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Timestamp: 2020-08-15 01:51:50+00:00

Document:
STS 379/2018, 23 de Julio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 736117137
Número de Recurso: 1909/2017
DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS. DATOS PERSONALES. Los datos personales relativos a la vida laboral, afiliación y cotizaciones de la Seguridad Social, todos ellos almacenados en el sistema informático de la Seguridad Social, son datos "sensibles", confidenciales y reservados. El funcionario habilitado mediante clave de usuario y código de acceso al sistema informático de la seguridad social puede considerarse autorizado, pero tal autorización se limita a los accesos requeridos por el desempeño de funciones propias en el ámbito de la Seguridad Social y no ampara accesos de curiosidad personal, o de intereses, y mucho menos ampara la captación y la divulgación. Se desestima el recurso de casación.
Esta sala ha visto el recurso de casación núm. 1909/2017 por infracción de Ley y de precepto Constitucional, interpuesto por Dª. Irene , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Séptima, de 19 de junio de 2017 , estando representada por el procurador D. Javier Zabala Falcó, bajo la dirección letrada de D. Adolfo Prego de Oliver Puig de la Bellacasa. En calidad de parte recurrida, la acusación particular Dª Marisa , representada por el procurador D. Ángel Rojas Santos, bajo la dirección letrada de D. Ángel Rojas Santos
El Juzgado de Instrucción nº 24 de Madrid, instruyó P. Abreviado nº 1658/2016 contra Dª Irene , por un delito de revelación secretos y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7ª, que en la causa dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:
La acusada Irene , mayor de edad y sin antecedentes penales, desde junio de 2007 es funcionaria del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social desempeñando sus funciones en la Tesorería General de la Seguridad Social hasta mayo de 2014 como jefa del Área de Estudios Económicos.
El documento obtenido al imprimir los datos obtenidos en la consulta efectuada el día 4 de marzo de 2014 se lo facilitó la acusada a terceras personas y fue publicado en el periódico digital Público el día 14 de mayo de 2014 durante unas horas.
Fallo. Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a la acusada Irene como responsable en concepto de autora de UN DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, MULTA DE DIECIOCHO MESES con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, INHABILITACIÓN ABSOLUTA DURANTE SEIS AÑOS, a que indemnice a Marisa en la cantidad de 1000 euros y al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
Motivo primero .- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim , se denuncia la indebida aplicación del art. 197.2 del CP . Motivo segundo .- Al amparo del art. 849.2º de la LECrim , se denuncia error en la apreciación de la prueba, con apoyo documental en el documento emitido por la Tesorería General de la SS y obrante a los Fs 55, 56 y 57 del rollo de Sala.
Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación y votación el día doce de julio de dos mil dieciocho.
El principio por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 LECRIM . por indebida aplicación del artículo 197-2 CP . El segundo al amparo del artículo 849-2 LECRIM por error en la apreciación de la prueba. Y el tercero, al amparo del artículo 852 LECRIM por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
No esta de más efectuar aquí un excurso breve de técnica casacional. El orden sistemático de los motivos es relevante, pues la infracción de ley exige el respeto del relato fáctico, por lo que carece de lógica formular este motivo de recurso con anterioridad a otros en los que se cuestiona dicho relato, y que, en caso de prosperar, permitirían fundamentar la infracción legal denunciada sobre una base más conveniente. Tampoco tiene sentido plantear como prioritario el análisis de la subsunción jurídica cuando en un motivo posterior, por quebrantamiento de forma, se interesa la nulidad del juicio, o la de la sentencia, pues lo expuesto al resolver este primer motivo perdería toda efectividad en caso de prosperar el siguiente. En consecuencia, el orden lógico es plantear, en primer lugar, las infracciones constitucionales, a continuación los motivos por quebrantamiento de forma, seguidos del error en la valoración de la prueba, concluyendo con la infracción de ley analizando, consecuentemente, el motivo tercero al amparo del art. 852 LECRIM por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, art. 24.C E , respecto a la afirmación de que la acusada tuvo que ser quien entregó la fotocopia a un tercero por haber sido ella quien desde su ordenador, hizo la consulta y la imprimió.
En la STS 804/2016 de 26 de octubre hemos dicho que "El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como desde su suficiencia o calidad concluyente (no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en este último caso el Tribunal Constitucional ha de ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento 'cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada' ( STC 229/2003, de 18 de diciembre , FJ 4)" (FJ 23)".
