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Timestamp: 2019-10-17 06:00:35+00:00

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﻿ Sentencia C-313 de mayo 23 de 2013
SENTENCIA C-313 DE 23 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITOS FINANCIEROS. LOS CRÉDITOS A LOS CUALES SE REFIERE EL LITERAL G) DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 1328 DE 2009 TOMADOS ANTES DEL 9 DE JULIO DE 2012, TAMBIÉN PODRÁN SER PAGADOS ANTICIPADAMENTE, SIN INCURRIR EN NINGÚN TIPO DE PENALIZACIÓN O COMPENSACIÓN. LIMITAR LA POSIBILIDAD DE PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITOS FINANCIEROS CONFIGURA UN QUEBRANTAMIENTO AL DERECHO A LA IGUALDAD, ATENTA CONTRA EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y EL DEBIDO PROCESO. SE ANALIZA LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO FINANCIERO FRENTE A LA LIBERTAD JURÍDICA CONTRACTUALLA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL ÁMBITO DE LA LIBERTAD ECONÓMICALA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y AL USUARIO DEL CRÉDITO COMO FORMA DE DEMOCRATIZACIÓN DEL CRÉDITOY EL CONTRATO DE MUTUO EN EL ÁMBITO FINANCIERO ENTRE OTROS. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 1555 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DEMOCRATIZACIÓN DEL CRÉDITO, PAGO ANTICIPADO DEL CRÉDITO, OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO, CONSUMIDOR FINANCIERO, ESTADO SOCIAL DE DERECHO, CONTRATO DE MUTUO, DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO A LA LIBERTAD ECONÓMICA, DERECHOS DEL CONSUMIDOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:504 DE DICIEMBRE DE 2013, PÁG.2361
Sentencia C-313 de mayo 23 de 2013
Ref.: Expediente D-9345
A continuación se transcribe el texto del artículo 1º de la Ley 1555 de 2012, conforme a su publicación en el Diario Oficial 48.486 del 9 de julio de 2012 y se subraya el aparte demandado.
Diario Oficial 48.486 de 9 de julio de 2012
“ART. 1º—Adiciónese al artículo 5º de la Ley 1328 de 2009 el siguiente literal:
El demandante estima que la disposición objeto de censura constitucional, contenida en la Ley 1555 de 2012, “Por medio de la cual se permite a los consumidores financieros el pago anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones”, contraviene lo dispuesto en los artículos 1º, 6º, 13 y 29 de la Constitución Política.
Estima que entre los dos tipos de deudores de la banca, hay identidad en los supuestos de hecho, pero, no en las consecuencias jurídicas, con lo cual, considera que se demuestra la discriminación. Advierte que los deudores del sistema financiero están en situación de debilidad frente a sus acreedores, evidenciándose una igualdad formal y una desigualdad material. Refiere que el trato diferenciado para los deudores que contrajeron obligaciones con los bancos antes del 9 de julio de 2012, carece de justificación
2.3. De igual forma, manifiesta que la norma bajo estudio resulta contraria a los artículos 6º y 29 de la Carta Política. En su criterio, uno de los pilares del derecho fundamental contenido en el artículo 29 Superior aplicable a toda clase de actuaciones que tiendan a concluir con la imposición de una sanción, se encuentra reflejado en la cláusula conforme a la cual nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.
Con respecto a la violación del artículo 1º Superior, el interviniente estima que la sanción por pago anticipado no es un beneficio como tal, sino una estimación anticipada de los daños que genera para la entidad otorgante del crédito el pago anticipado del mismo. Consecuentemente señala que la norma acusada no puede catalogarse como contraria al principio del Estado social de derecho en lo atinente a la búsqueda de la justicia, sino, por el contrario, la intención del legislador era prevenir que una asimetría de información al momento de conceder el crédito, afecte los intereses de una de las partes de la relación contractual.
En lo que atañe a la vulneración de los artículos 6º y 29 Superiores, manifiesta que disiente de la posición del actor, toda vez que en los contratos celebrados con antelación a la vigencia de la Ley 1555 de 2012, el texto del contrato es ley para las partes y que en virtud del principio de incorporación del derecho, la estimación consagrada en el artículo 1º de la Ley 1555 de 2012 no se entiende incorporada a los contratos celebrados antes del 9 de julio de 2012, pues el legislador no lo dispuso así. De este modo, la sanción de pago anticipado de los contratos de crédito otorgados antes del 9 de julio de 2012 es preexistente, razón por la cual, de verificarse el supuesto de hecho de la sanción, el acreedor tendría derecho a exigirla, sin que se configure una vulneración del debido proceso, pues, de igual manera, se ajustaría a las cláusulas establecidas en el contrato, por lo que no se desconocerían los derechos de los deudores de créditos anteriores a la expedición de la ley.
A partir de tales prolegómenos examina lo relacionado con el pago anticipado en el contrato de mutuo, citando una decisión de la Corte en la cual, estimó justa la penalidad por pago anticipado (C-252 de 1998, M.P. Carmenza Isaza de Gómez). Plantea que permitir el pago anticipado, cuando convenga al deudor, daría pie para admitir el cobro por parte del acreedor cuando este lo desease, pues solo así se preservaría el equilibrio del pacto.
Concluye su escrito aseverando que no se presenta una violación al debido proceso, pues, los deudores conocían desde el momento de la celebración del contrato, cuáles eran las sanciones pactadas en caso de darse un pago anticipado.
El señor Procurador General de la Nación, mediante Concepto 5494, del 16 de enero de 2013, intervino en el trámite de la presente acción, solicitándole a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la disposición acusada.
Por ello, en aplicación del principio pro-actione, según el cual dado el carácter público de la acción de inconstitucionalidad, se impone la flexibilidad, en tanto, se encuentran los elementos suficientes para emitir una decisión de fondo(1). Consecuentemente en esta oportunidad, procederá la Corte a pronunciarse sobre la censura a la disposición en relación con el desconocimiento del artículo 13 de la Carta.
En lo atinente a la presunta vulneración del artículo 6º de la Constitución, nada se considerará por esta corporación, dado que no hay en la demanda, ningún motivo que explique la inconformidad del texto acusado con la disposición constitucional mencionada. La referencia parece contraerse a afirmar que los mismos argumentos que soportan el quebrantamiento del debido proceso, son razones para afirmar la vulneración del artículo 6º Superior.
Un primer asunto que se impone atender guarda relación con el quebrantamiento del principio de igualdad por parte del enunciado contenido en el parágrafo del artículo primero de la Ley 1555 de 2012, por medio del cual se adicionó el artículo 5º de la Ley 1328 de 2009. En tal sentido, corresponde a la Sala contestar el siguiente interrogante ¿se vulnera el principio de igualdad, cuando el legislador establece la posibilidad de pago anticipado sin ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante, en operaciones de crédito que se ajustan a las condiciones del literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, solo para créditos otorgados a partir de la vigencia de la ley?
Seguidamente, debe la Corte establecer si la posibilidad de pago anticipado sin ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante, en operaciones de crédito que se ajustan a las condiciones del literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, solo para créditos otorgados a partir de la vigencia de la ley, atenta contra el Estado social de derecho por no extender el beneficio a los créditos contraídos con antelación a la ley.
Finalmente, la Sala deberá determinar si el cobro de la penalidad por pago anticipado de los créditos cuyas condiciones se adecuan a las contempladas en el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, pero, contraídos con anterioridad a la vigencia de dicha ley; constituye una violación al principio de legalidad de la pena y de contera al debido proceso.
