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Timestamp: 2017-09-24 21:16:39+00:00

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EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ASEGURADORA, ¿BENEFICIA AL ASEGURADO QUE CONSINTIÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA?
(Un nuevo examen de la cuestión a luz de lo resuelto por la CSJN en la causa "Ávila")
por ALEJANDRO C. VERDAGUER
SUMARIO: I. Introducción. II. La cuestión litisconsorcial. III. El litisconsorcio asegu­radora-asegurado. a) Citación en garantía solicitada por el asegurado. b) Pretensión directa pero no autónoma planteada por el actor (cuando la víctima produce la citación). IV. La postura de la CSJN en el caso "Ávila". V. Conclusión.
La Cámara Civil, quince años atrás, en el plenario "Flores" decidió que "es apelable por la aseguradora citada en garantía la sentencia consentida por su asegurado". De esa manera resolvió una cuestión respecto de la cual existían posiciones contrapuestas en sus diversas salas, y lo hizo siguiendo la directriz que en el tema puntualmente había sentado la Corte Suprema de Justicia . La doctrina establecida por el plenario, correcta desde nuestra óptica, pues garantizó el derecho de defensa en juicio de la aseguradora, si bien despejó un interrogante también generó uno nuevo. Decimos esto, pues, si la aseguradora puede apelar, no obstante haber el asegurado consentido la sentencia, cabe preguntarse ¿qué ocurrirá en aquellos casos en los que obtenga la revocatoria de la sentencia condenatoria dictada en su contra, o —al menos— la reducción de los montos de la condena? Más concretamente, el recurso por ella interpuesto ¿beneficia al asegurado que no apeló?
Este tema lo hemos analizado en un trabajo publicado hace ya más de diez años . No obstante, creemos que por su importancia merece un nuevo abordaje en el que trataremos de explicar el estado de la cuestión al día de hoy, los nuevos enfoques que se han propuesto, tanto en jurisprudencia como en doctrina, en la aplicación del llamado principio de personalidad de la apelación, y el tratamiento que la Corte Suprema de Justicia le dio al tema.
II. La cuestión litisconsorcial
Es indiscutible que asegurado y aseguradora conforman, desde un punto de vista procesal, una relación litisconsorcial . Sabemos que el Código Procesal ha previsto dos tipos de litisconsorcios: el necesario y el facultativo (voluntario). En el primero de ellos se requiere que la pretensión procesal sea planteada respecto de todos los titulares de la relación sustancial, pues ésta es indivisible. De lo contrario, la pre­tensión fracasará irremediablemente por una constitución defectuosa de la relación procesal. En cambio, en el litisconsorcio facultativo el actor puede elegir a quién demandar (a todos los titulares de la relación sustancial o sólo a algunos).
Ahora bien, cuando escribimos el trabajo antes citado entendimos que, en la respuesta al interrogante que formulamos, era clave dilucidar qué tipo de litisconsorcio conforman la aseguradora y el asegurado, pues, hasta ese momento, nadie discutía —ni en doctrina ni en juris­prudencia— que cuando el litisconsorcio es facultativo se aplica a ra­jatabla el principio de personalidad de la apelación. Es decir, el recurso sólo beneficia a la parte que lo interpuso. La excepción, el efecto expansivo, quedaba sólo relegada al litisconsorcio necesario pues éste, por su propia naturaleza, no admite soluciones disímiles para los li­tisconsortes (por ejemplo, un acto no podría ser nulo para uno de los participantes y válido para otro). Hoy en día no es posible efectuar una distinción tan tajante. Veamos.
