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Timestamp: 2020-08-07 15:01:44+00:00

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XIII SEMINARIO de DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL PROFUNDIZADO - María Silvia Villaverde
Duración: 18 hs. – 6 jornadas – martes de 17 a 20 hs.
Coordinador: Dr. Ricardo A. Osorio
Informes e inscripción: Oficina de Administración de Posgrados y Actividades Extracurriculares – Cabildo 134 – Morón – 1er. Piso – Tel. 5627-2000 int.266 – posgrados@unimoron.edu.ar –
Consultas con la Directora: info@lgluduenia.com.ar
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución de la Asamblea General A/RES/48/104 (ONU) del 23/2/1994
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (denominada la CEDAW por sus siglas en inglés), aprobada por Naciones Unidas el 18/12/1979, pertenece al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Dicha convención fue suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980, aprobada según la ley 23.179 (B.O. 3/6/1985) y se halla incluida en la nómina de los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional desde 1994, integrando el bloque de constitucionalidad federal.
Recomendación General N° 19 La violencia contra la mujer
Recomendación General N° 27 sobre las mujeres de edad y la promoción de sus derechos humanos (16/12/2010 – CEDAW/C/GC/27),N° 27 Mujeres de edad y la promoción de sus derechos humanos (16/12/2010)
Nº 28 Relativa al artículo 2 sobre los “medios apropiados” o las “medidas apropiadas” para que los Estados partes apliquen a nivel nacional las disposiciones sustantivas de la Convención) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (16/12/2010).
En esta Recomendación General, el Comité distingue conceptualmente “sexo” y “género” y respecto del Poder Judicial como sujeto obligado a cumplir con la Convención, en el párrafo 33 señala: Según el subpárrafo c) [del art.2], los Estados partes deben asegurarse de que los tribunales apliquen el principio de igualdad tal como está enunciado en la Convención e interpretar la ley, en la mayor medida posible, de conformidad con las obligaciones de los Estados partes en virtud de la Convención. Sin embargo, cuando esto no sea posible, los tribunales deberían señalar a la atención de las autoridades competentes cualquier incoherencia entre el derecho nacional, incluidas las leyes religiosas y consuetudinarias, y las obligaciones del Estado parte en virtud de la Convención, dado que las leyes nacionales nunca se pueden utilizar como justificación de la falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados partes.
En el párrafo 34. […] Cuando la discriminación contra la mujer también viole otros derechos humanos, como el derecho a la vida y la integridad física, por ejemplo en los casos de violencia doméstica y otras formas de violencia, los Estados partes están obligados a iniciar acciones penales, llevar a los infractores a juicio e imponer las sanciones penales correspondientes.
Otros materiales del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos (ONU):
Relectura del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a partir de la Observación General 28 del Comité de Derechos Humanos (ONU, 2000) sobre el art.3 (La igualdad de derechos entre hombres y mujeres), que hace su interpretación género sensitiva incorporando las experiencias de las mujeres en estos derechos. https://villaverde.com.ar/archivos/File/investigacion/Violencia-genero/OG-28-CDH-onu.doc
INFORMES ANUALES de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (ONU):
INDICADORES: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO: Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk: Indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta de los Estados (A/HRC/7/6 – 29/1/2008 – Consejo de Derechos Humanos). Importancia de los indicadores: La creación de indicadores sobre la violencia contra la mujer es una obligación de derechos humanos, vinculada con la jurisprudencia en materia de derechos humanos y el principio de debida diligencia, con arreglo a la cual los Estados deben, entre otras cosas, garantizar que las intervenciones concebidas para combatir la violencia se basen en datos empíricos exactos. Para ello es necesario no sólo reunir información exacta, sino también disponer de indicadores que permitan a los órganos de decisión no especializados acceder a los datos, y al público vigilar las intervenciones. https://villaverde.com.ar/archivos/File/investigacion/Violencia-genero/info-violencia-indicadores-relatora-ONU.pdf
DEBIDA DILIGENCIA. INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. LA NORMA DE LA DEBIDA DILIGENCIA COMO INSTRUMENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/2006/61 – 20/1/2006) https://villaverde.com.ar/archivos/File/investigacion/Violencia-genero/DEBIDA-DILIGENCIA-VIOLENCIA-GENERO.pdf
Los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos. Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad1. Al respecto, la Corte Interamericana ha manifestado que:
REPARACIÓN A LA QUE TIENEN DERECHO LAS MUJERES QUE HAYAN SIDO VICTIMAS DE VIOLENCIA: informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
Tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer imponen al Estado la obligación de prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparaciones en todos los casos de violencia dondequiera se produzcan.
