Source: http://www.libertadidioma.com/20191030.htm
Timestamp: 2020-06-03 12:31:52+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 30 Octubre 2019
Sin necesidad de pacto, Sánchez le está haciendo gratis la campaña a Vox
Todo el triquitraque de los «trackings» de las encuestas electorales dice que Vox va como un cohete. Por ejemplo, como un cohete de los que los violentísimos comandos aguerridos de los CDR separatistas catalanes tiraban, y a dar, al helicóptero de los Mozos de Escuadra, en esas noches de Barcelona que parecían «cremás» de las Fallas de Valencia, y de las que dice Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que organiza y convoca estos delitos colectivos que «hacen que estemos en la prensa internacional y que se haga visible el conflicto». ¿Qué conflicto? Menos mal que el Instituto de Empresa Familiar advierte de la peligrosa imagen que proyecta Cataluña, una ruina económica es la que están buscando. Y nosotros, pánfilos, venga a arrimarle millones a la Generalidad para que se lo gasten en independencia como los de los ERE en prostíbulos.
Y como Vox va como un cañón y el PP no sube lo que muchos bien nacidos deseasen, sostiene Casado que hay contactos entre los equipos de campaña del PSOE y del partido de Abascal (y de la unidad de España). Yo no creo que haya un «pacto» de Vox y el PSOE para frenar la reconfortante subida de Casado. Sin necesidad de pacto, Sánchez le está haciendo gratis la campaña a Vox, cegado por su ego.
Vox sube porque no es normal que esté ardiendo Barcelona en manos de la violencia casi asesina de los niñatos separatistas que tomaron las calles y montan guardia ante la Jefatura Superior de Policía y el ministro Marlaska no dé la cara. Y si la da, es para decir que No Passssa Nada en Barcelona y qué bonito es pasear por la Rambla de las Flores. Y se va a Chueca a cenar en un restaurante de moda mientras están a punto de asesinar a un policía nacional de la UIP rompiéndole el casco de un adoquinazo tirado desde las alturas. Por ejemplo desde las alturas de Torra, presidente de la Generalidad y jefe tanto de los CDR como de los mozos de escuadra.
Vox sube porque no es normal que con el aumento del paro y los cada día más preocupantes signos de fuerte crisis económica, aquí Sánchez siga engordando la deuda pública y no sólo no se reconozca la grave situación, sino que no se está tomando la menor medida contra ella.
Vox sube porque no es normal la rara unanimidad del Tribunal Supremo al hacerle caso a la Abogacía del Estado y no a la Fiscalía en su sentencia contra los responsables del intento de independencia catalana por sedición y no por rebeldía. Que fue lo que ocurrió hace dos años y lo que está volviendo a pasar todas estas incendiadas noches barcelonesas, sin que nadie se atreva a meterle mano a un presidente de la Generalidad como Torra, que mira para otro lado y silba «La Santa Espina» cuando que le preguntan si condena la violencia.
Vox sube porque no es normal la que han organizado demagógicamente con la exhumación de Franco, que prometieron hacer en la intimidad y no en un circo mediático, convirtiendo al general en una pieza electoral más, aunque veremos a ver por dónde les sale el Parte de la Victoria de Sánchez, en el que poco más o menos dijo que habían ganado la guerra que históricamente perdieron, en la que les derrotó el ahora desterrado.
Vox sube porque no es normal tanto odio, tantas ganas de revancha, de manipular la Historia: no acaban de exhumar a Franco cuando ya quieren sacar de su tumba y mover de sitio a José Antonio Primo de Rivera, fusilado por sus correligionarios en Alicante, y sacar a Queipo de Llano de la basílica de una Esperanza Macarena que no la quemaron en su iglesia en San Gil en 1936 porque la escondieron en un cajón.
De todo lo cual se infiere que el principal agente electoral de Vox es el mismísimo Sánchez, siempre de perfil ante los verdaderos problemazos de España y de su región catalana.
En medio centenar de instituciones, el PSOE cogobierna o consiente que lo hagan partidos que acaban de abrir una acción común que persigue romper la unidad de España
El PSOE mantiene cerca de medio centenar de pactos con los partidos firmantes, la semana pasada, de un manifiesto en favor del derecho de autodeterminación. A saber: BNG, Crida Nacional, CUP, Demòcrates, EH Bildu, ERC, Esquerra Valenciana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y PDECat-Junts per Catalunya. Un simple vistazo a la lista permite aunar a todos ellos en su deseo de acabar con la unidad de España, siendo esta, en mayor o menor medida, seña de identidad de los mismos. Nos encontramos con que el partido que hoy lidera Sánchez gobierna o consiente que lo hagan estas formaciones en decenas de ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. No es extraño que así sea después de que el propio Sánchez utilizase a parte de ellos para desalojar al PP del Gobierno de la Nación e instalarse, con esos votos de perfil contrario a España, en La Moncloa. Así las cosas, las alianzas del socialismo con proyectos rupturistas de calado divergen aparatosamente de uno de los pilares de la Constitución, que en su artículo 2 consagra «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». No hace falta por tanto ahondar mucho más allá para considerar que, con ese perfil claramente soberanista y agavillados ya todos esos socios en un propósito común anticonstitucional, esos pactos aquí y allá suponen un claro riesgo para la unidad nacional.
«Ahora España», proclamaba el penúltimo lema de la precampaña elegido por el PSOE para promocionar electoralmente a un Sánchez que siempre que huele a urnas no duda en arroparse con la bandera nacional (no hay elección en la que no lo haga), maniobra que desaparece rápidamente tras los comicios, dando paso a un tinglado de pactos con el soberanismo que, por ejemplo, le permite cogobernar la Diputación de Barcelona con el proyecto político fundado por el fugado Puigdemont, una institución que administra mil millones de euros de dinero público. Si los pactos de PP y PSOE con el nacionalismo vasco y catalán (aún no echados al monte) han sido históricamente malos para España y la igualdad de los españoles, qué se puede esperar de estas alianzas de un PSOE como el de Sánchez, mucho más enclenque políticamente que aquellos de González o Zapatero. El (mal) ejemplo de este último -cuya gobernación supuso una calamidad para España- debiera servir al líder socialista para virar radicalmente su programa de alianzas. Pero no lo hará, pues quizá tras el 10-N tenga que volver a echar mano de esas amistades, útiles para él pero peligrosas para la unidad de España.
El CIS o cómo tirar nuestros impuestos
Cabe preguntarse si el coste de la macroencuesta del CIS debería imputarse a los presupuestos del Estado o, directamente, a los fondos de la campaña electoral socialista, aunque, en este último caso, se abre la duda de si no habría sido dinero tirado a la basura, por cuanto la optimista atribución de escaños que hace el organismo que dirige José Félix Tezanos tendría la virtualidad de desmovilizar a ese sector de votantes de izquierda que sólo acude a las urnas cuando existe riesgo cierto de que gane la derecha. Pero que no se apure el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ya que propio Centro de Investigaciones Sociológicas se encarga de restarle trascendencia a este último barómetro, indicando que la variable «intención de voto» no supone ni proporciona por sí misma ninguna proyección de resultados electorales. Es de agradecer la observación, pero nos lleva a reiterar nuestra primera objeción: si el sondeo no es válido como pronóstico de la intención de voto, –después de haber entrevistado a 17.650 individuos, tabulado sus respuestas y hechas las proyecciones–, no tiene otra utilidad que la de apuntalar la figura de Pedro Sánchez, a quien el resto de las empresas demoscópicas vienen rebajando sus expectativas de victoria en las próximas elecciones. Porque, no es sólo que la macroencuesta del CIS se haya llevado a cabo sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo sobre la intentona golpista en Cataluña, los graves disturbios de Barcelona y la exhumación del cadáver de Francisco Franco, errores que de por sí invalidan el estudio, sino que, como hoy publica LA RAZÓN, hay entre los entrevistados una sobrerrepresentación de votantes socialistas, lo que da un descarado sesgo progubernamental al barómetro, tanto en el análisis global como en cada pregunta particular. Por ejemplo, según este CIS, al PSOE le habían votado 10,7 millones de personas en la pasada contienda electoral, cuando, en realidad, recibió 7,5 millones de votos. Existen, por supuesto, otras cuestiones implícitas en el barómetro que es preciso destacar. En primer lugar, que las horquillas de votos, más bien amplias, no parecen tener en cuenta el alto porcentaje de indecisos del que da cuenta la propia macroencuesta. Son casi 7 millones los españoles que, pese a declarar su propósito de acudir a las urnas, manifiestan que aún no tienen decidido el sentido de su voto. Representa un 32,3 por ciento de los futuros votantes y, en el caso del PSOE, supone que casi un millón y medio de electores dudan entre votar socialista u otro partido. De hecho, con respecto al barómetro de septiembre, Pedro Sánchez baja siete puntos en intención directa de voto. De cualquier forma, harían mal los representantes del centro derecha en desdeñar sin más la cocina de Tezanos, sociólogo de larga trayectoria, además de veterano militante del PSOE, porque esa proyección de escaños puede favorecer la imagen de caballo ganador del candidato Sánchez, con el correspondiente arrastre del voto indeciso al que nos referíamos antes. Tanto los líderes del Partido Popular como Ciudadanos, pero, en especial, Pablo Casado, tienen que ser conscientes de la imperiosa necesidad de movilizar a ese sector de sus votantes que, a día de hoy, optan por la abstención como respuesta al fracaso de unos políticos que se demostraron incapaces de salvar la anterior legislatura. Hay que llevar al ánimo de esos electores, cuyo disgusto también trasluce el CIS, que sólo desde un centro derecha fuerte, incluso aunque aritméticamente no pudiera formar gobierno, se podrá conjurar el peligro de una políticas fiscales de alto impacto sobre las familias y las empresas, que es lo que, inevitablemente, sucederá si Pedro Sánchez llega a La Moncloa y pone en marcha su programa electoral.
