Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620842.html
Timestamp: 2019-03-21 16:34:54+00:00

Document:
as201620842
Auto Supremo: 842/2016
Expediente: CH-52-15-S
Partes: Franz Manuel López Vallejos. c/ Lizbeth Jhinny Barja Alvarado.
Proceso: Impugnación de Filiación.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 186 a 188, interpuesto por Lizbeth Barja Alvarado representada por María Cristina Carballo Arciénega, contra el Auto de Vista S.C.II Nº 287/2015 de 31 de agosto de 2015, cursante de fs. 174 a 175, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de impugnación de filiación, seguido por Franz Manuel López Vallejos contra la recurrente, el Auto de concesión del recurso de fs. 194, los antecedentes del proceso; y:
La Jueza Tercero de Partido de Familia de la Ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 97/2015 de 02 de junio de 2015, cursante de fs. 153 a 154, declaró: PROBADA la demanda de impugnación de filiación paterna, con costas. En consecuencia dispuso se expida provisión ejecutoria a efectos de la “supresión del nombre de la casilla del padre del Sr. Franz Manuel López Vallejos en la partida de nacimiento inscrita por ante la ORC: 4799, Libro: 10, Part: 15, Folio: 15 del Departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez de la localidad de Santa Cruz de la Sierra, en el que se consignan como progenitores de J.M.L.B. a los señores Franz Manuel López Vallejos y Lisbeth Jhinny Barja Alvarado; de igual forma dispuso la supresión del apellido LOPEZ en relación al menor de edad José Manuel.
Deducida la apelación por Anabel Salazar López en representación de Lizbeth Barja Alvarado mediante memorial de fs. 157 a 158 y vta., remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista S.C. II Nº 287/2015 de 31 de agosto de 2015 cursante de fs. 174 a 175, con el fundamento de que por la prueba cursante en obrados, a cual no adolecería de defectos de idoneidad, pues habrían acreditado de manera fehaciente los extremos de la demanda, por lo que el actor habría justificado plenamente la demanda, habiendo la juzgadora actuado con correctitud, máxime si la propia apelante reconoció haberse demostrado mediante prueba pericial la exclusión de paternidad del actor Franz Manuel López Vallejos, CONFIRMÓ totalmente la Sentencia recurrida, con costas en ambas instancias.
De igual forma, el Tribunal de Alzada, ante la solicitud de complementación interpuesta por la apoderada de la demanda, emitió el Auto de fecha 14 de septiembre de 2015 disponiendo no ha lugar a dicha solicitud por ser claros y concretos los fundamentos expuestos en el Auto de Vista citado supra.
En conocimiento de las determinaciones de Segunda Instancia, María Cristina Carballo Arciénega en representación de Lizbeth Barja Alvarado interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, mismo que se pasa a analizar:
Acusa que el Tribunal de Alzada no resolvió el recurso de apelación, el cual estaba centrado exclusivamente en cuestionar la orden de exclusión de la partida de nacimiento del menor los datos del padre, empero en forma totalmente irresponsable con los derechos del menor, los Jueces de Alzada habrían pronunciado resolución sin exponer razón jurídica alguna sobre el reclamo de mantener el apellido paterno como convencional, extremo que considera como violatorio de los elementos de congruencia, motivación, fundamentación, por lo que solicita la nulidad del Auto de Vista y se disponga la emisión de una nueva resolución.
Refiere que los jueces de Alzada no expusieron razonamiento fáctico explicando porque entienden que el simple pedido del demandado de excluir su apellido y datos de la partida de nacimiento del menor es suficiente para desconocer el derecho a la identidad que este tendría, ignorándose así el pedido que hizo de mantener el apellido del actor como convencional.
Aduce que no se recurrió de apelación cuestionando la validez de la prueba científica, sino la orden abusiva de atentar contra el derecho a la identidad del menor desoyendo el pedido expreso de mantener el apellido “López” como convencional, por lo que acusa que el argumento utilizado por el Tribunal de Alzada sería irrazonable, pues los resultados de la prueba de ADN no tendrían ninguna incidencia negativa para la protección al derecho a la identidad.
