Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Febrero/107-25211-2011-10-1394.html
Timestamp: 2017-01-18 09:58:34+00:00

Document:
Exp. N° 10-1394 Magistrado
2010, el ciudadano ANDRÉS ELÍAS ACEVEDO TIRADO, titular de la cédula de
identidad N°: V-3.722.360, asistido por el abogado Eduar Enrrique Moreno
Blanco, Defensor Público Segundo (Provisorio) ante las Salas: Constitucional;
Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del
Administrativo, consignó ante esta Sala, solicitud de revisión de la sentencia
N°: 2007-002463, del 27 de noviembre de 2007, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró con lugar la
apelación interpuesta y revocó la decisión dictada, el
Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el
referido ciudadano contra la Resolución N° 0832 dictada por la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Miranda, y el acto dictado por la misma Gobernación contenida en la resolución
N° 0959 de fecha 24 de noviembre de 2000.
09 de diciembre de 2010, en virtud de la incorporación de los Magistrados
designados por la Asamblea Nacional en sesión celebrada el día martes 07 del
mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº: 39.569 del 08 de diciembre de 2010, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa
Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero
López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón,
expediente contentivo de la solicitud formulada, designándose como ponente al
Magistrado Juan José Mendoza Jover quien, con tal carácter, suscribe el
sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:
revisión, asistido de abogado, expuso los siguientes alegatos:
Que conforme a lo textualmente señalado en la
solicitud: (…)
a través de la Resolución N° 0832 de fecha 13 de septiembre de 2000, emanada de
la Gobernación del Estado Miranda, el ciudadano ANDRÉS ELÍAS ACEVEDO TIRADO,
fue destituido del cargo de Docente de Aula Licenciado IV, en la Dirección de Educación del Estado Miranda, por hallarse incurso en unas supuestas
el artículo 8 numeral 4 del Reglamento Interno Disciplinario de los Docentes al
Servicio del Estado Miranda, encontrándose el mismo laborando bajo el beneficio
capacidad laboral reducida, [según lo previsto en la Cláusula 54 de la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada entre los Trabajadores de la Educación en Venezuela y el Ejecutivo del Estado Miranda], en virtud que en el año 1991 se
acuerda su reubicación de labores, manteniéndose el cambio de actividades en
virtud de haberle sido diagnosticado ‘SÍNDROME DE WOLFF PARKINSON WHITE’,
sintomático, crisis frecuente de Taquicardia Supraventicular, siendo evaluado
en fecha 31 de julio de 2000 -antes de su ilegal destitución- y por última vez
antes de su destitución en fecha 30 de enero de 2001, soportándose la misma
situación de cambio de actividades (…).
Manifestó el solicitante que
contra el acto administrativo señalado, el 10 de octubre de 2000, ejerció el recurso
de reconsideración ante la Secretaría General de Gobierno de la Gobernación del Estado Miranda, el cual fue declarado sin lugar, de conformidad con Resolución N°
Asimismo expresó que, el 28 de
lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, asociada al recurso contencioso administrativo
contenidos en las Resoluciones N°: 0832 y 0959, del 13 de septiembre de 2000 y
24 de noviembre de 2000, respectivamente, ambas emanadas de la Gobernación del Estado Miranda.
De igual forma relató que, el 05 de junio de 2001, el
Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, de la Circunscripción Judicial de la Región Capital dictó sentencia mediante la cual declaró
improcedente el amparo cautelar, ordenando seguir con el trámite del recurso de
Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital declaró con lugar el recurso contencioso
administrativo funcionarial y, en consecuencia, declaró la nulidad de dicho
acto y ordenó la reincorporación del recurrente al cargo que venía desempeñando
igual modo destacó el accionante, que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 27 de noviembre de 2007, conoció en
alzada, vista la apelación interpuesta por la Procuraduría General del Estado Miranda, y revocó la sentencia dictada por el Juzgado
Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, al tener en cuenta que, de acuerdo al Juzgado,
se demostraron las faltas injustificadas cometidas por el ciudadano Andrés
Elías Acevedo Tirado.
Por otra parte, expresó que la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 27 de noviembre de 2007 “vulneró la
jerarquía de las normas al superponer disposiciones emanadas de una simple reunión
de directorio, viciando de nulidad el acto administrativo”, ya que en su
entender, los actos de menor jerarquía no pueden transgredir lo establecido en
los actos de rango superior, quebrantando así el artículo 146 constitucional.
