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Timestamp: 2019-06-27 13:33:45+00:00

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Divorcio - Letonia
Los casos en que un matrimonio puede disolverse se detallan en las normas de Derecho de familia que forman parte del Derecho civil de Letonia y en el apartado P de la Ley de Notarios. El marco general de la institución del matrimonio se estipula en las normas de Derecho de familia que forma parte del Derecho civil.
En Letonia, el matrimonio solamente puede quedar disuelto por un tribunal o un notario (notārs). Un tribunal puede disolver un matrimonio previa solicitud de uno o de los dos cónyuges. Un notario puede disolver un matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre la disolución de su matrimonio y no tienen hijos menores en común ni bienes comunes; o, cuando los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, si han firmado un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.
Uno de los requisitos previos para un divorcio de este tipo, en consecuencia, es un acuerdo entre los cónyuges sobre la custodia de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.
Si un matrimonio va a ser disuelto por un tribunal, el tribunal debe llegar a la conclusión de que el matrimonio ha fracasado. Se considera que un matrimonio ha fracasado cuando los cónyuges han cesado su vida en común y no se espera que puedan restablecerla.
Uno de los requisitos previos para la disolución por parte de un notario es un acuerdo entre los cónyuges sobre la custodia de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes. Si los cónyuges no consiguen llegar a un acuerdo, estas cuestiones serán dirimidas por el tribunal junto con la demanda de divorcio.
Disolución del matrimonio por parte de un notario
Un matrimonio puede disolverse si ha fracasado y los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre la disolución, y si un notario recibe una solicitud conjunta firmada por ambos cónyuges. Si los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, la solicitud deberá ir acompañada por un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos, su sustento, los derechos de visita y el reparto de los bienes comunes.
Disolución del matrimonio por parte de un tribunal
Un matrimonio puede ser disuelto por un tribunal en aquellos casos en que los cónyuges no hayan alcanzado un acuerdo sobre la disolución de su matrimonio y se cumpla una de las siguientes condiciones:
Los cónyuges han vivido separados durante más de tres años: los cónyuges viven separados, carecen de una vivienda común y uno de ellos se opone claramente a restablecer la convivencia, lo que impide la posibilidad de la convivencia conyugal. Aunque los cónyuges residan en una propiedad compartida, no puede hablarse de hogar común.
Si los cónyuges han vivido separados durante más de tres años, el tribunal puede disolver el matrimonio solamente si:
el motivo del divorcio es la violencia física, sexual, psicológica o económica ejercida por uno de los cónyuges contra el otro cónyuge, que es quien solicita la disolución del matrimonio; o contra un hijo de este o un hijo común de los cónyuges;
uno de los cónyuges da su consentimiento a la demanda del otro cónyuge para la disolución del matrimonio;
uno de los cónyuges ha comenzado a convivir con otra persona, y de esa relación ha nacido o va a nacer un hijo.
Cuando, en las circunstancias indicadas, el tribunal considere que el matrimonio todavía puede ser preservado, el procedimiento de divorcio puede ser pospuesto hasta un máximo de seis meses con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.
Cuando, antes de haber vivido separados durante tres años, uno de los cónyuges solicita el divorcio por motivos distintos a los indicados anteriormente, el tribunal no puede disolver el matrimonio antes del plazo obligatorio de tres años de separación y deberá posponer el análisis del caso con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.
Si los cónyuges han vivido separados durante más de tres años, un notario puede disolver el matrimonio solamente si ambos cónyuges acuerdan la disolución del mismo y si han presentado una solicitud de disolución ante el notario de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Notarios.
Un tribunal no puede disolver el matrimonio aunque haya fracasado, en la medida en que, en circunstancias excepcionales, el mantenimiento del matrimonio sea necesario en interés de los hijos menores en común de los cónyuges.
Tan pronto como la sentencia que concede el divorcio surte efecto, o en cuanto un notario expide un certificado de divorcio, dejan de existir los derechos y las obligaciones derivados de la relación jurídica entre los cónyuges. El divorcio puede acarrear nuevos derechos y obligaciones a los ex cónyuges. Una vez disuelto el matrimonio, ambas partes pueden celebrar otro matrimonio.
De conformidad con el Derecho civil, un cónyuge que cambió sus apellidos al casarse tiene derecho a utilizar su nombre de casado tras la disolución del matrimonio, o, de manera alternativa, si así lo solicita, un tribunal o un notario le autorizará a utilizar sus apellidos de soltero.
Si el otro cónyuge lo solicita, un tribunal puede prohibir al cónyuge que contribuyó a la ruptura del matrimonio que conserve sus apellidos de casado, siempre que esto no perjudique a los intereses de los hijos.
Un notario puede disolver un matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo previo por escrito sobre el reparto de los bienes comunes y si se adjunta el acuerdo a la solicitud de divorcio.
Cuando un matrimonio es disuelto por un tribunal, los cónyuges pueden acordar un reparto de los bienes comunes. Si los cónyuges no alcanzan un acuerdo, sus reclamaciones serán dirimidas por el tribunal sobre la base del Derecho Civil o las disposiciones del contrato matrimonial. El Derecho Civil contempla dos tipos de relación patrimonial, concretamente relaciones determinadas por la legislación y relaciones determinadas por el contrato matrimonial, que definen el procedimiento para el reparto de los bienes en caso de divorcio.
Cuando las relaciones patrimoniales están determinadas por la legislación, en caso de reparto de los bienes cada cónyuge tiene derecho a conservar las propiedades que le pertenecían antes del matrimonio, así como cualquier otro bien adquirido durante el matrimonio. Todo lo adquirido durante el matrimonio por los cónyuges de manera conjunta, o por uno de ellos utilizando los recursos de ambos, constituye un bien común de los cónyuges. Se supone que los bienes comunes pertenecen a ambos cónyuges por igual, a menos que uno de ellos pueda justificar y demostrar que deben ser repartidos en una proporción diferente.
Cuando las relaciones patrimoniales estén determinadas por el contrato matrimonial, este contrato puede contemplar una propiedad separada o conjunta de todos los bienes de los cónyuges, por lo que el reparto de los bienes se decidirá de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación para la relación patrimonial contractual correspondiente.
En asuntos de divorcio, las cuestiones derivadas de las relaciones jurídicas en el seno de la familia que se describen anteriormente, y en especial las derivadas de las relaciones jurídicas entre progenitores e hijos, no pueden ser consideradas por separado.
Si el matrimonio es disuelto por un notario, los cónyuges deben ponerse de acuerdo no solamente acerca del divorcio sino también sobre la custodia, los derechos de visita y los alimentos de los hijos. Es necesario presentar un acuerdo escrito previo sobre la custodia de hijos menores en común, los derechos de visita y los alimentos de los hijos, acompañado por una demanda de divorcio.
Si el matrimonio es disuelto por un tribunal, los cónyuges deben alcanzar un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita y los alimentos de los hijos. Si no se ha firmado dicho acuerdo, a menos que las demandas hayan sido ya dirimidas, deberán ser presentadas junto con una solicitud de divorcio; de lo contrario, el tribunal no podrá conceder el divorcio.
Consecuencias del divorcio en relación con la responsabilidad parental
La responsabilidad de cuidar a los hijos no finaliza si estos ya no residen con uno de los progenitores o con ninguno de ellos.
Si los progenitores viven por separado, mantienen su responsabilidad común. El cuidado y la supervisión de los hijos debe ser garantizado por el progenitor con el que los hijos residen.
Los progenitores adoptarán decisiones de manera conjunta sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa en el desarrollo de sus hijos. Los litigios entre los progenitores son dirimidos por el tribunal de familia (bāriņtiesa), a menos que la legislación disponga lo contrario.
La custodia conjunta de los progenitores finaliza cuando un acuerdo entre los progenitores o una resolución judicial establece la custodia por separado de unos de los progenitores.
