Source: https://tengoderechogt.wordpress.com/2018/07/
Timestamp: 2018-12-13 16:07:34+00:00

Document:
julio 2018 – tengoderechogt
Certificación de lo conducente (penal) contra el Ministerio de la Defensa
Les comparto esta sentencia de la CC en donde sí se certifica lo conducente a lo penal sin que sea reinstalación.
Por si aún tienen dudas sobre lo correcto de certificar lo conducente en cualquier caso de delitos y en usar los antecedentes del Sistema Interamericano de Justicia, por favor vean esta sentencia:
Denuncian Penalmente en contra del Ministerio de la Defensa. Todo empezó en el contexto de un juicio laboral. El fundamento es el Sistema Interamericano de Justicia.
Quien realiza la denuncia penal es la propia Corte de Constitucionalidad.
¿Por qué no certificar en los demás casos?
consulnej@gmail.com
TRANSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA
República de Guatemala, C. A.
EXPEDIENTE 1494-2016
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, seis de febrero de dos mil diecisiete.
En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la acción constitucional de amparo promovida por el Estado de Guatemala, quien delegó su representación en la abogada de la Procuraduría General de la Nación, María Luisa Durán Marín, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El postulante actuó con el auxilio de la abogada mencionada. Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal III, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, quien expresa el parecer de este Tribunal.
A) Interposición y autoridad: presentado el veinte de febrero de dos mil quince, en la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. B) Acto reclamado: sentencia de diez de noviembre de dos mil catorce, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la de dieciocho de diciembre de dos mil trece, emitida por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, que declaró con lugar el juicio ordinario laboral promovido por Eliseo Cortéz Monzón contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora Ministerio de la Defensa Nacional y como consecuencia, le ordenó otorgarle al demandante pensión por invalidez. C) Violaciones que se denuncian: al derecho de defensa y a los principios jurídicos de legalidad y al debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) en el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Eliseo Cortéz Monzón promovió juicio ordinario laboral en su contra y del Ministerio de la Defensa Nacional, como entidad nominadora, reclamando pensión por invalidez conforme al Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados del Estado en Orden Militar, debido a que fue dado de baja por “tener lesiones en la columna, trauma cerrado de abdomen y trastorno adaptativo no especificado”, lo que le provocaba constantemente dolor en la cintura y piernas, padecimientos que fueron consecuencia de haber participado, en su calidad de “Soldado de Segunda Clase”, en el curso “Otonca, en el cual lo utilizaron como títere para realizar demostración a los demás soldados, acerca de cómo torturar a los guerrilleros, y que, entre las clases de tortura se encontraba el Choper que consistía en amarrar las manos y piernas en el aire, luego se paraban y brincaban encima de él, lo amarraban de los dedos pulgares, subiendo con una cuerda y lo dejaban colgado media hora, mientras daban la explicación; también realizaron el palo indio, haciéndole cruzar las piernas, luego se sentaban y se paraban en sus piernas (…) después de dicha tortura lo obligaban a correr y a hacer ejercicio”; b) contestó la demanda en sentido negativo e interpuso la excepción perentoria de cosa juzgada, en virtud de que el actor, previo a demandar, solicitó al Ministerio la pensión referida, petición que fue denegada por medio de la resolución ciento diecinueve – dos mil siete (119-2007), proferida el trece de diciembre de dos mil siete, debido a que se cuantificó su discapacidad en cero por ciento; el peticionante interpuso reposición, recurso que fue declarado sin lugar, decisión que fue cuestionada en un proceso contencioso administrativo y la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por medio de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil nueve, desestimó el planteamiento; c) el Juez Segundo de Trabajo y Previsión Social, en sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil trece, acogió la pretensión y como consecuencia, le otorgó cobertura por invalidez a partir del veintidós de marzo de dos mil siete, declarando que el beneficio no podría ser menor de dos mil quetzales y d) apeló y, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, por medio de la sentencia de diez de noviembre de dos mil catorce -acto reclamado-, confirmó la decisión de primer grado. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: denuncia el postulante que la autoridad impugnada le provocó agravio porque: a) debió declarar con lugar la excepción perentoria de cosa juzgada, porque por medio de la sentencia proferida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, probó que el reclamo que hizo valer el actor en la jurisdicción ordinaria –derecho a percibir una pensión por invalidez-, había sido objeto de pronunciamiento judicial previo, proceso en el que no acreditó su incapacidad y b) no tomó en consideración que la evaluación médica que se le practicó al interesado, no cumplió con el procedimiento establecido en los Artículos 3º, 7º, 13 y 14 de la Ley del Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados en el Orden Militar. D.3) Pretensión: solicitó que se le otorgue amparo, como consecuencia, se suspenda en definitiva la resolución que constituye el acto reclamado. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en las literales a), d) y h) del Artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes que se consideran violadas: citó los Artículos 4º y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3º, 7º y 14 y 14 bis de la Ley de Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados del Estado en el Orden Militar.
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) Ministerio de la Defensa Nacional y b) Eliseo Cortéz Monzón. C) Remisión de antecedentes: copia certificada de: a) sentencia dictada en el juicio ordinario laboral 01154- 2009-0192, proferida por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala y b) sentencia emitida en el expediente 01154-2009- 0192, recurso 02, por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social; ambos fallos fueron incorporados al proceso de amparo. D) Prueba: se relevó el período probatorio. E) Sentencia de primer grado: la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, consideró: “(…) Este Tribunal constitucional considera necesario hacer alusión a lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación, dentro de ese contexto se encuentra la ‘previsión social’, que tiene como finalidad beneficiar a los afiliados de esos programas, por el acaecimiento de riesgos sociales y situaciones que privan a aquellos que tienen capacidad de laborar y, a quienes dependen de ellos a una adecuada subsistencia. Estos riesgos de carácter social se encuentran contemplados y cubiertos en el artículo 4 de la Ley de Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados del Estado en el Orden Militar (Decreto número 45-2001 del Congreso de la República de Guatemala), entre ellos podemos mencionar: para las personas con discapacidad (pensión por invalidez), y para los beneficiarios del pensionado (pensiones por orfandad, viudez y para los hijos mayores de edad incapacitados). Esta Cámara del estudio de los antecedes establece que lo denunciado por el Estado de Guatemala carece de veracidad, porque el acto reclamado se encuentra debidamente fundamentado al haberse determinado que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, analizó todos los agravios expuestos por el postulante en contra de la sentencia emitida por el Tribunal de primera instancia; ya que efectuó un análisis integral de la excepción perentoria de cosa juzgada instada por el demandado y de los medios de prueba aportados al proceso, entre ellos la sentencia emitida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil nueve, al haber señalado que no existía cosa juzgada, ya que no puede calificarse de esa forma la resolución dictada por un órgano jurisdiccional que no es competente para resolver una solicitud de pensión por invalidez, pues como lo estableció la juez de primera instancia, los asuntos de seguridad social, son competencia exclusiva de los tribunales de trabajo y previsión social. Este criterio es avalado por esta Cámara y se ve reforzado con los principios que inspiran al derecho laboral guatemalteco y lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de lo contencioso Administrativo que determina ‘Los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución debe conocerla un Tribunal de Trabajo y Previsión Social’… Asimismo, es procedente señalar que entre los derechos que la acción constitucional de amparo se encuentra el debido proceso, el cual tiene la característica de ser también una garantía de otros derechos; sin embargo, no se puede alegar desprotección cuando la indefensión ha sido provocada por acciones y omisiones del propio actor. Es pertinente señalar que el demandado no objetó la competencia del tribunal de primer grado al momento de ser notificado de la demanda conforme lo dispuesto por el artículo 309 del Código de Trabajo, ya que obra en las constancias procesales que el Estado de Guatemala se opuso a la pretensión del demandante al contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria de cosa juzgada y que además obtuvo la correspondiente resolución, la cual fue confirmada en segunda instancia, en atención a las pruebas aportadas por los jueces procesales, lo cual provocó que su pretensión no haya sido acogida en las instancias ordinarias, aspectos que ahora se pretenden denunciar como violatorios en la jurisdicción constitucional. Por lo anteriormente referido la presente acción de amparo no puede prosperar pues en la justicia ordinaria se observó debidamente la ley y el hecho de que lo resuelto sea desfavorable a una de las partes, no implica violación a derechos fundamentales. Doctrina legal: la Corte de constitucionalidad se ha pronunciado respecto a la competencia de los tribunales de trabajo en los asuntos de previsión social de la forma siguiente: i) expediente 1446-2006 en sentencia del veintisiete de febrero de dos mil ocho señaló ‘Reconociendo que en nuestro sistema jurídico, la materia relativa a la previsión social está íntimamente ligada a la de trabajo, al punto que ambas materias se rigen por los mismos principios, sus preceptos generales están contenidos en un mismo cuerpo normativo –Código de Trabajo- y las discusiones que sobre ellas surjan las conocen los mismo (sic) órganos jurisdiccionales, debemos reconocer que la disposición legal antes trascrita entra en conflicto con la regulación prevista en el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, conforme al cual se exceptúa la procedencia de los recursos de revocatoria y reposición regulados por dicha ley de la materia que deban conocer los tribunales de trabajo y previsión social, por consiguiente, debe tenerse también por excluida la aplicación de las regulaciones del proceso contencioso administrativo en esa misma materia –en especial sus casos de procedencia-, por cuanto que este medio de defensa requiere sin discusión como presupuesto esencial de su procedencia, que se hayan sustanciado aquellos medios de impugnación, ya que sobre ellos es que opera como controlador, de manera que, si está impedida la procedencia de los de los recursos que deben anteceder al proceso contencioso administrativo, tampoco puede aceptarse la procedencia de este último’; ii) sentencia del quince de julio de dos mil nueve emitida en expediente 1171-2009; iii) fallo del treinta de mayo de dos mil trece emitido en el expediente 3387-2012. No obstante la notoria improcedencia de la acción constitucional instada, no se condena en costas ni se impone multa a la abogada patrocinante debido a que se defienden los intereses de la nación…” Y resolvió: “… Deniega el amparo solicitado por el Estado de Guatemala, en contra de la Sala Segunda de la corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. II) No se condena en costas al postulante ni se impone multa a la abogada patrocinante por la razón considerada…”
El Estado de Guatemala, postulante, ratificó los argumentos que expuso al promover la acción constitucional.
