Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-296.CODI.%29
Timestamp: 2020-06-03 07:44:18+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 296, de 13/02/2018
cve: BOCG-12-D-296
161/002850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en la República Islámica de Irán... (Página5)
161/002868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el estudio de la readmisión de los guardias civiles separados del servicio por actividades en pro del derecho asociativo en la Benemérita... (Página6)
161/002858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al "Informe de fiscalización de la situación a 31/12/2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio Postal Universal" del Tribunal de Cuentas... (Página8)
161/002849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ampliación de los plazos contenidos en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052)... (Página9)
161/002851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al inicio del estudio informativo de la actuación del baipás de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora de la línea... (Página11)
161/002865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a asegurar la modernización y la viabilidad del Servicio Postal Universal... (Página12)
161/002866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desdoblamiento completo del trazado y ampliación de la línea de Cercanías C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola con el objetivo de mejorar la cadencia y frecuencia de paso y convertirse en el transporte público colectivo sostenible de referencia en la Costa del Sol... (Página13)
161/002867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre actuaciones en la línea ferroviaria Sagunt-Zaragoza... (Página14)
161/002874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a liderar el fomento del español en Gran Bretaña... (Página15)
161/002853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social vía Presupuestos Generales del Estado, aumento de la cuantía y reconocimiento del derecho a desempleo... (Página16)
161/002864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación española de la Carta Social Europea... (Página18)
161/002861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover el proyecto de un Parador Nacional de Turismo en Estella (Navarra)... (Página20)
161/002855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección y fomento de la trashumancia del ganado... (Página22)
161/002870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la subasta de leche... (Página25)
161/002871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el traspaso de la cuota de jurel y el mantenimiento de la actividad del cerco en Galicia... (Página26)
161/002872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a negociar con la Unión Europea para proteger el sector pesquero español... (Página27)
161/002873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al almacenamiento de residuos radiactivos del Cabril (Córdoba)... (Página28)
161/002859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la inclusión de la información del sistema sanitario catalán en la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS)... (Página29)
161/002848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover los derechos humanos de todas las mujeres y niñas del mundo en contextos de migración... (Página30)
161/002862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aprobación del V Plan Director para la Cooperación Internacional Española (2018-2021)... (Página32)
161/002860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en valor del patrimonio de Castrillo Mota de Judíos en Burgos... (Página35)
161/002863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ilustradoras y autoras de cómic, tebeo y novela gráfica... (Página36)
161/002854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a reformar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal... (Página37)
161/002869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo de un Plan Estatal de Inclusión Educativa... (Página38)
181/000728 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Urquizu Sancho (GS), sobre dispositivo y medidas que utilizó el Ministerio del Interior para encontrar al autor de los disparos del tiroteo del día 05/12/2017 y del posterior asesinato de dos guardias civiles y un agricultor el día 14/12/2017 en el término municipal de Albalate del Arzobispo (Teruel)... (Página40)
181/000719 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre estado del proyecto de la estación de alta velocidad de A Gudiña dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia... (Página41)
181/000720 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación de los proyectos de carreteras que el Ministerio de Fomento tiene en marcha en la provincia de Ourense... (Página41)
181/000721 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre evolución de los proyectos que están siendo financiados con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria... (Página41)
181/000722 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre balance que hace Puertos del Estado sobre la posición en el año 2017 de España en relación con los visitantes en barcos de cruceros... (Página41)
181/000723 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre balance de los resultados de los puertos gallegos del Sistema Portuario español de titularidad estatal en el año 2017... (Página42)
181/000724 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre balance de los resultados de los tres aeropuertos gallegos de la red de AENA en el año 2017... (Página42)
181/000725 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre evolución de las obras de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia entre Zamora y Pedralba de la Pradería... (Página42)
181/000726 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre estado de las obras de construcción del cambiador de anchos en Pedralba de la Pradería, dentro de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia... (Página43)
181/000727 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Valido Pérez (GCUP-EC-EM), sobre protocolos de actuación respecto a la seguridad aérea y al control, tratamiento, seguridad y alimentación en condiciones dignas de animales que transitan los aeropuertos estatales ya sean porque viajan acompañados, son abandonados o habitan en las instalaciones de AENA SME, SA... (Página43)
181/000729 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre medidas para revertir el enorme deterioro del río Tajo y garantizar un caudal suficiente y limpio, en particular, a su paso por la ciudad de Toledo... (Página43)
181/000730 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones para retirar y gestionar los depósitos de fibrocemento que contienen amianto en el cauce y en las laderas del arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en la salud y el medio ambiente... (Página44)
184/026895 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Desarrollo del autoconsumo renovable en España ... (Página44)
184/027670 Autor: Tardà i Coma, Joan
Participación del Rey Felipe VI en el Foro Económico Mundial en Davos, celebrado el día 24/01/2018 ... (Página45)
161/002850
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación en la República Islámica de Irán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El final del año 2017 y el comienzo del 2018 han estado marcados en la República Islámica de Irán por las manifestaciones y disturbios que han tenido lugar esos días en dicho país.
Las manifestaciones, que comenzaron el día 28 en la ciudad de Mashad, se extendieron rápidamente a más de 40 ciudades por todo Irán, incluida Teherán, han sido protagonizadas por las clases populares y medias del país y tenido como objeto protestar contra el Gobierno Hasan Rohaní al entender que no está sabiendo solucionar la difícil situación económica por la que pasa la sociedad iraní, con un alto índice de paro, especialmente juvenil, que no se ve reducido por el crecimiento económico, cuya inmensa mayoría tiene que hacer frente a unos precios cada vez más elevados, pese a la reducción de los niveles de inflación, con bajos salarios, y como las expectativas puestas en el levantamiento de las sanciones no se han satisfecho. Todo ello al tiempo que ven cómo se perpetúan o agrandan las desigualdades entre la mayoría de la sociedad y los círculos cercanos al poder, o como se financia la participación de Irán en otros conflictos de región.
Aunque la respuesta de las autoridades ha variado en función de la localidad y del discurrir de las manifestaciones, lo cierto es que en la mayoría de los casos ha habido una fuerte represión de dichas manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad iraníes, que ha incluido no solo el uso de gases lacrimógenos u otros medios antidisturbios sino también el uso de armas de fuego contra manifestantes desarmados. Una represión que ha tenido como resultado más de 22 muertes, entre ellas la de dos agentes de seguridad, y entorno a un millar de detenciones, algunos informes hablan de más de 423 entre el 31 de diciembre y el 1 de enero solo en Teherán.
El Grupo Parlamentario Socialista, ha apoyado el acuerdo nuclear con lrán, lo valora muy positivamente, así como el levantamiento de las sanciones y el resto de esfuerzos realizados por la comunidad internacional y el régimen iraní por incorporar a este país a la normalidad internacional. Una incorporación que supone una gran oportunidad para que irán avance por la senda de democratización y el respeto a los derechos humanos.
Por ello, sin perjuicio del respeto al derecho y el deber de las fuerzas de seguridad iraníes para hacer guardar la ley y el orden público, en coherencia con los valores y principios que defiende el Grupo Parlamentario Socialista no podemos sino mostrar nuestra preocupación, que creemos compartida por
todos los demócratas, por la existencia de solidas evidencia de comportamiento que han vulnerado los derechos fundamentales de los manifestantes y su integridad y seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para que sea debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores esta
"El Congreso de los Diputados reafirma su compromiso con la democracia y los derechos humanos, en particular los de libertad de conciencia, expresión y manifestación, y por ello, desde el máximo respeto a la soberanía e independencia de la República Islámica de Irán, manifiesta su solidaridad con las familias de las víctimas mortales habidas durante los disturbios de final de año en dicho país y su preocupación por la existencia de indicios de vulneración de los derechos humanos de los manifestantes y de quienes han sido detenidos en el curso de dichas manifestaciones. Así mismo insta al Gobierno a:
1.º trasladar al Gobierno iraní la presente resolución;
2.º transmitir a las autoridades iraníes el pleno convencimiento de que la mejor manera de contribuir a la normalización de las relaciones de ese Estado con el resto de la comunidad internacional y a la credibilidad del mismo es la realización de una investigación sobre las respuesta dada por las fuerzas de seguridad a las manifestaciones; e
3.º incluir en las relaciones bilaterales entre los dos Estados una especial atención a la evolución de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, buscando mecanismos que refuercen la colaboración entre los dos Estados en la promoción de los derechos humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2018.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002868
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el estudio de la readmisión de los guardias civiles separados del servicio por actividades en pro del derecho asociativo en la Benemérita, para su debate en la Comisión de Interior.
Con la llegada de la democracia, y con el fin de reclamar mejoras profesionales y de reconocimiento de los derechos constitucionales, agentes de la Guardia Civil se organizaron para conquistar derechos y libertades que aún no existían en los cuarteles. Sin embargo, la lucha por reformar el Instituto Armado trajo consigo para algunos agentes graves sanciones que a día de hoy siguen sufriendo.
En el año 1977 se produjo la primera manifestación de policías nacionales y guardias civiles, y en los años 80 se creó el hoy extinto Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC). Si bien es cierto que el mayor auge del movimiento reivindicativo tuvo lugar entre los años 1986 y 1992, no fue hasta finales de los años 80 cuando el Gobierno de entonces endureció las medidas emprendidas contra estos movimientos y cuando juzgados militares, entre ruido de sables, comenzaron a formular cargos por delito de sedición contra estos agentes, con el correspondiente ingreso en prisiones militares.
Fue el Tribunal Constitucional quien dio el primer varapalo a estas medidas cuando en noviembre de 1989 dictó una sentencia que creó precedente para el resto de sumarios. Así el Tribunal Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto por el Cabo Primero Manuel Rosa Revuerda, estableciendo que la Guardia Civil no pertenecía a las Fuerzas Armadas, no debiendo por tanto sus agentes asumir los límites constitucionales de los militares.
Siguiendo esta doctrina, durante años los procedimientos abiertos en Tribunales contra este tipo de movimientos reivindicativos concluían en autos de sobreseimiento o absolución. Sin embargo, al contrario de lo que hacían los Tribunales, el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil y haciendo oídos sordos a los Tribunales, siguió con la apertura de expedientes sancionatorios contra los encausados, acusándoles de faltas muy graves por realizar actividades contrarias a la disciplina militar.
Así, ante la dura respuesta del Gobierno contra los agentes sancionados, estos comenzaron a buscar vías alternativas que pudiesen encauzar sus reivindicaciones dentro de los cauces de la legalidad, resultando todas ellas en vano hasta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2006.
En dicha sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecía que el régimen disciplinario de la Guardia Civil carecía del principio de legalidad y seguridad jurídica, considerando que el Gobierno debía volver de oficio sobre sus propios actos y anular todos los actos ilegales llevados a cabo con un régimen disciplinario ilegal.
Así, gracias a esta sentencia y con el objetivo de dotar a la Guardia Civil de un Estatuto regulador de los derechos y deberes de sus miembros, en el año 2007 se aprobó la Ley Orgánica Reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en la que se reguló -entre otros- el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros.
Tras muchos años de larga lucha, se ha demostrado que las reivindicaciones promovidas por estos movimientos asociativos clandestinos eran de justicia, y prueba de ello es que algunas de estas reivindicaciones han sido finalmente puestas en marcha por considerarse de justicia y necesarias para la modernización del Instituto Armado. Tal es así, que incluso estas reivindicaciones han sido formuladas a través de iniciativas parlamentarias apoyadas por todos los grupos parlamentarios.
Sin embargo, reivindicaciones como la readmisión de estos agentes en el Cuerpo, a pesar de haber sido apoyadas por unanimidad en el Congreso, no han sido llevadas a la práctica, incumpliéndose así un mandato que consideramos fundamental sobre la base de la legalidad y la seguridad jurídica.
Se pretende así alcanzar un reconocimiento a los agentes separados del Cuerpo por pretender ejercer un derecho asociativo, de igual forma que el Gobierno de Rodríguez Zapatero hizo en el año 2009 respecto a los militares que formaron la UMD.
A raíz de una Proposición no de Ley presentada en el año 2009 en el Congreso de los Diputados en la que se reconocía la labor de los militare de la UMD durante la transición, y se instaba al Gobierno a una declaración institucional, el Consejo de Ministros en diciembre del año 2009 aprobó una declaración institucional en la que se reconocía la participación de estos militares y se hacía referencia a la persecución de la que fueron víctimas tanto judicial como extrajudicialmente.
Además, en febrero de 2010, el Ministerio de Defensa entregaría la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico a 14 antiguos miembros de la UMD, por su valentía para alcanzar el camino hacia la democracia, debiendo pagar algunos de ellos con penas de cárcel y expulsión del Ejército.
Consideramos así que de igual forma que se hizo con los militares que formaron la UMD, el Gobierno debe proceder al reconocimiento de los guardias civiles que fueron expulsados del Instituto Armado por querer democratizar el Instituto Armado durante los primeros años de la democracia española.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar entorno a los guardias civiles separados del Instituto Armado, las siguientes medidas:
1.º Rehabilitar sus situaciones administrativas y destinos anteriores a la separación del Cuerpo.
2.º Reconocer la antigüedad de estos agentes en todos los conceptos y sin interrupción, de forma que conserven sus derechos pasivos de jubilación.
3.º Obtener las retribuciones correspondientes desde el día del ingreso en el Instituto Armado.
4.º Recibir las indemnizaciones correspondientes por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la separación del Cuerpo, previa acreditación mediante expediente individualizado.
5.º Una vez reintegrados en sus correspondientes destinos y situaciones administrativas, abrir para cada caso un expediente de inutilidad individualizado para pasar a la situación de inutilidad en acto de servicio por las situaciones biopsicosociales padecidas.
6.º Valorar la carrera profesional de estos agentes considerando los posibles ascensos que podrían haber alcanzado y que por su situación de separación les fue imposible alcanzar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002858
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Miguel Anxo Fernández Vello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presentan la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, relativa al Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio postal universal del Tribunal de Cuentas.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, este mes de enero de 2018, el "Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio postal universal", fiscalización realizada a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas.
Recordemos que el operador designado para la prestación del denominado Servicio Postal Universal (SPU) fue la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. (Correos), tal y como dispone la disposición adicional primera de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (Ley Postal), por un periodo de quince años (2011-2025).
