Source: http://cidh.org/annualrep/2008sp/cap3.D.8sp.htm
Timestamp: 2017-12-16 20:40:03+00:00

Document:
602. En el Informe No. 78/02, del 27 de diciembre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado haitiano había violado: a) el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en perjuicio del señor Guy Malary; b) los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares del señor Guy Malary; y c) que dichas violaciones involucraban el incumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1(1) del mismo instrumento internacional, en perjuicio del señor Guy Malary y de sus familiares.
603. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
604. A pesar de repetidas solicitudes de información a ambas partes, la más reciente el 4 de noviembre de 2008, ninguna de las partes ha proporcionado a la Comisión información actualizada sobre el cumplimiento de sus recomendaciones, contenidas en el Informe No. 78/02.
605. Conforme a la información disponible, la Comisión considera que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.
606. En el Informe No. 49/01, fechado el 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.826 (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1), conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, por sentenciar a estas víctimas a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.826 (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por el artículo 4(6) de la Convención, por no otorgarles un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 7(5) y 7(6) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no llevar sin demora a las víctimas ante un juez después de su arresto, y por no garantizarles un recurso sin demora ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención, d) La violación de los derechos de las víctimas en los Casos 11.846 (Milton Montique) y 11.847) (Dalton Daley), protegidos por los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1), en razón de la demora en someterlas a juicio, e) la violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.826 (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, conjuntamente con violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de sus condiciones de detención, f) La violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.846 (Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 8(2)(d) y 8(2)(c) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por negarles el acceso a un abogado durante períodos prolongados después de su arresto, y g) La violación de los derechos de las víctimas en los Casos Nos. 11.826 (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846) Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley), protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no poner a su disposición asistencia letrada para una acción constitucional.
607. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
608. Mediante nota fechada el 22 de enero de 2007, el Estado informó a la Comisión que en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt & Morgan c. el Fiscal General de Jamaica [1993], en todo Caso en que el período comprendido entre una sentencia de muerte y la fecha de ejecución pase de cinco años, se presumirá que esa pena constituye un castigo inhumano y degradante, incompatible, por consiguiente, con el derecho jamaicano. En consecuencia, como cuestión de rutina, a los condenados del pabellón de la muerte se les conmutará automáticamente la pena de muerte por prisión perpetua si la pena no se ha cumplido dentro de un plazo de cinco años después de dictada. Además el Estado expresó que consideraba la primera recomendación como “vaga e incoherente”, porque la Comisión no había señalado la finalidad de la compensación ni los principios básicos en que el paquete compensatorio debía basarse. Según el Estado, si el argumento de la Comisión es que la compensación se debe porque el Estado no ha brindado un recurso efectivo en Casos de imposición de la pena de muerte, ese argumento es infundado, porque como resultado de la decisión adoptada en el Caso Lambert Watson c. R [2004], la pena de muerte preceptiva se declaró inconstitucional y se dispuso que se revisara la ley. Por lo tanto, el Estado se limitaría a contemplar la compensación para aquellas personas a las que se ha impuesto una pena de muerte preceptiva tras el fallo recaído en Lambert Watson; hacer lo contrario implicaría aplicar la ley retroactivamente.
609. Con respecto a la segunda recomendación, el Estado informó que había adoptado medidas legislativas que garantizarán que no se imponga la pena de muerte preceptiva mediante la introducción de enmiendas a la Ley de delitos contra las personas, de 1992, la Ley de libertad condicional, de 1978, la Ley [de reforma] de la justicia penal, de 1978, y la Ley de tribunales para las armas de fuego, de 1974, conforme a la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2005 y la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2006. Específicamente, el Estado señaló que la legislación actual en la práctica descartó la clasificación del homicidio en dos categorías: homicidio capital, que daba lugar a una pena automática y obligatoria, y homicidio no capital y, por lo tanto, la pena de muerte es ahora optativa para todos los Casos en que anteriormente se aplicaba en forma preceptiva. A ese respecto, el Estado señaló que el tribunal tiene la obligación, antes de dictar sentencia, de escuchar exposiciones y declaraciones y recibir pruebas de la fiscalía y la defensa en relación con la cuestión de la pena que debe imponerse. Además el Estado de Jamaica informó que en todos los Casos en que se impone una pena de prisión perpetua el tribunal tiene la obligación de especificar el período de reclusión que debe cumplirse antes de que el transgresor pueda ser puesto en libertad bajo palabra. Análogamente, el Estado señaló que se han adoptado disposiciones que prevén la revisión de todas las sentencias de muerte preceptivas anteriormente impuestas en virtud de la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 1992, por lo cual se han revocado sentencias y se ha adoptado, o va a adoptarse, una decisión judicial sobre la pena que corresponde imponer a cada convicto.
610. Con respecto a la tercera recomendación de la Comisión, el Estado informó que, conforme al artículo 90 de la Constitución jamaicana, el Gobernador General tiene la potestad de otorgar el indulto a toda persona condenada por cualquier delito, concederle la suspensión, por tiempo indefinido o durante determinado período, de la ejecución de la pena que se le haya impuesto o sustituir la pena impuesta a una persona por una modalidad menos grave de castigo. El Gobernador General actúa a este respecto por recomendación del Consejo Privado de Jamaica conforme al artículo 91 de la Constitución. El Estado señaló que la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en el Caso Neville Lewis c. el Fiscal General de Jamaica [2000], con respecto a los procedimientos justos y adecuados para el otorgamiento de la gracia, ha pasado a formar parte de la legislación jamaicana, y se notifican a las personas las audiencias y la oportunidad de presentar escritos en su defensa. El Estado señaló también que en virtud de la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2005 ya no existe un sistema de pena de muerte preceptiva en Jamaica, y que la consideración judicial de los escritos, manifestaciones y prueba, así como la pertinencia de la sentencia que ha de dictarse son trámites preceptivos en todas las circunstancias en que puede imponerse la pena de muerte. Además el Estado señaló que en Jamaica las personas condenadas a muerte siempre han gozado del derecho de apelar la sentencia, lo que se pone de manifiesto en los varios expedientes de condenados del pabellón de la muerte que han sido elevados a la Corte de Apelaciones y al Comité Judicial del Consejo Privado. La apelación de una sentencia de muerte puede dar lugar, y ha dado lugar a la confirmación o a la revocación de la sentencia y a la sustitución de la misma por una sentencia más apropiada. Según el Estado este sistema garantiza eficazmente a las personas condenadas a muerte el derecho a promover la revisión de su sentencia, que puede dar lugar a la conmutación de su pena.
