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Timestamp: 2016-12-09 11:39:53+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseDel 24 al 30 de marzo de 2012Contenido 1. Derechos Humanos y Justicia México. Aprueba San Lázaro nueva ley de justicia para adolescentes Costa Rica. Relator de ONU sugiere equipo neutral para hacer consulta indígena. México. Solicitan ONG a CIDH acceso a centros en EU de detención migratoria Honduras reconoce crisis de su sistema carcelario ante CIDH. El Salvador. EUA deporta a militar salvadoreño acusado de la matanza de 50 personas en 1981 Honduras. Familiares de reos muertos en cárcel de Honduras pedirán indemnización vitalicia 2. Narcotráfico. Costa Rica, Panamá y Nicaragua desarticulan poderosa red de narcotráfico. Honduras. Según New York Times DEA han participado en operativos en Honduras EDITORIAL La Nacion. Costa Rica. Publicado el 26 de marzo de 2012 El Salvador. Negociación con pandillas: Efectividad vs. Estado de Derecho Resultados de la cumbre en Antigua, Guatemala Honduras. Zar antidrogas inaugura programa Anti-Maras y lanza precinto modelo en Tegucigalpa Zar de EE. UU. promete eliminar el narcotráfico en Honduras Centroamérica realiza la cumbre antidrogas que según presidencia salvadoreña estaba cancelada En Cumbre de las Américas. Estados Unidos y Colombia discutirán ayuda antidrogas para Centroamérica
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3. Seguridad El Salvador. Sobre la negociación gobierno-pandillas PDDH: “Podríamos estar adentrándonos en un camino fuera del estado de derecho” México. El quinto poder: transnacionales mineras El Salvador. Presidente dice que no fue a cumbre en Guatemala porque el anfitrión quería imponer agenda El Salvador. Gobierno cambia estrategia ante las pandillas Costa Rica. Comisión del Gobierno extrema seguridad en La Reforma. Personal de La Reforma dice que no sabe cómo reaccionar Honduras. Estados Unidos reitera apoyo a Honduras en cumbre sobre comunidades seguras El Salvador. Munguía Payés reconoce que baja de homicidios es por tregua de pandillas El Salvador. Presidente Funes se reúne con Subsecretaria Adjunta para Seguridad de Estados Unidos El Salvador. Destituido el subdirector del Organismo de Inteligencia del Estado Costa Rica. Plan pretende armonizar leyes penales en región Magistrados estudian si Funes violó Constitución al nombrar a dos generales en Ministerio de Seguridad y dirección de PNC 4. Integración. Nicaragua. Ortega sostendrá reunión trinacional con Honduras y El Salvador 5. Femicidios Nicaragua. Neutralizar violencia intrafamiliar desde barrios. Plantea Movimiento Comunal.
México. Aprueba San Lázaro nueva ley de justicia para adolescentes
Impone un nuevo sistema de prisión, prohibiciones y sanciones; sustituye a los Consejos Tutelares para Menores y establece la edad de 14 años para imputar la comisión de un delito. La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que impone un nuevo sistema de prisión, prohibiciones y sanciones para jóvenes; sustituye a los Consejos Tutelares para Menores y establece que la edad para que se les impute la comisión de un delito es a partir de los 14 años. Al argumentar el dictamen, el presidente de la comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, argumentó que la prisión preventiva se decretará solo en situaciones excepcionales, y que antes de ordenar el encarcelamiento de los menores, un juez especializado podrá determinar otras medidas, como la “reclusión domiciliaria”, trabajos en favor de la comunidad y cumplimiento de la pena en cárceles por hora. Benítez Treviño reconoció en la tribuna que la aprobación de la ley busca acotar las críticas del presidente Felipe Calderón sobre la inactividad en la Cámara de Diputados, y como se trata de una minuta que proviene de la Cámara de Senadores, retó al Ejecutivo a publicarla de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, para que él también cumpla con su obligación constitucional. El diputado Jaime Cárdenas (PT) cuestionó el alcance de la ley, porque, sostuvo, pretende ejercer más presión y punibilidad a los niños y adolescentes, de por sí ya afectados por el crimen organizado, la falta de oportunidades de empleo y de educación. Incluso refirió que 9 artículos establecen un catálogo de prohibiciones para niños y adolescentes que hayan sido acusados de un delito y sancionados por un juez. Las limitaciones son las siguientes: prohibirles residir en lugares donde la convivencia social sea perjudicial, privilegiar en este caso las soluciones familiares para vivir; “relacionarse con determinadas personas”, el juez determinará qué tipo de personas; cuando la limitación se refiera a un familiar, la limitación se extenderá además a establecer otro lugar de residencia; “no asistir a ciertos domicilios o establecimientos inconvenientes”; el juez y una unidad especializada de atención a jóvenes determinará las razones para ella y notificar a los citados establecimientos la citada limitante; y prohibir la conducción de vehículos automotores, así como negarles la licencia de conducir o cancelarla. A Inicio
Costa Rica. Relator de ONU sugiere equipo neutral para hacer consulta indígena.
James Anaya visitó zonas aborígenes en Buenos Aires el fin de semana anterior. Cancillería indicó que grupo imparcial generará confianza en comunidad nativa
Un equipo neutral de facilitadores debe vigilar el proceso previo a la consulta indígena sobre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís (PHED). Esa fue la sugerencia hecha ayer al Gobierno por James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien está de visita en el país. Anaya se reunió con Carlos Roverssi, canciller a. í., y representantes de la primera vicepresidencia de la República. El fin de semana tuvo una cita con indígenas de la zona en conflicto por el plan del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el poblado de Térraba de Buenos Aires, Puntarenas.
La entidad pretende desarrollar el gigantesco proyecto hidroeléctrico, que abarcaría incluso 900 hectáreas de territorios indígenas, para generar 650 megavatios. El Gobierno debe impulsar la consulta a las comunidades relacionadas con el proyecto. Confianza. Tal y como explicó Roverssi, la recomendación de Anaya es buena pues ayudará a generar confianza entre los indígenas. “Esto es un camino muy complicado que amerita prudencia. Cada paso debe generar mucha confianza”, explicó el funcionario. Agregó que, siguiendo con las recomendaciones, el Gobierno trabaja en la creación de una comisión de especialistas sin participación del ICE ni de los nativos. Mientras tanto, Enrique Rivera, del Frente de Defensa de los Derechos Indígenas, criticó las acciones del Gobierno en este caso. “El mismo ( Estado) se ha encargado de no crear ni el clima de confianza ni de buena fe que promulgó el año pasado en el momento que el ICE anunció su salida de nuestro territorio”, dijo. Anaya señaló que hoy tendría otras reuniones y en ellas se verían las características que tendrá la consulta a los indígenas. Se le consultó sobre el costo y los plazos en que se realizaría; sin embargo, declinó adelantar los detalles que se vieron en la reunión. Proceso. El año pasado, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Térraba interpuso una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo, tras la negativa del ICE de salir de la zona de construcción. En abril del año anterior, el experto de la ONU estuvo en el país y se reunió con autoridades del ICE y del Gobierno. Después de esa cita el ICE desalojó la zona. Esa fue la principal condición de los lugareños para comenzar el diálogo sobre la represa. Aunque el ICE dejó la zona, el proyecto se mantuvo vigente. El Instituto espera el mes entrante entregar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) el primer avance del estudio de factibilidad ambiental de la represa. A Inicio
México. Solicitan ONG a CIDH acceso a centros en EU de detención migratoria
Indocumentados son víctimas de abusos, los cuales no se investigan, sostienen las organizaciones. Washington. Organizaciones No Gubernamentales de la frontera entre Estados Unidos y México solicitaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acceso a los centros de detención de la patrulla fronteriza para monitorear la situación de los inmigrantes indocumentados que, afirman, son fruto de abusos no investigados de forma adecuada, hecho negado oficialmente. Estados Unidos cuenta a lo largo de su frontera con un sistema de detención que "no puede prevenir o hasta cierto punto condona agravios cometidos contra aquellos bajo su custodia", afirmó Danielle Alvarado, representante de la ONG pro inmigrantes de Arizona "No More Deaths", durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la "situación de los derechos humanos de migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur de Estados Unidos". Entre las denuncias que su organización y otras demandantes han registrado figura la separación familiar e incluso repatriación por diferentes puntos de la frontera de miembros de una misma familia, que a los deportados no se les devuelvan sus pertenencias, la negación de servicios mínimos a los detenidos como agua o medicinas y hasta abusos más graves como los sexuales. Aunque saludó recientes decisiones de las autoridades fronterizas locales de reunirse en el futuro próximo con No More Deaths para discutir casos concretos así como su informe con información sobre abusos a
detenidos en centros de inmigración en la frontera, las ONGs advirtieron de que todavía no consideran estos pasos lo suficientemente indicativos de un "cambio significativo" de las políticas de las autoridades en materia de investigación de los abusos presuntamente cometidos por sus agentes. "La agencia (fronteriza) ha asumido la posición de que esos abusos sencillamente no sucedieron y se ha negado a publicar versiones completas de las actuales políticas de detención, así como permitir que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a esas instalaciones para supervisar las condiciones", denunció Alvarado. A estas alegaciones, una delegación oficial estadounidense replicó asegurando que tanto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés) como el Departamento de Seguridad Nacional cuentan con suficientes mecanismos para monitorear las denuncias y aplicar políticas que no permitan abusos. "Una cultura de crueldad no constituye un reflejo real de la patrulla fronteriza que yo conozco", aseguró Ron Vitiello, subjefe de la patrulla fronteriza. Los inmigrantes detenidos al cruzar ilegalmente la frontera son tratados "de manera humana" y los agentes "cumplen todos los requisitos" tanto durante su captura como en los centros de detención, donde se hacen "todos los esfuerzos" para tratar de forma "adecuada" a los arrestados, afirmó. "Las políticas de CBP sirven para garantizar que las acciones realizadas por sus agentes durante sus tareas son realizadas de forma profesional dentro del margen de su autoridad", agregó. "Los abusos no son algo que promovamos o toleramos", subrayó y agregó: "Y si suceden y somos notificados de ello, todas las quejas y acusaciones son remitidas a los agentes supervisores que, a su turno, se aseguran de que se realizan las acciones y notificaciones apropiadas", así como que continúan por toda la "cadena de mando" para una "mayor investigación y resolución". Alvarado replicó sin embargo que "hay una gran diferencia entre las políticas y la práctica". "Lamentablemente, hay una gran diferencia entre lo que está blanco sobre negro en Washington y lo que pasa día a día en el terreno", señaló. "Puede que haya buenas políticas y gente que a nivel de cuartel general tengan buenas intenciones, pero desafortundamente el ambiente sobre el terreno no refleja esas políticas", agregó. Por ello, Alvarado solicitó ante la CIDH la creación de un mecanismo de supervisión "independiente" que permita monitorear las acciones de los agentes y que "revise las quejas de todo tipo de gravedad". Asimismo, pidió que se dé "acceso regular" a las instalaciones de detención a las organizaciones civiles y que se proporcione un mejor acceso consular a los detenidos, además de solicitar a la CIDH que realice una "investigación independiente" de la situación de los migrantes en la frontera "con especial atención al trato proporcionado por los agentes de frontera".
Honduras reconoce crisis de su sistema carcelario ante CIDH.
Ethel Deras indicó que el Estado investiga "si hay alguna responsabilidad de algún funcionario público" en el incendio, que según las primera indagaciones habría sido accidental El gobierno de Honduras reconoció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave crisis del sistema penitenciaro de su país, que sufrió en febrero uno de sus más trágicos sucesos, cuando un voraz incendio en una cárcel dejó 361 muertos. Sobrepoblación de las prisiones, más de la mitad de los reos sin condena, infraestructura anticuada y falta de fondos para acometer reformas: las representantes del Estado hondureño pintaron un panorama sombrío en la audiencia pública de la CIDH en Washington. "La infraestructura precaria de los centros penales es algo que nos dificulta mucho el control y el debido tratamiento de los presos", admitió la subsecretaria de Estado de la Secretaría de Seguridad, Marcela Castañeda. Pero el gobierno de Porfirio Lobo "ha atendido responsablemente el incendio" del 14 de febrero de la cárcel de Comayagua, a 90 km al norte de Tegucigalpa, y las secuelas que ha dejado, afirmó la procuradora general, Ethel Deras. Deras indicó que el Estado investiga "si hay alguna responsabilidad de algún funcionario público" en el incendio, que según las primera indagaciones habría sido accidental. "Sin lugar a dudas la situación de las cárceles en Honduras es una situación de suma gravedad y de una crisis verdaderamente estructural", replicó el comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar. "Se presentan deficiencias estructurales en todo el sistema", subrayó Escobar, comisionado para las personas privadas de libertad. La Comisión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), prepara una visita junto a la ONU a Honduras para revisar el estado del sistema penitenciario. A Inicio
El Salvador. EUA deporta a militar salvadoreño acusado de la matanza de 50 personas en 1981
El capitán Carlos Napoleón Medina Garay llegó a El Salvador el viernes, acusado de ingreso ilegal a Estados Unidos. El militar retirado fue señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como el responsable de dar la orden de ejecución de pobladores del cantón El Junquillo, en Cacaopera, Morazán, en marzo de 1981. El capitán de la Fuerza Armada Carlos Napoleón Medina Garay fue deportado este viernes desde los Estados Unidos en un vuelo federal de mediodía junto a otro salvadoreños indocumentados. Medina es el supuesto responsable de la masacre de medio centenar de pobladores de un caserío en las montañas de Morazán, durante un operativo del ejército en la guerra civil ocurrido hace 31 años. Según el informe de la Comisión de la Verdad de 1993, Medina Garay fue el responsable de dar la orden de ejecución de los pobladores del cantón El Junquillo, donde murieron más de 50 personas, la mayoría mujeres, ancianos y niños.
