Source: http://espanito.com/informe-no-11111.html
Timestamp: 2019-05-25 11:10:31+00:00

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Informe no. 111/11
PETICIONES 240-00 Y 4582-02
JOSÉ FÉLIX ARCE APAZA Y LUIS ENRIQUE QUISPE VEGA
El presente informe se refiere a dos peticiones interpuestas a favor de José Félix Arce Apaza (P 240-00)1 y Luis Enrique Quispe Vega (P 4582-02)2 [en adelante también “las presuntas víctimas”], en las cuales se alega la violación por parte de la República del Perú (en adelante también “Perú”, “el Estado” o “el Estado peruano”) de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En las peticiones se alega que las presuntas víctimas fueron detenidas y condenadas a raíz de decretos leyes en materia de terrorismo, adoptados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se afirma que esos decretos, así como los procesos penales de ellos derivados, son contrarios a una serie de disposiciones de la Convención Americana. Se indica que las presuntas víctimas fueron condenadas con base en evidencias fabricadas por la Policía Nacional del Perú, declaraciones de testigos y manifestaciones de co-imputados realizadas sin las garantías de un debido proceso.
El Estado sostuvo que los procesos seguidos a las presuntas víctimas fueron tramitados de conformidad con las normas preestablecidas en la legislación interna y que aquellas fueron condenadas por tribunales imparciales y competentes, con estricto apego a las garantías de un debido proceso. Manifestó que a comienzos del 2003 fue adoptado un nuevo marco legislativo en materia de terrorismo que se ajusta a la Convención Americana y a la Constitución Política del Perú. Alegó que los hechos narrados en las denuncias no tienden a caracterizar violaciones a disposiciones de la Convención y solicitó que la CIDH las declare inadmisibles en virtud del artículo 47.b) del referido instrumento.
Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión concluyó que es competente para conocer las peticiones y que las mismas son admisibles por la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 9, 11, 8 y 25, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Comisión decidió acumular las peticiones y tramitarlas de forma conjunta en la etapa de fondo, bajo el número de caso 12.826. Finalmente, decidió notificar el presente Informe de Admisibilidad a las partes, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
La petición 240-00 fue interpuesta el 18 de mayo de 2000 y posteriormente, el 18 de julio de 2000 y el 3 de abril de 2006 el peticionario presentó información adicional. El 19 de noviembre de 2008 esa documentación fue trasladada al Estado, otorgándole el plazo de dos meses para que presentara su respuesta. El 24 de febrero de 2009 el Estado remitió su respuesta y el 15 de octubre y 2 de noviembre de 2009 presentó escritos adicionales. El peticionario envió información adicional el 7 y 27 de mayo de 2009 y el 8 de junio de 2010.
La petición 4582-02 fue recibida el 3 de diciembre de 2002 y el 9 de mayo de 2006 los peticionarios remitieron información adicional. El 19 de noviembre de 2008 esa documentación fue trasladada al Estado, otorgándole el plazo de dos meses para que presentara respuesta. El 24 de febrero de 2009 el Estado peruano presentó su respuesta y el 13 de marzo y 2 de noviembre de 2009 envió comunicaciones adicionales.
En las denuncias consideradas en el presente informe, los peticionarios y el Estado describieron procesos penales seguidos a la luz de decretos leyes en materia de terrorismo promulgados durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori. Esos decretos estuvieron vigentes hasta la adopción de un nuevo marco legislativo en materia de terrorismo entre enero y febrero de 2003. Antes de narrar la posición de las partes, la CIDH estima necesario referirse al marco normativo en el que se inscriben los hechos por ellas planteados.
Legislación antiterrorista en vigor entre mayo de 1992 y enero de 2003
En mayo de 1992 fue promulgado el Decreto Ley No. 25475, el cual tipifica el delito de terrorismo en diferentes modalidades. En agosto del mismo año fue promulgado el Decreto Ley No. 25659, el cual tipifica traición a la patria y establece la competencia de la justicia militar para conocer las acusaciones por este delito. Esos decretos, así como los de número 25708, 25744, 25880 y otras normas complementarias introdujeron al ordenamiento jurídico peruano procedimientos diferenciados y excepcionales de investigación, instrucción y juzgamiento de personas acusadas de terrorismo o traición a la patria.
