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Timestamp: 2020-08-05 08:11:33+00:00

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RXC(T_N)
RXC(T_N).
¿Qué tipo de norma se hace precisa para regular el desarrollo del artículo 24 de nuestra Constitución?: Una Ley marco. Una Ley de bases cuando su regulación sea competencia exclusiva del Estado. Una Ley orgánica al tratarse de un derecho fundamental. Una Ley ordinaria al tratarse de un principio rector.
Según el literal de nuestra Constitución, ¿cómo será la votación de las Leyes orgánicas?: Final sobre el conjunto del proyecto. Única en las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta, debiendo someterse a una votación final. Absoluta. Especial cuando desarrolle derechos y libertades fundamentales.
Según la Constitución Española, ¿qué precisará la aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas?: Mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría simple en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría absoluta de las Cortes Generales, en una votación final sobre el computo del proyecto.
¿Cómo se aprueba el régimen electoral general según la Constitución Española?: Reglamentariamente por parte de las Cámaras. Mediante Ley orgánica. Mediante una Ley ordinaria que exigirá mayoría absoluta para su aprobación. Mediante Leyes autonómicas.
Según lo señalado en la Constitución Española, ¿cómo se desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas?: Mediante Ley orgánica. Reglamentariamente. Mediante una Ley. Mediante normas básicas que deberán adoptar la forma de Ley orgánica.
¿Cómo se aprueban los estatutos de autonomía según nuestro texto constitucional?: Mediante Ley orgánica. Mediante Ley orgánica aprobada por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Mediante Ley ordinaria. Mediante modificación de la Constitución Española.
No es objeto de reserva de Ley Orgánica la materia de: Derechos Fundamentales. Los Estatutos de Autonomía. El Régimen electoral. Régimen Foral.
Tal y como señalo nuestro texto constitucional, si nos referimos o las delegaciones legislativos, ¿qué deberán delimitar con precisión los Leyes de base?: Las normas que serán objeto de armonización legislativa. El objeto y alcance de su ejercicio, así como los principios y criterios que han de seguirse en su delegación. El procedimiento para que la misma pueda ser objeto de subdelegación a otras autoridades. El objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
Conforme a lo indicado en nuestro texto constitucional, ¿qué podrán delegar las Cortes Generales en el Gobierno?: La potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas que deban revestir la forma de Ley orgánica. La potestad de dictar Leyes sobre materias determinadas que deban revestir la forma de Real Decreto. La potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas que no deban revestir la forma de Ley orgánica. La potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas que no deban revestir la forma de Real Decreto.
¿Pueden las Leyes de delegación a que alude el artículo 82 de la Constitución Española establecer fórmulas de control?: Sí, excepcional y complementariamente al control propio de las Cámaras. Sí, adicionales, sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales. No, salvo las prerrogativas propias del Defensor del Pueblo cuando afecten al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. No, dado que están sujetas a la autonomía del propio Gobierno.
¿Cómo se otorgará la delegación legislativa a que alude nuestra Constitución Española cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo?: Mediante una Ley de bases. Mediante una Ley ordinaria. Mediante una Ley de armonización. Mediante una Ley orgánica.
¿Cómo se otorgará la delegación legislativa a que alude nuestra Constitución cuando su objeto sea la formación de textos articulados?: Mediante una Ley orgánica. Mediante una Ley ordinaria. Mediante una Ley de bases. Todas las anteriores son falsas.
¿Qué no se permitirá, tal y como así establece nuestro texto constitucional, respecto de la delegación legislativa al Gobierno por parte de las Cortes Generales?: La subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno. Entendida por tiempo determinado. Concedida de modo explícito. Todas las anteriores son ciertas.
Según nuestra Carta Magna y, refiriéndonos a la delegación legislativa, ¿en qué podrá consistir la autorización para refundir textos legales?: Bien en la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Exclusivamente en la formulación de un texto único. Preferentemente en la formulación de un texto armonizado, debiendo indicarse qué normas deben ser objeto de la tarea encomendada. Preferentemente en la formulación de textos armonizado a la normativa europea que resulte de aplicación.
Señale la afirmación más correcta según el literal de la Constitución 1978. ¿Cómo no podrá entenderse la delegación legislativa al Gobierno por parte de las Cortes Generales?: Concedida de modo explícito y por tiempo determinado. Concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Concedida de modo implícito o por tiempo determinado. Concedida de modo explícito y por tiempo indeterminado.
