Source: http://www.asociaciondefiscales.es/index.php/general/actividades-a-f/noticias/item/267-dietas-dignas-ya
Timestamp: 2019-02-21 02:44:39+00:00

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Como ya hicimos con el anterior Gabinete Ministerial, retomamos la demanda: innegociable, urgente, y necesaria de reclamar del Ministerio de Justicia una reforma urgente del Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos para garantizar, que la formación tanto inicial como continuada, la asuma exclusivamente la FGE, encomendándose al CEJ la gestión exclusiva de las necesidades materiales.
En este sentido el informe GRECO 2017 expresamente se refiere a la formación de los Fiscales y afirma: “El Centro de Estudios Jurídicos depende del Ministerio de Justicia. Su presupuesto y programas están establecidos por dicho Ministerio previa consulta del Ministerio Fiscal. El EEG considera que la formación de fiscales debería estar controlada principalmente por los mismos fiscales”.
La autonomía ansiada del Ministerio Fiscal pasa porque sea la propia FGE quienes forme a los futuros Fiscales, al igual que ocurre con la Carrera Judicial.
Por ello demandamos que la Fiscalía General del Estado, y el Consejo Fiscal asuman ese compromiso conjunto con las Asociaciones de Fiscales, instando la modificación del RD, y asumiendo el protagonismo que le corresponde en esta materia.
DIETAS DE FORMACIÓN
Como ya os informamos en su día el pasado mes de abril, de forma conjunta, los vocales electos propusieron en el seno del Consejo Fiscal, tres propuestas para incrementar las dietas; el aumento de su cuantía; la inclusión de la totalidad de la Carrera fiscal en el Grupo I, y el complemento de la dieta. Todo ello con la finalidad de solventar las condiciones cada vez más lamentables en las que desarrollamos nuestros cursos de formación continua. Muchas son las quejas, que pueden resumirse en una “dignidad de la función “, y es que acudir a nuestra formación continua ha de dignificar la función a la que servimos, y forma parte de la misma.
La Asociación de Fiscales, en la búsqueda de soluciones en esta materia y a fin de facilitar el mayor número de respuestas, presenta una nueva propuesta para su introducción y debate en el seno del Consejo Fiscal con el objeto superar la actual situación de todo punto insostenible como ya se ha expuesto reiteradamente al anterior Gobierno, sin la consecución de avance alguno con el actual.
Esta materia es objeto de regulación el Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio y en las Instrucciones sobre comisiones de servicio con derecho a indemnización.
De acuerdo con estas últimas “En los términos previstos en los contratos de agencia de viajes, se podrá́ solicitar oferta de hoteles, que responderán con la opción económicamente más ventajosa existente en el momento de contratar los servicios, tomando como limite el grupo de dieta o gasto autorizado del comisionado. En función de sus necesidades, los Ministerios y organismos podrán establecer la obligación de utilizar los servicios de la agencia de viajes para la solicitud de oferta de hoteles”.
Es decir, se ha establecido una norma general, con un fundamento reglamentario que parte de una premisa superada, a saber, la equiparación entre las dietas. o indemnizaciones por razón de servicio con los gastos de formación.
La formación de los fiscales se regula en el Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos. Su artículo 19 establece que “El régimen presupuestario, económico - financiero, de contabilidad, intervención y control financiero será́ el establecido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y demás disposiciones vigentes”.
Por lo tanto, una norma reglamentaria establece un régimen financiero para este organismo y otra distinta fija un límite a las indemnizaciones por razón de servicio. Sin embargo y como se ha indicado, el sistema se encuentra superado y no tanto por las exiguas cantidades empleadas desde hace tantos años, sino por cuanto que este sistema ha obligado a incrementar algunos de sus gastos por cada curso sacándolos de la capital a costa de incrementar los pagos en transporte.
Además, se parte de una interpretación equivocada, al vincular un gasto por razón de servicio con una actividad formativa que va más allá de las genéricas comisiones de servicio.
En la realidad, la formación es un derecho y un deber de los fiscales, y estos acuden voluntariamente a los cursos que se convocan.
Por lo tanto, acogiéndonos a aquella propuesta solicitamos se hagan las gestiones correspondientes para añadir un apartado nuevo al art. 35 del Real Decreto 1276/2003 con el siguiente contenido:
“El alojamiento de los funcionarios comprendidos en el artículo 2 de este Estatuto se gestionará directamente a través de los recursos económicos propios del Centro de Estudios Jurídicos sin someterse a los límites establecidos en el Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio”.
Del mismo modo reclamamos de forma inmediata se deje sin efecto la Resolución del CEJ del mes de mayo de 2018 que resuelve “ establecer en el organismo autónomo “Centro de Estudios Jurídicos”, tal y como permite la cláusula 3.2 del contrato centralizado de servicios de agencias de viajes para la AGE, por razón de las necesidades de servicio del organismo autónomo, la obligación para los usuarios en el CEJ de este contrato centralizado de utilizar los servicios de la agencia de viajes contratada para la solicitud de oferta de hoteles en la modalidad de grupos” dado que no existe precepto normativo alguno que impida a un funcionario gestionar su dieta puesto que la manifestación de la existencia de un acuerdo entre la adjudicataria y la Administración no puede modificar el contenido de un RD, al margen de la posible reforma de éste último.
Madrid a 18 de septiembre de 2018
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto