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Timestamp: 2018-10-17 08:55:47+00:00

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Arostica Contencioso Especial Admininistrativo
Uploaded by Pedro Patricio Aracena Salgado
artículo contencioso administrativo
Nulidad de Resolucion
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LOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES
EN LA LEGISLACIÓN CHILENA.
Una visión crítica a la luz de la Constitución
lván Aróstica Maldonado*
SUMARIO: l. Inflación contenciosa. IJ. Marco constitucionaL 111. ¿justicia ad-
ministrativa? IV. El "agotamiento previo de la vía administrativa". V. El"silencio
negativo". VI. Conclusiones.
l. INFLACIÓN CONTENCIOSA
Sabemos que la Constitución chilena, para la salvaguarda de sus derechos, concede directamente a las personas dos formidables medios para
impugnar la validez de los actos de la Administración: el recurso de protección (artículo 20) 1 y la acción general de nulidad de derecho público
(artículos 6, 7, 19 N° 3, 38 inciso 2° y 76) 2 , de ejercicio muy común en
nuestra práctica forense.
1. Lo que no quita que el Legislador, en vez de fortalecer dichos medios
de defensa, se haya dado a la tarea de crear otras muchas formas especiales
de reclamo judicial, respecto de específicos actos de la autoridad 3 De
*Profesor de Derecho Administrativo. Universidad Santo Tomás.
sus avances y retrocesos en la práctica, Eduardo Soto Kloss, 10 años de recurso de
protección ( 1976-1986). Una revolución silenciosa, Revista de Derecho y Jurisprudencia tomo
83 (1986) ¡a parte sección Derecho, 157-162, y El recurso de protección, institución esencial
de una sociedad libre, en "20 años de la Constitución chilena 1981-2001" (Enrique Navarro,
editor) Universidad Finis Terrae-ConoSur (2001) 421-436.
2 Para la historia y su desenlace (a favor de la Justicia) del "problema de lo contencioso
administrativo", v. E. Soto Kloss, La protección de los derechos de las personas, logros y penurias (Veinticinco años de jurisprudencia 1977/2002), lus Publicum (U. Santo Tomás) 1O (2003)
71-88; Rolando Pantoja, El artículo 38, inciso
de la Constitución Política de la República,
RDJ 100(2003) ¡a parte sección Derecho, 1-14. y nuestro Estado de Derecho y nulidad de
derecho público, en "20 años de la Constitución chilena" citado, 129-139.
3Un listado de 124 acciones de este tipo, puede verse en "Sinopsis de las acciones
contencioso administrativas", Código Administrativo General de lexis_Nexis, (Santiago) 2a ed.
(2006) 41·52.
lus Publicum N° 20 (200Bl B.'i-1 Ol
30) y para demás resoluciones e instrucciones otra acción especial distinta (art. 89) el máximo tribunal conoce de los reclamos contra los decretos supremos que ordenen la expulsión de extranjeros. clausuras y revocaciones) de un t ente fiscalizador pueden ser impugnadas a través de la pertinente acción especial (como las aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: Ley 18. lexisNexis/ Abeledo-Perrot {Buenos Aires 2005) 11-29. 30).168 (art. 18 A). Aquellos demás actos de la Administración. tomo y sección. S Porque al darles competencia a los tribunales para conocer del nuevo recurso que dichas leyes vienen creando. quedan amparados por el principio de que ninguna norma con rango simplemente legal puede enervar la aplicación de un precepto de jerarquía constitucional. misma revista.que pueden conocer los tribunales 4 y que se consagran en dispersas leyes orgánicas constitucionales 5 . C. a más no poder.094 de 1975 (art. instrucciones y demás resoluciones u omisiones de la misma Superintendencia se pueden impugnar ante la Corte de Santiago (art. 2. Liherona Doddis con Municipalidad de San Antonio. 10 Por ejemplo. subrayar que se trata de recursos de derecho estricto. CS (confirma) 17. en cuanto sólo resultan procedentes para atacar aquellos actos de la Administración enumerados taxativamente en cada texto. de Santiago 11. o un recurso de protección 6 o una acción general de nulidad de derecho público'. se dijo en Brown Rodríguez con Municipalidad de Peumo. 13 y 32). 4 En Chile rige sin atenuaciones el sistema judicial. que abarcarlos todos sería trabajo benedictino. CS 5. las normas generales.4. 69. de San Miguel 14. 7 Corresponde al actor elegir la vía procesal para reclamar de la juridicidad de un decreto a!caldicio: la acción ordinaria de nulidad de derecho público o el reclamo de ilegalidad municipal (art. RDJ 99 (2002) 394-399.5.2002. en el caso del Dl 1.3. 46). El actor debe tener buen cuidado en este aspecto.545 (are. plazos y proceso de tramitación que dispone la ley aplicable al caso). que todas las "sanciones" (amonestaciones. lo que impide la existencia de unos órganos de lo contencioso administrativo vinculados al Ejecutivo.2003. donde todas las multas y demás resoluciones que señala de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras SBIF son reclamabies ante la corte de apelaciones respectiva (art. o a través del régimen común de reclamación (recurso de protección o acción general de nulidad de derecho público). 86 IUS PU8LICUM No 20 (2008) aunque lo habitual es que se nomine a la Corte de Apelaciones o al respectivo juez común en lo civil' 1• Tribunales especiales del Poder Judicial.1986. 36 A) cuando el Ministro del ramo caduca una concesión o permiso de telecomunicación. mientras las multas de la SVS se pueden impugnar en juicio sumario ante el correspondiente juez de letras en lo civil (art. Sí. Pero podría armarse un panorama. O el Dl.538 de 1980.500 d~ 198Ó. 34) cuando hace lo propio el Consejo Nacional de Televisión. Una situación semejante se encuentra en la Ley 18.538 de 1980 art. y ha sido comentada por Juan C. del reclamo contra sus multas conoce el tribunal ordinario civil que corresponda (art. Corte de Santiago 16. multas.995.1999 (rol 287). Por el contrario. 22). 156. a propósito • i . en LSJ 320 (25-31 diciembre 2006) jurisprudencia al Día 39. Tnbunal Constitucional 27. b) ante un determinado tribunal (señalado o referido en esa misma ley). e) se establece una forma específica de impugnación (con los requisitos. a veces en un mismo cuerpo legal se estatuyen redamos distintos para ante tribunales diferentes.1 0. que para las multas de la Superintendencia deValares y Seguros. ya que mientras algunas leyes prevén.12. 30). ni mandar a abrir los juicios fenecidos").41 O art. en vez de éstas. avocar causas pendientes. 76) se prohíbe al Presidente de la República ejercer funciones judiciales. Esta cláusula. Suprema 16. Cassagne en El origen hispánico de/sistema judicialista y otras instituciones del derecho público iberoamericano y comparado. SISS (arts.5. 11 Denotando incoherencia interna. fue tomada de la Constitución de Cádiz de 1812 (art.1999. nuestra legislación de estos contenciosos especiales de tramitación sumaria. RDJ 83 (19861 2. 46). por ejemplo. precisando que a estas acciones procesales administrativas se les llama "especiales" en atención a que: a) para reclamar la ilegalidad de singulares actos de la Administración (aquellos que la respectiva ley individualiza taxativamente en cada caso). de Valores y Seguros: DL 3.5.11. 172-174. En la ley 19. 2. 6 Chaparro Salinas con Contrafor General de la República y Director de Obras de Santiago. 8 Sentencia de 22. véase el 0Fl3 de 1997. 9 Pasa con el DL 3. cada vez que por su conducto se ha pretendido impugnar algún otro tipo de actos de la autoridad. Suprema (confirma) 26.1) Respecto a lo primero (los actos pasibles de reclamación).538 de 1980.3.12. Toda vez que desde la Carta de 1833 (art. Un conjunto muy amplio y variado de "acciones contencioso administrativas especiales~~. 481-482.695). lo mismo que en la Ley 19. 108). 55). de origen aragonés. 80) hasta llegar a la actual de 1980 (art.2002. En la ley 18.5. Igualmente Shelf Chile con Municipalidad de Santiago. que no cabe dentro de los limitados términos en que dicha acción aparece configurada8 .ueden ser afectadas por disposiciones de aquel carácter.902 relativa a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. cuya sola consagración a nivel legal no impide al afectado optar por entablar. 