Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20021210S0071_SSN9489168.html
Timestamp: 2019-06-27 06:24:17+00:00

Document:
71ª Sesión Extraordinaria del 10 de diciembre de 2002 - C.SS.
Nº 224 - TOMO 414 - 10 DE DICIEMBRE DE 2002
71ª SESION EXTRAORDINARIA
4 y 14) Proyectos presentados
- El señor Senador Cid presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 6º de la Ley Nº 15.703 sobre establecimientos comerciales farmacéuticos.
- A la Comisión de Salud Pública.
- El señor Senador Millor presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican los artículos 34 (imputabilidad penal) y 272 (violación) del Código Penal y propone la creación de una cárcel especial.
- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican varias disposiciones contenidas en las Leyes Nos. 17.556, 16.127, 17.554, 16.736 y 17.296.
- A la Comisión de Presupuesto.
- El señor Senador Mujica solicita se curse un pedido de informes al Banco Central del Uruguay referido a los bienes ofrecidos en garantía por el Grupo Peirano al mencionado Banco.
6 y 8) Solicitudes de licencia
- Las formulan los señores Senadores Virgili y Fernández Huidobro.
7) Integración del Cuerpo
- Nota de desistimiento. La presenta el señor Tabaré Hackenbruch comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.
9 y 11) Fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay
- Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se dictan normas al respecto.
10) Funcionamiento de las Comisiones Permanentes durante el receso
- Por moción de varios señores Senadores, el Senado autoriza el trabajo de distintas Comisiones del Cuerpo durante el receso.
12) Velero Escuela "Capitán Miranda"
- Proyecto de ley por el que se le autoriza a salir del país.
- Por moción del señor Senador Garat, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
13) Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
- Proyecto de ley por el que se amplía la participación de efectivos del Ejército Nacional.
- Por moción del señor Senador Millor, el Senado declara la urgencia de este tema y su tratamiento inmediato.
15) Funcionarios Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública reincorporados al amparo de la Ley Nº 15.783
- Proyecto de ley por el que se declara el derecho a acogerse a los beneficios del artículo 18 de la mencionada ley.
16) Proyecto de Comunicación
- Varios señores Senadores presentan un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo relacionado con el señor Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay.
- En consideración. Aprobado.
"Montevideo, 6 de diciembre de 2002.
La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, el martes 10, a la hora 16 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se dictan normas para el fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay.
Carp. Nº 957/02 - Rep. Nº 565/02
2) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se declara el derecho a los funcionarios docentes dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública, que hubieran obtenido la reincorporación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, a acogerse a los beneficios del artículo 18 de la mencionada ley.
Carp. Nº 344/00 - Rep. Nº 279/01
Emma Abdala Prosecretaria - Mario Farachio Secretario."
ASISTEN: los señores Senadores Abelenda, Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Scarpa, Singer y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro y Virgili.
"El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio de Educación y Cultura remite la información solicitada por la Comisión de Educación y Cultura en cuanto al asesoramiento del artículo 202 de la Constitución de la República referente a la designación con el nombre ‘Felisberto Hernández’ del Liceo Nº 59 del departamento de Montevideo.
La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se faculta al Instituto Nacional del Menor (INAME) a contratar a todos aquellos funcionarios eventuales o zafrales que ostentaron esa condición en el organismo al 31 de diciembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.
La Junta Departamental de Colonia remite nota adjuntando las palabras del Edil Santiago Viotti, relacionadas con un anteproyecto a fin de poder llenar las vacantes de Mozos de Cordel de Colonia y Montevideo.
La Junta Departamental de Canelones remite varias notas:
- relacionada con la prórroga del plazo estipulado por la Ley Nº 17.508, interpretativa del artículo 448 de la Ley Nº 17.296.
- copia de las palabras del Edil Alfredo Silva sobre las radios comunitarias.
- la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la Edila Andrea Caraballo en referencia al tema de la despenalización del aborto.
- relacionada con el Agua como elemento indispensable para la vida.
- copia de las palabras vertidas por el señor Edil Jorge Alvear refiriéndose a ‘Las Importaciones’.
La Junta Departamental de Tacuarembó remite las siguientes resoluciones:
- referente a la necesidad de que el Instituto Nacional de Colonización pase a ubicarse en la ciudad de Paso de los Toros.
- y por la cual solicita que el tema del Instituto Nacional de Colonización forme parte primordial de la agenda política.
La Junta Departamental de Rocha remite nota adjuntando texto de la declaración con referencia a la situación económica.
La Junta Departamental de Lavalleja remite resolución referida a la situación que atraviesa el Instituto Nacional del Menor y los funcionarios contratados.
La Junta Departamental de San José remite varias resoluciones:
- referente al estudio sobre costo para los cultivos de soja y girasol.
- a la crisis que atraviesa la prensa en el interior.
- al endeudamiento del sector agropecuario.
- adjuntando la versión taquigráfica de las palabras de la Edila Silvia Cabrera, sobre la necesidad de tarifar los alimentos básicos de la canasta familiar.
- y nota relacionada con el manejo y uso del agua potable.
"El señor Senador Alberto Cid presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 6º de la Ley Nº 15.703 sobre establecimientos comerciales farmacéuticos.
- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA."
(Texto del proyecto presentado:)
"ANTEPROYECTO DE LEY
Distancias entre establecimientos comerciales farmacéuticos de la primera categoría
El Decreto-Ley Nº 15.703 de fecha 11 de Enero de 1985 establece el marco normativo especialísimo y específico que regula la actividad del sector farmacéutico en cuanto a la distribución, comercialización y dispensación de los medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos de uso humano, previendo el marco legal de referencia, entre otros, aspectos inherentes a la instalación y derecho de propiedad de las Farmacias.
En el artículo 6 define expresamente la actividad a desarrollar y ejecutar por el establecimiento farmacéutico que integra la Primera Categoría.
Dicha Ley fue reglamentada en conformidad a lo establecido en el Art. 168 de la Constitución de la República por el Decreto Nº 801/86 de fecha 4.12.86 publicado en el Diario Oficial el día 13 de enero de 1987 en cuanto a la instalación y régimen de funcionamiento de las farmacias de la Primera Categoría.
Este Decreto del año 1986, consagra en el artículo 13 una reglamentación y regulación esencial y fundamental vinculada a la instalación de nuevos establecimientos farmacéuticos como lo es el régimen de distancias que debe existir entre Farmacias que se autoricen en zonas donde ya existen otras habilitadas, previéndose que las farmacias deberán estar a una distancia no menos entre sí de 200 metros por el camino transitable más corto en las zonas urbanas y en las zonas suburbanas, a una distancia no menor de 400 metros. Por lo que, desde el año 1986 -hace más de 15 (quince) años-, rige y funciona dicho sistema de distancias.
Esta normativa no está realizada al azar ni en forma caprichosa, pues ha traído como consecuencia la redistribución de los Establecimientos Farmacéuticos en todas las zonas del País, hasta las zonas más alejadas, lo que se ha traducido en un directo beneficio del usuario, que tiene a su alcance una farmacia a los efectos de proveerse de la medicación necesaria.
Como se expresó al principio, el servicio de distribución y comercialización a cargo de estos establecimientos, constituye una actividad individual privada de interés público. Se trata de personas de derecho privado que llenan necesidades colectivas. Esta característica es la que ha determinado la reglamentación vigente, ya que es interés del Estado que el servicio se preste en forma correcta y eficiente para salvaguardar la salud de la población. En definitiva los Establecimientos Farmacéuticos son verdaderos "agentes de salud".
En este marco de situación, las restricciones para la apertura de nuevos establecimientos ha pretendido evitar competencias feroces para estas empresas que en sus efectos pudieran afectar negativamente al usuario en el cierre de los mismos por el sometimiento a una guerra comercial.
Hoy, ante la real incursión en América del Sur de grandes capitales que apuntalan a grandes cadenas de Farmacias que priorizan y especulan con la parte comercial ante todo, dejando de lado el carácter de Agente de Salud de la tradicional farmacia comunitaria uruguaya. Se hace necesario, más que nunca, no alterar el régimen de distancias y sí reafirmarlo. Pues la proliferación de las referidas "mega empresas farmacéuticas" traería aparejado un resentimiento en el nivel de servicio a la población, como consecuencia de una competencia salvaje que motivaría sin lugar a dudas, como ha acontecido en países hermanos, el cierre de la mayoría de los establecimientos farmacéuticos, generando más desempleo y pérdida de recaudación tributaria.
Por otra parte, la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) dispuesto por la Junta Departamental de Montevideo-Decreto Nº 28.242-, modificó sustancialmente dentro de este Departamento, la categorización de zonas urbanas y suburbanas lo que provocó divergencias y dificultades de interpretación con respecto la incidencia de dicha norma en lo edictado en el Art. 13 del Decreto Nº 801/86 referido.
El Poder Ejecutivo recientemente, dicta el Decreto Nº 359/02 de fecha 10 de setiembre de 2002 publicado en el Diario Oficial el día 13 de setiembre de 2002 que ratifica el sistema de distancias entre nuevos establecimientos farmacéuticos y realiza una determinación geográfica dentro del departamento de Montevideo para la aplicación de 200 ó 400 metros entre las mismas prescindiendo de que la farmacia a habilitarse se encuentre en zona urbana o suburbana.
Todo lo que hace que según las interpretaciones o coyunturas del momento se puedan ir alterando y modificando los criterios para pautar y definir las distancias entre las Farmacias de todo el País, lo cual es sumamente peligroso, por lo que se entiende, que dicho régimen, debe ser uniforme y debe estar establecido dentro del marco de la ley de Farmacias.