¿Por qué PP, Cs y Vox son tan incapaces ante los escándalos de Pedro Sánchez?
EDITORIAL ESdiario_com
Sánchez protagoniza constantes escándalos y abusos con sus asuntos personales o la manipulación del CIS o RTVE. Pero la oposición, en su conjunto, no quiere o no sabe responder.
En muy poco tiempo, Pedro Sánchez ha acumulado más escándalos personales y políticos que ningún presidente de la democracia, algo gravísimo siempre pero especialmente en uno que llegó a La Moncloa, por la puerta de atrás, sustentando en los independentistas y apelando a la urgente necesidad de limpieza y transparencia en la vida pública.
Ese lema, exhibido incluso en la tribuna del Congreso durante la moción de censura para desalojar a Rajoy, le exigía a Sánchez un comportamiento especialmente exigente que, sin embargo, ha tornado en todo lo opuesto: opacidad, falta de transparencia, secretismo y una indignante falta de explicaciones amparada por el uso torticero de las instituciones del Estado.
Una inmensa lista
Los casos son ya incontables: el plagio incontestable de su tesis doctoral; los viajes privados en el Falcon o los Puma; los gastos de su esposa en desplazamientos oficiales con agenda propia o, entre otros, las mentiras o ilegalidades que envuelven la publicación de su célebre libro de autobombo "Manual de resistencia", desveladas con todo lujo de detalles por ABC.
¿Por qué PP, Cs y hasta Vox son tan remisos o incompetentes en la respuesta a los constantes abusos de Sánchez?
Por alguna razón nada digna, todos esos escándalos y otros tantos más protagonizados por sus ministros -especialmente la de Justicia, Dolores Delgado- son tapados por el universo mediático entregado al sanchismo, cada vez más hegemónico y con menos excepciones, y torpemente disculpados por la propia oposición.
Esto último merece capítulo aparte. ¿Qué les ocurre, qué les paraliza o qué les despista tanto a PP, Ciudadanos e incluso a Vox para mostrar una incapacidad tan galopante en la respuesta política, institucional, pública e incluso legal a los abusos continuos del presidente en funciones? Es incomprensible, y nada que pueda alegar les disculpa.
Porque el modus operandi de Sánchez con sus excesos personales es calcado al que le lleva a servirse sin pudor alguno de las instituciones del Estado para convertirlas en herramientas sectarias a su servicio: el mismo líder socialista que viaja en avión a fiestas privadas, se sirve de La Moncloa para tapar sus plagios o esconde contratos onerosos con editoriales explota luego RTVE o CIS en su beneficio. Y la oposición, mientras, en la inopia.
Agustín Valladolid. vozpopuli
Por qué es inexcusable un 155 en materia de educación
El especial protagonismo estudiantil en la barbarie desatada en Cataluña, confirma que es en el sistema educativo ideado por el ‘pujolismo’ donde se ubica la raíz del problema
Además de un notable jurista y conocido notario, Juan-José López Burniol es un perspicaz observador de la realidad, en especial de la catalana. En Escucha, Cataluña; escucha, España, libro colectivo en el que también participaron Josep Borrell, Francesc de Carreras y Josep Piqué, López Burniol plantea las cinco medidas que, a su juicio, conformarían la base mínima aceptable por el nacionalismo para iniciar un proceso que condujera a un nuevo encaje de Cataluña en España.
De estas medidas, más bien demandas, dos de ellas son de difícil asimilación: la primera (“Reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña”) y la segunda, que es la que recomienda la cesión a Cataluña de “competencias identitarias (lengua, enseñanza y cultura) exclusivas”.
Hay que agradecer a López Burniol que siempre haya cogido el toro por los cuernos, sin eludir la confrontación argumental desde el corazón del problema. Defendiendo, por ejemplo, como expone en el libro, que el Gobierno [de la nación] debe ir “más allá de una oferta de diálogo incolora, indolora e insípida”, y sin esconder que sus propuestas exigen “una reforma constitucional de cuajo”.
Sucede, sin embargo, que cuando López Burniol escribió el capítulo que le encargó la Editorial Península, y que casualmente tituló “El problema español”, ni Carles Puigdemont y Oriol Junqueras habían organizado un golpe en toda regla contra el orden constitucional, ni ese incalificable sujeto llamado Quim Torra había promovido y amparado las jornadas de extrema violencia a las que hemos asistido -y aún asistimos- en las calles de Cataluña.
Cada adoquín lanzado a los antidisturbios en Vía Layetana contenía altas dosis de adoctrinamiento académico, propaganda mediática y falsificación histórica
Quizá cuando López Burniol entregó su texto, en el verano de 2017, todavía existía una remota posibilidad de que un Gobierno, aquel superado por los acontecimientos o el siguiente, hubiera aceptado abrir la compuerta de una eventual exclusividad competencial de lengua, cultura y educación a cambio de iniciar un proceso de descompresión que finalizase en un más amplio y duradero pacto de no agresión. Pero no hubo tiempo. La aprobación tiránica en el Parlament de las leyes de desconexión en septiembre de ese año, y el posterior referéndum ilegal del 1 de Octubre, frustraron cualquier posibilidad de tregua. Es más: supusieron una declaración formal de guerra por parte del secesionismo.
Hoy, dos años después de aquellas infaustas jornadas, y a la vista de los actos de concienzuda barbarie protagonizados por un significativo sector de educandos catalanes, nuestro admirado notario tendría muchas dificultades para defender la cesión exclusiva de las citadas competencias “identitarias”. Y es que los sucesos de estas últimas semanas han puesto en evidencia, de forma ya indisimulable, que es en la gestión que el pujolismo hizo de la educación, de la cultura y de la lengua donde está la raíz del problema. Que son las aulas de institutos y universidades los lugares desde los que se extiende imparable la metástasis de la secesión.
Nada de lo que ha ocurrido tiene explicación si no incorporamos al análisis las tres décadas largas de proselitismo nacionalista, de adoctrinamiento académico, de falsificación histórica y de propaganda mediática. Cada adoquín lanzado a los antidisturbios en Vía Layetana contenía una dosis elevada de estas aberraciones. En cada insulto de los “chiquillos” del grupo “te quiero ver en casa a las diez” -y también en el más cavernoso “hijos de puta” dirigido a la policía por los niñatos de papá con pase pernocta- se condensaban todas las falacias de un sistema educativo perverso y, para más inri, autodestructivo.
Un sistema educativo que, ya desde la más tierna edad, enseña a odiar la bandera de España, expulsadelasaulasalosnoindependentistas y llama en sus circulares a manifestarse contra una ficticia “represión franquista”. Un sistema educativo que asume, sin que sus responsables se sonrojen, el cierre indefinido de sus universidades y parece dispuesto a respaldarel “parodepaís” con un aprobado general.
