Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Arbitraje/71/PUB
Timestamp: 2019-10-17 16:09:51+00:00

Document:
Arbitraje - 8 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
ROJ: AAP B 1595/2018 - ECLI:ES:APB:2018:1595A
Nº Recurso: 338/2018
Resumen: Estudia la resolución las reformas legislativas de la ley de arbitraje y coetánea de la LO del Poder Judicial y concluye que la voluntad de las mismas es otorgar la competencia para las demandas de ejecución de los laudos arbítrales de las Juntas de transporte a los juzgados de primera instancia y no a los de lo mercantil; aunque la materia de fondo sea propia de dichos juzgados especializados.
ROJ: STSJ M 3981/2018 - ECLI:ES:TSJM:2018:3981
Resumen: Las partes pactan la sumisión al árbitro en un contrato de franquicia que no ha sido firmado, la parte actora alega como causa de nulidad que el convenio arbitral no existe, debe ser interpretado de forma restrictiva, aplicando lo dispuesto en la Ley General de Contratación. El contrato de franquicia consiste en que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios, comprendiendo el uso de determinados productos y un rótulo común. En este caso el contrato contiene una cláusula arbitral, las partes acuerdan que todo litigio se resolverá mediante arbitraje de equidad. El TS niega la extensión del convenio arbitral a quien no lo ha firmado pero en ocasiones admite su extensión si al tercero que no lo firmó le pueden afectar sus conclusiones. En este caso el árbitro aplica la teoría de los actos propios para llegar a la conclusión de que quien compró la franquicia también se subrogó en la cláusula arbitral por lo que le vincula. Como segundo motivo invoca que no ha resuelto todas las cuestiones planteadas como la motivación, recordando la Sala que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho es garantía frente a la arbitrariedad de los poderes públicos, debiendo contener las razones que permitan conocer cuáles los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Así, no comparte lo argumentado por la actora sobre la falta de motivación del Laudo.
ROJ: STSJ M 3982/2018 - ECLI:ES:TSJM:2018:3982
Nº Recurso: 58/2017
Resumen: En este procedimiento que se inicia por demanda de anulación de Laudo Arbitral, se cuestiona la legitimación para ejercer la acción. La legitimación es un presupuesto preliminar del proceso susceptible de examen previo al de la cuestión de fondo, aunque tiene que ver con ésta, la cuestión es inviable cuando quien la formula no puede ser considerado parte legítima. En el procedimiento de anulación, la legitimación corresponde a las partes en el procedimiento arbitral, siendo titular de la legitimación pasiva la otra parte en el arbitraje que no ha ejercitado la acción de anulación y frente a quien se debe dirigir la demanda. El árbitro, como tal, no puede personarse y actuar como una parte mas en los procesos que puedan desencadenarse con ocasión de un Laudo, es a los titulares de los derechos e intereses legítimos que se encuentran en litigio a quienes corresponde su defensa en los correspondientes cauces procesales. La legitimación, no radica en la mera afirmación de un derecho sino que, también depende de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden. En suma, la legitimación se manifiesta como un problema de consistencia jurídica, en cuanto exige la adecuación entre la titularidad jurídica que se afirma, que puede determinarse con carácter previo a la resolución del mismo, con el objeto jurídico que se pretende. En este caso el demandado no tiene legitimación pasiva en el procedimiento de laudo arbitral.
ROJ: STSJ CL 1326/2018 - ECLI:ES:TSJCL:2018:1326
Resumen: La parte actora sustenta su demanda en la falta de notificación de algunas de las fechas en las que se señaló la vista, la ausencia de uno de los miembros del tribunal arbitral el día e su celebración, y la falta de aportación de determinadas pruebas. El Laudo trae causa en los desperfectos ocasionados por el demandado al realizar unas obras en la vivienda de la actora. Habida cuenta de la naturaleza del proceso de nulidad, no corresponde a la Sala entrar a enjuiciar la cuestión litigiosa, de la documentación aportada se deduce que la vista arbitral fue suspendida por la ampliación de la petición inicial, de la que se dio traslado al demandado para que formulase alegaciones. Tras dicha diligencia consta una resolución del Secretario de la Junta Arbitral por la que da traslado de las alegaciones en relación con la solicitud de arbitraje, e informando a la actora de que podía formular alegaciones hasta el día de la vista oral. Tras la suspensión se señaló nueva vista en la que se presentaron demandante y demandado ante el Colegio Arbitral y ambos fueron oídos, ratificándose y aportando prueba documental. A la vista de los antecedentes remitidos por la Junta Arbitral de Consumo, ninguno tiene cabida en los que enumera la Ley de Arbitraje, la demandante estuvo presente en el acto de vista, pudo hacer valer sus derechos alegando cuando quiso y aportando la documentación que estimó oportuna, en presencia de los árbitros, en igualdad de condiciones, en suma, no concurre indefensión.
