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Timestamp: 2018-09-22 17:32:01+00:00

Document:
SENTENCIA SL9111-2014 DE 02 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:NO SIEMPRE QUE SE CONTROVIERTA EL VÍNCULO LABORAL, ES IMPROCEDENTE LA SANCIÓN MORATORIA. PARA QUE SEA PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA DEBE TENERSE EN CUENTA EN CADA CASO PARTICULAR SI LAS RAZONES DEL EMPLEADOR SON ATENDIBLES Y ESTÁN SUFICIENTEMENTE PROBADAS PARA JUSTIFICAR EL NO PAGO, Y ASÍ DETERMINAR LA BUENA FE DEL EMPLEADOR, LA APLICACIÓN DE DICHA INDEMNIZACIÓN NO ES AUTOMÁTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO LABORAL, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA, RECONOCIMIENTO EXCEPCIONAL DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA, RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA, INDEMNIZACIÓN MORATORIA LABORAL
Sentencia SL9111-2014/42432 de julio 2 de 2014
SL9111-2014
Rad.: 42432
Magistradas Ponentes
Interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
Pretende que la Corte case parcialmente el fallo recurrido «en cuanto confirmó el salario con el cual el a quo liquidó las prestaciones sociales y demás acreencias laborales (…) y en cuanto confirmó la improcedencia de la indemnización moratoria (…) para que una vez constituida en sede de instancia, MODIFIQUE la de primer grado en el sentido de declarar que el salario devengado por el actor en el último año de servicios, no fue de $865.424, sino de $1.222.940.oo; como consecuencia de ello, deberá MODIFICAR también el valor de cada una de las condenas a las que accedió el sentenciador de primer grado, pues las mismas tendrán que ser liquidadas con base en el salario real de $1.222.940.oo y no de $865.424.oo; Asimismo, ha de revocar la absolución que por concepto de sanción moratoria arribó el a quo, para en su lugar, condenar a GASES DEL CARIBE S.A., a pagar la suma diaria de $40.765.oo desde el 28 de junio de 1997 hasta cuando se cancelen todos y cada uno de los valores adeudados al señor GUILLERMO SEGUNDO GARCÍA».
Con tal propósito formula 3 cargos, replicados en oportunidad por la demandada.
Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida, de «los artículos 177 y 269 del C.P.C., 65, 127, 128 y 141 del C.S.T., todos ellos en relación con los artículos 13, 23, 24, 64, modificado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, 144, 189, 193, 249, 253, 259 y 306 también del C.S.T., y 61 del CPLSS».
Endilga al Tribunal la comisión de los siguientes yerros fácticos.
1.- Dar por demostrado, sin ser ello cierto, que el último salario devengado por el señor (…) GARCÍA PACHECO fue de $865.424.
2.- No dar por demostrado, siendo ello tan evidente, que el salario de $865.424., contenido en la certificación que aparece a folio 119 del cuaderno No. 1., corresponde es a diciembre de 1995, y no a junio de 1997, fecha ésta en la cual fue retirado el demandante.
3.- No dar por demostrado, estándolo, que el verdadero salario devengado por el actor en el último año de servicios, y que con creces fue demostrado en el proceso, asciende a la suma de $$1.222.940.oo.
Desaciertos que, dice, provienen de «no haber valorado correctamente la documental que aparece a folios 119 del cuaderno No. 1. y la que milita a folios 856 a 995 ibídem», y por haber omitido la valoración de las documentales «de folios 2150 a 2151, 2153, 2107 a 2108, 2109 a 2110, 2111 a 2112, 2113 a 2114, 2115, 2118, 2119 a 2120, 2121 a 2122, 2101 a2102, 2103 a 2104, 2105 a 2106, 2078 a 2079, 2080 a 2081, 2082 a 2083, 2084 a 2085, 2086 a 2087, 2088 a 2089, 2090 a 2091, 2092 a 2093, 2094 a 2095, y del 2096 al 2097, las que fueron aportadas por la propia demandada y tenidas como plenas pruebas en la respectiva (…) Inspección Judicial».
