Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2004/02/registro-oficial-11-de-febrero-del-2004
Timestamp: 2019-04-18 21:17:08+00:00

Document:
Registro Oficial. 11 de FEBRERO del 2004
Miércoles, 11 de Febrero del 2004 - R. O. No. 271
2004-31 Ley Reformatoria a la Ley de\n Aguas.
PRESIDENCIA\n DE LA REPÚBLICA:
213 Acéptase la renuncia\n al licenciado Guillermo Santa María Suárez
214 Encárgase la Subsecretaría\n General de la Administración Pública a la licenciada\n Yolanda Paredes Calero, Directora de la Oficina de Decretos y Trámites Administrativos.
078-2003-HC Confirmase la resolución\n llegada en grado y niégase el recurso de hábeas\n corpus interpuesto por el doctor Rolando Bustos Ávila
775-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional propuesto\n por el doctor Jorge Andrade Lara y otros, por improcedente.
0014-2003-RS\n Recházase\n el recurso de apelación interpuesto por el señor\n Alcalde del I. Municipio de Santo Domingo de los Colorados y\n otro.
0021-2003-AA Deséchase la demanda\n planteada por Martha Irene Garcés Pérez
050-2003-HD Confirmase la decisión\n del Juez de instancia y niégase el recurso de babeas data\n planteado por Juan Tama Márquez.
061-2003-HD Revócase la decisión\n del Juez de instancia y concédese el recurso de babeas\n data planteado por Jorge Galo Solano Ordóñez y\n otro.
063-2003-HD\n Confirmase la\n resolución venida en grado y niégase el recurso\n de babeas data formulado por Cristiam Renné Albán\n Galeas.
0070-2003-HD Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el babeas data propuesto por\n el señor Samuel Eduardo Arguello Suárez y otros.29
0094-2003-HC Confírmase la decisión\n de la Alcaldesa encargada del Concejo del Distrito Metropolitano\n de Quito y niégase el recurso planteado por el abogado\n Iván Durazno C.
0095-2003-HC Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase el babeas corpus planteado a\n favor de la señorita Verónica Gutiérrez\n B
199-2003-RA Inadmítese la acción\n planteada por Sabatino Barrela Magnoler, por improcedente.
0235-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase por improcedente la demanda\n de amparo constitucional formulada por el doctor Juan Rodolfo\n Robayo Vasco
0255-2003-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor César Augusto Echeverría Barreiro.
0379-2003-RA Revócase el auto de\n inadmisión de la acción de amparo dictado por el\n Juez Décimo de lo Civil de Guayaquil.
0454-2003-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Miguel Robin Consuegra Contreras.
483-2002-RA Inadmítese la acción\n planteada por el señor líber Vinicio Velasco Tapia.
0495-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Antonio Casimiro Loor Vera.
0529-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Simón Mauricio Pareja Lazo
535-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado e inadmítese la acción de amparo\n propuesta por el señor Suboficial de Policía Ángel\n Pío Álvarez Cruz y otra.
565-2003-RA\n Confírmase\n la resolución venida en grado y niégase la acción\n propuesta por el señor Luis Alberto Armijos Castillo y\n otros.
0578-2003-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el doctor Alberto Bladimir Ortega Escobar.
603-2003-RA Confírmase la decisión\n del Juez Décimo Sexto de lo Civil del Guayas y niégase\n el amparo solicitado por Miguel Ángel Vera Martínez
0802-2003-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el doctor Hugo Xavier López Nieto.
0067-2003-HD Niégase el hábeas\n data propuesto por el señor Eulogio Edmundo Herrera Zamora\n y confírmase la resolución del Juez Primero de\n lo Civil de Cuenca.
0093-2003-HC Confírmase la resolución\n del Alcalde de Riobamba y niégase el babeas corpus solicitado\n por José Luis Muñoz Nogales.
0680-2003-RA Confírmase la resolución\n de primer nivel y concédese el amparo constitucional planteado\n por Lorenzo Antonio Morales Díaz y otro.
0692-2003-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional planteado\n por Edgar Alfonso Prieto Naula.
0708-2003-RA Devuélvese el expediente\n al Juzgado Séptimo de lo Civil de Cuenca, en razón\n de que dicho fallo se encuentra ejecutoriado
0738-2003-RA\n Revócase\n la resolución del Juez de instancia y concédese\n el amparo constitucional propuesto por el Sub. Inspector 2\n Roberto Paúl Chávez Vaca.
0749-2003-RA Confírmase la resolución\n de la Jueza Décima Segunda de lo Civil de Pichincha y\n concédese el amparo constitucional propuesto por el\n señor Edgar Mauricio Carpió Castro y otros.
