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Timestamp: 2020-08-09 02:55:02+00:00

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DOCTRINA DEL TS: La administración deberá indemnizar al policía cuando sufra daños y el autor se declare insolvente. - NETPOL
29 julio, 2020	0	Por Erick Nos
Don Magallanes es un agente de los Mossos d´Esquadra, cuerpo de la policía de la Generalitat de Cataluña que sufrió daños a su persona en acto de servicio por dos menores que fueron declarados insolventes. Ante la imposibilidad de satisfacer la responsabilidad civil derivada de la condena, el actor reclamó esa cantidad a la Administración Pública autonómica, en virtud del principio de indemnidad del funcionario que actúa en el ejercicio de su cargo al amparo del artículo 180 del Decreto 2038/1975, de 17 de julio normativa que hoy día se encuentra derogada.
Al no obtener ninguna respuesta a su petición don Magallanes interpuso demanda contra la desestimación presunta ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. A petición Magallanes se amplió el recurso posteriormente a una resolución expresa y tardía del departamento de Interior en la que se concluye que el Decreto 2038/1975, de 17 de julio no puede ser de aplicación a la Generalitat ni al Cuerpo de los mozos de escuadra e inadmite la reclamación.
El recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo finalizó por sentencia estimatoria dictada reconociendo el derecho de don Magallanes a que por el Departament d´Interior le abone la cantidad de 180 euros, en los términos y con los intereses en que lo solicitó y condenando al Departament d´Interior al pago de las costas
El Juzgado considero que, ante la desestimación presunta, el silencio es de carácter positivo, de conformidad con el artículo 43 de la ley 30/1992, de 20 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común
La Abogada de la Generalitat de Cataluña presentó escrito de preparación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, razonando que la sentencia dictada por el Juzgado habría realizado una interpretación y aplicación errónea de la Ley 30/1992 (LRJPAC)
Por auto de 6 de febrero de 2018 el Juzgado tuvo por preparado el recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante el Tribunal Supremo.
Tribunal Supremo, dictó Auto de admisión el 10 de octubre de 2019. Entendió que, antes de examinar la interpretación del artículo 43 de la LRJPAC que realiza la sentencia, es necesario determinar, en forma previa, si un agente de la policía tiene derecho a percibir una indemnización por daños recibidos en el ejercicio de su función policial y en acto de servicio de la Administración, o si bien debe limitarse a los términos ordinarios de la reclamación de responsabilidad patrimonial de los artículos 32 y siguientes de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En cuanto a los aspectos sustantivos, también se dice que interesa que el Tribunal Supremo resuelva esta cuestión ya se trate de Mossos d´Esquadra, que es el caso, o de los policías pertenecientes a otras administraciones, autonómicas o no.
Sobre la primera cuestión, la de determinar si la indemnización a los mozos de escuadra por lesiones sufridas en acto de servicio que, en este caso concreto, siguieron una vía penal es un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración o se debe subsumir en un principio general de resarcimiento o indemnidad del funcionario, a encuadrar en la materia de función pública
Resolvieron que esta cuestión en el sentido de que se trata de una materia propia de la función pública como es un principio casi centenario en nuestro ordenamiento jurídico el de que los perjuicios sufridos por guardias civiles o por agentes de policía que sufren lesiones o daños en acto de servicio como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia propia, las funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio de su cargo.
Esos daños no se configuran como lesiones, en el sentido técnico jurídico propio de la responsabilidad extracontractual de la Administración. En contra de lo que sostiene la Administración recurrente, tales perjuicios no son imputables a una administración pública porque la causa de la lesión o daño que sufre el agente no ha sido una actuación normal o anormal de un servicio público imputable a la actuación administrativa, ni ha sido ésta la que produce una lesión resarcible que el perjudicado no tenga la obligación de soportar.
Los empleados públicos se encuentran en una situación estatutaria y se vinculan a la Administración como consecuencia de una relación de servicio. Las disposiciones legales y reglamentarias que la rigen –que no se aproximan desde luego al ámbito de lo extracontractual– han determinado tradicionalmente, y previsto en forma expresa, que los daños y perjuicios que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad sufran en el ejercicio de la función pública, sin mediar ningún tipo de dolo o negligencia, deben ser resarcidos por la propia Administración en virtud del principio de resarcimiento o de indemnidad, que resulta ajeno a la responsabilidad patrimonial. Las normas que han previsto en forma expresa este principio se han producido, como es lógico, en relación con los agentes públicos de cualquier clase que ejercen en forma legítima la fuerza coactiva del Estado de Derecho. Es claro, por las razones que vamos a expresar, que en caso de ausencia de una regulación legal expresa debe entrar en vigor la aplicabilidad supletoria de las normas que lo admiten en otros casos en los que existe identidad de razón.
