Source: https://www.scribd.com/document/152909231/Proposicion-de-Ley-de-actualizacion-de-la-Legislacion-sobre-Proteccion-a-la-Infancia
Timestamp: 2017-10-19 05:48:23+00:00

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Proposición de Ley de actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia
PROPOSICIÓN DE LEY 122/000067 Proposición de Ley de actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia. (122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. 122/000067 Autor: Grupo Parlamentario Socialista. Proposición de Ley de actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia. Acuerdo: I Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa. En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. La legislación española de protección a la infancia deriva del artículo 39 de la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Entre estos acuerdos e instrumentos internacionales, destacan la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, así como la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de A la Mesa del Congreso de los Diputados En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley de actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia. Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.—Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Exposición de motivos
6 de julio de 2012.—Serie B. Núm. 83-1
diciembre de 2006, inspiradoras de las instituciones jurídico-públicas que en la actualidad configuran el sistema de protección jurídica del menor. La legislación protectora de la infancia tiene como norma de cabecera la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. Junto con las previsiones del Código Civil en esta materia, constituye un marco regulatorio que considera a las personas menores de edad como sujetos de derechos, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que ha servido de modelo a la legislación que las comunidades autónomas han ido aprobando de acuerdo con su competencia en esta materia. Sin embargo, transcurridos dieciséis años desde la aprobación de la citada ley orgánica, se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la Constitución. Así se constata en las propuestas formuladas por el Defensor del Pueblo, por la Fiscalía General del Estado o por el Comité de los Derechos del Niño, y en las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial del Senado de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines. De acuerdo con las referidas propuestas y recomendaciones, esta Ley tiene como objeto introducir los cambios necesarios que permitan la mejora de dichos instrumentos, a los efectos de continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado, que sirva de modelo a las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores. Para ello procede a la modificación de las principales leyes que regulan las instituciones para la protección de los menores. En el artículo primero se establecen las modificaciones de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. En el artículo segundo se determinan las modificaciones que afectan al Código Civil y en el artículo tercero se recogen las modificaciones correspondientes a la Ley de Enjuiciamiento Civil. II Modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor En primer lugar, como principio inspirador básico en la aplicación de las leyes que afecten a la infancia, se establecen los criterios mínimos que siempre deberán tenerse en cuenta para interpretar y aplicar el interés superior del menor, que ha de primar sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, como principio jurídico garantista que obliga en todas las decisiones que deban adoptarse que afecten a los menores de edad.
Se trata de un concepto jurídico indeterminado que es necesario delimitar y concretar en cada caso individual en el que se vaya a aplicar, lo que supone que su valoración y determinación no es fácil ni sencilla y conlleva siempre cierto grado de inseguridad sobre las consecuencias, dado que obliga a hacer previsión sobre las implicaciones de la situación del menor en cada caso y esas posibles consecuencias de la decisión tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, si bien no es posible proporcionar una solución o respuesta única sobre su contenido en términos generales, sí es imprescindible introducir en la legislación unos criterios de interpretación y aplicación. Así lo han entendido tanto la Comisión Especial del Senado como el Comité de Derechos del Niño, que en sus conclusiones y recomendaciones señalan la necesidad de definir el interés superior del menor de manera que deje de ser un concepto jurídico indeterminado, y permita una interpretación más homogénea, introduciéndose criterios básicos para su determinación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se incluyen ahora en el artículo 2 criterios de interpretación y aplicación, siguiendo la jurisprudencia sentada en varias sentencias por el Tribunal Supremo, en línea con los criterios mínimos que en los sistemas anglosajones deben tener en cuenta los Tribunales a la hora de concretar el interés del menor. El sistema de protección de menores, en función de los delicados intereses en juego, necesita, para garantizar el acierto en la toma de decisiones, hacer acopio de información sobre el menor y su familia. Debe existir una previsión legal expresa a fin de legitimar a las entidades públicas y al Ministerio Fiscal para recabar tales datos de otras instancias oficiales (sistema sanitario, educativo, fuerzas y cuerpos de seguridad…), así como establecer que deben facilitar el acceso para entrevistarse con el menor, sin exclusión alguna en los supuestos de niños y niñas con discapacidad. Para ello se modifica el artículo 12 contemplando esta posibilidad. Mediante la reforma del artículo 17 se realiza un desarrollo más completo de la figura de la situación de riesgo. La situación de riesgo y las medidas que tras su constatación pueden adoptarse deben ser el primer escalón, el pilar básico del sistema de protección de menores. La intervención adecuada para paliar las situaciones de riesgo en que pueden encontrarse los menores se torna de capital importancia, tanto para preservar su superior interés, aportando soluciones antes de que la situación sea grave, como para evitar tener que adoptar en el futuro decisiones mucho más traumáticas y de mayor coste individual, familiar y social. Al igual que a través de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y el Código Civil se establece la estructura jurídica para la intervención en los supuestos de desamparo, también
debe implantarse con carácter general la de la situación de riesgo, como estadio normalmente previo al desamparo, con el fin de salvaguardar el interés del menor, respetar los intereses de la familia biológica y agotar las posibilidades de permanencia del menor en ella. En esta Ley se delimita la competencia para la apreciación de la situación de riesgo, que vendrá determinada por lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable y en coordinación con los centros sanitarios del respectivo ámbito territorial. Por otra parte, con el fin de salir al paso del problema de inseguridad jurídica que pudiera producirse en algunos casos en relación con el procedimiento y declaración formal de la situación de riesgo, se establece que su declaración deberá formalizarse por medio de una resolución administrativa cuando se observen indicadores de riesgo significativos de desamparo, se inicie un programa de preservación familiar para evitar la separación de la familia y no exista la suficiente colaboración por parte de la familia. La necesidad de documentar estas actuaciones es esencial también de cara a futuros procedimientos de protección, en los que debe acreditarse que se ha tratado de reinsertar sin éxito al menor en su familia. La declaración formal mediante resolución administrativa también es aconsejable por razones de seguridad jurídica, a fin de garantizar a los padres el conocimiento de lo que deben hacer para evitar una ulterior declaración de desamparo. En todo caso, en la regulación de las situaciones de riesgo debe tenerse muy en cuenta la necesaria flexibilidad que necesitan los servicios sociales para desempeñar adecuadamente sus cometidos, evitando encorsetamientos formales que puedan llevar al anquilosamiento en su actuación. Debe igualmente establecerse la posibilidad de recurrir contra la declaración de la situación de riesgo, a fin de preservar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas por tal resolución. Asimismo, con la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, se introduce la necesidad de que el órgano competente para la declaración de riesgo, en colaboración con los servicios de salud, realice actuaciones de prevención, seguimiento y apoyo de las situaciones de posible riesgo prenatal, a efectos de evitar una eventual declaración posterior de riesgo o desamparo cuando nazca el niño o niña. Se da una nueva redacción al artículo 21 relativo a los servicios de acogimiento residencial, estableciendo con carácter general las características básicas de los mismos ajustándose a los principios inspiradores de esta Ley y en especial a lo establecido en el artículo 2. Se añade un nuevo artículo 22 bis, sobre elaboración por la entidad pública de un plan individual de atención al menor, cuando haya asumido su tutela o guarda, con un programa de integración familiar si entiende que existe posibilidad de retorno a la familia de origen.
