Source: http://www.libertadidioma.com/2009/20090526.htm
Timestamp: 2018-07-22 14:34:49+00:00

Document:
Recortes de Prensa Martes 26 Mayo 2009
Poder estudiar con libros en el idioma que prefieras
libertadlinguistica.com 26 Mayo 2009
info@libertadlinguistica.com
Iniciamos hoy una campaña para solicitar en los centros de enseñanza que los libros que apruebe el claustro para el curso entrante, estén disponibles en las dos versiones, gallego y castellano, o se incluyan ediciones equivalentes en ambas lenguas.
Es fundamental la difusión por internet y llegar al mayor número de padres posible que pueden descargar su impreso desde aqui, o a través de nuestra página web, www.libertadlinguistica.com. Si conocéis la dirección de correo del Apa y a las personas que formen parte de su directiva, hacedles llegar vuestra petición también, para que el propio APA también se implique y lo reenvie a sus socios. Nosotros también intentaremos llegar a las APAS, pero seguro que la cosa va mejor si los socios del APA se lo remiten al Presidente del APA.
Rogamos la máxima difusión entre vuestros contactos y a la mayor brevedad porque la semana que viene vence el plazo para la publicación de las listas de libros.
Os acompañamos en anexo la nota de prensa. Saludos
Junta Directiva de la Mesa por la Libertad Lingüística
D./ª , .........................madre/padre del/la alumno/a ..................., que
cursará ..... en 2009/2010 en ese centro,
Que durante los próximos días el claustro de profesores elegirá los libros de texto para el siguiente curso escolar.
Que según una orden de 01 de octubre de 2008 del anterior delegado provincial de educación de La Coruña, dictada previo informe de la Inspección educativa de 08 de septiembre, con fundamento en la Ley y en la doctrina del Consejo Consultivo de Galicia [dictamen 366/2007 de 12 de junio] no se deberán poner impedimentos ... para que cualquier alumno, emplee ambas lenguas oficiales de Galicia, como lenguas de expresión (sin perjuicio de las peculiaridades obvias en las clases y actividades de una determinada lengua), y, en cuanto a la lengua oficial de los libros de texto, los alumnos podrán disponer del material didáctico que libremente escojan, con la única condición de que figuren en la lista que aprueba el claustro y publica en el tablón de anuncios oficiales del centro.
Para facilitar que mi hijo/a pueda estudiar con libros en su lengua, SOLICITO que los libros que apruebe el claustro de ese centro para el curso entrante, estén disponibles en las dos versiones, gallego y castellano, o se incluyan ediciones equivalentes en ambas lenguas.
Lo contrario sería contravenir aquella orden de no poner impedimentos al estudio en libertad e igualdad entre todos los alumnos, sin discriminación por razón de lengua.
El fanatismo, según Manuel Rivas
Cristina Losada Libertad Digital 26 Mayo 2009
La España insostenible de ZP
Francisco Rubiales Periodista Digital 26 Mayo 2009
Con una administración pública hipertrofiada, que mantiene a más de tres millones de funcionarios y a poco más de 300.000 asesores y enchufados, España no es un país sostenible, no tiene posibilidad alguna de prosperar en el futuro y corre el riesgo de ser expulsada pronto de la Unión Europea. Una reforma drástica y austera del sector público español es imprescindible para salir de la crisis y afrontar el futuro con esperanza.
El actual Estado es un monstruo que necesita endeudarse para sobrevivir, irresponsablemente construído por los políticos para incrementar su clientelismo y poder. Apenas podía subsistir en los tiempos opulentos del ladrillo, cuando el sector público y los políticos se atiborraban de tasas, impuestos, licencias y comisiones, pero en tiempos de crisis, ese Estado monstruoso, lento e insaciable es una auténtica ruína para el país.
Aunque existe un consenso generalizado en que el Estado, con su actual diseño, es insostenible en tiempos de crisis, Zapatero, arrogante y sin tener en cuenta los intereses de España, ha decidido mantenerlo como está: hinchado, maniroto y obsoleto, sin someterlo a cura de austeridad alguna.
Para mantener el gasto y el poder de ese Estado monstruo, Zapatero no ha dudado en endeudar a las futuras generaciones españolas, ampliando el déficit público hasta límites intolerables que podrían ocasionar la expulsión futura de España del espacio del Euro.
El drama del Estado hipertrofiado que aplasta a España es todavía más repugnante y absurdo si se tiene en cuenta su nula sensibilidad y egoísmo patológico: prefiere seguir viviendo con su ofensiva obesidad a cuestas que reformarse, a pesar de que cada día cierran en España muchas empresas y miles de empleados pasan a engrosar el paro y la pobreza.
Además, la existencia de ese Estado abrumador es más absurda todavía si se tiene en cuenta que las estadísticas demuestran que cada empleado público cuesta justo el doble que uno privado en similar puesto y categoría.
Los políticos españoles, irresponsables e ineptos, a pesar del "culto" teatral que profesan a la sostenibilidad como concepto moderno y "progre", han creado una burocracia insostenible que, si no es urgentemente sometida a dieta y reducida al menos en un 50 por ciento, nos llevará a todos hasta el precipicio.
Sin una reforma urgente de su administración, España terminará siendo expulsada de la Unión Europea y África volverá a fijar su frontera con Europa en los Pirineos porque el monstruo sólo puede ser mantenido incrementando el déficit cada año.
El desastre y la locura han sido obra de los dos grandes partidos políticos que han gobernado el país de manera irresponsable, aunque el PSOE ha superado en ese capítulo al PP y ha batido todos los records a la hora de alimentar a parientes, amigos y asesores con la teta del Estado.
El esperpento del Estado insostenible ha llegado al extremo de que los presidentes de las diputaciones provinciales españolas tienen entre treinta y cien asesores cada uno, mientras que algunos alcaldes superan con creces el centenar. En los gobiernos centrales y autonómicos, la legión de asesores y de enchufados hay que contarla por miles.
El mantenimiento de la desproporcionada, pesada y ociosa estructura del actual absurdo y obeso Estado español es un pozo sin fondo que se traga gran parte de todos los impuestos que se recaudan, sin que quede dinero suficiente para la sanidad, la educación, los ancianos, para paliar la pobreza, para la política social, las carreteras, los transportes y las fuerzas armadas y de seguridad.
Nuestras carreteras y transportes se han modernizado y mantenido gracias a las aportaciones de la Unión Europea, que eran finalistas, lo que significa que no podían gastarse en otros capítulos, pero ahora, cuando España deje de recibir esos ingresos extras, ni siquiera habrá dinero para tapar los baches.
Hasta las ranas del estanque del Retiro lo sabían
LUIS MARIA ANSON La Razón 26 Mayo 2009
OTEGUI no ha aclarado nada porque estaba todo más claro que la inteligencia de Bibiana Aída (Escribir Aído es una muestra deleznable de machismo). Hasta las ranas del estanque del Retiro sabían que Iniciativa Internacionalista era una máscara de Eta para sentarse en el Parlamento Europeo, para ingresar suculentas cantidades en las arcas terroristas. Naturalmente, el Tribunal Supremo cumplió con su deber y con el rigor jurídico y sentenció la prohibición del partido en-mascarado. Antonio Mingote dibujó ayer una viñeta que hubiera sido un portadón del ABC verdadero. Un etarra abraza a la mujer que representa a la Justicia con balanza y todo. Un reportero gráfico se dispone a disparar su cámara. «¿Para qué Tribunal dices que es esta foto?», pregunta la Justicia.
Para el Tribunal Constitucional, claro, que está altamente politizado desde su nacimiento, y que decidió darle un cachete al Supremo. Con argumentos que son puros sofismas legalizó el brazo político de Eta en las elecciones europeas. Nadie tenía dudas sobre el pelaje de Iniciativa Internacionalista. Ni en las provincias vascongadas ni fuera de ellas. Otegui ha puesto su firma a un documento de todos conocido.
Sobre la conciencia de los miembros del Tribunal Constitucional recaerán de forma ineluctable las tropelías que en el futuro cometa Eta, al menos en una parte sustancial. Pero no se trata de una cuestión moral ni tampoco jurídica. Estamos, una vez más, ante una decisión política. El Tribunal Constitucional se encuentra politizado hasta la médula y, aunque en este caso se haya pronunciado con acuerdo general, la pregunta del billón es ésta: ¿Quién ha sugerido y por qué, quién ha ordenado y por qué al Constitucional que autorizase al partido de Eta en las europeas?
Zapatero ha mentido descaradamente en la negociación que, de tú a tú, mantuvo con la banda terrorista. Tras la atrocidad de Barajas comunicó solemnemente al pueblo español que se había terminado cualquier tipo de negociación con Eta. Unos meses después reconoció en este periódico que esa negociación había continuado. Las actas publicadas por un diario vasco fueron inequívocas y constituyen la mayor vergüenza a la que puede someterse el Estado de Derecho. Y sólo conocemos una parte de esas actas.
Informaciones solventes subrayan que, a través de distintas instituciones internacionales, una de ellas domiciliada en Suiza, los contactos subterráneos con Eta prosiguen. Josu Ternera afirmó a las gentes de su entorno que se avanza en la buena dirección. Y Zapatero el embustero, que recogió velas para ganar las elecciones, y que tal vez no esté haciendo otra cosa que un paripé, aunque con complicidades insólitas, no ha renunciado a presentarse ante la opinión pública en el futuro como el gran pacificador. Aparte de que su política de ocurrencias siempre la ha respaldado con el sostenella y no enmendalla. El faro de la Alianza de las Civilizaciones no se equivoca nunca.