Para resolver los problemas planteados, procederá la Corte, en primer lugar, a considerar los motivos que asistieron al legislador para expedir la norma del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009. Seguidamente, se examinará brevemente, en el marco del Estado social de derecho, la situación de los derechos del consumidor frente a la libertad jurídica en el contrato. Posteriormente se recordarán algunas consideraciones básicas sobre el test de igualdad. Finalmente, se examinará el caso concreto.
4. Los motivos del legislador en la expedición del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009.
Vista la exposición de motivos del proyecto de Ley 178 de 2011 Cámara(2), se puede advertir que el legislador obró, preocupado por un sistema financiero que permite fidelizaciones forzosas, en razón a que los deudores de los créditos, salvo los hipotecarios que realicen pagos anticipados, podían ser objeto de una penalización a cargo del deudor. Dicho de otro modo, dada la referida penalización, no habría mayores alicientes para buscar otro crédito y, consecuentemente, el deudor se ve atado a la entidad crediticia con la cual tiene su obligación monetaria.
a) Mejora de la relación entre entidades financieras y usuarios, pues las multas afectan negativamente la movilidad del consumidor que busca crédito.
b) Establecimiento de un mecanismo que permitiera elevar el bienestar al aumentar la eficiencia del mercado en términos de consecución de créditos más asequibles, eliminando una de las fuentes más importantes de fidelización forzosa.
c) En momentos de crisis financiera, las refinanciaciones se hacen necesarias, al posibilitar el prepago a través de compras de cartera, se cuenta con una “herramienta crucial para enfrentar fenómenos nacionales y de contagio internacional”(3).
Desde su mismo origen, la propuesta legislativa recordó la Sentencia C-252 de 1998, M.P. Isaza de Gómez, en la cual se consideró como justa la regla que establecía la sanción para el deudor por el pago anticipado en el contrato de mutuo. Sin embargo, se destacaba que el Estado, por virtud de lo dispuesto en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, podía intervenir en la economía con miras a garantizar la libre competencia y lograr un orden económico y social justo.
Las motivaciones que se constituyeron en fundamento de la normatividad expedida por el Congreso se mantuvieron a lo largo del debate legislativo. Eso sí, se incorporaron otros contenidos con la finalidad de “no afectar la actividad financiera y (…) evitar distorsiones que (pudiesen) llegar a generar un efecto contrario al deseado (como que) los servicios financieros no se presten, se encarezcan o disminuya su calidad (…)”(4).
Perdón. Presidente, aquí el tema a tratar por el doctor Barguil y que lo acompañamos todos los que fuimos ponentes, (…) además le quiero decir lo siguiente, si pretendemos declararnos impedidos por tener un crédito de consumo, con solo la tarjeta de crédito, ya todos estarían impedidos. Yo soy ponente y tengo claridad mental y hay fallos de la Corte Constitucional en el sentido de que todos, primero esto es de beneficio general y segundo toda decisión que tomemos acá, inmediatamente sea sancionada la ley, si llegara a serlo, presidente, regirá hacia futuro, por lo tanto será por los nuevos acuerdos de voluntades que se rijan de la fecha de la sanción a futuro, la ley no es retroactiva en ese sentido, por lo tanto ninguna persona que hoy tenga un crédito de consumo, se estaría beneficiando precisamente de esas circunstancia, porque sería para el futuro inmediato.(…)”(5) (resaltado fuera de texto)
“(…) Presidente, yo quiero hacer la misma claridad y la quiero dejar para el proyecto de ley, en el sentido que se acompaña el proyecto de ley, en el entendido que rige a partir, todas esos beneficios, toda esa posibilidad, el pago anticipado de crédito a partir de la sanción de la ley (resaltado fuera de texto).
Darle amablemente la memoria histórica de la comisión, que este Congreso se han votado normas como por ejemplo del UPAC y lo ha hecho de manera retroactiva, nosotros podemos hacer modificaciones a los códigos de estabilidad jurídica, podemos hacer modificaciones del impuesto al patrimonio retroactivo, podemos hacer aunque creo que nadie acá clasifica para el impuesto al patrimonio, pero podemos hacer modificaciones a, digamos a normas de manera retroactiva, como lo vamos a hacer en muchas iniciativas y aun así sin normas generales, sin beneficio específico para la persona, no generan inhabilidad. Entonces. (…)” (resaltado fuera de texto).
“(…) Es nuestro consenso como ponentes del proyecto que un mayor nivel de protección de los consumidores financieros, a través del reforzamiento de los derechos consagrados en el artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, fortalece el ofrecimiento y desarrollo de los servicios financieros. En este sentido, se considera que el espíritu del proyecto de ley es adecuado al logro de estos objetivos. No obstante lo anterior, la herramienta que se sugiere en el proyecto para alcanzarlos, tal y como está redactada, debe afinarse para no afectar la actividad financiera y de esta manera evitar distorsiones que puedan llegar a generar un efecto contrario al deseado (…)”.
Visto lo anterior, resulta necesario lograr un equilibrio entre el propósito del proyecto de ley y el posible efecto negativo que la medida pueda conllevar a la actividad financiera si no se ajusta en el sentido apropiado. Esta evaluación nos llevó a concluir que la eliminación de la penalidad por prepago posiblemente conllevará a los establecimientos de crédito una serie de costos directos e indirectos que deben reconocerse en la ley con la posibilidad de que sean aplicados al deudor, a fin de no generar un tratamiento inequitativo en la relación contractual que se regula. (…)”(6).
Y más adelante, tras considerar los aspectos constitucionales, se precisaban los ajustes en la redacción del texto del artículo 1º, los cuales se enunciaban así:
“(…) el beneficio se aplicará a todo crédito concedido en moneda nacional, así como el reconocimiento de los costos operativos y financieros en que incurrió la entidad como consecuencia de la operación. De igual manera, con el objeto de proteger los créditos que por su monto han podido ser objeto de apalancamiento y los proyectos de larga maduración fondeados mediante la obtención de recursos a plazos fijos, se propone establecer un límite en salarios mínimos mensuales legales vigentes a partir del cual el derecho no sea aplicable. Complementariamente, el artículo se ajusta en el sentido de circunscribir la posibilidad de prepago, en el evento en que existan múltiples créditos con una misma entidad, con la finalidad de evitar el fraccionamiento de los créditos que permita el desconocimiento del mencionado límite. Finalmente, consideramos que con los ajustes incorporados el alcance de la norma es suficiente razón por la cual es innecesario facultar al Gobierno Nacional para su reglamentación y por tal razón se sugiere la eliminación del artículo 3º. (…)”(7) (resaltado fuera de texto).
a) Mejorar la relación entre usuarios y entidades financieras, generando mayor movilidad del consumidor que pretende crédito.
b) Establecer un mecanismo que propenda hacia la elevación del bienestar al incrementar el acceso al crédito en mejores condiciones, por el aumento en la eficiencia del mercado financiero, suprimiendo una fuente importante de fidelización forzosa.
c) Posibilitar refinanciaciones a través de compras de cartera, como un elemento importante en momentos de crisis financiera internacional.
El derecho del consumo, ha tenido una historia relativamente reciente, dice Reyes López que en los inicios del siglo XX, los ordenamientos jurídicos se preocupaban más por los principios inspiradores del liberalismo(8). Tales preceptos encontraban en la protección de la autonomía del individuo y en la ausencia de interferencia del Estado en el ámbito de dicha esfera, sus mejores propósitos de orden político económico y jurídico. Con la diversificación de la producción de bienes y el aumento en la prestación de servicios las reglas de un derecho decimonónico exigirían ser revisadas.
