Source: https://issuu.com/cusicanqui/docs/analisis_ley_7_bolivia
Timestamp: 2017-09-24 13:27:13+00:00

Document:
Analisis ley 7 Bolivia by Nicolas Cusicanqui - issuu
Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010
“LEY DE MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIVO PENAL”
Análisis LA PAZ – BOLIVIA 2010
Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010 LEY DE MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIVO PENAL FUENTE LEGISLATIVA: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/132NEC
COMPILACIÓN, REVISIÓN Y DIAGRAMACIÓN: Nicolás Cusicanqui Morales RESUMEN: Análisis Parcial de la Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010 “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”. En la presente edición digital, solo se presenta el Capítulo I y VII, de la próxima publicación impresa, con todos los artículos comentados de la mencionada Ley. En el Capítulo I, puede verse un análisis técnico sobre la Ley Nº 07, la técnica legislativa usada y observaciones al nomen juris de la Ley. En el capítulo VII, puede encontrarse en el texto de la Ley, algunos párrafos subrayados que constituyen el cambio en la nueva ley, y en pie de página se encuentra la anterior legislación, para fines de comparación legislativa. El presente adelanto, es un Homenaje al Aniversario de la Revolución del 16 de julio de 1809. CONTACTO: Calle Socabaya Nº 240 – Edificio “Handal” piso 5º Of. 501 nicolascusicanqui@hotmail.com La Paz, Bolivia PALABRAS CLAVES: Ley 7, Modificaciones al Sistema Normativo Penal, Detención Preventiva, Delitos flagrantes, Proceso inmediato para delitos flagrantes, Etapa intermedia, Audiencia Conclusiva, Incautación, Riesgos procesales, Peligro de Fuga, Peligro de obstaculización, Incautación, Código Penal, Código de Procedimiento Penal. Legislación boliviana COMO CITAR: CUSICANQUI MORALES, Nicolás. “Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010, Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal” (Análisis Parcial – Capítulo I y Capítulo VII)” La Paz-Bolivia, julio de 2010
LA PAZ, BOLIVIA JULIO DE 2010
COMPATRIOTAS: Hasta aquí. hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria; hemos visto con indiferencia por más de tres siglos sometida nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha mirado como a esclavos; hemos guardando un silencio bastante parecido a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido siempre un presagio de humillación y ruina. Ya es tiempo, pues, de sacudir yugo tan funesto a nuestra felicidad, como favorable al orgullo nacional español. Ya es tiempo, en fin de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor titulo y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Valerosos habitantes de La Paz y de todo el Imperio del Perú, revelad vuestros proyectos para la ejecución; aprovechaos de las circunstancias en que estamos; no miréis con desdén la felicidad de nuestro suelo, ni perdáis jamás de vista la unión que debe reinar en todos, para ser en adelante tan felices como desgraciados hasta el presente. En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a los 17 días del mes de julio de 1809.
Presidente de la Junta, CORONEL COMANDANTE, PEDRO DOMINGO MURILLO.
Capítulo I Introducción al estudio de la Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010
Nicolás Cusicanqui Morales2
RESUMEN TÉCNICO LEGAL DE LA “LEY DE MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIVO PENAL” La Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010 promulgada en el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma3, está compuesta básicamente por cuatro artículos y una disposición final.
En cuanto a los artículos que componen la ley en estudio, el Primero realiza modificaciones a la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, es decir, el Código de Procedimiento Penal; El Segundo artículo, introduce el “Procedimiento inmediato para los delitos flagrantes; El Tercer artículo modifica el Código Penal Boliviano en dos de sus
Análisis Parcial de la Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010 “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”. En la presente edición digital, solo se presenta el Capítulo I y VII, de la próxima publicación impresa, con todos los artículos comentados de la mencionada Ley. En el Capítulo I, puede verse un análisis técnico sobre la Ley Nº 07, la técnica legislativa usada y observaciones al nomen juris de la Ley. En el capítulo VII, puede encontrarse en el texto de la Ley, algunos párrafos subrayados que constituyen el cambio en la nueva ley, y en pie de página se encuentra la anterior legislación, para fines de comparación legislativa. El presente adelanto, es un Homenaje al Aniversario de la Revolución del 16 de julio de 1809. 2
El autor, es Abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), con estudios de Postgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Docente Universitario, miembro Titular de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales, y Miembro Honorario e Integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Investigación y desarrollo de Ciencias Jurídicas y Políticas “Carlos María Romeo Casabona (Grupo Cromeo - Perú). Las opiniones vertidas en el presente trabajo, son de responsabilidad única del autor, y no comprometen a las instituciones que forma parte. 3
Cabe hacer constar que la promulgación fue realizada por el Vicepresidente Álvaro García Linera, Presidente en ejercicio, el 18 de mayo de 2010.
delitos; El Cuarto artículo, modifica un norma de la Ley Nº 2298 “Ley de ejecución de penal y Supervisión”, por último, se encuentra una Disposición Final que hace una advertencia sobre la aplicación de la Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal. 3
En detalle podemos decir, que el artículo primero y el segundo básicamente se refieren a la reforma del Código de Procedimiento Penal, que entre inclusiones y modificaciones han ingresado veintiocho (28) innovaciones a la normativa procesal4, destacándose las nuevas competencias del órgano jurisdiccional respecto al procesamiento de delitos flagrantes. Por otra parte, el Juez Instructor ahora será puesto en conocimiento de la Acusación Fiscal, y en dicha instancia dirigirá la audiencia de preparación de juicio donde resolverá las excepciones e incidentes respectivos en una calidad de “filtro procesal”, antes del Juicio Oral propiamente dicho.
Respecto a los riesgos procesales (Peligro de Fuga, y de obstaculización), la ley introduce nuevas condiciones que justificarían la Detención Preventiva y consecuentemente también modificándose la Cesación de la Detención Preventiva, en la cual se extienden los plazos máximos de la detención sin que se haya dictado Acusación Fiscal o Sentencia.
Asimismo, se ha establecido que la Investigación Preliminar debe concluir en el plazo máximo de veinte (20) días.
En el caso de la Acusación Fiscal, la misma debe ser presentada ante el Juez Instructor, quien dará paso a la desaparecida Audiencia Conclusiva, en la cual se realizará el saneamiento procesal, la deducción de excepciones e incidentes antes de entrar a Juicio Oral, tal vez, siendo esta la inclusión más importante que realiza a Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010.
De igual importancia, es el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, que en cinco (5) artículos, describe su Procedencia, pasando por el Juicio Inmediato y terminando con la Sentencia. Como se dijo anteriormente, la modificación propuesta por la Ley, afecta de manera especial al Código de Procedimiento Penal, y no tanto, a otras leyes del Sistema Penal Boliviano.
La Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999 “Código de Procedimiento Penal”, ostenta cuatrocientos cuarenta y dos (442) artículos, contando además con cinco (5) Disposiciones Transitorias, y siete (7) Disposiciones Finales.
Ahora bien, respecto al tercer artículo de la ley en estudio, se identifica la introducción del delito de “Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados”, y la modificación del delito de “Retardo de Justicia”, los cuales serán interpretados más adelante.
En el caso del artículo cuarto, se ha modificado un artículo de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, donde se otorga al Director General de Régimen Penitenciario la facultad extraordinaria de disponer el traslado de internos a otro Centro Penitenciario, circunstancia que de manera diferida será puesta en conocimiento del Juez de Ejecución Penal, luego de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes luego de haberse llevado a un interno a otro lugar de privación de libertad.
En las Disposición Final, la ley recuerda de manera redundante que tanto la autoridad Jurisdiccional como la administrativa, deben sujetarse a la Constitución Política del Estado, y a la jurisprudencia constitucional, solo en aquello que no contradiga a la propia Constitución, problema que será dilucido un poco más adelante en este mismo texto.
Por último, en las disposiciones abrogatorias y derogatorias, el legislador solo utiliza la formula tacita, de dejar sin efecto la ley, vale decir el formulismo, de “…quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan a la presente ley…”, sin embargo, esa fórmula –casi en desuso-, puedo no surtir sus efectos en sistemas legislativos con un amplio repertorio de leyes, más aun, cuando de esa forma se atenta contra el principio de taxatividad de la ley.
No es dispensable, que el legislador del 2010, solo tome mano de la figura de la abrogación, la misma que sirve para dejar sin efecto otro cuerpo legal, y que en su confusión no utilice la derogación, formula que de manera expresa, dejar sin efecto determinados artículos de una ley. Menos excusable dicha omisión, cuando la ley en el fondo, tan solo modifica algunos artículos de la ley, y en otros, incluye nuevos artículos.
ANÁLISIS DE LA TÉCNICA LEGISLATIVA USADA
