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Timestamp: 2015-11-30 22:35:22+00:00

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P. 1ACUERDO PLENARIO 07-2011-CJ-116ACUERDO PLENARIO 07-2011-CJ-116|Views: 749|Likes: 7Publicado poredyplayMore info:Published by: edyplay on May 23, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/94614858/ACUERDO-PLENARIO-07-2011-CJ-11608/17/2013pdftextoriginalCORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICAVII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA
ACUERDO PLENARIO N° 7-2011/CJ-116
FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ ASUNTO: DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
MEDIDAS DE COERCIÓN REALES
Lima, seis de diciembre de dos mil once.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: ACUERDO PLENARIO I. ANTECEDENTES 1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como sus respectivos problemas específicos. 3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e
Esta fase culminó con la Sesión Plenaria realizada en la fecha. se ha requerido la emisión de un Acuerdo Plenario complementario del proferido el año 2010. No obstante. En efecto. Las medidas de coerción reales en el delito de lavado de activos. 6°. El 16 de noviembre de 2010 las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República aprobaron el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. B. especialmente. que. La recepción favorable de esta decisión judicial se debió. Delito fuente y configuración del tipo legal de lavado de activos. faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad. C. con participación de todos los Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Príncipe Trujillo. a su utilidad práctica para el tratamiento judicial de una modalidad de criminalidad no convencional y organizada. en la audiencia pública del pasado dos de noviembre. luego de una debida selección. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió el proceso de discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios. FUNDAMENTOS JURÍDICOS § 1. viene mostrando reiteradas discrepancias en el proceder de los órganos encargados de la persecución penal. que concentre sus aportes y alcances hermenéuticos en los siguientes problemas: A. que en los últimos años ha adquirido relevante presencia en el país. Presidente del Poder Judicial. 4°. Interviniendo también en este Acuerdo el señor Presidente del Poder Judicial. 7°. Procuradora Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. la doctora Sonia Medina Calvo. quien se encontraba de licencia). se emitió el presente Acuerdo Plenario interviniendo como Ponentes los señores PRADO SALDARRIAGA y NEYRA FLORES. Antecedentes. sobre el delito de lavado de activos.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
instituciones acreditadas. 5°. tal como lo ha planteado la Procuraduría Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116° de la LOPJ. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada. con la designación de Jueces Supremos Ponentes para cada uno de los diez temas seleccionados. con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario.
II. sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales. En tal sentido. interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario. 2
. por unanimidad. la casuística reciente en torno a la investigación y aplicación de medidas cautelares en los procesos incoados por delitos de lavado de activos. con la participación del señor SAN MARTÍN CASTRO. Agotamiento del delito y el tipo legal de lavado de activos. la visión y actitud de tales órganos e instituciones frente a hechos calificables jurídicamente como operaciones de lavado de activos no siempre resulta homogénea. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha.
razón por la cual se les asigna una modalidad consumativa permanente [VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es posible. El lavado de activos es un delito que se expresa como un proceso o secuencia de actos o etapas. B. se alude a ellos como actividades finales destinadas a conservar la apariencia de legitimidad que adquirieron los activos de origen ilícito merced a los actos realizados en las etapas anteriores. respectivamente. sin embargo. En cambio. si el suministro en tránsito de las armas se frustra por la policía o porque la nave encalla y sufre hundimiento o naufragio. p. en consecuencia. esta clara distinción sólo es factible y evidente en relación con actos iniciales de colocación –conversión-. 162 y ss]. Por lo general las operaciones de lavado de activos tienen lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de las operaciones de legitimación de activos. En coherencia con este enfoque y distribución de las operaciones de lavado de activos. el objeto potencial de futuras acciones de lavado. 2007. los que se ejecutan con activos líquidos o dinero obtenido directa e inequívocamente de una conducta delictiva previa. 10°. esto es. barcos o vehículos) que trasladarán la carga ilegal al comprador. se suele señalar la realización sucesiva de actos de colocación. Editorial Grijley. pero sí por el delito de tráfico de armas. otros supuestos: A. siempre. la doctrina se refiere de manera uniforme a los actos de conversión y transferencia como conductas iniciales orientadas a mutar la apariencia y el origen de los activos generados ilícitamente con prácticas del crimen organizado. En estos casos se requerirá. que los beneficios económicos ilegales se hayan pactado para ser entregados luego de la consumación del delito que los generó. por tanto. un pago contra entrega. ocultamiento y tenencia. Al respecto. no habrá. En tales casos no cabe promover acción penal por delito de lavado de activos.
