Source: https://ru.scribd.com/document/386855050/PODER-JUDICIAL-ORDENA-REPOSICION-DE-ISABEL-CORTEZ
Timestamp: 2020-07-12 17:10:34+00:00

Document:
PODER JUDICIAL ORDENA REPOSICIÓN DE ISABEL CORTEZ | Derecho laboral | Ley procesal
SÉTIMA SALA LABORAL REVOCAR SENTENCIA N° 07-2018 contenida en la Resolución N° 05, de fecha 18 de enero de 2018, obrante de fojas 324 a 329, que declara INFUNDADA la demanda; REFORMANDOLA declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia ORDENAR que la demandada reponga a la demandante en el centro de trabajo, en sus mismas labores y manteniendo sus mismas condiciones remunerativas.
сохранитьСохранить «PODER JUDICIAL ORDENA REPOSICIÓN DE ISABEL CORTEZ» для последующего чтения
C-571-17 (1).rtf
Adaptacion Legislacion Prevencion a La Administracion Del Estado
Modelo de Demanda Laboral de Reincorporación Por La Ley 24041 - Autor José María Pacori Cari
Fiscalia sobre la recusació dels presos polítics contra Marchena
Ley de Acceso a Abogado y Procurador
2001, 10-04, C-1052, Requisitos Dda Inconstitucionalidad
I, 1, 857. EL REGIMEN CONSITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS _BRASIL CURITIBA_2002.pdf
LA GARANTÍA O DERECHO DE INDEMNIDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON LA PRUEBA INDICIARI
Relator:QUIÑONES MONTENEGRO LUIS ARTURO /Servicio Digital -
Fecha: 22/08/2018 16:22:13,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
SETIMA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 11953-2017-0-1801-JR-LA-08
CHAVEZ PAUCAR
RESOLUCION NÚMERO: 02
Lima, dieciséis de agosto
VISTOS: En Audiencia Única Pública del 15 de
agosto de 2018, e interviniendo como ponente el señor Juez Superior Valencia
Es materia de apelación en esta instancia la SENTENCIA N° 07-2018
contenida en la Resolución N° 05, de fecha 18 de enero de 2018, obrante de
fojas 324 a 329, que declara:
1. INFUNDADA la demanda.
2. DISPONER que los autos sean archivados definitivamente, una vez
quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia.
3. EXIMIR a la actora del pago de las costas y costos del proceso.
La demandante interpone recurso de apelación contra la Sentencia mediante
escrito de fecha 01 de febrero de 2018, obrante de fojas 333 a 340, y
manifiesta como agravios:
i) No puede aplicarse una doble sanción por una misma falta, debido a que ha
sido despedida por el supuesto incumplimiento de barrido y de no utilizar
los implementos de seguridad sin tomar en cuenta que ya fue sancionada
con dos y tres días de suspensión.
ii) El análisis de la demandante no es acorde con la de la Juez, por cuanto si
bien los hechos son reales, las imputaciones de la demandada no
configuran faltas graves, existiendo un despido fraudulento.
iii) La Juez no ha tomado en cuenta los detalles de los hechos sobre el acoso
laboral que sufrió la demandante:
1) En calidad de afiliada al SITOBUR y ex secretaria de organización en la
empresa demandada ha tenido una activa participación sindical en el
2) Habría sido suspendida por tres días de manera arbitraria, sin tomarse
en cuenta la agresión física que sufrió fue por parte de la trabajadora
Herma Vásquez Rojas quien no fue sancionada; asimismo el chofer Jorge
Luis Santa Cruz tampoco fue sancionado pese a las acciones cometidas
hacia su persona que atentaron su dignidad y honor.
3) La demandada sin previo aviso y sin explicar las razones trasladó a la
demandante de su centro habitual de labores denominada "Base Chota"
ubicado en el Jr. Chota 1034 - Cercado de Lima hacia el denominado
"Sector 10" ubicado en la Av. Herramientas 1024 - Cercado de Lima, por lo
que le causa perjuicio.
iv) No se han tomado en cuenta todos los hechos que motivaron las
suspensiones de la demandante así como las cartas de descargos
efectuadas por ella en las cuales explica los hechos ocurridos, vulnerándose
con ello la sentencia en el expediente N° 976-2001-AA/TC caso Eusebio
Llanos Huasco, en la que se indica los tipos de despido.
PRIMERO: Conforme al artículo 370°, del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso laboral, ante una apelación, la competencia del
Superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste
órgano jurisdiccional revisor, circunscribirse únicamente a los agravios
invocados por la demandante en su recurso de apelación respecto a la
SEGUNDO: Del escrito de demanda de fojas 51 a 68, la actora solicita la
reposición por despido fraudulento. Señala haber ingresado a laborar para la
demandada desde el 01 de octubre de 2004 hasta el 20 de abril de 2017,
habiéndose desempeñado como Barrendera; sin embargo, mediante la carta de
fecha 06 de abril de 2017, la demandada le cursó una carta de preaviso
imputándole la comisión de faltas graves previstas en los incisos a) y d) del
artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, por el incumplimiento de las
obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral
y la inobservancia al reglamento interno de trabajo que reviste gravedad; así
como la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio.
