Source: https://es.scribd.com/document/247511028/Principio-de-Legalidad-en-El-Ambito-Penitenciario
Timestamp: 2019-04-21 06:58:45+00:00

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Principio de Legalidad en El Ámbito Penitenciario
Cargado por Alfredo Barrientos
principio de legalidad en derecho penitenciario
La prisión eludible
Inconstitucionalidad Incapacidad Civil
Beneficios del Nuevo Código Penal Nicaragua
!Vae Victis! El Tratamiento de Los Beneficios Penitenciarios en La Encrucija y Su Resignada Regla de Aplicación Temporal_stamped
TAREA CMDTE. 27-03-12
Comentario de La Sentencia Del Pleno Del Tribunal Constitucional
Reglamento Técnico Del Sistema Penitenciario
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SENTENCIA EN LOS JUICIOS ORALES
DERECHO PENITENCIARIO DIAPOSITIVAS 1ra 2da Y 3ra PARTE.ppt
Bases Constitucionales Del Derecho Penal
Derecho Judicial Régimen Penitenciario
Fallo Completo Fabián Tablado
San Marcos el impacto de las resoluciones del tribunal constitucional peruano en la ejecucion penal
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO
RICARDO M. MATA Y MARTÍN
Profesor Titular de Derecho Penal (Acreditado como Catedrático)
Resumen: El principio de legalidad, como eje vertebrador de todo el sistema penal,
despliega sus efectos también en el ámbito penitenciario. El genérico principio de legalidad
en materia penal incluye la llamada garantía ejecutiva. A las garantías criminales, penal y
jurisdiccional se suma esta garantía penitenciaria o ejecutiva que se corresponde con la fase
de ejecución de las condenas privativas de libertad impuestas a los autores de hechos
delictivos. El trabajo que sigue pretende determinar de forma más precisa las consecuencias
de la aplicación del principio de legalidad al sistema de ejecución de las penas privativas de
libertad, así como pasar al análisis de algunas de ellas. En este sentido se quiere señalar los
presupuestos del principio, su recogida normativa en el sistema jurídico español, las
consecuencias fundamentales que para el cumplimiento de las penas privativas de libertad
trae el principio de legalidad, así como algunas particulares consideraciones respecto a su
aplicación en el sistema penitenciario vigente.
Palabras clave: Sistema penitenciario, garantía ejecutiva, principio de legalidad,
reserva de ley, mandato de certeza, analogía, irretroactividad.
Abstract: The legality principle, as the backbone of the entire penal system, also takes
effect in the penitentiary system. The generic principle of legality in criminal matters
includes the so-called executive guarantee. This penitentiary or executive guarantee may be
added to the criminal, penal and jurisdictional safeguards that apply at the execution phase
of custodial sentences imposed on perpetrators of criminal acts. What follows is an attempt
to determine in a more precise way the consequences of applying the legality principle to
the system of enforcing custodial sentences and it goes on to analyze some of them. With
this in mind, its aim is to point out the assumptions of the principle, its regulatory content in
the Spanish legal system, the fundamental consequences of the legality principle for the
enforcement of custodial sentences, as well as some particular considerations with respect
to its application in the penitentiary system that is in force today.
Keywords: Penitentiary system, executive guarantee, legality principle, reserve of the
law, legal certainty, analogy, non-retroactive effect
SUMARIO: I. SENTIDO GENÉRICO DE LA GARANTÍA EJECUTIVA II.
FUNDAMENTO Y ORIGEN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 1 Dimensión
jurídico-política. 2. Dimensión jurídico-penal. 3 Enunciación actual. III. LAS
FORMULACIONES NORMATIVAS DEL PRINCIPIO. 1. El art. 2 de la LOGP. 2 El
principio de legalidad en el texto constitucional de 1978. 3 Otras recepciones
legislativas. 4 Perspectiva internacional. IV. CONSECUENCIAS DE LA VIGENCIA
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 1 Los contenidos del genérico principio de legalidad. 2
El debilitamiento del principio de legalidad en la ejecución: la teoría de las relaciones
especiales de sujeción. 3. Consecuencias para el ámbito penitenciario. 3.1. La reserva de
Ley en materia penitenciaria. 3.2. Exclusión de la analogía en la ejecución penal. 3.3. La
Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293
certeza de la Ley en el sistema penitenciario. 3.4. La irretroactividad de las normas
penitenciarias. V. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA
SENTIDO GENÉRICO DE LA GARANTÍA EJECUTIVA
En el genérico principio de legalidad en materia penal se incluye la llamada
garantía ejecutiva. A las garantías criminales, penal y jurisdiccional se suma esta
garantía penitenciaria o ejecutiva que se corresponde con ejecución de las
condenas impuestas a los autores de hechos delictivos, en especial para el
presente trabajo en lo que concierne a la fase de realización de las penas
privativas de libertad por la Administración Penitenciaria.
La vigencia del principio de legalidad en el contexto de la ejecución de penas
de prisión en primer lugar excluye la admisión de conductas arbitrarias en un ámbito
especialmente sensible en el que se ponen en juego los derechos fundamentales de
las personas, en ese momento privadas jurídicamente de libertad.
Pero además la extensión del mencionado principio al sistema penitenciario
reclama el respeto a la Ley en la ejecución de las penas que tiene encomendadas.
Y no puede ser de otra manera pues, en realidad, la previa condena y aplicación
posterior de la pena únicamente encuentra legitimidad y fundamento en el
Ordenamiento Jurídico1. La vigencia del principio de legalidad en el momento de
la ejecución de la pena de prisión significa que la vida en prisión, en los aspectos
fundamentales, está presidida por el respeto a las normas. Naturalmente la vida
en prisión no se agota con lo previsto en la Ley, pero el respeto al sistema legal
durante la ejecución de la privación de libertad implica que la misma no puede
ser reconocible o comprensible sin su referencia a las disposiciones legales2.
Admitidas la exclusión de arbitrariedad y la necesidad de respeto a las
normas, la dificultad estriba en determinar de forma más precisa las
consecuencias de la aplicación del principio de legalidad al sistema de ejecución
de las penas privativas de libertad. En este sentido, el trabajo quiere señalar los
presupuestos del principio, su recogida en el sistema jurídico español, las
consecuencias fundamentales que para el cumplimiento de las penas privativas
de libertad trae el principio de legalidad, así como algunas particulares
consideraciones respecto a su aplicación en el sistema penitenciario vigente.
La importancia del respeto al principio de legalidad resulta máxima, pues
afecta a la legitimidad misma del sistema. FERRAJOLI3 pone de manifiesto la
BUENO ARUS (1967): 49. “Sólo en el Derecho y por el Derecho cobran sentido y justificación las
limitaciones que se imponen a la libertad del condenado”.
Por eso cuando BELTRAN NUÑEZ (2005): 140. Señala tajantemente que “Cualquier intento de explicar la
vida en prisión a partir de las normas de la legislación penitenciaria es vano” inmediatamente debe matizarlo.
“La ley y el reglamento penitenciarios establecen una serie de normas jurídicas que regulan la vida del preso.
Pero si se pone el acento sólo en ellas, se pierde la perspectiva de la realidad sobre la que se proyectan”. “El
cumplimiento de la pena de prisión”. No es menos cierto que los reclusos y el propio sistema penitenciario en
su conjunto crean sus normas no jurídicas, incluso contra legem, hasta el punto de decirse que “la práctica es la
que hace la norma y no la norma la que hace la práctica”. MANSUY, I. (2005).
(2005): 21-2. También NAUCKE (2000): 545, relaciona racionalidad y principio de legalidad del
sistema penal: “Sin principio de legalidad no hay en los tribunales ambiente alguno posible de
íntima vinculación entre la racionalidad atribuida al sistema penal y su
legitimación. “Su fundamentación racional, aun en el variar de los criterios de
racionalidad, ha sido invariablemente considerada equivalente a su justificación
ético-política; mientras su irracionalidad ha sido siempre, por el contrario,
equiparada al despotismo y al abuso de poder. Al mismo tiempo, su rígida
disciplina jurídica, mediante técnicas específicas de limitación y de legitimación
legal, se ha revelado como la principal garantía de la racionalidad y de la
justificación del poder de castigar, de prohibir y de juzgar”. Como se puede
apreciar del texto anterior la racionalidad del sistema penal tiene que ver en
buena medida con sus límites y garantías. De ahí el papel fundamental de estas
garantías en la legitimación del mismo sistema, con un espacio destacado para el
principio de legalidad. En ese sentido podría afirmarse, como lo hace NAUCKE4,
que el principio de legalidad es la Constitución, de contenido limitado, del
derecho criminal. Con todo ello, y de acuerdo a lo que vamos a señalar a
continuación, el principio de legalidad puede entenderse como limitador de
facultades punitivas pero al mismo tiempo como fundamento del sistema penal.
FUNDAMENTO Y ORIGEN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El principio de legalidad penal y sus consecuencias forman parte
indisoluble de la cultura jurídico-penal europea5, a pesar de todas las crisis y
dificultades que se ciernen sobre el mismo6. En general se acepta que el principio
racionalidad”. DIEZ RIPOLLÉS (2003) parece restarle protagonismo al principio de legalidad al no
admitir que proporcione todo el componente de validez del Derecho penal, como sucedería con la
determinación del ámbito de tutela, de los criterios de responsabilidad o en la configuración de las
sanciones (p. 135). De esta manera resulta excluido del conjunto de principios con los que el autor
estructura su modelo de racionalidad penal. Pese a ello no deja de indicar que “constituye un componente
de legitimación de las demandas formuladas al ciudadano para que acomode su comportamiento a la
norma que está fuertemente arraigado en nuestra sociedad”, debido a la representatividad que encarna y
las exigencias formales del procedimiento legislativo (p. 147).
(2000): 546. El principio era considerado por JIMENEZ DE ASUA (1951): 197, como la “Ciudadela
inexpugnable, erigida para el bienestar de los hombres libres, piedra angular del Derecho penal liberal, en
otras palabras, del Derecho del hombre civilizado”.
En este sentido NAUCKE (2000): 545. También BERGALLI (1998): 58, señala que “el principio de
legalidad arraiga entonces en la propia historia del Estado moderno y constituye, junto a otros principios,
un fundamento ineludible de la organización política indivisible de la modernidad jurídica”. Autor que
diferencia entre el principio de mera legalidad, como principio perteneciente al derecho público que
establece las condiciones para la existencia de toda norma jurídica y, por otra parte, el principio de
estricta legalidad, con el cual se condiciona la validez de las leyes a la taxatividad de sus contenidos. Este
último constituye una garantía exclusiva del Derecho penal, que impone ciertas exigencias a la propia ley
a los jueces en su aplicación. Las garantías del principio de legalidad del Derecho penal propio del Estado
constitucional son las que establecen las diferencias con la omnipotencia del legislador penal en los
Estados meramente legales (p. 59). Ahora bien este autor indica que junto a las razones que fundamentan
el principio existirán otras razones de estado que permitirán su violación, cuando se ponen bajo cuestión
los proyectos de dominación ensayados por el poder: “es entonces cuando la razón de Estado prima sobre
las razones jurídicas, o sea sobre el derecho” (p. 59).
Respecto a estas situaciones de crisis y falta de efectividad teórica y práctica del principio de legalidad –
para el aspecto concreto del mandato de determinación-, SÜSS (2000) señala que únicamente se
comprende de forma más plena en el contexto de una desvalorización del principio que tiene distintas
vertientes (p. 242). Además este autor efectúa un inventario crítico de las causas más sobresalientes de la
falta de vigencia fáctica del mandato de determinación. En todo caso señala que la falta de vigencia lo es
de legalidad del sistema penal responde a una doble dimensión producto ambas
de la evolución histórica europea. Por una parte se considera consecuencia de
planteamiento jurídico-político de la organización social, en su sentido más
amplio, y además posee una perspectiva jurídico-penal indudable7. Efectivamente
el principio de legalidad constituye un punto de encuentro de distintas
perspectivas, “aparece enclavado en el punto de acoplamiento estructural o
interpenetración”8 del sistema político y el sistema jurídico.
Dimensión jurídico-política
La dimensión política conecta, por una parte, con la formulación de las
teorías convencionalistas, según las cuales para hacer posible la vida en sociedad
el individuo hace cesión de parcelas de su soberanía, cuyos límites quedan
fijados en la Ley como expresión de la voluntad general de la sociedad. “Sin el
apoyo normativo del Derecho Natural, el hombre no tiene otro apoyo que él
mismo. Y cuando se reúne con otros hombres formando un grupo, una sociedad o
un Estado, todos quedan, al mismo tiempo, obligados entre si, pues la soberanía y
libertad de unos quedan limitados por la soberanía y libertad de otros. Es decir,
deben reunirse pacíficamente y acordar los límites de su libertad, los límites hasta
los que están dispuestos a renunciar a su soberanía. Estos límites deben ser
trazados con precisión y ser estrictamente controlados, pues con el transcurso del
tiempo se tiene que decidir sobre los límites de la libertad individual y puede
darse un poder ilegítimo, autoritario. Estos límites los traza el Derecho y se
reflejan en las leyes que, según el esquema ideal, se han dado a todos y que,
consecuentemente, todo el que las aplica queda estrictamente vinculado a ellas.
Sólo esta vinculación garantiza que la convivencia humana no conduzca a
infracciones jurídicas, pues hasta los límites de la libertad, trazados idealmente, y
sólo hasta ellos, ha renunciado todo el mundo a su libertad en interés de la
sociedad civil, que es su propio interés”9. Las exigencias fundamentales del
en la práctica en cuanto al reconocimiento y cumplimiento de sus exigencias pero no en su
reconocimiento normativo (p. 225 y p. 232 y ss). BERGALLI (1998): 62, señala que la vigencia del
principio se encuentra fuertemente socavada por las transformaciones sufridas por el Estado y por las
interpretaciones surgidas desde distintas tradiciones jurídicas, pese a lo que “sigue constituyendo un
referente central para el control al abuso del poder ejercido tanto desde los sistemas políticos cuanto
desde los sectores hegemónicos de la sociedad”. FERRAJOLI (2005): 23, apunta motivos
epistemológicos y de falta de claridad en los fundamentos axiológicos en la crisis del modelo garantista
de la ilustración. Pese a señalar la crisis de la ley en el sistema jurídico, DIEZ RIPOLLÉS (2003) afirma
“la indiscutida vigencia del principio de legalidad penal” (p. 72). Indica como factores que influyen en la
pérdida de centralidad de la ley en el sistema jurídico aspectos relativos a la reestructuración del Estado
de Derecho moderno, otros vinculados a la transformación de las fuentes del Derecho y, finalmente, el
control de constitucionalidad de las leyes que otorga a la jurisdicción un papel preponderante frente a la
legislación (p. 67 y ss.). A pesar de esta dinámica, señala el autor, “el derecho penal se ha mantenido
durante los dos últimos siglos firmemente anclado en los postulados básicos del Estado de Derecho liberal
originario” (p. 71). Puede consultarse también lo que ÁLVAREZ GARCÍA (2009) denomina la pérdida
de autoridad del Código penal y de la misma idea de la Ley (p. 119 y ss, 193 y ss).
