Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0031_ES.html
Timestamp: 2019-12-14 21:37:31+00:00

Document:
Procedimiento : 2015/2330(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0031/2016
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sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016
Ponente: Sofia Ribeiro
 Vistos el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
 Vistos los artículos 145, 148, 152 y 153, apartado 5, del TFUE,
– Visto el artículo 174 del TFUE,
 Visto el artículo 349 del TFUE, en el que se define un estatuto específico para las regiones ultraperiféricas,
 Vista la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada,
 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 – Refuerzo de la recuperación y fomento de la convergencia» (COM(2015)0690),
– Visto el Informe de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, titulado «Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2016» (COM(2015)0691),
– Vista la Recomendación de la Comisión de Recomendación del Consejo, de 26 de noviembre de 2015, sobre la política económica de la zona del euro (COM(2015)0692),
– Visto el proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, de 26 de noviembre de 2015, que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016 (COM(2015)0700),
– Vistas la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo, de 2 de marzo de 2015, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2015)0098), y la Resolución legislativa del Parlamento de 8 de julio de 2015 al respecto(1),
 Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de abril de 2014, sobre sistemas sanitarios eficaces, accesibles y robustos (COM(2014) 0215 final),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),
 Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» (C(2013)0778),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, titulada «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud» (COM(2011)0933),
– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), y la Resolución del Parlamento de 15 de noviembre de 2011 al respecto(2),
 Vistos la Comunicación «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» y el posterior Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019, que se refieren específicamente al empleo de la mujer y la independencia económica,
 Vista la Recomendación 2008/867/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral,
 Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea»,
 Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa (13414/15 SOC 614 EMPL 404),
 Visto el Informe del Comité de Protección Social de 2014 titulado «Una protección social adecuada a las necesidades de atención a largo plazo de una sociedad que envejece»,
– Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre la reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil(3),
– Vista su Resolución, de 28 de octubre de 2015, sobre la política de cohesión y la revisión de la Estrategia Europa 2020(4),
– Vistas la pregunta con solicitud de respuesta oral al Consejo O-000121/2015 – B8-1102/2015, y su Resolución conexa, de 29 de octubre de 2015, sobre una Recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral(5),
 Vista su Resolución legislativa, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros(7),
– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015(8),
– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre el empleo y los aspectos sociales de la Estrategia Europa 2020(9),
– Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre el empleo juvenil(10),
– Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre cómo puede contribuir la Unión Europea a generar un entorno favorable para que las empresas, incluidas las emergentes, creen empleo(11),
 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar(12),
 Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social(13),
 Vista su Resolución legislativa, de 2 de febrero de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado(14),
 Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea (septiembre de 2015),
 Visto el Informe Especial nº 3/2015 del Tribunal de Cuentas titulado «Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»(15),
 Vista la publicación de Eurostat, de abril de 2015, sobre el desempleo en las regiones de la Unión Europea,
 Visto el Estudio trimestral sobre el empleo y la situación social en la UE, de marzo de 2015(16),
 Visto el documento de trabajo de la OCDE, de 9 de diciembre de 2014, sobre las tendencias en materia de desigualdad salarial y su repercusión en el crecimiento económico (Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth),
 Vistas las ediciones quinta y la sexta de la Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (2010 y 2015)(17),
 Visto el informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, de 16 de febrero de 2016, titulado «El papel de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo»,
 Visto el Informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, de 17 de junio de 2014, titulado «Cambios de los mecanismos de fijación de salarios en el contexto de la crisis y el nuevo régimen de gobernanza económica de la UE»,
 Visto el debate con representantes de los Parlamentos nacionales sobre las prioridades del Semestre Europeo de 2016,
– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0031/2016),
A. Considerando que la tasa de desempleo ha ido disminuyendo lentamente desde la segunda mitad de 2013, pero no en grado suficiente para frenar el paro y la pobreza, pese a algunas políticas macroeconómicas de apoyo y reformas estructurales; que, no obstante, el desempleo sigue siendo demasiado elevado en numerosos Estados miembros y afecta actualmente al 9,9 % de la población activa, es decir, 23 millones de europeos, de los cuales alrededor de la mitad son desempleados de larga duración y más del 10 % están en la zona del euro, por lo que las cifras correspondientes siguen estando muy por encima de las de 2008; y que ello pone de relieve que es fundamental tener en cuenta las circunstancias microeconómicas específicas y que se necesitan nuevas reformas estructurales que sean justas desde el punto de vista social y cuyo impacto social debe evaluarse antes de que entren en vigor;
B. Considerando que la recuperación económica acaba de entrar en su tercer año, con unas previsiones de crecimiento para la Europa de los Veintiocho del 2 % en 2016 y del 1,8 % en la zona del euro, si bien sigue siendo desigual dentro de los distintos Estados miembros y entre ellos, y obedece en parte a factores temporales, como la caída continuada de los precios de la energía, que contribuye al incremento del poder adquisitivo en los casos en que se repercute en la economía real; y que ello demuestra que la UE puede contribuir en mayor medida a impulsar la recuperación económica y social de manera que sea más sostenible a medio plazo, especialmente en la situación de incertidumbre existente hoy en día en la economía mundial;
C. Considerando que el saneamiento presupuestario de la Europa de los Veintiocho está mejorando y que se está reduciendo el déficit presupuestario general, pasando del 4,5 % en 2011 al 2,5 % en 2015;
D. Considerando que, como afirma la Comisión Europea(18), persisten las divergencias laborales y sociales dentro de los Estados miembros y entre ellos, y la evolución social sigue indicando que se están acentuando las divergencias en toda la UE, lo que obstaculiza el crecimiento, el empleo y la cohesión; que las sociedades que se caracterizan por un elevado nivel de igualdad e inversión en las personas logran mejores resultados en materia de crecimiento y capacidad de recuperación del empleo;
E. Considerando que la tasa de desempleo juvenil en la UE se sitúa en el 22,6 %, y que en 2014 la proporción de jóvenes que ni estudiaban, ni trabajaban ni recibían una formación (ninis) ascendía al 12,3 %, encontrándose en situación de riesgo de exclusión del mercado laboral, lo que se traduce en la pérdida de cualificaciones y capital humano; que esto contribuye a la falta de autonomía individual y pone en peligro la integración social; y que la responsabilidad de atajar el desempleo juvenil recae principalmente en los Estados miembros en lo que respecta al desarrollo y la aplicación de marcos que regulen el mercado laboral, sistemas de educación y formación y políticas activas del mercado de trabajo;