Señala además que como afiliada al SITOBUR y ex secretaría de organización
ha tenido una participación destacada en los últimos procesos de negociación
colectiva durante el periodo 2016-2017, periodo durante el cual formó parte de
la comisión negociadora del pliego de reclamos; que sin previo aviso fue
trasladada de su centro habitual de labores "Base Chota" hacia el Sector 10,
configurándose la hostilización; asimismo, señala que la demandada no tuvo en
cuenta lo manifestado en su carta de descargo ni consideró las denuncias que
como trabajadora presentó conforme lo establece el reglamento interno de
trabajo y el código de conducta debido a que ha sido víctima de acoso laboral
por parte de algunos funcionarios de la demandada con el propósito de
despojarla de su puesto de trabajo.
TERCERO: Por otro lado, la demandada mediante escrito de contestación de
fojas 288 a 310, señala que el despido fraudulento se origina cuando los hechos
imputados son inexistentes, falsos o imaginarios y/o cuando la falta imputada
no está prevista en la Ley; señalando además que en el presente caso los
hechos sí ocurrieron y se encuentran establecidos en la ley como falta grave, lo
cual permitió a su representada establecer una causa justa de despido.
CUARTO: Es de precisar que el despido fraudulento, es una institución
jurídica no positivizada en nuestro sistema jurídico, es decir, que no hay una
fuente legal que lo recoja taxativamente, sino que fue incorporado a nuestro
sistema, a través de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional (en
adelante TC)1, quien le ha dado una trascendencia en su desarrollo; ello debido
a que dicha institución protege la violación flagrante de la dignidad del
trabajador y de los derechos fundamentales laborales, ya sean específicos o
inespecíficos; también, cobra vital protagonismo frente al “fraude”, como
elemento sustancialmente preponderante en la ruptura del vínculo laboral, por
lo que ante dichas situaciones, el derecho no puede quedarse inactivo, sino
activar sus mecanismos de protección para reparar el daño cometido por el
empleador, en aplicación al principio tuitivo para cautelar la plena vigencia de
los artículo 22°, 103° inciso 3) y 139° de la Constitución Política del Perú.
QUINTO: El fraude, como elemento preponderante del despido fraudulento
debe ser entendido como “un acto de engaño deliberadamente empleado con la
intención de obtener una errónea e injusta ventaja”2, vale decir, un acto de
simulación de una situación jurídica o no, que permita que las actuaciones
ejercidas por el empleador se vean justificadas o en concordancia con la
normatividad vigente (artículos 23° al 26°, 31° al 33° del TUO 728).
SEXTO: Así el despido fraudulento se configura de acuerdo con lo expuesto
por el Supremo Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente
N° 976-2001-AA/TC, caso Llanos Huasco cuando “se despide al trabajador
con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera
contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun
Se encuentra referido al Expediente Nº 976-2001-AA-TC, publicado el 13 de mayo de 2003.
T. SLATER. “Fraude”. En: http://ec.aciprensa.com/f/fraude.htm.
cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones
procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos
notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una
falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad (STC emitida
en los expedientes N° 415-97-AA/TC3; 555-99-AA/TC4 y 150-2000-AA/TC5), o
se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Expediente
N° 628-2001-AA/TC6) o mediante la fabricación de pruebas”.
Fundamento 1) STC 415-97-AA/TC
1. Que, según el art. 2° inc. 24 letra f) de la Constitución Política del Estado nadie puede ser sancionado con pena no prescrita en la ley. Esta
regla reconoce el principio constitucional de legalidad que debe existir en toda regla que signifique sanción. En la regulación de hechos u
omisiones, calificados de infracciones y sus respectivas sanciones, deben estar consignados explícitamente, en caso contrario toda sanción
y parte considerativa carecen de valor frente a nuestra Constitución. La sanción “Llamada de atención” que consigna la Resolución N° 238-
96 y sus considerandos, objeto de la Acción de Amparo, resultan ineficaces porque afectan el principio constitucional anotado en virtud que
en el Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, obrante a fojas veinte, no se establece como sanción la medida antes anotada.”
Fundamentos 4 y 5 STC 555-99-AA/TC
4.- Que, conforme al artículo 2º, inciso 24), literal “d”, de la Constitución Política del Estado, el principio de tipicidad impone que los hechos
(actos u omisiones) tipificados como infracciones punibles deben ser establecidos de forma expresa e inequívoca, lo cual no se ha cumplido,
conforme se advierte del texto de la carta de imputación de cargos, mediante la cual la demandada atribuye a la demandante la comisión de
falta grave. En efecto, la “falta” imputada carece de tipicidad, pues en el caso concreto, la carta de imputación atribuye a la demandante la
supuesta falta grave de haber “difamado e injuriado a altos directivos de la Empresa” y se limita simplemente a citar la norma legal que
considera pertinente, sin preocuparle en absoluto establecer la relación de causalidad entre las características del tipo normativo con la
conducta supuestamente infractora.
5.- Que la circunstancia de que la respectiva carta de imputación que la demandada notificó a la demandante no identificó los hechos que
configuren la supuesta comisión de la falta grave, así como la ausencia de medios probatorios que los acrediten, atenta contra el derecho de
defensa de la demandante amparado por el artículo 2º inciso 23) y del artículo 139º inciso 14) de la Constitución Política del Estado. En
efecto, si la carta de imputación no identifica los hechos que configuran la falta grave, la demandante no pudo efectuar eficazmente el
descargo correspondiente, porque desconocía los hechos que tendría que aclarar a efectos de salvar su responsabilidad. Aspecto éste que,
por lo demás, se infiere del artículo 44º del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo aprobado por el Decreto Supremo N.° 001-96-TR,
aplicable al caso, el mismo que establece que los hechos imputados que den lugar a la falta deben estar “debidamente determinados”. Por
otra parte, la ausencia de sustento probatorio de la comisión de la falta imputada, como aparece en autos, generó un acto lesivo en perjuicio
del derecho de defensa de la trabajadora, toda vez que si el emplazado, con la carta de imputación, desconoce las pruebas que tiene que
controvertir, no podrá defenderse eficazmente de la imputación efectuada y, así, evitar una sanción injusta.