Sin embargo, a día de hoy, y tal como refleja el citado informe del Tribunal de Cuentas, ni el Gobierno del Partido Popular ni la empresa pública Correos han desarrollado los principales aspectos de la Ley Postal, a pesar de haber transcurrido más de seis años desde su entrada en vigor. Así, y como denuncia la institución fiscalizadora, el Gobierno aún no ha aprobado un nuevo Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, en el que se establezcan las condiciones de prestación, el procedimiento para la evaluación del coste neto del citado servicio, su forma de financiación y los criterios que han de tenerse en cuenta para determinar la contribución del Estado. Tampoco se ha formalizado el correspondiente contrato regulador entre la Administración General del Estado y Correos.
Otro de los incumplimientos a día de hoy son los relativos al sistema de contabilidad de costes aplicado por Correos, ya que, aunque debería ser determinado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, hasta la fecha este ha sido establecido por Correos, con lo cual, no ha podido ser validado por el citado Instituto, ni ha sido informado ni por la CNMC ni por la Intervención General de la Administración del Estado, tal y como establece el artículo 26.5 de la Ley Postal.
Además, otra de las graves consecuencias que conlleva la falta de formalización del contrato de prestación de servicios y de la aprobación del nuevo Plan de Prestación, es que la CNMC considera que no puede realizar la revisión de los cálculos del coste neto del Servicio Postal Universal y de la carga financiera para determinar las aportaciones que debe realizar el Estado. Y lo más sorprendente es que aún se encuentran pendientes de revisión y aprobación los correspondientes al ejercicio 2011 (año de entrada en vigor de la Ley) y siguientes.
Asimismo, las tarifas de los servicios postales prestados por Correos son aprobadas por su Consejo de Administración, si bien está establecida la obligación de comunicar a la CNMC el establecimiento y la modificación de nuevos precios para los productos que forman parte del SPU, con una antelación de tres
meses a la fecha de aplicación. La CNMC realiza sus comprobaciones y comunica a Correos los aspectos en los que considera que se están incumpliendo los principios de asequibilidad, transparencia y no discriminación, para que aquella Entidad pueda manifestar sus alegaciones. En el informe del Tribunal de Cuentas se indica que analizado el último procedimiento seguido por Correos para la fijación de tarifas, correspondientes al ejercicio 2017, los principales aspectos en los que existen discrepancias entre Correos y la CNMC respecto a las tarifas se derivan de las políticas comerciales con los clientes con contratos, tanto por la necesidad de que exista transparencia en los criterios de descuento, como por la no adecuación a costes de las tarifas en el caso de dichos clientes.
La Ley Postal también prevé que Correos elabore un contrato tipo de acceso a su red postal, por parte de otros operadores postales, que deberá ser aprobado por la CNMC y publicado en las páginas web de Correos y de la CNMC. Si bien se ha acreditado que Correos ha elaborado en distintos momentos un contrato tipo para los operadores postales, no consta que este sea público. Hay que recordar que desde la aprobación de la Ley Postal, la CNMC ha resuelto varios procedimientos sancionadores por denuncias contra Correos por prácticas para evitar la competencia. En esta fiscalización se ha comprobado que Correos viene realizando negociaciones individuales con los operadores postales para fijar las condiciones específicas de acceso a la red, o sea, irregularidades que incumplen la legislación vigente.
Finalmente, el informe del Tribunal de Cuentas al que hacemos referencia también certifica que la CNMC elabora anualmente un informe de indicadores de control de calidad sobre la actividad de Correos, cuyos resultados deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar el importe de la carga financiera injusta. En los informes de 2015 y 2016 se pone de manifiesto que Correos no está cumpliendo los objetivos sobre porcentajes de cartas y paquetes que han de ser entregados en los plazos fijados, empeorando en cada ejercicio sus resultados respecto al anterior.
1. Elaborar y aprobar un nuevo Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, negociado con los representantes de las personas trabajadoras, en el que se establezcan:
- las condiciones de la prestación (equidad, no discriminación, continuidad, buena fe y adaptación a las necesidades de las personas usuarias);
- el procedimiento para la evaluación del coste neto del citado servicio;
- su forma de financiación;
- los criterios que han de tenerse en cuenta para determinar la contribución del Estado.
2. Formalizar el correspondiente contrato regulador entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., tal y como se estipula en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002849
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la ampliación de los plazos contenidos en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que
se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).
El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), atribuye al Consejo de Ministros y a los Ministerios de Fomento y Empleo la competencia para el desarrollo reglamentario en los términos fijados en la disposición final tercera, tal y como sigue:
"1. El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias que requiera el desarrollo y aplicación de este real decreto-ley, sin perjuicio del ejercicio por el Ministro de Fomento y por la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de sus respectivas potestades reglamentarias, en los términos legalmente establecidos.
Dicha propuesta, que tiene por objeto el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores de las SAGEP y la mejora de la organización y productividad en el sector de la estiba, mediante acuerdo de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, y el establecimiento de un sistema de ayudas para los trabajadores de mayor edad, que se desarrollará reglamentariamente, se acompaña como Anexo I."
Por su parte, la disposición adicional primera en su punto 1 establece:
"En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto en el mismo y en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Transcurrido dicho plazo, las disposiciones de los convenios colectivos que incumplan lo previsto en el párrafo precedente, restrinjan la libertad de contratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías o de los servicios comerciales, o limiten la competencia, serán nulas de pleno derecho."
La aprobación del Desarrollo Reglamentario del Real Decreto-ley 8/2017 es un paso necesario para poder avanzar en la negociación colectiva y el V Acuerdo marco que regulará las condiciones laborales del sector de la estiba. Transcurridos ocho meses aún desconocemos la fase en la que se encuentra la redacción y elaboración de dicho desarrollo reglamentario ni los plazos en los que el Gobierno lo finalizará.
Tal y como reconoce la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, en un comunicado sobre esta situación: "de no efectuarse ampliación en los plazos, ante la práctica imposibilidad de llegar a acuerdos entre trabajadores y patronal, debido a la ausencia de reglamento, el 14 de mayo próximo se producirá un conflicto entre la nueva norma y algo más de una treintena de convenios colectivos de distintos ámbitos, que afectan a la totalidad del personal estibador de los puertos de interés general y a las empresas estibadoras de todo el país. Las negociaciones colectivas, como las normas jurídicas, tienen sus procesos reglados que llevan tiempo, a los que, en este caso, hay que añadir las jornadas, no determinadas, para alcanzar los acuerdos pertinentes."
Impulsar las medidas legislativas oportunas para ampliar por un año los plazos contenidos en la disposición adicional primera y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), con el objetivo de posibilitar, de forma real y efectiva, la finalidad de la norma que ofrecía a los sujetos legitimados un año para la negociación colectiva y garantizar, por igual periodo, el empleo vinculado al 75 % de la actividad de las empresas estibadoras."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-Sergio Pascual Peña y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002851
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Miguel Anxo Fernández Vello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa al inicio del estudio informativo de la actuación del baipás de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora de la línea.
El 20 de marzo de 2017, alcaldes y representantes políticos de varios ayuntamientos (Ferrol, Narón, Neda, Fene, Pontedeume, Miño, Betanzos, Cambre, A Coruña) hicieron pública y de forma conjunta una Declaración Institucional en apoyo al Eje Ferroviario Ferrol-A Coruña, reclamando una actuación firme y vertebradora en un trazado que hoy en día no es atractivo. En este mismo sentido se habían pronunciado también el Parlamento de Galicia y numerosos colectivos empresariales y sociales.
Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno se escuda en que es la falta de consenso social lo que ha evitado actuaciones de mejora en esta línea ferroviaria centenaria. Y el Ministerio de Fomento tan solo se plantea una intervención por fases en la línea.
De hecho, la única actuación anunciada por los representantes del Gobierno, concretamente por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar Rodríguez, en el Senado y por el Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño, en el Congreso, en el mes de diciembre de 2017, es una renovación de esta línea ferroviaria de baja intensidad, ya que solo se está trabajando en la mejora de la línea existente con modificaciones de menor calado, como el baipás de Betanzos. Hasta la fecha, el Ministerio de Fomento solo ha informado de que se ha completado el estudio de viabilidad del baipás de Betanzos y que se tiene previsto el inicio del estudio informativo.
Hay que recordar que el Gobierno había consignado en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 una partida de 500.000 euros para la elaboración de los estudios de la variante de Betanzos, partida que no se ha ejecutado, al igual que los 4 millones de euros restantes que tenía previsto el Gobierno invertir en la mejora de la línea ferroviaria.
Sin embargo, estos datos confrontan con la estimación que, según el Gobierno, costaría una actuación sería que hiciera esta vía atractiva, y que sería de entre 870 y 1.000 millones de euros.
Así que, tras la inactividad del Gobierno, en enero de 2018, la línea ferroviaria que enlaza Ferrol con A Coruña sigue siendo una vía de comunicación total y absolutamente residual. Desde que se construyó en 1913 no se acometieron las mejoras imprescindibles para favorecer el asentamiento demográfico, el desarrollo industrial y la apuesta por el tren como medio de transporte público, eficiente y práctico para el transporte de personas y mercancías. La conexión ferroviaria entre estas dos ciudades del Eje Atlántico Norte fue la gran olvidada en los planes de inversión e infraestructuras, gobierno tras gobierno y mandato tras mandato, lo que supone un desprecio sistemático por esta comarca y sus vecinas y vecinos.
La Consellería de Infraestructuras e Vivenda de la Xunta de Galicia acaba de hacer públicas, asimismo, parte de las conclusiones del estudio encargado para evaluar las condiciones técnicas y de utilización de la línea de tren que une Ferrol con A Coruña que permitan mejorar este servicio ferroviario, y equiparar el viaje en tren al de la autopista reduciendo los tiempos actuales de la línea férrea a la mitad. Otro de los objetivos de este estudio era analizar la viabilidad del incremento de la capacidad de la vía, permitiendo cruces entre trenes que faciliten un incremento de las frecuencias. En este sentido, el informe apunta a la
conveniencia de instalar tres posibles PAET (Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes), así como otras actuaciones de menor calado, como la rectificación de algunas curvas de radio reducido que, actualmente, obligan a los convoyes a aminorar la velocidad.
1. Iniciar la redacción del estudio informativo de la actuación del baipás de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña.
2. Ejecutar la partida presupuestaria incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, del Ministerio de Fomento, destinada a la "Variante de Betanzos-Conexión Ferroviaria A Coruña-Ferrol" y con un importe de 500.000 euros.
3. Incluir, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, partidas presupuestarias para acometer actuaciones en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña que contemplen la mejora en radio de curvas para permitir aumento de la velocidad, el desdoblamiento y electrificación de la vía, la construcción de una variante (baipás) en Betanzos Infesta y de apeaderos en núcleos de población importantes entre las ciudades de Ferrol y A Coruña, así como aumentar el número de circulaciones y mejorar las cadencias, con intervalos de tiempo fijos en función de si es hora punta o valle y las horas fijas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002865
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a asegurar la modernización y la viabilidad del Servicio Postal Universal.
El pasado 28 de junio de 2017, la Comisión de Fomento acordó aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la aprobación del nuevo plan de prestación del Servicio Postal Universal (SPU) por parte de Correos, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Dicha Proposición no de Ley incorporaba una serie de medidas encaminadas a asegurar la financiación del Servicio Postal Universal que Correos tiene legalmente encomendada así como para garantizar su viabilidad empresarial y económica. Además, se acordaba emplazar al Gobierno a la concreción de estas iniciativas en un plazo prudencial de seis meses.
A fecha de hoy, desconocemos la situación del recorte en la financiación del Servicio Postal Universal que el Gobierno aplicó en los PGE de 2017 (dos tercios de lo inicialmente previsto en el proyecto de esos mismos Presupuestos), la previsión para los PGE de 2018, así corno la situación de los avances del Grupo de Trabajo creado por Fomento para la elaboración del Plan de Prestación del SPU, del Plan estratégico de Correos y del Convenio Colectivo del que dependen las condiciones de más de 55.000 trabajadores.
Por otro lado, Correos necesita de la aprobación de un nuevo Plan Estratégico ambicioso y realista, que prepare a la compañía para los inminentes cambios tecnológicos y de hábitos del sector, forme adecuadamente a la plantilla, estudie la potencialidad de nuevas necesidades y mercados, considere la oportunidad de recuperar servicios financieros y bancarios, favorezca la articulación territorial, la
transmisión de conocimiento, de información y de tecnología, y cuya misión sea el de reforzar la posición pública, de liderazgo y modernización en el sector de la mensajería postal y paquetería.
1. Elaborar y aprobar un nuevo Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, negociado con los representantes de las personas trabajadoras, en el que se establezcan las condiciones de la prestación (equidad, no discriminación, continuidad, buena fe y adaptación a las necesidades de las personas usuarias), el procedimiento para la evaluación del coste neto del citado servicio, su forma de financiación y los criterios que han de tenerse en cuenta para determinar la contribución del Estado, así como formalizar el correspondiente contrato regulador entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., tal y como se estipula en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
2. Aprobar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y del correspondiente Contrato Regulador a la mayor brevedad para garantizar una financiación estable a futuro, que, de acuerdo con los estudios de expertos del sector y de las propias organizaciones sindicales, no debe ser inferior a los 230 millones de euros.
3. Desbloquear del Plan estratégico de Correos, herramienta necesaria para desarrollar la actividad postal en un marco de abierta competencia y en un mercado en continua transformación que requiere iniciativas de diversificación para afrontar la constante caída del volumen de tráfico postal tradicional (cartas) y el incremento de demanda por parte de los ciudadanos en servicios de paquetería y en servicios asociados a las nuevas tecnologías.
4. Incorporar corno líneas claves dentro del Plan estratégico de Correos la posición de la compañía pública como centro de intercambio, servicios financieros y bancarios, paquetería, espacio multi-servicios y freno a la brecha digital del mundo rural.
5. Concretar con los representantes de los trabajadores un pacto laboral (Convenio Colectivo y Acuerdo General) que incorpore medidas de consolidación de empleo de los miles de puestos estructurales cubiertos por personal eventual, un acuerdo salarial que contemple la singularidad de la actividad de Correos en el conjunto del sector público, un plan de formación adecuado y un plan de jubilaciones anticipadas orientadas a la renovación de la plantilla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Yolanda Díaz Pérez, Carmen Valido Pérez y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002866
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al desdoblamiento completo del trazado y ampliación de la línea de Cercanías C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola con el objetivo de mejorar la cadencia y frecuencia de paso y convertirse en el transporte público colectivo sostenible de referencia en la Costa del Sol.