0763-2003-RA Confírmase la resolución\n de primer nivel y deséchase el amparo constitucional planteado\n por el Arq. Vladimiro Chávez Maldonado.
0796-2003-RA\n Concédese\n el amparo interpuesto por el señor Reinaldo Alfredo Páez\n Martínez y otros y revócase la resolución\n del Juez Segundo de lo Civil de Pichincha.o:\n Cuarta reforma a la Ordenanza que regula el servicio del\n camal municipal.\n \n
No 2004-31
Que es obligación y responsabilidad del Estado la provisión\n de servicios públicos, como la dotación de agua\n potable y de riego, así como garantizar y velar que sus\n precios y tarifas sean justos y equitativos;
Que el sector público deberá crear y mantener\n la infraestructura necesaria para el fomento de la producción\n agropecuaria;
Que la Ley de Aguas reconoce la existencia de organizaciones\n de usuarios y juntas, quienes podrán acceder a la administración,\n mantenimiento y operación de los canales de riego, a través\n de la transferencia de éstos, por parte del Estado;
Que en base a la Ley de Aguas, publicada en el Registro Oficial\n No. 69 del 30 de mayo de 1972, y su Reglamento de aplicación,\n publicado en el Registro Oficial No. 233 del 26 de enero de 1973,\n el Consejo Nacional de Recursos Hídricos expidió\n la Resolución 2002-14 del 13 de junio del 2002, mediante\n la cual en su artículo 3 estableció que: "Las\n organizaciones de usuarios o juntas pagarán a las Corporaciones\n Regionales de Desarrollo la tarifa básica anual que se\n determine por parte de las mismas, considerando el valor de inversión\n que falta por recuperarse, la cual será actualizada\n mediante los reajustes correspondientes a la amortización\n e intereses hasta la cancelación total del valor de la\n inversión", la misma que ha sido incrementada en\n forma exagerada;
Que los usuarios de los sistemas de riego, actualmente pagan\n una tarifa, conocida como tarifa volumétrica, que cubre\n los costos de administración, mantenimiento y operación\n de canales, además del pago de los derechos de concesión\n por uso del agua; y,
LEY REFORMATORIA A LA LEY DE AGUAS
Art. 1.- Sustituyese el artículo 17, por el siguiente:
"El Estado recuperará el valor invertido en los\n canales de riego para uso agropecuario, en función de\n la capacidad de pago de los beneficiarios, mediante títulos\n de crédito emitidos por las Corporaciones Regionales de\n Riego, Agencias de Aguas y demás entidades estatales vinculadas\n con este servicio público, cuando la administración,\n operación y mantenimiento de los sistemas de riego se\n encuentren total o parcialmente bajo la responsabilidad de estos\n organismos.
Una vez realizado el proceso de transferencia de los sistemas\n y canales de riego estatales a favor de las organizaciones de\n usuarios privados o Juntas de Regantes legalmente constituidas,\n y encontrándose a cargo de éstas la administración,\n mantenimiento y operación de la infraestructura del sistema\n de riego, el Estado, las Corporaciones Regionales de Riego y\n demás entidades de derecho público o privado, con\n finalidad social o pública, no cobrarán a los usuarios\n la tarifa básica.".
Art. 2.- Al artículo 53, agréganse los siguientes\n incisos:
"El valor de la tarifa volumétrica, es decir el\n valor del caudal consumido, calculado sobre la base del promedio\n histórico de los últimos tres años, así\n como el valor del derecho de concesión serán fijados\n de conformidad con la Ley, por el Estado, las Corporaciones Regionales\n de Riego y demás entidades vinculadas al servicio público\n de riego; y únicamente en el caso de la tarifa volumétrica,\n ésta será recaudada y administrada por las organizaciones\n de usuarios privados. Juntas de Regantes y Directorios de Aguas\n legalmente constituidas, que tengan a su cargo la administración,\n operación y el mantenimiento del sistema de riego. Del\n total de los valores recaudados por concepto de la tarifa volumétrica,\n es decir el valor del caudal consumido, las organizaciones de\n usuarios privados. Juntas de Regantes y Directorios de Aguas\n legalmente constituidos, destinarán el 85% al mantenimiento\n y operación de los sistemas de riego, y máximo\n hasta el 15% para gastos de administración.
Los usuarios privados, de conformidad con los estatutos de\n las organizaciones. Juntas de Regantes y Directorios de Aguas,\n aportarán recursos adicionalmente para la administración,\n operación y mantenimiento de los sistemas de riego bajo\n su responsabilidad.",
Art. 3.- Las reformas incorporadas a la presente Ley se aplicarán\n a los usuarios. Juntas y Directorios de aguas de las Organizaciones\n legalmente establecidas en las jurisdicciones en las que tiene\n ámbito de competencia el Consejo Nacional de Recursos\n Hídricos -CNRH-; las Corporaciones Regionales de Desarrollo\n -CORSINOR, CODERECO, CORSICEN. CODERECH y CODELORO-; así\n como el CEDEGE, CRM, CREA y demás entidades públicas\n o privadas con finalidad social y pública que estén\n vinculadas con la administración de tos sistemas de riego.
