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Timestamp: 2020-02-28 22:39:26+00:00

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Sentencia de Tutela nº 890/07 de Corte Constitucional, 25 de Octubre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43533415
Sentencia de Tutela nº 890/07 de Corte Constitucional, 25 de Octubre de 2007
Derecho al debido proceso de persona contra quien la fiscalia dicto resolucion de acusacion como presunto responsable del delito de falsedad material de particular en documento publico agravado por el uso y el delito de invasion de tierras de la que en apelacion resuelta por la fiscalia primera delegada decidio declarar extinguida la accion penal por prescripcion del delito de falsedad material y confirmar la resolucion de acusacion por el punible de invasion de tierras en el caso del predio ubicado en la carrera 66 no. 179-65 de bogota y condenado a pena de prision que fue apelada aduciendo entre otras cosas justo titulo, poseer en forma pacifica por mas de doce años y que el proceso penal no podia iniciarse por denuncia de un funcionario de una notaria como ocurrio sino por querella de parte de las supuestas victimas no habiendose dado cumplimiento a los requisitos para llevar a cabo la investigacion por el presunto punible de invasion de tierras. Solicita se deje sin efectos la resolucion de acusacion y la sentencia condenatoria. Tutela contra providencias judiciales. Causales genericas de procedibilidad de la accion de tutela contra providencias judiciales. Solo en casos excepcionales procede la accion de tutela contra providencias judiciales, cuando quiera que se incurra en una de las causales de procedencia de la misma. En el presente caso la sala estima que la accion invocada por el ciudadano es manifiestamente improcedente ya que pretende revivir un debate probatorio que se encuentra concluido, no agoto un medio de que disponia y jamas invoco una nulidad por violacion al debido proceso penal. Negada
Referencia: expediente T-1695471
Acción de tutela instaurada por H.G.C.A. contra Fiscalías 92 Seccional y 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y los Juzgados 62 Penal Municipal y 8º Penal del Circuito de Bogotá.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados H.A.S.P., quien la preside, M.G.C. y C.I.V.H., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
en el proceso de revisión de la sentencia de tutela dictada el veintiséis (26) de julio de dos mil siete por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual decidió negar por improcedente la acción de tutela instaurada por H.G.C.A. contra Fiscalías 92 Seccional y 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y los Juzgados 62 Penal Municipal y 8º Penal del Circuito de Bogotá.
Los hechos que motivaron la petición de amparo son los siguientes, según el accionante:
La Fiscalía Seccional núm. 92 de la Unidad Primera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Bogotá, mediante resolución del 6 de septiembre de 2002, al calificar el mérito del sumario de la investigación dentro del sumario núm. 561812, de acuerdo con denuncia presentada el 1 de junio de 2001, por la señora M.C.C.C., quien en su condición de funcionaria de la Notaría 19 de Bogotá, señaló que el día 30 de octubre de 2000, en la citada notaría se autorizó la escritura pública núm. 4501, a una mujer que dijo llamarse C. delC.D., quien realizó dos actos correspondientes a la actualización de la nomenclatura y compraventa sobre un inmueble ubicado en la Carrera 66 núm. 179-65 de Bogotá, a favor del señor L.E.C.. Indicó así mismo que, al otorgarse dicha escritura se confirmó que la cédula y la huella correspondían a la compareciente.
Autorizada la escritura, el comprador procedió a la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte, tal y como se acredita con el folio de matrícula inmobiliaria No. 050N- 534034.
Adujo asimismo que el 24 de mayo de 2001 se presentó en la Notaría núm. 19, una mujer que se identificó como C.A. delC.D., exhibiendo la cédula de ciudadanía núm. 41.610. 163 de Bogotá, quien hizo saber mediante declaración juramentada que en ningún momento realizó el contrato de compraventa antes citado, ''sobre el lote de propiedad y además que no conocía al señor L.E.C.R.. Además, informó que también compareció el señor J.A.L., quien aportó dos folios de matrícula inmobiliaria indicando que la No. 50N- 534034 buena y que la No. 50N- 440563 no es auténtica, así como un contrato de vigilancia ordenado por mi a la empresa de seguridad ''Utiliza mi Servicio Canino''.
Explica que durante la investigación adelantada por la Fiscalía, la señora C.A. delC.D., aseguró que se enteró de la venta fraudulenta por intermedio del señor J.A.L., quien además de ser corredor de finca raíz, tiene a su encargo el cuidado del lote de autos, paga los impuestos ''y por consiguiente, está atento a cualquier invasión del mismo. Indica que la compra del lote, la realizó mediante escritura pública No. 2571 de octubre 27 de 1979 a la Sociedad Inversiones A.O. y Cia. S.A.C. de la cual era socio gestor el señor P.E.A.A., quien en dicha condición dio poder al señor J.A.L., para llevar a cabo la venta del lote. Dentro de esta declaración, solicitó que se investigara mi conducta, por la compra que realice del lote en cuestión de propiedad del señor P.E.A.A., mediante poder otorgado a la señora L.H.A., y que se elevó a escritura pública No. 4766 de agosto 12 de 1993, otorgada por la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, registrada el día 10 de mayo de 2001, por cuanto el folio de matrícula inmobiliaria es diferente al que se había asignado en el año 1979.''