Tratándose de la delegación legislativa, ¿qué deberá determinar la autorización para refundir textos legales según nuestra Constitución de 1978?: El ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de ordenar los textos legales que han de ser refundidos conforme a los parámetros constitucionalmente aceptables. El ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regular y corregir los textos legales que han de ser refundidos. El ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de desarrollar una serie de textos legales. El ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
Según la Constitución Española, ¿cómo se agota la delegación legislativa al Gobierno por parte de las Cortes Generales?: Mediante la votación del texto definitivo en el Congreso. Por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. Mediante la sanción y promulgación real, debiéndose procederse a su publicación de manera inmediata. Mediante la votación de la misma en las Cámaras.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la delegación legislativa al Gobierno es incorrecta: No podrá entenderse concedida por tiempo indeterminado. Cuando una proposición de ley fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, ley de bases que podrá facultar para dictar normas con carácter retroactivo. No podrá permitir la subdelegación a autoridades distinta del propio Gobierno.
Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada se denominan: Decretos-leyes. Decretos-legislativos. Ley de Bases. Leyes orgánicas.
Cuando el objeto de la delegación legislativa a favor del Gobierno sea la formulación de textos articulados, deberá otorgarse por: Una ley de bases. Una ley ordinaria. Una ley orgánica. Un texto refundido.
Refiriéndonos a la delegación legislativa, según señala nuestra Constitución, ¿pueden las Leyes de bases facultar para dictar normas con carácter retroactivo?: Sólo cuando se refieran a materias tributarias y su aplicación resulte más beneficiosa. Sólo cuando se refieran al ámbito sancionados y su aplicación pudiera resultar más beneficiosa para los interesados. En ningún caso. Sólo en determinados casos.
¿Qué no podrán en ningún caso autorizar las Leyes de bases según nuestra Constitución Española?: La petición de informes complementarios a autoridad distintas del propio Gobierno. Facultar para dictar normas. La modificación de la propia Ley de bases. Todas las anteriores son ciertas.
¿Qué sucederá, según nuestra Constitución de 1978, si una proposición de Ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor?: Que se precisará previa autorización de las Cortes Generales. Que el Gobierno estará facultado para oponerse a su tramitación, pudiendo presentarse una proposición de Ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación. Que se requerirá modificación de la delegación legislativa por parte de la Cámara que realizó la delegación. Que dicha proposición o enmienda carecerá de validez.
Tal y como así determina nuestra Constitución, ¿cómo se denominarán las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada?: Decretos-Leyes. Decretos Legislativos. Textos de Delegación. Leyes de Base.
Indique la opción correcta. Los Decretos Legislativos: Tienen el mismo rango que los Reglamentos y, si versan sobre materias de auto organización administrativa, pueden revestir la forma de Orden Ministerial. Son normas que indican su máximo rango reglamentario dictadas por el Consejo de Ministros en desarrollo de una norma con rango de Ley que así lo prevé. Son normas con rango de Ley dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes. Son normas que puede elaborar la Diputación Permanente del Congreso de Diputados cuando se han disuelto las cámaras, y que podrá hacer siempre que existan razones de urgencia.
De conformidad con el artículo 85 de la Constitución, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de: Decretos Leyes. Delegación Legislativa. Leyes de bases. Decretos Legislativos.
Según nuestra Carta Magna, ¿en qué plazo deben someterse los Decretos-Leyes a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados?: En el plazo del mes siguiente a su promulgación, debiendo convocarse el Congreso, al efecto, si no estuviere reunido. En el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, debiendo convocarse el Congreso, al efecto, si no estuviere reunido. En el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, debiendo convocarse las Cortes Generales si no estuvieran reunidas. En el plazo de un mes siguiente a su publicación, debiendo reunirse el Congreso, al efecto, si no estuviere convocado.
Según la Constitución de 1978, ¿cómo debe obrarse de manera inmediata con los Decretos-Leyes?: Sometiéndolos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. Promulgándolos y ordenando su publicación. Ordenando su publicación, una vez sancionados. Sometiéndolos a una votación final sobre el conjunto del proyecto.
¿A qué no podrán afectar los Decretos-Leyes según la Constitución Española?: Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1. Al régimen de las Comunidades Autónomas. A ninguna de las anteriores.
