Source: https://www.nuevacanariassantalucia.org/2018/06/
Timestamp: 2020-01-27 05:57:07+00:00

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junio 2018 – Nueva Canarias Santalucía
Tibicena, que gestiona La Fortaleza, recibe certificado de calidad
22 junio, 2018 /en Noticias, Noticias destacatas /por Antonio Ruiz
En el marco del yacimiento de La Fortaleza, en el barranco de Santa Lucía, la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio S.L. ha recibido el documento que le acredita con el sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001, respecto a su servicio de consultoría patrimonial (Arqueología), servicio de conservación del patrimonio arqueológico, musealización patrimonial y divulgación científica e histórica.
«Se eligió este lugar», explica su máximo responsable, Marco Antonio Moreno Benítez, «porque representa los tres ámbitos en los que nos hemos certificado, la arqueología, tiene un museo y también se atiende al público».
«Conseguir esta acreditación de calidad», manifestó Marco Antonio Moreno, «nos sirve para que las instituciones y las grandes empresas puedan confiar en nuestra empresa con todas las garantías ya que hemos pasado por un exhaustivo control y, por tanto, nos hace mucho más competitivos». «Somos la primera empresa en Canarias que consigue esta acreditación en estos ámbitos concretos de actuación y nos sentimos muy orgullosos de haberlo conseguido».
Tibicena Arqueología y Patrimonio S.L. inició su actividad profesional en el año 2001. «Desde entonces», explica, «nuestro objetivo fundamental ha sido el desarrollo de trabajos de calidad basados en una óptima gestión de los variados recursos que nos ofrece el patrimonio cultural». «Esta labor ha conllevado también una importante labor de formación, investigación y desarrollo, de forma que hemos ido incorporando profesionales de distintos ámbitos, lo que en la actualidad nos ha permitido contar con un equipo multidisciplinar que nos permite acometer cualquier tipo de proyecto dentro del ámbito del patrimonio cultural».
En este análisis de su labor, el responsable de la empresa destaca también el uso de las nuevas tecnologías «cuya incorporación favorece no sólo la agilización de los trabajos sino también el establecimiento de unas bases más sólida sobre las que conservar, investigar y divulgar los valores que atesoran nuestros bienes culturales; esta acreditación es parte de este camino».
El director de AENOR, José Luis Mataix, destacó que “el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad de AENOR basado en la norma internacional ISO 9001 es la herramienta de gestión de la calidad más extendida en el mundo, con más de un millón de certificados en 201 países”. Según Mataix “sus ventajas son tres, fundamentalmente, mejora los procesos y elimina los costes —incluidos los directamente monetarios— de la ‘no calidad’; logra una mayor implicación de los profesionales al conseguir el trabajo bien hecho y de forma sostenible y, además, conlleva una mayor convicción en la transmisión del compromiso con la calidad a todos los públicos de una organización”.
En el acto participaron también la alcaldesa del municipio, Dunia González, la directora general de Promoción Cultural del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno y el consejero de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz.
La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González felicitó a Tibicena Arqueología y Patrimonio SL, que gestiona el Centro de Interpretación y el yacimiento de La Fortaleza, “por ser la primera empresa de arqueología de Canarias que recibe la certificación de calidad ISO 9001 de AENOR”.
La primera edil santaluceña destacó que “este reconocimiento demuestra que el trabajo de Tibicena a favor del patrimonio, en la investigación, la divulgación científica y en la gestión de este Centro de Interpretación de La Fortaleza tiene toda la garantía de que es un trabajo de calidad, y esto se ha demostrado porque los los miles de visitantes que han estado en este centro desde que lo abrimos”, al tiempo que agradeció al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno canario “el apoyo que han dado tanto a Tibicena como al Centro de Interpretación de la Fortaleza” .
La Fortaleza Centro de Interpretación
Imágenes aéreas de La Fortaleza (Santa Lucía, Gran Canaria) y de los trabajos arqueológicos en la cima
http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2018/06/Fortalz.jpg 476 1145 Antonio Ruiz http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2016/11/Logo_WEB3.png Antonio Ruiz2018-06-22 17:51:352018-06-22 17:55:01Tibicena, que gestiona La Fortaleza, recibe certificado de calidad
NC propone una Renta Básica Canaria
19 junio, 2018 /en Noticias, Noticias destacatas /por Antonio Ruiz
Nueva Canarias (NC) sostiene que los beneficiarios de la renta básica canaria pueden alcanzar al inicio a más de 50.000 canarios, incluidas las personas con pensiones no contributivas, las que están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y los trabajadores que tampoco pueden cubrir los gastos básicos para vivir con dignidad. Los nacionalistas de izquierdas han presentado esta iniciativa en el Parlamento dotada en su primera fase implantación con 200 millones de euros, de los que 30 millones de euros provienen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.
El portavoz adjunto del grupo de NC, Luis Campos, ha incluido la creación de esta iniciativa entre las 62 propuestas de mejora del Proyecto de Ley (PL) de los Servicios Sociales, que mañana comienzan a trabajarse en ponencia. La renta básica de garantía de ingresos, en opinión de Luis Campos, debe ser una de las prestaciones a desarrollar a través de esta nueva norma y la base del plan de lucha contra la pobreza, cuya puesta en marcha no debe prolongarse más allá de los seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
La renta básica canaria puede alcanzar a los 12.000 beneficiarios actuales de la Prestación de Inserción (PCI), a las más de 40.000 personas con pensiones no contributivas, a las personas y familias en riesgo de pobreza y a los trabajadores, que tampoco pueden garantizar con su sueldo los ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos para tener unas condiciones de vida dignas.
Para «complementar, integrar y dignificar» al 44,6% de canarios en riesgo de exlusión social, los nacionalistas de izquierdas plantean que se usen los 30 millones de euros conseguidos en los PGE de 2018 para combatir la pobreza más otros 170 millones de euros provenientes de los fondos de la PCI, otras políticas de empleo social y una modificación fiscal basada en la progresividad, como ya se planteó en la tramitación de los presupuestos canarios de 2018.
http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2018/01/Captura-de-pantalla-2018-01-31-a-las-20.16.11.jpg 510 514 Antonio Ruiz http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2016/11/Logo_WEB3.png Antonio Ruiz2018-06-19 22:45:242018-06-19 22:45:24NC propone una Renta Básica Canaria
Las enmiendas de NC al Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias
El Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 125 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta las siguientes Enmiendas al Texto Articulado del Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias (9L/PL-0010), de la 1 a la 62, ambas inclusive
En Canarias a 7 de mayo de 2018
Portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias
Se propone añadir al final del párrafo octavo el siguiente texto en negrita: “…Igualmente se tendrán en cuenta los principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ya que ha regulado las condiciones que garantizan el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad, subrayando la necesidad del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad esencial a la condición humana; proclamando su autonomía e independencia individual así como su derecho a decidir por sí mismas, y destacando la necesidad de actuar sobre los diferentes entornos a través del principio de accesibilidad universal.
Esta orientación implica un cambio fundamental de las políticas públicas, que han de dirigir sus objetivos a lograr la accesibilidad universal, proporcionando los apoyos necesarios para alcanzarla con criterios de equidad y sostenibilidad a fin de avanzar hacia la vida independiente y hacia una sociedad plenamente inclusiva. Paralelamente, también supone otorgar el protagonismo a las personas con discapacidad en el libre desarrollo de su personalidad y en la toma de decisiones sobre todos los aspectos de su vida, así como en la configuración de una sociedad inclusiva. En este sentido, es preciso establecer mecanismo para su incorporación efectiva en los procesos de toma de decisiones que afecten a sus derechos.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 102 y 96 de la Constitución Española, en cuanto Tratado Internacional de derechos humanos, la Convención forma parte del ordenamiento jurídico y por tanto, es obligación de los poderes públicos contribuir a la efectividad de los derechos y valores que representa. La Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, refuerza dicha obligatoriedad, estableciendo que son de aplicación directa y, tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben adoptar las medidas para su ejecución dentro de su ámbito competencial.