Fundamentos 5, 6 y 7 de la STC 150-2000-AA/TC.
5.- Que, conforme al artículo 2º, inciso 24) literal "d" de la Constitución Política del Estado, el principio de tipicidad impone que los hechos (actos
u omisiones) tipificados como infracciones punibles deben ser establecidos en forma expresa e inequívoca, lo cual no se ha cumplido,
conforme se advierte del texto de la carta de imputación de cargos, mediante la cual la demandada atribuye a los demandantes la comisión
de falta grave. En efecto, la falta imputada carece de tipicidad, pues, en el caso concreto, las cartas de imputación que se les atribuye a los
demandantes por supuesta falta grave de "injuria y faltamiento de palabra escrita" en agravio de la institución y de sus directivos se limita
simplemente a citar la norma legal que considera pertinente, sin preocuparle en absoluto establecer la relación de causalidad entre las
características del tipo normativo con la conducta supuestamente infractora, máxime si la supuesta falta grave de injuria y faltamiento de
palabra, representaba la publicación en el diario La República, de fojas setenta y uno de autos, con el título "Despedidos reclaman pago de
sus sueldos al Banco de la Nación", no acreditándose en autos que los demandantes hayan sido los que contrataron dicho aviso
6.- Que, en la medida que los hechos especificados en las respectivas cartas de imputación que la demandada notificó a los demandantes no
se sustentan en medios probatorios idóneos que los acrediten, atenta contra el derecho de defensa de los demandantes amparado por el
artículo 2º inciso 23) y del artículo 139º inciso 14) de la Constitución Política del Estado. En efecto, si la carta de imputación no identifica
fehacientemente los hechos que configuran la falta grave, los demandantes no pudieron efectuar eficazmente el descargo correspondiente,
que unilateralmente les fue negado, porque desconocían los hechos que tendrían que aclarar a efectos de salvaguardar su responsabilidad;
aspecto este que por lo demás, se infiere del artículo 26º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, que establece que las faltas graves se
configuran por su "comprobación objetiva". Por otro lado, la ausencia de sustento probatorio de la comisión de la falta grave imputada a los
demandantes, generó un acto lesivo en perjuicio del derecho de defensa de los trabajadores, que es un aspecto constitucional del debido
proceso amparado por el inciso 3) del artículo 139º de la vigente Constitución.
7.- Que la circunstancia de que se haya despedido a los demandantes a través de un acto lesivo a los derechos constitucionales antes
señalados, trae consigo también la afectación al derecho al trabajo reconocido por el artículo 22º de la Constitución Política del Estado, en
cuanto a que la conservación de un puesto de trabajo que aquel implica ha sido conculcado por un acto desprovisto de juridicidad, esto es,
viciado de inconstitucionalidad.
Fundamentos 1, 2, 3 y 4 de la STC 628-2001-AA/TC.
1. Conforme aparece en el petitorio de la demanda el objeto de la misma se dirige a cuestionar la Carta de Renuncia Voluntaria y la llamada
Carta de Aceptación de Renuncia Voluntaria, ambas del nueve de noviembre del año dos mil, por considerar que se ha vulnerado sus
SETIMO: En dichos supuestos, como lo señala la misma sentencia, al no existir
en la realidad, una causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto de
cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse
de hechos no constitutivos de causa justa conforme a la ley; tal situación es
equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto
deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo; por lo que el Tribunal
Constitucional estimó que la protección adecuada contra el despido arbitrario
previsto en el artículo 27° de la Constitución ofrece dualmente una opción
reparadora (readmisión en el empleo) o indemnizatoria (resarcimiento por el
daño causado), según sea el caso; precisándose que dicha orientación
jurisprudencial del Tribunal Constitucional en materia laboral no conlleva a la
estabilidad laboral absoluta, sino plantea el reforzamiento de los niveles de
protección a los derechos del trabajador frente a residuales prácticas
empresariales abusivas respecto al poder para extinguir unilateralmente una
OCTAVO: Entonces, el despido fraudulento según el TC, se configurará en los
derechos constitucionales, en la medida que su renuncia a la Empresa Telefónica del Perú, en ningún momento se ha dado en forma
voluntaria, sino de forma totalmente arbitraria, al habérsele obligado a suscribir documentos con los que en ningún momento ha estado de
2. Consta de los autos que tras producida la suscripción de la Carta de renuncia voluntaria la demandante cursó una carta a su empleadora
solicitándole la reincorporación a su puesto de trabajo, la que sin embargo, no fue contestada, así como consta que mediante carta notarial
dirigida también a la demandada se retractó la demandante de dicha renuncia obligada, la que en cambio le fue denegada por escrito.
Aparece igualmente que la recurrente solicitó el apoyo del Sindicato de trabajadores de la empresa, y procedió a denunciar los hechos ante
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social de la localidad de Huánuco.
