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Sindicato Mexicano de Electricistas (Blog): 01-feb-2013
SME Marcha al Zócalo Capitalino ¡¡Aquí nadie se rinde!! 31ene13 Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
El grotesco fallo emitido por la Segunda Sala de la SCJN el miércoles 29 de enero es un ejemplo de arbitrariedad y autoritarismo que al negar la protección de los derechos humanos, laborales y sociales de miles de trabajadoras y trabajadores electricistas viola los preceptos Constitucionales, las leyes secundarias y la normativa internacional. En lugar de desechar el recurso del SAE, por notoriamente improcedente —como argumentaron destacados juristas nacionales e internacionales— o regresar el asunto al Segundo Tribunal Colegiado para su revisión, la SCJN decidió, sorpresivamente y sin un debate de fondo, calificar el asunto de fondo y de esa manera justificar, de manera grosera, los pretextos gubernamentales para liquidar Luz y Fuerza del Centro arrojando a la calle a 44 mil trabajadores.
En su resolución final de la demanda 1337/2010 el Colegiado indica que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje indebidamente consideró procedente aprobar la terminación de las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, por existir supuestamente una causa de fuerza mayor o caso fortuito, sin advertir que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se sostuvo en la incosteabilidad financiera, además de que no advirtió que al utilizar la CFE los bienes de la extinguida, resultó beneficiaria y por ende patrón sustituto. La sentencia definitiva —que consta de 449 fojas— es contundente, al indicar que no hubo tal causa de fuerza mayor y no tienen que darse por terminadas las relaciones laborales para estos trabajadores y que su patrón sustituto es la CFE. En su afán de servir al poder la SCJN omitió la argumentación del Tribunal Colegiado y trata de justificar lo que es evidentemente injustificable. Avala un “caso fortuito” y una “fuerza mayor” que son indemostrables.Todavía más; la Corte, tan proclive a resguardar el debido proceso si el gobierno federal se lo pide en el caso de una extranjera, en el caso del SME respaldó y justificó todo el cúmulo de violaciones al debido proceso. En realidad, en la Liquidación de Luz y Fuerza ni siquiera hubo proceso, sino la imposición autoritaria de la medida. El asunto no se sometió al Consejo de Administración de la propia empresa, ni al Congreso de la Unión, ni se informó al SME; el gobierno federal utilizó al Ejército Mexicano y a los cuerpos policiales como fuerzas de ocupación en las instalaciones de Luz y Fuerza antes de emitir el decreto. No existió debido proceso, ni caso fortuito ni causa mayor, pero sí violaciones a los derechos humanos y agravios a la Constitución, pero eso a la SCJN no le importó, ocupada como está de acatar sumisamente lo que convenga al gobierno de Peña Nieto.En poco más de una semana la SCJN demostró su criterio veleidoso y arbitrario, al defender el debido proceso y los derechos humanos de una ciudadana francesa, Florence Cassez y avalar la violación los correspondientes debido proceso y derechos humanos de miles de trabajadoras y trabajadores mexicanos. Es preciso decirlo claramente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una vergüenza para todas y todos los mexicanos; ha convertido a la justicia mexicana en el hazmerreír del mundo. Este hecho marca que, desde el inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto, con la ayuda de los ministros de la Corte se está ganando el desprestigio nacional e internacional, desprestigio que irá en aumento mientras no le dé solución a este conflicto
Ante la aberración jurídica que ha cometido la Corte, el SME y la sociedad civil harán valer su derecho de manifestarse y buscar justicia con la movilización en las calles y ante instancias internacionales. Como ha sido y es evidente, las y los trabajadores electricistas cuentan con el apoyo de sindicatos, organizaciones y de millones de ciudadanos de México y de un sinfín de países. Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical A.C. en
Según los organizadores, 60 mil personas participaron en la marcha de trabajadoresFoto Yazmín Ortega Cortés Patricia Muñoz Ríos
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 18
Organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Mexicano, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y decenas más de gremios sociales determinaron anoche agrupar sus luchas en un gran frente de unidad,
demandar al gobierno priísta un cambio de rumbo económico y político, cese de la represión y del golpeteo contra los sectores democráticos e iniciar juicio político contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una amplia movilización que llevaron a cabo ayer, en la que marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México
y culminaron con un mitin al frente de Palacio Nacional, los gremios agrupados en el Frente Amplio Social señalaron que el gobierno priísta continúa la política antiobrera del anterior sexenio, tiene cooptadas las instituciones de justicia y repudiaron las reformas laboral y educativa.
Los sectores calificaron en pancartas y consignas de nefasta la actuación de la SCJN, y dieron su apoyo unánime a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de Mexicana de Aviación y del sindicato minero.
Descontento de clase
Marcharon tanto los pilotos de aviación con sus uniformes, que los electricistas con sus clásicas camisetas rojas –en las que ahora se leía la palabra Justicia–, amplios contingentes de campesinos tuvieron presencia, con un enorme listado de demandas. El mayor número de trabajadores lo aportaron los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el del SME, Telefonistas, a los que se sumaron agremiados de decenas de organizaciones. Asimismo, estuvieron presentes los del movimiento de Atenco con su dirigente, Ignacio del Valle, y los infaltables del Frente
Popular Francisco Villa, así como líderes del magisterio democrático.
