Source: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/normativa/indemnizaciones.htm
Timestamp: 2017-06-27 15:43:56+00:00

Document:
Universidad Complutense de Madrid Responsabilidad Patrimonial
1. Fundamento jurídico 2. Supuestos de responsabilidad 2.1 Lesiones en motín 2.2 Fallecimiento tras contraer una enfermedad en prisión
2.3 Contagio de enfermedad en prisión 2.4 Muerte violenta causada por otro recluso 2.5 Indebida prolongación del internamiento
3. Procedimiento administrativo 4. Requisitos 5. Naturaleza objetiva de la responsabilidad 6. Titular del derecho a la indemnización 7. Conceptos indemnizables. El daño moral 8. Cuantía de la indemnización 9. Concurrencia de culpas 1. Fundamento jurídico El
artículo 106.2 de la Constitución, en expresión trasladada
luego al artículo139-1 de la Ley de Régimen Jurídico
Común, dispone: “Los particulares, en los términos establecidos
por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos”. Según
el artículo 25.2 de la Constitución los presos gozan de todos
los derechos de los artículos 14 a 38 contenidos en la misma, con
la sola excepción “de los que se vean limitados por el contenido del
fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”, refiriéndose
expresamente al derecho “al desarrollo integral de la personalidad”. En
consecuencia, por aplicación del artículo 15 de la Constitución,
los presos tienen derecho a la vida y a su integridad física y moral,
quedando abolida la pena de muerte. La
Administración Penitenciaria tiene la obligación de velar
por la vida, la salud y la integridad de los reclusos, según exige
el artículo 3.4 de la Ley General Penitenciaria, así como el
artículo 5.3 del Reglamento Penitenciario. El
artículo 8 de este último Reglamento añade, por otro
lado, que la organización interior de los recintos penitenciarios
debe asegurar una asistencia médica “en condiciones análogas
a la vida en libertad”, debiendo contar en el conjunto de sus dependencias
con servicios idóneos de enfermería (artículo10). La
organización interna de los recintos penitenciarios, según
el artículo8 del Reglamento Penitenciario, debe disponer de “un sistema
de vigilancia y seguridad que garantice la custodia de los internos”, así
como “una ordenación de la convivencia [...] basada en el respeto
de los derechos y la exigencia de los deberes de cada persona”. En
consecuencia, la Administración Penitenciaria es depositaria de la
vida, la salud y la integridad de los penados, hasta el punto que el Tribunal
Constitucional le obliga (sentencias de 27 de junio y 17 de julio de 1990)
a la alimentación forzada cuando por sí mismos se nieguen
a ingerir alimentos a causa de protestas, reivindicaciones y huelgas de
hambre en el interior de los recintos carcelarios. En virtud de la relación
de especial sujeción, el Estado pone la vida del sujeto por encima
del propio sujeto. No se trata, por tanto, de un mero deber de control externo
o de vigilancia del entorno del preso, sino de un específico deber
de preservar en todo momento la vida, la salud y la integridad del recluso. El
preso no dispone en el centro penitenciario de su propia persona: no puede
moverse libremente dentro de él; no puede elegir con qué personas
coincide; debe permanecer sometido a una disciplina exterior y con la posibilidad
de contactos reglamentariamente establecidos; hay imposibilidad de acceso
de los reclusos y de las visitas a determinadas dependencias; hay una distribución
autoritaria del tiempo y del espacio que los reclusos no pueden alterar;
hay una organización y reglamentación de todos los actos de
la vida (dormir, comer, lavarse, jugar, etc.) que quedan fuera de la disposición
autónoma del preso. 2. Supuestos de responsabilidad *2.1 Lesiones en motín El
Tribunal Supremo reconoce como indemnizables las lesiones padecidas como
consecuencia de la actuación de la fuerza pública en un motín
ocurrido en la Prisión de Carabanchel (sentencia del Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de julio de 1984). *2.2
Fallecimiento tras contraer una enfermedad en prisión
Contagio de enfermedad en prisión Este
causa, como la anterior, tiene especial relieve en los casos de Sida. El
elemento causante del daño es la pasividad y negligencia administrativa
en los ámbitos reglamentario y de gestión, al impedir la utilización
en prisión de material clínico, y sin embargo no impedir la
entrada de drogas y su administración por vía parenteral con
(necesariamente) material clínico infectado. El
standard de gravedad del problema del trinomio SIDA/DROGA/ADVP es netamente
superior entre la población reclusa que en la comunidad en general.
