Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920294.html
Timestamp: 2019-11-12 09:03:27+00:00

Document:
as201920294
Auto Supremo: 294/2019
Expediente: LP-108-18-S
Partes: Pastor Franco Luna. c/ Gróver Casto Calderón Marañón y Luz Gladys Marañón Camacho de Franco.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 382 a 386 vta., interpuesto por Luz Gladys Marañón Camacho de franco contra el Auto de Vista Nº 231/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 378 a 380, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de nulidad de escritura pública y otros, seguido por Pastor Franco Luna contra la recurrente y otro; la concesión de fs. 390, Auto Supremo de admisión Nº 915/2018-RA de fs. 395 a 396 vta., todo lo inherente y:
1. Pastor Franco Luna interpuso demanda de nulidad de escritura pública cancelación de partida y reposición o rehabilitación de asiento por memorial de fs. 11 a 13, admitida la misma y corrida en traslado a los demandados Gróver Casto Calderón Marañón y Luz Gladys Marañón Camacho de franco, quienes contestaron la demanda e interpusieron al mismo tiempo acción reconvencional de reivindicación más pago de daños y perjuicios cursante de fs. 26 a 28 y 76 a 78, una vez tramitado el proceso ordinario concluyó con la Sentencia Nº 82/2015 de 24 de febrero (fs. 313 a 318 vta.), pronunciada por la Juez Décimo Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, que declaró Improbada la demanda principal, e Improbada la demanda reconvencional de reivindicación más daños y perjuicios.
2. Notificadas las partes del proceso con la Sentencia, impugnaron dicha resolución mediante recurso de apelación cursantes de fs. 320 a 325 vta., de fs. 328 a 331, y la adhesión de fs. 339 y vta., que fueron resuelto por Auto de Vista Nº 231/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 378 a 380, que en su parte dispositiva Anuló la sentencia con los siguientes argumentos:
Que la sentencia no fue emitida conforme las reglas prescritas en el art. 190 del código adjetivo civil, norma general que rige el contenido de toda decisión judicial, el A quo, tampoco consideró las normas del debido proceso que debe ameritar toda resolución, toda vez que a tiempo de emitir el mismo, se limitó a realizar una relación de actuados procesales y si bien estos deben estar consignados en una decisión pero ello no suple la motivación que hace toda determinación judicial. Asimismo el Ad quem refirió que de la revisión exhaustiva de la sentencia apelada, se evidenció que la misma incumple el principio de motivación de las resoluciones judiciales y de congruencia, toda vez que no existe la fundamentación necesaria, aspectos que hacen que la misma no de cumplimiento a lo establecido por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil a cabalidad.
De las denuncias expuestas por la parte recurrente en la forma, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:
El Tribunal de apelación no tomó en cuenta la aplicación de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025, como tampoco los arts. 105 al 109 de la Ley Nº 439, que marcan el límite de la actuación de los Jueces y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas, estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso, hasta su total conclusión, siendo la nulidad procesal una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos; frente a esta situación, se debe procurar siempre resolver de manera preferente el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe otra posibilidad de salvar el proceso, vulnerado de esta forma los preceptos legales anteriormente mencionados.
En relación al principio de trascendencia, si bien la falta de fundamentación de la sentencia, invocada como argumento para disponer la nulidad por el Tribunal Ad quem constituye una vulneración a la garantía del debido proceso, no es menos cierto que con base en los principios de celeridad, concentración y doble instancia la solución jurídica ante la vulneración cometida por la Juez, pudo haver sido resuelta por el Tribunal de apelación en uso de sus facultades que le confiere el art. 265.II y III, del Código Procesal Civil, modificado la resolución apelada, en la medida en que ambas partes han formulado recurso de apelación y que más aun, podía haber subsanado la omisión de fundamentar la Sentencia toda vez que los agravios cometidos han sido expresamente invocados en su recurso de apelación.
