Source: http://fueromilitar.scjn.gob.mx/fm_radilla280612.htm
Timestamp: 2017-11-25 07:38:02+00:00

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RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 28 DE JUNIO DE 2012
1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante "la Sentencia") dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal") el 23 de noviembre de 2009.
2. La Resolución de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia emitida por el Tribunal el 19 de mayo de 2011, mediante la cual declaró, inter alia, que se encontraba pendiente de cumplimiento la obligación de:
g) pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la Sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda (punto resolutivo décimo séptimo y Considerandos 53 a 56).
3. Los escritos de 14 de julio, 29 de agosto y 30 de noviembre de 2011, 18 y 26 de enero, 2 de marzo y 29 de mayo de 2012, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado" o "México") presentaron información sobre el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal en el presente caso (supra Visto 1).
4. Los escritos de 17 de octubre de 2011, 12 de enero, 17 de febrero, 9 de abril y 22 de junio de 2012, a través de los cuales los representantes de las víctimas (en adelante "los representantes") presentaron sus observaciones a los informes del Estado (supra Visto 3).
5. Las comunicaciones de 8 de noviembre de 2011, 6 de febrero y 2 de mayo de 2012, mediante las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") presentó sus observaciones a los informes estatales y a los escritos de los representantes (supra Vistos 3 y 4).
6. La audiencia privada celebrada el 22 de junio de 2012[1].
3. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que "[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes". Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones[2].
4. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[3].
5. A través de los escritos presentados por el Estado y los representantes, así como durante la audiencia privada celebrada en el presente caso (supra Visto 6), las partes se refirieron ampliamente, entre otros, al estado del cumplimiento de la obligación de pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, de conformidad con el punto resolutivo décimo séptimo de la Sentencia. Dado que durante la audiencia privada tanto el Estado como los representantes solicitaron a la Corte que se pronunciara sobre este punto, en la presente Resolución se abordará sólo esta medida de reparación. Asimismo, el Tribunal se referirá a una solicitud del Estado relativa a las obligaciones de investigar y determinar el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco.
I. Obligación de pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y por reintegro de costas y gastos (punto resolutivo décimo séptimo de la Sentencia)
A. Información del Estado
6. Indicó que en cumplimiento de la Sentencia, y ante la negativa de los señores Tita y Rosendo Radilla Martínez de recibir los montos correspondientes a las indemnizaciones a su favor, el Estado procedió a depositar todas las cantidades ordenadas en la Sentencia como indemnizaciones a favor de los cuatro beneficiarios de las mismas ante el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), mediante la compra de billetes de depósito, y que consignó el pago ante el Décimo Juzgado de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Asimismo, el Estado indicó que el 22 de septiembre de 2011 el albacea de la sucesión Justino García Téllez, viudo de la señora Andrea Radilla Martínez, acudió al mencionado Juzgado a recoger dos billetes de depósito (cheques) por los montos asignados a Andrea Radilla Martínez, víctima en el presente caso ya fallecida. Por otro lado, el Estado mencionó que el 25 de septiembre de 2011 la señora Tita y el señor Rosendo, ambos de apellido Radilla Martínez, presentaron un escrito al Juzgado antes referido solicitando que se pusieran a su disposición los billetes de depósito que fueron consignados por el Estado. La señora Tita y el señor Rosendo presentaron el escrito, requiriendo el pago de las cantidades que la Corte Interamericana estableció a su favor, y también en nombre propio y en representación de las señoras Rosa, Romana, Evelina, Ana María, Agustina, Victoria, Judith, María del Pilar y María del Carmen, todas de apellido Radilla Martínez, y de Justino García Téllez, en su carácter de heredero y albacea de la sucesión intestada de Andrea Radilla Martínez, a fin de que se les entregue la indemnización correspondiente al señor Rosendo Radilla Pacheco por concepto de daño material e inmaterial. Esta información fue notificada por el Juzgado al Estado, a través de la Secretaría de Gobernación, el 3 de mayo de 2012, instancia que, a su vez, manifestó al Juzgado que las personas que solicitaban la entrega de los billetes de depósito consignados tenían capacidad para recibir y reclamar los pagos.