El principio de legalidad tiene una significación jurídico-constitucional y otra jurídico-penal. Cfr.
KARPEN, H-U. (1970): 201.
SILVA SÁNCHEZ, J.M. (2007): 70.
HASSEMER, W. (1984): 312.
ROXIN (1999): 145. 10 Cfr. como se ha puesto de manifiesto. Aquel principio introduciría un refuerzo de la libertad frente al poder. La evolución del pensamiento penal de la Ilustración llevará a la afirmación del principio de legalidad como conjunto de garantías del ciudadano frente al ius puniendi estatal. ARROYO ZAPATERO (1983): 12-13. el de la vinculación del poder ejecutivo y del poder judicial a las leyes generales. En la dimensión política se integran no sólo las limitaciones a la imposición de sanciones. del que se derivaría la exigencia de ley formal y de seguridad jurídica. estableciendo ámbitos propios para cada uno de ellos. pues en definitiva la división de poderes no es sino consecuencia del principio liberal de imperio de la ley13. 16 DE VICENTE MARTINEZ. concepciones que progresivamente serán introducidas en las Declaraciones de derechos. se libera al Juez de la función de creación de Derecho y se le reduce a la función de aplicar el Derecho. Códigos penales y Constituciones. De esta manera el fundamento político del principio de legalidad es correlato de la idea de libertad y del Estado de Derecho. (1978): 1. 13 Cfr. En esa situación la Ley es expresión de la voluntad general que manifiesta tales límites “el principio de legalidad es en sus orígenes no tanto una exigencia para la fijación positiva de lo prohibido frente a la arbitrariedad estatal… como una exigencia de legitimación de esa decisión del Estado sobre los ámbitos de libertad. mientras que al ejecutivo se le excluye totalmente de la posibilidad de cooperar en la punición y de esa forma se impide cualquier abuso de poder del mismo en este campo”15. 11 12 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . a la idea del acuerdo social y de la división de poderes como presupuestos de la organización jurídico-política de la sociedad en el marco del liberalismo político: “Los antecedentes ideológicos que precedieron a la construcción del principio de legalidad se remontan a las teorías del contrato social de ROUSSEAU y a la división de poderes de MONTESQUIEU”16. En concreto se vincula. frente al poder ejecutivo sólo los Juzgados y Tribunales pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. R. B. Se trata de asegurar mediante la vinculación de los poderes a la ley abstracta la libertad del ciudadano ante posibles injerencias en la misma10. ROXIN (1999): 144-5. 13. También desde el punto de vista jurídico-político existiría una manifestación del principio de división de poderes en el principio de legalidad.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 257 principio de legalidad entroncan con un postulado básico del liberalismo político. ejecución que se deberá poner en práctica de acuerdo a lo previsto en la Ley14. sino que al tiempo manifiesta el origen legítimo del castigo. p. 15 ROXIN (1999): 145. Cfr. Fundamento denominado democrático representativo por este autor. SCHÜNEMANN. (2004):17. a través de su atribución exclusiva a la voluntad general”12. 14 ARROYO ZAPATERO (1983): 13. “Mediante la división de poderes. que se expresa en el principio de legalidad. según el previo acuerdo social. Desde esta perspectiva se produce un acuerdo de todos como miembros de la sociedad sobre los límites de la libertad y la pérdida de ésta para formar la comunidad11.
Como la culpabilidad se considera presupuesto y fundamento de la pena. Mata y Martín Dimensión jurídico-penal Pero también se ha indicado la existencia de una dimensión jurídico-penal específica de la que procede el principio de legalidad17. Precisamente en conexión con su teoría de la coacción psicológica. En definitiva la necesidad de que las prohibiciones penales se formulen previamente mediante una ley penal que las establezca y así puedan ser conocidas por los ciudadanos. En este sentido se habla de una primera dimensión democrática que transfiere legitimidad a la ley penal. conecta con la función preventiva general de la ley penal19. Con todo ello se hace evidente la necesidad de ley anterior al hecho (irretroactividad de la ley penal) y de la precisión en la descripción de la conducta prohibida (mandato de determinación o certeza). 18 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 .258 2. Se entiende que esta pretensión se logra 17 Cfr. 19 SCHÜNEMANN (1978): 23. 3. SCHÜNEMANN (1978): 2-3 y 9. ROXIN (1999): 146. como implicaciones derivadas del principio de legalidad. será FEUERBACH quien realice la conocida formulación latina del principio: “nullum crimen. 21 ROXIN (1999): 146. De acuerdo con los fines de las normas jurídico-penales. “La determinación psíquica que se pretende sólo se puede lograr si antes del hecho se fija en la ley del modo más exacto posible cuál es la acción prohibida”18. ARROYO ZAPATERO (1983): 14. resulta necesario que la conducta prohibida y la pena establecida como castigo sean conocidos de forma previa. como lo relativo al respeto de principios y derechos fundamentales. Cfr. En este sentido el principio comentado sería expresión de la particular función de la norma y sanción penales. Otro de los aspectos de la legalidad en su momento actual tiene que ver con la pretensión de lograr un sistema penal con aplicaciones previsibles y estables. será necesario para que concurra tal presupuesto que el sujeto conozca o hubiera podido conocer que su conducta estaba sancionada21. para poder cumplir con sus funciones intimidatorias y motivadoras de la conducta de los ciudadanos. Pero también se señala al principio de culpabilidad como otro de los factores jurídico penales que sustentan el principio de legalidad. nulla poena sine lege”20. Enunciación actual En la actualidad la evolución social y la mayor complejidad normativa llevan a una enunciación algo diferenciada o adaptada al contexto presente de los postulados de legalidad del sistema penal22. También CID MOLINÉ (1996): 147: “la legalidad material es funcional a la prevención porque a mayor claridad en la determinación de los comportamientos sancionados. más nítidos llega el mensaje motivador al ciudadano”. que atiende a los efectos que produce en los ciudadanos la amenaza con sanciones de la ley penal. para así poder servir de contramotivo frente a los impulsos delictivos. Ricardo M. En ella puede verse tanto lo que afecta al órgano representativo y deliberativo al que se atribuye la capacidad de aprobación de las leyes. 20 Realizada en el año 1801 en la primera edición de su Lehrbuch. 22 La breve exposición que sigue se hace sobre la base de lo señalado por SILVA SÁNCHEZ (2007): passim.
este autor había señalado que “El recluso tiene derecho a que la actividad de la Administración penitenciaria sobre él se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Ley. presos y sentenciados. DE VICENTE MARTINEZ (2004): 106. 24 La mencionada reforma del Reglamento del Servicio de Prisiones de 1956 mediante RD 2273/1977 de 29 de julio estableció en el art. GRACIA MARTIN. y por el Real Decreto 2273/1977 de 29 de julio. puede considerarse que se configura un principio legalidad de forma 23 Comúnmente se acepta que el art. los reglamentos y las sentencias judiciales”. los Reglamentos y la sentencia judicial”. LAS FÓRMULAS NORMATIVAS DEL PRINCIPIO 1. 2 a factores determinantes de la actividad penitenciaria distintos de la ley. La elección por el legislador de esta concreta redacción permite realizar algunas precisiones sobre el contenido real del precepto. 2 de la LOGP23. reglamentos y resoluciones judiciales”. MAPELLI/TERRADILLOS (1990): 139. Su actividad se desarrollará con las garantías y dentro de los limites establecidos por las leyes. Por una parte al hacer mención el art. La fórmula tiene su antecedente en la reforma del Reglamento del Servicio de Prisiones por RD 2273/1977 de 29 de julio y en trabajos doctrinales anteriores24. III. Así BUENO ARUS (1981): 11 y 31. El precepto indicado señala que “La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Ley. 2 de la LOGP expresa específicamente la vigencia del principio de legalidad en la ejecución de las penas privativas de libertad.a la necesidad de una Ley Orgánica (y no otra clase de norma) para regular la materia penitenciaria. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . El fundamento del principio de legalidad apunta a la necesidad de una norma legal como sustento del funcionamiento del sistema penitenciario y nuestro sistema constitucional –como se verá. sobre observación y tratamiento.1 de la citada norma “Las instituciones penitenciarias que se regulan en este reglamento tienen como fin primordial realizar una labor reformadora y de reinserción social. de 25 de enero. puede entenderse como la más representativa de sus manifestaciones legales al establecerse en la ley específicamente destinada a regular la ejecución de las penas privativas de libertad. además de la retención y custodia de los detenidos.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 259 mediante una interactuación de los poderes legislativo y judicial basada en parámetros constitucionales y científicos que hagan de la interpretación y aplicación de la ley una actividad calculable y estable. Téngase en cuenta que como señala el propio BUENO ARUS (1981): 9-10. GARCIA VALDES (1982): 34. 1. en particular por un Tribunal Constitucional. Con anterioridad en un estudio de BUENO ARUS (1965): 205. en definitiva el mayor acercamiento a la certeza del sistema penal. con algunos retoques. 2 de la LOGP Lo que se considera generalmente la plasmación del principio de legalidad en la ejecución penitenciaria del art. en orden a la ejecución de las penas y medidas correspondientes. Finalmente se encuentra la dimensión institucional que reclama el control de legalidad por parte de los Tribunales. 2 de la LOGP hace referencia no sólo a la ley sino también a los reglamentos y sentencias judiciales. las normas incorporadas al Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 1956 por el Decreto 162/1968. El art. “el contenido de ésta [por la Ley Orgánica General Penitenciaria] no era tan novedoso como pareció darse a entender en algunos casos. L. Sin embargo la fórmula empleada por el art. (1996): 286. pues en gran parte la nueva normativa se limitó a legalizar. sobre derechos de los internos y régimen penitenciario”.
2 LOGP es enumerar sistemáticamente los distintos elementos de los que depende la ejecución penal: la sentencia de la cual procede la condena y se decide la pena en calidad y cantidad a ejecutar. Algún autor especialmente relevante en este ámbito y con participación activa en las tareas de elaboración de la normativa penitenciaria 25 26 Véase al respecto BUENO ARUS (1986): 48 y ss. que se trate únicamente de un reglamento propiamente ejecutivo o de desarrollo y que se cumpla con el principio de jerarquía normativa. De esta manera se vería en la literalidad del artículo 2 una fórmula no cerrada. Claro que no debe confundirse que la compleja y total actividad penitenciaria pueda regularse también a través de reglamentos con que la reserva de ley comprenda a tales normas. De forma diversa puede concebirse la redacción dada por el legislador de 1979 al art. En este segundo sentido el legislador no pretendería propiamente o exclusivamente la plasmación del principio de legalidad. Especialmente en los momentos inmediatamente posteriores a la aprobación de la Constitución de 1978 y a la propia Ley Orgánica General Penitenciaria se admite que la constricción normativa a la que debe someterse la actividad penitenciaria no se ciñe exclusivamente a la Ley. 2 LOGP y sus implicaciones para el principio de legalidad en la ley penitenciaria. no exclusivamente vinculada a la ley estricta.260 Ricardo M. 2 LOGP y de la teoría de las relaciones especiales de sujeción. la ley que proporciona de forma originaria el sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad y los reglamentos que puedan resultar necesarios para la organización penitenciaria y aplicación material de la pena de prisión. De esta forma lo que hace el art. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . Como las sentencias y.a estimar una reserva de ley en el ámbito penitenciario en sentido extenso que se corresponderá con el llamado bloque de legalidad. Mata y Martín más amplia. que permitiría otras fuentes ajenas a la Ley como fundamentadoras de la actividad penitenciaria. Puede pensarse en que el legislador lo que hace es delinear el marco general en el que se va a desenvolver lo que él mismo denomina la “actividad penitenciaria”. sino la mención del marco general de la adscripción del penado a un centro penitenciario. las garantías dimanantes del principio de legalidad deberían considerarse cumplidas con las previsiones reglamentarias y de la sentencia condenatoria. con los distintos componentes necesarios para su efectiva incorporación y desarrollo del internamiento. especialmente. sino también al Reglamento25. Este punto de partida llevará -con ayuda de las previsiones del art. Algunas reflexiones sobre el principio de legalidad penitenciario parecen querer avalar esta tesis. una vez aceptado como parte de esa legalidad del sistema penitenciario. CERVELLÓ26 acepta de forma explícita el ámbito ampliado del principio de legalidad al incluir no sólo la ley sino también el reglamento en lo que algunos denominan “bloque de legalidad penitenciaria”. debe cumplir con tres requisitos: que se respete la reserva de ley para los aspectos vinculados al desarrollo de derechos fundamentales. El desarrollo por vía reglamentaría. los reglamentos quedan abarcados en la cláusula del segundo artículo de la Ley penitenciaria española. (2006): 28.
Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . En realidad el art. 2 LOGP. siendo posible la existencia de desarrollo reglamentario dentro de los límites que permita la exigencia de reserva de ley en esta materia. “El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio. salvo los que se vean necesariamente afectados por la función penitenciaria. 25.2). El texto constitucional se refiere de forma más directa al principio de legalidad penal en el art. 2 LOGP recoge el principio de legalidad de una manera mucho más adecuada. cuando dispone entre los principios que informan la actividad penitenciaria que “La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley” (art. se hace necesariamente mención a la ley y al principio de legalidad. 3. El principio de legalidad en el texto constitucional de 1978 Efectivamente la referencia al principio de legalidad de la ejecución penal se presenta en múltiples normas más allá de lo señalado por el art. 2 de la Ley General Penitenciaria no ha pretendido propiamente la declaración estricta del principio de legalidad. 2 es fijar el marco de la delimitación del ámbito del cumplimiento de las penas27. 25. Para empezar. El poder ejecutivo. Se trata de un contenido que no parece querer expresar el principio de legalidad de la actividad penitenciaria sino tan sólo el reconocimiento para los penados de los derechos que no sea preciso limitar bien como contenido de la propia sanción impuesta o bien como consecuencia necesaria de la organización del sistema penitenciario.1 RP aprobado por RD 190/1996 de 9 de febrero). En todo caso la Administración Penitenciaria llevará a cabo su misión de acuerdo a las previsiones constitucionales y de la ley penitenciaria que son las normas que fundamentan de manera originaria la misma. 25. En definitiva el art. Naturalmente que si se señalan los límites dentro de los cuales se debe poner en práctica la ejecución de las penas privativas de libertad. el sentido de la pena y la ley penitenciaria” (art. pero no ya como único fundamento de la concreta ejecución penal. y en ese sentido la existencia de garantías jurídicas para el condenado. así como a algunos derechos de los que necesariamente gozará el preso y que por tanto no pueden ser objeto de supresión.2 hace referencia también a otros aspectos como los fines de las penas y medidas de seguridad.1 al establecer que “Nadie puede ser condenado o 27 BUENO ARUS (1986): 54 y ss. así como la expresión de todos los sustentos jurídicos necesarios para la entrada y permanencia del concreto interno en un Centro Penitenciario.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 261 viene a reflejar este punto de vista en el que junto al principio de legalidad lo que realmente formalizaría el art. 2. como si fuera consciente de las dificultades de la fórmula del art. el propio texto constitucional de 1978 hace mención a la subsistencia de los derechos fundamentales para el recluido. pero sí la necesidad del sometimiento a normas en ese contexto de la ejecución de las penas privativas de libertad.
