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Informe de ponencia para segundo debate en senado de la república
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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 07 DE 2011 DE SENADO, ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO 9 DE 2011 SENADO, 11 DE 2011 SENADO, 12 DE 2011 SENADO Y 13 DE 2011 SENADO
Por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones.
En cumplimiento del honroso encargo por usted encomendado, atentamente nos permitimos rendir informe de Ponencia para segundo debate en Senado de la República al PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No 07 DE 2011 DE SENADO, ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO DE NÚMEROS 9 DE 2011 SENADO, 11 DE 2011 SENADO, 12 DE 2011 SENADO Y 13 DE 2011 SENADO, en los siguientes términos:
El Proyecto de Acto Legislativo que se somete a consideración del Honorable Senado de la República tiene como finalidad superar los problemas que presenta el actual sistema judicial colombiano.
En el Proyecto se proponen reformas para generar más acceso y oferta de justicia, así como para aumentar la eficacia y eficiencia del sistema en su conjunto, con la finalidad de reducir la morosidad y dilación de los procesos judiciales y así contribuir de manera efectiva a la descongestión de los despachos. Se persigue aumentar la celeridad en la resolución de las controversias y conflictos, con la finalidad de superar la indefinición de los derechos y la inseguridad jurídica. A más de lo anterior, el proyecto incluye instrumentos para: contrarrestar y evitar la politización de la justicia, mejorar la administración y ejecución del gasto de la Rama Judicial, proteger a las víctimas en el proceso penal, superar la impunidad, otorgar las debidas garantías en los procesos contra aforados constitucionales y superar las falencias del régimen disciplinario de abogados, empleados judiciales, fiscales, jueces y magistrados.
Los H. Senadores Ponentes nos permitimos poner en conocimiento de la Comisión Primera Constitucional del H. Senado de la República, que el Proyecto de Acto Legislativo radicado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho), tuvo su origen en el Anteproyecto de Reforma Constitucional a la Justicia que el propio Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, presentó al país y a las Altas Cortes el 25 de agosto de 2010, pocos días después de haber tomado posesión como Primer Mandatario de los colombianos. Dicho anteproyecto, además de recoger las ideas que en el pasado habían expresado muchos académicos, operadores judiciales, comisiones de estudios de reforma constitucional a la justicia1 y centros de estudios en materia de justicia, incorporó las propuestas más importantes que fueron planteadas a lo largo del debate electoral presidencial, fundamentalmente las contenidas en los programas de campaña del actual Presidente de la República y el actual Ministro del Interior (antes Ministro del Interior y de Justicia), doctor Germán Vargas Lleras.
Con posterioridad al 25 de agosto de 2010 y como consecuencia del proceso de socialización que desde este momento tuvo lugar, el Anteproyecto de Acto Legislativo se nutrió de las propuestas y comentarios que realizaron los académicos, los operadores de justicia, los servidores de la rama judicial, las universidades y las asociaciones sindicales, entre otros.
En efecto, con el fin de involucrar a los diferentes actores interesados en la causa de la justicia, el Gobierno Nacional instaló la “Mesa de Justicia” el 13 de septiembre de 2010 con la intención de tener un diálogo fluido e incluyente con la Rama Judicial, los directores de las entidades de control, los voceros de los partidos políticos con representación en el Congreso, los sindicatos, los gremios económicos, las facultades de derecho e importantes juristas.
Igualmente, mediante el Decreto 4095 del 4 de noviembre de 2010, el Gobierno Nacional creó la Comisión Interinstitucional para la Reforma a la Justicia, con el fin de “participar en la elaboración de un proyecto normativo sobre la reforma a la justicia en Colombia y formular recomendaciones al Gobierno Nacional en este sentido”. La Comisión Interinstitucional para la Reforma a la Justicia estuvo integrada por el Ministro del Interior y de Justicia, el Viceministro de Justicia y del Derecho, el Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo de Estado, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el doctor Manuel José Cepeda Espinosa (ex Presidente de la Corte Constitucional). La Comisión sesionó durante más de ocho (8) meses y culminó con el encuentro llevado a cabo los días 11 y 12 de julio de 2011 en la ciudad de Bogotá con la presencia del señor Presidente de la República y del entonces designado Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Adicionalmente, esta Comisión tuvo como invitados permanentes a Asonal Judicial y a la Corporación Excelencia en la Justicia.
