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Timestamp: 2018-08-20 07:28:51+00:00

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Justicia – GuatePrensa
Arzu y morales unen fuerzas o el pacto de corruptos se consolida
enero 15, 2018 enero 15, 2018 GuateprensasDeja un comentario
Texto: Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa/ Coautor: Alberto Pradilla, 14 01 18, Plaza Pública
Todo se alineó el sábado cuando el novato político Álvaro Arzú Escobar, logró que 91 diputados lo eligieran en planilla única como el nuevo presidente del Congreso. El hijo del alcalde capitalino y expresidente de la República (1996-2000), Álvaro Arzú Irigoyen, logró la más importante posición dentro de la Junta Directiva del Legislativo, a pesar de ser el único representante del Partido Unionista, dirigido y fundado por su padre. La elección ha sido bautizada desde sectores críticos como el segundo “pacto de corruptos” después del acuerdo para cambiar el Código Penal que provocó las protestas de septiembre del año pasado. Con la dirección del Congreso en el bolsillo, el presidente Jimmy Morales Cabrera se presentaba el domingo ante el pleno, confiado, para hacer un balance positivo de su gobierno durante 2017.
Las labores para lograr los 91 votos a favor de la planilla encabezada por Arzú Escobar (92 con el suyo) fueron parecidas a las que se realizaron en septiembre del año pasado cuando se rubricó el primer “pacto de corruptos”. Según varios diputados de la oposición, fue Felipe Alejos, jefe de la bancada del partido Todos, formación aliada de FCN-Nación, quien se encargó del cabildeo. “Alejos fue el responsable de negociar con cada bancada y obtener los votos necesarios para la elección de su amigo”, aseguró una de estas fuentes. Arzú y Alejos compartieron aula en el Colegio Americano y se graduaron juntos del bachillerato en 2002. El dirigente de Todos, sin embargo, negó los señalamientos. “Fue un apoyo institucional, yo le hablé a los 14 diputados de Todos y esos son los votos que dimos”, aseguró sonriente.
La sesión extraordinaria arrancaba con la resaca de la víspera, la elección de Arzú Escobar, y entre medidas de seguridad extremas. Participaron 89 diputados de 157. En realidad, el Congreso está compuesto por 158, pero el sábado por la mañana fue capturado Julio Juárez Ramírez, diputado del FCN-Nación a quien la CICIG y el MP vincula con el asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, y todavía no ha sido sustituido.
El sábado, después de ser electo, Arzú Escobar se comprometió a buscar la unidad con las bancadas que no votaron por él. Además, negó que su padre haya participado en la negociación para que fuera electo presidente del Congreso. “Mi padre está demasiado ocupado siendo alcalde de la ciudad como para venir a meterse aquí.Obviamente cuento con el apoyo moral de él, pero las decisiones que yo tome en este Congreso van a ser responsabilidad absolutamente mías”, indicó.
Aunque el tema principal de conversación era la elección de la Junta Directiva del Congreso, la sesión del domingo tenía como objetivo que el presidente Jimmy Morales presentase su balance de su segundo año de gobierno. Durante una hora, el mandatario aseguró que había recibido el país en condiciones deplorables; acto seguido enumeró una serie de logros y avances que, según su versión, se dieron en todas las áreas. Señaló que su gabinete había logrado “ordenar las finanzas del Estado, la recaudación fiscal y el gasto público, el sistema de salud y educación, el modelo de seguridad y los programas sociales”. En sus palabras, 2017 fue un año llenó hitos y éxitos.
Los movimientos sociales también tratan de dar con la tecla que hace que un ciudadano decida sumarse a una caminata.
“Tienen miedo de que pase lo de septiembre, por eso han instalado los retenes de policía”, dice Alejandro Pineda, junto a los miembros de la batucada, mientras mantenía las consignas frente a una barrera de policías. Lo cierto es que el despliegue de seguridad fue inaudito. En ocho cuadras a la redonda del Congreso, miembros de la PNC, Guardia Presidencial del Ejército, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y del cuerpo especial de los Kaibiles no permitieron la libre locomoción de las personas ni de vehículos. Las personas acreditadas para la sesión tenían que pasar tres puntos de revisión. Al ingresar al hemiciclo se limitó la movilización en diversas áreas para garantizar que el presidente Morales y los invitados al acto no pudieran ser entrevistados por los periodistas. En el exterior, los retenes impedían el paso. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas vivió en carne propia este exceso de dispositivo. “Es una seguridad desmedida, como si estuviéramos en guerra y no en tiempos de paz. No era necesario cerrar tantas calles y encontrarse a los kaibiles en el centro de la ciudad por la presentación de un informe”, aseguró.