A la fecha no existe ningún caso judicial abierto por la matanza de El Junquillo, por lo que el ex militar, tras ser deportado fue devuelto a su familia, aseguró Eunice Olán, directora del programa Bienvenido a Casa del departamento de Migración del Ministerio de Seguridad. De acuerdo con la información brindada por Olán, el vuelo que partió de Houston, Texas, en el que venían Medina y otras 52 personas indocumentados aterrizó en El Salvador a las 11:45am de este viernes. A pesar de salir de Houston, los indocumentados que venían en el vuelo provenían de distintas zonas de Estados Unidos. El informe de la Comisión de la verdad menciona que el 3 de marzo de 1981 hubo un operativo militar en el norte del Departamento de Morazán, así llegaron las unidades a cargo de Medina al cantón El Junquillo. Después de estar en el lugar entre 8 y 12 días, el entonces capitán ordenó a su tropa matar a los pobladores del cantón. "Hay evidencia sustancial de que el 12 de marzo de 1981 unidades de destacamento Militar de Sonsonate y miembros de la Defensa Civil de Cacaopera atacaron indiscriminadamente y ejecutaron en forma sumaria a hombres, mujeres y niños del cantón El Junquillo, jurisdicción de Cacaopera, departamento de Morazán", reza el informe de la Comisión de la Verdad, en sus conclusiones. Y añade: "Hay evidencia suficiente de que el capitán Carlos Napoleón Medina Garay ordenó la ejecución de los pobladores del cantón El Junquillo", dice el documento. Medina Garay se graduó como cadete de la Escuela de las Américas, del ejército de Estados Unidos, en 1970. En este momento, otros cuatro militares salvadoreños que residen en Estados Unidos están en camino de una posible deportación. Los exministros de Defensa Guillermo José García y Carlos Eugenio Vides Casanova están acusados de graves violaciones a los derechos humanos cuando a inicios de los años 80 fueron responsables máximos de las fuerzas armadas de El Salvador. Un juez de inmigración en la Florida ha decidido deportar a Vides Casanova, pero el caso está en apelación. Asimismo, el coronel Inocente Orlando Montano y un capitán retirado del área de inteligencia afrontan el riesgo de deportación por su participación en el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.
Honduras. Familiares de reos muertos en cárcel de Honduras pedirán indemnización vitalicia
La demanda contra el Estado de Honduras será interpuesta el próximo mes, informó el Comité de Familiares de los 361 fallecidos. El Cofadeh estaría brindando asesoramiento en la jugosa demanda. Una millonaria demanda en contra del Estado de Honduras planean interponer en abril próximo los familiares de los 360 reos que fallecieron en el voraz incendio que consumió parte del centro penal de Comayagua. Así lo confirmó, Benjamín Bonilla, coordinador del Comité de Familiares de las 361 víctimas de la tragedia -entre ellos una mujer-, que actualmente está integrado por alrededor de 500 personas. En la demanda, los dolientes pedirán una indemnización vitalicia, es decir, que pretenden recibir dinero procedente de las arcas del Estado de Honduras de por vida. "A nosotros nos quieren engañar con falsos informes que aseguran que la muerte de nuestros familiares se debió a un accidente, pero nosotros sabemos que los policías asigandos a la cárcel son los responsables de la matanza y por ese motivo vamos a demandar al Estado para que nos indemnizen todo el daño", aseveró Bonilla.
La fecha escogida para interponer la demanda es el 14 de abril, cuando se cumplirían dos meses de la tragedia; no obstante, el doliente expresó que " solamente si el Estado nos resolviera antes de esa fecha la petición que le hacemos, entonces podríamos analizar la opción de no demandar", manifestó. Trascendió que Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) estaría asesorando a los dolientes en cuanto a la demanda que en caso de ser admitida, causaría millonarias pérdidas para el Estado hondureño. El doliente no quiso especificar el nombre del bufete jurídico que llevaría el caso hasta los tribunales de justicia, a pesar que a inicios de este mes un nutrido grupo de abogados procedentes de varias partes del país asediaba a los familiares albergados en Infop para que contrataran sus servicios profesionales.
El informe oficial del Equipo de Respuesta Internacional (IRT) del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), concluyó que la causa del siniestro registrado en el centro penitenciario el martes 14 de febrero, fue producto de una llama abierta, postura que rechazan los familiares de las víctimas.
2. Narcotráfico.
Costa Rica, Panamá y Nicaragua desarticulan poderosa red de narcotráfico.
La operación, que dejó además el decomiso de un millón de dólares, 1.700 dosis de crack y 20 vehículos. Costa Rica, Nicaragua y Panamá concluyeron este miércoles una vasta operación para desarticular a una red que traficaba drogas de Colombia a México, y dejó en un año 55 detenidos y unas dos toneladas de cocaína decomisadas, informó una fuente oficial. "Es un balance altamente positivo, es una investigación ejecutada en coordinación con la Policía de Panamá y Nicaragua. Es un éxito rotundo de la lucha contra el crimen organizado", declaró el viceministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa. La operación, que dejó además el decomiso de un millón de dólares, 1.700 dosis de crack y 20 vehículos, terminó este miércoles con la captura, en las provincias costarricenses de Limón, Heredia y Puntarenas, de los últimos cinco miembros importantes de la red, agregó. "Uno de los principales cerebros de la organización -de nacionalidad colombiano, según la investigación- fue detenido en Costa Rica y es uno de logros principales de la desarticulación de esta red", señaló Gamboa a la radio local ADN. El ministro señaló que la droga fue decomisada en varios golpes dados por las policías en los tres países, durante más de un año. "Por la forma en que operaban, estamos hablando de una
red de crimen organizado que traspasa fronteras, evidentemente están vinculados con carteles", manifestó el ministro, sin precisar cuáles. Por México y Centroamérica, donde se disparó la violencia por la acción del narcotráfico y las pandillas aliadas a los traficantes, pasa el 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos, según datos oficiales. Los gobiernos centroamericanos buscan medidas conjuntas para enfrentar el narcotráfico y alternativas a la guerra frontal que impulsa Estados Unidos, debido a que consideran que la lucha no da suficientes resultados.
Honduras. Según New York Times DEA han participado en operativos en Honduras
La agencia tiene cinco comandos desplegados en los últimos años en Honduras, República Dominicana, Guatemala, Belice y Haití. Agentes de la Administración Antidrogas estadounidense (DEA) participan con armas en operativos policiales contra narcotraficantes en distintos países de América Central, indica el diario New York Times en su edición de este lunes. Según el artículo del periódico estadounidense, agentes de la DEA participaron este año en un operativo antidrogas en Honduras llevado adelante por fuerzas de seguridad hondureñas, que incluyó un enfrentamiento armado con los narcotraficantes. Citando documentos y entrevistas con responsables de seguridad, el New York Times afirma que la DEA tiene cinco equipos estilo comando que han sido desplegados en los últimos años en Honduras, República Dominicana, Guatemala, Belice y Haití. El programa FAST fue creado por George W. Bush durante su gobierno para investigar los vínculos entre los talibanes y los narcotraficantes en Afganistán y continuó bajo el mandato de su sucesor Barack Obama, ampliando su zona de acción, agrega el diario. "Todas las actividades policiales de Estados Unidos son llevadas cabo en estrecha coordinación con los países huéspedes y la embajada estadounidense", explicó Lawrence Payne, portavoz de la DEA, en un comunicado enviado a la AFP. "Los equipos FAST proporcionan apoyo esencial y orientación a las agencias policiales de los países anfitriones", detalló Payne en su mensaje. En principio, a raíz de cuestiones de soberanía, los países implicados no aceptan la presencia de agentes extranjeros en su territorio. México, que ha aceptado la ayuda estadounidense por ejemplo a través de la vigilancia mediante aviones no tripulados, ha rechazado la presencia de comandos. Según las leyes federales estadounidenses, los agentes de la DEA no pueden llevar a cabo detenciones en forma directa fuera de territorio de Estados Unidos, aunque sí están autorizados a participar en operaciones junto con fuerzas de seguridad locales. A Inicio
EDITORIAL La Nacion. Costa Rica. Publicado el 26 de marzo de 2012
Otra victoria del narco. La ausencia de tres presidentes centroamericanos en la reunión, en Guatemala, sobre el narco y la criminalidad representa una victoria del crimen organizado. Los gobernantes centroamericanos deben regirse por las armas del derecho y actuar con responsabilidad histórica.
La ausencia de los presidentes de Nicaragua, Honduras y El Salvador, el sábado pasado, en la reunión programada de seis presidentes centroamericanos en Guatemala sobre el narcotráfico y el crimen organizado deslució el acto oficial y fue una mofa para el Gobierno de Guatemal, cuya cancillería había confirmado el día anterior la realización de este encuentro. No llegaron tampoco los presidentes de República Dominicana y de Belice invitados a este acto. Estuvieron presentes los gobernantes de Costa Rica y de Panamá, así como el anfitrión, el presidente de Guatemala. Los ausentes no avisaron con suficiente antelación y, en su lugar, enviaron a otros funcionarios. En estas condiciones, no se adoptó ningún acuerdo y, lo que es más grave, con esta actitud se mostró que los gobiernos centroamericanos no están unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y que, al parecer, frente a un desafío tan descomunal intervienen otros intereses políticos o personales. No es la primera vez que Centroamérica da muestras de falta de seriedad y de responsabilidad. Con todo, se suponía que el contenido de la agenda y las horas cruciales que vive Centroamérica, ante el azote del narcotráfico y del crimen organizado, habían dado paso a un poco más de madurez y de responsabilidad. Se ha aducido que el tema de la despenalización de la producción, tráfico y comercialización de los estupefacientes, propuesto por el Gobierno de Guatemala y planteado en los días anteriores a esta reunión, pudo haber desenfocado la motivación de la agenda. Este, sin embargo, es solo un pretexto. No hay razón alguna para proceder con tanta ligereza. El trasiego de cocaína en el corredor centroamericano genera anualmente $13.320 millones y la droga, por sí y por su alianza con el crimen, deja tras de sí ríos de sangre y de muerte en nuestros países. Bien hizo la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en dar la cara en este encuentro. No fue un simple formalismo. Fue un acto de responsabilidad y una lección para los ausentes. En su visita a México, el pasado fin de semana, el papa Benedicto XVI fustigó la perversidad y mentiras del narcotráfico. Fue un mensaje alentador por cuanto demuestra que se trata de una cuestión global, de la que ningún gobierno puede marginarse. Además, al hacer hincapié en este tema, puso en evidencia la comprensión de nuestra realidad: el ataque frontal de los carteles de la droga de México y de Colombia contra el istmo centroamericano, convertido en teatro de su estrategia para el consumo interno y el transporte de la droga a EE. UU, un país que, hasta ahora, desde una perspectiva global, no ha logrado o querido desbordar el perímetro de las declaraciones y de la ayuda a cuenta gotas. Pareciera, entonces, que los centroamericanos estamos solos. Es triste, por ello, contribuir a nuestra indefensión con nuestra propia falta de seriedad. Ayer no más La Nación informó así: “Se desangra Tegucigalpa, la capital más violenta del mundo”. Más de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, asentada en el triángulo norte de Centroamérica, por donde pasa el 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos. Estos datos explican no solo la realidad de Honduras, sino lo que está ocurriendo en todo Centroamérica. En días pasados este periódico informó sobre la constitución de una verdadera escuela en nuestro país para instruir o formar sicarios, un terrible salto cualitativo en la penetración y asentamiento del narcotráfico y la criminalidad en Centroamérica.
El panorama es oscuro y desolador. Frente a esta realidad lo ocurrido en Guatemala, en días pasados, nos sume en el desconcierto y la desesperanza. Centroamérica está acorralada e indefensa. Esta batalla solo se puede ganar con las armas del derecho y la determinación de los gobernantes y de la gente de asumir su responsabilidad histórica.
