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Timestamp: 2019-01-16 08:00:14+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3938/2003, 15-06-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3938/2003 de 15 de Junio de 2006
Núm. Resolución: 00/3938/2003
En la Villa de Madrid, a 15 de junio de 2006, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Central en Sala para fallar el recurso de alzada interpuesto ante el mismo por D. ... en representación de X, S.A, con CIF ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra las cuestiones desestimadas por la resolución del Tribunal Regional de ... de 24 de junio de 2003 recaída en los expedientes ... relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997 así como a las sanciones derivadas de los mismos y a un expediente de devolución de ingresos indebidos.
PRIMERO: Con fecha 22-6-2000 la Dependencia Regional de Inspección de ... levanta las Actas que a continuación se indicarán a X, S.A. en su condición de dominante del Grupo ... sujeto a tributación consolidada.
Integran el grupo como sociedades dependientes:
- En los ejercicios 1994 y 1995:
Y, S.A. NIF...
Z, S.A. NIF ..., y
W, S.A. NIF ...
- En los ejercicios 1996 y 1997 se añade a la citada relación de sociedades dependientes V, S.A., con NIF ...
Las actas incoadas son las siguientes:
- Acta A-01 por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1994 y 1995, con una deuda tributaria por importe de 27.767,07 €. Contra la liquidación derivada de tal acta se interpone 24-7-2000 la reclamación económico-administrativa ...
- Acta A-02 por el mismo impuesto y periodos impositivos que da lugar a una liquidación definitiva, incrementada respecto del acta, de 970.734,83 €, contra la que se interpone la reclamación nº ... el 14-11-2000.
- Acta A-01 por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996 y 1997, por importe de 801.913,39 €, que da lugar a la liquidación contra la que se interpone el 24-7-2000 la reclamación nº ...
Tramitados abreviadamente los correspondientes expedientes sancionadores, se imponen sendas sanciones por infracción tributaria grave derivadas de las dos actas A-01 citadas, que dan lugar a las reclamaciones económico-administrativas ..., a las que por acuerdo del TEAR de 29-1-2001 se acumulan las reclamaciones nº ... y ... interpuestas contra las nuevas liquidaciones de las sanciones, que eliminan la reducción, practicadas por la inspección al tener conocimiento de que el sujeto pasivo había impugnado las liquidaciones de que derivaban las sanciones.
Habiéndose incrementado en la liquidación practicada por la Oficina Técnica la cuota tributaria de 1994 por no admitir la deducción de las retenciones sufridas a cuenta del impuesto sobre los dividendos percibidos de T, S.A., en contra de lo que se establecía en la correspondiente Acta A-02, X, S.A. presenta el 14-11-2000 solicitud de devolución de dichas retenciones que es desestimada mediante acuerdo de 20-7-2001 de la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Dependencia Regional de Inspección, interponiéndose contra tal acuerdo la reclamación económico-administrativa nº ... el 22-8-2001.
SEGUNDO: Por acuerdo del 24-6-2003, el TEAR de ... resuelve las ocho reclamaciones acumuladas: estima las cuatro relativas a las sanciones (nºs. ...); estima en parte las reclamaciones nºs. ... anulando las correspondientes liquidaciones y ordenando la práctica de otras nuevas conforme a lo dispuesto en los fundamentos de derecho quinto, séptimo y décimo; y desestima la reclamación nº ...
Notificada la resolución del TEAR el 2-10-03, se interpone contra la misma el presente recurso de alzada el 15-10-03 en base a los siguientes motivos de oposición frente a la resolución del TEAR ...:
1º) Prescripción del ejercicio 1994.
2º) Posibilidad de aplicar la deducción la deducción para evitar la doble imposición económica así como las retenciones soportadas respecto de los dividendos de T, S.A. percibidos en 1994.
3º) Consideración como gasto financiero deducible en los ejercicios 1996 y 1997 de los intereses devengados por un préstamo participativo concedido a X, S. A. por Q.
Tres son las cuestiones que se debaten en el presente recurso:
1 - La eventual prescripción del derecho de la Administración a liquidar y exigir el pago del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1994.
2 - La posibilidad de aplicar la deducción para evitar la doble imposición económica sobre los dividendos de T, S.A. percibidos en 1994, así como la de deducir en la cuota impositiva de tal año las retenciones a cuenta del impuesto soportadas sobre dichos dividendos, posibilidades ambas que la Inspección deniega y motivan el Acta A-02.
3 - La consideración como gasto financiero deducible, a efectos de determinar la base imponible de los ejercicios 1996 y 1997, de los intereses devengados por un préstamo participativo concedido a X, S.A. por Q el 28-6-96, consideración denegada por la Inspección en el Acta A-01 de tales ejercicios.
Son hechos relevantes acerca de estas tres cuestiones los siguientes:
1 - En cuanto a la eventual prescripción del Impuesto sobre Sociedades de 1994, la correspondiente declaración se presentó el 25-6-95.
Con fecha 28-3-96 la Oficina Nacional de Inspección practicó liquidación provisional conforme al art. 293.2 del Reglamento del Impuesto, que se notifica el 8-4-96.
Iniciada la actuación inspectora por citación del 13-4-99, notificada al día siguiente, tales actuaciones se paralizan al menos desde el 1-6-99 al 25-1-00 según las alegaciones de la recurrente.
Existen actuaciones inspectoras documentadas en diligencias de 25 y 31 de enero de 2000 según el acta de IVA, y de 7-3-2000 anexa al informe ampliatorio de la inspección relativo al Acta A-02 del Impuesto sobre Sociedades (IS en adelante) ejercicios 1994 y 1995.
2 - Con fecha 26-7-94 X, S.A. compra 6.650.000 acciones de T, S.A., cobrando el dividendo de las mismas, por importe de 246.050.000 pts., al día siguiente y vendiendo tales acciones ese mismo día.
X, S.A. contabiliza el dividendo cobrado como ingreso, se aplica la correspondiente deducción para evitar la doble imposición económica, por importe de 43 millones pts., y se deduce en la cuota la retención soportada sobre tales dividendos, por importe de 61,5 millones pts., retención ésta cuya deducción en cuota admitía el Acta levantada pero deniega la liquidación definitiva practicada por la Oficina Técnica, y que da lugar a la solicitud de devolución de ingresos indebidos denegada.
En la compraventa de acciones X, S.A. sufre una pérdida de 33.664.300 pts. de acuerdo con el informe ampliatorio de la Inspección.
Paralelamente a esta compraventa de acciones se realizan las siguientes compraventas de derivados sobre dichas acciones, todo ello conforme al bien documentado expediente de la Inspección:
26-7-94 ............. Venta 6.650.000 opciones Call .......... 133.000.000
" ........ Compra 6.650.000 " Put ........... 371.535.500
27-7-94 .......... Compra 6.650.000 " Call ........... 66.500
" ............. Venta 6.650.000 " Put .......... 33.316.500
El resultado de estas compraventas de opciones es una pérdida de 205.283.500 pts.
Contempladas conjuntamente las compraventas de acciones y de derivados junto con el cobro de los dividendos, arrojan un resultado positivo de 7.100.200 pts.
En Anexo a la Diligencia de Constancia de Hechos de 7-3-2000, el representante de X, S.A. manifiesta que "la contraparte de esta operación es una entidad financiera denominada S, Finance". No se especifica sin embargo la forma jurídica de tal sociedad ni su país de residencia si bien tanto la Inspección como el TEAR de ... consideran indudable su condición de no residente en España a efectos fiscales. Tampoco se especifica en tal Diligencia si S, Finance es sólo la contraparte de X, S.A. en las compraventas de opciones sobre acciones o también lo es en las compraventas de las propias acciones. La Inspección sin embargo tiene claro que S, Finance es la contraparte de X, S.A. tanto en unas como en otras.
