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Timestamp: 2020-08-04 03:51:04+00:00

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Maturanazo III Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento | Debido al proceso | Ley procesal
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Libro I del CPC Artículos 1 y 252.
Tomás Jiménez Barahona Magdalena Pineda Tabach Francisco Salmona Maureira
CAPÍTULO I LAS NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO
Contenido. Están reguladas en el libro I del CPC, entre los arts. 1 y 252.
II.- Importancia. Estas normas son de gran importancia práctica, por cuanto:
1) Tienen aplicación general dentro de los procedimientos y asuntos que reglamenta el CPC en sus libros II, III Y IV, salvo norma expresa en contrario (Ejemplo: los requisitos de la sentencia de un árbitro arbitrador no se rigen por el 170 CPC sino que por el 640). 2) Tienen aplicación general en los procedimientos civiles especiales reglamentados en leyes especiales, salvo norma expresa en contrario. 3) Tienen aplicación por remisión en los procedimientos penales, establecidos por el CPP, salvo que se opongan a las normas que éste establece (art. 43 CPP) y en todo procedimiento penal contemplado en ley especial que se remita al procedimiento por crimen o simple delito de acción penal pública y que no tengan establecida una norma especial en contrario. En el nuevo procedimiento penal se mantiene la aplicación por remisión (art. 52 NCPP).
I.- Introducción. Un litigio es un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente, caracterizado por la existencia de una pretensión resistida. El proceso está destinado a resolver el litigio. Mediante el ejercicio de la acción se origina el proceso, al poner en movimiento la jurisdicción. La acción va dirigida al Estado (Tribunales) y no al adversario; es la pretensión la que se dirige a éste. En consecuencia, la acción procesal es el mecanismo que la Constitución y la ley pone a disposición de las partes para traspasar el conflicto al proceso; y la pretensión es el derecho de las partes para solicitar al tribunal una decisión jurisdiccional favorable a sus intereses en la solución final del proceso. Es usual que acción y pretensión sean confundidas. Ello se ha debido a que su titularidad corresponde a una misma persona y a que generalmente las dos van contenidas en un mismo acto: en la demanda o querella.
II.- Acepciones. En el derecho comercial se utiliza “acción” para referirse a las cuotas en las que se
divide el capital de las sociedades anónimas. En el derecho penal, se usa para referirse a la conducta constitutiva de un tipo penal. En el orden procesal, tiene tres acepciones:
a) Como sinónimo de derecho, como cuando se dice “el actor carece de acción para…”
b) Como similar a pretensión, hablándose de “acción fundada o infundada…”, “acción real o personal”, etcétera.
En el sentido de “potencia o posibilidad de provocar la actividad jurisdiccional”, que es el sentido procesal auténtico de la palabra.
III.- Evolución histórica del concepto de acción.
Han existido diversas teorías, las que se han clasificado en cuanto a identidad o diversidad entre la concepción de la acción en relación con el derecho material en monistas y dualistas. 1.- Teoría monista o clásica respecto de la acción. Esta teoría plantea la identidad entre acción y derecho material, definiendo a la acción como el derecho sustancial deducido en juicio. En consecuencia, de acuerdo con esta teoría, no habría acción sin derecho, lo cual resulta inadmisible por cuanto no explica diversas situaciones que se presentan, como son las obligaciones naturales o las demandas rechazadas en sentencia definitiva (acción sin derecho). Esta teoría aparece hoy universalmente desechada.
2.- Teorías dualistas o modernas respecto de la acción. Sostienen la diferencia entre la acción y el derecho material. La teoría dualista ha sustentado tres variables: teorías concretas, abstractas y abstractas atenuadas.
2.1. Teorías concretas de la acción: Sustentadas por Chiovenda, Calamandrei y
Redenti, conciben la acción como un derecho a obtener una sentencia de contenido
determinado, de carácter favorable para el titular, el cual tiene derecho a tal contenido, precisamente por la titularidad de la acción de la cual disfruta.
2.2. Teorías abstractas de la acción: Sustentada por autores como Carnelutti, y
Couture, conciben la acción no como poder de reclamar un fallo de contenido más o menos concreto, sino un fallo sin más, ya se subordine o no este derecho a requisitos distintos como el de buena fe del accionante. 2.3. Teorías abstractas atenuadas de la acción: Sus partidarios (Guasp y Betti, entre otros) establecen que el derecho de accionar no exige ser titular de un derecho, sino sólo afirmar la existencia de un hecho o de determinados requisitos. Desde este punto de vista, Guasp define la acción como el poder concebido por el Estado de acudir a los Tribunales
de Justicia para formular pretensiones. De todas las teorías, Juan Colombo Campbell saca las siguientes conclusiones:
La acción es un derecho distinto e independiente de la pretensión.
El sujeto pasivo de la acción: el juez; de la pretensión: demandado o querellado.
El juez se pronuncia sobre la acción al mismo momento en que se le plantea, y
sobre la pretensión en la sentencia definitiva. Por ello, el derecho de acción se agota con su ejercicio, en tanto que la pretensión se mantiene hasta la sentencia. En síntesis: la acción procesal es el último de los tres requisitos necesarios para la
formación del proceso, a recordar:
1.- Un conflicto de intereses de relevancia jurídica. 2.- Un órgano jurisdiccional competente. 3.- El ejercicio de la acción.
IV.- Características de la acción procesal. 1) Es un derecho procesal. La acción es el derecho para activar la jurisdicción, que se materializa mediante actos procesales, generalmente demanda y querella. 2) Es un medio indirecto de protección jurídica. Es indirecto porque supone la intervención de un tercero, que es el juez.
3) Tiene como destinatario el tribunal. Puesto que el único fin de la acción es abrir el proceso. 4) Es un derecho autónomo de la pretensión. La acción persigue abrir el proceso, en tanto que la pretensión persigue de la otra parte el cumplimiento de una obligación o que sufra una sanción. 5) Se extingue con su ejercicio, sea que el actor obtenga o no la apertura del proceso. Si se quiere reintentar, ello implica el ejercicio de una nueva acción. 6) Tiene dos objetivos: Abrir el proceso (objetivo directo) y permitir al Estado conocer las infracciones al derecho para terminarlas y evitarlas a futuro (objetivo indirecto). 7) Se liga al concepto de parte. El actor es el sujeto que ejerce la acción. Si no hay parte, no hay acción. Cuando el juez abre el proceso en el procedimiento penal antiguo, no es que ejerza la acción, pues en ese caso la apertura se produce en virtud de su jurisdicción. 8) Su ejercicio implica el pronunciamiento inmediato del tribunal, en el sentido de abrir o no el proceso.
V.- Regulación de la acción en Chile.
Si bien no existe disposición constitucional que contemple el derecho de acción expresamente, sí se encuentra amparado implícitamente en los arts. 19 N°3 y N°14 y 73. La primera disposición consagra la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la cual evidentemente incluye el derecho de acción procesal. Como toda sentencia debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y teniendo presente que
la tramitación necesariamente debe comprender la fase de conocimiento, es evidente que para que ésta exista es necesario que una acción active la jurisdicción del tribunal. Además, la Carta Magna contempla muchas acciones específicas, como la de reclamación de nacionalidad, de indemnización por error judicial, de reclamación de legalidad del acto expropiatorio, de protección, de amparo, etc.
B) Ámbito meramente legal:
La disposición básica es la contenida en el art. 254 del CPC, que establece los requisitos de la demanda civil en juicio ordinario, normas que, como sabemos, son de aplicación supletoria para muchos otros procedimientos (art. 3 CPC). En materia penal, la situación varía un poco, puesto que tratándose de delitos de acción pública la acción puede deducirse por varios medios. En el procedimiento antiguo son la querella, la denuncia hecha directamente al tribunal y el requerimiento de la fiscalía judicial. En el nuevo proceso penal sólo se conservan como formas de ejercer la acción penal pública la querella y el requerimiento del Ministerio Público.
VI.- Clasificación de la acción.
a) De acuerdo a la pretensión: acciones civiles y penales.
b) De acuerdo al objeto que se persigue a través de la pretensión civil: acciones
muebles, inmuebles y mixtas.
c) De acuerdo con el contenido de la pretensión: acciones civiles petitorias, cuando
el bien protegido es el dominio de un bien u otro derecho real; y posesorias, cuando lo que
se pretende es la protección de la posesión respecto de inmuebles.
VII.- Concepto de la pretensión. Sus requisitos y efectos.
A. Concepto de Pretensión. Es una declaración de voluntad por la que se solicita una
actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la
B. Estructura. La pretensión procesal requiere de elementos subjetivos que son: a) el
órgano jurisdiccional; b) el actor y c) el demandado, y de un elemento objetivo, cual es el
bien litigioso que se pretende, que puede ser una cosa o una conducta.
C. Características de la pretensión procesal.
1) Se materializa, al igual que la acción, a través de un acto procesal 2) Es un derecho exclusivo del sujeto activo. Muy excepcionalmente puede ser el sujeto pasivo quien acciona. Son los casos de demanda de jactancia (art. 269 a 272) y la acción forzada del art. 21 del CPC. No ocurre lo mismo con la reconvención, pues si bien el que pretende es el sujeto pasivo, lo que ocurre es que se abre un nuevo proceso, que sólo por economía se tramita con el inicial. 3) Se dirige contra el sujeto pasivo del proceso: demandado o querellado. 4) La pretensión se falla en sentencia definitiva, al final de la instancia. 5) Mira al interés particular del pretendiente, lo cual lo distingue con la acción, que tiene un interés social comprometido.
D. Regulación de la pretensión procesal en Chile. La CPR la trata en el art. 19 N°3,
entendiendo que la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos se refiere también al derecho a solicitar una sentencia favorable. Asimismo, se encuentra tratada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el amparo y en la protección. En los
procedimientos civiles, el art. básico es el 254 CPC que consagra tanto los requisitos de la acción como los de la pretensión, siendo su número 5 el que se refiere más a ésta, al exigir que la demanda contenga “la enunciación precisa y clara … de las peticiones que se someten al fallo del tribunal”. Finalmente, en materia penal los requisitos de la pretensión están en la querella y en el requerimiento del Ministerio Público.
E. Paralelo entre acción y pretensión. E1) Semejanzas. Se asemejan en que, generalmente, ambas corresponden al sujeto activo del proceso, en que ambas se plantean ante un tribunal y por medio de un acto procesal y en su objetivo, pues ambas tienen por objeto lograr la solución de un conflicto. E2) Diferencias. Se diferencian en cuanto a:
- Sujeto destinatario: la acción se dirige hacia en tribunal; la pretensión contra el adversario.
- Objetivo: la acción tiene como objetivo primordial la apertura del proceso; la pretensión se dirige a obtener una sentencia favorable.
- Oportunidad en que se resuelven: si se acoge o no la acción, es resuelto tan pronto como se es presentada; el pronunciamiento respecto de la pretensión se da sólo con la sentencia.
- Efecto de su rechazo: la acción rechazada puede volver a interponerse; si se rechaza la pretensión, la condena o la absolución se mantendrá a firme en virtud de la cosa juzgada.
VIII.- La defensa del demandado.
1) Concepto. Es el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha formulado frente a él y ante el órgano jurisdiccional.
2) Formas de defensa. Ante una demanda, el sujeto activo puede accionar o inaccionar. Sus posibles actitudes son:
1.- Rebeldía o contumacia. El demandado asume una actitud pasiva, manteniéndose inactivo, sin hacer nada. La rebeldía no importa una aceptación; por el contrario, implica una contestación ficta de la demanda en la que se tienen por negados genéricamente los fundamentos de su pretensión. Ello importa que el actor será quien
deberá probar los hechos en que funda su pretensión. Además, en primera instancia y para aquellos casos en que no se trate de plazos fatales para que el demandado realice sus actuaciones, deberá acusársele las rebeldías respecto de cada trámite. 2.- Reacción. Si el demandado comparece en el proceso, puede asumir las siguientes actitudes:
2.1. Allanamiento. Es una aceptación expresa del demandado a la pretensión hecha
valer por el sujeto activo. Para que un mandatario judicial se allane, requiere de la facultad especial del inciso 2° del art. 7° del CPC.
