Source: http://docplayer.es/2141717-Partes-currihual-pesce-sandra-c-castillo-pinto-jaime-negligencia-medica-tribunal-corte-de-apelaciones-de-antofagasta.html
Timestamp: 2017-08-21 12:51:24+00:00

Document:
Partes: Currihual Pesce, Sandra c/ Castillo Pinto, Jaime Negligencia Médica. Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta. - PDF
Download "Partes: Currihual Pesce, Sandra c/ Castillo Pinto, Jaime Negligencia Médica. Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta."
Magdalena Campos Hernández
1 Voces: TRATAMIENTO MÉDICO - NEGLIGENCIA CULPABLE DE LOS PROFESIONALES - OBLIGACIONES DE RESULTADO - RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA - RECURSO DE APELACIÓN - RECHAZO DEL RECURSO - RECURSO ACOGIDO Partes: Currihual Pesce, Sandra c/ Castillo Pinto, Jaime Negligencia Médica Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta Fecha: 2-may-2012 Cita: MJCH_MJJ31872 ROL:373-11, MJJ31872 Producto: MJ Un nacimiento no deseado a consecuencia de una esterilización frustrada- cuyo resultado no se informó a la paciente-, importa un incumplimiento del deber de cuidado del cirujano, especialmente de la obligación de actuar con seguridad, cuidado y destreza, presumiéndose entonces, que actuó con negligencia, haciendo procedente la indemnización por daño emergente y daño moral. Doctrina: 1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducida por la demandante que solicita aumentar la indemnización por daño emergente y daño moral derivado de la negligencia en la operación de esterilización y posterior embarazo, en atención a lo dispuesto en los artículos 186, 189 y 768 del Código de Procedimiento Civil, 1545 y siguientes del Código Civil; y en consecuencia rechazar el recurso de casación en la forma y apelación deducido por el demandado que solicita la rebaja de éstos. 2.- Las relaciones médico paciente se regulan por el principio de que no se puede realizar una intervención quirúrgica o aplicar un tratamiento riesgoso o doloroso sin el consentimiento ilustrado y libre del interesado, respetando el principio de autodeterminación y deriva en el llamado «deber general de cuidado con el paciente del profesional». Esta información debe ser comprensible y suficiente para el paciente. Además, este deber de información es completado por el «deber de consejo», que supone recomendar un camino de acción de conformidad con la práctica médica. La prueba de la parte demandante indica que el profesional no practicó la operación en la forma acordada por las partes ni informó oportunamente a la actora de los supuestos hallazgos en la trompa izquierda y que a consecuencia de ello no la había operado. 3.- El demandado no cumplió con el contrato médico acordado entre las partes, especialmente la obligación de actuar con seguridad, cuidado y destreza, presumiéndose entonces, que actuó con negligencia, y que este incumplimiento le produjo daño a la demandante. Establecida la responsabilidad civil del demandado, nuestro ordenamiento jurídico exige que exista una relación causal entre el hecho y el daño, como para que ésta pueda ser objetivamente imputado al hecho del demandado, es decir, requiere que el daño sea directo.
2 4.- En relación al daño moral, se concede en el ámbito contractual, estimando que el concepto jurídico de daños abarca toda forma de éstos, tanto patrimonial como extrapatrimonial, comprendiendo el perjuicio, dolor o molestia que se cause, por lo cual, debe entenderse que corresponde el perjuicio pecuniario como el de carácter inmaterial. El artículo 1556 del Código Civil no limita la reparación en materia contractual al daño emergente y al lucro cesante, desde que no excluye al daño moral, por lo que es procedente en materia contractual la reparación del daño extrapatrimonial pues el daño causado produjo consecuencia en la vida afectiva y emocional de la demandante y trastornos en su vida familiar, encontrándose acreditado que la actora sufre de una depresión reactiva debido a la operación frustrada que implicó el nacimiento no deseado. Antofagasta, 2 de mayo de Visto: I. En cuanto al recurso de casación en la forma. Primero: Que, a fojas 349, doña Trissy Figueroa Rivera, abogado, en representación de la parte demandada, don Jaime Castillo Pinto deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva de fecha siete de enero de dos mil once dictada por la Jueza Titular doña Susana Tobar Bravo del Cuarto Juzgado de Letras de esta ciudad. Funda su recurso en la causal Nº 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en haber sido dada ultrapetita, esto es, otorgando más de los pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley. Segundo: Que, el recurrente sostiene que la demanda se sustenta en el hecho de haberse practicado un mal procedimiento quirúrgico, en el considerando decimoséptimo de la sentencia concluye que la cirugía estuvo bien practicada y que no hubo incumplimiento por parte del médico demandado, al no haber intervenido la trompa izquierda, sin embargo, pese a ello, la sentenciadora estima que esta circunstancia debió haber sido informada expresa y claramente a la paciente, circunstancia que no se encuentra acreditada en autos, indicando en considerando vigésimo, que el demandado incumplió en forma culpable el contrato médico celebrado con la actora, ocasionándole daño a la actora al no ser informada de que la operación no resultó exitosa en su totalidad, pues no fue intervenida la trompa izquierda, quedando embarazada con posterioridad. Estima que la actora no reclamó esta falta de información en su demanda, no fue incluido en los puntos de prueba, por lo tanto estuvo en la más absoluta indefensión, agregando que este vicio influyó decisivamente en lo dispositivo del fallo. Tercero:Que la demanda de fojas 23, de indemnización por daños materiales y morales, sostiene que hubo de parte del demandado un incumplimiento de contrato, específicamente de una obligación de resultado, dado que entre las partes existió un pacto, relativo a obtener la esterilización de la demandante. El libelo agrega que se incumplió con la "obligación de cuidado", entendida como obligación de seguridad, en la que se responde de la integridad física y psíquica del paciente internado, debiendo responder de los daños irrogados durante o con motivo u ocasión de la prestación médica, estimando que su incumplimiento genera el denominado "abandono del paciente".