En la demostración, critica al ad quem por no haberse tomado el trabajo de examinar las documentales que denuncia como no apreciadas, ni percatarse de que a folio 119 (cuad. #1) se certificó el salario que el demandante devengaba en diciembre de 1995, que no el que percibía en junio de 1997 cuando se produjo la ruptura contractual, «salario éste que por cierto no sólo está acreditado con la documental que aparece a folios 856 a 995, que por cierto el ad quem le resta todo valor probatorio, y aunque dicha decisión es tremendamente equivocada, el cargo omite pronunciarse al respecto, y la razón de ello es que el último salario aparece acreditado también con las documentales que aparecen a folios 2150 a 2151, 2153, 2107 a 2108, 2109 a 2110 (…), las que fueron aportadas y tenidas como plenas pruebas en la (…) Inspección Judicial, que por cierto ni siquiera analizó el fallador de segundo grado».
Asevera que los documentos adosados entre los folios 2094 a 2097 dan cuenta que el salario devengado en el mes de junio de 1997, que resultó ser el último, ascendió a $1.542.472.oo; lo desagregó en las dos quincenas de esa mensualidad, y lo halló coincidente con el registrado a folios 975 a 978 y 988 a 992. Sin embargo, como el salario fue variable durante los tres últimos meses, dice, se debe promediar lo remunerado entre el 27 de junio de 1996 y el 27 de junio de 1997, valores que están demostrados, no con los documentos sin firma de folios 856 a 995, que desechó el Tribunal, sino con los que denuncia como preteridos, que enlista y ordena, para obtener un promedio de $1.222.940.oo mensuales. Advierte sobre lo imperioso de valorar los documentos no apreciados por el juzgador de segundo grado de «folios 2150 a 2151, 2153, 2107 a 2108, 2109 a 2110, 2111 a 2112, 2113 a 2114, 2115, 2118, 2119 a 2120, 2121 a 2122, 2101 a2102, 2103 a 2104, 2105 a 2106, 2078 a 2079, 2080 a 2081, 2082 a 2083, 2084 a 2085, 2086 a 2087, 2088 a 2089, 2090 a 2091, 2092 a 2093, 2094 a 2095, y del 2096 al 2097» incorporadas al plenario durante la práctica de la inspección judicial, pues «la verdad sea dicha, apelado un determinado tema, para el caso de autos el salario y con ello la reliquidación prestacional, es obligación legal del ad quem, analizar juiciosa y detenidamente cada una de las pruebas allegas (sic) al proceso, sean éstas individualizadas o no en el escrito de apelación; imperativo categórico éste, que está en correlación directa con la obligación legal de la parte demandante prevista por el artículo 177 del C.P.C., consistente en demostrar el supuesto fáctico de la norma que consagra el efecto jurídico que ella persigue (…)».
Atribuye deficiencias técnicas a la sustentación del recurso; por ejemplo, que el juzgador de segundo grado apreció todo el acervo probatorio, por manera que no es acertado imputarle falta de valoración de algunas pruebas, solo que algunas no fueron tenidas en cuenta debido a que les restó validez, de suerte que la controversia debió plantearse por violación directa de la ley a partir de violación medio.
Sostiene que el largo catálogo de pruebas sobre los que construye la censura la demostración de un salario superior al hallado por el Tribunal, no son más que facturas presentadas a GASES DEL CARIBE S.A. para ser pagadas a Yance García y Compañía Limitada, que no «evidencian en forma alguna que retribuyan directamente una prestación personal del servicio por parte de (…) García Pacheco, pues, se reitera, en la descripción de la misma se señala el período de causación del pago mas no el concepto de una labor específica que genere el pago». Añade que dichas facturas no fueron firmadas ni reconocidas por la demandada, y prueban pagos realizados a una persona jurídica.
Con el propósito de resolver la inconformidad del actor sobre el salario que tuvo por acreditado el fallador de la instancia inicial, el Tribunal restó todo mérito probatorio a los documentos incorporados entre los folios 856 a 995, debido a que carecen de firma, que no fueron expresamente aceptados por la demandada, por manera que no ofrecen certeza sobre su autenticidad, tal cual lo dispone el artículo 269 del Código Procesal Civil.