El sistema educativo ‘pujolista’
El fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, fue uno de los grandes intérpretes del mensaje krausista, que en materia educativa defendía el rigor científico, el espíritu de tolerancia, la solidez ética y la integridad moral; educar en libertad y para la libertad: “La educación será neutral en lo religioso, en lo filosófico y en lo político”. Todo parecido con el métodopujolista, que desde el primer momento impuso un estricto control ideológico en la selección del profesorado, es pura coincidencia.
La educaciónenCataluña hace tiempo que dejó de estar prioritariamente al servicio de la tolerancia, la ética y la verdad. No faltará quien diga que esta afirmación es exagerada. Me da igual. La verdad, o es completa o no es verdad. Y si a estas alturas hay algo que ya no admite duda, es la íntima conexión que existe entre la metodología educativa diseñada hace más de treinta años por la Generalitat y el desastre al que, en términos económicos, de credibilidad exterior y de convivencia entre catalanes y entre catalanes y resto de españoles, nos ha empujado el independentismo.
Si Cataluña es hoy el problema más grave de España y es en la educación donde se encuentra la raíz del mal, ¿nadie va a hablar de esto en la campaña electoral?
Ya sé que ha Miquel Iceta no le gustará la idea, pero este debiera ser uno de los asuntos centrales de la campaña electoral. Si, a juicio de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, Cataluña es hoy el problema más grave de España, y casi nadie cuestiona que es en la educación que reciben los estudiantes catalanes donde en gran medida radica la génesis de la enfermedad, yo quiero saber qué proponen esos mismos partidos políticos para reconducir el problema. Y es bastante probable que lo que cada cual proponga al respecto tenga un peso grande en el sentido de mi voto.
Porque si aún existe la menor posibilidad de que algún día Cataluña recupere todas las virtudes que la adornaron en un pasado no muy lejano -tolerancia, pluralidad, respeto al adversario, racionalidad-, las mismas que no se ha sabido ni querido transmitir a las generaciones de la post-Transición, el primer paso es exigir, y a continuación garantizar, la neutralidad en las aulas, empleando, salvo renuncia irresponsable, todas las herramientas legales que el Estado tiene a su alcance. De otro modo, habremos de prepararnos para asumir que, más pronto que tarde, llegará el día en el que la distancia sea insalvable y el proceso de ruptura irreconducible.
El prior del Valle retrata a Sánchez: critica el «anhelo de fama» y los «currículums falsamente inflados»
Santiago Cantera ha pedido perdón a Dios porque Sánchez usó la basílica para un fin no religioso
Fernán González okdiario
El prior del Valle de los Caídos, el benedictino Santiago Cantera, ha retratado al presidente Pedro Sánchez en su búsqueda de la notoriedad: "La honra falsa va de la mano de nuestro ego", ha escrito, en el primer artículo que publica tras la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.
Tras el ajetreo de los últimos días, el monje ha regresado a su actividad monacal con sus estudios religiosos. En dicho texto, Santiago Cantera, sin citar en ningún momento a Sánchez, se desquita y da rienda suelta a sus reflexiones tras el enfrentamiento con el presidente del Gobierno.
En su versión más íntima, el prior explica que "cuesta mucho desprenderse de la fama y cuando la honra se confunde con el buen nombre ante los demás y el halago ajeno, estamos ante una honra mentirosa, que no es honor".
En unas palabras que parecen escritas para Sánchez, que tras la exhumación no deja de sacar pecho por una decisión histórica, Cantera deja caer que "este apego a la fama es una manifestación del ego que no quiere morir (…) Es una evidencia de la carencia profunda de humildad. Cuando la honra se confunde con el buen nombre ante los demás y el halago ajeno, estamos ante una honra mentirosa, que no es honor", avisa el religioso.
En el artículo titulado ‘La verdadera honra’, Fray Santiago Cantera O.S.B. (Orden de San Benito) –que es así como firma el artículo en InfoCatólica– hace un repaso por diferentes autores en lo que se refiere a la fama y la honra.
Cantera aboga por "el camino de la humildad que, como enseña San Benito, es un camino que pasa por sufrir humillaciones y menosprecios, hasta poder llegar a esa apatheia o ‘impasibilidad’ a la que aspiraban los monjes antiguos del Oriente cristiano". Subraya que "para ser verdaderamente poseídos del todo por Dios, es necesario ser capaces de estar por encima del respeto a nuestra propia fama; es imprescindible poder llegar a ser indiferentes tanto a los halagos como a los insultos, a los ensalzamientos como a los desprecios que recibamos".
En este sentido, el monje benedictino desliza que ha pasado por una travesía muy dura en los últimos meses. "Este camino [de humildad que él defiende] es, por supuesto, un camino de espinas y de cruz que pasa fundamentalmente por las humillaciones, por los menosprecios, a veces hasta por ser difamados y calumniados".
Santiago Cantera critica "el ascenso en la vida académica valiéndose incluso de inflar falsamente el currículum"
El prior también critica "ciertas formas externas y actitudes más profundas" que podrían caracterizar a un Sánchez que ya se ve en las páginas brillantes de la historia de España tras la exhumación.
"Es mundanidad la adopción de ciertas formas externas (cuidado esmerado y extremadamente delicado en vestidos de marca, peinados, uso de colonias, etc.), y las actitudes más profundas (deseo de agradar a todos para quedar bien y tener buen nombre, anhelo de fama y de reconocimiento, ascenso en la vida académica valiéndose incluso de inflar falsamente el currículum…)", puntualiza el monje, en alusión indirecta a la tesis doctoral de Sánchez.
El prior del Valle retrata a Sánchez: critica el
Basílica del Valle de los Caídos tras la exhumación.
En este mismo punto, por el contrario, él defiende para sí mismo todo lo contrario. "Al pueblo fiel y a los no creyentes les sorprende, escandaliza y hasta duele la mundanidad claramente perceptible en quienes debiéramos ser hombres de Dios", reconoce. Además, critica "pactar interesadamente con los poderes de este mundo renunciando al deber de defender lo que es de justicia para mantener ciertas prebendas".
"Por el contrario, cuanto más desprendidos de todo esto se muestran un religioso, religiosa, sacerdote u obispo, tanto mayor es el reclamo para acercar a las personas a Dios. A quienes debiéramos ser hombres de Dios no habría de preocuparnos el éxito en esta vida ni el aplauso del mundo, ni la obtención o la conservación de un bienestar material", defiende Cantera, que deja claro que solamente Dios es quien realmente da ese éxito y aplauso, algo que, llegado el caso, hay que agradecer "de tal manera que la codicia, la vanidad y la soberbia no se adueñen de nuestro corazón".
Por último, concluye "comprendiendo aquello que decía Santa Teresa acerca de la fatiga espiritual que produce buscar esa falsa honra mundana, pues la honra que el mundo llama honra es grandísima mentira".
La Policía ha detenido al agresor de una simpatizante de Vox en Palencia. La mujer desplegó una bandera de España y otra del partido de Santiago Abascal en el acto del presidente del Gobierno en funciones en la capital palentina. En ese momento, un hombre, con actitud violenta se digirió a ella llamándola "hija de puta" y propinándole un puñetazo en el ojo izquierdo, según relata la denuncia presentada por la mujer.
Los hechos han ocurrido en la plaza de San Francisco de Palencia. Sobre el mediodía, Pedro Sánchez se dirigía a un millar de simpatizantes en un acto de campaña más. Antes había recorrido las céntricas calles de la ciudad saludando a todo aquel que salía a su paso.
Mientras el presidente en funciones se dirigía a los suyos, una simpatizante de Vox que se había acercado al mitin socialista desplegó una bandera de España y otra del partido de Santiago Abascal. Fue en ese momento, según consta en la denuncia presentada por la mujer en el juzgado de guardia, cuando un hombre la insultó llamándola "hija de puta y otras cosas similares". A continuación le ha propinado un puñetazo en el ojo izquierdo.
Inmediatamente, dado el cordón de seguridad especial por la presencia del presidente del Gobierno en funciones, varios agentes han reducido al agresor. Como se puede apreciar en las imágenes, éste ha presentado resistencia y ha sido necesaria la intervención de cuatro policías para reducirlo y detenerlo.
La mujer ha presentado la correspondiente denuncia, acompañada del parte de lesiones, ya que necesitó asistencia médica. Según han el secretario provincial de Vox Palencia, David Hierro, ninguna formación política ha condenado la brutal agresión a la mujer, según han denunciado en sus propias redes sociales.
