Source: https://ru.scribd.com/document/432710902/Apuntes-para-la-Construccion-de-una-Jurisprudencia-hacia-la-Igualdad
Timestamp: 2020-05-30 09:06:12+00:00

Document:
Apuntes para la Construcción de una Jurisprudencia hacia la Igualdad | Caso de ley | Discriminación | Бесплатная 30-дневная пробная версия | Scribd
Apuntes para la Construcción de una Jurisprudencia hacia la Igualdad
Ysaura Lebron
Aportar las herramientas técnicas para construir una jurisprudencia hacia la igualdad
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Derechos de Igualdad 2.0
Repuestas Unidad 5
¿Para Qué Sirve La Metodología de La Investigación Jurídica
El Goce de Sus Derechos
3. La Discriminación y El Derecho a La No Discriminación 4Ta Semana
Norma Bautista Brunilda Castillo Mario Nelson Mariot Juan Aníbal Rodríguez Francisco Antonio Pérez Lora
ONAPLAN/BIP
Aportes para la Construcción de una Jurisprudencia hacia la Igualdad/
Escuela Nacional de la Judicatura, 2002. 162p.
Santo Domingo, República Dominicana :
ISBN: 99934-878-1-3
1. JURISPRUDENCIA-REPÚBLICA DOMINICANA
2. JUSTICIA-JUECES-REPÚBLICA DOMINICANA
Título: Aportes para la Construcción de una Jurisprudencia hacia la Igualdad
Autores: Norma Bautista, Brunilda Castillo Mario Nelson Mariot, Juan Aníbal Rodríguez y Francisco Antonio Pérez Lora
© Escuela Nacional de la Judicatura, 1ra. Edición, 2002. Calle César Nicolás Penson No.59, Gazcue 1 (809) 686-0672, Fax: 1 (809) 686-1101 Santo Domingo, República Dominicana E-mail: e.judicatura@codetel.net.do http://www.judicatura.gov.do
0001642-04
Foto de Mural de las Pintoras Elsa Núñez, Rosa Tavárez, Iris Pérez, Marianela Jiménez y Kirsis Angeles.
Fotografía y concepto de portada Lino Dalle Vedove
Diseño y diagramación Julissa Ivor Medina
Trabajo realizado a partir del Manual “Por una Juris- prudencia Hacia la Igualdad”, propiedad de la Fundación Internacional de Mujeres Juezas.
Aportar las herramientas técnicas y conceptuales a los/ as operadores / as del sistema judicial para construir una jurisprudencia hacia la igualdad.
APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA HACIA LA IGUALDAD
JURISPRUDENCIA E IGUALDAD
La Igualdad Real o Material
La Valoración de la Diferencia
EL ASPECTO LEGISLATIVO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Jurisprudencia Nacional. Evolución Jurisprudencial
CAPÍTULO 2. CRITERIOS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Consecuencias Negativas de la Socialización de las Personas
Las Instituciones del Patriarcado
CAPÍTULO 3. LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La Mujer Víctima de la Violencia en el Hogar
Políticas de Aplicación de la Ley
Manera de Síntesis
CAPÍTULO 4. EL TRATAMIENTO DE LA MUJER VÍCTIMA EN LOS TRIBUNALES
Evolución Legislativa de la Familia
El Código Civil Dominicano
Tratamiento de la Mujer en la Legislación Penal
LA DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD JURÍDICA
La Familia y la Igualdad en los Instrumentos Internacinales
La Igualdad Real es la Meta Los Instrumentos Internacionales y
OBSTÁCULOS PARA PROTEGER A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA
Operadores del Sistema Penal
L a Escuela de la Judicatura de la República Domi-
nicana desea expresar su más sincero agradeci-
miento a la Fundación Internacional de Mujeres
Juezas (FIMJ) por su creatividad en el diseño del
programa titulado "Por Una Jurisprudencia hacia la Igualdad; Mujer, Jueces y Legislación en Derechos Hu- manos". Agradecemos a la Fundación por habernos per- mitido adaptar los materiales de este programa para su utilización en nuestro país.
Estamos especialmente agradecidos con las consulto- ras especialistas de la FIMJ, la Honorable Cristina Cami- ña y la Dra. Marcela Rodríguez, quienes desarrollaron el curriculum para el programa en República Dominicana e impartieron el primer taller de Jurisprudencia de Igual- dad en República Dominicana, en octubre del 2000. Quisiéramos reconocer también la invaluable contribu- ción de la profesora Anne Tierney Goldstein quien pre- paró el primer Manual de Capacitación para el programa de Jurisprudencia de Igualdad, en el cual se han basado los manuales subsecuentes.
E s necesario mencionar y agradecer de manera muy espe-
cial el trabajo aportado por Gervasia Valenzuela, Subdi-
rectora de la Escuela Nacional de la Judicatura; Mildred
Beltré, Directora del Programa Piloto para la Prevención
de la Violencia Intrafamiliar, BID-ONAPLAN, y Rosa Divina Oviedo, Consultora de la Escuela Nacional de la Judicatura, por su trabajo tesonero para que esta publicación sea una realidad.
L a Escuela Nacional de la Judicatura, con el apoyo del Programa Pilo-
to de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, ejecutado
por la Oficina Nacional de Planificación con fondos del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, planificó, dentro de su Programa de For-
mación Continua, un seminario dirigido a magistrados y magistradas de las jurisdicciones penal, de instrucción y de niños, niñas y adolescentes, con el tema “Por una Jurisprudencia hacia la Igualdad”.
Este proceso se inició con la capacitación de 25 personas. Luego, de es- te grupo se seleccionarían los multiplicadores de futuros seminarios, así co- mo las personas que trabajarían en la adaptación a nuestra legislación del material didáctico preparado por la Organización Internacional de Mujeres Juezas y de la creación de los temas necesarios. Para esta actividad fueron seleccionados los Magistrados Mario Nelson Mariot, Francisco Pérez Lora, Juan Aníbal Rodríguez, y las Magistradas Norma Bautista y Brunilda Casti- llo, quienes trabajaron de manera entusiasta, no sólo como capacitadores del seminario, sino en la adaptación del citado material que hoy se presenta.
Dentro del marco de estos propósitos, el documento contiene un valio- so análisis de la legislación dominicana, en lo que respecta a los conceptos sobre igualdad, no-discriminación, género y violencia (en especial la violen- cia intrafamiliar en todas sus manifestaciones y etapas, así como la ejercida contra la mujer en razón de su género), partiendo de nuestra propia legisla- ción, tanto desde el punto de vista de los derechos fundamentales consagra- dos en la Constitución de la República, como de las leyes adjetivas, desde nuestros Códigos Civil y Penal hasta la legislación vigente. Se hace especial énfasis en la Ley 24-97 del 27 de enero de 1997, la que, con la modificación de diversas disposiciones del Código Penal, prevé, define y sanciona la vio- lencia intrafamiliar y contra la mujer, y la discriminación, entre otros deli-
tos, que constituyen la gran problemática en el ámbito social, e inciden, en forma negativa, en el desarrollo de los pueblos y en el derecho de toda per- sona, hombre o mujer, a tener una vida digna, sana y libre de violencia.
El documento comentado no deja de lado el estudio, por su valioso aporte a esta problemática, de los instrumentos internacionales adoptados por los poderes públicos, que forman parte de nuestra legislación positiva en virtud del artículo 3 de la Constitución.
La jurisprudencia nacional, tanto de la Suprema Corte de Justicia como de los tribunales de fondo, ha sido objeto de un minucioso estudio, presen- tando algunos fallos de principio. Estas informaciones han venido a enrique- cer el material aportado.
El seminario, impartido hasta el momento a 156 magistrados y magistra- das de todo el país, tiene como objetivo lograr que para el año 2002 una gran proporción del personal de los tribunales, y el personal de la Escuela, 12 reciba la formación necesaria. Esto así, pues es evidente que el mismo ha creado en los magistrados y magistradas que lo han recibido el convenci- miento de la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa, que representa el primer y exitoso esfuerzo por tratar en forma integral esta problemática desde la administración de la justicia. Aunque falta mucho camino por reco- rrer, estamos conscientes de que las grandes transformaciones requieren va- lentía, dedicación y compromiso, pero también tiempo para su maduración.
Este compromiso que asume el Poder Judicial hacia una buena práctica de la justicia, precisa de un cambio de visión, libre de estereotipos y mitos generalmente difíciles de abandonar para que las víctimas de la violencia, cuando lleguen a la justicia, sean tratadas con el respeto y la comprensión que su caso requiere. Pero este compromiso debe ser más amplio, involu- crando a más sectores, en un proceso educativo, político, de verdadero de- sarrollo social, que haga posible que cada vez menos casos lleguen a los tri- bunales, no porque estos se oculten, sino porque no sucedan.
Dra. Margarita A. Tavares Jueza Suprema Corte de Justicia
E l Poder Judicial dominicano marca un hito, al iniciar un
trabajo serio, sistemático y abarcador, con relación a un
problema tan sensible, como es el tema de la violencia in-
trafamiliar. Este hecho, necesariamente, se convierte en
una gran punta de lanza para el trabajo en los tribunales domini- canos y, como insumo a los magistrados y magistradas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, en la expansión del abani- co de opciones a considerar en el momento que reciben a una persona víctima de violencia.
La entrega de recursos técnicos y de instrumentos posibles de tomar en consideración al momento que se pondera un caso en justicia, siempre será importante, pues la amplitud de marco de referencia y de criterios de evaluación, colocan a la persona que imparte justicia en mejor situación para la toma de decisiones.
Trabajar la temática de la violencia intrafamiliar desde el Po- der Judicial puede apreciarse inclusive, como un arma de doble filo, en el sentido de que es posible establecer malas interpreta- ciones, sobre la inclinación de la balanza hacia un lado. A pesar de esta posibilidad, presentamos este trabajo de reflexión, de análisis y de compromiso, por razones bastante obvias. El proble- ma social, reconocido y admitido por la sociedad que representa la violencia intrafamiliar, rebasa la posibilidad de no hacer nada, sobre todo, si el no hacer se basa en la preocupación expresada hace un momento, porque la misma se constata diariamente en las noticias y en las estadísticas de nuestro país, que hablan de al- rededor de 90 mujeres asesinadas en casos de violencia intrafami- liar en el transcurso del año 2001.
El Poder Judicial ha externado su compromiso de trabajar con perspec- tiva de género, para que el respeto al principio de igualdad en nuestros tri- bunales sea un hecho. Por tanto, es necesario aportar a las personas encar- gadas de la administración de la justicia los instrumentos necesarios que le permitan tener un amplio marco teórico, conceptual y técnico para la com- prensión de la problemática y actuar en consecuencia.
La realidad que se presenta en este documento, lamentablemente, es un mal que arrastran nuestras sociedades, y probablemente, al leerlo, la mayo- ría de las personas se percaten de que de una u otra forma, han tenido de cerca el problema de la violencia intrafamiliar, en un familiar, en un amigo/a, en un vecino/a, en compañeros/as de trabajo e inclusive en su propia perso- na. Esta realidad palpable, e innegable, suele colocar a las personas en una posición a la defensiva o en actitud de negación y/o justificación del proble- ma; si logramos que este documento sirva para crear una visión crítica, ya sería bastante.
14 Y tener pendiente siempre que la violencia es un problema, y que nadie debe ser tratado con violencia, ni a lo interno, ni fuera de la familia; la vio- lencia no soluciona conflictos, sino por el contrario, los agudiza.
Autora: Magistrada Norma Bautista Jueza Presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
J urisprudencia, del latín jurisprudentia, este término en su antigua
acepción (hoy casi desaparecida), es la ciencia del derecho; en una
segunda definición es: interpretación de la ley por los tribunales, y
en una tercera es el conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia, ejemplo: jurisprudencia en materia de derecho de la mujer. (Capitán 1977).
Tomaremos el concepto de jurisprudencia en su segunda acepción, que se refiere a la interpretación de la ley, o sea: “La interpretación normativa tiene el doble fin de dar a conocer la materia interpretada y regular la con- ducta según el resultado de las máximas que se derivan de las normas o los dogmas, y de las valorizaciones morales o de las situaciones psicológicas, de acuerdo a la interpretación. (Ducci Claro, 1997).
Y en la tercera acepción, que la plantea como el conjunto “de decisiones de los tribunales”, se va reflejando la consonancia de las decisiones judicia-
les sobre la interpretación de la norma jurídica, la coherencia en la decisión de casos similares y la interpretación conforme con el criterio de lo justo y útil (Art.5 de la Constitución de la República Dominicana), que debe tener como finalidad toda norma jurídica, criterio de razonabilidad que tiende al trato igualitario de todos ante la ley para el cumplimiento de lo ordenado o preceptuado en la norma, que tiene como fin último la convivencia armóni- ca y la paz social, ésta en su sentido más profundo.
En el Seminario por una Jurisprudencia Hacia la Igualdad, el concepto de jurisprudencia alcanza su plena acepción, vista además, como fuente de dere- cho, dado que la norma jurídica en sí misma, por su carácter general y abstrac- to requiere del juez la función de subsumir el concepto general, (la norma), al caso concreto, (la propuesta del conflicto), que es donde se adecúa la norma al hecho. Lo que quiere decir, que convierte la norma general en particular. Y ésta a su vez se generaliza para los casos similares y, cuya permanencia como jurisprudencia de principio está condicionada, en el caso específico de los de- rechos de la mujer, en que se fundamente en los principios de igualdad y en 16 la no-discriminación, que es el aspecto real del principio de igualdad.
Siguiendo este orden de ideas, debemos convenir con la acepción de jurisprudencia contenida en el Diccionario Jurídico Espasa que expresa: “Si la actividad de los órganos jurisdiccionales se limitara a aplicar la ley en el sentido más literal del vocablo anterior, apenas si la función judicial tendría otra importancia que la derivada de ese mismo contenido; por lo que en ma- teria tan importante como es el tema de las fuentes del derecho, su relevan- cia sería escasa. Pero ni el derecho es sólo ley, ni tan poco la norma legal puede prevenir todas las situaciones y modalidades de conflictos en las re- laciones humanas (menos aún sus particularidades relevantes) . Debido, pre- cisamente, a su carácter posterior a una situación experimental previa, que surge ex novo. Esta limitación de la ley, que resulta de su propia mecánica, obliga a prevenir otros instrumentos de adecuación en la solución de con- flictos. De ahí que, en trance de subsidiariedad, el ordenamiento jurídico consigne otras fuentes, que pone a disposición del juzgador, para que éste pueda hallar a su alcance medios para emitir la sentencia; y además para al- canzar un mayor grado de realización práctica de la justicia, así, el intérpre- te no sólo aplica la ley, conforme al sistema de fuentes, sino que con su la- bor reiterada complementa el ordenamiento jurídico”.
En este contexto de la jurisprudencia como hacedora de la justicia al aplicar la ley, en el sentido de lo equitativo y de paz social y como fuente de derecho, vamos a analizar el principio de igualdad en las relaciones de género y su aplicación en los tribunales de la República Dominicana.
El concepto de igualdad tiene diferentes connotaciones, desde la igual- dad ante la ley, igualdad formal, igualdad entre hombres y mujeres, hasta el de equidad, y en su mayor comprensión se avanza hacia la igualdad sustan- tiva, hacia el concepto de no-discriminación y el respeto por la diferencia.
El concepto de igualdad entre hombres y mujeres se consuma, pues, en los conceptos de equidad, de no-discriminación y de valoración de la dife- rencia.
La promoción de la equidad entre los sexos se entiende en el sentido del mantenimiento de los roles “complementarios”, lo que implica necesariamen- te la eliminación del hombre como paradigma o modelo del ser humano.
El Art.8 de la Constitución Política de la República Dominicana, dispo-
ne: “
y útil para la comunidad ni puede prohibir más de lo que le perjudica”.
ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo
Aplicar de manera eficiente los principios y valores que encierra este
mandamiento constitucional, legitima todas las acciones tendentes a lograr
la igualdad de género. Con el objetivo de hacer este enunciado viable y apli-
cable se le acompaña de leyes adjetivas que sean de naturaleza a tipificar y sancionar las situaciones sociales, económicas y culturales de discriminación en todos los aspectos de la vida en sociedad, en su sentido más comprensi- vo. Mientras esto no se produzca en un ordenamiento jurídico como refle- jo de una realidad social, estamos frente a una igualdad formal, una simple declaración de principios, que se queda en la epidermis social y que no prende en la conciencia y el actuar de una comunidad humana.
En el concepto de igualdad de género hay que distinguir: la igualdad en términos absolutos, que es aquella relacionada con la igualdad socioeconó- mica entre los seres humanos, la cual ha sido una de las primeras luchas de la humanidad, y se remonta a la rebelión contra la esclavitud, en que exis- tían seres humanos asimilables, en su condición jurídica, con las cosas, al no ser pasibles de derechos y obligaciones, ni aun los llamados derechos fun- damentales, como el derecho a la vida, entre otros; y el concepto de igual- dad jurídica, la igualdad ante la ley, o sea, que la aplicación de la ley debe ser igual para todos.
La igualdad es un valor jurídico preeminente del ordenamiento jurídico nacional, que está colocado en el mismo rango constitucional que la libertad, siendo el principio de la igualdad ante la ley un aspecto del valor igualdad
que es en esencia, conformidad de una cosa con otra en naturaleza, y lleva implícita la idea de identidad, equivalencia, en su concepción más amplia.
Consiste en la igualdad ante la ley. Responde a la proposición de que de- be tratarse a todas las personas por igual. Esta es la concepción de la igual- dad que predomina en el mundo jurídico actual. Esta igualdad es insuficien- te. La forma de igualdad formal puede coexistir con situaciones de desigual- dad real en la sociedad. La experiencia demuestra que el solo reconocimien- to de la igualdad ante la ley, no elimina de por sí los problemas de desigual- dad que existen en la sociedad.(Rodríguez y Camiña, 2000).
Ese modelo formal de igualdad parte, o se basa, en la concepción de que 18 hombres y mujeres son exactamente iguales y, por ende, las mujeres deben ser tratadas por el derecho o la ley exactamente igual como la ley trata a los hombres. Quienes defienden este modelo de igualdad argumentan a favor de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y pretenden que las mujeres accedan a las oportunidades y actúen de conformidad con las re- glas y estándares que fueron fijados por los hombres. (ibid)
“Según esta concepción, lo importante es la condición real de las perso- nas. Lo que se persigue es colocar a todos / as en condiciones materiales de igualdad y no sólo al nivel del reconocimiento formal. El logro de la igualdad real muchas veces requerirá el trato desigual, para lograr un resultado igual. Es decir, para eliminar los desniveles reales en las situaciones de vida o en el ac- ceso a recursos, oportunidades, bienes o servicios en la sociedad, habrá que tratar a las personas desigualmente situadas en forma diferente. Esta es una vía por la que se pueden transformar muchas situaciones de injusticia”(Ibid)
Plantean las autoras citadas, que ni la igualdad formal ni la material o real son de por sí suficientes para lograr un trato justo a las personas. Muchas ve- ces el trato justo requiere que se trate a cada cual según sus particulares cir- cunstancias. Es en este sentido que se emplea el término equidad. No se tra-
ta de “igualar” a nadie, sino de proveer el trato que las condiciones particu- lares de cada quien requieran para satisfacer sus necesidades singulares o atender sus reclamos especiales. El trato equitativo- a diferencia del trato igual- requiere siempre la contextualización de las decisiones; las experien- cias particulares, el contexto social de las relaciones y las condiciones de existencia de cada cual.
En el concepto de igualdad real o material entran en juego los siguien- tes aspectos:
Se refiere a intentos de llevar a integrantes de grupos sub-representados, grupos que han sufrido discriminación, a una mayor participación. Las Ac- ciones Positivas pueden ser definidas como: un programa público o privado diseñado para igualar las oportunidades de admisión de grupos histórica- mente desaventajados, tomando en consideración aquellas mismas caracte- rísticas que han sido usadas para negarles un tratamiento igualitario.
Las leyes que a continuación se indican, van encaminadas a reafirmar, con respecto a la mujer, el derecho de igualdad. La acción afirmativa se jus- tifica dentro del proceso socio-jurídico de ajuste del derecho general de igualdad, en aplicación a situaciones jurídicas de igualdad material, real y de equidad, mediante una justa valoración de la diferencia de género.
Además de la Ley 24-97, que será tratada más adelante, en el ámbito legislativo merecen citarse entre las leyes destinadas a afirmar la igualdad jurídica:
Ley 605-95, que ratifica la “Convención de Belem Do Para”, Conven- ción Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Ley 55-97 de Reforma Agraria, que beneficia a las mujeres en el acceso a créditos, como propietarias de tierras y otros bienes relacionados con la reforma agraria.
Ley 66- 97 sobre Educación, que establece el principio de igualdad edu- cativa entre los géneros.
Ley 86-99, que crea la Secretaría de Estado de la Mujer.
Ley 13-2000, que modifica la Ley 275-97, que aumenta de 25 % a 33 % la cuota de las mujeres en los cargos congresionales y municipales, en que afirma el derecho de las mujeres de ser elegibles, tomar parte activa y efec- tiva en las decisiones políticas.
El concepto de acciones positivas va encaminado a:
1) La Justicia Compensatoria: acuerda reparaciones por daños pasados. Su objeto es ubicar a quienes han sufrido perjuicios e injurias pasadas, en el lugar que ellos / as hubieren ocupado de no haber sido por esas injusticias sufridas.
La justicia compensatoria demanda la transferencia de bienes y recursos de una persona o grupo de personas a otras, a los efectos de restablecer la situación de igualdad que existía o debía haber existido entre ellas antes de 20 la imposición de las condiciones que resultaron en privilegios para el viola- dor de la igualdad y obstáculos para las víctimas.
2) La Justicia Distributiva: toma en cuenta no el pasado sino el presen- te y el futuro, a fin de determinar cuál es la forma más justa de asignar los bienes y recursos sociales y políticos. La distribución de bienes y recursos debe estar guiada por una preocupación real respecto a factores tales como derechos, méritos, contribuciones y necesidades.
Uno de los propósitos es generar un marco institucional apropiado para proveer un equilibrio óptimo entre el logro de un grado social de coopera- ción necesaria para asegurar el funcionamiento adecuado de la sociedad y el de la protección de los derechos individuales.
3) Utilidad Social: la justificación se basa en que el mecanismo brinda un mayor grado de utilidad social. Así, las acciones positivas se justifican si son necesarias o convenientes para maximizar el bienestar de la sociedad en conjunto.
Para el análisis de costos y beneficios que justificaría un programa de ac- ción positiva bajo criterios de utilidad, es necesario considerar ventajas ta- les como la promoción y desarrollo de modelos de roles deseables, la des- trucción de estereotipos negativos, el logro e incremento de la diversidad, el alivio de las tensiones entre los sexos y la provisión de servicios a los me- nos poderosos de la comunidad.
El paradigma de la igualdad, es decir, la noción de que la justicia se rea- liza tratando a todas y todos por igual, está siendo superado por una nueva propuesta que plantea la necesidad de valorar las diferencias. De lo que se trata es de aceptar que hay diferencias entre las personas y los grupos y que esas diferencias pueden ser positivas y deben ser respetadas. La justicia, en este sentido, requiere que se aprecien positivamente las diferencias. Estas se deben tomar en cuenta, no para oprimir y subordinar, sino para potenciar y propiciar el desarrollo personal” (ibid)
La crisis actual será superada si se da a luz una sociedad en donde las mu- jeres y los hombres revaloren lo humano, respetando el derecho de igualdad en cuanto humanos y el derecho a la diferencia según las condiciones espe- cíficas de cada persona.
Es la negación en un ordenamiento jurídico de los principios de igual- dad entre el hombre y la mujer.
La discriminación está tipificada en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, promulgada por el Poder Eje- cutivo el 25 de junio de 1982:
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil y en cualquier esfera”.
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Hu- manos, sobre la discriminación laboral expresan: “El principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, pero no lo es me- nos que ese tratamiento legal desigual tiene un límite que consiste en la dis- criminación, es decir, en el hecho de que la desigualdad esté desprovista de
una justificación objetiva y razonable” (St. 5 de mayo de 1982. Recurso de Amparo 398/1981) .
El derecho a la no-discriminación entra a formar parte de la terminolo- gía jurídica y como una infracción del ordenamiento jurídico dominicano con la Ley 24-97, del 27 de enero de 1997, que modifica los artículos 336, 337 y 338 del Código Penal Dominicano, bajo el tipo de “Atentados contra la personalidad y la dignidad de la persona”; adoptándose la definición más arriba citada y en un contexto más amplio, como sigue:
“Constituye una discriminación toda distinción realizada entre personas físicas en razón de su origen, edad, de su sexo, de su situación de familia, de su estado de salud, de sus discapacidades, de sus costumbres, de sus opinio- nes políticas, de sus actividades sindicales, de su ocupación, de su pertenen- cia o su no-pertenencia, verdadera o supuesta, a una etnia, una nación, una raza o una religión determinada.” (Art.336 del Código Penal, modificado por Ley 24-97, del 27 de enero de 1997).
22 Se han establecido como casos de discriminación, sancionados como una infracción correccional:
a) Rehusar el suministro de un bien o un servicio;
b) Trabar el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera;
c) Rehusar contratar, sancionar o despedir una persona;
d) Subordinar el suministro de un bien o de un servicio a una condición fundada en uno de los elementos previstos en el artículo anterior (Art.336-1 Código Penal, mod. por la citada Ley 24-97).
El Principio VII del Código de Trabajo, consagra expresamente: “Se pro- híbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión políti- ca, militancia sindical o creencias religiosas, salvo las excepciones previstas por la ley, con fines de protección a la persona del trabajador. Las distincio- nes, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas en esta prohibición.” (Código de Trabajo, 1992)
El país ha progresado paulatinamente hacia la igualdad jurídica del hom- bre-mujer, comenzando por la Ley 390 del 22 de diciembre del 1940, don- de se produjo una igualdad de la capacidad civil de la mujer, con rezagos respecto a la mujer casada, quien por el hecho del matrimonio caía en una especie de minusvalía e incapacidad para realizar actos de vida civil sin la autorización del esposo; progresivamente la mujer va abriendo su propio ca- mino en el campo de la igualdad jurídica ante la ley y en el 1978, por la Ley 855, del 22 de junio del 1978, se siguen eliminando discriminaciones.
La Ley 24-97 del 27 de enero del 1997, en la que se tipifica y sanciona la discriminación como un delito, bajo la denominación de atentados con- tra la personalidad y desigualdad de la persona, es considerada como el pun- to de partida para asimilar, el principio de la igualdad real o material, con el de equidad y respeto y valoración de las diferencias. Convirtiendo en dere- cho positivo de la Convención de Belen do Para sobre la eliminación de to- das las formas de discriminación contra la mujer, se ha convertido en un ins- trumento idóneo para la lucha en contra de la discriminación y de la violen- cia intrafamiliar. (Ley 24-1997).
Jurisprudencia Nacional. Evolución Jurisprudencial.
El principio y el valor jurídico de igualdad ha evolucionado en el ámbi- to jurisprudencial dominicano, siguiendo los pasos del desarrollo constitu- cional y legislativo y ha alcanzado su plenitud a partir del momento en que la norma constitucional adquiere, de manera efectiva no formal, el rango de supremacía sobre las demás normas del ordenamiento jurídico.
La jurisprudencia de nuestros tribunales, específicamente la que emana de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en su evolu- ción, parte de la aplicación de la Ley 390, del 18 de diciembre de 1940, que concede plena capacidad de los derechos civiles a la mujer dominicana, an- tes de esa fecha, la mujer casada estaba asimilada a los menores de edad y dementes, que necesitaban la tutoría jurídica para los actos de la vida civil y actuar en justicia. La mujer, tanto casada como soltera, carecía de los dere- chos de ciudadanía para el ejercicio de los derechos políticos; esa paciente labor jurisprudencial va transformando la igualdad formal, la consagrada simplemente en un texto legal, en igualdad real, vivencial, esa ha sido la
gran misión de la jurisprudencia dominicana, y para apoyar esta aseveración comentaremos algunas sentencias de nuestro más alto tribunal, con respec- to a la mujer casada,
1) La mujer casada puede actuar en justicia sin autorización de su mari-
do cuando sea en defensa de sus intereses personales o patrimoniales: “
el estado actual de nuestro derecho, como efecto de la Ley No. 390 de 1940, si la esposa, bajo todos los regímenes matrimoniales, puede tener como fru-
to de su propio esfuerzo, bienes reservados que ella puede administrar libre- mente, y de los cuales ella puede disponer, es preciso admitir que ella puede litigar en toda situación relacionada con esos bienes; que con posterioridad
a la mencionada Ley 390 de 1940, la Constitución de la República, en su ar-
tículo 8, inciso 15, letra d) ha reafirmado un nuevo estado de la mujer casa-
da, al disponer que: “ La mujer casada disfrutará de plena capacidad civil”, lo que obviamente comprende la capacidad de actuar en justicia sin necesidad de autorización alguna cuando lo sea en defensa de sus intereses personales
o patrimoniales”. (Boletín Judicial 747, febrero de 1973.)
24 2) Una mujer casada puede abrir una cuenta bancaria y girar sobre ella sin que necesite la autorización del marido. : “CONSIDERANDO, que en el artículo 8, inciso 15, letra d) de la Constitución de la República de 1966, quedó definitivamente consagrado que: “La mujer casada disfrutará de ple- na capacidad civil”, disponiendo el mismo texto que la ley establecerá los medios necesarios para proteger los derechos patrimoniales de la mujer ca- sada, bajo cualquier régimen; que de ese modo quedó elevado a la catego- ría de precepto constitucional la plena capacidad de la mujer casada para el ejercicio de todos sus derechos civiles.” (Boletín Judicial 752, julio de 1973).
En ambas jurisprudencias, el texto constitucional tiene el rango de fuen- te primigenia del derecho de la mujer a la igualdad y se pone de manifiesto la supremacía de la Constitución como guardiana de los derechos que am- para y como el instrumento jurídico que consolida el principio de igualdad entre el hombre y la mujer.
3) En el ámbito jurisprudencial el principio de igualdad hombre-mujer se va progresivamente consolidando para la mujer casada bajo el régimen de la comunidad legal de bienes, con la sentencia de la Suprema Corte de Jus- ticia del 22 de noviembre del 2000, en cuya motivación establece:
“ Que tanto en doctrina como en jurisprudencia es admitido que el
concepto de plazo está vinculado al tiempo dado a una persona para reali- zar un acto o para adoptar una decisión; que al determinar la duración de los
plazos en el orden judicial, el legislador toma en cuenta que no sean dema- siado largos ni demasiado breves, para lo cual debe ponderar en cada caso los intereses en pugna; el de la parte a quien conviene disponer de todo el tiempo que quisiera, y el de la parte interesada en que su adversario dispu- siera del menor tiempo posible; que de esto resulta que los plazos demasia- do extensos tienen el inconveniente de retardar la decisión de los procesos, y, por consiguiente, la celeridad de la justicia, mientras que los muy breves exponen a las partes a perder sus derechos por falta de tiempo para hacer- los valer en justicia; que, como se puede apreciar, el artículo 1463 del Códi- go Civil consagra una discriminación con respecto de la mujer divorciada o separada de cuerpo al fijarle a ésta, lo que no hace con el marido, un plazo breve para que adopte la decisión de aceptar la comunidad, bajo la condi- ción de perder sus derechos en la misma si no actúa dentro del tiempo que en dicho artículo se establece”.
“ Que esa desigualdad ha sido puesta de manifiesto cuantas veces la
jurisprudencia ha tenido oportunidad de hacerlo, como cuando, para anular una sentencia que había declarado inadmisible una demanda en partición de una esposa por no haber hecho la declaración de aceptar la comunidad den- tro del plazo que el dicho texto establece, dijo el 30 de junio de 1971: “Con- siderando, que por otra parte si bien el legislador dominicano según la Ley No. 937, de 1935, modificó el texto original del artículo 1463 del Código Civil, para darle el carácter de “Jure et de jure” a la presunción que resulta del hecho de que la mujer no hubiere manifestado su voluntad de aceptar la comunidad dentro del plazo que este texto establece, es necesario tener en cuenta que al dictarse la Ley No. 390, del 1940, que es una ley posterior a la que modificó el artículo 1463 del Código Civil, el mismo legislador do- minicano expresó en el preámbulo de dicha Ley No. 390, su propósito de brindar protección a la mujer para “amparar a la esposa cuando tenga que re- clamar en su favor el cumplimiento de los deberes que la ley impone al ma- rido”, todo ello con la finalidad indiscutible de ponerla en igualdad de con- diciones que al hombre, que es el que administra la comunidad; lo que en buena lógica jurídica significa también el propósito del legislador de no de- jar a la mujer en condiciones de inferioridad, es decir, de no discriminar, por lo cual haya un texto anterior discriminatorio, como ocurre con el artículo 1463 modificado del Código Civil, que nada exige al hombre, es necesario interpretarlo en el sentido de lo justo al tenor de los avances legislativos ya logrados”.
4) Que en el aspecto jurisprudencial, no nos limitamos a las sentencias procedentes de la Suprema Corte de Justicia, sino a las que emanan de un tribunal inferior, tribunal de hecho, en la especie, la sentencia civil No. 302-
99-00322, dictada por la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, del 17 de marzo del 2000, donde se han aplicado los principios de igualdad y de no-discriminación, la concepción de la comunidad nacida de la unión con- sensual y reconocimiento de derechos patrimoniales a favor de la mujer a la partición de la comunidad de bienes, sobre la base de que no existe una re- lación fundada en el matrimonio por las partes en relación con terceros, se- gún se establece en la motivación que se transcribe a continuación:
a) CONSIDERANDO: Que la presente trata de una demanda en Parti- ción de Bienes incoada por la señora CARLITA DE LOS SANTOS MAR- TINEZ en contra del señor SANTO TEJEDA, quienes convivían libremen- te como esposos de hecho, b) CONSIDERANDO: Que el artículo 19 de
la Ley 14-94 del 22 de abril del año 1994, dice: “Se entiende por familia, además de la basada en el matrimonio, la comunidad formada por un padre
y una madre, o por uno de ellos y sus descendientes nacidos de una rela-
ción convencional o de hecho” c) CONSIDERANDO: Que como se pue-
26 de apreciar en el texto anterior, la ley reconoce a la “familia de hecho” el rango de comunidad y por lo tanto impone obligaciones a cargo del padre
y de la madre que libremente deciden convivir y formar familia. Que par-
tiendo de este criterio entendemos que la ley, además, de imponerle obli- gaciones o deberes, también debe reconocerle derechos, tanto al padre co- mo a la madre frente a sus vástagos y a aquellos entre sí; d) CONSIDE- RANDO: Que este tribunal entiende que cuando un hombre y una mujer deciden formar una comunidad de hecho y fomentar bienes, como en el presente caso, procede dividir los mismos cuando ambas partes deciden ponerle término a la misma; ya que las sociedades de hecho, así como los asociados, deben cumplir sus obligaciones atendiendo a las reglas de la buena fe; e)CONSIDERANDO: Que el numeral 5 del artículo 5 de la Constitución de la República expresa: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe; la ley es igual para todos no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la co- munidad ni puede prohibir más de que lo que la perjudica; f) CONSIDE- RANDO: Que si bien es cierto que la letra “c” del numeral 15 del artículo 8 de la misma Constitución “reconoce el matrimonio como fundamento le- gal de la Familia”, no es menos cierto que en nuestro medio social el legis- lador ha tenido que reconocer como una realidad a la “familia de hecho” (Ley No. 14-94 del 22-4-94), y que como en el presente caso, ella no está siéndole opuesta a otra familia legalmente formada; razón por la cual en- tendemos que se le deben reconocer los derechos que cada uno de sus miembros adquieren en esa realidad social presente en nuestra comunidad nacional. El dispositivo de la sentencia indicada el ordinal tercero reza: “Se
ordena la partición de los bienes de la comunidad, de hecho, formada por los señores CARLITA DE LOS SANTOS MARTÍNEZ y SANTO TEJEDA, en la forma y proporción prevista por la ley”.