Por todo lo expresado, es de toda evidencia que se hace necesario fijar una regulación legal sobre el tema.
Alberto Cid, Senador.
Artículo Unico.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 15.703 el que quedará redactado de la siguiente forma:
'Artículo 6º.- El establecimiento comercial de Farmacia que integra la primera categoría, es el dedicado principalmente a:
No obstante la reglamentación de competencia del Ministerio de Salud Pública referida en el artículo 24 de la presente ley, se establece que todo nuevo establecimiento comercial de farmacia de primera categoría habilitado para su instalación dentro del territorio nacional deberá estar separado por una distancia no menor de 300 metros por el camino transitable más corto del establecimiento comercial de farmacia habilitado más cercano.'
Alberto Cid, Senador."
SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro proyecto presentado.
"El señor Senador Pablo Millor presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley, por el que se modifican los artículos 34 (imputabilidad penal) y 272 (violación) del Código Penal y propone la creación de una cárcel especial.
"IMPUTABILIDAD PENAL Y CREACION DE UNA CARCEL ESPECIAL
Enseñaba el Profesor español José Puig Brutau, en su obra "La jurisprudencia como fuente del Derecho": "Sería preciso que en la vida social no irrumpieran nunca nuevos hechos para que pudiera existir un Derecho cuyo carácter ideal consistiera en estar formulado de una vez para siempre. Pero el inevitable fenómeno del continuo devenir de las condiciones sociales, permanentemente mutables, confiere al pensamiento jurídico un cierto anacronismo.
Dicho de otra manera: las necesidades de cada momento casi nunca son por completo idénticas a las que dieron lugar y justificaron las normas todavía vigentes al sobrevenir aquellas. A cada nueva necesidad casi siempre acudimos con la reglamentación construida para hechos pretéritos. Parece ser destino de todos los juristas el tener que hacer frente a hechos nuevos con ideas anticuadas".
A raíz de un proyecto que presentamos el 20 de junio de 1987, en el cual pretendíamos, al igual que en el presente, actualizar nuestro viejo Código Penal, editorializaba un prestigioso matutino de nuestro país, el 30 de julio de 1987.
"El Derecho está constituido por aquellas normas jurídicas que la sociedad se va dando para regular la convivencia pacífica.
De lo dicho se infiere claramente que es esencialmente dinámico, que para cada época y en función de las necesidades, esas normas jurídicas se van adecuando, acompasándose a la evolución de los acontecimientos.
Así, por ejemplo, no era el mismo el Derecho de la época de la colonia, al de fines del Siglo XIX, al del Siglo XX" y agregamos nosotros, no debe ser el mismo que el de principios del Siglo XXI.
"Instituciones que eran socialmente discutidas en una época dejaron de serlo después" y se ponía entre otros, el ejemplo del Divorcio.
"Acatado en nuestro país de antigua data, lo fue recién a fines del Siglo XX en Argentina, tras polémica que insumió décadas. Finalmente, la fuerza de los hechos, tantas veces invocada como determinante de modificación del Derecho obligó a su reconocimiento jurídico".
"Ello ocurre con todas las normas jurídicas. También con las penales".
Más allá de lo cuidadoso que deben ser sus redacciones, las leyes y en especial los Códigos son buenos o malos según contemplen o no la realidad para la cual se legisla.
En los últimos años la delincuencia, la prevención y el combate de la misma han sufrido una notoria evolución.
Por esta razón recientemente, hemos presentado una serie de proyectos de ley vinculados a la seguridad pública con los cuales pretendemos evitar el divorcio de nuestro excelente Código Penal de 1934 con la realidad.
El 20 de julio de 1987 presentamos un proyecto de ley por el cual pretendíamos rebajar la imputabilidad actualmente fijada en 18 años, a los 16 años, para un número limitado de delitos que se caracterizan por su extrema gravedad.
Este proyecto fue reiterado textualmente, en su articulado y exposición de motivos, en la Cámara de Representantes, el 14/05/1991.
Por considerar que mantiene su vigencia, reproducimos parte de aquella exposición de motivos.
"La sociedad uruguaya asiste hoy, entre estupefacta y aterrada, al auge de un especial y peligrosísimo tipo de delincuencia que, si bien no es modalidad desconocida anteriormente, acusa hoy en día un temible desarrollo, a la vez que plantea muy difíciles problemas a la actuación de las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública y la represión de tales fenómenos".
"Las características del fenómeno lo hacen sumamente peligroso -como es, por desgracia, tan notorio- no solo para los bienes de los ciudadanos, sino también -y primordialmente- para su integridad física y su vida misma".
"Lamentablemente, los heroicos y denodados esfuerzos del Instituto Policial resultan prácticamente infructuosos por las características propias de ese especial tipo de delincuentes, combinadas con los principios clásicos de nuestro Derecho Penal de tradición liberal y las carencias materiales de todo orden de los institutos encargados de vigilar y reeducar a los menores delincuentes".
"Tratándose en la enorme mayoría de los casos de menores inimputables -por no llegar al límite de los dieciocho años en que comienza la imputabilidad penal de acuerdo al Código Penal vigente- su detención se transforma, en unos pocos días, en un retorno a los asaltos a mano armada. Con lo cual se llega a dos resultados verdaderamente perversos, que, para peor, se alimentan recíprocamente hasta niveles alarmantes".
"Por un lado, se desalienta a la Policía, que se ve frustrada en su tarea y -consciente o inconscientemente- tiende a cejar en sus esfuerzos, por la muy simple razón de que a nadie le gusta arar en el mar. ¿Qué sentido puede tener esforzarse heroicamente en tan riesgosa tarea, si la misma -por el citado mecanismo legal- resulta prácticamente inconducente?
"Y por otro lado, se ensoberbece a los asaltantes, quienes toman conciencia de su virtual impunidad, perdiendo todo freno para su conducta".
"La reacción social se hizo sentir rápidamente y ya han surgido voces reclamando una rebaja sensible del nivel de imputabilidad, llevándolo a dos o tres años por debajo del actual. Lo que encontró, también, muy rápidamente, autorizada y acertada oposición, por cuanto una rebaja general e indiscriminada de esa edad podría conducir a consecuencias lamentables, ya que implicaría llevar a la cárcel a muchos menores (de entre quince y dieciocho años) de escasa o nula peligrosidad, por la comisión de delitos muy menores (hurtos de uso, apropiación indebida, etc.) Y ello con las nefastas consecuencias de introducir en el horrible ambiente de una cárcel a menores totalmente desprovistos de peligrosidad".
"Entendemos que la solución de la antinomia debe hallarse en una armonización de ambas exigencias, es decir, la de protección a la seguridad de los habitantes (seriamente amenazada por la actividad de estos delincuentes) y la protección a los menores que han delinquido sin exhibir mayor peligrosidad social (que de ninguna manera deben ser llevados a la cárcel)".
"Y la conciliación resulta, en realidad, bastante sencilla, por cuanto la experiencia demuestra claramente que el tipo generalizado de delincuente menor de edad dotado de sensible peligrosidad social es aquel que se dedica al asalto a mano armada, podemos incluir también a los violadores, que suelen ser los mismos y algunos otros. Mientras que los que incurren en otro tipo de delitos (salvo aquellos de que se dirá más adelante) no presentan un grado de peligrosidad social tan elevado como para justificar normas especiales a su respecto. Por lo cual, la solución aconsejable es rebajar a dieciséis años el nivel de imputabilidad solamente para la comisión de los delitos, que revistan, al decir de Irureta Goyena extrema peligrosidad".
En el artículo 1º proponemos rebajar la imputabilidad a los dieciséis años para los siguientes delitos: VIOLACION (Art. 272); RAPIÑA (Art. 344); RAPIÑA CON PRIVACION DE LIBERTAD (Copamiento Art. 344 bis, Ley Nº 16.707, del 12 de julio 1995); EXTORSION (Art. 345); SECUESTRO (Art. 346); HOMICIDIO (Art. 310); HOMICIDIO CUANDO LA VICTIMA FUESE UN FUNCIONARIO POLICIAL (con los requisitos consagrados en el Art. 310 bis de la Ley Nº 16.707 del 12/07/1995), estos dos últimos cuando sean cometidos a título de dolo directo.
No reiteramos la propuesta de 1987, que incluía el Capítulo de lesiones, por los defectos técnicos que en el correr del tiempo detectamos y porque si bien puede quedarnos alguna duda en lo concerniente a las LESIONES GRAVISIMAS (Art. 318) la rebaja de la imputabilidad resultaría de difícil implementación.
Nos limitamos, reitero, a los delitos que el codificador definía como de extrema peligrosidad.
En el Art. 2º se establece que cuando el autor del delito de VIOLACION (Art. 272 del Código Penal), sea mayor de 16 años y menor de 18 años, la mínima será de veinte meses de prisión en lugar de dos años de penitenciaría, a los efectos de que el Juez pueda hacer un uso prudente de la libertad provisional.
En el Art. 3º proponemos la creación de una cárcel especial y separada -pero cárcel- para los delincuentes de entre 16 y 18 años de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 114, numeral 3 de la Ley Nº 9.342 (Código del Niño) en su redacción dada por el Art. 25 de la Ley Nº 16.707 del 12 de julio de 1995 (Ley de Seguridad Ciudadana).
"Con esto se persigue, en primer lugar, acentuar la represión penal efectiva para tan peligrosa categoría de delincuentes. Los sujetos que llegan al asalto premeditado a mano armada son personas provistas de un altísimo grado de peligrosidad social y afectados de total carencia de escrúpulos".