Javier Gómez de Liaño LD
Diligencia. La extiendo yo, el Letrado de la Administración de Justicia, antes Secretario Judicial, para dar fe de que, como indica el propio título de la tribuna, este voto particular es fruto de la fantasía jurídica de su autor.
VOTO PARTICULAR que el magistrado que suscribe formula a la sentencia 459/2019, de 24 de octubre, pronunciada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la que me cabe el honor de pertenecer.
1. Al igual que el magistrado Rafael de Mendizabal y Allende pensó en más de una ocasión mientras fue miembro del Tribunal Constitucional, a menudo me pregunto si acaso no sería bueno que, en procesos como el que motiva este voto discrepante, las deliberaciones de los tribunales colegiados, lo mismo que los juicios, fueran públicas e incluso radiadas y televisadas, pues de este modo los ciudadanos podrían contemplar el rigor con el que se devuelve el debate de los asuntos sometidos a la decisión de los jueces y, además, serviría para evitar simplificaciones y, por tanto, tergiversaciones siempre arriesgadas a la hora de contar cuanto se habla entre nosotros. Pero como quiera que, hoy por hoy, el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) ordena que esas deliberaciones sean a puerta cerrada, me conformo con la oportunidad que el artículo 260 de la LOPJ me brinda de hacer pública mi opinión en este caso.
2. Dicho lo anterior, antes de proseguir declaro:
a) que nunca me agradó discrepar de colegas tan cualificados como con los que he compartido las 52 sesiones de juicio oral que este proceso ha consumido, a lo que se suman los vínculos, incluso afectivos, que me unen a ellos después de tantos años juntos en la tarea de juzgar, principalmente mediante el recurso de casación;
b) que tampoco me resulta cómodo tener que dirigir a la opinión mayoritaria el reproche de cierto estrabismo jurídico en la calificación de los hechos juzgados y que, a mi juicio no es la de sedición, como hace la sentencia, sino la de rebelión, como sostengo;
c) que, aunque sea innecesario, dejo constancia expresa de que no aprecio en la sentencia de la que discrepo sombra alguna de que ese error sea patente o que la argumentación no sea razonable;
d) que me complace decir que "nuestra sentencia", pues también es mía, se ha ajustado exclusivamente al ámbito donde constitucionalmente ha de ejercerse la potestad de juzgar;
e) que este magistrado habrá conseguido el objetivo más ambicioso de su voto particular, si una vez concluya puede presumir de que no ha habido en él ninguna reflexión extrajurídica, como la incidencia que la decisión judicial mayoritaria pueda tener en la vida diaria del pueblo español y, por tanto, en el catalán;
f) que como hombre que viste la toga hace ahora más de 40 años, lo que realmente me importa es destacar con trazo grueso la enjundia jurídica del asunto en su dimensión más trascendente, que no es otra que la penal y que, por tanto, sólo en este plano habré de moverme.
g) que en mis razonamientos no quiero ser confuso ni excesivo, sino, por el camino contrario, claro y conciso, entre otras razones porque van dirigidos a juristas y no juristas, pues aunque la gente, en general, sea lega en la materia, ello no significa que carezca de ese sano sentido común que muchas veces hace buen Derecho;
h) que, en consecuencia, anticipo mi propósito de huir de cualquier concepto excesivamente técnico que pudiera ser un obstáculo para que las ideas que expondré sean asequibles a todo aquél que tenga a bien leerme.
3. Tras el largo introito, comienzo señalando que estoy de acuerdo con la sentencia cuando sostiene que en los hechos que, conforme al artículo 741 LECr, se declaran probados "apreciando en conciencia las pruebas practicadas en el juicio" y que sucedieron en Cataluña en otoño de 2017, consistentes en el cerco al que el 20 de septiembre en Barcelona fue sometida la Consejería de Economía, y en el centenar de enfrentamientos habidos en diversos colegios electorales catalanes con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre, concurrieron tanto el elemento típico de la rebelión (artículo 472 CP) del "alzamiento violento y público", como el de la sedición (artículo 544 CP) de un "alzamiento público y tumultuario".
4. Puesto a coincidir, también lo hago con la mayoría en que una de las diferencias fundamentales entre la rebelión y la sedición está en las distintas finalidades u objetivos que persiguen ambos alzamientos, pues mientras que en el primero el propósito es, entre otros, el de "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", en el segundo, es decir, en la sedición, el objetivo es, junto a otros, «impedir la aplicación de las leyes o el cumplimiento de las resoluciones judiciales».
5. He aquí, precisamente, donde reside el motivo de mi discrepancia con el resto de compañeros, pues, a diferencia de ellos, considero que los hechos típicos del "alzamiento" se cometieron con el propósito evidente de declarar la independencia de Cataluña. Así resulta del artículo 4.2. de la inconstitucional Ley catalana del Referéndum cuando disponía que "el Parlament, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales de la Sindicatura Electoral, procederá a la declaración formal de la independencia de Cataluña», cosa que, en efecto, ocurrió en el Parlamento catalán el 27 de octubre de 2017, aunque luego esa declaración quedara neutralizada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española (CE).
6. Así las cosas, la sentencia de mayoría rechaza la aplicación del delito de rebelión por no concurrir los elementos objetivo y subjetivo de la rebelión y, en su lugar, se opta por aplicar el tipo del delito de sedición.
Respecto al primero, es decir, el ingrediente objetivo, mis respetables y respetados colegas del tribunal entienden que los acusados siempre fueron conscientes de que no se llegaría directamente a conseguir la independencia y que engañaron a los participantes de aquellos actos ilegales haciéndoles creer que su intervención era fundamental para la creación de la República Catalana cuando, según la sentencia, lo único que los acusados pretendían era presionar al Gobierno de la Nación para que negociase, lo cual es distinto a que esa violencia pública se ejerciese para lograr la secesión de Cataluña como parte de territorio nacional. De "violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios a los fines que animan la acción de los rebeldes" habla la sentencia para descartar que existiera, lo que no comparto, pues pienso que la violencia ejercida, objetivamente hablando, fue idónea, relevante y suficiente para lograr el fin secesionista pretendido. No se trata de exigir que esa violencia fuera invencible, sino que bastaba que fuera, como en realidad fue, apta para la consecución del resultado, lo que se deduce, en términos de racionalidad, de la capacidad de movilización social a favor del independentismo que los acusados desplegaron, sacando a la calle a más de dos millones de personas, el acoso y hostigamiento a las fuerzas de seguridad del Estado enviadas a Cataluña y, por supuesto, disponer de un cuerpo policial, los "Mossos d´Esquadra", dependiente del Gobierno de la Generalidad y formado por más de 14.000 agentes.
Por lo que se refiere al segundo de los elementos, es decir, el subjetivo, la sentencia viene a decir lo mismo que en relación al elemento objetivo, y rechaza que concurriese en los acusados, pues, según se afirma, "los actos llevados a cabo tenían, en efecto, una finalidad de persuasión del Gobierno español" mediante la estrategia de movilizar de forma insistente a los ciudadanos con "el engañoso mensaje de que el resultado de su participación sería vinculante para la vanamente prometida independencia".
A mi juicio la clave del error en el que mis compañeros incurren está y lo digo con la brevedad anunciada, en que para ellos el delito de rebelión sólo habría existido si los rebeldes hubieran logrado su objetivo secesionista tan pronto como los actos de alzamiento público y violento se produjeron, pero no cuando ese objetivo se pretendía lograr a corto o medio plazo, en virtud del acuerdo bilateral y, por supuesto, inconstitucional, al que pensaban llegar con el Gobierno de la Nación, pues ese acuerdo que los acusados buscaban, también habría sido posible como resultado del previo alzamiento que forzase al Gobierno español a la aceptación de la declaración de independencia del territorio de Cataluña.
7. Termino. Lo hago con la satisfacción de que esta opinión que gustosamente someto a cualquier otra más cualificada, no significa un alejamiento de mis compañeros. A lo largo de los muchos trienios que tengo en la función judicial, siempre consideré que lo importante en un tribunal colegiado es que, como Las Partidas nos enseñan, la sentencia es la que "manda y hace Derecho". También que la disidencia judicial sólo está justificada cuando se trata de resolver un caso importante o un caso difícil. Si el caso es normal y no tiene importancia para la futura aplicación del Derecho, el voto particular carece de mucho sentido, cosa que también ocurre cuando es una simple discordancia con los colegas. No soy especialista en decir no. Al contrario, me molesta la necesidad de disentir y creo que un número excesivo de votos particulares puede perjudicar el prestigio del Tribunal.
