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Timestamp: 2020-02-19 03:47:48+00:00

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﻿ Sentencia 2003-03060 de septiembre 23 de 2010
SENTENCIA 2003-03060 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:VINCULACIÓN DE DOCENTES BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON LAS SITUACIONES EN LAS CUALES SE, REALIZA SUCESIVAS VINCULACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ÓRDENES DE TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DOCENTE
Sentencia 2003-03060 de septiembre 23 de 2010
Rad.: 08001-23-31-000-2003-03060-01(0372-09)
Actor: Dani Luz Racine Rodriguez
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 13 de agosto de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso promovido por Dani Luz Racine Rodríguez.
Sostiene la señora Dani Luz Racine Rodríguez que estuvo prestando sus servicios para la entidad demandada como docente de preescolar tiempo completo en el Centro Comunitario de Educación Básica Nº 212, mediante contrato verbal, sin embargo, considera que se configuró una relación laboral.
La Sala en diversos pronunciamientos ha acogido el criterio expuesto por la Corte Constitucional alrededor de la diferencia existente entre el contrato de prestación de servicios propiamente dicho, con las situaciones en las cuales la administración, con el propósito de disfrazar una verdadera relación laboral, realiza sucesivas vinculaciones bajo la modalidad de órdenes de trabajo o contratos de prestación de servicios para evadir el reconocimiento y pago de prestaciones sociales (en este sentido, viene atendiendo los derroteros trazados en las Sent. C-555/94 y Sent. C-154/97 proferidas por la C. Const.).
Tal definición fue reafirmada por el artículo 104 de la Ley General de Educación (115/94) al prever que “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos...”, los cuales están sometidos permanentemente a las directrices emitidas por las autoridades educativas, que son el Ministerio de Educación y las secretarías de educación, así como a su inspección y vigilancia, y no gozan de autonomía, en cuanto a que si requieren una permuta, un traslado, un otorgamiento de permiso, etc. necesitan la autorización de las autoridades locales, que son las que administran la educación conforme el estatuto docente y la Ley 60 de 1993, a través de su respectiva Secretaría de Educación (L. 115794, arts. 106, 153 y 171).
“... Desde el punto de vista de la actividad material que ejecutan los docentes —temporales, no parece existir diferencia respecto de la que realizan los docentes— empleados públicos. Si no se encuentra una diferencia, entre estos dos supuestos, edificada sobre un criterio de comparación que sea razonable, perdería plausibilidad el régimen jurídico asimétrico que, en las condiciones ya referidas, la ley contempla y el cual, en los aspectos principales (remuneración, prestaciones, derechos y obligaciones), es más favorable para los docentes-empleados públicos...”.
Hasta tal grado no existen diferencias entre los dos supuestos estudiados —actividad de los docentes temporales y actividad de los docentes-empleados públicos—, que la única particularidad que exhiben los últimos respecto de los primeros es la de recibir un trato de favor emanado del régimen legal, cuya aplicación exclusiva, en estas condiciones, queda sin explicación distinta de la concesión de un privilegio. Lo que a menudo constituye la otra cara de la discriminación, cuando ella es mirada desde la óptica de los excluidos...”
Mediante la Circular 02 de 9 de enero de 2001, la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla le ordenó a los rectores y directores de colegios “CEB, C.P. educativas del Distrito de Barranquilla que a partir de la iniciación de las actividades académicas calendario 2001 se abstengan de asignar carga académica o permitir laborar en sus instituciones educativas a docentes que no estén legalmente nombrados o trasladados y debidamente posesionados, conforme a las normas pertinentes, Ley 115 de 1994, Decreto 2277/79 y demás, llámense “educadores populares, comunitarios contratados” o como se les quiera denominar” (fl. 29), razón por la cual, estima la Sala, se debe observar la normativa aplicable para este tipo de servidores.
El Decreto 3031 de 27 de diciembre de 1989, estableció las normas sobre la adjudicación de las plazas bonificadas para atender los programas de educación de adultos, disposición que en su artículo 1º ibidem indicó que el Ministerio de Educación Nacional adjudicará, según las necesidades, las plazas a los departamentos, intendencias, comisarías y Distrito Especial de Bogotá con base en los proyectos, programas y convenios en educación de adultos presentados por los coordinadores regionales.
En cualquier caso, los centros de educación de adultos de carácter estatal, podrán atender la prestación del servicio, con educadores de tiempo completo que reciben una bonificación por el servicio adicional a su jornada laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales sobre el particular o según lo establecido por cada entidad territorial, en su respectivo plan de desarrollo educativo territorial” (se resalta).
Las instituciones que ofrezcan educación formal de adultos, podrán ser objeto de las líneas de crédito, estímulos y apoyo establecidas por el artículo 185 de la Ley 115 de 1994, de conformidad con las normas que lo reglamenten”.
En el presente asunto se encuentra acreditado que:
La demandante prestó sus servicios al servicio del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, como se deduce del contenido del acto demandado.
Igualmente, que según la certificación expedida por la rectora del Centro Comunitario de Educación Básica Nº 212, Unidad Social Educativa Despertar del Sur, la prestación se dio por el período comprendido entre el año 1992 y el 22 de diciembre de 2000.
Así mismo, que las labores desarrolladas por la demandante eran las mismas que las de los docentes de planta y que en el presente caso se configuraron los tres elementos de la relación laboral: prestación personal del servicio, continuada subordinación y remuneración como contraprestación del servicio.
Las simuladas órdenes de prestación de servicios docentes suscritos con las demandantes, pretendieron esconder una vinculación de derecho laboral público, a pesar de que, como se explicó, la interesada no puede ser considerada empleado público docente, desconociendo el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la C.P., y ocasionando unos perjuicios que deben ser resarcidos a la luz del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.
En consecuencia, se confirmará parcialmente el fallo apelado, en cuanto declaró la nulidad del acto demandado y se modificará, en cuanto ordenó que a título de indemnización se le reconociera el valor de las prestaciones sociales dejadas de percibir, para en su lugar, y a título de restablecimiento del derecho condenar al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico) a cancelar a favor de la misma, el valor de las prestaciones surgidas en la prestación del servicio y, el correspondiente cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales lo que conlleva al pago de las cotizaciones legales por el periodo relacionado anteriormente, tal y como se planteó en sentencia de 17 de abril de 2008, proferida por esta subsección con ponencia del doctor Jaime Moreno García, En la que se precisó:
La Sala se aparta de la conclusión a que se llegó en la sentencia de 18 de marzo de 1999 y replantea tal posición, pues lo cierto es que en casos como el presente no tiene lugar la figura indemnizatoria, porque sin duda alguna, la lesión que sufre el servidor irregularmente contratado puede ser resarcida a través del restablecimiento del derecho, término que implica restituir la situación, devolverla al estado existente con anterioridad a la lesión inferida.
Ello tiene cabida a través de la declaración judicial de la existencia de la relación laboral del orden legal y reglamentario, con todo aquello que le sea inherente.
En cuanto al fenómeno de la prescripción dispone el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, que los derechos prescribirán en tres años contados a partir del momento en que la obligación se haga exigible y teniendo en cuenta que la presente providencia tiene el carácter de constitutiva, no hay lugar a ordenar su aplicación.
CONFIRMASE parcialmente la providencia proferida el 13 de agosto de 2008 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, excepto el numeral 3º el cual quedará así:
3. SE ORDENA al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla reconocer y pagar a la señora Dani Luz Racine Rodríguez las prestaciones sociales, dejadas de percibir por el período señalado en la parte motiva de esta providencia, debidamente indexadas.
-----Índice inicial

References: artículo 104
 artículo 1
 artículo 185
 artículo 13
 artículo 85
 artículo 41