En este punto, la recurrente manifiesta en sus alegaciones que las compraventas de acciones se realizaron en el mercado continuo en la Bolsa de ... y por tanto ciego, y se pregunta de dónde deduce la Inspección que la contraparte en estas operaciones fuera una entidad no residente.
A juicio de la Inspección es evidente que la compra de estas acciones de T, S.A. no tiene otro objeto que el cobro del dividendo, pues obtenido tal cobro se venden inmediatamente a quién las enajenó el día anterior. Además, el diferencial obtenido en las compraventas de opciones sumado al de la compraventa de acciones permite a S, Finance (S en adelante) recuperar prácticamente el importe del dividendo (todo el importe menos los 7 millones pts. señalados antes) sin pagar en España el Impuesto sobre Sociedades de No Residentes.
Se indica en el Informe Ampliatorio que el Impuesto sobre Sociedades por obligación real está ya prescrito para el no residente.
Por su parte, la recurrente no sólo se lucra con estas operaciones en los 7 millones pts. antes indicados, sino que lo hace por la deducción para evitar la doble imposición económica cuya práctica es improcedente a juicio de la Inspección.
Los actuarios, en su informe ampliatorio, entienden procedente la devolución a X, S.A. de la retención sufrida sobre los dividendos. Sin embargo, el acto liquidatorio discrepa en este tema de los actuarios y dice textualmente tras calificar en conjunto de las operaciones como negocio fiduciario: "En concordancia con lo que se acaba de exponer no procede admitir ni la deducción por doble................................ ni la deducción de la retención (61.512.500 pts.) practicadas por la entidad, ya que la retención debió practicarse al titular de los dividendos, esto es, el no residente".
3 - Por lo que respecta al préstamo participativo, el grupo Q, interesado en la adquisición de X, S.A. y sin vinculación alguna con ésta, suscribe con ella un acuerdo marco el 29-4-96 por el que Q se compromete a comprar, en un primer tramo, el 30% del capital social de aquélla.
La legislación comunitaria del mercado de valores impedía por entonces la entrada de Q en el capital de X, S.A.
El 28-6-96 Q concede un préstamo participativo a X, S.A. que, de acuerdo con el contrato firmado, se amortizará por capitalización del mismo si la pertinente normativa cambia o en caso contrario permanecerá como tal préstamo participativo hasta el 30-6-2000, fecha de vencimiento. Como tal préstamo participativo, devenga intereses referenciados al beneficio del prestatario, intereses que se contabilizan por X, S.A. como gastos financieros y se deducen a efectos de la determinación de la base imponible.
El importe del préstamo, 1.588 millones pts., fue utilizado por X, S.A. para comprar acciones propias a amortizar.
Desaparecidos los obstáculos legales a la entrada en el accionariado de X, S.A., el 25-3-97 ésta acuerda ampliar su capital para dar entrada a Q por compensación del préstamo, lo que se ejecuta escasos meses después.
Desde el otorgamiento del préstamo Q cuenta con un puesto en el Consejo de Administración de X, S.A.
SEGUNDO: En cuanto a la supuesta prescripción del ejercicio 1994, no puede admitirse la alegación de la recurrente que califica la intervención de la Oficina Nacional de Inspección al practicar la liquidación provisional del impuesto de 1994 al amparo del art. 293 del Reglamento (RD 2631/82), notificada el 8-4-96, como acto de mera gestión y por tanto no interruptivo de la prescripción.
En efecto, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria se interrumpe, de acuerdo con el art. 66.a) de la Ley General Tributaria de 1963, "Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del impuesto devengado por cada hecho imponible".
La amplitud de los términos utilizados por este precepto no deja lugar a dudas de que una liquidación provisional motivada por el significativo importe de las retenciones soportadas declaradas, debidamente notificada al sujeto pasivo, es un acto interruptivo del plazo de prescripción.
