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Timestamp: 2019-09-18 06:12:52+00:00

Document:
Usurpación agravada: Doctrina jurisprudencial sobre la función jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas (art. 149 de la Constitución) [Casación 515-2017, Piura] | Legis.pe
QUINTO: Los fundamentos que justificaron esta última resolución, fueron los siguientes: En primer lugar, estableció que la controversia no estaba circunscrita a determinar el carácter típico de la conducta imputada al acusado Chinchay Padilla, ni su responsabilidad penal, sino, a establecer si la justicia ordinaria podía conocer o no los problemas derivados del uso de las tierras eminentemente comunales. En segundo lugar, precisó que el reconocimiento de la jurisdicción especial comunal, se deriva del principio de pluralidad étnica y cultural consagrado en el artículo 2° numeral 19) de la Constitución Política del Estado. En tercer lugar, indicó que los predios denominados “El Chorro”, “Lancha de Batan” y “Chirimoyo”, ubicados en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, cuya posesión reclaman los agraviados, se encuentran dentro del dominio territorial de la Comunidad Campesina “Segundo Rosas de Huarmaca”, reconocida como tal, mediante Resolución Suprema número 105, de fecha catorce de abril de mil novecientos sesenta y cuatro; inscrita en el Registro de Comunidades Campesinas, en la Partida Registral número 05012900, y en el asiento número B0001, del Registro Público de Piura – Región Grau. Y, en cuarto lugar, en aplicación del artículo 18° del Código Procesal Penal, puntualizó: “(…) este Colegiado considera que carece de competencia para conocer asuntos relacionados con el uso de tierras [de] propiedad de las Comunidades Campesinas, sea a título de delitos de usurpación o daños, como también a las pretensiones civiles sobre mejor derecho de posesión, acciones interdictales o desalojo, entre otros; proceder en contrario, es atentar contra el principio de no interferencia (…) proscrito en un Estado Constitucional de Derecho y dejaría abierta la posibilidad que el justiciable acuda a un proceso de garantía por vulneración de sus derechos fundamentales”.
SEGUNDO: El artículo 149 de la Constitución Política del Estado, prescribe: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”.
“El hecho que el constituyente haya optado por una fórmula que de preeminencia a los derechos fundamentales en este contexto de diálogo intercultural no conlleva, necesariamente, el establecimiento de un contenido de garantías rígidas y férreas que deban ser impuestas a todas las etnias y culturas. El Tribunal estima que, dentro del marco de ciertos contenidos mínimos y flexibles en cuanto a la impartición de justicia, las comunidades cuentan con un considerable margen de apreciación para configurar internamente el desarrollo de los procesos, así como el consiguiente establecimiento de sanciones. Es así que el procesamiento por la comisión de alguna presunta falta debería permitir que el acusado goce, como mínimo, de las siguientes garantías:
(iii) El derecho a que la persona acusada tenga la oportunidad y el tiempo necesario para preparar su defensa, lo que conlleva la posibilidad de que pueda presentar y sustentar sus argumentos”.
SEXTO: Ahora bien, en el presente caso, se aprecia que el procesado RODOLFO CHINCHAY PADILLA, no está siendo juzgado por ejercer la jurisdicción comunal dentro de su Comunidad, y que como consecuencia ha lesionado bienes jurídicos; sino, por haber despojado de la posesión de terrenos que detentaban los agraviados Orlando Ismael Huancas Ibáñez, Nery Ibáñez Álvarez, Ramiro Vela Carrión, Artemio Carrasco Álvarez y Segundo Alejandrino Vela Carrión; los mismos que presuntamente se encuentran dentro del territorio de la comunidad campesina de “Segunda Rosas de Huarmaca”. Asimismo, por haber causado graves daños al derecho de propiedad de los mencionados agraviados, al haber destruido árboles y cercos que protegían a dichos terrenos. Cabe mencionar que los referidos agraviados, no fueron sometidos a ningún proceso comunal por las autoridades competentes de la mencionada comunidad campesina, de la que el procesado Chinchay Padilla sería miembro de la Directiva Comunal. Tan cierto es que, para ser despojados de la posesión que detentaban los agraviados, no hubo juicio o proceso comunal alguno, que cuando el encausado Chinchay Padilla interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que lo condenaba por los delitos de usurpación y daños, manifestó como agravios que “los hechos son atípicos, toda vez que los sujetos activos han sido todos los comuneros de la comunidad, en aplicación de su derecho consuetudinario y en aplicación de la autonomía que le otorga la ley general de comunidades campesinas, quienes en asamblea general del 24 de noviembre de 2014, tomaron la firme decisión de revertir los terrenos a la comunidad, ocupado por terceros no comuneros”. (punto II de la resolución de vista). Con ello queda acreditado que el encausado Chinchay Padilla no está siendo procesado por ejercer función jurisdiccional comunal.
