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Timestamp: 2018-01-16 19:12:50+00:00

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MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	(3)
EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO DE SEMILIBERTAD REQUIERE QUE EL JUEZ ESTIME QUE SE HA CUMPLIDO EL EFECTO RESOCIALIZADOR DE LA PENA
Published in MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
Martes, 28 Julio 2015 21:40
FALTA DE PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS COMO JUSTIFICACIÓN DE DENEGATORIA DE SEMILIBERTAD POR INCUMPLIMIENTO DE FIN RESOCIALIZADOR DE LA PENA
EXP. N° 00027-2011-PHC/TC-CAÑETE
FLORENTINO JAIME ZAVALA MATEO
En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2011, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florentino Jaime Zavala Mateo contra la resolución emitida por la Sala Penal Superior Transitoria Liquidadora de Cañete, de fojas 146, su fecha 2 de noviembre de 2010, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 4 de octubre de 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Sala Penal Superior Transitoria Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cañete, señores Martínez Meza, Cama Quispe y Polanco Tintaya, solicitando se declare la nulidad de la Resolucion de fecha 29 de setiembre de 2010, que confi rmando la apelada declaró la improcedencia de su solicitud de semilibertad, lo que afecta sus derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con la libertad individual.
Refi ere que en el proceso penal que se le siguió por el delito de omisión a la asistencia familiar se le condenó a 2 años de pena privativa de libertad efectiva. Expresa que no se ha tomado en cuenta el dictamen fi scal que opinaba por la procedencia de su pedido. Asimismo señala que la Sala emplazada inicialmente estaba integrada por vocales diferentes de los que han resuelto la resolución cuestionada, lo que ha afectado su derecho al juez natural. Finalmente afi rma que la resolución cuestionada carece de una debida motivacion, puesto que los emplazados han fundamentado su decision de manera incoherente e irracional.
Realizada la investigacion sumaria el recurrente se ratifi ca en el contenido de su demanda. Por su parte los emplazados expresan que la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada, agregando que han realizado un análisis del comportamiento del actor durante todo el proceso penal.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declara la improcedencia de la demanda en atención a que el recurrente pretende la revaloración de los medios probatorios presentados en su solicitud de semilibertad.
La Sala Superior revisora confi rma la apelada por similares argumentos.
El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 29 de setiembre de 2010, que confi rmando la apelada declaró la improcedencia de su solicitud de semilibertad (Incidente N° 2008-890), puesto que: i) no se tomó en cuenta el dictamen fi scal que opinó por la procedencia del pedido de semilibertad; ii) la conformación inicial de la sala emplazada fue variada; y iii) la resolución cuestionada no se encuentra debidamente motivada, afectándose así sus derechos al juez natural, al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con la libertad individual.
Respecto al primer extremo este Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia que cualquier afectación que se denuncie a través del proceso constitucional de hábeas corpus debe incidir negativamente en el derecho a la libertad individual o derechos conexos, situación que no se presenta en este extremo de la demanda, puesto que el cuestionamiento realizado por el recurrente se encuentra referido a que los vocales emplazados no han tomado en cuenta el dictamen fi scal que opinó por la procedencia de su solicitud de semilibertad, pretensión que excede el objeto del citado proceso constitucional. Por lo expuesto este extremo de la demanda debe ser desestimado.
En cuanto al segundo extremo de la demanda referido a la afectación al derecho al juez natural que arguye el actor, este Colegiado ha señalado que conforme a lo recogido por el artículo 139, inciso 3), de la Constitución, el contenido de dicho derecho “refi ere únicamente al órgano jurisdiccional y no a la creación anticipada de las salas especializadas que conocen del proceso, [pues] el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley está expresado en términos dirigidos a evitar que se juzgue a un individuo en base a órganos jurisdiccionales de excepción o por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera [que]sea su denominación” [Cfr. STC Exp. Nº 0290-2002-HC/TC, fundamentos 8 y 9].
