Source: https://www.researchgate.net/publication/290447566_Voces_y_silencios_en_los_archivos_Fuentes_para_la_historia_electoral_de_Tamaulipas_durante_la_primera_republica_federal_1824-1835
Timestamp: 2017-01-17 07:01:57+00:00

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“Voces y silencios en los archivos”: Fuentes para la historia electoral de Tamaulipas durante la primera república federal (1824-1835)” (PDF Download Available)
See all ›6 ReferencesShare Facebook Twitter Google+ LinkedIn Reddit Download full-text PDF“Voces y silencios en los archivos”: Fuentes para la historia electoral de Tamaulipas durante la primera república federal (1824-1835)”Chapter (PDF Available) · November 2015 with 11 Reads In book: Elecciones en el México del siglo XX: Las fuentes, Edition: 2015, Chapter: “Voces y silencios en los archivos”: Fuentes para la historia electoral de Tamaulipas durante la primera república federal (1824-1835)”, Publisher: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Editors: Fausta Gantús, pp.133-1641st Catherine Andrews7.42 · Centro de Investigacion y Docencia Economicas (CIDE)Discover the world's research11+ million members100+ million publications100k+ research projectsJoin for free Full-text (PDF)Available from: Catherine Andrews, Jan 15, 2016 Download full-text PDF
131“VOCES Y SILENCIOS EN LOS ARCHIVOS”: FUENTES PARA LA HISTORIA ELECTORAL DE TAMAULIPAS DURANTE LA PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL (1824-1835)*Catherine AndrewsEl historiador británico John Arnold aﬁrma que el trabajo de archivo ofrece “voces y silencios” para ayudar al investigador a entender el momen-to o acontecimiento que estudia.1 Las voces, desde luego, son los testimo-nios encontrados, la información que brindan acerca del tema en cuestión. Los silencios, en cambio, son la ausencia de la misma; ya sea por falta de fuentes, o por omisiones deliberadas o accidentales dentro de las fuentes existentes. Según Arnold, tanto las voces como los silencios son importan-tes para que el historiador arme su interpretación. Aquellas sirven para que el historiador formule sus hipótesis; estos para estimularle a buscar otras fuentes de información; a acudir a archivos distintos y consultar una biblio-grafía más amplia. A veces, dice Arnold, no se pueden superar los silencios. En este caso, el historiador no puede hacer más que idear las posibles res-puestas a sus preguntas, a partir de los datos con que cuente.Empiezo este ensayo citando las ideas de Arnold porque al indagar la historia electoral de Tamaulipas durante la primera república federal he encontrado más silencios que voces en los archivos. Varias veces me he desesperado al percatarme que son pocos los documentos históricos acerca de la política cotidiana tamaulipeca que han sobrevivido hasta nuestros días. Como el objetivo del proyecto sobre procesos electorales es estudiar * Este texto se beneﬁció de apoyo ﬁnanciero por parte del proyecto Hacia una Historia de las Prácticas Electorales en México. Siglo xix, coordinado por la doctora Fausta Gantús del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Quiero agradecer asimismo la colaboración de Manuel Alejandro Manzano, Francisco Javier Beltrán y Ana Romero Valderrama en la revisión y captura de documentos de archivo en Texas, Tamaulipas y la ciudad de México. 1 Arnold, Brevísima, 2003, pp. 83-110.
132 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixlas elecciones a partir de padrones, boletas electorales, actas de juntas, etc., debía consultar los acervos de las instituciones productoras de esta informa-ción: los de los gobiernos municipales (que organizaban las elecciones en primer y segundo grados), el del gobierno estatal (que organizaban las de tercer grado para cargos federales) y el del Congreso local (que caliﬁcaba las elecciones municipales, las del gobernador y vicegobernador, así como los comicios para diputados estatales).Mi primera búsqueda fue en los archivos municipales del estado. Des-cubrí que solamente unos cuantos (Reynosa, Matamoros y San Carlos) conservaban material relativo a las elecciones durante la primera mitad del siglo xix. A continuación, acudí al archivo del gobierno del estado, donde descubrí un ramo que contiene documentos de casi todos los archivos his-tóricos municipales tamaulipecos. Aquí consulté algunos expedientes relati-vos a elecciones primarias, pero no encontré huella alguna de los procesos electorales distritales ni de estatales. En el archivo vecino del Congreso del estado me decepcioné aún más al constatar que dicho repositorio no contiene documentos previos a la década de 1860. Enseguida, consulté al archivo histórico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Univer-sidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria que, al igual que el archivo estatal, contiene documentos históricos procedentes de los archivos municipales. Finalmente, visité la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Uni-versidad de Texas que contiene dos colecciones de documentos relativos a Tamaulipas: el fondo Alejandro Prieto y el fondo Pedro Salce Arredon-do. En cada archivo (con excepción del estatal) revisé varios expedientes acerca de las elecciones realizadas durante las décadas de 1820 y 1830; pero, para mi gran desilusión, ninguno me proporcionó información suﬁ-ciente para reconstruir el proceso completo de alguna elección municipal, estatal o nacional.De modo que el principal problema que he enfrentado es que las voces acerca de las elecciones que sobreviven en los archivos históricos tamaulipecos están aisladas y descontextualizadas. Como acabo de señalar, los archivos albergan documentos sueltos, como por ejemplo las notiﬁcacio-nes que el alcalde de Bustamante mandó en 1830 a los electores primarios de la Junta Electoral de distrito en Jaumave (documento 1). Igualmente, hay algunas actas de juntas electorales municipales del mismo municipio (documento 2); e informes sueltos emitidos por la comisión permanente del Congreso que revisaba las credenciales de los individuos electos (documen-to 3). Desgraciadamente, todos estos documentos carecen de un expediente 133“Voce s y silenc ios en los archiVos”que permita contextualizarlos; es decir, entre las fuentes electorales dispo-nibles para mi investigación predomina el silencio. En consecuencia, me vi compelida a buscar otras fuentes para llenar los vacíos. El objetivo de este ensayo es explicar cómo he enfrentado este reto; cómo he interrogado a las pocas fuentes que sí he encontrado. Es decir, quiero mostrar la manera en que he historiado los procesos electorales en Tamaulipas y las fuentes utilizadas para ello. Me concentraré en un solo aspecto del proceso electoral: la caliﬁcación de elecciones a diputados al Congreso estatal. No elegí este tópico al azar, sino porque es el más recu-rrente en las fuentes. Como se evidenciará a continuación, mi afán de en-tender por qué el proceso de caliﬁcación había dejado tantas huellas en los archivos marcó el rumbo de mi investigación. Asimismo, la respuesta a mis dudas acerca de este punto me permitió llegar a algunas conclusiones sobre el proceso electoral en Tamaulipas durante la primera república.FUENTES LEGISLATIVAS PARA LA HISTORIA DE LAS ELECCIONES EN TAMAULIPAS (1824-1835)Una de las fuentes más accesibles para la historia política de Tamaulipas en la primera república federal son las leyes y decretos emitidas por el go-bierno estatal. Tanto los archivos municipales, como el estatal y el archivo histórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) resguardan colecciones importantes. Las fuentes legislativas pueden clasiﬁcarse de la siguiente manera: en primer lugar, está la legislación constitucional y reglamentaria; es decir, la Constitución estatal y los reglamentos que regulaban las elecciones. En segundo lugar, están los decretos que se emi-tieron para atender asuntos puntuales del proceso electoral. Se trata de documentos mediante los cuales se declaraba electos a los miembros de los tres poderes o que resolvían algunas querellas acerca de los resulta-dos de las elecciones. Finalmente se cuenta con las circulares del gobierno estatal para informar a los ayuntamientos sobre ciertas acciones por parte del ejecutivo.Las leyes constitucionales y reglamentarias son útiles para investigar el tema de las elecciones porque ofrecen información acerca del marco ju-rídico regulatorio. La Constitución estatal de 1825, por ejemplo, detalla cómo deberían llevarse a cabo las elecciones en Tamaulipas y quiénes te-nían derecho a votar y ser votados. Durante la primera república federal 134 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixlas elecciones eran indirectas con dos niveles: el municipal y el de partido. Las elecciones para la legislatura estatal se realizaban cada dos años y para el poder ejecutivo, cada cuatro.De acuerdo con la Constitución, el municipio era la unidad base de la administración del estado. En 1825 había 32 municipios que estaban agru-pados en once partidos. Los partidos integraban tres departamentos (norte, centro y sur) con su respectiva capital.2 El artículo 40 de la Constitución del estado indicaba que el número de electores que corresponderían a cada mu-nicipio se calcularía con base en su población. Por cada 500 almas tendrían derecho a un elector, aunque si el municipio no contaba con 500 habitantes de cualquier modo elegiría un elector. Las leyes electorales de 1825 y de 1830 especiﬁcaron qué municipios integrarían cada partido y precisaron cuántos electores votantes primarios elegirían.3 El día de la elección, los ciudadanos con derecho a voto se reunirían “en el paraje donde se acostumbre” y “presididos por el que ejerza la prime-ra autoridad civil local” (artículo 55) –es decir, el primer alcalde municipal– nombrarían a las demás autoridades electorales: a saber, dos escrutadores y un secretario. Acto seguido, los votantes emitían su voto a viva voce a los integrantes de la mesa electoral. Era tarea de la mesa directiva computar los votos y redactar el acta en la cual se señalaban los electores ganadores. El presidente de la mesa, es decir el alcalde municipal, debía notiﬁcar a los electos su nombramiento (documento 1). Este aviso serviría de credencial para cuando se presentaran en la junta de partido (artículo 59).Quince días después de realizarse las elecciones primarias, los elec-tores debían reunirse en la cabecera de partido para realizar la Junta Elec-toral de partido. La primera tarea de la junta era veriﬁcar la legalidad de las credenciales de los electores concurrentes. Para ello se preveía que los electores entregaran sus credenciales a “la primera autoridad civil local” (generalmente el primer alcalde de la sede municipal cabecera de partido) la noche anterior a la junta (artículos 66-67). Al abrir la sesión de la junta, el alcalde, en funciones de presidente, debía leer y contar las credenciales ante el pleno. Acto seguido los electores debían elegir entre los concurren-tes a los integrantes de una mesa directiva compuesta de un presidente, un secretario y dos escrutadores. Luego, el alcalde debía retirarse de la sesión. A diferencia de las juntas municipales, la Constitución preveía que la vota- 2 “Constitución”, 1998, t. 1, pp. 681-701. 3 Colección, 1825, pp. 23-26; y El Guía del Pueblo, 1 de noviembre de 1830.
135“Voce s y silenc ios en los archiVos”ción en la junta de partido se realizara en secreto, de modo que los electores entregaban a la mesa su voto por escrito (artículos 69).Cada junta de partido tenía derecho a elegir un diputado para la le-gislatura estatal y un suplente. De modo que el Congreso estatal se confor-maba de once diputados; uno por cada partido. Para la elección del ejecuti-vo, emitían un voto para gobernador, otro para vicegobernador y para los consejeros del estado. Como en las elecciones primarias, correspondía a la mesa directiva computar los votos y redactar el acta con los nombres de los diputados, suplentes y miembros del ejecutivo, si era el caso. Se debía entregar copia de la misma a todos los electos para que pudieran acreditar su elección (artículo 71).En caso de las elecciones de diputados al Congreso local, la comi-sión permanente de la legislatura saliente realizaba el escrutinio del proceso electoral (artículos 75-76). Luego, dicha comisión y los diputados electos se reunían para realizar la Junta Preparatoria del nuevo Congreso. En ese mo-mento la comisión presentaba un informe (como el documento 3) con base en sus investigaciones (artículo 77). En caso de que se probara la existencia de irregularidades en el proceso electoral a nivel de partido, la junta podía recomendar al nuevo Congreso que anulara las elecciones. En la discusión del informe y las decisiones acerca de la nulidad o no del proceso los miem-bros de la comisión tendrían voz pero no voto.Como consta en los decretos albergados en los archivos del iih de la uat y en el del estado de Tamaulipas, frecuentemente la Junta Preparatoria anulaba las elecciones de partido. Entre 1825 y 1832, por ejemplo, hubo comicios para elegir diputados locales en 1825, 1827, 1829 y 1831. En cada ocasión se realizó al menos una anulación, a veces varias. En las elecciones legislativas de 1831, por ejemplo, hubo tres anulaciones. La revisión de los decretos me llevó a plantearme las preguntas que guiarían mi investigación: ¿a qué se debían todas estas anulaciones?, ¿las juntas electorales de partido a menudo no procedían de acuerdo a la ley electoral?, o ¿podría ser que el Congreso anulaba elecciones por razones políticas y de manera arbitraria?Para responder a estas preguntas pude consultar tres documentos más. En primer lugar, como mencioné, había encontrado dos informes con fecha de 1827 de la comisión permanente al Congreso con sus resoluciones acerca de las credenciales de los diputados electos en aquel año (documento 3). Estos documentos muestran que –en efecto– parece que hubo muchas irregularidades en el proceso de las elecciones en aquel año. No obstante, también llama la atención que la existencia de una irregularidad no siempre 136 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixera motivo para que una elección se anulara. Es decir que la comisión ac-tuaba con bastante discrecionalidad en ese sentido. Por otra parte, en el archivo del iih de la uat hay una circular del gobierno estatal con fecha de septiembre de 1831 dirigido al alcalde de Bustamante (documento 4) mediante la cual el gobernador informa que el Congreso ha resuelto abrir un proceso en contra del ex presidente de la comisión permanente, Juan Martín de la Garza y Flores, por sus acciones durante la Junta Preparatoria de agosto de 1831; la misma junta que reco-mendó la anulación de tres diputados electos. La circular no explica de ma-nera clara qué es lo que sucedió durante la junta, pero resulta evidente por lo que se informa que la sesión fue extremadamente polémica. De modo que la discusión no se limitaba a la formalidad o no de las elecciones, y que una anulación bien podría obedecer a motivaciones estrictamente políticas.Al examinar el papel del Congreso en la caliﬁcación de las elecciones de diputados, reparé en el hecho de que según la Constitución tamaulipeca de 1825 dicho órgano legislativo también caliﬁcaba las elecciones de poder ejecutivo (artículo 92 inciso 2). Como estas elecciones solían coincidir con las del Congreso (como ocurrió en 1825, 1829 y 1831), el escrutinio de las elecciones del Ejecutivo se realizaba una vez que los diputados caliﬁcaban su propia elección y la legislatura se había instalado de acuerdo con la ley. De modo que era tarea de la legislatura dictaminar quién había sido electo gobernador y vicegobernador. De acuerdo con la Constitución, el favoreci-do debía ostentar una mayoría absoluta (la mitad de los votos de las juntas de partido más uno); pero si nadie alcanzaba esta mayoría, los diputados designarían a los funcionarios del Ejecutivo (artículo 92 inciso 3). Finalmen-te, el resultado del proceso era publicado como decreto.Hay varios decretos entre las diferentes colecciones de la legislación tamaulipeca. Al revisarlos, me llamó inmediatamente la atención que, du-rante la primera república federal, ningún gobernador obtuvo la mayoría absoluta de los votos de las juntas de partido. En consecuencia, los legis-ladores designaron al gobernador y al vicegobernador en 1825, 1829 y 1831. Este descubrimiento me llevó a plantear la hipótesis de que el voto del poder legislativo estatal era la pieza clave para determinar las elecciones a gobernador y vicegobernador. ¿Pero cómo constarla?Volví a la legislación: aquí descubrí que durante la primera república federal era práctica común que el Congreso local suspendiera o rehabilitara