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Timestamp: 2016-02-06 15:47:42+00:00

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Semana 1. derecho a la libertad sin...
La negociación colectiva en la administración pública un camino a seguir. CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 102va REUNIÓN, 2013
102 III(1B) OIT La negociación colectiva en la administración pública: un camino a seguir La negociación colectiva en la administración pública un camino a seguir CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 102.A REUNIÓN, 2013
ILC.102/III/1BConferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, 2013Estudio General relativo a las relaciones laboralesy la negociación colectiva en la administración públicaTercer punto del orden del día:Informaciones y memorias sobre la aplicaciónde convenios y recomendacionesInforme de la Comisión de Expertosen Aplicación de Convenios y Recomendaciones(artículos 19, 22 y 35 de la Constitución)Informe III (Parte 1B)Oficina Internacional del Trabajo Ginebra
La negociación colectivaen la administración pública: Un camino a seguir OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA
ISBN 978-92-2-326857-2 (impreso)ISBN 978-92-2-326858-9 (web pdf)ISSN 0251-3226Primera edición 2013Cubierta: pintura de Ka Dal, sin título, 73 x 92 cmLas denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma enque aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de laOficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citadoso de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmadosincumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione.Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la OficinaInternacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales noimplica desaprobación alguna.Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en oficinas locales de la OIT enmuchos países o pidiéndolas a Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22,Suiza. También pueden solicitarse catálogos o listas de nuevas publicaciones a la dirección antes mencionada opor correo electrónico a pubvente@ilo.org.Vea nuestro sitio en la red: www.ilo.org/publns.Compaginado por TTS: ILC102-III(1B)[2013-01-0053-3]-Sp.docxImpreso por la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza
Índice PáginaPrefacio ...................................................................................................................... 1Introducción................................................................................................................ 3Antecedentes ............................................................................................................. 9Primera parte Derechos sindicales y facilidades en la administración pública ................. 15 I. Campo de aplicación del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) ....................................... 15 II. Derechos civiles y políticos de los empleados públicos .......................... 21 Introducción............................................................................................ 21 Alcance de los derechos civiles y políticos de los empleados públicos .................................................................................................. 21 III. Protección contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia ........................................................................................ 27 Protección contra los actos de discriminación antisindical ...................... 29 Protección contra los actos de injerencia ............................................... 36 IV. Facilidades que deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos .................... 39 Introducción............................................................................................ 39 Normas de la OIT ................................................................................... 39 El concepto de representante de organizaciones de empleados públicos .................................................................................................. 40 Funciones de las organizaciones de trabajadores y de los representantes de los trabajadores ........................................................ 41 Métodos de aplicación del Convenio ...................................................... 43 Facilidades concedidas a los representantes de los trabajadores: referencia a la Recomendación núm. 143 .............................................. 44 Naturaleza, número e importancia de las facilidades .............................. 45ILC.102/III/1B v
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir Recaudación de las cotizaciones sindicales, tiempo libre sin pérdida de salario ni de ventajas sociales, acceso sin dilación a la dirección y acceso al lugar de trabajo ................................. 48 Facilidades materiales ............................................................................ 50 La concesión de facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado .................................... 50 Retiro de las facilidades ......................................................................... 51 Facilidades para los representantes sindicales y representatividad ........ 52 V. Procedimientos para la determinación de las condiciones de trabajo diferentes de la negociación colectiva.................................... 55 Variedad de sistemas nacionales de consulta ........................................ 59 Coexistencia de procedimientos de consulta y de negociación .............. 60 La consulta en el marco de organismos integrados por personas neutrales o independientes .................................................................... 61 Consultas en ausencia de un órgano específico .................................... 64 Órganos consultivos con competencia general ...................................... 65 Órganos consultivos específicos de la administración pública ................ 66 Partes en la consulta y contenido de ésta .............................................. 73 Los representantes de los empleados públicos a efectos de la consulta .................................................................................. 73 Contenido de la consulta ................................................................. 74Segunda parte La negociación colectiva en la administración pública................................ 77 I. Ventajas de la negociación colectiva en la administración pública ......... 77 II. Las mutaciones en la administración pública.......................................... 79 III. Las normas de la OIT relativas a la negociación colectiva y su evolución ........................................................................................ 83 IV. Modalidades particulares de negociación en la administración pública .................................................................................................... 85 V. Campo de aplicación del Convenio núm. 154 y métodos de aplicación de los Convenios núms. 151 y 154 ................................... 89 VI. Concepto de negociación colectiva, partes de la negociación y naturaleza de los convenios colectivos ................................................ 95 VII. Buena fe, representatividad y reconocimiento de las organizaciones ....................................................................................... 103 VIII. La autonomía de las partes en la negociación y el principio de no injerencia ...................................................................................... 111 IX. Procedimientos de negociación .............................................................. 115vi ILC.102/III/1B
Países que han enviado una memoria en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OITILC.102/III/1B 259
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguirIV. Países que han enviado una memoria en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT .............................................................................. 256V. Organizaciones que han formulado observaciones relativas a los convenios que se están examinando ........................................................ 262viii ILC.102/III/1B
