Source: https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20190514110042485
Timestamp: 2019-05-25 17:40:46+00:00

Document:
Evasión fiscal. Evasión simple. Ley penal más benigna. Aplicación. Excepciones
Se confirma el sobreseimiento del encartado en orden al delito de evasión simple respecto del Impuesto al Valor Agregado, por aplicación de la ley penal más benigna –Ley 27430-, y se mantiene su procesamiento en orden al delito de evasión simple respecto del Impuesto a las Ganancias, pues se pudo comprobar que durante los ejercicios fiscales cuestionados los depósitos bancarios depurados superaban ampliamente los ingresos de las ventas declaradas por el incuso en sus respectivas declaraciones juradas y no se pudo comprobar que los fondos de dichas cuentas fueran de un origen distinto a la actividad comercial en la cual el nombrado se encuentra inscripto ante AFIP-DGI.
Córdoba, 14 de febrero de 2019.
Estos autos caratulados “M., F. D. SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (EXPTE.: FCB 55207/2014/CA2), venidos a conocimiento de la Sala B del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la querellante AFIP-DGI, por el Fiscal Federal y por la defensa técnica del imputado F. D. M., en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal de Bell Ville, con fecha 02 de julio de 2018, mediante la cual dispuso: “RESUELVO: (...). II.- Dictar el SOBRESEIMIENTO de F. D. M., D.N.I. Nº ..., respecto del delito provisionalmente calificado como evasión simple del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2009-, en razón de que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, de conformidad a lo establecido por el art. 336, inc. 3º del Código Procesal Penal de la Nación, con la declaración de que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que gozare. III.- Ordenar el PROCESAMIENTO de F. D. M., D.N.I. Nº ..., por los delitos que provisionalmente se califican como evasión simple -dos hechos-, respecto del Impuesto a las Ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009- (art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación; art. 279 -art. 1º- de la Ley 27.430). IV.- Mandar trabar embargo sobre los bienes del nombrado F. D. M., D.N.I. Nº ..., hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), debiendo ser anotada su inhibición general si no tuviere bienes o si los mismos fueren insuficientes (conf. art. 518 del C.P.P.N.). V.- Comunicar el contenido de la presente resolución a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva), por los motivos expuestos. VI.- Formar “Incidente de Regulación de Honorarios” en el Sistema de Gestión Judicial LEX 100, a los fines de regular los honorarios profesionales del perito contador oficial, Cr. José Carlos ROSANO, extrayendo para ello las copias pertinentes de las presentes actuaciones. VII.- Regístrese, publíquese y hágase saber. Fdo: SERGIO A. PINTO, JUEZ FEDERAL. Firmado ante mi, por: LAURA T. GAMITO, SECRETARIA FEDERAL (INT.).
Se agravió, en primer lugar, la querellante AFIP-DGI al expresar que el Tribunal ha incurrido en una interpretación errónea de la normativa aplicable al caso.
Sin embargo, sostuvo que no ha existido en el ánimo del Legislador la intención de modificar la valoración del injusto penal, toda vez que la conducta atípica sigue siendo la misma, y por lo tanto, los delitos aquí enunciados se mantienen incólumes, habiéndose producido una modificación numeraria respecto del elemento objetivo. Dicha situación, sostiene, que de ninguna manera puede dejar impune aquel ilícito cometido durante el año 2009, oportunidad en la que el monto evadido revestía gran magnitud.
Por último, el defensor oficial interino a cargo de la Defensoría ante el Juzgado Federal de Bell Ville, en representación de F. D. M., se agravió porque en autos el Juez de la causa debió dictar el sobreseimiento definitivo de su defendido por aplicación de la ley penal mas benigna, según surge de la Ley 27.430, sin embargo dispone su procesamiento en relación a los dos hechos de evasión simple del impuesto a las ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009-, que tienen como origen una presunción que surge del procedimiento administrativo según la determinación de oficio realizada por el organismo fiscal denunciante.
Así, sostuvo que con la sanción de la Ley 27.430, el art. 19 del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de dicha ley prevé expresamente la imposibilidad de la denuncia penal sobre la determinación de oficio realizada por el organismo cuando dicha normativa señala “...del mismo modo, no corresponderá denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, sin que existieren otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto ilícito. La determinación de no formular denuncia penal deberá ser adoptada mediante resolución fundada con dictamen del correspondiente servicio jurídico, por los funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia y siguiendo el procedimiento de contralor que al respecto se establezca en la reglamentación”.
