Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S59-03.html
Timestamp: 2015-03-30 07:08:59+00:00

Document:
Sonia Arce Esparza v. Chile, Caso 071/01, Informe No. 59/03, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.118 Doc. 70 rev. 2 en 213 (2003). INFORME Nº 59/03
7. El 27 de agosto de 2001, los peticionarios enviaron a la Comisión información adicional sobre el agotamiento de los recursos internos. Por nota del 25 de septiembre de 2001, la Comisión informó a los peticionarios que había iniciado el trámite de la petición. Por nota de la misma fecha, la Comisión envió al Estado las partes pertinentes de la petición, solicitándole una respuesta dentro de los 90 días, de acuerdo con el artículo 30(3) del Reglamento. 8. El 17 de octubre de 2001, el peticionario, Corporación de La Morada, envió una carta a la Comisión solicitando que el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fuera también incorporado como copeticionario. Por nota del 1 de noviembre de 2001, la peticionaria Sonia Arce Esparza solicitó análogamente que CEJIL fuera incorporado como copeticionario.
11. El Estado presentó su respuesta a la Comisión el 7 de marzo de 2002. La Comisión remitió a los peticionarios la respuesta del Estado el 19 de marzo de 2002, solicitándoles las observaciones dentro del plazo de un mes. Hasta la fecha, los peticionarios no han respondido. III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Los peticionarios
17. Los peticionarios argumentan que han satisfecho los requisitos de admisibilidad de la Comisión. Específicamente, en cuanto al requisito del agotamiento de los recursos internos, los peticionarios sostienen que están exceptuados de cumplir ese extremo en virtud del artículo 46(2)(a) o, en su defecto, que han agotado los recursos internos. 18. Los peticionarios afirman que están exceptuados de agotar la vía interna porque los dos recursos disponibles, el recurso de protección y el recurso de inaplicabilidad, son inadecuados. Ambos plantean como requisito previo para acceder al recurso que exista un proceso penal en curso en un tribunal inferior en que se esté aplicando la presunta ley inconstitucional contra la Sra. Arce Esparza. Ello significa que, para tener acceso al recurso, la Sra. Arce Esparza, primero, tendría que presentarse ante un juez y solicitar permiso para administrar sus propios bienes y ese permiso tendría que serle negado. Los peticionarios argumentan que esos recursos son inadecuados, por dos razones: primero, porque, al tener que pedir permiso al juez para administrar sus propios bienes, la Sra. Arce Esparza tendría que someterse precisamente a la discriminación que está impugnando. Segundo, porque estos recursos no atienden a la alegación de la Sra. Arce Esparza de que los artículos impugnados, aún en ausencia de aplicación directa por un juez para impedirle vender sus bienes, son violatorios de sus derechos. 19. Como alternativa, los peticionarios argumentan que la Sra. Arce Esparza ha agotado los recursos internos. El 2 de agosto de 2001, la Sra. Arce Esparza interpuso un recurso de protección ante la Alta Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue desestimado el 6 de agosto de 2001. La Corte declaró que no hacía lugar a la apelación porque los hechos alegados estaban fuera del ámbito de ese recurso.[6] Los peticionarios sostienen que esta negativa a su apelación prueba el agotamiento de los recursos internos.
27. Al analizar el requisito del agotamiento de los recursos internos, la Comisión observa primero que la situación denunciada refiere al efecto de las normas impugnadas en los derechos de la presunta víctima. La afirmación básica es que las normas violan los derechos de la Sra. Arce Esparza a no sufrir discriminación y a la igual protección de la ley simplemente por estar vigentes. La Comisión observa que la jurisprudencia del sistema confirma que las distinciones de la ley basadas en una condición personal pueden de por sí, sin que medie acción alguna de aplicación, dar lugar a responsabilidad de parte del Estado por no observar las obligaciones respecto de la igualdad y la no discriminación.[10] En el caso presente, ninguno de los recursos disponibles permite a la Sra. Arce Esparza impugnar directamente las normas contestadas en tanto afectan sus derechos por su simple vigencia. Ambos recursos exigen que la presunta víctima se someta a ulteriores aplicaciones de las normas para poder impugnarlas. Por tanto, la Comisión concluye que los recursos internos disponibles son inadecuados y que, en consecuencia, los peticionarios quedan exceptuados de agotar los recursos internos, según el artículo 46 de la Convención Americana. 28. Además, las disposiciones del artículo 46 requieren que la sustancia de la situación denunciada ante la Comisión haya sido planteada ante la justicia interna. Como lo reitera la jurisprudencia del sistema, no es necesario agotar todos los recursos teórica o formalmente disponibles, sino aquellos adecuados y efectivos para reparar la situación denunciada. Como se indicó, las partes concurren en que existen dos posibles recursos aplicables. Aunque los peticionarios sostienen que ninguno ofrecía la posibilidad de una reparación realmente efectiva, la Sra. Arce Esparza invocó el recurso de protección como medio de procurar una reparación ante la justicia interna. La sustancia de sus denuncias fue llevada a la justicia, pero la acción fue desestimada por no impugnar una decisión o proceso judicial concreto referido a la legislación impugnada. La Sra. Arce Esparza interpuso así su denuncia ante la justicia interna por la vía de uno de los recursos que el Estado señala como válido. En principio, una vez que el peticionario ha presentado una denuncia ante la justicia por la vía de un recurso válido, no es necesario que siga invocando y agotando otros recursos, y el Estado no ha explicado por qué el recurso de inaplicabilidad ofrecería una reparación diferente o mejor de la situación denunciada.[11] En consecuencia, la Comisión concluye también que los peticionarios agotaron los recursos internos conforme lo requiere el artículo 46.
29. De acuerdo con el artículo 46(1)(b) de la Convención, las peticiones deben ser presentadas dentro del plazo para ser admitida, a saber, dentro de los seis meses a partir de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada de la sentencia definitiva a nivel interno. 30. Según consta en el expediente en poder de la Comisión, en el caso presente la notificación de la desestimación del recurso de protección fue recibida por la Sra. Arce Esparza el 6 de agosto de 2001, y la petición fue recibida por la Secretaría el 30 de enero de 2002. De modo que la Comisión concluye que la petición satisface el requisito de presentación en plazo.
32. El artículo 47(b) de la Convención Americana dispone que no se admitirán las alegaciones que no señalen hechos que tiendan a establecer una violación. El Estado se ha opuesto a la admisiblidad de la presente petición argumentando, en esencia, que la protección constitucional del derecho a la igualdad está por encima las distinciones potencialmente incompatibles establecidas en la legislación impugnada, y que la petición no es completa porque no se ha impedido que la presunta víctima administre sus bienes. 33. Que la situación denunciada caracterice o no una violación de los derechos de la Sra. Arce Esparza protegidos por la Convención Americana es materia de la etapa de examen de los méritos. Pero, con respecto a la cuestión de la caracterización, la Comisión desea reiterar que la existencia de una legislación que incluya distinciones basadas en la condición personal puede de por sí caracterizar una posible violación. “[U]na norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la población, en razón, por ejemplo, de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza.”[12] A este respecto, la Comisión concluye, en el caso presente, que los peticionarios han establecido denuncias que, de ser congruentes con otros requisitos y de demostrarse su veracidad, podrían tender a establecer la violación de los derechos protegidos por los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención Americana, respecto de la interpretación y aplicación, la Comisión se referirá a los términos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la medida pertinente como fuente de derecho para interpretar los derechos y obligaciones del Estado en virtud de la Convención Americana.

References: artículo 30
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 29