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Timestamp: 2020-08-05 10:59:16+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 50, de 23/11/2016
cve: DSCD-12-CO-50
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 50
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Comparecencia del señor Maza Martín, en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000002) ... (Página2)
Se abre la sesión a las cinco de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia, sesión que tiene por objeto dar cumplimiento a la comparecencia prevista en el artículo 29.2 del Estatuto del ministerio fiscal. El artículo 29.2 del ministerio fiscal, tratando del nombramiento del fiscal general del Estado, dice que una vez recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los términos que prevea su Reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.
El Gobierno de la nación, el Consejo de Ministros, nos ha hecho llegar la propuesta de nombramiento, y por tanto para que se dé cumplimiento a esa comparecencia en la persona de don José Manuel Maza Martín para que en su caso, una vez celebrada esta comparecencia, pueda ser nombrado como fiscal general del Estado. Por lo tanto damos hoy la bienvenida a don José Manuel Maza. Para mí es personalmente una satisfacción poder darle la bienvenida en esta Comisión. El objeto es la práctica de esa comparecencia. Según lo que se acordó ayer en la Mesa de esta Comisión, la comparecencia se va a desarrollar siguiendo el formato de anteriores precedentes. De esta manera, en primer lugar informará a la Comisión el compareciente; a continuación los portavoces de los distintos grupos parlamentarios tendrán un tiempo de intervención que no exceda de aproximadamente diez minutos, si alguien quiere hacerlo más breve, evidentemente puede hacerlo. Luego tomará la palabra el compareciente. Y por último, durante un minuto, un minuto y medio o dos minutos, aquellos grupos parlamentarios que quieran fijar su posición podrán hacerlo. Por lo tanto se va a desarrollar la comparecencia en estos términos.
No me queda más que reiterar la bienvenida a don José Manuel Maza y concederle la palabra para proceder a dar trámite al cumplimiento de la comparecencia prevista en el artículo 29 del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Cuando quiera, don José Manuel, tiene la palabra.
El señor CANDIDATO A FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Con su permiso, señora presidenta.
Buenas tardes a todos, señoras y señores diputados. Normalmente a mí me gusta mucho más comunicar sin tener por medio unos papeles, sin leer; pero en esta ocasión permítanme que dado el interés que tengo en precisar los mensajes que les voy a remitir a partir de ahora, proceda a la lectura; una lectura breve con la que espero no aburrirles demasiado, cronometrada anteriormente en veintiún minutos. Y luego ya habrá motivos, con las preguntas que ustedes me hagan, para poderles responder y entrar en las cuestiones que ustedes consideren de mayor relevancia.
Excuso decirles el extraordinario honor que para mí supone siempre comparecer ante ustedes en esta sede de la representación de la ciudadanía popular, experiencia que no me es completamente ajena puesto que ya tuve oportunidad de hacerlo años atrás en condición de experto convocado con motivo de una reforma legal en trámite parlamentario. No obstante creo que comprenderán perfectamente que hoy sea otra mi disposición y otros mis sentimientos cuando lo hago en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente artículo 29.2 de la Ley por la que se regula el estatuto orgánico del ministerio fiscal, en los términos que acaba de recordar la Presidencia de esta Comisión. Reitero por tanto la expresión de mi reconocimiento por semejante y renovado honor, como estoy seguro que lo haría cualquier ciudadano que ante vosotros tuviera la oportunidad y la satisfacción de comparecer.
Adelanto ya que no es mi intención abusar de su paciencia prolongando esta sesión en exceso con lo que juzgo prolijas enumeraciones de los importantes, numerosos y variados problemas a los que en el momento presente se enfrenta el ministerio público en nuestro país, pues ni se trata de dar cuenta en este acto de datos que serían más propios de la memoria de la institución que presenta el fiscal general con motivo de la solemne apertura de cada año judicial, ni resultaría creíble para todos ustedes escuchar de mi boca cuestiones u opiniones acerca de las cuales obviamente aún no he tenido la oportunidad de tomar cabal y reflexivo conocimiento a pesar de que mis casi cuarenta años de profesión jurídica, y de ellos unos treinta y cinco ejerciendo funciones jurisdiccionales, como pueden fácilmente imaginar me han permitido desde antiguo compartir muchas horas de trabajo y también de amigable conversación con decenas, por no decir cientos de miembros del ministerio público, lo que ha facilitado la posibilidad de conocer inquietudes, problemas y opiniones sobre el desempeño de sus funciones. Por no contar, incluso, aquel
tiempo en el que yo mismo, en mi juventud, formé parte en activo de esta carrera y hoy integrado en su escalafón en situación de excedencia.
Tampoco creo que la exposición por mi parte de lo que se haya podido realizar en la fiscalía hasta esta fecha se acomode a los fines perseguidos en la comparecencia ni en definitiva tendría yo autoridad alguna, desde mi actual condición de persona meramente propuesta como futuro fiscal general, para hablar en nombre de una institución que en este momento no represento. Por consiguiente, si sus señorías me autorizan a ello voy a acometer mi breve intervención desde la condición de un ciudadano ajeno a la actual desenvoltura del ministerio fiscal -aunque por otra parte es cierto que también tan próximo a ella como he dicho- del modo que considero que puede serles a todos ustedes de una mayor utilidad en orden a tomar adecuado conocimiento de mi persona, de mi manera de entender las cosas y de mis propósitos para el caso de que el Gobierno de la nación decida finalmente proceder a ese nombramiento. Pasaré a exponerles por consiguiente lo que yo exigiría a un fiscal general de mi país, las virtudes que me gustaría que le adornasen, los defectos que en mi opinión debería evitar y en suma las características personales y públicas que tendrían que concurrir en su persona y en su actuación como titular de ese cargo.
Y en este sentido permítanme para comenzar que acuda a mis recuerdos evocando los tiempos en los que presidía como magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid juicios celebrados ante el tribunal del jurado. En esas circunstancias, al llegar el trámite en el que el magistrado presidente ha de dirigirse a los miembros legos del tribunal para darles las instrucciones últimas antes de retirarse a deliberar y elaborar su veredicto, ante las caras de aquellos ciudadanos, que revelaban en general la honda preocupación, incluso en ocasiones hasta la angustia, de quienes se disponían a tomar las graves decisiones que les correspondían, mi mensaje final era siempre del tenor siguiente: Seguidamente, cuando ustedes se retiren a deliberar y a dar respuesta a las diversas cuestiones que he sometido a su consideración, deben tener presente que ni yo ni la sociedad a la que ustedes representan, ni las personas que les son próximas, ni el propio acusado ni su misma conciencia, podrán nunca esperar de su actuar más que estas dos exigencias: esfuerzo y honestidad. Esfuerzo para analizar diligentemente y aplicando con generosidad su trabajoso estudio y su capacidad de análisis a todo lo que han tenido oportunidad de ver y escuchar en las sesiones del juicio. Honestidad para alcanzar sus pronunciamientos con rectitud y verdadera convicción optando solo y siempre por lo que consideren más correcto, evitando cualquier otra clase de injerencias procedentes tanto de sus propios sentimientos personales como de ajenas influencias.
Esas eran más o menos mis palabras dirigidas a los miembros del jurado para instruirles de cara a la tarea que les esperaba, y en esas mismas se contienen los dos primeros requisitos de los que quiero dejar constancia aquí cuando de quien haya de desempeñar el cargo de fiscal general del Estado estamos hablando. Porque si bien el tribunal, profesional o lego, participa de una magistratura decisoria, el fiscal, desde el ejercicio de su magistratura postulante, quizá como cualquier persona que ostente una posición de proyección pública, debe asimismo regirse por criterios de esforzada aplicación a su tarea, sin escatimar en ningún momento dedicación y laboriosidad, excluyendo toda tentación de frívola superficialidad en la búsqueda constante de lo más correcto conforme le dicte su propia conciencia. Por consiguiente, esfuerzo y honestidad intelectual; dedicación y rectitud, a las que debe añadirse, en tercer lugar, y para quien, como el fiscal, incorpora además a su tarea importantes elementos de profesionalidad, un exigente rigor técnico. Y ello porque las posiciones del ministerio público han de regirse siempre en todo caso por criterios profesionales y técnicos, ajenos a consideraciones de otro orden que, por razonables y legítimas que pudieran resultar en diferentes ámbitos, no caben en la actuación de quienes están llamados exclusivamente a prestar un servicio objetivo de protección de los derechos de los ciudadanos desde la estricta aplicación de lo legalmente establecido.
Nueva característica del fiscal general igualmente deberá ser la de una sensibilidad especial hacia los problemas cotidianos con los que los ciudadanos conviven, más en concreto los derivados de la presencia del delito en nuestra sociedad. Y ello abarca, de una parte, la protección y defensa de los más desfavorecidos, de aquellos que sufren la ignominia del delito, como víctimas de conductas violentas, machistas y en el ámbito familiar -menores y ancianos-, del terrorismo, en la seguridad vial, y así en todos aquellos casos en los que el delito deja su rostro doloroso en la vida de las personas. Sensibilidad especial, de otra parte, para cuando es la sociedad entera la que sufre los efectos de ilícitos comportamientos, desde la corrupción que tanto daña el crédito de las instituciones y que por ello merece una atención y una condena de la máxima energía y contundencia, a las infracciones cometidas contra el medio ambiente, que todos debemos proteger porque en ello nos jugamos nuestra propia supervivencia y la de las próximas
generaciones. Así, con respecto a todo el fenómeno criminal en sus diferentes manifestaciones, pero sin olvidar tampoco, dentro de esa especial sensibilidad que le es exigible al fiscal, los derechos de nuestros compatriotas investigados o sometidos a un procedimiento penal, la preservación de sus garantías, esas garantías que hoy por desgracia quizá se vean amenazadas en su vigencia por diferentes causas. Respecto de esto último el fiscal debe ser sensible porque la seguridad de todos no solo pasa por la prevención y sanción de los comportamientos delictivos, sino también por esa confianza en que los poderes públicos no cometerán arbitrariedades ni abusos contra persona alguna. El fiscal debe saber que hasta el más perverso de los delincuentes merece el respeto de cualquier ser humano, al menos en cuanto a sus derechos y garantías. Y todo ello sin olvidar, por supuesto, el resto de ámbitos en los que el fiscal también despliega su importantísima actividad, desde la protección del interés de los menores en los procedimientos de familia, o la de las personas sometidas a los trámites de una incapacitación, hasta la tutela de los derechos de quienes sufren penas de prisión, sin olvidar la presencia del ministerio público ante la jurisdicción contencioso administrativa o la social, siempre en defensa de la legalidad y de la vigencia de los derechos fundamentales.
Importante es, asimismo, que el ministerio fiscal en su conjunto y el fiscal general de manera destacada, en virtud de su supremacía jerárquica, disfrute y ejerza una verdadera autonomía. Recordemos cómo nuestra legislación atribuye a esta institución y a quien la dirige un carácter autónomo, lo que significa sencillamente que no debe ni puede recibir ni cumplir órdenes ajenas en el ejercicio de sus funciones y, lo que es aún más importante, que ha de tener clara conciencia de ese carácter propio de autonomía, de modo que su actuación en todo momento ha de producirse en forma acorde con su propio criterio, teniendo en cuenta que autonomía significa obrar al margen de la opinión o deseo de otros o que, según la describe el diccionario de nuestra lengua, es la condición de quien no tiene dependencia de nadie. Ahora bien, si el fiscal general ha de ser autónomo, ello significa de inmediato que debe también poseer un exigente sentido de la responsabilidad respecto de sus propias actuaciones; sentido de la responsabilidad tanto para actuar del modo más responsable posible, consciente de las consecuencias de sus actos y de la trascendencia a veces muy relevante de los mismos, como para responder de cada decisión ya tomada y de cada acto llevado a efecto, asumiendo las críticas fundadas que los mismos merecieren y los resultados que de ellas hayan de derivarse. La posición jerárquica del fiscal general no solo le faculta para adoptar en último lugar la decisión que considere más correcta, sino también, y de forma más acuciante si cabe, le obliga a responder de la misma de forma personal y excluyente, con una extensión que ha de alcanzar y cubrir a toda la institución.
Deberá regir igualmente el desempeño de su cargo una sincera vocación de transparencia y ahí, señorías, es donde esta Cámara, en concreto esta Comisión, juega un papel trascendental en la tarea de quien resulte designado por el Gobierno como futuro fiscal general del Estado, porque serán ustedes quienes tendrán la facultad de control que la ley les otorga en función de su legitimidad representativa, respecto del recto ejercicio del cargo que ese fiscal desempeñe, mediante la posibilidad de convocarle a que comparezca ante este órgano parlamentario, interesándole cuantas explicaciones precisen acerca de sus actuaciones. En este sentido, permítanme que ahora, abriendo un paréntesis en el curso de mi exposición, les confíese que si recayera sobre mi persona el nombramiento que debe hacer el Gobierno, nada me alegrará más que comparecer a estos fines ante sus señorías en cuantas ocasiones ustedes lo considerasen oportuno para someterme su control, y ello por una sencilla razón que creo que van a entender perfectamente todos y algunos de los presentes incluso de modo muy especial. Hasta el día de hoy mi oficio durante largos años no ha sido otro que el de juez. En esa condición he dictado miles de sentencias y resoluciones y siempre he tenido que motivarlas, que explicarlas. Esa circunstancia, que resulta obligada en todo caso para posibilitar que aquellos a los que directamente afectaba de una forma u otra la decisión conocieron las razones en las que la misma se apoya, viene a ser, además, el gran instrumento para que quien juzga exponga sus motivos, sus razones, el sustento del criterio seguido; en una palabra, se justifique. Cuando en estas últimas horas -horas de sosegada y profunda reflexión, como pueden todos ustedes imaginar- he meditado sobre la actuación del ministerio fiscal, he comprendido algo para mí de gran importancia: que el fiscal general en muchas de sus decisiones no tiene cauce para ofrecer una explicación razonada del sentido de las mismas y de los motivos en los que funda su criterio a la sociedad. Y esto en ocasiones puede llegar a debilitar, sin que tenga, por otra parte, medio alguno para evitarlo, la confianza que el ejercicio de sus funciones debe suscitar y que tan necesaria resulta para el prestigio de la institución que dirige y representa; razón por la cual, como les digo, pocos habrá más interesados que ese mismo fiscal en disponer de la posibilidad de comparecer ante ustedes cuantas
veces fuere convocado para explicar el porqué de sus decisiones, lógicamente cuando la importancia y la naturaleza de las mismas así lo requieran.
Hasta aquí, por tanto, las condiciones positivas que desde hoy demando en la figura del futuro fiscal general. A su vez, dos y en modo alguno menos importantes son, por otro lado, los defectos en los que esa persona nunca debe incurrir: la cobardía y la temeridad. Quien aspire a ocupar semejante responsabilidad debe ser consciente de que tendrá que afrontar las graves y difíciles situaciones que se le presenten desde la soledad de su ejercicio, con decidido valor, adoptando siempre el criterio en el que honradamente crea que está lo correcto, sin concesión a temor alguno; firme en su convicción, aunque sabiendo huir al mismo tiempo de cualquier arrogancia o irracional cerrazón. Valor que, sin embargo, tampoco puede confundirse con la temeridad, porque el fiscal ha de regirse igualmente por criterios de prudencia. No es de recibo ni saludable que quien dirige una institución semejante, llamada a ofrecer seguridad a la ciudadanía desde el acogedor abrigo que dispensan la ley y el derecho, se precipite en aventuras que conduzcan a cambios de criterio reiterados y por ello desazonantes. ¿Rectificar cuando fuere necesario o aconsejable? Por supuesto, pero perseguir siempre con cada decisión avanzar en una línea que genere confianza, y si a todo ello se une, por último, la práctica de la virtud personal de la discreción, mucho mejor aún.
Llegados a este punto, finalizando el relato de las condiciones que un ciudadano como yo cree tener derecho a exigir legítimamente que desempeña el cargo de fiscal general del Estado en un futuro, tan solo me quedaría mencionar aquella obligación que en realidad asume y congrega el contenido de todas las anteriores: el respeto a la ley. La ley, su aplicación a todos los ciudadanos por igual sin más diferencias de trato que aquellas que la propia norma establezca, es el alma y el corazón, el núcleo mismo del Estado de derecho. La función del ministerio público tiene la gran relevancia que se le reconoce, precisamente porque está llamado a ser el principal colaborador con los tribunales de justicia en hacer realidad el imperio de la ley. Siendo esto así, quien encabeza esa institución no puede ni debe, de ninguna manera, tener otro objetivo con su actuación que el de propiciar que la norma jurídica se respete y se cumpla. En realidad, podría decir que en esta obligación se resumen las anteriores, porque todas ellas no son sino diversas manifestaciones y vías para alcanzar este único fin.
Si en el fiscal han de concurrir características como las de una dedicación esforzada y laboriosa en su quehacer, honestidad de criterio y rigor técnico para sus decisiones, autonomía en el ejercicio del cargo, sentido de la responsabilidad, prudencia y valor es, simplemente, porque en definitiva cada una de ellas no son sino formas distintas de cumplir la ley y todas juntas integran lo que, a mi juicio, hace del fiscal general el primer servidor de la sociedad en un Estado de derecho. Una vez dicho todo lo anterior, también hay que recordar que ese fiscal ha de ser consciente de que cuenta -como todos ustedes saben- con una colaboración y una ayuda impagable, la que le prestan los dos mil quinientos excelentes profesionales, mujeres y hombres, que a día de hoy integran la carrera fiscal junto con la totalidad de funcionarios que cooperan con ellos y que, a lo largo y ancho de nuestro territorio, día a día desarrollan una labor excepcional de la que puedo dar fe personalmente. El espíritu de servicio y capacidad profesional de todos y cada uno de ellos constituye, sin duda, una de las principales garantías de la fortaleza de nuestro Estado de derecho.
Estos son aquellos extremos, y por encima de todo es el respeto a la ley, que forman en mi opinión el elenco de condiciones, actitudes, virtudes y responsabilidades que, como ciudadano de este país, aspiro a ver reflejadas en la persona que finalmente resulte nombrada por el Gobierno. Por otra parte, y en este aspecto, dando continuidad a lo que ha venido inspirando de manera destacada el ejercicio del cargo de quienes, con anterioridad, sirvieron a esta función de forma tan relevante, como la excelentísima señora doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, claro ejemplo de todos ellos y causa de que en la actualidad el ministerio público goce, en nuestra sociedad, del amplio capital de reconocimiento y respeto que todos conocemos, y que el próximo fiscal general ni puede ni debe dilapidar. Obviamente, si yo deseo para mí y para mis conciudadanos un futuro fiscal así, tales características planteadas de modo semejante, más enérgico si cabe y sin excusa alguna, habrán de convertirse en aquellas exigencias que, en este acto y ante todos ustedes, me comprometo formalmente a cumplir si algún día llegase a desempeñar ese cargo. Con este compromiso solemne que asumo ante todos ustedes, señorías, se da a mi juicio cabal cumplimiento a la razón de ser y al sentido que anima el precepto legal que propicia esta convocatoria, en la que ante ustedes hoy y aquí con tanto honor y satisfacción como responsabilidad comparezco, pues lejos de encontrarnos en un mero acto de cortés presentación formal, es mi voluntad que mi presencia adquiera profundo significado, como escenario del compromiso de actuación de aquel que pudiera
alcanzar la designación por el Gobierno como fiscal general del Estado con quienes encarnan la representación de la soberanía popular en nuestra nación.
A partir de lo cual, y parafraseando la vieja fórmula de respuesta a los juramentos prestados: Si cumpliera debidamente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, no será necesario premio alguno, puesto que mi satisfacción por ese cumplimiento del deber sería ya sobrada recompensa. Pero si así no lo hiciera, tendrían sus señorías la más completa legitimidad que les confiere aquella representación que ostentan para, con todo rigor, demandarme.
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maza.
Pasamos ahora al turno de portavoces. Lo haremos de menor a mayor y empezaremos por el Grupo Parlamentario Mixto, como había dicho, con una duración aproximada de diez minutos, no hace falta que sean diez minutos justos. Por el Grupo Parlamentario Mixto comienza el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias, presidenta.
Don José Manuel, buenas tardes, soy Enric Bataller, diputado de Compromís, integrado en el Grupo Mixto. En primer lugar, quería agradecerle las proclamas que usted ha hecho a favor de la independencia del ministerio fiscal. También le quiero agradecer la disponibilidad que usted ha mostrado para comparecer aquí en esta sede cuantas veces se lo requiramos. Así mismo le agradezco mucho la manifestación de su voluntad de seguir -si usted llegara finalmente a ser nombrado para este puesto- unos criterios estables y confiables, porque precisamente la confiabilidad entiendo que es un elemento de la justicia muy importante. Ahora bien, ya que a usted -por lo menos en mi caso- no le conocemos y ha sido convocado aquí para que valoremos no solo sus méritos -que los vemos en el currículum-, sino también su idoneidad, permítame que le haga algunas preguntas. Ya me anticipo a decirle que, a lo mejor, usted va a pensar que le estoy pidiendo que se defina mucho en un aspecto político que puede entender trasciende la función que va a desempeñar; pero, por lo menos, déjeme que lo intente y le pregunte y ya me dirá usted lo que piensa sobre esto.
En primer lugar, le quería indicar que he visto en su currículum que usted comenzó su carrera profesional en la época en que empezaba la transición política en nuestro país, en la época en que se iba a aprobar la Constitución que nos rige, y que usted ha tenido, por tanto, una perspectiva muy amplia, después de todos estos años, para saber cómo ha evolucionado, cómo se ha hecho el despliegue constitucional, cómo se ha desarrollado todo el marco jurídico derivado de él. Por eso le quería preguntar si usted considera -llegados a este punto y después de tantos años- que en nuestra presente Constitución, tal y como está redactada, realmente existen unos márgenes jurídicos para que la discrepancia política, para que las diferentes visiones sobre modelos de Estado, en lo social y en lo territorial, tengan plenamente un encaje sin tener que recurrir al Código Penal o, por el contrario, entiende que habría que emprender algunas reformas en este sentido. Esta es la primera pregunta que le quería hacer.
Otra cuestión que me preocupa es la relativa -y ya tuve oportunidad de decirlo ayer en Pleno- a la proximidad de la justicia. Sobre esto podríamos hablar mucho, pero hay una cuestión que expuso su predecesora, la señora Madrigal, cuando nos presentó la memoria de la fiscalía correspondiente al año 2014, que ha sido la última que hemos podido conocer aquí en esta sede. Ella traía a colación la figura de los tribunales de instancia, que finalmente habían sido descartados por el Gobierno, pero ella hablaba de esto que, en mi opinión, supone una alteración de la planta judicial que va en contra de la proximidad. Yo quería preguntarle su opinión sobre cómo debería organizarse en lo territorial la justicia.
Hay otra cuestión también importante y es la relativa a la incriminación de muchos comportamientos en nuestro Código Penal. Todos estamos de acuerdo en que el Código Penal de 1995, al final, acabó siendo un código a parches, muchas veces movido por impulsos del legislador ante hecho luctuosos que han tenido gran repercusión. Pero, además de esto, también tenemos que hay numerosos tipos que están castigando una serie de conductas, en las cuales se observa también un matiz en el desvalor más bien ideológico que otra cosa. Estoy hablando, por ejemplo, de los tipos que protegen contra la ofensa a los sentimientos religiosos; o los tipos que aluden a determinados comportamientos realizados en el ejercicio del derecho de huelga; o también determinados tipos que, al amparo de la libertad de expresión, a veces puede pensarse que están haciendo apología de comportamientos condenables. Hay una frontera muy tenue entre derechos y libertades y protección penal de ciertos bienes jurídicos. Yo le pregunto, dado el carácter fragmentario que necesariamente ha de tener la tutela penal, ¿usted entiende que el Código
Penal vigente debería, de alguna manera, modificarse o ser interpretado en un sentido más favorable a derechos y libertades? Solo quiero saber su opinión sobre esto.
Para concluir, también le pediría -si me lo permite y si finalmente llega usted a ser nombrado- dos compromisos, por si usted los puede adquirir. Uno es el relativo a la situación que se da en los centros de internamiento de extranjeros que -como usted sabe- ofrecen una panorámica muy preocupante y, como pudimos ver en la anterior memoria de la Fiscalía General del Estado, al parecer habían sido objeto de escasa atención por parte de la Fiscalía de Extranjería. Nos preocupa que, además, en los últimos tiempos estén menudeando situaciones que ponen de manifiesto que los centros de internamiento, a pesar de que el Tribunal Constitucional indica que no han de tener carácter carcelario, en la práctica, para las personas que están ahí lo son, y esto provoca motines y situaciones que entendemos deberían solucionarse. Por tanto, le preguntaría si usted puede comprometerse a que la fiscalía tenga una mayor atención a estos centros. Otro compromiso que me gustaría pedirle, si me lo permite, es el relativo al conocimiento y la utilización en el ámbito judicial de las lenguas cooficiales en el Estado español. Hasta ahora nosotros en esta Cámara no hemos conseguido sacar adelante ningún proyecto para que se haga efectiva la obligación de conocimiento por jueces, fiscales, funcionarios de esas lenguas cooficiales. Ahora bien, entiendo que, a pesar de esto, por parte de la fiscalía, por ejemplo, podría hacerse un mayor esfuerzo. Le preguntaría si podemos tener su compromiso en esta dirección. Esto es todo de momento.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bataller.
Tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.
Soy Lourdes Ciuró, portavoz de Justicia del Grupo Mixto y diputada por el Partit Demòcrata Europeu Català. Gracias por acudir aquí, señor candidato a fiscal general del Estado. Le damos la bienvenida, le agradecemos su prolija explicación y el detalle de toda su declaración de intenciones. Como se ha dicho, es cierto que estamos aquí en un trámite para valorar su idoneidad, pero es un trámite en el que, tal y como está previsto actualmente en el Reglamento -les escuchamos con mucho gusto-, poca valoración puede hacer esta Cámara con relación a su designación, aunque, por otro lado, quiero felicitarle por su extenso y brillante currículum. Por tanto, más que dejar a la incertidumbre su eventual nombramiento, yo le diría que felicidades anticipadas por su nombramiento como fiscal general del Estado, puesto que así está previsto actualmente en el Reglamento y usted lo será a propuesta del Gobierno.
A raíz de esto, querría hacerle cuatro preguntas muy concretas. En primer lugar, me gustaría saber, por ejemplo, a la vista de que su nombramiento, el del fiscal general del Estado, lo es por el Gobierno, cómo considera que se puede garantizar la imparcialidad del ministerio fiscal o, mejor dicho y lo que es más importante, la percepción que pueda tener la ciudadanía de esa imparcialidad que sin duda tiene que tener el fiscal general del Estado en tanto que es defensor de lo público.
Paso a la segunda pregunta que le quería hacer. Usted ha dicho que el fiscal tiene que ser autónomo. Cierto, pero me ha parecido más una petición que un: el fiscal será autónomo. Se lo digo, porque usted sabe que estamos especialmente sensibilizados por unas conversaciones grabadas en el despacho del exministro del Interior, en el que, en una expresión muy desafortunada, decía que la fiscalía podía afinar expedientes. ¿Qué garantía nos puede dar usted de que no es que el fiscal tiene que ser autónomo, sino que efectivamente será autónomo para que esa percepción que puede tener la ciudadanía se corresponda con la imparcialidad que lo tiene que adornar?
Penúltima pregunta que le quiero hacer. En la apertura del año judicial, su predecesora manifestó su intención de asumir personalmente eventuales querellas sobre políticos catalanes. Esto imagino que lo decía porque se produjo la dimisión por causas personales de su antecesor, el señor Torres-Dulce, después de haber tenido que hacer rectificar el criterio de los fiscales generales de Cataluña, que tomaron decisiones por unanimidad y se modificó esa decisión por parte del fiscal general y después este fiscal general dimitió por razones personales. ¿Tiene usted la misma intención que manifestó su predecesora con relación a asumir estas eventuales querellas que puedan surgir sobre políticos catalanes para evitar esta discrepancia de criterios y ahorrarnos que haya criterios dispares en el seno de la fiscalía para tener que rectificarlos?
La última pregunta viene a colación de unas manifestaciones realizadas por el exministro Margallo, que decía que hay que dar salida y canalización a cuestiones políticas por la vía política. Me gustaría saber si como fiscal general del Estado usted comparte esta manifestación del exministro, y siendo
conscientes, como seguro que usted lo es, de que hay temas muy importantes a nivel territorial entre Cataluña y España para dirimir, si considera que estos criterios tienen que ser estrictamente políticos o se puede seguir con esta línea de judicialización de la política.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, tengo que agradecer la comparecencia del señor Maza ante esta Comisión de Justicia, a fin de dar cumplimiento al trámite contemplado en el artículo 29 de la Ley 51/1981, trámite dispuesto a fin de que esta Comisión de Justicia pueda valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto por el Gobierno.
En segundo lugar, también tengo que agradecer al señor Maza las explicaciones que nos ha dado sobre su programa de principios, de cómo considera que deben desenvolverse las funciones del ministerio fiscal bajo su dirección, caso de ser finalmente nombrado, en el marco de lo dispuesto en la Ley del estatuto orgánico del ministerio fiscal y en el artículo 124 de la Constitución, principios que nos ha detallado: esfuerzo, honestidad, rigor técnico, sensibilidad en diversas manifestaciones, autonomía y su corolario de sentido de responsabilidad, transparencia, congruencia, etcétera. A tenor de lo manifestado por usted, señor Maza, no ponemos en cuestión en este momento su idoneidad o adecuación para hacerse cargo de la Fiscalía General del Estado, ni tampoco, obviamente, sus méritos, de los cuales son testigos su evidente cualificación, su larga trayectoria profesional y su condición de fiscal en excedencia, así como su acreditada independencia de criterio.
En tercer lugar, quiero manifestar que, siendo de la exclusiva competencia del Gobierno tanto la propuesta del candidato como su nombramiento, hubiera sido procedente que el Gobierno hubiera puesto a disposición de esta Cámara el criterio seguido para elevarnos esta propuesta de nombramiento. No se nos da ninguna información sobre las razones para su propuesta, ni en cuanto a su persona ni en cuanto a los objetivos para afrontar los problemas y retos de la institución a través de ese candidato. También he de manifestar que consideramos que, siendo este trámite de consultas el último antes de su nombramiento, hubiera sido también adecuado que esta Comisión hubiera dispuesto del informe del Consejo General del Poder Judicial, a fin de que la formación de nuestra opinión sobre el candidato fuera más útil en el procedimiento en el que se inserta.
Por último, solo me queda, señor Maza, desearle la mejor de las fortunas. En este trámite no formularé ninguna pregunta, porque me gusta más esperar a los hechos y, en función de los hechos, haré las preguntas en su momento.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra doña Ester Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.
Muy buenas tardes, señor Maza. Quiero agradecerle su comparecencia. En todo caso, es un trámite exigido por la ley y usted está aquí porque así lo dice la ley. En cuanto a los méritos y a la capacidad que usted tiene, no se los voy a discutir yo, porque son conocidísimos por quienes de alguna manera u otra hemos tenido ocasión de poder leer alguna de sus sentencias o incluso utilizarlas e invocarlas en momentos determinados, en recursos o en cuestiones que se han planteado en querellas. En cualquier caso, con relación a la idoneidad, con independencia de que Esquerra Republicana le consideremos idóneo o no, su nombramiento será real, es decir, se producirá con certeza. Por eso, para tener una aproximación a lo que usted piensa y, a través de lo que piensa, saber cómo va a desarrollar su labor como fiscal general del Estado, empezaré haciéndole una petición expresa, que usted entenderá que se la haga desde el partido que represento y de lo que nosotros representamos como partido. Usted ha hablado de autonomía. Se considera una persona autónoma y, en consecuencia, actuará de forma autónoma. Yo sí que le ruego encarecidamente que haga de esto un principio general de su actuación y que no esté sujeto o sometido a presiones. Esto lo digo por lo que ya algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han apuntado, lo de aquello que se va a afinar por la fiscalía. Por tanto, que no se someta a las posible presiones, a pesar de que usted es un cargo nombrado por el Gobierno del Estado. Dicho esto, me
gustaría que expresase de viva voz que usted es un fiel defensor del Código Penal como última ratio. Usted entenderá perfectamente a qué me estoy refiriendo cuando hablo de este aspecto.