Salvo que se trate de una cuestión de competencias y celos entre juristas, cosa no descartable, la incógnita que convendría despejar es quién o quiénes han negociado con el Tribunal Constitucional la legalización del partido que va a representar la opción etarra en las elecciones europeas. Los periodistas de investigación tienen un tortuoso laberinto que recorrer con posible sorpresa final. Y un escándalo mayúsculo, claro.
Togas manchadas por la "paz sucia" de ZP
Guillermo Dupuy Libertad Digital 26 Mayo 2009
Si el primer llamamiento no era más que una cursilada destinada a encubrir una infame relajación en la observancia de la ley, el segundo, aun con el mismo objetivo, no era tan original, si tenemos en cuenta el requerimiento tan parecido que la propia ETA había hecho poco antes en uno de sus muchos comunicados durante la tregua. Recuerdo que desde el entorno del Gobierno eran tan frecuentes y desvergonzados esos llamamientos a jueces y fiscales para tener en cuenta "las nuevas circunstancias", que el entonces presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, llevó incluso a relacionarlos valientemente con una "incitación a la prevaricación".
Conde Pumpido no dudó durante aquella "paz sucia" de ZP en depurar a fiscales de prestigio que no estaban dispuestos a machar sus togas, como Torres Dulce o Fungairiño, ni en alinearse con las tesis de los abogados de los etarras –tal y como ocurrió en el caso de la solicitud de excarcelación del sanguinario Henri Parot– . Tampoco dudó Garzón, quien, al igual que el juez Pedraz, permitió a los imputados por colaboración con banda armada, Díaz Usabiaga y Gorka Aguirre, utilizar su libertad condicional para ir a Estrasburgo a festejar ese infame espaldarazo que la Eurocámara –gracias al Gobierno español– había brindado a lo que ETA siempre llamó "la internacionalización de la resolución del conflicto". Eso, por no hablar de las repetidas ocasiones en las que, tanto Conde Pumpido como Garzón, hicieron la vista gorda ante las numerosas veces en que ANV, PCTV, o la propia Batasuna, con Otegui a la cabeza, se saltaban a la torera la Ley de Partidos o la propia sentencia de ilegalización.
Ignoro las maniobras de distracción en el seno de la policía –tanto española como extranjera– que debieron ser necesarias para evitar que etarras tan perseguidos por la justicia como Josu Ternera o López Peña, alias Thierry, fueran capturados en compañía del presidente del PSE Jesus Eguiguren, el otrora fiscal general del Estado, Javier Moscoso, o el que, gracias a los socialistas es ahora vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez. Sólo constato, con vergüenza ajena, que el haberse ensuciado con el polvo del camino en esa sucia paz de Zapatero no ha sido, ni para ellos ni para Garzón ni para Conde Pumpido, obstáculo alguno en sus respectivas carreras profesionales.
La banda reconoce el daño que les ha causado la ilegalización de su brazo político
ETA apunta a las urnas
Editorial La Razón 26 Mayo 2009
La detención, ayer en París, de un terrorista de ETA, visiblemente borracho, es la respuesta adecuada y oportuna a la entrevista a dos cabecillas publicada ayer por en el diario «Gara». Los efectos de la presión policial y judicial, llevada a cabo con la colaboración de Francia, han colocado al entramado etarra al borde de la asfixia y nunca como hasta ahora ha sido tan fuerte la certeza de que camina hacia su disolución.
El sucesivo descabezamiento de ETA, realizado hasta en tres ocasiones en menos de un año, la ha reducido a un grupúsculo de aprendices e inexpertos matones que intentan administrar una banda cuyos pesos pesados están en la cárcel. Al mismo tiempo, ha perdido la coartada política que le permitía decidir el color del Gobierno vasco y manejar a su antojo cientos de alcaldías. Sin el poder de coacción de que disfrutaban instalados en las instituciones, sin el maná financiero que éstas les proporcionaban, los etarras y su brazo político se enfrentan a un proceso de descomposición irrefrenable. Anécdotas como la huida de uno de los suyos con el botín del «impuesto revolucionario» o los calificativos de «drogadictos» y «descerebrados» con que algunos presos han descrito a la cúpula etarra revelan a las claras su situación terminal.
Es este contexto el que explica la entrevista propagandística de «Gara» a dos encapuchados. Pensadas sobre todo para consumo interno, las declaraciones tratan de disfrazar los fracasos de la banda como un «periodo de reflexión asambleario para fijar una nueva estrategia político-armada». Los pistoleros entrevistados dan un voto de confianza al batasuno Arnaldo Otegi para que ensaye una suerte de segundo «Pacto de Lizarra», pero sin el PNV, y comunican al Gobierno que están abiertos «a la posibilidad de diálogo y negociación», que llegará «antes o después».
Al margen de las imposturas, manipulaciones y desvaríos con que trufan su propaganda, parece evidente que, ante su manifiesta debilidad «militar», los cabecillas apuestan decididamente por la acción política, es decir, por la infiltración de su entramado batasuno en las instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas. Con bastente claridad, los dirigentes terroristas reconocen que su expulsión de la actividad institucional les ha aislado y debilitado, ha generado una sensación de ineficacia y ha provocado su desmoralización.
No cabe duda alguna de que los terroristas seguirán atentando siempre que puedan. Sin embargo, han comprobado en carne propia que tanto o más daño que la cárcel les hace la expulsión de las instituciones. Si hasta ahora no habían experimentado esa pérdida se debía a que se aprovechaban de las lagunas legales que la última reforma de la Ley de Partidos subsanó. Y también porque se beneficiaban de la creencia, predicada por socialistas y nacionalistas, de que abriéndoles las puertas democráticas domesticarían sus instintos asesinos.
En este sentido, hay razones añadidas para lamentar que la candidatura Iniciativa Internacionalista haya pasado el filtro del Tribunal Constitucional, pese a las evidencias que aconsejaban la ilegalización dictada por el Tribunal Supremo. Como publica hoy LA RAZÓN, casi la mitad de los candidatos de II pertenecen a Batasuna y no pocos formaron parte de otras listas que fueron ilegalizadas. La consecuencia más inmediata, y más lamentable, es que el movimiento batasuno, reducido a la marginalidad, ha logrado una victoria propagandística con la que mantener la moral de sus bases. Numerosas pancartas en calles vascas así lo atestiguan y que Otegi presente oficialmente tal candidatura, lo corrobora.
ROSA DÍEZ: "ESTOS SON DE ETA"
La Policía advirtió al TC de la masiva presencia de proetarras en la lista de Sastre
Las Fuerzas de Seguridad advirtieron al Constitucional y al Supremo de la masiva presencia de proetarras en la candidatura de Iniciativa Internacionalista. Este martes, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, presentará la lista de Sastre en Pamplona. Para Díez es evidente que "estos son de ETA".
Libertad Digital 26 Mayo 2009
El Tribunal Constitucional, a diferencia del Supremo, no tuvo en cuenta los informes de las Fuerzas de Seguridad sobre la candidatura de Iniciativa Internacionalista. Según publica La Razón este martes, estos documentos advertían de la masiva presencia de proetarras y apoyos del entorno de ETA en la lista de Alfonso Sastre.
Concretamente, el pasado 22 de abril, la candidatura presentó ante la Junta Electoral Central la relación de sus representantes provinciales. Ya entonces, de las 43 personas designadas, doce tenían algún tipo de vinculación con las tres marcas utilizadas por el brazo político de ETA (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna) o con candidaturas anuladas judicialmente.
Semanas después, el 4 de mayo, la coalición presentó, al límite del plazo legal, su candidatura al Parlamento Europeo, compuesta por 54 personas más diez suplentes. De ellos, 23 tenían una o varias vinculaciones con formaciones proetarras.
Por lo que respecta a los 59 avalistas, miembros de corporaciones locales que debían acreditar con su firma la presentación de la candidatura, veinte también tenían vinculaciones con el entorno de ETA.
Ante tales evidencias, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha sido contundente en "La Mañana" de COPE: "Estos son de ETA, van avalados por gente de Batasuna".
La 'Mesa por la Libertad Lingüística' reclama que los niños gallegos puedan estudiar con libros en castellano
Recuerda que en las próximas semanas se elige el material didáctico en los centros
www.lavozlibre.com 26 Mayo 2009
Madrid.- La 'Mesa por la Libertad Lingüística' en Galicia ha difundido un comunicado en el que insiste en la imposibilidad de encontrar libros de texto en castellano en Galica.
"Una de las mayores dificultades de los niños a la hora de estudiar es tener que hacerlo en libros de texto que no están en su idioma, ya que el artículo 13 del Decreto 124/2007 pretendió suprimir la libertad de expresarse en español y reducir a la clandestinidad escolar los libros en ese idioma en la práctica totalidad del horario lectivo, las materias troncales, y dejarla a extinguir en las restantes", afirma la Mesa y recuerda que "en las próximas semanas se decidirán los libros de texto de uso en cada centro educativo de primaria y ESO".