Se añade un nuevo artículo 22 ter, señalando que las entidades públicas y la Administración General del Estado establecerán un sistema de información estadístico que permita el conocimiento y el seguimiento de la situación de la protección a la infancia en España. III Modificación del Código Civil Se modifica el artículo 158 del Código Civil partiendo del principio de agilidad e inmediatez aplicables a los incidentes cautelares que afecten a menores, para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivarse de rigideces o encorsetamientos procesales, permitiendo adoptar mecanismos protectores tanto respecto al menor víctima de los malos tratos como en relación con los que sin ser víctimas puedan encontrarse en situación de riesgo. Se reconoce la expresa legitimación de la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, le esté encomendada la protección de los menores para instar las medidas que permite este artículo 158, dado el relevante papel que desempeñan en relación con los menores en situación de riesgo o desamparo. Con la modificación del artículo 158 se posibilita también la adopción de nuevas medidas (prohibición de aproximación) ante determinados supuestos en los que las entidades públicas asumen la tutela automática, para evitar que los padres con la patria potestad suspendida perturben el normal desenvolvimiento de la medida de protección, sometiendo esta nueva solución cautelar a las garantías del principio de proporcionalidad y jurisdiccionalidad. Con la modificación efectuada en el artículo 161 del Código Civil, se introduce la competencia de la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, le esté encomendada la protección de los menores, para establecer, respecto a los menores en situación de desamparo, el régimen de visitas y suspenderlas temporalmente de forma motivada cuando sea necesario en interés del menor, con inmediata notificación en este último caso al Fiscal y consiguiente control judicial si tiene lugar su impugnación. Debe tenerse en cuenta que la protección constitucional de la familia y el reconocimiento internacional del derecho del niño a mantener contacto directo y regular con ambos padres, salvo que ello sea contrario a su superior interés (art. 9.3 de la Convención de Derechos del Niño), se extiende también a los menores separados de su familia por la entidad pública. Por ello, la entidad pública competente para la declaración de desamparo como medida de separación, debe considerarse también competente para fijar razonablemente y en su caso suspender temporalmente —el régimen de visitas y contactos del menor con su familia, valorando a tal efecto cuál es el interés superior del menor.
Lógicamente, la fijación o suspensión temporal por parte de la Administración del régimen de visitas y relación familiar del menor, podrá ser judicialmente impugnada por el Fiscal o la familia. Se considera necesaria una reforma de este precepto que, de modo definitivo, clarifique la cuestión, estableciendo la competencia de la entidad pública para regular las visitas. Dada la importancia de la continuidad del contacto en los primeros tiempos de la separación para lograr la futura reintegración familiar, cualquier decisión administrativa que suprima o restrinja tal derecho deberá revestir una particular motivación. Se regula la competencia de las entidades públicas respecto a la protección de los menores españoles en situación de desamparo en un país extranjero. La materia de protección de menores está totalmente descentralizada. Ello lleva a que, en ocasiones, ante supuestos en los que un menor español se encuentra fuera del territorio nacional en una situación de desamparo, ninguna comunidad autónoma se considere competente para adoptar las correspondientes medidas de protección. Por ello se introduce la oportuna previsión en el artículo 172 del Código Civil, que de manera expresa determina la competencia para intervenir en estos casos, de modo que no se produzcan situaciones en las que por no considerarse competente ninguna entidad pública no se asegure en nuestro país la protección del menor. Se establece asimismo, en el artículo 172, que con carácter general la guarda se realizará mediante el acogimiento familiar, y que sólo cuando éste no sea posible o conveniente para el interés del menor tendrá lugar en acogimiento residencial. Por otra parte, se introduce la previsión de que se valorará especialmente la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial como medida de protección de los menores de seis años, y de que los menores de tres años no ingresarán en centros de protección, salvo en los supuestos de imposibilidad debidamente acreditada de adoptar otra medida de protección. Se trata de una disposición ambiciosa cuyo fundamento estriba en el consenso existente en la idea de que estos menores necesitan un ambiente familiar que es esencial para un adecuado desarrollo de la personalidad. Si este objetivo es común para todos los menores, cuando los destinatarios son de menos de seis años, y de forma aún más señalada e imprescindible si son menores de tres años, la conveniencia se toma en necesidad ineludible, sin perjuicio de introducir una válvula flexibilizadora para dar cobertura a los supuestos en los que, por motivos debidamente justificados, el ingreso en centro de protección sea la única medida de la que se disponga. Igualmente, en el citado artículo se regula la posibilidad de acordar por las entidades públicas la autorización, para los menores en acogimiento familiar o resi-
