Source: https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/autor/98-macielcalvo.html?start=200
Timestamp: 2020-04-04 22:19:38+00:00

Document:
Imparten tema de Perspectiva de Género a jueces y magistrados
Un grupo de magistrados, jueces y secretarios del estudio participaron en la primera sesión de capacitación de la Clínica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, promovida por el Tribunal Superior de Justicia, (TSJ) y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, (IMM)
Un total de 77 operadores de justicia se sumaron a la sesión impartida la semana que conlcuye, cuyo propósito fue capacitar y orientar sobre los concepto normativos existentes y los procesos de construcción de identidad que puedan generar una decisión judicial permeada por la discriminación, generando consecuencias negativas para el derecho a la igualdad y a las mujeres en particular.
Mirna Cordero Perulero, responsable de la Coordinación del Programa Federal de Fortalecimiento para la Institucionalización de la Perspectiva de Género, el objetivo es que los impartidores y operadores de justicia elaboren sus sentencias con esta perspectiva, en todos aquellos casos en los que está presente la violencia de género.
“Estas acciones para el fortalecimiento a la transversalidad, de carácter nacional, nos permiten, a través de las diferentes dependencias, cumplir también con los compromisos internacionales. Las y los servidores públicos son fundamentales en su participación para estar abonando a este compromiso que tenemos como Estado Mexicano”, señaló.
Destacó que “no es común la impartición de estos cursos en los estados para identificar estos casos sobre la perspectiva de género, ya que los objetivos particulares constituyen la piedra angular de esta capacitación como compartir información sobre la aplicación del enfoque en Derechos Humanos”.
Sábado, 26 Octubre 2019 05:33
Jaimes Olmos, magistrado presidente del TUJA
Cubrirá la licencia médica de su homóloga Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.
José Luis Jaimes Olmos fungirá como magistrado presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) hasta que concluya el periodo de incapacidad que, por motivos de salud, solicitó la magistrada titular, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.
Luego de ganar un juicio de amparo, el 12 de junio pasado, Jaimes Olmos fue designado como magistrado suplente del tribunal de justicia especializado en menores en conflicto con la ley, quien por ley debe cubrir las ausencias temporales de la magistrada presidente.
Debido a un problema de salud, el pasado 11 de octubre el Instituto Mexicano del Seguro Social expidió a Pérez Güemes una incapacidad temporal por 28 días para someterse a tratamiento médico.
Al no exceder el plazo de 30 días previsto en la normatividad en la materia, por primera vez entró en funciones el magistrado suplente, quien desde la fundación del TUJA en el año 2008 se desempeña como juez especializado en justicia para adolescentes.
Una vez que concluya la incapacidad médica expedida por el IMSS, la magistrada retornará a sus funciones.
Oficialmente invalidada, ley para atención de personas con síndrome de down
La SCJN notificó su resolutivo del pasado 27 de agosto al Congreso local.
La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos quedó oficialmente invalidada, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó su resolutivo del pasado 27 de agosto al Congreso local.
El falló, que también fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, invalidó la norma esencialmente porque tenía vicios de constitucionalidad, al no haberse consultado, ante de legislar sobre el tema, a la población objetivo.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2016, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Pleno determinó que la legislación local –publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 19 de octubre de 2016- transgredió tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que protegen los derechos de grupos de población vulnerables.
“Se actualiza un vicio de constitucionalidad respecto de las normas que se impugnan de previo y especial pronunciamiento, relacionado con el incumplimiento de la obligación de consulta en términos del artículo cuarto, numeral tres , de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que no obra constancia de que el Congreso del Estado de Morelos haya realizado una consulta estrecha en la que participaran activamente las personas con discapacidad en torno a una legislación que está dirigida y afecta directamente a una población determinada, como lo es la ley local para la atención integral de las personas con síndrome de Down.
“Por tanto, al no haber observado la regla de tipo convencional a la que se sujetó el Estado Mexicano, en todos los niveles de gobierno para garantizar la participación de personas con discapacidad en la expedición de una ley que regula cuestiones que les atañen directamente, el proyecto concluye que no sólo debe invalidarse las porciones normativas impugnadas sino por extensión o por principio todas las disposiciones de la ley”, detalló en la sesión de Pleno del 27 de agosto el otrora ministro ponente, Eduardo Medina Mora, quien recientemente presentó su renuncia al cargo.
Al ser notificado el fallo, la ley en cuestión quedó sin efecto y los diputados tendrían que realizar un nuevo proyecto de ley, para resarcir los vicios señalados por el tribunal constitucional.
La resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia a favor de la exsecretaria Patricia Izquierdo genera malestar; la fiscalía anticorrupción analiza qué hacer ante el movimiento adverso.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) analiza la ruta jurídica que seguirá ante la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, que revocó el auto de vinculación a proceso dictado en mayo pasado a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, quien había sido imputada por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones. El TSJ, a través de un comunicado, se defendió de las críticas y rechazó que resolución signifique una exoneración de la ex funcionaria.
La resolución, que fue aprobada por los magistrados Rubén Jasso Díaz y Carmen Aquino Celis -con el voto en contra del magistrado Carlos Iván Arena Ángeles, quien consideró que si había elementos para mantener la vinculación a proceso- fue resentida no sólo por los representantes del Poder Ejecutivo sino por la propia fiscalía anticorrupción, que consideró que sí existían elementos suficientes para mantener bajo proceso penal a la ex funcionaria.
A través de un comunicado, la fiscalía informó que, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, analiza “la estrategia a seguir tras la decisión de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de revocar la vinculación a proceso en contra de la ex secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Morelos, imputada por presuntamente adjudicar de manera directa una obra por más de 75 millones de pesos a una empresa fantasma”, que operaba bajo la razón social Ago Operaciones S.A. de C.V.
Fuentes de la FECC consultadas indicaron que no se descarta ninguna posibilidad jurídica, es decir, desde impugnar la resolución aprobada por mayoría por la Segunda Sala del TSJ ante la justicia federal hasta considerar una acción legal contra los magistrados que votaron por la no vinculación de la ex secretaria de obras, pero todas las opciones están bajo análisis.
De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala del TSJ, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017.
Sin embargo, la sala determinó confirmar el auto de vinculación a proceso a los ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, porque habrían incumplido con sus funciones previstas en la Ley de Obra Pública local y su reglamento, ya que se corroboró que la empresa no estaba legalmente constituida y los imputados habrían omitido revisar y verificar la situación legal del consorcio, así como integrar el expediente de la adjudicación directa de la obra y dar seguimiento a cada una de las etapas para dar soporte jurídico al contrato, y con ello evitar afectaciones a la Secretaría de Obras y el erario.
La ex secretaria de Obras aún enfrenta dos procesos penales más, debido a que la fiscalía anticorrupción le imputó el delito de ejercicio indebido de la función pública. En el primer caso, se le acusó del pago 34 millones de pesos para la construcción de una planta recicladora en Jiutepec cuya obra quedó inconclusa. En el segundo caso, se le acusó de haber pagado 13 millones 800 mil pesos a una empresa para la construcción de una planta recicladora, la cual tampoco fue concluida y su edificación quedó sólo al 40%.
Domingo, 20 Octubre 2019 07:50
Página 21 de 494

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39