F. Considerando que en 2014 la tasa de empleo en la Europa de los Veintiocho aumentó en un 0,8 % mientras que, en la zona del euro, aumentó en un 0,4 %, si bien se registraron diferencias considerables entre los resultados de los distintos Estados miembros, de los cuales cinco redujeron las tasas de empleo en al menos cinco puntos porcentuales entre 2009 y 2014; que en 2014 el número de trabajadores por cuenta propia creció prácticamente al mismo ritmo que el empleo, y que desde 2013 el incremento del empleo total se ha debido fundamentalmente al incremento de los contratos temporales, si bien la situación difiere enormemente entre unos Estados miembros y otros; que el nivel de desempleo y sus consecuencias sociales difieren entre los distintos países europeos; que muchos jóvenes o bien se matriculan en estudios de posgrado adicionales en un intento de escapar al desempleo, o bien abandonan su país de origen en busca de empleo en otros Estados miembros; y que estos dos casos no se incluyen en las estadísticas nacionales de desempleo juvenil;
G. Considerando que la tasa de empleo femenino (63,5 % en mayo de 2015) sigue estando muy por debajo del objetivo principal del 75 % de la Estrategia Europa 2020, y que la tasa de empleo a tiempo parcial de las mujeres sigue siendo elevada, situándose en el 32,2 % en comparación con el 8,8 % para los hombres, incluso si se tienen en cuenta las necesidades y las elecciones libres personales; y que aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral puede contribuir a reducir esas brechas y a afrontar el mayor riesgo de pobreza y exclusión social que corren las mujeres;
H. Considerando que la pérdida de capital humano debido al desempleo es enorme, calculándose que el coste total del desempleo juvenil es de 153 000 millones de euros al año(19); que, además de sus efectos financieros y sociales, el desempleo, el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración afectan de manera negativa a la convergencia social y al cabo obstaculizan el crecimiento económico sostenible;
I. Considerando que en 2014 aproximadamente el 5 % de la población activa en la Europa de los Veintiocho llevaba sin empleo más de un año y el 3,1 % llevaba sin empleo más de dos años; que solo la mitad de los trabajadores de entre 55 y 65 años tienen empleo, y que el desempleo de larga duración está particularmente extendido entre las personas más jóvenes y las de más edad; que la discriminación de los solicitantes de empleo en situación de desempleo de larga duración es lamentablemente algo muy común; que esas prácticas se basan en el estigma psicológico asociado al desempleo, y los empresarios pueden percibir a los solicitantes de empleo de más edad que se encuentran en situación de desempleo como menos competentes y con una menor empleabilidad que las personas con trabajo; que es necesario que los empresarios formen a los directores de recursos humanos para que superen sus prejuicios contra los desempleados y los trabajadores de más edad y se centren en las cualificaciones y la experiencia y no en la situación de empleo del momento;
J. Considerando que alrededor del 20 % de la población activa de la UE posee tan solo unas competencias informáticas básicas y que puede considerarse que el 40 % de la población de la UE está insuficientemente capacitado a nivel informático; que, pese a las dificultades que afrontan numerosas personas, incluidos los jóvenes, para incorporarse al mercado laboral, en la UE hay aproximadamente dos millones de puestos de trabajo vacantes, de los cuales casi 900 000 pertenecen al sector digital, y que el 39 % de las empresas siguen teniendo dificultades para encontrar personal con las cualificaciones necesarias, si bien los estudios realizados en ese campo muestran que las empresas que no consiguen encontrar trabajadores con las cualificaciones necesarias están, con frecuencia, poco dispuestas a proponer contratos de larga duración; que en 2012 uno de cada tres europeos tenía una cualificación excesiva o insuficiente para su trabajo; que el bajo nivel educativo y el desajuste entre la educación y las necesidades del mercado laboral son algunas de las causas principales de que los jóvenes se conviertan en ninis, lo que afecta negativamente al crecimiento; que es fundamental determinar cuáles son las causas profundas del abandono escolar prematuro, y que los Estados miembros deberían restablecer unos niveles de gasto en educación que permitan alcanzar los objetivos de la Europa 2020;
K. Considerando que el trabajo no declarado priva a los trabajadores de sus derechos sociales y laborales, fomenta el dumping social y tiene graves consecuencias presupuestarias puesto que provoca una pérdida de ingresos fiscales y de cotizaciones a la seguridad social, repercutiendo negativamente en el empleo, la productividad y la calidad del trabajo, el desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente, amén de ser contrario a un sistema de derechos de pensión eficaz y eficiente al ampliar la brecha de las pensiones, entre otras cosas, y afectando también al acceso a la asistencia sanitaria en algunos Estados miembros; que es necesario redoblar los esfuerzos para convertir el trabajo no declarado en trabajo declarado;
L. Considerando que, si bien las formas de empleo atípicas o no convencionales no constituyen en sí mismas trabajo precario, es más probable que se den situaciones de trabajo precario cuando se aplican contratos de esa naturaleza, aunque constituyen una minoría dentro de las relaciones de trabajo existentes(20); que la inseguridad es otro componente de la precariedad y abarca la incertidumbre laboral, la insuficiencia de ingresos, la falta de protección contra el despido y una duración incierta del empleo; que en algunos Estados miembros se ha producido un aumento preocupante de ese tipo de contratos; que para evitar el uso inadecuado de esos contratos debe implantarse a nivel nacional un mecanismo de inspección laboral eficaz y eficiente; y que es importante fomentar un empleo de calidad que proporcione ingresos adecuados y seguridad económica para las familias;
M. Considerando que uno de los cinco objetivos de la Estrategia Europa 2020 consiste en reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación de pobreza y exclusión social o que corren el riesgo de sufrirlas; que en la UE se encuentran en esta situación casi 123 millones de personas; que en 2013 había en la Europa de los Veintiocho 26,5 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social; que el número de europeos en riesgo de pobreza aumentó en el periodo 2009-2012, pero que la situación se ha estabilizado en vista de las cifras de 2013 y 2014; que el problema de las personas sin hogar ha aumentado en muchos Estados miembros de la UE; que 32,2 millones de personas con discapacidad de más de 16 años corrían en 2012 riesgo de pobreza y exclusión social; que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 aún no se han cumplido y, por lo tanto, se necesita una revisión inmediata de la estrategia;
N. Considerando que las estimaciones indican que la proporción de la población de la UE de 65 años o más en relación con las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años aumentará del 27,8 % al 50,1 % de aquí a 2060, mientras que se prevé que el coeficiente de dependencia económica total13 se estabilice en más del 120 % hasta mediados de la próxima década y a continuación aumente por encima del 140 % para 2060; considerando asimismo que estos factores, así como otros cambios demográficos, como el envejecimiento de la población, la densidad de población o la dispersión de la población, ponen de relieve la necesidad de que las autoridades públicas introduzcan políticas exhaustivas y socialmente responsables que tengan por objeto aumentar la tasa de natalidad, facilitar tasas elevadas de empleo de calidad y promover la suficiencia de los regímenes de seguridad social y el envejecimiento activo, así como introducir reformas socialmente responsables en el mercado laboral y en los sistemas de pensiones y garantizar la suficiencia y la adecuación del primer pilar de las pensiones a corto, medio y largo plazo;