. Lima. al identificar los actos de ocultamiento y de tenencia. Delito fuente y configuración del tipo legal de lavado de activos 8°.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
§ 2. Que el pago por la venta ilícita se haga antes de la entrega o pago por adelantado. todo lo que se haga luego para dar apariencia de legitimidad a tales ingresos será un acto o delito de lavado de activos. Que parte del pago recibido se utilice para la adquisición de medios de transporte (aeronaves. cuya consumación adquiere forma instantánea. 9°. así como un desarrollo operativo y un momento consumativo diferentes. pago alguno a recibir ni tampoco ingresos ilegales que motiven la necesidad de posteriores actos de lavado. Sin embargo. a los cuales la legislación penal vigente califica como conversión. que dogmáticamente adquieren autonomía típica. Tales bienes representan un producto derivado y ulterior de dicha actividad delictiva y constituyen. Si la entrega ocurre y se recibe el precio acordado. y a los cuales se les ha registrado falsamente como transporte de carga de bienes lícitos o como de recreo. transferencia. intercalación e integración. Por ejemplo: X pacta con Y el suministro de armas a cambio de una elevada suma de dinero que será entregada al momento de la recepción del armamento. En cambio.
en sí mismos. p. pues. no cabe excluir a priori una investigación por lavado de activos ni tampoco evitar o desestimar la aplicación de las medidas coercitivas reales que correspondan. de ser exitosa la entrega del armamento. Sin embargo. de ejecución posterior o anterior a la consumación o tentativa del delito fuente generador de los activos ilegales. (ii) sea que se disfruten tales ganancias o 4
. Buenos Aires. Es más. En el ámbito de los delitos patrimoniales. LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA: Tratado de Derecho Penal -Tomo VII. como operaciones de lavado de activos. luego. el cual debía ser incautado y. se asociaba al agotamiento con el disfrute de las ganancias ilícitamente obtenidas. 14°. Tal cambio de perspectiva se sustentó. Se trata. de ejecución instantánea e individual. de evidentes conductas de intercalación –transferencia. Edición. Es más. robo o estafa carecían de un significado punitivo distinto al generado por el delito ya consumado. 2ª.o incluso de integración –ocultamiento o tenencia. pues. Agotamiento del delito y lavado de activos 12°. 13°. vehículos de lujo. 978 y ss. en el hecho cierto de que las ganancias obtenidas ilícitamente se convertían en el capital de organizaciones delictivas. Vistas así las posibilidades alternativas de realización de delitos de lavado de activos. todo agotamiento del delito deviene en la comisión de un ulterior delito de lavado de activos. La doctrina clásica solía referirse al agotamiento de un hecho punible como una fase del “iter criminis” posterior a la consumación. se promueve la criminalización autónoma y específica de los actos de lavado de dinero.que corresponden a la etapa intermedia y final de dicho delito no convencional. los medios de transporte empleados se mantendrán como parte del patrimonio ya lavado del traficante. 11°. el agotamiento deja de ser irrelevante para la dogmática moderna cuando en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. ya que procuran ocultar el origen de ingresos provenientes de acciones delictivas. de este antecedente.). entonces. La posición común de los autores era que esos actos posteriores a la consumación de un hurto. § 3. la adquisición. A partir. El agotamiento del delito era entendido. incluso a través de las transformaciones de las mismas en otros bienes: compra de inmuebles. fundamentalmente. 1977. pero intrascendente para la punibilidad del delito cometido por el agente. etcétera. No obstante. decomisado como estrategia para debilitar el accionar futuro de tales estructuras criminales o impedir su reinversión en fines ilícitos. según el caso. el registro o la travesía de los medios de transporte empleados pueden ser calificados.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
En estos dos casos. incluso en estos supuestos sería también posible la presencia de concursos ideal o real de delitos. Se le calificaba como el hecho de “obtener el injusto provecho” que aquél se propuso. su utilidad dogmática se presentó siempre como discutible o fue abiertamente negada (Cfr. como alcanzar materialmente la finalidad que perseguía e impulsó al agente a cometer un hecho punible. Editorial Losada. (i) sea que se produzca una transformación de las ganancias ilegales provenientes del crimen organizado o que se proceda simplemente a su ocultamiento o traslado físico encubierto.