dencial, de las salidas en fines de semana o vacaciones con familias alternativas o instituciones adecuadas cuando sea conveniente en interés del menor. Será una delegación de guarda para fines de semana y de vacaciones, tanto para los menores en centros, para paliar los efectos de los acogimientos residenciales prolongados, como para menores en acogimiento familiar, posibilitando una ayuda o respiro temporal a la familia de acogida. Teniendo en cuenta que los efectos de esta delegación de guarda temporal son bastante más reducidos que los del acogimiento, su constitución debe estar dotada de especial flexibilidad, debiéndose apoderarse a la entidad pública para acordarla. En la vigente redacción del artículo 172 del Código Civil se establece que durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declara el desamparo, los padres están legitimados para promover su revocación y para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protección del menor, derecho que decaerá pasado dicho plazo. Ahora se establece y aclara en esta Ley que transcurridos esos dos años, únicamente estará legitimado el Ministerio Fiscal para impugnar la resolución que sobre el menor dicte la entidad pública. Por otra parte, se aclara que durante ese periodo de dos años las entidades públicas, ponderando la situación, podrán adoptar cualquier medida de protección que consideren necesaria, incluida la propuesta de adopción cuando exista un pronóstico de irreversibilidad. El Código Civil no regula la situación que se genera cuando la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, le esté encomendada la protección de los menores asume la guarda de un menor en cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata sin que previamente se haya declarado el desamparo. Ahora, mediante la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 172, se establece la posibilidad de asumir su guarda provisional sin declaración previa de desamparo ni solicitud expresa de los padres, mientras tienen lugar las diligencias precisas para la identificación del menor, investigar sus circunstancias y constatar la situación real de desamparo. Lógicamente este proceso no puede perpetuarse en el tiempo, ya que en otro caso desembocaría en una situación de grave inseguridad jurídica. Por ello, se prevén las obligaciones de las entidades públicas durante este período interino de tres meses, las consecuencias del incumplimiento del plazo y el rol a desempeñar por la Fiscalía como superior vigilante de la actuación administrativa cuando detecte incumplimientos en los plazos. En aras a la agilidad e interés de los menores, se modifica el artículo 173, simplificándose la constitución del acogimiento familiar también para los supuestos en que no exista previa conformidad de los padres o
tutores, estableciéndose la competencia de las entidades públicas para tal constitución en todos los casos, sin perjuicio del control jurisdiccional de la resolución administrativa de acogimiento si la misma es impugnada por persona legitimada. De esta manera se equipara la constitución del acogimiento familiar al del acogimiento residencial. La necesidad de instar un proceso judicial para constituir estos acogimientos genera complicaciones procesales y dilaciones, amén de situaciones confusas y duplicidad de procedimientos, más aun cuando la constitución del acogimiento no requiere la intervención judicial. La situación procesal que este status quo genera se complica aún más si se tiene presente que el procedimiento de acogimiento discurre por unos trámites extravagantes, el procedimiento de jurisdicción voluntaria regulado en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil. La insuficiencia de trámites hace que en la práctica estos procedimientos se tornen de facto en contenciosos, y en su seno se analice no sólo si es procedente el acogimiento sino también si se mantiene la situación de desamparo. Suele hacerse referencia al efecto acordeón que se produce en estos procedimientos en los que las causas se hacen difíciles de manejar ante la ingente cantidad de informes (muchos de ellos duplicados y triplicados) y testimonios de otras actuaciones que se incorporan. Como complemento a los cambios recogidos en el artículo 173, se modifica el artículo 173 bis, reordenándose las modalidades de acogimiento familiar. Por una parte, se suprime el acogimiento provisional, que ya no será necesario ante la simplificación del acogimiento familiar anteriormente referida, así como el acogimiento preadoptivo, que en definitiva es actualmente una fase del procedimiento de adopción. Con ello se introducirá claridad en los verdaderos supuestos de acogimiento familiar. Por otra, se establece la competencia de las entidades públicas para que al constituir un acogimiento permanente puedan atribuir a estos acogedores las funciones de la tutela, sin previa intervención judicial. Igualmente, se establece, por otra parte, que en los acogimientos familiares de menores de tres años tendrá lugar una revisión especial a los tres meses. Se introduce un nuevo artículo 173 ter, que regula los derechos y deberes de los acogedores familiares que actualmente no contemplaba la Ley. La trascendente función desempeñada por las familias de acogida hace muy conveniente que una disposición general perfile su estatus. Esta introducción de una disposición general sobre derechos y deberes de los acogedores ha sido reclamada por numerosos expertos comparecientes ante la Comisión Especial del Senado de Estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas y asumido en sus conclusiones y recomendaciones.
