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Timestamp: 2020-02-24 00:47:22+00:00

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La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia | Grupo de Memoria Historica - CNRR | download
Principal La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia
ISBN 13: 9789587580228
La Rochela:
Relator de la investigación sobre la masacre de La Rochela
Óscar Acevedo Arango
Mauricio Barón Villa
Jesús David Huertas Linares
Pasante de la investigación
Investigadores: Álvaro Camacho, Andrés Suárez, Cesar Caballero,
Fernán González S.J., Iván Orozco, Jesús Abad Colorado,
León Valencia, María Emma Wills, María Victoria Uribe,
Martha Nubia Bello, Nubia Herrera, Patricia Linares Pilar Gaitán,
Pilar Riaño, Rodrigo Uprimny, Tatiana Rincón.
Asistente de Coordinación: Laura Corral B. Impacto Público
y divulgación: Natalia Rey C., Andrés Elasmar. Gestora de proyectos:
Paula Ila. Coordinadora Administrativa: Ana Lyda Campo.
Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente de la CNRR, Delegado del
Vicepresidente de la República; Ana Teresa Bernal Montañés, Comisionada
Sociedad Civil; Patricia Buriticá Céspedes, Comisionada Sociedad Civil;
Jaime Jaramillo Panesso, Comisionado Sociedad Civil; Monseñor Nel
Beltrán Santamaría, Comisionado Sociedad Civil; Oscar Rojas Rentería,
Comisionado Sociedad Civil; Patricia Perdomo González, Comisionada
Representante de las Víctimas; Regulo Madero Fernández, Comisionado
Representante delas Víctimas; Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior
y de Justicia; Juan Carlos Echeverry Garzón, Ministerio deHacienda;
Volmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo; Patricia Luna González,
Delegada de la Defensoría del Pueblo; Mario González Vargas, Delegado de
la Procuraduría General de la Nación; Diego Andrés Molano Aponte, Alto
Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente; Catalina Martínez Guzmán,
Directora Ejecutiva; Carlos Humberto Cardona Botero, Coordinador Planeación; Fernando Ramírez Ochoa, Coordinador Administrativo y Financiero;
Martha Lucía Martínez Escobar, Coordinadora de Comunicaciones y Prensa;
María Cristina Hurtado Sáenz, Coordinadora Género y Poblaciones Específicas; María Angélica Bueno Cipagauta, Coordinadora del Área de Reconciliación; Olga Alexandra Rebolledo Álvarez, Coordinadora Reparación y
Atención a Víctimas; Gonzalo Sánchez Gómez, Coordinador del Grupo de
Memoria Histórica; Álvaro Villarraga Sarmiento, Coordinador del Área
de DDR; José Celestino Hernández Rueda, Coordinador del Área Jurídica;
Gerardo Vega Medina, Coordinador Sede Antioquia; Mónica Mejía Zuluaga,
Coordinadora Sede Atlántico; Arturo Zea Solano, Coordinador Sede Bolívar;
María Díaz Galvis, Coordinadora Sede Centro; Ingrid Cadena Obando,
Coordinadora Sede Nariño; Zuleny Duarte Fajardo, Coordinadora Sede
Putumayo; Ana Maryury Giraldo Palomeque, Coordinadora Sede Chocó;
David Augusto Peña Pinzón, Coordinador Sede Nororiente; Eduardo
Porras Mendoza, Coordinador Sede Sucre; Antonio María Calvo Silva,
Coordinador Sede Cesar; Jorge Vásquez Pino, Coordinador Sede Valle del Cauca;
Luis Gonzalo Agudelo Hernández, Coordinador Sede Llanos Orientales.
© 2010, CNRR - Grupo de Memoria Histórica
2010, Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.
Teléfono: (571) 639 60 00
• Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V.
Avenida Universidad 767, Colonia del Valle,
• Santillana Ediciones Generales, S.L.
Torrelaguna, 60. 28043, Madrid
ISBN: 978-958-758-022-8
Primera edición en Colombia, septiembre de 2010
© Diseño de cubierta: Publicaciones Semana
Este es un documento público cuyo texto completo se podrá consultar en
www.memoriahistorica-cnrr.org.co y www.cnrr.org.co
Portada: Jesús Villamizar, 1989
Interior: Óscar Acevedo Arango, Grupo de Memoria Histórica; archivos particulares de los familiares de las víctimas; Jesús Abad Colorado, Grupo de Memoria
Histórica (Pág.227)
Diseño mapas: Julio E. Cortés
Corrector: Hernán Darío Correa
La totalidad de las regalías producto de la venta de este libro será donada por la
Fundación Semana y Editorial Taurus a un proyecto previamente concertado con
Este informe es de carácter público.
Puede ser reproducido, copiado, distribuido
y divulgado siempre y cuando
no se altere su contenido y se cite la fuente.
Esta investigación no hubiera sido posible sin la generosidad de las
víctimas, de los sobrevivientes de la masacre, y de la comunidad judicial de San Gil. En particular MH quisiera reconocer la participación
activa en el proceso de investigación y en la construcción de la multimedia que acompaña el informe, de las viudas de tres de las víctimas
directas: Paola Martínez, Luz Nelly Carvajal, Esperanza Uribe; y de
la hija de una de las víctimas directas, Alejandra Beltrán Uribe.
El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (MH) agradece a las numerosas entidades estatales, internacionales y de la sociedad civil, así como a
las personas que contribuyeron a la realización de este informe.
También expresamos nuestro más sentido agradecimiento a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, a
la Procuraduría General de la Nación, y a la Corporación Opción
Legal, por el apoyo económico y técnico para la realización y divulgación de este informe.
Agradecemos igualmente a la Embajada de Suiza en Colombia
y la Fundación Ford Chile, que han acompañado las múltiples actividades del grupo de investigación desde sus inicios.
Nuestro especial reconocimiento al Colectivo de abogados José
Alvear Restrepo, por permitirnos acceder al expediente penal del
caso, a la Comisión Colombiana de Juristas por darnos acceso a
su base de datos sobre victimización de operadores judiciales, así
como al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) por
facilitarnos las cifras del conflicto armado utilizadas en este infor7
me. También, queremos agradecer al Centro Internacional para la
Justicia Transicional (ICTJ), y al Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), por su acompañamiento permanente y sus
comentarios. A la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL) por la información que nos dieron sobre
victimización a funcionarios judiciales. Al Ministerio de Relaciones
Exteriores por sus aportes para las recomendaciones de políticas
El equipo de investigación quiere hacer una mención muy especial al Consejo Consultivo Internacional (CCI) de MH, y en particular a Daniel Pécaut, Elizabeth Lira y a su Presidente Mô Bleeker,
por la lectura y los aportes hechos a este informe en el marco del
II Encuentro del CCI los días 3 y 4 de junio de 2010 en la ciudad de
Finalmente agradecemos a Publicaciones Semana y a la Fundación Semana, por contribuir a la publicación y divulgación de este
informe; y a los demás socios de la III Semana por la Memoria por
hacer posible la apertura de nuevos espacios de democratización
de la memoria histórica en Colombia.
MH es el único responsable del contenido de este informe y ha­
ce público reconocimiento del estricto cumplimiento que se le ha
dado a la autonomía académica y operativa conferida para el desarrollo de su mandato por la Plenaria de la Comisión Nacional de
Re­paración y Reconciliación, encabezada por el entonces Vicepresidente de la República Dr. Francisco Santos Calderón y presidida
por el Dr. Eduardo Pizarro Leongómez.
MH quiere ser un espacio para el reconocimiento, la dignificación y la palabra de las víctimas de la violencia en Colombia.
Introducción................................................................................ 25
i. Los hechos................................................................................. 31
Escenario judicial en el que se desempeñaban
las víctimas directas de la masacre........................................ 34
Detrás de que iban los investigadores judiciales...................... 42
Por qué los mataron....................................................................57
Cómo los mataron..................................................................... 68
Cómo se recibió la noticia......................................................... 76
ii. Cómo se investigó el caso: la sombra de la masacre...... 85
La primera Unidad Móvil de Investigación:
un ejemplo para la administración de justicia. . .................. 85
Las obstrucciones por inactividad.............................................. 93
Las obstrucciones por ocultamiento directo............................... 100
Otras obstrucciones..................................................................107
Cambio de radicación, primera y segunda instancia:
Pasto es lejos...........................................................................114
Seis años de vacío en Cali........................................................ 126
Quince años en la Fiscalía: el proceso vuelve a instrucción . . 129
«El tiempo que pasa es la verdad que desaparece…» ................135
¿Cómo se ha dilatado el proceso?...............................................140
Falta de pruebas técnicas - excesos del testimonio.......................145
Justicia penal militar.............................................................. 154
Estrategia de la defensa: confunde y reinarás ...........................157
Amenazas................................................................................159
iii. Reflexiones jurídicas sobre
la responsabilidad penal en el caso.............................. 167
Muchas jurisdicciones: un solo caso........................................169
¿Cómo se construyó la responsabilidad penal?......................175
iv. El trabajo del duelo y las luchas por la justicia....... 197
El duelo anticipado ................................................................. 200
El camino del duelo: el encuentro con los cuerpos . ............ 207
San Gil: la naciente comunidad de dolor . .............................215
Momentos en la transformación del duelo............................ 222
Las tareas de la dignidad: la búsqueda de la justicia............. 233
La disposición y distribución de las
y los familiares de las víctimas.............................................. 233
Relación de los sobrevivientes y sus familiares
con los procesos judiciales......................................................237
Relación de los familiares de las víctimas
directas con los procesos judiciales ....................................... 239
La justicia como empleador: una forma
de reparación informal..........................................................247
La alianza con la Corporación Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo y la relación con el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos ................................. 250
El proceso de conciliación con el Estado,
el Proceso y el Fallo de la Corte IDH...................................... 253
v. El modelo paramilitar en el Magdalena Medio............. 259
Puerto Boyacá desde 1982 hasta 1985:
entre la subversión y el modelo paramilitar........................ 264
Auge y contracción de las farc y el eln
en el Magdalena Medio.................................................... 267
La presencia militar en el Magdalena Medio:
del distanciamiento a la coalición regional
contrainsurgente.............................................................. 272
Nacimiento de las autodefensas de Puerto Boyacá:
En busca de un pueblo libre de subversión .......................... 277
Los obstáculos a la justicia y «la justicia de los paramilitares».....285
Las Autodefensas de Puerto Boyacá
desde 1985 hasta 1992.......................................................... 290
El desgano de las Fuerzas Armadas para combatir
a los paramilitares del Magdalena Medio: la indiferencia
militar ante el rechazo presidencial al paramilitarismo .........293
Las Autodefensas de Puerto Boyacá hacen
causa común con el narcotráfico.........................................296
La violencia narco-para-militar
como máquina de producción de olvido...............................307
vi. La victimización de funcionarios
judiciales en Colombia 1979-2009..................................309
contra funcionarios de la rama judicial...............................311
¿Cómo atacan a la Justicia? ................................................ 315
Las diferenciaciones por género de la violencia
en la Rama Judicial......................................................... 324
¿Se ataca a la justicia de manera selectiva
o indiscriminada? . ......................................................... 327
¿Dónde se ataca a los funcionarios judiciales?..........................331
Variaciones espacio temporales en los patrones
de violencia contra funcionarios judiciales
asociadas al conflicto armado.............................................. 335
La violencia contra La Rama Judicial:
Caja de resonancia para el caso La Rochela.......................... 350
vii. Conclusiones y Recomendaciones................................... 353
Bibliografía................................................................................ 362
Director Grupo de Memoria Histórica
l 18 de enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, corazón del Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los
municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la fuerza pública. Por este hecho, el Estado colombiano fue
condenado casi veinte años después, en mayo de 2007, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, pero al igual que
el caso de la masacre de Trujillo, y tantos otros, se trata de un proceso
inconcluso en los estrados judiciales colombianos, cuyos episodios se
relacionan en la memoria histórica que se propone en este Informe.