77). C. En el DL 3. 141 LOC 19. otras únicamente disponen una acción especial respecto de las ''multas" (como las cursadas por la Superintendencia 2.3. mientras la corte de apelaciones respectiva conoce del reclamo contra las revocaciones aplicadas como sanción por la Superintendencia de Casinos de Juego (art. 34).12. pueden impugnarse por medio de otro contencioso que la ley haya establecido al efecto9. una forma de reclamación (art.2) Respecto a lo segundo (el órgano jurisdiccional competente).2006. C. porque al estar estos últimos consagrados en la Carta Fundamental. El Máximo Tribunal ha sido celosísimo en declarar inadmisibles acciones por este concepto.1986. según exige la Carta (art. en "la justicia administrativa en lberoamérica". las que sólo p. incluso en el juzgamiento de los actos de la Admínistración. pasando por la de 1925 (art. y Manufacturas Formudata con Inspección de{ Trabajo. por tanto. y sentencia de 14. está llena. advertir que el tribunal encargado puede ser la misma Corte Suprema 1o. RDJ 96 (1999) 2.1986. Gaceta Jurídica 273 (2003) 62-68. 243: "Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales.2005 en La Semena Jurídica 236 (16-21 mayo 2005) 15. ello repercute en las "atribuciones" judiciales. C. SVS.
so y go del art. la naturaleza de este tribunal está en el Dl 211 de 1973. algunas leyes establecen una acción directa ante los tribunales. 137) se computa a contar de la notificación de la decisión que afecta al interesado.3. _Por se~tencia de 5.300 (arts. dicho tribunal está sometido a la ~uperi~ten­ dencia directiva. 361-370.12.~e el plazo para entablar el recurso de protección o para deductr la accton procesal especial del cas 0 1B.3:2007.~ Pn la IPPidrl<irin rili/pn. .880. sobre procedimientos administrativos. 94 N° 8). Por sentenc1a de 31. 1· . son los encomendados de revisar la juridicidad de los actos de la Dirección del Trabajo y de las multas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 12 • Un tribunal especial. Semejantemente.575 y complementados en la Ley 19.519 de 2006 y 9. 22 inc. 18 A).518 (art.500 de 1980 (art. 3°).545 le encomienda conocer de los reclamos que se deduzcan en contra de la Subsecretaría de Economía.1) A veces. el artículo 19 de la Ley 19. 13 y 17) para los reclamos contra la 5155.538 de 1980 (artículo 45) indica que contra los actos administrativos de la Superintendencia de Valores y Seguros se puede recurrir de reposición dentro de cinco días hábiles contados desde su notificación y que "la interposición de este recurso.5. en lSJ 296. Ley 19. o en la forma del juicio sumario a que se remite el Legislador en otros casos 16. consultan un plazo más o menos breve para interponer la acción correspondiente ante un determinado tribunal. en un esfuerzo por sistematizar las dispersas leyes que regulan estas materias. para reclamar contra actos de la autoridad. Pero últimamente han sido rigurosos en sostener que la interposición de un recurso administrativo n~ suspen.2003) art.2006. 46). en Thunderbird Antofagasta rechazó igualmente un recurso d_e pr?tección por extempor~n~o. 2.¡ AQ • . 1 5Para los reclamos contra la SAFP en el DL 3. Este volverá a contarse desde la fecha en que~~ notifiq~e el acto que la resuelve o. El cual debe conocer del reclamo en la forma prevista por esas leyes: que puede ser en la forma de un juicio especial y concentrado creado por el Legislador para ese efecto 15 . 38. A continuación (artículo 46) trata sobre 11 11 • t i i 1 ~ ¡ 1 1 17 de semejantes medidas tomadas por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.221 de 1972. 61. según texto refundido por el DFL 1 (Economía) de 2004.012 de 1999. 13Según los incs. 12 ley 19. 60 de la Ley 19. ley 19. y no a partir de la desestimación de aquel recurso admm1strat1vo: Junsprudenc1a al D1a 15 (1 0-16 julio 2006) 172-174.10.2) Otras veces.5. en Inmobiliaria Lonco. en su caso..1997 (cons 801 16 . C. Comercial Multimarket Ltda. entre vanos (aunque sí ha admitido la procedencia del recurso extraordinario de revisión creado por el art.41 O {art.518 (art. desde que la reclamacton se enttenda desestimada por el transcurso del plazo 2. . 1 ").894 de 1988.. 20. se cuenta desde la comu~icación del acto decisorio original que agravia.3. reiteró que el plazo para intentar la ace~on prev1sta en el Cod1go de Aguas (art. 75 inc.995 (art.2003 {publicado el 30.971 de 2005).11. y no desde la notificación posterior que rechaza el recurso administrativo y se limita a confirmar ese acto: JO No 50 (12-18 marzo 2007) 667·669 en LSJ 331. la SBIF en el DFL 3 de 1997 (art. 3.902 {arts. por su negativa a inscribir a un interesado en el registro para certificación oficial de exportaciones que estatuye dicha ley. diríamos que -en general. el DL 3. y afecto en su fune1onam1ento al Auto Acordado adoptado el 20. 50 y 64.tenta un recurso admm1strat1vo contra el acto agraviante. y no a partir de la notificación del acto postenor que re~haza un recurso administrativo: LSJ 236 (16-21 mayo 2005) pág. 5. seguido de una acción jurisdiccional especial. para conocer de las acciones de impugnación contra los actos administrativos ilegales o arbitrarios que se cometan en el curso de una licitación previa a los contratos públicos regidos por esta ley 13 . Los Tribunales no han cerrado esta alternativa. ley 19. PIIRI lrl !M N° :W /20081 Dictáme_nes 90.880: Dictamen 12. ' Los contenciosos administrativos esoecia/e. CS (rol 519-97) 1 7. Se interrumpirá el plazo para eJercer la accton Junsdtcctonal. Su~rema p~r _sent~ncia de 22. 3. Suprema 6. de aquellos que menciona el artículo 5 inciso 4" del Código Orgánico como sujetos a las disposiciones generales de este cuerpo legal. en relación con el art. SAFP. 55) que para impugnar las multas de la 5Cj se remite al Título XI del libro 3o del Código de Procedimiento Civil.P~ntos de vista ambos que contribuyen a recargar el número de causas JUdiCiales. etc. Ha entendido que no caben los recursos admtntstrattvos generales de reposición y jerárquico establecidos en la Ley 18.2005 sostuvo que el plazo para promover la ace~on contenC1oso-admm1strat1va especial de la Ley 18.3. la SVS en el DL 3. 2°). dado que éstos constttuyen un resguardo mínimo que sólo opera a falta de otros medios de impugnación específicos17. 2. 16Ley 18. de modo que éste empieza a correr mexo~a?lem~nte a ~ontar de ~u notif~cación. La C. es el Tribunal de Contratación Pública creado por el artículo 22 de la Ley 19.3) Respecto a lo tercero (la forma específica de impugnación). al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (continuador de la ex Comisión Resolutiva 14 ). así com~ el famoso caso de La última tenraoón de Cristo.538 de 1980 {art.6. Notificado o publicado que sea el acto de que se trata.111 (14. 22 citado. Por eJemplo.880. y que desconocen el resguardo del artículo 54 inciso 2" de la Ley 19. . .2003). En la jurisprudencia judicial v.el Legislador tiende a inclinarse por alguno de los tres modelos siguientes. 75 inc. que para reclamar contra los actos que allí señala se remite a las reglas del Título 11 del Libro V del Código del Trabajo. art. la fórmula ideada por el Legislador consiste en regular la procedencia de un previo recurso administrativo de carácter potestativ_o (voluntario). .5. 14 ley 19. correccional y económica de la Corte Suprema.886.494 de 2007. 2. p?rque el plazo para deducirlo no se suspende ni interrumpe Si se ln.Jos juzgados laborales por ejemplo. 61) para reclamar contra los actos dictados en aplicación de las normas sobre medio ambiente. ¿Podr~a el afectado intentar un recurso administrativo previo? La Contralorra ha negado esta posibilidad. 00 11 ¡e.1991 en RDJ 88 (1991) 2. suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad cuando se trate de las materias por las cuales procede dtcho recurso". en cuya virtud planteada u_na redama~i?n _an_te !a ~dministración.