Por último aparece también que al pie del anverso de las liquidaciones de compensación por tiempo de servicios y de ayuda económica, que
obran a fs. 38 y 39 respectivamente, la demandante dejó constancia que "su renuncia no fue voluntaria", y al dorso de la carta de fs. 11,
mediante la cual Telefónica del Perú S.A.A. aceptó su renuncia y lo exoneró del plazo legal, aparece finalmente la nota manuscrita y firmada
por don Fernando Uyema en el sentido de que "El presente documento no significa que la trabajadora renuncia a los beneficios y derechos
que le correspondan y que judicialmente pueda iniciar".
3. Telefónica del Perú S.A.A. no niega los hechos que anteceden y tampoco acredita lo contrario, expresando sólo su disconformidad con la
interpretación de los mismos, por lo que existe la necesidad de que este Tribunal Constitucional evalúe una serie de hechos significativos
que, si bien no necesariamente se encuentran destinados a calificar las figuras de la renuncia voluntaria o de la modalidad de despido de la
demandante, reguladas por los artículos 16° inciso b) y 34° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por DS N° 003-97-TR, que
son de conocimiento del juzgador en materia laboral; si tienen, en cambio, una inobjetable implicancia constitucional, como son los relativos
al bienestar del trabajador dentro de un contexto de relaciones compatibles con la dignidad, a través del comportamiento de los agentes
sociales en un medio de trabajo desarrollado con arreglo a las premisas contenidas en los artículos 1°, 2° inciso 1) , 22° y 23° de la
4. Los hechos descritos en la demanda, llevados a cabo para dar cumplimiento a una disposición de la Oficina Principal de Telefónica del Perú
S.A.A., con el mecanismo de trasladar a la recurrente en horas de la noche a una localidad distinta a la de su centro de trabajo habitual,
contrastan con cualquier presunción de que el propio trabajador, haya sido quien voluntariamente optó por extinguir su vínculo laboral. Por el
contrario, aparece una declaración de voluntad cuyo instrumento es presentado en la mesa del funcionario indicado, pero bajo un cargo de
recepción, que en este caso no existe, como tampoco aparece en dicha carta el lugar o ciudad donde se giró, actos éstos que ponen de
manifiesto la ventaja numérica y funcional con que ha actuado la empresa demandada para la obtención de su propósito.
a. Cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes,
falsos o imaginarios; es decir cuando se advierta en forma notoria que los
hechos imputados como falta grave son inexistentes, falsos o imaginarios, o
sea que no resultan posible su existencia en la realidad;
b. Cuando se le atribuye una falta no prevista en la ley, vulnerándose el
principio de tipicidad, es decir que los hechos imputados como falta no se
hallan previstos en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 25° de la
LPCL;
c. Cuando se produce la extinción de la relación laboral con vicio de
voluntad; es decir cuando de por medio ha mediado dolo, amenaza, coacción
o intimidación, como hechos que habrían determinado al trabajador a extinguir
formalmente el vínculo laboral, sea a través de una aparente renuncia
voluntaria o un mutuo disenso;
d. Cuando se produce la extinción de la relación laboral mediante la
fabricación de pruebas; es decir cuando las pruebas que sustenta la
imputación de la falta grave sean falsas o adulteradas.
NOVENO: Cabe señalar que en el presente caso, se advierte la existencia de
un procedimiento formal de despido, carta de imputación de cargos, y carta de
despido en donde se han invocado las supuestas faltas graves cometidas, por lo
que cabe analizar si el despido de la actora se produjo con ánimo perverso y
auspiciado por el engaño, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional
en la Sentencia N° 0976-2001-AA/TC, caso Llanos Huasco.
DECIMO: De la revisión de los actuados, es de verse los siguientes medios
1) La carta de fecha 19 de enero de 2017, a fojas 03, dirigido por la actora al
Jefe de Barrido comunicándole lo siguiente: "(…) en el momento que me
encontraba concentrada en mi trabajo (…) el chofer Jorge Luis Santa Cruz
Burga (…) se acercó a mi persona y en todo momento trató de buscar una
conversación (…) continuó insistiendo siendo rechazado por mi persona
más de una vez y en ningún momento preste atención a sus intenciones
para no afectar mi trabajo (...)".
2) La carta de fecha 30 de enero de 2017, a fojas 04 mediante el cual la
demandante cursa al Supervisor de Operaciones señalando lo siguiente: "El
05/01/02017 informé sobre un agresión física realizada por la Sra. Herma
Vásquez (…) el 19/01/2017 sobre las acciones generadas por el Sr. Jorge
Luis Santa Cruz Burga que atenta contra mi dignidad como trabajadora (…)
vengo también siendo víctima de mis jefes inmediatos porque nunca obtuve
ninguna respuesta a las comunicaciones escritas de los días 05/01/2017 y
19/01/2017 (…)".
3) La carta de fecha 08 de febrero de 2017, obrante de fojas 07 a 08 dirigido
por el Jefe de Contrato a la demandante señalando lo siguiente: "(…)
hemos tomado conocimiento que el día 02 de febrero de 2016 (…) se
encontraba barriendo la cuneta de la berna central de dicha avenida se
detectó que realizaba dicha labor en sentido contrario al tránsito vehicular
(…) cuando se solicitó presentar su descargo, usted se negó (…)".
4) La demandante mediante carta de fecha 11 de febrero de 2017 señala: "es
falso que negó a brindar el informe verbal, si lo he realizado es el
memorándum de fecha 02-02-2017 (…)".