Hace unos 22 años, a raíz de otro caso muy sonado, cuyo nombre y referencia jurisprudencial prefiero no citar, aprendí que a los jueces, ni siquiera a los del Tribunal Supremo, nos está permitido pasar por encima de nuestras convicciones y que siempre que varios magistrados tenemos juicios diferentes sobre el mismo asunto sometido a decisión, podemos estar seguros de que más de uno se equivoca. Tan es así que si cualquiera fuera poseedor de la verdad o tuviera una idea clara y definitiva podría exponer su tesis de tal modo que terminaría convenciendo a sus iguales. Y es que, al fin y al cabo, cada juez está llamado a transitar entre las razones propias y las de sus compañeros en busca de la solución más justa.
Cristina Losada LD
¿Federalismo, plurinacionalidad? Vuelve la magia
Es un problema y un error volver a las andadas con el reconocimiento de Cataluña como nación.
Iceta ya tiene lo que quería. Lo que quería es que la prensa, en especial la catalana, pusiera en titulares bien grandes que el PSC ha conseguido, presión mediante, que el PSOE incluya en su programa electoral la magia potagia del federalismo y la plurinacionalidad. Es verdad que los poderes de Merlín Iceta no llegan a tanto como para conseguir que esos abracadabras aparezcan escritos tal cual, letra por letra, en el programa de los socialistas. Los dos talismanes que tanto necesita o cree necesitar Iceta se presentan allí dentro de sus respectivos estuches, y como los estuches son documentos de cierta pesadez, bueno, pues a ver quién es el guapo que se los vuelve a leer después de tanto tiempo. Se trata, naturalmente, de la Declaración de Granada, que suscribió un Consejo Territorial del PSOE, en 2013, y de la Declaración de Barcelona, que recoge un acuerdo entre la Ejecutiva Federal del PSOE y la Ejecutiva del PSC, de mediados de 2017.
En la de Granada, lo plurinacional no aparece. El pensamiento mágico se circunscribe ahí al distrito federal. Pero de aquella manera. No es el clásico federalismo en el que todos son iguales, sino un federalismo pasado, digamos, por la granja de Orwell, donde unos animales son más iguales que otros. Se propone, por ejemplo, que se dote a la Constitución de un título específico sobre los hechos diferenciales y las facultades derivadas de su reconocimiento. Debe de ser que la igualdad está en exaltar la diferencia o viceversa. El acuerdo con el PSC ya sí, ya despliega el kit mágico al completo. Lo hace mediante una reforma federal que, desuniéndolo todo, todo lo aúna: el autogobierno más profundo, la unidad de España, el reconocimiento de la realidad plurinacional, la soberanía del pueblo español, la igualdad de derechos. Para eso están los grandes magos, para hacer posible lo imposible.
El documento que pactaron PSOE y PSC es mucho más ligero que el otro, en todos los sentidos. Pero dentro de su levedad, no hay duda de que el peso lo lleva el nacionalismo del partido de Iceta. Todo lo que dicen de Cataluña y todo lo que proponen para Cataluña está pensado para la Cataluña nacionalista, que en 2017, cuando se hizo el papel, ya se había destapado como separatista. Está pensado en exclusiva para los nacionalistas de Cataluña. Los catalanes que no comparten las demandas y las paranoias de aquéllos quedan perfecta y absolutamente excluidos. Como si no existieran. Es un problema y un error político resucitar esa Declaración ahora, porque de entonces acá han pasado cosas que ni siquiera los magos más hábiles pueden ocultar. Como el golpe de octubre. Como todas las declaraciones que han hecho desde entonces los contrarios al separatismo en las calles y en las urnas.
Es un problema y un error volver a las andadas con el reconocimiento de Cataluña como nación, que ya fue uno de los sortilegios de aquel estatuto de Maragall y Zapatero. Entonces también se quiso hacer la magia de las palabras. Pero las palabras tienen consecuencias. Y para calibrarlas conviene conocer su significado. De Sánchez sabemos que, preguntado imperiosamente en un debate de primarias por Patxi López sobre si sabía o no sabía qué era una nación, dijo que la nación "es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas". López le dio luego una especie de lección sobre la diferencia entre nación política y nación cultural. La lección que le falta a Sánchez es que le expliquen qué es la nación de los nacionalistas. Y otra, claro, sobre los peligros que acechan al aprendiz de brujo.
Son independentistas, así que tienen patente de corso para recaudar el tres por ciento o pegarle fuego a Barcelona.
Quim Torra, Elisenda Paluzie (ANC) y Marcel Mauri (Omnium) | Europa Press
No hace mucho, el nacionalismo se jactaba de que en sus manifestaciones no se tiraba un papel al suelo, de que era un movimiento "cívico", "pacífico" y "festivo", letanía con la que se llenaban la boca los principales dirigentes de ese movimiento cuando se les cuestionaba por el aplastamiento de los derechos ajenos, como el de los niños a ser educados también en español o el derecho de los hablantes de español a no ser discriminados, marginados y vilipendiados en su propia tierra.
Como todo movimiento totalitario, el separatismo miente y manipula, intoxica y adoctrina, engaña y falsifica la realidad presente, pasada y futura, pero llega un momento en el que hay que hacer un verdadero esfuerzo para no ver el cariz siniestro, violento y demencial de esa ideología y de quienes la sostienen, que se permiten hablar a los demás de conciencia y moral sin el más mínimo reparo.
Así es que mientras el preso Junqueras le escribe una carta a Miquel Iceta en la que le dice que si tiene la conciencia tranquila vaya a verlo a la cárcel y le cuente que la sentencia del Tribunal Supremo es justa, el exdiputado de la CUP Antonio Baños llama "hijo de puta notable", así, con todas las letras, al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por unas declaraciones en La Razón sobre la violencia de las protestas separatistas. Y no pasa nada, pero no porque quepa dudar de que un político tenga conciencia y lo de Junqueras con Iceta sea como lo de la sartén y el cazo; o porque lo de Marlaska haya sido dicho, supuestamente, en sentido figurado, sino porque quienes así se expresan tienen patente de corso, son independentistas, carnet que en Cataluña no sólo sirve para decir lo que a uno le salga del pijo, sino para hacer lo mismo, sea recaudar el tres por ciento o pegarle fuego a Barcelona.
Si a Iceta o no digamos ya y sobre todo a Cayetana Álvarez de Toledo o Inés Arrimadas se les ocurriera dudar de la catadura moral de Junqueras, no podrían salir a la calle ni con escolta. Igual que si a un periodista como lo es Baños se le ocurriera llamar "hijo de puta" a Torra, por ejemplo, se le caería el pelo de inmediato, además de otras posibles consecuencias funestas por tal denuesto. Es el doble rasero, la doble moral o lo que hay en Cataluña.
Otro ejemplo son las últimas declaraciones de la señora Elisenda Paluzie, a la sazón presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), quien ha soltado en TV3 que la violencia desatada por la jauría separatista "hace visible el conflicto" y que "estemos en la prensa internacional de manera continuada", porque "el mundo es como es" y "el principal responsable de la violencia es el Estado". Es evidente que el independentismo no tiene la más mínima intención de condenar la violencia y menos cuando, como dice Paluzie, les hace "visibles". Aquello tan viejo y asqueroso del árbol y las nueces. Pero eso sí, los hijos de puta sin conciencia son los demás, razón por la que se puede tratar como ganado a todos aquellos que no comulguen con sus tesis. Apesta y es cada vez más peligroso.
Manuel Llamas LD
Sánchez resucita el peor legado de Zapatero: Guerra Civil, paro y déficit
Tras un lustro de recuperación económica, el mandato de Sánchez ya se está traduciendo en destrucción de empleo y un nuevo incremento del déficit.
El mandato que ejerció en su día el socialista José Luis Rodríguez Zapatero desde 2004 a 2011 todavía pesa cual losa sobre la memoria y, sobre todo, el bolsillo de millones de españoles, ya que, además de agravar hasta límites insospechados la mayor crisis económica de las últimas décadas, puso punto y final al espíritu de reconciliación y concordia que permitió alumbrar la Transición democrática y su principal fruto, la Constitución de 1978.
