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Timestamp: 2019-07-23 17:39:51+00:00

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C-118 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020008999CC-SENTENCIAC118200813/02/2008CC-SENTENCIA_C_118__2008_13/02/2008200089992008SENTENCIA C-118/08 SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Etapas SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Fase de investigación La fase de investigación corresponde a la Fiscalía General de la Nación y su objetivo es establecer, con un mínimo grado de certeza, si el hecho investigado realmente ocurrió, si se encuentra tipificado en la ley penal, y quiénes son los autores o partícipes del mismo. Esta etapa se adelanta también en dos fases: la primera: la de indagación previa a la formulación de la imputación y, la segunda, una preparatoria al juicio. SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Fase de juzgamiento La segunda etapa del proceso penal es la fase del juzgamiento, la cual se adelanta ante el juez de conocimiento, quien es el director del juicio. En esta oportunidad, los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada y sujeta a la contradicción de los sujetos procesales se convierte en prueba para servir de fundamento a la decisión que resuelve la responsabilidad penal del acusado que debe adoptar el juez competente. La fase de juzgamiento es la etapa diseñada para la confrontación probatoria y para que todos los interesados en las resultas del proceso puedan participar a cabalidad en el debate. SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Características El nuevo proceso penal introducido en nuestra legislación con el Acto Legislativo número 3 de 2002, presenta, entre otras, dos características que ahora resultan relevantes, a saber: la acusación y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento. La primera, se resume como la prohibición al juez para proceder de oficio ("ne procedat iudex ex officio"), pues la iniciación del proceso penal solamente procede a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. De esta forma, se sigue el proceso penal, previo el ejercicio de la acción penal frente al demandado. El ejercicio de la acción penal y, por ende, la responsabilidad por la oficiosidad del proceso penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación, pues la esencia de este proceso reside en el imperativo de realizar una imputación y una acusación previa. La segunda de las características se concreta en el aforismo según el cual "quién acusa no juzga", en tanto que se considera necesario rodear al juez de garantías de imparcialidad para resolver la acusación penal. JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS- Competencia Corresponde al juez de control de garantías el control sobre la validez de las actuaciones que adelanta la Fiscalía para averiguar la verdad de lo sucedido y de la defensa para prepararse para ejercer el derecho de contradicción. PRECLUSION DE LA INVESTIGACION PENAL- Concepto La preclusión de la investigación es un mecanismo procesal mediante el cual se da por terminado el proceso penal en forma anticipada a la sentencia, en tanto que se cumplen algunas de las causales señaladas expresamente por el legislador para el efecto. Es una figura usual de los procesos penales en los que el Estado es el titular de la acción penal y tiene a su cargo la tarea de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al procesado. TITULARIDAD EXCLUSIVA DEL FISCAL PARA SOLICITAR LA PRECLUSION DE LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE LA AVERIGUACION -Justificación La separación de la investigación y el juzgamiento exige que la averiguación de los hechos, la identificación del investigado, la búsqueda de los elementos probatorios y evidencias que conduzcan a averiguar la verdad de lo sucedido y de la responsabilidad en la conducta delictiva, sean responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Por esta razón, es lógico que el legislador le hubiere encargado exclusivamente a esa entidad la función de presentar al juez los elementos de juicio necesarios para que éste resuelva su petición de preclusión de la investigación o de acusación al imputado. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO- Concepto Constituye una de las premisas fundamentales del proceso penal acusatorio, y está dirigido a garantizar que el acusador y el acusado tengan a su alcance posibilidades reales y ciertas para ejercer sus derechos y las herramientas necesarias para situarse en un equilibrio de poderes y hacer respetar sus intereses. Este principio supone la existencia de dos partes en disputa y se estructura como un mecanismo de paridad en la lucha, de igualdad de trato entre los sujetos procesales o de justicia en el proceso, por lo que resulta evidente que la igualdad de armas entre la defensa y la Fiscalía se concreta y se hace efectiva principalmente en la etapa del juzgamiento. Referencia: expediente D-6818
Edgar Saavedra RojasCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 294, 331, 332 y 333 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".D6818Identificadores20020009000true20447Versión original20009000Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 294, 331, 332 y 333 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Elnuevo proceso penal introducido en nuestra legislación con el Acto Legislativo número 3 de 2002, presenta, entre otras, dos características que ahora resultan relevantes, a saber: la acusación y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento. La primera, se resume como la prohibición al juez para proceder de oficio ("ne procedat iudex ex officio"), pues la iniciación del proceso penal solamente procede a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. De esta forma, se sigue el proceso penal, previo el ejercicio de la acción penal frente al demandado. El ejercicio de la acción penal y, por ende, la responsabilidad por la oficiosidad del proceso penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación, pues la esencia de este proceso reside en el imperativo de realizar una imputación y una acusación previa. La segunda de las características se concreta en el aforismo según el cual "quién acusa no juzga", en tanto que se considera necesario rodear al juez de garantías de imparcialidad para resolver la acusación penal.
PRECLUSION DE LA INVESTIGACIONPENAL-Concepto
DEMANDA de inconstitucionalidad contra los artículos 294, 331, 332 y 333 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
ARTÍCULO 294. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO. Vencido el término previsto en el artículo 17574el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
ARTÍCULO 331.PRECLUSIÓN. En cualquier momento[1],el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar.
ARTÍCULO 332. CAUSALES.El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos:
ARTÍCULO 333[2]. TRÁMITE.Previa solicitud del fiscal el juez citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará la petición de preclusión.
Instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabraal fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación, y fundamentación de la causal incoada.
En primer lugar, el demandante afirma que, a pesar de que la sentencia C-591 de 2005 resolvió declarar inexequible la expresión "a partir de la formulación de la imputación" contenida en el artículo 331 de la Ley 906 de 2004, lo cierto es que, en esta oportunidad, la Corte Constitucional debe pronunciarse de fondo porque no existe cosa juzgada constitucional, pues no se presenta identidad de objeto respecto de lo decidido por esta Corporación en dicha providencia. El actor dijo que su demanda únicamente pretende cuestionar la validez constitucional de la facultad única y excluyente que tiene la Fiscalía General de la Nación para solicitar la preclusión de la investigación y el impedimento que tiene la defensa para incoar dicha petición al juez de conocimiento.
El actor opina que las expresiones acusadas configuran una omisión legislativa relativa inconstitucional, en tanto que contienen una regulación incompleta respecto de las personas que pueden solicitar la preclusión de la investigación en las etapas de indagación e investigación. A esa conclusión llega en consideración con dos argumentos centrales: i) la calidad de sujeto procesal del imputado, pues, a su juicio, la Fiscalía y el imputado se encuentran en la misma situación fáctica, por lo que el trato jurídico que debe otorgar el legislador debe ser idéntico; ii) no existen razones objetivas y suficientes que justifiquen la exclusión a la defensa de la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación, tal y como lo puede hacer la Fiscalía Gener al de la Nación.
Con todo, la demanda dice que, aunque algunas personas podrían pensar que las expresiones acusadas no conducen a la exclusión a la defensa de la facultad para pedir la preclusión de la investigación en las primeras fases del proceso, porque el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal le otorga el ejercicio de todos los derechos y facultades que la ley y las normas que integran el bloque de constitucionalidad le dan a la Fiscalía, lo cierto es que la lectura literal de las expresiones acusadas claramente señala que esa facultad sólo corresponde al ente investigador. Eso muestra, entonces, que la defensa se encuentra en una situación de "capitis diminutio frente a la Fiscalía", por la inferioridad, indefensión y desigualdad que esto genera, lo cual resulta contrario al principio de igualdad de armas entre la defensa y la Fiscalía que debe regir en el proceso penal. El actor recuerda que en el proceso de formación de la Ley 906 de 2004, sus defensores formularon "la promesa de igualdad" entre las partes para el nuevo sistema penal.
De otra parte, para demostrar que la exclusión a la defensa de la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación no se fundamenta en motivos objetivos y suficientes, la demanda manifestó que las tres razones que los defensores de la figura procesal exponen para sustentar la medida, son inaceptables, así: i) el hecho de que la preclusión de la investigación en fases anteriores al juicio sólo puede ser solicitada por la Fiscalía porque solamente hay proceso cuando nos encontramos en el juicio oral es inadmisible, en tanto que en esas fases los ciudadanos ya podrían tener limitados sus derechos a la libertad de locomoción, privacidad de comunicaciones y patrimonio, lo cual muestra que "no podrían restringirse los derechos defensivos en la etapa preprocesal, porque se estaría dejando inerme y sin defensa al ciudadano ante el poder omnímodo del Estado y de su persecución". Además, si aún no hay proceso, esa misma consideración podía predicarse de la Fiscalía; ii) el hecho de que la Fiscalía General de la Nación sea la titular de la acción penal no la autoriza a restringir los derechos sustanciales de las personas, ni a dejarlas sin posibilidades de defensa, puesto que, como se deduce de lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005, "la Fiscalía no es la propietaria de la acción penal"; iii) aunque es obvio que en la etapa pre-procesal no se pueden anticipar los debates probatorios del juicio oral, el hecho de que el defensor no pueda pedir la preclusión de la investigación cuando se evidencia que la acción no podía iniciarse o proseguirse, limita el derecho de defensa en forma desproporcionada; iv) quienes sostienen que la medida que aquí se reprocha se justifica porque la oposición a la solicitud de preclusión implicaría que la Fiscalía descubra evidencia o elementos materiales probatorios simplemente defienden la corriente ideológica del eficientismo judicial que es contrario a la Constitución de 1991 que defiende el garantismo penal.
Además de lo anterior, la demanda manifiesta que la desigualdad de trato que consagran las expresiones acusadas no se fundamenta en razones discrecionales y autónomas reservadas a la Fiscalía, al igual que el legislador le otorgó con el principio de oportunidad, en tanto que esas dos figuras procesales son "sustancialmente diferentes". Para el efecto, el actor señaló como principal diferencia la existencia del delito, pues en la preclusión de la investigación el ilícito nunca ha existido, mientras que en el principio de oportunidad sí.
Finalmente, el demandante concluyó que los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y a la tutela judicial efectiva exigen al legislador señalar que hay "obligación de precluir cuando no hay mérito para acusar", por lo que la decisión de finalizar el proceso no puede restringírsele a la defensa al momento del juicio.
Después de adelantar un repaso por la jurisprudencia constitucional y extraer apartes de las sentencias C-592 de 2005, C-591 de 2005, C-1092 de 2003, C-620 de 2001 y C-805 de 2002, en relación con la finalidad de la reforma constitucional que introdujo el sistema penal acusatorio, con las funciones actuales de la Fiscalía, respecto de las fuentes, actores y principios que rigen el derecho procesal penal actual, de la creación del juez de control de garantías, el Ministerio Público, los poderes atribuidos a quienes participan en el proceso penal y la etapa del juicio, el interviniente concluyó que "(i) el sistema de enjuiciamiento penal colombiano, dado después de la reforma de 2002, es bien que diverso al adoptado por la Constitución de 1991; (ii) desde luego, la especial protección a la víctima es punto de consideración y resalto; y, (iii) en la persecución del delito, es la Fiscalía la que ha de hacer, por mandato constitucional dicha propuesta".