Si el hijo se encuentra bajo custodia por separado de uno de los progenitores, ese progenitor tendrá los derechos y las obligaciones derivados de la custodia. El otro progenitor deberá tener derechos de visita (el derecho a mantener contacto y relaciones privadas con los hijos).
Consecuencias del divorcio en relación con los alimentos de los hijos
La cuestión los alimentos de los hijos debe determinarse durante el procedimientos de divorcio. Los progenitores están obligados a proporcionar los alimentos de los hijos de manera acorde a su capacidad y a sus circunstancias financieras. El padre y la madre tienen el deber de sufragar las necesidades de sus hijos hasta que sean capaces de valerse por sí mismos. La responsabilidad de proporcionar los alimentos a los hijos no finaliza si estos ya no residen con uno de los progenitores o con ninguno de ellos. Cuando disuelven su matrimonio, los progenitores pueden acordar mutuamente los alimentos de los hijos, pero si los progenitores no alcanzan un acuerdo ese litigio será dirimido por el tribunal durante el procedimiento de divorcio.
El Derecho Civil estipula que en el momento en que se disuelve un matrimonio, o incluso con posterioridad, un ex cónyuge puede reclamar al otro cónyuge pagos proporcionales a las circunstancias financieras de ese cónyuge con el fin de mantener el nivel de vida anterior del primer cónyuge. El deber de mantener el nivel de vida anterior de un ex cónyuge finaliza cuando:
el tiempo transcurrido desde el divorcio o la anulación del matrimonio es el mismo que la duración del matrimonio disuelto, o, en el caso de un matrimonio anulado, la duración de la convivencia;
el ex cónyuge contrae matrimonio de nuevo;
los ingresos del ex cónyuge garantizan su sustento;
el ex cónyuge evita mantenerse a sí mismo con sus propios ingresos;
el ex cónyuge al que se exigió mantener al otro ex cónyuge no cuenta con suficientes medios de subsistencia o ha quedado incapacitado para trabajar;
el ex cónyuge que debe ser mantenido ha cometido un delito contra el otro ex cónyuge o contra la vida, la salud, la libertad, la propiedad o el honor del otro cónyuge o de uno de los familiares del ex cónyuge en línea ascendente o descendente;
el ex cónyuge ha abandonado al otro ex cónyuge en un estado de desamparo cuando le era posible prestar ayuda;
el ex cónyuge ha presentado deliberadamente una acusación falsa de delito contra el otro cónyuge o uno de sus familiares en línea ascendente o descendente;
el ex cónyuge lleva una vida de excesos o inmoral;
el ex cónyuge al que se exigió mantener al otro ex cónyuge fallece o es declarado muerto/a, o bien el otro ex cónyuge fallece o es declarado muerto/a;
existen otras razones de peso para dar por terminado este deber.
El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.
Un matrimonio puede ser anulado si se contrajo incumpliendo disposiciones legislativas, lo que impide que su celebración fuese legítima.
Tras dictarse la sentencia de anulación del matrimonio, se considera que las personas en cuestión nunca estuvieron casadas; el matrimonio se considera nulo y sin validez en el momento en que la sentencia judicial que declara la nulidad surte efecto.
Hay que señalar que un matrimonio puede ser anulado incluso después de un divorcio.