5) Jurisprudencia que reconoce efectos jurídicos a la unión de hecho o concubinato, en la especie, el derecho de la concubina a demandar en da- ños y perjuicios por la muerte accidental del concubino, fundada en el Art.1382 del Código Civil, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Cor- te de Justicia, de fecha 17 de octubre del 2001.
Nos permitimos hacer un análisis de esta jurisprudencia como represen- tativa de un trabajo encaminado a una jurisprudencia hacia la igualdad so- bre los derechos del hombre y la mujer en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana.
La Constitución Política Dominicana, en su Art. 8.5, tiene consagrado como un valor y derecho fundamental la igualdad de todos ante la ley; y en su Art.100 condena: todo privilegio y toda distinción que tienda a quebran- tar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deberán con- tar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes- .(Constitución 1994).
En las convenciones y pactos internacionales adoptados por la Repúbli- ca Dominicana, conforme al Art. 3 de nuestra Constitución Política, el Es- tado Dominicano se compromete a la protección efectiva del derecho a la igualdad de la mujer ante la ley y a garantizar, en consecuencia, “ el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación (Convención de Be- lén do Para, del 9 de junio de 1994.) Estos son derechos humanos de la mu- jer que tienen rango constitucional, conforme al Art. 10 de la Constitución dominicana.
El derecho correlativo a la igualdad y la no-discriminación, está especí- ficamente consagrado, en adición de los convenios y pactos internaciona- les, en la legislación adjetiva, en el Art. 336 de la Ley 24-97, que tipifica y sanciona como discriminación, entre otras: toda distinción entre personas físicas en razón de su origen, edad, sexo, situación de familia.(Ley 24-97).
En otro aspecto, el concepto de familia ha sido ampliado en la Ley 14- 94, del 22 de abril de 1994, Código de Niños, Niñas y Adolescentes y ha configurado como familia, además de la basada en el matrimonio, a la co- munidad formada por un padre y una madre o por uno de ellos y sus des- cendientes nacidos de una unión consensual o de hecho (Art. 19, Ley 14-
94); y los hijos nacidos de una relación consensual gozan de los mismos de- rechos y calidades en lo relativo al orden sucesoral, que los nacidos en el matrimonio (Art.14, Ley 14-94): y a la pareja consensual se le otorga el de- recho de adopción (Art. 30, b, Ley 14-94), lo que implica que la estructura familiar no cimentada en el matrimonio y bajo ciertas características, produ- ce consecuencias jurídicas, o sea que la unión consensual, la familia de he- cho, el concubinato en el lenguaje popular, es un bien jurídicamente prote- gido, bajo las condiciones que no implique una violación a los principios bá- sicos del ordenamiento jurídico dominicano. (Ley 14-94).
La mencionada Ley 24-97 del 27 de enero de 1997, asimismo, reconoce
la existencia de las uniones de hecho al tipificar y sancionar como infraccio-
nes graves los actos de violencia doméstica (Art. 309-2 y 309-3 del Código Penal, Mod. Ley 24-97), de agresión sexual, actividad sexual no consentida por la pareja (303-2, Ley 24-97) y de abandono, en perjuicio del otro, que pueda incurrir un conviviente o ex conviviente en perjuicio del otro; y el Art. 54 del Código de Trabajo reconoce el derecho a licencia del trabajador 28 por el fallecimiento de su compañera “debidamente registrada en la empre- sa” (Ley 24-97).
La aparente contradicción entre la familia legítima y la familia de hecho
o consensual puede centrarse en la interpretación jurídica del Art. 8. l5, le-
tra c), que establece: “Se reconoce el matrimonio como fundamento legal de
la familia.” Y al respecto podemos colegir que esta disposición constitucio-
nal no erige al matrimonio como único fundamento de la familia, sino que se hace un reconocimiento constitucional expreso a la institución del matri- monio, como fundamento de la familia.
La interpretación jurídica literal del referido Art.8.15, letra c, de la Constitución, en lo que respecta a que la familia tiene como fundamento le-
gal el matrimonio, y su vinculación a los principios de igualdad y no-discri- minación y a los demás textos legales referentes a la unión de hecho, dio nacimiento a una jurisprudencia constante anterior, de donde se infería que toda unión de hecho entre hombre y mujer, no estaba amparada por la ley,
o sea que no es un bien jurídicamente protegido, que no es fuente de efec-
tos jurídicos, y ha tenido como consecuencia necesaria, un desconocimien-
to a los derechos fundamentales de la igualdad y de no-discriminación de
la mujer, tanto sobre los derechos patrimoniales como extra- patrimoniales,
que surgieran en una unión de hecho o convencional entre un hombre y una mujer, aun con características similares a la convivencia matrimonial, o sea, que reúna los rasgos que haga asimilable esta unión de hecho a la fa- milia surgida del matrimonio; y precisamente, la sentencia que comenta-
mos tiene la virtud de haber fijado dichas características para configurar una unión de hecho equiparable a la familia legítima, en cuanto a sus con- secuencias jurídicas.
Nos permitimos transcribir las características que deben tipificar una unión de hecho o consensual, según la jurisprudencia analizada, para que produzca efectos jurídicos similares al de la familia fundada en el matrimo- nio: “ a) Una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identifi- cación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las fa- milias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida fami- liar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimo- nio con otros terceros en forma simultánea, o sea debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aun cuando haya cesado esta condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integran- tes de la unión consensual con una tercera persona e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan co- mo marido y mujer sin estar casados entre sí.”
Con estas características, la unión de hecho no tiene una causa jurídica ilícita, no se han violentado principios y valores que sostienen el orden éti- co-social y que sustentan la familia como el organismo matriz de la comu- nidad nacional del Estado, estableciendo como elementos constitutivos de esta unión: el consentimiento entre las partes, el predominio del principio del libre albedrío, la comunidad de vida familiar, estable y duradera, lazos de afectividad, monogamia, etc.
La doctrina moderna asume que los derechos absolutos son consustan- ciales a la dignidad humana, la normativa precedentemente señalada, si se interpreta a la luz del principio de igualdad entre hombre y mujer consagra- do constitucionalmente, no presenta ninguna contradicción con alguna nor- mativa preestablecida; pues el solo hecho de remitirse a la escala jerárquica de los principios y valores (consagrados por demás en la Constitución) que determinan la supremacía de los principios sobre disposiciones formales que puedan contradecirle; como puede ser el referente al reconocimiento cons- titucional del matrimonio como base de la familia, si entra en contradicción con un derecho absoluto como es el “principio de igualdad” y su correlato
que es la no discriminación, se coloca por encima de otras disposiciones, aun sean constitucionales, que no están basadas en un rango absoluto.
En este orden de ideas, se puede concluir que el ordenamiento jurídico dominicano reconoce, de manera difusa, la unión de hecho o consensual co- mo un bien jurídicamente protegido, bajo condiciones específicas, y que la jurisprudencia, en su función de fuente de derecho, ha establecido las carac- terísticas que debe configurar una unión de hecho y ha aplicado los princi- pios jurídicos según su jerarquía, privilegiándose los constitucionales e in- terpretando éstos según las profundas consecuencias de la equidad, que es la sustancia de la justicia.
30 Es ilustrativo, para iniciar el análisis sobre la jurisprudencia en el ámbito internacional, transcribir del Informe de la Comisión Interamericana de De- rechos Humanos sobre la Condición de la Mujer en Las Américas, el párra- fo 2, al encarar cuestiones relativas a género:
“El primer análisis que conlleva expresamente una connotación de géne- ro surgió en el contexto de una solicitud de opinión consultiva presentada a la Corte Interamericana. En 1983, el Estado de Costa Rica solicitó a la Cor- te que examinara la compatibilidad de varias enmiendas propuestas a su Constitución en materia de nacionalidad y naturalización. Una de las en- miendas habría concedido a mujeres extranjeras que contrajeran nupcias con ciudadanos costarricenses, ciertas consideraciones especiales para obte- ner la ciudadanía, sin la correspondiente reciprocidad en el caso de hombres extranjeros en la misma situación. La Corte Interamericana, al pronunciar su opinión, se fundamentó en la jurisprudencia básica del sistema europeo y ra- zonó que la distinción en el tratamiento es discriminatoria cuando ‘carece de justificación objetiva y razonable’. La Corte determinó que la preferen- cia de otorgar a una esposa la nacionalidad de su marido, estaba fundada en la práctica histórica de conferir al esposo y padre autoridad en el seno del matrimonio y la familia, y que, por lo tanto, era ‘consecuencia de la desi- gualdad conyugal’. En virtud de lo anterior la Corte determinó que no se po- día justificar la distinción propuesta y que era incongruente con el derecho a igual protección enunciado en el artículo 24 y con la disposición de que los Estados ‘deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de
derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades matrimonio’ ( Art.17).
Principio de igualdad; discriminación positiva STJCE Marschall de 11 de noviembre de 1997. (wet).
En el asunto C-409/95, que tiene por objeto una petición dirigida al Tri- bunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Verwal- tungsgericht Gelsenkirchen (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Hellmut Marshall y Land Nordhein-Westfalen.
Una decisión prejudicial sobre la interpretación de los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hom- bres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L39, p. 40; EE 05/02, p. 70).
El tribunal de justicia, pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, mediante resolución de 21 de diciembre de 1995, declara:
Los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE del Con- sejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igual- dad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al em- pleo, a la formación, a la promoción profesional, y a las condiciones de tra- bajo; no se oponen a una norma nacional que, en caso de que candidatos de ambos sexos presenten igual capacitación, desde el punto de vista de su ap- titud, competencia y prestaciones profesionales, obliga a conceder preferen- cia en la promoción a las candidatas femeninas en aquellos sectores de acti- vidad de la administración que, en el nivel del puesto de que se trate, ten- gan un menor número de mujeres que de hombres, salvo que concurran en la persona de un candidato masculino motivos que inclinen la balanza a su favor, siempre que:
“Dicha norma garantice, en cada caso particular, a los candidatos mas- culinos con igual capacitación que las candidatas femeninas, que las candidaturas serán objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta todos los criterios relativos a la persona de los candidatos de ambos sexos e ignore la preferencia concedida a las candidatas feme- ninas cuando uno o varios criterios hagan que la balanza se incline a
favor del candidato masculino, y que , tales criterios no sean discrimi- natorios en perjuicio de las candidatas femeninas. -. Rodríguez Igle- sias Gulmann Ragnemalm Wathelet Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn Murray Edward Ssochet Hirsch Jann Sevón, Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de noviembre de 1997. El Se- cretario, El Presidente R. Grass.
El ordenamiento jurídico dominicano, en el ámbito de los principios y valores constitucionales, ofrece la protección efectiva de los derechos a la igualdad del hombre y la mujer, y, en consecuencia, la no-discriminación de la mujer, específicamente en los artículos 8.5, 8.15, letra d); 12 y 100 de la 32 Constitución Política de la República Dominicana.
Los convenios y pactos internacionales, suscritos conforme a las dispo- siciones de los artículos 3 y 10 de la Constitución Política, confirman y pro- fundizan la igualdad jurídica entre hombre y mujer, incorporándose como derechos humanos de la mujer, de naturaleza constitucional, cuya violación entraña la nulidad de toda ley, decreto, reglamento o acto. En esta catego- ría están comprendidas las sentencias de los tribunales, en virtud del Art. 46 de la Constitución Política dominicana.
La legislación adjetiva protege de manera efectiva los derechos patrimo- niales y extrapatrimoniales de la mujer soltera o casada, específicamente, y de manera enunciativa, por las Leyes 390, del 1940; 855 del 1978 l; 14-94, Código para la Protección de Niños. Niñas y Adolescentes, así como la Ley 24-97 del 27 de enero de 1997, que modifica varios artículos del Código Pe- nal, que es la incorporación como derecho positivo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, apro- bada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de junio de 1982.
Las jurisprudencias analizadas ponen de manifiesto que la Suprema Cor- te de Justicia y los demás tribunales, han contribuido a complementar el or- denamiento jurídico y han hecho posible adquirir un mayor grado de reali- zación práctica de la justicia.
En las relaciones de género se va eliminando la discriminación, en la me- dida en que la desigualdad de tratamiento sólo obedezca a criterios objeti- vos y razonables y a la reciprocidad y que exista igual protección con igual- dad de derechos y de responsabilidades.
Le corresponde, pues, a las personas que imparten justicia, desde los jue- ces de paz y sus equivalentes, hasta los de la Suprema Corte de Justicia, ha- cer efectiva la vigencia plena de los principios de igualdad y de no-discrimi- nación, así como de todos los derechos humanos, para el cumplimiento efectivo de la finalidad del Estado Dominicano consagrados en el Art. 8 de la Constitución Política de la República Dominicana.
CRITERIOS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Autor: Juan Aníbal Rodríguez Juez Presidente de la Corte de Apela- ción de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago de los Caballeros.
L a violencia intrafamiliar ha sido por mucho tiempo una realidad ig-
norada, esto así por motivos puramente socio-culturales. Es un tema
muy complejo, porque está enraizada en el núcleo familiar (indepen-
dientemente de los modelos de familia) y “justificada en esos patro-
nes socio-culturales”. Esa realidad ha emergido a la luz pública y se ha colo- cado como punto de agenda y se le ha definido como problema.
El hecho de que se reconozca, se acepte como un problema que no es po- sible seguir ocultando, se busquen alternativas de solución, que en el país se
haya legislado en contra de la violencia intrafamiliar. Igualmente, las personas se estén sensibilizando sobre la realidad de que más del cincuenta por ciento de la población viva discriminada, y en múltiples ocasiones reducidas a una sumisión anacrónica, que les roba su humanidad, por el solo hecho de ser del sexo femenino, es un paso de avance en la solución de este gran problema.
En este capítulo, se intenta dar una panóramica general sobre el proble- ma, y visualizar los conceptos de género, mitos y estereotipos, y el patriar- cado y las instituciones, que permiten se siga sustentando la violencia.
El género es definido como un conjunto de variables que explican có- 36 mo se construye en el proceso de socialización de las personas, su identidad masculina y femenina. De ahí que permita establecer claramente cuáles de sus características son naturales o biológicas, es decir, que nacen con ellas y cuales son aprendidas.
En ese sentido, algunas autoras lo definen como “…una condición social
y cultural construida históricamente…” y agregan que es “un conjunto de
características, roles, actitudes y símbolos que conforman el deber ser de ca- da hombre y de cada mujer, impuesto dicotómicamente a cada sexo median-
te el proceso de socialización y que hacen aparecer a los sexos como diame-
tralmente opuestos por naturaleza…” (ILANUD, 1997).
“Ser hombre y ser mujer puede ser diferente de una cultura a otra o de una época histórica a otra, pero en todas las culturas se subordina a las mu- jeres”. (ibid).
De las conceptualizaciones antes citadas, se deducen los siguientes enunciados referentes al género.
a) El género es una construcción social: los hombres y las mujeres apren- demos a comportarnos según los roles asignados a cada uno en el en- torno donde vivimos.
b) Las discriminaciones y las agresiones que sufren las mujeres son con- ductas aprendidas en el proceso de socialización en la familia y la so-
ciedad en su conjunto. Se educa para que los hombres sean agresivos
y las mujeres sumisas. Al hombre se le prepara y se le induce a actuar
en la esfera pública, es decir: “el hombre es de la calle”, a la mujer, aún en esta época en que el sostén económico de la familia no recae sólo en el hombre y en el que hay un gran porcentaje de mujeres “jefas de hogar”, se le sigue educando para su actuación en la esfera privada; es decir: “la mujer es la ama de casa”, enunciado que encierra un gran mi- to, porque realmente el hombre termina dominando en los dos esce- narios.
c) Se afirma que una característica inherente al hombre es su agresivi- dad, como conducta natural; sin embargo, en la conceptualización de género, se establece con mucha claridad que esto responde a una con- ducta aprendida. Los seres humanos no nacemos violentos, aprende- mos a ser violentos en el seno de la familia y la sociedad.
d) Las tareas domésticas, como la crianza de los hijos (as), cocinar, lavar, planchar, barrer, cuidar la casa, entre otras, no son naturales, fueron asignadas a las mujeres en el proceso de socialización. Porque entre otros factores y motivos, se han subsumido dos elementos, la capaci- dad exclusiva de la mujer de parir, y el rol de sostenedora y responsa- ble de toda la función de la casa.
e) Las obligaciones de carácter económico, social, cultural y político que ellas han asumido con el propósito de ejercer sus derechos y romper las barreras de la marginalidad en que viven, no han sido suficientes para que hombres y mujeres sean iguales.
f) Ante la pérdida de un ser querido o cualquier circunstancia que le pro- duzca un gran dolor, al hombre le es más difícil expresarlo, porque en su proceso de socialización se le inculcan valores que hacen que se emitan conceptos tales como “los hombres no lloran”. Se ha compro- bado estadísticamente que este tipo de socialización, es uno de los factores que influyen en que el promedio de vida de los hombres en sentido general, sea más bajo que el de las mujeres.
g) Con relación a los valores morales, existe un -pacto social- velado,
que le entrega al hombre una especie de “licencia” para manifestarse
y expresarse, se puede mencionar a manera de ejemplo, todo el tema
de la sexualidad, su permisividad con respecto al hombre y censura con respecto a la mujer.
h) El hombre es erigido como símbolo o paradigma de autoridad, de li- derazgo en la familia y la sociedad, aunque no tenga condiciones mo- rales, intelectuales y prácticas, para tales funciones; mientras que las mujeres aunque tengan dichas condiciones, son socializadas para la sumisión y la “nada” desde el punto de vista de iniciativas vitales.