Acusa que el Auto de Vista violentó el derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación, fundamentación y protección efectiva consagrados en los arts. 115-II, 117-I de la Constitución Política del Estado cuya consecuencia es la nulidad de la resolución judicial, pues los jueces de instancia habrían ignorado el uso del apellido convencional como elemento para proteger la identidad de los menores.
De igual modo refiere que en virtud a la interpretación favorable y la efectivización de los derechos del menor, debe considerarse que el uso del apellido “López” del menor por más de catorce años, más allá del pedido expreso realizado por su persona, los Jueces de Alzada debieron, en base a la materialización del derecho a la identidad del menor, ordenar se mantenga dicho apellido como convencional, extremo que la recurrente considera que en nada perjudicaría al actor principal.
Acusa que en el caso se omitió considerar normas constitucionales, el bloque de constitucionalidad y normas ordinarias que disponen la aplicación en la mejor forma que tutelen la materialidad del derecho a la identidad del menor José Manuel a seguir utilizando su apellido paterno “López” como convencional.
Por los fundamentos expuestos, solicita que este Tribunal Supremo de Justicia anule el Auto de Vista recurrido o en su defecto se case dicha resolución y deliberando en el fondo se ordene mantener el apellido del demandante como convencional en la partida de nacimiento del menor.
La parte actora en su memorial de respuesta al recurso de casación refiere que en la resolución recurrida no advirtió agravios ni violación al debido proceso, al contrario señala que la determinación de suprimir su nombre de la casilla del padre de la partida de nacimiento del menor, permite que la recurrente tenga la posibilidad de que su hijo lleve el apellido de su verdadero padre.
Asimismo señala que el menor apenas cuenta con 14 años y por ende no contaría con documento serio que no pueda ser modificable debido al cambio de su apellido.
Por lo expuesto solicita se declare infundado el recurso de casación con costas.
En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo f ormulado en la apelación por el impugnante.
III.2.- Del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes.
Al respecto corresponde señalar que toda persona tiene derecho a la identidad, que supone su identificación familiar, cultural y nacional, derecho que se encuentra reconocido por tratados y convenciones internacionales, que rescatan como elementos esenciales del mismo el derecho a tener un nombre y apellidos, a estar debidamente inscrito en el registro civil, a tener una filiación, a la nacionalidad, a pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, sin que eso pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.
De igual forma corresponde señalar que si bien el derecho a la identidad también comprende el derecho que tiene toda persona a conocer su origen y conocer a sus padres biológicos, en la medida en que esto sea posible, empero también permite a toda persona tener alternativas respecto a su identidad, es decir la alternativa de conocer sus orígenes o de preservar y defender la identidad que ostenta.
De esta manera, y a partir de la ratificación de Bolivia en la Convención sobre Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, que establece que en todas las medidas concernientes a niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben considerar con carácter primordial el intereses superior del niño, determinación que se encuentra reconocida en el art. 60 de la Constitución Política del Estado, que al respecto señala: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del intereses superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquiera circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”; consideraciones en virtud de las cuales queda establecido que para tomar medidas judiciales concernientes a un niño, niña o adolescente debe primar siempre el “interés superior del niño”, la primacía de sus derechos y su desarrollo integral.
En esa lógica, respecto al derecho a la identidad, el artículo 7 de la Convención establece que: “Todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a adquirir una nacionalidad”; de igual forma, el artículo 8 agrega que: “El Estado tiene la obligación de proteger y, si es necesario, establecer los aspectos fundamentales de la identidad de un niño: nacionalidad, nombre y relaciones familiares”. De dichos articulados, se puede advertir que uno de los derechos más importantes que reconoce la Convención sobre Derechos del Niño, es precisamente el derecho a la identidad, pues como ya se señaló supra, este le permite al niño, niña o adolecente formalizar su existencia y sentirse parte de un lugar en el mundo, por lo que el derecho a la identidad que estos tienen, debe prevalecer sobre los intereses de otros, ya sean sus padres, terceros o del mismo Estado, logrando así la efectivización del principio de intereses superior del niño.
Concordante con lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, emitió entre otros el Auto Supremo Nº 451/2012 de fecha 30 de noviembre de 2012, que sobre el derecho a la identidad señaló: “1.- El Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 19 establece que "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado".