El artículo 4 de la Declaración dispone que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia deben ser informadas de la existencia de mecanismos de justicia, tener la posibilidad de acceder a ellos y el derecho a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional. La obligación de proporcionar una reparación adecuada supone garantizar el derecho de las mujeres a entablar acciones penales y civiles y a que las víctimas de la violencia dispongan de protección, apoyo y servicios de rehabilitación.
La noción de reparación puede abarcar, asimismo, elementos de justicia restaurativa y la necesidad de abordar las desigualdades, injusticias, prejuicios y discriminación u otras percepciones o prácticas sociales preexistentes que hayan posibilitado violaciones, incluida la discriminación contra mujeres y niñas.
Sin embargo, como señaló la anterior Relatora Especial, a la hora de cumplir la debida obligación de ofrecer reparaciones, “se dispone de pocos datos acerca de la obligación del Estado de proporcionar reparaciones adecuadas por actos de violencia contra la mujer… ese aspecto de la debida diligencia sigue estando muy poco desarrollado” (La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk -E/CN.4/2006/61)
En la sección III.C se tratan las reparaciones a mujeres y niñas en situaciones de “paz” o en las democracias consolidadas, a la luz, en primer término, de las prácticas discriminatorias contra determinados grupos de mujeres y, luego, con hincapié en casos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A/HRC/14/22 23/4/2010
ENFOQUE HOLISTICO DE LA VIOLENCIA COMO UN CONTINUO. VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN. Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, – A/HRC/17/26 2/5/2011
Obligación de debida diligencia para abordar la violencia contra la mujer: El informe anual de 2013 de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Sra. Rashida Manjoo, se dedicará a un estudio sobre la ” obligación de debida diligencia para hacer frente a la violencia contra la mujer “:
Artículo 4 (c y d) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exige a los Estados a “actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional castigar los actos de violencia contra las mujeres si estas acciones son perpetrados por el Estado o privados personas. ”
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el trabajo de la Comisión reitera la necesidad de que los Estados adopten las medidas apropiadas para garantizar que las mujeres estén libres de toda forma de violencia .
Para ello, los Estados deben desarrollar medidas civil, penal, , laborales y administrativas en la legislación nacional para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que son víctimas de la violencia. Así, un Estado no sólo tiene una obligación negativa de abstenerse de actos de violencia contra las mujeres, pero también tiene obligaciones positivas para prevenir y proteger a las mujeres de la violencia, castigar a los responsables y compensar a las víctimas de la violencia.
Debido a la multiplicidad de las formas de violencia contra la mujer, y el hecho de que esta violencia a menudo se produce de una manera intersectorial, los Estados deben adoptar medidas más integrales para la aplicación efectiva de sus obligaciones de diligencia debida. Las intervenciones del Estado deben estar diseñados en los diferentes niveles en los que se desarrolla la violencia, es decir, a nivel individual, comunitario, estatal y transnacional.
El Estado puede ser responsable bajo la ley internacional para la falta de medidas razonables y adecuadas para prevenir o tratar la violaciónes de los derechos de las mujeres. En esencia, la diligencia debida proporciona un estándar de atención para medir si un Estado ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La determinación del cumplimiento requerirá una evaluación de la idoneidad de las medidas nacionales en el estado.