Las altas funciones que se encomiendan al Fiscal como superior vigilante de la actuación administrativa en protección de menores deben verse acompañadas de medios mínimos, a fin de que pueda ejercerlas de manera efectiva, evitando que sus esfuerzos queden limitados a un simple voluntarismo carente de operatividad práctica o que su actuación sea meramente simbólica. Con carácter general, los informes sobre la situación educativa, social, familiar psicológica de los menores en situación de riesgo o desamparo de los que se sirve el Fiscal proceden de la propia entidad pública. No obstante, conceptualmente, el cumplimiento de la función de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores prevista en el artículo 174, puede hacer necesario que el Fiscal recabe el auxilio de otros peritos ajenos a la entidad pública en supuestos en los que puedan existir discrepancias o cuando las solicitudes del Ministerio Público no sean atendidas. Para ello, se introducen en el citado artículo las previsiones necesarias en orden a que el Fiscal pueda auxiliarse de otros técnicos en orden a concretar el superior interés del menor en los concretos casos en los que sea necesario. Se introduce una modificación en la excepción prevista en el artículo 175.2 del Código Civil para la adopción de los mayores de dieciocho años a los efectos de facilitar la integración familiar de los menores que antes de cumplir la mayoría de edad hayan estado en situación de convivencia estable o acogimiento familiar. Para ello, se suprime el requisito actual de la existencia de una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes del que el adoptado hubiera cumplido los catorce años de edad. En el artículo 176.2 se establecía que la declaración de idoneidad de los adoptantes podía ser previa a la propuesta de adopción que la entidad pública formula al Juez. Evidentemente en ningún caso la entidad pública presenta esa propuesta sin que antes haya declarado la idoneidad, por lo que ahora se establece que esa idoneidad deberá ser previa a la propuesta, adecuándolo a la realidad. Con la reordenación de las modalidades del acogimiento familiar y supresión del acogimiento preadoptivo, al entenderse que se trata de una fase dentro del procedimiento de adopción, se hace necesario introducir en el citado artículo, una previsión legal que permita mantener la posibilidad ahora prevista con el acogimiento preadoptivo, de que con anterioridad a que la entidad pública formule la correspondiente propuesta al Juez para la constitución de la adopción pueda iniciarse la convivencia provisional entre el menor y las personas seleccionadas para tal adopción hasta que se dicte la oportuna resolución judicial, con el fin de evitar que el menor tenga que permanecer durante ese tiempo en un centro de protección. Esto podrá tener lugar
mediante la correspondiente delegación de guarda de la entidad pública a las referidas personas seleccionadas para dicha adopción. Conforme al artículo 172, apartado séptimo, del Código Civil, transcurrido el plazo de los dos años desde la declaración de desamparo, los padres pierden la legitimación para promover el cese de la suspensión de la patria potestad y la revocación de la declaración de desamparo del menor. Con el fin de dar coherencia al sistema, se introduce en el artículo 177 la previsión expresa de que —sin perjuicio del derecho a ser oídos— no será necesario el asentimiento de los padres a la adopción, previsto con carácter general en ese artículo 177, cuando hubieran transcurrido esos dos años sin ejercitar acciones de revocación del desamparo o cuando habiéndose ejercitado, éstas hubieran sido desestimadas. El artículo 239 del Código Civil tras disponer en su párrafo primero que la tutela de los menores desamparados corresponde por ley a la entidad pública, reiterando la previsión contenida en el artículo 172, declara en su párrafo segundo que se procederá, sin embargo, al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias, cuando existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con beneficio para éste. Por tanto, se prevé expresamente la posibilidad de subvenir a las necesidades materiales y morales del menor desamparado a través de la tutela ordinaria, de modo que se fomenta que sea el propio entorno familiar y afectivo del menor el que se encargue de tales cometidos. La evidente justificación y aparente claridad de estas disposiciones se ven ensombrecidas por la omisión de referencia alguna al estatus jurídico de los padres. Si éstos hubieran fallecido o hubiesen sido judicialmente privados de la patria potestad (ya por la jurisdicción civil, ya por la penal) no se plantearía problema alguno en cuanto al nombramiento de tutores conforme a las reglas ordinarias. Por el contrario, si los padres biológicos viven y no han sido privados (judicialmente) ni suspendidos (administrativamente) en el ejercicio de la patria potestad, el nombramiento de un tutor ordinario sin más daría lugar a una colisión por incompatibilidad de dos instituciones que no pueden coexistir simultáneamente: la patria potestad y la tutela ordinaria. La falta de claridad de la Ley en este punto ha generado prácticas dispersas, inseguridad jurídica y una infrautilización de esta previsión sin duda acertada. Por ello, es necesaria una reforma para aclarar las resoluciones que deben adoptarse con carácter previo al nombramiento de tutor ordinario. Será a tales efectos necesario bien adoptar una resolución administrativa de desamparo, con fijación en su caso de régimen de visitas, para posteriormente proceder al nombramiento de tutor mediante un sencillo procedimiento de jurisdicción voluntaria, bien promover un procedimiento judicial para la privación de la patria
potestad de los padres, en supuestos de gravedad, para, en los mismos autos, proceder al nombramiento de tutor ordinario. La modificación que se introduce con el artículo 239 ofrece un abanico de posibilidades para legalizar situaciones de guarda de hecho: bien la declaración de desamparo, asunción de tutela automática y constitución de acogimiento familiar (posibilidad que queda subsistente), bien la declaración de desamparo y constitución de tutela ordinaria, bien la privación de patria potestad y constitución de tutela ordinaria. Serán las circunstancias concretas del caso, analizadas a través del interés superior del menor, las que orienten a la hora de seguir una u otra vía. IV Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil Mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil se introducen reformas procesales que buscan obtener de los tribunales una tutela más efectiva posible de los derechos e intereses de los menores, mejorando los procedimientos ya existentes, haciéndolos verdaderamente efectivos, o corrigiendo aspectos que en la práctica cotidiana han dado lugar a interpretaciones contradictorias. Con el fin de fortalecer el principio de celeridad, vital en los procesos en los que se ventilan intereses de menores y con el objeto de evitar resoluciones contradictorias, se introducen disposiciones, en línea con las previsiones de la Ley Orgánica 1/1996, para promover la acumulación cuando existieran varios procesos de impugnación de resoluciones administrativas en materia de protección en curso que afecten a un mismo menor. Por ello se introduce en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la regla general de la acumulación de procesos, en consonancia con lo establecido en la nueva redacción del artículo 173 del Código Civil, y se introduce una previsión especial en el artículo 76 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para determinar que con carácter general todos los procesos de oposición a resolución administrativa que se sigan respecto de un mismo menor de edad se acumulen al más antiguo de ellos, y sean seguidos y resueltos con la debida economía procesal por el mismo juzgado. Ello se garantiza previendo que la acumulación sea promovida incluso de oficio por el juzgado que tenga conocimiento de la existencia de un segundo o posterior proceso. La necesidad de clarificar aspectos procesales de la protección de la infancia se pone de manifiesto en el régimen actual de ejecución provisional de las sentencias dictadas en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Aunque la interpretación generalizada del artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene
conduciendo a la imposibilidad de ejecución provisional de esta clase de sentencias (y, en particular, de las dictadas como consecuencia de un proceso de los previstos por el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo cierto es que el tenor literal del apartado 10 del citado artículo 525 no se refiere clara y expresamente a las mismas. Se introduce, en consecuencia, de forma expresa, clara y terminante en este artículo la prohibición de ejecución provisional de las sentencias que se dicten en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, con el fin de evitar los perjuicios que para el menor de edad supondría la revocación de una sentencia de esta naturaleza que se estuviera ejecutando provisionalmente. Cuando la sentencia dictada en primera instancia decide revocar una medida de protección y la entidad pública o el Fiscal recurren, el interés superior del menor exige que no se modifique su estatus hasta que la cuestión no sea resuelta en segunda instancia, pues otro proceder podría lesionar gravemente sus derechos y perturbar la necesaria estabilidad en sus relaciones familiares. Ello justifica sobradamente la expresa previsión de la exclusión de la ejecución provisional de este tipo de sentencias. V En su parte final la proposición contiene también una disposición adicional y una disposición transitoria que complementan las modificaciones introducidas en la parte dispositiva. Por una parte, la disposición adicional única establece que en todas las normas en que se haga referencia al acogimiento preadoptivo, institución que desaparece como tal, deben entenderse hechas a la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva. Afecta fundamentalmente a la normativa de Seguridad Social y Trabajo sobre prestaciones familiares por hijo a cargo, permiso por maternidad y paternidad, excedencia por cuidado de hijos y protección a las familias numerosas, y también a normativa fiscal sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en lo referente al concepto de descendiente para aplicar el mínimo familiar exento. Por otra parte, la disposición transitoria única tiene por objeto facilitar la adaptación de las modificaciones procesales introducidas respecto a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado con el siguiente texto:
1. Como principio básico, en la aplicación de la presente Ley y demás que afecten a los menores de edad, primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. A efectos de la interpretación y aplicación concreta en cada caso del interés superior del menor, como criterios mínimos se tendrán en cuenta: a) Los deseos, sentimientos y opiniones del menor. Se tendrá en consideración su derecho a participar progresivamente en función de su desarrollo y evolución personal en el proceso de determinación de su propio interés. b) Las necesidades básicas del menor, materiales, físicas, educativas y emocionales, priorizando los aspectos afectivos y emocionales. c) Su edad, posible situación de discapacidad, entorno y cualquier otra característica relevante. d) Lo más favorable para un desarrollo armónico de su personalidad. e) El peculiar efecto del transcurso del tiempo en el desarrollo de los menores. f) La conveniencia de la integración en su familia de origen, siempre que sea posible y favorable para el menor. En el caso de menores separados de su núcleo familiar se valorarán las posibilidades y conveniencia del retorno desde la óptica de sus intereses y no como derecho de la familia. g) El efecto probable y los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda tener en su personalidad y desarrollo futuro. h) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten. i) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado. j) La capacidad de las personas tomadas en consideración para satisfacer sus necesidades. 2. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva.» Dos. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 12, con el siguiente texto: «3. A efectos de la adopción y supervisión de las oportunas medidas de protección, los organismos públicos y las entidades privadas facilitarán a las entidades públicas y al Ministerio Fiscal los informes y antecedentes necesarios sobre el menor, sus padres, tutores y guardadores. Las entidades públicas y el Ministerio Fiscal podrán entrevistarse con el menor para conocer directamente su situación y valorar su interés superior en cada caso, incluido el que presente cualquier situación de discapacidad. Las instituciones deberán facilitar a tal efecto el acceso al menor.»
Tres. Se modifica el artículo 17, que tendrá el siguiente texto: «Artículo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo.
1. En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia. 2. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable y en coordinación con los centros y unidades escolares, sociales y sanitarias del respectivo ámbito territorial. 3. La valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social concreto, que deberá recoger las actuaciones y recursos necesarios para su eliminación manteniendo al menor en su entorno familiar. 4. Los padres, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas funciones, colaborarán activamente, según su capacidad, en la ejecución de las medidas indicadas en la resolución de la situación de riesgo. La omisión de esta colaboración podrá dar lugar a la declaración de desamparo, si así lo requiere la evolución de la situación de riesgo y la protección del menor. 5. La declaración de situación de riesgo deberá formalizarse por medio de una resolución administrativa con notificación formal a los representantes legales del menor, cuando se observen indicadores de riesgo significativos de desamparo, se inicie un programa de preservación familiar para evitar la separación de la familia, y no exista la suficiente colaboración de la familia. Esta resolución será susceptible de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 6. Cuando la administración pública competente para apreciar y corregir la situación de riesgo estime que existe una situación de desprotección que puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando, concluido el periodo previsto en el plan de intervención, no se hayan conseguido cambios en el desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento de la entidad pública a fin de que valore la procedencia de declarar el desamparo y lo comunicará al Ministerio Fiscal. 7. Cuando en los supuestos señalados en el apartado 6 anterior la entidad pública considere que no procede declarar el desamparo, lo pondrá en conocimiento
del órgano que haya declarado el riesgo y del Ministerio Fiscal. En todo caso, el Ministerio Fiscal hará una supervisión de la situación del menor. 8. El órgano competente para la declaración de riesgo adoptará, en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevención, apoyo y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar una eventual posterior declaración de riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos, se entiende por situación de riesgo prenatal la falta de cuidado del propio cuerpo, o la ingestión de drogas o sustancias psicotrópicas por parte de la mujer durante el proceso de gestación, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros tolerada por ésta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades físicas o psíquicas al recién nacido.» Cuatro. Se modifica el artículo 21, que pasa a tener el siguiente texto: «Artículo 21. Servicios especializados de protección a la infancia. 1. Los servicios de acogimiento residencial deberán ajustar su actuación a los principios inspiradores de esta Ley, y tendrán las siguientes características básicas: a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana de los menores y tendrán carácter eminentemente educativo, adaptando su proyecto general a las características personales de cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el desarrollo físico, psicológico y social. b) Promoverán la relación y colaboración familiar, siempre que la reinserción familiar sea en interés del menor, programándose al efecto los recursos necesarios para posibilitar ese retorno a su familia si se considera que ese es el interés del menor. c) Potenciarán la educación integral de los menores y velarán por su preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación ocupacional, para facilitar, en lo posible, su inserción laboral. d) El acogimiento de los menores se realizará en régimen abierto, ajustando su funcionamiento y régimen de entradas y salidas en la normativa de régimen interno, marcado por las necesidades educativas y de protección. e) Tendrán articulado un procedimiento de formulación de quejas y reclamaciones accesible, ágil, sencillo, confidencial y seguro, del que se facilitará información comprensible a los menores. f) Poseerán una normativa de funcionamiento interno que garantice la participación de los menores. 2. Todos los servicios, hogares funcionales y centros dirigidos a menores deberán estar siempre autori-
zados y acreditados por la entidad pública. Además, deberán existir estándares de calidad por cada tipo de servicio. La entidad pública regulará de forma diferenciada el régimen de funcionamiento de los servicios de acogimiento residencial y los inscribirá en el registro correspondiente a las entidades y servicios de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, número y cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos. 3. Teniendo en cuenta la necesidad de que el menor tenga una experiencia de vida familiar, principalmente en la primera infancia, se procurará que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. 4. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la entidad pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente y siempre que así lo exijan las circunstancias. 5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer su vigilancia sobre todos los servicios de acogimiento residencial.» Cinco. Se añade un nuevo artículo 22 bis, con el siguiente texto: «Artículo 22 bis. Reintegración familiar.