los derechos políticos de los diputados locales y hasta miembros del poder ejecutivo –es decir, el derecho de votar y ser votado. Noté que entre 1824 137“Voce s y silenc ios en los archiVos”y 1832 el Congreso suspendió al menos a seis diputados y a tres goberna-dores (en 1824, 1826 y 1830). A ﬁnales 1824, antes de la promulgación de la Constitución, el Congreso constituyente depuso al gobernador Bernardo Gutiérrez de Lara y, al mismo tiempo, suspendió a varios diputados, inclu-yendo el hermano de este, José Antonio.4 Dos años más tarde, en 1826, el primer Congreso constitucional destituyó al vicegobernador José Manuel Zozaya y canceló los derechos políticos de varios diputados. En ambos ca-sos acusaron al gobernador y a los diputados de conspirar contra el orden público.5 En febrero de 1830, los legisladores declararon que el gobernador recién electo, José Antonio Fernández de Izaguirre había “desmerecido […] la conﬁanza pública” con “su conducta posterior” y decretaron una nueva elección para sustituirlo.6 En marzo del mismo año, el Congreso también anunció la suspensión de los derechos políticos del diputado José Eustaquio Fernández.7La recurrencia de estas anulaciones y suspensiones me motivó a vol-ver al texto constitucional para ver cómo reglamentaba los derechos políti-cos. Noté que en la Constitución de 1825 –al igual que casi todas las demás constituciones estatales del periodo– se dispuso que la ciudadanía corres-pondía a los hombres nacidos en territorio mexicano al cumplir los 18 si estaba casado y 21 años si se trataba de solteros (artículos 21-23). No obs-tante, la ciudadanía podría perderse por varias razones: por adquirir carta de naturalización en cualquier país extranjero; por recibir remuneración de un gobierno extranjero; o por vender su voto (artículo 23). Igualmente, el ejercicio de la ciudadanía se podría suspender en caso de que la persona no tuviera un modo honesto de vivir, si era deudor de caudales públicos o si tenía incapacidad moral (artículo 24). Además de estas condiciones, la carta tamaulipeca añadía la indicación –no presente en las demás constituciones mexicanas– que la ciudadanía se podría suspender “por faltar a la fe públi-ca en razón de sus encargos” (artículo 23 inciso 4); es decir, sus funciones públicas. La Constitución señalaba que para la imposición de tal suspensión 4 Andrews y Hernández, Nuevo, 2012, pp. 221-222. 5 Circular, núm. 30, 27 de octubre de 1826, Gobierno del Estado de Tamaulipas, en iih-uat, Decretos, caja 1, exp. 9; “El Gobernador del Estado de Tamaulipas a los habitantes del mismo estado”, Ciudad Victoria, 12 de junio de 1827, en iih-uat, Decretos, caja 3, exp. 4, y Circular, núm. 110, 2 de julio de 1829, Gobierno del Estado de Tamaulipas, en iih-uat, Decretos, caja 2, exp. 1. 6 iih-uat, Gobierno del Estado de Tamaulipas, circular, núm. 14, Ciudad Victoria, 18 de febrero de 1830, caja 2, exp. 5. 7 Decreto núm. 20, 1º de marzo de 1830, citado en El Despertador de Tamaulipas, 8 de marzo de 1832.
138 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixdebería “haber antes sentencia ejecutoriada”, pero no especiﬁcaba quiénes estaban facultados para realizar la suspensión, ni explicaba cómo un fun-cionario podría faltar a “la fe pública”. Solamente indicó que el Congreso era la única institución facultada para “rehabilitar los que hayan perdido los derechos de ciudadanía” (artículo 24). Cuando concluí la revisión de la legislación quedé convencida de que el actor más importante en los procesos electorales en Tamaulipas durante la primera república federal era el Congreso estatal. Los legisladores no simplemente caliﬁcaban sus propias elecciones, sino que también podrían incidir decisivamente en la elección de los otros poderes. Asimismo parece que el legislativo se arrogó la facultad de suspender los derechos políticos de los funcionarios públicos; la cual le permitía destituir a funcionarios y gobernantes, así como convocar a elecciones extraordinarias. No obstante, todavía me faltaba conocer el contexto histórico de las elecciones, es decir, que aunque no tengo dudas acerca del enorme poder político del Congreso, ignoraba los detalles de los procesos electorales que me quizá me permiti-rían entender las consecuencias prácticas de ello. LA PRENSA Y LOS PROCESOS ELECTORALESEn busca de más información me ocupé en revisar otra fuente con informa-ción abundante para el estudio las elecciones en Tamaulipas: la prensa, es decir las publicaciones periódicas y la folletería del momento. Como sabe cualquier historiador de la política mexicana, los periódicos decimonónicos solían reproducir actas y comunicaciones de gobierno y, a veces, las actas o minutas de los cuerpos legislativos. Igualmente contaban con un espacio para opiniones, usualmente en forma de cartas al editor y como columnas editoriales. Los periódicos también acostumbraban reproducir noticias pro-venientes del extranjero o de otras partes de la república mexicana así como ensayos copiados de fuentes diversas acerca de temas que interesaban a los editores. Por su parte, los folletos eran un medio para que sus autores opi-naran con mayor profundidad y extensión acerca de una cuestión en parti-cular; o, a veces, servían para la reproducción de documentos oﬁciales, tales como informes gubernamentales, dictámenes, correspondencia y discursos. Desgraciadamente, las publicaciones periódicas tamaulipecas no eran muchas en el periodo que estudio. Durante el periodo virreinal no había imprenta en la provincia. Parece que el gobierno estatal adquirió una im-
139“Voce s y silenc ios en los archiVos”prenta para su uso oﬁcial en 1824, pues en dicho año empezaron a aparecer impresos con el pie de imprenta del gobierno del estado. Se trataba de maniﬁestos, decretos y circulares del Gobierno del Estado, así como los periódicos oﬁciales. Para las décadas de 1820 y 1830 hay noticias de tres impresores que residieron en la capital del estado, Ciudad Victoria, el esta-dunidense Samuel Bangs,8 quien había arribado a Soto la Marina en 1817 junto con la primera imprenta; Juan Antonio Aguirre y un tal A. Contreras.Las fuentes también sugieren la probabilidad de que existiera una imprenta particular en Tamaulipas durante el periodo de que me ocupo, aunque quizá fue operada de manera clandestina. Revisé varios textos de la década de 1830 que parecen haberse publicado en Tamaulipas, pero ca-recen de pie de imprenta. Los escritos son de carácter político y críticos del gobierno en turno, de ahí que sea poco factible que hayan gozado del beneplácito de las autoridades. El control de la imprenta oﬁcial proporcionó al gobierno tamaulipeco una voz privilegiada y casi única en la esfera pública. Es de subrayar que los únicos periódicos que se imprimieron en Tamaulipas entre 1820 y 1833 fueron periódicos oﬁciales. Algunos de los títulos cuyos ejemplares se hayan resguardados en los archivos son los siguientes: El Centinela (1824), El Ter-mómetro Político del Estado de Tamaulipas (1824), El Boletín de Tamaulipas (1830), El Guía del Pueblo (1830-1831), El Despertador (1831-marzo de 1832), El Telé-grafo de Tamaulipas (marzo de 1832-¿?) y El Restaurador de Tamaulipas (agosto de 1832-1833).9 Sabemos muy poco de los tres primeros, pues solamente localizamos un número de cada periódico. El Guía del Pueblo, El Despertador y El Restaurador se publicaban semanalmente y eran distribuidos por la Se-cretaría de Hacienda del estado. Contaban con oﬁcinas para suscribirse en Ciudad Victoria, Matamoros, Ciudad Mier, San Carlos, Xicoténcatl, Ma-giscatzin, Soto la Marina, Tampico, Tula, y Santa Bárbara, es decir, en los principales municipios del estado.10 Por las fechas de su publicación, sabe-mos que cada gobierno estatal fundaba su propio periódico para remplazar al de la administración saliente.11 8 Spell, Pioneer, 1963. 9 Para una lista de los periódicos decimonónicos disponibles en archivos tamaulipecos, véase Covián, Historia, 1995. 10 Véase, por ejemplo, la lista de ciudadanos que recibían subscripciones para el periódico oﬁcial en 1830: “Aviso”, El Guía del Pueblo, 6 de agosto de 1830. 