611. Con respecto a la cuarta recomendación de la Comisión, el Estado señaló que Leroy Lamey, Kevin Mykoo, Milton Montique y Dalton Daley son reclusos que han sido beneficiados por la sentencia de Lambert Watson c. Jamaica [2004]. El Estado señaló que como consecuencia de la sentencia dictada en Lambert Watson, todas las personas que estaban en el “pabellón de la muerte” fueron sacadas de allí y alojadas junto con la población general de la prisión hasta que se conozcan los resultados de las audiencias en cuanto a la cuestión de si corresponde que se les imponga la pena de muerte que antes se imponía preceptivamente. El Estado señaló asimismo que en general las condiciones de detención cumplen las normas de tratamiento humano, y que la Unidad de Inspección de los Servicios Correccionales Jamaicanos sigue fiscalizando la conformidad de esas condiciones con los criterios preceptivos de orden, limpieza y suficiencia de espacio, lecho, ventilación e iluminación en todas las instalaciones correccionales y, cuando es necesario, la Unidad formula recomendaciones de mejoras sistemáticas.
612. Finalmente, con respecto a la quinta recomendación, el Estado señaló que mantiene la opinión de que los mecanismos de protección judicial y los procedimientos de audiencia justa están garantizados efectivamente conforme a la legislación de Jamaica. En cuanto al suministro de asistencia jurídica a las personas que desean plantear mociones constitucionales, el Estado expresó que no se opone a considerar ese curso de acción, pero sostiene, sin embargo, que el artículo 8 de la Convención no lo requiere.
613. La Comisión señala que, en sus Informes Anuales de 2004, 2005 y 2006, concluyó que se había dado cumplimiento parcial a la primera, segunda y tercera recomendaciones. La Comisión observa que la última información recibida de las partes en relación a su solicitud de información sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH fue la del 22 de enero de 2007, y que desde entonces no ha recibido más información actualizada. Basándose en la información más reciente presentada por el Estado, la Comisión considera ahora que se ha dado cumplimiento a la segunda recomendación con la adopción de medidas legislativas que garantizan que ninguna persona sea condenada a muerte en virtud de una ley que imponga esa pena como preceptiva. Con respecto a las restantes recomendaciones, en cambio, la más reciente comunicación presentada por el Estado de Jamaica reitera, en su mayor parte, la información proporcionada en su respuesta anterior, ya considerada por la Comisión en su Informe Anual 2004.
614. El 19 de junio de 2008, los peticionarios, en representación de Kevin Mykoo, enviaron una carta en la que informaban que su cliente había indicado que el ambiente en su nueva prisión, South Camp, era mucho mejor que en la prisión anterior. Sin embargo, el Sr. Mykoo planteó las siguientes cuestiones relacionadas con la recomendación sobre las condiciones de detención: goteras en el techo de su celda, una infestación de hormigas rojas en su celda y la falta de acceso a un dentista desde 2005.
615. La CIDH solicitó información actualizada a ambas partes el 4 de noviembre de 2008, pero no ha recibido respuesta de ninguna de ellas.
616. La Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas.
617. En el Informe No. 50/01, del 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por no respetar la integridad física, mental y moral de Damion Thomas y, en todas las circunstancias, someter a Damion Thomas a un castigo o tratamiento cruel o inhumano, contrario al artículo 5(1) y 5(2) de la Convención, todo ello, en conjunción con la violación de las obligaciones que impone al Estado el artículo 1(1) de la Convención.
618. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
619. En una carta fechada el 21 de diciembre de 2006, los representantes del Sr. Damion Thomas señalaron que basándose en la información de que disponen y según su más fundado conocimiento, el Estado de Jamaica no ha adoptado medida alguna para cumplir las cuatro recomendaciones contenidas en el Informe No. 50/01. Por nota fechada el 22 de enero de 2007, el Estado señaló que consideraba la primera recomendación como “vaga e incoherente”, porque la Comisión no había señalado la finalidad de la compensación ni los principios básicos en que el paquete compensatorio debía basarse. En cuanto a la segunda recomendación, el Estado señaló que había adoptado la iniciativa de llamar la atención de la Defensoría Pública, la que conforme a la legislación jamaicana es la encargada de recibir e investigar denuncias de reclusos, sobre la situación referente al Sr. Damion Thomas. Con respecto a la tercera recomendación de la Comisión, el Estado indicó que la Unidad de Inspección del Departamento de Servicios Correccionales lleva a cabo periódicamente ejercicios de capacitación tendientes a la sensibilización de los oficiales correccionales sobre las normas de tratamiento humano estipuladas por las Naciones Unidas, tratados internacionales y la legislación jamaicana. Con respecto a la cuarta recomendación, el Estado informó que examinar periódicamente diversos mecanismos internos y externos de denuncias formuladas por los presos sigue siendo un objetivo de los servicios correccionales jamaicanos. Son ejemplos las investigaciones internas de las denuncias, a cargo del Superintendente de Servicios Correccionales y de la Unidad de Inspección de dichos servicios.
620. El 4 de noviembre de 2008, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado no respondió, pero los peticionarios enviaron una carta fechada el 17 de noviembre de 2008. En esta comunicación, los peticionarios indicaron que su posición era la siguiente:
621. Conforme a la información disponible, la Comisión considera que se ha dado un cumplimiento parcial a las recomendaciones.
622. En el Informe No. 127/01, del 3 de diciembre de 2001, la Comisión concluyó: a) que el Estado era responsable de la violación de los derechos del Sr. Thomas consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarlo a una pena de muerte obligatoria; b) que el Estado era responsable de la violación de los derechos del Sr. Thomas consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por no otorgarle un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Thomas consagrados en los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de sus condiciones de detención; y d) que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Thomas consagrados en los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por la manera en que el juez instruyó al jurado durante su juicio.
623. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
624. Por comunicación fechada el 22 de enero de 2007, el Estado expresó sus reservas con respecto a la recomendación de que se conceda al Sr. Joseph Thomas un recurso efectivo que incluya un nuevo juicio o, alternativamente, su liberación y que se le indemnice. A este respecto al Estado señaló que tras el primer juicio del Sr. Joseph Thomas, que dio lugar a su condena, el Caso se planteó ante la Corte de Apelaciones de Jamaica y también ante el Comité de Gracia del Consejo Privado jamaicano. Según el Estado, en ambas audiencias de apelación el Sr. Thomas objetó la conducta del juez en el resumen, así como el hecho de que no se realizó una ronda de presos con fines de identificación y que la posición del Sr. Joseph Thomas fue derrotada en ambas ocasiones. Dada esa situación, el Estado señaló que no podía conceder recursos adicionales al Sr. Joseph Thomas por la vía judicial, ni otorgarle una compensación sin orden judicial.
