los propietarios que representen el 50% de la superficie a concentrar, siempre y cuando se comprometan a realizar la explotación en común. La concentración parcelaria se acordará por decreto, previo estudio de viabilidad, y a propuesta de la conselleria competente en materia de agricultura.
3. Acordada la realización de la concentración parcelaria, ésta será obligatoria para todos los propietarios de las fincas afectadas, así como para los titulares de derechos reales o de explotación existentes sobre ellas.
4. La administración de la Generalitat realizará los trabajos y estudios técnicos necesarios para la concentración parcelaria. Del mismo modo, sufragará los gastos, honorarios y aranceles que se devenguen por los trabajos realizados por los notarios y registradores que intervengan en el procedimiento de concentración. Respecto de las demás ayudas y beneficios fiscales se estará a lo dispuesto en la presente ley y en la legislación sectorial pertinente.
La concentración parcelaria tendrá como primordial finalidad la constitución de explotaciones de estructura adecuada que permitan su viabilidad, a cuyo efecto y realizando las compensaciones entre clases de tierras que resulten necesarias se procurará:
a) Adjudicar a cada propietario, en coto redondo o en el menor número posible de fincas de reemplazo, una superficie cuyo valor, según las bases de la concentración, sea igual al que en las mismas hubiera sido asignado a las parcelas que anteriormente poseía.
b) Adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación, aunque pertenezcan a distintos propietarios.
c) Fomentar la constitución de explotaciones agrarias de dimensiones adecuadas de acuerdo con las características y posibilidades de la zona objeto de concentración.
d) Emplazar las nuevas fincas de forma que pueda ser atendida de mejor modo la explotación desde el lugar en que radique la casa de labor, o la vivienda del interesado, o su finca más importante.
e) Dar a las nuevas fincas acceso directo a las vías de comunicación, para lo que se modificarán o crearán los caminos precisos.
f) Reordenar la estructura de la propiedad y de las explotaciones resultantes conforme a los criterios técnicos que sean precisos para la consolidación y modernización de los regadíos existentes y la mejora de las condiciones necesarias para la mecanización agrícola.
g) Integrar la concentración en el entorno de manera que subsista la presencia de elementos propios del paisaje.
Procedimiento de concentración Normas generales
La tramitación del procedimiento de concentración parcelaria se realizará de conformidad con lo establecido en la legislación sectorial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 19 Promoción del asociacionismo
Cuando al solicitar la concentración parcelaria de una zona alguno de los propietarios o titulares del derecho de explotación justifiquen razonadamente, ante el Órgano competente en materia de concentración parcelaria, su propósito de constituir asociaciones de carácter cooperativo u otro modelo de asociación que reporte ventajas para la gestión o cultivo común, éste tendrá en cuenta tal circunstancia al proponer el orden de prioridad de las distintas zonas objeto de sus programas de actuación.
Artículo 20 Agrupación de parcelas y gestión común de las explotaciones agrarias
1. Con el fin de constituir explotaciones agrarias de dimensiones adecuadas, y según las condiciones y características de la zona a concentrar, el órgano competente en materia de concentración promoverá, desde la publicación del decreto del gobierno de concentración parcelaria hasta la firmeza de las bases, la agrupación de parcelas y su respectiva gestión en común de los cultivos tendentes a la consecución de explotaciones agrarias con una superficie idónea que posibilite su futura viabilidad.
2. Dicho procedimiento de agrupación se realizará de acuerdo con los objetivos, medidas y ayudas previstas en la presente ley.
Artículo 21 Explotaciones marginales
Previamente a la fijación de las bases de la concentración parcelaria, y con el fin de aumentar el tamaño de las explotaciones resultantes, y sin perjuicio de la legislación estatal aplicable a la materia, los propietarios de explotaciones marginales, cuya dimensión se fijará en el correspondiente decreto del gobierno, con carácter voluntario y si así lo estimaren oportuno, podrán asociarse para alcanzar una superficie igual o superior a la fijada o vender su explotación a los titulares de otras parcelas integradas en el proceso de concentración, en cuyo caso podrán acogerse a los incentivos económicos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 22 Conservación del medio natural y declaración de impacto ambiental
Redactado el proyecto de obras y mejoras territoriales se dará comunicación o traslado del proyecto de concentración a la conselleria competente en materia de medio ambiente a los efectos de la correspondiente evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la legislación sobre medidas medioambientales.
Artículo 23 Planeamiento urbanístico de la zona
2. La corporación local, que bajo su ámbito de decisión acuerde iniciar modificaciones urbanísticas no previstas en los trabajos y acuerdos para la fijación de las oportunas bases, será responsable de los perjuicios derivados en la tramitación de la concentración proyectada, salvo autorización expresa de la conselleria competente en materia de agricultura.
Artículo 24 Ocupaciones temporales
La aprobación del decreto del gobierno declarando de utilidad pública la concentración parcelaria de una determinada zona atribuirá a la Generalitat la facultad de ocupar temporalmente cualquier terreno de la misma que sea preciso para dotar a las nuevas fincas de la adecuada red de caminos o para realizar trabajos relacionados con la concentración.
Artículo 25 Fincas de desconocidos
1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyos dueños no fuesen conocidos durante el período normal de investigación se incluirán en el acta de reorganización, haciéndose constar dicha circunstancia y reflejando, en su caso, las situaciones posesorias existentes.
2. El órgano competente de la Generalitat procederá, conforme a la legislación vigente, a solicitar de la administración general del Estado la oportuna cesión de dichas fincas.
3. Entretanto, y sin que conste oposición o denegación del órgano estatal competente, la Generalitat quedará facultada para el aprovechamiento directo de las citadas fincas, siempre que su uso o destino sea congruente con la concentración efectuada.
4. Transcurridos cinco años, la conselleria competente en materia de agricultura destinará las citadas fincas en orden a la consecución de los siguientes fines:
a) La realización de obras de recuperación o conservación del medio rural y de su entorno.
d) Su disposición para fines de interés social. Sección tercera De los procedimientos especiales de concentración
De los procedimientos especiales de concentración
Artículo 26 Concentración de base asociativa
1. Cuando al solicitar la concentración parcelaria de una zona, alguno de los propietarios o titulares de derechos de explotación justifiquen razonadamente ante el órgano competente su proyecto de constituir una explotación agraria de carácter asociativo, ya para el cultivo en común, o bien para el desarrollo de actividades de diversificación agraria, dicha circunstancia se tendrá en cuenta al proponer el orden de prioridad en la adjudicación y delimitación de los lotes de reemplazo.
2. Constituida la explotación agraria de carácter asociativo antes de la firmeza de las bases de la concentración, de acuerdo con los requisitos y garantías previstos en la legislación sectorial, el acta de reorganización de la propiedad reflejará la adjudicación directa de los lotes de reemplazo pertinentes a favor de la asociación legalmente constituida.
3. Los participantes en la concentración parcelaria de base asociativa podrán beneficiarse de las medidas de fomento contempladas en el título III de la presente ley.

References: Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26