Afirmó que no cuentan con un protocolo escrito sobre las armas que se deben de utilizarse en una protesta, pero es “sentido común” el que no se utilizó al tener a tantos policías y miembros del Ejército resguardando a los diputados y al mandatario. El bloqueo policial se mantendría hasta pasadas las 14:00 horas, cuando los diputados habían abandonado el hemiciclo. Ya no había peligro de quedarse atrapados como ocurrió el 15 de septiembre y como los manifestantes se encargaron de recordarles mediante el cántico: “esos diputados, que ayer fueron comprados, están bien agüevados de quedarse encerrados”.
Justicia, Polítcia nacionalGobierno, Jimmy Morales, Pacto de corruptos
Piden rechazar amnistía
agosto 1, 2017 agosto 24, 2017 GuateprensasDeja un comentario
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/08/01/piden-rechazar-amnistia/
1 de agosto 2017, el Periódico
Familiares de las víctimas del conflicto armado interno, solicitaron ayer a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que rechace el amparo interpuesto por César Mejía, militar retirado y acusado en ese proceso, en el cual solicitó que cesara la persecución penal en su contra, por medio de una amnistía. Este es el tercer recurso que presenta Mejía para solicitar la amnistía, la cual fue rechazada por la jueza Claudette Domínguez, y por la Sala de Mayor Riesgo.
Según la fiscal del caso, Elena Sut, la solicitud no debería ser aceptada ya que no puede aplicarse una amnistía para los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. La Cámara de Amparos y Antejuicios deberá resolver en los próximos tres días.
Genocidio, Justicia, Justicia Transicional
Pueblo Xinca exige respeto a su identidad y territorio
julio 24, 2017 julio 24, 2017 GuateprensasDeja un comentario
Por Óscar García – Prensa Libre
19 de Julio de 2017 a las 15:10h
Justicia, Minería, Polítcia nacional, Pueblos Indígenas, Recursos Naturales, Uncategorized
julio 4, 2017 julio 4, 2017 GuateprensasDeja un comentario
Por Evelyn Boche, 29 de junio del 2017, elPeriódico
El Comisionado se quedará dos años más al frente de la Comisión que ha desarticulado grandes estructuras de crimen organizado infilitradas en el Estado.
Iván Velásquez Gómez continuará como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y cuenta con el apoyo de Naciones Unidas para dirigir el organismo que cumple diez años en el país.
“Esperamos seguir cooperando con la Comisión y con el comisionado Velásquez”, expresó el vocero de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, en respuesta a la consulta efectuada por este medio.
El portavoz detalló que el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, co-presidió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, la presentación de Velásquez sobre los progresos realizados y los principales logros de la comisión.
“Los Estados Miembros expresaron su pleno apoyo a la labor de la Comisión y agradecieron la labor del comisionado Velásquez al mando de la CICIG”, durante la reunión celebrada en Nueva York esta semana, declaró el vocero.
Al consultar a la CICIG, indicaron que “el secretario general de la ONU, António Guterres, envió recientemente la renovacion del contrato del Comisionado Iván Velásquez por dos años más, extendiéndose así hasta septiembre del 2019”, con lo que se confirma la extensión.
Desde abril de 2015, la CICIG con Velásquez al mando emprendió la persecución penal contra funcionarios señalados por actos de corrupción, que tienen en prisión al exbinomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez y Roxana Baldetti.
La fiscal general Thelma Aldana manifestó que “es importante la permanencia del Comisionado para que continúe nuestro trabajo”. La jefa del ente investigador agregó: “Somos un equipo y saludamos la renovación del contrato por dos años más”.
La lucha anticorrupción que encabezó la CICIG y el MP fue apoyada por Estados Unidos, y concretamente por el embajador Todd Robinson, que finaliza su nombramiento en octubre y será sustituido por Luis Arreaga.
La dupla Velásquez-Arreaga
El excanciller Edgar Gutiérrez considera que Arreaga dará continuidad a la política que EE. UU. definió para la CICIG. “No vamos a esperar ninguna variación financiera sino política con la CICIG”, expresó.
