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Timestamp: 2014-03-09 17:44:49+00:00

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EUR-Lex - 52002AG0002 - ES
Posición común (CE) n° 2/2002, de 17 de septiembre de 2001, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fĳan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
DO C 4de 7.1.2002, p. 18/51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
del documento: 17/09/2001
entr. en vigor: 17/09/2001; entrada en vigor fecha documento
fin de validez: 99/99/9999; ver 52000PC0716
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Posición Común (CE) no 2/2002
aprobada por el Consejo el 17 de septiembre de 2001
con vistas a la adopción del Reglamento (CE) n° .../2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
(2002/C 4/02)
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 37, 95 y 133 y la letra b) del apartado 4 de su artículo 152,
(15) Las medidas que adopten los Estados miembros o la Comunidad con respecto a los alimentos y los piensos deben estar basadas, en general, en un análisis de riesgo, salvo que no se considere adecuado por las circunstancias o la naturaleza de la medida. El recurso a este instrumento antes de adoptar ninguna medida debe evitar que se creen barreras injustificadas a la libre circulación de productos alimenticios.
(16) Cuando la legislación alimentaria está destinada a reducir, eliminar o evitar un riesgo para la salud, los tres elementos interrelacionados del análisis del riesgo, a saber, la determinación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo, ofrecen una metodología sistemática para establecer medidas o acciones eficaces, proporcionadas y específicas para proteger la salud.
(17) Para generar confianza en la base científica de la legislación comunitaria, la determinación del riesgo se debe llevar a cabo de una manera independiente, objetiva y transparente, basada en la información y los datos científicos disponibles.
(19) Se ha invocado el principio de cautela para garantizar la protección de la salud en la Comunidad, lo que ha generado barreras a la libre circulación de alimentos y de piensos. Por ello, es necesario adoptar una base uniforme en toda la Comunidad para recurrir a este principio.
(21) La seguridad alimentaria y la protección de los intereses de los consumidores preocupan cada vez más al público en general, a las organizaciones no gubernamentales, a los socios comerciales internacionales y a las organizaciones de comercio. Es pues necesario asegurar la confianza de los consumidores y de los socios comerciales merced a un desarrollo abierto y transparente de la legislación alimentaria y a la correspondiente actuación de las autoridades públicas, que han de adoptar las medidas necesarias para informar al público cuando existan motivos razonables para sospechar que un alimento puede presentar un riesgo para la salud.
(22) La seguridad y la confianza de los consumidores de la Comunidad y de terceros países son de vital importancia. Como uno de los principales comerciantes de alimentos y de piensos en el mundo, la Comunidad ha celebrado acuerdos comerciales internacionales, contribuye a elaborar normas internacionales en las que basar la legislación alimentaria y apoya los principios del libre comercio de piensos seguros y alimentos seguros y saludables de una manera no discriminatoria, de acuerdo con prácticas comerciales justas y éticas.
(23) Es necesario garantizar que alimentos y piensos exportados y reexportados de la Comunidad cumplen la normativa comunitaria o los requisitos establecidos por el país importador. En los demás casos, alimentos y piensos sólo pueden exportarse o reexportarse si el país importador ha manifestado expresamente su acuerdo. No obstante, es necesario garantizar que, incluso si hay acuerdo del país importador, no se exportan o reexportan los alimentos perjudiciales para la salud o piensos que no sean seguros.
(25) Algunos Estados miembros han adoptado una legislación uniforme sobre seguridad alimentaria que, en particular, impone a los operadores económicos la obligación general de comercializar únicamente alimentos que sean seguros. Sin embargo, estos Estados miembros aplican criterios diferentes para determinar si un alimento es seguro o no. Como consecuencia de estos diferentes planteamientos, y en ausencia de una legislación uniforme en otros Estados miembros, pueden surgir barreras al comercio de alimentos. Del mismo modo, puede surgir este tipo de barreras al comercio de piensos.
(27) La experiencia ha demostrado que la imposibilidad de localizar el origen de los alimentos o los piensos puede poner en peligro el funcionamiento del mercado interior de alimentos o piensos. Es, por tanto, necesario establecer un sistema exhaustivo de trazabilidad en las empresas alimentarias y de piensos para poder proceder a retiradas específicas y precisas de productos, o bien informar a los consumidores o a los funcionarios encargados del control, y evitar así una mayor perturbación innecesaria en caso de problemas de seguridad alimentaria.
(29) El explotador de la empresa alimentaria es quien está mejor capacitado para diseñar un sistema seguro de suministro de alimentos y conseguir que los alimentos que suministra sean seguros. Por lo tanto, debe ser el responsable legal principal de la seguridad alimentaria. Aunque este principio existe en algunos Estados miembros y en algunos ámbitos de la legislación alimentaria, en otros o bien no es explícito, o bien la responsabilidad la asume la autoridad competente del Estado miembro, a través de las actividades de control que realiza. Estas disparidades pueden crear barreras al comercio y distorsionar la competencia entre los explotadores de empresas alimentarias de los distintos Estados miembros.
(30) Los mismos requisitos deben aplicarse a los piensos y a los explotadores de empresas de piensos.
(31) La base científica y técnica de la legislación comunitaria relativa a la seguridad de los alimentos y los piensos debe contribuir a alcanzar un nivel elevado de protección de la salud en la Comunidad. La Comunidad debe tener acceso a un apoyo científico y técnico altamente cualificado, independiente y eficiente.
(32) Las cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la seguridad alimentaria y de los piensos son cada vez más importantes y complejas. La creación de una Autoridad Alimentaria Europea, denominada en lo sucesivo, "la Autoridad", debe reforzar el actual sistema de apoyo científico y técnico, que ya no es capaz de hacer frente a las demandas cada vez más numerosas que se le hacen.
(33) Con arreglo a los principios generales de la legislación alimentaria, la Autoridad debe actuar como órgano de referencia científico independiente en la evaluación del riesgo y ayudar a asegurar el correcto funcionamiento del mercado interior; se le pueden solicitar dictámenes científicos acerca de cuestiones controvertidas, para permitir a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros tomar con conocimiento de causa las decisiones de gestión del riesgo necesarias para asegurar la seguridad alimentaria y de los piensos, y ayudar al mismo tiempo a evitar la fragmentación del mercado interior provocada por la adopción de medidas que obstaculizan injustificada o innecesariamente la libre circulación de alimentos y piensos.