O. Considerando que la brecha de género en materia de pensiones en la UE, que se eleva al 40 %, sigue siendo considerable, lo cual refleja diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial, así como la brecha salarial entre hombres y mujeres y la mayor brevedad de la carrera de las mujeres;
P. Considerando que el creciente número de personas mayores dependientes tiene y tendrá una repercusión cada vez mayor en los sistemas de salud y de cuidados de larga duración, y que es necesario disponer de recursos asistenciales formales e informales; considerando que los actuales regímenes de seguridad social no tienen suficientemente en cuenta la situación de los cuidadores no profesionales, que constituyen un recurso enorme para la sociedad;
Q. Considerando que el endeudamiento público y privado sigue siendo demasiado elevado en muchos de los Estados miembros y obstaculiza el fortalecimiento de las economías de la UE; que los bajos tipos de interés de la zona del euro pueden utilizarse para ampliar el margen de acción de los Estados miembros, y que es necesario celebrar un debate exhaustivo sobre la gestión de la deuda en la UE;
R. Considerando que, dada la tendencia actual, en los próximos 10 a 15 años, el 90 % del crecimiento mundial se generará fuera de la UE, por lo que opina que es necesario seguir desarrollando y promoviendo estrategias de crecimiento real y de creación de empleo en los Estados miembros; considerando que es esencial aplicar políticas industriales y de mercado innovadoras con objeto de incrementar la competitividad dentro de la UE y a escala mundial y, de ese modo, crear oportunidades de empleo sostenible e integrador desde el punto de vista social;
S. Considerando que el 20 % del gasto del Fondo Social Europeo debe usarse para hacer frente a la pobreza y la exclusión social en los Estados miembros;
T. Considerando que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ya ha aprobado 69 proyectos en 18 países y ha firmado 56 operaciones (con una financiación total a cargo del FEIE de alrededor de 1 400 millones de euros), y que se espera que ello genere inversiones por valor de más de 22 millones de euros e implique aproximadamente a 71 000 pymes; que es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar que se dota de financiación a infraestructuras sociales como las destinadas al cuidado infantil, con vistas a cumplir los compromisos de Barcelona existentes, y que los actuales proyectos implican en su mayoría grandes sistemas de infraestructuras, mientras que estos fondos excluyen normalmente a las pymes y microempresas, pese a su importancia en cuanto piedra angular de la economía europea y en términos de generación de empleos de calidad;
U. Considerando que la economía social está integrada por dos millones de empresas (un 10 % del total de empresas de la UE) que emplean a más de 14 millones de personas, lo que representa alrededor del 6,5 % de los trabajadores de la UE;
V. Considerando que las regiones ultraperiféricas se enfrentan a enormes dificultades derivadas de sus características específicas que limitan su potencial de crecimiento, y que las tasas de desempleo en dichas regiones oscilan entre el 15 % y el 32,4 %;
W. Considerando que 6,9 millones de ciudadanos de la UE ejercen en la actualidad su derecho fundamental a circular libremente y a vivir y trabajar en otro Estado miembro; que hay más de 1 100 000 trabajadores transfronterizos o fronterizos, y que la libre circulación de personas es fundamental para mejorar la convergencia entre los países europeos;
X. Considerando que el creciente número de refugiados en Europa requiere solidaridad y unos esfuerzos más equilibrados e intensificados por parte de los Estados miembros y las autoridades locales y regionales en términos de medidas de integración, como ayudas sociales de conformidad con la legislación de la UE pertinente en materia de asilo y acciones y estrategias a medio y largo plazo para la recepción e integración de los refugiados en la sociedad;
1. Subraya que la necesidad de invertir en avances sociales no es solo un medio para garantizar que se logra un desarrollo económico sostenible e integrador, así como convergencia, sino que también debe ser un objetivo específico en sí mismo; destaca, por tanto, la importancia de unos indicadores de empleo, pobreza y desigualdad de calidad; acoge con satisfacción la petición de la Comisión de que se invierta en servicios como la ayuda a la vivienda, la sanidad, el cuidado infantil y los servicios de rehabilitación; subraya que la cohesión económica y social debe seguir siendo el principal objetivo de todas las políticas de la UE y que deben redoblarse los esfuerzos para llevar a cabo una evaluación más compleja y objetiva sobre la base de la diversidad y las características de los Estados miembros;
2. Celebra que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) de la Comisión se destaque la necesidad de prestar más atención a la justicia social en el contexto de los nuevos programas nacionales de estabilidad y reforma, añadiendo tres indicadores de empleo (tasa de actividad, desempleo juvenil y desempleo de larga duración) en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico; insta a que dichos indicadores se sitúen auténticamente al mismo nivel que los indicadores existentes, lo que les permitiría activar análisis en profundidad en los Estados miembros relevantes y garantizar que sus desequilibrios internos se evalúen ulteriormente, proponiéndose y controlándose las reformas económicas y sociales;
3. Celebra la acción de la Comisión en el contexto del EPAC, que supone la inclusión de la justicia social como elemento central de la recuperación económica europea; pone de relieve los logros en materia de convergencia de la UE mediante la creación de la UEM y pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para el fomento ascendente de la convergencia social en la Unión; pide a la Comisión que defina y cuantifique su concepto de justicia social, teniendo en cuenta las políticas tanto sociales como en materia de empleo que se deben lograr a través del EPAC 2016 y del Semestre Europeo;
4. Recuerda que el empleo integrador y de calidad constituye un pilar fundamental de la justicia social, al fomentar la dignidad humana para todos; opina, en este sentido, que la creación de empleo de calidad y la generación de crecimiento deben ser aspectos centrales de las políticas de los Estados miembros y de la UE, especialmente las destinadas a los jóvenes y a la generación de más de 55 años, en cuanto instrumento para construir economías más sostenibles desde el punto de vista social en la UE; insta a los Estados miembros a aplicar y desarrollar ulteriormente las políticas en materia de desempleo juvenil, adaptando dichas políticas a las necesidades reales del mercado laboral;
5. Pide a la Comisión que promueva a escala de los Estados miembros formas de cooperación en que participen los gobiernos, las empresas —incluidas las de la economía social—, las instituciones educativas, los servicios personalizados, la sociedad civil y los interlocutores sociales, sobre la base del intercambio de mejores prácticas y con el fin de mejorar la adaptación de los sistemas de educación y formación de los Estados miembros para luchar contra la inadecuación de las competencias, atender a las necesidades del mercado laboral, y apoyar el acceso al empleo y su conservación en el mercado laboral abierto para todos los ciudadanos de Europa, en particular mediante la formación dual; alienta a los Estados miembros a diseñar con atención y a evaluar ex ante todas las reformas estructurales en los sistemas educativos nacionales, en cooperación con los interlocutores sociales, a fin de garantizar que la educación ofrezca las herramientas adecuadas para los ciudadanos; pide a los Estados miembros que incluyan la cultura del emprendimiento y los principios de la economía social en sus programas educativos y de formación; pide a la Comisión que promueva a escala de los Estados miembros una estrategia de inversión más amplia para todo el ciclo de educación y formación, que abarque todos los sectores del aprendizaje permanente y del aprendizaje en el medio laboral y en el lugar de trabajo, tanto formal como no formal;
