Source: http://www.libertadidioma.com/20170914.htm
Timestamp: 2018-07-17 19:33:40+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 14 Septiembre 2017
EDITORIAL Libertad Digital 14 Septiembre 2017
De la mayoría silente y el Estado ausente
Carlos Perreau de Pinninck okdiario 14 Septiembre 2017
De un lado, el equipo de los “Unionistas” —el calificativo me horripila, pero acepto pulpo como animal de compañía a los efectos de este artículo—. Del otro lado, el de los “Secesionistas” —este calificativo, en cambio, les cuadra como anillo al dedo a los interfectos—. Los primeros, armados del sentido común, la razón, la legalidad y toda la maquinaria del Estado. Los segundos, esgrimiendo algo tan pobre como mentiras, demagogia, desplantes, amenazas e incumplimientos. Detrás del equipo “unionista”, millones y millones de seguidores catalanes y del resto de España. Detrás del equipo “secesionista”, tan sólo una panda —además, cada vez más menguante— de hooligans chillones, lenguaraces, faltones, fanáticos y aprovechados. Eso sí, capaces de engatusar a no pocos cándidos.
Pues bien, a pesar de la desproporción abismal de medios, razones y valores, el partido lo iba ganando el equipo “secesionista”. No porque fueran más ni mejores o desplegaran mejor juego, no. Simplemente iban ganando el partido por incomparecencia del rival; porque la mayoría silente se daba la mano con un Estado ausente. Los unos callados y los otros pasmados. Ambos pensando, todavía cómodamente sentados en los confortables bancos del vestuario, que este partido era nuestro simplemente porque jugábamos mejor, pero olvidando que, aún cuando eso fuera cierto —que lo es—, hay que salir al campo a demostrarlo, estando dispuestos a encajar goles y hasta patadas, pero también comprometidos con la defensa del espíritu y los valores de nuestro club.
El primer tiempo del partido ha durado demasiado: cinco años. Cinco años de mucho silencio y poca actividad, de exceso de prudencia y falta de decisión. Cinco largos años en los que los “secesionistas” crecidos han campado por sus respetos en el terreno de juego, convencidos de que la carencia de réplica equivalía a tener razón, saboreando ya las mieles de un triunfo inmerecido pero que sentían como inmediato, sin darse cuenta de que no habían vencido sino que simplemente iban ganando, provisionalmente, por ausencia del rival. Error de cálculo —inicial— de unos; error de cálculo —final— de los otros. Cuando por fin el Estado se da cuenta de que el exceso de prudencia puede ser sinónimo de irresponsabilidad y la sociedad se percata de que su espeso silencio puede ser interpretado como complicidad, entonces llega la hora de ajustarse las medias y los machos, bailar una haka maorí y salir al campo a jugar el partido. A defender los valores y el bienestar que tanto le ha costado alcanzar a esta sociedad; a atajar las arbitrariedades, desmanes y pasadas de frenada de la tropa secesionista.
En ese momento, los secesionistas comienzan a protestar porque no se les permite seguir jugando el partido en solitario. Y comienzan a quejarse amargamente de que se atajen y persigan sus manifiestas conductas ilegales con el imperio de la ley —¡Menuda osadía aplicarnos el Estado de Derecho. Habrase visto!—. Y comienzan a ponerse nerviosos cuando se demuestre la falacia de sus innumerables mentiras y tergiversaciones. Por ejemplo el celebérrimo “España no roba”. Ni existe el derecho a decidir caído del cielo, ni Cataluña ha existido en la vida ni en la Historia como nación. Y, por debajo de esa apariencia de revolucionarios bondadosos y sonrientes, aparecen sus auténticas personalidades de un fanatismo miope, una intolerancia cerril, un desvergonzado afán hegemónico y un autoritarismo feroz. Por aparecer su verdadera personalidad, hasta llegan a mostrar su lado más cobarde. No lo olvidemos: cuando la mayoría deja de ser silente y el Estado deja de estar ausente, comprendemos que no basta con saberse más y mejores y de verdad salimos todos al terreno de juego —como parece que comienza a ser— dispuestos a recibir, pero también a dar. Es cuando el rival se va empequeñeciendo en su miseria moral y entones sí, podemos empezar a entonar al unísono, bien alto y bien orgullosos que “este partido, lo vamos a ganar”.
Óscar Elía Mañú gaceta.es 14 Septiembre 2017
Más allá del régimen comunista está la cuestión de los peligros inherentes a la democracia liberal o parlamentaria: el peor de los cuales es convertirlo en un fin en sí mismo en vez de un medio para lograr una vida plena, humana y feliz. Así se entienden mejor las palabras de Wojtyla: “No tengáis miedo de dar la bienvenida a Cristo y aceptar su poder. Abrid las fronteras de los Estados, los sistemas económicos y políticos a su poder salvador “.
Golpe de Estado y reforma de la Constitución
Agapito Maestre Libertad Digital 14 Septiembre 2017
Todo era previsible. Pero ahora aguantar es todo. La secesión de un territorio de una nación es el crimen más horrendo que puede llevarse a cabo en tiempos de paz. Por eso, quiero creer que el Estado de Derecho será implacable con los criminales. La voladura sin control del Estado de las Autonomías llevada a cabo por los secesionistas catalanes nos sitúa en el precipicio de la desaparición de España. Llegados a este punto, es menester repetir: o apoyamos a Rajoy o hacemos literatura política. Nada tengo en contra de la segunda opción, pero ahora se trata en primer lugar de parar el golpe de Estado y la destrucción del sistema democrático. Apoyemos a Rajoy sin condiciones. Luego, ya hablaremos.
Son muchísimos los mecanismos jurídicos que tiene el Estado para detener el proceso de destrucción de la unidad de España. Es innecesario recordar todas las vías que tiene el Ejecutivo tanto en el ámbito constitucional como en el administrativo y el penal para proteger a los españoles del golpe de Estado de los secesionistas. El Gobierno conoce mejor que cualquier particular todos esos mecanismos y estoy convencido de que los utilizará. Ahora no le queda otra alternativa. Yo pongo toda mi confianza en el Gobierno y, por supuesto, aplaudiré la aplicación de su principal arma: el monopolio legítimo de la fuerza. El Gobierno tiene la posesión de la coacción legítima y de la fuerza para hacer cumplir las leyes y las decisiones de los tribunales.
Mientras se restablece por parte del Gobierno de España el orden legal y democrático en Cataluña, nadie olvide que todas las instituciones democráticas en Cataluña están en vilo, o peor, suspendidas, es obligación ciudadana confiar en su Gobierno y, de paso, pensar por qué hemos llegado hasta aquí. Nadie debería escurrir el bulto. Malos son los políticos, pero quizá sean peor los que culpan de todo a los políticos. Aquí nadie es inocente. Asistimos a un golpe de Estado que nos pone a todos en cuestión y, sobre todo, muestra la debilidad de determinadas instituciones. Me parece que este proceso secesionista la institución democrática más dañada es la Constitución de 1978. Necesita una reforma urgente, pero no para dar más autogobierno a las Autonomías, como diría Sánchez, sino para apuntalar el Estado de Derecho que es fundamento de la democracia. En esta perspectiva es de agradecer el empeño que han puesto la mayoría de los juristas serios de este país por dejar claro que o se reforma la Constitución para que el Estado pueda atajar de modo inmediato el incumplimiento de la ley por parte de cualquier autonomía o la democracia es inviable.
Cuando unos políticos parapetados en un único poder soberano, que llaman Parlamento, saltándose cualquier ley superior o control de sus decisiones, o sea, cuando unos golpistas pueden hacer y deshacer a su antojo hasta el punto de que todo el país está pendiente de ellos, es de agradecer el compromiso de los mejores juristas de España con la democracia. Sí, quienes consideran que el Derecho todavía es una institución civilizadora están dejado claro, durante esta crisis, que debería reformarse ya la Constitución para que el Estado no quede inerme o desprotegido a la hora de hacer cumplir la ley a quien la transgrede constantemente, como ha sido el caso del nacionalismo catalán en los últimos veinte años. Si el juego de los separatistas contra las leyes de la democracia nos ha llevado al borde del abismo, entonces será necesario de modo urgente reformar la Constitución para asegurar no sólo la lealtad de los dirigentes políticos regionales sino la debida atención a los intereses generales de la nación. Hagamos de la necesidad, en fin, virtud y reconozcamos que este golpe de Estado de los secesionistas nos ha enseñado que cualquier otra reforma de la Constitución, que no sea asegurar el poder del Estado sobre los mesogobiernos regionales, es un engaño. La lección de democracia que están dando casi todos los juristas a los españoles es no sólo dignao de encomio, sino también de imitación por parte de todas las élites intelectuales del país. ¿Cuánto tenemos que esperar todavía a que las Academias –las de la Lengua, Historia, Jurisprudencia, Morales, etcétera- de este país hagan una declaración pública contra el golpe de Estado de los secesionistas catalanes?
Engaños constitucionalizados
Nota del Editor 14 Septiembre 2017
Hay tanto humo que no se puede ver lo que tenemos delante de las naricez, y así llevamos más de cuarenta años. En tiempos de Franco, lo único que no se podía hacer, y no era culpa suya, era eso de la unión carnal entre mujer y hombre.