II.Radicadas las presentes actuaciones ante esta Alzada, la querellante AFIP-DGI, el Fiscal General y la defensa técnica del imputado M., informaron por escrito de conformidad al art. 454 del CPPN y al Acuerdo 276/08 de este Tribunal.
Asimismo, sostuvo que la evasión impositiva endilgada a su defendido surge únicamente de la presunción legal prevista por el art. 18 de la Ley 11.683, lo que sólo puede ser aplicable en sede administrativa para la determinación de oficio y no puede extenderse validamente su aplicación a un proceso penal como el caso de autos.
III. Efectuadas las consideraciones precedentes, el Tribunal abordará la presente cuestión de acuerdo al orden de votación establecido en autos, correspondiendo expedirse en primer lugar al señor Juez de Cámara, Luis Roberto Rueda, en segundo lugar, al señor Juez de Cámara, Abel G. Sánchez Torres y, por último, a la señora Juez de Cámara Liliana Navarro.
El señor Juez de Cámara, Dr. Luis Roberto Rueda, dijo :
Los presentes autos son traídos a esta instancia en virtud de los recursos de apelación deducidos la querellante AFIP-DGI, el Fiscal Federal y la defensa de F. D. M., en contra de la resolución dictada con fecha 02 de julio de 2018 por el señor Juez Federal de Bell Ville, por medio de la cual dispuso el sobreseimiento de F. D. M., (DNI Nº ...), respecto del delito provisionalmente calificado como evasión simple del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2008-, por haberse extinguido la acción penal, de conformidad con lo normado por el art. 336 inc. 1º del Código Procesal Penal de la Nación y por los arts. 59 inc. 3º, 62 inc. 2º y 67 párr. 4º del Código Penal; el sobreseimiento de F. D. M. (DNI Nº ...), respecto del delito provisionalmente calificado como evasión simple del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2009-, en razón de que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, de conformidad a lo establecido por el art. 336, inc. 3º del Código Procesal Penal de la Nación, con la declaración de que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que gozare; el procesamiento de F. D. M. (DNI Nº ...), por los delitos que provisionalmente se califican como evasión simple -dos hechos-, respecto del Impuesto a las Ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009- (art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación; art. 279 -art. 1º- de la Ley 27.430) y el embargo sobre los bienes del nombrado F. D. M. (DNI Nº ...), hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), debiendo ser anotada su inhibición general si no tuviere bienes o si los mismos fueren insuficientes (conf. art. 518 del C.P.P.N.), todo sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).
I. De la aplicación retroactiva de la Ley 27.430
En primer lugar, corresponde señalar que conforme se desprende del art. 18 de la Constitución Nacional, la ley penal no puede ser aplicada retroactivamente, ya que ello implicaría violar la garantía constitucional allí contenida de que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Es decir, que -como regla- la ley penal es irretroactiva y rige para el futuro.
Este conflicto es resuelto por el art. 2 del Código Penal, que establece una excepción a la regla general de irretroactividad, al disponer que: “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.
Asimismo, a partir de la reforma constitucional de 1994, la retroactividad de la ley penal más benigna encuentra fundamento en los tratados internacionales incorporados con idéntica jerarquía (art. 75 inc. 22 de la C.N.). Concretamente, el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el particular que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”
En el caso de autos, el Juez instructor, al momento de dictar sentencia respecto de los hechos de evasión del impuesto a las ganancias, correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 y 2009 que se investigan en autos determinó que, con los elementos de prueba colectados por la denunciante y el resultado pericial, han quedado probado los extremos de la imputación con los alcances exigidos por el art. 306 del CPPN, en función de lo dispuesto por el art. 1 de la Ley 24.769, hoy derogada.
Ahora bien, mediante la sanción de la Ley 27.430 el legislador ha dispuesto un nuevo régimen penal tributario que, por razones de política criminal, contiene algunas modificaciones respecto del anterior previsto en Ley 24.769 que seguidamente serán analizados en función en de los hechos investigados en autos y de los agravios expuestos por los recurrentes.
a. Sobre la cuestión relativa al incremento de la condición objetiva de punibilidad
Entre la modificaciones legales dispuestas por el nuevo régimen penal tributario del art. 279 previsto por la Ley 27.430, el tipo penal de evasión simple contemplado por el art. 1 de dicha normativa enrostrado al imputado, ha quedado descripto de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de dos(2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aún cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año”.