Destaca del articulado de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, su artículo 12, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y por tanto tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y que para ello se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a los apoyos que puedan necesitar en el ejercicio de sus capacidad. Es decir, se cambie al modelo de sustitución en la toma de decisiones de la persona con discapacidad por un modelo de apoyo o complemento para que la misma pueda adoptar sus propias decisiones.
Complementar el marco normativo que inspira el contenido de esta ley.
Se propone añadir entre el antepenúltimo y penúltimo párrafo del Apartado I de la Exposición de Motivos el siguiente texto en negrita:
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación. En particular define la “Vida independiente” como “la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad” (Art. 2.h).
Añadir entre los párrafos ocho y nueve del Apartado II de la Exposición de Motivos el siguiente texto en negrita:
La realidad de Canarias ha sido objeto de importantes cambios desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de 1987. En los últimos años se han generado procesos sociales y económicos que han transformado la fisionomía de nuestra comunidad, planteando nuevos retos y haciendo aflorar nuevas situaciones de necesidad y de desigualdad. El crecimiento del desempleo, el envejecimiento de la población, la diversidad de las familias y los núcleos de convivencia, las nuevas bolsas de pobreza, el riesgo de desigualdades personales, colectivas y territoriales, las situaciones de dependencia que viven muchas personas y la complejidad que supone para las familias, y los cambios en el mercado laboral son algunos ejemplos de ello.
La dinámica del cambio social ha puesto de manifiesto las carencias en el Sistema de Servicios Sociales en cuanto a la definición conceptual y configuración, a su ordenamiento, estructuración y financiación, a la tipificación de prestaciones, a la delimitación de competencias y a la necesaria coordinación de todos los agentes implicados.
Complementar la justificación de la necesidad de la nueva Ley de Servicios Sociales.
De supresión Exposición de motivos
Se propone la supresión en el párrafo 10 del Apartado II de la Exposición de motivos el siguiente texto en negrita (último inciso):
(…) al menos a sus servicios esenciales y prestaciones económicas garantizadas.
La ley debe garantizar que todo el Sistema Público de Servicios Sociales es un derecho subjetivo (al igual que lo son otros sistemas). Según este párrafo no todas las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales son consideradas de derecho subjetivo, sólo aquellas que el proyecto de ley determina como esenciales. Esto es una forma de no garantizar servicios que actualmente requiere la ciudadanía.
Se propone la supresión en el párrafo 11 del Apartado II de la Exposición de motivos, del siguiente texto en negrita:
(..) lo que eliminará el carácter asistencialista de los servicios sociales, tal como ha venido configurado en nuestra Ley de Servicios Sociales de 1987.
La afirmación realizada en el Título Preliminar en relación a la ley de 1987, no se ajusta a la realidad de la misma. Es necesario clarificar que el asistencialismo no venía configurado en la ley de 1987. Más aún, la misma sentó las bases para la prevención, la promoción y el desarrollo comunitario desde los Servicios Sociales. No ha sido la concepción de la normativa sino su práctica en estos años la que ha sido asistencialista, en algunos casos, sobre todo por no tener la suficiencia presupuestaria que requería.
Se propone que se reconozca públicamente y en el cuerpo de la nueva Ley, el valor normativo y de estructuración de los Servicios Sociales que supuso la Ley 9/87, asignándole el mérito que le corresponde tanto como por primera Ley, como por lo avanzada que ha sido, pese a no haberse desarrollado íntegramente
Añadir entre los párrafos quinto y sexto del Apartado III de la Exposición de Motivos el siguiente texto en negrita:
La nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias define el conseguir mayores cotas de bienestar para la ciudadanía canaria mediante un esfuerzo continuado y constante en mejorar la calidad de los servicios sociales. Con este fin, se prevé el establecimiento de estándares y criterios de calidad, refuerzo de la formación de los profesionales y encomienda a las administraciones públicas las funciones de inspección y control del sistema.
La situación actual de los servicios sociales en Canarias se caracteriza por la debilidad del sistema, muy relacionada con la falta de presupuesto, que lleva a una precariedad en la atención. Por consiguiente, se configura un sistema de servicios sociales con grandes diferencias en la dotación de recursos en los ámbitos territoriales y sectoriales. El resultado de todo esto es que hay grandes diferencias en el acceso y en la prestación de los servicios sociales en Canarias. La nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias apuesta claramente por la planificación, para conseguir actuaciones ordenadas y coordinadas que permitan llevar a cabo políticas realmente eficaces y eficientes. Asimismo, también lo hace por la participación cívica, considerando que son los diferentes agentes sociales, las personas usuarias de los servicios y la población en general, los que mejor pueden transmitir las necesidades sociales, y reconoce la pluralidad de los agentes que convergen en la provisión de los servicios, aunque sin olvidar la responsabilidad pública para garantizar prestaciones a la ciudadanía, y dentro de este reconocimiento, la importancia de las entidades sociales representativas de los diferentes colectivos a los cuales se dirige la presente Ley.
Por último, destacar que la ley pretende dar un giro cualitativo a la mejora de la calidad de los servicios, introduciendo evaluaciones de los servicios con indicadores objetivos que permitan medir no sólo aspectos materiales y funcionales, sino también los relativos a las satisfacción de las personas usuarias.
De modificación. Exposición de motivos
Se propone la modificación del cuarto párrafo del Apartado IV de la Exposición de Motivos que quedaría redactado en los siguientes términos:
El Título II regula la organización del Sistema público de servicios sociales. El capítulo I establece los diferentes servicios que lo conforman diferenciando entre servicios esenciales básicos o específicos y servicios sociales especializados, así como las funciones atribuidas a cada uno de ellos. En el capítulo II se define la estructuración del Sistema público en cuanto a las prestaciones de servicio, tecnológicas y económicas, y el acceso a dichas prestaciones. En el capítulo III se detallan las prestaciones esenciales y las prestaciones económicas garantizadas y por último, se dedica el capítulo IV a la regulación de la cartera de servicios y el catálogo de prestaciones.
Se complementa la información contenida en dicho Título por las enmiendas presentadas.
De modificación Exposición de motivos
Se modifica el séptimo párrafo del Apartado IV de la Exposición de Motivos que quedaría redactado en los siguientes términos:
El Título V se dedica la calidad del Sistema público de servicios sociales, sin duda otra de las principales aportaciones de la presente ley, al carecer la Comunidad Autónoma de Canarias en estos momentos de una regulación en este sentido. El capítulo I establece las medidas para garantizar la calidad de los servicios, actividades y prestaciones. El capítulo II se dedica al plan estratégico de calidad. El capítulo III está dedicado a otro de los aspectos vinculados con la mejora de la eficacia y calidad del sistema de los servicios sociales, estableciendo acciones destinadas a la investigación e innovación. El capítulo IV regula el régimen de inspección y evaluación de las entidades y establecimientos de los servicios sociales.
Se adapta al contenido actualizado de dicho Título.