A) El amparista reiteró los motivos de apelación que expresó al impugnar la sentencia de amparo. Solicitó que se revoque el fallo de primer grado. B) El Ministerio de la Defensa Nacional, tercero interesado, expresó: a) el demandante fue evaluado, conforme lo establecido en la Ley del Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados del Estado en el Orden Militar, por la Junta Médica Evaluadora del Centró Médico Militar, conformada por profesionales de medicina interna, medicina física y rehabilitación, traumatología y ortopedia; b) la Junta referida al examinarlo utilizó parámetros aprobados por la Organización Mundial de la Salud para la evaluación y determinación de los distintos grados de discapacidad global, habiendo calificado al actor en “Clase I, Discapacidad Nula”; por lo que decidió que era improcedente acceder a la pensión; c) el actor interpuso reposición, recurso que fue declarado sin lugar por improcedente; d) el demandante planteó proceso contencioso administrativo, y la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por medio de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, emitida en el expediente mil once – dos mil ocho – veintitrés (1011-2008-23), declaró sin lugar el proceso y consideró que no se probó la discapacidad aducida; e) posteriormente, promovió juicio ordinario laboral e hizo valer los mismos argumentos en los que basó su petición al promover el proceso contencioso, por lo que el ahora amparista planteó la excepción perentoria de demanda defectuosa, medio de defensa que fue declarado sin lugar por las autoridades judiciales, quienes declararon procedente la pretensión del actor con base en el dictamen de experto realizado por un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que no fue proferido conforme la Ley del Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados en el Orden Militar, puesto que no fue realizado por la Junta Médica Evaluadora. Solicitó que se declare con lugar la apelación, se revoque la sentencia de primer grado y, como consecuencia, se otorgue la protección constitucional.
A) Los conflictos que surgen como consecuencia del ejercicio de derechos de seguridad social, luego de agotada la vía administrativa, corresponde someterlos a los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, por ser estos los legalmente facultados para determinar la procedencia o no de la pretensión.
B) No es procedente que el accionante pretenda sustentar el amparo, con base en el argumento de que en la jurisdicción ordinaria el juez no realizó procedimientos que han sido dispuestos, conforme a una norma específica, para trámites administrativos, puesto que el proceso ordinario que tramita el juez privativo de trabajo, tiene determinadas fases procesales que le son propias, por medio de las cuales dilucida la controversia que ha sido sometida a su conocimiento conforme las facultades que legalmente le han sido atribuidas.
En el presente caso, el Estado de Guatemala acude en amparo contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y señala como lesiva de sus derechos, la sentencia de diez de noviembre de dos mil catorce, que confirmó la emitida por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, que declaró con lugar el juicio ordinario laboral promovido en su contra y del Ministerio de la Defensa Nacional por Eliseo Cortéz Monzón y como consecuencia, le ordenó otorgar al demandante pensión por invalidez, no menor a dos mil quetzales, a partir del veintidós de marzo de dos mil siete.
Los agravios denunciados por el accionante se expusieron en el apartado de “Antecedentes” de esta sentencia.
Inicialmente, es necesario analizar el argumento del amparista en el que basó la excepción perentoria de cosa juzgada, referente a que, el interesado antes de acudir ante los tribunales de la jurisdicción privativa de trabajo y previsión social, promovió su solicitud ante la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al respecto esta Corte es del criterio que según la ley de la materia, la vía contenciosa administrativa no es la adecuada para ventilar acciones que pretendan un derecho de previsión social, como se sostuvo en la sentencia de esta Corte de quince de julio de dos mil nueve, dentro del expediente 1171-2009, porque de conformidad con los Artículos 17, 17 bis y 19 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, así como el 283 del Código de Trabajo, la pretensión debió ejercitarse ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, siendo los entes jurisdiccionales competentes para conocer del asunto.
Atendiendo a lo expuesto, la competencia en el presente caso correspondía con exclusividad a los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, por lo que no era idóneo que el interesado acudiera al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, por ende, no puede estimarse que haya sido juzgada la pretensión de aquel conforme a las normas aplicable al caso concreto, por exceder la función jurisdiccional del ente juzgador mencionado; en tal virtud, se desvanece el agravio relativo a que hubo cosa juzgada respecto de la pretensión que el interesado ejerció en el antecedente del presente caso. Por lo anterior, se considera que la Sala cuestionada, no provocó agravio al confirmar la decisión del Juez de primer grado, que declaró improcedente la excepción perentoria promovida por el amparista.
En cuanto al agravio denunciado por el postulante, respecto de que la Sala no tomó en cuenta que la evaluación médica que se practicó al interesado, no cumplió con el procedimiento establecido en los Artículos 3º, 7º, 13 y 14 de la Ley del Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados en el Orden Militar, es meritorio indicar que los requisitos contenidos en las normas relacionadas, constituyen parte del proceso administrativo que necesariamente deben ser cumplidos en el procedimiento contemplado para discutir en esa vía lo relativo al derecho del interesado a percibir una pensión por invalidez, los cuales según indicó el Ministerio de la Defensa Nacional en el alegato que presentó en esta Corte para evacuar la vista señalada en esta instancia, fueron debidamente cumplidos, siendo como consecuencia improcedente que aquel pretenda que en la jurisdicción ordinaria se realizara el trámite establecido en la Ley referida para dilucidar judicialmente la controversia que derivó de su negativa de acceder a la pensión que solicitó el actor, por cuanto que el proceso ordinario tiene establecido legalmente sus propias etapas procesales, las que fueron agotadas por el Juez de Trabajo y Previsión Social, autoridad que luego de establecer con base en los dictámenes del experto, Médico y Cirujano, Diplomado en Medicina Legal, Consultor Privado en Ciencias Forenses, Carlos Enrique Grajeda Alonzo, ofrecido por el actor, el cual fue conteste con el emitido por el Perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses nombrado por el Juez, que Eliseo Cortéz Monzón padece de un grado de invalidez que sustenta su derecho a gozar de la pensión que solicitó, decisión que fue confirmada por la autoridad cuestionada, según se establece de los pronunciamientos judiciales que fueron remitidos al Tribunal de Amparo y que están incorporados a la acción –folios ocho al veintidós-. Lo anterior configura, la potestad de juzgar que poseen los jueces ordinarios conforme lo establecido en los Artículos 203 y 211 de la Constitución Política de la República de la República de Guatemala y el hecho de que lo decidido no sea coincidente con los intereses del solicitante, no implica que se hayan vulnerado derechos fundamentales.
Por las razones expuestas el amparo debe denegarse, por lo que habiéndose resuelto en el mismo sentido en primera instancia, es procedente confirmar el fallo venido en grado, por las razones aquí expuestas.
En la Constitución Política de la República está preceptuado que el Estado debe garantizar y proteger la integridad y la seguridad de la persona [Artículos 2 y 3] y, guardando íntima relación con ello, se proscribe que cualquiera de sus habitantes sea sometido a condiciones que de algún modo menoscaben su dignidad [Artículo 4°].
Los principios constitucionales aludidos empalman armónicamente con el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual está preceptuado que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; así como que, por ende, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes [Artículo 5, numerales 1 y 2]. Esto último figura establecido del mismo modo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [Artículo 7].
El mandato prohibitivo en el cual convergen el Artículo 4° constitucional y las disposiciones internacionales citadas, ha sido objeto de desarrollo normativo especializado. Verbigracia, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Estados partes se obligaron a prevenir y a sancionar la tortura [Artículo 1], entendida esta como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.” [Artículo 2]. Asimismo, en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, todos los Estados Parte se comprometieron a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir actos de tortura en sus territorios [Artículo 2, numeral 1]; definiéndolos, en términos semejantes a los plasmados en la Convención continental mencionada al inicio de este párrafo, como aquellos en los cuales “se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.” [Artículo 1].
En aplicación de las Convenciones citadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto de relieve en su jurisprudencia que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentran estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con carácter de norma inderogable o ius cogens; aún en circunstancias extremas, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas [Casos Fleury y otros contra Haití, Espinoza Gonzáles contra Perú y Quispialaya Vilcapoma contra Perú, entre otros; sentencias de veintitrés de noviembre de dos mil once, veinte de noviembre de dos mil catorce y veintitrés de noviembre de dos mil quince, respectivamente]. En ese sentido, ha admitido expresamente [Caso Cantoral Benavides contra Perú; sentencia de dieciocho de agosto de dos mil] que su criterio es consistente con el de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha afirmado que la prohibición referida no puede ceder ni siquiera en el caso de un peligro público que amenace a la vida de la nación.
El Tribunal Interamericano referido ha subrayado la especial importancia, de dimensión universal, que entraña la consolidación de canales institucionales que aseguren la prevención y la erradicación de comportamientos lesivos de esa índole: “… conductas que se considera afectan valores o bienes trascendentales de la comunidad internacional, y hacen necesaria la activación de medios, instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la impunidad. Es así como, ante la gravedad de determinados delitos, las normas de derecho internacional consuetudinario y convencional establecen el deber de juzgar a sus responsables…” [Caso Goiburú y otros contra Paraguay; sentencia de veintidós de septiembre de dos mil seis].