Art. 4.- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n veinte días del mes de enero del año dos mil cuatro.
Palacio Nacional, en Quito, dos de febrero del dos mil cuatro.
Xavier Ledesma Ginatta
\n SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En consideración a la renuncia presentada por el licenciado\n Guillermo Santa María Suárez, del cargo de Subsecretario\n General de la Administración Pública; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto Ejecutivo\n No. 1193 de 17 de diciembre del 2003 y el artículo 15,\n literal f) del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
ARTICULO PRIMERO.- Aceptase la referida renuncia, agradeciendo\n al licenciado Guillermo Santa María Suárez por\n los servicios prestados al país, desde las funciones que\n le fueron encomendadas.
ARTICULO SEGUNDO.- Este acuerdo entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 2 de febrero del\n 2004.
f.) Xavier Ledesma Ginatta.
En ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto Ejecutivo\n No. 1193 de 17 de diciembre del 2003 y el artículo 15,\n literal f) del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva;
ARTICULO PRIMERO.- Mientras se designa al titular, se encarga\n la Subsecretaría General de la Administración Pública,\n a la licenciada Yolanda Paredes Calero, Directora de la Oficina\n de Decretos y Tramites Administrativos de la Presidencia de la\n República.
Nro. 078-2003-HC
En el caso Nro. 078-2003-HC
ANTECEDENTES: El doctor Rolando Bustos Ávila, a nombre\n de Carlos Camacho Sáenz, interpone recurso de hábeas\n corpus, ante el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito,\n quien se halla privado de su libertad en el ex-Penal García\n Moreno de la ciudad de Quito, porque la prisión preventiva\n ha caducado.
Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver, en apelación, sobre las resoluciones que nieguen\n el recurso de hábeas corpus, de conformidad con el artículo\n 276 numeral 3 de la Constitución Política de la\n República y artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley\n del Control Constitucional.
Que, consta de autos, dentro del juicio penal Nro. 434-2002-EV,\n que se sigue en el Juzgado Octavo de lo Penal de Pichincha, por\n tráfico de cocaína, que existe orden de prisión\n en firme en contra del recurrente y que se ha dictado auto de\n llamamiento ajuicio.
3. Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial.- Notifíquese".
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con ocho\n votos a favor correspondientes a los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Miguel Camba Campos, Rene de la Torre Alcívar,\n Enrique Herrería Bonnet, Jaime Nogales Izurieta, Luis\n Rojas Bajaña, Simón Zavala Guzmán y Oswaldo\n Cevallos Bueno y un voto salvado del doctor Mauro Terán\n Cevallos, en sesión del día martes dieciséis\n de diciembre de dos mil tres.- Lo certifico.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR MAURO TERAN CEVALLOS EN EL CASO SIGNADO\n CON EL NRO. 078-2003-HC.
Quito, D.M., 16 de diciembre de 2003.
PRIMERO.- El artículo 24 numeral 6 de la Constitución\n de la República dispone que "Nadie será privado\n de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en\n los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por\n la ley [...]".
TERCERO.- El artículo 24 numeral 8 de la Constitución\n de la República dispone que "La prisión preventiva\n no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos\n sancionados con prisión, ni de un año, en delitos\n sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos,\n la orden de prisión preventiva quedará sin efecto,\n bajo responsabilidad del juez que conoce la causa". En la\n especie, hasta la fecha han transcurrido catorce meses desde\n que fue detenido Carlos Lino Camacho Sáenz, por lo que\n su prisión es inconstitucional.
1.- Revocar la resolución venida en grado, y por consiguiente,\n aceptar el recurso de babeas corpus interpuesto por Carlos Lino\n Camacho Sáenz.
2.- Devolver el expediente al Alcalde del Municipio del Distrito\n Metropolitano de Quito para la ejecución de esta resolución.\n Notifíquese.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 4 de febrero del 2004.- f.) El Secretario General.