11 A partir de 1832 hay señales de una producción periódica independiente. En aquel año, y en el marco de rebelión contra el gobierno de Bustamante, apareció en Matamoros El Procurador del Pue-blo; en 1834 La Gaceta de Tamaulipas se publicaba tres veces a la semana en Tampico por G. H. Grey. 140 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixEl contenido de El Guía del Pueblo, El Despertador y El Restaurador era el usual en periódicos oﬁciales de la época: publicaban leyes, decretos y mani-ﬁestos del gobierno estatal así como una selección de los mismos provenien-tes del gobierno nacional o estados vecinos; incluían algunos textos infor-mativos o descriptivos copiados de otros periódicos, normalmente publica-ciones de la ciudad de México; a veces publicaba cartas de ciudadanos del estado, normalmente para refutar alguna acusación o calumnia por parte de una tercera persona. Asimismo contaban con un pequeño espacio al ﬁnal con comentarios de los editores sobre temas de interés del momento. Hay que señalar que a diferencia de muchos otros periódicos oﬁciales, los de Tamaulipas no publicaban las actas de sesiones del Congreso estatal. Des-graciadamente no he encontrado en la prensa denuncias de irregularidades ni quejas por la manera en que se eligieron los diferentes funcionarios. Sí se publicaron algunas actas de elección, así como leyes y correspondencia oﬁcial relativas a elecciones.Por otro lado, sólo localicé seis folletos relacionados con Tamaulipas para los años en cuestión. No obstante, tres de ellos son verdaderas joyas, pues me ayudaron a contextualizar la información que había obtenido de la legislación. Todos fueron escritos en 1831 y aluden a lo sucedido en la Junta Preparatoria que caliﬁcó las elecciones legislativas para el cuarto Congreso constitucional del estado. Por lo visto, las sesiones de aquella junta fueron muy polémicas, pues más tarde el nuevo Congreso abrió un proceso contra el presidente de la junta por abusar de sus facultades durante el escrutinio. Un folleto reproduce el acta de la instalación del Congreso en cuestión;12 otra es la petición que el presidente de la misma y ex diputado, Juan Martín de la Garza, presentó al Congreso de la Unión con el ﬁn de pedir que este cuerpo anulara completamente los comicios legislativos de 1831.13 El tercer folleto es la respuesta a dicha petición publicada anónimamente bajo el seudónimo de Un hijo de Tamaulipas.14 La información contenida en ambos ayuda mucho a entender el papel del poder legislativo en las elecciones y lo que sucedió en aquella Junta Preparatoria. En 1838, el puerto de Matamoros estrenó El Ancla, otra vez de la imprenta de Vicente Parra. A partir de 1835 aparecía El Mercurio del Puerto de Matamoros, de la imprenta de Mercurio a cargo de Juan Southwell. En la década de 1840, sabemos que existieron El Registro de Tamaulipas, El Tribunal del Pueblo y El Defensor de Tamaulipas, todos publicados en Ciudad Victoria, el primero por Cristóbal Pizaña, el segundo por Pedro Castañeda y F. de las Casas. 12 Acta, 1831. 13 Exposición, [1831]. 14 Un Hijo de Tamaulipas, Apología, [1831].
141“Voce s y silenc ios en los archiVos”Los folletos cuentan lo siguiente: el 14 de agosto de 1831 se reunió la comisión permanente del Congreso saliente en Junta Preparatoria para cali-ﬁcar las elecciones de los nuevos diputados e instalar formalmente el nuevo Congreso. De acuerdo con las leyes constitucionales, estaban acompañados por los diputados electos que presentaron sus credenciales para el escrutinio debido. En las reuniones previas la junta había hecho llamar a los diputados suplentes para los partidos de Santa Bárbara y Jiménez, Leonardo Trejo y Diego Hinojosa, porque, de acuerdo con su juicio, los propietarios electos por las juntas de partido no estaban facultados para ocupar sus curules. Pedro Obregón, el diputado propietario de Santa Bárbara, se encontraba suspendido de sus derechos políticos a causa de un proceso criminal que se le seguía en la primera sala de Suprema Corte de Justicia del estado; mientras que Juan Gue-rra, propietario de Jiménez, se desempeñaba como gobernador interino del estado. No obstante, Pedro Obregón se negó a aceptar el dictamen de la junta y se presentó el día 14 con el objetivo de impedir que Trejo ocupara su curul.Al abrir la sesión, el presidente de la junta, Juan Martín de la Garza y Flores, notó la presencia indebida de Obregón y ordenó que dejara el recinto de inmediato. Obregón se negó salir, alegando que el presidente de la junta no tenía la facultad de excluirlo de la reunión. En seguido, hubo una discusión muy calurosa entre los asistentes en torno a las facultades de la mesa directiva de la Junta Preparatoria. La pregunta clave era si tenía o no el derecho de pronunciarse acerca del estado de los derechos políticos de un diputado electo.Las fuentes ofrecen versiones distintas acerca de los argumentos desa-rrollados. Pero, todas se acuerdan en que Obregón se negó reiteradamente a retirarse de la Junta y que De la Garza y Flores rehusó dar inicio al pro-ceso de escrutinio mientras que Obregón estuviera presente. Finalmente, De la Garza y Flores levantó la sesión y salió del recinto en compañía del suplente de Obregón, Leonardo Trejo, el secretario de la mesa, Francisco Gómez, y tres diputados electos más: Honorato de la Garza (del partido de Villerías), Diego Hinojosa (suplente para el partido de Jiménez) y Joaquín Guzmán (por Cruillas). Mientras que los inconformes se fueron a quejar con el gobernador, el padre José Miguel de la Garza García, diputado electo para el partido de Tula, reconvocó a la sesión. En seguida, la junta proce-dió a caliﬁcar positivamente las credenciales de Obregón y a inaugurar el cuarto Congreso constitucional. La indignación de De la Garza y Flores del gobernador ante este suceso fue tal que tuvo que intervenir el comandante militar, Ignacio de Mora, para imponer orden. 142 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixEl día siguiente la legislatura estatal inició sus labores con la asistencia de Obregón. En cambio, los diputados electos que habían salido con el presi-dente de la Junta fueron excluidos y el Congreso llamó a sus suplentes. Este nuevo Congreso también acordó abrir proceso contra Juan Martín de la Gar-za y Flores.15 Algunas semanas más tarde –y en vista de que no hubo mayoría absoluta a favor de ningún candidato al cargo de gobernador– el pleno nom-bró al inspector de milicias, Francisco Vital Fernández, como gobernador.Es de notar que la semana siguiente a la instalación del Congreso, los editores del periódico oﬁcial –El Guía del Pueblo– se despidieron y anuncia-ron el cierre de su publicación. A partir de entonces, se empezó a publicar un nuevo periódico oﬁcial con el nombre de El Despertador. Este no infor-mó a sus lectores de la queja que Juan Martín de la Garza y Flores había mandado al Congreso de la Unión; pero sí publicó varios maniﬁestos de las juntas de partido que habían elegido originalmente a los diputados que se habían alineado con De la Garza y Flores y, quienes, en consecuencia, habían sido despojados del derecho de voto pasivo. Las juntas repudiaron a sus candidatos y pidieron a los diputados federales que hiciera caso omiso de la queja de De la Garza y Flores. Asimismo, acusaron al ex gobernador interino, Juan Guerra, de ser el responsable de los sucesos del 14 de agosto pues quería ganar la gubernatura.16¿Qué muestra el desenlace del proceso electoral de 1831? En primer lugar, conﬁrma la importancia de la comisión permanente en el proceso de instalación de un nuevo Congreso. Al erigirse en Junta Preparatoria para caliﬁcar las credenciales de los electos, los tres integrantes de la comisión podrían recomendar la anulación de la elección o inhabilitar a un diputado para ocupar la curul legislativa. De esta manera, tenían la facultad para incidir en la composición de la legislatura entrante.En segundo lugar, me parece que lo sucedido en 1831 indica que las reuniones de la Junta Preparatoria fueron espacios de negociación política, que no sólo era un tribunal de escrutinio. Es probable que las acciones de los diputados Pedro Obregón y José Miguel de la Garza García en la Junta tuvieran un claro propósito político. Desde mi punto de vista, el desenlace del proceso electoral habla de una conspiración por parte suya y de otros actores para ocupar curules en el nuevo Congreso. La apertura de un pro- 15 iih-uat, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Circular, 19 de septiembre de 1831, Ayunta-mientos, sección Bustamante, caja 3, exp. 6. 16 El Despertador de Tamaulipas, alcance al núm. 25, 16 de febrero de 1832.
