Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2019/acuerdos_y_sentencias/ays_70_19.php
Timestamp: 2019-05-25 06:50:29+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 70/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 70/19
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA y MIRYAM PEÑA CANDIA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. C/ RES CGD/SET N° 4551 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2011 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION”, a fin de resolver los Recursos de Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 177, de fecha 26 de noviembre de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA Y PEÑA CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: los Abogadas Francisco Cáceres y Walter Canclini, representante convencional de la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. y Abogado Fiscal respectivo, han presentado recursos de nulidad y apelación; en el caso del abogado de la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. no ha solicitado expresamente la nulidad del Acuerdo y Sentencia recurrido, por lo tanto se lo debe tener por desistido.
Por su parte el Abogado Fiscal, que en este caso representa a la Subsecretaría de Estado de Tributación, ha desistido expresamente del Recurso. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde, en consecuencia, tener por desistido el Recurso de ambas partes. ES MI VOTO.
A su turno los Dres. RAMÍREZ CANDIA y PEÑA CANDIA manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 177 de fecha 26 de noviembre del 2013, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: “1. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. C/ RES CGD/SET N° 4551 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2011 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION; 2. DISPONER, la devolución de los créditos fiscales de Gs. 12.889.271, debiendo además adicionarse a la cantidad señalada los intereses o recargos y multas, acorde al Art. 223 de ese mismo cuerpo legal 3.IMPONER, las costas a la parte demandada; 4. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.”
Que, el Abogado Francisco Cáceres representando a la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A., ha recurrido en Carácter de Apelación contra el Acuerdo y Sentencia citado ut supra dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala. La presente controversia se inició con la solicitud de devolución de crédito fiscal por parte de la empresa apelante en carácter de repetición por pago en exceso de tributos, específicamente de la obligación tributaria individualizada como Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el presente caso la empresa había invocado un crédito fiscal por montos que ascendían a G. 1.008.845.302.- (Guaraníes Un Mil Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Dos), monto sobre el cual la Administración Tributaria, en sede administrativa, cuestionó y denegó G. 280.551.057.- (Guaraníes Doscientos Ochenta Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Cincuenta y Siete), alegándose por un lado que los proveedores, de la firma solicitante del crédito, se encontraban omisos o inconsistentes y que dichas omisiones e inconsistencias ascendían a esa cuantía además de determinarse que la empresa solicitante del crédito fiscal estaba afectada por la obligación de retener a sus proveedores la totalidad del Impuesto al Valor agregado de las compras, obligación que la empresa venía incumpliendo parcialmente, reteniendo solo un porcentaje y no la totalidad del impuesto, estas situaciones a juicio de la administración tributaria ameritaron la denegatoria parcial de las pretensiones de la firma actora, produciéndose la denegatoria de los montos que tenían como proveedores a contribuyentes omisos o inconsistentes. Por su parte, la firma ha expresado sus agravios señalando como principales argumentos que la disposición emitida por el fisco que establecía el porcentaje de la retención sobre la totalidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no era aplicable para la misma y que TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. solo estaba obligada a retener un porcentaje que ascendía al 30% del IVA y no el 100% como expresaba el sujeto activo de la obligación tributaria. La firma solicitante del crédito refuerza sus afirmaciones señalando que la Resolución General N° 12/2009 que establece las reglas de retención no respeta la prelación y vigencia de normas jurídicas conforme a la disposición que establece el marco legal general en lo relativo a la obligación de los contribuyentes de actuar como agente de retención de acuerdo al Decreto 1164/08, señalando que la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. es agente de retención obligado a retener solo el 30% y no el 100% como pretende la administración tributaria.
