Source: https://www.scribd.com/document/56622119/Amicus-Curiae-Daniel-Antonio-Sastoque-Coronado-Corte-Constitucional-de-Colombia
Timestamp: 2017-10-21 00:33:03+00:00

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México, Distrito Federal, a 30 de mayo de 2011.
DRA. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada Ponente
Referencia: Expediente T-2.921.097 Accionante: Daniel Antonio Sastoque Coronado Accionada: Procuraduría General de la Nación
Honorables Magistrados/as:
Marisol Aguilar Contreras, Alejandro Juárez Zepeda y Adriana Muro Polo, en nuestra calidad de integrantes
de la organización Ombudsgay, defensoría de derechos humanos para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), de la manera más respetuosa nos permitimos intervenir en el proceso de constitucionalidad de referencia, a ﬁn de constituirnos como amicus curiae y presentar el texto adjunto para que sea tenido en cuenta en el examen de constitucionalidad de las normas demandadas.
Marisol Aguilar Contreras Abogada
Alejandro Juárez Zepeda Coordinador General
Adriana Muro Polo Abogada
Ombudsgay es una defensoría de derechos humanos para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en México. Empodera activistas al dotarlos de herramientas para hacer un uso adecuado y efectivo del marco internacional de los derechos humanos y los distintos sistemas de protección y promoción aplicados a las problemáticas LGBTI. Monitorea y evidencia la homofobia en el ámbito público y privado, patrocina a las víctimas, y busca llevar a los responsables ante la justicia mediante el litigio estratégico de casos paradigmáticos. Presiona al gobierno y a aquellos en cargos de poder para que terminen con prácticas abusivas y respeten la dignidad inherente a todas las personas, bajo los principios de igualdad y no discriminación. No obstante que nuestro proyecto está enfocado en México, también desarrolla una labor internacional creciente. Para ello, ha empezado a construir redes regionales de representación en diversas partes del mundo. Hasta el momento cuenta con presencia en Alemania, Argentina, Colombia, Países Bajos y Venezuela. Como muestra de lo anterior, Ombudsgay recientemente presentó un amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de discriminación por orientación sexual de la jueza chilena Karen Atala y sus hijas por parte del Estado chileno, mismo que ha sido aceptado por el Presidente del organismo internacional, incorporado al expediente y turnado a las partes. Además, nuestra organización entregó, a petición de la organización local Colombia Diversa, un amicus curiae para apoyar el matrimonio igualitario que se discute actualmente en la Corte Constitucional de Colombia. No pasa inadvertido para nosotros que el 7 de febrero de 2007, la Corte en cuestión otorgó algunos derechos a las parejas del mismo sexo, entre ellos, los derechos patrimoniales. Además, autorizó a las parejas que hayan convivido por más de dos años, inscribirse en una relación conocida como “unión libre”. Más allá, el 28 de enero de 2009, la Corte Constitucional públicó la sentencia C-029/09, la cual creó jurisprudencia en favor de los derechos civiles de las parejas del mismo sexo en el Código Civil, Penal y Disciplinario. Asimismo, dicha sentencia tiene efectos en el Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares. El Alto Tribunal decidió entonces incluir a las parejas del mismo sexo dentro del concepto de “compañero permanente”, con lo cual éstas se ven protegidas por diferentes medidas en materia civil, penal, política, migratoria, social y económica, permitiendoles una relativa igualdad de condiciones en relación con las parejas heterosexuales. En contraste con este clima de apertura gradual hacia el reconocimiento de las libertades sexuales y derechos de las personas LGBTI en Colombia, surge el caso del abogado, servidor público de la Procuraduría
General de la Nación, Daniel Antonio Sastoque Coronado, quien fue removido de sus funciones cuando se encontraba desarrollando la “Acción Preventiva No. 04 de 2010, ‘Fortalecimiento de la Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación en materia de Derechos de la población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas)’, trabajo que fue censurado por el actual Procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, y por el cual fue reasignado a otra dependencia”. De acuerdo con un comunicado de mayo de 2011, algunas organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia, como Colombia Sindical LGBTTI, “el traslado del servidor público estuvo precedido de otros actos de censura. El Procurador General de la Nación se negó a permitir la publicación en la página web de la entidad de todo el material generado para la defensa de los Derechos de la población LGBTI”, entre otros. De acuerdo con el comunicado de marras, el Procurador General, Alejandro Ordoñez Maldonado, ostenta un cariz reaccionario: es miembro activo de congregaciones religiosas de corte ultra conservador y ha publicado un mismo libro, bajo diversos títulos, en el que “expresa abiertamente su homofobia, el rechazo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, y [donde] sostiene que los organismos internacionales como la ONU, OEA, UNESCO, UNICEF, PNUD, OMS, FNUAP y la Corte Penal Internacional forman parte de una red jurídica internacional que atenta contra las naciones, la familia católica tradicional y los valores divinos”. Del mismo modo, el Procurador General “repudia la teoría y los estudios de género y el multiculturalismo, elementos todos ellos incluidos en la Acción Preventiva No. 04 de 2010”, elemento que volvió “insostenible el trabajo de defensa de Derechos de la población LGBTI adelantado por Daniel Antonio Sastoque Coronado”. Los hechos anteriores motivaron al abogado a interponer una acción de amparo de Derechos Fundamentales que fue negada en primera y segunda instancia con argumentos que son contrarios al estándar previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; en virtud de lo cual, la Corte Constitucional Colombiana atrajo el caso para su revisión.
