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Timestamp: 2019-05-19 07:32:15+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 50
Miguel Hernandez Saffirio
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.
MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL CONVOCADA POR REPRESENTANTES DEL PARLAMENTO JUVENIL.
REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL. Tercer trámite constitucional.
REEMPLAZO DE TÍTULO IV DE LA LEY Nº 18.168, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, SOBRE EL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES. Tercer trámite constitucional.
INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
MODIFICACIÓN DE REQUISITO PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR. Segundo trámite constitucional.
NORMATIVA SOBRE DISCAPACITADOS MENTALES. Segundo trámite constitucional.
INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.
URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE LA EX SOCIEDAD PROVIEN LIMITADA, EN VIÑA DEL MAR. (Votación).
INVESTIGACIÓN DE SITUACIÓN QUE AFECTA AL MERCADO AÉREO NACIONAL.
ACCESO DE COMUNIDADES MAPUCHES A PRÉSTAMOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y LEGALIZACIÓN DE TIERRAS ENTREGADAS DE ACUERDO A LA LEY INDÍGENA. Oficios.
CONTROL DE LOS SEMINARIOS DE PERFECCIONAMIENTO MUNICIPAL. Oficios.
APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA DEL DESEMPLEO EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE CHILOÉ. Oficios.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
POSICIÓN FRENTE A DEROGACIÓN DE LA PENA DE MUERTE. Oficio.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
COBRO DE PEAJE EN EL SECTOR DE LANCO DE LA RUTA 5. Oficio.
ESTADO DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS EN NOVENA Y DÉCIMA REGIONES. Oficios.
RECHAZO A PRESENTACIÓN ARGENTINA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. Oficio.
BÚSQUEDA DE MARINOS CHILENOS DESAPARECIDOS EN HUNDIMIENTO DE NAVE EN AGUAS FRANCESAS. Oficio.
CUMPLIMIENTO CABAL DE DECRETO QUE SUBSIDIA LOS PRECIOS DE FERTILIZANTES. Oficio.
DEMORA EN RETENCIÓN DE VALORES DE CHEQUES FUERA DE PLAZA. Oficio.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eugenio Tuma Zedan
PRIORIDAD A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. Oficio.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
Sesión 50ª, en jueves 5 de abril de 2001
(Ordinaria, de 10.52 a 13.51 horas)
Presidencia accidental del señor Mora Longa, don Waldo.
I. Asistencia7
II. Apertura de la sesión9
Remisión de proyecto a Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano10
Movilización estudiantil convocada por representantes del Parlamento Juvenil10
Regularización de inmuebles de propiedad estatal. Tercer trámite constitucional11
Reemplazo de título IV de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones, sobre el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Tercer trámite constitucional12
Modificación de requisito para obtener licencia de conducir. Segundo trámite constitucional24
Normativa sobre discapacitados mentales. Segundo trámite constitucional25
Integración de Comisión Mixta en proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades34
Urbanización de los terrenos de la ex sociedad Provien Limitada, en Viña del Mar. (Votación)34
Investigación de situación que afecta al mercado aéreo nacional35
Acceso de comunidades mapuches a préstamos del Instituto de Desarrollo Agropecuario y legalización de tierras entregadas de acuerdo a la ley Indígena. Oficios36
Control de los seminarios de perfeccionamiento municipal. Oficios37
Aplicación del fondo de contingencia del desempleo en la Octava Región. Oficio37
Necesidades de la comunidad de Chiloé. Oficios38
Posición frente a derogación de la pena de muerte. Oficio39
Cobro de peaje en el sector de Lanco de la ruta 5. Oficio40
Estado de avance de obras públicas en Novena y Décima regiones. Oficios41
Rechazo a presentación argentina ante la Organización Mundial de Comercio. Oficio41
Búsqueda de marinos chilenos desaparecidos en el hundimiento de nave en aguas francesas. Oficio41
Cumplimiento cabal de decreto que subsidia los precios de fertilizantes. Oficios41
Demora en retención de valores de cheques fuera de plaza. Oficio43
Prioridad a la atención primaria de salud. Oficio43
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica (boletín Nº 257119) 45
2.Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, recaído en el proyecto sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica (boletín Nº 257119)45
3.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica (boletín Nº 257119)91
4.Informe complementario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, suscrita en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984 (boletín Nº 157110) (S)93
5.Moción de los diputados señores Velasco, Krauss, Ascencio, Alessandri, Núñez, Riveros, Ulloa, Valenzuela, Villouta, y de la diputada señora Rozas, doña María, que establece nueva fecha para elecciones parlamentarias del año 2001 (boletín Nº 268906)96
6.Moción de los diputados señores Ulloa, Moreira, Alvarado, García, don René Manuel; Mesías, Pérez, don José; Pérez, don Víctor; Prokurica y Recondo, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la detención (boletín Nº 268807)97
Del diputado señor Recondo, investigación por ayuda proporcionada a pequeños agricultores de las provincias de Llanquihue, Valdivia y Osorno.
De los diputados señores Ulloa, Mora, Jaramillo y Ortiz, contrato para el dragado del puerto de Talcahuano.
De la diputada señora Pollarolo, papel desempeñado por las instituciones del Estado y organismos civiles y castrenses ante la situación de catástrofe originada en la Segunda Región.
De los diputados señores Urrutia, Mora, Felipe Letelier y diputada señora González, actuación de organismos públicos y privados en emergencia originada en la Segunda Región.
De la diputada señora González, recursos de emergencia para desastres provocados en la Primera Región.
Del diputado señor Navarro, antecedentes y estudios sobre la proyección de la caída de la cápsula espacial MIR; derrame de hicrocarburo producido en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
De los diputados señores Rincón, Jiménez y Ojeda, defensas fluviales en ribera sur río Cachapoal.
De los diputados señores Urrutia, Núñez, José Pérez, Tuma y diputadas señoras González y Rozas, proyectos de pavimentación diferentes caminos de la Primera Región.
Del diputado señor Rosauro Martínez, mejoramiento del camino Paso VielmaSan JorgeCiruelito, Octava Región.
Del diputado señor Huenchumilla, obras ejecutadas durante el año 2000 por la Dirección de Vialidad, Novena Región; modificación al diseño de ingeniería proyecto construcción puente en el lago Budi, comuna de Puerto Saavedra.
De los diputados señores Rincón, Vilches y diputada señora Prochelle, proyectos relacionados con el Bicentenario.
De los diputados señores Mulet, Prokurica, Ortiz, Leay, Monge, Jaramillo y diputada señora Caraball, estado de avance de diferentes proyectos por ejecutar en la Tercera Región.
De los diputados señores Prokurica, Leay, Jaramillo y diputada señora Caraball, proceso expropiatorio del camino ruta C489, sector Alto del CarmenEl Corral, Tercera Región.
Del diputado señor Ascencio, reposición puente Vicún; construcción muro de defensa en Linao, Décima Región.
Del diputado señor Delmastro, estado del puente Seco, camino NieblaLos Molinos, Décima Región.
De los diputados señores Ojeda, Navarro, Villouta, Gutiérrez, Felipe Letelier, Fossa, Mora, Ulloa, Sánchez y diputada señorita Sciaraffia, tala de seis araucarias.
De los diputados señores Reyes, Olivares, diputada señora Pollarolo y Comité parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, modificaciones a la ley Nº 19.284 y al Código del Trabajo.
Del diputado señor Juan Pablo Letelier, planteamientos por considerar para la legislación en beneficio de los temporeros.
De la diputada señorita Sciaraffia, diputadas señoras Caraball, Rozas y diputados señores Ortiz, Jaramillo, Núñez, Juan Pablo Letelier, Vilches, Ascencio, Lorenzini y Navarro, incorporación de manera prioritaria de fuerza laboral y profesional existente en las regiones en que se desarrollen las obras.
De los diputados señores Ojeda, Felipe Letelier y Fossa, proyecto de protección de personas adultas y menores perdidas o extraviadas.
De los diputados señores Rojas, GarcíaHuidobro, Molina, Mora y Ulloa, acciones legales para investigar y sancionar a responsables de irregularidades en las licitaciones adjudicadas para solucionar los problemas de contaminación del río Loa.
De los diputados señores Kuschel, Vega y Fossa, contratación de personas con discapacidad.
Municipalidades de Quilpué y Estación Central
Del jefe de la bancada del Partido Demócrata Cristiano por la cual informa que el diputado señor Hernández reemplazará en forma permanente al diputado señor Núñez en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
De las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda mediante las cuales informan que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, han elegido como presidente a los diputados señores Mora y Tuma, respectivamente.
2.Oficios:
De la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como presidente al diputado señor Sánchez.
Asistieron los siguientes señores diputados: (68)
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Guillermo Ceroni, Francisco Encina, Juan Pablo Letelier y Edmundo Salas.
El acta de la sesión 43ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 44ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez .
Señor Presidente, creo que todos queremos saber el motivo por el cual la Mesa alteró la tabla de hoy, puesto que, si bien se le retiró la urgencia, existe amplio consenso para aprobar un proyecto tan importante y emblemático lo ha dicho el Presidente Lagos como es el de firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica. La mayoría de los diputados tomamos conocimiento ayer en la tarde de la tabla de hoy, que incluía ese proyecto, y no vemos razón para alterar su orden, aun cuando haya mediado el retiro de la urgencia. De manera que deseo saber la razón.
Señor diputado, se me informa que el proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional y de quórum calificado, por lo cual el señor Presidente de la Corporación lo colocó en la tabla del próximo martes.
Señor Presidente, esa no es una razón; puede ser una conveniencia. Pero insisto en que, según mi parecer, ese proyecto, por su relevancia, debería haber estado hoy en la tabla. Por algo el Gobierno lo calificó de “suma” urgencia.
Bien. Informaré al señor Presidente de la Cámara al respecto.
En la misma dirección. Creo que es sano que los diputados tengamos la tabla con una semana de anticipación, porque si la conocemos de un día para otro, nos desordena.
El argumento de que el proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional es bueno y por eso no está en la tabla; pero lo lógico es que tengamos la tabla completa de la semana, a lo más, el jueves anterior, porque eso nos ordena a todos: a la Mesa y a cada uno de los parlamentarios.
Por lo tanto, pido que se tome en cuenta mi sugerencia.
Va a ser considerada.
Todos saben que la Mesa acaba de asumir hace dos días y, obviamente, tenemos que revisar toda la tabla.
Tiene la palabra el diputado señor José García para plantear un asunto de Reglamento.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente, en todo caso, el hecho de que el Ejecutivo le quite la urgencia al proyecto no significa que la Cámara no lo coloque en tabla, porque no tenemos por qué depender de las urgencias del Ejecutivo. Precisamente, la urgencia es para poner en tabla un proyecto, pero si no la tiene y ha sido tramitado por las comisiones técnicas, es perfectamente posible ponerlo en tabla y despacharlo.
No me parece bien el proceder de la Mesa, porque se vulneran acuerdos y, en definitiva, a todos nos hacen venir preparados para analizar y discutir un proyecto de ley determinado que, de la noche a la mañana, cambian sin ninguna explicación.
Tiene la palabra el diputado señor Longton .
El señor LONGTON .-
Señor Presidente. Ayer en la tarde, los diputados señores Espina y Walker , interesados en el proyecto, pidieron que se postergara su tratamiento. Se me informó que, por razones de su urgencia, no se lo podía sacar de la tabla y di mi conformidad; pero, a última hora, a raíz del retiro de la urgencia, fue posible complacer a los señores diputados involucrados en el proyecto.
De manera que si mis colegas no estaban enterados de esa situación, pido excusas. Estamos recién comenzando la mañana, pero no ha habido mala fe ni nada que se parezca.
En todo caso, me comprometo a informar al resto de los miembros de la Mesa sobre esta conversación.
Señor Presidente, sólo quiero informar que, al menos, nuestra bancada no tuvo ninguna noticia de esa situación. El proyecto es muy importante; hay amplio consenso para aprobarlo durante esta semana y el ministro nos llamó para que lo apoyáramos.
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social solicita el acuerdo de la Sala para redestinar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano el proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional en materia de planes reguladores comunales, por tratarse de materias de su competencia.
Señor Presidente, antes de que se inicien las discusiones legislativas de esta sesión, quiero plantear lo siguiente:
Dirigentes de jóvenes, que dicen representar al Parlamento Juvenil, llamaron a los jóvenes a una paralización y movilización que provocó muchos desmanes y desórdenes en Santiago, con el consiguiente riesgo para ellos.
Pido que la Mesa tome cartas en el asunto, porque la Cámara de Diputados, que de alguna manera apadrina al Parlamento Juvenil, está involucrada.
Creo que este hecho amerita una investigación y solicito que la Cámara recoja mi observación.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).
Bien, señor diputado. El tema se va a tratar también en Incidentes y, muy probablemente, a través de un proyecto de acuerdo.
En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regulariza la situación de inmuebles de propiedad estatal con el objeto de otorgar reconocimiento legal a su destinación.
Modificaciones del Senado, boletín
Nº 2427-12, sesión 49ª, en 4 de abril de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Álvarez-Salamanca , Álvarez, Allende (doña Isabel) , Ascencio , Bertolino , Caminondo , Correa, Delmastro , Dittborn , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Kuschel , León, Luksic , Masferrer , Melero , Monge , Montes, Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Pérez (don José) , Prokurica , Riveros , Rocha , Seguel , Silva , Soria , Tuma , Ulloa , Van Rysselberghe , Velasco , Vilches y Villouta .
Se abstuvo el diputado señor Palma (don Andrés ).
