Source: https://es.scribd.com/doc/70571655/Manual-Municipalidades
Timestamp: 2017-02-19 12:28:16+00:00

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Secretaría de Gobernación y Justicia
Primera edición: junio de 2007 Diseño y tratamiento comunicativo: Comunica, con base en documento “Metodología de la Auditoría Social a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza”, elaborado por Evelyn Hernández (SNV), Jorge Irías (Banco Mundial), Marlin Óscar Ávila (CNA). Impresión: Tiraje: 000 ejemplares Impreso y hecho en Honduras
Módulo I Los antecedentes del control social a la gestión pública
1. La lucha contra una vieja enemiga del bien común ¿Qué es la corrupción? Los antídotos contra la corrupción Para pensar y actuar 2. Leyes e instituciones para luchar contra la corrupción Legislación vigente Las instituciones Para informarse mejor
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Módulo II Gobierno Municipal, desarrollo local y buen gobierno
1. El Gobierno Municipal y su papel en el desarrollo local Para que no haya duda
2. El Buen Gobierno y su relación con la Transparencia y la Rendición de Cuentas 23 ¿Qué es la Transparencia? ¿Qué es la Rendición de Cuentas? 24 26
3. Los derechos y deberes relacionados con la Transparencia y la Rendición de Cuentas Para actuar como se debe
Módulo III Los instrumentos y las herramientas para la Transparencia y la Rendición de Cuentas en el municipio
1. Las herramientas de la transparencia municipal Los necesarios sistemas de información 2. Los instrumentos para la Rendición de Cuentas en el espacio local Los instrumentos para la rendición de cuentas horizontal (al gobierno) Los instrumentos para la rendición de cuentas vertical (a la ciudadanía) La Auditoría Social Para que todos ganemos Bibliografía
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n nuestro país, el tema de la administración de los recursos públicos ha sido fuente permanente de preocupación para la ciudadanía y sus organizaciones. Y razones sobran. Basta constatar los altísimos niveles de atraso y pobreza que niegan el goce de los derechos fundamentales a la mayoría de la población. La preocupación se ha agudizado desde que Honduras empezó a tener acceso a los fondos de condonación de la deuda externa y se inició la ejecución de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). ¿Qué está pasando con los recursos para la reducción de la pobreza? ¿Están llegando a dónde deben llegar? Estas son preguntas cotidianas en todos los ámbitos. En este contexto, los gobiernos municipales han adquirido un especial protagonismo y una gran responsabilidad, pues el gobierno central les ha asignado recursos para ejecutar proyectos orientados a la reducción de la pobreza en sus respectivas jurisdicciones. Por tanto, tienen que redoblar esfuerzos para lograr gestiones más eficaces, eficientes y transparentes. Con el afán de buscar respuestas, un grupo de instituciones nacionales y organismos internacionales tomó la iniciativa de unificar criterios y métodos para desarrollar y aplicar la auditoría social en Honduras. Así, emprendió un proceso de consulta con diversos actores de sociedad civil, cooperación internacional y gobierno, vinculados directamente con el tema. Producto de ese trabajo es el documento Metodología de Auditoría Social a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza que, a partir de un marco conceptual, legal e institucional, propone una metodología de auditoría social, junto con una caja de herramientas que facilitan su aplicación en los espacios locales. La capacitación de los auditores sociales y de los miembros de los gobiernos municipales es uno de los primeros pasos que propone esta metodología.
Este manual se ha elaborado precisamente para apoyar los procesos de capacitación con los gobiernos locales interesados en impulsar la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Auditoría Social en sus municipios.
Los objetivos de este manual son:
1. Que los participantes conozcan los orígenes sociales y los fundamentos éticos, políticos y legales de la Auditoría Social, la Transparencia y la Rendición de Cuentas. 2. Contribuir a que los integrantes de los gobiernos locales se apropien de su papel como servidores públicos y promotores del desarrollo local, mediante el ejercicio del buen gobierno. 3. Que los integrantes de los gobiernos locales conozcan la importancia y la utilidad de los instrumentos para ejercitar la transparencia y la rendición de cuentas como componentes imprescindibles de su gestión. En consonancia con esos objetivos, este documento consta de tres módulos. El primero aborda los antecedentes del control social a la gestión pública; explica el fenómeno de la corrupción, sus causas y consecuencias, y reseña brevemente las leyes e instituciones que existen en el país para prevenirla y sancionarla. El segundo módulo está dedicado al municipio, al gobierno municipal y sus funciones y atribuciones para impulsar el desarrollo local mediante el ejercicio del buen gobierno. Y, el tercero, con un contenido más práctico, presenta las principales herramientas e instrumentos que pueden servir al gobierno municipal para aplicar la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito local. También se incluyen algunas consideraciones, muy precisas, sobre la auditoría social. Este manual ha sido concebido para la autoformación. La idea es que los miembros del gobierno municipal puedan leerlo y reflexionar sobre sus contenidos individualmente, a fin de aplicarlos en su práctica cotidiana. Sin embargo, mucho se ganará si lo discuten con sus compañeros y compañeras de trabajo y lo aprovechan para impartir talleres u otro tipo de capacitaciones sobre este tema tan vital para reducir de la pobreza y fomentar el desarrollo local.
Los antecedentes del control social a la gestión pública
1. La lucha contra una vieja enemiga del bien común
o siempre los pueblos han podido ejercer control sobre lo que hacen sus gobernantes. En la Antigüedad y la Edad Media, los actos de los monarcas y los señores feudales, por abusivos que fueran, se aprobaban sin discusión. El emperador, monarca o el señor feudal disponía de las vidas y los bienes de sus súbditos. Se argumentaba que, por mandato divino, todo lo que estaba dentro de su jurisdicción le pertenecía. Nadie tenía derecho a disentir o a criticarlo. Pero, afortunadamente, las sociedades cambian. Con el desarrollo del comercio, la producción y el conocimiento, surgieron nuevas clases sociales y las naciones se organizaron de nuevas formas para gobernarse. La Revolución Francesa de 1789 fue el anuncio de un nuevo orden político que, encabezado por la burguesía, proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano e instauró una República en 1792. Y, con ella, cobró vida la división de las funciones del Estado en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En teoría, estos tres poderes son independientes entre sí. Pero, a la vez, ejercen mutuos mecanismos de control. La forma de gobierno republicana se ha ido transformando, depurando, y es la que sustenta lo que actualmente conocemos como sistema democrático. Democracia, como bien sabemos, en pocas palabras significa gobierno del pueblo. Conforme a sus principios, el pueblo ya no es un ente pasivo, objeto del capricho de sus gobernantes, sino que un sujeto activo, con deberes y derechos para influir en los asuntos públicos. Y las autoridades y los funcionarios son servidores públicos, obligados a velar por el bien común y a obedecer a sus representados. Pero, como dice la gente, del dicho al hecho hay mucho trecho. La democracia, sobre todo en países como el nuestro, está llena de defectos, desigualdades e injusticias. Y uno de sus mayores problemas es la corrupción.
