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Timestamp: 2020-07-02 09:24:23+00:00

Document:
Sentencia Número C 397 de 18-05-2011. Corte Constitucional.
18 / 05 / 11 Biblioteca, Jurisprudencia 1523
Fecha: 18-05-2011.
Entidad de Origen: Corte Constitucional.
N° de Sentencia: C 397.
Tema: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5, del artículo 206 del Estatuto Tributario.
Tipo de Acción: Acción de Inconstitucionalidad.
Estatuto Tributario. Artículos 135 y 206 numeral 5.
Ley N° 1328 de 15-07-2009. Congreso de la república. Artículo 77.
Ley N° 100 de 23-12-1993. Congreso de la República.Artículos del 33 al 37.
Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 1°, 3°, 48, 53, 95-9, 150, 154, 287, 294, 338, 363.
El despacho consideró pertinente poner en conocimiento de la demanda al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a la Central Unitaria de Trabajadores – CUT – y a las Facultades de Derecho y Jurisprudencia de las Universidades del Rosario, Nacional de Colombia, Sergio Arboleda y Javeriana, para que, si lo consideraban pertinente, intervenieran en el debate constitucional.
Del numeral 5º del artículo 206 del Estatuto Tributario – Decreto 624 del 30 de marzo de 1989, modificado por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995 y subrogado por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006, «Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales».
1.2.1	En primer lugar, afirma el demandante que el artículo 206 produce una vulneración del derecho a la igualdad, en razón a que el legislador en el caso de los trabajadores activos gravó con el impuesto a la renta el pago del salario con un límite de 240 UVT, es decir, cinco millones ochocientos noventa y dos mil, ($5.892.000), para el año 2010, mientras que en el caso de las pensiones el tope de la exención es de 1000 UVT, es decir, veinticuatro millones seiscientos sesenta mil pesos ($24.660.000).
1.2.2	Agrega que Colombia es un Estado Social de Derecho con un gobierno democrático, fundado en el respeto por la dignidad humana, “… en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” En la misma forma, el artículo 13 señala que todas las personas son iguales ante la ley y reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Y, concluye la norma, “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva…”. Estos principios constitucionales se ven desconocidos por la norma acusada, en razón a que los pensionados con capacidad de pago no aportan para las expensas del Estado mientras que sí lo hacen los trabajadores en la misma posición económica.
1.2.3	Agrega que las pensiones se encuentran altamente subsidiadas con cargo al presupuesto público y por tanto, la exención de las personas a que se refiere el legislador, se constituye en un verdadero beneficio, que resulta injusto y profundiza la inequidad y regresividad, no sólo del sistema tributario, sino en el gasto público.
1.2.4	Sin embargo, advierte que la presente acción no tiene el propósito de que absolutamente todas las pensiones, incluyendo las mínimas, que son más del 85% de los pensionados, sean gravadas, y menos, en su totalidad. Manifiesta, que por el contrario “de reconocerse la inconstitucionalidad de la norma demandada, todos los pensionados, incluyendo aquellos que reciben pensiones altas, quedarían cobijados por la exención general del 25% previstas para las rentas laborales, que no pueden ser menor de $2.333.000.oo mensuales, así como la posibilidad de descontar de la base impositiva el valor del aporte obligatorio a salud, que es del 12%, con lo cual, el porcentaje exento de impuesto sería del 37%. Lo anterior implica, que siguen siendo exentas de impuestos las pensiones hasta $2.693.000.oo.”
1.2.5	Argumenta que la exención de las pensiones no tiene relación de causalidad con la actividad que las genera, y es, además, absolutamente desproporcionada.
1.2.6	La norma acusada implica una clara violación del artículo 95 de la Constitución Política, es decir, el deber de contribuir a los gastos públicos, según el cual dice: “El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución Implica responsabilidades” y “deberes” entre otros el de “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”
1.2.7	Sostiene que viola el artículo 363 de la norma Superior al no responder a los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Lo anterior, al reiterar que “resulta absolutamente inequitativo que se haya dispuesto exencionar totalmente de impuestos a las pensiones de hasta cincuenta salarios mínimos legales mensuales, porque dichas rentas son subsidiadas, hasta casi el 80% con cargo al presupuesto público, es decir, de los impuestos pagados por los ciudadanos, en detrimento, especialmente de los más necesitados.”
1.2.8	Solicita entonces que la Corte Constitucional disponga que las pensiones sean gravadas por el impuesto a la renta en los mismos términos que el salario o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral, legal y reglamentaria.
1.3.1.	Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
1.3.1.1	En primer lugar, el interviniente afirma que la situación del trabajador no es comparable con la del pensionado, aunque los ingresos de ambos tengan origen en el contrato de trabajo. El primero, lo obtiene de prestar un servicio, y, mientras lo hace, aporta un dinero destinado al pago de su futura pensión. El segundo, se encuentra laboralmente inactivo y la pensión que recibe, representa un reintegro de los aportes realizados en su vida laboral. Por lo anterior, se justifica el trato diferente respecto a que la exención laboral general del 25% sobre los ingresos del primero no sea la misma respecto del segundo.
1.3.1.2	Se pregunta el interviniente que si se aceptara que la pensión constituye un reintegro de lo ahorrado en el fondo y que se formó con aportes tomados de ingresos que no se computaron dentro de la base gravable del impuesto de la renta del beneficiario en los años en que estuvo activo, “¿qué parte gravar de ella, no exonerar del impuesto?”
