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Timestamp: 2019-10-15 09:49:07+00:00

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﻿ Sentencia SL11233-2015 de agosto 26 de 2015
SENTENCIA SL11233-2015 DE 26 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:EL PRINCIPIO PROHIBITIVO DE LA REFORMATIO IN PEJUS NO SE VIOLA CUANDO EL TRIBUNAL MANTIENE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA PERO CON FUNDAMENTOS DIFERENTES DE LAS EXPUESTAS POR EL JUEZ DE PRIMER GRADO. LOS EVENTOS EN LOS QUE SÍ PROCEDE ESTA FIGURA PROCESAL SON: CUANDO EN LA PRIMERA INSTANCIA UNA DE LAS PARTES HAYA RESULTADO VENCIDA Y EN SEGUNDO GRADO SE PREDICA UN MAYOR AGRAVIO PARA EL APELANTE ÚNICO, QUE EL VENCIMIENTO HAYA SIDO PARCIAL, QUE SE AFECTE CON EL NUEVO FALLO A LA PARTE QUE HABÍA RESULTADO VICTORIOSA POR LA ANTERIOR O QUE SE IMPONGAN OBLIGACIONES AJENAS AL RECURSO O MÁS ALLÁ DE LAS QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA, PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA, ALEGATOS EN PRIMERA INSTANCIA, ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA, MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, DOBLE INSTANCIA, FALSA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTESTACIÓN AL INTERROGATORIO A INSTANCIA DE PARTE, PROHIBICIÓN DE MODIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL FALLO, MODIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL FALLO
Sentencia SL11233-2015 de agosto 26 de 2015
SL11233-2015
Radicación 42725
Pretende el recurrente, en síntesis, que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal segunda de casación, que fueron replicados y en seguida se estudian.
Acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente los artículos 18, 21 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo; 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 15 y 29 de la Constitución Política; y 83 de la Convención Colectiva de Trabajo.
En la demostración transcribe el censor cada una de las disposiciones relacionadas en la proposición jurídica, para aducir que el ad quem “da una interpretación diferente a la causal de terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador”, pues éste había invocado la prevista en el numeral 5º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y no la que encontró configurada el Tribunal; que si dentro del procedimiento disciplinario y, luego en el judicial, la demandada calificó la conducta cometida por el trabajador como inmoral, no podía el Tribunal encuadrarla en el numeral 6º del artículo 62 ibídem; que con este proceder el juez plural dejó de aplicar el principio de favorabilidad de que trata el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo; que el ad quem incurrió en una “extralimitación de las funciones que le habían sido asignadas”, pues la causal de despido en la que, estimó, había incurrido el trabajador, “no fue objeto de debate, pues no se planteó por parte de la demandada como base para justificar el despido del trabajador, con lo cual se excede la facultad que le otorga la norma materia de ataque, pues hace una interpretación que vulnera el derecho de defensa y contradicción que le asiste al actor”; que, con ello, se impidió que se aplicara justicia frente a los hechos que “fueron debatidos, controvertidos y probados en forma fehaciente por parte del actor, a quien se le endilgó el cometimiento de un hecho inmoral, que bien sostuvo el fallador de segunda instancia, nunca fue probado por parte de la empresa demandada”; que el colegiado excedió las facultades de que trata el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (extra y ultra petita), en la medida en que al confirmar la sentencia de primera instancia, “han desarrollado una interpretación no permitida en contra de los intereses del trabajador, pues durante la formulación de cargos por parte de la empresa, desarrollo del procedimiento administrativo; así como del mismo proceso judicial, la litis se centró en la ejecución o no de un acto inmoral que diera causa a un despido justificado de parte del empleador”; que, al proferir el fallo impugnado, el juez de apelaciones enmarcó la conducta del demandante “en una norma y en unos hechos que no fueron objeto de debate ni de controversia en materia probatoria, otorgando al empleador un derecho no pedido, ya que las excepciones propuestas, no fueron encaminadas a demostrar el desarrollo de la clase de conducta por la cual el juzgador de segunda instancia ratifica la emitida en primera instancia”; que la sentencia acusada es violatoria del artículo 15 de la Constitución Política, por cuanto el Tribunal no tuvo en cuenta que la demandada realizó actos que atentaron contra el derecho fundamental allí garantizado; que “la norma es clara en enunciar que toda prueba obtenida con violación de la misma es nula de pleno derecho, y en el libelo demandatorio (sic), como de apelación se fue claro en solicitar la revisión de la actuación desarrollada por la empresa, en cuanto a transgresión de este principio constitucional, y el juez de segunda instancia no acató a realizar la ponderación del mismo”; que, asimismo, la providencia acusada violó el artículo 29 de la Constitución Política, en atención a que no tuvo en cuenta que en los hechos de la demanda y en el recurso de apelación, se afirmó que hubo una transgresión a esta disposición, “sin que el juez de segunda instancia acatara a auscultar si efectivamente la empresa demandada realizó actos atentatorios contra el derecho fundamental contemplado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, pues se queda en el análisis de la forma mas no de fondo”; que el Tribunal no valoró adecuadamente la forma en que se desarrolló el procedimiento; que la sentencia acusada es violatoria de la cláusula 83 de la Convención Colectiva de Trabajo, “pues no le han dado aplicación al contenido de la misma, a pesar de reconocer que la enunciación realizada por la demandante (sic) no fue probada y en cuanto a que los mismos no podían ser calificados como inmorales”.
