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Timestamp: 2017-11-22 22:05:36+00:00

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Civil-Mercantil, Penal y Administrativo
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NSL022948 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2018. (DOE de 22 de noviembre de 2017)
NCL011996 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2159, de 20 de noviembre
DE LA COMISIÓN, que modifica el Reglamento (UE) n.º 255/2010 de la Comisión en lo que respecta a determinadas referencias a las disposiciones de la OACI. (DOUE L 304, de 21 de noviembre de 2017)
NCL011995 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/2155, de 22 de septiembre
DE LA COMISIÓN, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º 149/2013 en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta. (DOUE L 304, de 21 de noviembre de 2017)
NCL011994 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/2154, de 22 de septiembre
DE LA COMISIÓN, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta. (DOUE L 304, de 21 de noviembre de 2017)
NFJ068632 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID Sentencia 89/2017 de 13 de marzo de 2017
SUMARIO:Contratos. Arrendamiento de servicios. Asesoría fiscal defectuosa. Responsabilidad contractual. Responsabilidad del asesor por no informar a su cliente de que incumplía los requisitos para estar en el régimen de módulos. Aunque supusiéramos, a efectos puramente dialécticos, que los actores son temerarios y se hubieran cegado por los beneficios fiscales de la tributación por módulos, es razonable pensar que la mayoría de los contribuyentes que no tienen derecho a tributar por módulos no defraudan de manera tan flagrante, arriesgándose a las correspondientes sanciones, máxime cuando no manipulaban la información fiscal que, objetivamente, les llevaba al régimen de estimación directa. De ese modo, si el asesor hubiera advertido del riesgo fiscal de continuar tributando por módulos, un cliente razonable habría considerado seriamente tributar en estimación directa. En consecuencia, se presume que esta inadvertencia ha causado el daño al cliente. Cuantía de la indemnización. Es perfectamente previsible -art. 1.107 CC- por el asesor fiscal en el momento de ser contratado que su asesoramiento incorrecto puede comportar una sanción tributaria, recargos, gastos de aplazamiento y una actuación profesional para la defensa del contribuyente y puesta en orden de su desarreglo fiscal, luego no hay óbice a las partidas reclamadas.
NFJ068629 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 6 DE ZAMORA Sentencia 203/2017 de 17 de octubre de 2017
SUMARIO:Contratos bancarios celebrados con consumidores. Condiciones generales de la contratación. Cláusulas abusivas. Nulidad. Cláusula de gastos hipotecarios. La imposición de la totalidad de los gastos a los prestatarios infringe la normativa aplicable e incurre en abusividad, por lo que no procede sino declarar la nulidad en los términos solicitados en la demanda y en cuanto a las consecuencias de la nulidad de la cláusula por la que se atribuye al prestamista los gastos notariales y de registro, dado que tanto la formalización de la escritura pública ante Notario como la inscripción de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad se efectúan en el exclusivo interés del Banco prestamista, y es éste quien debe correr con dichos gastos.Contratos bancarios. Contratos de financiación. ITP y AJD. Actos jurídicos documentados. Documentos notariales. Sujeto pasivo. En la controversia entre las Salas de lo Civil [Vid., STS, de 23 de diciembre de 2015, recurso nº 2658/2013 (NCJ060752)] y de lo Contencioso-Administrativo [Vid., STS, de 19 de noviembre de 2001, recurso nº 2196/1996 (NFJ011956)], parece más convincente la interpretación de la Sala de lo Civil según la cual siendo el adquirente del derecho la entidad prestamista -que pasa a ostentar derecho de hipoteca respecto del inmueble que se grava como garantía y quien solicita los documentos notariales-, ésta no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil en lo que se refiere, dentro de este tributo, a la constitución del derecho y en todo caso a la expedición de copias, actas y testimonios que interese, considerando abusiva y por tanto nula la estipulación que impone al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
NSJ057562 TRIBUNAL SUPREMO Sentencia 768/2017 de 5 de octubre de 2017
SUMARIO:Despido nulo. Cese de trabajador que se adopta como represalia por haber testificado en contra de la empresa en pleito de conflicto colectivo. Solicitud de indemnización por daño moral (de manera poco detallada en la demanda) anudada a la lesión de un derecho fundamental. Procedencia. La exigible identificación de circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada. En el momento en que la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados. Concretada en el supuesto objeto de controversia la pretensión indemnizatoria de la parte demandante a la reparación del daño moral, al no haberse acreditado perjuicios materiales concretos, para cumplir con el deber de cuantificar el daño puede determinarse prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización, debiendo ser esta fijada de manera suficiente para resarcir a la víctima y para restablecerla, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño. En este punto, la valoración realizada por el órgano de instancia posee especial cualificación, siendo admisible la aplicación analógica de los baremos sancionadores contenidos en la LISOS, graduando los hechos ilícitos en función de todas las circunstancias concurrentes. En cualquier caso, el acudimiento a la LISOS actúa como parámetro orientador, pero ello no significa que haya que examinar el asunto desde la misma óptica que cuando se está imponiendo una sanción administrativa (legalidad, tipicidad, non bis in idem, etc.). Aquí se parte de que ha existido vulneración de derechos fundamentales y de que se debe fijar la indemnización asociada a ello.