La constitución española es un fraude, su interpretación por parte del tribunal anti-constitucional es un atropello al sentido común, al espíritu y a la letra de la misma.
Conseguir llegar a cualquier acuerdo con un texto que ocupa un montón de páginas es imposible. Yo quiero mi constitución muy sencillita, dos líneas:
La lengua de España es el español.
Y no olvidemos que la constitución la votaron (yo voté en contra) y los ciudadanos (siguiendo dócilmente la propaganda oficial) y somos sus intérpretes, no unos tipos a las órdenes de los políticos.
Jorge Vilches vozpopuli.es 14 Septiembre 2017
El apoyo de Podemos al espíritu del golpe de Estado en Cataluña, al “derecho de autodeterminación”, no tiene más objeto que propiciar la destrucción del Estado español, al que consideran capitalista y demoliberal.
Podemos –léase, Pablo Iglesias- ha decidido apoyar el “derecho de autodeterminación”. En Madrid se vive el penúltimo esperpento: el ayuntamiento cede un local para que los independentistas expliquen cómo violar la ley. Atrás quedaron las sorpresas con que una formación de izquierdas apoye el nacionalismo. Eso queda para los manuales que explicaban el socialismo como la unión de los proletarios del mundo, o para cierta gauche divine, añorante, que susurra “No era esto, no era esto”. Porque hoy la izquierda es otra cosa.
Los nuevos izquierdistas han reciclado a Lenin, marchito durante décadas por efecto del derrumbe del comunismo entre 1989 y 1991, al tiempo que han asumido la New Left de los 60 y adaptado el movimiento antiglobalización y a sus filósofos. Va más allá de resucitar el marxismo con un estilo populista. Iglesias tiene un camino trazado, táctico, que le debería inhabilitar a ojos del PSOE para cualquier pacto.
Para empezar, los podemitas, sus confluencias y los “sectores aliados laterales”, que dijo Errejón, no son multiculturalistas. Entienden que el multiculturalismo es la ideología de la globalización capitalista y demoliberal, el mecanismo por el que el establishment internacional mantiene su dominio sobre los pueblos. El multiculturalismo habría eliminado las diferencias entre la izquierda y la derecha, restado la soberanía nacional en favor de instituciones internacionales, derivado el conflicto hacia la integración de “los otros” y la disolución de las tradiciones propias, y despolitizado la economía.
El consenso entre los partidos del establishment, sostienen, habría creado lo que Kant –sí, ya sé que Iglesias no lo ha leído - llamaba “esquematismo trascendental”; es decir, un conjunto de nociones universales con las que el individuo puede explicar los problemas “verdaderos” y cuál debe ser su propósito en la vida. Es la hegemonía cultural o ideológica.
El nuevo izquierdismo está dando la batalla a todo esto, al “régimen”. En lugar del multiculturalismo institucionalizado, capitalista y democrático, defienden el internacionalismo, fundado en el “empoderamiento” de los pueblos, la formación de gobiernos populares y soberanos, y el rechazo a la globalización capitalista. De aquí su desprecio a la Unión Europea y a cualquier otra organización supranacional de la “gobernanza mundial”. Es lógico: recuperada la plena soberanía se abre la posibilidad de construir el Estado y la Sociedad que se quiera. Se trata de eliminar obstáculos internacionales para ejercer otra ingeniería social.
¿Cómo se logra esto? Lenin propuso en su obra “Imperialismo, fase superior del capitalismo” (1916), empujar a los pueblos colonizados a emprender la lucha de clases, el derribo de la burguesía local y foránea, y a la creación de Estados nuevos basados en el “derecho de autodeterminación”. El llamamiento a las nacionalidades y a sus derechos se constituyó en parte esencial del discurso bolchevique hasta que alcanzaron el poder en Rusia . Stalin y sus sucesores, conscientes del éxito de la trampa nacionalista, alimentaron dicho “derecho” en el Tercer Mundo como modo de combatir el capitalismo y la democracia liberal.
Pero la batalla no acaba ahí. Es preciso ganar el lenguaje, que es la base de la hegemonía ideológica. La victoria depende de que un concepto suyo se convierta en universal y sirva a la gente para definir un conflicto o un principio, incluso para crear un relato del pasado y del porvenir. Y lo están consiguiendo en dos casos señalados.
Ni siquiera les gusta el pluralismo. Ya lo dijo Josep Dencàs, uno de los consejeros golpistas de 1934, de los de Companys, cuando aseguró que no habría partidos en su Cataluña independiente , sino un movimiento nacional. Esto es justo lo que defienden también los del populismo socialista: un solo movimiento, con familias, al estilo de FET y de las JONS, y referéndum de vez en cuando.
El apoyo de Podemos al espíritu del golpe de Estado en Cataluña , al “derecho de autodeterminación”, no tiene más objeto, en definitiva, que propiciar la destrucción del Estado español, al que consideran capitalista y demoliberal. Si no lo consiguen, al menos deben generar la sensación de que todo está en una crisis irreversible de la que solo ellos conocen la solución.
El caos es su alimento, y el PSOE está en un momento esquizofrénico muy vulnerable. Es capaz de asegurar en el Senado su lealtad a la Constitución y su rechazo al golpe en Cataluña, y al tiempo “indultar” al golpista Companys, quien se dedicó a certificar asesinatos de socialistas en la Guerra Civil. Del mismo modo, Sánchez puede mezclar en la misma frase la plurinacionalidad de España, el desconocimiento del número de naciones, y dejar sin explicación el mecanismo de la federación.
Yolanda Couceiro Morín. lagaceta.eu 14 Septiembre 2017
La manifestación de Barcelona, que de alguna manera marcaba el cierre del "protocolo europeo" para atentados (velitas, "Pray for...", minutos de silencio, lemas contra la islamofobia...), ha sido probablemente uno de los temas más comentados, examinados y criticados de los últimos tiempos. Incluso quizás más que el atentado en sí mismo.
Sin embargo, sí hay una cuestión en la que no se ha incidido lo suficiente. Y es el hecho de que la manifestación en sí no fue una respuesta a un atentado como muchos quieren hacer creer: a los que (supuestamente) va dirigida, no les importa que nos manifestemos. Seguirán matando y seguirán haciéndolo riéndose de nuestra complacencia cobarde en eslóganes tan tontos como carentes de significado: "No tengo miedo", "No nos quitarán la libertad", y por el estilo. No. La manifestación es un síntoma más, o quizás, el síntoma más evidente, de que nuestra civilización ha llegado a su ocaso. Que ya no hay más nada que rascar en este pueblo cobarde e idiotizado, aborregado por lo políticamente correcto, adoctrinado por los cantos de sirena de la multicultura, la ficticia convivencia entre culturas que chocan en su modo de entender y aceptar la vida, la pretendida e imposible tolerancia incluso hacia los intolerantes que desean imponer sus leyes mediante la violencia y el terror.
La manifestación no fue, propiamente hablando, una respuesta a quienes quieren alcanzar el paraíso mediante el asesinato de los infieles. Tampoco fue, desde luego, la expresión de dolor de un pueblo unido y coherente. Ni mucho menos fue una defensa de nuestros cacareados valores de solidaridad, tolerancia y diálogo. Y lo peor de todo: no fue una expresión de apoyo y respaldo a los familiares de las víctimas, ni fue una petición de justicia para los muertos. La manifestación fue, de principio a fin, un conjunto de despropósitos exteriorizados en las sorprendentes pancartas que portaban los asistentes y en los eslóganes que coreaban, una demostración inequívoca de la confusión de un pueblo que carece de horizontes, de ideales, de valor. Nos matan, y cantamos Imagine". Nos matan, y ponemos velas. Nos matan, y llevamos peluches al lugar de los atentados. Nos matan en nombre del islam, y coreamos "No a la islamofobia". Todos estos síntomas, por separado, quizás nos hablarían de un pueblo manipulado, un pueblo engreído y ridículo que presume de ser tolerante con quienes quieren destruirlo, convencidos, tal vez, de que su superioridad moral hará el milagro de convencer a los terroristas de que depongan las armas. Ésta es una sociedad enferma de soberbia y de autocomplacencia. Quizás todos esos síntomas, por separado, nos convenzan de que hay un pueblo dividido entre la razón y la emoción, entre la realidad que vive en su mente y la realidad que hay en las calles. Pero todos en conjunto simplemente nos muestran el fin de una civilización.
Se atribuye a Aristóteles una frase que retrata a la perfección nuestra realidad: "La tolerancia y la apatía son las virtudes de una sociedad que se está muriendo". Y efectivamente, vimos mucho de eso en la manifestación de Barcelona. Tolerancia hacia la ideología religiosa que se atribuye el asesinato. Apatía hacia las víctimas mortales, puesto que los separatistas catalanes convirtieron la manifestación en una declaración de sus paranoias y reivindicaciones ignorando el sentido común y el hecho de que ni era momento ni era lugar. Si hacemos caso a la frase de Aristóteles podríamos concluir que nuestra sociedad se está muriendo. A menos que ya esté muerta.