Afirma que, como consecuencia de la irregular venta, se ha presentado ''por mi parte desde el día 28 de mayo de 2001, una ocupación de hecho ''del inmueble de su propiedad'', llevando como prueba el contrato que suscribí con la empresa de vigilancia''.
La Fiscalía consideró que se falsificaron documentos de carácter público como lo es la escritura pública No. 4766 del 12 de agosto de 1993, suscrita en la notaría 4 del círculo de Bogotá, por cuanto ''ESTA SE CREO CON BASE EN UN PODER ESPECIAL FALSO'', considerando que tal acto irregular dio origen a ''invadir terreno ajeno'', por lo que concluyó que ''Aparece entonces que se falsificó un documento de carácter público, como lo es las escrituras públicas que hace que se tipifique el punible previsto como falsedad material de particular en documento público agravado en virtud del uso dado por el agente como también el delito de invasión de tierras''.
Asegura que el fiscal de conocimiento, no obstante señalar que ''Claro está que no se tienen elementos probatorios que indiquen que materialmente el sindicado H.G.C.A., hubiese diseñado la falsedad del documento aludido'', formuló contra el accionante resolución de acusación como presunto responsable del delito de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso y el delito de invasión de tierras. De igual manera, ordenó oficiar a la Notaría Cuarta del Circuito de Bogotá para que se procediera a cancelar la escritura pública No. 4766 de 12 de agosto de 1993, así como a la Ofician de Registro de Instrumentos Públicos de la Zona Norte para que se llevara a cabo cancelación de anotación No. 9 de fecha 10 de mayo de 2001, de la escritura pública No. 4766 del 12 de agosto de 1993, Notaría 4ª de Bogotá.
La anterior providencia fue apelada por el accionante. La Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante decisión del 7 de marzo de 2003 resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción del delito de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso y confirmar la resolución de acusación por el punible de invasión de tierras.
El Juzgado Sesenta y Dos Penal Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 13 de marzo de 2006 resolvió condenar al accionante a 33 meses de prisión como autor del delito de invasión de tierras. Le negó igualmente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ordenándole además a la inspección 11 Distrital de Policía restablecerle los derechos sobre el inmueble a la señora D.C.D..
El accionante apeló el fallo alegando que contaba con un justo título sobre el inmueble, cual es la escritura núm. 4766 del 12 de agosto de 1993, documento que en ningún momento fue tachado de falso ''máxime cuando se demostró que para adquirir el dinero de la compra del inmueble se constituyó una hipoteca de mi casa ubicada en el barrio Villa del Prado y de unas oficinas en el centro de Bogotá, así como créditos con entidades financieras, habiendo perdido posteriormente la casa por no haber podido cumplir la obligación pactada''.
Alega que igualmente sostuvo ser poseedor pacífico por más de doce años. De igual manera, solicitó que se profiriera fallo absolutorio, ya que el delito de invasión de tierras debía haberse iniciado mediante la presentación de una querella por parte del sujeto pasivo de la acción.
Agrega que cuando ingresó al predio no lo hizo por la fuerza, sino que contaba con un justo título, llegando a contratar los servicios de un vigilante. De igual manera, solicitó tanto a la Fiscalía como al Juzgado la práctica de una inspección judicial al lote, video que fue extraviado por el Juzgado.
Insiste en que no cometió el delito de invasión de tierras ya que le adquirió el predio a la señora L.H.A., quien exhibió un poder debidamente autenticado.
El accionante insiste en que el proceso penal no podía haberse iniciado por denuncia de un funcionario de una notaría sino por querella por parte de las supuestas víctimas, quienes figuraban como propietarias del inmueble. Señala que el Juzgado incurrió igualmente en un error al confundir las acciones civiles que debía haber adelantado la que se proclamaba como dueña del predio para recuperarlo, ''para desvirtuar las pretensiones posesorias que yo estaba persiguiendo en el proceso penal, no sin dejar de lado de que pese a que el delito de falsedad que se investigaba se declaró prescrito, lo único que hizo durante todo el fallo fue hacer alusión a las posibles falsedades que pude haber cometido, desconociendo el fondo del asunto como era la posible comisión del delito de invasión de tierras''.