Asimismo, alegó el solicitante
que hubo violación al debido proceso establecido en el artículo 49
existió una extralimitación derivada del acuerdo sobrevenido en la reunión del
día 08 de junio de 2000, que como se ha señalado se acuerda una disposición que
lejos de coadyuvar en el pleno desenvolvimiento del personal adscrito al Núcleo
Escolar ‘ARENALES NER 098’ lo que generaba una constante zozobra entre los
mismos, ya que del devenir diario es muy común y frecuente la presentación de
obstáculos en el tránsito de los trabajadores, aunado al hecho que por algún
retardo en la asistencia a algún lugar de labores determinado y habiendo
cumplido con la jornada de trabajo prevista sería leonico (sic) apreciar esta
circunstancia como una ‘inasistencia injustificada’, relajando reglas
preexistentes en normas generales de mayor jerarquía, no pudiendo ser
modificadas las condiciones laborales establecidas (…).
Arguyó el solicitante que el desempeño laboral y la
circunstancia médica descrita, fueron los aspectos que tomó en cuenta el
Ejecutivo Regional del Estado Miranda para destituir al docente Andrés Acevedo,
ciudadanas Gladys Hernández, Soraya Palacios y Margarita Guevara, en su
condición de Directora, Secretaria y Maestra de aula, respectivamente, todas
actas señaladas, ni nota alguna que describieran los motivos por los cuales no
fue suscrita por este desconociendo el levantamiento de las mismas, (…) sin
del docente (…) evidentemente alterado ya que los mismos reposaban en la Dirección del plantel educativo a expensas del personal que allí laboraba (…).
Que, de acuerdo a lo señalado
en la solicitud de revisión constitucional, la Resolución Nro. 0832, del 13 de septiembre de 2000, según el solicitante, obvia los
(…) que el docente
laboraba en la Institución para dos dependencias; Nacional y Estadal, siendo
desarrolladas eran como funcionario del Ministerio de Educación (Nacional) (…).
(…) que el ciudadano
Andrés Elías Acevedo Tirado gozaba del beneficio de Capacidad Laboral Reducida,
gozando de cambio de actividades por ser beneficiario de la Cláusula 54 de la Convención Colectiva del Trabajo y de la Cláusula 95 del III Contrato Colectivo de los Trabajadores de la Educación en Venezuela, en virtud de presentar Síndrome de Wolff Parkinson White (…).
(…) que el 8 de junio de
2000 se llevó a cabo una revisión del expediente administrativo del docente y
ciudadano, dándose por sentado que no se sabía qué horario debía cumplir éste
Que de tales probanzas observó el accionante:
Que el docente Andrés
Elías Acevedo Tirado desempeñaba actividades tanto Nacionales como Estadales lo
que hacía imperiosa la necesidad de su presencia en lugares distintos a la
escuela donde también desarrollaba labores, tales como Distrito Escolar,
Ministerio de Educación, Ipasme, etc. Que (…) se le inició un
un proceso írrito al haber incurrido el Ejecutivo regional en una falsa
apreciación al considerar como faltas injustificadas el incumplimiento de
citado a declarar al ciudadano objeto de la investigación (…) ni haber
apreciado las pruebas por él incorporadas que explicaban las circunstancias de
las faltas de los días 17 y 20-03-2000, siendo sancionado previamente con el
mayo de 2000 monto que ascendía para la fecha a la cantidad de CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 29 /100 CÉNTIMOS (Bs. 44.126,29) ‘por
inasistencias’ no dando oportunidad alguna de justificar las supuestas
inasistencias, presentándose un castigo de antemano, reteniéndose el pago de la
quincena correspondiente al 10/07/2000, dejando en un Estado de indefensión
total al mencionado ciudadano (…). Que (…) de la revisión
de los documentos se verificó que el ciudadano Andrés Elías Acevedo, contaba
para el momento de su remoción- con una antigüedad de 20 años 9 meses y 13 días
al servicio de la administración pública y con 50 años de edad, con lo cual no
le había nacido el derecho a la jubilación (…).