En la sociedad española en general no hay una infección por
VIH del 50 o 30 %. Sin embargo la prestación (o permisión
de acceso al uso) de material higiénico, la programación de
actividades sanitarias preventivas, el seguimiento y estudio del problema,
muestra un standard de prestación de servicios inferior evidentemente
al de los servicios sanitarios medios del ciudadano libre. Ya en 1987 la
Organización Mundial de la Salud adoptó una serie de recomendaciones
encaminadas a la reducción del contagio del SIDA en las prisiones,
entre ellas que los principios generales de los Programas Nacionales sobre
el SIDA deben aplicarse en las prisiones en la misma forma que en la comunidad
en general. El
auto de la Audiencia Provincial de Pamplona de fecha 14.10.1996 2 “ordenando
a la Dirección de la Prisión Provincial de Pamplona la puesta
en práctica de un programa de prevención de la transmisión
de VIH con intercambio de jeringuillas” se dispone dentro del marco reglamentario
vigente, que es Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/96
de 9 de febrero. Las jeringuillas deben considerarse como elementos no autorizados
prohibidos solamente por normas de régimen interior como “objetos
punzantes”. Pero estas normas no tienen carácter de Reglamento general
sino que son simplemente criterios dictados por las Juntas de Régimen
y Administración de cada establecimiento y aprobados por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. De manera que el rango normativo
cómo mucho, en ningún caso supera al nivel del Centro Directivo
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y su modificación
es factible por medio de Instrucción o Circular. La
prohibición en el ínfimo rango normativo del uso de jeringuillas,
unida al conocimiento del problema SIDA/drogas en prisión, así
como la ineficacia (esperable) en la tarea de evitar la entrada de drogas
en prisión, constituyen desde luego el marco genérico de “causalidad
adecuada”, acreditada por la condición de ADVP y el hecho de no ser
seropositivo antes de entrar en prisión. A
estos efectos es importante tener en cuenta la Circular de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias de 1 de junio de 1987 sobre medidas
recomendadas por la O.M.S. sobre la temática del SIDA; la Instrucción
nº 8 de fecha 19 de octubre de 1988 del mismo Centro Directivo, sobre
educación sanitaria y problemática del VIH/SIDA; Circular de
la Fiscalía General del Estado de 5 de noviembre de 1990; la Memoria
de Actividades de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios
correspondiente al año 1994; la Respuesta (29.08.97) del gobierno
a pregunta parlamentaria 184/007143/0000 de 23/04/97 (diputado Rodríguez
Sánchez, Francisco del Grupo Mixto). *2.4 Muerte violenta causada por otro recluso
sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1995 examinó el
caso de un recluso muerto por otros y, tras considerar que las medidas de
protección adoptadas por la Administración penitenciaria no
fueron eficaces, considera que “si bien fueron los autores de la muerte del
interno, su conducta se vio propiciada como causa eficiente por la conducta
insuficiente seguida por la Administración penitenciaria”.