(34) La Autoridad debe ser una fuente científica independiente de recomendación, información y de comunicación del riesgo, para aumentar la confianza de los consumidores; sin embargo, para fomentar la coherencia entre la evaluación del riesgo, su gestión y las funciones de comunicación del riesgo, debe reforzarse el lazo entre los que evalúan y los que gestionan el riesgo.
(35) La Autoridad debe ofrecer una visión científica independiente de la seguridad y de otros aspectos de la cadena alimentaria y de piensos en su totalidad; esto conlleva unas amplias responsabilidades para la Autoridad. Entre ellas debe incluir las relativas a cuestiones con un efecto directo o indirecto sobre la seguridad de las cadenas alimentaria y de los piensos, a la salud y el bienestar de los animales y a las cuestiones fitosanitarias. Sin embargo, es necesario garantizar que la Autoridad se concentre en la seguridad alimentaria, para que su misión en cuestiones relativas a la salud y el bienestar de los animales y fitosanitarias que no estén relacionadas con la seguridad de la cadena alimentaria se limite a formular dictámenes científicos. La misión de la Autoridad debe abarcar asimismo recomendaciones científicas y apoyo científico y técnico sobre alimentación humana en relación con la normativa comunitaria y asistencia a la Comisión, a petición de esta última, relativa a comunicación relacionada con programas sanitarios comunitarios.
(36) Puesto que la legislación alimentaria autoriza algunos productos, como los plaguicidas o los aditivos para piensos, que pueden entrañar riesgos para el medio ambiente o para la seguridad de los trabajadores, la Autoridad también debe evaluar con arreglo a la normativa pertinente algunos aspectos relacionados con la protección del medio ambiente y de los trabajadores.
(37) Para evitar la duplicación de las evaluaciones científicas y los dictámenes con ellas asociados referidos a los organismos modificados genéticamente (OMG), la Autoridad también debe proporcionar dictámenes científicos sobre productos distintos de los alimentos y los piensos en relación con los OMG definidos en la Directiva 2001/18/CE(7) y sin perjuicio de los procedimientos que en ella se establecen.
(38) La Autoridad debe contribuir, mediante el apoyo en materias científicas, al papel de la Comunidad y los Estados miembros en el desarrollo y la creación de normas internacionales sobre seguridad alimentaria y acuerdos comerciales.
(39) Es esencial que las instituciones comunitarias, el público en general y las demás partes interesadas depositen su confianza en la Autoridad. Por esta razón, es vital asegurar su independencia, alta calidad científica, transparencia y eficiencia. La cooperación con los Estados miembros resulta asimismo indispensable.
(40) A tal efecto, debe nombrarse a la Junta directiva de tal modo que se garantice el más alto nivel de competencia, una amplia gama de conocimientos pertinentes y el mayor reparto geográfico posible dentro de la Unión. Para garantizar que se dispone de una amplia gama de conocimientos pertinentes, es necesario que el Consejo tenga una amplia elección de candidatos basada en una lista elaborada por la Comisión de un modo abierto y transparente. Para establecer una relación de confianza y transparencia, con el público en general, es conveniente que una cuarta parte de los miembros procedan de organizaciones que representan a los consumidores y otros intereses de la cadena alimentaria.
(42) La Junta directiva debe tener los poderes necesarios para determinar el presupuesto, verificar su aplicación, redactar los estatutos, adoptar reglamentos financieros y nombrar tanto a los miembros del Comité científico y de las comisiones técnicas científicas como al Director ejecutivo.
(43) Para funcionar eficazmente, la Autoridad debe cooperar estrechamente con los organismos competentes de los Estados miembros. Para ello, debe crearse un Foro consultivo para asesorar al Director ejecutivo, crear un mecanismo de intercambio de información y garantizar una estrecha cooperación, en particular en lo que se refiere al sistema de interconexión. La cooperación y el intercambio adecuado de información también debe reducir al mínimo la posibilidad de dictámenes científicos divergentes.
(44) La Autoridad debe asumir, en sus ámbitos de competencia, el papel de los Comités científicos vinculados a la Comisión consistente en emitir dictámenes. Es necesario reorganizar estos Comités para asegurar una mayor coherencia científica en relación con la cadena alimentaria y permitir una realización más eficaz de su trabajo. Por lo tanto, deben crearse dentro de la Autoridad un Comité científico y varias comisiones técnicas científicas encargadas de emitir esos dictámenes.
(45) Para garantizar la independencia, los miembros del Comité científico y de las comisiones técnicas deben ser científicos independientes contratados mediante un procedimiento de candidatura abierto.
(46) El papel de la Autoridad como órgano de referencia científico independiente implica que su dictamen científico puede ser solicitado no sólo por la Comisión, sino también por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Para garantizar la gestión y la coherencia del proceso de dictamen científico, la Autoridad debe poder rechazar o modificar una solicitud siempre que esté justificado y basándose en criterios previamente determinados. Deben adoptarse medidas para contribuir a evitar los dictámenes científicos divergentes y en caso de dictámenes científicos divergentes de entes científicos, deben aplicarse procedimientos para resolver la divergencia u ofrecer a los gestores del riesgo una información científica transparente en la que basarse.
(47) La Autoridad debe poder encargar estudios científicos necesarios para el cumplimiento de su cometido, asegurándose de que los vínculos por ella establecidos con la Comisión y los Estados miembros previenen la duplicación de esfuerzos. Debe hacerse de un modo abierto y transparente y la Autoridad debe tener en cuenta las estructuras y los expertos con que cuenta ya la Comunidad.
(48) Se admite que la ausencia de un sistema eficaz de recopilación y análisis a nivel comunitario de datos sobre la cadena alimentaria es un defecto importante. Por lo tanto, debe establecerse un sistema para la recopilación y el análisis de datos en los ámbitos de competencia de la Autoridad, en forma de una red coordinada por ésta. Es asimismo necesaria una revisión de las redes comunitarias de recopilación de datos que ya existen en los ámbitos de competencia de la Autoridad.
(49) La mejora de la identificación de los riesgos emergentes puede convertirse a largo plazo en un instrumento preventivo importante a disposición de los Estados miembros y de la Comunidad en la aplicación de sus políticas. Por ello es necesario asignar a la Autoridad una tarea anticipatoria de recopilar información y ejercer la vigilancia, así como la tarea de evaluar los riesgos emergentes y facilitar información para su prevención.
(50) La creación de la Autoridad debe permitir a los Estados miembros participar más activamente en los procedimientos científicos. Por tanto, entre aquélla y éstos debe establecerse una estrecha cooperación. En particular, la Autoridad debe poder asignar determinadas tareas a organizaciones de los Estados miembros.
