Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L385.html
Timestamp: 2019-03-20 05:28:16+00:00

Document:
as20151L385
AUTO SUPREMO Nº 385/2015-RRC-L
Expediente : La Paz 4/2010
Parte acusadora : Javier Ernesto Tapia Mealla
Parte imputada : Gastón Enrique Ledesma Sánchez y otra
Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2009, cursante de fs. 530 a 531 vta., Gastón Enrique Ledezma Sánchez y Ángela Consuelo Méndez Mostajo, interpusieron recurso de casación impugnando el Auto de Vista 123/2009 de 30 de noviembre, de fs. 522 a 524 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Javier Ernesto Tapia Mealla contra los recurrentes por los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión, Abuso de Confianza y Apropiación Indebida, previstos y sancionados por los arts. 351, 353, 346 y 345 del Código Penal (CP), respectivamente.
En mérito a la querella y acusación particular (fs. 21 a 26), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Juez Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 021/2009 de 18 de agosto (fs. 454 a 463 vta.), por la que declaró a los acusados absueltos de pena y culpa de la comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión, Abuso de Confianza y Apropiación Indebida, Previstos y Sancionados por los arts. 351, 353, 346 y 345 del CP.
Contra la mencionada Sentencia, Javier Ernesto Tapia Mealla formuló recurso de apelación restringida (fs. 499 a 503), resuelto por el Auto de Vista 123/2009 de 30 de noviembre (fs. 522 a 524 vta.), por el que anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia de la capital, dando lugar al presente recurso de casación.
De memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 130/2015-RA-L de 04 de marzo de 2015, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).
Bajo el subtítulo: “Antecedentes” (sic) y luego de realizar una breve relación sobre la sentencia, los recurrentes argumentan que el Auto de Vista impugnado es contrario a las normas legales, infringiéndolas, puesto que consideran que se apartó de lo solicitado en el recurso de apelación restringida, sustentando el fallo en el incumplimiento de plazos procesales efectuando un detalle de las fechas de las audiencias, sin ingresar a analizar las razones o causas, ya que afirman que las demoras fueron de responsabilidad de la parte querellante, a raíz del recurso de apelación incidental y el planteamiento de recusación; por lo que, consideran que las suspensiones se adecuaron a los plazos establecidos debiendo tomarse en cuenta el receso de fin de año y otros aspectos, antes de procederse a la nulidad del proceso que vulnera el debido proceso, seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada y que se debe tener presente la última parte del art. 330 del CPP. Concluyendo que fueron erróneamente interpretados los arts. 334 y 335 del CPP, respecto a la continuidad de las audiencias, resultando ser la apreciación del Tribunal de alzada errónea e incorrecta, por no ingresar de manera adecuada a valorar los motivos y causas de suspensión.
Los recurrentes solicitan que de conformidad con el art. 419 del CPP se establezca la doctrina legal aplicable para que se dicte un nuevo fallo con responsabilidad y costas.
Mediante Auto Supremo 130/2015-RA-L de 4 de marzo, cursante de fs. 545 a 547, este Tribunal admitió el recurso de casación para su análisis de fondo respecto al motivo denunciado vía flexibilización.
Una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia declarando a los imputados Gastón Enrique Ledesma Sánchez y Ángela Consuelo Méndez Mostajo, absueltos de pena y culpa por los delitos acusados, con base a los siguientes argumentos: i) Se demostró que el querellante es propietario del terreno de 200 mts.2, asignado con el Nº 1377, ubicado en el manzano N-2, calle H-2 esquina N-2 de la zona de Alto Obrajes de la urbanización Magisterio; ii) De igual forma se acreditó que los acusados son propietarios del terreno de 200 mts. 2, asignado con el Nº 1377, ubicado entre las calles A-2 y Maldonado de la zona de Alto Obrajes urbanización Alto Obrajes; sin embargo, habiéndose realizado la inspección ocular en el lote objeto de la litis, se advirtió que se encuentra ubicado en la calle H-2 (actualmente Raúl Pérez) esquina calle N-2 (actualmente Isaac Maldonado); y, iii) Se demostró que el querellante sostuvo litigios con Ana María Chura y Fernando Heredia Reche, en los cuales salió victorioso, además de que existe dos habitaciones una construida por el querellante y otra por los acusados.