Por un lado, la tolerancia suicida lleva a un pueblo golpeado por el terrorismo a posicionarse a favor de la ideología religiosa en cuyo nombre se realiza, se reivindica y se produce la matanza. No nos debe valer como excusa que son "buena gente" que "no ha entendido bien el Corán". No es culpa nuestra ni de los muertos, sino en todo caso, de quienes deben transmitir "correctamente" las enseñanzas coránicas y no lo hacen, o de quienes deben corregir a quienes las entienden mal y no lo hacen. Los comunicados de algunas asociaciones musulmanas condenando los hechos y diciendo que "no representan al verdadero islam" vienen a ser el equivalente a los ositos y las velas: quizá buena voluntad, pero a todas luces, algo total, absoluta, y completamente insuficiente. De todas maneras, el hecho de que los terroristas estén equivocados o, por el contrario, sean los que mejor siguen su libro santo, da lo mismo: eso no quita los muertos. Del polo Norte al polo Sur, de Este a Oeste, todos los atentados en nombre de una religión son cometidos en nombre de una única religión: el islam. Y hay algo de incoherente, y a la vez esclarecedor, en el hecho de que nunca, en ninguna manifestación, los que dicen alejarse de la violencia cometida en nombre de su fe jamás griten "No al terrorismo en nombre de Alá", sino "No a la islamofobia".
Por otro, la apatía de un pueblo dividido y manipulado por una casta política que fomenta la fragmentación con la excusa de agravios históricos inexistentes, y que poca o ninguna empatía manifiesta hacia las víctimas y hacia los que sobrevivieron. Ese pueblo, perdido en sus fantasmas y sus fantasías, camina a la deriva. Si la unión hace la fuerza, somos el país más débil del mundo. Si el valor de una nación no es otro que el valor de los individuos que la componen, como decía Montesquieu, pues... la consecuencia está clara: esta nación vale bien poco.
No puede haber esperanza para una sociedad cuando las masas están a favor de políticas suicidas, de preferir a los extraños antes que a los tuyos, de llegar al extremo de repoblar sus pueblos y sus ciudades con extraños en vez de hacer políticas favoreciendo la natalidad propia, de seguir votando una y otra vez a quienes muestran su absoluto desprecio por ellas, de gritar "No a la islamofobia" cuando el islam siembra la calle de muertos, de convertir un duelo en una reivindicación política. No puede haber esperanza para una civilización que ya está en caída libre, y simplemente, durará lo que tarde en llegar al fondo.
Éste es el único análisis que se impone de los hechos recién vividos. Pero me temo que de lo ocurrido no se sacarán las lecciones pertinentes. Estamos condenados a dar vueltas en círculos.
ACTO JUNTO A ORTEGA LARA
Abascal: ‘Hay que aplicar ya el Código Penal contra los golpistas’
La Gaceta 14 Septiembre 2017
Villaviciosa de Odón ha acogido este miércoles la conferencia “El futuro de España”, impartida por el exfuncionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, el presidente de la formación, Santiago Abascal.
En su intervención, Ortega Lara ha asegurado que ahora más que nunca “son necesarias las propuestas de VOX” para “superar la crisis moral y económica de España”. “España necesita a VOX para que salgan adelante propuestas que millones de españoles defienden, como recuperar la libertad para educar a nuestros hijos, la consideración de la vida como principal valor de la persona, promocionar el reconocimiento y la memoria de cuantos dieron su vida por lo demás, inculcar a nuestras generaciones el espíritu de emprendedor, preservar la unidad de la Nación, promulgar una justicia independiente, implantar un nuevo modelo electoral y eliminar los privilegios y subvenciones a partidos, sindicatos y a organizaciones empresariales”, dijo, antes de asegurar que es de VOX “porque lucha por la unidad de España, no es indiferente a la amenaza del islamismo y defiende la vida, la libertad y la propiedad”.
También ha reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: “Desde aquí, un aplauso y reconocimiento a la labor de la Policía, la Guardia Civil y de nuestros militares”. y ha manifestado que ante la amenaza islamista que sufre Europa es “hora de plantar cara”. “Dejemos bien claro que vamos a luchar por conservar nuestro país y nuestro modelo de civilización”
Por su parte, Abascal ha señalado que “Mariano Rajoy no ofrece ninguna respuesta a los grandes problemas de España, solo pasividad”. “En estos momentos no ofrece una solución a la crisis estructural económica, ni a la crisis institucional, ni a la crisis del separatismo”.
“Rajoy es el principal responsable del órdago de Puigdemont de este 1 de octubre por no hacer nada contra los golpistas durante sus dos legislaturas. El presidente ha perdido toda la legitimidad para resolver el grave problema que se vive en Cataluña. Por su culpa, el Estado ha caído en una absoluta pasividad política y democrática para reaccionar contra el golpe de Estado a plazos que estamos viviendo”.
“No callaremos ante la gravísima responsabilidad de los distintos gobiernos, especialmente el Gobierno de Mariano Rajoy, por dejar llegar a los separatistas hasta donde han llegado. No es suficiente con que se aplique la Ley de Seguridad Nacional, hay que aplicar el Código Penal contra los golpistas, el artículo 155 de la Constitución y transformar el Estado de las autonomías. Urge devolver las competencias de Educación, Sanidad y Justicia al Estado”, ha aseverado el presidente de VOX, quien también ha afirmado que “el Gobierno tendrá el apoyo de VOX si decide actuar aplicando la Ley”. “Contra el separatismo hay dos soluciones: aplicar la Ley y reconstruir un relato de lo qué es España”, ha finalizado.
Esta conferencia se ha enmarcado en un ciclo de actos que están realizando José Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal por ciudades de toda España para analizar el futuro del país y explicar el proyecto de VOX.
www.latribunadelpaisvasco.com 14 Septiembre 2017
Sólo 1 de cada 5 musulmanes afincados en el Reino Unido trabaja
IslamWatch.eu lagaceta.eu 14 Septiembre 2017
Esas son las cifras: solo 1 de cada 5 musulmanes trabaja en el Reino Unido. Los informes afirman que los musulmanes no trabajan porque están "reprimidos por el racismo."
Los datos surgen de un informe de la Comisión de Movilidad Social. El informe apunta a que la islamofobia y el racismo son la razón del fracaso de los musulmanes británicos en el mundo laboral.
El hecho de que vayan vestidos como en el siglo 14, con largas barbas y chilaba, que hablen poco Inglés, que no sepan escribir bien y no tengan una sólida formación en un entorno altamente competitivo, donde el empleo no es abundante, no es tenido en cuenta por los analistas.
Solo el 18,9% de los musulmanes de entre 16 y 74 años tienen empleos a tiempo completo, según el SMC.
Desmontando el victimismo económico nacionalista: de las balanzas fiscales al "España nos roba"
Los argumentos más usados por el independentismo no se sostienen. Y lo nunca explicado. ¿por qué Madrid es cada día más rica
D. Soriano Seguir Libertad Digital 14 Septiembre 2017
Hace mucho tiempo que la cuestión catalana (signifique esto lo que signifique) ha dejado de ser económica. Puede que en un inicio el nacionalismo utilizara el argumento fiscal para ganar audiencia. Pero ya no. Ahora la clave que predomina es política.
Sin embargo, el tema siempre está ahí. Presente. Sobrevolando. No hay más que ver cómo cada vez que se habla de diálogo, encaje o reformas reaparece la financiación autonómica, lo que ponen unas regiones o reciben otras, la diferencia con los länder alemanes o las provincias canadienses. Nadie lo dice claramente. No, llegados a este punto del conflicto y a dos semanas del referéndum. Pero tras las palabras de los políticos de uno y otro lado (sobre todo de los que hablan desde Madrid) se intuye un pensamiento que podría traducirse en algo así como: "Si arreglamos lo de la financiación, todo lo demás se resolverá solo".
La semana pasada, el Ministerio de Hacienda publicó, un año más, su estudio sobre las balanzas fiscales entre autonomías con los datos del ejercicio 2014. Y durante unos minutos volvió el soniquete: que si Cataluña pone 10.000 millones más de lo que le corresponde, que si cada catalán aporta 1.300 euros al año, que si las regiones pobres se benefician a costa de las ricas… En esta ocasión, los más indignados ni siquiera parecían los nacionalistas catalanes (quizás muy ocupados aprobando las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica) sino los baleares. Así, el coordinador de MÉS per Mallorca, David Abril, aseguraba el lunes que las balanzas fiscales "son la prueba científica del trato profundamente injusto que sufre Baleares por parte del Estado", que trata a su región "como una máquina de hacer dinero"
No es un argumento muy nuevo entre los nacionalistas. Y, al igual que en ocasiones anteriores, presenta los mismos problemas: incompleto, contradictorio y muy sesgado. Como titular para calentar a los seguidores, puede valer; como punto de partida para un debate serio, apenas aporta nada.
De todos los documentos que publica Hacienda (y que son bastante detallados, hay más de 700 páginas de anexos para explicar cada partida y cada cálculo) lo más importante está resumido en el siguiente cuadro que recoge los "saldos fiscales relativos" entre las regiones españolas.
Min. Hacienda Balanzas Fiscales
Como vemos, Hacienda estima que "los flujos redistributivos entre regiones ascendieron en 2014 a unos 32.300 millones de euros o un 3,12% del PIB español. Desde el punto de vista de las regiones receptoras netas (con saldos fiscales positivos), los flujos de entrada representaron un 6,3% de su PIB, mientras que para las regiones contribuyentes netas, los flujos de salida supusieron un 6,2% del PIB".