Del mismo modo, para la evasión agravada, la nueva norma del art. 2 de dicha normativa, establece que “ la pena será de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años de prisión cuando en el caso del artículo 1º se comprobare cualquiera de los siguientes supuestos: a) El monto evadido superare la suma de quince millones de pesos ($ 15.000.000); ...”
Por ello, entendiendo que la ley recientemente dictada resulta más favorable al imputado, el Juez instructor -al momento de emitir pronunciamiento-, dictó el sobreseimiento del imputado M. respecto de delito provisionalmente calificado como evasión simple del impuesto al valor agregado -período fiscal 2009- por la suma de pesos un millón cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos setenta con cincuenta y dos centavos ($1.435.970,52) y dictó el procesamiento del nombrado por el delito calificado provisionalmente como evasión simple del impuesto a las ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009- por la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete con catorce centavos ($4.488.657,14) y dos millones trecientos setenta mil ciento ochenta y uno con doce centavos ($2.370.181,12), respectivamente.
Igualmente, las conductas de evasión agravada que no superen los quince millones de pesos, pero que si sean mayores al importe de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000), dispuesta por el art. 1 del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la ley 27.430, sean consideradas como evasión simple del art. 1 de dicha normativa.
Todo ello, de conformidad a lo dispuesto por este Tribunal con fecha 27.02.2018, en autos “PRIOTTI, Eduardo Oscar s/infracción ley 24.769” (FCB 13916/2013/CA1), de fecha 28.02.2018 en autos “KOVAC, Carlos; FREYRE, Norberto Claudio s/ Infracción Ley 24.769” (FCB 51367/2014/CA1); y de fecha 05.04.2018 en autos “FERRERO, Gastón Javier y otro s/ Evasión Simple Tributaria” (FCB 12000093/2012/CA1), entre otros posteriores. Con base en tales consideraciones, las objeciones deducidas no pueden prosperar
b. De la denuncia penal en casos de determinaciones de oficio sobre base presunta
Asimismo, el régimen penal tributario del art. 279 previsto por la Ley 27.430 incorporó, como art. 19, el siguiente texto legal “el organismo recaudador no formulará denuncia penal cuando surgiere manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible dadas las circunstancias del hecho o por mediar un comportamiento del contribuyente o responsable que permita entender que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretación normativa o aspectos técnico contables de liquidación. Asimismo y exclusivamente a estos efectos, podrá tenerse en consideración el monto de la obligación evadida en relación con el total de la obligación tributaria del mismo período fiscal. Del mismo modo, no corresponderá la denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, sin que existieren otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito. La determinación de no formular la denuncia penal deberá ser adoptada mediante decisión fundada con dictamen del correspondiente servicio jurídico, por los funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia y siguiendo el procedimiento de contralor que al respecto se establezca en la reglamentación” (el resaltado es mío).
En tal sentido, debe tenerse en cuenta que, el art. 16 de la Ley 11.683 dispone que cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, el Organismo Fiscal procederá a determinar de oficio la materia imponible (o el quebranto impositivo, en su caso) y a liquidar el gravamen correspondiente.
Para ello, dicha norma establece una serie de indicios, que el Organismo Fiscal puede valorar al momento de proceder a la estimación de oficio sobre base presunta, como ser: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente.
De las constancias de la causa surge que la conducta que se endilga al imputado M. consistiría en la presentación de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009- con datos falsos e inexactos, toda vez que los importes declarados no se corresponderían con los depósitos registrados en las cuentas bancarias cuya titularidad se atribuye al nombrado.
Es decir que el Organismo Fiscal, a los fines de calcular la deuda fiscal de M., acudió al procedimiento de estimación de oficio del impuesto a las ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009- teniendo en cuenta la presunción legal del art. 18, inciso c) de la ley 11.683, previamente citado.
Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando sostuvo que las normas de naturaleza procesal resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite, encontrando única excepción en la expresa decisión de la ley sobreviniente, o en los casos en que dicha aplicación afecte la validez de los actos procesales cumplidos y firmes bajo la vigencia de la normativa abrogada (Fallos 306:2101 y 319:1675).