Se propone añadir en el decimotercer párrafo del Apartado IV de la Exposición de Motivo el siguiente texto en negrita:
Finalmente, la Ley establece varias disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Las adicionales tratan de las políticas de inclusión activa y contra la pobreza para promover mercados de trabajo inclusivos; la regulación específica del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia; el régimen peculiar del manejo de los datos de carácter personal en el ámbito de los servicios sociales; la gestión de la red de las escuelas infantiles adscritas a la Consejería con competencias en materia de infancia y familia; el primer diagnóstico del Observatorio Canario de los Servicios Sociales; asimismo, la culminación del proceso de transferencias de competencias en materia de servicios sociales a los cabildos insulares; el momento de exigibilidad de las prestaciones garantizadas fijando el plazo para aprobar la primera Cartera de servicios y de prestaciones económicas del Sistema público de servicios sociales de Canarias, entre otras. Dos disposiciones transitorias se ocupan del régimen transitorio de las disposiciones vigentes de carácter reglamentario. Las disposiciones finales tratan de las cláusulas sociales en la contratación pública para las empresas de economía social; los títulos jurídicos competenciales del Estatuto de Autonomía de Canarias en que se apoya la aprobación de esta Ley; los desarrollos reglamentarios específicos sometidos a plazo; las habilitaciones precisas para el desarrollo y ejecución de la Ley, y la entrada en vigor, con una “vacatio legis” de dos meses desde que se produzca su publicación oficial
Se actualiza con las disposiciones derogatorias incorporadas al Proyecto de Ley.
Se propone añadir un punto 5 en el presente artículo con el siguiente texto en negrita:
5. También es objeto de esta Ley ordenar, organizar y desarrollar un Sistema Público de servicios sociales y establecer los mecanismos de coordinación y de trabajo en red de todas las Administraciones Públicas integradas en el mismo, articulando la relación de dicho sistema público con el resto de las áreas de la política social.
Se explicita el importante papel de coordinación y trabajo en red que debe regir nuestro sistema de servicios sociales en Canarias.
Se propone añadir un punto 8 en el presente artículo con el siguiente texto en negrita:
8. El acceso a las prestaciones esenciales del Sistema Público de Servicios Sociales se configura como un derecho subjetivo, reclamable en vía administrativa y jurisdiccional, quedando su ejercicio sujeto a las condiciones y requisitos específicos que se establezcan en la normativa reguladora de cada una de las prestaciones.
Se especifica el reconocimiento de derecho subjetivo, elemento esencial en esta Ley.
Se propone la modificación del el punto 5 del Artículo 2 que quedaría redactado en los siguientes términos:
5. Los servicios sociales se dirigen especialmente a prevenir las situaciones de riesgo, a compensar los déficits de apoyo social y económico de situaciones de exclusión social, vulnerabilidad, desprotección, desamparo, discapacidad y de dependencia, y a promover apoyos y oportunidades que faciliten la inclusión social de las personas, desde una perspectiva integral y participada.
Necesidad de ampliar conceptos no contemplados en el texto original, así como actualizar terminología más apropiada en el marco de la presente Ley.
Se propone añadir los puntos 19 a 29, del presente artículo, con los siguientes textos:
19. Discapacidad: es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad.
20. Capacidad: concepto único e indivisible de capacidad de obrar y capacidad jurídica de acuerdo con el artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que reconoce la capacidad de todas las personas en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida, entendiendo que esta noción engloba tanto la de derechos y obligaciones como la posibilidad de ejercicio de los mismos.
21. Atención integral: los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena en todos los ámbitos de la vida.
22. Igualdad de oportunidades: la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.
23. Inclusión social: el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.
24. Participación ciudadana: Como la capacidad que tiene la sociedad organizada de intervenir en las políticas públicas interactuando con la Administración para el establecimiento del proceso de toma de decisión y ejecución de planes o servicios, en beneficio de la población y usuarios; considerando que la solución de los problemas sociales no corresponde únicamente a la administración pública, sino al conjunto de agentes que forman parte de la sociedad.
25. Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
26. Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad y/o dependencia ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad y elección de su proyecto de vida.
27. Atención integral centrada en la persona: es la que se dirige a la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva en todos los planos de su vida.
28. Sistema de apoyos: es el conjunto de recursos, estrategias y oportunidades que promueven los intereses y metas de las personas que les posibilita el acceso a servicios, información y relaciones en entornos inclusivos y da lugar tanto a un incremento de su autonomía, independencia e inclusión comunitaria como a un aumento de su desarrollo y crecimiento personal.
29. Apoyo Activo: es una metodología de trabajo que tiene como objetivo que las personas con discapacidad o con dependencia aumenten su participación en actividades cotidianas de forma que vivan experiencias significativas. El apoyo activo implica escuchar y apoyar a una persona cómo quiere vivir su vida en la actualidad y en el futuro y proveer apoyo para aumentar su participación, elecciones y control sobre sus propias vidas. Es una forma de implementar los enfoques de trabajo centrados en la persona, el apoyo conductual positivo y la comunicación con personas de una manera que promueva su participación.
Necesidad de incorporar definiciones esenciales en el marco de la nueva Ley de Servicios Sociales.
Se propone modificar el apartado ñ) del Artículo 4 que ​quedaría redactado en los siguientes términos:
ñ) Garantizar el ejercicio de la capacidad de las personas en situación de vulnerabilidad cuando su capacidad ha sido modificada judicialmente, estableciendo programas de apoyo en las áreas en los que sea necesario por instituciones u organizaciones de tutela, protección y defensa de sus derechos.
Mejora de la terminología aplicada, adaptando el vocabulario a lo establecido en la Convención de la ONU, más expresamente en el art.12 , que establece que ya no cabe la diferenciación entre capacidad jurídica y capacidad de obrar y se habla sólo de capacidad.
Se propone añadir al artículo 4 los apartados o) p) q) r) con los siguientes textos:
o) Analizar la realidad social para detectar situaciones de necesidad de la población, así como elaborar la estrategia más adecuada a fin de favorecer el bienestar social y mejorar la calidad de vida.
p) Atender las necesidades derivadas de la falta de recursos y de las carencias en las relaciones personales y sociales, evitando en lo posible como solución la institucionalización segregadora.
q) Impulsar la resolución comunitaria de las necesidades sociales, mediante políticas preventivas y comunitarias en todo el territorio.
r) Desarrollar el Sistema público de servicios sociales orientado hacia la mejora de la coordinación de los subsistemas de protección social entre los servicios sociales, de salud, de educación y de empleo en colaboración con las entidades del Tercer Sector.
Ampliar el alcance de los objetivos de las políticas de servicios sociales.
Se propone añadir al final del apartado f) del artículo 5 el siguiente texto en negrita:
f) Coordinación: Los servicios sociales se fundamentarán en la actuación coordinada entre los diversos sistemas de bienestar social, que incluyen la educación, la salud, las pensiones, el trabajo y la vivienda, entre las diferentes Administraciones públicas con competencias en estos ámbitos, y entre éstas y la sociedad civil organizada, con la finalidad de establecer actuaciones coherentes y programas de actuación conjuntos. De manera particular se establecerán mecanismos estables de coordinación entre los Consejos de Servicios Sociales de los diferentes niveles territoriales y los órganos colegiados de dirección y de participación del Servicio Canario de la Salud, (Consejos de Dirección; Consejos de Salud y Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial y Rehabilitación Comunitaria- CIRPAC) y del Servicio Canario de Empleo ( Consejo General de Empleo, los Consejos Insulares de Formación y Empleo y la Comisión asesora en materia de integración de colectivos de muy difícil inserción laboral), respectivamente.
Importancia de especificar los niveles y órganos mínimos en los que se debe dar la coordinación.
