Source: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-gobierno-abre-la-puerta-a-la-responsabilidad-penal-de-la-presidenta-del-parlament
Timestamp: 2017-06-29 03:50:27+00:00

Document:
29 de Junio de 2017 | 05:50
La reunión de la mesa interministerial celebrada el pasado viernes abrió la puerta a la posibilidad de que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, tenga que hacer frente a responsabilidades penales por tramitar la resolución sobre la "desconexión" de Cataluña que aprobó el Parlament el pasado miércoles, al pedir al Tribunal Constitucional que remita a la Fiscalía las "vulneraciones" que ha cometido de sus resoluciones.
Legal Today	El impulso a dicha posibilidad se materializó con la aprobación por el Consejo de Ministros de
un Acuerdo por el que se plantea
ante el Tribunal Constitucional incidente
de ejecución de sentencia ante el incumplimiento
de la Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre, y del Auto del Tribunal Constitucional
del 19 de julio de 2016. El objeto
del incidente de ejecución de Sentencia es la Resolución 263/XI del
Pleno del Parlamento de Cataluña del 27 de julio de 2016, por
la que se aprueban las conclusiones de la Comisión
de Estudio del Proceso Constituyente. El incidente de ejecución de sentencia
será presentado conforme
a lo previsto en el artículo 92 de
Gobierno, siguiendo con el informe elaborado por la Abogacía del Estado, Forcadell desobedeció
Constitucional de diciembre de 2015 al incluir
en el orden del día del Pleno del
Parlament la votación de la resolución de "desconexión", que había sido
declarada inconstitucional y nula.
Acuerdo de Consejo de Ministros recoge una serie de medidas cuya adopción se solicita al
Suspensión inmediata de la Resolución impugnada por concurrir una cualificada y especial trascendencia
Requerimiento personal a la
presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la Mesa del
Parlamento de Cataluña y al secretario general del Parlamento para que se
abstengan de dar cumplimiento a la citada Resolución y para que cumplan con su deber de impedir o paralizar cualquier
iniciativa que ignore la Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015,
advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en
las que pudieran incurrir.
Prohibición expresa a la presidenta
del Parlamento de Cataluña y a su Mesa, así como al secretario general del
Parlamento de convocar a los órganos del
Parlamento para debatir y votar cualquier iniciativa que pretenda dar cumplimiento
a la Resolución impugnada.
Solicitud de deducir el testimonio
de particulares para exigir la responsabilidad penal que corresponda por las actuaciones de la presidenta del Parlamento de Cataluña
en la sesión de 27 de julio de 2016 que han posibilitado la votación por
el Pleno de la Resolución impugnada.
Prohibición al presidente de la
Generalitat y a todo su Consejo de Gobierno de tramitar propuesta
legislativa, dictar norma de rango reglamentario
y llevar a cabo cualquier iniciativa de soporte jurídico o material que dé
cumplimiento a la Resolución impugnada, advirtiéndoles de las
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Advertencia de la aplicación, en caso
de incumplimiento, de las medidas
previstas en el artículo 92.4
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De forma esquemática son tres: Imposición
de una multa coercitiva de hasta treinta mil euros; suspensión en
sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la
Administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso
para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal y recogida
del testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal
que pudiera corresponder
La citada STC 259/2015, de 2 de diciembre, estimó el recurso interpuesto por el Gobierno,
declarando inconstitucional y, por
tanto, nula, la Resolución 1/XI del
Parlamento de Cataluña en la que declaró "el inicio del proceso político
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de
septiembre de 2015". El Tribunal Constitucional afirma en su sentencia
que, tanto la Resolución como su Anexo, vulneran los artículos 1.1, 1.2, 2, 9.1 y
168 de la Constitución, así como
los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Según argumenta el
Gobierno central, a pesar de esta sentencia, el Pleno del Parlamento de Cataluña acordó la creación de la Comisión
de Estudio del Proceso Constituyente en una Resolución que también fue objeto de
un incidente de ejecución de sentencia, por ser contraria a lo dispuesto por el
Tribunal Constitucional. Este incidente
fue resuelto mediante Auto de 19 de julio de 2016, que
determina que el Tribunal Constitucional aprecia que la citada Comisión tiene un alto grado de semejanza con alguno de los elementos del proceso constituyente de la Resolución
del Parlamento de Cataluña 1/XI de 9 de noviembre de 2015 que ya fue declarada
añade el Ejecutivo, se estima que no resulta admisible configurar el proceso constituyente en Cataluña en
los términos establecidos por la Resolución del Pleno, que no observa
las previsiones derivadas del bloque de la constitucionalidad para la reforma
de la Constitución Española de 1978 y desconoce y vulnera las normas constitucionales que depositan en el
pueblo español la soberanía nacional
y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 92
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 92
 Resolución 
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