Argumenta la empresa opositora que el cargo incurre en el error técnico de acusar la violación de la Ley sustancial, por la causal segunda de casación, siendo que la adecuada para alegar tal infracción es la primera. Agrega que, en todo caso, la sentencia impugnada no hizo más gravosa la situación del demandante, pues confirmó la emitida por el juzgado de conocimiento.
Estima la Sala que le asiste razón a la oposición en cuanto afirma que, por la causal segunda de casación laboral, no es necesario acusar la sentencia de segunda instancia de haber violado normas sustanciales de alcance nacional. La transgresión de la ley sustancial constituye precisamente la causal primera de casación, como lo ha señalado esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 23 nov 2010, rad. 36895, cuando adoctrinó:
“Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia, o de aquélla en cuyo favor se surtió la consulta”, es la segunda causal de casación laboral, a voces del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964.
De tal suerte que la censura no tiene que indicar normas legales violadas ni el concepto de la violación. Este criterio aparece vertido en sentencia del 23 de abril de 1957, en la que esta Sala adoctrinó: “Tratándose de la causal segunda no procede la indicación de normas legales violadas ni el concepto en que lo fueron. Basta únicamente demostrar cuánto se hizo más gravosa la situación de la parte apelante (o de la parte en cuyo favor se surtió la consulta, agrega la Sala) con el fallo de segundo grado”.
Como se observa, para estructurar el ataque por la causal segunda de casación en materia laboral, no se requiere indicar ninguna norma sustancial de alcance nacional como violada, pues esta causal solo procede cuando el Tribunal viola la prohibición de la reforma en perjuicio, es decir, en aquellos casos en los que la sentencia contiene “decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta”.
De acuerdo con lo anterior y dado que en el cargo se denuncia la violación de normas sustanciales de alcance nacional, en aras de respuesta a los planteamientos del recurrente, la Corte entiende que el ataque se encuentra estructurado por la causal primera de casación, aunque equivocadamente se invocara la segunda.
Al estructurar su ataque sobre la base de que el ad quem hizo más gravosa la situación del actor como apelante único, el censor desvía el objeto de la controversia pues no se trata de determinar si la conducta cometida por el trabajador fue inmoral o no; sino que el debate consiste en establecer si los hechos cometidos por el actor constituyen justa causa de despido.
Así las cosas, es evidente que el censor no se ocupa de desvirtuar los pilares fundamentales de la sentencia impugnada, pues luego de dar por demostrado que el demandante había servido como intermediario entre uno de los proveedores de la demandada y un tercero, con el fin de que éste lavara una estibas que presentaban hongos, sin autorización de la empresa, el ad quem estimó que “con su actuación faltó a las obligaciones establecidas en los numerales 1º y 5º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo”, de modo que “la conducta desplegada por el actor encuadra en la descrita en el numeral 6º del Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo (…), con lo que se descarta que pueda calificarse tal hecho como inmoral porque las pruebas en realidad no acreditan la ocurrencia de una acción con esta connotación”.
Entonces, si las columnas argumentales atrás delineadas fueron las que sustentaron la decisión impugnada era, entonces, deber insoslayable del censor proceder a controvertirlas y derruirlas en su totalidad, pues, cada una de ellas sostienen la decisión.