625. Con respecto a la segunda recomendación, arriba transcrita, el Estado de Jamaica señaló que había adoptado medidas legislativas que garantizarán que no se imponga la pena de muerte preceptiva a través de enmiendas a la Ley de delitos contra las personas, de 1992, la Ley de libertad condicional, de 1978, la Ley [de reforma] de la justicia penal, de 1978, y la Ley de tribunales para las armas de fuego, de 1974, conforme a la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2005 y la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2006. Específicamente, el Estado informó a la Comisión que la legislación preexistente clasificaba todos los Casos de homicidio en dos categorías: homicidio capital, que daba lugar a una pena automática y obligatoria, y homicidio no capital. La legislación actual descarta efectivamente esa clasificación del homicidio en dos planos y, por lo tanto, la sentencia de muerte es ahora optativa para todos los Casos en que anteriormente se aplicaba la pena de muerte en forma preceptiva. A ese respecto, el Estado señaló que el tribunal tiene la obligación, antes de dictar sentencia, de escuchar exposiciones y declaraciones y recibir pruebas de la fiscalía y la defensa en relación con la sentencia que debe imponerse. Además el Estado de Jamaica informó que en todos los Casos en que se impone una pena de prisión perpetua el tribunal tiene la obligación de especificar el período de reclusión que debe cumplirse antes de que el transgresor pueda ser puesto en libertad bajo palabra. Análogamente, el Estado señaló que se han adoptado disposiciones que prevén la revisión de todas las sentencias de muerte preceptivas anteriormente impuestas en virtud de la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 1992, por lo cual se han revocado sentencias y se ha adoptado, o va a adoptarse, una decisión judicial sobre la pena que corresponde imponer a cada convicto.
626. Con respecto a la tercera recomendación de la Comisión, el Estado informó que conforme al artículo 90 de la Constitución jamaicana, el Gobernador General tiene la potestad de otorgar el indulto a toda persona condenada por cualquier delito, concederle la suspensión de la pena por tiempo indefinido o durante determinado período para la ejecución de cualquier castigo impuesto a esa persona o sustituir la pena impuesta a una persona por una modalidad menos grave de castigo. El Gobernador General actúa a este respecto por recomendación del Consejo Privado de Jamaica conforme al artículo 91 de la Constitución. El Estado señaló que la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en el Caso Neville Lewis c. el Fiscal General de Jamaica [2000], con respecto a los procedimientos justos y adecuados para el otorgamiento de la gracia ha pasado a formar parte de la legislación jamaicana, y se notifican a las personas las audiencias y la oportunidad de presentar escritos en su defensa. Según el Estado este sistema garantiza eficazmente a las personas condenadas a muerte el derecho a promover la revisión de su sentencia, que puede dar lugar a la conmutación de su pena.
627. Con respecto a la cuarta recomendación, el Estado señaló que el Sr. Joseph Thomas es uno de los reclusos beneficiados por la sentencia de Lambert Watson c. Jamaica [2004]. El Estado señaló que como consecuencia de la sentencia dictada en Lambert Watson, todas las personas que estaban en el “pabellón de la muerte” fueron sacadas de allí y alojadas junto con la población general de la prisión hasta que se conozcan los resultados de las audiencias en cuanto a la cuestión de si corresponde que se les imponga la pena de muerte que antes se imponía preceptivamente. El Estado señaló asimismo que en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt & Morgan c. el Fiscal General de Jamaica [1993], en todo Caso en que el período comprendido entre una sentencia de muerte y la fecha de ejecución pase de cinco años, se presumirá que esa pena constituye un castigo inhumano y degradante, y por consiguiente que es incompatible con el derecho jamaicano. En consecuencia, como cuestión de rutina, a los condenados del pabellón de la muerte se les conmutará automáticamente su sentencia de muerte por prisión perpetua si la sentencia no se ha cumplido dentro de un plazo de cinco años después de dictada. Finalmente el Estado señaló que en general las condiciones de detención cumplen las normas de tratamiento humano, y que la Unidad de Inspección de los Servicios Correccionales Jamaicanos sigue fiscalizando la conformidad de esas condiciones con los criterios preceptivos de orden, limpieza y suficiencia de espacio, lecho, ventilación e iluminación en todas las instalaciones correccionales y, cuando es necesario, la Unidad formula recomendaciones de mejoras sistemáticas.
628. En sus Informes Anuales de 2004, 2006 y 2007, la Comisión declaró que se habían cumplido parcialmente la segunda y la tercera de las recomendaciones contenidas en su Informe
No. 127/01. La Comisión indica que la última respuesta recibida de las partes en relación a una solicitud de observaciones sobre el cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH fue el 22 de enero de 2007 y que, desde entonces, no ha recibido más información actualizada. Basándose en la información más reciente presentada por el Estado, la Comisión considera ahora que se ha cumplido su segunda recomendación con la adopción de medidas legislativas que garantizan que ninguna persona sea condenada a muerte en virtud de una ley que imponga esa pena como preceptiva. Con respecto a las restantes recomendaciones, en cambio, la Comisión señala que la más reciente comunicación presentada por el Estado de Jamaica reitera, en su mayor parte, la información proporcionada en su respuesta anterior, considerada por la Comisión en su Informe Anual 2004.
629. La Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas.
630. En el Informe No. 58/02, del 21 de octubre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención con respecto al Sr. Aitken, junto con violaciones de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarle a una pena de muerte obligatoria; b) la violación del artículo 4(6) de la Convención con respecto al Sr. Aitken, junto con violaciones de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por no otorgarles un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención con respecto al Sr. Aitken, junto con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en razón de sus condiciones de detención; y d) la violación de los artículos 8(1) y 25 de la Convención con respecto al Sr. Aitken, junto con violaciones del artículo 1(1) de la misma, por negarle al Sr. Aitken acceso a un recurso de inconstitucionalidad para la determinación de sus derechos de conformidad con la legislación interna y la Convención en conexión con el proceso penal en su contra.
631. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
632. Por nota fechada el 22 de enero de 2007, el Estado de Jamaica señaló que en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt & Morgan c. el Fiscal General de Jamaica [1993], en todo Caso en que el período comprendido entre una sentencia de muerte y la fecha de ejecución pase de cinco años, se presumirá que esa pena constituye un castigo inhumano y degradante, y por consiguiente que es incompatible con el derecho jamaicano. En consecuencia, como cuestión de rutina, a los condenados del pabellón de la muerte se les conmutará automáticamente su sentencia de muerte por prisión perpetua si la misma no se ha cumplido dentro de un plazo de cinco años después de dictada. Además el Estado expresó que consideraba la primera recomendación, según la cual debía otorgarse una compensación a Denton Aitken, como “vaga e incoherente”, porque la Comisión no había señalado la finalidad de la compensación ni los principios básicos en que el paquete compensatorio debía basarse. Según el Estado, si el argumento de la Comisión es que la compensación se debe porque el Estado no ha brindado un recurso efectivo en Casos de imposición de la pena de muerte, ese argumento se funda en una falsa premisa, porque como resultado de la decisión adoptada en el Caso Lambert Watson c. Jamaica [2004], la pena de muerte preceptiva se declaró inconstitucional en Jamaica, y se dispuso que se revisara la ley. Por lo tanto, el Estado se limitaría a contemplar la compensación para aquellas personas a las que se ha impuesto una pena de muerte preceptiva tras el fallo recaído en Lambert Watson; hacer lo contrario implicaría aplicar la ley retroactivamente.
633. Con respecto a la segunda recomendación, arriba transcrita, el Estado señaló que había adoptado medidas legislativas que garantizarán que no se imponga la pena de muerte preceptiva mediante la introducción de enmiendas a la Ley de delitos contra las personas, de 1992, la Ley de libertad condicional, de 1978, la Ley [de reforma] de la justicia penal, de 1978, y la Ley de tribunales para las armas de fuego, de 1974, conforme a la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2005 y la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2006. Específicamente, el Estado informó a la Comisión que la legislación preexistente clasificaba todos los Casos de homicidio en dos categorías: homicidio capital, que daba lugar a una pena automática y obligatoria, y homicidio no capital. La legislación actual descarta efectivamente esa clasificación del homicidio en dos planos y, por lo tanto, la sentencia de muerte es ahora optativa para todos los Casos en que anteriormente se aplicaba la pena de muerte preceptiva. A ese respecto, el Estado señaló que el tribunal tiene la obligación, antes de dictar sentencia, de escuchar exposiciones y declaraciones y recibir pruebas de la fiscalía y la defensa en relación con la cuestión de la sentencia que debe imponerse. Además el Estado informó que en todos los Casos en que se impone una pena de prisión perpetua el tribunal tiene la obligación de especificar el período de reclusión que debe cumplirse antes de que el transgresor pueda ser puesto en libertad bajo palabra. Análogamente, el Estado señaló que se han adoptado disposiciones que prevén la revisión de todas las sentencias de muerte preceptivas anteriormente impuestas en virtud de la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 1992, por lo cual se han revocado sentencias y se ha adoptado, o va a adoptarse, una decisión judicial sobre la pena que corresponde imponer a cada convicto.
634. Con respecto a la tercera recomendación de la Comisión, el Estado informó que conforme a una recomendación del Consejo Privado Jamaicano, según lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución, el Gobernador General, conforme al artículo 90 de la Constitución jamaicana, tiene la potestad de otorgar el indulto a toda persona condenada por cualquier delito, concederle la suspensión, por tiempo indefinido o durante determinado período, de la ejecución de la pena que se le haya impuesto o sustituir la pena impuesta a una persona por una modalidad menos grave de castigo. El Estado señaló que la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en el Caso Neville Lewis c. el Fiscal General de Jamaica (2000), con respecto a los procedimientos justos y adecuados para el otorgamiento de la gracia ha pasado a formar parte de la legislación jamaicana, y se notifican a las personas las audiencias y la oportunidad de presentar escritos en su defensa. Según el Estado este sistema garantiza eficazmente a las personas condenadas a muerte el derecho a promover la revisión de su sentencia, que puede dar lugar a la conmutación de su pena.
635. Con respecto a la cuarta recomendación de la Comisión, el Estado señaló que como consecuencia de la sentencia dictada en Lambert Watson, todas las personas que estaban en el “pabellón de la muerte” fueron sacadas de allí y alojadas junto con la población general de la prisión hasta que se conozcan los resultados de las audiencias en cuanto a la cuestión de si corresponde que se les imponga la pena de muerte que antes se imponía preceptivamente. El Estado señaló también que en general las condiciones de detención cumplen las normas de tratamiento humano, y que la Unidad de Inspección de los Servicios Correccionales Jamaicanos sigue fiscalizando la conformidad de esas condiciones con los criterios preceptivos de orden, limpieza y suficiencia de espacio, lecho, ventilación e iluminación en todas las instalaciones correccionales y, cuando es necesario, la Unidad formula recomendaciones de mejoras sistemáticas.
636. Con respecto a la quinta recomendación, el Estado señaló que mantiene la opinión de que los mecanismos de protección judicial y los procedimientos de audiencia justa están garantizados efectivamente conforme a la legislación de Jamaica. En cuanto al suministro de asistencia jurídica a las personas que desean plantear mociones constitucionales, el Estado expresó que no se opone a considerar ese curso de acción, pero sostiene, sin embargo, que el artículo 8 de la Convención no lo requiere.
637. En sus Informes Anuales de 2004, 2005 y 2007, la Comisión declaró que se habían cumplido parcialmente las tres primeras recomendaciones contenidas en su Informe No. 58/02. La Comisión indica que la última respuesta recibida de las partes en relación a una solicitud de observaciones sobre el cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH fue el 22 de enero de 2007 y que, desde entonces, no ha recibido más información actualizada. Basándose en la información más reciente presentada por el Estado, la Comisión considera ahora que se ha cumplido su segunda recomendación con la adopción de medidas legislativas que garantizan que ninguna persona sea condenada a muerte en virtud de una ley que imponga esa pena como preceptiva. Con respecto a las restantes recomendaciones, en cambio, la Comisión señala que la más reciente comunicación presentada por el Estado de Jamaica reitera, en su mayor parte, la información proporcionada en su respuesta anterior, considerada por la Comisión en su Informe Anual 2004.
