Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/08/29/la-explotacion-sexual-configura-un-delito-un-cuando-mediare-consentimiento-por-parte-de-las-victimas/
Timestamp: 2019-05-25 20:17:23+00:00

Document:
La explotación sexual, configura un delito un cuando mediare consentimiento por parte de las víctimas. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: F. D. A. y otros s/ recurso de casación
Cita: MJ-JU-M-99521-AR | MJJ99521
Configuración del delito de trata de personas aun cuando mediare consentimiento por parte de las víctimas.
1.-La sentencia que modificó la calificación legal sustituyendo la figura prevista por el art. 145 bis y ter del CPen. por las de los arts. 125 bis del CPen. -promoción y facilitación de la prostitución-, y/o 127 del CPen. -explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, debe ser revocada, pues, no se observa del fallo cuestionado una fundamentación suficiente que permita descartar, con la certeza provisoria necesaria requerida por la instancia la figura de trata de trata de personas y tampoco parece razonable el criterio adoptado por el a quo, en cuanto valoró, como indicador de la no realización del ilícito, el supuesto consentimiento ofrecido por parte de las víctimas, puesto que no puede desconocerse que la norma precisa, en su actual redacción, que el delito se confecciona aunque mediare el consentimiento de la víctima .
2.-Teniendo en cuenta la gravedad institucional en el caso, dada la presunta configuración del delito de trata de personas, considero que corresponde aplicar la justicia de excepción, y disponer que continúe investigando en el caso la justicia federal, por presunta infracción a la ley 26.364.
3.-La declaración de incompetencia formulada por el juez federal en una causa en la que se investiga la comisión de varios delitos vinculados con la explotación sexual, pues, el estado avanzado de la investigación, ya pronta a una posible elevación de la causa a juicio, permite vislumbrar en esta decisión una dilación que podría ser perjudicial para el éxito del proceso.
4.-Toda vez que la hipótesis imputativa del acusador tiene su eje en un supuesto de trata de personas, debe revocarse la sentencia que dispuso modificarla calificación legal sustituyendo la figura prevista por el art. 145 bis y ter del CPen. por las de los arts. 125 bis del CPen. -promoción y facilitación de la prostitución-, y/o 127 del CPen. -explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, ya que, si el titular de la acción penal pública, al valorar fundadamente los extremos fácticos que sustentan su hipótesis, ciñe el impulso de la acción a un supuesto concreto -y, en el caso, más gravoso que el delineado por la Cámara-, no es posible cercenarlo previo a su discusión en el juicio oral, etapa oportuna para esclarecer el real alcance de los hechos juzgados y, recién allí, individualizar la figura legal adecuada a la plataforma fáctica acreditada, máxime cuando de las constancias de la causa surgen elementos que a priori permiten acompañar la hipótesis fiscal (del voto del Dr. Hornos).
En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación de fs. 123/133, de la presente causa Nro. FMP 5257/2013/25/1/CFC2 del registro de esta Sala, caratulada: “F., D. A. y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que la Cámara Federal de Mar del Plata, en la causa nro. FMP 5257/2013/17 de su registro interno, mediante sentencia de fecha 2 de julio de 2015, en cuanto aquí interesa, resolvió “III) CONFIRMAR PARCIALMENTE, por unanimidad, la resolución de fojas 1/71, MODIFICANDO, por los lineamientos trazados, la calificación legal escogida en los autos de procesamiento, sustituyendo la figura prevista por el art. 145 bis y ter del C.P. por las de los arts. 125 bis del C.P. -promoción y facilitación de la prostitución-, y/o 127 del C.P. -explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena-; en conjunción con la infracción al art. 17 de la Ley Nº 12.331 de Profilaxis y Enfermedades Venéreas[.] IV) DECLARAR LA INCOMPETENCIA, por unanimidad, de esta Justicia Federal para entender en el “sub judice” y, consecuentemente devolver los actuados a Primera Instancia a fin de que sean remitidos a la Justicia Provincial, a sus efectos (Conf. art. 34, 35 y ccdts. del C.P.P.N.)” -cfr. fs. 76/121 vta.-.