El recurrente no controvierte esta reflexión, lo que significa que la acepta; empero, aduce que dentro de la inspección judicial fueron incorporados una serie de documentos que pretende utilizar como elementos de juicio que contradicen lo plasmado en la certificación que sirvió al Tribunal para deducir un salario mensual de $865.424.oo, que milita al folio 119 de la encuadernación. A la sazón, este documento está fechado 28 de febrero de 1996, y da cuenta de que a 31 de diciembre de 1995, a la sociedad Yance García y Compañía Limitada se le pagaba en promedio aquella suma de dinero.
En ese orden, dado que el salario a tomar en cuenta para liquidar las prestaciones sociales causadas a la terminación del contrato de trabajo cuya existencia es asunto superado, emerge patente la equivocación cometida por el Tribunal, enrostrada por la censura.
Examinados los documentos de folios 2150 a 2151, 2153, 2107 a 2108, 2109 a 2110, 2111 a 2112, 2113 a 2114, 2115, 2118, 2119 a 2120, 2121 a 2122, 2101 a2102, 2103 a 2104, 2105 a 2106, 2078 a 2079, 2080 a 2081, 2082 a 2083, 2084 a 2085, 2086 a 2087, 2088 a 2089, 2090 a 2091, 2092 a 2093, 2094 a 2095, y 2096 a 2097, la Sala encuentra que ellos dan cuenta de las sumas que Yance García y Cía. Ltda. facturó a la demandada, y que ésta le pagó a aquella, a título de comisiones, lo siguiente:
$517.092.oo
1ª quinc. 08/96
$490.822.oo
2ª quinc. 08/96
$399.766.oo
1ª quinc. 09/96
$400.698.oo
2ª quinc. 09/96
$514.027.oo
1ª quinc. 10/96
$247.219.oo
2ª quinc. 10/96
$612.771.oo
1ª quinc. 11/96
$338.404.oo
2ª quinc. 11/96
$375.677.oo
1ª quinc. 12/96
$722.209.oo
2ª quinc. 12/96
$622.030.oo
1ª quinc. 01/97
$499.500.oo
2ª quinc. 01/97
$1196.681.oo
1ª quinc. 02/97
$122.713.oo
2ª quinc. 02/97
$435.634.oo
1ª quinc. 03/97
$310.075.oo
2ª quinc. 03/97
$762.733.oo
1ª quinc. 04/97
$208.991.oo
2ª quinc. 04/97
$474.138.oo
1ª quinc, 05/97
$1115.136.oo
2ª quinc. 05/97
$2144.079.oo
1ª quinc. 06/97
$503.167.oo
2ª quinc. 06/97
$1008455.oo
En total, el demandante recibió ingresos durante el último año de vigencia del contrato de trabajo declarado en las instancias $14.022.017.oo, para un promedio mensual de $1.168.501.42.
Quede claro que: (i) se tomaron en cuenta los valores que según los comprobantes de egreso, fueron efectivamente pagados al accionante y se desechó el que aparece incorporado en las facturas, debido a que los segundos siempre fueron superiores a los primeros; (ii) los pagos allí reflejados deben entenderse realizados al actor, en tanto fue con esta persona que los juzgadores de instancia declararon la existencia de una relación contractual laboral, en una aplicación integral del principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades; además, contrario a lo que sostiene el replicante, la prestación personal del servicio es un hecho que no se encuentra en discusión.
En consecuencia, a juicio de la Sala, la censura demostró los yerros fácticos, por demás evidentes, en que incurrió el colegiado de segundo grado, de suerte que el cargo es fundado y prospera en cuanto tuvo por demostrado que el salario devengado por el accionante en el último año de servicios fue de $865.424.oo, del que se sirvió para calcular el monto de las condenas.
Acusa infracción directa, por vía directa, del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación «con los artículos 22, 23, 24, 249, 306, y 307 del C.S.T., 1603 del C.C., 177 y 269 del C.P.C., 53 de la C.P., 61 y 145 del C.P.L y SS».