(51) Es necesario lograr un equilibrio entre la necesidad de utilizar organizaciones nacionales para efectuar tareas asignadas por la Autoridad y la necesidad de asegurarse de que, en pro de la coherencia general, esas tareas se realizan de acuerdo con los criterios establecidos al efecto. En el plazo de un año deben reexaminarse, con el objetivo de tener en cuenta la creación de la Autoridad y las nuevas posibilidades que ofrece, los procedimientos existentes para asignar tareas científicas a los Estados miembros, en particular por lo que se refiere a la evaluación de expedientes presentados por la industria para solicitar la autorización de determinadas sustancias o determinados productos o procedimientos, pues los procedimientos de evaluación seguirán siendo al menos igual de estrictos que antes.
(52) La Comisión sigue siendo plenamente responsable de comunicar las medidas de gestión del riesgo. Por consiguiente, se debe intercambiar la información adecuada entre la Autoridad y la Comisión. También es necesaria una estrecha cooperación entre la Autoridad, la Comisión y los Estados miembros para garantizar la coherencia del proceso global de comunicación.
(53) La independencia de la Autoridad y su papel como informador del público en general significan que debe ser capaz de comunicar de manera autónoma los datos que entran dentro de su ámbito de competencia, con el fin de ofrecer una información objetiva, fiable y de fácil comprensión.
(54) Es necesario entablar con los Estados miembros y las demás partes interesadas la adecuada cooperación en el ámbito específico de las campañas de información al público, para tener en cuenta los parámetros regionales y las posibles correlaciones con la política sanitaria.
(55) Además de sus principios operativos basados en la independencia y la transparencia, la Autoridad debe ser una organización abierta a los contactos con los consumidores y con otros interesados.
(56) La Autoridad debe financiarse con el presupuesto general de la Unión Europea. Sin embargo, a la luz de la experiencia adquirida, sobre todo con la tramitación de expedientes de autorización presentados por la industria, la posibilidad de cobrar tasas debe examinarse en los tres años siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento. El procedimiento presupuestario de la Unión Europea sigue siendo aplicable por lo que respecta a las subvenciones por cuenta del presupuesto general de la Unión Europea. La auditoría de la contabilidad debe llevarla a cabo el Tribunal de Cuentas.
(57) Es necesario hacer posible la participación de los países europeos que no son miembros de la Unión Europea pero que han celebrado acuerdos que les obligan a incorporar y aplicar la legislación comunitaria en el ámbito cubierto por el presente Reglamento.
(58) Existe un sistema de alerta rápida en el marco de la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos(8). En su ámbito de aplicación están incluidos los alimentos y los productos industriales, pero no los piensos. Las recientes crisis alimentarias han demostrado que es necesario establecer un sistema de alerta rápida mejor y más amplio, que incluya a los alimentos y los piensos. La Comisión, los Estados miembros como miembros de la red y la Autoridad deben gestionar el sistema revisado. Este sistema no debe cubrir el intercambio rápido de información en caso de emergencia radiológica, tal como se define en la Decisión 87/600/Euratom del Consejo(9).
(59) Los recientes incidentes relacionados con la seguridad alimentaria han demostrado que es necesario establecer medidas apropiadas en situaciones de emergencia para asegurarse de que todos los alimentos, del tipo y del origen que sean, y todos los piensos puedan ser sometidos a medidas comunes en caso de un riesgo grave para la salud humana y animal o el medio ambiente. Este enfoque exhaustivo de las medidas de seguridad alimentaria de emergencia debe permitir emprender acciones eficaces y evitar disparidades artificiales en el tratamiento de un riesgo grave relativo a alimentos o piensos.
(60) Las recientes crisis alimentarias han demostrado también lo beneficioso que resulta para la Comisión disponer de procedimientos convenientemente adaptados y más rápidos para la gestión de crisis. Estos procedimientos organizativos deben permitir mejorar la coordinación de los esfuerzos y determinar cuáles son las medidas más indicadas, en función de la mejor información científica. Por lo tanto, los procedimientos revisados deben tener en cuenta las responsabilidades de la Autoridad y disponer su asistencia científica y técnica en forma de recomendación en caso de crisis alimentaria.
(61) Para asegurar un enfoque exhaustivo más eficaz de la cadena alimentaria, debe crearse un Comité de la cadena alimentaria y de sanidad animal, que ha de remplazar al Comité veterinario permanente, al Comité permanente de productos alimenticios y al Comité permanente de la alimentación animal. Por lo tanto las Decisiones 68/361/CEE(10), 69/414/CEE(11) y 70/372/CEE(12) del Consejo deben ser derogadas. Por el mismo motivo, el Comité de la cadena alimentaria y de sanidad animal también debe sustituir al Comité fitosanitario permanente respecto de sus competencias (para las Directivas 76/895/CEE(13), 86/362/CEE(14), 83/363/CEE(15), 90/642/CEE(16) y 91/414/CEE)(17) sobre productos fitosanitarios y el establecimiento de niveles máximos de residuos.
(62) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(18).
(63) Es necesario dar a los operadores tiempo necesario para adaptarse a algunos de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y que la Autoridad Alimentaria Europea comience a funcionar el 1 de enero de 2002.
(64) Es importante evitar confusiones entre los cometidos de la Autoridad y los de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos creada por el Reglamento (CEE) n° 2309/93(19) del Consejo, por lo que es necesario establecer que el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las competencias atribuidas a esta Agencia por la legislación comunitaria, incluidas las que le confiere el Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal(20).
(65) Resulta necesario y apropiado para alcanzar los objetivos previstos por el presente Reglamento regular la aproximación de los conceptos, principios y procedimientos que formen una base común para la legislación alimentaria comunitaria y crear una Autoridad Alimentaria Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos previstos.
