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﻿ SENTENCIA ACU-889 DE SEPTIEMBRE 23 DE 1999
SENTENCIA ACU-889 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:TUTELA. BIENES DE USO PÚBLICO. LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LOS ALCALDES RESPECTO DE LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO, TIENEN NATURALEZA JURISDICCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, BIEN DE USO PÚBLICO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, DEFINICIÓN DE BIEN DE USO PÚBLICO, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
REVISTA TUTELA N°:1 DE ENERO DE 2000, PÁG.207
Sentencia ACU-889 de septiembre 23 de 1999
Ref.: Exp. ACU-889
Acción de cumplimiento (tutela)
Actora: Martha Lucía Falla Rojas
Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
Conoce la Sala de la impugnación formulada por la demandante, contra la providencia del 5 de agosto de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la acción de tutela ejercida contra el alcalde especial de El Colegio (Cundinamarca).
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Carta Política y en la Ley 393 de 1997, la señora Martha Lucía Falla Rojas manifestó al tribunal:
“Con la presente acción de cumplimiento pretendo, que la tramitación de la acción popular se verifique ante la jurisdicción correspondiente, dando traslado de ella al señor juez competente, en aras al cumplimiento a la Constitución y la ley” (fl. 11 exp.).
2. El tribunal en providencia de 27 de julio del presente año, inadmitió la acción de cumplimiento y ordenó el trámite de la solicitud como acción de tutela dando aplicación al artículo 9º de la Ley 393 de 1997.
3. Narra, la impugnante señora Martha Lucía Falla Rojas los siguientes hechos:
“1. El día 19 de mayo de 1992, el señor Juan Ariza Barandica, presenta ante el señor alcalde especial de “El Colegio” (Cundinamarca), querella policiva por acción popular, sobre la base del artículo 1005 del Código Civil, en contra de los señores Lisandro Gil, Ernesto García Bulla y Gregorio Gil, a fin de que “restituyan” la zona o franja de terreno ubicada en el sitio terminado “El Kiosko”, kilómetro 39 y 800 metros, a la margen izquierda de la carrera pública que partiendo del municipio de “El Colegio”, conduce a los municipios de Viotá, Tocaima y Girardot, que tienen usurpada y anexada a su finca “Gualanday” ubicada en el sitio antes indicado, que es jurisdicción del municipio de “El Colegio”.
El día 30 de junio de 1992, el señor alcalde de “El Colegio”, se declara competente para conocer de la querella policiva, ordena algunas pruebas y la notificación personal al Ministerio Público y a los querellados; finalizando la instancia con fallo de mérito el día 26 de mayo de 1993, denegando las pretensiones del querellante.
El anterior fallo fue notificado a las partes por anotación en el estado 027 de fecha 27 de mayo de 1993 y el día 28 de los mismos en forma personal al Ministerio Público.
Después de la ejecutoria, de esta providencia, el día 5 de junio de 1993, se presenta al despacho el querellante señor Juan Ariza Barandica y se notifica personalmente del fallo de primera instancia y apela del mismo, recurso que le fue concedido con fecha 24 de junio de 1993, sin tener en cuenta que dicha providencia ya había alcanzado ejecutoria por virtud de la notificación que se efectuara por estado el 27 de mayo del mismo año; en esta forma irregular se tramita la segunda instancia y se profiere fallo del día 23 de marzo de 1995, en forma adversa a los querellados.
2. Para cumplir la irregular providencia, se comisiona a la señora inspectora de el corregimiento “El Triunfo”, para que proceda a demoler las edificaciones, que en el predio que nos ocupa se encuentran dentro de los quince (15) metros a partir del eje vial. En cumplimiento de la comisión, la señora inspectora fija fecha para la práctica de la diligencia y ordena la notificación a los querellados, encontrando, que para esta oportunidad, los iniciales querellados Lisando Gil, Ernesto García Bulla y Gregorio Gil, habían transferido sus derechos de dominio a Álvaro Barón, desde el 29 de noviembre de 1992 y éste a su vez había vendido cuota parte de tal derecho, a Yolanda Stella Venegas Ramírez el 6 de agosto de 1995, siendo para la época poseedores de buena fe y por tal motivo no se cumplió la comisión; propietarios que para el 13 de mayo de 1998 me otorgaron poder para asumir su defensa.
3. En cumplimiento del mandato, presenté incidente de nulidad, basada en que la tramitación y fallo de las acciones populares es eminentemente jurisdiccional y por consiguiente el señor alcalde especial de “El Colegio” carecía de jurisdicción y competencia, lo que genera nulidad insaneable y además porque fraudulentamente se revivió un término que había precluido y por consiguiente la tramitación de la segunda instancia al fallo de fondo no podía existir jurídicamente; dicho incidente de nulidad fue rechazado de plano, aduciéndose una presunta extemporaneidad, sobre la base del artículo 208 del Código de Policía de Cundinamarca, dicho auto fue recurrido en reposición, y subsidiariamente en apelación, con el ánimo de abrir el paso a la presente acción de cumplimiento, conforme a lo preceptuado en el inciso 2º del artículo 9º de la Ley 393 de 1997” (fls. 5 a 7 exp.).