ROJ: STSJ M 3987/2018 - ECLI:ES:TSJM:2018:3987
Nº Recurso: 70/2017
Resumen: La acción de nulidad se basa en que la interpretación que el Árbitro realiza del contrato vulnera las normas o reglas de interpretación de los contratos ya que la mercantil Confederación adquirió las acciones de la mercantil Europea de Estrategia Empresarial SA conforme a las condiciones que expresamente pactó con los vendedores para intervenir en la operación de compra, entre ellas que abonaría el precio con cargo a los beneficios en el término de un año, y así consta en la condición segunda. En base a esta condición la mercantil no estuvo obligada al pago de las acciones adquiridas, al cumplir el año tenía que devolver las acciones a los demandantes y permitirles asumir el control. El árbitro interpreta que no se cumplieron los términos del contrato, lo que resulta erróneo a tenor de las pruebas practicadas. Los demandantes en el arbitraje solicitaban el cumplimiento del contrato, el árbitro puede resolver cuestiones que sean consecuencia lógica de las planteadas, y no se extralimita, contesta a la cuestión planteada. El principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación aunque las partes no las invoquen, doctrina que puede aplicarse a los laudos. Por otro lado las conclusiones del árbitro no son ilógicas, no existe un error patente o la vulneración del orden público alegada. En suma, lo alegado por la demandante no es sino fruto de la discrepancia con la resolucion arbitral.
ROJ: STSJ M 3986/2018 - ECLI:ES:TSJM:2018:3986
Nº Recurso: 87/2017
Resumen: La demandada alega que cuando el árbitro analiza la excepción de caducidad despliega una motivación arbitraria, contraviniendo lo establecido por la jurisprudencia sobre el dies a quo que será la consumación del contrato en caso de acciones fundadas en error-vicio del consentimiento. La doctrina alegada es posterior a la emisión de la resolución del árbitro, BBVA decidió cancelar anticipadamente los productos, generándose un coste de cancelación que no llegaba a cobrar, sino que se incluía en el siguiente producto suscrito para sustituir el anterior, de forma que MANVI no pudo conocer el verdadero alcance de los riesgos hasta la suscripción del último producto, fecha desde la que debe computarse la caducidad, razonamiento que a la Sala le parece correcto y coherente. El Laudo ignora la posible negligencia de MANVI ante los cargos que BBVA efectuaba, criterio imperante durante la vigencia del Contrato pues, desde la perspectiva del pleno conocimiento de los efectos del contrato, cabe asimilar a la consumación la cancelación anticipada con la comunicación de cargos que de ella se siguen. No cabe anular el Laudo por infracción del orden público, esta alegación no tiene en cuenta las circunstancias del caso, la aplicación retroactiva de la doctrina jurisprudencial iría en contra del principio de confianza legítima que demanda la seguridad jurídica, que obliga a considerar, en pro de la recta impartición de Justicia, la extinción del contrato y la actuación del justiciable.
ROJ: STSJ AS 1171/2018 - ECLI:ES:TSJAS:2018:1171
Nº Recurso: 6/2017
Resumen: Estamos ante una cláusula arbitral, latente o dormida, durante un largo período de tiempo, durante todo el cual, y no obstante ello, el árbitro debe ser y permanecer independiente e imparcial, sin posibilidad de mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. La verificación de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación de la vulneración del orden público en que cabe incluirla, debe constatarse "in casu", comprobando la real y efectiva contaminación o eliminación de la imparcialidad objetiva y subjetiva que resulta exigible a los miembros de los órganos decisorios de controversias. Existe identidad entre una de las partes y el árbitro, o el árbitro es el representante legal de una persona jurídica parte en el arbitraje... 1.3. El árbitro tiene un interés económico significativo en una de las partes o el resultado del asunto lleva aparejado consecuencias económicas significativas para el árbitro. 1.4. El árbitro asesora con regularidad a la parte que lo designó o a su filial y el árbitro o su bufete de abogados percibe por esta actividad ingresos significativos". Como consecuencia de todo lo expuesto, consideramos acreditadas la existencia más que de dudas justificadas o de sospechas objetivamente justificadas, que afectaron a la independencia e imparcialidad del arbitraje y procede la anulación de los mismos.