2.2. Oposición a la pretensión. Puede revestir las siguientes formas:
A.- La defensa negativa. Consiste en una mera negativa y no lleva consigo ninguna afirmación de un hecho nuevo. La carga de la prueba recaerá en el demandante, puesto que con estas el demandado no introduce hechos nuevos que tengan por objeto destruir la pretensión. Por último, estas defensas no deben ser analizadas en lo dispositivo del fallo;
sólo en la parte considerativa. B.- Las excepciones. Son las peticiones del demandado que tienen eficacia extintiva, impeditiva o invalidativa del efecto jurídico afirmado como fundamento de la pretensión. Se clasifican en:
b.1.- Excepciones dilatorias. Son las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción (pretensión) deducida. Tienen un carácter taxativo (art. 303 CPC), pero genérico, por cuanto en el número 6 se pueden comprender todos los vicios del procedimiento cuya corrección sea posible solicitar. Estas excepciones deben hacerse valer en un mismo escrito, antes de la contestación de la demanda y dentro del término del emplazamiento. Suspenden la tramitación del procedimiento y deben ser resueltas una vez concluida la tramitación del incidente que generan. b.2.- Excepciones perentorias. Tienen por objeto destruir el fundamento de la pretensión e importan la introducción de un hecho de carácter impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor. Normalmente se confunden con los modos de extinguir las obligaciones. Estas excepciones no suspenden la tramitación del proceso y deben hacerse valer en el escrito de contestación de la demanda (art. 309 CPC). Una contestación de demanda con excepciones perentorias implica que la carga de la prueba va a recaer en el demandado, ya no en el demandante. Deben ser resueltas en la parte dispositiva del fallo, debiendo contener las consideraciones de hecho y de derecho en las que se basa (art. 170 CPC).
b.3.- Excepciones mixtas. Son aquellas que no obstante tener el carácter de perentorias, pueden ser ejercidas como dilatorias antes de la contestación de la demanda. Son las de cosa juzgada y de transacción. Formuladas éstas, el tribunal puede fallarlas luego
de concluida la tramitación del incidente que generen, o estimarlas que son de lato conocimiento, en cuyo caso mandará contestar la demanda y se reservará el fallo de esas excepciones para la sentencia definitiva (art. 304 CPC). b.4.- Excepciones anómalas. Son aquellas perentorias que pueden ser deducidas con posterioridad a la contestación de la demanda, durante todo el juicio, hasta la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda (art. 309). Son las de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, siempre que se funde en un antecedente escrito. Si son deducidas en primera instancia, después de recibida la causa a prueba, se tramitan como incidentes y se reservará la resolución para definitiva. Si se deducen en segunda, se sigue igual procedimiento pero el tribunal se pronunciará respecto de ellas en única instancia. 3.- La reconvención. El demandado puede no sólo adoptar una actitud defensiva, sino que una actitud agresiva, haciendo valer una pretensión en contra del demandante, quien pasa a ser sujeto pasivo respecto de ella. La reconvención es la demanda del demandado mediante la cual se introduce una nueva pretensión. Se acepta por el principio de economía procesal. La oportunidad de deducirla es el escrito de contestación de la demanda (En lo principal: Contesta la demanda. Primer otrosí: Deduce demanda reconvencional). La reconvención se substancia y falla conjuntamente con la demanda principal, debe ser notificada al demandante igual que la demanda y éste puede asumir las mismas actitudes del demandado respecto a la demanda principal. Requisitos de la reconvención:
a.- Que el tribunal tenga competencia para conocer de la reconvención estimada como demanda (art. 315 CPC y 111 y 124 COT) b.- Que la contrapretensión se encuentre sometida al mismo procedimiento de la demanda.
a) Concepto. El proceso es la serie de actos que se desenvuelven progresivamente,
con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión.
b) Terminología. La voz proceso es utilizada con diversos alcances tanto en la ley,
como en doctrina y jurisprudencia. Es así como podemos hablar de proceso como litigio,
juicio, procedimiento, expediente, causa, auto, pleito y litis.
c) Paralelo entre procedimiento y proceso. El proceso es un conjunto de actos
unidos hacia un fin común, que el procedimiento (un conjunto de ritualidades) organiza
para el mejor cumplimiento de tal fin.
II.- El Debido Proceso Legal.
a.- Finalidad e importancia. La finalidad del debido proceso legal procesal lo constituye la garantía de un juicio limpio para las partes en cualquier proceso y en especial para las partes en un proceso penal, ya que la función jurisdiccional aplicada de acuerdo a sus características minimiza el
riesgo de resoluciones injustas. La extraordinaria trascendencia que tiene el debido proceso
para la adecuada protección de los derechos de la persona humana, generó la incorporación de este concepto como uno de los fundamentales a nivel internacional. En los principales tratados internacionales se contempla el debido proceso como una de sus principales garantías. Tales son: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos.
b.- El debido proceso en nuestra CPR. El art. 19 Nº3 establece que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justos”. El precepto se aplica a toda autoridad que ejerza jurisdicción. La voz sentencia no sólo se refiere a las judiciales, sino a cualquier resolución que afecte derechos. En consecuencia, para que una resolución sea válida se requiere de:
Que exista un proceso previo, legalmente tramitado
Que se desarrolle a través de un procedimiento racional y justo, correspondiendo al legislador su establecimiento
c.- Garantías mínimas de un procedimiento racional y justo.
a) Derecho a que el procedimiento se desarrolle ante juez independiente e imparcial.
El juez debe ser independiente de los órganos ejecutivos y legislativos del Estado (art. 73 CPR) e imparcial, es decir que no se encuentre en una especial relación con alguna de las partes o con la materia del conflicto (art. 194 COT)
b) Derecho a un juez natural preconstituido por la ley. Es menester que el tribunal
se encuentre predeterminado por la ley. “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por un tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con
anterioridad por ésta” (art. 19 Nº 3 inciso 4º CPR). Ojo: este es el único inciso del numeral 3º del art. 19 que se encuentra amparado por el recurso de protección. La garantía también se encuentra prescrita en el art. 2 del Código Procesal Penal.
c) Derecho de acción y defensa. Pues no basta con que la ley establezca derechos si
ello no va acompañado de las medidas de protección adecuadas para asegurar que tales
derechos se respeten
d) Derecho a un defensor. Toda persona tiene derecho a una defensa jurídica en la
forma que la ley señale y nadie puede impedir o restringir la debida intervención de un letrado si hubiere sido requerido. Por mandato de la CPR, la ley debe arbitrar los medios
para otorgar asesoramiento a quienes no puedan procurárselos (art. 19 Nº3 incisos segundo y tercero)
e) Derecho a una pronta resolución del conflicto. Un proceso rápido es esencial para
la existencia de un debido proceso. El art. 74 CPR establece que una LOC determinará la organización y atribuciones de los Tribunales necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia. En consecuencia, si se estableciera un procedimiento con plazos
o trámites innecesarios que dilaten la resolución, el procedimiento no sería racional y, por tanto, sería inconstitucional.
f) Derecho a que se contemple la existencia de un contradictorio. Se manifiesta
como la garantía “del día ante el tribunal” del derecho anglosajón (“his day in Court”). Esto
consiste en que el demandado tenga una razonable posibilidad de hacerse escuchar, comparecer y exponer sus derechos. Para que se verifique la existencia del contradictorio
respecto del demandado, es menester que se le notifique de la acción en su contra y que tenga un plazo razonable para hacer efectiva su defensa. g) Derecho a que se permita a las partes rendir pruebas para acreditar sus
fundamentos, que asegure la posibilidad de valerse de los medios generalmente reconocidos por el ordenamiento, derecho que no es absoluto ya que no puede permitir rendir pruebas obtenidas ilícitamente (Ej: art. 484 CPP inc. 3º y art. 276 inc. 3º NCPP).
h) Derecho a la igualdad de tratamiento de las partes. Significa que ambas partes
puedan tener análogas posibilidades de expresión y prueba. El problema es la desigualdad
económica entre las partes, pues el costo de la justicia es, por sí, un instrumento de desigualdad. Esto se ha tratado de remediar a través de la eliminación de las cargas
económicas para ejercer derechos procesales antes de la sentencia, y a través del privilegio de pobreza. i) Derecho a sentencia que resuelva el conflicto. Como la finalidad del proceso es la solución del conflicto, resulta imprescindible la existencia de una sentencia. Además, ésta debe ser fundada.
j) Derecho a recurso para impugnar sentencias que no emanen de un debido
proceso. Debe contemplarse el recurso de casación que permita impugnar sentencias dictadas sin un debido proceso. Finalmente, cabe hacer presente que un debido proceso penal implica el cumplimiento de una serie de otros principios específicos que, en atención a la naturaleza de la pretensión deducida, se han establecido en las CPR y en tratados internacionales.
III.- Clasificación del proceso. I.- Civiles.
i. Meramente declarativos. Su fin es la declaración de un derecho,
reconocer una situación jurídica preexistente, sin que se imponga al demandado ninguna condena ni se le solicite la modificación de una situación determinada. Ejemplo: La declaración de inaplicabilidad de una ley por inconstitucionalidad.
ii. Constitutivos: Procuran sentencias que, además de declarar un
derecho, produzca un nuevo estado jurídico, creando, modificando o extinguiendo un estado jurídico. Estas sentencias, al igual que las meramente declarativas no son susceptibles de ejecución ni la necesitan puesto que lo perseguido por el actor se satisface con la sola sentencia. Ej: sentencia que declara el divorcio perpetuo.
iii. De condena: Mediante éstas, además de declararse un derecho, se
impone al demandado el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no
hacer. La sentencia de condena es siempre preparatoria, pues no permite por sí sola la satisfacción de la pretensión.
b) De ejecución: Tienen por objeto satisfacer lo establecido en la sentencia de condena o en la fuente de la obligación que ha sido infringida. Su objetivo es que a través de la acción de cosa juzgada se cumpla íntegramente la sentencia condenatoria. Además se aplica directamente el procedimiento ejecutivo cuando la parte tiene un derecho que consta en un título ejecutivo.
Estos procedimientos se dividen de acuerdo a la obligación de que se trate: de dar, de hacer y de no hacer.
II.- Penales.
a) Antiguo Proceso Penal:
a. Delitos de acción penal privada. Se tramitan conforme al libro III del CPP.
b. Delitos de acción penal pública y delitos de acción penal mixta.
Se tramitan conforme al procedimiento ordinario de acción penal pública contemplado en el libro II del CPP, salvo existencia de un procedimiento especial.
c. Las faltas se tramitan conforme al procedimiento especial del libro III, sin perjuicio de los casos de competencia de los Juzgados de Policía Local, en cuyo caso se tramitan conforme al procedimiento especial que se contempla para los asuntos conocidos por éstos.
b) Nuevo Proceso Penal:
a. Faltas: Las conocen los juzgados de garantía, mediante:
i. Procedimiento monitorio (Art. 392 NCPP)
ii. Procedimiento simplificado (Art. 388 y 392 inc. final NCPP)
b. Crímenes y simples delitos:
i. De acción penal privada (art 55 y 400 NCPP)
ii. De acción penal pública:
1. Procedimiento abreviado (Art. 406 NCPP)
2. Procedimiento simplificado (Art. 388 NCPP)
3. Juicio oral (Art. 281 y sgtes. NCPP)
iii. De acción penal pública previa instancia particular (Art. 55 NCPP).
IV.- Naturaleza Jurídica del Proceso.
Determinar la naturaleza jurídica del proceso tiene importancia porque con ello se precisa la legislación que debe aplicarse. Se han sostenido las siguientes teorías:
1. Teoría del Contrato: Supone la existencia de un contrato entre demandante y demandado, en el cual se determina el conflicto, lo que limita el poder del juez para su resolución. Nació en el derecho romano (la litis contestatio), pero en la actualidad ha perdido toda vigencia, ya que no explica el proceso en sí, sino que alude a la institución
que lo origina. Además, no explica los procesos desarrollados en rebeldía de una de las partes, puesto que en esos casos no hay una convención para la generación del proceso. Posteriormente, ya en la época de la revolución francesa, aparece una segunda vertiente, que considera al proceso como un cuasicontrato, en donde existe un hecho voluntario y lícito tanto del demandante, que acude a tribunales, como del demandado, que voluntariamente concurre a defenderse. Sin embargo, esta doctrina tampoco explica el proceso en sí, sino que sólo su origen.
2. Teoría de la Relación Jurídica: Por relación jurídica se entiende toda vinculación intersubjetiva regulada por la ley. Actor, demandado y juez se vinculan entre sí, mediante los actos procesales. Esta relación jurídica crea derechos y obligaciones
recíprocos entre los interesados en el litigio y los funcionarios encargados de resolverlo, como la obligación del juez de proveer y sentenciar, la de las partes a comparecer y acatar las resoluciones, etcétera. En cuanto a la forma y los sujetos entre los cuales se generaría la vinculación, se han formulado diversas teorías: Kohler excluye al juez y postula sólo una relación bilateral entre partes; en tanto Hellwig y Wach incluyen al juez en la relación, el primero estableciendo una relación indirecta entre partes (que sólo se vinculan por intermedio del juez) y el segundo concibiendo una relación triangular, en la cual todos se relacionan directamente.