Generalmente se define como: El abuso de los derechos de un funcionario público para beneficio propio. Es la realización de actos ilegítimos que afectan los bienes y recursos públicos, con el fin de obtener un beneficio personal, para familiares, amigos o correligionarios. Algunas personas consideran que esta definición se queda corta, pues sólo se refiere a la corrupción de los funcionarios públicos. Se olvida que la mayoría de los actos de corrupción de aquéllos se realiza con la complicidad de empresarios y demás ciudadanos que también se aprovechan de los bienes del Estado. Reconociendo esta realidad, aquí nos referiremos específicamente a la corrupción que tiene lugar en la administración pública, pues el objeto de estudio de este Manual se relaciona directamente con ésta.
Las causas de la corrupción
Si hay corrupción es porque existen las condiciones que la permiten y las personas que la fomentan. Se puede afirmar que sus principales causas son:
• Un sistema ineficiente, que la fomenta al no ejercer los controles necesarios
sobre los actos de los funcionarios públicos. Además, es un sistema que sólo funciona por la ruta de la corrupción. Y todos lo saben y todos lo permiten.
• La politización de la administración pública, entendida como el manejo
de lo público en función de los intereses particulares de los partidos políticos. El clientelismo político —que se manifiesta en las dádivas, los favores, los empleos y salarios expresamente asignados a los activistas de un partido— es una de las expresiones más dañinas de la politización de la administración pública.
• La impunidad. Como producto de lo anterior, los responsables de actos
de corrupción no son castigados conforme a las leyes ni sancionados moralmente por la sociedad. La impunidad, que es parte integral del sistema, permite que la corrupción siga creciendo.
• Una escala distorsionada de valores. En esta época en la que predomina
el consumo exagerado de bienes materiales, se ha perdido el sentido de la búsqueda del bien común. La actividad política sólo se considera como un medio para lograr el enriquecimiento rápido y fácil, sin importar cómo.
Los efectos económicos, políticos, sociales y culturales que produce la corrupción demuestran que ésta destruye a un país desde adentro. Veamos cuáles son los principales costos de este fenómeno:
• Profundiza la pobreza. Al desconocer que los bienes del Estado son
públicos y pertenecen a toda la población, para dar paso al enriquecimiento ilícito de algunas personas o grupos, la corrupción profundiza las desigualdades sociales. Sin duda, es una de las principales causas de la pobreza y el atraso de un país, pues el dinero de todos se desvía hacia fines particulares.
• Viola el ordenamiento jurídico. A su sombra de esconde el abuso de la
función pública, la arbitrariedad y el desconocimiento del Estado de Derecho. Atenta contra las leyes que imperan en un país y se opone al interés público y al bienestar común.
• Reduce la eficiencia de la administración pública y aumenta al gasto gubernamental. Desestimula el trabajo honesto, obstaculiza la prestación
de servicios públicos y los encarece. Además, aumenta al gasto de los gobiernos y reduce sus ingresos. Cuando mediante el soborno, un ciudadano no paga los impuestos que por ley le corresponden, el Estado deja de percibir ingresos que podría destinar a mejorar la vida de sus habitantes. Por todo ello, la corrupción distorsiona la economía de un país.
• Provoca desencanto político. La ciudadanía pierde la confianza
en su gobierno, en los partidos políticos y en la democracia como sistema. La corrupción le resta legitimidad a las instituciones públicas y alimenta la violencia social. Muchos analistas coinciden en que el creciente abstencionismo del electorado en Honduras obedece, entre otras causas, al desencanto ciudadano frente a la evidente corrupción de los políticos. Por todo lo anterior, la corrupción es una de las principales enemigas del bien común, que es el fin principal de la democracia. Según documentos de la Iglesia Católica, éste se puede entender como: El conjunto de condiciones sociales que permite a los ciudadanos el desarrollo rápido, eficaz y pleno de su propia perfección. Consiste, principalmente, en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana.
Los antídotos contra la corrupción
La corrupción no es nueva en Honduras. Toda nuestra historia —con honrosas excepciones— está marcada por regímenes corruptos, cuyos funcionarios se aprovecharon de sus cargos para beneficio propio, y muy poco hicieron por el bienestar de la gente. Tampoco es nuevo el repudio de la ciudadanía hacia esta conducta. En la prensa y los escritos de la primera mitad del siglo pasado, es frecuente encontrar señalamientos y denuncias de las organizaciones obreras y culturales, de los opositores políticos e incluso de ciudadanos anónimos, en torno a la corrupción de los gobernantes. Lo que sí es nuevo son las formas y métodos empleados por la ciudadanía organizada y las mismas instituciones del Estado para prevenir y atacar este mal. En 1999, Honduras calificó para la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), con lo que logró la condonación de montos significativos de su deuda externa, con la condición de que elaborara y ejecutara una Estrategia para la Reducción de la Pobreza ( ). Como producto de esto, y a partir de las lecciones que dejó el huracán Mitch, surgieron nuevas formas de relación entre el Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil. Y así es como cobran carta de ciudadanía conceptos como Auditoría Social, Transparencia y Rendición de Cuentas, considerados en la actualidad como los antídotos o medicinas que pueden ayudar a contrarrestar el mal de la corrupción. Estos términos están presentes a lo largo de este material educativo, por lo que es preciso conocer su significado.
