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Timestamp: 2020-06-07 08:15:24+00:00

Document:
Orden PCI/1424/2018, de 28 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2019
B. 2 Materia penal
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de Abogado.
Sin perjuicio de lo anterior y, a tenor de lo establecido en el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, en la actualidad la competencia en materia universitaria compete al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Secretaría General de Universidades.
En su virtud, y a propuesta conjunta de la Ministra de Justicia y del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, dispongo:
Apartado único. Se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de Abogado para el año 2019, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria y que figura como anejo a esta orden.
Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.
a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.
Los aspirantes con titulaciones de origen obtenidas en el extranjero podrán presentarse a la prueba en alguno de estos dos casos:
Si están en posesión del título español de Graduado en Derecho al que se refiere el párrafo anterior, reconocido por convalidación parcial de los estudios universitarios extranjeros al amparo del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
Si están en posesión de la credencial que acredite debidamente su homologación a la Licenciatura en Derecho, al amparo del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero. A estos efectos, se ha de tener en consideración que desde el 23 de noviembre de 2014, tras la derogación del citado Real Decreto 285/2004, esta homologación solo es posible para solicitudes presentadas ante el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte antes de esa fecha.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de Abogado, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en la que se realice la prueba de acceso.
Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la abogacía deberán cumplimentar y firmar el modelo de solicitud de inscripción dirigido a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en el portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria. La presentación de solicitudes a través de representante exigirá que se acredite la representación en la forma establecida en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud se presentará preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve. Dentro de esta plataforma, se admitirá DNI electrónico, certificado electrónico reconocido y los sistemas Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente para la identificación de los aspirantes.
Las solicitudes en soporte papel se presentarán en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, n.o 8, 28012 Madrid o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, en la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el apartado 4 de la presente convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, estos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado.
En el caso de que no se autorice expresamente el acceso a estos datos o en caso de participantes que no tengan NIF, DNI o NIE, el solicitante deberá marcar el correspondiente recuadro en el modelo de solicitud y presentar la documentación acreditativa de la identificación y de estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en Derecho, o la credencial de homologación dentro del plazo de presentación de solicitudes, salvo en el caso del documento acreditativo de la finalización del master que será presentada en un plazo no superior a 10 días hábiles a computar desde la fecha en que se ha celebrado el examen.
Los aspirantes designarán un lugar de examen preferente a escoger entre el de realización del master o el de su domicilio. No obstante, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, podrá asignar un lugar de examen diferente en caso de que en el elegido no se realice la prueba.
Los datos de carácter personal serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 podrán pedir, en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 5.ª de la Ley 34/2006 y en el artículo 2.2 de su Reglamento.
Si han cumplimentado la solicitud de forma telemática, deberán presentar la documentación indicada en el apartado anterior, dentro del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos dela prueba de aptitud, que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia https://www.mjusticia.gob.es, apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado».
En los términos previstos en la base 10 de esta convocatoria, en la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos se hará constar, en su caso, el idioma de realización de la prueba solicitado por el aspirante, así como la sede de realización de la misma.
Finalizado el plazo de subsanación, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará, a través de una resolución, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y fijará el lugar definitivo, la fecha y la hora para la realización del ejercicio. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses desde su publicación en la página web.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y en el artículo 19 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, se constituirán las Comisiones evaluadoras con posterioridad a esta convocatoria, en función del número de aspirantes presentados procedentes de las distintas Universidades y Escuelas de práctica jurídica de cada Comunidad Autónoma. Estas Comisiones serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Ciencia, Innovación y Universidades, por Resolución conjunta de la Secretaría General de la Administración de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, respectivamente, designarán a los miembros de las Comisiones evaluadoras y a sus suplentes, publicándose estas designaciones en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los Cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1, de la Administración General del Estado.
Las comisiones evaluadoras dependerán funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyos representantes corresponderá la presidencia en cada una de las mismas, ostentando la secretaría los representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de 4 horas.
Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de Abogado, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. A tal objeto, esta prueba tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo II de la presente convocatoria.
a) 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A, «Materias comunes al ejercicio de la profesión de Abogado» del anexo II de la presente convocatoria.
Asimismo, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado A ,«Materias comunes ejercicio de la profesión de Abogado» del anexo II de la presente convocatoria y dos, por cada especialidad jurídica del apartado B, «Materias específicas» del citado anexo II.
La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: una primera parte de 50 respuestas (cada una con cuatro respuestas alternativas de las que solo una es la correcta), que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado» y una segunda parte con cuatro bloques de 25 respuestas cada bloque (cada una con cuatro alternativas de las que igualmente solo una de ellas es correcta), con la mención en la parte superior de la especialidad jurídica de que se trate.
En esta segunda parte, los aspirantes únicamente deberán elegir una especialidad jurídica entre las cuatro posibles. En los supuestos en los que en la hoja de respuestas se conteste a más de una especialidad jurídica, o no se señale ninguna especialidad jurídica o se cumplimente de forma incorrecta las preguntas de la especialidad el aspirante resultará eliminado automáticamente de la prueba.
Finalizada la sesión, cada Comisión evaluadora levantará acta que será suscrita por todos sus miembros. El original se entregará a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y en ella se hará sucinta referencia al desarrollo de la prueba y, en particular, al número de aspirantes presentados y retirados de su práctica, así como los abandonos del aula y cualquier otra circunstancia relevante que se haya producido en el transcurso de la prueba.
Asimismo, se recogerán las objeciones que las Comisiones estimen sobre las preguntas y en concreto sobre su posible anulación.
Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar la/s reclamación/es que estimen pertinente/s, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es.
Las reclamaciones serán resueltas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
La/s pregunta/s que resulte/n anulada/s será/n sustituida/s, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por la/s pregunta/s de reserva, de tal modo que en todo caso el cuestionario constará de 75 preguntas válidas. Una vez resuelta/s la/s reclamación/ es se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es, apartado «Acceso a la profesión de Abogado») la plantilla definitiva de respuestas.
La resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que resuelva la/s reclamación/es, pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el master o curso de formación especializada.
Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas, solicitud de revisión dirigida a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo 19, 28071 Madrid, que dará traslado a la correspondiente Comisión evaluadora para que resuelva. Para agilizar la gestión de las solicitudes de revisión, estas podrán presentarse de forma telemática a través del buzón de correo electrónico acceso.abogacia@mjusticia.es.
Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada, que pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
Asimismo, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dictará resolución en la que figurarán los participantes que, presentados a la prueba, hayan sido excluidos por cualquiera de las razones contempladas en esta convocatoria.
Al objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las Universidades y las Escuelas de práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros formativos poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la presente convocatoria y en la Ley 34/2006, de 30 de octubre y su Reglamento de desarrollo.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia podrá, no obstante, requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por su Universidad o Escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije al respecto por resolución y, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de Abogado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente convocatoria se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la titular de este Departamento.
5. Cuestiones matrimoniales. Edad e incapacitación.Testamento, legítimas y sucesión intestada. Partición de la herencia.
2. Causas de exención o atenuación de la imputabilidad. Circunstancias de exención o atenuación de la culpabilidad. Supuestos de exclusión de la punibilidad.

References: artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 16
 resolución 
 artículo 7
 artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 19
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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