Se propone añadir los siguientes apartados al artículo 5:
s) Transversalidad: el sistema de servicios sociales debe fundamentarse en la transversalidad de sus objetivos y en la necesaria interrelación entre los diferentes sistemas de protección social, asegurándose por los poderes públicos la coordinación y la coherencia entre las acciones y programas de la política de servicios sociales y las demás restantes políticas públicas.
t) Carácter interdisciplinar de las intervenciones. Con el fin de garantizar el carácter integral de la atención prestada y la aplicación racional y eficiente de los recursos públicos, se favorecerá la interdisciplinariedad de las intervenciones, promoviendo el trabajo en equipo y la integración de las aportaciones de las diversas profesiones del ámbito de la intervención social y cualesquiera otras que resulten idóneas.
u) Promoción de la iniciativa social. Los poderes públicos promoverán la participación de la iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales, y en particular en el Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Deberá preverse, en este marco y con carácter general, la prevalencia de la gestión pública y de la gestión a través de la iniciativa social en la provisión de los servicios y prestaciones previstos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
v) Sostenibilidad: los poderes públicos garantizarán una financiación suficiente del sistema que asegure su estabilidad y la continuidad en el tiempo de los servicios que lo integran.
w) Proximidad: la prestación de los servicios sociales se realizará preferentemente desde el ámbito más cercano a la persona, estructurándose y organizándose de manera descentralizada, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual de convivencia y la integración activa en la vida de su comunidad.
x) Innovación: El desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las necesidades sociales, crear nuevas relaciones sociales y ofrecer mejores resultados.
y) Empoderamiento digital: Los poderes públicos favorecerán la accesibilidad al Sistema Público de Servicios Sociales mediante el uso racional de las tecnologías de la información y comunicación, así como de las redes sociales.
Ampliación y mejora de los principios que rigen el Sistema Público de los servicios sociales.
Se propone añadir un nuevo artículo, entre los actuales 5 y 6, con el siguiente texto.
Artículo 5-bis- Modelo de atención.
El Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias tendrá como referencia en su funcionamiento el enfoque comunitario, de proximidad de la atención, y a tales efectos:
d) Asignará a cada persona o familia un profesional o una profesional de referencia en el Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de garantizar la coherencia de los itinerarios de atención y la coordinación de las intervenciones en los términos contemplados en la presente Ley.
e) Garantizará el carácter interdisciplinar de la intervención con el fin de ofrecer una atención integral y ajustada a criterios de continuidad.
Es necesario desarrollar de manera explícita el Modelo de Atención que regirá en nuestro Sistema de Servicios Sociales.
Se propone la supresión del artículo 7
Se propone la eliminación del art.7 porque entra en contradicción con la universalidad del sistema ya que en el mismo se establecen una serie de colectivos a los cuales el sistema los considera de atención prioritaria, si el sistema es universal toda situación debe ser atendida tal como se establece en el apartado 3, párrafo 9 de la exposición de motivos del presente proyecto de ley, “el Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias se constituirá en un auténtico pilar del Estado del Bienestar, configurándose como un sistema de responsabilidad pública y de cobertura universal, dirigido a toda la población”. Las prioridades deben ser establecidas en base al contexto y realidad en la que se intervenga, a través de procesos de análisis y planificación específicos y que no deben ser nunca establecidos en un marco normativo como es el presente Proyecto.
También se desprende del informe de la oficina presupuestaria que este proyecto de ley viene a superar “la visión de los servicios y prestaciones sociales meramente como un gasto, para convertirlos en una inversión social que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, el reconocimiento de sus derechos, la creación de empleo y la dinamización económica”. Asimismo el citado informe indica “la presente iniciativa legislativa surge también con el objetivo de contribuir al esfuerzo general de generar actividad económica, especialmente a través de la creación de empleo cualificado, o especializado en el ámbito de los Servicios Sociales”
El Sistema Público de Servicios Sociales constituye uno de los pilares del Estado del Bienestar conjuntamente con el sistema de salud, la educación y las pensiones, considerándose un patrimonio social irrenunciable al ofrecer cobertura a necesidades básicas que se producen en el ámbito de la convivencia personal, familiar y social.
Por tanto, no podemos hacer distinciones de prioridad entre las áreas y campos que atienden los servicios sociales. Distinguimos entre “emergencias”, una situación sobrevenida, una situación imprevista que requiere de una especial atención y que debe solucionarse lo antes posible. Pero, a la hora de dar una atención prioritaria a los diferentes sectores de población, no encontramos distinción alguna, pues todos los campos de atención están incluidos, mayores, violencia de género, dependencia, inmigrantes, menores, discapacidad…Todos y cada uno de ellos se sitúan en la línea que marca la necesidad de atención, cada uno requiere de una atención especializada por los profesionales, pero ninguno es prioritario a otro. Ese es el principio de universalidad que se está legislando, pues el mismo carácter y definición que nos da este término nos da la base para saber de la atención unitaria e igualitaria en cada uno de los ámbitos de atención social, pues es la universalidad, algo que comprende o es común a todos en su especie, sin excepción.
Se propone la creación de un nuevo artículo entre los actuales 10 y 11, con el siguiente texto:
Artículo 10- bis. El Sistema de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
El Sistema público de servicios sociales regulado en esta ley impulsará medidas que promuevan la igualdad de oportunidades suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad, todo ello con el objetivo último de que éstas puedan ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones que el resto de la ciudadanía y de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos.
Es necesaria la inclusión de las personas con discapacidad y su inclusión social en el marco de la Ley a la hora de definir su Sistema de derechos. Hablamos de un colectivo amplio, que necesita de una visibilidad permanente. No olvidemos que en el Parlamento de Canarias se ha creado una Comisión específica con ese mismo objeto entre otros.
Se propone la supresión en el apartado 18 del artículo 15 del siguiente texto:
18) A dar instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de capacidad respecto (…)
Se propone la modificación de los apartados 4, 16, 17 y 18 artículo 15 que quedarían redactados en los siguientes términos:
4. A tener asignada a un trabajador social o trabajadora social como profesional de referencia que procure la coherencia (…)
16. A decidir, cuando no tenga modificada la capacidad judicialmente, sobre la tutela de su persona y bienes, (…)
17. A recabar y recibir apoyos en los casos en que sea necesario por una institución u organización de apoyo, (…)
18. A dar instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de capacidad respecto a la provisión de apoyos que se le puedan procurar y su derecho a la autotutela en casos de pérdida de su capacidad de autogobierno.
Mejora técnica y definición del profesional de referencia, sin menoscabo que tras la entrevista o intervención del mismo, se derive a otro profesional específico o grupos profesionales multidisciplinares.
Se propone añadir un nuevo artículo entre los actuales 16 y 17 con el siguiente texto:
Artículo 16-bis. Carta de Derechos y Deberes.
La Consejería competente en materia de servicios sociales aprobará la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, garantizando la máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y privada.
El hecho de definir en esta ley los derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, no presupone su conocimiento. Es esencial un trabajo divulgativo e informativo potente para lograr ese objetivo. La Carta de Derechos y Deberes ayudará a lograr la máxima difusión de manera homogénea en todos los ámbitos.
Se propone añadir en el apartado 2 del artículo 18 el siguiente texto en negrita:
2. Las prestaciones podrán ser de servicios, tecnológicas o económicas. Las prestaciones de servicios y económicas se podrán combinar entre sí para la consecución de los objetivos establecidos en el programa de intervención social de la persona usuaria, siempre dentro de los límites de compatibilidad establecidos reglamentariamente.
Mejora técnica que incorpora nuevas formas de prestación.
Se proponer añadir en el apartado 1 del artículo 19 que quedaría redactado con el siguiente texto en negrita:
1. Son prestaciones de servicios las realizadas por profesionales, ya sea directamente o a través de medios tecnológicos, dirigidas a la prevención, diagnóstico, valoración, protección, promoción de la autonomía personal, acompañamiento social, mediación, e inclusión social, mediante actuaciones de atención a las personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades.