¿Cuál de las siguientes materias podrá regularse mediante Decreta- ley según la Constitución Española?: El régimen de las Comunidades Autónomas. El Derecho electoral general. Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1 de la Constitución Ninguna de las anteriores.
Según la Constitución Española, ¿cómo podrán tramitarse los Decretos-Leyes par parte de las Cortes en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación?: Como proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia. Como Leyes. Como Decretos-Legislativos. La pregunta tiene un importante error de concepto.
¿Qué naturaleza tendrán los Decretos-Leyes tal y como así dispone nuestro texto constitucional?: Definitiva. Reglamentaria. Provisionales. Ejecutiva.
Según así determina nuestra Constitución de 1978, ¿dónde se establecerá el procedimiento a través del cual deberá pronunciarse expresamente el Congreso de los Diputados sobre la convalidación o derogación Ir los Decretos-Leyes?: En una Ley orgánica, mediante un procedimiento especial y sumario. En el propio Decreto-ley. En una Ley. En el reglamento del Congreso de los Diputados, de tal manera que dicho procedimiento tendrá la naturaleza de especial y sumario.
¿Qué disposiciones podrá dictar el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad según la Constitución de 1978?: Proyectos de Ley. Decretos-Leyes. Reales-Decretos. Decretos-legislativos.
Tal y como establece nuestra Constitución Española, ¿cómo será el procedimiento a través del cual deberá pronunciarse expresamente el Congreso de los Diputados sobre la convalidación o derogación de los Decretos-Leyes?: Especial, requiriendo, para su ratificación, una mayoría de dos terceras partes del Congreso en una votación final sobre el conjunto del Decreto. Idéntico al requerido para la aprobación de las Leyes orgánicas. Especial, requiriendo una mayoría de dos terceras partes del Congreso. Especial y sumario.
Tal y como así determina nuestro texto constitucional, ¿en qué plazo deberá pronunciarse expresamente el Congreso de los Diputados sobre la convalidación o derogación de los Decretos-Leyes?: En el plazo de los veinte días siguientes a su publicación. En el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. En el plazo de los veinte días siguientes a su promulgación. En el plazo de los treinta días hábiles siguientes a su promulgación.
Señale la frase incorrecta respecto a los decretos-legislativos y decretos-leyes: El Gobierno podrá dictar, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, decretos-leyes, que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título l, al régimen de las Comunidades autónomas ni al Derecho electoral. Respecto a los decretos-legislativos, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo – textos refundidos-. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 20 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá, de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos.
Indique la opción correcta. A tenor de lo ordenado en el Artículo 86 de la Constitución Española todo Decreto- Ley debe ser convalidado expresamente antes de treinta días: Por el Consejo de Ministros en pleno, que publicará en el BOE, con forma de Orden del Gobierno, el acto de convalidación. Por el Consejo General del Poder Judicial para evitar Ja tacha de inconstitucionalidad y garantizar la coherencia interna del ordenamiento jurídico-administrativo. La Resolución se publicará en el BOE. Por el Congreso de Diputados Por el Congreso y el Senado quien, con carácter previo, preceptivo y vinculante, tiene que ser informado por la Comisión Delegada de Política Autonómica.
Las disposiciones legislativas provisionales que toman la forma de Decretos-Leyes son dictadas: Por el Gobierno. Por las Cortes Generales. Por el Congreso de los Diputados. Por las Comisiones Legislativas Permanentes.
Los Decretos-Leyes deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, ¿en qué plazo desde su promulgación?: 5 días. 10 días. 20 días. 30 días.
Señale la afirmación incorrecta de las que se proponen a continuación: Por medio del Decreto-Ley, el Gobierno puede legislar cuando se trate de una situación de necesidad extraordinaria y urgente. El Senado queda totalmente al margen de la regulación de Decretos-Leyes. El Decreto-Ley debe ir precedido de una ley de bases que fije los principios, criterios y bases de regulación de una determinada materia. Los Decretos-Leyes no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las CCAA ni al derecho electoral general.
Aprobado un proyecto de ley por el Congreso: Es remitido al Senado. El Presidente del Congreso dará cuenta inmediata al del Senado. Se somete a la deliberación del Presidente del Senado. No puede ser deliberado por el Congreso hasta transcurrido el plazo de dos meses.