En el mitin, los gremios acordaron fomentar la unidad, hacer a un lado los protagonismos y defender en un frente los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad que están siendo pisoteados por el régimen,
según plantearon dirigentes como el del Sindicato de Trabajadores de la
UNAM y de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez; del SME, Martín Esparza; de la Conorp, José Jacobo Femat, de Telefonistas y también de la UNT, Francisco Hernández Juárez, líderes de la Coordinadora Plan de Ayala, entre otros muchos oradores que tomaron la palabra.
También manifestaron rechazo unánime a la política económica y social
del presidente Enrique Peña Nieto. Señalaron que su gobierno está llevando al país a una mayor situación de apremio económico. Además, ratificaron su compromiso de agotar todos los recursos legales, políticos y de movilización social para revertir las reformas laboral y educativa, y prevenir la imposición de más proyectos neoliberales. También subieron a tribuna dirigentes como el de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Juan Carlos Díaz Chávez Morineau, para demandar una solución de parte del gobierno federal a su conflicto y que
no se deje en la calle a 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación.
Esparza, a su vez, preguntó a los miles de trabajadores electricistas ahí reunidos si iban a acatar la resolución de la SCJN, a lo que el respondieron con un No unánime. Les cuestionó acerca de
si iban a aceptar las nuevas liquidaciones que les ofrecían y la respuesta multitudinaria fue la misma. Luego de calificar a la Corte como la más corrupta del mundo, señaló que se someterá a este tribunal a
un juicio político-popular para que el pueblo juzgue su actuación.
La resolución de este tribunal contra el SME, abre la puerta para que
en el futuro, por una decisión administrativa del Ejecutivo federal, también se extingan o privaticen la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la educación pública y se mande a la calle a todos los trabajadores.
Al arranque de la movilización, el dirigente del comité ejecutivo nacional democrático de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación,
Artemio Ortiz, dio lectura al pronunciamiento que acordaron todos los gremios, en el que proponen que para salir de la postración del país, se
tiene que transitar de un pacto político a uno social, que tenga un compromiso con la sociedad, así como crear un mecanismo de diálogo social incluyente en que estén consideradas todas las voces y que se reflejen en un Plan Nacional de Desarrollo.
En la movilización, que según sus organizadores aglutinó cerca de 60 mil trabajadores y fuentes de Seguridad Pública dijeron que eran 11 mil,
marcharon gremios de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central
Campesina Cardenista, de los sindicatos Nacional de Mineros, Trabajadores de Nacional Financiera, la Alianza de Tranviarios, del Monte de Piedad, de Unorca (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas ), el Sindicato Independiente de Tornel, del Colegio de Bachilleres, del movimiento #YoSoy132, entre otros muchos.
Al final, quedaron en el Zócalo pancartas en las que se leía La SCJN libera a una secuestradora y condena a 16 mil 599 trabajadores.
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 17
El gobierno federal tiene una propuesta de indemnización muy alta, superior a la que la ley hubiera determinado
para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que
no han cobrado su liquidación, señaló ayer el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.
Cuestionado respecto a la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarles el amparo a los afiliados al SME para que fueran recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como patrón sustituto, luego de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el funcionario reiteró que dicho fallo ya no es un tema a discusión; debe acatarse.
En este sentido –dijo–, la STPS tiene una función importante, que es garantizar que todos los trabajadores que son objeto de esta resolución reciban la liquidación correspondiente en los términos legales. Insistió
en que hay un ofrecimiento de indemnización superior a lo que marca la ley.
Asimismo, planteó que la liquidación es un derecho para cada uno de los trabajadores que componían el Sindicato Mexicano de Electricistas.
No obstante, reiteró la voluntad de diálogo del gobierno federal con el
SME; dijo que en la reunión a que fueron convocados los dirigentes del gremio con el secretario de Gobernación, la discusión deberá estar enmarcada en las decisiones judiciales emitidas, ya que dentro de la civilidad democrática y del respeto a las instituciones se pueden encontrar salidas a cualquier problema social.
A pregunta expresa sobre si ofrecen otra vez bonos adicionales a los electricistas para que cobren su liquidación, dijo que lo
que hay es una propuesta de indemnización muy alta, superior a la que la ley hubiera determinado, y en este momento es lo que nosotros podemos
respaldar. ¿Qué más se puede dialogar con el gobierno federal? Esto implica un ejercicio de dos partes.
Entrevistado en el contexto de la revisión del contrato de ley
de la industria de la radio y la televisión, Navarrete Prida planteó que el personal de la extinta Luz y Fuerza del Centro es especializado. En el transcurso de su vida siempre tendrán posibilidades de recontratación en distintas áreas de la industria.
Agregó que la dependencia, a través del Servicio Nacional de Empleo, está dispuesta a apoyar en todo lo que se pueda a los miembros del SME, no de dientes para afuera; la dependencia mantendrá las puertas abiertas para ellos.
En cuanto a las movilizaciones anunciadas por el gremio, expuso que este es un derecho constitucional de libre manifestación, siempre y cuando se haga en el marco de la ley, no se lesionen derechos de terceros y que detrás de la marcha haya voluntad de diálogo para llegar
Sobre las revisiones salariales y contractuales que llevan a cabo diversos sindicatos, expuso que México tiene un saldo positivo, sin huelgas; precisó que ayer se firmó el acuerdo con el gremio de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que obtuvo 3.9 por ciento de aumento; que la negociación con el Sindicato del Colegio de Bachilleres va caminando muy bien, igual que la de los trabajadores de Chapingo, e incluso la que se lleva a cabo con el sindicato de Notimex.