6. Señala que los esfuerzos educativos se centran principalmente en las capas más jóvenes de la población activa, pero que muchos Estados miembros necesitan un planteamiento más amplio con respecto a la formación de la población activa, que incluya oportunidades en materia de educación y formación profesional de adultos; subraya que invertir de manera insuficiente en educación, especialmente en competencias digitales, supone una amenaza para la posición competitiva de Europa y la empleabilidad de su población activa; insta por tanto a los Estados miembros a priorizar una amplia formación en el ámbito de las competencias digitales; pide a la Comisión que promueva a escala de los Estados miembros una estrategia de inversión más amplia para todo el ciclo de educación y formación, que abarque todos los sectores del aprendizaje permanente, del aprendizaje en el medio laboral y en el lugar de trabajo, el aprendizaje dual y el aprendizaje formal y no formal, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la educación para adultos a fin de responder al cambio demográfico de tal manera que los sistemas de educación y formación de los Estados miembros se adapten mejor a las necesidades del mercado laboral; pide a los Estados miembros que apoyen el aprendizaje profesional y utilicen plenamente los fondos Erasmus+ disponibles para los aprendices a fin de garantizar la calidad y el atractivo de este tipo de formación;
7. Subraya la necesidad de que se invierta en las personas lo antes posible en el ciclo de vida para reducir la desigualdad y fomentar la inclusión social a una edad temprana; aboga, por tanto, por el acceso a servicios de educación infantil y atención a la infancia de calidad, integradores y asequibles para todos los niños en todos los Estados miembros;
8. Recuerda la importancia que revisten las capacidades y competencias adquiridas en entornos de aprendizaje no formal e informal para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de las personas que han estado fuera del mercado laboral por responsabilidades relacionadas con el cuidado de las personas a cargo; subraya, por tanto, la importancia de que se cree un sistema de validación de las formas de conocimiento y de la experiencia no formales e informales, especialmente las adquiridas a través de actividades de voluntariado; opina que la certificación coherente y el reconocimiento mutuo de cualificaciones contribuirá a colmar la brecha entre los déficits de capacitación en el mercado laboral europeo y los jóvenes solicitantes de empleo; insiste en la aplicación de un planteamiento marco para con el aprendizaje permanente encaminado a una vía educativa flexible que reconozca el aprendizaje formal, pero también el no formal e informal, a fin de fomentar la equidad y la cohesión social y de ofrecer oportunidades de empleo a grupos más vulnerables;
9. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de que se refuerce la Garantía Juvenil a escala nacional, regional y local, y destaca su importancia para la transición de la escuela al trabajo; lamenta, no obstante, que la Garantía Juvenil no se haya aplicado de manera eficaz en muchos Estados miembros; destaca que es necesario garantizar la existencia de modalidades adecuadas de colaboración entre los servicios de empleo públicos y privados a nivel europeo, nacional y local y los servicios de asistencia social, tanto los servicios de asistencia integrados como los de carácter personalizado; hace hincapié en la necesidad de garantizar que la Garantía Juvenil llegue a los jóvenes que sufren exclusiones múltiples y pobreza extrema; a tal efecto, pide a la Comisión que considere una revisión específica de la Garantía Juvenil y de sus instrumentos de financiación, incluida la Iniciativa sobre Empleo Juvenil; cree que la Comisión puede desempeñar un papel a la hora de centrar la atención de los Estados miembros en la necesidad de actuar y facilitar el intercambio de mejores prácticas acerca de cómo combatir de la mejor manera el desempleo juvenil;
10. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de prever un enfoque personalizado para los desempleados de larga duración, pero le preocupa la difícil situación de los más de 12 millones de desempleados de larga duración en Europa; considera que un enfoque de estas características exigirá un mayor esfuerzo en términos de recursos humanos, que requiere unos participantes con el nivel de educación necesario para poder orientar a los desempleados sobre la manera de superar posibles lagunas de educación o formación; pide una ayuda adecuada para los demandantes de empleo en forma de prestación de servicios integrados y acceso a educación y formación de gran calidad para superar las posibles lagunas al respecto; destaca que los procesos de reciclaje profesional exigen disponer de recursos financieros adecuados que deben destinarse a los desempleados de todas las edades y que, para ser eficaces, las políticas activas en materia de empleo deben incluir requisitos para las autoridades nacionales competentes y los empleadores, así como para cada desempleado de larga duración;
11. Recuerda que la integración de los desempleados de larga duración es crucial para su autoconfianza, su bienestar y su desarrollo futuro y es fundamental para luchar contra la pobreza y la exclusión social, y contribuirá a garantizar la sostenibilidad de los regímenes nacionales de seguridad social; considera necesario que se tome en consideración la situación social de estos ciudadanos y sus necesidades; subraya, no obstante, que un 12,7 % de la población en edad de trabajar sufre pobreza en situación de empleo (cifras de 2014, un aumento con respecto al 11 % de 2009), por lo que hace falta un planteamiento integrado de inclusión activa e inversión social; invita a la Comisión a implicar a los Estados miembros en estrategias y acciones para reducir la pobreza y la exclusión social en línea con la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que apoye los esfuerzos por crear oportunidades integradoras de aprendizaje permanente para los trabajadores y demandantes de empleo de todas las edades, y que tome medidas cuanto antes para mejorar el acceso a los fondos de la UE y movilizar, cuando sea posible, recursos adicionales, como se hizo en el caso de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil;
12. Hace hincapié en la urgente necesidad de garantizar que los esfuerzos de la UE por luchar contra la pobreza y la exclusión social aborden activamente el creciente número de personas sin hogar, que actualmente no quedan reflejados en los indicadores que se utilizan para medir el objetivo relativo a la pobreza de la UE, pero que representan una realidad social alarmante que afecta al menos a cuatro millones de personas cada año(21);
13. Subraya la necesidad de dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de los desempleados con más de 55 años; pide tanto a la Comisión como a los Estados miembros que apoyen soluciones de empleo flexibles para este grupo (incluidos empleos a tiempo parcial y temporales) que atiendan a sus necesidades específicas y garanticen así que no abandonen de forma prematura el mercado laboral; subraya el importante papel que desempeñan los trabajadores de edad más avanzada en el lugar de trabajo, al transmitir sus conocimientos y experiencia a los trabajadores más jóvenes, por ejemplo, haciendo que participen en procesos de formación en el lugar de trabajo y asegurando de ese modo que los trabajadores de más de 55 años no terminen desempleados;
Reformas estructurales sociales y responsables
14. Observa que la UE en su conjunto y muchos de sus Estados miembros siguen padeciendo problemas estructurales que deben abordarse con urgencia; manifiesta su preocupación por la repercusión social de las políticas de ajuste presupuestario que se centran en recortar el gasto, y pone de relieve que las políticas económicas deben garantizar el cumplimiento del artículo 9 del TFUE; apunta la necesidad de continuar dando prioridad a la inversión pública y privada, así como a las reformas estructurales equilibradas social y económicamente que reduzcan las desigualdades, y de promover el crecimiento sostenible y el saneamiento presupuestario responsable (teniendo en cuenta la sostenibilidad de la deuda, el ciclo económico y el déficit de inversiones), incluidas las políticas de ingresos, combatiendo el fraude y la evasión fiscales, y reforzando así una senda que favorezca una mayor cohesión y una convergencia social ascendente; considera que estas políticas promueven un entorno propicio para la actividad empresarial y los servicios públicos con el fin de crear puestos de trabajo de calidad y progreso social, y de favorecer la inversión que produzca beneficios tanto sociales como económicos; hace hincapié en que esas prioridades solo podrán realizarse si se da prioridad a una inversión adecuada en capital humano y en aprendizaje permanente en el marco de una estrategia común; insiste en contar con la participación de los interlocutores sociales con respecto a las reformas estructurales y las políticas del mercado laboral;