Por tanto, en base a las consideraciones expuestas, considero que la solicitud de la defensa respecto de la aplicación retroactiva del art. 19 del régimen penal tributario previsto por la ley 27.430, como de ley penal más benigna, no puede prosperar.
II. De la configuración de los hechos
Adentrándome, a estas alturas, al análisis del procesamiento dictado en autos respecto de los hechos de evasión simple del impuesto a las ganancias -dos hechos correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 y 2009-, debo tener en cuenta en orden a lo dispuesto por el art. 1 del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la Ley 27.430, el delito de evasión simple del art. 1 de la Ley 24.769 contempla que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, se evada el pago de tributos al Fisco siempre que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos por impuesto y por año.
De tal manera, el hecho típico consiste en el no pago doloso de los impuestos empleando para ello alguna de las modalidades comisivas descriptas por el tipo: declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño con entidad suficiente para lograr el propósito de inducir a error al Fisco, ya sea sobre la existencia de la obligación tributaria exigible o respecto de la magnitud del monto que corresponde ingresar.
Así, el tipo penal no reprime el simple impago del impuesto, sino que dicha circunstancia debe ir acompañada de la realización de maniobras -comisivas u omisivas- que revistan el carácter de ardidosas o engañosas.
A tal fin, para mantener oculta su persona, el imputado M. habría utilizado diferentes prestanombres -personas tanto físicas como jurídicas, apócrifas- como titulares de diferentes cuentas bancarias para acreditar los pagos de las correspondientes operaciones comerciales producto de la actividad gravada.
Dicha circunstancia encuentra sustento, en algunos casos, en la cotitularidad de estas cuentas y, en otros, mediante la utilización de un poder de administración (ver cuerpo de pruebas N° 12, “CUERPO INFORMACION DE TERCEROS”)
De otro costado, existen informes del Fisco de donde surge que la falta de capacidad de estas personas para operar, ya que no poseen bienes inmuebles, no alquilan locales ni galpones para poder efectuar la actividad apícola, no poseen empleados en relación de dependencia, no poseen automotores, no acreditan consumos relevantes de ninguna naturaleza, siendo catalogadas por el Fisco como proveedores apócrifos (ver cuerpo N° 14 “CUERPO CONSULTAS EN BASE PROVEEDORES APOCRIFOS”).
En efecto, de la lectura del pronunciamiento apelado surge que “...corresponde analizar que el incoado F. D. M., es titular de las siguientes cuentas bancarias: 1) Caja de Ahorro Nº ... del Banco de la Nación Argentina; 2) Cta. Cte. Pesos Nº ... del Citibank S.A.; 3) Caja de Ahorro Nº ... del Citibank S.A.; 4) Caja de Ahorro Nº ... del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.. A su vez, es co-titular con R. O. F. en la Caja de Ahorro Nº ... del Banco Macro S.A. y es apoderado de: 1) “Establecimiento Don Tato S.A.” en la Caja de Ahorro Nº ... del Banco de la Nación Argentina; 2) Juan Carlos BRESSO en la Caja de Ahorro Nº ... del Banco de la Nación Argentina. Es de destacar que en todas las cuentas bancarias denunciadas oportunamente por el Organismo de control y que fueron corroboradas, analizadas minuciosamente y depuradas en la pericia contable realizada, se registraron importantes movimientos de dinero (v. fs. 224/321 del cuerpo de pruebas Nº 2; fs. 55/160 del cuerpo de pruebas Nº 7; fs. 28/134 del cuerpo de pruebas Nº 8; fs. 04/80 del cuerpo de pruebas Nº 11 y fs. 05/102 y fs. 106/107vta. del cuerpo de pruebas Nº 12)” (ver fs. 164/176 de las presentes actuaciones”.
En suma, conforme lo expuesto, debe señalarse que de la prueba colectada surge cumplimentado, con el grado de probabilidad requerido, el extremo objetivo y subjetivo de la imputación que pesa en cabeza de F. D. M., en calidad de autor, respecto de los hechos, calificados provisionalmente como evasión simple del impuesto a las ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009, por la suma de $4.488.657,14 y $2.370.181,12, respectivamente- en los términos del art. 1 del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la ley 27.430. Por consiguiente, debe considerarse.