5) La demandada mediante la carta de fecha 08 de febrero de 2017 de fojas
10 a 11 señala: "que el memorándum de fecha 02-02-2017 no menciona el
hecho imputado (…) usted conoce el procedimiento del barrido pero no ha
cumplido (…) se ha determinado suspenderla sin goce de haber por
el espacio de dos días (…)"
6) La Jefe de Contrato mediante carta de fecha 14 de marzo de 2017 de fojas
15 a 16 le vuelve a comunicar a la actora lo siguiente: "(…) su persona no
estaba haciendo el uso adecuado del chaleco de seguridad, contraviniendo
las normas del reglamento interno de trabajo (…) dicho comportamiento es
pasible de sanción cumpla con el descargo (…)".
7) De fojas 19 a 20 obran las cartas de la actora de fecha 17 de marzo de
2017 señalando que se deje sin efecto la sanción impuesta por la
8) Mediante la carta de fecha 22 de marzo de 2017 de fojas 21 a 22, la
demandada dice: "(…) la demandante no ha desvirtuado las faltas por lo
que decide suspenderla sin goce de haber por 03 días (…)".
9) De fojas 37 a 39, obra la carta de preaviso de despido de fecha 06 de abril
de 2017, en la cual se le atribuye a la actora las faltas graves tipificadas en
los incisos a) y d) del artículo 25° del T.U.O. de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral - Decreto Supremo N° 003-97-TR relacionado al
incumplimiento grave de sus obligaciones de trabajo que supone el
quebrantamiento de la buena fe laboral y la inobservancia del reglamento
interno de trabajo que reviste de gravedad; así como la información falsa al
empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja la
"La decisión de instaurar el presente proceso disciplinario obedece
a las reiterada infracciones cometidas por su persona, lo que
deviene en la inobservancia de nuestro reglamento interno quebrantando la
buena fe laboral, así como el hecho de brindar información falsa con la
finalidad de causar un perjuicio a la empresa (…) por las siguientes
En el mes de febrero de 2017 fue suspendida por no seguir con el
procedimiento establecido de barrido y no brindar las declaraciones
solicitadas por la empresa.
En el mes de marzo de 2017, nuevamente fue suspendida por no seguir
procedimiento establecido de barrido.
En el mes de marzo de 2017, fue suspendida por no usar adecuadamente
el chaleco de seguridad, contraviniendo los procedimientos establecidos de
Es de precisar que dicha medida disciplinaria tenía carácter de ultimátum
tomando en consideración las faltas que habría sido merecedora.
En atención a las suspensiones (…) es claro el incumplimiento de sus
obligaciones de trabajo y las inobservancias al reglamento interno de
trabajo (…) y advertida en diversas situaciones, ha continuado con dicha
conducta de rebeldía (…)
El quebrantamiento de la buena fe laboral, se encuentra evidenciado a que:
- No cumple con las disposiciones brindada por su Jefe y/o Supervisor
- No desempeña sus labores con dedicación ni responsabilidad.
- No brinda las declaraciones ni informes verbales y/o escritos solicitados
Adicional a la falta grave señalada líneas arriba, se ha tomado conocimiento
de una denuncia maliciosa presentada por su persona en contra de INNOVA
AMBIENTAL S.A. mediante el cual usando argumentos falsos, pretendía
causar un perjuicio a la empresa. (…) argumentando supuestas agresiones
y acoso por parte de los representantes de la empresa, afirmaciones que
rechazamos en su debido momento (…) Dichas afirmaciones no contaban
con sustento alguno, teniendo como única finalidad causar un perjuicio a la
empresa (…)
nuestro Reglamento Interno de Trabajo establece diversas obligaciones a
los trabajadores, siendo que usted con dicha conducta se ha ido en contra
de lo normado en el artículo 40° que dispone:
Inciso 4: Desempeñar sus funciones con dedicación y responsabilidad (…)
Inciso 7: Cumplir estrictamente con las órdenes y directivas que por
razones de trabajo sean impartidas por sus jefes (…)
Inciso 23: Los trabajadores tiene como obligación rendir y/o proporcionar
los informes verbales (…)".
10) De fojas 40 a 43, obra la carta de descargo de la actora de fecha 12 de abril
de 2017, señalando que lo siguiente:
"Detalle de los hechos que señala la situación de acoso laboral:
Precisa que está afiliada al SITOBUR y ex secretaría de organización
teniendo una participación sindical (…) en los procesos de negociación
colectiva sobre todo durante el periodo 2016-2017, periodo durante el cual
formó parte de la comisión negociadora del pliego de reclamos.
De manera inopinada y sin previo aviso (…) fui trasladada de mi centro
habitual de labores "Base Chota" con domicilio en Jr. Chota 1034 - Cercado
de Lima hacia el Sector 10 ubicado en la Av. Herramientas 1024 - Cercado
de Lima, sin haberse informado las razones (…) acciones que estarían
dentro de la configuración de acoso laboral.
En la primera misiva señale acerca de la agresión física que sufrí de parte
de la trabajadora Herma Vásquez Rojas, quien pese a haber infringido el
Reglamento Interno de Trabajo no fue sancionada sospechosamente por la
empresa y la segunda misiva tenía que ver con las acciones generadas con
el chofer Jorge Luis Santa Cruz que atentaron contra mi dignidad y honor,
acción que tampoco fue sancionada por la empresa (…)
Lo que manda el Reglamento Interno de Trabajo y el Código de
Con fecha 14 de marzo de 2017 luego de presentar mi reclamo por escrito
a la empresa sobre los actos de acoso y hostilización en el ambiente laboral
la empresa me envió otra carta imputándome otra falta laboral (…)
Respecto a la carta de preaviso de despido es falso que mi persona haya
hecho un acto lesivo contra la empresa o contra algún trabajador y se me
acusa dolosamente y sin pruebas porque el mencionado 08 de marzo fue el
día internacional de la mujer y me encontraba ejerciendo mi deber sindical
como afiliado asistiendo a nuestra asamblea sindical.