Asimismo se ha reiterado en jurisprudencia que “la competencia (...) es una cuestión que, al involucrar aspectos legales, deberá ser resuelta en la vía judicial ordinaria, no apreciándose la vulneración de los derechos constitucionales alegados por el demandante” [véase, entre otras, las resolución recaída en el caso Víctor Rogelio Arteaga Martínez RTC Exp. Nº 06180-2008-PHC/TC]. Estando al argumento antes expuesto, la presunta afectación al derecho al juez natural que aduce el actor con la variación de los vocales integrantes de la Sala Penal Transitoria Liquidadora de Cañete en la tramitación del proceso penal involucra aspectos legales que en defi nitiva no comportan una afectación concreta en el derecho a la libertad individual, que pueda dar lugar a la procedencia de una demanda de hábeas corpus, por lo que este extremo también debe desestimarse.
Respecto al cuestionamiento que realiza el actor referido a que la resolución que denegó su pedido de semilibertad carece de una debida motivación, es necesario señalar que la Constitución expresa en el artículo 139, inciso 22, que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya fi nalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Al respecto, este Tribunal ha precisado en su sentencia Nº 010-2002-AI/TC, fundamento 208, que los propósitos de reeducación y rehabilitación del penado “[...] suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justifi cación de las penas privativas de la libertad es, en defi nitiva, proteger a la sociedad contra el delito”.
Respecto al caso de autos, el artículo 50 del Código de Ejecución Penal precisa que “El benefi cio será concedido en los casos en que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento, permitan suponer que no cometerá nuevo delito”. Por lo tanto el benefi cio penitenciario de semilibertad, que permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad impuesta, se concede atendiendo al cumplimiento de los requisitos legales exigidos y a la evaluación previa que realice el juez respecto a cada interno en concreto, estimación que eventualmente le permita suponer que la pena ha cumplido su efecto resocializador dando muestras razonables de la rehabilitación del penado y, por lo tanto, que le corresponda su reincorporación a la sociedad.
Este Tribunal ha adoptado tal criterio en la sentencia recaída en el caso Máximo Llarajuna Sare (Expediente N° 1594-2003-HC/TC, fundamento 14), en la que señaló que “La determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado benefi cio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verifi car si este cumplió o no los supuestos formales que la normatividad contempla (...)”.
En el presente caso el recurrente cuestiona la falta de motivacion de la Resolución cuya nulidad solicita. Así, en la Resolución de fecha 29 de setiembre de 2010 (a fojas 13) –que confi rmó la resolución que desestimó el pedido de semilibertad del recurrente–, se expresa que “(…) revisado la documentación anexada por el sentenciado respecto de su dirección domiciliaria, encontramos que el Certifi cado (…) precisa que el domicilio en cuestión se ubica en el Lote cinco de la Manzana A del Centro Poblado Menor E. Santo Palo de Vicente de Cañete; por otro lado el contrato de trabajo de fojas once celebrado entre el sentenciado y su futuro empleador Teófi lo Eugenio Porras Montoya, consigna como domicilio del primero el ubicado en el mismo Centro Poblado Menor pero sin precisar el lote y manzana respectiva; en tanto que la carta que (…) le remitiera su ex empleadora San Fernando Sociedad Anónima, se dirigió al lote cuatro de la Manzana y Centro Poblado antes citado. (…) el sentenciado en su recurso de apelación ha señalado que la dirección signada en dicha Carta constituye un error de ex empleadora, empero no adjunta documentación alguna que contribuya a verifi car el alegado error. (…) tenemos que pese a que el sentenciado ha venido realizando trabajos durante su estado de reclusión al interior del Penal conforme fl uye del Certifi cado de Cómputo Laboral de fojas treinta y ocho, no ha efectuado pago alguno a cuenta de la deuda alimentaria; solo con ocasión de la denegatoria del benefi cio penitenciario por el Juez de Primera instancia ha abonado la suma de cien nuevos soles entre el mes de mayo y el mes de agosto último, lo cual resulta ínfi mo frente al monto de la deuda devengada”.