existiendo: A. 18°. y de las penas pecuniarias y consecuencias accesorias. pues. y regidas por el principio dispositivo. amén de las costas. 2) embargo -el primero y el segundo. son actos de autoridad. la realización plena de todas las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pueden declararse procedentes. Medidas reales penales. las notas características de las medidas de coerción real son las comunes a todas las medidas de coerción. Las citadas medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes jurídicos patrimoniales. sobre ellas el artículo 315°. Las medidas de coerción reales. inmovilizan bienes del patrimonio del imputado o responsable 5
. 15°. Tienden a asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia: restitución. Su objeto es garantizar la efectividad de los pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal de la sentencia y que posean un contenido patrimonial: multa. insiste en su sujeción al principio de variabilidad. Por consiguiente. Editorial Idemsa. en asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de la comisión del hecho punible. plasmados a través de una resolución jurisdiccional. Su principal finalidad estriba. NCPP-. sustitución o cese está en función a “…las circunstancias del caso y con arreglo al principio de proporcionalidad…”. B. Al respecto se destaca que su variación. 17°. Ahora bien. lo que en síntesis quiere decir salvaguardar o proteger el proceso [JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES: Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral. Medidas de coerción reales en el delito de lavado de activos 16°. 487-488 y 491]. § 4. El NCPP identifica cinco medidas de coerción real. Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad de fuentes de investigación o de prueba]. es decir.1 del Código Procesal Penal de 2004 –en adelante. decomiso. 2010. reparación e indemnización. el agotamiento. pago de costas. En tal sentido. mediante los cuales se asegura las consecuencias jurídicas económicas del delito y las costas procesales.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
que solamente se procure asegurar las mismas. las que muy bien pueden ser aplicadas en los procesos por delitos de lavado de activos: 1) inhibición.aplicar las medidas de coerción pertinentes a los actos de transformación que se ejecuten con los bienes provenientes de un delito consumado por el mismo agente o por terceros. pp. limitándolos con la finalidad de impedir que durante el proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte de aquél afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. las medidas reales pueden ser de distinta índole y clasificación. Por tanto. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación de acciones: una penal y una civil en un mismo proceso penal. (iii) sea que intervenga en ello el propio delincuente generador del ingreso ilegal o que este contrate a terceros para lavar tales recursos y disimular su origen delictivo. Son propias del proceso civil acumulado. Lima. se ha transformado hoy en un delito de lavado de activos punible y autónomo. otrora impune y dependiente. Como las responsabilidades pecuniarias pueden ser de diferente tipo. Medidas reales civiles. es posible –y legalmente necesario.
que en el proceso penal importa. 592]. o a evitar maniobras lesivas para los derechos de la víctima -en el caso del lavado de activos.derivadas del comportamiento del imputado [AGUSTÍN-JESÚS PÉREZ-CRUZ MARTÍN Y OTROS: Derecho Procesal Penal. aún cuando fuera impugnada. a partir del poder cautelar genérico del que está investida la autoridad jurisdiccional y de aplicación supletoria de la Ley Procesal Común: el Código Procesal Civil. y. Editorial Colex. p. „procedimentales‟. cuyo retraso puede hacer ineficaz la respuesta jurisdiccional si no se adoptan medidas tendentes a mantener la situación presente. de incorporar también para los casos de lavado de activos. pues. El juicio de probabilidad delictiva es mencionado específicamente por el artículo 303°. que pueda incorporar la sentencia penal -peligro de infructuosidad-. de medidas anticipativas. en lo civil. 501]). las segundas conservan la situación de hecho de derecho presentada al incoarse el proceso (artículos 682° y 687° CPC). 2009]. Editorial Civitas. consiste en la existencia de indicios racionales de criminalidad –es la denominada „apariencia y justificación del derecho subjetivo‟-. Es de tener en claro que el periculum. Lo relevante del periculum es la comprobación de la extensión del daño causado por el imputado como consecuencia del delito perpetrado. 4) medidas anticipativas. Ibidem. situaciones que impidan o dificulten la eficacia del procedimiento penal y civil de condena. y. Ahora bien. El fumus debe referirse.3 NCPP. Se trata. En el proceso penal ello se concreta por el “peligro de fuga” o de ocultación personal o patrimonial del imputado [VICENTE GIMENO SENDRA. como acota GIMENO SENDRA. p. Ha de existir. de 6
. ni menos una intención de este de causar perjuicio al actor. 2da. 5) medidas preventivas contra las personas jurídicas. aún cuando el NCPP sólo reconoce las medidas anticipativas genéricas (artículo 312° NCPP). que se haya producido cierto comportamiento del imputado. El peligro se materializa en las posibilidades del responsable civil durante el tiempo del proceso. 3) incautación.evidencien una relación de causalidad con el sujeto contra el que se adoptan: imputado o tercero civil. de un lado. a la orden de inhibición. también. a que los referidos indicios –ciertamente. el tiempo que dure el proceso.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
civil-. El fumus delicti comissi. 2007. aún cuando se refiera sólo al embargo y. de otro. no existe obstáculo. 19°. necesariamente. Como precisa la ley las primeras reponen el estado de hecho o de derecho cuya alteración sería el sustento del delito cometido en agravio de la víctima. durante la pendencia del proceso. una “…razonada atribución del hecho punible a una persona determinada” [Derecho Procesal Penal. Madrid. pues. e incorpora algunas medidas anticipativas específicas: desalojo preventivo y pensión anticipada de alimentos (artículos 311° y 314° NCPP). No es necesaria una acreditación específica cuando se dicte sentencia condenatoria. Como es sabido. a un delito que haya ocasionado un daño o perjuicio material o moral. Pero. es el peligro o daño jurídico derivado del retardo del procedimiento. Madrid. los presupuestos de las medidas de coerción real son dos: A. que apuntan a provocar un cambio de la situación existente al tiempo de peticionarlas. B. las denominadas medidas innovativas y de no innovar. al Estado. El segundo presupuesto es el periculum in mora. por extensión expresa. Se debe acreditar la concreta probabilidad de que se produzcan. una imputación formal contra una persona determinada. tiene una configuración objetiva propia: no se requiere. Consiste en el riesgo de daño para la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal. Edición.