7. Durante la audiencia privada el Estado precisó que "desde el 8 de junio [de 2012] la jueza ante quien se consignaron los billetes de depósito determinó que era procedente el pago a favor de Tita y Rosendo Radilla [Martínez y que], en este sentido[,] los billetes de depósito ya se encuentran a disposición para ser cobrados por [tales personas] en las instalaciones del juzgado." Asimismo, durante la audiencia, en relación con el pago a los derechohabientes del señor Rosendo Radilla Pacheco por concepto de daño material e inmaterial, el Estado informó que "[consideraba] que dicha[s] cantidad[es] debe[n] entregarse por partes iguales a los [derechohabientes] del señor Radilla Pacheco", por lo cual solicitó a la Corte "un pronunciamiento para que el billete de depósito se entregue a alguno de los representantes para cobro y posterior distribución equitativa entre los derechohabientes del señor Radilla Pacheco, es decir, sus hijos Rosendo, Tita, Rosa, Romana, Evelina, Ana María, Agustina, Victoria, Judith, María del Pilar y María del Carmen, todo ellos de apellido Radilla Martínez, así como Justino García Téllez, en su carácter de heredero y albacea de la sucesión intestada de Andrea Radilla Martínez". Consideró que con ello se "evitaría que las víctimas tuvieran que iniciar un procedimiento de declaración de ausencia y presunción de muerte, que a criterio del Estado es una carga desproporcionada para las víctimas", por lo que la declaración por parte de la Corte era "de suma importancia porque sin su aprobación no podría entregarse el dinero a las personas mencionadas". En virtud de lo anterior, solicitó que una vez que sean retirados los billetes de depósito se declare como cumplido el punto resolutivo décimo séptimo de la Sentencia.
B. Observaciones de los representantes
8. Inicialmente, los representantes habían informado a la Corte que los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco habían aceptado el pago ordenado por la Corte, y que habían solicitado al Estado que "retraiga" la consignación y que se entreguen los cheques de manera directa, indicando que la consignación ante juez es contraria a lo dispuesto por la Corte en el sentido de que "implica para las víctimas beneficiarias y derechohabientes la carga de tramitar procedimientos judiciales desproporcionados e innecesarios que no sólo complican gravemente el cumplimiento de la Sentencia, sino que implican su revictimización", puntualmente, respecto de los [derechohabientes] del señor Radilla Pacheco". Los representantes aclararon que no objetaban el depósito de las cantidades asignadas a favor del señor Radilla Pacheco en una institución bancaria sino su posterior consignación ante un juez, pese a que los derechohabientes, a través de los representantes, ya habían expresado al Estado su decisión de recibir directamente los montos correspondientes. Precisaron que para que los derechohabientes del señor Radilla Pacheco reciban las cantidades correspondientes deben iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria, conforme a la legislación interna, y obtener una declaración judicial de presunción de muerte del señor Rosendo Radilla Pacheco, todo lo cual, además, resulta oneroso. En tal sentido, manifestaron que el 11 de junio de 2012 el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil ya referido resolvió que para la entrega de las cantidades correspondientes a los "acreedores" del señor Radilla Pacheco requiere de la entrega de información adicional con la "‘finalidad de tener mayores elementos y no incurrir en alguna responsabilidad por parte de [ese] juzgado federal’". En suma, los representantes indicaron que ahora corresponde a un juez resolver lo relativo al pago de estas indemnizaciones. Por lo tanto, manifestaron que hacían "eco a la petición del Estado" de solicitar a la Corte un pronunciamiento para que la autoridad judicial competente pueda tenerlo en cuenta para la pronta entrega del billete de depósito de todas las indemnizaciones que estén pendientes.