La auditoría social es un proceso por el cual la ciudadanía vigila, monitorea, evalúa, verifica y da seguimiento a la gestión de una institución pública, o privada que trabaja con fondos públicos. Su objetivo es hacer recomendaciones y propuestas orientadas a garantizar el uso transparente de los recursos, así como la provisión de servicios públicos eficientes, en función del bien común.
Como la palabra lo indica, transparencia es la condición que permite ver claramente lo que hay a través de algo. Aplicada a nuestro tema, la transparencia es una cualidad de los funcionarios y las instituciones públicas que permite la claridad, apertura y visibilidad de sus actuaciones, así como el acceso a la información por parte de la ciudadanía. La transparencia es lo contrario del ocultamiento, del secreto y de los arreglos bajo la mesa. Su práctica genera un ambiente de confianza y credibilidad entre los servidores públicos y los ciudadanos.
La rendición de cuentas es el acto por el cual los funcionarios públicos, o cualquier otra persona que actúa por delegación de terceros, cumplen con la obligación de responder por la responsabilidad que le asignaron. Esto implica las obligaciones de: • Responder a las preguntas de la ciudadanía. • Explicar y fundamentar las decisiones tomadas. • Responder personalmente por lo actuado, las acciones realizadas y la calidad de los resultados, incluso con su patrimonio personal. En la metodología que aquí se propone, diseñada para ejercer control social sobre la ejecución de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, a la sociedad civil le corresponde realizar la auditoría social, en tanto que la transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones de los funcionarios públicos. No obstante, las tres se relacionan estrechamente y una es condición de la otra. Son procesos complementarios que se fortalecen y enriquecen mutuamente. No es posible que la sociedad civil realice auditoría social si un gobierno local o nacional se niega a rendir cuentas, como es imposible la rendición de cuentas sin transparencia. La auditoría social es un ejercicio de participación ciudadana, que se desarrolla en un ambiente donde las autoridades son transparentes, respetuosas de la ley y receptivas a la voz popular. Por eso es que se afirma que las tres prácticas, debidamente armonizadas, contribuyen a la gobernabilidad y al desarrollo de la democracia participativa.
Después de haber leído este módulo, vale la pena darse unos minutos para pensar en su municipalidad y en su actuación como servidora o servidor público.
1. Haga memoria:
– ¿En qué condiciones recibieron las finanzas del gobierno municipal? ¿Estaban las cuentas claras? – ¿Ha habido, en el pasado, actos de corrupción en la alcaldía? – Si los hubo, ¿fueron denunciados ante las autoridades competentes?
2. Fortalezca conceptos clave:
– ¿Por qué se afirma que la corrupción es una de las principales enemigas del bien común? – ¿Qué es el bien común? – ¿Cuáles son los antídotos o vacunas contra la corrupción? – A partir de su experiencia, ¿cuáles son las principales causas de la corrupción?
3. Piense:
– Como miembro o funcionario del gobierno municipal, ¿está convencido o convencida de que la corrupción es una de las principales causas de la pobreza de la población? ¿Por qué? – El gobierno municipal al que pertenece: ¿Está actuando con transparencia? ¿Rinde cuentas a las autoridades y a la ciudadanía? – ¿Qué puede hacer usted, desde su posición, para prevenir y combatir la corrupción en la municipalidad?
2. Leyes e instituciones para luchar contra la corrupción
n Honduras tampoco son nuevas las leyes e instituciones creadas expresamente para controlar y erradicar la corrupción. Ya en 1954 se emitió la Ley de Probidad Administrativa, que fue derogada en 1976 con la entrada en vigencia de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos. Y ésta a su vez, fue derogada en 2002 con la aprobación de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas. En este apartado haremos un breve recorrido por las que están vigentes y que es importante conocer, porque constituyen el marco legal e institucional que respalda el ejercicio de la auditoría social, la transparencia y la rendición de cuentas.
En el ámbito internacional, el Estado de Honduras es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue aprobada en 1996 por 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). La ley fundamental, la Constitución de la República, dedica el capítulo III del Título V a normar el funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, en el capítulo V, tipifica el enriquecimiento ilícito. Además, el artículo 80 garantiza el derecho a la pronta respuesta de las autoridades, que asiste a las personas que presentan una petición. Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas se acaba de aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
También hay leyes para administrar los recursos públicos como: • La Ley General de Administración Pública, • La Ley de Contratación del Estado y • La Ley de Municipalidades. Y, para controlar la administración de esos recursos, está la Ley del Tribunal Superior de Cuentas. Luego existen leyes para la acción judicial, que establecen las sanciones y las penas para quienes incurren en delitos relacionados con la corrupción. Estas son: • La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, • El Código Penal, • El Código Tributario, • El Código Procesal Penal y • La Ley del Ministerio Público.
Este marco legal se materializa en instituciones —creadas a partir de la década de 1990, en el contexto del proceso de modernización del Estado—, que apoyan el combate a la corrupción y facilitan la auditoría social, la transparencia y la rendición de cuentas. Las de carácter nacional son:
El Ministerio Público, que vela por el respeto y cumplimento de los derechos
y garantías establecidas en la Constitución de la República. Cuenta con una Fiscalía Especial contra la Corrupción, que investiga de oficio o por denuncia los actos de corrupción.
El Tribunal Superior de Cuentas, cuya función principal es fiscalizar,
a posteriori, los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, las municipalidades, o cualquier otro órgano, público o privado, que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. Le corresponde establecer un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos y determinar los actos de enriquecimiento ilícito.
El Consejo Nacional Anticorrupción, que nació con la misión de elaborar la
Estrategia Nacional Anticorrupción. Su objetivo actual es promover la aplicación de políticas públicas y privadas para prevenir y erradicar la corrupción en la sociedad hondureña.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), cuya
misión es garantizar los derechos y libertades reconocidas en la Constitución. El CONADEH fue un pionero de la auditoría social, al fiscalizar las donaciones destinadas a las víctimas del huracán Mitch y elaborar un informe de trascendencia nacional. En la actualidad continúa impulsando procesos de auditoría social. También hay instancias que actúan en el ámbito local; han sido promovidas por la ciudadanía, las autoridades u organismos externos para fomentar la participación ciudadana, y controlar y mejorar la gestión de los gobiernos locales. Entre éstas encontramos: • Los Comisionados Municipales • Las Comisiones de Transparencia y • Los Contralores Sociales. Más adelante se explican los fundamentos legales, funciones y atribuciones de estas instancias.