ROJ: STSJ M 3985/2018 - ECLI:ES:TSJM:2018:3985
Nº Recurso: 67/2017
Resumen: La acción de anulación del Laudo Arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento, las causas son las estrictamente previstas, si se cumplieron las debidas garantías procesales o si la decisión invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Ahora bien, cuando una norma imperativa ha de ser aplicada resulta indiferente el órgano enjuiciador, arbitral o judicial, por orden público ha de estimarse aquel conjunto de principios y normas rectoras básicas e inderogables, tanto en lo social como en lo económico, principios irrenunciables. El principio de buena fe en la contratación también es parte del orden público económico, así como la prohibición de enriquecimiento injusto. Partiendo de estas bases el Tribunal analiza el Laudo concluyendo que procede ratificar los hechos probados, tras la firma del contrato de compraventa el actor remitió múltiples comunicaciones a los demandados y también se reunió con ellos para determinar la valoración y el precio de venta. Del análisis de los hechos concluye la Sala que no se dan las circunstancias exigidas para la anulación del Laudo, la inexactitud contable alegada pudo ser fácilmente verificable por los compradores, tampoco puede prosperar la alegación de infracción de una regla imperativa sobre el incumplimiento contractual, debería acreditare el error en la valoración de la prueba y la indefensión a la parte, con vulneración del derecho de defensa y de sus intereses.
ROJ: STSJ M 3635/2018 - ECLI:ES:TSJM:2018:3635
Resumen: Las partes suscribieron varios contratos para la ejecución de las obras y posterior mantenimiento de un parque Eólico con varios autogeneradores, modalidad Llave en Mano, entrega a cambio de un precio. En la ejecución de las cimentaciones denuncian defectos que fueron analizados en los informes periciales, llegando a la conclusión que podían tener un origen complejo, errores de diseño, defectos de material utilizado y de ejecución en el hormigonado. Iniciado el Arbitraje la controversia se planteó en determinar si alcanza o no a VESTAS (demandada y contratista). La conclusión es que las partes al redactar la garantía convencional no tuvieron el propósito de obtener una garantía adicional a las legalmente previstas, por tanto, el mantenimiento de las cimentaciones y de la obra civil, al no ser objeto del contrato, no está incluida en el precio como consecuencia lógica que su objeto es diferente, a diferencia de otras instalaciones. El Tribunal analiza las pruebas aportadas ante la solicitud de anulación del Laudo y concluye que existe una apariencia de arbitrariedad por ausencia de valoración de los medios probatorios, no se trata de exigir un análisis exhaustivo de las pruebas, lo relevante es, ante un apartamiento de la literalidad de las cláusulas del contrato, se acuda a una serie de pruebas como los correos electrónicos, con apartamiento de otras, sin explicar las razones por las que se omite toda mención. La estimación de este motivo conlleva la anulación del Laudo.
ROJ: STSJ AS 1170/2018 - ECLI:ES:TSJAS:2018:1170
Nº Recurso: 5/2017
Resumen: Estamos ante una cláusula arbitral, latente o dormida, durante un largo período de tiempo, durante todo el cual, y no obstante ello, el árbitro debe ser y permanecer independiente e imparcial, sin posibilidad de mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. La verificación de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación de la vulneración del orden público en que cabe incluirla, debe constatarse "in casu", tal y como enseña, entre otras, la STC 236/97, comprobando la real y efectiva contaminación o eliminación de la imparcialidad objetiva y subjetiva que resulta exigible a los miembros de los órganos decisorios de controversias. Existe identidad entre una de las partes y el árbitro, o el árbitro es el representante legal de una persona jurídica parte en el arbitraje. 1.3. El árbitro tiene un interés económico significativo en una de las partes o el resultado del asunto lleva aparejado consecuencias económicas significativas para el árbitro. 1.4. El árbitro asesora con regularidad a la parte que lo designó o a su filial y el árbitro o su bufete de abogados percibe por esta actividad ingresos significativos". Como consecuencia de todo lo expuesto, consideramos acreditadas la existencia más que de dudas justificadas o de sospechas objetivamente justificadas, que afectaron a la independencia e imparcialidad del arbitraje y procede la anulación de los mismos.

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in casu
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