En el RP el art. Sin embargo. 30 Cfr. el tratamiento no se concibe como un deber sino como un derecho. En primer lugar se hace mención al contenido del fallo condenatorio que constituye el título jurídico necesario para que alguien ingrese como penado en un establecimiento penitenciario. esencialmente la libertad en el sentido más amplio del art. pues no se ha privado formalmente de ellos30. que permita una diferenciación. 4. Las últimas restricciones se conectan a las previstas en la ley penitenciaria. Sobre esta orientación de la jurisprudencia constitucional HUERTA TOCILDO (2000): 14-18. bien como las restricciones ocasionadas derivadamente de las privaciones principales o finalmente como las limitaciones producidas en los derechos que de no estar encarcelado el sujeto podría realizar libremente. falta o infracción administrativa. 25. y teniendo en cuenta la propia expresión utilizada en la Constitución parece abonar que se trata de aquellas vinculadas con los fines asignados a las penas. el escueto tenor literal ha sido desbordado por la interpretación del Tribunal Constitucional incorporando un abanico más amplio de contenidos. referencia a la legislación que también provoca dificultades interpretativas28. respetando siempre los derechos constitucionales no afectados por la condena. Una interpretación sistemática. 17 de la Constitución y sus manifestaciones más concretas como la libertad de residencia o de circulación. 4. El sentido de la pena como limitación de derechos tiene que ver con aquellas restricciones que va a sufrir el penado y que acarrea necesariamente la concepción del sistema de cumplimiento de las penas. El art. en atención a necesidades de organización. En el mismo debe constar de forma expresa el contenido fundamental de las privaciones a las que se va a ver sometido. Pero es que además la propia Ley recuerda que el tratamiento no puede implicar otras restricciones pues se emplearán “todos los métodos de tratamiento y los medios que. 28 Cfr. lo cual puede ser entendido de diferentes maneras.1. Este punto de vista resulta de difícil acogida pues en nuestro sistema penitenciario. bien por las características del centro penitenciario o bien por la situación particular del penado31.2 LOGP). 60. Mata y Martín sancionado por acciones u omisiones que el momento de producirse no constituyan delito. ARROYO ZAPATERO (1983): 10 y 25. según la legislación vigente en aquél momento”. regimentales y de seguridad. No resulta sencillo trazar las limitaciones propias del sentido de la pena diferenciándolas de las que sean consecuencia de la ley penitenciaria.262 Ricardo M. 31 En relación a este último grupo de limitaciones TELLEZ AGUILERA incluye las necesarias desde el punto de vista tratamental. como los principios de proporcionalidad y non bis in idem29.2 a lo que sí hace referencia es a los distintos factores desde los que se producen limitaciones a los derechos fundamentales de los condenados. 29 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . La Ley puede imponer restricciones.d lo reconoce como un auténtico derecho: Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se les programen con el fin de asegurar el éxito del mismo”. siempre que sean necesarias. puedan facilitar la obtención de dichas finalidades” (art. TELLEZ AGUILERA (1998): 45. bien como los limites impuestos por los fines que deben perseguir la ejecución de las penas. El texto del art. La doctrina considera que se trata en su literalidad de una referencia precaria al principio pues tan sólo incluye la irretroactividad de las normas sancionadoras que deberán encontrarse previamente en la “legislación” vigente.2 de la LOGP señala que “Se procurará fomentar la colaboración de los internos en el tratamiento penitenciario con arreglo a las técnicas y métodos que les sean prescritos en función del diagnóstico individualizado”.
su imposición como pena”. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. 3 disponía que: “A ningún delito ni culpa se impondrá nunca otra pena que la que le señale alguna ley promulgada antes de su perpetración”. Para PACHECO33 se consagra el principio de que lo que no está prohibido debe entenderse permitido. El texto punitivo de 1848 establece claramente el principio de legalidad en su garantía criminal. El art. En la actualidad. anteriormente conocidas. añadiendo el listado de las penas admitidas en el Código (Capítulo III “De las penas y sus efectos. Respecto al sometimiento de la privación de libertad a normas prefijadas. 263 Otras recepciones legislativas Además de las ya comentadas otras formulaciones del principio de legalidad en la ejecución son las del Código penal. Así el art. en el sentido de la sujeción del Juez a las penas establecidas en la ley. la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la del Reglamento Penitenciario. para arreglar a sus disposiciones. excepto en los casos reservados en los fueros eclesiásticos y militar. el art. 3 del Código penal dispone: “1. 28 del mismo cuerpo legal establece que: “A ningún delito. protegiéndose así la libertad del ciudadano. 2. el primero de nuestros Códigos. Este mismo autor no deja de señalar la 32 Arbitrio judicial que en muchas ocasiones procedía de la necesidad ante defectos legislativos o la dureza extrema de las normas. También.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 3. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes”. y sin el desprecio o el quebrantamiento de esa previa conminación”. 2 señala que “No serán castigados otros actos u omisiones que los que la ley con anterioridad haya calificado de delitos o faltas”. ALVAREZ GARCÍA (1989): 13. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan. aunque evidentemente con una dimensión distinta.. y del modo de ejecutarlas”). No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente. “La penalidad no puede aplicarse sin la previa conminación. también se aprecia semejante problema. de acuerdo con las leyes procesales. recogiendo las fórmulas tradicionales de los Códigos penales españoles sobre ejecución y cumplimiento de las penas. se aplicará otras penas que las siguientes:.”. Su art. 33 (1848): 92. Como se ve al problema de la contención del arbitrio judicial en la determinación y aplicación de las penas se añade la exclusión de la retroactividad de las penas. ni por ninguna circunstancia. como precepto. En este precepto del Código penal se encuentra la más acertada y completa de las fórmulas empleadas en los textos legales para señalar la vigencia del principio de legalidad en la fase de ejecución de las penas privativas de libertad. el de 1822. Pero aprecia también una regla lógica entre el antecedente legal necesario para la consecuencia aplicable: “Establécese en él la necesidad de la misma ley. lo que explicaría que “en algunas actuaciones judiciales los operadores jurídicos hayan tomado sobres sus hombros la tarea de remediar el pésimo estado de nuestra legislación”. atiende sobre todo -como era propio de la época.a la llamada garantía penal con una marcada preocupación por evitar el arbitrio judicial en la imposición de las penas32. la cual obliga a formular previamente la conducta sancionada.
264 Ricardo M. se trata también de otra pena diversa. en el número segundo. Súbditos de la ley. es un acto de barbarie. comienza el art. Volviendo al derecho vigente. Ella les asegura que es lícito cuanto no está vedado. 35 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . Como el precepto en un segundo párrafo admite la colaboración de los reglamentos específicos en la forma de ejecución de las penas. y que condena la conciencia pública”. Mientras no. debe decidirlo un órgano judicial. y falta la luz. 3 dentro del Título Preliminar denominado “De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal”. tres consecuencias: “1) para ejecutarse una pena. señalando cómo la imposición y ejecución de una pena debe proceder de sentencia firme y. y el 87: “Tampoco puede ser ejecutada penal alguna en otra forma que la prescrita por la ley. Parece que las variaciones prohibidas en la ejecución son las inmotivadas y las que introducen un mayor o menor rigor. el art. 86 disponía que: “No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de pena ejecutoriada”. siendo la primera la garantía de la segunda. 2) para ejecutarse una pena. 3) hasta que la sentencia no es 34 (1848): 94. Mata y Martín relación entre ley y libertad. en su número primero. se afirma que ante la imposibilidad de que la ley señale todo lo concerniente a la ejecución de las penas lo propio de las mismas consiste en establecer principios sobre los cuales se organizará el sistema penitenciario con el complemento de los reglamentos del poder ejecutivo36. al menos. aunque con un contenido fundamentalmente orgánico y clasificatorio. 3 del actual CP. de manera que si la forma de ponerla en práctica es distinta a la prevista en la ley. entonces podrá y deberá aplicarse la pena. “acaba de consagrar la garantía del derecho que tiene todo ciudadano a la justa libertad de sus acciones. ya en el terreno de la ejecución de las penas previstas. de intentos extraños a la misma. cuando exista la ejecutoria. En el texto del art. y que las prohibiciones no pueden nunca aplicarse á lo que ya pasó”34. cómo la ejecución debe responder fielmente a lo preceptuado en la legislación penitenciaria. DE VICENTE entiende que del número primero del precepto se desprenden. cuando la sentencia recaiga y quede firme. En este momento histórico se aprueba la primera Ley Penitenciaria de 1849. 87 se viene a identificar la pena por sus características. debe haberse seguido un proceso legal. contenidos dentro del Capítulo V “De la ejecución de las penas y de su cumplimiento” (Titulo III De las penas). ni con otras circunstancias ó accidentes que los expresados en su texto”. En el mismo Código penal de 1848. En el primero de ellos se estima presente un principio procesal que obliga a entender no definida la culpabilidad del procesado sin finalización del proceso mismo35. en realidad. que la ley proscribe. nada tienen éstos que temer de caprichos posteriores. Para algunos autores el número primero del mencionado precepto únicamente incluiría la garantía jurisdiccional37. Las mismas o parecidas fórmulas legales se repetirán a lo largo de la codificación y será con el Código vigente de 1995 cuando con ligeras variantes pase al art. único legitimado para dictar sentencias. 37 DE VICENTE MARTINEZ (2004): 105. “Hay todavía tinieblas. Cuando ésta llegue. PACHECO (1848): 459 36 PACHECO (1848): 460-1. porque de ningún otro modo puede alcanzarse una sentencia.
3. en todo caso como expresión del sometimiento a normas de la ejecución penal. 36. Pues como señalara PACHECO38 en los comentarios al Código penal de 1848 una pena ejecutada de forma diferente a lo previsto en la ley resulta otra pena no coincidente con la legal. decidida en sentencia firme. Sin embargo parece inherente también a la garantía en la ejecución que no puede ejecutarse una pena con anterioridad al proceso ante un Tribunal competente y de que la sentencia adquiera firmeza. La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art. si pudieran serlo con accidentes y circunstancias no especificadas en el Código. 99 y 100 del Código penal de 1870.1). así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena. El vigente Reglamento Penitenciario de 1996 indica que: “La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley” (art. Finaliza el precepto con la referencia a la jurisdicción de vigilancia penitenciaria encargada del control de la ejecución de la pena de prisión. en su art. mejorando con ello la redacción del Reglamento anterior que se limitaba a repetir el texto de la Ley. En general se trata de declaraciones que proscriben la aplicación retroactiva de delitos y penas conforme al sistema jurídico nacional. la pena no empieza a cumplirse”. al comentar el art. prohíbe la aplicación de delitos o penas distintos a los previstos en el momento de comisión del hecho según el derecho nacional. Y ambos aspectos deben entenderse comprendidos en lo señalado por el art. señala que “De otro modo. 11. Perspectiva internacional Desde la dimensión supranacional resulta más compleja la declaración del principio de legalidad pues en general implica instrumentos dirigidos a sistemas jurídicos diversos. al regular las penas privativas de libertad el Código penal establece: “Su cumplimiento. 3. El art. concibiéndose por tanto como un refuerzo de la legalidad de la ejecución. 990 señala que “Las penas se ejecutarán en la forma y el tiempo prescritos en el Código penal y en los reglamentos”. 7. El mencionado precepto debido a su origen histórico menciona como referencias de la ejecución al Código penal y a los reglamentos. También GROIZARD (1903): 542. se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código” (art. En el mismo sentido. esto es.2. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . aunque de forma más lacónica y refiriéndose a otras incidencias de la ejecución.1 párrafo segundo). 4.1 de la 38 (2000): 432. El contenido del precepto responde a una época de separación rígida entre la actividad judicial y la de la Administración Penitenciaria que se refleja en el mismo. En ese sentido la Declaración Universal de Derechos del hombre de 1948. 3. de acuerdo a un proceso en Derecho.2). así como que no pueda ejecutarse una pena distinta de la establecida por un Tribunal. no puede ejecutarse la pena. Además el texto reglamentario de 1996 como reverso y refuerzo del principio señala que: “Los derechos de los internos sólo podrán ser restringidos cuando lo dispongan las Leyes” (art.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 265 firme. serían en realidad penas diversas a las admitidas por la ley”.1.
40 Esta referencia en GARCÍA VALDES (1982): 243. Respecto a estas últimas Reglas Penitenciarias Europeas MAPELLI42 manifiesta la presencia en la disposición señalada del principio de legalidad. Se adopta pues un principio de juridicidad más amplio con la finalidad de hacer compatible la declaración con los distintos sistemas jurídicos pero que evidentemente le hace perder exigencia. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”39. el principio de legalidad en el ámbito penitenciario a la Regla 56. sino una autoridad legalmente habilitada distinta de la Administración Penitenciaria. aunque de forma tan sólo indirecta. en particular la legalidad de la ejecución de las penas. Las últimas Reglas Penitenciarias del Consejo de Europa 2006 consagran en una de ellas el respeto a los derechos de los penados no restringidos por una ley: “Las personas privadas de libertad conservan todos los derechos. sin embargo. “El principio de legalidad y 39 En el número segundo del precepto se añade una concesión al Derecho Internacional. deberá estar asegurada por el control ejercido conforme a la reglamentación nacional por una autoridad judicial o cualquier otra autoridad legalmente habilitada para visitar a los reclusos y no perteneciente a la Administración Penitenciaria"40. 7. en el momento en que haya sido cometida. Las Reglas Penitenciarias Europeas también suponen un apoyo a la exigencia de ley para el ámbito penitenciario aunque. Se puede vincular. no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.3 del Consejo de Europa al señalar que "el respeto de los derechos individuales de los reclusos. ya debe ser observada en primer lugar por la propia Administración Penitenciaria. Se establece sin duda una cláusula de protección de los derechos de los internos que obliga a la existencia de una regulación legal para los contenidos restrictivos de derechos del internamiento. En realidad con la mencionada regla se busca fundamentalmente el control externo de la legalidad que. Recommandation nº R(87) 3 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de L´Europe le 12 février 1987. en el momento de su comisión. dado su carácter. salvo aquellos que les hayan sido retirados de acuerdo con la ley por su condición de penados a una pena de prisión o sometidos a prisión provisional” (Regla 241). reproduce el texto de la Declaración Universal: “Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que. como puede apreciarse. Adoptada por el Comité de Ministros el 11 de enero de 2006 en la 952ª Reunión de Delegados de Ministros. 41 Recomendación REC (2006)2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas. no exige necesariamente para el control de la legalidad de la ejecución de penas la intervención de la autoridad judicial. Tal regla forma parte de los principios fundamentales de las Reglas Penitenciarias Europeas –nº5 de los mencionados principios.266 Ricardo M. “2. con consecuencias para el tipo de normas que deben contener los derechos de los penados y el control del sometimiento a la legalidad. p. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que. de una forma menos precisa.elaboradas en el marco del Consejo de Europa. Regles pénitentiaires européennes. 42 (2006): 5. Mata y Martín Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . En realidad. Strasbourg 1987.