9. Respecto a los señores Tita y Rosendo Radilla Martínez, víctimas del presente caso y beneficiarios directos de indemnizaciones ordenadas por la Sentencia, los representantes manifestaron que "no existe conflicto alguno, pues cada uno puede acudir directamente al juzgado a reclamar los billetes de depósito que les corresponde". Asimismo, en relación con la señora Andrea Radilla Martínez, los representantes indicaron que su situación se enmarca en el supuesto de fallecimiento de la beneficiaria antes de la entrega de la indemnización, por lo que sus derechohabientes están en condiciones de reclamar los recursos respectivos conforme al derecho civil del Estado de Guerrero.
10. Finalmente, por una parte, los representantes expresaron que el 12 y 16 de agosto de 2011, en diversos diarios de circulación nacional se informó que el Estado había procedido a la consignación ante un juez de las cantidades fijadas por concepto de daños material e inmaterial en la Sentencia. Precisaron que dichas notas "exponen montos precisos, beneficiarios y la fecha de la consignación, así como el juzgado ante el cual se consignaron los recursos". Los representantes consideraron que esta información pone en riesgo a la "familia Radilla", pues el Estado de Guerrero "es sumamente violento e inseguro y la familia Radilla no está exenta de esa grave realidad". Por ello, solicitaron a la Corte que inste al Estado a que se "abstenga de emitir notas públicas sobre el proceso de cumplimiento de la sentencia en lo relativo al pago de las indemnizaciones económicas y[,] en especial[,] los montos y fechas de entrega". Por otra parte,los representantes solicitaron a la Corte que, "por su conducto[,] solicite al Estado mexicano [que] reconsidere la posibilidad del reconocimiento y ampliación de la indemnización económica a todos los beneficiarios del señor Radilla Pacheco en la adopción de las medidas reparatorias, tal y como la Corte lo señaló en la Sentencia del presente caso".
C. Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
11. Tomó nota de que ha habido avances importantes y que se habrían superado los debates sobre la modalidad de cumplimiento del pago de las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia. Asimismo, la Comisión valoró "el diálogo fluido que de acuerdo a los informes más recientes, se evidencia que se ha dado entre la autoridad judicial, a cargo de autorizar los pagos, y la Secretaría de Gobernación", y que de acuerdo a dicha información ya se podría proceder al cobro de la mayoría de las indemnizaciones. No obstante, observó que "la jueza que tendría que autorizar este último cobro respecto de las indemnizaciones en favor de Rosendo Radilla, habría pedido información adicional". Por otro lado, apoyó la solicitud realizada por el Estado, y reiterada por los representantes, de que la Corte emita un pronunciamiento respecto a este punto para que el pago de las indemnizaciones pueda hacerse efectivo.
D. Consideraciones de la Corte
12. A efecto de que el Tribunal analice adecuadamente el grado de cumplimiento de la presente medida de reparación, es necesario recordar que en la Sentencia se ordenó, por un lado, el pago de determinadas cantidades por concepto de los daños material e inmaterial sufridos por el señor Rosendo Radilla Pacheco. De conformidad con el párrafo 387 de la Sentencia, dichas cantidades debían ser distribuidas, por partes iguales, entre sus derechohabientes. Por otro lado, la Corte también ordenó el pago de determinadas cantidades por concepto del daño inmaterial sufrido por los señores Tita, Andrea y Rosendo, todos ellos de apellido Radilla Martínez, las cuales, de acuerdo al párrafo 386 de la Sentencia, debían ser entregadas directamente a tales personas. Asimismo, el párrafo 388 de la Sentencia indica que en caso de que los beneficiarios, es decir, Tita, Andrea y Rosendo Radilla Martínez, fallezcan antes de que le sea entregada la indemnización respectiva, ésta se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable. Finalmente, el Tribunal también ordenó el pago de una cantidad por concepto de costas y gastos, la cual debía ser entregada a la señora Tita Radilla Martínez quien, a su vez, debía entregarla a las organizaciones correspondientes, de conformidad con los párrafos 385 y 386 de la Sentencia.