Nro. 775-2003-RA
En el caso Nro. 775-2003-RA
ANTECEDENTES; El presente caso viene a conocimiento del Tribunal\n Constitucional con fecha 28 de noviembre de 2003, en virtud de\n la acción de amparo constitucional interpuesta por los\n señores doctores Jorge Andrade Lara, Rodrigo Bucheli Mera\n y Alfonso Zambrano Pasquel, en contra del Presidente de la Corte\n Suprema de Justicia y los magistrados comisionados por el Pleno\n de la Corte Suprema de Justicia, doctores Gonzalo Zambrano Palacios,\n Julio Jaramillo Arízaga y Hernán Quevedo Terán,\n en la cual manifiestan que presentan esta demanda en contra del\n procedimiento y acto administrativo de calificación de\n idoneidad para ser considerados como candidatos elegibles al\n cargo de Magistrado o Ministro Juez de la Segunda Sala de lo\n Penal de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador Que el Presidente\n de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, señor doctor\n Armando Bermeo Castillo, hizo una pública invitación\n en diferentes medios impresos del país, en cumplimiento\n de la resolución del Pleno, publicada en el Registro Oficial\n Nro. 180 del 30 de septiembre del año 2003, a efectos\n de que se presenten candidaturas para elegir y llenar la vacante\n de Magistrado o Ministro Juez de la Segunda Sala de lo Penal\n de la Corte Suprema de Justicia, debiendo tener los candidatos\n la calidad de docente universitario de la especialidad. Igualmente\n la convocatoria se hacia para llenar una vacante en la Sala de\n lo Civil, en la que los elegibles debían ser judiciales\n de carrera, y para llenar una vacante en la Sala de lo Contencioso\n Administrativo los elegibles deberían ser candidatos en\n libre ejercicio profesional. Que sus nombres fueron puestos en\n calidades de docentes universitarios de la especialidad, con\n lo cual se llenaba el requisito de exigibilidad para ser candidatos\n elegibles para llenar la vacante de Magistrado o Ministro Juez\n de la Segunda Sala de lo Penal, de acuerdo con el Reglamento\n de Cooptación del 30 de septiembre de 2003, y la convocatoria\n que suscribe el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor\n Armando Bermeo Castillo. No obstante lo dicho y como fuera apreciado\n por los magistrados designados como comisionados para calificar\n los candidatos elegibles para la Sala de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo,\n en acto de manifiesto y deliberado desconocimiento e irrespeto\n al Reglamento de Cooptación impusieron a su libre entender\n y querer la exigencia de la presentación de la partida\n de nacimiento y de la cédula de identidad. Que a través\n de un procedimiento parcializado y discriminatorio al margen\n de la Constitución, de la ley y del reglamento, que la\n descalificación ha afectado su prestigio,, idoneidad y\n probidad como docentes universitarios del área penal,\n y que los otros magistrados comisionados para calificar las vacantes\n para las salas Civil y Contencioso-Administrativo no exigieron\n la presentación de un certificado de nacimiento, pues\n no existe tal requisito ó exigencia en el Reglamento de\n Cooptación resueno por el pleno de la propia Corte Suprema,\n que únicamente exigía la idoneidad académica\n que se encuentra debidamente acreditada en el caso de los comparecientes.\n Fundamentan su demanda en la violación inequívoca\n de los derechos constitucionales previstos entre otros, en el\n articulo 18 que establece que en materia de derechos y garantías\n se estará a la interpretación que más favorezca\n su efectiva vigencia, que consagra igualmente la no exigencia\n de condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución\n y ley; el artículo 23 numeral 3 que establece el derecho\n a la igualdad ante la ley, determinando que todos debemos gozar\n de los mismos derechos; el derecho al debido proceso, previsto\n en el artículo 24, pues la no calificación como\n elegibles se hizo violando la Constitución con un remedo\n de resolución inmotivada que afecta el valor de la misma.\n
El Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, mediante providencia\n de 12 de noviembre de 2003, admite a tramite la demanda y convoca\n a las partes a audiencia pública a realizarse el 14 de\n noviembre de 2003.
En el día y hora señalados se llevó a\n cabo la audiencia pública, a la que compareció\n el Dr. Jorge Andrade Lara, quien entre otros señalamientos\n expresa que entregó los originales del titulo de doctor\n en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia otorgado\n por la Universidad Central del Ecuador el 16 de diciembre de\n 1951, la certificación de la Universidad Central del Ecuador\n del desempeño de la cátedra de Práctica\n Penal desde el año de 1972, hasta la actualidad, y en\n los cursos de post grado en el Instituto Superior de Post-grado\n Maestría Judicial, con los que acreditó su edad\n de más de 45 años, el título de Doctor en\n Jurisprudencia por más de quince años, de Conjuez\n de todas las Salas de la Corte Superior de Quito, desde hace\n treinta años atrás, y que viene desempeñándose\n como Conjuez de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema\n desde el 16 abril de 2001, esto es, por dos años y medio\n ejerciendo derechos y obligaciones iguales a los titulares; \n funciones que las ha acreditado con instrumentos públicos\n en los cuales constan que ha cumplido con exceso los requisitos\n de edad y el tiempo de graduado; que la comisión que los\n calificó como no idóneos actuaron discriminándolos\n al margen de la Constitución, que iguala los derechos\n y oportunidades, inclusive en las oportunidades para elegir y\n ser elegidos; que en el Pleno de la Corte Suprema se ha planteado\n una reconsideración sin que hasta el momento haya sido\n discutida, por lo que la resolución no es definitiva.
