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Timestamp: 2019-02-23 19:24:47+00:00

Document:
Colegio de Médicos de Las Palmas - Título VI. Régimen Disciplinario
Artículo 61. Principios generales
Se garantiza la imparcialidad del órgano sancionador prohibiendo que en la toma de decisiones participen miembros de la Junta Directiva.
Los colegiados incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias establecidas en estos Estatutos y siempre en relación a su actuación médica profesional.
El régimen disciplinario establecido en estos Estatutos se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden en que los colegiados hayan podido incurrir.
No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento establecido en el presente Título, salvo las faltas leves.
Los acuerdos sancionadores serán inmediatamente ejecutados, sin perjuicio de los recursos que procedan. No obstante, en el caso de que dicha ejecución pudiera ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación, el órgano sancionador podrá acudir de oficio o a instancia de parte a la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido.
El Colegio dará cuenta inmediata al Consejo Canario de Colegios de Médicos, al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de todas las sanciones que imponga, por faltas graves o muy graves.
Incumplimiento de lo establecido en el artículo 58.2.d. de estos Estatutos.
La desatención respecto a los requerimientos o peticiones de informes solicitados por el Colegio.
Cualquier otra vulneración de los deberes profesionales que no constituya infracción grave o muy grave.
La reiteración de, al menos, tres faltas leves dentro del año siguiente a la fecha de su sanción.
La desatención a los emplazamientos de la Junta Directiva para formar parte de la Junta Electoral para la que el colegiado haya sido designado, si no media justa causa que lo acredite.
El incumplimiento reiterado de los acuerdos de los órganos de gobierno colegiales y, en general, la falta grave del respeto que le es debido.
Los actos y omisiones, en el ejercicio de la profesión, que atenten a la moral, decoro, dignidad, prestigio y honorabilidad de la misma, o sean contrarios al respeto debido a los colegiados.
Publicitar una competencia, título o especialidad médica que no se posea.
Encubrir actos de intrusismo profesional o actuaciones profesionales contrarias a la ética y deontología y a las reglas de la profesión.
Incumplir los deberes profesionales cuando causen perjuicio grave a los usuarios del servicio prestado.
Incurrir en una actuación profesional constitutiva de competencia desleal.
La actuación como socio profesional en una sociedad profesional cuando se incurra en causa de incompatibilidad o inhabilitación
La constitución de una sociedad profesional con incumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación vigente.
Cualquier conducta constitutiva de delito doloso, en materia profesional, siempre que haya condena firme.
La reiteración de, al menos, dos faltas graves durante el año siguiente a su sanción.
La desatención a las obligaciones dimanantes como miembro de la Junta Electoral, una vez designado y aceptado el cargo, si no media justa causa que lo acredite.
La desatención de los nombrados para formar parte de las Mesas electorales a los requerimientos efectuados a tal fin por la Junta Electoral, si no media justa causa que lo acredite.
La emisión de recetas, informes, expedición de certificados o cualquier otra documentación médica no veraces.
El incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio muy grave a los usuarios del servicio prestado.
La infracción grave del secreto profesional, por culpa o negligencia, con perjuicio para terceros.
Ejercer una especialidad médica para la que no se tiene la titulación habilitante y la competencia profesional necesaria.
2. La comisión de falta calificada de grave se sancionará con multa económica hasta 1000 euros y/o prohibición de ejercer la profesión por tiempo inferior a un año.
3. La comisión de falta calificada de muy grave se sancionará con multa económica hasta 3000 euros y/o prohibición de ejercer la profesión por tiempo superior a un año e inferior a dos años. Concurriendo circunstancias de especial gravedad, por reiteración o concurso de faltas muy graves, la sanción podrá llevar aparejada, además de la multa económica mencionada en el párrafo anterior, la de expulsión del Colegio. El acuerdo que determine su imposición deberá ser adoptado por la Comisión de Bioética y Deontología, por mayoría de dos terceras partes de sus miembros.
Faltas leves, hasta 3.000 euros.
Faltas graves, de 3.001 a 6.000 euros.
Faltas muy graves, de 6.001 hasta 50.000 euros.
5. Para la imposición de sanciones la Comisión Bioética y Deontología deberá graduar la responsabilidad del inculpado en relación con la naturaleza de la infracción cometida, trascendencia de ésta y otras circunstancias que pudieren modificar aquélla, teniendo potestad para imponer la sanción adecuada, si fuera más de una la que se establezca para cada tipo de faltas.