Advertido sucintamente el contexto, se tiene que frente a la empresa organizada, se hace presente el último eslabón de la cadena producción-distribución-comercialización. Este, es el consumidor. Dicho sujeto, se ve inmerso en una realidad económica en la cual tanto su capacidad adquisitiva como su posibilidad de consecución de recursos, son el objetivo de productores de bienes y prestadores de servicios. Dada la capacidad de las organizaciones económicas, el consumidor se hace no solo presa, sino víctima de frecuentes abusos en el mercado. La idea de autonomía, propia del liberalismo e incrustada en el derecho privado, resulta insuficiente para prestar protección a este nuevo titular de derechos. La referida circulación masiva de bienes y servicios hizo exigibles nuevas formas de contratación que superaban el viejo molde del contrato tradicional. La presencia de cláusulas predispuestas por el contratante más fuerte se tornó en necesidad y, frente a una situación de sumisión por parte del adquirente de bienes y servicios, se hizo imperativa la intervención del Estado.
Esta corporación destacó tempranamente la existencia y necesidad de tales limitaciones a la autonomía contractual y, de contera, a la libertad empresarial, en la Sentencia C-524 de 1995, M.P. Gaviria Díaz dijo:
(...) el Estado al regular la actividad económíca (sic) cuenta con facultades para establecer límites o restricciones en aras de proteger la salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural de la Nación, o por razones de interés general o bien común (…) no podría en desarrollo de su potestad de intervención interferir en el ámbito privado de las empresas, es decir, en su manejo interno, en las técnicas que se deben utilizar en la producción de los bienes y servicios, en los métodos de gestión, pues ello atentaría contra la libertad de empresa y de iniciativa privada; pero sí puede, desde luego, proteger los intereses sociales de los trabajadores, las necesidades colectivas del mercado, el derecho de los consumidores y usuarios, etc. De ahí que se haya dicho que “la autonomía de la voluntad y por tanto de empresa ya no se proyecta sobre el mercado con la absoluta disponibilidad y soberanía de antaño, sus limitaciones de derecho público o privado forman parte ya del patrimonio irreversible de la cultura jurídica contemporánea. Y, en tal sentido, no puede interpretarse que el mandato constitucional de la libertad de empresa comporta el desmantelamiento integral de todas esas restricciones y limitaciones” (resaltado fuera de texto).
“(…) Teniendo en cuenta que estas libertades no son absolutas y que el Estado tiene la obligación de intervenir en la economía para remediar las fallas del mercado y promover desarrollo con equidad, la Corte ha precisado que las libertades económicas pueden ser limitadas” (C-197/2012, M.P. Pretelt Chaljub)(9).
“(…) Ha dicho la Corte que la actividad financiera es de interés general, pues en ella está comprometida la ecuación ahorro-inversión que juega papel fundamental en el desarrollo económico de los pueblos”(10) (C-1062/2003, M.P. Monroy Cabra).
“(…) la orientación del ahorro público hacia determinado propósito común se halla justificada como mecanismo de intervención del Estado en la economía (C.P., art. 334), para lograr la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. Además, la actividad propiamente financiera tiene repercusión en la soberanía monetaria del Estado, pues es sabido que el papel que el sistema financiero cumple dentro de la economía implica la emisión secundaria de moneda, mediante la creación de medios de pago distintos de los creados por la vía de la emisión, por lo cual su adecuada regulación, vigilancia y control compromete importantes intereses generales. Pero más allá de este interés público, corresponde también al Estado velar por los derechos de los ahorradores o usuarios, razón que también milita para justificar la especial tutela estatal sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora y sobre cualquier otra que implique captación de ahorro de manos del público”(11) (resaltado fuera de texto).
“(…) además de las finalidades generales inherentes a toda situación de intervención estatal en la economía, antes referidas, existen otros objetivos específicos de escrutinio público, como el propósito de democratizar el acceso al crédito, la necesidad de controlar ciertos efectos macroeconómicos que la actividad financiera genera, y el mantenimiento de la confianza del público en las instituciones que conforman el sistema financiero, y en el sistema mismo como conjunto(12) (…)” (C-909/2012, M.P. Pinilla Pinilla).
5.2. El Estado social de derecho y la protección al consumidor y al usuario del crédito como forma de democratización del crédito.
El Estado va hacerse así decididamente intervencionista con objeto de poder atender y llevar a la práctica esas perentorias demandas sociales de (…) mayores cotas y zonas de igualdad real (…) compromiso por el Estado para políticas de bienestar (…)”(13).
“(…) lo que se viene a poner ahora en tela de juicio es la eficacia del liberalismo clásico como sistema capaz de resolver los difíciles y complejos problemas que en el marco de una moderna sociedad industrial se plantean tanto a nivel de la expansión y el desarrollo económico como a nivel de la acción ejecutiva y administrativa de los órganos de gobierno. La cultura de masas, la planificación incluso capitalista, la sociedad de consumo, el constante progreso de la técnica, etc., son hechos y problemas que no parecen encontrar suficiente solución a través de los instrumentos y procedimientos típicos del estado liberal. (…) Frente a ello, lo que se propugna en el Estado social de derecho es un Estado decididamente intervencionista.(…)”(14).
Esta Corte desde sus inicios no ha sido ajena a esa formulación del compromiso estatal en la materialización de los derechos. Desde la fundacional Sentencia T-406 de 1992, M.P. Angarita Barón, se dijo:
“(…) (la) intervención no se manifiesta sólo como el mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también, y sobre todo, como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de comunicación entre el derecho y la sociedad, es decir, para favorecer el logro del valor justicia (de la comunicación entre derecho y realidad), así ello conlleve un detrimento de la seguridad jurídica (resaltado fuera de texto).
(…) Los caracteres esenciales del Estado tienen que ver no solo con la organización entre poderes y la producción y aplicación del derecho, sino también y de manera especial, con el compromiso por la defensa de contenidos jurídicos materiales”(15).
“(…) a) Es de la esencia de la filosofía política que inspira al Estado social de derecho la de asegurar, como cometido básico de éste, inherente a su finalidad social, la atención y satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, y otras, que aseguren el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad material entre todos los integrantes de la comunidad. (…)(16) (resaltado del original).
“(…) el papel del juez en un Estado democrático de derecho se convierte en la piedra angular o en el canal autorizado para garantizar la efectividad de los derechos consagrados constitucionalmente. Por tal razón, su labor no puede ser paquidérmica ni mecánica, sino que debe obedecer a una valoración integral y racional de los diferentes elementos que estén presentes al decidir un caso concreto, de tal manera que la decisión dictada goce de coherencia interna y externa (…)”(17).
“(…) La Constitución de 1991, especialmente al adoptar un modelo de Estado social de derecho, introdujo un modelo de economía social de mercado en el que, de un lado, se admite que la empresa es motor de desarrollo social (art. 333 superior), y por esta vía, se reconoce la importancia de una economía de mercado y de la promoción de la actividad empresarial, pero por otro, se asigna al Estado no sólo la facultad sino la obligación de intervenir en la economía con el fin de remediar las fallas del mercado y promover el desarrollo económico y social (arts. 333, 334 y 335 constitucionales)(18).
La intervención del Estado en la economía busca entonces conciliar los intereses privados presentes en la actividad empresarial, con el interés general involucrado en el buen funcionamiento de los mercados para lograr la satisfacción de las necesidades de toda la población en condiciones de equidad(19) (…)” (Sent. C-197/2012, M.P. Pretelt Chaljub).