La sentencia recurrida ha considerado aplicable a este caso el Reglamento orgánico de la policía gubernativa aprobado por el Decreto 2038/1975, de 17 de julio, hoy derogado. Sus artículos 179 y 180 establecían la obligación de la administración de resarcir económicamente, en el sentido que se acaba de expresar, al funcionario que sufra lesiones en acto o con ocasión del servicio siempre que no medie por su parte dolo, negligencia o impericia.
Ha considerado el Juzgado que la carencia de una previsión específica en el ordenamiento autonómico catalán del principio de indemnidad para los mozos de escuadra, como cuerpo de policía de la Generalitat, era una laguna jurídica que debía quedar suplida con la aplicación supletoria del citado Decreto 2038/1975, en virtud del artículo 149.3 de la Constitución, que establece que el derecho estatal es, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. Esta doctrina es ajustada a Derecho como demuestra en forma inequívoca la sentencia 3/2018, de 28 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recaída en la casación autonómica 22/2017. Dicha sentencia sienta la doctrina de que el principio de indemnidad que contempla la regulación estatal de la policía nacional se aplica supletoriamente en Cataluña (ex articulo 149.3 CE) y que el régimen de la ley orgánica 9/2015, de 28 de julio de régimen de personal de la policía nacional es aplicable en dicha Comunidad Autónoma en virtud de lo que dispone el artículo 17 de la Ley autonómica 10/1994, de 11 de julio, de la policía de la Generalidad «mossos d’esquadra».
Tampoco pueden acogerse los extensos alegatos que defienden la inaplicabilidad al derecho autonómico del principio de indemnidad y la improcedencia de su aplicación en forma supletoria. El derecho de los funcionarios o de sus herederos al resarcimiento por las lesiones y perjuicios sufridos en acto de servicio se encontraba ya en el Real Decreto de 6 de septiembre de 1882 y se regula hoy para los guardias civiles en el Real Decreto 485/1980, de 22 de febrero.
El principio de resarcimiento que se ha enunciado también está presente y no es totalmente ajeno, como se defiende, al fundamento dogmático de las indemnizaciones por razón del servicio de los artículos 14 d) y 28 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Todo ello sin olvidar que, en última instancia, el principio general de resarcimiento o indemnidad es un principio inherente al sentido instrumental de toda Administración. En la medida en que quienes la sirven no actúan en interés propio sino en el público -en el de todos- si sufren daño o perjuicio en el servicio, sin mediar culpa o negligencia, se les debe resarcir directamente por la propia Administración en cuyo nombre actúan. Por eso, venga o no expresado en preceptos concretos, hay que recordar que el artículo 1729 del Código civil establece la obligación de que el mandante indemnice al mandatario todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario.
Lo expuesto sirve para confirmar la doctrina de la sentencia recurrida que es conforme a Derecho. No procede entrar a examinar para ello el régimen de silencio positivo, que también denuncia la Generalitat en su recurso de casación. El silencio positivo no constituyó la razón única de decidir de la sentencia.Rechazando así íntegramente el recurso de casación de la Generalitat de Cataluña.
SE FIJA LA SIGUIENTE DOCTRINA
Las lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de policía como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia por su parte, las funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, principio general que rige para los empleados públicos.
Los artículos 14 y 79 de la Ley orgánica 9/2015, de 15 de julio, de régimen de personal de la policía nacional, contienen una normativa equiparable a los artículos 179 y 180 del Decreto 2038/1975, que derogan. El régimen de la Ley orgánica 9/2015 es aplicable supletoriamente a los mozos de escuadra, aunque la Ley autonómica 10/1994, de 11 de julio, de la policía de la Generalidad «mossos d’esquadra» contempla hoy el principio de indemnidad en el ordenamiento catalán.
Las indemnizaciones por razón del servicio de los artículos 14 d) y 28 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público son las que resultan del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Sentencia núm. 956/2020
Etiquetasdaños indemnizacion insolvente Lesiones mossos policia

References: artículo 180
 resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 149
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1729
 Real Decreto 
 Real Decreto