mismo modo, el apuñalamiento por otros reclusos dentro de la prisión
es un supuesto indemnizable, porque si bien es cierto que la doctrina jurisprudencial
exige que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
del servicio público “en una relación directa, inmediata y
exclusiva de causa a efecto (sentencias de 15 de febrero de 1968, 14 de octubre
de 1969, 28 de enero de 1972) la nota de “exclusividad” puede exigirse con
rigor en supuestos dañosos acaecidos por funcionamiento normal, mientras
que en los de funcionamiento anormal el hecho de la intervención
de un tercero o una concurrencia de concausas imputables unas a la Administración y otras a personas ajenas e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de compensación (asumiendo cada una la parte que le corresponde) o
de atemperar la indemnización a las características o circunstancias concretas del caso examinado. En tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencias entre otras, de 8 de enero de 1967, 27
de mayo de 1984, 11 de abril de 1986 y 22 de julio de 1988. En
estos casos hay un patente incumplimiento por la Administración de
su ineludible deber de mantener a los presos en condiciones de dignidad
y seguridad exigidas imperativamente por la Constitución Española
en sus artículos 10,1 y 15 y por la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (artículo 3), por
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado
por España el 26 de septiembre de 1979 (artículos 2,3 y 5,1),
y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19
de diciembre de 1966 ratificado por nuestro País el 13 de abril de
1977; a cuya Declaración, Tratados y Acuerdos se remiten los artículos
10,2 y 96,1 de nuestra Norma Constitucional. Todos ellos garantizan el derecho
fundamental a la vida y a la integridad física y moral, constituyendo
la situación que hemos visto, tal como la describieron los máximos
responsables del Centro Penitenciario, una evidente vulneración de
aquellas normas básicas. La Ley Orgánica General Penitenciaria,
en su artículo 4-3, desarrollado por su Reglamento, reconocen la
obligación de la Administración Penitenciaria de “velar por
la vida, integridad y salud de los internos -artículo 5-3-, así
como la de velar también porque los Establecimientos Penitenciarios
sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren
el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines (sentencia de 22
de julio de 1988). *2.5 Indebida prolongación del internamiento
indebida prolongación del internamiento en el establecimiento penitenciario
es capaz por sí sólo de engendrar un resultado lesivo, merecedor
de ser tomado en cuenta y de ser también reparado adecuadamente (sentencia
del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de julio
de 1984). *2.6
Absolución o sobreseimiento de preso preventivo La
responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fundamento en el artículo
294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según cuyo tenor:
“tendrán derecho a indemnización quienes después de
haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia
del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento
libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”. En
estos casos la cuantía se fijará en función del tiempo
de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares
que se hayan producido. En
general, el Estado responde de cualquier perjuicio ocasionado por la Administración
de Justicia, alcanza tres supuestos distintos: a)
el error judicial (artículo292.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial) b) el funcionamiento anormal (artículo292.1 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial) c) el dolo o culpa grave de los Jueces y Magistrados (artículo
296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). El
error judicial debe ser expresamente declarado con carácter previo
por decisión judicial que expresamente lo reconozca y debe interponerse,
tras agotar todos los recursos previos posibles, en el plazo de tres meses
ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo por los trámites
del recurso de revisión civil. Tanto
en el caso de error judicial como en el de funcionamiento anormal, la indemnización
debe exigirse mediante escrito dirigido al Ministerio de Justicia, siguiéndose los mismos trámite que en cualquier otro supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración. *3. Procedimiento administrativo La
solicitud de indemnización debe cursarse en el plazo máximo
de un año. El derecho a reclamar prescribe al año de manifestarse
el efecto lesivo del hecho o acto que motive la indemnización. El
procedimiento y tramitación administrativa de dicha reclamación
aparece en el artículo 142 de la Ley de Régimen Jurídico
Común y, más detalladamente, en el Reglamento aprobado por
Decreto 429/93 de 26 de marzo. *4. Requisitos: Para
que concurra la responsabilidad patrimonial del Estado se requieren, según
el artículo 139 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Administrativo Común, la concurrencia de los siguientes requisitos: a)
un hecho imputable a la Administración, bastando con acreditar que
un daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una
actividad cuya titularidad corresponde a un ente público. Son muy
numerosas las sentencias que declaran la responsabilidad pública aún
en casos de actuación administrativa lícita o normal. Culpa
“in omittendo”, pasividad, despreocupación, descuido, son los términos
que utiliza la jurisprudencia en múltiples casos concretos en los
que asimismo se admite, en ocasiones, un tono general de actividad administrativa
lícita y aún irreprochable: 29 de mayo, 15 de julio, 13 y
26 de septiembre, 22 de noviembre de 1991, 25 de octubre de 1996. El Dictamen
de 1 de octubre de 1987 del Consejo de Estado concluye: “Cuando una de las
causas del evento sea el funcionamiento del servicio público, la
Administración será siempre responsable, de forma directa
e inexcusable, aunque concurran otras causas y otros posibles responsables”.
un daño antijurídico o detrimento patrimonial injustificado
debiendo ser real, evaluable económicamente, efectivo e individualizado c)
inexistencia del deber jurídico de soportar el daño por parte
del perjudicado, que se traslada así a la Administración d)
relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa
a la Administración y el daño producido. Al respecto existen
numerosas posiciones doctrinales, desde las concepciones anglosajonas de
la causalidad próxima (“proximate cause”) hasta las doctrinas o posiciones
que tienen como base los estándares de funcionamiento de los servicios
públicos, pasando por la teoría de la condición o equivalencia
de las causas y la mucho más aceptada por la doctrina administrativa
teoría de la causalidad adecuada o “verosimilitud del nexo”, perfilada
en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1995, donde se
precisa que el nexo causal muestra “resistencia a ser definido a priori [...]