Para luchar contra el problema, la plataforma gallega ha iniciado una campaña para informar del derecho de los padres a que sus hijos puedan estudiar con libros de texto español si así lo desean. La Mesa reclama que las listas oficiales de libros de texto que se expondrán en los centros educativos en sus tablones de anuncios oficiales recojan material didáctico tanto en gallego como en castellano.
"La campaña se desarrollará mediante solicitudes de los padres a los centros y peticiones de la asociación a los responsables administrativos y políticos de Educación", informa la asociación.
En el comunicado se explica que "el 19 de julio de 2007, el Partido Popular, entonces en la oposición, presentó en el Parlamento gallego una proposición no de ley instando al Bipartito a garantizar la 'liberdade de uso das dúas linguas por parte do alumnado, tanto no seu contacto co profesor como na redacción dos exames', libertad que lleva aparejada la de poder estudiar en libros en su idioma, dentro de los dos oficiales". Pero el Bipartito hizo caso omiso.
Felisa Antón (Palma):
"No sólo suprimen el castellano, sino que secuestran el balear"
"Es un atentado contra los derechos y las libertades de los ciudadanos"
Palma de Mallorca.- Felisa Antón es una mujer castellana casada con un mallorquín. Sus cuatro hijos, de entre 27 y 41 años, y su nieto de tres, han nacido en las islas y todos ellos vivieron en primera persona la implantación obligatoria del catalán en la enseñanza. Pese a que los profesores les decían que el mallorquín y el catalán eran lo mismo, la lengua que les había enseñado su padre no les servía de nada. Sus notas descendieron vertiginosamente.
- ¿Qué tipo de problemas ha tenido a causa de la lengua?
- El conflicto surgió con mi segunda hija y continuó con el tercero y el cuarto. Los dos primeros fueron al colegio La Salle. Mi hija comenzó a suspender catalán en segundo o tercero de BUP. Yo soy castellana, mientras que mi marido es mallorquín, por lo que la niña pedía ayuda a su padre con los deberes. Sin embargo, todo lo que hacía estaba mal porque mi marido le ayudaba en mallorquín y no se correspondía con el catalán oficial que enseñaban. En tercero de BUP, viendo que no podía seguir, lo dejó.
- ¿Qué ocurrió con su tercer hijo?
- Tanto éste como el cuarto estudiaron en el Colegio de Prácticas de Magisterio. El niño tenía una media de notable, pero cuando empezó sexto de Primaria, el director se jubiló, lo sustituyó uno más joven y, de repente, todo pasó a impartirse en catalán. Las notas de mi hijo cayeron de golpe y, a partir de ese momento, comenzó a suspender unas cinco asignaturas por año. Al llegar a Octavo, me di cuenta de que tenía acumuladas unas 16 ó 17 asignaturas suspendidas y, lógicamente, en junio no aprobó. Mi sorpresa se produjo cuando volvió en septiembre. Tras hacer los exámenes obtuvo el título de graduado escolar, algo imposible debido a la gran cantidad de materias que tenía suspendidas.
- ¿Por qué cree usted que le hicieron pasar de curso?
- Porque entre un 70 y un 80 por ciento de los alumnos de su clase iban igual de mal que él. Imagino que se darían cuenta de que no podían retenerlos a todos, pues no habría espacio para los nuevos alumnos. Mi hijo me contó que la mayoría de su clase tenía muchas asignaturas suspendidas, pero les habían aprobado a todos.
- ¿Cuál fue el proceso que derivó en un cambio de lengua en la enseñanza?
- A las reuniones de padres asistían profesores que, a su vez, eran padres y tenían alumnos en el centro. Antes de la implantación del catalán existía una materia denominada Lengua Balear, pero no catalán, y nos parecía bien. En una de estas reuniones, esos profesores se pusieron de acuerdo para solicitar un aula para impartir voluntariamente una asignatura de catalán. En la primera votación dijimos que no por mayoría, pero posteriormente se realizó otra reivindicación a la que acudimos menos padres y acabaron obteniéndolo.
- ¿Cómo se desarrolló la implantación del catalán en el Colegio de Prácticas de Magisterio?
- Una vez aceptado, no sólo crearon esa clase, sino que todo pasó a ser en catalán. Obligaron a todos los alumnos a cursarlo. Los profesores nos decían que les ayudáramos con el idioma, ya que era igual que el mallorquín que conocíamos. Sin embargo, su padre hacía los deberes con él y nada era correcto. Nosotros no queríamos el catalán, queríamos el mallorquín. El niño se hacía un lío y nosotros también.
- ¿Qué ocurrió con su cuarto hijo?
- Empezó en el mismo colegio y también le fue mal desde el principio. Le ocurrió lo mismo que a mi tercer hijo, aunque de forma menos descarada. Finalmente conseguí que sacara el graduado ayudándole en casa. En primero de BUP -tercero de ESO- entró en el colegio Medina Mallorca pero también le fue mal. No tenía el nivel que correspondía y se notaba. En segundo de BUP -cuarto de ESO- dejó de estudiar y se puso a trabajar limpiando coches. Antes de matricularlo, el director me aseguró que tenían entre diez y quince plazas de castellano como lengua vehicular. Logré obtener una para mi hijo, pero nada más comenzar el curso me llegó una notificación donde se decía que por orden del director general se había decidido que toda la educación fuera en catalán. Escribí una carta a la asociación de padres preguntándoles qué pasaba y me respondieron que iban a tener una reunión con el Andreu Crespí, consejero de Educación en esa época. Días después me informaron que el señor Crespí había tenido la gentileza de hablar en castellano y me comentaron que más adelante nos harían llegar los planes de estudio. Sin embargo, lo único que hizo este señor fue quitarse el problema de encima.
"MANDARON A MI HIJO AL PSICÓLOGO PORQUE IBA MAL EN CLASE. ALLÍ TAMBIÉN NOS HABLARON EN CATALÁN, AUNQUE NO ENTENDÍAMOS"
- ¿Cuál fue la respuesta del director del colegio?
- Cuando recibí esta carta fui a hablar con él para decirle que yo había matriculado a mi hijo con la condición de que las asignaturas se le impartieran en castellano. Le expliqué que el niño iba muy mal. Me respondió que no podía hacer nada y que fuera al psicólogo. Lo llevé, pero también empezó a hablarme catalán. Le advertí que yo hablaba en castellano, pero él siguió en catalán. Ésa era la tónica habitual.
- ¿Dónde han escolarizado a su nieto de tres años?
- Como primera opción pidieron un concertado religioso, el San Vicente de Paul, pero se lo denegaron y le mandaron a uno público. La primera reunión estuvo completamente centrada en mentalizar a los padres en que había que ayudar a los niños con el catalán, ya que ésta era nuestra lengua. Finalmente, no sé por qué le admitieron en el colegio concertado, pero algunas de las monjas, que son amigas mías, me dijeron que hacía tres años que todo tenía que ser en catalán.
"VAN ELIMINANDO A TODOS AQUELLOS PROFESORES QUE NO HABLAN CATALÁN"
- ¿Qué opinión tiene del sistema?
- Creo que es un atentado contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola: primero nos quitan a los profesores castellanohablantes y meten a los catalanohablantes, y luego faltan plazas. Yo tenía un familiar que trabajaba aquí, pero si no tienes el reciclaje del catalán no te puedes presentar a las oposiciones. Así que no puedes solicitar una plaza fija. De esta forma, eliminan a todos aquellos profesores que no hablan catalán y van dejando a los que sí lo hablan. Así se resiente la educación.
- ¿Cómo se vive este conflicto en el sector sanitario?
- La cartilla sanitaria está únicamente en catalán y los paneles informativos del edificio de la Seguridad Social también. Esto implica que muchas veces tienes que ir haciendo preguntas al personal sanitario y pierden un tiempo vital indicándote dónde tienes que ir. Existen muchas agrupaciones que llevan tiempo luchando, pero desde los diferentes gobiernos se han cerrado en banda. Hace 18 ó 20 años vino una orden a la Consejería de Educación de Baleares desde Madrid donde decía en catalán que, por orden de la Dirección General del Ministerio de Educación, a partir de ahora todas las clases se impartirían en dicha lengua. Y en ese momento la ministra de Educación era Esperanza Aguirre. Esto lo han impuesto los políticos de aquí, pero con la ayuda del Estado. La lengua nativa aquí no es el catalán, sino el mallorquín, el menorquín y el ibicenco: la lengua balear. No sólo están suprimiendo el castellano, sino que también están secuestrando el balear.
Las televisiones autonómicas nos cuestan el triple que TVE
Redacción Minuto Digital 26 Mayo 2009
El gobierno ha metido mano en TVE para favorecer a las privadas eliminando la publicidad, lo que supondrá un importante recorte a sus ingresos. No contento con ello, también ha limitado el número de películas americanas que podrá emitir TVE en el conjunto de sus canales, que no podrán ser más de 70 películas de estreno al año. Otro favor a la audiencia de las privadas y al tedioso cine patrio, que podrá usar el espacio que dejan libre los estudios yanquis en TVE para colocar sus “tubos”. La retirada de la publicidad por supuesto se traducirá en un recorte de los ingresos de TVE, que para mantenerse deberá acudir, ¿no lo adivinan?, a una mayor subvención pública, es decir a nuestros bolsillos.
