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﻿ Sentencia 2009-00036 de junio 24 de 2010
SENTENCIA 2009-00036 DE 24 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EFECTO ÚTIL DE LAS NORMAS EN EL MARCO DE CONCURRENCIA DE INTERPRETACIONES VÁLIDAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS, PROVISIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS, CONCURSO DE MÉRITOS, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2009-00036 de junio 24 de 2010
Rad.: 11001-03-28-000-2009-00036-00
Demandado: Javier Rincón Arciniegas
Procede la Sala a decidir la demanda de nulidad electoral que ejerce el señor Gerardo Nossa Montoya contra el acto de nombramiento del señor Javier Rincón Arciniegas como delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proferido por el Registrador Nacional del Estado Civil.
De conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo le corresponde al Consejo de Estado en única instancia el conocimiento de los procesos de nulidad de elecciones del Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, representantes a la Cámara, así como de los de nulidad de las elecciones o de nombramientos hechos por el Presidente de la República, el Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional.
De acuerdo con las citadas disposiciones es competente la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer y decidir en única instancia las demandas que se presenten en ejercicio de la acción de nulidad electoral prevista para controvertir actos de nombramiento expedidos por cualquier autoridad del orden nacional. En este evento se encuentran los actos de nombramiento que profirió el Registrador Nacional del Estado Civil, de conformidad con el artículo 120 de la Constitución Política y el Decreto 1010 de 2000.
1.1. De las excepciones propuestas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil propuso, a título de excepciones, las siguientes:
1) Acatamiento de la Sentencia C-230 A de 2008 de la Corte Constitucional: La registraduría estaba en la obligación de acatar dicho fallo agotando el procedimiento establecido en la normatividad vigente para ello.
2) Presunción de legalidad del acto administrativo: No se ha presentado ninguna de las causales para que el acto demandado pierda firmeza, y con el mismo nacieron a la vida jurídica situaciones individuales y concretas que no es viable desconocer en desarrollo de la presente acción.
3) Falta de competencia del Consejo de Estado para declarar la nulidad del acto demandado: El acto de nombramiento del Javier Rincón Arciniegas es un acto de trámite, declarativo, que dio cumplimiento al resultado del proceso previo, que no fue demandado.
La Sala considera que las alegaciones con las cuales en un proceso judicial se pretende impedir que surjan las pretensiones de la demanda es lo que genéricamente se denomina excepciones. Pero la proposición de éstas no puede basarse simplemente en negar que exista el derecho que el demandante reclama, como lo presenta la registraduría en la contestación de la demanda al plantear con tal carácter que el acto de nombramiento que se acusa se profirió en cumplimiento de la orden que la Corte Constitucional impartió en la Sentencia C-230 A de 2008 y que el acto está amparado en la presunción de legalidad.
De otro lado, en relación con las excepciones la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que son diferentes las razones de defensa que las excepciones de fondo. Aquellas versan sobre los hechos y el derecho que se alega por la parte demandante, mientras que éstas atienden a situaciones extintivas del derecho o que impiden el asenso de las pretensiones.
“Las excepciones deben versar sobre hechos extintivos o impeditivos de la pretensión; no pueden confundirse con los argumentos encaminados a desvirtuar los hechos y/o los fundamentos de derecho en que sustenta el demandante sus peticiones, que constituyen el ejercicio global de la defensa; así se deduce del artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 46 de la Ley 446 de 1998, que distingue entre las razones de la defensa (num. 2º) y la proposición de las excepciones (num. 3º)”(1).
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la excepción que se propone relativa a que el acto de nombramiento al no ser definitivo, sino de trámite en tanto es un acto que está precedido de un proceso previo que no se demandó, no puede ser pasible de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala considera que dicho medio exceptivo carece totalmente de vocación de prosperidad, pues contrario a lo que plantea el demandante, el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo señala que para obtener la nulidad de una elección (se aplica también a nombramientos), debe demandarse precisamente el acto que la declaró o que lo efectúa y no los pronunciamientos intermedios.