Tras reproducir sendos pasajes de las motivaciones del pronunciamiento que cuestiona, según los cuales, entre otras cosas, es inexplicable que luego de 4 años de servicios se hubiera cambiado la forma de vinculación del actor a la enjuiciada, desafortunada y sorprendentemente el Tribunal concluya que no se acreditó la mala fe del empleador, «en tanto ésta creyó estar en presencia de un vínculo comercial, absteniéndose con ello de imponer la sanción moratoria».
Para la censura, no es coherente que luego de que el colegiado fallador destacara la falta de independencia en la ejecución de las labores por parte del demandante y que éste actuaba a nombre de la accionada, quien asumía los riesgos y ventajas reportadas por dicha actividad, a más que «deja al descubierto el montaje perverso que había utilizado la demandada para encubrir un verdadero contrato de trabajo, y con ello evadir la carga salarial y prestacional a que tenía derecho el doctor GARCÍA PACHECO», así como a la ineficacia de la sociedad comercial, el ad quem «se quedó corto en su actuar, en tan sólo ese razonamiento, esto es dejar al descubierto un verdadero contrato de trabajo, era suficiente para demostrar la mala fe con que actúo (sic) la demandada, y con ello imperiosamente debió imponer también la sanción moratoria (…)», toda vez que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una presunción de mala fe en contra del patrono, de suerte que la carga de probar lo contrario corre a cargo de éste, «no a cargo del trabajador, el que sí debe demostrar la existencia del contrato realidad (subordinación, prestación del servicio y remuneración)».
Las razones que esgrima la empresa para probar su buena fe, continúa, deben contar con sólido respaldo probatorio, que brilla por ausente en el caso litigado, sino que más bien, lo que fluye evidente es la mala fe patronal al utilizar una sociedad comercial para ocultar la relación subordinada de trabajo, tal cual lo estimó la Corte en sentencia 25713 de 6 de noviembre de 2006, además de lo que adoctrinó en el fallo 29806 de 13 de mayo de 2008.
Por interpretación errónea de las mismas reglas de derecho enlistadas en la proposición jurídica del cargo anterior, denuncia violación directa de la ley sustancial.
Acepta que este cargo tiene similar estructura al segundo, solo que estima necesario encauzarlo bajo esta modalidad, toda vez que la absolución en segunda instancia se apoyó en la sentencia 25114 de 9 de diciembre de 2005. Por ello, su argumentación es igual a la del cargo anterior.
XI. Réplica de la demandada
Afirma que el recurrente no ataca el fundamento de la absolución por indemnización moratoria y, con todo, la empresa siempre estuvo asistida del convencimiento de haber realizado y ejecutado un negocio jurídico de orden comercial con una persona jurídica, que no uno de trabajo con una persona natural, por manera que su actuar no puede calificarse de caprichoso y amañado.
La acusación presenta evidentes deficiencias, como dirigirse por la modalidad de infracción directa que supone que el juzgador dejó de aplicar la norma por ignorancia o rebeldía al caso controvertido cuando, por el contrario acudió al contenido del artículo 65 del C.S.T. para concluir, a partir del contrato comercial suscrito en el año 1995, así como de diversos elementos de juicio, que no se presentó una conducta irregular.
En tal medida como en este asunto lo que se censura es que se erigió la decisión no en la adecuación normativa, sino en la deficiente estimación de los hechos del litigio, correspondía al censor acudir a la vía de los hechos a través de la aplicación indebida, y de esa forma indicar cuáles fueron los errores manifiestos en que incurrió el juzgador, y de qué manera incidieron las pruebas en la conclusión que se tacha de equivocada.
En todo caso, advierte la Sala por mayoría que si se pasaran por alto de tales defectos, para la exoneración de la indemnización moratoria, al Tribunal le bastó que la enjuiciada discutiera la existencia del contrato, en la medida en que ello traduce la convicción de que el actor no era su empleado, lo cual descarta la presencia de mala fe en su comportamiento. En apoyo de su deducción trajo a colación la sentencia de 9 de diciembre de 2005, radicado 25114.