según se explica más adelante. en estos casos las acciones jurisdiccionales presuponen o no un recurso administrativo precedente (que no es preciso ni necesario) 19 . MARCO CONSTITUCIONAL Tomemos nota primero que. 90 IUS PUBLICUM No 20 (20081 repeler y sancionar a los privados. dentro del plazo de diez días hábiles. 1. Ni caeremos nosotros en el panegírico. y el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos (Diario Oficial 5. quien debe resolver dentro de diez días hábiles. desarrollado por el legislador en términos tales que aseguren la audiencia.41 O. en el elogio laudatorio de suponer que a todas estas leyes las ha inspirado un candoroso ideal de propiciar la defensa frente al Estado. especialmente para 19No sería de aceptar. Al menos. en un proceso justo y racional. que la posibilidad de reclamar contra los actos lesivos de la autoridad a fin que un juez los enmiende. Obviar este recurso administrativo anterior implica que la reclamación judicial posterior será declarada inadmisible. Parecido esquema se encuentra en la Ley 18. Maculan la felicidad el hecho de que estos multiplicados contenciosos vayan en eslabón (complicidad) con unas cada vez mayores prerrogativas de la Administración. dentro del plazo de diez días hábiles. la posibilidad de ingresar una acción a los tribunales sin más requisitos de admisibilidad que los estrictamente imprescindibles para asegurar la igualdad ante la ley.1998) y en XXI Jornadas de Derecho Público.3) Una tercera modalidad se da cuando el Legislador obliga al particular afectado a enderezar un recurso previo ante la misma Administración. Católica de Chile) No especial (1998) 273-278. donde asimismo los recursos administrativos asumen la condición de preceptivos {obligatorios e ineludibles). por falta de un requisito de procesabil. que se pronuncie sobre la pretensión y que -de ser acogida. Informe Constitucional N° 1. recién ahí la persona puede llevar su causa a los tribunales. antes de poder reclamar ante la corte de apelaciones respectiva. Derecho fundamental de acceso a /a justicia. de modo que sólo cuando éste no prospera. añadiendo que ''la interposición de este recurso suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad. Obviando subrayar que se trata de una norma medular e impostergable para la vigencia efectiva de nuestro régimen jurídico. Prevé la posibilidad de interponer. a efectos de este trabajo conviene destacar que ella envuelve y comprende estos tres aspectos esenciales: a) el derecho a la acción o de acceso a la Justicia 21 . se encuentra admitida en dicha regla constitucional. la igualdad de condiciones entre las partes. debe intentar un recurso frente al propio alcalde.1991 ). 3 inciso 2° y 10 de esta ley. artículo 2 No 2 letra a). la que a todos asegura la igual protección en el ejercicio de sus derechos.ldad. esto es.esta reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. esta invitación de nuestros legisladores. que encuentra su más conocida materialización en la Ley 18. por el tribunal señalado en la ley. la posibilidad de producir una prueba conducente y de apelar u objetar el fallo ante una alzada o instancia superior.575 sobre bases de la Administración 20. antes y con mayor jerarquía que en la Ley 18. r• . el derecho procesal administrativo encuentra sustento o su base fundamental en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política. Esto es. derecho a la tutela judicial efectiva. ya que se precisa su interposición previa a la instancia jurisdiccional. artículos 8 N° 11 y 25 N° 1.695 (artículo 141) cuando establece el reclamo de ilegalidad municipal: el particular afectado por una resolución del alcalde o de sus funcionarios dependientes.adopte las medidas conducentes al aseguramiento efectivo del derecho afectado 22 • • 20 Artículos 2.4. Civitas (1989). un optativo recurso de reposición ante el mismo Superintendente. sin embargo. 21 Liamado por esas cosas. deje sin efecto o simplemente los declare anulados.3 . Pero no es nuestro propósito simplemente mostrar estos contenciosos. t 11.786 (8. Y luego (artículo 19) regla esta acción ante la corte de apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante. Vale decir.1. Es la vieja figura del"agotamiento previo de la vía administrativa" antes de abrir la vía judicial. en España. 21 Eduardo Soto Kloss. Revista Chilena de Derecho (U. dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación. y e) la obligación correlativa e inexcusable que le asiste a los tribunales. de manera que la instancia jurisdiccional sólo se abre una vez que tal recurso administrátivo es desestimado. siempre que se trate de materias por las cuales procede dicho recurso" (artículo 18 A). en relación con el Pacto de derechos civiles y políticos de la ONU (Diario Oficial29. b) el derecho al debido proceso. mientras no se aclare en la práctica desde cuándo se entiende rechazado el recurso administrativo por silencio negativo (lo que influye en el cómputo del plazo para ir a los tribunales). Y el hecho que incurran en omisiones o contengan no pocos renglones reñidos con la Constitución. para impugnar las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. como las demás órdenes de materias justiciables. Hacia una nueva justicia Administrativa. 2.7 . de librar una sentencia expedita y fundada. ratificada en el artículo 76 inciso 2" de la propia Carta.1989). Donde sigue siendo un clásico de lectura obligatoria Eduardo Garcia de Enterría. Y que se repite en otras muchas leyes.