2 NCPP.2 NCPP). por el término de tres días (artículo 315°. honestidad y arraigo del imputado –siempre en el plano civil y no penal. esta imposibilidad y los derechos de impugnación que ulteriormente se reconocen. al respecto estipula: “…por las características del hecho o del imputado. debidamente explicadas en la decisión. rige la regla del artículo 203°.3 NCPP. por razones obvias. que precisa que tal exigencia de contradicción previa se aplicará siempre que “…no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida…”. El artículo 303°. Si la solvencia. bienes y correspondencia. evita considerar que tal procedimiento vulnera la prohibición de indefensión.2 NCPP). de las previstas en el artículo 94° y en la Ley N° 27379. dilapidar u ocultar sus bienes. apartado 1. y 353°. que incluso autoriza al Juez de la Investigación Preparatoria a pronunciarse de oficio si fuere necesario sobre las medidas de coerción-).c. del 20 de diciembre de 2000 con las reformas del Decreto Legislativo N° 988. Es pertinente precisar que la incautación puede erigirse inicialmente en una medida instrumental restrictiva de derechos –garantiza el proceso de conocimiento
. en el procedimiento de coerción real. libros contables.2 NCPP). exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien”. 310°. en sede intermedia (artículos 349°. regularmente. es que su requerimiento se realiza parcialmente en sede de diligencias preliminares policiales –en el caso de aseguramiento de documentos privados. y. NCPP). aunque es posible en situaciones excepcionales. La regla general para la imposición de las medidas de coerción real. por cierto. decae y no se justifica la imposición de las precitadas medidas. Se trata. para hacer impracticable la satisfacción de las consecuencias jurídico .4 y 350°.económicas que imponga la sentencia. ir al trámite de audiencia (artículo 203°. El NCPP fija un procedimiento para determinar la decisión del trámite: con o sin traslado al afectado: imputado o responsable civil. b) Embargo u orden de inhibición para disponer o grabar bienes que se inscribirán en Registros Públicos cuando corresponda. c) Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales. pues. en el curso de las primera diligencias y durante la investigación preparatoria (entre otros. del 16 de abril de 2008.1. La regla. Empero.estuvieran acreditados. B.3 NCPP –supuesto último. apertura e interceptación de documentos privados. Las medidas coercitivas reales que se pueden aplicar en un proceso penal por delito de lavado de activos. 316° NCPP).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
dedicarse a distraer. dos situaciones específicas: A. artículos 302°. Ahora bien. real o ficticiamente. 20°. No se realiza el trámite de audiencia. siempre por la parte procesal legitimada. guiada siempre por el principio de rogación de la parte procesal legitimada es el previo traslado a las partes. son las contempladas en el Código de Procedimientos Penales de 1940 –en adelante. tales medidas pueden solicitarse también. así como las contempladas en la Ley de Perdida de Dominio N° 29212. y secuestros e incautaciones preliminares (artículo 68°. La oportunidad para solicitar una medida de coerción real. en especial a la parte afectada. sino el de simple traslado: su lógica es la escrituralidad del procedimiento (artículo 315°. en los Distritos Judiciales donde la reforma procesal penal aún no está vigente para este delito. literales „i‟ y „k‟. Es pertinente destacar. 21°. del 22 de julio de 2007: a) Incautación. ACPP-.
24°. pero a su vez –en orden a la entidad y fin ulterior de lo incautadopuede devenir en una incautación cautelar o coercitiva. III. ESTABLECER como doctrina legal. 25°. los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6° al 21°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales. Hágase saber. ACORDARON: 23°.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
del hecho delictivo-. Ss. aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico. las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. DECISIÓN 22º. SAN MARTÍN CASTRO VILLA STEIN LECAROS CORNEJO PRADO SALDARRIAGA RODRÍGUEZ TINEO PARIONA PASTRANA BARRIOS ALVARADO NEYRA FLORES VILLA BONILLA CALDERÓN CASTILLO SANTA MARÍA MORILLO 8
. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ. reunidas en Pleno Jurisdiccional. En atención a lo expuesto.
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 artículo 116
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 artículo 116
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 resolución 
 artículo 303
 artículo 203
 artículo 303
 artículo 94
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 22
 Artículo 1980
 Artículo 1980