Insiste en que, en ningún momento, se dio cumplimiento a los requisitos exigidos para llevar a cabo la investigación por el presunto punible de invasión de tierras, como quiera que no se presentó una querella de parte.
Agrega que la Fiscalía 92 de la Unidad Primera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Bogotá incurrió en un defecto procedimental por cuanto le impartió una orden a la Notaría 4ª de Bogotá, a efectos de que cancelara de manera definitiva la escritura pública núm. 4766 del 12 de agosto de 1993 y el correspondiente registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, ''incurrió en vía de hecho por defecto procedimental, y por ende en vulneración a mi derecho al debido proceso y a la defensa, por cuanto la misma debió tramitarse como incidente procesal y tomarse como medida cautelar, de manera provisional y, hasta tanto se resolviera sobre la responsabilidad penal''.
Por último, controvierte el fallo condenatorio intentando revivir el debate probatorio en cuanto a la tipicidad del comportamiento.
En este orden de ideas, solicita al juez de tutela que deje sin efectos la resolución de acusación proferida el 6 de septiembre de 2002 por la Fiscalía 92 Seccional de Bogotá, confirmada parcialmente por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Bogotá, al igual que la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá, proferida por el Juzgado 8º Penal del Circuito de la misma ciudad.
Respuestas de las autoridades públicas accionadas.
Las diversas autoridades judiciales accionadas sostuvieron la improcedencia de la acción de tutela en estos casos, aportando sendas fotocopias de las decisiones adoptadas durante las instancias.
Al respecto, cabe señala que el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, luego de hacer un recuento del proceso, manifiesta que ''ninguna razón existe para predicar la violación del debido proceso o derecho de defensa del actor en sede de tutela, al señalar que no existió el requisito de procedibilidad de la acción penal por la conducta punible de INVASIÓN DE TIERRAS O EDIFICACIONES, si como se advierte, el titular del bien jurídico tutelado y su administrador, acudieron ante las autoridades judiciales a poner de presente la irregularidad señalada, frente a la manera como fue enajenado el predio de su propiedad''.
Decisión de instancia única.
La Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 26 de julio de dos mil siete negó el amparo solicitado por las siguientes razones.
Reitera su posición en el sentido de que, sólo de manera excepcional, cuando se trate de una decisión que incurra en defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o de procedimiento que generen lesión a la persona, procede el amparo contra sentencias judiciales.
Agrega que no sólo el peticionario podía instaurar un recurso extraordinario de casación, sino que además pretende revivir un debate probatorio que se encuentra agotado.
- Respuestas dadas por las Fiscalías 92 Seccional y 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y los Juzgados 62 Penal Municipal y 8º Penal del Circuito de Bogotá
Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si diversas autoridades judiciales incurrieron en una supuesta causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente en tramitar un proceso penal supuestamente sin competencia para ello, teniendo en cuenta que (i) el accionante jamás planteó una nulidad por incompetencia; y (ii) tampoco instauró un recurso extraordinario de casación.
Para tales efectos, la Sala (i) reiterará su jurisprudencia sobre procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) resolverá el caso concreto.
C. genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Evolución jurisprudencial. Reiteración.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, con fundamento en la reseña procesal presentada por el accionante, así como por las pruebas obrantes en el proceso, ha podido establecer que con un fundamento en las denuncias presentadas por una funcionaria de la Notaría 19 de Bogotá y la señora C.A. delC.D., el 1º de julio de 2001, la Fiscalía 92 Seccional de Bogotá inició una investigación penal por los delitos de falsedad en documento público e invasión de tierras contra el señor H.G.C.A..
La denunciante aseguró ser propietaria de un lote de terreno ubicado en la carrera 66 núm. 179-75 de la localidad de Suba, registrado en el folio de matrícula inmobiliaria No. 050N-5340034 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. No obstante lo anterior, por esos días pudo constatar que sin haber intervenido en acto jurídico alguno que implicara la disposición del bien a favor de terceros, el mismo aparecía enajenado mediante escritura pública núm. 4766 de 12 de agosto de 1993, otorgada ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, a favor del accionante.
Luego de determinarse la falsedad del documento público mencionado y ante la invasión del terreno, el 6 de septiembre de 2002, la Fiscalía 92 Seccional de Bogotá profirió resolución de acusación contra el señor H.G.C.A., por delitos contra la fe pública y el patrimonio económico.
La calificación del mérito del sumario fue objeto de apelación. El expediente fue remitido a la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá la cual, mediante auto del 7 de marzo de 2003 resolvió confirmarla por el delito de invasión de tierras y precluir por el ilícito de falsedad en documento público agravada por el uso, en razón de que había operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal.
En firme el llamamiento a juicio, las diligencias fueron asignadas al Juzgado 56 Penal Municipal de Bogotá al que, por razón de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, se le asignaron funciones de control de garantías, por lo que el expediente pasó al Juzgado 62 de la misma especialidad.