"Por su parte, también resulta preciso recordar que en la STC 15/2014, de 30 de enero , se afirma "que nuestra jurisdicción se ciñe a efectuar un control externo, de modo que 'el juicio de amparo constitucional versa acerca de la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a examinar otras posibles inferencias propuestas por quien solicita el amparo' ( STC 220/1998, de 16 de noviembre , FJ 3) y, de otro, que entre diversas alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos" ( STC 124/2001, de 4 de junio , FJ 13) (FJ 6). E, igualmente, que en la STC 1/2009, de 12 de enero , se establece que nuestro parámetro de control "respetuoso con el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria en orden a la fijación de los hechos, sólo considera 'insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable' (por todas STC 123/2006, de 24 de abril , FJ 5)" (FJ 4), lo que es posteriormente reiterado en la ya citada STC 126/2011 , FJ 25, en que también se mencionan las SSTC 209/2007, de 24 de septiembre , 70/2007, de 16 de abril , 104/2006, de 3 de abril , 296/2005, de 21 de noviembre , 263/2005, de 24 de octubre , y 145/2005, de 6 de junio ."
El motivo segundo, al amparo del art. 849.2 LECRIM denuncia error en la apreciación de la prueba.
La doctrina reiterada de esta Sala- por todas SSTS 667/2011, de 21 de julio ; 72/2017, de 8 de febrero ; y 1522018 de 2 de abril, exige para que pueda estimarse de infracción de ley al amparo de lo establecido en el art. 849.2 LECRIM por error en la apreciación de la prueba - cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos como acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que si hubieran tenido lugar o describiendo nuevos de manera diferente a como realmente se produjeron- la concurrencia a los siguientes requisitos.
) Que el error se funde en verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa.
) Que se invoque tal error en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, por lo que no cabe la estimación del motivo si éste solo tiene incidencia en aspectos accesorios o irrelevantes. Hay que recordar que el recurso se da contra el fallo, y no contra los argumentos que de hecho o derecho no tengan capacidad de modificar el fallo.
) Que se citen con toda precisión los documentos en que se basa la queja casacional, incorporados a la causa, ya en el sumario, ya en el rollo de la Audiencia- sin que puedan cumplir esa función impugnativa los incorporados con posterioridad a la sentencia- con expresa designación de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido.
) Que el documento, por si mismo, sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis. Es lo que la doctrina de esta Sala define como literosuficiencia.
) Que el supuesto error patentizado por el documento y su eficacia probatoria no esté a su vez, desvirtuada o contradicha por otras pruebas que obren igualmente en la causa. Al respecto debe recordarse que la ley no concede ninguna preferencia a la prueba documental sobre cualquier otra, antes bien todas ellas quedan sometidas al cedazo de la crítica y de la valoración -razonada- en conciencia de conformidad con el art. 741 LECRIM .
) Que el recurrente lleva a cabo, al menos, una mínima justificación argumental como causa de impugnación.
) Que el recurrente proponga una nueva redacción del "factum" derivada del error de hecho denunciado en el motivo. Rectificación del "factum" que no es un fin en si mismo, sino un medio para crear una premisa distinta a la establecida y, consiguientemente, para posibilitar una subsunción jurídica deferente a la que se impugna.
La recurrente pretende que se incluya en el relato fáctico las cifras de la base de cotización, donde aparece la anomalía o singularidad de una mensualidad aislada con una cifra más baja que la que aparece en las restantes mensualidades, para que a partir de ese dato fáctico omitido y a la vista de las funciones atribuida a la acusada como jefa de Estudios Económicos, pueda considerase si actuó o no en el ejercicio legítimo de sus funciones, lo que pertenecería al juicio de tipicidad que constituye el motivo de casación planteado al amparo del art. 849.1 LECRIM .
El motivo primero al amparo del art. 849-1 LECRIM por indebida aplicación del art. 197-2 CP , al no concurrir sus elementos típicos .
Para la adecuada resolución del motivo es necesario recordar - SSTS 1328/2009 de 31 de diciembre ; 990/2012, de 18 de noviembre ; 525/2014, de 17 de junio ; 553/2015, de 6 de octubre , que el art. 197.2 se encuentra ubicado en el capítulo primero "Del descubrimiento y revelación de secretos, del Título X del Libro II del Código Penal que se rotula como "Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio".
Esta segunda dimensión de la intimidad conocida como libertad informática o habeas data, encuentra su apoyo en el art. 18.4 CE , en donde taxativamente se dispone que "la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". De esta proclamación se deriva su poder de acción del titular para exigir que determinados datos personales no sean conocidos, lo que supone reconocer un derecho a la autodeterminación informativa, entendido como libertad de decidir qué datos personales pueden ser obtenidos y tratados por otros. La llamada libertad informática significa, pues, el derecho a controlar el uso de los datos de carácter personal y familiar que pueden recogerse y tratarse informáticamente (habeas data); en particular -como señala la doctrina- entre otros aspectos, la capacidad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquél legítimo que justificó su obtención ( SSTC. 11/98 de 13.1 , 45/99 de 22.3 , 292/2000 de 30.11 .).