También se refirió al programa de 100 días de inspecciones en la zona
carbonífera de Coahuila; dijo que van 100, como resultado de las cuales
se han cerrado cerca de 20 de los llamados pocitos, y que se está buscando la transformación de las condiciones laborales en los mismos.
PROCESO Rosalía Vergara 31 de enero de 2013 · 8 Comentarios Destacado
D.F. (apro).- El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, dijo que difundirán el contenido de la resolución de la Suprema Corte, donde se negó el amparo a los trabajadores, con el fin de
pedir juicio político contra los ministros por “traición a la patria” ya que, opinó, “en este país para tener justicia es necesaria la ciudadanía francesa”.
De esta manera Esparza aludió al rechazo de la SCJN para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fungiera como
patrón sustituto de los 16 mil 599 trabajadores liquidados hace tres años de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y, en contraste, los ministros ampararan a la francesa Florence Cassez, quien obtuvo su inmediata libertad pese a ser sentenciada a 69 años de prisión por el delito de secuestro.
En un mitin celebrado en el Zócalo capitalino, después de realizar una marcha con los dirigentes de los sindicatos de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez; de la UNAM, Agustín Rodríguez Fuentes; de ASSA, ASPA y Nafinsa, así como de campesinos y organizaciones sociales, entre miles de personas más, en rechazo a la reforma laboral, Esparza criticó al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, a quien llamó “el transgénico de Javier Lozano”, extitular de la STPS, porque ya les dijo que deben aceptar la resolución
y comenzar cuanto antes con la liquidación.
no nos vieron nacer, no nos verán morir. La única forma de vencer al SME es matándonos o encarcelándonos. Somos más de 16 mil 500 electricistas, con familias y gente solidaria, por eso también nos sumaremos al amparo contra la reforma educativa.
Además criticó que casi todos los partidos políticos estén siendo cooptados por
el gobierno de Enrique Peña Nieto, haciéndolos firmar el Pacto por México, que representa “la entrega del patrimonio de la nación”.
a ello, el líder de los telefonistas Hernández Juárez también se mofó de la SCJN y la decisión de liberar a Cassez; en su opinión, sólo se buscó mantener una buena relación diplomática con el gobierno francés.
En cambio, la decisión contra el SME, comentó, “es el anuncio de lo que viene en próximos tiempos para los trabajadores”.
su oportunidad, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), Agustín Rodríguez Fuentes, consideró que el miércoles pasado, día de la decisión de la Corte contra el SME, “es de luto nacional” porque se afectaron los derechos de los trabajadores.
Así, a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) expresó su apoyo a cualquier manifestación, evento
o acto convocado por el SME para defender sus derechos.
en el templete ubicado frente a Palacio Nacional, el reclamo inicial fue al mandatario capitalino Miguel Angel Mancera, pues pidieron que desocupara la plaza de la Constitución donde se instaló la “Megajornada de servicios del Gobierno del Distrito Federal”.
Ahí hay carpas para promover el uso de la bicicleta, de vigilancia animal, la Red Angel
que brinda servicios de salud y talleres de zumba, entre otros.
“Esta plaza es pública y podemos ocuparla las veces que queramos”, exclamó un trabajador.
marcha fue encabezada por los sindicalizados de ASPA, quienes en su uniforme portaron una manta con la sentencia: “Los pilotos de Mexicana seguimos en pie de lucha”.
El siguiente contingente fue de líderes
sindicales. Al centro Agustín Rodríguez, enlazado de los brazos con Hernández Juárez y Esparza. A su lado estuvieron otros dirigentes campesinos, sindicales y de organizaciones sociales que forman el Frente
Amplio Social.
Después los trabajadores de la UNAM, telefonistas,
macheteros de Atenco, estudiantes de #YoSoy132 y sobrecargos de ASSA, quienes comenzaron la marcha a la par de los campesinos y miembros de Greanpeace, que protestan por la imposición de alimentos transgénicos en
“El gobierno federal está
a punto de aprobar la siembra comercial de maíz transgénico en México, lo que sería la extinción del maíz tradicional”, acusó.
En su opinión, “esto sería entregar la soberanía alimentaria a transnacionales
como Monsanto y Dupont y otras dos compañías que quieren acaparar la alimentación del mundo”.
Andrés Manuel López Obrador acusó a Enrique Peña Nieto de estar detrás de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en negar el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para la recontratación de 16 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza
“Lo que hizo hace unos días dando libertad a una señora (Cassez) de manera rápida, dejando sin protección a las víctimas, todo por recomendación.
“Que no me venga a decir que en las dos decisiones que ha tomado la Corte no ha tenido qué ver Peña Nieto. Desde luego que sí, él fue el que
dio la orden para los dos casos”, expuso.
Como se recordará la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de Florence Cassez, sin declararla inocente o culpable, al considerar que el montaje televisivo armado por la AFI sobre su captura vició todo el proceso penal en su contra.
La ciudadana francesa fue liberada del penal femenil de Tepepan inmediatamente luego de que los ministros dejaron sin efectos su condena
de 60 años por secuestro.
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 18 La negativa de la Suprema Corte a otorgar el amparo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) demuestra que es un órgano subordinado a los designios del Presidente de la República, advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas.
Estamos en un momento grave, en el que la Corte, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) han dado pasos para encubrir acciones que vulneran la ley y dañan a los mexicanos, recalcó.
Encinas consideró que la Suprema Corte se está convirtiendo en un tribunal de consigna
y calificó la resolución que negó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea patrón sustituto de los trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza, como un monumento al absurdo.
Los ministros sostuvieron que “la paraestatal Luz y Fuerza no depende
directamente del Ejecutivo federal, por lo que no puede ser patrón sustituto, pero más adelante señalan –recordó– que la empresa se disolvió por causas de fuerza mayor y ello fue precisamente por una decisión del entonces presidente de la República”.
Además, indica que CFE y Luz y Fuerza tienen situaciones jurídicas distintas, pese a que ambas son órganos públicos, es un exceso que busca dañar a los integrantes del SME y deja en la indefensión a los trabajadores mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador durante un acto en Minatitlán, Veracruz, donde se eligió el nuevo comité municipal de MorenaFoto La Jornada René Alberto López y Jesús Lastra
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 13 Coatzacoalcos, Ver., 31 de enero. Desde
esta región petrolera del sureste, Andrés Manuel López Obrador convocó a
una campaña nacional de concientización para impedir la privatización del petróleo, que –aseguró– pretende realizar el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante la renta simulada del hidrocarburo, para entregar 60
por ciento de las ganancias a compañías extranjeras.
Peña Nieto no había hablado del tema; ayer lo hizo porque les urge
entregar la renta petrolera, pero miente cuando dice que no van a privatizar, aunque ayuda que hable en ese sentido, porque la gente lo entiende al revés: si afirman que no, es porque lo van a hacer, y la población lo que entiende es que ahí viene el garrotazo.
El líder opositor explicó que, efectivamente, no están privatizando Pemex: quieren privatizar el petróleo, pero lo vamos a impedir con la movilización pacífica y la participación del pueblo.
Aseguró que el próximo 5 de febrero se reunirán en la ciudad de México los consejeros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para
organizarse y definir el plan de defensa del petróleo.
López Obrador arribó después de las 13 horas al palenque de la Expo Feria de Coatzacoalcos para encabezar la asamblea municipal de Morena, y
por la tarde comenzó prácticamente la defensa del petróleo, pues fue recibido por decenas de hombres y mujeres que portaban pancartas con las
leyendas: No a la venta del petróleo, Pemex no se vende, Pemex, patrimonio de los mexicanos.
Ante sus seguidores, advirtió que si se privatiza el hidrocarburo las cosas se pondrán peor en el país, y les preguntó: ¿podemos contar con ustedes para defender el petróleo? El sí fue unísono.
El tabasqueño reiteró que es mentira que con la reforma energética habrá crecimiento y más empleo en el país; eso es puro cuento, dijo. Asimismo, afirmó que los gobiernos federales tienen 30 años privatizando y la situación del país sigue igual.
Aunque acusó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de recibir órdenes del secretario de Goberna- ción, Miguel Ángel Osorio Chong, en los temas relacionados con la liberación de la francesa
Florence Cassez y la monstruosidad cometida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ex candidato presidencial enfocó su intervención al tema petrolero.
Subrayó que su movimiento tiene dos prioridades: organizar a Morena y la defensa del petróleo. Insistió en que si la mafia en el poder logra la renta de la extracción de crudo, se dejará sin presupuesto al país y estaríamos peor que ahora,
porque se dejaría de apoyar programas educativos, de salud y el desarrollo en general, lo mismo que afectaría a comerciantes y productores con los permanentes aumentos en la gasolina.
Explicó a sus partidarios que deben difundir Regeneración –el
periódico que edita Morena–, pues aseguró que ahí se informa de lo que algunos medios no mencionan; refirió, por ejemplo, el caso del avión que
compró Peña Nieto en 6 mil 300 millones de pesos: el doble del presupuesto destinado a la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El ex candidato presidencial encabezó más tarde la asamblea de Morena
en el municipio de Minatitlán, donde insistió en la defensa del crudo.
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 12 El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) haya otorgado un amparo a cinco indígenas por violaciones
al debido proceso, pero sólo para efectos –en vez de darlo liso y llano,
como a Florence Cassez–, demuestra que en México las instituciones de justicia aplican un doble rasero en función del origen étnico o el nivel
socioeconómico de las personas involucradas, señaló Manuel Fuentes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Los ministros se vuelven dueños de la interpretación de las leyes.
Pueden hacer lo que quieran y no hay ninguna sanción contra ellos, porque gozan de fuero y sólo la Cámara de Diputados puede determinar sus
responsabilidades. Se supone que deben garantizar y promover los derechos humanos, pero lo que hacen es debilitarlos por intereses de grupos, alertó.
Por todo ello, no es exagerado decir que hay una justicia para pobres y otra para ricos. Hay un doble rasero que propicia la inseguridad jurídica, deja a los ciudadanos en un estado de indefensión y
le resta credibilidad a las instituciones.
No sé si se decida por motivos de discriminación, no lo creo. A mí
más bien me preocupa que ministros como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena o José Ramón Cossío no sean consistentes con sus votaciones en casos de violaciones al debido proceso, aseveró la abogada.