Los decretos que conformaban la denominada “legislación antiterrorista” tenían un difundido propósito de contener la escalada de asesinatos selectivos contra operadores de justicia, ocupantes de cargos electivos y agentes de seguridad, desapariciones, atentados con explosivos, secuestros y otras formas indiscriminadas de violencia contra la población civil en diferentes regiones del Perú, atribuida a grupos insurgentes al margen de la ley.
Entre otros aspectos, esos decretos establecían la incomunicación absoluta de los investigados por un lapso de tiempo determinado;3 la realización de audiencias privadas; el aislamiento celular durante el primer año de cumplimiento de condena;4 y plazos sumarios para la presentación de denuncia y dictamen de sentencia, respecto del delito de traición a la patria5. Asimismo, esos decretos prohibían la asistencia de un abogado antes de la primera declaración del investigado ante un representante del Ministerio Público,6 y restringían su actuación en otras etapas del proceso penal; impedían la recusación de magistrados u otros auxiliares de justicia;7 consagraban la figura de jueces y fiscales con identidad secreta (”sin rostro“);8 e impedían el ofrecimiento como testigos de agentes que participaron de la elaboración del atestado policial de detención9.
Con relación a las normas de derecho material, los referidos decretos contemplaban la posibilidad de aplicar más de un tipo penal para conductas de similar o idéntica naturaleza, no diferenciaban el elemento subjetivo culposo y doloso,10 y establecían solamente penas mínimas de privación de libertad, sin fijar penas máximas11.
El 12 de mayo de 1992 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Ley No. 25499, también denominado Ley de Arrepentimiento, el cual reguló la reducción, exención, remisión o atenuación de la pena a personas procesadas o condenadas por el delito de terrorismo que proporcionasen información dirigida a capturar jefes, cabecillas, dirigentes o principales integrantes de organizaciones terroristas12. Mediante el Decreto Supremo Nº 015-93-JUS del 8 de mayo de 1993 el Poder Ejecutivo aprobó el Reglamento de la Ley de Arrepentimiento, el cual establece, entre otras medidas, el secreto o cambio de identidad del declarante arrepentido13. El 31 de octubre de 1994 la Ley de Arrepentimiento perdió su vigencia14.
Legislación antiterrorista en vigor a partir de enero de 2003
El 3 de enero de 2003 el Tribunal Constitucional del Perú declaró inconstitucionales una serie de disposiciones de los decretos leyes en materia de terrorismo, promulgados durante el gobierno de Alberto Fujimori15. Esa decisión suprimió las disposiciones que impedían la recusación de magistrados y el ofrecimiento como testigos de agentes que participaron del atestado policial de detención; y que permitían el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares. Por otro lado, fueron declarados inconstitucionales la incomunicación absoluta y el aislamiento celular durante el primer año de cumplimiento de condena.
En cuanto a la tipificación del delito de terrorismo, el Tribunal Constitucional mantuvo la vigencia del artículo 2 del Decreto Ley No. 25475, pero condicionó su aplicación a la modalidad dolosa, y estableció parámetros de interpretación para la subsunción de una conducta sindicada en los supuestos del tipo penal.
Con relación a las declaraciones, atestados de detención, informes técnicos y periciales realizados ante operadores de justicia sin rostro, el Tribunal Constitucional declaró que aquellos no resultan automáticamente viciados, correspondiendo a cada juez y jueza del fuero ordinario que conozcan las nuevas acusaciones verificar su valor probatorio en conjunto con otros elementos de convicción y criterios de conciencia establecidos en la legislación procesal penal ordinaria16.