El papel y los dilemas del ejercicio de la justicia en un
contexto de conflicto armado
La masacre de La Rochela es una expresión palmaria de los
riesgos y de los impactos que la confrontación armada desencadena en todo el aparato judicial. En el escenario bélico la justicia es
recurso de poder y por lo tanto se convierte en blanco de acción punitiva o al menos objeto de disputa. En últimas, a la instauración
de todo poder o contrapoder corresponde la instauración de una
nueva forma de administración de justicia, como elemento central
del control social, del poder político y del dominio territorial pretendido por los múltiples bandos enfrentados.
La cooptación de sus funcionarios, la eliminación de sus agentes o la sustitución de sus funciones son amenazas padecidas una y
otra vez por la administración de justicia en contextos de conflicto abierto. En Colombia las cifras de las tres últimas décadas son
inquietantes: Entre enero de 1979 y diciembre de 2009, el Grupo
de Memoria Histórica ha podido documentar hechos de violencia
contra 1.487 funcionarios judiciales, lo que equivale a decir que
aproximadamente cada semana es atacado por parte de los actores
vinculados al conflicto armado, un funcionario encargado de impartir Justicia y aplicar la ley.
Las argumentaciones esgrimidas por los verdugos, y sus lógicas
de acción contra el aparato judicial, son desde luego diferenciadas, pero convergentes: La guerrilla aduce, como fundamento de
sus ataques u hostigamientos, la ilegitimidad social de la justicia
estatal; los paramilitares apelan a la «justicia por mano propia» arguyendo la ineficiencia del aparato judicial, pero motivados sobre
todo por el afán de encubrir sus fechorías; y los narcotraficantes
despliegan un amplio repertorio de acciones: sobornan, infiltran
y silencian sin necesidad de invocar pretexto alguno.
Por ello, en un escenario de conflicto como el que persiste en
Colombia, en el cual todos los actores enfrentados pretenden privatizar el ejercicio de múltiples funciones estatales, el sistema judicial enfrenta simultáneamente poderes que subvierten al Estado
(insurgencia), o lo defienden criminalmente (paramilitares), o desvían sus obligaciones constitucionales y legales desde el interior de
La masacre de La Rochela condensa pues los múltiples rostros
de la ilegalidad actuando contra la misión de los jueces en el marco del conflicto armado contemporáneo. Se trata de una arremetida que ha podido llevarse a cabo en forma silenciosa o casi imperceptible para la opinión pública, dados los peculiares modos
como los actores armados llevan a cabo la amenaza, el secuestro,
el desplazamiento, el exilio o el homicidio individual, pues en pocas ocasiones el crimen ha dejado ver sus propósitos en relación
con este campo institucional. Dentro de los pocos eventos de ataque colectivo al mismo, está precisamente el caso de La Rochela
en el año 89, antecedida por la toma y retoma sangrienta del Palacio de Justicia en 1985, y seguida más recientemente por la ma14
sacre y desaparición el 9 de marzo de 2000 de siete funcionarios
judiciales en el departamento del Cesar. En todo caso, en las tres
últimas décadas, ha habido una cadena continua e ininterrumpida de atentados a los investigadores judiciales, a los periodistas y
en general a todos los gestores de verdad y memoria. Esa cadena
de intimidaciones se extiende a los núcleos familiares de los afectados, los cuales aún en medio de la zozobra siguen reivindicando
el control de su testimonio, su verdad y su memoria. No se trata de
intimidaciones abstractas, sino de amenazas directas al ejercicio y
a las tareas de esclarecimiento que le incumben a sus respectivas
profesiones. Valga el siguiente ejemplo de notificación letal:
«(…) lamentamos mucho la situación que usted y su familia han vivido pero el pasado hay que dejarlo atrás, pensar mas (sic) en los que
están y no en los que se fueron, en diferentes oportunidades se les a (sic)
solicitado y ustedes han hecho caso omiso, con lo cual personas de nuestra
organización o allegados a ella se han visto perjudicados por lo tanto nos
vemos obligados a declararlos objetivo militar, entreguen las banderas
con lo cual se evitaran (sic) muchos inconvenientes».1
De otro lado, a la justicia se la cuestiona pero también se le exige,
a veces más de lo que ella sola puede dar. Frente a la arbitrariedad
que encarna cualquier tipo de violencia, aquella cataliza las expectativas y demandas de los afectados en relación con el Estado, y esto
hace que no sólo las víctimas sino la sociedad en general esperen
que actúe, esclarezca y castigue aún en medio del conflicto. Pudiera decirse que en tiempos de tranquilidad la justicia es garante de
orden, y discurre por los canales institucionales establecidos sin dificultad; pero en tiempos de convulsión, por el contrario, aumentan
las expectativas y exigencias sobre ella, y se la invoca en sus funciones sucesivas o alternativas de órgano sancionatorio, de árbitro, o de
fuerza restauradora del orden quebrantado y del derecho violado.
Sin embargo, de modo paradójico, al igual que crecen las exigencias, también aumenta el escepticismo sobre el rol de la justicia.
Fragmento de texto de amenaza contra los familiares de las víctimas de La Rochela por parte de las «Águilas Negras». Publicado en http://www.colectivodeabogados.org/Amenazan-a-familiares-de-victimas
La corrupción de algunos funcionarios; las presiones a las que se
ven sometidos sus administradores; los impactos de las múltiples
formas de coerción sobre sus actuaciones, son algunos de los factores suficientemente conocidos en la construcción de esta percepción negativa, que en la literatura universal narró de manera emblemática Franz Kafka en su célebre novela El Proceso. A pesar de
ello, para entender las fallas de la justicia colombiana es necesario
estar atentos a otros aspectos que pueden resultar determinantes,
en especial los mecanismos de producción de la impunidad que
acompañan la violencia, y que son en sí mismos otra estrategia de
acción de los actores armados en disputa.
El proyecto paramilitar en expansión y la justicia como
obstáculo a sus designios
La violencia cotidiana y poco ruidosa de la Colombia profunda
suele quedar marginada del relato institucional o académico. En
este estudio se pretende, entre otras cosas, revertir esa situación. En
efecto, la masacre de La Rochela, anclada en la dinámica regional
de violencia, evidencia una serie de crímenes registrados de forma
recurrente a lo largo de la década de los ochenta en el Magdalena
Medio: la desaparición forzada y los homicidios de centenares de
sus habitantes; la tortura sobre los líderes comunitarios; los desplazamientos forzados no masivos, a cuenta gotas, pero sostenidos; las
amenazas sobre los campesinos, y el despojo de sus tierras. El encadenamiento demostrable entre los múltiples casos que estudiaba la
Comisión judicial atacada devela precisamente las lógicas, mecanismos y nudos profundos de la violencia imperante: el entronque de
los paramilitares y los narcotraficantes, que no era novedad; pero
también, y quizá lo más grave, la construcción de un orden paraestatal, con el amparo de agentes del Estado, lo que ya era por lo
demás inocultable. Era esta, desde luego, la madeja criminal que se
pretendía esconder con el crimen o secuencia de crímenes perpetrados contra la Comisión de Investigación judicial.
El Magdalena Medio en ese entonces, como se recordará, era
tal vez el más claro escenario de materialización de la lucha y las
tensiones entre el avance simultáneo de dos modelos de conten16
ción del conflicto: el autoritario y contrainsurgente, punta de lanza o piloto del modelo paramilitar que se extendió luego a muchas
otras regiones del país; y el democratizador institucional que habría de conducir al acuerdo político plasmado en la Constitución
Nacional de 1991; una tensión que en muchos aspectos aún no
ha sido plenamente resuelta en el país, y en medio de la cual se le
oponen al ejercicio de la justicia con arreglo a los marcos doctrinarios o normativos y con importante e inquietante legitimidad
social, las simples vías de hecho, la ley del más fuerte y las retaliaciones sangrientas.
Desde la década del 80 hay una visible insubordinación de ciertos poderes regionales frente al poder central, una alianza más o
menos explícita de elites políticas y económicas, paramilitares, y
agentes armados del Estado, que impusieron su visión del orden
a punta de violencia, y proclamaron su inconformidad con toda
perspectiva negociada del conflicto. Esta alianza se configuró con
un significativo apoyo ciudadano, que invocaba como bandera la
necesidad de contrarrestar el creciente y despótico esquema de
implantación territorial y de justicia privada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, en la región.
Adicionalmente, la gran alianza antisubversiva se vio protegida
y favorecida por la delegación de poder contemplada en disposiciones legales, como la ley 48 de 1968, en la cual en aras de la defensa
nacional se concedía a grupos privados la misión de restaurar «la
normalidad» del orden central. La Comisión de Estudios sobre la
Violencia, en su informe de 1987, Colombia: Violencia y Democracia,
denunció los riesgos que esa norma representaba como estímulo
a la formación de escuadrones de la muerte y recomendaba al gobierno nacional su abolición.
La autonomía conferida a las brigadas militares para el tratamiento de la región como zona de «orden público», podría verse
también como una extensión de esa línea delegativa de funciones del centro a la periferia. Sobra decir que toda transferencia
de poderes de ese orden se realizaba en desmedro no sólo de la
institucionalidad judicial, sino en general de la institucionalidad
civil, puesto que abría paso al manejo puramente castrense de los
conflictos. En este contexto de configuración de un orden militar,
que en el caso del Magdalena Media oscilaba entre lo legal y lo
ilegal, ocurrió la Masacre de la Comisión de Investigación de La
Rochela, que representa la forma límite de la cadena de violaciones sobre los pobladores de la región y sobre el aparato judicial.
Los actores armados, institucionales y no institucionales, imponen en sus zonas de dominio condiciones que incluyen control y vi­
gilancia a la residencia y la circulación de personas; a reuniones y
manifestaciones públicas; restricciones horarias; requisiciones a la
compra y consumo de los alimentos, como condiciones extremas
que en un escenario de criminalidad rampante obstruyen tanto el
acceso como el funcionamiento mismo del aparato judicial.
La masacre de La Rochela fue interpretada por muchos como
un campanazo de alerta desoído sobre la amenaza que representaba el emergente poder criminal del paramilitarismo para la institucionalidad y para la sociedad. Pese a ello, desde entonces, en
muchos sectores sociales se generó una actitud de complacencia
con los paramilitares que prosperaba en aras de lo que se estimaba como una «lucha eficaz contra la insurgencia» que agobiaba por igual a terratenientes, campesinos y sectores medios. La
consigna de Puerto Boyacá, «capital antisubversiva de Colombia»,
destacada a la entrada a la población, era representativa de la connotación heroica que se dio en muchas regiones del país a lo que
de hecho era un ejercicio que, más allá de su propósito contrainsurgente, criminalizó y eliminó liderazgos y movimientos sociales,
se ensañó contra activistas de derechos humanos, cooptó funciones y funcionarios del Estado, y creó redes que operaban como
verdaderas «asociaciones para delinquir».
A la luz de todos estos antecedentes, La Rochela como masacre
y como caso judicial, habla más que de sí misma, de estructuras y
de modelos criminales, de responsabilidades estatales en el origen
y desarrollo del fenómeno del paramilitarismo, y de impunidad
judicial y social.