Contrario al cumplimiento de tal carga procesal, la censura se ocupó de cuestionar únicamente el que la sentencia de segunda instancia hubiera hecho más gravosa la situación del único apelante, al estimar que el demandante había incurrido en una causal de despido diferente a la señalada por el a quo, lo que implica que se mantuvieran incólumes las reales razones que tuvo el ad quem para fundamentar su decisión, con lo cual el cargo deviene desestimable.
Sobre el deber del recurrente de desquiciar todos los fundamentos del fallo impugnado, es de recordar lo adoctrinado por la Corte en sentencia CSJ SL, 21 feb. 2011, rad. 43887, reiterado en sentencia CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 42288:
Es de reiterar, entonces, que para acusar a una sentencia de quebranto de la ley sustancial de alcance nacional mediante el recurso extraordinario, el recurrente debe determinar cuáles son los fundamentos, ya fácticos, ya jurídicos, que la soportan y, realizada esa auscultación, exponer la acusación mediante los cargos respectivos, por vía indirecta, en el primer caso, o por la directa, en el segundo; pero, en todo momento deberá cumplir con la obligación —insoslayable— de confrontar y derruir cada columna argumental del fallador que sostenga la decisión cuestionada porque, el omitir tal carga procesal, total o parcialmente, implicará que el fallo se sostendrá en lo no derribado, ante las presunciones de acierto y legalidad con que llega revestido al ámbito de la casación.
Es decir, el cuestionamiento de la legalidad del fallo recurrido debe, insoslayablemente, encauzarse hacia las motivaciones, fácticas, o jurídicas, expuestas por el sentenciador, pues, de no hacerse así, a nada conducirá el ataque dirigido hacia otros aspectos, por muy importantes que éstos sean.
Con arreglo al anterior criterio jurisprudencial, considera la Sala que el recurrente dejó libres de crítica los soportes fundamentales de la sentencia gravada, a saber: i) que el demandante incurrió en la causal de despido de que trata el numeral 6º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; ii) y que, previo al despido, la accionada respetó el procedimiento disciplinario previsto en la Convención Colectiva de Trabajo.
Ahora bien, el hecho de que el Tribunal hubiera encontrado que la conducta del demandante se encasillaba en una causal de despido distinta de la comisión de un acto inmoral, no significa que hubiera estimado que el despido del actor estaba justificado en hechos diferentes de los endilgados por la demandada y, con ello, desbordado su ámbito de competencia. Así se afirma por cuanto de vieja data esta Corporación ha adoctrinado que el empleador cumple con expresar los hechos en que se funda el despido, sin que deba indicar en qué causal específica encuadran tales hechos, pues esta es labor del juez.
En este sentido se pronunció la Sala, en sentencia CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 30774, en la que reiteró lo adoctrinado en la CSJ SL, 25 oct 1994, rad. 6847, cuando dijo:
“c) Manifestando el hecho pero calificándolo jurídicamente o mencionando las normas jurídicas que lo respalden como causal de terminación. Y para esta hipótesis es importante aclarar que cualquier clase de error en la calificación jurídica o en la invocación de los textos de respaldo no invalida la justa causa.
“En todo caso lo que importa es que la parte afectada se entere del hecho justificante, sin que constituya requisito el que se le informe acerca de las normas legales, convencionales o reglamentarias que puedan respaldar la causa invocada y menos aún que se señalen con precisión o en forma exhaustiva.
“Es que tal exigencia no se compadecería con la índole de las relaciones laborales, en desarrollo de las cuales muchas veces los contratantes y principalmente el trabajador carecen de asesoría competente o de información jurídica oportuna y suficiente. Desde luego, se reitera que no hay óbice para que el contratante que decide la desvinculación califique jurídicamente el hecho o circunstancias invocadas, pero si se equivoca al hacerlo, si su calificación es precaria o si no menciona todas las normas de respaldo, no se hace nugatoria la justificante pues lo que interesa es su claridad en el aspecto fáctico. De otra parte si el asunto se somete al escrutinio judicial, compete al juez del conocimiento efectuar sin limitaciones la confrontación jurídica que corresponda”.