En tal sentido se aprecia que la resolución cuestionada ha cumplido con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, puesto que ha expresado una sufi ciente justifi cación a fi n de determinar por la improcedencia de la solicitud realizada por el demandante, tomando en cuenta principalmente que el recurrente fue condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar –el incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias– manteniéndose el mismo comportamiento omisivo en ejecución de sentencia considerando por ello los emplazados que la pena no ha cumplido su efecto resocializador, señalando expresamente que el recurrente no garantiza [que] vaya a cumplir con sus obligaciones alimenticias al recuperar su libertad. Es decir la resolución cuestionada resulta válida en términos constitucionales, pues la acumulación de los requisitos legales de los benefi cios penitenciarios no comporta, per se, su concesión [STC Exp. N° 03746-2009-PHC, fundamento 7].
En consecuencia este extremo de la demanda debe ser desestimado, al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales invocado por el demandante.
Declarar IMPROCEDENTE la demanda conforme a lo expresado en los fundamentos 2 y 4.
Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus respecto a la afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
SS. ETO CRUZ / VERGARA GOTELLI / URVIOLA HANI
CIRCULAR RELATIVA A LA CORRECTA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA
Martes, 28 Julio 2015 22:02
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 311-2011-P-PJ
Las Medidas Urgente o de Ejecución Inmediata de la Agenda Judicial de Seguridad Ciudadana del Poder Judicial pertinentes para que las sentencias de los órganos Jurisdiccionales Penales argumenten de modo claro y explicativo sus decisiones judiciales, en un ámbito del Derecho Penal-la determinación de la pena-que el Código de la materia les reconoce una amplia discrecionalidad.
PRIMERO.- Que la determinación de la pena es el procedimiento técnico y valorativo que debe seguir todo órgano jurisdiccional al momento de imponer una sanción penal. El Acuerdo Plenario N° 1-2008/ CJ-116, del 18 de julio de 2008, precisó los criterios rectores para su debida aplicación.
No obstante ello, se ha verifi cado que los órganos jurisdiccionales, en la mayoría de los casos, no observan los criterios jurisprudenciales para defi nir apropiadamente el quantum punitivo. Es más, muchas veces se establecen –sin fundamento alguno-sanciones que están por debajo del mínimo legal, contraviniendo los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que el caso amerita. Además, se imponen medidas alternativas a la pena privativa de libertad que permite que el penado quede en libertad y vuelva a delinquir.
En atención a ello, resulta pertinente dictar las correspondientes líneas directrices en base a fundamentos jurídicos 7, 8 y 9 del Acuerdo Plenario N° 1-2008.
SEGUNDO.- Que el Código Penal vigente adoptó un sistema legal de determinación judicial de la pena de tipo intermedio o ecléctico, en cuya virtud el legislador solo señala el mínimo y máximo de pena que corresponde a cada delito muestra que deja al juez un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar en el caso concreto la pena aplicable al condenado. Tal individualización, como es obvio, debe hacerse en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad-artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Sustantivo–, bajo la estricta observancia del deber constitucional de motivación de las resoluciones judiciales.
TERCERO.- Que, como se sabe, en un nivel operativo y práctico, la determinación judicial de la pena tiene lugar a través de dos etapas secuenciales. En la primera etapa, el juez debe determinar la pena básica. Esto es verifi car el mínimo y máximo de pena no aparecen defi nidos en la sanción del delito en particular, deberá recurrirse al artículo 29 del Código Penal, que contempla los límites mínimo o máximo de genérico de la pena privativa de libertad temporal: 2 días y 35 años, respectivamente. En la segunda etapa, el juzgador debe individualizar la pena concreta –entre el mínimo y máximo de la pena básica–, para lo cual debe evaluar diferentes circunstancias especiales o especifi cas, comunes o genéricas y/o cualifi cadas que están presentes en el caso penal.