"Los hechos demuestran que, una vez tan adelantados en esa senda, la posibilidad de una recuperación se hace muy escasa, lo que justifica que para estos menores se diseñe una política diametralmente opuesta a la proyectada para el resto de los menores que incurren en delito".
"Y a la vez, mediante la creación de una cárcel especial y separada o, al menos (mientras ello no sea posible) de una sección plenamente independiente en la cárcel común, se provee adecuadamente a una doble exigencia: a) separar a estos menores de los delincuentes mayores de edad, con la finalidad de evitar una conmixtión que pueda hacer imposible una eventual recuperación; b) ofrecer a estos menores un verdadero tratamiento de orden carcelario, que pueda servir como disuasivo preventivo y también como vía para segregar del medio social a tan peligrosos sujetos".
"Finalmente, cabe recordar -con respecto a aquellos que, loablemente alarmados por la rebaja de edad para el comienzo de la imputabilidad penal, aun con los limitados alcances de este proyecto- que los hechos sociales evolucionan con gran rapidez, y no parece razonable atender a los hechos nuevos con conceptos formados para realidades perimidas y, por ende, inadecuados para ser frente al nuevo panorama que nos ofrece la sociedad actual".
"Toda la literatura acumulada durante siglos sobre el especial tratamiento a darse a la situación del menor enfrentado al Derecho Penal (que llevó a fijar el comienzo de la imputabilidad en la edad de dieciocho años) se haya actualmente superada y desbordada por la indiscutible aceleración del proceso de maduración de los adolescentes".
"Nadie puede dudar seriamente que, en la actualidad, y sea por las causas que fueren (y nos guste o no nos guste), los niños se transforman en jóvenes, y estos en verdaderos mayores, a edades mucho más tempranas que hace cincuenta años".
"Ciertamente, en 1950 no se veían bandas de asaltantes a mano armada con promedio de edad en los quince o dieciséis años".
"Alcanza con contrastar la imagen que la literatura clásica del Derecho Penal y de la Criminología -muy realista y adecuada a su época- nos ofrece del joven de quince a dieciocho años, con la realidad de hoy en día, desgraciadamente expuesta con total claridad en las páginas policiales de la prensa. Para decirlo en forma significativa, cabe afirmar que entre aquella imagen -inexistente hoy en día- de aquel menor de edad, tierno, incipiente y desvalido, que nos ofrece la literatura clásica, y el bandolero de ciertos barrios de la capital, organizados en bandas armadas para rapiñar de día y violar de noche, media la misma distancia psíquica y social que pueda haber entre un matón de "El Padrino" y una monja benedictina de clausura".
"No debe olvidarse que, en Derecho, la bilateralidad es de esencia. Y por eso, en Derecho rige la ley de los vasos comunicantes: todo lo que se le pone de más o alguno, se le esta sacando a otro".
"Eso es lo que no han visto los adversarios de la rebaja de la imputabilidad. Olvidan que proteger a esos menores, impidiendo su reclusión en una cárcel, significa, y los hechos son bien elocuentes al respecto, dejar sin protección a las mujeres que serán violadas por ellos, a los hijos que algún día nacerán de esas mujeres traumadas, a los taximetristas y pequeños comerciantes que serán asesinados, a las viudas y huérfanos de esas víctimas, etc."
"Y, ciertamente, entre la protección -más que legítima- de esta cada vez más numerosa legión de víctimas y la protección -también legítima- de los menores delincuentes (de este especialmente feroz sector de menores delincuentes, no de todos los menores que delinquen), la opción es bien clara. Y tal opción es francamente asumida por este proyecto, sin desconocer -como corresponde- el innegable aspecto de tutela a esos menores, a lo que se entiende proveer adecuadamente, según se dijo".
Dr. Pablo Millor, Senador.
Artículo 1º.- Agrégase al Art. 34 del CODIGO PENAL el siguiente inciso:
"Para los delitos previstos en los artículos 272, 344, 344 bis, 345, 346, 310 y 310 bis, estos dos últimos cuando sean cometidos a título de dolo directo, el límite de edad fijado en el inciso anterior será de dieciséis años".
Artículo 2º.- Modifícase el Art. 272 (Violación) del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
"Comete violación el que compele a una persona del mismo o de distinto sexo, con violencias o amenazas a sufrir la conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse.
1º) Con persona del mismo o diferente sexo, menor de quince años. No obstante, se admitirá prueba en contrario cuando la víctima tuviere doce años cumplidos.
2º) Con persona que, por causas congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, se halla, en el momento de la ejecución del acto, privada de discernimiento o voluntad;
3º) Con persona arrestada o detenida, siempre que el culpable resulte ser el encargado de su guarda o custodia;
4º) Con fraude, sustituyéndose el culpable a otra persona.
Este delito se castiga, según los casos, "con penitenciaría de dos a doce años".
Cuando el autor fuese mayor de dieciséis años y menor de dieciocho años, el mínimo de la pena se establece en veinte meses "de prisión".
Artículo 3º.- Las autoridades competentes deberán tomar las medidas necesarias para crear una cárcel especial o secciones especiales en las actualmente existentes para los delincuentes menores de dieciocho años, a los que deberá proporcionarse un tratamiento de reeducación especial que contemple su edad y condición.
Dr. Pablo Millor, Senador."
SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.
"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, el señor Senador José Mujica solicita se curse un pedido de informes al Banco Central del Uruguay, referido a los bienes ofrecidos en garantía por el Grupo Peirano al Banco Central del Uruguay.
"Montevideo, 9 de diciembre de 2002.
Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicitamos se curse el siguiente pedido de informes al Banco Central del Uruguay:
1. De los bienes ofrecidos en garantía por "el Grupo Peirano" al "Banco Central del Uruguay", por U$S 50:000.000.
1.1: ¿Cuáles ya fueron escriturados en garantía, cuando y por qué montos ofrecidos originalmente?
1.2: ¿Cuáles no fueron aún escriturados en garantía y por qué montos ofrecidos originalmente?
2. ¿Cuáles fueron, caso a caso, los motivos por los cuales
aún no pudieron ser escriturados en garantía? ¿Qué medidas se piensa adoptar al respecto?
3. ¿Se adoptaron medidas cautelares para impedir su venta a terceros? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Está garantizada la imposibilidad de dicha venta a terceros?
4. ¿Se tiene información de la situación actual de la titularidad de cada bien?
4.1: En caso afirmativo discriminar caso a caso.
4.2: En caso negativo detallar los pasos a tomar.
5. ¿Se tasaron dichos bienes? ¿Cuándo? ¿Cuál es el valor de tasación de los bienes escriturados en garantía y el de los bienes aún no escriturados en garantía?
6. ¿Quiénes son los responsables directos de este tema, en el Banco Central del Uruguay (que tienen entre sus obligaciones la de evitar que estos bienes ofrecidos en garantía sean "vaciados" del patrimonio del "Grupo Peirano")?
7. ¿Tiene el Banco Central del Uruguay los tres últimos estados patrimoniales detallados del Dr. Jorge Peirano Facio y de sus cuatro hijos, Juan, Dante, José y Jorge Peirano Basso? ¿De qué fecha son?
8. (Adjuntar copia de cada uno de los tres últimos estados patrimoniales de cada uno).
9. ¿Se analizó, rubro a rubro, la situación actual de dicho patrimonio? ¿Cuándo? ¿Con qué resultado? ¿Se constataron disminuciones significativas? ¿Cuáles?
9.1: En caso negativo explicitar las causas.
10. ¿Se analizó el Balance del "Grupo Velox" al 31 de diciembre de 2001? ¿Se solicitaron y obtuvieron informaciones, rubro a rubro, de variaciones de activos, pasivos y patrimonios; desde el 1º de enero de 2002 hasta la fecha?
11. ¿Se solicitó el "Grupo Peirano" información de dónde; cómo y cuándo el Patrimonio de dicho balance, de 800 MILLONES de dólares, hoy se afirma que es CERO? En caso afirmativo, proporcionar dichas informaciones.
12. En caso negativo: ¿por qué no se obtuvo, o no se solicitó, dicha información?
13. ¿Se tenía conocimiento de las operaciones de fechas 30/03/2001 por U$S 24:000.000 y del 25/04/2001 por U$S 7:500.000 por las cuales el Dr. Jorge Peirano Facio obtuvo préstamos de "Velox Investment Company" y los donó a su hijo Juan Peirano Basso? ¿Cuándo se tuvo conocimiento de las mismas y qué se hizo al respecto?
14. ¿Se tenía conocimiento de la operativa del Banco de Montevideo con las obligaciones de "Velox Investment Company" por U$S 50.000.000 (cincuenta millones de dólares) y su colocación entre los ahorristas de dichos Bancos? ¿Se controlaban? ¿No? ¿Por qué?
15. ¿Cuándo tuvo el Banco Central del Uruguay conocimiento que las 2168 acciones del "Grupo Velox" en "Disco Ahold International Holdings", por un 44.1% del capital total, por U$S 600:000.000, dejaron de pertenecer al "Grupo Velox" y pasaron a pertenecer a "Royal Ahold"? ¿Qué se hizo hasta la fecha al respecto?
"El señor Senador Virgili solicita licencia desde el día de la fecha hasta el 31 de diciembre."
"Montevideo, 10 de diciembre de 2002.
Solicito a Ud. que se me conceda hacer uso de licencia reglamentaria desde el día de la fecha hasta el 31 de diciembre.
Orlando Virgili, Senador."
- 13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.
7) INTEGRACION DEL CUERPO
SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.