En el año 1993 el maestro Lino Palacio comentó críticamente un fallo de la SCJ de Mendoza, en el que la Corte provincial, a través de un voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci, anuló una sentencia de Cámara que no había aplicado el principio de personalidad de la apelación. El caso "Pérez Cassul" , al que nos estamos refiriendo, tra­taba de un simple accidente de tránsito en el que uno de los protago­nistas del choque demandó al conductor del otro rodado y al propietario de ese vehículo. El juez de primera instancia condenó a los demandados, y la sentencia fue apelada sólo por el propietario. La Cámara revocó la sentencia, pues juzgó que el actor era el único responsable y eximió de la condena a ambos demandados (al que apeló y también al otro). Para la Corte provincial, la Cámara no valoró de modo arbitrario la prueba rendida, pero juzgó que al beneficiar a la parte que no apeló se excedió en sus facultades. Con profusa cita doctrinaria señaló que el recurso de apelación interpuesto por un litisconsorte voluntario no beneficia al otro que consintió la condena, rigiendo al respecto el prin­cipio de disponibilidad del derecho. Al comentar la sentencia, entre otros conceptos, Palacio destacó que independientemente de que el litisconsorcio fuera necesario o facultativo una sentencia no puede pre­dicar que, por ejemplo, un hecho ocurrió para una parte y no para la otra. Por tal razón, para él, la naturaleza del litisconsorcio no es el único elemento a ponderar para definir el alcance de la apelación in­terpuesta por una de las partes . En nuestra opinión, el trabajo de Palacio produjo un quiebre muy importante, pues, hasta ese momento, la distinción en el efecto o alcance del recurso se centraba, exclusi­vamente, en la entidad del litisconsorcio: el facultativo beneficiaba sólo al que apeló, y el necesario a ambos. Es claro que Palacio no desecha tal distinción, sino que plantea su insuficiencia para resolver, por sí sola, el alcance del recurso interpuesto por el litisconsorte. Habrá que determinar, en cada caso, si se está frente a un hecho común, pues en tal supuesto el resultado debe ser idéntico para todas las partes. Para Palacio, y nosotros creemos que es acertado su enfoque, el llamado principio de personalidad de la apelación no puede ser aplicado al precio de quebrar la unidad lógica de la sentencia definitiva del proceso que, como sabemos, se integra con el resolutorio de primer grado, cámara y eventualmente el que emane de los tribunales superiores.
Posteriormente, Weltzler Malbrán y Chiappini defienden, en sen­dos trabajos de doctrina publicados en la misma revista, el criterio que, en el caso, adoptó la Corte provincial a instancias del voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci.
La cuestión se volvió a plantear en otro tribunal provincial. Esta vez en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Nuevamente en un conflicto que se origina a partir de un accidente de tránsito. En este caso, la Cámara decidió reducir el monto de la condena en un 30% respecto de los montos fijados en la instancia de grado y benefició con esa decisión a todos los demandados sin distinguir entre apelantes y no apelantes. La Corte, en una resolución dividida, con­firmó la decisión de la Cámara .
El mismo tribunal analizó, en otro caso, el alcance del recurso interpuesto por un litisconsorte y llegó a una conclusión distinta de la arribada en "Gómez". El caso al que nos referimos es "Berenguer de Moreno" , y se presentó de este modo: La sala 2a de la Cámara Civil y Comercial de Morón, siguiendo los lineamientos que le había fijado la Suprema Corte , fijó las indemnizaciones correspondientes a la actora y sus dos hijos menores derivadas del accidente que originó las referidas actuaciones. Esa decisión es impugnada por la demandada y la citada en garantía, quienes alegan que, respecto de ellas, la sen­tencia de primera instancia que rechazaba la demanda se encontraba firme. La Suprema Corte, en este caso, entendió que los recurrentes tenían razón y que la Cámara debió revisar el caso sólo en relación a la parte que logró exitosamente la apertura de la casación. Por tal motivo, no sin advertir que la situación que se presentaba en el caso difería de la resuelta en "Gómez" , revocó el fallo en cuanto reconocía indemnizaciones a los no apelantes.