3 Pide se acoja la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta, solicitando se condene al demandado al pago de las sumas demandadas por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Evacuando el trámite de la replica, a fojas 54, la demandante afirma que nunca se informó a su parte en forma oral o escrita sobre la situación de la trompa izquierda, que no hubo citación posterior a los 15 días para un control especial, después del primer control postoperatorio. Cuarto: Que de acuerdo a lo que se razonará y resolverá al momento de conocer el recurso de apelación interpuesto, deberá rechazarse el recurso, sobre la base que se acogerá la demanda por un fundamento distinto y, consecuente con ello, en todo caso no concurre la causal alegada. II. En cuanto al recurso de apelación. Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos decimoséptimo y vigésimo que se eliminan. Y teniendo además, presente: Quinto:Que, el abogado don Francisco Leppes López, abogado, en representación de la parte demandante doña Sandra Currihual Pesce deduce recurso de apelación en contra de la sentencia de autos, pidiendo que se revoque la sentencia en la parte que rechazó el lucro cesante y en su lugar conceda la suma de $ o la suma que el tribunal determine por este concepto, y que confirme la sentencia, con declaración de que se eleva el daño emergente a la suma de $ y se eleva el daño moral a la cantidad de $ o las sumas que el tribunal determine. Sexto: Que doña Trissy Figueroa Rivera, por el demandado don Jaime Castillo Pinto deduce recurso de apelación en contra de la sentencia de autos, solicita se revoque la sentencia, declarándose que se la rechaza en todas sus partes, con costas. En subsidio, se la revoque en la parte que condena por concepto de daño moral, por improcedente. En subsidio, si se concede la indemnización por daño moral, la rebaje y se ordene su reajuste una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Séptimo: Que coincide esta Corte que el acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, sobre una operación de esterilización laparoscópica a la demandante de autos, programada para el día 2 de octubre de 2008, deviene en una obligación de resultado, que obliga al profesional de la medicina de actuar con seguridad, cuidado y destreza, complementado además, con el deber de proporcionar el beneficio pretendido por la parte que contrata, atendida las especiales característica de la misma, y del objetivo perseguido por la paciente, su marido y en conocimiento del médico demandado. Octavo: Que el hecho de un nacimiento no deseado a consecuencia de una esterilización frustrada, caso de autos, puede ocurrir que ella fracase y que la paciente quede embarazada.la frustración del objetivo de la operación puede deberse a error quirúrgico o ineficacia del método empleado, habiendo entonces, una infracción al deber de cuidado del cirujano y existiría un fundamento o antecedente de responsabilidad por negligencia. Sin embargo, este fracaso puede deberse a que la cirugía programada no asegura los resultados, de manera tal que el solo hecho del embarazo no fundamenta un caso de negligencia médica, en este caso el embarazo se debió, como se concluyó en el considerando Décimonoveno en la circunstancia que a la paciente no se le intervino la trompa izquierda. Décimo: Que las relaciones médico paciente se regulan por el principio de que no se puede realizar una intervención quirúrgica o aplicar un tratamiento riesgoso o doloroso sin el consentimiento ilustrado y
4 libre del interesado, respetando el principio de autodeterminación y deriva en el llamado "deber general de cuidado con el paciente del profesional". Esta información debe ser comprensible y suficiente para el paciente. Además, este deber de información es completado por el "deber de consejo", que supone recomendar un camino de acción de conformidad con la práctica médica. Undécimo: Que en la contestación de la demanda la parte demandada justifica su falta de intervención de la trompa izquierda por los problemas surgidos en la misma, al efecto, la imposibilidad de identificar la trompa izquierda, debido a la presencia de una gran cantidad de adherencias, que intentó liberarlas, pero no fue suficiente y en definitiva, no pudo identificar la trompa izquierda. Sin embargo, la parte demandada no acreditó la ocurrencia de los hechos que justificarían la falta de intervención. En efecto, la testimonial rendida por el demandado, consistente en las declaraciones de los doctores Richard Christian Vergara Llanos y Erick Poulsen Rossi, a fojas 146 y 150, en cuanto informaron de los eventuales problemas surgidos en la intervención, coincidiendo con el demandado en su contestación, no provocan fe en este tribunal.se trata de los dichos de quienes intervinieron en la operación como anestesista y ayudante de cirujano respectivamente, conformando un grupo de trabajo con el demandado, y por lo mismo, resulta evidente que les puede caber responsabilidad en los hechos. Luego, el juicio de veracidad e imparcialidad a su respecto necesariamente resulta negativo desde que objetivamente la suerte del juicio les puede traer consecuencias, ya pecuniarias, administrativas o incluso en su prestigio profesional, por lo que, como se adelantó no se dará valor a sus dichos. Menos aún puede provocar el atestado de los médicos Aliro Bolados Castillo y Carlos Fernández Ossadei, desde que se trata de testimonios de oídas, de acuerdo a lo que les informó el propio demandado y que por ende, no difiere del valor que pudiere entregárseles a las opiniones de éstos. En cuanto a la prueba documental no es factible atender al Protocolo Operatorio, por cuanto éste es ininteligible, no siendo posible entender lo que en él se expresa, como tampoco a la ficha médica agregada, por cuanto se trata de un documento privado que emana de la parte que lo presenta, por lo que no se le dará valor probatorio. La conclusión anterior en orden a que debe descartarse la versión del demandado de que no intervino la trompa izquierda ante la imposibilidad de identificarla debido a la presencia de adherencias, se ve corroborada con la prueba documental de la actora agregada a fojas 129 del cuaderno de documentos, formado por un certificado emitido por el Dr.Victor Araya Cárcamo, que controló a la demandante doña Sandra Currihual Pesce en su embarazo gemelar, indica que debido a la hospitalización por amenaza de parto prematuro en la Clínica Antofagasta, se le realizan ecotomografías dopler, que junto con detallar el procedimiento del nacimiento de las gemelas, agrega que "durante la intervención destacó la indemnidad de la tuba izquierda según posición de la paciente en la mesa operatoria, agregando que la otra tuba presentaba signos cicatriciales de esterilización quirúrgica". Como se ve, este documento no objetado, da cuenta de la información proporcionada por el médico que atendió con posterioridad a la actora, quien constató la indemnidad de la tuba izquierda, lo que no se condice en modo alguno con las supuestas adherencias que ésta presentaría y que según el actor no pudo liberar, constituyendo la opinión de un especialista que de manera imparcial da cuenta de los hallazgos por él encontrados al momento de atender a la actora. Duodécimo: Que, a su vez, la prueba de la parte demandante como el programa médico presentado a la Is apre Banmédica, que indica que el profesional practicó una operación ligadura de trompas; el carnet
5 de alta de fojas 8 que indican que a la actora se le aplicó una operación de esterilización por LPC, y la confesional de fojas 238, que efectuó una operación laparoscópica, permiten concluir que el médico demandado no practicó la operación en la forma acordada por las partes. A lo anterior, debe unirse la circunstancia acreditada en el motivo Décimoctavo de la sentencia en alzada, en orden a que el demandado no informó oportunamente a la actora de los supuestos hallazgos en la trompa izquierda y a consecuencia de ello no la había operado. No se trata que esta falta de información sustente la responsabilidad del médico, como lo hace la sentencia en alzada, sino que la misma es demostrativa que el demandado, por negligencia, no intervino la trompa izquierda.resulta evidente que de ser efectivo lo señalado por el demandado se hubiera preocupado de informar en forma inmediata, clara y precisa a la demandada que la intervención no había podido producir el efecto esperado y que, además, ello se debía a una afección de la trompa izquierda que requería tratamiento, sin perjuicio de consignarlo en los documentos que entregó a la demandante, pues se trata de una cuestión de tal trascendencia que nada explica que lo haya omitido. Además, resulta evidente esa falta de información, precisamente por el embarazo posterior de la actora, pues nada explica que una mujer, casada, con hijos, profesional universitaria y que adoptó la decisión con su marido de no tener más familia, precisamente mediante un proceso de esterilización, informada de el fracaso de la misma tenga relaciones sexuales sin adoptar alguna medida de precaución. Decimotercero: Que, conforme a lo razonado precedentemente, se concluye que el demandado no cumplió con el contrato médico acordado entre las partes, especialmente la obligación de actuar con seguridad, cuidado y destreza, presumiéndose entonces, que actuó con negligencia, y que este incumplimiento le produjo daño a la demandante de autos. Decimocuarto: Que la parte demandante deduce recurso de apelación respecto al daño emergente otorgado, solicitando se regule en una suma ascendente a $ ; por concepto lucro cesante pide la suma de $ y por daño moral pretende la suma de $ Decimoquinto: Que establecida la responsabilidad civil del demandado, nuestro ordenamiento jurídico