cualquier acontecimiento lesivo se presenta [...] más bien como el
resultado de un complejo de hechos [...] dotados sin duda en su individualidad
de un cierto poder causal. El problema se reduce a fijar entonces que hechos
o condiciones pueden ser consideradas como relevantes por sí mismas
para producir el resultado final”. La sentencia del Tribunal Supremo, Sala
de lo Penal, de 20 de octubre de 1989 estableció que en estos casos
no se trata de la causalidad directa inherente a la autoría y determinante
de responsabilidad penal, sino de comportamientos de especial significación e influencia en la vertebración causal de los hechos o acaeceres propiciadores
de la realización de la infracción criminal, de los que puede
derivarse la responsabilidad patrimonial de la Administración. Por
su parte, la sentencia de 6 de febrero de 1996, Sala de lo Contencioso- Admionistrativo,
reconoce como factor causal “el único factor de riesgo conocido” la
transmisión de hemofactor durante estancia en UVI, desconociéndose
datos de otros elementos sospechosos y descartándose en consecuencia. e)
ausencia de fuerza mayor, como causa extraña al actuar administrativo,
en el que no está incluido el caso fortuito, y entendiendo por tal
el acontecimiento catastrófico extraordinario y desacostumbrado,
mientras el caso fortuito alude a aquellos sucesos intrínsecos al
funcionamiento de los servicios públicos, correspondiendo la prueba
de la fuerza mayor a la Administración (sentencia del Tribunal Supremo
de fecha 6 de febrero de 1996). *5. Naturaleza objetiva de la responsabilidad
jurisprudencia tiene establecida la naturaleza objetiva de la responsabilidad
patrimonial, hasta el punto de afirmar que ha lugar a declararla aún
cuando el funcionamiento administrativo hubiera sido normal, lo que hace
irrelevante examinar si existe relación causal entre el funcionamiento
administrativo y el resultado lesivo “ya que ese deber de responder, en definitiva,
no consiente más excepciones que las que obedecen a una causa de fuerza
mayor o a la conducta del propio perjudicado” (sentencia de 15 de julio de
1991, Sala Tercera). En idéntico sentido de declarar el carácter
objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, se
pronuncia la sentencia de 4 de enero de 1991 (Sala Tercera), de modo que
únicamente exige la relación de causalidad entre el acto y
el daño. También
la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha subrayado el “criterio progresivamente
objetivador” de la responsabilidad patrimonial de la Administración
(sentencia de 14 de enero de 1994). La
responsabilidad objetiva es en sí una gran conquista jurídica,
y bien antigua: como se enuncia por la sentencia de la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1963 es una “aspiración en
la evolución del derecho moderno que el hombre responda de todo daño,
incluso del no culpable que sobrevenga a consecuencia de su actuar, o de
las cosas que le pertenecen o están bajo su guarda, aunque haya procedido
con la necesaria prevención y prudencia”. Por
tanto, la responsabilidad del Estado funciona, frente al administrado, al
margen de todo elemento de negligencia o culpa, en cuanto que la razón
justificadora de la atribución al Estado de su obligación
de indemnizar se encuentra en el nexo causal entre el daño producido
y el funcionamiento normal o anormal del servicio público, de tal
manera que basta, para la exigencia de tal responsabilidad, que dicho daño
tenga su origen en esa actividad -normal o anormal- de la Administración,
aún los causados involuntariamente de una forma accidental, sin que
el que los sufre tenga por su parte obligación a asumir dichos riesgos,
con la única excepción expresa de los causados por fuerza
mayor (sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 22 de julio de 1988). *6. Titular del derecho: Es
conocida la doctrina de todas las Salas de este Tribunal que da prioridad
a los realmente perjudicados, incluso frente a los herederos (sentencia
del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de julio
de 1988). Es
también indemnizable como “pretium doloris” el daño moral
producido a los padres de la víctima por los padecimientos derivados
de las penosas enfermedades contraídas por el fallecido (sentencias
del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1989 y 7 de octubre de 1989).