¡ • . regresemos ahora a nuestra legislación. consistente en no adoptar medida alguna que vaya en contra de ese derecho ("el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el 1 respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana ' ) . al menos si su reverso se Jlamájndefensió'ri. (dos) co. Entonces.695 (artículo 141 ).1. simplemente al Estado le está vedado lesionar el derecho de que se trata.·o--ningu·n~ norma puede entrabar el libre ejercicio de este derecho. en Salve et repele. 30) y SEC.094 de 1975 {art. 52). que compele al Estado a servir a la persona humana y promover el bien común 11 COn pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece 1' . 511). Mucho antes la repudió Soto Kloss en La fórmula "y en su contra no procederá recurso alguno" y el Estado de Derecho (Notas sobre la tutela jurisdiccional de los administrados). Cierra diáfano el sistema el artículo 19 No 26 de nuestra Carta. 1-6.1 23 (16.2006 (rol 546). económico y medioambiental. Diremos que no son inocentes de sospecha de anticonstitucionalidad y suelen ir en cohorte: plazos cortísimos para reclamar. con los años se han añadido cientos en otros campos 1 como el laboral. de Chile) 1 (1975/t 976) 505-514 (lo citado en pág.2.538 {art. cuya finalidad es que impide (prohíbe transitoriamente) al afectado acceder de inmediato y sin más trámites a los tribunales. Ver la posterior sentencia del TC de 17. 19 inc.1973).Nada menos.11. ridad.370 de 1999 y 30. pero al propio tiempo se ponen tantas injustificadas trabas a su ejercicio efectivo. al disponer q~e en su contra "no procederá recurso alguno" 25 .000 UF aplicadas por la SBIF (art. 25Han clausurado esta inmunidad los Dictámenes 40.c~vación del acto administrativo".41 O art. sentencia de 19. SVS (Dl 3.(ley 18.1982.500 de 1980 art. (uno) como ni la ley ni reglamento alguno pueden impedir el libre ejercicio de este derecho natural que integra el patrimonio de las ~Q(l_i_ocoostitucionales -nulas por ende. 11 y en lnconstitucionalidad delsolve et repele. 30) para poder reclamar las multas de la SVS. 2. Santo Tomás) 6 (2001) 79-1 00. 1°) y en el DFL 850 de 1997 (25. la obligación de consignar el total 28 o parte29 26Soto Kloss ha criticado esta figura. que difícilmente pueden superar un benévolo test de juridicidad. lP 17 {2006) 195-203. 22 inc. Porque admitido este derecho-garantía reacciona!. 27 Como el DL 1. Notas sobre un resabio absolutista en el Estado constitucional chileno. si de escapar a lo meramente retórico e ir al campo de los efectos concretos se quiere. tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio". ¡JUSTICIA ADMINISTRATIVA? Con estos antecedentes. 1.. IP {U. AS((Ümo reñidas con personas 24 . 94 in c. IP 8 (2002) 107-124 (especialmente pág. le otorga la posibilidad(?) de reclamar ante la Corte Suprema "dentro del plazo de 24 horas". 29La consignación es del 25% en el caso de las multas cursadas por las SAFP (OL 3. a fin de impedir que las garantías constitucionales carezcan de eficacia jurídica. consistente en adoptar todas las medidas conducentes que vayan a favor del mismo ("es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos"). en el caso Sociedad Urbanizaciones de la Costa. además de una segunda obligación de actuación. Ya veremos. que se remonta a la ley comunal de 1854 y llega hasta hoy en la Ley 18. 24 Corte Suprema. En menos palabras.538 de 1980 art.11. recaída en la que sería Ley 20.¡riñn rhi/pn. 2lAprobado por la llamada Comisión de Reforma Constitucional.669 de 2001.8. Entonces. esto es la 11 t obligación de pagar una suma de dinero antes de poder acudir a la judi- catura competente 26 1 o el '1 agotamiento previo de la vía administrativa". texto publicado en Anuario de Derecho Administrativo (U. que le impone al Estado una primera obligación de abstención. su objetivo lo prefiguró con toda explicitud el memorando Metas u Objetivos Fundamentales para la nueva Constitución Política de la República (26. 3. se se crean cuantiosas acciones en el papel..2006) sobre régimen de subcontratación laboral. Ya en su artículo 1 inciso 4°. a través de cualquier artificio que dé por resultado una "privación" o "perturbación" de él. al consagrar figuras tales como el 11 solve et repete". 28En el DFL3 (Hacienda) de 1997 respecto a las multas de hasta 5. La protección de los derechos de la persona en la Constitución y en la práctica. 3°). la conclusión necesaria es que lo cubre y pone a salvo la misma Carta Fundamental. 2°: sus n Los contenciosos administrativo~ P~nPriaiP~ Pn la fpuid. sanitario. Estado de hecho o Estado de Derecho. GJ 27 (1979) 2-14. sobre la consignación impuesta por el DL 3.todas las n'?rma_s_que eximen a ciertos actos administrativos de una ulterior acción. A nadie le debe ser negada la justicia por arbitrios procesales o secundarios" 23 .1998) a propósito de las multas pasadas por la Dirección de Vialidad por infracciones a la Ley de Caminos {art.2006 {considerandos 7°-1 0°). 89) que al extranjero con orden de expulsión por decreto. hay asimismo inconstitucionalidad cuando se ponen cortapisas u obstáculos con el puro afán de desalentar la impugnación. Ya en su artículo 5 inciso 2°. RDJ 79 (1982) 2. para volver a comprobar que son numerosísimas -demasiadas-las referidas acciones contencioso-administrativas especiales. de Contraloría General.1 0. comentando la sentencia del Tribunal Constitucional {rol536-2006) de 30. la constitucionalidad son todas aquellas interpretaciones postulantes de un supuesto principi?de. cosa que transcurran ya y la determinación quede luego a firme 27 . justo cuando discurría precisamente sobre "la jurisdicción contencioso-administrativa": "El Poder Judicial debe ser guardián de los derechos humanos. 92 IUS PUBliCUM N" 20 (2008) 111. Al conocido reclamo de ilegalidad municipal. ¿Consecuencias? No son pocas. mientras la autoridad administrativa mantener la integridad de los demás derechos conculcados por la auto- no se pronuncie en un ineludible recurso de antesala.5. Se recordará una norma de carácter prohibitivo en cuya virtud las leyes reguladoras o complementarias (uno) "no podrán afectar los derechos en su esencia ni (dos) imponer condiciones.