Para analizar los cargos de la demanda, el interviniente consideró necesario aludir a la estructura del sistema penal acusatorio, en tanto que "los segmentos impugnados constituyen eje de las funciones que bajo el nuevo esquema corresponden a la Fiscalía General de la Nación". Para el efecto, recordó que una de las peculiaridades del nuevo sistema penal es el rol investigador de la Fiscalía, por lo que dentro de las funciones más importantes asignadas únicamente al ente investigador se encuentran la solicitud de preclusión de la investigación penal y la formulación de la acusación. En consecuencia, a su juicio, las disposiciones normativas acusadas lejos de violar la Constitución la desarrollan.
A continuación, el Fiscal General de la Nación dijo que las causales de procedencia de la preclusión de la investigación reguladas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004 muestran que es razonable y necesario que sean de competencia exclusiva de esa entidad. Así, en relación con las denominadas por la doctrina causales objetivas de preclusión (1º, 3º y 7), dijo que se refieren a situaciones fácticas que requieren "el contraste de la norma con la realidad" y que regulan situaciones en los que solamente se requiere la constatación de los hechos. Por ejemplo, es necesario evaluar la existencia de la querella en los delitos en que el ejercicio de la acción penal la requieren, o de las condiciones para que opere la extinción de la acción penal, la que, por disposición de la Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005, debe ser solicitada por el Fiscal en cualquier momento procesal en el que se produce ante el juez de conocimiento, o es necesario constatar si el hecho investigado existió, o si se venció el término señalado en los artículos 174 y 294 del Código de Procedimiento Penal. Mientras que, por el contrario, las causales subjetivas de preclusión (2º, 4º y 6º), esto es, la ausencia de responsabilidad (artículo 32 de la Ley 599 de 2000), la atipicidad del hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, el interviniente dijo que, para resolverlas, es necesario valorar la ocurrencia de los hechos, de los elementos probatorios e interpretar las normas jurídicas que le permitan desvirtuar la presunción de inocencia, deducir o no la responsabilidad penal del acusado, o concluir la atipicidad de la conducta. En cuanto a la causal quinta de preclusión: la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, el Fiscal General dijo que puede ser calificada desde dos puntos de vista: el primero, que la intervención no pudo tener lugar desde el punto de vista jurídico, lo cual, como resulta evidente, requiere de un análisis jurídico de las circunstancias fácticas y, el segundo, la ausencia de intervención fáctica porque no hubo presencia física, la cual está desprovista de análisis jurídico de la conducta.
En consideración con lo anterior y después de adelantar un recorrido por la jurisprudencia constitucional en relación con el contenido y alcance de la igualdad y el derecho a la no discriminación, el interviniente considera que las normas acusadas se ajustan a la Constitución porque la diferencia de trato entre la defensa y la Fiscalía para efectos de la preclusión de la investigación constituye una diferencia razonable, racional y proporcional. Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía utilizó el test de igualdad en los siguientes términos: i) las normas acusadas tienen como finalidades evitar que se adelante el debate probatorio propio del juicio, permitir la contradicción de la prueba a todos los sujetos involucrados con el proceso y adelantar el proceso penal en forma ordenada, cuyas etapas han sido diseñadas por el legislador en ejercicio de la libertad de configuración normativa. ii) Por ello, considera que los objetivos que pretenden alcanzar las disposiciones normativas se ajustan a la Constitución porque desarrollan el derecho de defensa y el principio democrático. iii) la medida objeto de análisis es razonable, pues como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005, tanto en las causales de preclusión objetivas como las subjetivas, el juez debe adelantar una valoración probatoria seria y detenida que garantice la eficacia de los derechos del acusado y de las víctimas. iv) la medida reprochada por la demanda es proporcional, porque resulta idónea y adecuada para conseguir el desarrollo ordenado del proceso y de los bienes jurídicos que concursan en el proceso penal. De igual manera, la considera necesaria porque si se le permite a la defensa solicitar la preclusión cuando ésta lo considere y cuando se presenten las causales subjetivas, se trasladaría el debate sobre la responsabilidad penal del acusado a un escenario que no está diseñado para ello. Finalmente, la Fiscalía dijo que la medida no es en sentido estricto desproporcionada, "por cuanto tal limitación del derecho a la defensa se da sólo respecto de la oportunidad de solicitar la preclusión, momento después del cual, la defensa, el Ministerio Público y la víctima podrán intervenir para defender o atacar la procedencia de la misma, en la audiencia que para tal efecto debe celebrarse de conformidad con el artículo 333 de la Ley 906 de 2004".
El interviniente manifestó que, contrario a lo dicho por el demandante, el hecho de que la Fiscalía pueda solicitar la preclusión del proceso antes del juicio no implica el desconocimiento del juicio oral porque "el fiscal en su solicitud está en la obligación de señalar los elementos materiales probatorios y la evidencia física que sustenta la causal incoada y acto seguido los demás sujetos procesales podrán oponerse a la petición del fiscal, presentando, si lo consideran pertinente, sus evidencias, existiendo por tanto un verdadero contradictorio y respetándose de esta manera el principio de adversariedad". De igual manera, dijo que esto tiene sentido porque no resultaría lógico exigir al ente encargado de acusar que continúe con el proceso si no está convencido de que la valoración jurídica de los hechos conducirá a la responsabilidad penal del acusado.
De otra parte, y en respuesta a la apreciación del demandante según la cual el proceso penal acusatorio obedece al esquema de los sistemas adversariales que se funda en el principio de igualdad de armas, la Fiscalía aclaró que los conceptos acusatorio y adversarial no son sinónimos porque cuentan con diferencias claras que se han definido en las tradiciones jurídicas norteamericana e inglesa. De igual manera, dijo que "el principio adversarial se ha confundido con el mal llamado principio de igualdad de armas, que supone que los instrumentos procesales con que cuenta la Fiscalía, tienen que ser los mismos de la defensa, lo que implica asumir una equiparación entre estos dos sujetos procesales, desconociendo los roles tan diferentes que uno y otro tienen dentro del proceso penal… lo anterior quiere decir que la defensa y la Fiscalía se encuentran en situaciones fácticas diferentes y por lo tanto el legislador está legitimado en principio para otorgar tratamientos diferentes a estos sujetos procesales, siempre y cuando dicho trato diferencial tenga una finalidad legítima y se aplique a través de unos medios constitucionalmente legítimos"
La Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, doctora Carmenza Isaza Delgado, intervino dentro de la oportunidad procesal prevista, con el fin de solicitar que la Corte resuelva: i) declarar la exequibilidad de las expresiones "vencido el término previsto en el artículo 174 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento " del artículo 294, inciso 1º, y "fiscal" del artículo 332, inciso 1º, y del artículo 331 de la Ley 906 de 2004, respecto de los cargos examinados; (ii) declarar la inexequibilidad de la expresión "en los numerales 1º y 3º" del artículo 332, parágrafo, de la Ley 906 de 2004 y, iii) declarar la exequibilidad de las expresiones "del fiscal" y "al fiscal" del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, "bajo el entendido que la solicitud de preclusión puede provenir del fiscal, del defensor o del Ministerio Público y que será quien la presente el que en primera instancia debe sustentar en la audiencia preliminar la petición de preclusión".
A juicio del Ministerio Público, los reproches contra la expresión "fiscal" del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no deben prosperar por dos razones: i) la interpretación completa de la norma acusada muestra que su alcance no es otro que señalar el funcionario competente para determinar si acusa o no al investigado, de ahí que resulta razonable que la ley no fije un término para que la defensa sea quien adopte una decisión sobre la situación jurídica del imputado, pues esa función corresponde al ente acusador. ii) de conformidad con el artículo 294 objeto de análisis, si vencido el plazo para que el fiscal solicite la preclusión y éste no lo hace, la defensa y el Ministerio Público podrán hacerlo, permitiendo a la defensa, de este modo, acceder a la justicia. Por esta razón, la Procuraduría considera indispensable integrar la unidad normativa del vocablo demandado con el resto de la frase de la cual hace parte para que la norma objeto de control adquiera sentido.
Antes de analizar el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, la Procuradora Auxiliar aclara que el principio de igualdad de armas no supone el deber de conferir idénticas potestades y cargas procesales, pues la correcta aplicación del principio de igualdad supone el trato similar a situaciones semejantes y el trato diferente para situaciones disímiles. Ese principio supone la participación equilibrada de las partes en el proceso penal, de tal forma que "se desarrolle una controversia limpia, justa y equilibrada, y no simplemente en dotar a cada una de ellas de las mismas potestades y cargas, ignorando su propia naturaleza y rol". En cuanto al contenido de esa disposición, señala que la medida analizada no es inconstitucional porque el legislador regula, con libertad de configuración, una actuación en etapas distintas al juzgamiento "en el cual se debate probatoria y jurídicamente el fondo del asunto sometido a juicio, a diferencia de la labor que se desarrolla antes de la formulación de la acusación". Luego, es razonable que se pretenda evitar el debate probatorio anticipado, la dilación de las actuaciones previas y el entorpecimiento de la función de investigación, en tanto que "no puede ignorarse que las causales de preclusión consagradas en los primeros cinco numerales, requieren un ejercicio valorativo de los elementos de juicio en que se apoya la petición y obliga al fiscal a presentar aquellos que justifican el adelantamiento de la acción penal".