15. Destaca que unas reformas responsables desde el punto de vista social deben basarse en la solidaridad, la integración, la justicia social y una distribución justa de la riqueza, es decir, un modelo que garantice la igualdad y la protección social, proteja a los grupos vulnerables y mejore las condiciones de vida para todos los ciudadanos;
16. Subraya la necesidad de fomentar y proteger la economía social de mercado, que proporciona un marco en el que la competitividad y las elevadas normas sociales contribuyen a la justicia social y esta, a su vez, estimula la competitividad; subraya, asimismo, la necesidad de encontrar el equilibrio entre las consideraciones económicas y la necesidad de garantizar un saneamiento presupuestario eficaz, una economía sostenible, una cohesión social real y una mayor protección social; pide a la Comisión que amplíe su enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial,(22) y que mejore los programas de reestructuración de la deuda y de segunda oportunidad;
17. Subraya que el EPAC debe evaluar de manera más coherente la evolución de la desigualdad en Europa a través de indicadores económicos, como los coeficientes de Gini y de Palma;
18. Pide a los Estados miembros que participen activamente en la plataforma de lucha contra el trabajo no declarado y que den seguimiento a su intercambio de buenas prácticas con acciones concretas a fin de hacer frente al trabajo no declarado, las sociedades pantalla y el falso empleo por cuenta propia, ya que estas prácticas ponen en peligro tanto la calidad del trabajo y el acceso de los trabajadores a los sistemas de protección social como las finanzas públicas nacionales, generando una competencia desleal entre las empresas europeas; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para convertir el trabajo no declarado en trabajo declarado y para dotar las inspecciones laborales de los medios adecuados, y que refuercen los mecanismos de inspección laboral y conciban medidas para permitir que los trabajadores de la economía sumergida pasen a la economía formal, a fin de tener así acceso a los regímenes de protección del empleo; alienta a los Estados miembros a que apliquen tipos impositivos vinculados al grado de estabilidad y la calidad de las diversas formas de relaciones laborales como instrumento para incentivar los contratos estables;
19. Considera que la dispersión salarial aumenta las desigualdades y perjudica a la productividad y la competitividad de las empresas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen medidas para mejorar la calidad del empleo a fin de reducir la segmentación del mercado laboral, combinadas con medidas para aumentar los salarios mínimos a un nivel apropiado, de conformidad con el principio de subsidiariedad, y fortalecer la negociación colectiva y la posición de los trabajadores en los sistemas de fijación de sueldos para reducir la dispersión salarial; cree que todo lo anterior debe realizarse con vistas a respaldar la demanda agregada y la recuperación económica, reducir las desigualdades salariales y combatir la pobreza en situación de empleo;
20. Considera que la flexiguridad cuidadosamente sopesada contribuye a evitar la fragmentación del trabajo y a fomentar el mantenimiento del empleo de calidad sostenible, pero expresa su preocupación por que la flexiguridad no se haya aplicado adecuadamente en una serie de Estados miembros; pide a los Estados miembros y a la Comisión, cuando corresponda, que velen por el respeto de los derechos laborales y las normas en materia de seguridad social cuando se aplique el modelo de la flexiguridad; pide a los Estados miembros que modernicen su legislación de protección del empleo con el fin de promover una mayor estabilidad en el trabajo, así como la seguridad en los periodos de transición entre empleos, también a través de una mayor y mejor cooperación entre los servicios de empleo públicos y privados, en su caso, y el acceso de los empleados a la seguridad social y a los derechos en materia de protección social; observa que varios Estados miembros han llevado a cabo reformas que han tenido efectos positivos evidentes, por ejemplo, en el aumento de las tasas de empleo, pero lamenta que, en algunos casos, las reformas laborales hayan favorecido la flexibilidad a costa de la seguridad, lo que ha provocado un aumento de la precariedad y una falta de protección del empleo; pide a la Comisión que refuerce la supervisión de la práctica abusiva que supone la sucesión de contratos de duración determinada, así como de otros contratos atípicos sucesivos, tanto en el sector privado como en el sector público;
21. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta la evolución global de los ingresos de los trabajadores de los servicios públicos, así como de la renta mínima, cuando proceda, sin perjuicio del crecimiento de la productividad y de una manera sostenible y estable que no ponga en peligro sus competencias propias;
22. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión sobre la inversión en capital humano para restablecer los niveles de empleo y el crecimiento sostenible, pero está sumamente preocupado por el hecho de que el gasto público en educación haya registrado una disminución del 3,2 %(23) desde 2010, con caídas en once Estados miembros durante 2013, el último año del que se tienen cifras; subraya que, para que sean eficaces, las reformas deben centrarse en los planes de estudios escolares y en el sector público;
23. Hace hincapié en la importancia de las políticas activas del mercado de trabajo en el contexto actual; pide a los Estados miembros que incrementen la cobertura y eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo;
24. Toma nota de la necesidad de aceptar el giro hacia la economía digital en el contexto de la mejora de competencias y la formación, así como de las nuevas formas de empleo.
25. Pide a los Estados miembros que desplacen progresivamente la carga fiscal del trabajo a otras fuentes de manera que no afecte ni a los grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente los trabajadores mal remunerados, ni a la competitividad general, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones y la financiación adecuada de los sistemas de seguridad social y de protección social; pide, asimismo, a los Estados miembros que apliquen normas fiscales que fomenten los incentivos al espíritu empresarial y la creación de empleo, especialmente para los jóvenes y la generación de más de 55 años, con el fin de utilizar la experiencia profesional de estos trabajadores, garantizar la transferencia de sus conocimientos técnicos e impulsar la realización de proyectos de investigación e innovación en las empresas europeas; insta a los Estados miembros a que reduzcan la carga administrativa con el fin de fomentar el emprendimiento juvenil;
26. Pide que, en el marco del Semestre Europeo y el EPAC, se valore la importancia de las políticas de rentas, incluidas las pensiones, los indicadores de ingresos y la política fiscal, con el fin de garantizar la cohesión social y revertir las tendencias hacia la desigualdad;
27. Pide a los Estados miembros que evalúen sus sistemas de protección social actuales y aumenten su inversión en ellos, con objeto de garantizar su buen funcionamiento para afrontar y prevenir la pobreza y las desigualdades, a la vez que aseguran su sostenibilidad de cara a los nuevos retos demográficos, económicos y sociales previstos, y que aumenten la resiliencia de las economías de los Estados miembros en tiempos de crisis; hace hincapié en que unos sistemas de bienestar social de calidad y la inversión social son sumamente importantes si Europa quiere mantener su principal ventaja competitiva por lo que respecta a los trabajadores altamente cualificados y las empresas productivas;