Se mejora el contenido de las acciones a llevar a cabo en el ámbito de los servicios sociales.
Se propone añadir en los apartados 2 y 3 del artículo 22 los siguientes textos en negrita:
2. Los servicios se organizan en dos niveles básicos de atención: los Servicios de Atención Primaria y Comunitaria y los Servicios de Atención Especializada.
3. Los Servicios de Atención Primaria y comunitaria se caracterizan porque se dirigen a todas las personas y constituyen el modo general de acceso a los demás servicios y a las prestaciones económicas del Sistema público de servicios sociales, así como a cualquier otro ámbito que se ocupe del bienestar social. Contempla las prestaciones de información, orientación, valoración, seguimiento, protección, promoción de la autonomía personal, acompañamiento social, mediación, inclusión social, diagnóstico social y derivación, así como la intervención grupal y comunitaria.
En los Servicios de Atención Primaria y Comunitaria se garantizará la gestión directa (…)
El verdadero potencial y fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales como garante de derecho para la mejora de la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad pasa por un claro equilibrio entre los tres niveles de intervención existentes en los Servicios Sociales (individual, grupal y comunitario).
Se propone la modificación en el Título II del Capítulo II que quedaría redactado de la siguiente manera:
“SERVICIOS Y PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE CANARIAS”
Es necesario eliminar la diferenciación entre servicios esenciales y no esenciales como elementos que garantizan el derecho subjetivo.
Se propone la modificación del título del artículo 23 que quedaría redactado con el siguiente texto:
Artículo23. Servicios y Prestaciones obligatorias del Sistema público de Servicios Sociales.
Coherencia con el título del Capítulo
Se propone la modificación de los apartados 1,2 y 3 del artículo 23 que quedarían redactado en los siguientes términos:
1. Los servicios de Atención Primaria y Comunitaria, así como , los Servicios de Atención Especializada que se sustentan en el derecho subjetivo de acceso a las prestaciones de las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales señaladas en el artículo 21 de la presente ley, que mediante el Plan de Intervención social y la coherencia de los itinerarios de atención, estarán garantizados y serán de obligada provisión por las Administraciones Públicas integrantes de dicho Sistema en función de la cartera de servicios y prestaciones y mapa de recursos, que determinarán y desarrollará la oferta contenida en el artículo 19 de la presente Ley para cada uno de los niveles de atención del Sistema.
2. Los Servicios complementarios se configuran como servicios de prestación obligatoria en función de la cartera de servicios y prestaciones y mapa de recursos, configurándose por tanto como derecho subjetivo. Se gestionan tanto en el ámbito de los servicios
sociales municipales como en los ámbitos insulares y autonómicos, en función de si se trata de servicios de atención primaria y comunitaria, o de servicios de atención especializada. Por consiguiente, se circunscriben tanto en el marco de actuación comunitaria local como especializada en ámbitos supramunicipales.
3. Sin perjuicio de los servicios que en la aplicación de la presente Ley puedan ser calificados de prestación obligatoria, tendrán dicha condición las prestaciones que puedan establecerse reglamentariamente y a través de la cartera de servicios y prestaciones económicas y/o los términos que disponga la respectiva legislación sectorial.
La ley debe garantizar que todo el Sistema Público de Servicios Sociales es un derecho subjetivo. En esta nueva redacción, los servicios complementarios pasan también a ser obligatorios y desaparece la figura de los no esenciales, y por tanto, su no inclusión como derecho subjetivo.
Se propone la modificación del título del artículo 24 que quedaría redactado en los siguientes términos:
Artículo 24. Prestaciones económicas obligatorias
En coherencia con los apartados anteriores.
Se propone añadir en el primer párrafo del artículo 24 el siguiente texto en negrita:
Sin perjuicio de las prestaciones económicas que en aplicación de la presente ley u otras leyes autonómicas o estatales se prevean, en todo caso deberán garantizarse como derecho subjetivo, en los supuestos y requisitos que para cada una de ellas se determinen en la Cartera de Servicios y de Prestaciones Económicas, las siguientes:
Es importante recalcar en el ámbito de las prestaciones económicas, uno de los aspectos más relevantes de la presente ley, el derecho subjetivo.
Enmienda Nº 32
Se propone añadir al final del apartado a) del artículo 24 el siguiente texto:
Ante lo limitado de la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción, se avanzará hacia una Prestación más inclusiva, la Renta Básica Canaria, donde la inserción no sea el elemento nuclear, sino el nivel de ingresos de las personas o las unidades de convivencia.
La Renta Básica Canaria tendrá un mayor alcance que la actual Prestación Canaria de Inserción, garantizando un nivel de ingresos mínimo a todas las personas o unidades de convivencia que no superen determinados umbrales de renta y que se encuentre en situación o riesgo de exclusión social.
Los niveles de ingresos mínimos se determinarán para poder acceder a dicha Renta Básica Canaria, con independencia de la situación laboral, de desempleo, de jubilación o de pensionista, siempre y cuando los ingresos que perciba no alcancen dicho umbral.
El sistema de Servicios Sociales debe estar en constante evolución, en consonancia con los principios de esta Ley. En ese sentido, determinados instrumentos que han sido válidos hasta este momento, están quedando claramente desfasados por el contexto socioeconómico en el que vivimos. Nuestra principal herramienta para combatir la situación de exclusión, no puede estar limitada a una función de inserción y, por tanto, a un único colectivo conformado por las personas que no tienen empleo. De esa forma, se está dejando fuera a importantes colectivos, como los pensionistas, especialmente los no contributivos, que son más de 40.000 en Canarias, con ingresos muy por debajo incluso de la propias PCI. O de una nueva realidad que vivimos en los momentos actuales, como es el colectivo de personas que trabajan, pero que continúan siendo pobres.
Por tanto, hablamos de una Renta que centra su actuación, no en la situación laboral de la persona en situación o riesgo de exclusión social, sino en su nivel de ingresos.
Capítulo III Título II
Se propone la modificación del Título del Capítulo III dentro del Título II que quedaría redactado en los siguientes términos:
CARTERA DE SERVICIOS Y MAPA DE RECURSOS
Mejor adecuación al contenido del articulado.
Se propone la modificación del título del artículo 5 que quedaría redactado en los siguientes términos:
Artículo 25. La cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Canarias.
Mejor adecuación al contenido del artículo.
Se propone la modificación de los apartados 1 y 3, con el siguiente texto en negrita:
1. Cartera de servicios y Prestaciones: Es el instrumento que se desarrolla vía reglamentaria en el que se establecen los servicios y prestaciones que oferta el Sistema Público de Servicios Sociales, tanto los de atención primaria y comunitaria, como los de atención especializada, y los complementarios que se incorporen, a la que debe acompañar la ficha financiera.
3. La cartera deberá contener, como mínimo la siguiente información:
a) Respecto a los servicios:
10. Su calificación, de acuerdo con la presente ley, como obligatorios o complementarios.
b) Respecto a las prestaciones económicas:
7. Su calificación, como obligatorias o complementarias.
Ampliación del nivel de contenidos mínimos que debe contener la Cartera.
De Adición Artículo 25
Se propone añadir un apartado c) al apartado 3 del artículo 25 con la siguiente redacción:
c) Respecto a los equipos y medios para la actuación:
1. Perfiles de profesionales asignados al servicio y/o prestación.
2. Ratio profesional asignada al servicio y/o prestación.
3. Ratio del coste de profesionales por servicio y prestación.
Se propone la modificación del título del artículo 26 que quedaría redactado en los siguientes términos:
Artículo 26. Mapa de recursos del Sistema Público de Servicios Sociales.