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por "alimento" (o "producto alimenticio") cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no. "Alimento" incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o tratamiento. Se incluirá el agua después del punto de cumplimiento definido en el artículo 6 de la Directiva 98/83/CE y sin perjuicio de los requisitos estipulados en las Directivas 80/778/CEE y 98/83/CE.
e) los cosméticos tal como los define la Directiva76/768/CEE(23) del Consejo;
f) el tabaco y los productos del tabaco tal como los define la Directiva 89/622/CEE(24) del Consejo;
1) "legislación alimentaria": las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en la Comunidad Europea o a nivel nacional a los alimentos en general, y a la seguridad de los alimentos en particular. Se aplica a cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos así como de piensos producidos para alimentar a los animales destinados a la producción de alimentos o suministrados a dichos animales;
2) "empresa alimentaria": toda empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo cualquier actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos;
3) "explotador de empresa alimentaria": las personas físicas o jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control;
4) "pienso": cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos, destinado a la alimentación por vía oral de los animales, tanto si ha sido transformado entera o parcialmente como si no;
5) "empresa de piensos": toda empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo cualquier actividad de producción, fabricación, transformación, almacenamiento, transporte o distribución de piensos; se incluye todo productor que produzca, transforme o almacene piensos para alimentar a los animales de su propia explotación;
6) "explotador de empresa de piensos": las personas físicas o jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria en la empresa de piensos bajo su control;
7) "comercio al por menor": la manipulación o la transformación de alimentos y su almacenamiento en el punto de venta o entrega al consumidor final; se incluyen las terminales de distribución, las actividades de restauración colectiva, los comedores de empresa, los servicios de restauración de instituciones, los restaurantes y otros servicios alimentarios similares, las tiendas, los centros de distribución de los supermercados y los puntos de venta al público al por mayor;
8) "comercialización": la tenencia de alimentos o piensos con el propósito de venderlos; se incluye la oferta de venta o de cualquier otra forma de transferencia, ya sea a título oneroso o gratuito, así como la venta, distribución u otra forma de transferencia;
9) "riesgo": la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y de la gravedad de ese efecto, como consecuencia de un factor de peligro;
10) "análisis del riesgo": un proceso formado por tres elementos interrelacionados: determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo;
11) "determinación del riesgo": un proceso con fundamento científico formado por cuatro etapas: identificación del factor de peligro, caracterización del factor de peligro; determinación de la exposición y caracterización del riesgo.
12) "gestión del riesgo": el proceso, distinto del anterior, consistente en sopesar las alternativas políticas en consulta con las partes interesadas, teniendo en cuenta la determinación del riesgo y otros factores pertinentes, y, si es necesario, seleccionando las opciones apropiadas de prevención y control;
13) "comunicación del riesgo": el intercambio interactivo, a lo largo de todo el proceso de análisis del riesgo, de información y opiniones en relación con los factores de peligro y los riesgos, los factores relacionados con el riesgo y las percepciones del riesgo, que se establece entre los responsables de la determinación y los responsables de la gestión del riesgo, los consumidores, las empresas alimentarias y de piensos, la comunidad científica y otras partes interesadas; en ese intercambio está incluida la explicación de los resultados de la determinación del riesgo y la motivación de las decisiones relacionadas con la gestión del riesgo;
14) "factor de peligro": todo agente biológico, químico o físico presente en un alimento o en un pienso, o toda condición biológica, química o física de un alimento o un pienso que pueda causar un efecto perjudicial para la salud;
15) "trazabilidad": la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo;
16) "etapas de la producción transformación y distribución": cualquiera de las fases, incluida la de importación, que van de la producción primaria de un alimento, inclusive, hasta su almacenamiento, transporte, venta o suministro al consumidor final, inclusive, y, en su caso, todas las fases de la importación, producción, fabricación, almacenamiento, transporte, distribución, venta y suministro de piensos;
17) "producción primaria": la producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. Abarcará también la caza y la pesca y la recolección de productos silvestres;
18) "consumidor final": el consumidor último de un producto alimenticio que no empleará dicho alimento como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector de la alimentación.
3. La gestión del riesgo tendrá en cuenta los resultados de la determinación del riesgo y, en particular, los dictámenes de la Autoridad Alimentaria Europea mencionada en el artículo 22, el principio de cautela cuando sean pertinentes las condiciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 7, así como otros factores relevantes para el tema de que se trate.
b) la adulteración de alimentos; y
1. Los alimentos y piensos exportados o reexportados de la Comunidad para ser comercializados en terceros países deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria, salvo que las autoridades o las disposiciones legales o reglamentarias, normas, códigos de conducta y otros instrumentos legales y administrativos vigentes del país importador exijan o establezcan, respectivamente, otra cosa.
2. Cuando sean aplicables las disposiciones de un acuerdo bilateral celebrado entre la Comunidad o uno de sus Estados miembros y un tercer país, los alimentos y piensos exportados de la Comunidad o de dicho Estado miembro a ese tercer país deberán cumplir dichas disposiciones.
d) prestar una atención especial a las necesidades peculiares de los países en desarrollo en materia de desarrollo, finanzas y comercio, a fin de evitar que las normas internacionales generen obstáculos innecesarios a las exportaciones procedentes de estos países.
a) sea nocivo para la salud,
a) las condiciones normales de uso del alimento por los consumidores y en cada fase de la producción, la transformación y la distribución; y
9. A falta de disposiciones comunitarias específicas, se considerará seguro un alimento si es conforme a las disposiciones específicas de la legislación alimentaria nacional del Estado miembro donde se comercialice ese alimento; esas disposiciones nacionales deberán estar redactadas y aplicarse sin perjuicio del Tratado y, en particular, de sus artículos 28 y 30.
3. El explotador de empresa alimentaria que considere o sospeche que uno de los alimentos que ha comercializado puede ser nocivo para la salud de las personas deberá informar inmediatamente de ello a las autoridades competentes. El explotador también deberá informar a las autoridades competentes de las medidas adoptadas para prevenir los riesgos para el consumidor final.
3. El explotador de empresa de piensos que considere o sospeche que uno de los piensos que ha comercializado incumple los requisitos en materia de inocuidad de los piensos deberá informar inmediatamente de ello a las autoridades competentes. El explotador deberá informar también a las autoridades competentes de las medidas adoptadas para prevenir los riesgos derivados del empleo de dicho pienso.
1. Por el presente Reglamento se crea una Autoridad Alimentaria Europea, denominada en lo sucesivo, "la Autoridad".
8. La Autoridad, la Comisión y los Estados miembros cooperarán para propiciar la coherencia necesaria entre las funciones de determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo.
c) proporcionará a la Comisión apoyo científico y técnico en los ámbitos comprendidos en su cometido;
b) un Director ejecutivo y su equipo de colaboradores;
1. La Junta directiva estará compuesta por 16 miembros nombrados por el Consejo, en consulta con el Parlamento Europeo procedentes de una lista elaborada por la Comisión que contendrá un número de candidatos considerablemente mayor que el de los que deban ser nombrados, y un representante de la Comisión. Un cuarto de los miembros contarán con historial en organizaciones representativas de los consumidores y otras partes interesadas en la cadena alimentaria.