respectivo territorio, esté encomendada la protección de menores o del Ministerio Fiscal, dictará: 1. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres. 2. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda. 3. Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes: a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa. b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. 4. La medida de prohibición a los padres o a otros parientes de aproximarse al menor declarado en desamparo y acercarse a su domicilio o centro educativo y otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad y en tanto tengan suspendido o restringido el régimen de visitas. 5. En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.» Dos. El artículo 161 queda redactado en los siguientes términos: «Con respecto a los menores en situación de desamparo, la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de menores podrá regular las visitas que correspondan a sus padres y abuelos y demás parientes y allegados, pudiendo acordar, en interés del menor, la suspensión temporal motivada de las visitas y relaciones, con inmediata notificación al Ministerio Fiscal. La resolución administrativa que suspenda temporalmente el derecho de visitas deberá estar debidamente motivada y habrá de ser notificada al afectado, pudiendo ser judicialmente impugnable conforme a lo previsto en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.» Tres. Se modifica el artículo 172, que pasa a tener el siguiente texto: «1. La entidad pública a la que en el respectivo territorio esté encomendada la protección de los meno-
1. Cuando la entidad pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un plan individual de atención, que, basado en los principios de protección a la infancia, establezca los objetivos y la previsión de medidas a adoptar. 2. Cuando del pronóstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la entidad pública elaborará un programa de reintegración familiar.» Seis. Se añade un nuevo artículo 22 ter, con la siguiente redacción: «Artículo 22 ter. Sistema de información sobre la protección a la infancia. Las entidades públicas y la Administración General del Estado establecerán un sistema de información estadístico que permita el conocimiento y el seguimiento de la situación de la protección a la infancia en España.» Artículo segundo. Modificación del Código Civil.
Uno. El artículo 158 pasa a tener la siguiente redacción: «El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente, de la entidad pública a la que, en el
res, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada. 2. En los supuestos en los que se detecte una situación de posible desamparo en un menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del territorio nacional, para su protección en España será competente la entidad pública correspondiente a la comunidad autónoma en la que el menor hubiera tenido su última residencia en España. En su defecto será competente la entidad pública correspondiente a la comunidad autónoma en la que los padres hubieran tenido su última residencia en España y cuando conforme a tales criterios no pudiera determinarse la competencia, será competente la entidad pública de la comunidad autónoma en la que otros ascendientes del menor hubieran tenido su última residencia en España. En caso de que por aplicación de los anteriores criterios pudiera ser potencialmente competente más de una entidad pública, se atribuirá competencia a aquella respecto de la que el menor o sus familiares tuvieren mayores vínculos. Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrán de resolverse conforme a los principios de celeridad y de interés superior del menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo. 3. Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representación del menor y que sean beneficiosos para él. 4. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario. La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Administración.
Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal. 5. Asimismo, se asumirá la guarda por la entidad pública cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda. 6. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la tutela por ministerio de la Ley, se realizará mediante el acogimiento familiar y, no siendo éste posible o conveniente para el interés del menor, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se realizará por la persona o personas que determine la entidad pública. El acogimiento residencial se ejercerá por el director o responsable del centro donde se ha acogido al menor. Se valorará especialmente la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial como medida de protección de los menores de seis años. En ningún caso se acordará el acogimiento residencial de los menores de tres años, salvo en los supuestos de imposibilidad debidamente acreditada de adoptar otra medida de protección. Los padres, tutores y el Ministerio Fiscal podrán oponerse en el plazo de dos meses a la resolución administrativa que disponga el acogimiento familiar o residencial cuando consideren que no es lo más conveniente para el menor. 7. La entidad pública podrá acordar en relación con los menores en acogida familiar o residencial, cuando sea conveniente en interés del menor, salidas de fines de semana o de vacaciones con familias alternativas o instituciones dedicadas a estas funciones. A tal efecto sólo se seleccionarán a personas o instituciones adecuadas. Tales salidas serán acordadas por la entidad pública. El documento de delegación de guarda contendrá los términos de la misma. Dicha medida será comunicada a los padres, cuando sea necesario, y siempre que resulte conveniente para el interés del menor se preservarán los datos de estos guardadores. 8. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona. 9. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en guarda, aquél o persona interesada podrá solicitar la remoción de ésta. 10. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por ministerio de la ley serán recurribles ante la jurisdicción civil en el plazo y condiciones determinados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa. 11. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declare el desamparo, los padres que continúen ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo
previsto en el apartado 3 de este artículo, están legitimados para solicitar que cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo del menor, si por cambio de las circunstancias que la motivaron entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad. Igualmente están legitimados durante el mismo plazo para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protección del menor. Pasado dicho plazo decaerá el derecho de los padres de solicitud u oposición a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor. No obstante, podrán facilitar información a la entidad pública y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de desamparo. Durante este plazo la entidad pública, ponderando la situación, podrá adoptar cualquier medida de protección, incluida propuesta de adopción cuando exista un pronóstico de irreversibilidad. 12. La entidad pública, de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá en todo momento revocar la declaración de desamparo y decidir la vuelta del menor con su familia si no se encuentra integrado de forma estable en otra familia o si entiende que es lo más adecuado en interés del menor. Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal. En todo caso, transcurridos los dos años, únicamente estará legitimado para impugnar la resolución de la entidad pública el Ministerio Fiscal. 13. Cuando en cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata los servicios de protección de menores asuman la guarda provisional de un menor, lo comunicarán al Ministerio Fiscal, procediéndose simultáneamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar la situación real de desamparo. Tales diligencias se realizarán en el plazo más breve posible, que no se extenderá más allá de los tres meses, pasados los cuales deberá procederse en su caso a la declaración de desamparo y correlativa asunción de la tutela o a la promoción de la medida de protección procedente. En el caso de que transcurrido el plazo de tres meses no se hubiera formalizado la tutela o adoptado otra resolución, el Fiscal competente promoverá ante la jurisdicción civil las acciones procedentes para asegurar la adecuada protección del menor por parte de la entidad pública.» Cuatro. Se modifica el artículo 173, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