1.2. De la procedencia, en este caso, del contencioso electoral.
La Sala repara en que de las pruebas obrantes en el expediente (fl. 131, cdno. anexo 2) se establece que el actor integró el grupo de concursantes que resultaron excluidos del concurso por no superar la etapa IV. Debido a esta circunstancia, en principio, pudiere entenderse que la solicitud de nulidad del nombramiento del demandado que incoa tiene por finalidad obtener el restablecimiento de su opción de continuar en el concurso y alcanzar ser nombrado, razón por la cual, en este sentido, la acción a proponer es la nulidad y restablecimiento del derecho y no el contencioso electoral que se prevé, únicamente, para la defensa en abstracto, del ordenamiento jurídico. No obstante, como quiera que el actor no incluyó ninguna pretensión de restablecimiento y atendiendo a que, en todo caso, aún en el evento de que se declarara la nulidad del nombramiento que se impugna, no se produciría automáticamente su designación en el empleo para cuya provisión participó, la demanda se adelantó por el trámite que corresponde a la acción de nulidad electoral.
Se pretende la nulidad de la Resolución 3267 del 27 de mayo de 2009, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, acto que dispuso el nombramiento del señor Javier Rincón Arciniegas como delegado departamental 020-04 de la planta global de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El demandante aduce cargos de nulidad genéricos que atañen al trámite del concurso. Planteando censuras de este carácter pretende el actor derivar la nulidad del nombramiento que se efectuó como consecuencia de ese concurso. Pero de forma directa y precisa, contra del acto de nombramiento que acusa no predica ningún reproche. Tampoco, como se verá a continuación, el actor señala, y menos demuestra, cuál es la incidencia de las irregularidades que alega acaecieron en el trámite del concurso, frente a la designación o nombramiento del demandado.
Para efectos de un análisis ordenado de los mismos, serán abordados y decididos por la Sala de la siguiente manera:
El acto de nombramiento fue irregularmente expedido, porque vulneró el derecho a la igualdad y al principio de imparcialidad ya que durante el concurso se suministró a los participantes cuestionarios diferentes que, adicionalmente, contenían preguntas que no debieron ser objeto de evaluación porque no eran acordes con el temario dispuesto en la convocatoria. Además, porque se desarrollaron por cada concursante en horas diferentes.
Examinado este reproche la Sala encuentra que los cuestionarios se elaboraron de una selección aleatoria a partir de un banco de preguntas establecido para todos por igual. No se aporta prueba que demuestre que se impuso una selección arbitraria y subjetiva de las preguntas según el concursante que debía absolverlas.
Para la Sala el solo hecho de que se hubiera dispuesto una selección aleatoria a fin de propiciar que no existiera una alta probabilidad de que no hubiera dos cuestionarios idénticos, no vulnera el derecho a la igualdad y, contrario a lo expuesto por el actor, se propugna, de esa manera, por la garantía al principio de la transparencia.
Está probado que a todos los concursantes les formularon igual número y clase de preguntas por cada área de evaluación. En efecto, a folios 242 a 249 obra certificación de la universidad Sergio Arboleda en la que consta que a la totalidad de las personas evaluadas, les fueron formuladas, a saber: 10 preguntas de competencias comportamentales; 4 de contratación estatal, 5 de derecho administrativo, 5 de derecho constitucional, 5 de derecho electoral y 5 más de presupuesto; 3 preguntas de gestión administrativa y 3 preguntas más de gestión de calidad (MECI) para un total de 40 preguntas, de las cuales 10 corresponden a competencias comportamentales y las 30 restantes, a conocimientos específicos.
Tampoco se encuentra vulnerado derecho alguno de los concursantes por el hecho de que se presentaran las pruebas de conocimiento y de competencias comportamentales en distintas horas. Por el contrario, de las pruebas allegadas al proceso se evidencia la salvaguarda del derecho a la igualdad pues, a pesar de las diferencias en la hora de ingreso a la presentación de la prueba, a todos los concursantes se les brindó el mismo tiempo para su desarrollo según la voluntad y necesidad de cada uno. De lo anterior da cuenta la certificación expedida por la universidad Sergio Arboleda que obra a folios 247 a 250, de la que se advierte que todos los participantes contaron con una hora y treinta minutos, tiempo contabilizado por el respectivo computador en el que presentaban las pruebas en ambiente web.
Por tanto, en relación con este primer cargo, no se presenta que el nombramiento haya sido irregularmente expedido.
