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El propósito de esta disertación es llegar a conocer un poco más cuál ha sido el camino/s que han llevado a esa Constitución de 1978, cuáles fueron sus
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título El propósito de esta disertación es llegar a conocer un poco más cuál ha sido el camino/s que han llevado a esa Constitución de 1978, cuáles fueron sus
fecha de publicación 01.08.2015
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El propósito de esta disertación es llegar a conocer un poco más cuál ha sido el camino/s que han llevado a esa Constitución de 1978, cuáles fueron sus precedentes históricos, qué es lo que rige y cómo está estructurada. Como docentes, nuestra tarea se basa en ofrecer a nuestros/as alumnos/as una formación integral, que reconozca y atienda la pluralidad y la diversidad en todos sus ámbitos, que forma a las futuras generaciones en los valores de democracia, justicia y tolerancia, y esa será nuestra guía y referente a lo largo de esta exposición
Para comprender y enseñar la Constitución de 1978 y sus años de vigencia debemos considerar varias cuestiones:
-¿Qué es una Constitución y cuáles son sus características?
- Las constituciones promulgadas en España y en qué momentos de su historia contemporánea se aprobaron
-¿Cómo se elaboró la Constitución de 1978?
- ¿Cuáles son los contenidos de la Constitución en sus títulos, artículos y disposiciones?
QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN
La norma o código en que se expresa la organización política de un país se ha denominado a lo largo de la historia de muy diversas maneras. La Revolución Francesa consagró el término “Constitución”, que ya había sido utilizado en las revoluciones inglesa y norteamericana, y que se utilizó por los intelectuales de la Ilustración.
La constitución es el derecho básico o fundamental de la organización estatal. Es la norma jurídica más importante, de la que dependen y a la que se subordinan todas las demás.
La constitución debe aspirar a recoger jurídicamente la realidad social y política de un país. La sociedad decide autoorganizarse políticamente constituyendo un Estado, y el acuerdo social debe recogerse en el contenido de la Constitución. La Constitución intenta, por tanto, hacer coincidir lo real y lo proyectado (el régimen político) con lo jurídicamente proclamado ( el texto constitucional). La Constitución es o debe ser la expresión jurídico forma del régimen político de un país.
No siempre la Constitución se identifica con un único texto. Formalmente suele haber un texto escrito que se denomina “Constitución”. Pero materialmente puede existir una Constitución aunque no esté escrita, como en el caso de Inglaterra. Es distinto, por tanto, el concepto formal y el material de Constitución.
Las constituciones pueden clasificarse en función de criterios muy diversos, y los especialistas en esta materia han elaborado en los últimos dos siglos un elenco muy amplio de clasificaciones o tipos de normas constitucionales. Aquí vamos a reseñar, simplemente, los que nos parecen más importantes o ilustrativos. No obstante, hemos de matizar, previamente, que estas clasificaciones tienden a simplificar fenómenos muy complejos, y no siempre puede encasillarse una Constitución en uno de los tipos reseñados.
Una primera clasificación de las constituciones podemos hacerla en función de su origen. Se suele hablar, en este sentido, de constituciones otorgadas, pactadas e impuestas (o populares). El origen de una Constitución puede ser muy diverso, y no siempre puede aplicarse un calificativo como el que vamos a darle de un modo plenamente adecuado. Aun con todo, teniendo en cuenta estos matices, vamos a explicar cada uno de estos tipos.
a.1 Constituciones otorgadas. Son las que se producen a través de un acto unilateral por parte del Rey, en virtud del cual renuncia a alguno de sus poderes.
a.2 Constituciones pactadas que tienen su fundamento en un pacto o acuerdo entre el rey y una Asamblea, que actúa como representante del pueblo, en la práctica las Cámaras actuaban con gran libertad.
a.3 Las constituciones de origen popular o impuestas parten del reconocimiento del pueblo como único titular de la soberanía, y de que la única legitimidad democrática es la que puede otorgar la ciudadanía a través de su participación en las elecciones.
