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Timestamp: 2020-04-02 21:27:54+00:00

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I. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y CLASES
III. ÁMBITO INTERNACIONAL
IV. COMUNICABILIDAD DE LAS AGRAVANTES
V. COMPATIBILIDAD DE LAS AGRAVANTES GENÉRICAS
VI. EL PRINCIPIO DE INHERENCIA
VII. LA NECESIDAD DE MOTIVACIÓN DE LA PENA A IMPONER
Las circunstancias agravantes son aquellas que, cuando concurren en la realización del comportamiento delictivo, ya sea en un aspecto objetivo, ya sea en su vertiente subjetiva, provoca un aumento cuantitativo de la pena. El fundamento legal a este aumento de la pena descansa en que existe un mayor reproche penal en la conducta del agente cuando estamos ante circunstancias subjetivas del delito, o un mayor desvalor del injusto típico cuando nos encontramos ante aspectos objetivos del hecho.
Hay que diferenciar entre las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, que son aquellas que concurren junto con el hecho delictivo como elementos accidentales del mismo y sin el cual el delito existiría igualmente, y las circunstancias agravantes o atenuantes específicas que contempla la norma penal y que condicionaría la existencia del delito previsto en el tipo penal. Las agravantes que se van a explicar son las genéricas.
Ya en el derecho romano se contemplaba la figura de las agravantes, concretamente en el Digesto se preveía como agravante cualquiera de las siguientes: "Los medios empleados, el tiempo y la condición del delincuente y ofendido; la reincidencia; la infamia del agente al cometer el delito y el delinquir estando ejerciendo funciones públicas". Como se puede comprobar estas agravantes no distan mucho de las actuales, en el sentido de que todas ellas tienen el mismo fundamento, aunque adaptadas a los nuevos tiempos, como por ejemplo cometer el delito aprovechándose el delincuente de la cualidad de funcionario público. Los romanos consideraban que las agravantes servían para calibrar la gravedad moral del hecho y centraban su estudio en la pena a imponer. Esta situación ha ido superándose y las agravantes se perfilaban no sólo en el ámbito de la punibilidad, sino en la teoría jurídica del delito en su conjunto. Así la agravante podía afectar a la antijuridicidad, a la forma de cometerse el delito (disfraz), a la acción, el tiempo o lugar en que se comete el hecho delictivo o, incluso, a la culpabilidad.
El Código Penal de 1822 mantenía las agravantes, y se incluía la agravante por analogía, que desapareció en 1870, aunque en este texto se incluyó una nueva modalidad como es la de "vagancia", en el que se consideraba el delito más reprochable cuando lo cometían personas que carecían de bienes o rentas y no ejercían trabajo o empleo. Esta agravante debe entenderse desde la perspectiva histórica toda vez que en los tiempos actuales más que una circunstancia que agrave la responsabilidad criminal del sujeto que delinque podría entenderse como una atenuante en determinados delitos, como podría ser el hurto famélico. Es decir, el derecho y, como no, las agravantes, deben adaptarse a las nueva realidad social y van evolucionando de forma paralela a la sociedad. En cualquier caso, es interesante resaltar que a lo largo del tiempo y en los sucesivos códigos se produce una disminución progresiva del catálogo de las agravantes; se han pasado de las 23 agravantes que contemplaba el Código Penal de 1848-código de referencia histórica por antonomasia- a las 8 del actual Código Penal, pasando por las 15 del Código de 1932. Se ha producido, por tanto, un proceso de racionalización de las agravantes
En el ámbito del derecho penal internacional es poca la atención que en la actualidad se presta a las agravantes, no tanto porque dejen de ser importantes sino por dar preferencia a otros ámbitos propios del derecho penal e incluso por dar prioridad a las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal (atenuantes). En el Estatuto de Roma de la corte Penal Internacional, se recogen una amplia regulación de las eximentes, y sin embargo no se hace lo mismo con las agravantes, sino que se establece una cláusula genérica de aplicación por la Corte Penal; así se establece en el Artículo 78.1 que "Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las reglas de procedimiento y prueba factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado". Es posible, a la luz de este artículo, aplicar circunstancias agravantes, aunque será el propio tribunal el que irá perfilando cada una de ellas y según su jurisprudencia, pero no hay un catálogo de agravantes como sí lo hay en las eximentes. Esta situación se produce en países de nuestro entorno tales como Francia y Alemania. El código penal alemán contempla eximentes y atenuantes pero no agravantes, las cuales las deja para apreciación del tribunal a la hora de imponer una pena y atendiendo a la intencionalidad del sujeto, el modo de ejecución o su situación personal. Algo semejante sucede con el derecho francés, el cual dedica un capítulo específico a las eximentes y atenuantes pero no a las agravantes, que se pueden encontrar diseminadas a lo largo del código penal francés, como por ejemplo: que el delito se haya cometido por una organización criminal.
En los supuestos de codelincuencia; es decir, los delitos cometidos por varias personas, puede haber, en alguno de ellos, aspectos objetivos o subjetivos concurrentes al hecho, que provoquen la agravación de la pena. Los aspectos subjetivos del delito son lo que afectan a las circunstancias personales del delincuente y los objetivos son los que actúan en el ámbito de la acción. Se trata, por tanto, de ver cómo puede afectar a los sujetos que delinquen en unidad de acción las distintas agravantes existentes en el momento de cometer el delito. En otras palabras, si una agravante de carácter subjetivo u objetivo puede ser trasladada o aplicada a los otros sujetos que actúan en ese mismo delito.