En términos de iniciativa legislativa, conforme a lo determinado por el segundo apartado del artículo 87 de la Constitución Española, ¿cómo pueden proceder las Asambleas de las Comunidades Autónomas?: Solicitando del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitiendo a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de cuatro miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Solicitando de la Cámara la adopción de un proyecto de Ley o remitiendo al Consejo de Ministros una proposición de Ley, delegando un máximo de dos miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Solicitando del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitiendo a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Solicitando del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitiendo a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un mínimo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
En términos de iniciativa legislativa, ¿cuántas firmas acreditado requerirá la iniciativa popular según lo indicado en el tercer apartado d 1 artículo 87 de nuestro texto constitucional?: Entre 15.000 y 500.000 dependiendo de la materia objeto de iniciativa. No menos de 500.000. Un máximo de 500.000. La iniciativa popular no se recoge en el artículo señalado.
En términos de iniciativa legislativa, ¿qué precisará la regulación del ejercicio y requisitos de la iniciativa popular según lo previsto de manera literal en el tercer apartado del artículo 87 de la Constitución España?: Una Ley ordinaria. Un texto articulado. Una Ley orgánica. La pregunta contiene un importante error de concepto.
¿De acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras, a quién corresponde la iniciativa legislativa según el primer apartado del artículo 87 de la Constitución Española?: Al Gobierno. Al Congreso. Al Senado. A todos los anteriores.
DEn términos de iniciativa legislativa, ¿en qué se concreta la iniciativa popular según el tercer apartado del artículo 87 de la Constitución Española?: En la forma de realizar las mismas. En la presentación de propuestas de Ley. En la presentación de proposiciones de Ley. En la formulación de proyectos de Ley.
En términos de iniciativa legislativa, ¿sobre qué materias no procede la iniciativa popular según el tercer apartado del artículo 87 de la Constitución Española?: Propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional. Regulación del derecho de libertad de expresión. Modificación de un Estatuto de Autonomía Todas las anteriores son correctas.
En términos de iniciativa legislativa, ¿sobre qué materias no procede la iniciativa popular según el tercer apartado del artículo 87 de la Constitución Española?: Prerrogativa de gracia. El derecho a una vivienda digna. El matrimonio. Todas las anteriores son falsas.
Si nos referimos a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según lo previsto en el artículo 87 de nuestra Constitución de 1978?: Que podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley. Que podrán remitir a la mesa del Congreso un proyecto de Ley. Que podrán remitir a la mesa del Senado un proyecto de Ley. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de: 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 2 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 4 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 5 miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
La iniciativa legislativa de las Asambleas de las CCAA puede manifestarse directamente remitiendo a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de: 2 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 5 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 7 miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
La iniciativa legislativa popular, en aquellas materias en que procede, exige no menos de: 100.000 firmas acreditadas. 200.000 firmas acreditadas. 500.000 firmas acreditadas. 1.000.000 firmas acreditadas.
Según la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de Marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular quedan excluidas: Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales. Las relativas a la elaboración de los presupuestos Generales del Estado. Las referentes a la prerrogativa de gracia. Todas las respuestas son correctas.
Tal y como así establece la Constitución Española, ¿dónde deben someterse los proyectos de Ley?: Al Congreso de los Diputados. A las Cámaras, reunidas en sesión conjunta. Al Senado. Al Congreso o al Senado según la materia sobre la que versen.
¿Dónde se aprueban los proyectos de Ley según lo indicado en nuestro texto constitucional?: En el Consejo de Ministros. En el Consejo de Gobierno. En el Congreso de los Diputados. En las Cortes Generales.
¿Qué deberá acompañar, según nuestra Constitución de 1978, los proyectos de Ley al someterse al Congreso?: De su informe de oportunidad y legalidad. De su exposición de motivos y autorización del Presidente de la Cámara para continuar con el procedimiento. Tanto de una exposición de motivos como de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. De un informe de impacto de género.
Tal y como señala nuestra Constitución Española, ¿dónde se regulará la tramitación de las proposiciones de Ley?: En una Ley orgánica. En los Reglamentos de las Cámaras. En el Reglamento del Congreso. En una Ley.
Según establece la Constitución de 1978, ¿qué sucederá con aquellas proposiciones de Ley que tome en consideración el Senado?: Que deben remitirse a la mesa del Congreso para su tramitación como proyecto de Ley. Que deben remitirse al Gobierno para su tramitación como proyecto de Ley. Que deben remitirse al Gobierno para su tramitación ordinaria como proyecto de Ley. Que deben remitirse al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.