Señor Presidente, el tercer proyecto de ley de la tabla, que modifica el requisito de estudios para obtener licencias de conducir establecido en la ley Nº 18.290, de Tránsito, es muy simple y creo que todos los diputados estamos de acuerdo en aprobarlo por unanimidad. Por lo tanto, podríamos votarlo y despacharlo de inmediato, y tratar, a continuación, el relativo a la ley general de Telecomunicaciones que aparece en segundo lugar, respecto del cual todos queremos intervenir.
¿Habría acuerdo para proceder de la manera solicitada?
En seguida, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que reemplaza el título IV de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones, referido al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Modificaciones del Senado, boletín Nº 2436-15, sesión 47ª, en 22 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a este proyecto, tan trascendente para los lugares que represento con mucho orgullo en la provincia de Valdivia. Allí, en medio de los lagos y de la cordillera se asientan importantes comunidades, como Neltume, Liquiñe , Choshuenco , Maihue , Chaura , Enco , Curringue , etcétera, que, curiosamente, nunca supieron por dar un ejemplo de la existencia de la ley de exonerados políticos, porque no reciben las ondas sonoras de las radioemisoras locales de la comuna de Panguipulli. Justamente, una de las razones del proyecto que modificó esa ley fue el hecho de que miles de personas no accedieron a sus beneficios por no haber sabido de su dictación.
Por eso, destaco la norma del artículo 28 A, que incorpora dos elementos claves para la aplicación y distribución justa y armónica de los recursos del fondo en el territorio nacional. Me refiero, primero, a la inclusión del concepto de “zonas geográficas extremas o aisladas”, el cual, a mi juicio, debe inspirar la ejecución de todos los programas que se financien con ese fondo concursable.
Otra norma muy positiva que se incorpora, dentro del listado de proyectos concursables, es la referida a la radiodifusión y televisión, que permitirá a las comunidades aisladas por ejemplo, a las cordilleranas que he mencionado la generación de proyectos de radio de mínima cobertura o la instalación, con apoyo del Estado, de antenas de recepción televisiva. Porque debemos concordar que, por ejemplo, en el distrito Nº 52, de la Novena Región, que representa el colega René Manuel García , hay lugares donde la televisión no llega, y su gente, de mínimos recursos económicos, no puede aportar nada para la instalación de la antena respectiva. Por eso, me parece positivo que el proyecto materialice una antigua demanda de tantas comunidades de escasos recursos que reitero nunca podrán costear la instalación de tales implementos. En definitiva, se les vincularía al resto del país y del mundo. Gente de esos lugares, que tiene contacto con el valle central, nos ha dicho que allí viven 30 años atrasados de la civilización; que, efectivamente, allí se produce un letargo en la tecnología. A algunos les gustaría permanecer en ese estado; pero eso no debe significar quedar ajenos de lo que la modernidad nos entrega.
Por consiguiente, celebro las modificaciones del Senado en favor de las comunidades aisladas y de esos compatriotas que hacen soberanía en nombre de la nación toda, y pido el apoyo de la Sala para su aprobación.
Tiene la palabra el diputado señor Orpis .
Señor Presidente, recuerdo que este tema, cuando se modificó la ley general de Telecomunicaciones, fue polémico y muy discutido; pero al hacer un balance de estos cuatro años, sin duda, uno de los grandes aciertos fue la incorporación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Ello se ha podido comprobar especialmente en los sectores rurales, aislados, donde no era rentable instalar, por ejemplo, telefonía. El Fondo ha permitido conectar a muchos sectores con el resto del país y del mundo, los cuales, sin él, no habrían tenido esa posibilidad.
A mi juicio, con la propuesta se da un paso adelante, porque no sólo se prorroga la existencia del Fondo, sino que también se le orienta en forma prioritaria hacia las zonas geográficas extremas o aisladas. Es decir, ya no importa que un proyecto rural no sea rentable, pues debe darse prioridad a los sectores extremos y aislados, que difícilmente pueden conectarse con el mundo.
Hoy, la telefonía no sólo es un medio de comunicación con familiares, etcétera; también es información, ya que mediante el fax se pueden llevar a cabo actividades productivas. Es indispensable para los sectores productivos, y es impensable tomar contacto con ellos cuando no existe. Por eso, celebro que el Senado haya incorporado una clara prioridad y orientación en el sentido de que el Fondo debe destinarse especialmente a las zonas geográficas extremas o aisladas.
Por lo tanto, vamos a concurrir con nuestros votos a la aprobación del proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Ascencio .
Señor Presidente, algunas modificaciones del Senado son adecuaciones de redacción; sin embargo, otras son importantes y merecen nuestra atención.
Como se ha dicho, el Fondo ha sido fundamental para llevar la telefonía a sectores rurales. Mediante el proyecto se incorpora la posibilidad de que otro tipo de actividades relacionadas con la telefonía puedan ser objeto de subsidio.
La primera modificación como señaló el diputado Orpis dice relación con el objetivo primordial de la futura ley. El artículo 28 A dispone que con el Fondo deberán atenderse especialmente las localidades ubicadas en zonas geográficas extremas o aisladas, lo cual es muy conveniente para algunas regiones, como la Décima, por ejemplo, donde existen muchos sectores rurales que deben ser atendidos igual que otros del resto del país, como es el caso de Chiloé y Palena .
Por lo tanto, si bien esta modificación podría ser considerada relativamente simple, reviste enorme importancia para quienes, en su oportunidad, deban resolver sobre el otorgamiento del subsidio, es decir, para las autoridades que formarán parte del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, puesto que contarán con una orientación clara al respecto.
El artículo 28 B se refiere a la integración del Consejo, y la modificación, en su inciso segundo, propone suprimir la frase “Secretario General de la Presidencia; de Educación, y de Salud”. Por lo tanto, sería bueno saber si la Cámara está de acuerdo en que esas autoridades no lo integren.
La modificación al artículo 28 C, fundamentalmente, es de redacción.
Sin embargo, deberíamos prestar atención al artículo 28 D, que establece el programa anual de proyectos subsidiables o licitables, los cuales, según el texto de la Cámara, deberían ser:
“a) Teléfonos públicos o centros de llamadas.
“b) Telecentros comunitarios de información.
“c) Cualquier otro servicio de telecomunicaciones que beneficie directamente a la comunidad en la cual habrá de operar”.
El Senado propone la siguiente letra c), nueva:
“c) “Servicios de Telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión locales, cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por el público en general, sean emisiones sonoras, de televisión abierta o limitada, o de otro género, especialmente los servicios de radiodifusión de mínima cobertura definidos en el inciso segundo de la letra a) del artículo 3º de esta ley.”
Los problemas que han derivado de la aplicación de la ley han tenido su origen en la instalación de los teléfonos rurales, por cuanto, muchas veces, en una comunidad de cincuenta o de cien familias, aisladas y distantes geográficamente, un aparato no satisface sus necesidades. Por eso, a medida que ha avanzado el proceso de modernización de las telecomunicaciones, nos hemos dado cuenta de que la telefonía celular ha sido muy importante para cubrir las necesidades de la gente que vive en sectores más aislados.
Hechas las consultas del caso en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la respuesta fue que un proyecto de instalación de antenas de recepción por parte de una empresa de telefonía celular sería subsidiable, por cuanto estaría comprendido en la letra c) del artículo 28 D.
Eso es muy importante, porque en lugar de los teléfonos públicos tradicionales, podríamos subsidiar la instalación de antenas para celulares, pues el precio del aparato como el de la llamada es bajo e, incluso, casi todos los teléfonos móviles reciben llamadas sin costo para el usuario.
Entonces, es muy importante precisar que, a través de la letra c), el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones podría aceptar proyectos de telefonía celular para sectores rurales, donde, lamentablemente, la mayoría de los teléfonos públicos que se instalaron se echaron a perder y las compañías nunca los repararon, además de que la mayoría de ellos no cumplen con su objetivo.
Por lo menos, para Chiloé y Palena , la solución, a través de este proyecto, puede provenir del subsidio a la telefonía celular.
En consecuencia, vamos a aprobar las modificaciones del Senado, de manera que el proyecto se convierta en ley y se aplique a la brevedad.
Señor Presidente, la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones, en los once años que han transcurrido desde que se recuperó la democracia, a lo menos ha tenido tres modificaciones muy importantes.
El 10 de marzo de 1994 se publicó la ley, que denominamos 3 A, que significó un cambio total y absoluto en la telefonía fija y móvil. Hizo posible que nuestro país tuviera una legislación acorde con la tecnología de punta de esta actividad.
Sin embargo, tal como lo han expresado algunos colegas, es bueno recordar que a la Cámara de Diputados, por lo general, se le critican los errores, pero se olvida algo esencial: nuestra labor es crear, discutir, analizar, de modo que los proyectos salgan lo mejor posible.
Así, varios parlamentarios integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, durante la discusión del proyecto que modificó la ley general de Telecomunicaciones, que, como dije anteriormente, denominamos 3 A, tuvimos la idea de crear un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones para los sectores aislados. En consecuencia, dicho fondo nació en la Cámara de Diputados, no en el Senado.
Por eso, después de la promulgación de esa ley, varios parlamentarios solicitamos el patrocinio del Ejecutivo, porque era lo que correspondía, para un proyecto que creara el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Ello significó, tal como lo expresaron los colegas Jaramillo , Orpis y Ascencio y seguramente lo harán también otros parlamentarios que van a exponer más adelante, que los habitantes de localidades o comunas alejadas de los centros urbanos pudieran acceder a un avance de la modernidad.
La ley general de Telecomunicaciones vigente fijó al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones un plazo de vigencia de cuatro años, el que, con la modificación propuesta en este proyecto y desde el instante en que sea publicado como ley de la República, se prorrogará por diez años.
Hasta la fecha, no menos de diez mil proyectos han tenido acceso al Fondo, el cual obtiene anualmente recursos de la ley de Presupuestos, donde se le asigna una cantidad importante para atender la demanda de las respectivas solicitudes. El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones constituye un gran avance y ha sido muy importante, tal como lo fue la ley 3 A.
En otro orden de cosas, aunque vinculada tangencialmente con el tema, cabe señalar que en estos días ha habido una amplia discusión generada por las tarifas máximas a público hasta mayo de 2004, fijadas según el decreto publicado el 21 de agosto de 1999. Se dice en tono muy sencillo que se nos habría pasado la mano, porque dichas tarifas serían muy bajas.
En verdad, actuamos en forma consciente, porque representaba un beneficio para, a lo menos, tres millones de usuarios de telefonía fija y tres millones doscientos mil de telefonía móvil.
Por ello, considero positivo que el Fondo tenga diez años más de vigencia. Además, responde al deseo expresado por la Cámara de Diputados durante el primer trámite legislativo del proyecto.
Ahora me referiré a las modificaciones más importantes propuestas por el Senado.
Estoy de acuerdo con suprimir de la integración del Consejo al ministro secretario general de la Presidencia y a los ministros de Educación y de Salud, porque así se simplifica el trámite. A mi juicio, uno de los errores que cometimos a lo mejor no fue error, sino que las circunstancias eran diferentes, hace cuatro años, fue incluir demasiados representantes en el Consejo, lo que le resta rapidez a su actuación.
Por otro lado, el diputado Enrique Jaramillo se refirió a una materia que me interesa reiterar. En el artículo 28 D, se agregó la posibilidad de acceder al Fondo a los proyectos subsidiables o a las licitaciones de servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión locales “cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por el público en general, sean emisiones sonoras, de televisión abierta o limitada, o de otro género, especialmente los servicios de radiodifusión de mínima cobertura, definidos en el inciso segundo de la letra a) del artículo 3º de esta ley”. Ese es un avance muy positivo y va a ayudar a que se integren, en particular, emisoras de mínima cobertura.
En general, estoy de acuerdo en que se aprueben todas las modificaciones del Senado en este tercer trámite constitucional, con el objeto de que en los próximos días esta iniciativa, que nació en el seno de nuestra Cámara de Diputados, se convierta en ley de la República.
Señor Presidente, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones cuya prórroga de vigencia se propone es uno de los logros más importantes y significativos para el país, como ya lo han señalado algunos colegas en esta Sala.
Sin duda, ha mejorado la calidad de vida en las localidades, lo que se refleja en una comunicación permanente con todos los servicios y atención de las necesidades que requiere la población.
Muchos de los diputados que llevamos años legislando en esta Sala fuimos los iniciadores del proyecto. Como expresó el diputado señor Ortiz , cuando se modificó la ley general de Telecomunicaciones, llamada ley 3 A, solicitamos la generación de este Fondo, el que ha funcionado bien, porque no ha sido discriminatorio y ha servido a las más diversas localidades del país. Lo puedo atestiguar porque, en mi distrito, localidades como Totoral, Flamenco e Inca de Oro hoy tienen una comunicación de primer nivel.
Ello constituye un orgullo para Chile y nos destaca, incluso, en el concierto sudamericano en materia de telecomunicaciones.
Su vigencia se prorroga por diez años para dar estabilidad al sistema, ya que las necesidades se van creando periódicamente. Hay lugares donde siempre se vivió sin comunicaciones; pero tan pronto se instala la primera línea telefónica, se crea la necesidad en todos los sectores. Eso es lo que recoge este proyecto de ley.
La ley de Presupuestos de la Nación contempla anualmente los recursos necesarios para el Fondo.
El Senado ha hecho interesantes aportes al proyecto, como la incorporación de una letra c), nueva, al artículo 28 D, que dice: “Servicios de Telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión locales, cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por el público en general, sean emisiones sonoras, de televisión abierta o limitada, o de otro género, especialmente los servicios de radiodifusión de mínima cobertura definidos en el inciso segundo de la letra a) del artículo 3º de esta ley”.