Entre enero y febrero de 2003 el Poder Ejecutivo peruano17 expidió los Decretos Legislativos No. 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 92718, con el propósito de ajustar la legislación interna a la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de enero de 2003. De forma general, esos decretos establecen la nulidad de todas las sentencias y procesos seguidos en la jurisdicción militar o conocidos por operadores de justicia con identidad secreta; y la remisión de los actuados respectivos a la Sala Nacional de Terrorismo, posteriormente denominada Sala Penal Nacional, creada en el seno de la Corte Suprema de Justicia e incumbida de distribuir los nuevos procesos a los Juzgados Penales Especializados. La nueva legislación antiterrorista contempla asimismo la publicidad restringida de las audiencias orales19 y la imposibilidad de aplicación de una pena más severa a la dictada en los juicios declarados nulos20.
1. Alegatos comunes
En las peticiones consideradas en el presente informe se alegó que las presuntas víctimas fueron procesadas y condenadas por el delito de terrorismo, siendo la instrucción, juicio y ejecución penal regulados por la “legislación antiterrorista” adoptada a partir de mayo de 1992. Los peticionarios señalaron que los decretos que conformaban esa legislación son incompatibles con las Constituciones Políticas del 1979, vigente al momento de su expedición, y del 1993, así como tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú. Afirmaron que los cargos formulados por el Ministerio Público se fundamentaron en evidencias fabricadas por la Policía Nacional (siembra de pruebas), manifestaciones de terceros realizadas bajo coacción y sindicaciones de arrepentidos, sin la posibilidad de interrogar a las personas que proporcionaron tal información desde las primeras etapas del procedimiento penal.
Denunciaron que las presuntas víctimas fueron sometidas a maltratos y tortura por parte de los funcionarios policiales que las detuvieron y durante su estancia en centro penitenciarios. Con relación a las condiciones de detención, se indicó que sufrieron aislamientos por períodos superiores a 23 horas diarias, no contaron con actividades socio pedagógicas orientadas a su reinserción, fueron trasladadas continuamente a localidades apartadas de su núcleo familiar y en algunos casos albergados en penales con temperaturas extremamente bajas y condiciones precarias de detención y con una serie de restricciones al derecho de recibir visitas.
2. Alegatos específicos
Los peticionarios alegaron que el 16 de enero de 1999 José Félix Arce Apaza fue detenido en el domicilio de su ex-esposa por funcionarios de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE). Manifestaron que los policías que participaron del operativo sembraron pruebas en la vivienda con la intención de involucrarle con el grupo insurgente Sendero Luminoso. Indicaron que un representante del Ministerio Público se presentó en el lugar horas después del allanamiento y firmó el atestado de detención e incautación respectivo sin ejercer cualquier tipo de control sobre la legalidad de la conducta de los policías.
Los peticionarios afirmaron que el proceso penal seguido al señor José Félix Arce Apaza estuvo plagado de irregularidades, contrariando el principio de legalidad, violando constantemente su derecho al debido proceso y a la protección judicial. Indicaron que los jueces a cargo del caso negaron la evacuación de varios medios de prueba propuestos por el representante legal de la presunta víctima y que se le impidió interrogar a los testigos que declararon en su contra.
Según la información presentada, el 22 de mayo de 1999 la presunta víctima fue condenada a 15 años de privación de la libertad por la Sala Nacional Corporativa Penal para Casos de Terrorismo, decisión que fue apelada y posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 24 de noviembre de 1999. Se indicó que las aludidas sentencias imputan al señor Arce Apaza hechos de los que ya habría sido absuelto en procesos anteriores y se aduce que el delito por el cual fue condenado no habría conformado la denuncia presentada por el Ministerio Público, lo cual adujeron vulnerar el derecho de defensa.