En opinión de Gutiérrez, Velásquez y Arreaga comparten la visión de que el Estado de Derecho no es solamente juzgar y encarcelar a los corruptos, sino que esas acciones deben ir acompañadas de fortalecimiento de instituciones garantizando profesionalismo y que debe darse un esfuerzo de desarrollo económico.
El presidente del CACIFy la activista Helen Mack coinciden en que Velásquez ha sido el comisionado que ha presentado mejores resultados al frente de la CICIG.
“Ha sido el Comisionado que ha entendido la complejidad de la corrupción en Guatemala, por eso el deseo de muchos grupos de que no se quede”, refirió la directora de la Fundación Myrna Mack.
“El apoyo siempre lo ha tenido, la lucha contra la corrupción es una lucha que todos deseamos; esperamos que termine bien y que nos deje un país que nosotros siempre hemos añorado”, refirió el presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Antonio Malouf, al consultarle sobre la disposición de brindarle apoyo político a la CICIG en los dos años próximos.
“El Comisionado es el que más resultados positivos ha tenido, por lo que estamos totalmente de acuerdo, aunque la decisión no depende de nosotros”, añadió Malouf.
Mack resaltó que en los años siguientes será determinante observar el avance de los procesos judiciales iniciados por el MP con apoyo de la CICIG. “Las redes de corrupción que funcionan en una zona gris, se prestan al litigio malicioso y también se puede ubicar en esa zona a los netcenters, pero por más lobis que hagan la agenda de los cooperantes no parece que cambiará”, indicó.
“La lucha contra la corrupción que ha venido haciendo la CICIG es importante para la estabilidad y promoción de inversión”. Antonio Malouf, CACIF.
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/06/29/naciones-unidas-renueva-contrato-de-ivan-velasquez-al-frente-de-la-cicig/
Justicia, Polítcia nacional, Uncategorized
En busca del hilo en el laberinto del genocidio
mayo 5, 2017 GuateprensasDeja un comentario
Por Emiliano Castro Sáenz, 3 05 17, Plaza Publica
Fiscales y querellantes deben probar que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en el parcelamiento Dos Erres, Petén, en diciembre de 1982. Los denunciantes habían pedido que se le acusara de delitos contra los deberes de humanidad y asesinato, pero la jueza Carol Patricia Flores lo modificó en la primera fase del proceso judicial. El MP tiene pocos elementos para argumentar genocidio. Los denunciantes sospechan ese cambio es parte de la estrategia de defensa del anciano general.
Cuenta la mitología griega que cuando Teseo, rey de Atenas, ingresó al laberinto del Minotauro, el monstro con cuerpo de hombre y cabeza de toro, en la isla de Creta, amarró en la entrada el inicio de un carrete de hilo que desenrollaría a cada paso para encontrar la salida al regresar. Antes de ello, casi 40 personas que habían entrado al laberinto, terminaron como alimento de la bestia al no poder salir. Con ese punto de certeza, Teseo logró encontrar al Minotauro, vencerlo, seguir el estambre y poner fin al maleficio de la isla.
En el nuevo capítulo del juicio de la masacre de las Dos Erres, el delito de genocidio se ha convertido en el laberinto del Minotauro para los fiscales del Ministerio Público (MP) y querellantes adhesivos. Entrar a la cueva para probar que el expresidente golpista José Efraín Ríos Montt cometió genocidio en ese parcelamiento extinto no es una iniciativa propia, sino una resolución que en mayo de 2012 tomara la jueza Carol Patricia Flores, entonces encargada de la etapa intermedia en el Juzgado A de Mayor Riesgo, y hoy relegada en los juzgados de turno de la planta baja de Tribunales.
Ni fiscales ni querellantes pidieron entonces ni ahora que se le imputara a Ríos Montt ese delito, pues no consideraban contar con todos los elementos para probarlo. Eso les llevó a pensar que esa decisión, más que afectar a Ríos Montt, formaba parte de una estrategia de la defensa que buscaba beneficiarlo con medidas sustitutivas y un alargamiento del proceso.
Era la segunda vez en cuatro meses que al exgolpista se le acusaba de genocida. A finales de enero de ese año, en la sala contigua, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, había resuelto enviarlo a juicio junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar (G-2), por el mismo delito, así como por incumplimiento de deberes de humanidad contra el pueblo ixil entre 1982 y 1983.