Después de haber leído este módulo, habrá que tomar tiempo para conocer mejor las leyes que aquí se mencionan. Si aún no tiene la Constitución de la República, la Ley de Municipalidades, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y otras leyes necesarias para todo funcionario municipal, hay que conseguirlas. En todo caso, es obligatorio que estas leyes estén a la disposición de cualquier interesado en todas las alcaldías. 1. Ahora, busque y lea el Capítulo III del Título V de la Constitución de la República, “Del Tribunal Superior de Cuentas”. Este abarca del artículo 222 al 227. 2. También busque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es conveniente leerla toda, en especial los artículos del 1 al 7. 3. En cuanto a la Ley de Municipalidades, es obligatorio leerla completa, incluso varias veces, pues es la guía de trabajo para todo servidor municipal que desea actuar con apego a la ley. Si en algún momento no comprende plenamente un artículo o disposición legal, hay que preguntar. Siempre habrá en el municipio algún abogado, otro funcionario municipal o cualquier otra persona que puede ayudar a entender mejor el marco legal que se debe cumplir.
Gobierno Municipal, desarrollo local y buen gobierno
1. El Gobierno Municipal y su papel en el desarrollo local
l artículo 294 de la Constitución de la República determina que el territorio hondureño se divide en departamentos y éstos en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la ley. Para legislar lo relativo a la organización y el funcionamiento de los municipios —en atención al mandato constitucional que establece que serán independientes de los poderes del Estado—, el Congreso Nacional aprobó una nueva Ley de Municipalidades, que entró en vigencia el 1 de enero de 1991. Este cuerpo legal sustituyó la Ley de Municipalidades y del Régimen Político, vigente desde 1927, y que ya no respondía a las condiciones del momento. El artículo 2 de esta Ley define el municipio como: …una población o asociación de personas residentes en un término municipal, gobernada por una municipalidad que ejerce y extiende su autoridad en su territorio y es la estructura básica territorial del Estado y causa inmediata de participación ciudadana en los asuntos públicos. Así, concibe la autonomía municipal como una expresión de la democracia participativa, mediante la cual se buscará mejorar el nivel de vida de la población, hacer un uso racional de los recursos disponibles y propiciar un desarrollo económico equilibrado. El artículo 12 define los postulados de la autonomía municipal. De acuerdo con el artículo 25, la Corporación Municipal es el órgano deliberativo y la máxima autoridad dentro del término municipal. Dentro de sus diversas facultades se encuentra la de celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con representantes de las organizaciones locales legalmente constituidas, así como convocar a plebiscito a todos los vecinos del municipio para resolver todo tipo de situaciones que afectan a la comunidad.
En resumen, el municipio es el espacio físico y social donde las poblaciones desarrollan su vida diaria. El bienestar de las personas y el pleno disfrute de los derechos ciudadanos dependen, en gran medida, de una buena gestión del gobierno municipal. En otras palabras, del buen gobierno que éste logre desarrollar.
Para que no haya duda
Las y los servidores municipales deben estar convencidos de que el fin principal de los gobiernos locales es garantizar el desarrollo del municipio para lograr el bienestar de sus habitantes. Para que no haya duda, lea cuidadosamente los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Municipalidades. Conteste con toda sinceridad: 1. ¿Cuáles de las atribuciones señaladas en el artículo 13 está cumpliendo su gobierno municipal? 2. ¿Cuáles no está cumpliendo y por qué? 3. ¿Qué piensa de los objetivos de la municipalidad que establece el artículo 14 de la Ley? ¿Los está cumpliendo su municipalidad? 4. ¿Cuál es la relación entre la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y las atribuciones y objetivos de las municipalidades?
2. El Buen Gobierno y su relación con la Transparencia y la Rendición de Cuentas
En política se puede meter la pata, pero no la mano.
odavía hay quienes piensan que el buen gobierno es el que reparte más subsidios, crea empleos para ubicar a correligionarios, amigos y parientes, y hace favores de todo tipo.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado con creces que este tipo de gobierno no genera desarrollo, malgasta los recursos públicos y fomenta la corrupción, el paternalismo y la dependencia de los gobernados. Por eso es que desde finales del siglo pasado se habla con mucha insistencia —y se empieza a practicar— una nueva forma de hacer política y de administrar los recursos del Estado, en la cual “no caben los sobornos y no hay lugar para la deshonestidad; el compromiso es acabar con las prácticas y costumbres conocidas y habituales, que tienen a la América Latina sumida en el atraso”1. Así es como el concepto de buen gobierno adquiere otro contenido: El buen gobierno es aquel que basa sus prioridades políticas, sociales y económicas en el consenso con todos los sectores sociales y adopta decisiones después de escuchar las voces de los más pobres y vulnerables. En pocas palabras, el buen gobierno trabaja por el bien común. Los principales ingredientes de un buen gobierno, nacional o municipal, son:
Participación: la fomenta en todos sus gobernados y en todos los ámbitos, sin
distingos de ningún tipo.
Imperio de la ley: respeta y cumple las instituciones y las leyes vigentes.
1 Adelina Covo. Manual del buen alcalde. Guía práctica para la administración pública, local y regional. Tercer mundo editores, Bogotá, 2000.
Equidad: brinda iguales oportunidades de desarrollo a hombres y mujeres,
adultos, niños y jóvenes, grupos étnicos y culturales. Y, si es del caso, contribuye a superar las desigualdades históricas entre unos y otros.
Transparencia: todos sus actos son del conocimiento público y hace posible
el ejercicio del derecho a la información que asiste a la ciudadanía.
Rendición de cuentas: da cuentas al público de sus decisiones y de los
resultados de sus actos.
Consenso: busca mediar entre intereses opuestos y enfatiza en los intereses
y metas comunes.
Eficacia y eficiencia: cumple con los objetivos planteados y los resultados
de su gestión satisfacen las necesidades de la sociedad.
