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Timestamp: 2020-07-13 11:10:09+00:00

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Derecho Civil | Riu & Simans
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Divorcio y custodia “exprés”
2 junio, 2020 2 junio, 2020 Eva Gañán Simans Derecho Civil, Derecho de Familia	abogado barcelona, Barcelona, Convenio mutuo acuerdo, Coronavirus, Covid, Covid19, Custodia, Custodia Barcelona, Custodia exprés, Divorcio, Divorcio barcelona, Divorcio exprés, Familia, Mutuo acuerdo
¿Os queréis divorciar y lo tenéis todo claro?
¿Tenéis hijos y queréis regular el sistema que ya tenéis? ¿No lo tenéis claro, pero con una pauta os podéis poner de acuerdo fácilmente?
Tras varias peticiones de personas en la situación anterior, en RIU & SIMANS Abogados hemos creado el nuevo servicio exprés para clientes sin controversias que tienen las ideas claras.
Firmaremos una hoja de encargo con las condiciones y os entregaremos:
Un formulario donde nos completaréis los puntos que debemos conocer para poder establecer los acuerdos
Un listado de la mínima documentación que nos tendréis que entregar para poder tramitar el procedimiento
Una vez nos enviéis todo, ¿cómo funciona?
Elaboramos vuestro convenio regulador / plan de parentalidad
Lo validáis y firmáis
Presentamos toda la documentación vía demanda en el Juzgado
Os citarán para ratificar en el Juzgado el acuerdo ya firmado
Honorarios de Abogado: 600 €, más IVA
¿Quieres más información? Llámanos o escríbenos sin compromiso (935174543 – info@riusimans.com). Estamos en Sant Andreu, Barcelona.
Seguro de vida: ¿Banco o Compañía de Seguros?.
20 julio, 2017 Pablo Domingo Riu Derecho Civil, Sin categoría	banco o compañía de seguros, derecho de seguros, seguro de vida
Es un hecho conocido que las entidades bancarias han exigido y exigen multitud de requisitos para la concesión de un préstamo hipotecario, inclusive la suscripción de un seguro de vida con una entidad del mismo grupo, o incluso la incorporación en el clausulado del préstamo hipotecario de pactos o condiciones que limitan o impiden la posibilidad de elección de asegurador por parte del deudor, lo que ha implicado la declaración de nulidad de algunas de estas cláusulas.
En cualquier caso, se debe tener en cuenta que el artículo 83.a) de la Ley de Contrato de Seguro establece un derecho de desistimiento a favor del asegurado. En definitiva, el asegurado puede por principio y respetando los requisitos establecidos, siempre cambiar de aseguradora de vida.
Artículo 83 a)
El tomador del seguro en un contrato de seguro individual de duración superior a seis meses que haya estipulado el contrato sobre la vida propia o la de un tercero tendrá la facultad unilateral de resolver el contrato sin indicación de los motivos y sin penalización alguna dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha en la que el asegurador le entregue la póliza o documento de cobertura provisional.
Aunque no existe ninguna obligación legal de contratar un seguro de vida al firmar un préstamo hipotecario, y menos el deber de hacerlo con la propia entidad crediticia a través de sociedades vinculadas, muchísimos deudores hipotecarios así lo hacen para obtener un diferencial más ventajoso y la eliminación o reducción de comisiones bancarias.
Sin embargo, al final no hacer un análisis sobre la conveniencia de mantener el seguro de vida con la entidad financiera puede resultar más caro, peligroso, e injusto:
Caro porque los últimos estudios realizados alertan sobre una importante diferencia de precio y prestaciones entre los seguros de vida bancarios y los de compañía de seguros.
Peligroso porque, por ejemplo, si no se sigue de forma estricta la normativa aseguradora el tomador del seguro puede hacer una declaración sobre su estado de salud incompleta, inexacta, o incierta que afecte a la valoración del riesgo y pueda dar lugar a problemas para el cobro de la indemnización en caso de que se produzca el hecho asegurado. De ahí la conveniencia de asesorarse para escoger la póliza que realmente se necesita y cumplimentarla adecuadamente, lo que puede no suceder con una entidad como es un Banco, cuyo objeto y área de práctica es muy diferente.
