Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-178-2011-ap-zaragoza-sec-3-rec-182-2011-27-09-2011-10682671
Timestamp: 2017-07-21 12:45:43+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 178/2011, AP - Zaragoza, Sec. 3, Rec 182/2011, 27-09-2011 | Iberley
InicioJurisprudencia PenalAP - Zaragoza2011Lopez Lopez Del Hierro, Miguel AngelEstima parcialmenteSentencia178/2011182/2011
Sentencia Penal Nº 178/2011, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 3, Rec 182/2011 de 27 de Septiembre de 2011
Jurisprudencia Sentencia Penal Nº 131/2011, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 2/2011, 22-03-2011 Órden: Penal
Num. Sentencia: 131/2011
Sentencia Penal Nº 319/2012, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 210/2012, 11-06-2012 Órden: Penal
Num. Sentencia: 319/2012
Num. Recurso: 210/2012
Sentencia Penal Nº 201/2010, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 174/2010, 14-06-2010 Órden: Penal
Num. Sentencia: 201/2010
Sentencia Penal Nº S/S, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 84/2003, 25-04-2003 Órden: Penal
Num. Recurso: 84/2003
Sentencia Penal Nº 798/2015, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 1866/2015, 14-12-2015 Órden: Penal
Morales Perez-roldan, Agustin
Num. Recurso: 1866/2015
El término juicio oral se refiere, tanto a una fase concreta del proceso (Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que se refiere a los escritos de calificación provisional, artículos de previo pronunciamiento y prueba anticipada, como al ... El procesamiento en el orden penal Órden: Penal
La prueba en el procedimiento administrativo se encuentra regulada en los Art. 77-78 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, preceptos que establecen, entre otras cuestionses, que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse... Los medios de impugnación en el orden penal Órden: Penal
Se declarará la nulidad de la sentencia recurrida, en caso de que se cumpla lo establecido en los artículo... Recurso de apelación contra auto de prisión provisional en proceso abreviado Fecha última revisión: 04/04/2016 NOTA: Para acordar la prisión o la libertad provisional con fianza de quien estuviere en libertad se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se refiere el ... Escrito al Juzgado de lo Social proponiendo la práctica de prueba Fecha última revisión: 02/05/2016 NOTA: Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias que propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueb... Contestación a la demanda de daños y perjuicios por negligencia médica (fallecimiento) Fecha última revisión: 11/04/2016 NOTA: Mientras que la acción de reclamación de responsabilidad contractual está sometida a la prescripción de cinco años (art. 1964 CC), la prescripción de las acciones para exigir la responsabilidad extracontractual, es de un año a partir d... Ver más documentos relacionados
Caso práctico: Requisitos para que el testimonio de la víctima constituya prueba de cargo suficiente Fecha última revisión: 09/09/2014 ¿Cuáles son los requisitos para que el testimonio de la víctima constituya prueba de cargo suficiente?La declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia aun cuando sea la única prueba disp... Caso práctico: Negativa a identificar a las personas que se encuentran en el local. Obstrucción a la labor inspectora. Fecha última revisión: 13/04/2016 PLANTEAMIENTONegativa a identificar a las personas que se encuentran en el local. Obstrucción a la labor inspectora. Sanción.En una visita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizada a una empresa se halla a ocho personas trabajando... Caso práctico: Responsabilidad municipal en el otorgamiento de licencias de obras y culpa de promotor. Fecha última revisión: 30/01/2013 La responsabilidad del Ayuntamiento en el otorgamiento de la licencia de obras ¿Puede provocar que se exonere de culpa al promotor?Para resolver esta cuestión analizaremos la TS, Sala de lo Contencioso, de 09/10/2009, Rec. 3526/2005, que confirmó ... Caso práctico: Elementos del delito de falso testimonio de peritos e intérpretes. Fecha última revisión: 20/12/2012 ¿Cuáles son los elementos y características básicas del delito de falso testimonio de peritos e intérpretes? ¿Cómo se configura jurisprudencialmente? En este sentido es clarificadora la STS 265/2005 de 1 de marzo, que en su fundamento de dere... 139371 - IMPORTACIÓN - 05.- DE MATERIAL DE TORTURA, PENA DE MUERTE, INHUMANO ETC Fecha última revisión: 01/01/2017 Pregunta¿Cuáles son los requisitos para importar productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o inflingir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y denigrantes?RespuestaEstá sujeta a licencia la importación de determin... Ver más documentos relacionados