Un matrimonio solamente puede ser anulado en los siguientes casos estipulados por la legislación:
el matrimonio no ha sido registrado por un funcionario del registro civil o por una autoridad de las confesiones religiosas enumeradas por el Derecho Civil;
el matrimonio se celebró de manera ficticia, sin la intención de crear una familia;
el matrimonio se celebró antes de que ambos cónyuges hubieran alcanzado la edad de 18 años, o en determinados casos antes de que uno de los cónyuges hubiera alcanzado la edad de 16 años, momento a partir del cual el matrimonio puede ser válido si es contraído con un adulto y cuenta con la autorización de los progenitores o los tutores; sin embargo, este matrimonio no puede ser anulado si tras el matrimonio se ha concebido un hijo o si ambos cónyuges han alcanzado la edad mínima necesaria en el momento de la sentencia;
cuando contrajo matrimonio, uno de los cónyuges se encontraba en unas condiciones que le impedían comprender el significado de sus actos o ser responsable de dichos actos;
el matrimonio se celebró entre personas situadas en grados de parentesco prohibidos, en particular, ascendientes o descendientes directos, hermanos y hermanas, o hermanastros y hermanastras;
el matrimonio se celebró entre un progenitor adoptivo y un hijo adoptado, excepto cuando hayan concluido las relaciones legales establecidas por la adopción;
el matrimonio se celebró entre un tutor y un menor de edad, o entre un administrador fiduciario y la persona a la que administra, antes de la conclusión de las relaciones de custodia o de administración fiduciaria;
uno de los cónyuges ya estaba casado.
En todos estos casos, cualquier parte interesada o el fiscal puede presentar una solicitud para obtener la anulación del matrimonio, en cualquier momento y sin limitación alguna. Si el matrimonio ha concluido debido a un fallecimiento o a un divorcio, solamente las personas cuyos derechos están afectados pueden presentar una solicitud de anulación. Si ambos cónyuges han fallecido, no es posible presentar una solicitud para anular su matrimonio.
Un cónyuge cuyo matrimonio ha sido anulado recuperará su apellido de soltero o soltera. Si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges no era conocedor del hecho de que el matrimonio debía ser anulado, puede solicitar al tribunal que se le permita conservar su nombre de casado o casada.
Si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges era conocedor de que podía ser anulado, el otro cónyuge tiene derecho a reclamar a su ex cónyuge no solamente los medios necesarios para mantener su nivel de vida anterior, sino también una compensación por daños morales.
Cuando un matrimonio es anulado, las circunstancias en que un ex cónyuge es eximido de la obligación de garantizar al otro ex cónyuge su nivel de vida anterior son las mismas que en el caso de un divorcio (véase la pregunta 3.4).
En lo que concierne al reparto de los bienes al producirse la anulación del matrimonio, cada uno de los ex cónyuges tiene derecho a conservar sus bienes premaritales y cualquier bien adquirido durante la convivencia. Los bienes adquiridos de manera conjunta deberán ser repartidos equitativamente entre los ex cónyuges.
Si en el momento de celebrarse el matrimonio ninguno de los cónyuges era conocedor del hecho de que el matrimonio debía ser anulado, los bienes serán repartidos de conformidad con las disposiciones del Derecho Civil que rigen el reparto de bienes adquiridos durante un matrimonio legítimo. Si, no obstante, solamente uno de los cónyuges no era conocedor de que el matrimonio debía ser anulado, el procedimiento relativo al reparto de los bienes adquiridos de manera conjunta durante un matrimonio legítimo en caso de divorcio se aplica únicamente al cónyuge que no era conocedor de que el matrimonio debía ser anulado.
En Letonia el matrimonio puede ser disuelto por un notario por medio de una solicitud conjunta de ambos cónyuges. El procedimiento para la disolución del matrimonio por parte de un notario se recoge en el apartado P de la Ley de Notarios. Un notario autorizado disolverá el matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre el divorcio y no tienen hijos menores en común ni bienes comunes; o, cuando los cónyuges tengan hijos menores en común o bienes comunes, si han firmado un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.
En los casos en que un matrimonio queda disuelto por un notario, no existe una competencia territorial específica: las partes pueden recurrir a cualquier notario del país. No se incluyen aquí los asuntos transfronterizos, cuya competencia se rige por el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Si, en virtud de la legislación de la Unión Europea o de otra legislación internacional, un divorcio transfronterizo no compete a las autoridades judiciales letonas, un notario autorizado no podrá iniciar los trámites de divorcio y deberá informar a los cónyuges sobre este hecho.
En los asuntos de divorcio transfronterizos, la legislación aplicable es determinada de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.