En contraposición, dijo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero han sido muy consistentes en sus votaciones y sus proyectos. Me llama la atención que el ministro entrante, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y José Ramón Cossío no lo han sido con sus argumentos en el tema del debido proceso, y cómo afecta eso
no sólo la forma sino el fondo del asunto. Me gustaría saber qué están pensando exactamente estos magistrados.
Durante varias horas se trabajó para rescatar de los escombros a las personas que quedaron atrapadasFoto Ap Roberto González Amador y Juan Antonio Zúñiga
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 6
El 6 de septiembre de 1982 un incendio devastó el edificio B2 de la torre corporativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la
ciudad de México y consumió las pruebas de uno de los grandes fraudes cometidos contra el patrimonio de la empresa, relacionado con la compra de dos embarcaciones.
Sucedió una explosión, que fue seguida por un incendio en el edificio B2, dijo a este diario Álvarez. En ese lugar se encontraba el archivo que resguardaba los documentos de compras, proveeduría y un almacén,
dice. El fuego consumió, recuerda, miles de documentos, entre ellos los
relacionados con la compra, por parte de la paraestatal (entonces dirigida por Jorge Díaz Serrano), de los barcos Cantarell y Abkatun,
una operación que a la postre terminó en un quebranto. Funcionarios involucrados en la operación, entre ellos Efrén Flores Chavarría e Ignacio de León Martínez, huyeron del país y se refugiaron en el Chile gobernado por Augusto Pinochet. En una entrevista publicada por Proceso en enero de 2002, Flores se declaró inocente.
Esa misma zona fue donde ayer ocurrió una explosión, cuyas causas no habían sido determinadas anoche por las autoridades. Álvarez aseguró: en donde ocurrió la explosión de anoche no hay calderas, es una zona de archivo muerto, de oficinas administrativas.
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 6 “Me tocó sentir la onda expansiva. Me quedé estúpido alrededor de medio minuto... fue muy poderosa la forma en que fui lanzado hacia la pared. Yo escuché nada más una sola explosión que de tan fuerte no atino a decir si fueron dos o tres o más.
“Al voltear lo único que vi fue una gran cantidad de humo gris. No vi
fuego, no vi flama, no vi llamas. Lo que sí vi es que un cobertizo de estructura metálica que acababan de hacer, pero estaba todo torcido y, bueno, toda la planta baja del edificio B-2 o casi toda, porque es largo, largo el edificio, estoy hablando de un tramo de unos 50 metros al menos, estaba como si hubiera explotado hacia afuera.
“Logré ver a mucha gente saliendo, mucha gente herida entre llantos desesperados. Un poco movido por la intención de ver qué pasó con los compañeros, en un momento dado, si tú quieres de valentía, me metí y afortunadamente pudimos rescatar a alrededor de 8 personas atoradas y semienterradas; mientras otras 10 o 12 lograron salir por su propio pie,
muy lastimadas.
Me metí por donde están dos bancos, un Banorte y un Bancomer. Por la planta baja de ese edificio logré llegar hasta el sótano. Tenía un aspecto muy desolador. No logro entender cómo se cayó toda la losa de la
planta baja al sótano que creo atoró a toda la gente. Estoy hablando que se colapsó de la planta baja al sótano. Todo se desgarró de una forma brutal por la explosión. Es tan difícil creer que no hubo ninguna flama ni llamas.
–¿Había olor a gas?
–¡No! Si hubiera olido a gas hubiera habido fuego. Varios compañeros que me encontré también estaban sorprendidos porque no hubo fuego. Algunos llegaron a decir que se escucharon varias explosiones. Para mí fue una explosión enorme que destruyó el sótano, la planta baja y el primer nivel del edificio B-2. No creo que haya sido un corto circuito, porque cuando hay corto, hay fuego y hay mucho humo, ¿no? No fue el caso. Acumulación de gases, ¿de dónde?
–¿Entonces no se percibió olor a gas?
–No, definitivamente no. Era puro olor a tierra. Un humo entre gris y
negro y casi blanco, era la mezcla de los cementos. Era un humo entre gris, un poco negro y un poco blanco que es más tierra. La verdad como están las cosas sólo le deseo la mejor de las suertes a la gente. Ojalá,
Dios quiera que sean los menos muertos posibles. Esto estuvo muy, muy feo...
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 2
Un estallido seguido de una onda expansiva –que se sintió como un temblor–
causó pánico entre miles de trabajadores de los edificios de Petróleos Mexicanos (Pemex). La versión oficial de lo sucedido fue la de un corto circuito, y por la noche la conclusión anunciada fue que se requerirá la
intervención de expertos nacionales e internacionales.
En el edificio B2, que tiene 13 pisos, ocurrió el derrumbe de varios pisos, entre ellos la planta baja, el sótano y el vestíbulo, lo que dejó
decenas de personas atrapadas y heridas.
El conteo preliminar de la noche de ayer era de 25 muertos y 101 heridos, aunque la suma no había concluido, y más de un centenar de personas reportadas como lesionadas, las cuales fueron enviadas a los hospitales de la paraestatal. No se habló del número de personas desaparecidas o no localizadas.
El caos y la incertidumbre generados por la falta de información se extendieron desde las autoridades de Pemex, que a través de su cuenta de
Twitter a las 15:58 horas daban a conocer que el desalojo se debía a una falla eléctrica, cuando a esa misma hora los familiares de los trabajadores llegaban al lugar preguntando por lesionados de la explosión y del derrumbe reportado por las últimas llamadas telefónicas que habían recibido desde el interior del edificio. El humo blanco que salía del lugar se podía observar desde el Circuito Interior.