Prefacio 1. Este Estudio General es el primero que se realiza en relación con el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), la Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 159) y la Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 163). Trata principalmente de los derechos de negociación colectiva en la administración pública. Cubre también, otros temas como las consultas, los derechos civiles y políticos de los empleados de la administración pública, las facilidades a otorgar a los representantes sindicales, la protección contra los actos de discriminación e injerencia, y los mecanismos para la solución de conflictos. 2. No obstante, el Convenio núm. 154 no sólo se aplica a la administración pública, sino también al conjunto del sector público y el sector privado. Por esa razón, a pesar de que el Estudio General se centra en la administración pública y en particular en los temas mencionados, también se refiere, aunque de manera menos exhaustiva, a la situación de la legislación y la práctica en el sector privado. 3. Cabe destacar que, en el contexto de este Estudio General, se examina con mayor detalle cierto número de sistemas nacionales, transcribiendo a veces algunas de esas disposiciones. El objetivo que se busca no es promover un régimen determinado u otro de los diferentes Estados Miembros (lo cual no tendría mucho sentido, habida cuenta de que cada régimen tiene tradiciones y un acervo propio y específico), sino proponer de manera general a los Estados Miembros y a los mandantes tripartitos elementos de estos sistemas, y textos con fines informativos y eventualmente como referencia o fuente de inspiración, en particular, para aquellos Estados que desean aplicar los principios o ratificar los convenios mencionados. 4. A fin de evitar repeticiones por lo que atañe a la negociación colectiva, las cuestiones relativas a la aplicación de los Convenios núms. 151 y 154 en los diversos países se tratan, por regla general, en el marco de las observaciones y solicitudes directas formuladas en virtud del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), que consagra el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos, salvo el de los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado. Por esta razón, en la mayoría de los casos las notas a pie de página se remiten a las observaciones y solicitudes directas formuladas en el marco del Convenio núm. 98. La misma situación se presenta en relación con la protección contra los actos de discriminación antisindical e injerencia del Convenio núm. 151, que se aborda también en el marco del Convenio núm. 98, para evitar repeticiones. 5. Asimismo, debe llamarse la atención sobre el hecho de que algunas de las orientaciones formuladas sobre los temas abarcados en el presente Estudio General se inspiran en los principios pertinentes del Comité de Libertad Sindical, órgano tripartito que funciona desde 1951 en el marco de un mecanismo especial para la protección y la promoción de los derechos sindicales, creado tras un acuerdo celebrado en 1950 entre el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y el Consejo de Administración deILC.102/III/1B 1
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir la OIT. La Comisión subraya que los principios del Comité de Libertad Sindical, órgano tripartito e independiente, tienen un valor y una pertinencia particular para sus labores porque reflejan un consenso tripartito sobre las cuestiones relativas a los derechos sindicales y a las relaciones laborales. 6. Por último, en lo que concierne a las orientaciones de este Estudio General, conviene considerar su estatuto jurídico, así como el valor de las evaluaciones que permiten formularlas a partir de las disposiciones de los convenios. A este respecto, la Comisión desea destacar que, por su calidad de órgano del sistema de control ordinario de la aplicación de los convenios ratificados, está llamada a señalar a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia las normas y prácticas nacionales que no están en conformidad con los convenios, y la gravedad de ciertas situaciones (lo que implica necesariamente una evaluación), así como conforme a sus métodos de trabajo, los casos en los que ha habido progresos en la aplicación de las normas. Esta tarea conlleva inevitablemente un grado de interpretación y las evaluaciones realizadas. A lo largo de los años las evaluaciones han dado lugar a cierto número de formulaciones orientativas, con fines de coherencia e igualdad de trato entre los Estados. Estas orientaciones tienen carácter de opiniones y recomendaciones, como las que formulan los órganos de control de ciertos convenios o tratados de las Naciones Unidas o de ciertas organizaciones regionales. Las opiniones y recomendaciones de la Comisión no tienen fuerza obligatoria dentro del procedimiento de supervisión de la OIT y no son obligatorias fuera de la OIT a menos que un instrumento internacional las considere expresamente como obligatorias o que la Corte Suprema de un país así lo decida sin que ello le haya sido impuesto. 7. Estas orientaciones forman parte del llamado «soft law», es decir, puntos de vista y decisiones que no son de obligado cumplimiento, pero que sirven para orientar la acción de las autoridades nacionales. El valor del trabajo de estos órganos dimana de su racionalidad y de su fuente de legitimidad (independencia, experiencia y competencia técnica y toma en consideración de diferentes realidades nacionales y tradiciones jurídicas, garantías en el procedimiento de selección, información de fuentes no gubernamentales (como organizaciones de empleadores y de trabajadores), métodos de trabajo fundados en un diálogo continuo y constructivo con los gobiernos, etc.). Por ello, cabe destacar el papel técnico y la autoridad moral del examen técnico de estos órganos del sistema de control en el plano internacional, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de estos órganos llevan realizando estas tareas de control desde hace decenios y, en el caso específico de la Comisión de Expertos, desde hace más de ochenta años. 8. Con respecto a la interpretación de los convenios de la OIT y al papel de la Corte Internacional de Justicia en la materia, la Comisión precisó, ya en 1990, que con arreglo a su mandato, no le incumbe dar una interpretación definitiva de los convenios, puesto que, según el artículo 37 de la Constitución de la OIT, ello corresponde a la Corte Internacional de Justicia. La Comisión precisó, sin embargo, que para poder desempeñar su función de evaluar si se da cumplimiento a las disposiciones de un convenio determinado, debe examinar el significado de las disposiciones de dicho instrumento, determinar su alcance jurídico, y, llegado el caso, expresar su parecer al respecto. En consecuencia, la Comisión ha sostenido que, mientras la Corte Internacional de Justicia no contradiga los puntos de vista de la Comisión, éstos siguen siendo válidos y generalmente reconocidos. La Comisión ha estimado que la aceptación de estas consideraciones era indispensable para la propia existencia del principio de la legalidad y, por consiguiente, de la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo 1. 1 Véanse: Informe III (Parte 4A), Conferencia Internacional del Trabajo, 77.ª reunión (1990), Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, párr. 7, pág. 8.2 ILC.102/III/1B
Introducción 9. El 10 de junio de 2008, la Organización Internacional del Trabajo adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa («Declaración sobre la Justicia Social»). Está considerada como la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919. Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998. La Declaración sobre la Justicia Social expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización. Institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales. La Declaración expresa también la universalidad del Programa de Trabajo Decente: todos los Miembros de la Organización deben propiciar políticas basadas en los objetivos estratégicos de la OIT, a saber, el empleo, la protección social, el diálogo social y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Al mismo tiempo, hace hincapié en la importancia de un enfoque holístico e integrado al reconocer que esos objetivos son «inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente», garantizando la función de las normas internacionales del trabajo como medio útil para alcanzarlos. 10. El seguimiento de la Declaración sobre la Justicia Social determina, entre otros medios, que la Organización establecerá un sistema de discusiones recurrentes por la Conferencia Internacional del Trabajo a fin de: i) comprender mejor las diversas situaciones y necesidades de sus Miembros con respecto a cada uno de los objetivos estratégicos y responder con mayor eficacia a las mismas, utilizando para ello todos los medios de acción de que dispone, con inclusión de la labor normativa, la cooperación técnica, y la capacidad técnica y de investigación de la Oficina, y ajustar sus prioridades y programas de acción en consecuencia, y ii) evaluar los resultados de las actividades de la OIT con objeto de respaldar las decisiones relativas al programa y el presupuesto así como otras decisiones de gobernanza 2. 11. En marzo de 2011, en su 310.ª reunión, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo decidió que en el orden del día de la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2013), se inscribiría una discusión recurrente sobre el objetivo estratégico relativo al diálogo social, en el marco del seguimiento de la Declaración sobre la Justicia Social. 12. En virtud de los párrafos 5, e), 6, d), y 7, b) del artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados Miembros tienen la obligación de informar al Director General, «con la frecuencia que fije el Consejo de Administración», sobre los convenios que no hayan sido ratificados y las recomendaciones; aportando detalles sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en dichos instrumentos. 2 Sección II, B, del anexo de la Declaración sobre la Justicia Social.ILC.102/III/1B 3