En el proceso de socialización y aprendizaje a los hombres, por un lado se les enseña a ser violentos, represivos y dominantes, y por el otro se le crean expectativas y exigencias que pueden estar por encima de sus posibi- 38 lidades, y se les hace difícil o imposible conseguir. Esta situación acarrea consecuencias negativas en su propio desarrollo y el de su familia, en ese sentido nos encontramos con las siguientes dificultades:
REPRESIÓN DE SENTIMIENTOS: a los hombres, desde muy peque- ños, se les socializa para que se expresen mediante posturas de valentía y fortaleza inquebrantable. O como expresa Amorós, se les construye una idea de “varón paradigmático” que realmente no existe en ninguna parte, si- no que es creado dentro del sistema de prácticas y de asignaciones; esto se convierte en lo que Irigaray acuña como “obligación de participación”. To- dos los seres humanos expresan diferentes sentimientos en determinados momentos, y esta verdad hace posible y –necesario- que también los hom- bres sientan miedo, fragilidad, temor, etc; sin embargo, no deben demostrar esos sentimientos, y si deciden demostrarlos es a riesgo de ser estereotipa- do como -Menos hombres-. Cuando un hombre se muestra tierno, general- mente se dice que es -Mariquita-, que se parece a una mujer, etc. Cuando demuestra tener miedo se le dice que -No es hombre-, etc. Es importante comprender que estos sentimientos, como el miedo, la ternura, la fragilidad, etc., son importantes, y manifestarlos es un derecho de toda la humanidad, sin que ello implique una pérdida en razón de su sexo.
INSEGURIDAD: Una de las causas principales de la inseguridad de los hombres, se debe a la exigencia de cumplir con las características asignadas a su género . A los hombres les provoca mucha inseguridad el no poder al- canzar las expectativas que la sociedad ha planteado: el no ser lo suficiente-
mente independiente, valiente, competente, solvente, agresivo, conquista- dor, etc. Amorós, brinda una ilustración perfecta: “La construcción social del –masculino- y del –femenino-, que establece una diferenciación de roles per- mite que se piense que la mujer que se ubica y se encuentra en ciertas “coor- denadas espacio-temporales” (en la calle a avanzadas horas de la noche o en lugares de –varones-, o en coordenadas “espacio-realización” (la mujer debe obedecer a -su hombre- y realizar a tiempo y bien todas las tareas del hogar independientemente, de que quiera –justificarse-, por ejemplo, en el hecho de que está “muy cansada porque trabajó todo el día fuera”.
VIOLENCIA: a los hombres se les permite establecer relaciones me- diante la violencia, esta tolerancia ha hecho posible que se conviertan en los mayores hostigadores, los mayores violadores y los mayores agresores do- mésticos. El ser violento no es una cualidad, sino un aprendizaje que menos- caba a cualquier ser humano y daña a todas las personas.
ANSIEDAD/ ESTRÉS: la asignación de roles, y la “obligación social” de asumir esos roles, se están aceptando como algunas de las principales razo- nes por las cuales los hombres padecen de grandes dosis de ansiedad y es- trés. Entre estos roles se les asigna el mandato social de ser -el proveedor principal- de su familia y el salario no le alcanza; muchas veces tienen que mantener una, dos o más familias al mismo tiempo; trabajan fuera de la ca- sa excesivamente; mantienen relaciones violentas con su familiares o com- pañeros (as) de trabajo; sienten que no son lo suficientemente atractivos; re- primen los sentimientos como la tristeza, el temor y todos los asociados con el fracaso, etc.
ALTA TASA DE SUICIDIOS Y HOMICIDIOS: en muchos países, la ma- yoría de los suicidios se dan entre hombres, lo que también puede verse co- mo un indicador del excesivo estrés y ansiedad en que viven muchos de ellos.
MENOR ESPERANZA DE VIDA: tal y como ya hemos expresado, la esperanza de vida general de los hombres es menor que la de las mujeres, lo que puede tomarse como indicador para cuestionar su calidad de vida. Las enfermedades cardíacas afectan mayoritariamente a los hombres, es- pecialmente por el estrés y la ansiedad que provoca al tener que asumir ro- les en su vida diaria que están por encima de sus posibilidades materiales e intelectuales.
PATERNIDAD IRRESPONSABLE: sin dejar de reconocer que muchos hombres han logrado romper este esquema y son padres involucrados en la crianza de sus hijos e hijas; la sociedad permite a los hombres hacer uso
irresponsable de su capacidad de engendrar, por esto, muchos niños y niñas son producto de paternidad desconocida. Además, como la responsabilidad familiar se recarga mayoritariamente en las mujeres, en muchos casos los hombres tienden a ser padres irresponsables, pues desconocen su responsa- bilidad frente al infante nacido fuera de los lazos conyugales o si se termi- nan estos lazos.
En su proceso de socialización a las mujeres se les inculca y convence de que son seres inferiores, que deben estar al servicio de los hombres, sean es- tos sus maridos, padres o hermanos; convirtiéndolas en personas margina- das, subordinadas y discriminadas. En ese sentido, veamos algunas de las 40 consecuencias negativas específicas de su aprendizaje.
BAJA AUTOESTIMA: la autoestima se daña con el solo hecho de per- cibir que pertenecen al género menos valorado; que las características que identifican al género femenino no les otorga el poder suficiente. En general, las mujeres no se sienten seres humanos completos al compararse con los hombres y lo que es peor aún, no aprenden a quererse ni a respetarse a sí mismas lo suficiente para que otras personas las quieran y respeten adecua- damente.
SENTIMIENTOS DE INFERIORIDAD: todos los días las mujeres es- tán expuestas a mensajes que les dicen una y otra vez que son seres inferio- res (que no sirven para determinados trabajos; que sus salarios son menores porque son mujeres; que deben soportar actos de violencia como las viola- ciones, el incesto y el hostigamiento, etc.). Estos mensajes colaboran para mantener en la mujer la idea de que es inferior, insegura e incapaz de asu- mir retos, mensajes que se unen a una baja autoestima y permiten que la mu- jer se sienta menos merecedora e inferior al hombre.
DEPRESIÓN: la depresión es una sensación de tristeza generalizada que limita a las personas para que enfrenten su cotidianidad, hay estadísticas mundiales que muestran que esta enfermedad la están padeciendo en su ma- yoría las mujeres. Los dos puntos anteriores nos dan elementos para pensar que las mujeres poseen razones suficientes para sufrir de depresiones, por- que da mucha tristeza el sentirse parte del género menos valorado y menos
respetado, del género más violentado y al que se le exige más trabajo, del género más ignorado y más maltratado.
EXCESO DE TRABAJO: las mujeres trabajan excesivamente. Realizan la mayor parte del trabajo doméstico, son las cuidadoras de los (as), hijos (as), abuelos (as), esposos o compañeros, etc. Además, muchas mujeres tra- bajan fuera del hogar y realizan varias jornadas laborales. La mayoría de las mujeres se levantan muy temprano y se acuestan tarde en la noche, para po- der cumplir con todas las tareas. Esto acarrea mucho cansancio y es conse- cuencia de que en el seno de las familias no se compartan las responsabili- dades indispensables para el bienestar familiar. Por ello se afirma que las mu- jeres desempeñan una jornada laboral doble o triple.
SOLEDAD / AISLAMIENTO / APATÍA: desde pequeñas se enseña a las mujeres a desconfiar de las demás, lo cual provoca falta de solidaridad y ha- ce que la gran mayoría viva aislada y se sienta sola. Por otro lado, ese aisla- miento les dificulta aún más emprender acciones conjuntamente y aprender a confiar en otras mujeres. Las telenovelas transmiten este mensaje clara- mente: siempre caracterizan a las mujeres como las más malas, las más chis- mosas, las “quitamaridos”, las intrigantes y con ello están diciendo a las te- levidentes, que en su mayoría son mujeres, que es mejor no entrar en con- tacto con otras mujeres porque corren el riesgo de que les provoquen algún daño. Por suerte, a pesar de estos mensajes, las mujeres han buscado formas de solidaridad que les han permitido sentirse apoyadas y acompañadas en diferentes momentos de sus vidas, por ejemplo, cuando necesitan que al- guien les cuide a sus hijas /os, cuando requieren de cuidados por alguna en- fermedad, cuando necesitan de algún consejo.
PROHIBICIÓN DE ENOJARSE: a las mujeres se les transmite el men- saje de que no deben enojarse porque es poco femenino, porque se ven feas cuando están “bravas”. Ello hace que tiendan a guardar los enojos y a no ex- presarlos y eso es muy dañino para la salud emocional y física de todas. La acumulación de enojos provoca gran cantidad de estrés y puede ser una de las causas de la depresión.
INFRAVALORACIÓN DE SU TRABAJO: el trabajo de las mujeres es poco valorado y reconocido. El más desvalorizado y poco reconocido es el trabajo doméstico: ninguna mujer recibe paga por realizarlo (salvo las mu- jeres empleadas domésticas), a pesar de que es un mandato que no puede de- jar de cumplir. También en el trabajo asalariado las mujeres sufren discrimi- nación: en general las mujeres se ubican en aquellos trabajos (como la en- fermería, los servicios en general y la docencia escolar) que no son bien re-
munerados; tienen menos posibilidades de ascender aunque estén califica- das para ello; ganan un porcentaje menor de salario que los compañeros hombres; tienen menos oportunidades de conseguir empleos, etc.
POCO CONOCIMIENTO DE SU PROPIO CUERPO: con todo el te- ma del “velo” sobre la sexualidad, a las mujeres se les ha enseñado que el cuerpo es pecado, lo que no permite que adquiera un gran conocimiento so- bre su sexualidad, y aunque es importante reconocer que se han dado pasos de avance en ese sentido, es minoritaria la presencia de mujeres en la defi- nición de políticas sobre su capacidad reproductiva. Y sigue siendo muy irresponsable el manejo de su sexualidad por parte de los hombres.
DEPENDENCIA: debido a la baja autoestima, los sentimientos de infe- rioridad y a otros factores, las mujeres se sienten dependientes, necesitan de algún hombre que tome las decisiones por ellas, que les indique cómo de- ben comportarse e incluso que las provea económicamente. Salen de la de- pendencia de la familia y caen en la dependencia del esposo o compañero o 42 de algún otro miembro masculino de la familia. Recordemos que a las muje- res se les dice que siempre habrá un hombre que las va a proteger.
Sin embargo, y a pesar de la existencia de ese mandato social de que la mujer “debe” ser dependiente del hombre, en la realidad muchas mujeres son las que mantienen solas los hogares, hay un gran porcentaje de hogares con mujeres jefas de familia y en los casos en que tengan compañero o esposo, ellas son un soporte indispensable en la manutención de sus familias.
EL PATRIARCADO es un sistema jerárquico de relaciones sociales, po- líticas y económicas que, tomando como excusa una diferencia biológica se- xual y su significado genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad otorgándole una serie de privilegios e ins- titucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. Esta opresión se manifiesta de diferentes maneras en distintas sociedades, en todos los ámbi- tos en que se desarrolla la vida y se entrelaza con otros factores como la pre- ferencia sexual, la edad, la etnia, la clase social, la religión y la discapacidad. Aunque existan otras relaciones opresivas entre los hombres y algunas mu- jeres opresoras con poderes y privilegios, el fin último del sistema patriarcal
es la manutención y perpetuación de la superioridad y el poder masculino sobre las mujeres.
Las características básicas de la sociedad patriarcal, se fundamentan en:
a) Un sistema de organización social en el que se legitima el dominio de
los hombres sobre las mujeres, mediante el mantenimiento de las estructu- ras de género.
b) Aunque existan hombres en relaciones de opresión dentro del siste-
ma patriarcal, siempre serán las mujeres el grupo más oprimido entre los
oprimidos: las invisibilizadas por la historia, las víctimas mayoritarias de la violencia de género, las que poseen menor acceso a la educación, al poder,
a las oportunidades laborales, etc… El patriarcado es jerárquico y los hom-
bres de diferentes clases, razas o etnias ocupan diferentes lugares dentro de éste, pero a su vez están unidos por una relación de dominación sobre las mujeres.
c) Las relaciones de dominación u opresión patriarcales legitimadas por
las relaciones desiguales de género, se entrelazan con otros factores econó-
micos, sociales, culturales, políticos y religiosos.
d) El patriarcado, que se apoya en la diferencia biológica entre los sexos
y la construcción genérica respectiva, se expresa de diferentes maneras de
acuerdo con el momento histórico y geográfico en el que los factores antes citados se desarrollan, o sea, es dinámico”.
“El sistema patriarcal se mantiene, reproduce y legitima mediante insti- tuciones entre las que se encuentran los medios masivos de comunicación, la familia, la educación formal e informal, las religiones misógenas,… “ (Proequidad, 1995).
“El término “institución” se refiere a prácticas, relaciones y organizacio- nes establecidas en una sociedad, cuya existencia es constante y contunden- te. Se llama institución patriarcal a aquella práctica, relación u organización que a la par de otras instituciones operan como pilares estrechamente liga- dos entre sí en la transmisión de la desigualdad entre los sexos y la convali-
dación de la discriminación en contra de las mujeres”. (Rodríguez y Cami- ña, 2000)
La familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación les ense- ñan cómo deben ser las mujeres.
LA FAMILIA: es una de las formas más importantes porque es la que se encarga de criarnos desde que nacemos y enseñarnos las reglas, normas y valores que vamos a tener cuando seamos adultos.
LA IGLESIA: por medio de ésta se nos enseña que la mujer debe ser su- misa, obediente, abnegada, sacrificada y “costilla” del hombre. También, que debe estar al servicio de los demás, que su lugar es la casa y su función más importante es la maternidad.
LA ESCUELA: mediante los libros se les enseñan las funciones y respon- sabilidades que deben ir asumiendo las mujeres y los hombres. Asimismo, las 44 ideas que transmiten los maestros y la forma en que tratan a los niños y las niñas, contribuye a reproducir la desigualdad entre mujeres y hombres.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: la radio, la televisión, los periódi- cos, las revistas en sus anuncios y programas, constantemente muestran a la mujer como una persona que importa por su apariencia física, que debe ser siempre seductora y que debe estar complaciendo continuamente a su fami- lia. (ibid)
Los mitos y los estereotipos: son dos conceptos estrechamente vincula- dos que sirven para explicar cómo la cultura androcéntrica ha perpetrado en el espacio y en el tiempo, no sólo la agresión en contra de la mujer, sino también la discriminación que la reduce en su accionar histórico, cultural y económico.
Son creencias que se transmiten verbal o por escrito de generación en generación, para explicar y mantener costumbres y conductas que permiten “identificar” a las personas, por su origen social, económico, racial, geográ- fico y sexual.
La mayoría de las veces la violencia intrafamiliar se fundamenta en mi- tos, o sea en creencias falsas, repetidas en tantas ocasiones y por tanto tiem- po que se hacen creíbles y se asumen como verdades incuestionables. Es de ahí que muchas personas ni siquiera asumen como una mala actuación cuan- do se ejerce la violencia, sino que encuentran su justificación de la violencia y la discriminación de la mujer por parte del hombre, precisamente en esos mitos. (Guía para la Prevención y Manejo de la Violencia Intrafamiliar,
De la definición expuesta podemos deducir que los mitos son:
a) Portadores de una cultura, entendida como todo aquello que hace el hombre, que define las formas de pensar, sentir y actuar de las personas.
b) Que reduce la mujer a un simple objeto sin “voluntad propia”.
c) Que esas formas de entender el mundo en perjuicio de las mujeres son naturales, cuando en verdad son aprendidas en el proceso de sociali- zación, que impone la propia cultura.
ALGUNOS MITOS Y LAS RESPECTIVAS REALIDADES SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
La violencia en el hogar sólo ocu- rre entre las familias pobres y de bajo nivel educativo.
La violencia ocurre en todas las clases sociales.
La violencia en las relaciones de pareja es producto de la crisis política.
La violencia contra la mujer es producto de las relaciones de poder entre los sexos que se expresa en contextos culturales, políticos, sociales y económicos donde se mantienen las rela- ciones injustas entre hombres y mujeres en las esferas públi- ca y privada.
Los hombres religiosos no agreden
La violencia contra la mujer en el ámbito doméstico ocurre sin
importar la denominación religiosa del agresor. Sin embargo, tiende a ser más frecuente en aquellas religiones donde la mujer es definida como inferior al hombre.
Las mujeres maltratadas disfrutan
El miedo a consecuencias económicas, sociales, familiares y
agresión, ya que en caso contra-
personales, así como la falta de apoyo familiar, comunitario y de instituciones de servicios son algunas de las razones que
rio se separarían del maltratador, o
denunciarían.
mantienen a las mujeres en situaciones de maltrato.
La mayoría de las violaciones ocu- rren como un acto -bajo el impulso
La mayoría de las violaciones sexuales son planificadas; a menudo el agresor es amigo, pariente, vecino, esposo u otro conocido de la víctima.
del momento, en un callejón oscu- ro y cometidos por un extraño-.