Peticionando en definitiva anular el auto de vista, disponiendo que el Tribunal de segunda instancia dicte nueva resolución, fundamentado el mismo debidamente e incluyendo la valoración objetiva de la prueba producida por las partes, omitida por la Juez de primera instancia, en especial con relación a la acción reconvencional de reivindicación formulada por Gróver Casto Calderón Marañón.
Contestó manifestando que el Juez de primera instancia no efectuó una valoración de la prueba que permita generar convicción que establezca que no se ha conseguido probar la demanda principal como correctamente determinó el Ad quem dentro las prerrogativas que le asigna el art. 218 del Código Procesal Civil al emitir la resolución Nº 231/2018 de 25 de abril cursante de fs. 378 a 380, por lo que solicitó al máximo Tribunal de Justicia declare el recurso infundado.
Al respecto el Auto Supremo Nº 488/2018 de 13 de junio expresó: Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.
II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero, como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.”
El Auto Supremo Nº 221/2018 de 4 de abril orientó al respecto: “En principio corresponde precisar que en su sentido restringido la congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.
Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto o en su caso de no ser posible enmendarlo, corresponderá en aplicación del art. 109 del Código Procesal Civil disponer la nulidad parcial, sin afectar otros actuados no inherentes a esa pretensión, bajo una correcta aplicación del principio de causalidad que ya fue esbozado en el AS Nº 370/2016 de 19 de abril, en base a lo explicado no resulta viable disponer una nulidad total de esa resolución.
Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, y apoyo normativa, en la Ley 439 art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (Las negrillas pertenecen a esta resolución).”
El Auto Supremo Nº 216/2014 de 15 de mayo, señala: “corresponde manifestar que si bien la jurisprudencia constitucional ha considerado a la motivación de las resoluciones como una exigencia que debe satisfacer el derecho al debido proceso y que la infracción de tal requisito conlleva su nulidad, no se puede desconocer que la ausencia de motivación no es lo mismo que la insuficiencia de la fundamentación de una Sentencia, aspecto éste que bien puede ser remediado por el Tribunal de Alzada sin necesidad de anular o invalidar el fallo de primera instancia, pues ello se opondría al principio de conservación de los actos procesales que orienta que los Jueces y Tribunales ante una nulidad deben adoptar esa medida en forma restrictiva procurando siempre la conservación de los actos en cuanto ello sea posible y no se oponga al derecho a la defensa de las partes; de otra parte la nulidad de una Sentencia insuficientemente motivada se opondría también al derecho de las partes a un proceso sin dilaciones indebidas.
Por lo que la nulidad de una Sentencia por falta de motivación debe aplicarse siempre y cuando dicha falta de motivación produzca indefensión a las partes, o conlleve total incertidumbre o imprecisión respecto al hecho que se juzga o a las razones que justifiquen la decisión asumida.”
A efectos de dar respuesta al recurso de casación, se dirá que la demandada al formular sus agravios, los mismos está n orientados a la forma. Denunció que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación de los arts. 16 y 17, como tampoco los arts.105 al 109 de la Ley Nº 439, que marcan el límite de la actuación de los Jueces y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso. Por otro lado si bien la falta de fundamentación de la sentencia, invocada como argumento para disponer la nulidad por el Ad quem constituye una vulneración a la garantía del debido proceso, no es menos cierto que con base en los principios de celeridad, concentración y doble instancia la solución jurídica ante la vulneración cometida por la Juez, pudo haber sido resuelta por el Tribunal de apelación en uso de sus facultades que le confiere el art. 265.II y III del Código Procesal Civil.