INTRODUCCIÓN América representa la vanguardia mundial en materia de reconocimiento de derechos del colectivo LGBTI. Los cambios de escenario que tuvieron lugar durante el siglo XX generaron nuevas dinámicas de exclusióninclusión y un nuevo terreno para la visibilización de sectores de la población que se veían imposibilitados en la práctica de ejercer en igualdad de condiciones los derechos promulgados de forma abstracta. La posibilidad de una ciudadanía global y el desarrollo de sociedades civiles globales se inscriben dentro de estas dinámicas que abren los cambios en este nivel. Es una tendencia que ha comenzado a extenderse
signiﬁcativamente en las últimas décadas, de manera particular a partir de la incursión de una multiplicidad de movimientos sociales en la arena global. Existe una apuesta cosmopolita que es la respuesta crítica a visiones estrechas de ciudadanía, organizada hasta el momento por regiones e intereses de grupo y clase no universalizables. Esta apuesta cosmopolita se pronuncia a favor de la defensa de intereses comunes, y se formula desde una concepción de la idea de justicia ampliada en el debate público y a través de las intervenciones críticas de quienes han visto limitado el ejercicio de sus derechos y libertades. Asistimos a la organización trasnacional de los derechos. Esto implica que los grupos excluidos tienen la posibilidad de reivindicar, aún en contra de los márgenes estrechos que deja el sistema mundial de organización del capital y los poderes fácticos, que el gobierno de las leyes –no de las decisiones arbitrarias– constituye un freno para prácticas discriminatorias y excluyentes. El movimiento LGBTI cobra sentido como una apuesta cosmopolita. Esto es así porque lo que se reivindica desde la posición de exclusión que generan las orientaciones sexuales e identidades de género no convencionales, es la vigencia universal de los derechos y las libertades. No se trata, como han sugerido los grupos conservadores, de privilegios o actitudes condescendientes, sino de cuestionar la vigencia del Estado de Derecho si las libertades asociadas a las identidades de género y sexuales tienen que ejercerse a contracorriente y en condiciones de inseguridad. Sin embargo, no en todas las regiones del mundo se han dado avances como pudiera esperarse; es decir, la ola de avance en las políticas de identidad han sido desiguales en los distintos países. En virtud de lo anterior, siguen existiendo los crímenes y delitos de odio, la violencia en distintas modalidades y grados, la burla y la estigmatización en los medios de comunicación y los espacios fundamentales de la vida social, así como la discriminación en cuestiones como el acceso a la justicia, a la vivienda, al trabajo en igualdad de condiciones; y, por supuesto, la obstrucción del trabajo que desempeñan los defensores de derechos humanos que abanderan las causas del colectivo LGBTI, como es el caso del Dr. Daniel Sastoque. La igualdad y no discriminación forman parte de los Derechos Fundamentales. No son una dádiva o prerrogativa que concede el Estado, sino condición inherente a las personas. Por tanto, son independientes de la orientación sexual. Es responsabilidad del Estado garantizar y respetar su pleno ejercicio y protección conforme a los estándares más elevados en cada materia. Por ello, obstaculizar deliberada o involuntariamente las labores que contribuyan a avanzar en este sentido, constituye un atentado al marco internacional de los Derechos Humanos que debe ser detenido y debidamente investigado, sancionado y reparado. Por esta razón, Ombudsgay, a través de su equipo jurídico, liderado en esta ocasión por Marisol Aguilar Contreras y Adriana Muro Polo, someten ante esa H. Corte Constitucional de Colombia las siguientes
consideraciones y conclusiones con miras a corregir la política de censura y exclusión denunciada con anterioridad, emprendida por el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, y ejercida en perjuicio de las labores de defensa y promoción de los derechos humanos del colectivo LGBTI desarrollada por el abogado Daniel Sastoque en la Procuraduría General.