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir En 1950, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (en adelante «la Comisión») examinó por vez primera las memorias presentadas en virtud del artículo 19 de la Constitución. Al poco tiempo quedó de manifiesto que sería conveniente disponer de una visión de conjunto de los instrumentos examinados y su aplicación en los países que los hubieran ratificado y en otros países, utilizando para ello la información contenida en las memorias presentadas con arreglo al artículo 19 y a los artículos 22 y 35 de la Constitución en lo relativo a los convenios ratificados. El primer Estudio «General», que se basó en estos dos tipos de memorias, lo preparó la Comisión en 1956. Desde entonces, la Comisión de la Conferencia examina cada año los estudios generales (Informe III (Parte 1B)) en el marco de su discusión general. 13. En un esfuerzo por alinear el Estudio General de la Comisión con el informe para la discusión recurrente, y teniendo presente el vínculo existente entre la libertad sindical y la negociación colectiva por una parte, y el diálogo social más en general por otra, especialmente en los casos en que el servicio público sea el tema central 3, el Consejo de Administración decidió, en su 310.ª reunión, en marzo de 2011, pedir a los gobiernos que, en virtud del artículo 19 de la Constitución, presentaran memorias en 2012 acerca del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), la Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 159), el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) y la Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 163) (para estos dos últimos instrumentos por lo que respecta a la administración pública) 4. 14. En varios exámenes de las normas internacionales del trabajo, realizados años atrás en el marco del Consejo de Administración, se consideró que los instrumentos abordados en este estudio eran especialmente relevantes. 15. Así pues, en lo relativo al Convenio núm. 151 y a la Recomendación núm. 159, el Grupo de Trabajo sobre las normas internacionales del trabajo (Grupo de Trabajo «Ventejol») clasificó estos textos en la categoría de instrumentos que convenía promover con carácter prioritario, bajo el epígrafe «derechos humanos fundamentales» 5. 16. En lo que atañe al Convenio núm. 154 y a la Recomendación núm. 163, el Grupo de Trabajo sobre normas internacionales del trabajo clasificó estos instrumentos en la categoría de instrumentos que convenía promover con carácter prioritario, bajo el epígrafe «relaciones de trabajo» 6. 17. En decisiones adoptadas en 1997 y 1999, tras las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Política de Revisión de Normas (Grupo de Trabajo «Cartier»), el Consejo de Administración indicó que la ratificación de los Convenios núms. 151 y 154 debía promoverse puesto que seguían respondiendo a las necesidades actuales (convenios actualizados) y pidió a los Estados Miembros que estudiasen la posibilidad de ratificarlos; 3 Documento GB.310/LILS/4, párr. 11. 4 Véase el formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración (documento GB.310/11/2 (Rev.)), que figura en el anexo II del presente Estudio General. 5 Véase el Informe Final del Grupo de Trabajo sobre normas internacionales del trabajo, aprobado por el Consejo de Administración en 1979 (Boletín Oficial, número especial, Vol. LXII, 1979, Serie A, pág. 13) y el Informe final del Grupo de Trabajo sobre normas internacionales del trabajo, aprobado por el Consejo de Administración en 1987 (Boletín Oficial, número especial, Vol. LXX, 1987, Serie A, pág. 7). 6 Informe final del Grupo de trabajo sobre normas internacionales del trabajo, aprobado por el Consejo de Administración en 1987 (Boletín Oficial, número especial, Vol. LXX, 1987, Serie A, pág. 7). Los miembros trabajadores señalaron que también podía considerarse que trataban de derechos humanos fundamentales los instrumentos sobre la negociación colectiva (Convenio´núm. 154 y Recomendación núm. 163), adoptados en 1981. Ibíd., pág. 44.4 ILC.102/III/1B
Introducción respecto de las Recomendaciones núms. 159 y 163, las consideró actualizadas y pidió a los Estados Miembros que les diesen cumplimiento, de conformidad con las disposiciones del artículo 19 de la Constitución de la OIT. 18. En cuanto a la Conferencia Internacional del Trabajo, cabe referirse a varias fechas. En 2002 la Conferencia adoptó la Resolución relativa al tripartismo y el diálogo social en la que, recordando especialmente los Convenios núms. 87, 98, 151 y 154, y las recomendaciones correspondientes, invita a los gobiernos a asegurarse de que existen las condiciones necesarias para el diálogo social, incluyendo el respeto de los principios fundamentales y del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, un entorno de relaciones de trabajo adecuadas y el respeto por la función de los interlocutores sociales, y también invita a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a promover y a potenciar el tripartismo y el diálogo social, especialmente en los sectores donde están ausentes o mínimamente desarrollados. 19. En 2008, la Declaración sobre la Justicia Social consolida el papel del tripartismo y del diálogo social entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores, lo que es fundamental para la cohesión social y el Estado de derecho. Al adoptar la Declaración sobre la Justicia Social, la Conferencia Internacional del Trabajo reconoció que los objetivos estratégicos de la OIT, a saber, el empleo, la protección social, el diálogo social y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en torno a los cuales se articula el Programa de Trabajo decente, son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. 20. En 2009, la Conferencia adoptó el Pacto Mundial para el Empleo, y afirmó que el Programa de Trabajo Decente constituía el marco en el que se inscribía la respuesta a la crisis económica mundial y a sus consecuencias. El Pacto afirma, entre otras cosas, que es vital, sobre todo en tiempos de mayor tensión social, potenciar el respeto y la utilización de los mecanismos de diálogo social, como la negociación colectiva, cuando proceda y en todos los niveles. 21. A este respecto, la Comisión constata con interés que en las propuestas de programa y presupuesto para 2012-2013 7, presentadas por el Director General de la OIT y adoptadas por el Consejo de Administración, y seguidamente por la Conferencia, está previsto iniciar una campaña mundial para promover la ratificación y la aplicación de todas las normas a que hace referencia el Pacto Mundial para el Empleo, y que en esta labor se incluirán, entre otros, los convenios sobre negociación colectiva (núms. 98, 151 y 154). 22. Hasta este momento, de los 185 Estados Miembros, 48 han ratificado el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y 43 el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), de los cuales 29 han ratificado ambos convenios. La Comisión señala que todos los Estados que han ratificado los Convenios núms. 151 y 154 han ratificado también el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), a excepción de Brasil, que no ha ratificado el Convenio núm. 87. El presente Estudio General tiene por objeto ofrecer a los Estados Miembros que aún no han ratificado los Convenios núms. 151 y 154 información detallada sobre el alcance de los mismos, así como orientaciones sobre las medidas que pueden adoptar para subsanar los obstáculos que encuentren en relación con la legislación y la práctica. 7 Documento GB.310/PFA/2, párr. 211.ILC.102/III/1B 5
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir 23. El presente Estudio General, que versa sobre las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública, pretende presentar un panorama general de la legislación y la práctica de los Estados Miembros desde el punto de vista de la aplicación de los Convenios núms. 151 y 154, ratificados o no, así como de las Recomendaciones núms. 159 y 163, describiendo al mismo tiempo las iniciativas emprendidas en algunos países y los problemas surgidos. El Estudio también destaca las principales observaciones planteadas por la Comisión, así como las orientaciones formuladas posteriormente, con miras a una aplicación más completa de los convenios ratificados. En él se analizan el alcance, los métodos y las dificultades de aplicación de los ocho instrumentos en cuestión, los aspectos temáticos más destacados de cada uno de ellos y, por último, su aplicación y su impacto. Por último, se examinan los obstáculos a la ratificación encontrados por algunos Estados Miembros, así como la prestación de asistencia técnica que puede preverse para superarlos y, por último, las perspectivas de ratificación. 24. El presente Estudio está basado, por un lado, en las memorias presentadas en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT por los países que no han ratificado los convenios examinados, y por otro, en las memorias presentadas en virtud de los artículos 22 y 35 por los gobiernos de los países que sí los han ratificado. El número de memorias enviadas por gobiernos en virtud del artículo 19 es de 69 en el caso del Convenio núm. 151, 98 en el caso de la Recomendación núm. 159, de 73 en el caso del Convenio núm. 154 y de 99 en el caso de la Recomendación núm. 163 8. La Comisión también ha recibido información y observaciones de organizaciones de trabajadores 9 y de empleadores 10 relacionadas con estos instrumentos. Además de examinar la información que contienen las memorias, la Comisión se ha esforzado por tomar en consideración la legislación y la práctica en la materia, y quiere hacer hincapié en la importancia capital que concede a la práctica, es decir, a la aplicación real de los convenios de la OIT ratificados, dado que una mera adecuación formal de las legislaciones nacionales con los convenios de la OIT sin una aplicación efectiva no tiene mucho sentido. 25. No cabe duda de que existen fuertes vínculos entre los instrumentos que cubre el presente Estudio y los convenios fundamentales sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, a saber, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). A este respecto, la Comisión recuerda que en múltiples ocasiones ha puesto de relieve el vínculo existente entre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, por un lado, y el desarrollo del potencial humano, el crecimiento económico, la justicia social y la paz duradera, por otro, así como la pertinencia de ese derecho, particularmente en tiempos de crisis económica, para la realización del objetivo del trabajo decente. 26. De esta forma, el presente Estudio completa el estudio anterior titulado «Dar un rostro humano a la globalización». El Estudio General sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008, Conferencia Internacional del Trabajo, 101.ª reunión, 2012, Informe III (Parte 1B) (en adelante 8 Véase anexo IV. 9 Se han recibido 132 observaciones de organizaciones sindicales (véase parte V del presente Estudio y el anexo V donde figura la lista de dichas organizaciones. 10 Cinco organizaciones nacionales de empleadores hicieron llegar sus observaciones (véase parte V del presente Estudio y anexo V donde figura la lista de dichas organizaciones.6 ILC.102/III/1B
Introducción «Estudio General de 2012») que cubría los ocho convenios fundamentales de la OIT 11, y en el cual la Comisión recordaba que siempre había considerado que debía garantizarse a todos los funcionarios y empleados de la administración pública el derecho a constituir organizaciones profesionales y a afiliarse a las mismas, tanto si se desempeñaban en la administración del Estado a nivel central, regional o local, como si estaban empleados en organismos encargados de prestar servicios públicos importantes o trabajaban en empresas de carácter económico pertenecientes al Estado 12 . Tratándose de la negociación colectiva en la administración pública, la Comisión considera que ésta reviste características especiales que se dan en mayor o menor medida en casi todos los países, y se deben principalmente a la doble función que incumbe al Estado como empleador y autoridad legislativa, el cual es el último responsable ante la población de la asignación y la gestión de sus recursos 13. 27. Cabe señalar que en general las relaciones laborales en la administración pública conllevan problemáticas y dificultades particulares que a menudo han llevado a los legisladores nacionales a excluir a los funcionarios de las disposiciones legislativas que rigen las relaciones laborales y a prever disposiciones especiales para esta categoría de trabajadores, ya sea mediante la elaboración de «estatutos de la administración pública» o a través de la adopción de leyes y reglas especiales. 28. El movimiento sindical lleva años reivindicando el reconocimiento de los derechos sindicales de los empleados públicos, incluido el derecho de negociación colectiva, y en los últimos cincuenta años son muchos los países que han adoptado normas con miras a la realización de dicho objetivo. El examen de las diferentes legislaciones muestra una tendencia clara en el mundo en favor del reconocimiento de estos derechos. Esta tendencia responde a la preocupación de evitar la discriminación contra los empleados de la administración pública en relación con los trabajadores del sector privado, sobre todo en materia de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo. Se pueden prever sin embargo modalidades específicas para los empleados públicos. La Comisión desea destacar que la negociación colectiva, lejos de perjudicar la calidad de los servicios públicos y el interés general, puede contribuir a establecer relaciones de trabajo armoniosas, contribuir a una mayor eficacia y efectividad de los servicios y, sobre todo, a crear las condiciones de un trabajo decente, en el que se respete la dignidad humana de los empleados públicos. De hecho, la negociación colectiva en la administración pública en los países donde existe ha dado lugar — y así reconocen los gobiernos — a esta evolución positiva. 11 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138); Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182); Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), 1951, y Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). 12 Estudio General de 2012, párr. 64. 13 Ibíd., párr. 211.ILC.102/III/1B 7
Antecedentes 29. Ya en 1919, la Organización Internacional del Trabajo incorporó el principio de la libertad sindical a su Constitución como uno de los objetivos de su programa de acción. El Preámbulo de la Parte XIII del Tratado de Versalles incluye «la afirmación del principio de la libertad sindical» entre los objetivos de la Organización. Asimismo, el artículo 427 de dicho instrumento, relativo a los principios generales, proclama el «derecho de asociación para todos los objetos no contrarios a las leyes, tanto para los asalariados como para los empleadores». 30. En 1919, los autores de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, afirmando que «la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social» y constatando que era urgente mejorar «las condiciones de trabajo que entrañan […] injusticia, miseria y privaciones», fijaron como objetivo fundamental de la Organización la consecución de la justicia social, en particular mediante la mejora de estas condiciones de trabajo y la adopción por parte de todas las naciones de «un régimen de trabajo realmente humano». 31. Los objetivos originales de la Organización figuran en el segundo considerando del Preámbulo de su Constitución, que dice así: «Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas». 32. La Conferencia Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia en 1944, adoptó por unanimidad una declaración solemne relativa a los fines y objetivos de la OIT y los principios que debieran inspirar la política de sus Miembros. Al incorporarse la Declaración de Filadelfia a la Constitución de la OIT, se desarrollan y amplían los objetivos originales de la Organización enunciados en el Preámbulo. La Declaración establece como objetivo fundamental la «lucha contra la necesidad […] a fin de promover el bienestar común», este último entendido como «bienestar material y desarrollo espiritual» de todos los seres humanos «en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades», objetivo que debe constituir «el propósito central de la política nacional e internacional». Este objetivo fundamental dota a la Organización de medios de acción de gran envergadura en los ámbitos social y económico, hasta tal punto que la Declaración de Filadelfia afirma que «incumbe a laILC.102/III/1B 9