Los miembros de la Junta Directiva serán designados de forma que garantice el máximo nivel de competencia, una amplia gama de conocimientos especializados pertinentes y la distribución geográfica más amplia posible dentro de la Unión.
2. El mandato de los miembros será de cuatro años. No obstante, en el primer mandato, su duración será de seis años para la mitad de los miembros.
Los miembros podrán ser representados por suplentes, nombrados al mismo tiempo.
10. El Director ejecutivo participará, sin derecho de voto, en las reuniones de la Junta directiva, y asumirá las funciones de secretaría.
1. El Director ejecutivo será nombrado por la Junta Directiva, a partir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión tras celebrarse una oposición libre, previa publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en otros medios de comunicación de una convocatoria de manifestaciones de interés, por un período de cinco años renovable, y podrá ser asimismo destituido por la propia Junta directiva.
5. El Foro consultivo estará presidido por el Director ejecutivo, que convocará sus reuniones. Su procedimiento operativo se especificará en los estatutos de la Autoridad y se hará público.
a) Comisión técnica de aditivos alimentarios, aromatizantes, auxiliares tecnológicos y materiales en contacto con los alimentos;
b) Comisión técnica de aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales;
5. Los miembros del Comité científico que no formen parte de las Comisiones técnicas científicas y los miembros de estas últimas serán nombrados por la Junta directiva, a propuesta del Director ejecutivo, por un período de tres años renovable, previa publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en destacadas publicaciones científicas pertinentes y en el sitio Internet de la Autoridad de una convocatoria de manifestaciones de interés.
1. La Comisión podrá solicitar a la Autoridad asistencia científica y técnica en cualquier ámbito comprendido en su cometido. Para prestar esa asistencia, la Autoridad realizará funciones de carácter científico o técnico en las cuales aplicará principios científicos o técnicosconsagrados, que no requerirán una evaluación científica por parte del Comité científico ni de ninguna de las Comisiones técnicas. En este contexto, entre sus funciones podrá figurar, en particular, la de asistir a la Comisión en el establecimiento o evaluación de criterios técnicos, así como en la elaboración de directrices técnicas.
1. Los ingresos de la Autoridad estarán compuestos por la contribución de la Comunidad y las tasas que la Autoridad cobre en pago de los servicios que preste.
5. El 31 de marzo de cada año, a más tardar, la Junta directiva aprobará el proyecto de estimaciones, con inclusión de una lista provisional del personal, acompañado del programa preliminar de trabajo, y lo transmitirá a la Comisión para que ésta, tomándolo como base, introduzca las estimaciones pertinentes en el anteproyecto de presupuesto general de la Unión Europea, que presentará al Consejo de conformidad con el artículo 272 del Tratado.
En los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión, tras consultar a la Autoridad, a los Estados miembros y a las partes interesadas, publicará un informe sobre si es posible y aconsejable cobrar tasas a las empresas por obtener una autorización comunitaria y por otros servicios prestados por la Autoridad.
1. La Autoridad estará abierta a la participación de países que hayan celebrado acuerdos con la Comunidad Europea en virtud de los cuales hayan adoptado y apliquen la legislación comunitaria en el ámbito cubierto por el presente Reglamento.
2. Conforme a las disposiciones pertinentes de dichos acuerdos se establecerán las modalidades relativas a la naturaleza, la extensión y la forma de esa participación en los trabajos de la Autoridad, incluidas las disposiciones relativas a la participación en las redes que administre la Autoridad, la inclusión en la lista de organizaciones competentes a las que ésta pueda confiar determinadas misiones, las contribuciones financieras y los recursos humanos.
1. Se establece un sistema de alerta rápida, en forma de red, destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud humana y que se deriven de alimentos o piensos. En él participarán los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad. Los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad designarán, respectivamente, un punto de contacto, que será un miembro de la red.
Cuando una autoridad competente rechace en un puesto fronterizo de la Unión Europea un lote, un contenedor o un cargamento, la Comisión lo notificará inmediatamente a todos los puestos fronterizos de la Unión Europea, así como al tercer país de origen.
4. Cuando se envíen a un tercer país un alimento o un pienso que hayan sido objeto de una notificación en el sistema de alerta rápida, la Comisión proporcionará a ese país la información correspondiente.
La Comisión adoptará las normas de desarrollo para la aplicación del artículo 50 tras consultar a la Autoridad y de acuerdo con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 58. Estas medidas especificarán, en particular, las condiciones y procedimientos específicos aplicables a la transmisión de las notificaciones y la información complementaria.
Medidas de emergencia para alimentos y piensos de origen comunitario o importados de un tercer país
1. Cuando se ponga de manifiesto la probabilidad de que un alimento o un pienso, procedente de la Comunidad o importado de un tercer país, constituya un riesgo grave para la salud de las personas, de los animales o para el medio ambiente, y dicho riesgo no pueda controlarse satisfactoriamente mediante la adopción de medidas por parte de los Estados miembros afectados, la Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 58, por iniciativa propia o a petición de un Estado miembro, adoptará de inmediato una o varias de las medidas que se exponen a continuación, en función de la gravedad de la situación:
i) suspensión de la comercialización del alimento en cuestión,
ii) suspensión de la comercialización o del uso del pienso en cuestión,
iii) establecimiento de condiciones especiales para ese alimento o pienso,
b) si es un alimento o un pienso importado de un tercer país:
i) suspensión de las importaciones de ese alimento o pienso procedentes de la totalidad o de parte del territorio del país tercero en cuestión y, si procede, del tercer país de tránsito,
ii) establecimiento de condiciones especiales para el alimento o el pienso procedente de la totalidad o de parte del territorio del tercer país en cuestión,
Tan pronto como sea posible, y a más tardar en un plazo de 10 días hábiles, se confirmarán, modificarán, revocarán o ampliarán las medidas adoptadas, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 58.
2. En un plazo de 10 días hábiles, la Comisión planteará el asunto al Comité establecido en el apartado 1 del artículo 58, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 58, con vistas a la adopción de medidas para ampliar, modificar o derogar las medidas provisionales de protección adoptadas por el Estado miembro.
1. La Comisión redactará, en estrecha cooperación con la Autoridad y los Estados miembros, un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos (en lo sucesivo, denominado "el plan general").
Referencias a la Autoridad Alimentaria Europea y al Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal
El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las competencias conferidas a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos por el Reglamento (CEE) n° 2309/93, el Reglamento (CEE) n° 2377/90, la Directiva 75/319/CEE del Consejo y la Directiva 81/851/CEE del Consejo.
