Source: https://maspension.cl/index.php/normativa-previsional/862-jubilacion-estatuto-administrativo-para-funcionarios-municipales.html
Timestamp: 2019-03-20 13:59:15+00:00

Document:
ESTATUTO ADMINISTRATIVO JUBILACIÓN | Más Pensión
JUBILACIÓN ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Las personas que están bajo el estatuto administrativo y que son empleados públicos, reciben seis meses de sueldo extra una vez renunciados a su trabajo, pero no pueden volver a trabajar en alguna institución del estado.
JUBILACION FUNCIONARIOS EMPLEADOS PUBLICOS CHILE
Una vez que el funcionario púbico ha cesado en sus funciones y le han pagado el beneficio de los 6 meses extra indicados en la ley, se podrá comenzar a recibir la pensión que de vejez o invalidez que corresponda. Para todo lo demás corren los mismos reglamentos que los empleados de empresas particulares.
Un ex funcionario público puede seguir trabajando en otra cosa después de jubilado, siempre que no sea en la administración pública.
i. Que todo pensionado puede continuar trabajando con el mismo empleador, a excepción de los trabajadores de la Administración Pública afectos al D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; los trabajadores municipales afectos a la Ley Nº 18.883; los profesionales de la Educación del Sector Municipal afectos a la Ley Nº 19.070, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el D.F.L. N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación , los trabajadores afectos al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal contenido en la Ley Nº 19.378 y los funcionarios del Poder Judicial afectos al artículo 332 Nº 6 del Código Orgánico de Tribunales, los que cesarán en su cargo al obtener su pensión.
b) Trabajadores afectos a leyes especiales.
i. Trabajadores afectos al Estatuto Administrativo de la Ley N° 18.834.
En el caso de trabajadores de la Administración Pública, tales como: Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y Servicios Públicos centralizados y descentralizados, la fecha de devengamiento de la Pensión de invalidez será a contar del día siguiente a aquel en que se dé término al beneficio contemplado en el artículo 152 del D.F.L. N° 29, de 2004, sobre Estatuto Administrativo, oportunidad a partir de la cual el trabajador debe retirarse de la Administración Pública o cesar en el cargo.
ii. Trabajadores del Poder Judicial
Cabe señalar que la fecha de devengamiento señalada en la letra anterior resulta aplicable a los Funcionarios Judiciales, puesto que si bien este personal en todos sus escalafones y categorías (Jueces, Auxiliares de la Administración de Justicia y Personal de Empleados) se rigen por las normas del Código Orgánico de Tribunales, en esta materia el Estatuto Administrativo recibe aplicación supletoria. Por lo tanto, corresponde establecer la misma fecha de devengamiento.
iii. Trabajadores afectos al Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, contenido en la Ley N° 18.883.
En el caso de los Funcionarios Municipales, la fecha de devengamiento de la pensión de invalidez será a contar del día siguiente a aquel en que se dé término al beneficio contemplado en el artículo 149 de dicho cuerpo legal, oportunidad a partir de la cual el trabajador debe retirarse de la Administración Pública o cesar en el cargo.
iv. Profesional de la Educación del Sector Municipal afecto a la Ley Nº 19.070, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación.
Para el profesional del Sector Municipal, la fecha de devengamiento de la pensión de invalidez será a contar del término del beneficio de seis meses de remuneración sin obligación de trabajar contenido en el artículo 149 de la Ley Nº 18.883.
No entran en esta categoría los trabajadores docentes que se desempeñan en Establecimientos Educacionales del Sector Privado y Sector Particular Subvencionado, cuya fecha de devengamiento corresponde a la regla general.
v. Trabajadores afectos al Estatuto Atención Primaria de Salud Municipal, Ley N° 19.378.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 48, letra g), de la Ley N° 19.378, la fecha de devengamiento de pensión señalada en la letra anterior, es también aplicable a los Funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, sea que dependan de establecimientos de salud administrados directamente por las Municipalidades, de sus Departamentos de Administración de Salud o de las Corporaciones Municipales de Salud. Fuente: Asesor Previsional Luis Fernando Correa y parte del compendio de la Superintendencia de Pensiones.