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero». 33. A efectos del presente estudio, el punto más destacado es que la Declaración de Filadelfia, en sus Partes II y III, retomando los objetivos enunciados en el Preámbulo de la Constitución, reafirma en particular la libertad de asociación y consagra explícitamente, entre otros, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas. 34. Hubo que esperar casi treinta años tras la adopción de la Constitución de la OIT para que la Conferencia Internacional del Trabajo pudiera adoptar un instrumento general sobre la libertad sindical y otro instrumento, más restringido en cuanto a su ámbito de aplicación, sobre la negociación colectiva. No obstante, había habido antes numerosas iniciativas impulsadas por el Grupo de los Trabajadores y algunos gobiernos para que un convenio de la OIT reglamentara la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. 35. En efecto, antes de que se adoptara el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), solamente se habían adoptado en la materia dos instrumentos que, cabe señalar, no tenían carácter general. El primero de dichos instrumentos, el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11), prevé que todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique dicho Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas. El segundo instrumento es el Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 84), que aborda el derecho de asociación y la solución de los conflictos de trabajo en los territorios no metropolitanos. 36. Cuando en 1948 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó, por abrumadora mayoría, el Convenio núm. 87, se reconoció el derecho de sindicación tanto a los trabajadores del sector privado como a los del sector público, incluidos aquéllos de la administración pública y el derecho de asociación de los empleadores. En este sentido, el artículo 2 del Convenio enuncia el principio según el cual: «Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas». El único grupo de trabajadores al que podría no aplicarse este principio general es el de la policía y las fuerzas armadas, para el cual la legislación nacional determinará hasta qué punto se les aplicarán las garantías previstas en el Convenio (artículo 9). El Convenio prevé que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades, y el de formular su programa de acción, así como que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal (artículo 3). 37. En 1949, la Conferencia examinó un nuevo instrumento — el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98), destinado en particular a promover la negociación colectiva — y decidió autorizar la misma excepción relativa a la policía y las fuerzas armadas y precisa además en su artículo 6 que: «El presente10 ILC.102/III/1B
Antecedentes Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto». 38. El Convenio núm. 98 prevé en particular la protección de los trabajadores contra todo acto de discriminación (artículo 1) y la protección de las organizaciones de trabajadores y de empleadores contra todo acto de injerencia (artículo 2), así como el fomento del desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria de convenios colectivos (artículo 4). 39. En 1959, año en el que su orden del día incluía un punto relativo a los problemas de los trabajadores no manuales, la Conferencia alcanzó conclusiones relativas al desarrollo del programa de la OIT en lo que respecta a los trabajadores no manuales, en las cuales solicitaba el examen de la situación particular del personal de la administración pública por lo que respecta al derecho de sindicación y de negociación colectiva, de ser necesario con la colaboración de una reunión técnica especial. 40. Así, en 1963, se convocó la Reunión de expertos en condiciones de trabajo y de servicio de los funcionarios públicos con objeto de examinar, entre otras, las cuestiones relativas a la libertad sindical y a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Para que se tuvieran en cuenta las conclusiones de esta Reunión de expertos, entre otras cosas, el Consejo de Administración decidió constituir la Comisión Paritaria del Servicio Público, encargada de examinar las cuestiones relativas al empleo en la administración pública. En su primera reunión, en 1971, la Comisión Paritaria recomendó, en particular, al Consejo de Administración que incluyera este punto en el orden del día de una próxima reunión de la Conferencia. No obstante, el Consejo de Administración decidió entonces dar prioridad a otras cuestiones. 41. En 1971, la Conferencia adoptó el Convenio núm. 135 y la Recomendación núm. 143 sobre los representantes de los trabajadores. El ámbito de aplicación de ambos instrumentos se limita a los representantes de los trabajadores en la empresa y su protección, así como a las facilidades que se les otorga en el ejercicio de sus funciones, y no se aplica a los funcionarios públicos. 42. En 1975, la Conferencia adoptó el Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149 sobre las organizaciones de trabajadores rurales; estos dos instrumentos retoman el contenido esencial de los Convenios núms. 87 y 98 y lo aplican a una categoría particular de trabajadores. 43. En 1974, el Consejo de Administración decidió convocar para el año siguiente la Conferencia Técnica sobre el Servicio Público (a la cual se invitó a todos los países Miembros a enviar una delegación bipartita) encargada de examinar esta cuestión y asesorar a la OIT sobre las medidas que se debían adoptar. La Conferencia Técnica sobre el Servicio Público se reunió en abril de 1975 y, en sus conclusiones, invitó por unanimidad al Consejo de Administración a que estudiara la posibilidad de inscribir en el orden del día de una próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo un punto relativo a la libertad sindical y la determinación de las condiciones de empleo en la administración pública, con miras a adoptar un instrumento internacional apropiado, sobre la base de un proyecto preliminar aprobado por ella. A este respecto, cabe destacar que la Conferencia Técnica, recordando que el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) ya se aplicaba a la función pública, no incluyó en el proyecto preliminar un eventual instrumento internacional que contenga nuevas disposiciones relativas a las cuestiones que ya figuraban en dicho Convenio. En cambio, poniendo de relieve que el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) excluía a los funcionariosILC.102/III/1B 11
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir públicos de su ámbito de aplicación (artículo 6), la Conferencia Técnica amplió al servicio público las garantías previstas en los ámbitos cubiertos por este último Convenio, así como en algunos ámbitos conexos. 44. En cumplimiento de la recomendación de la Conferencia Técnica, el Consejo de Administración decidió incluir la cuestión en el orden del día de la 63.ª reunión de la Conferencia (1977). 45. Así pues, ha hecho falta esperar casi treinta años tras la adopción del Convenio núm. 98 para que la Conferencia adoptara en 1978 el Convenio núm. 151 y la Recomendación núm. 159 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Estos instrumentos completaban el Convenio núm. 98, cuyo ámbito de aplicación no incluía a los funcionarios públicos, al mismo tiempo que incorporaban elementos del Convenio núm. 135, que conciernen en particular el otorgamiento de facilidades a los representantes de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. 46. El Convenio núm. 151 recoge el contenido esencial de las disposiciones del Convenio núm. 98 sobre la protección contra la discriminación antisindical (artículo 4) y los actos de injerencia (artículo 5). El Convenio núm. 151 incluye igualmente una disposición relativa a los derechos civiles y políticos de los empleados públicos (artículo 9). 