Visión estratégica: trabaja en función del desarrollo sostenible y apunta a
fortalecer la gobernabilidad y los procesos de participación ciudadana2. Como se puede ver, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos que no pueden faltar en un buen gobierno. Por eso es tan importante conocer su significado, características y trascendencia. Veamos.
Como vimos en el Módulo I, la transparencia es la condición que permite ver claramente lo que hay a través de algo. Aplicada a nuestro tema, la transparencia es una cualidad de los funcionarios y las instituciones públicas que permite la claridad, apertura y visibilidad de sus actuaciones, así como el acceso a la información por parte de la ciudadanía. La transparencia es lo contrario del ocultamiento, del secreto y de los arreglos bajo la mesa, propios de la corrupción. Su práctica genera un ambiente de confianza y credibilidad entre los servidores públicos y los ciudadanos.
2 Basado en: Pauline van der Aa, Gobernabilidad, Sociedad Civil y Género, documento para discusión, San José, octubre de 1997.
En principio, la palabra transparencia se refiere a una cualidad ética. Se le asocia o está íntimamente relacionada con el derecho a la información, el cual es un requisito para la participación ciudadana.
La transparencia administrativa
En el ámbito público, la transparencia garantiza un ambiente de confianza y sinceridad entre los administradores de los bienes y la comunidad para la cual laboran. Las responsabilidades, procedimientos y normas están establecidas de antemano y todos están de acuerdo con ellas. Las autoridades informan de manera sencilla, directa y clara, y los ciudadanos participan en el proceso a través de mecanismos que les permiten el acompañamiento, la auditoría social y el derecho a demandar de sus autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, pues, entre todos, buscan elevar la calidad de vida, fortalecer las instituciones democráticas y mejorar la gobernabilidad. La transparencia administrativa significa, entonces, que las responsabilidades, procedimientos y reglas de las instituciones que administran lo público son claras y están abiertas al escrutinio y el control ciudadano. Una administración transparente supone un conjunto de políticas, programas, actitudes y acciones de las autoridades y los funcionarios orientadas a lograr una gestión pública con ciertas características como: a. Gobernar sin tener nada que ocultar. b. Responsabilizarse públicamente por las acciones y omisiones realizadas en el ejercicio del cargo. c. Informar sobre sus gestiones a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. d. Esforzarse por brindar servicios de calidad y en la cantidad suficiente para satisfacer las demandas de la población. e. Estar dispuesta a someterse a control en cualquier momento. f. Rendir cuentas, incluso sin que nadie lo solicite. g. Capacitar a la ciudadanía en el uso de la información pública. h. Respetar las decisiones y los acuerdos tomados con la ciudadanía (Manual GAP, 2004).
La rendición de cuentas es el acto por el cual los funcionarios públicos, o cualquier otra persona que actúa por delegación de terceros, cumplen con la obligación de responder por la responsabilidad que le asignaron. Esto implica las obligaciones de: • Responder a las preguntas de la ciudadanía. • Explicar y fundamentar las decisiones tomadas. • Responder personalmente por lo actuado, las acciones realizadas y la calidad de los resultados, incluso con su patrimonio personal. Cuando la rendición de cuentas sigue un procedimiento determinado, crea certidumbre tanto para el que la brinda como para el que la recibe. Además, contribuye a generar credibilidad y confianza hacia la gestión pública y la actuación de las autoridades, lo que a su vez fomenta la colaboración entre gobernantes y gobernados. Su importancia radica en que los ciudadanos, al participar en un escenario de rendición de cuentas, pueden ejercer su derecho a informarse y a controlar a sus autoridades (hacer auditoría social), así como a saber qué se hace con los recursos públicos y los resultados obtenidos. En tal sentido, los objetivos de la rendición de cuentas son: 1. Transparentar la administración o gestión de la cosa pública. 2. Generar confianza hacia el gobierno y sus autoridades. 3. Permitir que la sociedad civil haga un análisis más objetivo para que proponga políticas públicas más apegadas al interés colectivo, bajo los principios de equidad y subsidiariedad3.
3 El principio de subsidiariedad significa que el organismo más grande (en este caso el municipio) no debe sustituir al más pequeño (en este caso las comunidades o barrios). Cada cual debe cumplir con sus responsabilidades en la medida de sus posibilidades.
En resumen, la rendición de cuentas, además de contribuir al manejo correcto de los fondos públicos, implica que los funcionarios también deben responder por el cumplimiento de las metas previamente definidas, así como satisfacer, por medio de las políticas públicas, las necesidades de la población, especialmente de la más necesitada de los servicios públicos. Un viejo proverbio dice que no basta con ser honrado, sino que también hay que parecerlo. Y la transparencia y la rendición de cuentas son las prácticas que permiten que las autoridades municipales que son honradas, también lo parezcan.
3. Los derechos y deberes relacionados con la Transparencia y la Rendición de Cuentas
a transparencia implica el ejercicio de derechos para la ciudadanía y de deberes para los funcionarios públicos.
Los derechos básicos para los ciudadanos son: • Derecho de acceso a la información pública y • Derecho a la participación en asuntos públicos de su interés.
El derecho de acceso a la información pública es fundamental para el
ejercicio de otros derechos civiles y políticos relacionados con la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y el control social de la gestión pública. Fue hasta en diciembre de 2006 que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después de un largo proceso de incidencia de las organizaciones de sociedad civil. La finalidad de esta nueva Ley —que es de gran utilidad para los procesos de auditoría social—, conforme a su artículo 2, es el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. Y en su Artículo 4, establece: Todas las Instituciones Obligadas4 deberán publicar la información relativa a su gestión o, en su caso, brindar toda la información concerniente a la
4 Según el numeral 4) del Art. 3, las Instituciones Obligadas son los tres poderes del Estado, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado, incluyendo los entes autónomos. También se incluyen las ONG y las OPD y, en general, todas las personas naturales y jurídicas que reciben o administran fondos públicos.
aplicación de los fondos públicos que administren o hayan sido garantizados por el Estado (…). A su vez, toda persona natural o jurídica tiene derecho a solicitar y recibir, de las Instituciones Obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidos en esta Ley.