Finalmente, el tema también fue abordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien se pronunció siguiendo la directriz clásica: el recurso de apelación interpuesto por un apelante, en el litisconsorcio facultativo, sólo a él lo beneficia. El caso al que nos referimos es "Flores de Carrizo” y la cuestión se planteó así: la Cá­mara Federal de Apelaciones de Mendoza acogió el agravio de la empresa demandada (Ferrocarriles Argentinos), le atribuyó al actor la totalidad de la responsabilidad en el accidente ocurrido y excluyó de la condena al dependiente de Ferrocarriles Argentinos que no había apelado la sentencia. Para la Corte, la Cámara se excedió del ámbito de competencia decisoria violentando el derecho de defensa en juicio y el derecho de propiedad . Para la minoría, en cambio, la Cámara resolvió adecuadamente, pues analizó la particular naturaleza del li­tisconsorcio que integraban los demandados, el carácter común de la controversia, y la necesidad de evitar soluciones contradictorias dentro del proceso con relación a una cuestión unívoca .
Como el lector habrá advertido, el tema presenta no pocas aristas y las posiciones no son uniformes. Lejos de ello, las discordancias existentes son importantes. Llamativamente, el tema se ha discutido más en la jurisprudencia que en doctrina, pues fuera de los trabajos citados (de Palacio, Wetzler Malbrán y Chiappini) no conocemos otros que hayan abordado tan rica temática. Por nuestra parte, y dado el objeto de nuestro trabajo, hemos hecho este rápido paneo, pues cre­emos que brinda un importante contexto desde el cual analizar la relación litisconsorcial que conforman la aseguradora y el asegurado. Si se la define como litisconsorcial facultativa, así lo hace la mayo­ría de la doctrina y también la Corte , toda la problemática que hemos reseñado —en torno al principio de personalidad de la apelación— se presentará al tratar el alcance del recurso interpuesto por la ase­guradora.
III. El litisconsorcio aseguradora-asegurado
Cuando el asegurado cita en el proceso a su aseguradora, en los términos previstos en el artículo 118 de la Ley de Seguros, lo que persigue es que ese tercero (ajeno a la relación de Derecho sustancial planteada entre el actor y el demandado) abone en el proceso —en la medida del seguro— la sentencia condenatoria que, eventualmente, le sea impuesta. Esta intervención procesal será coadyuvante, pues la ley no ha permitido la sustitución procesal del asegurado . Este tercero (citado en garantía), que se coloca al lado del demandado con la fi­nalidad de obtener una sentencia que rechace la pretensión articulada por el actor, cuenta necesariamente con plenas facultades procesales (contestar demanda, ofrecer y producir todo tipo de pruebas, alegar y recurrir) . Esto ha quedado claro con el plenario "Flores".
Ahora bien, ¿qué tipo de litisconsorcio conforman asegurado y ase­guradora? Creemos que el análisis que hicimos en nuestro primer tra­bajo sobre el tema sigue vigente. Dijimos, en esa oportunidad, que debe tenerse presente la diferencia entre la intervención de la asegu­radora como tercero citado en garantía, de aquel supuesto en el que el actor, en razón de lo dispuesto en el artículo 118 de la ley 17.418, cita a la aseguradora del demandado principal. Esta particular figura ha llevado a la doctrina a señalar que el damnificado posee en realidad una acción directa no autónoma contra la aseguradora, y que —en tal caso— la presencia de este último en el proceso no es en carácter de garante sino de codemandado . Es claro también que el litisconsorcio que ambos conforman no es escindible, ya que la víctima no puede dirigir su pretensión contra la aseguradora si previamente no lo hace contra el asegurado. Es decir, el elemento voluntario que caracteriza al litisconsorcio voluntario no aparece, pues el actor no tiene la posi­bilidad de demandar sólo a la aseguradora. Por tal razón no podría iniciar dos procesos, uno contra la aseguradora y otro contra el asegurado.