Los peticionarios indicaron que el señor José Félix Arce fue recluido inicialmente en el penal de Socabaya, pero que el 29 de noviembre de 2001 fue trasladado al penal de Challapalca en Tacna, departamento de Puno, ubicado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas extremamente bajas. Alegaron que al ingresar al segundo penal, fue golpeado durante varias horas, rociado con gas pimienta y sometido a descargas eléctricas. Afirmaron que esos actos de violencia y las condiciones de detención a las que fue sometido le provocaron una fractura en el cuello, faringitis crónica y dolores pulmonares. Se indica que el 27 de diciembre de 2001 la presunta víctima interpuso una acción de habeas corpus ante los juzgados penales de Puno, a los fines de exigir se revocase su traslado a la cárcel de Challapalca. Se informó que la acción de habeas corpus fue declarada con lugar en última instancia por el Tribunal Constitucional el 20 de noviembre de 2002, concretándose el retorno de la presunta víctima al Penal de Socabaya en Arequipa el 29 de diciembre de 2002.
Los peticionarios indicaron que en vista de la modificación legislativa en materia de terrorismo realizada entre enero y febrero de 2003, el señor Arce Apaza interpuso un recurso de habeas corpus el 7 de octubre de 2004, requiriendo la nulidad del proceso penal seguido en su contra. Afirmaron que el 22 de noviembre del mismo año el Juez Especializado en lo Penal de Arequipa declaró sin lugar la acción incoada, confirmándose dicha decisión en las demás instancias judiciales.
Finalmente, los peticionarios alegaron que el Estado es responsable por la violación de los derechos protegidos en los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los peticionarios alegaron que Luis Enrique Quispe fue detenido por primera vez el 8 de marzo de 1989, por funcionarios de la Policía Nacional del Perú, quienes lo trasladaron en la misma fecha a una comisaría de Lima y posteriormente a instalaciones de la DINCOTE. En esa primera oportunidad fue acusado del delito de terrorismo, siendo absuelto por el Décimo Tercer Tribunal Correccional de la Corte Superior de Lima el 5 de diciembre de 1990. Se indica que durante su detención el señor Luis Quispe fue sometido a tortura física y psicológica y obligado a firmar un papel en blanco que años después sería utilizado como prueba para su inculpación. Según relataron los peticionarios, agentes de la policía lo golpearon y lo amenazaron de muerte colocándole un arma de fuego en su sien, obligándole a declararse culpable de pertenecer al Sendero Luminoso. Alegaron que informes periciales de un médico forense en el expediente del proceso decidido en última instancia el 5 de diciembre de 1990 consignarían hechos de tortura en perjuicio del señor Quispe Vega. Se adujo que días después de haber sido detenido el señor Quispe Vega fue presentado a medios de comunicación por parte de integrantes de la Policía Nacional y tildado de “terrorista”.
Los peticionarios afirmaron que el señor Quispe Vega fue detenido en una segunda ocasión el 31 de octubre de 1997 y acusado posteriormente por el delito de traición a la patria ante la jurisdicción militar, a consecuencia de declaraciones de una persona que se había acogido a los beneficios de la Ley de Arrepentimiento. Indicaron que el 13 de noviembre de 1999 el Consejo Supremo de Justicia Militar se inhibió de seguir conociendo la causa, declinando competencia al fuero ordinario para que evaluara la presentación de denuncia por el delito de terrorismo. Destacaron que el 27 de abril de 2000 la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad absolvió al señor Quispe Vega del delito de terrorismo, sin indicar si esa sentencia se encuentra ejecutoriada.
Los peticionarios indicaron que paralelamente a todo lo anterior, el 16 de julio de 1993 la Corte Suprema de Justicia de la República había anulado la primera sentencia absolutoria a favor del señor Quispe Vega, de fecha 5 de diciembre de 1990, con el fundamento que no se habían compulsado adecuadamente las pruebas. Señalaron que la presunta víctima tuvo conocimiento de dicha resolución de nulidad solamente en agosto de 2000, cuando se presentó voluntariamente al Poder Judicial. Afirmaron que fue detenida por la tercera vez el 30 de noviembre de 2000 y puesta en libertad el 1º de diciembre del mismo año, bajo régimen de comparecencia periódica.