Interviene el doctor Rodrigo Bucheli Mera, quien entre los\n aspectos más relevantes de su intervención señala:\n Que todo el proceso denominado de cooptación se ha desarrollado\n al amparo del artículo 201 de la Constitución Política,\n que por principio no es de aplicación directa sino que\n requiere de la ley secundaria para que la Norma Constitucional\n se haga efectiva, que no hay norma jurídica de orden secundario\n que regule la cooptación, pues el proyecto está\n siendo tramitado en el Congreso Nacional; que este proceso está\n dado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia\n publicada en el Registro Oficial 180 de 30 de septiembre de 2003,\n que es más bien una ayuda memoria para todo este proceso\n denominado de cooptación; que la actuación de las\n comisiones que calificaron a los aspirantes prácticamente\n actuaron en función de su propio criterio, tanto que lo\n que se exige en la comisión y que es de fundamental importancia\n para ella no exige otra comisión y así sucesivamente;\n que en el considerando tercero de la resolución de la\n Excelentísima Corte Suprema consta una disposición\n general que señala que a todas las denominaciones se acompañará\n los documentos que acrediten la idoneidad del candidato en originales\n o copias certificadas, de tal manera que evidentemente es una\n ayuda memoria para los ministros miembros de las comisiones,\n por tanto, sólo los ministros que calificaban las carpetas\n conocían las condiciones que ellos habían establecido\n para la calificación de idóneos pero el resto de\n la ciudadanía y quienes presentaron sus carpetas no sabían\n nada al respecto y especialmente a las condiciones relacionadas\n con la idoneidad tienen que estar expresamente señaladas\n en la ley, por lo que este proceso de cooptación no entregó\n seguridad jurídica, que en definitiva se violó\n el principio de igualdad en la calificación porque las\n opciones de una Sala en términos generales eran diferentes\n a las de las otras salas; que en el año de 1969, ante\n el entonces Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito\n inscribió el instrumento público de su incorporación\n profesional a la Corte Superior en el que consta el lugar de\n nacimiento, la fecha de nacimiento, la fecha de incorporación,\n la fecha de inscripción, el lugar de residencia.
Que con respecto al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, no ha\n podido comparecer por encontrarse en la ciudad de Guayaquil,\n y le ha solicitado añada un ejemplar de la solicitud de\n inscripción de su candidatura por parte de la Universidad\n Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en la cual se destaca\n su amplia trayectoria especialmente en el área penal que\n es tan neurálgica en el país, los documentos que\n acreditan su amplia carrera docente en el área penal,\n y ha escrito una serie de libros lo que consta en su hoja de\n vida que se deberá tener presente en este recurso.
Interviene el doctor Hernán Quevedo Terán, quien\n por sus propios derechos y a nombre de los doctores Gonzalo Zambrano\n Palacios y Julio Jaramillo Arízaga, entre otros señalamientos\n dice: Que mediante oficio del 12 de septiembre del año\n en curso trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentaron\n ante el Presidente de la Corte y del Pleno cuatro proyectos de\n resolución, uno de ellos era el atinente a las normas\n para la cooptación de nuevos magistrados, el 22 de septiembre\n de este mismo año se aprobaron criterios respecto del\n tema, y se publicaron en el Registro Oficial Nro. 180 de 30 de\n septiembre de 2003, y a partir de esta resolución se conformaron\n tres Comisiones, siendo la una presidida por él y dos\n distinguidos miembros quienes realizaron un trabajo muy profesional\n analizando pormenorizadamente carpeta por carpeta. Que en la\n demanda de amparo se impugna el procedimiento y acto administrativo\n de calificación, lo cual es contradictorio. Que en relación\n al informe de la Comisión este fue leído en el\n Plenario de la Corte Suprema el 5 de noviembre resolviendo mandar\n a publicarlo. Que los actos generados por los magistrados de\n la Corte Suprema de Justicia no son actos administrativos, son\n actos judiciales dentro de la autonomía de la que goza\n la Función Judicial, siendo el Consejo Nacional de la\n Judicatura quien maneja la fase de los actos administrativos\n a través de sus dos comisiones, que en el caso no consentido\n de que hubiere acto administrativo final, que no lo es porque\n es de mero trámite, debió seguirse el trámite\n previsto en el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución.\n Que los parámetros de calificación han sido exactamente\n los mismos para todos los aspirantes sin que en punto alguno\n haya existido la menor ingerencia política, aseveración\n difundida que rechazan todos los miembros de la comisión;\n que en las otras comisiones también han considerado tener\n como parámetros: la edad, nacionalidad, cédula\n etc.; que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna,\n y que en lo sustancial la exigencia de la partida de nacimiento\n o cédula consta tanto en las normas de cooptación\n dictadas por la Corte Suprema como en la Constitución\n Política artículo 201, que lo primero que se exige\n es ser ecuatoriano por nacimiento, hallarse en goce de derechos\n de ciudadanía y ser mayor de 45 años, que de igual\n manera según la Ley de Registro Civil y Cedulación\n el único documento que acredita identidad personal es\n la cédula de identidad; que no hay un Reglamento de Cooptación\n sino que el procedimiento tendría la categoría\n de Ley en virtud del artículo 15 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial y su primera disposición\n final, y por ello tendría imperio hasta que se expida\n una norma legal que lo contradiga; que el acta de la sesión\n ordinaria del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 5 de\n noviembre de 2003 fue aprobada sin ninguna observación.\n