Un año después, el 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión, por el genocidio cometido en contra del pueblo ixil. El fallo fue anulado diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad, por “errores de procedimiento del juzgado” y aún está pendiente de repetirse.
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Las pruebas de la fiscalía y los querellantes en el caso Dos Erres contra Ríos Montt giraban en torno a los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato por la masacre de 201 personas en el poblado de Dos Erres, el 7 de diciembre de 1982, como sucedió con los cuatro kaibiles sentenciados en 2011 a 6,060 años y sucedería con otro más, al año siguiente, por 6,066 años. Pero a la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.
El tiempo durmió el expediente hasta que, en junio del año pasado, uno de los kaibiles que participó en la masacre —Santos López Alonso— fue deportado desde Estados Unidos, a donde había migrado tras retirarse del Ejército. Entonces la jueza que retomó el proceso, Claudette Domínguez, se encontró con un caso pendiente por genocidio, delitos contra los deberes de humanidad y alternativa de asesinato contra Ríos Montt, quien en su calidad de presidente de facto y comandante general del Ejército en el momento en que ocurrieron los hechos, debía conocer las acciones del escuadrón de élite kaibil.
Los querellantes y la Fiscalía consideraron que no tenían suficientes elementos probatorios para acusar a Ríos Montt de genocidio, pero con base en el artículo 333 del Código Procesal Penal lograron reformular la acusación: No tuvieron éxito en eliminar la acusación de genocidio, pero pudieron incluir la alternativa de asesinato.*
A la jueza Flores le pareció que había suficientes indicios para imputarle el delito de genocidio a Ríos Montt, según su resolución, por haber eliminado a un grupo nacional y borrado del mapa a toda una comunidad.
El pasado 31 de marzo, la jueza Domínguez decretó que el general deberá enfrentar un nuevo juicio por el delito de genocidio a partir del 18 de mayo próximo. Será, según la decisión de la juzgadora, un “juicio especial” en el que el anciano general estará representado por sus abogados —debido a la gravedad de su estado de salud—. Se realizará a puerta cerrada. Domínguez se abstuvo de explicar su resolución.
Ante esa decisión, dice Edgar Pérez, el abogado que dirige la acusación de parte de los querellantes, no hay otra opción más que acatar el fallo: “Si quieren que lo investigamos por genocidio, pues así lo haremos”.
Los años le han dado más herramientas al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), los querellantes del caso, así como a la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, para lograr una sentencia condenatoria. Pero aún está por verse si conseguirán un hilo lo suficientemente largo y resistente para salir del laberinto al que la jueza Flores los orilló a entrar.
Mientras tanto, la salud del general Ríos Montt sigue en deterioro. De aquel diputado saliente que se presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos en diciembre de 2011 para solicitar información sobre posibles investigaciones en su contra; el derrotado el 10 de mayo de 2013 en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, cuando el Tribunal A de Mayor Riesgo lo declaró culpable de genocidio en contra del pueblo ixil, y el declarado interdicto (imposibilitado para ejercer sus derechos por sí mismo) hace dos años, hoy queda poco. Acaso un hombre postrado en una cama sin posibilidad siquiera de defenderse con su propia voz.
Los cuatro kaibiles condenados en agosto de 2011, previo a escuchar el fallo del tribunal.
Su abogado defensor, Jaime Hernández, explica que lo vio por última vez hace tres meses y su estado de salud era delicado. “Fidel Castro aguantó menos que el general”, compara. El fallecido líder de la revolución cubana, agrega, “no estaba siendo procesado por nada y murió”. Ríos Montt cumplió 90 años de edad en junio pasado; la misma edad que tenía Fidel cuando murió en noviembre de 2016. “El general está acostado, postrado. Está afectado. Lo tienen en el primer nivel de su casa; lo sacan cargado las enfermeras. Lo atienden muy bien”, dice el abogado.
Zury Ríos Sosa, hija del general, se presentó en noviembre como su tutora y dejó encargado a los abogados la defensa de su padre. Plaza Pública le pidió su opinión acerca de este nuevo proceso judicial, pero prefirió no hablar. “Es un tema muy amplio para tratarlo a priori”, indicó por la vía telefónica. “No me voy a pronunciar en este momento”.