Ahora entraré a las preguntas más concretas que le quiero formular, que son en definitiva las que Esquerra Republicana ha ido haciendo en esta Cámara a las personas que le han precedido en el cargo. Son las referidas a la vulneración constante de los derechos lingüísticos de aquellos que no nos expresamos habitualmente en lengua castellana porque tenemos además otra lengua, en este caso el catalán. De forma sistemática este derecho es vulnerado no únicamente ante los tribunales de justicia, sino que ha habido personas -me estoy refiriendo al País Valencià- que han ido a denunciar supuestos a las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y han acabado detenidas por querer expresarse en la lengua que les es propia. Le pediría que recoja el testimonio que le enviamos a su antecesora y también al antecesor de su antecesora, al señor TorresDulce; un expediente grueso donde hay más de cien denuncias en relación con este aspecto que terminaron archivadas y sin que se iniciaran acciones penales por parte del ministerio público. Es más, cuando se ha presentado usted se ha referido también a la necesidad de proteger un interés superior en los procedimientos de familia, que es el interés del menor. Referido a esto, le recuerdo un cambio de actitud del ministerio fiscal entre lo que mantuvo en primera instancia y lo que después mantuvo en el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Le haré llegar el caso concreto para que tenga conocimiento de él. No se protegió el interés del menor, por cuanto se privó de la guardia y custodia a la madre porque el niño residiría en Barcelona y, como allí hablamos una lengua distinta o más de una lengua, esto podía ser perjudicial para el desarrollo intelectual del menor. Se lo haré llegar, señor Maza.
Hay otro aspecto que nos preocupa, que es el principio de igualdad ante la ley. Me gustaría que nos apuntase qué piensa de la actuación de la fiscalía en un caso muy concreto, que es el que afecta a la hermana del rey, el caso Nóos, y del papel que jugó el ministerio fiscal en ese proceso. Entendemos que actuó más como portavoz de la defensa que como portavoz de la acusación pública y Esquerra Republicana piensa que no actuó en defensa de la legalidad por cuanto no defendía los intereses generales.
Existen más cuestiones relacionadas con las redes sociales y posibles delitos de incitación al odio y de injurias graves y que afectan también a este aspecto que se denomina catalanofobia. Resulta curioso que el ministerio público nunca encuentre motivos suficientes para proceder a ejercitar la acción penal. Me gustaría que usted nos dijese si su actuación va a ser en este mismo sentido o va a cambiar de proceder y exigirá a sus fiscales que tengan celeridad en estas actuaciones y lleven a cabo cuantas diligencias sean necesarias para la persecución de este tipo de delitos. Existe también un aspecto al que me quería referir en relación con Cataluña y el procés. Por eso, preguntaba al inicio de mi intervención de forma clara si usted está de acuerdo en la aplicación del derecho penal como última ratio y si en todo lo que afecta a Cataluña y a hechos que entendemos que entran dentro de la libertad de expresión -por ejemplo, la defensa del derecho a decidir y a manifestarlo de las formas que se crean convenientes desde el punto de vista pacífico y democrático- será la actuación de la fiscalía tan diligente y rápida. En estos momentos están sujetos a procedimientos más de cuatrocientos alcaldes. El más reciente es por la apertura del consistorio el 12 de octubre en Badalona. Seguramente se puede volver a producir este hecho si el 6 de diciembre hay algunos alcaldes o alcaldesas que deciden actuar como lo hacen siempre los alcaldes, alcaldesas y concejales de todo el Estado español -y en especial también de Cataluña- y abren las puertas de los ayuntamientos. En todo caso, hago un apunte sobre este aspecto. Ustedes saben que los concejales y las concejalas, los alcaldes y las alcaldesas trabajan las veinticuatro horas del día y todos los días del año. Me gustaría que nos dijese si usted considera que esto es susceptible de ser perseguido desde el punto de vista penal. Como también apuntaban la señora Ciuró y el señor Bataller, me gustaría que nos dijera si cree usted que defender la capacidad de debate político y llevar a cabo un mandato que emana de unas urnas es susceptible de ser considerado un delito desde el punto de vista penal.
En relación con la querella argentina y la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, me gustaría escuchar qué piensa al respecto, si desde la fiscalía se continuarán inhibiendo. En este caso, desde Argentina la juez Servini es quien está tramitando una querella por delitos producidos durante el franquismo, en especial relacionados con Puig Antich y el president Companys. ¿Ordenará también a sus fiscales que no atiendan las peticiones que les lleguen respecto a la investigación de delitos cometidos durante el franquismo, la Guerra Civil o la Dictadura? Me gustaría saber si usted continuará también por esta línea? En todo caso, no sé si lo habrá recibido o lo recibirá cuanto tome posesión del cargo, pero nos consta que Amnistía Internacional le ha hecho llegar una petición en este sentido.
Para ir concluyendo, quisiera preguntarle si usted es de los que considera que en el Código Penal vigente -y, por tanto, desde el punto de vista de los principios que deben inspirar el derecho penal y de la Constitución, a la que se alude de forma reiterada- es encajable, aunque esté aprobada y en vigor, la prisión permanente revisable, que no es otra cosa que una cadena perpetua.
Creo que no tengo más cuestiones que plantearle. En todo caso, aunque esta es una comparecencia de trámite, que usted nos apunte qué es lo que piensa respecto de lo que se le ha ido preguntando indica lo que será el futuro de la Fiscalía General del Estado español mientras dure su mandato, si se materializa. Posteriormente, tendrá ocasión de venir a explicarnos la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. En cualquier caso, quiero agradecerle su presencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señor Maza, en nombre de mi grupo quiero darle la bienvenida a esta Cámara y también felicitarle. Entendemos que cuando una persona es propuesta, que es la situación en la que usted comparece ahora, para una alta magistratura como es la de la Fiscalía General del Estado, evidentemente debe ser felicitado porque solo esa propuesta supone ya un honor.
Quiero empezar haciendo una puntualización, porque fue objeto de debate y discusión en la Mesa de esta Comisión, respecto a la condición de esta comparecencia y, en su caso, al procedimiento de nombramiento del fiscal general del Estado. He de decir que es conocido que nosotros llevamos en el programa electoral una reforma de la fiscalía que incluye también la reforma del procedimiento de nombramiento, precisamente para reforzar algunos de los principios a los que usted ha hecho referencia en su comparecencia, pero desde luego partimos del respeto absoluto al actual marco legal y constitucional. En ese sentido, entendemos que esta comparecencia es para evaluar la propuesta única y exclusivamente a efectos valorativos pero sin condicionarla en ningún caso, porque entendemos que la propia Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto orgánico del ministerio fiscal no permiten condicionar la propuesta del único que tiene capacidad de hacerla en este momento, que es el Gobierno. Pero sí nos corresponde esa valoración de dos cuestiones: en primer lugar, la del mérito y, en segundo lugar, la de la idoneidad. Respecto al mérito, es evidente que usted lo atesora. Es una cuestión meramente objetiva, y comprobar su currículum, su larga trayectoria, tanto en la carrera fiscal como en la propia carrera judicial, acredita la existencia de ese mérito. En cuanto a la idoneidad, que es verdad que es una cuestión más subjetiva y, por tanto, más sujeta a distintas valoraciones, usted ha expuesto aquí una serie de principios, de criterios, de valores que entiende que debe atesorar la persona que ocupe la Fiscalía General del Estado que mi partido reconoce y comparte. Es evidente que todos los principios y valores a los que usted ha hecho referencia tiene que tenerlos el fiscal general. En principio, somos partidarios, como mínimo, de conceder el beneficio de la duda, que es lo que podemos hacer en este momento; no dar cheques en blanco, no acreditar a nadie previamente al inicio de su actuación con ese marchamo de la idoneidad, sino otorgar el beneficio de la duda y situarnos en una posición de prudente espera, de espera de su actuación, de espera de su desempeño. Ocasión tendremos a lo largo de esta legislatura de evaluar ese desempeño y el desarrollo de su gestión con elementos de juicio que en ese momento ya serán objetivos, como, por ejemplo, los que se contengan en las distintas memorias de la fiscalía, que tendrá que presentar ante esta Cámara, o como sus comparecencias para someterse al control de esta Cámara, y aquí quiero valorar positivamente su ofrecimiento de transparencia máxima para comparecer ante esta Comisión y someterse al control de esta Cámara. Hay unas limitaciones reglamentarias y de usos parlamentarios, pero lo que usted ha apuntado va en la línea correcta, que nosotros compartimos: la capacidad de control por parte de esta Cámara -no dejamos de ser representantes de los ciudadanos- sobre el desempeño, la tarea, la gestión de una magistratura tan importante como la de la Fiscalía General del Estado. Le tomamos la palabra y haremos lo posible para que ese control y esas comparecencias se produzcan de forma no sé si ordinaria pero desde luego de forma más habitual de lo que ha sido hasta ahora.
En cuanto a las preguntas que procede hacer en una comparecencia de este tipo, nosotros queremos encaminarlas a lo que entendemos que son las grandes cuestiones que tiene planteada la Fiscalía general en este momento. Más que circunscribirnos a situaciones concretas, a aconteceres jurisdiccionales concretos que están sucediendo, llevamos una propuesta de reforma del Poder Judicial, pero también de reforma de la fiscalía, que nos gustaría someter a su consideración y conocer su opinión. También es cierto que en el pacto que hemos alcanzado con el Partido Popular se recogen una serie de actuaciones
referidas a la fiscalía que afectan a la institución de la Fiscalía general, y algunas de ellas incluso están en el pacto que en su día alcanzamos con el Partido Socialista, al menos los mismos principios. En concreto, en el pacto con el Partido Popular y en el pacto con el Partido Socialista se hablaba de fortalecer la autonomía y la eficacia de la fiscalía general, del ministerio fiscal; autonomía y eficacia. Usted ha hecho referencia al principio de autonomía, y lo ha hecho además de forma tajante y contundente, y nosotros compartimos la necesidad de esa actuación autónoma. Recogemos algunas reformas, como unos requisitos más exigentes a la hora del nombramiento -usted los cumpliría sobradamente-, y también mecanismos de control, incluso mecanismos de reprobación por parte de esta Cámara. Me gustaría saber su opinión a ese respecto. Algo que me parece fundamental, que, además, quedó pendiente -ya se ha abordado en otras legislaturas- y no se ha llegado a concretar, es el cambio completo de nuestra vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos un procedimiento penal en muchos casos farragoso, poco ágil, que impide esa eficacia en la aplicación del derecho en un ámbito tan importante como el derecho penal. Creemos que hay que aprobar una reforma completa del procedimiento penal, y ahí hay una cuestión que afecta fundamentalmente a la fiscalía como es la de la asunción de la instrucción por parte de la fiscalía, salvaguardando, efectivamente, la función de juez de garantías por parte de los juzgados de instrucción, en su caso. Por tanto, nos gustaría saber su opinión sobre esta instrucción en manos de la fiscalía que, como digo, ya se ha propuesto en algunas ocasiones.
En cuanto a los medios materiales y humanos, me gustaría que hiciese una evaluación, en términos generales, de la dotación de medios de que dispone en este momento la fiscalía. Creemos que es necesario, y esto está acordado también con el Partido Popular, agilizar la implantación de la oficina judicial, pero también la oficina fiscal, porque es preciso el aprovechamiento de los recursos, la especialización en un ámbito como el del derecho penal, que nos parece absolutamente fundamental, la disposición de medios técnicos complementarios para el trabajo de los fiscales. Esa implantación de la oficina judicial y fiscal nos parece que es absolutamente necesaria. Hay una cuestión sobre la que se han pronunciado las asociaciones, todos los empleados jurídicos y nosotros también: la limitación de los plazos de instrucción que se introdujo en la legislatura pasada. Creemos que ha generado unos efectos perversos en el procedimiento penal. En un asunto como el del combate contra la corrupción, que ha señalado como uno de los objetivos esenciales, ha generado un efecto perverso. Precisamente cuando fiscales y jueces de instrucción tienen que enfrentarse a tramas muy complejas, muy especializadas, que operan incluso en ámbitos internacionales, es empezar la casa por el tejado establecer una limitación legal a la instrucción que, en muchos casos si no va acompañada de la suficiente dotación de medios materiales y humanos, que debería ser el primer paso para una instrucción ágil, puede acabar desembocando en la impunidad. Por eso, creemos que procede la revocación inmediata de esa limitación de los plazos de instrucción. Nos gustaría saber su opinión al respecto. En la legislatura pasada tuvo ocasión de pronunciarse la anterior fiscal general del Estado, incluso el Consejo Fiscal, y nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto, ya que usted está llamado a asumir esa magistratura.
Hay otra cuestión a la que usted también ha hecho referencia, la de la transparencia. Nos parece muy importante. La política de transparencia debe llegar a todos los rincones, a todas las instituciones y la fiscalía quedó apartada de la aplicación de la Ley de Transparencia. En ese sentido, nos gustaría que nos diera su opinión, sobre todo en lo que hace referencia a las circulares e instrucciones, que entendemos que tienen que ser públicas, conocidas, precisamente para que se sepan cuáles son las órdenes y las instrucciones que reciben los fiscales en su actuación y no sean cuestiones de carácter verbal, secreta, que pueden inducir a distorsiones en muchos casos interesadas. Nos parece absolutamente fundamental que esa trazabilidad en las decisiones de una institución tan importante como la fiscalía tenga que estar basada en la transparencia. Por eso, nos gustaría saber su opinión en ese sentido.
Querríamos también preguntarle por alguna cuestión más, sobre todo en el ámbito del combate contra la corrupción. ¿Qué medidas considera que sería necesario introducir? Somos partidarios de algo que han promovido algunos fiscales, sobre todo en el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción, como la introducción del delito de enriquecimiento injusto de aquellos responsables públicos que tienen un desmesurado enriquecimiento y cuya adquisición no pueden demostrar por medios ordinarios. Es una recomendación que recogen algunos organismos internacionales. Vuelvo a decir que la Fiscalía Anticorrupción planteaba dos medidas esenciales en ese combate contra la corrupción, que nos parece esencial y que creemos que va a ser una de sus tareas fundamentales: la introducción de un tipo penal específico, que ahora mismo no existe, y la protección de los denunciantes de la corrupción, convertir a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, en los verdaderos colaboradores en ese combate contra la corrupción y por la
integridad pública. Nos gustaría que nos dijese cuál es su opinión al respecto. Otro asunto que nos parece importante tanto en la carrera judicial como en la carrera fiscal son los nombramientos por criterios meritocráticos. Una carrera fiscal guiada por criterios objetivos y meritocráticos en los nombramientos y ascensos y no por otro tipo de criterios. Hay una cuestión -además, usted ha hecho referencia a ella- relacionada con la autonomía y la imparcialidad, que es otro de los conceptos de los que habla el artículo 124 de la Constitución.
No tengo ninguna duda, ni mi partido la tiene, y no va a cuestionar la autonomía ni la imparcialidad con la que actúan la inmensa mayoría por no decir la totalidad de los jueces, magistrados y fiscales de este país, pero hay una percepción por parte de la ciudadanía absolutamente no sé si distorsionada, pero sí distinta de esa imparcialidad quizá real que se produce en la actuación concreta y diaria. Eso viene, en muchos casos, por actuaciones concretas, oscuras, que no son suficientemente explicadas, con las que no hay esa trazabilidad y, en muchos casos, la política de nombramientos, de acceso a los estadios más altos de la carrera fiscal pueden provocar esa percepción de no independencia, de no autonomía, de no sujeción a la legalidad. Por eso, hay que revertir esa sensación que reciben los ciudadanos.
Quiero concluir con una pregunta muy concreta que afecta al núcleo de lo que he tratado de exponer en esta breve intervención. Hace dos días el ministro de Justicia en el Senado, una institución muy próxima, dijo muy claramente que entendía que él podía dirigir instrucciones al fiscal. Las palabras son textuales, dijo: instrucciones al fiscal. Nosotros entendemos que fiscal no puede ser un fiscal del Gobierno, en ningún caso puede ser un fiscal del Gobierno. Una cosa es que se le puedan dirigir recomendaciones o peticiones que, además, están recogidas con una tramitación concreta en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, pero ese lenguaje de transmitir instrucciones al ministerio fiscal traduce una mentalidad en la cual el fiscal es el fiscal del Gobierno y no el fiscal de la legalidad, de la promoción de la acción de la justicia, de la defensa de los derechos de los ciudadanos, que es para lo que la Constitución española configura esta institución. Por lo tanto, me gustaría que hiciese usted una valoración expresa de esas declaraciones del ministro Catalá, que no son tergiversaciones periodísticas, sino que son manifestaciones expuestas en el Senado. ¿Es usted una persona que entiende que va recibir instrucciones del Gobierno y que, por lo tanto, será un fiscal del Gobierno o será el fiscal que constitucionalmente viene recogido como el fiscal de la legalidad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos?