El acusador particular Javier Ernesto Tapia Mealla, por memorial (fs. 499 a 503), formuló recurso de apelación restringida conforme los argumentos siguientes: a) Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, refiriendo que en la Sentencia no existe los motivos de hecho y de derecho en los que basó su decisión, no se aplicó correctamente los arts. 123, 124 y 173 del CPP, habiendo realizado simplemente una relación de toda la prueba, sin adquirir certeza de los hechos sobre la base de toda la prueba, vulnerándose el debido proceso; por cuanto, no advierte qué prueba se utilizó para absolver a los imputados; y, b) Violación de los incs. 1) y 5) del CPP, por inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y falta de fundamentación de la Sentencia, señalando que en la resolución no existe suficiente fundamentación, limitándose a realizar un análisis de los tipos penales acusados, sin ninguna valoración jurídica de la prueba, vulnerando los arts. 123 y 124 del CPP, lesionando el debido proceso porque no tomó en cuenta los presupuestos de los delitos previstos en los arts. 351 y 346 del CP, en suma no existe una especificación concreta de los hechos y valoración de la prueba, no consta una individualización concreta de la prueba para determinar la absolución de los imputados.
Radicada la causa en la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista 123/2009 de 30 de noviembre; en virtud al cual, anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, con los siguientes fundamentos: En el considerando tercero con carácter previo al análisis del fondo del recurso, hace mención a la facultad conferida por el art. 15 de la LOJ, insertando a continuación una tabla en la que consta las fechas de las audiencias fijadas, fecha de la nueva audiencia, tiempo de suspensión y los motivos para la suspensión; agrega que, la Juez a quo al suspender la audiencia de juicio, aún con la concurrencia de las causales establecidas en el art. 335 del CPP, vulneró los principios de inmediación y continuidad contenidos en los arts. 330 y 334 del CPP, que dispone que el juicio se desarrollará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes y que iniciado el mismo se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte Sentencia, provocando así la dispersión de la prueba y su valoración, interpretación que también fue asumida por el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, concluyendo que la Sentencia incurrió en el defecto absoluto inconvalidable previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.
III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO
El sistema penal oral acusatorio vigente en nuestro país, se desarrolla bajo ciertos principios los que resaltan en el juicio oral como fase esencial del proceso, así tenemos los principios de oralidad, contradicción, inmediación, continuidad, publicidad; el principio de continuidad reglado por el art. 334 del CPP, tiene por propósito que el desarrollo del juicio oral se lleve a cabo todos los días y horas hábiles en forma consecutiva hasta el pronunciamiento de la Sentencia; es decir, en lo posible de manera ininterrumpida a fin de evitar entre otros aspectos la dispersión de la prueba.
Es así que la doctrina legal de este Tribunal refiriéndose a los recesos de la audiencia del juicio oral como causa de interrupción de la misma, ha establecido que los Tribunales deberán considerar en atención al principio de continuidad la reanudación inmediata del juicio en las horas hábiles posteriores a la determinación del receso y ante la imposibilidad fáctica de hacerlo en espacios cortos de tiempo justificar en derecho dicha imposibilidad, consecuencia de ello, la reanudación de audiencias que no son inmediatas en tiempo en relación a la última actuación, no implica la infracción del principio de continuidad si existe motivo legítimo que impide la reanudación inmediata de la audiencia del juicio oral y se encuentra debidamente justificada en causas de fuerza mayor y dentro del plazo máximo establecido para la suspensión de audiencias, ocurriendo lo propio cuando se trate del señalamiento de nueva audiencia por los motivos de suspensión que sobrepasen los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal (Auto Supremo 93/2011 de 24 de marzo).
Es por ello, que también se ha establecido que es obligación inexcusable el demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponer la nulidad de actos procesales; en virtud de este razonamiento el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, deberá realizar el examen y ponderación de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional en el caso concreto, para establecer de manera fundada y motivada si se transgredió o no el principio de continuidad, para ello, en principio debe verificar y examinar la clase y la medida de esas demoras a efecto de valorar si la demora afecta al principio de inmediación, sea por evidenciarse la dispersión de la prueba o bien porque la demora imposibilitó al Tribunal de Juicio pronunciar la Sentencia de mérito en base a la relación directa tenida con la prueba, teniendo un efecto determinante en el fallo.
De tal forma que los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la garantía del debido proceso; y, consiguientemente, anulables, sólo en aquellos casos en los que tengan trascendencia; es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, no teniendo ningún sentido disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribara a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado.
Consecuentemente, conforme estableció el Auto Supremo (correspondiente al expediente La Paz 252/2009) toda Resolución dictada en apelación y en lo que concierne a la decisión de disponer la anulación del juicio y su reposición por otro Tribunal, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión; por cuanto, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales.