638. La Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas.
639. En el Informe No. 76/02, del 27 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por: a) la violación de los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención respecto del Sr. Sewell, en conjunción con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarlo a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención respecto del Sr. Sewell, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de su tratamiento y sus condiciones de detención; c) la violación de los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de la demora en el juicio del Sr. Sewell; y d) la violación de los artículos 8(1) y 25 de la Convención respecto del Sr. Sewell, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de la negativa al Sr. Sewell del recurso a una acción constitucional para determinar sus derechos al amparo de la legislación nacional y de la Convención en relación con el proceso penal instruido contra él.
640. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
641. Por nota fechada el 22 de enero de 2007, el Estado informó a la Comisión que en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt & Morgan c. el Fiscal General de Jamaica [1993], en todo Caso en que el período comprendido entre una sentencia de muerte y la fecha de ejecución pase de cinco años, se presumirá que esa pena constituye un castigo inhumano y degradante, y por consiguiente que es incompatible con el derecho jamaicano. En consecuencia, como cuestión de rutina, a los condenados del pabellón de la muerte se les conmutará automáticamente su sentencia de muerte por prisión perpetua si la sentencia no se ha cumplido dentro de un plazo de cinco años después de dictada. Además el Estado expresó que consideraba la primera recomendación, según la cual debía otorgarse una compensación al Sr. Sewell, era “vaga e incoherente”, porque la Comisión no había señalado la finalidad de la compensación ni los principios básicos en que el paquete compensatorio debía basarse. Según el Estado, si el argumento de la Comisión es que la compensación se debe porque el Estado no ha brindado un recurso efectivo en Casos de imposición de la pena de muerte, ese argumento se funda en una falsa premisa, porque como resultado de la decisión adoptada en el Caso Lambert Watson c. Jamaica [2005] 1 A.C. 472, la pena de muerte preceptiva se declaró inconstitucional en Jamaica, y se dispuso que se revisara la ley. Por lo tanto, el Estado se limitaría a contemplar la compensación para aquellas personas a las que se ha impuesto una pena de muerte preceptiva tras el fallo recaído en Lambert Watson; hacer lo contrario implicaría aplicar la ley retroactivamente.
642. Con respecto a la segunda recomendación, arriba transcrita, el Estado de Jamaica señaló que había adoptado medidas legislativas que garantizarán que no se imponga la pena de muerte preceptiva mediante la introducción de enmiendas a la Ley de delitos contra las personas, de 1992, la Ley de libertad condicional, de 1978, la Ley [de reforma] de la justicia penal, de 1978, y la Ley de tribunales para las armas de fuego, de 1974, conforme a la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2005 y la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 2006. Específicamente, el Estado informó a la Comisión que la legislación preexistente clasificaba todos los Casos de homicidio en dos categorías: homicidio capital, que daba lugar a una pena automática y obligatoria, y homicidio no capital. La legislación actual descarta efectivamente esa clasificación del homicidio en dos planos y, por lo tanto, la sentencia de muerte es ahora optativa para todos los Casos en que anteriormente se aplicaba la pena de muerte preceptiva. A ese respecto, el Estado señaló que el tribunal tiene la obligación, antes de dictar sentencia, de escuchar exposiciones y declaraciones y recibir pruebas de la fiscalía y la defensa en relación con la cuestión de la sentencia que debe imponerse. Además el Estado de Jamaica informó que en todos los Casos en que se impone una pena de prisión perpetua el tribunal tiene la obligación de especificar el período de reclusión que debe cumplirse antes de que el transgresor pueda ser puesto en libertad bajo palabra. Análogamente, el Estado señaló que se han adoptado disposiciones que prevén la revisión de todas las sentencias de muerte preceptivas anteriormente impuestas en virtud de la Ley (de enmienda) de los delitos contra las personas de 1992, por lo cual se han revocado sentencias y se ha adoptado, o va a adoptarse, una decisión judicial sobre la pena que corresponde imponer a cada convicto.
643. Con respecto a la tercera recomendación de la Comisión, el Estado señaló que el Sr. Sewell es uno de los reclusos beneficiado con la sentencia del Caso Lambert Watson c. Jamaica [2005] 1 A.C. 472. El Estado señaló que como consecuencia de la sentencia dictada en Lambert Watson, todas las personas que estaban en el “pabellón de la muerte” fueron sacadas de allí y alojadas junto con la población general de la prisión hasta que se conozcan los resultados de las audiencias en cuanto a la cuestión de si corresponde que se les imponga la pena de muerte que antes se imponía preceptivamente. El Estado señaló asimismo que en virtud de la sentencia dictada por el Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt & Morgan c. el Fiscal General de Jamaica [1993], en todo Caso en que el período comprendido entre una sentencia de muerte y la fecha de ejecución pase de cinco años, se presumirá que esa pena constituye un castigo inhumano y degradante, y por consiguiente que es incompatible con el derecho jamaicano. En consecuencia, como cuestión de rutina, a los condenados del pabellón de la muerte se les conmutará automáticamente su sentencia de muerte por prisión perpetua si la sentencia no se ha cumplido dentro de un plazo de cinco años después de dictada. Finalmente el Estado señaló que en general las condiciones de detención cumplen las normas de tratamiento humano, y que la Unidad de Inspección de los Servicios Correccionales Jamaicanos sigue fiscalizando la conformidad de esas condiciones con los criterios preceptivos de orden, limpieza y suficiencia de espacio, lecho, ventilación e iluminación en todas las instalaciones correccionales y, cuando es necesario, la Unidad formula recomendaciones de mejoras sistemáticas.
644. Finalmente, con respecto a la cuarta recomendación, el Estado señaló que mantiene la opinión de que los mecanismos de protección judicial y los procedimientos de audiencia justa están garantizados efectivamente conforme a la legislación de Jamaica. En cuanto al suministro de asistencia jurídica a las personas que desean plantear mociones constitucionales, el Estado expresó que no se opone a considerar ese curso de acción, pero sostiene, sin embargo, que el artículo 8 de la Convención no lo requiere.
645. En sus Informes Anuales de 2004, 2005 y 2007, la Comisión declaró que se habían cumplido parcialmente la primera y la segunda de las recomendaciones de la Comisión contenidas en el Informe N° 76/02. La Comisión indica que la última respuesta recibida de las partes en relación a una solicitud de observaciones sobre el cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH fue el 22 de enero de 2007 y que, desde entonces, no ha recibido más información actualizada. Basándose en la información más reciente presentada por el Estado, la Comisión considera ahora que se ha cumplido su segunda recomendación con la adopción de medidas legislativas que garantizan que ninguna persona sea condenada a muerte en virtud de una ley que imponga esa pena como preceptiva. Con respecto a las restantes recomendaciones, en cambio, la Comisión señala que la más reciente comunicación presentada por el Estado de Jamaica no proporciona nueva información sobre su cumplimiento, sino que reitera la información proporcionada en su respuesta anterior, considerada por la Comisión en su Informe Anual de 2004.