La línea de Cercanías "C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola" en la provincia de Málaga es una de las más rentables y eficientes de todo el sistema nacional de trenes de Cercanías, con un total de 10 millones de viajeros anuales.
Esta línea es una infraestructura necesaria (aunque insuficiente) al vertebrar la capital con el aeropuerto y algunas de los principales municipios de la Costa del Sol. En términos reales significa un servicio público
de carácter social, económico y ecológico. Es una línea popular, usada diariamente por personas trabajadoras, estudiantes, pensionistas; pero también supone para miles de visitantes que llegan a la Estación de trenes de Málaga María Zambrano o al Aeropuerto la primera toma de contacto con la provincia.
Desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la línea de Cercanías C1 permite llegar al centro de Málaga en 12 minutos de trayecto, 10 minutos a Torremolinos, 18 minutos a Benalmádena o 34 minutos a Fuengirola.
Sin embargo, el servicio prestado por la C1 es insuficiente para atender la demanda existente. La frecuencia mínima de paso de 20 minutos hace que en determinados momentos del día y en temporada alta la línea se sature. Por otro lado, la línea pierde atractivo y competitividad frente al vehículo privado. La solución pasa por acortar la cadencia y frecuencia de paso a partir del desdoblamiento completo de la línea, que a día de hoy, realiza dos tercios del recorrido a través de vía única, lo que produce serios cuellos de botella.
Sumado al desdoblamiento, las necesidades actuales de la Costa del Sol incluyen la de ampliar el trazado de esta línea de Cercanías hasta Marbella y Estepona. Las estimaciones con esta ampliación suponen alcanzar con facilidad la cifra de 30 millones de usuarios y usuarias al año.
1. Reforzar y aumentar la frecuencia de los trenes de la línea de Cercanías C1 de la provincia de Málaga en coordinación con los picos de afluencia turística y llegadas a través del Aeropuerto de Málaga y la Estación de trenes de Málaga María Zambrano.
2. Desdoblar las vías en su trazado actual por completo, permitiendo reducir la cadencia y frecuencia de paso ganando competitividad frente al vehículo privado y convirtiéndose en el transporte público colectivo y ecológico de referencia de la Costa del Sol.
3. Impulsar la ampliación de la línea de Cercanías C1 hasta los municipios de Marbella y Estepona por el trazado que beneficie a mayor número de población de los núcleos urbanos, en trazado desdoblado, que contemple la implantación de nuevas estaciones y paradas intermedias, así como la mejora de la intermodalidad con otros transportes públicos y el establecimiento de nuevos parkings disuasorios, de forma que se priorice el garantizar el derecho a la movilidad social y ambientalmente sostenible a la mayor población posible.
4. Dotar en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 una partida presupuestaria plurianual suficiente que recoja la inversión necesaria para realizar las actuaciones anteriormente señaladas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Eva García Sempere, Alberto Montero Soler y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002867
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, sobre actuaciones en la línea ferroviaria Sagunt-Zaragoza.
Actualmente, la línea ferroviaria Sagunt (Valencia)-Zaragoza se encuentra en el punto de mira de diferentes inversiones tanto del Ministerio de Fomento como del Puerto de Valencia. Se han anunciado inversiones conjuntas por unos 330 millones de euros que irán destinados a permitir el paso de convoyes más largos, de 500 a 700 metros de longitud, y con mayor peso, de 20 a 22,5 toneladas por eje. El objetivo
es derivar parte del tráfico actual que se realiza por las líneas Valencia-Tarragona o Valencia-Almansa por esta línea y acercar el Puerto de Valencia al gran centro logístico de Zaragoza Plaza.
Existen algunas actuaciones que consideramos prioritarias y que deberían recogerse entre las inversiones planeadas en la línea ferroviaria. Una de ellas es la construcción de un nuevo puente entre Jérica y Novaliches (Castellón) por debajo de la propia línea ferroviaria.
El titular de la carretera (CV-212) es la Diputación Provincial de Castellón, pero el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif, como titular de la línea ferroviaria, sería el responsable de construir un nuevo puente. Actualmente existe un puente por el que no cabe un autobús convencional ni un camión articulado y por su estrechez solo permite el paso de vehículos en un sentido, siendo muy peligrosa la travesía para peatones o ciclistas. Es el único acceso directo entre Novaliches y Jérica, pedanía y núcleo principal del municipio y, por lo tanto, muy utilizado por el tráfico local. Las características del puente obligarían en cualquier caso a modificaciones en el mismo para absorber el mayor peso de los trenes, por lo que debería aprovecharse la situación para construir directamente un puente nuevo.
En segundo lugar se encuentra la necesaria recuperación de dos pasos cegados en la actualidad. Por un lado, el que impide la continuidad en una importante vía pecuaria del sendero de gran recorrido GR-7, el mayor itinerario no motorizado de Europa. Los ganados y usuarios de la zona o bien realizan rodeos kilométricos o bien atraviesan las vías directamente, lo cual representa un importante riesgo que aumentará ante el previsible aumento de la circulación. La recuperación del paso cegado permitirá aumentar la seguridad y restablecer los derechos de paso anulados unilateralmente por Renfe-Adif.
Por otro lado, en el caso del paso cegado del antiguo ferrocarril minero en Barrancas, su cierre impide la continuidad en la Vía Verde de Ojos Negros, la mayor de España, obligando a la señalización de un desvío de varios kilómetros por un camino de acceso libre a vehículos a motor y con características diferenciadas al trazado del resto de la Vía Verde, con desniveles superiores al 2 % y badenes que dificultan la circulación de niños o personas con movilidad reducida. La reapertura del paso permitirá recuperar el trazado original, permitiendo a los usuarios de la Vía verde mantenerse dentro de un itinerario no motorizado, seguro y accesible.
Realizar las siguientes actuaciones inversoras dentro de las reformas programadas de la línea ferroviaria Sagunt-Zaragoza en la provincia de Castellón:
a) Construir de un nuevo puente entre Jérica y Novaliches por debajo de la línea ferroviaria.
b) Recuperación de los pasos hoy día cegados, tanto el que impide la continuidad en una importante vía pecuaria del sendero de gran recorrido GR-7 como el del antiguo ferrocarril minero en Barrancas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002874
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a liderar el fomento del español en Gran Bretaña, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
El British Council ha publicado un estudio, "Lenguas para el futuro: las lenguas extranjeras que necesita Reino Unido para convertirse en una auténtica nación global, que recomienda la enseñanza del español como primera opción, ante la necesidad de mejorar las competencias lingüísticas de los británicos en la nueva situación política tras el abandono de la Unión Europea. El estudio sitúa al español como idioma prioritario por delante del chino, francés, árabe y alemán, en ese orden.
Se trata del primer análisis sistemático de las necesidades de Reino Unido en política lingüística analizando factores económicos, geopolíticos, indicadores culturales y educativos, e identificando los idiomas que serán claves para la prosperidad futura del país tras su salida de la Unión Europea. En este contexto de una "Gran Bretaña global", el multilingüismo se convierte en valor fundamental.
El informe propone superar la idea de que el inglés es "el lenguaje internacional de los negocios", y defiende "la necesidad de comprender otras culturas", la importancia de "fomentar el multilingüismo si se pretende garantizar el éxito de las relaciones internacionales". Se considera, por tanto, que el éxito del Brexit pasa por hablar más lenguas.
Las razones fundamentales por las que el español lidera esta lista son: su potencial comercial, es el segundo idioma más hablado en el mundo con aproximadamente 437 millones de hablantes nativos, tiene estatus oficial en 21 países y es idioma oficial de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de Libre Comercio de los Estados Unidos (NAFTA) o la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, entre otros, lo que supone que su dominio sea, desde un punto de vista estratégico, muy importante.
A ello se unen los motivos económicos de la prioridad de enseñanza del español de esta propuesta, que se basan en un mercado español de 15.000 millones de libras en 2015 y los mercados de oportunidad, muy especialmente Méjico, de la que Gran Bretaña es ya su quinto inversor, así como Chile y Colombia. En definitiva, se trata de un mercado de 185 millones de personas hispanohablantes con poco conocimiento del inglés.
Además, el 45 % de los encuestados, según los datos de CBI/Pearson 2017, consideran el español como útil para las relaciones comerciales. Existen además razones turísticas, ya que España es el destino turístico más popular para los británicos con más de 14 millones de visitantes al año.
Según el informe, se calcula que solo un 34 % de los jóvenes aprende, con un nivel muy básico, una lengua extranjera en Gran Bretaña hasta los 16 años. Hasta ahora la oferta de la enseñanza de idiomas pivotaba sobre el francés o el alemán, y en menor medida el español. Hoy esta tendencia se invierte debido a motivos económicos, referidos a las exportaciones, las necesidades de las empresas, las prioridades del comercio en el futuro y los mercados emergentes, pero también a motivos de seguridad y diplomacia, turismo, el interés del público, los acuerdos educativos internacionales y la prevalencia de los otros idiomas en internet.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar las acciones de fomento del idioma español en Gran Bretaña promoviendo los convenios de intercambio que permitan entender y apreciar el español y su cultura, en el marco de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002853
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social vía Presupuestos Generales del Estado, aumento de la cuantía y reconocimiento del derecho a desempleo.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, fue aprobada con una amplia mayoría parlamentaria y apoyo social, dando así amparo, en teoría, a las personas en situación de dependencia.
El artículo 18 de la Ley establecía el derecho a Prestación económica para cuidados no profesionales desempeñados por personas del entorno familiar, en su mayoría mujeres. El apartado 3 de dicho artículo previó la cobertura de Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, en las condiciones que se desarrollaron posteriormente en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores y cuidadoras de las personas en situación de dependencia, en cuyo artículo 4.5 se determinó que: "5. La cotización a la Seguridad Social, así como la correspondiente a las acciones formativas a que se refiere el apartado anterior, será asumida directamente por convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social por la Administración General del Estado".
El 13 de julio de 2012, el Gobierno del Partido Popular estableció entre otras medidas la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, por medio del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Las disposiciones adicionales séptima y octava del citado Real Decreto-ley vinieron a aniquilar en gran medida los avances conseguidos por la Ley de Dependencia. La disposición adicional séptima al cargar sobre los dependientes los costes de los prolongadísimos retrasos de las administraciones públicas en la concesión y pago de las ayudas. La disposición adicional octava supuso eliminar la cobertura social de las cotizaciones a la Seguridad Social con cargo a la Administración General del Estado de los cuidadores y cuidadoras no profesionales, en el modo en que se había regulado en el artículo 4.5 del Real Decreto 615/2007.
Desde el 1 de enero de 2013, los convenios especiales suscritos con la Seguridad Social por los cuidadores y cuidadoras no profesionales pasaron a ser voluntarios y costeados íntegramente por los propios cuidadores. Los convenios especiales pasarían a tener carácter voluntario y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social a cargo exclusivamente del suscriptor.
Esta medida, ha afectado especialmente a las mujeres, dado que son el 84 % de las personas cuidadoras no profesionales. De las 170.000 cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia que habían suscrito el convenio especial con antelación a la entrada en vigor de los recortes del Real Decreto-ley 20/2012, hoy en día subsisten tan solo 10.000 de ellas, dato que expresa la pauperización general del sistema de atención a la dependencia en España.
Todo ello se agrava debido al proceso de desmantelamiento del sistema público de servicios sociales. Asimismo, continúa la senda de la privatización de los servicios y recursos públicos, perdiendo así la Administración General el control y a la vez que se despoja a la ciudadanía de sus derechos universales garantizados.
Consideramos una prioridad recuperar la protección de la Seguridad Social a las cuidadoras no profesiones garantizando este derecho vía los Presupuestos Generales del Estado y también velar por que el resto de sus derechos sean respetados.
Además, planteamos la necesidad de cumplir con el modelo de financiación acordado, siendo este del 50 % asumido por las comunidades autónomas y el 50 % restante contraído por la Administración General del Estado. En la actualidad la Administración General del Estado aporta el 18 % y las comunidades autónomas el 81,9 %.
- Restablecer la cobertura obligatoria y la financiación íntegra con cargo a los Presupuestos Generales de la Administración del Estado de los convenios especiales con la Seguridad Social de las
cuidadoras no profesionales vinculadas al Sistema de Atención a la Dependencia, en los términos contemplados en el artículo 18 de la Ley 39/2006 y en el artículo 4 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores y cuidadoras de las personas en situación de dependencia, vigentes con antelación a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012.
- Reconocer el derecho a prestaciones por desempleo a las cuidadoras no profesionales para que no queden desamparadas una vez finaliza su actividad de cuidadora no profesional.
- Garantizar el derecho de Formación Profesional para que puedan reincorporarse al mercado laboral una vez que son ex cuidadoras no profesionales.
- Garantizar su derecho a prestación por maternidad y paternidad y a la prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.
- Apostar por una subida de la cuantía de la prestación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Ana Marcello Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002864
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación española de la Carta Social Europea, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano encargado de verificar si los Estados miembros, entre ellos España, cumplen las obligaciones que les impone la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, emitió recientemente sus conclusiones anuales sobre el grado de cumplimiento de la misma por parte de los Estados miembros en lo referente al respeto a los derechos de salud, seguridad social y protección social.
Según las citadas conclusiones, se constata una vez más que nuestro país incurre en considerables incumplimientos en estas materias, incluyendo numerosos aspectos que hacen referencia a las insuficientes medidas para reducir los accidentes laborales, los escasos subsidios por desempleo para personas sin cargas familiares, los impedimentos a la reagrupación familiar y los inadecuados requisitos para acceder a prestaciones y asistencia social.
Además de constatar diversos incumplimientos de las obligaciones por parte de España, el Comité se reserva su opinión sobre diversas materias en las que entiende que el Gobierno no ha facilitado suficiente información para poder pronunciarse, pero que en algunos casos a priori también pueden considerarse incumplimientos.