En relación con el reproche de la expresión "fiscal" contenida en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio Público considera necesario integrar la unidad normativa con el texto completo del parágrafo, por cuanto la acusación es más general en tanto que considera inconstitucional que la defensa sólo pueda pedir la preclusión por las causales previstas en los numerales 1º y 3º de ese artículo y no cuando se configuren las demás. Al respecto, dijo que este mismo problema jurídico debió ser asumido por la Corte Constitucional en el proceso D-6722, por lo que esa Corporación deberá estarse a lo resuelto en la oportunidad pertinente. De todas maneras, manifestó que, a su juicio, esa limitación es inconstitucional por tres razones: i) no existe obstáculo para que el juez decida la solicitud de preclusión basada en cualquiera de las causales, pues el juez de conocimiento que conoció de una solicitud de preclusión y, después de valorar la responsabilidad del acusado, la rechaza, no puede adelantar el juicio (artículo 335 del C.P.P.), con lo cual se conserva la imparcialidad del juez de conocimiento; ii) Todas las causales de procedencia de la preclusión, sin distinción entre las causales objetivas y subjetivas, requieren un ejercicio valorativo de los elementos de juicio en que se apoye la petición; iii) las causales consagradas en los numerales 6º y 7º del artículo 332 del C.P.P. no son aplicables en el juzgamiento; iv) se presentan situaciones en las que ni la Fiscalía, ni la defensa ni el Ministerio Público pueden solicitar la preclusión del proceso a pesar de que no se dan los presupuestos constitucionales para ello (por ejemplo: después de formulada la acusación se encuentra que el hecho es atípico o que en la audiencia preparatoria se evidencie que el acusado es un homónimo). En tal virtud, "la restricción legal demandada no sólo afecta el derecho del procesado y su defensor a acceder a la administración de justicia para procurar la preclusión del proceso en ejercicio del derecho de defensa", por lo que considera que la Corte debe declarar inexequible la expresión "en los numerales 1º y 3º" del artículo 332, parágrafo, de la Ley 906 de 2004, "dejando abierta la posibilidad para que tanto el Ministerio Público como las partes del proceso puedan en el juicio solicitar la preclusión con fundamento en cualquiera de las causales que puedan estructurarse en ese momento procesal, es decir, salvo las consagradas en los numerales 6 y 7 ejusdem, efecto que trae como beneficio adicional contribuir con la eficiencia en la administración de justicia".
Finalmente, la Procuraduría solicitó declarar exequibles las expresiones "el fiscal" contenidas en el artículo 333 del C.P.P., en el entendido que la solicitud de preclusión puede provenir del fiscal, del defensor o del Ministerio Público y que será quien la presente el que en primera instancia debe sustentar en la audiencia preliminar la petición de preclusión, como quiera que "el trámite de la petición fue regulado partiendo del supuesto que el funcionario investigador es quien solicita la preclusión".
3. En el asuntosub iúdice se tiene que, efectivamente, en sentencia C-591 de 2005, la Corte Constitucional resolvió declarar inexequible la expresión "a partir de la formulación de la imputación" del artículo 331 de la Ley 906 de 2004. Para el efecto, la Corte concluyó que restringir la posibilidad de que el fiscal solicite la preclusión de la investigación sólo a partir de la imputación, con lo que se excluía la posibilidad de que el juez de conocimiento evalúe la preclusión de la investigación en la etapa previa, lesiona los derechos de las víctimas a acceder ante un juez para que este decida si en realidad se encuentran presentes o no los presupuestos para decretar la terminación de la averiguación penal.
En esta oportunidad, como se ve en los antecedentes de esta sentencia, se impugna la expresión "el fiscal" contenida en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que el demandante considera que la imposibilidad de que la defensa solicite la preclusión de la investigación antes del juicio, vulnera sus derecho de defensa, a la igualdad y de acceso a la justicia.
Nótese que tanto el contenido del texto normativo acusado en esta oportunidad como los argumentos dirigidos a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que lo ampara, difieren radicalmente de la norma y del problema jurídico estudiado por la Corte en sentencia C-591 de 2005, por lo que no podríamos concluir que existe cosa juzgada constitucional, en tanto que los dos casos no presentan identidad de contenidos normativos ni coincidencia de cargos. Luego, procede el estudio de fondo respecto de la expresión "el fiscal" del artículo 331 de la Ley 906 de 2004.
Cosa juzgada respecto de la expresión "en los numerales 1º y 3º" del artículo 332 de la Ley 906 de 2004.
4. El demandante considera que la expresión "el fiscal" contenida en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal es contraria a los derechos de acceso a la justicia y a la defensa, de un lado, porque excluye a la defensa de la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación con base en todas las causales que sí le autorizan al ente investigador y, de otro, porque establece un trato discriminatorio a favor del fiscal, en detrimento del imputado.
El Ministerio Público dijo que el hecho de que la defensa solamente pueda solicitar la preclusión de la investigación con base en las causales previstas en los numerales 1º y 3º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, afecta en forma desproporcionada los derechos a la defensa y de acceso a la justicia del imputado, por lo que se hace indispensable integrar la unidad normativa con el texto completo del parágrafo de esa norma, para declarar la inexequibilidad de la expresión "en los numerales 1º y 3º", para dejar abierta la posibilidad para que tanto el Ministerio Público como las partes del proceso puedan en el juicio solicitar la preclusión con fundamento en cualquiera de las causales que puedan estructurarse en ese momento procesal, es decir, salvo las consagradas en los numerales 6 y 7 ejusdem, efecto que trae como beneficio adicional contribuir con la eficiencia en la administración de justicia".
