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Timestamp: 2020-02-22 15:10:34+00:00

Document:
Causa nº 38151/2016 (Casación). Resolución nº 195682 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 25 de Abril de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 677880837
Fecha de Resolución: 25 de Abril de 2017
Movimiento: SENTENCIA DE REEMPLAZO (M)
Rol de Ingreso: 38151/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 2763-2015 - C.A. de Talca
Rol de Ingreso en Primer Instancia: C-4001-2010 - 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA
Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecisiete.
En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo, con arreglo a la ley.
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los motivos décimo primero, décimo tercero y décimo cuarto, que se eliminan.
Asimismo se reproducen los fundamentos segundo y tercero de la sentencia de casación que antecede.
Que, tal como se expuso en el fundamento segundo del fallo de casación que antecede, expresamente reproducido para estos efectos, mediante la acción interpuesta la demandante reclama la indemnización de los perjuicios que sufrió como consecuencia del incumplimiento del contrato de prestación de servicios médicos por parte de los demandados, a quienes atribuye negligencia en la atención brindada que finalmente derivó en la extirpación de sus dos trompas de falopio, y en consecuencia, en esterilidad.
En lo medular refiere que el día 23 de octubre del año 2005, a las 13:30 horas aproximadamente, concurrió al Hospital San José de Parral debido a fuertes dolores
L., siendo atendida por la doctora de turno, quien sugirió que sus malestares podían deberse a un embarazo ectópico o tubario, razón por la cual quedó hospitalizada. Adicionalmente dispuso un test de embarazo, el cual dio positivo. Al día siguiente, la doctora T.V.N.U. sugirió se hiciera en forma particular un examen de sangre conocido con el nombre de Beta HCG, cuya finalidad es confirmar o descartar un embarazo. Tal examen arrojó como resultado 120.60 mul/ml, con tres semanas de embarazo. Además se le practicó una ecografía que, según los profesionales, no evidenció resultados claros. En definitiva la dan de alta el 26 de octubre con diagnóstico “aborto”, señalando que presentaba dolores y una hemorragia que se mantuvo hasta el día 31 de octubre, día que decidió concurrir nuevamente al hospital, pero no la atendieron porque ese día martes era feriado y los médicos se habían tomado el fin de semana completo. Luego regresa el 2 de noviembre, siendo atendida nuevamente por la doctora N., a quien le manifestó que continuaba con hemorragia vaginal. La citada facultativa le indicó que eso era normal y se debía al aborto espontáneo que había sufrido, recetándole Calcio, F. y Ácido F., derivándola luego a su domicilio. Relata que los dolores y la hemorragia continuaron hasta el viernes 4 de noviembre de 2005, fecha en que perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladada de
LZCBBLYTYurgencia al Hospital San José de Parral. En esa ocasión le atendió el doctor T. quien, inexplicablemente, le indicó que se trataba de una reacción totalmente normal en relación a la pérdida sufrida, inyectándole calmantes y derivándola nuevamente a su domicilio. Es en este contexto que deciden llamar al doctor N., ginecólogo, quien le realizó una ecografía señalando que tenía una anemia muy peligrosa y que debía operarla de urgencia en el Hospital San José de Parral, hasta donde se la trasladó inmediatamente, siendo intervenida de urgencia esa misma noche, oportunidad en que se produce una nueva negligencia, porque sin indicación alguna se le extirpan ambas trompas y no sólo aquella comprometida por el embarazo ectópico complicado.
En virtud de lo anterior acciona de indemnización y solicita se condene al Servicio de Salud del Maule a pagar la suma de $200.000.000 y a los demandados doctores T.V.N.U., J.M.A.R., C.A.T.R. y C.N.V., a pagar la suma de $ 10.000.000 cada uno, por concepto de daño moral sufrido por E. de las M.C.J..
Que, en el presente caso, se demanda la responsabilidad contractual del Servicio de Salud del Maule. Sin embargo, la responsabilidad sanitaria de un órgano del Estado se encuentra regulada en el artículo 38
LZCBBLYTYde la Ley N° 19.966 que establece, en su inciso primero: “Los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio”. Luego, su inciso segundo señala: “El particular debe acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando dicha falta de servicio”.
De este modo, respecto de ese demandado, la ley establece un estatuto normativo especial que rige la responsabilidad demandada, sin que en la especie sea posible aplicar la responsabilidad contractual por culpa, pues el legislador determinó como factor de atribución sólo la falta de servicio, siguiendo los lineamientos del artículo 42 de la Ley Nº 18.575. En virtud de aquello, la responsabilidad del órgano estatal se genera cuando éste incurre en falta de servicio, regla de imputación que se presenta como la no prestación de un servicio debiendo hacerlo, un deficiente o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley Nº 18.575.
L. este escenario, resulta indiscutible que, más allá de la inaplicabilidad del estatuto normativo invocado por la actora, lo cierto es que, opuesta la excepción de prescripción, corresponde acogerla pues tal responsabilidad se encuentra prescrita, atendido que los hechos ocurren entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre de 2005 y la demanda se notifica al referido servicio el 13 de octubre de 2010, esto es, transcurrido en exceso el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 40 de la Ley N° 19.966.
Que, a su turno, se demanda la responsabilidad contractual de los doctores que atendieron a la paciente, desde el 23 de octubre al 4 de noviembre de 2005.
Al respecto, se debe precisar que la responsabilidad médica, en términos generales, se rige por el estatuto contractual puesto que en la generalidad de los casos el paciente habrá contratado los servicios del profesional elegido por él; sin embargo, tal circunstancia no excluye que la acción del médico tenga otra fuente y pueda generar responsabilidad extracontractual, presentándose incluso episodios de concurrencia de responsabilidades -cúmulo u opción de responsabilidades- donde un mismo hecho puede ser calificado como incumplimiento contractual y también como ilícito extracontractual (cuasidelito de lesiones por mala
LZCBBLYTYpráctica médica). En esta situación se admite la opción de la víctima, por lo cual –en referencia al caso particular- el paciente pudo elegir el estatuto jurídico por el cual perseguir la indemnización. Por lo demás, ambos regímenes de responsabilidad participan de elementos esenciales comunes como son la existencia de una conducta, la cual se califica de antijurídica o ilícita, el daño, la imputabilidad subjetiva o culpabilidad y la relación causal. Sin embargo, una vez elegida una de estas vías, el juez debe estarse a las reglas propias de ella, especialmente en materias donde los regímenes marcan diferencias como ocurre en relación a la preexistencia de la obligación, los plazos de prescripción de la acción y a la asignación de la carga de la prueba.
La dualidad de la responsabilidad, a propósito de las prestaciones de salud, es hoy cuestionada. Al respecto, es interesante la digresión del civilista Gabba sobre la materia: “Y por la misma razón precisamente, no creo tampoco que el médico o el cirujano, reo de culpa profesional en daño de un particular, sea responsable sólo de culpa contractual, la cual, al consistir en no cumplir o en cumplir mal la pretensión prometida, supone predeterminada en el contrato la prestación debida, tan exactamente o al menos en sus caracteres esenciales, como el concepto del contrato pide. El contrato no ha hecho más
L. constituir al médico o al cirujano ante su cliente, en una situación, por así decirlo, de patronato que es una relación por sí mismo y que también por sí mismo debe ser considerado, prescindiendo del contrato de que se origina, y que, si de ella se abusa, da vida a una verdadera responsabilidad aquiliana”. (Cuestiones Prácticas de Derecho Civil Moderno por C.F.G.. Traducción de A.R.. Volumen Segundo. Madrid España. P.. 285).
En el mismo orden de ideas, el profesor E.B.B., expresa que la negligencia médica ha sido frecuentemente planteada en sede de responsabilidad civil extracontractual y no existen impedimentos lógicos ni normativos para que así ocurra; que la calificación de la responsabilidad médica como contractual o extracontractual es relativamente irrelevante desde el punto de vista de las condiciones de la responsabilidad, “pues los deberes de cuidado y las reglas probatorias son análogos si la responsabilidad se plantea en sede contractual o extracontractual. Por otra parte, incluso en materia de solidaridad, la tendencia comparada ha sido entender que los responsables, lo sean en virtud de un contrato o de un deber general de diligencia, hacen una contribución indivisible a la realización del daño dando lugar a una obligación reparatoria in solidum. Además, el orden público de protección de los consumidores de servicios médicos y
L. permite el control de las condiciones generales de contratación que establezcan limitaciones o exenciones de responsabilidad que alteren unilateral e injustificadamente los deberes de cuidado de aquéllos para con el paciente; el efecto que de ello se sigue es la incorporación a los contratos médicos celebrados bajo condiciones generales de contratación de los deberes esenciales de cuidado que rigen también en sede extracontractual.” (E.B.B., “Tratado De Responsabilidad...
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References: Resolución 
 artículo 786
 artículo 38
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 40