Respecto a las comunicaciones escritas (…) solo he dicho la verdad
respecto de las acciones que han atentado contra mi persona y denotan
acciones de acoso y hostilización laboral (…) a través de funcionarios que
han venido causándome perjuicio con el único fin de despojarme de mi
puesto de trabajo (…)".
Por estos hechos señalados (…) denuncio el acoso y violencia laboral que
estoy siendo objeto por algunos funcionarios de la empresa (…)".
11) De fojas 44 a 47, obra la carta de despido de fecha 20 de abril de 2017,
mediante el cual la demandada despide a la actora, señalando lo siguiente:
"Como se le expresó en la imputación de cargos, su persona tiene
reiteradas infracciones cometidas al reglamento interno de trabajo
quebrantando la buena fe laboral, como el hecho de brindar información
falsa con la finalidad de causar perjuicio a la empresa al presentar una
denuncia maliciosa, (…) el día 08 de marzo de 2017 argumentando
supuestas agresiones y acoso (…). No negamos su participación en la
comisión negociadora (…) este hecho no es materia del presente
procedimiento (…).
El traslado de su persona de un sector a otro no genera un acto de
hostilización (…) no ha tenido como finalidad el causar algún perjuicio, ya
que los cambios de operaciones de deben a los requerimientos del cliente
Respecto a las comunicaciones cursadas por su persona en la cual indica
"haber sufrido agresión física por parte de la trabajadora Herma Vásquez y
las acciones generadas por el chofer Jorge Luis Santa Cruz" desconocemos
los fundamentos facticos de sus aseveraciones, ya que usted no presenta ni
adjunta prueba que demuestre lo que indica (…)
En vista que usted no desvirtúa las faltas cometidas, se procedió con la
aplicación de una medida disciplinaria tomándose en consideración la
reincidencia en la que usted cometía (…) está acreditado el incumplimiento
al reglamento interno de trabajo (…) por lo que debemos expresarle la
decisión de proceder a su despido (…)".
DECIMO PRIMERO: De los medios probatorios en mención se evidencia que a
la actora se le atribuye el hecho de que las faltas graves cometidas se
configuran con los incisos a) y d) del artículo 25° del T.U.O. de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, relacionado al incumplimiento grave de
sus obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe
laboral y la inobservancia del reglamento interno de trabajo que reviste de
gravedad; así como brindar información falsa al empleador con la intención de
causarle perjuicio.
Respecto al primer supuesto de falta grave, es de precisar que de la Audiencia
de Vista, (minuto 00:56:20) la defensa de la parte demandada señala que las
faltas graves se encuentran tipificadas al vulnerarse el artículo 114 del
Reglamento Interno de Trabajo por los siguientes hechos:
1) La actora ha estado barriendo en la calles contra el tráfico, no colocando el
cono de señalización y el carrito en el lugar adecuado.
2) Por usar en chaleco volteado.
En ese sentido, es de precisar que si bien los hechos que argumenta la
demandada son hechos reales, debido a que la demandante no lo ha negado,
por cuanto afirma que fue sancionada con días de suspensión, (25 y 26 de
febrero de 2017 y 23, 24 y 25 de marzo de 2017) lo cual se acredita con las
cartas de fecha 08 de febrero de 2017, en la que se determinó suspender a la
actora sin goce de haber por dos días y mediante la carta de fecha 22 de marzo
de 2017 suspenderla sin goce de haber por 03 días, por el incumplimiento de
sus funciones; también lo es que la demandada ya cumplió con sancionar a la
actora en su debida oportunidad.
DECIMO SEGUNDO: Respecto a la doble sanción (principio non bis in ídem)
el Tribunal Constitucional, ha señalado en la STC Nº 0002-2001-AI/TC,
fundamento 6 que este principio cuenta con una doble dimensión: en su
vertiente material garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces
por la infracción de un mismo bien jurídico; mientras que en su vertiente
procesal, garantiza el derecho a no ser sometido a juzgamiento dos o más
veces por un mismo hecho. En efecto, la dimensión material de este principio
“impide que una persona sea sancionada o castigada dos o más veces por una
misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”;
mientras que en su dimensión procesal se ha establecido que “tiene conexión
con los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex
praevia y lex certa que impone el artículo 2°, inciso 24, literal d), de la
Constitución obedece, entre otros motivos –como lo ha expresado este Tribunal
en la STC N.º 0002-2001-AI/TC, fundamento 6– a la necesidad de garantizar a
los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva
o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico,
tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual
fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una
punición desproporcionada de la conducta antijurídica. De ahí que se
considerase que el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la
clave que define el sentido del Principio: “no cabe la doble sanción del mismo
sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo
contenido injusto, esto es, en la lesión de un mismo bien jurídico o un mismo
interés protegido”.