28. Considera que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben conservar la plena responsabilidad de la organización de sus sistemas de pensiones, así como de la toma de decisiones sobre el papel reservado a cada uno de los «tres pilares» del régimen de jubilación de cada Estado miembro; opina que los regímenes de pensiones deben ofrecer garantías contra la pobreza en la vejez y que, por esta razón, es necesario aplicar políticas para garantizar un primer pilar de las pensiones sólido, sostenible y adecuado;
29. Anima a los Estados miembros a que incrementen los esfuerzos para erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres, y a que tomen medidas más activas para reforzar la participación de las mujeres en el mercado laboral; pide a los Estados miembros y a la Comisión, cuando proceda en consonancia con el principio de subsidiariedad, con ayuda de los interlocutores sociales, que promuevan políticas favorables a la familia para mejorar el cuidado de las personas dependientes y aumentar la capacidad de los padres, incluyendo prestaciones por baja de maternidad y paternidad adecuadas y acceso a unos servicios de guardería asequibles para garantizar el bienestar de los niños, y permitir a las personas con otras personas a su cargo un acceso igualitario al mercado de trabajo a fin de lograr un mejor equilibrio entre vida privada y vida laboral, lo que reviste especial importancia para la integración de la mujer en el mercado laboral; alienta a los Estados miembros a que examinen la persistencia de las bajas tasas de natalidad en la UE y a que consideren la posibilidad de aplicar una diferenciación fiscal más favorable en función del número de niños que viven en un hogar; pide a los Estados miembros que presten asistencia a las familias no solo mediante apoyo financiero, sino también en forma de servicios;
30. Observa que una baja densidad de la población o una población muy dispersa son factores que aumentan significativamente el coste de la prestación de servicios públicos tales como la atención sanitaria o la educación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta las causas y consecuencias de dichos factores, además de analizar los efectos del cambio demográfico y su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas;
31. Hace hincapié en el hecho de que, para que sean eficaces, las inversiones del FEIE deben centrarse en la creación de nuevas inversiones en aquellos ámbitos en los que el interés de los inversores es limitado y no en la sustitución de inversiones que se deberían haber producido en otro lugar, o en dar prioridad a inversiones de elevada rentabilidad que se habrían realizado en cualquier caso; reitera su llamamiento sobre la importancia de las inversiones en capital humano y otras inversiones sociales, tales como la asistencia sanitaria, el cuidado de los niños o viviendas asequibles, y sobre la necesidad de que se aplique eficazmente el paquete de inversión social;
32. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que impliquen a todos los niveles de gobierno y a las partes interesadas pertinentes en la detección de trabas a las inversiones, centrándose en las regiones y los sectores más necesitados y dando acceso a los instrumentos adecuados que reúnan la financiación pública y privada;
Impulsar el crecimiento sostenible mediante la reactivación de la inversión
33. Destaca la necesidad de fomentar un crecimiento sostenible e integrador que conduzca a la creación de más y mejores puestos de trabajo y a perspectivas tangibles para todos, incluidos los jóvenes, con el fin de responder a los desafíos internos y externos a que se enfrenta la UE; observa que es necesario prestar más atención a la adaptación del empleo actual, incluido el de los grupos vulnerables, al mercado de trabajo en rápida evolución y a los nuevos sectores emergentes, con vistas a garantizar su sostenibilidad;
34. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se concentren en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas como elemento fundamental del desarrollo sostenible e integrador y de la creación de empleo, y que salven las diferencias entre hombres y mujeres en las tasas de actividad por cuenta propia; insta a los Estados miembros a que apliquen regímenes fiscales vinculados a modelos de negocio sostenibles que favorezcan a las nuevas empresas innovadoras y faciliten la creación de empleo por las pymes, a que supervisen el impacto de los incentivos fiscales en el desarrollo sostenible, y a que desarrollen mecanismos que puedan impulsar a esas empresas a alcanzar una dimensión internacional o a operar en ella; subraya, por lo tanto, la necesidad de aplicar políticas integrales a escala de la UE con el fin de capacitar a los Estados miembros para que puedan hacer frente a los retos planteados por los competidores de terceros países;
35. Pide a la Comisión que, en estrecha cooperación con los Estados miembros, adopte medidas para informar mejor sobre todos los fondos y programas europeos que tienen potencial para fomentar el espíritu empresarial, la inversión y el acceso a la financiación, tales como Erasmus para Emprendedores, el Servicio de Empleo Europeo (EURES), el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); recuerda la importancia del principio de asociación, de un enfoque ascendente y de la asignación adecuada de recursos;
36. Pide a la Comisión que evalúe todos los programas anteriores de manera integral, con el fin de evitar conflictos entre sus objetivos y sus demandas, y que reduzca la burocracia; considera que, en dicha revisión, debe haber un análisis de la ejecución de cada Estado miembro, garantizando así una mayor equidad por lo que respecta al acceso a los fondos;
37. Considera que el Fondo Social Europeo debe dedicar más recursos a financiar la participación de los desempleados en programas de formación en los Estados miembros de la UE, así como en programas en su país de origen, facilitando así su integración en el mercado laboral europeo que elijan y mejorando la ciudadanía europea;
38. Pide a los Estados miembros que desarrollen políticas que impulsen el espíritu empresarial entre los jóvenes desde una edad temprana propiciando oportunidades de prácticas y visitas a empresas;
39. Pide a los Estados miembros que, con el fin de impulsar el espíritu empresarial entre los jóvenes, apoyen las asociaciones e iniciativas que ayuden a los emprendedores jóvenes en el desarrollo de proyectos innovadores ofreciéndoles respaldo administrativo, jurídico u organizativo;
40. Señala que las empresas de la economía social, incluidas aquellas que prestan servicios sociales, se encuentran con más dificultades incluso que las empresas tradicionales para obtener financiación privada o pública, debido, entre otros factores, a la falta de conocimiento de la situación real por parte de los gestores de los intermediarios financieros; subraya la necesidad de apoyar en mayor medida a dichas empresas, especialmente en lo relativo al acceso a las diversas formas de financiación, como los fondos europeos; subraya además la necesidad de reducir la carga administrativa con el fin de apoyar a las empresas sociales; destaca la necesidad de darles un marco jurídico mediante, por ejemplo, un estatuto europeo para cooperativas, asociaciones, fundaciones y mutuas, reconociendo así su acción en la UE y evitando la competencia desleal; pide a la Comisión que apoye la inversión en la economía social y acoge favorablemente el hecho de que parte de los fondos del programa EaSI se destine a facilitar el acceso a la financiación a las empresas de la economía social y solidaria;
41. Subraya el alto valor económico y social de la inversión en protección social, incluidos los servicios sociales; declara que debería darse más flexibilidad a esta inversión social dentro del procedimiento de desequilibro macroeconómico, animando así a los Estados miembros a que inviertan en servicios sociales para un desarrollo social y económico positivo;
Fomento de la cohesión social, económica y territorial gracias a un mejor uso de los fondos europeos