La impunidad como estrategia o como programa
Un contexto como el que acaba de caracterizarse produce un
efecto paralizante en todo el aparato judicial y en la justicia como
instancia de resolución de los conflictos. La impunidad aparece
allí no tanto como un problema de ineficacia sino como una resultante de la estrategia o del programa criminal. La construcción
del modelo paramilitar colombiano, particularmente respecto de
otros actores armados, y dada la naturaleza de sus vínculos incluso
con aparatos del Estado, contempla como una parte sustantiva de
su acción el ocultamiento de la autoría de muchos de sus crímenes, utilizando, entre otros mecanismos, el convertir lo sucedido
en invisible. Por ello se cometen acciones como las desapariciones
forzosas; incineración o lanzamiento de cadáveres a los ríos; la falsa atribución a los enemigos de hechos criminales propios, o la
cesión de supuestos «éxitos militares» a sus aliados. Este último
mecanismo forma parte de la estrategia de impunidad que de manera complementaria a la Masacre fue desplegada por la alianza
paramilitar y del narcotráfico con agentes del Estado: la construcción de una escena criminal que responsabilizara a la guerrilla,
con ardides como la utilización de uniformes, consignas y grafitis
de la organización subversiva. Era un artilugio que tenía como
propósito desviar las investigaciones en curso, volcando el odio
público hacia la insurgencia. La captura y confesión del coordinador general de la Masacre, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero,
alias «Vladimir», terminó por desenmascarar en su totalidad tales
artimañas. La cadena de impunidad se rompió desde el campo
mismo del actor criminal.
Los renovados intentos de los diferentes actores criminales del
Magdalena Medio por garantizar la impunidad de los innumerables hechos delictivos cometidos a lo largo de la década del ochenta, se hicieron manifiestos también en toda la etapa posterior de
investigación del homicidio múltiple de los operadores judiciales.
En la ruta jurídica de la Masacre, reconstruida en estas páginas, se
rastrean elementos comunes a muchos otros eventos de violencia,
ya indicados por el Grupo de Memoria Histórica en estudios precedentes, y de los cuales ha sido responsable la alianza criminal de
Entre los eventos que dan cuenta de la unidad de acción entre
el hecho violento y la impunidad fabricada, se pueden enumerar
los siguientes: Dejar desprotegidos a los investigadores y obstruir
la recolección de evidencias para el esclarecimiento de los hechos;
ocultar y encubrir criminales; incumplir órdenes judiciales de cap19
tura; amenazar, perseguir y asesinar testigos, demandantes y operadores judiciales; infiltrar instituciones. A todo ello se suman los
problemas estructurales del sistema de administración de la Rama
Judicial, que no sólo atentan contra la expectativa ciudadana de
pronta justicia, sino que la mayoría de las veces favorecen al perpetrador: las estrategias de dilación de los procesos y los vencimientos
de términos; las tensiones abiertas o encubiertas en torno a la tipificación de los delitos; el estudio incompleto de los delitos perpetrados en torno a un mismo designio; las obstrucciones al acceso
de víctimas y demandantes a los procesos, para enumerar solo los
Al cabo de veinte años, el caso de la masacre de La Rochela
es un proceso judicialmente inconcluso: En efecto, los enormes
avances que en materia investigativa caracterizaron la fase inicial,
se diluyeron progresivamente, y asuntos sustantivos como las autorías intelectuales del crimen son todavía materias pendientes de
Lo que en un principio se evidenció como una masacre contra
el Estado y su institucionalidad judicial, ante la comprobada participación de miembros de la Fuerza Pública en el andamiaje criminal, resultó ser, además, una Masacre del Estado contra el Estado.
Víctimas y victimarios en este caso son parte del Estado. Ante tal
evidencia la iniciativa estatal en la investigación y sanción del crimen, que fue notable en los primeros momentos, comenzó luego
a desvanecerse, y a la larga el Estado ha terminado por desentenderse de los intereses de las víctimas. Es por ello que las demandas
de verdad, justicia y reparación pasaron a ser agenciadas por Ongs
como CEJIL y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que
han acompañado el empeño de las víctimas por remover la inercia
del Estado en el plano interno, y hacerlo responsable en el plano
En desarrollo de la demanda ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ésta, luego de evaluar las pruebas presentadas, condenó al Estado colombiano en el caso de La masacre de
La Rochela por acción y omisión en los «hechos perpetrados por
los paramilitares con la aquiescencia, colaboración y apoyo de
miembros de la fuerza pública».
Círculo del Duelo y la Justicia
En los episodios asociados a La masacre de La Rochela se pueden establecer, cuatro sujetos-momentos diferenciados del duelo.2
En primer lugar el de los difuntos, de los cuales los familiares
y amigos reconstruyen no sólo los últimos días, precedentes a la
misión judicial, sino la experiencia traumática de una muerte soñada por unos, presentida por otros y evitada por unos pocos.
Impacta profundamente constatar hoy cómo la mitad de los muertos de La Rochela haya experimentado alguna forma de asociación onírica previa con su muerte; no obstante, desafiaron todas
esas premoniciones respondiendo a un altísimo sentido del deber.
No en vano tras la masacre viene todo ese trabajo de evocación y
exaltación de las vidas de los muertos como hijos(as), esposos(as),
funcionarios(as) ejemplares y comprometidos(as).
Los segundos sujetos-momento son las víctimas sobrevivientes,
que por un golpe del azar lograron escapar vivas de la escena del
crimen. Son a la vez los testigos del horror presenciado-vivido,
posteriormente los testigos de cargo en el proceso judicial, y finalmente las víctimas continuadas de las presiones institucionales y
criminales en la lucha contra impunidad.
Los terceros sujetos-momento del duelo son los parientes de las
víctimas directas, los cuales tendrían sus primeras grandes frustraciones al tropezar con todas las trabas para lograr la recuperación y el encuentro de los cuerpos de sus seres queridos, con
miras a realizar las honras fúnebres y tener el último encuentro
de intimidad con los que se iban, ahora de manera ritual. Es este
el momento del homenaje, el llanto, la pena por la pérdida, la búsqueda de explicaciones; es el momento de la expresión personal
de los sentimientos, y de la canalización de las emociones a través
de gestos, de silencios o del lenguaje. En estos relatos uno no sabe
a menudo que es más conmovedor, si la muerte de los muertos, o
la pena de los vivos.
En cuarto lugar, está el sujeto colectivo Comisión/Rama Judicial. Es el momento del reclamo a las otras instituciones y a la
Sobre el tema es inspirador el texto de Louis Vincent Thomas, 1988: 11-43
sociedad por el desamparo al que está sometida la justicia, esa
función esencial del orden social y la tranquilidad ciudadana. Del
duelo psicológico se pasa al duelo social; y del duelo como tal se
pasa luego a ese tremendo sentimiento de soledad de la justicia
frente a la sociedad, y de abandono, cuando no de hostilidad del
Estado hacia sus propios servidores. Soledad de la justicia de cara
a la gran alianza criminal; soledad de la justicia en el duelo por los
caídos; soledad de la justicia en la búsqueda de la verdad; soledad
de la justicia asediada y amenazada en la persona de los sobrevivientes. «El Estado ha atacado al Estado», dice uno de los familiares de las víctimas, con inocultable dejo de desolación.
Aquí hay más de una tensión: La necesidad vital de los familiares de tener esa relación directa con los cuerpos de los suyos se
convierte en forcejeo con los miembros de la institución judicial,
y sobre todo con las altas autoridades civiles y militares. Mientras
los primeros quieren mostrar a las víctimas como suyas sometiéndolas a lo que en alguna época y para otro contexto se llamó «una
alambrada de garantías», otros funcionarios más preocupados
por las reacciones públicas a la masacre, se apoderan de la liturgia funeraria y despliegan mecanismos de filtro de la información
que circulaba sobre la responsabilidad de agentes estatales en la
masacre. Unos y otros con diferentes intencionalidades despojan
a los dolientes de los cuerpos de los suyos. Poderes superiores los
confiscan.
Pero, de otra parte, pese a estos usos de la memoria de sus seres
queridos, la inmersión en esta dinámica colectiva genera en los
sobrevivientes procesos de identificación convertidos en proyectos
de vida, asociados a la lucha por la pertenencia al poder judicial.
La llamada aquí «itinerante comunidad de dolor», pues se trataba
de funcionarios que habían llegado de diferentes regiones del país
a la zona, compensa su desarraigo territorial con una muy fuerte
identidad institucional, una especie de hermandad profesional.
Aquí la justicia, en un primer sentido del duelo, llora a los suyos; pero simultáneamente, en un segundo sentido o cadena de
sentidos del duelo, la justicia se enfrenta con coraje y dignidad
al asedio de los criminales, cuando no a la incomprensión, al
abandono e incluso a la estigmatización de los poderes mismos
La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia participa del
reclamo cada día más fuerte de Justicia para la Justicia;3 un reclamo
que excede la demanda de aplicación de justicia a quienes como
los investigadores de La Rochela han engrosado la lista de víctimas del conflicto armado. Justicia para la justicia es también un
reclamo o una exigencia de las garantías que debe proveer el Estado con la supervisión de la sociedad entera, para el desempeño
independiente, imparcial y seguro de todos los miembros de la
Rama Judicial. Porque, como decía un notable jurista,4 cuando los
jueces tienen miedo, no es posible dormir tranquilo, pues nadie
tiene amparados sus derechos.
La expresión evoca el título de un informe publicado por la Comisión Andina de
Juristas-Seccional Colombia, hoy Comisión Colombiana de Juristas en 1992 y la
publicación que el Colectivo de Abogados hizo en el 2008 sobre la masacre de La
Rochela.
Eduardo Couture, 1978: 76
La masacre de La Rochela (1989) es de alguna manera el rever-
so de la masacre del Palacio de Justicia (1985): Si en esta última
se quiso ejercer violencia contra la cúpula del poder judicial, en
aquella, en cambio, se asesinó a sus funcionarios de base, y de ese
modo se reabrió cinco años después la herida profunda y traumática que dejó en las relaciones entre los poderes públicos el drama
dantesco del Palacio de Justicia en Bogotá. Se trata, sin duda, de
una herida latente que parece no haber sanado del todo, como lo
muestran en el presente los conflictos frecuentes entre órganos
políticos y órganos judiciales. Ventilar la verdad de lo sucedido y
rescatar del olvido la memoria de este vergonzoso episodio de la
vida nacional debe contribuir a la reconciliación del Estado consigo mismo como Estado de Derecho.
A pesar de su enorme importancia en el plano local como centro de articulación y preservación de los valores comunitarios, la
justicia había sido hasta hace poco tiempo, por lo menos en la
perspectiva del proceso de construcción del Estado-Nación, «la cenicienta de los poderes públicos»1. La llamada «historia patria»,
ese ejercicio flexible y cambiante de historia al servicio de la memoria identitaria nacional que ha ocupado largamente desde los
comienzos de nuestra historia republicana los textos escolares, parecía discurrir hasta hace poco tiempo a través de las actuaciones,
pero sobre todo de las disputas entre las élites que representaban
Correa Sutil, Jorge (1999)
a los llamados órganos políticos del Estado, como son el Gobierno
y el Congreso. La vieja idea de que los jueces no eran los hacedores sino apenas los aplicadores de la ley contribuyó sin duda a
alimentar una visión desdeñosa de la rama judicial como técnica e
instrumental. Apenas ahora, con la revolución global de los derechos humanos y del Estado de derecho, y con su fuerte impronta
en el seno de la Constitución de 1991, cabe decir que los jueces
colombianos, más allá del papel, se han convertido en verdaderos
órganos de soberanía, en pie de igualdad con sus pares políticos
en el andamiaje del Estado. En este nuevo escenario, la colaboración armónica entre los poderes públicos se ha vuelto más difícil
y compleja, pero más necesaria. Así las cosas, destapar, exponer
al escrutinio y al debate público pero sobre todo reconocer responsabilidades frente a los grandes crímenes perpetrados contra
funcionarios de la judicatura y contra la justicia misma, resulta
La reconstrucción de la memoria histórica de la masacre de
La Rochela, constituye además un ejercicio de reparación simbólica para las víctimas sobrevivientes y para los familiares de las
víctimas fatales del crimen. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, luego de condenar al Estado colombiano por los hechos acá denunciados, envió un oficio al Gobierno solicitando que
como parte de la reparación a las víctimas, el caso fuera estudiado
por parte del grupo de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Para asumir tal tarea,
es decir, para tratar de reparar a los vivos, en la medida en que
ello es posible, debemos empezar por recordar a cada una de las
personas de carne y hueso que fueron asesinadas, así como a quienes por un azar que desafía toda lógica, sobrevivieron al horror
y lo contaron. Y recordar con ello que las víctimas directas de la
masacre de La Rochela eran, además de individuos y miembros de
familia, funcionarios del poder judicial que por servir a la justicia
fueron inmolados, en circunstancias en las cuales el Estado tiene
grave responsabilidad por acción y por omisión. Esa es la base de
la ambivalencia profunda frente a la justicia y frente al Estado que
acaso con tinta indeleble escribieron los asesinos en el corazón de
aquellos que quedaron con vida para buscar justicia, ambivalencia
que debe ser reconocida y respetada; porque desde una experien26
cia tan traumática y canibalezca como la suya, no tiene por qué
ser fácil saber si el Estado y hasta la justicia misma pertenecen al
campo de los victimarios o al campo de las víctimas.