este autor deja de indicar las consecuencias para el poder legislativo. CONSECUENCIAS DE LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Las exigencias derivadas del principio de legalidad se aplican en lo que concierne a la conducta delictiva. de manera que ningún reglamento ni disposición de rango inferior puede restringir el ejercicio de los derechos de los condenados salvo que esté amparado por una norma de rango superior. como garantía criminal. Al poder legislativo le obliga a configurar. Efectivamente la apreciación del principio. garantía penal. IV. Sobre esta cuestión de las implicaciones para los poderes constitucionales FERNÁNDEZ ARÉVALO (2005): 30. Para lo que respecta a la aplicación del principio de legalidad en el ámbito penitenciario también se produce una implicación de los tres poderes de una forma peculiar debido a la intervención de la Administración Penitenciaria44.2 CP”. que es el que debe establecer el sistema de cumplimiento mediante unas normas de adecuado rango y con la suficiente certeza. pues solo ella se concibe en nuestro sistema jurídico-cultural como fuente creadora de delitos y de penas. lo que redunda en garantía de la libertad del ciudadano. indica que “la garantía ejecutiva del principio de legalidad incide no sólo en la ejecución de la sentencia penal a cargo de jueces y tribunales -art 3. a la necesidad de proceso y a la forma de ejecución de la pena. Las consecuencias del principio de legalidad se dirigen a los distintos poderes. respectivamente. Ahí tienen cabida necesariamente las condiciones para el establecimiento del hecho infractor y su sanción. que lo contemple (R 2 y 9)”. garantía jurisdiccional y garantía de ejecución. La ley estricta.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 267 el correspondiente control de legalidad que debe ejercer una autoridad independiente cierran este conjunto de principios fundamentales. Con ello.sino también en el régimen de cumplimiento de penas y medidas de seguridad por parte de los servicios administrativos de prisiones -art. 43 SILVA SÁNCHEZ (2007): 70. así como la declaración de responsabilidad por los Tribunales. así como norma determinadora de la función de ejecución de las penas privativas de libertad. sus rasgos y coherencia debe contemplarse desde la perspectiva totalizadora del sistema penal. Son lo que se conoce. Es la reserva de ley propia del derecho penal. Como es evidente las cuatro consecuencias señaladas para el principio de legalidad no se pueden cumplir si en la base de todas ellas no se encuentra una ley formal. 3. previa y cierta presuponen necesariamente la existencia de una ley que reúna todas estas características. a la pena a ella vinculada. De forma que en realidad el ámbito específico del poder legislativo en cumplimiento de los mandatos del principio 44 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . Se establece una reserva absoluta de ley. escrita.1 CP. al evitarse el monopolio del poder desde una única instancia estableciéndose un sistema de contrapesos entre los poderes. pero igualmente se debe integrar coherentemente lo relativo a las normas e instituciones de ejecución: “sólo puede hablarse de un determinado sistema de legalidad penal cuando se conoce el sistema de enjuiciamiento y el sistema de ejecución de las sanciones penales”43.
los parámetros jurídicos penales y penitenciarios y los métodos de interpretación consolidados. También se desprende del principio de legalidad la prohibición del empleo del derecho consuetudinario para fundamentar o agravar la responsabilidad penal (nullum crimen. deben reunir las notas de normas escritas y determinadas. La compleja naturaleza de la función penitenciaria hace que todos los aspectos relacionados con el principio de legalidad le sean aplicables en su puesta en práctica por la Administración Penitenciaria-Poder Ejecutivo. Sólo la ley y la ley escrita pueden crear las conductas punibles y la sanción a ellas asociadas. nulla poena sine lege stricta). éstas. cierta y estable. retroactividad o normas no escritas. le supone el respeto al sistema legal de ejecución de tales penas. sine lege praevia). sobre la que deberá adoptar sus decisiones de acuerdo a los criterios constitucionales aplicables. Desde este punto de vista no está permitida la aplicación de la ley penal a casos distintos de los específicamente previstos en la ley penal. En la medida en la que dispone de un limitado poder de creación de normas. que mediante la Administración penitenciaria se encarga de la función de cumplimiento de la pena de prisión. sin posible recurso a la analogía. La necesidad de conocimiento previo de los hechos susceptibles de de legalidad constituyen un presupuesto necesario para que el resto de poderes puedan realizar los mandatos del principio de legalidad que les incumben de forma específica. el principio de legalidad general presenta una serie de exigencias para la adecuada realización de la justicia penal. además de su carácter subordinado a la ley. que adoptan formas de prohibiciones. Como señala ROXIN45 tradicionalmente se distinguen cuatro tipos de consecuencias derivadas del principio de legalidad. La analogía constituye un medio habitual de interpretación de las normas jurídicas no sancionadoras pero que en el terreno penal está prohibida para proteger la seguridad y libertad de los ciudadanos. En primer término la prohibición de analogía (nullum crimen. que en otros ámbitos actúa como fuente del Derecho. Para el ejecutivo. quede fuera de los mecanismos creadores o agravadores de la responsabilidad penal al no ser fuente escrita y no poder proporcionar los mismos niveles de seguridad y certeza. Los contenidos del genérico principio de legalidad Dirigidos a los distintos poderes que intervienen en el sistema penal. se entiende que dirigidas al legislador y a los Jueces y Tribunales. También DE VICENTE MARTINEZ (2004): 32 y ss. en cuanto poder al que se adscribe la ejecución penitenciaria con una aplicación no retroactiva. 45 (1999): 140 y ss. unas penas y un sistema de cumplimiento de tales penas privativas de libertad cierto y conocido suficientemente. Esto provoca inevitablemente que la costumbre.268 Ricardo M. nulla poena. También la prohibición de retroactividad rige en derecho penal consecuencia del principio de legalidad (nullum crimen. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . En el caso del Poder Judicial conlleva la aplicación de un sistema basado en la Ley. Mata y Martín mediante la ley. ni siquiera a través del argumento de la semejanza de los casos propios de la analogía. nulla poena sine lege scripta). 1.
con la mayor claridad posible. La necesaria combinación entre precisión y flexibilidad. En la doctrina del Tribunal Constitucional51 se ha establecido que “el principio de legalidad impone al legislador el deber de conformar los tipos penales. Pese a reconocerse las dificultades existentes para formular los hechos con exactitud y las posibles tensiones entre la seguridad jurídica y la justicia del caso. para no abarcar los supuestos no queridos como delictivos y para incluir los casos no conocidos pero de semejante gravedad. cuál es la conducta prohibida o la acción ordenada” (STC 159/1986) y que tal principio “exige una descripción de las conductas delictivas que cumpla las exigencias de la seguridad jurídica. “el logro de la máxima taxatividad posible y de la real vinculación del juez al tenor de la ley es un objetivo irrenunciable para el Derecho penal de un Estado democrático de Derecho”50. En principio se entiende que la exclusión de retroactividad no afecta a las normas procesales conforme a las cuales se debe dirimir la existencia de responsabilidad penal. 48 HASSEMER (1984): 316-7. El delito y su pena deben encontrarse determinados antes de la comisión del hecho que genere responsabilidad penal. lo que se opone a unos tipos penales 46 Sobre la vinculación entre irretroactividad de la ley y principio de legalidad puede verse IGLESIAS RIO (2005): 17 y ss. HUERTA TOCILDO (2000): 41. nulla poena sine lege certa). obligan al empleo de una cuidadosa técnica al legislador y a que el intérprete no desvirtúe tal equilibrio48. Desde este punto de vista se excluyen el establecimiento de delitos y penas cuyas características no puedan ser suficientemente reconocibles en la ley. 47 HASSEMER (1984): 323. es el mandato de certeza o determinación propio de la ley penal. Finalmente estaría la prohibición de leyes y sanciones indeterminadas (nullum crimen. Ahora bien por las implicaciones directas en muchos casos de los presupuestos procesales de la penalidad se plantea si pueden existir casos en los que tales presupuestos también queden sometidos a la prohibición de retroactividad47. sin embargo. de forma que resulta complejo alcanzar la formulación de criterios generales sobre tal determinabilidad. 50 SILVA SÁNCHEZ (1992): 256. Esta prohibición obliga a la fijación de la conducta punible y de la pena asociada con la suficiente certeza. pudiendo decirse que el mismo principio o mandato de determinación de la ley penal resulta en sí mismo un concepto jurídico indeterminado49. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . será posible considerar su pertenencia al ámbito en el que está vetada la retroactividad de las normas.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 269 ocasionar responsabilidad penal obliga a excluir la aplicación retroactiva de las leyes penales46. Únicamente de esta manera se dota de seguridad al ciudadano y se aplican las penas a sujetos responsables. No deja de ser cierta. 51 Resoluciones del Tribunal Constitucional recogidas por S. la dificultad de fijar el grado de precisión necesario de la ley penal. 49 LOHBERGER (1968): 112. Se estima en ocasiones que si los presupuestos procesales que deben conducir a la penalidad resultan equivalentes a los presupuestos jurídicopenales (derecho penal material). de tal forma que de ellos se desprenda.
Estas fundamentarían un debilitamiento de las exigencias derivadas del principio de legalidad como son la reserva de ley. Las primeras decisiones de los Tribunales. 53 Recogen la opinión de la restricción de ciertos derechos en la doctrina del Tribunal Constitucional DE LA CUESTA/BLANCO (1998): 250. “Principio de legalidad y normas sancionadoras”. Mata y Martín formulados en forma tan abierta que su aplicación no dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria de los Tribunales” (SSTC 105/1988 y 34/1996). ha gozado de una amplia recepción entre la doctrina penal y penitenciaria y en las decisiones de los Tribunales según se puede comprobar en las obras anteriormente citadas. pese a lo indicado. el mandato de certeza y otras para ciertos ámbitos como sería el penitenciario53. especialmente en aquellos casos en los que se entiende que existe una vinculación más intensa del administrado con el poder público54. 54 Cfr. La teoría procede del derecho público alemán de finales del s. 2. El debilitamiento del principio de legalidad en la ejecución: la teoría de las relaciones especiales de sujeción La concepción de fondo del marco normativo en el que se inserta el sistema penitenciario resulta determinante para la solución de las distintas controversias jurídicas en este contexto. singularmente el Tribunal Constitucional. 52 Referencias todas ellas señaladas por HUERTA TOCILDO (2000): 39 y ss. quien efectúa un detenido análisis de la jurisprudencia constitucional en este campo. ni se aboque a la inseguridad jurídica52. Doctrina que por tanto globalmente considerada viene a cuestionar la subsistencia del Estado de Derecho en todos los ámbitos de la actividad administrativa de los poderes públicos. la concreción de dichos bienes sea dinámica y evolutiva y pueda realizarse sobre los mismos la función interpretativa de forma que su contenido semántico pueda ser determinable de acuerdo a los métodos tradicionales de interpretación. Un intento por escapar al control jurídico fue la de las relaciones especiales de sujeción. RENART GARCIA (2002): 31. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . XIX y principio del XX en una fase histórica en la que se produce una pugna por el sometimiento de la actividad del Estado al Derecho. singularmente dirigidas a desvincular la actividad administrativa del sometimiento externo al Derecho al considerarla exclusivamente un ámbito interno del Estado. En una de las primeras de ellas. Pero tal margen de indeterminación introducido en la descripción de los hechos punibles debe proceder de la necesidad en los casos en que se trate de tutelar bienes jurídicos reconocidos en el contexto internacional. Doctrina que. TELLEZ AGUILERA (1998): 25-6. ni se usen indiscriminadamente cláusulas abiertas. En todo caso las decisiones del intérprete del texto constitucional no impiden que en ciertos casos el legislador utilice conceptos jurídicos indeterminados en la construcción de tipos penales.270 Ricardo M.. En múltiples ocasiones de conflictividad jurídica los Tribunales han acudido al recurso de las llamadas teorías de las relaciones especiales de sujeción. acudirán a la mencionada naturaleza de la relación jurídico penitenciaria para fundamentar sus decisiones.
El Tribunal en la resolución mencionada no deja de reconocer que siguen siendo aplicables. en lo que se refiere a la tipificación del ilícito. “Es claro que el interno de un centro penitenciario está respecto a la Administración en una relación de sujeción especial de la cual deriva para aquélla una potestad sancionatoria disciplinaria. al margen de su condición común de ciudadanos. como es la de los internos en establecimientos penitenciarios. existe sobre el común de los ciudadanos. para determinar en concreto las previsiones legislativas abstractas sobre las conductas identificables como antijurídicas en el seno de la institución”.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 271 respecto a la potestad disciplinaria de la Administración penitenciaria. y que sea el Director del centro o un miembro de la Junta en quien aquél delegue los encargados de incoar el expediente y de decidir qué pruebas propuestas son convenientes (arts. expresiva de la capacidad propia de autoordenación correspondiente. debe tenerse en cuenta que la referencia a la legislación vigente en el art. de reforma parcial de aquél). 104 y siguientes del Reglamento Penitenciario (Real Decreto 1201/1981. de las garantías en el procedimiento sancionador y del principio de legalidad al decidirse la composición de la Junta de Régimen – órgano decisorio en materia sancionadora del Centro Penitenciario. El interno se integra en una institución preexistente y que proyecta su «autoridad» sobre quienes. 129. y en virtud de la efectividad que entraña ese sometimiento singular al poder público. adquieren el status especifico de individuos sujetos a un poder público que no es el que. y en tal medida la propia reserva de Ley pierde parte de su fundamentación material. al menos.2 reformados). Es claro que el Tribunal no necesitaba acudir a este argumento para fundamentar la potestad sancionadora de la Administración pero deja ya sentada la doctrina. y la norma debe formularse con la suficiente precisión para que el interno pueda prever razonablemente las consecuencias que puedan derivar de una determinada conducta.1 de la Constitución. y Real Decreto 787/1984. con carácter general. no tiene nada de anómalo ni de lesivo contra los derechos constitucionalizados en el art. tiene un alcance diferente. de 8 de mayo. de 28 de marzo. dado el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria. 25. en el seno de una relación de sujeción especial. de modo que los internos puedan disponer de informaciones suficientes sobre las normas jurídicas aplicables en un determinado caso. En la posterior STC 2/1987 de 21 de enero se plantean posibles conculcaciones de la finalidad de las penas y de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes. cuando se trata de la determinación de contravenciones «faltas». pese a lo anterior los derechos fundamentales de los Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 .en el Reglamento Penitenciario y no en la Ley. 24. Respecto a este último aspecto “Sin entrar aquí en el tema más general del alcance de la reserva de Ley en las sanciones administrativas.1. califica ya las relaciones entre interno y Administración penitenciaria de sujeción especial. Que sea la Junta de Régimen y Administración el órgano competente para imponer sanciones (art. el ius puniendi no es el genérico del Estado. En estos casos la reserva de Ley cumple principalmente una función de garantizar la seguridad jurídica. cuyo ejercicio y límites se regulan en los arts.” (STC 74/1985 de 18 de junio).1 y 130. En virtud de esa sujeción especial. 116 reformado).