47. El artículo 7 del Convenio núm. 151 prevé, además, que «deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones». Esta formulación retoma principalmente el principio establecido en el artículo 4 del Convenio núm. 98, con una diferencia en lo referente a los funcionarios públicos, a saber, la posibilidad de recurrir a otros métodos distintos de la negociación colectiva. La Conferencia Internacional del Trabajo permite así ampliar los derechos reconocidos por el Convenio núm. 98 a los empleados públicos, otorgándoles oficialmente el derecho a participar en la determinación de sus condiciones de empleo, cuya negociación colectiva se menciona como una de las modalidades posibles. 48. El Convenio se aplica a «todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo» (artículo 1). Las únicas categorías de empleados públicos que pueden ser excluidas del ámbito de aplicación del Convenio por la legislación nacional (además de las fuerzas armadas y la policía, como establecían los convenios anteriores) son: «los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos» o «los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial». 49. Respecto a la solución de los conflictos que surjan con motivo de la determinación de las condiciones de empleo, el Convenio núm. 151 propugna la negociación entre las partes o procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados (artículo 8). 50. A pesar de que el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los funcionarios haya conocido un progreso manifiesto gracias a la adopción del Convenio núm. 151, los Estados podían siempre evitar recurrir a la negociación colectiva y determinar las condiciones de empleo mediante otros métodos. Por esta razón, y a fin de permitir un reconocimiento más amplio de la negociación colectiva, el Convenio12 ILC.102/III/1B
Antecedentes núm. 154 y la Recomendación núm. 163 sobre la negociación colectiva adoptados en 1981 tienen como particularidad que abarcan tanto el sector privado como el sector público (salvo las fuerzas armadas y la policía). En lo que concierne a la administración pública, el Convenio núm. 154 prevé únicamente que la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación del Convenio (párrafo 3 del artículo 1). El Estado Miembro que lo ratifique no puede, en consecuencia, seguir limitándose al método de consulta, como sucedía con el Convenio núm. 151, y debe promover la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y empleo (párrafo 1 de los artículos 2 y 5). De este modo, con la adopción del Convenio núm. 154, la comunidad internacional reconoce que la negociación colectiva constituye el medio privilegiado para reglamentar las condiciones de trabajo tanto para el sector público como para el sector privado. 51. Al prever modalidades particulares de aplicación, el Convenio núm. 154 aporta una cierta flexibilidad a la aplicación de sus disposiciones y, de esta forma, permite tomar en consideración las particularidades del sector público, así como las de los diversos regímenes y procedimientos presupuestarios nacionales. 52. Como atestigua esta breve relación de antecedentes, la incorporación de los principios y los derechos sindicales fundamentales que enuncian la Constitución de la OIT de 1919 y la Declaración de Filadelfia a los convenios internacionales del trabajo mencionados no ha sido una tarea fácil y ha requerido mucho tiempo.ILC.102/III/1B 13
Primera parteDerechos sindicales y facilidadesen la administración públicaI. Campo de aplicación del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) Artículo 1 El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía. Artículo 2 A los efectos del presente Convenio, la expresión empleado público designa a toda persona a quien se aplique el presente Convenio de conformidad con su artículo 1. Artículo 3 A los efectos del presente Convenio, la expresión organización de empleados públicos designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. 53. Cuando en 1948 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), reconoció el derecho de sindicación tanto a los trabajadores del sector privado como a los del sector público, incluidos empleados de la administración pública. El artículo 2 del Convenio establece el principio según el cual «los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes...». 54. La única excepción que prevé el Convenio núm. 87 se refiere a las fuerzas armadas y la policía, en cuyo caso deja en manos de la legislación nacional determinar hasta qué punto se les aplicarán las garantías previstas por el Convenio (artículo 9 del Convenio núm. 87).ILC.102/III/1B 15
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir 55. Cuando en 1949 la Conferencia examinó un nuevo instrumento, el Convenio núm. 98 sobre el derecho de organización y de negociación colectiva, destinado entre otras cosas a promover la negociación colectiva, se decidió no sólo autorizar la misma excepción para la policía y las fuerzas armadas, sino que también se decidió prever que el artículo 6 del Convenio no tratase de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado, y que no debería interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Con la adopción de dicho artículo, la Conferencia reconoció que la negociación colectiva en la administración pública revestía características especiales que se daban, en mayor o menor medida, en casi todos los países. La primera razón que suele invocarse es que, en dicho contexto, el Estado asume dos funciones, la de empleador y la de autoridad legislativa, que en ocasiones se solapan, o incluso pueden llegar a contradecirse, lo que puede plantear dificultades. Por otro lado, el margen de maniobra del Estado depende en gran medida de los ingresos fiscales; ahora bien, como empleador, es el último responsable ante la población de la asignación y la gestión de sus recursos. Por último, en algunas tradiciones jurídicas o socioculturales se considera que la condición de funcionario es incompatible con cualquier noción de negociación colectiva y de libertad sindical. 56. Teniendo en cuenta los trabajos preparatorios del Convenio núm. 98 14 , la Comisión de Expertos señaló que no todos los funcionarios públicos pueden excluirse del campo de aplicación del Convenio, sino únicamente los funcionarios públicos empleados en la administración del Estado. La Comisión adoptó esta postura inspirándose especialmente en la versión inglesa del artículo 6, que hace referencia a los public servants engaged in the administration of the State (en francés, fonctionnaires publics). 57. Treinta años después de la adopción del Convenio núm. 98, el Convenio núm. 151 pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen «el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones». De este modo, la Conferencia Internacional del Trabajo permitía hacer extensivos los derechos reconocidos por el Convenio núm. 98 a los empleados públicos otorgándoles oficialmente el derecho a participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siendo la negociación colectiva una de las modalidades posibles expresamente mencionadas. 58. Relaciones entre los convenios. En 1977, la Comisión del Servicio Público de la Conferencia Internacional del Trabajo decidió, durante la preparación del Convenio núm. 151, no incluir al párrafo siguiente: «Los Miembros que ratifiquen el Convenio podrían excluir de su campo de aplicación a las personas empleadas en empresas o establecimientos públicos de tipo comercial, industrial, agrícola o similares, o a determinadas categorías de las mismas». Se precisó entonces que la intención era amparar a los trabajadores excluidos del campo de aplicación del Convenio núm. 98 y que el campo de aplicación del convenio propuesto y del Convenio núm. 98 sería tal que ninguna categoría, aparte de las que pudieran quedar específicamente excluidas en virtud del convenio propuesto, quedaría fuera del ámbito de aplicación de uno u otro convenio 15 . Asimismo, el párrafo 1 del artículo 1 establece que el Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en 14 Los trabajos preparatorios de los Convenios y Recomendaciones tratados en este Estudio pueden consultarse en la página web de la OIT bajo la rúbrica LABORDOC. 15 Conferencia Internacional del Trabajo, 63.ª reunión, 1977, Actas, pág. 662, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 48.16 ILC.102/III/1B