5. Sin embargo, en reciente pronunciamiento, la Corte resolvió declarar la exequibilidad de la expresión"contempladas en los numerales 1° y 3°", referida a las causales de preclusión, contenida en el parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004. Al respecto, concluyó que "la norma que limita las causales que fundamentan una solicitud de preclusión durante el juzgamiento a aquellos eventos que no generan una discusión sobre la responsabilidad del acusado, constituye un desarrollo de los principios que orientan la estructura del modelo de enjuiciamiento diseñado por el A. L. No. 03 de 2002, sin que de otra parte se desconozcan garantías fundamentales del acusado tales como su derecho de defensa y de acceso a la justicia. El sistema, dentro de su estructura, le garantiza espacios adecuados para que controvierta la acusación y acredite, en el escenario probatorio establecido por el nuevo modelo, las circunstancias previas o sobrevivientes a la acusación con potencialidad para desvirtuar los cargos y fundamentar una pretensión de absolución" [4]
6. El demandante reprocha la validez constitucional de la expresión "fiscal" contenida en los artículos 294, 331, 332 y 333 de la Ley 906 de 2004, en tanto que solamente autorizan a la Fiscalía General de la Nación a pedir la preclusión de la investigación en las fases anteriores al juicio y, por ende, excluyen a la defensa de esta posibilidad. A juicio del actor, esa "omisión legislativa relativa" resulta contraria: i) al principio de igualdad, en tanto que otorga distinto trato jurídico a la fiscalía y al defensor a pesar de que son sujetos procesales iguales, sin que exista una justificación objetiva y razonable para establecer dicha diferencia; ii) al derecho de defensa del imputado porque lo coloca en una situación de inferioridad e indefensión frente al enorme poder del ente investigador, quien es el único facultado para solicitarle al juez la terminación anticipada del proceso y, iii) al derecho de acceso a la justicia y a que el proceso penal se adelante conforme a las garantías propias del Estado Social de Derecho, en tanto que el legislador hizo prevalecer la eficiencia sobre las garantías del proceso penal.
A su turno, el Ministerio Público consideró que, salvo la expresión "en los numerales 1º y 3º" del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 que debía ser declarada inexequible, los demás apartes normativos acusados deben ser declarados exequibles, por cuanto: i) el aparte del artículo 294 de esa normativa desarrolla una de las funciones típicas del ente acusador, cual es la de definir si va a presentar acusación formal o a terminar de manera anticipada el proceso; ii) la frase del artículo 331 se limita a reproducir el artículo 250 de la Constitución; iii) la expresión "fiscal" del artículo 332, que deriva de la libertad de configuración normativa del legislador, busca evitar el debate probatorio anticipado y, iv) respecto del aparte demandado del artículo 332, considera que la Corte debe condicionar la disposición para que resulte congruente con la solicitud de inexequibilidad del artículo 332 que se propone y con las normas que lo autorizan y, de este modo, pueda ampliarse la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación a la defensa y al Ministerio Público. Además, dijo que el principio de igualdad de armas en el proceso penal no significa la regulación de idénticas cargas procesales y facultades para la defensa y la fiscalía.
El artículo 250 de la Constitución, tal y como fue modificado por el Acto Legislativo número 3 de 2002, señala como una de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación la de "solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar". En desarrollo de esa norma, el título VI del Libro II del Código de Procedimiento Penal, reguló la preclusión del proceso penal en cinco artículos. El artículo 331, dispone que esta etapa del proceso penal se adelanta ante el juez de conocimiento, cuando no hay mérito para acusar y a petición del fiscal. Debe recordarse que, inicialmente, esa norma señalaba que la oportunidad para presentar la solicitud era a partir de la formulación de la imputación, pero en sentencia C-591 de 2005, la Corte Constitucional declaró inexequible esa condición con lo que ahora podrá solicitarse en cualquier momento. El artículo 332 de la Ley 906 de 2004, señala que la solicitud de preclusión por parte del fiscal se presenta en 7 eventos, a saber: (i) la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; (ii) la existencia de una causal que excluya la responsabilidad; (iii) la inexistencia del hecho investigado; (iv) la atipicidad del hecho investigado; (v) la ausencia de intervención del imputado en el mismo; (vi) la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia; y (vii) el vencimiento del término señalado en el artículo 294 de la Ley 906 de 2004, según el cual el fiscal investigador cuenta con 30 días, contados a partir del día siguiente de la formulación de la imputación, para formular acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad (artículo 332 del estatuto procesal penal). El artículo 333 del Código de Procedimiento Penal determina el trámite a seguir cuando se ha solicitado la preclusión de la investigación, señalando que se adelantará en una audiencia pública y oral en la que el fiscal expone los motivos que lo llevaron a solicitar la terminación del proceso y podrán intervenir la víctima, el Ministerio Público y el defensor del imputado. El artículo 334 ibídem señala el efecto de cosa juzgada a la decisión de preclusión y la consiguiente revocatoria de las medidas cautelares impuestas al procesado. Y, el artículo 335, regula el evento en el que el juez competente rechace la solicitud de preclusión.
En este contexto, es necesario averiguar si el legislador tenía la obligación constitucional de autorizar a la defensa a presentar solicitud de preclusión de la investigación. Para ello, la Sala tendrá en cuenta los nuevos parámetros que el constituyente le señaló al Congreso para regular el proceso penal acusatorio, pues, tal y como lo ha sostenido esta Corporación en reiteradas oportunidades, "le está vedado al legislador romper las reglas propias de los elementos esenciales del nuevo sistema acusatorio"[6]. Incluso, específicamente, en relación con la solicitud de preclusión en la fase del juzgamiento, en reciente pronunciamiento la Corte dijo, de un lado, que es necesario tener en cuenta la nueva concepción del proceso penal acusatorio y, de otro, que "la limitación de las posibilidades de preclusión en la fase del juicio, responde a la estructura y filosofía del nuevo modelo procesal, caracterizado por los principios de contradicción e inmediación de la prueba en cuya virtud la definición, durante el juzgamiento, de aspectos sustanciales, con impacto sobre un pronunciamiento de ausencia o declaración de responsabilidad penal del acusado debe fundarse en la prueba practicada durante el juicio oral, contradictorio y público"[7].
