Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Colombia9853.htm
Timestamp: 2018-06-18 07:52:02+00:00

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Colombia 9853 - Fondo
INFORME Nº 4/98
CASO 9853
CEFERINO UL MUSICUE y LEONEL COICUE
15. Más tarde, el Estado planteó la cuestión del cumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos, presumiblemente como objeción a la admisibilidad de la petición. Sin embargo, el Estado planteó esta objeción por primera vez en la comunicación del 1º de octubre de 1991, más de cuatro años después de que la Comisión abriera el caso. El Estado ya había presentado tres escritos sobre el caso antes de plantear esta objeción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ("la Corte") ha señalado reiteradamente que la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, "debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado".[1]
19. La Comisión ha dejado en claro que no rehusará dar trámite a una petición sobre la base de los fundamentos del artículo 46(c) cuando las actuaciones que lleve a cabo otro órgano internacional no arrojen una decisión vinculada a los hechos específicos de la petición presentada ante la Comisión, o no brinden una reparación eficaz de la presunta violación.[2] En este sentido, cuando las actuaciones que lleve a cabo otra organización no tienen la misma naturaleza cuasi-jurídica que tienen las de la Comisión, se considera que no precluyen el trámite del caso ante ella. El procedimiento ante la Comisión resulta en una determinación sobre los méritos de la alegada responsabilidad estatal por violaciones de los derechos humanos y, cuando se concluye que existe tal responsabilidad, en la formulación de recomendaciones específicas dirigidas a la reparación de la situación de derechos humanos. La Comisión no encuentra una causal de inadmisibilidad, de conformidad con el artículo 46(c), cuando el otro procedimiento internacional invocado no prevé la misma posibilidad. La Comisión ya ha sostenido que, de acuerdo con estas normas, el procesamiento de una petición por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, no impide que este órgano le dé trámite a una petición presentada ante él en relación con los mismos hechos.[3]
20. El Estado nunca alegó que los peticionarios hubieran presentado su petición ante la Comisión fuera del plazo pertinente que dispone el artículo 46(b) de la Convención y el artículo 38 del Reglamento de la Comisión.[4] Por tanto, la Comisión determina que el caso es admisible sin referencia a la cuestión del plazo en que fue presentada la petición.
22. El artículo 46(1)(a) especifica que la admisión de una petición requiere que "se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". El Estado ha mencionado dos vías internas en relación con su argumento de que no se habrían agotado los recursos internos. Primero, ha hecho referencia al proceso disciplinario iniciado para investigar la posible detención arbitraria y maltrato del Sr. UI y el Sr. Coicue.[5] Segundo, ha hecho referencia al proceso contencioso administrativo como recurso interno que debe agotarse en este caso.[6]
23. La Comisión considera que las actuaciones disciplinarias internas se han agotado en la medida de lo posible. Las actuaciones fueron iniciadas originalmente el 16 de febrero de 1987 por parte de la Procuraduría Segunda Delegada para la Policía Judicial Derechos Humanos. Posteriormente fueron transferidas a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, el 22 de enero de 1988. El 12 de julio de 1990, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares tomó la decisión de archivar la investigación disciplinaria y abstenerse de interponer una acusación formal.[7]
26. En cuanto al recurso contencioso administrativo, la Comisión se remite a la clara jurisprudencia de la Corte Interamericana que indica que los recursos que deben agotarse son aquellos que resulten adecuados y eficaces. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos "sea idónea para proteger la situación jurídica infringida".[8] La Comisión reafirma su conclusión, a la que llegó en otros casos que involucraban a Colombia, de que la vía contencioso-administrativa colombiana está concebida, únicamente, "como medio de control de la actividad administrativa del Estado y para que [se obtenga] indemnización por el daño causado por las extralimitaciones".[9] La Comisión ha aclarado en esos casos anteriores que la vía contencioso-administrativa en general no constituye un medio adecuado para "la reparación del derecho humano violado" y, por tanto, no requiere ser agotada en un caso como el actual.[10] En consecuencia, el agotamiento de la vía contencioso-administrativa no es requisito previo para la admisibilidad del caso a la vista.
27. La Comisión concluye que integrantes del Ejército colombiano sacaron al Sr. UI y al Sr. Coicue de sus hogares y los detuvieron el 3 de diciembre de 1986. La Comisión, además, concluye que el Ejército mantuvo detenidos al Sr. UI y al Sr. Coicue y los obligó a acompañar una unidad de patrulla del Ejército durante nueve días, tras lo cual los liberaron el 12 de diciembre de 1986. Estas conclusiones se basan en el testimonio del Sr. UI y el Sr. Coicue.[11] Ese testimonio es coherente y no ha sido contradicho por ninguna otra prueba ante la Comisión.