Son circunstancias objetivas, en las agravantes, las que afectan a la ejecución material del hecho o en los medios que se han empleado, como por ejemplo la utilización de disfraz. Éstas pueden ser comunicables al resto de sujetos siempre que tuvieran cocimiento de ellas en el momento de cometerse el delito o que cooperasen al mismo. Por el contrario, las circunstancias subjetivas en las agravantes son aquellas que afectan a situaciones personales del delincuente y sólo pueden aplicarse a ese mismo sujeto y no a otros, no es por tanto comunicable. No es posible que el carácter de funcionario público de un delincuente o el hecho de que sea reincidente pueda afectar a los demás sujetos que cooperan en el delito o incluso que lo ejecutan, toda vez que son circunstancias de naturaleza eminentemente subjetivas o personales. Así el Artículo 65 del Código Penal dispone que "1.Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran.
2. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito".
Existe, no obstante, una agravante de naturaleza mixta, contemplada en el artículo 22.2 del Código Penal: "Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente", que podrá ser comunicable cuando fuese conocida por los partícipes o si la aprovechan cuando surjan.
Otro de los temas objeto de estudio es saber si pueden concurrir más de una agravante en la comisión de un hecho delictivo. Cada agravante tiene tal autonomía que puede operar sin necesidad de las demás, por lo que es perfectamente posible que concurra más de una agravante en cada actuación delictiva. Ahora bien, esto no es posible cuando ambas sean incompatibles por su propia naturaleza, o cuando la acción o el delito de que se trate, contemple esa misma circunstancia agravante como elemento del tipo. Las circunstancias agravantes son también compatibles con algunas atenuantes y por lo tanto pueden concurrir juntamente en un hecho delictivo. Así, por ejemplo, la alevosía (agravante) ha sido considerada por la jurisprudencia, como compatible con la embriaguez, con la enajenación o el arrebato. El abuso de superioridad ha sido declarado compatible con el arrebato pero no con la alevosía. El ensañamiento se considera compatible con las eximentes y atenuantes mentales; y el prevalimiento de la condición de autoridad o funcionario público es incompatible con el abuso de superioridad o de confianza, entre otros muchos supuestos.
Estas compatibilidades son las que determinan la fijación de la pena. Así en el Artículo 66 del Código Penal se establece lo siguiente: "1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:
2ª) Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes.
3ª) Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.
4ª) Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.
5ª) Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido.
6ª) Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.
7ª) Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior."
Este artículo es bastante claro en su contenido, debiéndose explicar, tan sólo, el concepto de atenuantes muy calificadas; este término se refiere a aquellas circunstancias atenuantes que son de tal intensidad que están en el límite de ser definidas como eximentes; están a mitad de camino entre la atenuación de la responsabilidad criminal y la exención de la misma.
Todas estas reglas impuestas por el Código Penal son las que se deben tener en cuenta por los tribunales sentenciadores para aplicar la pena correspondiente, en función de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que pudieran aparecer en la comisión del delito.
El principio de inherencia tiene por finalidad impedir que las agravantes genéricas se puedan aplicar en aquellos casos en que la propia norma penal la contemple dentro de la figura delictiva que regule; es decir, aquellas que sean inherentes al tipo penal, impidiendo así que pueda simultanearse con la de carácter genérico. Por ejemplo, la muerte de una persona realizada con alevosía. En este caso se castigaría como asesinato, porque así lo determina el artículo 139 del Código Penal, que tiene una mayor pena que el homicidio, pero impide que pueda aplicarse además la agravante genérica del artículo 22.1 del Código Penal (alevosía). Con ello, se trata de evitar que una misma conducta o circunstancia concurrente al hecho se sancione doblemente, vulnerando el principio ne bis in idem.
El artículo 120.3 de nuestra Constitución Española exige que las sentencias sean siempre motivadas. Es necesario, pues, que cuando se imponga una sentencia se expliquen las razones de la misma, tanto en su vertiente de culpabilidad o de inocencia como en la de la pena a imponer, en el caso de que se condene por el delito enjuiciado. No basta, por tanto, con explicar por qué se ha condenado al acusado poniendo en relación los hechos probados con los razonamientos jurídicos, sino que es necesario explicarle las razones de la pena a imponer por ese delito: si han existido agravantes o no, si ha habido atenuantes, etc. En definitiva, hay que motivar la individualización de la pena toda vez que el código penal contempla una pena en abstracto para ese delito, siendo competencia del tribunal sentenciador la de proceder a su fijación de forma individualizada. Esta motivación es la que propiciará el pertinente recurso que en su caso pudiera plantearse y cuyo sustento constitucional está en el artículo 24 de la Constitución Española.
Las circunstancias agravantes genéricas son las contempladas en el artículo 22 del Código Penal, que son:
4ª) Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.
8ª) Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.

References: Artículo 78
 Artículo 65
 artículo 22
 Artículo 66
 artículo 139
 artículo 22
 artículo 120
 artículo 24
 artículo 22