"El señor Tabaré Hackenbruch comunica que, en esta oportunidad, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."
- En consecuencia, queda convocado como suplente del señor Senador Virgili el señor Senador Scarpa, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.
(Ingresa a Sala el señor Senador Scarpa)
8) SOLICITUD DE LICENCIA
SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otra solicitud de licencia.
"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por razones personales por los días 10, 11 y 12 de los corrientes."
Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia por razones personales por los días 10, 11 y 12 de los corrientes.
Eleuterio Fernández Huidobro, Senador"
- 15 en 16. Afirmativa.
9) FORTALECIMIENTO DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del punto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se dictan normas para el fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay".
(Antecedentes: ver 70ª S.E.)
SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de 10 minutos antes de continuar con la consideración de este proyecto de ley que, a nuestro entender, es de suma importancia que sea analizado por el Cuerpo en el día de hoy.
El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de 10 minutos.
(Así se hace. Es la hora 16 y 55 minutos)
(Es la hora 17 y 7 minutos)
SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: de acuerdo con las reflexiones que ha formulado en Sala el señor Miembro Informante y con las opiniones que ha vertido el señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión del Senado y en la de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes referidas a las modificaciones que se pretenden introducir en la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, tenemos la impresión de que estamos frente a un proyecto de ley que no es el que el Gobierno quiere, sino más bien el que el Gobierno puede aprobar en estas circunstancias. A su vez, tenemos la impresión de que quizás se hubiera podido un poco más si existiera disposición de introducir dentro del proyecto algunas alternativas que verdaderamente pueden ayudar a fortalecer la labor que el nuevo Banco Hipotecario va a tener que desarrollar en el transcurso de los próximos años, tras un período de transición en el que va a tener que ajustar su mecanismo de financiación en materia de vivienda para luego poder desarrollarse en la dimensión que todos quisiéramos que lo hiciera. Sin duda, esta iniciativa brinda algunos aportes que pueden ayudar al Banco a superar esta etapa de transición tan crítica que atraviesa.
A nuestro juicio, sanear financieramente esta Institución para que pueda seguir funcionando como agencia de crédito a largo plazo para la vivienda, prohibir expresamente el descalce de monedas entre ahorros recibidos y préstamos concebidos, procurar reabrir un mercado de colocaciones a mediano plazo e insistir en el traslado a terceros de las gestiones de cobro, sin duda, pueden ser instrumentos que la ayuden en esa nueva modalidad que se va a implementar. Sin embargo, hay algunas carencias manifiestas para cuya superación no hemos obtenido un nivel de explicación que nos dé la tranquilidad que quisiéramos tener en estas circunstancias. Al respecto, el Banco Hipotecario mantiene una estructura costosísima para un nivel de actividad que hoy es muy bajo y que probablemente en el transcurso de los tiempos inmediatos no mejorará en forma sustantiva. Esto va a agravar su situación patrimonial porque hoy en día ese nivel de gastos se está pagando con las cancelaciones anticipadas.
En el transcurso de la sesión anterior se hizo referencia a que se había obtenido por concepto de las últimas financiaciones de cancelación anticipada, aproximadamente U$S 6:000.000 de ingresos. La cancelación anticipada es un instrumento de carácter absolutamente transitorio que puede desnivelar la actuación paralela de la Institución con una elevación de la tasa de interés de los futuros préstamos, lo que seguramente no será todo lo positivo que se quisiera. Asimismo, se limita totalmente la posibilidad de captación a corto plazo; si bien es correcto que no se pueden descalzar en el corto plazo las colocaciones hipotecarias y el ahorro que las financia -esto estaba en la tapa del libro y fue uno de los gruesísimos errores que se cometieron en la Administración, básicamente de la época del régimen dictatorial-, el Banco Hipotecario podría financiar esos gastos e inversiones a los que hicimos referencia con retorno de corto plazo, por ejemplo, en materia de refacciones.
Finalmente, el texto anula la función de órgano central financiero del esquema público de vivienda que se había previsto en la Ley Nº 13.728 y algunas de las formas operatorias incorporadas por esa norma, que fueron durante muchos años valiosísimos instrumentos en las políticas de vivienda.
Quisiera concentrar esta exposición en dos aspectos, que a mi juicio son los más importantes si pensamos en el futuro de la Institución. Ellos fueron tratados durante el análisis de la iniciativa en la Cámara de Senadores y fueron puestos de manifiesto al señor Ministro de Economía y Finanzas cuando compareció ante las Comisiones. Al respecto, se han recibido explicaciones que son satisfactorias en cuanto traducen políticas que, bien implementadas, pueden ayudar al desarrollo del Banco Hipotecario, pero que no están claramente definidas en el texto del proyecto de ley. Si hiciéramos una exégesis de lo que dispone el artículo 1º de la iniciativa, en tanto modifica el artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario a través de su literal A), encontraríamos que sería exactamente la contraria. El artículo 1º habla de "préstamos a personas físicas, para la adquisición, construcción o refacción de vivienda propia, con garantía hipotecaria". Si leemos con atención el artículo, basta con destacar la referencia a personas físicas para la adquisición, construcción o refacción de vivienda propia con garantía hipotecaria, para ver que parecería que de ahora en adelante el Banco solamente va a otorgar o financiar préstamos con esos objetivos. Cabe resaltar que quedarían por el camino algunos mecanismos de acción estatal en materia de vivienda propiciados por la Ley Nº 13.728, de diciembre de 1968, como ser, primero, los proyectos de autogestión de crédito realizados por cooperativas de ahorro y préstamo y por fondos sociales para vivienda formados en algunas ramas de actividad por acuerdos entre empresas y trabajadores; y, segundo, los créditos a las empresas constructoras y promotoras para construir vivienda media, que es lo que en el léxico del Banco Hipotecario tradicionalmente se ha denominado como promotores privados.
Decíamos, señor Presidente, que las intervenciones que realizó el señor Ministro de Economía y Finanzas con relación a esta materia en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, dan tranquilidad respecto a la lectura de este artículo en lo que tiene que ver con la política que el actual Gobierno pueda llevar adelante. Por cierto, aquí surge un compromiso de Gobierno en el sentido de buscar las formas que permitan también la construcción de viviendas de carácter colectivo, pero no da garantías suficientes en cuanto a la actitud que sobre el mismo tema puedan asumir los sucesivos Gobiernos.
Concretamente, en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, el señor Ministro señaló lo que voy a leer a continuación: "La idea es la siguiente. El hecho de que el crédito hipotecario sea individual no obsta, en la ley ni en la práctica posible -aun-que no en la anterior-, para que el concepto del Banco sea más global. Pensemos en una cooperativa. Nada obsta para que una cooperativa tramite ante el Banco su planteo. La única condición que éste le va a poner -no estamos hablando de las que ya están comprometidas, que seguirán igual- para el futuro es que para liberar el dinero, la hipoteca deberá ser individual. Considerando que las cooperativas de ayuda mutua están en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, parecería que -de acuerdo a lo que me informan- masivamente éstas son de ahorro y préstamo y, en última instancia, terminan con un contrato individual de compraventa entre la cooperativa y el cooperativista y con una hipoteca individual, de acuerdo con el sistema actual. Como a su vez por el Capítulo III de la Ley Nº 14.261 se permite la prehorizontalidad -que es lo que yo llamaba cuando enseñaba Derecho ‘la hipoteca del cubo de aire’-, podemos hacer compraventa e hipoteca aun antes de la construcción. Por lo tanto, no hay elementos técnicos que impidan -tampoco que obliguen- fórmulas por las que se puedan combinar las ventajas de las dos operativas: la de hacer un planteamiento conjunto referido a cualquier cosa y la de que al final el dinero que libere el Banco tenga un responsable individual. Insisto en que esto es para garantía del Banco y hasta del asumidor del préstamo, pero fundamentalmente para poder fondear ese mercado".
Más adelante señala: "Tengo la impresión de que la forma de presentarse o agruparse las personas no está para nada inhibida aquí. Indirectamente, esta mecánica da una doble seguridad. Sólo se libera dinero para un determinado proyecto -sea cooperativa, proyecto armado por el Banco o lo que sea- si hay personas de carne y hueso -como decía el arquitecto Siazaro Andriotti, a quien conozco desde hace tantos años- que tanto se interesan en el proyecto que están dispuestas a asumir una obligación con el Banco. Esa es la prueba más fehaciente de que lo que se va a hacer es atractivo para la gente. No hay nada más atractivo que la gente vaya y firme la hipoteca; está claro que quiere la casa y está dispuesta a asumir una obligación. Cualquier fórmula normal estaría contemplada".
De modo que el razonamiento que hace el propio señor Ministro de Economía y Finanzas, que ha tenido una actuación decisiva en la reformulación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, nos está indicando que la política del Gobierno, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y en particular del Banco, estará dirigida no solamente a concentrar su financiación para la construcción individual de viviendas, sino que también tendrá un carácter colectivo.
Por nuestra parte, pensamos que sería conveniente que al literal a) del artículo 18 se le agregara un inciso que dijera que esos préstamos podrán referirse a viviendas individuales o a conjuntos en régimen de propiedad horizontal, en la medida en que en estos últimos haya una persona física ahorrista habilitada por el Banco Hipotecario que suscriba la hipoteca por cada unidad para la que se quiera obtener financiamiento. Esa fórmula, que va de la mano con la filosofía del proyecto de ley, recoge en su letra la posibilidad de ampliar un campo de acción que no va contra la nueva política, sino que, por el contrario, complementa una actividad que va a ser fundamental. Digo esto porque todos imaginamos al Banco Hipotecario del Uruguay interviniendo en la construcción de viviendas o en su financiación y, quizás, el porcentaje de unidades individuales que se hayan podido construir resulta ínfimo comparado con la otra alternativa, que es la que las capitales de los 19 departamentos del país -más allá de las otras localidades-, están necesitando en un momento como el que está atravesando el Uruguay.