42. Acoge con satisfacción el establecimiento del FEIE en su primer año de ejecución y la función que le corresponde de apoyar los mejores proyectos a escala europea; pide a la Comisión que vele por que el FEIE permita una mejor convergencia social y económica de los Estados miembros y sus regiones dentro de la UE y por que todos los Estados miembros hagan uso de la posibilidad de acceder a este Fondo, con arreglo a los objetivos de la política de cohesión; pide a la Comisión que supervise y controle las inversiones en el marco del FEIE; considera que debe publicarse un informe en el que se audite y mida el impacto social y económico en términos reales de la inversión de que se trate;
43. Señala que las inversiones deben orientarse de forma prioritaria a los proyectos de infraestructuras cuando estos sean claramente necesarios para garantizar una mayor cohesión, la justicia social o el desarrollo del capital humano o para mejorar el crecimiento sostenible e integrador; pide a la Comisión que exija una presentación previa de los resultados sociales y económicos que se espera obtener con cualquiera de los proyectos de inversión financiados por la UE y que incluya un seguimiento y una evaluación posteriores; destaca la necesidad de evitar que estos proyectos puedan causar un impacto negativo en el medio ambiente;
44. Subraya, teniendo en cuenta las dificultades de los Estados miembros para utilizar plenamente los fondos europeos, que la UE debe garantizar un uso correcto y mejor de sus inversiones, que deben coincidir con sus prioridades y valores fundamentales tal como se recogen en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, así como la gestión eficaz de sus recursos, y que debe reducir las cargas administrativas y las barreras que rodean al acceso, la ejecución y la evaluación; subraya la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la financiación de todas las empresas; pide a la Comisión que garantice una estrecha supervisión del uso de los fondos de la UE;
45. Acoge con satisfacción el llamamiento de la Comisión a los Estados miembros para que aumenten sus inversiones sociales, especialmente en atención sanitaria y cuidados de larga duración (formales e informales) así como servicios sociales, cuidado de los niños, ayudas a la vivienda y servicios de rehabilitación, a fin de promover la cohesión económica, territorial y social europea; pide a las empresas y a todos los demás beneficiarios admisibles que utilicen mejor los mecanismos de inversión que ofrecen los fondos y proyectos europeos de aplicación directa; pide además a la Comisión que compruebe si los Estados miembros están aplicando adecuadamente las recomendaciones de la UE;
46. Señala que los cuidadores profesionales y especialmente los no profesionales constituyen un pilar importante para hacer frente a las exigencias cada vez mayores relacionadas con el futuro de los sistemas de cuidados en Europa; subraya la necesidad de mejorar la protección social para quienes se dedican al cuidado de los miembros de su familia, ya que a menudo tienen que reducir su empleo remunerado con el fin de ofrecer cuidados no remunerados y, por consiguiente, pierden sus derechos a prestaciones de seguridad social;
47. Reconoce los esfuerzos de la Comisión por intensificar el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para apoyar la aplicación de las recomendaciones específicas por país, y toma nota de la propuesta de la Comisión a los Estados miembros sobre la financiación de la asistencia técnica; subraya que estos fondos no deben utilizarse exclusivamente para poner en práctica las recomendaciones específicas por país, ya que esto podría dar lugar a la exclusión de otras áreas de inversión importantes;
48. Conviene en la necesidad de desarrollar un proceso de convergencia económica y social al alza con objeto de fomentar la cohesión económica, territorial y social entre los Estados miembros y sus regiones y dentro de ellos, pero señala que esto debe considerarse un objetivo de un proyecto común en el que el diálogo social y la participación de todas las partes interesadas pertinentes desempeñen un papel clave; señala que la política social forma parte de las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros y que el papel de la UE en este ámbito se limita a apoyar y completar la acción de los Estados miembros, con arreglo al artículo 153 del TFUE y en consonancia con el principio de subsidiariedad;
49. Pide que se aborden las desigualdades económicas que obstaculizan el crecimiento económico a largo plazo; hace hincapié en que las divisiones entre las regiones más pobres y el resto de la UE se están agravando y pide esfuerzos selectivos urgentes tanto a nivel europeo como nacional para promover la cohesión y el crecimiento en esas regiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros, en consecuencia, que fomenten las inversiones estratégicas con el objetivo de aumentar la competitividad con respecto al artículo 174 del TFUE, en especial en aquellas regiones que sufren desventajas demográficas o naturales permanentes y graves;
50. Pide a la Comisión que mejore la aplicación del artículo 349 del TFUE con miras a una mejor integración de las regiones ultraperiféricas en la Europa de las Regiones, diferenciando las políticas de la UE con el fin de garantizar la equidad entre las regiones y de fomentar la convergencia al alza; subraya que es necesario mantener la atención especial prestada a las regiones ultraperiféricas, no solo en términos de asignación de fondos sino también atendiendo al impacto que las políticas europeas puedan tener en su situación social y en sus niveles de empleo; pide a la Comisión que garantice que las decisiones europeas y las asignaciones de fondos van acompañadas de una supervisión adecuada, y que se traducen en una mejora significativa del bienestar de los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas.
51. Pide a la Comisión, en el marco de la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP), que estudie la posibilidad de aumentar la financiación del FSE para garantizar la idoneidad de sus objetivos y tener en cuenta los nuevos retos que se han incorporado, tales como el desempleo de larga duración o la integración de los refugiados; pide también que se cree un programa específico, en el marco del MFP acordado, para aquellas subregiones de la UE cuya tasa de desempleo exceda del 30 %;
La inclusión social como oportunidad para la sociedad
52. Acoge favorablemente la renovación de las directrices integradas de Europa 2020; hace hincapié en que la pertinencia de la Estrategia Europa 2020 ha aumentado con el tiempo, y pide a los Estados miembros que refuercen su aplicación sobre el terreno; pide a la Comisión y al Consejo que supervisen más estrechamente su aplicación global y nacional; considera que es necesario empezar a proyectar un escenario para el periodo posterior a Europa 2020 vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible;
53. Manifiesta su preocupación por que el empleo ya no sea, por sí solo, ni una garantía para escapar a la pobreza ni el mejor instrumento para lograr la inclusión social, dado que en 2014 el 12,7 % de la población en edad de trabajar sufría pobreza en situación de empleo, lo que representa un aumento del 11 % con respecto a 2009; pide a la Comisión que proponga una estrategia integrada para la UE de lucha contra la pobreza que aborde las múltiples dimensiones de la pobreza para todos los grupos, especialmente los más vulnerables, y promueva la inclusión activa integrada, basada en el derecho a una protección social de calidad; en este sentido, pide una vez más a la Comisión que proponga una iniciativa para fomentar la introducción de rentas mínimas en los Estados miembros sin contravenir el principio de subsidiariedad;
54. Pide a los Estados miembros que apliquen y supervisen unas modalidades más eficaces, eficientes e integradoras de sistemas de protección social y apoyo a la renta, con el fin de asegurar que estos sistemas ofrezcan un nivel de vida adecuado a los desempleados y a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, velando al mismo tiempo por que esos mecanismos no perpetúen la dependencia social y garanticen el acceso a la educación, la formación y a oportunidades para entrar en el mercado laboral; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intercambien mejores prácticas sobre la eficacia de una renta mínima para reducir la desigualdad y la exclusión social en Europa.