El informe que aquí presentamos está dividido en dos partes:
La primera, compuesta por cuatro capítulos, está dedicada al estudio del caso; la segunda, integrada por los dos capítulos restantes,
al estudio de su contexto, regional y estadístico. Los tres primeros
capítulos, escritos sobre todo en el lenguaje más bien objetivo de
la historia crítica y del derecho, se ocupan de la reconstrucción
de los hechos de la masacre, de la ruta judicial y de la valoración
jurídica del caso, tanto a la luz de las normas vigentes en la época
como de las normas vigentes hoy en día. El cuarto capítulo, por
su parte, relata, en clave subjetiva de memoria, la experiencia de
las familias de las víctimas con los procesos judiciales en los cuales
se vieron envueltas durante los últimos veinte años, así como su
experiencia de duelo y de lucha por la justicia. En lo que atañe a
la segunda parte, el quinto capítulo reconstruye el proceso histórico de instauración, consolidación y descomposición del primer
gran modelo paramilitar del Magdalena Medio, mientras que el
sexto presenta la información arrojada por la base de datos que se
elaboró como caja de resonancia de un fenómeno más grande de
violencia contra funcionarios judiciales, para acompañar el caso
de La Rochela.
Entre los muchos asuntos que aborda el informe cabe destacar,
a manera de ejemplos y sin que ello lleve implícita su valoración
privilegiada en relación con otros temas objeto de estudio, los siguientes: en el capítulo primero, dedicado como está a la determinación de quiénes, cómo, cuándo, dónde, motivados por qué
y en qué circunstancias precisas mataron a otros, llama poderosamente la atención la documentación y las reflexiones aportadas
en torno a la naturaleza de la alianza criminal que perpetró el
crimen, y al plan común por ella desarrollado y ejecutado. El capítulo también reconstruye en detalle la actuación de la comisión
judicial sacrificada, de manera que recuerda a las víctimas como
insaciables trabajadores de la justicia.
El capítulo segundo, por su parte, se ocupa de establecer cuáles
fueron las mayores dificultades, pero sobre todo los obstáculos intencionales y no intencionales que enfrentó el proceso penal a tra27
vés de sus distintas etapas. A su vez, el capítulo reseña los esfuerzos
y las medidas adoptados por las distintas autoridades administrativas, judiciales y de control que lucharon, tanto en el plano nacional como en el regional y en el local, por sacar el proceso adelante.
Tanto o más importantes que las grandes decisiones adoptadas
en el nivel central, fueron las pequeñas hazañas realizadas por
quienes en el terreno debieron poner en marcha la investigación.
En medio del clima de terror regional alimentado por la presencia de una alianza omnipresente, ubicua y fantasmal que ocupaba
por igual espacios legales e ilegales y que extendía sus redes hasta
batallones y brigadas, los funcionarios judiciales debieron apelar a
toda suerte de imaginativos trucos para lograr recaudar pruebas y
capturar importantes autores materiales e intelectuales.
En lo que atañe al tercer capítulo, allí se trata sobre todo de ver
hasta dónde los funcionarios judiciales estuvieron en capacidad
de capturar, con las categorías jurídicas disponibles en distintas
épocas lo que hoy denominamos un crimen de sistema, vale decir,
un asesinato múltiple perpetrado por una alianza criminal que
incluía organizaciones jerárquicas y redes y que actuaba de manera planificada y según una clara división del trabajo. La decisión
sobre la práctica de ciertas pruebas, la construcción misma de los
hechos del caso, e incluso la escogencia de ciertos tipos penales y
modelos de imputación, dan cuenta de la preocupación que tuvieron y siguen teniendo los jueces y fiscales aún estando sujetos
a los límites del derecho penal aplicable en diferentes momentos
históricos, frente a las precariedades del sistema judicial y a las del
cuerpo de investigación colombiano.
En lo que respecta al cuarto capítulo, es terrible constatar, para
empezar, el carácter emblemático del caso en cuanto al abandono estructural del que históricamente han sido objeto las víctimas sobrevivientes por parte del sistema penal liberal. Solamente
a través de la lectura esporádica de los informes ocasionales de los
grandes semanarios y de los diarios, o de la llamada solidaria de
algún funcionario de la rama, se enteraban de vez en cuando los
familiares de las víctimas directas de la masacre sobre el avance
de los procesos. Fue necesario pasar de la justicia penal y disciplinaria a la de reparación, pero sobretodo, fue necesario que aparecieran los acompañamientos litigiosos de las Ongs y las instancias
internacionales de derechos humanos, para que las víctimas de la
masacre de La Rochela se sintieran por lo menos en parte y por
primera vez, dignificadas y reconocidas.
A diferencia de otras víctimas de grandes masacres, perpetradas contra comunidades con un asiento territorial, las víctimas de
la masacre de La Rochela son víctimas sin un arraigo espacial profundo y compartido. Es por ello que la comunidad de dolor que
les legó a los familiares de las víctimas directas la experiencia vivida, se presenta como una comunidad frágil, dispersa e itinerante,
diferenciada por géneros, con una localización territorial vicaria
pero importante en San Gil, y con una suerte de punta de lanza
Por último y en relación con la segunda parte del informe, de
la cual dicho sea de paso, depende en buena medida el entendimiento de su carácter emblemático, cabe, a manera de orientación
básica para el lector que se adentre en su lectura, observar lo siguiente:
El capítulo quinto sobre el primer modelo paramilitar del Magdalena Medio fue concebido no como una pieza independiente,
sino como un ejercicio de contextualización del caso. Ello explica
en parte que en su elaboración se haya privilegiado el estudio de
las tensiones entre el centro y la región. Al fin y al cabo la masacre
de La Rochela fue la respuesta que dieron los guardianes y señores
de un orden social regional ilegal y violento, altamente naturalizado, a la vez demasiado cerca y demasiado lejos de Bogotá, ante una
intromisión judicial de autoridades centrales. El capítulo también
da cuenta de muchos otros asuntos cruciales para el entendimiento
de lo sucedido, como el funcionamiento de Asociación Campesina
de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM), las
rutas de expansión y de consolidación del paramilitarismo, sus
escuelas de reproducción y multiplicación, sus relaciones con los
jueces, con los movimientos sociales y políticos de Izquierda, y en
general con la población civil, y con ello sus principales prácticas
de guerra y delictivas.
Al final del camino que recorre este informe, se presentan los
datos sobre violencia contra funcionarios judiciales. Edificada sobre el registro de 1.487 víctimas individuales a lo largo de treinta
años, la base construida por Memoria Histórica, a pesar de sus li29
mitaciones, que incluyen la ausencia de información sobre el total
de funcionarios judiciales en cada año y durante todo el período,
arroja algunos datos sólidos. Gracias a ella está claro que en Colombia han sido victimizados más investigadores que juzgadores; y
lo que es igualmente importante, se sabe que guerrilleros y paramilitares utilizan repertorios de violencia similares y en las mismas
proporciones, que ejercen más violencia contra los operadores rurales de la rama de la justicia, que respecto de los urbanos, y que
la ejercida durante las últimas tres décadas contra los operadores
judiciales ha permanecido más bien oculta e invisible.
En efecto, la historia del impacto del conflicto armado y de la
violencia organizada y desorganizada sobre la rama judicial, es
todavía, en gran medida, una historia que está por ser contada
en el doble sentido de narrada y cuantificada. Muy poco se sabe
sobre los funcionarios victimizados, sobre las tareas que estaban
realizando y que ocasionaron la violencia contra ellos, sobre los
motivos de los perpetradores y las circunstancias del crimen, pues
los registros de prensa han sido insuficientes, y las bases de datos
disponibles son más bien fragmentarias y se mantienen en parte
bajo reserva. El presente informe es un esfuerzo que se espera
sirva como aporte a esa historia.
l siguiente capítulo narra los hechos que sucedieron el 18 de
enero de 1989 y sus antecedentes. Para el efecto, el capítulo se divide en cinco partes. En la primera, se recrea el escenario judicial
en el que desempeñaban sus funciones las víctimas directas de la
masacre. En la segunda, se establece cuáles fueron las principales
investigaciones que la comisión judicial masacrada estaba adelantando en el Magdalena Medio, así como el ambiente de violencia
que se vivía en la zona. En la tercera, se intenta reconstruir el plan
criminal que llevaría a cabo la alianza narco-para-militar que perpetró la masacre, a partir del análisis de las pruebas encontradas
en el expediente penal. En la cuarta, se describe la ruta que la
comisión masacrada emprendió días antes de que sucedieran los
hechos, así como la escena misma del crimen. Finalmente, en la
quinta, se da cuenta de la manera como se recibió y narró la noticia a nivel regional y nacional.
Para realizar la investigación, se utilizaron tres tipos de fuentes
primarias. La fuente principal fue la copia del expediente penal
que consta de más de 30 cuadernos en donde se encuentran las
principales diligencias y providencias judiciales acompañadas de
centenares de testimonios. Adicionalmente, se consultó la prensa
regional y nacional más importante para la época. Se revisaron
los archivos físicos para los años de 1989 y 1990 del periódico Vanguardia Liberal, La Prensa, El Espectador y El Tiempo en la Biblioteca Nacional y los archivos digitales de El Tiempo, El Espectador
y la revista Semana para el periodo de 1990 a 2010. Finalmente se
analizaron más de 40 entrevistas realizadas por MH durante el cur31
so de la investigación. Se entrevistaron a sobrevivientes, familiares
de las víctimas, posibles victimarios, funcionarios judiciales que
tuvieron a cargo la investigación, así como compañeros de trabajo
de las víctimas directas, y funcionarios públicos de relevancia nacional para la época.
El 18 de enero de 1989, Clodoveo Duarte miraba por la ventana
de un bus de Cootrasmagdalena, mientras regresaba de visitar a su
familia en Bucaramanga. Nadie miró el reloj, pero debían ser cerca
de las 3:30 de la tarde, cuando se encontraron en el sitio «La Laguna,» sobre la carretera Panamericana, una escena que los aterró:
eran dos jeeps rodeados de personas muertas. Los pasajeros, en medio del pánico, le rogaron al conductor que se devolviera, pero a sus
sesenta y ocho años Clodoveo se bajó del vehículo y se quedó solo
en medio de la carretera y corrió sin vacilación el riesgo de acudir a
la escena y cumplir con su deber. Como Inspector de Policía de La
Rochela, sintió que debía asegurarse de que no hubiera heridos que
pudiera aún ayudar, y cuando estuvo seguro de que no había ninguno, decidió al menos meterse en los bolsillos toda la evidencia que
le cupiera, con la esperanza de que en ese caso sí se hiciera justicia.