Entonces, este es el punto neurálgico: el artículo en el que depositan su mirada todos aquellos que directa o indirectamente están o han estado vinculados durante todos estos años con la acción del Banco Hipotecario del Uruguay. Ese es el punto en el cual centran buena parte de la crítica aquellos promotores privados que, asociados con el Banco, le han permitido a éste desarrollarse y tener la dimensión que ha tenido en el transcurso de todos estos años.
Otro punto también complicado dentro del esquema general que nos plantea el proyecto de ley, es el que se establece en el propio literal e) del artículo 18 de la Carta Orgánica, que se modifica por el artículo 1º. Concretamente, esa disposición refiere a la posibilidad de que el Directorio del Banco Hipotecario, si lo estima conveniente, retenga el importe equivalente al servicio o a los intereses de préstamos de los sueldos o pasividades, tanto de los trabajadores públicos como privados, que se benefician por las líneas de crédito y las cuotas del gasto de las promesas de compraventa otorgadas a través de dicho Banco. Se trata de una norma que existía en la Carta Orgánica anterior, que no tuvo mayor aplicación en el transcurso de los años y que aparece ahora reiterada con una nueva formulación levemente corregida. Tenemos toda la impresión de que, de aplicarse ello será hacia el futuro y no se va a obligar a quienes hoy son deudores del Banco Hipotecario a tener que asumir un compromiso de estas características porque, entre otras cosas, la propia situación económica por la que atraviesa el país no ayuda a implementar un artículo de esta naturaleza. Además, hoy, buena parte de quienes viven de sus sueldos o pasividades ya tienen comprometidos sus ingresos con retenciones de distinta índole, algunas de carácter judicial y otras asumidas por libre voluntad en acuerdo con cooperativas de consumo, con el Banco de la República o con tantas y tantas instituciones de intermediación financiera que hoy están otorgando créditos contra la posibilidad de la retención correspondiente. Esta práctica se realiza, en buena medida, alterándose el concepto que tanto se ha defendido en el país y que está establecido expresamente en los textos legales, de que el salario es inembargable. Bueno es reconocer que, a esta altura de los acontecimientos, esta premisa no se cumple, a veces porque la propia voluntad del obligado lo lleva a asumir compromisos que le generan retenciones y le impiden llevar una vida digna, pues lo que cobra de sus haberes es mínimo en proporción con lo que le hubiera correspondido de no tener estos compromisos.
Bastaría con revisar administrativamente qué porcentaje de retención tienen hoy, por ejemplo, los funcionarios del Poder Legislativo, para poder comprobar que efectivamente esto sucede en gran medida en toda la vida económica nacional. Además del hecho de que en el corto plazo esta medida parece de muy difícil aplicación y de que hoy también se podría censurar a anteriores administraciones del Banco Hipotecario, que en otro momento podrían haber implementado una obligación de estas características, sin generar los perjuicios que hoy se pueden ocasionar con una disposición de este tipo, resulta claro que debería haberse establecido un tope, un límite, un porcentaje hasta el cual pudiera por sí y ante sí el Directorio del Banco Hipotecario de Uruguay, disponer una retención como la que se pretende establecer, hasta por respeto a ese principio de que los salarios en el Uruguay son inembargables. Con esto no estoy diciendo que aquí se plantee un embargo o un gravamen, pero sí es una carga muy pesada que no sólo va a perjudicar al propio contribuyente, de establecerse en la forma que aquí se dispone, sino que también va a alterar gravemente la situación de un conjunto de instituciones que están vinculadas a quienes hoy son deudores del Banco Hipotecario de Uruguay, que están practicando las retenciones y que van a sufrir una alteración importante en su posibilidad de hacer efectivo el cobro de sus haberes. En el Senado de la República consideramos un proyecto de ley referido a las retenciones que por concepto de sus préstamos podía hacer ANDA, iniciativa que elevó los porcentajes de retención hasta el 33% y el 45%. Cuando ese proyecto de ley llegó a conocimiento de la Cámara de Representantes, previa aprobación del Senado, encontró una resistencia generalizada de buena parte del sistema cooperativo del país que, felizmente, a mi juicio, ha logrado detener la aprobación de esa norma y ha llamado a reflexión a quienes tienen la responsabilidad de aprobarlo o de modificarlo, contemplando aspectos de la realidad que pesan mucho en circunstancias como ésta.
Básicamente, estas son las expresiones que queríamos dejar respecto a este proyecto de ley, con el propósito de preconstituir prueba a propósito de ulteriores modificaciones que nos vamos a ver en la necesidad de intentar introducir en el transcurso de los próximos tiempos, para atender los dos aspectos que hemos referido y, eventualmente, para considerar otros temas que la práctica demuestre que no ayudan ni impulsan al Banco Hipotecario de Uruguay en el camino que se pretende seguir en el futuro.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: ubicamos esta iniciativa en el adecuado contexto político de gobernabilidad que el Partido Nacional aprobara en su última Convención.
Creemos que no se puede seguir perdiendo y desaprovechando oportunidades, a la hora de generar cambios de fondo y verdaderamente sustentables en lo que hace a un tema de esta dimensión.
A nuestro juicio, en este proyecto de ley se pierde la oportunidad de definir con la profundidad debida, el nuevo rol del Banco Hipotecario en el marco de una política nacional de vivienda, la racionalización de su Presupuesto y sus recursos administrativos, y la solución a su problemática de endeudamiento, a los efectos de que los uruguayos podamos seguir contando con un instrumento de promoción de la construcción que fue capaz de atender en esta materia todos los requerimientos que se generaron.
Nuestro sector en la Cámara de Representantes, a pesar de lo acotado del proyecto de ley, decidió intentar mejorarlo en todos los aspectos que fue posible. De esta manera, votamos afirmativamente 19 de los 20 artículos que contiene esta iniciativa, luego de realizar algunos aportes que consideramos de importancia como, por ejemplo, la eliminación de la cesión del beneficio de la ejecución extrajudicial, en el caso de securitizar la cartera y fijar topes para los descuentos de sueldos y jubilaciones, remitiéndonos al artículo 1º de la Ley Nº 17.062, que permite un máximo del 26% del sueldo nominal del núcleo familiar. Además, propusimos tomar este porcentaje máximo, luego de restar los descuentos legales, lo cual genera una importante protección de los ingresos de los deudores en general y, al mismo tiempo, provoca un justo equilibrio en el Banco, en cuanto a su necesidad de cobro. Se incorporó, asimismo, que dicha disposición no sólo fuera para los créditos hipotecarios, sino también para todo tipo de crédito otorgado por el Banco, por ejemplo, para los vales que se usan para el pago de gastos de escritura que, de otro modo, se deberían abonar fuera del porcentaje del sueldo retenido. También se logró que dicho beneficio sea para todos los deudores, incluso, para aquellos que deben en moneda extranjera. Se incluyó, además, entre las excepciones del artículo 15, las hipotecas recíprocas que garantizan el pago de los gastos comunes que muchas veces, frente al incumplimiento de un individuo, crean un perjuicio para los copropietarios de un complejo de viviendas.
Por otro lado, no acompañamos y por ende no se aprobó el artículo 2º de la propuesta original del proyecto de ley, que disponía la venta y securitización de las carteras del Banco Hipotecario.
Tenemos algunas objeciones respecto al artículo 1º, por cuanto nuestra propuesta de otorgar préstamos, debería extenderse a personas jurídicas. Las empresas deberían ser las promotoras y propietarias de los emprendimientos, y ser responsables de la compra del terreno, tramitación, construcción, venta, etcétera. El Banco Hipotecario, entonces, sólo otorgaría asistencia financiera y las empresas deberían asumir la totalidad del riesgo del negocio.
En cuanto al artículo 3º, creemos que el Banco podría mantener nuevas operaciones de crédito hipotecario de riesgo directo y contingente, pero aumentando el monto del valor que está establecido en el proyecto de ley.
Por su parte, en el artículo 6º no se comprende la intencionalidad de establecer plazos para la cancelación de las emisiones; el principio rector debería ser que las emisiones queden calzadas en plazo con los créditos concedidos. Por tanto, entendemos que esta disposición se podría eliminar de esta iniciativa.
Por último, en el artículo 9º, se establece un tope de fondos para el cumplimiento de los compromisos. Al respecto, junto con las organizaciones que nuclean a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, a la Cámara y a la Liga de la Construcción y a la Coordinadora de la Industria de la Construcción, pensamos que ese tope se debería aumentar.
Estas son las objeciones que tenemos en general y en particular con respecto a este proyecto de ley. Entendemos que estamos votando un instrumento que es una especie de contrato de adhesión, en virtud de los compromisos que el país ha firmado con los organismos internacionales de crédito. En definitiva, con esto estamos impulsando una nueva concepción del Banco Hipotecario del Uruguay, más allá de que nos quedan muchísimas interrogantes en relación a su futuro.
Es cuanto queríamos agregar a esta discusión sobre el tema planteado.
SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: quiero expresar con brevedad cuál es nuestro punto de vista sobre este proyecto de ley.