“(…) en el modelo “social de derecho”, en donde corresponde al Estado conducir la dinámica colectiva hacia el desarrollo económico, a fin de hacer efectivos los derechos y principios fundamentales de la organización política, no resulta indiferente la manera en que el ahorro público es captado, administrado e invertido. La democratización del crédito es objetivo constitucionalmente definido (C.P., art. 335) y la orientación del ahorro público hacia determinado propósito común se halla justificada como mecanismo de intervención del Estado en la economía (C.P., art. 334), para lograr la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo (…)” (Sent. C-1062/2003, M.P. Monroy Cabra) (resaltado fuera de texto).
“(…) Así mismo, la determinación del valor en pesos de las unidades de poder adquisitivo constante conforme a la variación de las tasas de interés en la economía a que se ha hecho referencia, pugna de manera directa con la “democratización del crédito” que ordena al Estado el artículo 335 de la Constitución como uno de los postulados básicos en la concepción de éste como “social de derecho”, pues, precisamente a ello se llega, entre otras cosas cuando el crédito no se concentra solamente en quienes abundan en dinero y en bienes, sino extendiéndolo a la mayor parte posible de los habitantes del país, sin que ello signifique nada distinto de procurar efectivas posibilidades de desarrollo personal y familiar en condiciones cada día más igualitarias(…)” (Sent. C-383/99, M.P. Beltrán Sierra)(20).
5.2.1. El consumidor y el usuario financiero en la normativa constitucional.
(…) 21. Los consumidores deben gozar de protección contra abusos contractuales como el uso de contratos uniformes que favorecen a una de las partes, la no inclusión de derechos fundamentales en los contratos y la imposición de condiciones excesivamente estrictas para la concesión de créditos por parte de los vendedores. (…)”.
Al elevar la protección de consumidores y usuarios a nivel constitucional se pretende dotar al legislador de un sólido fundamento para crear nuevos instrumentos que amplíen el universo propio de su defensa en el ordenamiento nacional (…)”(21).
“(…) si se optara por incluir en la Carta alguna disposición sobre el control de abusos en la prestación de créditos y la democratización de los mismos, esta debería ser de carácter general para todos los usuarios de crédito y no solamente para los créditos de los consumidores (…)”(22).
“(…) La Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Sin embargo, la Constitución no entra a determinar los supuestos específicos de protección, tema este que se desarrolla a través del ordenamiento jurídico. El programa de protección, principalmente, se determina a partir de la ley, los reglamentos y el contrato. Es claro que la fuente contractual debe interpretarse de conformidad con los principios tuitivos del consumidor plasmados en la Constitución. Con el derecho del consumidor se presenta algo similar de lo que se observa con otros derechos constitucionales. La Constitución delimita un campo de protección, pero el contenido preciso del programa de defensa del interés tutelado, es el que se desarrolla y adiciona por la ley y por otras normas y fuentes de reglas jurídicamente válidas. En particular, trazado el marco constitucional, a la ley se confía el cometido dinámico de precisar el contenido específico del respectivo derecho, concretando en el tiempo histórico y en las circunstancias reales el nivel de su protección constitucional. El significado de un determinado derecho y su extensión, por consiguiente, no se establece sólo por la Constitución a priori y de una vez para siempre. (…)” (Sent. C-1141/2000, M.P. Cifuentes Muñoz)(23).
Establecido el interés de los ordenamientos jurídicos y, en particular, el del constituyente colombiano, por regular los derechos de los consumidores es oportuno retomar una de las ideas sugeridas en el considerando 5.1, el derecho del consumidor plantea nuevos retos a la concepción del contrato, pues, ahora, los contratos entre consumidor y empresa, involucran una función social y la búsqueda de la igualdad como deber del Estado(24). Por ende, la intervención estatal es hoy, en esta materia, un imperativo.
Esta corporación ha tenido oportunidad de sintetizar los varios pronunciamientos en torno de las implicaciones que la condición de consumidor comporta para la libertad de competencia en el ámbito de las relaciones económicas, en particular, en la ya citada C-197 de 2012, M.P. Pretelt Chaljub:
“(…) La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones(25). Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros(26).
Para garantizar la libre competencia, el Estado es entonces responsable de eliminar las barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la competencia, como el abuso de la posición dominante o la creación de monopolios”(27) (resaltado fuera de texto).
Como se puede apreciar, la libertad encuentra restricciones en situaciones como el abuso de la posición dominante. Entiende la Corte que en tal entorno la idea de libertad contractual ha de ser matizada. Sin duda, deberá seguir gozando de la protección constitucional por ser expresión de la autonomía en los términos en los cuales desde Locke hasta Constant(28) se entendiera, pero, con la masificación y los movimientos acelerados de la economía y en un mercado en el cual unos actores tienen la posibilidad de prefijar las cláusulas del contrato y otros han de plegarse a ellas si desean acceder al servicio, tal libertad se desdibuja.
“(…) es claro que las entidades bancarias tienen una posición dominante frente a los usuarios del sistema financiero. En efecto, son ellas quienes fijan los requisitos y condiciones de los créditos, tasas de interés, sistemas de amortización etc. Son ellas las depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos gozan de la presunción de veracidad por parte de los clientes. (…)” (Sent. T-1085/2002, M.P. Araújo Rentería)(29).
“(…) las entidades bancarias tienen una posición dominante frente a los usuarios del sistema financiero, lo cual impone que el Estado controle su actividad y evite cualquier posibilidad de abuso (art. 333, Const.). En efecto, son ellas quienes fijan los requisitos y condiciones de acceso y operación de los créditos (…) siendo depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan y gozando sus actos de credibilidad por parte de los clientes (…)”. (Sent. T-173/2007, M.P. Pinilla Pinilla)(30).
“En la aludida materia operan los contratos por adhesión, en los cuales el acreedor impone las condiciones del acuerdo contractual, mientras que el deudor —parte débil de la relación— limita su papel a la aceptación de las reglas previamente establecidas por el primero. Es indiscutible que quien pide el préstamo para la adquisición de vivienda se ve sometido a las imposiciones contractuales de las entidades financieras(…) En efecto, muy fácilmente, bajo la modalidad de formatos preimpresos, quien pide el préstamo se ve abocado a suscribir la cláusula compromisoria por temor a que no se le otorgue el préstamo, y así la parte más fuerte de la relación contractual termina imponiendo su exclusiva voluntad, aunque pueda en apariencia presentarse una realidad distinta. (…)” (C-1140/2000, M.P. Hernández Galindo).
“(…) con base en el principio que obliga al juez —con mayor razón al de constitucionalidad— a velar por la prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228), esta Corte no puede pasar inadvertida la circunstancia del desequilibrio efectivo entre los contratantes en los préstamos hipotecarios, ni la falta de reglas claras en la normatividad objeto de examen, que permitieran llegar a genuinos y reales acuerdos en un plano de igualdad (…)” (resaltado fuera de texto).
Esta Corte en repetidas ocasiones y, a propósito de las relaciones entre usuarios del sistema financiero y entidades encargadas de la prestación del servicio de intermediación financiera, ha trascendido el clásico esquema de comprensión de los contratos bilaterales, para en su lugar, asumir el derecho propio del consumidor. Evidencias jurisprudenciales concretas de esta actitud por parte de la Corte Constitucional se tienen en las ya citadas sentencias C-383 de 1999, M.P. Beltrán Sierra; C-700 de 1999, M.P. Hernández Galindo; C-747 de 1999, M.P. Beltrán Sierra. En tales ocasiones, la corporación ha adoptado decisiones cuya finalidad ha sido velar por los derechos del extremo más débil en el mutuo con hipoteca.