CUARTO.- Que las denominadas “circunstancias del delito” son aquellos factores objetivos o subjetivos que infl uyen en la medición de la intensidad del mismo –antijuricidad o culpabilidad–, haciéndolo más o menos grave. Su función principal es coadyuvar a la graduación o determinación del quantum de pena aplicable al hecho punible cometido.
En este contexto las circunstancias especiales o específi cas son aquellas que solo pueden operar con el delito al cual acompañan. Por ejemplo, las circunstancias previstas en el artículo 189 del Código Penal.
Las circunstancias comunes o genéricas son las aplicables a cualquier clase de delito. Están previstas en el artículo 46 del Código Penal, pero su aplicación está condicionada a que estas no hayan sido valoradas como circunstancias especiales o específi cas.
Ahora bien, la concurrencia simultánea de circunstancias solo tiene efectividad en la determinación de la pena concreta cuando todas las circunstancias concurrentes sean compatibles entre sí. Es decir, la misma circunstancia no puede ser valorada dos veces por el Juez Penal. Ello ocurre, por ejemplo, cuando en el robo concurre la circunstancia especial o específi ca “con el concurso de dos o más personas”, estatuida en el inciso 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, la cual no podrá ser valorada nuevamente como una circunstancia común o genérica del inciso 7 del artículo 46 del referido cuerpo de leyes: “la unidad o pluralidad de los agentes”.
Las circunstancias cualifi cadas, que si bien pueden operar también con cualquier delito, como es el caso del artículo 46A del Código Penal, son las que disponen la confi guración de un nuevo extremo máximo de pena y que será el límite fi jado para dicho tipo de agravante: “(…) un tercio por encima del máximo legal fi jado para el delito cometido”. Será entonces hasta este nuevo máximo legal de la pena básica y dentro de la cual el Juez deberá determinar la pena concreta.
QUINTO.- Que un aspecto importante en esta relación de circunstancias y determinación judicial de la pena, es el que corresponde a la concurrencia de circunstancias en un caso penal. Vale decir, cuando están presentes varias circunstancias agravantes, varias circunstancias atenuantes o, simultáneamente, circunstancias agravantes y atenuantes. En estos casos, el Juez Penal no puede dejar de apreciar o valorar la presencia de cada circunstancia concurrente. Toda circunstancia presente en el caso penal debe ser evaluada en sus efectos para la confi guración de la pena concreta.
Por consiguiente, a mayor número de circunstancias agravantes la posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena básica es también mayor. Igualmente, la pluralidad de circunstancias atenuantes llevará la cuantifi cación punitiva hacia el extremo mínimo de la pena prevista simultáneamente de circunstancias agravantes y atenuantes, la posibilidad cuantitativa de pena deberá refl ejar un proceso de compensación entre factores de aumento y disminución de la sanción, por lo que la pena concreta puede situarse en el ámbito medio de la pena básica.
SEXTO.- Que es un deber constitucional del órgano jurisdiccional fundamentar de manera debida sus resoluciones judiciales, lo cual incluye, obviamente, el quantum de pena que debe imponerse como consecuencia jurídica que corresponde aplicar al autor o partícipe de la infracción cometida. Es lamentable constatar que, pese a la existencia de un Acuerdo Plenario que estableció –con carácter de vinculante– los criterios rectores para la determinación judicial de la pena, algunos jueces no siguen tal procedimiento, generando así incertidumbre y desazón con sus fallos emitidos, y lo que es pero aún, la desconfi anza y pérdida de credibilidad del Poder Judicial.
Por estos fundamentos, el Presidente del Poder Judicial, conforme a las atribuciones que le concede los artículos 73 y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27465.
Artículo 1.- Precisar que la determinación de la pena en un fallo judicial, constituye un deber constitucional que tiene todo Juez, quien debe de justifi car, motivadamente, con absoluta claridad y rigor jurídico, el quantum punitivo a imponer, con observancia de los principios rectores previstos en el Título Preliminar del Código Penal: legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad.
Artículo 2.- Instar a los Jueces a aplicar los criterios técnico - jurídicos ratifi cados en la presente Resolución - Circular, en armonía con lo estipulado en el Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008.