II. Que contra lo decidido, interpuso recurso de casación a fs. 123/133 el Fiscal General Subrogante, doctor Carlos Adrián Martínez, junto con el doctor Marcelo Colombo, Fiscal General, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, el que denegado por el a quo a fs.134/136, fue concedido por esta Sala tras la interposición de la vía directa correspondiente (Reg. Nro. 2066/15, fs. 147/148).
Asimismo, a fs. 154, se presentó el doctor Javier Augusto De Luca para mantener el recurso interpuesto.
III. Que los recurrentes encarrilaron sus agravios en orden a ambos motivos casatorios previstos por el art. 456 del código de forma.
Así, discurrieron fundadamente acerca de los requisitos de procedencia del remedio intentado y los antecedentes del caso y, a continuación, subdividieron su pretensión en dos ejes argumentativos, a saber: a. Errónea interpretación del art. 145 bis del C.P. que llevó a la declaración de incompetencia federal:
En primer lugar, alegaron la falta de fundamentación de la resolución recurrida y cuestionaron el criterio adoptado por el a quo, toda vez que, a su entender, no podría descartarse que se haya incurrido en el delito previsto en el artículo 145 bis del Código Penal.
Para reforzar su punto de vista, enumeraron las características establecidas en la normativa internacional para identificar cuándo una situación de explotación da lugar al delito de trata de personas, e individualizaron las particularidades del caso que se podrían adecuar a las mismas.
A continuación, resaltaron que se hizo un análisis parcial de la prueba recolectada puesto que no se tuvo en cuenta, entre otras cosas, la estructura societaria montada para hacer girar el emprendimiento económico ilícito.Dicho poderío económico, entendieron, se pudo vislumbrar en el supuesto del imputado Sasiain que luego de mantenerse prófugo por más de un mes obtuvo la eximición de prisión.
El poderío económico, la logística y la estructura de esta organización, continuaron, permitieron que a través de publicidad engañosa, de terceras personas o de forma “automática” se pudiera captar a las víctimas de trata.
En este entendimiento, observaron que los argumentos utilizados por el a quo resultan contradictorios porque por un lado se admite el delito de explotación de la prostitución ajena, pero por otro lado se descarta la figura de trata por la ausencia de afectación en la autodeterminación de las víctimas.
Sobre este punto, entendieron que se afectó la libertad de elección de las mismas ya que se encontraban atrapadas dentro de un sistema rígido de control y explotación, donde se les exigían, entre otras cosas, ciertas conductas para ingresar y/o continuar en el lugar. Además, insistieron en que en estos supuestos donde se advertía la posible existencia de una situación de explotación, por más que la víctima no pudiera indicar dicha circunstancia, debía ser igualmente investigada. En relación a ello, recordaron que el control que se ejerció sobre las mujeres se pudo vislumbrar en los distintos intentos de modificar los testimonios de algunas de ellas, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes.
Por último, destacaron el grado de vulnerabilidad de las presuntas víctimas, lo que a su entender debía ser tenido en cuenta como una agravante del delito de trata de personas; criticaron la evaluación que sobre ello realizó el a quo. b. Violación a los arts. 3 y 123 del C.P.P.N.Necesidad de mantener la competencia federal:
Sobre este punto, sostuvieron que debía mantenerse la competencia federal porque los hechos investigados en autos encuadrarían en los delitos previstos en la ley 26.364, y que al margen del cambio de calificación propiciado existían otros elementos que justificaban la necesidad de mantener dicha competencia.
En orden a ello, recordaron que varias de las mujeres eran provenientes de otras localidades, provincias e incluso países distintos y que todavía restaban declarar 8 testigos, los que aún no fueron requeridos a prestar su declaración atento a que no se habrían realizado “las medidas necesarias”, lo que en palabras de nuestro Máximo Tribunal, impedía que se declinara la competencia federal.
Asimismo, agregaron que ante la inacción de los estamentos locales y provinciales se mantuvo la situación de explotación sexual hasta que intervino la justicia federal; por ello la importancia del mantenimiento de la misma.
Por último, insistieron en la necesidad de que la causa se mantenga en el fuero federal alegando que todavía faltaban investigar otros delitos, como el de lavado de activos de origen ilícito del cual se realizó imputación formal el 16 de julio de 2015.