Injusto porque el Banco puede ser el beneficiario del seguro de vida, y la familia del fallecido o incapacitado no recibir ninguna indemnización, o una indemnización menor.
RIU & SIMANS Abogados colabora con ACEDO & MATAMALA Agencia de Seguros Exclusiva de CATALANA OCCIDENTE, en Sant Andreu.
Puedes contactar con ACEDO & MATAMALA en la calle Rubén Darío nº 28, de Barcelona, teléfono 933117608.
Recuperar los gastos hipotecarios
8 junio, 2017 8 junio, 2017 Eva Gañán Simans Derecho Civil	banco, clausulas abusivas, clausulas suelo, gastos hipotecarios, Hipoteca, Reclamar
¿Tienes una hipoteca? Puedes reclamar al Banco los gastos hipotecarios
La Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre, del Tribunal Supremo, marcó antes y un después entorno a la reclamación de los gastos hipotecarios. La Sentencia mencionada confirmó la nulidad de determinados gastos de formalización de préstamos hipotecarios al considerarlos “abusivos” y beneficiar a los Bancos.
¿Qué gastos hipotecarios puedo reclamar?
Gastos de Notaría correspondientes a la Escritura de préstamo hipotecario
Gastos de Registro de la Propiedad por la inscripción de la hipoteca
El Tribunal Supremo dice en la Sentencia que “la cláusula que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones contraviniendo normas legales con previsiones diferentes” es abusiva.
Asimismo, sin ánimo de exhaustividad, el Alto Tribunal señala que “en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real –o sea la hipoteca-), tanto el arancel de los notarios como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista (el Banco), pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real, y adquiere la posibilidad de ejecución especial”. De este modo, aunque el interesado en formalizar la escritura notarial – con todo lo que ello conlleva (Registro, Tasador, Gestoría) – es el Banco, la totalidad de los pagos recae en el consumidor y, por tanto, la cláusula es abusiva ya que se genera un desequilibrio.
La Ley que regula el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados establece que “será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquéllos en cuyo interés se expidan”. En esta línea, en la mencionada Sentencia, el Tribunal Supremo entiende que el sujeto pasivo y, por tanto, obligado al pago de dicho impuesto, es el Banco (hay que tener en cuenta que la cantidad más elevada de los gastos hipotecarios es el mencionado impuesto).
Si mi hipoteca ya está cancelada, ¿puedo reclamar?
Sí. Puedes reclamar los gastos hipotecarios aunque tu préstamo hipotecario esté cancelado. También puedes reclamar los gastos sujetos a las novaciones hipotecarias.
Como los Bancos no están obligados a devolver las cantidades relativas a los gastos hipotecarios, son los consumidores los que deben reclamar tales gastos.
En primer lugar, se debe presentar extrajudicialmente una reclamación fundamentada. Es decir, se debe presentar una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco. En RIU & SIMANS consideramos que esta primera reclamación es importante hacerla legalmente fundamentada ya que como muy probablemente el Banco conteste negativamente y debas demandar, esta reclamación será aportada al procedimiento como prueba de la buena fe del consumidor.
En segundo lugar, se debe demandar a la Entidad Financiera si transcurridos dos meses desde la presentación de la reclamación, no ha contestado, o bien, ha contestado negativamente. Lo que se solicita es la nulidad de la cláusula de “gastos hipotecarios” por abusiva y por no respetar el equilibrio entre las partes y, en consecuencia, la devolución de los gastos abonados más los intereses legales que correspondan desde la formalización de la escritura.
Si también tienes cláusulas suelo, se puede reclamar todo en la misma demanda: las suelo y los gastos hipotecarios.
En RIU & SIMANS llevamos tu reclamación personalmente desde el inicio hasta el final. Tendrás al mismo letrado durante todo el procedimiento: podrás llamarnos siempre que quieras y tu abogado personal te atenderá directamente.
Contacta con nosotros y pide tu primera visita gratuita sin compromiso: 93.517.45.43 info@riusimans.com
Abogados en Sant Andreu, Barcelona.