Se propone la modificación del artículo que quedaría redactado en los siguientes términos:
El mapa de recursos del Sistema Público de Servicios Sociales, configura la territorialización ubicación geográfica y el ámbito poblacional de cobertura de los servicios y prestaciones incluidos en la cartera de servicios y prestaciones.
Se propone la supresión de este artículo
Se considera que ya existen mecanismos como las modificaciones presupuestarias para la realización de estas compensaciones.
Este artículo, más que fortalecer al Sistema Público de Servicios Sociales, provoca la debilitación del mismo, ya que se parte de la hipótesis de que será el Sistema Sanitario quien reclame al Sistema de Servicios Sociales (un sistema ya de entrada debilitado y con mucha menor financiación) los “costes” de la atención de todas las personas que actualmente están en camas hospitalarias en espera de plazas residenciales. Nos preguntamos en qué situaciones el Sistema Público de Servicios Sociales puede reclamar al Sistema Sanitario los “costes” de una intervención.
Nuevo Capítulo en el Título V
Se propone la creación de un nuevo Capítulo entre el II y III actuales con el siguiente texto:
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES
Artículo 49-bis Fomento de la investigación y la innovación
La Administración de la Comunidad y las entidades locales competentes en materia de servicios sociales, fomentarán las acciones destinadas a la investigación e innovación, al objeto de contribuir a la mejora de la eficacia y calidad del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
Artículo 49-ter. Actividades de investigación e innovación en servicios sociales
1. La Administración de la Comunidad impulsará y favorecerá, a través de un programa permanente, la investigación en el ámbito del funcionamiento general de los servicios sociales y particularmente la dirigida al estudio y análisis de los problemas sociales y sus causas, de las necesidades y de la demanda de las distintas prestaciones, de los sistemas para su ordenación y gestión, y de los costes y beneficios, los trabajos prospectivos necesarios para el desarrollo de estrategias de prevención y de adecuación de la acción social, los trabajos para la evaluación de resultados y para la innovación tecnológica, mejora continua y calidad, y cualesquiera otros dirigidos al mejor conocimiento de la realidad y de las necesidades que hayan de ser atendidas. 2. Se ha de impulsar el desarrollo y la introducción de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad del propio sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, así como el desarrollo de proyectos de investigación tecnológica y desarrollo de soluciones técnicas que potencien la autonomía personal de las personas que cuenten con dificultades para el desarrollo de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
Es necesario incorporar a la presente Ley un marco que favorezca la investigación e innovación constante en el ámbito de los servicios sociales que permita seguir avanzando y profundizando en las nuevas técnicas, estrategias, programas, contexto social, etc…
De modificación CAPITULO III del Título V
Se desplaza el actual CAPÍTULO III del Título V a un nuevo CAPÍTULO IV por la incorporación de la enmienda anterior, con el siguiente texto:
Al añadir un nuevo Capítulo III de Investigación e innovación en los servicios sociales, se desplaza el actual, creando un nuevo Capítulo IV, con el mismo contenido que el que tenía en el Proyecto de Ley.
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 53 artículo que quedaría redactado en los siguientes términos:
1. El Sistema público de servicios sociales de Canarias se financiará con cargo a las siguientes fuentes de financiación de carácter público vinculadas a la ficha financiera que acompañará a la Cartera de Servicios y Prestaciones y Mapa de Recursos del Sistema Público de Servicios Sociales.
Se propone la modificación del apartado a) del punto 2 del artículo 53 que quedaría redactado en los siguientes términos:
2. Asimismo podrá financiarse por:
a) Las aportaciones de entidades de iniciativa social para las prestaciones, programas, centros y servicios que gestionen en régimen de concierto o colaboración.
Se propone la modificación de los apartados 1 y 4 del artículo 54 con el siguiente texto:
1. Las Administraciones públicas canarias consignarán anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos financieros comprometidos en la ficha financiera que deben estar vinculados a la cartera de servicios y prestaciones y en el mapa de recursos destinados a hacer frente a los gastos (..)
4. En todo caso, serán gratuitos los servicios de Atención Primaria y Comunitaria, definidos en el artículo 22.3 de esta Ley (…)
Se propone la modificación del apartado 1, con el siguiente texto en negrita:
1 La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias financiará aquellas prestaciones económicas y de servicios cuya titularidad competencial le corresponda, o cuya gestión se le atribuya y participará en la financiación de aquellos obligatorios y complementarios (…) atribuidos en la cartera de servicios y prestaciones y mapa de recursos del Sistema Público de Servicios Sociales.
Se propone la modificación de los apartados del artículo 56, con el siguiente texto en negrita.
1. Las Administraciones garantizarán el acceso universal a los servicios
sociales de Atención Primaria y comunitaria, así como los Servicios de Atención Especializada y Servicios complementarios y tenderán a su gratuidad, sin perjuicio de que la persona usuaria puede participar en la financiación de los servicios sociales, de acuerdo con lo que establece esta Ley y en su normativa de desarrollo.
2. También garantizarán el acceso universal a las prestaciones obligatorias y complementarias de acuerdo con la Cartera (…)
3. (…) todo ello vinculado a la cartera de servicios y prestaciones y el mapa de recursos.
4. (…) en el marco de los servicios incluidos en la cartera y en el mapa de recursos. No obstante, su financiación (…)
Se propone la supresión del artículo 57
Uno de los elementos esenciales de la presente ley, es el modelo universal de prestación de Servicios Sociales que se establecen en el Catálogo del Sistema Público de Servicios sociales con garantía por tanto de derecho subjetivo contenido en esta ley. Se desarrolla y actualiza en la cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y se financia mediante ficha financiera que acompaña a la Cartera de Servicios y Prestaciones.
Se propone la modificación de los apartados 1 y 2.b) que quedarían redactados con el siguiente texto:
1. La financiación de las prestaciones económicas señaladas en el artículo 20 de esta Ley corresponderá a las Administraciones competentes, sin perjuicio de las aportaciones de otras Administraciones según establece la cartera de servicios y prestaciones y el mapa de recursos del Sistema Público de Servicios Sociales.
b) Prestaciones para personas en situación de dependencia, establecidas de forma específica en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y su normativa de desarrollo, tanto de ámbito estatal como autonómico.
Se propone añadir al final del apartado 2, el siguiente texto
2 (…) así como su prestación.
Se propone la modificación en el apartado 1 del siguiente texto en negrita:
1. La formalización del correspondiente acuerdo de concierto a que se refiere el artículo anterior perfecciona el concierto, obligando al titular de la entidad (…)
Es importante sustituir la palabra contrato por concierto para no inducir a error ya que no es la misma figura jurídica.
Se propone añadir en el punto 3, el siguiente texto:
3.- A propuesta de los Departamentos competentes en materia de empleo, educación, sanidad, vivienda y políticas sociales, el Gobierno de Canarias, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, aprobará un Plan de Inclusión Activa y contra la Pobreza que contendrá, como mínimo, las siguientes líneas de actuación:
No es razonable que con la figura del Comisionado de la Pobreza, y que tras casi tres años de legislatura, continuemos sin un Plan de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social actualizado y contextualizado. Por tanto, este Plan que se propone, no puede demorarse un año y medio más, teniendo en cuenta las preocupantes cifras de pobreza en nuestra tierra. Además de que nos situaría en la legislatura siguiente, con la dificultad de impulsar el mismo en tiempo y plazo, para un nuevo ejecutivo, con nuevos equipos.