En todo caso, muchas gracias por su comparecencia; estamos a la espera de sus respuestas y, en todo caso, de las futuras comparecencias si es que finalmente es nombrado fiscal general del Estado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Prendes.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MATAS: muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Maza.
Comienzo de la misma manera que ha empezado su intervención el señor Prendes, apuntando que ayer nos hubiera gustado -por lo menos a buena parte de los grupos que estamos hoy aquí representados- votar su idoneidad, señor Maza, a este cargo para el cual el Gobierno le presenta. Sin embargo, la interpretación estrictamente jurídica del artículo 29 nos llevó a la conclusión de que esta votación no era posible, de manera que hoy vamos a realizar el trámite necesario. Nuestro grupo se va reservar para la próxima comparecencia que va hacer el ministro de Justicia para pedirle que nos explique y aclare qué criterios ha tenido el Gobierno para concluir su idoneidad a este cargo.
En cuanto a los méritos jurídicos que usted reúne, señor Maza, y su prestigio profesional no nos cabe ninguna duda. Sus méritos son amplios, extensos, francamente son envidiables. El informe que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial no deja lugar a dudas. Sin embargo, en cuanto a la valoración de esta idoneidad sí que le queremos formular una serie de objeciones. De la misma manera que usted en su intervención ha hecho mención a la necesidad que tenía usted como magistrado de fundamentar todas sus resoluciones, nosotros le vamos a fundamentar por qué -concediéndole de antemano el beneficio de la duda- a día de hoy cuestionamos su idoneidad a este cargo. Bien sabe, señor Maza, que la polémica no le ha abandonado desde el año 2012, año en el que una serie de reputados juristas, siendo usted magistrado del Tribunal Supremo, cuestionaron sus actividades profesionales extrajudiciales. Se llegó a asegurar que estas actividades suponían -leo- una incompatibilidad ética con el ejercicio de la magistratura. El informe del exfiscal anticorrupción, don Carlos Jiménez Villarejo, decía a propósito de estas actividades que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y
prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional, sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva. No podemos dejar de enunciar que esta petición formulada por parte de estos reputados juristas ni siquiera recibió una respuesta del Consejo General del Poder Judicial. Lo cierto es, señor Maza -a nadie se le escapa-, que esta actividad docente que usted desarrollaba no está expresamente prohibida por la Ley de Incompatibilidades, pero sí hay un vacío legal que no deja claro si esta compatibilidad en la docencia también se extiende a la docencia privada, máxime cuando su intervención era en cursos y másteres que llegaban a costar muchísimos miles de euros y eran organizados por importantes despachos de abogados, consultorías, empresas de investigación como Cajasiete, Ingefor Consultores, Centro de Formación Datadiar, Schola Iuris -corríjame si alguno no es así-, que ofertaban estos cursos solo aptos para quien tuviera la suficiente capacidad económica para recibirlos. También es cierto -dicho sea de paso- que nos gustaría que en el acto nos aclarara si tiene la intención de seguir compatibilizando esta docencia con su cargo más que previsible de fiscal general del Estado. Por ello, deseamos fervientemente que esta sombra de duda que trascendió sobre la imparcialidad de su ejercicio como juez a causa de su actividad al margen de la magistratura -si me permite, una actividad frenética solo viendo el currículum quizás sea un buen calificativo y estimamos también muy bien remunerada- no se proyecte a su actividad y a sus responsabilidades como próximo fiscal general del Estado.
Por lo tanto, señor Maza, coincidirá con nosotros en que es absolutamente necesario recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución, en la fiscalía. Sabe bien que es un reto que no le será nada fácil afrontar, me refiero al de superar el daño a la institución que ya han hecho referencias emitidas por altos responsables del partido actualmente en el Gobierno del Reino de España. Como tampoco el desprestigio causado en la fiscalía por las puertas giratorias a través de las que hemos visto transitar a algunos de sus predecesores, de la fiscalía a grandes despachos de abogados y sin cumplir ni siquiera con los dos años de incompatibilidad posterior -a pesar de sí contar con el placet del Gobierno-, puesto que el conocimiento de las causas que haya adquirido por su cargo no debería estar inmediatamente puesto al servicio de un interés privado. Hay otras actuaciones que hemos ido percibiendo -que han sido designadas por quienes me han precedido en el turno de palabra- por parte de la Fiscalía General especialmente relacionadas con todo lo relativo Cataluña. Como habrá intuido, señor Maza, lo digo en relación con el no muy lejano año 2014, cuando los fiscales de Cataluña no consideraron que el proceso participativo del 9 de noviembre fuera un delito ni que las personas organizadoras merecieran ningún castigo legal. Trascendieron a los medios de comunicación ciertas presiones del Gobierno sobre el fiscal general en aquel momento, el señor Torres-Dulce, que en un principio por sus declaraciones parecía que tampoco veía delito en esos hechos pero que, al parecer, acabó sucumbiendo a las presiones del Gobierno del señor Rajoy y emprendió una razia judicial de la cual ayer mismo, no hace ni veinticuatro horas, tuvimos un lamentable episodio en este Congreso.
Como sabe, después del señor Torres-Dulce, que dimitió por discrepancias con el Gobierno del Partido Popular, entró la señora Consuelo Madrigal que prometió mano dura porque, según ella -leo literalmente-, es la ley y no la libertad la que libera a los ciudadanos, considerando que la ley está por encima de todo. A partir de ese momento, la cascada de querellas contra concejales, alcaldes, ayuntamientos e incluso la señora presidenta del Parlament de Catalunya no ha conocido límites. Confiamos en que con el paso del tiempo no aparezcan grabaciones obtenidas con mayor o menor clandestinidad en las que se refieran a usted o a algún otro miembro del cuerpo que encabeza como nuestro fiscal de confianza o aquel que todo nos lo afina.
Vamos a centrarnos, de todas formas, en saber su opinión sobre una serie de conceptos que van a incidir en gran medida en su actuar como fiscal general. Mi grupo confederal considera necesario apostar -como usted ha apuntado en su intervención y nos alegra- por la transferencia y por la democracia interna de la institución, dotarla de mecanismos de transparencia que permitan conocer entre otros los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, su agenda, la agenda de los demás órganos de dirección, así como las retribuciones y los indicadores de su actividad. ¿Considera, señor Maza, pertinentes estos objetivos, y muy en especial que su agenda, máxime la que contempla las relaciones con el Gobierno, debiera ser más pública y accesible? Defendemos también la democratización de los nombramientos en la carrera fiscal bajo estrictos criterios de mérito y de capacidad, muy en especial en todo lo relativo a casos de corrupción, con el precedente de episodios recientes de nombramientos de fiscales con aparente cercanía a los focos de mayor poder. En este sentido, nos gustaría saber si tiene previsto mantener todas las jefaturas provinciales y de las comunidades autónomas, incluso las que están
puestas en entredicho y en las que prima el corporativismo, como es el caso de la Fiscalía Provincial de Canarias, condenada por la Sala de lo Contencioso-administrativo por haber vulnerado derechos fundamentales de una magistrada en excedencia, la que fuera mi antecesora en la portavocía de Justicia del Grupo Confederal al que represento, cuando en ese momento era candidata a las elecciones generales por este grupo parlamentario.
Consideramos también pertinente reforzar los mecanismos para dotar a la fiscalía de independencia orgánica, independencia funcional y autonomía presupuestaria con relación al Poder Ejecutivo. Bien sabe, señor Maza, que contemplando su perfil otros grupos presentes en la sala -no nosotros- le han calificado de conservador, considerando que no garantiza en absoluto el perfil independiente que requeriría el cargo y que podría dejar -leo literalmente- en una posición de subordinación al ministerio fiscal frente al Gobierno.
Es usted buen conocedor de que a la figura del fiscal general del Estado se le reprocha socialmente, y prácticamente por todos los partidos políticos -en tanto en cuanto no están en el poder-, ser instrumento de la politización del ministerio fiscal, y la pregunta que le hacemos es clara y directa: ¿tiene el propósito de actuar como autoridad independiente del Gobierno? En este sentido, como también ha apuntado el señor Prendes, recientes declaraciones del ministro de Justicia aseguraban que la fiscalía no es independiente y que puede recibir instrucciones escritas del Gobierno, lo cual entendemos que no es así. Y no solo nosotros, sino también asociaciones progresistas de fiscales que han formulado su queja ante las declaraciones del ministro Catalá. En este contexto, señor Maza, ¿cree que dicha dependencia del Poder Ejecutivo es compatible con la voluntad de reforma de la Ley Procesal, de manera que la dirección de la instrucción de las causas penales sea llevada desde la fiscalía? O, en sentido contrario, ¿concebir la fiscalía como un cuerpo dependiente del Ejecutivo imposibilitaría esta reforma, en tanto en cuanto supondría que la separación de poderes se viera gravemente dañada, ya que influenciaría de manera importante en la Administración de Justicia, pues podríamos sospechar que no se enjuiciarían aquellos casos que pudieran resultar perjudiciales al Gobierno o a sus intereses, quedando impunes algunas conductas? En la misma línea, ¿le parecería bueno para la percepción de imparcialidad de la fiscalía por la sociedad que se reformara el artículo 31 de su estatuto, que vincula su mandato a la vigencia del Gobierno que le ha propuesto o que deja en manos de ese mismo Gobierno la capacidad de establecer si ha incumplido o no con sus obligaciones y, en su caso, cesarlo?
Por lo que respecta a la Policía Judicial, a pesar de que la Constitución la contempla en el título dedicado al Poder Judicial y que funcionalmente está a las órdenes de jueces y fiscales, en la práctica vemos que también está en manos del Poder Ejecutivo, en manos del Gobierno, que es quien acaba ejerciendo sobre la Policía Judicial las funciones de control. ¿Considera que esta situación garantiza la apariencia de independencia de una investigación penal que afecte al Gobierno cuando el ministerio fiscal asume la instrucción? Y más allá de todas estas preguntas, que vienen a cuestionar la tan deseable independencia del ministerio fiscal, también hay una serie de temas sensibles a la fiscalía, en los cuales consideramos que hasta el día de hoy la fiscalía no ha estado a la altura de lo que demanda la ciudadanía y el derecho vigente, con lo cual también nos gustaría saber su opinión al respecto.
En cuanto a la violencia machista, se ha constatado un descenso de denuncias pero no de víctimas, con ciertos indicios de que la atención a las víctimas y el proceso penal han resultado disuasorios para que estas víctimas acudan a solicitar el amparo de la tutela judicial. ¿Qué medidas piensa adoptar para hacer frente a esta preocupante situación? En el campo de la protección de los menores de edad, hemos tenido noticias documentadas tanto por asociaciones acreditadas en la defensa de los menores como por medios de comunicación de aquí mismo, de la ciudad de Madrid, de la existencia de menores tutelados -sobre todo, extranjeros-, que se encuentran de facto en la calle abandonados, o que han denunciado el trato recibido en los centros que corresponden a la Comunidad de Madrid pero cuya inspección corresponde al ministerio fiscal. ¿Tiene constancia de ello? ¿Piensa intervenir la fiscalía para corregir estas disfunciones?
Nos preocupa también el trato dado a las personas migrantes ingresadas en los CIE, y en especial a las personas solicitantes de refugio o de protección internacional, el colectivo más vulnerable. En los CIE se ha documentado, no solo ya por asociaciones sino por jueces de control e incluso por la defensora del pueblo, la presencia de víctimas de trata de seres humanos, de personas solicitantes de asilo y de refugio e incluso de menores de edad. Más allá de las sospechas, podemos hablar de una constatación de incumplimiento de los derechos fundamentales de la Ley Orgánica de Extranjería y del Real Decreto 162/2014, por el cual se aprobó el reglamento de los CIE. No hemos visto que esto se haya aplicado de forma efectiva durante los
más de dos años que lleva ya en vigor y, en caso de que se haya aplicado, constatamos una aplicación desigual entre unos centros y otros. Debemos tener en cuenta que la defensa de los derechos vulnerados corresponde, como bien sabe, al ministerio fiscal con un principio de jerarquía y existiendo una fiscalía especializada en extranjería. Los estudios en sedes serias, como universidades o como el propio Consejo General del Poder Judicial, nos muestran la constante presencia de informes estereotipados, informes de internamiento realizados sin interesarse sobre la situación en concreto de la persona sobre la que versa el informe y la persona que acaba siendo privada de libertad y, en su caso, incluso acaba siendo expulsada del Estado. Nos gustaría también saber qué va a hacer al respecto.
Por lo que respecta a la libertad sindical y a la libertad de manifestación, tendrá constancia de que desde la reforma del artículo 315 del Código Penal, desde la nueva definición del delito de atentado a la autoridad, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, a día de hoy ya son más de trescientos los activistas, sindicalistas y manifestantes que se hallan encausados. Dichas reformas de las disposiciones legales han devenido en una auténtica herramienta de intimidación de movimientos sociales, de organizaciones sindicales y de los trabajadores más activamente comprometidos en ellas y los especialmente más reivindicativos, coartando la organización y el desarrollo de piquetes informativos, así como favoreciendo la coacción de la expresión ciudadana, de su sentido crítico respecto a las decisiones tomadas desde el Gobierno y las distintas administraciones. Tenemos constancia -es palpable- de que la fiscalía ha sido especialmente dura en muchísimos casos, por ejemplo, en el de los trabajadores afectados por el cierre de la empresa ENCE, en Pontevedra; como el de Jorge Merino y Pablo Alberdi, sobre los que pesan penas de dos y siete años por acudir a la manifestación de la huelga general del año 2012; como el caso Raquel Tenías, a la que se piden cuatro años de cárcel por su intervención en las Marchas de la Dignidad, y como el caso de los ocho de Airbus, entre tantos y tantos otros, llegando incluso a extremos esperpénticos como el caso de los titiriteros encarcelados por presunto enaltecimiento del terrorismo. Quisiéramos saber, señor Maza, si piensa seguir la estela de sus predecesores, esa estela de mano dura, o si piensa poner énfasis en el peso que en la balanza tienen los derechos laborales, los derechos sociales y la libertad de expresión. Además quisiéramos conocer su criterio sobre muchos otros asuntos: la cada vez más elevada siniestralidad laboral, los delitos de odio, su opinión respecto a la aplicación de las comunicaciones telemáticas en la justicia, el empleo de las lenguas oficiales, de las lenguas propias, el derecho de opción lingüística de los ciudadanos y las ciudadanas ante la justicia, las tasas judiciales o la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no hay tiempo material y recogemos el guante de su ofrecimiento de seguir compareciendo ante esta Comisión cada vez que consideremos conveniente someterlo al control. De manera que dejamos estos asuntos en el tintero pero, sin duda, los rescataremos bien pronto.
Expuesto esto, sepa que nuestro grupo va a estar receptivo a despejar todas y cada una de las sombras que hemos expuesto, y no tenga ninguna duda de que cuando considere conveniente nos encontrará a su lado en el objetivo de no desfallecer en el empeño de hacer de la fiscalía un verdadero baluarte de la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía, lo que al fin y al cabo no es otra cosa que una garantía de la calidad de nuestra democracia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, me gustaría saludar al señor candidato propuesto por el Gobierno para el cargo de fiscal general del Estado, y permítanme realizar también un pequeño saludo a los representantes de los medios de comunicación que hoy están con nosotros.
Señor Maza, mis primeras palabras tienen que ser para felicitarle por ser propuesto para fiscal general del Estado y saludarle en nombre del Grupo Socialista; dicho lo cual, quiero expresarle que valore mi intervención en clave y términos políticos, ajena al respeto y afecto personal que sabe le tengo. Gracias por sus palabras y por expresar los principios en que piensa basar su mandato.