El acto de nombramiento está viciado de expedición irregular, porque la prueba de conocimientos y de competencias comportamentales debió calificarse teniendo en cuenta un puntaje mínimo aprobatorio de 230 puntos para cada una de las pruebas.
Considera que esta prueba se calificó en forma distinta a como se señala en la convocatoria 003 de 2008, en la medida en que se sumaron los puntajes obtenidos en la prueba de conocimientos específicos con los de la evaluación de competencias comportamentales para establecer así los 230 puntos que, como mínimo, requería superar la prueba.
A efectos de resolver este cargo, es menester auscultar las bases de la convocatoria y, en especial, el numeral 3.4 que trata sobre la prueba de conocimientos en ambiente web.
El puntaje mínimo aprobatorio de esta fase es de doscientos treinta (230) puntos. Sólo continuarán en el proceso los aspirantes que superen las dos pruebas que componen la fase de conocimientos, para lo cual deberán obtener un puntaje igual o superior al mínimo aprobatorio en cada prueba.
Carácter/Puntuación
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web es de carácter eliminatoria, en la que se podía obtener un máximo de 400 puntos equivalente al 40% del concurso, repartido así:
a) La prueba de conocimientos que constó de 30 preguntas se calificarían con cero (0) para los desaciertos y con diez (10) para los aciertos, y que correspondía al 30%, de modo que se podría obtener un máximo de 300 puntos;
b) La prueba de competencias comportamentales que constó de 10 preguntas con un valor entre 2.5, 5, 7.5 ó 10 puntos. En este tipo de evaluación no existen respuestas incorrectas de tal suerte que en esta prueba se podía alcanzar un máximo de 100 puntos, equivalente al 10%. Además, la prueba de conocimientos, en su integridad, se superaba si se obtenía un mínimo de 230 puntos.
De manera que, según lo anteriormente analizado y, contrario a lo interpretado por el demandante, los 230 puntos como mínimo clasificatorio, estaría dado en la suma de los resultados obtenidos en la prueba de conocimientos y en la prueba de competencias comportamentales.
Entonces, alcanzar los 230 puntos mínimos aprobatorios, no era un imposible matemático, como sin acierto lo señala el demandante, pues se podían lograr con múltiples combinaciones de las sumatorias de los puntajes obtenidos en las dos pruebas que integraban la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web.
Admite la Sala que la regla fijada en el encabezado de la tabla de la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web, se redactó en forma confusa al haber prescrito:
“…, para lo cual deberán obtener un puntaje igual o superior al mínimo aprobatorio en cada prueba”.
Es por ello, que de atender a esta exigencia de forma exegética y literal, se haría imposible el desarrollo de la prueba de competencias comportamentales debido al número de preguntas y a los puntajes asignados a cada respuesta.
Entonces es necesario entenderla aplicando el principio del efecto útil de las normas, de conformidad con el cual, ante la concurrencia de dos o más interpretaciones válidas, debe optarse por la hermenéutica que resulte eficaz a los efectos y fines que la norma persigue, esto es, en el caso en concreto, entendiendo que la fase IV se superaría cuando el aspirante obtuviera un puntaje no menor a 230 puntos en la misma tal y como en la práctica lo asumió la registraduría. De otro lado, la existencia de varias interpretaciones posibles en torno a un parámetro del concurso debe privilegiar la que otorgue viabilidad a su desarrollo y finalización.
Queda descartada, en esa forma, la hipótesis que tal puntaje mínimo clasificatorio, debería obtenerse “en cada prueba”, pues tal interpretación entraña una imposibilidad lógica y matemática.
Se concluye entonces que sumar los resultados obtenidos en cada una de las citadas pruebas, para determinar el puntaje mínimo de aprobación de la fase IV, era una necesidad para permitir la viabilidad del concurso.
De tal manera que no cabe, jurídicamente, reparo alguno por el hecho de sumarse los puntajes que obtuvieron los aspirantes en la prueba de conocimientos con los de la prueba de competencias comportamentales.
Además, esta actuación estuvo conforme con el principio de igualdad en virtud a que dicha regla se aplicó de manera uniforme para todos los aspirantes. Es más, no se demostró por el demandante a quien compete la carga de la prueba sobre las censuras que alega, que en la situación particular de la demandada se haya aplicado una regla distinta.
