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Timestamp: 2019-12-12 03:37:16+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 509, de 28/07/2015
celebrada el martes, 28 de julio de 2015
Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 621/000143 derecho a la justicia; procedimiento penal GOBIERNO
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. 621/000144 derecho a la justicia; investigación y desarrollo; procedimiento penal GOBIERNO
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES. 621/000143 GOBIERNO
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. 621/000144 GOBIERNO
Se abre la sesión a las diez horas y veinte minutos.
﻿El señor PRESIDENTE: En la reunión de ponencia hemos hablado de la posibilidad de debatir conjuntamente los dos proyectos de ley: el proyecto de ley de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales y el proyecto de ley orgánica de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. En primer lugar, vamos a defender los vetos. La idea es, como los proponentes de los vetos coinciden, que en un mismo turno se defienda conjuntamente el veto correspondiente a la ley ordinaria y a la ley orgánica.
Vamos a pasar a la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, del proyecto de ley ordinaria y, conjuntamente, a la propuesta número 1, también del Grupo Mixto, del proyecto de ley orgánica, presentada en ambos casos por el señor Iglesias Fernández. Señor Goioaga, tiene usted la palabra.
El señor GOIOAGA LLANO: Gracias, señor presidente.
Plantearía la defensa de los dos vetos, tanto del veto del señor Iglesias como del de la señora Capella, en el mismo turno de intervención, dando por defendidos estos vetos. Sí quiero argumentar que los vetos se plantean por tres razones; una, por razones de oportunidad política y de consenso político de las fuerzas; dos, para cuestionar el sistema de garantías del justiciable y, tres, porque hay una contradicción en la concepción de la configuración del Estado, puesto que el principio de legalidad no puede chocar nunca con otra serie de derechos como los de presunción de inocencia, la defensa o el respeto de la intimidad, etcétera. Y con esta breve intervención se dan por defendidos los dos vetos en ambas leyes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Goioaga.
Hemos hablado entonces de la propuesta de veto número 1 a la ley orgánica y a la ley ordinaria, y también de la propuesta de veto número 2, presentada por la señora Capella i Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto, a la ley ordinaria y a la ley orgánica.
Vamos a pasar a la propuesta de veto número 3, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y a la propuesta de veto conjuntamente número 3 también de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Señor Saura, tiene usted la palabra.
En primer lugar, quiero denunciar el hecho de que esta mañana aún no estaba publicado el boletín oficial con el número de las enmiendas. No sé si esto ha pasado alguna otra vez, pero ayer cuando intentabas saber qué número de enmiendas tenían los diversos grupos parlamentarios, el boletín no estaba publicado; y esta mañana a las nueve y cuarto tampoco. Estamos haciendo una comisión sin tener el boletín con la publicación de las enmiendas numeradas, cosa que me parece democráticamente grave y que se inscribe en esta —entre comillas—, me van a permitir decirlo, orgía legislativa, donde la calidad se resiente; se resiente en el Código Penal con los errores que se cometieron en el tema de la nacionalidad española, asunto que se introdujo en el Congreso por enmiendas y que se reiteró en el Senado, o en el tema del Registro Civil, porque hemos aprobado una ley en la que no hay modelo de Registro Civil. En todo caso, lo que me interesa resaltar es que estas dos leyes hablan de garantías y de agilidad del procedimiento judicial.
Releí ayer la comparecencia del exministro Ruiz-Gallardón de marzo o de abril donde fijaba como objetivos fundamentales de su gestión, por un lado, conseguir una mayor agilidad de la justicia y, por otro, una reforma integral del proceso penal. Nos invitó a una comida, nos presentó a los expertos y nos presentó también un texto de reforma integral donde la novedad importante era que el fiscal pasaba a ser el instructor y el juez dejaba de serlo. Recuerdo que en aquella comida se nos dijo que en muy pocos meses el Gobierno, atendiendo a las sugerencias de los grupos parlamentarios, presentaría una reforma integral. Todo esto ha quedado en el limbo. Después de cuatro años nadie puede decir que hay mayor agilidad en la justicia que hace cuatro años. Esta ha sido una de las legislaturas en las que más oposición y conflicto ha habido entre los diversos sectores que operan en el campo de la justicia con el Ministerio de Justicia; una legislatura que acabamos con unas leyes que dicen que pretenden aumentar la agilidad judicial. Creo que no es superficial decir que, si comparamos la comparecencia de Ruiz-Gallardón con la realidad, estamos ante un fracaso del Ministerio de Justicia. Si ustedes comparan los objetivos que expuso Ruiz-Gallardón con la realidad, verán que no se ha cumplido prácticamente nada. La pregunta sería entonces: ¿qué ha pasado en justicia? Creo que hay cuatro elementos negativos que se desprenden de la política del Ministerio de Justicia. En primer lugar, ha habido una reducción o una limitación de los derechos y libertades. El paradigma de esta política es el tema de la prisión perpetua revisable. En segundo lugar, ha habido un intento de dificultar el acceso a la justicia. El paradigma de esto sería la ley de tasas, a pesar de la modificación parcial que se hizo. En tercer lugar, ha habido una política de externalización y privatización. El tema de la jurisdicción voluntaria es un ejemplo clarísimo de la externalización. En cuarto lugar, ha habido una política del Ministerio de Justicia que ha arrebatado competencias del Consejo General del Poder Judicial en favor del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, el balance de justicia se traduce en menos derechos y libertades, más dificultades de acceso a la justicia, privatización de la justicia y morder o arañar la independencia judicial. Dicho esto, yendo, aunque sea de forma muy breve, a las enmiendas concretas, en la primera ley la propuesta estrella es el hecho de limitar a seis meses la instrucción penal y en temas complejos a 18 meses. Hay muchas razones para decir que no a esto, pero les quiero leer lo que dice el Consejo Fiscal de esta propuesta: «Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal, en el que la investigación está en manos del juez instructor, puede resultar hasta absurdo». Repito la frase: «Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal, en el que la investigación está en manos del juez instructor, puede resultar hasta absurdo». Continúa: «Por tanto, hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español, tal medida de limitación temporal sujeto a control carece de sentido y de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica, por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresión». Estamos ante un proyecto de ley con una medida estrella: la limitación de los tiempos del proceso judicial; limitación que el Consejo Fiscal califica, por un lado, de absurda y, por otro, pide la supresión. Podría añadir más argumentos, pero creo que estos son absolutamente suficientes.
Quiero hacer tres consideraciones más en relación con este tema. Una primera sobre la conexidad. Estamos de acuerdo en la necesidad de que determinadas causas se puedan trocear, pero no se entiende que solo sea el fiscal quien pueda instar la investigación. Existe una contradicción en el artículo primero que, a pesar de que dice que se puede trocear, abre la puerta a la acumulación de causas. Luego está el tema de los atestados policiales sin autor conocido. Pensamos que esta es una regulación sin garantías judiciales que es imposible, a pesar de que la ley dice que abre espacios de intervención al juez y a los fiscales, que les abra espacios porque los jueces y los fiscales no saben lo que pasó. Por ello, como mínimo, planteamos en algunas enmiendas que haya un mayor control del juez y una base de datos para tener conocimiento. También hay una serie de enmiendas en relación con el proceso de aceptación del decreto, medida que desjudicializa parcialmente el proceso penal y que vuelve a dar al ministerio fiscal las competencias que no tiene en el marco competencial. Por lo tanto, nuestra idea de fondo es que esta primera ley manifiesta el fracaso de los objetivos que el Ministerio de Justicia quería cumplir a principios de la legislatura, ya que no se trae una reforma integral global sino parches; sí trae, en concreto, algún tema estrella, pero el Consejo Fiscal lo califica de absurdo y pide su supresión.
En cuanto a la ley orgánica, tengo que decir que el proyecto que aprobó el Gobierno recortaba gravemente libertades y derechos tales como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el régimen de incomunicación, que no se modificaba, y abría una cierta inseguridad jurídica para los profesionales de los medios de comunicación. Ciertamente, en el Congreso se mejoraron algunos aspectos, a pesar de que el proyecto final sigue gravitando más sobre la seguridad que sobre la libertad.
A nuestro entender, uno de los temas más importantes es el régimen de incomunicación, que ciertamente se mejoró en el Congreso al matizar que las personas incomunicadas pudieran recibir la visita del médico dos veces al día o que se garantizara que siempre habría una conversación o un contacto del detenido con el abogado antes de su declaración. De todas maneras, nos parece que hay que eliminar el régimen de incomunicación; dicho de otra manera, cualquier persona que esté detenida, que esté en prisión, debe tener, desde el principio, todos los derechos fundamentales en el mismo momento en que es detenida. Esta no es solo una opinión de nuestro grupo parlamentario; Amnistía Internacional, Naciones Unidas y el Comité contra la Tortura la respaldan. Por lo tanto, nuestra principal objeción es que, a pesar de que en el trámite parlamentario en el Congreso se mejoran aspectos de esta ley, las mejoras continúan siendo insuficientes, por lo que estamos a favor de eliminar la incomunicación.
Respecto del artículo 120.1, la modificación que introdujo el Grupo Popular en el Congreso preocupa a los profesionales de los medios de comunicación y también a nuestro grupo porque si unimos al párrafo final que se ha introducido, que habla del derecho constitucional al honor, a la intimidad y a la imagen en el momento de la detención, así como en los traslados posteriores, los contenidos de la Ley mordaza, la limitación del derecho de información puede ser significativa. Por tanto, planteamos que se retire este párrafo y que se permita que los profesionales de los medios de comunicación continúen trabajando tranquilamente.
En relación con el derecho de defensa, queremos destacar como elemento positivo que en la tramitación parlamentaria en el Congreso se eliminó el artículo 120.6 d), la posible tomadura de declaración sin que hubiera una entrevista con el abogado. Esto es positivo, pero en el mismo artículo se contemplan las posibles excepciones a este principio general. Pensamos que no tienen que haber excepciones.
Finalmente, pensamos que las medidas que suponen una intromisión a la privacidad del investigado son en muchos casos desproporcionadas y, en otros, se pone un espacio temporal exagerado. Por ello, hay una serie de enmiendas formuladas, que después explicaré, que intentan minimizar los efectos de la intromisión en la privacidad de los detenidos.
En síntesis, señorías, estos proyectos son una oportunidad perdida en esta legislatura, por una lado, para agilizar la justicia; por otro, para hacer lo que la comisión de expertos, a propuesta del Gobierno, había dicho que había que hacer: una reforma integral del proceso penal, de una serie de normas y de artículos que significan un recorte de derechos o la continuidad de temas como la incomunicación.
Por todas estas razones, votaremos a favor de este veto y del resto de los vetos que se han planteado.
Entiendo que ha realizado el turno de defensa del veto número 3 del proyecto de ley ordinaria y del veto número 3 del proyecto de ley orgánica. (Asentimiento). Pero ¿se ha referido también a la defensa del veto número 4 de ambas leyes? (El señor Saura Laporta: Sí).
Pasamos entonces a la propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario Socialista a la ley ordinaria, y a la propuesta de veto número 5 al proyecto de ley orgánica correspondiente.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
Señor presidente, primero explicaré las razones por las que hemos presentado veto a la ley orgánica y después las razones del veto a la ley ordinaria porque cada una de ellas tiene autonomía conceptual suficiente como para distinguirlas. Respeto el criterio de defensa conjunta, pero permítame que en mi intervención los distinga.
En la exposición de motivos del texto de la ley orgánica se establece que son tres los objetivos: agilizar la justicia, aumentar las garantías y la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción. Voy a evaluar cada uno de los apartados para ver si efectivamente se consiguen tales objetivos.
En relación con la agilización de la justicia, cierto es que hay que hacer un esfuerzo por incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sobre todo en lo que tiene que ver con los delitos vinculados a la ciberdelincuencia, desde el momento en que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha establecido que no hay soporte jurídico alguno para el almacenamiento indiscriminado de datos acerca de millones de personas, toda vez que eso solo se justifica respecto de algunas personas que pueden estar incursas en actos delictivos. Eso obligaba, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, a modificar nuestro ordenamiento jurídico.
Es verdad que las lagunas en este ámbito han sido cubiertas por la interpretación creativa y generosa. A este respecto, hay que felicitar a los magistrados del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Constitucional ya que han ido facilitando que las modificaciones tecnológicas no fueran solo, y siempre, un nuevo instrumento para cometer delitos y que el Estado de derecho se encontrara sin posibilidades de poder combatirlo de forma eficaz, pero ciertamente se ha llegado al límite interpretativo y la sentencia, insisto, del Tribunal de Justicia de Luxemburgo obligaba a esta modificación jurídica. Nos parece bien ese intento de modificación jurídica, lo que ocurre es que la forma en que está plasmado nos parece insuficiente y no consigue el objetivo con que inicialmente nace. En este permanente esfuerzo que tiene que hacer el Estado en el ámbito del derecho penal y del uso ius puniendi, que tienen que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad en la represión de los hechos o las omisiones humanas que requiere el máximo reproche de la comunidad, siempre nos movemos en ese difícil equilibrio de búsqueda, por un lado, de la eficacia y, por otro, de la eficiencia; es decir, no solo se busca la consecución de objetivos —la eficacia—, sino que se logren de la manera más barata posible —la eficiencia—, teniendo en cuenta siempre las garantías de los derechos fundamentales, porque el Estado de derecho tiene esa servidumbre de que no nos comportamos como los delincuentes. Los buenos siempre tienen que respetar los límites y las garantías, son los malos los que no respetan los límites y las garantías.
¿Cuál es el argumento fundamental que se plantea aquí en el ámbito de la agilización? Señor presidente, nosotros dudamos de que poner límites temporales en la instrucción sea la mejor de las maneras. Les pongo de ejemplo el caso de un socialista canario llamado Carmelo Padrón, catedrático de urbanismo y abogado, que fue sometido a una instrucción que duro 14 años por parte de un magistrado de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia canario. Sepan ustedes que en Canarias no hay derecho foral, no hay nada que hacer en el ámbito civil; lo único que se hacen son algunas instrucciones de algunos aforados, de algunos parlamentarios o altos cargos. Sin embargo, después de 14 años, la sala decidió que no había nada que hubiese hecho este canario en contra del Código Penal, que no había vulnerado ningún derecho contra sentencia criminal. Fíjense ustedes si somos o no sensibles con el hecho de la dilación en las instrucciones.
Pero el hecho cierto es que sin modificación presupuestaria, sin modificación de recursos humanos, sin modificación de recursos materiales, decirles a los actuales jueces y fiscales: Miren, hay 5496 jueces, y la justificación de todas las dilaciones indebidas, la justificación de las macrocausas, de los macroprocesos, la justificación de las instrucciones interminables, la única justificación de todo esto es que ustedes no tienen un límite temporal para hacer la instrucción, a nosotros eso nos parece no solo profundamente injusto —que lo es—, porque entre los jueces, como entre los astronautas o los capadores de abejas, habrá gente capaz y trabajadora y gente que no es ni tan capaz ni tan trabajadora, pero satanizar a los servidores públicos haciéndoles responsables de la actual situación cuando son otros también los actores jurídicos que participan en toda dinámica procesal, me parece no solo injusto, sino absolutamente incorrecto.
¿Qué ocurre cuando se plantea esta disposición adicional que dice que estas modificaciones de la Ley de procedimiento criminal no tendrán ninguna repercusión presupuestaria? Se le está diciendo al conjunto de la población que con los mismos recursos humanos y materiales que se tienen en la actualidad las causas van a durar seis meses en los supuestos no complejos y dieciocho meses en los supuestos complejos.
Nosotros aquí planteamos la posibilidad de que no solo sea a iniciativa del Ministerio Fiscal, sino que el juez de oficio pueda plantearse la posibilidad de ampliar el plazo, si es un asunto complejo, por la propia naturaleza de la instrucción. Por eso, no nos parece que contribuyan a agilizar la justicia estos límites temporales sin una previa modificación, insisto, sin una previa modificación, de la actual planta judicial, de tal manera que la mitad de la carrera judicial esté un 150 % por encima de módulo, y algunos juzgados incluso un 200 %. Del mismo modo que les pongo el ejemplo de que algunas salas de lo civil o penal que no tienen derecho foral son unos destinos balneario, también les digo que todos los que están en primera instancia, los que están en contacto permanente con la población, muchísimos de ellos, están absolutamente desbordados. Pueden ustedes leer el correo corporativo y comprobar cuáles son las manifestaciones que hacen al respecto.
Por lo tanto, en primer lugar, el primer objetivo, que es la agilización de la justicia, con esta especie de sobreseimiento que se establece por decreto no se consigue. Bien es verdad que se establecen distintas cautelas acerca de que no puede haber sobreseimiento si no se está en los supuestos previstos en la Ley de enjuiciamiento criminal, de tal manera que no se aumenten los supuestos de impunidad de una forma generalizada. En cualquiera de los casos, a nosotros nos parece que no es suficiente con este planteamiento que se hace de los límites temporales impuestos por decreto.
En segundo lugar, el objetivo de las garantías y seguridad jurídica. Es verdad que es una especie de pensamiento mágico creer que cambiar la denominación de imputado a investigado va a generar algún cambio. Eso tiene más que ver con la cultura mediática, con la búsqueda del show, que con la realidad de las cosas y la verdad. Cuando se incorporó la expresión imputado no tenía la estigmatización que tiene en la actualidad; pasados los años, si seguimos con la misma cultureta del show antes que la averiguación de la verdad, va a pasar lo mismo. En cualquier caso, esta consulta que se ha hecho a la Real Academia Española en torno al lenguaje forense, a mí me parece mucho más interesante si se extendiera no solo a sustituir lo de imputado por investigado, sino si se extendiera a que pudiésemos cambiar el lenguaje forense, y en lugar de un lenguaje incomprensible para la mayoría de la población, hubiese sugerencias de cambio de expresiones que hicieran el lenguaje mucho más comprensible para la mayoría de los españoles. Porque todos los que están en el servicio público de la justicia están sirviendo a los 46 millones de españoles, y ese lenguaje forense sí habría que cambiarlo.
Si me permiten, diría que tendríamos que abordar no solo el cambio del lenguaje forense, sino incluso los ritos porque el ciudadano en general más que sentirse acogido por servidores públicos lo que siente es una distancia y un temor reverencial que no tiene explicación alguna. Hay otros sistemas jurídicos donde, por ejemplo, el fiscal y el abogado no tienen por qué ir con toga y el único que la usa es el juez. No es que ahora esté representando al Partido Socialista al proponer esto, solo estoy diciendo que es una reflexión que podríamos hacer entre todos para ver de qué manera cambiamos el lenguaje forense y estos ritos.
En cualquier caso, hemos planteado sugerencias en este campo para ampliar las garantías y la seguridad jurídica. ¿Por qué razón se es tan cicatero en relación a la captación de imágenes? Si los supermercados, los aparcamientos, si hay muchas calles y muchos parques que tienen cámaras de video para grabar imágenes, ¿por qué razón no se plantea que en todas las comisarías de toda España, de la Policía, Guardia Civil, de las policías autonómicas, en todos los centros, pueda haber este tipo de cámaras videográficas que graben la situación de los detenidos? A mí me parece que es una posición bastante razonable para garantizar la indemnidad física y psíquica de todas las personas que están ahí.