INFORME del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante (ONU):
A/HRC/7/3 – 15/1/2008 – Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak (Tortura y violencia doméstica). El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presenta su segundo informe al Consejo de Derechos Humanos. En el capítulo II, el Relator se centra en la protección de las mujeres contra la tortura y en el capítulo III expone sus conclusiones y recomendaciones al respecto. En los párrafos 45 y ss. se refiere específicamente a la violencia en el hogar como forma de tortura. https://villaverde.com.ar/archivos/investigacion/violencia-genero/a-hrc-7-3-violencia-tortura.doc
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – “CONVENCION DE BELEM DO PARA” Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil
Mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de la Convención: Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) -creada en 1928- para la creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención de Belém do Pará –AG/RES. 2012 (XXXIV-O/04)-.
Informe sobre Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas – EA/Ser.L/V/II. Doc. 68 20/1/2007 – Comisión Interamericana de Derechos Humanos: En este informe que distingue entre Acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos, se realiza se realiza un diagnóstico de los obstáculos que las mujeres enfrentan al procurar remediar actos de violencia, se analizan las normas y estándares internacionales aplicables al derecho de las mujeres para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos cuando son víctimas de violencia, se exponen las deficiencias en la respuesta judicial en casos de violencia contra las mujeres y los obstáculos para cumplir la obligación estatal de debida diligenica y para combatir la impunidad. Finalmente, se hacen recomendaciones para para que los Estados actúen con la debida diligencia con el objeto de ofrecer una respuesta judicial efectiva y oportuna ante estos incidentes. http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm
HITO JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS:
Caso González y otras (“Campo Algodonero“) vs. México (16/11/2009):
Otro tema de especial preocupación para el sistema de protección integral del derecho a una vda libre de violencia para las mujeres y las niñas es el referido a la obligación de garantizar a las
víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho individual a la reparación. Tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer imponen a los Estados el deber de proporcionar indemnización por todos los actos de violencia. Sin embargo, la puesta en práctica de la obligación de debida
diligencia con respecto a las reparaciones sigue estando muy poco desarrollada. La escasa atención a las reparaciones, en los planos sustantivo como de procedimiento, a las mujeres víctimas de la violencia está reñida con el hecho de que estas son frecuente objeto de violencia tanto sexual como de otro tipo.
En este caso, relativo al secuestro, asesinato y violencia sexual de que fueron víctimas dos menores de edad y una joven a manos de agentes no estatales en 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó de forma amplia las obligaciones de debida diligencia del Estado de investigar, enjuiciar y castigar a los culpables de la violencia contra la mujer. Por primera vez Corte hizo suya la noción de reparaciones en función del género con vocación transformadora. Estimó que en una situación de discriminación estructural, las reparaciones deben propender a transformarla, apuntando así no solo a la restitución sino a remediar la situación. La trascendencia de la decisión del tribunal regional fue señalada por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (ONU), Rashida Manjooenfo, en su informe A/66/215 de fecha 1/8/2011 (párr,72)
Antecedente sobre violencia de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Penal “Miguel Castro Castro” vs.Perú – 25/11/2006
Antecedentes sobre violencia de género en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
INFORME N° 54/01 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el CASO 12.051: Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril de 2001 (violencia de género)
7. Brasil Ley 11.340, crea mecanismos para combatir la violencia doméstica y contra la mujer (portugués)llamada Ley Maria da Penha (Ley de Brasil) Comentario (María Silvia Villaverde)
Doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad (Control de convencionalidad, control de convencionalida de oficio, control de convencionalidad difuso)
Protocolo de Estambul: Pautas Internacionales para la Investigación y Documentación de la Tortura:
PROTOCOLO DE ESTAMBUL: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)
EVIDENCIA PSICOLÓGICA DE TORTURA. Una Guía Práctica del Protocolo de Estambul para Psicólogos 2004
EXAMEN FÍSICO MÉDICO DE VÍCTIMAS DE TORTURA ALEGADAS. Una Guía Práctica del Protocolo de Estambul para Médicos 2004
Publicación sobre el Protocolo de Estambul dYour Linkel Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT): Prevención de la Tortura. Profesionales del Derecho y de la Salud trabajando juntos en contra de la Impunidad
Rules of Procedure and Evidence: ICC-ASP/1/3 (Part.II-A) adoptadas el 9/9/2002 Entrada en vigor: 9/9/2002 Fuente: Asambela de los Estados Parte (Corte Penal Internacional, esp. Reglas 70 y 71). Las Reglas de Procedimiento y Prueba constituyen un instrumento para la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al cual está subordinado en todos los casos. Se han incluido referencias directas al Estatuto en las Reglas, cuando correspondía, con el objeto de destacar la relación entre ambos instrumentos con arreglo al artículo 51, en particular los párrafos 4 y 5.