ESTATUTO DOCENTE JUBILACION
Soy profesor y me quiero jubilar
Hay que informarse y tener mucho cuiodado cuando una persona que pertenece al estatuto docente de una corporación municipal, quiere jubilarse y seguir trabajando, porque si se pensiona será despedido de su trabajo y solo se quedará con los ingresos mensuales de su jubilación y de las clases particulares que pueda hacer.
Estatuto Docente. Corporaciones Municipales. Terminación Contrato Individual. Jubilación. Indemnización Legal por años de Servicio. Procedencia.ORD. Nº 2505/66
La obtención de jubilación en relación al cargo docente en una Corporación Municipal, no da derecho al profesional de la educación que accede a dicho beneficio previsional a indemnización por años de servicios, en el evento que el término de su relación laboral opere por tal causal.
MAT.: La obtención de jubilación en relación al cargo docente en una Corporación Municipal, no da derecho al profesional de la educación que accede a dicho beneficio previsional a indemnización por años de servicios, en el evento que el término de su relación laboral opere por tal causal.
Ley Nº 19.070, artículos 72 y 2º transitorio.
Mediante presentación del antecedente, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si la obtención de pensión de jubilación, en relación al cargo docente en la Corporación Municipal de La Florida, da derecho a impetrar el beneficio de indemnización por años de servicios y en caso afirmativo con cargo a que recursos.
El artículo 72 de la Ley Nº19.070, en su inciso 1º letra d), dispone:
"d) Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, en relación a las respectivas funciones docentes".
De la norma legal precedentemente transcrita, se deduce que el contrato de trabajo de los profesionales de la educación del sector municipal, entre los cuales quedan comprendidos los que laboran en establecimientos educacionales dependientes de las Corporaciones Municipales, termina, entre otras causales, por la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia respecto de las funciones docentes que cumplen.
Precisado lo anterior, cabe consignar que revisada la normativa vigente en materia de terminación de la relación laboral del personal de que se trata, contenida en el citado artículo 72 de la Ley Nº 19.070, se ha podido establecer que dicha norma legal no impone al empleador la obligación de pagar indemnización por años de servicios en el evento que el término de la misma se produzca por la causal de jubilación, que se contempla, como se expresare en la letra d) del referido precepto.
Es del caso hacer presente que la causal de que se trata sólo ha permitido a los profesionales de la educación acceder al beneficio de indemnización por años de servicios, cuando el legislador ha establecido programas especiales de retiro por jubilación o por tener la edad para jubilar , a través de leyes de aplicación excepcional y temporal, como ha ocurrido con la Ley Nº 19.648, publicada en el diario oficial de 02.12.99, y la Ley Nº 19.933, publicada en el diario oficial de 12.02.04.
En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo en informar a Ud. que la obtención de jubilación en relación al cargo docente en una Corporación Municipal, no da derecho al profesional de la educación que accede a dicho beneficio previsional a indemnización por años de servicios, en el evento que el término de su relación laboral opere por tal causa.
JUBILACIÓN FUNCIONARIOS PÚBLICOS DOCENTES
Si usted es funcionario público y necesita pensionarse, infómese con este especialista lo que le conviene más.
Las personas empleados públicos que se quieran jubilar y conseguir la mejor pensión posible, les sugiero informarse, asesorarse y tomar contacto más temprano que tarde con este asesor previsional.
¿Los docentes que obtienen pensión o jubilación tienen derecho a gozar de todas sus remuneraciones por el plazo de seis meses sin estar obligados a trabajar?
El artículo 72, letra d) de la ley 19.070, o Estatuto Docente, establece que los docentes que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, en relación a las respectivas funciones docentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Decreto Reglamentario Nº 453, de 1991, la causal en comento produce efectos desde la fecha en que la respectiva institución previsional concede la jubilación, pensión o renta vitalicia. Mediante dictamen N° 1760/90, de 25.03.94 la Dirección del Trabajo refiriéndose a los profesionales de la educación que se desempeñan en un establecimiento educacional dependiente de una Corporación Municipal ha dispuesto que para que opere el término de la relación laboral, en virtud de esta causal, es necesario que la jubilación, pensión o renta vitalicia se obtenga en relación al cargo docente que dicho profesional de la educación se encuentra desempeñando en un determinado establecimientos al momento de la concesión de tales beneficios previsionales. A su vez, el artículo 72 del mismo Estatuto, en la letra h), fija como causal de término del contrato del personal docente la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de la función en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883. Por su parte, el artículo 149 de la citada ley, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, dispone que si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. A contar de la fecha de notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la municipalidad. De esta manera, el legislador sólo ha otorgado el beneficio señalado a los docentes que se le pone término al contrato por la causal del artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, esto es, por salud irrecuperable o incompatible para el desempeño de la función y no para los que cesan por jubilación, pensión o renta vitalicia. Fuente: Dirección del Trabajo
Concepto de cece de funciones: Se define como la extinción del vínculo jurídico que une al funcionario con el Estado.