Argumentó además la firma, que la administración tributaria tiene facultad de reglamentar el decreto pero no de modificarlo y que a su juicio se vulneraban incluso preceptos constitucionales en detrimento de los contribuyentes con la obligación de retener el 100% del IVA a los proveedores de bienes y servicios. En la expresión de agravios, la empresa solicitante del crédito fiscal señala además que el informe de la administración fiscal es superficial y que adolece de errores con respecto a la valoración de la conducta de algunos de los proveedores, además de reforzar sus argumentos expresando que no existe responsabilidad solidaria ni subsidiaría por el incumplimiento de sus proveedores y que tal responsabilidad es personal de cada contribuyente con el fisco y que no se puede responsabilizar al solicitante del crédito fiscal del incumplimiento de sus proveedores y este no puede cargar con el impuesto de otro contribuyente, además de alegarse otras cuestiones relacionadas a la legalidad de la actuación de la administración Tributaria.
Por su parte el Abogado Fiscal, en representación de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ha expresado agravios igualmente contra el Acuerdo y Sentencia de marras señalando que la porción otorgada conforme a los intereses de la firma solicitante que asciende a G. 12.889.271 (Guaraníes Doce Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Uno) no se ajusta a derecho en razón a que este monto corresponde a retenciones soportadas por la firma solicitante del crédito y que no fueron ingresadas por los clientes que actuaron como agentes de retención a quien la firma proveyó bienes y servicios, alegándose como fundamento que se trata de tributos no ingresados y que por tal razón la Subsecretaría de Estado de Tributación no puede devolver un tributo que nunca ingresó. Al mismo tiempo ha formulado la contestación a los agravios de la firma actora señalándose que el fallo del Tribunal de Cuentas se ajusta a derecho con respecto a la porción de crédito denegado.
Que, a fin de introducirme en la presente controversia debo auscultar los argumentos presentados por las partes. A tal efecto, debo realizar un pormenorizado análisis de la cuestión litigiosa la cual tiene como tema principal la solicitud de devolución de créditos fiscales peticionados por la firma que ocupa el lugar de sujeto pasivo en la relación jurídica tributaria y la denegatoria de una parte del crédito solicitado, por parte del sujeto activo en este caso la Subsecretaría de Estado de Tributación, por un monto de G. 280.551.057 (Guaraníes Doscientos Ochenta Millones Quinientos Cincuenta y un Mil Cincuenta y Siete). Considerando tal situación, la firma accionó ante el Tribunal de Cuentas obteniendo resultados favorables a sus intereses de manera parcial. Dicho tribunal dio lugar a una porción de la demanda, fallando en favor del solicitante del crédito por un monto de G. 12.899.271 (Guaraníes Doce Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Setenta y Uno), quedando un remanente sobre el cual no se hizo lugar a la pretensión de la firma por un monto de G. 267.651.786 (Guaraníes Doscientos Sesenta y Siete Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Seis), cifra sobre la cual se ha interpuesto la correspondiente apelación presentando los argumentos por los cuales señala poseer derecho sobre dicho monto.
Que, sobre el primer punto de la controversia y respecto a la apelación presentada por la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A., los argumentos sustentados por la misma dan cuenta, a decir de la apelante, que la administración tributaria, y su confirmación por el Tribunal de Cuentas, ha partido de premisas infundadas para denegar el crédito tributario. En este caso la administración tributaria señaló que la principal razón para la denegatoria se cimentaba en que los proveedores se encontraban ya sea como omisos o inconsistentes y que además la firma solicitante del crédito debía retener el 100% del impuesto al valor agregado y procedió a retener solo el 30% y que por estas razóneselo correspondía la devolución. En tal sentido, la firma reforzó sus argumentos ante esta Corte Suprema de Justicia basándose en que la misma solo estaba obligada a retener el 30%. Observándose que, entre los principales argumentos de la firma, se alega que la administración tributaria pretende responsabilizar solidariamente al solicitante del crédito tributario con el incumplimiento de sus proveedores y esta situación no se ajusta a derecho. En tales circunstancias, debo analizar esta cuestión y clarificar la responsabilidad de la firma con referencia al cumplimiento tributario de los proveedores. Así, en la Ley N° 125/91, en cuanto a la responsabilidad solidaria para el I.V.A. y la adquisición de bienes con la debida documentación, solo aborda a las denominadas entidades sin fines de lucro y a cuestiones expresamente determinadas en los Arts. 95, 96 de la Ley N° 125/91, en donde se contempla esta responsabilidad a los titulares de explotación de salas teatrales, canales de televisión, ondas de radiodifusión, espectáculos deportivos y para el transporte de mercaderías respectivamente. En ningún apartado de la ley o reglamentación del I.V.A. se encuentran normativas de solidaridad más que en los artículos citados que en mi opinión no resultan aplicables al presente caso.