Teoría de la Situación Jurídica: Posteriormente, Goldschmidt establece que no es posible hablar de relación jurídica, por cuanto la solución del conflicto es tan sólo una mera expectativa de las partes en orden a obtener sentencia favorable, por lo que sitúa al proceso en un escalafón inferior, cual es el de simple situación jurídica. La situación jurídica se define por un complejo de meras posibilidades de obrar, expectativas y cargas. El proceso no sería una relación jurídica por cuanto el juez no está obligado para con las partes (sólo tiene deberes como funcionario público) y porque entre litigantes no existe ninguna obligación.
Teoría de la Entidad Jurídica Compleja: Postulada por Carnelutti, establece que el proceso es una entidad jurídica de carácter unitario y complejo, cuya característica central es la pluralidad y estrecha coordinación de sus elementos.
Teoría de la Institución Jurídica: El autor Jaime Guasp concibe al proceso como una institución jurídica permanente, de carácter objetivo, a la cual las partes acuden cuando existe entre ellas un conflicto que debe ser solucionado (explica la utilidad del proceso pero no su naturaleza jurídica).
Los elementos del proceso. Los elementos se dividen en dos clases:
Elementos subjetivos: Las partes y el juez.
Elemento objetivo: El conflicto sometido a decisión del tribunal.
Ahora veremos los elementos subjetivos y dentro de éstos a las partes.
Concepto. Existen varias doctrinas respecto al concepto de parte. Sin embargo,
procesalmente puede definirse como todo aquel que pide o frente al cual se pide en juicio la actuación de la ley en un caso concreto. Importa determinar el concepto de parte pues es sólo a éstas a quienes afecta la sentencia que se dicte.
2. Clasificación de las partes.
a) Directas u originarias: Demandante y demandado.
b) Indirectas o derivadas: Terceros.
3. Capacidad para ser parte.
Para comparecer válidamente en juicio se requiere tener capacidad para ello. El CPC no da normas específicas sobre la materia. Por lo tanto, debemos recurrir al Código Civil o Código Penal, según sea la naturaleza de la acción. De acuerdo con éstos, sabemos que la capacidad es la regla general y que, por lo tanto, para ser capaz de comparecer en juicio se requiere ser persona y no estar sujeto a ninguna especial incapacidad.
1.- Capacidad para ser parte (o de goce): es inherente a toda persona por el sólo hecho de ser tal. Por lo tanto, basta ser sujeto físico y vivo (o una sucesión hereditaria), incluyéndose las personas jurídicas.
2.- Capacidad Procesal (o de ejercicio) para actuar en el proceso, es la facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio
o por cuenta de otros. 3.- Ius Postulandi: Es la capacidad para que la actuación judicial sea correcta y se traduce en la necesidad de cumplir con dos requisitos procesales, a saber: patrocinio y poder (se verán mas adelante).
Las partes en el Código de Procedimiento Civil. (art. 18 y siguientes)
Pluralidad de Partes o Litis Consorcio: La regla general es que haya un
demandante y un demandado. Sin embargo, hay casos en que existe una relación procesal múltiple, sea activa, pasiva o múltiple. Esta situación puede producirse al inicio del proceso (litis consorcio originario), o con posterioridad a ello (litis consorcio sobreviniente). En el
primer caso se caracteriza por ser facultativo para quienes lo constituyen, y por estar consagrado expresamente en el art. 18 CPC, conforme al cual se produce esta situación en los siguientes casos:
a) Cuando varias personas deducen una misma acción (contra del mismo sujeto pasivo)
b) Cuando varias personas deducen acciones, sean estas iguales o diferentes, pero emanadas todas de un mismo hecho.
c) Cuando la ley autoriza para proceder por muchos o contra muchos, como en el caso de las obligaciones solidarias.
Para evitar que esta pluralidad de partes se constituya en un elemento disociador del proceso, el legislador establece que habiendo litis consorcio, y siendo iguales las acciones o las defensas, debe designarse un procurador común, todo lo cual se regirá de conformidad
a) Debe ser nombrado de común acuerdo entre las partes en el plazo que fije el tribunal, o en su defecto por el Juez, pero con la obligación de designar a un Procurador del Número o a uno de los abogados de las partes (art. 12 CPC)
b) El nombramiento puede ser revocado por unanimidad o a petición fundada de una de las partes, pero en todo caso la revocación no surte efecto sino hasta que se designa un reemplazante (art. 14 CPC)
c) El procurador designado debe seguir las instrucciones de las partes y si estas no están conformes con su cometido, tienen el derecho de hacer alegaciones separadas y a presentar sus propias pruebas, todo en los mismos plazos y condiciones que el procurador común, todo lo cual obviamente sólo irá en su propio beneficio o perjuicio. No obstante ello, lo obrado por el procurador común les sigue empeciendo
(art. 16 CPC)
d) No será necesario designar un procurador cuando (art. 20 CPC):
a. Sean distintas las acciones de los demandantes.
b. Sean distintas las defensas de los demandados.
c. Habiéndose iniciado el juicio con iguales acciones o excepciones, surgen incompatibilidades de intereses entre quienes litigan conjuntamente.
B.- Intervención Forzada de Parte:
Un carácter básico del ejercicio de las acciones es su voluntariedad. Sin embargo, nuestro Código contempla casos de intervención forzada en los que las partes se ven en la necesidad de comparecer en el proceso, so pena de soportar las graves consecuencias de su
inasistencia. Son cinco casos:
a) Artículo 21 CPC: Cuando una acción corresponde a otras personas determinadas pero distintas del sujeto activo, el o los demandados quedan facultados para pedir que se ponga la demanda en conocimiento de ellos a fin de adoptar, dentro del
término de emplazamiento, alguna de las siguientes actitudes:
i. Adherir a la demanda: Se forma un litis consorcio activo y debe designarse procurador común.
ii. No adherir: Caducan los derechos del potencial demandante para entablar la
misma acción con posterioridad, pudiendo el demandado hacer valer la excepción de cosa juzgada.
iii. No hacer nada: Si se deja transcurrir el plazo de emplazamiento, si bien no se
transformará en parte, le afectará todo lo obrado en el proceso, pero tendrá el derecho de comparecer posteriormente en el juicio, respetando todo lo obrado.
b) Jactancia: Se define como la acción y efecto de atribuirse por persona capaz de ser
demandada, derechos propios sobre bienes de otro o asegurar ser su acreedor (Couture). Es la situación que se produce cuando una persona dice tener derechos de los que no está gozando, para ser obligado por el afectado a interponer la demanda correspondiente. Conforme al art. 270 CPC, se puede deducir jactancia en alguno de los siguientes casos:
i. Cuando la manifestación del jactancioso conste por escrito.
ii. Cuando la manifestación del jactancioso se haya hecho de viva voz, a lo
menos delante de dos personas hábiles para declarar en juicio.
iii. Cuando una persona haya sido parte en proceso criminal del cual pueden
emanar acciones civiles contra el acusado, para el ejercicio de dichas acciones. La acción de jactancia, para que se declare la obligación del jactancioso de
demandar prescribe en 6 meses desde los hechos en que se funda, y se tramita de conformidad al procedimiento sumario (art. 272 CPC). Si se da lugar a la demanda,
el jactancioso tiene 10 días para demandar, ampliable a 30 por motivo fundado, so
pena de declararse que no será oído posteriormente sobre tal derecho (incidente del procedimiento de jactancia).
c) Citación de Evicción: Situación que se da propiamente en los contratos bilaterales
y especialmente en la compraventa, cuando el comprador que se ve expuesto a sufrir
evicción (pérdida de la cosa comprada por efecto de acciones judiciales interpuestas por terceros), cita al vendedor, antes de contestar la demanda, para que éste comparezca en su defensa como es su obligación (arts. 1843 y 1844 CC y art. 584 CPC) Pueden darse múltiples situaciones:
i. Si el comprador no cita, libera al vendedor de su responsabilidad.
ii. Si lo cita y el vendedor concurre, el proceso se sigue en contra de éste, pero
conservando el comprador el derecho de intervenir. iii. Si el vendedor citado no comparece, se hace responsable de la evicción, salvo que el juicio lo pierda el comprador por negligencia procesal.
d) Citación de los Acreedores Hipotecarios en el Juicio Ejecutivo: Si una persona adquiere en remate judicial una propiedad hipotecada, la adquiere con dicho
gravamen, salvo que los acreedores hipotecarios hayan sido citados al juicio. La citación los obliga a optar por mantener la hipoteca o acceder a pagarse con el producto del remate.
e) Verificación de Créditos en el Procedimiento de Quiebra: Declarado en quiebra un deudor, sus acreedores sólo tendrán derecho a concurrir al reparto de dividendos si han comparecido al tribunal a verificar su crédito (sino, la ley presume condonación).
Dos instituciones vinculadas al concepto de parte:
a) Substitución Procesal: Es aquella institución que faculta a una persona para
comparecer en juicio a nombre propio, haciendo valer derechos de terceros, adquiriendo el carácter de parte para todos los efectos legales. No constituye un caso de representación ni de agencia oficiosa, pues quien comparece lo hace a nombre propio. Ejemplos:
Artículo 878 C. de Comercio: Se faculta a quien desee demandar al capitán de un
navío, para deducir la acción ya sea en contra de éste o del naviero. ii.- Artículo 2466 CC: Acción Subrogatoria.
Artículo 2468 CC: Acción Pauliana o Revocatoria.
Artículo 1845 CC: Citación de Evicción.
b) Sucesión Procesal: A diferencia de la substitución, el cambio de sujeto en este caso
puede verificarse durante el procedimiento y no sólo antes de él. Son tres casos:
Fallecimiento de quien litiga personalmente: (art. 5° CPC) Se suspende el
procedimiento para efectos de notificar a los herederos, y sólo se reanuda tras haber transcurrido el término de emplazamiento, hayan éstos concurrido o no.
Cesión de Derechos Litigiosos: Producida la cesión, comparecerá al proceso el
cesionario exhibiendo el título y adoptando el papel procesal del cedente.
Subrogación: Opera cuando una persona paga por otra, produciéndose una
traslación de derechos (puede ser legal o convencional).
Son aquellas personas que no están directamente vinculadas al conflicto promovido ante el órgano jurisdiccional, pero que actúan al interior del procedimiento tendiente a resolver ese conflicto. Se clasifican en:
1.- Terceros indiferentes: Aquellos a quienes no afecta de modo alguno el proceso, ni la sentencia dictada. No son terceros, según la definición dada. 2.- Terceros intervinientes: Son los testigos, peritos, martilleros y demás personas que intervienen en el proceso sin tener interés directo en su resultado. 3.- Terceros interesados: aquellos que, sin ser partes directas en un proceso, ven afectados sus derechos a causa de ese proceso, por lo que se les autoriza a participar. Son los siguientes:
a) Coadyuvantes: (o por vía adhesiva) Hacen valer pretensiones concordantes con alguna de las partes, debiendo en consecuencia actuar con procurador común. b) Independientes: (o por vía principal) Su interés es independientes de las pretensiones de las partes por lo que actúa separadamente. c) Excluyentes: (o por vía de oposición) Tienen pretensiones incompatibles con las de las partes. Los requisitos para interponer una tercería son los siguientes: (art. 23 CPC)
a) Ser tercero (no ser parte)
b) Existencia de un proceso en actual tramitación.
c) Tener interés actual en el proceso (patrimonial y sobre la base de derechos
adquiridos y no de meras expectativas) Las resoluciones judiciales dictadas en los procesos en los cuales intervienen terceros, producen respecto de ellos iguales efectos que respecto de las partes principales (art. 24 CPC).
Hemos dicho que para que una persona tenga capacidad para comparecer en juicio, debe reunir la capacidad de goce, de ejercicio y el “Ius Postulandi”, condición esta última
que se entrega exclusivamente a determinadas personas. El concepto de comparecencia en juicio se puede entender en 2 sentidos:
1) Sentido amplio: el acto de presentarse ante un juez voluntaria o coercitivamente. 2) Sentido estricto es el acto de presentarse ante los tribunales, ejercitando una acción o defendiéndose, o requiriendo la intervención en un acto no contencioso. La capacidad para parecer en juicio o ius postulandi, se traduce en el estudio de dos instituciones procesales fundamentales, cuales son el Patrocinio y el Mandato Judicial. Mientras que el primero se refiere fundamentalmente a la fijación de estrategias procesales (técnico del derecho), el mandatario mira a la representación (técnico del procedimiento).