Estatuto Administrativo: Se relaciona con la protección del trabajo, establecido en la Constitución Política de la República, y con el principio de la estabilidad laboral, presente, entre otros, en el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
Esta materia en estudio constituye un marco preestablecido sobre el cual la normativa estatutaria desarrolla el régimen de expiración de funciones de los empleados públicos y las modalidades que deben cumplir las diversas causales para que operen con eficacia, respecto de las cuales el legislador ha contemplado requisitos comunes de legalidad, taxatividad, formalidad y comunicación al afectado.
Artículo 46 de la ley N°18.575: “Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal por el cual se es designado o en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombramiento en relación con los cargos de exclusiva confianza”.
Como podemos observar el principio de estabilidad laboral contempla variadas causales o hipótesis de extinción del estatus funcionarial.
Causales de cese:
1. Aceptación de Renuncia.
2. Obtención de Jubilación, Pensión o Renta Vitalicia en un Régimen Previsional.
3. Por Declaración de Vacancia del Cargo.
5. Supresión del Empleo.
6. Término del período legal por el cual se es designado.
7. Fallecimiento.
8. Caso especial en las contratas.
9. Caso de contratados a honorarios.
10. Caso de contratados bajo las normas del Código del Trabajo.
El empleado cesará en el empleo, en el caso de aceptación de renuncia. (art. 146, letra a) E.A.).
Concepto: Es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo. (art. 147 E.A.).
Debe presentarse por escrito, produce sus efectos desde la fecha en que queda totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepta, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad. (art. 147 E.A.).
La renuncia a un cargo público es un acto administrativo complejo que requiere para su perfeccionamiento de la manifestación de voluntad del empleado de abandonarlo, libremente expresada, vale decir, exenta de todo vicio, y de la aceptación de ella por parte de la autoridad competente. Por ello, esta causal se denomina aceptación de renuncia. De esta manera, un dimisionario está impedido de alejarse de sus funciones mientras no se produzca tal aceptación, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad
administrativa por abandono de funciones. (dictamen N° 44.480/05 CGR, entre otros).
Retención de la Renuncia:
La renuncia no se puede rechazar, sólo se puede retener por la autoridad cumpliéndose 2 requisitos, 1) que el funcionario se encontrare sometido a sumario administrativo, y 2) que de aquél emanen antecedentes serios de que pueda ser alejado de la institución por aplicación de la medida disciplinaria de destitución.
La renuncia no se puede retener por un lapso superior a 30 días contados desde su presentación, aun cuando no se hubiere resuelto sobre la aplicación de la medida disciplinaria. (art. 147 E.A.).
Dictamen 7.389/11
“Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes examinados, efectivamente existió en la especie una dilación en el curso de la indicada renuncia, la que al tenor de los antecedentes tenidos a la vista, fue recibida en esa universidad el 25 de febrero de 2010, no obstante, el acto administrativo que dispuso su aceptación se emitió el 24 de diciembre de dicha anualidad, lo que contraviene lo establecido en el inciso tercero del artículo 147 de la
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo que, sólo en el evento de encontrarse sometido a sumario el
servidor, permite retener tal manifestación de voluntad por un período no superior a treinta días contados desde su presentación”.
“Siendo ello así, esa superioridad deberá disponer la iniciación de un proceso sumarial con la finalidad de investigar las responsabilidades administrativas comprometidas en la indicada infracción estatutaria, para lo cual ha de tener presente que, al tenor de lo establecido en el artículo 7°, numeral 7.2.3, de la resolución N° 1.600,
de 2008, de este origen, se encuentran sometidos a toma de razón los actos administrativos que disponen sobreseimientos, absoluciones y la aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por este Organismo de Control”.
Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine.
1. Aceptación de Renuncia/Retención.
Dictamen N° 25.194/14
“Al respecto, cabe señalar que el artículo 146, letra a), de la ley N° 18.834, dispone que el servidor cesará en su empleo en virtud de la aceptación de su renuncia, agregando el artículo 147 de ese texto estatutario, que la dimisión debe presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la data en que quede totalmente tramitado el pertinente decreto o resolución, a menos que en aquélla se indicare una fecha determinada y así lo disponga” la autoridad.
“Luego, la última disposición anotada añade que la dimisión sólo podrá ser retenida, por un lapso no superior a treinta días, cuando el funcionario se encontrare sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser alejado de la institución por aplicación de la medida disciplinaria de destitución”.
“Por último, es menester considerar que según el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes Nos 15.476, de 2011 y 82.037, de 2013, de este origen, la renuncia requiere para su perfeccionamiento tanto la manifestación de voluntad del empleado de abandonarlo, como la aceptación de ella por parte de la superioridad competente”.
RETRACTACIÓN DE LA RENUNCIA.
Dictamen N° 25.258/12
“Ahora bien, de conformidad con los dictámenes Nos 49.679, de 2005 y 10.326, de 2007, de este origen, para que la retractación de la renuncia voluntaria produzca efecto, deben concurrir copulativamente dos presupuestos, esto es, que el desistimiento se presente en forma oportuna, y que el funcionario no haya abandonado la Institución en el período respectivo”.
Por consiguiente, considerando, por una parte, que el desistimiento fue presentado antes de la total tramitación de la aceptación de la renuncia, el que fue indebidamente rechazado por la superioridad, y por otra, que la ausencia laboral de la afectada se debió a la negativa del servicio, de lo cual reclamó por todos los mecanismos a su alcance, dicha retractación es plenamente válida, debiendo la autoridad dejar sin efecto la aludida resolución N° 156, de 2011,
reintegrando a la interesada, como asimismo, pagarle las remuneraciones adeudadas en el tiempo intermedio.
1. Aceptación de Renuncia/Retención. Dictamen N° 21.460/14
Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 2.363, de 2013, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que aplica la medida disciplinaria de censura al exfuncionario que individualiza, toda vez que de los registros de este Órgano Fiscalizador consta que dicho exservidor cesó en sus funciones el 14 de agosto de 2013, es decir, con anterioridad a la data en que se ordenó instruir el proceso sumarial de que se trata, lo que aconteció el 19 de ese mismo mes y año, de manera tal que concurrió a su favor la causal de extinción de la responsabilidad administrativa
contemplada en el artículo 157, letra b), de la ley N°18.834. En mérito de lo expuesto, se representa la resolución señalada.
2. Jubilación, pensión, renta vitalicia.
El funcionario cesa por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público. (art. 146 letra b) E.A.).
El funcionario cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva. (art. 149 del E.A.).
Por ende, el acto administrativo que se dicta al respecto, sujeto a toma de razón, es de naturaleza declarativa, pues sólo precisa la fecha en que se produjo la desvinculación.
Actualmente los funcionarios pueden pensionarse mediante 2 sistemas: 1) El de las Cajas de Previsión, representadas por el INP, cuyo sucesor y continuador legal es el IPS, siempre que se trate de funcionarios que optaron por quedar adscritos al régimen antiguo de pensiones, con el propósito de obtener una jubilación. (Dipreca y Capredena plenamente vigentes) y 2) El de las Administradoras de Fondos de Pensiones respecto de los servidores que se afiliaron a ellas, para los efectos de acceder a una pensión.
3. Declaración de Vacancia.
Concepto: Decisión de la autoridad de poner término a los servicios del funcionario por las causales que la ley prevé, requiriéndose, al efecto, la aplicación de un procedimiento determinado. (ver art. 150 E.A.)
- Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.
- Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado.
- Calificación en lista de Eliminación o Condicional.
- No presentación de renuncia cuando el cargo es de exclusiva confianza
Por Salud Incompatible:
El jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. (art.151 E.A.).
Le corresponde calificar al jefe superior del servicio, en ese sentido la jurisprudencia de CGR, expresa que compete a esta superioridad calificar si el uso de licencia médica durante el lapso indicado implica tener salud incompatible con el desempeño del cargo, sin que corresponda a CGR revisar los fundamentos que hubiera tenido en cuenta la autoridad para adoptar su decisión en cada caso particular.
No es una causal imputable al trabajador, ni constituye aplicación de medida disciplinaria, en ese sentido se pronuncia el oficio CGR N°38.312/07.
El lapso a que se alude computa tanto las licencias médicas con reposo total y parcial, de modo que licencias otorgadas por medios días, se consideran como días completos para esos fines.
No se consideran en el cómputo las licencias otorgadas por accidentes del trabajo o en actos de servicio, ni por enfermedades de carácter profesional.
El acto administrativo que dispone el cese, esta sujeto al trámite de toma de razón ante CGR, y el término rige a contar de la data en que el servidor es notificado del total trámite de éste.
“El Jefe superior del Servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable", siendo útil destacar en torno a este precepto que la reiterada jurisprudencia administrativa ha concluido que compete privativamente a la superioridad del Servicio calificar si el goce de licencia médica durante el lapso indicado puede estimarse que implica tener salud incompatible con el desempeño del empleo, sin que corresponda a este Organismo de Control revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta la autoridad para adoptar la medida en cada caso particular “
“En esta materia la jurisprudencia administrativa del Organismo Contralor mediante el dictamen N° 291, de 1989, ha concluido que el cese de funciones por declaración de vacancia por salud incompatible, no es de aquellas causales imputables al trabajador, ni tampoco constituye la
aplicación de una medida disciplinaria, de modo que la interesada tiene derecho a impetrar el subsidio de cesantía, y a percibirlo en la medida que cumpla las exigencias que para tal efecto establece la normativa jurídica precedentemente citada” (dictamen 38.312/07)
Por Salud Irrecuperable:
Si se declara irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. (art. 152 E.A.).
Desde la fecha en que el servidor es notificado de su irrecuperabilidad y por el aludido lapso (6 meses) no está obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo.
Es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente la que declara irrecuperable la salud de un funcionario, al respecto a CGR no le corresponde pronunciarse acerca de las determinaciones de estas entidades médicas respecto de determinados funcionarios, toda vez que por tratarse de materias de orden médico, solamente a ellas atañe su resolución. dictamen CGR N°20.172/06, entre otros).
Notificación de la irrecuperabilidad se practica mediante la transcripción que el jefe superior del servicio haga llegar al empleado una vez que la autoridad médica le haya comunicado esa determinación.
Dicho acto será notificado personalmente o por carta certificada pues se aplica, de manera supletoria, el artículo 45 de la ley N°19.880.
Si transcurren los 6 meses sin que el funcionario se retire, se declarará vacante el cargo a contar del día siguiente de transcurrido dicho plazo.
El cese se verifica por el acto administrativo que declara vacante el cargo, o por la aceptación de renuncia presentada antes de dicho lapso.
Dictamen 46.511713
Deberá reincorporarse a exfuncionaria cuyo cargo se declaró vacante por salud irrecuperable, al haberse revertido el pronunciamiento de la COMPIN de la Región Metropolitana.
En las condiciones anotadas (recalificación de patología de origen laboral a común), y en armonía con el criterio contenido en el dictamen N°
69.486, de 2012, de este origen, atendido el cambio de las circunstancias que motivaron la dictación del acto administrativo mediante el cual se dispuso la vacancia de su cargo, por haberse declarado la salud irrecuperable de la peticionaria por la COMPIN, pronunciamiento que fue revertido, según se expresó, corresponde que se deje sin efecto dicho cese, reincorporándose a la exfuncionaria a ese servicio.
Por pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado:
Para ingresar a la Administración del Estado se debe cumplir con los requisitos generales que determine el estatuto respectivo, y los que establece su título III (incompatibilidades inhabilidades), además de los exigidos para el cargo que se provea (art. 16 ley
N°18.575). Por su parte el artículo 12 del Estatuto Administrativo
enumera los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado.