En función del grado de dificultad previsto para reformar una Constitución, éstas pueden clasificarse en rígidas y flexibles. Cuanta mayor dificultad de reforma, mayor rigidez tiene esa Constitución. A veces se establece una especial protección para algunas partes de la Constitución, e incluso la prohibición de reformar algunos apartados, a través de la llamada cláusula de intangibilidad. Es decir, pueden señalarse algunos apartados o artículos de la Constitución que, por ser fundamentales, no pueden ser nunca reformados o tocados, de ahí el término intangibilidad.
Según la extensión material del texto, pueden ser extensas o breves. Las breves suelen contener las normas fundamentales que regulan la forma del Estado, la organización y el funcionamiento del Gobierno y los Derechos y Deberes del ciudadano, dejando a la legislación ordinaria el desarrollo más pormenorizado. Las extensas suelen desarrollar, junto a una excesiva abundancia de reglas, todos los principios esenciales del ordenamiento jurídico del estado.
Según su grado de identificación con la realidad política del país, pueden ser normativas, nominales o semánticas. Debemos esta clasificación al alemán Karl Loewenstein
d.1 Las constituciones normativas son aquéllas en las que se da una identificación plena, un acoplamiento total entre norma y realidad.
d.2 Las constituciones nominales son jurídicamente válidas, pero la realidad política no se adapta a sus normas.
d.3 Las constituciones semánticas son las que ocultan, tras la retórica liberal y democrática, dictaduras de un hombre, un grupo o un partido. Suelen ser la tapadera formal de una situación política manipulada por los detentadores fácticos del poder.
LAS CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS EN LA HISTORIA
Cuando se habla de la historia de las constituciones españolas, lo primero que llama la atención es que hubo, especialmente en el siglo XIX, continuos cambios constitucionales, que además no se quedaban en meras reformas, sino en rupturas formales con la Constitución anterior. Las constituciones españolas del siglo XIX no tenían una vigencia real y efectiva, sino que servían como meros documentos programáticos a los que el Gobierno de turno podía hacer más o menos caso.
La historia constitucional del siglo XIX es la de la lucha política entre dos sectores de la burguesía dominante: la terrateniente y financiera, por un lado, y la industrial y comercial por otro. Los textos constitucionales (conocidos, de un modo tan simple, como progresistas o conservadores), promulgados o no, eran las formalizaciones al máximo nivel jurídico de los sucesivos desenlaces del conflicto entre esos dos sectores de la burguesía. Así, las constituciones se convertían en constituciones de un partido, e incluso contra uno o varios partidos.
Cada partido político que representaba a un sector concreto de las clases burguesas, pretendía trasladar su programa a los artículos de la Constitución, con la consiguiente negativa de los demás partidos a admitir este planteamiento, lo cual contribuía a extender la sensación de que la Constitución estaba hecha por y para el partido que en aquel momento tenía la mayoría parlamentaria. Esta inestabilidad y la falta de acuerdo que rodeaba a la génesis de estas normas constitucionales provocó una falta de interés, de aprecio, de afección por la Constitución como norma de convivencia de un Estado.
Sin embargo, puesto que el conflicto se daba entre personas que pertenecían a la misma clase burguesa, al final las diferencias entre unos textos y otros no eran excesivas. Los cambios más importantes se daban en torno a unos pocos principios ( el titular de la soberanía y del poder constituyente; el alcance del derecho de sufragio; el órgano de poder de mayor jerarquía constitucional: las Cortes o el Rey; la estructura mono o bicameral de las Cortes; la cuestión religiosa, etc.)
Siguiendo a Torres del Moral podemos distinguir los siguientes períodos en nuestra historia constitucional:
Orígenes del constitucionalismo (1808-1833). Encontramos dos textos en este periodo: el Estatuto de Bayona, de 1808, y la Constitución de Cádiz de 1812. El primero no llegó a estar vigente y, además, no se considera Constitución (porque no cumple los requisitos materiales y formales necesarios para ello), y por eso la mayor parte de los autores le llama Estatuto. La Constitución de Cádiz estuvo vigente en varios momentos, en algunos casos fugaces, del paréntesis absolutista durante el reinado de Fernando VII. Fue una constitución liberal avanzada para su época, con múltiples influencias de la Ilustración francesa.
Período isabelino (1833-1868). Transcurre durante todo el reinado de Isabel II, y encontramos tres constituciones que llegaron a estar vigentes (El Estatuto Real de 1834 y las de 1837 y 1845), además de otra que no llegó a promulgarse (la de 1856).
Sexenio revolucionario (1868-1874). Fue un intento de liberalismo democrático, en el que se destronó a Isabel II y se entronizó a una dinastía nueva, muy efímera: la de Saboya. Derivó después a una República, también fugaz y acabó en Dictadura. El texto fundamental de este periodo fue la Constitución de 1869, avanzada y novedosa en algunos aspectos. Durante la República se intentó aprobar una Constitución federal, pero quedó en un mero proyecto.
La Restauración (1874-1931). Es el periodo más largo del constitucionalismo español. El texto básico fue el de la Constitución de 1876, que intentó implantar el bipartidismo y la alternancia en el Gobierno. Aunque era una Constitución conservadora en materia de derechos y libertades, durante su vigencia se produjo un avance típicamente liberal. La restauración acaba, tras la crisis provocada por la muerte de Cánovas y Sagasta, en la Dictadura de Primo de Rivera, que se prolonga desde 1923 a 1930
Segunda República (1931-1936) De nuevo se intentó implantar un régimen liberal democrático, con cambio de forma política y con una organización territorial descentralizada, con autonomías regionales. El texto básico era la Constitución de 1931, que, bajo, ese prisma liberal, cayó en un excesivo revanchismo con épocas anteriores, especialmente en lo que se refiere a la cuestión religiosa, limitando la libertad de culto y estableciendo algunas medidas claramente laicistas, agresivas contra el fenómeno religioso.
El régimen autoritario de Francisco Franco (1936-1975) Se trata de un régimen de poder personal, no constitucional. Se aprobaron durante el mismo siete Leyes Fundamentales que, en ningún caso, pueden considerarse como una Constitución, porque no establecen una separación de poderes, ni prevén un sistema de derechos y libertades de los ciudadanos con las necesarias garantías de protección.
LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL CONSTITUCIONALISMO EUROPEO
La constitución de 1978 no fue únicamente el fruto de una tradición constitucionalista española. Lógicamente, en su génesis tuvo una influencia radical los ejemplos del constitucionalismo que ya funcionaba en otros muchos países, europeos fundamentalmente.
-La definición de España como Estado social y democrático de Derecho (artículo 11) está tomada de la Constitución alemana. También se percibe la influencia germana en algunos fundamentos de derecho natural a los que alude en el Título I de nuestra Constitución (Derechos y libertades), empezando por la dignidad humana como fundamento de todos los derechos, a la que se refiere el artículo 10.1. Asimismo el modelo de moción de censura establecido por nuestra Constitución en el artículo 113 está tomado directamente de la Ley fundamental de Bonn y se conoce como “moción de censura constructiva”, puesto que, a la vez que se obliga a dimitir al Gobierno censurado, se está eligiendo a un nuevo presidente del Gobierno.
-La influencia italiana puede notarse en la organización territorial autonómica, también heredera de la Constitución española de 1931, la de la Segunda República. Asimismo, se sigue el modelo italiano en la regulación de la relación ente Ley y Reglamento y en la creación del Consejo General del Poder Judicial (órgano de autogobierno de dicho poder) Además, el artículo 9.2 de nuestra Constitución, que encomienda a los poderes públicos la misión de promover las condiciones para que exista una igualdad real y efectiva entre todos los españoles, es muy similar al artículo 3.2 de la Constitución italiana.
-Se ha tenido también muy en cuenta, para regular la institución monárquica, el contenido de otras constituciones de las monarquías democráticas europeas. De los países nórdicos hemos seguido el modelo del Defensor del Pueblo (Ombudsman) como lo habían hecho previamente Francia e Inglaterra.
-Finalmente, en materia de derechos y libertades se ha seguido muy de cerca el texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como algunos pactos y tratados internacionales sobre la materia.