Cláusulas suelo y reclamación de gastos hipotecarios
27 abril, 2017 27 abril, 2017 Eva Gañán Simans Derecho Civil	banco, clausulas abusivas, clausulas suelo, gastos hipotecarios, Reclamación
Os adjuntamos la presentación que hemos hecho en RIU & SIMANS Abogados sobre las cláusulas suelo y la reclamación de los gastos hipotecarios. Si tienes alguna duda o no sabes si tu escritura hipotecaria incluye cláusulas suelo, puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 93.517.45.43 o bien enviando un email a info@riusimans.com.
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La Comunidad de Propietarios ante la prevención de riesgos laborales
3 agosto, 2016 15 marzo, 2017 Pablo Domingo Riu Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derecho Procesal, Prevención de Riesgos Laborales, Sin categoría	Comunidad de propietarios y trabajador asalariado, La Comunidad de Propietarios ante la prevención de riesgos laborales, Las comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica, presidente, Prevención de Riesgos Laborales
Juan reside en una finca en la que trabaja un Conserje desde hace muchísimos años. La Comunidad de propietarios tiene un contrato con una empresa de mantenimiento. Uno de sus trabajadores ha tenido un accidente grave mientras desarrollaba sus actividades en la finca e Inspección de Trabajo está requiriendo documentación preventiva a la Comunidad, que carece completamente de la misma.
Pese a que la Ley de prevención de riesgos laborales data del año 1995, sigue siendo muy habitual encontrarnos con la cara de asombro del Presidente o Administrador cuando Inspección de Trabajo requiere documentación preventiva a la Comunidad, generalmente ante la producción de alguna incidencia o accidente como consecuencia de la actividad del personal fijo de la misma, o bien durante el mantenimiento, reparación o conservación de elementos comunes de la finca para aquellas Comunidades-la mayoría- que carecen de personal asalariado.
Las Comunidades de Propietarios deben aplicar lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que su artículo 3 cuando define el ámbito de aplicación de la norma, no establece exención respecto a ellas. En ese sentido, las únicas exclusiones de la la norma se refieren a la relación laboral especial de servicio de hogar, personal de protección civil, etc.
Lo realmente decisivo es que la Comunidad en cuestión tenga contratado algún trabajador por cuenta ajena. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al responder a una consulta sobre la situación jurídica de las comunidades de propietarios, se posicionó al respecto en su página web :
“Es conveniente, por tanto, aclarar que, cuando la Comunidad de Propietarios cuenta con algún trabajador asalariado se convierte a todos los efectos en una empresa a la que se le aplica la normativa de prevención de riesgos laborales. Así, empleados de fincas urbanas, jardineros u otros empleados son titulares del derecho a la salud y seguridad en el trabajo con idéntico alcance que el resto de los asalariados. De esta forma la empresa (Comunidad de Propietarios) con los medios de que disponga (generalmente externos) debe evaluar riesgos, tomar medidas de controlo reducción de éstos, facilitar información y formación y, en su caso, vigilancia de la salud.”
En ese sentido, se hace referencia a título ilustrativo a las Sentencias del TSJ de Extremadura núm. 588/1999-Sala de lo Social-, de 8 octubre, o la del TSJ de Aragón núm. 295/1998 -Sala de lo Social-, de 15 abril, en las que se impuso el recargo de prestaciones económicas por infracción de medidas de seguridad (omisión de medidas preventivas) a la Comunidad de Propietarios como consecuencia de los accidentes sufridos por su personal.
A la Comunidad también le podrá ser de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial, las obligaciones en materia de cooperación y coordinación, información previstas en dicha normativa.
No integrar e implantar la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad-cuya capacidad y legitimación para ser parte están reconocidas en el artículo 6.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento civil- puede implicar consecuencias jurídicas de toda índole, que a nivel meramente enunciativo se describen:
En el ámbito penal, cualquier incumplimiento de la normativa por parte del empresario que pueda poner en peligro la salud o los derechos de los trabajadores puede tipificarse como un delito contra los derechos de los trabajadores previsto en los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal. Hay que recalcar que estamos ante un delito de los denominados “de riesgo”. Por tanto, no es necesario para su comisión que se produzca un resultado lesivo. Si se producen daños físicos o psíquicos, ello implicará además la comisión de un delito de lesiones o de un delito de homicidio imprudente.