Una demanda de divorcio presentada ante un notario debe indicar lo siguiente:
el nombre, los apellidos y el número de identidad personal de cada cónyuge (si uno de ellos no dispone de dicho número, el día, mes y año de nacimiento);
el día, mes y año de la boda y el número de inscripción en el registro civil;
el país en que se registró el matrimonio y la autoridad, o la confesión y la autoridad religiosa ante la que se fue celebrado;
si los cónyuges tienen hijos menores en común y si han llegado a un acuerdo sobre la custodia de los mismos, los derechos de visita y los alimentos;
si los cónyuges poseen bienes comunes, y si han alcanzado un acuerdo relativo al reparto de dichos bienes;
los apellidos de los cónyuges después del divorcio.
La demanda debe incluir un certificado de matrimonio original, o bien una copia o un extracto expedido por un registro civil, o una declaración de un registro civil.
Si los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, la solicitud deberá ir acompañada por un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos, su sustento, los derechos de visita y el reparto de los bienes comunes.
Una demanda de divorcio o de anulación de matrimonio debe ser presentada ante el tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa) que tenga competencia; habitualmente, el tribunal del lugar de residencia declarado del demandado, o en su defecto el lugar de residencia de facto del demandado. La demanda puede ser presentada ante el tribunal del lugar de residencia declarado del demandante, o en su defecto del lugar de residencia de facto del demandante, si:
hay hijos menores residiendo con el demandante;
el matrimonio que se va a disolver es con una persona que cumple una pena de cárcel;
el matrimonio que se va a disolver es con una persona que no tiene un lugar de residencia declarado y cuyo lugar de residencia de facto es desconocido, o que reside en el extranjero.
Las normas sobre competencia judicial en materia de divorcio, separación legal y anulación del matrimonio cuando uno de los cónyuges reside habitualmente en otro Estado miembro, o es ciudadano de otro Estado miembro, se establecen en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.
Una vez determinado cuál es el Estado miembro apropiado, se aplica el procedimiento civil de dicho Estado.
Las normas sobre competencia judicial en materia de divorcio también se establecen en acuerdos bilaterales internacionales sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas que se han firmado con países no pertenecientes a la UE y que son vinculantes para Letonia.
En aplicación del artículo 128 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la solicitud al tribunal debe indicar lo siguiente:
el nombre del tribunal ante el que se presenta la demanda;
el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y el lugar de residencia declarado del demandante (si el demandante no ha declarado su lugar de residencia, el lugar de residencia de facto del demandante); en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial; el demandante puede indicar asimismo otra dirección para entablar correspondencia con el tribunal;
el nombre, los apellidos, el número de identidad personal, el lugar de residencia declarado y cualquier dirección adicional del demandado o de una parte interesada, o en su defecto el lugar de residencia de facto; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial; en caso de ser conocido, se debe indicar el número de identidad personal o el número de registro del demandado;
el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y la dirección para correspondencia con el tribunal del representante del demandante, si la demanda es interpuesta por un representante, o, en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
en una demanda para recuperar dinero, el nombre de la institución de crédito y el número de cuenta en el que se puede realizar el pago, de haberlo;
el objeto de la demanda;
la cantidad que reclama la demanda, si dicha demanda puede ser evaluada en términos pecuniarios, mostrando el método de cálculo de la cantidad reclamada o en litigio;
los hechos sobre los que el demandante fundamenta su demanda, y las pruebas que los corroboran;
la ley en que se basa la demanda;
las reclamaciones del demandante;
una lista de los documentos que se adjuntan;
la fecha de redacción de la demanda, así como cualquier otra información que pueda resultar pertinente.
En aplicación del artículo 235.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una demanda de divorcio debe indicar asimismo lo siguiente:
desde cuándo han vivido separadas las partes;
si el otro cónyuge ha aceptado divorciarse;
si las partes han alcanzado un acuerdo relativo a la custodia de los hijos, los procedimientos para ejercer los derechos de visita del otro progenitor, los alimentos y el reparto de los bienes adquiridos durante el matrimonio; o si presentan reclamaciones ante el tribunal sobre estos aspectos.