29. Sin embargo, la Comisión observa que la Procuraduría no basó la decisión del 12 de julio de 1990 en una conclusión de que los agentes del Estado no hubieran estado involucrados en el caso. La decisión de la Procuraduría General de la Nación archivando el proceso simplemente declara que ha sido imposible identificar y ubicar a los funcionarios del Ejército acusados de la detención del Sr. UI y el Sr. Coicue.[12] La Comisión considera por tanto que no se ha presentado prueba alguna que pueda controvertir el testimonio del Sr. UI y el Sr. Coicue de que fueron detenidos por integrantes del Ejército.
30. La participación de efectivos del Ejército en la detención del Sr. UI y el Sr. Coicue queda también confirmada por el testimonio del Inspector de la policía judicial que llevó a cabo una inmediata investigación del caso. El Inspector de policía atestiguó que las personas que detuvieron al Sr. UI y al Sr. Coicue eran integrantes del Ejército colombiano.[13]
31. La Comisión concluye, además, que el Sr. UI y el Sr. Coicue fueron maniatados y golpeados por los integrantes del Ejército que los mantuvieron detenidos. El Sr. UI declaró que fue amarrado en varias ocasiones durante su detención a manos de la unidad del Ejército. Declaró que, en una ocasión, en el curso de la detención, un soldado lo golpeó en la cabeza con un arma. En otra ocasión, recibió tres golpes en la cabeza a manos de un soldado.[14] El Sr. Coicue declaró que los soldados le dieron puntapiés y lo golpearon con un arma en la espalda.[15]
32. El Estado ha señalado a la Comisión el hecho de que un médico emitió un certificado en el que se indicaba que el Sr. UI no presentaba cicatrices u otros signos de haber sido golpeado. Sin embargo, la Comisión observa que el examen médico que dio lugar a este certificado no fue ordenado por las autoridades locales sino hasta el 28 de noviembre de 1987. Finalmente, fue efectuado el 2 de diciembre de 1987, un año después de que el Sr. UI fuera detenido por el Ejército.[16] Es improbable que el examen médico revelara signos físicos de los golpes y malos tratos descritos por el Sr. UI un año después de ocurridos los hechos. La Comisión, pues, considera que la prueba médica no es incongruente con el testimonio del Sr. UI. El testimonio del Sr. UI establece que fue golpeado, y la Comisión no encuentra razón alguna para desestimar esta prueba y llegar a la conclusión de que el Sr. UI no fue víctima de maltrato físico a manos de los soldados que lo capturaron.
34. La Comisión concluye finalmente que el Sr. UI y el Sr. Coicue fueron expuestos a daños físicos en un combate armado, durante el tiempo que fueron obligados a acompañar a la patrulla de las fuerzas armadas. El Sr. UI declaró que él y el Sr. Coicue estuvieron cuando los soldados "tuvieron esos combates".[17] El Sr. Coicue declaró que acompañó a una patrulla a "verificar" los combates y que los soldados lo vistieron con ropa camuflada y lo enviaron al frente de la patrulla para que fuera el primero en ser alcanzado en caso de ataque.[18] Corroborando este relato, el investigador de la policía que manejó el caso declaró que el Sr. UI y el Sr. Coicue fueron detenidos y obligados a acompañar a la patrulla de las fuerzas armadas "para que les sirvieran como guías".[19]
36. La Comisión concluye que integrantes de las fuerzas armadas colombianas violaron el derecho a un trato humano del Sr. UI y el Sr. Coicue, en el presente caso. Los soldados ataron al Sr. UI y golpearon al Sr. UI y al Sr. Coicue. Además, obligaron al Sr. UI y al Sr. Coicue a acompañar a una unidad de las fuerzas armadas cercana y, posiblemente, inclusive en situaciones de combate, lo que conlleva un peligro intrínseco para la seguridad física de ambas personas. Independientemente de que el trato del que fueron objeto las dos víctimas tuviese algún propósito concreto o que revistiese la gravedad para ser calificada como tortura,[20] lo cierto es que afectó la integridad física de las víctimas y constituyó un trato cruel en violación del artículo 5 de la Convención.
39. De hecho, los tribunales nacionales iniciaron una actuación disciplinaria para investigar una posible detención arbitraria[21] y dieron por concluida la investigación sin abordar la detención arbitraria denunciada. La investigación fue archivada por una presunta falta de pruebas en relación con los malos tratos sufridos durante la detención, y en relación con la identidad y ubicación de las personas responsables de la detención. Sin embargo, nunca fue demostrada en esas actuaciones la legalidad de dicha detención.