18.). 19. 19 inc. Ley 19. Los contenciosos administrativos especiales en fa leRislación chilena . 4°).2007) que permite reclamar al juez la sanción de caducidad de una concesión para transporte. Ley 18.094 art.755.000 UTA). o en una materia donde convergen misceláneas y dispersas leyes administrativas. 19 inc. como las sanciones administrativas no pueden aplicarse sino hasta que queden "ejecutoriadas" 35 .41 O de la SEC {art. la prohibición al juez para suspender el acto impugnado 32 . paralizar la ejecución del acto impugnado. 4°). Leyes 18. 1°).538 de 1980. 46). 19 inc.41 O (art. RDJ 90 (1993) 2. SQ (art. relativo a las multas millonarias de la SVS. 3 4 En este punto de nuevo "se lleva las palmas" el DL 3. 2°) para el caso de las multas aplicadas por la 5155.695 (art.995 de la SCj (arts. 18. 64).175 de la Superintendencia de Quiebras.886 {art.303 sobre seguridad bancaria (art.538 de 1980 (art. 19 inciso final) y 18. lo que incentiva a elevar el monto de la pena y constituye un absurdo. DFL 3 de 1997 de la SBIF (art. contra un acto administrativo que carece precisamente de fundamentos. 40 de la Ley 19.538 de 1980 (art. 94 No 8). a veces reunidos en una misma ley. 32 inc. 6°) y 18. ¿Se va entendiendo por qué. 76). la amenaza de que si pierde la acción el actor "necesariamente" será condenado en costas 33 . 6°). 183 K). 31 del DL 3. O cuando se exige su cumplimiento con un grado de detallismo tal.838. lo que impide a la Administración continuar aplicando al acto cuestionado. 32 En la Leyes 18. v.168. 36 DL 3. 1 5 inc. efecto que se producirá sólo en el caso de ser favorable al recurrente la resolución del Tribunal"(!). 55) y otras negativamente (DL 3.799 sobre cancelación en el registro de acreditación para firma electrónica (art. 46 inc. Recordaremos que. 2°). 19. los afectados prefieren cotidianamente el recurso de protección u otras formas de impugnación menos gravosas 37 ? 35 Según principio establecido por la Contraloría (Dictámenes 34. la determinación impostergable del órgano imperante. ncomo en el DL 3. especialmente cuando se trata de sanciones. 20 de la Ley 18. 36 de la Ley 18. 19. Un caso es la Ley 20. 32.223 (18. etc. 3 incs. por ello sólo el asunto deviene litigioso. 22 inc.5. que ni siquiera el eufemístico e inventado "principio de conservación del acto mullas pueden alcanzar hasta 10. pero de la cual éste puede conocer "sin forma de juicio". v. No siendo verosímil ni plausible la explicación de que con estas obstrucciones se trataría de evitar la "litigación banal". y simplemente le impiden a los tribunales. Es del 10% en el caso de las multas impuestas por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Ley 19. la intervención judicial reducida a una única instancia 30. 34 y 55). el agotamiento previo de la vía administrativa como requisito para habilitar la acción procesal. 13 inc. 55 inciso final de la Ley 19. Leyes 18. bajo sanción de que si así no lo hace.995 art.de tener que pagar intereses leoninos a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para reclamar la pena administrativa 34 .10.902 de la 5155 (art. 18. merced a un juicio ordinario de nulidad! 2.995 {art. 13 inc. 32). Estas leyes van más allá. Más bien uno tiende a sospechar que su objetivo es facilitar la pronta aplicación de las medidas de la autoridad.538 de 1980 de la SV5 (art.538 art. 102 letra d). 2°). 5° y 39 inc. 13 A inc.538 de 1980 {art. la recaudación urgente de la multa. 5°) y las Leyes 18. 17). Ley 20.902 (art. 8 N° 5).131.933 art. ni se demuestre que el mecanismo corrector de la condena judicial en costas contra el litigante temerario se ha tornado ineficiente. DFL 3 de 1997 (art. 8 No S) y 18. aun si se han percatado de la seriedad de un reclamo. so del DL 3. 2° de Ja Ley 18.123 que modifica el Código del Trabajo en materia de subcontratación {art. su acción será rechazada de plano 36 Concisión y exactitud rigurosa.902 (art. 30 inc. 94 inc. en este escenario nada auspicioso.41 O.415 de 1979. 141 ·letra d). O sea. además -en algunos casos.644 de 1978. La Ley 20. acá el tema no es si la sola interposición del reclamo suspende o no el acto objetado. 5°). 40 de la Ley 18.168 general de telecomunicaciones (arts. Y por si las anteriores trabas no fueran suficientes para desmotivar a cualquiera. Ley 18.696). la imprevisión de un probatorio donde se tenga la oportunidad de desvirtuar los hechos en que se basa la autoridad 31 . sólo oyendo al ministro del ramo y "con los antecedentes que se le proporcionen y los que estime necesario requerir" (agrega inciso 16° al art.168 (art. 3l Esta omisión del Legislador puede verse en los citados DL 3. 4). Q4 HJS PUBLICUM N° 20 12008) administrativo" consigue disimular su propósito: obstruir o amilanar -sin razón.300 art. 3°).538 de 1980 (art. 3° y 5°).995. por orden de la Constitución (art. DL 3. dice lo mismo oblicuamente: "La interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la medida.175 (art. 2°. 13 inc. o que se ha producido por silencio de la Administración. por ejemplo. 46 inc. etc.de la multa antes de poder accionar.223 citada en nota anterior.902 (art. 19.076 de 1996.500 de 1980. esta aparente nimiedad podría develar el verdadero interés fiscal por regular contenciosos de breve duración: ¡no vaya a ser cosa que el infractor dilate el cumplimiento de la sanción.175 (art. Leyes 18.Igual es la Ley 18. hay leyes que además de los requisitos normales de una demanda obligan al reclamante a señalar en su escrito "con precisión" la disposición legal que se supone infringida. 13 inc. 37 Cuando no el lobby u otras formas clandestinas de aveniiniento con la autoridad. 24 inc. En efecto. Por el contrario. que obliga prácticamente a reproducir toda la legislación involucrada y la completitud de los actos objetados. 30 inc. Ley 19. En la jurisprudencia judicial. 30Cuando la ley dice que contra el fallo del tribunal no procederá apelación o recurso alguno: DL 3.902 (art. Un conjunto de disuasivos. 22) y Leyes 18.500 de 1980 (art. 4° y Ley 18. donde algunas normas se pronuncian positivamente (DL 1. 34) y en el DFL 3 de 1997 (art.) y receptado en casi todas las leyes chilenas (arts.el libre ejercicio del derecho constitucional a la acción.. que no aparece compensada con la posibilidad de dar al reclamante una oportunidad para subsanar los defectos dentro de un plazo razonable.902 art. en tanto no se acredite que entre los particulares se ha desatado una suerte de reivindicacionismo generalizado. 36. 95 t • ' . Ley 19. 4°). 3 de la Ley 18. 22 inc. declarada admisible y notificada que sea una acción judicial. cuando justamente se reclama que la sanción es improcedente o confiscatoria. 46). 3°). 7. etc. en nuestro concepto. 15 inc. penúltimo.902 art. O cuya satisfacción se torna punto menos que imposible cuando se litiga.045 (art. 64). la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales el acto administrativo le perjudica. 115-123. 89.