Repasemos, para ver con más claridad la cuestión, los dos supuestos a partir de los cuales puede intervenir la aseguradora en un proceso.
a) Citación en garantía solicitada por el asegurado
Resulta claro que cuando la citación en garantía es solicitada por el asegurado, es este último quien vincula a la aseguradora al proceso a fin de que pague lo que el actor le reclama. El actor no plantea ninguna pretensión contra la aseguradora, pues no la demandó, ni citó (ello equivaldría a una demanda implícita), lo que igualmente no obsta a que la misma sea condenada, pues, como ya vimos, la citación en garantía se distingue del otro supuesto de intervención provocada de terceros (denuncia de litigio), en el hecho de que la aseguradora es citada a fin de que asuma el exacto papel procesal del asegurado.
No es la oportunidad de profundizar si esta intervención debiera ser de sustitución (como en la ley italiana) o de coadyuvancia (tal como se da en la ley 17.418), pues lo cierto es que, en el marco normativo actual, la aseguradora no puede sustituir al asegurado, sino que debe colocarse junto a él en el proceso, a fin de soportar una pretensión que no fue incoada en su contra.
Siendo esto así, creemos que el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora debe beneficiar al asegurado (aun cuando éste hu­biera consentido la sentencia de grado), pues no existen dos preten­siones (una contra el asegurado y otra contra la aseguradora). En este orden de ideas, si la citada en garantía obtiene en 2ª instancia el rechazo de la pretensión articulada por el actor, lograría de este modo una declaración de infundabilidad respecto de la única pretensión planteada en el proceso que necesariamente liberaría al asegurado del pago de la condena.
b) Pretensión directa pero no autónoma planteada por
el actor (cuando la víctima produce la citación).
La doctrina mayoritaria, con acierto, ha calificado a la citación efectuada por el actor como el ejercicio de una acción directa pero no autónoma. En efecto, cuando el actor peticiona la citación de la aseguradora, en puridad lo que está haciendo es plantear una pretensión en contra de ésta.
Ahora bien, este supuesto de acumulación subjetiva de pretensiones reviste la particularidad —como ya dijimos— de no otorgar al actor la posibilidad de iniciar procesos separados contra cada uno de los codemandados (asegurado y aseguradora), sino que necesariamente ambas pretensiones deberán plantearse en un mismo proceso por carecer de autonomía la acción contra la aseguradora. Con tal dato, la ley sus­tancial nos demuestra que la suerte de ambos litisconsortes en el proceso no es de absoluta independencia.
Asimismo, una detenida lectura del artículo 118 de la ley 17.418 confirma esta orientación. Dice el párrafo 3° de la norma referida: "Cosa juzgada. La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o la ejecución de la sentencia el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro".
Más allá de la configuración de la cosa juzgada, en procesos en los cuales confluye más de una pretensión en la conformación del objeto litigioso, tema que por su complejidad no abordaremos en este trabajo, el texto citado permite formular las siguientes reflexiones.
Cuando el legislador señala "la sentencia que se dicte", indudable­mente está haciendo mención al pronunciamiento a emitirse contra el asegurado, y al hacer referencia a que dicha sentencia "será ejecutable contra él en la medida del seguro", el sujeto imputado no es otro que la aseguradora.
Es decir que una lectura más clara de la ley podría formularse del siguiente modo: "La sentencia que se dicte (contra el asegurado) hará cosa juzgada y será ejecutable contra él (aseguradora) en la medida del seguro".
En esta inteligencia, creemos que la ley no admite que una sentencia condenatoria dictada contra el asegurado no pueda ser ejecutada contra la citada en garantía, razón por la cual si se ha aceptado que esta última puede apelar autónomamente, y por ende liberarse de la condena, necesariamente dicho recurso debe beneficiar al asegurado, pues en caso contrario violaríamos la disposición citada, ya que estaríamos frente a un supuesto en el cual una condena contra el asegurado no sería ejecutable contra la aseguradora.
Por otra parte, entendemos que esta interpretación del artículo 118 es la única que resulta armónica con el artículo 109 de la misma ley que ordena mantener indemne al asegurado.