Pero lo que llama la atención es que mientras se recorta RTVE, las autonomías siguen engordando sus televisiones. La Televisión de Galicia (TVG) estrenó su segunda cadena en febrero; Castilla-La Mancha Televisión (CMT) hizo lo propio en marzo; Televisión Valenciana (TVV) va a lanzar un canal de noticias; y ETB, la televisión pública vasca saca nada más y nada menos que dos nuevos canales: ETB-3, en antena desde el pasado mes de octubre, y ETB-4, cuyo estreno está previsto para este verano. De manera que si en el pasado ejercicio (2008) TVE se llevo 500 millones de euros de las arcas públicas para su financiación, las autonómicas se llevaron la escalofriante cifra de 1.238 millones de euros.
Pero si analizamos las cifras del escandaloso derroche que suponen las teles autonómicas, creadas para mayor gloria de la propaganda de los nuevos caciques regionales, comprobamos que si TVE era capaz –al menos hasta ahora- de generar beneficios para financiar más de la mitad de su presupuesto, 1.193 millones, algunas autonómicas no sacan por merito propio ni para pipas.
Es el caso de IB3 la televisión de Baleares, que con un presupuesto de 75 millones, tiene 71 asegurados en subvenciones. O la extremeña, 14 millones de presupuesto y 10 de subvención, la TVG (Galicia), 142 de presupuesto y 123 de subvención. Murcia, 28 millones de presupuesto y 24 de subvención. Aragón 61 de presupuesto y 53 de subvención. Canarias 61 de presupuesto y 59 de subvención. ETB (Vascongadas) 150 millones de presupuesto y 105 con cargo a las arcas públicas. Asturias, 28 de presupuesto y 24 de subvención. La tele catalana cuenta con un presupuesto de 485 millones y “sólo” tiene que meter la mano en nuestros bolsillos para sacar 279 millones. Es decir, una autentica ruina; entes que si fuesen empresas privadas no durarían abiertas ni un día, pero cuyas gigantescas pérdidas se enjugan a costa de nuestros bolsillos. Se salva ligeramente Tele Madrid, que con 160 millones de presupuesto, tiene que acudir a 81 millones de dinero público para sobrevivir. Flaco consuelo, si es que los sindicatos no acaban de hundirla, igualándola con sus hermanas.
¿Si se quiere favorecer a los canales privados y la libre competencia, por qué no se empieza por suprimir o privatizar estas televisiones autonómicas que tan gravosas son para nuestros bolsillos?
Gloria Lago versus Carlos Callón
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 26 Mayo 2009
La propuesta que defiende Carlos Callón es clara: como la libertad de idioma favorecería por abrumadora mayoría a los padres que prefieren la enseñanza en español para sus hijos, hay que imponer el gallego a la fuerza, guste o no guste. Gloria Lago defiende sin más la libertad, lo cual me parece más razonable y democrático. Los argumentos de Callón son, en realidad, simples excusas para la imposición coactiva y, contrariamente a lo que él afirma, ésta sí que provocaría una auténtica fractura social. La libertad de idioma provocaría una fractura entre la clase política que ésta trataría de trasladar a la sociedad, pero no la fractura social por sí sola tal y como amenaza Callón. Sería, en cualquier caso, una fractura social provocada por los políticos que manipulan irresponsablemente a los ciudadanos para sus fines.
Escribe Elisa Álvarez en La Voz de Galicia: Probablemente, sin el actual decreto del gallego no existiría Galicia Bilingüe, una asociación que nació a raíz de esta norma para «defender la igualdad de derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Galicia» y que aboga por la derogación de la misma. La Mesa pola Normalización, mientras, considera que el famoso decreto es el inicio de un buen camino. La Voz reunió a los presidentes de ambas organizaciones, Gloria Lago y Carlos Callón, para debatir sobre este asunto. Ambos demostraron en el cara a cara que comparten idioma, pero no argumentos, muy distanciados como para encontrarse.
-¿Por qué hay que derogar, o mantener, el decreto?
- Gloria Lago: Defendemos la libertad de los padres para elegir la lengua de enseñanza, como se hace en todos los sistemas democráticos en los que hay más de una lengua oficial. Cuando empezamos a trabajar, lo que más nos preocupaba era la enseñanza, porque iba a entrar en vigor un decreto que imponía el gallego. Se permitía que el 100% de las asignaturas excepto las lenguas se impartiesen en un idioma que no era el propio de muchos niños. Tampoco nos gusta ese aspecto del plan de normalización y también había malestar con el anterior decreto [el del 95]. Creo que el PP tenía una táctica, que era no cumplir sus propias leyes, porque se hacía la vista gorda, había profesores que impartían las materias obligatorias en gallego o en español. No había malestar porque no había presión.
- Carlos Callón: Desde la Mesa es importante destacar que esto no es una contraposición de quien defiende el gallego o el castellano. Estamos en una situación central en defensa del consenso. Para que haya libertad tiene que haber condiciones para escoger, y hay una lengua desamparada. Defendemos el consenso existente, porque existe en el Estatuto de Autonomía, la Ley de Normalización aprobada por unanimidad, el plan general y la carta europea de las lenguas. Hay un consenso existente en el que se establecen los mínimos que recoge el decreto, que tiene un apoyo unánime de la comunidad educativa.
-¿Comparten la afirmación de que el gallego esta más desamparado y hay que articular medidas para impulsarlo?
- Gloria Lago: Evidentemente, sabemos que en el Estatuto de Autonomía se dice que la lengua propia de Galicia es el gallego. Es verdad que hay que defender y proteger las lenguas cuyos hablantes tienen más dificultades para emplearlas, pero eso no puede convertirse en una imposición. Estamos notando un rechazo en los niños que ven cómo su vocabulario se restringe en su lengua. No creemos que la mejor forma de promover una lengua sea imponerla.
- Carlos Callón: Se señaló antes cómo se incumplía la legislación. Los informes estadísticos recogen que los chavales son competentes en castellano, pero un 20% de entre 14 y 19 años eran analfabetos funcionales en gallego. Hay que tomar medidas para garantizar la igualdad de competencias.
-¿Sería viable un modelo como el vasco en Galicia?
- Gloria Lago: Como el vasco, el navarro y el de Finlandia, que está a la cabeza en el informe PISA y se hace lo que pedimos nosotros. Los padres tienen sueco y finés y escogen. En Gales, en Eslovaquia, en todo el mundo. Eso puede llevar un tiempo, pero si se hace en países como Eslovaquia, con una renta per cápita inferior, por qué no nosotros. Feijoo no prometió exactamente eso, sino que en las materias troncales puedan escoger la lengua los padres, y el resto se impartan en la otra, y eso nos parece muy bien.
- Carlos Callón: En el Estado español no estamos en una situación autoritaria. El Consejo de Europa ya emitió informes muy claros sobre la vulneración de los derechos lingüísticos que se producen en Galicia en diferentes ámbitos, entre ellos en la enseñanza. No queremos una sociedad dividida, sino cohesionada, donde niños y niñas aprendan por igual el castellano y el gallego. Y cuantas más lenguas mejor, y es imposible que con el modelo educativo que propone el PP los chavales finalicen las etapas educativas con conocimientos en castellano y en gallego. A la escuela no se va a escoger lengua, se va a formar para poder escoger. Uno puede escoger si conoce las dos lenguas. Proponen el modelo del País Vasco, pues nosotros no queremos una sociedad confrontada.
-La Ley de Normalización impide la segregación por razón de lengua. ¿Debe modificase?
- Gloria Lago: Puede, porque en estos momentos pasan cosas como proyectos para que los niños pudiesen estudiar sólo en gallego.
- Carlos Callón: Pues hay otro ejemplo que es más simple. Coger las páginas amarillas y llamar a centros de educación infantil para decir que quieres que tu hijo estudie en gallego. ¿A ver dónde? Cinco, en toda Galicia.
- Gloria Lago: Están hablando de descohesionar la sociedad, pero no les importa que haya colegios de primaria en los que los niños puedan recibir la enseñanza íntegramente en gallego. Los que llaman segregacionistas a los que pedimos lo mismo que en Europa no les importa que se pudiera escoger, si fuese sólo en gallego.
- Carlos Callón: Es algo que no existió. ¿Donde se aplicó? Es menos del un 1% del total.
- Gloria Lago: La verdad es que hay niños a los que les dicen que son una oveja negra por llevar el libro en castellano. Hay profesores así. ¿Queréis una enseñanza íntegramente en gallego?
- Carlos Callón: Defiendo que se aplique el decreto. Un chaval castellanohablante tiene que tener las competencias comunicativas en gallego.
-¿El modelo que quiere el PP creará conflicto social?
- Gloria Lago: No si las personas que quieren imponer se conforman con lo que ellos quieren.
- Carlos Callón: El Gobierno del PP cada vez echa más leña al fuego. Las organizaciones que representan de verdad a la comunidad educativa no están por promover el derecho a la ignorancia y por crear una fractura social.
-¿Es posible un consenso?
- Carlos Callón: El consenso existe, está en el decreto, ya que el PP estuvo en él. Estamos defendiendo la ley y el plan del PP. Normas aprobadas por unanimidad. El propio ángel Lorenzo decía hace unos meses que quien rompió el consenso de forma poco cívica fue el PP. El consenso existe. Para enterrar el gallego no lo van a tener.