Que, el Código Civil paraguayo vigente define la solidaridad en cuanto a las obligaciones en su Art. 508, señalando lo siguiente: “se establece que la obligación es solidaria cuando todos los deudores están, en virtud del título, obligados a pagar la misma prestación, de modo que cada uno puede ser constreñido al cumplimiento de la totalidad del objeto de ella y el cumplimiento de cada uno libera a los otros; o bien cuando cada uno tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación entera y el cumplimiento obtenido por uno de ellos libera al deudor frente a todos los acreedores”.Dispone a continuación en el Art. 510, que la solidaridad no se presume, debe estar expresa en la ley, y para los actos jurídicos, resultar de términos inequívocos. Por lo que, entiendo que no se puede responsabilizar a priori a la firma por el incumplimiento de sus proveedores. Ahora bien, no es menos cierto que deben tomarse en cuenta además otros factores. Así tenemos que TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. se constituye en agente de retención y conforme a la ley 125/91 en su Art. 240 se establece “Agentes de retención y percepción - Desígnense agentes de retención o de percepción a los sujetos que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales deben retener o percibir el importe del tributo correspondiente. La reglamentación precisará para cada tributo la forma y condiciones de la retención o percepción, así como el momento a partir del cual los agentes designados deberán actuar como tales. Efectuada la retención o percepción el agente es el único obligado ante el sujeto activo por el importe respectivo; si no la efectúa responderá solidariamente con el contribuyente, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada..."; observo que en principio - Como señalara ut supra- no se puede responsabilizar a un contribuyente por el incumplimiento de su proveedor, salvo cuando sea un agente de retención como en el presente caso y se produzca una omisión en la obligación de retener. En este caso el plexo legal tributario establece taxativamente por el Art. 240 la responsabilidad solidaria de la firma, en su calidad de agente de retención, con el contribuyente a quien debió retener y no lo hizo, por lo que resulta más que relevante en la presente controversia dilucidar si la firma solicitante del crédito estaba obligada a retener el 100% como alega la administración o solo el 30% como argumenta la misma, ya que si resulta que debe retener la totalidad del impuesto tendrá responsabilidad solidaria sobre la totalidad de la obligación con sus proveedores o bien si resulta que solo está obligada a retener una porción del IVA, la solidaridad debería estar acotada igualmente a tal porcentaje y no a la totalidad.
Que, los periodos fiscales afectados en la presente controversia datan de los años 2009 y 2010; la reglamentación impositiva conforme a la facultad conferida a la administración tributaria se estableció a través del Decreto N° 1164/08. Por esta norma se establecen las condiciones para la obligación de los agentes de retención, los cuales se clasifican en: a) contribuyentes obligados a retener el 100% del IVA a sus proveedores y b) contribuyentes obligados a retener el 30% del IVA a sus proveedores. Para el primer caso el condicionante para la retención de la totalidad del IVA (100%), es que quien esté adquiriendo bienes o servicios sea un exportador, siempre que ese exportador haya hecho uso del privilegio de haber solicitado la devolución del crédito fiscal reglado por el Art 88 “Crédito Fiscal del Exportador y Asimilables...” de la Ley N° 125/91 (texto actualizado). Por el contrario, para el segundo caso, el condicionante para que el agente de retención esté obligado a retener solo una porción del IVA de sus proveedores (30%), la condición siempre conforme al Decreto 1164/08 es que sea designado expresamente como agente de retención por la administración tributaria.