SÉPTIMO: No obstante ello, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura, estando el proceso en sede recursal, y sin que el encausado haya alegado la incompetencia del fuero común u ordinario; DE OFICIO, se ha declarado incompetente, dejando de resolver el recurso de apelación del procesado Rodolfo Chinchay Padilla; bajo el argumento de que los terrenos cuya posesión reclaman los agraviados, se encuentran dentro del dominio territorial de la Comunidad Campesina de “Segunda Rosas de Huarmaca”. Sin embargo, dicho argumento no se ha basado en algún medio probatorio actuado en el proceso (la sentencia condenatoria de primera instancia señala que los terrenos se encuentran dentro de una zona de expansión urbana); y los agraviados no reclaman derechos reales de posesión, sino han denunciado haber sido víctimas del despojo de dichos terrenos de parte del mencionado procesado, quien conjuntamente con otras personas, destruyeron los cercos, derribaron los árboles y causaron daños a su patrimonio.
OCTAVO: La Sala Penal de Apelaciones de Piura, al declararse incompetente para resolver el recurso de apelación del procesado en referencia y declarar nulo todo lo actuado, incluida la sentencia condenatoria de primera instancia, decidiendo poner en conocimiento de la autoridad comunal el hecho, “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”, ha vulnerado los derechos fundamentales de los agraviados. En efecto, se ha inobservado las garantías constitucionales de carácter procesal denominados tutela jurisdiccional y la observancia del debido proceso, previstas en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Estado, cuyo segundo párrafo señala:
“Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.
NOVENO: La Sala Penal de Apelaciones de Piura, al emitir la resolución de vista, por la cual se declara incompetente y anula todo lo actuado; está negando a los agraviados su derecho al libre acceso al órgano jurisdiccional competente, asimismo les está negando tutela jurisdiccional efectiva, y los está desviando de la jurisdicción ordinaria, para ser sometido a la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas; cuyo procedimiento se desconoce; por lo que se encuentra acreditada la causal prevista en el artículo 429, inciso 1, del Código Procesal Penal. Para ello se ha aplicado, indebidamente, el artículo 149 de la Constitución Política, cuando debió aplicarse el artículo 138 de la Carta Fundamental, cuyo texto señala: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”.
DÉCIMO PRIMERO: En todo caso, para someter a los agraviados a la jurisdicción comunal, no obstante no ser comuneros; tal como ordena la Sala de Apelaciones, debió cumplirse con las exigencias del derecho convencional, el derecho constitucional y las jurisprudencias antes mencionadas; sobre todo la jurisprudencia de las Salas Penales de la Corte Suprema. En efecto, la resolución impugnada, se ha apartado de los fundamentos jurídicos 9 y 10 del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, que se refieren al “Alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera”. Concretamente, en este proceso, ni en primera instancia ni en sede recursal se han acreditado los elementos que debe reunir, mínimamente la comunidad campesina “Segunda Rosas de Huarmaca”, para que pueda ejercer función jurisdiccional, respecto al despojo de la posesión de sus terrenos, de la que fueron víctimas los agraviados. En efecto, en la resolución de vista cuestionada, no se ha precisado el elemento humano, el elemento orgánico, el elemento normativo y el elemento geográfico; es decir, no se sabe de qué manera, o bajo qué procedimiento, los agraviados reclamarán su derecho de posesión y los graves daños sufridos a su propiedad, ante la jurisdicción comunal de “Segunda Rosas de Huarmaca”. El procesado Chinchay Padilla, no ha presentado prueba alguna sobre la existencia de un aparato de justicia en la mencionada comunidad, obviamente, porque nunca alegó la incompetencia de la jurisdicción ordinaria. La decisión de la Sala Penal de Apelaciones, en el sentido de que se declara nulo todo lo actuado y se ordena que “el hecho se ponga en conocimiento de la autoridad comunal”, deja en el desamparo a los agraviados, por cuanto se desconoce a qué autoridad comunal se remitirían los actuados, pudiendo ser al propio encausado, quien sería juez y parte; de ahí que era necesario precisar el elemento orgánico y normativo para poder reconocer la jurisdicción comunal, acorde con el derecho convencional y constitucional ya acotados. En consecuencia, también se ha acreditado la causal prevista en el artículo 429, inciso 5, del Código Procesal Penal.
“La jurisdicción comunal, y la autonomía de la que se encuentra dotada, es un bien jurídico de relevancia constitucional. No debe, sin embargo, ser entendida como un bien absoluto e irrestricto, pues, como es conocido, la Constitución articula sus diversos contenidos de una manera armónica, y es en dicho esquema que aquella debe ser asumida. Es así que el artículo 149 de la Constitución deja claramente establecido el reconocimiento de la jurisdicción comunal en los términos antes descritos y establece, a su vez, que debe ser ejercida de forma que no viole los derechos fundamentales de la persona, esto es, coloca a estos últimos como un punto central de obligada referencia. De este modo, nuestra Constitución, a diferencia de otros modelos, ha optado por constitucionalizar como límite material al ejercicio de esta jurisdicción el respeto a los derechos fundamentales”[2].

References: artículo 2
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 149
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 artículo 429
 artículo 149
 artículo 138
 resolución 
 resolución 
 artículo 429
 artículo 149