143“Voce s y silenc ios en los archiVos”ceso legal en contra del ex presidente de la Junta, De la Garza y Flores y sus aliados, sugiere, asimismo, que el ﬁn último de la jugada era neutralizar un grupo político opositor. Esta observación permite colegir que el hecho de que la legislatura entrante caliﬁcara las elecciones para gobernador sig-niﬁcaba que lo que sucediera en Junta Preparatoria era crucial para la elec-ción del poder ejecutivo. Aunque todavía falta investigar más acerca de este tema, creo que la evidencia en las fuentes impresas sugiere que el conﬂicto de 1831 obedeció –al menos en parte– a este sistema institucional.CONSIDERACIONES FINALESLos historiadores somos gente curiosa. Nos gusta saber cómo y por qué ocu-rrieron los sucesos pasados. Establecer el cómo y los porqués de un momento histórico es el pan nuestro de cada día. Y menos mal, pues este ensayo hu-biera sido bastante aburrido (¡y mucho más corto!) si me hubiera limitado a describir la información sobre las elecciones en Tamaulipas: la legislación electoral, los registros de las anulaciones de elecciones, de las suspensiones de derechos políticos y las confrontaciones de 1831. En ese caso alguien pudiera haber pensado: “¿por qué sufriste tanto para ofrecer tan poco?”En este ensayo espero haber dejado claro por qué me impuse la tarea de realizar el trabajo de archivo. Espero haber comprobado que un histo-riador puede problematizar un tema y llegar a algunas conclusiones acerca del mismo, incluso cuando las fuentes estén repletas de “silencios”. Al ﬁn y al cabo, las fuentes no pueden escribir historia; este trabajo corresponde al historiador. Incluso una lista de sucesos y/o de registros documentales más amplios que lo que encontré solamente puede cobrar relevancia e importan-cia si el historiador se dedica a encontrar los posibles vínculos de causales entre ellos. Para mí, el empeño de descubrir tales articulaciones –con base en muchas o pocas fuentes– es la clave para hacer historia.ANEXOSDocumento 1aget, Patrimonio estatal, Bustamante, Elecciones, 1830-1895, caja 1, exp. 16.
144 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixPara el día 19 del presente son las elecciones de los empleados municipales lo que tendría V. que presentarse en este Juzgado como 4º elector nombrado.Dios y libertad, Bustamante, diciembre 11 de 1830.Atanasio Álvarez [rúbrica]Ciudadano Juan José Guerra4º Elector
146 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixDocumento 2aget, Patrimonio estatal, Bustamante, Elecciones, 1830-1895, caja 1, exp. 25.
147“Voce s y silenc ios en los archiVos”No. 123“En el mineral de Bustamante a los veinte días del mes de enero de mil ocho-cientos treinta y tres con arreglo al decreto de 7 de enero del mismo año artículo 1º donde previene se hagan las elecciones de Electores de Partido, y se ha procedido con arreglo al artículo 2º de nuestra Constitución en el pasaje acostumbrado proce-dió el Alcalde Ciudadano Esteban Álvarez, y haciéndose convocado al Pueblo por bandos citatorios como lo previene el artículo 53 de la misma ley, reunidos todos, y presentes que fueron en este Juzgado se procedió hacer la Elección del Secretario y Escrutadores los Ciudadanos siguientes siendo el 1º el Ciudadano Francisco Naba, y para 2º Albino García, y luego se procedió hacer la Elección de Electores de partido así como lo previene el art. 56 de la Constitución donde resultaron los Ciudadanos siguientes Agustín Álvarez, con veintiséis votos, y el Ciudadano Vi-cente Cores veinte y cuatro, Francisco Nava con cinco = Víctor Mendoza, cinco; Albino García con tres Pedro Méndez = dos, Martín Torres = uno. Don Juan María Rodante = uno por lo que habiendo sacado la mayoría de [ilegible] quedando para ser Elector el Ciudadano Agustín Álvarez [ilegible] se procedió para 2º Elector y hasta que fue la votación resultaron los Ciudadanos siguientes: Vicente Pores con treinta y nueve votos = Francisco Nava con seis = Víctor Mendoza con tres = Albino García con dos = Pedro Méndez con uno = por lo que haciendo recaudado la mayoría de sufragios resulta para 2º Elector el Ciudadano Vicente [ilegible], y no habiendo habido oposición alguna se han tenido por legítimos Electores para que pasen a la Junta de Palmillas cabecera de Partido a desempeñar las funciones que les correspondan; [ilegible] por concluida esta Acta que ﬁrmamos el Presidente, Escrutadores y Secretario, hoy día de la fecha.”[Ilegible]Albino Morales, Secretario [rúbrica]Escrutador, Francisco Nava [rúbrica]Escrutador, Albino García [rúbrica]Documento 3uat-iih, Ayuntamientos, Bustamante, caja 3, exp. 4.“Informe que la comisión permanente del primer Congreso constitucional del Estado libre de las Tamaulipas hizo a la junta de diputados para el siguiente Congreso el día 14 de agosto de 1827, según lo prevenido en los artículos 75 y 76 de la Constitución Política del mismo estado. ”Señores: 152 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix”La Constitución del Estado hace en su artículo 94 a la Comisión Perma-nente el tan difícil como peligroso encargo de examinar las credenciales de los in-dividuos nombrados para la siguiente legislatura y caliﬁcarlas. La falta de decisión terminante en unos casos y la obscuridad en que algunas actas de las elecciones, se concibieron son otros tantos embarazos en que la comisión temiera tropezar. Se detuvo a examinar las credenciales, a releer la Constitución y las leyes, a hacer combinaciones e inculcar el espíritu de las decisiones del Congreso cuando su letra no ministra suﬁciente luz y conducida por la ley, por la razón, y por los principios sociales, ha desentrañado la cuestión y la propone resuelta según le dan fundamen-te los principios en que se apoya.”Cree preciso la comisión para claridad, sentar que en las elecciones de los diputados demandan la Constitución y las leyes, los clases de requisitos: unos de mera solemnidad, otros que son de la substancia del acto, y que omitirlos o con-trariarlos, es atacar la ley en su cimiento: que los primeros si se omiten no vician la elección; pero no obrando de conformidad con estos últimos, la elección es in-subsistente y debe anularse. Para notar