Lo anterior está regulado en la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Decreto 40-2010 del Congreso de la República); en su considerando segundo se estableció “Que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de derecho internacional que forma parte del ius cogens, y que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.”. En consonancia con esa estimación, en el cuerpo legal bajo alusión se prevé como obligación del Estado: “Promover, en el marco de la implementación de sus políticas públicas, la prevención y erradicación de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” [Artículo 16, literal a]. En definitiva, se trata de actos que riñen de manera frontal con el sistema de valores superiores que subyace, no sólo al ordenamiento jurídico y político guatemalteco, sino al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A la luz de lo expuesto en párrafos precedentes de este apartado considerativo y en congruencia con la trascendental misión de la defensa del orden constitucional que le está encomendada en la Carta Magna –que implica la responsabilidad de tutelar eficazmente los principios y derechos fundamentales que inspiran y justifican dicho orden–, es deber ineludible de esta Corte advertir que obra en las constancias procesales del presente amparo [Folios ocho a once de la pieza de primera instancia] la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil trece, dictada por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, dentro del juicio ordinario laboral promovido por Eliseo Cortéz Monzón –ahora tercero interesado– contra el Estado de Guatemala, en cuyo contenido se resumieron los hechos en los que se fundó la demanda en los términos siguientes, reseñados en los resultandos de este fallo: “(…) Expuso el actor, que es un ex soldado del Ejército de Guatemala, que cuando se encontraba prestando su servicio como soldado de segunda clases (sic) estuvo en entrenamiento del curso de Otonca, en el cual lo utilizaron como títere para realizar demostración a los demás soldados, acerca de cómo torturar a los guerrilleros, y que, entre las clases de tortura, se encontraba ‘El Choper’ que consistía en amarrar las manos y piernas en el aire, luego se paraban y brincaban encima de él, lo amarraban de los dedos pulgares, subiendo con una cuerda y lo dejaban colgando media hora, mientras daban la explicación; también realizaron el ‘Palo indio’, haciéndole cruzar las piernas, luego se sentaban y se paraban en sus piernas; dicho curso duró un mes. De igual manera argumentó, que después de dichas torturas, lo obligaban a correr y a hacer ejercicio…”.
Los acontecimientos narrados por el entonces demandante, según fueron recogidos por el juez laboral individualizado en su fallo, permiten inferir la posible comisión de actos contra la integridad física y moral de aquel, que podrían ser constitutivos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, según lo regulado en los Artículos: 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 4, literales a y b, de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 201 Bis del Código Penal. Esto, a su vez, redundaría en vulneración de lo normado en los Artículos: 3 y 4 de la Constitución Política de la República; 5, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En caso de ser corroborado que los actos en cuestión se produjeron, acarrearía para sus autores consecuencias administrativas, civiles y penales, por lo que es menester certificar lo conducente al Ministerio Público y a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para que con observancia del principio de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso [Artículos 12 y 14 constitucionales] realicen las averiguaciones, acciones o gestiones que sean pertinentes, dentro del ámbito de sus atribuciones fijado en las leyes aplicables, a fin de esclarecer objetiva y fundadamente lo ocurrido y, en su caso, deducir conforme a Derecho las responsabilidades personales o institucionales que correspondan, así como disponer las medidas de reparación idóneas.
La determinación que aquí se asume se encuentra en sintonía con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en la cual está previsto que cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso [Artículo 8]. En la misma línea, también, que la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, según la cual siempre que haya motivos razonables para creer que se han cometido actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las autoridades competentes del Estado procederán de oficio y con presteza a una investigación imparcial [Artículo 9]. Si la investigación arroja fundamento suficiente, los supuestos responsables deberán ser sometidos a procedimientos penales, disciplinarios u otros que sean adecuados de conformidad con la normativa aplicable [Artículo 10].
Las previsiones citadas obedecen al grado severo de afectación que representan para la dignidad humana, como matriz esencial de los derechos fundamentales, las vejaciones físicas y/o psicológicas a las que remiten los conceptos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tales comportamientos resultan particularmente intolerables en el marco del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, por lo que los distintos estamentos que conforman los aparatos estatales comprometidos con ese modelo deben contribuir decidida y oficiosamente, desde la esfera competencial que atañe a cada cual, a su prevención, erradicación y sanción.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha asentado que ante ese tipo de situaciones deviene imperativa la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y, eventualmente, a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de los responsables intelectuales y materiales, en especial cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales [Casos Omar Humberto Maldonado Vargas y otros contra Chile y Quispialaya Vilcapoma contra Perú; sentencias de dos de septiembre y veintitrés de noviembre, ambas de dos mil quince, respectivamente]; esto, en todo caso en que existan indicios de que puedan haber acaecido actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando estos no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes por la propia víctima [Casos Vélez Loor contra Panamá y Espinoza Gonzáles contra Perú; sentencias de veintitrés de noviembre de dos mil diez y veinte de noviembre de dos mil catorce, respectivamente].
De no atender las entidades públicas indicadas lo considerado y lo ordenado en este pronunciamiento, no únicamente el proceder de los funcionarios responsables encuadraría en lo previsto en los Artículos 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 420 del Código Penal, sino que ello haría incurrir al Estado de Guatemala en inobservancia de los deberes que le asigna la Ley Fundamental en su Artículo 2 y en incumplimiento de obligaciones y estándares internacionales sobre la materia.
Por último, dado que se hace alusión a acciones supuestamente cometidas durante el entrenamiento de soldados nacionales, es oportuno traer a colación la postura sostenida por este Tribunal con relación a los alcances e implicaciones de lo preceptuado en el Artículo 219 constitucional, que prevé la existencia de tribunales militares: “… El espíritu de la norma constitucional que establece la jurisdicción militar es el de atribuir al conocimiento de la justicia penal militar, de los delitos cometidos por integrantes del Ejército en servicio activo o en relación con el mismo servicio. Dicha atribución comprende fundamentalmente el conocimiento y juzgamiento de los delitos militares en los que se afecte un bien jurídico militar, siendo éste el principal fundamento de la excepcionalidad de la jurisdicción penal militar…” [Sentencias de tres de marzo de mil novecientos noventa y siete, nueve de agosto de dos mil doce y seis de agosto de dos mil trece; dictadas en los expedientes acumulados 31-96 y 1155-96, 1824-2012 y 3496-2012, respectivamente]. De esa cuenta, lo que determina la competencia del fuero militar no es solamente la condición subjetiva de servicio activo en el Ejército nacional de los posibles involucrados en los hechos, sino la índole militar del bien jurídico que se considere afectado.
El presente caso versa sobre la posible comisión de violaciones a derechos humanos, por lo que se trata de bienes jurídicos tutelados que trascienden la esfera castrense e incluso nacional, como se explicó antes. Por tanto, la investigación y, en su caso, juzgamiento y sanción de los responsables corresponde al fuero común. Esto sin perjuicio de que, como resultado de las conclusiones a las que se arribe en este último, las autoridades militares puedan adoptar, complementariamente, las medidas administrativas o disciplinarias que sean procedentes.
Las apreciaciones anteriores son contestes con la tendencia jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular. Este Tribunal supranacional ha sostenido que “en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas armadas” [Casos Durand y Ugarte, Cruz Sánchez y otros y Quispialaya Vilcapoma, todos contra Perú; sentencias de dieciséis de agosto de dos mil, diecisiete de abril de dos mil quince y veintitrés de noviembre de dos mil quince, respectivamente]. De ahí que haya concluido que “en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden castrense” [Casos Castillo Petruzzi y otros, Comunidad Campesina de Santa Bárbara y Quispialaya Vilcapoma, todos contra Perú; sentencias de treinta de mayo de mil novecientos noventa y nueve, uno de septiembre de dos mil quince y veintitrés de noviembre de dos mil quince, respectivamente] y que, en definitiva, “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria o común.” [Casos Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, Comunidad Campesina de Santa Bárbara contra Perú y Quispialaya Vilcapoma contra Perú; sentencias de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, uno de septiembre de dos mil quince y veintitrés de noviembre de dos mil quince, respectivamente]; máxima que aplica “aún en el caso de delitos en que el imputado sea miembro de las fuerzas armadas y no sea un civil el sujeto pasivo del delito o titular del bien jurídico protegido (…) todas las vulneraciones de derechos humanos deben ser conocidas en la jurisdicción ordinaria, lo cual incluye las cometidas por militares contra militares” [Caso Quispialaya Vilcapoma contra Perú; sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil quince].
En tal virtud, resulta procedente que el Ministerio Público y la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con observancia del principio de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso [Artículos 12 y 14 constitucionales] realicen las averiguaciones, acciones o gestiones que sean pertinentes, dentro del ámbito de sus atribuciones fijado en las leyes aplicables, a fin de que: i. se esclarezca objetiva y fundadamente si en el presente caso ha acaecido la comisión de actos contra la integridad física y moral de Eliseo Cortéz Monzón, que sean constitutivos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, según lo regulado en los Artículos 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 4, literales a y b, de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 201 Bis del Código Penal y ii. en su caso, se deduzcan conforme a Derecho las responsabilidades personales o institucionales que correspondan, así como sean dispuestas las medidas de reparación idóneas.
Artículos citados y 265, 268, 272 literal c), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 5º, 6º, 8º, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 149, 163 literal c), 179 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 35, 36, 46 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I. Por haber cesado a la presente fecha en sus cargos los Licenciados Juan Carlos Medina Salas y Ricardo Alvarado Sandoval, y por ausencia temporal del Magistrado Bonerge Amilcar Mejía Orellana, se integra este Tribunal con los Magistrados José Mynor Par Usen, María Cristina Fernández García y María de los Angeles Araujo Bohr, respectivamente, para conocer y resolver el presente asunto. II. Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala, postulante, como consecuencia, se confirma la sentencia apelada. III. Se certifica lo conducente al Ministerio Público y a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a efecto de que, con observancia del principio de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, realicen las averiguaciones, acciones o gestiones que sean pertinentes, dentro del ámbito de sus atribuciones fijado en las leyes aplicables, a fin de que: i. se esclarezca objetiva y fundadamente si en el presente caso ha acaecido la comisión de actos contra la integridad física y moral de Eliseo Cortéz Monzón, que sean constitutivos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, según lo regulado en los Artículos 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 4, literales a y b, de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 201 Bis del Código Penal y ii. en su caso, se deduzcan conforme a Derecho las responsabilidades personales o institucionales que correspondan, así como sean dispuestas las medidas de reparación idóneas. IV. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.