55. Alienta a los Estados miembros a que apliquen las medidas necesarias para la integración social de los refugiados, los migrantes que residen legalmente en la UE y los solicitantes de asilo, de conformidad con la legislación pertinente en materia de asilo; señala, sin embargo, que dichas medidas solo pueden ser eficaces si todos los Estados miembros las comparten y aplican; considera que este enfoque requerirá una asignación de fondos adecuada que, en la actual situación de fragilidad, no pueden ser aportados exclusivamente por los Estados miembros; pide a la Comisión que, en la revisión intermedia del MFP, proporcione la financiación necesaria para desarrollar este tipo de enfoque integral frente a la migración; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas para ayudar a los refugiados a instalarse e integrarse, así como que garanticen que los servicios públicos cuentan con recursos suficientes y que las necesidades se prevén con antelación de manera que los refugiados puedan incorporarse sin problemas al mercado de trabajo, incluidos mecanismos para el reconocimiento de habilidades y competencias; las autoridades locales y los interlocutores sociales deben desempeñar un papel clave a la hora de facilitar la correcta integración de los migrantes en el mercado laboral y prevenir el trato abusivo en el trabajo;
56. Insta a los Estados miembros a que transpongan plenamente a sus ordenamientos jurídicos nacionales la versión actualizada de la Agenda Europea de Migración y a que apliquen todas sus disposiciones; lamenta el hecho de que la Comisión tuviera que adoptar cuarenta decisiones sobre infracciones contra varios Estados miembros y enviar escritos de requerimiento a diecinueve Estados miembros por no haber tomado las medidas necesarias para transponer la Directiva sobre las condiciones de acogida; apoya los esfuerzos de la Comisión por consolidar la Agenda Europea de Migración;
57. Señala a los Estados miembros, a la vista del envejecimiento de los ciudadanos europeos y las elevadas tasas de desempleo juvenil en algunas partes de la UE, el riesgo social que implica no poder garantizar la sostenibilidad, seguridad, idoneidad y eficacia de los sistemas de seguridad social en las próximas décadas; anima, por tanto, a los Estados miembros a que desarrollen estrategias que garanticen que más personas puedan permanecer activas en la sociedad;
58. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren para eliminar los obstáculos a una movilidad laboral equitativa, ya que la libre circulación es un derecho fundamental de la UE, y que actúen por una parte para aumentar la tasa de empleo y por la otra para garantizar que los trabajadores móviles de la UE reciben el mismo trato que los trabajadores nacionales y no son víctimas de abuso o discriminación, y que se respetan sus derechos sociales y laborales;
59. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la movilidad laboral en el interior de la UE en toda la Unión como una forma de crear oportunidades tanto para los trabajadores como para las empresas; pide a los Estados miembros que utilicen y fomenten las herramientas europeas disponibles para facilitar esta movilidad laboral, especialmente la red europea de servicios de empleo (EURES); en las regiones transfronterizas donde la movilidad laboral es realmente alta, anima a los Estados miembros a que desarrollen asociaciones transfronterizas EURES para ayudar a los trabajadores en sus planes de movilidad;
60. Pide a la Comisión que desarrolle un plan concreto sobre cómo se utilizará el Semestre Europeo para aplicar los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
61. Declara que el diálogo social es un instrumento clave para mejorar las condiciones de trabajo y que, con el fin de garantizar las mejores condiciones posibles para el diálogo entre los interlocutores sociales, los requisitos indispensables en este contexto son la existencia de sindicatos fuertes, la participación de los empleados en los asuntos societarios y un fortalecimiento de los convenios colectivos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la calidad del diálogo social también a nivel europeo garantizando consultas oportunas y significativas con los interlocutores sociales y dejando margen para el necesario análisis y la necesaria integración de las propuestas en los procesos de toma de decisiones;
62. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por atajar el dumping social y salarial en la UE, que provoca perjuicios importantes a los trabajadores afectados y a los sistemas de protección social de los Estados miembros; pide asimismo que se incluya a los interlocutores sociales en dichos esfuerzos a todos los niveles;
Una mejor coordinación del Semestre Europeo
63. Acoge favorablemente la recomendación de la Comisión sobre la zona del euro, que consolida el análisis y la definición conjuntos de estrategias para las dimensiones social y económica de los Estados miembros en el marco de la UEM, y subraya la necesidad de conciliar estos criterios; sin embargo, alerta sobre la posibilidad de que se desarrolle una UE a dos velocidades;
64. Considera que la recomendación sobre la zona del euro ha de ser el punto de partida para reforzar la dimensión social en el marco de:
a) unos mecanismos reforzados en materia de rendición de cuentas democrática a escala nacional y de la UE, que comprendan un acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo y garanticen que todos los Parlamentos nacionales de la zona del euro están en condiciones de seguir cada una de las fases del proceso del Semestre Europeo;
b) una dimensión social destinada a preservar la economía social de mercado europea, que aspire a elevar los suelos salariales fijando, en su caso y de conformidad con el principio de subsidiariedad, salarios mínimos de una cuantía adecuada y con la participación de los interlocutores sociales.
c) reuniones conjuntas del Consejo EPSCO y el Ecofin, a fin de fomentar políticas socioeconómicas coordinadas que tengan por objeto no solo mejorar la competitividad europea, sino también estimular de manera sostenible el crecimiento y el empleo de calidad;
d) reuniones de los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la zona del euro a fin de integrar mejor su dimensión social y abordar adecuadamente los desequilibrios sociales;
65. Pide a la Comisión que presente tan pronto como sea posible una propuesta para establecer un pilar de derechos sociales que permita garantizar condiciones equitativas en toda la UE como parte de los esfuerzos para conseguir un mercado laboral equitativo y verdaderamente paneuropeo y como una manera de promover la convergencia social y económica al alza con el fin de abordar las diferencias sociales y económicas que existen en el seno de los Estados miembros y entre ellos;
66. Pide a la Comisión que facilite una supervisión y un seguimiento adecuados de la aplicación de las recomendaciones específicas por país y que garantice un enfoque adecuado en el empleo y los problemas de inclusión social;
67. Pide que la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y sus objetivos, especialmente los de carácter social, tengan un papel más destacado, que quede reflejado de igual forma en todos los instrumentos del Semestre, incluidas las recomendaciones específicas por país;
68. Celebra que la Comisión haya hecho una clara distinción entre una fase europea y una fase nacional del Semestre Europeo; hace hincapié en la necesidad de establecer una coordinación más estrecha entre las instituciones europeas en lo tocante a la concepción, la aplicación y la evaluación de la estrategia europea para el crecimiento sostenible e integrador; pide a la Comisión que elabore una agenda clara a este respecto, implicando también a los interlocutores sociales, a los Parlamentos nacionales y a otras partes interesadas pertinentes de la sociedad civil, y garantizando que el Consejo Europeo de Primavera siga siendo el marco temporal principal para la definición de las prioridades de las políticas sobre la base de las aportaciones de la Comisión, el Parlamento y el Consejo; considera que la Comisión podría verificar y comunicar si se han seguido las sugerencias de aplicar algunas de las recomendaciones específicas por país sobre la base de una «consulta con los interlocutores sociales»;
69. Considera que, con el fin de conciliar las políticas europeas y nacionales de cara al crecimiento y garantizar su idoneidad sobre el terreno, es fundamental reforzar el papel de los interlocutores sociales a nivel tanto europeo como nacional; hace hincapié en que, para avanzar con la convergencia al alza y encontrar el equilibrio entre la competitividad y la equidad, el diálogo social debe desarrollarse en todas las fases del Semestre; en este sentido, acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión por relanzar el diálogo social y el enfoque racionalizado introducido por el EPAC de 2015; señala, no obstante, que en numerosos Estados miembros la situación sigue siendo débil;
70. Considera que la Comisión podría reforzar el papel de los funcionarios del Semestre Europeo si definiera mejor sus objetivos y funciones;
Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog
Tania González Peñas, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0389.
Textos Aprobados, P8_TA(2014)0060.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0033.
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_ES.pdf
Informe Conjunto sobre el Empleo 2016, p. 2.
«Estudio sobre el trabajo precario y los derechos sociales» (Study on Precarious Work and Social Rights, VT/2010/084, p. 164-170).
Recomendación de 12 de marzo de 2014.
Informe Conjunto sobre el Empleo 2016, p. 19.

References: artículo 5
 artículo 9
 artículo 174
 artículo 349
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 153
 artículo 174
 artículo 349