... en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario o de una institución de carácter público del Estado indebidamente lesione uno de tales derechos [consagrados en la Convención], se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo... el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.[22]
...el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.[23]
47. Los familiares del Sr. UI y el Sr. Coicue notificaron a las autoridades locales inmediatamente después de que las víctimas fueran secuestradas por el Ejército, y con anterioridad a su puesta en libertad.[24] No existe información alguna en el expediente ante la Comisión que indique que se haya iniciado investigación o acción alguna en ese momento, pese al hecho de que las dos víctimas se consideraban desaparecidas hasta que eventualmente fueron puestas en libertad y pudieron regresar a sus hogares. En ningún momento se inició una actuación penal en relación con la materia.
49. El deber del Estado de investigar y procesar a las personas responsables de violación de los derechos humanos no es incumplida "por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio".[25] Sin embargo, la investigación "debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa".[26]
51. Sin embargo, no existe indicación alguna en las actuaciones de que las autoridades disciplinarias colombianas u otras autoridades de ese país, llevaran a cabo una investigación seria para identificar a las personas responsables y ubicarlas, pese al hecho de que las dos víctimas aportaron los apellidos de integrantes de las fuerzas armadas presuntamente involucrados en su detención y maltrato.[27] La investigación disciplinaria parece haberse limitado en general a entrevistas con las personas afectadas y con el Inspector de la policía judicial local quien inicialmente investigó el caso. El Estado no ha aportado información alguna que indique que se hayan llevado a cabo otros procedimientos investigativos para determinar la responsabilidad de las personas denunciadas por las víctimas o para ubicarlas, o por otro medio identificar a los responsables de las violaciones cometidas.
58. El Estado cuestiona en primer lugar, la declaración de la Comisión, contenida en el Informe 27/97, de que “no está claro que el Estado haya planteado objeciones serias y oportunas a la admisibilidad de este caso”. El Estado sugiere que, comenzando con su primera respuesta, se planteó “implícitamente” una objeción preliminar por no haberse agotado los recursos internos, cuando el Estado proporcionó información relacionada con dichos recursos. El Estado sugiere además, que no es apropiado invocar en este caso la decisión de la Corte sobre el caso Velásquez Rodríguez para sugerir que la objeción no se planteó “en las primeras etapas del procedimiento”. El Estado sostiene que en este caso hay falta de claridad acerca del período apropiado para plantear una objeción basada en el hecho de que no se han agotado los recursos internos.
60. La Comisión también señala que el Estado debe aclarar que está planteando una objeción sobre admisibilidad, basada en el agotamiento de los recursos, para que la Comisión considere tal objeción. La información sobre las actividades y la situación de los procedimientos internos es un importante elemento de una objeción basada en el no cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos. Sin embargo, para objetar la admisibilidad sobre dicha base, el Estado también debe explicar cuáles son los recursos adecuados que no se han agotado, para que la Comisión pueda analizar las deficiencias del recurrente en este punto[28]. La simple provisión de información acerca de los procedimientos internos no resulta suficiente, pues el Estado debe aclarar si considera que ésos o algunos de esos procedimientos internos son adecuados y es preciso agotarlos. Por supuesto, el Estado debe también explicar las razones que sustentan esta posición, con el objeto de que la Comisión pueda analizar esos argumentos. En este sentido, la Comisión no puede suplir el silencio de argumentación de excepciones por parte de un Estado.
64. La Comisión concluyó que el procedimiento contencioso-administrativo no constituiría un recurso adecuado y en consecuencia no debía agotarse a los efectos de acudir ante ella. La Comisión continúa considerando que la mera posibilidad de una indemnización pecuniaria contemplada en el procedimiento contencioso-administrativo no constituye en general un recurso adecuado para la reparación de violaciones de los derechos humanos y para el restablecimiento del derecho conculcado, a la luz de la Convención Americana y “de los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.[29] En consecuencia, el procedimiento contencioso-administrativo no tiene que ser agotado antes de que la Comisión pueda admitir y resolver un caso.
65. En relación con la recomendación de la Comisión relativa a la investigación del caso y la sanción de los responsables de haber cometido las violaciones, el Estado anunció que sería imposible a esta altura, llevar a cabo una investigación penal o disciplinaria. La Comisión reconoce que las decisiones finales previas o el transcurso del tiempo puedan limitar la esfera de las posibles acciones de que dispone un Estado, para reparar una violación de los derechos humanos a través de procedimientos penales u otros procedimientos formales. Sin embargo, la Comisión también considera que la indemnización pecuniaria, a través del procedimiento contencioso-administrativo o mediante la aplicación de la Ley 288 en Colombia[30], en general no es suficiente en un caso que hubiera requerido una seria investigación y la sanción de los responsables de cometer violaciones de los derechos humanos.
66. El Estado debería adoptar medidas legales, que pueden llevarse a cabo de conformidad con la ley, que permitieran la sanción de los responsables. Como mínimo, el Estado debería llevar a cabo una investigación seria, imparcial y completa de los hechos[31], concluyendo con un informe oficial, adoptado por el Estado, en el que se presente una versión exacta de los hechos.