La demanda debe ir firmada por el demandante o por su representante. En un asunto de divorcio o de anulación, el representante de una parte debe tener autorización específica para tramitar el asunto. La autorización para actuar en un asunto de divorcio o de anulación también incluye cualquier otra demanda relacionada.
Será necesario adjuntar lo siguiente a la demanda:
una copia certificada de la demanda, que será enviada al demandado
un documento que pruebe que se han pagado la tasa estatal y los otros gastos judiciales de conformidad con el procedimiento y con la cantidad fijada por ley;
un documento o documentos que certifiquen las circunstancias en que se basa la demanda (por ejemplo, un certificado de registro matrimonial).
En general, el Estado proporciona justicia gratuita si los medios o el nivel de ingresos de una persona le impiden costearse la protección de sus derechos, o si repentinamente se encuentra en una situación y en una circunstancia financiera que le impide hacerlo (por ejemplo, debido a un desastre natural, a causas de fuerza mayor o a otras circunstancias ajenas a su control), o si la persona depende completamente del Estado o de la autoridad local, lo que objetivamente dificulta que la persona proteja sus derechos. La justicia gratuita se presta de conformidad con las disposiciones de la Ley sobre justicia gratuita del Estado (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums).
Habitualmente, la justicia gratuita abarca el gasto relacionado con la preparación de los documentos procesales, la consulta jurídica durante los procedimientos, la representación ante el tribunal y la ejecución de una sentencia judicial.
En Letonia también se presta justicia gratuita de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.
En primera instancia, un asunto es tramitado por el tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa). Una resolución puede ser apelada ante el tribunal regional (apgabaltiesa), pero también es posible interponer un recurso de apelación (kasācija).
Si un matrimonio va a ser disuelto por un notario, es oportuno señalar que no es posible cuestionar la veracidad de los documentos certificados de conformidad con el procedimiento legal. Es posible recurrirlos interponiendo una demanda por separado.
Cualquier queja sobre una actuación incorrecta de un notario autorizado en el desempeño de sus obligaciones, o sobre su negativa a desempeñarlas, debe ser dirigida al tribunal regional a cuya supervisión está sujeto el notario en un plazo de un mes a partir de día en que el notario realizó la acción motivo de queja o se negó a realizar la acción demandada.
Las sentencias sobre divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictadas en otro Estado miembro deben ser reconocidas en Letonia en virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Este reglamento estipula que una sentencia dictada en un Estado miembro debe ser reconocida en los otros Estados miembros sin que sean necesarios procedimientos especiales.
Con el fin de garantizar el reconocimiento en Letonia de una sentencia sobre divorcio, separación legal o anulación matrimonial dictada en otro Estado miembro, cualquier parte interesada puede, en observancia de los procedimientos contemplados por el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, pedir una resolución para que la sentencia sea reconocida, o para que no sea reconocida, por medio de una petición de reconocimiento (atzīšana) o de reconocimiento y ejecución (atzīšana un izpildīšana) de la sentencia extranjera ante el tribunal de distrito o municipal del lugar donde se va a ejecutar la sentencia, o del lugar de residencia declarado del demandado, o en su defecto del lugar de residencia de facto del demandado.
Una resolución sobre el reconocimiento o el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal extranjero será adoptada por un juez como órgano unipersonal, sobre la base de la solicitud presentada y de los documentos adjuntos, en un plazo de 10 días a partir del día de la presentación de la solicitud, sin citar a las partes. El juez puede negarse a reconocer la sentencia en Letonia con arreglo solamente a uno de los motivos de no reconocimiento enumerados en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Estos motivos permiten denegar el reconocimiento en Letonia a una sentencia dictada en otro Estado miembro, en los siguientes casos:
si este reconocimiento es manifiestamente contrario a la política pública de Letonia;
si la sentencia fue dictada en rebeldía, si al demandado no se le notificó el documento que iniciaba el procedimiento o un documento equivalente con el tiempo suficiente y de un modo que le permitiera preparar su defensa, a menos que se determine que el demandado ha aceptado la sentencia incondicionalmente;
si la sentencia es incompatible con una resolución judicial dictada en Letonia sobre las mismas partes;
si la sentencia es incompatible con una resolución judicial anterior dictada en otro Estado miembro o en un tercer Estado entre las mismas partes, siempre que la primera resolución cumpla las condiciones necesarias para su reconocimiento en Letonia.
