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LA DOCTRINA PAROT | NOTICIAS VASCO GÓMEZ ABOGADOS
Posted by blogabogado On octubre 21, 2013 2 Comments
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho pública esta mañana su resolución relativa a la conocida como “Doctrina Parot“, una decisión del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006 en virtud de la cual los presos condenados conforme al Código Penal de 1973 dejaban de disfrutar de los permisos penitenciarios del antiguo artículo 78 del citado texto normativo (el cómputo de los mismos se realizaba conforme a la pena máxima que podía cumplirse en España -30 años-). Desde ese momento, la redención de un día de pena por cada dos de trabajo o de estudio, pasaría a disfrutarse con relación al total de la condena impuesta, y no sólo a los 30 años que pueden cumplirse como máximo. El Tribunal Constitucional consideró dicha doctrina conforme con nuestra Carta Magna en marzo de 2012.
Contra dicha resolución se ha presentado recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (creado en 1959 en Estrasburgo por los Estados miembros del Consejo de Europa, conoce de la vulneración de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950), el cual ha dictado la siguiente sentencia: (se adjunta nota de prensa)
“La Gran Sala del Tribunal dicta sentencia en el caso Del Río Prada
En su Sentencia definitiva de Gran Sala, dictada hoy en el caso Del Río Prada c. España (demanda nº 42750/09), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla, por quince votos contra dos, que ha habido vulneración del artículo 7 (no hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos; por unanimidad, que desde el 3 de julio de 2008, la privación de libertad de la demandante no es regular y vulnera el artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad); y por dieciséis votos contra uno, que corresponde al Estado demandado garantizar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible.
El caso versa sobre el aplazamiento de la fecha de puesta en libertad definitiva de una persona condenada por terrorismo en virtud de la aplicación de una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo – conocida como « doctrina Parot » – adoptada tras su condena.
La demandante, Inés del Río Prada, de nacionalidad española y nacida en el año 1958, se encuentra actualmente encarcelada en un centro penitenciario de la Comunidad Autónoma de Galicia (España).
Entre diciembre de 1988 y mayo de 2000, como consecuencia de ocho procedimientos penales distintos, fue condenada a numerosas penas privativas de libertad, por la comisión entre 1982 y 1987 de infracciones relacionadas con atentados terroristas. La duración total de las penas alcanzaba más de 3000 años de prisión.
Sin embargo, según el artículo 70.2 del Código Penal de 1973, vigente en el momento de la comisión de los hechos, el máximo de cumplimiento de la condena del culpable no podía exceder de 30 años.
Esta regla se aplicaba igualmente a las penas que se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos delictivos, como en el caso de la Sra. Del Río Prada, por su conexión jurídica y cronológica, pudieran haberse enjuiciado en uno solo. En noviembre de 2000, la Audiencia Nacional, mediante una decisión de acumulación de penas, redujo de 3000 a 30 años de prisión la condena de la interesada.
Tras la adopción de varias decisiones por parte de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria entre los años 1993 y 2004, le fue concedida a la Sra. Del Río Prada, de conformidad con el artículo 100 del Código Penal de 1973, una redención de nueve años por el trabajo realizado en prisión. En abril de 1 Las sentencias de Gran Sala son definitivas (artículo 44 del Convenio). Todas las sentencias definitivas son transmitidas al Comité de Ministros del Consejo de Europa que se encarga de supervisar su ejecución. Para más información sobre el procedimiento de ejecución, consultar la página web: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2008, tras aplicar dicha redención de penas al máximo de 30 años, el centro penitenciario de Murcia (España), donde la Sra. Del Río Prada estaba encarcelada en ese momento, propuso a la Audiencia Nacional su puesta en libertad el 2 julio de 2008.
Quejas, procedimiento y composición del Tribunal Invocando el artículo 7 (No hay pena sin Ley), la Sra. Del Río Prada, alegaba que la aplicación, según su punto de vista retroactiva, del cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo concerniente a la redención de penas, había prorrogado su detención hasta nueve años. En virtud del artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad), la demandante alegaba también que su mantenimiento en prisión vulnera las exigencias de « regularidad » y del respeto de las « vías legales ».
La demanda fue presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 3 de agosto de 2009.
En su sentencia de 10 de julio de 2012, el Tribunal consideró que se habían vulnerado los artículos 7 y 5 § 1 del Convenio. El 4 de octubre de 2012, el Gobierno solicitó la remisión del asunto ante la Gran Sala del Tribunal según lo dispuesto en el artículo 43 del Convenio (remisión ante la Gran Sala). El 22 de octubre de 2012, el colegio de la Gran Sala aceptó la solicitud de remisión. Se celebró una vista el 20 de marzo de 2013.
A pesar de la ambigüedad de estas disposiciones, antes de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006 que instauró la « doctrina Parot », cuando se condenaba a una persona a varias penas de prisión y éstas se acumulaban, las autoridades penitenciarias y judiciales españolas habían seguido la práctica constante de aplicar las redenciones de pena sobre el límite máximo de 30 años, y no sobre cada una de las « penas » pronunciadas en las distintas sentencias de condena separadamente. Por otra parte, en su sentencia de marzo de 1994, el propio Tribunal Supremo había seguido esta interpretación.
El Tribunal subraya a título preliminar que la distinción efectuada al examinar el artículo 7 entre la « pena » y las « modalidades de ejecución » de ésta no es determinante en el contexto del artículo 5 § 1. En efecto, como la duración efectiva de la privación de libertad de un condenado depende en parte de su aplicación, las medidas relativas a « la ejecución » de la pena pueden incidir en el derecho a la libertad garantizado por el artículo 5 § 1. Por tanto, si el artículo 7 se aplica a la « pena » tal como se impuso por el juez que pronunció la condena, el artículo 5 se aplica a la privación de libertad resultante.
A la luz de las consideraciones que le han llevado a concluir que se ha vulnerado el artículo 7, el Tribunal entiende que la Sra. Del Río Prada no podía razonablemente prever que las modalidades de imputación de las redenciones de pena por el trabajo serían objeto de una modificación jurisprudencial efectuada por el Tribunal Supremo en febrero de 2006, y que tal modificación jurisprudencial le sería aplicada. La aplicación de la « doctrina Parot » a la situación de la Sra. Del Río Prada ha supuesto que su fecha de puesta en libertad se aplazara casi nueve años. La demandante ha cumplido pues una pena de prisión de una duración superior a la que se le habría debido imponer en virtud del sistema jurídico español en vigor en el momento de la condena, teniendo en cuenta las redenciones de pena que se le habían concedido conforme a la ley.
El Tribunal concluye, por diez votos contra siete, que España debe abonar a la Sra. Del Río Prada, en un plazo de tres meses, 30 000 euros (EUR) por daño moral. El Tribunal concluye igualmente, por unanimidad, que España debe abonar 1500 EUR a la Sra. Del Río Prada por gastos y honorarios”.
La “Doctrina Parot” contravenía las más esenciales normas del Estado de Derecho y del Derecho Penal internacional; de ahí la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no sólo afecta a la recurrente y no al resto de afectados, quienes deberán solicitar la revisión de su situación penitenciaria uno a uno.
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References: resolución 
 artículo 78
 resolución 
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 70
 artículo 100
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 43
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 7
 resolución