13. En la presente Resolución ha quedado de manifiesto que, respecto al cumplimiento de esta medida de reparación, se presentan diversos supuestos que deben ser abordados de manera separada. En primer lugar, el Tribunal tiene presente que en la Resolución de 19 de mayo de 2011 dictada en el presente caso se resolvió que, dado que el Estado había manifestado que se encontraba en condiciones de realizar los pagos correspondientes a los señores Tita y Rosendo Radilla Martínez, y dado que tales personas no deseaban recibir el pago correspondiente, la Corte consideraba que se cumplían las condiciones establecidas en el párrafo 390 de la Sentencia para que el Estado procediera con el cumplimiento de esta medida de reparación a través de un depósito bancario en una institución financiera mexicana, siguiendo los criterios establecidos en dicho párrafo. En segundo lugar, respecto al pago del resto de las indemnizaciones, la Corte no autorizó al Estado a que procediera con el depósito bancario, antes bien, el Tribunal solicitó al Estado mayores elementos sobre lo informado por los representantes en el sentido de que el pago tampoco podría realizarse a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante notario público, de acuerdo a lo alegado en ese momento. A su vez, la Corte también requirió a los representantes que informaran de manera precisa y pormenorizada las razones por las cuales no estaban de acuerdo en que los pagos se realizaran a través de un depósito bancario en una institución mexicana.
14. De lo anterior, la Corte observa que el Estado procedió a depositar, sin distinción, todas las cantidades ordenadas como indemnización en una institución bancaria, lo cual no fue ordenado por el Tribunal, y que, además, el Estado consignó los pagos correspondientes ante un juez, lo cual tampoco fue autorizado por la Corte, en los términos señalados en el párrafo anterior. En la Resolución de 19 de mayo de 2011 ya referida, el Tribunal dejó claro que si bien es admisible que se utilicen los procedimientos previstos a nivel interno a efecto de hacer efectivo el pago de las indemnizaciones, tales procedimientos no pueden generar a las víctimas cargas desproporcionadas que obstaculicen innecesariamente el cumplimiento de esta medida de reparación a su favor.
15. No obstante lo anterior, por lo que se refiere a las indemnizaciones que corresponden directamente a los señores Tita, Rosendo y Andrea Radilla Martínez, víctimas del presente caso, la Corte toma en cuenta que los representantes manifestaron que, a pesar de la consignación del pago ante juez, la señora Tita y el señor Rosendo, ambos Radilla Martínez, están en posición de acudir al juez para solicitar la entrega de las cantidades consignadas a su favor. En vista de lo manifestado por los representantes, la Corte solicita a tales beneficiarios que realicen los trámites pertinentes para estos efectos ya que, si por causas no atribuibles al Estado dichas cantidades no fueran recibidas, el Tribunal podrá dar por cumplido este aspecto de la reparación. De cualquier manera, bajo las circunstancias ya señaladas, la Corte no puede dar por cumplido este extremo de la reparación hasta en tanto los señores Tita y Rosendo Radilla Martínez reciban efectivamente las cantidades consignadas a su favor, en los términos señalados. Por otra parte, por lo que se refiere a la situación particular del pago de la indemnización correspondiente a Andrea Radilla Martínez, ya fallecida, debe seguirse el curso de lo que disponga la legislación interna a efecto de que sus derechohabientes reciban dicha cantidad, lo cual asimismo está previsto en el párrafo 388 de la Sentencia, como ya se señaló. Una vez que los derechohabientes de la señora Andrea Radilla Martínez reciban las cantidades que les correspondan, la Corte dará por cumplida esta reparación.