El hilo más corto
Tras la resolución de la jueza Carol Patricia Flores en mayo de 2012, creció la sospecha en el MP y el equipo de abogados del BDH, de que, por contradictoria que fuese, la decisión de imputar a Ríos Montt por genocidio fue para su propio bien.
El asesinato, delito por el que habían sido señalados los cuatro kaibiles condenados, siempre fue el móvil de la acusación.
“La sorpresa fue que la jueza argumentó que para ella los hechos encuadraban en la figura de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y ligó al general Ríos Montt por esos delitos, con la alternativa de asesinato. Pensamos en que buscó beneficiarlo, pues la figura de genocidio permite medidas sustitutivas, mientras el asesinato, no”, dice el abogado de Famdegua y director del BDH, Édgar Pérez.
Pero según la jueza Carol Patricia Flores, cabía la posibilidad de que Ríos Montt hubiese cometido genocidio (además de los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato, propuestos por el MP), pues el artículo 376 del Código Penal establece que lo comete quien, “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso”, haya efectuado cualquiera de los hechos contemplados en los cinco incisos, entre los que destaca –para este caso–, el primero: “Muerte a los miembros del grupo”.
Dos Erres era una comunidad aislada, a una decena de kilómetros de Las Cruces, el poblado más cercano, que contaba con su propio ritmo de desarrollo. Estaba compuesta de campesinos del oriente y sur del país que habían llegado desde finales de los 60, con el apoyo de la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (Fydep). En poco más de diez años ya tenían escuela, iglesias y una producción agrícola importante. Todo eso terminó en diciembre de 1982, cuando unidades del Ejército ingresaron a esa pequeña comunidad de agricultores en busca de una célula guerrillera que había robado unos fusiles en la comunidad de San Diego, dos meses atrás. La madrugada del 7 de diciembre, la maquinaria de la patrulla especial kaibil, la más sanguinaria de las Fuerzas Armadas, accionó contra niños, mujeres, campesinos y ancianos y los eliminaron.
Lee también: Dos Erres: El largo camino a la justicia
Los abogados querellantes analizaron la resolución de Flores y concluyeron que, si querían que se investigara el genocidio, así lo harían. “Sin embargo, estirando la figura vemos que es muy complejo, pues tiene que haber un reconocimiento nacional de las víctimas distinto al grupo nacional que representa al país. Nos cuesta llegar a concluir que sea genocidio, desde el punto de vista del principio de legalidad, porque doctrinariamente podríamos aspirar a comprobarlo, porque se elimina completamente a un grupo, o por lo menos esa era la intención, pues la comunidad Dos Erres ya no existe”, explica Pérez.
El fiscal encargado de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de sección de Derechos Humanos del MP, Érick de León, confirma la teoría de Édgar Pérez. “El artículo 264 del Código Procesal Penal, que regula el delito de asesinato, excluye el podérsele otorgar una medida sustitutiva al acusado y el artículo 376, de genocidio, sí la permitía. Al final, ignoramos por qué llegó a esa decisión la jueza que llevaba el caso, pero pensamos que lo hizo porque es un tipo penal que nos habilita llevar alternativamente el delito de asesinato”, puntualiza. Es decir, una estrategia para que Ríos Montt fuera beneficiado con arresto domiciliar, sino también para que fuera declarado inocente.
El tipo penal de genocidio ya levantó ampollas, generó polémica y esperanza. Cuando en 2013 se llevó a cabo el debate oral y público del caso, la defensa ideó estrategias dilatorias, descalificó los testimonios de las víctimas y al juzgado y tuvo sus mejores aliados en sectores conservadores de la sociedad, como grupos de militares, políticos y empresarios que desconocieron el proceso y la sentencia con el fin de presionar para retrotraer el juicio.
Mientras tanto, sobrevivientes, familiares de las víctimas y otros grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos lucharon por distintos medios para defender el proceso judicial, que históricamente habían impulsado con el fin de obtener justicia.
En la noche del Viernes de Dolores, el abogado Jaime Hernández aún atiende clientes en su churrigueresca oficina, anunciada con enormes letras doradas al final de un oscuro pasillo en una de las torres de un edificio de zona 4. Da la impresión de ser un consultorio médico en el que los pacientes se forman y van pasando de uno en uno.