Los artículos 29, 56, 57, 60 y el apartado 1 del artículo 62 se aplicarán a partir de la fecha del nombramiento de los miembros del Comité científico y de las comisiones técnicas científicas que se publicará en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo de 17 de septiembre de 2001 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).
(12) DO L 170 de 3.8.1970, p. 19.
(21) DO 22 de 9.2.1965, p. 369/65; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/39/CEE (DO L 214 de 24.8.1993, p. 22).
Con fecha de 30 de noviembre de 2000, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, basada en los artículos 37, 95, 133 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152, del Tratado, por la que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura en su período parcial de sesiones del 11 al 14 de junio de 2001. El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones emitieron sus respectivos dictámenes el 28 de marzo y el 14 de junio de 2001.
El Consejo adoptó su Posición común el 17 de septiembre de 2001, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado.
- crear una Autoridad Alimentaria Europea y definir su misión, tareas y responsabilidades, junto con su estructura y modalidades de funcionamiento,
- definir los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria,
- instaurar procedimientos adecuados para garantizar la seguridad alimentaria.
La misión de la Autoridad Alimentaria Europea consistirá fundamentalmente en emitir dictámenes científicos y técnicos sobre los cuales podrán fundamentarse desde ahora la política y la legislación relativas a la seguridad alimentaria. La nueva instancia garantizará de este modo un alto nivel de protección de la salud humana en la Comunidad. Para el cumplimiento de su misión se basará en los principios de independencia, transparencia y calidad científica.
La propuesta se destina, de modo general, a aplicar los objetivos clave fijados por el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria presentado por la Comisión en enero de 2000.
La Posición común del Consejo se ajusta ampliamente a las posiciones adoptadas por la Comisión y el Parlamento, en la medida en que
- confirma los objetivos y la mayor parte de las modalidades propuestas por la Comisión y apoyadas por el Parlamento Europeo,
- recoge un gran número de enmiendas votadas en primera lectura por el Parlamento Europeo.
El Consejo ha mantenido, sobre todo, la forma jurídica de Reglamento, pese a las dificultades que esta elección planteaba a la aplicación, por parte de los Estados miembros, de las disposiciones sobre la legislación alimentaria. Por este motivo, consideró necesario modificar las disposiciones relativas a la aplicación en el tiempo del Reglamento, de forma que se pudieran atenuar al máximo dichas dificultades y garantizar la aplicación eficaz y no discriminatoria de las disposiciones sobre la legislación alimentaria.
Por otra parte, el Consejo estimó oportuno introducir toda una serie de modificaciones, algunas de ellas sugeridas por el Parlamento, bien para precisar el alcance de determinadas disposiciones, bien para hacer más explícita la formulación del Reglamento y garantizar la seguridad jurídica, bien para reforzar su coherencia con otros actos comunitarios y la transparencia de algunas modalidades de funcionamiento.
Cabe señalar, por último, que el Consejo, en la organización de sus trabajos sobre este expediente, se ha visto constantemente impulsado por el ánimo de respetar el mandato otorgado por el Consejo Europeo de Niza y confirmado por el de Estocolmo: el de permitir a la futura Autoridad Alimentaria Europea ser operativa desde el comienzo del próximo año.
1. Principales modificaciones efectuadas en la propuesta de la Comisión
a) Referentes a las disposiciones relativas a la aplicación en el tiempo del reglamento (artículos 4 y 65)
El Consejo modificó las disposiciones relativas a la aplicación en el tiempo del Reglamento por motivos de seguridad jurídica, precisando mejor la relación entre este nuevo acto y la legislación alimentaria existente, tanto a escala nacional como comunitaria. De este modo, el Consejo ha podido suprimir el artículo 66 de la propuesta original, que habría permitido mantener ilimitadamente legislaciones nacionales y comunitarias no conformes a los principios y procedimientos previstos por el Reglamento.
La posición común precisa, en efecto, que los artículos 11 y 12, junto con los artículos 14 a 20(1) -que conforman un marco general de obligaciones que recaen sobre los operadores y que hacen necesario un determinado tiempo de adaptación- se aplicarán a partir del 1 de enero de 2005.
Asimismo precisa que los principios y procedimientos ya en vigor deberán adaptarse a más tardar el 1 de enero de 2007 para la adaptación de las disposiciones de posible incompatibilidad, en la legislación existente, con los principios y procedimientos previstos en los artículos 5 a 10(2).
Por otra parte, para no provocar una ruptura entre el trabajo realizado actualmente por los comités científicos y la Comisión y el que deberán efectuar las futuras instancias científicas de la Autoridad, al tiempo que se les permite entrar en funcionamiento lo antes posible, la posición común prevé que los artículos 29, 56, 57, 60 y el apartado 1 del artículo 61 se aplicarán a partir de la fecha de designación de los miembros del comité científico y de los grupos científicos de la Autoridad.
b) Referentes a la legislación alimentaria
Definiciones (artículos 2 y 3)
En primer lugar, el Consejo ha modificado la definición de "alimento" para precisar las circunstancias en que el agua está contemplada en el Reglamento.
En efecto, se limita a incluir el agua salida del grifo, el agua embotellada y la que se utiliza en la fabricación, preparación o tratamiento de los productos alimenticios, pero excluye el agua contenida en los sistemas municipales de distribución, que ya está regulada por las Directivas existentes.
Después, para mayor claridad, el Consejo ha añadido los residuos y los contaminantes a la lista de sustancias y productos que no están incluidos en la definición de "alimentos".
Por otra parte, el Consejo ha recogido la definición de "consumidor final" tal como fue propuesta por el Parlamento Europeo y ha suprimido otras dos definiciones ("control oficial" e "inadecuado para el consumo humano o que está contaminado") que parecen superfluas en el contexto del presente Reglamento.
Disposiciones relativas a la seguridad (artículos 14 y 15)
El Consejo ha reforzado las disposiciones relativas a la seguridad, mediante la inclusión de una disposición que permite a las autoridades competentes imponer restricciones e incluso exigir la retirada del mercado de un producto alimenticio o de un pienso -aunque sea conforme a la legislación- si existen razones para sospechar que dicho alimento o dicho pienso es peligroso.
c) Referentes a la Autoridad Alimentaria Europea
Misión y tareas de la Autoridad (artículos 22 y 23)
La Posición común se dirige a atribuir a la futura Autoridad Alimentaria Europea unas funciones amplias, que incluyan explícitamente los piensos, con el fin de permitirle tener una visión global de la cadena alimentaria, indispensable para la identificación de los riesgos que se presenten.