Estos razonamientos se fundan en lo establecido por la extinta Corte Suprema de Justicia, la que en el Auto Supremo 93/2011 de 24 de marzo, determinó lo siguiente: “A fin de evitar la desnaturalización del proceso y desconocimiento de principios que rigen nuestro actual sistema procesal penal deberán los Tribunales de Justicia en relación al principio de continuidad del juicio oral establecer correctamente los motivos que justifican la determinación de recesos de la audiencia del juicio oral de las causas que motivan la suspensión de la misma, pues los efectos son distintos para cada una de las razones de interrupción de la audiencia del juicio oral.
En lo que hace a los recesos de la audiencia del juicio oral como causa de interrupción de la misma, los Tribunales deberán considerar en atención al principio de continuidad la reanudación inmediata del juicio en las horas hábiles posteriores a la determinación del receso y ante la imposibilidad fáctica de hacerlo en espacios cortos de tiempo justificar en derecho dicha imposibilidad, consecuencia de ello, la reanudación de audiencias que no son inmediatas en tiempo en relación a la última actuación, no implica la infracción per se del principio de continuidad si existe motivo legítimo que impide la reanudación inmediata de la audiencia del juicio oral y se encuentra debidamente justificada en causas de fuerza mayor y dentro del plazo máximo establecido para la suspensión de audiencias, ocurriendo lo propio cuando se trate del señalamiento de nueva audiencia por los motivos de suspensión que sobrepasen los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, por lo que el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, deberá realizar el examen de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional, para establecer si en el caso concreto se transgredió o no el principio de continuidad”. Argumentos que fueron compartidos y recogidos por éste Tribunal Supremo de Justicia en los Autos Supremos 106 de 25 de febrero de 2011, 037/2013 de 14 de febrero, 640/2014-RRC de 13 de noviembre, entre otros.
Así el Auto Supremo 640/2014-RRC de 13 de noviembre, complementando la línea de entendimiento en lo que respecta al alcance del principio de continuidad, bajo una visión de equilibrio procesal, precisó: “Entre los principios enunciados, se encuentra el de continuidad del juicio oral, conocido en la doctrina también como principio de concentración, que implica que el juicio oral, que es la parte esencial y más importante del proceso penal, se lleve a cabo todos los días y horas hábiles en forma consecutiva hasta la dictación de la Sentencia, principio que se encuentra recogido en el art. 334 del CPP que señala: “Iniciado el juicio, se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte sentencia y sólo podrá suspenderse en los casos previstos en este Código.
La audiencia se realizará sin interrupción todas las horas hábiles del día. El juez o el presidente del tribunal ordenará los recesos diarios, fijando la hora en que ésta se reinicie.” Asimismo, las suspensiones del juicio oral están regladas por los arts. 335 y 336 del CPP, que prevé las causales, plazo de suspensión de la audiencia (diez días) y las consecuencias ante la subsistencia de una determinada causal de suspensión.
Por lo tanto, no sería correcto hacer una interpretación literal de la norma, y señalar que todo proceso en que no se hubiera respetado el principio de continuidad, es decir que no se haya llevado a cabo todos los días y horas hábiles hasta el pronunciamiento de la Sentencia, deban ser sancionados con nulidad por quebrantamiento a este principio, sino que también es pertinente considerar y valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio, para establecer, primero, a quién es atribuible, después si es legítima o razonable; y, finalmente si es necesario o justificable la nulidad de un juicio oral”.
En el recurso en examen, la denuncia resalta que el Auto de Vista impugnado es contrario a las normas legales, porque se apartó de lo solicitado en el recurso de apelación restringida, sustentando el fallo en el incumplimiento de plazos procesales efectuando un detalle de las fechas de las audiencias, afirmando que las demoras fueron de responsabilidad de la parte querellante a raíz del recurso de apelación incidental y el planteamiento de recusación, vulnerándose el debido proceso, seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada, concluyendo que fueron erróneamente interpretados los arts. 334 y 335 del CPP, respecto a la continuidad de las audiencias, sin ingresar de manera adecuada a valorar los motivos y causas de suspensión.
Para la resolución de la problemática planteada, es importante hacer mención que, la Ley de Organización Judicial 1455 de 18 de febrero de 1993, en su art. 15 establecía: Revisión de oficio. “Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes” (sic).
La norma glosada, efectivamente otorgaba a los superiores en grado, observar de oficio si los inferiores aplicaron correctamente los plazos y las leyes para disponer en su caso las sanciones pertinentes; es decir, ante la existencia de defectos absolutos podían actuar de oficio.