Las Comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica, y como tales no les afectan las últimas modificaciones del Código penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, y sin perjuicio de otras consideraciones podría existir una responsabilidad personal del Presidente que no cumpliese con evidente desidia con los acuerdos de la Comunidad para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas (por ejemplo, contratación de un servicio de prevención ajeno), o de aquellos comuneros que con su conducta contribuyesen a la producción de un resultado lesivo.
En el ámbito social, cabe la imposición del recargo de prestaciones a la Comunidad por falta de medidas de seguridad, al no haber cumplimentado sus obligaciones al respecto. Por otro lado, en el ámbito sancionador, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica y sanciona los posibles incumplimientos cometidos en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales.
El cuadro de infracciones es muy amplio, pero a efectos ilustrativos se reproduce lo dispuesto en el apartado 1.
Artículo　12.Infracciones graves.
1.　a)　Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
b)　No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
En el artículo 40.2 de la referida norma se sancionan las infracciones graves en un arco que oscila entre los 2046 Euros y los 40.985 Euros.
En el ámbito de la responsabilidad civil, la imposición de un recargo de prestaciones en vía social o las posibles prestaciones de la seguridad social que en tal jurisdicción pudieren otorgarse, no excluyen la posibilidad de que un trabajador o tercero pueda reclamar a la Comunidad ante la jurisdicción social las indemnizaciones que considere oportunas, en virtud de lo previsto en el artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad Social
“Cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido el empresario, la prestación será hecha efectiva, cumplidas las demás condiciones, por la entidad gestora, servicio común o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su caso, sin perjuicio de aquellas responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derechohabientes podrán exigir las indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables criminal o civilmente.”
31 mayo, 2016 31 mayo, 2016 Eva Gañán Simans Derecho Civil, Derecho Procesal	Alquiler, Burofax, Demanda, Desahucio, Desalojar, Enervar, Inmueble, Inquilino, Lanzamiento, Pago, Piso, Reclamación
Juan vive de alquiler pero también es propietario de un piso que heredó de sus padres: como ya tenía adaptada su vivienda, decidió alquilar el inmueble heredado.
El inquilino al que tiene alquilado el piso siempre le paga tarde. Ahora, además, lleva tres meses sin pagarle y a Juan se le empieza a complicar su economía: tiene que hacer frente a su alquiler y , a su vez, continuar pagando la parte de hipoteca que le falta por abonar del piso de sus padres, sin la ayuda que el alquiler de éste le proporcionaba.
¿Puede Juan desahuciar a sus inquilinos?
Un desahucio por falta de pago se puede iniciar cuando el inquilino no paga una o más rentas al propietario (en este caso, a Juan). Cuando el inquilino ni paga, ni abandona el inmueble, está incumpliendo el contrato de alquiler.
En ese momento, Juan, mediante un abogado, podría iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago y reclamación de las cantidades adeudadas. No obstante, desde RIUSIMANS aconsejaríamos a Juan que, previamente, enviase al inquilino un Burofax de requerimiento de pago. ¿Por qué? porque si Juan no requiere extrajudicialmente al inquilino para que pague, éste, una vez iniciado el procedimiento judicial, podrá “enervar1” la acción, es decir, tendrá la oportunidad de pagar en ese momento y paralizar el desahucio: ello provocaría que Juan tuviese que continuar soportando al mismo inquilino que no le pagaba (y que cuando lo hacía era siempre tarde) y que le había obligado a iniciar un procedimiento judicial, soportando los gastos que ello ocasiona. Además, si la situación se repitiese y, tras enervar, el inquilino volviese a no pagarle alguna renta, Juan se vería obligado a volver a iniciar el procedimiento judicial, de modo que la situación se prolongaría más en el tiempo.
Una vez enviado el Burofax de reclamación de las rentas no abonadas, si el inquilino no paga a Juan, éste deberá iniciar el procedimiento judicial. Se inicia mediante la interposición de una demanda: en el mismo procedimiento se solicitará tanto el desahucio, como la reclamación económica de las deudas.