Por su parte, el doctor Marco Torres Guzmán en su calidad\n de Asesor del Presidente de la Corte Suprema de Justicia añade\n que en lo principal los accionantes proponen la acción\n de amparo en contra del doctor Armando Bermeo Castillo, Presidente\n de la Corte Suprema de Justicia porque El suscribe la publicación\n de la nomina de candidatos elegibles entre los que no se encuentran\n los demandantes; que la publicación la realizó\n en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución que para\n el ejercicio de la cooptación expidió la Corte\n Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2003, publicada en\n el Registro Oficial 180 de 30 de septiembre de 2003, y en lo\n resuelto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sesión\n de 5 de noviembre de 2003, a la que no asistió el doctor\n Bermeo Castillo, por tener que asistir a una audiencia preliminar\n en una instrucción fiscal; que en la sesión del\n Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 5 de noviembre de 2003,\n se resolvió que se proceda a la publicación de\n la nomina de candidatos calificados como idóneos en el\n proceso de cooptación.
El 18 de noviembre de 2003, el Juez Cuarto de lo Civil de\n Pichincha resolvió desechar el recurso de amparo constitucional\n formulado, en consideración a que la cédula de\n identidad es un requisito puntual prescrito en el artículo\n 201 de la Constitución y que constituye un documento habilitante\n de uso diario y personal; que la resolución de la Corte\n Suprema no constituye un acto administrativo, sino constituye\n un acto judicial, que la resolución emanada por la comisión\n goza de presunción de legalidad, no habiendo violado ninguna\n disposición constitucional ni legal y menos las garantías\n del debido proceso.
Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer.\n y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen\n los artículos 95 y 276 número 3 de la Constitución,\n en concordancia con lo dispuesto en el artículo 62 de\n la Ley del Control Constitucional.
Que, la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los\n derechos y libertades de las personas, consagrados en el texto\n constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública,\n en principio, y que de modo inminente amenacen con causar un\n daño grave.
Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) Existe un 'acto u omisión ilegítimos,\n en principio de autoridad pública; b) Que siendo violatorio\n de un derecho subjetivo constitucional; y, c) Cause o amenace\n causar un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario,\n es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia\n de la acción de amparo deben encontrarse presentes\n simultáneamente y de manera unívoca.
Que, el artículo 202 incisos segundo y tercero de la\n Constitución Política del Estado dice: "Producida\n una vacante, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designará\n al nuevo magistrado, con el voto favorable de las dos terceras\n partes de sus integrantes, observando los criterios de profesionalidad\n y de carrera judicial, de conformidad con la Ley. En la designación\n se escogerá, alternadamente, a profesionales que hayan\n ejercido la judicatura, la docencia universitaria o permanecido\n en el libre ejercicio profesional, en ese orden".
Que, el artículo 201 de la Constitución Política\n del Estado dice: "Para ser magistrado de la Corte Suprema\n de Justicia, se requerirá: 1. Ser ecuatoriano por nacimiento;\n 2. Hallarse en goce de los derechos políticos; 3. Ser\n mayor de cuarenta y cinco años; Tener título de\n doctor en jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas;\n 5. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de\n abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias\n jurídicas, por un lapso mínimo de quince años;\n 6. Los demás requisitos de idoneidad que fije la ley".
Que, el artículo 97 de la Ley General del Registro\n Civil, Identificación y Cedulación dice: "Documento\n que acredite la identidad personal.- La identidad personal de\n los habitantes de la República se acreditara mediante\n la cédula de identidad o la de identidad y ciudadanía,\n que serán expedidas por las Jefaturas de Registro Civil,\n Identificación y Cedulación, a base de los datos\n de filiación constantes en las actas de Registro Civil\n o en el correspondiente documento de identificación si\n se tratare de extranjeros, y de las impresiones digitales, palmares\n o plantares, según el caso".