En consecuencia, iniciado el cómputo del plazo de prescripción una vez finalizado el periodo voluntario de presentación de la declaración del impuesto, aquél se interrumpe con la liquidación provisional practicada por la ONI notificada el 8-4-96, no habiendo transcurrido más de cuatro años desde tal fecha a las de las actuaciones inspectoras documentadas en diligencias de 25 y 31 de enero de 2000 según el acta de IVA, o de 7-3-2000 relativa al Impuesto sobre Sociedades. No se ha producido por tanto la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria del ejercicio 1994, sin que tenga trascendencia alguna en este caso la eventual interrupción de las actuaciones inspectoras por causa no imputable al sujeto pasivo entre los meses de junio de 1999 y enero de 2000.
TERCERO: Por lo que atañe a la eliminación de la deducción por doble imposición de dividendos y de la minoración de la cuota líquida en la retención soportada sobre los mismos (acciones T, S.A.) en el ejercicio 1994 por parte de la Inspección, debemos coincidir con ésta en su apreciación de los hechos pese a que, efectivamente, existen dos puntos oscuros, señalados anteriormente.
En efecto, el mercado continuo de negociación de valores es ciego. Sin embargo, cuando lo que sale al mercado son 6.650.000 acciones de T, S.A. un precio superior a 12.500.000.000 pts. no es fácil encontrar contrapartida y no puede descartarse la previa concertación de las partes para cerrar la operación.
De otra parte, la coincidencia en el número de acciones compradas y vendidas por X, S.A. (X en lo sucesivo) y el número de opciones put y call igualmente objeto de compraventa, así como las idénticas fechas, inducen a pensar que no es arriesgado concluir que la contraparte de X fue la misma tanto en las operaciones sobre acciones como en las de opciones.
Además, calificar a S como no residente a efectos fiscales parece lo más adecuado si la suponemos integrada en el grupo S, lo que no es descabellado. Ahora bien, el desconocimiento de su forma jurídica y país de residencia impiden determinar si le hubiera sido aplicable un Convenio de Doble Imposición o no, y cuál en el primero de los casos. En todo caso, si los dividendos se hubieran percibido por S directamente, hubieran estado sometidos a tributación en España, sea al tipo reducido del correspondiente Convenio o al general de nuestra normativa interna en otro caso.
Para concluir, existen suficientes pruebas indiciarias que avalan la apreciación de los hechos que hace la Inspección. Estamos ante un conjunto de operaciones tendentes a evitar que una entidad no residente perciba el dividendo generado por un importante paquete de acciones del que es titular, trocando el dividendo en plusvalías generadas por las ventas de acciones y sus derivados, lo que únicamente puede explicarse por la pretendida elusión del impuesto español.
El art. 25.2 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963) en su redacción originaria, en vigor al tiempo de los hechos, establecía: "Cuando el hecho imponible consista en un acto o negocio jurídico se calificará conforme a su verdadera naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados, prescindiendo de los defectos intrínsecos o de forma que pudieran afectar a su validez".
Pues bien, bajo la forma de compraventas de acciones y opciones sobre las mismas se está ocultando un negocio jurídico distinto. En efecto, con la transmisión de las acciones a X la única finalidad pretendida es que ésta cobre el dividendo, cuyo montante se transmite a la vendedora descontada la correspondiente retribución y vía compras de acciones y sus derivados. El negocio puede pues calificarse como un mandato de cobro, un contrato de mandato (arts. 1709 y ss Cc).
Estamos, como tanto la Inspección como el TEAR de ... sostienen, ante un negocio fiduciario que, según la teoría del desmembramiento de la propiedad entre la formal y la material, supone la titularidad de la propiedad formal por parte del fiduciario que le legitima para actuar frente al pagador del dividendo sin que le de derecho a apropiarse de los mismos, que permanecen en el ámbito de la propiedad material del fiduciante.