La iniciativa legislativa del Congreso y del Senado es ejercida por los grupos parlamentarios y por los parlamentarios individualmente recibiendo nombre de: Iniciativa popular. Proyectos de ley. Proposiciones de ley. Mociones legislativas.
¿Qué mayoría precisará el veto del Senado a un proyecto de Ley ordinaria u orgánica conforme a lo previsto en nuestra Constitución Española?: Mayoría simple. La misma mayoría que se requiriera en el Congreso. Mayoría relativa Mayoría absoluta.
Según nuestra Constitución, una vez vetado un proyecto de Ley ordinaria u orgánica por parte del Senado, ¿qué precisará el referido proyecto de Ley para que pueda ser sometido al Rey para su sanción?: Que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos tres meses desde la interposición del mismo. Que el Congreso ratifique por mayoría simple, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría absoluta, una vez transcurridos treinta días desde la interposición del mismo si tuviera carácter de urgente. Que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos veinte días desde la interposición del mismo. Que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo.
¿En qué plazo, según la Constitución Española, podrá el Senado introducir enmiendas a un proyecto de Ley ordinaria u orgánica?: En el de veinte días, una vez recibido el texto, salvo que deba tramitarse mediante la aplicación del procedimiento urgencia. En el de un mes, una vez aprobado el texto en el Congreso. En el de veinte días cuando se trate de proyectos tramitados de manera urgente. En el de dos meses, una vez recibido el texto.
¿Qué debe hacer el Presidente del Senado, según nuestra Constitución, una vez recibido por porte del Presidente del Congreso un proyecto de Ley ordinaria u orgánica?: Ordenar su inmediata publicación en el Boletín Oficial de la Cámara. Someterlo a una votación final sobre el conjunto del proyecto, previos los informes pertinentes. Remitirlo al Rey para su promulgación y sanción. Someterlo a la deliberación del Senado.
¿De qué plazo dispone el Senado, según nuestra Constitución de 1978, para vetar o enmendar aquellos proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados?: De un mes. De veinte días naturales. De veinte días hábiles. De treinta días naturales.
¿Cómo debe actuar, tal y como así determina la Constitución, el Presidente del Senado una vez recibido por parte del Presidente del Congreso un proyecto de Ley ordinaria u orgánica?: Debe someterlo a la deliberación del Senado. Debe someterlo al Gobierno para su informe. Debe remitirlo al Rey para su sanción y promulgación. Debe someterlo a deliberación del Senado por mayoría absoluta.
Una vez enmendado un proyecto de Ley orgánica por parte del Senado, ¿qué se precisará con carácter previo a su sometimiento al R y para su sanción?: Que el Senado rectifique dichas enmiendas. Que el Senado retire dichas enmiendas. Que el Congreso se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. Que el Congreso adopte dichas enmiendas, por mayoría absoluta.
¿Atribuye nuestra Constitución Española al Senado la posibilidad de vetar un proyecto de Ley orgánica?: Sí. No, en ningún caso. El Senado no veta proyectos de Ley, sino Leyes. No, pero si la posibilidad de introducir enmiendas.
¿Quiénes podrán declarar urgente, según la Constitución Española, un proyecto de Ley?: El Gobierno de la Nación, en tanto que prerrogativa exclusiva. Las Cortes Generales, por mayoría absoluta, en sesión conjunta. Bien el Gobierno o el Congreso de los Diputados. Sólo tiene dicha prerrogativa el Congreso de los Diputados.
Según lo señalado por nuestra Carta Magna, ¿qué sucede si el Senado introdujera enmiendas a un texto legislativo remitido por el Congreso?: Que si el Congreso deja transcurrir dos meses sin realizar ninguna votación, en dicho caso se entenderán rechazadas las enmiendas indicadas. Que el Congreso podrá aprobar, modificar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría absoluta de sus miembros presentes. Que deberá crearse, en un plazo no superior a dos meses, una Comisión técnica Congreso-Senado para consensuar el texto definitivo. Que el Congreso podrá aprobar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple de sus miembros.