Este acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que sustituyan al núcleo familiar del menor o por responsable del hogar funcional. 2. El acogimiento familiar se formalizará por resolución de la entidad pública que tenga la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento, con el consentimiento de las personas que reciban al menor y de este si tuviera 12 años cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres o el tutor, se les oirá en el procedimiento y se les notificará la resolución de constitución de acogimiento familiar. Igualmente, se oirá e informará de la constitución del acogimiento familiar a los guardadores de hecho, y en su caso acogedores familiares, en el momento de dictarse la medida. A la resolución de formalización del acogimiento familiar a que se refiere el párrafo anterior, acompañará un documento anexo que incluirá los siguientes extremos: 1.º Los consentimientos necesarios. 2.º Modalidad del acogimiento y duración prevista para el mismo. 3.º Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular: a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido. b) El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de otros responsables civiles de los daños que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros. c) La asunción de los gastos de manutención, educación y atención sanitaria. 4.º El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la entidad pública y el compromiso de colaboración de la familia acogedora al mismo. 5.º La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores. 6.º Si los acogedores actúan con carácter profesionalizado o si el acogimiento se realiza en un hogar funcional, se señalará expresamente. Dicha resolución y documento anexo se remitirá al Ministerio Fiscal. 3. La resolución de la entidad pública de constitución o cese del acogimiento familiar será recurrible ante la jurisdicción civil, en el plazo y condiciones determinados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa. 4. En los supuestos en que la resolución de acogimiento sea impugnada judicialmente y estén en tramitación otros procesos de impugnación de medidas de protección sobre el mismo menor, se procederá a la acumulación y tramitación conjunta de todos ellos.
El acogimiento familiar del menor cesará:
1.º Por decisión de las personas que lo tienen acogido, previa comunicación de estas a la entidad pública. 2.º Por decisión de la entidad pública, de oficio o a propuesta de los padres o tutor, o del propio menor, cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés del mismo, oídos los acogedores, el menor y su representante. 6. Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento familiar se practicarán con la obligada reserva.» Cinco. El artículo 173 bis pasa a tener la siguiente redacción: «1. El acogimiento familiar, podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su finalidad: a) Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la reinserción de éste en su propia familia, bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable. b) Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen. En tal supuesto, cuando la entidad pública ostenta la tutela podrá atribuir a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor. 2. En los supuestos de constitución de acogimiento familiar de menores de tres años, la medida estará sujeta a una revisión a los tres meses.» Seis. Se añade un nuevo artículo 173 ter del siguiente tenor: «1. Los acogedores familiares tendrán los siguientes derechos: a) A ser oídos por la entidad pública antes de adoptar cualquier resolución que afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas con la familia de origen. b) A ser informados de las medidas de protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, sin exclusión alguna por discapacidad. c) A percibir la compensación económica que se hubiera estipulado, en su caso, en el documento de formalización del acogimiento. d) A recibir apoyo técnico especializado. e) A acceder a la información sobre el menor que pueda ser necesaria para velar por el mismo. f) A recabar el auxilio de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
g) A ser respetados por el menor acogido y a ser obedecidos por el mismo. h) A relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la entidad pública entiende que conviniere a su interés superior y además éste lo consintiere si es mayor de doce años. i) A recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento. 2. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes: a) Velar por el menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. b) Oír al menor siempre antes de adoptar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente juicio, sin exclusión alguna por discapacidad. c) Asegurar la plena participación del menor en la vida de familia. d) Informar a la entidad pública de cualquier hecho de trascendencia en relación con el menor. e) Respetar el régimen de visitas establecido a favor de la familia del menor. f) Colaborar con la entidad pública en el desempeño de sus funciones, a fin de garantizar el respeto del interés superior del menor.» Siete. Se añade un apartado 4, al artículo 174, con el siguiente texto: «4. Para el cumplimiento de la función de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, cuando sea necesario, podrá el Fiscal recabar la elaboración de informes por parte de los equipos técnicos adscritos a la Sección de Menores de la Fiscalía. A estos efectos, los Servicios correspondientes de las Corporaciones Locales y de las entidades públicas, atenderán las solicitudes de información remitidas desde las Secciones de Menores de las Fiscalías en el curso de las investigaciones tendentes a determinar la situación de riesgo o desamparo en la que pudiera encontrarse un menor.» Ocho. El apartado 2 del artículo 175 pasa a tener el siguiente texto: «2. Únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos.» Nueve. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 4, en el artículo 176, que tendrán el siguiente texto: «2. Para iniciar el expediente de adopción es necesaria la propuesta previa de la entidad pública a favor del
adoptante o adoptantes que dicha entidad pública haya declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de idoneidad deberá ser previa a la propuesta. No obstante, no se requiere propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado de consanguinidad o afinidad. b) Ser hijo del consorte del adoptante. c) Llevar más de un año en convivencia preadoptiva o haber estado bajo su tutela por el mismo tiempo. d) Ser mayor de edad o menor emancipado. 4. La entidad pública podrá delegar la guarda del menor en las personas seleccionadas para su adopción, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, a fin de que tenga lugar su convivencia preadoptiva hasta que se dicte la resolución judicial de adopción. La propuesta de adopción al Juez tendrá que realizarse en el plazo más breve posible, en todo caso antes de los tres meses, prorrogables hasta un máximo de un año cuando, en función de la edad y circunstancias del menor, la entidad pública considere necesario establecer un periodo de adaptación del menor a la familia. Los guardadores tendrán los mismos derechos y obligaciones que los acogedores familiares. Las personas referidas deberán reunir los requisitos necesarios para adoptar, han debido ser seleccionadas y prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adopción y el menor ha de encontrarse en situación jurídica adecuada para su adopción. En el supuesto de que el Juez no considerase procedente esa adopción, la entidad pública deberá determinar la medida protectora más adecuada para el menor.» Diez. En el artículo 177.2.2.º, su párrafo segundo, quedará redactado como sigue: «No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará motivadamente en la resolución judicial que constituya la adopción. Tampoco será necesario el asentimiento de los padres que tuvieren suspendida la patria potestad cuando hubieran transcurrido dos años desde la declaración de desamparo, en los términos previstos en el artículo 172, apartado 11, del Código Civil, sin oposición a la misma, o cuando interpuesta en plazo hubiera sido desestimada.» Once. Se añaden, tras el párrafo segundo del artículo 239, tres nuevos párrafos con la siguiente redacción, pasando el párrafo tercero a ser párrafo séptimo: «En los supuestos a que hace referencia el párrafo anterior, previamente a la designación judicial de tutor ordinario deberá acordarse la suspensión o la privación de la patria potestad.