JOSE FRANCISCO DE MATA VELA
JOSE MAYNOR PAR USEN
MARIA DE LOS ANGELES ARAUJO BORH DE MENDEZ
MARIA CRISTINA FERNANDEZ GARCÍA
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ
Tengo Derecho	Tengo Derecho	Deja un comentario julio 30, 2018 28 Minutes
Publicación del Banco Mundial
Governments need to enhance social protection to manage labor market challenges. How so? World Development Report 2019 proposes that a societal guaranteed minimum, strengthened social insurance, and reforms in labor market institutions can help achieve this goal. Read more
http://pubdocs.worldbank.org/en/816281518818814423/2019-WDR-Draft-Report.pdf
Tengo Derecho	Tengo Derecho	Deja un comentario julio 26, 2018 0 Minutes
Sentencia de la CC en donde sí se certifica lo conducente a lo penal sin que sea reinstalación
Cortesía de Alejandro Argueta
TEXTO DE LA SENTENCIA (transcripción)
EXPEDIENTE 1180-2016
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.
En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo promovida por el Instituto Nacional de Estadística, por medio de su Mandataria Judicial con Representación, abogada Mónica María Pazzetti Fortuny, contra el Juez Sexto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala. El postulante actuó con el patrocinio de la Abogada mencionada y Nely Lorena Alfaro González. Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal III, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, quien expresa el parecer del Tribunal.
A) Interposición y autoridad: presentado el veintisiete de agosto de dos mil quince, en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral y, posteriormente, remitido a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. B) Acto reclamado: resolución de quince de julio de dos mil quince, emitida por la autoridad denunciada, que rechazó la nulidad interpuesta por el ahora amparista y amplió de oficio la decisión de dos del mismo mes y año, en la que se certificó lo conducente contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora Instituto Nacional de Estadística. C) Violaciones que se denuncian: al derecho de defensa y a los principios de seguridad jurídica y al debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante y del análisis de los antecedentes, se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) en el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del departamento de Guatemala, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística -SITRAINE-, promovió juicio ejecutivo especial de obligación de hacer, en su contra, argumentando que en su calidad de patrono, incumplió el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito en dos mil siete con el Sindicato de Trabajadores de Estadística del Instituto Nacional de Estadística -STINE-; b) el Juez de la causa, en lugar de admitir para su trámite la citada ejecución indicó: “(…) los presentados deberán utilizar la vía legal correspondiente (…)” y expuso que el asunto debía discutirse en la vía ordinaria; c) contra el pronunciamiento indicado en la literal anterior, la agrupación colectiva de trabajadores planteó nulidad la que, al ser resuelta en segunda instancia, fue declarada con lugar, por lo que el Juez de la causa procedió a admitir el proceso para su trámite y fijó el plazo de quince días al Instituto Nacional de Estadística para que iniciara las gestiones de trasferencias presupuestarias y cualquier otro procedimiento financiero, a efecto de dar cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo relacionado, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se certificaría lo conducente, contra el responsable, a un Tribunal del ramo penal por el delito de desobediencia o para lo que hubiere lugar; d) el ahora amparista planteó sendos recursos de nulidad, los cuales algunos fueron declarados con lugar, sin embargo, ninguno modificó el apercibimiento aludido precedentemente; e) el Juez Sexto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, que conoció el asunto en definitiva, el catorce de abril de dos mil quince, fijó plazo de tres días para que el Instituto mencionado acreditara haber cumplido con lo ordenado en la resolución descrita en la literal “c)” de este apartado, indicando que en caso contrario, haría efectivo el apercibimiento correspondiente; f) el dos de julio de dos mil quince, el órgano jurisdiccional citado, certificó lo conducente contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora Instituto Nacional de Estadística, por no haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de lo ordenado y g) el ahora accionante planteó nulidad, la que fue rechazada mediante el acto reclamado, pronunciamiento en el que el Juez, además amplió de oficio la resolución de dos de julio de dos mil quince, en el sentido de exponer las razones por las que decidió certificar lo conducente. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: manifiesta el postulante que la autoridad denunciada, al emitir el acto reclamado, vulneró sus derechos porque: a) la decisión enjuiciada fue emitida en un proceso viciado; b) el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística -SITRAINE- no tiene legitimación para solicitar la ejecución del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo citado, porque no fue parte en la negociación de la citada ley profesional, en virtud que dicho pacto fue suscrito con el Sindicato de Trabajadores de Estadística del Instituto Nacional de Estadística -STINE-; c) el demandante, casi simultáneamente, promovió en otro Juzgado, juicio ordinario laboral de “conflicto colectivo de tipo jurídico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo”, por lo que es evidente que tenía conocimiento que la vía ejecutiva no era la correcta. Es improcedente que para el cumplimiento de una ley profesional se promuevan dos procesos diferentes (uno ejecutivo y otro ordinario), en los que se pretenda obtener el mismo resultado; d) no tomó en cuenta que de conformidad con el Artículo 1 de su Ley Orgánica, el Instituto Nacional de Estadística goza de personalidad jurídica propia, por lo que el Estado de Guatemala no puede ser sujeto pasivo en el proceso ejecutivo de mérito; e) probó en la dilación procesal, que la administración actual ha dado cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo respectivo, sin que deban atribuírsele obligaciones incumplidas por administraciones anteriores; f) al certificarle lo conducente al Estado de Guatemala, entidad nominadora Instituto Nacional de Estadística, sin precisar el funcionario responsable, se trasgrede el principio de seguridad jurídica, agregado al hecho de que es ilegal certificar lo conducente contra el Estado de Guatemala; g) una ley profesional no constituye título ejecutivo, motivo por el que, la vía en la que se dilucidó el asunto subyacente, es inidónea y h) la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal, respecto a que no es posible certificar lo conducente contra el empleador que no ha pagado las deudas contraídas con los trabajadores, tal como ocurre en el caso concreto, debido a que se trata del pago de beneficios económicos contenidos en el Pacto mencionado. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en las literales a), b) y h) del Artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes que se consideran violadas: citó los Artículos 12 y 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 375 del Código de Trabajo; 16 de la Ley del Organismo Judicial y 1 y 3 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Instituto Nacional de Estadística y el Sindicato de Trabajadores de Estadística del Instituto Nacional de Estadística -STINE-.
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) Sindicato de Trabajadores de Estadística del Instituto Nacional de Estadística -STINE-; b) Estado de Guatemala y c) Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística -SITRAINE-. C) Remisión de antecedentes: copia certificada del juicio ejecutivo 01173-2013-3867 del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala. D) Medios de comprobación: se relevó del período probatorio. E) Sentencia de primer grado: la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, consideró: “(…) El postulante considera que la parte de la decisión reclamada fue emitida sin ningún respaldo legal, en la forma expresada en el apartado de antecedentes del presente amparo y que con dicho actuar se viola su derecho de defensa y el debido proceso. Del análisis de las constancias procesales y de los agravios expuestos por el postulante, esta Sala concluye que la parte actora dentro del proceso ordinario laboral (sic) número cero mil ciento setenta y tres guión dos mil quince guión tres mil ochocientos sesenta y siete oficial tercero, es decir, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística – SITRAINE- no fue parte dentro del Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social que dio lugar al pacto, sino que fue otro sindicato el que negoció dicha ley profesional, es decir, el Sindicato de Trabajadores de Estadística -STINE- del Instituto Nacional de Estadística, razón por la cual se establece claramente que el relacionado sindicato demandante no tiene legitimidad para pretender ejecutar el pacto, ya que con ellos no se suscribió el referido Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, toda vez que el Sindicato que suscribió el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo fue el Sindicato de Trabajadores de Estadística -STINE- y no el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística – SITRAINE- razón por la cual, esta Sala no estima viable la decisión de certificar lo conducente en relación a un supuesto incumplimiento dictado dentro de un procedimiento que no es la vía adecuada y respecto del cual existe falta de legitimación tanto en la parte que promovió el juicio ejecutivo, es decir, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística -SITRAINE- y la parte demandada el Estado de Guatemala como entidad nominadora el Instituto Nacional de Estadística -INE-, porque el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo fue celebrado por el Sindicato de Trabajadores de Estadística -STINE- y el propio Instituto Nacional de Estadística. Los motivos señalados ponen de manifiesto que el sindicato denunciante no está legitimado para solicitar la ejecución del pacto, por lo que con la emisión de la resolución señalada como agraviante existe violación al debido proceso y el amparo debe ser declarado con lugar para que se dicte un nuevo fallo. De esa cuenta el amparo solicitado resulta procedente, por lo que debe otorgarse el mismo (…)” Y resolvió: “(…) I. Otorga, el amparo solicitado por el Instituto Nacional de Estadística contra el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, de Guatemala (sic) y en consecuencia deja en suspenso definitivo, en cuanto al amparista, la resolución de fecha quince de julio de dos mil quince, dictada por la autoridad denunciada dentro del expediente ordinario laboral (sic) número un mil ciento setenta y tres guión dos mil trece guión tres mil ochocientos sesenta y siete [01173-2013-03867] (sic), de conformidad con la parte considerativa de este pronunciamiento; II. Se ordena a la autoridad impugnada, restituir al amparista, en el pleno goce de los derechos constitucionales, dictando la resolución que en derecho corresponda, para lo que se fija el plazo de tres días contados a partir de recibida la ejecutoria de este fallo, así mismo deberá informar inmediatamente el cumplimiento de lo aquí ordenado, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento (sic) se le impondrá multa de dos mil quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes; III. No hay condena en costas, multas o sanciones (sic) (…)”