También es importante advertir que desde el 25 de agosto de 2010 hasta julio de 2011, el Anteproyecto de Reforma Constitucional a la Justicia fue objeto de análisis en los respectivos encuentros de las diferentes jurisdicciones, en eventos académicos de gran trascendencia y en esfuerzos individuales de muchos colombianos que ayudaron, con sus aportes, a definir la propuesta que el Gobierno Nacional sometió a consideración del Congreso el pasado 4 de agosto de 2011.
Así mismo, el 11 de agosto de 2011 y de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 237 de la Constitución Nacional, el Consejo de Estado presentó el Proyecto de Acto Legislativo No. 9 de 2011. Posteriormente fueron radicados los proyectos de acto legislativo Nos. 11, 12 y 13 de 2011.
Como resultado del proceso de socialización de dichos proyectos, adelantado por el H. Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y las Altas Cortes, se presentaron más de cien (100) propuestas y comentarios provenientes de diferentes interesados, entre los que se destacan magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia, oficinas de abogados, asociaciones gremiales y empresariales, universidades, ciudadanos y usuarios de la justicia en general. Además, se llevaron a cabo diferentes Foros organizados por el H. Congreso de la República y diferentes universidades con la finalidad de divulgar las principales innovaciones consagradas en el Proyecto de Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, así como la de recibir sugerencias y comentarios al mismo.
Los participantes, entre otros, fueron los siguientes:
COMENTARIOS AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 07 DE 2011 DE SENADO, ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO 9 DE 2011 SENADO, 11 DE 2011 SENADO, 12 DE 2011 SENADO Y 13 DE 2011 SENADO
Confederación General del Trabajo (carta del 17 de agosto de 2011)
Parmenio Cuéllar Bastidas, Senador de la República (carta del 23 de agosto de 2011)
Sindicato Nacional de Empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- SINDEMEDILEGAL (comunicación del 25 de agosto de 2011)
Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia - CONALBOS (comunicación del 30 de agosto de 2011)
Rodrigo Uprimny, Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
Edith Zuleni Hernández (comunicación de septiembre de 2011)
GLORIA MARÍA BORRERO, CEJ (comunicado de prensa de la Corporación Excelencia en la Justicia)
Olegario Suárez Villareal (comunicación del 8 de septiembre de 2011)
COCA-COLA FEMSA (comunicación del 19 de septiembre de 2011 suscrita por su Vicepresidente Legal y se Asuntos Corporativos, Felipe Márquez Robledo)
JAIME ENRIQUE LOZANO (comunicación del 26 de agosto de 2011)
LUIS ALIRIO TORRES BARRETO (comunicación del 13 de septiembre de 2011)
SESIÓN DE LA COMISIÓN PRIMERA DE SENADO (23 de agosto de 2011)
Ponencia de MAURICIO FAJARDO, Presidente del Consejo de Estado
Ponencia de CAMILO HUMBERTO TARQUINO, Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Ponencia de JUAN CARLOS ESGUERRA, Ministro de Justicia y del Derecho
Ponencia de ANGELINO LIZCANO, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura
Intervención del Senador PARMENIO CUÉLLAR, Miembro del Partido Polo Democrático
SESIÓN DE LA COMISIÓN PRIMERA DE SENADO (24 de agosto de 2011)
Ponencia de VÓLMAR PÉREZ, Defensor del Pueblo
Ponencia de VIVIANNE MORALES, Fiscal General de la Nación
Intervención de LUIS CARLOS AVELLANEDA, Senador del Polo Democrático
Intervención de ROY BARRERAS, Senador del Partido de La U
Intervención de EDUARDO ENRÍQUEZ MAYA, Senador del Partido Conservador
Intervención de ROBERTO GERLEIN, Senador del Partido Conservador
Intervención de JESÚS IGNACIO GARCÍA, Senador del Partido Liberal
Intervención de JUAN MANUEL GALÁN, Senador del Partido Liberal
Ponencia de ALEJANDRO ORDÓÑEZ, Procurador General de la Nación
Intervención de JUAN CARLOS VÉLEZ, Senador del Partido de La U
Intervención de ÁLVARO NAVAS, Vicecontralor General De La República
FORO SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA, TUNJA (8 de septiembre de 2011)
Intervención del Senador LUIS FERNANDO VELASCO
Ponencia del Magistrado CAMILO TARQUINO, Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Ponencia del Magistrado ANGELINO LIZCANO, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura
Ponencia del Magistrado JAVIER MARTÍNEZ DEL VALLE, Presidente del Tribunal Superior de Tunja
Ponencia de GERARDO HERNÁNDEZ SANDOVAL, Académico
Ponencia de BAUDILIO PEDRAZA ORTEGA, Presidente Seccional de ASONAL JUDICIAL- Tunja y Vicepresidente Nacional de ASONAL JUDICIAL
Ponencia de JOSÉ MUÑOZ BARRERA, Juez Administrativo
Ponencia de ZULY MARISELA LADINO, Personera de Garagoa
Ponencia de EDWIN MOLINA, Estudiante de Derecho de la Universidad de Boyacá