las garantías que rodean su imposición y la doctrina del TEDH en la materia. incluso en estas relaciones. Pero ello en este caso no puede tener el mismo alcance que en la potestad sancionadora general de la Administración ni mucho menos que respecto a las sanciones penales. vetada a la administración civil en el art. Se trata de la posibilidad abierta 55 MAPELLI CAFFARENA (2005): 154. y por ello debe rechazarse esta pretensión del recurrente”. y. RIOS MARTIN (2005): 52. en este caso la Ley General Penitenciaria (arts.272 Ricardo M. Mata y Martín ciudadanos y las garantías propias del Estado de Derecho. obviamente el principio de legalidad del art. tampoco en la aplicación concreta al recurrente ni siquiera se ha alegado el que no se hayan observado esas exigencias legales.1 ni el art. Así FERNANDEZ GARCIA (2001): 130. no sólo conculcadora del principio objetivo de legalidad. 25.3 de la Constitución. y haya cumplido las sanciones en circunstancias y condiciones que supusieran la existencia de un trato inhumano o degradante. En primer lugar la sanción de aislamiento en celda. sin recurrir en este punto concreto en realidad a la teoría de especial sujeción56 ni a otros posibles argumentos57. ni el art. doctrina que pervivirá en la jurisprudencia constitucional. La mencionada autora observa la relajación de las garantías del principio de legalidad para la categoría de las relaciones de sujeción especial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pese a ello algunos autores manifiestan que en esta sentencia se trata de dilucidar la validez del aislamiento en celda como privación de libertad impuesta por un órgano administrativo. Para HUERTA TOCILDO58 la orientación de la resolución precedente resulta preocupante pues las garantías frente a la acción sancionadora varían según se entienda la relación de sujeción especial o de sujeción general. 25.1. Ello permite reconocer la existencia de la necesaria cobertura de la potestad sancionadora en una norma con rango de Ley. manifiesta que las sanciones de aislamiento en celda es uno de los supuestos de sanciones administrativas en los que la doctrina del Tribunal Constitucional ha disminuido las garantías aplicables sin tomar en cuenta la gravedad de la misma y sin exigir por ello garantías de plena defensa y procedimiento contradictorio. el Tribunal va señalar la no contradicción con la Constitución de la mencionada sanción sobre la base de su carácter excepcional. 56 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . al Reglamento. “Como se desprende de esta sentencia el TC no niega –no podía ser de otra forma.3 de la Constitución. 15 de la Constitución”. Respecto al no cumplimiento de la finalidad resocializadora de las penas y la prohibición de tratos inhumanos y degradantes con la sanción de aislamiento en celda. 25. no puede ser considerada como una pena o trato inhumano o degradante. “A la luz de esta doctrina debe ser rechazada también la alegación del recurrente.2. 57 No aparece sin embargo en este caso la impugnación constitucional desde el punto de vista de la imposición de una sanción que implique privación de libertad. sino lesiva del derecho fundamental considerado. pero los distintos ámbitos a los que deben ser aplicados le permiten establecer una gradación sobre su aplicación. como tal y de acuerdo con las garantías que para su imposición y aplicación establece la legislación penitenciaria vigente. Por ello debe ser denegado el amparo solicitado en lo referente al contenido mismo de las sanciones impuestas. Continua la resolución indicando que “Claro está que también a estas relaciones de sujeción especial sigue siendo aplicable el art. 58 HUERTA TOCILDO (2000): 26-27. Desde luego una sanción carente de toda base normativa legal devendría. sino el grado de aplicación que tiene sobre la realidad penitenciaria”55. Y en este sentido la decisión sería contraria a su inconstitucionalidad. En segundo lugar. 42 y siguientes). 9. en la especificación y gradación de las infracciones. pero esa base normativa legal también existiría cuando la Ley. cuya imposición no infringe el art. se remita. 25. CID MOLINÉ (1996): 161-2.la vigencia del principio de legalidad.
Se trataba de una resolución que afectaba a un caso de relaciones especiales de sujeción no penitenciarias y cuya remisión normativa para la sanción suponía la aplicación de una Orden carente de cobertura legal mínima62. “La doctrina de las relaciones de sujeción especial en el ámbito penitenciario”.1 de la C.S. repetimos. 25.que dicho principio comprende una doble garantía: la primera. 25. ha sido considerada a veces susceptible de minoración o de menor exigencia. HUERTA TOCILDO60 y TAMARIT61 identifican un cierto cambio de orientación con la STC 61/1990 de 29 de marzo en la que se declara la plena vinculación de las relaciones especiales de sujeción al principio de legalidad y derechos fundamentales afectados. 62 “Partiendo del principio (STC 18/1981) de que la regulación de las sanciones administrativas ha de estar inspirada en los principios propios y característicos del Derecho Penal (doctrina también del T. señala un paulatino cuestionamiento de la naturaleza de esta relación desde la inmediatamente posterior STC 120/1990 de 27 de junio. También el Tribunal Constitucional manifiesta que tal 59 Cfr. caso de remisión de la norma legal a normas reglamentarias. interpretando así los términos «legislación vigente» del art. 133/1987. 150/1989 y 219/1989). ya en una segunda fase parece querer dejar más claro la limitación de la teoría de sujeción especial ante la posición preeminente de los derechos fundamentales59. sino también. 42/1987. en ya numerosas Sentencias se ha declarado -dado que el principio de legalidad del art. 25.º). salvo casos o hipótesis de normas preconstitucionales. Esperanza de nuevo criterio que no diferenciara entre relaciones de sujeción especial y de sujeción general que pronto se vería defraudada. 69/1989. y naturaleza y límites de las sanciones a imponen» (STC 3/1988.º). SSTC 77/1983 y 3/1988. Pese a que propiamente en ningún momento el Tribunal Constitucional había excluido la aplicación del principio de legalidad del ámbito penitenciario..1 de la Constitución» (STC 219/1989.. relativa a la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que este Tribunal ha identificado como ley en sentido formal. en fin. se dice en estas Sentencias. no sólo en supuestos de normas sancionadoras preconstitucionales («no es posible exigir la reserva de Ley de manera retroactiva para considerar nulas e inaplicables disposiciones reglamentarias respecto de las cuales esa exigencia formal no existía antes de la Constitución». en las situaciones llamadas de sujeción especial «aunque incluso en dicho ámbito una sanción carente de toda base legal devendría lesiva del derecho fundamental que reconoce el art. la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción. En todo caso. fundamento jurídico 2. Cierto es que esta garantía formal.1 se traduce en un derecho subjetivo de carácter fundamental. lo que prohíbe el art.E. MAPELLI CAFFARENA (2005): 154-5. de orden material y alcance absoluto. refleja la especial transcendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes.E. en este caso. según STC 219/1989. 25. con la STC 83/1990. RENART (2002): 33. 101/1988. según indica la autora. advierte un cambio de distinto signo con la STC 48/1996 de 25 de marzo en el sentido que tales relaciones no sólo suponga unas limitaciones para los recluidos sino también la obligación de la Administración penitenciaria de proteger y facilitar el ejercicio del conjunto de derechos atribuidos a los penados. la remisión al Reglamento (SSTC 8/1981. la segunda de carácter formal. como. 29/1989. es decir. como sucedía con la Ley General Penitenciaria. RIVERA (2000): 99. la posibilidad de establecer sanciones disciplinarias por vía reglamentaria sin otra cobertura que una habilitación legal en blanco. tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas. 159/1986. 3/1988.1 C. y del TEDH).º.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 273 por la sentencia de que los Reglamentos contengan una regulación no dependiente de una Ley. 2/1987. sin admitir. al reiterarse la eficacia limitada de la reserva de ley en el ámbito de las sanciones administrativas. fundamento jurídico 9. fundamento jurídico 2.. HUERTA TOCILDO (2000): 29. si en aquélla quedan «suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica. 61 TAMARIT (2005): 219. es la remisión al reglamento que haga posible una regulación 60 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 .
Mata y Martín teoría “debe ser entendida en un sentido reductivo compatible con el valor preferente de los derechos fundamentales” (SSTC 57/1994 de 28 de febrero y 97/1995 de 20 de junio63) e incluso de forma más rotunda que “es claro que la situación de sujeción especial del interno de un establecimiento penitenciario no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales e impedir que la Justicia se detenga en las puertas de las prisiones” (STC 192/96 de 25 de noviembre). Consecuencia de esta precisión sería que al no estar incluidos los internos de los Centros Penitenciarios en la excepción se les debe aplicar la forma general de vigencia sin restricciones del principio de legalidad en el independiente y no claramente subordinada a la Ley. Es claro que la situación de sujeción especial del interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales (STC 120/1990) ni por tanto que «la justicia se detenga en la puerta de las prisiones» (SSTC 2/1987.274 Ricardo M. De cierto abandono de la teoría califica TELLEZ AGUILERA (1998): 33. TELLEZ AGUILERA (1998): 31. 65 Cfr. Según la previsión del art. sustituyendo en las sentencias incluso la propia expresión y eludiendo la posible utilización del argumento que proporcionaría la misma. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . ha de advertirse que este Tribunal viene destacando que «tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a internos penitenciarios este conjunto de garantías se aplica con especial vigor. 297/1993 y Sentencia del T. especialmente por falta de respeto. Consideraciones que la doctrina del Tribunal Constitucional en realidad va anticipando parcialmente en resoluciones previas pero que progresivamente se van traduciendo en mayor medida en el reconocimiento de la lesión de derechos fundamentales.1 decisión de 14 de marzo de 1972. 297/1993. Sin embargo no deja de señalarse la persistencia del riesgo de que se utilice o no la conocida teoría en atención al caso particular65. en lo que ahora importa. En este sentido se considera que desde la aprobación de regulación de la capacidad sancionadora en la LRJAP-PAC 30/1992 debe incluirse al régimen disciplinario penitenciario entre los ámbitos en los que el principio de legalidad despliega plenamente sus efectos.3 de la mencionada Ley se excluye la plena vigencia del principio de legalidad en relación al “ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual”.).D. la regulación administrativa general de la potestad sancionadora de las Administraciones parece descartar la posibilidad de calificar la relación jurídico-penitenciaria como de especial sujeción.” 63 “Y. pero no la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora. la tendencia de la doctrina jurisprudencia del Tribunal Constitucional./VAN ZYL SMIT (2007): 208. Teoría que.E. al considerar que la sanción supone una grave restricción a la ya restringida libertad inherente al cumplimiento de la pena» (SSTC 74/1985. Paralelamente a este proceso. ha sido abandonada en Alemania precisamente después de la declaración del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de Ley formal en materia penitenciaria66. pues desde luego no se ha excluido formalmente su aplicación. Véase al respecto DÜNKEL. por otra parte. 66 BVerfGE 33. 2/1987. F. De esta manera se entiende generalmente que la última línea jurisprudencial del Alto Tribunal limita la eficacia de la teoría de la relación especial de sujeción64. etc.H. en la mayoría de los casos. Campbell y Fell de 28 de junio de 1984)”. 64 RIOS MARTIN (2005): 52. 127. de las garantías procedimentales.
Consecuencias para el ámbito penitenciario Una vez vistos los aspectos relativos al contenido general del principio de legalidad. pues. 3. En un sentido más restrictivo COBO/VIVES/BOIX van a sostener una reserva absoluta de ley y propiamente de Ley Orgánica en Derecho penal por la conexión entre la reserva de Ley Orgánica en la Constitución para el desarrollo de los Derechos fundamentales (art. hay que tener en cuenta que esta conclusión regiría únicamente para el régimen disciplinario de infracciones y sanciones penitenciarias al que están sometidos los reclusos y no para otras materias penitenciarias. pese a las dudas que suscita la particular fórmula empleada en el art. en ello consiste propiamente el principio y a ella hacen referencia todas las exigencias y garantías que son su consecuencia. La reserva de Ley en materia penitenciaria Comenzamos con la reserva de ley.1. como se ha indicado precedentemente. Aprobada la Constitución de 1978 y en la misma reconocido el principio de legalidad.1 de la Constitución.1. en cuyo caso cabría delegación legislativa según lo previsto en el art. 81.1 CE) e incluso la afectación del derecho al honor de toda clase de penas. En una primera tesis más amplia. 67 En este sentido TELLEZ AGUILERA (1998): 210-1. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 .El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 275 régimen disciplinario67. como la sostenida por RODRÍGUEZ DEVESA. incluyendo por tanto los Decretos Leyes y los Decretos Legislativos. y no sólo formal. Igualmente MAPELLI CAFFARENA (2005): 155. 17. mientras que bastará con Ley Ordinaria si se aplican otro tipo de sanciones. Eso si. se abre el debate sobre el concreta extensión de la reserva de ley que implica68. 82. con las exigencias derivadas del mismo y el problema de la aceptación del principio en materia penitenciaria por la doctrina del Tribunal Constitucional. También RENART GARCIA (2002): 48-9. pero en ningún caso podría utilizarse el Decreto Ley ni las leyes de las Comunidades Autónomas. En una posición intermedia se sitúan autores como MIR PUIG o CEREZO al entender que la reserva de ley dependerá de la clase de sanción que ocasione. 3.1 CE) con la incidencia de las penas privativas de libertad con el derecho de libertad del texto fundamental (art. Y lo haremos siguiendo el mismo esquema clásico con el que se señalan las consecuencias y exigencias dimanantes del genérico principio de legalidad tal y como anteriormente se ha visto. 68 Puede verse la problemática sobre la reserva de ley tras la aprobación de la Constitución de 1978 en ZUGALDÍA ESPINAR (1990): 159 y ss. procede detenernos algo más en las consecuencias particulares de la aplicación del mismo en el sistema penitenciario. 25. mantiene que el sistema de fuentes para el Derecho penal admite toda norma con rango de ley en sentido material. Si se trata de privación de libertad la reserva será de Ley Orgánica. destaca que en ninguna de las dos situaciones mencionadas por la legislación administrativa se encuentran los privados de libertad por cumplimiento de una pena.