Su aberrante Ley de Memoria Histórica, concebida explícitamente para desenterrar las profundas heridas que dejó tras de sí la Guerra Civil con el único fin de ganar votos en tiempos de bonanza, fue seguida, a continuación, por la mayor destrucción de empleo que ha conocido España desde la posguerra, tras desaparecer cerca de 3 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 16% de la ocupación total, y sufrir uno de los mayores deterioros fiscales del mundo desarrollado, con 12 puntos del PIB (más de 120.000 millones de euros) entre 2007 y 2011. Éste es, a grandes rasgos, junto con el auge del feminismo radical, el peor legado que dejó en herencia Zapatero. Se trata, sin duda, de una tarea difícil de superar, pero su sucesor al frente del PSOE y actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está cosechando méritos para, al menos, recuperar esa particular senda.
El esperpéntico espectáculo que ofreció el pasado jueves con el desentierro, traslado y sepultura dictada a dedo de los restos de Franco, bajo el colosal despliegue llevado a cabo por la televisión pública, es la mayor prueba de que el guerracivilismo del PSOE sigue muy vivo bajo la batuta de Sánchez. Su obsesión por enfrentar a la sociedad civil en dos bandos, el "trifachito" y el resto, los únicos "demócratas" auténticos y legítimos, según la izquierda, es un error histórico que, más temprano que tarde, acabará agrietando la fructífera y estable convivencia social que ha disfrutado el país durante estos 40 años de vigencia constitucional. Zapatero abrió la veda y Sánchez la está ejecutando.
El problema es que, además, en apenas un año y medio en el poder, Sánchez también está resucitando dos de las peores sombras económicas que dejó tras de sí el exmandatario socialista: el paro y el déficit. En cuanto al primero, basta observar la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre, para percatarse de que el mercado laboral acaba de registrar un preocupante punto de inflexión. El fin del verano se saldó con 16.200 desempleados menos y 69.400 ocupados más con respecto al segundo trimestre, sus peores cifras desde 2012 y 2013, respectivamente, cuando la economía nacional todavía estaba en plena recesión.
Sin embargo, el resultado es aún peor de lo que parece a primera vista por dos motivos. En primer lugar, porque la creación de empleo, siendo ya escasa, se reparte a partes iguales entre el sector público y el privado, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años. En concreto, la generación de puestos en el ámbito privado se ha desplomado un 74% en el último año y es un 50% inferior al ritmo registrado en el tercer trimestre de 2013.
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Y, en segundo término, porque, una vez descontado el efecto estacional para analizar los datos de forma homogénea a lo largo de todo el año, la ocupación total no sólo se estanca, sino que el sector privado acaba de destruir 8.300 empleos, lo cual no sucedía desde el tercer trimestre de 2013, momento a partir del cual la economía empezó a levantar cabeza.
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Si a todo ello se le suma que es el segundo trimestre consecutivo que crece el paro desestacionalizado, el panorama que arroja el mercado laboral no es nada alentador, especialmente si se tiene en cuenta la actual desaceleración económica. Si el PIB crece por debajo del 1,5% en 2020, cosa nada descartable a la vista de su reciente evolución, será muy difícil que siga bajando la tasa de paro, anclada hoy en el 14%. Iniciar un nuevo período de estancamiento o recesión con más de 3 millones de desempleados es un drama.
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Por último, aunque no menos importante, el primer año de Sánchez en el Gobierno se ha saldado con el primer incremento del gasto público sobre el PIB desde el fatídico 2012, al subir del 41% en 2017 al 41,3% en 2018. Asimismo, el déficit, lejos de descender, está aumentando, tras subir un 18% interanual hasta el pasado junio, rondando ya los 26.700 millones de euros, equivalentes al 2,14% del PIB, frente al 1,88% de hace un año. Y la razón de este desajuste no es otra que el fuerte avance que está experimentando el gasto, a un ritmo del 6% interanual, el más alto desde el tercer trimestre de 2009.
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Como resultado, España no sólo incumplirá el objetivo de déficit marcado para este año (1,3%) y el siguiente (0,5%), sino que corre el riesgo incluso de superar el agujero cosechado en 2018 (2,5% del PIB), lo cual no sucedía desde 2012. De hecho, el déficit estructural, una vez eliminados el pago de intereses y factores coyunturales, que es lo que realmente importa, terminará el presente ejercicio con una subida del 0,2% del PIB, según las últimas estimaciones de BBVA Research. En definitiva, España vuelve a las andadas de la mano del PSOE.
El desamparo de los catalanes constitucionalistas
¿Cómo pedir a los rectores o a los mozos lealtad a la Constitución si es el propio Gobierno español el que los deja bajo las órdenes de los golpistas?
Nada ilustra de forma más elocuente –y desde hace tanto tiempo– la independencia de facto que los nacionalistas han impuesto en Cataluña que el cercenamiento del derecho a estudiar en español en aquella parte de España. Pero esa aberrante violación de uno de los derechos más elementales no es la única muestra del desamparo de los catalanes no nacionalistas por parte del Estado español, del que teóricamente forman parte. Así, multitud de profesores y estudiantes catalanes se han visto obligados a sublevarse contra el movimiento separatista que, teledirigido por los mismos gobernantes regionales que lideran el golpe de Estado, bloquea desde hace días los accesos a campus y facultades de universidades catalanas como la Pompeu Fabra, la Politécnica de Cataluña o la Autónoma de Barcelona.
Si la complicidad de algunos rectores y de las golpistas autoridades educativas es manifiesta, aún más detestable es la ceguera voluntaria del Gobierno central ante esta nueva manifestación de la quiebra del orden constitucional en Cataluña. Buen ejemplo de ello es su silencio y desidia ante estos hechos y ante la carta en que 800 profesores demandan a los rectores de las seis universidades públicas catalanas que retiren los manifiestos casi "idénticos" que han pergeñado contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, en los que abogan por el mal llamado "derecho de autodeterminación y la libertad de los "presos políticos" y condenan "la represión y violencia policial". La única declaración del Gobierno de Pedro Sánchez a propósito de esa carta y de lo que se denuncia en ella ha sido la del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, quien se ha despachado con un estupefaciente "No me meto porque opinar es libre" (sic). O sea, que el ministro Duque utilizar unos centros sufragados por el contribuyente para respaldar el golpe de Estado, enaltecer a los golpistas presos llamándolos "presos políticos" y arremeter contra las fuerzas del orden forma parte de la libertad de expresión.
No menos denunciable es la desidia del Gobierno que deja a los más de 14.000 agentes de los Mozos de Escuadra a las órdenes de Torra y su banda de golpistas. Habrá, ciertamente, muchos mozos que compartan los objetivos secesionistas de sus mandos políticos, pero ¿qué cabe esperar del resto en lo relacionado con la protección del orden constitucional en Cataluña, cuando dependen por entero de las autoridades regionales que comandan el golpe? ¿Se les va a pedir que se subleven contra sus mandos políticos como se pide a profesores y rectores que se subleven contra las autoridades educativas que animan las protestas en defensa del procés? ¿Cómo pedir a los mozos lealtad al orden constitucional, si es el Gobierno central con su indigna renuencia a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña el que los deja a las órdenes de los golpistas? Más aun cuando ven cómo el Gobierno del infame Torra acaba de abrir una investigación contra 15 de ellos para ver "si existieron irregularidades" durante las cargas policiales contra los CDR en los disturbios por la sentencia del Supremo por el 1-O.
Este desamparo, que también sufrieron los directores de colegio con ocasión de los ilegales referéndums del 1-O y el 9-N, y que tan claramente denunció en su día Dolores Agenjo ("Temíamos más al Departament que al Gobierno español"), es prueba de que la mayor y más grave irregularidad es la que perpetra el Gobierno central al dejar la educación, la seguridad, la televisión pública y todas las competencias que el Estado ha transferido a las autonomías en manos de unos golpistas que de forma pública tratan de poner fin a la unidad de la Nación y al Estado de Derecho. Y lo peor es que en ciertos aspectos ya lo han conseguido, por mucho que Cataluña no sea una república y siga teóricamente formando parte del Reino de España.
Sánchez no puede tolerar la impunidad
Es inadmisible que Quim Torra persiga a los Mossos y no a los radicales violentos que causaron los disturbios
El independentismo está aprovechando las movilizaciones a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo para intensificar su chantaje al Estado. Si hasta ahora se había caracterizado por usar la agitación en las calles para cebar su proyecto excluyente y rupturista mediante la usurpación continua del espacio público, ahora tanto las fuerzas políticas como las entidades sociales secesionistas dan signos de justificar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. Y ello supone traspasar un umbral absolutamente inaceptable en democracia. A los separatistas ya no les basta solo con tutelar los medios de comunicación públicos, la Justicia y la enseñanza. Ahora necesita espolear la calle aun a riesgo de quebrar por completo la convivencia.