esta diferencia de requisitos se guiará la comisión por los principios que ha manifestado por decisiones legítimas en casos idénticos, por aclaraciones que se hayan hecho, por deducciones y analogías. ”Por la copia de la acta remitida a la comisión permanente de la Junta Elec-toral de Cruillas, se ve que fue nombrado diputado propietario por aquel partido el ciudadano Juan Guerra, y consta de su contesto que el mismo fue el elector que concurrió a su nombramiento. El ciudadano Guerra es diputado de la legislatura que va a salir, y este encargo le privaba de ser elector según la altura del artículo primero de la ley de 25 de noviembre de 1825. Maniﬁestamente se contravino el artículo citado, y esta contravención volvió el acto nulo. Los diputados propietarios que ejerzan o estén en disposición de ejercer este encargo, no pueden desempeñar otro popularmente y de esta clase es el de elector”No es de mera ritualidad esta prohibición: es de substancia del acto, y ya el Congreso decretó nula una elección por la concurrencia de un elector indebida-mente nombrado, como lo maniﬁesta el decreto de 18 de noviembre de 1825. Pero la comisión juzga importante exponer que esta caliﬁcación y resolución se ha de re-servar para cuando sea oportuno, como que ella no ha tomado en consideración la credencial exhibida por el ciudadano Guerra. Él ha desconocido la legitimidad de la Comisión, según se haya, lo que consta sus oﬁcios, que en copia unos original otro existen en esta Secretaría. Desconociendo la autoridad de la Comisión no pue-de decir que reconoce la de su Presidente ni al Secretario de ella. Tampoco reconoce al Presidente como tal en esta junta, ni cree con poder al Secretario para autorizar esta junta, la que ha de tener en consecuencia por ilegítima, y sus actas por nulas, y 153“Voce s y silenc ios en los archiVos”por ello reservando al ciudadano Guerra sus ocurridos, no debe tenerse por indivi-duo en esta junta, no concurrir a sus deliberaciones.”El ciudadano licenciado Juan Martín de la Garza fue nombrado diputado propietario por el partido e Hoyos y esta elección abunda de nulidades. El ciudada-no licenciado de la Garza era magistrado de la Sala primera de la Corte Suprema de Justicia del Estado, cuando se le nombró diputado, y como ejercía empleo de nombramiento del Gobierno contravino al artículo 45 de la Constitución del Es-tado. Sería ridículo intentar sostener la elección con el especioso pretexto que el licenciado Garza fue nombrado Magistrado por la legislatura por cuando la Cons-titución, no prohíbe ser diputados a los empleados nombrados por el gobierno, sino a los empleados de nombramiento del Gobierno y hay mucha diferencia entre ser nombrado por el Gobierno y obtener empleo de nombramiento del Gobierno. Aquello comprendía a los que inmediatamente fueron nombrados por el gobierno, y esto abraza a cualquier que tenga empleó de nombramiento del Gobierno, aunque accidentalmente fueron nombrados por otra autoridad, y es claro que el espíritu del artículo sabiamente previo este caso, no expresándole de los nombrados por el Gobierno, sino de los que tenga encargo de nombramiento del Gobierno. El ciudadano Garza no tiene encargo de nombramiento del Gobierno: es decir, ejerce empleo, cuyo nombramiento toca al Gobierno, y si las leyes se han de entender según el sentido en que se usan: si las voces en que se conciben, se han de estimar según se entienden generalmente, es muy obvia la explicación.”Mas cree la comisión que esta caliﬁcación se reserva para después, y que por ahora de contraiga únicamente la cuestión, así el ciudadano licenciado Garza debe ocupar asiento en esta Junta. Su credencial presentada a la Comisión está extendida en papel del sello 4o contra lo expresado en el artículo 1o capítulo 2o de la ley de 30 de enero de 1826 y sí han de observarse el artículo 1o capítulo 3o de la ley mis-ma, el ciudadano licenciado Garza no tiene derecho ni acción a percibir dietas, ni a ocupar asiento; pues su credencial no se lo da, ni ésta debe admitiese ni hace de. Así que el ciudadano licenciado Garza no debe tenerse por individuo de esta Junta ni puede concurrir a ella. Sería remarca le que en un Juzgado fuese inadmisible el poder conferido por un particular, sino estaba el testimonio en el papel correspon-diente y que se admitiera un apoderado de los pueblos con igual vicio. A más, el ciudadano licenciado Garza no tiene 25 años cumplidos que exige el artículo 41 de la constitución y esto hace nula la elección.”Por el partido de esta Ciudad, se nombró diputado al ciudadano Manuel de la Garza y la acta misma presenta de luego los vicios en que abunda la elección. Ésta se hizo nominal contra el tenor del artículo 69 de la Constitución del Estado, que previene que sea secreta, y por medio de cédulas, y podrá decirse que este re-
154 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixquisito es de ceremonia pues es claro que si la Constitución previniese que fuera la elección pública y se hubiera hecho secreta, se podría haber reclamado nula, como que no llenaba el objeto de la ley y la contrariaba. Por el contrario, pues se hace el propio argumento, y resulta que el que la elección fuese secreta, es esencial del acto y su falta lo hace nulo.”Concurrió a la elección como elector el ciudadano Indalecio Fernández con-tra lo expresado en el artículo 1o de la ley de 25 de noviembre de 1825. La ley se atacó maniﬁestamente. El ciudadano Fernández no debió concurrir como elector, y su concurrencia que quiere decía tanto como la falta de otro elector legítimamente nombrado vició el acto. No es objeción que el ciudadano Fernández nombrado-se elector, antes de saberse el fallecimiento del diputado propietario, es constante que cuando concurrió a la Junta Electoral de partido, ya se sabía que el diputado propietario faltaba, y aun concediendo de valde que su nombramiento de elector fuese valedero, debió cesar en este encargo según el artículo y ley citados. Ni puede alegarse que subsistirá la elección dando por demás el voto el ciudadano Fernán-dez, por que sentado que no puede ser elector debió concurrir otro legítimamente nombrado, o por lo menos citarse conforme