Además, los autores dividen las cantidades aportadas por cada región entre ingresos (pagaron más impuestos de los que les corresponderían si todas las regiones sufrieran el mismo "esfuerzo fiscal") y gastos (recibieron más en el gasto "territorializable de lo que les tocaría en un reparto totalmente equitativo).
Los resultados no necesitan demasiada explicación. La tabla es bastante clara. Hay cuatro regiones que presentan un saldo neto negativo:
Madrid: 19.205 millones, un 9,82% del PIB regional y 2.979 euros per cápita
Cataluña: 9.892 millones, un 5,02% del PIB regional y 1.317 euros per cápita
Valencia: 1.735 millones, un 1,78% del PIB regional y 347 euros per cápita
Baleares: 1.516 millones, un 5,77% del PIB regional y 1.373 euros per cápita
El resto, sale ganando… si es que se puede hablar en esos términos. Destaca sobre todo el caso del País Vasco, una de las regiones más ricas de España que, sin embargo, tiene un saldo positivo y está entre las que más recibe por habitante. Por aquí sí se puede intuir un elemento de debate legítimo: ¿es compatible el concierto, con el actual sistema de cálculo del cupo, con el sistema de financiación de las comunidades de régimen común? ¿Qué pasaría si el sistema se extendiera a todas las regiones? ¿El problema es el concierto o el cupo? ¿Y si sólo Cataluña se pasa a un régimen foral y el resto sigue en régimen común? ¿Podría Madrid aguantar un diseño como éste?
Otra pregunta sería si las cifras de la tabla son incontrovertibles. Los nacionalistas pidieron durante años que el Gobierno publicase las balanzas fiscales y acusaban al Ejecutivo central de opacidad. No es un tema sencillo de resolver porque, además, hay diversas metodologías y se pueden emplear determinados supuestos. Pero el informe de Hacienda es tan extenso y completo que tampoco hay excesivas discusiones sobre los resultados. Más o menos se ha aceptado esta tabla como punto de partida del debate político.
A partir de ahí, sí hay mucho margen para la discusión. ¿Es mucho o poco ese 3,12% del PIB nacional? ¿Y el 6,2% de media que aportan las regiones que son contribuyentes netas? ¿Y el 5% de Cataluña? Cada uno tendrá su opinión. Los nacionalistas catalanes defendieron durante años que en Alemania existía un límite equivalente al 4% del PIB para medir las transferencias de renta entre los länder. Nadie sabe nunca de dónde salió esa cifra (en el debate entre Josep Borrel y Oriol Junqueras en 8TV el exministro le pidió explicaciones al líder de ERC y aseguró que se la habían inventado, sin encontrar una respuesta). Pero incluso así, incluso dándola por buena, tampoco está tan lejos de los datos reales que se dan en España (por cierto, tampoco se conoce de ningún otro país, ni Alemania ni ningún otro, que publique con este nivel de detalle sus balanzas fiscales intrarregionales).
Pero ya que están publicadas, al menos sí dejan elementos de juicio interesantes. El primero es que se deriva de su propia publicación. Porque los nacionalistas catalanes siempre han podido enfrentar lo que ellos hacen en la administración que gestionan (el Gobierno regional) frente a lo que se hace desde Moncloa. Es decir, los políticos nacionalistas siempre han podido publicar las balanzas fiscales catalanas (entre Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona) para comparar con el "expolio" al que, según ellos, somete Madrid a su región. Nunca lo han hecho. Entre otras cosas porque, según las cifras que maneja Convivencia Cívica Catalana en sus detallados análisis, Barcelona aporta más del 82% de los ingresos de la Generalidad y sólo reciben el 65% de los gastos. Es mucho más, en el juego de sumas y restas, del desequilibrio entre Cataluña y el resto de España. Y tiene menos justificación incluso, porque la renta per cápita entre las cuatro provincias catalanas es bastante similar, algo que no ocurre entre las regiones españolas. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, ni se publican de forma oficial estas balanzas ni ningún político nacionalista dice que "Cataluña expolia a Barcelona".
Impuestos y sistemas
Otro aspecto interesante del informe de Hacienda es el que tiene que ver con las fuentes de ese desequilibrio en las balanzas. Es decir, ¿por qué hay regiones que pagan más y reciben menos? ¿Hay alguna conspiración en contra de las autonomías más nacionalistas? ¿Algún pacto secreto?
Pues tampoco lo parece. Como puede verse en el siguiente gráfico, la mayoría de las regiones se sitúan alrededor de la línea descendente que une Extremadura (la más pobre) con Madrid (la más rica). Es decir, las que tienen renta per cápita más baja son receptoras netas del sistema y las que tienen renta más alta son aportadoras netas. Es lo que ocurre en casi todos los países y casi todas las regiones del mundo occidental. Y es la consecuencia directa de los sistemas tributarios progresivos que están vigentes. Si los más ricos pagan más, aquellos territorios con contribuyentes más ricos, más empresas y más actividad económica siempre saldrán en esta foto con una cifra negativa. Lo mismo pasaría en una Cataluña independiente con las comarcas más ricas de Barcelona respecto al resto.
Min. Hacienda Balanzas Fiscales 2014
Si acaso, en España destacan dos casos: el que ya hemos visto de País Vasco, región con renta per cápita superior a la media pero que es receptora neta, y el de Valencia, que está en el caso contrario.
No hay más que ver el siguiente gráfico, en el que se recoge el peso de los diferentes conceptos que dan lugar a esos saldos fiscales relativos entre las regiones. Como vemos, más del 70% de las diferencias llegan del lado de los ingresos. Frente al victimismo habitual del nacionalismo, que acusa a Madrid de olvidar a Cataluña (o Baleares) en todo lo que tiene que ver con el gasto, parece claro que no es ésta la razón fundamental de los diferentes resultados de las balanzas. Las infraestructuras o las ayudas regionales, tradicionales cabezas de turco cuando se saca este tema, apenas explican el 7,4% de las cifras. De nuevo, la clave está en el sistema fiscal y su progresividad, algo que ningún partido nacionalista discute. Quizás por eso siempre hablan del mucho menos relevante gasto, porque es políticamente menos peligroso y no se corre el riesgo de que le afeen a uno que defiende una cosa y la contraria a la vez.
Por último, dos cuestiones relevantes que también quedan sin respuesta a menudo. La primera es esa queja genérica sobre las regiones pobres que se aprovechan de las ricas y que tuvo su reflejo más chusco en aquel edil catalán que pedía "apadrinar un niño extremeño por 1.000 euros al mes" o en las declaraciones de Jordi Pujol o Josep Antoni Duran i Lleida sobre los andaluces que se pasan el día en el bar esperando cobrar el PER. Porque esto implica que el que lo dice en cierto sentido piensa que sus impuestos se malgastan. Y aquí quizás podría hacerse una cierta demografía electoral. Porque no está nada claro que las comarcas y localidades más ricas de Cataluña sean las más independentistas. Más bien al contrario. De hecho, Barcelona, la provincia que concentra la actividad económica catalana es también la menos proclive a la secesión. Y lo mismo pasa en muchos de sus barrios y localidades más ricas. Es decir, podría interpretarse que los que de verdad pagan impuestos en Cataluña no son los más quejosos por la solidaridad regional. Tampoco se sabe, pero es curioso que, por ejemplo, el apoyo al PP crezca en casi todos las comarcas y barrios con rentas más altas de la región. Aquí podríamos tener un fenómeno relativamente habitual en otras democracias: la queja del que se siente agraviado sin serlo. Habría que ver cuántos de esos independentistas que protestan por el destino de sus tributos, en realidad son ellos mismos receptores netos de ayudas del Estado. Sería otra balanza curiosa.
Y una última pregunta, la que tiene que ver con su odiado Madrid. Porque hay una evidencia: la economía catalana ha perdido peso, en términos relativos, respecto a la media nacional de forma constante desde que el nacionalismo dirige la región. La explicación habitual a este y otros problemas conexos (como el de la deuda regional, que ha llevado al Ejecutivo autónomo a una situación de quiebra técnica que le ha obligado a recurrir a Hacienda para seguir cumpliendo con sus pagos)… la explicación, como decimos, es que el sistema de financiación es injusto o les deja sin armas con las que combatir. Pero claro, entonces por qué Madrid, que aporta más a la caja neta que Cataluña sea cual sea la métrica utilizada y que era más pobre en 1980, cuando se inició el proceso de descentralización autonómica, hace mucho que dejó atrás a Cataluña en todas las ratios de riqueza, crecimiento y prosperidad. Esto sí que podría preocupar a los políticos nacionalistas: lo grave no es que Madrid aporte más a la solidaridad interregional; lo grave para ellos es que lo hace porque es mucho más rica, algo que no siempre fue así, que Cataluña.