Previo a un viaje familiar para el cual prepara un playlist y una serie de fotos en su celular, argumenta durante unos minutos que el caso de Dos Erres, para Ríos Montt, “cae por su propio peso”. Las tijeras de la defensa, que podrían cortar el hilo en el laberinto de los perseguidores penales se basan en que el jefe de Estado no podía estar enterado de todo y, si acaso, el delito de asesinato es cosa del pasado.
Mientras cambia su entonación para argumentar su punto, presume que la acusación contra su patrocinado, es una ocurrencia. “Supuestamente José Efraín Ríos Montt tenía que haber sabido que los kaibiles iban a ir a matar, a exterminar al pueblo de Dos Erres. Y eso nunca lo supo. Pero a ellos se les ocurre y, solo por eso, proponen asesinato. Y no puede haber asesinato y mucho menos genocidio, pues la responsabilidad penal es personalísima”.
El que Ríos Montt haya dicho a unos documentalistas norteamericanos en 1982 (Pamela Yates y Thomas Siegel), que él controlaba al Ejército, “no es una prueba”, dice el abogado. El artículo 16 de Constitución, prohíbe declarar en contra de sí mismo, dice, por lo tanto “esa declaración del general es una utopía”.
De vuelta al delito de asesinato, Jaime Hernández apunta que prescribió porque han pasado 34 años y “la prescripción penal es de 20 años y si fuese de pena de muerte, serían 25. Y no lo digo porque sea yo la defensa, sino porque así dice la ley. Una cátedra en derecho les he dado en el juzgado a los fiscales y querellantes”.
Pero, en este caso, el asesinato no puede prescribir, según el fiscal De León, porque el artículo 14 de la Constitución, dicta “imprescriptibilidad si es que el custodio hiciere uso de las armas”. Y hay más agravantes, como el artículo 28 del Código Penal, agrega, que establece la no prescripción de los delitos ordenados por funcionarios públicos. “Los órganos jurisdiccionales en la etapa media vieron eso: la imprescriptibilidad”, por eso mantuvieron el delito.
Ir a juicio con una acusación que no preparó, sino que le fue impuesta, es difícil, complejo mas no indeseable, dice Edgar Pérez.
Aún más complicado si, como dice el defensor Jaime Hernández, deben cumplirse “todos los verbos rectores del delito de genocidio y aquí no se dan. Aquí no hay genocidio”.
¿Entonces por qué la jueza Carol Patricia Flores consideró los elementos suficientes para investigar a Ríos Montt por genocidio en Dos Erres? El abogado defensor del general considera que es “porque en ese tiempo estaba en boga ese tipo de sindicación en contra de mi cliente, sin embargo, no hay tal”. A este tipo de decisión, el abogado explica que también influyen “los diferentes cursos que toman los jueces enviados por la Corte, en forma de capacitación; donde abrazan las teorías de tal manera que consideran estar en una resolución correcta, cuando realmente no lo están”.
Según Hernández, a los defensores del general no les “importa” ni les “interesa resolver el tipo penal de genocidio o asesinato”, dado que cliente “no puede ser condenado”.
Sin embargo, con el tiempo en contra y un delito a probar cuesta arriba, aún hay esperanza para las víctimas, quienes no creen que las tijeras tengan el suficiente filo para cortar el hilo conductor de este caso.
Debajo de las decenas de miradas que iluminan las paredes de la sala de espera de Famdegua, se encuentra sentada Aura Elena Farfán, directora de dicha organización, pionera en la persecución penal de la masacre ocurrida en Dos Erres.
Son miradas retratadas en cuadros con rostros y nombres de desaparecidos durante la guerra. Farfán escoge sentarse en ese sillón que coincide con la figura de su hermano, Rubén Amílcar, el directivo del sindicato de la Universidad de San Carlos detenido-desaparecido por la G-2 y la Policía Nacional el 15 de mayo de 1984.
Para Farfán el caso de Dos Erres ha sentado un precedente para el país por el hecho de que se señale por genocidio a un exmandatario. “Es simbólico ver sentado en el banquillo al general y más si se le encuentra culpable, pues futuras generaciones lo comprenderán así. Y no se trata de venganza. Queremos sentar precedentes para que nunca se vuelva a repetir la historia negra de Guatemala”.
El genocidio es un delito que se puede probar según Farfán, pues se trata de un grupo de nacionales que fue masacrado. “Hoy las Dos Erres es un campo de guamil, maleza, de pasto para ganado. En Dos Erres hay sobrevivientes de la Costa Sur, Oriente, de la Capital, por lo que no todos tenían rasgos indígenas, sino que se nombraban a sí mismos ladinos. Pero el genocidio no es por rasgos ni apellidos, sino por que se eliminó a un grupo de nacionales”, explica.