Frente a tal teoría se sitúa la teoría causalista, que niega validez al negocio fiduciario para transmitir la propiedad. Según esta teoría, los negocios fiduciarios no producen más efecto que el querido por las partes, por lo que, descartada la causa aparente del negocio (compraventa), en cuanto las partes nunca quisieron una definitiva transmisión de la propiedad, debe estarse a la verdadera causa de garantía o mandato conforme al art. 1276 Cc ("La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita"). Esto es, debe prevalecer el negocio disimulado (mandato en este caso) sobre el simulado (compraventa). Por tanto no hubo tal transmisión de la propiedad. La transmisión de la propiedad requiere un título o causa adecuados. El cumplir un encargo no es título que pueda justificar una pérdida y adquisición de la propiedad de modo pleno y definitivo. Esta teoría ha tenido amplio eco jurisprudencial como pone de relieve el TEAR.
Sobre la base de esta teoría causalista, en este caso nunca ha tenido lugar la transmisión de la propiedad de las acciones de la no residente a la residente, sino un mandato retribuido para el cobro del dividendo en el que el mandatario actúa en nombre propio pero por cuenta del mandante en los términos del art. 1717 Cc. Por ello, como señala el TEAR, la Hacienda Pública puede exigir el cobro del impuesto por la percepción de los dividendos a la entidad no residente.
Esta teoría causalista está reconduciendo el negocio fiduciario al negocio simulado, negocio simulado al que dedica la LGT de 1963 su art. 25, en redacción dada por la Ley 25/1995, a cuyo tenor: "En los actos o negocios en los que se produzca la existencia de simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados".
Si bien es cierto que esta redacción entra en vigor el 23-7-95, es decir, con posterioridad al ejercicio 1994, también lo es que el mandato que contiene ya se establecía por la previa y originaria redacción de su anterior apartado 2 ya transcrito. En palabras del la resolución de este Tribunal de 5-6-2002 (R.G. 3368/2000): "En materia de negocios simulados, la Ley 25/1995,........ ha precisado el concepto de la figura que ya venía siendo considerada con anterioridad en el mismo art. 25. El negocio simulado implica una contradicción entre la voluntad interna y la declarada que se traduce o concreta en un negocio aparente para engañar a terceros.
Tal tipo de negocio jurídico, en sus aspectos fiscales, se distingue del fraude de ley y del negocio jurídico indirecto. Mientras que mediante la simulación se crea una ficción negocial con la que se enmascara la realidad, en las otras dos figuras nada se finge ni se oculta. En el negocio indirecto ....................................... ; en el fraude de ley los hechos o negocios jurídicos se amparan en una norma dictada con una finalidad distinta, eludiendo la aplicación de otra con el fin de evitar el pago de un tributo, perteneciendo ambas normas al Ordenamiento jurídico-tributario porque de no ser así, es decir, si una de ellas perteneciese por ejemplo al civil, se estaría más bien ante una simulación jurídica que habría que destruir con fundamento en el art. 25 de la LGT."
En definitiva, estamos ante un conjunto de compraventas que constituyen la pantalla, el negocio simulado, del negocio real que no es otro que el cobro del dividendo por una entidad no residente y en perjuicio del Tesoro. En consecuencia procede calificar este negocio real conforme a su verdadera naturaleza jurídica (art. 25.2 LGT en su redacción originaria), o , si se quiere y siguiendo la nueva redacción de este art. 25, procede gravar el hecho imponible efectivamente realizado por las partes "con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados".