De otro lado, en relación con el cargo que plantea el actor relativo a que la Resolución 2714 de 2009, mediante la cual se conformó el listado de aspirantes que NO superaron la fase IV, está afectada de irregularidad porque no informó a los participantes los recursos que eran procedentes con lo cual les limitó su derecho a participar en la configuración de un acto que les afecta, es preciso advertir que el actor en forma alguna establece probatoriamente la manera en que ello incidió en la configuración de causal de nulidad del acto acusado.
Tampoco se observa irregularidad alguna, en tanto que los procedimientos especiales, como lo es el concurso convocado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se rige por norma especial. Las disposiciones que se consagran en la primera parte del Código Contencioso Administrativo y, en especial los artículos 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo, se aplican a situaciones no reguladas por normas especiales.
Para este caso, la convocatoria 003 del 16 de diciembre de 2008 no dispuso la procedencia de recursos contra las calificaciones publicadas mediante la Resolución 2714 de 2009 pero, no obstante, ante las reclamaciones surtidas por algunos concursantes, éstas fueron atendidas por la registraduría mediante la Resolución 2953 del 19 de mayo de 2009.
Finalmente, en relación con el cargo que concierne a la irregularidad que el actor plantea se presentó en asignar los porcentajes a las calificaciones de la prueba de conocimientos y la de competencias comportamentales, tal reproche resulta a todas luces equivocado en tanto la prueba de conocimientos podía otorgar un máximo de 300 puntos correspondientes a 30 preguntas, es decir, cada acierto daba 10 puntos de lo que se infiere con claridad que el peso relativo de cada acierto no es 3%, como lo indica el coadyuvante, sino 10%, que al multiplicarse por las 30 preguntas permitía llegar a los 300 puntos que, como máximo, se podían alcanzar allí de responder correctamente toda la prueba.
De manera tal, que no prospera este cargo sustentado en las razones antes expuestas.
C. Tercer cargo
En la conformación del acto acusado se violó el principio de buena fe y el principio de igualdad porque durante el trámite del concurso se corrigieron los resultados de algunos concursantes. Para el actor, este hecho afectó de irregularidad la expedición del acto demandado.
En el memorial de adición y corrección de la demanda aduce que el software de calificación de las pruebas estaba configurado de tal manera que algunos participantes, que a la postre superaron la prueba de conocimientos y de competencias comportamentales, fueran calificados de forma diferente a los demás concursantes que no superaron la fase IV del concurso.
Refiere el demandante que mediante la Resolución 2766 del 12 de mayo de 2009, se corrigieron los resultados de algunas personas que habían aprobado la fase IV. Para el demandante, con la expedición de la resolución mencionada, se vulneró el principio de confianza legítima y el de la buena fe.
No se encuentra dentro del acervo probatorio elemento alguno que permita siquiera inferir que dentro del proceso del concurso hubo manipulación del software de calificaciones para lograr un cambio en los resultados para que resultaran beneficiados unos concursantes, amén de la reprobación de otros concursantes de la fase IV.
Coincide la Sala con el concepto que, al respecto, emite el Ministerio Público al expresar que:
“… las manifestaciones que hace el actor en el escrito de corrección no dejan de ser meras suposiciones, conjeturas carentes de soporte probatorio”(2).
De otro lado, claramente puede establecerse que, si cada pregunta de la prueba de conocimientos específicos sólo tiene puntajes de cero (0) o diez (10), es imposible que cualquier concursante tuviera puntajes que difieran a múltiplos de diez.
Con la Resolución 2766 de 2009(3) está debidamente probado que los siguientes códigos de concursantes que resultaron objeto de corrección: 30129799, 30160529, 30183334, 30151030, 30320511, 3064595, 30301869, 30061150, 30215548, 30311926, 30149178, 30323827, 30068511, 30325525, 30314763, 30144669, 30314932(4), lo fueron precisamente porque tenían calificaciones que no correspondían a múltiplos de diez, en una o más preguntas, de tal manera que no se encuentra la manipulación que alega el accionante como se muestra en el siguiente cuadro:
El tercer cargo, por lo expuesto, no resulta probado y no prospera.