IV. La postura de la CSJN en el caso "Ávila"
Como señalamos al comienzo del trabajo, la Corte Suprema marcó en el precedente "Lanza de Peñaranda" un sendero correcto: corres­ponde reconocerle a la aseguradora el derecho a apelar con prescindencia de la actitud asumida por el asegurado. Esa posición no sólo fue seguida por la Cámara Civil en el ya citado plenario "Flores", sino también por otros tribunales de provincia . Pero esa huella, a lo mejor sin ser advertida, ha sido peligrosamente borrada en el caso "Ávila" . Las notas del caso son las siguientes: una mujer viajaba como acompañante en un vehículo que chocó contra un camión. A raíz de ese hecho sufre distintas lesiones, por las cuales demanda al chofer del camión, a su propietario y cita en garantía a la aseguradora de estos últimos. No demanda, en cambio, al chofer y al propietario del auto que la trans­portaba. La Cámara, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, redujo la responsabilidad de los demandados, compartiéndola —en un 50%— con el conductor transportista no de­mandado. El actor impugnó la sentencia, calificándola de arbitraria. Lo hizo alegando el desconocimiento de la cosa juzgada que emanaba del pronunciamiento de grado que establecía la plena responsabilidad del conductor del camión, de su propietario y que no había sido apelado por estos últimos. Al dictaminar en el caso, el procurador fiscal propició el rechazo del recurso extraordinario argumentando que "la participa­ción de la aseguradora es necesaria y no facultativa" . Nosotros, por lo señalado en el punto anterior, si bien entendemos que esa calificación no es correcta, entendemos que aquélla pudo ser utilizada como una vía de escape ante una eventual aplicación automática del principio de personalidad de la apelación.
La Corte, al resolver el recurso, invocando su propio precedente en la causa "Flores de Carrizo" ya citada , juzgó que estaba frente a un litisconsorcio facultativo y que por tal razón los actos cumplidos por uno de ellos no benefician ni perjudican a los restantes. Para la Corte, la Cámara se excedió en sus atribuciones violando el principio de congruencia. Sólo los ministros Zaffaroni y Highton de Nolasco no propiciaron esa solución ya que resolvieron el recurso mediante la aplicación del certiorari.
En nuestra opinión, por lo ya dicho en el punto III de este trabajo, entendemos que es discutible que la relación litisconsorcial entre ase­gurado y aseguradora pueda ser calificada como facultativa o volun­taria . Sinceramente creemos que no se dan las notas que la caracterizan. Por tal razón, no hallamos obstáculos —desde la teoría del pro­ceso— para hacer extensivos al asegurado los beneficios obtenidos por la aseguradora a través del recurso de apelación. Superados los clásicos moldes de litisconsorcio necesario y facultativo (voluntario), no existe condicionamiento alguno para reconocerle efecto expansivo al recurso de apelación interpuesto por uno de los litisconsortes. Por el contrario, esa solución no sólo se infiere de las normas de Derecho sustancial que rigen su citación (arts. 109 y 118 de la Ley de Seguros), sino que guarda correlación con la interdependencia procesal que existe en el planteo de ambas pretensiones (contra el asegurado y la aseguradora).
Sin perjuicio de ello, y aun cuando se interpretara al litisconsorcio como facultativo, entendemos que partir del enfoque propuesto por el maestro Palacio —receptado en alguna medida por la SC de Buenos Aires— no nos parece suficiente su mera alegación para aplicar a ra­jatabla el principio de personalidad de la apelación.
También creemos que el fallo "Ávila" propicia una solución alta­mente disvaliosa. Decimos esto, pues, si el asegurado debe finalmente pagar la condena respecto de la cual se liberó su aseguradora, ¿qué hacemos con el principio de indemnidad?, ¿realmente se libera la con­dena o de todos modos tendrá que afrontarla para cumplir el compro­miso contractual asumido con su cliente? Si la aseguradora debe de todos modos pagar, ¿qué sentido hoy tiene la doctrina sentada por la propia Corte en "Lanza Peñaranda"? Estos interrogantes, y otros más que el lector podrá agregar, imponen un replanteo de la cuestión, má­xime cuando a nivel de Cámaras también existen precedentes contra­dictorios sobre este punto .