Existen informes británicos y estadounidenses que demues- tran que alrededor de un 80% de las violaciones son total o parcialmente planeadas con anterioridad, y el porcentaje es aún mayor cuando la violación es perpetrada por dos o más agresores. Casi la mitad de las violaciones se cometen de día, en el hogar o en sitios frecuentados y considerados como se- guros por la víctima. El 50% son cometidas por un conocido de la persona agredida.
La violación es primordialmente un crimen sexual
La violación es un crimen de violencia ejecutado sexualmente. En la agresión sexual el móvil principal no es el deseo sexual sino el de ejercer violencia, controlar y dominar a la víctima. Este crimen ultraja no sólo la integridad de la persona, sino también su sentido de seguridad y el dominio de su propia vi- da. En entrevistas a violadores algunos describían el dominio y no la satisfacción sexual. -”Me sentía como un rey con la pistola en la mano” -”Lo hago porque es divertido”.
Los violadores suelen ser enfermos sexuales o degenerados.
La mayoría de los violadores sexuales tienen apariencia co- mún y difícilmente puedan ser distinguidos del resto de las personas. Pueden ser de cualquier grupo étnico, religión, cla- se económica, profesión, estado civil. Regularmente llevan una vida sexual activa y exhiben un comportamiento conside- rado “normal”.
Tomado de “La Violencia Doméstica, unidad 6, Pág. 7”, prepa- rado por el Centro de Apoyo Aquelarre y Núcleo de Apoyo a la Mujer.
Los estereotipos son ideas, prejuicios, creencias y opiniones preconcebi- das, impuestas por el medio social y cultural que se aplican en forma gene- ral a todas las personas pertenecientes a la categoría a la que hacen referen- cia, que puede ser nacionalidad, etnia, sexo, preferencia sexual, procedencia geográfica, etc.
Son ideas que conforman un modelo rígido, considerado aplicable a to- dos los miembros/a de dicha categoría, desestimando las cualidades indivi- duales y más bien supeditándolas a ese modelo como sucede en los mode- los masculino y femenino.
Algunos de los estereotipos donde un mismo concepto tiene significa- dos diferentes cuando se refiere al hombre o la mujer.
SI ES MUJER SE DICE QUE ES
SI ES HOMBRE SE DICE QUE ES
Coqueta, voluble
Se supera, reconoce sus errores
Delicada femenina
Maricón, sensiblero
Fiel “Se entrega”
Magistrada Brunilda Castillo, Jueza Presidenta de la Cámara Penal del Juz- gado de Primera Instancia de Santiago de los Caballeros. Magistrado Francisco Antonio Pérez Lora, Juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distri- to Nacional.
Violencia intrafamiliar es el maltrato físico, emocional o sexual que ocu- rre en una relación de pareja, o dentro del contexto familiar.
En un sentido más amplio, ha sido definida la violencia intrafamiliar co- mo: “toda acción u omisión ejercida contra un pariente por consanguinidad,
afinidad o adopción que produzca como consecuencia daños a la integridad física, sexual, psicológica, patrimonial, violando su derecho al pleno desa- rrollo y bienestar”. (Quirós 2001).
Dado que la violencia intrafamiliar comenzó a visualizarse como proble- ma social grave entre los años 60 y 70, cuando se comenzó a utilizar térmi- nos como síndrome “del niño golpeado” “abuso sexual” y “maltrato a los an- cianos”, es importante hacer una breve referencia a algunos conceptos que intervienen en la formación del marco teórico de la violencia intrafamiliar para mejor compresión sobre la temática;
CONFLICTOS: Es un término que alude a factores que se oponen en- tre sí. Puede referirse a contrastes intra o interpersonales”; los conflictos in- terpersonales son uno de los resultados posibles de la interacción social, co- mo expresión de la diferencia de intereses, deseos y valores de quienes par- ticipan en ella. Estos conflictos suelen traducirse en situaciones de confron- tación, de competencia, de queja, de lucha, de disputa, y su resolución a fa- 50 vor de una u otra parte; se relaciona con nociones tales como la autoridad, el poder, la aptitud, la capacidad, la habilidad, etc.
No resulta difícil comprender la diferencia entre un conflicto resuelto mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y habilidades co- municativas, y otro que se resuelve mediante el ejercicio del poder y de la autoridad.
La familia, en tanto grupo humano, es un medio especialmente propicio para la emergencia de conflictos entre sus miembros. A pesar de una serie de mitos que tendieron a configurar una imagen idealizada de la familia co- mo lugar de armonía y equilibrio, esta institución, a partir de los años 70, comenzó a ser analizada por los investigadores sociales, aunque estos inicia- ron sus análisis revisando el concepto de “conflicto familiar” como sinónimo de –anormalidad-. Y destacando que el conflicto puede ser expresado bajo formas muy disímiles, en la que la resolución violenta, se presenta sólo co- mo una entre ellas. Pero, en todos los casos, resulta imprescindible distin- guir entre la noción de conflicto intrafamiliar y la de violencia familiar.
AGRESIVIDAD: Es la capacidad humana para “oponer resistencia” a las influencias del medio. La agresividad humana tiene vertientes fisiológicas, conductuales y vivenciales.
“Agresividad” es un constructor teórico en el que cabe distinguir tres di- mensiones: a) Una dimensión conductual en el sentido de conducta mani-
fiesta, la que llamamos agresión; b) Una dimensión fisiológica, en el senti- do de concomitantes viscerales y autonómicos, que forma parte de estados afectivos; c) Una dimensión vivencial o subjetiva que califica la experiencia del sujeto, a la que llamaremos hostilidad. (Lolas, 1991). De modo que la agresividad humana no es un concepto valorativo, sino descriptivo, por lo tanto, no es buena ni mala; forma parte de la experiencia humana y tiene, siempre, una dimensión interpersonal.
AGRESIÓN: Es la conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se pone en acto. Las formas que adopta son disímiles: motoras, verbales, gestuales, postulares, etc. Dado que toda conducta es comunicación, lo esencial de la agresión es que comunica un significado agresivo. Por lo tan- to, tiene un origen (agresor/a) y un destino (agredido/a). Según sea el obje- to, puede tratarse de una auto-agresión o de una heteroagresión: siempre existe una direccionalidad en la conducta agresiva.
VIOLENCIA: La raíz etimológica del término violencia remite al con- cepto de –fuerza-. El sustantivo “violencia” se corresponde con verbos tales como –violentar-, -violar-, -forzar-. En un sentido amplio, puede hablarse de violencia política, de violencia económica, de violencia social, etc. En todos los casos, el uso de la fuerza nos remite al concepto de poder.
En una relación interpersonal la conducta violenta es sinónimo de abu- so de poder, en razón a que ese poder es utilizado para ocasionar daño a otra persona; es por ello que a la misma se le denomina relación de abuso, sien- do importante para entender la dinámica de una relación de abuso, conocer la definición de los conceptos daño y poder.
DAÑO: Por daño debe entenderse cualquier tipo y grado de menosca- bo para la integridad del otro. De ese modo, existen diferentes tipos de da- ños ocasionados en el contexto de una relación de abuso: daño físico, psí- quico, económico, etc.
PODER: El desequilibrio en el que se basa toda relación de abuso, no es necesariamente visible para un observador externo. A menudo, es el produc- to de una construcción de significados que sólo resulta comprensible desde los códigos interpersonales. Es suficiente que alguien crea en el poder y en la fuerza del otro para que se produzca el desequilibro. El objetivo último de la conducta violenta es someter al otro mediante el uso de la fuerza.
En el campo de la violencia familiar es muy peculiar escuchar infinidad de veces la frase “Yo no quería hacerle daño, sólo quería que me entendie-
ra”. En este caso, -que me entienda- es sinónimo de “que me obedezca”. Y una vez más, la fuerza es utilizada para someter, doblegar, subordinar.
En lo que respecta a nuestra legislación, el artículo 309-2 del Código Pe- nal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 del 28 de enero del 1997,
define la violencia intrafamiliar de la siguiente manera: “Constituye Violen- cia Doméstica o Intrafamiliar todo patrón de conducta mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución contra uno o varios miembros de la familia o contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia, contra el cónyuge, ex cónyuge con- viviente o exconviviente o pareja consensual, o contra la persona con quien haya procreado un hijo o una hija para causarle daños físicos o psicológicos
a su persona o daños a sus bienes, realizado por el padre, madre, el tutor, guardián cónyuge, excónyuge, conviviente o pareja consensual, o persona bajo cuya autoridad protección o cuidado se encuentra la familia.
Los culpables de los delitos previstos en los dos artículos que preceden serán castigados con la pena de un año de prisión, por los menos, y a cinco
a lo más y multa de quinientos a cinco mil pesos y a la restitución de los bie- nes destruidos, dañados y ocultados si fuere el caso”.
De igual modo, en 1994, con la promulgación de la Ley 14-94 que ins- tituye el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se ini- cia en nuestro país la protección a los derechos de éstos, víctimas frecuen- tes de la violencia doméstica.
Esa violencia llamada a veces doméstica y otras intrafamiliar, ha dado origen a la creación de una legislación internacional tendente a proteger a toda persona abusada o violentada en sus derechos fundamentales, de ahí la existencia de una nueva corriente llamada a sentar las bases de una teoría de los derechos humanos internacionales. Dentro de los instrumentos interna- cionales con fuerza vinculante en República Dominicana encontramos:
1) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para), en su artículo 1, establece como violencia intrafamiliar: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de ta- les actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se pro- ducen en la vida pública o privada”.
2) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artí- culo 1 reza: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos y los otros”.
3) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, (1966) pro- mulgado por el Poder Ejecutivo el 27 de octubre de 1977.
4) La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi- nación contra la Mujer. (18 diciembre de 1979).
5) La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos,(22 de no- viembre de 1977)
6) Convención Internacional sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial,( 21 de diciembre de 1965).
Dada la importancia práctica que presenta, nos permitimos resaltar algu- nas cuestiones contenidas en la publicación del manual que sobre la temáti- ca de violencia intrafamiliar publicara el Alto Comisionado para los Dere- chos Humanos, bajo el auspicio de las Naciones Unidas; así vemos que en su capítulo XVIII, el referido manual señala como objetivo, dar a los usuarios del manual una comprensión básica de las normas internacionales de derechos humanos que se aplican a las mujeres en la administración de justicia, y con- ciencia de la importancia de eliminar la discriminación contra la mujer en las actividades de aplicación de la ley, así como de la importante función de la policía al combatir todas las formas de violencia contra la mujer.
Es importante, por demás, resaltar algunos principios esenciales fijados en el indicado documento referente a los derechos fundamentales de las mu- jeres, a saber:
Las mujeres tienen derecho a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos en la esfera política, económica, social, cultu- ral, civil y cualquier otra.
Esos derechos comprenden, entre otros, el derecho a la vida; la igual- dad; la libertad y seguridad de la persona: la protección igual ante la ley; la ausencia de discriminación; el mayor nivel posible de salud física y mental; condición de trabajo justa y favorable; y ausencia de tortura y de otros tra- tos o castigos crueles, inhumanos, degradantes.
- La violencia contra la mujer puede ser física, sexual o psicológica y comprende los golpes, el abuso sexual, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, las prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violación y la violencia ejercidas por personas dis- tintas del marido, el hostigamiento sexual, la prostitución forzada, la trata de mujeres y la violencia relacionada con la explotación.
- Todas las formas de violencia contra la mujer violan y menoscaban o impiden el disfrute por la mujer de los derechos humanos y las liberta- des fundamentales.
- La policía debe ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar y hacer detenciones en relación con todos los actos de violencia contra la mujer, tanto cometidos por funcionarios públicos como por particu- lares, en el hogar, la comunidad y los establecimientos oficiales.
- La violencia contra la mujer es un delito y debe tratarse como tal, aun- que se produzca dentro de la familia.
- Las mujeres arrestadas o detenidas no serán desfavorablemente discri- minadas y se las protegerán contra todas las formas de violencia o ex- plotación.
Los principales instrumentos de derechos humanos prohíben la discrimi- nación en el disfrute de estos derechos en tanto que derechos fundamenta- les; en este sentido, citaremos algunas de las más importantes disposiciones contenidas en esa normativa de carácter internacional:
El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama
- “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta de-
claración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional o estatal, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Diversos tratados de derechos humanos obligan a las partes a garantizar los derechos contenidos en los mismos a todas las personas, sin discrimina- ción basada en la condición específica de la mujer. Este tipo de disposición se encuentra en el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civi- les y Políticos; el artículo 2 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Hu- manos; y el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El artículo 3 del Pacto Internacional añade el requisito adicional de que los Estados Partes garantizarán a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto.
Hay dos instrumentos internacionales que se ocupan específicamente de la discriminación contra la mujer: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El artículo 1 de la Declaración establece que la discriminación contra la mu- jer es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana.
El artículo 2 requiere que se adopten todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas que constituyan una discriminación contra la mujer, y para asegurar la protección jurídica ade- cuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer.
El artículo 3 requiere que se adopten todas las medidas apropiadas para educar a la opinión pública y orientar las aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los prejuicios y la abolición de las prácticas basadas en la idea de la inferioridad de la mujer.
El artículo 8 de la Declaración requiere que se adopten todas las medi- das apropiadas, incluidas medidas legislativas, para combatir todas las for- mas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de la mujer.
El artículo 1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer da una definición de discriminación con- tra la mujer, que incluye: “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reco- nocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su esta-
do civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer; de los derechos humanos y las libertades fundamentales esfera políticas, económica, social, cultural, civil, o en cualquier otra esfera”.
El artículo 2 de la Convención requiere que los Estados partes condenen la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convengan en seguir una política encaminada a eliminar esa discriminación. Ese artículo requiere que los Estados adopten medidas que comprenden: consagrar en sus consti- tuciones nacionales y en la legislación, el principio de la igualdad del hom- bre y la mujer, adoptar medidas legislativas que prohíban la discriminación contra la mujer, establecer la protección jurídica de los derechos de la mu- jer sobre una base de igualdad con los del hombre; y tomar medidas para eli- minar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera perso- na, organizaciones o empresas. El artículo 6 requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la mujer.
56 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es- tablecido en virtud del artículo 17 de la Convención, examina los informes que los Estados partes presentan al Secretario General sobre las medidas que hayan adoptado para ser efectivas las disposiciones de la Convención. El Comité, al informar anualmente a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social, puede hacer recomendaciones basadas en el examen de los informes y de los datos trasmitidos por los Estados.
La Convención permite que las controversias entre las partes respecto a la aplicación o interpretación de la misma, que no se solucionen mediante negociaciones, se sometan al arbitraje (Art.29). Si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de arbitraje, la controversia podrá some- terse a la Corte Internacional de Justicia. Esta disposición depende de que ninguna de las partes en la controversia haya declarado que no se conside- ra obligada por ella en el momento de la firma o ratificación de la Conven- ción o de su adhesión a ésta.
Para la aprehensión de toda la problemática de la discriminación es de particular interés analizar dos aspectos de la protección de la mujer: el de- recho a la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley. Esos derechos se consagran en el artículo 7 de la Declaración Universal de De- rechos Humanos que dice así: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derechos a igual protección de la ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
Evidentemente, el proceso de aplicación de la ley debe ser uno de los medios principales para que las personas obtengan la igualdad ante la ley y reciban la protección de la ley. Es en ese aspecto en el que jueces y juezas están en la obligación de asumir su rol de garantistas de los derechos funda- mentales de la persona, sin distinción de sexo, raza, condición social, etc.
La violencia que ejerce el compañero contra su compañera, constituye una grave violación a los derechos de la mujer. Cuando esta se produce, sig- nifica que el Estado no ha logrado garantizar la seguridad de las personas, esta situación hace necesario que se trabaje en todos los ámbitos para la concienciación sobre la existencia del problema.
Es urgente y necesario que se establezca y se cumpla, en la legislación, en las políticas, en los planes y normas de los Estados, compromisos que se encarguen de facilitar y agilizar los procesos para el tratamiento de la violencia, y que se encarguen de poner al descubierto la gravedad del pro- blema de la violencia intrafamiliar, mostrando de una manera crítica la existencia de desigualdades fundamentales que llevan a la existencia de es- ta violencia.
Los Estados deben dar los pasos necesarios para hacer valer los princi- pios de respeto a las diferencias y a todas las personas, la tolerancia, la reso- lución pacífica de los conflictos, la equidad, el derecho a vivir relaciones fa- miliares que se basen en el respeto, la independencia y la libertad, y con per- sonas que vivan libres del miedo que genera la violencia.
Es difícil hacer estimaciones de la frecuencia de la violencia en el hogar porque en gran parte se trata de un problema oculto, pero esa violencia es común en muchas familias de los países desarrollados y de los países en de-
sarrollo. Se sabe que ocurre en familias de todas las clases sociales y que no respeta barreras culturales. No parece existir parte del mundo en donde no sea conocida.
Entre los efectos de la violencia en el hogar se encuentran: los daños fí- sicos, los problemas psicológicos y los riesgos para otros miembros de la fa- milia, especialmente a los niños, hasta llegar a la muerte de la víctima y en algunos casos, la del victimario.
Las causas individuales que inducen o provocan la violencia, como el uso indebido del alcohol o de drogas, pueden determinarse de manera más con- creta. Hay teorías que se han encargado de señalar que la dependencia so- 58 cial, política y económica de la mujer con respecto al hombre, lleva a éste a cometer actos de violencias contra las mujeres, si éste no se siente satisfe- cho con lo que recibe a cambio. Estas causas no son tan simples de determi- nar, porque involucran toda la serie de principios y valores que se han ido desarrollando a lo largo de este documento. Por ejemplo, en estas razones podrían colocarse todas las que se desprenden de los complejos, de la victi- mización, de los prejuicios, de los estereotipos, etc.