D. Cuarto cargo
Se sustenta la expedición irregular del acto de nombramiento del señor Javier Rincón Arciniegas en que en el procedimiento de su formación se exigió presentar títulos universitarios y de formación avanzada “Legalizados de conformidad con el trámite dispuesto para tal fin por el Ministerio de Educación Nacional”(5).
Alega el accionante que con base en esa exigencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Resolución 2740 de 2009 rechazó a 54 aspirantes por no presentar los títulos universitarios y de formación avanzada debidamente legalizados a través de un sello del Ministerio de Educación Nacional, decisión que luego fue confirmada al resolver recursos de reposición.
Para el actor se vulneraron, con ese proceder, los artículos 3º y 11 de la Ley 962 de 2005 así como el artículo 13 de la Resolución 6053 de 2000 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con el acto administrativo que decidió el rechazo mencionado, se violó el artículo 84 de la Constitución Política en la medida en que se exigieron permisos o requisitos adicionales a los reglamentados de manera general. También alega vulnerada la Ley 962 de 2005, reglamentada por el Decreto 1151 de 2008 que dispone que las autoridades no podrán establecer trámites, requisitos o permisos para el ejercicio de actividades, derecho o cumplimiento de obligaciones, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la ley.
El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo señala que la nulidad de un acto administrativo “procederá no sólo por violación a las normas en que debieron fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencias y de defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió”.
En cuanto a la causal de nulidad por expedición irregular del acto administrativo de elección la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado:
“(…) según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, constituye una causal genérica de nulidad de los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, que se configura por las irregularidades sustanciales que tengan lugar en la expedición del acto en cuestión. Y, según se dijo antes, por irregularidad sustancial en la expedición de un acto declarativo de elección o de nombramiento se entiende aquella capaz de alterar, con la suficiente gravedad, la transparencia del proceso de selección o electoral de que se trate, en cuanto afecta de manera determinante el resultado del mismo”(6).
Se impone revisar si la exigencia de “legalización” de los títulos universitarios y de formación avanzada tiene sustento legal y en el evento de que no lo tenga, determinar la capacidad que tuvo la inclusión indebida de este requisito en las bases de la convocatoria de alterar, con la suficiente gravedad, la selección objetiva y en igualdad de condiciones, de quienes resultaron incluidos en la lista de elegibles frente a los que fueron excluidos, específicamente en lo que tiene que ver con el nombramiento que se impugna.
En lo que se refiere a los certificados que acreditan estudios, la Resolución 6053 de 2000 de la Registraduría Nacional del Estado Civil señala:
Se entiende por estudios la serie de contenidos académicos, realizados en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria, y en los programas de post grado en las modalidades de especialización, maestría y doctorado.
(…) En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla de que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan.
PAR.—Entiéndase por formación avanzada los programas de post grado definidos como especializaciones, maestrías, doctorados y post doctorados al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 30 de 1992, y demás normas que la sustituyan o la modifiquen”.
De estas disposiciones se desprende que la legalización de los títulos universitarios de la manera como lo exigió la registraduría sólo se requiere para los que fueron obtenidos en el exterior. Por esta razón, para dar por probado este reproche se requiere que en el expediente aparezca prueba de que los títulos que se rechazaron por la falta del sello no son títulos otorgados en el exterior, sino en Colombia.
Pero esta acreditación se echa de menos en el expediente, y ante tal omisión, no es posible dar por establecido el cargo. Además, es carga probatoria que recae en el demandante determinar la manera como las irregularidades o los defectos que él alega acaecieron en el trámite del concurso y que no atañen de forma directa e inmediata a la designación de la demandada en concreto, tienen incidencia para viciar de nulidad su nombramiento. De imprecisión en este sentido adolece también este reproche.
Debió el demandante demostrar que la exclusión de los participantes del concurso por esta causa fue determinante para conducir al nombramiento efectuado a la demandada.
E. Otros cargos
En el trámite del proceso se presentaron solicitudes de coadyuvancia a la demanda las cuales en relación con la proposición de cargos nuevos no pueden ser objeto de análisis pues de proceder a su estudio se vulneraría el derecho de defensa y por ende el debido proceso judicial, especialmente de la demandada. La coadyuvancia se limita a compartir las causales de nulidad del acto que ya están planteadas en la demanda.