A continuación, el Juzgado admitirá a trámite la demanda y el Secretario Judicial requerirá al inquilino para que en un plazo máximo de 10 días realice una de las siguientes acciones:
Desaloje el inmueble y pague a Juan
Enerve, es decir, pague y, por así decirlo, se archive el procedimiento judicial (esta opción no se le dará si hemos enviado el Burofax del que hablábamos antes)
Comparezca a una vista y alegue lo que considere oportuno. Sus alegaciones sólo podrán tratar sobre el pago en sí (si sí que pagó, si la cuantía que debe no es la que se reclama, etcétera)
Si el demandado (el inquilino) no realizase ninguna de las tres anteriores acciones se declarará el desahucio y se fijará día y hora para el lanzamiento2 (el plazo podrá ser inferior a un mes desde el día de la vista).
Finalmente, una recomendación importante para Juan – o para cualquier casero en su misma situación – es que nunca se debe cambiar la cerradura de la vivienda, ni cortar los suministros ya que si lleva a cabo este tipo de acciones, podría verse involucrado en un asunto peor como es una denuncia por presunto delito de coacciones.
Si te encuentras en una situación similar o tienes alguna duda, puedes contactar con RIUSIMANS Abogados. Barcelona.
1 La acción de enervar tan sólo se tiene una vez.
2 El lanzamiento es el trámite para el desalojo de un inmueble.
Diferencias entre denuncia, demanda y querella (Lo obvio no lo es tanto, 4ª entrega)
19 abril, 2016 19 abril, 2016 Eva Gañán Simans Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Penal, Lo obvio no lo es tanto	Delitos públicos, Delitos privados, Demanda, Demandar, Denuncia, Denunciar, Querella, Querellarse
Todos hemos escuchado las expresiones “denunciar” y “demandar” con un uso indistinto pero ¿significan lo mismo? ¿son verbos que definen una idéntica acción?
Coloquialmente, se utilizan los verbos “denunciar” y “demandar” de un modo indistinto para referirse a la acción de “llevar a alguien ante los Tribunales” pero ambos términos no son sinónimos.
La diferencia fundamental se basa en la materia de la que se trate: en general, la demanda es la forma mediante la que se inician los procedimientos civiles, contenciosos-administrativos, sociales y mercantiles. Por el contrario, en esencia, la denuncia es la forma mediante la que se inicia un procedimiento penal (hechos delictivos).
¿Y qué sucede con “querellarse”?
Habitualmente, se suele pensar que el término “querella” está relacionado con delitos de injurias y calumnias. No obstante, su contenido es mucho más amplio y no se acota a los delitos indicados.
Tanto la denuncia como la querella inician los procedimientos del ordenamiento penal pero fundamentalmente hay tres diferencias entre ambas:
En la querella, el querellante ejercita la acción penal y, en la denuncia, el denunciante no siempre la ejercita. Ahora bien, ¿qué significa esto? Veámoslo con unos ejemplos:
Si Juan se querella contra Pedro, Juan será parte en el procedimiento, es decir, su abogado irá a las declaraciones, tendrá acceso a toda la documentación, podrá proponer pruebas y participar en ellas, acusar a Pedro y asistir contra él en un Juicio.
Por lo contrario, si Juan denuncia a Pedro, Juan no será parte en el procedimiento (a no ser que expresamente indique lo contrario): lo más habitual es que mediante dicha denuncia Juan ponga en conocimiento de la Policía o del Juzgado unos hechos (presuntamente delictivos) y ya no participe más en el procedimiento.
La querella es válida tanto para delitos públicos como para delitos privados1. Por el contrario, la denuncia sólo es apta para delitos públicos.
Los delitos privados son los que sólo pueden perseguirse (iniciarse) por parte del perjudicado por los hechos. Por ejemplo, los delitos de injurias y calumnias que hemos mencionado antes son delitos privados y, por tanto, tan sólo pueden iniciarse por parte del calumniado o injuriado mediante querella (y no denuncia).
Por su parte, los delitos públicos son los que pueden perseguirse por el propio perjudicado, por cualquier otro ciudadano, por el ministerio fiscal, o bien, de oficio. Como hemos dicho, este tipo de delitos pueden iniciarse mediante denuncia o mediante querella.
La querella siempre debe presentarse por escrito y tiene que redactarse con una forma determinada que está estipulada por la Ley. Además, en principio, debe dirigirse contra una/s persona/s concreta/s. Contrariamente, la denuncia no tiene un carácter tan formalista e incluso puede ser verbal.