Esto significa que el Fondo podrá resolver, además, problemas de televisión abierta e incluso de radiodifusión de una cobertura pequeña, muy definida, para lo cual antes no existían recursos. Entonces, además de la telefonía, proyectos sobre otras materias van a poder concursar para obtener recursos del Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Es importante destacar que en la ciudad de Copiapó se ha inaugurado, por primera vez, un telecentro, que es un centro conectado a todos los servicios públicos, lo que significa, por ejemplo, que si alguien necesita una información del Serviu, en ese lugar puede obtenerla directamente; que si alguien necesita atención hospitalaria, allí podrá pedir hora a los consultorios.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha sido útil y tiene una proyección insospechada para la gente de cada una de las regiones, lo que es un buen argumento para aprobar el proyecto.
En general, comparto plenamente las modificaciones propuestas por el Senado, porque no se contraponen con el texto despachado por la Cámara; por lo tanto, les daré mi aprobación.
Tiene la palabra el diputado señor Palma .
Señor Presidente, varios diputados ya se han referido a las materias de este proyecto y a otras vinculadas con las telecomunicaciones.
Estimo un acierto de quienes, hace varios años, impulsaron la existencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Esto queda demostrado porque Chile posee la mejor infraestructura de telefonía y de intercomunicación en América Latina, lo cual no es una tarea fácil, sobre todo si se considera que se trata de un país que tiene una loca geografía.
Actualmente existen tres millones de hogares con teléfonos. Es el porcentaje más alto que se da entre los que no son miembros del selecto club de los países desarrollados. Esa ampliación de la telefonía domiciliaria se debe al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. ¿Por qué estamos legislando al respecto? Me habría gustado escuchar una reflexión más detallada en esta Sala sobre la materia. Digo esto porque me voy a oponer a las modificaciones más sustantivas que propone el Senado. A continuación daré a conocer el porqué.
Decía anteriormente que nuestro país tiene un gran desarrollo en la telefonía domiciliaria. Por su parte, el diputado señor Ascencio hacía mención al avance de la telefonía celular; pero el éxito del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, desde su creación hasta la fecha, se debe a que ha tenido un solo objetivo: el desarrollo de la telefonía rural de localidades aisladas, domiciliaria y también podríamos incluir a la telefonía celular en esos lugares. Por ello, el Fondo ha sido un éxito y recibe las alabanzas de todos en esta sesión.
¿Qué propuso la Cámara de Diputados al Senado? En consideración a que el Fondo era exitoso para el desarrollo de la telefonía domiciliaria, sugerimos dar un paso más para ponernos en la perspectiva de lo que se avecina en los próximos diez años en el desarrollo de Chile. Además, somos el único país de América Latina que está capacitado para dar masivamente ese paso. Por ello dijimos que, aparte de destinar más recursos para el acceso telefónico, usáramos el sistema telefónico desarrollado para telecentros comunitarios de información y para cualquier otro servicio en esta línea, tales como teléfonos públicos y centros de llamadas o accesos domiciliarios que vayan en directo beneficio de la comunidad.
Si bien es muy importante el apoyo que les damos a las radios de mínima cobertura, al acceso a la televisión y a las radios de difusión local, ello desvía los recursos del propósito central del Fondo. Esto lo hace más inefectivo y perjudicial para las perspectivas de desarrollo en las comunidades pobres, que son las que necesitan más apoyo en lo que hoy se denomina tecnología de la información, con el fin de competir con aquellas localidades cuyo acceso es universal. Hoy, los vecinos de La Granja tienen que competir con los de Vitacura, quienes tienen acceso a internet ilimitado, con más de cuatro ofertas de conexión. En cambio, en La Granja ni siquiera existe un telecentro comunitario para conectarse a internet. Lo mismo ocurre con un vecino de Palena, de Chiloé, de Hualqui, de Alto del Carmen, de Tierra Amarilla o de Inca de Oro, como señalaba el diputado señor Vilches . Para que ellos puedan incorporarse a este nuevo proceso, de acuerdo con el cambio que está viviendo el país, debemos rechazar la modificación del Senado que agrega la letra c) en el artículo 28 D, por cuanto los recursos no son muy abundantes. Aquí van a entrar a competir los canales de televisión, que van a llegar con una oferta para instalar una antena satelital con el fin de tener una reproductora. ¡Estupendo, no digo que no! Pero los canales de televisión deberían tener otros mecanismos para ello, porque se desvían recursos al hacer competir el desarrollo de la radiofonía local con los telecentros comunitarios, con la interconexión telefónica. La Cámara de Diputados aprobó el artículo 28 D en esos términos, porque si habíamos avanzado en la telefonía, ahora podíamos instalar telecentros comunitarios. Entonces, pongamos los recursos que ya son abundantes para la interconexión telefónica, al servicio de esta nueva etapa del desarrollo: la tecnología de la información. Pero el Senado modifica sustancialmente el proyecto, destinando esos fondos a cualquier cosa que sea radiodifusión, telecomunicaciones, y no a poner todo nuestro esfuerzo en una línea de desarrollo.
Este es un país al cual no le sobran los recursos y tenemos un nivel mediano de desarrollo; pero si queremos alcanzarlo, debemos tener objetivos claros y poner todo nuestro esfuerzo en ellos.
Hoy, para que Chile pueda crecer, se debe invertir fuertemente en las tecnologías de información. Ese era el sentido del proyecto de la Cámara de Diputados, y que fue modificado por el Senado.
En consecuencia, invito a rechazar la modificación del Senado al artículo 28 D.
El señor MORA (Presidente accidental).-
Señor Presidente, aquí somos buenos para hacer historia y también para aprobar o rechazar proyectos, según nuestra conveniencia.
La Granja no es una zona aislada ni extrema del país; tampoco lo es Pudahuel. Podrán ser comunas pobres, pero no zonas extremas.
Este proyecto es netamente evolutivo. Si los diputados que llevamos varios años de trabajo en la Cámara leemos el proyecto original, nos daremos cuenta de que este Fondo de la ley Nº 18.168 estaba destinado sólo al servicio público telefónico de áreas rurales y también a zonas urbanas de escasos ingresos y baja densidad telefónica.
Hoy nos hemos dado cuenta de que ya no es un proyecto relacionado con los servicios telefónicos, sino con las telecomunicaciones, al entrar a operar la televisión, el teléfono y todo el aparataje comunicacional existente en el país, que es lo que nos interesa, porque eso significa, por ejemplo, acceso a internet en los colegios.
Las municipalidades saben cuáles son las zonas más extremas.
El proyecto dice: “zonas extremas o aisladas”. Habría que preguntarse cuáles son las zonas extremas. Arica es zona extrema, también lo es Punta Arenas.
Pero, dentro de esas zonas extremas del país, deben distinguirse las aisladas. Una zona extrema no significa que sea pobre ni que su población necesite las comunicaciones, como los pueblos aislados de la cordillera en zonas extremas, en el centro o en los distritos que uno representa, como decía el diputado señor Jaramillo . No es lo mismo Pudahuel que Curarrehue ; no es lo mismo La Granja que Reigolil .
Estamos hablando de favorecer a la gente que realmente lo necesita.
Este proyecto tiene gran importancia para los niños. Hoy la educación en nuestra patria y también en el mundo entero si no considera la conexión a internet, la televisión y la computación, queda trunca. Tanto ha evolucionado el sistema que, para ingresar a una “pega”, cualquiera que sea, se debe haber aprobado el cuarto año de enseñanza media.
Los fondos de desarrollo concursables, indudablemente, no son ilimitados; por lo tanto, el directorio debe tener la sapiencia y el criterio suficiente para asignarlos a las personas que más los necesitan, y no a las que tengan el mayor “staff” para elaborar los proyectos. Evidentemente, es imposible competir con los habitantes de Las Condes o de Vitacura, porque éstos cuentan con mayores ingresos y con gente que los puede asesorar mucho mejor.
En consecuencia, quiero decirle al diputado señor Andrés Palma que aquí no se trata de una competencia desleal, sino del criterio que tendrá el directorio para asignar los recursos de este Fondo, que todos estamos apoyando con mucha fuerza, porque creemos que las zonas que los necesitan son las más aisladas, las que no tienen comunicaciones o en las que éstas se interrumpen porque se cortan los caminos.
Al respecto, los diputados que representamos a zonas aisladas o lejanas, sabemos que un teléfono o un camino pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte.
Por eso, nos interesan estos fondos de desarrollo, a los que nos hemos referido muy bien. Pero lo más importante es que el consejo respectivo tenga criterio para asignar los fondos a las zonas de pobreza, porque felizmente, en la práctica, hoy no hay aislamiento, porque tenemos los caminos pavimentados en todas las capitales de comuna. Esto, debido a que se han obtenido recursos de la carretera central. Pero eso no significa que esas zonas, que tienen un buen camino, no sean pobres.
En eso debemos centrar nuestras fuerzas, a fin de que el consejo que va a distribuir estos fondos tenga el criterio suficiente para que esas zonas de pobreza y alejadas sean las que tengan la mayor prioridad al momento de que estos fondos sean asignados.
Todos los proyectos se pueden mirar con un prisma distinto. Por eso me referí a Arica y Punta Arenas. Son zonas extremas. O sea, ¿podrían asignárseles todos los recursos? ¡No! Se refiere a las zonas extremas que están lejos de las zonas pobladas; que tienen pocos fondos y una necesidad imperiosa de que lleguen las telecomunicaciones, y en todo su ámbito.
Sin duda, para la gente de esas zonas es positivo contar con telecomunicaciones, teléfonos; pero vamos a encontrarnos con un problema: esa gente, aunque no use el teléfono, paga 15 mil pesos o más de cargo fijo. Eso lo hallo preocupante.
Por eso, como decía el diputado señor Ascencio , el teléfono celular está reemplazando al domiciliario, porque una persona por 15 mil pesos puede hablar 150 ó 200 minutos, según el plan que contrate.
Entonces, no nos fijemos en si Entel o la CTC van a concursar al Fondo para zonas extremas, porque van a hacerle un favor a esa gente, puesto que con los 15 mil pesos que están pagando en cargo fijo van a tener la oportunidad de hablar 200 minutos y contar con comunicación permanente.
En consecuencia, como parlamentarios debemos mirar en esa dirección.
Mucha gente, con esfuerzo, está instalando antenas para que les llegue la telefonía celular y conectarse con el mundo, y no pagar 15 mil pesos sólo por tener el aparato en la casa, pero sin recibir ningún servicio.
Eso es lo que queremos desarrollar. Aquí no estamos pensando en la empresa que va a optar a los fondos, sino en cuál será la que le va a dar más garantías, más servicios y a un menor costo, a los usuarios de zonas extremas.
El fondo del proyecto es ése. Lo demás es sólo música celestial. Es lo que queremos, pero es imposible.
Queremos que este Fondo exista para que la gente pueda tener cobertura en sus zonas, y que las empresas que vayan a operar den un buen servicio.
Por eso, esperamos, con entusiasmo y alegría, que proyectos como éstos se materialicen, se aprueben y se conviertan pronto en leyes de la República, a fin de que las zonas extremas, aisladas y pobres puedan decir: “Por fin tenemos cobertura para estar comunicados con el resto de las personas”.
Ése es el fondo del proyecto.
En consecuencia, votaré a favor y pido a mis colegas que procedan de la misma manera, a fin de hacer realidad los beneficios que contempla.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha .
Señor Presidente, esta iniciativa nos retrotrae a la fecha en que aprobamos el proyecto original, cuando creímos, con algo de ingenuidad o candor, que tendríamos teléfonos funcionando en cada uno de los rincones de este país; pero la realidad ha sido diferente.
Con preocupación observamos que este gran anhelo de contar con telefonía en cada uno de los rincones más apartados del país no se ha cumplido por muchas razones. Una de ellas, porque los teléfonos no son de buena calidad.
Hay sistemas para los cuales la gente no está preparada.
En Arauco, mi provincia, muchos equipos instalados por una empresa, que mencioné en otra oportunidad, la CTR, tiene equipos que no funcionan. En Los Ríos, Caripilún , Trongol bajo, Bajo los Ríos, etcétera, los teléfonos no funcionan; además, sus sistemas no se adecuan a lo que está acostumbrada la gente.
Por ejemplo, las empresas telefónicas han instalado equipos en los cuales las monedas se introducen una vez que contesta la persona a la cual se llama, sistema absolutamente desconocido para la gente; como no lo saben manejar, el teléfono se traga las monedas, con el consiguiente problema para el concesionario y mil dificultades que considero innecesario detallar.
Las modificaciones del Senado son importantes y ayudan a perfeccionar el proyecto.
El artículo 28 D, cuya letra c) fue agregada por el Senado, constituye una muy buena noticia para la isla Mocha, porque podrá contar con un proyecto para instalar televisión, la cual no llega a ese lugar, o cuenta con un canal que transmite en malas condiciones. Entonces, la gente recurre a los parlamentarios y a las autoridades para pedirnos que solucionemos este problema, que para ellos es relevante. Los que cuentan con recursos instalan Sky, pero la gran mayoría de las personas no tiene posibilidad de acceder a ese servicio, porque es caro. En consecuencia, el Senado, al introducir los servicios de televisión como proyectos subsidiables, hace un gran aporte a las zonas extremas y más aisladas de nuestro país, como es el caso de la isla Mocha, a la cual me he referido.
En cuanto a la modificación al artículo 28 F, echo de menos algo que señalé al señor ministro y que debe ser motivo de preocupación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cual es que el proyecto no establece normas sobre fiscalización. Ya me referí al caso de los equipos telefónicos, cuyo funcionamiento es desconocido para la gente.