6. El mutuo en el ámbito financiero.
El contrato de mutuo hace parte del conjunto de contratos típicos que se definen como producto del acuerdo libre de voluntades. Se trata de una de las figuras clásicas de los contratos civiles. Guillermo Cabanellas respecto de la voz mutuo consigna “en tanto que adjetivo, recíproco; con correspondencia o igualdad entre las partes” y seguidamente agrega “como substantivo, contrato real en que una de las partes, el mutuante o prestamista, transmite a la otra, el mutuario o prestatario, la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles (como granos o caldos), con la obligación de devolver igual cantidad, especie y calidad, con abono de intereses tan solo si se han pactado”(31) (resaltado fuera del original). Como se observa, el punto de partida de la definición, es la igualdad entre las partes, se trata de una concepción del contrato que obedece a la idea de un pacto entre individuos, entendidos estos últimos en la acepción liberal de la expresión, esto es, verdaderos titulares de derecho.
“Definición. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad”.
Lo dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de convención contraria”.
Una de estas reglas atinentes al contrato de mutuo, consagrado en el Código Civil, fue objeto de censura en este Tribunal Constitucional, el cual, en su momento, se pronunció mediante la citada Sentencia C-252 de 1998. En aquella ocasión el actor cuestionaba un apartado del enunciado legal contenido en el artículo 2229 del Código Civil, cuyo tenor literal reza:
“ART. 2229.—Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aun antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses” (el juicio de constitucionalidad cayó sobre el texto resaltado).
En conclusión: porque preserva la equidad, al someter a las partes a una misma regla (el respeto a las estipulaciones del contrato legalmente celebrado), la pregunta formulada al comienzo puede responderse afirmativamente: la disposición del artículo 2229, interpretada en concordancia con los artículos 1553 y 1554, es justa (…)”.
El (art.) 333, consagra la libre competencia, la que desde luego opera en el sistema financiero, como un derecho que supone responsabilidades, y advierte que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que impone obligaciones, principios que se hacen efectivos cuando el objeto de la entidad es ofrecer alternativas de financiación para suplir una necesidad que el Constituyente reconoció como inherente a la condición de dignidad del individuo: la vivienda.
Es decir, para esta clase de créditos existen normas específicas, que consagran competencias que buscan proteger adecuadamente a los usuarios de los servicios crediticios ofrecidos por tal clase de entidades (…)”.
“(…) la determinación del valor en pesos de las unidades de poder adquisitivo constante conforme a la variación de las tasas de interés en la economía a que se ha hecho referencia, pugna de manera directa con la “democratización del crédito” que ordena al Estado el artículo 335 de la Constitución como uno de los postulados básicos en la concepción de éste como “social de derecho”, pues, precisamente a ello se llega, entre otras cosas cuando el crédito no se concentra solamente en quienes abundan en dinero y en bienes, sino extendiéndolo a la mayor parte posible de los habitantes del país, sin que ello signifique nada distinto de procurar efectivas posibilidades de desarrollo personal y familiar en condiciones cada día más igualitarias” (Sent. C-383/99, M.P. Beltrán Sierra).
Este criterio fue confirmado en las sentencias C-700 de 1999, M.P. Hernández Galindo y C-747 del mismo año, M.P. Beltrán Sierra.
El asunto reviste especial interés, si se tiene en cuenta que varios de los intervinientes en este juicio de constitucionalidad, han invocado la precitada C-252 de 1998 como un argumento para oponerse a las pretensiones del demandante.
Estima la Sala que la ratio decidendi contenida en la C-252 no resultaría aplicable en el caso en estudio, pues, de un lado, el ordenamiento positivo puesto a consideración de la Corte ha cambiado. De otro lado, cuando la Corte juzgó el mandato civil no lo hizo atendiendo el contexto propuesto por el legislador en el caso de la Ley 1555 de 2012.
7. El test de igualdad intermedio.
“(…) Del alcance del principio de igualdad que la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar, se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente al igual que un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes(…)” (Sent. C-1125/2008, M.P. Sierra Porto) (resaltado fuera de texto).
“(…) Estos dos contenidos iniciales del principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.(…)”(32).
“(…) Este juicio parte de un examen del régimen jurídico de los sujetos en comparación, precisamente con el objeto de determinar si hay lugar a plantear un problema de trato diferenciado por tratarse de sujetos que presentan rasgos comunes que en principio obligarían a un trato igualitario por parte del legislador. Posteriormente se determina la intensidad del test de igualdad de conformidad con los derechos constitucionales afectados por el trato diferenciado, para finalmente realizar un juicio de proporcionalidad con sus distintas etapas —adecuación, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto— sobre el trato diferenciado. (…)” (Sent. C-624/2008, M.P. Sierra Porto)(33).
Como la igualdad es un concepto de carácter relacional y, no una cualidad de una persona, un objeto o una situación(34), un juicio sobre cualquier medida para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad respecto de la igualdad, implica como presupuestos indispensables los siguientes:
a) Los sujetos respecto de los cuales se distribuye un bien o gravamen o, que son destinatarios de un determinado trato.
b) El bien, cargo, beneficio, trato o, en general la ventaja o desventaja por la cual se reclama.
c) El criterio relevante para brindar tratos diferenciados a los sujetos(35).
“(…) el concepto de igualdad es relacional y siempre presupone una comparación entre personas o grupos de personas. La jurisprudencia constitucional se ha remitido en esta materia a la clásica formulación de Aristóteles según la cual debe tratarse igual a los iguales y en forma desigual a los desiguales. Pero, ¿iguales o diferentes respecto de qué? Como en abstracto todos somos personas iguales y en concreto todos somos individuos diferentes, es preciso identificar un parámetro para valorar semejanzas relevantes y descartar diferencias irrelevantes. Esto porque no todo criterio para diferenciar entre personas o grupos de personas para efectos de otorgarles diverso tratamiento es constitucional. Así, la propia Constitución prohíbe, incluso al legislador, discriminar por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica con respecto al reconocimiento y protección de derechos, libertades y oportunidades (…)”(36).
“(…) la igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos que actúan como términos de comparación; por regla general un régimen jurídico no es discriminatorio considerado de manera aislada, sino en relación con otro régimen jurídico. Adicionalmente la comparación generalmente no tiene lugar respecto de todos los elementos que hacen parte de la regulación jurídica de una determinada situación sino únicamente respecto de aquellos aspectos que son relevantes teniendo en cuenta la finalidad de la diferenciación. Ello supone, por lo tanto, que la igualdad también constituye un concepto relativo, dos regímenes jurídicos no son iguales o diferentes entre sí en todos sus aspectos, sino respecto del o de los criterios empleados para la equiparación”(37).
“(…) la Corte ha reiterado la tesis según la cual la intensidad del control de constitucionalidad y del juicio de igualdad varía dependiendo de la materia objeto de la norma demandada y sus implicaciones, si bien en todo caso es necesario examinar las circunstancias concretas que configuran cada situación para determinar el nivel de intensidad del juicio al que ha de ser sometida una norma que es objeto de control de constitucionalidad.(…)”(38).
“(…) el juicio intermedio se ha aplicado por la Corte para analizar la razonabilidad de una medida legislativa, cuando, por ejemplo, la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental o cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia (resaltado fuera de texto).