646. La Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas.
647. En el Informe No. 41/04, del 12 de octubre de 2004, la Comisión concluyó que el Estado era responsable: a) de la violación de los derechos del Sr. Myrie conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de las condiciones detención; b) de la violación de los derechos del Sr. Myrie conforme a los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, porque el juez de instrucción no dispuso lo necesario para que el jurado no estuviera presente en la audiencia de voir dire referente a la declaración del Sr. Myrie, ni postergó el juicio mientras el abogado del Sr. Myrie estaba ausente, con lo cual denegó al Sr. Myrie de las plenas garantías del debido proceso durante su juicio; c) de la violación de los derechos del Sr. Myrie conforme a los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de que el patrocinio legal con que contó el Sr. Myrie durante su juicio fue inadecuado; y d) el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Myrie conforme a los artículos 25 y 8 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de su omisión de brindarle acceso efectivo a una acción constitucional para la protección de sus derechos fundamentales.
648. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
649. Por nota fechada el 22 de enero de 2007, el Estado expresó sus reservas con respecto a la recomendación de que se conceda al Sr. Myrie un recurso efectivo que incluya un nuevo juicio o, alternativamente, su liberación, y que se le indemnice. A este respecto al Estado señaló que tras el primer juicio del Sr. Marie, que dio lugar a su condena, el Caso se planteó ante la Corte de Apelaciones de Jamaica, en que el Sr. Myrie logró que su sentencia de muerte fuera conmutada por prisión perpetua. Dada esa situación, el Estado señaló que no podía conceder recursos adicionales al Sr. Myrie por la vía judicial, ni otorgarle una compensación sin orden judicial. Además, según el Estado, la recomendación relativa a una compensación era “vaga e incoherente”, porque la Comisión no había señalado la finalidad de la compensación ni los principios básicos en que el paquete compensatorio debía basarse. Con respecto a la segunda recomendación de la Comisión, arriba transcrita, el Estado señaló asimismo que en general las condiciones de detención cumplen las normas de tratamiento humano, y que la Unidad de Inspección de los Servicios Correccionales Jamaicanos sigue fiscalizando la conformidad de esas condiciones con los criterios preceptivos de orden, limpieza y suficiencia de espacio, lecho, ventilación e iluminación en todas las instalaciones correccionales y, cuando es necesario, la Unidad formula recomendaciones de mejoras sistemáticas. Con respecto a la tercera recomendación, el Estado señaló que mantiene la opinión de que los mecanismos de protección judicial y los procedimientos de audiencia justa están garantizados efectivamente conforme a la legislación de Jamaica. En cuanto al suministro de asistencia jurídica a las personas que desean plantear mociones constitucionales, el Estado expresó que no se opone a considerar ese curso de acción, pero sostiene, sin embargo, que el artículo 8 de la Convención no lo requiere. La Comisión señala que la última información recibida de las partes en relación a una solicitud de información sobre el cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH fue el 22 de enero de 2007 y que, desde entonces, no ha recibido más información actualizada.
650. Por ello, la Comisión concluye que las recomendaciones contenidas en el Informe
No. 41/04 siguen pendientes de cumplimiento.
651. En el Informe No. 92/05, emitido el 24 de octubre de 2005, la Comisión concluyó que el Estado, era responsable: a) de la violación del derecho a la vida del Sr. Gayle previsto en el artículo 4 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la Convención, por el hecho de que miembros de las fuerzas de seguridad jamaicanas le dieron muerte en forma ilegal; b) de la violación del derecho del Sr. Gayle a no ser sometido a torturas u otro trato inhumano conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, debido a la agresión contra él perpetrada por agentes del Estado, y a sus secuelas, que determinaron su fallecimiento; c) de la violación del derecho del Sr. Gayle a la libertad personal previsto en el artículo 7 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la Convención, debido a su detención y arresto ilegales por falsas imputaciones; y d) de la violación de los derechos del Sr. Gayle a un juicio justo y a la protección judicial previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de ese instrumento, por omisión de iniciar una investigación inmediata, efectiva e independiente de las violaciones de derechos humanos cometidas contra el Sr. Gayle y procesar y castigar a los responsables.
652. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
653. En comunicación fechada el 29 de diciembre de 2006, el Estado señaló que ya se había pagado una indemnización a la madre y parienta más próxima de Michael Gayle, Jenny Cameron, y que no aceptaba la recomendación de la Comisión de que se “volviera a considerar entre las partes” la cuestión de la compensación. El Estado especificó que la cuestión se resolvió a través de negociaciones a distancia, que la suma ofrecida estaba en consonancia con los precedentes y normas jamaicanos, y que fue aceptada por la Sra. Cameron, quien tuvo la oportunidad de impugnarla. Además, el Estado informó a la Comisión que se habían pedido disculpas públicas a través del Procurador General y Ministro de Justicia, cuyo texto se publicó en su totalidad en el Sunday Herald, 14-20 de marzo de 2004, bajo el título “El Caso de Michael Gayle”, hecho que se comentó con citas sustanciales en el Daily Gleaner, fechado el 11 de marzo de 2004, bajo el título “El Gobierno ‘lamenta’ la muerte de Michael Gayle”. Tampoco en este Caso el Estado está de acuerdo con la recomendación de la Comisión de que la cuestión se “volviera a considerar entre las partes”. Con respecto a la recomendación Nº 2, arriba transcrita, el Estado informó a la CIDH que en el Caso de Michael Gayle se realizaron investigaciones minuciosas e imparciales. Además el Estado señaló que la capacitación de los miembros de la fuerzas de seguridad es suficiente y apropiada para que los miembros de las mismas cumplan las normas internacionales, y que mantiene procedimientos apropiados para la prosecución de miembros de las fuerzas de seguridad por el delito de homicidio, aunque existe considerable preocupación sobre la recopilación y preservación de las pruebas en algunos Casos. Con respecto al fortalecimiento de la autoridad policial pública, el Estado informó que en diversos ministerios del gobierno se están considerando proyectos de leyes referentes a la creación de un organismo de investigación independiente de la fuerza policial, encargado de investigar cuestiones relativas a abusos policiales y acusaciones conexas planteadas contra representantes de la misma. En una carta fechada el 9 de enero de 2007 los peticionarios informaron a la Comisión que el Estado no había adoptado medida alguna para cumplir la recomendación de la Comisión, arriba transcrita. La Comisión señala que la última información recibida de las partes en relación a una solicitud de información sobre el cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH fue el 29 de diciembre de 2006 y que, desde entonces, no ha recibido más información actualizada.