En síntesis, en ese pronunciamiento la Sala asentó que no siempre que se controvierta el vínculo laboral, es improcedente la sanción moratoria, sino que lo que se ha dicho con profusión es que dicha indemnización no es de aplicación automática, sino que es indispensable, en caso en particular, «analizar si las razones aducidas por el empleador para no efectuar el pago, son atendibles y están lo suficientemente acreditadas en el proceso, con el fin de determinar si tal conducta estuvo o no revestida de buena fe».
Ahora bien, tal deducción no es equivocada pues no siempre que se declare un contrato realidad opera de forma automática la sanción, máxime cuando las razones vertidas por el juzgador dan cuenta que estableció los motivos por los cuales consideró atendibles las razones dadas por la empresa, como que el demandante constituyó una sociedad comercial, que la integraban otras personas, y que era entendible que por tales circunstancias no se considerara obligada a hacer pagos laborales.
XIII. Decisión de instancia
Demostrado como quedó que el promedio salarial del último año de servicio no fue de $865.424.oo, como lo coligió el a quo, sino de $1.168.501.42, solo procede recalcular los créditos causados a la terminación de la relación laboral, debido a que, en primer lugar, el quiebre del fallo del ad quem solo cobijó este puntual ítem, puesto que fue lo único que controvirtió el actor; así mismo, porque este guarismo solo sirve de base para la obtención del monto de los derechos originados con la finalización del contrato de trabajo. Así se tiene:
1º. Aunque el juez impuso condena por concepto de vacaciones, el método que usó para calcularlas es revelador de que a lo que quiso referirse fue a la compensación de vacaciones, en tanto tomó como base para liquidar cada uno de los períodos, el salario final que halló demostrado. Así las cosas, tiene derecho a recibir por cada uno de los períodos causados entre 1994 y 1997 $584.250.71, y a título de proporcionales por esta última anualidad, le corresponden $262.912.82, para un total de $2.015.664.95.
2º. A título de prima de servicios, procede la modificación de la causada entre el 1º de enero y el 27 de junio de 1997, que asciende a $584.250.71.
3º. Las cesantías «por todo el tiempo laborado”, en los términos del fallo que puso fin a la instancia inicial, ascienden a $7.536.834.15; de esa misma manera, los intereses a las cesantías, alcanzan $904.420.10.
4º. Se dispondrá que los aportes ordenados en el numeral 6º del fallo del a quo, se calcularán con base en $1.168.501.42.
5º. La indemnización por despido injusto se calculará con base en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, vigente para la época en que se produjo la ruptura del contrato de trabajo, a razón de 45 días por el primer año de servicio, más 20 días adicionales por cada año adicional trabajado. En ese orden, el monto de la indemnización queda en $5.998.307.30, equivalentes a 154 días de salario.
En consecuencia, se reformarán los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que por compensación de vacaciones el demandante tiene derecho a $2.015.664.95; por la prima de servicios del primer semestre de 1997 $584.250.71; por cesantías «por todo el tiempo laborado”, $7.536.834.15 y por intereses a las cesantías $904.420.10; por indemnización por despido injusto la condena queda en $5.998.307.30. El ingreso base para calcular los aportes al sistema de seguridad social será de $1.168.501.42.
Sin costas en casación ni en segunda instancia; en primera, a cargo de la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia dictada el 16 de enero de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por GUILLERMO SEGUNDO GARCÍA PACHECO contra GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., en cuanto confirmó los numerales 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la de primera instancia, proferida el 16 de marzo de 2005, por el Juez 4º Laboral del Circuito de Barranquilla.
Como Tribunal de instancia, modifica los referidos numerales, en el sentido de fijar el monto de las condenas de la siguiente manera: 1º.) Compensación de vacaciones, $2.015.664.95; 2º.)Prima de servicios correspondiente al primer semestre de 1997, $584.250.71; 3º). Cesantías «por todo el tiempo laborado», $7.536.834.15; intereses a las cesantías $904.420.10; 4º.)El ingreso base para calcular los aportes al sistema de seguridad social será de $1.168.501.42; 5º.) Indemnización por despido sin justa causa, $5.998.307.30.Sólo se indexará el valor de la indemnización por despido, no así el monto de los demás condenas.

References: artículo 6
 artículo 177
 artículo 269
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 6
 artículo 8