España, o la necesidad de una refundación del Estado
Juan Laborda vozpopuli.es 14 Septiembre 2017
En nuestro país nada cambia, sigue la inercia de la dinámica que se inició con la excusa de la Gran Recesión. Todo a peor. Nos metieron la mano en el bolsillo y algunos no se dieron ni cuenta. Pero es que esa mano aún sigue hurgando en nuestros bolsillos. El Régimen del 78, en plena faena, no se inmuta, sigue a lo suyo. De vez en cuando notas de teatro Barroco, hay que aparentar que se hace algo a favor de una ciudadanía desnortada. Pero de fondo, nada destacado. Se mantienen e incluso se mejoran los privilegios de los de siempre, base de una desigualdad creciente. Lo último, el coste del rescate bancario y la genuflexión ante un sector cuya concentración promete darnos tardes épicas y trágicas; lo penúltimo, el rescate a otros sectores privados; lo antepenúltimo, el recibo de la luz o como los grandes rentistas de nuestro país, monopolios y oligopolios varios, nos sorben la renta. Y detrás, el apoyo inquebrantable del brazo político del régimen. Pero no se engañen, tiene pies de barro, y caerá.
Sin embargo, de repente, boom, las notas de distracción del Barroco se transforman en nubarrones oscuros, capaces de activar un proceso de autodestrucción patrio. Y surgen así rasgos característicos de un realismo sombrío, trágico, negro. Nos referimos al “procés” o como las élites de Cataluña, a partir de unos agravios económicos inventados (de ello ya hablaremos en otro blog), con la inestimable colaboración del actual partido en el gobierno de España, que nunca ha dudado en usar de manera irresponsable el tema catalán para sacar votos en el resto de nuestro país, inicia una huida hacia adelante en toda regla. Y para ello no duda en activar los sentimientos identitarios presentes en una parte de la población catalana. Sin embargo, no se engañen, el olor a nauseabundo entre estas élites catalanas es exactamente de la misma intensidad del que emana de las alcantarillas del poder en el resto de España. El ADN es el mismo.
Pero en su huida hacia adelante no dudan en arrastrar, ya no solo a sus conciudadanos catalanes sino también al resto de la ciudadanía patria. Trágico. Si quieren un referéndum, deberá ser pactado, dentro de la ley, para lo cual es necesario un cambio constitucional que deberán avalar todos los españoles. Si hubiera mujeres y hombres justos y valientes en los respectivos ejecutivos y legislativos lo que tocaría es un proceso constituyente que cambiaran todos los vicios engendrados en las últimas décadas por un Totalitarismo Invertido patrio asfixiante. Sin duda esa refundación del Estado debe modificar las manipulaciones y engaños presentes en ciertos relatos, desde la historia de aquí y allá, hasta los cálculos de las balanzas fiscales por parte de los independentistas catalanes, o del PIB español o de lo que nos costará definitivamente el rescate bancario.
En el trasfondo de todo, el problema de Cataluña y del resto de España es el de una desigualdad profundamente desestabilizadora, autodestructiva, que no deja de aumentar aquí y allá. Las desigualdades son fruto de ciertos privilegios que aportan beneficios, riqueza y poder. Esos privilegios se han ganado en base a favores, a la actuación de lobbies, de rentistas, con la connivencia del entramado institucional. Al distorsionar la asignación de recursos para el beneficio de algunos, la búsqueda de rentas no sólo fomenta la desigualdad, sino que también ahoga el crecimiento. La búsqueda de rentas que ahogan el crecimiento toma muchas formas, desde transferencias ocultas, pasando por subsidios del gobierno a grupos de presión, leyes que favorecen los oligopolios y una aplicación laxa de leyes de competencia.
Como me comenta un buen amigo, lector de este blog “Los problemas que afectan a la clase trabajadora tanto en Cataluña como en el resto de España, derivan de un injusto sistema económico basado en la especulación y el control de vastos sectores de la economía por oligopolios, como los bancos, y monopolios como las eléctricas y otros, así como por un sistema fiscal que castiga a los productores de riqueza y premia a los que viven del trabajo ajeno y se apropian de la plusvalía del suelo creada por el progreso social, violando la letra y el espíritu de nuestra Constitución. La única forma de mejorar la situación de los que viven de su trabajo, tanto en Cataluña como en el resto de España, es modificando este sistema. No se logrará con la independencia de Cataluña ni con la retórica de quienes la promueven distrayendo al pueblo de las verdaderas soluciones que pueden conducir a su liberación y malgastando tiempo y energías sin atacar la verdadera raíz de los problemas”.
La dinámica de los próximos días nos dirá si al final todo acaba como un relato de novela negra, o, por contra, es el guion de una novela de nuestro realismo social. Recordemos que dicho movimiento literario español de mediados del siglo XX denunciaba la realidad socioeconómica y política del país, y trataba de actuar como revulsivo frente al orden establecido. Y ello pasa por una refundación del Estado. Una vez terminada la resolución del “procés”, esperemos que sin grandes sobresaltos, aquellos que aspiren a dirigir la España democrática, incluida Cataluña, tienen la obligación de someter a la consideración del pueblo español sus proyectos para refundar el Estado. No queda otra.
Mientras tanto todo sigue igual. Hemos conocido la enésima broma de quienes nos desgobiernan. EL rescate bancario que no nos iba a costar nada, para empezar abrir la boca, al menos 100.000 millones de euros a costa de los contribuyente (acabarán siendo muchos más).
EDITORIAL El Mundo 14 Septiembre 2017
Una de ellas incluye ya la posibilidad de ser detenido por los Mossos d'Esquadra, a los que el escrito de la Fiscalía General del Estado -firmado por el propio José Manuel Maza- ordena "incoar diligencias de investigación en relación con cada uno de los Ayuntamientos" cuyos alcaldes han manifestado su disposición a colaborar con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Todos ellos han sido imputados y a todos ellos se les tomará declaración. Y si alguno de los regidores se niega a comparecer, el documento prevé que sea detenido "en el plazo más breve posible". Hay 712 localidades adheridas al 1-O, según el listado de la Asociación de Municipios por la Independencia. Maza dispone que sea en las sedes de las cuatro fiscalías provinciales (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona) donde se cite a declarar a los alcaldes díscolos por orden demográfico: los municipios más poblados tendrán "preferencia". A juzgar por la insumisión anunciada por Anna Gabriel, los 16 alcaldes de la CUP deberían contarse entre los primeros en ser detenidos. Si la ley es implacable con los que se equivocan dentro del sistema, con más razón ha de serlo con quienes se sitúan fuera de él. O abiertamente en contra.
Los agentes de la policía judicial, que en Cataluña son los Mossos, han de cumplir con su deber, si es preciso haciendo uso del legítimo monopolio de la fuerza. Y las instrucciones para impedir cualquier maniobra orientada a la celebración del 1-O no solo conciernen a los Mossos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, sino que se han extendido a los policías municipales de cada pueblo de Cataluña, que encuentran así el amparo expreso de la Justicia a sus hipotéticas -y quizá difíciles- actuaciones.
Es lamentable que en la defensa de la legalidad democrática no acompañen a la Fiscalía seis partidos (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu) que ayer exigieron la comparecencia de Maza... por hacer su trabajo.
En el otro extremo figura el Jefe del Estado. Así como su padre debió hacer frente al 23-F para asegurar el futuro de la monarquía constitucional, Felipe VI es bien consciente de que el desafío separatista marcará su reinado. El Rey comparecía para entregar los Premios Nacionales de Cultura, pero no solo no esquivó el asunto que más le preocupa -se advirtió ayer en la seriedad de su gesto-, sino que lo colocó al principio mismo de su discurso. "Ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados; de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas". La excepcionalidad de la crisis catalana obliga a Felipe VI a manifestarse con mayor contundencia. Él mismo experimentó en persona la fractura social que el separatismo ha causado en Cataluña cuando acudió a la manifestación en repulsa de los atentados yihadistas de agosto. En aquella ominosa ocasión, los independentistas secuestraron el espacio público y adulteraron una muestra de duelo con su obsesión banderiza. El Rey mantuvo la dignidad entonces con su actitud como la mantiene ahora con sus palabras, que reivindican la Constitución de 1978 como base de la convivencia y garantía de nuestra pertenencia a Europa.
Por último, también los empresarios representados por la patronal se han sumado al respaldo de "todas las acciones que se consideren necesarias" para asegurar el orden legal en Cataluña. La CEOE conoce el coste concreto en términos de prosperidad que tiene el aventurerismo político, y aunque en ocasiones se le ha reprochado la tardanza en alzar la voz, la posición adoptada en este momento crucial por Juan Rosell -catalán, por más señas- no deja lugar al cálculo. El impacto empresarial de la inseguridad jurídica propagada por el separatismo solo es otra de las razones para oponerse con firmeza a él. La principal sigue siendo la salvaguarda de la libertad e igualdad de los españoles en todo el territorio nacional.
Antonio Burgos ABC 14 Septiembre 2017
Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Septiembre 2017
En cuanto a Carles Puigdemont, esta vez se ha pasado de listo y su prepotencia le ha llevado a cometer el error de dar difusión vía tweet a la nueva dirección de la página web que sustituye a la que la Generalidad había editado como banderín de enganche de los “voluntarios” para la organización del referéndum y que fue cerrada por orden judicial. Este nuevo desacato no puede pasarse por alto y la Fiscalía debe actuar para proceder a cerrar la nueva página web abierta y garantizar que se cumpla la ley. Y es que deben de estar muy desesperados para que tenga que ser el propio Presidente del Gobierno de la Generalidad el que “se moje” en las redes sociales para dar la sensación de que siguen controlando el proceso, cuando la única razón es que por ahora no se están tomando medidas cautelares contra los secesionistas responsables. Pero eso deberá acabarse en algún momento antes de que consumen su delito.