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística -SITRAINE-, tercero interesado, apeló y argumentó que la legitimidad que ostenta para promover el proceso ejecutivo fue debidamente conocida y resuelta por los órganos jurisdiccionales que conocieron el proceso subyacente, por lo que si el amparista estimaba que esa circunstancia trasgredía sus derechos, debió accionar contra la decisión que admitió para su trámite el juicio y no la decisión ahora enjuiciada, motivo por el que, al no hacerlo, consintió dicha circunstancia, pretendiendo convertir la presente acción es instancia revisora de lo resuelto en la jurisdicción ordinaria. Señaló que durante la dilucidación procesal, el postulante no acreditó haber dado cumplimiento a las obligaciones que contrajo en la ley profesional, por lo que ninguna trasgresión se cometió al haber hecho efectivo el apercibimiento decretado oportunamente (certificar lo conducente a un tribunal del orden penal), habiendo bastado con iniciar las diligencias necesarias para incluir en el presupuesto correspondiente, los rubros atinentes destinados a dar cumplimiento con las obligaciones contraídas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
A) El postulante indicó que son claras las trasgresiones a sus derechos cometidas por la autoridad denunciada, al haber tramitado el asunto en una vía inadecuada y haberle conferido legitimación al sindicato que no fue parte en la negociación colectiva de la ley profesional que pretende hacer cumplir, circunstancia que evidencia la falta de capacidad legal de la organización colectiva para acudir a la vía ejecutiva en la forma como lo hizo. Argumentó que el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo no constituye un título ejecutivo, motivo por el que, al conferirle esa calidad, se le provocó grave lesión a sus derechos. Agregó que con el Sindicato que sí fue parte en la negociación de la ley profesional, ha arribado a acuerdos con los cuales se ha logrado cumplir con parte de las obligaciones contraídas en el Pacto Colectivo de mérito, circunstancia que fue acreditada en el proceso subyacente. Solicitó que se declare sin lugar la apelación promovida y, como consecuencia, se confirme la decisión que se conoce en grado. B) El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística -SITRAINE-, tercero interesado, ratificó los argumentos vertidos en el escrito de apelación que motivó esta instancia constitucional y agregó que, todos los trabajadores que prestan sus servicios para el Instituto Nacional de Estadística tienen legitimación para exigir el cumplimiento de los derechos que adquirieron mediante la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo relacionado. Por lo que en ese orden de ideas, los empleados que forman parte de sus agremiados, decidieron en asamblea delegar su representación, para que como organización de trabajadores, reclamara la debida observancia de la ley profesional y se hicieran efectivos los pagos a los que el empleador se comprometió, motivo por lo que no puede argumentarse falta de legitimación para promover el juicio subyacente, lo cual encuentra respaldo tanto en la normativa nacional como internacional ratificada por Guatemala. Solicitó que se declare con lugar la apelación y, como consecuencia, se revoque la sentencia de primer grado. C) El Estado de Guatemala, tercero interesado, indicó que la sentencia emitida por el Tribunal a quo está apegada a Derecho y a las constancias procesales, en virtud que con la emisión del acto reclamado se trasgredió al accionante el derecho de defensa y principio jurídico del debido proceso que le asiste al accionante. Solicitó que se declare sin lugar la apelación y, como consecuencia, se confirme la decisión que se conoce en grado. D) El Ministerio Público indicó que comparte el criterio sostenido por el Tribunal de amparo de primera instancia, respecto a otorgar la protección constitucional requerida, en virtud que debió respetarse la vía por medio de la que se pretendía dilucidar la controversia, porque lo correcto era promover un juicio ordinario, el que efectivamente planteó el sindicato demandante y no prosperó por falta de legitimación (en virtud que no fue parte en la negociación de la ley profesional), de allí que no podía certificarse lo conducente contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora Instituto Nacional de Estadística, por tratarse de un proceso viciado, promovido por quien no tenía facultades para requerir al obligado. Solicitó que se declare sin lugar la apelación y, como consecuencia, se confirme el fallo que se conoce en alzada.
A. Los actos jurisdiccionales consentidos por las partes y que no fueron impugnados en su momento procesal oportuno, no causan violación al derecho de defensa y principio jurídico del debido proceso de los interesados.
B. No ocasiona agravio la decisión de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social que, al hacer efectivo el apercibimiento decretado en un juicio ejecutivo, certifica lo conducente a un Tribunal del orden penal, por no haber realizado las gestiones necesarias para dar efectivo cumplimiento a un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
El Instituto Nacional de Estadística solicita amparo contra el Juez Sexto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, señalando como lesiva la resolución de quince de julio de dos mil quince, que rechazó la nulidad interpuesta por el ahora amparista y amplió de oficio la decisión de dos del mismo mes y año, en la que se certificó lo conducente contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora Instituto Nacional de Estadística.
Manifiesta el accionante que con la emisión del acto cuestionado se han violado sus derechos, por los motivos expuestos en el apartado de Antecedentes del presente fallo.
Esta Corte, al efectuar el estudio de las constancias procesales, establece que la quid juris del asunto que se traslada al plano constitucional, lo constituye el hecho de que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística – SITRAINE- promovió juicio ejecutivo especial de obligación de hacer contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora Instituto Nacional de Estadística, con el objeto de compeler al empleador para que hiciera efectivas las obligaciones que contrajo en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito en dos mil siete entre el ahora amparista y el Sindicato de Trabajadores de Estadística del Instituto Nacional de Estadística -STINE-, lo que tuvo como resultado que, mediante resolución de dos de julio de dos mil quince, ampliada por medio del acto reclamado, el Juez Sexto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala certificó lo conducente a un Tribunal del orden penal contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora Instituto Nacional de Estadística, por no haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de lo ordenado en el pronunciamiento que admitió para su trámite el proceso.
Al efectuar el análisis de las constancias procesales, los argumentos expuestos por quienes intervinieron en la presente acción y las normas atinentes al caso concreto, se establece que los agravios manifestados por el accionante consistentes en que la vía empleada (juicio ejecutivo), no era la idónea porque lo correcto era promover un proceso ordinario en el que se dilucidara el asunto, se estableciera las obligaciones incumplidas, fallo que, en todo caso sí podría constituir un verdadero título ejecutivo (porque un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según el postulante, no lo es), este Tribunal estima que dichas circunstancias fueron debidamente conocidas y resueltas por los órganos de la jurisdicción privativa de Trabajo y Previsión Social, quienes en ejercicio de la facultad de administrar justicia que les confiere el Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala emitieron sus pronunciamientos, y si el amparista estimaba que esas decisiones eran violatorias a sus derechos, debió acudir a la jurisdicción constitucional en su momento procesal oportuno, y al no hacerlo consintió los criterios que, sobre el particular, asentaron los citados órganos jurisdiccionales, los cuales no es dable cuestionar mediante la presente acción, en virtud del estado en que se encuentran las actuaciones.
Respecto al argumento esbozado por el amparista consistente en que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística -SITRAINE-, no ostenta legitimación activa para acudir a los órganos jurisdiccionales con el objeto de hacer efectivos los derechos laborales de los trabajadores, es preciso exponer que, al analizar e integrar los principios de objetividad, in dubio pro operario, antiformalista, irrenunciabilidad e imperatividad (que son propios del Derecho del Trabajo), y los Artículos 50, 206, 210 y 214, literal c), del Código de Trabajo, se advierte que un Sindicato, en su calidad de representante de sus miembros, sí está legitimado para acudir ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social para requerir el cumplimiento de los derechos que les asisten a sus afiliados, en virtud que la propia naturaleza y objetivo de la asociación permanente de trabajadores es velar por el mejoramiento y protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales comunes de sus miembros, a quienes en el caso sub litis, les asiste la facultad de exigir el debido cumplimiento (inclusive en lo individual), de los derechos que adquirieron mediante un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, siendo indiferente, qué Sindicato fue quien suscribió la Ley Profesional respectiva, debido a que si se le veda a una organización sindical poder acudir ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social en representación de los trabajadores, con el argumento de que no fue parte en la negociación colectiva, se estaría actuando con excesivo rigorismo y trasgrediendo los principios citados precedentemente, porque el Derecho Laboral al ser una rama del Derecho Público, debe ceder ante el interés social o colectivo y tutelar a la parte más débil de la relación de trabajo, así como velar por el cumplimiento de todos los beneficios que han ingresado en la esfera jurídica de la clase trabajadora.
Expone el Instituto que el Sindicato demandante planteó en forma simultánea dos procesos, uno en la vía ordinaria denominado “conflicto colectivo de tipo jurídico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo”, y otro en la vía ejecutiva que es el que subyace a la presente acción, cuyas pretensiones eran las mismas: requerir el efectivo cumplimiento de la ley profesional. Al respecto, esta Corte estima que dicha circunstancia fue dirimida por los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, al conocer y resolver las nulidades planteadas por el ahora amparista quien, al no haber promovido adecuadamente su defensa, toleró dicha circunstancia, lo que trajo como consecuencia la emisión del acto reclamado en el proceso subyacente. Como se afirmó en párrafos precedentes, debió plantear los mecanismos y acciones conducentes que la ley prevé para enervar los efectos de la decisión que admitió para su trámite el juicio mencionado, al no hacerlo, no puede conocerse dicha circunstancia, en virtud de que con su actitud pasiva, consintió el vicio mencionado, motivo por el que esa circunstancia no puede ocasionarle agravio alguno.
Manifiesta el postulante que, conforme el Artículo 1 de su Ley Orgánica, el Instituto Nacional de Estadística goza de personalidad jurídica propia y, por ese motivo, el Estado de Guatemala no debió ser sujeto pasivo de la acción instada por el Sindicato de mérito. Al respecto, es preciso traer a cuenta que el Artículo 1 del cuerpo normativo citado, literalmente establece: “Se crea el Instituto Nacional de Estadística, cuya denominación será INE, con carácter de entidad estatal descentralizada, semiautónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiendan al desarrollo de sus fines. El INE queda adscrito al Ministerio de Economía, siendo su duración indefinida”. De la norma trascrita se evidencia que, efectivamente el Instituto es una entidad semiautónoma que está adscrita al Ministerio de Economía, ente centralizado que depende directamente del Organismo Ejecutivo, por lo que era procedente plantear el juicio contra el Estado de Guatemala, señalando como autoridad nominadora al Instituto Nacional de Estadística, y así fue como lo hizo el Sindicato demandante; también es evidente que esa circunstancia debió haber sido alegada al inicio del proceso (en la etapa de admisión), y no después de haber sido dictado el acto reclamado, razón por la que no existe trasgresión a derecho fundamental que le asista al peticionario.