Finalmente, solicitó ante esta Sala, lo que a
continuación se señala:
se anule el fallo emitido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por adolecer de la justeza que ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al partir de un falso supuesto y de la
aplicación de la normativa de menor rango, la cual fue declarada nula unos
meses después de haberse materializado la remoción.
ordene a la Gobernación del Estado Miranda, la reincorporación del ciudadano en
cuestión a su cargo de Docente de aula Licenciado IV, en la Dirección de Educación del Estado Miranda, u otro de igual o superior jerarquía.
ilegal destitución hasta la efectiva reincorporación con los aumentos que
se exhorte a la Gobernación del Estado Miranda a los fines de que se verifique
si el ciudadano Andrés Elías Acevedo Tirado, es acreedor del derecho a la
jubilación, ya sea por el transcurso del tiempo desempeñando funciones en la
administración pública o de acuerdo a su condición física que le representó
DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL
El 27 de noviembre de 2007, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia en la cual declaró con lugar
la apelación interpuesta por el abogado Pedro Manuel Carvajal,
inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°: 8.409,
actuando con el carácter de apoderado judicial de la Procuraduría General del Estado Miranda, revocó la decisión del 27 de noviembre de 2002,
Administrativo de la Región Capital y declaró sin lugar el recurso
administrativo funcionarial, basándose en las consideraciones siguientes:
Expresó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en su decisión que:
El presente recurso fue interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 0959 de fecha 24 de noviembre de 2000, dictada por el Gobernador del Estado
Miranda, declarando sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 0832 de fecha 13 de septiembre de 2000, mediante la cual se destituyó al
recurrente del cargo de Docente de Aula que desempeñaba en la Escuela “ARENALES NER 098”, adscrito a la Dirección General de Educación de la Gobernación del Estado Miranda, por estar incurso en la causal de destitución prevista en el
numeral 4 del artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa. Por otra parte, la referida Corte, en lo
atinente a la sanción de destitución, refirió la normativa donde se encuentra
contenida y, así, analizó el artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa. Asimismo, trajo a colación los artículos del
al procedimiento aplicable en los casos de destitución. Al respecto, expresó:
Dichas normas prevén el procedimiento a seguir para imponer la sanción
disciplinaria de destitución, el cual -como ya se dijo- es esencial para que la
sanción aplicada tenga validez, ya que su inobservancia vicia al acto
administrativo que se dicte de nulidad absoluta. (…) Así,
cincuenta (150) folios útiles, fue certificado y remitido para su consignación
en el expediente judicial por la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Miranda, y del mismo se evidencia el cumplimiento de todas y cada
contra el ciudadano Andrés Elías Acevedo Tirado, conforme a las
General, entre éstas, se constatan en el expediente administrativo los
siguientes documentos: la solicitud de apertura de la averiguación
administrativa (folio 13); el auto que ordena la notificación del investigado
(folio 14); la notificación del funcionario con la respectiva determinación de
los cargos (folio 18); la presentación de descargos por parte del funcionario
investigado (folios 19 al 41); auto de admisión de pruebas (folio 48); informe
jurídico (folios 136 al 140); y, la decisión con su respectiva notificación
esta Corte concluir que la Administración para destituir al hoy querellante, realizó todas las actuaciones procesales necesarias para tal fin, siendo que
además la parte querellante ejerció su derecho a la defensa tal y como se
constata de las narraciones antes expuestas, de allí que, esta Corte desestime
el argumento bajo estudio. Así se decide.
Contencioso Administrativo, refutó los alegatos respecto a los vicios de
silencio de pruebas y de falso supuesto y reiteró que el hoy solicitante
incurrió en las faltas injustificadas imputadas por la Administración, cuando expresó: (…)
-tal como se indicó al inicio de la motiva del presente fallo, lo cual se
reitera en esta oportunidad-, en el presente caso quedó demostrado en las actas
del expediente administrativo que el recurrente incurrió en las faltas
injustificadas imputadas por la Administración, siendo así aplicable la causal de destitución prevista en el numeral 4 del artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa, por lo que la Administración basó su decisión en hechos demostrados en el transcurso del procedimiento administrativo. En cuanto al beneficio de cambio de actividades
señaló: (…)
expediente administrativo se verificó que el ciudadano Andrés Elías Acevedo
Tirado no asistió a sus labores de trabajo los días 10, 17, 21 y 24 de enero;
1° de febrero; 1, 8, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30 y 31 de marzo; 3 de
ausencias no fueron justificadas y, por tal motivo, la Administración actuó ajustada a derecho al imputarle y, luego verificar el supuesto de hecho
establecido en el numeral 4 del artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa. De allí que, se desestime el argumento bajo estudio, siendo
que ello conlleva además a afirmar que tampoco hubo violación de ‘la cosa
juzgada administrativa’ alegada por el recurrente. (…)”.
