Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/RE-2014/re201400103.html
Timestamp: 2019-03-22 15:02:51+00:00

Document:
rs201401103
RESOLUCION: 103/2014
EXPEDIENTE Nº: 667/2013
PARTES: Asociación Accidental OTZ-CIVA contra la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda interpuesta por la Asociación Accidental OTZ-CIVA contra el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre cumplimiento de contrato administrativo Nº GMLP-1.755/2009; los antecedentes del proceso y el informe del Magistrado Tramitador Fidel Marcos Tordoya Rivas.
CONSIDERANO: Que por memorial presentado en fecha 5 de julio de 2013, el representante legal de la Asociación Accidental OTZ-CIVA, presenta demanda con la suma de proceso coactivo administrativo, y aunque en su petición final refiere como contencioso administrativo, la misma en realidad se dirige contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, exigiendo el cumplimiento del contrato administrativo N° GMLP-1.755/2009 suscrito el 21 de agosto de 2009.
CONSIDERANDO: Que en consideración a la pretensión planteada ante el Tribunal Supremo de Justicia, corresponde establecer los siguientes hechos:
Respecto a la competencia para tramitar los procesos contenciosos, el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció mediante Sentencia Constitucional N° 0060/2014 de 3 de enero de 2014 de manera clara lo siguiente: “(…) que los contratos suscritos son de naturaleza administrativa, conforme la definición contenida en la parte final del artículo 47 de la Ley de la Administración y Control Gubernamental LACG, que determina : "...Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza"; disposición aplicable a todas las entidades del sector público, sin excepción, estando incluidas las Universidades Públicas, por lo que corresponde a la jurisdicción especializada el conocimiento de los procesos contenciosos administrativos, conforme establece la última parte del artículo 179 parágrafo I de la Norma Suprema, en tanto sea regulada mediante ley; sin embargo, el artículo 10 parágrafo I de la Ley 212, dispone que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo a que hace referencia el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, además debe ser interpretada en forma sistemática en previsión de los artículos 3 y 4 de la LACG (…)”.
De lo descrito precedentemente, y lo señalado por la SC 093/2012 de 2 de agosto de 2012, se concluye que los Tribunales Departamentales de Justicia tienen atribuciones para conocer, tramitar y resolver los “procesos contenciosos administrativos” contra las entidades públicas, entre ellos contra los Gobiernos Municipales, en tanto que el Tribunal Supremo de Justicia, tiene exclusiva competencia para conocer y resolver los “procesos contenciosos” seguidos contra los Gobiernos Autónomos Municipales, mientras no exista la jurisdicción especializada, conforme determina el art. 179 de la Constitución Política del Estado.
En el caso de autos, de la revisión del contenido de la demanda interpuesta ante la jurisdicción ordinaria por la Asociación Accidental OTZ-CIVA, se observa que aunque de manera incongruente en la suma o síntesis de la demanda refiere que plantea proceso coactivo administrativo, mientras que en su petitorio final, de manera errónea señala que demanda en la vía contenciosa administrativa, en realidad la controversia trata del supuesto incumplimiento de un contrato administrativo entre otros aspectos, lo que implica que la demanda resulta ser un proceso contencioso al tenor de los artículos 775 a 777 del Código de Procedimiento Civil; por consiguiente, al existir notoria incongruencia, corresponde a la empresa demandante aclarar los términos de su demanda conforme a ley.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con carácter previo a emitir la resolución que corresponda, ordena al impetrante que aclare y subsane de manera precisa el tipo de proceso que instaura, fundamentando en derecho su petitorio con la normativa pertinente.
Asimismo, tratándose de una asociación accidental compuesta por personas colectivas regidas por el Código de Comercio, estas deben acreditar su existencia legal y personalidad jurídica presentando:
Poder de representación o documento de designación del o los representantes legales o administradores que ostenten dicha calidad, con indicación expresa de las facultades otorgadas por la escritura constitutiva.
Certificación de la inscripción en el Registro de Comercio (FUNDEMPRESA).
Esto permitirá a la autoridad jurisdiccional, verificar la existencia de las personas jurídicas así como la capacidad de los representantes legales y sus aptitudes para conferir mandatos judiciales para actuar válidamente en proceso judicial. A estos efectos, se concede el plazo perentorio de 10 días a partir de su notificación legal, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda, conforme dispone el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo competencia del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, atender la presente demanda contenciosa, se dispone que continúe la tramitación por el Magistrado Fidel Marcos Tordoya Rivas.

References: artículo 47
 artículo 179
 artículo 10
 artículo 775
 resolución 
 artículo 333