Es preciso traer a cuenta que la decisión que constituye el acto reclamado, es la que rechazó la nulidad planteada por el ahora amparista contra la resolución de dos de julio de dos mil quince, y además amplió de oficio la que ordenó certificar lo conducente contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora Instituto Nacional de Estadística, acto jurisdiccional (la certificación de lo conducente), que es consecuencia: a) del apercibimiento que el Juez Primero de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del departamento de Guatemala fijó al demandado en resolución de once de diciembre de dos mil catorce (decisión que admitió para su trámite el proceso ejecutivo) y b) del incumplimiento de la totalidad de lo ordenado por dicho órgano jurisdiccional, en virtud de que, a criterio de la autoridad denunciada, el demandado no demostró haber ejecutado lo ordenado oportunamente, consistente en realizar las gestiones necesarias para dar exacto cumplimiento a las obligaciones contraídas en la ley profesional aludida.
Esta Corte estima que la anterior circunstancia no trasgrede los derechos constitucionales del postulante, en virtud que el apercibimiento mencionado literalmente establece: “(…) V) Se fija el plazo de quince días al Instituto Nacional de Estadística para que inicie la gestión de las trasferencias presupuestarias y cualquier otro trámite financiero que se requiera para el estricto cumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, bajo apercibimiento que en caso de desobediencia, se certificará lo conducente a un tribunal del ramo penal por el delito de desobediencia o para lo que haya lugar en contra del responsable del incumplimiento (…)”. De ahí que si el amparista estimaba que la certificación de lo conducente era inviable, debió plantear los mecanismos y acciones que el ordenamiento jurídico nacional establece para enervar los efectos de esa prevención, y al no hacerlo consintió sus efectos, siendo el acto reclamado la consecuencia del incumplimiento de la orden emitida por el Juez de la materia.
Es evidente que la certificación de lo conducente no es consecuencia del impago de una deuda como lo manifiesta el Instituto amparista, sino es consecuencia de no haber realizado las gestiones ordenadas por el Juez correspondiente, circunstancia que no colisiona con la tesis sostenida por esta Corte en reiteradas oportunidades, respecto a la imposibilidad de certificar lo conducente contra el patrono que no ha cumplido con el pago de las prestaciones adeudadas a un trabajador, en virtud que se trata de circunstancias totalmente distintas, debido a que, como se afirmó, la primera consiste en la omisión de realizar las gestiones necesarias para dar efectivo cumplimiento a las obligaciones contraídas en un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, y la segunda versa sobre una deuda líquida, exigible y de monto establecido que un empleador debe a un trabajador por la finalización de la relación laboral, motivo por el que no es aplicable la jurisprudencia aludida. [Esta Corte ha sostenido el criterio que no es posible certificar lo conducente contra el empleador que no ha cumplido con el pago de las prestaciones a que fue condenado, en sentencias de veintinueve de abril y diez de julio, ambas de dos mil quince y en la de quince de enero de dos mil dieciséis, emitidas en los expedientes 611-2015, 1422-2015 y 3530-2015, respectivamente.]
En cuanto al agravio expuesto por el ahora peticionario, consistente en que, al certificarle lo conducente al Estado de Guatemala, entidad nominadora Instituto Nacional de Estadística, sin precisar el funcionario responsable, se trasgrede el principio de seguridad jurídica, agregado al hecho de que es ilegal certificar lo conducente contra el Estado de Guatemala, es atinente exponer que la citada certificación es la consecuencia del incumplimiento de lo ordenado en su oportunidad por el Juez de la Materia en la resolución de once de diciembre de dos mil catorce, en la que ordenó al ahora postulante que iniciara las gestiones pertinentes para dar cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo respectivo, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se certificaría lo conducente contra el responsable (por desobediencia). Al respecto, se advierte que esa circunstancia no ocasiona los agravios denunciados por el ahora peticionario, en virtud que es evidente que será en la dilucidación de la investigación correspondiente, donde se determinará quién es el responsable o responsables de la conducta omisiva que motivó la resolución ahora cuestionada. Asimismo, si el ahora peticionario estimaba que la certificación de lo conducente era inviable, debió impugnarla en su momento procesal oportuno mediante los mecanismos de defensa que para el efecto establece el ordenamiento jurídico vigente, y al no hacerlo consintió los efectos que produjo el apercibimiento aludido.
Por los motivos expuestos, se arriba a la conclusión que el amparo solicitado por el Instituto Nacional de Estadística contra el Juez Sexto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala debe denegarse, y siendo que el Tribunal a quo emitió su decisión en distinto sentido, procedente deviene revocar el fallo que se conoce en alzada, sin condenar en costas al postulante ni imponer multa a las abogadas patrocinantes, por defender intereses de una entidad estatal.
Artículos citados y 265, 268 y 272, literal c), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 5º, 6º, 8º, 42, 44, 45, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 149, 163, literal c), 179 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 35, 36 y 46 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad; y el artículo 1 del Acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) Por ausencia temporal de los Magistrados Neftaly Aldana Herrera, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, se integra el Tribunal con las Magistradas María Consuelo Porras Argueta, María Cristina Fernández García y María de los Angeles Araujo Bohr, respectivamente, para conocer y resolver el presente asunto; asimismo, por la ausencia del Magistrado Neftaly Aldana Herrera, asume la Presidencia, en forma interina, el Magistrado José Francisco de Mata Vela, conforme lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad. II. Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística -SITRAINE-, tercero interesado; como consecuencia se revoca la sentencia que se conoce en alzada y resolviendo conforme a Derecho: a) deniega el amparo solicitado por el Instituto Nacional de Estadística contra el Juez Sexto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala; y b) no se condena en costas al postulante ni se impone multa a las abogadas patrocinantes, por la razón considerada. III. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase el antecedente y pieza de amparo de primer grado.
MARIA DEL CONSUELO PORRAS ARGUETA
MARIA DE LOS ANGELES ARAUJO BORH
Tengo Derecho	Tengo Derecho	Deja un comentario julio 26, 2018 21 Minutes
La ONU y la impunidad laboral en Guatemala
José Alfredo Meléndrez Pérez inició relación laboral con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala el uno de julio de dos mil seis, en calidad de Piloto Automovilista. La relación laboral finalizó el treinta de junio de dos mil quince, a través de despido directo e injustificado notificado por la Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El señor Meléndrez Pérez reclamó el pago de sus prestaciones de ley mediante el Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-03764 Of. 1º. Los demandados no contestaron la demanda por su incomparecencia a la audiencia del día trece de junio de dos mil dieciocho.
Mediante sentencia del quince de junio del año dos mil dieciocho, el Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social dio CON LUGAR la demanda promovida en la vía ordinaria laboral por José Alfredo Meléndrez Pérez en contra del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, condenándolos al pago de las siguientes prestaciones laborales: a) Compensación en Efectivo de Vacaciones no gozadas del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015; b) Bonificación Anual Para Trabajadores del Sector Privado y Público del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2015; c) Bonificación Incentivo del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2015; d) Indemnización correspondiente al periodo comprendido del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2015; e) Daños y Perjuicios y f) Costas Judiciales.
01173-2016-03764 Of. 1º
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
Guatemala, quince de junio del año dos mil dieciocho.
Se tiene a la vista para dictar SENTENCIA del Juicio Ordinario laboral arriba identificado, promovido por JOSÉ ALFREDO MELENDREZ PÉREZ en contra de PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA El DESARROLLO y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALAL. La parte actora es de datos de identificación personal conocidos en autos. de este domicilio, compareció asesorado por el abogado Antonio Alejandro Argueta Ramírez. Los demandados no comparecieron a lo audiencia no obstante estar debidamente notificados de conformidad con la ley.
CLASE Y TIPO DE PROCESO: El presente proceso es de conocimiento, de naturaleza ordinaria laboral.
OBJETO DEL PROCESO: Establecer la naturaleza del vínculo contractual que unió o las partes para determinar si a la parte actora le asiste el derecho a que se le paguen las prestaciones laborales. Indemnización. Daños y Perjuicios y Costas Judiciales. que reclamó en su demanda.
Del estudio de lo actuado aparecen los siguientes resúmenes:
DE LA DEMANDA: manifestó la parte actora que inició relación laboral con la demandada el uno de Julio de dos mil seis finalizando la mismo el treinta de junio de dos mil quince. a través de despido directo e injustificado. Continuó indicando que desempeñó el puesto de Piloto Automovilista. Señaló que devengó un salario promedio mensual durante los últimos seis meses de la relación laboral de DOCE MIL TREINTAY SEIS QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. En virtud de lo anterior reclamó el pago de: A) Indemnización por despido directo e injustificado; b) Daños y Perjuicios; c) Bonificación Anual Para Trabajadores del Sector Privado y Público; d) Compensación del Derecho a Vacaciones; e) Bonificación Incentivo; f) Costas Judiciales.
DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Los demandados no contestaron la demanda por su incomparecencia a la audiencia del día trece de junio de dos mil dieciocho.
DE LOS HECHOS SUJETOS A PRUEBA: a) la naturaleza del vínculo contractual que unió a las partes; b) la fecha de inicio y finalización de la relación laboral; c) El incumplimiento por parte de la demandada del pago de las prestaciones laborales reclamadas por la parte actora; d) la forma de finalización de la relación laboral.
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:
POR LA PARTE ACTORA: I) Documentos: a) Constancia de trabajo emitida el diecisiete de abril de dos mil quince por Elsa Marino Navarro Oficial de Operaciones de la Oficina del Alfo Comisionado de los Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala; b) Constancia de trabajo emitida el veinticinco de mayo de dos mil quince por Alberto Brunori Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala; c) Comunicación del veintidós de julio de dos mil once emitida por Alberto Brunori Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala; d) Carta de despido directo emitida el veintidós de Junio de dos mil quince por Valerie Julliard Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; e) Constancias de salario emitidas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo correspondientes al periodo de enero a junio de dos mil quince.
POR LA PARTE DEMANDADA: no aportó medios de prueba por su incomparecencia a la audiencia de juicio oral señalada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 335 del Código de Trabajo establece que, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarse ni oírle.