Derechos sindicales y facilidades en la administración pública que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. 59. La salvaguardia prevista en el párrafo 1 del artículo 1 del Convenio ha sido útil para decidir en situaciones en las que las disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98 eran más favorables que las del Convenio núm. 151. Así pues, el Comité de Libertad Sindical, entre otros, ha tenido ocasión de pronunciarse, en diversas ocasiones, sobre las relaciones entre los convenios de la OIT 16. Por ejemplo, ha señalado que el artículo 4 del Convenio núm. 98 ofrece disposiciones más favorables a los trabajadores que las del artículo 7 del Convenio núm. 151 en sectores como la enseñanza pública, en que ambos convenios son aplicables, pues aquel incluye la noción del recurso voluntario a la negociación y la autonomía de las partes en ella. El Comité consideró que en tales casos, teniendo en cuenta el artículo 1 del Convenio núm. 151, debería aplicarse preferentemente el artículo 4 del Convenio núm. 98 con respecto al artículo 7 del Convenio núm. 151, ya que este último incita a los poderes públicos a estimular y fomentar la negociación colectiva, sea a través de procedimientos que permitan dicha negociación, sea a través de otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de sus condiciones de empleo 17. 60. La noción de administración pública. En 1978, la Comisión del Servicio Público acordó que la expresión «administración pública» que figura en el párrafo 1 del artículo 1 del Convenio debería aplicarse a todos los organismos o instituciones investidos de autoridad o funciones públicas 18. A este respecto, se recordó que incumbía en primer lugar a cada gobierno determinar qué organismos e instituciones eran considerados de administración pública en el país, a reserva del principio de que todo Gobierno que ratificase un convenio debía aplicarlo de buena fe. 61. De los trabajos preparatorios se desprende que quedan excluidos de esta definición los parlamentarios, magistrados y otras autoridades públicas que ocupan cargos de carácter político por elección o por nombramiento 19 . En lo que respecta a los magistrados su derecho de organización está reconocido por el Convenio núm. 87. 62. Empleados que, por sus funciones, poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Además, el Convenio otorga a la legislación nacional el cometido de determinar hasta qué punto las garantías previstas en el Convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial (párrafo 2 del artículo 1). 63. En 1978, la Comisión del Servicio Público precisó que la frase «que por su jerarquía y sus funciones, se considera normalmente que gozan de poder decisorio o que desempeñan cargos directivos o que sus obligaciones son de naturaleza altamente confidencial» debía entenderse en el sentido de que no permitía la exclusión de personas cuyas funciones de dirección eran accesorias o constituían únicamente una parte poco 16 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrs. 1061 a 1064 (en adelante «Comité de Libertad Sindical, Recopilación, 2006»). 17 Comité de Libertad Sindical, 256.º informe, caso núm. 1391 (Reino Unido), párr. 85. 18 Conferencia Internacional del Trabajo, 64.ª reunión, 1978, Actas, pág. 25/4, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 23. 19 Conferencia Internacional del Trabajo, 63.ª reunión, 1977, Actas, pág. 660, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 37, y Conferencia Internacional del Trabajo, 64.ª reunión, 1978, Actas, pág. 25/4, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 24.ILC.102/III/1B 17
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir importante de sus tareas habituales y que pretendía aportar un cierto grado de flexibilidad, dejando al criterio de los gobiernos el decidir la medida en la que los instrumentos propuestos se aplicarían a un número limitado de dichos empleados de alto nivel y empleados cuyas obligaciones tuvieren una naturaleza altamente confidencial 20. 64. A este respecto, tanto la Comisión de Expertos como el Comité de Libertad Sindical tuvieron que pronunciarse sobre legislaciones o prácticas nacionales que, debido a definiciones demasiado amplias en la categoría de «empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos», y «empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial», o al recurso demasiado frecuente a la calificación de puestos de empleados públicos de esta categoría, ponían trabas en la práctica a los derechos sindicales; tales disposiciones o prácticas, combinadas en ocasiones con el requisito de un número mínimo relativamente elevado de miembros para constituir un sindicato, pueden incluso, en la práctica, suponer actos de injerencia en los asuntos sindicales, impedir la constitución de sindicatos y, por consiguiente, violar gravemente los derechos sindicales de los empleados públicos interesados. 65. La Comisión considera que la noción de confidencialidad debe interpretarse de forma restrictiva; de igual modo, la calificación de las tareas como tareas de dirección o que conllevan poder decisorio debe limitarse tanto como sea posible. Corresponde a la Comisión de Expertos y al Comité de Libertad Sindical determinar, caso por caso, si se ha recurrido de forma demasiado generalizada a la noción de confidencialidad o a la calificación de tareas como de dirección o relacionadas con la toma de decisiones. Para ello, los órganos de control deben basarse en criterios como el poder de sanción de que disponen los empleados públicos en cuestión, o incluso en la determinación de en qué medida sus funciones incluyen la capacidad para emitir normas o decisiones administrativas, representar al Estado, supervisar las cuentas públicas (por ejemplo, los auditores o en ocasiones los contadores públicos), etc. Así pues, estos criterios se basan en la naturaleza de las actividades, así como en la posición que ocupan estos empleados en la jerarquía, ya que, según el Comité, tales empleados deben disponer de un grado de autonomía elevado. 66. Una parte de los empleados públicos que abarca la definición del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio está formada por personas de alto nivel o cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial que ocupan puestos de libre nombramiento y destitución. Se trata, por ejemplo, de ministros, secretarios de Estado, directores generales y otros cargos de confianza. Es importante diferenciar esta situación de la práctica que han desarrollado algunos Estados y que consiste en recurrir a gran escala a puestos de libre designación y destitución y para el desempeño de las funciones permanentes de la administración pública, lo cual plantea problemas en relación con la aplicación del Convenio. 67. Fuerzas armadas y policía. El párrafo 3 del artículo 1 del Convenio establece que la legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a los miembros de las fuerzas armadas y la policía. 68. Durante los trabajos preparatorios, se consideró que sería mejor que la determinación del alcance de las exclusiones de las personas que ejerciesen funciones análogas a las de estos cuerpos de seguridad fuese confiada a la Comisión en el ejercicio 20 Conferencia Internacional del Trabajo, 63.ª reunión, 1977, Actas, pág. 662, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 47, y Conferencia Internacional del Trabajo, 64.ª reunión, 1978, Actas, pág. 25/4, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 26.18 ILC.102/III/1B