Se aduce que los orígenes de esa violencia pueden encontrarse en la es-
tructura social y en los hábitos y creencias culturales, por ejemplo los rela-
tivos a la superioridad del varón.
Por consiguiente, se necesitan métodos
y políticas especiales, no sólo por lo pernicioso de los efectos y la comple-
jidad de las causas sino también porque la violencia en el hogar es un deli- to que se produce dentro de la familia entre personas que, emocional y fi- nancieramente, mantienen una mutua relación.
Política de Aplicación de la Ley
Se señalan dos enfoques de la labor policial como necesarios cuando se trata la violencia en el hogar por medio del sistema de justicia penal. Esas políticas deben:
a) Reflejar la naturaleza única del delito en el hogar prestando apoyo a las víctimas y a las personas que dependen de ella.
b) Tener en cuenta la realidad cultural, económica, política del país de que se trate.
Además, la eficacia de esos métodos de policía depende de que se satis- faga cierto número de requisitos. Entre ellos se encuentran:
a) Una capacitación intensiva de la policía sobre la forma de tratar ese fenómeno;
b) Un servicio de consulta familiar que pueda intervenir, en casos de crisis, durante las veinticuatro horas;
c) Centro de acogida de emergencias para mujeres y niños;
d) Centro clínico de asesoramiento para aconsejar emocionalmente a las mujeres;
e) El tratamiento de los hombres que hayan cometido abusos y agresio- nes (además de su enjuiciamiento penal).
No obstante la existencia de esa numerosa e importante normativa inter- nacional, toda ella con rango constitucional, se presentan diversos factores que influyen en el uso que hacen los jueces y juezas de dichas normas, así como de su interpretación. Se han realizado una cantidad importante de es- tudios en el campo de la legislación internacional, analizando las posiciones que asumen los tribunales en asuntos de legislación internacional, especial- mente en el campo de los derechos humanos, y estos han determinado que jueces y juezas hacen un uso muy irregular de la legislación internacional, y que se muestra una cierta resistencia a tomar en cuenta y aplicar dichas nor- mas. Tal actitud se atribuye, principalmente, a la falta de conciencia hacia la legislación internacional.
Los estudios frecuentemente han identificado como principal problema la capacitación insuficiente en derecho internacional en las facultades de de- recho, y en la posterior capacitación de jueces y juezas, de abogados y abo- gadas, escaso conocimiento de las normas de derechos humanos, a lo que se suma la ausencia de medios para mantenerse actualizados en el desarrollo de la temática. Lo aconsejado es, en consecuencia, la adopción de medidas que garanticen una capacitación adecuada y soluciones que garanticen informa-
ción actualizada y asequible, en tribunales, gremios, así como a todo funcio- nario y funcionaria vinculados al tema.
En lo que atañe especialmente a jueces y juezas, es importante la pers- pectiva y posición que asuman frente a esa legislación internacional. La vo- luntad de jueces y juezas para acudir a la legislación internacional es deter- minante, especialmente por el mensaje que tal posición enviará a los profe- sionales del derecho y a los operadores del sistema. Esta actitud se verá in- fluenciada por el entrenamiento que manifieste el juez o jueza, por las posi- bilidades de mantenerse actualizado, y por la apertura general para tomar en cuenta y aplicar la legislación internacional, a fin de asumir su rol de garan- tista de los derechos fundamentales de la persona protegida en toda la va- liosa normativa internacional.
60 A Manera de Síntesis
La violencia intrafamiliar, así como el maltrato dentro del ámbito fami- liar, no es un problema reciente. Es un hecho comprobado que la misma ha sido una característica de la vida familiar, tolerada, aceptada desde tiempos remotos. La violencia que exhiben los hombres contra las mujeres no es más que el resultado de la construcción socio – histórica de los géneros, la for- ma en que las sociedades, en diferentes lugares y épocas, han estructurado las relaciones entre hombres y mujeres.
Sin lugar a dudas, es la consecuencia de la subordinación a que históri- camente se ha sometido a la mujer respecto del hombre, bajo la concepción de que ésta representa el “sexo débil”.
En sus múltiples manifestaciones, la violencia siempre es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológi- ca, económica, etc), e implica la existencia de un fuerte y un débil, ya sean reales o simbólicos. Así, la conducta violenta, entendida como el uso de la fuerza para la resolución de conflictos interpersonales, se hace posible en un contexto de desequilibrio de poder, permanente o momentáneo.
“La violencia intrafamiliar es un problema social de grandes dimensio- nes, que afecta sistemáticamente a importantes sectores de la población, es- pecialmente mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos. Una forma endémi- ca de la violencia intrafamiliar es el abuso a las mujeres por parte de su pa-
reja”. (H. Lori 1994). Esta violencia, como veremos más adelante, puede ma- nifestarse de manera física, psicológica y sexual.
“En el ámbito de las relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de poder. Es por eso que un vínculo caracterizado por el ejecicio de la violencia de una persona hacia otra, se denomina relación de abuso “. (Corsi, 1995).
“La violencia intrafamiliar implica además una restricción a la libertad, la dignidad y el libre movimiento, y a la vez una violación directa a la integri- dad de la persona” (B. Charlotee, 1991). Numerosos tipos de violencia in- trafamiliar se traducen en tortura, esclavitud, encerramiento en la casa, mal- trato a la familia; así tenemos que al interior del hogar no se respeta la pri- vacidad, el espacio personal de cada miembro de la familia. Todo ello se tra- duce en violación a los derechos humanos de las personas afectadas.
Esa conducta violenta del hombre hacia la mujer, y la subordinación y sumisión de esta, tiene orígenes históricos remotos. “El ordenamiento social que ha justificado que los hombres sean violentos contra la mujer se cono- ce como patriarcado. En su concepción contemporánea, el término se refie- re a la manifestación e institucionalización del dominio de los hombres so- bre las mujeres, y sobre los niños y niñas en la familia, y la extensión de ese dominio a la sociedad en general. “ Lo anterior no implica que las mujeres carezcan totalmente de poder, o que estén absolutamente privadas de acce- so a ese poder institucional. Implica que los hombres ostentan y mantienen el poder en todas las instituciones de la sociedad, y que el acceso de las mu- jeres a éste es mínimo y está plagado de dificultades” (G. Lerner, 1986).
Durante siglos, el maltrato a las mujeres ha sido y sigue siendo una ma- nifestación del dominio del hombre, que se ha expresado en términos de funciones de poder y supremacía en relación a la mujer, considerada débil, inferior y subordinada; en consecuencia, el hombre se presupone con el de- ber de proteger, -dirigir-, -guiar- y si es necesario, -disciplinar- a la mujer, a fin de lograr un “funcionamiento adecuado de la familia y la sociedad”.
En la misma forma en que los padres y madres utilizan la fuerza física e intimidación para someter a los niños y niñas, asimismo, muchos hombres estiman esos métodos como adecuados para lograr que sus esposas o com- pañeras accedan a sus requerimientos.
Esos patrones de conducta son los responsables de que delitos conside- rados graves y serios en el marco general de la sociedad, no se conceptúen
como graves y serios cuando ocurren al interior de la familia; es por ello que cuando una mujer habla de aborto a consecuencia de golpes, de violencia, heridas de todo tipo, etc., la sociedad tiende a describir tales hechos como disputas conyugales, problemas maritales etc.; se considera y espera que la mujer, en aras de mantener la unidad familiar, debe estar dispuesta siempre a sacrificarse, a aceptar resignada los problemas que puedan surgir en el ho- gar, debe someterse a la voluntad del “jefe” de la familia.
Como consecuencia de lo anterior, la mujer es compelida a aceptar una relación de abuso; y la sociedad asume como normal una conducta que, en el ordenamiento jurídico, se caracteriza plenamente como criminal, con la agravante de que, en la relación de pareja, esa conducta criminal es más fre- cuente y peligrosa que entre extraños.
Concebida como un problema privado, es común que la solución más usual a la violencia intrafamiliar sea la búsqueda de componendas que man- tengan, aunque sea sólo en apariencia, la unidad familiar; así vemos como la mujer, llamada a mantener la felicidad conyugal y familiar en base a su sa-
crificio, es aconsejada por la familia, pidiéndole reconsiderar su decisión de presentar acusación contra el marido en aras de la unidad familiar interce- den sacerdotes, pastores, policías, e incluso hasta jueces y juezas han servi-
, mendando muchas veces a las partes programas de mediación, sin tomar en cuenta que en estos casos, la mediación no se considera apropiada como mecanismo de intervención, dado el desbalance de poder y autoridad que suele caracterizar la relación de pareja, en lo que generalmente es el hom- bre quien ostenta e impone el poder.
do de mediadores a los fines de salvar el
Una característica típica de la violencia intrafamiliar es su invisibilidad; ello se debe a que, en una gran proporción, los casos de abusos quedan ocul- tos en el seno familiar y, cuando más, los mismos son sub-registrados, que- dando disimulados bajo la apariencia de hechos o delitos diferentes a los que tipifican esa violencia. Según el Protocolo de Investigación, publicado por la Organización Panamericana de la Salud, en su volumen La Ruta Crí- tica que Siguen las Mujeres Afectadas por la Violencia Intrafamiliar, de la autoría de Elizabeth Shrader y Monserrat Sagot, sólo un 2% de los casos de abuso sexual infantil dentro de la familia son denunciados; un 6% de los ca- sos de abuso sexual contra adultos; y conforme a la misma publicación, el resultado de estudios realizados en Latinoamérica, revela que en el caso de violencia intrafamiliar contra mujeres adultas, sólo son denunciados entre un 15% y un 20% de estos incidentes.
Esta deficiencia en el registro de hechos violentos tiene origen en diver- sos factores: la violencia intrafamiliar es considerada como hecho aislado, no como el grave problema social es en realidad. Esa violencia muchas ve- ces es considerada no como delito sino como un acto legítimo, las víctimas, en especial las mujeres, suelen responsabilizarse por la ocurrencia de tales hechos y por demás, estas perciben que no hay salida para ellas. En este úl- timo caso, influye mucho lo limitado o inexistente de los servicios o las res- puestas que les ofrece la sociedad y el Estado, para resolver sus problemas.
En el ámbito local, según datos extraídos del Informe Nacional sobre la Situación de la Violencia de Género contra las Mujeres, versión preliminar, de las autoras Margot Tapia y Gisell Scamlon, realizado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), utilizando reportes de la Policía Nacional y de Prensa en el período 90-94, el 95% de las denuncias de violencia intrafamiliar correspondió a mujeres y menores. En el período 93-94, el 67% de muertes violentas correspondió a mujeres; 12% a violacio- nes y 25% a golpizas. Un 80% de los agresores fueron hombres contra su pareja, ex pareja o familiar como víctimas.
Según los informes de la Secretaría de Estado Interior y Policía, en 1994 se recibieron 1,529 querellas por estupro en 1995, 1,097 y en 1996 ascen- dieron a la cifra de 1,769, de los cuales 729 casos correspondían a tentativa de violaciones de menores.
En 1995, el Núcleo de Apoyo a la Mujer señaló que en la Fiscalía de la Provincia Santiago (República Dominicana), en un período de 19 meses se reportaron 1,335 casos de agresiones y violaciones sexuales a mujeres; el 46% fueron amenazas; 29.6% golpes y heridas; 13.8% estupros; y 4.0% ho- micidios (Santana R. Listín Diario 1995, citado por Luciano, 1996).
De su parte, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), según obra citada, ha señalado que en el período comprendido desde septiembre de 1990 hasta octubre de 1997 fueron reportados, se- gún prensa escrita, 740 asesinatos de mujeres, equivalentes a 8 asesina- tos cada mes; y que en el período octubre 96 septiembre 97 fueron re- portados 154 casos de violencia hacia mujeres, niños y niñas, a nivel na- cional, de los que 52 fueron muertes violentas y 97 violaciones sexuales acompañadas de golpes y amenazas de muerte.
Otro dato recogido del Informe Nacional citado, da cuenta de que en el primer trimestre del año 1998, el Departamento de Familia y Menores de la
fiscalía del Distrito Nacional, atendió 841 casos de violaciones sexuales, y en el mes de abril recibieron 546 querellas sobre violaciones infantiles.
Según informe de la fiscalía del Distrito Nacional, en el Departamento de Protección a la Mujer, durante el período octubre 97-noviembre 98, se recibieron 2,747 querellas presentadas por casos de violencia, de las cuales sólo 126 correspondían a hombres y las restantes a mujeres.
Sin embargo, es necesario reconocer que a partir de la promulgación y difusión de la Ley 24-97, sobre Violencia Intrafamiliar, se ha notado cierto avance en lo que se refiere a la atención prestada a las víctimas de violencia intrafamiliar por parte de los operadores del sistema, sin que ello signifique, en modo alguno, que se haya logrado alcanzar los objetivos que dieron lu- gar a la referida Ley 24-97, sino que, por el contrario, sólo se ha iniciado un largo camino que ha de conducir a lograr, sino erradicar, por lo menos re- ducir la incidencia de violencia doméstica, con sus consabidas secuelas ne- gativas.
64 La violencia intrafamiliar es un crimen sin fronteras de tal complejidad y creciente proliferación, que necesita para solucionarse de la disposición unánime de políticas y acciones estratégicas intersectoriales que abarquen tanto al Estado como a la sociedad civil, con la intervención fundamental de los sectores salud, judicial, policial, educativo. Cada uno de estos sectores desempeñan un rol de importancia en la detención, registro, atención y pre- vención de la violencia intrafamiliar .
Entendida la violencia intrafamiliar como una problemática social com- pleja, ampliamente extendida y oculta en el seno de la sociedad, es indis- pensable para los operadores del sistema, el conocimiento de dos factores fundamentales de la misma: su carácter cíclico y su intensidad creciente;
Numerosos investigadores de la dinámica de la violencia intrafamiliar di- rigieron sus esfuerzos a determinar sus causas y consecuencias, siendo Leo- nore Walker la primera investigadora en proponer su naturaleza cíclica e identificar tres etapas en ese ciclo de violencia, a saber:
LA TENSIÓN: Esta primera fase, denominada “fase de la acumulación de tensión”, se inicia con una sucesión de pequeños episodios que llevan a roces permanentes entre las parejas. Esta fase se caracteriza por el hecho de que la tensión se va acumulando en la medida en que el hombre tienda a reaccionar negativamente a cualquier frustración menor que pueda confron- tar en su vida. A consecuencia de ello el hombre se torna violento, golpea las paredes; destruye objetos del hogar, maltrata a los niños, a los animales domésticos, agrede a su pareja, pero trata de mantener el control de sus reacciones; una vez terminado el episodio pide excusas, actúa con amabili- dad; ante tal situación la mujer acepta la excusa, se muestra sumisa, oculta su terror; piensa que con su actuación dócil el hombre desistirá de su con- ducta violenta, se mantiene alejada de éste, y el hombre ante el temor de ser abandonado se muestra más posesivo, celoso y opresivo en su afán de man- tenerla sometida a él. Los episodios de violencia aumentan en brutalidad y frecuencia, y se extienden por más tiempo; en esta etapa la humillación psi- cológica adquiere visos de tortura;
LA EXPLOSIÓN DE LA AGRESIÓN: Es la segunda etapa del ciclo de violencia Intrafamiliar, se caracteriza por la descarga de violencia física, ver- bal, emocional y sexual, dirigida contra la mujer y, en ocasiones contra los hijos e hijas. El agresor ataca destructivamente a la mujer; el más pequeño incidente, puede dar lugar a la explosión de la ira del agresor: el llanto de los niños, ausencia temporal de la víctima; esta es la etapa más violenta y más corta del ciclo.
LA RECONCILIACIÓN O LUNA DE MIEL: En esta última etapa se produce el “arrepentimiento” del hombre, en ocasiones instantáneo; por lo general el agresor pide perdón, promete no volver a agredir nunca más; asu- me el comportamiento de un verdadero seductor, se comporta de forma amable, cortés, utiliza todos los medios a su alcance para convencer a su pa- reja de que tales agresiones no se producirán jamás, utiliza a terceros (fami- liares, amigos, etc.), para lograr su finalidad.
Justifica su reciente actuación violenta, culpando ésta a su estado de em- briaguez, a los celos, al estrés, cansancio, etc.; finalmente la víctima es con- vencida por el agresor, cree que efectivamente esta imagen agradable, cor- tés y arrepentida es la que se corresponde con su verdadera forma de ser, ce- de a la ilusión de una vida en paz y en la esperanza del cumplimiento de aquella promesa, suele intentar olvidar todo lo acontecido. Esta es la etapa de la victimización; a partir de este momento el ciclo regularmente se sigue repitiendo indefinidamente, hasta que no logre romperse de alguna forma,
o que culmine con la muerte, por asesinato o suicidio, ya sea de la mujer vic-
timizada como tan frecuentemente ocurre, o del agresor.
El otro factor importante que tipifica la violencia intrafamiliar es la in- tensidad creciente de la misma, la cual, a su vez recorre varias etapas, y se puede describir como una verdadera escala de violencia;
En una primera etapa la violencia es sutil, se confunde con violencia psi-
cológica. Se inicia con atentados hacia la auto estima de la mujer; el agresor la ridiculiza, ignora su presencia, se burla de sus opiniones, hace compara- ciones con otra persona; la abochorna en público. Esta actitud provoca en
la mujer un debilitamiento notorio y peligroso de su auto estima, siente mie-
do de hablar, se siente deprimida y débil.
En una segunda etapa aparece la violencia verbal, se refuerza la agresión psicológica, la mujer es insultada, denigrada, le critica su apariencia física, la amenaza con agredirla físicamente; le infunde miedo constantemente; la 66 acusa de ser culpable de todos los incidentes desagradables; la víctima en numerosas ocasiones, termina convenciéndose de que todas las imputacio- nes que le hace el agresor son ciertas.