Vecinos de la sede de la paraestatal que se acercaban al lugar, que inmediatamente se empezó a congestionar de unidades de rescate, ambulancias, bomberos y policías, dieron cuenta de las llamas que momentáneamente habían salido del edificio.
Alrededor de las 16 horas, elementos de la policía capitalina y agentes federales empezaban a acordonar el lugar, en el cual no se percibía olor a gas, al menos en el exterior de la torre B, donde los vidrios de las ventanas de al menos tres pisos estaban rotos.
Los trabajadores que salían de los edificios hablaban de una onda expansiva que se sintió en inmuebles aledaños y en la calle, donde comerciantes ambulantes empezaron a retirar sus puestos.
Los primeros heridos, que salían en camillas o caminando, tenían raspones, cortaduras de vidrio y golpes. Uno de ellos explicó que eran los de la parte alta del edificio porque toda la zona de recursos humanos, ubicada en la planta baja, estaba en medio del colapso.
El chofer de un alto funcionario de Pemex, de quien se reserva su identidad, relató que al sentir la onda expansiva fue proyectado hacia una columna y, después de unos segundos, se recuperó de la conmoción inicial y entró para ayudar al menos a ocho trabajadores. El testigo aseguró que nunca vio fuego ni percibió ningún olor. Sólo oí una explosión. No vi llamas; lo que sí vi fue el pasillo del edificio B2, que recientemente había sido techado con un cobertizo, y toda la estructura metálica estaba retorcida.
Un trabajador reveló que en el área del siniestro no hay calderas, como se había especulado. En el sótano está el archivo muerto, las máquinas pulidoras y de limpieza. Las calderas se encuentran en un edificio diferente.
El edificio B2 está contiguo a la torre principal de Pemex, que es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de México por sus 214 metros de altura y por ser la sede de la principal compañía de América Latina.
Foto Alfredo Domínguez Minutos antes de las 17 horas el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llegó al lugar y poco después lo hizo el jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida. El cerco a los complejos de
Pemex se empezó a extender varias manzanas con la ayuda de granaderos capitalinos. Los vidrios habían caído a gran distancia.
Poco a poco se distinguían varios círculos de vigilancia. El más cercano al lugar del incidente estaba llenos de militares y escuadrones de rescate. Le seguían las fuerzas federales, acordonando el resto de las calles, y los policías capitalinos.
Al lugar llegaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Cevallos, quienes no informaron nada, pero las
más de 100 ambulancias de distintas corporaciones que habían salido y entrado del lugar hablaban por sí mismas. Los helicópteros de la SSPDF no dejaban de sobrevolar la zona, que junto a otros de medios de comunicación eran alrededor de cinco.
Cerca de las 18 horas se negaba toda información sobre personas fallecidas, pero en contraste llegaban ambulancias de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que habitualmente sólo son requeridos para el levantamiento de cadáveres.
Personal especializado de la UNAM entró acompañado de perros entrenados para la localización de personas; a esto siguieron personal de rescate de la SSPDF, con palas y polines, y cinco binomios de perro y
entrenador de la Secretaría de Marina. La zona del derrumbe había quedado completamente oscura, por lo que también acudió personal con dos
La zona se empezó a llenar de elementos de la Policía Federal, del Ejército que iban con armas de alto poder. Casi a las 20 horas aparecieron elementos de la Marina. Era el agrupamiento antibombas. Había tensión.
En total, se estima que en la circunferencia y en el edificio colapsado había más de 800 elementos especializados, entre policías y trabajadores de rescate. Paradójicamente, horas antes de la toma policiaca de la paraestatal, a la 13:59, la cuenta de Twitter de la paraestal anunciaba: es un logro de Pemex mantener los indicadores de seguridad por debajo del estándar internacional.
A la zona, poco a poco empezaron a llegar más familiares de trabajadores que ya habían recorrido diversos hospitales sin éxito. Ni los gritos ni el llanto de mujeres y hombres derivaron en una respuesta oficial.
En cambio, a la llegada de camionetas blindadas llenas de personal de
seguridad abrían inmediatamente el cordón de seguridad instalado para delimitar la zona.
Tras la primera explosión de la tarde, hubo una nueva alerta por la noche que produjo el desalojo de gran parte de los elementos policiacos,
reporteros y gente reunida en el lugar.
Eran las 10:10 horas y una sirena de emergencia se escuchó. Todos los
que estaban ahí corrieron indistintamente por la puerta 15 ubicada en la calle de Bahía de Banderas. Al parecer el peligro aún era inminente.
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 20
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana (Stuia) aceptó ayer un aumento salarial de 4.3 por ciento, en tanto el comité de huelga del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (Stauach) votó mayoritariamente por estallar el paro hoy a las 15 horas en esa casa de estudios.
Por otra parte, el comité de huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) se reunió
anoche para analizar la situación, poco antes de que venza su emplazamiento, hoy a las 23 horas, las autoridades de la universidad no habían mejorado la oferta de incremento salarial de 3.9 por ciento, aunque sí presentaron a los trabajadores una propuesta de ajuste al tabulador diferenciado, según la categoría laboral, medida adicional al alza de percepciones.