El Salvador. Negociación con pandillas: Efectividad vs. Estado de Derecho
Opinión. Por Claudia Umaña
Ante la sorprendente noticia que se logró un acuerdo entre las dos principales pandillas de El Salvador y una reducción inimaginable de asesinatos en el país, me surgen una cantidad de inquietudes, pero la primordial es ¿se tuvo que poner de lado el Estado de Derecho y la institucionalidad en El Salvador ante el gran flagelo de la delincuencia? Reconozco que la inseguridad ciudadana ha estado afectando directamente la confianza en las instituciones y el respeto a las leyes ya que los ciudadanos buscamos la efectividad. Tan es así, que en el Informe de Cultura Política de Democracia en El Salvador de LAPOP, de la Universidad de Vanderbilt para el año 2010, se encontró que solo el 47% de los ciudadanos estima que los funcionarios deben respetar siempre la ley para combatir la inseguridad. Este tema debe estar siempre en nuestras mentes puesto que el deterioro en el apoyo al Estado de Derecho es un camino resbaloso para la democracia en nuestro país. En materia de seguridad ciudadana, comparto el enfoque de aquellos que piensan que esta debe ser en forma integral; es decir, que nos debemos enfocar en la prevención, combate a la delincuencia y cumplimiento de penas y reinserción. Para lograrlo, se requiere no solo de un enfoque sistémico, sino de instituciones fuertes, responsables y que rindan cuentas por sus acciones. En los últimos días he podido leer noticias que como mínimo plantean declaraciones que pueden resultar contradictorias y que vislumbran soluciones que no siguieron los pasos institucionales que tiene el sistema salvadoreño. La intervención desde la Iglesia Católica y la existencia de alguna negociación entre el gobierno y las pandillas de acuerdo a la noticia revelada por este periódico digital, deben ser ampliamente discutidas y analizadas por sus repercusiones. En general apoyo todo lo que sea a favor de la preservación de la vida de un ser humano. Pero estoy en desacuerdo en dejar al lado la institucionalidad del país, ya que estas soluciones ciertamente suelen ser efectivas pero temporales y luego se revierten los resultados; al final el resultado es deslegitimizar la institucionalidad. Para este caso reitero, que el fin no justifica los medios y que la efectividad por sí sola no es suficiente. ¿Entonces qué ha faltado? Pues yo diría que predictibilidad y transparencia. Considero que de una manera constante se tiene que estar dando información sobre la política nacional de seguridad pública que implemente este y cualquier gobierno futuro. Estos informes además deben estar acompañados de estadísticas confiables y públicas; seguimos a la espera de la creación de un observatorio de seguridad ciudadana que sirva de veeduría de la sociedad civil sobre la efectividad de los planes de seguridad. Reconozco que estamos ante un fenómeno multicausal, y que por ello se requiere de gran coordinación interinstitucional. Hasta ahora los actores estatales: PNC, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Publico, Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, el Instituto de Medicina Legal, Municipalidades y Juzgados, no han logrado articularse de una manera efectiva. Sin embargo, de súbitamente sale una solución “milagrosa” y esto me hace preguntar ¿Qué piensa el Presidente de la República de lo acontecido? ¿Las acomodaciones a ciertos pandilleros adentro de las cárceles son parte de una política integral? ¿Es esto el
inicio de una serie de peticiones por parte de las pandillas para preservar los índices de homicidios actuales? En otro orden de ideas, no me cansaré de señalar que El Salvador cuenta con importantes instrumentos internacionales que deben de mantenerse en la agenda pública para asegurar su implementación, y estos son: la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo y la Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Esta normativa es muy importante para el combate al crimen organizado y lavado patrimonial. Pero no se sabe información alguna en cuanto a los esfuerzos nacionales por una implementación efectiva de esta normativa. Si las pandillas han sido vinculadas en El Salvador con el crimen organizado, no solo se debe combatir sus actividades delictivas al hacer trabajo operativo, sino que también se deben impulsar políticas públicas que ataquen de raíz la operación económica del crimen en el país.
En conclusión, como salvadoreña, puedo agradecer la reducción de la cadena de muerte y sangre que destruye el tejido social de nuestro país cada día. Y si la Iglesia Católica ha contribuido en esa situación, en hora buena. Pero si han existido negociaciones en las que han estado involucrados el gobierno y las pandillas, esta situación no solo será dañina para la institucionalidad y la transparencia, sino que acabará socavando con más desconfianza la actividad del estado en la lucha contra el crimen. A la larga, todos perderemos y quienes saldrán con ganancia de lo anterior, serán las mentes criminales que tienen doblegado a nuestro amado país.
Resultados de la cumbre en Antigua, Guatemala
Lucha antinarco pone a prueba el escaso consenso en el Istmo. EE. UU., principal fuente de remesas de la región, rechaza despenalizar droga. Apoyo a propuesta de crear una corte penal en la región es incierto
Centroamérica no solo afronta el flagelo del narcotráfico y la violencia asociada. Tras la cumbre de este sábado en Guatemala, sus países asumen ahora el reto de ponerse de acuerdo sobre estos temas, pese a sus marcadas diferencias sociales y económicas. Tras una reunión en Antigua, Guatemala, en la que estuvieron ausentes los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, el resumen de acuerdos era a todas luces escaso. La presidenta Laura Chinchilla intentó salir al paso de eventuales suspicacias y aseguró que la región sí está unida en lo obvio: la necesidad de sacar a la región de una espiral de violencia, muerte y delincuencia asociada a los negocios del narcotráfico. El problema, a partir de ahora, es lograr que los seis países de la región acepten acciones conjuntas que no afecten sus propios intereses comerciales. El principal asunto sobre la mesa es la eventual despenalización de la producción, comercio y tráfico de narcóticos, según lo propone el mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina. Sin embargo, solo Costa Rica parece interesada en, al menos, discutir el tema. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá ya mostraron sus reticencias y los tres primeros ni siquiera acudieron a la cumbre. Queda la duda de si alguno de ellos teme que aceptar una iniciativa de este tipo afecte sus relaciones comerciales con el vecino mayor del norte: Estados Unidos.
Janet Napolitano, secretaria de Seguridad estadounidense, ya advirtió el mes pasado que su país no acepta la propuesta de la despenalización como una estrategia para frenar al narco. Según un cable de ACANEFE de enero anterior, de los 2,9 millones de salvadoreños que viven fuera de su país, 2,5 radican en Estados Unidos, según el Mapa de las migraciones salvadoreñas que la Cancillería presentó en el 2011. De acuerdo con ese documento, el 24% de los hogares salvadoreños recibe remesas de familiares que están fuera, las que hasta noviembre pasado sumaron $3.286 millones y de las que depende la economía del país, pues representan el 16% del producto interno bruto. Queda ahora la otra propuesta: crear una corte penal centroamericana, que juzgue todos los casos de narcotráfico, secuestro, asesinato, extorsión, tráfico de armas y lavado de dólares asociados a la droga. No obstante, se desconoce si el Istmo podrá conformar una nueva corte regional, en momentos en que la actual Corte Centroamericana de Justicia ya cumple dos décadas y solo la reconocen Honduras, El Salvador y Nicaragua. Guatemala, por su parte, no tiene jueces nombrados en esa entidad, y Costa Rica y Panamá ni siquiera aceptan su competencia. Dicha corte, con escasas sentencias a su haber, le cuesta a cada país más de $500.000 anuales. Otto Pérez habló este sábado de olvidar el “tabú” de despenalizar las drogas, para atacar los carteles de la droga. Pero el camino para el consenso parece tan empedrado como las callejuelas de Antigua, en Guatemala.
La propia mandataria Chinchilla lo advirtió desde el sábado, cuando la tarde caía en la vieja capital guatemalteca: “Sin lugar a dudas, no hay, y difícilmente va a haber, por lo menos en el corto plazo, una posición homogénea sobre el tema de despenalización. Pero nunca se pretendió que así fuera”.
Honduras. Zar antidrogas inaugura programa Anti-Maras y lanza precinto modelo en Tegucigalpa
Entre ellos, un donativo de más de dos millones de dólares para el programa Anti-Maras y la creación de un Distrito Policial Modelo en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, que se podrá extender al resto del país. El "zar antidrogas" de Estados Unidos William R. Brownfield anunció nuevos programas para mejorar la seguridad a Honduras, durante su visita al país que concluye este lunes. El Secretario Adjunto Director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado llegó el domingo a Honduras, aunque su visita fue manejada con suma discreción. La visita de Brownfield no se circunscribe a inspeccionar la participación de Honduras en la lucha antidrogas , sino que deja varios programas para paliar los altos índices de violencia que azotan al país. El funcionario estadounidense anunció un donativo de más de dos millones de dólares para el programa AntiMaras, a través de la Iniciativa Regional de Seguridad (Carsi). Estos programas antimaras incluye técnicas de policía comunitaria, capacitación vocacional que permite a los jóvenes alejarse del crimen. Brownfield visitó también la colonia San Miguel de Tegucigalpa, que será escenario del Programa de Distrito Policial Modelo, que absorberá parte de los fondos para el programa Anti-Maras. A través del programa se reducirá el crimen y se mejorarán las relaciones entre la comunidad con la Policía, "a través de una reestructuración completa de las operaciones y la actividad policial de las estaciones policiales", menciona un boletín de la Embajada de Estados Unidos.
Los agentes asignados a este programa Policial Modelo recibirán entrenamiento especializado, mejoras en la infraestructura y la transformación organizativa en la administración de la estación. Asimismo, serán sometidos a evaluaciones al azar, precisa la embajada estadounidense. También contempla el programa brindar apoyo a la ciudadanía víctima del crimen. El programa podrá ser extendido en el futuro al resto de Honduras con el propósito de generar cambios duraderos en las comunidades. El gobierno estadounidense también donará 30 motocicletas valoradas en más de 229 mil dólares. Otro programa anunciado por William R. Brownfield es el de un Precinto Modelo, en las afueras de Tegucigalpa, que estará basado en el complejo penitenciario de Támara. En este precinto, personal estadounidense trabajará con su contraparte hondureña en la capacitación del personal y la institucionalización de los procedimientos estándar de operación, el abordaje de los peligros de seguridad comunes con el respeto a los estándares internacionales. Honduras sumó un triste récord el pasado 14 de febrero, cuando 361 personas fallecieron en el incendio de la granja penal de Comayagua, donde los errores en el procedimiento de los policías penitenciarios quedaron evidenciados. Antes de arrancar con el proyecto piloto del Precinto Modelo, las partes negociarán un memorando de entendimiento con los respectivos compromisos de cada quien. Brownfield también anunció el Programa Extendido de Prevención que, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y organizaciones no gubernamentales, edificará Centros de Alcance para desarrollo vocacional de los jóvenes, bancos de empleo y actividades de automejoramiento. En la actualidad se cuenta con 25 de estos centros, entre ellos el ubicado en Nueva Suyapa. El zar antidrogas de Estados Unidos llegó a Honduras un días después de la fracasada cumbre de Seguridad en Guatemala, en la que se debatió la propuesta del presidente Otto Pérez de despenalizar las drogas.
Esa medida "no sirve" , dijo al respecto en Honduras el funcionario de alto nivel. La ayuda de Estados Unidos y Colombia a Centroamérica en su lucha contra las drogas será discutida en la próxima Cumbre de las Américas, el próximo mes en Cartegena, dijo la canciller María Ángela Holguín. A Inicio
Zar de EE. UU. promete eliminar el narcotráfico en Honduras
TEGUCIGALPA.- El Secretario Adjunto de Estado de la Oficina Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de Estados Unidos, William Brownfield, prometió este lunes que el plan de acción apoyado por su país permitirá eliminar el narcotráfico en Honduras. “Hemos despachado un exembajador de Estados Unidos (Oliver Garza) para trabajar con el gobierno nacional, para desarrollar un plan con el gobierno nacional precisamente para que todo el mundo (…) y la comunidad internacional puedan ver el plan, la secuencia, la cuestión cronológica y la cuestión de recursos necesarios para llegar al punto deseado por todo el mundo y eso es la eliminación del tráfico de las drogas ilícitas en el territorio de la República de Honduras”, expresó. Relató que el Presidente Lobo “me comentó hace varios meses que hemos pasado mucho tiempo hablando de estrategias de planes, de colaboración, de cooperación, el momento ha llegado de hacer
algo concreto, operacional, para realizar programas y proyectos en el territorio nacional, y señoras y señores, el presidente tuvo razón”. “Honduras y Estados Unidos comparten una crisis o francamente dos crisis, una de violencia y seguridad y la otra de tráfico de la droga ilícita, sabemos cómo se puede resolver esta crisis, requiere programas, proyectos y operaciones en las comunidades más vulnerables y más afectadas por esta crisis”. “Sabemos perfectamente bien la amenaza que produce las crisis, la pobreza, la falta de oportunidades para la juventud, la falta de infraestructura y de vez en cuando la falta de combinación y colaboración entre la comunidad y la fuerza de seguridad y policiales”. Agregó que “la Policía es parte de la comunidad y cuando esa conexión funciona, la comunidad funciona y los únicos que sufren de la buena relación entre Policía y comunidad son los criminales”. Al alto funcionario estadounidense le fue consultado sobre la propuesta del presidente guatemalteco Otto Pérez, en cuanto a la despenalización de las drogas, a lo que refirió que su gobierno no está de acuerdo. Brownfield ejemplificó que es necesario analizar la situación de tráfico de drogas en cuanto a varios elementos y no solo basado en uno. “Hemos hablado del apoyo y la colaboración de mi gobierno para establecer mejor seguridad y menos violencia, y la pregunta es cómo vamos a colaborar en la cuestión específica de resistir el tráfico de la droga específica, les invito a pensar en este proceso, no solo como un elemento, sino de 25 elementos”. Explicó que debe analizarse la capacidad de ver con mayor precisión el movimiento aéreo o marítimo de los traficantes, el transporte y aviones, lanchas o buques para hacer las operaciones y la inteligencia humana, capacitación de personal y la creación de unidades especiales de confianza. “No es como si estuviéramos comenzando de punto cero, sino que ya tenemos una base de apoyo y colaboración para la República de Honduras”. El apoyo de Estados Unidos fue reiterado en el marco de la llegada del zar antidrogas, quien en horas de la mañana de ayer, en compañía de la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, y el Presidente Porfirio Lobo Sosa, inauguraron un proyecto denominado “Comisaría Modelo” en la posta de la colonia San Miguel en Tegucigalpa. “Las comisarías modelo tienen como propósito restablecer la confianza en sus ciudadanos y su Policía, pasará por un proceso de capacitación, para poder interactuar con la comunidad, al mismo tiempo los Estados Unidos proporcionarán los elementos a la Policía para prevenir e investigar el delito”, explicó la embajadora estadounidense. Además, hizo la entrega de 30 motocicletas para el combate de la criminalidad. Asimismo, Honduras y Estados Unidos firmaron un convenio por alrededor de 2 millones de dólares para programas antipandillas, entrenamiento y equipo para la policía comunitaria, en el marco de la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (Carsi, por sus siglas en inglés). (NJA). Lisa Kubiske: (embajadora de EUA): “Los Estados Unidos sí tenemos un fuerte compromiso para apoyar a nuestros socios hondureños en tema de seguridad, pero les voy a decir que todo el equipo y financiamiento no vale si sus ciudadanos no pueden confiar en sus instituciones de aplicación a la ley y en su personal”. Reconoció que pese a los problemas dentro de la institución policial hondureña, “nosotros también tenemos confianza en esta Policía”. “Yo veo un futuro brillante para Honduras, en el que el país podrá proveer todas las necesidades de sus familias y que sus hondureños caminarán por sus calles sin miedo, y que se levantarán por la mañana seguros que la vida de sus hijos será mejor que la de ellos mismos, esa es la visión que nosotros tenemos por su país”. Finalizó, que “los Estados Unidos se compromete a hacer todo lo que puede hacer en este esfuerzo y pedimos a nuestros socios hondureños asistirnos, implementando toda la nueva legislación y felicito al Congreso por la legislación de seguridad”. Porfirio Lobo Sosa (Presidente): “Si no logramos en Honduras tener seguridad, jamás tendremos desarrollo económico y desarrollo con equidad, está claramente demostrado, tenemos que entender que
para unos –muy pocos– sea beneficio, con mucho dolor para nuestro pueblo que seguirá sufriendo privaciones si no logramos mejorar los niveles de seguridad”.