Como se observa, es al juez y no a las partes a quien compete realizar la adecuación típica de una determinada conducta que sea considerada por el empleador como justa causa de despido, por lo que no se vulnera el debido proceso del demandante si el Tribunal estima que los hechos que motivaron la terminación del contrato de trabajo encuadran en una causal de despido diferente de la que encontró configurada el juez de primera instancia. Cosa diferente es que el superior encuentre justificada la terminación unilateral del contrato con fundamento en unos hechos diferentes a los aducidos por el empleador, lo que acá no sucedió.
Afirma el censor que “La sentencia impugnada esta (sic) enmarcada dentro de la causal segunda de casación que corresponde al principio prohibitivo de la reformatio in pejus”.
En la demostración, transcribe el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para afirmar que la sentencia acusada violó la prohibición de la reforma en perjuicio, en atención a que la decisión de primera instancia fue totalmente desfavorable para los intereses del trabajador; que como el actor fue el único apelante, el estudio del Tribunal únicamente debía circunscribirse a determinar si el fallo de primer grado debía confirmarse o revocarse, decisión ésta que “en su parte motiva, refrendó lo enunciado por parte de la demandada Cristalería Peldar S.A. a través de su apoderado judicial, al momento de dar contestación a la demanda sin que propusiere ninguna otra excepción diferente a las presentadas al momento de contestación, al descorrer la reforma de demanda”; que el a quo consideró que la conducta del demandante se enmarcaba en lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, actos inmorales y contrarios a la lealtad con la empresa, de manera que erró el juez colegiado al determinar que si bien el comportamiento del trabajador no podía calificarse como inmoral, sí se había configurado una causal de despido; que “la motivación tomada para la confirmación de la sentencia de primera instancia fue sobre bases diferentes a las expresadas, debatidas y discutidas tanto en el transcurso del proceso disciplinario, como del mismo proceso judicial, ya que en todo instante dentro de dichas actuaciones el eje de debate versó sobre si las razones expresadas por el empleador para la terminación unilateral del contrato eran válidas o no, siendo otras diferentes al endilgamiento (sic) del desarrollo de una conducta que buscaba provecho económico del trabajador con base en el desarrollo de las labores ejecutadas por éste, y así lo declaró el juzgador de primera instancia en la parte motiva y resolutiva al momento de la expedición de la sentencia, que resultare adversa al actor”; que al refrendar la sentencia de primera instancia, bajo la consideración de que el demandante había incurrido en una causal de despido diferente de la comisión de un hecho inmoral, el ad quem “cambia totalmente el sentido del debate, al dar una calificación nueva de justificación para la terminación unilateral del contrato por parte de la empresa, causal que no pudo ser controvertida por el actor, en ninguna de las instancias establecidas ni administrativa ni judicialmente”.
Insiste el recurrente en que la situación del actor se vio afectada con la sentencia de segundo grado, pues las pruebas y los alegatos estuvieron encaminados a demostrar la inexistencia de la endilgada extralimitación de funciones del trabajador y ya no tiene oportunidad de debatir ni de presentar pruebas para controvertir esta nueva causal de terminación del contrato que encontró demostrada el Tribunal, de manera que si éste consideraba que no se había probado la causal de despido invocada por la empresa y avalada por el juzgado de conocimiento, es decir, la comisión de una conducta inmoral, no era procedente confirmar el fallo apelado con el argumento de que el demandante había cometido una falta que nunca fue aducida ni debatida dentro del proceso.
Señala que el censor incurre en el error de hacer referencias fácticas y probatorias, ajenas a la causal de casación escogida para el ataque; que es evidente que la sentencia de segunda instancia no le hizo más gravosa la situación al demandante, pues sencillamente confirmó la proferida en primera instancia. En su apoyo reproduce un pasaje de la sentencia CSJ SL, 6 mar 2007, rad. 30400. Agrega que, en todo caso, la empresa sí expresó de manera clara y precisa los motivos por los cuales daba por terminado unilateralmente el contrato de trabajo del actor, no siendo necesario “señalar de manera precisa una u otra u otra (sic) de las normas de fundamento, en especial por cuanto la adecuación jurídica le corresponde al juzgador”; que si el juez de apelaciones encontró que existía otra justa causa adicional a la alegada por la compañía, que se identificaba con los motivos que le adujo al demandante, no violó el principio de la reformatio in pejus, ya que simplemente confirmó la decisión de primera instancia pero con motivaciones adicionales. En su respaldo reproduce apartes de las sentencias CSJ SL, 16 sep. 2001, rad. 16152 y CSJ SL, 28 oct. 2008, que no identifica con número de radicado.