16. Por otro lado, en relación con la consignación ante un juez de las indemnizaciones correspondientes al daño material e inmaterial por los daños sufridos por el señor Rosendo Radilla Pacheco a favor de sus derechohabientes, la Corte estima, como lo aceptó el Estado durante la audiencia privada (supra considerando 7), que la forma elegida por éste para el cumplimiento de la presente medida de reparación genera cargas desproporcionadas a los derechohabientes que están obstaculizando innecesariamente el cumplimiento de esta medida de reparación. Como se desprende de la información proporcionada por los representantes y de la documentación que consta en el expediente, los derechohabientes tendrían que obtener, entre otras cosas, una declaración de ausencia y, a los dos años, una declaración de muerte presunta, a la vez que deben realizar una serie de gastos para toda la tramitación. Particularmente, la Corte considera inadmisible que, en un caso de desaparición forzada de una persona, se exija una declaración de muerte presunta a efecto de que sus derechohabientes puedan recibir a su favor la indemnización ordenada por este Tribunal. Conforme a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual México es Parte desde el 9 de abril de 2002 (supra considerando 2), y a la Sentencia dictada en este caso, el señor Rosendo Radilla Pacheco se encuentra desaparecido de manera forzada, y no puede presumirse su muerte ya que para ello el Estado debe, a su vez, probar dicha situación, como se estableció en la Sentencia. "Desaparición forzada" y "muerte/fallecimiento" son dos condiciones jurídicas distintas entre sí que, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no pueden asimilarse ni partir de los mismos presupuestos o necesariamente generar las mismas consecuencias jurídicas.
17. La Corte Interamericana ordenó en su Sentencia que las indemnizaciones correspondientes al señor Rosendo Radilla Pacheco fueran distribuidas entre sus derechohabientes. Por lo tanto, esta obligación debe ser cumplida íntegramente por el Estado mexicano. El artículo 68 de la Convención Americana establece que los Estados deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana en todo caso en que sean partes. Asimismo, en la Sentencia (supra Visto 1, párrafo 339) también se estableció que el Poder Judicial debe ejercer un "control de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para ello, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Todo esto también fue establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México al pronunciarse sobre la Sentencia de este Tribunal dentro del Expediente Varios 912/2010, decisión que obra en el expediente del presente caso.
18. Tomando en consideración lo anterior, y dado que la Sentencia señala que las cantidades correspondientes a la indemnización por los daños sufridos por el señor Radilla Pacheco deben ser distribuidas en partes iguales entre sus derechohabientes (supra Visto 1, párrafo 387), y dado que no existe controversia por parte del Estado ni de los representantes en cuanto a quiénes son los derechohabientes del señor Radilla Pacheco, el Estado, a través de la autoridad competente, debe proceder a la entrega inmediata de dichas cantidades, ya sea directamente a los derechohabientes o a través del representante que ellos elijan para ese efecto. Ello no obsta para que, a nivel interno, deban hacerse los trámites que correspondan siempre y cuando no generen cargas desproporcionadas a los derechohabientes.
19. Por otro lado, la Corte observa que ni los representantes ni el Estado presentaron información sobre el pago de la cantidad ordenada por concepto de costas y gastos, como fue reiterado mediante la Resolución de 19 de mayo de 2011 (supra Visto 1, considerando 56). El Tribunal solicita nuevamente la presentación de dicha información.
20. En vista de los considerandos anteriores, la Corte estima que se encuentra pendiente de cumplimiento la obligación de pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y por reintegro de costas y gastos (punto resolutivo décimo séptimo de la Sentencia).