- Gloria Lago: Hay que hacer un gran trabajo de información. Nadie se puede oponer a lo que se hace en Europa. La sociedad no se descohesiona, los niños en Finlandia son felices, aquí algunos no por el problema de la lengua.
"Lo que más irrita a los tiranos es la imposibilidad de ponerle grilletes al pensamiento de sus subordinados" (Paul Valery).
¿Pero de qué se ríen?
Lorenzo Contreras Estrella Digital 26 Mayo 2009
Lo peor que le puede ocurrir a un partido político durante una campaña electoral no es perder esta o aquella batalla ocasional en el conjunto de su estrategia, sino hacer el ridículo. Y eso es precisamente lo que le está ocurriendo al PSOE, hasta el punto de haber suscitado la pública alarma de Felipe González. Y le está ocurriendo no de manera episódica (ahora suele decirse puntual), sino a través de circunstancias que contaminan todo el proceso conducente a las urnas del 7-J. El apoyo brindado por la izquierda abertzale a la llamada Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) representa una auténtica tomadura de pelo. Cuando Arnaldo Otegi, verdadera voz de Alfonso Sastre en esta aventura electoral, hace como que pide el voto de los filoetarras para el candidato de ETA, se limita a transmitir una orden, ni siquiera una consigna; y encima el Tribunal Constitucional viste de respetuosa legalidad su propia decisión avalista de la candidatura admitiendo que "puede deducirse razonablemente que ETA y el partido político ilegalizado (¿la anterior franquicia?) conceden cierta relevancia a estas elecciones", pero que aun así "no puede alcanzarse la conclusión de que ello haya de ser mediante la instrumentalización de esta coalición", es decir, II-SP.
Dos días después, la izquierda abertzale hace saber en rueda de prensa que "acepta la invitación" de II-SP para apoyarla y "alentar" a los votantes adictos en el sentido indicado. Faltaría más. Todo ello con encubiertas ofertas de volver a las andadas por la vía de los diálogos pacificadores. Porque como, según Otegi, hay "sectores del Estado español" que reivindican un proceso de diálogo y negociación para la solución de los "conflictos políticos", desde la izquierda abertzale (no dicen filoetarra) "comparten con entusiasmo" tales criterios.
Mientras tanto, con Zapatero y Rajoy como figuras estelares, aunque los cabezas de lista de sus formaciones sean López Aguilar y Mayor Oreja, respectivamente, la campaña intenta a toda máquina rentabilizar los episodios nacionales que se van sucediendo. El cántico que ZP ha dedicado a Andalucía, tan deprimida ella en un variadísimo orden de cosas, afianza la sensación de estafa a la que su población más consciente puede notarse sometida. Pero la cantera de votos socialistas es la que es.
Mariano Rajoy, por su parte, busca cierto refugio en Galicia, aprovechando la reciente victoria electoral autonómica, y la propone como paradigma del "cambio" en España. La verdad es que también él engaña por vía hiperbólica. Menos mal que Feijóo, el nuevo presidente de la Xunta, no ha perpetrado todavía alguna de sus versatilidades en reserva, ya insinuadas mediante el síntoma de que la guerra de las lenguas no se va a resolver tan igualitariamente como algunos crédulos pronostican.
La cantera a la que recurrir para explotar materiales electoralistas está abierta y con sus filones al aire. El PSOE ya se ha lanzado con todos sus bríos sobre el palpitante 'caso Gürtel' y no va a dejar durante la campaña el empleo de toda la gama de descalificaciones. Ha tenido, eso sí, la mala suerte de que la gripe A haya afectado a un cuartel de ingenieros, en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares, con una importante cantidad de militares contagiados, y además con demora en la comunicación de los casos a la opinión pública, incluso poniendo en peligro a una población escolar infantil que fue de visita a las instalaciones en plena vigencia del peligro. No precisamente un modelo de previsión y diligencia por parte de la ministra de Defensa, Carme Chacón.
El talón de Aquiles del PP en esta coyuntura se llama, aparte de 'caso Gürtel', Francisco Camps, cuya canonización se intenta desesperadamente. Tan desesperadamente que a veces se tiene la impresión de que Rajoy, con Mayor Oreja de víctima complementaria, está quemando algunos de sus importantes recursos de imagen. Simultáneamente, el PSOE se lanza en picado sobre las implicaciones de la Comunidad de Madrid, sin tener en este caso Rajoy la garantía de que Ruiz-Gallardón, el alcalde de la capital, está en línea de solidaridad con él y no ante todo en plano de beligerancia subterránea contra Esperanza Aguirre. Y ello en el peor de los momentos, en la menos propicia de las coyunturas. Normalmente a este tipo de situaciones se alude cada vez que de alguien se dice que le crecen los enanos.
Para Rajoy, como para Zapatero, la cuestión fundamental parece ser no perder la sonrisa. En este aspecto, ambos rivalizan casi prodigiosamente. Entran ganas de preguntar a gritos: ¿pero de qué se ríen?
Fanatismo a desterrar
EDITORIAL El Correo 26 Mayo 2009
La última comunicación de ETA, publicada a modo de entrevista, ofrece un retrato fiel del submundo sectario y sumido en la ignorancia al que trata de dirigirse y mantener cautivo, al tiempo que refleja la delirante visión del devenir histórico en la que basa su afán de perpetuarse en el terrorismo. Una vez más, las palabras de los supuestos portavoces de ETA invitarían a la hilaridad si tras ellas no acechara la implacable maquinación de un grupo siempre dispuesto a matar. Su discurso sería una muestra más de patetismo fanatizado si no entrañara una amenaza directa contra la vida y la integridad de miles de ciudadanos en Euskadi y en el resto de España.
Si hiciésemos caso al mensaje emitido por ETA, habría que concluir que sus esfuerzos actuales van dirigidos a fortalecer su opción política aglutinando un frente depurado de independentistas prestos a dejar atrás el actual marco jurídico-político. Al tiempo que trata de soslayar la extrema debilidad operativa en que se encuentra la trama terrorista y las graves dificultades que la ilegalización de la izquierda abertzale supone, en tanto que impide el doble juego en el que la coacción etarra se ha acomodado en el pasado. Pero su mención a que «el papel que juega el PNV debe ser sustituido por una fuerza articulada y nacional a favor de la independencia» ni siquiera se atiene a la realidad que representa, no ya la sociedad en su conjunto, sino el propio nacionalismo en el País Vasco.
De la misma manera que su jactanciosa explicación de la negociación que pretenderían más adelante como «una fase de lucha que, al mismo tiempo, es la culminación de una fase de lucha anterior», parte de la consideración de la democracia y de la sociedad libre como realidades que viven dispuestas a ceder posiciones a cambio de un abandono de las armas a las que ETA no se refiere nunca, ni siquiera por descuido. Entre su asesina persistencia y la Euskadi auténtica hay un abismo, el que separa su propósito violento de una ciudadanía que intenta vivir en paz y hacer frente a una crisis económica que condiciona su futuro. Habrá quien haya descubierto alguna señal esperanzadora en la supuesta entrevista; incluso se oirá la voz de apologetas que intenten presentar su incalificable contenido como muestra de la generosa disposición etarra. Pero los últimos años han aportado a la sociedad y a las instituciones suficientes enseñanzas como para saber que la única estrategia democrática válida y eficaz contra el terror es la que conduzca a su irremisible derrota y desaparición. Un propósito firme sobre el que ETA no debería tener ninguna duda.
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 26 Mayo 2009
En noviembre de 2007, los ex dirigentes de ETA José Luis Alvarez Santacristina 'Txelis', y Kepa Pikabea, suscribieron una carta en la que afirmaban que la lucha armada se había convertido en un obstáculo para «lograr niveles más altos de autogobierno» y para realizar una política «eficaz» con la que conseguir la autodeterminación.
Como si quisiera contestarles con un año de retraso, en noviembre de 2008 Arnaldo Otegi rompió el periodo de silencio que se impuso tras salir de la cárcel para proclamar que «la izquierda abertzale debe construir una estrategia eficaz para alcanzar un escenario democrático» (Gara 30-11-09). En aquellas manifestaciones Otegi proponía «vertebrar una alternativa al PNV» desde la izquierda. El primer paso para poner en práctica esas ideas se dio el 16 de marzo, cuando Otegi y varios dirigentes de todos los sectores de la izquierda abertzale anunciaron la apertura de un proceso de contactos con otros grupos para constituir un bloque independentista.
Las declaraciones de dos representantes de ETA difundidas ayer muestran la perfecta identificación de la organización terrorista con las propuestas de Otegi de organizar un bloque independentista para desplazar al PNV. Incluso utilizan el concepto de estrategia «político armada» eficaz.
ETA y su entorno político siguen actuando de manera coordinada y la voluntad de abandonar las armas brilla por su ausencia. Todo lo contrario: según el análisis de la banda, si algo se ha conseguido en el pasado ha sido gracias a la violencia y la negociación futura será resultado de la eficacia de las armas.
El análisis que hace ETA de la situación debería ser desmoralizador para sus seguidores: el PSOE y el PP han pasado a «gestionar directamente» el «centro de poder de Lakua»; el PNV se ha plegado a los intereses de España y Francia; Nafarroa Bai acepta el marco legal navarro; la izquierda abertzale se ha quedado sola; las fuerzas soberanistas se muestran «dóciles y dispersadas» y, para colmo, ETA no ha sido capaz de hacerle daño a su enemigo.