Más allá de lo que se suceda a partir del próximo 18 de mayo, cuando los protagonistas se internen en el laberinto para comprobar un genocidio con cuerpo de humano y cabeza de toro, está la reivindicación de la población. “Cuánta gente en el caso de genocidio que no tenía nada qué ver con los ixiles, se sentía reflejado en ese juicio”, acota el abogado Édgar Pérez. “Gente que no se había interesado en estos casos, pero tomó conciencia con ello. Yo siento que ha habido muchos reveses, tropiezos, obstáculos. Pero ese un paso que se avanzó, que jamás se olvidará. Y este caso, el de Dos Erres, también lo tiene”.
https://www.plazapublica.com.gt/content/en-busca-del-hilo-en-el-laberinto-del-genocidio
Genocidio, Justicia, Justicia Transicional, Ministerio Publico, UncategorizedDos Erres, Kaibiles, Petén
CIDH condena a Guatemala por desapariciones forzadas
diciembre 23, 2016 enero 9, 2017 GuateprensasDeja un comentario
23 de Diciembre de 2016 a las 10:35h
La condena es también por no haber investigado la masacre de pueblos indígenas mayas perpetrada por agentes estatales entre 1981 y 1986, durante la guerra civil.
Guatemala fue de nuevo condenada por la desaparición forzada de 22 personas. (Foto Prensa LIbre: Hemeroteca PL)
El caso se relaciona con una serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones de miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en el marco del conflicto armado interno que vivió el país (1960-1996).
La sentencia, notificada a las partes, indica que el Estado guatemalteco es responsable por la desaparición forzada de 22 personas y por no haber adoptado medidas necesarias para revertir los efectos de la situación de desplazamiento.
“La falta de investigación de las ejecuciones, detenciones, desplazamientos forzados, actos de tortura, violencia sexual y trabajos forzosos, entre otros, ocurridos entre agosto de 1981 y agosto de 1986 en el marco del conflicto armado, constituyó un incumplimiento de las obligaciones estatales”, concluyeron los jueces.
La Corte determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la vida, de las 22 víctimas de desapariciones forzadas. Lo último que se supo de ellas es que se encontraban bajo custodia estatal.
También concluyó que el Estado no adoptó medidas para garantizar a las víctimas desplazadas un retorno digno y seguro a sus lugares de residencia, un nuevo asentamiento voluntario o una indemnización adecuada, por lo que, violó el derecho de circulación y residencia.
La sentencia además indica que no se cumplió con las obligaciones para prevenir y sancionar la tortura, la desaparición forzada de personas, y por no prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
“La Corte determinó que la actuación del Estado en la investigación de los hechos del caso demostró una clara voluntad por parte de las autoridades de que los mismos permanezcan en la más absoluta impunidad”, explica la sentencia.
La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que lo ocurrido se enmarca “dentro de una política de Estado, con fundamento en la doctrina de seguridad nacional y el concepto de enemigo interno, destinada a eliminar la supuesta base social de grupos insurgentes de la época”.
El tribunal internacional solicitó reabrir las investigaciones para sancionar a los responsables, así como brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas.
El Estado de Guatemala también debe realizar las acciones necesarias tanto para determinar el paradero de los miembros de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas desaparecidos forzadamente, así como localizar, exhumar e identificar a las personas fallecidas.
Por daños materiales e inmateriales la CorteIDH ordenó entregar US$55 mil por cada una de las 183 personas incluidas en un listado general de víctimas de desaparición forzada.
Además de US$5 mil dólares a las personas que fueron desplazadas y US$30 mil dólares para cada familia de víctimas, que deben ser divididos entre madres, padres, hijos, cónyuges y compañeros permanentes.
También contempla US$10 mil dólares para los hermanos de las víctimas por daño inmaterial.
La Corte Interamericana indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado guatemalteco haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/corteidh-condena-guatemala-por-desapariciones-forzadas
Justicia, Justicia Transicional, Pueblos Indígenas

References: resolución 
 artículo 333
 resolución 
 artículo 376
 resolución 
 artículo 264
 artículo 376
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 28
 resolución