CONVERSATORIO SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA, CLUB DE ABOGADOS (13 de septiembre de 2011)
Intervención de EDGARDO MAYA VILLAZÓN, exProcurador General de la Nación
Intervención de JORGE ARANGO MEJÍA, ex magistrado de la Corte Constitucional
Intervención de ALFREDO BELTRÁN SIERRA, expresidente de la Corte Constitucional
Intervención del Representante JORGE ELIÉCER GÓMEZ VILLAMIZAR, Comisión Primera de la Cámara
Intervención de la Representante CONSUELO GONZÁLEZ DE PERDOMO, Comisión Cuarta de la Cámara
FORO SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA, POPAYÁN (14 de septiembre de 2011)
Intervención de EDUARDO ROJAS PINEDA, Rector Delegatario de la Universidad del Cauca
Ponencia del Senador JESÚS IGNACIO GARCÍA
Ponencia del Ministro JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO
Ponencia de CAMILO TARQUINO, Presidente de la Corte Constitucional
Ponencia de ANGELINO LIZCANO RIVERA, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura
Ponencia de PARMÉNIO CUELLAR, Senador de la República
Intervención de JIMMY MAYUNGA, en representación de las comunidades campesinas
Intervención de JUAN PABLO DOMÍNGUEZ
Ponencia de JUAN DIEGO CASTRILLÓN, Decano de la Universidad del Cauca
Ponencia de YOHANNA SARDUCCI, en representación de la asociación de exalumnos de la Universidad del Cauca
Ponencia de JESÚS ALBERTO GÓMEZ
Ponencia de GABRIEL BUSTAMANTE, Corporación “Viva la Ciudadanía”
Ponencia de ADELMO VALENCIA, Coordinador de la asociación “Tejido, Justicia y Armonía”
Intervención de ALONSO MANZANO, líder comunitario
Intervención de MARÍA CAMILA RAMOS, Juez Segunda Promiscua Municipal
Ponencia de FRANCY HELENA MÁRQUEZ, representante de las comunidades negras
Un resumen de algunas de las intervenciones realizadas en la Audiencia Pública que tuvo lugar en la Comisión 1ª del Senado el 14 de septiembre, se enuncian a continuación:
Ponencia de RICARDO MARTÍNEZ, Facultad de Derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca.
Según el señor Martínez, hay 3 flagelos que arrasan con la administración de justicia:
Para resolverlos, propone poner fin a la politización de la justicia, que ha permitido el nepotismo y la plutocracia. Además considera que la acción de tutela fue una gran conquista de la Carta de 1991, por lo cual resulta inaceptable pretender ampliar los términos para su decisión o dotar de efectos suspensivos a la apelación del fallo de tutela contra sentencias.
Manifiesta también que es deseable que los cargos de los magistrados de las Altas Cortes sean provistos por concurso, para que la administración de justicia sea puesta en manos de los más capaces y no de los más sagaces
Ponencia de RODRIGO UPRIMNY YEPES, Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJusticia. Según el doctor Uprimny…
La justicia colombiana ha aumentado su eficacia en los últimos 20 años (pasando de resolver 800 mil casos anuales en el año en 1995, a resolver 1.5 millones de casos en lo contencioso). Entre las causas de esa eficacia se encuentran: la tutela, la creación de la Fiscalía General de la Nación y las reformas en materia penal, que han aumentado la eficacia de la investigación criminal
Sin embargo, se requiere una Reforma a la Justicia para superar problemas como: la ineficacia de los juicios ejecutivos y penales, el acceso limitado y desigual a la justicia y la desigualdad de la presencia judicial en los antiguos “territorios nacionales”
Esta reforma debe tener rango constitucional, porque es necesario eliminar los puntos constitucionales que distorsionan la administración de justicia, así como reformar la arquitectura constitucional de la justicia que condiciona la eficacia de ésta
Tanto el proyecto del Consejo de Estado como el del Gobierno carecen de un diagnóstico global del problema de administración de justicia:
En relación con la tutela, el Dr. Uprimny apoya la propuesta del Gobierno y considera que la propuesta del Consejo de Estado presenta un problema de incoherencia institucional, dado que de no optar por un único órgano de cierre en materia de derechos fundamentales, habría tantas constituciones como órganos de cierre
En relación con la administración de la rama, considera que se requiere un órgano de gobierno independiente, pero eso no significa (i) defender la arquitectura existente, (ii) plantear una reforma que conserve las mismas distorsiones -como, según él, lo hace el Consejo de Estado-, ni tampoco (iii) proponer un sistema que, si bien amplía la representación, deja por fuera la participación de jueces rasos, abogados y facultades de derecho (como lo hace el Gobierno). En su lugar, propone rediseñar la sala administrativa para que en ella tengan cabida todos los que tienen interés legítimo en la rama.