Refiriéndose a la creación de las comisarías modelo, dijo que “este programa es uno de los muchos que tenemos que hacer, además que no son los policías o las Fuerzas Armadas, las que tienen que resolver el problema, porque la solución del problema está en la ciudadanía y sus raíces”. A Inicio
Centroamérica realiza la cumbre antidrogas que según presidencia salvadoreña estaba cancelada
La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, propuso llevar al Consejo de Seguridad la propuesta de despenalizar las drogas. La cumbre, convocada por el presidente guatemalteco, Otto Pérez, tuvo las ausencias de los gobernantes de El Salvador, Mauricio Funes; Nicaragua, Daniel Ortega, y Porfirio Lobo, de Honduras. El Salvador envió una delegación encabezada por el ministro de Seguridad, David Munguía Payés. Guatemala celebró este sábado la cumbre de presidentes centroamericanos para discutir el combate a la criminalidad, con la ausencia de los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de El Salvador, Mauricio Funes. Este, según se desprende de un comunicado de Casa Presidencial emitido la noche del viernes, no asistió porque la reunión de gobernantes había sido suspendida. Uno de los temas clave del encuentro es la discusión de la propuesta del presidente anfitrión sobre la despenalización del transporte y la comercialización de las drogas que hasta hoy son ilegales. Otto Pérez Molina propone que Centroamérica discuta esa posible salida ante la dificultad que tienen las empobrecidas naciones del istmo para combatir a los poderosos cárteles de la droga. Este viernes Casa Presidencial envió un comunicado a los medios de comunicación en el que aseguraba que Funes estaba a la espera de una reprogramación de la cumbre. Sin embargo, funcionarios del gobierno guatemalteco desmintieron la suspensión. "Los gobiernos de la región programarán para una nueva fecha el encuentro que estaba previsto para mañana sábado en la ciudad de Antigua Guatemala", dijo la Presidencia, en el boletín publicado en la web a las 9:14 p.m. del viernes. Poco después, Emisoras Unidas, de Guatemala, consignaba la respuesta del gobierno guatemalteco: "Secretario de Comunicación de la Presidencia, Francisco Cuevas, asegura que cumbre sobre despenalización no ha sido suspendida". El gobierno salvadoreño no dio más explicaciones posteriormente. Esta mañana, el canciller de Guatemala, Harold Caballero, confirmó a los medios locales la inasistencia de los presidentes Funes y Ortega, y dijo que tenían retraso los jefes de Estado de Honduras, Porfirio Lobo, y Costa Rica, Laura Chinchilla. La reunión, cuyo inicio estaba programado para las 11 a.m., comenzó a la 1 de la tarde y tras las palabras iniciales del expresidente colombiano César Gaviria y tras la incorporación de Chinchilla, el anfitrión pidió hacer un receso para esperar la llegada de Lobo. Pero al final, este no llegó, sino el vicepresidente hondureño. La Cancillería guatemalteca dijo que posteriormente iba a exponer las razones de las ausencias de Funes y Ortega, aunque según el periódico guatemalteco Prensa Libre, los presidentes de El Salvador y Nicaragua no llegaron debido a su manifiesta oposición a la despenalización. Funes había dicho hace un mes, cuando Pérez lanzó su propuesta, que él no cree en la despenalización, pero sí piensa que debe promoverse el debate sobre ese punto.
La Cumbre de presidentes de Centroamérica, titulada "Nuevas Rutas contra el Narcotráfico", estaba planificada para que concurrieran una comitiva técnica de presidentes, ministros de seguridad, cancilleres, y parte del gabinete de seguridad de los países centroamericanos, quienes escucharían las experiencias de México y Colombia en el combate a la narcoactividad. El tema de la despenalización de drogas fue planteado por el presidente de Guatemala, Otto Pérez, al mandatario salvadoreño el pasado 14 de febrero, durante una reunión que sostuvieron en la capital de Guatemala, para tratar temas de seguridad pública y combate al crimen organizado, en seguimiento a la agenda bilateral que Funes venía trabajando con el expresidente guatemalteco Álvaro Colom. En esa ocasión, Funes dio su visto bueno al debate de la propuesta de Pérez. "Como gobernante he dicho que estoy abierto a discutir y promover una discusión en mi país, y sobre todo en la Asamblea Legislativa", dijo. Ese mismo día, Estados Unidos reaccionó por medio de su embajada en Guatemala, rechazando la propuesta de Pérez Molina, aduciendo que ese no es el camino para resolver el problema de la violencia del narcotráfico que padece la región. Casi un año antes de dicha reunión, el 16 de mayo de 2011 durante el II Foro Centroamericano de Periodismo organizado por El Faro, durante una entrevista con la periodista mexicana, Carmen Aristegui, el mandatario expresó su rechazo a la despenalización: "Me opongo, convencido de que eso no acabaría con el problema de la corrupción y la violencia que genera el narcotráfico", dijo. Aunque Funes no participó, sí representaron a El Salvador el vicecanciller Carlos Castaneda, el ministro de Seguridad, David Munguía Payés; el director de la PNC, Francisco Ramón Salinas, y el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Ricardo Perdomo.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, invitó a Centroamérica a plantearse la posibilidad de llevar incluso al Consejo de Seguridad de la ONU la propuesta de despenalizar las drogas. El expresidente colombiano César Gaviria advirtió que la visión de Estados Unidos sobre cómo combatir el narcotráfico ya no es funcional y hay que construir una nueva visión. Después de las exposiciones en público, los presidentes están reunidos para discutir en privado sus puntos de vista. En Cumbre de las Américas. Estados Unidos y Colombia discutirán ayuda antidrogas para Centroamérica Debate entre los presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos no se cerrará sólo a la legalización de las drogas "porque simplemente Estados Unidos y otros países van a decir 'no nos interesa'", dijo canciller colombiana María Ángela Holguín. El presidente estadounidense Barack Obama y el colombiano Juan Manuel Santos analizarán la ayuda que pueden brindar a Centroamérica en la lucha contra el narcotráfico, en una reunión que sostendrán tras la Cumbre de las Américas en abril, informó la cancillería colombiana. La canciller colombiana María Ángela Holguín también avanzó que trabajan con los países centroamericanos y México en la metodología para el debate sobre drogas que se planteará durante la Cumbre de las Américas de Cartagena (14 y 15 de abril) con la presencia de Obama.
"Estamos en un trabajo muy interesante sobre cómo ayudamos los dos países juntos (Estados Unidos y Colombia) a Centroamérica en la lucha contra el narcotráfico", dijo Holguín en un encuentro con agencias internacionales en Bogotá. La ministra señaló que esta cooperación fue una iniciativa de Washington y que "es uno de los temas que van a hablar los presidentes" Obama y Santos en la breve visita oficial que realizará el primero a Colombia tras la cumbre. La violencia de los cárteles y las pandillas llegó a niveles sin precedentes en Centroamérica, convertida en la zona sin conflicto bélico más violenta del mundo , con unos 20,000 asesinatos en 2011, el 90% en Honduras, Guatemala y El Salvador. Holguín también explicó que su gobierno trabaja con México y Centroamérica, "que somos los países afectados", en el debate sobre drogas que se propondrá a la treintena de mandatarios americanos que acudirán al balneario caribeño de Cartagena (norte). Cuestionada sobre si el debate implica un reconocimiento del fracaso de la lucha antidrogas de las últimas décadas, Holguín respondió que "eso es clarísimo". La intención es que sea un "debate amplio" que no se focalice en la legalización de algunas drogas, señaló. "Si nos cerramos sólo a la legalización, entonces no hay debate porque simplemente Estados Unidos y otros países van a decir 'no nos interesa' y ahí se acabó", dijo la canciller. Al subrayar que esta vez Washington se ha abierto a tratar el tema, Holguín dijo que la idea sería proponer: "Pensemos en algo. ¿Será que ésta es la realidad que nos tocó y no hay ninguna otra solución a las drogas o será que hay otra y nos hemos cerrado a ver otra posibilidad?". Tres de los seis presidentes de Centroamérica, entre ellos el presidente de Honduras Porfirio Lobo, declinaron acudir el pasado fin de semana en Guatemala a una cumbre regional sobre despenalización de la droga convocada por el presidente anfitrión, Otto Pérez.
El Salvador. Sobre la negociación gobierno-pandillas PDDH: “Podríamos estar adentrándonos en un camino fuera del estado de derecho”
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cuestionó este martes el diálogo con los líderes de las pandillas iniciado por el gobierno y la Iglesia Católica a espaldas de la sociedad y dijo que es una consecuencia de "las políticas de seguridad fallidas". También este día, el ministro de Seguridad rompió 11 días de silencio para atrincherarse en la versión que niega la negociación y que habla de efectividad policial, cohetes LAW y traslados humanitarios. El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, se mostró escéptico este martes ante los cambios en el área de la seguridad pública habidos en las últimas semanas. “Debemos ser muy cautelosos sobre los motivos que conllevan a la reducción de los homicidios como consecuencia de un diálogo o acuerdo realizado bajo circunstancias no explicadas”, dijo. Luna organizó una conferencia de prensa para explicitar sus dudas y temores ante el “diálogo” que, a espaldas de la sociedad, han mantenido el gobierno salvadoreño y la Iglesia Católica con las principales pandillas del país. Algunas de las consecuencias de ese diálogo, como el traslado de una treintena de líderes desde el penal de Zacatecoluca a otros de menor seguridad o la drástica reducción de homicidios, se destaparon el pasado 14 de marzo en un reportaje publicado por El Faro. La institución que tiene el mandato constitucional de velar por el respeto a los derechos humanos está recelosa ante la evolución de los acontecimientos, y solicitó a todos los actores sociales “una profunda reflexión” sobre lo que está ocurriendo, ya que “El Salvador podría estar adentrándose, consciente o no, en un camino al margen de la legalidad y fuera del estado de derecho”. "Lo importante", dijo Luna, “es que no se haga nada a oscuras”, e instó al presidente de la República y a todo el gabinete de seguridad a aclarar, de inmediato y sin excusas, los detalles de lo que ha pasado, incluidos “los acuerdos tomados entre representantes del gobierno y miembros de pandillas”. Luna incluso cuestionó la idoneidad de los traslados concedidos por el Estado a los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de las dos facciones del Barrio 18: Sureños y Revolucionarios: “La humanización de las condiciones de privación de libertad no debe ser selectiva y mucho menos puede estar bajo el condicionamiento de disminuir los homicidios, ya que no se trata de unas regalías que el Estado da a su antojo”. Durante toda la conferencia, que se prolongó durante media hora, el procurador se mostró preocupado por el rumbo que ha tomado este asunto, llegó a referirse a El Salvador como un Estado fallido y señaló que a la situación actual se ha llegado porque el combate a la delincuencia ha sido un fracaso. Habló de “políticas de seguridad fallidas”. Críticas al general Munguía Payés Buena parte de su intervención, Luna la dedicó a cuestionar el papel que ha desempeñado el gabinete de seguridad, encabezado desde noviembre pasado por el general David Munguía Payés, ministro de Seguridad Pública. A juicio de Luna, el discurso oficial de negar las negociaciones está lleno de contradicciones, como justificar los traslados de líderes pandilleros por razones de seguridad o humanitarias, para luego llevarlos a centros de internamiento más inseguros y hacinados. “Hay una serie de cosas extrañas en todo esto”, dijo.