El tribunal negó la acción de tutela, al considerar que no se presentaba la violación a los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, porque la acción policiva se adelantó conforme a las normas especiales y de procedimiento que rigen la materia y que de la actuación adelantada por la alcaldía de El Colegio no se observa una vía de hecho que haya vulnerado la posición del accionante.
La impugnante manifiesta que contrario a lo afirmado por el a quo sí se presentó una vía de hecho al notificársele personalmente al querellante señor Juan Ariza Barandica, una providencia que según ella ya había quedado en firme, lo que le permitió interponer una irregular apelación, según su dicho, que culminó con un fallo de segunda instancia que ordenó:
“Revocar la providencia de fecha mayo 26 de 1993, proferida por el alcalde municipal de El Colegio y en su lugar, ordenar a los querellados Lisandro Gil Torres y otros, la restitución del bien de uso público ocupado, que hace parte de la carretera que de El Colegio conduce a la inspección de El Triunfo, zona ubicada en la vereda Misiones del municipio de El Colegio, por haberse comprobado su condición de bien de uso público conforme a las razones expuestas en la parte motiva. La restitución a la que se refiere el artículo anterior, deberá efectuarse dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recibo del expediente en la oficina de origen so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el artículo 528 del Decreto 1889 de 1986; y artículo 18 del Decreto 522 de 1971”.
La acción de tutela que ahora conoce esta Sala, fue erróneamente repartida como acción de cumplimiento, lo cual no es óbice para que se le dé el real alcance conforme a lo consagrado en el artículo 9º de la Ley 393 de 1997.
Se tiene entonces que, se pretende mediante la acción de tutela desvirtuar y dejar sin piso todo un proceso policivo adelantado por el señor alcalde del municipio de El Colegio, con el fin de restituir un bien de uso público, irregularmente en manos de particulares, lo que sin lugar a duda va en contravía del interés general.
En efecto, de la documentación que obra en el expediente, se deduce, como lo señala el tribunal a folios 184 y ss. que, la actuación policiva se adelantó bajo los lineamientos legales y procedimentales aplicables al caso, sin que se observe violación de derecho fundamental alguno, no siendo, en consecuencia la acción de tutela, la vía pertinente para revivir procesos legalmente concluidos y mucho menos para permitir abusos sobre los bienes de uso público que dicho sea de paso se encuentran fuera del comercio, razón que hace por decir lo menos extraña y grotesca la afirmación de la accionante en el sentido de que “los iniciales querellados Lisandro Gil, Ernesto García Bulla y Gregorio Gil, habían transferido sus derechos de dominio a Álvaro Barón, desde el 29 de noviembre de 1992 y éste a su vez había vendido cuota parte de tal derecho, a Yolanda Stella Venegas Ramírez el 6 de agosto de 1995, siendo por la época poseedores de buena fe y por tal motivo no se cumplió la comisión; propietarios que para el 13 de mayo de 1998 me otorgaron poder para asumir su defensa” (fl. 6).
Sobre el particular, son innumerables los fallos proferidos por esta corporación, en el sentido que las decisiones adoptadas por los alcaldes respecto de los procesos de restitución de bienes de uso público, tienen naturaleza jurisdiccional, ya que tales decisiones definen con carácter obligatorio el amparo de los derechos de posesión o tenencia como es la actuación que se pretende debatir.
De otra parte, la Corte Constitucional así también lo ha señalado en sentencia del 3 de abril de 1992, con ponencia del magistrado Dr. José Gregorio Hernández de la siguiente manera: “la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos...”.
Pero por si fuera poco, también se ha expresado enfáticamente por esta corporación en otras oportunidades, que las decisiones tomadas por un funcionario del orden administrativo cuando actúa como primera autoridad de policía con ocasión de la recuperación de un bien de uso público son de su competencia, ya que la jurisdicción agraria sólo lo es para conocer de los procesos reivindicatorios, posesorios, divisorios, de expropiación de pertenencia relacionados con asuntos agrarios, entre otros y de las acciones populares fundadas en las normas sobre preservación de ambiente rural y manejo de los recursos naturales renovables de carácter agrario (exp. AC-6482 12 de nov./98, Dra. Dolly Pedraza de Arenas).
En consecuencia tampoco, por esta razón, procede la acción de tutela impetrada contra la providencia de carácter judicial, proferida por el gobernador del departamento de Cundinamarca, de fecha 23 de marzo de 1995, que ordenó la restitución del bien de uso público ocupado abusivamente, en detrimento de la comunidad.
CONFÍRMASE la providencia del cinco (5) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), expedida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la acción impetrada por Martha Lucía Falla Rojas contra el alcalde especial de El Colegio (Cundinamarca).
Notifíquese a la demandante a la dirección indicada y al alcalde especial del municipio de El Colegio (Cundinamarca).
Envíese copia de esta providencia a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Nicolás Pájaro Peñaranda—Alberto Arango Mantilla,—Ana Margarita Olaya Forero.

References: artículo 87
 artículo 9
 artículo 1005
 artículo 208
 artículo 9
e contrario
 artículo 528
 artículo 18
 artículo 9