Asimismo, señalaron que “más allá de la conexidad subjetiva existente entre ambos hechos [.], debemos señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió en cuanto a la competencia de la Justicia de Excepción para el entendimiento en tal conducta ilícita” (cfr. fs. 131 vta.).
IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó a fs. 158/159 vta. el doctor Gustavo A.
Hechem, en su carácter de abogado defensor particular del Sr. Mario Alberto Sasiain, y solicitó se rechace el recurso de casación interpuesto, a la vez que sostuvo que no existía afectación al bien jurídico “libertad” y que la resolución impugnada no era arbitraria, sino que se encontraba bien fundamentada.En este sentido, expresó que se trataba de una mera disconformidad con lo resuelto por el tribunal y que se estaba realizando una errónea valoración de la situación de las mujeres.
Por otra parte, a fs. 161/163 se hizo presente el doctor Cesar Raúl Sivo, en su condición de co-defensor particular de los Sres. D. A. F., M. L., D. N. y A. F., para contestar el recurso de queja presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal. Así, sostuvo que en el supuesto de autos ya se había cumplido con el doble conforme, dado que el cambio de calificación fue realizado por unanimidad por los miembros de la Cámara de Apelaciones Local. Además, contestó que no se veían vulnerados los derechos procesales del recurrente puesto que no existe una situación de privación de justicia sino que la causa quedaba sometida a una jurisdicción distinta. Por último, negó la supuesta denegación del fuero federal por considerar que no se trata de una discusión sobre la competencia o no de la justicia federal, sino que se discutía la tipificación legal del caso.
Finalmente, el Fiscal General ante esta Cámara, el doctor Javier Augusto De Luca amplió los fundamentos expuestos por sus colegas recurrentes y solicitó se haga lugar al recurso interpuesto (cfr. fs. 164/167 vta.).
V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia a fs. 181, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.
I. Que respecto a la admisibilidad formal del recurso interpuesto, cabe recordar que nuestro más Alto Tribunal ha manifestado en reiteradas oportunidades que, si bien las cuestiones de competencia no constituyen sentencia definitiva (art.457 del C.P.P.N.) se ha aceptado como excepción a ello, cuando, como en el caso, se deniega el fuero federal (cfr. 311:605; 320:2193 ; 328:4489 , entre otros).
II. A los efectos de una mejor comprensión del tema a decidir, cabe realizar un racconto de lo sucedido en la presente.
Según consta en la causa, el expediente se inició mediante la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal Nro. 2 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, sobre el domicilio de la calle Leandro Alem 4285 de Mar del Plata por la presunta comisión en el lugar de conductas relacionadas a la explotación de la prostitución de personas.
Así pues, surge de la resolución del Juzgado Federal de Mar del Plata Nro. 3, de fecha 6 octubre de 2014 que “De las tareas de campo encomendadas por la Fiscalía principalmente a partir del mes de septiembre de 2013, y de la profundización de la pesquisa que ha quedado a cargo del Sr. Fiscal, pudo establecerse que el bar se encuentra a nombre de la firma ROLAFA SRL, la cual registra como socios a M. A. S., D. A. F., M. A. L. y M. E. F., y que en el mismo se continuaba ejerciendo la explotación sexual ajena por parte de los responsables y/o encargados del lugar.La información obtenida ha ido justificando diversas medidas intrusivas, a partir de las que se constató que en el lugar referido efectivamente funciona un local nocturno donde se ofrecían y pactaban servicios sexuales a cambio de dinero con las mujeres que trabajan en él y los clientes que allí asistían, concretándose tales servicios fuera del lugar (en hoteles cercanos o domicilios particulares de los clientes), siendo para ello entrevistados e incorporadas en el negocio sexual por los encargados y responsables del bar, quienes en definitiva eran los que se beneficiaban económicamente.
El avance de la pesquisa, derivó en el dictado de otras medidas de coerción, las que se llevaron a cabo el día 19 de septiembre próximo pasado, encontrándose en el domicilio de calle Alem Nº4285 al momento de efectuarse su registro 25 mujeres, dos de ellas de nacionalidad extranjera (brasileña y dominicana).