70 71 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . como los Decretos. Para este autor en materia de reserva de ley orgánica. En el sector propiamente penitenciario se admite pronto igualmente la necesidad de Ley Orgánica. Mata y Martín En una contribución central en esta materia ARROYO69 desarrolla el problema de la reserva de ley en materia penal.1). 53. No obstante admite la remisión a una fuente secundaria para la enumeración de criterios técnicos cuando es resultado de la necesidad y tanto la remisión como la fuente remitida y su contenido satisfacen las exigencias de certeza. en la SSTC 15/1981.1 (principio de legalidad) con el art. Ordenes Ministeriales y cualquier tipo de disposiciones de autoridades administrativas. se pronuncia en el sentido de establecer una reserva de ley absoluta en material penal con base en el empleo por el constituyente del término “legislación” (art. 81. y serán objeto de ley ordinaria si lo que representan es la “regulación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del título primero” (ley ordinaria del art. la reserva ha de ser absoluta por afectar a los derechos fundamentales y libertades públicas. se reformula en su tramitación para adaptarse al procedimiento de una Ley Orgánica72. Así HUERTA TOCILDO (2000): 20-21. 72 Cfr. ARROYO ZAPATERO (1983): 32. la doctrina del Tribunal Constitucional procede a formular una reserva de ley orgánica en materia de creación de delitos y de penas. todos ellos del texto constitucional. 25. Las normas penales serán materia de reserva de ley orgánica si su contenido es relativo al “desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas” (Ley Orgánica del art. caso evidente de la privación de libertad pero no de la pena de multa71. 25. de manera que el art. que es la primera Ley Orgánica después de la aprobación de la Constitución de 1978. con la recepción del principio de legalidad en el texto constitucional de 1978. Se produce así la exclusión de cualquier otro tipo de normas del Derecho penal. 81.1 CE). Al respecto la jurisprudencia constitucional inicialmente. Propugna un criterio diferenciador que ponga en relación el art. Pero en ningún caso la certeza satisface por sí misma la exigencia de reserva de ley ni puede sustituir a los criterios anteriores.1).1 (ámbito de las leyes Orgánicas) y el 53. Como se ha visto.276 Ricardo M. Es cierto. de manera que como la materia penal incide en ese terreno la reserva en materia penal ha de ser reserva absoluta70. En un segundo momento con las SSTC 140/1986 de 11 de noviembre y 160/1986 de 16 de diciembre se decide la reserva de ley Orgánica por la conexión del sistema penal con los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Cfr. 81.1 (garantías de los derechos y libertades del capítulo II mediante ley ordinaria).1 de la Constitución prevé que serán Leyes Orgánicas exclusivamente las que los desarrollen. BUENO ARUS (1981): 31. Se entiende que las normas penales afectan necesariamente a estos derechos fundamentales y libertades públicas –especialmente la privación de libertad-. 17/1982 y 25/1984 de 23 de febrero. La explicación tiene 69 (1983): 25. que históricamente la reserva de ley es más tardía en lo penitenciario que en el ámbito penal general. De hecho la Ley Orgánica General Penitenciaria. sin embargo.
33). Incluso en algunos países de nuestro entorno cultural la regulación mediante norma con rango de ley se alcanza mucho más tardíamente. Ello propició también el abandono de la tradicional teoría de la relación especial de sujeción como base de restricción de los derechos fundamentales en el medio penitenciario. 75 CANEPA. Esta ausencia de normativización al máximo rango y de un control jurisdiccional auténtico ha llevado a situaciones de aislamiento de meses e incluso años (p. pero ambas poseen un marcado carácter orgánico y de clasificación. en lo relativo a la reserva de ley. con lo concerniente a la ejecución de medidas de internamiento para menores. 74 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . TELLEZ AGUILERA (1998): 49-50. Pero también con la evidencia de que la vida en prisión necesita de un desarrollo normativo prolijo no coherente con la concepción abstracta general de la ley y que hacía necesaria la existencia de Reglamentos en este sector. distinto al de organización de la vida en prisión y al de los derechos de los internos. De forma totalizadora se produce una primera y más clara transgresión del principio de legalidad. Por eso la recepción de esta necesidad es más tardía y no se produce sino en fechas cercanas. AGARD (2001): 292. en la década de los 70 del siglo XX como reconocen los autores74. Es fundamentalmente contra el arbitrio judicial en la imposición de penas por lo que se formula y reacciona con la formulación del principio de legalidad73. No se desconocen los precedentes de las leyes españolas de prisiones de los años 1849 y 1869. Fundamentalmente se trata de las llamadas Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos elaboradas y aprobadas en el marco de las Naciones Unidas en el año 1955. respecto a un asunto concerniente a la retención por parte de la Dirección del Centro penitenciario de una carta injuriosa de un preso. Cfr. Así surgen la Ley penitenciaria de Suecia de 19 de abril de 1974.fr/affichTexte.legifrance. Sólo a mediados de ese siglo comienzan a surgir iniciativa internacionales que pretenden lograr unas condiciones mínimas para los internos reconocidas en el Ordenamiento Jurídico. En Francia hasta la reciente ley nº 2009-1436 de 24 de noviembre de 200978. Hasta inicios del siglo XX se mantiene una concepción que permite entender desvinculado al penado de la sociedad que hacía innecesaria la configuración de un marco legal para la actividad penitenciaria. la italiana de 26 de julio de 197575 y la de Alemania Federal de 16 de marzo de 197676. Como se ha mencionado será al comienzo del último cuarto del siglo veinte cuando propiamente distintos países establezcan propiamente una normativa penitenciaria de rango legal. como serán las Reglas Europeas de 1973. En el ámbito europeo surgen iniciativas semejantes ya en los años setenta. Véase CERÉ (2009): 370. la normativa penitenciaria ha recaído de manera predominante sobre textos reglamentarios79.gouv./MERLO (1993): 6. después de una sentencia en el año 1972. La Ley Orgánica de 73 Cfr. estableció que la carencia de norma con rango de ley en materia penitenciaria únicamente resulta aceptable de forma transitoria. 1987 y 200677. M. 77 Con fecha de 11 de enero de 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha renovado las Reglas Penitenciarias Europeas. 76 En Alemania es el Tribunal Constitucional el que. debidas a los trabajos realizados en el seno del Consejo de Europa. Véase TIEDEMANN (1991): 158.do?cidTe xte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=# 79 Sobre ello CERÉ (2005): 29.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 277 que ver con el origen histórico-político del principio de legalidad que inicialmente buscaba sobre todo excluir la potestad sancionadora arbitraria de los jueces y someterla a la Ley. 78 Cuyo texto puede consultarse en http://www.
a la ley expresa la única intervención del poder público en todas la fases del sistema penal: creación de delitos y penas. La propia Ley declara en su articulado (art. En realidad tan sólo una Ley Orgánica puede regular los aspectos esenciales de las medidas de internamiento para menores . El reglamento de la Administración General del Estado únicamente podría desarrollar lo previsto en la Ley y añadir aspectos complementarios no básicos. 60. así como la argumentación de necesidades prácticas de la vida en prisión de gran detalle. Por ello se hace cuestionable la gestión privada total o parcial. más propias de un Reglamento que de una Ley ha llevado a ciertos sectores a relajar esta exigencia del principio de legalidad para la actividad penitenciaria. estimo que la adherencia del sistema penal. A ello se añaden los posibles Reglamentos sobre ejecución de medidas de internamiento para menores o Reglamentos de régimen interno de los Centros de menores de las Comunidades Autónomas. entre las distintas medidas posibles a aplicar a los menores infractores. No podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma. exigencia de responsabilidad en un proceso penal y. enunciado por este autor como uno de los integrantes de la racionalidad propia de la legislación criminal. 7). Mata y Martín Responsabilidad Penal de los Menores (LO 5/2000 de 5 de enero). 60 relativo al Régimen disciplinario se remite a la normativa reglamentaria. las clases de sanciones pero no de infracciones que quedan por ello remitidas a los reglamentos. En el señalado Capítulo III exclusivamente se incluyen aspectos genéricos de la ejecución de las medidas. Pese a admitirse la necesidad de reserva de ley orgánica en materia penitenciaria. las definitivas o la libertad vigilada de los menores no autoriza a la aprobación de normas de ejecución salvo las de régimen interno del Centro. el tradicional olvido de este sector. incluida la ejecución de las sanciones sea en adulto o en menores. establece. 43) la vigencia del principio de legalidad para la ejecución de las medidas: “1. finalmente.como en el caso de adultos-.VII). sin embargo únicamente tienen como destino preciso la puesta en práctica de las medidas de internamiento en Centros de menores los preceptos del Capítulo III (Reglas especiales para la ejecución de medidas privativas de libertad) del mencionado Título. e incluso el art. El que corresponda a las Comunidades Autónomas la ejecución de las medidas cautelares. aquellas que impliquen internamiento (art. el art. ejecución de las sanciones80. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . el principio de monopolio punitivo estatal. Tampoco podrán ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta Ley y en los reglamentos que la desarrollen”.278 Ricardo M. Igualmente. Efectivamente el Reglamento de Responsabilidad de los Menores (RD 1774/2004 de 30 de julio) es el que establece buena parte del contenido de la ejecución de medidas privativas de libertad para menores en los arts. Pese a la existencia en la Ley de un Título completo dedicado a la ejecución de las medidas (T. A ello ha contribuido 80 De la misma manera a como formula DIEZ RIPOLLÉS (2003): 162-3. Incluye sí. 2. en los que ya se especifican.de centros penales. 23 y siguientes. por ejemplo los diversos regímenes de internamiento o los contenidos de las infracciones disciplinarias. sean estos de adultos o de menores.
sin embargo. siempre que la propia remisión y la fuente remitida satisfagan las exigencias de certeza. 85 Lo propone con razón TELLEZ AGUILERA (2006): 382. Igualmente puede verse la necesidad de incorporar a la Ley la doble 81 Así lo recoge CERVELLÓ (2006): 28. el problema se transforma en los límites que no puede traspasar el Reglamento.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 279 también el art. con remisión de la ley al reglamento expresa y precisa. incluyendo la ley criterios que permitan controlar el desarrollo reglamentario por el poder ejecutivo. Por ello ARROYO82 señaló que la remisión a una fuente secundaria resulta admisible si tiene su origen en la necesidad. en el que se incluiría el reglamento como parte de los elementos que fijan la ejecución penal aunque respetando ciertas condiciones81: que se trate de un reglamento ejecutivo o de mero desarrollo. En este contexto de regulación normativa mediante ley orgánica y reglamento penitenciario existen una serie de materias presentes en la norma reglamentaria que son cuestionables desde el ángulo de la necesaria reserva de ley orgánica. sino que está implicado un problema de legitimidad pues afecta al fundamento jurídicopolítico del principio de legalidad y en particular al principio de división de poderes. a lo que se dedica el capítulo III del Título I del Reglamento Penitenciario y. sin embargo. como la protección de datos de carácter personal83. También sobre los criterios para evitar la deslegalización de la materia penitenciaria RIOS MARTIN (2005): 50 y ss. que la ley contenga los aspectos esenciales de la ejecución de la pena y aquellos que afecten a derechos fundamentales. que deberían estar presentes de forma determinada o determinable en la Ley (Código penal o Ley penitenciaria) evitando múltiples dudas interpretativas y cambios en su aplicación85. 82 (1983): 34 y ss. se ha señalado que los aspectos de la ejecución penal vinculados a derechos fundamentales deben permanecer necesariamente en la Ley. 83 Así TELLEZ AGUILERA (2006): 382. 2 de la LOGP al mencionar los reglamentos como parte de los límites entre los que se debe desarrollar la actividad penitenciaria. También se produce incidencia de la regulación reglamentaria en el derecho fundamental a la libertad personal con materias como la libertad condicional (Capítulo I del Título VIII RP) que resultan indelegables por afectar a sus aspectos esenciales84. Autor que entendió más adecuado que los aspectos de desarrollo se llevaran a una ley ordinaria y no al reglamento. Determinación o taxatividad que. 84 En este sentido ARROYO ZAPATERO (1983): 35-6. no justifica por si misma la remisión a otra norma de rango inferior. teniendo en cuenta que no sólo se trata de un problema de contenidos y de garantías (los contenidos indelegables y la necesidad de remisión y de certeza). De esta manera algunos autores se refieren al conjunto de normas que delimitarían la actividad penitenciaria como bloque de legalidad. En definitiva. Igualmente tienen que ver con contenidos sustanciales del derecho fundamental a la libertad personal temas como el de la refundición de condenas. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . no pudiendo en todo caso afectar la regulación reglamentaria a aspectos relativos a las restricciones al derecho a la libertad. En este sentido. no se establece en la ley en forma alguna.
Con ese presupuesto el Tribunal va a manifestar que no 86 (2006): 382. En este sentido BUENO ARUS (1986): 55. Pese a lo indicado. 129. Para algunos autores además el que el órgano competente para la imposición de la sanción de aislamiento sea de naturaleza administrativa –y no judicial. producto de la remisión que en este aspecto efectúa la Ley Penitenciaria en su art. 89 GARCÍA ALBERO (2005): 219 y ss. 232. Los hechos constitutivos de infracciones en el ámbito penitenciario. 108. indican la persistencia de algunos problemas pese al avance que en el reconocimiento y desarrollo de los principios que deben inspirar el régimen disciplinario supuso el Reglamento Penitenciario de 1996. la clasificación de las infracciones. Por ello la doctrina coincide mayoritariamente en la necesidad de que la Ley Penitenciaria sea la que recoja el catálogo de infracciones del régimen disciplinario penitenciario87. 90 En este sentido TELLEZ AGUILERA (1998): 211. 44. Tan sólo algunos autores estiman que si se acepta la reserva de ley en materia penitenciaria como reserva relativa al bloque de legalidad (en el que se integraría también el Reglamento Penitenciario) se salvaría la presencia de las conductas infractoras en el texto del Reglamento. CERVELLÓ (2006): 28. DE LA CUESTA/BLANCO (1998): 257. lo que permitiría relajar la exigencia de reserva de ley en este ámbito89. En la situación actual la LOGP establece el procedimiento disciplinario.3). aquella no se puede extender a los aspectos fundamentales como es la determinación de las conductas infractoras90. pero no las infracciones mismas. así como las sanciones del régimen disciplinario penitenciario (Capítulo IV del Título II de la LOGP).1 RP).1. Esta ausencia de las infracciones en la ley que ha sido calificada como deslegalización. como indica TELLEZ86. GARCÍA ALBERO (2005): 219 y ss. 109 y 110) subsistente en algunos preceptos y no en el vigente de 1996.3 de la Ley 30/1992 que fija los aspectos básicos del procedimiento sancionador.viola la prohibición de imposición de sanciones privativas de libertad para la Administración Civil (art. habría sido justificada por el Tribunal Constitucional calificando de relaciones de especial sujeción la del interno con la Administración Penitenciaria. Pese a la admisión de la colaboración reglamentaria en materia sancionadora según lo dispuesto en el art. Además lo que se produce es que el órgano competente para la imposición de las sanciones se fija reglamentariamente (Comisión Disciplinaria. MAPELLI/TERRADILLOS88 señalaron la lesión para el principio de legalidad que suponía la remisión al reglamento en materia sancionadora. sin embargo. Mata y Martín modalidad del régimen cerrado que se establece en el Reglamento.280 Ricardo M. parece que el TC aborda el problema del aislamiento desde la perspectiva de la prohibición constitucional de tratos inhumanos. El régimen disciplinario ha sido destacado sistemáticamente como uno de las materias que incumplen la reserva de ley en materia penitenciaria. art. 87 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . no se encuentran en la Ley sino en el Reglamento Penitenciario de 1981 (arts. En este punto la teoría de las relaciones de especial sujeción habría permitido al propio Tribunal Constitucional en su Sentencia 2/1987 de 21 de enero establecer un alcance distinto al principio de legalidad en materia penitenciaria91. 25. 88 (1990): 139-40. 91 Así FERNANDEZ GARCÍA (2001): 130. sin embargo.