Según la información presentada, el 2 de marzo de 2001 la Sala Penal Superior Corporativa Nacional en Casos de Terrorismo (en adelante “la Sala Nacional de Terrorismo”) le condenó a quince años de prisión y otras penas accesorias. Se indicó que el 23 de noviembre de 2001 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró no haber nulidad en la sentencia de primera instancia, reduciendo la pena impuesta, sin embargo, a diez años de privación de libertad. Los peticionarios alegaron que el abogado de la presunta víctima no fue notificado de la sentencia, y que conoció el contenido de la misma el 3 de junio de 2002 al momento en que le fueron entregadas las copias certificadas del expediente. Según la información presentada, dicha documentación había sido previamente solicitada a la Sala Nacional de Terrorismo.
Los peticionarios argumentaron que integrantes de la Policía Nacional conjuntamente con el Ministerio Público manipularon las pruebas de cargo en perjuicio de la presunta víctima. Indicaron que la condena dictada por la Sala Nacional de Terrorismo se fundamentó principalmente en un acta de incautación de arma de fuego presuntamente adulterada y una hoja en blanco firmada por el señor Quispe Vega presuntamente bajo coacción y tortura en las instalaciones de la comisaría policial de Lima en marzo de 1989, la cual habría sido convertida en una declaración autoinculpatoria.
Finalmente, los peticionarios alegaron que el Estado es responsable de la violación de los derechos consagrados en los artículos 1, 5, 7 y 8 de la Convención Americana y en los artículos 2, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura.
Alegó que los procesos seguidos a las presuntas víctimas fueron conducidos de conformidad con las normas preestablecidas en la legislación peruana, que fueron asistidas por abogados de libre elección o nombrados de oficio y que pudieron interponer los recursos previstos en la legislación peruana sin limitación alguna. Manifestó que los procesos penales fueron decididos por magistrados independientes e imparciales, quienes fundamentaron sus decisiones en las pruebas producidas en las distintas etapas del proceso penal. Afirmó que no corresponde a la CIDH reemplazar los órganos de la jurisdicción interna en la valoración de las pruebas producidas en juicio y en la determinación de la responsabilidad penal de las presuntas víctimas, máxime cuando esos órganos actuaron con arreglo a las garantías de un debido proceso.
El Estado refirió que entre enero y febrero de 2003 se realizaron reformas legislativas en materia de investigación, procesamiento y ejecución penal por el delito de terrorismo, las cuales implicaron la nulidad de juicios realizados en la década de los noventa conocidos por jueces militares o civiles con identidad secreta21. Sostuvo que este nuevo marco legislativo se adecua a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y a la Constitución Política del Perú.
El Estado no presentó información sobre investigaciones eventualmente abiertas respecto de las alegadas torturas y condiciones inhumanas de detención en perjuicio de las presuntas víctimas y no formuló alegaciones sobre los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 46.1 de la Convención Americana. Afirmó que los hechos alegados en las denuncias no tienden a caracterizar la violación a derechos protegidos en la Convención Americana y solicitó que la CIDH las declare inadmisibles en virtud de los artículos 47.b) del mismo tratado. Finalmente, el Estado adjuntó la copia de las resoluciones judiciales dictadas en los procesos seguidos contra las presuntas víctimas.
El Estado efectuó una narración similar a la de los peticionarios respecto a las resoluciones judiciales dictadas a lo largo del proceso penal seguido al señor José Félix Arce Apaza. Argumentó que la presunta víctima fue condenada en base al artículo 5 del Decreto Ley No. 25475, cuyo contenido no fue derogado o modificado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 3 de enero de 2003. Según su propia perspectiva, afirmó que en sentencias recientes la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que el artículo 5 del Decreto Ley No. 25475 no resulta incompatible con el principio de legalidad protegido en el artículo 9 de la Convención.
Con relación a las alegaciones de que el señor Arce Apaza fue condenado por un delito que no conformó la denuncia fiscal, el Estado afirmó que a raíz del principio de determinación alternativa, un tribunal puede ajustar la conducta sindicada al tipo penal correspondiente.