además del antes reseñado reclamo de ilegalidad municipal. por mencionar IV. al pasar. en RDJ 88 (1991) ¡a parte sección Derecho. 3° de la Ley 19. puesto que se trata de maneras distintas de reclamar un acto administrativo 39. t del ramo. ya que por origen (en el artículo 63 No 18 de la Constitución) y presen- tación (en su artículo 1 inciso 1°). incorporó un mecanismo semejante al Código del Trabajo (artículo 183 M). 3 y 6). por aquel a quien se le han denegado o por un tercero que se oponga a ellas. toda vez que las citadas leyes "suspenden" (prohíben transitoria- mente)44 el ejercicio del derecho a la acción reconocido por la Constitución (artículo 19 N° 3). 29). o que rechacen o establezcan condiciones a un estu- 3 inciso 8° de la Ley 19.wiñn rhiiPn. esto es. dentro de la propia Administración.545 sobre Certificación de exportaciones (art. 42 Agustín Gordillo en Cien notas de Agustín.300 (artículo 20). de suerte que sólo una vez desechado este recurso puede acudirse ante el tribunal ordinario civil correspondiente. Súmese a esta cadena la "presunción de legalidad" de los actos de la Administración. a partir de su sentencia de 7.302 sobre Seguridad Nuclear (art. de donde algunos extraen que sobre el re- dio de impacto ambiental (que deben reclamarse antes ante el consejo clamante pesaría la carga de la prueba en contrario. En la Ley 19. en ciertos supuestos. EL "AGOTAMIENTO PREVIO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA" Trataremos ahora esta otra figura retardataria y sin sentido. Aires 2005) 64-65. en "la justicia administrativa en lberoamérica". 19. 39 Sin perjuicio de lo que dispone la ley 19. 9). esta ley sólo está llamada a regular los "procedimientos administrativos" y no los "contenciosos administrativos". IP 16 (2006) 117-124. ya que no puede deducir igual pretensión a través de una acción judicial. que es casi una copia del municipal. cuando son impugnados ante un órgano jurisdiccionaf3 8 . Hacia una nueva justicia Administrativa citado. nuestro ¿Qué queda de la presunción de legalidad?. La Ley 20.880. 41 Coincidentemente. 1. Otro ejemplo es la Ley 19.1985 (rol 29). debe estarse a sus resultas.303 sobre Seguridad de entidades bancarias y otras (arts. previendo apreciación distinta del juzgador.3. 31 8 y 32). 9).995 (artículo 55).175 (artículo 102).880 no dice ni pudo jamás decir esto. donde las multas aplicadas por la Superintendencia de Casinos de juego deben impugnarse primero ante el propio Superintendente. 18. el "agotamiento previo de la vía administrativa" antes de abrir la vía judicial. sin directivo). Son muchos los casos. Buenos Aires (1999) 79-80. sin extender su alcance a lo que acontece con estos actos fuera de la órbita burocrática. y que sólo una vez que ese secretario de Estado se haya pronunciado.¡ 1Pf7id. 18. porque es anecdóticamente remota la posibilidad de que un recurso administrativo sea acogido. v. 54) en cuanto al orden de su procedencia: a) interpuesto por el interesado un recurso administrativo. o por su ineficiencia cierta cuando no aparece probable que el recurso pueda tener éxito 42 . al impedirle al afectado acudir sin más trámite ante los tribunales en defensa de sus derechos. en un caso. y 19. no obstante. son flagrantemente inconstitucionales 43 . a propósito de las resoluciones de la Comisión Na~ional del Medio Ambiente que nieguen lugar a una algunos casos40 . 91 y 134.290 del Tránsito (arts. Ad cautelam se dice del recurso interpuesto sin creerlo necesario. Ello.la veracidad de sus dichos y competente.880 (art. así como en las leyes 18.123. Simple alusión. La presunción de legalidad del acto administrativo: el art. Constitucional.469 de Salud (art. la Administración debe inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión. 19). 37). 2. concesiones de telecomunicaciones deben reclamarse ante el Ministro En circunstancias que la Ley 19. únicamente versa sobre la formación y situación interna de los decretos y resoluciones. La Ley 18. cabe apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago.6. encontramos que también jesús González Pérez sostiene que establecer un recurso administrativo como presupuesto procesal es un atentado a la tutela jurisdiccional: Hacia un código procesal administrativo modelo para Iberoamérica. no obstante que la señalada 40 38Sobre el génesis y limitaciones de esta suposición de validez.838 del Consejo Nacional de Televisión (art. Si bien los recursos administrativos y las acciones judiciales no se hallan necesariamente relacionados entre sí. Agregaremos que estas leyes. 13 inc. 1-7. 58-59. 44 Tomamos dicha expresión en el sentido riguroso que le da la jurisprudencia del T.J IUS PUBliCUM N" 20 (2008) • .880 de procedimientos administrativos a fa luz de fa Constitución de 1980. y de Beatriz Riveras. lexisNexis/Abeledo Perrot {Bs.168 (artículo 13 Al dice que las resoluciones sobre afirmaciones. hay una vinculación entre estas dos formas de reclamación: cuando el Legislador subordina. Esto es. pero se interrumpe el plazo para ejercer ésta. de modo que de lo resuelto por los órganos administrativos de reclamación puede recién enseguida acudirse ante el juez de letras que la autoridad deba acreditar -a la par. sobre régimen de subcontratación. en sede judicial. en donde las leyes disponen que determinadas reclamaciones deben tramitarse en la forma de una etapa administrativa (previa) seguida de una instancia judicial (posterior). · 96 Los contenciosos administrativos esoeciales en/. Se encuentra presente en el contencioso regional de la Ley 19. 41 Carda de Enterría. 0tros pueden verse en el Dl 600 sobre Inversión Extranjera (art. en la ley 18. precisamente porque "exigen" un recurso administrativo anterior. b) si respecto de un acto administrativo se entabla acción jurisdiccional por el interesado. Fundación de Derecho Administrativo. 85. a que hace mención (sin mayor explicación) el artículo declaración de impacto ambiental (que deben reclamarse antes ante el director ejecutivo). Se critica este instituto porque carece de toda justificación y resulta inútil ("no se puede obligar a nadie a intentar sacar agua de un pozo seco") 41 .