El juicio intermedio entraña que el examen de la norma sea más exigente. Así, en estos casos se requiere no solamente que el fin de la medida sea legítimo, sino que también sea importante, por cuanto promueve intereses públicos reconocidos por la Constitución o responde a problemas cuya magnitud exige respuestas por parte del Estado. Además, en este nivel del juicio de igualdad es preciso que el medio no sea solamente adecuado, sino que sea efectivamente conducente para alcanzar el fin que se persigue con la norma que es objeto del análisis de constitucionalidad (resaltado fuera de texto).
Finalmente, cuando el análisis de constitucionalidad de la medida se realiza aplicando un juicio de igualdad estricto, el fin de la disposición, además de ser legítimo e importante, debe ser imperioso. El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, es decir, no puede ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, el juicio estricto es el único que incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones que ella implica sobre otros principios y valores constitucionales.(…)”.
(…) el juicio estricto de igualdad procede, en principio: 1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa, tal como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías prohibidas para hacer diferenciaciones que están relacionadas en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida afecta fundamentalmente a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a minorías insulares y discretas; 3) cuando aparece prima facie que la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4) cuando la medida que es examinada es creadora de un privilegio(…)”(39).
“(…) cuando la ley prima facie afecta un derecho o garantía constitucionales más allá de lo que pueda históricamente considerarse como efecto normal de la medida tributaria, hasta el punto de que sea posible afirmar que existe un indicio de inequidad o arbitrariedad. En este caso, se torna necesario ensayar un test intermedio que, si bien no comprende el estudio de la proporcionalidad estricta de la norma, si incluye el examen de las razones que la avalan, de modo que la misma será constitucional siempre que se identifique un motivo suficiente para haberla expedido y que permita desvirtuar (…)”(40).
8.1. El juicio de igualdad al parágrafo del artículo 1º de la Ley 1555 de 2012.
El actor manifiesta que la disposición acusada desconoce el principio de igualdad, pues, si bien es cierto, reconoce el derecho a pagar anticipadamente los créditos bancarios descritos en el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, sin ser penalizado por tal pago antelado; resulta inconstitucional al no reconocer dicho derecho a aquellas personas que contrajeron créditos antes del 9 de julio de 2012.
Definido lo anterior, resulta pertinente desarrollar el test propuesto, acorde con los pasos establecidos por la jurisprudencia(41). Seguidamente, procede el Tribunal Constitucional a formular y absolver las preguntas que configuran el test de igualdad intermedio. El primer cuestionamiento busca establecer si el trato desigual tuvo un objetivo, el segundo, evalúa la constitucionalidad del objetivo, el tercero, debe determinar si la medida se adecuaba al fin propuesto y, el cuarto pretende verificar si era necesario afectar los derechos que resultaron comprometidos para lograr el telos buscado con la disposición. Es oportuno advertir que el orden de estas preguntas es inflexible y la necesidad de atender a cada una depende de la respuesta afirmativa que se dé al interrogante precedente. Por ende, si se obtiene una respuesta negativa se concluirá que se transgredió el mandato constitucional de igualdad, no siendo del caso continuar con el juicio.
En el caso, basta recordar las motivaciones del Congreso al adoptar el aparte de la ley acusada. De un lado, se encuentran como motivos la reducción de la fidelización forzosa, la mejora de la relación entre entidades financieras y usuarios y, el establecimiento de posibilidades de refinanciación en contextos de crisis financiera. Es preciso advertir, desde ya, que la disposición atacada tuvo otra finalidad en su expedición, tal fue, la pretensión de los miembros del órgano legislativo, de revestir de transparencia su ejercicio, al evitar suspicacias en torno a una medida que, hipotéticamente, pudiese favorecer los intereses personales de algún congresista que tuviese deudas con el sector financiero del tipo de las contempladas en el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009.
Encuentra la Corte que las metas procuradas por el órgano legislativo tienen asidero en el artículo 335 de la Norma de Normas. Para la Sala, el objetivo de promover la democratización del crédito, trazado por el constituyente al legislador, se logra en cierta medida con lo dispuesto en el parágrafo acusado. La eliminación de la multa por el pago anticipado respecto de los créditos contemplados en el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, logra romper para los beneficiarios de la medida un obstáculo en el acceso al crédito y, posibilita considerar otras opciones crediticias formales más favorables al usuario. La sanción por pago anticipado desaparece como factor que ata al deudor de manera forzada a una determinada entidad financiera.
El tercer paso supone indagar por la idoneidad del medio para la consecución del fin. En este punto, debe revisarse si la eliminación de la multa por pago anticipado, en el caso de los créditos contemplados en el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, logra alcanzar los objetivos propuestos. En tal sentido, es preciso atenerse a consideraciones ya expuestas y, aceptar que la medida logra, así sea parcialmente, lo deseado. Resulta cierto que lo dispuesto reduce la fidelización forzosa en el ámbito crediticio, mejora la relación entre usuarios del crédito y las entidades financieras, posibilita un mejor bienestar al hacer más atractivo el crédito e, incentiva las posibilidades de refinanciación de los créditos.
Resta pues, por considerarse la última pregunta del test intermedio. ¿Era necesario, para lograr los fines propuestos, privar del beneficio concedido en el parágrafo del artículo 1º (parcial) de la Ley 1555 de 2012, a quienes habían contraído créditos del tipo de los descritos en el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, antes del 9 de julio de 2012?
Observa la Sala que el indicio de inequidad no se ha desvirtuado, pues, si bien es cierto se podría estimar en favor de la exclusión del beneficio para los adquirentes de créditos antes de la entrada en vigor de la ley, razones de seguridad jurídica y respeto a la libertad contractual, lo cual, es plausible, también militan en pro de la extensión del beneficio a dichos deudores, razones constitucionales fundadas en la cláusula del Estado social de derecho (art. 1º), el logro de la promoción de la prosperidad general (art. 2º), la defensa de los derechos de los consumidores (art. 78), el derecho a la libre competencia económica (art. 333), el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (art. 334) y, de manera especial, el derecho a que se promueva la democratización del crédito (art. 335).
Establecida la vulneración del mandato de igualdad, pareciera pertinente declarar la inexequibilidad del texto acusado, sin embargo, advierte el Tribunal Constitucional que el beneficio en sí mismo, no riñe con la Carta. Lo que resulta inconstitucional es la sustracción de las bondades de la medida para los créditos tomados antes de la entrada en vigor la ley. En consecuencia, se impone proferir un fallo condicionado, según el cual, el parágrafo censurado, es exequible, en el entendido que los créditos a los cuales se refiere el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, tomados antes del 9 de julio de 2012 también podrán ser pagados anticipadamente sin que ello acarree la penalización por prepago para el usuario.
Entiende la Corte que, la mejora en las condiciones de acceso al crédito, a más de incrementar las posibilidades de facilitar la consecución de recursos en aras de una mejor calidad de vida, también contribuye a reducir el espacio para las formas de crédito transgresoras del ordenamiento en cabeza de personas inescrupulosas que so pretexto de brindar la adquisición de créditos con menos exigencias que las del crédito formal, terminan por cobrar intereses exorbitantes e incluso acudir para la satisfacción de sus acreencias, al uso de la violencia física(42).