En el caso presente, demostrado cómo se tiene que el menor en cuestión no es hijo del demandante, correspondía al Juez A quo así como al Tribunal de Segunda instancia, conforme lo había peticionado la parte demandada a tiempo de recurrir de apelación, en observancia de la normativa antes descrita y precautelando el derecho a la identidad del menor G.M.J., disponer que el registro del apellido paterno permanezca como convencional, a los fines de evitar en el menor se vulneren sus derechos y garantías constitucionales a la identidad, bajo la previsión contenida en el art. 31 de la Resolución Nº 616 que aprueba el Reglamento para la inscripción en el Registro Civil y que de manera clara señala que la asignación de apellido supuesto o convencional no tiene efectos filiales y ninguna acción legal que se inicie en base a ellos podrá prosperar para exigir el cumplimiento de obligaciones a terceras personas; en este caso al demandante.”
En virtud a los fundamentos expuestos en el recurso de casación, corresponde a continuación referirnos a la vulneración de los elementos de congruencia, motivación y fundamentación en que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada, al haber omitido referirse al reclamo de mantener el apellido del actor como convencional en la partida de nacimiento del menor J.M., extremo que habría sido reclamado en su recurso de apelación; sobre el particular y conforme a la revisión de la resolución recurrida en casación, se advierte que el Tribunal de Alzada, conforme a los reclamos que fueron acusados en el recurso de apelación de fs. 157 a 158 y vta., en el segundo Considerando, señaló que: “I. Que, por la Toma de Muestras de Sangre para el estudio de ADN de fs. 105-107 por el laboratorio LABOGEN SRL., como por el Informe Pericial de ADN realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses de fs. 144 a fs. 146, se estableció que el actor Franz Manuel López Vallejos, se excluye como padre biológico del menor, José Manuel López Barja, descubriéndose de esa manera la verdad material, informes públicos que tienen pleno valor probatorio otorgado por el art. 1296 del Cód. Civil, formando convicción la juzgadora del hecho litigado por la prueba pericial referida, de suma relevancia para las partes en el proceso, como para que el Juez, actuando de manera correcta la juzgadora, al haber declarado Probada la demanda, disponiendo la supresión del nombre del actor, en la casilla del padre “Franz Manuel López Vallejos”, en la Partida de Nacimiento inscrita en la O.R.C. 4799, Libro 10, Part. 15, folio 15, como la supresión del apellido López, en relación al menor J. M., al haber demandado el actor de esa manera por memorial de fs. 8-9, para el caso de declararse probada la demanda, debiendo llevar el menor el verdadero apellido de su progenitor.”
De lo expuesto, se infiere que el Tribunal de Alzada, basó su decisión de confirmar la Sentencia recurrida en apelación, manteniendo firme la decisión asumida por el Juez A quo de suprimir tanto el nombre del actor de la casilla de padre, así como el apellido paterno “López”, ambos de la partida de nacimiento del menor J.M., en base a dos razones: la primera, que existiría prueba fehaciente e idónea que excluyó al actor como padre biológico del menor J.M.; y la segunda razón, porque la supresiones dispuestas fueron solicitadas por el actor en su memorial de demanda de fs. 8-9.
De esta manera se infiere que el Tribunal de Alzada, por las razones expuestas anteriormente, descartó la posibilidad de que el menor lleve como apellido convencional el apellido del actor, extremo que no puede ser considerado como omisión, ni falta de motivación o fundamentación, pues dicho Tribunal de manera clara y precisa, explicó el porqué de su decisión, no resultando evidente lo acusado por la recurrente; sin embargo corresponde aclarar, que cuando en casación se acusa alguna omisión, o ausencia de motivación o fundamentación, que es una cuestión de forma, este Tribunal Supremo de Justicia se ve limitado a verificar si dicho extremo resulta o no evidente, lo que no implica que se esté o no de acuerdo con la decisión asumida por los de Alzada, pues dicho razonamiento corresponde a un análisis de fondo emergente de la acusación de vulneración de algún derecho o interpretación errónea de alguna norma.