La vereda La Rochela está ubicada en el bajo Simacota (Santander), a 45 minutos de camino de Puerto Nuevo, un caserío a
la orilla de la Troncal del Magdalena Medio. En 1989, La Rochela
contaba con una inspección de policía que recibía las denuncias
de los delitos que ocurrían en la zona, siendo la única autoridad
estatal que podía iniciar la difícil tarea de administrar justicia. En
ocasiones, sin embargo, las denuncias eran enviadas al juzgado
situado en el alto Simacota, donde se ubica la cabecera municipal,
que queda muy lejos de La Rochela, a por lo menos 215 Km por
carretera. Pero en eventos todavía más ocasionales, por ejemplo,
cuando se creía que la justicia local no había avanzado lo suficiente en la investigación de un hecho delictivo, las investigaciones
eran enviadas a los juzgados de Instrucción Criminal de San Gil,
población ubicada aproximadamente a 185 Km de La Rochela.
Como se puede observar en el mapa, mientras el alto Simacota
está situado sobre la cordillera oriental, el bajo Simacota está situado
en el valle del Magdalena Medio. A pesar de pertenecer a la misma
división político-administrativa se trata de subregiones muy diferentes. Mientras pintaba un mapa de Santander en una hoja de papel,
Horacio Serpa, hoy Gobernador de Santander, lo describió así:
«Santander, son dos Santanderes: La Rochela queda en el Santander
del Magdalena Medio, su idiosincrasia es más costeña y este Santander, es el
Santander andino y aquí es donde queda San Gil; entonces son dos regiones
que incluso hasta ahora empiezan hacerse compatibles, aquí (Santander Andino) comen mute, cabrito, y pepitoria, y aquí (Santander del Magdalena
Medio) comen sancocho de pescado. Aquí, escuchan pasillo y bambuco y allí
vallenato. Aquí, la gente es más ceremoniosa y allí más descomplicada.» 1
las víctimas directas de la masacre
Cuatro de los doce muertos que Clodoveo apenas alcanzó a contar en medio de su propio miedo, eran funcionarios judiciales que
provenían de San Gil. Se trataba de Mariela Morales, Pablo Beltrán,
Virgilio Hernández y Carlos Castillo, quienes pertenecían a los juzgados ambulantes cuarto y dieciséis de Instrucción Criminal, y se
encontraban en el Magdalena Medio cumpliendo una comisión.
Estos funcionarios hacían parte de una comunidad judicial muy
unida. Sus compañeros, que aún hoy pertenecen a la rama judicial
le contaron a MH cómo recuerdan esos años. Pablo Amaya, entonces
escribiente de un juzgado de Instrucción Criminal, observó en tal
sentido: «todos trabajábamos en una casona, estaban todos los juzgados de instrucción radicados y los ambulantes (…) eso era una familia ahí, más que lo que es en la actualidad; en esa época había más
calor humano, más compañerismo.»1 Lucy Caballero, quien acababa
de entrar a la rama a finales de los ochenta, y quien le insistió a sus
compañeros que se reunieran para recordar juntos, agregó: «En la
familia de Instrucción Criminal yo era nueva, pero veía que todos los
compañeros jueces y secretarios eran muy amigos. (…) Para los Sangileños el orgullo era el Tribunal de San Gil, que muchas veces han
dicho que lo van a acabar, pero por historia no lo pueden acabar, primero porque le da renombre a San Gil, y segundo… pues porque es
que es de los orgullos que tenemos los Sangileños!»2 Incluso hoy, esa
amplia tradición jurídica de San Gil se siente desde el momento en
Entrevista a Pablo Amaya, por el Grupo de Memoria Histórica, en San Gil, Julio
Entrevista a Lucy Caballero, por el Grupo de Memoria Histórica, en San Gil, Julio
que se entra al Tribunal Superior. 3 En el mismo edificio se encuentran funcionarios de la fiscalía, de los juzgados y hasta del Tribunal.
Todos se conocen y a la hora del almuerzo se toman un tinto en «La
Polita,» el café de la plaza central.
Hasta hoy, el conflicto armado no se ha vivido directamente en
territorio Sangileño. Durante décadas, la mayoría de delitos cometidos en la zona fueron ajenos al conflicto. Eso explica que en 1989
fuera suficiente contar con dos juzgados de Instrucción Criminal
radicados, aunque existieran en total 17 juzgados, de los cuales 15
eran ambulantes. Estos últimos cumplían comisiones en el Magdalena Medio, que aunque lejos, hacía parte de su área de competencia. Es por eso que la mayoría de anécdotas de los funcionarios de
Instrucción Criminal de la época se sitúan en esa región.
En ese entonces, cuentan los funcionarios judiciales, que cuando
debían cumplir comisiones salían el juez y su secretario con la máquina de escribir portátil en una mano y el expediente en la otra.
Belisario Poveda, funcionario de Instrucción Criminal de la época, y
uno de los pocos que guarda todavía las fotos que tomaban mientras
trabajaban en campo, lo relató de la siguiente manera: «uno salía
sin protección ni nada, salía el juez con su expediente, su maletín y
la máquina portátil y se iba para el campo y permanecía todo el día
haciendo sus diligencias de reconstrucción.»4 Pero adelantar las diligencias no siempre era tarea fácil: «por ejemplo, a veces nos tocaba
subirnos a un bus escalera, disimulando quién era juez o secretario,
para que no nos conocieran, llevando el expediente en una caja de
cartón, haciéndole huecos a los lados para que eso asemejara que
uno llevaba pollos y parecer campesino en las veredas.»5 Esta última
anécdota nos la contó Ediberto Tibaduisa reconociendo que muchas
Horacio Serpa, lo describe con las siguientes palabras: «(…) Es un pueblo muy particular en términos de una cultura judicial antigua, un orgullo de judicatura. (…) Es de los
pocos pueblos (donde) hay Tribunal, tienen una tradición judicial grande. (…) En San
Gil ser Magistrados era una cosa! … ser Magistrado… lo viví yo hace un mes que fui a
visitarlos, allá al Palacio de Justicia, el que entra allá es con una actitud reverente.» Entrevista a Horacio Serpa Uribe por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá, Agosto 2009.
Testimonio concedido por Belisario Poveda, a los investigadores de MH, en San
Gil, Julio 2009. Funcionario de Instrucción Criminal de la época, es uno de los
pocos que guarda las fotos que tomaban mientras trabajaban en campo.
Entrevista a Edilberto Tibaduisa por el Grupo de Memoria Histórica en San Gil,
Imagen 1. Fuente: Archivo fotográfico de Belisario Poveda.
«En esa época, como no había los medios, un escritorio o una mesa portátil para en los campos
colocar la máquina, había que buscar una piedra o sentarse como en esa fotografía, me senté y
coloqué la máquina en las piernas y se adelantó la inspección, una especie de reconstrucción, ahí
recibí unas declaraciones, se hizo la reconstrucción de esos hechos» Belisario Poveda, julio de 2009.
veces él y sus compañeros sentían miedo cuando cumplían las comisiones que les asignaban en el Magdalena Medio, aunque por eso
nunca dejaran de cumplir con su trabajo.
Para finales de los ochenta existía en el Magdalena Medio presencia de guerrillas y de paramilitares. En particular, dos juzgados tenían a su cargo delicadas investigaciones penales contra la
poderosa organización paramilitar del Magdalena Medio. Se trataba de los juzgados cuarto y dieciséis de instrucción criminal,
dirigidos respectivamente por Camilo Navarro y Mariela Morales.
El juzgado dieciséis adelantaba en ese momento la investigación sobre 17 comerciantes que habían sido secuestrados, desaparecidos, torturados, masacrados y tirados al río, así como el de
dos personas más que habían ido en su búsqueda. Entre noviembre y diciembre de 1988, Camilo Navarro (juez) y Pablo Beltrán
(su secretario y mano derecha), habían realizado comisiones en
coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal,
para investigar los hechos en Barrancabermeja, La Dorada, Puerto Boyacá y Medellín, logrando descifrar parte de la organización
paramilitar que operaba en el Magdalena Medio. De hecho, en
Constancia del Despacho firmada en diciembre de 1988 se dice:
«el juzgado confirmó la existencia de un grupo de sicarios que ha
venido operando en territorio de esa jurisdicción y de Puerto Boyacá, amparados y protegidos por los ganaderos: Arístides Clavijo, Jairo Correa,
Virgilio Araujo, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, Gabriel
Matiz, Francisco Barbosa quienes son los principales integrantes de la
asociación de campesinos y ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM)
siendo su centro de operaciones e1 almacén «Agrocentro La Primavera» de
La Dorada (Caldas). (…) Se estableció también, que el grupo de sicarios
es dirigido por Henry Pérez, y están dotados de armamento moderno, radios de comunicación, varios vehículos sin placa con los que patrullan
constantemente la región y toda persona que se encuentren y les parezca
extraña la van desapareciendo.» 6
Juzgado 16 de Instrucción Criminal de San Gil. Constancia del despacho del 10
de diciembre de 1988. Este documento fue encontrado en la copia del expediente
del caso de 19 comerciantes que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL) le mostró al Grupo de Memoria Histórica.
Imagen 2. Informe del Juzgado 16 de Instrucción Criminal, 1988.
Por su parte, en el juzgado cuarto de Instrucción Criminal de
San Gil dirigido por Mariela Morales, quien había sido juez civil
de San Gil, y acababa de ser nombrada en Instrucción Criminal, se
estaba investigando varios homicidios ocurridos en el Bajo Simacota, en los cuales estaban supuestamente involucrados paramilitares y miembros del ejército. El Secretario del juzgado, Virgilio
Hernández, fiel escudero de la doctora Mariela, la acompañaba en
la investigación de los mencionados delitos aún cuando ya había
cumplido los requisitos para pensionarse.
Los funcionarios eran plenamente conscientes del riesgo sin
precedentes que estaban corriendo. A diferencia de sus compañeros, ellos sí conocían la extensión criminal y la sevicia del grupo de
«sicarios» que hoy conocemos como paramilitares del Magdalena
Medio. Tal vez por eso, algunos de sus colegas recordaron haberles oído frases en las que de una u otra manera —sin contar detalles de la investigación— expresaban miedo. Fernando Álvarez,
«una vez entró una llamada preguntando por el doctor Camilo Navarro y le dije que no estaba, entonces que pasara Pablo, me quedé ahí al pie
del teléfono y él decía que con menos de 10 escoltas no iba, porque iban para
Puerto Boyacá, que con menos de 10 escoltas no iba y sólo había dos.» 7
El miedo que los jueces podían sentir por los riesgos de los casos
particulares que tenían a su cargo, se sumaba al miedo que en general estaban sintiendo los funcionarios judiciales a finales de los
ochenta en Colombia. Carlos Eduardo Mejía, ex director Nacional
de Instrucción Criminal, lo recuerda de la siguiente manera:
Entrevista a Fernando Álvarez, por el Grupo de Memoria Histórica en San Gil, Julio 2009. Por su parte, sobre la doctora Mariela, Martha Lucía Durán declaró: «La
doctora Mariela me manifestó a mí que ellos no acudían al ejército porque parte de
su investigación comprometía a miembros de dicho organismo y que además ellos
sabían que ellos estaban yendo allí, porque allí en el reten militar los habían identificado.» Unidad Móvil de Investigación, Declaración de la doctora Martha Lucia
Durán Serrano el día 2 de Febrero de 1989. Los documentos citados del expediente
penal corresponden a la copia del expediente que el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo le prestó al Grupo de Memoria Histórica.