2. El Patrocinio: Se define como un “contrato solemne por el cual las partes o
interesados en un asunto, encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los Tribunales de Justicia.” 2.1. Requisitos para ser Patrocinante: Ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, es decir, tener el título de abogado y haber pagado la patente profesional (art. 3° D.L. 3.637). 2.2. Forma de constituirlo: La formalidad exigida es que en la primera presentación que el interesado efectúe ante el tribunal, el abogado ponga su firma, indicando además su nombre, apellidos y domicilio. Lo normal en la práctica es destinar un otrosí del escrito a este efecto. En el nuevo proceso penal, tratándose de Defensores Públicos, éste se entiende constituido por el sólo ministerio de la ley (art. 54 Ley de Defensoría Penal Pública).
2.3 Sanciones al Incumplimiento: La sanción es gravísima: el escrito se tiene por
no presentado para todos los efectos legales (art. 1º inciso 2º Ley 18.120).
2.4 Duración: Todo el proceso, salvo renuncia o revocación.
2.5 Facultades del Patrocinante: Esencialmente el patrocinio se limita a la fijación
de las estrategias de defensa. No obstante, y a pesar de que ello es propio del mandatario judicial, se le faculta para asumir la representación en cualquier estado del juicio (facultades ordinarias del mandato: art. 1° inciso 3º, Ley N°18.120)
2.6 Término del Patrocinio:
a) Cumplimiento o desempeño del encargo: Forma normal de terminación.
b) Revocación: Acto por el cual el patrocinado pone fin al patrocinio vigente.
Normalmente va aparejado de la designación de un nuevo abogado patrocinante, quien tiene dos obligaciones: comunicar la revocación a su colega y encargarse que éste reciba
sus honorarios profesionales (Código de Ética).
c) Renuncia: Debe notificarse al patrocinado junto con el estado del proceso.
No obstante, el abogado que renuncia mantiene su responsabilidad hasta por el término de emplazamiento, salvo que previo a ello se haya designado un nuevo patrocinante (art. 1º inc. 4º Ley 18.120).
d) Muerte o Incapacidad del Abogado: En este caso el patrocinado debe
constituir un nuevo patrocinio antes de efectuar su siguiente presentación. Cabe señalar que
la muerte del patrocinado no extingue el patrocinio, pues el abogado deberá seguir prestando sus servicios a la sucesión.
3. El Mandato Judicial: Es un “contrato solemne en virtud del cual una persona
otorga a otra facultades suficientes para que la represente ante los Tribunales de Justicia.”
3.1 Diferencias con el Mandato Civil:
Se extingue con la muerte de ambas partes
Sólo aquéllos del art. 2° Ley N°18.120
incapaces)
La representación es un elemento de la naturaleza
La representación es de la esencia
La delegación no obliga al mandante si no ratifica.
3.2 Requisitos para ser Mandatario: Es preciso ser una de las personas incluidas
en el art. 2° de la Ley N°18.120, esto es:
i. Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
ii. Procurador del Número.
iii. Postulantes designados por la Corporación de Asistencia Judicial,
independientemente del tiempo que lleven como egresados. iv. Estudiantes actualmente inscritos en 3°, 4° o 5° año de Derecho en alguna Universidad autorizada.
v. Egresados de las Facultades de Derecho que hubieren cursado 5° año y hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes.
3.3 Forma de Constituir el Mandato (art. 6° Ley 18.120):
a) Por escritura pública.
Acta extendida ante un Juez de Letras o Juez Árbitro suscrita por todos los otorgantes.
Declaración escrita del mandante y autorizada por el Secretario del Tribunal: Es la forma normal de constitución (Secretario: “autorizo” o “autorizo poder”, fecha, firma).
Artículo 29 de la Ley sobre Letra de Cambio y Pagaré: Endoso en Comisión de Cobranza: Tiene la particularidad de que por el sólo efecto del endoso se entienden conferidas todas las facultades especiales que en otros casos requieren otorgarse expresamente.
Excepciones a la comparecencia en juicio representado:
Caso general (art. 2° inc. 3° Ley 18.120) se puede solicitar autorización al tribunal para comparecer y defenderse personalmente.
Casos especiales: No se requiere tener mandato judicial ni patrocinio:
a. En departamentos (comunas) con menos de 4 abogados en ejercicio.
b. Manifestaciones Mineras.
c. Asuntos que conozcan Alcaldes o Jueces de Policía Local salvo regulación de perjuicios de cuantía superior a 2 UTM.; los Juzgados de Menores o los Árbitros Arbitradores.
d. Asuntos que conozca la Dirección General del S.I.I. y la Contraloría.
e. Juicios políticos de que conozca la Cámara de Diputados o el Senado.
f. Juicios cuya cuantía no exceda de ½ U.T.M., cualquiera sea su naturaleza.
g. Causas Electorales.
h. Recursos de Amparo y Protección.
i. Denuncias Criminales.
j. Solicitudes aisladas en que se piden copias, desarchivos, etc.
k. Presentaciones efectuadas por las denominadas “partes intervinientes”.
3.5 Sanciones al Incumplimiento: La sanción es menos drástica que la del patrocinio, ya que otorga al interesado un plazo de 3 días para corregir el vicio de que adolece la presentación y constituir legalmente el mandato. Si se hace, el escrito mantiene como fecha la de su presentación.
Facultades del Mandatario: Las facultades puedes ser:
Esenciales u Ordinarias: Existen sin necesidad de mención expresa y no
pueden ser objeto de limitaciones por las partes. Autorizan al mandatario para tomar parte del mismo modo que podría hacerlo el que da el mandato, en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan al mandatario tomar parte en todos los actos e incidentes del proceso, y en todas las cuestiones
que se promuevan por vía de reconvención, hasta el cumplimiento completo del fallo definitivo. Como consecuencia, las notificaciones se deben hacer al mandatario judicial, siendo nulas las que se notifiquen al mandante.
2.- De la Naturaleza: Son básicamente dos: la posibilidad de delegar el
mandato, y la facultad para interponer la acción civil o ser notificado de ella en un plenario
criminal (art. 432 CPP).
Accidentales o Especiales: Sólo se entienden incorporadas al mandato si se
mencionan expresamente. Están en el art. 7° inc. 2°. Las facultades especiales son:
- Desistirse en 1ª instancia de la acción deducida, porque produce cosa juzgada.
- Aceptar la demanda contraria (allanamiento) ya que es un acto de disposición.
- Absolver Posiciones.
- Renunciar expresa y anticipadamente a los recursos o a los términos legales.
- Transigir, ya que es un acto de disposición.
- Comprometer (designar árbitro para que resuelva conflicto).
- Otorgar a los árbitros facultades de arbitradores.
- Aprobar convenios (se refiere a la quiebra, art. 178 LQ).
- Percibir: operación mediante la cual los productos, frutos o rentas de una cosa son objeto de apropiación o cobro por parte de la persona calificada para gozar de ellos (Capitant). Durante años se discutió si debían enunciarse una a una o si bastaba una referencia general. Hoy está resuelto el tema en favor de la segunda posición.
3.7 Efectos del Mandato: Constituido el mandato, desaparece del proceso la
persona física del mandante, por lo que todas las actuaciones del proceso, así como, sus notificaciones deben practicarse al mandatario. Hay excepciones en el avenimiento laboral, la conciliación civil y la absolución de posiciones cuando se solicite comparecencia personal de la parte, etcétera.
3.8 Término del Mandato:
i. Cumplimiento o desempeño del encargo: Forma normal de terminación.
ii. Terminación anticipada: Cuando el proceso no llegue ni llegará a tener sentencia
definitiva, el mandante puede solicitar que se lo libere del encargo (ej: desistimiento de la demanda).
iii. Revocación: Acto unilateral del mandante por el cual se pone fin al mandato
vigente. Puede ser expresa o tácita (designación de un nuevo mandatario sin hacer mención al anterior). Debe constar en el proceso para ser oponible a la contraparte.
iv. Renuncia del mandatario: Debe notificarse al mandante e informarle el estado
del proceso. No obstante ello, el mandatario que renuncia mantiene su responsabilidad hasta por el término de emplazamiento, salvo que previo a ello se designe un nuevo apoderado.
v. Muerte o incapacidad del mandatario: En este caso el patrocinado debe constituir un nuevo patrocinio antes de efectuar su siguiente presentación.
3.9 Responsabilidad del Mandatario: El mandatario tiene una responsabilidad
especial y expresa (art. 28) en relación con las costas procesales (definidas por el art. 139 CPC) a que sea condenado su mandante, sin perjuicio de poder repetir contra éste con posterioridad (es un caso de solidaridad). Además el mandatario tiene responsabilidad
disciplinaria, en términos tales que puede se objeto de sanciones por actos abusivos de su parte.
3.10 Paralelo entre Patrocinio y Mandato:
Naturaleza Jurídica: Contrato Solemne
Objetivo: Fijar la estrategia de defensa
La representación en juicio
Arts. 1° y 2° de la Ley N°18.120
Quiénes: Sólo abogados habilitados
Abogados y otros del art. 2° Ley 18.120.
Cº: Nombre, domicilio, firma del abogado
Alguna de las formas del art. 6° CPC
Oportunidad: En la primera presentación
En la primera presentación
Sanción: Por no presentado el escrito
Misma sanción pero después de 3 días.
Responsabilidad: Civil y criminal
Civil, criminal y por costas procesales
Ejercicio ilegal: Constituye delito
Constituye delito (art.3° Ley 18.120)
4. Situaciones Especiales de Representación:
a) Agencia Oficiosa: Es la situación que se produce cuando una persona comparece
ante un tribunal, asumiendo la representación de otra sin patrocinio ni mandato constituido en su favor, pero ofreciendo la ratificación posterior de todo lo obrado por parte de quien ha debido ser el mandante. Requisitos:
i. El agente oficioso debe ser habilitado para comparecer en juicio o en caso contrario debe actuar representado por alguien que lo sea.
ii. Invocar causales calificadas que han impedido al representado comparecer.
iii. Ofrecer una garantía de que lo obrado será ratificado El tribunal califica las circunstancias y puede o no aceptarla. Si el tribunal la acepta se debe constituir la garantía, que normalmente es una fianza (fianza de rato). Si lo obrado no es ratificado posteriormente, se produce la nulidad de todo lo obrado (efecto procesal), y el fiador deberá responder de los perjuicios causados (efecto civil).
b) Procurador Común: Ya analizado a propósito de la pluralidad de partes.
c) Representaciones Especiales: Se trata de dilucidar quién representa a determinadas personas jurídicas. Para ello debemos distinguir:
i. Personas Jurídicas de Derecho Público: No existen reglas especiales. Hay que analizar la ley que las crea y reglamenta. Ejemplos:
- Fisco: Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
- Municipalidades: Alcalde.
ii. Corporaciones y Fundaciones de Derecho Privado: Las representa su presidente (art. 8 CPC).
iii. Sociedades: Las representa el gerente o administrador. Salvo mención expresa,
la representación sólo comprende facultades ordinarias del mandato. Hay 3 casos especiales en cuanto a la representación de las sociedades:
- Sociedades Anónimas: El representante debe ser el gerente (art. 49 Ley
18.046)
- Sociedad Legal Minera: La representa el socio designado por la junta o si no hubiere junta, el socio con mayores derechos, o en caso de empate aquél cuyo apellido empiece con la letra más cercana a la A. (art. 193 CM)
- Sociedades de Personas: Sin no tiene un administrador designado, basta con notificar a uno cualquiera de los socios.
d) Representación de Personas Ausentes: (art. 11, 285, 844, 845 y 846 CPC, y 367 COT). Hay que distinguir tres situaciones:
1) Si se teme una eventual ausencia del demandado y quiere el demandante
emplazarla para un juicio posterior, puede pedirse como medida prejudicial, que se constituya un apoderado que lo represente y responda por las costas y multas del juicio, bajo apercibimiento de designarse un curador de bienes (art. 285 CPC). 2) Si el ausente ha partido del país sin dejar mandato constituido. Hay que distinguir (art. 844 y ss. CPC):
- Si se conoce su paradero: se le notifica por exhorto.
- No se conoce su paradero: se designa curador de ausentes (art. 473 CC)
3) Si el ausente dejó mandatario con facultades generales, es posible notificarlo válidamente. Si sólo tiene facultades para un negocio en particular, sólo se lo puede emplazar válidamente para ese caso. Finalmente, si no puede contestar nuevas
demandas y no conoce el paradero del mandante, se designa un curador de ausentes. (art. 11 CPC)
5. Cesación de la Representación Legal: Ver art. 9° CPC. Sólo se refiere a la
1.- Concepto. Es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un
determinado plazo haga valer sus derechos.