El primero de ellos hace referencia al artículo 12.4 de la Carta, según el cual y de acuerdo a lo concluido por el Comité, los Estados miembros deben asegurar a los nacionales de otros Estados parte firmantes de la Carta de 1961 y a los miembros firmantes no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, igual trato respecto a la seguridad de los derechos sociales siempre que residan legítimamente en su territorio [Conclusiones XVIII-1 (2006)]. Como ya hizo en informes anteriores, el Comité reitera que España no cumple con dichas garantías. El organismo se refiere al trato de España a las personas procedentes de países que forman parte de la Carta Social -aunque no de la UE ni del Espacio Económico Europeo- respecto a su acceso a la pensión de jubilación no contributiva. En concreto, apunta que el periodo mínimo exigido de diez años de residencia para que estas personas accedan a una prestación de vejez es excesivo y que, al considerarse esta una ayuda básica, tal limitación no es conforme a lo dispuesto en la Carta.
En segundo lugar, el Comité también denuncia que los subsidios por desempleo que reciben las personas desempleadas sin hijos a cargo son insuficientes. En este sentido, considera que España incumple el artículo 12.1 según el cual las Partes deben garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
seguridad social estableciendo o materializando un régimen de seguridad social. Tomando los datos del Sistema de Información Mutua sobre Protección Social debido a la no actualización de la información por parte del Gobierno de España, el Comité señala que mientras el nivel mínimo de las prestaciones por desempleo es del 107 % del IPREM para un desempleado con descendientes dependientes, esa cantidad baja hasta los 426 euros, 100 euros por debajo de lo que marca el IPREM (537,84 euros tras el reciente aumento de 2017 y actualmente congelado) para los desempleados sin cargas familiares, lo cual supone que la prestación recibida por ese colectivo sea inferior al 40 % del ingreso mediano equivalente y, por tanto, insuficiente.
El tercer incumplimiento señalado por el Comité de derechos sociales hace referencia al hecho de que España no garantiza el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a la protección y asistencia en lo referente a facilitar en lo posible el reagrupamiento de la familia del trabajador extranjero residente (artículo 19.6 de la Carta). En concreto, el Comité reprocha que los ingresos derivados del sistema de asistencia social no formen parte en el recuento de recursos financieros disponibles y necesarios para solicitar la reagrupación familiar.
En cuarto lugar, el Comité reprocha a España que la ratio de accidentes laborales casi dobla la media europea. Tomando las cifras de la oficina de estadística comunitaria Eurostat sobre accidentes de trabajo, el Comité considera que en España no está garantizado el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (artículo 3 de la Carta) pues las ratio de incidencia de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores/as son demasiado elevadas y se encuentran claramente por encima de la media europea. Sumado a ello, el Comité también denuncia que la cifra total de inspectores de trabajo de la Seguridad Social facilitada por España no coincide con los datos publicados por la oficina estadística de la Organización Internacional del Trabajo (ILOSTAT), que apunta que el número de empleados de la inspección de trabajo de la Seguridad Social cayeron de 2012 a 2014.
Por último, el Comité Europeo de Derechos Sociales vuelve a advertir que España no cumple con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Carta, según el cual las Partes se comprometen "a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguir estos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado". En este sentido, el Comité señala que los requerimientos para acceder a la renta mínima, tanto en lo que hace referencia al tiempo de residencia mínimo exigido en la mayoría de las Comunidades Autónomas como a la edad mínima (25 años) que se debe haber alcanzado para recibir la renta mínima de inserción no son conformes a la Carta Social Europea. Además, recuerda que la asistencia social debe ser provista en tanto que la situación de necesidad persista, algo que no ocurre en estos momentos en España, y que la cantidad que reciben las personas receptoras de rentas mínimas es claramente insuficiente para su sustento.
1. Poner en marcha el proceso de reforma legislativa para dar cumplimiento a la Carta de Derechos Sociales del Consejo de Europa en los términos recogidos en las últimas conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales en lo referente al respeto a los derechos de salud, seguridad social y protección social; así como en los términos recogidos en la Proposición no de Ley sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación laboral española de la Carta Social Europea (161/000165) aprobada por la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados en fecha de 18 de abril de 2016.
2. Impulsar la implementación de políticas públicas de salud laboral así como establecer un mayor control por parte de la Administración sobre la aplicación de obligaciones legales de prevención de riesgos laborales en todas las empresas, exigiendo que se haga prevención de calidad. Paralelamente, dotar a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar sus funciones de forma eficaz.
3. Impulsar la reforma del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, con el objetivo que los ingresos provenientes del sistema
de asistencia social sean computables en el momento de acreditar los medios económicos por un extranjero para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación a favor de sus familiares.
4. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que los requisitos para acceder a la renta mínima se configuren de acuerdo a lo dispuesto en las últimas conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (cuantía suficiente de la prestación, mantenimiento de la misma en tanto que la situación de necesidad persista, y eliminación del requisito vinculado a la edad del solicitante así como reducción del tiempo de residencia mínimo).
5. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que el subsidio por desempleo que reciben las personas desempleadas sin hijos a cargo no pueda ser inferior al 40 % del ingreso mediano equivalente.
6. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar a los nacionales de otros Estados parte firmantes de la Carta Social Europea y a los miembros de la Carta no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, un igual trato respecto a la seguridad de los derechos sociales.
7. Ratificar la Carta Social Europea Revisada de 1996 y el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea de 1995 que establece un Procedimiento de Reclamación Colectiva que permite a sindicatos, entidades sociales y organizaciones empresariales demandar al Gobierno ante el Comité de Derechos Sociales, cuando sus leyes o políticas públicas sean contrarias a la Carta Social Europea.
8. Aportar la información completa en los términos en que ha sido requerido por el Comité Europeo de Derechos Sociales y su remisión al mismo, a los efectos de que el referido Comité pueda evaluarla y emitir sus conclusiones sobre la adecuación de la legislación española a la Carta Social Europea de 1961."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002861
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para promover el proyecto de un Parador Nacional de Turismo en Estella (Navarra), para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El proyecto de un nuevo Parador Nacional de Turismo en Estella (Navarra) comienza ya en el año 2000 cuando surge la idea de ubicar en Navarra un segundo Parador Nacional de Turismo, uniéndose así al ya situado en el Castillo de Olite, hoy uno de los 43 Paradores Esentia ubicados en edificios monumentales e históricos, dentro de la red nacional de Paradores que incluye 97 de estas instalaciones. Esta red de Paradores contribuye de una manera destacada a la conservación, valorización y difusión del patrimonio histórico artístico español, a la diversificación de un sector turístico, el cultural, en constante crecimiento, y de mayor valor añadido y más desestacionalizado que otros. Contribuye también a la fijación de las personas allá donde se ubican, muchas veces poblaciones rurales o alejadas de los grandes centros urbanos. Y ello por el empleo directo que generan, pero, sobre todo, por el desarrollo comercial, de servicios, gastronómico y artesanal que generan a su alrededor.
Estella, ciudad enclavada en el Camino francés de Santiago, fue fundada en 1090 por el entonces Rey de Pamplona, Sancho Ramírez, precisamente con el fin de atender a la numerosa afluencia de peregrinos venidos de toda Europa con dirección a Santiago de Compostela. Ciudad con una estructura y casco urbano medieval, cuenta con un importante patrimonio monumental, entre el que destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de Navarra, un
hermoso ejemplo de arquitectura románica civil. A pocos kilómetros de Estella se encuentran dos de los principales Monasterios de la ruta Jacobea, el Monasterio de Santa María la Real de lrache y el Monasterio de lranzu, dos joyas arquitectónicas del siglo XI construidas por la Orden Benedictina. Todo ello hace de Estella, según el historiador Julio Caro Baroja, "la capital del románico navarro".
Junto a su riqueza monumental, Estella ofrece a pocos kilómetros el espacio boscoso del Parque Natural Urbasa-Andía, una de las mayores (21.000 ha) reservas biológicas del norte de España, con diferentes lugares atractivos, centros de interpretación y actividades naturales organizadas por la gestión del parque.
Estella dispone de dos principales festivales culturales ya reconocidos internacionalmente, el de Estudios medievales (julio) y el de Música Antigua (septiembre). Dispone asimismo de dos museos abiertos al público (Museo Gustavo de Maeztu y Museo Carlista), y alberga la sede provisional del Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baraja", cuyos fondos están pendientes de su puesta en exhibición definitiva y son visitables en fechas determinadas. A sus fiestas patronales (comienzos de agosto) se ha de sumar su cercanía (45 km) a Pamplona, ciudad internacionalmente conocida por sus Sanfermines, que atraen cada mes de julio a varios cientos de miles de turistas.
La ciudad cuenta con un Consorcio de Turismo que agrupa a instituciones y empresas de Tierra Estella y de una oficina de Turismo que ofrece diferentes rutas y propuesta de actividades. Pero es sin duda el Camino de Santiago, al cual la ciudad de Estella (Campus Stellae) debe su origen y apogeo a lo largo de siglos, el principal activo turístico de esta ciudad. Estella se encuentra en la confluencia del Camino navarro y el Camino aragonés, que forman conjuntamente el llamado Camino francés a Santiago de Compostela. El Camino ha sido declarado por la UNESCO, precisamente en 2018 hace 25 años, "Patrimonio de la Humanidad", y a lo largo de toda su historia, desde el siglo X, constituye la gran ruta artística que da lugar al desarrollo del arte románico y gótico, y el intercambio comercial y cultural de todo Europa.
En 2017 se ha superado la cifra de 300.000 peregrinos acreditados que realizan el Camino de Santiago, cifra en continuo crecimiento (desde 2016 ha crecido un 6 % y un 8,5 % respectivamente en relación al año anterior), de los cuales casi el 70 % realizan el Camino francés, y el 55 % son de procedencia extranjera. A esta enorme afluencia se ha de sumar el crecimiento que se da con motivo de cada año santo, como así ocurrirá con motivo del año Xacobeo 2021.
El Plan Estratégico de Turismo de Navarra para 2017-2025, recientemente presentado por el Gobierno de Navarra en Fitur 2018, apuesta por el Camino de Santiago y los Sanfermines como principales atractivos a desarrollar, para lo cual prevé un plan de inversiones tanto en promoción y publicidad como en diferentes actuaciones de mejora del trazado del Camino.
En este contexto sumamente atractivo para el desarrollo de un alojamiento turístico de alta calidad en Estella se entiende la iniciativa de crear un Parador Nacional. Entre 2001 y 2003, se consideró la ubicación dentro del entorno urbano histórico de Estella, para ello se barajó en primer lugar, el Convento de Santo Domingo, un edificio emblemático fundado en 1259 Este edificio está actualmente dedicado a Residencia de mayores, con algunos problemas de funcionalidad para este cometido. Posteriormente se barajó también el Convento de Santa Clara (siglo XIII), situado en el centro de la ciudad, rodeado del parque natural de Los Llanos, el cual se consideraba la mejor de las opciones por el edificio ya construido y el amplio terreno que tiene. En ese momento no fue posible llegar a un acuerdo con la comunidad religiosa que lo habitaba.
Posteriormente, al no encontrar ningún otro espacio idóneo en Estella se buscó una ubicación no muy Lejana, el Monasterio de Irache, el cual reunía todos los requisitos de espacio para su reconversión como Parador Nacional de Turismo.
El 4 de mayo de 2003 se firmó el acuerdo marco entre Gobierno de Navarra y Turespaña para la construcción del parador. En 2006 se acuerda entre los Gobiernos de Navarra y de España la ubicación en lrache de este nuevo Parador por lo que se acuerda la cesión del edificio al Estado por un plazo de 50 años renovable y para ello se produjo el traslado de los bienes artísticos de la colección del Museo Etnológico Julio Caro Baroja allí recogidos a otras instalaciones provisionales en la ciudad del Ega, donde continúan. En marzo de 2007 se firmó el acta de traspaso del edificio a la Administración General del Estado, quedando adscrito al Instituto de Turismo de España. Posteriormente se dispone ya de un proyecto de construcción, con la previsión de un parador de cuatro estrellas, 70 habitaciones y una inversión de en torno a los 23 millones de euros.
Pese al acuerdo y aludiendo a circunstancias económicas, en 2012 el Ministro del ramo, José Manuel Soria, anunció la paralización del proyecto de Parador Nacional. Por su parte, el Parlamento de Navarra aprobó el 11 de abril de 2012 una moción instando a retomar cuanto antes la instalación de este Parador. Siendo voluntad de todas las partes continuar con el proyecto de Parador de Turismo en Estella, en la actualidad, y tras cinco años de parálisis, las nuevas circunstancias permiten reconsiderar la idea original de establecer el Parador Nacional de Turismo dentro del casco urbano de Estella, y ello por varios motivos:
- El proyecto de lrache sigue paralizado sin previsión de que se vaya a concluir, pero existe el compromiso firmado de realizar un Parador en Navarra.
- Estella apuesta claramente por el sector turístico y cultural, integrado en asociaciones como la Red de Municipios del Camino de Santiago o la Red de Juderías. Ciudad por la que trascurre el Camino de Santiago y con un amplio patrimonio declarado Bien de Interés Cultural, reúne los requisitos necesarios para que el establecimiento de un Parador Nacional sea de gran interés para el desarrollo de la ciudad, así como de la zona y de Navarra.
- En la actualidad el proyecto de Parador dentro del casco histórico de Estella supondría una mayor oportunidad para el desarrollo del sector comercial y de servicios de la ciudad que su ubicación en Irache. Ello además permitiría retomar la función museística prevista para este Monasterio cuando se desalojó de él los bienes del Museo Etnológico de Navarra.
- La opción del convento de Santa Clara podría ser reconsiderada ya que la congregación de las Clarisas que residían fueron trasladadas a otras congregaciones, quedando el espacio sin utilidad; y en cuanto a inversión económica, en la actualidad resultaría más viable, pudiéndose retomar el proyecto inicial, cuyos estudios ya se realizaron por parte del Gobierno de Navarra.
- También es revisable la ubicación prevista inicialmente en el convento de Santo Domingo, trasladando la residencia de mayores que ahora aloja a otro emplazamiento con mayor idoneidad para esta función.
1. Recuperar el proyecto de Parador de Turismo en la ciudad de Estella. Y para ello, reevaluar con la mayor premura y en coordinación con las Instituciones competentes, Gobierno de Navarra y Ayuntamientos de Estella, la idoneidad de las ubicaciones disponibles en la propia ciudad de Estella; o recuperar la alternativa del Monasterio de Santa María la Real de Irache si las anteriores fueran descartadas.