«(…) ya era frecuente que desde los ochenta venían asediando a la
justicia y a los jueces, los amenazaban. Para mí era común que llegaran
sufragios y cosas, que llegaran a la casa o que le llegaran a los compañeros
o que le hubieran quitado el carro a un compañero y lo hubieran echado
por un voladero y le hubieran dejado una nota que eso era por meterse con
tal cosa.»8
En ese clima de miedo nacional por la amenaza de funcionarios judiciales, se decidió fortalecer el aparato investigativo de la
justicia, a través de la creación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Dicho aparato estaría a cargo de la Dirección Nacional de
Instrucción Criminal. Por primera vez, jueces e investigadores estarían bajo el mando de una misma entidad que tenía como objetivo apoyar y tecnificar la función judicial. Carlos Mejía explicó la
creación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial así:
«En el 87 hacen un cambio y entonces crean todo un Cuerpo Técnico
de Policía Judicial, pasan la Policía Judicial de la Procuraduría a Instrucción y le crean a Instrucción una planta y regulan detalladamente
todo eso. Fortalecen presupuestal y administrativamente a Instrucción Criminal (…) Entonces digamos que los Directores de Instrucción Criminal a
lo que se dedicaron fundamentalmente fue a montar el aparato de investigación, a comprar equipos, comprar los carros para hacer los levantamientos, los kit de identificación y los de huellas dactilares y móviles para poder
dar a los agentes, a distribuir los tipos de agentes y la planta de personal,
a definir las escalas salariales, etc.» 9
El nuevo aparato investigativo requería capacitar un grupo amplio de investigadores que pudieran realizar las nuevas labores técnicas demandadas por la administración de justicia. Para el efecto
Ricardo Téllez nos contó que se decidió crear una escuela:
«se empezó a organizar gente que estudiara fotografía, dactiloscopia, a
traer gente del DAS. Empezamos a hacer cursos. Todo era una locura (…)
Entrevista a Carlos Eduardo Mejía por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá,
nosotros mismos dábamos las clases, hacíamos de todo; eso parecía una
vaina increíble, conseguimos un colegio prestado, lo consiguió un tipo
Armando Segovia, un hombre muy interesante, consiguió que le prestaran
las instalaciones de un colegio por allá en la 140 en el norte de Bogotá,
un colegio de un amigo de él. Se hizo convocatoria para investigadores de
policía judicial y se les formó, se les enseñó de investigación criminal. Lo
logramos haciendo locuras pero se organizó así el Cuerpo Técnico.» 10
Volvamos a la escena de los eventos. Esa tarde, sobre la carretera Panamericana, Clodoveo Duarte también encontró los cuerpos
sin vida de ocho funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La inmensa mayoría de ellos eran hombres muy jóvenes, que
él pensó no sobrepasaban los 30 años de edad. Acababan de ser
capacitados y de empezar a trabajar con el sueño de mejorar sus
ingresos y así la calidad de vida de sus familias. Se trataba de Arnulfo Mejía Duarte, Yul Germán Monroy Ramírez, Luis Orlando
Hernández Muñoz, Orlando Morales Cárdenas, Gabriel Enrique
Vesga Fonseca, Benhur Iván Guasca Castro, Cesar Augusto Morales Cepeda y Samuel Vargas Páez. Éste último era el único que contaba con 55 años de edad, y amplia experiencia como conductor
de vehículos oficiales. Apenas llevaba seis meses trabajando para
Instrucción Criminal la mañana que salió de Bogotá manejando
el campero plateado que los conduciría hasta Barrancabermeja. 11
Los demás eran todos muy jóvenes. Yul Germán Monroy tenía
27 años. Llevaba dos años sin empleo y precisamente el día que
lo llamaron de la Policía Técnica Judicial (septiembre de 1988),
también lo llamaron para trabajar en otras dos empresas como
vendedor. Optó por aceptar el trabajo que le brindaba mejores
perspectivas económicas, pero solo alcanzó a salir a una comisión,
que se convirtió en la última.12 Luis Orlando Hernández, por su
parte, había sido trasladado a Instrucción Criminal hacía un año
y medio, luego de que eliminaran la Policía Judicial adscrita a la
Entrevista a Ricardo Téllez por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá, Septiembre 2009.
El Tiempo. «A Yul Germán lo mató la necesidad.» 20 de enero de 1989.
Procuraduría, donde había trabajado por 3 años más. Tenía 29
años y era bachiller. No era adepto a comentar cosas de las investigaciones porque su esposa se preocupaba mucho.13
Algo similar le sucedía a Cesar Augusto Morales de 26 años,
quien a pesar de tener experiencia como escolta, tenía el presentimiento de que lo iban a matar, por lo cual tres semanas antes
de ser asesinado le pidió a su suegro que cuidara a su esposa y a
sus hijas.14 La tarde de la masacre hubo llanto entre sus amigos
del Ministerio de Justicia, donde había sido muy popular por su
buen humor. Benhur Iván Guasca era todavía más joven. A sus 24
años, había alcanzado apenas a graduarse como investigador de la
Policía Técnica Judicial pero no logró llegar a tener el diploma de
grado en sus manos. En noviembre fue felicitado por la Dirección
de Instrucción Criminal por haber ayudado en la captura de dos
peligrosos sicarios, pero poco tiempo después murió junto con varios de sus compañeros. «Solo murió. Sin más ni más. Su diploma
de investigador aún reposa en un archivo de la Dirección de Instrucción Criminal.»15
Lo que no supo Clodoveo en ese momento, fue que milagrosamente tres de los miembros de la comisión judicial habían logrado
sobrevivir. Se trataba de Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto Mantilla Castillo y Manuel Libardo Díaz Navas.
Detrás de que iban los investigadores judiciales
El 20 de diciembre de 1988, se creó mediante Resolución 955
la Unidad Móvil para investigar múltiples homicidios y desapariciones que habían ocurrido en meses anteriores en los municipios
de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra. En uno de los documentos
recuperados en la escena del crimen, se encuentra la lista precisa
de homicidios y desapariciones que los jueces iban a investigar.
«No flaca, o Joto, me decía. No se afane.» El Tiempo. «A Yul Germán lo mató la
necesidad.» 20 de enero de 1989.
El Tiempo. «Cesar Augusto veía venir la muerte». 20 de enero de 1989.
El Tiempo. «Benhur Guasca nunca recibió su diploma.» 19 de enero de 1989.
Imagen 3. Lista de los procesos que iba a investigar la comisión judicial, 1989.
Los jueces y sus respectivos secretarios ya se habían trasladado
a la cabecera municipal de Simacota en el mes de diciembre de
1988, con el propósito de recoger los expedientes de los procesos
que debían investigar. En comunicación enviada al Director Sec43
cional de Instrucción Criminal de la época, Gerardo Delgado, la
recién nombrada Unidad le comentó que los procesos reclamados
contaban únicamente con la denuncia, el levantamiento del cadáver, y en algunas ocasiones con el acta de necropsia. En ese sentido,
la Unidad advirtió que las investigaciones que debían adelantar
eran aún incipientes, por lo cual requerían acudir a la zona para
recibir testimonios que permitieran aclarar los hechos. Añadió,
que en la mayoría de homicidios y desapariciones estaban supuestamente involucrados miembros del Ejército Nacional, quienes en
compañía de «civiles y ex guerrilleros» retenían a los campesinos,
los «masacraban, torturaban y quemaban con ácidos.» 16 Por esta
última razón, la Unidad consideró importante sugerir que se conformara adicionalmente una Comisión de la Procuraduría General de la Nación, que investigara en forma simultánea la conducta
atribuible a los militares.
En dicha carta, también se informó que la Unidad iba a partir
el 10 de enero de 1989 a la zona de ocurrencia de los hechos.
El juez titular del juzgado 16 de Instrucción Criminal —Camilo
Navarro—, no podía asistir a la Comisión porque desde noviembre de 1988 le habían otorgado vacaciones por 25 días contados a
partir del 6 de enero de 198917. Como juez encargado, se nombró a
Pablo Beltrán, hasta ese momento secretario del juzgado.
La Comisión que partió el 10 de enero desde San Gil, contó con
la ayuda adicional de un grupo excepcionalmente amplio de investigadores del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ). Lo normal en esa época, era que los jueces partieran sólo con sus secretarios a realizar las labores requeridas, pero en ésta oportunidad la
importancia de los hechos ameritó que los jueces y sus secretarios
partieran desde San Gil con el apoyo adicional de 2 miembros del
CTPJ, 5 más que habían sido nombrados y enviados desde Bogotá,
y 3 que se sumaron en Barrancabermeja junto con un conductor.
Algunos miembros del CTPJ que habían sido enviados desde Bogotá, acababan de llegar de otra Comisión. Aunque en el expedien16
Unidad Móvil de Investigación. Oficio numero 231 expedido en San Gil el día 28
Tribunal Superior de San Gil. Resolución número 050 del 21 de noviembre de
te no aparece la resolución con base en la cual se les ordenó acudir
a San Gil para apoyar las diligencias, es posible que en el naciente
y aún muy desorganizado Cuerpo Técnico los hubieran nombrado
a última hora —inclusive saltándose las formalidades apropiadas—
para cumplir con la fecha planeada por la Unidad Investigativa.
Es importante resaltar que la conformación de Unidad Investigativa respondió a la preocupación que se vivía desde Bogotá por
el creciente fenómeno paramilitar en el Magdalena Medio. Dirigentes comunales de la zona habían viajado hasta el centro para
denunciar ante el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General de la Nación, los abusos que estaba cometiendo el ejército
con colaboración de grupos paramilitares. Algunos de ellos, dejaron constancia escrita de sus denuncias. Por ejemplo, en una carta
enviada el día 15 de noviembre de 1988 por parte de dirigentes
comunales a Fernando Brito Ruiz (viceministro de gobierno de la
época) y a Horacio Serpa (Procurador General de la Nación), los
líderes hacen un recuento extensivo de los crímenes que se estaban
cometiendo en la región y concluyen: «rogamos tomar las medidas
pertinentes a fin de que estos hechos no queden en la impunidad
pues entendemos que si no se castigan a los responsables, se pueden generar hechos tan lamentables como los que hoy llora el pueblo antioqueño de Segovia.»18 Entre los hechos denunciados en la
carta, se resaltan los siguientes:
«(…) septiembre 20 de 1986: por órdenes del capitán Zúñiga al mando de la Comisión suscrita a la quinta brigada fueron asesinados cuatro
campesinos. (…) Abril de 1988: fue asesinado José Arístides Granja y fue
desaparecido Antón Álvarez por parte de grupos paramilitares. (…) Febrero 17: fue asesinado el campesino Severiano. Ese mismo día, el profesor
de la escuela cuyo nombre responde a Isnardo Morales fue secuestrado y
posteriormente fue encontrado asesinado con francas señales de tortura y
quemaduras con ácido. (…) Últimamente fue asesinada Hermelinda Castro quien había sido anteriormente amenazada por el teniente Oswaldo
Prada comandante de la base militar de campo capote. (…) Todos estos
hechos están amparados por los señores oficiales del ejército como el capitán
Carta enviada por Efraín Pérez y Joaquín Pinto, dirigentes comunales de la región,
al Procurador Nacional. 15 de Noviembre de 1988.
Zúñiga, el teniente Oswaldo Prada y otros quienes amparan y apoyan a
los grupos paramilitares de la región.» 19
El Presidente de la República de ese entonces, Virgilio Barco,
también se había enterado de los hechos sucedidos en el Magdalena Medio y estaba preocupado. Tanto así, que se comunicó
directamente con Gerardo Delgado Silva, Director Seccional de
Instrucción Criminal en San Gil, a quien le solicitó adelantar las
investigaciones pertinentes.20 Delgado también había conversado
con el entonces Director Nacional de Instrucción Criminal, Carlos
Lozano,21 y con el Procurador Horacio Serpa, quienes habían manifestado su preocupación por la situación en la zona.22
Tras la masacre de los miembros de la comisión se empezó a
manejar la hipótesis sobre la relación que existía entre la muerte
de los funcionarios judiciales y la investigación de la masacre de
19 comerciantes. Especialmente en prensa se dijo que la orden de
matar a los funcionarios judiciales provenía de los autores de la
desaparición y asesinato de los comerciantes que querían mantener los hechos en la impunidad.23 Aunque el juzgado 16 de Instruc19
Entrevista a Gerardo Delgado por el Grupo de Memoria Histórica en San Gil,
En efecto, Carlos Lozano en carta enviada el 12 de diciembre de 1988 le sugiere
a Gerardo Delgado «reunirse en Barrancabermeja con el juez o jueces que están
conociendo de los innumerables delitos que en tal documento se denuncian y de no
estar esas investigaciones bien instruidas, hacerme una relación del estado de cada
una de ellas con el fin de conformar una unidad investigativa, dirigida por uno o
dos jueces de orden público que, con la colaboración de los jueces de instrucción
de la región, y buen número del cuerpo técnico, traten de desentrañar tanto terror
que reina en esas regiones.»