Al mismo tiempo, se le confían determinadas tareas que no tienen un nexo directo con la seguridad alimentaria, y ello por razones prácticas, para evitar malgastar los recursos, sobre todo a causa de las duplicaciones. No obstante, sólo se tratará de proporcionar dictámenes científicos, tarea que no deberá de ningún modo desembocar en la disolución de los medios puestos a disposición de la Autoridad.
La actividad de la Autoridad estará centrada en la seguridad de los alimentos. Se puede prever, en efecto, que los trabajos que no presenten una vinculación con esta función principal y que en la actualidad son realizados por Comités científicos bajos los auspicios de la Comisión, se mantengan en los mismos límites de hoy, que representan una muy pequeña parte del conjunto de trabajos que deberá efectuar la Autoridad.
Además, la Posición común confirma la separación funcional que se impone entre las tareas de evaluación del riesgo y las relativas a su gestión. Sin embargo, ha parecido oportuno añadir una disposición adicional en lo referente a la misión de la Autoridad, para garantizar una interpretación entre las diferentes funciones: evaluación, gestión y comunicación.
La misión confiada a la Autoridad por la Posición común es, más concretamente, la siguiente:
- la misión principal de la Autoridad consistirá en proporcionar dictámenes científicos y asistencia científica y técnica en todos los ámbitos que tengan una repercusión directa o indirecta en la seguridad de los productos alimenticios y de los piensos. Contribuirá a que se asegure un nivel elevado de protección de la salud humana, teniendo en cuenta la salud y el bienestar de los animales, la preservación de los vegetales y la protección medioambiental. Asimismo, la Autoridad garantizará la comunicación sobre los riesgos, en cooperación con la Comisión y los Estados miembros, y recogerá y analizará datos para permitir la caracterización y el control de los riesgos,
- las demás funciones consistirán en facilitar dictámenes científicos sobre:
i) cuestiones de nutrición humana en relación con la legislación comunitaria,
ii) cuestiones ligadas a la salud y bienestar de los animales y a la salud de las plantas que no presenten nexos con la seguridad alimentaria,
iii) los productos, distintos de los alimentos y los piensos, que están vinculados con los organismos genéticamente modificados, sin perjuicio de la aplicación de la legislación comunitaria existente.
Composición del Consejo de administración (artículo 25)
En este punto el Consejo se ha apartado de la propuesta de la Comisión para elegir, inspirándose en la posición adoptada en la materia por el Parlamento, un sistema de designación de los miembros del Consejo de administración que pueda garantizar mejor la calidad y la independencia y en el cual la Comisión, el Parlamento y el Consejo intervengan en la elección de todos los miembros.
El nuevo enfoque se orienta, fundamentalmente, a:
- responder a los objetivos de independencia, transparencia y eficacia que debe perseguir la Autoridad,
- garantizar, al mismo tiempo, el nivel de competencia más elevado posible, un amplio abanico pericial y una amplia distribución geográfica,
- reservar a la Comisión un papel específico que le permita garantizar cierta permanencia en el seno de este órgano.
Más concretamente, se ha previsto que el Consejo de administración esté compuesto por 16 miembros designados por el Consejo, en consulta con el Parlamento a partir de una lista que comprenda un número de candidatos considerablemente más alto que el número de miembros que deberán nombrarse. Además, contará con un representante de la Comisión. La cuarta parte de los miembros procederá de organizaciones de consumidores y otros grupos de interés dentro de la cadena alimentaria. Por norma general, el mandato de los miembros será de cuatro años, con una renovación del Consejo de Administración cada dos años.
Director Ejecutivo (artículo 26)
Por sugerencia del Parlamento, el Consejo ha introducido un procedimiento de nombramiento del Director ejecutivo más abierto y transparente que el propuesto originariamente. En efecto, se ha previsto que la Comisión proponga una lista de candidatos a partir de un concurso, previa aparición, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en otras publicaciones, de una convocatoria. El Director ejecutivo será nombrado por el Consejo de administración.
Por otra parte, el Consejo, al igual que el Parlamento, estima que será suficiente que el Director ejecutivo proceda a una simple consulta de la Comisión antes de proponer los programas de trabajo de la Autoridad, lo que permitirá reforzar, en particular, su independencia.
Foro consultivo (artículo 27)
El Consejo ha aportado modificaciones sustanciales a las disposiciones relativas al Foro consultivo, con el fin de precisar más en detalle cuál será su función en el seno de la Autoridad.
En efecto, se tratará de:
- asesorar al Director ejecutivo elaborando propuestas relativas al programa de trabajo de la Autoridad y pronunciándose sobre el grado de prioridad de las peticiones de dictámenes científicos,
- instituir un lugar de intercambio de información sobre los posibles riesgos y de puesta en común de conocimientos,
- garantizar una estrecha cooperación entre la Autoridad y los órganos competentes de los Estados miembros para evitar las duplicaciones, alentar la colaboración en caso de divergencia entre la autoridad y el organismo nacional y promover la formación de una red de los organismos cuyo trabajo corresponde a las funciones de la Autoridad,
- garantizar una estrecha cooperación entre la Autoridad y las instancias competentes cuando surja un riesgo identificable.
Comité científico y Comisiones técnicas paneles científicas (artículo 28)
El Consejo ha completado las disposiciones relativas al Comité y a las Comisiones técnicas científicas que se encargarán de proporcionar los dictámenes científicos de la Autoridad, para precisar más detalladamente sus modalidades de funcionamiento, permitiendo, sobre todo:
- crear grupos de trabajo específicos,
- invitar a observadores a las reuniones del Comité y de las Comisiones técnicas científicas,
- organizar audiciones públicas.
Dictámenes (artículo 29)
El Consejo no ha deseado limitar el recurso a la Autoridad por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros a los casos en que la consulta no esté exigida por la legislación comunitaria. De este modo, contrariamente a lo que preveía la propuesta inicial, el Parlamento y los Estados miembros podrán solicitar un dictamen de la Autoridad sobre cualquier cuestión que entre dentro de sus funciones.
No obstante, este derecho de recurso se ha formulado de manera que no perjudique al derecho de iniciativa de la Comisión y que no cree un riesgo de carga excesiva de la Autoridad debido al número excesivo de peticiones de dictamen.