DECIMO TERCERO: Estando al principio citado, nadie puede ser sancionado
dos veces por el mismo hecho; en ese sentido, estando a que la demandada ya
sancionó a la actora con días de suspensión sin goce de haber, los días 25 y 26
de febrero de 2017 y 23, 24 y 25 de marzo de 2017, por haber barrido en la
calles contra el tráfico, por no colocar el ícono de señalización y el carrito en el
lugar adecuado y por usar en chaleco volteado; los mismos no pueden ser
considerados nuevamente como faltas en la carta de preaviso de despido,
puesto que la demandada ya sancionó a la actora en mérito a la facultad
sancionadora que ostenta como empleadora, no acreditándose la existencia de
un hecho infractor adicional que por su intermedio permita introducir en la
graduación de la sanción tales hechos anteriores.
DECIMO CUARTO: Respecto del segundo supuesto (brindar información falsa
al empleador con la intención de causarle perjuicio), es de precisar que la
demandada señala (en el minuto 00:20:00 y 01:03:00 del audio y video de la
Audiencia de Vista) que tomó conocimiento el 08 de marzo de 2017 que la
demandante había presentado una denuncia sobre acoso por parte de los
representantes de la empresa (referida a la agresión física de la trabajadora
Herma Vásquez Rojas y el acoso sexual del chofer Jorge Luis Santa Cruz
Burga), por lo que inició un procedimiento de investigación en la que se
recogieron testimonios de los trabajadores testigos y se determinó que la
supuesta agresión física la sufrió la trabajadora Herma Vásquez Rojas y no la
demandante (al enterarse aquella que esta trabajadora se quería desafilar del
sindicato), y respecto del chofer Jorge Luís Santa Cruz Burga, concluyó que este
se bajó del auto debido a que la demandante lo insultó por no querer acatar la
huelga; sin embargo esto difiere de lo señalado por la actora, por cuanto esta
señala, en el minuto (00:10:01) de la audiencia, que la demandada no efectuó
investigación alguna; asimismo difiere de la versión de aquella, minuto
(01:13:10), en el que señaló que el referido chofer la invitaba a salir y esta se
negaba, del cual la demandada, pese a que la actora le informó no procedió a
investigar tal hecho.
Así entonces, es de verse de la revisión de los actuados que si bien obran las
declaraciones de los trabajadores Herma Vásquez Rojas y el chofer Jorge Luis
Santa Cruz Burga (fojas 86 a 87), en las cuales señalan que es la demandante
quien empezó con las agresiones e insultos; así como obra a fojas 88 la
declaración de un testigo (del cual no indica su nombre), dichos medios
probatorios no pueden ser considerados como elementos determinantes para
determinar que la actora es responsable, por cuanto son meras declaraciones
de trabajadores, no existiendo en autos un proceso de investigación que
además de recoger las declaraciones inicie una investigación y se determine lo
Respecto a que la agresión física la propició la actora a la trabajadora Herma
Vásquez Rojas, se tiene que la demandante informó a la Jefe de barrido, sin
embargo no se dio respuesta mediante un documento y mas bien, en la carta
de fecha 08 de febrero de 2017 se consignó que se tomó conocimiento del
incumplimiento de funciones de la actora por lo que solicitó su descargo sin dar
respuesta respecto de la agresión sufrida.
Respecto al acoso sexual, si bien de la carta cursada por la actora no indica
expresamente un acoso sexual, sino que el chofer en todo momento le buscaba
la conversación, lo cierto es que de la Audiencia de Vista esta parte señaló que
el chofer la invitaba a salir y esta no accedía; sin embargo, la demandada
señala que igual efectuó un procedimiento de investigación, lo cual no se
advierte de autos.
Por lo expuesto, es de señalar que no obra en autos el procedimiento de
investigación que señala la demandada el mismo que permita concluir la
existencia o no del supuesto acoso laboral que señala la demandante haber
sufrido; y siendo que la demandada este hecho lo califica como "brindar
información falsa por parte de la actora con el propósito de causarle perjuicio",
sin embargo no se consigna en la carta de preaviso como una causal de
DECIMO QUINTO: Por tanto al haber imputado la demandada hechos ya
sancionados, equivale a haber imputado hechos inexistentes (en términos
jurídicos pues la sanción hace que los mismos pierdan la facultad de ser
factores de causalidad para otras sanciones) ya que la única manera que tales
hechos hubieran sido objeto de consideración por el Derecho es a través de la
imputación de un hecho nuevo (en el cual actuarían como gradientes
sancionatorios), por tanto tal imputación equivale a un actuar contrario a la
verdad y la rectitud de las relaciones laborales por parte de la demandada; y si
a ello le sumamos la actuación asumida por la demandada consistente en no
acreditar, de manera debida, la información falsa, se acredita la existencia del
despido fraudulento demandado.
DECIMO SEXTO: Es de señalar que si bien la eficacia restitutoria frente al
despido expresada en la reposición, conforme a la regulación legal contenida en
la LPCL, fue taxativamente establecida sólo para los supuestos de nulidad de
despido previstos en su artículo 29°; también es cierto, que la protección de los
derechos fundamentales como es el derecho al trabajo y la protección
adecuada contra el Despido Arbitrario, en primer término le ha sido encargado
a todo Juez; en este caso al Juez de Trabajo, como así se desprende del
fundamento 20) de la STC emitida en el Expediente N° 0206-2005-AA/TC7; lo
que además fue reiterado y ratificado con el acuerdo adoptado en el Primer
Pleno Jurisdiccional realizado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de
la Corte Suprema de Justicia, al determinar la procedencia de la Reposición de
los trabajadores, en la vía ordinaria laboral, además de los casos de nulidad de
despido; en los casos de los trabajadores que fueron pasibles de despidos
incausados o fraudulentos; lo que resulta además compatible con lo previsto
20. Por tanto, aquellos casos que se deriven de la competencia por razón de materia de los jueces de trabajo, los actos de hostilidad y aquellos
derivados del cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refieran a hechos controvertidos, mencionados en
los puntos precedentes, no serán tramitados en el proceso de amparo, sino en el proceso laboral de la jurisdicción laboral ordinaria, a
cuyos jueces corresponde, en primer lugar, la defensa de los derechos y libertades constitucionales y de orden legal que se
vulneren con ocasión de los conflictos jurídicos de carácter individual en el ámbito laboral privado. Sólo en defecto de tal
posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía laboral ordinaria no
es la idónea, corresponderá admitir el amparo.
en el artículo 22° de la LPCL, que establece que para el despido de un
trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más
horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de
causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa
puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador.