En lo relativo al registro remoto de sistemas de almacenamiento de datos o a los ordenadores aquí lo más peligroso es que, a pesar de la generosa interpretación del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, lo que está fuera de regulación, o dicho de otra manera, todo aquello que no está regulado —no todos los seres humanos son buenos, justos y benéficos—, todo aquello que no está regulado, repito, donde no hay reglas, generalmente impera el abuso del poderoso; y en el ámbito de la ciberdelincuencia lo que no está regulado ahí hay abuso y hecho delictivo. De ahí la importancia de plantear que la inexistencia de regulación es una fuente de profunda inseguridad y nos parece muy necesario que esto se haya regulado.
Estos cinco principios que se plantean: la especialidad, la excepcionalidad, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad son cinco principios que siempre deben inspirar cualquier tipo de intervención en el área de la privacidad. El uso de las direcciones IP, las numeraciones IMSI o IMEI, siempre tienen que garantizar que estas intervenciones se planteen bajo estos principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, porque estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales y nunca un servidor del Estado de derecho funciona sin límites a la hora de proteger garantías.
¿Qué se plantea aquí también? La creación de la segunda instancia. Aquí hay un problema muy serio sobre el que quiero llamar la atención de sus señorías. Donde hay derecho foral, las personas que en las salas de lo civil y lo penal están poniendo sentencias civiles son personas que, como mínimo, han tenido diez o quince años de experiencia poniendo estas sentencias civiles de derecho foral, nada de penal, y a personas que llevan veinte o treinta años poniendo sentencias penales se les dice que evalúen las sentencias de las audiencias provinciales. Así pues, ese magistrado que lleva décadas poniendo sentencias civiles en el ámbito foral está preocupado y alarmado ante esa posibilidad. De ahí la conveniencia de que cuando se planteen los recursos de apelación respecto a las sentencias penales de la audiencia provincial se tengan que crear necesariamente las salas de lo penal del tribunal superior para que puedan evaluar esas sentencias, porque estos magistrados, donde hay derecho foral, insisto, llevan años sin ver asuntos penales; solo han estado viendo asuntos civiles.
En materia de garantías y seguridad jurídica hay un asunto que me parece particularmente preocupante, y quiero ponerlo de relieve, señor presidente, porque me parece muy importante. Cuando hablo con ustedes en privado encuentro una sensibilidad en esta materia que luego, cuando planteamos el debate público, no tiene el mismo reflejo. Me refiero a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —integrado por 47 países, el Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Roma del año 1950, de derechos fundamentales y protección de libertades fundamentales— dicta una sentencia sobre una materia lo que está planteando es que no tenga efecto erga omnes, es decir, que no tenga efecto para todos, sino que solo tenga efecto para esa persona que ha presentado la demanda. Es decir, esa sentencia no tiene ningún efecto para todos aquellos que estén en la misma situación. Es más, esa sentencia no tendrá efecto directo a la hora de interpretar un artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 1950, sino que ese demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando obtiene la sentencia, tiene que cogerla y presentar un recurso de revisión en España para que, acogiendo esa sentencia, le den la respuesta que ha impetrado ante ese tribunal. El resto de personas que están en la misma situación no se ven afectados por la sentencia, sino que tienen que promover el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que dicho tribunal, si lo admite a trámite —porque en ocasiones le podrá decir que ya se ha dictado sentencia sobre esta materia, que tiene efecto de cosa juzgada y que la coja—, habrá que decirle: no, no, perdone, eso ocurre en el resto de los países, pero en España no tiene efectos erga omnes la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; cada uno tiene que presentar su recurso para recibir la sentencia y, luego, ir al país y presentar el recurso de revisión. Nos parece que esto es legislar en función de una experiencia reciente que ha sido dolorosa, y para evitarla ahora se plantea esto. Es como, si para matar un mosquito, usamos cañonazos o rayos láser, cuando para ello solo haría falta una mosquitera, pero no cañonazos. Las consecuencias a efectos del ordenamiento jurídico son muchos peores y no aumentamos en la calidad de nuestro Estado de derecho sino que perdemos calidad.
Hay un tercer apartado que pretende esta ley, junto a la agilización y a las garantías y seguridad jurídica, que es la lucha contra la corrupción. Aquí, señorías, me van a permitir que comente dos cosas: una, el decomiso y, otra, la oficina de recuperación y gestión de activos.
Ustedes recordarán que en el Senado hemos estado mucho tiempo peleando por esta oficina de recuperación de activos; incluso organizamos unas jornadas; el presidente estuvo en la clausura de la misma, y el presidente del Senado también pronunció unas palabras en su clausura; invitamos al Ministerio de Justicia, que mandó a una fiscal muy competente que explicó cómo estaban estudiando esto. Esto lleva en funcionamiento años en el Reino Unido, en Italia, en Francia, en Holanda, en Bélgica y en Alemania. Nosotros saludamos que el Ministerio de Justicia se sume al esfuerzo por crear la oficina de recuperación y gestión de activos. Ciertamente, creo que habría que ser algo más ambicioso, porque la mejor manera que hay para luchar contra el crimen organizado es ir a por el dinero; es la vieja expresión que se utilizaba en la lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos, aquello de sigue el dinero, y fue bastante eficaz en la lucha, por ejemplo, contra Al Capone, que, como saben ustedes, no cayó por un delito, sino por problemas relativos al dinero y al impago de tributos. Aquí, no se ha optado por uno de los modelos que me parecían muy interesante y atractivo: el modelo italiano, que tiene una larga experiencia de lucha contra el crimen organizado. Por el contrario, han buscado un modelo muchísimo más modesto y sencillo. Nos parece insuficiente, pero espero que, con el transcurso del tiempo, podamos transformarlo.
Con relación al decomiso, también se ha perdido una oportunidad, porque el magistrado de enlace de España en Marruecos, que estuvo presente en estas jornadas que organizamos los grupos parlamentarios del Senado en torno a la oficina de recuperación y gestión de activos, en su tesis doctoral, nos explicaba lo que era el decomiso, el decomiso autónomo vinculado a un hecho delictivo o, incluso, en los supuestos en que no se haya juzgado, pero que se haya acreditado la vinculación de la obtención de algunos bienes inmuebles a los hechos delictivos; en esa jornada de trabajo eran mucho más eficaces las propuestas que se plantearon que la que aquí se formula.
En relación con la lucha contra la corrupción, planteamos que no casa este objetivo con la reforma reciente del Código Penal, en lo que se refiere al artículo 31.bis, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde, como ustedes saben, basta que esa persona jurídica, ese partido político, ese sindicato tengan un programa de cumplimiento normativo, unas fórmulas en que algunas personas están encargadas de decirle lo que el ordenamiento jurídico prevé para que algunas cosas se puedan hacer o no; para eso se plantea un supuesto que limita la responsabilidad penal de esas personas jurídicas en el artículo 31.bis del Código Penal. En el caso del 304, respecto a la financiación irregular, se pone el umbral de los 500 000 euros —a nosotros nos parecía que debía de ser mucho más bajo—. En el caso del 305, del delito fiscal, donde en lugar de los 120 000, insistíamos en que fuera 50 000, que nos parecía más razonable. También en los plazos de prescripción, porque para las figuras del cohecho, la malversación, el tráfico de influencias, se han mantenido los 4 o 5 años, mientras que, en general, para otras figuras delictivas se ha elevado a 10 años, que a nosotros nos parece mejor para que la perseguibilidad de estos hechos delictivos fuera mucho más rotunda.
Encontramos que también hay problemas, señor presidente, con la incomunicación; hay una presión ideológica muy intensa a través de muchas películas o de series televisivas, y subrayo La Noche más oscura, que trata de la cacería de una señora que sacrificaba toda su vida para conseguir el asesinato de un dirigente terrorista. Nos parece que, en general, no hay justificación alguna para que un servidor público actúe al margen del derecho; el artículo 103.1 establece que la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Quiere decir que la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales con pleno sometimiento a la ley y al derecho. No hay actuación alguna de ningún servidor público al margen de la ley y el derecho. Por tanto, no hay justificación alguna para ningún comportamiento en torno a malos tratos o a torturas. En el caso de nuestro país, yo no me siento orgulloso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos haya condenado en cinco ocasiones por denuncias en materia de torturas porque la Administración de Justicia no lo haya investigado cabalmente, y preferiría no tener que decir esto y, cuando debato en el Consejo de Europa, no me gustaría que nadie me sacara los colores y me dijera que en cinco supuestos ha habido cinco sentencias del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, condenando al país, a España, porque un tribunal de justicia no ha investigado una denuncia por torturas. Yo preferiría que todos los supuestos de denuncia por torturas se investigasen y, si alguien se ha portado mal, que reciba el reproche correspondiente; y, si alguien se ha portado mal porque ha presentado una denuncia que no tiene fundamento, que también reciba el reproche correspondiente; ¡faltaba más!; pero no me parece adecuado que haya sido condenado en cinco ocasiones nuestro país por este asunto ni tampoco que se nos cite en el Comité de Naciones Unidas contra la tortura, etcétera. Ahí insisto en la necesidad de las cámaras de video. Cualquier servidor público se siente más seguro cuando hay una cámara de video. ¿Por qué? Porque graba todo lo que se hace y todo lo que se dice, y eso da una gran seguridad a todo servidor público, que entiende que todo su comportamiento, su acción y su omisión se ajusta al ordenamiento jurídico. Yo insisto mucho en esas cámaras de video, no solo en las comisarías de Policía, sino también en las mismas ruedas de reconocimiento. Fíjense ustedes que a veces se presentan peticiones de nulidad porque algunas ruedas de reconocimiento no son adecuadas porque hay algunas personas con excesiva distancia física entre ellos, cuando, a veces, hay que poner algunos más semejantes para que el testigo diga claramente quién es la persona. Por eso digo que me parece muy importante que haya también grabación en las ruedas de reconocimiento.
El problema de los hallazgos causales es un asunto que se remonta a la época del señor Naseiro, cuando era tesorero del Partido Popular en Valencia —en un principio se conocía por el caso Naseiro pero luego acabó llamándose el caso Manglano, debido al juez que lo instruyó— que a propósito de una investigación, en donde se grabaron las conversaciones de unos teléfonos con otro objetivo, aparecieron unos hallazgos que no estaban previstos. ¿Qué se hace con esos hallazgos ocasionales que han surgido ahí?
Todo esto tiene que estar debidamente acotado y bajo control judicial. Ha habido un avance —lo comentábamos antes en ponencia— en materia de incomunicación en lo que tiene que ver con la visita del forense dos veces al día. A nosotros nos parece que si fueran 72 horas sería muchísimo más correcto. Y después tenemos la destrucción de todo aquello que se ha obtenido en grabaciones después del sobreseimiento libre. Estos son, en nuestra opinión, los argumentos fundamentales en torno a la ley orgánica.
En cuanto a ley ordinaria, de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, hay un comentario que a mí me parece bastante irracional y que es aquello de que cada delito tiene que tener una instrucción. A mí eso me parece una barbaridad, porque es absurdo que cada delito tenga una instrucción. A veces, hay un conjunto de delitos que, bien por unidad objetiva o bien por unidad subjetiva, las lleva el propio sujeto o no. En cualquier caso, lo más correcto en esto de la conexidad es que lo dejemos al criterio que prevé el artículo 117 de la Ley de enjuiciamiento criminal cuando establece que en cada momento la conexión se haga en función de lo que sea más aconsejable para la instrucción y que no necesariamente sea el propio Ministerio Fiscal, sino que, a veces, el propio juez pueda acordarlo así, de oficio.
Habría sido interesante —aunque nadie lo ha propuesto— plantearnos la revisión del artículo 191.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 101 y 270 de la Ley de enjuiciamiento criminal en lo que tienen que ver con la acción popular, porque es verdad que no hay un monopolio para la acción pública desde el punto de vista del Ministerio Fiscal. Está la acusación particular y la acción popular —hay una larga tradición en España en este sentido—. Ha habido utilizaciones perversas de esta acción popular y sí habría que plantear la posibilidad de que el juez, en la aceptación inicial, tenga un rigor más amplio a la hora de ver en qué situaciones la acepta y en cuáles no. Esto se tendría que regular de una forma distinta para prever que la acción popular responda realmente al criterio de lo que es la acción popular y no otros usos perversos que no es menester ahora precisar, pero que sí sería conveniente tener en cuenta.
En relación con la remisión de los atestados, lo relevante son los informes cualitativos. Es verdad que el texto prevé excepciones cuando hablamos de libertad o indemnidad sexual, cuando hablamos de vida e integridad física, cuando hablamos de violencia de género, pero yo plantearía algunas enmiendas —como ya ha hecho el Grupo Socialista— en relación con lo que llamaríamos el cualitativo. Es cierto que, a veces, en el juzgado de instrucción se firman un montón de atestados que no llevan aparejados ningún nombre y es una tontería que se les remita, porque son asuntos de sota, caballo y rey, y no tiene mayor sentido que se les remita; es tiempo que se pierde. Pero los asuntos más relevantes, los que tienen que ver con la vida y la integridad, los que tienen que ver con la libertad e indemnidad sexual, los que tienen que ver con violencia de género, sí sería conveniente exceptuarlos e, incluso, en alguna ocasión —como ya prevé el texto—, sería conveniente hacer un cualitativo por parte de la Policía a la hora de informar al Ministerio Fiscal o a los jueces de instrucción.
Vuelvo a reiterar la preocupación que tenemos respecto a los plazos para la instrucción. Esta no puede ser de ninguna manera una vía para que por ahí aumente la impunidad. No me parece de recibo un argumento utilizado en el Congreso que establece una comparación con el artículo 1280 del Código Civil. El artículo 1280 del Código Civil establece que en la interpretación de un contrato no sean los que han suscrito el contrato los que interpreten el contenido y alcance del mismo. Este argumento se utilizaba para decir que el juez no tuviese oportunidad de evaluar los plazos de instrucción, porque el juez es el sujeto sometido a la limitación y no puede ser que el que está sujeto a la limitación interprete si puede o no ampliar el plazo. Este argumento es erróneo porque los que hacen el contrato son partes y el juez no es parte en este asunto, es el tercero en discordia, es el tercero imparcial, es el tercero neutral, respecto a los intereses de las partes, no neutral respecto al ordenamiento, sino imparcial y, en todo caso, beligerante en la defensa del ordenamiento jurídico. Sí me parece que, en este caso, el juez tendría que tener la oportunidad de oficio, no solo a instancia del Ministerio Fiscal, para hacerlo.
A su vez, hay que incorporar las reservas en relación con el monitorio penal, es decir, que el Ministerio Fiscal establezca por decreto, si tiene el visto bueno del abogado del encausado y del juez, directamente la sentencia.
Ustedes saben la preocupación que tenemos por esto. Al final, no se ha terminado de optar por el modelo de la Ley de enjuiciamiento criminal con que se topó el Gobierno actual al llegar a sus tareas de gobierno de España, que era el Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal que se había hecho al final de la legislatura; la habíamos visto, la habíamos tocado, ya había tenido el visto bueno de distintos órganos consultivos, y, en lugar de coger ese trabajo, que ya estaba hecho, se planteó una nueva comisión de expertos, muy cualificados, alguno de ellos un fiscal muy cualificado que ya es magistrado, con una gran cualificación profesional y que encima es amigo y al que tengo un gran cariño personal, pero el modelo que plantea no llega a ser que la instrucción la haga el Ministerio Fiscal y tampoco se mantiene el modelo actual. Entonces, el modelo que se plantea con este texto se queda en tierra de nadie. No es el vigente de la Ley de enjuiciamiento criminal, no llega a ser el que estaba en el modelo de la Ley de enjuiciamiento criminal de que sea el fiscal quien haga la instrucción, sino que se queda en esta situación, digamos, de una pierna en el modelo vigente y otra pierna en el modelo de que el Ministerio Fiscal sea quien lleve la instrucción. Y, en esa situación de quedarse en tierra de nadie, no termina de definirse. De ahí que, en la propuesta del monitorio penal, nosotros seamos partidarios de subrayar el papel del control judicial en la iniciativa judicial, tanto en los plazos para la instrucción como en el propio monitorio penal.
Respecto a la segunda instancia —ya he argumentado antes que es un viejo proyecto del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Nueva York del año 1966, artículo 14.5—, nos preocupa esta limitación de que no pueda haber incremento, porque tienen que crearse salas de lo penal en un conjunto de tribunales superiores, pues los magistrados que están allí solo están aplicando derecho civil. En cualquiera de los casos, yo les sugiero el siguiente ejercicio intelectual, que consiste en lo siguiente, señor presidente: no piensen ustedes que el ministro de Justicia o el Fiscal General del Estado van a ser siempre personas sensatas y razonables. Imagínense que un Fiscal General o un ministro de Justicia no son personas sensatas y razonables. Y si piensan en esta posibilidad de que igual un ministro de Justicia o un Fiscal General del Estado no son razonables, sensatos y con sentido común, imagínense poner este conjunto de competencias en manos de quien no sea sensato, razonable y con sentido común. Por eso, siempre hay que tener cuidado a la hora de dónde ubicas el poder, la competencia y si dejas o no iniciativa al juez, que no tiene vinculación jerárquica con ninguna administración ni con ningún poder, porque el artículo 117.1 establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Si solo tenemos en cuenta lo de sometidos únicamente al imperio de la ley, vale más aumentar el control judicial; si, por el contrario, lo hace el ámbito del Ministerio Fiscal sin las reformas adecuadas y correspondientes, piensen en la posibilidad de que estas competencias puedan ser ejercidas por personas que no tengan la autocontención, la prudencia, el sentido común necesario. Y si eso les preocupa, a la hora de trasladar competencias debería ser tenido en cuenta.
Este es el principal error que creo que tienen estos textos, que no tienen en cuenta el reforzamiento de garantías y libertades, que no garantizan la agilidad en materia de lucha contra la corrupción —ya he expuesto antes las razones por las que creo que no solo no se avanza, sino que se retrocede— y quedarse en esa situación de tierra de nadie es la peor de las definiciones. Este conjunto de argumentos, señor presidente, son los que, por ahora, esgrimimos en la defensa de los dos vetos.
Le agradezco su generosidad, pero cuando se conjunta una exposición con dos vetos, acontece el uso de tal tiempo.
Alguien puede pensar que este turno es un poco largo, pero les recuerdo, señorías, que estamos debatiendo conjuntamente un proyecto de ley ordinaria y un proyecto de ley orgánica, y al estar debatiéndose conjuntamente cabe deducir que se pueden aumentar los tiempos, al menos al doble de lo normalmente previsto en el Reglamento.
Para turno en contra, el senador Represa tiene la palabra.
El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Buenos días, señorías.
En este turno en contra de los vetos quiero empezar diciendo que un cambio total del sistema procesal penal en España es deseable y necesario, pero, de igual forma, es deseable y necesario que contara con un amplio consenso. Eso nos parece fundamental, pero no es menos cierto que hay reformas de una enorme transcendencia que son urgentes, que no pueden esperar, y a esta necesidad responden estos dos proyectos de ley: el llamémosle proyecto de ley ordinaria y el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal. Todo ello forma un cuerpo de medidas contra la corrupción que este Gobierno ha impulsado desde un principio sin vacilación alguna, facilitando a jueces y fiscales las herramientas necesarias, suficientes y eficaces en la lucha contra este tipo de delitos.
La reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, que, como todos conocemos, data de 1882, de finales del siglo XIX, es necesaria, está demandada por la realidad social, por la sociedad y por todos los sectores y profesionales del ramo. Como digo, hay aspectos que no admiten demora, como la protección de derechos y libertades fundamentales, materias tratadas por nuestros tribunales de la jurisdicción ordinaria, por el Tribunal Constitucional y también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para dar cumplimiento también a la Constitución Española y a los compromisos adquiridos por el Estado español en diversos convenios internacionales, al mismo tiempo que la trasposición de directivas europeas, como dicen las exposiciones de motivos de los proyectos de ley. Estas leyes no conforman el código de justicia procesal penal que queremos en el Partido Popular, pero mantenemos nuestro compromiso de hacer una auténtica e integral ley procesal penal en adelante
Entrando ya en el contenido de los vetos, el portavoz del Grupo Mixto ha defendido los vetos presentados por la señora Capella, de Esquerra, y por el señor Iglesias, vetos que doy por rechazados, sin perjuicio de que en el Pleno debatamos sobre ellos. Y en cuanto a los vetos presentados por los señores Guillot y Saura y la señora Almiñana y seis senadores más, conjuntamente, y por el Grupo Socialista, voy a tratar de contestar a todos ellos sin alargarme mucho pero haciendo alusión a todas las materias que se han suscitado aquí.
La sociedad no quiere que en España se instruyan unos procesos tan complejos que se eternicen en el tiempo de manera inaceptable, no solo para las víctimas, sino también para los investigados. A cada delito debe corresponder una causa, a cada delito, un juicio, como norma general, sin que ello suponga una rigidez excesiva, porque es cierto que una justicia que sea lenta no es buena justicia ni además es justa.
En cuanto a los atestados policiales sin autor conocido, hay que hacer un uso más racional de los recursos públicos evitando trabajos superfluos e innecesarios. El señor Díaz Tejera hacía alusión a ello diciendo que cuando llegan a los juzgados los atestados judiciales en muchos de ellos ni tan siquiera se conoce el autor —precisamente de eso estamos hablando—. Eso da lugar a trabajos innecesarios y tiene a personal de los juzgados dedicado a una gran cantidad de esos asuntos, cuando podría dedicar su tiempo a otros del propio juzgado. Solamente les daré el dato de que un 40 % de atestados carecen de transcendencia a efectos del control judicial.
En relación con la limitación de plazos de instrucción, creemos que la medida es fundamental e imprescindible para agilizar la instrucción. En la reforma se prevén seis meses para las causas sencillas y dieciocho meses para las causas complejas. Son plazos realistas; seis y dieciocho meses son, como digo, plazos realistas, porque, según las estadísticas, la media está en ocho meses. En instruir una causa se tarda, repito, ocho meses de media, con lo cual los plazos de seis y dieciocho meses están pensados, establecidos, fijados en función de esa media, pensando que se van a ajustar verdaderamente a los tiempos necesarios. Repito, pues, que son plazos realistas.
Y en ningún caso por el mero transcurso del tiempo se va a producir el archivo directo, eliminando así —se lo digo expresamente al señor Díaz Tejera— el riesgo de impunidad. Entendemos que es una nueva forma de trabajo, una nueva forma de impulso procesal, de colaboración entre jueces y fiscales; en definitiva, una forma de corresponsabilidad.
El proceso por aceptación de decreto va a suponer un procedimiento sumamente eficaz para la aceleración de la administración de la justicia penal, con una respuesta rápida ante delitos de escasa gravedad. Se ha de dar la conformidad del encausado y se exige la preceptiva asistencia letrada, y siempre —siempre— bajo el control judicial.
Con respecto al procedimiento de decomiso autónomo, responde a la trasposición de la Directiva 2014/42 del Parlamento Europeo y del Consejo. Y aquí hago un inciso para referirme a algo a lo que hacía alusión al principio de mi intervención en cuanto a la tolerancia cero ante la corrupción. Se pretende reconvertir —algún portavoz también ha hecho alusión a ello— el patrimonio del delincuente en una oportunidad económica para la sociedad, es decir, dar destino a esos bienes del presunto delincuente, bien para satisfacción de las víctimas, bien para otro destino a la sociedad.
En cuanto al recurso de apelación, el objetivo es la generalización de la segunda instancia para las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, adaptándolo a las exigencias tanto constitucionales como europeas, teniendo en cuenta que los tribunales competentes están por debajo de los módulos que establece el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, tienen capacidad para asumir esa carga de trabajo, sin descartar —porque no se descarta, y así se piensa hacer en un futuro— la creación de nuevas plazas o la creación de nuevas salas de apelación. Esto, en cuanto a la ley llamémosla ordinaria.
Por lo que se refiere a la ley orgánica, las reformas que debatimos tienen tres objetivos fundamentales: en primer lugar, agilizar la justicia; en segundo lugar, fortalecer las garantías procesales de los investigados; y, en tercer lugar, promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. En este punto les animaría a retirar los vetos —sé que no lo voy a conseguir, que no voy a ser capaz de convencerles de que retiren sus vetos, alguno de los cuales incluso ha sido defendido vehementemente— y a que se sumaran a los objetivos promovidos por el Gobierno de España y por el Partido Popular.
Señorías, voy a hacer alusión a los términos «imputado» e «investigado». En algunos vetos se dice —creo recordar que en uno o dos de los presentados, aunque aquí no se ha dicho— que la futura utilización de esos términos se hace por simple maquillaje. Yo les digo que no es así, que es absolutamente falso, que eso no responde a la alusión que se hace en esos vetos. Señorías, investigar es practicar diligencias para descubrir algo. Ese es el significado de la palabra investigar. Sin embargo, el sentido peyorativo del vocablo «imputado» que ha calado en la sociedad no se corresponde con la realidad del término y produce efectos negativos y estigmatizadores. Por otro lado, este cambio también ha sido recomendado por la Comisión para la claridad del lenguaje jurídico. Con ello quiero decir que el cambio no es gratuito, sino que la diferencia entre los conceptos «imputado» e «investigado» está recomendada, además, por dicha comisión. En definitiva, resulta más acorde con la realidad que se utilice la palabra «investigado» durante la fase de instrucción y el término «encausado» a partir de la resolución judicial, mediante la cual el juez decreta la apertura de la siguiente fase al haber aparecido ya indicios de la comisión de un determinado delito. A partir de ese momento es cuando se utilizará el término «encausado». Por otra parte, la regulación de las medidas de investigación resulta inaplazable, y en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. El juez ordenará cualquier medida de investigación atendiendo a una serie de principios de los que todo juez hace uso: los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a los que también se ha referido el portavoz del Grupo Socialista.
La nueva regulación establece un verdadero estatuto jurídico del investigado. En la ley orgánica se recoge expresamente el derecho a la entrevista reservada del letrado con el detenido, incluso antes del interrogatorio policial —creo recordar que esto fue motivo de transacción en el Congreso de los Diputados—. También, en cuanto al estatuto jurídico del investigado, tomar conocimiento de las actuaciones previamente a las declaraciones; la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y defendido, con alguna excepción, como no puede ser de otra manera, cuando haya sospechas de que el abogado que vaya a asistir al detenido esté interviniendo en algún tipo delictivo; los derechos del detenido en ultramar; los derechos del detenido más vulnerable; las tomas de muestra de ADN; y el tiempo máximo de espera al letrado de confianza —no he oído hacer alusión a ello, pero también es un asunto que se suscita en los vetos—. Por otra parte, la actual regulación de la prisión incomunicada vigente en estos momentos es mucho más restrictiva que la que se propone en la reforma. Y la reforma no implica necesariamente la ausencia de comunicación.
Quiero hacer referencia a la agravación de la situación cuando se detiene a una persona y a lo que es conjugar el derecho a la intimidad, el derecho al honor y el derecho a la información. En el trámite de enmiendas les hablaré de una que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular sobre la conjugación de estos derechos del detenido —el derecho a la intimidad, al honor, etcétera— y el derecho a la información, que creemos que debe respetarse y que prima sobre los demás.
Se ha hecho alusión también al coste económico y coste de personal en los juzgados —se menciona en una disposición adicional—. Bien, hay una serie de medidas que sobre el papel podrían generar un aumento de coste. Ese aumento de coste, tanto económico como de personal, se puede generar por una serie de asuntos, como el incremento de la carga de trabajo en los juzgados de lo penal como consecuencia de la obligación de tener que repetir el juicio cuando las audiencias provinciales acepten recursos contra sentencias por error en la apreciación de la prueba. Pero no siempre se ordenará —hay que tenerlo en cuenta— la repetición del juicio, sino que la audiencia puede acordar que se dicte una nueva sentencia. Por tanto, entiendo que los escasos supuestos de repetición del juicio oral quedarán compensados con los procedimientos que no lleguen a esa fase, fruto, entre otras medidas, del nuevo procedimiento por aceptación de decreto.
Otra medida que podría generar un coste sobre el papel sería el incremento de la carga de trabajo de los tribunales superiores de justicia como consecuencia de la generalización de la segunda instancia penal y de la ampliación de los supuestos del recurso de revisión. Bien, como les he dicho, los tribunales superiores de justicia están en la actualidad por debajo de los módulos de carga de trabajo fijados como baremo por el Consejo General del Poder Judicial.
También podría generar un coste el incremento de la carga de trabajo del Tribunal Supremo fruto de las nuevas causas de revisión. Y el incremento de vistas se puede producir como consecuencia de la nueva vía de revisión de sentencias condenatorias declaradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contrarias a la Convención de Derechos Humanos, que entiendo que sería una cantidad ínfima. En contrapartida —a ello también ha hecho alusión el portavoz del Grupo Socialista— puede considerarse un ahorro, estimado en una cantidad muy importante, por las condenas que se producen al Estado español, en cantidades que tampoco vienen al caso.
En último lugar está el incremento de carga de trabajo del Ministerio Fiscal como consecuencia del nuevo procedimiento de decomiso autónomo, que le encomienda la investigación patrimonial del encausado. Pues bien, el incremento de funciones del Ministerio Fiscal en relación con este procedimiento se verá compensado con la reducción de su carga de trabajo según los nuevos criterios de actuación en los procedimientos penales por delitos leves, la descongestión procedente de la conservación en dependencias policiales de los atestados sin autor conocido y el impulso de los procedimientos abreviados, tanto juicios rápidos como por aceptación de decreto. A ello hay que añadir, además, que las funciones de investigación patrimonial y gestión propiamente dichas las llevará a cabo la oficina de recuperación y gestión de activos, por lo que no se requerirá aumento de la plantilla a tal fin.
Concluyo, señor presidente, no me voy a extender más. Únicamente quiero decirles que votaremos en contra de todos los vetos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Represa.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Goioaga.
El señor GOIOAGA LLANO: Damos por defendidos los vetos.
El señor PRESIDENTE: Este es el turno de portavoces, por si usted quiere resaltar alguna cuestión.
El señor GOIOAGA LLANO: No, en absoluto. Repito que damos por defendidos los vetos.
En primer lugar, queremos reiterar nuestro planteamiento contrario a esta dinámica, que valoramos de forma negativa, del parlamentarismo que ha impuesto y está imponiendo el Partido Popular, el Grupo Popular. Se están modificando elementos importantes del Estado, y para ello en nuestra opinión se necesitan otro tipo de acuerdos, mucho más amplios. Así lo ha reconocido el senador Represa a la hora de justificar su posición, contraria a los vetos; es decir, la necesidad de acuerdos, aunque la urgencia de estos textos lleve a la situación que hoy nos trae aquí.
A la hora de valorar el criterio que estoy planteando entiendo que deben ser conscientes de la opinión que tiene la sociedad respecto del Grupo Popular, porque la situación que existía en 2011 no es, evidentemente, la actual. Con lo cual, si verdaderamente se quiere reflejar en esta Cámara el sentir mayoritario de la ciudadanía en ámbitos tan importantes como el que tenemos entre manos ello exige un acuerdo más amplio que únicamente el del grupo mayoritario. Y como dato les diré lo que me acaba de trasladar nuestra amiga portavoz de Convergència: que las enmiendas de estos dos proyectos de ley acaban de publicarse. Eso nos da una idea de la situación y de cómo estamos legislando en estos momentos.
Entrando en los dos proyectos de ley, me gustaría empezar con el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la detención incomunicada, que viene a decir textualmente: Como la detención incomunicada crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y pueden constituir una forma de trato cruel o degradante, o incluso tortura, el régimen de incomunicación deberá suprimirse.
Como ustedes saben —creo que también ha salido ese dato—, el último informe de Naciones Unidas es de hace bien poco, y toda nuestra reflexión está relacionada con la visión de Naciones Unidas con respecto a la incomunicación. Además, en el mismo informe el relator viene a decir que se deberá garantizar con rapidez y eficacia a todas las personas detenidas por las fuerzas de seguridad el derecho de acceso a un abogado, incluido el derecho a consultar al abogado en privado. Por tanto, todo lo que vayamos a legislar se tiene que acercar, evidentemente, al planteamiento realizado por Naciones Unidas. Pero no hay más que ver la modificación que se hace del artículo 527, que en su nueva redacción expresa que, sobre la base de los supuestos del artículo 509, el detenido podrá ser privado del derecho a designar un abogado de su confianza o que podrá ser privado del derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado. Es decir, son una serie de preceptos que nosotros consideramos totalmente contrarios al pensar de Naciones Unidas.
Es cierto que se han hecho modificaciones sustanciales en su trámite en el Congreso, una de las cuales tenemos que aclarar. A este respecto, habrán visto ustedes que durante la sesión de esta comisión he estado entrando y saliendo de la sala precisamente porque estamos hablando con el Gobierno —tanto los representantes del Congreso como nosotros mismos—, ya que se ha suscitado una confusión sobre lo que se pactó, acordó y aprobó en el Congreso de los Diputados y lo que ha venido a esta Cámara; pero, gracias a alguna precisión y matización que me ha aportado el portavoz del Partido Socialista, hemos podido aclarar este punto. Y es que en el Congreso de los Diputados se dio un acuerdo entre nuestro portavoz de Justicia, el diputado Emilio Olabarria, con el ministro Català para que la incomunicación no fuese de cinco días sino que tuviese un máximo de setenta y dos horas, respetando el espíritu de la Constitución. Entiendo que vamos a tener tiempo de poder aclarar estos términos de aquí al Pleno en el que se debatan el proyecto de ley orgánica y el proyecto de ley ordinaria de modificación de la Lecrim.
Ha habido más avances, como lo recogido en el artículo 527.2, que dice que la incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordado por auto, que tiene que motivarse. Es decir, se da un mayor control judicial tanto para decidir sobre la incomunicación como sobre los derechos fundamentales que se suspenden. Pero continúa, refiriéndose a la restricción de derechos solicitada por la policía judicial o el ministerio fiscal acordada por un plazo máximo de veinticuatro horas, en las que el juez habrá de pronunciarse, de manera que durante las veinticuatro horas en las que debe pronunciarse el juez, la policía o el Ministerio Fiscal decretan la incomunicación con las restricciones de derechos recogidos en el primer apartado del nuevo artículo 527. Es decir, se da un automatismo en la incomunicación sin previa resolución judicial.
A su vez, hay que reconocer un avance en el artículo 527.2, en el que se recoge una referencia a los reconocimientos médicos —hasta ahora inexistentes— para los detenidos a los que se les restrinja el derecho a comunicarse, de al menos dos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo. Evidentemente, entiendo que esta es una garantía de mínimos.
La base constitucional de este régimen de detención procede del artículo 55.2 de la Constitución Española, que contempla la suspensión de derechos fundamentales en relación con el segundo apartado del artículo 17 y el segundo y el tercero del artículo 18. En ese sentido, uno de los temas que más nos preocupa como grupo es el derecho a la asistencia letrada, puesto que el artículo 17.3 de la Constitución Española no puede ser suspendido ni en estados de excepción, tal como establece el artículo 55.1 de la Constitución Española. Es fundamental una primera asistencia letrada en el primer momento de la detención. La función del letrado de confianza o de oficio es la de atender a su cliente. ¿Y cómo se le atiende en esa situación de incomunicación? ¿Cómo se le informa? ¿Cuál es la práctica antes de la diligencia de declaración, que es donde puede tomar parte el letrado? Hay que tener en cuenta que hay muchos encuentros de la policía con el detenido, produciéndose situaciones ilegales.
Otra reflexión sobre la incomunicación se refiere a un principio muy importante dentro de la Constitución, como es el derecho a no declarar contra uno mismo; así, un detenido o detenida puede decir: voy a guardar silencio. Este es un derecho fundamental. Y esto quiere decir que, si no se va a contestar a nada —puesto que es un derecho constitucional—, inmediatamente hay que poner a esa persona a disposición judicial o ponerla en la calle, pues esa persona ya ha decidido, sobre la base de un derecho fundamental, de un derecho constitucional, cuál va a ser su actitud. Y todo lo que sea alargar la incomunicación ante una decisión que ya ha sido adoptada por el preso o la presa con esta ley genera, evidentemente, un contradicción que entendemos que hay que superar.
También hay que realizar una reflexión sobre la incomunicación en situación de prisión preventiva, y les voy a contar un caso. Una incomunicación en un preventivo; aislamiento en celda durante veintidós horas; dos horas de patio de manera individual. Como es una medida de régimen y no sancionatoria, no hay límite, cuando la prisión preventiva tiene una contradicción directa en su base, es un castigo adelantado con una presunción de inocencia en tanto en cuanto no haya sentencia.
Antes he hecho referencia a la contradicción que entiendo que se puede dar entre el artículo 17 y el 55. Y hay una serie de reflexiones académicas muy importantes e interesantes que deberían preocuparnos y ocuparnos, como que lo que vale menos constitucionalmente no puede anular lo que vale más.
El artículo 55.2 no está dentro del ámbito de los derechos fundamentales. Es decir, hay una serie de artículos de la Constitución Española que tienen rango superior, como el 15, que establece que no pueden ser sometidos a tortura. El rango superior les corresponde a los artículos 15 y 24 de la Constitución Española, susceptibles de fundamentar un recurso de amparo, no así el 55.2. Además, a la hora de valorar qué posición ocupan estos artículos dentro de la Constitución y el rango que tienen, no tenemos más que ver que mientras el artículo 55.2, a modo de ejemplo, puede ser reformado por una mayoría de tres quintas partes de cada una de las Cámaras, la modificación de los artículos 15 y 24, como todos sabemos, exige la mayoría de dos tercios y la disolución de las Cámaras. Si la Constitución garantiza el derecho a no declarar, como así establece el artículo 17.3, entonces carece de sentido prolongar más de un día la privación gubernativa de libertad cuando a lo máximo que está facultada la policía es, simplemente, a tomar nota de que el sospechoso se acoge a su prerrogativa constitucional, tal como establece el artículo 55.
Esta reflexión global es la que hemos intentado trasladar a través de nuestras enmiendas. Entendemos que hemos conseguido una mejora respecto al trámite del Congreso. Por eso, nosotros nos vamos a abstener en todas las votaciones, tanto de los vetos como de la totalidad del texto definitivo, aunque repito que creemos que ha habido una mejora del trámite que se ha sustanciado en el Congreso. Evidentemente, sobre alguna enmienda vamos a poner un mayor acento, como en la que se propone la recogida de manera gráfica y en audio de la estancia del detenido en dependencias policiales porque, tal como ha dicho anteriormente el senador Arcadio, eso facilita a todos los funcionarios, a todos los implicados y a todos los operadores jurídicos la gestión de lo que ocurra en dependencias policiales.
Les vuelvo a recordar que nuestra preocupación, nuestra reflexión y el debate que proponemos lo establecemos sobre la base del principio con el que he empezado este turno de portavoces: que el relator de Naciones Unidas viene a decir al Estado español que la detención incomunicada crea una serie de condiciones que facilitan la perpetración de la tortura. Evidentemente, nosotros propondremos y apoyaremos, tanto en el debate como con su definitiva aprobación, todas aquellas medidas conducentes a mantener esta afirmación.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, señor Saura tiene usted la palabra.
Yo quiero empezar reiterando, a pesar de que los senadores y senadoras del PP no ponen buena cara cuando lo digo, que el procedimiento de tramitar treinta y siete leyes en tan poco tiempo es antidemocrático. Es grave y a mí no me produce sonrisas. Es grave porque se está degradando la democracia. Ante esto, la respuesta del señor Represa ha sido correcta: hay urgencia y, como la hay, se va a hacer. Yo recuerdo —la releí ayer— la comparecencia del señor Ruiz-Gallardón al inicio de la legislatura, y decía exactamente lo mismo: que había urgencia y, por tanto, que se haría de forma urgente y que sería una reforma integral. Ni ha sido urgente ni es integral. La pregunta es: ¿Qué ha pasado? Es cierto que en una comida con el anterior ministro de Justicia se nos entregó el documento de la comisión de expertos y se insistió mucho en que se iba a hacer muy pronto y de forma integral. Pero nos encontramos con que no se hace muy pronto sino al final de la legislatura y no de forma integral. No sé por qué y me gustaría que el Partido Popular diera algunas razones por las cuales esto no se ha hecho así.
Brevemente, voy a hacer cuatro o cinco consideraciones respecto a este debate. La primera se refiere a la cuestión del límite temporal de 6 a 18 meses. Yo les he leído antes lo del Consejo Fiscal, que llega a decir que si no hay un cambio integral del procedimiento penal —llega a afirmar esto— resulta hasta absurdo lo que el Gobierno propone. Dice: Establecer un plazo límite sujeto a control de nuestro modelo procesal en el que la investigación está en manos del juez instructor, puede resultar hasta absurdo. Pero dice más: Por tanto, hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español —reforma que el señor Ruiz-Gallardón decía que se iba a aprobar pronto—, tal medida de limitación temporal sujeta a controles carece de sentido, de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica, por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresión. ¿No les hace reflexionar esto? No lo dice la oposición, sino que es el Consejo Fiscal el que dice —yo creo que con mucho sentido común— que, si no hay un cambio procesal, esta medida puede resultar absurda, y por ello solicita su supresión. Por tanto, les llamo a la consideración de no hacer nada que luego se califique de absurdo.
Sobre el tema de la incomunicación, en mi intervención inicial he dicho que en el Congreso se produjeron avances positivos que hacen que el régimen de incomunicación actual sea mejor que el anterior. No tengo ningún problema en decir esto, especialmente en dos temas: que cualquier detenido ha de tener dos visitas del médico en 24 horas y que antes de cualquier declaración ha de hablar de forma reservada con su abogado. Esto es positivo, sin ningún género de dudas. Pero para nosotros es insuficiente, al igual que para el relator de las Naciones Unidas y para el Comité de la Tortura, pues consideramos que hay que eliminar esto. En este sentido se plantean toda una serie de propuestas y medidas para minimizar los efectos de la incomunicación. Ciertamente, mientras que en la legislación actual la incomunicación supone la eliminación de todos los derechos, en el proyecto de ley que hoy discutimos se determina qué derechos se suprimen y cuáles no, y eso también es positivo.
Se ha referido el portavoz del Grupo Socialista —creo que también otros portavoces— a la necesidad de la grabación por vídeo. Yo en esto tengo una experiencia personal. Fui consejero de Interior en un momento en el que en la central de comisaría de los Mossos d’Esquadra había muchas denuncias de torturas, muchas. Pusimos unas cámaras de vídeo. Han desaparecido. Y las cámaras no son solo un instrumento de defensa de los derechos de los detenidos, también lo son de los policías, porque muchas denuncias son falsas. De este modo han desaparecido aquellas denuncias que podían tener verosimilitud y aquellas otras de los presuntos delincuentes que mediante denuncia intentaban disminuir su culpabilidad y responsabilidad. La pregunta es: ¿Por qué no se hace esto? La instalación de cámaras en las comisarías y la grabación de vídeos con los detenidos, especialmente con los incomunicados, evita, insisto, cualquier posible irregularidad por parte de las fuerzas de seguridad pero también la posible tentación de los presuntos delincuentes de hacer acusaciones falsas. Eso lo planteamos en nuestras enmiendas.
Por otro lado, está el tema de la agilidad. No deja de ser sorprendente que mientras el exministro Ruiz-Gallardón lo planteaba como agilidad inmediata, después de cuatro años se nos presente una propuesta de agilidad. En estos cuatro años no ha habido agilidad, es decir, esta legislatura, desde el punto de vista de la justicia, ha sido de las legislaturas con mayor confrontación, con mayor contestación de todos los agentes que colaboran o actúan en el ámbito de la justicia. Pretender que con algunas de las medidas que se proponen haya mayor agilidad nos parece magia. Ahora determinan que sean 6 y 18 meses y yo digo: ¿y por qué no 4 y 12 meses, si no hay plan detrás de esto? ¿Qué se va a hacer para que los 6 meses y los 18 se cumplan? Esto debería estar soportado con un plan para aumentar los recursos económicos y humanos, pero no hay nada. Simplemente se parte de la necesidad de cambiar la voluntad de los jueces y fiscales para que esto se contemple, e insisto especialmente en el tema de la incomunicación.
En cuanto a esa serie de medidas de invasión de la privacidad, algunas nos parecen muy desproporcionadas y en ciertos casos planteamos medidas que minimicen los efectos negativos de esta invasión o que se ajusten proporcionalmente a los hipotéticos delitos. Pero en algunos casos esto no es así; es decir, son desproporcionadas y se contemplan igual los delitos graves que los menos graves.
En síntesis, señorías, un proyecto de ley de estas características se tendría que haber estudiado con más calma y necesitaría de más consenso. En él hay aspectos positivos que mejoran la actual legislación, pero hay otros, muy importantes, que no, especialmente me refiero a la fantasía de pensar que con medidas como la atemporalidad u otras parecidas se va a lograr una agilidad que no se va a dar si no se incrementan los recursos humanos y materiales.
A efectos de su intervención anterior, en la que dijo que las enmiendas no estaban disponibles con el plazo suficiente, hemos hecho una consulta y nos han respondido que a primera hora de la mañana del día siguiente de acabarse el plazo de enmiendas estas siempre se pueden ver, en este caso también, en la web del Senado, en concreto en la comisión correspondiente y dentro del proyecto de ley de que se trata, o también en dicha página dentro del epígrafe leyes en tramitación.
Si cuando se acuerda convocar una comisión en una fecha determinada las enmiendas se cuelgan en la página web, esta Presidencia entiende que se cumple el Reglamento. (El señor Saura Laporta pide la palabra).
Sí, senador Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor, presidente, yo no he dicho que las enmiendas no estuvieran en la página web; he dicho que no estaba publicado el boletín oficial.
El señor PRESIDENTE: Lo sé, señoría. Pero yo, a efectos de legalidad, quería decirle que con haberlo colgado en la página web es suficiente. Esta mañana ya está publicado el boletín y no ayer.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, parece lógico que el boletín oficial recoja las enmiendas numeradas antes de que se celebre la sesión de la comisión. Pero yo no me he quejado de que las enmiendas no estuvieran en la página web.
El señor PRESIDENTE: Lo sé, señoría, pero a mí me preocupaba la legalidad más que la incomodidad. La incomodidad que existe es evidente; se están aprobando muchas leyes —y usted se ha quejado— y eso resulta incómodo, como también lo es que las sesiones sean tan largas. Pero, insisto, a mí me preocupaba la legalidad.
El señor SAURA LAPORTA: Supongo que no me estará diciendo usted que no va a haber publicaciones de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: No, señoría, no le digo eso, yo no llevo ese departamento. (Risas).
Yo abogo por que todo sea más cómodo y todo se publique cuanto antes.
El señor SAURA LAPORTA: Pero este es un ejemplo de lo que yo creo que no se debería producir, independientemente de que se pueda consultar en la página web.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señoría. Su opinión me parece perfectamente razonable y muy respetable.
Continuando con el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.
Estamos ante una normativa del año 1882, de hace ciento treinta y dos años. Por ello consideramos que debemos reformar el procedimiento penal, y así lo hemos reclamado durante varias legislaturas. Por este motivo no hemos presentado propuesta de veto; solo por este motivo, porque nos parecía que podría ser contradictorio reclamar una reforma que llevamos años demandando, y luego, cuando por fin se lleva a cabo, vetarla. Pero ello no significa que compartamos el contenido concreto de estos dos proyectos de ley que hoy son objeto de debate en esta comisión.
En la presentación conjunta, el 30 de abril de 2015, de los dos proyectos de ley en el Congreso de los Diputados el Ministerio de Justicia manifestó que ambos proyectos se presentaban con un doble propósito: satisfacer a los operadores jurídicos, al incrementar la certeza del sistema mediante la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y dar respuesta a las muy legítimas exigencias de la sociedad, que reclama que los responsables de delitos graves sean juzgados en un tiempo razonable y que el patrimonio defraudado sea recuperado dentro, lógicamente, del respeto a los derechos fundamentales de las partes. Un propósito, sin duda, encomiable si no fuera porque —y en esto convenimos todos, señorías— el fin no justifica los medios. No podemos concebir una reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal que pisotee las garantías del detenido o que vulnere sistemáticamente el derecho a la intimidad.
Y hablando de medios, estos encomiables propósitos —insistimos— no son materializables a coste cero. Cierto es que este Gobierno se empecina en ello, y de hecho se ha convertido en un lamentable mantra que se va repitiendo en las disposiciones finales de los proyectos de ley que presenta, pero por más que nos tenga acostumbrados a tal disparate no podemos dejar de insistir en la inviabilidad de la materialización de estos proyectos de ley si no se asume de antemano que la Administración de Justicia deberá ser adecuadamente dotada de medios materiales y personales para estos fines.
Otras palabras del señor ministro: Lejos de suponer una improvisación, esta reforma se integra en un proyecto más amplio en consonancia con las ya acometidas, Ley Orgánica del Poder Judicial o el Código Penal, con la voluntad de alcanzar siempre ese equilibrio entre eficacia y eficiencia y la garantía de los derechos de las personas investigadas. La reforma tiene tres objetivos fundamentales: agilizar la justicia, fortalecer las garantías procesales de los investigados y promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.
Señorías, mi grupo no tiene ninguna objeción a que se alcance un equilibrio entre la eficacia y eficiencia y la garantía de los derechos de las personas investigadas, es más, estamos absolutamente de acuerdo con este objetivo, lo que no comprendemos es cómo encaja dicha afirmación con el contenido de algunos artículos de estos proyectos de ley, e incluso me atrevo a decir que con su espíritu y filosofía, pues pretender que, bajo la excusa de la urgencia, desaparezcan determinadas garantías para las personas, de forma que sus comunicaciones puedan ser interceptadas en un momento dado, no parece ser muy coherente con las afirmaciones del señor Catalá. El artículo 18.3 de la Constitución es muy claro en este aspecto: «... salvo resolución judicial». Y aquí vemos que determinadas urgencias pueden provocar que incluso el ministro del Interior pueda acordar una interceptación de una comunicación telefónica, telegráfica o telemática y después dar cuenta, en 24 horas —pero a posteriori—, de dicha intervención. ¿Es que no existe un juez de guardia? ¿Es que resulta más fácil localizar al ministro del Interior o al secretario de Estado de Seguridad que al juez de guardia? Creo que es interesante hacer esta reflexión.
Por otra parte, estamos a favor de la agilización limitando el tiempo de instrucción, pero —e insistimos también en lo mismo— mediante la dotación de medios materiales y personales, y aunque podamos valorar positivamente la generalización de la segunda instancia penal, que supondrá que todo condenado pueda ver revisada su condena por un tribunal colegiado en segunda instancia, así como que se incluya como causa de revisión de las sentencias condenatorias el haber obtenido una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que pueda reconocer la vulneración de derechos vinculados al proceso, tampoco concebimos que tales realidades puedan materializarse a coste cero. Se da esa segunda instancia en los tribunales superiores de justicia en la apelación a las sentencias de la Audiencia Provincial, y quiero recordar que en el caso, por ejemplo, de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia necesita más medios para implementar lo que prevén estos dos proyectos de ley. Necesitamos medios, recursos, más personal y más inversiones.
Asimismo mi grupo está de acuerdo con que se pueda prorrogar la fase de instrucción ordinaria excepcionalmente, pero se debería permitir que dicha prórroga pudiera ser solicitada, además de por el Ministerio Fiscal, por las partes acusadoras personadas o que se acordara de oficio por el juez de instrucción. Y presentamos enmiendas también en este sentido.
Por lo que al derecho de asistencia letrada se refiere, consideramos que la nueva regulación de los artículos 118 y 520 contravienen alguna de las normas previstas por la Directiva 2013/48, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre derecho de asistencia letrada en los procesos penales que se pretende trasponer.
En cuanto al nuevo marco procesal del decomiso, apreciamos una falta de concreción en el artículo 803 que puede llevar a confusión y a inseguridad jurídica.
Para concluir diré que es más que evidente que la mayoría de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara no comparten la totalidad de estas reformas. La Ley de enjuiciamiento criminal es sin duda una ley importante que afecta a derechos fundamentales de las personas y que requiere de grandes dosis de responsabilidad, de moderación y de voluntad de diálogo. Esperemos que esto se consiga mediante la aceptación de enmiendas y transaccionales, algo que en todo caso se produciría en el Pleno porque, tal y como se ha comentado en ponencia, no se va a dar en comisión.
Así pues, señorías, nos vamos a abstener en la votación de los vetos en aras de conseguir el imprescindible consenso y acercamiento de posiciones que requieren estos proyectos de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall Tarrés.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Díaz Tejera.
Cuando el Grupo Socialista evalúa este procedimiento parlamentario no cuestiona en momento alguno la autonomía, la capacidad y la competencia del Grupo Popular para presentar cuantas enmiendas estime libérrimamente a bien. Ese no es el debate. Y el Grupo Socialista no lo cuestiona porque en dos Plenos consecutivos, que se celebrarán los días 1 y 8 de septiembre, se tengan que aprobar diecisiete leyes. Como si quieren ustedes traer un millón. Ese tampoco es el debate. El debate es la calidad del producto.
El Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, ¿creen ustedes que son órganos cualificados para coadyuvar, junto con las Cámaras, las Cortes Generales, con quienes representan la soberanía nacional conjuntamente, a contribuir a la calidad del producto normativo? Nosotros creemos que sí. ¿Dónde está el fraude? El fraude está en que una cosa es el texto que manda el Gobierno al Congreso, que es el que ha sido informado por los órganos consultivos, y otra es que en ese momento el Grupo Parlamentario Popular —que no es ajeno al Gobierno, sino que es el grupo que le da soporte, es decir, es el mismo grupo político en términos ideológicos, políticos y jerárquicos— incorpore innumerables enmiendas que dan la vuelta al texto, y acontece que esos órganos consultivos no han podido evaluar ese texto. Eso es una pérdida de la calidad democrática, de la calidad parlamentaria y una pérdida de la calidad del producto normativo.
Señorías, les invito a que lean el informe del Consejo Fiscal, del que el señor Saura ya ha leído algún párrafo. Y cuando debatamos la Ley del procedimiento administrativo común y la Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado les invito a la lectura del informe del Consejo de Estado, porque difícilmente encontrarán un informe tan rotundo; en varias ocasiones, con cierta letanía, se utiliza la expresión no es verdad en referencia a que históricamente estaban separados ambos textos; y repito, no es verdad.
Pues bien, ¿qué aconteció en la Ley de jurisdicción voluntaria? En ese iter al que me he referido presentaron 200 enmiendas, variaron el proyecto y no pudieron evaluarlo los órganos consultivos. ¿Y qué sucedió con el Código Penal? Que plantearon 180 enmiendas, variaron el producto normativo y no se pudo contar con ese asesoramiento.
¿Qué acontece en la mañana de hoy? Pues que ni siquiera nos han entregado las enmiendas que dicen que quieren consensuar con los otros grupos parlamentarios. En ponencia no se entregan, en comisión no se entregan, ¿dónde se van a entregar? Parece que durante el desarrollo del Pleno. Claro, va a ser un momento magnífico para poder consultar a todos los actores y actrices jurídicos; va a ser un momento magnífico para que los que están trabajando día a día, los que están dando el callo, los que están dando la cara en el ámbito del servicio público de la justicia manifiesten su criterio. Cuando son asuntos en los que se ha trabajado a lo largo del tiempo se puede admitir el detalle de última hora pero cuando se trata de asuntos que se nos entregan en el último momento, supone un mayor riesgo.
Por mi experiencia personal —durante ocho años he apoyado al Gobierno—, les puedo asegurar que hasta el último momento hemos estado negociando hasta el último detalle para conseguir el máximo apoyo de todos los grupos. Insisto en que fui testigo de ello, y otros no lo han sido. La inmensa mayoría de textos jurídicos fueron aprobados con el apoyo de todos los grupos, de todos sin excepción, excepto de uno, que incluso iba a apoyar el Código Penal y a última hora, como estaba en desacuerdo con la responsabilidad criminal de la persona jurídica, se abstuvo.
¿Por qué digo esto? Estamos reformando un texto de 1882, y lo hacemos en el año 2015. El texto de 1882 es magnífico, se ha ido reformando a lo largo del tiempo y sigue siendo magnífico. Pero la reforma que se introduce ahora no tiene el soporte intelectual de los tres órganos consultivos que he mencionado, ni el soporte profesional de operador jurídico alguno; la única excepción son los procuradores, el único oficio jurídico que, por razones que no voy a explicar ahora en torno a asuntos competenciales en citaciones, requisitorias, etcétera —y el ministro Gallardón siempre dijo que les iba a dar más competencias—, siempre ha dado su apoyo al Ministerio de Justicia; el resto, para nada, díganme ustedes alguna asociación u oficio que haya manifestado su apoyo. Con lo cual, me parece que lo que estamos reformando no va a durar tanto tiempo.
Y les pregunto: ¿creen ustedes que estamos inventando algo en esta materia? Existen unos estándares jurídicos democráticos, unos estándares jurídicos elaborados por la comisión que evalúa la eficacia y la eficiencia de los sistemas judiciales, el CEPEJ, que está en el Consejo de Europa; ahí pueden ver un conjunto de estándares en cuanto a la ratio juez/población y a los módulos y un conjunto de estándares en materia de garantías, derechos y libertades, por un lado, y, por otro, sobre la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el crimen y el funcionamiento de los tribunales de justicia del Poder Judicial. Por tanto, lo relevante es ver en la medida de lo posible que no estamos haciendo algo ex novo. Por ejemplo, lo que se plantea como avance en relación con el derecho de defensa no es más que la aplicación de una directiva. No hay avance alguno distinto a la directiva que se ha citado, la Directiva 2013/48; incluso en los supuestos de incomunicación se exige un abogado de confianza, y si ese abogado de confianza está participando en alguna figura delictiva se contempla que el juez provea que se establezca otro abogado que no esté participando en ningún supuesto delictivo; en cualquier caso, no hay excepción alguna a una relación de confianza con su asesor. La información previa en un lenguaje inteligible, no la entrega de un folletito, sino una explicación inteligible de los derechos del detenido, o la conversación anterior a la declaración ante la policía, todo eso, también es aplicación de la Directiva 2013/48.
En lo que tiene que ver con la delincuencia, el propio Convenio de Budapest, de 23 de noviembre de 2011, en sus artículos 20.3 y 21.3 ya prevé esta realidad, lo que ocurre es que sea cual fuere la aplicación de este convenio les garantizo que las modificaciones tecnológicas van a una rapidez muy superior a los acuerdos normativos. En una de nuestras enmiendas proponemos buscar fórmulas omnicomprensivas para que sea cual fuere la evolución tecnológica el juzgador siempre tenga la posibilidad de permitir la investigación o el estudio, la acumulación de información —eso es instruir, acumular información para tomar decisiones— tanto desde el punto de vista de las pesquisas telemáticas como del control remoto de ordenadores o de sistemas de almacenamiento o en cualquiera de los supuestos que describí en mi anterior intervención.
En cuanto a la conexidad, nos parece más inteligente usar el concepto de unidad de dirección, que es lo que está presente. Una unidad de dirección en la perpetración de los hechos delictivos me parece suficiente razón para plantear la conexidad entre las distintas figuras.
También nos preocupa la creación de ámbitos de impunidad, y creo que nos debería preocupar a todos. Acabo de venir de un debate celebrado en Coruña por el Consejo General del Poder Judicial al que asistieron unos 50 jueces y puedo asegurarles que me parece un reflejo de pereza intelectual que en los debates sobre el Poder Judicial se aluda siempre a esa letanía, a ese mantra de: faltan medios, faltan recursos humanos y materiales.
En general, hay juzgados en España en los que con escasos recursos humanos y materiales hacen las cosas de forma distinta porque tienen una cultura organizativa distinta y dan magníficos resultados. A pesar de que me parezca esto una letanía que no puede ser una excusa absolutoria, una especie de eximente permanente, el hecho cierto es que ya quisiéramos en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de la Administración de Justicia, tener los recursos que tiene la Hacienda del Estado o que tiene la Seguridad Social. Cualquiera de los presentes pide una cita con el médico general o con el médico especialista y le mandan por mensaje al móvil el día, la hora y el sitio de esa consulta y luego se lo recuerdan el día anterior. Y todavía estamos planteando en el ámbito de la Administración de Justicia la administración con papeles. Es verdad que faltan recursos, es verdad que faltan medios humanos y materiales, pero es verdad también que hay que introducir una nueva cultura organizativa para ser mucho más eficaces y mucho más eficientes. ¿Cuál es el problema? Que ustedes están planteando una traslación competencial al Ministerio Fiscal, están desplazando competencias y están creando competencias con la misma planta. Están prohibiendo en el texto que haya modificación de planta judicial, están prohibiendo que haya modificación presupuestaria; no hay modificación de integrantes del Ministerio Fiscal ni hay modificación de integrantes de la carrera judicial. Por lo tanto, si en la práctica con estos recursos se está dando esta situación de dilación, ¿ustedes creen que por modificar el texto, por publicarlo en el Boletín Oficial del Estado va a suponer una nueva cultura de gestión, una nueva cultura jurídica, va a funcionar la oficina judicial? A mí me parece que no es suficiente. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que aquí ocurre como a un gladiador, que tiene una pierna apoyada en que el Ministerio Fiscal asuma competencias, como estaban en el borrador del Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal que dejó el Gobierno socialista, sobre el que habían sido consultados un conjunto de órganos consultivos y jurisdiccionales. Una pierna está ahí y la otra pierna en el modelo vigente. El problema de un gladiador que está así es que se puede descoyuntar si están tirando de los dos modelos, si no tiene las dos piernas en un modelo o en otro. De ahí la preocupación que tenemos con que la realidad siga siendo la misma cuando se plantea la incorporación de un desplazamiento competencial y se plantea la creación de nuevas competencias.
A nosotros nos preocupa que pueda haber archivos sin cumplir con los requisitos del sobreseimiento libre del 637 de la Ley de enjuiciamiento criminal o el sobreseimiento provisional del 641 de la Ley de enjuiciamiento criminal porque estamos absolutamente convencidos de que es menester cerrar cualquier posibilidad, cualquier rendija por donde se pueda colar la impunidad.
En cuanto a la cuestión de cambiar una palabra por otra, puedo entender que haya una mayor o menor sensibilidad y que haya imágenes que duelan mucho respecto a lo que podríamos llamar imputados de a pie o imputados de lujo y que algunas imágenes de algunos imputados de lujo entrando en el coche con el agente de la autoridad bajándole la cabeza para que no se golpeen resulten dolorosas, eso lo puedo entender, pero piensen que en general, aunque es profundamente injusto lo que se llama la pena de banquillo o la pena de telediario —es injusto para todos sin excepción—, eso no se solventa cambiando una palabra, es cuestión de que cambie la cultura política y cambie la cultura mediática para, en lugar de competir por el titular, el show y el numerito, competir por el amor al rigor y el amor a la verdad, es decir, contrastar la información, jerarquizar la información, verificar la información para que sea muchísimo más relevante que el numerito. En cualquier caso, los problemas respecto a estos imputados de lujo tienen más que ver con las informaciones previas que han circulado en torno al día, la hora y el lugar en que se iban a producir esos hechos. Como ustedes pueden comprender, eso no se va a solventar con cambiar una palabra y poner otra. Nosotros entendemos que las cosas serias requieren procedimientos más serios, procedimientos más sopesados y que se hagan de forma distinta. De ahí el razonamiento que hemos hecho en la primera intervención en relación con la ley orgánica, y de ahí el razonamiento que hemos hecho en relación con la ley ordinaria. Le agradezco al señor Represa que haya acusado recibo de algunos de los argumentos, aunque sobre otros no le he escuchado argumentación. En cualquier caso, le agradezco su buena educación a la hora de responder.
Para finalizar este turno de portavoces, tiene la palabra el senador Represa, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Con su venia.
Dos cuestiones previas. Primero, señor Saura, le voy a decir algo que es una obviedad, pero creo que conviene recordarlo. La legislatura dura hasta que termina, es obvio, pero estamos aquí para legislar y legislamos hasta que termina la legislatura. El anteproyecto de ley que estamos estudiando entró en el Consejo de Ministros el pasado día 5 de diciembre de 2014, se ha dividido en dos proyectos de ley: uno que afecta a derechos fundamentales y otro que son cuestiones de carácter procedimental. La reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal es importante. El Partido Socialista planteó su reforma cuatro meses antes de finalizar la legislatura; esta reforma que estamos debatiendo ahora entró en el Congreso de los Diputados hace ocho meses. En efecto, es una reforma profunda la que trae el Gobierno del Partido Popular. Es cierto que no lo ambiciosa que se anunció, pero también son dos proyectos ambiciosos y desde luego no tenemos por qué perder esta oportunidad.
La segunda cuestión es que el señor Díaz Tejera ha utilizado la palabra fraude y yo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no le puedo admitir —y se lo digo con todo el cariño— que se hable de fraude parlamentario, por lo menos en lo que respecta al Partido Popular. ¿O es que quiere usted hurtar la posibilidad a nuestro grupo de presentar enmiendas? Nosotros tenemos plena libertad y tenemos criterio para enmendar cualquier iniciativa. Tal vez no todos los grupos parlamentarios puedan decir lo mismo.
Por otro lado, señor Díaz Tejera, habla usted de que no hemos pasado textos de enmiendas transaccionales. Yo he hablado con la señora Rieradevall antes de empezar la comisión; nos hemos intercambiado el teléfono porque posiblemente a lo largo de este verano podamos estar en comunicación precisamente para seguir trabajando. Usted dice que le pagan por hablar y yo le digo que a mí también me pagan por hablar, pero el trabajo no solo consiste en hablar sino en trabajar, cosa que no pongo en duda sobre ningún portavoz ni sobre ningún senador. El Grupo Parlamentario Popular está abierto a hablar, a negociar, a cambiar impresiones, a cambiarnos textos a lo largo de todo el verano hasta que llegue el debate en el Pleno. Quiero decir con esto que no tiene por qué ser en el Pleno exclusivamente cuando hagamos transacciones.
Y entro ya en la ley. En cuanto a las reglas de conexidad, entre las medidas previstas para la agilización de la justicia penal figura la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conocen como macroprocesos. Nosotros —ya se lo he dicho antes— entendemos que la regla general, con excepciones, será la de que cada delito dará lugar a la formación de un único procedimiento. No hay confusión en la conexidad a efectos de enjuiciamiento conjunto porque como consecuencia de esta reforma se derogará el artículo 300 de la Ley de enjuiciamiento criminal.
Quería hacer una alusión a los atestados policiales sin autor conocido. Este tipo de atestados, salvo que se vea comprometida la vida, la integridad física o la indemnidad y libertad sexuales, no se remitirán a los juzgados, donde son archivados inmediatamente —eso es conocido—, sino que serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales. Esto, indudablemente, contribuirá a descongestionar los juzgados de expedientes que generan tareas meramente burocráticas, lo que va a permitir a los jueces centrarse en tareas de investigación.
En cuanto al decreto del Ministerio Fiscal para la finalización del proceso para delitos poco complejos o que solo lleven aparejada sanción económica o privación del carné de conducir, la aceptación por decreto establece lo que se denomina el proceso monitorio penal, un proceso de aceptación por decreto que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por su abogado, acepte la pena solicitada. Este proceso permitirá una rápida respuesta penal para delitos como conducción bajo los efectos del alcohol y, desde luego, aligerará sin duda la carga de los juzgados de lo penal. No se sustrae en modo alguno a la potestad jurisdiccional del artículo 117.1 de la Constitución, ni tampoco se incumple el artículo 24.1.
Respecto a la caducidad de procesos en periodo de instrucción, en los plazos de instrucción se sustituye el inoperante plazo de un mes, que está fijado actualmente en la Ley de enjuiciamiento criminal, para la instrucción de los procedimientos por plazos realistas, transcurridos los cuales se deberá decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Los asuntos sencillos tendrán un plazo, como he dicho antes, de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de dieciocho meses, prorrogables por otro plazo similar. En ambos casos, por razones excepcionales, el juez podrá acordar una nueva prórroga por el tiempo que precise para poner fin a la investigación; es decir, que habrá posibilidad de prórrogas. Asimismo, los plazos procesales no tienen efectos limitativos de la acción penal.
En cuanto a los delitos complejos, se considerarán como tales los cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por delitos de terrorismo. El sistema de plazos, del que será garante el Ministerio Fiscal, favorecerá la mayor agilidad en las investigaciones al evitar instrucciones interminables que dificultan el enjuiciamiento de los responsables.
Señores portavoces, respecto a la doble instancia penal, aunque en la Ley Orgánica del Poder Judicial se establecen las correspondientes previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal, estas no habían sido desarrolladas. El proyecto de ley fija que los tribunales superiores de justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y que sea la sala de apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal. En caso de valoración de la prueba, la Audiencia tiene potestad para devolver las actuaciones al juzgado que dictó la sentencia, instándole a una nueva valoración de la prueba o, en su caso, a la posibilidad de celebrar un nuevo juicio.
En cuanto al recurso de revisión, en el ordenamiento español se establece este recurso como vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren que se ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en un procedimiento penal. Esto ha conllevado una modificación de los motivos por los que se puede impugnar una sentencia penal por esta vía excepcional. Así, se incorpora el supuesto como habilitante del recurso de revisión, lo que permitirá reclamar la nulidad de una sentencia nacional.
En lo que se refiere a las medidas de investigación tecnológica, la Ley de enjuiciamiento criminal había quedado —valga la expresión— fuera de lugar o desfasada en lo relativo a las medidas de investigación. Es evidente que los cambios que se han producido en las comunicaciones desde que se promulgó la norma allá en el siglo XIX se suplían hasta ahora con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, pero su regulación legislativa resultaba ya, como he dicho antes, inaplazable. De hecho, el Tribunal Constitucional ha apuntado en distintas ocasiones la necesidad urgente de una regulación que aborde las intromisiones en la privacidad del investigado en el proceso penal. Por ello, el artículo 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal se complementará con una nueva redacción del título VIII del libro segundo de dicha norma, en la que se incluyen las nuevas tecnologías.
Respecto a la autorización judicial a estas medidas de investigación, la regla general es que para acordar cualquier medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo, como he mencionado en el turno anterior, los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos que enumero a continuación: los castigados con una pena máxima de al menos tres años de prisión, los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, los de terrorismo y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.
Por otro lado, el proyecto establece que en ningún caso la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrá incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, salvo que estos estén también encausados por hechos investigados.
Haré un breve apunte del agente encubierto informático. En el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal se incorpora la figura del agente encubierto informático, que podrá, bajo una identidad supuesta, intercambiar archivos informáticos ilícitos a los efectos de perseguir determinadas modalidades delictivas, como, por ejemplo, el delito de pedofilia. Conviene aclarar que no será precisa autorización alguna para actuar en los canales abiertos de las redes y que la autorización para hacerlo en los canales cerrados, los que tienen un foro protegido o limitado, no habilitará para el uso del software espía si esos extremos no se autorizan expresamente.
Concluyo haciendo referencia al nuevo marco procesal del decomiso. El procedimiento de decomiso autónomo no es verdaderamente un proceso civil que se enclaustre en el proceso penal. Técnicamente, es un proceso acumulado al proceso penal con sus propios principios que se desarrolla en pieza separada. El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva, lo que se completará de manera coordinada con la reforma del Código Penal y la futura creación de la oficina de recuperación y gestión de activos. Ambos frentes permitirán agilizar la gestión de estos bienes decomisados con criterios mercantiles y que el Estado pueda obtener con ello un beneficio económico que redunde en el pago de indemnizaciones a víctimas, el desarrollo de proyectos sociales y la lucha contra el crimen organizado.
Termino, señor presidente, anunciando, como ya he dicho en la anterior intervención, que vamos a votar en contra de todos los vetos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Represa.
Señorías, vamos a proceder a la votación de los vetos del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, es decir, la ley ordinaria. A continuación, votaremos también los vetos correspondientes a la ley orgánica.
Votamos la propuesta de veto número 1 presentada por el señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos la propuesta de veto número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos la propuesta de veto número 3, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos la propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguillera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Respecto a los vetos presentados a la Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, vamos a votar la propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos la propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, rechazados los vetos, vamos a proceder a la defensa de las enmiendas, también conjuntamente, como habíamos acordado, de la Ley ordinaria y la Ley orgánica. No obstante, vamos a hacer un receso de diez minutos. (Pausa).
Comenzamos con el debate de la defensa de las enmiendas.
En primer lugar, debatimos, las enmiendas 1 a 16 de la ley ordinaria, y 1 a 29 de la ley orgánica, todas del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; y las enmiendas 20 a 32 del señor Aiartza Azurtza, del señor Goioaga Llano, de la señora Mendizabal Azurmendi y del señor Unamunzaga Osorio, todos también del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el señor Goioaga.
Doy por defendidas todas las enmiendas, y solamente haré una puntualización sobre una cuestión importante. En las enmiendas solicitamos la derogación del régimen de incomunicación por tres cuestiones fundamentales.
Una, que no he oído todavía las razones por las cuales hay que aplicar un régimen restrictivo de derechos fundamentales, como es el derecho a la defensa, que no sé todavía cuál es la razón del régimen de incomunicación ni de la restricción de los derechos para el justiciable. No se establece. ¿Cuál sería? ¿Evitar la filtración del atestado policial? Eso pasa continuamente; los medios de comunicación resaltan declaraciones, etcétera. ¿La presunta complicidad entonces de abogados de confianza en la determinación de lo que es el ejercicio del derecho a la defensa? No, porque lo que hay que garantizar es el derecho a la defensa. No hay ninguna razón para establecer ese régimen restrictivo de derechos y, sobre todo, del sistema de garantías para el justiciable, entre otras cuestiones, porque en eso, precisamente, es en lo que se diferencia un Estado de derecho de lo que sería un Estado policial.
La segunda cuestión, también importante, es la utilización del régimen de incomunicación. No se trata solo de esa restricción de derechos para el justiciable, de los derechos de defensa, comunicación del lugar de detención o confidencialidad en las visitas de los médicos de confianza para que hagan un examen exhaustivo durante el periodo de detención, sino de la utilización de la incomunicación como un instrumento de presión contra el propio detenido; es decir, se amenaza a un detenido con incomunicarle; con lo cual, en sí mismo el régimen de incomunicación se convierte en un instrumento condicionante y de presión para el propio detenido, con lo que eso conlleva.
La tercera razón es la eficacia de la incomunicación, que no viene determinada por un sistema de garantías; no se asegura precisamente la realización de un atestado policial en las mejores condiciones, sino que se crea un espacio oscuro de impunidad para el sistema policial; y constituye así un mecanismo de presión que es fundamental y que puede dar lugar a la existencia —como ha denunciado el relator de la ONU sobre las torturas— de torturas o malos tratos. No se trata de que se incomunique más o menos. Algunos hemos conocido la incomunicación de 10 días, y también la de 5 días; hemos conocido las grabaciones en vídeo de periodos de incomunicación e, indudablemente, sabemos que cambian y se modifican las actuaciones del funcionario policial. Hay entonces que evitar de alguna manera esa posibilidad de malos tratos o de torturas en un sistema de garantías. No se trata solo de que el abogado pueda hablar a solas o confidencialmente con el detenido previamente a la declaración policial. ¿Qué ocurre —y hay algunos jueces que lo saben de sobra— cuando el abogado no tiene acceso al atestado policial? El abogado defensor, en cantidad de ocasiones, se convierte, en lugar de ejercitar el derecho a la defensa o el ejercicio jurídico de la defensa, en testigo de una declaración de un atestado. No se trata de que los médicos forenses puedan ver dos veces al día al detenido incomunicado, sino de la confidencialidad de esa entrevista. Por experiencia sabemos que, cuando un médico forense visita en dependencias policiales a un detenido incomunicado, el propio cuerpo policial sabe de lo que está hablando, lo que declara o lo que deja de declarar. No hay un secreto en esa comunicación. Nosotros planteamos claramente que no hay razones para que exista ese régimen de incomunicación. No se trata de una incomunicación más o menos, no se trata de torturar más o menos, sino de evitar precisamente los malos tratos o la sospecha de que pueda haberlos o la posibilidad de que eso pueda ocurrir. Además, creemos que no es eficaz o que sí lo es precisamente cuando es usada como mecanismo de presión.