NCJ062792 AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RIOJA Sentencia 178/2017 de 31 de octubre de 2017
SUMARIO:Contratos bancarios. Préstamos con garantía hipotecaria. Nulidad de cláusulas bancarias. Gastos de hipoteca. Actos jurídicos documentados. Gastos notariales. Gastos registrales. Impugnación por abusividad de ciertas condiciones generales de contratación existente en el contrato de préstamo hipotecario que los actores suscribieron en su día con la entidad financiera. Cláusula abusiva y por ende nula, en la medida subyace en ella una evidente intención de imputar al deudor cualquier gasto o tributo que pueda tener relación con el contrato, o con su devenir. Y no nos parece dable imputarlos, de esa forma tan genérica y arbitraria, al consumidor, abstracción hecha de las circunstancias fácticas y legales que ocasionen el gasto, pues ello podría permitir a la entidad bancaria, en ejecución de la cláusula, cargarlos en la cuenta del cliente, incluso cuando dichos gastos pudieran ser de cuenta del Banco. Se trata de una estipulación no negociada individualmente, es decir, predispuesta por el empresario que goza de una superior posición negociadora y que ocasiona, en contra de la exigencia de la buena fe y en perjuicio del consumidor, un evidente e importante desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.Analizando en detalle cada uno de los apartados de esa cláusula, respecto al impuesto de actos jurídicos documentados, la consecuencia de la declaración de nulidad de una cláusula por su abusividad, es que debe tenérsela por no puesta y el pago del tributo de actos jurídicos documentados vendrá regido entonces por las normas legales que lo disciplinan y por ello no condena al banco al reintegro, sobre la base sustancial de que, en cualquier caso, el obligado tributario del mentado impuesto conforme a la legislación vigente sería siempre el prestatario por lo que en este caso la declaración de nulidad deviene superflua.Respecto a los gastos notariales y registrales se señala que establecida la nulidad de esta cláusula, el problema es determinar si tal declaración de nulidad debe tener como consecuencia la restitución por el banco al consumidor del importe de estos gastos notariales y registrales. La retribución de los Notarios estará a cargo de quienes requieran sus servicios y se regulará por el Arancel notarial atribuido al préstamo hipotecario en su conjunto, siendo la base minutable el importe global de las obligaciones que asume el prestatario y que resultan garantizadas con hipoteca, esto es, a la cifra de responsabilidad. Es decir, se establece una norma de primer grado con la obligación del pago incumbiendo al requirente, y solo en defecto de aquel la obligación de pago se atribuye al sujeto interesado. Pero es perfectamente factible que ambas partes -prestamista y prestatario- requieran la intervención del notario, como es en este caso, por lo que ambos son deudores de la minuta por mitad los obligados a pagar esos gastos notariales (solidarios), pero es que además, tanto el prestamista (obtiene título ejecutivo y privilegiado) como el prestatario (conseguir el préstamo hipotecario en condiciones más ventajosas que si fuera préstamo personal) tienen interés en el otorgamiento de esta escritura pública. Por lo que se refiere a los gastos registrales, la consecuencia de la declaración de nulidad es tener por no puesta la cláusula, y entonces debe pagarlos aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba o anote y no cabe ninguna duda de que la hipoteca se inscribe a favor del Banco, que es a favor de quien se constituye el derecho real de garantía, y quien lo adquiere. Por lo tanto, es meridiano que conforme a las reglas expuestas, es el Banco quien debe abonar todos los derechos de registro (ya que quién tiene interés en obtener la financiación, es en este caso irrelevante).Respecto a la cláusula que impone al prestatario en caso de incumplimiento de pago el pago de gastos procesales y costas así como los derechos de procurador y honorarios de abogado contratados por la entidad prestamista es abusiva y nula ya que deben aplicarse las normas ordinarias y que se fundan básicamente en el principio del vencimiento, y en el caso concreto de la ejecución, las costas se impondrán al ejecutado cuando continúe adelante el despacho de ejecución; pero también podrán imponerse al ejecutante cuando se aprecie algún defecto procesal no subsanable o que no se haya subsanado en el plazo concedido al efecto, o cuando se estime algún motivo de oposición respecto del fondo; y cuando la estimación sea parcial, cada parte deberá hacer frente a su costas devengadas