Respecto a la técnica legislativa usada, debemos señalar que no es la tradicional –tal el caso de la Reforma del Código Penal Boliviano de 1997- en la que cada artículo señalaba específicamente cual era la modificación a la ley y como debía ser redactada el nuevo texto y en más de los casos, ordenándose que a un determinado artículo se incluyan uno o más incisos o párrafos. Sin embargo el legislador de la Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010, ha preferido organizar toda la reforma en cuatro (4) artículos. El primero de manera desproporcionada con veintitrés (23) cambios, el segundo con cinco (5), el tercero con dos (2) y el último artículo con un (1) solo modificación.
Asimismo, la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, elige como técnica normativa, la de transcribir toda la redacción de un determinado articulo -añadiendo en el mismo- la modificación o inclusión, sin embargo, la presente Ley no solamente contiene modificaciones a la normativa penal, sino también establece introducción de nuevas figuras legales, caso en el cual, también se extraña el formulismo de “…el nuevo texto quedará redactado de la siguiente manera…” o “… se incluye el siguiente artículo”.
Por otra parte, se observa que de manera desmesurada, al artículo 393 del Código de Procedimiento Penal, se ha añadido al formula del “bis”, llegando incluso hasta un “Artículo quinquer”. A esta altura del comentario, es saludable preguntarse: ¿Si en la elaboración de las nuevas leyes, se viene aplicando el Manual de Técnicas Normativas (aprobado por el Decreto Supremo Nº 25350 de 8 de abril de 19995) o en el caso de ya no usarse dicha Decreto, cual es el parámetro legal que utilizamos como Técnica Normativa para uniformar y armonizar nuestro ordenamiento jurídico?
Finalmente, y como viene sucediendo de manera recurrente en la legislación boliviana, esta ley no viene precedida por una Exposición de Motivos, que de luces sobre la modificación o inclusión de nuevas figuras legales, y de cuya orientación, el órgano jurisdiccional así como el Ministerio Público y el ámbito académico-doctrinal, conozca los motivos de la voluntad del legislador.
Artículo 1.- (Aprobación y objeto) El presente Decreto Supremo aprueba el Manual de Técnicas Normativas y su anexo, con el objeto de establecer reglas uniformes para la elaboración y el uso apropiado de la terminología en la redacción de textos normativos y definir los alcances de las categorías normativas de carácter reglamentario (D.S. Nº 25350)
De esa manera, la interpretación dogmática quedaría limitada. Pero además, no tendríamos necesidad de esperar largamente por una Ley Interpretativa del Organo Jurisdiccional, o por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, o del recién habilitado Tribunal Constitucional Plurinacional6.
Con todo ello, hoy en día, la necesidad de contar con una Exposición de Motivos es más que inexcusable, toda vez que el Partido Político en funciones de Gobierno, al tener una abrumadora mayoría en el Órgano Legislativo, y con el poder de aprobar leyes sin la necesidad de la oposición, sus decisiones plasmadas en leyes -para no figurar como demostraciones de poder hegemónico y de pura voluntad- deben más que nunca, justificar la presencia de las Leyes con la olvidada Exposición de Motivos.
Por otra parte, cabe observar que incluso la Ley modificatoria en estudio, no cuenta entre sus primeros artículos, con formulas legales de “Finalidad” u “Objetivos” de la Ley7,
A momento de escribir estos comentarios, en Bolivia se promulgaron la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010 “Ley del Órgano Judicial” y la Ley Nº 027 de 6 de julio de 2010 “Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional”. 7
Es ilustrativa la Conferencia de Prensa de 18 de mayo de 2010, del Presidente en ejercicio Álvaro García Linera, acompañado por los Presidentes de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, las Ministras de Justicia y Transparencia, a momento de promulgar la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal quien señalaba: "Con la promulgación de esta nueva ley se tendrá un régimen jurídico al servicio de la gente, al servicio del pueblo. Transparente, gratuito y sin chantaje, donde la sentencia al criminal sea ejemplarizadora para que no vuelva a cometer delitos" manifestó. El vicepresidente Álvaro García Linera a su vez aclaró cuatro puntos importantes de la nueva Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal que amplían la protección del ciudadano: En primer lugar, la modificación en el Código de Procesamiento Penal, en el código penal y en la ley de ejecución de penas, con esta ley, los "jueces y fiscales tendrán mayor capacidad de intervención en los asuntos", manifestó la autoridad. Segundo, se establece un procedimiento rápido, un procedimiento inmediato y ágil en la sentencia. En tercer, sobre las medidas cautelares aseguró que "el delincuente reincidente no tiene derecho a medidas sustitutivas. El reincidente va a la cárcel, el juez tiene la obligación, haya cometido un pequeño o gran delito se va a la cárcel si es reincidente" subrayó. Y cuarto, el juez ahora puede establecer medidas cautelares más duras de lo que haya determinado el fiscal” Sobre los delitos de narcotráfico, aseveró que se confiscarán vehículos, avionetas y lanchas que hayan sido utilizadas como instrumento al cometer delitos, lo mismo con cuentas bancarias. La ley brinda al juez mayores potestades para el ejercicio de sus funciones judiciales, pero a la vez el juez esta ahora sometido a una mayor observancia social, "con sólo la imputación del Fiscal se suspende al juez que pierde inmediatamente su fuero y deberá defenderse como cualquier ciudadano", aseveró el mandatario.
y que están presenten en otras leyes de igual e –incluso- menor importancia, en relación a la Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal8. 20
El no contar claramente cuál es el objetivo y finalidad de la ley, da origen, a las variadas interpretaciones, desde las más doctrinales, pasando por las más utilitarias e incluso en su omisión, encontrando fines específicamente políticos de la ley. Es por ello, que reiteramos que –por lo menos en lo formal, se debe contar con una Exposición de Motivos.
Las denominadas "componendas" que se establecieran entre un juez y el fiscal, o un fiscal con el abogado defensor, o el abogado defensor con la policía; para definir los procedimientos, los tipos de juzgados "será considerado como delito y sancionado con cinco a diez años de privación de libertad", finalizó. (Fuente: Pagina Oficial de la Vicepresidencia de Bolivia) http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/noticia/mid/471/code/201005181/Default.aspx 8
Ver por ejemplo, la finalidad y objetivos de la “Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”
NOMEN JURIS DE LA LEY Nº 07 DE 18 DE MAYO DE 2010, “LEY DE MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIVO PENAL”
La Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010, fue denominada como “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”, para lo cual previamente debemos recordar que un Sistema Penal –por lo menos en lo normativo-, está compuesto por la Constitución Política del Estado, Código Penal (leyes penales), Código de Procedimiento Penal, y Ley de Ejecución Penal (normativas sobre la ejecución y administración de la pena Estatal).
En ese sentido, la Constitución Política del Estado, de manera excepcional expresa delitos y más bien, establece el quantum máximo de la sanción en la comisión de determinados delitos. Asimismo, expresa las garantías que tienen las personas respecto al ámbito jurisdiccional, también en algunos casos, se señala la finalidad de la pena y los derechos y garantías de los internos, dicho de otro modo, la Constitución marca el límite del Poder Punitivo, y provee de garantías a las personas sometidas a procesos estatales.
En el caso del Código Penal, la primera parte o Parte General está referida a la definición del Delito, las formas de aparición del delito, la constitución de los delitos en dolosos o culposos, se regula las causas de justificación, se establece reglas de la Autoría o participación criminal, la definición de las penas y medias de seguridad, etc., etc., entre otros temas. La segunda parte, o Parte Especial, está dedicada exclusivamente a la definición de conductas que el legislador las denomina delitos y finca para ellas una determinada pena, ya sean penas privativas de libertad o, sanciones no privativas de Libertad.
No debe pensarse que todos los delitos se encuentran en el Código Penal, ya que la formula de describir una conducta e imponerle una pena, también está presente en otras disposiciones legales y que posteriormente se vienen a denominar como “Leyes Penales”, en realidad su aparición se debe a la tentadora actitud del legislador histórico que ha creado una serie de Leyes especiales9, que en perspectiva y por el paso del
En Bolivia, se ha seguido esa tendencia con leyes como la Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley de Lucha contra La Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas) que regula los delitos de Corrupción Funcionaria. En la misma línea esta la Ley Nº 1008 (Régimen de la Coca y Sustancias Controladas) que sanciona varios hechos como Delitos de narcotráfico. Así podemos identificar a otros cuerpos legales donde se consigan delitos como el caso de la Ley del Medio Ambiente. El Código Tributario y los Delitos Aduaneros, etc., etc.
tiempo, hasta ahora no logran constituirse en un cuerpo firme y sistemático que responda a los principios, derechos y garantías del Código Penal. 25
El Código de Procedimiento Penal, materializa los fines del Derecho Penal -y lo puede hacer- a través de un procedimiento que determina la culpabilidad o la inocencia de un sujeto, quien está sometido a una serie de garantías jurisdiccionales que abarcan desde la denuncia por un delito, su investigación, y la sustanciación de un Juicio Oral, que en ultima instancia, terminará con una Sentencia Judicial que determinará si existió el delito y que pena debe imponerse al autor del mismo.
Respecto a la Ley de Ejecución Penal, debemos decir que se trata de la legislación que norma los derechos, garantías y obligaciones del interno (sentenciado o detenido preventivo) en relación con el Estado, tomándose en cuenta además que en dicha legislación, se organiza el control jurisdiccional sobre la Administración Carcelaria, los beneficios penitenciarios, su revocación, el Sistema Progresivo, etc. etc.