Además, deberían incorporarse normas sobre conocimiento de los equipos que se instalarán, de manera que se tenga la certeza de que son operables y de que no terminarán abandonados, como ocurre en la actualidad, o evitar que se instalen aparatos que funcionan con monedas, las que, si no se retiran oportunamente, saturan el equipo y pasan muchas semanas sin que el encargado de la empresa concesionaria saque las monedas. Durante todo ese tiempo, el equipo ha dejado de funcionar.
Es necesario considerar con mucha claridad esa situación, pues, de lo contrario, se producirá una gran sensación de frustración en la gente y también, por supuesto, en nosotros, que creímos, como señalé al comienzo de mi intervención, con mucha ingenuidad y candor, que estábamos aprobando un proyecto de ley que significaría realmente la instalación de teléfonos en todos los sectores rurales del país.
Falta establecer en forma explícita, dentro de las bases de licitación, las obligaciones que la empresa debe cumplir. De lo contrario, tendremos graves dificultades, como las que he tenido oportunidad de señalar, sin perjuicio de otras anexas.
Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se instala un teléfono en una casa de un sector rural? Un representante de la empresa va, conversa con el propietario y le informa que le pagarán la luz que instalan para poder usar el teléfono. Tampoco cumplen eso, por lo cual pasan meses y meses y hay que estar llamando para que a esa modesta gente se le pague el consumo de electricidad.
Debemos hacer un esfuerzo para no aumentar la desilusión de mucha gente que ha tenido acceso a estos teléfonos, y aumentar las exigencias a las compañías para que presten un servicio realmente provechoso para los usuarios.
De todas maneras, hago un llamado al ministro o al subsecretario de la cartera para que dispongan la fiscalización, aspecto que no está considerado en el proyecto.
A pesar de todo, estimo que debemos aprobar las modificaciones del Senado.
Señor Presidente, voy a apoyar este proyecto porque me parece de suma importancia; pero también quiero dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, de mis preocupaciones al respecto, que van un poco en la línea de lo planteado por el diputado señor René Manuel García .
En la Cuarta Región hoy existe una red telefónica importante, ha habido desarrollo y el Gobierno ha presentado planes de extensión y ha llamado a concurso para instalar teléfonos. Pero se han presentado dos situaciones: una, la que planteó el diputado señor René Manuel García , en cuanto a que el costo fijo es demasiado alto; la otra, que antes existían teléfonos públicos que daban servicio a localidades y a pueblitos rurales mineros muy apartados. Con posterioridad, por el esfuerzo de llevar la telefonía a los distintos sectores, se amplió la cantidad de suscriptores y los teléfonos públicos dejaron de ser rentables. Entonces, aumentó el costo de las llamadas, tanto locales como de larga distancia, puesto que las compañías telefónicas designaron esas áreas como de telefonía rural, lo que motivó que salieran de la llamada zona urbana o central. En consecuencia, el costo pasó a ser el doble del valor de las llamadas de larga distancia nacional.
Por lo tanto, por un lado desaparecieron los teléfonos públicos, porque ya nadie los usó al existir los residenciales, pero éstos son tan caros que hubo gente que no los pudo pagar, razón por la cual se les cortó el servicio. Hoy se da la paradoja de que existen líneas telefónicas y aparatos, pero no se les puede dar el servicio porque las personas no están en condiciones de pagarlo.
Para que un proyecto de tanta trascendencia como éste pueda desarrollar la telefonía y las telecomunicaciones en las zonas apartadas, extremas o rurales de nuestro país, es muy importante que considere las situaciones que he planteado.
Personalmente, he hecho un seguimiento de la situación que se presenta en la telefonía en la Cuarta Región y tengo una serie de respuestas de los distintos ministerios. El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones me ha señalado que la empresa ha cumplido con lo que dispone el decreto con fuerza de ley Nº 266, de mayo de 2000, pero el de Economía dice que se está transgrediendo la ley de defensa del consumidor. En esas circunstancias, espero que la Subsecretaría de Telecomunicaciones tome las medidas del caso para superar las situaciones de abuso que se presentan con los teléfonos clasificados como rurales y, de esa manera, el proyecto cumpla efectivamente una buena función para el desarrollo real de la telefonía.
En el caso de la Cuarta Región, este problema ocurre de preferencia en localidades como Bellavista, cercana a La Serena; Algarrobito , Las Rojas, Vicuña , Paihuano , Cutún , Titón y Marquesa , todos sectores de agricultores, y, lo que es peor, como cambió la numeración, ya se produjeron dificultades para contactarse con las personas que tenían los números telefónicos anteriores.
Además de eso, hay teléfonos que no entran al sistema por no estar incorporados a la red base; es decir, cuando un teléfono es de una compañía distinta de aquella en que está calificado como rural, no tiene facilidad para acceder a los teléfonos rurales, aunque estén en la misma localidad. Por lo tanto, el daño a los suscriptores ha sido inmenso, más aún si les vamos a vender la ilusión de que otras localidades tendrán la suerte de comunicarse con el país, en circunstancias de que quedarán en las mismas condiciones que los actuales.
Entonces, creo que no se cumple el objetivo del proyecto ni lo que el Congreso Nacional desea y espera.
Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica .
Señor Presidente, quizás uno de los proyectos más importantes para las zonas rurales fue el que incorporó la telefonía rural, y la iniciativa en discusión, sin duda, refuerza esa idea por los resultados que tuvo. Por eso, lo apoyaremos y votaremos a favor.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar ciertos problemas de la telefonía rural ocurridos, especialmente, en el último año. Me refiero a algunos de los temas que planteó el diputado señor Bertolino y a las dificultades que hemos tenido en la Tercera Región con los teléfonos rurales.
Hace aproximadamente seis meses, se modificaron los números de la telefonía rural, anteponiéndoles tres dígitos, lo que generó diversos cambios.
En primer lugar, antes de la instalación de la telefonía rural, las llamadas a las ciudades contiguas eran locales. Con el cambio de sistema, ahora son de larga distancia, lo que en la práctica ha significado que gente muy modesta, que en algún momento pudo llamar a sus proveedores, tener contacto con sus familiares y saber de la salud de alguien que integra su núcleo familiar, hoy, por el alto costo que esto les significa, no lo puede hacer, porque se ha transformado en un servicio al que no se puede acceder por los altos precios establecidos en las tarifas.
En segundo lugar, como el proveedor tiene ciertas claves o sistemas, a muchas personas de localidades rurales les resulta imposible usar internet.
En tercer lugar, no se puede llamar desde centrales. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones tuve que llamar desde el Congreso Nacional a teléfonos rurales de Alto del Carmen y de Carrizal Bajo, pero hoy no lo puedo hacer a través de las nuevas instalaciones, sino sólo por celular, pero de aquellos que usan el sistema de carrier 188, de Telefónica.
Se señaló que ello se debía a un problema de readecuación de los sistemas entre las empresas, lo cual no le interesa a la gente del sector rural, ya que lo único que desea es poder usar dichas instalaciones telefónicas.
Incluso, durante la tramitación de un proyecto anterior, hace aproximadamente un mes, le pedí al ministro de Obras Públicas efectuar una fiscalización sobre la materia, porque él había asegurado en esta Sala que no correspondían esas alzas de tarifa en lugares de comunas cercanas a las instalaciones, desde donde se produce la mayoría de las llamadas telefónicas.
Además, señaló que se haría una fiscalización para determinar por qué no se podía usar el internet, ni entrar por centrales que pertenecían a otra empresa, ni realizar llamadas de larga distancia sin hacer uso de un determinado carrier, lo que atenta contra las normas de la libre competencia. Hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta.
Lamento que no esté presente en la sesión alguna autoridad del Ministerio de Obras Públicas a menos que se encuentre en alguna parte y yo no la haya visto, a fin de que pudiera dar a esta Sala una respuesta, porque el Congreso Nacional sigue aprobando beneficios para proyectos que, en la práctica, generan algunos problemas que es necesario corregir.
Debo hacer presente que el diputado señor Andrés Palma ha pedido votación separada para los artículos 28 A, 28 D y 28 F.
En votación el resto de las modificaciones del Senado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
Aguiló , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Bertolino , Rozas (doña María) , Correa, Delmastro , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Kuschel , León, Longton , Luksic , Masferrer , Melero , Monge , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Prokurica , Rocha , Seguel , Soria , Van Rysselberghe , Vargas , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta y Walker (don Patricio) .
Se abstuvo el diputado señor Tuma .
El señor MUÑOZ (don Pedro).-
Señor Presidente, no fueron computados los votos de los diputados señor Aguiló , señora Pollarolo ni el mío.
Aun cuando no incide en el resultado de la votación, van a ser considerados por el señor Secretario.
En votación la modificación al artículo 28 A.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.
En votación las enmiendas a los artículos 28 D y 28 F.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
Aprobadas las modificaciones del Senado.
Aguiló , Álvarez , Ascencio , Bertolino , Correa, Delmastro , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Kuschel , Longton , Luksic , Masferrer , Melero , Monge , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Prokurica , Rocha , Seguel , Soria , Vargas , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta y Walker (don Patricio) .
Rozas (doña María) , León, Palma ( don Andrés ) y Palma (don Joaquín ).
Tiene la palabra el diputado señor Longton , por un asunto de Reglamento.
Señor Presidente, me ha hecho presente un colega que el diputado señor Waldo Mora aparece votando en las dos ocasiones anteriores, en circunstancias de que no se encuentra en la Sala.
Se va a eliminar el voto del diputado señor Waldo Mora .
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma , por un asunto de Reglamento.
Señor Presidente, en la primera votación hubo 39 votos. Si se descuenta el voto del diputado señor Waldo Mora , no habría quórum.
En consecuencia, pido que se repitan las votaciones.
Señor diputado, ¿usted solicita repetir la votación del artículo 28 A?
Señor Presidente, en una votación hubo 39 votos. Entiendo que hoy el quórum es de 39 votos porque hay dos permisos constitucionales, pero si son 4, el quórum es de 38 y, en consecuencia, ello no incide en la votación.
Se va a repetir la votación del artículo 28 A.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención.
Aguiló , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Bertolino , Correa, Delmastro , García (don René Manuel) , Guzmán (doña Pía), Jaramillo , Jarpa , Kuschel , Longton , Masferrer , Melero , Monge , Núñez , Orpis , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Prokurica , Rocha , Seguel , Soria , Vargas , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta y Walker (don Patricio) .
Rozas (doña María) , León, Mulet , Ojeda , Palma ( don Andrés ) y Palma (don Joaquín ).
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que modifica el requisito de estudios para obtener licencia de conducir, establecido en la ley Nº 18.290.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Vega .
Segundo informe de la Comisión de OO.PP., boletín Nº 2396-15 (S), sesión 48ª, en 3 de abril de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 12.
Informará sobre el proyecto el diputado señor René Manuel García en reemplazo del diputado señor Vega , quien, entiendo, se encuentra enfermo.
Señor Presidente, el diputado señor Osvaldo Vega me ha pedido que informe respecto de este proyecto, el cual se encuentra en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario.
A través de esta iniciativa, se autoriza a las personas que tienen examen de equivalencia para sacar su licencia de conducir en Clase A y las profesionales en Clases B y C, lo que hoy no es posible, situación que tiene sin trabajo a miles de choferes a lo largo del país.
El proyecto no necesita mayor discusión. Sólo se requiere la unanimidad de la Sala para su aprobación.
Despachado el proyecto en su segundo trámite constitucional.
Aguiló , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Bertolino , Rozas (doña María) , Correa, Delmastro , García (don René Manuel) , García (don José) , Guzmán (doña Pía) , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Kuschel , Longton , Luksic , Masferrer , Melero , Monge , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Núñez , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez ( doña Lily) , Pollarolo ( doña Fanny) , Prokurica , Rocha , Seguel , Soria , Tuma , Vargas , Velasco , Villouta y Walker (don Patricio) .
Por último, corresponde conocer el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre discapacitados mentales.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Ojeda .
Proyecto del Senado, boletín Nº 2192-11 (S), sesión 32ª, en 16 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informe de la Comisión de Salud, sesión 42ª, en 13 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 7.
Señor Presidente, paso a informar respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre discapacitados mentales, originado en una moción de los honorables senadores señores Carlos Bombal , Enrique Silva Cimma e Ignacio Pérez Walker .
La iniciativa propone modificar la ley Nº 18.600, de 19 de febrero de 1987, a fin de concordarla con la ley Nº 19.284, de 14 de enero de 1994.
Una de las innovaciones fundamentales que propone el proyecto es establecer una curatela legal para los discapacitados mentales, que asumirían las personas que los tienen a su cargo.
La Comisión de Salud del Senado recomienda aprobar la moción, en atención a que ella persigue redefinir el ámbito de protección legal de dichas personas y el concepto de deficiente mental; cautelar que la educación que se les imparta tenga en cuenta sus diferencias; impedir que ellas sean discriminadas en el ámbito laboral, y otorgarles una curaduría legal provisoria, en caso de que no tengan curador y no estén sujetos a la patria potestad.
La ley Nº 18.600 establece normas aplicables a los deficientes mentales, basada fundamentalmente en la actividad protectora del Estado y de la familia. Mediante la iniciativa se trata de comprometer a la sociedad en su conjunto para la atención de estas personas, tal como, en general, lo establece para las personas discapacitadas la ley Nº 19.284.
Habitualmente, los discapacitados sobreviven a sus padres, por lo que, al fallecer éstos, quedan absolutamente desamparados. Por ello, mientras la justicia les nombra un curador permanente, la ley debe establecer algún mecanismo de resguardo, que podría ser permitir a las personas que los tienen a su cuidado hacerse cargo del discapacitado de manera transitoria.
La idea matriz del proyecto consiste en modificar la ley Nº 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales, con el objeto de extender a toda la sociedad las obligaciones que existen respecto de ellos, en especial, en materia educacional y laboral. Asimismo, contempla en su favor una curaduría provisoria de pleno derecho, la que será ejercida por las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro del Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis).