2.- Elementos. El primero de ellos es la notificación legal de la demanda. El segundo
elemento es el plazo para reaccionar, el cual varía según la clase y características del
a. Notificación válida de la demanda y de la resolución que recaiga en ella:
Normalmente debe hacerse en forma personal, puesto que es lo usual que sea la primera gestión judicial.
b. Transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para hacer valer sus derechos frente a la demanda deducida en su contra: El plazo varía de acuerdo al procedimiento de que se trate.
a. Notificación válida de la resolución que concede el recuso de apelación:
Se notifica por el estado diario.
b. Transcurso del plazo que la ley establece para comparecer ante el tribunal de segunda instancia: Comienza a correr desde el hecho material consistente en el certificado del secretario del tribunal de alzada de haber ingresado los antecedentes correspondientes al recurso de apelación. El
plazo varía de acuerdo a la ubicación relativa de los tribunales de primera y segunda instancia.
Efectos de la notificación válida de la demanda.
a) El proceso pasa a tener existencia legal, creándose un vínculo entre partes y juez.
b) Radica la Competencia: Sólo respecto del demandante, pues el demandado aún puede alegar la incompetencia del tribunal.
c) Precluye el derecho de retirar materialmente la demanda. Sólo puede desistirse de
la demanda, lo que produce cosa juzgada.
d) Las partes deben realizar actuaciones para que el proceso avance. El demandante
debe actuar so pena del abandono del procedimiento, el demandado debe defenderse.
e) El tribunal debe dictar las providencias para dar curso al proceso, so pena de
queja disciplinaria (art. 545 COT)
f) Se genera el estado de litis pendencia (art. 303 CPC)
3.2. Efectos Civiles:
a) Constituye en mora al deudor (art. 1551 N°3 CC)
b) Transforma en litigiosos los derechos para efectos de su cesión (1911 CC)
c) Interrumpe la prescripción (arts. 2503, 2518 y 2523 CC)
d) Transforma la prescripción extintiva de corto tiempo en largo tiempo (art. 2523 CC).
permanecerá paralizado, en virtud del principio dispositivo que rige las gestiones civiles. Tal inactividad, si se prolonga por más de 6 meses, puede dar lugar al abandono del procedimiento, a petición de parte, situación que produce la pérdida de lo obrado mas no la pretensión hecha vale en él. En el proceso por crimen o simple delito de acción penal pública no recibe aplicación el abandono pero en el de acción privada sí, pero es más grave ya que el plazo es de sólo 30 días, puede decretarse de oficio y no sólo se pierde lo obrado, sino que además la pretensión hecha valer en él.
La paralización del procedimiento. Si las partes nada hacen, el procedimiento
B.- La suspensión del procedimiento. En los procesos civiles las partes pueden, de
común acuerdo, suspender el procedimiento por una sola vez en cada instancia, por un plazo máximo de 90 días (Art. 64 inc 2º), sin perjuicio del derecho de hacerlo valer, además, ante la Corte Suprema en caso que, ante ese tribunal, estuvieren pendientes recursos de casación o de queja en contra de sentencia definitiva. El efecto que genera es que los plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al presentarse el escrito, los que continuarán corriendo vencido el plazo de suspensión acordado.
El procedimiento también se suspende, en primera instancia, cuando se concede un recurso de apelación en ambos efectos (art. 191 CPC). En el procedimiento penal, hay suspensión con el sobreseimiento temporal, hasta que se presenten mejores datos de investigación o cede el impedimento legal que haya detenido la prosecución del juicio. Finalmente, también hay suspensión con la muerte de la parte que obra por sí misma (art. 5 CPC).
C.- La extinción del procedimiento. Lo normal es que un proceso termine con la
sentencia definitiva. Sin embargo, hay casos en que termina antes: transacción, avenimiento, conciliación total, desistimiento de la demanda, el abandono del procedimiento y el abandono de la acción penal privada. En los procesos penales de acción pública, mediante el sobreseimiento definitivo (que equivale a sentencia definitiva). En el nuevo proceso penal, además mediante la aplicación del principio de oportunidad y la celebración de un acuerdo reparatorio.
1. Concepto y clasificación. Son los antecedentes que deben concurrir para que el
juicio tenga una existencia jurídica y validez formal. Se dividen en:
De existencia: Para que un juicio tenga existencia jurídica se requiere de un juez
que ejerza jurisdicción, de partes y de un conflicto o litigio. 2) De validez: Para que un juicio que tenga validez jurídica se requiere de un juez competente, capacidad de las partes y formalidades legales. El tribunal está facultado para adoptar diversas medidas de oficio para prevenir o anular un proceso por falta de un presupuesto de validez: arts. 256, 83, 84 i final, 775 CPC. Las partes también pueden alegar la nulidad procesal, interponiendo excepciones dilatorias, un incidente de nulidad procesal, deduciendo casación en la forma, etc.
2. Presupuesto de eficacia de la pretensión. La legitimación procesal es
indispensable para que pueda dictarse una sentencia eficaz. Además de la inexistencia y la
nulidad del proceso, se contempla en la doctrina la sanción de ineficacia de la inoponibilidad del proceso, que se puede definir como la sanción que priva de efectos a un acto contra terceras personas que no han concurrido a su celebración. Será tratada más adelante.
1. Concepto y elementos. Son una especie de acto jurídico cuyos efectos se producen
en el proceso. Como no existe una regulación orgánica y específica de la teoría de los actos
jurídicos procesales (AJP) en el CPC, corresponde aplicar las normas del CC. Se puede definir el AJP como aquellos que tienen importancia jurídica respecto de la relación procesal, esto es, los actos que tienen por consecuencia inmediata la
constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o la definición de una relación procesal. Sus elementos son:
a) Una o más voluntades destinadas a producir efectos en el proceso.
b) Voluntad debe manifestarse, expresa o tácitamente.
c) La intención de producir efectos en el proceso.
2. Características. Los AJP son:
Actos esencialmente solemnes. (Ej: 254, 303, 170 CPC).
Mayoritariamente unilaterales.
Suponen un proceso y, a la vez, lo crean.
Actos autónomos, aunque no en términos absolutos.
3. Clasificaciones. Los AJP admiten las siguientes clasificaciones:
a) Desde el punto de vista de la voluntad: unilaterales y bilaterales.
b) Desde el punto de vista del sujeto que origina el acto: del tribunal, de las partes, de terceros.
c) Desde el punto de vista de las partes:
a. Actos de impulso procesal: se realizan para dar curso al procedimiento.
b. Actos de postulación: Pretenden no sólo dar curso, sino que también formular cuestiones de fondo.
c. Actos probatorios: Realizados para acreditar los hechos.
d. Actos de impugnación: Pretenden atacar resoluciones.
d) Desde el punto de vista de los terceros: actos probatorios (declaración de testigos e informe de peritos), de certificación (actos de receptor o del secretario) y de opinión (informes en derecho).
4. Requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos procesales. Son la
voluntad, la capacidad procesal, el objeto, la causa y las solemnidades. 4.1.- La voluntad y sus vicios. La voluntad es la facultad que nos permite hacer o
no hacer lo que deseamos. Como en todo AJ, debe manifestarse, sea expresa, sea tácitamente (Ej: 394, 197, 55 CPC). Veamos los vicios de la voluntad:
a) Error: Existen muchas manifestaciones del error en el CPC. A modo de ejemplo vemos la posibilidad de revocar una confesión (art. 402 inc. 2 CPC y 483 CPP), el error de derecho como causal de casación en el fondo (art. 767 CPC y 546 CPP). En la CPR se contempla la indemnización por error judicial (art. 19, Nº7, letra i).
b) La fuerza: Cuesta encontrar norma al respecto en los Códigos. Existen alusiones en los art. 483 y 481 CPP y en el 810 CPC, como causal de revisión de la sentencia cuando se obtuvo con violencia.
c) El dolo: Hay un caso en que el dolo no es vicio de la voluntad sino fuente
de responsabilidad, a propósito de las medidas precautorias (280 inc. 2º CPC). Además se encuentra en el recurso de revisión. 4.2.- La capacidad procesal. Desde el punto de vista del tribunal, la capacidad se refiere a su competencia. Con respecto a las partes, toda persona tiene capacidad, salvo las excepciones legales. Las incapacidades más importantes están en materia penal en los art. 16 CPP, 17 CPP y 39 CPP. Además en el art. 10 n° 2 y 3 del CP.
4.3.- El objeto. Al igual que en lo civil debe ser real, determinado o determinable y lícito. En cuanto al objeto ilícito, nos encontramos frente a varios casos, por ejemplo, la prórroga de la competencia en materia penal y en asuntos civiles no contenciosos, las materias de arbitraje prohibido, etc. 4.4.- La causa. “Motivo que induce al acto o contrato”. En los AJP hay siempre una causa. Por ejemplo, en la apelación es el agravio, en el mandato es tener buenos representantes, etc. La causa debe ser lícita. 4.5.- Las solemnidades. Si bien es cierto que lo lógico sería que existiera un impulso antiformalista (pues las formalidades serían un obstáculo para la justicia) lo cierto es que la experiencia nos ha hecho considerar dichas formas como indispensables para la función jurisdiccional. Es así como los AJP son eminentemente formalistas.
5. La ineficacia de los Actos Jurídicos Procesales. El AJP es ineficaz cuando no
genera sus efectos propios y ocurre cuando no se ajusta a todos los requisitos legales. Veamos las sanciones de ineficacia de los AJP que contempla el derecho procesal. 5.1.- La inexistencia. Se produce cuando no se cumplen los requisitos de existencia
de los AJP. Los casos de inexistencia son la falta de jurisdicción (inexistencia de tribunal), la falta de parte y la falta de proceso. 5.2.- La nulidad. Se produce cuando se incumplen requisitos de validez. La nulidad procesal se caracteriza por lo siguiente:
a) Es autónoma en su naturaleza, en sus consecuencia y en su configuración
jurídica, pues se rige por normas especiales, siendo la jurisprudencia la que ha asentado una teoría de la nulidad procesal.
b) No es clasificable, no es ni absoluta ni relativa.
c) Requiere de alguna causal, ya sea genérica (art. 84 y 768 n° 9 CPC) o específica
(768 n°1 a 8 y 79 y 80 CPC).
d) Requiere ser declarada judicialmente.
e) Genera la ineficacia del acto viciado (nulidad propia) y, en casos, la de sus actos
posteriores (nulidad extensiva o derivada), como lo es la falta de emplazamiento.
f) Se sanea de las siguientes maneras.
- Mediante la resolución que la deniega.
- Por la preclusión de la facultad para hacerla valer. Debe promoverse dentro del plazo de 5 días desde que se tuvo conocimiento del vicio.
- Cuando la parte ha originado el vicio o concurrido a su materialización (art. 83 inc. 2).
- Mediante la convalidación expresa o tácita del acto nulo (art. 83 inc. 2).
g) Sólo procede cuando el vicio que la genera causa perjuicio: no hay nulidad sin
perjuicio, principio éste que se recoge en los art. 83, art. 768 inc. penúltimo CPC, a propósito de la casación en la forma, y en el art. 767 como requisito de casación en el fondo.
h) Puede hacerse valer por distintos medios.
- Medios directos: nulidad de oficio (art. 84), casación de oficio (776 y 785),
incidente de nulidad, excepciones dilatorias, recursos de casación y de revisión. - Medios indirectos: sin perseguir directamente la nulidad, pretenden su declaración. Ejemplos: recursos de reposición, de apelación, de queja, etc.
5.3.- La inoponibilidad. Se produce cuando un AJP que tiene existencia y es válido, no produce efectos respecto de terceros. La regla general es que el AJP (y por lo tanto la sentencia) sea oponible sólo a las partes del proceso. 5.4.- La preclusión. En los procesos en que rige el orden consecutivo legal es posible concebir la preclusión (extinción) de la facultad para impetrar la nulidad procesal si no se respeta el orden y las oportunidades establecidas para tal efecto por el legislador. Ejemplos de preclusión: art. 83 inciso 2°, 85 y 86 del CPC)
1. Concepto de expediente y su formación.
Analizaremos el proceso como expediente, como conjunto de escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presentan o verifican en el procedimiento (art. 29). En
la formación del expediente se deben respetar ciertas reglas:
a) Las piezas se agregan en orden de presentación.
b) El secretario debe enumerarlas
c) No se pueden retirar piezas sin decreto del tribunal (art. 29 inciso 2°)
En el nuevo proceso penal, no obstante la oralidad de las actuaciones, debe llevarse registro de ellas (art. 30 NCPP). El registro de las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía (excepto la preparación del juicio oral) sólo debe contener un resumen de la actuación. El juicio oral (y la audiencia de preparación de juicio oral ante juez de garantía)
debe ser registrado en forma íntegra. (art. 40 y 41 NCPP).