Se propone añadir una nueva Disposición adicional situada entre la primera y segunda actuales, con el siguiente texto:
Disposición adicional.- La Renta Básica Canaria.
1. En el marco del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, las Administraciones Públicas adoptarán políticas de inclusión social activa y contra la pobreza, que permitan garantizar un nivel mínimo de ingresos a fin de facilitar la inclusión social de todas las personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o en riesgo de estarlo.
2. La prestación económica que garantice el nivel mínimo de ingresos será desarrollada a través de una Ley específica, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, configurando la Renta Básica Canaria.
3. La Renta Básica Canaria alcanzará, como mínimo, los objetivos de renta de garantía de ingresos a los colectivos y con el alcance que se establece en el artículo 24.a) de la presente Ley.
En los últimos años hemos asistido a una crisis brutal que ha impactado a nivel global, con especial crudeza en España y de manera especial en Canarias. Esta crisis ha provocado profundos cambios socio económicos, que han dejado obsoletas prestaciones como la Prestación Canaria de Inserción, e incorporado al colectivo de personas en exclusión, no sólo a aquellos que necesitaban insertarse en el mercado laboral al perder su puesto de trabajo, sino incluso a aquellos que trabajando continúan en situación de precariedad extrema y por supuesto a los pensionistas con escasas rentas, especialmente aquellos que perciben las pensiones no contributivas.
Este nuevo contexto requiere de medidas que permitan que esas miles de personas en Canarias puedan salir de la situación de exclusión en la que se encuentra. Como sociedad no podemos permitirnos tener esas vergonzosas bolsas de pobreza sin proveer medidas inclusivas y eficaces. Medidas que incluso están contempladas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su propuesta de reforma actualmente en el Congreso de los Diputados, establece en su artículo 23.1 el derecho a una renta de ciudadanía en los siguientes términos: “Para garantizar unas condiciones de vida digna, y en los términos que se establezcan en las leyes, las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía, de los poderes públicos”.
La Renta Básica Canaria surge ante la convicción de que estamos en un tiempo distinto. Que algunas de esas herramientas han jugado un papel importante hasta ahora, como la PCI, pero que es el momento de dar un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de abordar esta situación.
Proponemos la creación de la Renta Básica Canaria. Una renta cuyo elemento nuclear está en garantizar un ingreso mínimo a las unidades familiares. Sin duda, es una medida de impacto, que genera debates, pero que ya está en funcionamiento en varias comunidades. Siendo un referente la Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco.
Es el momento de preguntarnos, plantearnos y tomar la decisión, como hicieron los vascos en 2008, sí en 2008, cuando decidieron implantarla, de aspirar como sociedad a que ninguno de sus miembros tenga ingresos inferiores a los que mínimamente se necesitan para satisfacer las necesidades básicas.
No estamos ante la renta universal, dirigidos a todos los ciudadanos, con independencia de edad o ingresos. Sino de una RBC dirigida a garantizar que las personas o unidades de convivencia en Canarias tengan unos ingresos básicos.
Este enfoque nos sitúa en un marco diferente del que hemos utilizado hasta ahora con la Prestación Canaria de Inserción, que se ocupaba exclusivamente de aquellas personas, en edad laboral, que no tenían empleo. Y por tanto el factor principal era su inserción laboral. Lo que nosotros proponemos es preocuparnos de que las personas puedan tener unos ingresos garantizados, los que están en situación de desempleo, los que trabajan y cobran menos que la resultante de la RBC, e incluso aquellos que ya no están en el mercado laboral, como nuestros pensionistas, que necesitan complementar sus pensiones contributivas a unos niveles de ingresos mínimos y, por supuesto, los más de 40.000 pensionistas no contributivos que tenemos en Canarias. Como ven, el cambio de paradigma es enorme. Pero creemos que es el tiempo, el momento preciso para avanzar como sociedad, en la consecución de uno derechos y garantías para los ciudadanos que viven en esta tierra.
De esta manera se implantaría un modelo que sigue considerando el empleo como la mejor fórmula de inclusión, y que permite hacer viable la incorporación al mercado de trabajo, aunque este inicialmente sea con niveles salariales bajos.
La implantación de este sistema llevaría de manera paralela, la implantación de importantes mecanismos de formación e inserción laboral, especialmente dirigidos a la inclusión de los que no tienen empleo, similar a la actual PCI. Programas formativos dirigidos a los beneficiarios de RBC que tienen empleo, pero no alcanzan los ingresos mínimos establecidos en dicha renta, y que le permitan mejorar su cualificación para alcanzar otro puesto de trabajo. Asimismo implica unos sistemas de inspección potentes, tanto desde Trabajo, como desde el ICASEL, para garantizar que no se produce fraude por parte de empresarios o trabajadores, aprovechando esta renta para complementar ingresos de forma fraudulenta.
Es evidente, que en paralelo a esta medida, habría que seguir desarrollando e impulsando medidas en los programas asistenciales, de prevención e intervención en servicios sociales, en vivienda, empleo, sanidad, dependencia y educación. Así como en todas las áreas que de manera transversal garanticen la plena igualdad y el acceso a los servicios y derechos de ciudadanía.
Convencidos de la necesidad de aplicar esta Renta Básica Canaria de manera inmediata, desde Nueva Canarias planteamos medidas concretas de financiación en la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de la CAC y tras ser rechazadas, hemos vuelto a plantear medidas que pueden contribuir a su implantación. En concreto hemos presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado por importe de 24 millones de euros, a añadir a los 6 millones que ya contempla el proyecto presupuestario. También hemos planteado una enmienda al Proyecto de Ley de modificación del REF, en estos momentos en tramitación, que propone añadir un nuevo artículo para el “fomento de la integración social” que obliga al Estado a consignar anualmente, en sus presupuestos, una dotación suficiente para impulsar medidas para paliar la exclusión social y la pobreza, en tanto los indicadores oficiales la sitúen por encima de la media estatal.
Esta dotación económica planteada en la reforma del REF tendrá carácter finalista y habrá de aplicarse a los programas e instrumentos que, en cada momento tenga, la comunidad canaria para atender a los sectores más vulnerables. Que se vería reflejada en la Renta Básica Canaria.
Se propone la supresión del apartado 2.
No compartimos la posibilidad de que la red de escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil, actualmente gestionadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, pueda delegarse mediante acuerdos, con los ayuntamientos.
En primer lugar, deberíamos estar asistiendo a un proceso inverso, en el que la red de escuelas infantiles de los municipios, fueran progresivamente incorporándose a la red de la Comunidad Autónoma, configurando poco a poco una potente respuesta en el ámbito educativo a la implantación de esta importante etapa educativa. Pretender delegar en los municipios nos aleja de ese objetivo.
Por otro lado, es incongruente que se permita esa posibilidad, cuando las Escuelas Infantiles municipales han estado sin recibir ni un solo euro de la Comunidad Autónoma en los últimos años, provocando en algunos casos el cierre, en otros la privatización y en muchos la imposibilidad de abrir ante las dudas sobre el nivel competencial y la situación económica de los ayuntamientos. Con lo que esta medida, no sólo no actuaría a favor de esta etapa educativa, sino que podría significar el cierre de las mismas en un corto plazo de tiempo.
Nueva Disposición Transitoria
Se propone la creación de una nueva disposición transitoria con el siguiente texto:
Disposición transitoria: Dados los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención social, elección de la persona y continuidad en la atención y la calidad, los conciertos sociales establecerán fórmulas que garanticen la continuidad en la prestación de estos servicios por parte de las entidades que los venían prestando a las personas usuarias tanto con anterioridad a la publicación de esta ley, como con los que se adjudiquen a partir de la publicación de esta ley.