2. Dar una solución definitiva a la situación jurídico-patrimonial actual del Monasterio de lrache con el objeto de valorizar su patrimonio arquitectónico y definir una solución definitiva a la ubicación del Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baroja".
3. Programar como objetivo la apertura de un nuevo Parador de Turismo en el entorno de la ciudad de Estella con motivo del año Xacobeo 2021."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002855
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la protección y fomento de la trashumancia del ganado.
La trashumancia es más que una práctica de manejo ganadero, o una tradición, hablarnos de un sistema cultural, entendido en su más amplio sentido. Integra la gestión ganadera con una sólida base ecológica. Se fundamentada en el aprovechamiento alternativo de la diversidad de pastizales de la Península en el momento óptimo de su producción potenciando el aprovechamiento de áreas cuya productividad, limitada o bien por el clima, o bien por los suelos, no admite aprovechamientos intensivos o continuos en el tiempo (Rebollo y Gómez-Sal, 2003).
Cuantificar y analizar los movimientos y el volumen de cabezas de ganado es importante para definir una estrategia de revalorización. En este sentido, hay que ser conscientes de que además del traslado a pie, el paulatino abandono de la red de vías pecuarias y la dureza del trabajo ha llevado al correlativo empleo de transporte por ferrocarril y carretera. Por ello, no podemos considerar hoy que la trashumancia es tan solo la que se desarrolla a pie, sino que, para una correcta valoración y planteamiento de medidas de promoción, debemos fijarnos en la que sin duda es hoy mayoritaria. Desde el punto de vista de la sanidad ganadera, atendiendo a las competencias de la Administración General del Estado y en el marco de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, se consideran trashumantes los ganados que realizan desplazamientos tanto entre distintas Comunidades Autónomas, como los internos dentro del ámbito de la misma Comunidad Autónoma. El Real Decreto 728/2007, de 13 de julio, establece y regula el Registro General de Movimientos de Ganado; para poder garantizar la trazabilidad del ganado vivo, se ha desarrollado el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) que consiste en una base de datos heterogénea y distribuida que comunica los registros existentes en las diferentes Comunidades Autónomas con un registro centralizado. Uno de sus módulos principales, REMO (Registro de movimientos de las especies de interés ganadero), recoge información relativa a los movimientos de las diferentes especies y señala su carácter trashumante.
Los datos en el SITRAN se presentan diferenciados entre vacuno, y pequeños rumiantes y, por otro lado, separa los movimientos de trashumancia (entre CCAA) y transtermitancia (dentro de la misma CCAA). El periodo de referencia abarca desde el 1 de marzo al 28 de febrero del año siguiente puesto que recoge los movimientos de inicio y finalización de trashumancia a los pastizales de verano y a las zonas de invernada. Tomando como base los datos de 2015, comprobamos como en bovinos se registraron 18.982 desplazamientos internos dentro de la misma CCAA, con 355.320 animales implicados, de los cuales, el 42,16 % de los mismos se realizaron "a pie" y el resto, en general en camión, además de 1.870 movimientos entre CCAA con 43.450 animales implicados. En ganados ovinos y caprinos, se contabilizaron 1.911 desplazamientos, con 230.000 cabezas de ganado en movimientos de transtermitancia más otros 200 movimientos, con 23.340 animales implicados en desplazamientos entre CCAA. Estos datos traducidos a número de explotaciones nos reflejan la existencia de 930 titulares de explotaciones de ovino y caprino y 3.203 titulares de explotaciones de bovino los que practican la trashumancia y la transtermitancia. Sin embargo, resulta difícil hacerlo con precisión, debido a que la encuesta del Censo Agrario y del Registro Ganadero no permiten elaborar un censo de ganaderos y ganaderas trashumantes que permita conocer con relativo grado de detalle cuestiones sociales importantes como el número de familias que realizan la actividad, la estructura de edad de los ganaderos, el papel real de las mujeres, el relevo generacional, etc.
Sin embargo, tan importante para la supervivencia de la actividad trashumante son los condicionantes económicos como los sociales. Una singularidad social de la trashumancia es la doble residencia de los ganaderos que la practican en función del desplazamiento estacional del ganado. La doble residencia, en dos lugares frecuentemente muy distantes y durante unos periodos relativamente prolongados, plantea una serie de dificultades para la familia trashumante que suponen un obstáculo más para el mantenimiento de la actividad desde el punto de vista social. Entre ellos se pueden destacar: la falta de reconocimiento de la "doble residencia" entre Comunidades Autónomas, lo que genera dificultades de empadronamiento, recepción de notificaciones oficiales, escolarización y dificultades en el seguimiento de los estudios, acceso a servicios sanitarios, percepción de subvenciones y becas. La relativa importancia de la participación de mano de obra familiar explica por sí sola la escasa presencia de trabajadores contratados. En aquellos casos en los que sí se produce la contratación de pastores para la realización de la actividad, se hace presente otro fenómeno socialmente relevante como es el hecho de que una parte sustancial de los mismos sean inmigrantes. La base familiar del empleo no soluciona tampoco otro de los obstáculos que debe superar la trashumancia: la reducida presencia de jóvenes en la actividad. Este hecho limita las posibilidades de relevo generacional y, por tanto, su continuidad en el medio y largo plazo.
3. Describir y cartografiar las zonas de trashumancia actuales en origen y destino. Se creará una base de datos georreferenciada, mediante el empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el que se reflejen las áreas de pastoreo. Se asociará toda la información disponible de interés para las explotaciones ganaderas que desarrollan la trashumancia, en especial la relativa a la titularidad de los pastos, infraestructuras ganaderas disponibles y servicios complementarios.
5. Trabajar con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para analizar la viabilidad de una cobertura de riesgos específica para la ganadería trashumante, que integre los distintos seguros destinados a compensar daños al ganado en los desplazamientos relacionados con agresiones por fauna silvestre, robos, accidentes, atropellos, pérdidas, envenenamientos, retirada de cadáveres, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002870
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la subasta de leche, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se considera que el precio sostenible para la cadena de valor de la leche no debería ser inferior a los costes de producción del mismo, a pesar de ello el Ministerio de Agricultura acaba de adjudicar en subasta 40 millones de litros de leche a 46,9 céntimos el litro, claramente por debajo de cualquier sostenibilidad teniendo en cuenta que los costes para el ganadero rondan los 33 céntimos y que el coste de industrializar la leche suma casi otros 30 céntimos más (Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada. Ministerio de Agricultura).
El uso de la leche como producto reclamo o gancho por parte de la distribución bajando los precios en los lineales, presiona los precios en la industria y esta a los productores que son los que acaban cobrando menos por la leche pues no tienen a quien repercutir.
El Ministerio de Agricultura dice que "la mejora del funcionamiento y la sostenibilidad de la cadena alimentaria, junto con el logro de un mayor equilibrio y equidad en las relaciones comerciales que realizan los operadores que intervienen en dicha cadena, forman parte de los principales retos que ha abordado el Gobierno en estos últimos años".
La realidad es que ese mayor equilibrio y equidad no se están consiguiendo; a título de ejemplo en Galicia en 2016 se calcula que los ganaderos perdieron más de 50 millones de euros, la diferencia entre los 28 céntimos que de media percibieron por cada litro de leche que entregaron a la industria y los 30 que, se calcula, les costó producirlo; mientras las cinco empresas más representativas que operan en Galicia cerraron sus cuentas anuales con beneficios conjuntos superiores a los 40 millones de euros.
Durante el año 2017 quedó en evidencia el fracaso del acuerdo lácteo que no consiguió que el elevado precio alcanzado por la mantequilla, repercutiese en los productores, con lo que todas las ganancias de
un buen año para el sector lácteo europeo, con incrementos importantes de precio en otros países, apenas se vieron reflejados en los productores españoles y mucho menos en los gallegos.
Es evidente que las pérdidas se están concentrando en los productores, a pesar de ello y de las intenciones declaradas por el Ministerio de Agricultura, el propio Ministerio paga a 46,9 céntimos el litro de leche destinada a ayuda alimentaria, con la evidente imposibilidad de que esta leche fuera pagada a los ganaderos a un precio que cubriera los costes de producción.
Parece conveniente para que el Ministerio pueda requerir que los distintos agentes de la cadena alimentaria cumplan con su parte de responsabilidad y sostenibilidad que la haga él mismo.
"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a modificar las normas de adjudicación en subasta de productos, para que además del precio más bajo tengan en cuenta algún tipo de cláusula que recoja los costes mínimos de producción determinados con los datos que tiene el propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002871
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el traspaso de la cuota de jurel y el mantenimiento de la actividad del cerco en Galicia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los pescadores del cerco gallego se enfrentan a un año muy difícil.
La caballa pasa de 11 millones de kilos a 8,5, un 23 %, el jurel de la zona VIIIc baja de 9 millones a 7,6, un 16 % menos y en la zona IXa pasa de 9,4 millones a 7,5, un 20 % menos.
En Galicia hay más de 140 barcos que tienen en la caballa y jurel los principales recursos para sobrevivir, y tendrán que arreglarse con cinco millones de kilos menos.
Los cerqueros gallegos necesitan que al menos se hagan intercambios de cuota que les permitan continuar con su actividad.
Los pescadores esperan que el Ministerio incorpore a las cuotas de 2018 las no consumidas en 2017 y solicitan que se traspase jurel de las zonas VIlld y VIllb (más al norte).
El reparto de cuotas hecho por la UE está aprobado de forma inicial y el sector pesquero gallego espera que antes de que sea definitivo se introduzca alguna modificación que haga posible la supervivencia del cerco gallego.
"El Congreso de los Diputados insta al gobierno a que realice las gestiones necesarias para que se traspase cuota de jurel de las zonas VIlld y VIIlb a la zona VIIIc y busque alternativas para poder mantener la actividad del cerco en Galicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002872
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a negociar con la UE para proteger el sector pesquero español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Bruselas se prepara para hacer frente al Gobierno del Reino Unido en lo que se refiere a renegociar las cuotas de pesca en aguas británicas durante el período de transición de dos años tras el Brexit.
Las autoridades de la Unión Europea (UE) quieren que el Reino Unido siga respetando hasta 2021 la política pesquera común (PPC), según la cual los otros miembros del bloque europeo pueden acceder a las aguas situadas entre 12 y 200 millas náuticas de la costa británica.
Sin embargo el año pasado, el secretario de Medio Ambiente británico anunció que Gran Bretaña pretendía hacerse con el control de sus aguas después del Brexit y abandonar a la PPC, un mensaje que fue reiterado después por la Primera Ministra. Reino Unido pretende recuperar el control de sus mares y la excusa perfecta es el Brexit.
En este marco, España puede perder su flota en aguas británicas, en lo que se refiere al caladero Gran Sol, al oeste de las islas británicas faenan un total de 80 barcos españoles.
Estaríamos hablando de que la flota española puede perder 9.000 toneladas anuales de pescado, una cantidad valorada en unos 27 millones de euros y compuesta principalmente por merluza, gallo y rape.
En lo que se refiere a las Malvinas, el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca de la Comisión Europea estima en su último informe que la flota española que faena en Malvinas se enfrenta a perder la mitad de sus ingresos a consecuencia del el Brexit. Las capturas de calamar de la flota gallega en las islas situadas en el Atlántico generan una facturación de 200 millones de euros anuales.
El Comité de Pesca indica que "casi el 50 %" del valor económico de los desembarques de la flota de las islas Malvinas podría verse afectado. Pese a que no hay cifras de lo que generan los 40 barcos gallegos que forman la flota, un puerto como el de Vigo recibe directamente de allí alrededor de 100.000 toneladas anuales.
Fuentes comunitarias reconocen, que desgraciadamente la pesca es uno de los pocos sectores donde la ventaja la tienen los británicos.
Pero la pesca tiene que ser un elemento fundamental en las negociaciones de la salida y los intereses de la pesca de nuestro país en general, y particularmente la gallega, deben ser prioritarios dentro de las nuevas relaciones con el Reino Unido.
A pesar de que los principales afectados serán países como Holanda, Alemania o Francia, las Comunidades Autónomas españolas se han unido para exigir a la UE que busque alternativas negociadoras con urgencia para evitar la pérdida de posibilidades de pesca y puestos de trabajo como consecuencia del divorcio.
1. Negociar con la UE para proteger el sector pesquero español y conseguir que los efectos del Brexit sean los menores en lo que a barcos, empleo y capturas se refiere.
2. Plantear compensaciones económicas al sector pesquero de nuestro país afectado por el Brexit en caso de reducción de las cuotas de pesca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002873
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación con el almacenamiento de residuos radiactivos del Cabril (Córdoba), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las declaraciones del presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y de la directora del Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de media y baja actividad que la empresa tiene en la Sierra Albarrana, en el municipio cordobés de Hornachuelos, anunciando el inicio de los trámites para conseguir los permisos que permitan duplicar la capacidad de almacenamiento de El Cabril, han provocado el rechazo de la mayoría de los ciudadanos y del gobierno de la Junta de Andalucía.
Dichas declaraciones ponen de manifiesto la posibilidad que el Gobierno de la Nación decida ampliar la capacidad de almacenamiento y de emisión de radiactividad del cementerio nuclear de El Cabril en contra de las decisiones que el Parlamento de Andalucía ha adoptado en diversas ocasiones, con el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el mismo.
El origen de El Cabril se remonta a la utilización, desde el año 1961, de una antigua mina de uranio para depositar residuos contaminados de radiactividad procedentes de las primeras investigaciones que con este tipo de material se empezaban a realizar en nuestro país.
La publicación de la noticia de su existencia, en el año 1976, provocó un gran impacto en la ciudadanía y generó un movimiento de rechazo y oposición a su propia existencia y a las condiciones en las que se llevaba a cabo el tratamiento y almacenamiento de los residuos.