Núm. Sentencia: 178/2011 Núm. Recurso: 182/2011
Núm. Cendoj: 50297370032011100410
Encabezamiento AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 ZARAGOZA SENTENCIA: 00178/2011 Rollo: 182 /2011 Órgano procedencia: JDO. INSTRUCCION N. 2 de ZARAGOZA Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 208 /2011 SENTENCIA Núm.178/2011 EN NOMBRE DE S. M. EL REY En Zaragoza, a veintisiete de septiembre de dos mil once. El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel López y López de Hierro Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ha visto en grado de apelación el Juicio de Faltas núm. 208 de 2011 procedente del Juzgado de Instrucción nº Dos de Zaragoza, rollo nº 182 de 2011, seguido por falta de Lesiones contra
Gregoria defendida por el letrado Sr. Esteban Pendas y contra
Rocío en cuyo juicio es parte el Ministerio Fiscal.
Antecedentes PRIMERO. - En los citados autos recayó
sentencia con fecha 20 de Mayo de 2011 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente "FALLO: DEBO CONDENAR Y CONDENO a las denunciadas
Rocío , y
Gregoria , en concepto de autoras, la primera de una falta de lesiones tipificada en el
nº 1 artículo 617 del Código penal, y la segunda una falta de malos tratos tipificada en el nº2 artículo 617 del código penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad penal, a las penas, para cada una de ellas, de UN MES MULTA, con una cuota diaria de SEIS EUROS, es decir, CIENTO OCHENTA EUROS CON QUINCE DIAS de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, mas 2/3 de las costas, debiendo indemnizar
Gregoria en la cantidad de 90 euros por las lesiones causadas.
ASIMISMO DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO, a la denunciada
Rocío , de la falta de amenazas y vejaciones injustas tipificada en el
nº 2 artículo 620 del código penal objeto de denuncia, con declaración de oficio de 1/3 costas.". La sentencia apelada contiene la siguiente relación fáctica "
HECHOS PROBADOS .- PRIMERO probado y así se declara.- Que sobre las 6 horas del día 22/12/2010, cuando
Gregoria , se encontraba realizando su trabajo como limpiadora en la comunidad de la
NUM000 , en el rellano del piso
NUM001 , salio la vecina del
NUM001 NUM002 Rocío , diciéndole a la anterior que no eran horas para hacer tanto ruido, discutiendo, dándose mutualmente empujones, y la segunda golpeo a la primera en la zona derecha de la cara, sufriendo la misma lesiones consistentes en pequeño hematoma en zona malar derecha, precisando un única asistencia, tardando en curar 3 días no impeditivos.
Asimismo no ha quedado suficientemente acreditado que la denunciada
Rocío , profiriera frases de carácter ofensivo e intimidativo contra
Gregoria .". Hechos probados que como tales se aceptan.
SEGUNDO. - Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de
Gregoria expresando como motivos del recurso los que constan en el escrito presentado y admitido en ambos efectos se dio traslado a las partes para alegaciones, tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia para la resolución del recurso.
Hechos Se aceptan los hechos probados de la resolución recurrida. Fundamentos PRIMERO .- Se aceptan en parte los fundamentos de la sentencia apelada.
SEGUNDO .- Contra la
sentencia dictada por la Juez de Instrucción nº Dos de Zaragoza con fecha 20 de Mayo de 2011 se alza la representación legal de
Gregoria en recurso de apelación argumentando el mismo en un supuesto quebrantamiento del Principio de Presunción de Inocencia y en infracción de ley por aplicación indebida del
artículo 617 párrafo 2º del Código Penal así como falta de proporcionalidad en la aplicación de la pena impuesta.
TERCERO .- Respecto del supuesto quebrantamiento del Principio de Presunción de Inocencia el motivo debe perecer puesto que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en multitud de ocasiones, cuya cita explícita resulta ociosa por su reiteración, ha tenido ocasión de pronunciarse a propósito del concepto, naturaleza, eficacia y alcance procesal del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el
artículo 24.2 de nuestra Constitución, que aquí se alega motivando, en su supuesta vulneración, la impugnación de la Resolución recurrida.