Que, la empresa TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. según se observa en los antecedentes administrativos, se constituye en exportador, habiendo solicitado la correspondiente devolución de créditos del exportador, además posteriormente fue designada expresamente como agente de retención en diciembre del año 2008, conforme a los anexos de la Resolución General N° 7/2008. Hasta ese momento se presentaba una razonable duda sobre qué porcentaje de retención realizar, ya que la firma constructora, exportadora con obligación de retener la totalidad del IVA conforme a lo establecido en el Decreto N° 1164/08, había sido expresamente designada por la Resolución General N° 7/2008 como agente de retención con obligación de retener solo el 30% conforme a las previsiones establecidas por el mismo decreto y supeditado a que sea designado por resolución de la administración tributaria tal como ocurrió en este caso. Prosiguiendo con el examen de la reglamentación tributaria, observo igualmente que la Resolución General N° 12 que data del 29 de enero del 2009 establece la aclaración correspondiente sobre el porcentaje de retención y a aplicar en situaciones donde se presentaban situaciones que presenten dudas como la mencionada ut supra sobre el porcentaje a retener. Con dicha resolución a mi juicio se disipan tales dudas en cuanto al porcentaje de retención a aplicar por parte de TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A., dicha resolución aclaratoria en su Art 3° estableció “Aclárese que aquellos contribuyentes, que están señalados en los anexos I y II de la R.G. N° 7/2008, que a la fecha de la presente Resolución, por operaciones de exportación o asimilables, se han constituido o deban constituirse como Agentes de Retención deberán en tal carácter proceder a la retención del 100% (cien por ciento), conforme a lo dispuesto en el Art. 1° del Decreto N° 1164/2008", con lo cual entiendo se clarifica meridianamente el porcentaje de retención a aplicar por parte de la firma solicitante del crédito.
Que, la firma en su apelación argumenta que la aclaración establecida por dicha Resolución General N° 12/09 con respecto a los porcentajes que deben retener los exportadores propiamente dichos y que además: hayan sido designados agentes de retención por la Resolución General N° 7/08 constituiría una irregularidad pues modifica el sentido de lo establecido por una norma superior, en este caso el Decreto N° 1164/08. En mi opinión y partiendo del análisis de las reglamentaciones tributarias citadas no encuentro que se haya vulnerado el sentido del decreto que regula las retenciones ya que en ausencia de la Resolución General N° 12/09, que aclara dicha situación, se presentaba una razonable duda del porcentaje de retención a aplicar, duda que fue disipada por dicha resolución general aclaratoria y para lo cual la Administración Tributaria posee facultades reglamentarias conforme a la Ley N° 125/91 Artículos 186 y 240 - Facultades de la Administración Tributaria y Agentes de retención y percepción respectivamente.
Que, por todos los antecedentes administrativos observados y en base a las normas legales analizadas, encuentro que la empresa tenía obligación de retener como exportador la totalidad del IVA y el régimen aplicable a quienes realizan exportaciones y hayan solicitado devolución de crédito en tal carácter, debía ascender al 100% del IVA de la operación de compra o adquisición de sus proveedores, conforme observo al realizar la concordancia e integración de la Ley N° 125/91 (texto actualizado) y su reglamentación correspondiente al caso como se resaltara en los parágrafos anteriores. Por lo que debo puntualizar que a mi criterio, en este caso se configura la previsión establecida en el penúltimo párrafo del Art. 240 de la Ley N° 125/91, artículo por el cual se determina la solidaridad en la responsabilidad del agente de retención, para este caso de la firma solicitante del crédito, que por las retenciones o parte de estas no efectuadas cuando debía hacerlo, posee responsabilidad solidaria sobre el IVA no ingresado por sus proveedores conforme a la expresa disposición de la ley tributaria al constituirse en agente de retención Que, en base a lo expresado es mi criterio que la apelación presentada por la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. debe prosperar, mas no en su totalidad, ya que a decir de la propia administración la empresa procedió a la retención del 30% en varios casos que debía retener 100%, por lo que no se puede negar en su totalidad la devolución de créditos si una parte de la retención fue cumplida conforme lo señala la propia Subsecretaría de Estado de Tributación y por otro lado tampoco puede concederse razón absoluta a la firma que solicita la totalidad del crédito en discusión pues omitió un porcentaje de la retención cuando estuvo obligada a retener el 100% del impuesto incluido en la operación. En síntesis, a efectos de otorgar equidad a la presente controversia y reiterando mi criterio en cuanto a la admisión parcial del recurso, el mismo debe prosperar en la misma relación que la solicitud del crédito cuestionado esté cubierto por la retención correspondiente. Por tanto, para otorgar la devolución la misma debe ser materializada conforme a las pretensiones de TALAVERA & ORTELLADO CONST S.A. supeditado al porcentaje de retenciones efectuadas por la misma e ingresadas en favor del sujeto activo de la Relación Jurídica Tributaria respecto a los proveedores señalados como omisos o inconsistentes.