el artículo tercero de la ley referida. Con que se ve claro, que la concurrencia del señor Fernández a la Junta de partido hizo el acto nulo, y debe reponerse si así el Congreso lo dispusiere.”Se nombró al ciudadano Rafael Fernández por el partido de Altamira, y a la elección concurrió como elector por aquella Villa, el ciudadano Antonio Perea, diputado de la actual legislatura, en lo que se atacó maniﬁestamente la ley del Estado de 25 de noviembre de 1825, en su artículo primero que prohíbe a los dipu-tados propietarios obtener y desempeñar encargo popular alguno, sino lo que por la Constitución preﬁeren, que este vicio fuera substancial está probado ya cuando se trató del nombramiento por este partido, y por las razones mismas, es nulo el nombramiento hecho en el ciudadano Rafael Fernández.”Por el partido de Revilla se nombró al ciudadano Guadalupe Sámano, y concurrió como elector el ciudadano Felipe de Jesús Cepeda, diputado a la actual legislatura, lo que a primera vista parece atacar la ley de 25 de noviembre de 1825, y que por consiguiente hace el nombramiento nulo. Mas se hace la reﬂexión que el ciudadano Cepeda, aunque es diputado propietario fue licenciado por el Congreso sin limitación de tiempo: que su suplente fue llamado y entró en ejercicio, habiendo quedado en la comisión permanente, y siendo que el artículo 84 de la Constitu-ción expresa, que la comisión permanente durará todo el receso de la Legislatura hasta las siguientes sesiones ordinarias, es claro que el suplente debía estar hasta la instalación del nuevo Congreso, quedando por lo mismo, el ciudadano Cepeda tácitamente dispensado de concurrir, y como declarado imposibilitado, es decir, que 155“Voce s y silenc ios en los archiVos”quedó sin el ejercicio de diputado, y si los suplentes cuando no están en ejercicio, pueden ser electos, según el tenor del artículo primero de la ley de 25 de noviem-bre de 1825, los propietarios en iguales circunstancias podrán serlo, y será injusto privar a los ciudadanos de obtener cargo popular, cuando no pueden desempeñar otro que lo embarazara. Por esto, cree la comisión que en la elección del ciudadano Sámano no se atacó la ley citada, y que la concurrencia del ciudadano Cepeda no volvió el acto nulo.”Los partidos de Tula y Santa Bárbara nombraron diputado propietario al ciudadano José Antonio Fernández de Izaguirre, pero debiendo prevalecer el nom-bramiento por el partido de la vecindad, y siendo el nombrado vecino de Tula por este partido debe concurrir; y por Santa Bárbara, el suplente ciudadano Manuel Tudon. En la elección de este individuo no se encuentra vicio substancia, y mien-tras que el Congreso dispone que en Santa Bárbara se elija diputado propietario, el elegido concurre, debe hacerlo el suplente. ”Los partidos de Santander y Matamoros nombraron para diputados pro-pietarios a los ciudadanos Diego Hinojosa y Enrique Camilo Suárez. Estos nom-bramientos no tienen defecto que los haga inválidos, y aunque no se expuso en las actas con claridad que se dieron por los trámites de la ley, previos a la elección, pero constando en general que se cumplió con los artículos constitucionales, y habién-dose tenido en la Junta preparatoria para la actual legislatura por insubstanciales semejantes defectos, sin reclamo de la legislatura hay el mismo caso, y se entiende como declaración el silencio o aprobación tácita del Congreso.”Considerando la comisión permanente que el ciudadano José Antonio Fer-nández Izaguirre no puede concurrir por el partido de Santa Bárbara, hizo llamar al suplente Manuel Tadon, en cuyo nombramiento no se ve defecto substancial, y debe concurrir mientras el Congreso resuelve.”Teniendo por fundamento lo expuesto, y prescindiendo de vicios que hu-biera, o en los electores o en las juntas municipales, que no se manifestaron a la comisión permanente opina ésta:”Primero: Reservando para después la caliﬁcación de los nombramientos he-chos en los ciudadanos Juan Guerra y licenciado Juan Martín de la Garza, para Diputados propietarios por los partidos de Cruillas y Hoyos, no son admisibles en esta junta ni a ella deben concurrir.”Segundo: Es nulo el nombramiento que por el partido de esta ciudad se hizo en el ciudadano Manuel de la Garza para diputado propietario a la siguiente legis-latura, por ser contra el tenor literal del artículo primero de la ley del estado de 25 de noviembre de 1825. 156 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix”Tercero. Es nulo el nombramiento que el partido de Altamira hizo en el ciuda-dano Rafael Fernández por ser contra el tenor literal del artículo primero de la ley del estado de 25 de noviembre de 1825.”Cuatro. Se aprueben los nombramientos hechos en los ciudadanos José Antonio Izaguirre, Guadalupe Sámano, Diego Hinojosa y Enrique Camilo Suárez por los parti-dos de Tula, Revilla, Santander, Matamoros, y que por el partido de Santa Bárbara se hizo para suplente en el ciudadano Manuel Tudón.”Ciudad Victoria, 14 de agosto de 1827. Cuatro de la instalación del Con-greso de este Estado. =Juan Nepomuceno de la Barreda =Juan Francisco Gutiérrez =José Indalecio Fernández.Notas. 1ª Nada dijo la comisión de los diputados por los partidos de Palmillas y Es-candón, por no haberse presentado y de consiguiente no haber tenido a la vista sus credenciales; no obstante, a haber ya ﬁjado su opinión en las actas de la comisión, por lo que ministraron la copia de las actas de sus elecciones.2ª El artículo primero del dictamen, lo aprobó la Junta de diputados por unanimidad de votos.3ª La misma Junta de Diputados resolvió con unanimidad que por hallarse reducida al mínimum no podían discutirse los demás artículos del dictamen, y que por lo mismo se esperase llegaran los diputados que faltan; y que para que fuesen con la brevedad posible se llamasen por conducto del Gobierno a los Diputados propietarios y suplentes, para que con los primeros que llegasen se reuniera de nueva la Junta y examinadas sus credenciales se procediera a lo conveniente para la más pronta instalación del Congreso.Imprenta del Gobierno del Estado. Dirigida por José Manuel Bangs.”Documento 4uat-iih, Ayuntamientos, Bustamante, caja 3, exp. 6.