Ya en la etapa final comienza a evidenciarse la violencia física, ésta se inicia con supuestos “juegos” fuertes, tales como apretones de brazos, pelliz- cos, etc., y terminan con bofetadas, trompadas, patadas, etc. A menudo, pa- sadas tales agresiones, insiste en tener relaciones sexuales con la pareja aún con la oposición de esta. (Tomado del informe sobre el discrimen por géne- ro en los Tribunales de Puerto Rico).
Las investigaciones sobre la temática de violencia intrafamiliar, han sa- cado a la luz el hecho de que este ciclo y escalada de violencia se presenta en todas las latitudes, en todas las clases sociales, sin diferencia entre perso- nas con alto o bajo nivel educativo.
Usualmente, la única forma de cortar este ciclo es con la intervención externa, la misma puede presentarse por medio de familiares, amigos, psicó- logos, abogados, policías, etc., y mediatizado por instituciones como el hos- pital, la escuela, tribunales, organizaciones de servicios, etc.
Obviamente, para que tal cosa suceda, es necesario desarticular el mito de que estas situaciones pertenecen a la “esfera privada”; que el hogar es un santuario cuya estabilidad depende de la mujer, y que ésta debe soportar to- do en aras de mantener la estabilidad del hogar. Es preciso además que se
fortalezcan las instituciones, gubernamentales o no, en la lucha contra este grave problema social que significa la violencia intrafamiliar.
Tal como se había enunciado al inicio del capítulo II , sección I, del tema vio- lencia intrafamiliar, la violencia se manifiesta principalmente de tres maneras:
VIOLENCIA PSICOLÓGICA. “Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de la intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjui- cio a la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal”. (Quirós, 2001).
“Es toda acción u omisión que inflige o intenta infligir daño a la autoes- tima, la identidad, o el desarrollo de la persona. Incluye los insultos cons- tantes, la negligencia, la humillación, el no reconocer aciertos, el chantaje, la degradación, el aislamiento de amigos y familiares, el ridiculizar, recha- zar, manipular, amenazar, explotar, comparar negativamente y otros”. (La Ruta Crítica 1998).
VIOLENCIA SEXUAL. “Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexual, físico, o verbal, o a participar en otras interacciones sexua- les, mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal”. (Quirós 2001).
“Es todo acto en el que una persona en relación de poder y por medio de la fuerza física, coerción o intimidación psicológica, obliga a otra a que ejecute un acto sexual contra su voluntad, o que participe en interacciones sexuales que propician su victimación y de la que el ofensor intenta obtener gratificación. La violencia sexual ocurre en una variedad de situaciones co- mo la violación en el matrimonio, el abuso sexual infantil, el incesto, el aco- so sexual, y la violación en una cita, incluye, en otras: caricias no deseadas, relaciones emocionales sexualizadas, penetración oral, anal, o vaginal con el pene u objetos, exposición obligatoria a material pornográfico, y exhibicio- nismo”. (La Ruta Crítica 1998).
VIOLENCIA FÍSICA. Acción u omisión que arriesga o daña la integri- dad corporal de una persona. (Quirós, 2001).
“Ocurre cuando una persona que está en una relación de poder con res- pecto a otra, le inflige o intenta infligir daño no accidental, por medio del uso de la fuerza física o algún tipo de arma, que puede provocar o no lesio- nes externas, internas o ambas, o lesiones en la autoestima. El castigo repe- tido no severo también se considera violencia física”. (La Ruta Crítica 1998).
La mayoría de los estudiosos e investigadores de la problemática de vio- lencia intrafamiliar coinciden en señalar las principales consecuencias y efectos de ésta.
68 Generalmente, las personas sometidas a situaciones crónicas de violen- cia dentro del hogar, manifiestan una debilitación gradual de sus defensas físicas y psicológicas, lo que consecuentemente les ocasiona un aumento de los problemas de salud, (enfermedades psicosomáticas, depresión, an- siedad, etc.).
Presentan una notable deficiencia en rendimiento laboral (ausentismo, falta de interés en el desempeño de sus labores, etc.).
Los niños y adolescentes, víctimas o testigos de violencia intrafami- liar, con frecuencia presentan bajo rendimiento escolar, trastornos de conducta, etc.
Los niños y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar, o abusados, tienden a repetir en su vida adulta, la conducta violenta ejercida en su con- tra, lo que conlleva a perpetuar el problema.
Una gran proporción de los menores que exhiben conducta delictiva fueron testigos de violencia intrafamiliar o víctimas de ella.
Un alto porcentaje de los asesinatos y lesiones graves que ocurren en el seno de la familia, no son más que el resultado de violencia intrafamiliar o doméstica.
Según datos extraídos de la obra de Lori “Violencia contra la Mujer, la carga oculta sobre la salud”, en estudios realizados en América Latina, entre un cuarto y más de la mitad de las mujeres informan haber sido abusadas por sus parejas.
El auge de la violencia intrafamiliar es considerado como un serio pro- blema de salud, un obstáculo para el desarrollo socioeconómico, ella apa- rece como una causa importante de discapacidad y muerte entre las muje- res en edad reproductiva. En los centros de asistencia a mujeres abusadas se puede constatar que éstas presentan numerosos tipos de lesiones: heri- das, hematomas, fracturas óseas, pérdida de capacidad auditiva, despren- dimiento de la retina, enfermedades de transmisión sexual, abortos y muerte violenta.
Conforme estudios realizados por instituciones vinculadas a la proble- mática, se ha podido establecer que las mujeres abusadas tanto física como psicológicamente, sufren frecuentes dolores de cabeza crónicos, trastornos sexuales, depresiones, fobias, etc; de igual modo éstas, frecuentemente pre- sentan enfermedades como la diabetes, asma, hipertensión, obesidad, etc.
Estas mujeres en la mayoría de los casos tienen una baja autoestima, lo que influye negativamente en su comportamiento, deteriorando su produc- tividad en el trabajo, su habilidad de protegerse y termina afectando su de- cisión de presentar denuncia sobre su situación;
Por demás, estadísticamente se ha comprobado que la violencia intra- familiar origina un alto costo económico tanto al Estado como para la so- ciedad, derivando en un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Algunos estudios estiman que el abuso sexual y maltrato físi- co a la mujer disminuye su ingreso entre un 3% y un 20% por el impacto sobre el logro educacional y sobre la salud, lo que a su vez, incide en su actividad laboral; de igual modo se ha determinado que “ en las economías de mercado, la violencia intrafamiliar representa casi un año de vida per- dido por mujeres de 15 a 44 años por cada cinco (5) años de vida saluda- ble”. (Lori, 1994).
Esta lamentable lista de consecuencias derivadas de la violencia intrafa- miliar, son los motivos que la convierten en un problema de salud pública, que debe ser denunciado, atacado y nunca justificado. No hay ninguna ra- zón para la violencia.
EL TRATAMIENTO DE LA MUJER VÍCTIMA EN LOS TRIBUNALES
Este capítulo está destinado a ser mate- rial de base de los trabajos prácticos del seminario, razón por la cual incluye ejercicios, para ser desarrollados en el mismo, en materia penal.
Magistrado Mario Nelson Mariot, Juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Vega. Magistrado Francisco Antonio Pérez Lora, Magistrado de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.
Constitución, Jurisprudencia e Igualdad
El día 29 de noviembre del año 2000, la Suprema Corte de Justicia, de- cidió sobre la acción en inconstitucionalidad del Art. 1463 del Código Ci- vil Dominicano, que expresa “ Se presume que la mujer divorciada o separa- da de cuerpo que no ha aceptado la comunidad durante los tres meses y cua- renta días que sigan a la publicación de la sentencia de divorcio o de la se- paración personal, ha renunciado a ella, a menos que, estando aún en el pla- zo, haya obtenido prórroga judicial contradictoriamente con el marido, o lo haya citado legalmente. Esta presunción no admite prueba en contrario.”
La Suprema Corte de Justicia declaró el citado texto inconstitucional, en razón de consagrar una discriminación con respecto de la mujer divorciada
o separada de cuerpo, al fijarle a ésta un plazo para que adopte la decisión
de aceptar la comunidad, bajo la sanción de perder sus derechos en la mis- 72 ma si no actúa dentro del término fijado , lo que no hace con el marido.
Refiriendo, además, que todo texto anterior a la Ley 390 precitada (cu- yo objeto era brindar protección a la mujer ) que implicara dejar a la mujer en condiciones de inferioridad, en razón de no exigirle nada al hombre, es necesario interpretarlo en el sentido de lo justo, al tenor de los avances le- gislativos ya logrados.
Alegando también que tiene rango constitucional la plena capacidad ci-
vil de la mujer casada (Art. 8 , inciso 15, literal d), cuyo propósito ha sido el colocarla en un plano de igualdad con el hombre en la realización de los actos jurídicos, quedando prohibida toda situación que tienda a quebrantar
la igualdad de todos los dominicanos.
En la Legislación Civil dominicana han existido, y todavía existen, nor- mas que tienden a discriminar a las personas debido a su género, siendo la mujer la más afectada.
“La expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción, ex- clusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, inde- pendientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la es- fera política, económica o en cualquier otra esfera.” (artículo 9 de la Con- vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
Toda forma discriminatoria o trato no igualitario entre los miembros de la familia constituye una de las causas que pueden generar actos de violen- cia.
La desigualdad se hace notoria en la familia, la cual desde sus orígenes se ha fundamentado en los siguientes elementos:
Comprende a todas las personas unidas por el vínculo de parentesco (criterio sucesorio) o de afinidad (criterio de legitimidad por el matrimo- nio), que conviven bajo el mismo techo (criterio espacial) y que están so- metidos a una misma autoridad (denotando desigualdad).
Como se puede observar, se toma en consideración el criterio sucesorio dado por el parentesco y el de legitimidad fundamentado en el matrimonio, además del criterio de autoridad del hombre sobre la mujer, lo cual consti- tuye una discriminación en contra de ésta.
La sociedad dominicana ha ido evolucionando hacia el respeto de los derechos humanos, en consecuencia se ha desprendido de criterios absolu- tistas que iban en contra de los derechos de la mujer.
Independientemente del status jurídico de las uniones de los padres, la familia puede ser considerada como un grupo social primario, que cumple con las funciones básicas de reproducción de la especie humana y de trans- misión de la cultura a las nuevas generaciones, constituyendo el medio fun- damental y natural de la sociedad para el crecimiento y bienestar de sus miembros, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Por ello la De- claración Universal de los Derechos Humanos, expresó que la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado y nuestra Constitución ordena que “con el fin de robustecer su estabilidad y bienestar, su vida mo- ral, religiosa y cultural, la familia recibirá del Estado la más amplia protec- ción posible”.
En la familia, desde tiempos inmemoriales, siempre ha primado el crite- rio de autoridad, ejercido por el hombre (desigualdad basada en género) con relación a la mujer y sus hijos; en consecuencia, en la relación familiar siempre se ha discriminado a la mujer, debido a que han primado los dere- chos que la ley o la costumbre le han otorgado al hombre en perjuicio de la mujer.
Esa desigualdad de género ha significado aquella construcción social ba- sada en la existencia de jerarquía entre los sexos y en las consecuentes rela- ciones de poder que desde allí se originan.
La desigualdad se ha fundamentado en el cumplimiento de la mujer de los siguientes deberes, que de hecho todavía existen:
a. Sumisión a los fines del matrimonio; desde que se unen en matrimo- nio, la mujer queda sometida a la autoridad del marido, en ese senti- do el connotado jurista D ARGENTRE escribió en el siglo XVI, lo si- guiente: “El marido debe constreñir y castigar a su mujer”.
b. Deber de obediencia al esposo; la mujer era considerada como la asis- tente del hombre, en razón de esto el DR. BLAUMANOIR, escribió en el siglo XIII, lo siguiente: “Es lícito al hombre pegarle a su mujer cuando ésta no quiere obedecer a sus razonables mandamientos, co- mo debe hacer toda mujer prudente”.
c. Reproducción de la especie; deber considerado como el principal ob- jetivo de la familia.
d. Crianza de los hijos y mantenimiento de la domesticidad a costa de su realización personal; la finalidad de la mujer era cuidar desde el ho- gar a sus hijos, aun cuando esto incidiera negativamente en su desa- rrollo personal.
ETAPAS DEL DERECHO EN LO RELATIVO A LA FAMILIA. Esa de- sigualdad jurídica de los esposos en el sistema familiar, al principio prevista por la ley y legitimada socialmente, ha sido considerada como una de las causas generadoras de violencia, debido a que la familia al ser organizada desde la antigüedad bajo el criterio de poder y género ha sido un entorno propicio para las interacciones violentas.
Las leyes se modifican porque los cambios y las necesidades de los pue- blos así lo exigen, veamos las diferentes leyes que han dividido en etapas las relaciones maritales:
Acorde a lo previsto en el Código Civil, se consagra la total sumisión de la mujer en el sistema familiar.
A partir de la vigencia del Código Civil se consagró una visión autorita- ria de la familia, discriminando a las mujeres de distintas maneras.
La desigualdad jurídica entre los esposos era la regla, el matrimonio de- terminaba la pérdida de la capacidad civil de la mujer.
El matrimonio creaba de pleno derecho un régimen de autoridad mari- tal centrado en los siguientes aspectos:
1. Fijación de domicilio conyugal por el esposo; el lugar donde se asen- taba el hogar era escogido unilateralmente por el hombre.
2. Incapacidad de ejercicio de la mujer casada; con el matrimonio la mu-
jer perdía sus derechos civiles, en consecuencia, no podía participar en con- tratos como parte ni como testigo, etc.
3. Administración de todos los bienes de la mujer por el marido; éste te-
nía el derecho de administrar e incluso disponer de los bienes comunes.
4. Imposibilidad de trabajar la mujer sin autorización expresa o tácita del
marido; la mujer casada estaba relegada principalmente al cuidado de los hi- jos y a las labores propias del hogar.
Ley 390 del 14 de diciembre del año 1940
Titulada “Que concede plena capacidad de los derechos civiles a la mu- jer casada”, es considerada de avanzada para su época en razón de los dere- chos que le reconoció, no obstante continuó limitando a la mujer en algu- nos aspectos, tales como:
1. El marido era considerado el jefe de la familia y tomaba la decisión de escoger unilateralmente la residencia común, en donde los esposos están obligados a vivir juntos.
2. El marido es el administrador de los bienes comunes.
3. La mujer puede sin autorización del marido trabajar, pero éste puede
oponerse al ejercicio del trabajo, oficio u profesión desempeñado por su es- posa cuando así lo exige el interés del hogar.
4. La mujer no podrá ser tutora ni miembro del consejo de familia, con
excepción de la madre o ascendiente del pupilo.
La Ley 390, confirió a la mujer mayor de edad, sea soltera o casada, ple- na capacidad para el ejercicio de ciertos derechos y funciones civiles en iguales condiciones que el hombre, a la vez que señaló los actos que puede realizar sin contar con autorización marital o judicial, los cuales son los si- 76 guientes:
1. El ejercicio de oficio, empleo, comercio o industria con la limitación precitada.
2. La administración y disposición de los bienes propios denominados
bienes reservados, los cuales se conformaban por los frutos del trabajo de la mujer.
3. Formar parte en las sociedades civiles y comerciales.
4. Participar como testigo en los actos instrumentados por los Oficiales
del Estado Civil, Notarios Públicos y Ministeriales en las mismas condicio- nes que el hombre.
5. Hacerse abrir cuenta corriente o de ahorro y retirar libremente las su-
mas depositadas.
6. Puede otorgar testamento en las mismas condiciones que la mujer
Ley 855, del 15 de julio del 1978
Modificó varios artículos del Código Civil y la Ley 390, que se referían a diferencias entre los derechos del hombre y la mujer.
En aras de equiparar a los cónyuges, estableció lo siguiente:
1. Los esposos aseguran juntos la dirección moral y material de la familia.
2. Ambos esposos deben contribuir en la medida de sus posibilidades a
3. La residencia conyugal debe ser escogida de común acuerdo.
4. La mujer puede ejercer una profesión u oficio sin el consentimiento
del marido, derogándose el derecho que tenía éste a oponerse al desempe- ño de ese oficio.
5. La autoridad sobre los hijos recae en ambos padres.
Ley 14-94, Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Constituye un instrumento jurídico revolucionario a favor de la infancia, los puntos más resaltantes relativos a la familia son los siguientes:
1. Instituyó la igualdad de los hijos reconocidos y los legítimos, al con-
sagrar en su artículo 14, que “ todos los hijos ya sean nacido de una relación consensual, de un matrimonio o adoptados, gozarán de iguales derechos y calidades incluyendo los relativos al orden sucesoral”.
2. Al mismo tiempo, utilizó un lenguaje tomando en consideración el
3. Amplió el concepto de familia, legitimando a favor de los intereses de
los hijos, la relación consensual y admitiendo la relación monoparental.
4. Afirmó, además, que la autoridad sobre los hijos e hijas será compar-
tida por el padre y la madre de manera igualitaria.
DISCRIMINACIÓN VERSUS IGUALDAD. Nuestro Código Civil contiene normas que se califican de discriminatorias a la mujer, las cuales no han sido derogadas de manera expresa por las leyes citadas, tales como:
1. “El marido es el único administrador de los bienes de la comunidad.
Puede venderlos, enajenarlos o hipotecarlos sin el concurso de la mujer” (art. 1421 C.C.). Con relación a los derechos sobre la vivienda familiar y los bienes muebles que la guarnecen, los esposos no pueden el uno sin el otro disponer de ellos.