Desde aquellos momentos y hasta el día de la fecha han sido muchos los debates y diversas y variadas las decisiones adoptadas por el Parlamento Andaluz y por distintas Administraciones Públicas, en relación con la regularización y legalización de las instalaciones existentes en el momento de su descubrimiento, con el carácter eventual o permanente de las mismas, con el tipo y la capacidad de misión de los elementos radiactivos que se podían almacenar, con la capacidad máxima de almacenamiento y con su clausura y cierre definitivo.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía aprobó el día seis de junio del año dos mil seis, por unanimidad de los grupos políticos con representación parlamentaria en aquel momento, PA, IU-LV-CA, PP-A y PSOE-A, una Proposición no de Ley en la que se instaba al Consejo de Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias, se opusiera a nuevas ampliaciones del centro de almacenamiento de residuos de baja y media actividad de El Cabril y a que rechazara cualquier pretensión por parte de ENRESA de construir en Andalucía instalaciones para el almacenamiento de residuos de alta actividad.
La capacidad de almacenamiento de residuos de El Cabril está regulada por la Orden de la Dirección General de política Energética y Minas de 21 de octubre de 2001 que establece que la autorización que se otorga tendrá validez hasta que se complete el volumen disponible para el almacenamiento en las celdas existentes.
La Orden establece que si se completa su capacidad, el titular deberá justificar la seguridad nuclear de la instalación y la protección radiológica del personal a que deban ajustarse las operaciones a realizar en la instalación desde el cese de la explotación hasta la concesión de la autorización de desmantelamiento y clausura.
La capacidad de almacenamiento autorizada para el cementerio nuclear de El Cabril es de 28 celdas, ya construidas, numeradas de la 1 a la 28, con una capacidad volumétrica de 100.000 metros cúbicos para residuos de media y baja actividad, y de cuatro celdas, numeradas como 29, 30, 31 y 32, con una capacidad volumétrica de 130.000 metros cúbicos, de las cuales solo está construida la 29, para residuos de muy baja actividad.
La actividad total de los radionucleidos contenidos en los residuos que se almacenen en las celdas de la instalación no debe sobrepasar, al final del periodo de operación de la instalación, el inventario de
referencia contenido en dicha orden, Es decir, se establece una capacidad de almacenamiento máxima a nivel volumétrico y una capacidad de emisión máxima a nivel radiactivo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha pagado con creces su cuota de solidaridad en esta materia, garantizando, durante más de treinta años y por un periodo de trescientos años, el tratamiento y almacenamiento seguro de los residuos de media y baja actividad que se producen en el conjunto del Estado.
La mayoría de los residuos que se almacenan en El Cabril proceden del desmantelamiento de las centrales nucleares y en menor medida de investigaciones científicas diversas y de tratamientos médicos.
Parece por tanto razonable que el Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno de la Nación, a la hora de planificar y definir el tratamiento futuro de este tipo de residuos, entiendan que Andalucía ha contribuido ya, de manera solidaria, con el resto del estado en esta materia y se opongan a la ampliación de El Cabril, garantizando su clausura y sellado una vez se complete la capacidad legalmente autorizada y los efectos de la orden que la regula.
1. La clausura y sellado del centro de almacenamiento de residuos de media y baja actividad de El Cabril, una vez se complete la capacidad de almacenamiento autorizada en estos momentos, tanto a nivel volumétrico como de emisión radiactiva, renunciando a cualquier otra ampliación del Centro.
2. En el marco del Plan General de Residuos Radiactivos, actualmente en elaboración, definir nuevos emplazamientos para dar respuesta al previsible futuro aumento de residuos radiactivos de media y baja actividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Antonio Hurtado Zurera, María Jesús Serrano Jiménez, Antonio Pradas Torres, Carmen Rocío Cuello Pérez, Antonio Gutiérrez Limones y Amalia Rodríguez Hernández, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002859
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de la información del sistema sanitario catalán en la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) pretende garantizar a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios el acceso a la información clínica relevante para la atención sanitaria desde cualquier lugar del Sistema Nacional de Salud, asegurando a los ciudadanos el acceso a los servicios, asegurando que el acceso a esos datos sea limitado y restringido en base a este objetivo.
La Historia Clínica está claramente orientada a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en sus desplazamientos por el territorio nacional y de los profesionales de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) que tienen responsabilidades sobre su atención. A fecha de noviembre de 2017, la única Comunidad Autónoma que no ha facilitado el acceso a este tipo de datos es Cataluña.
La Historia Clínica Resumida (HCR) es un documento de especial interés para los profesionales y pacientes al recoger los principales datos clínicos a partir de múltiples fuentes de información primaria. La
disponibilidad de estos datos tiene un importante impacto positivo en la continuidad y seguridad de la asistencia sanitaria de los ciudadanos que viajen por cualquier territorio de España.
Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ostenta la responsabilidad de la Consejería de Sanidad de Cataluña, queremos conocer qué ha hecho el Gobierno en esta materia.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a que lleve a cabo las medidas necesarias para que en el plazo máximo de tres meses la información del servicio sanitario catalán sea compatible con la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002848
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover los derechos humanos de todas las mujeres y niñas del mundo en contextos de migración, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Hoy en día, el mundo está viviendo la mayor crisis humanitaria registrada hasta la fecha, con un número sin precedentes de personas migrantes, refugiadas y desplazadas dentro de su propio país. Actualmente, existen 65,6 millones de personas desplazadas forzadamente. De ellas: 22,5 millones refugiados, 40,3 millones desplazados internos y 2,8 millones solicitantes de asilo (datos de oficiales de ACNUR a 31 de diciembre de 2016). De las cuales, la mitad son mujeres y niñas, especialmente vulnerables durante el desplazamiento, siendo el tiempo medio de estancia de la población refugiada en un país extranjero de 20 años.
Aunque se ha avanzado mucho en esta materia, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional, es necesario seguir reforzando la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos y con perspectiva de género a la gobernanza de la migración, que respete la dignidad de todas las personas migrantes durante todas las etapas de la migración y proteja sus derechos de acuerdo con la legislación internacional, incluidos los principios de igualdad y no discriminación.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible adoptada en 2015, reconoce la "contribución positiva de las personas migrantes al crecimiento inclusivo" a la vez que observa la "realidad multidimensional" de la migración internacional y pide que se facilite "la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, también mediante la aplicación de políticas de migración planificadas y bien gestionadas" (objetivo 10.7), e incluye en el Objetivo 5.c el compromiso de aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Estas consideraciones, vienen definidas también en las siguientes Agendas Internacionales, entre otras:
- "Agenda de Acción de Addis Abeba": donde se reitera la necesidad de incorporar la perspectiva de género, en particular a través de medidas e inversiones con fines específicos en la formulación y aplicación de todas las políticas financieras económicas, ambientales y sociales. La Agenda de Acción de
Addis Abeba incluye también el compromiso de adoptar políticas racionales, legislación aplicable y medidas transformativas y de fortalecer las existentes, con miras a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles, asegurar su igualdad de derechos, acceso y oportunidades de participación y liderazgo en la economía y eliminar la violencia por razón de género y la discriminación en todas sus formas.
- "Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo" (aprobada en octubre de 2013): en la que se reconoce que las mujeres y las niñas representan casi la mitad de las personas migrantes internacionales en todo el mundo y que es necesario abordar la situación especial y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas migrantes mediante, entre otras medidas, la incorporación de una perspectiva de género en las políticas y el fortalecimiento de las leyes, las instituciones y los programas nacionales para combatir la violencia de género, incluidas la trata de personas y la discriminación contra las mujeres y las niñas.
- "Acuerdo de París": que reconoce la importancia de incorporar la perspectiva de género en las medidas de adaptación y subraya que la acción ha de respetar promover, proteger y satisfacer los derechos de las personas migrantes, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
- "Marco de Sendái": que hace hincapié en las dimensiones de género relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, incluida la función que las mujeres pueden desempeñar en ese ámbito y la importancia de su empoderamiento de cara a la preparación y el desarrollo de capacidades para crear medios de vida alternativos después de los desastres que pueden acarrear el desplazamiento provisional o permanente de personas y comunidades.
- "Declaración de Durban": que insta expresamente a los Estados a que presten atención especial a las cuestiones de género, en especial a la discriminación sexual y en particular cuando los múltiples obstáculos con que tropiezan las mujeres migrantes se combinan y señala que es preciso realizar investigaciones exhaustivas, no solo sobre las violaciones perpetradas contra los derechos humanos de las mujeres migrantes, sino también sobre la contribución que esas mujeres hacen a las economías de sus países de origen y de sus países de acogida.
- "Declaración Parlamentaria de Roma aprobada en la Conferencia Internacional de Parlamentarias/os G7/G20 de 2017 (que el Pleno del Senado hizo suya el 28 de junio de 2017)": que anticipan los desafíos de "un mundo en movimiento", poniendo en valor la migración e igualdad de género, relativa a la libertad de acción y decisión de las mujeres, desarrollo sostenible y empoderamiento de las mujeres y niñas, para que puedan decidir y disfrutar una vida sana y productiva.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar apoyando aquellas medidas dirigidas a:
1. Desarrollar una política de migración con perspectiva de género y basada en los derechos humanos, promoviendo esta en todas las etapas migratorias, incluidas las de emergencia humanitaria.
2. Prevenir y combatir la trata y la explotación de las mujeres y las niñas, de conformidad con las leyes, normas y principios internacionales sobre derechos humanos y con acciones conjuntas entre Estados y otros agentes no estatales (incluidas las organizaciones de mujeres migrantes), que hagan hincapié en compartir e intercambiar información y buenas prácticas.
3. Garantizar el acceso de las mujeres migrantes a servicios sanitarios de calidad basados en los derechos humanos con perspectiva de género, en especial en lo que respecta a la atención de salud sexual y reproductiva.
4. Promover acceso al trabajo decente y protección social de las mujeres migrantes, reduciendo así el círculo de pobreza, y favoreciendo que las mujeres disfruten de una mejor situación económica y sus hijos reciban mejor educación, gracias a lo cual se inicia un ciclo de prosperidad que se extiende hasta generaciones futuras y, por extensión, produce dividendos demográficos y aumenta la prosperidad global."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002862
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a la aprobación del V Plan Director para la Cooperación Internacional española (2018-2021).
El Plan Director de la Cooperación Española, de carácter cuatrienal, es el elemento básico de planificación en el que se establecen los objetivos y prioridades sectoriales y geográficas de nuestra política de cooperación, así como los criterios de intervención a observar en la ejecución de nuestra política de desarrollo. El Plan Director también define tos procesos de planificación, seguimiento y evaluación necesarios para una gestión consistente, coherente y sostenida de la Cooperación Española dentro del marco jurídico determinado por a Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación internacional.
En este primer trimestre de 2018, tras un proceso de reflexión por los diferentes agentes, su paso por el Congreso de los Diputados y el Senado para la adición de enmiendas, será aprobado por el ejecutivo y regirá la política de cooperación española entre 2018 y 2021.
La elaboración de este V Plan Director de a Cooperación Española supone una buena oportunidad para que España tenga un papel fundamental de liderazgo en el exterior, acorde con su peso a nivel internacional y a una sociedad que, en su aplastante mayoría, apoya esta política. El V Pan Director debe ser ambicioso, coherente, eficaz y realista, a la par que una herramienta clave para que España ocupe el rol que le corresponde en el mundo. Para ello tendrá que estar alineado con los nuevos paradigmas internacionales del desarrollo como son la Agenda 2030, a Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Estamos, por tanto, ante una oportunidad extraordinaria de diseñar una política de cooperación española con perspectiva a largo plazo, que supere a dinámica de diseño limitada a cuatro años de los anteriores Planes Directores, para ganar, así, en eficacia y visión estratégica.
Hacer frente a las desigualdades, incluida la de género, a injusticia y a pobreza, que son multidimensionales, solo es posible abordando simultáneamente los factores sociales, económicos y ambientales. En este sentido, debe centrarse en los Países de Renta Baja sin olvidar que la gran mayoría de las personas bajo el umbral de la pobreza vive en países de renta media. Por ello, a coherencia de políticas para el desarrollo es el elemento fundamental para una estrategia de cooperación bajo el nuevo paradigma de desarrollo inclusivo y sostenible, al que todos los Estados se comprometieron al firmar estos compromisos. Este Plan tendrá que inspirarse en los principios rectores definidos en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este sentido, el nuevo Plan Director tendrá que armonizarse con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que suponen el marco jurídico en que se desarrollan las distintas políticas y acciones de a Unión, incluyendo la de cooperación al desarrollo.
El nuevo Plan Director debe garantizar que la ayuda al desarrollo no esté condicionada a la cooperación de los países beneficiarios en cuestiones de migración y debe rechazar cualquier tentativa de vincular la ayuda a controles fronterizos, gestión de los flujos migratorios o acuerdos de readmisión. Por el contrario, el nuevo Plan Director debe, en línea con la Agenda de Desarrollo 2030, fortalecer los aspectos positivos de la migración y hacer frente a las causas raíz de la migración forzosa, como son la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios básicos y las violaciones de derechos humanos.
En consecuencia, el nuevo Plan Director tendrá en cuenta los Principios Internacionales para la Eficacia del Desarrollo, tomando como ejes básicos sus cinco principios (apropiación de la implementación de la ayuda por parte de los países receptores, alineación con las estrategias de desarrollo de los países receptores, armonización del acciones entre donantes, enfoque basado en resultados y rendición mutua y democrática de cuentas). Solo podremos asegurar la consecución de estos objetivos si nos dotamos de una arquitectura institucional marcada por la coherencia, entendiéndola como la articulación entre los procesos y la organización buscando en su interacción e interdependencia, cumplir con los objetivos estratégicos definidos en los Planes de Desarrollo Integral. Una arquitectura institucional que cohesione, en aras de una mayor eficacia, a los distintos actores de la cooperación y haga frente a los retos que
supone su fragmentación, solapamiento y descoordinación. Esta, además, debe consagrar el principio de coherencia de políticas para el desarrollo a través de un mecanismo encargado del cumplimiento y evaluación de dicha coherencia tanto en las políticas nacionales como en las destinadas al exterior que deberá situarse en el más alto nivel de la Administración y contar con recursos y capacidades suficientes para su acción efectiva.
Una cuestión prioritaria y elemental en el Plan debe ser a financiación. Si este V Plan Director pretende ser ambicioso, realista, coherente y eficaz debe dotarse necesariamente de un marco presupuestario adecuado que avale que la AOD debería seguir siendo la columna vertebral de la política de cooperación al desarrollo. Partiendo de esta base el pan tendrá que establecer una hoja de ruta ambiciosa, pero realista, que acerque nuestros niveles de AOD a los de nuestro entorno (media UE-15 0,51 % AOD/RNB). Es imprescindible, como mínimo, alcanzar el 0,4 % en 2020 y el histórico 0,7 % en 2030. Diferenciando de la AOD la movilización de recursos para combatir el cambio climático.