654. La Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas.
655. En el Informe No. 61/06, emitido el 20 de julio de 2006, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación del derecho del Sr. Tracey al asesoramiento letrado y de su derecho a obtener la comparecencia de personas que podrían arrojar luz sobre los hechos, en contravención del artículo 8(2)(d), (e) y (f) de la Convención, conjuntamente con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento, en conexión con el uso en el juicio de su declaración en su contra; b) la violación del derecho del Sr. Tracey a un juicio imparcial, dispuesto en el artículo 8(2)(c) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, debido al tiempo y los medios insuficientes otorgados al Sr. Tracey y a su abogado para preparar la defensa; c) la violación del derecho del Sr. Tracey a un juicio imparcial y de su derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 8(2)(e) y (h) y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento, debido a que el Estado no brindó al Sr. Tracey asesoramiento letrado para apelar su sentencia ante una instancia judicial superior.
656. La CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
657. Las partes no han proporcionado, en el plazo otorgado, información actualizada referente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe 61/06. En vista de la información disponible, la Comisión concluye que las recomendaciones reseñadas siguen pendientes de cumplimiento.
658. En el Informe No. 53/01 de fecha 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado mexicano había violado en perjuicio de la señora Delia Pérez de González y de sus hijas Ana, Beatriz y Celia González Pérez los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: derecho a la libertad personal (artículo 7); a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad (artículos 5 y 11); garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25); respecto de Celia González Pérez, los derechos del niño (artículo 19); todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional. Asimismo, concluyó que el Estado era responsable por la violación del artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
659. Conforme a la denuncia, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las hermanas González Pérez y su madre Delia Pérez de González para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Los peticionarios alegan que durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares; que el 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal (Procuraduría General de la República o “PGR”) con base en un examen médico ginecológico; que la misma fue corroborada ante dicha institución por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; que el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar (“PGJM”) en septiembre de 1994; y que ésta decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Los peticionarios sostienen que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones.
660. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
661. Las partes celebraron una reunión de trabajo durante el 131º período ordinario de sesiones de la CIDH y en ella acordaron que los peticionarios colaborarían con el Estado en el desahogo de las tres diligencias que restan dentro del marco del fueron militar (elaboración de un retrato hablado; la testimonial de una de las víctimas y la ampliación de la declaración de la madre de las víctimas) bajo el supuesto que después el Caso será investigado plenamente en jurisdicción penal ordinaria. El Estado por su parte, se comprometió a presentar sus observaciones a la propuesta de reparación del daño integral presentada por los peticionarios en julio e 2001, vuelta a remitir al Estado en la reunión de trabajo.
662. El 8 de diciembre de 2008, el Estado mexicano informa que las autoridades del Estado han mantenido un dialogo constante con los representantes de las peticionarias. Con el objeto de acordar los términos y condiciones en que se llevarán a cabo las diligencias en cuestión. Agrega que en cuanto el Estado cuente con mayor información la remitirá a la CIDH.
663. El 4 de diciembre de 2008, los peticionarios informaron que en cumplimiento del acuerdo de la mencionada reunión de trabajo, el 11 de abril de 2008 propusieron al Estado llevar a cabo las diligencias pendientes en septiembre. En la propuesta de fecha, manifestaron cuales serían las condiciones para el desahogo de las diligencias, incluyendo que al frente de las diligencias se encontrara personal calificado y con perspectiva de género. Agregan que a partir de conversaciones con el Estado, viajaron a Chiapas el 10 de septiembre para su realización, pero que éstas no fueron desahogadas por falta de interés de la jurisdicción militar. Agregaron que la investigación aun no ha sido remitida a la jurisdicción civil.
664. En la misma nota, los peticionarios informaron que el Estado aun no les ha respondido a su propuesta de reparación de daño. Los peticionarios manifestaron su preocupación por la falta de respuesta, y describen las condiciones económicas precarias de vida de las víctimas, que incluyen serios problemas de salud, producto de las violaciones descritas en el Informe de la CIDH y que aun no tienen tratamiento médico.
665. Por lo expuesto, la CIDH concluye que se encuentran pendientes de cumplimiento las recomendaciones reseñadas.
666. En el Informe No. 2/06 de fecha 28 de febrero del 2006, la Comisión concluyó que el expediente del Caso de Miguel Orlando Muñoz Guzmán no contenía elementos que permitieran imputar responsabilidad internacional al Estado mexicano por su desaparición forzada. En consecuencia, no halló responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, o a la libertad personal en perjuicio de Miguel Orlando Muñoz Guzmán; como tampoco del derecho a la integridad personal de sus familiares. Por otra parte, la CIDH determinó en el referido informe que el Estado mexicano era responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1(1) del instrumento internacional citado
667. Conforme a la denuncia, el señor Miguel Orlando Muñoz Guzmán, teniente del Ejército mexicano, desapareció el 8 de mayo de 1993 a los 25 años de edad. Fue visto por última vez en dicha fecha por sus camaradas del 26º Batallón de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, cuando se preparaba para salir de franco. La familia del Teniente Muñoz Guzmán indica que éste era un oficial dedicado a su carrera, y por lo tanto restan credibilidad a la versión oficial del Ejército, de acuerdo a la cual habría desertado y luego viajado a Estados Unidos. Explican que hasta la fecha no se ha llevado adelante en México una investigación seria encaminada a establecer su paradero y sancionar a los responsables de su desaparición forzada. Argumentan que las irregularidades que han rodeado a este Caso han sido deliberadas, con la intención de encubrir a los responsables. También mencionan el hecho de que la familia empezó a recibir amenazas anónimas, que atribuyen a los militares, desde el momento en que acudieron a denunciar los hechos.
668. La CIDH efectuó al Estado las siguientes recomendaciones:
669. El 3 de noviembre del 2008, la CIDH solicitó a ambas partes que informaran acerca de las medidas de cumplimiento de dichas recomendaciones. El Estado no respondió a dicha solicitud, y los peticionarios respondieron el 8 de diciembre de 2008. La información de los peticionarios indica que se han celebrado diversas reuniones con el Estado, en las cuales se han suscrito algunos acuerdos, los cuales, sin embargo, han sido incumplidos. Los peticionarios concluyen que las recomendaciones de la CIDH no han sido cumplidas por el Estado.