El Estado efectuó una narración similar a la de los peticionarios respecto de las sentencias dictadas en los procesos seguidos al señor Luis Enrique Quispe Vega. Afirmó que dichos procesos fueron tramitados de conformidad con las normas vigentes para el momento de la comisión de los hechos y de la celebración del juicio, respetando así el principio de legalidad. Destacó que los tipos penales por los cuales fue condenado son los artículos 288-A y 288-C del Código Penal, toda vez que los hechos que le fueron sindicados habrían ocurrido con anterioridad a la promulgación del Decreto Ley 25475. El Estado afirmó que la condena impuesta al señor Quispe Vega se derivó de un proceso regular y respetuoso de las garantías judiciales y protección judicial.
Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención para presentar denuncias. Las presuntas víctimas son personas naturales que se encontraban bajo la jurisdicción del Estado peruano a la fecha de los hechos denunciados. Por su parte, Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978. En consecuencia, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar las peticiones.
La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer las peticiones, por cuanto en ellas se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte de dicho tratado.
Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione temporis pues la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en las peticiones.
Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque conforme se explicará en la sección de caracterización infra, en las peticiones consideradas en el presente informe se alegan hechos que podrían eventualmente caracterizar la violación a derechos protegidos por la Convención Americana y por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyo instrumento de ratificación fue depositado por el Perú el 28 de marzo de 1991.
Las peticiones consideradas en el presente informe plantean, por un lado, supuestos actos de tortura y malos tratos presuntamente cometidos por agentes del Estado. De la información disponible se desprende que esos presuntos hechos fueron reportados a los órganos de la jurisdicción interna, mediante escritos de descargo y acciones de habeas corpus.
Los precedentes establecidos por la Comisión señalan que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación pertinentes. Los hechos expuestos por los peticionarios en cuanto a torturas y otras supuestas afectaciones a la integridad personal se traducen en la legislación interna en conductas delictivas cuya investigación y juzgamiento debe ser impulsada de oficio por las autoridades judiciales, y por ende es este proceso el que constituye el recurso idóneo en las peticiones consideradas en el presente informe22.
El Estado peruano no ha presentado información sobre investigaciones eventualmente abiertas respecto de las alegadas torturas y condiciones infrahumanas de detención en perjuicio de las presuntas víctimas, y tampoco ha interpuesto excepción de falta de agotamiento de los recursos internos al respecto.
Las presentes peticiones plantean, por otro lado, una serie de alegatos relacionados con los procesos penales y la supuesta violación a las garantías de un debido proceso. Con relación a la petición 240-00, la información presentada indica que el proceso penal seguido al señor José Félix Arce Apaza culminó con la ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia de 24 de noviembre de 1999. Esa información indica asimismo que el señor Arce Apaza interpuso una acción de habeas corpus ante el Sexto Juzgado Especializado Penal de Arequipa, requiriendo la nulidad del proceso penal que le fuera seguido23. De acuerdo a lo señalado por las partes, dicha acción fue declarada infundada el 22 de noviembre de 2004. En cuanto a la petición 4582-02, las partes han indicado que el 23 de noviembre de 2001 la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia condenatoria definitiva contra el señor Luis Enrique Quispe Vega.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, la CIDH concluye que ambas peticiones satisfacen el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención.
El artículo 46.1.b) de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible es necesario que se haya presentado dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que el interesado fue notificado de la decisión final que agotó la jurisdicción interna. Esta regla no tiene aplicación cuando la Comisión encuentra que se ha configurado alguna de las excepciones al agotamiento de los recursos internos consagradas en el artículo 46.2 de la Convención. En tales casos, la Comisión debe determinar si la petición fue presentada en un plazo razonable de conformidad con el artículo 32 de su Reglamento.