Para los efectos de materializar la idea matriz, el artículo único del proyecto modifica diversas disposiciones de la ley Nº 18.600, reemplazando en cada una de ellas la expresión “deficiente mental” por “discapacitado mental”.
Durante el estudio de la iniciativa, se constataron una serie de vacíos y falencias, lo que origina ciertas confusiones en la aplicación de las normas relativas a estas personas. Por eso, primero la Comisión de Salud y, posteriormente, la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, decidieron complementarlas, sin que perdieran su finalidad original. Dicha complementación apunta a solucionar el conflicto derivado de la existencia de dos cuerpos legales sobre la misma materia.
La ley Nº 18.600 establece normas sobre deficientes mentales, y la ley Nº 19.284, legisla sobre la plena integración social de las personas con discapacidad.
La primera falencia que se constató dice relación con la terminología usada para denominar a estas personas en términos genéricos. La ley Nº 18.600 se refiere a “deficientes mentales”, y la Nº 19.284, a persona con “discapacidad mental”. La primera denominación está obsoleta, porque en la actualidad se habla de discapacidad mental, razón por la cual se propone sustituir en todas las normas de la ley Nº 18.600 los términos “deficiente mental” por “discapacitado mental”. Desde luego, esta última denominación está acorde con el tratamiento, dignidad, respeto y valor que se les debe dar a los discapacitados mentales, porque la expresión “deficiente mental” implica un trato despectivo que los menoscaba en su personalidad.
El artículo único del proyecto consta de 18 números que introducen diversas modificaciones a la ley Nº 18.600. Diez de ellos se refieren exclusivamente al cambio de la expresión ya señalada.
El número 1) del artículo único modifica el artículo 1º de la ley Nº 18.600, con el objeto de que este cuerpo legal esté acorde con las normas del artículo 2º de la ley Nº 19.284, sobre personas con discapacidad mental, hecho que impone deberes a sus familias y a la sociedad en su conjunto.
La referencia hecha a la sociedad en su conjunto tiene por objeto establecer la responsabilidad que debe asumir en este ámbito el grupo social, aparte del cuidado personal de los hijos que les corresponde a los padres, quienes, desde luego, dentro de sus deberes familiares, están obligados a proporcionarles alimentos.
El número 2) del artículo único reemplaza el artículo 2º de la ley Nº 18.600, recogiendo los conceptos que consagra el artículo 3º de la ley Nº 19.284 y el 3º de su reglamento, ya que la ley sobre deficientes mentales debería adecuarse a la normativa sobre discapacidad general. Por ello, el artículo 2º introduce otra definición y otro concepto. Dice: “Para los efectos de la presente ley, se considera persona con discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o más limitaciones psíquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social”. Además, señala cuándo se entiende disminuida, para estos efectos, en un tercio la capacidad de estas personas y la forma de medir el coeficiente intelectual, lo cual fue introducido por indicación de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El número 4) sustituye el artículo 4º de la ley Nº 18.600 por el siguiente: “La constatación, calificación, evaluación y declaración de la discapacidad mental, así como la certificación de ésta, se hará de conformidad al procedimiento señalado en el Título II de la ley Nº 19.284 y en el reglamento”.
En consecuencia, se suprime de la ley Nº 18.600 la regla de procedimiento para calificar la discapacidad mental y se hacen aplicables las normas del título II de la ley Nº 19.284.
El número 5) deroga los artículos 5º y 6º de la ley Nº 18.600.
El número 8) introduce un artículo 8º bis, nuevo, que establece que la educación que se imparta a las personas con discapacidad mental tenderá a desarrollar armónicamente sus facultades y capacidades personales, permitiéndoles una integración social, educativa, laboral y artística, según sus posibilidades.
Con esto se desarrollará en mejor medida la integración en la educación de dichas personas según sus habilidades, las que son conocidas para el común de la gente.
El número 16), que pasa a ser l7), incorpora un artículo 18 bis, nuevo. Aquí radica lo medular de la motivación que tuvieron los honorables senadores para presentar el proyecto: las curadurías provisorias para los discapacitados.
El senador Enrique Silva Cimma , quien concurrió a la Comisión para explicar el contenido de la iniciativa, expresó que su finalidad específica es solucionar la situación de los deficientes mentales que, por el fallecimiento de sus padres, quedan sin curaduría.
Hasta hace algunos años, las personas con discapacidad mental tenían una esperanza de vida de más o menos 25 años y, por consiguiente, fallecían antes que sus progenitores. Pero en los últimos años, su esperanza de vida es similar a la de cualquier otra persona, lo cual, si bien es muy importante, les está generando problemas, ya que sucede con mucha frecuencia que sus padres o familiares más directos fallecen antes que ellas, de manera tal que quedan en absoluta orfandad.
Además, como no están declaradas sin discernimiento, quedan sin posibilidad alguna de reclamar determinados derechos que, hipotéticamente, pudieran tener, por ejemplo, en materia sucesoria. Por ello, la idea de la norma es que se les asigne un curador legal, de acuerdo con las normas del Código Civil.
Al respecto, el artículo 18 bis del proyecto señala lo siguiente: “Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que tengan a su cargo personas con discapacidad mental, cualquiera que sea su edad, serán curadores provisorios de los bienes de éstas, por el solo ministerio de la ley, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
“l) Que se encuentren bajo su cuidado permanente. Se entiende que se cumple dicho requisito:
“a) cuando existe dependencia alimentaria, económica y educacional, diurna y nocturna”.
La moción original hablaba de “dependencia alimenticia”. La Comisión de Salud, por mayoría, cambió el concepto por “dependencia alimentaria”.
“b) cuando dicha dependencia es parcial, es decir, por jornada, siempre y cuando ésta haya tenido lugar de manera continua e ininterrumpida, durante dos años a lo menos.
“2) Que carezcan de curador o no se encuentren sometidos a patria potestad.
“3) Que la persona natural llamada a desempeñarse como curador provisorio o, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica, no estén afectados por alguna de las incapacidades para ejercer tutela o curaduría que establece el párrafo lº del Título XXX del Libro Primero del Código Civil”.
“La curaduría provisoria durará mientras permanezcan bajo la dependencia y cuidado de las personas inscritas en el Registro aludido y no se les designe curador de conformidad con las normas del Código Civil”.
No será necesaria la declaración de discernimiento, ni rendir fianza, ni hacer inventario para ejercer esta curaduría. En todo lo no descrito en el proyecto, regirán las normas del Código Civil. Los curadores gozarán del privilegio de pobreza en las actuaciones judiciales y extrajudiciales que efectúen en relación con esta curaduría y no percibirán retribución alguna por su gestión.
Durante la discusión del proyecto se enfatizó que la discapacidad, en general, afecta al seis por ciento de la población de nuestro país y sólo existe el Fondo Nacional del Discapacitado, Fonadis , para financiar proyectos que vayan en ayuda de estas personas, el cual es absolutamente insuficiente. No existe un servicio del discapacitado que pudiera ser, de alguna forma, equivalente a un servicio de salud.
Se destacó que la situación que enfrentan los discapacitados mentales es mucho peor, ya que en su mayoría están abandonados y se encuentran, en algunos casos, totalmente desamparados.
En la discusión en particular, se aprobaron los artículos propuestos por el honorable Senado, con las modificaciones consignadas en el informe.
Las indicaciones propuestas por la diputada señora Ovalle y los diputados señores Arratia , Cornejo, don Patricio ; Girardi , Melero , Ojeda , Olivares y Palma, don Osvaldo , fueron aprobadas por unanimidad, salvo la destinada a cambiar el vocablo “alimenticias” por “alimentarias”, que se aprobó por 3 votos a favor, uno en contra y una abstención.
No hay artículos calificados por el Senado como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado, y la Comisión compartió dicho predicamento.
Tampoco hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda ni artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.
Ya fueron dadas a conocer las indicaciones de la Comisión de Salud, en cumplimiento del artículo 15 del Reglamento.
Por supuesto, la iniciativa en estudio no soluciona totalmente la situación de los discapacitados en general, pues sólo introduce una modificación legal puntual, aunque relevante. Es imprescindible en esto hubo consenso y surgió del espíritu de la discusión habida en la Comisión, adecuar las normas de las diferentes leyes actuales, modernizarlas y adaptarlas a las necesidades del momento, a fin de integrar, rehabilitar, dar dignidad y otorgar derechos, consideraciones que se merecen los discapacitados. Al respecto, recuerdo que el diputado señor Manuel Rojas , junto a otros honorables colegas, presentó un proyecto de acuerdo para crear una comisión especial, con el objeto de analizar la legislación que actualmente rige a los discapacitados, y de agilizar, coordinar y, eventualmente, refundir las distintas mociones legales presentadas con el propósito de concederles nuevos beneficios.
El proyecto tiende a solucionar el importante aspecto del cuidado y protección de los discapacitados, a fin de procurar darles sobre la base de la nueva calificación que se les otorga el sitial que en verdad se merecen como personas y como seres humanos.
Señor Presidente, es sólo para expresar el apoyo de la bancada de la UDI a esta iniciativa, la que, además, tuvo su origen en una moción del senador de nuestro partido señor Carlos Bombal , y de los senadores señores Silva Cimma e Ignacio Pérez Walker .
En el informe del diputado señor Ojeda ha quedado expresado, claramente, el sentido y justicia de esta norma, junto con la necesidad de asimilar conceptos de lo que fue la ley general de discapacitados dictada hace ya algunos años y de concordar los esfuerzos que en materia de minusvalía vayan en una dirección semejante y concreta. Es más, ella constituye un paso importante, y tendrá que generar una serie de otros que posibiliten concordar una política nacional para que nuestro país pueda enfrentar el tema de los minusválidos con una visión congruente, única, eficiente y eficaz en el tiempo.
Me parece que los cambios semánticos hablar de deficiencia mental a discapacidad mental no son menores. Obviamente, hay un profundo concepto incorporado y que la misma ley precisa al señalar que por discapacitado mental se entiende a toda persona que “como consecuencia de una o más deficiencias psiquícas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social”.
Felizmente, cada vez más, podemos ver pero aún en forma insuficiente cómo personas con deficiencia mental leve o inferior al 30 por ciento se desempeñan laboralmente en nuestro país. Es así como algunos empresarios han tenido la iniciativa digna de destacar de incorporar en el mercado laboral a personas con deficiencia mental, a fin de darles una nueva alternativa social y laboral en la vida.
Por otra parte, el concepto que se genera con la incorporación del curador permanente nos vuelve a recordar un tema pendiente: resolver la situación de los discapacitados que viven con sus padres cuando éstos fallecen. Ellos quedan en una situación de absoluto desamparo, obviamente mientras la justicia nombra a un curador permanente. También podemos ver los avances logrados en esta materia.
Estimamos, por lo tanto, que este proyecto, bien estudiado por el Senado y, a mi juicio, enriquecido con las posteriores acciones de la Comisión de Salud, junto con el concurso del Ministerio para aclarar algunos conceptos, ha quedado en condiciones de ser aprobado, sin dejar de señalar la necesidad de avanzar en la concordancia final y definitiva de una serie de iniciativas en materia de minusválidos y de discapacidad.
Señor Presidente, si bien no tuve la posibilidad de trabajar con la Comisión de Salud en este proyecto, quiero entregar algunas opiniones en general, con el objeto de valorizar esta moción.
Honestamente, creo que se trata de esas mociones que le dan un sentido especial a nuestro trabajo. Estoy convencida de que una sociedad que pretende fundarse en valores humanistas debe demostrar preocupación por los más débiles y más desprotegidos. Un importante autor francés decía: si uno quiere darse cuenta de cómo era y cómo funcionaba una sociedad, cuáles eran sus valores predominantes o de si ella se regía por un sentido humanista o no, sólo había que visitar los hospitales psiquiátricos para ver cuál era el trato que recibían los pacientes y discapacitados mentales en general.
Por eso, valoro esta moción; porque si bien como aquí se ha dicho aún es insuficiente para dar una respuesta concreta, justa y necesaria a quienes viven con una discapacidad mental, es un inicio de preocupación por la dignidad y el reconocimiento de la posibilidad de llevar adelante una vida que valga la pena, pues el solo hecho de que se deje de hablar de deficiente mental ya es una clara señal de lo que queremos lograr; también lo es el aporte significativo de evaluar el déficit como una discapacidad más global, reconociendo tanto las funciones cognitivas e intelectuales, como configurando una mirada más global que evalúe las capacidades sociales y su comportamiento. Se trata de una cuestión muy importante y práctica, por cuanto dice relación con el derecho de insertarse en la sociedad repito para llevar adelante una vida que valga la pena. Sin duda que esta visión, mucho más amplia, facilitará las políticas de incorporación activa de nuestros discapacitados a la sociedad.
En este proyecto también hay un aspecto emocional que quiero destacar: la preocupación por la angustia que experimentan los padres. No sólo se trata de pensar que es un derecho preocuparse de quién será el tutor, en el caso de que fallezcan los padres y sobreviva el discapacitado, sino también de dar una respuesta a la angustia que hoy viven los progenitores. Pensar, acompañar, recibir el afecto y establecer un vínculo afectivo con un hijo discapacitado, necesariamente, se acompaña de esa angustia, y aquí estamos dando respuesta a ella. Por eso, pienso que esta moción tiene un valor emocional, significativo y muy especial.
En síntesis, en una sociedad en donde pareciera que todo transcurre según los valores materiales, la productividad de la gente y cuánto dinero podemos ganar, el hecho de colocar en primer lugar estas preocupaciones y valores que tienen que ver con vínculos afectivos, la vida humana y la dignidad de todos, me parece de especial importancia.