Asimismo, en tal ocasión fueron detenidos D. N. y M. L. quienes se hallaban en el bar como responsables, mientras que no fueron habidos allí ni en sus domicilios los coimputados D. F. y M. S., por lo que se ordenó la captura de ambos, habiéndose presentado a estar a derecho hasta el momento el primero de ellos, 4 días después del referido procedimiento” (cfr. fs. 1vta./2).
Con los elementos reunidos, el 6 de octubre del 2014, el Sr. Juez Federal de primera instancia dictó el auto de procesamiento, con prisión preventiva, de los encartados por el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado por el abuso de situación de vulnerabilidad, por ser cometido contra más de tres víctimas, por la participación de tres o más personas y por haber logrado la explotación [.] en concurso aparente con la comisión del delito de explotación de la prostitución ajena agravado por el abuso de vulnerabilidad” (cfr. fs.69vta./71).
Con fecha 2 de julio de 2015, la Cámara Federal de Mar del Plata intervino en virtud de los recursos de apelación presentados por ambas partes, y confirmó parcialmente el auto de procesamiento con prisión preventiva dictado por el juez de grado respecto de M. A. L., D. A. F. y D. A. N., modificando la calificación jurídica asignada a los hechos sustituyendo la figura prevista por el art. 145 bis y ter del C.P. por las de los arts. 125 bis del C.P. -promoción y facilitación de la prostitución- y/o 127 del C.P. -explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena-; en conjunción con la infracción al art. 17 de la Ley Nº 12.331 de Profilaxis y Enfermedades Venéreas; y declarar la incompetencia de la Justicia Federal para entender en el sub judice (cfr. fs. 76/121 vta.).
Contra ello, en lo que aquí nos interesa, presentó recurso de casación el representante del Ministerio Público Fiscal, el doctor Carlos Adrián Martínez, el cual fue rechazado por inadmisible por el a quo. Luego, dicha impugnación fue concedida por esta Sala tras la interposición de la vía directa correspondiente (Reg. Nro. 2066/15, fs. 147/148).
III. Pues bien, llegado el momento de adentrarme en el análisis de los agravios introducidos por el representante del Ministerio Público Fiscal, cabe recordar que tal como lo sostuve en la causa nro. 14.316 “Rainoldi, Patricia s/ recurso de casación” registro nro. 910 de esta Sala IV (rta.6/06/2012), pese a no corresponder el tratamiento de la cuestión de fondo por ser materia de debate en el juicio, sí habrá de realizarse un estudio de los aspectos específicos que han sido objeto del examen por parte del tribunal.
Sobre ello, habré de adelantar que no se observa del fallo cuestionado una fundamentación suficiente que permita descartar, con la certeza provisoria necesaria requerida por la instancia, que constituya el supuesto de autos el delito de trata de personas, por el que fueron procesados los encartados por el juez de primera instancia.
Esto pues, considerando que el fiscal señaló medidas concretas y necesarias de realización a fin de desentrañar, a su entender, que se trata de hechos constitutivos de la figura contenida en el art. 145 bis del C.P., además de las que el juez instructor pueda encomendar, no se puede descartar la figura de trata de personas.
Asimismo, tampoco parece razonable el criterio adoptado por el a quo, en cuanto valoró, como indicador de la no realización del ilícito, el supuesto “consentimiento” ofrecido por parte de las víctimas, puesto que no puede desconocerse que la norma precisa, en su actual redacción, que el delito se confecciona “aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
En este sentido, comparto lo expresado por el doctor Gustavo Eduardo Aboso, al referir que “La finalidad de explotación humana que conlleva necesariamente este delito de trata que lo diferencia de otros comportamientos penales análogos, es condición suficiente para dar por probado que la voluntad aquiescente del sujeto pasivo carece de virtualidad jurídica.
Como lo explica Aronowitz, existe la falsa creencia de que el delito de trata de personas se comete siempre mediante el uso de violencia o fraude, en cambio muchas veces las víctimas conocen su destino y las condiciones de explotación a las que serán sometidas.
[.] En este ámbito, el consentimiento prestado por el titular del bien jurídico libertad personal no debe ser valorado como expresión de una voluntad libre de todo condicionamiento, porque precisamente en estos casos el sujetose encuentra inmerso en una situación de vulnerabilidad producto de la marginalidad social, económica y política a la que es conducido por el sistema de mercado, que le impide negociar en un plano de igualdad” (“TRATA DE PERSONAS.
La criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual”, Gustavo Eduardo Aboso, Ed. B de F, Montevideo – Buenos Aires, 2013, pág. 90/92).
Por otra parte, en relación al segundo agravio presentado por el recurrente, es dable recordar que para resolver los conflictos de competencia en materia penal hay que tener en cuenta, entre otras cosas, las circunstancias especiales de la causa (Fallos 330:3623).
En este sentido, teniendo en cuenta la gravedad institucional en el caso, dada la presunta configuración del delito de trata de personas, considero que corresponde aplicar la justicia de excepción, y disponer que continúe investigando en el caso la justicia federal, por presunta infracción a la ley 26.364.
Es que teniendo en cuenta el compromiso asumido por el Estado argentino, mediante la sanción de la ley 26.364 de abril de 2008, a dar cumplimiento al “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños” (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y recordando que el objeto de litigio excede el mero interés individual de las partes, debe mantenerse y promoverse la competencia federal en estos casos para poder así, garantizar la eficacia de la norma.
Asimismo, se desprende de la lectura del fallo puesto en crisis que no ha respetado el criterio sentado por nuestro más alto tribunal por el cual se priorizan en la resolución de conflictos de competencia, razones de economía procesal y mejor administración de justicia (Fallos 328:3963 y 330:3623, entre otros). Máxime reitero, cuando restan medidas de realización que permitirían aclarar definitivamente la cuestión.
En el particular, el estado avanzado de la investigación, ya pronta a una posible elevación de la causa a juicio, permite vislumbrar en la declaración de incompetenciauna dilación que podría ser perjudicial para el éxito del proceso, por lo que debe ser revocada.
Es por ello, que sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se configuró o no el ilícito en cuestión, debe estarse a la competencia que resulte más específica y a la que se encuentra investigando los hechos desde el comienzo para evitar un dispendio jurisdiccional y un retraso innecesario en una causa de estas características.
Por último, corresponde instar al magistrado instructor a que avance en la investigación atendiendo a las medidas propuestas por el señor Fiscal y a las que se consideren oportunas.
En razón de ello, propongo al acuerdo HACER LUGAR al recurso interpuesto a fs. 123/133 por el Ministerio Público Fiscal, CASAR la sentencia recurrida, y en consencuencia, REVOCARLA en todo cuanto fuera materia de agravio y decretar la competencia federal para entender en los presentes actuados, sin costas (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
Así voto.- El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el distinguido colega que lidera el acuerdo toda vez que la hipótesis imputativa del acusador tiene su eje en un supuesto de trata de personas.En tal caso, si el titular de la acción penal pública, al valorar fundadamente los extremos fácticos que sustentan su hipótesis, ciñe el impulso de la acción a un supuesto concreto -y, en el caso, más gravoso que el delineado por la Cámara-, no es posible cercenarlo previo a su discusión en el juicio oral, etapa oportuna para esclarecer el real alcance de los hechos juzgados y, recién allí, individualizar la figura legal adecuada a la plataforma fáctica acreditada.
Nótese que en el caso existe una discrepancia de criterios en torno a la figura legal aplicable a los hechos investigados -incluso divergente en las distintas instancias-. En este escenario, si el titular de la acción penal, opta por impulsar una postura y efectúa un juicio provisional acerca de los hechos y el derecho aplicable que intenta acreditar en el juicio oral, debe estarse a esta hipótesis imputativa, la cual servirá de marco para trabar el contradictorio y así conformar el thema decidendum sobre el cual versará el juicio.
Es que, de las constancias de la causa surgen elementos que a p riori permiten acompañar la hipótesis fiscal y, teniendo especialmente en cuenta el estadio procesal de la causa, la declinación del fuero federal resulta prematura e inconveniente.
A tal efecto, deben valorarse los testimonios de las víctimas que dieron cuenta de cierto “control” ejercido por los imputados y que restringían su libertad bajo la automática generación de una deuda económica si no volvían a su lugar de trabajo. Así, por ejemplo, M.G.G. refirió que “.Porque cuando vos salís Mario o quien está de encargado te toma el tiempo. Si te habían pagado una copa sola, a la hora tenías que estar de vuelta.Entonces yo le cobro otra copa al cliente y cuando vuelvo le doy 200 pesos al encargado en valor de esa segunda copa, si no volvía a Madahos ponele, al otro día le tenía que dar la palta por las copas equivalentes a todas las horas que pasaron. El encargado registraba todas las salidas en el cuaderno para controlar el tiempo en el que debías volver.”.