Art. 12 E.A.
a) Ciudadano (salvo ciertas contratas a extranjeros en las condiciones que se indican)
b) Haber cumplido con ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente.
c) Salud compatible con el desempeño del cargo
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley
e) No haber cesado en un cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido 5 años de la data de expiración de funciones.
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito (la ley 20.702, atenúa la situación de auxiliares y administrativos: simple delito, salvo Título V, Libro II, Código Penal).
Por ejemplo, haber cesado en un cargo público por medida disciplinaria, encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, hallarse condenado por crimen o simple delito.
-Funcionario que indica no puede permanecer en el cargo que ocupa, por haber perdido uno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado. (Dictamen N°12.579/14 ).
De lo expuesto, se advierte que si bien el cese del señor XXXX en la citada casa de estudios superiores fue a causa de su voluntad de hacer dejación del empleo y no por el antedicho
castigo -el que procedía disponerlo sólo para los fines del artículo 147, inciso final, de la ley N° 18.834-, es dable concluir, en armonía con la reseñada jurisprudencia, que a contar de la
del total trámite del acto sancionatorio, esto es, desde la notificación del mismo tras su toma de razón, perdió el requisito de ingreso previsto en el artículo 12, letra e), de ese cuerpo estatutario, no pudiendo, en conformidad con lo preceptuado en sus artículos 146, letra c), y 150, letra b), seguir prestando servicios en la Administración y, en este caso, en el Hospital XXXX.
Por consiguiente, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación deberá enviar al nombrado establecimiento asistencial una certificación que dé cuenta de la notificación al señor XXXX de la resolución que aplicó la sanción en comento, para que proceda a declarar vacante su cargo.
Dictamen N°71.203/11
No procede declarar vacante cargo por inhabilidad sobreviniente, en el caso de haber sido condenado un funcionario en causa penal, si éste hubiese obtenido alguno de los beneficios de la ley 18216. En este caso debe considerarse a éste como si no hubiese sufrido condena alguna respecto del cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la Administración del Estado, por lo tanto no se está obligado a dejar el servicio.
“En ese sentido, y acotando el alcance de la precedente disposición, esta Entidad de Control ha manifestado en forma reiterada, entre otros, en sus dictámenes Nos. 36.773, de 2006 y 36.860, de 2009, que la omisión de antecedentes prontuariales, por haberse otorgado mediante sentencia ejecutoriada algunos de los beneficios ya descritos, como ocurre en la especie, produce efectos que se extienden a cualquier exigencia de orden legal y administrativo que afecte al favorecido con dicha medida, relativa al hecho de haber delinquido, haciendo desaparecer los resultados de la condena, de manera que debe considerarse a este como si no hubiese sufrido condena alguna en lo referente al cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en el organismo del Estado, por lo que no se está obligado a dejar el servicio al que se encuentra vinculado”.
Por calificación en lista de eliminación, o lista condicional por 2 años consecutivos:
El funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4, o por dos años consecutivos en lista 3, deberá retirarse del servicio dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación. Si así no lo hiciere se le declarará vacante el empleo a contar del día siguiente a esa fecha. (art. 50 E.A.).
La calificación esta ejecutoriada desde que vence el término para deducir reclamo, o desde que se notifique la resolución de CGR que se pronuncia sobre el reclamo.
Por no presentación de renuncia cuando el cargo es de exclusiva confianza:
En esta clase de cargos la remoción se hace efectiva a través de la petición de renuncia que formula el Presidente de la República o la autoridad llamada a efectuar el nombramiento.
De no presentarse renuncia dentro del las 48 horas de requerida, se declarará vacante el cargo. (art.148 E.A.).
4. Destitución
La destitución consiste en la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento o designación, de poner término a los servicios de un funcionario.
Esta medida se aplica previo sumario administrativo.
No se impone por investigación sumaria, salvo casos excepcionales (atrasos o ausencias reiteradas sin causa justificada).
Art. 119 y siguientes del E.A., establecen las normas para hacer efectiva la responsabilidad administrativa.
Las causales en este caso no son taxativas a modo ejemplar cabe considerar:
- Vulneraciones graves al principio de probidad adminsitrativa.
-Ausentarse de la institución por más de 3 días consecutivos sin causa justificada.
-Condena por crimen o simple delito.