En aplicación del artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una solicitud de reconocimiento de una sentencia debe indicar
el nombre del tribunal ante el que se presenta la solicitud;
el nombre, los apellidos y el número de identidad personal (o, en su defecto, otro dato de identificación) del solicitante, así como una dirección para la correspondencia con el tribunal; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
el nombre, los apellidos y el número de identidad personal (o, en su defecto, otro dato de identificación) del demandado, así como su lugar de residencia declarado, o en su defecto su lugar de residencia de facto; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
el asunto de la solicitud y las circunstancias en que se basa la solicitud;
la petición del solicitante de que la sentencia dictada por el tribunal extranjero sea reconocida, o reconocida y ejecutada, en parte o en su totalidad;
el representante autorizado y su dirección, si se ha designado un representante para tramitar el asunto en Letonia;
la fecha y la hora en que se redactó la solicitud.
En aplicación del artículo 37 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, una solicitud relativa al reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro debe ir acompañada por los siguientes elementos:
una copia de la sentencia que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad;
si la sentencia se dictó en rebeldía, un documento que establezca que se notificó al demandado el documento que iniciaba el procedimiento (de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio); de manera alternativa, el solicitante puede presentar un documento que indique que el demandado ha aceptado incondicionalmente la sentencia dictada en rebeldía;
un certificado expedido por una autoridad competente o un tribunal del Estado miembro de origen de la sentencia, en aplicación del artículo 39 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.
En virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, existen dos vías para que una parte interesada pueda oponerse al reconocimiento en Letonia de una sentencia dictada en otro Estado miembro relativa al divorcio, la separación legal o la anulación del matrimonio.
En primer lugar, en aplicación del artículo 21 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, cualquier parte interesada puede solicitar a un tribunal una resolución por la que una sentencia dictada en otro Estado miembro no será reconocida en Letonia.
Por otra parte, el demandado en un asunto relativo al reconocimiento de una sentencia puede impugnar el reconocimiento de la sentencia en Letonia incluso si otra persona ya ha presentado una solicitud de reconocimiento de la sentencia, y cuando sobre la base de dicha solicitud el tribunal de distrito o municipal ya ha reconocido la sentencia. El demandado puede plantear objeciones al reconocimiento en Letonia de una sentencia dictada en otro Estado miembro, impugnando la resolución del tribunal de distrito o municipal que reconoce la sentencia. En aplicación del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la resolución de un tribunal de distrito o municipal por la que se reconoce una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro puede ser impugnada ante un tribunal regional presentando una objeción subsidiaria (blakus sūdzība) contra el tribunal que adoptó la resolución, y enviando la solicitud al tribunal regional correspondiente. El demandado o el solicitante pueden llevar la resolución de un tribunal regional sobre el reconocimiento de una sentencia hasta el Senado del Tribunal Supremo (Augstākās tiesas Senāts) presentando una objeción subsidiaria contra el tribunal que adoptó la resolución y enviando la solicitud al Departamento de Asuntos Civiles del Senado del Tribunal Supremo.
El demandado puede oponerse al reconocimiento de una sentencia dictada en otro Estado miembro solamente sobre la base de uno de los motivos de no reconocimiento establecidos en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo (véase la pregunta 14).
El procedimiento para determinar el Derecho aplicable se recoge en el Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Reglamento Roma III).
http://www.llrx.com/features/latvia.htm Inglés

References: resolución 
 artículo 128
 artículo 235
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 638
 artículo 37
 artículo 39
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22