10. El nuevo proceso penal introducido en nuestra legislación con el Acto Legislativo número 3 de 2002, presenta, entre otras, dos características que ahora resultan relevantes para resolver el problema jurídico planteado, a saber: la acusación y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento. La primera, se resume como la prohibición al juez para proceder de oficio ("ne procedat iudex ex officio"), pues la iniciación del proceso penal solamente procede a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. De esta forma, se sigue el proceso penal, previo el ejercicio de la acción penal frente al demandado. Entonces, a pesar de que el Estado controla la persecución y el juzgamiento, el proceso penal no se abre ex officio por el juez, sino por solicitud del ente investigador y acusador. Así, el ejercicio de la acción penal y, por ende, la responsabilidad por la oficiosidad del proceso penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación, pues la esencia de este proceso reside en el imperativo de realizar una imputación y una acusación previa. La segunda de las características se concreta en el aforismo según el cual "quién acusa no juzga", en tanto que se considera necesario rodear al juez de garantías de imparcialidad para resolver la acusación penal. Así, en el esquema propio del sistema penal acusatorio la función del Estado de perseguir y sancionar el delito se adelanta en dos fases suficientemente diferenciadas:
La primera, la fase de investigación corresponde a la Fiscalía General de la Nación y su objetivo es establecer, con un mínimo grado de certeza, si el hecho investigado realmente ocurrió, si se encuentra tipificado en la ley penal, y quiénes son los autores o partícipes del mismo. Para el efecto, el ente investigador recauda los elementos materiales probatorios y la evidencia física que le permitirán, primero, imputar cargos a una persona a la que se pueda "inferir razonablemente que es autor o partícipe del delito que se investiga" (artículo 287 de la Ley 906 de 2004) y, posteriormente, acusar con "probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe" (artículo 336 de la Ley 906 de 2004), para que, de este modo, desvirtúe la presunción de inocencia de quien se considera responsable del delito. En otras palabras, esta etapa se adelanta también en dos fases: la primera: la de indagación previa a la formulación de la imputación y, la segunda, una preparatoria al juicio. El control sobre la validez de las actuaciones que adelanta la Fiscalía para averiguar la verdad de lo sucedido y de la defensa para prepararse para ejercer el derecho de contradicción, corresponde al juez de control de garantías. Como la indagación fundamentalmente está reservada a la Fiscalía General de la Nación, por regla general, lo conocido por el ente investigador no es de público conocimiento y, en la mayoría de casos y principalmente antes de la imputación, tampoco por el investigado.
"mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 se introdujeron ciertas modificaciones al texto de la Carta Política de 1991, con el propósito de diseñar un nuevo modelo de proceso penal basado en (i) la aplicación del principio "nemo iudex sine actore"; (ii) se mantuvo el carácter judicial del órgano de investigación y acusación; (iii) se creó la figura del juez de control de garantías; (iv) se consagró el principio de oportunidad y (v) se dispuso el carácter excepcional de las capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, autoridad que, a su vez, preservó la competencia para imponer medidas restrictivas del derecho a la intimidad, pero bajo control judicial posterior// Sin lugar a dudas, se trata de cambios importantes que imponen unos nuevos parámetros hermenéuticos de la Carta Política"[8].
"Más allá de una potestad derivada de la autonomía que la Constitución asigna al fiscal para el ejercicio de la acción penal, configura un imperativo que pretende introducir, en la fase de investigación, un factor de equilibrio entre los poderes del fiscal y los derechos del imputado, en aras de preservar la garantía de presunción de inocencia que lo ampara.
Posibilitar el traslado del debate de fondo a una fase previa del juicio oral (audiencia de preclusión), atenta no solamente contra la garantía del propio acusado a un juicio público oral, concentrado y con inmediación de la prueba, sino que limita las facultades de actuación de los demás intervinientes y sujetos procesales"[9].
13. Tal y como lo ha dicho esta Corporación en anteriores oportunidades[10], el principio de "igualdad de armas" en el proceso penal acusatorio es un imperativo constitucional que no solamente se deduce del artículo 13 de la Carta, sino también del Acto Legislativo número 3 de 2002 que señaló la estructura del nuevo proceso penal, y éste constituye una de las premisas fundamentales del mismo, pues está dirigido a garantizar que el acusador y el acusado tengan a su alcance posibilidades reales y ciertas para ejercer sus derechos y las herramientas necesarias para situarse en un equilibrio de poderes y hacer respetar sus intereses.
"…se amplió la comprensión formal del principio deljuicio justo (fair trial) como mera igualdad entre acusador y acusado. Y, se reconoció un mandato según el cual cada parte del proceso penal debía poder presentar su caso bajo condiciones, que no representen una posición sustancialmente desventajosa frente a la otra parte, como la que de plano se da entre el acusador y el acusado, en detrimento del segundo[11]. A este principio se le denomina igualdad de armas (equality of arms).
Las garantías fundamentales en el procedimiento penal han procurado un alcance más profundo del principio de contradicción. No sólo la posibilidad de controvertir frente a la otra parte en igualdad de condiciones (principio del juicio justo o equitativo), sino procurar la participación del acusado en el proceso, en condiciones que enmienden el desequilibrio entre los medios de que dispone éste y de los que dispone el fiscal o acusador, los cuales son claramente superiores. El principio deigualdad de armas o igualdad de medios, supone entonces que la carga probatoria del acusador es proporcional a sus medios y que las reglas de ejercicio del principio contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar la participación en el proceso penal, tanto optimizando lo más posible las garantías de la defensa, como incrementando la exigencia del cumplimiento de la labor probatoria del acusador"[12].