CNCiv., 23-9-91, "Flores, Oscar J. c/Robazza, Mario O.", J. A. 1991-IV-464.
La Corte Suprema sostuvo, desde siempre, que la aseguradora podía apelar la sentencia consentida por el asegurado y anuló numerosos pronunciamientos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que sostenía una posición contraria (ver entre otros CSJN, 27-11-90, "Lanza Peñaranda, Ruth A. c/Transportes Quirno Costa SA y otros", J. A. 1991-11-312). Luego la Corte provincial, a partir de la incorporación del Dr. Hitters, modificó su postura y aceptó la apelación de la aseguradora con independencia de la actitud procesal desplegada por el asegurado.
La doctrina, en términos generales, se pronunció del mismo modo que la Corte Suprema. Ver al respecto, RIVERA, Julio, La citación en garantía en el seguro de responsabilidad civil, en J. A. 1988-1-846; BARBATO, Nicolás, La citación en garantía del asegurador, en E. D. 150-149; MORELLO, Augusto y STIGLITZ, Rubén S., Naturaleza del litisconsorcio conformado por asegurado y asegurador en la pretensión deducida por el damnificado, en J. A. 1991-I1I-710.
MAYO, Jorge A. y VERDAGUER, Alejandro C., La apelación de la citada en garantía debe beneficiar al asegurado, aun cuando este último no hubiera recurrido, en J. A. 1993-IV-937.
El único supuesto que quebraría esa vinculación se presenta cuando la aseguradora rechaza la citación en garantía invocando una causal de exclusión de cobertura.
Ver SCJ de Mendoza, sala la, 11-5-92, "Pérez Cassul en J: 90.899 — 11.986 Pérez Cassul c/Ovidio Peleta y otros p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad",
PALACIO, Lino E., Efectos del recurso interpuesto por un litisconsorte en el caso del litisconsorcio facultativo, en E. D. 153-568.
WETZLER MALBRAN, Alfredo Ricardo, Los recursos en el litisconsorcio facultativo y la sentencia revocatoria en la alzada, en E. D. 154-1031.
CHIAPPINI, Julio, El efecto expansivo del recurso de apelación en el litisconsorcio pasivo facultativo: en defensa de un fallo, en E. D. 154-1036.
Conf. SCJBA, 15-6-99, "Gómez, Eugenio y otros c/ Villalba, Raúl y otros", J. A. 2000-I-531. Debo destacar que los destacados procesalistas que integran el tribunal, Eduardo de Lázzari y Juan Carlos Hitters, sostuvieron posturas contrapuestas. Mientras que el Dr. de Lázzari juzgó que en el caso debía aplicarse estrictamente el principio de personalidad de la apelación, el Dr. Hitters fundamentó su voto en sentido contrario. El fallo tuvo un comentario crítico de CHIAPPINI, Julio, Gravitación de la acción penal sobre la civil y efectos expansivos de los recursos, en J. A. 2000-1-531.
Conf. SCJBA, 19-2-2002, "Berenguer de Moreno, Ibis S. y otros c/Appezzato, Alejandro C. y otra s/Daños y perjuicios", Lexis N° 70004275.
Es indudable que estamos ante una sentencia anulada por la Suprema Corte y reenviada a la sala ya citada de la Cámara de Morón para que resuelva las cuestiones pendientes.
Ver el punto IV del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los restantes ministros con excepción del juez de Lázzari, quien expresamente dejó constancia de que no compartía dicho párrafo. Para el referido ministro las situaciones presentadas en "Gó¬mez" y `Berenguer de Moreno" son análogas. Es importante consignar que en esta ultima causa no voto el Dr. Hitters.