¿Puede vetar el Senado, según nuestro texto constitucional, un proyecto de Ley aprobado por el Congreso de los Diputados?: Sí, en cuyo caso se constituirá una comisión mixta conformada por ambas Cámaras en un plazo no superior a treinta días desde la realización de dicho veto. Sí, por mayoría absoluta. Sí, pero por mayoría absoluta salvo que el proyecto hubiera sido declarado urgente. Sí, pero por mayoría absoluta salvo que el proyecto se correspondiera con una Ley orgánica.
En los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone para vetar o enmendar el mismo de un plazo de: Veinte días hábiles. Veinte días naturales. Treinta días naturales. Treinta días hábiles.
A partir del día de la recepción del texto de un proyecto de ley aprobado por el Congreso de los Diputados ¿de qué plazo dispone el Senado para oponer su veto o introducir enmiendas al mismo?: 20 días naturales. 30 días naturales. 1 mes. 2 meses.
En los proyectos de ley declarados urgentes, ¿de qué plazo dispone el Senado para oponer su veto o introducir enmiendas al mismo?: 20 días naturales. 30 días naturales. 1 mes. 2 meses.
En caso de veto por el Senado, el Congreso puede ratificar el texto inicial del proyecto o proposición de ley: Por mayoría simple. Por mayoría absoluta o, transcurrido un mes, por mayoría simple. Por mayoría absoluta o, transcurrido 2 meses, por mayoría simple. Por mayoría de 3/5 o, transcurrido un mes, por mayoría absoluta.
En los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno, o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone para vetar o enmendar el mismo de un plazo de: Veinte días hábiles. Veinte días naturales. Treinta días naturales. Treinta días hábiles.
¿En qué plazo sancionará el Rey las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación tal y como así determina el artículo 91 de nuestro texto constitucional?: En el de treinta días. En el de quince días. En el de veinte días. En el de un mes.
¿Quién ordenará, tal y como así señala nuestra Constitución, la inmediata publicación de las Leyes aprobadas por las Cortes Generales?: El Rey. El Presidente del Congreso. El Presidente del Senado cuando se haya aprobado definitivamente en dicha Cámara. El Secretario de las Cortes.
¿Quién sancionará, según la Constitución, las Leyes aprobadas por las Cortes Generales?: El Presidente refrendado por el Rey. El Rey. El Rey, no siendo en dicho caso refrendo alguno. El Jefe del Estado, previa autorización del Rey.
¿A quién atribuye nuestra Constitución Española, en su artículo 91, la aprobación de las Leyes?: Al Congreso de los Diputados. A las Cortes Generales. A los Españoles. Al Rey.
Tal y como así señala nuestra Constitución, ¿quién promulga las leyes aprobadas por las Cortes Generales?: El Presidente del Congreso. El Presidente del Gobierno. El Rey. El Presidente del Senado.
Las leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey en el plazo de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.
Según lo establecido en el segundo apartado del artículo 92 de nuestra Constitución, ¿quién propone al Rey la convocatoria de referéndum?: El Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad. El Presidente del Congreso, previa autorización del Presidente del Gobierno. El Presidente de las Cortes Generales, reunidas en sesión conjunta. El Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.
Según el segundo apartado del artículo 92 de nuestra Constitución, ¿qué autorización precisa la convocatoria de referéndum por parte del Rey?: Del Presidente de las Cortes Generales, reunidas en sesión conjunta. Del Presidente del Congreso, previa votación final sobre el texto del referéndum. Del Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad. Del Congreso de los Diputados.
¿Qué tipo de decisiones podrán ser sometidas a referéndum consultivo según la Constitución de 1978?: Aquellas que afecten a materias tributarias o presupuestarias. Las políticas de especial transcendencia. Las que afecten a asuntos internacionales. Aquellas decisiones políticas de orden internacional.
¿Cómo se regularán las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución de 1978?: Mediante Ley ordinaria. Reglamentariamente. Mediante Ley orgánica. Mediante Decreto del Rey.
Según lo contenido en el artículo 92 de la Constitución Española, ¿a quién corresponde convocar referéndum?: Al Rey. Al Presidente del Congreso. Al Presidente del Gobierno. Al Defensor del Pueblo.
¿Quién podrá proponer al Rey, según nuestra Constitución, que convoque referéndum?: El Presidente del Congreso. El Presidente del Gobierno. El Gobierno en Pleno. Las Cortes Generales.