El derecho a la participación ciudadana está garantizado en el artículo 5 de
la Constitución de la República: El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa, del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. El artículo 61 de Ley del Tribunal Superior de Cuentas reconoce la contraloría o auditoría social como una expresión de la participación ciudadana: Se instituye la contraloría social como una instancia de colaboración para propiciar y estimular la participación ciudadana en las tareas atribuidas por esta Ley al Tribunal, con el objeto que mediante la acción organizada de los diferentes sectores de la sociedad civil, se logre la creación de un mecanismo idóneo de vigilancia, que coadyuve a la correcta, ética, honesta y legal aplicación de los recursos y bienes del Estado y al debido cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares en sus relaciones patrimoniales con el Estado. (...) Y la Ley de Municipalidades es muy clara al señalar en su artículo 24: Los vecinos de un municipio tienen derechos y obligaciones. Son sus derechos los siguientes: 1. … 2. … 3. Hacer peticiones por motivos de orden particular o general y obtener pronta repuesta, así como reclamar contra los actos, acuerdos o resoluciones de la municipalidad y deducirle responsabilidades, si fuere procedente. 4. ... 5. Participar de los programas y proyectos de inversión y a ser informados de las finanzas municipales. 6. Participar en la gestión y desarrollo de los asuntos locales.
7. Pedir cuentas a la corporación municipal sobre la gestión municipal, tanto en los cabildos abiertos por medio de sus representantes, como en forma directa. 8. … Por tanto, un gobierno local eficaz, eficiente y transparente debe, como mínimo, implementar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que indica la Ley de Municipalidades y su Reglamento: • Instancias y espacios de participación ciudadana para la toma de decisiones y facilitar la auditoría social: asambleas, cabildos abiertos, plebiscitos, consejos de desarrollo municipal, Comisionado Municipal, etc. • Facilitar la participación ciudadana en la planificación y control de la gestión pública, mediante sistemas de planificación participativa, auditoría social y monitoreo participativo. • Aplicar la transparencia en los procesos de adquisiciones, mediante la publicación de los proveedores, las características de las adquisiciones, etc. • Aplicar sistemas de transparencia para los funcionarios municipales: desde los mecanismos de reclutamiento y selección, como concursos públicos de oposición, hasta controles de su gestión, como declaración jurada de bienes, informes periódicos, auditorías internas, etc. Pero no hay que olvidar que la transparencia es, ante todo, una cualidad ética que se manifiesta en el compromiso del alcalde, de los regidores y demás funcionarios por hacerla realidad, más allá del cumplimiento de las leyes. La honestidad se expresa en la vida cotidiana, en conductas y actitudes. Por tanto, los servidores públicos del municipio están obligados a: • Brindar espontáneamente información. O sea, a rendir cuentas sin necesidad de que la ciudadanía lo exija. • Responder de buena gana, y en un plazo prudencial, a las solicitudes de información que presente la población. • Favorecer la participación ciudadana y el control social en los asuntos públicos. • Aplicar la transparencia y la honestidad en los pequeños detalles, por ejemplo el manejo de la caja chica, y no sólo en los proyectos grandes, por ser los más sujetos a procesos de control y auditoría social.
En resumen, para que la administración municipal sea transparente, deberá permitir y promover el acceso a la información pública, y difundir los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten y los actos que se realicen. Todo lo anterior, teniendo siempre presente que la corrupción es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza, y que el fin último de un gobierno local es la búsqueda del bien común.
Para actuar como se debe
1. Lea de nuevo la frase que aparece al inicio de la página 23: “En política se puede meter la pata, pero no la mano”. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cómo se pueden aplicar a su gestión como funcionario municipal? 2. ¿Cómo ha entendido usted hasta ahora, lo que es un buen gobierno? ¿Coincide su idea con la definición que se ofrece en la página 23 de este material? 3. En su condición de funcionario o funcionaria municipal, ¿ha actuado con transparencia administrativa? 4. ¿Por qué piensa usted que a algunos funcionarios públicos les cuesta tanto rendir cuentas? ¿Está su municipalidad haciendo lo necesario para rendir cuentas a los entes contralores del Estado y a la ciudadanía de su municipio?
Los instrumentos y las herramientas para la Transparencia y la Rendición de Cuentas en el municipio
1. Las herramientas de la transparencia municipal
ara que la gestión del gobierno municipal pueda desarrollarse con base en la transparencia, debe funcionar conforme a algunos lineamientos e incorporar herramientas de trabajo. Además de las obligaciones que ya se señalaron, son muy importantes: • Procedimientos transparentes de consulta para la toma de decisiones. • Normas y procedimientos coherentes para administrar los recursos públicos: controles internos efectivos, y clara asignación de responsabilidades. • Un sistema accesible y sencillo, ampliamente difundido, de información confiable, relevante y oportuna. • Control externo concurrente y posterior a la ejecución, calificado e independiente, que verifique y evalúe la eficacia y eficiencia de los sistemas de administración, información y control interno, así como los resultados de la gestión. • Apertura al escrutinio de la prensa, en cuanto a la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas municipales, y sobre la integridad de los funcionarios.
Los necesarios sistemas de información
Disponer de un sistema que facilite el flujo y manejo de la información que entra y se genera, es una necesidad básica para cualquier gobierno. Un sistema de información se puede definir como el conjunto de instrumentos, medios y procedimientos que recogen, procesan, almacenan y transmiten información para facilitar el cumplimiento de los fines de la institución, la toma de decisiones adecuadas y el control de la gestión. Producir, sistematizar y divulgar información es una condición imprescindible para ejercer un buen gobierno, transparente y abierto a la participación de la comunidad. A mayor grado de entrega de información útil, veraz y oportuna, es de esperar un mayor interés y confianza de la población en la administración de los asuntos públicos. Por el contrario, cuando un gobierno restringe y oculta información sobre sus decisiones y actividades, provoca la desconfianza de los ciudadanos. Es entonces cuando la percepción de corrupción aumenta en la población.