1.3.2.	Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT.
1.3.2.1	La situación para los trabajadores del país es cada vez más gravosa caracterizándose por altos índices de desempleo, la informalidad, la precariedad de los empleos con bajos ingresos y la falta de protección social en salud, riesgos profesionales y pensiones.
1.3.3.	Intervención de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
1.3.3.3	Por otra parte, en relación con el deber de contribuir con las cargas públicas (Art. 95 CP), indica que la norma demandada impone una medida de carácter especial que se otorga en virtud de la especial protección estatal otorgada al pensionado en razón a sus condiciones de vulnerabilidad y en razón de la especial importancia que imprime la Constitución a las pensiones.
1.4.1	En primer lugar, señala el Procurador que la norma acusada establece un límite máximo para lo cual las mesadas pensionales de igual valor o inferiores a ella, están exentan de impuesto a la renta, en tanto que las superiores, están sometidas al pago del tributo. De igual forma, están cobijadas las pensiones sustitutivas y la devolución de ahorros en materia pensional. En este sentido, para el Ministerio Público los pensionados y los trabajadores no se encuentran en una misma situación fáctica. Esto, por cuanto las bases gravables de los impuestos provienen de diferentes fuentes, una de la relación laboral y la otra del subsistema de pensiones, que hace parte del Sistema General de Seguridad Social.
1.4.2	En este orden de ideas, los pensionados han realizado aportes a través de su vida laboral con el fin de garantizar su derecho a la pensión en razón a la ocurrencia del fenómeno de la vejez, la invalidez, la viudez, la orfandad o el riesgo profesional. En tanto que los segundos, lo están haciendo en el transcurso del ejercicio laboral.
1.4.3	El Ministerio Público recuerda que los artículos 48 y 53 de la Constitución Política garantizan que la seguridad social será equitativa y financieramente sostenible. De igual forma, sostiene que el Acto Legislativo 01 de 2005, modifica el artículo 48 de la Norma Superior, en el sentido de reforzar la sostenibilidad del sistema pensional, de reducir los regímenes especiales, como la de fijar topes de ingreso pensional y la de asegurar los derechos adquiridos.
1.4.4	Dice además que dentro de los mandatos constitucional están los de adoptar los mecanismos necesarios para mantener el poder adquisitivo de los ingresos a pensiones, así como el deber del Estado de garantizar la provisión y adecuada inversión de dichos recursos. Así, la protección especial a las pensiones es prioritaria y se erige en un pilar del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que el subsistema está organizado para proteger a un grupo especialmente vulnerable como es el de los pensionados, que por sus condiciones especiales, no están en la misma situación de los trabajadores.
1.4.5	El Ministerio Público considera que, por ejemplo, la diferencia entre las pensiones y el salario, “es que las mesadas pensionales están sometidas a un límite máximo de 25 salarios mínimos mensuales a partir del 31 de julio de 2005, más no así sucede con los salarios de los trabajadores.”
1.4.6	Respecto a que si los pensionados contribuyen al sostenimiento del Estado, al ser sujetos de cargas públicas, el artículo demandado es claro al determinar que las pensiones que superen las mil unidades de valor tributario tienen el deber de tributar. De igual forma, la norma establece que los trabajadores que devengan hasta un determinado salario o tengan un patrimonio de valor límite, están obligados a declarar renta. Ello no quiere decir que en ambos casos, los que devenguen menos de esos montos, no contribuyan a sostener el Estado.
1.4.7	Afirma el Procurador que este deber de contribución al Estado no es absoluto. Al respecto agrega que “Para imponer las cargas tributarias o establecer excepciones o exenciones a ellas, la capacidad de pago no es, ni puede ser, el único factor a tener en cuenta. En el caso de los pensionados, su mesada debe ser proporcional a los aportes que, con mengua de su patrimonio, hicieron durante toda su vida laboral.”
1.4.8	Igualmente sostiene que el numeral demandado tampoco vulnera los principios del sistema tributario, sino que lo preserva, en razón a que ordena que pensiones de determinado monto se encuentran obligadas a pagar el impuesto.
1.4.9	Por último, manifiesta que la pretensión del actor de reducir la exención para todas las mesadas pensionales al 25% sin importar su cuantía, no corresponde a un debate judicial sino al político porque la acción de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6 y 242-1 Superiores, tienen como propósito de impugnar la validez de las normas de rango constitucional y jerarquía de ley, más no su conveniencia.
1.4.10	Esto por cuanto, en el evento de declararse inexequible la norma demandada, “no se sigue per se que los ingresos pensionales queden incluidos dentro de lo previsto por el numeral 10 del artículo 206, como se pretende en la demanda; y porque aplicar a las pensiones el mismo régimen impositivo de los ingresos laborales derivados de las rentas de trabajo, vulneraría el derecho a la igualdad, al equiparar dos situaciones que no son equiparables.”
1.4.11	Concluye que es al Congreso, a quien le compete en el ejercicio del principio de libre configuración de la ley, establecer los tributos, sus bases y sus exenciones, dentro de los límites establecidos en la Carta, en especial en los artículos 150.12 y 363 Superiores.
El Ministerio Público, e
« Oficio Nº 035813 de 18-05-2011.Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto Número 38998 de 30-05-2011. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. »

References: artículo 206
 Artículo 77
 artículo 206
 artículo 96
 artículo 51
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 95
 artículo 363
 artículo 48
 artículo 206