Al respecto de esta limitación que caracteriza a las coadyuvancias de demanda, la Sala en reiterados pronunciamientos(7) ha señalado los términos a los que se sujetan las participaciones adhesivas de terceros. En tal sentido, ha expuesto:
“En consecuencia, resulta evidente que la intervención de terceros en el proceso ordinario contencioso administrativo está limitada a los planteamientos efectuados en la demanda, puesto que, de un lado, el juez no puede efectuar un control integral de la norma acusada, en cuyo caso tendrían cabida los nuevos argumentos de aquellos, sino que, como se expresó en precedencia, la demanda limita el marco de acción de la controversia jurídica en este proceso, y, de otro, de esa manera queda a salvo el debido proceso y el derecho de defensa del demandado que se vería afectado si en escrito posterior al de la demanda se plantearan nuevos cargos respecto de los cuales no exista la posibilidad de controvertirlos en la oportunidad procesal que le otorga el Código Contencioso Administrativo, esto es en la contestación de la demanda, en la que también puede proponer excepciones y pedir pruebas. El coadyuvante sí puede presentar argumentos, razones nuevas en apoyo de los cargos formulados por el demandante, no expuestos en la demanda, que sirvan para reforzarlos, pero no puede presentar cargos de nulidad distintos a los propuestos en la demanda”(8).
Ahora bien, es del caso precisar que el coadyuvante Edrileison Martínez Zapata, si bien manifiesta exponer otros cargos, éstos se relacionan estrechamente con el cargo de expedición irregular del acto, basado en que la calificación de la prueba de conocimientos no se realizó conforme a la convocatoria 003 de 2008, ya analizado en el acápite correspondiente al segundo cargo y que no prosperó.
La señora Marleny Moreno Gómez (fl. 256), por su parte, formula cargo nuevo que difiere abiertamente con los que el demandante sustentó la solicitud de nulidad del acto demandado.
En efecto, en su solicitud de coadyuvancia, explica que la falta de publicación en el Diario Oficial de la convocatoria 003 de 2008 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, constituye la causal de expedición irregular del acto administrativo y solicita se declare la nulidad del acto demandado.
Respecto de ese cargo y, según lo expuesto anteriormente sobre la limitación de las coadyuvancias de la demanda, la Sala desestima tal objeción que plantea en contra del acto de nombramiento enjuiciado.
PRIMERO: DECLARAR infundada la excepción de falta de competencia del Consejo de Estado para declarar la nulidad del acto demandado por tratarse de un acto de trámite, propuesta por el apoderado judicial de la parte demandada.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral formulada por Gerardo Nossa Montoya contra la designación de Javier Rincón Arciniegas como delegado departamental 0020-04 de la planta global de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, contenida en la Resolución 3267 del 27 de mayo de 2009.
(1) Sentencia del 9 de marzo de 2006. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, C.P. Dr. Filemón Jiménez Ochoa. Radicación 11001-03-28-000-2004-00008-01(3216) Actor: Orlando Arciniegas Lagos.
(2) Folio 305.
(3) Folios 267 a 269.
(4) Resolución 2713 de 2009 por la cual se conforma el listado de aspirantes que superaron la fase IV…” folios 252 a 255.
(5) Cfr. Fase IV de la convocatoria 003 de 2008 (fl. 193).
(6) Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2006. Radicado 76001-23-31-000-2002-00315-02(3933). C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
(7) Cfr. Sentencias 1489 de 22 de enero de 1996; 1871-1872 de 14 de enero de 1999; 2219 de 6 de abril de 2000 y 3557 del 6 de octubre de 2005. Sección Quinta, y autos 1831 de 30 de marzo de 1992 2192 de 25 de octubre de 1993. Sección Primera.
(8) Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 4 de marzo de 2005. Nº interno 3170-3366.

References: artículo 128
 artículo 120
 artículo 144
 artículo 46
 artículo 229
 Resolución 
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 artículo 13
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 artículo 84
 artículo 84
 artículo 84
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 artículo 5
 artículo 10
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