Estimo que las indicaciones aceptadas y el perfeccionamiento que se realizó en la Comisión dejan un muy buen proyecto, razón por la cual votaré favorablemente. Pero repito más allá de lo práctico, lo que realmente da realce a esta moción es lo que significa la preocupación por las personas y los valores que, a veces, olvidamos.
Señor Presidente, sólo para hacer un par de reflexiones acerca de este proyecto de tanta trascendencia para un importante sector de la población.
Es vital que esta Cámara legisle sobre un sector como este, pues, según las estadísticas, aproximadamente un 20 por ciento de la población tiene algún grado de discapacidad de distinta naturaleza; de ese 20 por ciento, aproximadamente un 5 por ciento, verificado en encuestas, es discapacitado mental.
La familia en conjunto tiene especial dedicación de atención, cuidado y relación con estas personas que sufren este tipo de enfermedad.
Por ello, en el caso específico de la provincia de San Antonio se han creado, como en otras provincias y comunas, organizaciones de padres y apoderados con el fin de estudiar los tratamientos médicos o posibilidades que se puedan dar a estos niños para resolver su vida laboral y social, y para ayudarse mutuamente en su propósito de insertar a sus familiares en la vida social.
Unpade se llama la organización creada en nuestra provincia de San Antonio. Realiza una labor muy significativa y con gran calor humano.
Señor Presidente, uno de los problemas que me han planteado radica no sólo en el hecho señalado por nuestro colega señor Ojeda en su exposición, tan clara y precisa, de que hoy por hoy las expectativas de vida de estos niños son cada día mayores, sino también el drama de sus padres acerca de con quién quedarán esos niños cuando ellos dejen de existir.
Otro tema tiene que ver con la asignación familiar que se paga por estos niños. Es tan increíble la situación que ocurre en las municipalidades o en las instituciones que la otorgan, que cada vez que es necesario renovarla, deben presentar un certificado médico para constatar una y otra vez que tienen discapacidad mental.
El Congreso ha de legislar sobre ese punto, porque, sin considerar el tremendo dolor que deben sufrir los padres, les siguen exigiendo entregar este certificado médico en forma periódica, aun cuando estén incluidos en el régimen de representación según el censo que se realiza entre ellos.
Por ello, solicito que, aparte del apoyo que la bancada democratacristiana dará al proyecto, se elimine la exigencia del referido certificado médico. Sería una indicación que podría estudiarse en el futuro para resolver este problema que afecta a muchos padres de familia, y que, además, les causa un terrible dolor.
Señor Presidente, sólo quiero reafirmar nuestro compromiso, como bancada de Renovación Nacional, de trabajar incansablemente por un sector importante de nuestra población que, habitualmente, se encuentra desprotegido y muchas veces abandonado.
La discapacidad mental es un problema que debemos asumir. El proyecto soluciona algunas situaciones que parecen simples, pero que ocasionan graves problemas de desamparo cuando muere alguna de las personas a cargo del cuidado de estos discapacitados.
Como muy bien han dicho muchos diputados, estas personas deben ser incorporadas a la sociedad con todos sus derechos. Hay muchas personas e instituciones que los están haciendo participar en trabajos que realizan extraordinariamente bien; en empresas, en fábricas, en la Biblioteca Nacional limpiando los libros, tarea que era casi imposible de realizar y que en este momento la están efectuando con éxito personas mentalmente discapacitadas.
Hay que perder el miedo y asumir esta responsabilidad que no es sólo nuestra, sino de toda la sociedad.
Nos sumamos a la iniciativa del senador Silva Cimma y la aplaudimos.
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
Señor Presidente, no tenemos más que alegrarnos por el proyecto y su aprobación; pero ello todavía es insuficiente, porque todo el debate se ha centrado casi totalmente en relación con un tema de idealidad: cuando los padres amorosos hacen un esfuerzo, se dedican a sus hijos y al término de su vida queda pendiente una solución. Por eso, les vamos a nombrar un curador provisorio. Pero hay pobres todavía más pobres en el caso de la discapacidad mental: aquellos niños que ni siquiera son queridos por sus padres y son abandonados totalmente.
Entonces, si bien el proyecto viene a dar un alivio a quienes se han hecho cargo de estos niños, quiero referirme muy particularmente a una situación preocupante que tenemos en Viña del Mar y que ha salido a la luz pública por cuestiones netamente subalternas.
A comienzos del siglo pasado, la congregación religiosa San Juan de Dios levantó un hospital a la orilla del mar para tratar a estos niños discapacitados mentales absolutos. En este momento tienen 60 niñitos, y hay que ver el amor que no sólo les profesan los religiosos, sino personas ajenas. Los dos tercios de esos niños son abandonados por sus padres y familiares y viven prácticamente por un milagro de Dios.
En la actualidad, dicha congregación la única en la región, y entiendo que en el país, que recibe a estos niñitos quiere ampliar el cupo a 200 y construir en otro lugar de Viña del Mar un gran hospital de última generación. Sin embargo, ha salido a la luz pública el egoísmo de algunos que dicen que una nueva construcción en el lugar que dejarían les va a tapar la vista del mar y han interpuesto un recurso de protección para impedir que los religiosos de esta congregación vendan y con esos recursos materialicen su propósito.
Hay que celebrar este proyecto de ley; pero todavía somos tímidos en esto, y sería muy bueno que diéramos un paso más decidido y contrajéramos el compromiso serio de, posteriormente, ahondar en el tema de proteger aún más a estos niños.
Señor Presidente, luego de escuchar el informe del diputado señor Ojeda y las intervenciones de los distintos parlamentarios, concluyo que estamos en un tema que es mucho más de fondo.
Cuando en el país se habla de la necesidad de ayudar a los más pobres de los pobres, uno se encuentra con que los discapacitados no sólo están entre los más pobres desde el punto de vista económico, sino también social.
La semana pasada, Televisión Nacional mostró un caso muy particular de una trabajadora hoy día ex trabajadora madre de cuatro niños, tres de los cuales son no videntes y con problemas de discapacidad mental y física. El mayor, de 14 años, es el único normal.
Ella, obviamente, hoy no puede trabajar para sustentar a sus tres menores; pero, además, se encuentra con innumerables trabas burocráticas, tanto en la municipalidad como en los organismos que se supone están preocupados de solucionar estos problemas, que yo, como parlamentaria, tengo la sensación de que lo único que puedo hacer es escuchar a los afectados y entregarles solidaridad y apoyo, pero que no hay capacidad para buscarles soluciones globales. A partir de este caso, pude conocer la Agrupación de Discapacitados de la comuna de Conchalí, que funciona allegada en el local de una junta de vecinos. Esa organización la formó gente que no tiene familiares discapacitados, pero que, aunque con problemas económicos y sociales propios, juntan y apoyan a las familias que sufren esa desgracia.
Sin embargo, ¿basta la solidaridad, denominada también “piedad”, de algunos chilenos o, como lo dice el proyecto, tenemos que preocuparnos colectivamente de solucionar estos problemas? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de personas a quienes se las “tramita” cuando tratan de obtener un subsidio para contratar una camioneta, porque han conseguido tratamiento en otras comunas y no pueden trasladarse en los vehículos de la locomoción colectiva. No hay instancias municipales ni de gobierno que solucionen problemas a este tipo de agrupaciones, porque los requisitos son impresionantes.
También hay niños, jóvenes y madres que están en esas condiciones y que encuentran enormes dificultades para lograr pensiones.
Entonces, a una le asaltan preguntas sobre todo cuando habla con las autoridades económicas del Gobierno como las siguientes: ¿Es tan difícil encontrar soluciones a estos problemas concretos de la gente que, insisto, es la más pobre de entre los pobres? ¿Y por qué es tan fácil que dentro de estas mismas instituciones, a nivel nacional, haya gran número de asesores o de funcionarios que están haciendo estudios sobre cuatro paredes, para los cuales se gastan miles de millones de pesos que podrían destinarse perfectamente a resolver tales problemas?
Me refiero, fundamentalmente, a la situación que vive la junta de vecinos Nº 17 de Conchalí, que, si no fuera por la transmisión del programa del canal nacional, no tendría ni siquiera el paquete de pañales que llevó la alcaldesa el día en que allí estaban las cámaras de televisión. No cuenta con el apoyo del Gobierno ni de la municipalidad respectiva para solucionar este problema que, insisto, lo están asumiendo personas cesantes, que hacen colectas para poder entregar una canasta familiar a los más pobres de entre los pobres.
El tema no es ayudar a los minusválidos sólo con caridad, sino cómo ocupar mejor los recursos que existen, en el sentido de eliminar a los numerosos asesores que, insisto, trabajan por plata y, muchas veces, su proyectos no tienen ningún resultado efectivo y entregar dichos recursos a este tipo de instituciones, a las cuales bien vale la pena respaldar a través de este proyecto y de otras iniciativas que ha presentado la Comisión y que también debemos apoyar totalmente.
Tiene la palabra, por dos minutos, la diputada señora Lily Pérez .
Señor Presidente, consciente de que no tengo mucho tiempo, sólo quiero decir que, en 1992, inauguré un programa de rehabilitación para mujeres con discapacidad mental en La Florida, el cual ha tenido éxito hasta hoy. Se trata de mujeres mentalmente limítrofes o con síndrome de Down que llevan nueve años trabajando en el centro de comidas del “mall” Plaza Vespucio.
Por lo tanto, es muy importante cambiar este concepto tan arraigado en nuestra cultural de que las personas con discapacidad mental son enfermos mentales. No lo son; tienen discapacidad frente a ciertas cosas; pero cuando tienen la posibilidad de desarrollarse, su discapacidad termina. El punto es que personas con discapacidad mental o física en este caso mental tengan oportunidad. Por eso es muy importante la señal que damos hoy, como Cámara de Diputados, en relación con esa igualdad de oportunidades.
Como bancada, vamos a apoyar esta nueva nominación, porque creemos que en la medida en que en nuestras leyes, en nuestra normativa, adoptemos el concepto de “discapacidad” en lugar de “enfermedad”, esas personas tendrán una real igualdad de oportunidades.
Señor Presidente, sólo quiero expresar mi reconocimiento a los autores de esta moción, senadores Carlos Bombal , Enrique Silva Cimma e Ignacio Pérez Walker . Me es muy grato participar en este debate, porque este proyecto refleja una gran preocupación por las personas discapacitadas. De esta forma, nuestra sociedad se preocupa de los minusválidos. El cambio del concepto “deficiencia mental” por el de “discapacidad mental” tiene un gran significado. Además, se asegura la tutela de personas que como se ha dicho han aumentado su esperanza de vida y muchas veces quedan sin sus tutores.
Considero que este proyecto encamina a nuestra sociedad hacia el término de la discriminación que hoy, en muchos sectores, es muy marcada respecto de las mujeres, de las personas de la tercera edad y, en este caso, de las personas con discapacidad mental. Representa un gran paso para disminuir la discriminación en nuestro país e integrar a nuestra sociedad a todas las personas, cualquiera sea su condición física, psíquica o mental.
Por este motivo, reitero las felicitaciones a los autores del proyecto y anuncio el voto favorable de la bancada del Partido Radical Social Demócrata.
Como ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día, la votación del proyecto quedará pendiente para la próxima sesión.
Señor Presidente, dado que todas las bancadas están de acuerdo con el proyecto, solicito que pida el asentimiento unánime de la Sala para aprobarlo de inmediato.
Señor diputado, no hay quórum para tomar un acuerdo de esa naturaleza.
Me permito informar que la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales, estará integrada por los diputados señores Joaquín Palma , Víctor Reyes , Arturo Longton , Víctor Pérez y Leopoldo Sánchez .
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 535, pendiente desde la sesión anterior.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
Proyecto de acuerdo Nº 536, de los diputados señores Encina , Muñoz, don Pedro ; Aguiló , Velasco , de la señora Muñoz , doña Adriana , y del señor Núñez .
1. Que las comunicaciones y el transporte representan un área de suma importancia para el desarrollo del país, impulsando la integración y el desarrollo armónico de éste.
2. Que la extensa geografía de nuestro país otorga singular significación al tráfico aéreo, convirtiéndolo en una privilegiada alternativa de transporte, atendida la lejanía y dificultades de acceso de las regiones extremas.
3. Que el desenvolvimiento de una economía moderna requiere de transparencia en los mercados, evitando la existencia de prácticas atentatorias a la libre competencia que restrinjan las posibilidades de los usuarios.
4. Que el mercado aéreo del país ha visto limitada su competencia en los últimos días, tras el cese de las operaciones de Avant Airlines, lo que reduce la oferta a sólo dos líneas aéreas de rutas nacionales, cuya participación en la demanda es muy diversa.
Así, mientras el holding Ladeco-Lan Chile dispone, hasta antes del retiro del tercer operador, de una participación cercana al 80%, su actual único competidor Aerocontinente sólo alcanza al 7%.
5. Que, en los últimos meses y antes de culminar sus operaciones, Avant Airlines denunció prácticas predatorios del mercado por parte de Aerocontinente, la que redujo sus tarifas, en muchas de sus rutas a precios cercanos a la mitad de su valor normal, impulsando una fuerte competencia.
6. Que, atendido lo anterior, los organismos administrativos pertinentes, analizaron la situación e impusieron medidas restrictivas a estas prácticas.
7. Que no resulta posible prever la situación del mercado con sólo dos competidores de tan diversa entidad, existiendo el serio riesgo de que pueda devenirse en un monopolio, con el consiguiente perjuicio para el público.
Encomendar a su Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, estudiar la situación que afecta al mercado aéreo en el país y su normativa reguladora, con el objeto de proponer las enmiendas legales que aseguren la competencia y transparencia en el sector”.