Creo que hemos avanzado. El artículo 29, tal como está redactado en la última reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, es un avance, un avance importante, pero al final no se cuestiona, no se puede cuestionar que usted reúne los requisitos estrictamente estatutarios, es decir: jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión para ostentar el cargo. Pero estamos en un trámite, conforme a ese artículo 29, diferente; estamos en un trámite para valorar sus
méritos e idoneidad para ocupar el puesto. Conozco personalmente su calidad como jurista y los méritos que le avalan como tal, pero, como usted sabe bien, esto no es suficiente para ostentar el cargo de fiscal general del Estado, y ello por las funciones tan relevantes que le atribuye el artículo 124 de nuestro texto constitucional al ministerio fiscal.
Dicho esto, mi grupo parlamentario recela de su nombramiento. Esta es una comparecencia en cierta medida -permítame la calificación- antipática. Se nos convoca en virtud del artículo 29 del Estatuto orgánico, como les decía, para que valoremos su idoneidad y méritos para el cargo. Sí, ya sé que me diría que es un nombramiento en el que de una manera o de otra confluyen los tres poderes del Estado: el Ejecutivo nombra, pero antes ha oído al Consejo General del Poder Judicial, sobre si el candidato reúne los requisitos que exige la ley, y al Poder Legislativo en esta comparecencia, para que puedan valorarse los méritos e idoneidad del candidato. Pero del mismo modo, y al no haber votación sobre el objeto de la convocatoria, usted y yo sabemos que pase lo que pase en esta Comisión será nombrado. Le decía hace un momento que recelábamos de su designación, y utilizo el verbo en su acepción intransitiva que, como bien sabe, indica desconfianza por suponer o imaginar que entraña algún peligro. Es aquí donde quiero situar espaciotemporalmente su designación o propuesta. Hacerlo me permite motivar esa desconfianza que le indico y estoy seguro de que a usted le servirá para cargarse de motivos con los que paliarla. De ello dependerá en buena medida el éxito en su gestión.
El 8 de enero de 2015 comparecía doña Consuelo Madrigal en un trámite como en el que hoy nos encontramos. Poco tiempo antes había presentado su renuncia don Eduardo Torres-Dulce en un contexto que todos recordamos y que nos podemos ahorrar. Dando un pequeño salto en el tiempo y ubicándonos en los días posteriores a conformarse el Gobierno y arrancar la XII Legislatura -me remito a las hemerotecas-, todo apuntaba a que sería renovada, y solo discrepancias de última hora -al parecer e, insisto, según las hemerotecas- sobre ciertas renovaciones de la cúpula del ministerio fiscal alejaron su entrada en escena. El tiempo nos dirá si esas conjeturas iban o no bien encaminadas. Estamos, como alguien ha dicho, en una comparecencia-imagen, y de eso sabemos algo los jueces y magistrados de este país, donde nos topamos todos los días con la necesidad de independencia, pero también la proyección o apariencia de la misma. Y le digo desde el afecto que debería despejar esas dudas que hoy se leen en las redes sociales y en algunos medios de comunicación: El juez Maza, que será fiscal general por gracia de Rajoy; cursillista impenitente y profesor en la privada -cierro comillas-; o su relación con un determinado grupo empresarial en ámbitos de máster o dirección de cursos, o en su papel en los ámbitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento de normas penales. Estoy convencido de que despejará esas dudas en pro de la institución.
Hablemos del papel del fiscal general del Estado. Soy de los que piensan que la suerte del fiscal general del Estado pende de dos pilares o, si se quiere, de dos caras de una misma moneda, y estas dos son: su coincidencia o discrepancia con el poder ejecutivo y su capacidad para cumplir su misión constitucional. Respecto de la primera, tendrá mil oportunidades para marcar su independencia y, a partir de muy poco, la del ministerio fiscal. Los nombramientos serán un buen termómetro y con absoluta lealtad le adelanto que es nuestra voluntad, por ser además nuestra obligación, estar vigilantes a esa política de nombramientos que se realicen a partir de ahora. Sabe muy bien que llevamos más de un año sin nombramientos por mor de contar con un Gobierno en funciones. Le recuerdo algunas de las plazas vencidas o por vencer de manera inmediata: fiscal de Sala del Tribunal Supremo, teniente fiscal Antidroga, fiscal superior del País Vasco, fiscal jefe de Girona, teniente fiscal del Tribunal Constitucional, teniente fiscal de Cantabria, fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo, fiscal superior de la Comunidad de La Rioja, fiscal superior de la Comunidad de Murcia, fiscal jefe de Cádiz, teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de Asturias, fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Cooperación Penal Internacional, Medio Ambiente y Tribunal Supremo; teniente fiscal de la Comunidad de Murcia y Galicia; fiscal jefe de Almería, fiscal Anticorrupción, fiscal de la Audiencia Nacional, fiscal de la Audiencia Nacional, fiscal de Sala de la Audiencia Nacional, fiscal jefe de Salamanca. Podría seguir, pero estoy convencido de que le van a dar cuenta muy pronto de esta necesidad.
En relación con la segunda, es decir, cómo profundizar en el cometido constitucional, veremos su gestión y mandato. Hoy ya conocemos sus principios. Nos interesa mucho saber qué jefatura piensa desplegar, cómo piensa ganar mayor autonomía orgánica y funcional para el ministerio fiscal en cuya cabeza se va a erigir, cómo piensa apuntalar la fortaleza institucional del ministerio público; si piensa profundizar, y pese al principio de jerarquía normativa, en una dirección más técnica y colegiada, lo que sin duda redundaría en el fortalecimiento de la unidad de acción. Nos gustaría saber, al Grupo Socialista,
cómo piensa potenciar el plano territorial de vertebración del ministerio fiscal tras la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Nos gustaría saber cómo piensa desplegar las unidades administrativas de apoyo, qué piensa hacer con las fiscalías de área, qué le ha dicho el Gobierno sobre el incremento de la plantilla del ministerio fiscal, una plantilla como tantas otras del sector justicia cortas y menguadas por los recortes de los últimos tiempos; qué idea lleva para la plena integración del ministerio fiscal con las nuevas tecnologías y su interconexión con los órganos judiciales del territorio nacional. Nos gustaría saber si piensa seguir, y cómo va a hacerlo, potenciando el principio de especialización y formando fiscales en áreas tan importantes en nuestra sociedad, adaptando la fiscalía precisamente a esos cambios económicos, demográficos, sociales y tecnológicos de nuestro país.
Su tarea y su función no son fáciles y ni siquiera espero en su próxima intervención una respuesta a cada uno de estos temas. Si las tuviera, creo que nos podríamos levantar e irnos. No, simplemente le expongo qué espera el Grupo Socialista de usted. Pero tenemos un reto por encima de todos, y es el de la revisión de nuestro sistema procesal penal y el papel del ministerio fiscal. Según diversas declaraciones en prensa, es usted un convencido de la necesidad de atribuir a los fiscales la dirección en la investigación de los delitos, si bien bajo el control del juez de garantías, pero ello exige por ahora un incremento indispensable de los recursos materiales y personales, y -se lo voy a decir- mucho más. Yo quiero que nos diga, y nuestro grupo así lo desea, qué elementos cree que deben modificarse para que el ministerio fiscal pueda ejercer con garantías y credibilidad la dirección de la investigación. Sí, me refiero a su posicionamiento en ese crucial tema y, en caso de llegarse, qué piensa hacer para adecuar la plantilla del ministerio fiscal y robustecer la gestión. De momento esperamos su rápida intervención para reclamar que la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no vaya en beneficio de la impunidad de los grandes criminales. Quiero preguntarle cómo va a potenciar las áreas de la lucha contra el terrorismo yihadista, contra la violencia de género, anticorrupción, antidroga, cibercrimen, sus relaciones con la policía judicial y por ende con el Ministerio del Interior, departamento que no ha dejado de provocar sonrojos y que ha motivado que el Pleno de esta Cámara haya ordenado la creación de una comisión de investigación.
No quiero terminar mi intervención sin hacer referencia a cuál es su visión sobre la fiscalía europea. Nuestro grupo es un ferviente defensor de su creación. En estos momentos convulsos para la vieja Europa, mi grupo piensa que solo con más Europa saldremos fortalecidos. De ahí la apuesta por Eurojust y la fiscalía europea, de ahí que a nuestro juicio resulte crucial impulsar este proceso. Este proceso de reflexión ha de prestar especial atención a cuestiones tales como el diseño institucional de la fiscalía, ya sea un órgano unipersonal o colegiado, o sus relaciones con Eurojust y con otras agencias, como OLAF. Además habrá que abrir el debate relativo a sus funciones y cometidos, es decir, si queremos que se limite a la lucha contra las infracciones de los intereses financieros de la Unión, como es el final establecido primariamente en el Tratado de la Unión, o tal vez a ese segundo y que permite el texto normativo: un enfoque gradual respecto a otros ámbitos de actuación, y estoy pensando en la gran criminalidad o en el terrorismo yihadista. Nuestro grupo parlamentario ya se pronunció sobre los tres criterios que, a mi juicio, deben guiarnos en este proceso: eficiencia, simplicidad y, cómo no, la prudencia.
Termino, señor candidato. No dude de que el Grupo Socialista le desea los mejores éxitos porque redundarán en la ciudadanía, pero también y, como es nuestra obligación, estaremos muy atentos al despliegue de su acción.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campo Moreno.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Gracias, presidenta.
Señor don José Manuel Maza, buenas tardes. Buenas tardes, señorías, y buenas tardes también a los medios de comunicación.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular le doy a usted, señor Maza, especialmente la bienvenida a esta Comisión de Justicia en la que comparece en cumplimiento del artículo 29.2 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, tras la propuesta del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Quiero expresarle desde este mismo momento nuestro reconocimiento y consideración. Pero permítame usted, permítanme, señora presidenta y todas sus señorías, que antes de entrar en materia aproveche este momento para dejar constancia pública en sede parlamentaria del agradecimiento personal de esta portavoz y de mi grupo parlamentario a doña Consuelo Madrigal, anterior fiscal general
del Estado, por su intenso y magnífico trabajo al frente de la Fiscalía General, por su compromiso y por su cercanía con los miembros de esta Comisión. Su rigor y solvencia se han puesto de manifiesto dentro y fuera de la sede parlamentaria.
Y volviendo ya al objeto de la comparecencia que nos ocupa, y tras algunas de las intervenciones que hemos escuchado esta tarde, me van a permitir que comience mi intervención al efecto desde lo más elemental, que debiera resultar innecesario en esta sede, pero vivimos tiempos en los que la simplificación de las redes nos contagia y yo creo que en esta casa no deberíamos contagiarnos, no deberíamos permitírnoslo. Señorías, como nos ha recordado la presidenta al iniciar la sesión, señala el artículo 29.2 del Estatuto orgánico que, recibido -literalmente- el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los términos que prevea su Reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. Este es el contexto. Es esta la redacción dada en la reforma de 2007, impulsada por el ministro Fernández Bermejo, siendo fiscal general del Estado el magistrado Conde-Pumpido, al que en los debates parlamentarios se le reconoce su plena implicación en tal reforma. Desde ese momento los tres poderes del Estado intervienen en el proceso que conduce al nombramiento del fiscal general del Estado propuesto por el Gobierno. Esta Cámara tiene a partir de dicho trámite conocimiento directo del propuesto mediante una comparecencia que encuentra su amparo procedimental en el artículo 44 del Reglamento del Congreso. Como ha sucedido desde la entrada en vigor de aquella norma, la Comisión de Justicia es el órgano del Congreso que acoge la comparecencia del propuesto por el Gobierno que reúna los requisitos establecidos en la norma para poder ser fiscal general del Estado.
Un lector atento al Diario de Sesiones podrá comprobar cómo el Grupo Parlamentario Popular no fue complaciente con esta reforma, pero ha sido siempre, como no puede ser de otra manera, escrupulosamente respetuoso con el cumplimiento de la misma, de ahí que nuestro trabajo hoy, aunque parezca otro a raíz de algunas intervenciones, no nos convierte en tribunal evaluador ni en seleccionadores, ni en jefes de recursos humanos, ni en responsables de ningún casting. Como representantes de la soberanía nacional se nos demanda nuestra valoración sobre los méritos e idoneidad de la persona propuesta por el Gobierno una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para el cargo. Los requisitos, señor Maza Martín, usted los cumple y tiene méritos muy relevantes para que mi grupo, que hoy me honro en representar, deba dejar aquí constancia expresa de la valoración más positiva sobre ambos extremos. Siento discrepar de tantas cosas dichas en este y en otros momentos en idéntico trámite. Usted y otros que le precedieron no es que reúnan los requisitos mínimos, es que reúnen los requisitos exigidos por la normativa vigente. Ese calificativo de mínimos no procede aplicarse a los requisitos. En derecho, o se cumplen o no se cumplen los requisitos, y usted cumple los requisitos. Y además puede acreditar que su trayectoria profesional -y ese es otro nivel- es extensa e intensa, lo han reconocido muchos compañeros aquí hace un momento, reuniendo la doble condición de juez y fiscal, la inquietud continuada para formar y para formarse, tener sólido criterio propio y el conocimiento de la actividad pública y privada en contacto con todos los operadores jurídicos.
Señala el diccionario de la Real Academia Española que idóneo significa adecuado y apropiado para algo; es decir, ajustado y conforme a las condiciones o necesidades de algo. Mi grupo considera que su currículum -o, como ahora se dice, su perfil- es sumamente adecuado para ocupar el puesto para el que ha sido propuesto. Tiene el rigor, la solvencia, la experiencia, la fortaleza en su criterio, el conocimiento, el respeto de los profesionales y además la voluntad, que no es menos importante, de aceptar un cometido nada fácil, imprescindible y en un momento trascendental para colaborar de forma decidida en mejorar nuestra Administración de Justicia y con ello la justicia en España. Nos congratulamos, pues, de que esta haya sido la elección del Gobierno y le reconocemos el compromiso y la valentía de aceptar el reto. De ahí que comenzara mi intervención hace unos minutos, y no por pura cortesía, expresándole nuestro reconocimiento y consideración. He sentido cierta sorpresa -voy a dejarlo en sorpresa- al haber escuchado reparos de idoneidad a un grupo cuya anterior portavoz de justicia defendía públicamente -lo escucharon muchos- que en el órgano de gobierno de los jueces debía estar cualquier persona sin formación jurídica alguna. No voy a caer en un gran error, el suyo, de citar la dedicación muy honorable de esta persona de la calle que ella mencionó como ejemplo. Pero además de lo dicho, entre los juristas sabemos bien que determinadas responsabilidades deben encomendarse a personas que no solo son buenos, que se encuentran entre los mejores, sino que tienen auctoritas. A nuestro juicio, usted tiene méritos sobrados y además auctoritas; la tiene entre los llamados operadores jurídicos, y con su
intervención aquí -y espero que con las respuestas que nos vaya a dar- y con su actuación -esperamos, a partir de las próximas semanas- estamos convencidos de que se ratificará que a usted se le va a reconocer esa auctoritas en el desempeño de su delicada pero esencial función.
Estoy convencida de que en esta Comisión, más allá de la pose, que no verdadero posicionamiento, de algunos de los portavoces que han intervenido, va a encontrar la máxima colaboración, la que también le pedimos a usted, y encontrará que tras el maquillaje del que se rodean quienes se empeñan como niños en descalificar a mi grupo y al Gobierno, y ahora también a usted, sin fundamento, el afán por un objetivo esencial en un Estado de derecho: la mejor salud de nuestra justicia, que sí es algo que compartimos todos nosotros. Eso es lo importante, no el maquillaje. Los grupos defenderemos planteamientos parcialmente distintos, pero estamos obligados por los ciudadanos a construir los consensos en torno a la consecución de ese objetivo, y usted ha de ser una pieza esencial, como lo son todos los fiscales. Desde mi grupo, desde aquí, en esta comparecencia, quiero dejar constancia del reconocimiento del Grupo Popular al esfuerzo extraordinario que los integrantes del ministerio público en España han debido desarrollar en los últimos años. Queremos trasladar que lo apreciamos y que sabemos que es una contribución al esfuerzo de todos los españoles, que también se han esforzado mucho, que han sufrido y siguen sufriendo mucho por mejorar nuestro marco de convivencia y nuestro país. Estamos convencidos de que esta nueva etapa que inauguramos es parte de esta encrucijada que nos ha tocado vivir, pero de la que hay que obtener consecuencias positivas para nuestros conciudadanos. Con nuestro Gobierno, el Grupo Popular está empeñado en sacar partido a todo lo bueno de lo que somos capaces, también en la justicia.