-No declarar una inhabilidad sobreviniente.
-Realizar cualquier acto atentatorio contra la dignidad de los demás funcionarios.
- Atentar contra los bienes de la Institución.
N° 69.422 Fecha: 25-X-2013
Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 440, de 2013, de XXXXXXX que aplica la medida disciplinaria de destitución al funcionario que individualiza, por cuanto no se ajusta a derecho.
En efecto, corresponde hacer presente que la referida sanción se le impuso al mencionado servidor, por ausentarse injustificadamente a sus labores durante tres días consecutivos, según consta en la formulación de cargos -fojas 246 de la carpeta respectiva- conducta que, a juicio de esa jefatura, vulneraría la obligación contemplada en los artículos 61, letra d) y 2, inciso tercero, de la ley N° 18.834.
Sobre el particular, es menester considerar, en concordancia con lo expresado en los dictámenes N°8 1.613, de 1992 y 12.602, de 1993, de este origen, que los atrasos y ausencias reiteradas, es decir, las situaciones en que el funcionario infringe el deber de desempeñar el empleo en forma permanente ausentándose injustificadamente de sus labores en más de una oportunidad, es una circunstancia que se presenta en los casos en que luego de abandonar sus labores sin justificación por un cierto lapso, el empleado las reasume para, al cabo de un tiempo, volver a cometer la misma infracción, lo que en la especie, no acaece, pues la ausencia no justificada del inculpado se produjo por tres días consecutivos, esto es, por una sola unidad temporal, lo que no permite calificarla de reiterada.
Asimismo, es necesario señalar que tampoco se configura la causal de la letra a) del artículo 125 del referido Estatuto Administrativo, que dispone que la destitución procede en el evento que el servidor se ausente de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada, toda vez que, como se ha visto, el imputado no ha incurrido en esa infracción funcionaria.
La supresión del empleo es una facultad conferida por ley a determinadas autoridades, sin condicionar su ejercicio a la concurrencia de determinados supuestos o causales, correspondiendo a aquéllas ponderar las circunstancias que aconsejan su adopción.
Indemnización en la supresión del empleo:
En los casos de supresión del empleo por procesos de reestructuración o fusión, los funcionarios de planta que cesaren en sus cargos a consecuencia de no ser encasillados en las nuevas plantas y que no cumplieren con los requisitos para acogerse a jubilación, tendrán derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de
6. Dicha indemnización no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal. (art 154 E.A.).
Dos requisitos copulativos:
1. Cesar en el cargo a consecuencia de no ser encasillado en la nueva planta.
2. No reunir los requisitos para jubilarse.
Dictamen N° 14.276/08
Tienen derecho a la indemnización establecida en el art/154 de la ley 18834, todos aquellos funcionarios a los que, no estando en condiciones de jubilar, se les han suprimido sus empleos a consecuencia de procesos de reestructuración o fusión y no sólo aquellos que no hayan sido encasillados en las nuevas plantas.
De esta manera, entonces, tienen derecho al beneficio en comento, todos aquellos funcionarios a los que, no estando en condiciones de jubilar, se les suprimió su empleo como consecuencia de procesos de reestructuración o fusión, aunque no haya operado un proceso de encasillamiento”.
6. Término del período legal.
Una de las causales de cesación de los funcionarios es el vencimiento del período por el cual ha sido nombrado o designado. (art. 146 letra f) E.A.).
El término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones (art. 153 E.A.).
-Cargos vacantes que se sirven en calidad de suplentes por un plazo determinado, que no puede exceder de 6 meses.
-Cargos de alta dirección pública, duran 3 años, pudiendo ser renovados por la autoridad hasta por 2 veces, por igual período.
-Cargos de jefe de departamento, en que los funcionarios son nombrados por un lapso de 3 años, prorrogable por igual período.
-Cargos a contrata, en que el funcionario es designado por un plazo determinado que, como máximo, pues extenderse hasta el 31 de diciembre de cada año. Cesa en funciones el día estipulado en su contrata, a menos que esta se prorrogue.
En todas las hipótesis descritas la desvinculación se produce por el solo ministerio de la ley, no estando obligada la autoridad a emitir un documento formal de cese ni a notificar a los funcionarios de aquello.