Ahora bien, este Sistema Normativo Penal, es consecuente con un diseño de Política Criminal del Estado, donde la delincuencia es controlada con medidas de prevención y represión ya sea con actos de hecho o de derecho, en el último caso, mediante la promulgación de leyes penales.
En ese contexto, también es necesario acotar que la ley formal o escrita, puede ser orientada a determinada finalidad en mérito al diseño político criminal que haya escogido el Estado, algunas veces, la propia ley nos da cuenta de la intención y finalidad que busca el legislador al dar existencia a la norma penal.
Volviendo al tema principal de este punto, el Nomen Juris “Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal”, no es el más acertado, ya que las modificaciones no son a todo al Sistema Normativo Penal, más bien se trata de una Reforma Procesal, con la cual básicamente se corrigen algunos resquicios legales utilizados en la práctica forense, y que tienen que ver con la frontera más lejana de la defensa –rayana-, en la retardación maliciosa del proceso penal;
Por otra parte, en esta Reforma Procesal se modifican las medidas cautelares –tanto las personales, como las reales-, donde en las primeras, como es el caso de la Detención Preventiva, se han incluido mas circunstancias calificativas para la detención, poniendo más tinta en el caso del imputado, del condenado –sin sentencia firme-, del beneficiado
con una salida alternativa, y de quienes sin tener sentencia o proceso tienen actividad delictiva reiterada o anterior. En ese curso, también están las personas que puedan influir a los Magistrados del Tribunal Supremo, Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional ya sea de manera ilegal o ilegitima. 31
El ampliar el abanico de posibilidades para la Detención Preventiva, tiene su correlato en cuanto al trámite de la Cesación de la Detención Preventiva, en la cual, los términos máximos de Detención han sido ampliados desmesuradamente.
Lo propio sucede en el caso de las Medidas Cautelares, que ahora pueden ser impuestas incluso para garantizar el pago de costas y multas al Estado, independientemente de la reparación civil a la víctima del delito. Sobresale en la Ley, la circunstancia en la que el Fiscal –no el Juez Instructor- puede proceder directamente a la anotación preventiva de bienes propios del imputado; Más llamativo es el hecho, donde la incautación se aplicará sobre el patrimonio, los medios e instrumentos para la comisión o financiamiento del delito, que pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas por el Fiscal (Art. 253 NCPP).
En esta ley, también tenemos la inclusión y operativización de la Audiencia Conclusiva, o lo que la doctrina procesal identifica como la “Etapa Intermedia”, en la que se sanea el proceso penal antes de ir a Juicio Oral. Por otra parte, como novedad tenemos el Procedimiento Inmediato para Delitos Flagrantes, donde encontramos su Procedencia, la Audiencia de Preparación de Juicio Inmediato, el Juicio, y por supuesto al Sentencia.
En cuanto al Código Penal, tan solo se modificaron dos delitos. El primero en el que se incluye como sujeto activo a los Fiscales y Abogados, siendo el nomen del nuevo tipo “Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados”, asimismo, se incluye como nuevo delito el “Retardo de Justicia como artículo 177 Bis. del Código Penal Boliviano.
En el caso de la Modificación a la Ley Nº 2298 “Ley de Ejecución Penal y Supervisión”, solo se modifica el artículo 48, donde el Director General de Régimen Penitenciario, sin necesidad de autorización previa del Juez de Ejecución Penal, puede disponer el traslado inmediato de privados de libertad, y luego de cuarenta y ocho (48) horas, recién pone en conocimiento del control jurisdiccional, dicha medida administrativa.
De este modo, reiteramos que la Ley, no modifica el Sistema Normativo Penal, sino tan solo se constituye en una ley modificatoria del Código de Procedimiento Penal. Dicho de
manera más específica, -y en merito al Manual de Técnicas Normativas10- la norma en estudio debe ser considerada como una “Ley de Reforma del Código de Procedimiento Penal”, donde los artículos finales, modifican dos tipos del Código Penal y un artículo de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión11. 37
Ahora bien, y en referencia al contexto social en la que se promulgó la Ley, tal vez la intención del Órgano Legislativo y del propio Órgano Ejecutivo boliviano, fue la de crear una norma de endurecimiento de las normas procesales, instrumento con el cual se facilite la detención preventiva o se dificulte la otorgación de Medidas Sustitutivas a la Detención Preventiva (Art. 240 del NCPP); donde además se asegure la reparación del daño a través de nuevas reglas de Medidas Cautelares Reales y de la propia Incautación, además de la implantación de un régimen ligero de proceso a sujetos encontrados en flagrancia.
Estas nuevas medidas de contención, no pueden asemejarse a una verdadera Reforma del Sistema Normativo Penal, la cual básicamente se debe fundar en un tipo serio de Diseño de Política Criminal del Estado, cimentado robustamente sobre los derechos y garantías constitucionales12, así como de los Tratados y Convenios Internacionales, y donde el Código Penal regule el delito, sus formas de aparición, la temática de la pena, los delitos en particular, etc., y donde el Código de Procedimiento Penal, materialice los
Así por ejemplo, el Decreto Supremo 25350 de de abril de 1999 que aprueba el Manual de Técnicas Normativas, señala de manera clara que el Título de la Norma, es simplemente Ley de Reforma: ARTICULO 12.- (TÍTULOS DE NORMAS MODIFICATIVAS DE OTRAS NORMAS) 12.1. En las normas de modificación de otras ya vigentes, el título indicará de forma precisa que la nueva norma es una modificación de otra anterior, de manera que siempre se denominará Ley de Reforma de la Ley... Resolución Suprema por la que se modifica la Resolución Suprema..., o Decreto Supremo de reforma del Decreto Supremo... 12.2. En el supuesto de que la norma contenga una reforma sustancial de otra norma vigente y al propio tiempo incorpore un contenido regulatorio nuevo, se hará constar en el título ambas circunstancias y se antepondrá en el título aquella materia que tenga más relevancia o, su ambos contenidos poseen relevancia en el mismo grado, se antepondrá la referencia a la reforma de la normativa ya vigente. 11
Respecto a temas de Técnica Legislativa, puede verse “MANUAL DE TÉCNICA LEGISLATIVA” (Instrumento para construcción de normas), de los autores Fernando Zambrana Sea y Marcelo Claros Pinilla, Edición Digital de mayo de 2009, donde puede observarse algunos elementos técnicos y doctrinales relacionados al D.S. Nº 25350. Ver: http://www.comunidad.org.bo/archivos/publicaciones/libro_aip.pdf 12
Ver el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales (La Constitucionalización del Derecho Penal), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito-Ecuador, diciembre de 2009 http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20100617_01.pdf
fines del Código Penal13, los limites al poder punitivo y las garantías jurisdiccionales a los ciudadanos, evitando en lo futuro, el creer que el fenómeno de la delincuencia solo es problema del ámbito procesal. 39
Dicho de otro modo, primero debe reformarse el Código de Penal14 y luego el Código de Procedimiento Penal15, ese será un primer paso para una verdadera Reforma del Sistema Normativo Penal.
Para Roxin, el fin del proceso penal tiene naturaleza compleja: la condena del culpable, la protección del inocente, la formalidad del procedimiento alejada de toda arbitrariedad y la estabilidad jurídica de la decisión. Todas estas exigencias son significativas para una comunidad organizada desde el punto de vista del Estado Social y democrático de Derecho. Un orden penal será tan bueno como lo permita el proceso en su realización y, a la inversa, una regulación procesal satisfactoria no es posible cuando no está concebida para el Derecho Material, especialmente para las consecuencias jurídicas dispuestas conforme al orden penal. (En cita de William Herrera Añez, en su obra “El Proceso Penal Boliviano” Pág. 42. La Paz-Bolivia, 2007) 14
Ver el Anteproyecto de Reforma al Código Penal de Bolivia (Parte general) http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/BOLIVIA/Bolivia%20Anteproyecto%20Parte%20General%20ve rsion%20final.pdf 15
Se debe recordar que el año 1997 con la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 2010 “Ley de Modificaciones al Código Penal, se cambio sustancialmente el Código Penal Boliviano, principalmente sobre su orientación y la actualización del catalogo delictivo, sin embargo, en dicho tiempo se escuchaban voces que expresaban la necesidad de hacer la gran Reforma del Código Penal, la cual no se dio y a posteriormente solo se modificó el Código Penal tan solo en los tipos penal, como sucede con la Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999 “Ley de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual”, así también la Ley Nº 3325 de 20 de enero de 2006, “Trata y tráfico de personas y otros delitos relacionados”, la Ley Nº 3326, por el que se incorpora el delito de “Desaparición Forzada de personas” y la reciente Ley Nº 04 de 31 de marzo de 2010 “Ley de lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas - Marcelo Quiroga Santa Cruz” donde se crean los Delitos de Corrupción. En el mismo sentido, cuando se promulgó el Código de Procedimiento Penal, con la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, los legisladores y en especial los implementadores y asesores técnicos de la Reforma Procesal, no se molestaron siquiera en modificar o equilibrar el Código Penal Boliviano con el nuevo Código de Procedimiento Penal, donde por ejemplo, se rompe con la concepción de delitos leves y graves del legislador de 1973, donde el Perdón judicial solo podía otorgarse a delitos cuya sanción no sea mayor a un (1) año. Sin embargo, el legislador de la Ley Nº 1970 sin un análisis detenido sobre los tipos penales y el quantum de la pena, señaló que el Perdón Judicial se otorgaba a delitos cuyo sanción no sea mayor de dos (2) años (Art. 368 NCPP), con dicha fórmula, se amplió el abanico de delitos que pueden ser beneficiados con Perdón Judicial, -y como se dijo antes- rompiendo con el equilibrio del Código Penal. Existen otras observaciones de la falta de relación del Código de Procedimiento Penal, con el Código Penal, que no son tratados en este trabajo, porque no es su fin.