2. “Podrá, sin embargo, el padre nombrar a la madre que haya de ser tu-
tora, un consultor especial, sin cuyo dictamen no pueda realizar ningún ac- to relativo a la tutela. Si el padre especificare los actos para los cuales con- siderare necesario el dictamen del consultor, la tutora podrá ejecutar cual- quier otro sin necesidad de oír a éste.” (Art. 391 C.C.).
3. Con relación al ejercicio de la tutela del hombre no se requiere la de-
78 signación del citado consultor.
4. “La mujer podrá ser nombrada tutora de su marido. En este caso, el
consejo de familia determinará la forma y condiciones de la administración, sin perjuicio del recurso que ante los Tribunales pueda entablar la mujer que se considere perjudicada por el acuerdo de la familia “ (Art. 507 C.C. )
El marido, sin embargo, es de pleno derecho y sin condiciones el tutor de su mujer sujeta a interdicción.
En nuestra legislación civil aún existen normas que tienden a discriminar a la mujer, en razón de su género; en consecuencia, se hace necesario que los tribunales cuando estén apoderados de asuntos en los que la norma a aplicar sea discriminatoria, decidan ya sea a solicitud de parte o de oficio con relación a la constitucionalidad de la misma, tomando como fundamen- to el art. 8, numeral 5 de la Constitución, que expresa lo siguiente: “ A na- die se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. LA LEY ES IGUAL PARA TODOS: NO PUEDE ORDE- NAR MAS QUE LO QUE ES JUSTO Y UTIL PARA LA COMUNIDAD NI PUEDE PROHIBIR MAS DE LO QUE LE PERJUDICA”
Recordemos que corresponde a todos los tribunales erigirse en guardia- nes de la Constitución y de los derechos sociales y políticos consagrados en ella, a los fines de restablecer la igualdad jurídica de todas las personas in- dependientemente de su sexo.
Breve Reseña del Contenido del Código Penal Modificado por la Ley No. 24-97
Bajo el título “DE LAS HERIDAS Y GOLPES VOLUNTARIOS NO CALIFICADOS DE HOMICIDIO, Y DE OTROS CRÍMENES Y DELI- TOS VOLUNTARIOS.”, el Código Penal de la República Dominicana, has- ta el mes de enero del año 1997, incriminaba y sancionaba las formas de vio- lencia que eran ejercidas en contra de las personas, siendo el tiempo de cu- ración de las lesiones el parámetro a tomar en cuenta para la imposición de las condenas de lugar.
El Art. 309 del C. P., situado bajo el epígrafe antes aludido, tenía previs-
tas sanciones de naturaleza correccional al que voluntariamente “
heridas, diere golpes, cometiere violencias o vías de hecho, si de ello resul- tare al agraviado una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo du-
rante más de 20 días
naba la pena de reclusión (entiéndase Reclusión Menor) “
lencias arriba expresadas, hayan producido mutilación, amputación o priva- ción del uso de un miembro, pérdida de la vista, de un ojo u otras enferme- dades
Cuando las vio-
En segundo término, el mismo texto legal consig-
En el mismo tenor, la pena de trabajos públicos (entiéndase Reclusión Mayor de 3 a 20 años), la parte in fine del referido Art. 309, era la que de- bía imponerse cuando el resultado de la violencia era el fallecimiento de la víctima, aún en el caso de que no fuere ésta la intención del ofensor.
El Art. 310 del mismo ordenamiento jurídico consagraba las circunstan- cias que agravaban los hechos descritos precedentemente, siendo las mismas que las del homicidio voluntario, es decir, la premeditación o la asechanza. La pena a imponerse entonces era la de trabajos públicos (Reclusión Mayor) de 10 a 20 años si la consecuencia era la muerte de la víctima, y de 3 a 10 años si ésta no fallecía.
De su lado, el Art. 311 del C. P., además de prever las sanciones corres- pondientes y contener el tipo legal para el caso de las lesiones curables an- tes de los 10 días y entre los 10 y los 20 días, también consagraba las agra- vantes, disponiendo penas de naturaleza correccional, en el caso más agra- vado de hasta 2 años de prisión a imponerse al agresor.
Por último, el Art. 312 consideraba una circunstancia agravante para los tres artículos precitados, con el consecuente aumento de la pena, el hecho de que los golpes o las heridas fueren propinados al padre o a la madre o a un ascendiente.
Como puede notarse, el episodio de golpes, heridas o violencias era tra- tado por el legislador de manera general, sin considerar a la víctima en su propia particularidad. Las situaciones de la mujer y del menor no recibían un trato diferente al del hombre y ello así porque el antiguo texto legal ca- recía de una conciencia de género, la cual estaba igualmente ausente en el redactor del mismo.
En el mes de enero de 1997 es promulgada la Ley No.24-97, la cual mo- dificó sustancialmente todo el régimen legal relativo a la violencia y, de ma- nera específica, consagró la violencia ejercida contra la mujer y la domésti- ca o intrafamiliar como infracciones debidamente tipificadas y delimitadas del otro tipo previsto hasta entonces.
80 Es así como el Art. 309-1 del C. P., ya modificado e inexistente hasta ese
momento, define la violencia en contra de la mujer como “
conducta, pública o privada, en razón de su género, que causa daño o sufri- miento físico, sexual o psicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia sicológica, verbal, intimidación o persecución.” De esta definición legal, varios elementos son dignos de ser denotados: 1. -) Incri- mina la violencia cometida en contra de la mujer en razón de su género, es decir, aquella cometida por el hombre en contra de la mujer; 2. -) Compren- de toda acción o conducta, pública o privada, de donde se colige que cual- quier actuación beligerante del hombre, de la naturaleza que sea, sin impor- tar si se produjo o no en presencia de terceras personas, es objeto de una sanción; 3. -) La acción violenta puede resultar en un daño físico, sexual o psicológico. Importante destacar que aquí se delimita el daño físico del se- xual, dado que no necesariamente la ocurrencia del primero entraña el se- gundo, y además, se crea un tipo de daño desconocido por el legislador has- ta el momento: el daño psicológico, el ocasionado en la psiquis de la mujer víctima; y 4.-) Los medios de los que habrá de valerse el agresor para la co- misión de los hechos van desde el empleo de la fuerza física hasta la violen- cia sicológica, verbal, la intimidación o la persecución. Evidentemente, qui- so el legislador dejar plasmadas en la ley todas las formas de violencia, in- cluso aquellas legalmente ignoradas entonces.
toda acción o
Esta nueva forma de violencia, castigada por el ahora en estos aspectos remozado Código Penal, tiene que ver como se dijo, con la mujer como víc-
tima considerada individualmente, no como parte de la célula básica de la
sociedad, la familia. En este nuevo contexto, y al igual que la situación an- terior, también mereció la mujer un tratamiento especial y no podía ser me- nos en virtud de que es precisamente el seno del hogar el lugar que incuba
el mayor número de episodios violentos, de los cuales resulta la mujer la víc-
tima por excelencia.
Así, el Art. 309-2 del C. P., ahora define la violencia doméstica o intra-
familiar como “
sica, o violencia sicológica, verbal, intimidación o persecución, contra uno
o varios miembros de la familia o contra cualquier persona que mantenga
una relación de convivencia, contra el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente o pareja consensual, o contra la persona con quien haya pro- creado un hijo o una hija para causarle daño físico o psicológico a su perso- na o daño a sus bienes, realizado por el padre, la madre, el tutor, guardián, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente o pareja consensual o per- sona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la familia.”
todo patrón de conducta mediante el empleo de fuerza fí-
Resulta importante señalar también aquí algunos aspectos: 1.-) Lo indi- cado anteriormente con relación a los diferentes tipos de violencia y al mo- do de ejercerla encuentra plena aplicación, mutatis mutandi, en lo relativo a este texto; 2. -) No sólo la mujer puede resultar la víctima, sino que además de ella, cualquier otro miembro de la familia; 3. -) Se desprende el nuevo texto del espíritu protector del matrimonio, fuente de históricas injusticias, que caracteriza los textos napoleónicos, al incluir bajo su égida cualquier ti- po de unión de pareja, es decir, tanto las reguladas bajo la convención ma- trimonial como aquellas que no están sujetas a otra formalidad que no sea la sola voluntad de las partes de vivir en comunidad. A partir de aquí, y a los fines de este nuevo ordenamiento jurídico, igual si existe el matrimonio co- mo si no, se tipifica la violencia intrafamiliar, y lo mismo ocurre si ya el ma- trimonio se había disuelto por el divorcio o si la unión consensual había si- do objeto de una separación voluntaria de los convivientes, así como tam- bién si la violencia tiene lugar en contra de una persona con la cual se ha procreado un hijo fruto de una relación ocasional; y 4. -) El agente agresor puede ser cualquier miembro de la familia, sin importar, como se explicó, el estado ni la situación particular de la misma.
Según este mismo texto, las sanciones a imponer a los violadores de es-
tas disposiciones serán las de prisión de 1 a 5 años y multas de RD$500.00
a RD$5,000.00, así como también la restitución de los bienes destruidos, si fuere el caso.
La pena se agrava desde los 5 hasta los 10 años de reclusión cuando la violencia, sea en contra de la mujer o intrafamiliar, tiene lugar en concurren- cia con uno o varios de estos hechos: a) Penetrar en la casa o albergue de la víctima, en caso de separación, y cometerse allí los actos de violencia o si existe de por medio una orden de protección; b) Causar daño corporal gra- ve a la persona; c) Portar el agresor un arma sin la intención aparente de ma- tar o mutilar; d) Ejercer la violencia en presencia de menores de edad; e) Acompañar la violencia de amenazas de muerte o destrucción de bienes; f) Restringir por cualquier causa la libertad; g) Agredir a la víctima después de
existir a su favor una orden de protección; y h) Inducir o incitar a la víctima
a intoxicarse mediante el empleo del alcohol o a través de cualquier sustan- cia controlada.
Dos figuras innovadoras presentan los artículos subsiguientes. Se trata de las órdenes de protección a favor de la víctima y de la imposición de una pena accesoria a los infractores de asistencia obligatoria a programas tera- péuticos o de orientación familiar por un lapso de tiempo no menor de 6 82 meses. Del mismo modo, resulta notorio el hecho de que el Art. 309-4, par- te in medio, prohíbe al juez, de manera expresa, acoger atenuantes en uso de las facultades consignadas por el Art. 463 del C. P., en provecho de los agresores que sean condenados por la violación a los textos anteriores.
El Art. 309-6, como órdenes de protección, ha previsto las siguientes: a) Orden de abstenerse de molestar, intimidar o amenazar al cónyuge, excón- yuge, conviviente o exconviviente, o pareja consensual, o de interferir en la guarda o custodia provisional o definitiva acordada a la víctima; b) Orden de desalojo del agresor; c) Prohibición de entrar a la residencia de la vícti- ma; d) Prohibición de acercamiento a los lugares frecuentados por ella; e) Prohibición a la víctima de trasladar u ocultar los hijos comunes; f) Orden de internamiento de la víctima en refugios a cargo de organismos públicos
o privados; g) Orden de suministrar servicios de salud y de orientación a la
familia objeto de agresión; h) Orden de rendir cuenta de la gestión sobre bienes comunes a la pareja; i) Prohibición de disponer por cualquier vía de los bienes tanto comunes como de los propios de la víctima; j) Orden de re- posición de los bienes destruidos u ocultados; k) Orden de medidas conser- vatorias sobre los bienes comunes y ajuar de la casa familiar; y l) Orden de indemnizar a la víctima de la violencia por los gastos legales, médicos, si- quiátricos, de alojamiento, etc., por ella incurridos a consecuencia del he- cho violento, todo sin perjuicio de las reparaciones civiles de lugar.
Como puede observarse, toda una gama de medidas han sido acordadas por el legislador en provecho de quien resulte víctima de este tipo de vio-
lencia, las que tienen que ver no sólo con la protección de la integridad fí- sica de la persona, sino también de su integridad sicológica, material y fami- liar, de las cuales ha sido colocado el juez como garante y fiscalizador. Esto último así, en razón de que el Art. 309-7 dispone: “El tribunal que conoce y juzga la infracción ratificará la orden de protección, disminuyendo o au- mentando, según el caso, su contenido como pena accesoria. El cumpli- miento de la orden de protección será controlado por el tribunal.”
Por último, en lo referente tanto al juez de instrucción como el juez del fondo, de lo correccional y de lo criminal, por disposiciones expresas de los Arts. 236-3, 236-5 y 236-6 del Código de Procedimiento Criminal, modifi- cados también por la Ley No.24-97, disponen de la facultad expresa de con- ceder las medidas de protección del art. 309-6 del Código Penal, tan pron- to resulten apoderados para el conocimiento de las infracciones relativas a esta materia.
En lo que tiene que ver con el Ministerio Público, el Art. 236-1 del Có- digo de Procedimiento Criminal, también en virtud de las modificaciones insertadas por la Ley No. 24-97, le faculta para todas las actuaciones que en- tienda oportuna para el desempeño de las funciones que le asignan los arts. 28 al 70 del mismo cuerpo jurídico.
El legislador del año 1997 ha dado un tratamiento especial al capítulo de las agresiones sexuales. Si bien ya era materia tratada y conocida por el an- tiguo texto, fue la suya una labor de renovación y remozamiento de las ana- crónicas disposiciones referentes a ella, diseminadas en el Código Penal. No se trató aquí, pues, de la creación de ningún tipo penal nuevo, como sí ocu- rrió en los aspectos precedentemente tratados.
Esta labor de adecuación del texto de ley inicia en el Art. 330 del C. P.
,que define la agresión sexual como “
lencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa o engaño.” Visto así, de entrada, resulta evidente que el redactor de la Ley No. 24-97 quiso ampliar la base de aplicación del texto muy limitada por su propia definición en el texto an- terior que sólo incriminaba el estupro o ayuntamiento carnal normal e ilíci- to de un individuo con una persona de sexo femenino, sin la participación de la voluntad de ésta. En la nueva propuesta legislativa se incrimina “toda acción sexual”, de donde es obvio que cualquier conducta del agresor en el
sentido indicado puede constituir una agresión. Los elementos de violencia,
toda acción sexual cometida con vio-
constreñimiento, amenaza, sorpresa o engaño conjugados con la conducta sexual agresiva permiten la retención de la infracción allí consagrada. El Art.333 del C. P. castiga toda agresión sexual que no constituya una viola- ción con prisión de 5 años y multa de RD$50,000.00.
penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa.” Además de la agresión sexual antes indicada, fue ampliada la base de aplicación del texto referente a la violación igualmente aludido, y así todo acto de pene- tración sexual, sin importar la naturaleza o el sexo de la víctima o la forma como ocurriere, siempre que para lograr el objetivo criminal el agresor se valga de la violencia, el constreñimiento, la amenaza o la sorpresa.
En lo relativo a la violación sexual, fue definida como “
La sanción prevista por este texto para aplicar a quien comete este cri- men es la de 10 a 15 años de reclusión mayor y multa de RD$100,000.00 a
RD$200,000.00.
84 El estado de gravidez de la víctima, así como su invalidez o una discapa- cidad física o mental, constituyen elementos agravantes del crimen de la violación sexual, llevando la pena a imponer desde los 10 a los 20 años de reclusión, permaneciendo igual la pena pecuniaria.
La misma pena está prevista para quien comete el crimen de violación sexual en perjuicio de menores de edad, con amenaza de un arma, si es co- metida por dos o más autores o cómplices, por un ascendiente, por una per- sona que tiene autoridad sobre la víctima o si se ha abusado de la autoridad que confieren las funciones del agresor.
Otro aspecto destacable en la nueva normativa jurídica deriva del hecho de que el Art. 332 del C. P. incrimina la violación sexual ocurrida al interior de una pareja. De ahí que hubiere de imponerse la misma pena anterior a quien incurra en una actividad sexual no consentida en una relación de pa- reja, en cualquiera de los casos siguientes: a) Empleo de la fuerza, la violen- cia, la intimidación o la amenaza; b) Si se ha anulado su capacidad de resis- tencia por cualquier medio; c) Si hubiere imposibilidad de la víctima por en- fermedad o incapacidad de cualquier tipo para comprender la naturaleza del acto de que ha sido objeto; d) Cuando se ha obligado o inducido a la pare- ja mediante el empleo de violencia física o sicológica a involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas.
El exhibicionismo en lugares públicos es sancionado por el Art. 333-1 con penas correccionales, bajo el epígrafe de “Otras agresiones sexuales”. Asimismo, el acoso sexual en los lugares de trabajo, definiéndose como “ toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones.” Ha sido sancio- nado con 1 año de prisión y multa de RD$5,000 .00 a RD$10,000.00 y cuando ocurre en los lugares de trabajo pueda dar lugar a la dimisión justi- ficada de la víctima bajo los términos de los Arts. 96 y siguientes del Códi- go de Trabajo. Del mismo modo, ha sido sancionado drásticamente bajo el mismo título, el proxenetismo en todas sus vertientes.
Todo este conjunto de conductas lesivas en unos casos en contra de la mujer tanto en su individualidad como en su condición de ente conforma- dor de la familia, y en otros donde la víctima puede resultar cualquier per- sona, sin distinción de género, han sido el objeto de la modificación hecha al Código Penal.
Terminada esta sección en el Seminario, los participantes, deberán:
1. Analizar y discutir las disposiciones penales y procesales.
2. Elaborar propuestas de reformas legislativas.
1. División en grupos.
2. Análisis de las disposiciones del Código Penal.
3. Propuestas de reformas sobre la base de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Cada grupo debe presentarlas en transpa- rencias.
4. Discusión general del tema.

References: artículo 3
 artículo 8
 artículo 1463
 artículo 1463
 artículo 1463
 artículo 1463
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 177
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 309
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 7
 resolución 
 artículo 14
in fine