daño moral comenzó a incluirse entre las indemnizaciones económicas
a partir de las sentencias de 12 de marzo de 1975, 2 y 4 de diciembre de
1980, 30 de marzo de 1982 y 13 de julio de 1983, doctrina permisiva deducible
de la literalidad del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado alusiva, en general, a bienes y derechos,
y que para la sentencia de 4 de diciembre de 1980 tiene su fundamento en
que su exclusión del ámbito procedimental y procesal del derecho
administrativo, cuando su resarcimiento se reclama, tanto desnaturalizaría
la general referencia que se hace por el artículo 133 del Reglamento
de Expropiación Forzosa a bienes y derechos, como contradiría
la manifiesta finalidad de responsabilizar al patrimonio de la Administración
Pública de las consecuencias dañosas de su actividad (sentencia
de 1984). La
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1993 (Sala Segunda) expuso
que “la muerte de una persona, respecto de sus familiares más directos
(el cónyuge o persona que con la víctima vida de manera estable,
los hijos y los padres, estos últimos con carácter subsidiario
o no, según las circunstancias), es innegable que produce un año
moral. Es decir, la llamada 'pecunia doloris' en estos casos es tan patente
que no necesita de argumentación alguna para justificar su existencia”. Y
a tenor de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 de noviembre
de 1990, “ha de entenderse, en la pecunia doloris, sobre todo, al vacío
que deja la víctima en el reclamante, en sus sentimientos de afecto,
en su grado de parentesco, permanente convivencia familiar con el perjudicado
del que había de ser no sólo apoyo económico sino,
sobre todo, afectivo”. *8. Cuantía de la indemnización: La
sentencia de 15 de julio de 1991 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
también expuso que “el simple hecho de la muerte de una persona -como
este Tribunal reiteradamente tiene declarado produce en los familiares de
aquella, un daño o perjuicio en una y otra modalidad, sobre todo cuando
en el acontecimiento concurren circunstancias no naturales”. El
conjunto de factores que la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene considerando
ponderables (sentencias de 19 de mayo de 1969, 4 y 31 de octubre de, 2 y
18 de febrero de 1980, 3 de diciembre de 1982 y 13 de julio de 1983) ante
la imposibilidad de evaluar cuantitativamente y con exactitud el daño
material y el moral, toma en consideración los módulos valorativos
convencionales utilizado por las jurisdicciones civil, penal y laboral (sentencias
de 26 de septiembre de 1977 y 18 de febrero de 1980), determinación
más que suficiente porque se deduce de parámetros o bases
generales, en cuanto de ellos pueda resultar acreditado el “quantum”, sin
que, en consecuencia, haya de reputarse necesario que la cantidad globalmente
fijada represente la suma de las parciales con las que se cuantifique cada
uno de los factores o conceptos tomados en consideración (sentencia
de 1984). A
los efectos de justificar el “quantum”, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 141.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
puede aducirse que en los supuestos de fallecimiento como consecuencia de
accidentes de circulación vial, el anexo de la Ley 30/95 de 8 de noviembre
del seguro privado fija una indemnización de doce millones de pesetas
para el cónyuge viudo más otros cinco millones por cada uno
de los hijos menores de edad, es decir, un total de diecisiete millones de
pesetas. En
los casos de muerte como consecuencia de actos terroristas, el artículo5
del Real Decreto 673/92 de 19 de junio, establece un resarcimiento de ciento
veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente
en la fecha en que se produzca el fallecimiento. Este criterio desarrolla
lo dispuesto en la derogada Ley Orgánica 9/84 de 26 de diciembre,
posteriormente recogido en el artículo 64.1 de la Ley 33/87 de 23
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988, a su vez desarrollado
por el Real Decreto 1311/88, de 28 de octubre. Dado que se hacía
necesario establecer para la situación indicada una regla de cuantificación
uniforme, se proveyó a ello mediante la disposición adicional
decimosexta de la Ley 4/90 de 29 de julio de Presupuestos Generales del
Estado para 1990, que dio nueva redacción al artículo 64 de
la Ley 33/87, así como por la disposición adicional decimonovena
de la Ley 31/91. Según toda esta normativa, a las cantidades que
resulten de aplicar dicha regla, se añadirá una cantidad fija
de veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional que corresponda en razón de cada uno de los hijos que dependiesen económicamente de la víctima. Las cantidades que resulten de aplicar estas reglas podrán incrementarse hasta en un 30 por 100 teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares, económicas y profesionales de la víctima. Como
baremo indicativo puede utilizarse también la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 11 de marzo de 1991 aplicables a la responsabilidad
civil derivada de los accidentes de tráfico. *9. Concurrencia de culpas La
conducta del afectado puede constituir una causa concurrente en la producción
del resultado lesivo, pero nunca exime de responsabilidad a la Administración.