Por otra parte, la Posición común precisa las circunstancias en las que la Autoridad podrá rechazar una petición de dictamen o proponer modificaciones a dicha petición.
Sede de la Autoridad (anterior artículo 63)
El artículo de la propuesta inicial relativo a la designación de la sede de la Autoridad, que no hacía sino remitir a un acto posterior y que, por lo tanto, no tenía ningún valor añadido, no figura en la Posición común. Teniendo en cuenta que tal artículo no constituye una condición jurídicamente necesaria para la creación de la Autoridad, el Consejo, en efecto, ha considerado preferible no incluirlo.
d) Referentes a los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
Sistema de alerta rápida (artículos 35 y 50)
En lo que se refiere a la gestión del sistema de alerta rápida instaurado por el Reglamento que, en algunos de sus aspectos, incumbe más bien a la gestión de riesgos, el Consejo se ha adherido a la posición del Parlamento, manteniéndola bajo la responsabilidad de la Comisión.
La Posición común prevé, sin embargo, que la Autoridad, de forma sistemática, será destinataria de las informaciones que circulen en la red de alerta rápida, con el fin de estar en condiciones de realizarlas para poder cumplir lo más eficazmente posible su misión general.
Situaciones de emergencia (artículos 53 y 54)
Con el fin de garantizar la seguridad de la cadena alimentaria en su totalidad, el Consejo ha ampliado a los piensos las medidas de emergencia aplicables a los productos alimenticios. La formulación adoptada por la posición común se adapta a las disposiciones comunitarias previstas en materia de controles oficiales en el sector de los piensos. De este modo, serán aplicables a ambos sectores los mismos procedimientos.
El Consejo ha incorporado a su Posición común las enmiendas siguientes:
- 3, 6, 7, 14, 22, 25, 30, 31, 64 a 66, 71, 79, 86, 104, 105, 109, 110, 116, 119, 124, 127 a 131, 135-142, 152, 164, 166, 176 y 186,
y ha aceptado en su principio o parcialmente las siguientes enmiendas:
- 2, 5, 16, 20, 27, 35, 38, 42, 45, 47, 57, 58, 60, 61, 62, 67, 73, 76, 80, 82 a 84, 93, 98, 103, 107, 108, 111 a 115, 120, 134, 144, 149, 155, 156, 160, 170, 177, 183, 207 y 220
Por otra parte, el Consejo se ha adherido a la posición de la Comisión al no tomar en cuenta las siguientes enmiendas:
- 1, 4, 12, 13, 15, 17 a 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32 a 34, 36, 37, 39 a 41, 43, 44, 46, 48 a 56, 59, 63, 68, 72, 74, 77, 78, 81, 87 a 89, 91, 94, 95, 97, 99, 102, 117, 118, 121 a 123, 125, 133, 143, 145 a 148, 153, 157 a 159, 161 a 163, 169, 172 a 175, 179 a 182, 185, 187, 189, 202, 205, 209, 212 y 213
En lo que se refiere a las demás enmiendas que no ha aceptado, el Consejo se ha basado en las siguientes consideraciones:
- Enmienda 8: por sencillas razones de coherencia, las disposiciones relativas al principio de cautela se han formulado de conformidad con la resolución que adoptó a este propósito el pasado 4 de diciembre. Asimismo, se consideró una mejor técnica legislativa el evitar una frase puramente declaratoria que no hacía sino recordar un principio que ya se desprende del Reglamento.
- Enmiendas 10, 70 y 75: estas enmiendas se destinan a animar a cualquier persona que tenga conocimiento de riesgos para la seguridad alimentaria a que los denuncie a las autoridades públicas, garantizando una protección especial a los empleados de las empresas afectadas. El Consejo ha considerado, por una parte, que esas propuestas, cuyo alcance y efectos son difíciles de limitar, sobrepasan posiblemente el campo de aplicación del Reglamento y, por otra, que procede llevar a cabo una reflexión muy detenida antes de legislar en este ámbito.
- Enmienda 69: las modificaciones introducidas en el artículo 19 dejan sin objeto a esta enmienda.
- Enmienda 90: esta enmienda parece superflua, dado que el Parlamento Europeo es una de las instituciones de la Unión Europea.
- Enmiendas 92 y 150: el Consejo ha considerado que el hecho de prever que la Autoridad puede dirigir recomendaciones a los responsables de la gestión de riesgos y dar consejos en cuanto a la elección de las opciones es contrario al principio de la separación entre las funciones de evaluación y de gestión de riesgos, que es uno de los principios básicos del Reglamento.
- Enmienda 96: las modificaciones introducidas en el artículo 23 dejan sin objeto a esta enmienda. Además, la Posición común ya estipula que en la comunicación es necesario tener en cuenta el carácter específico de las diferentes regiones de la Unión.
- Enmienda 106: se ha considerado más adecuado que la Autoridad pueda fijar por sí misma, mediante su reglamento interno, las disposiciones que regulan la participación del Presidente del Comité científico en los trabajos del Consejo de administración.
- Enmienda 126: se ha considerado que esta enmienda tendría el efecto de restringir la posibilidad de que la Autoridad recoja datos en el importante ámbito del riesgo biológico, prejuzgando de este modo la ejecución de su misión.
- Enmienda 132: con arreglo a la propuesta, la Posición común prevé que corresponde a la Autoridad elegir los organismos que podrán asistirla en el cumplimiento de su misión. Así pues, no conviene invadir la independencia de la Autoridad prejuzgando las organizaciones con las cuales podría cooperar.
- Enmienda 178: el artículo 12 de la Posición común prohíbe que un producto alimenticio se exporte cuando es perjudicial para la salud. Por ello, esta enmienda, en el contexto del artículo 53, ya no es necesaria, puesto que las preocupaciones del Parlamento se han tenido ya en cuenta.
- Enmienda 188: la supresión del artículo relativo a la designación de la sede de la Autoridad deja sin objeto esta enmienda.
(1) Importaciones y exportaciones, disposiciones relativas a la seguridad alimentaria y de los piensos, presentación, responsabilidades, trazabilidad, responsabilidades de los operadores del sector alimentario y de la alimentación animal.
(2) Objetivos generales de la legislación alimentaria, análisis de riesgos, principio de cautela, protección de los intereses de los consumidores, consulta e información de los ciudadanos. Arriba

References: artículo 251
 artículo 152
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 272
 artículo 50
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 62
 artículo 152
 artículo 251
 artículo 66
 artículo 61
 artículo 63
 resolución 
 artículo 19
 artículo 23
 artículo 12
 artículo 53