Cuando se trate de reclamaciones económicas, divorcios, despidos, o cualquier otro asunto de índole no delictiva el término adecuado será “demandar”. Por ejemplo:
Juan va a demandar a Pedro porque éste le debe los 5.000 Euros que le prestó
Juan va a demandar a Pedro porque tienen un conflicto con los lindes de unos viñedos
Por su parte, cuando se trate de asuntos delictivos el término adecuado será “denuncia” o “querella”. Por ejemplo:
Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha amenazado
Juan va a denunciar / querellarse contra Pedro porque éste le ha robado el coche
1 Existen también los delitos semipúblicos.
Custodia compartida y uso de domicilio familiar
12 abril, 2016 15 marzo, 2017 Pablo Domingo Riu Derecho Civil, Derecho de Familia	Cuando puede acordarse, Custodia compartida, Plan de parentalidad, Uso domicilio familiar
Juan se está planteando solicitar la custodia compartida de sus hijos. Espera poder llegar a un acuerdo con su pareja pero no descarta intentarlo sin acuerdo. Tiene dudas sobre lo qué pasará con el uso de la vivienda cuando se inicie el proceso.
La custodia compartida es la posibilidad de que los hijos permanezcan bajo la custodia de los dos padres.
Hasta la reforma de 2005, la custodia compartida no tenía amparo legal. No se establecía expresamente en el Código Civil nada sobre ella, pero los Tribunales habían superado esta limitación y en interés del menor la llegaban a acordar de manera excepcional.
Los requisitos y contenido de la custodia compartida no están definidos en la Ley, razón por la cual han sido los Tribunales (Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo) los que han ido definiendo sus características adaptándose a los diferentes casos que se presentaban. Por este motivo, es complicado establecer unas reglas generales para esta figura.
¿Cuándo puede acordarse la custodia compartida?
Puede hacerse a petición de ambos padres, pero también en caso de que lo solicite sólo uno de ellos, si el Juez considera que es lo mejor para el hijo/a.
En caso de acuerdo, deberá elaborarse un Convenio regulador- y en Cataluña un Plan de Parentalidad-, que es el documento en el que se establecerá entre otros:
– El Tiempo de permanencia de los hijos con cada padre.
Dependerá de la edad de los hijos, pero existen muchas opciones. Desde que el hijo/a pase unos días de la semana con uno de los padres y el resto con el otro; que pasen una semana con uno y la siguiente con el otro, por quincenas, trimestres, meses, cursos escolares, etc.
– El Sistema de comunicación y visitas con el otro progenitor.
Para el caso de que la duración de la estancia con el otro padre así lo aconseje para mantener una adecuada relación afectiva.
– La Contribución a los alimentos de los hijos/as y otros gastos.
Las posibilidades son diversas: que cada progenitor asuma los gastos que se deriven de la custodia del hijo/a mientras permanezca con él.
Al revés, que un progenitor abone los gastos que se ocasionen cuando la custodia la asume el otro.
El establecimiento de una cuenta común en la que abona cada padre una cantidad para asumir los gastos, etc.
-Fijación de la vivienda en la que vivirá el hijo/a.
Las posibilidades son múltiples. Puede darse que:
-Uno de los progenitores permanezca en el domicilio familiar y lo utilice como residencia del hijo cuando asuma la custodia, etc.
-Ambos padres se trasladen a otros domicilios, a los que se desplazará el hijo según corresponda.
-El hijo/a continúe residiendo en la vivienda familiar, y el progenitor no custodio se desplace a otro domicilio cuando no asuma la custodia.
Sin Acuerdo entre los padres
En este caso, el Juez decidirá siempre en interés del menor.
Se ha considerado por los Tribunales como elementos favorables para establecer que existe ese interés cuando:
– Existe proximidad entre los domicilios de los padres.
– Ya se daba de hecho una situación de custodia compartida “de hecho· aceptada por ambos padres(aunque no acordada por un Juez).
– En todos los casos, los equipos psicológicos del Juzgado valoran favorablemente la custodia.
– Existe una buena relación entre los padres y cierto acuerdo sobre la forma de educar a los hijos.
– La compatibilidad de los horarios.