Tal como lo advierte el mismo impugnante, la decisión del ad quem confirmó la absolución impartida por el a quo, de modo que no se alteró la sentencia absolutoria de las pretensiones incoadas por el demandante. El hecho de que las consideraciones de uno y otro juzgador sean distintas, no implica una reforma en perjuicio del único apelante pues, en últimas, se refrendó la decisión de primer grado.
Es por ello que la sentencia de segunda instancia no introdujo variación alguna a lo decidido por el inferior en la providencia revisada, porque, aunque concluyó que la conducta cometida por el trabajador no podía catalogarse como inmoral, confirmó la absolución, por lo que mal podría afirmarse que hubo una reforma en perjuicio, puesto que el Tribunal llegó a la misma conclusión del juzgado, pero con motivaciones jurídicas y fácticas distintas.
En efecto, esta Corporación ha estimado que no se viola la reforma en perjuicio cuando el Tribunal mantiene la decisión de primera instancia, pero con motivaciones diferentes de las expuestas por el juez de primer grado, tal como lo dijo en sentencia CSJ SL, 10 mayo 2011, rad. 36895, cuando explicó:
En suma, además de requerirse que en la primera instancia una de las partes haya resultado vencida, se exige para predicarse de la de segundo grado un mayor agravio que el apelante sea único, que el vencimiento haya sido parcial y que a éste, o se le afecte por el nuevo fallo la parte en que había resultado victorioso por el anterior, o se le impongan obligaciones ajenas al recurso o más allá de las que la sentencia de primera instancia previó. De donde es equivocado predicar la figura procesal de la reformatio in pejus cuando la sentencia de segundo grado es meramente confirmatoria de la absolutoria de primer grado, como aquí ocurrió. También es desacertado predicar tal clase de perjuicio cuando las motivaciones que tuvo en cuenta el Tribunal para confirmar la sentencia absolutoria de primer grado son distintas a las de su inferior, habida consideración, se repite, de que, a la par de que éstas no obligan al juzgador de segunda instancia por no estar firmes en virtud de la misma apelación, y de que el demandado no es quien estaría llamado a cuestionarlas por el resultado favorable de la decisión, la competencia funcional del superior por razón de la autonomía judicial está limitada a las resoluciones o decisiones adoptadas por el juez a quo que son materia de la apelación (resaltado fuera del texto).
De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que el hecho de que el Tribunal hubiera estimado que los hechos cometidos por el demandante se encuadraban en la causal de despido de que trata el numeral 6º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y no en la prevista en el numeral 5º de dicha disposición, como lo consideró el juez, no implica la violación de la prohibición de la reforma en perjuicio.
De otra parte, cumple anotar que no es cierto que el ad quem hubiera estimado que el despido del actor estaba justificado en hechos diferentes de los endilgados por la demandada, sino que simplemente concibió que tales hechos encuadraban en una causal de despido diferente de la que encontró configurada el juez de primera instancia, de modo que no es cierta la afirmación de la censura en cuanto sostiene que la sentencia del Tribunal se adoptó “sobre bases diferentes a las expresadas, debatidas y discutidas tanto en el transcurso del proceso disciplinario, como del mismo proceso judicial”, pues el colegiado avaló las conclusiones fácticas a las que había llegado la juez de primera instancia, sobre la comisión de la conducta endilgada al demandante, solo que dedujo que esta no podía calificarse como inmoral, sino que constituía una violación grave de las obligaciones que incumbían al trabajador, por lo que no es de recibo el argumento del recurrente sobre que el Tribunal cambió “totalmente el sentido del debate”.
Se concluye, entonces, que no se demostró que el Tribunal hubiera hecho más gravosa la situación del demandante, que fue la única parte que apeló la sentencia de primer grado, de manera que no se presentó la violación del principio de la reformatio in pejus pregonada por el censor, por lo que no se configuró la causal segunda de casación invocada.
Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Se fijan las agencias en derecho en $ 3’250.000.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LEANDRO ANTONIO SÁNCHEZ VIRVIESCAS contra CRISTALERÍA PELDAR S.A.

References: artículo 62
 artículo 62
 artículo 21
 artículo 50
 artículo 15
 artículo 29
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 artículo 87
 artículo 58
 Artículo 62
 artículo 62
 artículo 69
 artículo 62
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