Según el artículo 92 de la Constitución Española, ¿qué autorización previa requiere la convocatoria de referéndum?: Del Gobierno. Del Jefe del Estado. De las Cortes Generales. Del Congreso de los Diputados.
Conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna, ¿a quién podrán ser sometidas a referéndum consultivo las decisiones políticas de especial trascendencia?: A los ciudadanos del cuerpo electoral que pudiera ser afectado. A todos los ciudadanos. A todos los españoles mayores de edad residentes en territorio español. A todos los españoles que se encuentren en plenitud de sus derechos políticos.
¿A quién corresponde garantizar el cumplimiento de los tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión?: Al Jefe del Estado. A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos. A las Cortes Generales exclusivamente. Al Gobierno en cuanto titular del poder ejecutivo.
¿Cómo se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española?: Mediante Ley de bases. Mediante Ley ordinaria. Mediante Real Decreto. Mediante Ley orgánica.
La celebración de Tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, debe ser autorizada por las Cortes Generales mediante: Una ley de bases. Una ley ordinaria. Una ley orgánica. Un decreto-legislativo.
Tal y como así establece nuestro texto constitucional, ¿qué autorización previa requiere la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna Ley o exijan medidas legislativas para su ejecución?: Del Congreso de los Diputados. De las Cortes Generales. Del Presidente del Gobierno. Del Jefe del Estado.
¿A quién habrá de informarse de la conclusión de los convenio no incluidos en el primer apartado del artículo 94 de la Constitución d 1978?: Al Rey. Exclusivamente al Congreso. Al Congreso y al Senado. Al Presidente del Gobierno.
¿Qué autorización previa requiere la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios que afeen a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título 1 de la Constitución Española?: Del Presidente del Congreso de los Diputados. Del Presidente del Gobierno. De las Cortes Generales Del Jefe del Estado.
Según la Constitución Española, ¿que autorización previa requiere la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados de carácter político?: Del Congreso de los Diputados. Del Gobierno. Del Jefe del Estado. De las Cortes Generales.
Tal y como así determina nuestro texto constitucional, ¿qué autorización previa requiere la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios de carácter militar?: Del Gobierno de la Nación. Del Jefe del Estado. De las Cortes Generales. Del Congreso de los Diputados, mediante mayoría absoluta.
¿Quién podrá requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre un tratado internacional y la Constitución Española?: Los Jueces y Tribunales. El Jefe del Estado. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras. El Presidente del Gobierno, no siendo dicha atribución susceptible de subdelegación.
¿Permite nuestra Constitución la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la misma? ¿Qué se requerirá para ello?: No, en ningún caso. Sí. Previa revisión constitucional. Sí, previa autorización del Jefe del Estado. Sí, referéndum.
¿Qué procedimiento se utilizará, según nuestra Carta Magna, para la denuncia de los tratados y convenios internacionales?: El previsto en el reglamento de las Cámaras. El mismo previsto para su aprobación en el artículo 94 de la Constitución Española. El previsto para su aprobación mediante Ley orgánica. El previsto en el reglamento de la Cámara donde se inicie dicho procedimiento.
Según nuestro Corto Magno, ¿cómo podrán ser derogados, modificados o suspendidos los disposiciones de los trotados internacionales válidamente celebrados, uno vez publicados oficialmente en España?: En la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Mediante Ley orgánica. Exclusivamente en la forma prevista en los propios tratados. De acuerdo con las normas particulares del Derecho internacional.
Tal y como así señala nuestra Carta Magna, ¿qué sucede con lo tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España?: Que podrán formar parte del ordenamiento interno una vez ratificados. Que formarán parte del ordenamiento interno. Que podrán formar parte del ordenamiento interno una Vez ratificados por las Cortes Generales. Que podrán formar parte del ordenamiento interno una vez ratificados por el pueblo español.
La Constitución Española prevé en su articulado instrumentos necesarios para dar cabida al Derecho Comunitario en nuestro Ordenamiento Jurídico; señale la respuesta incorrecta: La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Los Tratados internacionales válidamente celebrados, tras su publicación en el BOE, forman parte del ordenamiento interno. Para que el Estado se obligue por medio de Tratados no siempre se requiere la autorización de las Cortes Generales. Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez oficialmente publicados en España deberán ser derogados, modificados o suspendidos mediante Decreto-Ley.

References: artículo 24
 artículo 82
 artículo 85
 Artículo 86
 Resolución 
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 94
 artículo 94