III. De la fundamentación del embargo ordenado
Por último, en relación al planteo defensivo relacionado con que el monto del embargo ordenado en autos carece de fundamentación suficiente en los términos del art. 123 del CPPN, estime necesario señalar que dicha norma establece que “Las sentencias y autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga”.
En tal sentido, la regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal resulta de lo estipulado por el art. 166 del CPPN, en cuando dispone: “Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubiera observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo penal de nulidad”.
En tal sentido, expresó que “para decidir de ese modo tengo en cuenta las condiciones personales del prevenido que surgen de la declaración indagatoria de fs. 42 y vta., el informe socio ambiental de fs. 35/36 de autos, y los montos evadidos conforme fuera analizado supra. De las pruebas mencionadas se desprende que M. es transportista, que sus condiciones de vida son buenas, que percibía en febrero de 2015 aproximadamente la suma de diez mil pesos en concepto de su actividad, su concubina es la propietaria de la vivienda de dos plantas en la cual habitan, situada en un barrio residencial, con cinco habitaciones, tres de ellas dormitorios y con dos baño instalados, de un excelente aspecto interior y exterior, posee agua corriente, gas natural, luz eléctrica y teléfono” (ver fs. 164/176 de las presentes actuaciones).
En suma, dado que tanto el embargo como su cuantía presentan fundamentación suficiente en los términos del art. 123 del CPPN., estimo que el recurso de apelación presentado por la defensa de M., no puede prosperar.
Por ello, considero que debe confirmarse la resolución dictada por el Juez Federal de Bell Ville con fecha 02.07.2018 en cuanto dispuso el embargo sobre los bienes del nombrado F. D. M. hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), debiendo ser anotada su inhibición general si no tuviere bienes o si los mismos fueren insuficientes (conf. art. 518 del C.P.P.N.).
III. Por todo lo expuesto, estimo que debe confirmarse la resolución de fecha 02 de julio de 2018, dictada por el Juzgado Federal de Bell Ville, en cuanto dispuso el sobreseimiento de F. D. M. (DNI Nº ...), respecto del delito provisionalmente calificado como evasión simple del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2009-, en razón de que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, de conformidad a lo establecido por el art. 336, inc. 3º del Código Procesal Penal de la Nación, con la declaración de que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que gozare.
Además, considero que debe confirmarse la resolución de fecha 02 de julio de 2018, dictada por el Juzgado Federal de Bell Ville, en cuanto dispuso el procesamiento de F. D. M. (DNI Nº ...), por los delitos que provisionalmente se califican como evasión simple -dos hechos-, respecto del Impuesto a las Ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009- (art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación; art. 279 -art. 1º- de la Ley 27.430).
El señor Juez de Cámara, Dr. Abel G. Sánchez Torres, dijo:
Que en razón de coincidir con los fundamentos expuestos por el señor Juez preopinante, voto en igual sentido. (arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.
Adhiero a la solución propiciada por el señor Juez del primer voto y por tal motivo me expido en idéntico sentido. Así voto.-
I. Confirmar la resolución de fecha 02 de julio de 2018, dictada por el Juzgado Federal de Bell Ville, en cuanto dispuso el sobreseimiento de F. D. M. (DNI Nº ...), respecto del delito provisionalmente calificado como evasión simple del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2009-, en razón de que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, de conformidad a lo establecido por el art. 336, inc. 3º del Código Procesal Penal de la Nación, con la declaración de que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que gozare.
II.CONFIRMAR la resolución de fecha 02 de julio de 2018, dictada por el Juzgado Federal de Bell Ville, en cuanto dispuso el procesamiento de F. D. M. (DNI Nº ...), por los delitos que provisionalmente se califican como evasión simple -dos hechos-, respecto del Impuesto a las Ganancias -períodos fiscales 2008 y 2009- (art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación; art. 279 -art. 1º- de la Ley 27.430).
III. CONFIRMAR la resolución de fecha 02 de julio de 2018, dictada por el Juzgado Federal de Bell Ville, en cuanto dispuso el embargo sobre los bienes del nombrado F. D. M. (DNI Nº ...), hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), debiendo ser anotada su inhibición general si no tuviere bienes o si los mismos fueren insuficientes (conf. art. 518 del C.P.P.N.). Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).
M., J. s/evasión simple tributaria - Cám. Fed. Mar del Plata- 04/06/2014 - Cita digital IUSJU218295D
Cita digital:IUSJU037710E

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 artículo 1
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