En relación con el control disciplinario de jueces y magistrados, no comparte la propuesta del Gobierno de que el control lo ejerza el superior jerárquico, porque esto desconoce la autonomía e independencia judicial ya que cada revocatoria de la decisión del inferior sería un riesgo de investigación disciplinaria para el a quo. Por ello, propone recomponer la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, o crear un tribunal disciplinario de la rama
Ponencia de EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, Exmagistrado de la Corte Constitucional
En relación con el rediseño del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Montealegre considera que ambos proyectos podrían conducir a una sustitución de la Constitución por desbordar el poder de reforma constitucional del Congreso.
Cada Carta tiene unos principios y valores que le dan cierta identidad, los cuales sólo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente
Uno de los principios definitorios de la Carta de 19991 es la autonomía de la rama y, en consecuencia, la existencia del Consejo Superior de la Judicatura. Como se deriva de las intervenciones de Álvaro Gómez Hurtado del Movimiento de Salvación Nacional, en la Asamblea Nacional Constituyente se entendía como un elemento de dicha autonomía la creación de un juez de jueces, que fungiera como órgano de cierre en el juzgamiento disciplinario de jueces y magistrados, mediante la expedición de actos jurisdiccionales. Todos estos elementos de la autonomía serían desconocidos por el proyecto del Gobierno y del Consejo de Estado.
En relación con el rediseño del sistema acusatorio para aforados, el doctor Montealegre apoya el proyecto del Gobierno con el fin de superar la “desafortunada” norma constitucional sobre el juzgamiento inquisitivo de congresistas, como lo exige la expansión de la teoría de derechos fundamentales en el proceso.
La distinción entre las funciones de investigación y juzgamiento no equivale a un modelo acusatorio garantista, ya que además se requiere: oralidad, concentración e inmediación de la prueba, igualdad de armas entre las partes, principio de oportunidad y mecanismos de acuerdo
El proyecto del Gobierno es garantista y no se limita a la distinción entre los órganos de investigación y juzgamiento, sino que institucionaliza la igualdad para aforados constitucionales.
El doctor Montealegre propone que los aforados cuenten con un juez de control de garantías de rango constitucional, que no sea una “Supercorte” sino que se limite a la decisión de los casos en los que es procedente la limitación de los derechos fundamentales. Propone que se trate de una sala especializada de la Corte Constitucional, por ser el único órgano legitimado para decidir sobre los derechos fundamentales de los aforados y para unificar la teoría de derechos fundamentales en materia penal y procesal
Respalda al gobierno en la modificación de los criterios para determinar quiénes pueden administrar justicia
Respalda la procedencia de la tutela contra sentencias de altas cortes porque un estado constitucional debe tener un órgano de cierre en materia de derechos fundamentales
Sobre la doble instancia para aforados, asegura que la propuesta del Gobierno es progresista porque mantiene la independencia y autonomía al interior de la Corte Suprema. Sin embargo, propone una alternativa: que la primera instancia la resuelva el Tribunal del lugar donde ocurrieron los hechos, por inmediación y concentración de la prueba, y que la segunda instancia la resuelva la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
Rechaza la propuesta del gobierno sobre la disciplina de los magistrados de las Altas Cortes, y considera que ello constituye una antinomia constitucional frente a otra disposición de la Carta. Por ello propone no modificar el control disciplinario de los magistrados por parte del Congreso.