inalterablemente. no se divisa cómo ello se compadece con el cJeber que le asiste al Estado. de conformidad con la respectiva Ley 18. donde sienta que al reclamo de ilegalidad municipal (en su etapa ante el alcalde) le es aplicable supletoriamente la ley 19. ri~sgos_ ~recesa­ les. . ' t ¡ 1. según la misma Ley 19. Pero ocurre que el silencio administrativo-negativo suele terminar JUgando en provecho de la Administración.:¡ . de manera de no mostrar los argumentos ni la posición de la autondad smo hasta la instancia jurisdiccional. en virtud de su art.tamb1en qu1so cumplir con tales mandatos constitucionales. supone para el afectado asumir en la práctica no pocos. 1: IP 14 (2005) 257-265..880 (artículo 41 inciso 4°). si se considera que su recurso administrativo puede entenderse rechazado por aplicación del "silencio negativo".575 1. . decíamos. Esto nos lleva a que. hay que interpretarlas "al servicio de la persona humana" y del modo que calcen mejor con la "promoción" o goce efectivo de sus derechos esenciales. tiene que basarse en precisos fundamentos legales y en unos concretos hechos conducentes al rechazo. y por los citados tratados internacionales ratificados por Chile4 . la Ley 18. Toda vez que la interposición de un recurso da origen a un nuevo procedimiento administrativo._1 inc. de "promover" los derechos esenciales. así como a los interesados en los mismos" (artículo 23). EL "SILENCIO NEGATIVO" La deducción de un recurso administrativo previo. desde el momento que la ley prevé el silencio negativo. Situación tanto más áspera para el reclamante. 48 Dictamen 36. Si en las actuales condiciones el "agotamiento previo de la vía administrativa" asoma como una stmple fórmula para retardar y desincentivar los reclamos. 4o '! 5 inciso 2°). según veremos a continuación. vinculado a la conocida costumbre de la Admmtstrae~on de no contestar los recurSos administrativos. PI !Rllrt JM N° 20 12008) • 47 Sentencia de 14. lo que corresponde en derecho es incentivar el uso voluntario de los recursos administrativos. 16°).. obviamente no puede quedar en una situación peor que el 46 particular para quien se dictó resolución negativa expresa .880.415 (artículo 12 inciso 1°): . Está la práctica administrativa.1) Esto no es sostenible. . recabados durante el procedimiento ~fase de instrucción (artículos 34 y 35)~ que dio origen al acto reclamado o en el procedimiento incoado a propósito del recurso ahora desestimado. 4 11 ¡e. Nuevo procedimiento administrativo que. que el interesado crea convenientes en procura de obtener pro_tecct_on a sus derechos. no existe tal opción discrecional. Otro.suspensión sólo cabe en estados de excepción constitucional.234 de 2007.2004 (cons. entre otros a requerir la intervención de la justicia en un asunto de relevancia jurídica. 6Las normas del derecho público chileno siempre. e) Esto nos lleva a que dicho órgano debe producir su rechazo dentro de los plazos legales. Pero lo que resulta inaceptable es obligar por ley a los ciudadanos a remitir forzosamente sus impugnaciones ante la misma autoridad administrativa. Uno. acaso consagrando el silencio positivo. se rige por las normas y principios de la Ley 19. y como haciendo las veces que el Legislador-al d~etarlas. garantizado por la Constitución (artículo 19 No 3). previo a poder llegar a los tribunales. en cuya virtud ''Todo procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad". ínterin la Administración no resuelva su reclamo. ya que la citada Ley 19. b) V. Si el sano propósito del Legislador es allanar una oportunidad para que los involucrados (autoridad y particulares) arreglen sus quitas o diferencias sin saturar a unos tribunales ya recargados de trabajo. que el interesado cuyo recurso admtntstrattvo se entiende desestimado por inactividad del órgano administrativo (silencio negativo). a su vez. distinto a aquel donde se originó el acto impugnado. Imposibilitar el acceso directo e inmediato a las insta neJas ]Unsdtc~t?­ nales. 99 . de no pronunciarse sobre los r~curso:.11. tmpltca consagrar por medio simplemente legal una dilación o postergación que riñe con la Constitución. No obstante lo anterior. conforme ordena la_Carta de 198?_(arts. esto es. consagrado en nuestra Carta (artículo S inciso 2°). Los contenciosos administrativos esoeciale~ Pn lniPrli~lnrión rhifpn. relativo al cómputo de los plazos para reclamar judicialmente. que a la autoridad muchas veces le resulta más beneficioso permanecer cómodamente inactiva. ' 4 5Ver nota 20.880. .880 consigna la "Obligación de cumplimiento de los plazos". Tanto así. . incluso cuando está convencida de la razón del interesado a la espera de que éste tropiece con alguna celada procesal. sobre todo si es forzada. señalando que "Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración. . la resolución denegatoria debe ser "fundada". merced al "principio conclusivo" estampado en esa ley (artículo 8). Bajo la equivocada creencia de que la Administración tendría una suerte de facultad discrecional para expresar u omitir su resolución acerca del recurso presentado. según han entendido correctamente la Corte Suprema 47 y la Contraloría General 48 • a) 5 Esto nos lleva a que el órgano de reclamación está obligado a resolver expresamente el reclamo presentado. .
S transitorio). evacuado en la forma que prescribe la ley (artículo 7 inciso 1o de la Constitución). el silencio negativo. donde la Administración fija definitiva y transparentemente su posición (artículo 8 de la Carta Suprema). 19.:¡ l"'ahbriñn rhil"'n" 101 ' • t .860 de 19SS (art. Por lo tanto: es en este acto explícito y fundado. que no es una fórmula ideada para que la autoridad pueda litigar con ventajas. Además. si la Administración ha declinado instruir un expediente de reclamo y ha renunciado voluntariamente a emitir una resolución expresa en apoyo a su propio acto anterior. Que esta técnica no fue ideada para que la autoridad se abstenga de exponer transparentemente los puntos que avalan su decisión. se puede reclamar ante el Ministro. Otra cuestión es el cómputo del plazo para interponer la acción judicial (a fin de que ésta no sea declarada extemporánea): cual es el dies a qua a contar para reclamar ante los tribunales "dentro del plazo" fijado por las leyes 51 . Revista de Administración Pública {Madrid) 11 O (1986) 31-53. 53) y en el DL 3. la otra forma de rechazo. En cuanto al no pronunciamiento del alcalde en el reclamo de ilegalidad municipal. y es ''responsable" de hacerlo t sede judicial. lución expresa o.289 de 1976 el que asimiló la no respuesta a un rechazo {silencio negativo). contestar impugnaciones 50 Para dictar su sentencia el tribunal únicamente debe atender el acto administrativo reclamado y a los antecedentes que le sirven de sustento directo e inmediato. ni para permitirle guardar (y sorprender) después con nuevas pruebas o argumentos. 141) y la ley 11. al no haberse pronunciado expresamente como era su deber (artículos 8 y 14 de la Ley 19. abriendo al afectado la vía judicial (arl. .876 (art.538 de 1980 (art.6SS de 194S (art. cualquiera sea su forma de iniciación'' (artículo 14 inciso 1°). 45). que no acreditó ni expuso en su momento.a pedir la apertura de un periodo probatorio para allegar . 11 S) le atribuyeron un efecto de aprobación (silencio positivo). al fundar precisamente su acción jurisdiccional. y que obran en el procedimiento administrativo tramitado en su oportunidad. 3"' y 32 inc. 141 letra e). acorde con el principio de que los actos administrativos no nacen al mundo jurídico antes de ser dados a conocer íntegramente a los interesados. 49 En las Leyes 18. Ya que la regla general obligatoria es pronunciarse derechamente sobre el reclamo interpuesto y la excepción es el silencio negativo: reservada entonces para casos extraordinarios. de suerte que a posteriori -en el transcurso del proceso 1. por último y siguiendo la misma ley. p. 1. atinente a por qué no resolvió dentro del plazo legal. en que la autoridad no pudo o se vio impedida de emitir resolución expresa. El hecho de que la ley haya consultado el silencio negativo. y después ante los tribunales. 31 B inc. No hay un permiso generalizado para inactuar cuando las leyes dicen que /Jse considerará rechazado el reclamo" si la autoridad no se pronuncia dentro del término establecido 49 El hecho de que el reclamo del particular pueda rechazarse por reso- otros hechos ni puede solicitar que se le oigan nuevos argumentos. obviamente tal día inicial no se cuenta a partir de la fecha en que se emitió la resolución denegatoria. 65). por su sola voluntad 50 • Enfaticemos que el silencio negativo no está concebido para que la judicial a que haya lugar. Los contenciosos admini~trativn~ P~nPri. 19). no significa que la Administración pueda optar por una u otra fórmula. . por sí solo no libera a la Administración de responsabilidades por su "omisión". por mantener una conducta sostenidamente "arbitraria" (infundada).3) Vale decir.2) En estas condiciones. se entenderá que el Ministro acoge el reclamo" (art. en su defecto. ahora impugnado.175 (art.añadiendo que "Si transcurrido el plazo no existiere pronunciamiento.:¡/p< Pn /. en Recursos contra denegaciones presuntas por silencio administrativo. atentos al cual 11 La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla. 51 Ernesto García-Trevijano Garnica. fue el Dl 1 . a aplicar el 11 principio de inexcusabilidad". dentro de los plazos legales. quien ya tuvo que expresar-desnudar-los motivos de su recurso ante la autoridad administrativa. De no ofrecer la Administración una explicación atendible. justiciado que sea un acto presunto denegatorio. La Ley 19. Por motivos de evidente certeza y para evitar los artilugios de antedatar los actos y comunicarlos luego que la competencia para dictarlos ha desaparecido. 2°). ej. mientras la ley comunal fijada por OS (justicia) 5. quien debe resolver dentro de 30 días. por silencio negativo. La Ley 19. por consiguiente de operar el silencio negativo deberá explicitar al juez las razones igualmente precisas y concretas que le impidieron resolver. aplicando rigurosa y estrictamente cuanto disponen los artículos 8 inciso 2"' de la Constitución y 16 inciso 1"' de la ley 18. no puede venir después -en asume un claro rasgo excepcional. 18. • sino desde su "notificación". a su elección. 102 letra e).290 del Tránsito (arts.880) dentro de los plazos legales que le son "obligatorios" (artículo 23 de la Ley 19. Casos de silencio positivo en materia recursiva se encuentran en la Ley 18.1) En el supuesto de rechazo expreso. 2.880 prevé también el silencio negativo "cuando la Administración deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos" (art.ya no le es lícito alegar intempestivamente otros argumentos legales o invocar nuevos antecedentes de hecho. ya puede el tribunal construir una presunción judicial en su contra.695 (art. lo primero es que la Administración dé una explicación satisfactoria.r Administración obtenga dividendos. Siendo que la Administración está #obligada" a manifestar transparentemente su decisión fundada en el asunto.S4S relativa a la certificación oficial de exportaciones: de la denegación del Subsecretario de Economía a inscribir a alguien en el registro allí creado. Ello le reportaría una posición de privilegio intolerable frente al particular. 100 IUS PUBLICUM N" 20 !20081 2.d) Esto nos lleva.S7S.880).