No obstante, de tan copiosa y pormenorizada doctrina acerca de la presunción de inocencia aquí invocada, sí hemos de resaltar: a) que se trata de un derecho fundamental que toda persona ostenta y, en cuya virtud, ha de presumírsela inicialmente inocente ante las imputaciones que contra ella se produzcan en el ámbito de un procedimiento de carácter penal o, por extensión, de cualquier otro tendente a la determinación de una concreta responsabilidad merecedora de sanción de contenido aflictivo; b) que presenta una naturaleza «reaccional», o pasiva, de modo que no precisa de un comportamiento activo de su titular sino que, antes al contrario, constituye una auténtica e inicial afirmación interina de inculpabilidad, respecto de quien es objeto de acusación; c) pero, por el contrario y asimismo, que tal carácter de interinidad, o de presunción "iuris tantum", es el que posibilita, precisamente, su legal enervación, mediante la aportación, por quien acusa, de material probatorio de cargo, válido y bastante, sometido a la valoración por parte del Juzgador y desde la inmediación, de la real concurrencia de esos dos requisitos, el de su validez, en la que por supuesto se ha de incluir la licitud en la obtención de la prueba, y el de su suficiencia para producir la necesaria convicción racional acerca de la veracidad de los hechos sobre los que se asienta la pretensión acusatoria; y d) correspondiendo, en definitiva, a este Tribunal, en vía de apelación y tutela del derecho de quien ante nosotros acude, la comprobación, tanto de la concurrencia de los referidos requisitos exigibles a la actividad probatoria, como de la corrección de la lógica intrínseca en la motivación sobre la que la Resolución impugnada asienta su convicción fáctica y la consecuente conclusión condenatoria. Las reglas básicas, y consolidadas jurisprudencialmente por su reiteración, para analizar el ámbito y operabilidad del derecho a la presunción de inocencia pueden resumirse de acuerdo con múltiples pronunciamientos del
T S, como las Sentencias de 4 Oct. 1996 y
26 Jun. 1998 entre otras, en el sentido de que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación con tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de instancia, a quien por ministerio de la Ley corresponde con exclusividad dicha función
(artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).(STS18 abril 2002 ).
Descendiendo al caso que nos ocupa el Juez "a quo" contó con prueba suficiente para enervar el principio invocado como fue la testifical practicada en el acto del juicio como fue la declaración de la denunciante
Rocío la cual se ratificó en su denuncia prestada en la Comisaría de Policía el día 22 de Diciembre de 2010 obrante al folio 4 de la causa en la que claramente, manifestó que la denunciada y ahora apelante le había dado un empujón contra la pared, versión que mantuvo íntegramente en el acto del juicio oral.
Prueba practicada con observancia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad y valorada libre y correctamente y desarrollando su argumentación conforme a los principios de la lógica y la experiencia por lo que no es posible, en conclusión, negar la existencia de una prueba de cargo obtenida con las debidas garantías legales y constitucionales, con entidad suficiente para poder desvirtuar la presunción de inocencia que inicialmente ha de reconocerse a todo acusado. Cabe añadir a lo dicho que los acusados no pueden utilizar este cauce de apelación para llevar a cabo una crítica de la valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal sentenciador "a quo", sin otros argumentos que los propios de una valoración interesada de las pruebas practicadas en la causa, con el único objetivo de llegar a unas conclusiones distintas de las asumidas por el Tribunal, al que, como ya hemos dicho, reserva la ley la facultad de valorar en conciencia las pruebas practicadas, respetando lógicamente las exigencias legales y los criterios de racionalidad impuestos por la lógica, la ciencia y la experiencia. Tiene dicho el Tribunal Supremo en la
STS nº 951/99, de 14 de junio de 1999 , que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es sólo revisable en apelación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos. Por el contrario, son ajenos al objeto de la apelación aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia.
