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Timestamp: 2019-06-17 23:59:19+00:00

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Expediente nº 13731/28 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Originarios, 23 de Noviembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 671821565
Expediente nº 13731/28 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Originarios, 23 de Noviembre de 2016
E.. nº 13731/16 "Ministerio Público - Fiscalía General de la CABA c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad"
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016.
El F. General (cfr. Resolución FG n° 216/2015) y el F. General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y T. de la Ciudad de Buenos Aires interponen la acción prevista en el art. 113 inc. 2° de la Constitución local y en la ley 402 con el objeto de que se declare la invalidez constitucional y la pérdida de vigencia del artículo 17 del Anexo I del decreto n° 394/GCBA/2013 que dispone: "El cargo de Director Técnico de una empresa de servicios de seguridad privada podrá ejercerse en forma simultánea en un máximo de tres (3) empresas habilitadas conforme la Ley Nº 1913, sean estas personas físicas o jurídicas" (fs. 7/26).
En su presentación, alegan que la norma impugnada vulnera los principios de legalidad y razonabilidad de la reglamentación (artículos 19 y 28 de la Constitución Nacional y 10, 80 y 102 de la Constitución de la Ciudad) y los derechos a trabajar y a ejercer industria lícita (arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional).
Aducen que la ley nº 1913 -que regula la prestación de servicios de seguridad privada, vigilancia, serenos, custodias y seguridad de personas y/o bienes- no establece ninguna limitación respecto del número de empresas en las que el Director Técnico puede desempeñarse, sino que sólo exige que sea idóneo y prohíbe expresamente que revista en situación activa en cualquier fuerza armada, de seguridad o policial (artículos 17 y 5 inc. I, ley n° 1913).
Los accionantes describen los requisitos y funciones de los directores técnicos prescriptos en los artículos 17, 18 y 19 de la citada ley y sostienen que el carácter de sus funciones es, en esencia, de tipo formal o administrativo, por lo que señalan que no se advierte la conexión con la limitación dispuesta en la norma atacada.
P. también que configura un requisito adicional para acceder a la habilitación de la actividad de la empresa prestadora de servicios de seguridad privada "pues les impide elegir al director técnico de seguridad que consideren más idóneo, si éste presta funciones para otras tres empresas" (fs. 24).
Concluyen que la limitación de la cantidad de empresas en las que el Director Técnico puede prestar servicios desnaturaliza el concepto de idoneidad previsto en el artículo 5 de la ley n° 1913, constituye una limitación al derecho constitucional de trabajar y ejercer industria lícita no justificada e irrazonable y por lo tanto configura un exceso reglamentario del Poder Ejecutivo.
Las juezas A.M.C. e I.M.W. dijeron:
El titular del Ministerio Público Fiscal está legitimado para interponer la demanda de inconstitucionalidad de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18 inciso 4° de la ley nº 402, sin embargo, debido a los defectos de fundamentación que presenta (cf. art. 19, inc. 2°, del mismo cuerpo legal), tal como seguidamente expondremos, la acción intentada es inadmisible.
Cabe recordar que el Tribunal desde sus primeros pronunciamientos ha señalado que "es un requisito esencial del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad que quien la inicia precise con claridad cuáles son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad, y cuáles son los preceptos y principios constitucionales, con los que las primeras entran en colisión. También es ineludible que explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad (in re, "Massalin Particulares SA c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, resolución del 5 de mayo de 1999, Constitución y Justicia, Fallos del TSJBA, T I, ps. 56 y ss., Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires).
En el mismo sentido, se ha puesto de resalto que para evaluar la admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad debe especificarse cuál es la relación directa que existe entre las normas que son impugnadas y los principios constitucionales que son invocados ( "Alegre Pavimentos SACICAFI c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 366/00, resolución del 20/6/00).
La norma cuestionada en autos es el artículo 17 del Anexo I del decreto n° 394/GCBA/13 que impide al Director Técnico de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada - el art. 6 inciso f de la ley 1913 establece como requisito de cumplimiento obligatorio para los prestadores con autorización para contratar personal designar un Director Técnico- ejercer el cargo en forma simultánea en más de tres empresas habilitadas, sean estas personas físicas o jurídicas.
Se trata de una norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, con lo que, en este punto, se cumple con el requisito exigido por el art. 19, inc. 2 de la ley n° 402.
El fundamento de la pretensión de invalidez de la disposición impugnada es, en...

References: Resolución 
 artículo 17
 artículo 5
 resolución 
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 artículo 17