Es necesario regular el periodo de transición hasta la clara estipulación de cómo se ha de empezar a poner en marcha todo el sistema de conciertos sociales
Se propone añadir una nueva disposición transitoria con el siguiente texto:
El Gobierno de Canarias se compromete, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, a calcular el coste real de los servicios en base a un cálculo transparente y objetivo de os costes de los servicios, alineado con las condiciones técnicas, funcionales y materiales precisas para desarrollar los servicios en las condiciones recogidas en la Cartera de servicios Sociales.
Una vez hecho este cálculo se compromete a financiar los servicios en base a los mismos, en un plazo no superior a dos años, de forma que la financiación de dichos servicios coincida con su coste real.
En tanto en cuanto esta situación no se dé, se deja en suspenso los apartados 3 y 4 del artículo 70 de la presente Ley así como se deja en suspenso a aplicación del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia y a su participación económica en el coste de los servicios así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la comunidad Autónoma de Canarias para el colectivo de las personas con discapacidad.
Estando absolutamente de acuerdo con el artículo 70, pues la función de esta Ley es proteger al máximo a las personas usuarias de los servicios sociales. Pero este escenario ideal al trasladarlo a la realidad de la infrafinanciación de los servicios de la dependencia distan bastante del coste real de los mismos, provocaría la quiebra de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que prestan servicios de dependencia, viéndose obligadas a dejar de prestarlos dejando a más de 2000 personas sin apoyos.
De modificación Disposición Adicional sexta
Se propone la modificación del enunciado y el contenido de la Disposición Adicional Sexta que quedaría redactada con el siguiente texto:
Disposición Adicional Sexta.- Exigibilidad de los Servicios y prestaciones obligatorias del Sistema Público de Servicios Sociales.
Los servicios y prestaciones definidas en los artículos 23 y 24 de la presente Ley como obligatorios, surtirán efectos jurídicos (…).
Enmienda Nº 57
Se propone la modificación con el siguiente texto
En el plazo de un año de la entrada en vigor de la cartera de servicios y prestaciones económicas los cabildos insulares, que aún no las tuvieran recibidas, previo acuerdo del Consejo de Colaboración Insular, asumirán mediante decreto de transferencia las competencias de la comunidad autónoma (…)
Se trata de regular correctamente como debe hacerse el proceso de transferencias a los cabildos insulares.
Enmienda Nº 58
Se propone la modificación de la Disposición Adicional Octava que quedaría redactada con el siguiente texto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 y 23.1 de la ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en el seno del consejo de colaboración insular se negociará mediante decreto de transferencias o decreto de delegaciones de competencias, el traspaso de recursos derivados de la asunción por los cabildos insulares de las competencias previstas en esta ley que se deriven de la cartera de servicios y prestaciones y económicas, dicho traspaso se realizará con carácter progresivo estableciéndose porcentajes anuales que culminen el citado proceso en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley
Se trata de regular correctamente como debe hacerse el proceso de transferencias a los cabildos insulares. Así como establecer que los traspasos de recursos se hagan de manera progresiva.
Enmienda Nº 59
Se propone la modificación con el siguiente texto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la ley 7/2015, de 1 de abril , de los municipios de Canarias, en el seno del Consejo Municipal de Canarias se negociará mediante decreto de delegaciones de competencias, el traspaso de recursos derivados de la asunción por los municipios de las competencias previstas en esta ley que se deriven de la cartera de servicios y prestaciones económicas, dicho traspaso se realizará con carácter progresivo estableciéndose porcentajes anuales que culminen el citado proceso en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley.
Se trata de regular correctamente como debe hacerse el proceso de transferencias a los municipios de Canarias. Así como establecer que los traspasos de recursos se hagan de manera progresiva
Enmienda Nº 60
Se propone la modificación con el siguiente texto en negrita:
La primera Cartera de Servicios y de Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias se aprobará por el Gobierno, a propuesta del departamento responsable en políticas sociales, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Imprimir toda la urgencia a un elemento esencial en el ámbito de esta Ley, pues de él dependen servicios, prestaciones y financiación. Además, de mantener el periodo del texto del Proyecto de Ley, nos iríamos a la legislatura siguiente, con los problemas que ello conlleva.
Enmienda Nº 61
A fin de obtener (…) por el Gobierno, en el plazo máximo de un año, se harán las previsiones necesarias (…).
Imprimir toda la urgencia a un elemento esencial en el ámbito de esta Ley.
Enmienda Nº 62
Se propone la creación de una nueva disposición transitoria, con el siguiente texto.
Disposición Transitoria: Financiación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias procederá en el plazo máximo de tres meses a realizar una Modificación de Crédito o a impulsar una Ley de Crédito Extraordinaria, con una cuantía que alcanzará como mínimo, el 5% del importe total de las partidas destinadas al ámbito de los Servicios Sociales en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Canarias vigente.
Los objetivos de esta Ley son amplios y ambiciosos para avanzar en un Sistema de Servicios Sociales potentes, reconocidos como derecho subjetivo, y por tanto, de obligado cumplimiento de las distintas Administraciones. Por tanto es necesario, sin menoscabo de la urgente tarea de definición de Cartera y Catálogo de Servicios y Prestaciones, que definirán entre otras, las fichas financieras, entendemos que es imprescindible inyectar de manera inmediata una cuantía que permita iniciar determinadas iniciativas contempladas en la Ley, en aras de que la ciudadanía y administraciones puedan sentir su impacto de manera casi inmediata. Y como un claro gesto de voluntad política de compromiso con el cumplimiento de la misma.
http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2018/06/images.png 225 225 Antonio Ruiz http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2016/11/Logo_WEB3.png Antonio Ruiz2018-06-19 22:34:242018-06-19 22:36:28Las enmiendas de NC al Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias
La Mancomunidad del Sureste (Agüimes, Ingenio y Santa Lucía) acaba de recibir el PREMIO EOLO A LA INTEGRACIÓN RURAL DE LA EÓLICA en su séptima edición por tratarse de una comarca modélica en lo que al desarrollo eólico se refiere. Leer más
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http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2018/06/20180615_GPSEXTO_GR.jpg 489 652 Antonio Ruiz http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2016/11/Logo_WEB3.png Antonio Ruiz2018-06-14 07:09:502018-06-16 07:12:39Santa Lucía reconoce a 36 escolares de 6º de Primaria para promocionar la educación en valores
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http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2018/06/EsonoEspal.jpg 649 859 Antonio Ruiz http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2016/11/Logo_WEB3.png Antonio Ruiz2018-06-07 17:13:242018-06-07 17:17:14Ramón Esono logra salir del país
El pleno de Santa Lucía ha aprobado en el pleno los presupuestos de este 2018 por un importe de 54.752.880,13 euros en el capítulo de gastos y unos 59.167.615,67 en el de ingresos. Leer más
http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2015/05/ZONA-PEATONAL-AVENIDA-DE-CANARIAS-PASEO-COMERCIAL.jpg 768 1024 Antonio Ruiz http://www.nuevacanariassantalucia.org/wp-content/uploads/2016/11/Logo_WEB3.png Antonio Ruiz2018-06-07 07:30:592018-06-07 17:14:17Aprobados los presupuestos municipales

References: artículo 125
 artículo 12
 Real Decreto 
 Artículo 2
 artículo 12
 Artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 5
 artículo 7

Artículo 10
 artículo 15
 artículo 15

Artículo 16
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 23

Artículo23
 artículo 23
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 24

Artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 5

Artículo 25
 Artículo 25
 artículo 25
 artículo 26

Artículo 26

Artículo 49

Artículo 49
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 22
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 20
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 9