El balance de la última década de un nacionalismo apuntado en bloque a la bandera soberanista no puede presentar más números rojos para los adeptos a la causa etarra que, después de pasarse tres décadas tratando de ningunear y deslegitimar las instituciones autonómicas vascas, acaban de descubrir que éstas tenían una «gran potencialidad soberanista» y un «impresionante presupuesto» que ahora ha quedado «en manos del enemigo».
Todo el espacio nacionalista está en ebullición y busca recolocarse después de una serie de acontecimientos -ilegalización de Batasuna, salida del PNV del Gobierno, descalabro electoral de EA, aparición emergente de Aralar, acorralamiento de ETA- que han desestabilizado la estructura de equilibrios e influencias de las últimas dos décadas. Y ETA y Batasuna, que son una parte importante de ese espacio, han explicado cuál es su solución: que todos los que apoyaron el Estatuto reconozcan su error y se pasen a sus filas de manera incondicional, sin tener siquiera derecho a exigirles el abandono de las armas.
La declaración etarra de ayer anunciaba que antes de este verano acabarán el último proceso de debate interno, proceso que abrieron en 2007 y que de acuerdo con sus propias previsiones tenía que haber terminado en junio de 2008. Probablemente, la captura de los jefes del «aparato político» ocurrida en Burdeos el 20 de mayo del pasado año, dejó inclusa la votación de los acuerdos y las caídas posteriores de otros dirigentes fue aplazando el cierre de aquel proceso de debate epistolar.
De todas formas, no hay que hacerse ilusiones sobre ese anuncio porque se conocen los papeles que iban a ser sometidos a debate y en ellos estaba clara la decisión de continuar con el terrorismo, a pesar de reconocer las dificultades operativas de la banda. No en vano, los dos encapuchados de ayer hablaban de estrategia «político armada». O sea, lo de siempre.
La lista letal de Alfonso Sastre
VALENTÍ PUIG ABC 26 Mayo 2009
ES tal la hipertoxicidad de la lista electoral de Iniciativa Internacionalista que retrotrae a aquella dimensión escabrosa de lo que ocupó un espacio aún hoy oscuro entre franquismo y antifranquismo. Es como regresar a las cavernas donde lo que casi nunca se dice impone tanta ambigüedad que contagia el uso racional del lenguaje. Mayor o menor, hubo una oposición al franquismo que propugnaba la alternativa demoliberal, pero hubo también un antifranquismo que quiso hacerse hegemónico postulando la sustitución del régimen autoritario de Franco por un sistema totalitario. No desdeñaba el recurso a la violencia. El escritor Alfonso Sastre encarna tanto como nadie esa escabrosidad, ahora al servicio de un nuevo internacionalismo nutrido del terrorismo étnico-particularista. ¿Quién sino ETA iba a ampararle? Sastre lleva años así.
En general, la transición democrática demostró que los políticos se adaptan antes que los intelectuales, pero finalmente un pelotón de intelectuales postotalitarios pasaron a las filas de la izquierda posible, y algunos al centro-derecha, por una cierta mala conciencia ideológica de la derecha con afán de trofeos culturales de izquierdas, por desconocer su legítima tradición histórica. Sastre acabaría abrazado a ETA. Escribe cómo en 1977 -año de las primeras elecciones generales- el etarra-batasunero Telesforo Monzón le dio la nacionalidad vasca. Euskadi se presentaba -ha escrito Sastre- «como un islote en que se asentaba la fuerza de un proyecto radical de transformación del Estado».
Allí se fue a vivir. Más de veinte años después, allí sigue y acepta encabezar la lista Iniciativa Internacionalista a las elecciones europeas que ha sido anulada por el Tribunal Supremo y permitida por el Tribunal Constitucional. En «Gara», Sastre se congratula del «insólito resplandor democrático» que representa esta revocación. Lo que no explica es qué pueda tener que ver con la luminosidad democrática una lista proetarra. Mientras, ETA anuncia un proceso interno «reflexivo y asambleario» para fijar «una estrategia político-armada eficaz». Son fines que comparte Sastre desde hace tiempo: destruir el actual Estado y sustituirlo por una versión «abertzale» de la Albania comunista aherrojada por Enver Hoxha.
Habrá quien vote la lista encabezada por Sastre. Tiene el hábito de presentarse o avalar la candidatura de Herri Batasuna a las europeas. La avaló en 1987 y fue candidato en 1989, lo mismo que en 1994 y en 1999. También en 2004, cuando la lista fue ilegalizada. Para las elecciones de junio en este 2009, el Tribunal Constitucional admite que existe una coincidencia entre la lista de Sastre y tanto ETA como Batasuna, pero que ello «no pone de manifiesto una concertación de voluntades», ni demuestra que apoye la violencia. Desde luego, explícitamente se niega a condenar el terrorismo de ETA. Otegi ya ha pedido el voto para la lista de Sastre. El totalitarismo de nuevo asoma la pezuña en Europa, aunque los analistas dudan que obtenga ese escaño.
En 1987, la lista europea de HB tuvo 360.952 votos en el conjunto de España, de los cuales -según «ETA en Cataluña» de Florencio Domínguez- 39.692 fueron emitidos en Cataluña, nueve días antes de la matanza de Hipercor. En 1989, la izquierda «abertzale» bajó a 269.094. El atentado de Hipercor había reducido los votos a HB en Cataluña. En 1994, fueron 180.324 -sin escaño- y 306.508 en 1999. Sastre sigue siendo el «camarada oscuro» de los asesinos con pasamontañas, otra bandera de conveniencia para ETA, el penúltimo escritor totalitario entre manchas imborrables de sangre y el silencio de los cementerios.
La estrategia terrorista de ETA y Batasuna
ROGELIO ALONSO Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos ABC 26 Mayo 2009
Revés judicial a Miguel Sanz (UPN): el euskera tendrá más presencia en la Administración
El Gobierno de Navarra pierde una batalla que ha durado cinco años
Madrid.- El Gobierno Foral de Navarra, presidido por Miguel Sanz, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), deberá enviar sus comunicaciones tanto en euskera como en castellano a los ciudadanos residentes en la franja norte de la comunidad. Así se lo exige una sentencia del Tribunal Supremo. Sanz presentó un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y anuló cuatro artículos del decreto foral de 2003 que regula el uso del vascuence en la administración pública navarra.
La sala tercera de lo contencioso del rechazó los argumentos del Ejecutivo regional y llegó a acusarle de "deshabilitar" al euskera del rango que la ley le atribuye.
El Supremo destacó que el tribunal navarro se limitó a interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico y rechazó algunos argumentos que se alegaron, como la "falta de motivación" o "carácter arbitrario" de la sentencia o la supuesta vulneración de la Ley Foral del Vascuence.
Se concluye así un proceso que ha durado cinco años y que termina por otorgar a la lengua vasca mucho más uso e importancia en la Administración de lo que pretendía el Gabinete navarro.
Además, el TSJN expuso en junio de 2004 que la ley del vascuence era "clara" en el sentido de que los ciudadanos residentes en la zona vascófona debían recibir las comunicaciones tanto en euskera como en castellano y sostuvo que no debía depender del lugar en el que se ubicara la sede de la Administración foral.
Otros artículos anulados por el Supremo, el 21.1 y 23.1, hacen referencia a la valoración del euskera como mérito en las convocatorias de la Administración de Navarra. El tribunal ha dejado sin efecto que el decreto foral determine la valoración máxima del euskera como mérito en el acceso a la función pública en relación con otros idiomas comunitarios, fijada en un 10% más que el inglés, francés o alemán en la zona vascófona y un 5% más en la zona mixta.
En su sentencia, el Supremo rechaza las alegaciones realizadas por el Gobierno de Navarra en el sentido de que el TSJN hizo un "abuso y exceso" de jurisdicción al reconocer a los ciudadanos de la zona vascófona un derecho "que la ley no les atribuye", según el el ejecutivo de Miguel Sanz.
Por su parte, el Parlamento de Navarra había exigido, el pasado 15 de mayo, al Gobierno que desistiera de defender el Decreto Foral 29/2003. La moción salió adelante con los votos de NaBai, PSN e IUN, mientras que UPN y Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) apostaron por seguir defendiendo la norma, impulsada por Pedro Pegenaute, entonces director general de Política Lingüística. La mayoría parlamentaria reclamó, asimismo, que se elaborase un nuevo decreto foral sobre el uso del euskera.
Confirma la anulación de varios artículos del Decreto Foral sobre la utilización del vascuence en la Administración
Revés del Supremo a la norma navarra sobre el euskera
Pamplona - R. T. La Razón 26 Mayo 2009
El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por el Gobierno de Navarra y ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por la que se anularon varios artículos del Decreto Foral de 2003 sobre el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra.
El Alto Tribunal considera que algunos contenidos de ese decreto exceden la protección que se otorgó al euskera en la ley foral del vascuence de 1986. En concreto, el Supremo ratifica, entre otros, la nulidad del artículo que establece que «las notificaciones dirigidas desde los servicios de la Administración foral con sede en la zona mixta a personas físicas y jurídicas de la zona vascófona se realizarán en castellano, salvo que los interesados soliciten expresamente la utilización del vascuence, en cuyo caso podrán realizarse en forma bilingüe», informa Ep.