DECIMO SETIMO: En el presente caso, al haberse concluido que la actora,
fue pasible de despido fraudulento; debe también concluirse que la
consecuencia jurídica de ello, es el derecho que le asiste para su reposición
en su mismo puesto de trabajo, mismas labores y manteniendo sus mismas
condiciones remunerativas, por lo que debe estimarse los agravios formulados
DECIMO OCTAVO: Respecto a las costas y costos debe señalarse que
considerando que el proceso laboral se inspira, entre otros principios en la
concentración, celeridad, y economía procesal (artículo I T.P. NLPT); que los
jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del
proceso, privilegiando el fondo sobre la forma, observando el debido proceso, la
tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad (artículo III T.P. NLPT); que
la condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil
(artículo 14 NLPT); que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto
de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales (Artículo III C.P.C.); y que la
condena en costos y costas no requieren ser demandados, sin embargo, su
cuantía o modo de liquidación debe ser de expreso pronunciamiento en la
sentencia (artículo 31° NLPT), es decir, que uno de los mecanismos previstos
por la NLPT, para agilizar el trámite de los procesos labores es que la sentencia
determina expresamente la cuantía o el modo de liquidación de los costos, para
evitar su dilación innecesaria en ejecución de sentencia; en tal sentido cabe la
obligación de cumplir con dicha exigencia en esta instancia, así como
determinarlo en los casos en que la sentencia de primera instancia no lo haya
determinado, lo que ha sucedido en el caso de autos.
DECIMO NOVENO: A lo señalado, debe agregarse además que el artículo
412° del Código Procesal Civil, señala: “La condena en costas y costos se
establece por cada instancia, pero si la resolución de segunda revoca la de
primera, la parte vencida pagará las costas y costos de ambas.”; asimismo,
refiere que: “Si en un proceso se han discutido varias pretensiones, las costas y
costos se referirán únicamente a las que hayan sido acogidas para el
vencedor”; y a su vez el artículo 381°, señala que cuando la sentencia de
segunda instancia confirma íntegramente la de primera, se condenará al
apelante con las costas y costos. En los demás casos, se fijará la condena en
atención a los términos de la revocatoria y la conducta de las partes en
segunda instancia; y el artículo 31° del mismo dispositivo, al referirse al
contenido de la sentencia, precisa que la condena en costos y costas no
requieren ser demandados, sin embargo, su cuantía o modo de liquidación
debe ser de expreso pronunciamiento en la sentencia.
VIGESIMO: En el presente caso, se revoca la sentencia de primera instancia,
acogiéndose las pretensiones demandadas; en tal virtud, la demandada en su
condición de parte vencida, está obligada al pago de los costos y costas, y
atendiendo a la naturaleza de las pretensiones amparadas, este Colegiado
estima fijar por concepto de costos procesales por ambas instancias, en
una unidad impositiva tributaria; asimismo, se debe precisar que para
hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar
documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los
tributos que correspondan conforme lo establece el Artículo 418° del Código
Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a), numeral 4.2) del
artículo 4° de la NLPT, la Sétima Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia
de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú:
1.- REVOCAR la SENTENCIA N° 07-2018 contenida en la Resolución N°
05, de fecha 18 de enero de 2018, obrante de fojas 324 a 329, que declara
INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA declarar FUNDADA la
demanda, en consecuencia ORDENAR que la demandada reponga a la
demandante en el centro de trabajo, en sus mismas labores y manteniendo
sus mismas condiciones remunerativas.
2.- IMPONER a la demandada la condena para el pago de costos procesales,
conforme a lo estipulado en el fundamento 20) de la presente sentencia.
En los seguidos por ISABEL CORTEZ AGUIRRE, contra INNOVA
AMBIENTAL S.A., sobre Reposición por Despido Fraudulento; y, los
devolvieron a su Juzgado de Origen.-
PVC/evm
Документы, похожие на «PODER JUDICIAL ORDENA REPOSICIÓN DE ISABEL CORTEZ»
geyson yepez martinez
ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRÁTICAS.docx
EC y el Pin parental.docx
Estado totalitario Allan Brewer Carias
Constitucional 1 y 2.docx
Другое от пользователя: SITOBUR
RECURSOS SUNAT
contrato de terceros
Resolucion Ministerial 237 2018 Minsa.
COMPANIA ANONIMA CESAR PINO.docx
A2A.docx

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 370

artículo 25
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 139
 artículo 44
 artículo 2

artículo 2
 artículo 139
 artículo 26
 artículo 139
 artículo 22
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 40
 artículo 25
 artículo 114
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 22
 artículo
412
 resolución 
 artículo 381
 artículo 31
 Artículo 418

artículo 4
 Resolución