Capítulo VII Texto de la Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010 Modificaciones al sistema normativo penal
Ley Nº 07
LEY DE 18 DE MAYO DE 201017 ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
“LEY DE MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIVO PENAL18” ARTÍCULO 1. (Modificaciones a la Ley Nº 1970, de 25 de Marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal). Se modifican los Artículos 11, 53, 54, 210, 222, 223, 226, 233, 234, 235, 235 ter, 239, 240, 242, 243, 252, 253, 300, 301, 321, 323, 325, 392 de la Ley No 1970 de 25 de marzo de 1999 (Ley del Código de Procedimiento Penal), los cuales quedarán redactados de la siguiente forma: 16
Fuente: Pagina Oficial de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/132NEC) 17
Análisis Parcial de la Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010 “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”. En la presente edición digital, solo se presenta el Capítulo I y VII, de la próxima publicación impresa, con todos los artículos comentados de la mencionada Ley. En el Capítulo I, puede verse un análisis técnico sobre la Ley Nº 07, la técnica legislativa usada y observaciones al nomen juris de la Ley. En el capítulo VII, puede encontrarse en el texto de la Ley, algunos párrafos subrayados que constituyen el cambio en la nueva ley, y en pie de página se encuentra la anterior legislación, para fines de comparación legislativa. El presente adelanto, es un Homenaje al Aniversario de la Revolución del 16 de julio de 1809. 18
El autor de la presente compilación, Nicolás Cusicanqui Morales, es Abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), con estudios de Postgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Docente Universitario, miembro Titular de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales, y Miembro Honorario e Integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Investigación y desarrollo de Ciencias Jurídicas y Políticas “Carlos María Romeo Casabona (Grupo Cromeo - Perú).
“Artículo 11. (Garantía de la Víctima)19. La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante. Artículo 53. (Jueces de Sentencia)20. Los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación resolución de: 1) 2)
Los juicios por delitos de acción privada; Los juicios por delitos de acción pública sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años; Los juicios por delitos de acción pública flagrantes, conforme al procedimiento inmediato previsto en este Código; El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia condenatoria; y La Acción de Libertad, cuando sea planteada ante ellos.
Artículo 54. (Jueces de Instrucción)21.
Artículo 11.- (Garantías de la víctima) La víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla. 20
Artículo 53.- (Jueces de Sentencia) Los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de: 1. Los juicios por delitos de acción privada; 2. Los juicios por delitos de acción pública sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años; 3. El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia condenatoria; 4. La extinción de la acción penal en el caso de conflictos resueltos por las comunidades indígenas; y, 5. El recurso de Habeas Corpus, cuando a ellos les sea planteado. 21
Artículo 54.- (Jueces de Instrucción) Los jueces de instrucción serán competentes para: El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código; Emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad; 3. La sustanciación y resolución del proceso abreviado; 4. Decidir la suspensión del proceso a prueba; 5. Homologar la conciliación, cuando les sea presentada; 6. Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional; 7. Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y, 1. 2.
Artículo 54. (Jueces de Instrucción) Los jueces de instrucción son competentes para; 1)
El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código; 2) Emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad; 3) La sustanciación y resolución del proceso abreviado; 4) Resolver la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes; 5) Dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e incidentes planteados en la misma; 6) Decidir la suspensión del proceso a prueba; 7) Homologar la conciliación, siempre que sea procedente, cuando les sea presentada; 8) Decidir sobre las solicitudes de cooperación Judicial internacional; 9) Conocer y resolver, sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y, 10) Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de sentencia en su asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos. Artículo 210. (Excusa y Recusación)22. Los peritos podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos, establecidos para los jueces, excepto por su participación en cualquier etapa del proceso. El juez o tribunal resolverá lo que corresponda, previa, averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin recurso ulterior. Artículo 222. (Carácter)23. Las medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutaran de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados. Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas en el Código de
Artículo 210.- (Excusa y recusación) Los peritos podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos establecidos para los jueces. El juez o tribunal resolverá lo que corresponda, previa averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin recurso ulterior. 23
Artículo 222.- (Carácter) Las medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados. Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas en el Código de Procedimiento Civil y se impondrán únicamente en los casos expresamente indicados por este Código.
Procedimiento Civil, se impondrán únicamente en los casos expresamente indicados por este Código, así como el pago de las costas y multas. Artículo 223. (Presentación espontánea)24. La persona contra quien se haya iniciado un proceso, podrá presentarse personalmente acreditando su identidad ante el fiscal encargado de la investigación, pidiendo se reciba su declaración, que se mantenga su libertad o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar. SÍ el fiscal no se pronuncia dentro de las cuarenta y ocho horas, el imputado acudirá ante el juez de la instrucción para que resuelva sobre la procedencia de su libertad o de alguna de las medidas cautelares. La presentación espontánea, por sí sola no desvirtúa los peligros procesales que motivan la aplicación de medidas cautelares. Artículo 226. (Aprehensión por la Fiscalía)25.
Artículo 223.- (Presentación espontánea) La persona contra la cual se haya iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el fiscal encargado de la investigación pidiendo se reciba su declaración, que se mantenga su libertad o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar. Si el fiscal no se pronuncia dentro de las cuarenta y ocho horas, el imputado acudirá ante el juez de la instrucción para que resuelva sobre la procedencia de su libertad o de alguna de las medidas cautelares. 25 Artículo 226.- (Aprehensión por la Fiscalía) El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en el plazo de veinticuatro horas, para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios. Tratándose de un delito de acción pública dependiente de instancia de parte, se informará a quien pueda promoverla y el juez levantará esta medida cautelar si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprehensión la instancia no ha sido promovida. 7bis
Los delitos a que se refiere el mencionado artículo, respecto al Código Penal Boliviano (CPB) son: Organización Criminal (Art. 132 bis CPB), Homicidio por emoción violenta (Art. 254 CPB), Lesiones graves y leves (Art. 271 CPB) y Robo (Art. 331 CPB). Ahora bien respecto del Art. 185 que menciona la ley, debe recordarse que el mismo pertenece al delito de “Recepción y entrega indebida”, vale decir, el delito cometido por funcionario encargado de un lugar de detención o condena, quien recibe como arrestadas o detenidas a personas, sin copiar en su registro el respectivo mandato u orden expedida por Autoridad competente. Sin embargo, por el contexto de la Ley Nº 07, parece que el delito referido es el de “Legitimación de ganancias llictas” (Art. 185 bis CPB). Finalmente, solo mediante una ley aclaratoria o de fe de erratas del propio órgano legislativo, se podrá saber a ciencia cierta a que delito se refiere la ley en estudio.
Artículo 226. (Aprehensión por la Fiscalía) El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal7bis. La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios. Artículo 233. (Requisitos para la detención preventiva)26. Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1.
La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible.
La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.
Artículo 234. (Peligro de Fuga)27. 26
Artículo 233.- (Requisitos para la detención preventiva). Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y, 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado. 27
Artículo 234.- (Peligro de fuga) Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta las siguientes circunstancias: 1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país; 2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; 3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga; 4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. 5. La actitud que el imputado adopta voluntariamente respecto a la importancia del daño resarcible. 6. El haber recibido condena privativa de libertad en primera instancia;
Artículo 234. (Peligro de Fuga) Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes: 1.
Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país;
Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga;
El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo;
La actitud que el imputado adopta voluntariamente respecto a la importancia del daño resarcible;
El haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo doloso o haber recibido condena privativa de libertad en primera instancia;
Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso;
La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior;
El pertenecer a asociaciones delictivas u organizaciones criminales;
10. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; y 11. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. Artículo 235. (Peligro de Obstaculización)28.
Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundamentadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga.
Artículo 235.- (Peligro de obstaculización) Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta, especialmente, la concurrencia de indicios de que el imputado: 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;
Artículo 235. (Peligro de Obstaculización) Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes: 1.
Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima, y/o falsifique, elementos de prueba;
Que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente;
Que el imputado influya ilegal o ilegítimamente en magistrados del Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, vocales, Jueces técnicos, jueces ciudadanos, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia.
Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo.
Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad.
Artículo 235 ter. (Resolución)29.
2. 3. 4. 5. 29
Influirá negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos a objeto de que informes falsamente o se comporten de manera reticente; Que el imputado influirá ilegal o ilegítimamente en jueces, jueces ciudadanos, fiscales y/o en los funcionarios o empleados del sistema de administración de justicia. Que el imputado inducirá a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1), 2) y 3) de este artículo; Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundamentadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizara la averiguación de la verdad.
Artículo 235 ter.- (Resolución) El juez atendiendo los argumentos y valorando los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundadamente disponiendo: 1. La improcedencia de la solicitud; 2. La aplicación de la medida o medidas solicitadas; 3. La aplicación de una medida o medidas menos graves que la solicitada; 4. La aplicación de una medida o medidas más graves que la solicitada. Excepto la detención preventiva, el juez podrá disponer que se aplique al imputado una o más medidas cautelares conjuntamente.
Artículo 235 ter. (Resolución) El juez atendiendo los argumentos y valorando los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundadamente disponiendo: 1.
La improcedencia de la solicitud;
La aplicación de la medida o medidas solicitadas;
La aplicación de una medida o medidas menos graves que la solicitada;
La aplicación de una medida o medidas más graves que la solicitada e incluso la detención preventiva.
Artículo 239. (Cesación de la Detención Preventiva)30. La detención preventiva cesará: 1.
Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; y
Cuando su duración exceda de dieciocho (18) meses sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis (36) meses sin que se hubiera dictado sentencia. Vencidos los plazos previstos en los numerales 2) y 3), el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan previstas en el Artículo 240 de este Código, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado.
Artículo 240. (Medidas Sustitutivas a la Detención Preventiva)31.
Artículo 239. (Cesación de la Detención Preventiva) La detención preventiva cesará: Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; y 3. Cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que esta hubiere adquirido la calidad de cosa juzgada. Vencidos los plazos previstos en los numerales 2) y 3), el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan previstas en el Artículo 240 de este Código. 31 Artículo 240.- (Medidas Sustitutivas a la Detención Preventiva) Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas sustitutivas: 1.
Artículo 240. (Medidas Sustitutivas a la Detención Preventiva) Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas sustitutivas: 1.
La detención domiciliaria, en su propio domicilio o en el de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Si el imputado no puede proveer á sus necesidades económicas o a las dé su familia o si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral;
Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe;
Prohibición de salir del país de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes;
Prohibición de concurrir a determinados lugares;
Prohibición de comunicarse con personas, determinadas, siempre que no se afecte su derecho de defensa; y
La detención domiciliaria, en su propio domicilio o en el de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. 2. Si el imputado no puede proveer á sus necesidades económicas o a las dé su familia o si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; 3. Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe; 4. Prohibición de salir del país de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes; 5. Prohibición de concurrir a determinados lugares; 6. Prohibición de comunicarse con personas, determinadas, siempre que no se afecte su derecho de defensa; y 7. Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca. Al resolver la aplicación de las medidas enumeradas anteriormente, el juez o tribunal determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando ésta sea procedente.
Al resolver la aplicación de las medidas enumeradas anteriormente, el juez o tribunal determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando ésta sea procedente, pudiendo la víctima hacer uso de la palabra. Artículo 242. (Fianza Juratoria)32. La fianza juratoria procederá cuando sea previsible que el imputado será beneficiado con la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial o cuando demuestre estado de pobreza que le imposibilite constituir fianza real o personal. El imputado beneficiado con esta medida deberá cumplir las siguientes obligaciones: 1.
Comparecer ante el fiscal o la autoridad judicial las veces que sea requerido;
Concurrir a toda actuación procesal que corresponda; y
No cambiar el domicilio señalado a este efecto, para lo cual el imputado está obligado a presentar periódicamente el certificado de registro domiciliario expedido por autoridad competente, ni ausentarse del país sin previa autorización del juez o tribunal de la causa, quien dispondrá el arraigo correspondiente.
Artículo 243. (Fianza Personal)33. 32
Artículo 242.- (Fianza Juratoria) La fianza juratoria procederá cuando sea previsible que el imputado será beneficiado con la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial o cuando demuestre estado de pobreza que le imposibilite constituir fianza real o personal. El imputado beneficiado con esta medida deberá cumplir las siguientes obligaciones: 1. Comparecer ante el fiscal o la autoridad judicial las veces que sea requerido; 2. Concurrir a toda actuación procesal que corresponda; y 3. No cambiar el domicilio que señalará a este efecto, ni ausentarse del país, sin previa autorización del juez o tribunal de la causa, quien dispondrá el arraigo correspondiente. 33
Artículo 243.- (Fianza Personal) La fianza personal consiste en la obligación que asumen dos o más personas solventes con patrimonios independientes, de presentar al imputado ante el juez que conoce el proceso las veces que sea requerido. En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que a este efecto determine el juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales. Cuando existan varios fiadores, asumirán la obligación solidariamente. El juez, a petición del fiador, podrá aceptar su sustitución.
Artículo 243. (Fianza Personal)34. La fianza personal consiste en la obligación que asumen dos o más personas solventes con patrimonios independientes, de presentar al imputado ante el juez que conoce el proceso las veces que sea requerido. En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que a este efecto determine el juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales. Cuando
fiadores,
Los fiadores no podrán presentar fianza personal a ningún otro imputado, mientras dure la fianza ofrecida y aceptada. El juez, a petición del fiador, podrá aceptar su sustitución. Artículo 252. (Medidas Cautelares Reales)35. Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contracautela a la víctima en ningún caso. La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro (24) horas de haber sido efectivizada,
Artículo 243.- (Fianza Personal) La fianza personal consiste en la obligación que asumen dos o más personas solventes con patrimonios independientes, de presentar al imputado ante el juez que conoce el proceso las veces que sea requerido. En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que a este efecto determine el juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales. Cuando existan varios fiadores, asumirán la obligación solidariamente. El juez, a petición del fiador, podrá aceptar su sustitución. 35
Artículo 252.- (Medidas Cautelares Reales) Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil.
debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres (3) días de comunicada la misma. Artículo 253. (Solicitud de Incautación)36. La incautación se aplicará sobre el patrimonio, los medios e instrumentos para la comisión o financiamiento del delito, que pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas por el fiscal. En conocimiento del hecho por cualesquiera de las formas de inicio de la investigación penal, el fiscal dentro del plazo de las diligencias preliminares por la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia prevista en el Artículo 230 de la Ley Nº 1970, requerirá ante el juez de instrucción, la incautación del patrimonio, medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados, posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas como delito. El fiscal deberá requerir ante el juez de instrucción, la retención de fondos en cuentas bancarias y/o entidades financieras nacionales y extranjeras que pertenezcan a los imputados, posibles instigadores y cómplices, así como solicitar un informe de rendimiento bancario financiero que estos hayan realizado en los últimos doce meses. Los bienes muebles e inmuebles quedarán bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes incautados – DIRCABI. En el caso de encontrarse sustancias controladas en avionetas, lanchas y vehículos automotores, se procederá a la confiscación de aquellos bienes y su entrega inmediata a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados DIRCABI, entidad que luego del registro e informe técnico pericial, procederá a la entrega definitiva á las Fuerzas Armadas en el caso de avionetas y lanchas, y al Ministerio Público u otras instituciones públicas en el caso de vehículos automotores para que queden bajo su administración y custodia. Artículo 300. (Término de la Investigación Preliminar)37. Las investigaciones preliminares efectuadas por la Policía, deberán concluir en el plazo máximo de veinte (20) días de iniciada la prevención. Dentro de las veinticuatro 36
Artículo 253.- (Solicitud de incautación) El fiscal, durante el proceso, hasta antes de dictarse sentencia, mediante requerimiento fundamentado, solicitará al juez de la instrucción la incautación de bienes sujetos a decomiso o confiscación, de conformidad con el Código Penal y con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, especificando los que quedarán a su disposición a efectos de prueba. 37
Artículo 300.- (Término de la Investigación Preliminar) Las investigaciones preliminares efectuadas por la Policía, deberán concluir en el plazo máximo de cinco días de iniciada la prevención. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, la Policía remitirá a la Fiscalía los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que el fiscal disponga en cualquier momento su remisión.
(24) horas siguientes, la Policía remitirá a la Fiscalía los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que el fiscal disponga en cualquier momento su remisión. Artículo 301. (Estudio de las Actuaciones Policiales)38. Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para: 1.
Imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales.
Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando un plazo razonable que no excederá de noventa (90) días, salvo investigaciones complejas siendo obligatoria la comunicación de la prórroga al juez de instrucción.
Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia su archivo; y
Solicitar al juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación. El plazo establecido en el Artículo 134 del presente Código, comenzará a correr desde la última notificación con la imputación al o los imputados.
Artículo 321. (Efectos de la Excusa y Recusación)39. Producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo sanción de nulidad. Aceptada la excusa o la recusación, la separación del Juez será definitiva aunque posteriormente desaparezcan las causales que las determinaron. Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in limine cuando: 38
Artículo 301.- (Estudio de las Actuaciones Policiales) Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para: 1. 2. 3. 4. 39
Imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales. Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia su archivo; y Solicitar al juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación.
Artículo 321.- (Efectos de la Excusa y Recusación) Producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo sanción de nulidad. Aceptada la excusa o la recusación, la separación del Juez será definitiva aunque posteriormente desaparezcan las causales que las determinaron.
No sea causal sobreviniente;
Sea manifiestamente improcedente;
Se presente sin prueba en los casos que sea necesario; o
Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos.
Artículo 323. (Actos Conclusivos)40. Cuando el fiscal concluya la investigación: 1.
Presentará ante el juez de instrucción la acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado;
Requerirá ante el juez de instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado o de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación;
Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación.
En los casos previstos en los numerales 1) y 2), remitirá al juez o tribunal las actuaciones y evidencias. Artículo 325. (Audiencia Conclusiva)41. 40
Artículo 323.- (Actos Conclusivos) Cuando el fiscal concluya la investigación: Presentará ante el juez o tribunal de sentencia, la acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado; 2. Requerirá ante el juez de instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado o de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación; 3. Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. En los casos previstos en los numerales 1) y 2), remitirá al juez o tribunal las actuaciones y evidencias. 41 Artículo 325.- (Audiencia Conclusiva) Presentado el requerimiento conclusivo en el caso del numeral 2) del Artículo 323 de este Código, el juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en un plazo no menor de seis ni mayor de veinte días, computables a partir de la notificación con la convocatoria. Notificada la convocatoria, las partes tendrán un plazo común de cinco días para examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios 1.
Artículo 325. (Audiencia Conclusiva) Presentado el requerimiento conclusivo en el caso de los numerales 1) y 2) del Artículo 323 de este Código, el juez, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en un plazo no menor de seis (6) ni mayor de veinte (20) días, computables a partir de la notificación con la convocatoria23bis. Notificada la convocatoria, las partes tendrán un plazo común de cinco (5) días para examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios. En la audiencia las partes podrán: a)
Observar la acusación fiscal o particular por defectos formales, requiriendo su corrección;
Deducir excepciones e incidentes, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;
Pedir la resolución de excepciones e incidentes pendientes;
(Modificado por la Ley Nº 2175 de 13 de febrero de 2001 “Ley Orgánica del Ministerio Público”) 23bis
Respecto a este artículo, debe recordarse cuidadosamente su desarrollo. En tal sentido, se debe establecer que cuando la Ley Nº 1970 fue promulgada en marzo del año 1999, el Articulo 325 (Audiencia Conclusiva) del texto original señalaba que una vez presentado el requerimiento conclusivo en los casos de los numerales 1) y 2) del Artículo 323, vale decir, que –en el caso del numeral 1) del Artículo 323- cuando el Fiscal presentaba acusación, el juez debería llamar a una audiencia conclusiva, operándose de inmediato el Artículo 326.- (Facultades de las partes) donde por ejemplo las partes podían haber presentado excepciones que no se hayan planteado con anterioridad (326. 1 NCPP), o solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba (326.6 NCPP). Sin embargo, cuando se promulgó la Ley Nº 2175 de 13 de febrero de 2001 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, sucedió que en la Disposición Final Quinta, Parágrafo III, se dispuso la modificación del Artículo 325 del NCPP, cercenando de su redacción el numeral 1), y quedando subsistente solamente el numeral 2) del Artículo 323, vale decir, quedando sujeta a audiencia conclusiva y sus efectos, tan solo la facultad del Fiscal respecto a los casos en que requiera ante el Juez Instructor la aplicación de la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o el de promover una conciliación. Con esa supresión, se produjo la inoperancia parcial de los Artículos 326, 327 y 328 del NCPP, respecto a lo que en doctrina procesal se conoce como el “filtro” antes del Juicio Oral o la llamada “Etapa intermedia” del proceso. Finalmente, la Ley Nº 07 “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”, reditúa el numeral 1) del Artículo 325 del NCPP, y lo complementa con una serie de disposiciones que asegura que en el Juicio Oral, no se produzcan incidentes o excepciones perjudícales a los fines básicos del Juicio, tal cual es el de debatir la culpabilidad o inocencia del Acusado.
Plantear incidentes de exclusión probatoria u observaciones a la admisibilidad de la prueba, a cuyo efecto las partes deberán presentar la prueba documental y material ofrecida en la acusación;
Proponer los hechos sobre los que no existe controversia y que el Juez dará por acreditados, obviando la actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El juez de instrucción, sin embargo exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos.
La audiencia será dirigida por el juez de instrucción y durante su realización no se admitirá la presentación ni lectura de escritos. Instalada la audiencia, el juez de instrucción otorgara la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal, al acusador particular y a la defensa, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El fiscal en la misma audiencia, podrá aclarar o corregir la acusación. Si la corrección requiere mayor análisis del Ministerio Público, el juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco (5) días para su nuevo requerimiento. SÍ no existen más observaciones, se tendrá por saneada. Artículo 392. (Juzgamiento de Jueces)42. Los jueces serán juzgados de conformidad al procedimiento común. Sólo serán suspendidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura, cuando sean formalmente imputados ante el juez de instrucción.”
ARTÍCULO 2. (Procedimiento Inmediato para Delitos Flagrantes).Se agrega el Título V al Libro Segundo “Procedimientos Especiales y Modificaciones al Procedimiento Común”, de la Segunda Parte “Procedimientos” de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal, con sus modificaciones posteriores, quedando redactado con el siguiente texto:
Artículo 392.- (Juzgamiento de Jueces) Los jueces serán juzgados de conformidad al procedimiento común. Durante la etapa preparatoria no les serán aplicables medidas cautelares de carácter personal. Sólo serán suspendidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura, cuando sean formalmente acusado ante el juez o tribunal de sentencia, excepto cuando se substancie con anterioridad un proceso disciplinario, en los casos que corresponda.