* El miembro de la Comisión Alvaro Tirado Mejía, de nacionalidad colombiana, no participó en la discusión y votación del presente informe, en cumplimiento del artículo 19.2.a del Reglamento de la Comisión.
[1] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 26 de junio de 1987, Excepciones preliminares, párr. 88; véase también, Corte I.A.D.H., Caso Neira Alegría, Sentencia del 11 de diciembre de 1991, Excepciones preliminares, párr. 30, citando Velásquez Rodríguez, párr. 88.
[2] Véase, por eje., CIDH, Informe No. 30/88 (Perú), 14 de septiembre de 1988, Informe Anual de la CIDH 1988-89; CIDH, Informe No. 33/88 (Perú), 14 de septiembre de 1988, Informe Anual de la CIDH 1988-89.
[4] Véase Caso Neira Alegría y otros, Excepciones preliminares, Sentencia del 11 de diciembre de 1991, párr. 30 (donde se indica que corresponde al Gobierno la carga de la prueba en torno a esta cuestión y puede renunciar a una objeción con estos fundamentos).
[5] La Procuraduría General de la Nación, un órgano de control del Estado colombiano que opera dentro del Ministerio Público, tiene la competencia de tomar decisiones disciplinarias en contra de agentes del Estado. Constitución Política de Colombia, artículos 275, 277.
[6] La jurisdicción contencioso administrativa está instituida por la Constitución para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de agentes y entidades públicos. Es una vía jurídica con base en la cual los ciudadanos colombianos pueden buscar una indemnización cuando ocurre una violación de un derecho por agentes del Estado. Constitución Política de Colombia, artículo 237; Código Contencioso Administrativo, artículo 82.
[7] Véase la Decisión de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, 12 de julio de 1990, Bogotá.
[8] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 64.
[9] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe No. 15/95 (Colombia), 13 de septiembre de 1995, Informe Anual de la CIDH 1995, OEA/Ser.L/V/II.91, 28 de febrero de 1996, pág. 74.
[11] Véase la declaración de Ceferino UI ante la Personería Municipal de Toribio, Cauca, 13 de septiembre de 1987; declaración de Leonel Coicue, Personaría Municipal de Toribio, Cauca, 30 de septiembre de 1987.
[12] Véase la decisión de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, 12 de julio de 1990, Bogotá.
[13] Véase la declaración de Mario Pavi, inspector de la policía judicial en San Francisco, Personería municipal de Toribio, Cauca, 30 de octubre de 1987.
[14] Véase la declaración de Ceferino UI ante la Personería municipal de Toribio, Cauca, 30 de septiembre de 1987; declaración de Ceferino UI ante el Abogado Visitador de la Procuraduría Oficina Seccional de Santander de Quilichao, Cauca, 7 de septiembre de 1988.
[15] Véase la declaración del Sr. Leonel Coicue ante la Personería municipal de Toribio, Cauca, 30 de septiembre de 1987.
[16] Véase la respuesta del Estado del 1º de octubre de 1991; decisión de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, 12 de julio de 1990, Bogotá. La Comisión señala que los autos del caso no contienen copia alguna del informe médico, pese a que la Comisión específicamente solicitó al Estado que lo suministrara el 22 de marzo de 1989.
[17] Declaración de Ceferino UI ante la Personería municipal de Toribio, Cauca, 30 de septiembre de 1987.
[18] Declaración de Leonel Coicue ante la Personería municipal de Toribio, Cauca, 30 de septiembre de 1987.
[19] Declaración de Mario Pavi, inspector de la policía judicial de San Francisco, ante la Personería municipal de Toribio, Cauca, 30 de octubre de 1987.
[20] Véase la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 2 (donde figura una definición de la tortura).
[21] Véase la respuesta del Estado del 5 de septiembre de 1988.
[22] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 169 y 170.
[23] Ibid, párr. 166.
[24] Véase la declaración de Mario Pavi, Inspector de la policía judicial de San Francisco, ante el Personero de Toribio, Cauca, 30 de octubre de 1987.
[25] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 177.
[27] En comunicación de fecha 19 de junio de 1997, la Comisión solicitó al Estado informar sobre las diligencias que se hubieran llevado a cabo para investigar y localizar a los miembros del Ejército nombrados por las víctimas como responsables de los hechos. Hasta el momento, el Estado no ha suministrado información sobre este punto.
[28] Corte I.D.H., caso Velásquez Rodríguez, excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 88.
[29] Ver Convención Americana, artículo 46(1)(a).
[30] Ley No. 000288, 5 julio 1996, “Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de los dispuesto por determinados órganos internacionales de derechos humanos”.
[31] Véase, por ejemplo, caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 181.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 38
 artículo 46
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 237
 artículo 82
 artículo 2
 artículo 46