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BOE.es - Documento BOE-A-2009-13497
Documento BOE-A-2009-13497
«BOE» núm. 197, de 15 de agosto de 2009, páginas 70202 a 70205 (4 págs.)
BOE-A-2009-13497
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2009/08/13/11
Esta medida de equilibrio, imprescindible para asegurar la igual concurrencia en el nuevo marco regulatorio que se introducirá mediante la nueva Ley General Audiovisual, actualmente en trámite de aprobación parlamentaria, debe adoptarse, además, en una norma con rango de ley tal como ha puesto de relieve el Consejo de Estado en su Dictamen de 23 de julio de 2009.
Mediante este real decreto-ley se unifican los distintos regímenes jurídicos existentes y se pone fin a la situación actual en la que para un mismo servicio público se otorgan derechos diferentes a los concesionarios existentes, estableciendo reglas idénticas que permitan la competencia en el mercado de la televisión por ondas terrestres en igualdad de condiciones. Además, confiere seguridad jurídica a los operadores en un contexto de cambio hacia un nuevo marco de competencia.
Con la introducción del servicio de televisión digital terrestre (TDT) de pago mediante acceso condicional para todas las sociedades concesionarias de televisión se abre la posibilidad de un reforzamiento financiero de las mismas en un momento crucial para la puesta en marcha de la TDT antes del cese definitivo de las emisiones con tecnología analógica previsto para el 3 de abril de 2010. Con esta modalidad se posibilita para todas las empresas concesionarias nuevas fuentes de financiación de las concesiones y asegura con ello la diversidad de la oferta televisiva. Esta diversidad se preserva además porque la prestación del servicio de TDT en esta modalidad queda limitada a un canal digital como máximo por concesionario, de manera que en general la oferta de televisión por ondas terrestres sea en abierto y se limita la posibilidad de acceso concesional a un solo canal siempre que la concesión permita la explotación de más de uno. Se mejora, además, la calidad de la oferta televisiva, ya que estos canales de acceso condicional deberán ser atractivos y diferenciados al basarse en el pago de una cantidad por parte de los usuarios.
En conclusión, con el fin de asegurar el éxito de implantación de la televisión digital terrestre y mejorar la prestación del servicio público de televisión para los ciudadanos, es necesario flexibilizar el modelo de negocio existente hasta ahora –basado en la emisión en abierto- y permitir a las sociedades concesionarias del servicio público de televisión de ámbito estatal la prestación del servicio de TDT en la modalidad de pago mediante acceso condicional. Esta flexibilización del modelo, contribuirá además al sostenimiento de una oferta más amplia.
El anteproyecto de Ley General Audiovisual que en la actualidad se está tramitando, constituirá normativa básica y prevé un marco obligatorio común para Estado y CCAA en el ámbito de la televisión de pago, que uno y otras pueden después modular mediante normativa de desarrollo siempre que respeten ese límite. La normativa común indica que un concesionario podrá dar Televisión de pago mediante acceso condicional como máximo en un 50% del conjunto del espectro asignado (artículo 26.3 del anteproyecto). Esta limitación supondrá, en el ámbito de los concesionarios de ámbito estatal, la posibilidad de ofrecer como máximo dos canales de los cuatro de los que dispondrán tras el cese de las emisiones en analógico. Dentro de este marco nada impide que el Estado y las CCAA puedan desarrollar la normativa básica, pudiendo establecer en una Ley o un Reglamento o incluso en el pliego (el propio Anteproyecto lo recuerda en su artículo 29.3) limitaciones a la televisión de pago que respeten el límite establecido como normativa básica.
Pues bien, el presente real decreto-ley, dentro de las competencias del Estado y en el marco jurídico de la futura normativa básica regula la TDT de pago de ámbito estatal y la limita a un solo canal como máximo, mientras no sea aprobada con carácter definitivo por las Cortes Generales dicha regulación.
La aprobación de este real decreto-ley tiene su fundamento en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, en la que se establece el régimen jurídico del servicio público de televisión, en la disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que regula el régimen jurídico de la televisión digital terrenal, en la Ley 10/2005 de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo y en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, que habilita al Gobierno para que, en función de la evolución del mercado, de las posibilidades tecnológicas y del desarrollo de la televisión digital terrestre, establezca condiciones especiales de emisión en consonancia con las prácticas de los principales países europeos, no previstas en los contratos concesionales.
El presente real decreto-ley ha sido objeto de informe por parte del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, informe que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, equivale a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, el real decreto-ley ha sido informado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y, el Consejo de Estado ha emitido dictamen de fecha 23 de julio de 2009 en el que se concluye que esta regulación ha de hacerse mediante norma con rango de ley.
El artículo 1 de este real decreto-ley se dicta al amparo de la distribución de competencias establecida en el artículo 149.1.27.ª de la Constitución, en tanto que el objeto del real decreto se limita a las concesiones cuya competencia corresponde al Estado. En cambio, el artículo 2 se dicta en uso de la competencia exclusiva que al Estado atribuye en materia de telecomunicaciones el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, oído el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de agosto de 2009,
Fecha de entrada en vigor: 16/08/2009
SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 17 de septiembre de 2009 (Ref. BOE-A-2009-15051).
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2005-13113).

References: artículo 29
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 149
 real decreto 
 artículo 2
 artículo 149
 Resolución 

Real Decreto