En esta dirección, en el recurso de casación se hizo referencia a un testimonio en Cámara Gesell en el cual “la víctima relata detalladamente cómo fue captada en su país natal (República Federativa del Brasil) junto a dos amigas y traída engañada a Mar del Plata, supuestamente a ‘trabajar de camarera’. Una vez en nuestro país fue recibida por ‘Mario el dueño de Madaho’s’, lugar en el relató haber sido explotada sexualmente entre los años 1997 y 1999, cuando conoció al padre de sus hijos y ‘pudo salir’ de dicho lugar (para lo cual su pareja debió abonar la deuda que mantenía con los dueños del bar)” (cfr. recurso de casación fs. 129).
Asimismo, la imputación fiscal también se edifica sobre la base del aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas. Tal análisis dependerá del estudio en cada caso concreto, pero a priori se advierten, en algunas situaciones, un mismo patrón:víctimas muy jóvenes de 20 y 21 años de edad, con hijos menores a su cargo, -por ejemplo, la víctima nº 11 de 24 años de edad, que fue madre a los 16 y 17 años-; b) la migración interna y externa para llegar al lugar de explotación que también contribuye a profundizar la vulnerabilidad al alejarse de su círculo de origen; c) el escaso nivel de instrucción y la delicada situación económica que, en muchos casos, fue la causa para ingresar a la prostitución, entre otros.
En este mismo sentido, en el informe elaborado por las profesionales que asistieron a las víctimas de fs. 1199/1205 surge que “En la mayoría de los casos las respuestas resultaron imprecisas, evasivas y/o contradictorias respecto al funcionamiento del lugar y a su situación en el mismo.
Tales particularidades podrían deberse a un aleccionamiento por parte de los responsables de la whiskería allanada, a fin de ocultar el beneficio económico que los mismos tendrían de las actividades que llevarían a cabo dentro de las mismas, como así también, podrían estar vinculadas al hecho de querer preservar su fuente de ingreso, y/o cierto temor y/o vergüenza que sus familiares pudieran tomar conocimiento de la situación en la que se encontraban. de los relatos de las mujeres entrevistadas se desprende que las mismas se habrían encontrado en situación de vulnerabilidad en forma previa a su ingreso al lugar allanado.Al respecto la mayoría de ellas manifestó encontrarse en una situación de precariedad socio-económica debido a las dificultades para acceder a otras fuentes de empleo.siendo que además, la mayoría de ellas, manifestaron ser único sostén económico de sus hijos/as.Dichas situaciones, sumadas a que alguna de ellas, no habrían podido finalizar su ciclo de educación formal, agudizarían el grado de vulnerabilidad, limitando las posibilidades reales de decidir autónomamente ante la falta de oportunidades.Dichos escenarios constituirían factores facilitadores para la explotación sexual de las mujeres a la vez que incidirían notablemente al momento de perpetuarlas en el circuito prostituyente e incrementarían las posibilidades de que algún tercero pudiera aprovecharse de dichas situaciones sacando rédito de las mismas”.
De lo expuesto, luce evidente que la hipótesis imputativa encuentra fundamento en las constancias de la causa y que resulta imperioso agotar este curso investigativo previo a tomar una decisión de fondo. En tal sentido, la Corte Suprema sostuvo que “Ante la existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata de personas, la justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito” (Fallos:334:1382).
Asimismo debe señalarse que en la resolución cuestionada, en ciertos puntos, se efectuó una inadecuada interpretación del alcance del tipo penal.
En esta dirección, cabe recordar, como sostuve en diversos precedentes sobre el tema que, mediante la sanción de la ley Nº 26.364 de abril de 2008, el Estado argentino dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (“Protocolo de Palermo”), anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la ley Nº 25.632, en el año 2002).