Hubo un punto concreto en el que incluso cuestionó abiertamente las palabras del general Munguía Payés, quien el 16 de marzo amarró los traslados a decisiones tomadas en las llamadas Mesas de la Esperanza, instaladas en 2009 en los distintos centros penales y en las que la PDDH tenía el papel de mediador. “Esas mesas no funcionaron porque los familiares de los internos dijeron que no servían para solucionar nada, y se desactivaron”, señaló. También se refirió al obispo castrense, Fabio Colindres, de quien dijo que su participación “no está clara, ya que él dice que solo es mediador, pero solo se media cuando se busca un acuerdo, una negociación, un arreglo… en esas situaciones se habla del mediador”. Luna celebró la abrupta reducción en las cifras de homicidios, pero hizo un llamado a toda la sociedad a estar atentos, ya que, si fuera consecuencia de una negociación entre el gobierno y las pandillas, supondría “el debilitamiento de la institucionalidad, demostraría que institucionalmente no se ha tenido la fortaleza, y parecería que se está cediendo a algo, y por eso es que se necesitan tanto las explicaciones”. La versión oficial 11 días después de su última aparición ante la prensa, el general Munguía Payés brindó declaraciones tras una actividad en la que el gobierno estadounidense donó 47 vehículos y equipo informático a la Policía Nacional Civil. El ministro no varió su postura. Mantuvo que la drástica reducción de homicidios se debe a la “operatividad policial” y al pacto de no agresión que asegura el Barrio 18 y la MS-13 establecieron con la mediación de la Iglesia Católica. Lo único nuevo que el ministro agregó fue reconocer que cuando dio la conferencia de prensa, casi una semana antes de que monseñor Fabio Colindres apareciera adjudicándose el diálogo con los líderes de las pandillas, él ya sabía lo que el sacerdote había hecho, pero que prefirió no mencionarlo "por razones estratégicas". Sobre los traslados, el general Munguía Payés tampoco movió su postura. Mantuvo que se debió a una mezcla de factores que van desde la petición de la Iglesia, “el problema de familiaridad entre custodios y reos” e incluso la amenazas que desde la inteligencia del Estado había llegado acerca de 24 misiles LAW con los que alguien pretendía atacar el penal de máxima seguridad. Sobre los misiles dijo: “Los seguimos buscando”. El ministro mantuvo en su discurso el determinante rol que juega en esto la Iglesia Católica. “Vendrán otras fases que ellos están desarrollando, en las cuales van a ir desmontando en el transcurso del tiempo otro tipo de delitos”, respondió cuando se le preguntó acerca de otros crímenes propios de las pandillas, como las extorsiones o las violaciones. Otra de las preguntas lanzadas a Munguía Payés lo cuestionó sobre la naturaleza de las víctimas tras el pacto de las pandillas. Se le preguntó si no sería posible que el pacto solo incluyera no matarse entre ellos, pero sí a aquellos que se resistan a pagar la renta. El ministro dijo a la periodista que lanzó la pregunta que su visión, a la luz de los hechos de violencia de los últimos días, era equivocada: “Tu aseveración es equivocada, de los cuatro muertos que estamos teniendo diarios todavía hay muertos de las pandillas. Hemos logrado, a través de la Iglesia Católica, y monseñor Colindres lo ha dicho, iluminados por Dios, la paz entre las dos grandes pandillas, pero sigue la confrontación entre la Mao Mao y la pandilla 18, entre la Mao Mao y la MS-13, entre la mara Máquina y las otras pandillas”.
El ministro pidió ser optimistas a pesar de que haya “personas escépticas”, ya que “no podemos negar que algo está sucediendo y está dando resultados”.
México. El quinto poder: transnacionales mineras
Opinión. Magdalena Gómez En nuestro país convivimos con un régimen formal de división de tres poderes establecidos que coexisten, coadyuvan y/o son cómplices de los poderes metaconstitucionales del duopolio de los medios masivos de comunicación identificados como el cuarto poder, y el muy poderoso quinto poder, representado por el capital trasnacional colocado preferentemente en las compañías mineras, que ha logrado en los años recientes la concesión de cerca de la cuarta parte del territorio nacional. Y todo ello encubierto en la lógica del libre mercado, donde en apariencia se trata del ejercicio de libertades a las que potencialmente, y muy en abstracto, todos y todas tenemos derecho. Luigi Ferrajoli ha mostrado en su más reciente libro, Poderes salvajes, cómo estos nada virtuales poderes han sometido al modelo de constitucionalismo democrático que formalmente rige en nuestros países. Hoy es muy claro que el modelo neoliberal prohijó la fuerza de estos poderes y ha provocado la distorsión grave de los llamados estados nacionales que, antes que proteger y garantizar las libertades fundamentales, se coloca como ente subsidiario del gran capital. Pero no estamos hablando de simples tendencias especulativas; a lo largo y ancho del país se resiente el impacto negativo del extractivismo a ultranza, en demérito de la integridad territorial de los pueblos que nunca han sido hijos predilectos del Estado, los indígenas, los de muy antes que han resistido históricamente frente al despojo; sin embargo, la actual situación es ya la mayor amenaza para su subsistencia. Uno de los ejemplos más recientes es el de la comunidad zapoteca de San José del Progreso, Ocotlán, que vive un ambiente de tensión y divisionismos provocados por el inicio en 2008 de las actividades de la empresa Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines (parte del grupo de empresas mineras canadienses llamado The Gold Group). En lo que va de este año la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) ha denunciado dos crímenes y acusa a los grupos armados al servicio de la empresa minera, apoyados por el gobierno municipal de San José del Progreso, en contra de los opositores a la minera. El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez Vásquez; en esta emboscada resultó herida de gravedad Abigaíl Vásquez Sánchez. Y el pasado 15 de marzo fue acribillado Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la CPUVO, organización que ha cuestionado el otorgamiento inconsulto de concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas del Valle de Ocotlán. En ese atentado también fueron gravemente heridos Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez. Hasta ahora no se ha hecho justicia; en el primer caso se anunció la detención de uno de los autores materiales justo cinco días después del segundo crimen. Ya se ha escuchado la consabida argumentación de las pugnas comunitarias, que seguramente las hay, pero no se detienen a analizar que éstas son promovidas por las alianzas logradas por la compañía minera. Lo cierto es que, más allá de la investigación requerida para detener y juzgar a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes, es urgente que se coloque la mirada en los efectos devastadores de la política de otorgar concesiones por encima de los derechos territoriales de los pueblos. El panorama es muy grave y los asideros pacíficos apegados a derecho resultan golpeados una y otra vez. Mientras no se detenga la falacia de que las empresas trasnacionales son simples actores privados y se deconstruya lo que se ha denominado arquitectura de la impunidad, los derechos de los pueblos serán inocuos frente a la realidad de estados subrogados al capital trasnacional.
El Salvador. Presidente dice que no fue a cumbre en Guatemala porque el anfitrión quería imponer agenda
El gobierno salvadoreño, al enterarse del cambio de la agenda para la cumbre en Antigua Guatemala del pasado sábado, hizo consultas con Honduras y Nicaragua, y coincidieron en que no iban a asistir a una reunión cuyo propósito había sido alterado, dijo este miércoles Mauricio Funes. Asimismo, descartó que Estados Unidos lo hubiera presionado para boicotear la cumbre. El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, reveló este miércoles que él y los gobernantes de Nicaragua y Honduras se consultaron mutuamente sobre la convocatoria que su colega guatemalteco Otto Pérez Molina había hecho para reunirse a discutir en Guatemala sobre la despenalización del transporte y comercialización de las drogas, y tras concluir que el anfitrión había alterado la agenda acordada, decidieron abstenerse de acudir. "¿Qué es lo que pasó, en realidad?", fue como Funes comenzó su explicación, ante la especulación de que Estados Unidos pudiera haber presionado a los presidentes del istmo para frustrar el debate regional sobre una despenalización que Washington rechaza tajantemente. Según Funes, Washington no presionó a nadie para boicotear la reunión en Guatemala. "¿Y de dónde sacan que Estados Unidos ha pedido eso? A mí no me lo ha pedido", dijo. En cambio, explicó que lo que hizo que él cancelara su participación en la cumbre fue que Pérez Molina alteró la agenda que habían acordado a inicios de este mes en Tegucigalpa, cuando los mandatarios recibieron al vicepresidente estadounidense Joe Biden. Las interrogantes sobre la ausencia de Funes en Guatemala surgieron a raíz de las versiones contradictorias que surgieron la noche del viernes pasado. A las 9 de la noche, un comunicado de Casa Presidencial anunciaba que Funes iba a esperar que la reunión prevista para el siguiente día, sábado 24, fuera reprogramada. Y desde Guatemala, la Presidencia de ese país aclaraba que la cumbre no había sido pospuesta y que se realizaría tal cual se había anunciado. La sesión se produjo el sábado con la participación del presidente anfitrión, más la de la presidenta costarricense Laura Chinchilla y la del gobernante panameño Ricardo Martinelli. Este miércoles, Funes dijo que los tres ausentes abortaron su participación debido a que consideraron que Pérez Molina había alterado lo acordado en Honduras. "Todos los presidentes confirmamos cuando esa cumbre se convocó en Tegucigalpa, pero ahí se planteó una agenda, y se dijo que el tema de la propuesta del gobierno de Guatemala de despenalizar el consumo, producción y tráfico de droga en la región centroamericana, sería vista como una iniciativa y como un punto más entre otros que nos permitiera
construir una agenda y una propuesta regional que llevaríamos a la Cumbre de las Américas en Cartagena", dijo. Los gobernantes del hemisferio se reunirán entre el 14 y el 16 de abril en la ciudad colombiana, y Centroamérica intenta construir una propuesta unificada para presentarla ante el resto de naciones, pero Funes dice haber entendido que la reunión de Guatemala estaba diseñada para sacar de ella, como propuesta única, la de la despenalizar las drogas. "En ningún momento se dijo que íbamos a tomar acuerdos sobre la despenalización, ni en ningún momento se dijo que esa propuesta de la despenalización, que es del presidente Pérez Molina, era la propuesta de Centroamérica". La cumbre en Guatemala había sido bautizada por el gobierno anfitrión como "Iniciativa Pérez Molina", y para Funes y el presidente hondureño Porfirio Lobo era una actividad distinta a la pactada. Lobo dijo este lunes que consideró que la cita en Antigua Guatemala era una "paralela" a las reuniones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y que dado que tenía una agenda diferente a lo acordado el 6 de marzo, optó por no asistir y enviar en su lugar al vicepresidente. Funes dijo que la decisión de abortar su viaje al país vecino la tomó el viernes, después de que el ministro de Relaciones Exteriores le advirtiera sobre los cambios en el programa de la reunión. "Yo me comuniqué temprano ese día con el canciller Hugo Martínez y él me dijo que existía la intención de Guatemala de modificar la agenda y de llevar como único punto para la sesión de la tarde del sábado la discusión del tema de la despenalización para que esa fuera la propuesta que se llevara a la Cumbre de Cartagena yo le dije no, ese no fue el acuerdo que tomamos, consultémoslo con los otros presidentes". Según Funes, sus colegas de Nicaragua y Honduras habían llegado por sí mismos a la misma conclusión y también habían optado por cancelar su asistencia a Guatemala. "Lo consultamos con Daniel Ortega y a través de Rosario Murillo, Daniel Ortega mandó decirme que él tampoco pensaba asistir porque no estaba de acuerdo con ese giro que había tomado la cumbre y que no tenía que ver con el acuerdo inicial que habíamos tomado en Tegucigalpa". El sábado habló con Lobo y supo que pensaba lo mismo que él, pero dado que es el presidente temporal del SICA, al presidente hondureño le fue más complicado anunciar a Guatemala que iba a suspender su viaje. "Por eso, en consulta con nuestros cancilleres, un día antes, y en consulta los tres presidentes, decidimos no asistir a la cumbre porque no íbamos a discutir una agenda diferente de la que se había pactado y tampoco queríamos que apareciera como que estábamos apadrinando una iniciativa que el presidente de Guatemala tiene todo el derecho de proponer, pero no de imponer y esa es la diferencia", dijo. En la cumbre de Guatemala no hubo acta de acuerdos y solo se lanzó la discusión sobre la propuesta de despenalizar el transporte y comercialización de drogas ilícitas. Ahora, a Centroamérica le queda como deuda definir la propuesta conjunta que pretende presentar en Cartagena. Para eso, según reveló Lobo el lunes, se reunirán de nuevo la segunda semana de abril, unos tres días antes de la Cumbre de las Américas. A Inicio
El Salvador. Gobierno cambia estrategia ante las pandillas
Después de haber defendido políticas represivas contra las pandillas, tipificadas como organizaciones criminales en la legislación salvadoreña, el presidente Funes anunció ayer que liderará un acuerdo nacional para reintegrar a los pandilleros a la sociedad. El presidente