Que, el artículo 98 de la Ley General del Registro\n Civil, Identificación y Cedulación dice: "Datos\n de las cédulas.- La cédula de identidad y la identidad\n y ciudadanía SOR documentos públicos que tienen\n por objeto comprobar te identidad de una persona residente en\n el territorio de la República. Contendrán en su\n encabezamiento la leyenda; "República del Ecuador.\n Dirección General de Registro Civil, Identificación\n y Cedulación" y, además, los siguientes datos:\n (...) 2o.- Nombres y apellidos del cedulado; 3o.- Lugar y fecha\n de nacimiento; (...) 5o.- Nacionalidad
Que, la Resolución de la Corte Suprema de Justicia\n publicada en el Registro Oficial Nro. 180 de 30 de septiembre\n de 2003, en su artículo tercero, dice: "(...) A todas\n las nominaciones se acompañarán los documentos\n que acrediten la idoneidad del candidato, en originales o copias\n certificadas y se precisara el domicilio o el casillero judicial\n en la ciudad de Quito, en el cual los postulados recibirán\n notificaciones".
Que, el artículo cuarto de la misma resolución\n dice: "El Pleno de la Corte Suprema de Justicia designará,\n por sorteo, una comisión inexcusable de tres magistrados\n principales y tres alternos para cada una de las vacantes a llenar,\n a fin de que, dentro de los ocho días hábiles realice\n el estadio de te documentación de los candidatos postulados\n y presente un informe sobre su idoneidad.
Que, a folio 47 del expediente consta la invitación\n pública que realizara el Presidente de la Corte Suprema\n de Justicia con el fin de que se presenten candidatos para llenar\n las vacantes de magistrados. En ella pueden leerse tos siguientes\n textos: "En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución\n publicada en el Registro Oficial Nro. 180 de 30 de septiembre\n del año 2003"; "Los candidatos reunirán\n los requisitos previstos en la Constitución Política\n de la República y en la Ley"; "A todas las nominaciones\n se acompañarán los documentos que acrediten la\n idoneidad del candidato en originales o copias certificadas..."
Que, de folios 28 a 31 del expediente consta el oficio Nro.\n 001-2003-CCAMSP de 31 de octubre de 2003, suscrito por la comisión\n designada para analizar las carpetas de los aspirantes para llenar\n la vacante de la Segunda Sala de lo Penal, dirigido al Presidente\n de la Corte Suprema de Justicia, que contiene el informe de la\n labor desempeñada y en el párrafo cuarto dice:\n "...diversas carpetas no contienen los debidos documentos\n de soporte o estos no están completos", siendo las\n carpetas de los accionantes en este amparo las comprendidas en\n esa circunstancia.
Que, un acto se toma ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no\n se lo haya dictado con los procedimientos señalados por\n el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación.
Que, en la especie no se discute la competencia de la comisión\n calificadora ni la del Presidente de la Corte Suprema de Justicia,\n que han actuado de conformidad con la resolución ya mencionada\n publicada en el Registro Oficial Nro. 180 de 30 de septiembre\n de 2003.
Que, la impugnación central de este caso deviene del\n hecho de que la comisión calificadora no valoró\n la carpeta de los accionantes por no haber incorporado en ella\n el documento original o copia certificada consistente en su partida\n de nacimiento o cédula de identidad.
Que, no puede considerarse ilegítimo el acto impugnado\n puesto que no se observa que la comisión calificadora\n ni el Presidente de la Corte Suprema de Justicia hayan violado\n los procedimientos que se establecieron para la elegibilidad\n de los candidatos, ni que viole el ordenamiento jurídico\n vigente, puesto que además ha existido la debida motivación\n al considerar que no se pueden dar por sentados los requisitos\n constitucionales de que los candidatos sean ecuatorianos por\n nacimiento o mayores de cuarenta y cinco años de edad,\n lo cual solamente podía probarse de acuerdo a la ley,\n es decir, con documentos públicos que acrediten la veracidad\n de estos requisitos, como solamente puede ocurrir con la partida\n de nacimiento o la cédula de identidad, y en consecuencia,\n no haber probado la idoneidad de los candidatos conforme lo exige\n la Constitución, la resolución de la Corte Suprema\n de Justicia ya mencionada, y tal como se informó a la\n ciudadanía en la invitación pública.
Que, al no existir acto ilegítimo de autoridad pública,\n no cabe analizar los otros supuestos de procedencia de la acción\n de amparo.
1.- Confirmar la resolución venida en grado, y en consecuencia,\n negar el amparo constitucional propuesto por los señores\n doctores Jorge Andrade Lara, Rodrigo Bucheli Mera y Alfonso Zambrano\n Pasquel, por ser improcedente.