CONSIDERANDO: el Juzgador al analizar los hechos expuestos por las parles. las pruebas aportadas y las normas jurídicas aplicables, establece que en el presente caso, ninguna de las entidades demandadas comparecieron a la audiencia de juicio oral señalada, estando debidamente comunicadas y notificadas de la misma, por este motivo es procedente hacer efectivos los apercibimientos contenidos en la resolución que le dio trámite a la demanda y declarar rebeldes al Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Entonces con las pruebas diligenciadas, el juzgador determina que la parte demandante inició su relación laboral con la parte demandada Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo el día uno de Julio de dos mil seis. Que desempeñó el cargo de Piloto Automovilista y devengó un salario promedio mensual durante los últimos seis meses de la relación laboral de DOCE MIL TREINTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA y TRES CENTAVOS. Conforme lo indicado y debidamente probado en la secuela del juicio por la parte actora, él fue contratado y no hubo interrupción de la relación laboral, indicando que se suscribieron contratos o plazo fijo, lo que se verificó continuamente por varios años y que conforme el artículo 26 del Código de Trabajo. se configura como una relación laboral a plazo indefinido. La relación laboral fue finalizada por lo Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. el treinta de junio de dos mil quince, siendo que es de conocimiento común de la población que ambas demandadas realizan funciones en promoción, reconocimiento y defensa de los derechos humanos en Guatemala, por lo tanto. deben garantizar el derecho al trabajo y a las prestaciones laborales de sus empleados, ya que en el presente caso los servicios prestados por la parte actora fueron de naturaleza laboral y dentro el territorio guatemalteco, no pueden los demandados incumplir con las leyes laborales, en ese sentido ambos demandados tienen un propósito común en cuanto a sus operaciones, y ya que fue una de las entidades demandadas, la que contrató al actor y otra la que lo despidió, el juzgador estimo que ambas demandadas. están obligadas a cumplir con los derechos laborales derivados de la relación que tuvieron con la parte actora. Evidenciando que siendo ellos promotores de derechos humanos. están violando los mismos al Incumplir con sus funciones en Guatemala. desperdiciando recursos de todo tipo, ya que el actor se vio obligado a demandarlos para que se le garantizaran sus derechos como trabajador. resallando el actuar de las entidades demandadas, contrario a los derechos fundamentales del actor, garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala, Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Consecuentemente se establece que las entidades demandadas no probaron que, al finalizar la relación laboral, le fueron pagadas a la parte demandante las siguientes prestaciones laborales: a) Compensación en Efectivo de Vacaciones no gozadas del 1 de Julio de 2014 al 30 de junio de 2015; b) Bonificación Anual Para Trabajadores del Sector Privado y Público del 1 de Julio de 2006 al 30 de junio de 2015; c) Bonificación Incentivo del 1 de Julio de 2006 al 30 de junio de 2015. Para tener por probados estos hechos el juzgador valora en conciencia y en observancia del Principio de Justicia Social, los documentos aportados por la parte actora, y al no haber acreditado el pago de las mismas lo parte demandada, deben ser condenados al pago de las mismas. Debiendo oportunamente para el cálculo de las mismas. tomarse como base el salarlo mensual de DOCE MIL TREINTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.
DE LA FORMA DE FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: la parte demandante afirmó que la relación laboral finalizó a través de un despido directo e injustificado. por parle de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, el treinta de junio de dos mil quince por lo anterior, correspondía a las demandadas, acreditar la justa causa en que fundó el despido de la misma, entonces el juzgador en observancia del artículo 78 del Código de Trabajo, establece que la relación laboral finalizó por despido directo e injustificado; como consecuencia, es procedente condenar a la parte demandada para que paguen a la parle actora la Indemnización correspondiente al período comprendido del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2015, y al pago de Daños y Perjuicios y las Costas Judiciales de conformidad con lo regulado en el artículo 78 del Código de Trabajo.
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo citados y del 1 al 46, 101 al 111, 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1 al 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 al 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convenios 95 y 169 de lo Organización Internacional del Trabajo; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 43 de lo Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 78, 81. 82, 130. 136, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 335, 353, 354, 358 del Código de Trabajo; 141, 142, 143 y 147, 165 de la Ley del Organismo Judicial; Decreto 37-2001 del Congreso de la República, Acuerdo 48-2017de la Corte Suprema de Justicia.
POR TANTO: Este Juzgado, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, DECLARA: I) CON LUGAR la demanda promovida en la vía ordinaria laboral por JOSÉ ALFREDO MELENDREZ PÉREZ, en contra de el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, en consecuencia se les condena al pago de las siguientes prestaciones laborales: a) Compensación en Efectivo de Vacaciones no gozadas del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015; b) Bonificación Anual Para Trabajadores del Sector Privado y Público del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2015; c) Bonificación Incentivo del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2015; d) Indemnización correspondiente al periodo comprendido del 1 de julio de 2006 al 30 de Junio de 2015; e) Daños y Perjuicios y f) Costas Judiciales, en base a lo considerado. Para el cálculo de las prestaciones indicadas deberá tomarse como base el salario de DOCE MIL TREINTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS; II) NOTIFÍQUESE.
Msc. Roberto Manuel Angel Flores Rivera
Licda. Brenda Sofía Chinchilla Mayén
Tengo Derecho	Tengo Derecho	Deja un comentario julio 20, 2018 8 Minutes
“Si hay personas desalentadas que se cansaron de buscar empleo y ya no lo hacen más, estas personas se califican como “inactivas” y no entran en el cómputo de desempleo. Y esto no es bueno”, le dice a BBC Mundo, Verónica Alaimo, especialista senior de la División de Mercados Laborales del Banco de Interamericano de Desarrollo, BID.
“Las peores tasas de pobreza”
“Tiene algunas de las peores tasas de pobreza, desnutrición y mortalidad materno-infantil, especialmente en las zonas rurales e indígenas”, señala el organismo.
“Muchas personas no pueden darse el lujo de estar desempleadas. Necesitan trabajar para sostener a sus familias. Y eso muchas veces se traduce en trabajos precarios, trabajos informales, sin acceso a la seguridad social, o trabajos muy poco productivos y con bajos salarios”, dice Alaimo.
Jürgen Weller, jefe de la Unidad de Estudios del Empleo de la CEPAL, le dice a BBC Mundo que entre 2003 y 2014 —con una interrupción en 2009— hubo “una evolución bastante positiva del crecimiento económico y la correspondiente generación de empleo asalariado”.
Pero entre 2015 y 2017, en el contexto de una contracción económica en los primeros dos años de ese período, “el desempleo regional aumentó marcadamente, aunque todavía sin volver a los niveles de inicios de la década anterior”, agrega.
El problema del desempleo en los últimos años a nivel regional “fue bastante generalizado”, dice, pero se concentró más en los países sudamericanos que fueron golpeados, entre otros factores, por la baja de los precios de sus productos de exportación.
“Eso no fue tan relevante en México y los países centroamericanos que tuvieron una evolución más favorable al respecto”.
Hay países como como Bolivia y Guatemala que suelen tener un desempleo muy bajo, agrega Weller, pero “este bajo nivel de desempleo abierto refleja la existencia de un gran sector informal”.
“Los tres países están en la mitad de abajo del ranking“, dice Verónica Alaimo.
“Bolivia se encuentra por encima del promedio regional tanto en participación laboral como en empleo”, agrega.
“Y se encuentra muy cerca del promedio regional en el indicador de salarios suficientes para salir de la pobreza”.
“Yo creo que se relaciona con los bajos niveles de productividad laboral de la región, lo cual limita las posibilidades de empleos de calidad, formales y con salarios suficientes para superar la pobreza”, dice Alaimo.
“Este es un problema latente en nuestra región, que puede ahondarse a medida que la revolución tecnológica transforma los puestos de trabajo, sin que esta transformación venga acompañada de capacitación para reconversión laboral”.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44662399
Tengo Derecho	Tengo Derecho	Deja un comentario julio 16, 2018 6 Minutes
La forma cómo se ha desenvuelto la sociedad a través del tiempo ha marcado el comportamiento humano dentro del ambiente laboral y dependiendo del período cronológico en el cual nacieron las personas así también es su actitud hacia el trabajo.
Hoy en día existe un choque generacional entre quienes por su edad y experiencia dirigen las empresas, otros que ocupan altos cargos y los que integran toda la parte operativa —por lo general son personas jóvenes—. De alguna manera esta brecha está creando un vacío en medio de la fuerza laboral y la funcionalidad de las organizaciones.
Para la comprensión de este tema se han creado diferentes grupos: La primera generación llamada Baby boomers surgió después de la Segunda Guerra Mundial, comprendida entre 1945 y 1964. Se caracterizan por ser amantes del trabajo, aunque no les apasione. Son metódicos y responsables. Muchos de esta época son los dueños o presidentes de las grandes corporaciones de hoy.
La Generación X nació entre 1965 y 1981, se distinguen por ser tradicionales. Estos, posiblemente son hoy los gerentes generales de las empresas, son una poderosa mezcla de experiencia, tecnología moderada y buena educación. No así los milenials o Generación Y que surgió entre 1982 a 1999, enfocados fuertemente en la tecnología. Estos son autodidactas y atrevidos. Aunque en el ámbito laboral no son muy estables.
Del 2000 a la actualidad se considera la Generación Z o centenials, caracterizados por estar extremadamente influenciados por la tecnología, no pueden vivir sin internet, celulares y redes sociales. Estas personas son aún jóvenes y no han iniciado de manera formal en el mundo laboral, por lo que aún es pronto para juzgarles.
Es importante enfocarse en las características de los milenials, ya que según PwC Millennials at work, 2012, se considera que “en Estados Unidos son el 25% de la fuerza laboral y se espera que dentro de dos años aumente a 50%”. En Guatemala se estima que los porcentajes son aún mayores y que gran parte de los empleados son milenials.
