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Timestamp: 2017-12-17 00:21:14+00:00

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RESOLUCIÓN 9855 CONSAGRA INCONSTITUCIONAL “PRÉSTAMO FORZOSO DE TRABAJADORES” | DerechoVenezolano.Com
Publicado: agosto 19, 2016 en ARCHIVOS ENVIADOS
Etiquetas:#DERECHOLABORAL, #Enviados, #ESTADO, #Resolución9855
En la Gaceta Oficial de fecha 22 de julio de 2016 aparece publicada la Resolución N° 9855 emanada del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en la que se establece el denominado “préstamo forzoso u obligatorio de trabajadores”, el cual puede ser acordado por el Gobierno Nacional dentro del marco del prorrogado e inconstitucional Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. En otras palabras, el Gobierno Nacional puede decidir “insertar temporalmente” trabajadores de una empresa en otra que esté en proceso de reactivación productiva del proceso agroalimentario; es decir, todas las empresas tienen ahora la obligación de prestar sus trabajadores cuando le sean requeridos por el Gobierno.
Esta Resolución trae implicaciones muy serias y graves para el sector productivo, más allá de su carácter inconstitucional e ilegal, al violentar principios y normas de rango constitucional, derechos humanos y Tratados Internacionales en materia laboral, entre otros instrumentos jurídicos, que califican evidentemente al país como desconocedor de estos Derechos Humanos, como mas adelante explicaremos.
De esta insólita Resolución Ministerial se puede extraer que si una empresa se encuentra en proceso de reactivación económica para la seguridad agroalimentaria bajo la conducción del Gobierno y requiere de cualquier número de trabajadores para lograr este fin, el ente gubernamental puede pedir o requerir de cualquier otra empresa del sector agroalimentario el préstamo temporal de esos trabajadores para ser reinsertados temporalmente en la empresa objeto de las medidas especiales para fortalecer su producción, aplicándose por lo tanto solamente a las empresas de naturaleza agroindustriales. Estos trabajadores reinsertados o “dados en préstamo” gozarán de inamovilidad laboral, cuya duración se establece por sesenta días, prorrogables por igual lapso, si las circunstancias lo ameritan a juicio del Gobierno, conservando el mismo salario obtenido en la empresa de origen, lo que es verdaderamente criticable pues las condiciones y beneficios laborales de trabajar en una empresa van mucho más allá del salario neto, pues incluye los propios términos contractuales, muchas veces ampliados por Convenciones Colectivas, y aspectos subjetivos importantes como el ambiente de trabajo, relaciones interpersonales laborales y cultura de trabajo, lo que ese “préstamo forzoso de trabajadores” atenta contra las más grandes e históricas reivindicaciones logradas por la clase trabajadora.
A nuestro juicio, esta Resolución es inconstitucional por sí misma, ya que no sólo violenta derechos como la libertad de empresa, pues priva a la empresa de manera forzosa de sus trabajadores incidiendo lógicamente en su capacidad productiva, sino que también desconoce derechos de los trabajadores, que llegan a vulnerar su propia dignidad humana, pues los mismos son tomados como simples objetos que pueden ser cambiados a potestad del gobierno; esto es, viola la libertad del trabajo. Lo más grave a nuestro juicio es que esa abominable Resolución establece un caso de esclavitud y servidumbre expresamente prohibidos por la Carta Fundamental y en instrumentos de carácter internacional que son ley de la República, concretamente en el artículo 54 de la Constitución, pues no se consagra en dicha Resolución que el trabajador pueda dar su consentimiento para llevar a cabo tal préstamo empresarial, lo que lógicamente le imprime su carácter de forzoso y su connotación evidente de servidumbre o de esclavitud.
En consecuencia, esta Resolución establece un sistema de movilización obligatoria de trabajadores de una empresa a otra, donde la voluntad del trabajador ha sido anulada, violándose así el libre albedrío de la persona humana, ya que nadie puede ser obligado a trabajar en un sitio que no desea. Además consagra una visión de los trabajadores como inventario, es decir, al proponer que los trabajadores de una empresa pueden ser movilizados a otra sin considerar que se puedan afectar sus propios procesos productivos, lo que implica obviamente el desconocer cómo funciona una empresa, por cuanto cada trabajador está contratado porque hace un aporte específico al proceso productivo. Lo más grave es que consagra el “trabajo forzoso”, prohibido expresamente en la Convención 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que el trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Entonces forzar el desplazamiento de trabajadores de una empresa a otra, sin que medie la voluntad del trabajador, es colocarnos nuevamente en la época superada del esclavismo.
Por otra parte, podemos indicar que nuestra economía está sometida a una fuerte dosis de planificación centralizada, en especial el sector agroalimentario: controles de precio, controles de cambio, monopolio de las importaciones por parte del gobierno, autorizaciones previas para la movilización de productos, entre otras medidas, que inciden y que están perjudicando notablemente la producción nacional de alimentos, por lo que esta medida de movilización o inserción forzada de trabajadores se suma peligrosamente a estas medidas, cuando lo que necesitamos urgentemente es desmontar este sistema de políticas económicas que ha generado una asfixia a la producción en Venezuela.
José Francisco Conte Abogado, Doctor en Ciencias Gerenciales, Magister en Administración de Empresas, Especialista en Derecho Mercantil y Docente Universitario.
Abogado Egresado ULA 1984, Magister URU Especialista en Derecho Procesal UCAB, Especialista en Derecho Mercantil UCAB, Docente Universitario de Pregrado y Postgrado ULA- UVM- UCAB- UFT – UNERMB- USR. Director del Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales del Colegio de Abogado del Estado Trujillo. Exdecano de Derecho UVM y Coordinador de Postgrados NURR – ULA

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 Resolución 
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 artículo 54
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