La suspensión en el ejercicio de la patria potestad podrá acordarse mediante resolución administrativa de desamparo, en la que, en su caso, se establecerá el régimen de visitas a favor de los padres. El nombramiento de tutor ordinario, cuando proceda, tendrá lugar a instancias de la entidad pública mediante resolución judicial dictada en procedimiento de jurisdicción voluntaria. Tanto la suspensión como la privación de la patria potestad podrá tener lugar mediante resolución judicial. En el mismo procedimiento podrá acordarse el nombramiento de tutor ordinario. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de privación de patria potestad y para la solicitud de nombramiento de tutor el Fiscal, la entidad pública y los llamados al ejercicio de la tutela.» Artículo tercero. miento Civil. Modificación de la Ley de Enjuicia-
Uno. Se añade un nuevo supuesto 3.º, al apartado 2, del artículo 76, redactado en los siguientes términos: «3.º Cuando se trate de procesos sobre oposición de resoluciones administrativas relativas a la protección de un mismo menor de edad, y se sigan los trámites previstos por el artículo 780 de esta Ley, siempre que no se haya iniciado la vista del juicio en ninguno de los procesos, la competencia corresponderá en todo caso al juzgado que conociera del proceso incoado con anterioridad, al que se acumularán los que se promovieran posteriormente.» Dos. Se modifica el apartado 1, 1.ª, del artículo 525, que tendrá la siguiente redacción: «1.ª Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.» Tres. Se modifica la rúbrica del artículo 780, y se añaden al mismo un párrafo segundo en el apartado 1 y un nuevo apartados 5, que quedan redactados con el siguiente texto: «Artículo 780. Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y autorización para la entrada en domicilio en ejecución de resoluciones administrativas». «Estarán legitimados para formular oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección los padres, tutores y el Ministerio Fiscal.»
5. Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento de la existencia de más de un procedimiento de oposición a medidas de protección sobre un mismo menor, pedirán los primeros y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la acumulación ante el Juzgado que hubiera conocido del procedimiento más antiguo. Acordada la acumulación, se procederá según dispone el artículo 84 de esta Ley, con la especialidad de que no se suspenderá la vista que ya estuviera señalada si fuera posible tramitar el segundo proceso dentro del plazo determinado por el señalamiento y, en otro caso, el señalamiento de la nueva vista deberá hacerse con carácter preferente. Contra el auto que deniegue la acumulación procederán los recursos de reposición y apelación sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la acumulación no se dará recurso alguno.» Cuatro. Queda sin contenido el artículo 1828 de Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que seguía en vigor a tenor de lo establecido en la disposición derogatoria de la Ley 1/2000. Disposición adicional única. Todas las referencias que en las leyes y demás disposiciones se realizaren al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176.4 del Código Civil, según redacción dada por la presente Ley.
Disposición transitoria única. Los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. Los acogimientos constituidos judicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley podrán cesar por resolución de la entidad pública competente para la protección de los menores sin necesidad de resolución judicial. Disposición final primera. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se modifica el artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, añadiendo el siguiente párrafo final: «Se exceptúa la autorización para la entrada en domicilios y restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en materia de protección de los menores.» Disposición final segunda. La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Edita: Congreso de los Diputados Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. http://www.congreso.es Imprime y distribuye: Imprenta Nacional BOE Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid Teléf.: 902 365 303. http://www.boe.es Depósito legal: M. 12.580 - 1961
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References: artículo 126
 artículo 97
 artículo 39
 artículo 124
 artículo 39
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 161
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 172
 resolución 
 resolución 
 artículo 172
 artículo 173
 resolución 
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 174
 artículo 175
 artículo 176
 resolución 
 artículo 172
 artículo 177
 artículo 177
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 artículo 172
 resolución 
 artículo 239
 artículo 780
 artículo 173
 artículo 76
 resolución 
 artículo 525
 artículo 780
 artículo 525
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 17
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 resolución 
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 artículo 780
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 161
 resolución 
 artículo 780
 artículo 172
 artículo 22
 artículo 158
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 173
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 173
 artículo 173
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 artículo 174
 artículo 175
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 artículo 172
 artículo 239
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 76
 artículo 780
 artículo 525
 artículo 780
 artículo 84
 artículo 1828
 artículo 176
 resolución 
 resolución 
 artículo 8