En relación a la historia constitucional española, la Constitución que más influye es la de la Segunda República (1931), en lo que se refiere a la descentralización del Estado. Hay otras cuestiones que, evidentemente, se recogen como objeto de nuestra tradición, empezando por la propia institución monárquica y siguiendo por el establecimiento de unas Cortes bicamerales, con dos Cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. El propio nombre de Cortes generales está tomado de nuestra historia política y constitucional.
Sin embargo, hay un punto en el que la Constitución de 1978 se aparta radicalmente de nuestra historia constitucional, salvo de la Constitución de 1931. Hablamos de su eficacia normativa directa, es decir la posibilidad y necesidad de aplicación inmediata de la Constitución, que vincula a todos los poderes públicos, y que se constituye en norma suprema. Ahora sí, la Constitución de 1978 es Norma Suprema, y todas las demás normas jurídicas deben respetar lo que dice, deben contener elementos que estén siempre conformes con lo establecido por la Constitución
LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA UNIÓN EUROPEA.
Cuando se elaboró la Constitución de 1978, España no formaba parte de la Unión Europea, pero los políticos españoles tenían clara la vocación europeísta, y que el país debería acabar –si quería progresar- integrándose en la Unión. Esto iba a provocar la cesión de algunas competencias a un organismo internacional, como es la Unión Europea, y debería dejarse previsto el mecanismo para hacerlo en la propia Constitución.
De este modo, la Constitución de 1978 ha facilitado el proceso de integración de España en Europa, especialmente a través del artículo 93, que establece la posibilidad de autorizar la celebración de tratados internacionales a través de los cuales se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución
Como consecuencia de la entrada de España en la Unión Europea, y a partir de la firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht (Holanda) se ha producido la única reforma constitucional hasta ahora aprobada desde su elaboración y aprobación, que afectó al artículo 13.2 (toda la reforma del texto constitucional consistió en la introducción en dicho artículo de la expresión y pasivo) Con esta reforma se hacia posible el sufragio pasivo de ciudadanos/as europeos en España. Es decir, que puedan ser elegidos ciudadanos/as europeos en las elecciones locales que se celebren en nuestro país.
Se daba así respuesta al Tratado de Maastrich (1992) por el que, entre otros, se modificaban tratados anteriores de la Comunidad Económica Europea. Más concretamente, en el artículo 8.B de dicho tratado, se reconocía que, tras la aprobación del Tratado de Maaestrich todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida
Quizá una de las características más importantes de nuestra actual Constitución es que fue ampliamente consensuada. En otras palabras, es el texto constitucional que agrupó en torno a sí un mayor grado de acuerdo entre muy diversos sectores sociales y políticos. Quienes elaboraron la Constitución eran consciente de que no podían desaprovechar aquel momento histórico, y que tenían que ceder todos un poco en sus pretensiones para lograr evitar experiencias traumáticas del pasado. De este modo, eran conscientes de lo que no podía hacerse, y de lo que no podía ser el texto constitucional. No podía ser una vuelta a la forma política republicana, que generaría grandes divisiones en la sociedad española, no podía ser un estado centralizado, no podía establecerse un sistema económico socialista, y no podía ser un régimen político no democrático. A partir de ahí, se llegaron a importantes acuerdos, que tuvieron ya su preludio con la firma de los Pactos de la Moncloa, unos meses antes de la aprobación de la Constitución.
Así pues, el resultado de estos esfuerzos fue la Constitución de 1978, fruto de un amplísimo consenso y plenamente integrada en la tradición democrática occidental. La proclamación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la división de poderes y la soberanía popular son su núcleo esencial. Del pueblo español emanan todos los poderes de un Estado social y democrático de derecho, que adopta como forma de gobierno la Monarquía Parlamentaria.
La gran novedad de la Constitución de 1978 ha sido el reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas que han servido para avanzar en el proceso de descentralización política y administrativa.
Lo cierto es que la Constitución de 1978 constituye un hecho único en la historia del constitucionalismo español, ya que por primera vez en la historia de España puede hablarse de una norma fundamental aceptada por todos/as y elaborada prácticamente por todos, gracias a un espíritu de colaboración y consenso que refleja a la sociedad española y rige su convivencia.
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References: artículo 10
 artículo 113
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 93
 artículo 13
 artículo 8