En este contexto hay que enmarcar la decisión de Torra de abrir una macroinvestigación interna a los Mossos para analizar las cargas tras los gravísimos disturbios en Barcelona y otras ciudades catalanas. De este modo la Generalitat envía un mensaje de amparo a los violentos y alienta una perniciosa impunidad. Pedro Sánchez no debe permanecer impasible ante el atropello que supone que sea el propio Govern quien ponga el foco en los Mossos en lugar de combatir a las facciones filoterroristas del independentismo. Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para no aplicar la Ley de Seguridad Nacional, tal como le exige el PP, es la coordinación entre los diferentes cuerpos. La actuación de la policía catalana, a diferencia de octubre de 2017, no está ahora en duda. Lo que sí ha quedado acreditada es la negligencia voluntaria del Govern a la hora de garantizar el orden público. Esta dejación de deberes exige que el Gobierno active los instrumentos que ampara la ley, incluida la intervención de la policía autonómica.
Tal como reveló EL MUNDO, la Audiencia Nacional ya ha descubierto que los CDR reportaban sus planes a Puigdemont. Y la líder de la ANC admitió el lunes en TV3 que las imágenes de violencia ayudan a internacionalizar la propaganda separatista. Esta sinrazón explica por qué Miquel Buch, conseller de Interior, se encuentra acorralado por sus propios correligionarios, extremo entre insólito y surrealista. Pero, más allá de las fricciones en el separatismo a cuenta de la gestión de Buch, desde el punto de vista de la seguridad del Estado lo relevante es que el Gobierno reaccione ante la estrategia coordinada para redoblar la amenaza al Estado de derecho. Cataluña -ayer volvió a comprobarse el clima de coacción en la universidad- no puede permanecer ni un minuto más en rebeldía. O Sánchez se sitúa al mando o las consecuencias de la deriva violenta provocarán lamentos demasiado tardíos.
Emilio Campmany LD
Votar al PSC es votar la independencia.
Las elecciones del 10 de noviembre se celebrarán obviamente también en Cataluña. Si el clima de violencia persiste, no serán unas elecciones libres y, en consecuencia, sus resultados, que se auguran buenos para el PSOE y la Esquerra, serán ilegítimos. Esta es la más inmediata, pero no es la única cuestión que plantean las urnas en esa comunidad autónoma.
Cuando el PSOE forzó la convocatoria de nuevas elecciones, esperaba poder vender a todos los españoles, de Cataluña y del resto, una posición centrada, posibilista, ecuánime y realista que, defendiendo la unidad de España, estuviera abierta al diálogo con los independentistas con el fin de resolver el supuesto conflicto. La extrema violencia con la que, en contra del criterio de la Esquerra, se está empleando el independentismo más impaciente está haciendo evidente el derrotismo que hay en la actitud del PSOE.
Porque los socialistas, que en esto siguen a Iceta, no tienen respecto al catalanismo una posición intermedia, tan sólo una de rendición. Su intención es acabar reconociendo el derecho a decidir aceptando que España no es una nación, sino varias, y que en ella no hay un pueblo, sino muchos, y uno de ellos es el catalán. Lo que pasa es que necesitan tiempo para que su electorado apure esa cicuta y vencer la resistencia a las reformas legislativas que serán necesarias. A corto plazo, lo que quieren Iceta y todo el PSOE es gobernar la comunidad con la Esquerra. A cambio, ofrecen a largo plazo dar cauce legal a una posible separación de la región. Junqueras acepta esta estrategia porque sabe que no puede alcanzar la independencia mediante una acción unilateral y cree que, para alcanzar sus fines, necesita a la izquierda española. Lo inaudito es que pueda contar con ella. El PSOE, o al menos este PSOE, y no digamos Podemos están dispuestos a colaborar. Llegado el momento, socialistas y comunistas se mostrarán partidarios de que Cataluña siga siendo España, pero lo harán después de haber impuesto una fórmula para que pueda dejar de serlo legalmente en un ambiente huérfano de libertad donde impunemente se inocula el odio a España.
Como puede fácilmente verse, esta vía de en medio que Iceta impone y el PSOE asume no se diferencia de la de los independentistas en nada más que en los plazos y la necesidad de encontrar cauces legales que las Cortes puedan aprobar. La Esquerra ya está convencida de la conveniencia de esperar. Y Sánchez hará lo que diga Iceta.
Los votantes socialistas de Cataluña pueden legítimamente sentirse muy diferentes a los del resto de España, pero deberían saber que votar al PSC es votar la independencia a largo plazo. Y deberían preguntarse todos ellos si de verdad quieren esa Cataluña que les están preparando los Iceta, Batet, Maragall, Collboni, Bonet y demás. Porque en ella los González y los Sánchez, a los que tanto votan cuando hay elecciones generales, serán catalanes de segunda. Podrían asimismo plantearse si no sería mejor dar su voto a alguien que les garantice que conservarán el honor, quizá hoy algo gravoso, de ser españoles de primera.
Torra, un CDR en la presidencia de la Generalitat
Quim Torra, como informa OKDIARIO, ha emprendido la mayor purga que se recuerda en los Mossos d’Esquadra. En la diana están todos aquellos agentes de la Policía autonómica que cumplieron con el mandato constitucional y, en colaboración con la Policía Nacional, se enfrentaron a los separatistas radicales durante las cinco noches en las que la ira independentista incendió las calles de Barcelona. El presidente catalán ha emprendido una caza de brujas sin precedentes para ofrecer la cabeza de los mossos leales al marco constitucional a los Comités de Defensa de la República. La división de Asuntos Internos ya está utilizando vídeos difundidos por los CDR y quince agentes, hasta el momento, tienen abiertos expedientes de información por encargo directo de Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos.
La presión de los CDR no es la única, porque algunos sindicatos separatistas de la Policía autonómica han exigido depurar responsabilidades e, incluso, han urgido a Torra a que actúe también contra los agentes antidisturbios de la Policía Nacional. La situación es surrealista: mossos contra mossos y un presidente de la Generalitat rendido al chantaje de los sectores más radicales del separatismo.Que el cuerpo policial encargado de velar por la seguridad en Cataluña sea el enemigo a batir por parte de Torra revela el estado de gravedad que se vive en un territorio donde el más alto representante del Estado actúa al dictado de quienes desataron la violencia en Barcelona.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no puede seguir mirando para otro lado ni echando cuentas electorales mirando al 10-N. En Cataluña se está larvando un clima insurreccional que obliga a intervenir con urgencia. Quienes incendian las calles no son simplemente jóvenes que dan rienda suelta a su indignación, sino profesionales de la violencia que -y esto es lo más grave- tienen poder de decisión política a través de Quim Torra.
Su propósito es reventar las elecciones con el objetivo de que los electores no independentistas desistan de votar y arrasen las candidaturas separatistas.
Tsunami Democràtic, organización separatista investigada por terrorismo, ha pedido a sus socios, seguidores y simpatizantes que estén alerta durante la jornada de reflexión de las próximas elecciones generales. Fieles al sesgo antidemocrático del nacionalismo, los promotores del Tsunami pretenden condicionar los comicios, convertirlos en una demostración de democracia a la manera catalanista. Todavía no han concretado las acciones que proponen para ese día y siguientes, pero no cabe la menor duda de que su propósito es reventar las elecciones con el objetivo de que los electores no independentistas desistan de votar y arrasen las candidaturas separatistas.
Subyace en los propósitos de los instigadores de la insurrección separatista convertir el 10-N en una especie de 1-O entre el plebiscito, el referéndum y el pucherazo puro y duro. Y no van a escatimar medios para intentar tumbar el operativo electoral. No son descartables en absoluto los ataques informáticos y a los colegios electorales, así como las típicas performances separatistas, gente encadenada a las puertas, gente amenazante con lazos, carteles y banderas y gente bloqueando el paso y protestando contra la democracia en España en plan pasivo agresivo.
De precedentes del separatismo como el asedio en la Consejería de Economía a una comitiva judicial, la organización del 1-O, el asalto del aeropuerto, los cortes de carreteras y vías férreas o los disturbios de las últimas semanas no sólo en Barcelona sino en las principales ciudades de la región (gracias en buena medida a la imprevisión y desorientación de los Gobiernos de turno), se puede esperar lo peor para el 10-N.