No voy a reiterar lo que usted nos ha expresado ni un largo catálogo de propuestas. Además, hablar la última también tiene sus problemas, y es que tendría que reiterar algunas de las preguntas de mis compañeros. No es el trámite. Tendremos ocasión -y usted se ha ofrecido si finalmente, como esperamos, es nombrado- de debatir en profundidad en próximas comparecencias tantos temas y su propio proyecto al frente de la Fiscalía General, pero sí me gustaría, uniéndome a lo que algunos han pedido, que detallara su opinión, su posición, cómo aborda el papel del fiscal en la dirección de la investigación o de la instrucción, y también, como decía mi compañero portavoz del Grupo Socialista, esta propuesta de creación de una fiscalía europea, que, según algún documento que hemos conocido, además de la trayectoria anterior, los fiscales parecen apoyar. Creemos que es un momento en el que también esta Cámara tiene que tomar conocimiento de esto.
Reitero mi agradecimiento y nos ponemos a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moro.
Tiene la palabra el compareciente, señor Maza, para contestar a las preguntas que le han formulado los portavoces de los grupos parlamentarios. Cuando quiera.
El señor CANDIDATO A FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Les había prometido a ustedes no cansar mucho su atención ni su paciencia pero, ante el cúmulo de preguntas y temas tan interesantes que ustedes me han planteado, no sé si voy a ser capaz. Pero como tengo mucha vocación docente y de clases de cuatro horas seguidas, en esta ocasión -no se alarmen-, no espero salir de esta sede con una denuncia en el Juzgado de guardia por delito de torturas y, por consiguiente, intentaré resumir lo más posible. Me hubiera gustado agrupar las preguntas pero perdía la atención de lo que me estaban diciendo y no ha sido posible, probablemente tenga que reiterar. Espero no dejarme ninguna respuesta en el tintero. Si es así, les aseguro que no es por eludir la respuesta. Ya les anticipo que a muchas de ellas, como ustedes comprenderán -estoy seguro de que lo saben de antemano, pero me parece muy razonable y lógico que ustedes las hayan formulado y dejado aquí sentadas- no podré responderles porque no tengo todavía conocimiento ni elementos suficientes de juicio para ello. Sí les aseguro, y creo que lo van ustedes a percibir claramente, que en mis respuestas voy a tensar la cuerda de lo que podría considerarse como prudente, esa prudencia que antes añadía, para transmitirles lo más que pueda en este momento respecto de mis pensamientos acerca de los interrogantes que me han formulado.
El señor Bataller me plantea que si hay márgenes jurídicos en la Constitución para llevar a cabo otro tipo de configuraciones en nuestro país. Esta es una pregunta que creo que no es muy propia de fiscal general del Estado pero sí en general de jurista y le puedo decir que la Constitución misma lo prevé. La Constitución puede ser cambiada y, por lo tanto, la propia Constitución está posibilitando esa cuestión,
lógicamente sometida a los trámites, requisitos y condiciones que la propia Constitución establece. Luego me pregunta sobre los tribunales de instancia. Los tribunales de instancia, por razón de la edad, me pillan lejanos; los tendré que estudiar. He oído hablar respecto de ellos porque ha habido polémica lógicamente en mi carrera y he oído hablar a mis compañeros al respecto de esto. Parece ser que son de mucho interés. A un juez ya viejo como yo le sorprende que en una instancia, que en un lugar pequeño haya un tribunal ya colegiado, pero cuando la gente que sabe de esto dice que puede ser muy oportuno, muy idóneo y muy conveniente, probablemente sea así. Yo lo tendré que estudiar. Es cierto que para sentar el criterio de la fiscalía al respecto, que obviamente tampoco es la que decide. Es cierto que ya Alonso Martínez se preguntaba por qué en España, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, no se preveía ya de entrada la segunda instancia penal. En la exposición de motivos se dice, entre otras razones -muy subjetivas-, que eso retrasa la justicia penal, etcétera, y al final se dice que no hay medios suficientes, porque nuestro país, por desgracia, ha sufrido mucha precariedad en tiempos diferentes. Aquí ocurre lo mismo, esto es costoso y me imagino que eso será un problema. Más no le puedo decir al respecto porque no lo conozco.
También dice usted que el Código Penal se ha ido haciendo a parches desde 1995. Eso es algo objetivo, ahí está, no cabe la más mínima duda. Dice usted que se ha hecho a parches a impulsos de ciertas situaciones o ciertos casos concretos. Efectivamente, eso ha pasado mucho a lo largo de la historia. En el artículo 849.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el motivo de error facti a la hora de plantear un recurso de casación es un ejemplo de ello. Como les digo, ya hace casi cien años que esto ocurría. Y ocurre no solo en España, también en otros países. Con motivo de algunas de las clases -ahora me referiré a ello también, por supuesto- que he dado sobre política criminal he encontrado textos alemanes de hoy en los que en Alemania se denuncia lo mismo. Nuestros legisladores están cambiando las leyes a golpes de telediario o de titulares de prensa. Esto parece ser que es muy común. Es normal y comprensible que a veces se piense que los problemas se solucionan con el Código Penal. Por otro lado, si esas modificaciones no se acompañan de la correspondiente memoria económica, es muy barato el recurso. Por otro lado, es lógico que se pretenda satisfacer el sentimiento, la sensibilidad social respecto de ciertos hechos. Desde el punto de vista de técnica legislativa, eso probablemente no sea lo más correcto. Desde el punto de vista de técnica legislativa lo correcto -sinceramente no me gustaría morirme sin que este país lo viera- es que cuando se hagan reformas penales antes se aborden estudios de política criminal serios, analizando el fenómeno desde el punto de vista criminológico seriamente, para proceder luego a la reforma adecuada. Las reformas que se han hecho, por ejemplo, en materia de violencia de género, a mi juicio, son todas muy bien intencionadas, muchas de ellas muy acertadas, pero quizás les ha faltado eso, profundizar en estudios de política criminal para ser todavía más eficaces, y eso es algo que digo desde aquí y que por supuesto, si yo fuera fiscal general, intentaría impulsar. Porque no todo es derecho penal, hay otros medios, resortes y mecanismos de educación, de preparación, de auxilio y asistencia a esas potenciales víctimas del futuro para evitar el riesgo que están corriendo. Pero es cierto, el Código Penal ha tenido muchos avatares y demasiadas reformas -creo recordar que son casi treinta reformas- en estos veintiún años de vigencia, o sea una barbaridad. Hay artículos del Código Penal que me toca aplicarlos en mi sala que tienen hasta cinco redacciones distintas con cinco penalidades distintas para un mismo tipo, concretamente en el tema de abuso de menores, lo que cual es un conflicto tremendo a la hora de saber la norma que resulta aplicable.
También ha planteado usted la preocupación por los centros extranjeros y las lenguas cooficiales. En cuanto a los centros de extranjeros, lo tomo, al igual que algunas de las cuestiones que ustedes me han planteado -hay varias en ese sentido- como algo que usted me comunica, no diré que en forma de denuncia, pero usted lo dice y yo le aseguro que tomo buena nota de ello. En cuanto me informe, en la próxima ocasión que podamos vernos, si es aquí solemnemente o incluso si usted tiene la amabilidad de visitarme o quiere que hablemos en cualquier lugar, yo le daré respuesta a esto de la situación en la que se encuentra. Eso se lo pudo garantizar, aquí nos oyen todos y yo se lo digo. En cuanto a las lenguas cooficiales, es una materia que está regulada. Yo lo he dicho muchas veces, por la lengua que yo hablo y que he aprendido de los labios de mi madre estoy dispuso a hacer lo que sea, casi hasta dar la vida. Por supuesto que el derecho a manifestarse en su lengua tiene que ser protegido. El problema es que esto hay que compatibilizarlo con otras lenguas, como es el caso de España, y esto está regulado. Generalmente los órganos en los que se trata son nacionales y para que todos nos entendamos en un lenguaje común y nos comprendamos bien se suele hacer así, y no estoy diciendo más que lo que provee, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando escritos forenses trascienden de una determinada comunidad
autónoma con su lengua propia. Es algo que se hace necesario. Sin embargo, en el Tribunal Supremo -y muchos de ustedes lo sabrán- a veces recibimos escritos que vienen en una lengua vernácula distinta del castellano y generalmente no los rechazamos, algo a lo que la ley nos autorizaría, y lo hacemos precisamente siendo comprensivos hacia esa cuestión. Pero también en esto la ley es la ley y hasta que no la cambien ustedes, es la que tenemos vigente.
La señora Ciuró me decía que garantice la imparcialidad y la percepción social de esa imparcialidad. Por supuesto, ese es mi intento, ese es mi camino. Yo ya les he dicho lo que pienso. Precisamente en cuanto a la imparcialidad -y con esto salgo al paso de algún otro pronunciamiento y preguntas que se han hecho a este respecto-, en primer lugar, la imparcialidad procesal entre las partes creo que está suficientemente garantizada. Si no, para eso está el tribunal, que es el que resuelve y el que está viendo el desarrollo del procedimiento. En segundo lugar, si se trata de la imparcialidad entendida en términos de independencia o más bien de autonomía -porque no hay que confundir lo que es independencia con lo que es autonomía-, eso, en mi persona -insisto-, está totalmente garantizado. Además, tengo la confianza absoluta en este momento -si no, no estaría hoy aquí ante ustedes asumiendo este riesgo- de que tanto el Gobierno como el señor ministro de Justicia me van a respetar esa autonomía. Estoy completamente convencido porque en lo que ya he tenido oportunidad de hablar con él me ha transmitido esa imagen, y si algo sabe uno después de cuarenta años celebrando juicios es a distinguir si alguien le está diciendo o no la verdad, y yo les digo que tengo plena confianza -si no, no estaría aquí- con respecto a esa autonomía. Acerca de esas manifestaciones públicas que ha hecho -y ya me adelanto un poco a lo que también se ha dicho a continuación pero que está relacionado con esto-, quizá el señor ministro -creo que incluso hay un comunicado del ministerio explicándolo- haya incurrido en un problema de una palabra, como podemos hacerlo cualquiera de nosotros, y rápidamente lo ha corregido. Él hace referencia clara a un artículo del Estatuto del ministerio fiscal que ahí está, y además a mí me parece correcto y lógico, que es el artículo 8 del estatuto. El Gobierno puede dirigirse al ministerio fiscal -no dar instrucciones, por supuesto que no, de ninguna manera, ni instrucciones ni órdenes- en lo que es una saludable y lógica relación institucional. Tampoco pretendamos que el Gobierno sea enemigo del fiscal ni el fiscal del Gobierno; tienen que colaborar institucionalmente, pero, eso sí, siempre con respeto por parte de terceros a la autonomía fiscal y siempre, como he dicho, siendo consciente el fiscal de que su función tiene que ser de esa forma autónoma.
También me planteaba el tema de la asunción de querellas contra los políticos catalanes. Este es un tema -y hay varios- sobre el que, como comprenderán, no me puedo pronunciar ahora. Tengo que decir que le doy las gracias al señor Lagarde y a algún otro que ha dicho algo en ese sentido. Efectivamente, ya no es solamente que se me dé una oportunidad, sino que esperen ustedes -sin ningún cheque en blanco, por supuesto- a mi actuación y verán que se regirá por los principios que les he dicho. Por consiguiente, tanto en este tema como en otros que son casos puntuales, aplicación de la ley, que es lo que a mí me corresponde, en los términos y criterios que se consideren necesarios. Hay problemas que pueden ser tratados, como también he dicho, en muchos ámbitos y a cada ámbito le corresponderá su escenario, sus formas y sus soluciones. El ámbito del ministerio fiscal, por suerte o por desgracia, es el ámbito del cumplimiento de la ley y veremos a ver, cuando estudie yo este y otros casos, cuál en mi criterio es el cumplimiento de esa ley. No sé si me dejo alguna cosa de alguno de ustedes -discúlpenme-. porque las notas no son tampoco exactas.
El señor Prendes, por otra parte, me felicita y me desea suerte, y se lo agradezco infinitamente. Las críticas son estupendas y se agradecen muchísimo, pero cuando a uno le desean suerte y le dicen palabras afables -por cierto, en general lo han hecho todos ustedes y se lo agradezco infinitamente y son más producto de su generosidad que de lo que ustedes saben de mí-, esas palabras afectuosas se agradecen mucho también. Les pido, eso sí, que además de felicitarme me deseen suerte porque estoy seguro de que la voy a necesitar y en gran cantidad. Habla usted del sometimiento al control. Claro, tendrán ustedes que instrumentar, que arbitrar el procedimiento para las posibles comparecencias mías aquí -será cuestión de ustedes y de los reglamentos de esta institución-, pero lo que sí les he puesto de manifiesto es mi disposición clara y rotunda a que esto sea así y son ustedes los que tienen que requerirme para que comparezca. Esto, por una parte.
Sobre los criterios de reprobación, que las Cámaras tengan la posibilidad de reprobar al fiscal general, aquí tenso mi opinión, como digo, para darle satisfacción a su pregunta, que creo que la merece. Yo, probablemente, no lo consideraría muy adecuado. Tendría que estudiarlo, pero no lo consideraría muy adecuado porque creo que eso sí sería interferencia en la función del ministerio fiscal. Controlarle, sí;
hacerle críticas, sí; que tenga que venir aquí y dar la cara y dar explicaciones, por supuesto que sí. Ahora, tanto como reprobarle es complicado porque ya tiene el fiscal precisamente garantizado un periodo de ejercicio para una inamovilidad relativa de cara a preservar su independencia de criterio. Someterle tan directamente al debate político como para poder llegar a reprobarle, insisto, lo veo problemático, pero podría estudiarse y a lo mejor me acabaría usted convenciendo y tendría usted razón.
Por otra parte, la reforma del procedimiento penal. Aquí sí me van a permitir que hable un momentito solamente. Voy a abusar además de la posición que tengo aquí con un micrófono ante ustedes para decirles, sea yo fiscal general del Estado o no, señores legisladores que, de verdad, la ciudadanía, la comunidad jurídica, los que nos dedicamos al derecho penal necesitamos ya de manera inaplazable una reforma de nuestras leyes procesales penales. Esto no me he cansado de repetirlo en múltiples ocasiones, en privado y en público. Da casi hasta un poquito de vergüenza cuando uno sale al extranjero y tiene que explicar nuestro procedimiento penal y se encuentra con que ya somos los únicos y los últimos en el mundo que tenemos el viejo sistema mixto, inquisitivo, acusatorio, con una fase de instrucción y una fase de enjuiciamiento de las características del nuestro. Pero les digo más, la protección de los derechos del ciudadano necesita y requiere que se separen las funciones de investigación y de tutela de derechos, que no sea la misma figura la que a la vez protagoniza la investigación y la impulsa y la que acuerda prisiones preventivas, injerencias en las comunicaciones, etcétera. Eso es indispensable. El juez de instrucción -qué voy a decir yo- ha cumplido en este país una historia brillante y eficaz y ha sido y es hoy un gran garante de los derechos de los ciudadanos, pero esto hay que mejorarlo y es francamente mejorable. En segundo lugar, si algo que nos importa tanto a todos como la agilización de la justicia penal, si todos pensamos que es también mejorable en este sentido nuestra justicia y esa agilización es un capítulo importantísimo, después de treinta y cinco años dedicado al derecho penal yo les digo que, además de los medios -que siempre es lo que se pone por delante: más medios, más medios, y es verdad que los medios son muy importantes-, es la reforma procesal; es cambiar una fase de instrucción judicializada, en la que todo se convierte en un acopio de pruebas y más pruebas hasta acabar llenando armarios de documentos, por una fase previa de mera investigación donde el fiscal conozca las pruebas de que dispone y su fuente, sepa lo que saben los testigos, sepa lo que dicen los documentos; que además pueda actuar en equipo y que no tenga que ser un juez de instrucción el que tome declaración a trescientos encausados tardando dos o tres años, sin un equipo de fiscales en número suficiente para que ese tramite se cumpla en unas semanas y, una vez conocido esto, tome la decisión de si se acusa, si llega a juicio oral o no. Eso es de verdad imprescindible, permítame que se lo diga. Y, desde luego, en la medida en que el ministerio fiscal -si yo me encuentro por aquel lugar- pueda colaborar y contribuir, ya les digo que para mí sería realmente, a mis años ya, la culminación de mi vida profesional el poder contribuir a que eso se haga. Además, no estoy diciendo nada extraño ni original, es que ese es el sistema que hay en todos los países del mundo. ¿Que tendrá muchas dificultades? ¡Claro que tendrá muchas dificultades! Para empezar, nuestro sistema tiene una peculiaridad técnica muy importante que hace que tengamos que ser originales, que tengamos que ingeniárnosla, porque, como saben ustedes, aquí no tenemos el monopolio de la acusación solo en manos de la acusación pública del fiscal. Tenemos acusación popular y tenemos acusación particular. La acusación popular viene además recogida en nuestra Constitución y la acusación particular defiende y protege los derechos directamente del perjudicado, de la víctima del delito. Y eso hay que compatibilizarlo en la investigación de manera que puedan también trabajar en la línea de la obtención del acerbo probatorio, etcétera, esas partes, popular y particular, que no son la pública. Entonces, ¿que es difícil? Ya lo sé, pero, señores legisladores -insisto-, si ustedes fueran capaces de dotarnos a los españoles de una ley procesal correcta, moderna, adecuada, ágil y eficaz, yo les aseguro que ustedes pasarían automáticamente a la historia pero con un gran timbre de gloria por esta legislatura. Eso se lo digo de verdad. Por lo tanto, parece ser que sí soy partidario de la investigación por el fiscal.