I. Deber de respeto y garantía de los derechos de la Comunidad LGBT conforme a los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos La Comunidad LGBTI no pretende que las autoridades legislen derechos especiales o adicionales para la protección de sus derechos fundamentales. Dado que son derechos fundamentales, sólo se reclama que, conforme a la ley, se dé el cumplimiento de los mismos derechos que el resto de los seres humanos, derechos que son universales y están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los principios más importantes que orientan el enfoque de derechos humanos en el tema de los derechos LGBTI tienen que ver de forma directa con la igualdad, la no discriminación y el derecho a la privacidad. Los derechos humanos relacionados con la no discriminación están explícitamente manifestados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las diferentes convenciones internacionales de protección de derechos humanos. Ahora bien, en relación con el principio de igualdad y no discriminación, han sido varios los órganos internacionales de Derechos Humanos que se han pronunciado al respecto: El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deﬁnió en su Observación General N° 181 a la discriminación como: “[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”. Asimismo, la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos ha establecido, en cuanto al principio de la igualdad y no discriminación, que “los ciudadanos deben ser tratados justamente en los sistemas legales y que se les debe garantizar un trato igual ante la ley así como el disfrute por igual de los derechos disponibles para todos los demás ciudadanos […] la igualdad o la falta de ésta afecta la capacidad del individuo de disfrutar de muchos otros derechos”2 .
ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General 18, No discriminación, 10/11/89, CCPR/C/37, párr. 7.
African Commission of Human and Peoples´ Rights, Communication No: 211/98- Legal Resources Foundation v. Zambia, decision taken at the 29th Ordinary Session held in Tripoli, Libya, from 23 April to 7 May 2001, para. 63.
Asimismo, en el Sistema Interamericano, las obligaciones de los Estados contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana” o “CADH”) asumen una doble obligación: de respetar los derechos y de garantizar el libre y pleno ejercicio de esos derechos a toda persona que esté bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. Entendiendo por un lado, la obligación de respetar como aquella obligación de naturaleza negativa, y por el otro, la obligación de garantizar que implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental, y en general, todas las estructuras a través de los cuales se maniﬁesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, el Estado debe prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos reconocidos por la Convención Americana3 . La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte Interamericana” o “CorteIDH”), en la Opinión Consultiva N° 18 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados4, estableció que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de personas. Por su parte, el artículo 24 de la Convención Americana establece que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la misma. Al respecto la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, estableció que en función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías consagrados en la Convención Americana, se extiende al derecho interno de los Estados Partes. Si bien en los instrumentos y resoluciones antes señalados no se hace referencia de forma directa a la no discriminación por motivo de orientación sexual es importante apuntar que el Comité de Derechos
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1998. Serie C No. 4. párr. 166; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. párr. 140 y Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221. p. 189.
Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101.
Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, determinó en la Observación General No. 20 que en la interpretación de “cualquier condición social” del artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se incluye la orientación sexual. Los Estados partes deben cerciorarse de que la orientación sexual de una persona no constituya un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, con respecto a los efectos de acceder a la pensión de viudedad. Por otro lado, la identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación, por ejemplo, los transgénero, transexuales o intersexuales son víctimas frecuentes de graves violaciones de Derechos Humanos, como acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo. Por su parte, los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género o Principios de Yogyakarta, consagran en el Principio 2 que “todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género”. Al respecto, dichos principios señalan que los Estados “adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada”. En el caso de Dr. Daniel A. Sastoque Coronado el Estado colombiano incumple con el deber de garantía respeto de los derechos de la comunidad LGBT, ya que el Dr. Santoque, como funcionario público desarrollaba la Acción Preventiva No. 04 de 2010 “Fortalecimiento de la Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación en materia de Derechos de la población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas)”, sin embargo fue trasladado por órdenes de el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quién, además, se negó a permitir la publicación en la página web de la entidad de todo el material generado para la defensa de los Derechos de la población LGBTI y en especial se abstuvo de ﬁrmar un proyecto de circular dirigida a todo el Ministerio Público (Personerías municipales y distritales, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) en el cual se señalaban los Principios de Dignidad, Igualdad y No Discriminación previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), la titularidad que también tiene la población LGBTI de todos los Derechos previstos en la Constitución Política y en los Instrumentos de Derechos Humanos aprobados y ratiﬁcados por el Estado Colombiano.
II. Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Sector Público En el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2006 se señala que, “el artículo 1º de la Declaración de Naciones Unidas establece que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
los planos nacional e internacional. Por lo tanto, toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos”5 . Las defensoras y defensores de Derechos Humanos, desde distintos sectores de la sociedad civil y, en algunos casos, desde las instituciones estatales, brindan aportes fundamentales para la vigencia y fortalecimiento de las sociedades democráticas. De ahí que el respeto por los Derechos Humanos en un Estado democrático dependa, en gran medida, de las garantías efectivas y adecuadas que gocen las defensoras y defensores para realizar libremente sus actividades. Asimismo, “[l]a Comisión ha expresado que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. La CIDH ha señalado que la labor de las defensoras y defensores, a través de la protección de individuos y grupos de personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, de la denuncia pública de las injusticias que afectan a importantes sectores de la sociedad y del necesario control ciudadano que ejercen sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas, entre otras actividades, los convierten en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera”6 . Es por esto que resulta grave considerar que los Estados parte de la Convención Americana, como lo es Colombia, no respete ni garantice las afectaciones a los defensores de Derechos Humanos, como en el caso en concreto al Dr. Sastoque, y que los propios funcionarios públicos sean los responsables de la vulneración a los derechos fundamentales de manera directa, con la justiﬁcación de que su ideología es contraria a la del Procurador en turno. Aunado a lo anterior, el mismo Informe de la CIDH señala que “[l]as autoridades públicas tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para crear las condiciones que permitan que las personas que así lo deseen, ejerzan libremente actividades encaminadas a la promoción y protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Esta obligación estatal requiere que los Estados garanticen que no obstaculizarán bajo ninguna forma el trabajo adelantado por las defensoras y defensores de derechos humanos. Los Estados deben prestar la mayor colaboración posible a las iniciativas de la sociedad de promoción y protección de derechos humanos, incluyendo aquellas que se dirigen a la ﬁscalización de la función pública en todos sus niveles. Igualmente, incumbe a los Estados la responsabilidad de proteger a las defensoras y defensores de terceros que pretendan impedir las labores que éstos realizan”7 (resaltado fuera de texto). Sin embargo, al parecer en el presente caso, el mismo Estado se ha empeñado en truncar las carreras de los defensores de Derechos Humanos, dependiendo de la ideología que se éstos profesen.
CIDH. Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en las Ameréricas. 2006. p. 13. Idem. P. 23. Idem. P. 31.
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comparte el criterio señalado por la Comisión Interamericana en su Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, en el sentido de que “[t]oda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos”8 . Por lo tanto, el Tribunal considera que el concepto de Defensor de Derechos Humanos aplica también a las funcionarias y funcionarios de entidades tales como Defensorías del Pueblo y del Ciudadano, Personerías, Procuradurías, Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, entre otras. Asimismo, la Corte Interamericana, igualmente, ha señalado que “los Estados tienen el deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos en la Convención. El cumplimiento de dicho deber está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho”9 . Ante esto, los Estados no deben tolerar ningún intento, por parte de autoridades estatales, de poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos y sus organizaciones. Los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar labores de promoción o protección de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de generar directrices precisas como capacitaciones sobre el Defensoría de Derechos Humanos a sus funcionarios, así como también, en cuanto a la creación de marcos normativos sancionatorios para juzgar a aquellos funcionarios públicos y demás ciudadanos que violenten los derechos humanos de los defensores y defensoras. Como anteriormente señalamos, los Principios de Yogyakarta contienen estándares y legislación internacional sobre Derechos Humanos en cuanto a la orientación sexual e identidad de género. En el principio no. 27 de estos principios se reconoce el “derecho a defender y promover los derechos humanos sin discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y la obligación de los estados de garantizar la protección de los defensores de derechos humanos que trabajan en estos temas”10 . Con respecto a este principio, los Estados están obligados a garantizar que los defensores de Derechos Humanos puedan realizar la labor de protección a Derechos LGBTI; sin embargo, las amenazas, las muertes, los ataques y las torturas son temas comunes en la vida de los defensoras y defensores, como en el caso del Dr.
Idem. P. 13. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. p. 87.
OEA. Principios de Yogyakarta, “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”. Principio 27, El Derecho a Promover los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/ orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf
Sastoque, quien ha recibido amenazas de muerte desde 2006 y aún no ha recibido respuesta a la protección de sus derechos, a pesar de que el propio Estado se encuentra en conocimiento de estos hechos. En el Informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre defensores de Derechos Humanos, se destaca la gran importancia que tiene el Estado de garantizar el bienestar a dichos defensores y defensoras promoventes y defensores de derechos LGBTI, señala que: “[u]na gran preocupación en este sentido es la prácticamente completa ausencia de seriedad con la que se tratan estos casos por parte de las autoridades implicadas”11 . Igualmente, en el Informe de la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos ha llamado la atención sobre lo siguiente: “los riesgos de mayor envergadura (…) a que se enfrentan las defensoras y los defensores de los derechos de determinados grupos dado que su trabajo cuestiona las estructuras sociales, las prácticas tradicionales y las interpretaciones de los preceptos religiosos que se han utilizado durante largos períodos para permitir y justiﬁcar la violación de los derechos humanos de quienes forman parte de tales grupos. De especial importancia serán (…) los grupos de derechos humanos y aquellos que actúan en cuestiones de sexualidad, sobre todo de orientación sexual (…). Esos grupos suelen ser muy vulnerables al prejuicio, la marginación y el repudio públicos no sólo por parte de las fuerzas del Estado sino también de otros actores sociales”12 . Resulta pertinente señalar dichos informes, ya que la información planteada en la presente amicus curiae deja clara la situación en la que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y, en especíﬁco, aquellos defensores dedicados a la protección de los derechos LGBTI, que no cuentan con el respaldo de las autoridades ni mucho menos del Procurador General de la Nación, lo cual es evidente por las acciones que ha realizado en contra del defensor.
III. El Estado Laico y la independencia de las entidades públicas Deﬁnir el “Estado Laico” depende de la historia y del contexto de cada país. Es un concepto evolutivo y, por lo tanto, no resulta la misma noción en los diferentes momentos históricos de un Estado. Sin embargo, podemos extraer ciertas características de lo que se ha entendido como Estado Laico y lo que los Estados han adoptado para deﬁnir dicho concepto. Algunos doctrinarios han destacado que la tesis de la laicidad, que es per se la diferenciación entre la Iglesia y el Estado, y la deﬁnición de laico, la cual refuta la imposición de cualquier supuesta verdad, reclama que: i) es derecho de cada persona profesar o formar parte de ciertas ideas o creencias ya sean propias o compartidas; y ii) que dichas ideas o creencias sean impuestas a cada uno de nosotros por cuenta propia y
Informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre defensores de Derechos Humanos. 2008.
Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes. 3 de julio de 2001. A/ 56/156.
no por un tercero o terceros. Al respecto, se puede concluir que cada quien puede profesar la confesión que mejor le ajuste. Ante esto, de manera ilustrativa, la propia Constitución colombiana en sus artículos 18 y 19 protege tanto la libertad de conciencia, como la libertad de religión respectivamente. Sin embargo, al parecer no ha sido suﬁciente que la propia Carta Magna adopte dichos preceptos ya que, lejos de lograr comprender las características básicas de laicidad y, sobre todo, de llegar a formar un Estado Laico, parecería que los gobernantes se esfuerzan en seguir aprovechando el discurso religioso como reﬂejo de orden y bien común, para así obtener el consentimiento de la mayoría. No se trata de rechazar las interpretaciones de lo que podría llegar a ser la “verdad religiosa” si no la reiterada imposición de la misma y sobre todo la atrevida intervención de algunas instituciones del Estado. Como ha sido señalado anteriormente, el Procurador General de Justicia de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, mantiene una tesis “peculiar” relacionada con la iglesia católica frente a temas como el aborto, la planiﬁcación familiar, la patria potestad, la protección de la familia tradicional y la vindicación del honor, la templanza, la castidad , la virginidad, el pudor, la pureza, la modestia, la pulcritud y el candor como “virtudes sexuales”, así como la crítica a Radio Caracol sobre cómo abordó el tema del ejercicio de la sexualidad juvenil. De igual forma, a pesar de que en las