En el caso que nos ocupa la recurrente accedió en tres ocasiones -una el 4 de marzo y dos mas el 8 de mayo- a los datos de Marisa , y los copio y se apoderó de ellos cuando estaban en la pantalla de su ordenador.
La Sentencia 1328/2009, de 30 de diciembre , concita a la sentencia 1461/2001, de 11 de julio , precisó:
En consecuencia y en línea de principio, no importa la trascendencia e importancia objetiva de los datos personales y familiares. No cabe, pues, diferenciar a efectos de protección entre datos o elementos "objetivamente" relevantes para la intimidad que serían los únicos susceptibles de protección penal y datos "inocuos" cuya escasa significación los situaría directamente fuera de la intimidad penalmente protegida. En esta dirección la STS. 725/2004 de 11.6 nos dice que el art. 197. 2 CP no hace distinciones respecto del objeto de la acción que tengan fundamento en normas no penales y se refiere a "datos reservados de carácter personal o familiar" registrados en soportes informáticos, electrónicos o telemáticos de archivos o registros públicos o privados. Es decir, que el legislador ha querido alcanzar todos los datos de estas características porque, indudablemente, todos son merecedores de protección penal.
Ahora bien, si debe exigirse que los datos o información pertenezcan al ámbito privado y personal o familiar del sujeto. La STS. 358/2007 de 30.4 , recordó que, aunque en el segundo apartado del art. 197 se refiere a datos reservados de carácter personal o familiar, no siendo preciso que pertenezcan al núcleo duro de la privacidad, pues de ser así se aplicaría la agravación del apartado quinto del artículo 197, si es necesario que afecten a la intimidad personal.
En cuanto al elemento objetivo del perjuicio ocasionado por la acción delictiva, la jurisprudencia viene entendiendo (ver STS 532/2015 ), al contemplar las SSTS 123/2009, de 3 de febrero ; 1328/2009, de 30 de diciembre y 990/2012, de 18 de octubre , que sólo con relación al inciso primero ( apoderamiento, utilización o modificación) y al último ( alteración o utilización), menciona expresamente el legislador que la conducta se haga en perjuicio de tercero, mientras que no exigiría tal perjuicio en el caso de la conducta de acceso; si bien, resulta necesario realizar una interpretación integradora del precepto, pues no tendría sentido que en el mero acceso no se exija perjuicio alguno, y en conductas que precisan ese previo acceso añadiendo otros comportamientos, se exija ese perjuicio, cuando tales conductas ya serían punibles -y con la misma pena- en el inciso segundo.
La STS 1328/2009, de 30 de diciembre , distingue entre datos "sensibles" y los que no lo son, precisando que los primeros son por sí mismos capaces para producir el perjuicio típico, por lo que el acceso a los mismos, su apoderamiento o divulgación poniéndolos al descubierto comporta ya ese daño a su derecho a mantenerlos secretos u ocultos (intimidad) integrando el "perjuicio" exigido, mientras que en los datos "no sensibles", no es que no tengan virtualidad lesiva suficiente para provocar o producir el perjuicio, sino que debería acreditarse su efectiva concurrencia.
En el caso presente los datos personales que fueron divulgados -fecha y lugar de nacimiento, vida laboral, afiliación y cotizaciones de la seguridad Social- todos ellos almacenados en el sistema informático de la Seguridad Social, son datos "sensibles" confidenciales y reservados, susceptibles de producir perjuicio, que no tiene que ser necesariamente económico.
En este sentido la STS 525/2014, de 17 de junio , en su caso el funcionario de la TGSS que actualizando la clave asignada para otros fines, obtuvo información relativa a datos de trabajadores, empresas, vida laboral, certificados de cotización a mutuas laborales, que facilitaba a terceras personas: la STS 1861/2000 de 9 de diciembre , consideró datos personales reservados los referentes a incidencias de la vida laboral contenidos en ficheros de la Seguridad Social, y la STS 725/2004, de 11 de junio , entendió que el dato referente al lugar de trabajo de la persona contenido en su archivo de Seguridad Social es un dato personal en el sentencia del art. 197-2 CP .

References: artículo 849
 artículo 197
 artículo 849
 artículo 852
 resolución 
 artículo 197