Ahora bien, de la revisión del acta de registro de juicio oral, se advierte que las audiencias de juicio oral se suspendieron dentro de los parámetros que señala el art. 336 del CPP; es decir, la tabla de suspensión de audiencias del juicio oral que expresa el Auto de Vista impugnado, no tomó en cuenta el art. 130 del CPP, que con absoluta claridad señala que a efectos de la suspensión de las audiencias y para computar el plazo máximo de diez días, sólo se debe tomar en cuenta los días hábiles; esto es, de lunes a sábado vigente hasta el 24 de junio de 2010, en la que se aprobó la Ley 025 nueva Ley del Órgano Judicial que establece como días hábiles de lunes a viernes; en el caso en análisis, el Tribunal de alzada computó inclusive días domingos; lo que implica que en el cómputo de plazos para la suspensión de las audiencias del juicio oral aplicó erróneamente el art. 130 del CPP; es más, en algunos casos como en el planteamiento de incidentes y la recusación a la Juez, efectivamente se suspendieron por plazos prolongados; sin embargo, como se explicó en el en el acápite III.1 de la presente Resolución, el Tribunal de apelación debe considerar y valorar las causas de la suspensión o interrupción al juicio, establecer a quien es atribuible, si éstas son legítimas o razonables y fundamentalmente determinar si es necesaria o justificable la nulidad del juicio, lo que no ocurrió en el caso, pues no existe ninguna justificación sobre la necesidad de anular o disponer el reenvío del juicio, menos si no se demostró objetivamente el quebrantamiento del principio de continuidad o que hubiere dado lugar a la dispersión de la prueba, fundamento que habilita la nulidad del juicio por vulneración al principio de continuidad.
En conclusión, el Tribunal de alzada se limitó a realizar un análisis general de las audiencias suspendidas y los recesos declarados, concluyendo que se vulneró el principio de continuidad, basándose en doctrina establecida por el Auto Supremo 37/2007; sin embargo, ésta ha sido modulada, conforme la evolución del sistema procesal penal, según se ha señalado en el apartado III.1; y si bien es evidente que el Auto Supremo 93/2011 de 24 de marzo, entre otros, es posterior a la emisión del Auto de Vista impugnado que data de la gestión 2009; sin embargo, este Tribunal Supremo de Justicia no puede desconocer la doctrina legal aplicable vigente a tiempo de resolver el recurso de casación, doctrina legal que ha sido reiterada en los 106/2011 de 25 de febrero, 037/2013 de 14 de febrero, 640/2014-RRC de 13 de noviembre, entre otros, estableciendo la necesidad de considerar y justificar el tema relativo a la dispersión de la prueba y en su caso determinar si es o no necesaria la realización de un nuevo juicio; y, ponderar si las suspensiones de audiencia, han dado o no lugar a la vulneración de derechos y garantías fundamentales y si han sido reclamadas oportunamente. De ahí porque el Auto Supremo 640/2014-RRC de 13 de noviembre, señaló que la regla general es la continuidad del juicio conforme el art. 334 del CPP; sin embargo, en ciertas ocasiones, se presentan circunstancias que imposibilitan materialmente la prosecución normal del juicio oral, debido a diversos factores que pueden ser internos, atingentes al proceso o las partes, tales como la inconcurrencia de las partes, de sus abogados, de los integrantes del Tribunal de Justicia, de los testigos, peritos etc.; aspectos que entorpecen o impiden el normal desarrollo del juicio y en consecuencia, de la vigencia plena del principio de continuidad o concentración y obviamente el de inmediación; por lo tanto, no sería correcto, sancionar con nulidad por quebrantamiento a este principio; sino, que también es pertinente considerar y valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio, para establecer, primero, a quién es atribuible, después si es legítima o razonable; y, finalmente si es necesario o justificable la nulidad de un juicio oral.
Por tales razones, se tiene acreditado que el Tribunal de apelación se inhibió de resolver todos los motivos del recurso de apelación restringida bajo el argumento de que se vulneró el principio de continuidad; sin embargo, desestimó esos motivos sin la debida fundamentación, vulnerando con esa actitud el debido proceso en su vertiente de motivación y la seguridad jurídica al limitarse a señalar únicamente que se provocó “la dispersión de la prueba y su valoración” sin justificar objetivamente de qué forma se hubiere producido la dispersión de la prueba; sin valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio y sin ponderar si es necesario o justificable la nulidad del juicio oral; por lo que, el motivo denunciado deviene en fundado correspondiendo aplicar el art. 419 del CPP
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 123/2009 de 30 de noviembre, cursante de fs. 522 a 524 vta., disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, pronuncie en forma inmediata nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 336
 Resolución 
 artículo 336
 resolución 
 resolución