Constituciones de los países latinoamericanos se reconoce la libertad religiosa, hay ciertos Estados que manejan un discurso que reﬂeja la relación que guardan con la iglesia católica. Al respecto, según el análisis del Maestro Edgar González Ruiz sobre el tema, los países como México, Nicaragua, Cuba y Uruguay resaltan la separación del Estado con la iglesia; Bolivia, hace algún tipo de reconocimiento que privilegia a la iglesia; en Argentina y Costa Rica hay una vigorización de las relaciones con la misma; es de notar también la invocación de la iglesia en los preámbulos constitucionales de Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil, Argentina y Venezuela, así como el trato preferencial a la iglesia católica en Guatemala y El Salvador; la mención de su importancia en la formación histórica y cultural del la Nación en Paraguay y Perú, y ﬁnalmente la existencia de vicarías castrenses en Ecuador y República Dominicana13 . Aunado a lo anterior, existen Estados no consagrados como laicos de manera textual en su Carta Magna. Sin embargo, ésta se inﬁere de la estructura de gobierno o del Estado de Derecho en la que se encuentran, como es el caso de Colombia, que a pesar de no contar con una base fundamental al respecto, es un Estado democrático con base en la soberanía popular, tal y como los señala el artículo 3º constitucional: “[l]a soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. Asimismo, la sentencia C-766 de 2010 señaló que la propia Constitución de 1991, “determinó el carácter laico del Estado colombiano, que encuentra sustento en dos elementos axiales de su régimen constitucional: i) el principio democrático señalado como uno de los elementos fundacionales del Estado; y ii) la ausencia de referencias en el texto constitucional a relación alguna entre el Estado con alguna Iglesia”14 . Al respecto, es
Dobrée Patricio y Bareiro Line. “Estado Laico, base del pluralismo”. Articulación Feminista MARCOSUR. Sentencia C-766 de 2010. Corte Constitucional de Colombia. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-766-10.htm
evidente que dichas deﬁniciones no tienen un sentido absoluto, no es que el Estado laico exista de manera absoluta o lo contrario; en cada situación hay matices, pero esto no signiﬁca que se pueda vulnerar al Estado de Derecho. Ante esto, se dilucidan de manera concatenada ciertas particularidades que forman parte esencial de lo que es un Estado de Derecho, como la democracia, la soberanía, la seguridad jurídica, así como con respecto a los ciudadanos, en cuanto a sus derechos humanos, la dignidad humana y la libertad de conciencia. Actualmente, queda claro que la legitimación del poder político, del gobierno y de las autoridades ya no radica en lo religioso o en poderes sobrenaturales, sino en el pueblo, en la soberanía. No obstante que cada Estado tiene una historia que sustenta sus propias instituciones o acciones, la propia Constitución y la diversa jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana se ha referido al respecto, inﬁriendo al Estado tolerante y laicidad de Colombia, los cuales teóricamente se contienen entre sí para funcionar, es decir, la tolerancia es un elemento básico para que la laicidad funcione. Por otro lado, la autonomía del Estado frente a la iglesia, por ejemplo, pretende explicar que para cualquier situación que transgreda los límites o dogmas de la iglesia, ésta tendrá sus propios mecanismos o procedimientos que valen para sus integrantes, así como el Estado tiene su propio corpus iuris que fundamenta las acciones que debe castigar o en su caso respetar y garantizar, sin olvidar que dicho corpus iuris igualmente podrá ser de carácter internacional. En el caso en concreto el artículo 44 de la Carta Magna colombiana señala que: los ciudadanos “[g]ozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratiﬁcados por Colombia”. Es decir, nadie puede ser castigado por actos que no estén en el marco jurídico de la comunidad a la que pertenecen, ni mezclar unas con otras, ya que eso resultaría en la vulneración de la seguridad jurídica que merece cada uno de los integrantes de los Estados, y equivaldría a que un Estado pueda aplicar sus leyes en otro Estado en el cual no tiene jurisdicción. Finalmente, creemos que el Estado –defensor de la laicidad– reconoce el valor de la autonomía moral de las personas y rechaza necesariamente las pretensiones e intentos de una fe, religión o iglesia que trate de imponer dogmas a la comunidad política. Por lo tanto, la iglesia y sus creyentes, deberán hacer lo propio para que sus reglas se respeten, limitando su injerencia en cuestiones estatales, ya que solo así las personas podrán ejercer libremente sus libertades y autonomía.
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References: artículo 24
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 44