Una tesis opuesta a la defendida por la Sala y que no tiene en cuenta lo aquí presentado, plantea, como lo hicieron varios intervinientes, que al extender la supresión de la penalidad por pago anticipado, se estaría frente una ley retroactiva, la cual afecta situaciones jurídicas consolidadas, vulnerando con ello la libertad contractual y más generalmente la seguridad jurídica. Al respecto, encuentra la Corte oportuno recordar que el valor de la seguridad jurídica también es uno de los pilares del Estado social de derecho, no de otro modo se entiende la importancia del principio de legalidad presente en numerosos mandatos de nuestra Carta, entre ellos, los artículos 6º, 121, 122, 230.
“(…) Los derechos adquiridos se diferencian de las meras expectativas que son aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho que, por no haberse consolidado, puede ser regulado por el legislador según las conveniencias políticas que imperen en el momento, guiado por parámetros de justicia y de equidad que la Constitución le fija para el cumplimiento cabal de sus funciones (…)”(43).
(…) se puede afirmar que los derechos adquiridos, protegidos constitucionalmente por el artículo 58 Superior, se refieren a derechos subjetivos consolidados e intangibles, que cumplen con las condiciones contempladas en la ley, y son plenamente exigibles, mientras que las expectativas, son situaciones no consolidadas de conformidad con los requisitos de ley vigentes, aunque resulte factible que lleguen a consolidarse en el futuro, y que por tanto pueden ser modificadas por una nueva normatividad.(…)” (Sent. C-983/2010, M.P. Vargas Silva(44).
Para la Sala, en el caso concreto de los contratos a los que se refiere la ley acusada, quien haya pagado con antelación al momento de expedición de este fallo(45), ha configurado el supuesto de hecho que genera el derecho para la entidad financiera de hacer efectiva la penalidad. En tal caso no cabe invocar este proveído con miras a obtener alguna suerte de condonación, devolución o reembolso de lo pagado. Pero, aquellos en cuyos contratos se incorporó la penalidad y, al momento de proferir la sentencia, no se ha configurado el supuesto de hecho, bien pueden gozar de los beneficios que implique lo resuelto por la Corte. En este último caso, entiende la corporación, se está frente a meras expectativas de la entidad financiera, sujetas a las modificaciones del ordenamiento jurídico.
Observa el juez constitucional que, cuando se trata de contratos de las condiciones de los aquí analizados, en los cuales no se ha dado el pago anticipado, opera el fenómeno de la retrospectividad varias veces tratado por esta corporación(46), pues, el beneficio entra regir para aquellos contratos en los cuales la cláusula sancionatoria por pago anticipado, sin que ello afecte aquellos acuerdos en los cuales ya se está frente a situaciones jurídicas consolidadas.
8.3. La infracción del debido proceso por parte del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1555 de 2012.
En relación con esta última acusación, al igual que en el caso inmediatamente anterior, se atiene la Corte a lo considerado y resuelto precedentemente. Por tanto, observa la Sala que frente a la extensión de la posibilidad de pago sin penalidad para los créditos adquiridos antes del 9 de julio de 2012, se queda sin piso el peculiar argumento construido por el actor. La confusión del principio de legalidad en materia sancionatoria con las consecuencias jurídicas de pactos mercantiles, en la cual incurre el accionante, dado lo resuelto, será desatendida por el juez constitucional.
8.4. El cumplimiento del fallo.
“(…) además de los controles a cargo de la Superintendencia Bancaria sobre el comportamiento de las entidades financieras al respecto, para sancionarlas con la drasticidad que se requiere si llegan a desvirtuar en la práctica o si hacen inefectivo lo ordenado por la Corte, los deudores afectados (…) gozan de las acciones judiciales pertinentes para obtener la revisión de sus contratos(…)”(47).
Vistos los antecedentes de la Ley 1555 de 2012, el tribunal pudo constatar que se encamina a reducir la fidelización forzosa, la mejora de la relación entre entidades financieras y usuarios y el establecimiento de posibilidades de refinanciación de créditos en contextos de crisis financiera, objetivos que encuentran fundamento constitucional. En efecto, estas metas tienen asidero en el artículo 335 de la Carta, toda vez que la democratización del crédito se logra en cierta medida, con lo dispuesto en el parágrafo acusado. La eliminación de la multa por el pago anticipado respecto de los créditos contemplados en el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009, logra romper para los beneficiarios de la medida, un obstáculo en el acceso al crédito y posibilita considerar otras opciones crediticias formales. La sanción por pago anticipado desaparece como factor que ata al deudor de manera forzada a una determinada entidad financiera. De igual modo, la mejora de las relaciones entre usuarios del crédito y organizaciones del sector financiero, sin duda, también contribuye a promover la democratización del crédito.
1. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1555 de 2012, en el entendido que los créditos a los cuales se refiere el literal g) del artículo 5º de la Ley 1328 de 2009 tomados antes del 9 de julio de 2012, también podrán ser pagados anticipadamente, sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación.
Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio, Presidente—María Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con salvamento de voto—Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva, con aclaración de voto—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(1) Ver Sentencias C-609 de de 2012, M.P. Palacio Palacio, C-781 de 2012, M.P. Calle Correa, entre otros pronunciamientos.
(2) Gaceta del Congreso de la República 9 de 2011.
(4) Ponencia para tercer debate proyecto 152 de 2011 Senado, 178 de 2011 Cámara. Gaceta 198 de 2012.
(5) Acta 24 de junio 8 de 2011. Gaceta del Congreso 526 de 2011.
(6) Gaceta del Congreso 198 de 2012.
(8) Reyes López, M.J., “Génesis y delimitación del derecho del consumo en los ámbitos comunitario, estatal y autonómico” en derecho de consumo, K Reyes López (coord.), Ed. Tirant lo Blanch libros, Valencia, 1999, págs. 21-46. Ver también Piris Cristian, “Evolución de los derechos del consumidor” en unne.edu.ar, consultado mayo 17 de 2013.
(9) Una consideración más detallada de las diversas situaciones en que se materializa la intervención estatal en la economía, puede hallarse en la Sentencia C-150 de 2003, M.P. Cepeda Espinosa. De igual modo, la citada C-197 de 2012 incorpora criterios hermenéuticos para la comprensión y definición la intervención del Estado en la economía. Una síntesis de los criterios establecidos por la jurisprudencia para evaluar la admisibilidad de la intervención estatal en materia económica, se encuentra en la Sentencia C-352 de 2009, M.P. Vargas Silva.
(10) Cfr. Sentencia C-1107 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(11) Cf. Sentencia C-940 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(12) Sobre este aspecto, ver particularmente C-560 de diciembre 6 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-780 de julio 25 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y C-1062 de noviembre 11 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(13) Díaz, E. “Estado de derecho y Legitimidad Democrática” en Estado, Justicia, derechos, E. Díaz, J. Colomer (Eds.), alianza editorial, Madrid, 2002, pág. 92.
(14) Díaz, E. Estado de Derecho y Sociedad Democrática Edicusa, Madrid, 1978, pág. 97.
(15) Sentencia T-406 de 1992, M.P. Angarita Barón.
(16) Sentencia C-636 de 2000, M.P. Barrera Carbonell.
(17) Sentencia T-392 de 2010, M.P. Palacio Palacio.
(18) Ver sentencias C-865 de 2004, M.P. Escobar Gil; C-352 de 2009, M.P. Calle Correa; y C-228 de 2010, M.P. Vargas Silva. En la Sentencia C-865 de 2004, la Corte definió la “economía social de mercado”, como el modelo “(…) según la cual las reglas de la oferta y la demanda deben estar al servicio del progreso y desarrollo económico de la Nación”. En el mismo sentido, en la Sentencia C-228 de 2010, la corporación afirmó: “Como se observa, el Estado Constitucional colombiano es incompatible tanto con un modelo del liberalismo económico clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como con modalidades de economía de planificación centralizada en las que el Estado es el único agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios es un monopolio público. En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general”.