Por lo pronto, la Fiscalía ha comenzado por citar a declarar a todos los alcaldes de municipios que públicamente han manifestado su posición a facilitar el referéndum ilegal. Son más de 700 ediles independentistas, aquellos que conforman la copia de la célebre Udalbiltza de El País Vasco y Navarra, (Agrupación de municipios y electos municipales de Euskal Herría) pero a la catalana, como la crema. El desfile judicial se ha iniciado en orden decreciente de ciudadanos de los municipios. Una acción se supone que encaminada a verificar si los susodichos alcaldes se ratifican en sus intenciones de desobedecer y prevaricar o, como será lo normal, se retractarán de sus declaraciones para eludir la acción de la Justicia, hasta que el día 1 realmente opten por delinquir y fiarlo a los acontecimientos posteriores a la celebración del referéndum.
Y es que existe una tendencia a confundir libertad de expresión con libertad de acción. Algo que la Justicia debe aclarar de una vez por todas. Ni todo lo que se dice automáticamente queda amparado por la libertad de expresión, existiendo límites claros en cuanto a lo que se considera delito de injuria, difamación, intrusión al Honor, etc., ni todo lo que se actúa queda amparado por esa libertad de expresión ni de acción. Asaltar una capilla de rito religioso, con independencia de la religión, es atentar contra la libertad de los presentes en ese recinto a la práctica de su credo. Lanzar soflamas injuriosas e insultantes, como hizo la irrespetuosa activista Rita Maestre, fue sancionado como delito negando la defensa de la libertad de expresión. En el caso del acto promovido por Ahora Madrid y apoyado por la alcaldesa Manuela Carmena y sus ediles podemitas, es un claro desacato a una sentencia judicial. Y es que los únicos intérpretes legitimados de las leyes son los jueces, en este caso el tribunal Constitucional, cuya sentencia de suspensión de cualquier acto favorable a la realización del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, no puede ser obviado ni estar sujeto a la interpretación discrecional de terceros. Las sentencias judiciales se acatan en primer término, y si es el caso, se recurren en aquellos aspectos en los que se está en desacuerdo.
Estamos en una fase de aceleración de los movimientos judiciales como respuesta a la continuada desobediencia de aquellos que deberían ser los primeros obligados a respetar y cumplir las sentencias judiciales. Pero la realidad es que, como ya estamos viendo en el caso del Gobierno de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña, y ahora en los alcaldes independentistas de los municipios de Cataluña, se mantiene y se persevera en la desobediencia y en el desacato, no quedando otra opción que la judicial para neutralizar que se siga delinquiendo impunemente.
Es verdad que estas medidas debieron ser las tomadas desde el primer día en que algún alcalde o consistorio pro independentista desobedeció con actuaciones como quitar de sus mástiles de honor a la bandera de España e incluso la oficial de la autonomía, la senyera, para sustituirlas por la ilegítima “estelada”. O cuando se permitió que se injuriase repetidamente mediante pitadas estruendosas y en presencia del Jefe del Estado, al himno de España. O cuando se permitió que se celebrase la farsa de consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014 sin tomar las medidas cautelares que ahora sí se quieren adoptar, ni enjuiciar a los responsables. Un error que no puede volver a repetirse.
Cristina Losada Libertad Digital 14 Septiembre 2017
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA Libertad Digital 14 Septiembre 2017
El constitucionalismo fija como criterio de civilización decantado durante siglos que el poder se debe obtener y se debe ejercer atendiendo a sus principios, y el europeísmo añade además algunas cautelas aprendidas por la amarga experiencia de la guerra. El secesionismo desafía esos principios para sustituirlos por otros que carecen de justificación moral alguna. Por eso, la defensa de la integridad territorial de España es también la defensa de su integridad moral.
Esta es una situación extraordinaria en la que la obligación de "guardar y hacer guardar la Constitución" no tiene por qué asentarse sólo en la propia Constitución, en los procedimientos y acuerdos de 1978 si estos se mostraran insuficientes, sino que debe apoyarse en el mismo acto de voluntad del pueblo español que hizo su Constitución: adscribirse y proteger un orden moral cívico y político llamado constitucionalismo europeísta. Aunque dentro de la Constitución sigan existiendo instrumentos útiles y procedimientos indispensables, se habrá de recurrir además al constitucionalismo al que la nación española se adscribe para llenar con él tantas lagunas o vacíos como sea necesario.
La Constitución no funda la nación, es al revés. "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española". Por tanto, esa indisoluble unidad de la nación española emerge de manera natural en el caso de que aquello que nace de ella, la Constitución, se debilite o se inaplique. Parte de nuestra angustia como españoles se debe al hecho de pensar que la Constitución y no el constitucionalismo es nuestro límite frente al secesionismo.
Aceptar que para hacer frente al secesionismo es indispensable atender a un protocolo jurídico recogido explícitamente en la propia Constitución y nada más que a él, es situarse en una posición débil, porque ya se encarga el secesionismo de hacerlo impracticable. La secesión es rechazable porque vulnera los principios del constitucionalismo, que no son negociables, según ha dicho la nación española y dicen todas las europeas.
Aunque no llegáramos a tiempo de enfrentar el secesionismo con la letra de la Constitución, sí que llegaríamos con lo que está inmediatamente antes de ella, que es lo que la legitima y donde descansa: la voluntad nacional debidamente europeizada. Guardar y hacer guardar la Constitución implica ontológicamente la capacidad y la obligación del Gobierno -pero no sólo de él- para actuar incluso apelando a los principios generales del constitucionalismo europeo para restaurar la plena vigencia de aquélla en toda su extensión, igual que guardar un tesoro implica algo más que el tesoro, algo que lo guarda. Es, una vez más, "una necesidad social imperiosa", y se debe producir un resultado político inequívoco.
Todo esto se resume en el hecho de que ésta no es una disputa sobre lo que la Constitución "ofrece o no al Gobierno", sino sobre lo que la Constitución "necesita ahora del Gobierno" y no sólo de él: que la guarde y que la haga guardar. Por voluntad de la nación española ya manifestada, el Gobierno puede y debe hacer cualquier cosa que se atenga a los principios del constitucionalismo europeo para restaurar la plena vigencia de la Constitución. El Gobierno no tiene poder constituyente, pero tiene una facultad reconstituyente para hacer guardar la Constitución.
Precisamente por este carácter reconstituyente de la disputa en la que estamos, debemos mirar en primer lugar hacia el Preámbulo de la Constitución y extraer sus consecuencias. Una de ellas fue la Constitución ("En consecuencia, las Cortes aprueban..."), pero no tiene por qué ser la única consecuencia de la voluntad de la nación española de garantizar la convivencia democrática, el imperio de la ley y la protección a todos los españoles.
Debemos apelar también, si es necesario, a los principios que permiten al TC interpretar la Constitución, a los que permitieron al poder constituyente hacerla, y que necesariamente no forman parte de ella sino que la inspiran, la enmarcan, la preceden y la tutelan. En la medida en que la Constitución sea sobrepasada por los hechos, se ha de acudir a todo eso que es más que ella y que está antes que ella para cumplir con el propósito que ella misma declara: "Es doctrina reiterada de este Tribunal que los tratados y acuerdos internacionales a los que se remite el art. 10.2 de la Constitución 'constituyen valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce', de suerte que habrán de tomarse en consideración 'para corroborar el sentido y alcance del específico derecho fundamental que... ha reconocido nuestra Constitución'..." (DTC 1/2004, de 13 de diciembre de 2004). El Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Constituciones de los Estados miembros y la Carta de derechos fundamentales forman "una comunidad de valores" a la luz de la cual se ha de interpretar la Constitución, según el Tribunal.
En todo caso, creo que de momento no es necesario ir tan lejos ni situarse "antes" (nunca "fuera") de la Constitución para defender el constitucionalismo español. Disponemos en el artículo 93 de una cláusula de apertura al ordenamiento jurídico europeo positivo, ordenamiento que ha avanzado precisamente mediante una interpretación teleológica (es decir, intencional) del derecho, que lleva muchos años proyectándose sobre la Constitución de 1978 en muchas materias, y que ahora debe hacerlo de nuevo en esta.
Por ejemplo, decimos siempre que la secesión implicaría la salida de Cataluña de la UE, y es muy cierto. Pero probablemente lo que haya que decir es que la UE obliga y habilita a España a impedir la secesión, de igual manera que ha obligado y habilitado a España y a todos los Estados tantas veces para acomodar su marco jurídico constitucional y ordinario, y ajustarlo al deseo de seguir formando parte del proyecto europeo. "Whitin our mandate, whatever it takes", dijo Draghi sobre el euro. El mandato ahora es guardar y hacer guardar no sólo la Constitución sino el constitucionalismo europeo. Por principio, no cabe una secesión como ésta, ni siquiera por descuido, torpeza o insuficiencia constituyente. Por tanto, para eso -y solo para eso-, lo que sea necesario.
Miguel Ángel Quintanilla es politólogo y director académico del Instituto Atlántico de Gobierno.