que no pueden traspasar el umbral del funcionamiento del servicio y adentrarse en la regulación de los derechos y deberes de unos internos a los que la propia Instrucción incluye en un grupo determinado. 95 RJ 2009\3085.1 de la LRJAE y PAC establece que “1. Se señalan vulnerados los principios de reserva de ley y jerarquía normativa pues “El apartado primero de 92 RIOS MARTIN (2005): 52. aunque se diga que es a los meros efectos administrativos. En principio este tipo de disposiciones deben facilitar la organización interna de los servicios para ejecutar lo previsto en la Ley y Reglamentos. por exceder del cometido de los Reglamentos administrativos o de organización y regular derechos y deberes. DE LA CUESTA/BLANCO (1998): 264. El art. 94 En este sentido BUENO ARUS (1986): 57. mediante Sentencia de 17 de marzo de 200995 ha anulado una Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Instrucción 21/1996. En este contexto también debe ponerse de relieve el problema que pueden representar las disposiciones e instrucciones no reglamentarias dictadas por la propia Administración Penitenciaria. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio”. en su sala de lo Contencioso-Administrativo. circulares u ordenes de servicio. no permite completar las normas de control y prevención aplicables a los internos a través de tales reglamentos organizativos. las garantías de necesario respeto para su imposición así como la doctrina del TEDH en la materia. También indica la resolución que “La plausible conveniencia de prestar el servicio con igualdad de criterio en todos los centros penitenciarios. 21.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 281 existe contradicción con la Constitución de la mencionada sanción. Por tanto las circulares e instrucciones que puedan proceder de los Centros directivos no pueden tener otra aplicación que la de la organización interna de los servicios ni afectar a los derechos de los administrados. Si estos riesgos se producen ya con la misma posibilidad de regulación reglamentaria de la actividad. Siendo. en atención a varios factores: su carácter excepcional. no es menos cierta la peculiaridad de esta capacidad en un ámbito en el que se produce la restricción de derechos fundamentales y que afecta al principio de división de poderes. como también sucede con las normas reglamentarias que dicten las Comunidades Autónomas con competencias de ejecución ya que la legislación penitenciaria es competencia exclusiva del Estado (de acuerdo a lo previsto en el art. 93 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 .1º. por tanto. de 16 de diciembre). pero en la práctica se indica que “en no pocas ocasiones las Circulares e Instrucciones penitenciarias encubren verdaderos reglamentos”92. 149.6ª de la Constitución)94. ámbito reservado a la Ley. a través de instrucciones y circulares de régimen interno. MAPELLI CAFFARENA (2005): 41. cuya aplicación se ha de llevar a cabo a través de los concretos actos administrativos relativos a cada interno con el consiguiente control jurisdiccional”. se incrementan los mismos con el recurso a este tipo de instrucciones. Respecto a este tipo de instrumentos no normativos el Tribunal Supremo. En el mismo sentido se apunta la gravedad de la determinación a través de estos instrumentos administrativos de ciertos aspectos del régimen de máxima seguridad o del procedimiento disciplinario93. legítimo que la Administración Penitenciaria dicte instrucciones internas para el cumplimiento de su actividad. ya que todo lo relativo a su clasificación y tratamiento está reservado a la Ley penitenciaria y al Reglamento que la desarrolla. sin recurrir en realidad a la teoría de especial sujeción.
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. de acuerdo a lo señalado en el art.282 Ricardo M.en Sentencia de 31 de mayo de 2006. 182. Ayuna prácticamente de regulación se encuentra la medida de internamiento en centros educativos especiales96. lo que en materia penal contradice las exigencias del principio de legalidad. Únicamente el Reglamento Penitenciario menciona los Centros de Rehabilitación Social para señalar que la Administración Penitenciaria celebrará los Convenios necesarios para la ejecución de las medidas de seguridad previstas en el Código penal (art. Mata y Martín la Instrucción 21/1996. El recurso a la medida de internamiento requiere la necesidad de la misma y que la pena que hubiera podido imponerse por el delito cometido fuera privativa de libertad. de manera que se excede del cometido y finalidad de los denominados «reglamentos administrativos o de organización» para adentrarse en el ámbito reservado a la ley y a sus reglamentos ejecutivos.1º (anomalías o alteraciones psíquicas) y 20. que afectan a los derechos y deberes de éstos. razón por la que la sentencia recurrida conculca los principios recogidos en los preceptos constitucionales invocados al articular ambos motivos de casación”. DÜNKEL. 20. El Reglamento Penitenciario señala en su art. algo próximo a un limbo jurídico97.3 RP). control y prevención de incidentes relativos a internos muy conflictivos y / o inadaptados. Exclusión de la analogía en la ejecución penal Hemos señalado anteriormente la exigencia de lex stricta en el ámbito penal y por tanto también en el penitenciario.2. Los supuestos de exención de responsabilidad penal con base en las previsiones del art.la aplicación de la normativa de la Ley penitenciaria de adultos al ámbito de los jóvenes. F. D. (2007): 212. contiene normas de carácter general sobre seguridad./VAN ZYL SMIT. se entiende que en cuanto a las infracciones 96 Problemática que pone de relieve DE MARCOS MADRUGA (2009): 5 y ss. Esto significa que el recurso a la analogía queda proscrito tanto en las restricciones generales para la vida en prisión como para las condiciones del régimen penitenciario concreto aplicable e igualmente en lo que hace referencia al sistema disciplinario. 232. 97 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . de 16 de diciembre.2 que “Queda prohibida la aplicación analógica”. 98 El Tribunal Constitucional alemán excluyó por este motivo . rodeados estos de unas garantías en su elaboración y requisitos de publicidad de los que aquélla carece.3º (anomalías en la percepción desde el nacimiento o la infancia). De esta forma se carece de previsión normativa sobre la estructura y funcionamiento de los Centros de Educación Especial. 3.2. conllevan de cometerse un hecho punible en tales situaciones el internamiento en centros educativos especiales. Así lo califica DE MARCOS MADRUGA (2009): 7. que genera una situación jurídica compleja para estas medidas de seguridad. Desde este punto de vista no puede recurrirse a un procedimiento de semejanza con otras previsiones normativas para aquello que no se encuentre positivamente reflejado en la normativa98.3º del Código penal. 96.
pensada para establecer como infracción conductas no previstas pero de semejante gravedad. En este sentido la infracción (Reglamento Penitenciario de 8 de mayo de 1981) del art. 110 (faltas leves) en su letra f puede contener . sino la sujeción estricta. impidiendo la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares a los que sí contempla” (STC 138/2004 de 13 de septiembre99).al menos parcialmente.el recurso prohibido a la analogía. El precepto señala que constituye infracción leve “Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de los deberes y obligaciones del interno. pues “este principio impone. se priva a la sanción del sustento que le exige el principio de legalidad. Es cierto que se vincula la misma a la existencia de incumplimiento de deberes y su repercusión en la vida regimental pero con la evidente abstracción que se desprende de su redacción. Por ello también “existirá una vulneración del principio de legalidad. pues se plantea como una infracción de recogida. planea el riesgo de la analogía. sino también cuando. no sólo cuando el órgano judicial en su resolución debidamente motivada extiende la aplicación del tipo sancionador a un supuesto de hecho manifiestamente ajeno al sentido de los elementos que integran aquél. por razones de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de la intervención punitiva. Acabamos de indicar lo especialmente relevante de la exclusión de la analogía en cuanto a las infracciones disciplinarias que deben estar recogidas en la ley y además con la suficiente precisión y nunca creadas por un procedimiento de analogía. 108 y 109. 25. Esto sucede en el régimen de recompensas penitenciarias. De manera que admite como una de las posibles infracciones del principio de legalidad la aplicación vía analogía de una infracción: “Puede suceder de hecho que la motivación de la resolución revele un entendimiento de la norma aplicada contrario al art. no sólo la sujeción de la jurisdicción sancionadora a los dictados de las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones. entre las cuales el Reglamento Penitenciario incluye “g) cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios” (art. ni en los apartados anteriores de este artículo”. 99 RTC\2004\138. prescindiendo de toda motivación y por una decisión meramente voluntarista. En ambos casos se produce una vulneración de este derecho fundamental reconocido en el art.1 de la Constitución”. El propio Tribunal Constitucional establece respecto a un caso de sanción disciplinaria a un interno la imposibilidad de sancionar comportamientos no previstos en la norma aunque resulten similares a los que si contempla. 263). No es inconveniente la analogía si favorece a quien se le aplica este método. produzca alteración en la vida regimental y en la ordenada convivencia y no esté comprendida en los supuestos de los art.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 283 sancionables y a las propias sanciones a aplicar en el marco de la responsabilidad disciplinaria de los reclusos. 25. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . Aparte del problema de inconcreción.1 CE en cuanto constitutivo de una extensión in malam partem o analógica de la misma”.
Mata y Martín 3. por el que se persiguen dos finalidades no explícitas. especialmente en el ámbito de las consecuencia jurídicas del delito”101. Durante la fase de ejecución se admite la intervención que puede condicionar la pena. cuya previsión legal ya prevé una pena con diez años de diferencia entre el mínimo y el máximo. también tiene que dar respuesta el sistema penal a esta problemática desde el punto de vista de su determinación o determinabilidad. conforme al cual la ley debe no sólo recoger las infracciones y sus sanciones. Es cierto. frente a la indulgencia y moderación de las penas efectivamente cumplidas. sin embargo. Para FERRAJOLI la única posible explicación se encontraría en un programa de política penal. Al respecto el autor mencionado no duda en señalar que las exigencias en la fijación de la pena por el Ordenamiento Jurídico son de determinación y no de mera determinabilidad. Es cierto que las ideas de tratamiento y resocialización han introducido en el sistema penal una creciente indeterminación. problema que no sólo afecta a la legislación penitenciaria. Por una parte la función ejemplificante atribuida de hecho 100 BARQUIN SANZ (2000): 172. FERRAJOLI106 se pregunta por la función de un sistema penal escindido entre severas previsiones penales en la ley y la sistemática reducción en sede de ejecución. La certeza de la Ley en el sistema penitenciario La garantía penal y penitenciaria incluye el llamado mandato de certeza o taxatividad. de forma que se constata una distancia cada vez mayor entre la pena prevista en la ley. produciéndose un desfase entre la establecida en la sentencia y la cumplida por el condenado de manera efectiva. donde está descrito el comportamiento punible. En cuanto a las penas y su duración. Teniendo en cuenta los tipos atenuados la oscilación de la pena es todavía mayor. Su inclusión en la Ley en términos excesivamente vagos o con duraciones demasiado amplias parecen contradecir los postulados básicos del principio103. la pronunciada por el Juez y la realmente cumplida por el condenado104. este principio de taxatividad “es de aplicación no sólo en el tipo en sentido estricto. Este mandato de certeza afecta por supuesto a la existencia misma de las penas. sino también en los otros niveles del sistema de delito. así como otro género de restricciones posibles. por lo que aquella se convierte en un mero instrumento técnico de referencia105. que por razones de prevención especial y en cuanto no perjudique al reo se permite y se suele admitir una mayor flexibilidad en lo que se refiere a la fijación legal de las penas y su ejecución102. SÜSS (2000): 226. lo ilustra muy bien con el caso del delito de incendio en la legislación penal española. Este autor está ya queriendo anticipar su visión cuando habla por una parte de severidad penal de la ley y en la imposición de la pena. su aplicación y ejecución100 y a las condiciones conforme a las cuales se ponen en práctica. La previsión legal de las penas ya implica la necesidad de establecerse en condiciones que respeten el principio de legalidad. sino que deben establecerse de una manera suficientemente precisa.3. 104 AGARD-PEANO (2001): 293. 101 102 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . en mayor o menor medida consciente. En este sentido ZUGALDÍA ESPINAR (1990): 217. 105 AGARD-PEANO (2001): 296. 103 ÁLVAREZ GARCÍA (2009): 35-36. En efecto. 106 (2005): 407 y ss.284 Ricardo M.
109 FIORENTIN (2008): 887. En definitiva para FERRAJOLI108 el sistema de pena flexible. cuyo cumplimiento máximo no está prefijado y puede ser prorrogado por el Juez. 891). que las penas arbitrarias premodernas. Cierto es. Claro está que nos referimos a aquellos casos en los que hemos dicho existe un salto cuantitativo de gran magnitud (y por ello cualitativo) entre la duración de 107 Llega a decir este autor del condenado que “una vez encarcelado él no tiene una pena cierta que cumplir. proporciona un poder desmesurado e incontrolado. no puede privarse de poder efectuar un calculo siquiera aproximado de la duración efectiva de la prisión para el interno. Incluso contando con el límite máximo de tiempo de condena que puede haber quedado fijado en la sentencia. Estima que debe tomarse en consideración que la finalidad constitucional de resocialización debe ser ponderada con otros bienes constitucionalmente protegidos (p. En todo caso. asumiendo así un carácter negocial la privación de libertad107. coherente. (2005): 409. la impuesta en sentencia y la permanencia efectiva en el establecimiento penal . tampoco resultan admisibles las situaciones en las que una pena grave. con imposición por un Tribunal penal de la condena severa conforme a las previsiones legales. adquiriendo así un perfil nítidamente simbólico y.quede en breve tiempo en un régimen penitenciario que implique de hecho libertad o semilibertad (tercer grado. 110 Véase lo relativo a las medidas de seguridad en el caso italiano. con unas previsiones y condenas innecesariamente duras. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . será necesario conseguir un equilibrio con la existencia de previsiones normativas que permitan hacer calculable la duración de la condena así como evitar incertezas fundamentales en la ejecución penitenciaria.hablamos de privación de libertad-. Aun cuando no se puede renunciar a un margen de maniobra en la fase de ejecución que permita adaptar la ejecución a las necesidades tratamentales del sujeto individual. Autor que entiende necesario un replanteamiento de la ejecución penal sobre presupuestos diferentes. dependiendo la aplicación de ciertos efectos beneficiosos para el condenado de juicios de valor sobre su conducta y personalidad. Cfr. sino un mañana incierto que deberá contratar día a día con sus carceleros”. libertad condicional). lo que le lleva a efectuar una acusación realmente gruesa: “la pena cuantitativamente flexible y cualitativamente diferenciada en sede de ejecución no es menos despótica. Con la consecuencia añadida además de que el sistema de pena flexible y de alternativas a la pena se percibe por los ciudadanos como una abdicación no aceptable de la función aflictivo-retributiva de la pena109. 108 (2005): 408. se prorroga durante todo el curso de su aplicación”. de las que difiere solamente porque el arbitrio.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 285 sustancialmente a la imposición de la condena. cosa que no siempre sucede110. Esta disparidad fundamental entre la pena establecida en la ley. no es. 887). especialmente el que se considere como única vía para la reinserción social el acceso a beneficios penitenciarios que comporten riesgos que deba asumir la sociedad. en efecto. De esa manera se debe llegar a una serie de condiciones estables en la ley a través de las cuales la flexibilidad de la pena se haga aceptable para la sociedad (p. Es incoherente aun cuando se quiera señalar que en realidad desde el punto de vista jurídico el tercer grado o la libertad condicional siguen formando parte de la ejecución de la pena. pero la pena de prisión debe tener un contenido material de privación de libertad mínimo para que podamos hablar de la misma. en lugar de agotarse en el acto de su irrogación. los poderes disciplinarios que estas facultades otorgan a las instituciones penales. FERRAJOLI (2005): 780 y ss. por otra. por supuesto.