157“Voce s y silenc ios en los archiVos”GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPASCircular“Con fecha 15 del corriente, me dicen los señores secretarios del Congreso honora-ble de este estado lo siguiente:”Excmo. =El congreso honorable en sesión secreta de 9 de corriente se sirvió aprobar el dictamen y proposición siguiente: =La comisión especial nombrada para abrir dictamen sobre la acusación hecha al expresidente de la comisión permanente D. Juan Martín Garza y Flores por haber abusado de su autoridad faltando a la fe pública el día 14 de agosto y demás cosas que dicha acusación contiene: dice =Que los descargos dados por el sr. Garza Flores y que la comisión ha visto con la mayor detención lejos de legalizar los hechos de que es acusado, ponen de maniﬁesto la culpabilidad en que por ellos está incurso. Ninguno de dichos descargos es conclu-yente; no pasan de respuestas evasivas según el juicio de la comisión fundado en el siguiente análisis que de ellos ha hecho. =Cuando se le hace cargo de hacerse abrogado facultades para mandar que un diputado no compareciese en la junta preparatoria por no juzgarlo con las calidades necesarias, atribución exclusiva de la junta preparatoria, contesta: que el artículo 11 del reglamento faculta a la comisión permanente para llamar a los suplentes en consonancia de la atribución 4ª que le concede la constitución. Se esfuerza el Sr. Garza Flores en justiﬁcar este acto, fun-dándose en que así lo han hecho comisiones permanentes interpretando el artículo constitucional (94) que en su concepto no está bien explicado, y se desentiende del busilis del cargo, que es como queda dicho haber mandado no compareciese a la junta un diputado propietario, sobre lo cual nada dice, ni podrá decir en su favor porque sobre este punto bien claro habla la constitución. =Aun las razones que manifestó dicho Sr. Garza Flores para evadirse de este cargo no llenan el objeto con que las vierte respecto a la llamada del suplente. Ningún artículo constitucional ni ley alguna puede expresarse con voces terminantes de genuino signiﬁcado, cuando se quiere que digan lo que no expresan, o extenderse a casos que no comprenden. Esto sucedió al sr. Garza Flores en la inteligencia de la atribución 4ª del artículo ya citado de la constitución y el 11º del reglamento de la comisión permanente. Ambos están bien claros y terminantes hasta para los legos que no han estudiado el derecho. ¿Cómo no lo habían de estar para un sr. licenciado? Pero es necesa-rio forzarlos, y con gratuitas interpretaciones acomodarlos al caso que se quería, aunque se chocase con otros artículos constitucionales. Esa misma obscuridad que pretexta el sr. Garza Flores debió servirle de base o principio para el acierto, y más, 160 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xixsabiendo que no le era dado interpretar las leyes, en esto hacía un delito, y que no podía justiﬁcarlo el que otros también lo hubieren hecho.”Por último, se acoge el sr. Garza Flores a la inmunidad que la Constitución presta a los diputados por sus opiniones. El sr. Garza Flores debe conocer que no se le hacen cargos por sus pensamientos maniﬁestos, sino por sus operaciones como autoridad. De ellas debe responder porque hay leyes que se las demarcan y toda omisión o traspaso es un delito, tanto más perjudicial cuanto más escandaliza el pueblo, como sucedió el 14 de agosto, con el empeño que el Sr. Garza Flores puso para estorbar la instalación del Congreso y hacer que los demás diputados sucum-biesen con sus mandatos, cuyo ﬁn no consiguió levantando la sesión saliéndose luego escandalosamente con su prosélitos y suplentes que había citado para que le ayudasen: que el segundo y cuarto cargo que le resultan. A esto contesta: que como presidente estaba en sus facultades dar trámites a las proposiciones que se le presen-tó una relativa a la salida del diputado suplente de Santa Bárbara y que no quiso admitirla por que sólo el Congreso debía reformar el llamado del suplente. Que le-vantó la sesión porque el presidente puede hacerlo cuando advierta algún alboroto en el pueblo. =El Sr. Garza Flores se equivoca si piensa que hubo tal proposición en ese día. Se pidió por los diputados la salida del suplente, porque su presencia manchaba el santuario de la ley que no lo había llamado a la silla que ocupaba ata-cando la representación del propietario que se hallaba en el seno de la junta. Este reclamo, no fue proposición: fue una enérgica decisión de los diputados en hacer respetar la Constitución y las leyes con la que aterrorizado el sr. Garza Flores levan-tó la sesión, haciendo este nuevo ultraje a la constitución. =En el pueblo no hubo estos alborotos que dice el sr. Garza Flores, lo obligaron a levantar la sesión. Si la tranquilidad pública se vio expuesta a perturbarse; lo motivaron los escandalosos hechos del sr. presidente y la reunión de empleados que pasó luego a formar en la casa del ex gobernador D. Juan Guerra. De ello, en vez de disculpa, se le sigue un nuevo cargo, y que en concepto de la comisión debe también hacérsele. =Por lo expuesto la comisión sujeta a la deliberación del congreso la proposición siguiente. =Ha lugar a la formación de causa al ex presidente de la comisión permanente, D. Juan Martín de la Garza y Flores.”Todo lo que de orden del mismo honorable Congreso tenemos el honor de insertar a V. E. para su conocimiento, asegurándole entretanto, nuestra distinguida consideración y respeto.””Y lo pongo en noticia de V. para su conocimiento.”Dios y libertad. Ciudad Victoria, septiembre 19 de 1831, 8º de la instalación del congreso de este estado.
161“Voce s y silenc ios en los archiVos”Francisco Vital Fernández [rúbrica]Por falta del secretario: Gerónimo Fernández Tijerina, oﬁcial mayor.Sr. Alcalde de Bustamante.”FUENTES CONSULTADASArchivosaget Archivo General del Estado de Tamaulipas.amr Archivo Municipal de Reynosa, Reynosa, Tamaulipas.amm Archivo Municipal de Matamoros, Matamoros, Tamaulipas.amsc Archivo Municipal de San Carlos, Tamaulipas.amt Archivo Municipal de Tampico, Tamaulipas.uat-iih Fondos Documentales del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.Nlb lac Nettie Lee Benson Latin American Collection, University of Texas at Aus-tin.HemerografíaEl Despertador de Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas.El Guía del Pueblo, Ciudad Victoria, Tamaulipas.El Restaurador, Ciudad Victoria, Tamaulipas.BIBLIOGRAFÍAAndrews Catherine y Jesús Hernández Jaimes, Del Nuevo Santander a Tamaulipas. Génesis y construcción de un estado periférico en México, 1770-1825, Ciudad Victoria, Fomix-Cotacyt-CoNacyt/Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2012.Arnold, John H., Una brevísima introducción a la historia, México, Océano, 2003.Acta de la instalación del iv Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de las Ta-maulipas, Ciudad Victoria, Imprenta del Gobierno dirigido por Juan Antonio Aguirre, 1831.Colección Leyes y Decretos del Congreso Constituyente de Tamaulipas, año de 1825, Ciudad Victoria, Imprenta del Estado en la casa del mismo, 1825.
162 ElEccionEs E n El México dEl sig lo xix“Constitución de las Tamaulipas” en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Po-rrúa Venero (coords.), Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal, México, Institu-to de Investigaciones Legislativas/Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 1998, t. 1 (Enciclopedia Parlamentaria de México), pp. 681-701.Covián Martínez, Víctor Efrén, Historia del periodismo en Tamaulipas (1824-1900), Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas (Colección Nuevo Amanecer), 1995.Exposición al Congreso General de la Unión sobre los excesos cometidos en la elección de algunos diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas del año de 1831, s. p. i. [1831].Un Hijo de Tamaulipas, Apología del cuarto Congreso Constitucional de Tamaulipas, insta-lado el 14 de agosto del año corriente, s. p. i. [1831].Spell, Lota M., Pioneer Printer: Samuel Bangs in Mexico and Texas, Austin, University of Texas Press, 1963.Villegas Moreno, Gloria y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal, México, Instituto de Investigaciones Legislativas/Cámara de Diputados, lxi Legislatura, 1998 (Enciclopedia Parlamentaria de México).
CitationsCitations0ReferencesReferences6Del Nuevo Santander a Tamaulipas. Génesis y construcción de un estado periférico en México, 1770-1825 Full-text · Book · Jan 2011 · The Journal of American HistoryCatherine AndrewsJesús Hernández JaimesRead full-textPioneer Printer: Samuel Bangs in Mexico and TexasArticle · Jun 1964 Andrew JohnsonLota M. SpellReadUna brevísima introducción a la historia. John H Arnold. 2003.Show morePeople who read this publication also readEl ejercicio del patronato y la problemática eclesiástica en Zacatecas durante la Primera República Federal (1824-1834) Full-text · Article · Apr 2014 Rosalina Ríos ZúñigaRead full-textMichael P. Costeloe: La primera república federal de México (1824–1835). Un estudio de los partidos políticos en el México independiente (Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1975, n.p.s.). Pp. 492Article · May 1977 Brian HamnettReadLa primera república federal de México, 1824-1835 : un estudio de los partidos políticos en el México independiente / M.P. Costeloe ; tr. por Manuel Fernández Gasalla.Article · · Journal of Latin American StudiesMichael P. CosteloeReadData provided are for informational purposes only. Although carefully collected, accuracy cannot be guaranteed. Publisher conditions are provided by RoMEO. Differing provisions from the publisher's actual policy or licence agreement may be applicable.This publication is from a journal that may support self archiving.Learn moreLast Updated: 17 Jul 16 © 2008-2017 researchgate.net. All rights reserved.About us · Help Center · Careers · Developers · News · Contact us · Privacy · Terms · Copyright | Advertising · Recruiting

References: artículo 40
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 94
 resolución 
 artículo 45
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 41
 artículo 69
 artículo 1
 artículo 84
 artículo 11