2. Los escritos. Se pueden definir como acto solemne que contiene las solicitudes que presentan las
partes al tribunal y que debe reunir los requisitos contenidos en la ley. Requisitos que deben cumplir:
a) Papel a utilizar: Hoy pueden presentarse en papel simple. Antiguamente fue papel sellado y luego papel proceso.
b) Contenido: Debe encabezarse por una suma., un resumen del contenido. Las demandas nuevas debe contener una “presuma”, indicando la materia, el procedimiento y el nombre completo y número de RUT de las partes y de sus apoderados. Luego de la suma, debe designarse el tribunal (S.J.L., Iltma. Corte de Apelaciones, Excma. Corte Suprema, etc.), las partes, N° de rol y luego el desarrollo del escrito. Finalmente el escrito termina con una petición (art. 51)
c) Forma de presentación: Tantas copias como partes haya que notificar (salvo en aquellos escritos que contengan solicitudes de mera tramitación como copias, desarchivos y otros). Si no se entregan copias o si éstas resultan disconformes sustancialmente con la original, no le corre plazo a la parte contraria, debe imponerse una multa y debe apercibírsele para que las acompañe dentro de tercero día so pena de tenerlo por no presentado (art. 31).
d) Lugar de presentación: Al tribunal por intermedio del secretario (art. 30).
e) Formalidad de recepción: Se estampa en cada fojas la fecha y su forma o un sello autorizado por la Corte que designe la oficina y la fecha. Además el secretario está obligado a recepcionar los documentos que se le entreguen (art. 32). En la práctica
el funcionario del mesón del tribunal estampa en cada hoja, un timbre con la fecha y el número del tribunal. Una vez presentado, el Secretario debe proceder a despacharlo al Juez, pudiendo incluso proveerlo el directamente, cuando se trate de diligencias de mero trámite.
3. La consulta del expediente. Por regla general los expedientes son públicos. Una de las
funciones de los secretarios es dar conocimiento a cualquiera persona de los procesos que tengan en sus oficinas, salvo excepciones que se refieren al sumario criminal, procesos de adopción, y otros cuya publicidad se considera perjudicial a los intereses ya sea de las partes o del proceso.
4. La custodia del expediente. El proceso se mantiene en la oficina del secretario bajo su
custodia y responsabilidad (art. 36). En la práctica se contempla la custodia especial de ciertos expedientes para impedir su extravío y de ciertos documentos. Los expedientes sólo pueden ser retirados del tribunal por personas (fundamentalmente los receptores) y en los casos establecidos por la ley (art. 36). En el nuevo proceso penal (donde no hay secretarios,
la custodia corresponde al jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causas (art. 389 G COT).
5. Remisión de Expedientes: Cuando un tribunal solicita a otro la remisión de un
expediente, lo normal es que dicha medida se cumpla remitiendo copias a costa del solicitante. No obstante en casos urgentes, o si no es posible sacar copias o si el expedientes tiene mas de 250 fojas, se remitirá el original (art. 37 inciso final).
6. Extravío y Reconstitución de Expedientes: Si se pierde un expediente, una vez
certificado ello por el secretario del tribunal, debe reconstituirse. Se solicitará que se tenga
por reconstituido en virtud de las copias simples de los escritos que se acompañen, en lo posible que estén timbradas. El tribunal lo tendrá por reconstituido, con citación. Si hay oposición, el tribunal resolverá el incidente. En el nuevo proceso penal, el tema lo resuelve el art. 43 NCPP.
1. Reglamentación. Arts. 48 a 50 CC, 64 a 68 CPC, 44 y 45 CPP y 14 a 18 NCPP.
2. Concepto. Es el espacio de tiempo fijado por la ley, el juez o las partes para el ejercicio
de una facultad o la realización de un acto jurídico procesal dentro del proceso.
3. Cómputo de los plazos. Todos los plazos (sean de días, meses o años) son completos y
correrán hasta la medianoche del último día del plazo. El primero y el último día de un plazo de meses o años deben tener el mismo número en el respectivo mes, o el inmediatamente anterior si no existe tal número en el mes del vencimiento. Si un plazo de meses o años principia en algún día que no existe en el mes del vencimiento por que el primero tiene más días que el segundo, el plazo expira el último día
del referido mes.
Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá
que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que se termina el último día del plazo (arts.
48 y 49 CC). En el nuevo proceso penal se contempla que los plazos de horas comienzan a correr
inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su iniciación, sin interrupción (art.
Clasificaciones de los plazos.
4.1. Según quién los establece: Legales, judiciales o convencionales. Los legales
son la regla general y normalmente son fatales e improrrogables. Por el contrario, los
judiciales son no fatales.
4.2. Según su extensión: De horas, días, meses y años. Los de días son la regla
general. Los establecidos en el CPC se suspenden durante los días feriados (art. 66). Los de horas y años son muy excepcionales (Arts. 308 y 319 CPP; y 233, 442 y 811 CPC).
4.3. Según si extinguen una facultad: Fatales, cuando la posibilidad de ejercer un
derecho o ejecutar un acto al vencimiento del plazo se extingue de pleno derecho; o no
fatales en el caso contrario, esto es, que se requiera una resolución del tribunal que declare extinguida la facultad. Hoy, luego de la modificación de 20.12.1989, todos los plazos del CPC son fatales, salvo los establecidos para actuaciones propias del tribunal (art. 64). Una contra excepción está en el art. 159, las medidas para mejor resolver. En el nuevo proceso penal todos los plazos del Código son fatales (art. 16 NCPP). La importancia de esta clasificación es que para los plazos no fatales, mientras no sea declarada la rebeldía, la parte respectiva no ve extinguida su facultad procesal. Finalmente, existe un plazo en nuestro derecho que no cabe en esta clasificación, y es el plazo para contestar la acusación en materia criminal (art. 448 CPP).
4.4. Según la posibilidad de extender su vigencia: Prorrogables, que pueden
extenderse más allá de su vencimiento (plazos legales); e improrrogables, que sí pueden (plazos judiciales, cumpliendo los requisitos de los arts. 67 y 68 CPC: es decir, solicitándose la prórroga antes del vencimiento y alegando justa causa). En el proceso penal (antiguo y nuevo), la regla general es la improrrogabilidad (art. 45 CPP y 16 NCPP), habiendo excepciones (art. 45 inc 2 CPP y 17 NCPP).
4.5. Según desde cuando empiezan a correr: Individuales: empiezan a correr
separadamente para cada parte el día que la notifican (regla general); o comunes: corren
conjuntamente para todas las partes a partir de la última notificación. Ej: plazo para contestar la demanda (260 CPC), para comparendo en juicio sumario (683 CPC), etc.
4.6. Según si se suspenden en feriados: Continuos, que corren sin interrumpirse
los feriados; y discontinuos, que se suspenden en su cómputo durante los feriados. Los primeros son la regla general en nuestro derecho, pero los segundos son regla general en los plazos de días establecidos en el CPC (art. 66 CPC).
Concepto. Son actos jurídicos procesales, más o menos solemnes, realizados por o a
través del tribunal, por las partes, los terceros o auxiliares de la administración de justicia, de los cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizados por un ministro de fe.
3. Requisitos. Debe concurrir para la validez de una actuación judicial:
a) Deben realizarse ante o por orden del tribunal de la causa. Significa que o las realiza
directamente el tribunal o se llevan a efecto previa orden de éste.
b) Deben realizarse en días y horas hábiles (art. 59 CPC). Son días hábiles todos los no
feriados; son horas hábiles entre las 08:00 y las 20:00 horas. No obstante pueden habilitarse
horas o días inhábiles, siempre y cuando exista causa urgente (art. 60 CPC). En materia penal no existen días ni horas inhábiles (art. 44 CPP), con la sola excepción del allanamiento, que sólo puede verificarse entre las 07:00 y las 21:00 horas.
c) Debe dejarse constancia escrita en el expediente: Indicándose lugar y fecha de su
realización, las formalidades con las que se procedió y las demás indicaciones que establezca la ley o el tribunal. Luego debe firmarse el acta por todos quienes intervinieron
en ella (art. 61 CPC). d) Deben practicarse por funcionario competente: La regla general es que las actuaciones judiciales las practique el tribunal que conoce de la causa (art. 70 CPC). Por
excepción las ejecutan otros funcionarios, tales como secretarios u otros ministros de fe, o inclusive otros tribunales en caso de exhorto (art. 71).
e) Deben ser autorizadas por un ministro de fe o funcionario competente (art. 61 CPC).
Normalmente serán el secretario del tribunal o un receptor, según la naturaleza de la
4. Requisitos Especiales. Además de los requisitos generales de validez enunciados,
determinadas actuaciones requieren cumplir con otros requisitos específicos:
a) Juramento: Algunas actuaciones requieren, para su realización, que se preste juramento,
sea acerca de decir la verdad o desempeñar un cargo con fidelidad. La fórmula está consagrada legalmente en el art. 62 CPC, y corresponde tomarlo para pruebas de testigos (363 CPC), absolución de posiciones (390 CPC), designación de árbitros o peritos (417
b) Intervención de Intérprete: Se utiliza cuando es necesario traducir ya sea declaraciones
orales de las partes o de testigos, o bien, documentos en otro idioma. Las normas que lo regulan son el art. 63 CPC y el art. 1° letra d) del Decreto #738 del Ministerio de RR.EE. de fecha 19.01.1967.
5. Formas de ordenar una actuación judicial. Existen cuatro formas o actitudes del
tribunal frente a la solicitud de las partes en orden a practicar una u otra actuación. Su
importancia radica en: 1) Determinar la tramitación que se ha de dar a la solicitud; y, 2) Precisar el instante a partir del cual puede practicarse la actuación solicitada;
a) Con Audiencia: Frente a la solicitud de parte, el tribunal, previo a decretar o rechazar la
actuación, debe dar un plazo de 3 días a la contraparte del solicitante para que se pronuncie (“traslado”). En consecuencia, podrá decretarse la actuación, sólo cuando se evacue el
traslado o expire el plazo de 3 días sin que exista oposición. En la práctica, ordenar la realización de una actuación con audiencia, importa que la solicitud se transforma inmediatamente en una demanda incidental, y por lo tanto se sujetará a las normas
contenidas en los arts. 82 y sig. CPC. Como la resolución que resuelve un incidente es susceptible de ser apelada, pero sólo en el efecto devolutivo, la actuación podrá practicarse desde que se notifique válidamente la resolución que la ordena.
b) Con Citación: (art. 69 inc.1° CPC) A diferencia del caso anterior, el tribunal se
pronuncia directamente a favor del solicitante, pero la actuación no puede llevarse a efecto sino una vez transcurridos de tres días desde la notificación de dicha resolución, plazo en el cual la contraparte podrá oponerse, suspendiéndose la diligencia hasta que se resuelva el incidente (“como se pide, con citación”). En este caso, es la oposición la que da origen al
incidente, por lo que del escrito en que se contienen debe darse traslado a la contraria. c) Con conocimiento: La solicitud se provee directamente accediendo a ella (“como se pide” o “como se pide, con conocimiento”), y la medida puede llevarse a cabo una vez notificada dicha resolución (art. 69 inc.2° CPC)
d) De Plano: Implica que el tribunal decreta la actuación de inmediato, sin mayores
formalidades ni espera de términos o notificaciones. Esto es excepcional, puesto que se contrapone a la norma expresa contenida en el art. 38 CPC, por lo que la facultad para el tribunal debe estar expresamente consagrada.
A) Reglamentación. Se rigen por las normas contenidas entre los arts. 38 y siguientes del
CPC. Además por las normas de los arts. 24 a 33 del NCPP. Estas normas son de orden público e irrenunciables, salvo en los juicios arbitrales, donde las partes pueden acordar libremente otras formas de notificación (art. 629 CPC); y en el nuevo proceso penal, en el cual se pueden proponer otras reglas (art. 31 NPCC). Por ejemplo, en la práctica está sucediendo que se notifique vía e-mail.
B) Concepto. Es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las
partes una resolución judicial (Fernando Alessandri).
a) Permiten materializar el principio de la bilateralidad de la audiencia.
b) Permiten que las resoluciones produzcan efectos (Art. 38 CPC), aunque esta regla
general admite excepciones:
- Las medidas precautorias, que pueden decretarse sin previa notificación (art. 302 CPC).