Respecto a la siguiente cuestión, debo igualmente expedirme respecto a la apelación presentada por la Abogacía del Tesoro expresando agravios por la porción concedida por el Tribunal de Cuentas a la firma solicitante del crédito tributario en el marco del Acuerdo y Sentencia objeto del recurso, monto que asciende a G. 12.889.271 (Guaraníes Doce Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Uno). En este caso tenemos la figura inversa respecto a los sujetos intervinientes en la retención impositiva, específicamente en lo relacionado al ámbito subjetivo de la figura (agente de retención y sujeto retenido). Para el análisis a realizar, debo partir de la premisa que en este caso la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. actuaba como sujeto retenido y no como agente de retención. La firma solicitante del crédito es quien ha sido objeto de las retenciones soportando las mismas y sus clientes son los que han actuado como agentes de retención. Estos clientes del solicitante del crédito y que actuaron como agentes de retención en algunos casos no han ingresado al fisco tales retenciones efectuadas a la firma, razón por la cual la administración tributaria denegó esa porción de crédito tributario a la empresa, señalando que mal puede el estado reconocer cifras que no han sido ingresadas para su posterior devolución.
Que, a efectos de dilucidar la controversia objeto del recurso se toma pertinente establecer que los hechos concretos se centran en que la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. ha soportado retenciones y estas han sido ingresadas por los agentes de retención, por lo que cabe evaluar en primer término el carácter que poseen estas retenciones soportadas por la firma. Conforme a la Ley N° 125/91 se establece en su Art. 157 que “El pago es la prestación pecuniaria efectuada por los contribuyentes o por los responsables en cumplimiento de la obligación tributaria. Constituirá también pago, por parte del contribuyente, la percepción o retención en la fuente de los tributos previstos en la presente ley.”.En base a lo establecido en este artículo del plexo legal tributario, puede observarse que la ley le otorga categoría de pago a las retenciones de los tributos establecidos en la ley N° 125/91, por lo que a mi juicio si la propia ley le otorga a una retención soportada la categoría de pago, resulta lógico concluir que la obligación en carácter de pago de tributo por parte del contribuyente objeto de la retención fue cumplida por lo que si se producen saldos a favor en cuanto a las obligaciones del contribuyente que soportó retenciones y estos arrojan crédito fiscal se los puede, a mi juicio, considerar pagos en exceso y con acción de repetición por estos montos. Por otra parte, resulta menester además enmarcar el hecho en lo establecido en la ley tributaria con respecto a las retenciones, así el Art 240 de la Ley N° 125/91 en su apartado pertinente, penúltimo párrafo refiere, “...Efectuada la retención o percepción el agente es el único obligado ante el sujeto activo por el importe respectivo; si no la efectúa responderá solidariamente con el contribuyente, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada...”, por lo que en este caso cuando el agente de retención efectúo la retención correspondiente, esta retención para quien la soporta constituye una pago y el agente de retención queda como responsable sustituto en la relación jurídica tributaria por tal obligación. Por estas consideraciones, en este caso coincido con el fallo del tribunal inferior al conceder la razón a la empresa solicitante del crédito ya que desde el momento en que la retención constituye un pago para quien la soporta por expresa disposición de la ley, reitero que resulta lógico concluir que si se producen saldos en favor del sujeto pasivo por causa de esas retenciones estos constituyen pago en exceso con carácter de saldos financieros reclamables vía la acción de repetición, resultando irrelevante que el agente de retención haya o no ingresado el monto retenido y en donde la administración debería entablar reclamación en este caso a los agentes de retención que no hayan ingresado la obligación. Diferente resulta el caso en donde no se practiquen las retenciones, como en la cuestión anterior analizada, pero una vez realizada la misma el agente de retención es el único responsable por la obligación ante el fisco.