Ello es así porque la inmediación, aunque no garantice el acierto ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, permite al Tribunal acceder a algunos aspectos de las pruebas personales que resultan irrepetibles, y que pueden influir en la valoración, de forma que la decisión del Tribunal de instancia en cuanto a la credibilidad de quien declara ante él, aunque debe basarse expresamente en aspectos objetivos, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no las haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser corregida.) En el presente caso el intento de que esta Sala vuelva a valorar la prueba personal al margen del principio de inmediación está condenado al fracaso (en este sentido, la
Sentencia 120/2003, de 28 Feb .).
El recurso de apelación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen este acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contradicción e igualdad de armas), sino que, cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal de apelación únicamente debe verificar los controles anteriores, pero no puede efectuar una nueva valoración de la prueba, al faltarle el fundamental requisito de la inmediación procesal, pieza clave del sistema valorativo, que supone la apreciación de la prueba de carácter personal que se desarrolla en el plenario. Únicamente el vacío probatorio, o la falta de racionalidad en dicho proceso valorativo, pueden tener trascendencia en este aspecto. Por las razones expuestas, procede la desestimación de este motivo. CUARTO .- En cu ato a la supuesta infracción de ley por aplicación indebida del
artículo 617 párrafo 2º del Código Penal el motivo debe correr la misma suerte que el anterior y ello porque el motivo alegado, supone la comprobación por este Tribunal de Apelación de la correcta subsunción de los hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal. Pero esa labor ha de partir de un principio esencial, cual es el de la intangibilidad de la narración de Hechos llevada a cabo por el Juez a quo, a partir de la convicción que por el mismo se alcanza acerca de la realidad de lo acontecido, como consecuencia de la valoración del material probatorio disponible, que le es propia con exclusividad. Lejos de someterse al «factum» de la sentencia el motivo se dedica a valorar la prueba practicada desde su propia perspectiva de parte con la finalidad de modificar el resultado valorativo alcanzado por el Tribunal sentenciador, lo que, como es bien sabido, no le está permitido a las partes procesales al tratarse de una competencia soberana y privativa del Tribunal conforme a los
artículos 117.3 C.E. y 741 L.E.Cr. Es decir todos los argumentos de la parte recurrente en apoyo de este motivo no son otra cosa que un vano intento de valorar las pruebas practicadas en forma distinta al Juez que dicto sentencia para llegar a conclusiones diferentes de las plasmadas por éste en el relato fáctico de la resolución combatida, de modo que, en último término, suponen un notorio desconocimiento del respeto debido al relato fáctico de la sentencia, inherente al cauce procesal propio del "error iuris" (v.
art. 884.3º LECrim .). En este sentido, es clara la improcedencia también de los motivos, puesto que la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento ahora apelado es de sobra bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria al concurrir en la consta del acusado todos los elementos del tipo aplicado. QUINTO .- Por último ultimo alega la pare apelante falta de proporcionalidad en la pena impuesta al haber sido condenada a la pena máxima prevista en el artículo 617 párrafo 2º del Código Penal sin motivación suficiente. Tiene razón en este aspecto la parte apelante y el motivo debe ser estimado en parte. En efecto, si bien es cierto, como bien explicita la Juez a quo en el fundamento jurídico tercero de la resolución ahora sometida a censura, que el
artículo 638 establece que...." En la aplicación de las penas de este Libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las reglas de los
artículos 61 a 72 de este Código ...." También lo es que, según reiterada y pacífica jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, el
articulo 120 CE establece que las sentencias serán siempre motivadas habiendo señalado dicho Tribunal en numerosas ocasiones que la motivación ha de abarcar el aspecto fáctico la subsunción de los hechos en la norma penal que se aplica y las consecuencias penales y civiles del delito y ello debe ser a si porque lar resoluciones judiciales no son meras declaraciones de voluntad sino el resultado de la aplicación razonada y razonable de las normas jurídicas por lo que requieren una motivación que, aunque sea sucinta, proporcione una respuesta en derecho adecuada a la cuestión planteada.