Conf. CSJN, 27-12-96, "Flores de Carrizo, Zulema Noemí c/Paulino Armando Carrizo y otro s/Sumario", Fallos: 319:3363.
Ver considerando 4° del voto de la mayoría integrada por los ministros Fayt, Belluscio, Petracchi, López y Vázquez.
Ver considerando 5° del voto de los ministros Bossert, Nazareno y Moliné O'Connor.
En el II Congreso Internacional de Derecho de Daños (Buenos Aires, 1991, ver publicación de la Universidad Notarial Argentina, p. 312) fue aprobada la siguiente ponencia: "la presencia del asegurador en el proceso de daños promovido por el tercero contra el responsable, no viene impuesta por la ley [...] Asegurado y asegurador conforman un litisconsorcio facultativo". La Corte también se enrola en esta posición (ver CSJN, 27-11-90 "Lanza Peñaranda, Ruth A. c/ Transporte Quimo Costa SA y otros", J. A. 1991-I1-312).
De este modo lo conceptualiza Alvarado Velloso, quien, en su ponencia pre¬sentada en el XIV Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en Tucumán en septiembre de 1987, realizó un gran aporte al diferenciar los dos supuestos de intervención provocada de terceros: denuncia del litigio y citación en garantía (ver ALVARADO VELLOSO, Adolfo, La citación en garantía, en L. L. 1987-E-1094).
Esta circunstancia fue correctamente apuntada por Salgado en el plenario "Flores" al fundamentar la facultad de la aseguradora de apelar la sentencia consentida por el asegurado.
Ver trabajo citado en la nota 3.
FENOCI-IIETTO y ARAZI, Código Procesal Civil y Comercial comentado, Astrea, Buenos Aires, t. 1, p. 339; ZAVALA RODRÍGUEZ, Código de Comercio comentado, Depalma, Buenos Aires, t. 3, p. 727.
Conf. SCJ de Mendoza, sala I, 1-4-92, "Cía. de Seguros del Interior, SA en J: 94.086 Patricio Palmero, SA c/ Cía. de Seguros del Interior, SA", E. D. 147-171.
CSJN, 24-8-2004, "Ávila, Lila del V. c/ Rodríguez, Carlos E.", Lexis N° 35000847.
Ver punto III del dictamen del Dr. Felipe Obarrio.
Ver nota 13.
En el mismo sentido, la SCJ de Mendoza ha negado que el principio de per¬sonalidad de apelación se aplique al litisconsorcio que conforman aseguradora y ase¬gurado (conf. SCJ de Mendoza, sala 1, 1-9-87, "Vicente Mario y otros c/Comiso", J. A. 1988-IV-377 y punto f de la sentencia citada en la nota 5). Por nuestra parte, hemos coincidido con la solución que adoptó el tribunal mendocino en la causa "Vicente", y también con la resuelta en la causa "Gallardo" (SCJ de Mendoza, sala 1a, 24-12-92, "Gallardo, Alberto y otro c/Ponce, Walter y otro", J. A. 1994-I-277) cuando admitió el efecto expansivo del recurso interpuesto por la aseguradora respecto del conductor del rodado (conf. VERDAGUER, Alejandro C., El recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, ¿tiene efecto expansivo respecto del conductor del rodado asegurado?, en J. A. 1995-I-808).
Mientras la Cámara Civil reconoce que el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora tiene efecto expansivo en relación al asegurado, la Comercial aplica el principio de personalidad de la apelación (conf. CNCiv., sala J, 3-5-2002, "Mesquida, Pedro y otro c/Rodríguez, Gustavo Daniel s/Daños y perjuicios", Boletín de Jurispru¬dencia de Cámara; CNCom., sala B, 27-12-2005, "Manzón, Mariana E. c/Bianco, Damián J.", Lexis N° 350003294).

References: resolución 
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 109