Ponencia de ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA. Para el señor Echavarría…
No es cierto que la Corte Constitucional sea el único órgano competente para interpretar la Constitución, y por ello cuestiona la propuesta de hacer de dicha corte el órgano de cierre, dado que ello perpetuaría las controversias con las otras cortes. En su lugar, propone que los presidentes de las 3 Altas Cortes sean quienes interpreten la Constitución.
En relación con la administración de la rama, propone una especie de Junta Directiva compuesta por los presidentes de las Altas Cortes, representantes de los tribunales y con el Ministro de Justicia como observador. Considera que buena parte de las soluciones están en el proyecto del Gobierno.
En relación con la apertura de la oferta judicial, propone que exmagistrados y exjueces ayuden a descongestionar, pero considera que la descongestión no se logrará vía Acto Legislativo sino mediante la creación transitoria de Consejos Judiciales que deban fallar en términos definidos.
Ponencia de GUSTAVO RODRÍGUEZ, CÍRCULO DE ABOGADOS LITIGANTES DE COLOMBIA
Después de haber discutido el tema con la ONG “Abogados sin Fronteras”, señala que las fallas del sistema judicial son la morosidad, la concentración de poderes y la exigencia permanente y desbordada de recursos.
Apoya la propuesta de crear una segunda instancia para el juzgamiento de congresistas, porque la única instancia limita el derecho de defensa de la parte vencida y, por lo tanto, suscita la arbitrariedad del juez
Considera que la solución del gobierno para descongestionar la rama es juiciosa
Ponencia de MIGUEL ANDRÉS MARTÍNEZ TORO, DOCENTE DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Considera que si bien la crisis de la justicia es estructural, las reformas propuestas atienden problemas meramente coyunturales
Se debe fortalecer la comunicación con la sociedad civil y capacitar a los funcionarios de la rama judicial
Ponencia de JOSÉ FREDDY RESTREPO GARCÍA, FISCAL ANTE EL TRIBUNAL DE CALI, IMPULSOR DE LA MESA REGIONAL DE REFORMA A LA JUSTICIA (conformada en Cali)
En relación con la tutela, señala que esta acción congestiona y colapsa los despachos. Sin embargo, plantea que la solución es fortalecerla en lugar de debilitarla con la caducidad de 30 días y la exigencia del ius postulandi. Para el señor Restrepo, dichos obstáculos vulneran el artículo 29 de la Constitución, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que de ser aprobados, la tutela dejaría de ser un mecanismo efectivo y violaría el principio de no regresividad, en virtud del cual no es posible retroceder luego de haber logrado avances en materia de derechos fundamentales.
Considera que los cargos de magistrado del Consejo de Estado deben proveerse mediante concurso público en virtud del artículo 125 C.P. y de las directrices internacionales.
En relación con la elección del Fiscal General de la Nación, propone un sistema inverso al que se encuentre vigente, de manera que la Corte Suprema de Justicia elabore la terna y sea el Presidente quien elija al Fiscal.
Considera peligroso entregar la facultad jurisdiccional a notarios, centros de arbitraje y excepcionalmente a abogados, porque en Colombia lo transitorio suele tener vocación de permanencia. En su lugar, propone aumentar la planta de cargos de la Rama Judicial.
Apoya la doble instancia para congresistas con la fórmula propuesta por el Gobierno.
Ponencia de DANIEL ALEJANDRO LÓPEZ, E91 (ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES, PROFESORES Y PROFESIONALES QUE DEFIENDEN LA CONSTITUCIÓN DE 1991)
Asegura que el padre de la tutela [refiriéndose al Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra] no dejará morir la tutela.
En nombre de “los que no tienen voz”, esto es, de las víctimas, manifiesta que es necesario fortalecer la rama judicial para solucionar los obstáculos para acceder a la administración y la congestión, que son producto de la falta de infraestructura y no del exceso de demandas.
En 2010, la rama judicial tenía un punto menos que el ICBF en el presupuesto.
Se requiere más infraestructura, 1000 fiscales y 3000 investigadores adicionales para evacuar los procesos actuales.
Alega que eliminar la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de revisar las sentencias de otras altas Cortes daría lugar a una sustitución de la constitución.
Rechaza el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a abogados, notarios, centros de conciliación y arbitramento como violatorio de la Carta, dado que desconoce la gratuidad de la justicia y crea nichos de mercado que vulneran la administración de justicia. Para sustentar su posición, menciona el caso de los notarios que son remunerados por sus sentencias.
Pregunta: si se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, ¿quién encargará la capacitación de los funcionarios de la rama?