En entrevista con Horacio Serpa, éste afirmó: «…también influyó el hecho de que
Lozano fuera el jefe de Instrucción Criminal. Ante la circunstancia de ver que esos
casos estaban quedando en la impunidad, él lo asumió (…) Ahora yo también tuve
que haber metido la mano en eso, para que esos casos no quedaran en la impunidad.» Entrevista a Horacio Serpa por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá,
«El patético caso de desaparición y muerte ocurrió hace casi tres años en el Magdalena Medio. Investigación estatal busca rescatarlo del olvido en el que está. La
justicia de Orden Publico reestructurada recientemente en su nómina buscará rescatar de las aguas de la impunidad y la amnesia del caso de 19 comerciantes que
el 3 de octubre de 1987 fueron secuestrados y asesinados por la organización de
paramilitares del Magdalena Medio. El episodio ha tenido desde entonces implica-
ción Criminal sí tenía a su cargo el caso de la masacre de los 19
comerciantes, y había realizado previamente comisiones exitosas
para aclarar dichos hechos, la Unidad Investigativa no se encontraba investigando el caso en ese momento. Como se dijo anteriormente, el objeto de la comisión era la investigación de una serie
de asesinatos que se pensaba había cometido la alianza entre autodefensas y militares de la zona. De hecho, la vereda La Rochela
está ubicada en un sitio distante a Puerto Boyacá y Puerto Araujo,
donde era más probable encontrar a las personas que podrían declarar en relación con la muerte de los comerciantes.
De cualquier manera, lo que estaba ocurriendo en Puerto Boyacá y Puerto Araujo no era muy distinto de lo que ocurría en la
zona cercana a la vereda La Rochela y Puerto Nuevo. Según las denuncias de los habitantes de la zona, desde mediados de los años
ochenta se venían cometiendo constantes y criminales abusos por
parte de los actores armados en la región. Desde 1986, la violencia
había incrementado, sobre todo por parte de los paramilitares en
colaboración con el ejército.24 Cada vez eran más frecuentes las denuncias de habitantes que aseguraban que estaban desapareciendo, torturando y asesinando campesinos por ser supuestos colaboradores de la guerrilla. En el expediente penal que se abrió a raíz
de la muerte de los funcionarios judiciales, se encuentran cientos
de declaraciones que corroboran lo dicho. Por ejemplo, Wilson
Fontecha, humilde campesino del área afirmó:
«ellos no hacen nada sino joder a la gente, humillarla, les pegan, les
dan plan porque ellos dicen que la gente son sapos que le ayudan a la
ciones graves, incluso para la propia justicia como quiera que está conectado con
la masacre de La Rochela en el Magdalena Medio santandereano, donde fueron
asesinados los miembros de una comisión de Jueces y miembros del cuerpo técnico
de policía judicial que tenían a cargo las investigaciones» El Tiempo. 30 de Agosto
Según las declaraciones tomadas por la unidad investigativa encargada de la investigación de la masacre, el Mas (Muerte a Secuestradores) había aparecido en
la zona en 1986 cuando asesinaron a unos habitantes de Puerto Nuevo y otros de
Campo Capote. Unidad Móvil de Investigación, Declaraciones del señor José Clodoveo Duarte Castellanos el día 20 de Enero de 1989; de la señora Consuelo de
Jesús Bustamante el día 9 de Febrero de 1989; y del doctor Luis Eduardo Valdivieso
Barco el de 6 de abril de 1989.
guerrilla, que son auxiliadores de la guerrilla, nos tienen amenazados,
amedrantados, allá todos vivimos intranquilos porque uno no sabe a qué
horas ellos le pueden salir a matarlo a uno sin saber por qué. Allá es lo que
ellos digan y ahora les ha dado por llegar a las fincas a pedir plata y llegan
y hacen reuniones y al que no vaya, cuando vuelven es para matarlo, ellos
son los Masetos.» 25
Los denominados Masetos eran ampliamente conocidos en la
región.26 Decenas de campesinos habían tenido que dejar sus tierras y pertenencias huyendo por miedo de la zona.27 Para nadie era
secreto que los Masetos actuaban de la mano de los militares. De
hecho, los habitantes de la zona los confundían con frecuencia.
En una declaración uno de ellos afirmó: «…realmente ahí donde
estamos es una situación difícil porque no se sabe cuál es ejercito
y cual no, o sea cual es fulano o sutano no se sabe, yo no he visto
Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por Wilson Fontecha el día
16 de Febrero de 1989. En ese mismo sentido se puede consultar las declaraciones
rendidas ante la Unidad Móvil de Investigación, por Efraín Pérez Benavides el día
9 de Marzo de 1989, y Jorge Enrique Moreno el día 11 de Febrero de 1989 entre
En la declaración rendida por la señora Carmen Camacho, esta habitante de La
Rochela afirma: «El me dijo que era Maseto, yo le dije eso que es, me dijo «matar a
otro». Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por Carmen Camacho
González el día 8 de Febrero de 1989. Ver también las declaraciones ante la Unidad
Móvil de Investigación de Odilio Rueda, 24 de Enero de 1989, Graciano Moreno
Morales, 24 de Enero de 1989, Luis María Sanabria, 24 de Enero de 1989, Ana
Gricelda Pinzón Melgarejo, 24 de Enero de 1989, José Manuel Pabón Galvis, 24 de
enero de 1989, Rodrigo Contreras Díaz, 31 de Enero de 1989, Alirio Muñoz, 2 de
Febrero de 1989, John Dairo Cano Bedoya, 7 de Febrero de 1989, Milcíades Carrillo Acuña, 8 de Febrero de 1989, Maritza Bustamante Charrasquiel, 9 de Febrero
de 1989, Javier Quiroga Ariza, 9 de Febrero de 1989, Luis José Galvis, 9 de Febrero
de 1989, María Nohora Giraldo López, 9 de Marzo de 1989, Pablo Emilio Romero,
5 de Abril de 1989, Rodrigo Toloza Camacho y Ana Helena Suarez Narváez, 13 de
Febrero de 1989; y las diligencias de indagatoria de Ricardo Antonio Ríos Avendaño, 31 de enero de 1989, Carmen Rosa Ramírez Vera, 9 de Febrero de 1989, y
Robinson Robles Díaz, 10 de Febrero de 1989.
Por ejemplo, el señor Alirio Muñoz afirmó en su declaración: «… He oído decir
es que de un sitio mucho más arriba de mi finca llamado El Guamo por allá sí son
todos masetos y que vienen bajando conquistándose a los campesinos y que el que
no se vuelva maseto ha tenido que abandonar la finca y el ganado.» Unidad Móvil
de Investigación. Diligencia de declaración que rinde el señor Alirio Muñoz el día
2 de Febrero de 1989. En ese mismo sentido, ver: Unidad Móvil de Investigación.
Diligencia de Ampliación de declaración que rinde el señor Efraín Bravo Garzón el
día 1 de Febrero de 1989.
nadie de civil armado, pero a veces ve uno a los del ejercito de civil
y otras veces ve uno gente de civil y dicen que son del ejercito.» 28
Era frecuente que Los Masetos patrullaran la zona junto con
el ejército. En la carretera, se realizaban retenes conjuntos, y en
las veredas y las cabeceras municipales se amenazaba a los campesinos obligándolos a tomar partido, pues se presumía que quien
no estuviera con ellos estaba contra ellos.29 Inclusive, algunos habitantes afirmaron que la alianza para-militar había dado la orden
general de «decidir con quien se estaba» en 5 meses, de manera
que quienes al final del plazo no decidieran ayudarles incondicionalmente, debían abandonar sus tierras o serían asesinados.30
Paralelamente, se realizaban reuniones en las veredas y los municipios para alertar a la población sobre la presencia de la guerrilla,
solicitar ayuda, planear obras cívicas, y en último término asegurar la presencia y el apoyo de quienes se habían mostrado reacios
a colaborar con la alianza. Las reuniones que se llevaron a cabo
en Puerto Nuevo (el municipio más cercano a La Rochela), fueron
planeadas por miembros del ejército que pertenecían a la base de
Campo Capote, paramilitares locales y hacendados. 31
En ese mismo sentido otros campesinos afirmaron: «(…) me dijo [un Maseto] que ellos
podían matar a cualquiera y no les hacían nada porque eran el mismo ejército, (…) él además me
dijo que tenían sueldo del gobierno de sesenta mil pesos cada uno, que les llegaba sueldo como a un
soldado.» Unidad Móvil de Investigación. Diligencia de Ampliación de declaración que
rinde el señor Efraín Bravo Garzón el día 1 de Febrero de 1989. «La contraguerrilla y
los Masetos son los mismos porque ellos vienen matando la gente y no dejan vivir tranquilo, los Masetos y la contraguerrilla se visten lo mismo, los Masetos andan revueltos
con el ejército, yo a todos los que les he nombrado los he visto andando con el ejército
y eso hay más sino que yo no les sé los nombres.» Unidad Móvil de Investigación. Declaración que rinde la señora María Nohora Giraldo López el día 9 de Marzo de 1989.
declaraciones con contenido similares son la rendida por Luis Nemesio Pineda
Quintanilla el día 10 de Abril de 1989, la diligencia de ampliación de indagatoria
de Robinson Robles Díaz el día 13 de febrero de 1989, y las declaraciones de Ana
Gricelda Pinzón Melgarejo el 24 de Enero de 1989, y Ana Helena Suarez Narváez
el día 13 de febrero de 1989.
Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por Efraím Pérez Benavidez
el día 9 de marzo de 1989.
Unidad Móvil de Investigación. Declaración rendida por José Manuel Pabón Galvis el día 24 de enero de 1989 .Ver también, ampliación de declaración rendida
por José Clodoveo Duarte Castellanos el día 23 de Enero de 1989; Diligencia de
Indagatoria que rinde Ricardo Antonio Ríos Avendaño el día 31 de Enero de 1989
y Declaración del señor Arinson Rueda Martínez el día 10 de Febrero de 1989.
Para 1989 la alianza para-militar en la zona donde se llevó a cabo
la masacre era tan sólida, que testigos aseguran que en Campo Capote la mayoría del pueblo conocía «la base» de los Masetos, que
funcionaba en una casa que había sido arrendada cerca de la plaza
principal, con el propósito de tener un lugar fijo donde reunirse
paramilitares locales con miembros del ejército.32 La primera comisión que investigó la masacre de La Rochela alcanzó inclusive
a tener un croquis donde testigos ubicaron la mencionada «base».
A nivel nacional, para la década de los 80, aún estaba vigente
el marco normativo que permitía la colaboración entre militares
y civiles denominados como autodefensas. Se trataba del Decreto
Legislativo 3398 de 1965, el cual fue adoptado como legislación
permanente mediante la Ley 48 de 1968. El artículo 25 del Decreto estipulaba que «todos los colombianos, hombres y mujeres, no
comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio,
podían ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con
los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad».
Asimismo, en el parágrafo 3 del artículo 33 se disponía que «el
Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos
autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como
de propiedad particular, armas que estén consideradas como de
uso privativo de las Fuerzas Armadas». Este marco legal se tradujo
en manuales expedidos por el Ejército para el «combate de bandoleros y guerrilleros». En estos manuales se estipulaba cómo se
formarían las juntas de autodefensa33 y quienes podrían ser guías
Unidad Móvil de Investigación. Diligencia de indagatoria que rinde Oscar Moreno Rivera el día 9 de marzo de 1989.