El V Pan Director tendrá que abordar inevitablemente, como fuente de financiación pública adicional para el desarrollo sostenible y la cooperación reforzada, asuntos de política fiscal internacional. En octubre de 2012, la Comisión propuso una Decisión encaminada a permitir una cooperación reforzada en relación a un impuesto sobre las transacciones financieras que fue respaldada por el Paramento Europeo en diciembre de ese mismo año y aprobada por los ministros de hacienda de los Estados miembros en la reunión del EcoFin celebrada en enero de 2013. Debemos asegurar, del mismo modo, la coherencia entre los objetivos de la política de cooperación para el desarrollo y nuestra política fiscal internacional reflejada en convenios de doble imposición con terceros países que, en ocasiones, minan la capacidad de estos últimos de movilizar recursos domésticos para el desarrollo. En esta Línea, el V Plan Director debe subrayar el compromiso de España en la lucha contra el fraude fiscal.
En cuanto a los instrumentos, el V Plan Director tendrá que instar a una mayor coordinación, coherencia y armonización entre los distintos programas y actores de la cooperación e intensificar los esfuerzos hacia la programación conjunta con otros donantes, sobre todo en la UE, para hacer frente a la fragmentación de la ayuda. Los instrumentos de la cooperación deben de atender siempre a los principios de eficacia para el desarrollo y a las ventajas comparativas propias de las características y particularidades de España. La conveniencia o no de utilizarlos dependerá del fin que se pretenda alcanzar, del contexto general del entorno en el que se interviene, de las capacidades existentes o del cumplimiento de determinadas condiciones previas, necesarias para un uso eficaz y eficiente de cada uno.
Es importante definir el papel del sector privado, lo que supone asegurar que los mecanismos de cooperación reembolsable y los partenariados público-privados siguen los principios de eficacia del desarrollo, basados en criterios de transparencia, demostrando de manera cara su impacto positivo para la consecución de los objetivos de la política de cooperación para el desarrollo, sin suponer un coste de oportunidad para otros instrumentos probados más eficaces, ni erosionar el acceso universal a servicios públicos esenciales de calidad. Las empresas implicadas en asociaciones para el desarrollo deberían certificar su respeto a los principios de responsabilidad social corporativa (RSE) enmarcados en los principios rectores de la ONU, las directrices de la OCDE en todas sus operaciones y promover prácticas comerciales éticas y sostenibles.
España debe seguir la recomendación del CAD de la OCDE y alcanzar una ratio de donación promedio de su AOD del 86 %. La cooperación reembolsable y los créditos concesiones deben, a su vez, atender a criterios de transparencia, eficacia para el desarrollo, asegurando que no supongan un reto a la sostenibilidad de as deudas de los países receptores.
El Plan debe establecer como eje transversal la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en toda a política y acción de la cooperación, reconociendo a la mujer como agente del desarrollo y adoptando para ello principios y metodologías presupuestarias de género, para abordar las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres.
Para concluir, si desde España deseamos un Plan Director coherente, transparente, eficaz y sostenible, solo será posible si su implementación va acompañada de un sistema de evaluación y monitoreo exhaustivo. El V Plan Director debería contener un marco de seguimiento y evaluación que cuente con indicadores y metas -también desagregadas por sexo- que permitan el monitoreo y la evaluación de las distintas acciones y que puedan orientar e informar sobre los avances conseguidos y los desafíos existentes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el V Plan Director:
1. Se alinee con los compromisos internacionales en materia de cooperación al desarrollo como son la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Que se mantenga el equilibrio necesario entre los objetivos específicos de la cooperación española y los de las Agendas estableciendo una hoja de ruta que plantee objetivos dentro de un marco global más amplio, complejo, interconectado y a largo plazo como es la Agenda 2030.
2. Enmarque sus principios rectores en base a la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las disposiciones en materia del Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea.
3. Se alinee con los Principios internacionales de Eficacia para el desarrollo.
4. Incluya la reforma completa, e integral, del sistema de cooperación al desarrollo que debe incluir la redacción de una nueva Ley de cooperación que contemple los nuevos retos que se señalan en la Agenda 2030.
5. Fortalezca una arquitectura institucional que asegure el principio de coherencia de políticas para el desarrollo en toda la acción del Estado que afecta a países en desarrollo y que cohesione a los distintos actores de la cooperación, de forma que supere la fragmentación, solapamiento y la descoordinación.
6. Adapte sus prioridades sectoriales y geográficas de acuerdo a nuestras especificidades, para fomentar el valor añadido de España y la eficacia de nuestra acción en el campo global de la cooperación al desarrollo e incremente la armonización entre nuestra acción y la de otros donantes.
7. Garantice que la ayuda al desarrollo no esté condicionada a la cooperación de los países beneficiarios en cuestiones de migración y que rechazar cualquier tentativa de vincular la ayuda a controles fronterizos, gestión de los flujos migratorios o acuerdos de readmisión.
8. Establezca la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como eje transversal con presencia en toda la política y acción de la cooperación.
9. Defina y garantice que la infancia, sus derechos y bienestar sean una prioridad de la política de CE y oriente sus intervenciones valorando el impacto que sus actuaciones tiene en la vida de los NNA y a situación de riesgo en el que se encuentran.
10. Continúe cooperando con los Países de Renta Media, para así incrementar a cohesión social y la reducción de desigualdades, incluyendo la de género.
11. Establezca una hoja de ruta para alcanzar en 2020 un 0,4 % AOD/RNB y en 2030 un 0,7 %.
12. Apueste por el ITF como fuente de financiación pública adicional para el desarrollo sostenible, asegure la coherencia entre los objetivos de la política de cooperación para el desarrollo y nuestra política fiscal internacional, incluyendo en los Convenios de Doble imposición con terceros países y fortalezca el compromiso de España en la lucha contra el fraude fiscal.
13. Defina el rol que debe jugar el sector privado en el desarrollo, enmarcándolo en el respeto de los principios de transparencia, los Principios Eficacia para el Desarrollo y principios de responsabilidad social corporativa como los principios rectores de a ONU y las directrices de la OCDE en todas sus operaciones, promoviendo prácticas comerciales éticas y sostenibles.
14. Acuerde un marco estratégico para las ONG en el que reconozca los diversos roles de las organizaciones de la sociedad civil, incluida la cuestión de la asignación de recursos.
15. Se adecúe a la recomendación del CAD de la OCDE de alcanzar una ratio de donación promedio de su AOD del 86 % y que asegure que la cooperación reembolsable y los créditos concesiones atiendan a criterios de transparencia, eficacia para el desarrollo, sin suponer un reto a la sostenibilidad de las deudas de los países receptores.
16. Otorgue mayor relevancia a la ayuda humanitaria y a la diplomacia humanitaria e incluya el incremento en AOD para que se alcance la meta del 10 % del presupuesto de AOD durante el VPD así como la adaptación de los instrumentos y marcos normativos para hacer posibles compromisos como la localización de la ayuda.
17. Establezca un marco de seguimiento y evaluación, con indicadores y metas -desagregadas por sexo- que permitan el monitoreo y la evaluación eficaz y sistemática de las distintas acciones en orden a posibilitar la mejora continua de la Cooperación Española en el futuro."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Noelia Vera Ruíz-Herrera, Ana Belén Terrón Berbel, Pedro Arrojo Agudo, Ángela Ballester Muñoz, Miguel Anxo Fernández Bello, Aina Vidal Sáez y Rita Gertrudis Bosaho Gori, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002860
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en valor del patrimonio de Castrillo Mota de Judíos en Burgos, para su debate en la Comisión de Cultura.
Castrillo Mota de Judíos es un municipio de la provincia de Burgos que 24 de mayo de 2014 sometió a consulta entre sus vecinos la posibilidad de cambiar su nombre anterior, Castrillo Matajudíos, por el actual. El cambio de nombre, que culminó legalmente el día 22 de junio de 2015, forma parte de un proceso a través del cual el ayuntamiento burgalés está tratando de recuperar su historia y la memoria del pueblo sefardí en suelo español.
En pos de la recuperación de esta memoria y de la historia del pueblo, la corporación municipal junto con asociaciones y administraciones públicas, como la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos, han invertido diversas cantidades en las excavaciones arqueológicas que están permitiendo recuperar el antiguo asentamiento judío que llegó a tener más de 500 habitantes durante el siglo XIV.
Estos esfuerzos en la parcela arqueológica, que ya han otorgado los primeros resultados, se suman a la intención del consistorio de crear un Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí en el Camino de Santiago. Con el fin de crear el Centro de Interpretación el consistorio ha adquirido un edificio histórico en la plaza Antonio de Cabezón, junto a la Iglesia y a la Casa Consistorial. Este edificio necesita ser reformado para así acoger un espacio multifuncional de uso comarcal que incluya salas de exposiciones, espacios de trabajo y salas multiusos en los que se pueda exponer la importancia del pueblo judío, una de las tres culturas españolas, en relación con el Camino de Santiago.
El empeño del Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos se está viendo recompensado desde diversos ámbitos como los ya referidos de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos, el Centro Sefarad-Israel (dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores), la embajada de Israel en España, los miembros de la cumbre Erensya, las comunidades judías españolas e internacionales, las federaciones y confederaciones judías españolas o el propio Rey Felipe VI que utilizó a Castrillo como ejemplo de la lucha contra el antisemitismo.
Otras personalidades como Pierre Assouline o Luís Bassat han mostrado también públicamente su apoyo al proyecto de recuperación de la memoria sefardí y han visitado las excavaciones arqueológicas en curso en Castrillo.
El proyecto de Castrillo Mota de Judíos se enmarca, a su vez, dentro de un proyecto de inversión cultural como medio para luchar contra la despoblación y generar empleo desde un ámbito cultural y turístico en una zona con problemas a la hora de fijar población como es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tanto los judíos que ocuparon las tierras y fueron parte de la historia de España hasta su expulsión en 1492, como el Camino de Santiago, como la figura de Antonio de Cabezón, procedente de una familia de origen presumiblemente sefardí, son importantes recursos que Castrillo Mota de Judíos desea aprovechar desde el punto de vista turístico, emocional, cultural y económico que sirvan para
regenerar la economía de una comarca empobrecida demográficamente que está obteniendo, a pesar de su modesta economía, una importante repercusión en medios de comunicación nacionales e internacionales.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, junto al Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos (Burgos) y la Junta de Castilla y León, a poner en valor la historia del municipio de Castrillo Mota de Judíos y su valor arqueológico a fin de potenciar el desarrollo rural y la economía de la zona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Félix Álvarez Palleiro, Francisco Igea Arisqueta, Marta María Rivera de la Cruz y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002863
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente proposición no de ley sobre ilustradoras y autoras de cómic, tebeo y novela gráfica, para su debate en la Comisión de Cultura.
La industria española del cómic publico, en 2016, 2.867 obras, de las que tan solo 86 novedades estaban firmadas por mujeres, lo que supone el 3 % del total y pone en evidencia el importante sesgo de género que domina el sector 1. Así lo expresa Carla Berrocal, comisaria junto con Elisa Mc Causland de la exposición Presentes: Autoras de tebeo de ayer y hoy: "De forma estructural y en cualquier disciplina, siempre se reivindica el trabajo que realizan los hombres y las mujeres solemos quedar relegadas a un segundo plano. Las autoras de cómic, seguimos siendo totalmente desconocidas por el gran público".
En el pasado Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que tuvo lugar del 30 de marzo al 2 de abril de 2017, la poca presencia de mujeres autoras levantó polémica en la entrega de sus galardones. Dicho salón otorga diversos premios, en concreto el Gran Premio del Salón a la mejor trayectoria, el premio a la Mejor Obra de Autor/Autora español, el premio a la mejor Obra de Autor/Autora Extranjero publicado en España, el premio al mejor Fanzine y el premio al Mejor Autor/Autora Español Revelación. Entre los ganadores de los premios no figura ni una mujer, y entre los y las 33 nominadas, tan solo dos fueron mujeres.
Es cierto que este sesgo de género en el mundo del cómic es algo generalizado en el ámbito internacional, como se puso de relieve en la edición de 2016 del evento europeo más importante del sector; el Festival Internacional de Cómic de Angoûleme, donde una decena de autores pidieron ser eliminados de las listas de nominados para denunciar la ausencia de autoras en dichas listas. Sin embargo, España se encuentra en la cola del sector en términos de género: en Europa, un 12,8 % de los autores de cómic publicados son mujeres, lo que dista mucho del 3 % de obras firmadas por mujeres en 2016.
Autoras de referencia como Carla Berrocal, afirman que parte de la complejidad del problema en la falta de autoras radica en que se han consumido menos cómics por no haberse visto representadas las mujeres en los contenidos. Es importante por tanto que se creen referentes para las lectoras y futuras autoras y para ello es fundamental que los catálogos editoriales incluyan al menos un 50 % de autoras e ilustradoras, que tengan más presencia en los salones, que se hagan exposiciones que recuperen y pongan en valor nuestra historia olvidada de la ilustración, cómic, tebeo y novela gráfica, que se considere un recurso más en colegios e institutos; que se incentive su investigación y análisis desde la perspectiva de género, y que desde las bibliotecas se lleven a cabo iniciativas con el objetivo de visibilizar a las autoras e ilustradoras.
1 Estos datos no incluyen las obras de autoría colectiva.
Pero no se alcanzará la igualdad si no se combate la precaria realidad profesional en la que se desenvuelven el cómic y la ilustración, y que, como en otros sectores, se ceba especialmente con las mujeres. La Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (APIM) presentó el pasado febrero, en el marco de la XIII Edición de los Encuentros con Ilustradores Profesionales, una encuesta cuyo propósito era analizar el estado económico y social de la profesión de ilustrador en España y, abordaba específicamente la situación de las mujeres bajo el inequívoco título "Ser mujer (dibujante) no es rentable": la media de ingresos anuales de un ilustrador es de 16.323 euros, frente a los 9.473 euros de media que en el mismo periodo percibe una ilustradora.