Derechos sindicales y facilidades en la administración pública de sus funciones de control, como en ocasiones anteriores en las que se había encargado de la interpretación de otros convenios que contenían la expresión «fuerzas armadas y policía» 21. 69. Es interesante observar que, en un número importante de países, la legislación relativa a la aplicación del Convenio se aplica también al personal de las fuerzas armadas y de la policía y que ciertos países reconocen incluso el derecho de negociación colectiva de la policía 22. 70. La Comisión subraya que, en cualquier caso, el Convenio se aplica al personal civil de las fuerzas armadas y al personal civil adscrito a la policía. En ciertos países ese personal civil no goza de derechos sindicales 23. 71. Con cierta frecuencia se plantean problemas de conformidad con el Convenio en relación con los servicios penitenciarios. Por ejemplo, en Botswana, la Ley de la Administración Pública, la Ley de Sindicatos y Organizaciones de Empleadores, en su versión enmendada en 2003 (Ley TUEO) y la Ley sobre Conflictos Laborales no se aplican a los servicios penitenciarios. La Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, en virtud de las leyes y reglamentos nacionales, los servicios penitenciarios prestaban servicios de seguridad, y recordó que, de conformidad con el artículo 1 del Convenio, sólo podían excluirse del ámbito de aplicación del Convenio la policía, las fuerzas armadas y los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se consideraba normalmente que poseían poder decisorio o desempeñaban cargos directivos o los empleados cuyas obligaciones eran de naturaleza altamente confidencial, y pidió al Gobierno que modificase el artículo 2 de la Ley de Sindicatos y de Organizaciones de Empleadores (Ley TUEO), el artículo 2 de la Ley sobre Conflictos Laborales y el artículo 35 de la Ley de Prisiones, a fin de garantizar a los empleados de los servicios penitenciarios los derechos consagrados en el Convenio 24. 72. En cuanto a los conceptos de empleado público y de organización de empleados públicos definidos en los artículos 2 y 3 del Convenio, se precisó, en el caso del segundo, que designaba a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. En 1978, la Comisión del Servicio Público admitió que con la expresión «cualquiera que sea su composición» pretendía abarcar las organizaciones mixtas, compuestas por empleados públicos y otros trabajadores 25. 21 Conferencia Internacional del Trabajo, 63.ª reunión, 1977, Actas, pág. 662, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 50, y Conferencia Internacional del Trabajo, 64.ª reunión, 1978, Actas, pág. 25/5, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 30. 22 Por ejemplo Bélgica, Brasil, Nueva Zelandia, Sudáfrica y cierto número de estados federados de Estados Unidos. 23 Por ejemplo, en Pakistán, se considera que los empleados del ferrocarril pertenecen a las fuerzas armadas y, por consiguiente, están excluidos de los derechos sindicales. 24 Botswana – CEACR, Convenio núm. 151, observación, 2012. 25 Conferencia Internacional del Trabajo, 64.ª reunión, 1978, Actas, pág. 25/7, Informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 36; Burundi – CEACR, convenio núm. 87, solicitud directa, 2012. La Comisión tuvo la ocasión de precisar, por ejemplo, al examinar la situación de Burundi en el marco de la aplicación del Convenio núm. 87, que, si puede admitirse que las organizaciones de base de los empleados públicos estén limitadas a esta categoría de trabajadores, estas organizaciones deberían no obstante poder afiliarse libremente a las federaciones y confederaciones de su elección, con inclusión de las que agrupan también a organizaciones del sector privado.ILC.102/III/1B 19
Derechos sindicales y facilidades en la administración públicaII. Derechos civiles y políticos de los empleados públicosIntroducción 73. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, principal fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos, se pone de relieve el carácter universal de esos derechos, «considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». Complementan y desarrollan la Declaración Universal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entraron en vigor en 1976. 74. En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales en materia de derechos humanos se han reafirmado los principios básicos de los derechos humanos que fueron promulgados por primera vez en la Declaración —universalidad, interdependencia e indivisibilidad — así como el hecho de que los derechos humanos 26 implican derechos y obligaciones para las autoridades y los titulares de éstos, así como conductas a nivel de la práctica de los Estados. 75. Antes de abordar de lleno la cuestión de los derechos civiles y políticos de los empleados públicos, la Comisión ha estimado conveniente reafirmar la importancia que cabe atribuir a los principios fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerando que la vulneración de esos principios puede menoscabar el libre ejercicio de los derechos sindicales. Es imprescindible afirmar la existencia de una estrecha interrelación entre los distintos derechos humanos fundamentales para lograr la aplicación efectiva de esos derechos, habida cuenta de que ninguno de estos derechos se puede ejercer plenamente si se prescinde de la coexistencia de los demás. De hecho, en la resolución de la 54.ª reunión de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, de 1970, sobre los derechos sindicales y sus relaciones con las libertades civiles, se puso de manifiesto la interrelación entre la libertad sindical y las libertades civiles y políticas. 76. En la Resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles se reconoce que «los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles».Alcance de los derechos civiles y políticosde los empleados públicos Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) Artículo 9 Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones. 26 Véase, por ejemplo: http://www.un.org/es/documents/udhr/law.shtml.ILC.102/III/1B 21
La negociación colectiva en la administración pública: Un camino a seguir Resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: (…) 2. Hace especial hincapié en las libertades civiles que figuran a continuación, libertades que se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que son esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales: a) el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias; b) la libertad de opinión y de expresión y, en particular, de sostener opiniones sin ser molestado y de investigar y recibir información y opiniones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión; c) el derecho de reunión; d) el derecho a proceso regular por tribunales independientes e imparciales; y e) el derecho a la protección de la propiedad de las organizaciones sindicales. 77. Durante los debates celebrados en torno a esta cuestión en 1977 y 1978 con anterioridad a la adopción del Convenio núm. 151, la Comisión del Servicio Público puntualizó que los derechos civiles y políticos mencionados en este artículo eran los derechos que habían sido considerados como esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales, según la Resolución de la OIT sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles 27. 78. Esta Resolución, adoptada por la Conferencia en 1970, reafirma el vínculo fundamental entre las libertades públicas y los derechos sindicales que ya se habían puesto de relieve en la Declaración de Filadelfia de 1944 28. 79. Considerando, entre otras cosas, «que existen principios firmemente establecidos y universalmente aceptados que definen las garantías básicas de las libertades civiles, que deberían constituir un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse», la Conferencia enumeró de forma explícita los derechos fundamentales necesarios para el ejercicio de la libertad sindical, entre los que destacan: «a) el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias; b) la libertad de opinión y de expresión y, en particular, de sostener opiniones sin ser molestado y de investigar y recibir información y opiniones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión; c) el derecho de reunión; d) el derecho a proceso regular por tribunales independientes e imparciales; y e) el derecho a la protección de la propiedad de las organizaciones sindicales» 29. Al adoptar esta resolución, la Conferencia reiteraba que el pleno desarrollo de la libertad sindical depende de la existencia de un sistema democrático en el que se respeten los derechos y libertades civiles fundamentales, «considerando que sin independencia nacional ni libertad política no pueden existir derechos sindicales plenos y genuinos». 80. Desde la adopción de esta Resolución, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y el Comité de Libertad Sindical han insistido constantemente en la interdependencia entre las libertades civiles y los derechos sindicales, subrayando que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente 27 Conferencia Internacional del Trabajo, 63.ª reunión, 1977 Actas, pág. 668; informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 102; y Conferencia Internacional del Trabajo, 64.ª reunión, 1978, Actas, pág. 25/11; informe de la Comisión del Servicio Público, párr. 75. 28 La Declaración de Filadelfia proclama en el aptdo. b) de su art. I que la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante, y se refiere en el aptdo. a) de su art. II a los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana. 29 Resolución de la OIT sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles (adoptada el 25 de junio de 1970), párr. 2.22 ILC.102/III/1B
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