Artículo 3.- Transcribir la presente Resolución– Circular a todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú, la Ofi cina de Control de la Magistratura, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia, al Centro de Investigación Jurídica y la Jefatura de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 321-2011-P-PJ CIRCULAR PARA LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD (08/09/2011)
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 321-2011-P-PJ
CIRCULAR PARA LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD (08/09/2011) VISTA:
Las Medidas Urgentes o de Ejecución Inmediata de la Agenda Judicial de Seguridad Ciudadana del Poder Judicial necesarias para desarrollar los criterios objetivos a los que hace referencia el artículo 57 del Código penal en orden a la suspensión de la ejecución de la pena.
PRIMERO.- Que la suspensión de la ejecución de la pena tiene como fi n eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de corta o mediana duración –es decir, evitar el probable efecto corruptor de la vida carcelaria, básicamente en los delincuentes primarios, en casos que la corta duración de la pena no permite un efectivo tratamiento resocializador–. Es, pues, una medida alternativa que, sin desconocer la función preventiva general de la pena, busca fortalecer el efecto preventivo especial de la misma a delincuentes de poca peligrosidad o que han cometido hechos delictivos que no revisten una mayor gravedad. Se le califi ca de un medio sumamente razonable y fl exible para ejercer una infl uencia resocializadora sin privación de libertad.
SEGUNDO.- Que, en este sentido, dicha medida no constituye un derecho del penado, sino más bien una facultad discrecional del Juez –la Ley faculta pero no obliga a su concesión– el mismo que deberá verifi car en cada caso en concreto el cumplimiento conjunto de los presupuestos formales y materiales previstos en el artículo 57 del Código penal –tal discrecionalidad, como es obvio, ha de razonarse para poner de manifi esto que el fallo no es arbitrario–.
No basta que la condena –pena concreta fi jada por el Juez– se refi era a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años (orientada exclusivamente de acuerdo con los criterios suministrados por el artículo 46 del Código penal) y que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual (presupuestos formales: incisos 1 y 3 del artículo 57 del Código Penal). También se requiere “que la naturaleza, modalidad del hecho punible –criterio preventivo general– y la personalidad del agente –criterio preventivo general– hiciera prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito” (presupuesto material: inciso 2 del citado dispositivo legal).
En tal virtud, la actuación del Juez Penal implica, además, al momento de suspender la ejecución de la pena, fundamentar de manera explícita el pronóstico favorable de conducta del condenado que le lleve a la convicción de la imposición de dicha medida alternativa: no reiteración delictiva. Con esta fi nalidad ha de expresar la ponderación de las necesidades de seguridad colectiva (prevención general), vinculada necesidad y las necesidades de resocialización (prevención especial) en atención a las condiciones personales del condenado.
No basta entonces, que el Juez intuya o confíe que el condenado se comportará bien; se requiere una expectativa fundada –determinado grado de probabilidad, no de certeza– de una conducta adecuada al derecho, de su legalidad futura. En caso de duda, no puede aplicarse el principio del in dubio pro reo, pues no se trata ahora de la aclaración de hechos pasados.
TERCERO.- Que es de tener en cuenta que la naturaleza y modalidad del hecho punible deben ser atendidas en la perspectiva de la personalidad del agente. Es de aclarar que no constituye una vulneración de la “doble valoración” (artículo 46; primera parte del Código Penal) examinar las circunstancias propias de la comisión del hecho para la construcción de la prognosis respectiva. Aquí el Juez efectuará preferentemente un examen de la entidad del bien jurídico amenazado o lesionado, de la gravedad del injusto perpetrado, acorde con las pautas propias del principio de lesividad.