Se trata, según las mentes pensantes del Tsunami, de crear un ambiente irrespirable para quienes no sean nacionalistas, de poner en jaque y en ridículo a la Administración electoral y de obtener unos resultados aplastantes por desistimiento del electorado no separatista. La jornada de reflexión será para ellos el calentamiento. Ni que decir tiene que cuentan con la Generalidad, los medios de la propaganda y las escuelas del adoctrinamiento para lograr su propósito, una suerte de 14 de abril del 36 a mediados de noviembre de 2019.
¿Qué les aporta Otegi?
El bildutarra, de lo que sabe es de violencia. No sabe de otra cosa. Pues bien, lo han entronizado como referente del separatismo catalán.
Hay que remarcar el coraje de los que fueron a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona. Hace dos años, en aquella primera salida, la del 8 de octubre de 2017, pasearse con banderas españolas por la ciudad era de una irreverencia exultante. Y no había que temer la agresión de grupos separatistas tanto como ahora. Después del estallido violento del independentismo, sin embargo, era muy posible temer las consecuencias de manifestarse en sentido contrario. El miedo podía haber crecido de modo exponencial. Y es exactamente para eso para lo que sirve la violencia: para intimidar al oponente, para que tenga el miedo metido en el cuerpo, para que no se atreva a mostrarse, para que se vaya. La violencia se utiliza con esa finalidad porque funciona. Aunque no funcione siempre ni todo el tiempo, por lo general lo hace. Y es más probable que funcione en ese sentido que en el de restar apoyos a los que la consienten o instigan. Son sus violentos y van a defenderlos.
"Las calles son y serán de todos, no de quien intimida para tomarlas", decía el manifiesto leído. La reverberación de la violencia provocada por los independentistas estaba tan reciente como la noche anterior y aquella misma mañana, en la que grupos de los CDR impidieron la llegada de manifestantes mediante cortes de carreteras y bloqueos en la estación de Sants. Ciertamente, hay muchos partidarios de minimizar los actos violentos de estos días, de dejarlos en travesuras de adolescentes o protestas de jóvenes desesperanzados. De ahí el sobreactuado revuelo de dirigentes separatistas y compañeros de viaje comunes ante una declaración del ministro del Interior que indicaba que la violencia había sido de "mucho mayor impacto que la del País Vasco". Acusan a Marlaska de comparar los asesinatos de ETA con unos meros disturbios, obviando deliberadamente que el terrorismo de ETA incluía distintos tipos de violencia, entre ellos la violencia callejera, que es a la que se referían los agentes policiales que citaba Marlaska.
Los independentistas, igual que Colau, saltan frenéticos ante cualquier comparación de los desmanes de sus violentos con la kale borroka. Pero ningún independentista, ninguna Colau, ningún Iglesias ponen objeción alguna a la presencia constante de Arnaldo Otegi, a su entronización como referente del independentismo catalán. Un Otegi que estaba, otra vez, estos días en Cataluña, en amor y compañía de los separatistas: los separatistas catalanes, los gallegos, los mallorquines, los menorquines y los valencianos. Junto a ellos, como un estadista más, firmó un papel en Llotja del Mar que dice que España no se ha democratizado plenamente "por la resistencia de las viejas estructuras del régimen anterior". ¡Viejas estructuras! Para vieja estructura, la de estos nacionalistas irredentos, que se reclaman continuadores del fosilizado invento de Galeusca. Pues allí estaba Otegi, con el partido antes llamado Convergencia y con Esquerra Republicana, la moderada de la pareja, más los pequeñuelos para hacer bulto. Ni siquiera fue el PNV. Y la pregunta no es ya qué pinta Otegi en el entramado separatista catalán, sino qué es lo que aporta.
Invitado de honor de las fiestas separatistas, invitado estrella de la televisión separatista, ídolo de tantos fans de la estelada, Otegi ha mantenido estos años una relación estrecha con la dirección política del independentismo catalán. De modo que cuando estalla la violencia es cosa de preguntarse por los detalles de esa intimidad. Porque Otegi, de lo que sabe es de violencia. No sabe de otra cosa. Y cuando hay una estrategia que incluye la violencia y está Otegi por el medio, es lógico pensar que ha puesto su conocimiento práctico a disposición del separatismo catalán. Su conocimiento y su estructura, esa vieja estructura que los sucesores de ETA mantienen para continuar intimidando, amenazando y dominando en el País Vasco.
El independentismo catalán ha cruzado el umbral. No puede sorprender que lo haya hecho: estaba siempre en el filo. La proclamación constante de su carácter pacífico no era más que publicidad engañosa. Pero ahora conviene saber si ese umbral lo ha cruzado con la ayuda de Otegi y sus expertos en violencia. Que es lo que parece.
Rebelión en la universidad catalana: profesores y alumnos se hartan de tragar
Ana Isabel Martín esdiario
La huelga convocada por un sindicato independentista ha sido la gota que ha colmado el vaso de los constitucionalistas. "Los rectores son cómplices", apunta la presidenta de S’ha Acabat!
Oír, ver y callar. Eso hizo este martes el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ante los incidentes acontecidos en el primer día de la huelga indefinida convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans en las universidades catalanas.
"Realmente no tengo jurisdicción sobre los rectores de las comunidades autónomas", afirmó Duque quitándose de en medio; mientras son algunos estudiantes y un puñado de profesores quienes han decidido plantar cara a los encapuchados.
Este martes el Foro Profesores hizo pública una carta en la que reclama a los rectores de las seis universidades públicas catalanas que retiren los manifiestos "aberrantes" en los que condenan la sentencia del procés y la -textualmente- "represión y violencia policial" (puede leerla aquí).
En la misiva, firmada hasta ahora por unos 800 docentes de las universidades de toda España, hay varios profesores de centros catalanes que dan un paso al frente para denunciar lo que consideran una clara agresión a la "libertad ideológica".
Entre ellos, Isabel Fernández Alonso, profesora de Estructura de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y la primera firmante. También Chantal Moll, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, que el domingo proclamo "¡estamos hartos del procés!" durante la manifestación de Societat Civil Catalana.
Figuran asimismo Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada en dicha universidad; Francisco José Cañal, profesor Derecho Financiero y Tributario; Félix Ovejero, profesor de Ética y Economía; Adolfo Comerón, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña; Dolors Canal, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Gerona; Juan Carlos Gavara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona?; Ricardo Robles, catedrático de Derecho Penal de la Univerdad Pompeu Fabra; y Pedro Antonio Heras, profesor de Historia de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, entre otros.
"No me meto porque opinar es libre", fue todo lo que dijo el ministro Duque al respecto, para indignación de los firmantes.
En paralelo, cientos de estudiantes se lanzaron a los campus para ejercer su derecho a ir a clase, aun teniendo que enfrentarse a barricadas de sillas y a jóvenes embozados que grababan con sus teléfonos móviles para intimidarlos. La rebelión va creciendo.
Los momentos de más tensión se produjeron en la Universidad Pompeu Fabra, y en concreto en el Campus de Ciutadella. De ahí son estas imágenes:
Fueron grabadas por S’ha Acabat!, un colectivo estudiantil que representa la resistencia frente al "pensamiento único" que intentan imponer los independentistas en la universidad, según su presidenta, Julia Moreno. Quien agradece, no obstante, que parte del cuerpo docente esté diciendo basta. "Es fundamental", sostiene.
Moreno tiene muy claro a quiénes señalar: "Los rectores son cómplices de todo lo que pasa. Los responsables en última instancia, porque tienen los medios a su alcance para parar esto", afirma en declaraciones a ESdiario.
Este martes, por ejemplo, el rector de la Pompeu Fabra pudo haber pedido a los Mossos que se personaran en los Campus de Ciutadella, Poblenou y el Mar para poner orden y paz y sacar a los 140 estudiantes que se habían encerrado en las aulas como forma de impedir que se impartieran las clases.
En lugar de eso lo que hizo Jaume Casals fue ceder ante la algarada independentista y permitir que los estudiantes que lo quieran tengan un sistema de evaluación que les permita compatibilizar su lucha con los exámenes.
Este miércoles la huelga continúa, a pesar del discreto seguimiento del primer día. Se espera que baje el suflé. "Todos necesitamos un poco de normalidad", concluye Moreno.

References: artículo 2
 artículo 160
 artículo 260
 artículo 741
 artículo 4
 artículo 155
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