Reconoce en sus cuentas de 2016 que espera hacer frente a sus compromisos financieros gracias a las aportaciones del Govern
Redacción Periodista Digital 14 Septiembre 2017
TV3 se encuentra en esta semana en el punto de mira por la emisión de los spots de la campaña publicitaria que ha puesto en marcha la Generalitat a favor del referéndum (Surrealismo en TV3: inventa el idioma ‘mexicano’ para no decir español).
El Tribunal Constitucional (TC) advirtió el martes al director de TV3, Vicent Sanchis, y al de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, la resolución en la que les indica que no deben dar difusión a la consulta de independencia declarada ilegal (Los fanáticos de la pureza racial catalana cargan contra Nuria Roca tras su estreno en TV3).
Esta situación ha vuelto a disparar las críticas contra la televisión pública catalana y su excesiva sintonía ideológica con el Govern (Más bajo que TV3 ya no se puede caer: invitan al batasuno Otegi para que se ría de Albert Rivera).
Sin entrar en este debate, es innegable la dependencia económica que tiene TV3 de la Generalitat, según se refleja en las cuentas presentadas por la cadena al Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso y recoge Fernando Cano en El Español.
La ruptura financiera del Estado
Primo González republica 14 Septiembre 2017
La decisión de la Generalitat catalana de cortar el flujo de información al Ministerio de Hacienda sobre los gastos de la Administración catalana parece a primera vista un importante golpe de mano. Son palabras mayores. Los gestos y aún los hechos de carácter rupturista se multiplican y estamos entrando en una situación en la que, de hecho, la Administración catalana trata de hacer su propio camino al margen del Estado con plena efectividad, como si la independencia fuera ya un hecho consumado, antes por lo tanto de que un eventual resultado del referéndum de octubre se haya traducido en la declaración unilateral de independencia.
Cataluña no tiene, tal y como sus dirigentes han diseñado el funcionamiento de la entidad, capacidad financiera propia y por lo tanto no puede funcionar sin el auxilio financiero del Estado, que en los últimos años se ha instrumentado a través del denominado Fondo de Liquidez Autonómico (el FLA), una especie de remedo de plan de financiación autonómica provisional mientras se concreta el largamente esperado y escasamente negociado nuevo plan de financiación autonómica.
Las insuficiencias financieras de las Autonomías se han puesto de relieve de forma muy aguda durante la reciente crisis económica, durante la cual los impuestos inicialmente cedidos para asegurar el funcionamiento de las competencias traspasadas en su día han caído muy por debajo de los umbrales previstos. La culpa de este desajuste es doble: la crisis mermó los ingresos y las políticas de gasto, lejos de ajustarse a la baja y a las nuevas realidades, se mantuvieron en alza. El resultado ha sido un creciente déficit autonómico que el FLA ha tratado de paliar pero sin conseguirlo de forma satisfactoria. En el caso de Cataluña, este desajuste ha alcanzado niveles fuera de control debido a la deriva independentista que la Generalitat ha ido desarrollando en los últimos años y más todavía en los últimos meses, hasta llegar a una confrontación abierta y de difícil vuelta atrás. Los gastos pertenecen ya a una órbita alejada de lo que es el normal funcionamiento de una Autonomía.
La decisión anunciada ahora por la Generalitat, de interrumpir el flujo de información con el Gobierno abre una seria crisis ya que esta exigencia por parte del Ministerio de Hacienda de recibir cuenta detallada de los gastos de la Generalitat estaba estrechamente vinculada a la continuidad del Fondo de Liquidez Autonómico. Sin los recursos de este fondo, Cataluña tendrá serios problemas para seguir su trayecto, lo que significa que antes o después, la Generalitat echará mano de sus aspiraciones de autonomía fiscal, llevando a toda su plena operatividad la Agencia Tributaria catalana al margen del Estado.Es decir, la independencia de facto.
La Generalitat parece tener preparado desde hace tiempo todo el engranaje necesario para hacer realidad esta Agencia. Solo falta que los impuestos del Estado (básicamente IVA, IRPF y Sociedades) sean exigibles por las autoridades fiscales catalanas, lo que previsiblemente será el siguiente paso y posiblemente no muy lejano en el tiempo. ¿Cómo reaccionará el Gobierno si este escenario se desarrolla en estos términos? Pronto saldremos de dudas.
Manuel Molares do Val latribunadelpaisvasco.com 14 Septiembre 2017
TACTICAS PARA DESESTABILIZAR
Violencia y separatismo, las dos herramientas de Podemos contra el sistema
Juan E. Pflüger gaceta.es 14 Septiembre 2017
La estrategia de Podemos es clara: atacar al sistema, mientras se sirve de su generosidad, para imponerse políticamente
Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias en las que señala que considera “gravísimo y terrible” que se haya prohibido la cesión de un local del Ayuntamiento de Madrid para la celebración de un acto a favor del separatismo catalán son la última muestra de que para Podemos todo vale para desestabilizar social y políticamente España.
Es un nuevo cambio de opinión en su ya esquizofrénica postura sobre la consulta ilegal y el independentismo de una parta de los políticos catalanes.
Recordemos algunos de estos cambios de opinión. En sus declaraciones en las que tilda de grave y terrible la prohibición por parte de un juzgado del acto convocado en Madrid, también ha explicado que: “Los problemas políticos no los resuelven ni la policía ni los jueces”. Sin embargo, en 2015, su opinión era muy diferente al señalar que si el Ejecutivo catalán declaraba unilateralmente la independencia, la solución “no dependería del Gobierno, sino de la aplicación de la justicia y eso lo hacen los tribunales”.
No son los únicos cambios de opinión a este respecto. En el año 2012, en pleno radicalismo de sus primeros momentos públicos mientras preparaba el salto a la política y organizaba lo que después sería Podemos, Iglesias no dudó en asegurar: “Si yo fuera catalán querría ser independiente”. Dos años después, había cambiado radicalmente: “¿Quiero que Cataluña se vaya? No quiero”, afirmaba tajantemente.
Pero el colmo de la falta de criterio político de Pablo Iglesias lo encontramos en los tres últimos meses. El pasado mes de julio, aseguraba en Cádiz que si fuera catalán no participaría en la consulta del próximo 1 de octubre. Sin embargo, el pasado 11 de septiembre, en Santa Coloma de Gramenet, en plena Diada, acaba su discurso, puño en alto, con un “viva Cataluña libre y soberana”. Pero no acaba aquí la cosa, solamente un día después, ya en Madrid, aseguraba que él no era catalán: “soy español, de Madrid. Tango que respetar a los ciudadanos de Cataluña”.
Estos cambios en sus opiniones no son sino parte de una estrategia clara de la formación que lidera. Su objetivo es atacar al sistema y generar una crisis en la que su partido aparezca como la nueva fuerza mayoritaria. Lo que él y sus secuaces denominan “crear nuevas mayorías”. Por eso necesita crispación. Esto le lleva a autodefinirse como español en Madrid y Cádiz, mientras que cada vez que viaja a Cataluña, alenta el separatismo. ¿O no recordamos que hacía lo mismo en la comunidad autónoma vasca?
Hace años frecuentaba las herriko tabernas, los centros de reunión del separatismo terrorismo vasco que durante muchos años, como recogen las sentencias judiciales, fueron una de las principales fuentes de ingresos de ETA. Entonces, y en aquel ambiente, aseguraba que entendía que los vascos quisieran abandonar España, pero les pedía que no “les dejaran solos ante los españoles”.
Por si todo esto fuera poco, este pasado miércoles, Pablo Iglesias sumaba su formación, Unidos Podemos, a una iniciativa tomada por los separatistas PdCat y ERC, y a los proetarras de Bildu que pretenden pedir explicaciones al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, por su decisión de tomar declaración como imputados a todos aquellos alcaldes que colaboren con la consulta ilegal del próximo primero de octubre.
Con los violentos
Pero los ataques de Podemos contra el sistema político no solamente se viven en su relación con el conflicto catalán. Siempre se han sumado a los comportamientos violentos que hayan sido protagonizados por la izquierda y se han permitido el lujo, incluso, de justificar los atentados terroristas de ETA y de los yihadistas, señalando que “tienen una causa política”, como dijo Pablo Iglesias o que “se ha fallado a mucha gente que no ve otra salida que inmolarse”, como afirmó uno de los líderes de Podemos, Miguel Urbán, tras los atentados de 2015.
Tampoco han escatimado su generoso apoyo a personas que no han dudado en emplear la violencia contra las instituciones, las Fuerzas y Curpos de Seguridad del Estado o contra personas anónimas. Así, en plena campaña de rodea el Congreso -recordemos que las primeras convocatorias se hicieron bajo el lema de asalta el Congreso- los líderes de Unidos Podemos mostraron su apoyo a este desafío a las instituciones. El propio Alberto Garzón, entonces diputado de IU, hoy de Unidos Podemos, salió del hemiciclo cuando este estaba siendo rodeado, para mostrar su solidaridad con quienes gritaban “no nos representan”. Lo más irónico es que uno de quienes no les representaba entonces era el propio Garzón.
Iglesias aseguraba “sentir emoción” cuando un policía nacional de la Unidad de Intervención Policial era golpeado ante las cámaras durante esas mismas protestas. Y también presumía de haberse peleado una sola vez en la que entre varios golpearon a un individuo entre tres “políticos universitarios” porque “un grupo de lumpenes de clase social mucho más baja que la nuestra, pues eso: gentuza, intentó robar una mesa de mezclas”.