– El hijo/a se muestra de acuerdo con la custodia compartida. En este tipo de procesos, los hijos/as siempre tienen el derecho de ser oídos, y su opinión puede ser decisiva según su edad y madurez
En cualquier caso, como ya hemos dicho, el contenido de la custodia compartida se está definiendo por los Tribunales. Hay Jueces que serán más proclives a aceptar una fórmula que otros. Se trata de una materia muy sensible desde el punto de vista ideológico, y no en todas las zonas del Estado se aborda de la misma manera. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha optado en ocasiones por primar este sistema, al considerarlo más igualitario en el reparto de las cargas afectivas y de responsabilidad para ambos padres, en lugar de ceñirse a una concepción tradicional.
Para cualquier duda sobre la custodia compartida y uso de domicilio familiar podéis contactar con RIUSIMANS Abogados en Sant Andreu, Barcelona.
La Fianza de la Ley de Arrendamientos Urbanos ¿Y si el arrendador no me la quiere devolver?
29 marzo, 2016 22 junio, 2016 Pablo Domingo Riu Derecho Civil, Sin categoría	Fianza, Ingreso de la fianza, Ley de arrendamientos urbanos
El contrato de arrendamiento de Juan ha finalizado, pero su arrendador (Pedro) le está dando largas con la devolución de la fianza que Juan le entregó en su día. Juan ha pagado sin falta la renta mensual y ha mantenido el local en perfecto estado, pero ahora se siente impotente. ¿Tiene todas las de ganar el arrendador? ¿Ha de resignarse Juan ante una actuación injusta por parte de Pedro?.
En su artículo 36, la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al arrendatario (Juan) a entregar una fianza al arrendador (Pedro). Este importe tiene como finalidad garantizar las obligaciones que Juan ha asumido con la firma del contrato de arrendamiento: la más importante de las cuales es el pago de la renta acordada.
Pero la obligación del arrendatario tiene como contrapartida una obligación del arrendador, quien no puede apropiarse del importe, y debe ingresarlo en el Organismo que cada Comunidad autónoma designe. En Cataluña se creó para este cometido el Registro de Fianzas de los contratos de alquiler de Fincas urbanas, dependiente del Institut Català del Sol.
En el Registro de Fianzas el arrendador (Pedro) además del ingreso de la fianza, debía solicitar la inscripción de los datos correspondientes al contrato firmado con Juan, ya que se trataba de un inmueble situado en Cataluña. Pedro debía informar de la situación de la finca, la titularidad, si disponía de cédula de habitabilidad, el uso al que se destinaría, los contratantes, el plazo inicial de duración del contrato, la renta pactada, etc.
Sin embargo, cuando se produce la finalización del contrato de arrendamiento comienzan los problemas para que el arrendatario recupere la fianza entregada. No nos referimos a los casos en los que efectivamente se ha producido un deterioro de la finca o no se han abonado las rentas, sino a los casos en los que el arrendador (Pedro) utiliza cualquier excusa para intentar no entregar el importe de la fianza. Y una de las razones, es que dicha cantidad nunca se llegó a ingresar en el Organismo competente, y el arrendador la hizo suya.
Afortunadamente es una práctica que tiende a regularizarse pero el arrendatario (Juan) debe saber que:
– El arrendador está obligado a entregarle un justificante del ingreso de la fianza en un plazo de dos meses desde que se realizó.
– Si el arrendador no devolviese el dinero de la fianza por haberse apoderado de él, podría considerarse que está cometiendo un delito de apropiación indebida penado hasta con pena de prisión.
– El hecho de no ingresar el importe de la fianza en el organismo competente es sancionable con multas para el arrendador de hasta el 75% del importe de la fianza no depositadas.
– Además de la sanción, el arrendador está obligado a ingresar el importe de la fianza más los recargos correspondientes.
Por tanto, cuando te encuentres ante un problema de devolución de fianza no justificado, consulta las opciones e instrumentos de negociación de los que dispones ante el arrendador.
Me quiero separar ¿por dónde empiezo? 9 junio, 2020
Divorcio y custodia “exprés” 2 junio, 2020

References: artículo 83

Artículo 83
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 6

Artículo　12
 artículo 40
 artículo 127
 artículo 36