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que quiera hablar a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
Nuevamente, no hay quórum.
En votación el proyecto de acuerdo Nº 536.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
No hay quórum. La votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
El Presidente informa a la Sala de la presencia en las tribunas de una delegación de estudiantes del Colegio República de Líbano, de Valparaíso.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Villouta .
Señor Presidente, a raíz de la petición de una dirigenta muy activa, una comunidad mapuche de Los Sauces consiguió, el año pasado, que le entregaran tierras; pero, posteriormente, sus comuneros se encontraron con que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap , no les concede ningún tipo de préstamo como comunidad, sino que sólo en forma individual, lo cual, sin duda, es absurdo, porque la cantidad de dinero que recibirían para trabajar las casi 200 hectáreas de buena tierra que poseen, no les sirve para nada.
De manera que solicito que se envíe un oficio al ministro de Agricultura para que haga las consultas y se tomen las medidas correspondientes a fin de que, en lo sucesivo, las comunidades, con título de dominio vigente, puedan optar a algún tipo de préstamo que considere tanto el número de comuneros que trabajan las tierras como los insumos necesarios para sus siembras.
Ojalá que este beneficio se otorgue a la mayor brevedad, porque está bastante avanzada la temporada de siembras y, además del caso de Los Sauces, seguramente debe haber muchas comunidades que están en la misma situación.
Señor Presidente, también en relación con el tema mapuche, quiero pedir que la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi , active la inscripción conservatoria de las propiedades compradas en el último tiempo, porque en Los Sauces, por ejemplo, a una comunidad que no inscribió oportunamente las tierras que le fueron entregadas, Impuestos Internos y el Servicio de Tesorerías le están cobrando contribuciones, en circunstancias de que esas tierras, cuando se traspasan a comunidades, de acuerdo con la ley indígena, no pagan dicho impuesto.
En alguna medida, la responsabilidad es de la Conadi, porque, seguramente, no le indicó a la directiva de la comunidad los trámites que debía hacer.
Por consiguiente, pido que se oficie a la señora ministrade Planificación y Desarrollo para que, a su vez, solicite a la Conadi que, en lo sucesivo, cuando se realicen entregas de tierras se informe a los beneficiados, en una minuta, los pasos que deben seguir para cambiar los roles correspondientes ante el Servicio de Impuestos Internos.
Señor Presidente, como en otras oportunidades, me referiré nuevamente a la proliferación de seminarios en el sector municipal.
En los primeros días de octubre tuve en mis manos una invitación para inscribirse en un seminario para alcaldes, en circunstancias de que estábamos a menos de treinta días de una elección y se suponía como era lógico que muchos de los alcaldes en ejercicio en ese momento no iban a ser elegidos. El evento representaba un costo bastante importante. Lamentablemente, no pude hacer las averiguaciones en forma oportuna, pero ahora me encuentro con el seminario denominado: “Construyendo una gestión municipal exitosa” no interesa la empresa que lo va a dictar, cuyo valor es de 110 mil pesos, más los gastos de viaje.
Es habitual que los municipios se quejen de problemas de finanzas, de caja, que los afligen; pero, normalmente, su alcalde envía a esos encuentros a dos o tres concejales o funcionarios, y a veces también asiste él, con el consiguiente gasto que eso significa. Por lo general, ni siquiera informan acerca de sus beneficios, los cuales, la mayoría de las veces, son mínimos para la comunidad e, incluso, para los participantes.
Por lo expuesto, solicito que se envíe un oficio al ministro del Interior a fin de pedirle mayor acuciosidad respecto de la participación de funcionarios municipales en seminarios que se efectúan en todo Chile. Es raro el mes en que alguna institución, prácticamente desconocida, no invita a un seminario cuyo costo no se condice con la situación de los municipios.
Asimismo, solicito que mi intervención se remita al presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile con el fin de que conozca mi opinión y tome nota de nuestra preocupación por este tema, que no aporta nada en beneficio de los municipios.
Se enviarán el oficio y la copia de su intervención en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
Señor Presidente, en los últimos días hemos tomado conocimiento de cómo importantes personeros del gobierno de los Estados Unidos, ligados a la hacienda pública y a la economía de ese país, se han reunido en forma permanente con la canciller, señora Soledad Alvear , y su destacado personal de funcionarios y profesionales a su cargo, a fin de negociar un tratado de libre comercio.
Es la tercera vez que se intenta un acuerdo, y hemos sido testigos de la buena disposición y voluntad de esos personeros para lograrlo en los próximos meses. Es bueno hablar sobre el tema en esta Cámara, parte importante de un poder del Estado, y ante representantes populares elegidos por la ciudadanía.
Ayer, dirigentes máximos de nuestras organizaciones empresariales, reunidos con los ministros de Hacienda y de Economía, manifestaron que es importantísimo para Chile llegar a un feliz acuerdo en el tratado de libre comercio. Son frases del señor Ricardo Aristía , presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, quien expresó, además, que la mitad de los ingresos del país provienen de acuerdos, de convenios o de tratados con otros países. Vale decir, ha habido eficiencia en la conducción de las relaciones exteriores en los últimos años.
También se señaló que éste sería el camino para disminuir, en los hechos reales, las tasas de desempleo que agobian a los chilenos. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la Octava Región presenta el índice más alto de cesantía del país, más de 10 por ciento, lo cual significa un verdadero drama para miles de hombres y mujeres que habitan allí, especialmente en mi ciudad de Concepción, en Chiguayante y en San Pedro de la Paz.
Hace dos días, íbamos a recibir a esas personas que vienen para continuar estas negociaciones en representación del pueblo norteamericano. Ello no fue posible por su agenda tan apretada; pero les hicimos notar nuestra buena disposición y voluntad para seguir adelante. Soy uno de los 30 miembros que conforma ese comité para ayudar a que la firma del tratado sea un éxito.
He querido referirme a este tema, porque es vital para el país que se firme el tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Su Señoría lo sabe, puesto que, como parlamentario, ha participado muchísimo en todo lo que ha significado el quehacer internacional en los últimos once años.
He enlazado este tema con el del desempleo, porque reitero los máximos dirigentes de nuestras organizaciones empresariales han expresado que dicho tratado permitiría bajar los niveles de desempleo del país. Asimismo, para que el día de mañana no se tergiverse o no se reconozcan los logros reales del gobierno de la Concertación que encabeza el Presidente Ricardo Lagos y su canciller Soledad Alvear.
Por último, quiero expresar mi alegría, porque, ayer, 25 senadores aprobaron la idea de legislar sobre el proyecto de evasión y elusión tributaria.
En vista de que hay señales claras de que ese proyecto va a tener un feliz término, solicito que se envíe un oficio al señor ministro de Hacienda para que ponga en ejecución el fondo de contingencia del desempleo para la Octava Región, porque allí supera el 10 por ciento.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo han manifestado.
Tiene la palabra, hasta por siete minutos, el diputado señor Gabriel Ascencio .
Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se envíe, en mi nombre, un oficio a don Patricio Vallespín , director nacional del programa Chile-Barrios, a fin de que informe sobre la razón de por qué, a dos años de iniciado un proyecto de alcantarillado en la comuna de Quellón, aún no se efectúan las conexiones domiciliarias.
La gente de Quellón, en especial los vecinos del pasaje Entel , reclaman porque en esas obras están pendientes las uniones domiciliarias, con el consabido perjuicio, pues no tienen dónde descargar las aguas servidas.
En segundo lugar, al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que responda acerca de una solicitud en el sentido de ampliar el contrato de la empresa Bitumix , que está a cargo de la reposición de la ruta 5 el acceso a Castro, que cuesta alrededor de tres mil quinientos millones de pesos, para que realice, además, el pavimento asfáltico de la calle alternativa, Pedro Montt , muy afectada en el último tiempo por los temporales y que necesita con urgencia una reparación, trabajo que significaría aproximadamente ochenta millones de pesos.
He hecho la solicitud al ministro y al subsecretario de Obras Públicas, pero no ha habido respuesta. Por eso mi insistencia.
En tercer lugar, al subsecretario de Marina, don Ángel Flisfisch , con el objeto de manifestarle mi desacuerdo ante la posibilidad de que esa Subsecretaría entregue en concesión el puerto de Castro al empresario Constantino Kochifas , según la información, quien la habría solicitado para efectuar con mayor facilidad el trabajo con sus buques.
La municipalidad de Castro, encabezada por su alcalde, don Nelson Águila , y un grupo de profesionales, ha elaborado un proyecto de remodelación del puerto con el objeto de que sirva a todos los empresarios navieros y facilite el trabajo general. Por eso, el señor Águila sostiene que no procede que la Subsecretaría de Marina lo entregue en concesión a un particular, puesto que ello perjudicaría el desarrollo marítimo que se ha programado para Castro.
En cuarto y último lugar, un oficio al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que, vía ampliación del contrato de las obras en ejecución de pavimentación del acceso a Queilen, se acepte la solicitud del alcalde de esa comuna, don Carlos Gómez , en el sentido de pavimentar un circuito interno de la propia ciudad.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que lo indiquen.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
Señor Presidente, quiero entregar mi opinión con respecto a la aprobación, por ambas cámaras del Congreso, del proyecto que deroga la pena de muerte, salvo para algunos delitos cometidos en tiempos de guerra, que tipifica el Código de Justicia Militar.
Con ello, ha concluido un debate de orden político, intelectual y social, que se ha arrastrado por casi diez años, entre los defensores y detractores de esa pena.
Pronto, la pena máxima que se aplicará será de presidio perpetuo calificado, que debería asegurar la reclusión efectiva del condenado por cuarenta años, pues antes no podría solicitar la libertad condicional.
Este hecho ha golpeado a la sociedad nacional, porque en Chile, por tradición, se ha aplicado la pena capital. Existen muchos casos que respaldan mi afirmación.
Expreso mi dolor por la próxima derogación de la pena de muerte, porque hay delitos que la ameritan, como la violación de un menor de edad con resultado de muerte, que quizás ocasiona el dolor más grande para un padre, una madre y una familia. En el país no ha sido una excepción, hecho por el cual debería haberse mantenido la pena de muerte.
A las familias que han sido afectadas en el último tiempo con este tipo de delitos habría que preguntarles lo que piensan. En Chile, un país con tantas tradiciones, debería haberse mantenido la pena capital.
Por ejemplo, en el distrito que represento ha habido dos asesinatos en los últimos meses. Dos jóvenes, Aldo Godoy y Ademir Contreras , fueron muertos en la vía pública. Habría que preguntar a sus familiares qué piensan al respecto.
Han clamado y pedido justicia reiteradamente. Por eso, solicito que se envíe un oficio al ministro de Justicia para que el Consejo de Defensa del Estado defienda a las dos familias de esos jóvenes, de manera que los responsables del alevoso delito sean sentenciados como corresponde por los tribunales.
Por lo tanto, sin perjuicio del respeto que me merecen las opiniones contrarias sobre el particular, reitero mi dolor por la próxima derogación de la pena de muerte, que, hasta ahora, a mi juicio, inhibía a muchos frente a la comisión de homicidios.
Por último, señor Presidente, su Señoría, como abogado y licenciado en las ciencias del derecho, sabe que el condenado por homicidio, a los cuarenta años, podrá obtener el beneficio de la libertad condicional. No entiendo que esto reemplace a la pena capital.
En Chile existe la sensación de impunidad ante crímenes alevosos.
En relación con la alusión a mi condición de abogado, debo recordarle que cuando se votó en esta Sala el proyecto que abolió la pena de muerte, no se aprobó un artículo que, precisamente, se refería a qué pasa cuando la persona condenada a cadena perpetua cumple 40 años de presidio. Ese problema tendrá que ser resuelto, en uno u otro sentido, por la Corte Suprema.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Delmastro .
Señor Presidente, la doble vía de la ruta 5, en el tramo entre Temuco y Río Bueno, comprende 171 kilómetros de concesión.
Desde hace unos dos meses comenzó a operar una plaza de peaje en el sector de la comuna de Lanco, específicamente en Imulfudy. En este peaje troncal, de ida y vuelta, se paga l.400 pesos en cualquier sentido.
En el tramo comprendido entre Temuco y Río Bueno están contempladas dos plazas de peaje las dos en la provincia de Valdivia; o sea, a diferencia del resto del país, resultamos “premiados” con dos plazas de peaje, pero como aún no está terminado, se está pagando peaje troncal por menos de 60 kilómetros de distancia, en circunstancias de que en las bases de la licitación aquéllos se contemplan cada 100 kilómetros.
Pido que se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que nos informe en derecho si este peaje está de acuerdo con la ley y con las bases de la licitación.
No me parece justo que se esté pagando por un servicio que no se está dando. Si se estima que el tramo de la ruta donde correspondería pagar peaje cada 100 kilómetros estará terminado a fines de año, pagaremos durante diez meses por un derecho de paso que no corresponde.
Se enviará el oficio solicitado, porque esa situación denota una eventual y manifiesta irregularidad, con la adhesión de los diputados señores Kuschel , Ortiz , Tuma , Martínez, don Rosauro .
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Kuschel .
Señor Presidente, quiero pedir que se envíen los siguientes oficios:
Al director de Chile-Barrios, para que informe sobre el avance de los proyectos de ese programa en las distintas comunas de la provincia de Llanquihue, y de las obras acumuladas en cada una de ellas. El diputado señor Delmastro me pide que solicite la misma información respecto de Valdivia.
Al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que nos informe acerca del estado de avance del proyecto de reposición del ferrocarril a Puerto Montt, dado que no hemos tenido más noticias al respecto.
Al ministro de Obras Públicas, para que informe sobre el estado de avance de los nuevos proyectos de pavimentación en las distintas comunas de la provincia de Llanquihue, porque no se ven en el terreno en este instante.
