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Timestamp: 2020-06-07 02:57:43+00:00

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Publicado en BON núm. 225 de 22 de Noviembre de 2016 y BOE núm. 296 de 08 de Diciembre de 2016
Artículo 7 Seguimiento
Disposición adicional única.– Promoción de la transparencia en otras instituciones
Disposición final primera.– Modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto
Disposición final segunda.– Reforma de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra
Disposición final tercera.– Habilitación al Gobierno de Navarra para el desarrollo reglamentario
LEY FORAL DE CUENTAS ABIERTAS.
Esta Ley Foral de Cuentas Abiertas pretende ser un complemento de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Ambas normas se fundamentan en el derecho de acceso a documentos, archivos y registros de las Administraciones Públicas que contiene el artículo 105 de la Constitución Española. Así, ya en los artículos 34 y 35 de la Ley Foral 11/2012 se contiene un mandato claro a la Administración de la Comunidad Foral para impulsar y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Los episodios de corrupción política y mal uso de los recursos públicos a los que, lamentablemente, hemos asistido en los últimos años hacen imprescindible la implementación de nuevas medidas de regeneración democrática. Entre ellas, la transparencia juega un papel previo y fundamental, como elemento inherente al mismo concepto de democracia, configurando un diseño nuevo de la organización de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que ya se inició con la promulgación de la Ley Foral 11/2012.
Precisamente, esta Ley Foral de Cuentas Abiertas viene a constituirse en un complemento necesario de la Ley Foral 11/2012. Utilizando su misma terminología, podemos clasificar las cuentas bancarias de aquellos sujetos incluidos en su ámbito de aplicación –artículo 2 de la ley foral– como «Información Pública», al consistir en contenidos o documentos que obran en poder de las entidades e instituciones señaladas en dicho artículo y que sirven a un objeto público como es su funcionamiento económico y ejecución presupuestaria.
En el ámbito estatal, la importancia de la transparencia en la administración y gestión de lo público se recoge en el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada por las Cortes Generales, que pretende establecer las bases materiales que den cumplimiento a las disposiciones constitucionales sobre participación política recogidas en los artículos 9.2 y 23.2, y sobre el derecho fundamental a la información recogido en el artículo 20.1 de la Constitución Española. En este sentido, la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya establecía los primeros pasos para lograr esta transparencia, además de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, o la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público.
Este derecho genérico a la información, recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se concreta además en la Recomendación del Consejo de Europa de 1981 sobre acceso a la información en manos de autoridades públicas, así como en el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a Documentos Públicos de 2009. Un derecho y una cultura de transparencia y de acceso que debe empezar a incluir, por ética, por lógica y por coherencia, aquella información relativa al estado de la tesorería de las administraciones públicas y, en consecuencia, a las cuentas donde esta se deposita y registra, aprovechando además que los avances en las tecnologías de la información y la comunicación ya permiten hacer efectivo este derecho de acceso a la información pública en buenas condiciones de comprensibilidad y sencillez.
3. Los límites a este derecho vendrán determinados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 1 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y por cualesquiera otras normas que dispongan expresamente el carácter secreto de algún dato.
1. Todos los datos publicados lo serán en formato de «datos abiertos», de manera que sean descargables, reutilizables y redistribuibles por parte de terceras personas ajenas a la Administración.
2. Esto se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, en el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal, así como en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
«f bis) Las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las que sean titulares, en los términos y condiciones establecidos en la Ley Foral de Cuentas Abiertas.»
En el plazo de un año, el Gobierno de Navarra presentará al Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral de reforma de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, con objeto de incorporar a la actividad de las Entidades Locales de Navarra los principios y previsiones contenidos en esta Ley foral acerca de las cuentas bancarias de dichas entidades.
Véase D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 69/2017, de 19 de julio, por el que se regula la publicación de la información referente a las cuentas bancarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos, sociedades y fundaciones públicas vinculadas o dependientes («B.O.N.» 8 agosto).

References: Artículo 7
 artículo 105
 artículo 20
 artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto