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Timestamp: 2017-06-26 22:27:53+00:00

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Salvaguardar la libertad | SABEMOS EDUCAR
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Salvaguardar la libertad
Publicado el 10/05/2015 por Escuelas Católicas	0
Decía el escritor y político francés Benjamin Constant: “La libertad no es otra cosa que aquello que la sociedad tiene el derecho de hacer y el Estado no tiene el derecho de impedir”.
Tanto la comunidad internacional (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre los Derechos del Niño…) como la europea (Carta de Derechos Fundamentales, Resolución Luster, entre otros) y la española (Artículo 27 de la Constitución Española y Artículo 109 del texto consolidado de la LOE), reconocen el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Pero todos somos conscientes de que el concepto de libertad de enseñanza y el modelo de educación de nuestro país se está poniendo en cuestión en determinados ámbitos sociales, políticos y económicos.
Este “post” pretende exponer, brevemente, que en España existe normativa suficiente para que el Estado no tenga el “derecho de impedir” la libertad de enseñanza.
Algo evidente es que vivimos en una sociedad plural. Y este pluralismo sólo puede existir y expresarse a través de las distintas libertades. Es cierto que el pluralismo abre la puerta al relativismo, causante de fracturas sociales y morales profundas, pero es innegable que libertad y pluralismo son inherentes a la democracia, y que uno no puede existir sin el otro.
La Declaración de la UNESCO sobre Diversidad cultural de 2 de noviembre de 2001 en su Artículo 2, expone que “el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural”. La libertad de enseñanza debe contemplarse desde este pluralismo cultural de la sociedad civil, desde una necesaria “atención a la diversidad en una sociedad diversa”. Por lo tanto, la respuesta por parte de la administración pública a la diversidad cultural, ideológica y religiosa que se presenta en la sociedad es el pluralismo escolar. Como dice el catedrático de Derecho Javier Ferrer Ortiz, “no basta que haya pluralismo dentro de una única escuela, se necesita la pluralidad de escuelas”.
Dicho todo lo anterior, hay que señalar que este derecho a la educación y a la libertad de enseñanza queda asegurado en nuestro ordenamiento en el Artículo 27 de la Constitución Española, estableciendo la obligación de los poderes públicos, para garantizar este derecho, de establecer una programación general. Y esta misma garantía aparece en el Artículo 109.1 del texto consolidado de la LOE: “En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales”.
Además, la ya conocida Resolución Luster, del Parlamento Europeo, (cuya oportunidad de publicación fue la próxima entrada en la Unión Europea de España y Portugal) aún ofrece mayor claridad: “El derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Estados miembros de hacer posible el ejercicio práctico de este derecho, incluso en el aspecto económico, y de conceder a los centros las subvenciones públicas necesarias para el ejercicio de su misión y el cumplimiento de sus obligaciones en condiciones iguales a las que disfrutan los correspondientes centros públicos, sin discriminación respecto a las entidades titulares, los padres, los alumnos o el personal; sin embargo, esto no impide que se pida a las escuelas creadas por la iniciativa privada una determinada aportación personal que refleje su propia responsabilidad y tienda a fortalecer su independencia”.
Servicio de interés público y programación general
No deben confundirnos las interpretaciones que afirman que la educación en nuestro país es un servicio público. Vemos que el derecho a la educación, garantizando el derecho individual de los ciudadanos a la libertad de enseñanza, ha de contemplar a ésta como un servicio de interés público. La preservación de ambos derechos conlleva, por un lado, garantizar la educación a todos y, por otro, preservar el mayor pluralismo educativo posible, conviviendo escuela privada, concertada y pública, suponiendo un estímulo que contribuya a la mejora del sistema educativo.
Del mismo modo, la programación general debe asegurar tanto el derecho a la educación como a la libertad de enseñanza. En ningún modo esta planificación tiene como objeto potenciar la oferta de unos centros sobre otros, bien por su titularidad o independientemente de ella. Pues de ser así, nada justificaría en el campo de la enseñanza un monopolio que sería incomprensible en actividades similares. Como dice el catedrático de Educación Comparada José Luis García Garrido: “El derecho a la educación que todos los ciudadanos poseen no puede seguir sirviendo de coartada a pretensiones monopolizadoras”.
En España muchos padres llevan a sus hijos a centros privados concertados por muy diferentes motivos, y etiquetar a estos centros, como se viene haciendo desde diferentes sectores, de centros elitistas, es desconocer la realidad de los mismos. Hay colegios privados concertados de élite, pero nada se habla de los muchos que realizan una tarea de integración social tan amplia o más que la que puedan realizar colegios públicos. Del mismo modo, también hay colegios públicos que, en virtud de la zona donde se ubican, atienden a alumnos de élite económica, que también tienen el derecho constitucional a la educación.
Como señala la parte expositiva de la LOMCE: “Equidad y calidad son dos caras de una misma moneda. No es imaginable un sistema educativo de calidad en el que no sea una prioridad eliminar cualquier atisbo de desigualdad. No hay mayor falta de equidad que la de un sistema que iguale en la desidia o en la mediocridad. Para la sociedad española no basta con la escolarización para atender el derecho a la educación, la calidad es un elemento constituyente del derecho a la educación”.
Creo que es desde este planteamiento desde el que deben avanzar la red concertada y la red pública. Es necesaria una reflexión en profundidad. Ante el intento de algunos sectores de confrontar, de separar y de restar eficacia al conjunto de la escuela, es urgente exigir a la educación, como servicio de interés público, políticas educativas comunes para la obtención de resultados que sean adecuados, reales y asequibles.
Como se ve, no he hecho sino esbozar un tema que daría para muchas horas de exposición y de debate. No obstante, y para poder afrontar con un adecuado modo de proceder este necesario y urgente diálogo educativo, conviene recordar las templadas palabras del Papa Benedicto XVI: “En aquellos días aprendí dónde hay que interrumpir la discusión para que no se transforme en embuste y dónde ha de empezar la resistencia para salvaguardar la libertad”.
@ManuMagdaleno
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References: Resolución 
 Artículo 109
 Artículo 2
 Artículo 27
 Artículo 109
 Resolución