insistió en negar que su Gobierno haya negociado con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, pero no resolvió las contradicciones expresadas en las distintas versiones sobre el traslado de sus líderes a cárceles de menor seguridad el 8 y 9 de marzo pasado. En sus primeras declaraciones sobre el acuerdo con las pandillas, el presidente Mauricio Funes negó el miércoles pasado que su gobierno haya negociado con pandilleros, pero lanzó una iniciativa para que la sociedad en su conjunto responda a las demandas de oportunidades de trabajo y políticas sociales que los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 hicieron el pasado jueves en un comunicado conjunto. La propuesta de Funes se produce casi tres semanas después de que las dos principales pandillas del país ordenaran a sus miembros detener los homicidios de pandilleros rivales, lo que de inmediato redujo la cifra de homicidios a menos de la mitad. Funes celebró una conferencia de prensa después de 17 días de silencio, en los que varios medios de comunicación, entre ellos El Faro, y organizaciones tan disímiles como la PDDH, la ANEP, FESPAD y la ASI entre otras han exigido mayor transparencia en las explicaciones oficiales del drástico descenso de homicidios y de la forma en que se gestionó el pacto entre pandillas. En su comparecencia, Funes insistió en que su gobierno solo actuó como “facilitador” de este acuerdo, supuestamente negociado por la Iglesia, pero aseguró que “abre una oportunidad para atacar integralmente” el problema de la violencia en el país, que en los últimos 5 años ha costado la vida a un aproximado de 4,000 personas al año. Por ello, convocó a la construcción de “un acuerdo nacional que garantice la erradicación progresiva y definitiva de la violencia y la inseguridad”. Según el presidente, la prioridad de ese acuerdo será atender “la exclusión social y la falta de oportunidades de empleo, educación, salud y recreación para la juventud”, que originaron en los años 80 y 90 el fuerte desarrollo de las pandillas juveniles en El Salvador. Para ello, dijo, convocará “en los próximos días” a representantes de la empresa privada, partidos políticos, iglesias y organizaciones sociales, que junto a académicos deberán definir una estrategia de trabajo y un calendario de ejecución. El presidente dijo que es necesario que el país cambie de modelo social y económico para desactivar las causas del fenómeno de la violencia. Sin embargo, no dijo cómo se debe concretar ese cambio de paradigma, y cuando se le preguntó por el aporte inicial del Ejecutivo a ese acuerdo nacional respondió que aportará: “esta visión” y la misma estrategia social que, dijo, su gobierno ha venido aplicando desde 2009. Únicamente aclaró que en adelante concentrará “toda la maquinaria del Estado” en las comunidades en las que las pandillas reclutan desde hace años a sus miembros y citó como modelo el trabajo que el gobierno brasileño ha emprendido en las favelas de Río de Janeiro. La diferencia entre el modelo brasileño y la nueva iniciativa de Funes es que el plan de pacificación de las favelas se basa, como el que meses antes había anunciado aquí el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, en expulsar de las comunidades a los grupos delincuenciales y posteriormente focalizar la inversión social en el resto de habitantes del lugar. Funes pretende, según lo que dijo, desarrollar programas de empleo y atención social que alcancen a los integrantes de las estructuras delincuenciales de las pandillas. Antes la estrategia era inversión social en comunidades liberadas de pandillas; ahora es inversión social para facilitar la reincorporación de pandilleros a la legalidad. La meta de la iniciativa de Funes es que del cambio de la sociedad en conjunto derive el progresivo desmontaje de las estructuras de extorsión y narcomenudeo que actualmente controlan la MS-13, la 18 y el resto de pandillas que operan en el país, como la Mao-Mao, La Máquina o La Mirada, entre otras. Aunque oficialmente siempre defendió que su política era “integral” e incluía planes de prevención que pasado el ecuador de su gobierno no se han puesto en marcha, ahora Funes va más allá y asegura que es necesario un “cambio de mentalidad” de toda la sociedad salvadoreña: “¿De qué sirve darle capacitación a
un pandillero que decide reinsertarse a la sociedad si sencillamente no se le abren oportunidades por prejuicio, por preconceptos?”, dijo. Los planes anteriores anunciados por Munguía Payés se basaban en acciones represivas para romper la estructura interna de las pandillas y cortar la comunicación entre los distintos niveles de su jerarquía. En este momento la tregua, que según Funes abre la oportunidad de un nuevo abordaje de los problemas del país, depende precisamente de la voluntad y la capacidad de los líderes de la MS-13 y la 18 para comunicarse con sus estructuras y hacer que cumplan su orden de no matar a pandilleros enemigos. Cuando se le preguntó si esto no suponía una paradoja, Funes lo negó y anunció que la unidad policial antipandillas, que el ministro Munguía Payés prometió al llegar al cargo en noviembre pasado, entrará en funcionamiento después de Semana Santa. El presidente insistió en que su gobierno no ha hecho ni hará concesiones a los pandilleros; intentó negar que el traslado de 30 líderes de la MS-13 y la 18 desde la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a otras de menor rigor, los pasados 8 y 9 de marzo, fueran beneficios condicionados al descenso de homicidios; pero hacia el final de su comparecencia dijo: “Si al trasladar a los líderes pandilleros los homicidios (…) no se hubieran suspendido, esta gente hubiera regresado (a Zacatecoluca)”. Riesgos del proceso Aunque se le preguntó expresamente dos veces, Funes no quiso responder si asumía personalmente la responsabilidad por las consecuencias, positivas o negativas, de los traslados de los líderes. Además, evitó referirse a la posibilidad de que esos traslados estén reforzando las estructuras de las pandillas, que en algunas zonas del país no solo operan como pequeñas células delincuenciales, sino que participan del narcotráfico, el sicariato para el crimen organizado y el tráfico de personas. Estar en penales de menor seguridad abre a los líderes pandilleros la posibilidad de dar más fácilmente a sus bases órdenes sobre la operación de negocios ilícitos. Referirse a eso, dijo Funes, sería "entrar en un debate técnico" para el que esta conferencia de prensa era insuficiente. “Ese riesgo se corre”, admitió Funes. “Nosotros como Gobierno no podemos dar ninguna garantía (de que eso no suceda), pero (el traslado) es parte del entendimiento que lograron, desde la Iglesia Católica han facilitado este compromiso entre los pandilleros, y así nos lo han planteado a nosotros”. Según Funes, la piedra angular sobre la que quiere articular una nueva unidad de la sociedad es precisamente “la buena voluntad expresada a la iglesia católica” por los pandilleros, que según la versión del Ejecutivo decidieron por iniciativa propia dejar de matarse entre ellos tras un proceso de tres meses de diálogo que uno de los negociadores de los que el gobierno se desmarca, el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, calificó de “milagro”. En otra aparente contradicción, aunque negó varias veces que la tregua entre las pandillas forme parte de una estrategia de su Gobierno, Funes sí reivindicó para su gabinete los méritos del descenso de homicidios que esta ha ocasionado: “Dejen trabajar a los funcionarios de seguridad pública. ¿Qué no están viendo que bajo esta nueva administración es que se han bajado los homicidios, pues? Déjenlos trabajar”, exigió cuando se le cuestionó por la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que ha aceptado analizar la posibilidad de que el nombramiento de militares al frente del ministerio de Seguridad y de la PNC sean inconstitucionales. El nuevo discurso presidencial contrasta con el que expresaba hace apenas medio año, cuando pronunció estas palabras: “No es lo mismo que esté muriendo el ciudadano común, el ciudadano honesto, el ciudadano que no se mete en problemas, que tiene deseos de llevar una vida tranquila, que el que esté
muriendo sea precisamente integrante de pandillas que luchan por el territorio y el control de narcomenudeo, de la venta de droga”. Hoy, cuando la disminución de los índices de homicidios se debe justamente al descenso del número de pandilleros asesinados, Funes se apoya en esas cifras para prometer un optimista giro en el futuro del país: “En la medida en que le demos sostenibilidad a este entendimiento, si podemos hacer bajar el número de homicidios, eso va a proyectar una imagen diferente que va a permitir una atracción de inversión mayor que es la que va a generar empleo. Este es el año clave para las grandes apuestas estratégicas, para lograr remontar las bajas tasas de crecimiento que hemos tenido hasta ahora”.
Costa Rica. Comisión del Gobierno extrema seguridad en La Reforma.
Banda planea asalto aéreo en cárcel para sacar violentos reos. Grupo cobró $1,5 millones para liberar a dos extranjeros con uso de helicóptero. Custodios urgen medidas para garantizar su vida ante vulnerabilidad
Un grupo criminal planea ejecutar en los próximos días un asalto aéreo en Máxima Seguridad de La Reforma para liberar al menos a dos reos peligrosos que descuentan fuertes penas por crimen organizado. El plan de fuga fue confirmado a La Nación por una comisión de seguridad del Gobierno, que maneja el tema desde hace dos semanas, ante informaciones de carácter confidencial. Los integrantes de la comisión son Fernando Ferraro, viceministro de Justicia; Celso Gamboa, viceministro de Seguridad, y Mauricio Boraschi, comisionado nacional antidrogas. Ellos aseguran que ya hay un plan para reaccionar ante el eventual ataque. Los datos que la comisión recibe advierten que se podría liberar a una cantidad mayor de presos ubicados en ese mismo ámbito, donde están 67 hombres. Un correo electrónico enviado el jueves por la seccional penitenciaria de la ANEP, advierte a los directores de centros y a la Defensora de los Habitantes de que los policías conocen de las amenazas de fuga y temen por su seguridad e integridad física. De acuerdo con los datos que maneja el grupo investigador, se sospecha que los reos sobre quienes hay especial atención son dos extranjeros cuyos nombres se reservan por seguridad. Uno de ellos fue condenado a 98 años de prisión por un doble homicidio y otro por ser el autor intelectual del asesinato de una pareja. A este último, su país lo solicita por estafas. Según informó Justicia, el grupo encargado del plan de fuga estaría conformado por foráneos que cobraron $1,5 millones, de los cuales ya se realizó un primer pago por $300.000. Las autoridades no descartan que el plan de fuga esté vinculado con la desaparición del expediente que contiene los planos y documentos claves sobre el diseño del ámbito de Máxima Seguridad, revelado por este diario el 12 de marzo. Cables de seguridad. El Ministerio de Justicia gestionó la instalación de 34 postes y tres kilómetros de cableado de protección para impedir el aterrizaje de aeronaves en tres campos abiertos de La Reforma, de más de 100 metros cuadrados.
Un equipo de La Nación visitó ayer la cárcel y constató que personal del ICE instaló 11 postes con cables sobre la plaza de deportes. Ferraro detalló que aún falta cubrir el polígono de la cárcel, ubicado a 150 metros de Máxima Seguridad, y un campo entre los ámbitos B y Mediana Abierta.
Personal de La Reforma dice que no sabe cómo reaccionar
Funcionarios del Centro Penitenciario La Reforma se mostraron temerosos y desprotegidos, pues manifiestan que no saben cómo reaccionar ante una situación de crisis. La denuncia la hizo pública Marta Eugenia González Madriz, representante sindical de ANEP en Adaptación Social, quien advirtió: “El personal no tiene miedo, tiene terror, pues no hay planes de contingencia. No saben si salir corriendo, tirarse al piso o qué medidas tomar”. La dirigente gremial señaló que esto afecta, principalmente, al personal técnico y administrativo, pero también atañe a la Policía Penitenciaria, pues en muchas situaciones han expuesto sus vidas para resguardar a los demás empleados del penal e, incluso, a los mismos internos. Citó de ejemplo el incendio en el ámbito B, ocurrido el viernes 2 de marzo, donde los vigilantes quedaron expuestos a las llamas. Fernando Ferraro, viceministro de Justicia, admitió que es comprensible la preocupación por la sobrepoblación del centro y el perfil de los reclusos. Sin embargo, explicó que el personal policial sabe cómo se debe actuar ante una crisis, y que lo demostró en los dos incidentes este año. “La Policía es la que sabe qué hacer para atender la situación y qué recomendaciones se deben suministrar al personal técnico y administrativo”, afirmó. Queja. González comentó que las deficiencias las vienen señalando desde los primeros meses del año pasado, en las cuales alertaban sobre la existencia de grupos organizados entre los mismos internos. Dijimos que había venta de servicios, y también internos que utilizaban a otros para su beneficio personal. Era evidente el deterioro que se venía dando hasta que ocurrió el incidente de mayo, con el intento de fuga de Joelh Araya”, manifestó. La dirigente afirmó que, pese a los hechos violentos en los que hay varias muertes de reos por problemas de convivencia, “la saturación se sigue agudizando”. González señaló que, por ejemplo, en el ámbito B (mediana abierta), tres psicólogos deben atender a una población de 1.700 internos. “Eso representa más de 500 pacientes por técnico. Es casi imposible que los pueda atender. Ni qué decir del promedio de privados (de libertad) que tiene que cuidar un vigilante”, añadió. Incluso, en una nota que hizo llegar recientemente la dirigente sindical al ministro de Justicia, Hernando París, así como también a la Defensoría de los Habitantes, les informó de que, en el ámbito E (Máxima Seguridad), los internos están quebrando tuberías, dañando el tendido eléctrico. Además, dijo que el personal de seguridad queda expuesto a sufrir agresiones con palos, piedras, o bien a ser alcanzado con armas hechizas, excremento u orines. “La situación sigue agudizándose. El problema es grave y, si no se toman las medidas, puede haber consecuencias impensables”, concluyó González. A Inicio
Honduras. Estados Unidos reitera apoyo a Honduras en cumbre sobre comunidades seguras
La clave del éxito de los programas contra la violencia es la participación activa de las comunidades y esto es lo más importante”, dijo este miércoles la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske, durante la cumbre “Construyendo comunidades Seguras”, celebrada en el norte de Honduras.