La aplicación eficiente de los sistemas de información, facilita: • La toma de decisiones acertadas • El control gerencial y del ciudadano sobre la gestión pública • La transparencia, la rendición de cuentas y el control de la corrupción. En cambio, la aplicación deficiente genera: • Toma de decisiones equivocadas • Caos administrativo • Condiciones que facilitan la corrupción. Para diseñar un sistema eficiente y eficaz de información, es importante identificar quiénes son los usuarios de la información y para qué la necesitan. Para esto, es de mucha utilidad analizar los objetivos del organismo, en este caso la alcaldía, y sus estructuras. Sabemos que una de las funciones más importantes del gobierno municipal es la recaudación y captación de recursos para transformarlos en bienes y servicios
para la comunidad. Y, en esta coyuntura, ha adquirido relevancia la ejecución de proyectos enmarcados en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Con base en su estructura, los usuarios de la información de un sistema municipal son el alcalde, los regidores y funcionarios, así como los grupos de sociedad civil (Comisiones de Transparencia, CODEM) y ciudadanos particulares. Para atender las necesidades de la Corporación Municipal y los funcionarios, se necesitará de un sistema interno de información, que contribuya al funcionamiento eficiente de la municipalidad. Algunos instrumentos útiles para este sistema son: 1. Las bases de datos: es el conjunto de información elemental para el funcionamiento del municipio; facilita los procesos, el control interno y el manejo de estadísticas. 2. Manuales e instructivos: sirven para darle unidad a los actos de los funcionarios, quienes deben conocerlos y dominarlos para garantizar actuaciones ajustadas a Derecho y así frenar las arbitrariedades. Los manuales presentan procedimientos a seguir en el ejercicio de las funciones públicas, de acuerdo a lo que establecen las normas. 3. El presupuesto: es el instrumento de administración y planificación municipal; contiene las políticas del municipio, la estimación de los ingresos, los programas, las metas y el detalle del gasto. 4. La contabilidad fiscal: es el registro, resumen, análisis e interpretación de las transacciones realizadas con la finalidad de preparar estados financieros y presupuestarios que faciliten la evaluación de los ingresos y del gasto, así como conocer la situación financiera real del municipio. El sistema externo de información es el que interesa directamente a la ciudadanía. Comprende todo lo relacionado con las condiciones de vida que ofrece el municipio para sus habitantes, los trámites y servicios, la concreción de obras, los impuestos y tasas, la política de gastos, las normas administrativas y otros aspectos de la gestión municipal. Si se están ejecutando fondos de la ERP, habrá que destinar un apartado especial para informar sobre el tipo de política, proceso o proyecto que está en marcha, las comunidades beneficiarias, el monto invertido, el periodo de ejecución, y los mecanismos previstos para la rendición de cuentas y la auditoría social. No hay que olvidar que el Reglamento para la Operacionalización de los Recursos de la ERP, en sus artículos 10 y 11, legitima las auditorías sociales que realizan las Comisiones Locales de Transparencia.
El sistema de información a la ciudadanía es un servicio clave que la municipalidad debe privilegiar, porque es determinante para construir una relación basada en la confianza con la comunidad. Algunos instrumentos útiles para este sistema son: 1. Oficinas de información y reclamos, donde los ciudadanos acuden a presentar información relacionada con problemas comunitarios, reclamos o denuncias. Esa información puede ser suministrada de manera escrita o verbal; pero, en todo caso, debe ser canalizada a la instancia correspondiente para dar la respuesta esperada. 2. Gacetas municipales, periódicos y folletos: son medios útiles para difundir información a la población. En las gacetas se publican las nuevas ordenanzas y reglamentos, así como los acuerdos o resoluciones de los órganos de gobierno. A través de los periódicos y folletos se puede informar sobre las obras del gobierno, indicando los montos de la inversión y el impacto en el municipio. 3. Gobierno en los barrios o colonias: es un programa que permite establecer contacto directo entre el gobernante y el ciudadano, mediante la visita a los barrios y colonias, visitas de casa en casa, y reuniones con los ciudadanos. Esto permite llevar y recibir información, pero además verificarla en el sitio. Por ejemplo, el estado de las obras públicas, los problemas de la comunidad, entre otros.
2. Los instrumentos para la Rendición de Cuentas en el espacio local
omo ya vimos, la rendición de cuentas es el acto de informar y respaldar, con los documentos necesarios, cómo fueron utilizados los recursos públicos. Además, el funcionario debe explicar las decisiones tomadas y responder personalmente por lo actuado. La rendición de cuentas aporta seguridad y certidumbre a quien la brinda y a quien la recibe. Permite ir construyendo la credibilidad y la confianza de la ciudadanía hacia la gestión pública y el desempeño de sus autoridades, lo que posibilita la colaboración entre gobernantes y gobernados. Dependiendo del tema sobre el que trate, puede dividirse en tres categorías: 1. Rendición de cuentas sobre las finanzas: se centra en la contabilidad financiera, es decir, en la forma en que se llevan los libros contables y se gasta el dinero. 2. Rendición de cuentas sobre la imparcialidad: se centra en el cumplimiento de las normas éticas y administrativas que garantizan un trato justo y equitativo a todos los ciudadanos. 3. Rendición de cuentas sobre los resultados: centrada en el logro de los resultados planificados con base en políticas, programas y proyectos del gobierno. Estas tres categorías pueden resumirse en dos: la rendición legal de cuentas y la rendición de cuentas sobre los resultados. La primera comprende las categorías uno y dos, y tiene que ver con el acatamiento del orden jurídico y la prevención de abusos en los cargos públicos. La segunda, que se refiere a la categoría tres, tiene que ver con la eficiencia, eficacia, equidad y calidad de los bienes y servicios públicos.
Otra clasificación se hace dependiendo de ante quién se realiza la rendición de cuentas: 1. Horizontal, cuando se hace ante las instituciones gubernamentales y entes contralores del Estado. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas. 2. Vertical, cuando se hace ante la ciudadanía.