Del resumen de los agravios planteados por la parte demandada, se debe señalar que, el razonamiento para determinar la nulidad por parte del Tribunal de apelación vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente a la impugnación, así como a los principios procesales de legalidad, celeridad, igualdad procesal, los cuales orientan en sentido que se deben evitar actos dilatorios, buscando una pronta resolución al conflicto jurídico, al respecto el art. 105.II del Código Procesal Civil indica que el acto es válido, salvo que se hubiera provocado indefensión, asimismo de lo señalado en el punto III.1, se advierte que el Tribunal de alzada determinó la nulidad de la sentencia provocando un perjuicio a los sujetos procesales del presente proceso, quienes buscan administración de justicia.
Consiguientemente, y según la doctrina desarrollada en los puntos III.1 y III.3 la nulidad procesal en segunda instancia es de última ratio y procede únicamente cuando se evidencia vulneración al debido proceso con incidencia a una indefensión, en ese entendido el Tribunal de apelación no hizo referencia en que si la supuesta falta de congruencia de la Sentencia afecte o gravite en el proceso o genere indefensión a las partes, ausencia de fundamento que evidencia que la decisión asumida peca de ser formalista, puesto que se anula la sentencia al advertirse que no fue emitida conforme las reglas prescritas en el art. 190 de la norma adjetiva civil (abrogada), actualmente contenida en el art. 213.I del Código Procesal Civil, asumiendo dicha postura en discrepancia por sobre todo de lo dispuesto por el art. 218.III del CPC, ya que el Ad quem tenía la facultad de modificar la resolución apelada, en la medida en que ambas partes formularon su recurso de apelación, asimismo el Tribunal de segunda opinión podían subsanar la supuesta omisión de fundamentación de la Sentencia, aseverada por ellos mismos, vulnerando de esa manera el art. 265 del Código Procesal Civil.
De lo expuesto precedentemente y de acuerdo a lo establecido en el punto III.2 de la doctrina, obligación del Tribunal de alzada fallar en el fondo de la controversia, es decir, que la norma aludida art. 265.III no solo resulta aplicable a la incongruencia externa de la sentencia, sino también a los casos de incongruencia interna, pues el Tribunal de apelación se encuentra facultado a subsanar los defectos, de la sentencia especialmente cuando existen reclamos en apelación que deben ser resueltos y aclararlos por el Auto de Vista, analizando su trascendencia en el proceso, esto con la finalidad que se solucione la litis, pues el Tribunal de segunda instancia tiene todas las facultades de enmendar la sentencia, pudiendo modificar su contenido o en su caso revocar la sentencia, concluyendo que el Ad quem actuó en desmedro del fin de la administración de justicia el cual es la solución de la contienda jurídica.
De lo manifestado este Tribunal Supremo advierte que el Tribunal de alzada al anular la Sentencia, conforme lo expuesto en el punto III.2 de la doctrina aplicable al caso de autos, va en antagonismo del nuevo modelo constitucional reflejado en el Código Procesal Civil, que dispone que las nulidades procesales son una excepción a la regla que es la conservación del acto; de tal manera, que si el Tribunal de Alzada se percató que el fallo emitido por el A quo no guardó la armonía con los antecedentes del proceso, debió enmendar dichas omisiones y resolver sobre el fondo de la litis.
Finalmente al constituirse el Tribunal de alzada en una instancia de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, se concluye que el mismo tiene la obligación de corregir todas aquellas omisiones en que hubiese incurrido el Juez de primera instancia y emitir un criterio de fondo sobre las mismas. Máxime que el Ad quem cuenta con la facultad del uso de mejor proveer estipulado en el art. 264.I del Código Procesal Civil para resolver el fondo de litis y no anular obrados como lo hizo erradamente en desmedro del debido proceso y su trilogía de derechos, garantías y principios.
Consiguientemente corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia enmendar el yerro del Ad quem, porque al asumir la decisión anulatoria desconoció normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado, correspondiendo anular el auto de vista para que se resuelvan los agravios invocados en el recurso de apelación conforme al art. 265.I del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA Auto de Vista Nº 231/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 378 a 380 pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista, con base en los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I y III de la Ley Nº 439.

References: resolución 
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