debería dispersas. el Legislador ha preferido atomizar la justicia administrativa en un conjunto muy heterogéneo de acciones depender la contabilidad y preclusión del plazo judicial a un momento estampado por la misma Administración reclamada. Por lo demás. · 102 Los IUS PUBLICUM N" 20 12008\ contencio~n~ . 2°). De enmendar rumbos la jurisprudencia suprema (esperamos).. merced a amenazas 5 2Agustín A. "'En reclamos de ilegalidad municipal Aguas Andina. 2. Siguiendo la coyuntura o la idea de momento y sin un plan preconcebido. por supuesto. aparte de desconocer que -para el caso de operar el silencio administrativo. y Seguravita Internacional S. gr. CONCLUSIONES Tan cuantitativamente numerosa como cualitativamente deficitaria podría calificarse nuestra legislación. que el día inicial para VI. al referido certificado debería asignársele un papel determinante. Omisiones de la autoridad.880 (arts.las leyes exigen perentoriamente un certificado. de donde se sigue que el día primero a tener presente para acudir a tribunales ha de ser uno que conozca indubitada e inequívocamente el interesado. sólo puede empezar a producir sus efectos (en futuras diligencias a realizar por el interesado. 54 Leyes 18. 2. en Dictamen 48.por mora aduciendo que ya se había resuelto antes.:> • . lo que obsta la existencia en Chile de un jurisprudencia atender a las reglas supletorias de la Ley 19. Al paso de crear el incentivo perverso a antedatar los actos 5 5 . sentencia de 26.la Corte Suprema ha venido fallando que el plazo para entablar la acción judicial comienza a contarse apenas vence el plazo que tenía la Administración para pronunciarse sobre el recurso. de un Estado de Derecho._c. con un criterio ministrativo le ponga a su propio certificado. ningún plazo puede empezar a correr en su contra 59 .7. en su empeño por crear las visitadas acciones procesales administrativas especiales.711 118.1998). para constatar y fijar el día exacto en que venció la oportunidad que tenía el órgano administrativo para pronunciarse. con voto en contra fundado del ministro Milton juica. t cálculo del plazo. 2°). por despiste del interesado. Y como todo acto administrativo. Porque esto significaría hacer sistemático y una visión unitaria.695 {art.).081 de 1974. Lo segundo. 28. Los actos administrativos que concluyan por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes. por un inadecuado 25 58.~ abrazar sus cálculos y estudiar la conveniencia de accionar dentro del plazo legal. De donde resulta una situación estructural de privilegio para la Administración. Descartado.rirln rhilcon. cuando en verdad el acto recién entonces se suscribe._q!J. y no desde que se certifica el rechazo administrativo presunto 53 . dice que el "certificado se otorgará sin más trámite. 59 El acto certificatorio sólo constata un hecho preexistente. habiendo plazos legales de por medio) a contar del momento en que dicho acto se "notifica" debidamente. 58 " Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trata o se produzca su estimación o desestimación en virtud del silencio administrativo" (inc. ssMás de una vez la Contraloría ha tenido que representar este ardid burocrático: v.Q!Jd. Validez y eficacia del acto administrativo. y otras malas prácticas burocráticas de estilos2.Q!I~~P. y que algún efecto o consecuencia jurídica relevante (no meramente ornamental) ha de producir este requerido acto de constancia oficial 54 . impropia IC 1. artículos 65 56. porque en vez de fortalecer y allanar el derecho consti- u obstáculos que multiplican los rechazos liminares. tendrán los mismos efectos que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración. 66 57 y tucional de los particulares a recurrir a la Justicia para reclamar contra los actos administrativos que estimen perjudiciales.3. ya que -para colmo de males.¡rJmini~tr~tivn~ p~nPri::. 141 letra d).2) Pero.~o. etc.2005.3) Bien entendidas las cosas. porque ~!l. ¡qué pasa cuando tiene lugar el silencio negativo? El problema está ahora en la jurisprudencia. desde la fecha de la certificación respectiva". porque en lugar de robustecer las acciones constitucionales acceder a los tribunales quede librado a la fecha que el ministro de fe ad- de protección y de nulidad general de derecho público. Lo primero. en armoniosa que ofrezca seguridades en la materia. Predicamento que no contribuye a la certidumbre e incentiva a la Administración a no pronunciarse (a sabiendas que muchas acciones serán declaradas extemporáneas. entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido comienzan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan" (inc.i. y al mismo tiempo se notifica. 56 AI tratar sobre el "silencio negativo" y el posterior "certificado" que acredita que una solicitud no ha sido atendida dentro de plazo legal. a cuyo respecto no innova. en "Cien notas de Agustín" citado. GJ 301 (2005) 80-85. 57 "Efectos del silencio administrativo. si los plazos que tiene el órgano administrativo para resolver se cuentan desde la "recepción" del reclamo. 65 y 66). circunstancia que es desconocida para el interesado. De modo que mientras tal certificado no se emita ni se entregue al interesado. 93-94 y 135.IP~ Pn b fpoid:. Gordillo. 19.12 2006 (rol553-2006). el Legislador ha optado por desalentar! os o restringir el acceso a los tribunales. También nuestro Silencio administrativo. Por eso las leyes precisan un "certificado".880.A.1 75 (art. igualmente el plazo que tiene el particular para demandar no se puede sino contar desde la "recepción" del aludido certificado oficial. 102 letra d) y 19.
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