La responsabilidad administrativa persiste aún mediando un acto libre
del afectado, incluso en el caso de que dicho acto sea ilícito. La
concurrencia de culpas no afecta a la responsabilidad patrimonial de la
Administración sino sólo a sus consecuencias indemnizatorias,
a la cuantía de a indemnización. Así, la sentencia
de 2 de marzo de 1996 del Tribunal Supremo indica que la culpa de la víctima
puede ser relevante para atemperar equitativamente la responsabilidad administrativa pero no para eliminarla. Aún
en casos de actos del afectado ilícitos en términos absolutos,
puede considerarse consolidada la jurisprudencia que, probada tal ilicitud,
aprecia igualmente la existencia de responsabilidad administrativa. Así
la sentencia de 29 de mayo de 1991 (muerte en huida de contrabandistas),
en la que pese a la doble ilicitud en los actos del afectado: previa actividad
claramente ilícita de contrabando y no obedecer las instrucciones
de “alto”, estima la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Así también la sentencia de 22 de enero de 1993 determina
que en el caso de existir “licencia insuficiente o clandestinidad” ello
no es óbice para el resarcimiento del daño causado. Más
claramente examina el problema la de 7 de noviembre de 1994, que expone
terminantemente: “Se arrumbaría el instituto de la responsabilidad
patrimonial si el incumplimiento de cualquier norma reguladora de la convivencia
situase al ciudadano ante el deber jurídico de soportar las consecuencias
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos [...]
La infracción de una norma que impone determinadas obligaciones a
los ciudadanos o administrados conllevará el reproche o sanción
que legalmente venga establecida al respecto pero no exonera a la Administración".
En el mismo sentido las sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio y 7
de octubre de 1995, y 6 de febrero de 1996. La
sentencia de 31 de enero de 1996 declara que aunque los perjuicios fueran
producidos por terroristas “hubo una cierta relación de causalidad
entre la constatada conducta omisiva por no adoptarse las debidas precauciones
(que pudieran en su caso aminorar los efectos nocivos) y el dramático
desenlace, que justifica la imputación de los daños producidos
a la Administración”. En
los casos de contagio de enfermedad la Administración podría
alegare que la causa del contagio radica exclusivamente en un acto voluntario
del afectado; o en todo caso que esta actuación rompería el
nexo causal. Sin embargo, admitida en estos casos la existencia de la condición
adictiva, inmediatamente se comprende que el consentimiento libre, la nota
de voluntariedad, desaparece o viene aminorada sensiblemente. Así
lo ha estimado la jurisprudencia penal desde la sentencia del Tribunal Supremo
de 3 de enero de 1988 por la que se reconoce la disminución de la
libertad volitiva como también la sentencia de 14 de septiembre de
1990. Consecuentemente el nuevo Código Penal (art. 20.2º) considera
como exención de responsabilidad criminal la actuación “bajo
la influencia del síndrome de abstinencia”, además de la atenuante
de “actuar el culpable a causa de su grave adicción”. Desde luego,
el consentimiento viciado siempre se limitará a la administración
de la droga, nunca a consentir el contagio. El
consumo de drogas prohibidas no es un acto prohibido por el ordenamiento
jurídico en general (salvo en lugares públicos) a diferencia
de su tráfico, sino solamente en el ámbito penitenciario. (Ley
Orgánica 1/92 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad
ciudadana). pasar a F.I.E.S. ©THEORIA - PROYECTO

References: artículo 106
 artículo139
 artículo 25
 artículo 15
 artículo 3

artículo 5

artículo 8
 artículo8
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo
294
 artículo 142
 artículo 139
 artículo 40
 artículo 133
 artículo 141
 artículo5
 Real Decreto 
 artículo 64
 Real Decreto 
 artículo 64