Hablaba usted también, señor Prendes, del tema de la dotación de medios. Hay una serie de tareas, por lo que tengo entendido -todavía no las conozco en profundidad para poderle contestar, pero en su día también lo haré encantado-, acerca de la digitalización, etcétera, que se está haciendo en la fiscalía. Y luego está el límite del artículo 324. No sé lo que diría doña Consuelo Madrigal en su momento. Yo sí les puede decir que este artículo 324 me parece excepcional. A mí, todo lo que sea dar garantías al ciudadano me parece bien, pero que se limiten los procesos o los tiempos en la investigación penal, que una persona, un ciudadano, no esté sometido a pena de banquillo durante años, sino que tenga unos meses de duración, me parece magnífico. Ahora bien, tiene usted mucha razón, siempre y cuando haya medios para ello. Este es un tema ya de funcionalidad, que haya recursos o posibilidades. En cualquier
caso, creo que el 324 prevé la posibilidad, en ciertas circunstancias, de prorrogar esos tiempos. Esa podría ser una válvula de escape. Pero, insisto, no quiero confundir y, por lo que pueda ser en la práctica una mala aplicación, pensar que es malo el sistema o que es mala la norma que hay que aplicar. Yo soy totalmente partidario del 324 y he visto en muchas partes del mundo también esa garantía según la cual el Estado tiene un tiempo para investigarme, pero no me puede estar investigando sin límite; hemos visto en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en alguna ocasión las conversaciones y las comunicaciones de un ciudadano más de cuatro años intervenidas en un procedimiento. ¡Más de cuatro años intervenidas! Eso, evidentemente, habría que acabar con ello. La última reforma de la Ley Procesal de octubre pasado también pone límites a las intervenciones telefónicas, por fin.
Usted también me habla de la transparencia y ya les he dicho que mi propósito es ser transparente. La fiscalía no entra en la Ley de Transparencia, pero también las noticias apresuradas que he podido recoger en estas setenta y dos horas últimas sí que me han dicho que se está aplicando la Ley de Transparencia, aunque no fuera obligatorio legalmente, pero que lo están aplicando e intentando adecuar al trabajo de la fiscalía. Si tomo posesión del cargo me enteraré de cómo es esto y también estaré atento a lo mismo, puesto que a usted, señoría, le interesa.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, por supuesto, sin lugar a dudas. Sin embargo, también sobre esto tengo alguna reflexión que hacerles. Me siento muy orgulloso de que en este país tanto los ciudadanos como las instituciones hayan sido capaces de percibir la corrupción, de sentirse escandalizados por la corrupción, de llevar a cabo posicionamientos derivados de las conductas corruptas que han visto. También las instituciones están dando respuesta contundente al problema de la corrupción. Saben ustedes que hay muchos países en los que esto no es así. Hay países -y los conocerán seguro- en los cuales la corrupción se acepta, en los cuales no hay la más mínima sensibilidad social frente a la corrupción; es más, en los cuales la corrupción se extiende desde los más altos responsables políticos hasta el último funcionario de la ventanilla o policía de tráfico. Aquí en España tenemos un problema con la corrupción que efectivamente hay que abordar, y se está abordando y ya se están consiguiendo efectos excelentes; de hecho, me da la impresión de que, a día de hoy, habrá descendido mucho la corrupción en nuestro país. Tenemos que ir solventando y sacando adelante todo lo del pasado, pero precisamente tenemos un país que ha sabido responder a esto, una sociedad y unas instituciones que no se han dejado degradar por la corrupción como en otros sitios, sino que aquí se ha reaccionado con energía. En ese sentido creo que todos, que tanto nos laceramos con nuestra propia idiosincrasia, debemos de felicitarnos.
En cuanto a los nombramientos, también antes se ha dicho -el señor Campos me ha hecho una lista de nombramientos que me han dado ganas de salir corriendo porque no conocía tantos, ¡la que me espera de trabajo!-, hay nombramientos que son sencillamente renovaciones o no, hay nombramientos que son promociones a otros cargos y, por tanto, hay que distinguir. Ya verán ustedes si acierto o no en las promociones, pero obedecerán a criterios de mérito y capacidad. Eso se lo garantizo y es mi propósito. Insisto, ustedes me juzgarán cuando se produzca porque nadie tiene por qué creerme ni pienso, con toda modestia, que tiene por qué criticarme. Ya lo veremos. Eso en cuanto a los que son de promoción. Con respecto a la renovación de alguien que ya está en el cargo, la fiscalía en general funciona adecuadamente. Se ha citado un caso y habrá que ver todos, por supuesto, uno por uno, pero, como funciona bien, mi propósito, y se lo digo desde hoy, sería hacer los menos cambios posibles en las personas que encarnan las fiscalías o las jefaturas de las fiscalías. Ese es mi planteamiento inicial. Luego, si me llevo alguna sorpresa, también podría dar explicaciones de por qué no he seguido este criterio. Creo que no es conveniente hacer cambios y menos cuando uno llega tan de sopetón a ocupar esa posición. En eso sí que creo que hay que tener prudencia. En cualquier caso, todas las decisiones respecto a los nombramientos, sin lugar a dudas, en razón a los méritos y la capacidad y no a otro tipo de filias o fobias, afiliaciones o camarillas. Eso se lo aseguro también rotundamente. Ya acabé con sus preguntas, señor Prendes.
Señora Capella, yo ya sabía, por supuesto, porque le precede su fama, que es una excelente jurista, pero ha habido momentos en los cuales creía yo que usted me estaba haciendo un alegato de defensa respecto de ciertos casos en concreto que veo lógicamente que a usted le interesan y los defiende con pasión y con mucha altura jurídica. Compréndame que a esos casos concretos aquí no la puedo responder porque no voy a dictar sobre la marcha una resolución al respecto. Sobre no dejarse someter a presiones, ya he dicho cuál es mi opinión, cuál es mi planteamiento, cuál es mi vocación y la que ha sido toda mi vida y, por consiguiente, yo no me voy a someter a presiones. Me equivocaré, pero me equivocaré yo solito y responderé de mis equivocaciones, si ha lugar a ello.
Dice usted que el Código Penal -esto es un comentario que ha hecho y que entra dentro de ese terreno- es la última ratio. Yo matizaría: el derecho penal es la última ratio; el Código Penal es el que es, y eso hay que cumplirlo. Es el legislador el que tiene que interpretar y dosificar el derecho penal incluyendo o sustrayendo del Código Penal las conductas. Si soy fiscal general del Estado tendré un Código Penal que cumplir. Ustedes son precisamente los que pueden elaborar reformas de ese Código Penal y a mí no me cabrá más que eso. Esa es la única respuesta que le puedo dar. En cuanto al tema del idioma, en general ya se lo he explicado. En cuanto al caso que usted me contaba del menor, siendo así como usted cuenta, la verdad es que es lacerante y habrá que verlo y procurar que esas situaciones no se den. Me habla usted también del caso Nóos. Evidentemente es otro caso concreto, determinado, del cual no estoy suficientemente informado. Yo estaba en mi sala pensando que este y otros muchos casos que salen en los medios de comunicación llegarían quizá algún día a la sala y entonces los conocería y estudiaría. A lo mejor ahora se me adelanta algo ese tiempo de conocimiento, pero con la misma prudencia que antes lo hacía y sin prejuicios -como decía el famoso y ya milenario Código de Manu: el juez debe juzgar sin amor y sin odio; esto es algo que ha sido capital para mí toda la vida-, lo examinaré sin amor y sin odio, tomaré la decisión que considere oportuna y luego ustedes opinarán sobre ello. También me ha hablado de la catalanofobia y de otros supuestos que usted ha planteado. Estamos hablando de casos concretos que habrá que ver. También me ha preguntado por el tema de los alcaldes y las urnas, pero son todas materias que hay que estudiar dentro de un problema de conjunto.
La memoria histórica. Sobre la memoria histórica, me han dicho que hay esperándome un escrito en la Fiscalía de Amnistía Internacional, a la cual contestaré, porque me parece una institución que ha prestado un servicio a las garantías y a los derechos de los ciudadanos de todo el mundo extraordinario. Por tanto, lo leeré con mucha atención y veré en qué términos se plantea. De todas maneras, respecto a las decisiones de la fiscalía que se han tomado con las comisiones rogatorias recibidas de Argentina, ya están tomadas por la anterior fiscal general y, por tanto, ya están dadas instrucciones a los fiscales. Además, creo que están prácticamente ya resueltas todas, salvo una de un juez del País Vasco que parece ser que ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que le asesore o le diga qué decisión debe tomar, pero todos los jueces, incluso los que habían abierto diligencias para dar cumplimiento y trámite a estas comisiones rogatorias, todos, incluso los que en principio se decidían a ello, han aceptado los planteamientos de la fiscalía y han archivado todas esas actuaciones. A su vez, la fiscalía lo que ha seguido es la doctrina del Tribunal Supremo, entendiendo que toda esta cuestión son hechos que están prescritos, que no cabe la imprescriptibilidad internacional -que solo entra en funcionamiento en España a partir del 2004-, que se refiere a personas ya fallecidas y no se puede seguir un procedimiento penal sobre personas fallecidas. Luego está el tema de la Ley de Amnistía. Estas son cosas que ha dicho el Supremo y que dice la fiscalía, y es que la Ley de Amnistía, aprobada por la práctica totalidad de un Parlamento de todas las sensibilidades, ahí está y hay amnistía para ambos lados. Esos son los argumentos que la fiscalía ha encomendado sostener a los diferentes fiscales ante los juzgados. En base a esos argumentos, así se han producido los archivos. También la magistrada argentina remite, con un poco de confusión, y asocia esto al cambio de estado civil o de filiación de niños recién nacidos. Sobre eso un compañero fiscal me decía: si esto se ha investigado por la fiscalía, si se han practicado más de 2.000 diligencias al respecto, se han practicado incluso exhumaciones de restos para hacer análisis, se han hecho cantidad de análisis de ADN. Por tanto, ¿qué más va a hacer la justicia argentina que no hayamos hecho ya en España? En cualquier caso, todos estos hechos son hechos cometidos en España, por españoles y con víctimas españolas, con lo cual parece ser que es la justicia española la que tendría que actuar con sus criterios. Eso es lo que le puedo decir. Mi opinión al respecto es que me parecen argumentos muy sólidos y además, como ya está tomada la decisión, no podría ni debería cambiarla.
En cuanto a la prisión permanente revisable, ¿qué quiere que le diga? La prisión permanente revisable está también en el Código Penal y yo a partir de ahora tengo que ser un servidor del Código Penal y del derecho penal. Lo he sido hasta ahora, pero a partir de este momento si cabe con más fuerza y energía, porque hasta ahora lo he sido a título particular, José Manuel Maza, y he dictado sentencias y he hecho votos particulares cuando no estaba de acuerdo, incluso cuando no estaba de acuerdo con la ley, pero ahora, mañana, dentro de unos días, la semana que viene o dentro de un mes me va a corresponder que lo que yo diga tiene que ser seguido por 2.500 fiscales, que tienen que aplicar el principio de legalidad en este país. Ahí perderé algo de mi libertad intelectual, lo sé. Por tanto respecto a la prisión permanente revisable diré que está prevista en el Código Penal. En los supuestos en que sea de aplicación el fiscal pedirá que se aplique y los tribunales decidirán. No puedo decir más al respecto.
El señor Moya también me ha planteado una gran cantidad de preguntas, todas ellas interesantísimas. Se ha referido a las actividades extrajudiciales, en las que asimismo ha incidido el portavoz del Grupo Socialista. En esto toda la vida he sido muy claro. Ante todos ustedes me confieso culpable de algo, y es de que tengo una enorme vocación docente. Son miles de personas las que lo saben debido a tan frenética actividad llevada a cabo. Es verdad, y eso se lo admito y se lo digo, pero esto no es, como también se ha dicho, incompatible para un magistrado. De hecho no sé si ustedes recordarán que con motivo de un escándalo que hubo, relacionado con una asociación de usuarios de banco o algo así, se plantearon denuncias del Consejo General del Poder Judicial respecto de compañeros que habían intervenido en actividades docentes, yo no estaba entre ellos -podía haber estado, pero no estaba-, y el Consejo General del Poder Judicial resolvió diciendo que no es incompatible. Es más, decía algo que siempre he defendido, y es que es bueno y positivo que el juez, el fiscal y en general los servidores públicos nos aproximemos a dar clases, porque eso nos hace estudiar mucho, aprender mucho más y a la vez si podemos impartir algo de ciencia, sobre todo de experiencia práctica, es muy de agradecer.
Yo no me decanto -permítame que diga que no es así- ni mucho menos por la empresa o la docencia privada y costosa -le aseguro que en absoluto-, y si quiere usted podemos repasar mi currículum, aunque no tiene el currículum el desarrollo de todas mis clases y conferencias. La mayor parte de mi actividad -no me dejarían mentir aquí diciéndolo públicamente- la desarrollo probablemente en los colegios profesionales. En el colegio profesional de Madrid estoy de forma permanente, pero estoy yendo mucho al de Barcelona y al de San Sebastián, y hace poco he ido al de Bilbao, al de Almería y al de Málaga. También voy a universidades privadas y a muchas públicas, y le aseguro que en las privadas -tampoco aquí me dejará mentir nadie- se cobra poquísimo, las cantidades son irrisorias, incluso en las privadas. Lo digo de verdad.
En el artículo de prensa que usted ha comentado sobre los juristas prestigiosos que hablan de esto se menciona una escuela respecto de la cual me quedé sorprendidísimo y tuve que hacer mucha memoria. Efectivamente está aún colgada en la web la página de ese curso. Es un curso de especialización en derecho penal que cuesta 10.000 euros, una barbaridad, y esta escuela -aparte de que podríamos ver lo que yo cobré porque está en todas mis declaraciones de Hacienda y la verdad es que no era mucho- ha desaparecido. Está todavía en la web y probablemente por eso la han visto y se han sorprendido, cosa lógica, pero hace diez años que acabó su historia, la cual duró solo dos.
Aprovecho para contestar al señor portavoz del Grupo Socialista, que al principio decía algo sobre la vinculación con empresas. Yo no tengo ninguna vinculación. Bueno, he dado clases en cursos organizados por una empresa o por una universidad, pero de ahí a decir que tengo vinculación no. Yo me limito a dar mi clase y a que me paguen si me pagan, que en muchísimas ocasiones lo hago sin cobrar. Tengo la medalla al mérito policial con distintivo blanco, no retribuido, precisamente por la cantidad de horas de clases -así se dice en el expediente- que he dado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sin cobrar. A final de año ya no tenían presupuesto, y como sabían que yo me prestaba, me llamaban siempre para dar las clases. Por eso les quiero decir que yo he cobrado clases, pero no he tenido ninguna vinculación con empresas por este motivo. No la he tenido en estos años de juez, así que no la voy a tener ahora. No he tenido ninguna, y si no que se me diga qué decisión he tomado yo por la que se pueda sospechar siquiera una vinculación de esta clase. No puede encontrarse ninguna en absoluto.