Según el diario El Observador, este grupo busca una serie de condiciones para permanecer en un empleo. Entre ellas está perseguir un buen clima laboral y un empleo que le proporcione un balance entre su vida personal y el trabajo. Necesitan reconocimiento, retroalimentación de su desempeño laboral, incentivos económicos y emocionales.
Lo cual varía de las generaciones anteriores, ya que ellos consideraban un logro conservar un empleo, mientras que a los mileanials no les importa cambiar constantemente de trabajo, sobre todo si no se encuentran satisfechos, por lo que consérvalos dentro de la organización es todo un logro. Están acostumbrados a un ritmo de vida rápido y con cambios constantes; necesitan tener su espacio y autonomía para poderle poner pasión a su trabajo.
Además, esta generación se caracteriza por querer cambiar el mundo, son optimistas y muy impulsivos, si se les limita se desmotivan. Este grupo toma decisiones basándose en sus sentimientos y no en su permanencia.
Hablando de su presentación personal en el trabajo, ellos no quieren utilizar el vestuario tradicional para trabajar, prefieren vestir casual y cómodamente. Además, les gusta usar tatuajes, piercings, cortes y tintes de pelo estrambóticos, porque consideran que de este modo expresan su personalidad. Se resisten a aceptar las normas de una empresa en ese sentido, y prefieren no aceptar el empleo antes de cambiar su aspecto.
En perspectiva, es bueno para las empresas balancear la fuerza laboral con personal intergeneracional, para crear un equipo heterogéneo y multidisciplinario cada quien aportando lo mejor de las cualidades propias de su grupo.
https://www.prensalibre.com/opinion/opinion/los-milenials-en-el-mundo-laboral
Tengo Derecho	Tengo Derecho	Deja un comentario julio 16, 2018 3 Minutes
Los sectores laboral y patronal consideran que son necesarias más reformas para seguir mejorando las condiciones de trabajo, luego de divulgarse que Guatemala está entre los diez peores países para trabajar refiere la evaluación en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional 2017.
12 de Julio de 2018 a las 05:15h
Desde la perspectiva de los trabajadores se recopila información de las violaciones de los derechos laborales y se contrastan con las normas del trabajo reconocidas como derechos civiles, y derechos de negociación colectiva, de huelga, de sindicalización y derechos procesales.
José González-Campo, coordinador de comité Laboral del Cacif, dijo que la libertad sindical es un derecho reconocido en la Constitución y tiene que ser respetada de igual forma que la libertad de asociación pero también que las personas tengan la libertad de decidir ser parte o no a un sindicato. Además rechaza cualquier tipo de violencia contra de las personas en general y los sindicalistas.
A su consideración hay aspectos que se deben mejorar, pero opina que en los últimos años ha habido avances en los temas laborales.
Califica como importante dentro de esos avances las reformas al Código de Trabajo con las que se fortaleció la Inspectoría General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, para que con reglas claras se cumpla con normativas. El decreto ya se publicó y ahora hay que asegurar que el ministerio tenga la capacidad para ejecutarla.
Ahora la iniciativa 5199 que se encuentra en el Congreso en la cual ya hay consensos en la mayor parte de la propuesta pero aún hay algunas diferencias, agrega el ejecutivo.
La iniciativa busca reformar la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de Trabajadores del Estado (Decreto 4441 del Congreso). En noviembre del 2017 tanto el sector patronal como sindical pidieron que se retirara para efectuar una mayor discusión.
El coordinador de comité Laboral del Cacif, dijo que consideran que la queja para que se instale una comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debería retirarse y que se establezcan mejores canales de comunicación para afrontarlos.
Miguel Ángel Lucas, integrante de la Central de Trabajadores del Campo (CTC) y abogado laboralista, indicó que sigue la violación de los derechos labores.
Además, considera que aunque se han aprobado algunas reformas a leyes en temas laborales, en la práctica aún hay atrasos para resolver los conflictos laborales ya que se lleva entre 2 a 7 años un proceso.
En los procesos se imponen trabas legales, se vuelven lentos y engorrosos, y se limita que el problema se logre resolver con mayor prontitud, agrega.
Lucas critica que el año pasado y a inicios de este se había agilizado la labor en los juzgados de trabajo pero que en recientes meses volvió a ser lenta, ya que algún caso que llega a los juzgados debe esperar entre 8 a 10 meses para la primera audiencia. Además que los mismos órganos jurisdiccionales no respeta los plazos.
A diferencia de González-Campo, Lucas indica que no ven como un avance la reforma aprobada el año pasado por el Congreso que buscaba fortalecer la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, ya que los diputados cometieron el error de derogarla en el mismo decreto.
Lucas comparte que lo mencionado en el estudio respecto a que falta capacidad del Estado incluyendo la fiscalía del Ministerio Público para para investigar los asesinatos o ataques a sindicalistas, que se han dado los últimos años. Además cree que la denuncia para que se instale el comité de encuestas de la OIT debe continuar, ya que la mayoría de casos que recibe la OIT de parte de Guatemala siguen sin resolverse por el Estado.
Frase “En la vía laboral no hay acciones reales para mejorar esa situación, de alguna manera se vio con buenos ojos que se agilizara la labor de los casos, pero de nuevo no se están agilizando los procesos y se están retardando”.
Ministerio de Trabajo detalla avances
Respecto a la ubicación de Guatemala entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) respondió que consideran que se ha logrado “grandes avances relativos al cumplimiento de la normativa laboral” lo cual ha sido reconocido por la OIT.
Esa organización durante la última reunión del Consejo de Administración que se efectuó en junio pasado, reconoció “los notables avances alcanzados por el Gobierno de Guatemala, en particular en la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical”, agrega ese ministerio por medio de la oficina de relaciones públicas.
Añade que ha dado prioridad al cumplimiento del Acuerdo Nacional Tripartito, que tiene por objeto propiciar espacios de diálogo que generen propuestas para el pleno goce de los derechos laborales de los trabajadores. Respecto a esa plataforma expone que se da participación a los interlocutores sociales y a otras instituciones del Estado “porque estamos conscientes de que la protección de los derechos laborales debe abordarse de manera sistémica e integral”.
En esa labor otras instituciones asumen un rol preponderante, como es el caso del Ministerio Público, que tiene a su cargo el esclarecimiento de las muertes de líderes sindicales y sindicalistas.
“Consideramos que el reconocimiento del Consejo de Administración de la OIT, es ya un resultado palpable. Como acción específica, podemos citar la pronta captura de cuatro personas, ligadas a proceso penal, por la lamentable muerte del sindicalista Tomas Francisco Ochoa Salazar, así como las veintidós sentencias obtenidas en los últimos tres años, sobre otras muertes de dirigentes sindicales” detalla el Mintrab.
De qué se trata el índice
La evaluación recopila información de diversas temáticas y clasifica a los países en seis categorías, en una escala del 1 al 5 basada en el grado de respeto de los derechos de los trabajadores. La sexta clasificación se denomina 5+ e integra a los países donde los derechos no son garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho (ahí se mencionan países en guerra, entre otros).
La categoría 5, en donde se ubica a Guatemala, establece que son las naciones donde los derechos no son garantizados. En esa categoría se evalúa que aunque “la legislación puede enumerar derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas”.
Los datos recopilados son contrastados con una lista de 97 indicadores derivados de los Convenios y la jurisprudencia de la OIT.
Un país recibe un punto cada vez que la información textual corresponde con un indicador. Cada punto tiene el valor 1. Tras la codificación del texto de un país, se suma el número de puntos para obtener una puntuación final.
La puntuación final de un país determina la clasificación que obtendrá.
Los otros nueve países mencionados son Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Filipinas, Colombia, Kazajstán, Corea del Sur, Turquía y Bangladesh.
Guatemala también es mencionada dentro de los 11 países donde se ha asesinado a trabajadores por sus actividades sindicales. De Latinoamérica se incluyen también a Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú y Venezuela.
Respecto a los comentarios del país, el informe refiere que Guatemala “conserva la reputación de violencia contra los trabajadores” con nuevas evidencias en de ataques dirigidos contra sindicalistas que los trabajadores siguen expuestos y se socava enormemente la libertad sindical. Y critica tanto al Gobierno como al sistema judicial y al Ministerio público por no lograr resolución de los casos.
La Confederación Sindical Internacional (CSI), fundada en el 2006, es una confederación de centrales sindicales de cada país. El índice se emitió por primera vez en el 2014.
Esa organización cuenta con 340 organizaciones afiliadas en 163 países y territorios de los cinco continentes, con una membresía total que ronda los 181 millones de trabajadores, se agrega en el documento.
En base a las pruebas recogidas, se ha elaborado esta cuarta edición del Índice Global de los Derechos, donde se clasifican 139 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores.
La CSI explica en el documento que la posibilidad de organizarse ayuda a mejores condiciones de trabajo porque “permite a los trabajadores utilizar su poder colectivo para conseguir mejoras en los derechos laborales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo, derecho a no ser discriminados y la garantía de que no se recurra al trabajo infantil o al trabajo forzoso”.
El Mintrab agregó que con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de los derechos laborales el país estableció una Hoja de Ruta que muestra resultados como:
Creación de la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas del Ministerio Público
Fijación de medidas de seguridad para sindicalistas, a través del Ministerio de Gobernación.
La entrada en vigencia del Decreto 7-2017, el cual regresa la potestad sancionadora al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que a su vez fortalece la capacidad de la Inspección General de Trabajo (aunque respecto a este hay opiniones divididas entre el sector laboral y sindical).
Y, la creación de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical , entre otras.
https://www.prensalibre.com/economia/persisten-desafios-en-el-pais-en-derechos-laborales-indice-de-derechos-laborales-confederacion-sindical
Tengo Derecho	Tengo Derecho	Deja un comentario julio 16, 2018 7 Minutes

References: resolución 
 resolución 
 Artículo 10
 artículo 100
 artículo 4
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 309
 artículo 17
 Artículo 4
 artículo 46
 Artículo 2
 Artículo 219
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 203
in dubio
 Artículo 1
 Artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 335
 resolución 
 artículo 26
 artículo 78
 artículo 78
 resolución