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Timestamp: 2018-02-22 00:42:14+00:00

Document:
Legislación y normativa relacionada con los niños y los adolescentes
el Dom Dic 17, 2017 6:00 pm
Legislación y normativa más relevante de ámbito internacional
La principal normativa relacionada con los niños y los adolescentes de ámbito internacional es la siguiente:
• La Convención sobre los Derechos de los niños, 1989. “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”.
• La Carta Europea de Derechos del Niño (DOCE nº C 241, de 21 de Septiembre de 1992). En su punto 21, esta Carta reconoce que “todo niño tiene derecho a la salud”.
• OMS. promoverá una amplia variedad de intervenciones eficaces para atender a los niños y adolescentes con necesidades de salud mental, que se realizarán por intermedio de las comunidades y los sistemas de salud.
• Resolución del Parlamento Europeo, Punto 27. Subraya la necesidad de diseñar sistemas sanitarios que respondan a la necesidad de prestar servicios especializados de salud mental para niños y adolescentes, teniendo en cuenta el paso de la atención institucional de larga duración a la vida en comunidad con ayuda. o Punto 28. Subraya la necesidad de un diagnóstico precoz y del tratamiento de los problemas de salud mental en grupos vulnerables, teniendo especialmente en cuenta a los menores. o
Normativa relacionada con los niños y los adolescentes de ámbito estatal:
• Código Civil:. En el Título X de este documento se regula la tutela, la curatela y la guarda de menores o incapacitados. En el artículo 271 se indica que “el tutor [del menor] necesita autorización judicial para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial”.
• Constitución Española de 1978. En esta Constitución se ratifican los acuerdos adoptados a nivel internacional. En este sentido, en el artículo 39 se especifica que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En esta Ley se recoge en su artículo 20, punto 1, que “se considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría infantil y psicogeriatría”.
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Esta Ley fomenta a lo largo de todo su texto en diferentes artículos la protección de los menores, en aspectos relativos a explotación sexual, mendicidad, trata de personas, participación en conflictos armados, etc.
• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta Ley recoge los Derechos del Menor en España, las actuaciones a realizar en situaciones de desprotección social del menor y las instituciones de protección de menores.
• Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esta Ley se modifica el artículo 153 del Código Penal, y en él se recoge el agravante por ejercer violencia física o psíquica sobre sus propios hijos, los de su cónyuge o conviviente, o pupilos.
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Contenido en su artículo 9, punto 3.c, se hace referencia al otorgamiento del consentimiento por representación en el supuesto “que el paciente sea menor de edad y no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”.
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el artículo 5 se recoge que “las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género”. Adicionalmente, en el artículo 19.5 se recoge que “los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género”
3.6.1. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.
El objetivo de esta Ley es recoger los derechos de las personas dañadas, de manera directa o indirecta, por cualquier tipo de delito que cause un daño físico, moral o material. Establece un nivel de protección superior para las víctimas especialmente vulnerables, realizando una mención específica a las y los menores de edad, y apelando a su interés superior “como guía para cualquier medida y decisión que se tome” (Preámbulo, párrafo III).
En relación al tema que nos ocupa, destaca que “…se busca visibilizar como víctimas a los menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o violencia doméstica, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de protección, con el objetivo de facilitar su recuperación integral” (Preámbulo, párrafo V).
La Ley ofrece a las víctimas, entre otros, los siguientes derechos, aplicables también a las personas menores de edad: derecho a entender y ser entendida (Art. 4); a la información (Art. 5 y 7); a la reflexión (Art. 8 ; acceso gratuito y confidencial a los servicios de asistencia y apoyo, remarcando especialmente este derecho para los “hijos de las mujeres víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica”, (Art. 10); derecho a la protección (Art. 19, 21, 25); específicamente para los y las menores y personas con discapacidad (Art. 26); derecho a evitar el contacto con el agresor durante el procedimiento penal (Art. 20); derecho a la protección de la intimidad (Art. 22); a la evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección (Art. 23).
Dada la relevancia de este último artículo, nos vamos a detener en su análisis. Antes de aplicar las medidas de protección mencionadas, se recomienda la realización de una valoración que tenga en cuenta las circunstancias personales de la víctima (incluyendo a los y las menores expuestos a violencia de género), considerando la concurrencia de factores de vulnerabilidad (edad, situación de discapacidad o dependencia con respecto al agresor). Se valoran también las circunstancias del delito, su naturaleza, gravedad, grado de violencia o riesgo de reincidencia, considerando especialmente necesaria la adopción de medidas de protección para víctimas de, entre otros delitos, aquellos “cometidos sobre el cónyuge (o análoga relación) o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos (…) propios o del cónyuge o conviviente” (Art. 23.2, punto b, 3º). Determina también el Artículo 23 que, en el caso de víctimas menores de edad, se tendrán en cuenta factores como sus necesidades inmediatas, nivel de madurez, edad, género y discapacidad; y atribuye estas funciones de valoración a los jueces y juezas que entiendan de la causa en cada momento procesal. El Artículo 24 insta a tomar en cuenta la voluntad y opinión de la víctima (expresamente si se trata de un niño, niña o adolescente) en la adopción de medidas de seguridad. De nuevo el Artículo 26 plantea consideraciones especiales para la protección de las personas menores de edad (y con discapacidad o especialmente necesitadas de protección), que incluyen el compromiso de minimizar el efecto que las investigaciones y procedimientos judiciales puedan tener sobre ella, como por ejemplo la emisión del testimonio o la declaración de manera indirecta por medios tecnológicos o a través de profesionales.
La Ley del Estatuto de la Víctima introduce, en las Disposiciones Finales, varias modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen la obligatoriedad de adoptar medidas civiles dentro de la Orden de Protección cuando existan menores implicados/as (como el régimen de guarda y custodia, la regulación de las visitas, el uso de la vivienda o la pensión de alimentos). Lo que antes se dejaba al arbitrio del juez o la jueza, se convierte en preceptivo apelando al interés superior del menor.
3.6.2. Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia
También en 2015 se aprueban dos leyes con decisivos cambios para los y las menores en situación de riesgo, y también para quienes están expuestos a la violencia machista en el hogar: la ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, desarrollada en la ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ambas son reformas y modificaciones de otras leyes.
La LO 8/2015, argumenta en el Preámbulo la necesidad de modificar la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, con el objetivo de reforzar el derecho a que su interés superior sea prioritario, recogiendo en este sentido jurisprudencia y las Observaciones Generales del Comité para los Derechos del Niño (y de la Niña). Explicita que este “concepto jurídico indeterminado” debe ser aplicado teniendo siempre en cuenta los derechos de los y las menores a la hora de tomar medidas que les conciernan, priorizándolos sobre otros intereses legítimos con los que puedan entrar en conflicto, ponderándolos adecuadamente en caso de que haya otros intereses en juego, e interpretando las disposiciones jurídicas en la forma que les sea más beneficiosa, siempre con el objetivo de “asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral” (Preámbulo, párrafo II). Enumera como criterios a tener en cuenta para valorar el interés superior del y la menor, los siguientes:
- El derecho a la vida, el desarrollo y la satisfacción de sus necesidades básicas.
- La participación del menor y la consideración de sus deseos y opiniones.
- Su derecho a vivir en un entorno familiar adecuado y libre de violencia.
- El respeto a su identidad, cultura, idioma, religión u otra característica personal.
Esta ley introduce modificaciones de envergadura para la protección de los y las menores víctimas de violencia de género. En el Preámbulo dice lo siguiente, que reproducimos textualmente por su relevancia:
“Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas. En primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Y, finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas. La exposición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los convierte también en víctimas de la misma”.
La Disposición final tercera recoge los cambios introducidos en la LOIVG DE 2004, y comienza de manera contundente al introducir un cambio conceptual en la definición de víctima de violencia de género. En el Artículo 1.2 de la LOIVG, donde establece que el objeto de la Ley es plantear medidas de protección, prevención, sanción y erradicación y prestar asistencia a las víctimas, sustituye el genérico “víctimas” de la redacción anterior por “… a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia”, dejando claro ya desde el inicio la conceptualización de las personas menores de edad expuestas a situaciones de violencia de género como víctimas, sin matiz alguno.
A continuación establece unos cambios con respecto a las decisiones que deben adoptar los jueces en los procedimientos relacionados con la violencia de género. Reitera la obligatoriedad, ya establecida en la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, de que jueces y juezas valoren y establezcan medidas cautelares de protección y aseguramiento, especialmente las referidas a la medida de alejamiento del inculpado (es decir, desde el inicio del procedimiento penal) con respecto a las víctimas, la suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas. Y en caso contrario, la jueza o juez está obligado a determinar en qué forma se ejercerá esta relación, a adoptar medidas de seguridad y recuperación para la mujer y los menores, así como un compromiso de seguimiento de la evolución de la situación.
Por su parte, la Ley 26/2015, introduce (modificando el Artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección del Menor) una mención específica a los menores dependientes de una víctima de violencia de género, instando a los poderes públicos a garantizar el apoyo necesario para que permanezcan con su madre, así como “su protección, atención especializada y recuperación”.
También aporta modificaciones al Código Civil, la más interesante de las cuales (para el tema que nos ocupa) se refiere al Artículo 158, que introduce la posibilidad de que el juez o jueza adopte, cuando sea necesario para “apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios”, medidas de alejamiento y contacto hacia el niño con respecto a padres, tutores, parientes o terceras personas, insistiendo de nuevo en la recomendación de escuchar al menor y tener en cuenta sus intereses.
También introduce un interesante cambio en el Artículo 160, que aunque no se refiere específicamente a los casos de violencia de género, resulta de muy relevante aplicación. Sustituye el texto anterior, que decía: “Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores…”, por una nueva redacción que declara: “Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores aunque éstos no ejerzan la patria potestad…” en lo que parece una apuesta por la primacía de los derechos de los y las menores frente a otros intereses en conflicto.
Comunidad de Madrid - Normativa de pesca 2017

References: Resolución 
 artículo 271
 artículo 39
 artículo 20
 artículo 153
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 19
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 26
 Artículo 1
 Artículo 12
 Artículo 158
 Artículo 160