Creo que el Banco Hipotecario del Uruguay está fuera de discusión, pues ha sido una gran Institución en los últimos 33 años en el Uruguay, donde ha cumplido una función social relevante. La ley de 1968 fue de extraordinaria sabiduría en ese sentido. A lo largo de este ciclo este Banco ha influido mucho en la vida de los uruguayos, en decenas de miles de familias, que considero se sienten agradecidas por la función redistributiva así como de promoción de la vivienda que la Institución ha cumplido en este país. Como decía, esa fue una gran ley, una de las más importantes que ha votado el Parlamento uruguayo.
Entonces, me da pena, me resulta extraordinariamente penoso, me produce una especie de tristeza ver que a este ciclo que se inicia en 1968 se le pone punto final en el año 2002 con una serie de decisiones que lo único que auguran es el fin de esta Institución como Banco de fomento de la vivienda con criterios sociales para los uruguayos. Y es un final, porque serán años en los que van a ir reduciendo sus funciones hasta prácticamente su desaparición, porque no se justificará su existencia. Digo esto porque, en realidad, un departamento especializado del Banco de la República puede cumplir esas funciones. Creo que esto es así porque hoy hay una situación muy mala que todos reconocemos; porque un Banco con patrimonio prácticamente negativo y que ha tenido pérdidas en estos años, no puede ocultar que tiene un problema muy grande. Planteada esa situación, en lugar de hacer un análisis y adoptar decisiones en relación a las causas que la han generado, se toma la vía de hacer cortes drásticos. Seguramente, estos últimos van a solucionar algunos de los problemas, pero al mismo tiempo que ello sucede terminan con el instrumento para resolver otros. En fin, terminan con lo que puede ser significativo para el Banco como instituto para la promoción y el fomento de la vivienda con criterio social en el Uruguay.
Lo que planteo es de una evidencia palmaria. Digo esto porque a principio de los años 90, cuando se crea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se le asigna un Fondo Nacional de Vivienda. Si bien el Banco podía y ha podido realizar algunos convenios usando esos recursos, en sustancia estos derivan hacia otros organismos y cometidos. Entonces, la base de las dificultades que tenemos hoy se origina en esa circunstancia, ya que si bien la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente era una buena decisión, cuando los recursos del Banco son asignados a otras finalidades -que sin duda también tenían un contenido social-, al no sustituirse con otros equivalentes para el Banco, se dañó la base de la estrategia de evitar la financiación de la vivienda en el largo plazo a sectores sociales que tienen demandas pero no grandes ingresos, con un recurso que no genere un problema de descalce. ¿Dónde se origina el problema de descalce? Precisamente, si los recursos del Banco proceden de los depósitos y del ahorro en plazos no equivalentes a aquellos en los que se presta, se origina una situación que no se puede resolver. En el período anterior, a principios de los años 90, ese problema se resolvía con el impuesto cuyo producido se destinaba al Fondo para la vivienda. Al crearse un impuesto, o sea, un recurso de la colectividad que se asignaba a financiar el crédito en vivienda, se generaba el Fondo reciclable, que financiaba el largo plazo. Al no contar con este recurso originado en el Impuesto a los sueldos, el Banco apeló a las políticas de corto plazo en la captación de los depósitos. Para enredar y complicar más esta situación, dolarizó su política de captación de ingresos.
Creo que el retraso cambiario está en el origen del problema que hoy se plantea, así como en el inicio de los debates que se dieron, en buena medida, en la sesión anterior, con diferentes cifras, sobre la fortaleza patrimonial del Banco. No son comparables las cifras en dólares que se dieron en la sesión anterior para distintos períodos si se miden todas en dólares, porque al tener esta moneda una depreciación con relación al peso por el retraso que se produce, la unidad de medida fue variando con el tiempo. Entonces, reitero, no son comparables.
Con esto quiero significar que los problemas que se producen en el último año y medio, cuando se comienza a salir de la política de atraso cambiario, en realidad se originaron en el hecho de que el Banco no tuvo el Fondo con el que antes contaba, así como en la decisión que se toma de dolarizar la captación de ingresos.
Ahora bien; estos problemas, que obedecen a decisiones que se tomaron en las modificaciones de los marcos legales o que son producto de una muy mala gestión del Banco, de pesadas burocracias, de amiguismos y de una política de clientelismo que se ha seguido en distintos períodos por parte de autoridades de la Institución, así como de incompetencia manifiesta en algunos casos, han derivado en la descapitalización que se ha constatado en la actualidad.
Este proyecto de ley viene a proponer lisa y llanamente, como salida a esta situación, un debilitamiento extraordinariamente importante del Banco. ¿Por qué? Si, por un lado, prácticamente se liquidan los depósitos del público, salvo los que son de ahorro directo; si, por otro, se establece un plazo para cancelar obligaciones que es perentorio; si se amplía la securitización, lo cual puede dar ingresos en el corto plazo pero genera problemas en el mediano plazo; y si, además, se crea un fondo de garantía para la securitización, al que se asignan recursos que pueden ser importantes, las fuentes de financiamiento se van a reducir. Por otra parte, en cuanto al crédito se establecen topes muy restrictivos a su volumen, tanto en el artículo 3º como en el 9º, y se adopta una decisión que en mi opinión no se compadece para nada con la experiencia del Uruguay, eliminando y liquidando el sistema colectivo. Precisamente, la raíz del sistema colectivo es, de alguna manera, la negociación de la gente agrupada para construir viviendas con el Banco, lo que ha permitido una formidable obra social en este país y que es estudiada en el resto del mundo por tratarse de una experiencia exitosa.
Si bien puede haber problemas de morosidad, producto de la crisis económica y de la recesión que arrastramos desde hace muchos años, hay sistemas cooperativos enteros que jamás tuvieron dificultades de ese tipo y que solucionaron internamente, con políticas y pautas solidarias, los problemas de algunas de las familias que los componen. Por ejemplo, FECOVI y otras cooperativas tampoco han incurrido en morosidad; por lo tanto, en términos relativos y comparativos, este sistema, aun con problemas, en un país pobre como es el Uruguay, ha sido una experiencia social extraordinariamente exitosa. Entonces, lo que deberíamos hacer es ver las distintas maneras de salvar lo mejor de esas experiencias y de solucionar los problemas que tenemos. A mi juicio, eso no se hace a través de este proyecto de ley, sino que se va a seguir el camino contrario.
En consecuencia, hubiera preferido que no se adoptara este tipo de decisiones por las cuales, por ejemplo, se amplían facultades con relación a la retención de los sueldos, con lo cual si llegara a haber un Directorio mal orientado o con criterios que no son los adecuados, podría provocar verdaderos traumatismos desde el punto de vista social. Creo que el sistema político debería reflexionar sobre esto en profundidad puesto que se pueden adoptar algunas decisiones para solucionar problemas de patrimonio ahora o tomar algunas medidas, pero no comparto que se cambie la filosofía central. Hubiera preferido que releváramos a Directores incompetentes en lugar de entrar en una política liquidacionista del Banco Hipotecario del Uruguay. Me alegró que en la última sesión el señor Senador Heber hubiese planteado la situación que hay en torno a su Presidente. No queremos traer a colación circunstancias personales, pero tenemos abundante documentación e información que nos han convencido de que aquí hay un problema que es público, y es voluntad política de nuestra parte, y también del sector al que pertenecemos, que enseguida de que termine la votación de este proyecto de ley se presente una minuta de comunicación pidiendo al señor presidente de la República que proceda a aplicar el artículo 198 de la Constitución y cambie, por lo menos, la Presidencia del Banco Hipotecario del Uruguay.
Es todo lo que quería expresar.
SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el Ministro de Trabajo y Seguridad Social que acaba de asumir le solicitó una reunión a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social que presido que, por problemas de agenda, recién se podría reunir el jueves 19, puesto que el próximo va a recibir al Directorio del Banco de Previsión Social. A esos efectos, pues, habría que autorizar a la Comisión a sesionar -o, en su defecto, el levantamiento del receso- para recibir al novel Ministro, la que ya aprovecharía también para escuchar a las autoridades de la Dirección de Aviación Civil.
SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería, entonces, pasar a votar el levantamiento del receso en oportunidad de la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.
SEÑOR SINGER.- ¿Se trata de autorizar a la Comisión a reunirse en el receso?
Creo que hay alguna otra propuesta similar.
SEÑORA POU.- Pido la palabra.
SEÑORA POU.- Señor Presidente: en el mismo sentido, queríamos pedir el levantamiento del receso para que pueda funcionar la Comisión de Educación y Cultura que tiene un tema pendiente con las Asambleas Técnico-Docentes de la UTU. Tendríamos que convocar a las autoridades del CODICEN para considerar un asunto importante, puesto que, de lo contrario, cuando el año que viene volvamos a funcionar, los problemas serían hechos y no palabras.
SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: mi intento de aporte es el siguiente. Creo que no hay ninguna norma que impida que el Senado disponga que las Comisiones, en las situaciones en que entienda pertinente, previa consulta con sus miembros, seguramente puedan reunirse. Estamos hablando de una autorización genérica a las Comisiones para que puedan reunirse durante el receso, lo cual no implica el levantamiento de éste para que funcione el Senado.
SEÑOR PRESIDENTE.- Es decir que se autoriza a que la Comisión se reúna.
SEÑOR KORZENIAK.- Cualquiera de las Comisiones, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado seguiría en receso hasta que disponga lo contrario.
SEÑOR KORZENIAK.- Así es, señor Presidente.
SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: eso significa que para las Comisiones y su funcionamiento, sí está levantado el receso, lo que no ocurre con relación al Cuerpo y a sus sesiones plenarias.
SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa interpreta que es una autorización a la sesión de la Comisión; pero, de pronto, es una cuestión semántica.
SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: no es así, porque lo que es tradicional es que durante el receso ambas Cámaras autoricen a las Comisiones a sesionar; no es, pues, ningún levantamiento del receso. Eso es otra cosa y es lo que pura y exclusivamente rige para el funcionamiento de ambos Cuerpos parlamentarios.
Entonces, la interpretación del señor Senador Korzeniak es genérica en el sentido de autorizar el trabajo de las Comisiones durante el receso.
SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: el tema no es menor, porque la intención nuestra era pedir que la Comisión de Presupuesto fuera autorizada a sesionar, puesto que tiene un proyecto de ley a considerar. ¿Puede votar o no? Entiendo que puede hacerlo y, también, pedir al Cuerpo que levante el receso para tratar su proyecto de ley. En ese sentido era mi intervención. Si puede votar, para ella, para su actuación, el receso no funciona.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción conjunta de varios señores Senadores en el sentido de autorizar a las Comisiones a que sesionen en oportunidad del receso.
11) FORTALECIMIENTO DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión del proyecto de ley por el que se dictan normas para fortalecer el Banco Hipotecario del Uruguay.
Tiene la palabra la señora Senadora Pou.
SEÑORA POU.- Señor Presidente: es para, muy brevemente, referirnos al proyecto de ley que está a consideración del Senado y para, de alguna manera, reservarnos la posibilidad en un futuro de corregir algunos errores que, a nuestro juicio, en el espíritu de esta ley están perjudicando a las cooperativas de ahorro y crédito. Creemos que la actualización del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay va a generar graves perjuicios a las entidades de la economía social sin fines de lucro que atienden las necesidades inmediatas y básicas de miles de familias uruguayas que dependen del ingreso que perciben por una relación laboral o de una jubilación.
Por supuesto que estamos todos de acuerdo -y aclaro que no me gusta mucho la palabra- en que hay que salvar al Banco Hipotecario del Uruguay, pero creemos que eso debe hacerse no a costa de todo un sector, modificando reglas imperantes al día de hoy en materia de retenciones.
Justamente, en este momento se ha conformado en el país la Cámara de Cooperativas de Ahorro y de Capitalización, integrada por más de 20 instituciones y que cuenta con más de 300.000 socios activos. Por lo tanto, nos parece que esto amerita un planteo de futuro para corregir lo que para nosotros configura alguna desviación.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se está llamando a Sala para proceder a votar en general el proyecto de ley.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: es para solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos.
(Así se hace. Es la hora 17 y 55 minutos)
(Es la hora 18 y 4 minutos)
- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.
- 16 en 25. Afirmativa.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Solicito que se rectifique la votación.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación.
- 18 en 26. Afirmativa.
Ha llegado a la Mesa una moción para que se suprima la lectura de los artículos. Se va a votar.
En consideración el artículo 6º.
- 17 en 26. Afirmativa.
En consideración el artículo 7º.
En consideración el artículo 9º.
SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.
SEÑOR NUÑEZ.- Nosotros vamos a votar este artículo, en coherencia con nuestra decisión de votar, el otro día, una minuta a los efectos de comunicar al Banco Hipotecario que los certificados de depósito deben ser aceptados para la cancelación o pago de deudas con los Bancos. En el mismo sentido, en este artículo los certificados emitidos por el Banco de la República deben ser aceptados por dicho Banco y por el Banco Hipotecario a los efectos del pago de todo o de una parte del precio de venta de los inmuebles, lo que se efectuará a valor nominal.
Concordantemente con eso y con la minuta mencionada, creemos que es de justicia que alguien que tiene sus depósitos reprogramados, por lo cual se le da un certificado de depósito, pueda cancelar las deudas que tenga en el Banco Hipotecario, incluyéndose aquellas con el Banco de la República.
En consecuencia, este es el único artículo que vamos a votar, porque nos parece de justicia y de sentido común.
SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: estamos tratando un tema cuyo tratamiento va a ser recurrente en el Senado y en todo el Poder Legislativo en el transcurso de los próximos tiempos. Estoy hablando de los certificados de depósito emitidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario y como consecuencia de la reprogramación de los depósitos, tanto del Banco de la República como del Banco Hipotecario.
Quiero señalar que el fundamento que acaba de dar el señor Senador Núñez respecto al artículo que estamos tratando, refiere en realidad a una temática distinta de la que la disposición considera. Este artículo va todavía mucho más allá porque, de acuerdo con las reglas de compensación establecidas por el Código de Comercio y recogidas por algunas otras disposiciones legales, la compensación opera de pleno derecho si se da, simplemente, la circunstancia de que se trate de deudas y créditos de carácter líquido y exigible. Por lo tanto, cualquier deudor del Banco Hipotecario o del Banco de la República por el concepto que fuere, que a su vez tenga el carácter de acreedor por ser titular de un depósito reprogramado, tiene todo el derecho, sin que sea necesaria ninguna ley expresa -me parece bueno considerarlo y dejarlo en claro porque, además, estoy seguro de que el señor Senador Núñez comparte este razonamiento-, de proceder por el camino de la compensación.
Cuando días atrás aprobamos la minuta de comunicación, ésta estaba referida a que el certificado de depósito sea aceptado y que, además, al tomarse como valor contado se otorguen las bonificaciones que se han dado a otros deudores del Banco Hipotecario. El artículo que ahora estamos considerando establece una hipótesis nueva, distinta y buena, que seguramente tendremos que estudiar. En este sentido, hay un artículo que va a ser harto discutido cuando llegue a Sala el proyecto de ley sobre la creación del nuevo Banco, que refiere también a las hipótesis de compensación. Lo que este artículo establece -al menos, así lo interpretamos nosotros y queremos dejarlo sentado en la versión taquigráfica, por si en el día de mañana existieran dudas respecto a su interpretación- es que en el caso de ventas de inmuebles, pasadas o futuras, del Banco Hipotecario o del Banco de la República -hipótesis que hoy no es novedad en la vida del Banco de la República, que se ha visto en la necesidad de comprar, sobre todo a través de subastas, e incluso ha aceptado la permuta como forma de cancelar deudas inmuebles-, estas Instituciones están obligadas a aceptar, como pago parcial o total por esas ventas o por las deudas que esos inmuebles generaron como consecuencia de su venta, los certificados de depósito emitidos, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 17.523.
Esto se aplica para las hipótesis que hemos manejado y también para una nueva que habilita el artículo 19 en cuanto a que se podrán pagar esas deudas con certificados de depósitos pertenecientes a terceros. En este caso no se exige la doble condición de deudor y acreedor, sino que alcanza con que alguien se presente a pagar parcial o totalmente un inmueble vendido por el Banco de la República o por el Banco Hipotecario con un certificado de depósito, cualquiera sea su dueño, y las instituciones estarán obligadas a aceptarlo por su valor nominal.
En ese entendido, señor Presidente, es que damos nuestro voto afirmativo al artículo 19.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19.
12) VELERO ESCUELA "CAPITAN MIRANDA"
SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: solicito que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza al Velero Escuela "Capitán Miranda" a salir de aguas territoriales. Cabe aclarar que dicha iniciativa ya fue distribuida.
SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Millor había presentado una moción para declarar la urgencia del proyecto de ley por el que se amplía la participación de efectivos del Ejército Nacional en la operación de mantenimiento de la paz en el Congo. Si el señor Senador Garat no plantea objeciones, votaríamos ambas solicitudes en forma conjunta.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las urgencias solicitadas.
- 27 en 29. Afirmativa.
SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Velero Escuela ‘Capitán Miranda’ a salir del país para realizar una visita al Puerto de Buenos Aires. (Carp. Nº 965/02 - Rep. Nº 568/02)"
"Carp. Nº 965/02
Rep. Nº 568/02
Montevideo, 29 de noviembre de 2002.
El Poder Ejecutivo tiene el agrado de remitir el adjunto proyecto de ley, a efectos de que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que el ROU 20 Velero Escuela "Capitán Miranda" de la Armada Nacional y su tripulación, realicen una visita al Puerto de Buenos Aires (Argentina) los días 18 y 19 de diciembre del corriente. Tal visita tiene como cometido colaborar con el Ministerio de Turismo en la firma de un Convenio por el cual se otorgarán facilidades a los turistas argentinos.
Todo ello con el fin de promover su concurrencia a la ciudad de Punta del Este departamento de Maldonado durante la temporada 2002/2003.
Es de notorio conocimiento que dicho Buque tiene un valor emblemático que trasciende a la propia Armada Nacional y que en el exterior es considerado como un ícono del Uruguay. A través del mismo se ha difundido nuestra cultura, producción y atractivos turísticos, permitiéndole a nuestro país ingresar a nuevos mercados.
En este contexto, realizar el lanzamiento de la próxima temporada turística a bordo del Velero Escuela "Capitán Miranda", en el principal mercado de nuestro país, con la presencia de las autoridades del Ministerio de Turismo y la participación de los principales operadores y empresarios de la República Argentina, no sólo parece adecuado sino que además, es una demostración tangible de las posibilidades que el esfuerzo coordinado entre distintas instituciones puede ofrecer.
Cabe destacar que los gastos correspondientes estarán a cargo del Ministerio de Turismo.
Por lo motivos expuestos, resulta de vital importancia la atención de ese Cuerpo al adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.
El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, con la mayor consideración.
JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Yamandú Fau, Guillermo Stirling, Didier Opertti, Juan Borda-berry.
Artículo Unico.- Autorízase la salida del país del Velero Escuela "Capitán Miranda" y su Tripulación, a efectos de visitar el Puerto de Buenos Aires, República Argentina, con la finalidad de apoyar al Ministerio de Turismo de la República Oriental del Uruguay a realizar el lanzamiento de la próxima temporada turística en la mencionada República, entre los días 18 y 19 de diciembre de 2002.