- Resolución que declara desierta la apelación y aquellas que se dicten en segunda instancia respecto del apelado rebelde (arts 201 y 202 CPC)
- La resolución que ordena o deniega el despacho del mandamiento de ejecución y embargo (art. 441 CPC)
- La resolución que ordena la suspensión de obra nueva (art. 566 CPC)
c) La notificación de una sentencia definitiva o interlocutoria produce el desasimiento del tribunal, en virtud del cual el tribunal que la dictó se ve impedido de alterarla o modificarla con posterioridad (art. 182 CPC)
Las notificaciones son actos jurídicos procesales de carácter unilateral, es decir que no requieren del consentimiento del notificado para ser válidas (art. 39 CPC). Tampoco se requiere declaración alguna del notificado, salvo: 1) Que la resolución así lo ordene; o, 2) Cuando la resolución, por su naturaleza, requiere tal declaración.
a) Según su forma: Personal, Personal Subsidiaria, Por cédula, Por avisos, Por el Estado
Diario, Tácita, Ficta y Especiales. b) Según su objetivo o finalidad inmediata:
i. Notificación Citación: Es el llamamiento a una parte o a un tercero para que comparezca al tribunal bajo apercibimiento de incurrir en sanciones.
ii. Notificación Emplazamiento: Es el llamado a las partes para que, dentro de un determinado plazo, hagan valer sus derechos.
iii. Notificación Requerimiento: Apercibimiento a una de las partes para que ejecute
una prestación determinada.
iv. Notificación Propiamente Tal: Es la puesta en conocimiento de las partes o de
terceros una determinada resolución judicial, con el fin de que produzca sus efectos legales. Es la regla general.
II.- NOTIFICACIÓN PERSONAL PROPIAMENTE TAL.
1. Concepto: Consiste en entregar a quien se debe notificar, en forma personal, copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando ésta fuere escrita (art. 40 CPC). En el nuevo proceso penal (art. 25 NCPP) además, puede contener otros antecedentes.
2. Requisitos de validez.
2.1.- Requisitos Comunes a toda Actuación Judicial:
1) Efectuarse en días hábiles: Actualmente, son hábiles para notificar personalmente todos los días, si se efectúa en lugares de libre acceso al público, en la morada o donde pernocta o donde ejerce ordinariamente su industria, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al cual se permita el acceso del ministro de fe. Si se notifica en día inhábil, el plazo comenzará a correr desde las cero horas del día hábil siguiente (art. 41). 2) Efectuarse en horas hábiles: Acá hay que distinguir según el lugar en que se notifica:
- Lugares y recintos de libre acceso público: A cualquier hora, procurando causar la menor molestia al notificado. En el juicio ejecutivo no puede requerirse de pago en público (art. 443 CPC)
- Morada, donde pernocta, donde trabaja o cualquier otro recinto privado al cual se permita acceso al ministro de fe: Sólo entre las 06:00 y las 22:00 horas, sin perjuicio de que el tribunal pueda habilitar otras horas.
- Oficio del secretario, despacho del tribunal u oficina del ministro de fe: Sólo entre las 08:00 y las 20:00 horas. 3) Debe dejarse constancia escrita en el expediente: (art. 43 y 61 CPC) 4) Autorizada y firmada por un ministro de fe.
2.2.- Requisitos Propios de la notificación personal:
i. Debe efectuarse en lugar hábil: Son hábiles para estos efectos (art. 41 CPC)
- Lugares y recintos de libre acceso público.
- Las morada del notificado (donde vive) o el lugar donde pernocta.
- El lugar donde ordinariamente ejerce su industria, profesión u empleo.
- Cualquier otro recinto privado en que se encuentre el notificado y al cual se permita el acceso del ministro de fe.
- El oficio del secretario, la casa que sirve de despacho del tribunal y la oficina o despacho del ministro de fe.
- Cualquier otro lugar habilitado si el notificado no tiene habitación conocida (art. 42 CPC)
ii. Efectuada por funcionario competente: Son competentes para notificar el secretario del tribunal (art. 380 COT), pero sólo para notificaciones personales al interior de su oficio, el receptor (art. 390 COT), en cualquier lugar salvo en el oficio del secretario, y excepcionalmente un notario u oficial del registro civil en aquellos lugares en que no hay receptores.
iii. En la forma que establece la ley: Debe entregarse personalmente copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que recae si es escrita.
3. Resoluciones que deben notificarse personalmente: Puede utilizarse en cualquier caso,
por ser la más completa que establece la ley. No obstante ello, existen casos en que es obligación utilizarla:
a) En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o a quienes afecten los
resultados del juicio. Sólo respecto del sujeto pasivo. No necesariamente es la demanda,
pues en determinados casos el procedimiento puede iniciarse de otra forma (art. 40 inc.2° CPC).
b) Cuando la ley lo ordena para la validez de un acto, como por ejemplo:
i. Cesión de créditos nominativos (1902 CC). ii. Notificación de títulos ejecutivos a herederos (1377 CC), etc.
c) La resolución que dé lugar al cumplimiento de una sentencia en contra de un tercero en
el procedimiento incidental.
d) Determinadas resoluciones en que existe opción para notificar personalmente o por
cédula (ejs: sentencias definitivas de primera instancia, primera resolución luego de 6 meses de inactividad, la que ordene la comparecencia personal de las partes, etc.)
e) Cuando el tribunal lo ordene expresamente (art. 47)
III.- NOTIFICACIÓN PERSONAL SUBSIDIARIA.
1. Concepto. Se aplica cuando al intentar la notificación personal propiamente tal, el notificado no es habido. Siempre se efectúa fuera del recinto del tribunal y sólo puede practicarla el receptor o eventualmente un Notario o ORC si no hay receptor.
2. Etapas que contempla.
a) Búsquedas: Debe haberse buscado al notificado en dos días distintos, en su habitación o
b) Certificación de búsquedas: El receptor debe estampar en el expediente un certificado
de búsquedas, que indique que la persona se encuentra en el lugar del juicio y que sabe cuál es su morada o lugar de trabajo.
c) Solicitud de notificación: Devuelto el expediente, el interesado debe solicitar que se
ordene la notificación
d) Resolución que la ordena: Si se encuentran debidamente acreditados los supuestos
legales, el tribunal ordena esta forma de notificación.
e) Notificación: Se cumple entregando las copias a que se refiere el art. 40 CPC, a
cualquier persona adulta que se encuentre en la morada o lugar de trabajo del notificado. Si es un edificio se le puede entregar al portero o encargado. Si no hay nadie o ningún adulto,
se cumple la diligencia fijando un aviso en la puerta que dé noticia de la demanda u otra solicitud, con indicación de las partes, materia, Juez y resoluciones que se notifican. En este caso, en la práctica, se tiran los documentos por debajo de la puerta.
f) Aviso: El receptor debe enviar carta certificada al notificado dentro de los 2 días
siguientes a la notificación. Si se omite este aviso, no se invalida la notificación, pero el receptor será responsable tanto civil como disciplinariamente (art. 46 CPC) Esto implica
que el legislador privilegia la seguridad jurídica por sobre la bilateralidad de la audiencia.
g) Acta y Devolución de Expediente: Practicada la diligencia, el receptor debe levantar un
acta con las menciones del art. 45 y devolver el expediente dentro de 2 días hábiles.
IV.- NOTIFICACIÓN POR CÉDULA.
1. Concepto. Consiste en la entrega que hace el ministro de fe en el domicilio del notificado, de copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia.
2. Requisitos. Sus requisitos son los siguientes:
a) Comunes a toda actuación judicial: en día y hora hábil, por funcionario competente,
dejándose constancia en el expediente y autorizada por el ministro de fe.
b) Propios de la notificación por cédula:
i. Debe efectuarse en lugar hábil: Sólo el domicilio del notificado, que es aquel que éste ha declarado en su primera presentación en el expediente. Si dicho domicilio no se designó o se encuentra fuera de los límites urbanos del lugar en que funciona el tribunal, las resoluciones que deban notificarse de esta forma, lo serán tan sólo por el Estado Diario (art. 53 CPC). Esta sanción no sería aplica al litigante rebelde, pues este no ha podido cumplir con la exigencia de designar domicilio. Ojo: Si se designó mandatario judicial, se debe notificar a éste. ii. Practicarse por funcionario competente: Sólo el receptor. iii. En la forma que establece la ley: Entregar en el domicilio del notificado, copia íntegra de la resolución y de los datos para su acertada inteligencia (partes, N° de rol, tribunal y materia).
3. Resoluciones que deben notificarse por cédula:
1) Sentencias definitivas de primera o única instancia (art. 48). 2) Resoluciones que ordenan la comparecencia personal de las partes (art. 48). 3) Resolución que recibe la causa a prueba (art 48). (En incidentes: por el estado) 4) La primera resolución luego de 6 meses sin haberse dictado ninguna (art. 52).
5) Las notificaciones que se practiquen a terceros (art. 56) 6) Cuando el tribunal lo ordene expresamente o en los casos que la ley lo establezca.
V.- NOTIFICACIÓN POR EL ESTADO DIARIO.
1. Concepto. Es aquella consistente en la inclusión de la noticia de haberse dictado una
resolución en un determinado proceso, dentro de un Estado que debe contener las menciones que establece la ley, el que debe formarse y fijarse diariamente en la secretaría del tribunal. Es la regla general en materia de notificaciones y es una completa ficción legal, puesto que se entiende practicada la notificación por incluirse en una lista la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso.
2. Resoluciones que deben notificarse por el estado. Sin perjuicio de ser ésta la regla
general en materia de notificaciones, hay casos en que se establece expresamente esta notificación, por ejemplo, la notificación que recae sobre la primera presentación respecto del actor o la resolución que recibe la causa a prueba en los incidentes. (art. 40 y 323,
3. Sujeto que debe practicarla. Corresponde practicarla al Secretario del tribunal y,
excepcionalmente al oficial primero.
4. Forma del estado. El estado debe cumplir con todos los requisitos indicados en el art. 50
CPC: Se confecciona diariamente, se encabeza con la fecha del día en que se forma, se deben mencionar las causa ordenadas por N° de rol, expresado en cifras y letras, junto al rol se deben indicar los nombres de las partes. Luego, se indica la cantidad de resoluciones dictadas en cada una de ellas y finalmente, debe llevar el sello o firma del secretario.
5. Tiempo y forma de mantenerse. Se debe mantener por a lo menos 3 días en un lugar
accesible al público, cubiertos de vidrio u otra forma que impida alterarlos. Se encuadernan por orden de fecha y se archivan mensualmente.
VI.- NOTIFICACIÓN POR AVISOS.
1. Concepto. Es aquella notificación substitutiva de la personal o de la por cédula, que se
utiliza respecto de personas cuya individualidad o residencia es difícil de determinar o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia.
2. Requisitos de procedencia: (art. 54 CPC)
i. Que la resolución deba notificarse personalmente o por cédula.
ii. Que a quien deba notificarse se encuentre en Chile (requisito jurisprudencial)
iii. Que se den alguna de las circunstancias que habilitan para solicitar al tribunal esta forma de notificación:
- Personas cuya individualidad o residencia es difícil de determinar.
- Personas que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia.
iv. Que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa y con audiencia del ministerio público. El “ conocimiento de causa” normalmente se logra luego de remitir oficios a diversas entidades solicitando información que
permita facilitar la gestión, tales como Registro Civil, Policía Internacional, Correos de Chile, etc.
3. Forma de Realizarse: Se concreta a través de a lo menos 3 publicaciones en un diario
del lugar en que se sigue el juicio, de un extracto preparado por el secretario del tribunal, del mismo contenido que corresponde a la notificación personal o por cédula. Si se trata de la primera notificación, es necesario publicar además en el Diario Oficial del día 1° o 15 del mes. La notificación se entiende perfeccionada con la última publicación que se efectúe, y a partir de esa fecha comienzan a correr los plazos.