El TSJN expuso en sentencia dictada en junio de 2004 que la ley del vascuence era «clara», en el sentido de que los ciudadanos residentes en la zona vascófona debían recibir las comunicaciones tanto en euskera como en castellano y sostuvo que ello no debía depender del lugar en el que se ubicara la sede de la Administración foral.
El euskera, como mérito
En respuesta al recurso presentado por el Gobierno de Navarra, el Supremo afirma que el TSJ de Navarra se limitó «a interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico pertinentes».
Otros de los artículos anulados hacen referencia a la valoración del euskera como mérito en las convocatorias de la Administración en las zonas vascófona y mixta de Navarra.
Más valoración que el inglés
El artículo anulado que hacía referencia a la valoración del euskera como mérito en las convocatorias de la Administración en las zonas vascófona y mixta de Navarra, establecía que «el porcentaje que tal valoración suponga de incremento en relación con la puntuación que se aplique como mérito al conocimiento del francés, inglés o alemán, lenguas de trabajo en la Unión Europea, no podrá en ningún caso ser superior al 10 por ciento de la misma».
El Gobierno vasco dará al euskera la misma consideración que al castellano
Mendia ha explicado que derogará los decretos promulgados por el anterior consejero de Educación, que establecen el euskera como lengua principal en la escuela
AGENCIAS VITORIA El Correo 26 Mayo 2009
Mendia también se ha referido a un decreto aprobado por el anterior Ejecutivo que desarrolla el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias, el cual establece la obligatoriedad de que las empresas y comercios abiertos al público atiendan y rotulen sus productos y servicios en euskera y castellano. El decreto establece sanciones y define las características de las empresas afectadas.
La portavoz del Gobierno vasco ha indicado que este asunto aún no ha sido abordado, aunque ha recordado que al final de la pasada legislatura el PSE-EE y el PP alcanzaron un acuerdo para solicitar en el Parlamento vasco la derogación de estas obligaciones y sanciones, a pesar de que sus peticiones no salieron adelante.
La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendía, ha afirmó hoy que el Ejecutivo mantendrá el actual sistema de modelos lingüísticos y "garantizará" la posibilidad de los padres de optar por cualquiera de los tres modelos -en euskera, en castellano o bilingüe- para la educación de sus hijos, aunque reconoció que la aspiración del gabinete de Patxi López es implantar un sistema trilingüe que introduzca el inglés como tercera lengua en el sistema educativo vasco.
Mendia, que compareció ante los medios de comunicación al término del Consejo de Gobierno semanal, se ha referido así a la petición del PP al Ejecutivo casco para que garantice que los padres que así lo deseen puedan matricular a sus hijos en el modelo A -enseñanza en castellano con el euskera como asignatura-. La portavoz del Gobierno autonómico ha anunciado que el sistema de modelos actual se va a mantener y que se va a proceder a la derogación de aquellas partes de los decretos aprobados por el anterior Ejecutivo que establecen el euskera como lengua principal en la escuela.
Jesús Vázquez teme que su plan de educación sea inviable por la crisis
Las primeras medidas lingüísticas de Feijóo suscitan la polémica
Madrid.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pospuesto su promesa electoral de regular el uso del gallego en el sistema educativo. Para capear el temporal, el consejero de Educación, Jesús Vázquez, y el propio Feijóo anunciaron el pasado jueves que, en el mismo sobre de la matrícula escolar del próximo curso, se preguntará a los padres en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos.
El consejero Vázquez aseguró que tanto para él, como para Núñez Feijóo, "las ideas están claras". Reconoció, sin embargo, que separar a los alumnos según la lengua en la que reciban las clases es completamente inviable por la crisis económica. Aún así, se niega a descartar del todo la segregación.
Para Vázquez, el conflicto lingüístico se ha quedado en un "problemita" frente la verdadera dificultad que atraviesa la sociedad: la crisis económica.
Las reacciones a los primero pasos de Núñez Feijóo en materia lingüística no se han hecho esperar. El nombramiento del nuevo responsable de Política Lingüística gallega, Anxo Lorenzo, así como las nuevas medidas en educación han suscitado las críticas y el recelo de la mayor parte de Galicia.
Sólo los socialistas y BNG no quieren oír nada acerca de una posibilidad que califican como "aberración pedagógica".
Por otra parte, el nacionalismo de Bieito Lobeira anuncia mayor presión política para intentar frenar las medidas "antigallegistas", que para muchos, como 'Galicia Bilingüe', son insuficientes. La presidenta de esta plataforma, Gloria Lago, asegura que seguirá en estado de alerta, ya que cree que Feijóo se ha arrepentido de lo prometido en la campaña electoral.
El que lo tiene más claro es el diputado del PSdeG-PSOE, Francisco Cerviño, que calificó la política de Feijóo en materia lingüística como "un fraude". Asegura que las políticas en materia de lengua del PP no son más que una "maniobra electoral legítima, pero irresponsable y oportunista" para conseguir votos y que nunca existió un conflicto como el que se quiere hacer ver, ya que Galicia siempre tuvo un "bilingüismo funcional absoluto".
La Xunta desoye a los sindicatos y mantiene como no obligatoria la prueba en gallego al opositar
CIG, CC.OO. y UGT están en contra de modificar la Lei de Función Pública
E. Á. La Voz 26 Mayo 2009
La Dirección Xeral de Función Pública mantiene su compromiso de suprimir la obligatoriedad de realizar una prueba en gallego en las oposiciones de la Administración, pese al rechazo sindical, prácticamente unánime.
En concreto, CIG, CC.?OO. y UGT, que engloban a trece de los quince miembros de la mesa sindical de negociación, han mostrado su oposición a esta medida, que la Xunta quiere incorporar como modificación de la Lei de Función Pública. El artículo 35 de esta norma establece que para promover el uso normal del gallego por parte de los poderes públicos de Galicia habrá que demostrar el conocimiento de este en las pruebas de acceso a las plazas de la Administración. Por ello, las bases de las convocatorias «establecerán que unha ou máis das probas do proceso selectivo se deberán realizar exclusivamente en lingua galega».
En la práctica, la prueba que se realizaba en gallego era de tipo test, que con este cambio en la ley pasará a ser bilingüe. El pasado viernes todos los sindicatos a excepción del CSIF se levantaron de la mesa de negociación ante la actitud de la Dirección Xeral de Función Pública, que calificaron de prepotente, intentando despachar con una convocatoria urgente con solo 48 horas de antelación un tema «de tanta trascendencia como é o da lingua», asegura CC.?OO.
El director xeral, José María Barreiro, convocó ayer de nuevo a todos los sindicatos de forma individual para conocer su postura sobre la modificación de esta norma, que sigue siendo, salvo en el caso del CSIF, de total oposición. De hecho, la CIG ni siquiera acudió, al esgrimir que el lugar de negociación es la mesa sectorial.
Francisco Núñez, de UGT, que criticó la actitud de la Xunta tanto en las formas como en el fondo, señaló al término del encuentro que la postura del Gobierno gallego es la misma que hace unos días, y defendió la inclusión de un examen solo en gallego «pensando en el ciudadano» y en el derecho que debe tener a que se le atienda en su lengua, en el caso de ser el gallego. El certificado que se exige para demostrar el conocimiento de la lengua de Galicia, añade Núñez, no es para nada capacitante, lo que dejaría indefenso al ciudadano. Ramiro Otero, de CC.?OO., añade que los propios responsables de la Xunta ven difícil ceder a las reivindicaciones sindicales «porque estaba dentro do programa eleitoral».
Fonte acusó al Gobierno del PP de actuar con alevosía al plantear un cambio de tanta trascendencia de forma urgente y de provocar un debate que no existe en la sociedad. Pese a que las tres principales organizaciones sindicales mostraron su malestar por el cambio en el artículo 35 de la ley, por el momento no han planteado ninguna medida conjunta de protesta.
Intentona golpista al idioma gallego
SEGUNDO PARDO-CIORRAGA DE SANTOS laopinióncoruña.es 26 Mayo 2009
El desembarco de Feijóo, sus conselleiros y cinco delegados provinciales en sus respectivos rediles han puesto de relieve la improvisación y la falta de conocimiento de la realidad de un país con un pasado, una historia y un presente que nadie, por muy acreditado que se considere por una victoria electoral, puede zarandear a su antojo infringiendo agravios comparativos, como es el caso de los nombramientos de dos gobernadores para la provincia de Pontevedra y, sobre todo, la intentona golpista, discriminatoria y atentatoria resucitando viejas polémicas locales, y lo que es un claro ataque al tratar de imponer la supremacía del castellano sobre nuestra legua oficial e idioma vernáculo, que es el gallego. En esta operación de ataque y derribo de la identidad de un pueblo es donde se patentiza y demuestra una falta total de formación democrática. No vale que los ahora gobernantes de esta nación, parte integrante del Estado español, intenten justificar su desprecio a nuestra identidad argumentando que fueron los fanáticos de la llamada Mesa pola Normalización Lingüística, a los que tenía que haber parado los pies el bipartito, los culpables del enfrentamiento idiomático, pero lo cierto es que los fundamentalistas de Galicia Bilingüe fueron, son e intentarán seguir siendo los que de siempre se han llenado la boca con el castellano como única lengua vehicular en la enseñanza y eso es racismo lingüista. Porque como ya se ha visto, el esgrevio conselleiro de Cultura no ha dudado en proponer una división en las aulas promoviendo descaradamente la segregación (si les gusta más le llamamos apartheid) de los alumnos; algo que no se ha planteado en ninguna de las CCAA que tienen leguas oficiales propias como Catalunya, Euskadi, Illes Balears y País Valenciano (este último gobernado por el PP).