Daré, a modo de reflexión en esta Comisión de Justicia, un dato empírico, como contestación a esta pregunta que les hago: ¿cuántos detenidos en régimen de incomunicación acceden al derecho a no declarar —muy pocos, por no decir que ninguno— y cuántos detenidos sin incomunicación se acogen al derecho a no declarar policialmente? Hay un desequilibrio total y absoluto, lo cual quiere decir que la incomunicación es un mecanismo de presión real para la autoinculpación o para la declaración policial.
Los vídeos y las grabaciones en dependencias policiales son avances en el sistema de garantías, y se reconocen como tales, como acortar el periodo de incomunicación, pero el problema de fondo que hay que atajar es el mismo hecho de la incomunicación, el por qué y para qué sirve ese mecanismo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Goioaga.
Para la defensa de las enmiendas 17 a 20 del Grupo Parlamentario Vasco, a la Ley ordinaria, y 33 a 40, a la Ley orgánica, también del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.
Doy por defendidas todas las enmiendas, tanto las de la ley ordinaria como las de la ley orgánica, aunque haré algunas reflexiones sobre algunas de ellas.
Primeramente quisiera conocer la opinión del grupo mayoritario sobre las buenas observaciones que ha hecho el letrado a los dos proyectos de ley y saber cómo se va a desarrollar el trabajo con estos informes.
Ciñéndome a las enmiendas, a la ley ordinaria, comenzaré por la 17 porque la exigencia de apertura de una causa por cada delito supone, en nuestra opinión, no atender a la necesaria conexidad de delitos ejecutados por un sistema de unidad de acción, unidad de dirección o banda organizada; porque lo que se intenta es que no se produzcan esas macro causas que a veces conllevan unos macroprocesos que son interminables. Pero, si se quiere abrir una causa por cada delito, la multiplicación de asuntos que los jueces deberán atender el obvio que será terrible. Además, hay otro problema, que la ciudadanía no va a poder ver ni visionar la conexidad de los temas.
Asimismo se quiere establecer un periodo de caducidad de la instrucción sumarial a los 6 meses, cuestión a la que hemos formulado la enmienda 18. El senador Represa ha comentado, al igual que lo ha hecho el ministro en el Congreso de los Diputados, que la media actual de un procedimiento de instrucción es de 245 días; si ustedes lo reducen a 180, una diferencia de 65 días —tal como reza en el preámbulo—, y si además no hay incremento de los recursos, pues la ecuación es bien sencilla: jueces y secretarios judiciales no trabajan bien; o si no, veamos cómo se puede resolver esta ecuación: x+y=z; fácilmente: eliminando unos términos, nos saldrán otros.
La enmienda 19 propone la supresión del apartado 8 del artículo único del proyecto de ley, porque vulnera el principio de división de poderes la resolución de un proceso por un órgano como el Ministerio Fiscal dependiente jerárquicamente de la Administración Pública.
Paso ya al análisis de la ley orgánica. La enmienda 33 es una de las más importantes. De ahí que busquemos el acuerdo con el grupo mayoritario —antes comenté que de aquí al Pleno vamos a intentarlo— para que la incomunicación no se extienda —en el Congreso de los Diputados se acordó que no más allá de las 72 horas—, más de —esto es lo que nosotros proponemos— 48 horas, aunque el acuerdo va a las 72 horas; cuestión que para nosotros es muy importante.
De la enmienda 34, que tiene diferentes aspectos, únicamente voy a comentar aquellos relacionados con la permanencia del detenido en dependencias policiales, con los registros en soporte aptos para su reproducción en sonido e imagen a disposición del Ministerio Fiscal y de los tribunales de instancia. Esto es algo básico. Podemos, como decía antes, cuestionar que sean más o menos días —estoy de acuerdo en esto con el senador Goioaga— de incomunicación; pero si va a existir, tenemos que garantizar que no haya ningún elemento oscuro; y esta es una de las maneras que puede solventar este problema.
La enmienda 35 propone suprimir el punto 1 del Apartado seis de este artículo único. No es asumible que el detenido pueda ser privado de elementos esenciales para su defensa, como designar un buen abogado de su confianza o entrevistarse reservadamente con su abogado. Tal como hemos comentado, entra en contradicción con el artículo 17.3 de la Constitución, que dice que se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca; es un derecho fundamental. Si bien es cierto que después entra en contradicción con el artículo 55, que en su punto 1 dice que se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3, del artículo 17, para el supuesto de declaración del estado excepción; o sea, que la Constitución no garantiza la asistencia de un letrado en caso de estado de excepción y esto, en nuestra opinión, es algo que hay que solventar.
Con la enmienda 36 pedimos la supresión de los apartados tercero y cuarto del artículo 79. No tiene sentido que no sea necesaria la autorización judicial para una serie de envíos postales.
La enmienda 37 solicita que consten expresamente los motivos que justifican la medida limitadora del derecho a la intimidad basándonos en los principios rectores establecidos en el artículo 588.bis.a, y, además, que se defina también la extensión de la medida con especificación de su contenido.
Doy por defendidas el resto de las enmiendas porque el grupo mayoritario ya es capaz de comprender cuáles son las prioridades del Grupo Vasco.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, números, en el caso de la ley ordinaria, 21 a 25, 27 a 56, 84 a 86 y 91, y números, en el caso de la ley orgánica, 42, 43, 45 a 96, 98, 148 a 152 y 160, tiene la palabra su portavoz, don Joan Saura Laporta.
Creo que los grandes conceptos que trazan nuestra oposición a estas dos leyes los he expuesto tanto en la defensa del veto como en el turno de portavoces. Por tanto, las daré por defendidas.
Para la defensa de las enmiendas números 57 a 66, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, en el caso de la ley ordinaria, y números 99 a 120, en el caso de la ley orgánica, tiene la palabra su portavoz, la señora Rieradevall.
Voy a intentar defenderlas, aunque se de forma sucinta, por el orden que usted mismo ha mencionado.
Para la aplicación de dotaciones económicas y de personal, hemos presentado la enmienda 66, de supresión de la disposición adicional única relativa a la previsión de medios, porque entendemos que es inviable llevar a cabo estas reformas sin incrementar las dotaciones de personal, las retribuciones u otro tipo de dotaciones. En el mismo sentido, hemos presentado la enmienda 64, sobre dotación de medios personales y materiales para la segunda instancia penal, y la enmienda 58, sobre la prórroga del plazo máximo de la instrucción ordinaria, dotación de medios materiales y personales para ser realistas en la aplicación de la misma.
La enmienda 57 también se refiere a la instrucción, al plazo que vamos a poner. Se dice que la instrucción va a durar tanto o cuánto, como si fuéramos capaces de garantizar cuánto duran las instrucciones. Creemos que no se trata solo de poner plazos por ley, sino de aportar medios reales a la Administración de Justicia, de agilizar los plazos, y no encorsetarlos en una ley y después decir que solo pueden prorrogarlos si el Ministerio Fiscal lo pide. No solo si lo pide el Ministerio Fiscal, también si lo piden las partes y si lo pide, incluso, el propio juez de oficio, que es lo que nosotros pretendemos.
Por otra parte, mediante la enmienda 59, queremos otorgar mayores competencias a los tribunales superiores de justicia correspondientes, de acuerdo con las previsiones de los nuevos estatutos de autonomía, a los que correspondería conocer de los recursos de casación en la jurisdicción penal; caso, por ejemplo, del Estatuto de Autonomía de Andalucía o del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 95.
Hemos presentado las enmiendas 61 y 62 para garantizar la asistencia letrada en la notificación del auto y citación de comparecencia y al encausado en la comparecencia; y la 63 para especificar las reglas del procedimiento de decomiso. El resto de las enmiendas las damos por defendidas y las mantenemos vivas para el Pleno.
Por lo que respecta al proyecto de ley orgánica, en cuanto a la incomunicación y a la garantía en todo momento de la asistencia letrada o de abogado, que en algunos aspectos también se excepciona, los colegios de abogados nos han hecho llegar muchísimas propuestas de enmiendas, pidiendo por favor que no se flexibilice esa necesaria intervención del abogado.
En este sentido, hemos presentado varias enmiendas; la 100, para reforzar el derecho de defensa del detenido en todas las diligencias, incluidas las policiales; la 101, para que la adaptación de la información requiera la presencia de abogado, tal y como quedaría redactado en los artículos 118 y 520.2.bis; la 104, para garantizar la defensa del detenido, pudiéndose examinar todas las actuaciones; la 105, para reforzar los derechos del detenido; y la 107, para limitar el tiempo de duración en la detención preventiva. También hemos presentado otras enmiendas que consideramos importantes; la 116, para reducir el plazo máximo de duración de la medida de intervención de las comunicaciones en caso de urgencia; la 117, para suprimir la potestad de la policía para interceptar las comunicaciones sin autorización judicial, en caso de urgencia, para investigar delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o de elementos terroristas, que ya hemos argumentado que nos parecía improcedente; la 118, que quiere suprimir la potestad de la policía para colocar un dispositivo o medio técnico de seguimiento de localización sin autorización judicial, en caso de urgencia; la 119, también para suprimir la potestad de la policía para interceptar las comunicaciones privadas sin autorización judicial, en caso de urgencia;
y, finalmente, la 120, para que se permita la grabación, con cámaras de videovigilancia en el exterior, de la huida del sospechoso o sospechosos exclusivamente hasta que cese el contacto visual para facilitar así la investigación posterior y la eficacia policial en estos casos.
Damos por defendidas el resto de las enmiendas y las mantendremos para el Pleno.
Para la defensa de las enmiendas 67 a 71, 73 a 83 y 87 a 90, del Grupo Parlamentario Socialista, en el caso de la ley ordinaria, y de las enmiendas 122 a 125, 128 a 146 y 153 a 159, tiene la palabra su portavoz, el senador Díaz Tejera.
El conjunto de las enmiendas del Grupo Socialista, que ustedes pueden leer, pretende abordar lo ya expuesto en los dos vetos y en el turno de portavoces. Empezaré por el proyecto de ley ordinario de atrás hacia delante, porque si ustedes tienen la paciencia de leerlo comprobarán que estas últimas, que están en este apartado, de la 79 en adelante, pretenden recoger un conjunto de sugerencias que nos han llegado tanto por parte del Consejo General de la Abogacía como de Amnistía Internacional, incluso del propio cuerpo de funcionarios de instituciones penitenciarias, donde se plantea la protección de su identidad cuando participan en actividades de naturaleza procesal. Nos parece que son sugerencias razonables, que están fundadas, y lo que pretenden es coadyuvar a mejorar el texto, por aquello de estar radicalmente en contra de esa fórmula consabida de cuanto peor mejor, no es nuestro criterio, siempre queremos ser útiles. Decía sir Winston Churchill que dos tipos de personas: las que quieren ser importantes y las que quieren ser útiles. Nuestra obsesión es ser útiles y mejorar siempre cualquier texto que nos llega, incluso le consta a alguna de sus señorías que estaba en ponencia algunas observaciones que hice en torno a la exposición de motivos de este texto, que no encontraba correspondencia con las enmiendas, pero nuestro afán no es buscar causas de nulidad o de incumplimientos flagrantes, sino que lo que queremos siempre es mejorar, y aquella explicación ampliada, aunque no tenga base en una enmienda, pero que divulga cuál es el sentido del legislador, cuando los actores jurídicos lean el texto, si contribuye a mejorar su comprensión, aunque no tenga base en una enmienda, nos parece que es una ampliación de la explicación y nos parece razonable.
Llamo la atención sobre la enmienda número 80, sobre todo a quienes intervienen en tribunales. Algunas de nuestras enmiendas son bastante minuciosas, apelo, por ejemplo, a la regulación de la toma de datos biológicos, de ADN, muestras, etcétera, que está regulada con mucha precisión porque hace algún tiempo el Grupo Socialista presentó una propuesta bastante detallada a este respecto, pero llamo la atención sobre esta enmienda número 80 porque se plantea un supuesto. Cuando todas las partes están de acuerdo con una decisión, cuando todos anuncian que no hay voluntad de recurrirla, cuando todos aceptan la decisión, cuando se plantea la sentencia de forma oral, adquiere firmeza, se empieza a ejecutar y no necesariamente luego hay que presentarla por escrito, salvo que alguna de las partes diga que quiere recurrir y entonces en cinco días hay que documentarla, hay que presentarla por escrito. Este es un mecanismo que coadyuva a dar agilidad sin necesidad de merma alguna de garantías, porque no perturba la naturaleza del Ministerio Fiscal. El proceso monitorio penal, por ejemplo, perturba la naturaleza jurídica de las funciones del Ministerio Fiscal, convierte al Ministerio Fiscal en investigador, y también está resolviendo, está juzgando; eso supone una perturbación porque todavía no se termina de decidir este modelo por el Ministerio Fiscal como sujeto que protagoniza la instrucción y la dirige. Sin embargo, con esta fórmula que les estoy planteando en la enmienda número 80, que es al artículo 963, apartado 3, catorce bis, se añade esta formulación que les estoy diciendo, que me parece que puede ser una solución para los problemas que plantea el monitorio penal.
¿Qué se plantea en estas enmiendas sobre el texto ordinario? La enmienda número 67 subraya la expresión conveniente, de cara al debate sobre la conexidad, sobre todo porque el texto no plantea nada nuevo sino que en general aporta más confusión y cierta imprecisión terminológica.
En la enmienda número 68 se reduce el campo delictivo que no es comunicado ni al ministerio fiscal ni a la autoridad judicial, porque pensamos que es importante que esa información pueda fluir. No estamos hablando de tirones en la calle, de los que no hay ninguna información respecto a quién fue el autor o el sujeto activo, no estamos hablando de los sota, caballo y rey, que cualquier persona con sentido común puede evaluar, puede enjuiciar, no estoy hablando de eso, hablo de otras figuras delictivas más complejas de las que es importante que el ministerio y la autoridad judicial tengan conocimiento.
Con respecto a la enmienda número 70, aquí hay un problema, porque, por mucha voluntad que se tenga de que no haya impunidad, va a ser difícil que el Ministerio Fiscal tenga conocimiento desde el comienzo del transcurrir del plazo para la instrucción. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal no lo sabe desde el principio, ya está muy avanzada la instrucción cuando se informa, esa es la práctica procesal regular, excepto cuando hay recursos incidentales. Es muy importante que cerremos la más mínima posibilidad, de ahí la propuesta en relación con el apartado cinco del artículo 324 de nuestra enmienda 70, porque si no se cierran esas posibilidades, esas rendijas, para la impunidad haríamos un flaco servicio al servicio público de la justicia y, sobre todo, por la misma disposición adicional única, con esta cerrazón a que haya incremento en la plantilla del Ministerio Fiscal o en la carrera judicial, en la carrera judicial con respecto a las salas de lo penal de los TSJ para ver las apelaciones de la audiencia provincial y el Ministerio Fiscal, para asumir esta traslación competencial y esta nueva relación competencial de lo que ya existe o la creación de nuevas competencias que hasta ahora no existían, me refiero al monitorio penal. Antes decía que me parece una letanía que siempre que hablamos de la justicia hablemos de los medios, pero no podemos dejar de decir que sigue habiendo insuficiencia de medios. Es verdad que en el ámbito de la justicia gratuita hemos pasado de 8 euros a 0,80 céntimos por persona en España, respecto a justicia gratuita, pero en el ámbito general del presupuesto del Ministerio de Justicia hemos pasado de 90 a 30 euros, ha habido una reducción de 60 euros. No se crean nuevas plazas y con la realidad actual decir que hay una traslación competencial más, que hay nuevas competencias, y lo que plantea la disposición adicional única es que no haya incremento alguno de personal y medios al servicio de los juzgados de instrucción, me parece que es autocastigarse respecto a las posibilidades de futuro y satanizar a los que en la actualidad están prestando servicio, ya antes manifestaba que en todos los grupos humanos hay la misma diversidad que en cualquier otro sector profesional.
Respecto a la enmienda número 71, insistimos en que es perturbador para la posición del Ministerio Fiscal darle estas competencias si no se reforma de manera integral el proceso penal, de ahí la propuesta que hacemos en la número 71 con referencia al artículo 803 bis i) y respecto al 117.3
Con la enmienda número 73 vuelvo a insistir en la relación audiencias provinciales y tribunales superiores. Podemos buscar nombres concretos de personas, magistrados que están en las salas de lo civil y lo penal de algunos tribunales superiores de España con derecho foral. Algunos de ellos están ahora asustados, podemos utilizar otra expresión más castiza, pero están francamente asustados, porque piensen ustedes que para acceder a esas salas de lo civil y lo penal han competido con otros miembros de la carrera judicial y uno de los apartados que más se valoraba era el conocimiento del derecho foral, la experiencia en aplicación del derecho foral, las sentencias que se apoyan en el derecho foral. Esas salas de lo civil, que excepto la instrucción de aforados no hacen otra cosa, son las que están poniendo las sentencias respecto al derecho foral, y personas que llevan doce, quince, veinte años poniendo sentencias en derecho foral, esas personas que llevan todos esos años sin ver nada penal, son las que van a ver en apelación las sentencias que han puesto otras personas en la audiencia provincial con veinte o treinta años poniendo sentencias en lo criminal.
Señorías, en el ámbito del Poder Judicial ocurre lo mismo que en el ámbito de la medicina. ¿Se dejarían ustedes sacar una muela por un ginecólogo? Yo no. Pues ocurre lo mismo en este caso. ¿Saben ustedes lo que significa que una persona que hace décadas que no ve el Código Penal revise sentencias dictadas por personas que llevan haciéndolo durante veinte o treinta años? A mí me parece un error, salvo que previamente se creen y doten esas salas de lo penal. Pero, claro, para que se creen esas salas de lo penal hace falta una modificación que las dote de plazas.
En la enmienda número 74 volvemos a hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Convenio de Roma de 1950, para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, y de la aplicación de sus protocolos hasta el 14 y 15. Señorías, yo les insto a que evalúen lo que esto va a suponer desde el punto de vista del prestigio de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en materia de respeto de las decisiones de este tribunal, sobre todo en cuanto a la aplicación del artículo 3.1 de dicho convenio del año 1950. El hecho de que para un caso de la misma naturaleza e identidad la persona tenga que interponer, de nuevo, otro recurso, acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y después utilizar la sentencia para plantear el recurso de revisión, me parece negar el propio contenido del efecto erga omnes de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es verdad que ha habido experiencias dolorosas, pero no se puede, en mi opinión, perder calidad democrática de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro sistema de garantías por esa experiencia concreta. Se podría abordar de otra manera, como así se ha hecho, con una interpretación jurisprudencial. En cualquier caso, les insto a que lean la enmienda número 78 en lo que tiene que ver con la garantía de la seguridad del personal integrado en los diferentes cuerpos de instituciones penitenciarias. Se trata de tutelar las situaciones en que el funcionario de prisiones hace declaraciones como testigo y tiene que dar todos los datos de identificación cuando con poner el número de funcionario sería suficiente.
Quiero subrayar la enmienda número 80, relativa a las sentencias orales, donde proponemos que no haya necesidad de documentarlas por escrito en los supuestos en que exista acuerdo de todos y estas no se recurran, es decir, que adquieran firmeza. También quería señalar que hemos recogido gran parte, aunque no todas, de las sugerencias del Consejo General de la Abogacía, además de otras ONG de derechos humanos, incluyendo estándares del Comité contra la tortura de Naciones Unidas y de los propios relatores.
Señor presidente, me gustaría precisar algo en torno a la enmienda número 163 del Grupo Parlamentario Popular, que tiene que ver con el artículo 520.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Se trata de un acuerdo al que han llegado la Asociación de informadores y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, a nosotros nos parece más adecuado el texto vigente. Por ello, toda vez que ha sido un acuerdo entre la Asociación de informadores y el Ministerio de Justicia, pediremos votación separada de esta enmienda 163 del Grupo Parlamentario Popular —en este momento o en el momento procesal oportuno— porque nos vamos a abstener. Nosotros creemos que la incorporación de la expresión: con respeto al derecho fundamental, a la libertad de información, ni añade ni quita, pero ese es el acuerdo al que han llegado y nosotros lo respetamos. Nos alegramos de que gracias a la batalla que hemos dado con nuestras enmiendas haya sido posible este acuerdo y nos felicitamos del trabajo parlamentario. No obstante, consideramos mejor lo que propone nuestra enmienda —que mantiene el texto vigente— y por ello nos abstendremos en la votación.
Señor Represa, me apena que usted haya pedido el teléfono solo a doña María. (Risas). Me entristece, señor Represa. No es que me vaya a poner celoso por tal petición, pero yo le agradecería que, después de la conversación que usted mantenga con quien estime oportuno, tuviera la bondad de remitirnos las enmiendas transaccionales a las que lleguen para poderlas leer antes del Pleno. No obstante, si usted quiere mi número de teléfono, también se lo puedo dar —aunque supongo que tendrá mucho menos interés—; si usted me lo pide, si usted me dice ven, lo dejo todo. (Risas).
En relación con el texto de la ley orgánica, señor presidente, la enmienda 122 se refiere al agente encubierto. La expresión exacta es el agente encubierto y no el agente encubierto informático, pues puede ser informático o no. Y lo relevante no es el estudio de los algoritmos, lo importante es analizar los resultados de esos estudios de los algoritmos. Este es el motivo de la enmienda 122, que incorpora los análisis de los resultados y, en la parte final, evaluar cada uno en concreto para ver si ha habido una obtención adecuada y que el Ministerio Fiscal lo pueda utilizar a la hora de ejercer el principio acusatorio.
En la enmienda 124 se hace un análisis bastante detallado de lo que antes explicaba en relación con las intervenciones corporales. Son tres páginas cuya lectura les sugiero, pues se incorpora un añadido bastante cualificado a la hora de distinguir entre un tipo de intervenciones corporales y otras: las que son leves o graves, las que requieren anestesia y las que no, las que requieren autorización o las que requieren supervisión. Por tanto, les ruego su lectura por si consideran que pudiera mejorar el texto; con ese afán la hemos presentado.
En la enmienda número 125 proponemos agilizar la lentitud y reducir los trámites, uno de los tres objetivos del frontispicio de la exposición del propio ministro de Justicia: el primero, agilizar; el segundo, las garantías; y, el tercero, la lucha contra la corrupción.
En la enmienda 128 insistimos en que exista un control judicial de estas materias. Yo sé que en el texto inicial que mandó el Gobierno al Congreso se planteaba incluso una especie de autorización generalizada para que el ministro del Interior o el secretario de Estado pudieran autorizar escuchas telefónicas. Punto. Esa, que era la parte más impactante, generó un escándalo. Luego lo modificaron y lo fueron reduciendo. Piensen, incluso, que desde el año 1988 se argumenta que esas grabaciones se puedan hacer en supuestos de terrorismo sin autorización judicial, aunque luego haya que ponerlo en su conocimiento. En aquel entonces, la realidad de España era la que era. Ahora, en 2015, creo que el planteamiento ya no se refiere al terrorismo etarra sino, en todo caso, a otras fórmulas de terrorismo, como el yihadismo, por ejemplo, pues son otras las realidades. Se trata por tanto de un discurso distinto. Durante estos días se encuentra reunido aquí el Comité de Naciones Unidas contra el Terrorismo y es otro el discurso el que se está planteando, que no va en esta línea. Existe todavía cierto desconcierto por parte de los analistas a la hora de cómo hacerlo.
¿Qué es lo que planteamos en general respecto a este asunto? Que siempre haya un control judicial. En el año 1988, se podía autorizar la grabación sin autorización judicial y luego comunicarla al juez, pero desde 1988 hasta 2015 no tiene sentido, porque hoy en día cualquier agente de autoridad localiza al juez con un mensaje telefónico, con un wasap con un sms; cualquier sistema de comunicación es instantáneo en tiempo real. Por lo tanto, no es menester argumentar que como es difícil localizarlo hay que buscar fórmulas. Considero que da una gran seguridad a los servidores públicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha por la seguridad, que son las condiciones materiales que hacen posible el ejercicio de los derechos fundamentales, cuando hay un control judicial de cualquier tipo de decisiones.
Respecto a la enmienda 129, insisto en que lo importante no es solo interceptar, mucho más importante que interceptar es lo que viene a continuación, que es descifrar o desencriptar —hay que conocer las claves para poder hacerlo— y luego, eso que se ha desencriptado cuando se lleva para que valga como prueba, no sea alterado. De ahí la propuesta que hacemos en la enmienda número 129.
Las enmiendas 130 y 131 se han presentado en coherencia con el discurso que hacemos respecto a la necesidad de la autorización judicial para medidas restrictivas. ¿Por qué? Porque, en general, todo aquello que tiene un previo control judicial siempre ofrece más garantías. Y vuelvo a recordar que es importante que haya un control en todo aquello que signifique poder, que haya un control por una autoridad independiente, y eso quien lo garantiza son los integrantes del Poder Judicial, con todo el respeto a cualquier otro servidor público como el Ministerio Fiscal, los secretarios judiciales —que ahora se llaman letrados de Administración de Justicia—, con respeto a todo el mundo, pero el que está sometido únicamente al imperio de la ley, según el artículo 117.1 de la Constitución, es el juez, el magistrado, el magistrado del Tribunal Supremo; el resto de los servidores públicos tienen otras sumisiones —todas ellas legítimas y respetables—, pero son otras.
Señorías, doy por defendidas el resto de las enmiendas, pues es menester que así sea, no sin antes explicar la enmienda 141. ¿Por qué razón? Porque hay que incorporar la posibilidad de recuperar los archivos borrados. Insisto en esto. En ocasiones, el que participa en una banda armada, el que participa en una organización criminal, el que participa del crimen organizado, por lo que sea tiene una capacidad de reacción y borra la información. Si no se prevé exactamente la posibilidad de recuperar lo borrado, se pierde una oportunidad a la hora de luchar contra el crimen organizado. Y otra posibilidad que abordamos en esta enmienda 141 no es solo recuperar lo borrado —que no está en ningún lugar del proyecto—, sino que planteamos que, en ocasiones, dado que los sistemas informáticos, los servidores no están dentro de las fronteras del país, están en otro país, es necesario prever y contemplar esa posibilidad para que no sea un obstáculo ni una cosa ni la otra.
En relación a la enmienda 142, la idea no es solo poder recuperarlo, sino prever poder hacerlo ante cualquier avance o evolución tecnológica. Insisto mucho en eso. Les pongo un ejemplo. Desde que este proyecto se apruebe en el Senado, vaya al Congreso y luego se publique y entre en vigor, en ese lapsus de meses se han producido cambios tecnológicos profundísimos. Hay que buscar una fórmula general y omnicomprensiva que recoja todo tipo de cambios —antes he mencionado la numeración IMSI y la dirección IP—, fórmulas que van cambiando permanentemente, algunas incluso al alcance del propio crimen organizado que, créanme, no tiene ni el concepto de límites ni de garantía a la hora de hacer su trabajo.
Termino con la supresión de la disposición adicional primera. ¿Por qué lo hacemos? Porque, necesariamente, esta reducción de 90 a 30 euros por persona, o en la justicia gratuita de 8 euros a 0,80 céntimos por persona, todo esto tiene unas consecuencias, y para hacerlo posible —les pongo como ejemplo la salas de lo civil y penal de los TSJ, les puedo poner como ejemplo la planta del ministerio fiscal respecto a la traslación competencial o la creación de nuevas competencias—, en cualquier de estos casos sí hay que sacar alguna disposición respecto a la propia plantilla del ministerio fiscal, la plantilla de la carrera judicial respecto a la sala de lo civil y penal y la plantilla fiscal porque asumen una serie de tareas que antes no estaban previstas.
En la enmienda 154 se propone un apartado número 4 —es una obviedad entre nosotros—; la sugerencia no ha provenido de nosotros pero nos hemos acogido a ella, pues es la medida número 97 que está en el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en el año 2008. Este apartado 4 dice: en ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de edad. Compartimos el discurso de la reticencia, de la duda, de la suspicacia con cualquier asunto que suponga incomunicación, pero lo cierto es que existiendo esa figura —y es una expresión que ha utilizado anteriormente Jokin Bildarratz Sorron y me parece correcta— hay que regularla de tal manera que se establezcan límites como, por ejemplo, que un menor de edad nunca pueda estar en una situación de incomunicación. ¿Es una obviedad? Sí, pero añadimos este apartado 4 que añade rotundidad y una mayor claridad. Y aunque haya incomunicación ¿se tiene derecho a escoger un abogado? Sí. Es verdad que está en la Directiva 2013/48, es verdad que es de aplicación y no tenemos libertad para decidir y hay que conseguir ese objetivo, pero cuanto mejor lo podamos hacer resultará más rotundo en aras de los estándares democráticos y el orgullo de la calidad garantista de nuestro ordenamiento jurídico.
Ha habido avances en el Congreso y, como antes ha señalado el señor Saura, si a él no le duelen prendas decir que ha habido avances de cara al texto inicial, a mí tampoco, y he leído no solo el texto que salió del Gobierno al Congreso, el que ha salido del Congreso al Senado, sino también todas las intervenciones que se han realizado en ponencia, en comisión y en Pleno. Antes les he trasladado la exposición que había hecho el señor Olabarría sobre esta materia; por cierto, un magnífico jurista que cuando uno lee sus exposiciones no pierde el tiempo; hay otros casos que son obviedades, lugares comunes o lecturas de textos que están publicados, pero en este caso no se pierde el tiempo, donde explicaba los avances en ese terreno. Son avances importantes y él usa una expresión muy curiosa, habla del decalaje de la legislación antiterrorista. Yo creo que lo que hay que plantearse es que el fenómeno del antiterrorismo ya no es el que era antes, es algo distinto; supone otro tipo de instrumental, y sobre todo hay un trabajo que hacer en el ámbito de la ciberdelincuencia, como el convenio de Budapest que les mencionaba, artículos 20.3 y 21.3, que son muy relevantes en este aspecto. Alguna vez tendremos que abordar qué sucede con tanta gente joven proveniente de nuestros países a quienes les resulta muy atractivo ir a estos lugares; un abordaje que no vamos a hacer en la Comisión de Justicia pero que habrá que abordar porque forma parte de la lucha contra el terrorismo.
Señor presidente, estas son nuestras enmiendas que proponemos al Grupo Popular y al resto de los grupos porque consideramos que mejoran el texto. Si pensásemos que no lo mejoran, francamente, no habríamos empleado nuestro tiempo en argumentarlo; hay otras cosas mucho más agradables que estar hablando de estas materias en julio y en Madrid.
Para la defensa de las enmiendas 92 a 103, del Grupo Parlamentario Popular en el caso de la ley ordinaria, y las números 161 a 166, en el caso de la ley orgánica, y a su vez para hacer el turno en contra, tiene la palabra el senador Represa.
Doy por defendidas todas las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, a las que ha hecho referencia el señor presidente, pero quiero abundar en dos o tres de ellas en cada proyecto de ley.
La enmienda 93 propone dos correcciones de mejora técnica, en concreto, la reenumeración de los párrafos 5 y 6 del artículo 324.
La enmienda 95 plantea la modificación de los artículos 803 bis a), 803 bis c) y 803 bis d) para mejorar la redacción de la regulación del proceso por aceptación de decreto en cuanto a su ámbito de aplicación a todo el procedimiento, la utilización adecuada de los términos «investigado» y «encausado», y también para aclarar la naturaleza del proceso por aceptación de decreto como vía de resolución anticipada de las causas penales, aplicable tanto a delitos leves como menos graves que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación.
La enmienda número 98 al proyecto de ley ordinara se refiere a garantizar la asistencia letrada en supuestos de mayor complejidad, tanto para denunciantes ofendidos y perjudicados, como también para investigados.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado seis enmiendas al proyecto de ley orgánica. Me voy a referir concretamente a una de ellas, que creo que es de especial relevancia, la número 163, que modifica el apartado 1 del artículo 520, introduciendo un matiz significativo en orden a que los derechos de personas detenidas o presas sean compatibles con el respeto al derecho a la libertad de información. Se ha hecho alusión aquí a que se ha conseguido una regulación más clara, que se ha pactado con los sujetos interesados, en este caso con asociaciones de prensa, y que se es respetuoso con ese derecho.
Dicho esto, quiero decirle al señor Díaz Tejera que presupongo su inteligencia —no dudo de ella— y creo que ha entendido perfectamente lo que le he dicho sobre el trabajo de este verano, hasta el Pleno. En efecto, trabajaremos intensamente este verano, en el tiempo que falta hasta el Pleno, hasta el debate de esta ley, y sin duda se llegará a alguna transacción cuando sea el momento procesal oportuno. Y me alegro de que haya dicho usted que no se siente celoso, porque los celos son malos compañeros de viaje, señor Díaz Tejera.
Voy a referirme muy brevemente a las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Primero, quiero destacar que a lo mejor conviene revisar alguna vez las enmiendas que presentan los distintos grupos parlamentarios, porque, salvo que yo esté equivocado, que es posible, me he tomado la molestia de leer todas las enmiendas y sus justificaciones y he detectado —lo quiero poner de manifiesto— que hay varias del Grupo Socialista al proyecto de ley ordinaria que se repiten entre ellas, es decir, que tienen idéntico texto e idéntica justificación. Les agradecería que las revisaran. También hay otras enmiendas del Grupo Socialista al proyecto de ley orgánica que son idénticas a otras tantas de la Entesa. Y otras presentadas por la Entesa al proyecto de ley ordinaria que son idénticas a otras de Izquierda Unida. Me parece muy bien, no tengo nada que objetar, no tienen por qué no ser iguales, pero me llama la atención que se trate del mismo texto y la misma justificación. Y digo del Grupo Socialista y de la Entesa como puede ser de la Entesa y del Grupo Socialista o de Izquierda Unida. No quiero decir que hayan copiado unos a otros u otros a unos, en absoluto, sino que únicamente, repito, me llama la atención la repetición de las enmiendas.
Dicho esto, quiero poner de manifiesto que en la redacción de ambos proyectos de ley se ha utilizado una técnica legislativa adecuada; de eso no hay ningún género de dudas. Ambos proyectos de ley responden a reformas que resultan inaplazables desde todos los puntos de vista, tanto por encomiendas del Tribunal Constitucional como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la ineludible trasposición de directivas de la Unión Europea, así como por la demanda de la sociedad y la adaptación a los tiempos actuales. En los últimos ocho años han existido intentos de consenso de una nueva ley procesal penal, pero no ha sido posible; y ello no nos puede llevar al inmovilismo, a quedarnos quietos en materia de justicia penal. Por ello, el Gobierno ha hecho frente a las necesidades más inminentes de los operadores jurídicos para asegurar que la justicia penal no quede obsoleta e ineficiente mientras se busca una reforma integral.
Ya se ha dicho aquí, y lo he comentado, que los proyectos tienen tres objetivos fundamentales. En primer lugar, agilizar la justicia. Daré solo un dato: desde que se inician unas diligencias hasta la celebración del juicio se tarda de media casi dos años. Esto no puede seguir así, y de ahí uno de los fundamentos, una de las bases de los dos proyectos de ley. En segundo lugar, fortalecer las garantías procesales de las personas investigadas y fomentar la seguridad jurídica. Miren, las medidas de investigación tecnológica que se incorporan son plenamente respetuosas con los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y, a la vez, dotan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de herramientas eficaces para la persecución de nuevos modos o tipos delictivos. Y, en tercer lugar, promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, implementando mecanismos para la recuperación de los bienes producto del delito.
Las enmiendas propuestas por el senador Iglesias, del Grupo Mixto, de Izquierda Unida, las doy por rechazadas.
Con respecto a las enmiendas que ha defendido el portavoz también del Grupo Mixto, el señor Goioaga, he tomado unas notas que me van a permitir decirle que las tres enmiendas que presentan a los artículos 520 y 527 de la Ley de enjuiciamiento criminal, en cuanto a la privación de derechos, no van a ser aceptadas por el Grupo Popular porque con esta reforma España se va a poner a la vanguardia de los Estados miembros de la Unión Europea en el reconocimiento de las garantías procesales y en la ejecución de la hoja de ruta fijada en el programa de Estocolmo. Las previsiones de la reforma están perfectamente coordinadas entre sí y responden a una técnica legislativa perfectamente válida. La explicación que le he dado vale para las tres enmiendas, números 30, 31 y 32.
Y paso a hacer referencia a algunas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Señor Bildarratz, si no me equivoco, presentan cuatro enmiendas al proyecto de ley ordinaria y ocho e al proyecto de ley orgánica. En lo que se refiere a la enmienda número 17, al artículo 17 de la Ley de enjuiciamiento criminal, en dicho artículo se actualizan los criterios de conexidad y su aplicación se dota de una mayor flexibilidad sin merma alguna de la seguridad jurídica.
Con respecto a la enmienda número 18, al artículo 324, en ningún caso se establece un período de caducidad, como usted dice, y eso queda claro en el punto 8 del artículo 324.
Y la enmienda número 19 propone la supresión del Título III bis. Pues bien, el Ministerio Fiscal no tiene potestad para resolver el proceso, sino solo de ejercitar la acción pública. La propuesta de condena la hace el fiscal, y siempre bajo el control del órgano jurisdiccional, del juez correspondiente.
Y paso a hacer algunos comentarios sobre las enmiendas al proyecto de ley orgánica. Creemos que la detención incomunicada está mejor regulada en el proyecto y lo fundamental es que no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la práctica de las diligencias tendentes a solventar los peligros que vienen especificados concretamente en el artículo 509.1 del proyecto de ley.
Y la enmienda número 36, al artículo 579, se va a rechazar porque la reforma cumple con los límites constitucionales previstos en el artículo 18 en relación con el artículo 55.2 de la Constitución, como he dicho.
Las enmiendas de la Entesa se van a rechazar. El portavoz de la Entesa las ha dado por defendidas y yo, como portavoz del Grupo Popular, las doy por rechazadas.
Señora Rieradevall, su grupo parlamentario presenta diez enmiendas a la ley ordinaria y veintidós a la ley orgánica. Bien, tengo que decirle que muchas de las enmiendas que plantean afectan a artículos y materias que no son objeto de reforma de estos proyectos de ley, y otras respecto de las que entendemos que el texto propuesto en los proyectos de ley es más adecuado y correcto.
Hay enmiendas presentadas a la ley orgánica que hacen referencia a la asistencia letrada, que creemos que está suficientemente bien regulada en el proyecto, sin perjuicio, como ha dicho usted —y hemos hablado de ello en ponencia—, de que sin lugar a dudas lleguemos a acuerdos transaccionales porque así es nuestra voluntad y el Grupo Parlamentario Popular siempre está abierto a cualquier transacción, e incluso hay enmiendas que coinciden casi literalmente con las propuestas por nosotros.
Las enmiendas números 117, 118 y 119, que se refieren a los artículos 588 ter d), 588 quinquies b) y 588 sexies c), se van a rechazar en un principio, porque, como he dicho antes, en el proyecto de ley se cumplen los límites constitucionales del artículo 18 en relación con el artículo 55.2. Ello, insisto, sin perjuicio de las transacciones a las que indudablemente llegaremos.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, también en su caso hay unas cuantas que afectan a artículos y materias que no están regulados en la reforma. Me refiero concretamente a las enmiendas 77 a 80, a las que se ha referido su portavoz. Y hay otras tres que, como ya comentado anteriormente, están duplicadas. En relación con las reglas de conexidad, el tratamiento que se propone para los atestados sin autor conocido y los plazos de instrucción —ya me he referido a todo ello y no quería incidir más en este asunto—, pensamos que el texto propuesto en el proyecto de ley es correcto y cumple las exigencias de técnica legislativa.
Y por lo que respecta a los atestados sin autor conocido, además de lo que le he dicho antes, en el turno en contra de los vetos, esta medida tiene dos límites. Por un lado, los atestados sin autor conocido siempre se remitirán por parte de la Policía cuando afecten a la vida, integridad física o libertad e indemnidad sexual y los delitos relacionados con la corrupción —esto último, por cierto, transaccionado con ustedes en el Congreso de los Diputados—. Y, por otro, toda persona puede denunciar los hechos del atestado que no se remitan al juzgado o la Fiscalía; puede denunciar los hechos en el juzgado o en la Fiscalía y se le informará de ese derecho en las dependencias policiales. Esto es algo que también ha sido transaccionado en el Congreso con el Grupo Parlamentario Socialista.
Con relación al recurso extraordinario de revisión, me referiré a todas las enmiendas en su conjunto. Por cierto, tomo nota y, utilizando esa frase que a usted le gusta utilizar, acuso recibo de todas ellas. Créame que las he estudiado, como le he dicho, y tendrán la respuesta oportuna. En relación con el recurso extraordinario de revisión, en nuestro derecho no existe una regulación para la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que declara que una sentencia condenatoria española se dictó con vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se lleva al texto legal el acuerdo del Tribunal Supremo ante la ausencia de regulación y con motivo de la controvertida ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se anulaba la doctrina Parot.
Por lo que se refiere a la ley orgánica —y hablo también del conjunto de las enmiendas presentadas—, como ya he dicho antes, España va a ser pionera en la trasposición de la Directiva 2013/48 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el derecho a la asistencia letrada en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares. Y se va a poner a la vanguardia de los Estados miembros de la Unión Europea en el reconocimiento de las garantías procesales y en la ejecución de la hoja de ruta fijada en el programa de Estocolmo.
Las previsiones de reforma del artículo 118, sobre los derechos del investigado, el artículo 520, al que usted también ha hecho referencia, sobre los derechos del detenido, y los artículos 509 y 527, sobre la prisión incomunicada, están perfectamente coordinadas entre sí y responden a una técnica legislativa ajustada y perfectamente válida, por lo que no cabe hablar en ningún caso de improvisación ni, por supuesto, de inseguridad jurídica.
Me remito ya a lo que he comentado anteriormente sobre el estatuto jurídico del investigado.
Y voy a hacer una brevísima alusión a las tomas de muestras de ADN. Al final se ha considerado que el letrado deba informar a su cliente sobre su derecho a acceder o no a dar esas muestras y, en caso negativo, si el juez lo considera —lo subrayo: lo considera— adecuado y proporcional, se pueda extraer la muestra empleando la menor fuerza imprescindible, como textualmente dice el proyecto de ley.
Concluyo diciendo que en principio se van a rechazar las enmiendas, sin perjuicio —lo vuelvo a repetir— de que de hoy al día del Pleno podamos acercar posturas, algo a lo que el Partido Popular siempre va a estar abierto, dispuesto, por muchos motivos, y también porque hay enmiendas de distintos grupos parlamentarios muy similares a otras del Grupo Popular. Por tanto, no tengo la menor duda de que llegaremos a un acuerdo.
Señorías, antes de votar los textos de los informes de la ponencia, hay un turno más, de portavoces.
Por tanto, en primer lugar, tiene la palabra el senador Goioaga.
El señor GOIOAGA LLANO: Gracias, señor presidente. No tengo más que añadir.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Jokin Bildarratz.
Tal como he comentado al inicio del debate de los dos proyectos de ley, nosotros nos abstendremos con la esperanza de que, como ha dicho el senador Represa, de aquí a que se sustancien en el Pleno podamos llegar a acuerdos sobre temas que nos preocupan muchísimo.
El señor Saura no va a hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra doña María Rieradevall.
Primero quiero plantear una cuestión de orden, y es que, dado que vamos a votar el informe de la ponencia, me gustaría saber si en él quedan incorporadas las observaciones que ha realizado el letrado.
El señor PRESIDENTE: Me dice el señor letrado que no, que son erratas técnicas.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Si se consideran erratas, quisiera hacer una puntualización: he detectado un pequeño error en el artículo 588 bis), y es que donde pone «e», en el epígrafe Secreto, sería «d».
El señor PRESIDENTE: Tomamos nota. Muchas gracias, señoría.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Asimismo, quiero puntualizar que ha sido esta senadora quien ha pedido el intercambio de teléfonos al senador Represa (Risas), que muy amablemente ha accedido a ello, siempre para intentar llegar a acuerdos, como es mi costumbre.
Por otra parte, no estoy de acuerdo con el criterio de que no se vayan a aceptar algunas de nuestras enmiendas porque se considera que su contenido no es objeto de estos proyectos de ley, máxime cuando todos estamos acostumbrados a que el Grupo Popular introduzca enmiendas que a veces nada tienen que ver con la materia que se está tratando en uno u otro proyecto. Pero espero que podamos llegar a acuerdos y transacciones y que podamos seguir trabajando en las próximas semanas de cara al Pleno.
Nosotros entendemos que se tienen que introducir más garantías en estos dos proyectos de ley, y en el trámite del Senado tenemos la oportunidad de hacerlo. Recordemos las alusiones al papel de esta Cámara que en la comisión celebrada ayer hicieron varios ponentes: Cámara de enfriamiento. Si bien en los últimos tiempos las prisas no dan mucho tiempo a variación de temperatura alguna, esperamos la buena predisposición de los grupos para encontrar la manera de acercar posturas con el fin de introducir las mejoras que la ciudadanía exige y merece. Debemos ser conscientes de que las mayorías absolutas pasan y los proyectos de ley y las leyes se quedan. Por tanto, legislar a toda prisa y sin buscar consensos sería un craso error.
Señor presidente, anuncio que nos vamos a abstener en los dos proyectos de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rideradevall.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el senador Díaz Tejera.
En primer lugar, señor Represa, ahora sí que estoy realmente celoso, porque tenía la esperanza de que si usted pedía el número de teléfono a algún o alguna portavoz era porque tenía voluntad de acordar algo, pero parece que la que tiene voluntad de aportar algo es la señora portavoz de Convergència espero haberlo dicho bien y no haberme equivocado en la expresión utilizada; es que tengo la duda de si es Unió o Convergència (Risas.— La señora Rieradevall Tarrés: Es de Convergéncia i d?Unió). De acuerdo, de Convergència i d’Unió. Yo aprendo permanentemente de todo el mundo. Espero, pues, que coja usted los teléfonos de todos los portavoces para ver lo que se puede acordar de aquí a allá.
Segundo. Dice usted que algunas de las cincuenta y una enmiendas que hemos presentado están repetidas. Nos lo dice, y se lo agradecemos. Yo he hecho un esfuerzo por explicar en mi turno todas las que he podido antes de promover que me linchasen por una intervención excesivamente extensa. Pero de un total de cincuenta y una enmiendas solo me ha respondido a las enmiendas 77 a 80. Por ejemplo, le pregunto con toda claridad —y me gustaría que me respondiera— si tiene usted algún tipo de inconveniente en que en todas las comisarías de policía, en todas las comandancias o en todos los centros de las fuerzas y cuerpos de seguridad —y punto, del Estado o no— haya cámaras de vídeo. A mí me parece que es una gran conquista. El señor Saura ha hablado de su experiencia como consejero de Interior antes y después de que estuvieran las cámaras de video, y es una garantía para todos, no solo para los que entran como detenidos, sino para los propios servidores públicos para no ser objeto de denuncias falsas. Me parece que se puede decir con claridad sí o no. E incluso puedo entender una respuesta al estilo de que la música gusta, pero es una cuestión presupuestaria. He puesto antes el ejemplo de que algunos aparcamientos o supermercados tienen esas cámaras, y no sé por qué en el ámbito de la Administración pública no se puede plantear eso con toda claridad.
Por otro lado, el argumento de que alguna enmienda ha sido transaccionada —perdonen el palabro— en el Congreso no impide que aquí sigamos mejorando, porque creo que un parlamentario debe ser un obsesivo por la excelencia. Es decir, cuanto más podamos mejorar, mejor. Hay alguna falta, como dije en ponencia. Por ejemplo, cuando se pone una cifra, seguida de la letra o y de otra cifra, esa o va acentuada. Y, fíjense ustedes, viene del Congreso pero no lleva el acento. ¿Creen ustedes que podremos ponerle el acento a esa o? Ayer lo dije en la Comisión de Justicia: nadie se ha caído en la marmita de la seguridad y la divinidad y se nos cierra toda posibilidad de mejora. Tanto en el Congreso como en el Senado hay parlamentarios que estudian y trabajan las cosas y otros que no lo hacen. Yo sigo todos los debates del Congreso, y les aseguro que hay intervenciones muy buenas y otras que no lo son tanto. Luego si aquí tenemos la posibilidad de mejorar las cosas, es nuestra legitimación de ejercicio seguir mejorándolas.
He tenido que preguntar qué quiere decir dirección IP y qué quiere decir numeración IMSI o numeración IMEI.
¿Por qué? Porque no lo sabía. Le invito a que se informe acerca de esto, en el supuesto de que no lo sepa, en la propuesta que hacemos en torno a los borrados. Y es que cuando hablamos de crimen organizado hablamos de gente con una capacidad tecnológica tremenda, que hace borrados de información en sus ordenadores o en el acceso remoto a los sistemas de almacenamiento, y es importante que se diga que al borrado también pueda acceder el servidor público que está investigando un hecho delictivo. Son instrumentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad —y punto, porque no son solo del Estado, son todas las que hay en el conjunto de los pueblos de España—. Por tanto, no por haber sido una enmienda transaccionada en el Congreso se nos cierra la posibilidad de mejorar lo que sea susceptible de mejora. Si hay algún texto imposible de mejorar, lo acepto, pero repito que es importante plantear aquello que sea susceptible de mejora.
Usted ha planteado que no había un sistema para la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y mi pregunta es, en estos treinta y siete años, señor, ¿se han ejecutado las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Sí o no? La respuesta es sí, se han ejecutado. Y a veces incluso con un comportamiento ejemplar, y he de decirlo aquí, de alguien que ya no es ministro de Justicia de este Gobierno —el anterior—, dando instrucciones y órdenes para su ejecución. Yo no me he caracterizado por hacer la pelota al señor Gallardón durante su tiempo de ministro. Nunca le hice la pelota; le preguntaba, le intervenía, pero repito que nunca le hice la pelota. Pero sí hay que decir que el Gobierno, a través del ministro Gallardón, dio instrucciones de aplicación inmediata y respeto escrupuloso a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que decirlo. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Es la realidad de la vida pública de nuestro país.
¿Qué incorpora esta técnica, señor? Hasta ahora no había un sistema para eludir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso es lo que se incorpora ahora: un sistema para eludirlo. ¿Cómo? Impidiendo el efecto erga omnes, es decir, obligatoriedad para todos los ámbitos públicos y privados de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y obligando a todos los que están en una situación semejante a quien promovió, a la demandante o el demandante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a que de nuevo inicie el pleito ante dicho tribunal, viviendo el riesgo de que dicho tribunal diga: Esto ya se ha juzgado. Lleve la copia de esa sentencia a quien sea menester para que se le respete. Por tanto, no plantee eso de: vamos a estar a la vanguardia de..., porque en materia de respeto a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no me parece que vayamos a estar en la vanguardia, sino más bien en la retaguardia.
En cualquier caso, espero que podamos evaluar algunas de las cincuenta y una enmiendas, aparte de las números 77 a 80, y no me refiero al trajín que se ha planteado en relación con los imputados de lujo, el acceso mediático, etcétera. Ya he dicho que, en relación con su enmienda 163, nos vamos a abstener, porque si ese es el acuerdo a que ha llegado el Ministerio de Justicia con las asociaciones de informadores, nosotros lo aceptamos. Nos parece que no es mejor que el vigente texto del artículo 520.1, que es mucho mejor, y que la incorporación de la expresión «respetando el derecho fundamental a la información» no añade nada, porque todos los servidores públicos siempre tienen que respetar los derechos fundamentales, se diga o no se diga en esa coletilla.
En cualquier caso, aparte de las enmiendas 77 a 80, me gustaría que si tiene a bien nos respondiera en este turno. Por ejemplo, propuse añadir un párrafo respecto de que la prisión incomunicada jamás se haga a los menores, que me parece que es algo obvio. Y me gustaría escucharle decir: Pues sí, nos parece razonable, es algo obvio. Otra cosa es que no pueda adoptar la decisión de asumirla porque forma parte de la dinámica del trabajo parlamentario, y eso, por supuestísimo, hay que respetarlo.
Nada más, presidente, y gracias por su generosidad a la hora de respetar el uso de la liberta de expresión en esta comisión.
Para finalizar, tiene la palabra el senador Represa.
El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a ser brevísimo, a ocupar muy poco tiempo. Quiero decir al señor Díaz Tejera que ya le he advertido antes que es posible que yo me equivoque en cuanto al recuento o la comparación de enmiendas que ustedes han presentado. Pero tengo anotadas tres —le ruego que tome nota o lo vea después en el Diario de Sesiones— que son idénticas. La número 88 es idéntica a la número 84; la 89 es idéntica a la 85; y la 90 es idéntica a la 86, con la salvedad, como digo, de que pueda haberme equivocado al compararlas. (El señor Díaz Tejera: Gracias).
Y hay otras que también son idénticas a las presentadas por otros grupos, pero ahora no viene al caso, no voy a entrar en más debates.
Dice usted que me informe de lo que es la IP de un ordenador y demás. Hace años tuve la oportunidad de intervenir en algún procedimiento penal, evidentemente, en el que un juez de instrucción me denegó practicar unas diligencias y, a través de un recurso de reforma y subsidiario de apelación, la Audiencia Provincial correspondiente obligó al juez a investigar, que le decía que para eso estaba la policía judicial. Es decir, no es que sea un experto en nuevas tecnologías pero, por cuestiones profesionales, hay conceptos que, si no llego a dominar, desde luego sí conozco.
Concluyo diciéndole que no podemos frivolizar con lo del cambio o no de teléfonos. He hecho una mera alusión a que habíamos intercambiado los teléfonos solo con el afán de trabajar durante este verano, porque el Pleno en el que se va a debatir esta ley se celebrará la primera semana de septiembre. Ese ha sido mi único interés. No conviene frivolizar con estas cuestiones; desde luego, yo no lo he dicho con ánimo de frivolizar.
Vamos a seguir abiertos a toda posibilidad de acuerdos de aquí al Pleno y tenga la absoluta certeza de que cualquier posibilidad de transacción le será comunicada oportunamente, insisto, de aquí a que se celebre el Pleno.
Por mi parte, nada más, señor presidente. Muchas gracias.
En primer lugar, vamos a votar el texto propuesto por la ponencia del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 8; abstenciones, 2.
Por lo tanto, señorías, corresponde ahora, una vez que ha sido votado y aprobado el texto de la ponencia, que la comisión designe al miembro encargado de llevar a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (El señor Díaz Tejera pide la palabra).
Sí, señor Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Como le consta, señor presidente, en estos doce años, a excepción de la última vez, por razones que ya le expliqué a usted en público y en privado, el Grupo Socialista propone que sea usted quien lo haga.
Señor Altava.
El señor ALTAVA LAVALL: El Grupo Parlamentario Popular también propone al señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se hará. Muy amables.
En segundo lugar, para finalizar, una vez que se ha sustanciado el debate, vamos a votar el texto propuesto por la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, y con ello dictaminado por la Comisión de Justicia este proyecto de ley orgánica.
Igualmente, procede designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen en el Pleno del Senado.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, decimos lo mismo que en la última intervención.
El señor ALTAVA LAVALL: El Grupo Parlamentario Popular propone al señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías. Así se hará.

References: artículo 120
 artículo 120
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 103
 artículo 117
 artículo 191
 artículo 1280
 artículo 1280
 artículo 14
 artículo 117
 resolución 
 artículo 527
 artículo 509
e contrario
 artículo 527
 artículo 527
 resolución 
 artículo 527
 artículo 55
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 55
 artículo 17
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 17
 artículo 55
 artículo 18
 resolución 
 artículo 803
 artículo 300
 artículo 117
 artículo 24
 artículo 579
 resolución 
 artículo 17
 artículo 55
 artículo 17
 artículo 79
 artículo 588
 artículo 95
 artículo 963
 artículo 324
 artículo 803
 artículo 3
 artículo 520
 artículo 117
 artículo 324
 resolución 
 artículo 520
 artículo 17
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 509
 artículo 579
 artículo 18
 artículo 55
 artículo 18
 artículo 55
 artículo 118
 artículo 520
 artículo 588
 artículo 520