2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con seis\n votos a favor correspondientes a los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Miguel Camba Campos, Jaime Nogales Izurieta,\n Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán Cevallos y Oswaldo\n Cevallos Bueno y dos votos salvados de los doctores Rene de la\n Torre Alcívar y Enrique Herrería Bonnet, sin contar\n con la presencia del doctor Simón Zavala Guzmán\n en sesión del día lunes veintinueve de diciembre\n de dos mil tres.- Lo certifico.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES RENE DE LA TORRE ALCÍVAR\n Y ENRIQUE HERRERÍA BONNET EN EL CASO SIGNADO CON EL NRO.\n 775-2003-RA.
Quito, D.M., 29 de diciembre de 2003.
Con los antecedentes expuestos en la resolución adoptada,\n discrepamos con la misma por las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver la acción de amparo constitucional en virtud\n de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución\n Política de la República.
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución de la causa por lo que\n se declara su validez.
TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art.\n 95 de la Carta Política dice: "Cualquier persona,\n por sus propios derechos o como representante legitimado de una\n colectividad, podrá proponer una acción de amparo\n ante el órgano de la Función Judicial designado\n por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará\n en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción\n de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de una autoridad pública que viole o\n pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente\n amenace con causar un daño grave. También podrá\n interponerse la acción si el acto o la omisión\n hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos\n o actúen por delegación o concesión de una\n autoridad pública.". En consecuencia, para que proceda\n el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista\n un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública;\n b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con\n la Constitución o en un tratado o convenio internacional\n vigente; y, c) Que cause o amenace causar un daño grave,\n y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar\n es si el acto administrativo impugnado está dentro de\n los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se\n trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.
CUARTO.- Que, la Constitución Política, al referirse\n a la supremacía de la Constitución, en su artículo\n 272 es muy clara: "La Constitución prevalece sobre\n cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas\n y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas,\n reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos,\n deberán mantener conformidad con sus disposiciones\n y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren\n en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones".\n El inciso segundo del Art. 18 ibídem señala: "En\n materia de derechos y garantías constitucionales,\n se estará a la interpretación que más favorezca\n su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones\n o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley,\n para el ejercicio de estos derechos". El Art. 16 de la Constitución\n Política establece que: "El más alto deber\n del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos\n humanos que garantiza nuestra Constitución". El control\n constitucional tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas\n constitucionales en especial de los derechos y garantías\n establecidos en favor de las personas, las cuales son plenamente\n aplicables e invocables ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad\n pública. El principal deber del Estado es el de respetar\n y hacer respetar las normas constitucionales y los derechos humanos,\n las que deben cumplirlas los distintos órganos del poder\n público, y las personas naturales y jurídicas.\n La fuerza normativa de la Constitución no puede ser\n eludida en ninguna circunstancia ya que sus preceptos prevalecen\n sobre los demás, sean estos referentes al Derecho Público\n o al Derecho Privado.
Que, en el caso, materia de este amparo, se impugna la resolución\n emanada por la comisión designada para calificar los\n candidatos elegibles para la Segunda Sala de lo Penal, por apartarse\n de la reglamentación de cooptación aprobada por\n el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y basarse en un procedimiento\n discriminatorio y violatorio de derechos constitucionales. Analizados\n los instrumentos que constan del expediente, así cómo\n las argumentaciones de las 1 partes, y la normativa legal y constitucional\n vigente, se establece que el referido acto impugnado es una resolución\n administrativa, pues, se trata de una decisión final que\n la autoridad pública adopta dentro de un proceso\n administrativo sometido a su conocimiento y decisión,\n proviene del ejercicio de las capacidades jurídicas entregadas\n en el caso particular al cuerpo colegiado ad-hoc, que constituye\n la Comisión para calificar la idoneidad de los candidatos\n elegibles para la Segunda Sala de lo Penal, que ejerce actividades\n meramente administrativas y que está integrada por tres\n miembros que hacen explícita su voluntad de modo pluripersonal\n y con el mismo derecho emiten su voto u opinión sobre\n el caso, y que dada su integración legal, la deliberación\n y decisión es de modo conjunto y mayoritario. No se trata,\n como afirman los accionados, de un acto de mero trámite;\n los cuales, según la doctrina, son actos de simple administración,\n que no trascienden su esfera, se requieren para que la administración\n se mueva internamente, como las órdenes superiores, las\n circulares, la fijación de horarios de trabajo, etc. El\n acto emitido por la Comisión definitivamente ha generado\n efectos jurídicos positivos o negativos según la\n

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 53
 artículo 15
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 201
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 276
 artículo 201
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 artículo 202
 artículo 201
 artículo 97
 artículo 98
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 276
 resolución