La prognosis judicial en relación a la personalidad del agente es la que ofrezca al momento del enjuiciamiento y se hace, desde luego, caso por caso. Esta se defi ne a partir de la comprensión razonable de un conjunto de circunstancias individuales objetivamente verifi cables que tengan importancia para concretar la suspensión de su ejecución, entre las que cabe enumerar enunciativamente: la vida previa; condena o condenas anteriores –valorables en función de su relevancia para el pronóstico–; actitud frente al trabajo; condiciones ordenadas o desordenadas de familia –estos últimos supuestos tendrán importancia en la medida en que suministran información acerca de si su entorno será o no apropiado para desarrollar un comportamiento adecuado a Derecho–; arrepentimiento a actitud del autor, por voluntad propia o con ayuda de otros, que denote que se sitúa nuevamente del lado de la Ley; y ausencia o no de una disposición personal a la efectiva reparación del daño ocasionado.
CUARTO.- Que ahora bien, la función del Juez no fi naliza con la fundamentada verifi cación conjunta de los presupuestos legales del artículo 57 del Código penal. Al ser la suspensión de la ejecución de la pena una medida alternativa de régimen de prueba, el Juez debe fi jar las reglas de conducta, según corresponda, previstas en el artículo 58 del aludido Código Sustantivo, y supervisar su estricto cumplimiento, a fi n de garantizar la rehabilitación y resocialización del agente, conforme al artículo IX del Título Preliminar. En tal sentido, el agente debe comparecer personal y obligatoriamente no solo a fi rmar el cuaderno respectivo, sino, además, tal como dispone el inciso 3 del artículo 58, a informar y justifi car sus actividades ante el Juez.
QUINTO.- Que en caso de que durante el periodo de suspensión –régimen de prueba– el penado incumpla con las reglas de conducta fi jadas en la sentencia, el Juez deberá aplicar de manera correlativa lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal –salvo lo reglado en el artículo 60. Esto es, primero amonestará al infractor. Luego, si persiste en el incumplimiento, prorrogará el periodo de la suspensión hasta la mitad del plazo que se fi jó inicialmente. Finalmente, si el agente hace caso omiso a las sanciones precedentes, revocará la suspensión de la ejecución de la pena.
Sin embargo, el Juez deberá tener en cuenta la revocación automática a la que se hace referencia en el artículo 60 del aludido cuerpo de leyes: “La suspensión será revocada si dentro del plazo de prueba, el agente es condenado por la comisión de un nuevo delito doloso cuya pena privativa de libertad sea superior a tres años; en cuyo caso se ejecutará la pena suspendida condicionalmente y la que corresponda por el segundo hecho punible”.
SEXTO.- Que resulta censurable verifi car que, pese a que el Código Penal regula de manera taxativa los presupuestos legales que deben seguirse en la suspensión de la ejecución de la pena, los jueces no aplican de modo adecuado dichas reglas. Es más, solo se basan en un criterio cuantitativo de carácter formal referido a la pena impuesta sin tener en cuenta el pronóstico favorable de conducta del agente. Ello conlleva a que individuos que no tienen el más mínimo reparo en delinquir, que incluso denoten una carrera delictiva, resulten favorecidos con la aplicación de este tipo de medida alternativa, propiciando un clima de inseguridad ciudadana y de inadecuada defensa del ordenamiento jurídico.
Artículo 1.- Precisar que el pronóstico favorable de conducta del agente constituye un presupuesto material que debe ser evaluado por el Juez, de manera conjunta, con los otros requisitos previstos en el artículo 57 del Código Penal.
Artículo 2.- Establecer que el Juzgador debe fundamentar de manera explícita, al momento de imponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, que la naturaleza, la modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hicieran prever que este tipo de medida le impedirán cometer nuevo delito.
Artículo 3.- Instar a los Jueces Penales a que el penado, cuya ejecución de la pena privativa de libertad fue suspendida, informe y justifi que sus actividades mensualmente.
Artículo 4.- Precisar que el Juez debe cuidar la debida aplicación tanto de los alcances de las reglas de conducta y del periodo de prueba, como de los criterios legalmente fi jados para la revocación del régimen de suspensión de ejecución de la pena privativa de libertad. Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase

References: resolución 
 resolución 
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 Resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
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 artículo 139
 artículo 10
 artículo 50
 Resolución 
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