Por acuerdo de la Junta Directiva del Colegio, con los requisitos del apartado 8 del artículo anterior.
2. La expulsión del Colegio extingue la responsabilidad disciplinaria que pudiere haberse contraído, por otras faltas distintas a la que dio lugar a aquélla, durante la colegiación.
Las faltas muy graves, a los cuatro años.
A instancia de parte, mediante escrito dirigido al Colegio de Médicos al que se aportará la documentación que el interesado entienda conveniente, abriéndose un expediente previo a tal efecto, convirtiéndose desde ese momento en parte interesada en el procedimiento.
De oficio, cuando por algún miembro de la Junta Directiva o de la Comisión de Bioética y Deontología se tenga noticia de una presunta infracción de estos Estatutos o del Código de Ética y Deontología.
2. De la documentación o noticia presentada, se dará traslado al médico interesado a fin que alegue lo que a su derecho corresponda por el plazo de siete días siguientes a la recepción de aquélla.
4. No existiendo indicios de comisión de infracción alguna, la Comisión de Bioética y Deontología acordará el archivo de las actuaciones, comunicándose a las partes interesadas, siendo aquél firme y agotando la vía administrativa.
Designación de Instructor y Secretario del expediente, cargos que recaerán en las personas mencionadas en el artículo 31 de estos Estatutos, exceptuándose al Presidente de la Comisión de Bioética y Deontología.
Exposición de los hechos que se imputan.
Calificación de las infracciones que tales hechos pudieran constituir.
Sanciones que se le pudiera imponer.
Órgano colegial competente para imponer las sanciones. Medidas de carácter cautelar y provisional, incluida la de suspensión de colegiación, con el efecto de los derechos y deberes inherentes, cuando los hechos hayan ocasionado alarma social o impida la mejor eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieran elementos de juicio suficientes para ello y siempre que haya indicio de comisión de una falta muy grave.
No se podrán tomar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados, o bien que impliquen la violación de derechos amparados por las leyes y, en caso de suspensión, con una duración máxima de seis meses.
La expresión de la obligatoriedad de notificación al expedientado del acuerdo de apertura.
El expedientado puede comparecer, en cualquier momento, en el expediente asistido de Letrado o de cualquier otro colegiado médico que actúe de defensor, teniendo derecho a recibir copia de lo actuado y aportar las pruebas que estime conveniente.
Finalizada, a juicio del Instructor, la instrucción de los hechos, dictará un Pliego de Cargos, en el que se reseñará con precisión los hechos acaecidos, normativa aplicable y la propuesta de sanción. Notificado al expedientado, este tendrá un plazo improrrogable de ocho días para que lo conteste y proponga la prueba que estime a su derecho, distinta a la ya practicada. Contestado el pliego de cargos, el Instructor admitirá o rechazará las pruebas propuestas y acordará la práctica de las admitidas y cuantas otras actuaciones considere eficaces para el mejor conocimiento de los hechos.
Terminadas las actuaciones, el Instructor formulará propuesta de resolución, que deberá notificar por copia literal al expedientado, quien dispondrá de un plazo de ocho días desde el recibo de la notificación para examinar el expediente y presentar escrito de alegaciones.
Remitidas las actuaciones a la Comisión de Bioética y Deontología, inmediatamente de recibido el escrito de alegaciones presentado por el expedientado, o de transcurrido el plazo para hacerlo, aquélla resolverá el expediente en la primera sesión que celebre, notificando la resolución al interesado en sus términos literales.
La decisión por la que se ponga fin al expediente sancionador habrá de ser motivada, y en ella no se podrán aceptar hechos ni fundamentos de los mismos que sean distintos de los que sirvieron de base al Pliego de Cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración. En la deliberación y toma de decisión no participará el Instructor y el Secretario del expediente; el Presidente de la Comisión de Bioética y Deontología participará con voz pero sin voto.
Contra la resolución que ponga fin al expediente, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante la Junta Directiva en el plazo de cinco días. Contra la resolución de la Junta Directiva, el interesado podrá interponer recurso contencioso administrativo, previa la comunicación al órgano que dictó el acto impugnado, en el plazo de dos meses, o bien interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo Canario de Colegios de Médicos.

References: Artículo 61
 artículo 58
 artículo 31
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