De igual forma, corresponde referirnos al reclamo referido a la vulneración del derecho a la identidad del menor J.M, toda vez que la recurrente considera que el Tribunal Ad quem debió, en virtud a la interpretación favorable y la efectivización de los derechos del menor, mantener el uso del apellido “López” como convencional, pues en nada perjudicaría al actor; sobre este reclamo y conforme a la doctrina aplicable al caso, donde se estableció que siempre debe primar el intereses superior del niño, así como la primacía de sus derechos y su desarrollo integral, corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Si bien es evidente que en base a la prueba pericial, quedó excluido el actor Franz Manuel López Vallejos como padre biológico del menor J.M., empero, no menos cierto resulta ser el hecho de que existe todo un aparato normativo que tutela el derecho a la identidad que tiene todo niño, niña o adolescente, por lo que las autoridades, en este caso, jurisdiccionales, al momento de emitir las resoluciones en ambas instancia, debieron tomar en cuenta el pedido de la recurrente, el cual fue expuesto no solo en el recurso de apelación, sino que el mismo data desde el momento en que contestó a la demanda, donde solicitó que en caso de que el actor no resulte padre biológico del menor, este pueda utilizar el apellido “López” como convencional, toda vez que la determinación de suprimir el apellido paterno de la respectiva partida de nacimiento del menor, atenta el derecho a la identidad que este tiene, el cual comprende no solo el derecho a un nombre propio e individual, sino a llevar dos apellidos, paterno y materno, o un solo apellido sea de la madre o del padre y otro convencional para completar los dos apellidos, o en su defecto tener dos apellidos convencionales.
Asimismo, y a la vez dando respuesta a la contestación al recurso de casación, corresponde señalar que el hecho de que el menor J.M. utilice convencionalmente el apellido paterno “López”, no constituye una determinación que atente o vulnere derecho alguno en el actor principal o le genere algún tipo de responsabilidad u obligación hacia el menor, toda vez que la asignación de ese tipo de apellidos, llamados también supuestos, no producen efectos filiales, ni otorgan derechos de asistencia familiar o de sucesión hereditaria, por lo que una vez más se concluye que los jueces de instancia debieron dar curso al pedido formulado por la recurrente de que el menor utilice el apellido “López” como convencional, máxime, si este utilizó dicho apellido como parte de su identidad por más de catorce años, en diferentes ámbitos de su cotidiano vivir, que si bien no cuenta con título de bachiller, como refiere el actor, empero, el solo hecho que este goce de una identidad e individualidad, que entre otras características incluye dicho apellido, es suficiente razón para que mantenga el mismo, empero esta vez como convencional, permitiendo de esta manera que el menor J.M. logre un desarrollo físico, mental, moral espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad como lo dispone la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959.
Finalmente, y toda vez que la recurrente hace referencia que las resoluciones dictadas por los jueces de instancia estarían siendo instrumentalizadas en redes sociales destrozando la integridad del menor; sobre el particular, y al margen de ser o no evidentes tales afirmaciones vertidas en el recurso de casación, corresponde recordar a ambos sujetos procesales, que es obligación no solo del Estado o de las instancias que lo conforman, sino también de la sociedad en general, precautelar el cumplimiento efectivo de los derechos del menor, que no solo el ordenamiento jurídico nacional les reconoce, sino también los Tratados y Convenciones Internaciones, por lo que resulta necesario advertir e instar a ambas partes asumir una conducta consecuente con la protección de los derechos del menor en cuestión, toda vez que al margen del conflicto en litigio y el resultado del mismo; ambas partes están en la obligación de conducir sus actos y los de su entorno inmediato, para que estos no afecten al menor en cuestión, esto en estricta observancia del principio de intereses superior del menor.
En base a los fundamentos expuestos supra, corresponde a este Tribunal emitir fallo conforme a lo previsto en el art. 220.IV del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA parcialmente el Auto de Vista S.C.II Nº 287/2015 de 31 de agosto de 2015, cursante de fs. 174 a 175, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y deliberando en el fondo dispone que el menor J. M. mantenga en su partida de nacimiento el apellido paterno “López” como convencional, manteniendo incólume el resto de la Sentencia Nº 97/2015 de fs. 153 a 154.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 8
 Resolución 
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