Hablaba también de las puertas giratorias. No me he visto en el trance. Tanto si soy fiscal como si no me iré, lo que me quede hasta la jubilación, a mi plaza de magistrado de la Sala segunda del Tribunal Supremo y le aseguro, señor Moya, que allí seré feliz. Después de quince años allí ya lo tenía todo controlado. Tenía una vida tranquila y sosegada, dedicándome a estudiar mis cosas y a dar muchas clases. Yo volveré allí; espero que me dejen otra vez volver allí como estaba.
Hablaba usted del problema de Cataluña y de los fiscales, y le digo lo que ya he dicho anteriormente. Son temas que habrá que verlos concretamente y con serenidad. Respecto a que no se me grabe en alguna ocasión, ya me cuidaré yo que no. En los tiempos que corremos se puede grabar a cualquiera, pero en cuanto al contenido de mi conversación y de mis dichos, ya me cuidaré de que no se me grabe en ninguna situación que pueda resultar vergonzosa o criticable, porque no es mi intención hacer ni decir nada ni actuar en ese sentido.
En cuanto a la transparencia de la agenda del fiscal con el Gobierno es un tema muy interesante. Me lo ha planteado usted por primera vez y me parece muy interesante. En cualquier caso no me competería a mí tratarlo y resolverlo, pero este tema tiene enorme interés. Varios de ustedes han preguntado qué se podría hacer para mejorar la imparcialidad -más bien la autonomía- del ministerio público, aparte de lo
que ya se hizo, porque en la última reforma del estatuto ya ha habido algunos avances muy importantes en este sentido, como ya saben ustedes. Pues esta es una de las cuestiones que me parecen muy interesantes. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha mencionado también una idea que ya había oído y que es también muy interesante, que es que se pudieran prolongar los mandatos del fiscal general del Estado más allá de una legislatura, como ocurre en otros órganos como el propio Tribunal Constitucional. Ya fue un gran avance que tuviera que ser por toda la legislatura, y no digo que no se pueda ampliar. De todas maneras yo no lo voy a plantear; es cosa de ustedes. Además no creo que tenga muchas ganas de que se prolongue mucho mi mandato, en caso de que llegue a ejercerlo, pero esa puede ser una idea muy inteligente.
Respecto a la autonomía presupuestaria, ¡qué más quisiera el ministerio público y qué más quisiera el Poder Judicial que tener autonomía presupuestaria! Hablo ahora como el magistrado que soy hoy y digo que probablemente muchas cosas mejorarían y funcionarían mejor si el Poder Judicial y la fiscalía, estos órganos de trascendencia constitucional, tuvieran autonomía propia. Pero eso también corresponde establecerlo a ustedes.
Decía usted también que yo soy conservador. Generalmente se me ha ubicado más en el lado conservador, aunque también ha habido quien me ha definido como liberal; aquí hay medios de comunicación e incluso creo que fue alguno de los que están por aquí, y ellos son testigos. He sido definido de muchas maneras, pero también le digo que creo que se puede llevar una excelente actuación como fiscal general con cualquiera de las opciones, desde la más conservadora a la más progresista, siempre que se respete la ley y la Constitución. Se puede hacer magníficamente en cualquier caso y eso es lo que yo me propongo. El hecho de ser conservador -si es que lo soy, porque ya digo que se me tendrá que juzgar por mis actos- no creo que sea ni mérito ni demérito. Es intrascendente. Es más, creo que les resultaría imposible a ustedes, al Gobierno o a quien fuera, encontrar alguien para este puesto o para cualquier otro que no fuera algo: que no fuera conservador, que no fuera liberal, que no fuera centrista, que no fuera progresista. A eso tenemos que atenernos.
En cuanto a que es una autoridad independiente del Gobierno, en realidad es autónoma, pero por supuesto que sí. También planteaba usted el tema de la instrucción, y también otro tema muy interesante, que es el de la Policía judicial. Estamos hablando de la Policía judicial, la que auxilia a los tribunales en la investigación de los delitos. El borrador de código procesal penal que se remitió por el Gobierno, en el periodo del señor Gallardón en el ministerio en el año 2013, les recuerdo que preveía la dependencia directa de las unidades de Policía judicial -no de policía gubernativa ni de otro tipo- del ministerio fiscal a efectos de llevar a cabo la investigación. Eso ya se decía ahí y me imagino que habrá que estudiarlo, pero es un tema también interesante. Por cierto, aprovecho para decir -ahora lo recuerdo- que cuando he hecho la defensa de la exigencia del cambio en el sistema procesal español hay que recordar que tenemos dos borradores, uno hecho en tiempos del ministro Caamaño y otro en tiempos del ministro Gallardón. Ambos tienen diferencias, pero también tienen cosas comunes, una de ellas el sistema de investigación por el fiscal, con sus matices en cada uno de ellos. A mi juicio los dos son francamente buenos, uno lo es en una materia y otro lo es en otra. Es decir, hay mucho trabajo ya hecho, la tarea no es tan tremenda desde un principio. La reflexión o la lección es que ambos han recogido el sistema de investigación a cargo del fiscal. Esto en cuanto a la Policía judicial.
Sobre el desamparo de las víctimas, mujeres, menores, vulnerables, le digo un poco como al principio de mis respuestas, le aseguro que le podré dar puntual explicación de la situación de cada uno de estos colectivos cuando usted me permita y me dé tiempo a poder enterarme de las diferentes posibles soluciones. Yo le aseguro que es clarísima mi vocación de proteger a todas estas personas, seres humanos que sufren este estado de vulnerabilidad. Eso también se lo puedo garantizar con la voz muy alta. En general, gracias por todas sus críticas, que son muy instructivas y muy a tener en cuenta.
Aparte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular me quedaba el señor Campo, al que también agradezco muy sinceramente, tanto sus palabras de afecto como las críticas que me ha hecho desde su posición. Me plantea un asunto sobre el que, me van a disculpar ustedes, no puedo hablar, porque si empiezo hablar sobre ello pueden ir encargando ustedes que nos traiga un catering la cena, y es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Usted decía que uno de los argumentos de la cantidad de clases y conferencias que doy es ese, y es totalmente cierto. Juzguen ustedes si eso es bueno o malo, pero es totalmente cierto. Actualmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la herramienta más eficaz para combatir el delito en las organizaciones, en las empresas, en las estructuras, y muchas veces de los altos responsables de las estructuras, sin lugar a dudas. Saben
ustedes además que, guste o no guste, la OCDE impone esto a todos los países que la integran, porque es su buque insignia en la lucha contra la corrupción internacional; por eso desde el año 2010 lo tenemos en este país. Ha provocado muchos recelos en el ámbito jurídico, porque estamos acostumbrados a un derecho penal antropocéntrico y no entendemos qué es juzgar a unas siglas, a una persona jurídica, pero tiene unas ventajas de política criminal extraordinarias, porque provoca inmediatamente la alianza de las personas jurídicas con los investigadores y con las autoridades encargadas de prevenir y castigar el delito; en la prevención controlando a sus empleados y a sus directivos y en el castigo ayudando a las autoridades a descubrir quiénes han cometido el delito. Por lo tanto es un tema apasionante. Como es un tema apasionante y además es mi tema de tesis doctoral he dado muchísimas conferencias, me han llamado de muchos sitios para hablar de ello. Tengo mis propias ideas. Y como además se dio la casualidad -porque eso sí que es el destino, fue la lista de ponentes de los asuntos de la sala, que se lleva rigurosamente- de que me correspondiera a mí abordar en la sala como ponente una sentencia del pleno de la sala sobre esta materia, excuso decirle que colegios profesionales y abogados por todas partes están interesadísimos en que les explique y en plantearme las dudas de la sentencia de la que fui ponente, etcétera. Sí, le admito que en esta materia no puedo disimular en absoluto, he dado muchísimas horas. Sin ir más lejos en el Colegio de Abogados de Madrid ocho horas, dos tardes de cuatro horas hablando de este tema.
En los nombramientos pendientes ya he dicho cuál es mi criterio, mantener todo lo que se pueda, hacer los menos cambios posibles. Ahora bien, cambiar lo que considere que tengo que cambiar. Fortalecer las instituciones es efectivamente un desiderátum que yo creo que compartimos todos. En cuanto a las unidades de apoyo y las fiscalías de área tengo que verlo. Lo que sí le puedo decir, porque también lo han planteado ustedes, es el interés que tienen las diferentes fiscalías especiales. Creo que fue una gran idea de mi compañero el señor Conde-Pumpido, porque el funcionamiento del ministerio fiscal se va haciendo más grande; cuando yo ingresé en la carrera fiscal éramos 600 y ahora son 2.500, y también en la judicial éramos 1.200 y ahora son más de 5.000. Por ello, conforme se va haciendo más grande y más disperso, es muy importante que dentro de la fiscalía se tenga una idea de transversalidad respecto a ciertas materias muy delicadas, muy sensibles, donde la unidad de criterio es muy importante; que en medio ambiente, seguridad vial, etcétera, se tenga estas fiscalías especializadas que también controlen la actuación de todos los fiscales en los procedimientos que se siguen por estas cuestiones. Por tanto es muy interesante. En la misma línea creo que puede ir esta cuestión de las unidades de apoyo; las fiscalías de área pueden tener mucho interés.
La plantilla de la carrera fiscal es la que es, y me imagino que habrá que pedir recursos siempre. Se han venido produciendo promociones de un número muy cuantioso, pero necesario y suficiente de fiscales, y en los últimos años como saben ustedes se ha reducido mucho por la crisis económica. Habrá que luchar también por que sea una de las prioridades de los presupuestos para que se refuerce la plantilla de los fiscales, sobre todo si abordamos retos como terminar de una vez con la corrupción, etcétera. Las nuevas tecnologías es otra materia de extraordinario interés. A lo del fiscal investigador ya he contestado. Y hay que garantizar la plantilla y la gestión de la fiscalía. Esa es la tarea que tengo por delante.
También se han sacado a colación algunos casos, y le digo lo que al resto de portavoces respecto de esos casos. Por último, me ha hablado de la fiscalía europea. El otro día hablé con un amigo fiscal, que además está en Bruselas, y me dijo que esta semana se tomaba una decisión muy importante -no recuerdo qué día- en orden a esa fiscalía europea; una fiscalía, por lo que él me estuvo contando, de un diseño colegiado -no es como la nuestra, tan jerarquizada y piramidal-, propio de una institución como la Unión Europea, con veintitantas cabezas, los mismos miembros de la Unión. Estoy totalmente de acuerdo, señor Campos, con las bondades de estar en una integración. Probablemente es muy mejorable, como todo, pero creo que la unión siempre es buena, y por tanto la fiscalía europea, al menos por lo que a mí respecta, tendría un interés y una dedicación, con toda seguridad.
Finalizo con la señora Moro. Como ya he contestado a lo del fiscal investigador, solo me resta decirle que agradezco muchísimo sus palabras. Quisiera decirle, para que también se lo traslade al Gobierno que es de su partido, que me siento muy orgulloso y muy honrado, aunque un poco disgustado, porque me cambia una vida que ya creía que encarrilaba hacia la placidez -y que a lo mejor hasta me la he merecido- por un desafío y un reto tan importante. Pero una persona de mi perfil, una persona de mi biografía, como comprenderá, por mucho que me trastorne la vida privada esta propuesta no puede decir que no. Sencillamente no puedo decir que no. Quizá otra persona más inteligente podría, pero yo no
puedo decir que no, y por tanto estoy muy agradecido al Gobierno de la nación por haber pensado en mí para la posibilidad de ocupar este cargo.
Para fijar el turno de posición, tal y como habíamos quedado, un minuto y medio o dos. ¿Grupos que quieran hacer uso de la palabra? ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegación). ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegación). ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? (Denegación). ¿Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? Tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Con la venia, presidenta. Ya que lo habíamos pedido, lo hacemos.
Señor magistrado, señor fiscal, debería decir, parte usted -sencillamente y por resumir- de un pecado de origen. A usted lo nombra un Gobierno, y ese Gobierno tiene un color político determinado y se traduce en esta Cámara en un apoyo a ese color político o en una oposición a ese color político. Por tanto su ejercicio debe superar esa inicial concepción, tal como se plantea o por lo menos se puede visualizar en esta Cámara y ante los ciudadanos. Eso se ha visto aquí, ya que el apoyo más sólido ha sido por parte del Partido Popular, y sin fisuras, mientras que el resto de grupos ha podido plantear críticas, desconfianzas de origen, que debo reconocer que usted ha solventado con eficacia. Por lo tanto lo nuestro es una confianza crítica basada en eso. No le vamos a exigir que sea neutral. Nadie es neutral, y como usted ha dicho todos tenemos nuestra ideología, y es muy difícil encontrar a alguien que no la tenga y además no creemos en eso. Sí le podemos pedir, como se ha repetido, que sea imparcial en el ejercicio de su cargo y esa imparcialidad la iremos viendo. Ahora bien en el ejercicio también de nuestra no neutralidad, es decir como grupo político, nosotros vamos a ser inflexibles en dos cosas. Primero, en la defensa de los más desfavorecidos. Pensamos que la justicia en un Estado social y de derecho tiene la función de equilibrar la igualdad entre todos los ciudadanos, entre los poderosos y los que no lo son. Por lo tanto no cabe esconderse detrás de la letra de la ley. Está claro que tiene que haber un ánimo, un planteamiento, una actitud -entendemos nosotros- por parte del ministerio fiscal. Segundo, que va muy unida a esta, pero que la desborda, es la defensa a ultranza de los derechos fundamentales y los derechos humanos. En esas dos cuestiones vamos a ser no sé si inflexibles -porque toda interpretación de la ley cabe en derecho-, pero sí extremadamente rigurosos. Dicho lo cual le deseamos suerte, porque si usted tiene suerte en esto que le acabamos de encomendar nosotros también la tendremos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CAMPO MORENO: Deseo darle las gracias al compareciente y desearle mucha suerte.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidenta.
Quiero darle las gracias al compareciente por todo lo que nos ha ilustrado, y señalarle al Grupo Podemos y a quien ha intervenido que nosotros como grupo parlamentario evidentemente no renunciamos absolutamente a que en la comparecencia que procede -que no es esta- hagamos las consideraciones oportunas, si es nombrado fiscal general del Estado. En este caso hemos expresado nuestra opinión, y nuestra opinión desde nuestra ideología es válida, en eso se basa la democracia, en que todas las opiniones pueden expresarse, todas las opiniones han de tolerarse, todas las opiniones que puedan sustentar a un Gobierno son igualmente respetables, y por tanto no es más respetable el nombramiento por parte de un Gobierno del Partido Socialista que el nombramiento por parte de un Gobierno del Partido Popular o un nombramiento por su parte, si ustedes en algún momento -nosotros no lo queremos- llegan al Gobierno. Por ello no hemos hecho ningún apoyo de fe ciega, sino nuestra opinión sobre lo que nos pide la ley, el respeto a la ley que es decir que la persona propuesta por el Gobierno tiene méritos más que suficientes -ustedes también lo han dicho-, que es idóneo y que no vamos a prejuzgar lo que todavía no ha hecho. Señor candidato, cuando usted haga, nosotros también le requeriremos y le propondremos, pero entendemos que este no es el trámite.
Muchas gracias por permitirme intervenir.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro.
Se tiene por tanto evacuado el trámite de comparecencia previsto en el artículo 29.2 del Estatuto del ministerio fiscal, en los términos que han resultado de las intervenciones de todos los portavoces en esta sesión parlamentaria. Se dará traslado de ello a la presidenta del Congreso y al Gobierno de la Nación.
Señor Maza, creo que hablo en nombre de todos -así lo han dicho todos los portavoces-, nos ha pedido que le deseemos suerte, y así lo hacemos porque su suerte será una suerte para todos, será una suerte para la democracia, para los derechos humanos y para las libertades en este país. Personalmente sabe que se lo deseo de todo corazón. Esperamos verle muchas veces en esta Comisión. Usted ha dicho que quiere venir y estoy segura de que vendrá, y que ese control que es imprescindible hacer democráticamente hablando se hará aquí. Mucha suerte, que sea lo mejor para usted y para todos.
El señor CANDIDATO A FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Muchas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a todos ustedes.
La señora PRESIDENTA: Se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.

References: artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 29
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 315
 artículo 324
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 124
 artículo 29
 artículo 324
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 44
 artículo 849
 artículo 8
 artículo 324
 artículo 324
 resolución 
 artículo 29