Regla 70: Principios de la prueba en casos de violencia sexual
Regla 71: Prueba de otro comportamiento sexual
Decreto 1011/10: Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Anexo) y faculta al CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente Decreto – Publicación en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA: 20/7/2010
Argentina – Ley 25.087 que modifica el Código Penal en los delitos contra la integridad sexual
Decreto reglamentario 2875/2005 de la ley bonaerense 12.569 (Anexos I, A y B) – 28/11/2005 – B.O. 30/1/2006 (Comentario del Decreto Reglamentario 2875/2005 de la ley 12.569 – Anexos I, A y B – Por María Silvia Villaverde, publicado Investigación de la Revista Abeledo-Perrot Buenos Aires , LNBA 2006−5−491)
También debe considerarse el art.37 de la Convención que estipula que “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (…).
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión: 4 de junio – A/RES/ES-7/8 (31a.sesión plenaria de la Asamble General de Naciones Unidas): El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de Naciones Unidas, “consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel”, decidió conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día internacional de los niños víctimas inocentes de la agresión
Guía sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños, incluidas en la Resolución 64/142 de la Asamblea General de Naciones Unidas como ANEXO: Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, aprobadas el 18/12/2009 por la A/RES/64/142 de la Asamblea General de Naciones Unidas y citadas en las Observaciones Finales sobre Argentina por el Comité de los Derechos del Niño (párr.52 f),establecen pauta adecuadas de orientación política y práctica y tienen por objeto “promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales relativas a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación”.
OTI IIN-OEA 1/2008: Orientación Técnica Institucional IIN-OEA (Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes – OEA) sobre Revictimización de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en casos de abuso sexual – Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño -febrero de 2008
En mayo de 2005, y como resultado de la I RADDHH, se aprueba el “Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados”, por medio del cual los Estados reconocen la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, sean derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos. Asimismo, dicho instrumento establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre los Estados Partes.
La propuesta que ha dado en llamarse “INICIATIVA NIÑ@SUR” tiene como finalidad promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos universales y regionales. Asimismo, ésta iniciativa busca estimular el diálogo y cooperación entre los Estados para el seguimiento y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, teniendo en cuenta que varias metas tienen una relación directa con los derechos de la infancia y adolescencia.
Normativa nacional e internacional sobre la erradicación del CASTIGO CORPORAL como método de disciplina:
Breves notas sobre el problema: https://villaverde.com.ar/archivos/docencia/10/Fundacion-San-Javier-violencia-ninos/castigo-corporal-disertacion.doc
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27/1/2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ampliamente citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre castigo corporal y los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 2009)
Recomendaciones del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños: A/61/299, distribuido el 29 de agosto de 2006. El Informe del Secretario General sobre la violencia contra los niños fue presentado el 11 de octubre de 2006 a la Tercera Comisión de la Asamblea General por el experto independiente Sr. Paulo Sergio Pinheiro.
Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal hacia niños y niñas: Hacia la abolición completa
Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Debido proceso constitucional. El debido proceso. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2004
Albanese, Susana, Garantías judiciales. Algunos requisitos del debido proceso legal en el derecho internacional de los derechos humanos, Ediar, Buenos Aires, 2000
Sobre el Caso “Mazzeo, Lulio Lilo y otros s/Recurso de Casación e Inconstitucionalidad, de 13 de julio de 2007, y en general sobre el carácter evolutivo de recepción del derecho internacional por parte de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, véase:
Bazán, Víctor, “El derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con particular énfasis en materia de derechos humanos”, en La Ley,Suplemento Extraordinario (75 Aniversario), Buenos Aires, Agosto de 2010, pp. 1-17, especialmente sobre el caso “Mazzeo” véase pp. 10, 11 y 16
Hitters, Juan Carlos, “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación. (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)” en Estudios Constitucionales, Santiago, Centro de Estudios Constitucionales de Chile/Universidad de Talca, Año 7, N° 2, 2009, pp. 109-128
Loiano, Adelina, “El marco conceptual del control de convencionalidad en algunos fallos de la Corte Suprema Argentina: “Arancibia Clavel”, “Simón”, “Mazzeo”, en Albanese, Susana (coord.), El control de convencionalidad, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2008.
En el caso Mazzeo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresa el deber del Poder Judicial local de ejercer el “control de convencionalidad”, reproduciendo prácticamente lo expresado en el párrafo 124 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile (Caso “Mazzeo, Lulio Lilo y otros s/Recurso de Casación e Inconstitucionalidad, de 13 de julio de 2007, párr. 21)
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional”, en Fix-Zamudio, Héctor, y Valadés, Diego (coords.), Formación y perspectiva del Estado mexicano, México, El Colegio Nacional-UNAM, 2010, pp. 151-188.
Cayuso, Susana, La aplicación de principio de razonabilidad y las limitaciones a los derechos fundamentales, en El valor justicia en la convivencia democrática, Coord.Alicia Noemí Farinatti, Ediar, Buenos Aires, 2000
Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como garantía innominada en la Constitución Nacional, Astrea, Buenos Aires, 1989.
Zagrebelsky, Gustavo, El Derecho dúctil, Trotta, Madrd, 2002
Despouy, Leandro, Independencia de la justicia, Estándares internacionales, Federacón Argentina de Colegio de Abogados, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2010
Gelsi Bidar, Adolfo, De derechos, deberes y garantías del hombre común, Editorial B de F, Montevideo- Buenos Aires, 2006
Highton, Elena I., “El acceso a justicia y la defensa pública en cuestiones no penales”, publicado el 21/12/2005 en el sitio web (Ministerio Público de la Defensa, Defensoría General de la Nación).
Schneider, Elizabeth, La violencia de lo privado, en Justicia, género y violencia, Comp. Julieta Di Corleto, Libraria-RedAlas, Buenos Aires, 2010
Hitters, Juan Carlos, Legitimación democrática del poder judicial y control de convencionalidad http://www.procesalsantafe2011.com/wp-content/uploads/2011/03/Hitters_Juan_Carlos.pdf
Villaverde, María Silvia, “La violencia doméstica es una violación de los derechos humanos. Régimen jurídico de la violencia familiar en la Provincia de Buenos Aires: Decreto reglamentario 2875/05 de la ley 12.569. Anexos I–A y B” – Investigación, LNBA 2006−5−491 (actualmente Revista de Buenos Aires, Abeledo Perrot)
Villaverde, María S, Ley Maria da Penha: Brasil adopta una ley específica para prevenir, investigar y sancionar la violencia doméstica y familiar contra la mujer.Revista Jurisprudencia Argentina, Actualidad en derecho extranjero, 4/10/2006, pp.34-42, Citar Lexis N° 0003/012843 ó 0003/012844
¿Por qué es necesaria la capacitación de los y las juristas y operadores/as de justicia en la discriminación de género y sus consecuencias, entre las que se encuentra la violencia de género?: https://villaverde.com.ar/archivos/investigacion/violencia-genero/derecho-genero.pdf

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 4

Artículo 4
 artículo 51
 Resolución 
 Artículo 19
 Artículo 19

Resolución