7. Fallecimiento
Causal de extinción del estatus funcionarial. (art. 146, letra g) del E.A.).
Cuando fallece un funcionario afecto al Estatuto Administrativo, el cese se produce a contar del día siguiente a la defunción. En tal caso se emite una resolución que declara la vacancia del cargo, la que debe enviarse a CGR para su toma de razón.
8. Caso especial en contratas
La contrata queda abarcada en el cese “por término del período legal”. Pero en la contrata el cese también se puede verificar en forma anticipada al plazo fijado en la designación, esto es en el evento de que la superioridad lo decida y la contratación se hubiera dispuesto con la fórmula “mientras sean necesarios los servicios”, en tal caso el cese se produce a contar de la notificación al afectado de la resolución que ordena el término de los servicios.
9. Contratados a honorarios
La relación se ciñe a las estipulaciones del convenio, pues hace las veces del estatuto normativo para esos servidores.
La renuncia voluntaria no procede, ya que sólo se aplica a funcionarios públicos, asimismo, en caso que no se quiera perseverar en un convenio lo que corresponde es poner término al mismo.
10. Contratados bajo el Código del Trabajo.
El término de la relación para estos empleados se produce de acuerdo a las causales de dicho Código, pues tal ordenamiento constituye el estatuto normativo de esos trabajadores.
En caso que sea la autoridad quien pone término en forma unilateral al contrato de trabajo invocando las causales subjetivas (art. 160 del CT), es necesario que se establezca la existencia de las mismas mediante una breve investigación sumaria, la que no requiere sujetarse a las formalidades estatutarias de un proceso administrativo formal.
11. Situaciones vinculadas a los ceses.
-La Rehabilitación Administrativa:
En la actualidad ha dejado de operar, en ese sentido el dictamen N° 86.016/13 resolvió que una vez transcurridos cinco años desde la fecha de expiración de funciones no se requiere decreto
supremo de rehabilitación para incorporarse nuevamente a la Administración Pública.
En el mismo sentido se pronuncia el dictamen N° 18.092/14, que indica que no procede pronunciarse sobre la eventual demora d ela
autoridad en resolver la solicitud de rehabilitación administrativa, toda vez que acorde a la actual jurisprudencia de CGR, ese trámite no es exigible.
-Prolongación indebida de funciones (art. 155 E.A.) El empleado que prolongare indebidamente sus funciones no podrá reincorporarse a la Administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir. En este caso, la autoridad correspondiente comunicará el hecho a la CGR.
-Prolongación de funciones de un servicio que no pueda paralizarse sin grave daño o perjuicio (156 E.A.). Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el empleado podrá continuar actuando, aun cuando sus funciones hubieren terminado legalmente, si se tratare de un órgano o servicio que no pueda paralizarse sin grave daño o perjuicio y no se presentare oportunamente la persona que debe reemplazarlo.
La prolongación indebida de funciones también se regulaba en el Código Penal, disposiciones derogadas por la ley N° 19.645.
-Cese del servicio fundado en una norma legal determinada, opera con prescindencia de las normas sobre inamovilidad en el empleo.
Ej: Dictamen N° 82.142/11
Suplente sólo goza de fuero maternal mientras dure la suplencia y no le asiste el derecho a inamovilidad más allá del plazo fijado para la duración de su suplencia:
“Así, el criterio analizado descansa en el principio que los ceses de servicio que dispone la ley, como es el caso en análisis, operan con prescindencia de las normas de inamovilidad en el empleo, contenidas en textos estatutarios o en otros preceptos legales o especiales, como quiera que estas reglas sobre estabilidad sólo se aplican en lo que atañe a la eventual facultad de poner término a funciones actuales, pero no tienen cabida en los casos en que, como se ha señalado, el alejamiento del servidor está regulado y ordenado por la ley”. (Fuente: Contraloría General de la República)

References: artículo 332
 artículo 152
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 48
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 146
 artículo 72
 artículo 149
 resolución 
 artículo 72

Artículo 46
 resolución 
 artículo 147
 artículo 7
 resolución 
 artículo 146
 artículo 147
 resolución 
 resolución 
 artículo 157
 resolución 
 resolución 
 artículo 45
 artículo 12
 artículo 147
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 125
 resolución 
 resolución