De acuerdo a lo narrado en el párrafo 44 supra, el proceso penal seguido a José Félix Arce Apaza concluyó con la ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia de 24 de noviembre de 1999. Por otro lado, una acción de habeas corpus incoada por la presunta víctima solicitando la nulidad del proceso penal seguido en su contra fue desestimada el 22 de noviembre de 2004, con posterioridad a la presentación de la petición a esa instancia internacional, por lo cual el requisito establecido en el artículo 46.1.b) se encuentra satisfecho.
Con relación a la petición 4582-02, los peticionarios destacaron que si bien la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva el 23 de noviembre de 2001, el representante legal del señor Luis Enrique Quispe Vega no fue notificado de dicha decisión y solamente conoció su contenido cuando recibió las copias certificadas del expediente por parte de la Sala Nacional de Terrorismo el 3 de junio de 200224. Dado que el Estado peruano no ha presentado documentación alguna que desvirtúe esas alegaciones ni ha interpuesto excepciones preliminares respecto del requisito previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención, la CIDH considera que la petición 4582-02, siendo presentada el 3 de diciembre de 2002, satisface el mencionado requisito de admisibilidad.
En cuanto a las alegaciones sobre condiciones de detención, tortura y otras presuntas vulneraciones a la integridad personal formuladas en ambas peticiones, conforme a lo señalado en el párrafo 41 supra, esos supuestos hechos habrían sido reportados a autoridades judiciales en diferentes oportunidades. Ante la ausencia de alegaciones por parte del Estado y de información en el expediente sobre la apertura de investigaciones penales hasta la fecha de adopción del presente informe, la CIDH considera que las dos peticiones fueron presentadas en un plazo razonable respecto de dichos planteamientos.
El artículo 46.1.c) de la Convención dispone que la admisión de las peticiones está sujeta al requisito respecto a que la materia “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional” y en el artículo 47.d) de la Convención se estipula que la Comisión no admitirá la petición que sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional. En las peticiones consideradas en el presente informe, las partes no han esgrimido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias, ni ellas se deducen del expediente.
A los fines de admisibilidad, la Comisión debe decidir si en la petición se exponen hechos que podrían caracterizar una violación, como estipula el artículo 47.b) de la Convención Americana, si la petición es “manifiestamente infundada” o si es “evidente su total improcedencia”, según el inciso c) del mismo artículo. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo.
En vista de los elementos presentados por las partes, la CIDH considera que las circunstancias en las que se habrían dado la detención de las presuntas víctimas, los presuntos hechos de tortura y condiciones de detención en instalaciones de la DINCOTE y en establecimientos penitenciarios podrían caracterizar la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento; y de los derechos consagrados en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo ello en perjuicio de José Félix Arce Apaza y Luis Enrique Quispe Vega. Asimismo, la CIDH considera que los efectos de los hechos referidos en este párrafo, así como la alegada incomunicación de las presuntas víctimas por largos períodos y restricciones al derecho de recibir visitas, podrían caracterizar la violación del derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, igualmente en perjuicio de sus familiares.
Con relación a las alegaciones en torno a los procesos penales seguidos en los fueros militar y ordinario, así como la invocada incompatibilidad del marco normativo en el cual se inscriben los hechos con la Convención Americana, la CIDH considera que podría caracterizarse la violación a los derechos consagrados en los artículos 9, 8 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, todo ello en perjuicio de José Félix Arce Apaza y Luis Enrique Quispe Vega.
En cuanto al alegado allanamiento sin orden judicial de la residencia en la que se encontraba el señor José Félix Arce Apaza el 19 de enero de 1999 y la denunciada presentación pública como “terrorista” del señor Luis Enrique Quispe Vega por integrantes de la Policía Nacional del Perú, corresponde evaluar en la etapa de fondo si tales supuestos hechos implican una violación al derecho previsto en el artículo 11 de la Convención Americana.
Finalmente, por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de las peticiones consideradas en el presente informe no resultan evidentes, la Comisión concluye que aquellas satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 47.b) y c) de la Convención Americana.
Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, la Comisión Interamericana concluye que las peticiones 240-00 y 4582-02 satisfacen los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en consecuencia
Declarar admisibles las peticiones 240-00 y 4582-02 con relación a los artículos 5, 7, 9, 11, 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento y con relación a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Acumular las peticiones consideradas en el presente Informe de Admisibilidad bajo el registro de caso 12.826 e iniciar el trámite sobre el fondo de la cuestión.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 22 días del mes de julio de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
1 Presentada el 18 de mayo de 2000 en nombre propio y por Ursula Arce Apaza y Teresa Arce Apaza.
2 Presentada el 3 de diciembre de 2002 en nombre propio y por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).
3 Decreto Ley No. 25475, art. 12.d.
4 Decreto Ley No. 25475, art. 20.
5 La investigación, juzgamiento y ejecución penal respecto del delito de traición a la patria fueron regulados por los Decretos Leyes Nos. 25708 y 25744.
6 El derecho a ser asesorado por un abogado defensor de libre elección desde las primeras etapas del procedimiento penal fue posteriormente incorporado por el artículo 2 de la Ley 26447.
7 Decreto Ley No. 25475, art. 13.h.
8 Mediante la promulgación de la Ley 26671, el 12 de octubre de 1996, desapareció la figura de los jueces y fiscales sin rostro.
9 Decreto Ley No. 25744, art. 2.
10 Decreto Ley No. 25475, art. 2.
11 Decreto Ley No. 25475, art. 3.
12 Decreto Ley No. 25499, arts. 1.II.a y 1.III.
13 Decreto Supremo Nº 015-93-JUS, artículos 8.a y 36.
14 El vencimiento de la vigencia de la Ley de Arrepentimiento fue determinado por la Ley 26345 del 30 de agosto de 1994.
15 Resolución del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003, Expediente Nro. 010-2002-AI/TC, acción de inconstitucionalidad interpuesta por Marcelino Tineo Silva y otros ciudadanos.
16 Resolución del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003, Expediente Nro. 010-2002-AI/TC, acción de inconstitucionalidad interpuesta por Marcelino Tineo Silva y otros ciudadanos, fundamento 159.
17 El 8 de enero de 2003 el Congreso de la República del Perú promulgó la Ley 27913, por medio de la cual delegó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de terrorismo.
18 El Decreto Legislativo 927 regulaba la ejecución penal en materia de terrorismo. Dicho decreto fue derogado el 14 de octubre de 2009, con la promulgación de la Ley 29423, la cual suprimió la posibilidad de que personas condenadas por terrorismo soliciten los beneficios penitenciarios de redención de la pena, semi-libertad o libertad condicional.
19 Decreto Legislativo 922, art. 12.8.
20 Decreto Legislativo 922, disposición complementaria quinta.
21 El artículo 2º del Decreto Legislativo 926 del 20 de febrero de 2003 establece lo siguiente:
La Sala Nacional de Terrorismo, progresivamente en un plazo no mayor de sesenta días hábiles desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, anulará de oficio, salvo renuncia expresa del reo, la sentencia y el juicio oral y declarará, de ser el caso, la insubsistencia de la acusación fiscal en los procesos penales por delitos de terrorismo seguidos ante la jurisdicción penal ordinaria con jueces o fiscales con identidad secreta.
22 CIDH, Informe Nº 99/09, Petición 12.335, Admisibilidad, Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Colombia, 29 de octubre de 2009, párr. 33.
23 El artículo 4 del Código Procesal Constitucional peruano establece que “[e]l hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.”
24 Escrito inicial de la petición 4582-02, recibido el 3 de diciembre de 2002, anexos, nota dirigida por David L. Velazco Róndón, abogado de defensor de la presunta víctima, con sello de recibido por la Sala Nacional de Terrorismo con fecha 11 de marzo de 2002.

References: artículo 47
 artículo 2
 resolución 
 artículo 46
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 44
 artículo 46
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 artículo 32
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 artículo 5
 artículo 11
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 artículo 2
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