Source: https://supremo.vlex.es/vid/tsj-252340130
Timestamp: 2019-07-18 11:53:38+00:00

Document:
STS, 22 de Noviembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 252340130
Número de Recurso: 6072/2007
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 6072/2007, interpuesto por la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF), representada por la procuradora doña Beatriz Martínez Martínez, contra la sentencia dictada el 16 de junio de 2006 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, recaída en el recurso nº 421/2004 , sobre Resolución de 22 de abril de 2004 del Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que se hace pública la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de esa Universidad.
En el recurso nº 421/2004, seguido en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el 16 de junio de 2006 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Contra dicha Sentencia anunció recurso de casación la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI- CSIF), que la Sala de Las Palmas tuvo por preparado por providencia de 7 de noviembre de 2007, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.
Por escrito presentado el 11 de diciembre de 2007 la procuradora doña Beatriz Martínez Martínez, en representación de la recurrente, interpuso el recurso anunciado y, después de exponer los motivos que estimó oportunos, solicitó a la Sala que
Presentadas alegaciones por las partes sobre la posible causa de inadmisión puesta de manifiesto por providencia de 25 de noviembre de 2008, por auto de 19 de febrero de 2009 la Sección Primera de esta Sala acordó:
"Admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) contra la Sentencia de 16 de junio de 2006, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias , dictada en el recurso nº 421/2004 ; y, para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Séptima de esta Sala de conformidad con las normas sobre reparto de asuntos".
Evacuando el traslado conferido, el procurador don Eduardo Carlos Muñoz Barona, en representación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se opuso al recurso por escrito presentado el 1 de junio de 2009 en el que pidió a la Sala que
Mediante providencia de 17 de junio de 2010 se señaló para la votación y fallo el día 17 de noviembre de este año, en que han tenido lugar.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 22 de abril de 2004 del Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que se hace pública la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de esa Universidad, impugnando aspectos formales y sustantivos de la misma. El proceso se desarrolló en todos sus trámites ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
El escrito de interposición aduce, invocando el artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción, tres motivos de casación.
El primero sostiene que la sentencia infringe los artículos 24.1 y 28.1 de la Constitución y 30 de la Ley 9/1987, de 12 de junio , de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al servicio de las Administraciones Públicas y la jurisprudencia recogida en las sentencias que cita del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
El segundo afirma que vulnera los citados artículos 24.1 y 28.1 , así como el artículo 19.1 b) de la Ley de la Jurisdicción . En su desarrollo explica que CSI-CSIF, además de la legitimación genérica que le reconoce este último precepto como sindicato, tiene la que deriva del vínculo que le une al objeto del proceso, la anulación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Así, recuerda que formó parte de la Mesa de Negociación de la misma, lo que está acreditado en el expediente, y que la Universidad le ha reconocido en todo momento su legitimación. Sea a través de los representantes del sindicato sea a través de la actuación del presidente de la Junta de Personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien es, además, representante de CSI-CSIF. Por tanto, concluye, si se le ha reconocido para negociar la Relación no puede negársele para impugnar judicialmente los extremos de la misma que considera contrarios al ordenamiento jurídico.
En su escrito de oposición la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, recuerda que las sentencias del Tribunal Constitucional a las que se refiere la de instancia y, en particular, la 210/1994 dicen que no vulnera el artículo 28.1 de la Constitución negar la legitimación de un sindicato que no haya acreditado la más mínima implantación en el ámbito del conflicto. En cuanto al artículo 30 de la Ley 9/1987 , dice que la falta de argumentación del motivo a partir de ese precepto le exime de razonar al respecto. En definitiva, considera que debe rechazarse el primero de los motivos de casación.
Sobre los otros explica que las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2001 y de 2 de septiembre de 1997 citadas por CSI-CSIF nada aportan pues se limita a reproducir la del Tribunal Constitucional 101/1996 , la primera, y no añade ninguna consideración relevante la segunda. En cuanto a que efectivamente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aceptó la participación de CSI-CSIF en el procedimiento que finalizó con la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo dice que su situación es distinta a la contemplada en las sentencias que invoca pues, como indica la de esta Sala de 2 de septiembre de 1997 , el reconocimiento de legitimación en el procedimiento administrativo no vincula al órgano jurisdiccional.
Este recurso de casación es idéntico al resuelto por nuestra sentencia de 3 de noviembre de 2008 (casación 7773/2004 ) en el que las mismas partes debatieron sobre otra sentencia de la misma Sala y Sección que desestimó por falta de legitimación de CSI-CSIF su recurso contra la resolución del Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, entonces, aprobó la Relación de Puestos de Trabajo, modificada por la que se cuestiona en este proceso. Y los motivos de casación aun distintos en número, ahora cuatro, entonces tres, plantean la misma cuestión y conducen a la misma pretensión: la anulación de la sentencia impugnada y la devolución de las actuaciones para que la Sala de instancia se pronuncie sobre el fondo. En consecuencia, por razones de igualdad en la aplicación de la Ley debemos fallar ahora de la misma forma en que lo hicimos en esa ocasión, es decir, estimando el recurso de casación, anulando la sentencia y devolviendo las actuaciones a la Sala de Las Palmas de Gran Canaria para que resuelva el recurso contencioso-administrativo, toda vez que, evidentemente, ha de reconocerse la legitimación que asiste a CSI-CSIF para impugnar esta modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Por tanto, el presupuesto del que parte la sentencia para negar su legitimación no se corresponde con lo que consta explícitamente en el expediente y se ha expresado en el proceso. Mejor dicho, de lo uno y de lo otro resulta exactamente lo contrario. De ahí que tenga razón CSI-CSIF y la sentencia vulnere los derechos que le reconocen los artículos 24.1 y 28.1 de la Constitución, y el 19.1 b) de la Ley de la Jurisdicción . Por eso, debemos anularla y, atendiendo a la petición formulada en el suplico del escrito de interposición, como se ha anunciado, devolver las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria a fin de que, establecida ya la legitimación de la organización recurrente, dicte nueva sentencia resolviendo las cuestiones suscitadas por las partes.
A tenor de lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción , no hacemos imposición de costas.
Que ha lugar al recurso de casación nº 6072/2007, interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI- CSIF) contra la sentencia dictada el 16 de junio de 2006, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria , que anulamos.
Que, reconocida la legitimación de la recurrente, devolvemos las actuaciones a la Sala de instancia, para que dicte sentencia sobre el recurso 421/2004 .
STS 1682/2000, 23 de Octubre de 2000
STS 113/2010, 16 de Marzo de 2010

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 artículo 19
 artículo 28
 artículo 30
 resolución 
 artículo 139