a su instancia. Por consiguiente, la atribución al prestatario en todo caso de las costas procesales infringe normas procesales de orden público, e introduce un evidente desequilibrio.Respecto a la cláusula que impone al prestatario el pago de los gastos de conservación del bien hipotecado y la suscripción de seguro de incendios y que impone al prestatario la obligación de conservar la finca hipotecada, no procede la declaración de nulidad. El hecho de que el acreedor hipotecario pueda comprobar o inspeccionar la finca a estos solos efectos (sin que ello suponga en modo alguno el que pueda entrar en ella sin consentimiento de su titular) no es prima facie contrario a la Ley. conservar la finca es una obligación legal del hipotecante, por lo que no puede considerarse abusiva- sino más bien inane. Por otro lado, asumir por el prestatario los gastos derivados de la contratación del seguro de daños por el valor de tasación, no parece que esta previsión sea desproporcionada. Otra cosa distinta sucedería si la cláusula impusiera al prestatario la obligación de contratar seguro con una compañía concreta.También sería nula la cláusula, al no haber negociación, que establece una regla de imputación de pagos distinta de la prevenida en el artículo 1.172 del Código Civil - concediendo a la entidad una total libertad en la decisión sobre la imputación de los saldos a los pagos que estime, sin que pueda admitirse que el consumidor conociera el real alcance patrimonial de dicha estipulación y sin ninguna correlativa contraprestación ni causa que justifique su imposición. Es nula también la cláusula que establece el pago de determinadas comisiones (por incumplimiento de cuotas, por subrogación, modificaciones de condiciones), ya que se instaura como clausula prerredactada e impuesta sin reflejo real en los gastos que se puedan producir y que no permiten conocer al consumidor el alcance económico de dicha estipulación y que generan desequilibrio, por falta de reciprocidad.
NCR008722 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles II de Santa Cruz de Tenerife, por la que se deniega la solicitud de suspensión de la vigencia del asiento de presentación correspondiente al depósito de cuentas de una sociedad mercantil. (BOE de 15 de noviembre de 2017)
NCR008721 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Oliva a la inscripción de una escritura de compraventa. (BOE de 15 de noviembre de 2017)
NCR008720 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de la propiedad de Barbate, por la que se suspende la cancelación de una inscripción de arrendamiento. (BOE de 15 de noviembre de 2017)
NCR008719 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Olvera, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia. (BOE de 15 de noviembre de 2017)
NSC027330 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2017,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Acta de fecha 18 de octubre de 2017, suscrita por los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del « Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas para Cáceres y su provincia » en la que se establece el calendario laboral para el año 2018 aplicable en el ámbito de actuación del citado convenio (código de convenio núm. 10000065011982). ( DOE de 22 de noviembre de 2017 )
NSC027329 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2017
de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Acta, de fecha 18 de octubre de 2017, suscrita por los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del «Convenio Colectivo de Derivados del Cemento para la provincia de Cáceres para los años 2013-2016» en la que se establece el calendario laboral para el año 2018 aplicable en el ámbito de actuación del citado convenio (código de convenio núm. 10000075011982). ( DOE de 21 de noviembre de 2017 )
NSC027327 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2017
de la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia, por la que se acuerda la inscripción y publicación del Calendario Laboral para el año 2018 del Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la provincia de Segovia (código de convenio núm. 40000115011982). ( BOP de 20 de noviembre de 2017 )
NSC027326 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2017
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Pastelería, Confitería, Repostería y Bollería de la provincia de Palencia para los años 2016-2019 (código de convenio núm. 34000555011992). ( BOP de 20 de noviembre de 2017 )
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References: RESOLUCIÓN 
e contrario
 artículo 1
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