“TÍTULO V PROCEDIMIENTO INMEDIATO PARA DELITOS FLAGRANTES
Artículo 393 bis. (Procedencia). En la resolución de imputación formal, el fiscal podrá solicitar al juez de instrucción la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes conforme a las normas del presente Título, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia. SÍ se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo será posible si todos se encuentran en la situación prevista en el párrafo anterior y estén implicados en el mismo hecho. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumularán al procedimiento inmediato por flagrancia.
Artículo 393 ter. (Audiencia). En audiencia oral, el juez de instrucción escuchará, al fiscal, al imputado y su defensor, a la víctima o al querellante, verificará el cumplimiento de las condiciones de procedencia previstas en el Artículo precedente y resolverá sobre la aplicación del procedimiento. Si el juez acepta la aplicación del procedimiento inmediato por flagrancia, en la misma audiencia el fiscal podrá: 1.
Solicitar la aplicación de una salida alternativa, incluyendo el procedimiento abreviado cuando concurran los requisitos previstos en este Código.
Si requiere realizar actos de investigación o de recuperación de evidencia complementarios, solicitará al juez el plazo que considere necesario, que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días. El juez resolverá sobre el pedido del fiscal, previa intervención de la víctima y de la defensa;
Sí considera que cuenta con suficientes elementos de convicción, presentará la acusación y ofrecerá la prueba en la misma audiencia. El querellante podrá adherirse a la acusación, del fiscal o acusar particularmente en la misma audiencia y ofrecerá su prueba de cargo. La acusación pública, y en su caso la acusación particular, se pondrán en conocimiento del imputado en la misma audiencia, para que en el plazo máximo de cinco (5) días ofrezca su prueba de descargo. Vencido este plazo, inmediatamente el juez de instrucción señalará día y hora de audiencia de preparación de juicio, misma que se realizará dentro de los tres (3) días siguientes. No obstante, a pedido fundamentado de la defensa, el
juez podrá ampliar el plazo para la presentación de la prueba de descargo por el término máximo de cuarenta y cinco (45) días. 4.
Solicitar la detención preventiva del imputado, cuando concurra alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 233 del presente Código, para garantizar su presencia en el juicio. La solicitud no podrá ser denegada por el juez de instrucción, salvo los casos de improcedencia de la detención preventiva.
Las resoluciones que el juez dictare respecto a los numerales 2 y 3 en conformidad a lo dispuesto en este Artículo, no serán susceptibles de recurso alguno.
Artículo 393 quater. (Audiencia de Preparación de Juicio Inmediato). En la audiencia de preparación de juicio, las partes podrán: a)
Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;
Plantear incidentes de exclusiva probatoria u observaciones a la admisibilidad de la prueba, a cuyo efecto las partes deberán presentar la prueba documental y material ofrecida en la acusación;
Proponer los hechos sobre los que no existe controversia y que el juez dará por acreditados, obviando la actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca, de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El Juez de instrucción, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos, acuerdos;
Plantear cualquier otra cuestión o incidente que tienda a preparar mejor el juicio.
La audiencia será dirigida por el juez de instrucción y durante su realización no se admitirá la presentación ni lectura de escritos. Instalada la audiencia, el juez de instrucción otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal, al acusador particular y a la defensa, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El fiscal podrá en la misma audiencia, con cargo a presentar el escrito respectivo en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas siguientes a la audiencia, aclarar o corregir la acusación en lo que no sea sustancial; el juez en el mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales. Si no existen más observaciones, se tendrá por saneada. Finalizada la audiencia, el juez de instrucción resolverá inmediatamente todas las
cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos por resolver difiera la fundamentación de la decisión hasta por cuarenta y ocho (48) horas improrrogables. Las decisiones sobre la admisibilidad de prueba y las exclusiones probatorias no son recurribles. En la misma resolución sobre las cuestiones planteadas, el juez de instrucción dictará auto de apertura de juicio, disponiendo la remisión de la acusación pública y particular, el escrito de ofrecimiento de la defensa y las pruebas documentales y materiales ofrecidas al juez de sentencia.
Artículo 393 quinquer. (Juicio Inmediato). Radicada la causa, el juez de sentencia señalará día y hora de audiencia de sustanciación del juicio, que se realizará en un plazo no mayor a cinco (5) días. El día y hora de audiencia, verificada la presencia de las partes, el juez concederá la palabra a la Fiscalía para que realice la fundamentación de su acusación; posteriormente, dará la palabra al acusador particular para que fundamente su acusación y a la victima si lo solicita; luego al imputado a los efectos de saber si hará uso en ese momento de su defensa material y finalmente otorgará la palabra a la defensa técnica para que presente su caso. No se dará lectura a las acusaciones ni al ofrecimiento de prueba de la defensa. Abierto el debate, se recibirá la prueba del Ministerio Público, luego la prueba de la acusación particular y finalmente la prueba de la defensa, en el orden en que cada parte considere conveniente para su presentación. Si el imputado decide declarar como parte de la prueba de la defensa, éste será tratado de acuerdo a las reglas de declaración de testigos en juicio oral. Finalizada la producción de la prueba, cada parte, comenzando por el Ministerio Público, tendrá la oportunidad de realizar su alegato en conclusiones, dando en última instancia la palabra a la víctima y al imputado, en ese orden, a los efectos de que puedan realizar su manifestación final. En todo lo demás serán aplicables las reglas previstas para el juicio ordinario, conforme a lo señalado en este Código.
Artículo 393 sexter. (Sentencia). Finalizados los alegatos de las partes, el juez de sentencia procederá a dictar sentencia inmediatamente, conforme a lo previsto en los Artículos 361 y siguientes de este Código, sin embargo, no se podrá diferir la redacción de los fundamentos, debiendo darse lectura íntegra de la misma.”
ARTÍCULO 3. (Modificaciones a la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, de Modificaciones al Código Penal).
Se modifican los Artículos 174 y 177 bis de la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, de Modificaciones al Código Penal, con sus reformas posteriores, quedando redactados con el siguiente texto:
“Artículo 174. (Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados). El juez o fiscal que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados o policías, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. Idéntica sanción será impuesta al o los abogados que con igual finalidad y efecto, concertaren dichos consorcios con uno o varios jueces, fiscales o policías u otros abogados o formaren también parte de ellos.
Artículo 177 bis. (Retardo de Justicia). El funcionarlo judicial o administrativo culpable de retardo malicioso, será sancionado con la pena prevista para el delito de Negativa o Retardo de Justicia. Se entenderá por malicioso, el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.”
ARTÍCULO 4. (Modificación a la Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión).Se adiciona a la parte final del Artículo 48 de la Ley No 2298 de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión, el siguiente texto: “El Director General de Régimen Penitenciario, excepcionalmente, podrá disponer el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando exista, riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad. El Director General de Régimen Penitenciario en caso de disponer el traslado de un privado de libertad a otro recinto, ya sea detenido preventivo o de ejecución penal o sentenciado, deberá poner en conocimiento del Juez de la causa y del juez de ejecución penal según corresponda en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo adjuntar un informe fundamentado que sustente la decisión.
El juez de Ejecución Penal o en su caso, el juez de la causa, previa valoración de los antecedentes enviados por el Director General de Régimen Penitenciario, se pronunciará en e! plazo máximo de cinco (5) días ratificando o revocando el traslado. En caso de ratificarse el traslado, se deberá enviar el cuaderno de investigaciones o los actuados radicados en el Juzgado de Ejecución Penal, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa del privado de libertad.”
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. La autoridad Jurisdiccional o administrativa que tenga que aplicar una norma del ordenamiento jurídico boliviano, deberá hacerlo, en todos los casos, con sujeción a la Constitución Política del Estado tomando en consideración los principios, valores y fines que sustentan al Estado, siéndole vinculante la jurisprudencia constitucional, solo en aquello que no contradiga dichos postulados de la norma suprema.
37 DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS DISPOSICIÓN ABROGATORIA. Se abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil diez años. Fdo. René Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés Villca Daza, Clementina Garnica Cruz, Ángel David Cortés Villegas, Juan Luís Gantier Zelada. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil diez años. FDO. ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA, Oscar Coca Antezana, Nilda Copa Condori, Nardy Suxo Iturri.
Analisis ley 7 Bolivia
Análisis Parcial de la Ley Nº 07 de 18 de mayo de 2010 “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”. En la presente edición digital, s...