Durante el evento, realizado en la ciudad de San Pedro Sula, la funcionaria estadounidense dijo que aunque es del conocimiento de todos la existencia del flagelo del narcotráfico, son muchos los organismos internacionales para combatirlo. Al mismo tiempo, recordó que su gobierno ha estado trabajando con Honduras para hacer frente a la delincuencia y que Estados Unidos ha ayudado con la formación profesional de jóvenes. La diplomática afirmó que el gobierno de Estados Unidos continuará con sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Al foro asiste también el presidente de Honduras Porfirio Lobo, quien expresó que "el momento demanda que todos nos unamos. No descuidemos nuestros barrios". El mandatario hondureño reflexionó que la prevención de la delincuencia inicia desde el hogar y la escuela. Afirmó que "nadie sabe cuándo la delincuencia tocará su puerta y todos estamos amenazados y la solución está en todos". El foro "Intercambio de Aprendizaje: construyendo comunidades seguras" es patrocinado por la embajada de Estados Unidos en Honduras, el Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el centro para el Estudio de Política Social. Representantes de las ciudades de Los Ángeles, Boston, Chicago, Rio de Janeiro, Bogotá, Johannesburgo, Ciudad de México y Centro América compartirán alternativas a la participación en pandillas y el fomento de comunidades saludables y fuertes. Ente los temas a discutir durante la cumbre están los efectos sociales y el impacto del contacto directo e indirecto con el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas y la narcoviolencia en niños, jóvenes y familias en Estados Unidos y Centroamérica. “Esta es una reunión para intercambiar ideas y estrategias de lo que funciona aquí, de las necesidades de Honduras, y hablar de manera bastante honesta de las cosas que han dado buenos resultados y de las que no funcionan porque esto no es una ciencia exacta”, explicó Lobo Sosa. Guillermo Cespedes, el “zar antipandillas”, declaró que uno de los motivos de su asistencia a la cumbre es evaluar la posibilidad de que su oficina de reducción de pandillas trabaje con los países centroamericanos. A Inicio
El Salvador. Munguía Payés reconoce que baja de homicidios es por tregua de pandillas
Después de varios días inactivos, el Ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, retomó su labor pública y afirmó que la baja de homicidios, que se registra desde la semana pasada, se debe a la tregua que han decidido entablar los líderes de las pandillas. El fin de semana, según los datos estadísticos de las instituciones, se ejecutaron sólo once crímenes, cuando en meses anteriores se habían reportado hasta 30. Asimismo, se detalló que la cifra promedio de homicidios diarios disminuyó a cinco. Para las autoridades, el 90% de los homicidios se cometen por las pandillas y, ante su deseo de “buena voluntad” de frenar la ola de muertes, es que se registran estas estadísticas históricas. “Lo que ha hecho la iglesia católica es buscar la paz entre las dos pandillas y eso ha disminuido casi en forma automática los homicidios”, dijo el titular. La tregua se hizo pública la semana pasada, luego de que la iglesia católica del país interviniera y pidiera un cese a la violencia que se ejerce entre los dos principales grupos de pandillas. Ese gesto de “buena voluntad” de los líderes, que incluso piden oportunidades, también provocó que los líderes fueran trasladados del centro de máxima seguridad de Zacatecoluca a penales comunes.
El funcionario aseguró que esa decisión fue una responsabilidad personal y que la asumía, en respuesta a algunas críticas que han surgido por esta medida. El titular de seguridad confía en que esta tregua trascienda, ya que la iglesia “tiene la capacidad” de mantener esa tregua. “Si esa tregua se mantiene, en el país van a disminuir sustancialmente los índices de violencia”, dijo. “Nosotros aplaudimos el trabajo que está desarrollando la iglesia católica y la vamos a apoyar, y vamos a generar las condiciones para que ellos puedan cumplir la misión pastoral”, dijo el ministro. Este proceso de diálogo, entre la iglesia y las pandillas, no frena la actividad y operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC) que sigue desarrollando detenciones y trabajo en el terreno, según Munguía Payés. Incluso, el funcionario sostuvo que la Unidad Policial Antipandillas sigue en pie y saldrá a las calles a partir de la otra semana. Primero, para apoyar en las actividades de seguridad de las vacaciones de Semana Santa y, luego, a integrarse al trabajo policial en el terreno. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el martes por la tarde el recurso de inconstitucionalidad contra las designaciones de los generales David Munguía Payés y Francisco Ramón Salinas, en el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional Civil (PNC), respectivamente. Ante eso, el ministro dijo que esperará los resultados de esa demanda. “Esa denuncia… Están en su derecho de hacerla, si tienen dudas; nosotros estamos convencidos de que nuestro nombramiento es constitucional. Vamos a esperar cuál es la resolución de la Sala y la vamos a obedecer”, dijo el funcionario. La Sala ha solicitado escuchar los argumentos del Ejecutivo, sobre el nombramiento, para contradecir los argumentos expuestos por los ciudadanos denunciantes. Munguía Payés dijo que si después de este proceso la resolución es en contra de los titulares, sencillamente darán la “mano al señor Presidente, que confió en nosotros y vamos a pasar a la sociedad civil, como lo hacíamos antes de ingresar al gobierno”.
El Salvador. Presidente Funes se reúne con Subsecretaria Adjunta para Seguridad de Estados Unidos
El Presidente de la República, Mauricio Funes, se reunió ayer en privado con la Subsecretaria Adjunta para Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, María Otero, en el marco de su visita oficial de dos días. El encuentro privado se realizó en el despacho del mandatario en Casa Presidencial, y con él estuvieron presentes el canciller Hugo Martínez; el Secretario Privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, y el Secretario de Comunicaciones, David Rivas. La subsecretaria estadounidense fue acompañada por su asesora, Laura Peña y el encargado de negocios de la embajada, Sean Murphy, y la directora del programa INL (Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Aplicación de la Ley) , Geraldine Gassam. El Presidente Funes y Otero conversaron sobre los planes de seguridad que desarrollan las autoridades salvadoreñas y otros esfuerzos para garantizar la seguridad a la ciudadanía. Por su parte, la funcionaria estadounidense reafirmó al mandatario la voluntad del gobierno del Presidente Barack Obama de continuar apoyando a las autoridades de El Salvador, en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, y reconoció el esfuerzo que están realizando en esa materia. Otero es la encargada de supervisar y coordinar las relaciones internacionales de Estados Unidos en asuntos de seguridad ciudadana, incluyendo las áreas de democracia, derechos humanos, refugiados, trata de personas, estado de derecho, antinarcóticos y justicia criminal. La funcionaria llegó ayer a El Salvador como parte de una visita a la región que también incluye a Belice. Antes de la reunión con el presidente, la subsecretaria entregó en un acto público la donación de vehículos y computadoras destinadas para reforzar la división de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC). En la ceremonia de entrega, recalcó el compromiso de Estados Unidos en esta lucha por
fortalecer la seguridad ciudadana. “Nuestro compromiso es trabajar a la par del gobierno salvadoreño para mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer a las instituciones estatales”, con el fin de lograr mayor desarrollo social y económico. “La seguridad se encuentra amenazada. A pesar de que la población ya no sufre una guerra civil, el crimen y la inseguridad amenazan a sus ciudadanos y representa un reto para la democracia”, agregó en su discurso la funcionaria estadounidense. A criterio de la subsecretaria, el crimen evita que “inversionistas potenciales” lleguen a El Salvador y lo vean como un buen lugar para invertir. La donación de vehículos y equipo es parte de los apoyos de esa nación en el marco del Asocio para el Crecimiento, que identificó la criminalidad y la inseguridad como uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico. Pero estos proyectos de cooperación no solo incluyen el fortalecimiento de las instituciones; sino, también, proyectos sociales para jóvenes en riesgo. La subsecretaría visitó ayer Lourdes donde el gobierno, bajo la administración del ex ministro Manuel Melgar, implementó un programa de prevención con la comunidad y otras estrategias de combate el crimen; este proyecto es exitoso y puede expandirse en el resto del país con ayuda de Estados Unidos. A Inicio
El Salvador. Destituido el subdirector del Organismo de Inteligencia del Estado
El coronel Simón Molina Montoya se convirtió en asesor de Munguía Payés en junio de 2009, cuando este se convirtió en Ministro de la Defensa Nacional. En noviembre de 2011, cuando Munguía Payés asumió como Ministro de Seguridad, Molina Montoya tomó el cargo de subdirector del Organismo de Inteligencia del Estado. El coronel Simón Alberto Molina Montoya, subdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) hasta este lunes 27 de marzo, fue despedido por su jefe, informaron este martes fuentes de Casa Presidencial y del área de Seguridad Pública que conocieron de la destitución. El director del OIE, el economista Ricardo Perdomo, notificó al militar la destitución, aunque las fuentes de este periódico no pudieron precisar las razones. Molina Montoya fue asesor del general David Munguía Payés cuando este tenía el cargo de Ministro de la Defensa Nacional, y cuando este se convirtió en ministro de Seguridad Pública, Molina Montoya fue una de las primeras personas de confianza del general Munguía Payés que asumieron un cargo en una de las oficinas del gabinete de Seguridad. El Faro llamó a los teléfonos celulares de Ricardo Perdomo y de Molina Montoya para pedirles detalles sobre la destitución, pero ninguno de los dos contestó las llamadas. En el momento en que Molina Montoya tomó la subdirección del OIE, en noviembre pasado, el director de la institución aún era el excomandante guerrillero Eduardo Linares, quien fue destituido por el presidente Mauricio Funes a finales de diciembre. El coronel, entonces, asumió interinamente la dirección mientras el gobernante nombraba al sustituto de Linares y este le entregó la institución reportándole un inventario de infraestructura, bienes y trabajo realizado en los dos años y siete meses anteriores. En ese momento, Funes hizo a Linares una oferta de trabajo en otra área cuyos detalles hasta ahora son un misterio, pero el exguerrillero rechazó el ofrecimiento. Según los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por WikiLeaks, Funes había manifestado a oficiales de la embajada en El Salvador que desconfiaba de Linares, pues creía que el partido que lo llevó al gobierno, el FMLN, lo espiaba. El presidente también había manifestado que pensaba quitar responsabilidades al OIE para entregársela a los militares.
Semana y media más tarde, el 6 de enero, la presidencia informó que Funes había juramentado al economista Ricardo Perdomo como director del OIE. El nombramiento, según Casa Presidencial, tenía efectos desde el día 5 de enero. Molina Montoya es un coronel retirado de 59 años que ya había trabajado en labores de inteligencia militar y que tenía un equipo de trabajo conformado por otros militares para recoger información que compilaba para asesorar al general Munguía Payés en el Ministerio de la Defensa. Se convirtió en asesor de Munguía Payés en junio de 2009, cuando este asumió el cargo de ministro de la Defensa. Cuando Munguía Payés pasó al Ministerio de Seguridad, el 22 de noviembre, Molina Montoya dejó la carrera militar y asumió la subdirección del OIE. En el muro de directores de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios exhibido en internet, Molina Montoya aparece como director de la escuela de formación castrense entre enero y mayo de 2000. Su foto está al lado de la del director anterior, el entonces coronel David Munguía Payés, quien dirigió esa institución en el período 1996-1997. Una nota publicada por El Faro el 14 de marzo pasado reveló que el gobierno negoció con pandillas la reducción de homicidios. En esa nota, Molina Montoya aparece mencionado como el estratega de las negociaciones, según revelaron diversas fuentes consultadas por este periódico. Sin embargo, el militar aseguro vía telefónica que no tenía nada que ver con esa negociación. El OIE es una entidad nacida de los acuerdos de paz para quitarle al ejército la inteligencia estatal y ponerla bajo responsabilidad directa del presidente de la República. Según el artículo 5 de la ley que rige la institución, el OIE tiene como propósito informar y asesorar al presidente de la República en materia de inteligencia en seguridad del Estado y la vigencia del régimen democrático. A Inicio
Costa Rica. Plan pretende armonizar leyes penales en región
Un proyecto pretende armonizar la legislación penal en Centroamérica para combatir el crimen organizado. Así lo anunciaron ayer lunes el magistrado de la Sala Tercera de Costa Rica Carlos Chinchilla y el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Wálter Espinoza. El plan propone acciones para que todos los países tengan un referente penal similar, y así evitar la impunidad por diferencias de legislación entre naciones. Entre los instrumentos procesales que se pretende armonizar en la región, están la extradición, investigaciones encubiertas, equipos conjuntos de investigación, decomisos, levantamiento del secreto bancario y protección de testigos, dijeron Chinchilla y Espinoza. El proyecto es desarrollado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Javier Álvarez, experto español de la Comjib, señaló que con el plan se espera reducir los tiempos de espera para extraditar ciudadanos a otros países.