(19) Ver sentencias C-615 de 2002, M.P. Monroy Cabra; C-352 de 2009, M.P. Calle Correa.
(20) Sentencias en similar sentido son, la C-700 de 1999, M.P. Hernández Galindo y la C-747 de 1999, M.P. Beltrán Sierra.
(21) Gaceta Constitucional 46, pág. 100.
(22) Ibídem pág. 99.
(23) Un análisis jurisprudencial sobre las varias implicaciones del derecho del consumidor en el ámbito constitucional se puede revisar en la Sentencia C-749 de 2009, M.P. Vargas Silva, en la cual se dice in extenso: “(…) 6. Como lo ha resaltado la Corte en decisiones anteriores, el tratamiento de los derechos de los consumidores y usuarios tuvo un cambio significativo a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991. En el periodo preconstitucional, la relación entre los sujetos que concurren al circuito comercial de distribución de bienes y servicios (productores, comercializadores y consumidores) estaba basada en las reglas propias del liberalismo económico. Los consumidores, en su condición de adquirentes de los productos, estaban en un plano de igualdad de negociación con los oferentes de los mismos y, en caso que se encontraran desequilibrios en su compraventa, bien por desigualdades ostensibles en el precio o en la calidad exigible de las mercaderías, tenían a su disposición las herramientas propias del derecho civil para reparar el daño sufrido (resarcimiento de la lesión enorme, saneamiento por evicción o por los vicios ocultos del bien, responsabilidad civil contractual, etc.). Esto implicaba, como es obvio, la presunción que los productores, intermediarios y consumidores (i) acceden al mercado en idénticas condiciones; (ii) tienen a su disposición el mismo grado y calidad de la información; (iii) poseen idénticas condiciones de acceso a la solución jurisdiccional de los conflictos que se susciten en esas relaciones de intercambio.
El cambio cualitativo antes citado radica en el reconocimiento, por parte del derecho constitucional, de las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo. De un lado, el avance de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea y, sobre todo, la especialización en los procesos productivos, ocasiona grandes asimetrías de información entre los sujetos que concurren al intercambio de bienes y servicios. En efecto, los consumidores suelen carecer del conocimiento y experticia suficientes para discernir acerca de los aspectos técnicos que definen la calidad de los productos, incluso aquellos de consumo ordinario. De igual modo, los fabricantes y comercializadores son, en la mayoría de ocasiones, conglomerados empresariales que tienen a su disposición infraestructuras que, a manera de economías de escala, participan en el mercado económico e, inclusive, concurren ante las autoridades administrativas y judiciales con evidentes ventajas, habida cuenta la disponibilidad de recursos, asesorías profesionales permanentes de primer nivel y conocimiento acerca del funcionamiento de las instancias de resolución de conflictos jurídicos, derivada de la condición de litigantes recurrentes.[1] (…)”. Igualmente, se puede revisar la Sentencia C-973 de 2002, M.P. Tafur Galvis.
(24) Ver Reyes López M.J., op. cit., y en el ámbito nacional, Arrubla Paucar, J.A. “Abuso de la posición dominante contractual” en “Regulación financiera y bursátil y derechos del consumidor” Ed. Biblioteca jurídica Dike y otros, Medellín, 2007, págs. 159-201.
(25) Ver Sentencia C-992 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(26) Ver sentencias C-616 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-815 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(27) Ver sentencias C-616 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-815 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(28) Ver Locke, J. Ensayos sobre el Gobierno Civil, trad. J. Carner, Ed. Porrúa, en especial cap. IV, págs. 15-30. En el caso ce Constant, “Principios de política” en Escritos Políticos, trad. M. Sánchez Mejía Ed. Centros de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, en especial págs. 181-191.
(29) Tal abuso de la posición dominante, ha dado lugar a la procedencia de la acción de tutela contra entidades financieras, al respecto ha sentado la Corte:
“(…) En este orden de ideas, la acción de tutela procede tanto por la violación al derecho de petición como por las vulneraciones que puedan emanar de una relación asimétrica como es la que se entabla entre una entidad financiera y los usuarios, al tener los bancos atribuciones que los colocan en una posición de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o amenazar derechos fundamentales de las personas. Independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta los bancos actúan con una autorización del Estado para prestar un servicio público por ello, los usuarios están facultados para utilizar los mecanismos de protección que garanticen sus derechos (…)” (Sent. T-661/2001, M.P. Córdoba Triviño).
(30) Igualmente pueden consultarse entre otras las decisiones T-874 de 2004, T-1038 de 2004, T-517 de 2006 y T-899de 2006.
(31) Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Ed. Heliasta, 28ª edición, Buenos Aires, 2003, pág. 499.
(32) Igualmente se pueden consultar las sentencias C-250 de 2012, C-1021 de 2012, C-629 de 2011 entre otras.
(33) También pueden revisarse para el tema entre otras las sentencias, la C-093 y la C-673 de 2001. Más recientemente se tiene la Sentencia C-221 de 2011.
(34) Rubio Llorente, F. La forma del poder. Estudios sobre la Constitución , Vol. III Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, pág. 1149.
(35) Entre la copiosa jurisprudencia de esta corporación sobre el carácter relacional de la igualdad, resultan ilustrativas.
(36) Sentencia C-741-03, M.P. Cepeda Espinosa.
(37) Sentencia C-1125 de 2008, M.P. Sierra Porto.
(38) Sentencia C-227 de 2004, M.P. Cepeda Espinosa.
(40) Sentencia C-183 de 1998, M.P. Cifuentes Muñoz.
(41) Ilustrativa resulta en tal sentido la Sentencia C-022 de 1996, M.P. Gaviria Díaz.
(42) Algunas observaciones críticas y denuncias, sobre el crédito informal denominada “gota a gota” se pueden consultar en: httpi//www.creditos.com.co “préstamo gota a gota” 7 de mayo de 2013,y “que es un crédito gota a gota” 15 de marzo de 2013, httpi//www.bancocrédito.com.co, “préstamo gota gota Bogotá” 23 de noviembre de 2010, httpi//www.elpais.com.co, “préstamos que exprimen a los caleños” 12 de junio de 2011.
(43) Sentencia C- 604 de 2000, M.P. Gaviria Díaz.
(44) Igualmente se pueden examinar sobre el alcance de las meras expectativas y su diferencia con la situación de los derechos, las sentencias C-624 de 2008, M.P. Sierra Porto y C-242 de 2009, M.P. González Cuervo.
(45) No sobra en este punto, recordar respecto del carácter obligatorio de los fallos de la Corte y su entrada en vigor lo dicho por la corporación en la Sentencia T-832 de 2003, M.P. Córdoba Triviño, reiterado por la Sala mediante Auto C-022 de 2013:
(46) A tal efecto se pueden revisar las sentencias C-430 de 2009, M.P. Henao Pérez y C-177 de 2005, M.P. Cepeda Espinosa.
(47) C-700 de 1999 citada.

References: ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 6
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 artículo 5
 artículo 5
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 artículo 1
 artículo 3
 artículo 335
 artículo 2229
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 artículo 335
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 5
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 artículo 335
 artículo 5
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 artículo 1
 artículo 5
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 artículo 58
 artículo 1
 artículo 335
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 resolución