21. Finalmente, en cuanto a la solicitud de los representantes de que el Estado se abstenga de hacer públicos los datos relativos al pago de las indemnizaciones, de la información presentada la Corte no puede presumir que la publicación en diarios de circulación nacional sobre el presunto pago de las indemnizaciones haya sido hecha a instancias del propio Estado. Asimismo, la Corte considera pertinente recordar que la Sentencia dictada en el presente caso así como el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la misma son públicos. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de los representantes para que la Corte inste al Estado a "reconsiderar la posibilidad del reconocimiento y ampliación de la indemnización económica a todos los beneficiarios del señor Radilla Pacheco en la adopción de las medidas reparatorias", el Tribunal recuerda que si bien en la Sentencia exhortó al Estado a que, en atención al reconocimiento de responsabilidad internacional realizado en el presente caso considere otorgar de buena fe una reparación adecuada al resto de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco que no fueron identificados como víctimas por la Comisión Interamericana (supra Visto 1, párr. 328), no es objeto de la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia la verificación de si el Estado ha accedido o no a conceder reparaciones a otros familiares del señor Radilla Pacheco. Tratándose de un punto que no estaba comprendido en la Sentencia, la Corte no puede pronunciarse al respecto. No obstante, el Tribunal resalta que el Estado informó que la atención psicológica y/o psiquiátrica ordenada en la Sentencia a favor de los señores Tita, Rosendo y Andrea Radilla Martínez, también fue ofrecida a otros familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco que no fueron determinados como víctimas en la Sentencia. Sobre el cumplimiento de esa medida de reparación la Corte se pronunciará en otro momento.
II. Petición del Estado.
22. Finalmente, en relación con las obligaciones de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, y de determinar el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco, el Estado solicitó a la Corte poder presentar cada seis meses la información sobre el cumplimiento de éstas y no cada tres meses como fue ordenado por la Corte mediante la Resolución de 19 de mayo de 2011. Ni los representantes ni la Comisión presentaron objeciones al respecto. Por lo tanto, el Tribunal concede la petición al Estado, el cual podrá presentar cada seis meses la información señalada.
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento,
DECLARA QUE<:
1. De conformidad con lo señalado en los considerandos pertinentes de la presente Resolución, se encuentra pendiente de cumplimiento la obligación señalada en el punto resolutivo décimo séptimo de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas dictada en el presente caso.
1. Requerir a los Estados Unidos Mexicanos que adopten todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, de conformidad con el punto declarativo primero de la presente Resolución y con los puntos declarativos a) a e), y g) a i) de la Resolución de 19 de mayo de 2011 dictada en el presente caso.
2.Solicitar a los Estados Unidos Mexicanos que, a más tardar el 3 de octubre de 2012, presente un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas que se encuentran pendientes de cumplimiento, en los términos de esta Resolución y de la Resolución de 19 de mayo de 2011. Posteriormente, el Estado mexicano debe continuar presentando un informe de cumplimiento cada tres meses. Respecto a la investigación de los hechos, identificación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables, y la determinación del paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco, el Estado podrá presentar información cada seis meses, luego de la presentación del informe del 3 de octubre de 2012.
4. Continuar supervisando el cumplimiento de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 23 de noviembre de 2009.
5. Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifique la presente Resolución a los Estados Unidos Mexicanos, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[1] A esta audiencia asistieron por parte de los Estados Unidos Mexicanos:Lic. Max Alberto Diener Sala, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mtro. Alejandro Alday González, Director General Adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Lic. Sergio Roberto Huerta Patoni, Coordinador de Asesores del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Lic. Jorge Cruz Becerra, Director de Cooperación Internacional con Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; Lic. José Roberto Ríos Vázquez, Director de Área de la Procuraduría General de la República; Consejera Martha Eugenia Tapia Benavides, Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de México en Costa Rica; Tercer Secretario Rafael Barceló Durazo, Encargado de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Embajada de México en Costa Rica, y el Lic. Juan Pablo Alemán Izaguirre, Subdirector de Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Por parte de los representantes de las víctimas: Tita Radilla Martínez; Octavio Amezcua Noriega; Isis Nohemí Goldberg Hernández; y Valeria Moscoso Urzúa. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Rosa María Ortíz, Comisionada y Silvia Serrano Guzmán, Especialista de la Secretaría Ejecutiva.
[2]Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 60; y Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de febrero de 2012, considerando tercero.
[3] Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37, y Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, supra nota 2, considerando sexto.

References: Resolución 
 artículo 68
 Resolución 
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