Ponencia de Rodrigo Pombo, Corporación Pensamiento S. XXI
Las reformas constitucionales a la administración de justicia no pueden ser decididas por sus destinatarios, los jueces, sino por quienes fueron concebidos para establecer las grandes políticas.
El doctor Pombo hace un llamado a que se atiendan los resultados de las investigaciones nacionales e internacionales que sugieren cambiar la concepción normativista de la justicia.
Considera que para lograr una pronta justicia y unos despachos sin congestión, no debe haber tutela contra sentencias, puesto que no fue diseñada para atentar contra las decisiones de otros jueces y menos aún de las Altas Cortes.
Ponencia de JOSÉ FERNANDO OTÁLORA, ASONAL JUDICIAL
Rechaza los insultos a la rama judicial, dado que ella que está produciendo al 110% y por lo tanto lo reales problemas son de salud ocupacional.
Rechaza el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a particulares porque, aunque hay problemas con la justicia formal, es inconveniente privatizar la justicia, que es un servicio público a cargo del Estado.
Rechaza tanto la propuesta del Gobierno como la del Consejo de Estado en relación con la tutela, porque ambas restan eficacia al “instrumento más democratizador del Estado Social de Derecho”.
Asegura que el cuestionamiento de las decisiones judiciales en los medios de comunicación deslegitima al poder judicial.
Ponencia de MARÍA DEL PILAR ARANGO, JUEZ DE LA REPÚBLICA
Argumenta que la tutela no es la causante de la congestión, pues 31% de los procesos que tienen los jueces civiles son ejecutivos de mínima cuantía.
Rechaza la cooptación para el nombramiento de magistrados de las Altas Cortes, pues considera que es regresiva. En su lugar, opina que esos cargos deberían proveerse por concurso público.
Rechaza la propuesta de darle carácter administrativo a la función disciplinaria.
Rechaza el control disciplinario de los jueces por parte de sus superiores y, en su lugar, propone dejarle dicha función a las salas disciplinarias al igual que en el caso de los abogados.
Ponencia de ROMELIO DÍAZ DAZA, MAGISTRADO
Asegura que no han dejado madurar a la judicatura [refiriéndose al Consejo Superior de la Judicatura], por cuanto se ha vuelto una bandera política de campaña y de gobierno.
En lugar de una reforma prematura, considera que se debe analizar cuáles elementos permitirán dicha madurez y pensar en una nueva ley estatutaria.
Ponencia de MARCO ANTONIO ÁLVAREZ, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Propone mantener el Consejo Superior de la Judicatura, pero modificando el origen de sus magistrados.
En un país en el cual existe conflicto armado, considera inconveniente ampliar la oferta de justicia en los términos propuestos por el Gobierno Nacional.
Una cosa es admitir la tutela contra sentencias (pese a que la misma Corte Constitucional había negado su procedencia), y otra muy distinta es aceptar que esas decisiones sean revisadas por un órgano externo, lo cual viola la autonomía.
Apoya la separación de las funciones de investigación y juzgamiento de los congresistas.
Ponencia de JUAN CAMILO RIVERA, ABOGADO DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS: Señala que lo más valioso de la propuesta del Gobierno es permitirles a las víctimas actuar como parte civil en el proceso penal (sic), pero recomienda reformular la redacción para no incurrir en una formulación antitécnica, dado que algunas facultades sólo pueden ser ejercidas por la Fiscalía, como es el caso de las interceptaciones telefónicas.
Ponencia de JOSÉ FORERO
Solicita respetar la tutela y permitir su procedencia contra sentencias cuando exista violación del debido proceso o del derecho de defensa.
Apoya el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a notarios, siempre que se limite a ciertos derechos.
Y solicita que el Congreso se pronuncie sobre la existencia de jurados en cuestiones criminales, asunto que fue constitucionalizado pero aún no ha sido reglamentado.
En este sentido, muchos de los cambios que se incluyen en el Pliego de Modificaciones que se somete a consideración de la Plenaria del H. Senado de la República, tienen su origen en los aportes de quienes participaron en el proceso de socialización antes descrito.
Informe de Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley Nº 79 de 2013 -senado- “
Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 49 de 2014 senado
Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 09 de 2014 senado
Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 33 de 2014 senado
Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 32 de 2014 senado
Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 24 de 2014 senado
Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 101 de 2012 senado
Informe de ponencia para segundo debate (segunda vuelta) en la cámara de representantes al

References: resolución 
 artículo 237
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 125