References: artículo 393

Artículo 1
 artículo 177
 artículo 48
 Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 1
 Artículo 53
 resolución 

Artículo 54

Artículo 11

Artículo 53
 resolución 

Artículo 54
 resolución 

Artículo 54
 resolución 
 Artículo 210
 Artículo 222

Artículo 210

Artículo 222
 Artículo 223
 Artículo 226

Artículo 223
 Artículo 226

Artículo 226
 Artículo 233

Artículo 234

Artículo 233

Artículo 234

Artículo 234
 Artículo 235

Artículo 235

Artículo 235

Artículo 235

Artículo 235

Artículo 235

Artículo 239
 Artículo 240

Artículo 240

Artículo 239
 Artículo 240
 Artículo 240
 resolución 

Artículo 240
 resolución 
 Artículo 242

Artículo 243

Artículo 242

Artículo 243

Artículo 243
 Artículo 252
 Artículo 90
 resolución 

Artículo 243

Artículo 252
 Artículo 90
 Artículo 253
 Artículo 230
 Artículo 300

Artículo 253

Artículo 300
 Artículo 301
 Artículo 134

Artículo 321

Artículo 301

Artículo 321

Artículo 323
 Artículo 325

Artículo 323
 Artículo 325
 Artículo 323

Artículo 325
 Artículo 323
 resolución 
 Artículo 323
 Artículo 323
 Artículo 326
 Artículo 325
 Artículo 323
 Artículo 325
 Artículo 392

ARTÍCULO 2

Artículo 392

Artículo 393
 resolución 

Artículo 393
 Artículo 233

Artículo 393
 resolución 

Artículo 393

Artículo 393

ARTÍCULO 3

Artículo 177

ARTÍCULO 4
 Artículo 48