También desde Podemos se ha defendido a violentos como Alfon, el radical ligado a Bukaneros, grupo ultra del Rayo Vallecano, tras haber sido detenido con material explosivo durante la última huelga general, o a los movimientos violentos que se vivieron en el barrio burgalés de Gamonal. También han terminado en Podemos los antiguos miembros del SAT, que acumulan condenas por actos violentos, como Andrés Bódalo.
La estrategia de Podemos es clara, cuanto más ataques al sistema, mejor para ellos. Aunque esto signifique la ruptura de España, un país al que dicen querer gobernar. Aunque esto signifique una oleada de violencia contra las instituciones, en las que ellos se han acomodado rápidamente. Y aunque esto signifique el ataque alas Fuerzas de Seguridad, a las que ellos no dudan en defender en países como Venezuela, donde se dedican a asesinar a estudiantes y opositores en la calle. Y es que, como aseguró Pablo Iglesias: “el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto”.
Entrevista con Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional
Nacho Doral okdiario 14 Septiembre 2017
Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) es Catedrático de Derecho Constitucional, abogado, escritor y articulista. Veterano de la izquierda catalana durante la dictadura, donde militó en el PSUC, pasó después a Iniciativa por Cataluña, que abandonó a finales de los años 80. Muy crítico con la deriva nacionalista de los partidos de izquierda, y decepcionado ante el avance imparable del pujolismo, centró su carrera en la universidad y el periodismo, hasta participar en el proceso de fundación de Ciudadanos.
De Carreras ha expuesto recientemente su pensamiento político en un libro escrito junto a José Borrell, Josep Piqué y Juan José López Burniol, bajo el título de “Escucha Cataluña, escucha España”. Partidario de aplicar el Código Penal y el Tribunal Constitucional antes que el artículo 155 de la Constitución, recomienda desdramatizarlo por si finalmente el Estado ha de recurrir a esta alternativa.
Pregunta.- ¿Habrá urnas el 1-O?
Respuesta.- “No habrá referéndum ni legal, ni ilegal. El primero, porque no se ha planteado. Y el segundo, es imposible. Otra cosa es que en algún punto de la geografía catalana aparezca alguna mesa con unas urnas. Pero un referéndum requiere una ley vigente que lo ampare (y esta no la tiene porque está suspendida y es manifiestamente inconstitucional), una organización de mesas, presidentes, vocales, una administración electoral, un censo, y unas garantías jurisdiccionales. Y todo esto no existe y si se improvisan en el último momento, no tiene ningún tipo de credibilidad”.
P.- ¿Estamos ante un 23-F sin pistolas?
R.- “Es un golpe de Estado en el sentido de que un parlamento autonómico ha querido deliberadamente y, a sabiendas, aprobar leyes manifiestamente inconstitucionales como son las aprobadas. Y por un procedimiento ilegal. Por tanto, de una forma digamos ‘posmoderna’, es un golpe. Además, anunciado con antelación porque lo avisaron hace años”.
P.- ¿Cómo se llega a este punto?
R- “Es el resultado de una historia larga que viene como mínimo del año 1980, en el que con Pujol es elegido presidente de la Generalitat y se van poniendo año tras año las piedras de la llamada ‘construcción nacional’, que es coger un territorio y una población y convertirla a una ideología única: el nacionalismo. Y que una vez considerado fuerte, dar el paso para la creación de un estado independiente y separarse de España”.
P.- ¿Qué ha faltado?
R.- “Ha faltado pedagogía y ha sobrado ingenuidad. En cuanto a lo primero, ha faltado una explicación por parte de los gobiernos de la época democrática, y al igual que de los partidos, de que a finales del siglo XX y ahora en el XXI no tiene sentido hablar de naciones en un mundo globalizado. Y de que Cataluña forma parte de España, y a través de España, de Europa. Y de que esto es lo mejor para ambas. Ha faltado explicar los perjuicios que supone que Cataluña quede al margen de España, y lo que sucedería si fuese independiente. Y luego, han sobrado las ingenuidades por parte de los partidos nacionales, sobre todo PP y PSOE, al aliarse con los nacionalistas catalanes de CIU y ERC por su necesidad de formar mayorías parlamentarias”.
“En Cataluña, a los gobiernos centrales les ha faltado pedagogía y les ha sobrado ingenuidad frente a los nacionalistas”
P.- ¿Sería una posible solución la ‘nación de naciones’ que propone ahora el PSOE?
R.- “Pedro Sánchez sólo ha añadido barullo con esa propuesta, primero con la propuesta en sí. Después, asegurando que tiene un ‘concepto no nacionalista’ del término nación. Pero la pedagogía sobre qué es una nación en sentido jurídico, y qué en sentido cultural, se tenía que haber hecho antes. Nunca es tarde, pero sus posiciones son un error. Aunque suponen una anécdota frente a un plan perfectamente trazado, y documentado en casi una veintena de informes oficiales de la Generalitat desde las elecciones de 2012. En cambio, por el otro lado, desde el Gobierno de España, no se ha hecho ni se ha explicado nada a los ciudadanos catalanes”.
P.- ¿Es necesaria una reforma de la Constitución?
R.- “Soy partidario de introducir de una reforma puntual, de algunos cambios en algunos artículos de la Carta Magna. En este sentido, considero que la reforma del modelo territorial que ha lanzado el PSOE y que parece el PP está en condiciones de aceptar es un paso positivo. Así que bienvenida sea esa reforma, si es para racionalizar y mejorar el funcionamiento del Estado de las Autonomías”.
“Soy partidario de una reforma de la Constitución, pero no para complacer con nuevas cesiones a los independentistas”
P.- ¿Y esa reforma debería conllevar nuevas cesiones a Cataluña?
R.- “De ningún modo, porque sería abdicar de la autoridad del Estado. Los ciudadanos catalanes merecen atención como cualquier otros ciudadanos de España. Y el Gobierno lo ha hecho, por ejemplo, otorgando créditos a muy bajo interés dada la situación económica con la Generalitat como organismo quebrado en el mundo y al que nadie quiere prestar dinero. Cualquier reforma ha de hacerse para todos y atendiendo a los intereses de todas las comunidades autónomas, de todo el Estado en su conjunto, y no para complacer a los independentistas por el llamado problema catalán”.
P- ¿Los daños del proceso separatista son ya irreparables?
R.- “No hay ningún daño irreparable. En la Historia siempre se puede rectificar, aunque no se debía haber llegado a esta situación. Y ha sido así por las políticas extremadamente ingenuas de los gobiernos centrales sucesivos de España respecto a las intenciones de los nacionalistas catalanes, que estaban ya diseñadas en 1980. A partir de entonces, se impuso el sometimiento al nacionalismo y para ser políticamente correcto había que ser nacionalista”.
P.- ¿Se puede detener este desafío de los separatistas si no no desisten de su actitud?
R.- “El Estado tiene suficientes recursos legales para parar este golpe, y naturalmente que se puede. Tiene el Tribunal Constitucional, para que se cumplan las sentencias, y, en paralelo, ha de aplicarse el Código Penal. Y cómo no, el artículo 155 de la Constitución que está previsto para casos de un flagrante incumplimiento de una comunidad autónoma que afecte a los intereses generales. Se ha hablado de la Ley de Seguridad Nacional, pero creo que está pensada para otro tipo de situaciones”.
P.- ¿En qué orden deberían implementarse esas medidas legales?
R.- “Primero, el Código Penal y la ejecución de sentencias del TC que deben ir en paralelo, como se está haciendo en este momento. Y si esto no fuera necesario, si el Estado de Derecho no se cumpliera en Cataluña y afectara, por tanto ,a los derechos y libertades de los catalanes, después recurrir al 155. Que está en la Constitución, y que no es ninguna situación excepcional como la Ley de Excepción y Sitio, que también está en la misma norma. Pero hay que desdramatizar el 155, y acercarlo a la opinión pública, porque medios y políticos han contribuido a que parezca un golpe de Estado encubierto interno cuando es todo lo contrario: es para evitarlos”.
P.- ¿El Gobierno está a tiempo de poder aplicar aún el artículo 155 o ya no hay plazo, como mantienen algunos juristas?
R.- “Hay procedimientos para acelerar los trámites y que permitirían su puesta en marcha en un plazo de siete u ocho días, por lo que es falso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy llegue tarde, y no disponga ya de tiempo”.
P.- ¿Qué situación prevé hasta el 1-O y después de esa fecha?
R.- “Hasta el día del referéndum, nos espera una situación tensa, porque puede haber intentos de ocupar edificios oficiales, o que los radicales intenten permanecer durante tiempo en la calle con violencia, haciendo escraches… Desde la propia Generalitat se está coaccionando a los alcaldes, como ha hecho incluso el presidente Puigdemont. Y a partir del 1 de octubre, pues como ese referéndum no se llevará a cabo, habrá protestas y quizá algunos actos violentos. Pero el Estado tiene instrumentos para salvaguardar las libertades y los derechos de todos los ciudadanos”.

References: artículo 155
 resolución 
 artículo 93
 resolución 
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155