Los instrumentos para la rendición de cuentas horizontal
(al gobierno)
El alcalde es el responsable de la presentación de la rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ). Esta tendrá que ser verificada por el auditor interno de la municipalidad y aprobada por la Corporación Municipal. Son responsables de elaborar las formas consolidadas y complementarias el tesorero municipal, el contador municipal y el responsable del presupuesto. Para preparar la rendición de cuentas, las municipalidades disponen de un manual único que ha sido elaborado por el Departamento de Auditoría del Sector Municipal del TSC y la Dirección General de Fortalecimiento Local de la SGJ. El Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales consta de un instructivo y doce formas que, junto con ciertos requisitos, son de cumplimiento obligatorio para todas las municipalidades de Honduras a partir del ejercicio fiscal de 2004. La SGJ también ha elaborado una metodología presupuestaria con el fin de “Implementar un sistema unificado para la formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto, enfocado en mejorar la gestión municipal mediante el uso y flujo de información precisa y oportuna que conlleve a visualizar la transparencia en el manejo de los recursos económicos que reciben tanto del gobierno central como de la cooperación externa”. Asimismo, ha elaborado una propuesta unificada sobre Contabilidad municipal, con el propósito de poner al alcance de todas las municipalidades esta herramienta técnica. Sobre todos estos aspectos, la SGJ lleva a cabo procesos de capacitación, a fin de facilitar la comprensión y utilización de estos instrumentos de trabajo.
Los instrumentos para la rendición de cuentas vertical
(a la ciudadanía)
Para rendir cuentas a la ciudadanía, el gobierno municipal dispone de una diversidad de instrumentos y herramientas formales y no formales. Las formales son las que están establecidas en la Ley de Municipalidades y otras leyes. Las no formales son las que la misma municipalidad, junto con la ciudadanía, puede diseñar y aplicar, conforme a sus condiciones y necesidades. Aquí cabe la creatividad y la flexibilidad, siempre que no se contravenga la ley. Entre los instrumentos formales encontramos:
1. Las asambleas o cabildos de rendición de cuentas
Al finalizar un período determinado, la Corporación Municipal convoca a todos los ciudadanos y ciudadanas de un municipio y sus organizaciones para informarles sobre la gestión realizada. La información se brinda de forma sencilla, utilizando términos de fácil comprensión; se acompaña con datos comprobables que facilitan evaluar la gestión. En la rendición de cuentas se informa sobre los siguientes aspectos: • Total de ingresos percibidos y las fuentes de esos ingresos. • Descripción de los gastos, montos y su justificación. • La inversión realizada, describiendo los programas, obras, montos asignados y ejecutados. • Impacto de la inversión en los ciudadanos.
2. Rendición de cuentas a través de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia
Las CCT son organizaciones de la sociedad civil que canalizan la participación ciudadana en el gobierno municipal. Están integradas por representantes de organizaciones sociales ubicadas en el municipio, y ciudadanos de reconocida honorabilidad. Algunas incluyen al Comisionado Municipal. Las autoridades municipales, reconociendo su deber de rendir cuentas, aprueban que un grupo de ciudadanos —seleccionados conforme a criterios definidos en un reglamento—, auditen y certifiquen su gestión.
Las CCT apoyan al gobierno municipal, pero son independientes del mismo. Y los gobiernos locales deben fomentar esta independencia pues, entre más independientes son estas Comisiones, mejor harán su labor. Las CCT también son independientes, en sus opiniones y decisiones, de las ONG y los organismos de la Cooperación Internacional que apoyan su trabajo. A través de ellas se puede informar a la ciudadanía sobre las obras del municipio, los proyectos, programas o políticas y sus resultados. Las CCT tienen la obligación de trasladar la información recibida, los análisis efectuados y las recomendaciones formuladas a todos los pobladores del municipio.
3. La Gaceta municipal
El artículo 115 de la Ley de Municipalidades dice que las municipalidades, cuando sus recursos lo permitan, están obligadas a publicar, por lo menos semestralmente, una Gaceta municipal donde consten sus resoluciones más relevantes, un resumen del presupuesto, su liquidación y la respuesta a las solicitudes de rendición de cuentas.
4. Actas de la Corporación Municipal
El artículo 35 de la Ley de Municipalidades indica que las actas municipales tienen el carácter de documentos públicos; en consecuencia, cualquier ciudadano podrá solicitar certificación de las resoluciones y acuerdos, una vez que se encuentren firmes. Más todavía, dispone que para que toda la población conozca el contenido de las sesiones de la Corporación Municipal, la Secretaría enviará, dentro de los tres días siguientes, una certificación de las resoluciones y los acuerdos a la biblioteca pública municipal. Si esto no fuese posible, exhibirá la certificación en un lugar visible y accesible al público.
Un instrumento relativamente nuevo en el país, y que nace como producto de la necesidad de que la ciudadanía ejerza un control más efectivo sobre la ejecución de la ERP en los espacios locales, es la auditoría social. El gobierno municipal debe entender que la auditoría social no es un capricho de la sociedad civil. Su ejercicio se basa en principios políticos, legales y éticos propios de un Estado democrático, que justifican su razón de ser.
La auditoría social es un ejercicio de participación ciudadana, constituye un derecho y un deber de la ciudadanía, y es un instrumento para la búsqueda del bien común. Su propósito no es buscar actos de corrupción a como dé lugar, sino contribuir al buen gobierno, haciendo propuestas y recomendaciones para mejorar la gestión pública. En tal sentido, las autoridades locales no deben ver a la auditoría social y sus actores como enemigos, sino como aliados en la difícil tarea de construir consensos para avanzar en la reducción de la pobreza y el desarrollo local. Por ello deben brindar toda la colaboración necesaria a las CCT y otras organizaciones de la sociedad civil que impulsen procesos de auditoría social en el municipio. No deben ocultar información ni negarse a dialogar con ellas. También deben escucharlas, y aplicar las recomendaciones y propuestas viables y pertinentes que surjan de la auditoría social. El gobierno municipal tiene que estar convencido de que con la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Auditoría Social, todos ganamos. Las únicas que pierden son la corrupción y la pobreza.
Para que todos ganemos
1. ¿Cuáles herramientas para la transparencia municipal conoce? ¿Cuáles se aplican en su municipio? 2. ¿En qué se diferencia la rendición de cuentas horizontal de la vertical? 3. ¿Se están aplicando en el municipio los mecanismos de rendición de cuentas que indica la Ley de Municipalidades? ¿Qué se puede hacer para mejorarlos? 4. ¿Existen en el municipio experiencias de auditoría social? ¿Cuál ha sido la actitud de la municipalidad ante éstas? 5. Y usted, ¿qué piensa de la auditoría social? 6. ¿De qué otras maneras piensa usted que se puede avanzar hacia una mejor ejecución de los fondos de la ERP en el espacio municipal?
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