Que, en mi opinión debe rechazarse el recurso de apelación con respecto a la cuestión específica y relacionada a las fundamentaciones expresadas en los parágrafos precedentes referidos a las retenciones soportadas por la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. y que ascienden a G. 12.889.271 (Guaraníes Doce Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Uno) resultando como lógica consecuencia que la devolución debe prosperar en los mismos términos expresados en el Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Cuentas con respecto a este punto.
Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones vertidas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 177 de fecha 26 de noviembre del 2013 dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, debe ser confirmado en su parte resolutoria Art. 2° y revocado parcialmente con relación a la denegatoria de la devolución de saldos de los proveedores omisos e inconsistentes. Esta revocación parcial resulta de la lógica consecuencia de la admisión parcial del Recurso de Apelación interpuesto por la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A., debiéndose proceder a la devolución de los créditos solicitados por la firma apelante en la misma proporción en que la empresa haya realizado las retenciones correspondientes sobre los proveedores omisos o inconsistentes sobre los cuales se cimentó la denegatoria por parte del sujeto activo de la relación jurídica tributaria.
En cuanto a las costas, impuestas en la instancia inferior a la demandada conforme a lo dispuesto en la parte resolutiva de la Sentencia de marras, considero debe revocarse, por haber requerido el presente caso de interpretación de normas jurídicas, su reglamentación y aplicación de hechos y situaciones alegadas por ambas partes para su dilucidación, por lo que corresponde establecerlas en el orden causado en ambas instancias de conformidad a lo establecido en el art. 193 del C.P.C. en concordancia con el art. 203 inc. c). ES MI VOTO.
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO DR. MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: respecto al fondo de la cuestión, me adhiero al voto del Ministro preopinante por los mismos fundamentos. Ahora bien, en relación a las costas del juicio, las mismas deben ser impuestas al funcionario emisor del acto administrativo declarado irregular por el órgano judicial competente. En el presente proceso, el acto administrativo impugnado fue declarado nulo por el Tribunal de Cuentas y Confirmado por esta instancia, por lo que se configura su carácter de acto administrativo irregular y el Art. 106 de la Constitución Nacional, en lo pertinente, dispone que ”Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad, en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables...".
En efecto, cuando el acto administrativo se declara nulo por autoridad competente, es porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de regularidad del acto administrativo, por lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado. ES MI VOTO.
A SU TURNO, LA MINISTRA MIRYAM PEÑA CANDIA manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Preopinante, en todos sus términos y por los mismos fundamentos.
Asunción, 15 de febrero de 2.019
1- TENER por desistido los Recursos de Nulidad.
2- CONFIRMAR en su parte resolutiva el Artículo 2° del Acuerdo y Sentencia N° 177 de fecha 26 de noviembre del 2013 dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, por el cual se dispone la devolución de los créditos fiscales de Gs. 12.889.271, debiendo además adicionarse a la cantidad señalada los intereses o recargos y multas, acorde al Art. 223 de ese mismo cuerpo legal de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.
3- HACER LUGAR PARCIALMENTE, al Recurso de Apelación presentado por la firma TALAVERA & ORTELLADO CONST. S.A. contra el Acuerdo y Sentencia N° 177 de fecha 26 de noviembre del 2013 dictado por el Tribunal de Cuentas de Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.
4- IMPONER las costas en ambas instancias en el orden causado.
5- ANOTAR, y notificar.
Luis María Benítez R. Miembro

References: Resolución 
 Resolución 
in fine
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 2