La motivación de la pena es imprescindible, salvo que el Tribunal opte por imponer el mínimo legalmente posible, pues en ese caso puede entenderse que tal determinación es la consecuencia ineludible, por aplicación del principio de legalidad, de los razonamientos que previamente deben haberse expresado sobre la existencia de los hechos y sobre su calificación jurídica. En otro caso, el juzgador no puede adoptar la decisión final de la sentencia condenatoria en la que fija la extensión de la pena, probablemente el aspecto más trascendente para el acusado, sin expresar adecuadamente las razones que ha tenido en cuenta en el momento de proceder a la individualización. Viene obligado a hacerlo así por la Constitución, pues la ausencia de motivación puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, que como es sabido comporta el derecho a obtener una resolución fundada --motivación-- que dé respuesta a la pretensión que se plantea, y además por el
artículo 120.3 CE , en cuanto establece que las sentencias serán siempre motivadas. Y además, muy concretamente, por el
artículo 66 del Código Penal , que obliga a tener en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho al individualizar la pena para los casos en los que no se aprecien circunstancias atenuantes ni agravantes. En su redacción original este precepto establecía expresamente que los Tribunales debían razonarlo en la sentencia, previsión que ha desaparecido del
artículo 66.1.6º según la redacción dada por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 Sep. Esta modificación no puede entenderse en el sentido de que haya desaparecido la obligación de motivar este aspecto de la sentencia condenatoria, pues subsisten las previsiones constitucionales que no pueden ser desconocidas o inobservadas ni en su letra ni en su espíritu (
STS 7 Noviembre 2003 ,
5 Abril 2004 ,
24 Junio 2004 ,
24 Marzo 2005 ,
6 Abril 2005 ), entre otras.
SEXTO .- Sentada la doctrina anterior y descendiendo al caso que nos ocupa vemos que la Juez a quo condena a la recurrente, por una falta tipificada en el
artículo 617 párrafo 2º del Código Penal para la que se prevé una pena de multa que abarca de 10 a 30 días a la pena de 30 días multa.
Aplica, por tanto, la pena prevista en su máxima extensión fundando ésta en las circunstancias que rodean a los hechos pero no dice en qué consisten dichas circunstancias ni por qué esta justificada la aplicación de la pena en su máxima extensión. Por ello este Tribunal considera más ajustado a Derecho rebajar la extensión de la pena impuesta a 10 días multa siendo correcta, sin embargo, la cuota impuesta de 6€ por día multa ya que, a tenor de la más moderna jurisprudencia, el reducido nivel mínimo de la pena de multa del
Código Penal 2€ (332'7ptas ) debe quedar relegado a los casos extremos de indigencia o miseria por lo que en casos ordinarios en lo que no concurren estas circunstancias extremas resulta adecuado la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próximo al mínimo absoluto, pero sin necesidad de alcanzarlo como, por ejemplo, la cuota diaria de 6€ (1000 ptas.)
SEPTIMO .- Por todo lo cual procede la estimación parcial del recurso interpuesto por la representación de
Gregoria en el sentido de que debe imponérsele una pena de 10 multa a razón de 6€ por día multa y la confirmación de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº Dos de esta Ciudad en el resto de sus extremos.
artículos 795, 796, 976 y 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de
Gregoria contra la
sentencia dictada en el Juicio de faltas referenciado con fecha 20 de Mayo de 2011 en el sentido de que debe imponérsele una pena de 10 multa a razón de 6€ por día multa y la confirmación de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº Dos de esta Ciudad en el resto de sus extremos sin hacer condena en costas del mismo. Devuélvanse los autos con certificación de lo resuelto al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el M. I. SR. Magistrado-Presidente que la dictó, estando celebrando audiencia pública está Audiencia en el mismo día de su fecha. Doy fe.

References: artículo 617
 artículo 617
 artículo 620
 resolución 
 resolución 

artículo 617

artículo 24
 Resolución 
 Resolución 

artículo 617
 resolución 
 artículo 617
 resolución 

artículo 638
 resolución 

artículo 120

artículo 66

artículo 66

artículo 617