exige que exista en una relación causal entre el hecho y el daño, en el sentido de que el hecho del demandado debe ser causa necesaria del daño que se alega, pero asimismo, entre el hecho y el daño debe haber una relación suficientemente cercana, como para que ésta pueda ser objetivamente imputado al hecho del demandado, es decir, requiere que el daño sea directo. (Enrique Barros Bourie. Tratado responsabilidad extracontractual, pag. 246) Decimosexto:Que teniendo presente lo anterior, por concepto de daño emergente, se procederá a decretar el pago de los gastos directos que irrogó los gastos de la operación laparoscópica y de parto de sus hijas, más no aquellos correspondientes a atenciones, exámenes y enfermedades de las hijas de la demandante porque no constituyen un daño directo, atendido que no son una consecuencia inmediata, directa y necesaria del incumplimiento, más aún no puede sostenerse que la enfermedad síndrome de Down que aqueja a la menores sea una consecuencia directa de este incumplimiento. Decimoséptimo: Que en cuanto al lucro cesante, entendiendo por tal la utilidad, provecho o beneficio económico que el demandante deja de percibir con motivo del incumplimiento, es decir, es necesario demostrar que la víctima habría obtenido ciertos ingresos si no hubiese ocurrido el hecho que genera la responsabilidad. Habida la pretensión de la actora, no hay prueba rendida en la causa que permita establecer los supuestos para el cálculo del lucro cesante, ya que es necesario recurrir a estimaciones de base objetiva atendida la naturaleza del daño que esta causa carece.
6 Decimoctavo: Que en relación al daño moral, recurrido por la actora y la parte demandada, la primera para elevar su monto y el demandado para rechazarla por improcedente o, en subsidio, disminuir el monto concedido, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema la han concedido en el ámbito contractual, estimando que el concepto jurídico de daños abarca toda forma de éstos, tanto patrimonial como extrapatrimonial, comprendiendo el perjuicio, dolor o molestia que se cause, por lo cual, debe entenderse que corresponde el perjuicio pecuniario como el de carácter inmaterial. El artículo 1556 del Código Civil no limita la reparación en materia contractual al daño emergente y al lucro cesante, desde que no excluye al daño moral, por lo que es procedente en materia contractual la reparación del daño extrapatrimonial. Decimonoveno:Que, la prueba rendida en autos, especialmente los documentos de fojas 16 y 17 de estos autos y 130 del cuaderno de documentos, permite concluir que el daño causado produjo consecuencia en la vida afectiva y emocional de la demandante y trastornos en su vida familiar, encontrándose acreditado en autos, que la actora sufre de una depresión reactiva debido al incumplimiento acreditado en autos, coincidiendo esta Corte de Apelaciones con el monto regulado en la sentencia recurrida. Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 186, 189 y 768 del Código de Procedimiento Civil, 1545 y siguientes del Código Civil, se declara: I. Que, se rechaza el recurso de casación en la forma deducido en lo principal de fojas 349. II. Que, se confirma, sin costas del recurso, la sentencia apelada de fecha siete de enero de dos mil once, escrita de fojas 311 a 338 vta., con declaración que el reajuste e intereses correrán desde la fecha en que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Se deja constancia que se hizo uso de la facultad del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales. Regístrese y devuélvase. Rol civil Redacción de la Ministra doña Cristina Araya Pastene, quien no firma por encontrarse haciendo uso de feriado legal. Pronunciada por la Primera Sala, constituida por los Ministros Sr. Dinko Franulic Cetinic, Sra. Cristina Araya Pastene y Sra. Virginia Soublette Miranda. Autoriza el Secretario(s) don Cristian Pérez Ibacache.
REPOSITORIO DE JURISPRUDENCIA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL R.M. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Descriptores Resolución de contrato - Estudiantes universitarias solicitan la resolución del contrato de servicios
Santiago, veintidós de julio de dos mil trece. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: -EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA: PRIMERO: Que el recurrente
Santiago, veintidós de julio de dos mil trece. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: -EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA: PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia impugnada ha incurrido en la
Derecho Procesal Civil Corte Suprema, 4 mayo 2011. Nelson Domingo Uribe San Martín con Lucía Antonia Vidal Godoy y otros Cumplimiento de contrato [Recurso de casación en el fondo, acogido] Exigencia de

References: artículo 1556
 artículo 768
 artículo 1556
 artículo 82
 Resolución 
 resolución