Por tanto, si lo que ha mediado entre X y S es un mandato retribuido, evidentemente tácito, lo único que debe someterse al Impuesto sobre Sociedades de la primera es la comisión percibida, como en definitiva así a sido si tenemos en cuenta el resultado global de las operaciones sobre acciones y sus opciones. No procede en absoluto la deducción que X se practica para evitar la doble imposición de dividendos, pues no ha sido la destinataria de tales dividendos ni, por otra parte, ha tributado por ellos, por lo que sencillamente no se ha producido una doble tributación de los mismos en tal sujeto pasivo. La aplicación de esta deducción por la recurrente, lejos de paliar una doble imposición económica que no se ha producido, viene a incrementar la rentabilidad de la operación para X, constituyendo sin duda su principal atractivo.
Cuestión distinta es la relativa a la retención a cuenta soportada sobre tales dividendos.
CUARTO: En los hechos se pone de manifiesto cómo los actuarios reconocieron en su Acta el derecho de X a deducir de la cuota impositiva la retención soportada sobre los dividendos ..., reconocimiento que más tarde niega la liquidación definitiva de la Oficina Técnica.
El Inspector Jefe de la Oficina Técnica, en el acuerdo de liquidación se limita a decir a este respecto que: "En concordancia con lo que se acaba de exponer, no procede admitir ni la deducción por...................... ni la deducción de la retención (61.512.500 pts.) practicadas por la entidad, ya que la retención debió practicarse al titular de los dividendos, esto es, el no residente".
No parece congruente que si la retención se tenía que haber practicado a la entidad no residente, de "facto" y por la vía de no devolverla, la sufra aquel de quien se afirma que no es titular de los dividendos. Si así se hiciere X estaría tributando por los dividendos, pues la retención no es sino una pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, y en tal caso se estaría contradiciendo todo lo expuesto en el apartado anterior.
Por su parte, el informe ampliatorio al Acta A-02 pone de manifiesto que el Impuesto sobre Sociedades por obligación real ha prescrito ya para el no residente; y que la Administración Tributaria tampoco puede dirigirse a X para su cobro como responsable solidario "en calidad de pagador del rendimiento y colaborador necesario en la realización de los hechos descritos (art. 23.6 Ley del Impuesto sobre Sociedades y art. 38.1 de la Ley General Tributaria".
Pese a lo anterior, concluye el informe ampliatorio reconociendo el derecho de X a la deducción de las retenciones que ha soportado.
Este proceder supone la exigencia de un impuesto a quién no es sujeto pasivo del mismo y por la razón de que no puede obtenerse su cobro de quien ostenta la condición de sujeto pasivo.
Si se ha negado el derecho a la deducción por doble imposición de dividendos sobre la base de que el preceptor de tales dividendos, quien tiene derecho a los mismos, es la entidad no residente (cuyo contrato real con X es tan sólo de mandato) va de suyo que el sujeto a quien debe practicarse la retención a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, así como exigir el correspondiente impuesto, es dicha entidad no residente.
Si la posición del sujeto pasivo, como los demás elementos de la obligación tributaria, no puede ser alterada por actos o convenios de los particulares (art. 36 LGT de 1963) tampoco lo puede ser por la Administración Tributaria, cuya actuación es siempre de carácter reglado y debiendo ajustarse en cuanto al contenido de sus actos a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico (art. 53.2 Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común concretando el mandato constitucional de sometimiento pleno a la ley y al Derecho por parte de la Administración Pública del art. 103.1 CE).
En consecuencia, si bien el interesado no podrá deducirse de la cuota del impuesto sobre sociedades la retención soportada ya que el dividendo de la que procede no le es realmente imputable, sí deberá la Administración devolverle el importe improcedentemente retenido por cuanto que no era el interesado el verdadero perceptor del dividendo en cuestión.
Procede por tanto estimar el recurso en este punto reconociendo a X el derecho a la devolución de las retenciones soportadas sobre unos dividendos cuya titularidad se le está negando al negarle el derecho a la deducción por doble imposición económica.