Fue a partir de esta normativa internacional, que la Argentina, mediante el dictado de la citada ley, incorporó el delito de trata de personas como un delito contra la libertad, especialmente contra la Libertad Individual (Título V, Capítulo I del Código Penal), entendida no sólo como libertad locomotiva o ambulatoria de la persona sino también como la capacidad de decidir libremente con plena intención y voluntad; es decir: la libertad de autodeterminación de la persona. Con independencia de la lesión a otros bienes, como pueden ser la integridad sexual o la integridad corporal de las víctimas (cfr. mi voto en la causa nº FSA 2699/2013/CFC1 caratulada: “del Valle y TERAGUI, Héctor Nazareno s/ recurso de casación”, Registro 939/2015.4 rta.21/5/15).
Esta interferencia en la libertad del sujeto pasivo puede configurarse, aún sin una restricción a la libertad física o, incluso, sin una afectación al contexto económico de la víctima, pues basta con que el sujeto activo de alguna forma (que puede ser engaño, amenaza, coacción, aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, o cualquier otra) restringa este ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo, para configurar el delito estudiado.
Es más, tal es la entidad asignada al bien jurídico tutelado, que a partir de la reforma por ley 26.842 se reconoció que el consentimiento de la víctima para ser explotado no tendrá efectos jurídicos, por cuanto, se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios.Se trata de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin afectación de la condición de persona, de su libertad como bien que le es inherente.
Con esta base, no asiste razón al “a quo” cuando afirma, entre otros argumentos, que en el caso de autos no se configuraría el delito de trata de personas porque “.el delito de trata no es ni más ni menos que una forma coactiva de restringir la libertad ambulatoria de la víctima, que es orientada a algunas de las específicas intenciones del autor.” En esta misma dirección, corresponde señalar que el a quo hizo constantemente referencia a la supuesta voluntad de las víctimas de concurrir al lugar y ejercer la prostitución bajo la explotación de los imputados, cuando, como se señaló, el consentimiento en este tipo de delitos no excluye la tipicidad de la conducta por la supremacía del bien jurídico tutelado.
Es que, lleva parte de razón el recurrente cuando señala que aparece contradictoria la afirmación de la Cámara cuando, por un lado, indica que estaba acreditada la explotación sexual de las mujeres y, por el otro, que las mujeres consentían esa explotación, en tanto precisamente lo que se puso de relieve con la reforma anteriormente señalada es que ningún ser humano podía consentir su propia explotación.
Finalmente, en lo que aparece como otra desinteligencia del tipo penal es la afirmación que realiza la Cámara, al valorar el testimonio de una de las víctimas y señalar que “.lo cual me lleva a reflexionar que si fuera explotada o existiera una situación humillante o denigrante hacia ello no hubiera permanecido tanto tiempo en ese lugar, salvo – claro está- que sea una persona que goce con verse humillada o maltratada por otra persona frente a la libre disposición que gozaba.”.
Esta forma de razonamiento -amén de descargar parte de responsabilidad sobre las víctimas- desconoce la problemática que sufren las mujeres víctimas de trata de personas, en el cual, muchas veces no asumen su calidad de víctima o bien porque equivocadamente asumen parte de la culpa, o bien por temor a represalias o a perder su fuente de ingresos (cfr. mi voto en causa nº FBB 4964/2014/TO1/CFC1 “Díaz, Argentino s/ infracción ley 26.364”, registro nº 2471/15.4, rta. 23/12/2015).
Bajo este prisma es que deberá analizarse el caso de autos y, reitero, la plataforma fáctica sobre la cual se realizará el juicio de subsunción legal, quedará delineada en toda su extensión durante el debate oral y público, y los extremos aquí señalados podrán ser corroborados o descartados.
Con estas consideraciones, adhiero a la solución propuesta por el coleg a que lidera el acuerdo.
Que coincido en lo sustancial con el voto de mis distinguidos colegas que me anteceden en el orden de la votación, doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos.
Por ello, adhiero a la solución propuesta en el voto que abre el Acuerdo.
HACER LUGAR al recurso interpuesto a fs. 123/133 por el Ministerio Público Fiscal, CASAR la sentencia recurrida, y en consecuencia, REVOCARLA en todo cuanto fuera materia de agravio y decretar la competencia federal para entender en los presentes actuados, sin costas (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese (Acordada CSJN 15/13 y Lex 100). Remítase al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
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