se hace evidente el vacío legal real sobre un problema central y que afecta al derecho fundamental a la libertad. la consignada en la resolución judicial y la que efectivamente -materialmente. SANZ MORAN. la aplicación del indulto. También el art.de la Administración Penitenciaria. 113 TÉLLEZ AGUILERA (2006): 382 112 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . (2006): 42-3.2 del Código penal español mediante LO 5/2010 de 22 de junio. la libertad condicional y el tercer grado penitenciario111. lo más razonable sería pensar que el defecto se encuentra en las previsiones de la ley que debe ser reformada. Problema central que redunda en la determinación del momento de la liberación y de la duración efectiva de la pena.2 y 78 del Código penal. salvo supuestos excepcionales. A. Independientemente de la discusión sobre los criterios más acertados para los casos de ejecución de múltiples penas. de varios o muchos años de privación de libertad puede transitarse a unas pocas semanas de permanencia en prisión.al margen de los argumentos sobre el problema de fondo. ha vuelto a hacer posible la clasificación en tercer grado del penado con anterioridad al cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Si pudiéramos en alguna situación llegar a considerar que lo más adecuado fuera en un caso un cumplimiento mínimo pese a la gravedad de la pena en la ley y de la condena.J. 36. Es cierto que estas situaciones han tratado de ser controladas mediante los periodos de seguridad de los arts. pues ciertamente suele incorporar penas innecesariamente severas. La existencia del cambio de jurisprudencia con la misma regulación legal . la pena impuesta por el Tribunal que enjuicia los hechos y el cumplimiento de las mismas integran un mismo sistema de consecuencias jurídicas del delito.286 Ricardo M. pero precisamente la reforma del art. vinculado al derecho a la libertad del art. 17 de nuestra Constitución. es decir.regulares o no. Este tipo de procedimientos resultan ajenos al respeto al principio de legalidad pues -no lo olvidemos. En último extremo parece más acertado y coherente. 36.se lleva a cabo por medio de la aplicación de recursos .las sanciones asociadas a un hecho delictivo. pese a las diferencias y significados propios de cada una de las fases. 78 del CP concede amplios poderes al juzgador para una aplicación restrictiva de los beneficios penitenciarios. 111 BARQUIN SANZ (2000): 180 y ss. La ausencia de criterios legales suficientes y claros ha permitido cambios jurisprudenciales controvertidos y de gran repercusión mediática como el de la STS de 28 de febrero de 2006.pone ya de manifiesto la inexistencia de una regulación que permita reconocer los criterios necesarios para la aplicación de los beneficios penitenciarios a quien ha sido condenado a múltiples penas. por lo que puede apreciarse una deficitaria realización del principio de legalidad ante esta “clamorosa falta de previsión legislativa en relación a un problema central de política criminal cual es el del tratamiento sancionatorio adecuado del delincuente habitual peligroso de criminalidad media y grave”112. Igualmente sucede con la determinación que se hace necesaria en el caso de refundición de condenas113. Mata y Martín privación de libertad establecida. en hipotéticos casos excepcionales.
en ocasiones. de la capacidad real de la norma para cumplir con una función real de advertencia efectiva a los ciudadanos sobre qué clase de conductas resultan punibles. Lo cierto es que tales limitaciones regimentales suplementarias no se encuentran definidas en modo alguno ni se encuentran respaldadas por la Ley. más allá de las ordinarias. mejor. D. el cual reconoce el mandato de certeza de la ley penal como un derecho subjetivo fundamental y señala que la punibilidad de la conducta debe ser comprensible para el ciudadano desde el contenido de la ley. F. las posibles limitaciones regimentales en situaciones particulares previstas en el art. Otro ámbito en el que tiene su aplicación es el del régimen disciplinario por cuanto la reserva de ley no sólo obliga a establecer previamente las infracciones y sus sanciones sino que las mismas se encuentren formuladas con suficiente claridad. dando cuenta al Juez de Vigilancia.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 287 También presentan problemas. En todo caso para el 114 TÉLLEZ AGUILERA (2006): 379-80. pero en otra veces resulta del desánimo que produce en los juristas la aplicación . y no únicamente desde las normas no penales que puedan estar vinculadas al hecho 115 116 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . Favorable a entender que la predeterminación pueda realizar una función motivadora al ser conocido por el ciudadano medio la conducta objeto de sanción./VAN ZYL SMIT. seguridad y orden del establecimiento. En ocasiones son razones de tipo práctico las que se esgrimen. 117 SCHMIDHÄUSER (1988): 49. DÜNKEL. En el número primero del artículo se señalan de forma amplia las distintas posibles procedencias de limitaciones regimentales: aseguramiento de la persona. 118 SILVA SÁNCHEZ (2007): 69 119 Este parece ser el caso de TIEDEMANN (1991): 162-3. A este respecto se ha destacado bien la coincidencia de las conductas infractoras con hechos delictivos. tratamiento y grado de clasificación. Desde hace tiempo resulta controvertido el fundamento de la necesidad de determinación de la ley penal en la posibilidad de que el ciudadano pueda conocer con nitidez los hechos que le están permitidos y aquellos que se encuentran sancionados116. respecto a las resoluciones del Tribunal Constitucional alemán. El número segundo del precepto indicado establece posibilidad de que se adopten medidas restrictivas. Se duda. por razones de seguridad para el interno bien a petición propia o a iniciativa oficial mediante resolución motivada. desde el ángulo de la determinación normativa. Las disposiciones generales que remitan a ciertos incumplimientos de deberes no resultan aceptables si tales deberes no están definidos en la Ley115. HUERTA TOCILDO (2000): 39-40.o. el recurso excesivo a conceptos jurídicos indeterminados o de tipos abiertos en la descripción de las acciones u omisiones sancionables.la no aplicación de esta perspectiva por los Tribunales Constitucionales119. Véase SILVA SANCHEZ (1992): 256-7. Los Jueces de Vigilancia han pedido que no se incluyan entre las mismas las que se consideran sanciones en la normativa. así como . (2007): 222. S. la imposibilidad de conocimiento de los detalles de la tipicidad y el sentido preciso de los términos típicos118.la falta de distinción clara entre los hechos constitutivos de infracciones graves y los de las infracciones muy graves114. 75 del Reglamento Penitenciario. por parte de algunos sectores. como el conocimiento general necesariamente poco preciso de las normas penales por los ciudadanos117.
Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . por sus características peculiares. este monopolio. así como la elevación de la complejidad técnica. real. el planteamiento de esta problemática es otra bien distinta. En coherencia con la preeminencia de la voluntad general la concreta víctima no tiene atribuidas funciones respecto a la situación penitenciaria del sujeto activo. Pero además la mencionada reforma introducida en la Disposición transitoria Única de la Ley Orgánica 7/2003 establece que esta previa exigencia será aplicable desde la entrada en vigor de la norma pero con independencia del momento de comisión de los hechos delictivos con los que tenga relación. Esta necesidad se pone en cuestión debido a la capacidad material. como sucede con la ley como origen del Derecho penal en cuanto expresan el interés general.288 Ricardo M. Mata y Martín ámbito penitenciario. no pudiéndose dejar de reconocer el que . La irretroactividad de las normas penitenciarias Si aplicamos al ámbito penitenciario las mismas garantías que son propias del general principio legalidad debe excluirse la aplicación retroactiva de las normas. Pero para el caso del ciudadano privado de libertad los intereses son mucho más definidos. entiendo. pero en definitiva termina decidiendo que el ciudadano pudo reconocer el riesgo de que la conducta fuera punible a partir de la interpretación de los concepto generales del tipo penal. de acceso a las mismas. menciona DIEZ RIPOLLÉS (2003): 162-3. 120 En el sentido que. sino con los efectos que la misma pueda producir en el terreno de la responsabilidad penal y su puesta en práctica. impide que los directamente afectados por el delito. También señalando lo ajeno de esta exigencia con el pronóstico de resocialización IGLESIAS RIO (2005): 29-30. lo que denomina principio de monopolio punitivo estatal como uno de los integrantes de la racionalidad del sistema penal. No deja de ser cierta la complejidad mayor de nuestra sociedad y de las dificultades para entender precisa la certeza de las leyes penales en virtud del necesario conocimiento de las conductas allí castigadas por los ciudadanos. Inicialmente puede indicarse que incluso la misma aplicación de criterios de satisfacción de la responsabilidad civil en la determinación de la clasificación penitenciaria se presenta como algo ajeno a lo que representa el monopolio punitivo del poder público120. la normativa más concreta y accesible por lo que sin duda su conocimiento será mucho mayor y preciso. Con la reforma del año 2003 se introduce el requisito de haber satisfecho el penado la responsabilidad civil originada con el hecho delictivo para poder acceder al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional.la racionalidad de la necesidad de precisión de la normativa penitenciaria se encuentra en el hecho de que al interno le sea posible conocer con suficiente claridad las condiciones legales de su vida en prisión. las víctimas determinen la pena o controlen su ejecución.al menos como uno de los motivos. Naturalmente que estas apreciaciones no tienen que ver con la necesidad de verse realizada la responsabilidad civil. de la irretroactividad de las disposiciones se han planteado algunos problemas en la ejecución penal.4. mejor. Desde el punto de vista de la retroactividad o. punible. que debe ser lograda en mayor medida a lo que sucede en ocasiones. 3. Pero además. su mayor extensión en diversidad de normas y en número de conductas sancionadas.
A estas. si a las resoluciones de los Tribunales también alcanza la prohibición de retroactividad. “No se puede desconsiderar la importancia de la de la irretroactividad desde una óptica de seguridad jurídica y no son escindibles en el marco de la prevención general la tipificación de una conducta y la amenaza penal y su ejecución”121. por otra parte diversas fases. 122 123 Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . Existe una tendencia general según la cual las decisiones de los Tribunales afectan a la interpretación de la ley pero no a la ley misma. Efectivamente resulta contrario a la garantía de irretroactividad la aplicación de las nuevas condiciones a quienes cumplían los requisitos de acceso al tercer grado o a la libertad condicional con anterioridad al 1 de julio de 2003 ni puede ser revocado a quienes ya se encontraran en dichos periodos. Sin embargo. como afirma IGLESIAS RIO122. se podría también estimar que también debería extenderse a las resoluciones judiciales. Autor que también señala claramente el carácter sustantivo de las normas de acceso al régimen de semilibertad y a la libertad condicional. (2005): 30. pues redundan indudablemente en la ampliación o restricción de la libertad y se vincula a la finalidad resocializadora123. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES Ha quedado en evidencia en lo dicho en las páginas anteriores la unidad sustancial del sistema penal en lo que hace referencia a la ejecución. también se ha planteado el problema de la irretroactividad en cuanto a las modificaciones de la doctrinal jurisprudencial sobre refundición de condenas. Frente a las posibles opiniones contrarias a la irretroactividad de las normas de ejecución penitenciaria se destaca la incidencia de estas normas tanto en el ámbito de las garantías del ciudadano como en el cumplimiento de las finalidades asignadas a las normas penales. se ha debatido sobre el problema124. IGLESIAS RIO (2005): 32.El principio de legalidad en el ámbito penitenciario 289 Aparte de la naturaleza diversa de la responsabilidad penal y la de carácter civil no deja de señalarse la necesidad de irretroactividad también de las normas de ejecución. es decir. A propósito de la STS de 28 de febrero de 2006. Afecta al problema más general sobre la posible prohibición de retroactividad de las decisiones judiciales. CAFFARENA (2005): 42. en la que se decidió sobre la forma de cómputo en caso de múltiples condenas para aplicar los beneficios penitenciarios. si se toman en cuenta los efectos materialmente desfavorables y sobre la base de que la finalidad de la prohibición de retroactividad tiene que ver con la evitación de cambios imprevistos que afecten a su seguridad jurídica. De este modo se afirma la operabilidad de las garantías del principio de legalidad en el ámbito penitenciario y la imposibilidad de romper la unidad del sistema penal que sirve a unos mismos fines. por lo que no resultaría de aplicación la garantía propia del principio de legalidad. imposición y conminación legal de las penas. resultan 121 MAPELLI. V. Por otra parte. y no procesal. siendo posible su aplicación retroactiva. 124 Véase al respecto SANZ MORAN (2006): 34 y ss.
J. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá IV (2011) 253-293 . externos. generales y exteriores a la norma misma (reserva de ley. J. BELTRAN NUÑEZ (2005). lo reconoce como un elemento de control del poder desde una óptica jurídico-política. una aplicación cierta y estable de la ejecución penal y penitenciaria). mandato de certeza y. sin lugar a dudas. No sólo se trata por tanto de los límites que el principio impone en la forma de ejecutar las penas. La afirmación normativa y práctica de las garantías propias del principio de legalidad no deben entenderse como contrarias a la necesaria eficacia del sistema penal y penitenciario. VI. “El principio de legalidad penal constituye. restringido pero no eliminado en el ámbito penitenciario. Tirant lo Blanch. ARROYO ZAPATERO. L. BERGALLI (1998): 62. BIBLIOGRAFÍA AGARD-PEANO.A. Revista Española de Derecho Constitucional nº 8. en cuanto hace depender la validez de la ejecución penal de su conformidad con criterios previos. nº 2. Revista del Poder Judicial nº 58.J. “Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal”. prohibición de retroactividad. Mata y Martín extensibles coherentemente las garantías y contenidos del principio de legalidad. Mª C (Coordinadora). un importante límite externo al ejercicio monopolístico del ius puniendi por parte del Estado”. A lo sumo hacen más compleja la labor penitenciaria que precisará una mejor y más elaborada normativa y puesta en práctica. La trascendencia del respeto al principio de legalidad en la fase de ejecución resulta no sólo de la importancia de las formas en un Estado de Derecho. (2000). sino de las condiciones que legitiman la aplicación de las mismas. Bosch. M. En MOLINA BLAZQUEZ. así como con el fundamento de la capacidad del poder público de determinar. La aplicación de las consecuencias jurídicas del delito. (1983). ÁLVAREZ GARCÍA. en definitiva. “Le principe de la légalité et la peine”. (2009).290 Ricardo M. 125 En este sentido se pronuncia distintos autores. (2001). BARQUIN SANZ. Jueces para la Democracia nº 8. equilibrio de funciones y límites en la individualización penitenciaria. Por eso el principal asidero de la Administración Penitenciaria y de cuantos ejercen la destacada función de la ejecución penitenciaria es la misma Ley. imponer y ejecutar sanciones. F. sino de su radical vinculación con el status libertatis del ciudadano. de analogía y de derecho no escrito. El principio de legalidad al desplegar sus funciones introduce criterios político-criminales125. pero no necesariamente menos eficaz y sí más valiosa. HUERTA TOCILDO (2000): 14. Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal. (1989). “Sistema de sanciones y legalidad penal”. Todo ello no impide la aplicación flexible y adaptada de las penas pero sí exige la coherencia. Sobre el principio de legalidad. ALVAREZ GARCÍA. “Principio de legalidad y resoluciones judiciales”.
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