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Tuma , Jaramillo , Ortiz , Martínez, don Rosauro ; Delmastro y Valenzuela .
También solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores para que exija al Gobierno argentino el retiro de la presentación hecha al panel de la Organización Mundial de Comercio, respecto de la queja por nuestras bandas agrícolas, en atención a que Argentina perdió toda autoridad al subir masivamente sus aranceles en un porcentaje muy superior al de nuestras bandas.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Tuma , Ortiz , Martínez, don Rosauro ; Delmastro y Valenzuela .
También solicito que se oficie a la señora ministra de Relaciones Exteriores para que informe sobre el avance de las gestiones realizadas para encontrar a las personas que aún permanecen desaparecidas con motivo del hundimiento del buque Amur , en aguas francesas.
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
Señor Presidente, hace algunos meses, se estudió el presupuesto de la Nación, oportunidad en que en la Subcomisión Nº 5, Ministerio de Agricultura, reiteré la necesidad de desarrollar adecuadamente el programa de suelos degradados.
El aspecto más interesante que vimos fue la existencia de un protocolo firmado con el Gobierno, con el cual las bases agrícolas, los gremios que de alguna forma representamos la tradicional agricultura chilena, quedamos conformes.
En atención al avance experimentado por la pequeña agricultura tradicional chilena, en mayo de 2000, el Presidente de la República y el ministro de Agricultura firmaron el decreto Nº 288, que subsidia el fertilizante a los pequeños agricultores que poseen menos de cinco hectáreas de riego básico, superficie que en las regiones Novena y Décima significan 50 a 60 hectáreas físicas.
¡Bien por el gremio! ¡Bien por esos esforzados pequeños y medianos agricultores, porque dicho decreto representaba una solución real!
Pero aquí viene la molestia de este parlamentario afortunadamente, los no beneficiados, porque ya no son beneficiados, no saben de esta noticia: el reglamento dictado por el Indap no da el ciento por ciento a las hectáreas de riego básico, que allá significan más o menos 50 ó 60 hectáreas físicas. Se supone que cada pequeño agricultor cultiva diez o doce hectáreas y, por lo tanto, el costo del azufre y el fósforo, que constituyen su gran necesidad, alcanza aproximadamente a un millón o a un millón doscientos mil pesos.
El pequeño agricultor podía solventar eso con lo establecido en el decreto firmado por su Excelencia el Presidente de la República, pero, ridículamente, el Ministerio de Agricultura, por intermedio del Indap, hoy entrega un reglamento que significa para los pequeños agricultores tener derecho a 168 mil pesos.
¡Vergüenza para este parlamentario que representa al mundo agrícola! Más aún, me parece una falta de respeto al decreto firmado por su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar , porque él estaba en conocimiento de lo que queríamos con ese decreto. Lamentablemente, los mandos medios no han sabido aplicar esas normas a la agricultura tradicional.
Por lo anteriormente señalado, formulo una queja formal al ministro de Agricultura, por quienes no saben reglamentar lo relacionado con la agricultura tradicional: la leche, la carne, las praderas mejoradas que debe tener nuestro país. Y eso, en circunstancias que han realizado tantos viajes a Nueva Zelanda para conocer el milagro que permitió que su agricultura tradicional funcionara tan bien.
Con este decreto se esperaba entregarles subsidios a los pequeños agricultores para que sus praderas degradadas produjeran más y su economía se fortaleciera.
Por decir lo menos, considero que esto es una vergüenza y un atentado contra la agricultura tradicional. No lo acepto.
Por tanto, pido que se oficie al Presidente de la República para darle a conocer la falta de concordancia que existe entre el decreto Nº 288, de mayo de 2000, firmado por él, con lo que el Indap aplica hoy a los pequeños agricultores.
También me gustaría recordar que el reglamento actual bonifica a los grandes agricultores con 4 millones 200 mil pesos, y con este programa el pequeño agricultor sólo recibe 168 mil pesos.
Se enviará el oficio, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Ortiz , Tuma y Valenzuela .
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Tuma .
Señor Presidente, cuando en una cuenta corriente, especialmente de regiones, se deposita un cheque de fuera de la plaza, curiosamente los bancos descuentan casi de inmediato los valores al girador del cheque y al titular se los retiene por cuatro días.
Este es un tema que lo he venido dando a conocer durante dos años. En una entrevista con el ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, José Florencio Guzmán , éste accedió a cambiar la palabra retención “mínima” por retención “máxima”, por cuanto se les exigía a los bancos retener esos recursos durante cuatro días, quedando el dinero en poder del banco sin que fuera depositado en la cuenta de la persona que debía recibirlo.
Sin embargo, se sigue manteniendo esa retención mínima de cuatro días, lo que resulta bastante injusto, puesto que la rapidez de los sistemas computacionales debería usarse en favor de los usuarios y no de los bancos.
Dicha situación también se la he planteado al actual superintendente de Bancos, don Enrique Marshall , y a la Asociación de Bancos, los cuales han acogido la iniciativa de crear un sistema nacional con un plazo único.
En los próximos días espero que se materialice dicho acuerdo para que a los cuentacorrentistas que depositen cheques fuera de plaza, en ninguna parte del país les retengan sus fondos por más de 24 horas.
Por lo señalado, solicito que se oficie al ministro de Hacienda para darle a conocer nuestra alta valoración por la acción realizada por el superintendente, por cuanto beneficia la transparencia y competitividad de los bancos, a las pequeñas y medianas empresas y a los cuentacorrentistas.
Se enviará el oficio respectivo, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Jaramillo , Masferrer y Valenzuela .
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
Señor Presidente, hace algunos meses, el Presidente de la República anunció la reforma del área de la salud, idea que compartimos.
Al respecto, doy a conocer mi inquietud. Si queremos hacer una buena reforma, la mayor preocupación de las autoridades debe ser brindar la mejor atención primaria de salud.
Cuando se cambió el sistema de “atención prestada” por “las acciones de salud” que realizaban los profesionales adscritos a los consultorios y postas, esa acción tenía un valor, el cual correspondía a lo que recibían los municipios a cargo de la atención primaria. Sin embargo, después de algunas modificaciones, hoy los recursos se entregan de acuerdo con las personas inscritas en cada comuna; es lo que se llama el per cápita.
Dicho cambio perjudica muy especialmente a las comunas rurales, porque cuentan con una gran superficie que deben administrar y una población muy dispersa. Por su parte, el Ministerio ha autorizado y financiado postas en localidades de más de 900 habitantes. Pero eso tiene un costo. Para mantenerlas es preciso contratar un técnico paramédico, proporcionarle casa, luz, agua, etcétera, y con el per cápita de hoy 1.050 pesos por beneficiario inscrito en los servicios de salud, una suma irrisoria, resulta imposible hacerlo. Por ese motivo hoy las municipalidades registran una gran déficit y están entregando una parte importante de los recursos propios para financiar estos servicios que les fueron traspasados. Aun cuando me parece bien que sean administrados por ellas, porque están más cerca de las necesidades de la población, no estoy de acuerdo en la forma en que se está disponiendo de ellos, ya que con esa cantidad tan escuálida no se da una buena atención de salud a la gente que se encuentra en comunas rurales y muy alejadas de los centros urbanos.
Solicito que se oficie a la ministra de Salud para que reestudie esta reforma y se privilegie la atención primaria. Si queremos mejorar la salud de los chilenos, debemos empezar por el control del niño sano, la madre embarazada, administrar las vacunas oportunamente, entregar la alimentación. Si bien esto hoy se está haciendo, lamentablemente no llega a los rincones apartados donde viven chilenos que hacen patria, que entrega hijos al país y que producen la tierra para alimentar a nuestro pueblo.
Moción de los diputados señores Krauss, Velasco, Ascencio, Alessandri, Núñez, Riveros, Ulloa, Valenzuela, Villouta y de la diputada señora María Rozas.
Establece nueva fecha para elecciones parlamentarias del año 2001. (boletín Nº 2689-06)
El artículo 174 de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Elecciones Populares y Escrutinios, establece que las elecciones periódicas de diputados y senadores se realizarán noventa días a aquel en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.
La aplicación de la citada norma determina que las elecciones para el próximo período parlamentario 20022006 debieran verificarse el próximo martes 11 de diciembre, lo cual implicaría en la mitad de la correspondiente semana una suspensión de la jornada laboral, atendido que ese día sería festivo por aplicación del artículo 169 de la citada ley Nº 18.700.
En concordancia con normas de la propia ley electoral y con pronunciamientos legislativos recientes pareciera razonable trasladar la fecha de las elecciones a un día domingo, naturalmente cercano al término de noventa días anteriores a la constitución del nuevo Congreso Nacional.
Si se coincidiese con ese criterio, la fecha más recomendable sería, a nuestro juicio, el domingo 16 de diciembre, toda vez que las otras posibles son el domingo 9, inmediatamente posterior a un feriado religioso de significación masiva, y el 2, demasiado anterior al día de la legislación vigente.
La modificación propuesta dice referencia exclusivamente con las próximas elecciones parlamentarias y se plantea como una modificación específica y de efectos transitorios. Entendemos la conveniencia de realizar, como se está haciendo en diversas instancias parlamentarias, una revisión integral de la legislación electoral, en la cual uno de los aspectos necesariamente deberá ser el relativo a la fecha de los distintos procesos electorales.
En mérito de las consideraciones expuestas proponemos la aprobación del siguiente
“Artículo único.- Las elecciones de diputados y senadores del período parlamentario que se inicia en marzo de 2002 se verificarán el domingo 16 de diciembre de 2001”.
Moción de los diputados señores Ulloa, Moreira, Alvarado, René García, Mesías, José Pérez, Víctor Pérez, Prokurica y Recondo.
Modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la detención. (boletín Nº 2688-07)
1. Durante los últimos años la delincuencia ha aumentado en términos alarmantes en el país.
Según antecedentes de la Fundación Paz Ciudadana, entre los años 1995 y 2000 el total de robos con violencia registró un aumento de un 298%. Pero dentro de este período, el alza más brusca registrada fue entre los años 1998 y 2000, con un aumento de 70%.
Se debe considerar que las estadísticas no son capaces de contemplar aquellos hechos que no son denunciados, que constituyen la cifra negra del delito, y que demostrarían un aumento considerablemente mayor de la delincuencia.
2. Esta situación ha generado preocupación en la ciudadanía y un estado de inseguridad permanente por el peligro, cada vez más cercano, de verse expuesto a un asalto en la calle o en el propio domicilio o lugar de trabajo.
Lo peor de todo, es que ya no existen lugares donde las personas puedan sentirse seguras. Los asaltantes ya no respetan puertas ni murallas.
3. Para encontrar alguna solución a este creciente problema hay que atender a las causas que lo producen.
Durante la discusión de la ley Nº 19.564, que modificó el Código de Procedimiento Penal eliminando la “detención por sospecha”, se sostuvo por los detractores del proyecto que la eliminación de esta disposición provocaría un aumento significativo de los delitos. Se dijo que se beneficiaría al presunto delincuente con una serie de garantías respecto de la detención, pero que este beneficio sería en desmedro de la seguridad de las personas.
En este sentido, los propios magistrados y la policía se sienten atadas de manos a la hora de tratar de contribuir en la lucha contra la delincuencia.
4. La eliminación de la facultad de detener bajo la sospecha que la persona se encontraba maquinando la realización de un crimen o simple delito, ha sido un profundo error. Las cifras de aumento de delincuencia así lo demuestran y la inseguridad del país lo ratifica.
El constante aumento de los delitos comienza a registrar una fuerte alza desde el año 1998, justo cuando la eliminación de la detención por sospecha entró en plena vigencia, luego de la publicación de la ley Nº 19.567, el 1 de julio de ese año.
5. Por otro lado, durante estos años el país ha visto cómo han ido pasando uno tras otro los planes contra la delincuencia propuestos por el Gobierno. Han sido muchas las iniciativas, pero todas sin resultados.
Esto demuestra que no se ha atacado uno de los problemas de fondo que explica la actual situación, cual es la falta de atribuciones de las policías para actuar.
6. Con la norma anterior, la policía actuaba en coordinación con los jueces del crimen, los cuales ordenaban redadas en ciertos barrios o lugares donde se registraban mayores tasas de criminalidad, particularmente, durante los fines de semana.
Esta fórmula permitía descubrir delincuentes fugados, personas encargadas en rebeldía o que de alguna forma eran requeridos por la justicia. Esta era una herramienta adecuada para el control de la delincuencia en las calles.
En virtud de lo anterior, vengo en someter a vuestro conocimiento el siguiente:
Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procedimiento Penal:
a) Agrégase al artículo 260 el siguiente número:
“4º. Al que se encontrare en lugares o en circunstancias que presten motivo fundado para atribuirle indicios en la comisión de un crimen o simple delito o que se dispone a cometerlo, ya sea por portar instrumentos aptos para la comisión de un delito o porque rehusare dar a conocer su identidad o no diere explicación de su conducta satisfactoriamente”.
b) Agrégase el siguiente artículo 270:
“Artículo 270.- El jefe de policía ante quien sean conducidas las personas que sus agentes detengan en conformidad al número 4 del artículo 260 mantendrá la detención de estas personas o las pondrá en libertad, según las explicaciones que den en su conducta y de acuerdo a los antecedentes que hayan motivado su detención”.
c) Agrégase al comienzo del inciso segundo del artículo 284, la frase “Salvo en el caso del número 4 del artículo 260 precedida por una”.

References: artículo 235
 artículo 235
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 3
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 3
 artículo 28
 artículo 3
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 15
 artículo 174
 artículo 169

Artículo 1
 artículo 260
 artículo 270
 artículo 260
 artículo 284
 artículo 260