En entrevista Juan Antonio Cruz, secretario general del Stuia, señaló que en una reunión de la asamblea general ésta aceptó el aumento salarial de 4.3 por ciento retroactivo a enero, con lo que quedó conjurada la huelga, cuyo plazo era para la medianoche de este 31 de enero.
El Stuia aglutina a 850 trabajadores de servicios, administrativos y académicos y la última vez que estalló una huelga fue hace 13 años.
En esta negociación salarial la petición de aumento fue de 11 por ciento, y Cruz indicó que aunque
no estamos conformes con ese 4.3, no nos satisface, los trabajdores somos conscientes y responsables de la situación. Además incluso estamos
obteniendo un aumento mayor al que se ofrece a otros sindicatos de universidades.
Claudia Durán Rojas, secretaria general del Stauach, lamentó la falta de voluntad
del autoridades de la Universidad Chapingo, encabezadas por Carlos Alberto Villaseñor Perea y señaló que ante la negativa a acceder al pliego petitorio el comité de huelga determinó que hoy se colgarían las banderas rojinegras y añadió que esta mañana habrá una nueva reunión de los sindicalistas y lo más probable es que si no hay disposición de las autoridades, no se cambiará el sentido de la determinación.
El año pasado esta casa de estudios tuvo un cese de labores de tres semanas, recordó Durán Rojas, quien añadió que la respuesta
que han dado las autoridades ha sido insignificante, pese a que muchas de las peticiones sólo requieren de voluntad; estamos molestos, sólo nos
quieren dar paliativos, demandamos una retabulación de 15 por ciento y un aumento salarial de 20 por ciento.
Sin embargo la propuesta de la universidad es de 3.9 por ciento directo al salario, 2.4 a prestaciones y no ha accedido a la retabulación.
La sindicalista lamentó que el rector prácticamente esté ausente es
un rector virtual, sólo se presentó con nosotros una vez para conocernos, además en diversas reuniones pactadas para negociar nos han dejado plantados las autoridades, aseguró.
Aparte Antonio Venadero, secretario generla del Situam, comentó que en la reunión de ayer las autoridades de la UAM sólo
nos presentaron una redacción adicional sobre la propuesta de ajuste al
tabulador, lo que es complementario al aumento salarial que proponen de
3.9 por ciento, nosotros pedimos 20 por ciento; no nos satisface el ofrecimiento y se pondrá a consideración del comité de huelga hoy (ayer en la tarde) y mañana (hoy) en las asambleas seccionales para que tomen una determinación.
El Situam aglutina a 8 mil trabajadores académicos y administrativos,
y la última huelga en dicha casa de estudio fue en el año 2008 y duró 65 días.
Cincuenta y cuatro personas acusadas de diversos delitos fueron presentadas ayer ante una asamblea comunitaria en el ejido El Mezón, municipio de Ayutla, GuerreroFoto Víctor Camacho y Sergio Ocampo Sergio Ocampo Arista
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 39
Ayutla de los Libres, Gro., 31 de enero. Representantes
de 69 comunidades de seis municipios de la Costa Chica crearon hoy el tribunal popular que juzgará a las 54 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada que fueron detenidas en retenes que los pobladores de Ayutla de los Libres y Tecoanapa instalaron el 6 de enero.
En una asamblea efectuada en la comunidad El Mezón, habitantes y autoridades de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, San Marcos, Cruz Grande, Copala y Cuautepec acordaron que el 22 de febrero se inicie el desahogo de pruebas a favor y en contra de los detenidos, en el poblado de Buenavista.
Luego de presentar a cada uno de los detenidos y mencionar los delitos que se les imputan, una mujer leyó ante pobladores, comisarios municipales y ejidales, comandantes y policías ciudadanos, que los acusados serán juzgados en juicio público que se inicia el día de hoy. Su actuación se regirá por los principios de inmediatez, oralidad, imparcialidad e independencia, y con pleno respeto a los derechos humanos.
Descartan penas corporales
El tribunal, dijo, “recibirá las pruebas, testimonios, documentos y demás pruebas de cargo que presentarán las víctimas, y por razones de seguridad, la identidad de las víctimas y testigos se mantendrá en reserva. Los detenidos rendirán su declaración y presentarán las pruebas que demuestren su inocencia, y sus familiares podrán fungir como defensores, aportando los elementos de prueba y haciendo los alegatos.
“Al término de las exposiciones orales de las partes y de la aportación de sus pruebas, el tribunal sesionará el tiempo necesario y presentará su veredicto, condenando o absolviendo a los detenidos. El tribunal popular será el único facultado para la imposición de las penas, quedando estrictamente prohibido imponer sanción corporal alguna.
Los detenidos que resulten culpables serán llevados a un proceso de reeducación itinerante en los pueblos que conformen nuestro movimiento por el tiempo que determine nuestro tribunal, previo juicio popular, concluyó.
Aguirre anuncia comisión oficial
En Chilpancingo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que este viernes se instalará una comisión para la paz y desarrollo de los pueblos indígenas, en particular para analizar “la entrega de los (54) detenidos que se encuentran en el municipio de Ayutla, particularmente en El Mezón, donde de acuerdo con sus usos y costumbres habrán de presentar a estas personas que, dicen ellos, cometieron diversos delitos, y que deberán de ser sometidos a las leyes y
a las instituciones debidamente establecidas.
Hoy por la mañana tuve una plática con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien acordé constituir esta
comisión. El gobierno federal va a designar a Jaime Martínez Veloz como
enlace con los pueblos indígenas, adelantó.