Además, apuntó que las persecuciones a delincuentes no tendrían límite en las fronteras marítimas o terrestres con este proyecto. Por último, dijo que si se llegase a armonizar las leyes, las fiscalías de todos los países tendrían acceso libre a las cuentas bancarias de cualquier ciudadano, sin necesidad de una orden judicial. La iniciativa se discutirá hoy aquí con diputados, fiscales y con la Cancillería. Los expertos señalaron como ejemplo el caso de Alejandro Jiménez, alias Palidejo, por el que hay una investigación de varios países sobre crimen organizado.
Magistrados estudian si Funes violó Constitución al nombrar a dos generales en Ministerio de Seguridad y dirección de PNC
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional consideraron que la demanda contra el presidente de la República por el nombramiento de dos generales fue presentada correctamente y que está identificado el precepto constitucional supuestamente violado. Los magistrados admitieron la querella y han dado al presidente Funes 10 días para que presente su defensa. La Sala de lo Constitucionalidad admitió este lunes 26 de marzo una demanda que pide anular el nombramiento de los generales David Munguía Payés como Ministro de Seguridad y Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil, argumentando que según dos artículos de la Constitución esos funcioniarios deben ser civiles, y no militares, aun cuando estén en retiro. Los 31 demandantes que representan a igual número de organizaciones cívicas alegan que el presidente Mauricio Funes burló la Constitución al hacer esos nombramientos. Los demandantes, entre los que figuran dirigentes de organizaciones cívicas de todo signo ideológico, incluidos exguerrilleros, alegan que el nombramiento de ambos generales constituye un “fraude” a la Constitución debido a que Munguía Payés y Salinas siguen siendo militares, ya que la condición de retiro que ambos funcionarios gozan no asegura que estos hayan terminado su carrera militar. Otro argumento de las personas que piden la inconstitucionalidad es que los ex funcionarios del Ministerio de Defensa pasaron a situación de retiro justamente para saltarse un obstáculo constitucional. Al admitir la demanda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha valorado que el reclamo está correctamente presentado y que está claramente identificado el contenido constitucional supuestamente violado. Los demandantes plantean que el artículo 159 de la Constitución en su inciso segundo exige que Seguridad Pública y la Defensa Nacional estén adscritas a ministerios diferentes y que la Policía Nacional Civil tenga independencia de la Fuerza Armada. Además, dicen que el artículo 168 numeral 17 establece que la dirección de la PNC estará cargo de autoridades civiles. En su resolución de admisión, los magistrados resumen: “De acuerdo con lo que exponen los actores, los acuerdos ejecutivos citados infringen: (i) la separación de funciones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública –art. 159 inc. 2° Cn.–, (ii) la independencia de la Policía Nacional Civil con respecto a la Fuerza Armada –art. 159 inc. 2° Cn.–, y (iii) el mandato constitucional consistente en que la dirección de la Policía Nacional Civil esté bajo la dirección de autoridades civiles –art. 168 atrib. 17ª Cn.–.”
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional firmaron la admisión, y ahora deberán hacer juicio para determinar si el presidente violó la Constitución o no. Esto pasará, básicamente, por establecer si los funcionarios son militares y si eso supone la infracción al carácter independiente de la PNC respecto de la Fuerza Armada. Si los magistrados sentencian que los nombramientos violaron la Constitución, Munguía Payés y Salinas deberían dejar sus cargos. Los 31 demandantes acusan al presidente de simular el cumplimiento de los requisitos constitucionales al ocupar una figura legal que no determina claramente si los funcionarios han dejado de ser militares. Dice textualmente la nota de admisión: “Los peticionarios infieren que los generales David Victoriano Munguía Payés y Francisco Ramón Salinas Rivera –Ministro de Justicia y Seguridad Pública y Director General de la Policía Nacional Civil, respectivamente– no han dejado de ser militares, pues no han finalizado su carrera militar, sino que se encuentran en una situación de retiro.” Según el artículo 117 Ley de la Carrera Militar, la situación de retiro es dejar de ejercer la carrera militar; mientras que finalizar la carrera es estar excluidos del escalafón general de la Fuerza Armada por renuncia voluntaria al grado, por condena definitiva ejecutoriada que tenga como pena accesoria la destitución militar o por fallecimiento. Los demandantes alegan que la forma en que una persona deja de ser un militar para pasar a un estado civil se produce a partir de lo establecido en la Ley de la Carrera Militar y que esa condición es distinta a la situación de retiro. Sostienen que debe distinguirse entre “dejar de ejercer la carrera militar” y “finalizar la carrera militar”. La Sala de lo Constitucional deberá determinar la diferencia entre la condición de un militar en situación de retiro y un militar que ha terminado su carrera. Aunque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia admitieron la demanda, en el mundo jurídico esto es haber ganado solo un paso en el trámite, y la Sala denegó una de las peticiones incluidas en la querella, que era la de remover temporalmente a los funcionarios mientras se emite una sentencia definitiva. Esa destitución temporal habría sido la "suspensión del acto reclamado", que suele acompañar a las admisiones de demandas de inconstitucionalidad. Para los demandantes, el desempeño previo del general Munguía Payés como Ministro de la Defensa Nacional es incompatible con la ejecución de atribuciones como Ministro de Justicia y Seguridad Pública, porque existe una combinación de funciones de defensa nacional y seguridad pública. Asimismo, sostienen que el desempeño previo del general Salinas Rivera como Viceministro de Defensa es incompatible con la de Director General de la Policía Nacional Civil, ya que ello supone también una mezcla de funciones de defensa nacional y seguridad pública. El documento de admisión da un plazo de 10 días hábiles al presidente Funes para que se defienda de los argumentos presentados por las personas demandantes, entre las que destacan María Silvia Guillen, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho; Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Ramón Villalta, de Iniciativa Social para Democracia; Dagoberto Gutiérrez, excomandante guerrillero y vicerrector de la Universidad Luterana; Roberto Cañas, exguerrillero y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador, e Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, conocido como Cemujer. La Sala se ha caracterizado por resolver con cuatro votos de cinco posibles viejas demandas que habían estado engavetadas durante administraciones anteriores y que atacaban, entre
otros, puntos neurálgicos del poder de los partidos políticos en favor de los derechos de los individuos. En julio de 2010 la Sala habilitó las candidaturas independientes y declaró inconstitucional el sistema de otorgamiento de escaños legislativos porque en la práctica son las cúpulas partidarias las que nombran a los parlamentarios. Eso permitió que por primera vez el pasado 11 de marzo los salvadoreños pudieran votar directamente por candidatos a diputados, y no solo por bandera, como ocurría antes. Los cuatro magistrados también sentaron precedentes con una sentencia sobre el artículo 191 del Código Penal que establecía cárcel para los delitos de difamación, calumnia e injurias, siempre y cuando estos no fueran cometidos por periodistas, editores, jefes de redacción, dueños de medios de comunicación, editorialistas o columnistas. Los magistrados resolvieron que esa disposición violaba el principio de igualdad. En 2010 también emitieron una sentencia que complicó al Órgano Ejecutivo, porque declararon inconstitucional que el Ministerio de Hacienda pudiera hacer transferencias de recursos financieros entre instituciones del gobierno sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Esa facultad le permitía a la Presidencia de la República multiplicar sus recursos financieros, lo que eliminaba el control legislativo sobre el presupuesto de la nación. En junio del año pasado, la derecha legislativa, a la que luego se unió en discurso el FMLN, aprobó un decreto que amarró durante un tiempo a la Sala de lo Constitucional, al obligarla a resolver inconstitucionalidades solo por unanimidad. Al final, los diputados aceptaron derogar el decreto en medio de un movimiento ciudadano que salió en defensa de cuatro de los cinco magistrados de lo constitucional que tomaron sus cargos en julio de 2009. Sobre la supuesta inconstitucionalidad de los nombramientos de Munguía Payés y Salinas, el presidente Funes ya ha dicho que él no violó la Constitución porque el hecho de que sean militares en retiro no da a las instituciones que estos dirigen carácter militar o dependencia respecto de la Fuerza Armada.
Nicaragua. Ortega sostendrá reunión trinacional con Honduras y El Salvador
El Golfo de Fonseca "es una zona de paz, de desarrollo, de promover bienestar y seguridad humana para las familias de la región de los tres países", declaró Rosario Murillo. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, se prepara para participar en una serie de encuentros, entre ellos, la reunión trinacional con sus homólogos de Honduras y El Salvador, para tratar el tema del Golfo de Fonseca, informó la primera dama, Rosario Murillo. La coordinadora de Comunicación y Ciudadanía declaró que durante el encuentro que sostendrá el mandatario nicaragüense con los otros presidentes, se retomará la iniciativa trinacional del Golfo de Fonseca como “zona de paz, zona de desarrollo, zona para promover bienestar y seguridad humana para las familias de la región, de los tres países de esa comunidad de hermanos centroamericanos”. Asimismo, Murillo expresó que “estamos hablando de gobiernos municipales, de programas y proyectos migratorios (…), de tantas potencialidades que tiene esa región, que de lograr desarrollarla en conjunto los tres países, los tres pueblos y gobiernos hermanos, tendríamos tantas capacidades incrementadas para las familias de la zona y las familias en general de El Salvador, Honduras y Nicaragua”, señaló. Recordó que en el 4 de octubre del 2007, se suscribió una declaración en Managua referida a la declaración del Golfo de Fonseca como zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad. Se está hablando de promover el turismo en el Golfo de Fonseca, “como un proyecto turístico multidestino (...), incluyendo recursos culturales, recursos humanos, el calor humano de nuestros pueblos, estamos hablando del mapa de los recursos socioeconómicos existentes que tenemos que evaluar en conjunto de acuerdo a las potencialidades de cada país, estamos hablando de la inclusión del sector privado en las actividades de las zonas”, concluyó la primera dama nicaragüense. A Inicio
5. Femicidios
Nicaragua. Neutralizar violencia intrafamiliar desde barrios. Plantea Movimiento Comunal.
Ahora existe la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer como un reconocimiento al grave problema de la Violencia Intrafamiliar y Sexual. Luchar contra la violencia intrafamiliar desde los barrios es una de las propuestas del Movimiento Comunal de Nicaragua, MCN, cuyos miembros a nivel nacional se reunieron para abordar el tema del femicidio y la violencia intrafamiliar, y tomar un rol más protagónico en sus comunidades.
“Estamos frente a una epidemia. Hay un ambiente en comunidades de las áreas rurales en las que el femicidio camina como ‘Pedro por su casa’. A eso tenemos que ponerle un alto; debemos tomar conciencia y comenzar desde los barrios. Por eso la importancia de que el Movimiento Comunal asuma con más vigor este compromiso”, comentó Enrique Picado, directivo del MCN. Durante el foro “Femicidio y Violencia de Género”, Picado indicó que tienen más de 1,500 promotores comunitarios capacitados en estos temas, sobre salud en general, derechos de la mujer, derechos de género, así como derechos sexuales y reproductivos. Rol desde seno del barrio “El líder comunitario debe asumir un rol más protagónico a nivel de su barrio o comunidad. Con conversatorios y actividades de sensibilización comunitaria, de trabajo cara a cara, en el entendido de que es una de las mejores formas para prevenir este flagelo en el país, con situaciones muy específicas en lugares como La Dalia, en Matagalpa, o en Managua”, dijo Picado, explicando que esta es un forma de contribuir a una solución que deben compartir con las acciones del gobierno, a través de las instituciones correspondientes que deben asumir su rol, para que leyes como la Integral contra la Violencia, la Ley de la Familia y la de Igualdad de Oportunidades se pongan en práctica. Destacó que su enfoque es en esencia educativa, de transformación de valores y preventiva, que si bien los resultados son a mediano y largo plazo, se debe comenzar ya. Argentina Espinoza, especialista en Salud Pública, dijo que ahora existe la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer como un reconocimiento al grave problema de la Violencia Intrafamiliar y Sexual, pero este es un enorme desafío para poder prevenir y salvar la vida de las mujeres. Destacó que antes de la ley existían normas y protocolos, pero hasta el momento no siempre se cumplen. Problema de derechos humanos “Tenemos una oportunidad con la Ley Integral, que empieza por reconocer que la violencia es un grave problema de derechos humanos y salud pública. Mientras tanto, el MCN es un espacio valioso que se puede utilizar en la parte preventiva y desde la responsabilidad comunitaria, pensando en estrategias de prevención. Este es un gran desafío para todo el país”, alega Espinoza. La especialista menciona que la prevención tiene diferentes niveles, pero también se puede atender a las mujeres que viven en situación de violencia, de manera que se les proteja su vida. Destacó que existen esfuerzos para identificar adónde ir y cómo atender a las víctimas, pero hay cantidad de situaciones que no se denuncian, por lo cual hay mucho trabajo por hacer en las instituciones públicas que no siempre funcionan. Por ejemplo, no en todas las unidades de salud a las víctimas de violación se les da atención oportuna, ya sea por el grado de sensibilidad o por la falta de conocimiento para evitar un problema mayor: no se da anticoncepción de emergencia, ni se aplica la profilaxis post exposición contra el VIH Sida, que es un régimen de medicinas anti retrovirales las cuales se piensa que reducen el riesgo de adquirir la infección.
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