El 13 de marzo de 2006 la mencionada autoridad judicial profirió sentencia condenatoria contra el accionante, imponiéndole una pena privativa de la libertad de 33 meses como responsable por el delito de invasión de tierras; la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, negando la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
El fallo condenatorio fue recurrido por el sindicado. Las diligencias pasaron al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, siendo confirmado el 25 de mayo de 2007. Ninguno de los sujetos procesales legitimados interpuso el recurso extraordinario de casación.
Ahora bien, en sede de tutela, el condenado pretende censurar diversas y concordantes decisiones judiciales que fueron adoptadas en su contra, argumentando que nunca fue un invasor y que tampoco falsificó documento público alguno, debate probatorio que se encuentra agotado. De igual manera, alega la falta de legitimidad activa que tenía la funcionaria de la Notaría 19 de Bogotá para denunciarlo, por cuanto el delito de invasión de tierras es querellable. Alega asimismo que se habría incurrido en un error al momento de proferir sentencia de primera instancia ya que no se le aplicó un diminuente punitivo y que asimismo la condena en perjuicios es exagerada.
Con base en lo anteriormente expuesto, el accionante pretende que el juez de tutela deje sin efectos todas las providencias adoptadas por el órgano de investigación y los jueces de conocimiento. No comparte la Sala tales argumentaciones, por las razones que pasan a explicarse.
En el caso concreto, el peticionario alega la existencia de un defecto procedimental, consistente en que el delito de invasión de tierras es querellable, y por ende, el proceso penal no podía adelantarse con la simple denuncia de una funcionaria de una Notaría.
Al respecto, la Sala constata que el Juzgado 62 Penal Municipal de Bogotá, en su sentencia condenatoria del 13 de marzo de 2006, afirma lo siguiente:
''La señora C.A.D.C.D., solicitó se iniciara investigación en contra del señor H.G.C.A., como quiera que en el mes de mayo de 2001, invadió terreno de su propiedad ubicado en la Carrera 66 # 179- 75 de esta ciudad, argumentando que adquirió el mismo, a través de poder que otorgara su anterior dueño E.A.A., a la señora L.H.A., con quien suscribió la escritura pública nN. 4766 protocolizada el día 12 de agosto de 1993 en la Notaría Cuarta, por valor de $50.653.000, y por ello existe matrícula inmobiliaria 50N- 44563''. ( negrillas agregadas).
La anterior transcripción evidencia que, contrario a lo sostenido por el peticionario, el proceso penal que se adelantó en su contra fue iniciado por la presunta víctima de la falsedad y la invasión de tierras; lo anterior sin perjuicio de que la funcionaria de la notaría también hubiese dado noticia del ilícito a las autoridades públicas.
Aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que lo largo de la investigación, y luego durante la fase de juzgamiento el accionante bien hubiera podido elevar una solicitud de nulidad por violación al debido proceso, lo cual tampoco sucedió. De igual manera, como lo sostiene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el accionante contaba con el recurso extraordinario de casación para alegar la supuesta violación al debido proceso, al igual que los supuestos errores en la valoración probatoria, lo que jamás hizo.
De igual manera, la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar, de manera manifiestamente extemporánea, la decisión adoptada en su momento por la Fiscalía 92 Seccional en el sentido de cancelar el registro inmobiliario existente a favor del accionante.
En este orden de ideas, la Sala estima que la acción de tutela invocada por el ciudadano es manifiestamente improcedente ya que, en definitiva, pretende revivir un debate probatorio que se encuentra concluido; no agotó un medio judicial de que disponía para cuestionar las decisiones judiciales (recurso extraordinario de casación); parte de afirmaciones que no son ciertas, ya que el denuncio penal sí fue instaurado por quien contaba con legitimación activa para ello, como lo es la víctima; y finalmente, jamás invocó una nulidad por violación al debido proceso penal con el propósito de cuestionar las supuestas irregularidades en las cuales habían incurrido diversas autoridades judiciales.
Así las cosas, la Sala de Revisión confirmará el fallo proferido el veintiséis (26) de julio de dos mil siete por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual decidió negar por improcedente la acción de tutela instaurada por H.G.C.A. contra Fiscalías 92 Seccional y 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y los Juzgados 62 Penal Municipal y 8º Penal del Circuito de Bogotá.
Primero. CONFIRMAR la providencia dictada el veintiséis (26) de julio de dos mil siete por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual decidió negar por improcedente la acción de tutela instaurada por H.G.C.A. contra Fiscalías 92 Seccional y 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y los Juzgados 62 Penal Municipal y 8º Penal del Circuito de Bogotá.
Segundo. LIBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

References: resolución 
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 artículo 36