La calificación de impresentable es poca para enmarcar las actuaciones del PP en relación a su intención de derogar el decreto aprobado por el anterior gobierno que desarrolla ni más ni menos que la ley de normalización y el estatuto en lo concerniente al estudio del idioma gallego desde la escuela, la obligación de conocerlo y el derecho a usarlo por parte de todos los funcionarios de la Administración autónoma. Da la impresión de que los nuevos gestores xunteiros aún no se han enterado de que Galicia tiene las competencias en materia educativa y la ley y demás disposiciones aprobadas en relación al tema que nos ocupa son obligadas tanto en la educación como para todas las administraciones. ¿De dónde se han quitado que pueden suprimir exámenes obligatorios en gallego para acceder a una plaza dentro de la función pública? Evidentemente que pueden hacerlo pero es una proposición indecente muy propia del instinto básico de la derecha y su nacionalismo centralista, que siempre intenta comprar voluntades y enseñar lo que sea, con tal de alcanzar sus objetivos, y eso sin contar con Demi Moore, ni con Sharon Stone como protagonistas.
Las actitudes, que no aptitudes, del presidente Núñez Feijóo, su conselleiro y la de su recién nombrado director xeral de Cultura, además de un continuo desdecirse, son un delito de lesa educación. Una búsqueda descarada de enfrentar a sectores de la población que, por otra parte, están perfectamente definidos: uno, aquella mayoría de gallegos que además de defensores de una enseñanza gratuita, pública y plural de acuerdo con lo estipulado en el Art. 3.1), 2), 3) de nuestra Constitución, desean que sus hijos aprendan, conozcan y respeten los idiomas oficiales que se hablan en nuestra histórica nación; y dos, esas minorías selectas y bullangueras de colegios concertados y de pago donde lo importante es hablar castellano porque es lo culto, lo elegante y lo que tiene futuro, olvidándose que la cultura y el conocimiento de nuestra ancestral lengua es el reconocimiento de la identidad diferenciada e indiscutible de Galicia y sus gentes. Falemos galego, escribamos galego e tamén fagámolo propio co castelán e si a eso engadimos a apredizaxe doutras linguas mellor que mellor, xa que logo, é sabido que o saber non ocupa lugar.
Nota del Editor 26 Mayo 2009
El Síndic por la casilla
ÁLEX SÀLMON - EL MUNDO 26 Mayo 2009
VICTORIA RELATIVA para los que luchan por la casilla del castellano en las prescripciones escolares. Ni el propio Síndic ha podido enmascarar la evidente injusticia y negación a la ley que obliga a la Generalitat a colocar esta casilla en los impresos. Ésta es una opción de libre elección. Por ello, hasta el propio Rafael Ribó no encuentra argumentos para criticar la ausencia. Además, constata que Educació «no ha realizado las actuaciones suficientes para hacer efectivo el mandato judicial». Hasta aquí, todo correcto. Pero Ribó, un defensor de la inmersión lingüística de siempre, no sería coherente consigo mismo si no añadiera que «por dicha razón me he vuelto a dirigir al mencionado organismo en demanda de más información». Habilidoso movimiento de cartas. Dar la razón por evidente, pero dejando incógnitas abiertas por si acaso. A pesar de ello, la respuesta del Síndic debe ser recibida por la Asociación de la Tolerancia como éxito. Un paso más en una lucha de dos décadas.
La desobediencia de la Generalitat
XIANA SICCARDI EL MUNDO 26 Mayo 2009
El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) reconoce, en una carta enviada a un ciudadano, que el departamento de Educación de la Generalitat «continúa sin implementar en los impresos de preinscripción escolar para el curso 2009/2010 una casilla, preguntando cuál es la lengua vehicular de los niños en las enseñanzas infantil y primaria», en las que tienen el derecho de recibir la educación en su lengua materna.
Ribó admite que Educació obvia al Supremo sobre la casilla del castellano. El Síndic de Greuges dice que la Generalitat no realiza las «actuaciones suficientes»
Un ciudadano ha acudido al Síndic de Greuges para denunciar que, durante el proceso de preinscripción escolar para el próximo curso escolar, el Departament d'Educació ha seguido obviando en los impresos la casilla que da derecho a las familias a que su hijo reciba, en la educación infantil y primaria, la enseñanza en su lengua materna -catalán o castellano-, tal y como establece la ley. El Síndic reconoce que la Generalitat no está realizando las «actuaciones suficientes» para hacer efectivo el mandato judicial, confirmado a finales del año pasado por el Tribunal Supremo, que exige que las familias puedan reclamar que su hijo sea educado en castellano.
Es una polémica que ya viene de antiguo. Los tribunales se han posicionado claramente a favor de incluir esta doble posibilidad -no en los ciclos superiores, donde el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza-; pero el ciudadano, ante el caso de su hijo, acudió al Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, para denunciar que la vulneración se sigue produciendo.
La respuesta llegó el pasado 24 de abril, y en ella el Síndic también se lamenta de que aunque ha solicitado información al respecto al Departament d'Educació, ésta no ha llegado. La carta recuerda la sentencia dictada por el Tribunal Supremo del 12 de diciembre de 2008, que venía a confirmar la del 14 de septiembre de 2004, por la que la Generalitat debería facilitar las opciones de catalán o castellano en los impresos de inscripción.
Se trata de «un derecho establecido en el artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística», explica el Síndic, añadiendo sobre el caso que «ordené la apertura de una actuación de oficio el pasado mes de febrero».
Pero desde entonces hasta hoy no ha habido respuesta por parte del Gobierno catalán. El Síndic explica que, cuando solicitó esta información, la finalidad «no era otra que la petición de información sobre las medidas que el Departament tenía previsto llevar a cabo para dar cumplimiento a la resolución judicial mencionada» y afirma que «insté al Departament a que me remitiese toda la información de que dispusiera en relación a este asunto, así como en relación a los impresos de inscripción a disposición de los alumnos en los centros sufragados con fondos públicos para el curso 2009-2010».
Y concluye asegurando que, «de la información recibida, constato que el Departament no ha realizado las actuaciones suficientes para hacer efectivo el mandato judicial, y por dicha razón me he vuelto a dirigir al mencionado organismo en demanda de más información».
El último párrafo de la respuesta del Defensor asegura al ciudadano que «tan pronto como disponga de alguna noticia le informaré del resultado de nuestras actuaciones, así como de las posibles sugerencias o recomen- daciones que de las mismas se deriven».
El Tribunal Supremo confirmó el año pasado la sentencia del TSJC que obligaba al Departament d'Educació de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística de 1999.
La sentencia del alto tribunal consideraba que el procedimiento que emplea la Generalitat en cada curso escolar «incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños».
Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique».
Las hojas de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998/1999 una casilla en la que la Generalitat daba la opción a las familias a informar sobre su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último gobierno de CiU la eliminó y así se ha mantenido hasta la actualidad.
La sentencia del TSJC establecía que el gobierno catalán tiene la «obligación» de «adoptar las medidas necesarias para que el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación».
Respuesta del Síndic de Greuges a un militante de nuestra Asociación
Asociación Tolerancia 26 Mayo 2009
En fecha de 20 de mayo de 2009 hemos recibido su correo electrónico, en el que nos solicita información acerca de las actuaciones del Síndic para que se habilite en la hoja de prescripción una casilla para que los padres y tutores puedan expresar la lengua de escolarización de sus hijos.
Le informamos que el Síndic ha abierto una actuación de oficio, a fin de conocer las medidas que el Departamento de Educación ha adoptado para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 12 de diciembre de 2008.
Tal y como nos indica en su escrito, la sentencia del Tribunal Supremo confirma la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 14 de septiembre de 2004, que declara la obligación de la administración educativa catalana de solicitar a los padres o tutores por la lengua habitual de los alumnos.
En este sentido, ante cualquier problemática en el ejercicio de este derecho, le sugerimos que se dirija por escrito al Departamento de Educación, asegurándose de conservar copia del mismo.
Este paso previo es imprescindible para que el Síndic pueda intervenir, ya que no puede sustituir a la administración en sus funciones; es decir, antes de nuestra intervención es necesario darle la oportunidad de resolver el problema por ella misma.
Le facilitamos la dirección:
Teléfono: 93 551 69 00 / 93 400 69 00
Fax: 932 415 342
Dirección electrónica: conseller.educacio@gencat.cat <mailto:conseller.educacio@gencat.cat>
Dirección web: http://www.gencat.cat/educacio <http://www.gencat.cat/educacio>
Si en un plazo prudencial no ha recibido ninguna respuesta, o esta respuesta no es suficientemente clara o es insuficiente, podrá solicitar nuestra intervención.
Finalmente, para cualquier aclaración no dude en contactar con nosotros.
Servicio de atención a las personas

References: resolución 
 artículo 13
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 21
 resolución 
 artículo 21
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