Aseguró que esta comisión, que se instalará en Casa Guerrero, es una propuesta aceptada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, esta última con influencia en la Costa Chica. En ella participarán también los alcaldes de esos municipios.
Sin embargo, solicitó a los representantes de esas comunidades que designen una comisión que dé seguimiento al proceso al que serán sometidos los detenidos, para que éstos tengan garantía plena, y a los que no se demuestre algún delito tendrán que liberarlos de inmediato.
Aguirre aseguró también que ya está lista la redacción del decreto que enviará al Congreso del estado, mediante el cual se dará legalidad a
las policías comunitarias como coadyuvantes en labores de seguridad.
Al grito de ¡este presidente es un delincuente!, miles de españoles se manifestaron ayer en Madrid, en repudio al gobierno del derechista Partido Popular por los actos de corrupción en que está involucradoFoto Ap Armando G. Tejeda
Periódico La JornadaViernes 1º de febrero de 2013, p. 32
Madrid, 31 de enero. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, así como algunos miembros de su gabinete y la cúpula de su formación política, el Partido
Popular (PP), están presuntamente involucrados en una trama de corrupción, en la que habría desde evasión fiscal hasta sobornos en un periodo de 19 años (1990 a 2009).
El escándalo ha alterado la agenda de todos los grupos parlamentarios
y del propio gobierno, mientras en la calle y en las fuerzas de oposición crece el clamor de la dimisión y el adelanto de elecciones.
El periódico El País publicó los documentos que avalan la noticia que sacó a la luz hace dos semanas el diario El Mundo, que afirmó que la cúpula del partido conservador español cobró sobresueldos en dinero negro (sin
pasar por el fisco), a través de sobres entregados en mano y gracias a una contabilidad opaca que llevaron a cabo los dos gerentes del partido en dicho periodo, Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Ahora se conoció que ese dinero procedía además de importantes empresas que comulgaban con las ideas de la formación conservadora y que
durante su gestión beneficiaron sus intereses, entre ellas la constructora OHL –con presencia en México–, Sacyr, Mercadona y FCC Construcción.
El escándalo de los sobres del PP está en su fase inicial, pero de confirmarse los hechos ello supondría que entre los dirigentes políticos que incurrieron en prácticas ilegales están los máximos gobernantes del país: Rajoy, presidente actual y que hasta la fecha no ha ha dado ninguna explicación, salvo el anuncio de que el próximo sábado convocará de forma extraordinaria al comité ejecutivo de su partido: Javier Arenas, alto directivo del PP; María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP; y otros dirigentes como Jaime Mayor
Oreja, quien fue vicepresidente y ministro del Interior durante el gobierno de José María Aznar, y Rodrigo Rato, también vicepresidente y que fue director general del Fondo Monetario Internacional.
El origen de la trama todavía es difuso, pero se ha podido conocer gracias a las investigaciones abiertas sobre el caso Gürtel,
la mayor trama de corrupción política y empresarial de años recientes, con 115 imputados, incluidos numerosos dirigentes del PP.
Una de las piezas claves de esta trama es, precisamente, el ex gerente del PP Luis Bárcenas, quien anotó –según la publicación de los documentos de El País– de puño y letra la contabilidad del partido de los últimos 20 años y en la que aparecen todos los pagos de dinero negro
a la máxima cúpula de la formación. Uno de los episodios todavía por aclarar sobre el ex gerente del PP es la cuenta en Suiza en la que tenía
más de 22 millones de euros, de los cuales 11 fueron regularizados recientemente gracias a una amnistía fiscal temporal aprobada por el gobierno de Rajoy para los evasores fiscales que tenían su dinero en paraísos fiscales.
Una vez publicado el escándalo, la número dos del PP, Cospedal
–una de las acusadas de cobrar sobresueldos– compareció en rueda de prensa para expresar su indignación ante lo que calificó ataques destinados a las personas que tienen que sacar a España adelante.
Negó la autenticidad de los documentos y apeló a una auditoría interna para conocer el estado real de las finanzas del partido.
A pesar de que Cospedal negó veracidad a los documentos, casi de forma simultánea a su comparecencia el vocero del PP en el Senado, Pío García Escudero, reconoció que la información que aparecía en los documentos sobre él eran ciertos y que en efecto había recibido el pago de 5 millones de euros, a manera de préstamo y que había devuelto después.
El escándalo provocó, tanto en las calles como en el Parlamento, la exigencia de la dimisión inmediata del mandatario español y, por tanto, realizar elcciones anticipadas al considerar que es insostenible un gobierno de ladrones.
Primero fue en la sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados, donde todas las fuerzas de izquierda aseguraron que si la corrupción se comprueba, Rajoy debe dimitir y convocar a elecciones.
En la calle de Génova, en Madrid, donde se ubica la sede del PP, miles de personas se concentraron para exigir la dimisión de Rajoy y la depuración de sus responsabilidades penales. Al grito de: ¡Este presidente es un delincuente!; y ¡Fuera los ladrones, de las instituciones!, los manifestantes cercaron durante más de dos horas la sede del partido en el poder.
A su vez, el ayuntamiento de la ciudad española de Palma de Mallorca solicitó hoy que el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, deje de
utilizar su título de duque de Palma, en medio del revuelo por el caso de corrupción en que está imputado.

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