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, expresó:
solicitante] como incompetencia indicando que no existe ilación entre los
hechos denunciados y la norma aplicada, no se corresponde con la definición de
dicho vicio, sino con la definición del vicio de falso supuesto de hecho o de
entendido que la Administración sí verificó mediante un procedimiento
administrativo que el recurrente incurrió en la causal que le fue imputada; por
tal motivo se desestima el argumento bajo estudio. (…)
Finalmente, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hizo referencia al alegato de ilegal ejecución
del acto administrativo de destitución, y al respecto, expresó:
en violación constitucional o legal alguna, toda vez que fue dictado en
proceso del recurrente. Así se decide.
declara válido el acto administrativo de destitución impugnado y, en
interpuesto. Así se decide (…)”.
El artículo 336, numeral 10 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias
potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que
Justicia, conforme el artículo 25, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como por los demás Tribunales de la República de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, numeral 10, “eiusdem”, pues
la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del
por cuanto en el caso de autos ha sido solicitada la revisión de la sentencia
N°: 2007-002473, dictada, el 27 de noviembre de 2007, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala resulta competente para conocer de
la presente solicitud. Así se declara.
En la oportunidad para decidir,
Que se ha solicitado la
revisión de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 27 de noviembre de 2007, que declaró
con lugar la apelación interpuesta por la
representación judicial del recurrente, revocó la decisión dictada, el 27 de
Administrativo de la Región Capital, que había declararado con lugar el recurso
contencioso funcionarial interpuesta y; en consecuencia, declaró sin lugar
alegó que hubo violación al debido proceso, establecido en el artículo 49
jerarquía de las normas al superponer disposiciones emanadas de una simple
reunión de directorio, viciando de nulidad el acto administrativo y
contraviniendo el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, alegó que le fue vulnerado el beneficio
beneficiario de la Cláusula 54 de la Convención Colectiva del Trabajo y de la Cláusula 95 del III Contrato Colectivo de los
Trabajadores de la Educación en Venezuela, en virtud de presentar Síndrome de
de 2001, caso “Corpoturismo”, en la cual se señaló que dicha norma
constitucional -que consagra la facultad de revisión como discrecional- es: “(…)
una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)”,
y que por ello: “(…) en lo que respecta a la admisibilidad de tales
solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad
discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”. Del
mismo modo, esta decisión previó que la desestimación de la revisión puede
darse aun sin mediar motivación alguna cuando: “(…) en su criterio, constate
que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la
interpretación de normas y principios constitucionales” (…).
Por esto, de la lectura del
escrito contentivo de la solicitud de revisión, puede evidenciarse que el
solicitante se limitó a exponer su inconformidad con la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ya que fueron estimados cada uno de los
argumentos alegados, pero no favorables a él; sin aducir hechos violatorios que
adicional de revisión sobre el mérito del asunto debatido. Además, observa esta
revisión constitucional, tal como lo establece el numeral 10 del artículo 25 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En consideración de lo anterior
y visto que la solicitud de revisión es potestativa de la Sala, resulta evidente que el presente caso no contribuirá a la uniformidad de la
interpretación de normas y principios constitucionales, es por lo que se
declaró no ha lugar a la presente solicitud. Así se decide.
administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la
solicitud de revisión constitucional solicitada por el ciudadano ANDRÉS
ELÍAS ACEVEDO TIRADO, titular de la cédula de
identidad N°: V- 3.722.360, asistido por el abogado
Eduar Enrrique Moreno Blanco, Defensor Público Segundo (Provisorio) ante las
Salas Constitucional; Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil
y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y Cortes Primera y Segunda
27 de noviembre de 2007, mediante la cual declaró con
lugar la apelación interpuesta, revocó la decisión dictada, el
referido ciudadano contra la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Miranda, y el acto dictado por la misma
Gobernación contenida en la resolución N° 0959 de fecha 24 de noviembre de
firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de
febrero de dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación.
Exp. N° 10-1394

References: Resolución 
 resolución

 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 146
 artículo 49
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 336
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 335
 artículo 49
 artículo 146
 artículo 25
 resolución