670. Por ello, la Comisión concluye que las recomendaciones reseñadas se encuentran pendientes de cumplimiento.
671. El 9 de marzo de 2007, mediante Informe No. 21/07, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto. En resumen, las peticionarias alegaron que el 31 de julio de 1999, cuando Paulina del Carmen Ramírez Jacinto tenía catorce años de edad, fue víctima de una violación sexual perpetrada en su domicilio. El hecho fue denunciado inmediatamente ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Las peticionarias alegaron que el Ministerio Público no les informó a Paulina del Carmen Ramírez Jacinto ni a su madre sobre la existencia de la anticoncepción oral de emergencia y la violación sexual resultó en un embarazo. Las peticionarias refirieron que de conformidad con el artículo 136 del Código Penal de Baja California, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto tenía derecho a un aborto legal, previa autorización del Ministerio Público, ya que la violación constituye una de las excepciones en las que el aborto no es penalizado. Sin embargo, a pesar de la insistencia en la realización de dicho procedimiento al que tenía derecho, diferentes representantes del Ministerio Público y de los hospitales a los que fue remitida Paulina Ramírez Jacinto, interpusieron diversas barreras administrativas y psicológicas proporcionando información falsa acerca del procedimiento y sus consecuencias hasta influenciar su decisión. Finalmente la interposición del embarazo no fue realizada.
672. De conformidad con el acuerdo amistoso, el Estado se comprometió a:
673. El 11 de marzo de 2008, se realizó una reunión de trabajo con las partes. En dicha reunión las partes acordaron los siguientes puntos pendientes de seguimiento en relación con el acuerdo de solución amistosa:
674. La Comisión solicitó información actualizada a las dos partes el 4 de noviembre de 2008. El Estado respondió con respecto al apoyo escolar, indicando que se le entregó a Paulina Ramírez Jacinto el 25 y 30 de julio de 2008, un cheque por el monto de $ 5,920.00 M.N. así como un paquete escolar. Sobre la reforma legislativa indicó que el 20 de noviembre de 2008, el Director de Operación y Seguimiento Legislativo, remitió a la Presidencia del Congreso del Estado de Baja California, el Oficio DLS/CVG/076/2008, por el que solicita retomar el tema e impulsar dicha iniciativa. Sobre la capacitación, informó que la organización GIRE con ha tenido contacto con la Secretaría de Gobierno del Estado para acordar el nuevo calendario de cursos que se impartirán. Con respecto a la circular a la que se hace referencia en el Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado manifestó que la misma fue publicada en los estrados de cada una de las áreas, hospitales y centros de salud con que cuenta la Secretaría de Salud en el Estado de Baja California, y no considera la posibilidad de publicar dicha circular en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
675. Sobre el proyecto productivo, el Estado indicó que en la reunión sostenida el 11 de marzo de 2008, el Estado se comprometió a gestionar ante la autoridad municipal, el otorgamiento del permiso requerido para la debida operación del negocio con giro de abarrotes de la Sra. Ramírez Jacinto. Asimismo fue tramitado el Permiso del Departamento de Bomberos en el mes de abril de 2008 requerido por la Sra. Ramírez Jacinto. Indicó que posteriormente la Sra. Ramírez Jacinto requirió el permiso de uso de suelo, por lo que el Estado de Baja California se encuentra realizando las gestiones necesarias ante la Dirección de Administración Urbana Municipal para la obtención de dicho permiso. Finalmente, en relación a la impartición del curso técnico de capacitación para otorgarle a la Sra. Ramírez Jacinto los conocimientos básicos para el desarrollo de su micro empresa, se le ha notificado en dos ocasiones la impartición de los mismos, a los que no se ha presentado, siendo el curso de fecha 28 de marzo 2006 denominado “Administración de mi Negocio”, el único al que se ha presentado.
676. Por su parte, las peticionarias informaron con respecto al apoyo escolar, que el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública marcó como inicio de cursos del ciclo 2008-2009 el día 18 de agosto, y que el Estado no ha cumplido con el punto del acuerdo. Si bien indicaron que el Estado cumplió con entregar lo pactado, el apoyo escolar no fue entregado en el tiempo que el gobierno del Estado se comprometió, y además no se estableció de forma clara el mecanismo que se seguirá en los próximos años para la entrega oportuna de este apoyo. Con respecto a la reforma legislativa, las peticionarias informaron que la iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal, Código de Procedimientos Penales y Ley de Salud del Estado fue presentada en el 2006. Sin embargo, el Estado no ha informado sobre las acciones para impulsar dicha iniciativa a través de una “estrategia de cabildeo” conforme lo establece el Acuerdo. Asimismo indicaron que la remisión de una carta no constituye una acción contundente de estrategia que evidencie la disposición de impulsar la reforma. Sobre la capacitación, las peticionarias coincidieron en afirmar que GIRE no ha establecido contacto con las autoridades de procuración y administración de justicia y de salud. Sostuvieron que ello se debe a un ambiente poco propicio para llevar a cabo las capacitaciones por parte del Ejecutivo. En relación a la publicación de la circular emitida por la Secretaría de Salud estatal en el periódico oficial del Estado, que establece los términos de la prestación de servicios de atención médica relacionados con la interrupción legal del embarazo, las peticionarias señalaron como necesaria su publicación como disposición reglamentaria gubernativa, para que alcance efectos generales conforme la jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
677. Con respecto al proyecto productivo, las peticionarias informaron que en varias ocasiones se ha solicitado el apoyo del gobierno del Estado para gestionar el permiso de uso de suelo para el proyecto productivo de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto. Indicaron que este permiso ha tratado de ser gestionado desde hace dos años sin lograr que sea posible su expedición. Asimismo informaron que Paulina del Carmen Ramírez Jacinto fue requerida por la Dirección de Protección Civil a instalar detectores de humo y extinguidores en la tienda de abarrotes de su propiedad y que dicho trámite y la multa respectiva fue cubierto por Paulina Ramírez Jacinto. Por esta razón informaron que resulta sin sentido presentarse a una capacitación.
678. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a los puntos acordados.

References: artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
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 artículo 1
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 8
 artículo 5
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 artículo 4
 artículo 1
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 artículo 4
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 artículo 90
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
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 artículo 8
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 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 136