En 1969, fue aprobado por el Comando General de las Fuerzas Militares el Reglamento EJC 3-10 de combate de contraguerrillas. Este reglamento, en su sección «Operaciones de organización de la población civil», disponía «organizar en forma militar a
la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de
operaciones de combate» (pág. 310). Para ello se indicaban dos formas de organización:
«a) Como junta de autodefensas, b) como defensa civil». «La junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se
entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área y
para operar en coordinación con tropas de acciones de combate» (Manual de 1969, pág. 317).
Otra impronta importante de este manual es su definición del desafío revolucionario
como una iniciativa antinacional ya que «pretende destruir el sistema que se ha dado en
nuestra nación» (pág. 194). Por último pero no de menor importancia es el énfasis que
se hace en este manual sobre la responsabilidad del Estado por «las desatenciones de los
organismos oficiales para solucionar los diferentes problemas y necesidades de la población (que)
del ejército. Sobre todo se establecía cómo debía ser el «tratamiento sicológico» de las poblaciones con Juntas de Autodefensa. Por
ejemplo, dicen los manuales, que las juntas había que: «(…) organizarlas, instruirlas y apoyarlas donde la población es leal y se
manifiesta agresiva y decidida contra el enemigo. Con adecuada
acción sicológica se logra la integración de la población, especialmente en las áreas de gente resentida con los bandidos, donde se
les exigen cuotas, se les ha boleteado y ordenado desocupar y se
les amenaza constantemente.»34
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que
este marco legal permitió la formación de grupos de autodefensa que se degradaron hasta convertirse en paramilitares. Por esta
razón, la Corte condenó al Estado colombiano en masacres como
el caso de 19 comerciantes y La Rochela. Sin embargo, el General
Salcedo Lora, en entrevista concedida a MH afirmó:
«Referente a la autorización que podía dar el Estado para que una
persona se armara y formara unas autodefensas; esa es una cosa que está
escrita, pero no todo lo que está escrito es aplicado, todo lo que está escrito
no está para cumplirlo, es una norma que existe, pero una norma que
como les decía yo que duré 41 años en el ejército jamás vi o recibí una
orden de aplicar esa norma, nunca. (…) El teniente o el capitán nunca
han oído hablar de la ley de defensa nacional ¡Jamás! Yo conocí la ley de
defensa nacional cuando estuve en la Escuela Militar de Guerra, a mí
nunca nadie me habló de esa vaina y nunca jamás leí la Constitución, yo
no tenía porque leer esa carajada.» 35
se convierten en un ingrediente de inconformidad que es aprovechada por los grupos subversivos» (pág. 159). Este aparte evoca el desarrollismo implícito en el modelo inicial de
contrainsurgencia moldeado por el general Ruiz Novoa. «Las juntas de autodefensa
proporcionan información. Niegan las áreas al enemigo. Suministran guías para las
operaciones militares. Patrullan sus propias zonas. Suministran apoyo logístico a las
patrullas. Cumplen misiones de inteligencia y contrainteligencia. Transportan abastecimientos a tropas distantes. Hacen evacuaciones y asesoran un planeamiento con
su conocimiento del área, su conocimiento del enemigo y su malicia indígena.» Fuerzas Militares de Colombia. Disposición no. 00014, por la cual se aprueba el Manual
«Combate contra bandoleros y guerrilleros.»
Disposición no. 00014, por la cual se aprueba el Manual «Combate contra bandoleros y guerrilleros.»
Entrevista al General Retirado Juan Salcedo Lora por el Grupo de Memoria Histórica en Bogotá, octubre de 2009.
Según el General, tanto la normatividad legal como los manuales no podían ser aplicados por dos razones. En primer lugar,
eran desconocidos por la mayoría de los miembros del Ejército,
incluso por los altos mandos. En segundo lugar, las normas tenían problemas de implementación, pues para aplicar la normatividad se necesitaba una autorización y una orden expresa de un
comandante, que en la práctica era muy difícil de conseguir. MH
no comparte las apreciaciones del General. En primer lugar, en el
expediente penal que se abrió a raíz de los hechos de la masacre
de La Rochela se encuentran varias defensas de militares involucrados que citaron los manuales para justificar por qué ayudaron
en la creación de grupos de autodefensa. Se trata de militares de
todos los rangos, que explicaron sus actuaciones justificándolas
en la normatividad que según el ex General era desconocida por
la mayoría. Estos militares participaron directamente en operaciones conjuntas con las autodefensas no sólo en combates con
la guerrilla sino en intimidaciones a la población civil.36 A MH le
parece significativo que en las indagatorias —inclusive quienes
no eran abogados— pudieran explicar con tanta fluidez el marco normativo que los cobijaba. En segundo lugar, con respecto a
La Defensa del teniente Luis Enrique Andrade desde 1989, es quizá la que más
se ha escudado en el marco legal vigente para la época. Fue la primera en pedir
copias de los reglamentos de contraguerrilla. «(…) la principal vinculación de los
procesados, casi en su totalidad es por la violación al art.7 del D.180 de 1988, denominado concierto para delinquir, y aquí debo detenerme, pues no se puede hablar de
éste en la forma tan tajante como lo ha venido haciendo el señor juez y la fiscalía,
ya que es clara al hablar de “un grupo de sicarios o una organización terrorista”,
respetuosamente me aparto de sus interpretaciones, puesto que lo que se trató fue
que se reuniera las voluntades de una región, para tratar de salvarse de los ataques
continuos, agresivos e inhumanos por parte de los enemigos de la patria que no
pueden ser otros que los subversivos y la guerrilla, pero que además esas voluntades
buscaban solamente colaborarle al Estado a través de las fuerzas armadas con el
objetivo constitucional y soberano de que les fueran respetadas sus vidas honra y
bienes.» «Quien si bien, en algún momento, y en acatamiento del reglamento del
combate de contraguerrilla del ejército (sección D, numeral 119, métodos y técnicas de las operaciones de control, inciso 4o., Redes de control), utilizó personal
civil como informantes, y según lo probado en autos, y en tratándose de una zona
de grave alteración del orden público, utilizó como guía a Julián Jaimes». Carta del
abogado defensor del Teniente Luis Enrique Andrade Ortiz; Gil Colorado quien
para la época era el comandante de la Quinta Brigada, atestiguó a favor de Andrade asegurando que dentro de la institución estaba permitido el uso de personal
civil en áreas de orden público. Carta del abogado defensor del Teniente Luis Enrique Andrade Ortiz.
los problemas de implementación de la norma, MH basada en los
testimonios de algunos paramilitares de la zona, concuerda con el
testimonio del General Salcedo cuando éste afirma que los paramilitares no recibían armas oficialmente de miembros del ejército.
Sin embargo, ese no era el único mecanismo a través del cual el
ejército facilitaba el acceso a armamento. Según testimonios de
varios paramilitares, las brigadas les ayudaron agilizando los trámites para venderles armas con salvoconducto, o inclusive prestándoselas para ciertas operaciones.37 Quizás uno de los testimonios
más detallados sobre la colaboración que las diferentes brigadas y
los batallones del ejército le prestaban al grupo de paramilitares
del Magdalena Medio fue el de Alonso de Jesús Baquero, comandante del grupo que operaba en Puerto Berrío, y los municipios
del río Opón:
«La brigada a nosotros nos vendía legalmente armas amparadas tanto a miembros de los paramilitares como a socios de ACDEGAM, teníamos
tratamiento especial. Allá en el batallón Bárbula había dos coroneles que
nos colaboraban mucho, que fueron el coronel Dávila, y el coronel Bohórquez, nos colaboraron prestando armamento, los helicópteros para transportar personal, y regalando munición; el batallón Calibio, a nosotros nos
colaboraba con transporte en helicóptero, nos regalaba munición, y nos
colaboraba mucho con transporte acuático, por ejemplo hay un conductor,
Hernández que siempre lo mandaron con nosotros cuando necesitamos
chalupa, siempre. […] la brigada me mandaba dinero del presupuesto
que tenían para el pago de informantes. El Calibio además de las colaboraciones anteriores nos colaboraba con combustible para las avionetas. El
batallón Rafael Reyes, nos colaboraba dejándonos instalar una repetidora
dentro de las instalaciones del batallón. Con munición, nos colaboraba el
batallón Bombona.» 38
Al respecto, Alonso de Jesús Vaquero, alias «Vladimir», afirmó: «La brigada a nosotros nos vendían legalmente, armas amparadas tanto para miembros de los paramilitares
como para socios de Agdegam. Teníamos tratamiento especial. Fuera eso la brigada en varias
ocasiones, prestó armas a los paramilitares». Fiscalía Regional de Palmira. Diligencia
indagatoria que rinde el señor Alonso de Jesús Baquero el día 8 de Agosto de 1995.
Esta declaración de Alonso de Jesús Baquero (a. Vladimir) fue confirmada por
Luis Alberto Arrieta (a. Piraña) quien agregó que ellos se movilizaban con autorización de los batallones Bárbula, Bombona y de la Brigada XIV y el Comando de
Policía de Barrancabermeja. El, por ejemplo tenía un radio que le funcionaba para
La colaboración y actuación conjunta de militares y autodefensas vividas en la década de los ochenta en el Magdalena Medio y en
otras partes del país pueden ser explicadas por la naturalización
del modelo paramilitar en el interior de ciertas comunidades afectadas por el conflicto armado y dentro del mismo cuerpo militar.
Un ex funcionario de justicia penal militar, 20 años después, y dentro de un nuevo marco jurídico en el cual el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es la regla,
hizo el siguiente balance de la situación en entrevista con MH:
«no es tan cierto que en un momento dado se hubiera hablado de autodefensa y que después se hubiese tergiversado y se estuviese hablando de
paramilitares. Desde el comienzo la conciencia era que se trabajaba con
paramilitares en el sentido de que eran realmente grupos de apoyo a los
militares y parte de la doctrina era efectivamente tener relaciones con estos
grupos en la medida que ellos también manifestaban su desacuerdo con
la subversión. En esa medida ellos eran y formaban parte por decirlo así
de los buenos (…) los paras eran parte de los buenos. Tan eso es así que
estamos en el año 87 y solamente hasta el año 96 y 97 los grupos paramilitares fueron considerados dentro de la doctrina militar como parte del
enemigo.»39
En este sentido MH encontró que para la década de los ochenta, en lo que respecta al Magdalena Medio, varias de las brigadas
y batallones del ejército que actuaban en la zona lo hacían de la
mano del grupo de paramilitares comandados por Henry Pérez y
apoyados por AGDEGAM y capos del narcotráfico.
En particular, en la zona de Puerto Nuevo y La Rochela, los hermanos Rivera y algunos de sus amigos, en conjunto con el Teniente Luis Enrique Andrade Ortiz, comandante de la base de Campo
Capote, aterrorizaban a la población y combatían a las guerrillas
que desde hacía varios años operaban ahí. Según campesinos de
la zona, los hermanos Rivera eran vistos con el Teniente Andrade
comunicarse con las autodefensas y los militares al mismo tiempo. Fiscalía delegada de los Derechos Humanos. Ampliación de indagatoria de Luis Alberto Arrieta
morales el día 17 de enero de 1996 en Itagüí.
Entrevista de Mh con ex funcionario de Justicia Penal militar.
constantemente y al parecer eran los autores de los múltiples asesinatos con ácidos que venían ocurriendo. Uno de los campesinos
de la zona que fue entrevistado por la Unidad Móvil de Investigación describió al grupo de autodefensa así:
«Lo que pasa es que Héctor Rivera, Julio Rivera, Ricardo Ríos y otros
más que no recuerdo los nombres, pertenecían a la guerrilla, ellos eran
guerrilleros y se voltearon, se abrieron de la guerrilla y formaron un grupo aparte que lo llamaron grupo paramilitar «EL MAS», porque a ellos
los ampara el mismo ejército y empezaron a matar gente que ellos mismos
sabían que les colaboraba a la guerrilla, que les tocaba colaborarles. Ahí
formaron el grupo ese como de 25 o 30 hombres y empezar

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 33