QUINTO: La Inspección considera no deducibles los intereses devengados durante los ejercicios 1996 y 1997 por un préstamo participativo otorgado por Q el 28-6-96, considerando que "en realidad no ha existido un préstamo participativo, y que se trata de una aportación a los fondos propios de la entidad más que de una cesión de capitales". Por tanto, en cuanto retribución de fondos propios, los intereses no son gasto deducible para la determinación de la base imponible (art. 14.1.a) Ley Impuesto sobre Sociedades, Ley 43/1995).
Por su parte, el TEAR está desnaturalizando el préstamo en el mismo sentido con base en los hechos siguientes de otra parte ya mencionados en los antecedentes de hecho:
- Que el contrato de préstamo participativo suscrito contempla su amortización anticipada para el caso de desaparición de los obstáculos normativos existentes para la entrada de Q en el capital de X.
- Que el importe del préstamo se utiliza por X para adquirir acciones propias.
- Que, efectivamente se produce tal amortización anticipada y se procede al acuerdo de ampliación de capital correspondiente.
- Que Q entra en el Consejo de Administración de X desde el otorgamiento del préstamo.
De acuerdo con el art. 20 del R.D.L. 7/96 de Medidas Urgentes de carácter Fiscal, en vigor desde el 9-6-96:
1. Se consideran préstamos participativos aquellos que tengan las siguientes características:
a) La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. El criterio para determinar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes. Además podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad.
b) Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el caso de amortización anticipada. En todo caso el prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el préstamo participativo si dicha amortización se compensa con una ampliación de capital de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la actualización de activos.
c) Los préstamos participativos, en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes.
2. Los intereses devengados tanto fijos como variables de un préstamo participativo se considerarán partida deducible a efectos de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del prestatario."
A la vista de la norma trascrita, única reguladora de los préstamos participativos en nuestro sistema y que en el momento de los hechos constituyó una novedad, es claro que este tipo de préstamos tienen vocación de permanencia, que de algún modo se configuran legalmente como algo situado entre la financiación propia y la ajena, y que su capitalización es un modo natural de amortización, previsto por la propia norma en su apartado 1.b) y utilizado con gran frecuencia en la práctica.
Por ello, ninguno de los hechos, señalados, que han parecido dar lugar a que la Inspección calificara el préstamo en cuestión como "más próximo a una aportación de fondos propios" pueden desnaturalizar tal préstamo. En particular, que se prevea desde el contrato la capitalización del préstamo en cuanto desaparezcan los correspondientes obstáculos legales es algo perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que son precisamente dichos obstáculos los que motivaron el préstamo.
Tampoco resulta significativo en el sentido de desnaturalizar la operación como préstamo el que el prestamista entrara en el consejo de administración de X con motivo de la operación; la cuantía del préstamo (1.588 millones pts.) justifica sobradamente el interés del prestamista en el seguimiento cercano de la evolución de X. Y, desde luego, el destino dado al importe del préstamo por X (la compra de acciones propias) tampoco puede desnaturalizar aquél pues si bien con ello se prepara la entrada en el capital del prestamista para el caso en que ello sea posible, también puede preparar la de cualquier otra entidad, o sencillamente quedar en la reducción de capital correspondiente.
Consecuentemente, si el préstamo que nos ocupa cumple los requisitos legales establecidos por los apartados a) y b) del art. 20.1 del R.D.L. 7/96, sobre los que la Inspección no ha encontrado reparo alguno, no se puede negar el carácter de deducibles a los intereses devengados por el mismo en aplicación del apartado 2 del mismo artículo.
Procede por tanto estimar el recurso en esta cuestión.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en el recurso de alzada interpuesto por X, S.A. contra las cuestiones desestimadas por la resolución del Tribunal Regional de ... de 24 de junio de 2003 recaída en los expedientes ... y ... relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997 así como a las sanciones derivadas de los mismos y a un expediente de devolución de ingresos indebidos en SALA, ACUERDA: Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto en los términos de los Fundamentos de Derecho Cuarto y Quinto.
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