La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su Capítulo II relativo a la acción administrativa por la igualdad, artículo 26 sobre la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual, señala que: "Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma".
Con el objetivo de cumplir esta ley, es urgente, implementar medidas que permitan una visibilización de las autoras e ilustradoras y atacar también el precariado estructural que afecta a las profesionales del sector. El Colectivo de Autoras de Cómic advierte, sin embargo, del riesgo de crear una etiqueta de "cómic femenino", ya que considera que no engloba la heterogeneidad de las autoras ni su riqueza, y a menudo las autoras son utilizadas como "legitimadoras" de ciertas estrategias editoriales y de marketing en un contexto de mercado.
"Instar al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a:
1. La creación de un plan de visibilización de mujeres ilustradoras, autoras de cómic, tebeo y novela gráfica y su correspondiente dotación presupuestaria.
2. La creación de un plan de lucha contra la precariedad de las mujeres profesionales del sector y su correspondiente dotación presupuestaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Sofía Fernández Castañón y Mar García Puig, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reformar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
La accesibilidad para las personas con discapacidad a diferentes ámbitos cotidianos es, a día de hoy, una asignatura pendiente. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establecía el 4 de diciembre del año 2017 como la fecha límite para exigir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para las personas con discapacidad en diferentes ámbitos (acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, acceso y utilización de medios de transporte, bienes y servicios de titularidad privada que no concierten o suministren las administraciones pública,...) y su plena inclusión social.
Este plazo ha expirado sin que el Gobierno de Mariano Rajoy haya apostado decididamente por las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad, plena inclusión social y no discriminación.
Sin embargo, la accesibilidad para personas con discapacidad no tiene que ver solo con el ámbito público. La accesibilidad universal es una obligación consagrada en el ordenamiento jurídico español y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas y de obligado cumplimiento para los países que la ratificaron, como es el caso de España.
En esta situación, sin una accesibilidad, entendida en el sentido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, y plenamente vigente en nuestro país, el derecho a una vivienda digna para estas personas es una utopía. La normativa nacional ha ido incorporando progresivamente modificaciones a fin de mejorar las exigencias de las construcciones públicas y privadas en cuanto a la accesibilidad universal. La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal ha sufrido diferentes modificaciones en las últimas décadas con el objetivo de mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad. En el año 2003, se produjo un avance normativo relevante en esta materia, al obligar la Ley a las comunidades de propietarios a hacerse cargo, hasta un límite determinado, de las obras y actuaciones de accesibilidad. Posteriormente, en los años 2011 y 2013, esa misma Ley ha experimentado modificaciones parciales en este aspecto de la accesibilidad, que siendo positivas, siguen sin solventar la cuestión de fondo y es que el régimen legal de propiedad horizontal no es equitativo ni garantiza plenamente el acceso y el manteniendo en condiciones de dignidad y adecuación de las personas con discapacidad y personas mayores a una vivienda. Parte de estas limitaciones se debe a las restricciones presupuestarias que la norma establece a la hora de acometer reformas relativas a la accesibilidad, así como el límite de "carga desproporcionada" que establece la norma, la cual debe ser un concepto a evaluar dadas las limitaciones que ha supuesto para este objetivo.
Es por eso, que cinco años después de la última modificación de esta norma, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es esencial que las administraciones públicas, especialmente el Gobierno, se comprometan con la accesibilidad de las personas con discapacidad, especialmente en lo relativo a un bien tan importante como es la vivienda, a fin de que este colectivo pueda tener una vida plena e independiente en la mayor medida posible y su completa inclusión social.
2. Llevar a cabo las modificaciones oportunas en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal para conseguir una mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad en las viviendas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Diego Clemente Giménez, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002869
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, relativa al desarrollo de un Plan Estatal de Inclusión Educativa.
La Inclusión Escolar implica una serie de medidas llevadas a cabo por el Sistema Educativo de modo que se garanticen los recursos necesarios sean del tipo que sean (humanos y materiales) para que toda niña o niño consiga igualdad de oportunidades y pleno desarrollo integral al margen de sus características físicas, intelectuales, motrices, económicas, de género, sexo, etnia, religión, cultura, etc.
La Educación es un derecho fundamental y queda explícitamente señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos:
"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz."
Así como en el artículo número 29 punto 1 de la Convención de los Derechos del niño, niña y Adolescente dice:
"Los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes, y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades."
Además organizaciones de ámbito internacional como Save the Children apuestan "por un modelo educativo en el que todos los niños y las niñas aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales y en el que los niños con más riesgo de exclusión pueden optar a las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo que el resto de los niños".
Para la UNESCO, por su parte, la educación inclusiva es la mejor solución para un sistema escolar que debe responder a las necesidades de todos sus alumnos.
En el informe de UNICEF publicado el pasado mes de mayo sobre "Los factores de la Exclusión Educativa en España" esta organización manifiesta "defendemos una educación que no excluya a nadie, una educación que sea capaz de ofrecer a todos y cada uno de los niños, niñas y jóvenes las máximas oportunidades para desarrollarse en todos los ámbitos de la sociedad, sean cuales sean sus características y particularidades" y comienzan dicho informe destacando que "el sistema educativo español sigue estando marcado por importantes procesos de fragmentación, segmentación y desigualdad que lejos de garantizar la movilidad social de individuos y familias contribuye a reproducir las condiciones sociales de origen y limitan severamente el derecho a una educación equitativa y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes (Tarabini y Bonal, 2016)".
Y Plena Inclusión expresa claramente que la Educación o es Inclusiva a no es educación, que una Educación Inclusiva no lo es sin los apoyos y la calidad requeridos por cada alumna y su familia y que una educación es inclusiva cuando construye entornos y comunidades inclusivas.
A pesar de todo esto la realidad actual de nuestros Centros Educativos es que nos encontramos con reducción de profesionales, aumento de ratios y recortes en recursos fundamentales que garanticen la equidad para la totalidad del alumnado. Estamos por lo tanto lejos de avanzar hacia un sistema inclusivo, tal y como dictan expertos como Gerardo Echeita u organizaciones como CERMI en sus respectivas comparecencias en la Subcomisión destinada a elaborar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación.
El Gobierno está eliminando programas de Educación Especial y está invirtiendo cada vez menos en Educación Compensatoria y en formación permanente de profesionales como consta en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2017.
Consideramos por tanto que se está impidiendo un derecho fundamental para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, por un lado excluyendo a los niños y niñas que configuran diferentes formas de diversidad, y por otro privando a la totalidad del alumnado de convivir y aprender de forma satisfactoria en un entorno plenamente inclusivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y desarrollar un Plan Estatal de Inclusión Educativa con medidas concretas, efectivas, calendarizadas, con presupuesto específico y siguiendo un proceso participativo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
181/000728
Diputado don Ignacio Urquizu Sancho
El 5 de diciembre pasado se produjo un tiroteo en el término municipal de Albalate del Arzobispo, Teruel, resultando heridas dos personas.
El 14 de diciembre esta misma persona asesinó a dos guardias civiles y a un agricultor en un lugar próximo al tiroteo anterior.
¿Qué dispositivo y qué medidas se utilizaron entre el 5 y el 14 de diciembre desde el Ministerio del Interior, con el fin de encontrar al autor de los disparos y del posterior asesinato?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2018.-Ignacio Urquizu Sancho, Diputado.
181/000719
¿En qué estado se encuentra el proyecto de la estación de alta velocidad de A Gudiña dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2018.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/000720
¿Cuál es la situación de los proyectos de carreteras que el Ministerio de Fomento tiene en marcha en la provincia de Ourense?
181/000721
¿Cuál es la evolución de los proyectos que están siendo financiados con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria?
181/000722
¿Qué balance hace Puertos del Estado sobre la posición en 2017 de España en relación con los visitantes en barcos de cruceros?
181/000723
¿Qué balance hace el Gobierno de los resultados de los puertos gallegos del Sistema Portuario español de titularidad estatal en el año 2017?
181/000724
¿Qué balance hace el Gobierno de los resultados de los tres aeropuertos gallegos de la red de AENA en el año 2017?
181/000725
¿Cómo evolucionan las obras de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia entre Zamora y Pedralba de la Pradería?
181/000726
¿En qué estado se encuentran las obras de construcción del cambiador de anchos en Pedralba de la Pradería, dentro de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia?
181/000727
Diputada doña Carmen Valido Pérez
¿Cuáles son los protocolos de actuación respecto a la seguridad aérea y al control, tratamiento, seguridad y alimentación en condiciones dignas de animales que transitan los aeropuertos estatales ya sean porque viajan acompañados, son abandonados o habitan en las instalaciones de AENA SME, SA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-Carmen Valido Pérez, Diputada.
181/000729
¿Qué medidas van a tomarse para revertir el enorme deterioro del río Tajo y garantizar un caudal suficiente y limpio, en particular, a su paso por la ciudad de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.
181/000730
¿Qué actuaciones van a llevarse a cabo para retirar y gestionar los depósitos de fibrocemento que contienen amianto en el cauce y en las laderas del arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en la salud y el medio ambiente?
184/026895
Reformulación de su pregunta sobre desarrollo del autoconsumo renovable en España.
El pasado miércoles día diecisiete de enero, el Parlamento Europeo votó en el marco de la propuesta de la comisión parlamentaria para potenciar las energías renovables, a favor del reconocimiento del autoconsumo de energías renovables como un derecho de la ciudadanía. El pleno de la institución refrendó de forma mayoritaria los cambios propuestos por la comisión parlamentaria, según los cuales no deberán existir la imposición de tasas, impuestos o trabas administrativas para los productores de electricidad.
El mandato hacia los Estados miembros es claro y conciso, eliminar las barreras y promover el autoconsumo renovable, fomentando un impulso que de forma específica aumente el número de hogares que se unan a comunidades productoras de renovables. Se debería autorizar conforme al mismo la posibilidad tanto de autoconsumir como de vender el excedente de producción sin que existan cargas discriminatorias que no reflejen los costes.
El Parlamento Europeo a diferencia de otras instituciones europeas, viene elegido directamente por la ciudadanía europea. La rotunda oposición expresada en el Pleno del mismo a trabas impositivas y restricciones al desarrollo del autoconsumo renovable, marca por tanto la senda democrática por la que transcurre la expresión de la ciudadanía europea en cuanto al fomento de las energías renovables se refiere y al margen de los intereses oligopolísticos que pueden incidir en mayor medida en otras instituciones.
Varios medios de comunicación se han hecho eco de la votación, dada la dirección opuesta que viene transitando el Gobierno de España, conforme a la normativa promovida desde el Ministerio de Energía, con medidas disuasorias y restrictivas como el denominado impuesto al sol. En este sentido, cobra especial trascendencia el bloqueo que llevan a cabo en el Congreso de los Diputados los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y el Partido Popular desde el primer trimestre del 2017, cuando ambos partidos bloquearon en la Mesa del Congreso la tramitación de una Proposición de Ley apoyada por toda la oposición parlamentaria, incluido Ciudadanos.
El desarrollo de la tecnología fotovoltaica compite sin necesidad de apoyos y la apuesta por el desarrollo de las energías renovables en Europa es creciente, realizando muchos países, inversiones importantes en energía solar. En España, se continúa dificultando la transición energética y la lucha contra el cambio climático al impedir que la energía solar asuma el rol de liderazgo que le corresponde.
A raíz del amplio consenso generado en el Parlamento Europeo, ¿piensa su Gobierno eliminar cualquier impuesto o traba existente para el desarrollo del autoconsumo renovable en España?
¿Defenderá su Gobierno de ahora en adelante en el Consejo Europeo un autoconsumo sin barreras económicas ni administrativas? En caso negativo, ¿por qué motivos?
¿Es consciente el Gobierno que el denominado impuesto al sol supone un impedimento real e importante para la lucha contra el cambio climático?
En relación al veto ejercido por los miembros del Partido Popular y Ciudadanos en la Mesa del Congreso sobre la Propuesta de Ley de Autoconsumo, ¿en qué estado se encuentran las supuestas negociaciones existentes entre ambos partidos para eliminar el denominado impuesto al sol? ¿Existen monedas de cambio entre ambos partidos para permitir la tramitación de la mencionada Proposición de Ley? En caso afirmativo, ¿cuáles?
¿Está de acuerdo el Gobierno en que aquellos sectores de la Economía que se consideren estratégicos no deben estar a merced de intereses oligopolísticos? ¿Las trabas impuestas al desarrollo al autoconsumo renovable fueron propuestas a su Gobierno por las grandes empresas eléctricas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
184/027670
Autor: Tardà i Coma, Joan (GER).
Participación del Rey Felipe VI en el Foro Económico Mundial en Davos, celebrado el día 24/01/2018.
1. En cuanto a las cuestiones contenidas en los guiones primero a tercero, octavo y noveno de la presente pregunta, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
2. En cuanto al resto, comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa, que no procede su admisión a trámite por tratarse de materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución española y no sometidas por tanto al control parlamentario de la Cámara. Las cuestiones se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por
parte de los Diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondrían, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquél.
El Diputado Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El rey Felipe VI dirigió el pasado 24 de enero de 2018 unas palabras en la 48.ª reunión del Foro Económico Mundial en Davos. A pesar de la naturaleza económica del encuentro y de las funciones que la Constitución otorga a la figura del Jefe del Estado, su discurso tuvo un marcado trasfondo político. Especialmente, cuando utilizó su intervención para hablar del conflicto político en Catalunya.
- ¿Quién recibió la invitación para que el Estado español participara en el Foro Económico Mundial?
- En caso de que la invitación para participar en el Foro Económico Mundial hubiese sido recibida por la Casa Real, ¿informó el Gobierno a los organizadores de que la Casa Real no tiene funciones de representación política?
- ¿En qué mesas redondas y/o conferencias participó el Gobierno español de la mano del Ministro de Economía, Industria y Competitividad?
- En caso de que el discurso del Rey hubiese sido escrito por la Casa Real, ¿quién refrendó dicho discurso?
- En caso de que hubiese sido escrito por el Gobierno, ¿qué Ministerio lo escribió? ¿Por qué no realizó el discurso el ministro competente en la materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2018.-Joan Tardà i Coma, Diputado.

References: artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 26
 artículo 193
 artículo 49
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 155
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 26
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 190
 artículo 66
 artículo 185