VII. NOTIFICACIÓN TÁCITA.
1. Concepto. Se verifica en caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en caso de
no existir ninguna notificación respecto de una determinada resolución judicial, cuando la persona a quien debiera haberse notificado, efectúa en el proceso cualquier gestión, distinta de alegar la nulidad de la notificación, que supone que ha tomado conocimiento de ella. Se fundamenta en los principios de economía procesal y de la protección, y puede suplir a cualquier clase de notificación.
a) La existencia de una resolución que no se haya notificado o que se haya notificado
b) La parte a quien afecta esa falta o esa nulidad haya realizado en el juicio cualquier
gestión que suponga el conocimiento de la resolución y que no haya reclamado la nulidad o falta de notificación en forma previa
VIII. NOTIFICACIÓN FICTA O PRESUNTA LEGAL. Cuando se ha efectuado una notificación nula, y el afectado comparece en el procedimiento a alegar tal nulidad, la ley establece que una vez fallado el incidente y declarada la nulidad, la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declara la nulidad de la notificación. En caso que la nulidad sea declarada por un tribunal de segunda instancia, conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto en contra la resolución del tribunal de primera instancia que rechazó el incidente, la notificación se entenderá
practicada desde que se notifique el “cúmplase” de la resolución del tribunal de alzada que dio lugar a la notificación. Esta notificación opera por el sólo ministerio de la ley y se fundamenta en el principio de economía procesal, toda vez que antes de la introducción de esta norma (art. 55 inc.2°) si se anulaba una notificación, debía efectuarse nuevamente toda la diligencia. En materia penal también existe esta clase de notificación, pero presenta dos diferencias respecto de las características antes analizadas:
a) La notificación se entiende practicada sólo tres días después de notificada por el
estado la resolución que declara la nulidad.
b) No opera respecto del procesado privado de libertad ni respecto del Ministerio
Público, los cuales deberán nuevamente ser notificados personalmente.
IX. NOTIFICACIONES ESPECIALES.
a) Muerte Presunta: Previo a la declaración judicial de la muerte presunta, se deben
practicar 3 publicaciones cada dos meses en el Diario Oficial.
b) Cambio de Nombre: Debe publicarse un extracto en el Diario Oficial del día 1° o 15
c) Carta Certificada: Es propia de los Juzgados de Letras de Menores, y de los Juzgados
de Policía Local. Es un aviso que se envía por correo y que puede contener ya sea el aviso de que se ha dictado una resolución (carta certificada simple o aviso, que equivalente al estado diario) o puede contener además copia íntegra de la resolución (carta certificada transcrita, que equivale a la notificación por cédula). Tiene además la particularidad de que la notificación se perfecciona sólo transcurridos cierto número de días desde que es despachada, número que varía según el tribunal de que se trate.
d) Cédula de Espera: Es una citación al ejecutado a la oficina del receptor para que
concurra a ella a que se le practique el requerimiento de pago (art. 443 N°1 CPC)
e) Procedimiento Arbitral: Las notificaciones serán personales, por cédula o de la manera
que de común acuerdo establezcan las partes (art. 629 CPC)
X. NUEVO PROCESO PENAL. El NCPP contempla que las partes pueden proponer por sí otras formas de notificación, que el tribunal podrá aceptar si, en su opinión, resultaren suficientemente eficaces y no causaren indefensión (art. 31 NCPP).
1. Concepto: Es el acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción, y
mediante el cual dan curso al procedimiento, resuelven los incidentes que se promueven durante el curso de él o deciden la causa o asunto sometido a su conocimiento.
a) Según la nacionalidad del tribunal que las dicta: Nacionales y extranjeras.
b) Según la naturaleza del negocio en que se dictan: Contenciosas y no contenciosas.
c) Según la naturaleza del asunto en que se dictan: Civiles y penales.
d) Según la instancia en que son pronunciadas: De primera, segunda o única instancia.
e) Según su relación con la cosa juzgada:
i. Firmes o ejecutoriadas: Aquellas que producen plenamente el efecto de cosa
juzgada, conforme a lo indicado en el art. 174 CPC:
a) Si no procede recurso alguno, desde que se notifica a las partes. b) Si proceden recursos y éstos se han deducido oportunamente, desde que se notifique el “cúmplase” una vez que los recursos deducidos se hubieren fallado.
c) Si proceden recursos y estos no se interponen, desde el certificado del secretario del tribunal, en el cual se acredite que transcurrieron todos los plazos para interponer recursos sin que ellos se hayan hecho valer.
ii. Que causan ejecutoria: Son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir
recursos pendientes deducidos en su contra (art. 231 CPC). Producen este efecto las sentencias de primera instancia, apeladas en el sólo efecto devolutivo, y las de segunda instancia, estando pendiente un recurso de casación en su contra. En el nuevo proceso penal, la regla general es que las sentencias causen ejecutoria
dado que la interposición de un recurso no suspende la ejecución de la decisión, salvo que se impugnare una sentencia condenatoria o que la ley dispusiere expresamente lo contrario (art. 355 NCPP).
iii. Sentencia de término: Si bien no cabe en esta clasificación, el art. 98 CPC las
define expresamente como aquellas que ponen fin a la última instancia del juicio. Es decir, son las sentencias definitivas de única instancia y de segunda instancia.
f) Según su contenido:
i. De condena: Imponen el cumplimiento de una prestación, sea de dar, hacer o no
ii. Constitutivas: Crean, modifican o extinguen una situación jurídica.
iii. Declarativas: Deciden sobre la existencia o inexistencia de una situación jurídica.
iv. Cautelares: Declaran, por vía sumaria, una medida de seguridad.
g) Según su naturaleza jurídica: (art. 158 CPC)
i. Definitivas: Son aquellas que ponen fin a la instancia, resolviendo la cuestión o
asunto que ha sido objeto del juicio. Son requisitos copulativos (la sentencia de casación no
cumple el primero, y la que declara el abandono no cumple el segundo por lo que no pertenecen a esta clase).
ii. Interlocutorias: Son aquellas que fallan un incidente del juicio, estableciendo
derechos permanentes en favor de las partes (de primer grado) o bien, aquellas que resuelven sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una
sentencia definitiva o interlocutoria (segundo grado). También se clasifican entre aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación (ej: abandono del procedimiento) y aquellas que no producen este efecto.
iii. Autos: Resuelve un incidente del juicio sin ninguno de los efectos propios de una
sentencia interlocutoria, es decir, sin establecer derechos permanentes a favor de las partes.
iv. Decretos, providencias o proveídos: No resuelven nada, sino que tan sólo tienen
por objeto dar curso progresivo a los autos.
La importancia de este criterio de clasificación, que por lo demás es el único establecido expresamente en la ley, deriva de los siguientes elementos:
a) Varía la forma de notificación (art. 48 y 50 CPC)
b) En los tribunales colegiados varía el número de miembros (art. 168 CPC)
c) Tienen distintas formalidades y requisitos (arts. 169 a 171 CPC)
d) Sólo definitivas e interlocutorias producen cosa juzgada (art. 175 CPC)
e) Varían los medios de impugnación.
Sobreseimiento Definitivo en materia penal, la sentencia que falla un Recurso de Casación, la que acoge provisionalmente la demanda en el Juicio Sumario, etc.
3. Forma de las Resoluciones Judiciales:
3.1 Requisitos comunes a toda resolución (arts. 61 y 169 CPC):
a) Requisitos comunes a toda actuación judicial.
b) Fecha y lugar en que se expide expresado en letras.
c) Firma del juez o jueces que la dicten.
d) Autorización del Secretario.
e) Si se trata de la primera resolución judicial, debe indicar el número de rol (art. 51 CPC) y la cuantía.
3.2 Requisitos de cada clase de resolución:
a) Decretos: No tiene mayores formalidades, por lo que basta que cumplan con los requisitos comunes, y que indiquen el trámite que el tribunal ordena.
b) Autos y sentencias interlocutorias: Requisitos comunes.
i. Deben pronunciarse sobre condena en costas (autos e interlocutorias de 1er grado)
ii. Deben resolver el asunto sometido a su decisión.
iii. Pueden eventualmente, en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, contener fundamentos de hecho y de derecho pero no es indispensable (art. 171 CPC)
c) Sentencias definitivas de primera o única instancia: Se contienen en el art. 170 CPC y en el Auto Acordado sobre la forma de las sentencias:
a) Parte Expositiva: Tiene por objeto dejar de manifiesto si el tribunal comprendió
realmente la naturaleza del problema sometido a su conocimiento y decisión. Contiene:
- Identificación de las partes (nombre, domicilio y profesión u oficio)
- Enumeración de todas las acciones y excepciones opuestas.
- Indicar si se recibió la causa a prueba y si se citó a oír sentencia.
b) Parte Considerativa: Su objeto es manifestar los fundamentos de la sentencia,
con el objeto de evitar arbitrariedades.
- Considerandos de hecho y de derecho en que se funda el fallo.
- Identificación de todos los hechos que han sido fehacientemente acreditados, a juicios del tribunal. - Enunciación de las leyes y principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. c) Parte Resolutiva: Debe contener la decisión del asunto controvertido,
pronunciándose sobre todas y cada una de las acciones y excepciones, indicando si se aceptan o rechazan, salvo dos excepciones:
- Acciones o excepciones incompatibles con otras ya aceptadas.
- Casos en que el Juez debe proceder de oficio.
No puede extenderse a puntos no sometidos expresamente a la decisión del tribunal, bajo sanción de ser casada por “ultrapetita”. Eventualmente, las sentencias definitivas contienen una especie de injerto de sentencia interlocutoria de segundo grado, toda vez que deben pronunciarse sobre las costas y sobre la legalidad y comprobación de las tachas de testigos, cuando éstas han sido dejadas para definitiva.
d) Sentencias confirmatorias de segunda instancia:
i. Si la de primera instancia cumple con todos los requisitos: basta con cumplir con los requisitos comunes a toda resolución, más la indicación “se confirma”. ii. Si la de primera instancia no cumple con todos los requisitos: El art. 170 inc. 2° CPC establece que deberá cumplir con todos los requisitos de una sentencia definitiva de primera instancia. En la práctica, basta con subsanar el defecto. El único defecto no subsanable es la falta de pronunciamiento respecto de una excepción opuesta en tiempo y forma. En este caso, el tribunal de alzada deberá o casarla de oficio, u ordenar al tribunal a quo que complete la sentencia, suspendiendo entre tanto el fallo del recurso (art. 776 CPC) Excepcionalmente no rige esta norma, cuando las excepciones no han sido falladas por ser incompatibles con otras aceptadas, o cuando se trate de una sentencia dictada en juicio sumario, casos en los cuales el tribunal ad quem puede fallarlas.
e) Sentencias modificatorias de segunda instancia:
Siempre deberá indicarse la opinión del o los ministros disidentes (tribunal
colegiado), y el nombre del ministro que redactó el fallo. Además es preciso hacer nuevamente la misma distinción:
i. Si la de primera instancia cumple con todos los requisitos: Se cambian las partes considerativa y resolutiva en lo pertinente.
ii. Si la de primera instancia no cumple con todos los requisitos: Deberán además subsanarse los defectos de la de primera instancia.
4. Sanción a la falta de un requisito de forma: Se distingue de acuerdo a la resolución:
i. Autos o decretos: Recurso de reposición (excepcionalmente apelación). ii. Sentencias interlocutorias: Recurso de apelación (excepcionalmente reposición).
iii. Sentencias definitivas: Recursos de apelación y Casación en la forma de
conformidad a la causal del art. 768 N°5 CPC.
5. El desasimiento del tribunal (art. 182 CPC): Es aquel efecto que producen las sentencias definitivas e interlocutorias, en virtud del cual una vez que han sido notificadas a alguna de las partes, no podrán ser modificadas o alteradas de ninguna manera por el tribunal que las pronunció. La excepción se encuentra en el propio art. 182 CPC y es el denominado Recurso de Aclaración, Rectificación o Enmienda.
6. Impugnación de las Resoluciones Judiciales: Por regla general, la impugnación de las
resoluciones judiciales se verifica a través de la interposición de recursos, que son aquellos
determinada resolución judicial. La impugnación puede perseguir diferentes objetivos:
a) Enmienda: Modificación total o parcial de la resolución.
i. Recurso de Reposición: Contra autos y decretos y excepcionalmente contra sentencias interlocutorias.
e interlocutorias de
primera instancia y excepcionalmente contra autos y decretos que ordenen trámites no establecidos en la ley o que alteren la substanciación regular del juicio (en subsidio del recurso de reposición)
ii. Recurso de Apelación:
b) Nulidad:
i. Recurso de Casación en la Forma: (art. 766 CPC)
ii. Recurso de Casación en el Fondo: (art. 767 CPC)
iii. Recurso de Revisión: (art. 810 CPC)
Otros Según la Naturaleza del Recurso:
i. Recurso de Amparo: Garantía constitucional de la libertad personal y seguridad individual.
ii. Recurso de Protección: Resguardo de los derechos y garantías constitucionales afectados por actos u omisiones, arbitrarios o ilegales que priven perturben o amenacen el libre ejercicio de tales derechos.
iii. Recurso de Inaplicabilidad: Velar por el principio de supremacía constitucional.
iv. Recurso de Queja: Reparar faltas o abusos graves cometidos en la dictación de una resolución judicial.
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 Artículo 2466

Artículo 2468

Artículo 1845

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