En este sentido, la igualdad de oportunidades en el proceso penal parte de una concepción del derecho a la igualdad distinta a la regla general que predica la "igualdad para los iguales y la desigualdad para los desiguales", puesto que, de hecho, se parte del supuesto de que el acusador y el acusado no se encuentran en las mismas condiciones frente al proceso penal. Aquí, entonces, se concibe la garantía del derecho a la igualdad de armas como una garantía de equiparación entre dos sujetos diferentes que pueden presentar desequilibrios en los medios de que disponen para acudir a la administración de justicia a sustentar sus argumentos y defender sus intereses, por lo que se impone a las autoridades públicas y, en especial, a las que administran justicia el deber de promover el debate procesal en condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho de contradicción entre la acusación y la defensa.
Pero, incluso, como lo advirtió esta Corporación en reciente oportunidad, el sistema penal acusatorio no es compatible con el método de investigación integral que correspondía al sistema penal de corte inquisitivo y que, ante la inactividad del procesado, imponía a la Fiscalía General de la Nación el deber de investigar lo favorable y lo desfavorable a él, pues en la actualidad la función primordial del ente investigador, en su calidad de parte sin funciones jurisdiccionales, se limita a buscar los elementos materiales probatorios y las evidencias que requiere para acusar al imputado y obtener la condena penal en beneficio de la sociedad y de la víctima, por lo que "el nuevo sistema impone a la defensa una actitud diligente en la recolección de los elementos de convicción a su alcance, pues ante el decaimiento del deber de recolección de pruebas exculpatorias a cargo de la Fiscalía, fruto de la índole adversativa del proceso penal, la defensa está en el deber de recaudar por cuenta propia el material probatorio de descargo"[13]. En tal virtud, es razonable dentro del diseño del sistema penal acusatorio que la solicitud de preclusión de la investigación y la consecuente terminación del proceso penal sea una facultad principalmente atribuida a quien tiene a su cargo la investigación del delito, pues en caso contrario el debate respecto de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del imputado se adelantará en la etapa del juicio.
"dado que cuando se decreta la preclusión, esta decisión tiene como efecto cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de investigación, y tiene efectos de cosa juzgada, no permitir a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a una afectación alta de sus derechos, e incluso, a la impunidad. En efecto, dado que al decretarse la preclusión, la víctima no puede solicitar la reanudación de la investigación, ni aportar nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la investigación contra el imputado favorecido con la preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal, y controvertir de manera efectiva de sus decisiones. Por ello,el trámite de la solicitud de preclusión debe estar rodeado de las mayores garantías" (subrayas fuera del texto)[14].
DeclararEXEQUIBLES las expresiones "el fiscal", contenidas en los artículos 294, inciso 1º; 331, inciso 1º y 332, inciso 1º, de la Ley 906 de 2004 y "previa solicitud del fiscal" y "al fiscal", contenidas en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004.
Exequible la expresión ... (Inciso 1°. ) Artículo 332 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... (Inciso 1°. ) Artículo 294 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... (Inciso 1°. ) Artículo 331 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... (Inciso 1°. ) Artículo 333 LEY_906_2004_31/08/2004
[1] Originalmente, el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal contenía la expresión "a partir de la formulación de la imputación", la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[2] Este artículo fue declarado exequible de manera condicionada, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,en el entendido "de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal".
[5] No debe olvidarse que, como lo dijo esta Corporación en anteriores oportunidades, uno de los cambios estructurales con el proceso penal acusatorio se evidencia en la modificación de la autoridad competente para decretar la preclusión, pues "el Acto Legislativo, despoja a la Fiscalía General de la Nación de la función de declarar precluídas las investigaciones penales en los casos en que no exista mérito para formular una acusación, atribución que le había sido asignada por el numeral 2 del artículo 250 original, en virtud del cual era la Fiscalía la encargada de "calificar y declarar precluídas" dichas investigaciones. Ahora, la función de decidir sobre la preclusión corresponde al juez de conocimiento de la causa correspondiente, por regla general a petición de la Fiscalía; la reforma constitucional también deja en claro que la decisión de declarar la preclusión de una investigación penal únicamente podrá adoptarse de conformidad con lo dispuesto en la ley". Sentencias C-873 de 2003, C-591 de 2005 y C-592 de 2005.
[11] AMBOS Kai. "Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die Verfahrensrechte" [El Tribunal Supremo europeo para los derechos humanos y el derecho procesal]. En ZStW 115 Heft 3. Pág. 592 y 593. Este autor explica que el principio de igualdad de armas entendido como la nivelación de la participación en el proceso, del acusado frente al acusador, se da a partir del cambio de postura del Tribunal Supremo Europeo para los Derechos Humanos, frente a la posición y al rol del Procurador General austríaco y el Procurador General belga, como entes estatales acusadores (Ibídem).

References: ARTÍCULO 294
 artículo 17574

ARTÍCULO 331

ARTÍCULO 332

ARTÍCULO 333
 artículo 331
 artículo 124
 artículo 332
 artículo 333
 artículo 174
 artículo 294
 artículo 332
 artículo 331
 artículo 332
 artículo 333
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 333
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 294
 artículo 331
 artículo 250
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 250
 artículo 331
 artículo 332
 artículo 294
 artículo 333
 artículo 334
 artículo 335
 artículo 13
 artículo 333
 Artículo 332
 Artículo 294
 Artículo 331
 Artículo 333
 artículo 331
 artículo 250