Yamandú Fau, Guillermo Stirling, Didier Opertti, Juan Bordaberry."
SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.
Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.
SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: podría decirse que este proyecto de ley prácticamente no tiene discusión, ya que ha venido aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Defensa Nacional. Se trata de una autorización al Velero Escuela "Capitán Miranda" para viajar a la República Argentina, en una misión auspiciada por el Ministerio de Industria, Turismo, Energía y Minería, como forma de hacer propaganda para captar turismo para nuestro país en los próximos tiempos. A nuestro juicio se trata de una muy buena idea de dicha Cartera, la que a su vez corre con todos los gastos de equipamiento del barco.
En definitiva, como señalé al principio, la Comisión de Defensa Nacional aconseja al Cuerpo se apruebe este proyecto de ley.
- 29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Ha llegado una moción a la Mesa para que se suprima la lectura.
(Se vta:)
13) OPERACION DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se amplía la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Carp. Nº 962/02 - Rep. Nº 567/02)"
"Carp. Nº 962/02
Rep. Nº 567/02
Montevideo, 19 de noviembre de 2002.
El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente proyecto de ley, a efectos de que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, para que efectivos del Ejército Nacional participen en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.
Por la Ley Nº 17.299 de 16 de marzo de 2001, se autorizó la salida del país de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, a fin de participar en la Operación precitada, a partir del 8 de marzo de 2001 y por un período de hasta nueve meses, previéndose su relevo antes de la mencionada fecha.
La Ley Nº 17.360 de 25 de junio de 2001, autorizó la salida del país de dos Oficiales de la Armada Nacional, a efectos de integrarse al Contingente autorizado.
Posteriormente, por la Ley Nº 17.405 de 23 de octubre de 2001, se incorporaron una serie de Sub-Unidades del Comando General del Ejército, increméntandose los efectivos en un total de 22 Personal Superior y 338 Personal Subalterno.
La Ley Nº 17.426 de 29 de noviembre de 2001, amplió hasta un máximo de 200 hombres el Personal que integra la Compañía Fluvial de la Armada Nacional que participa en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.
Por las Leyes Nº 17.434, de 14 de diciembre de 2001 y Nº 17.484, de 22 de mayo de 2002, se volvió a ampliar la participación de efectivos del Ejército Nacional, en la Operación mencionada.
Finalmente, se autorizó la participación de una "Compañía de Patrulla Fluvial" al mando del Comando General de la Armada, a partir del 1º de setiembre de 2002.
La ejecución de la Fase de referencia, indispensable para el éxito de la Misión, impone el establecimiento de instalaciones de Comando y Logísticas en nuevas localidades, complementando las actualmentes existentes. Este nuevo dispositivo de las fuerzas, exige que nuestras Unidades de Guardia -particularmente el Batallón Uruguay IV- destaquen Sub Unidades, con la finalidad de asegurar las instalaciones. Esto implica asignarle los Trenes Logísticos necesarios para su apoyo, durante el período que se encuentre desplegada en forma independiente. Acorde al requerimiento inicial de las Naciones Unidas, el Batallón Uruguay IV está organizado en base a una Compañía Logística centralizada y por lo tanto no es capaz de desplegar Sub Unidades en forma independiente, por no contar con los Trenes Logísticos correspondientes para cada una de ellas.
Atento a lo expresado, a los efectos de dar cumplimiento a las nuevas tareas asignadas, resulta estrictamente necesario reforzar los medios logíticos del Batallón Uruguay IV con dos Trenes Logísticos completos, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de Naciones Unidas.
Conforme a lo manifestado, el Comando General del Ejército gestiona la autorización correspondiente para incrementar los efectivos autorizados por la Ley Nº 17.484 ya citada, según el siguiente detalle:
La presente gestión se realiza con el convencimiento que la participación en Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas forma parte de una Política de Estado (instrumentada a partir de la concepción del SINOMAPA), representando uno de los Cursos de Acción Estratégicos más relevantes de nuestra Política Exterior.
LUIS HIERRO LOPEZ, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Yamandú Fau, Daniel Borrelli, Guillermo Valles, Roberto Yavarone.
Artículo Unico.- Autorízase la salida del país de efectivos del Ejército Nacional, ampliándose la participación de dicha Fuerza en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, desplegada a partir del 8 de marzo de 2001, autorizada por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001 y ampliada por Ley Nº 17.484, de 22 de mayo de 2002, según el siguiente detalle:
Yamandú Fau, Daniel Borrelli, Guillermo Valles, Roberto Yavarone."
Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.
SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la Comisión de Defensa Nacional, por unanimidad y por las mismas razones por las cuales ha aconsejado autorizar la ida de efectivos al Congo bajo el patrocinio de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, dio su voto favorable a esta ampliación de efectivos y sugiere al Cuerpo que lo apruebe.
14) PROYECTO PRESENTADO
SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.
"Los señores Senadores Pou, García Costa, Heber, Gallinal, Pereyra y Garat presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican diversas disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto, en la Ley de Rendición de Cuentas y en la denominada Ley de Reactivación."
- A LA COMISION DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.
El presente proyecto refiere a diversas normas, de referencia muy concreta, que requieren modificaciones legales corrigiendo criterios erróneos que contienen.
Las disposiciones en cuestión se hallan contenidas en Ley de Presupuesto, en Rendición de Cuentas y en la denominada Ley de Reactivación.
El texto propuesto, en comparación con el que se modifica o altera, en cada caso demuestra el fundamento que da mérito.
Las normas proyectadas tienen la urgencia obvia de su presentación, pero en algunas, -particularmente las modificaciones de artículos de la Rendición de Cuentas-, la tiene mayor en función de que sería alto interés su aprobación antes de que entren en vigencia el próximo 1º de enero.
Guillermo García Costa, María Julia Pou, Luis A. Heber, Alberto Gallinal, Carlos Julio Pereyra, Carlos Garat. Senadores.
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, por el siguiente:
"Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 así como todas las excepciones dispuestas a la aplicación del artículo 1º de la citada Ley, salvo la excepción establecida en el artículo 262 de la Ley Nº 16.320 de las designaciones en cargos técnicos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable del Ministerio de Educación y Cultura".
Artículo 2º.- Derógase el artículo 59 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. Será aplicable a lo reglado en el Capítulo V (Redistribución y Adecuación) de la Ley referida, lo previsto en el artículo 19 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.
Artículo 3º.- Derógase el artículo 154 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 135 de la Ley Nº 17.544, de 18 de setiembre de 2002, sustituyendo en el mismo la referencia al "Consejo de Educación Técnico - Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública", por la de "Universidad de la República". En todos los demás queda vigente la norma de referencia.
Artículo 5º.- Derógase el inciso 2º del artículo 77 (Horario único) de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.
Artículo 6º.- Sustitúyese los incisos 1º y 3º del artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por lo siguiente:
"El monto del impuesto 'Servicios Registrales' será actualizado semestralmente por el Ministerio de Educación y Cultura con vigencia al 1º de febrero y 1º de agosto de cada año.
El primer ajuste a partir de la vigencia de la presente Ley se efectuará en función de la UI, Unidad Indexada del Decreto Nº 210/02, de 12 de junio de 2002, tomando como base de cálculo el valor de dicha Unidad al momento de su creación. En oportunidad de los ajustes posteriores, se tendrá en cuenta el valor de la UI de los días 31 de diciembre y 30 de junio de cada año".
Artículo 7º.- Extiéndase la facultad conferida al Mi-nisterio de Deporte y Juventud por el artículo 429 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, hasta el 31 de mayo de 2003.
A tales efectos el Poder Ejecutivo habilitará los créditos necesarios en el Grupo 0, previo informe de la Contaduría General de la Nación, hasta un monto adicional máximo anual de $ 1:000.000 (un millón de pesos uruguayos).
Artículo 8º.- Derógase el artículo 5º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional).
Guillermo García Costa, María Julia Pou, Luis A. Heber, Alberto Gallinal, Carlos Julio Pereyra, Carlos Garat. Senadores."
SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: aclaro que se trata de disposiciones de orden presupuestal y no de hacienda. Naturalmente que una cosa está relacionada con la otra, pero con ese criterio la Comisión de Presupuesto nunca trabajaría sola.
En resumen, señor Presidente, solicito que se rectifique el destino y que dicho proyecto de ley sea enviado a la Comisión de Presupuesto.
SEÑOR SANABRIA.- En virtud de que tenemos que hacer algunas consultas en relación con el asunto que figura en segundo término del Orden del Día, pedimos el levantamiento de la sesión.
SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: estamos en absoluto desacuerdo con que se levante la sesión en este momento. Hemos pedido que este punto figurara en este Orden del Día, y en función de que se han ido aprobando otros proyectos de ley, ahora deberíamos tratarlo. Con todo respeto, no considero válida la argumentación de que no se ha tenido tiempo para hacer consultas, porque esta iniciativa estuvo a consideración en la Legislatura pasada y en esta. Es así que a nivel de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se realizaron todas las consultas y argumentaciones del caso, a favor y en contra. Por lo tanto, vamos a votar para que la sesión continúe y abordemos el segundo punto del Orden del Día.
Además, quiero destacar que el señor Senador Sanabria me preguntó si no iba a hacer uso de la palabra sobre el tema del Banco Hipotecario y yo le contesté que me iba a concentrar en este proyecto, ante lo que me expresó que se podía votar sin problemas. Al parecer, por disciplina partidaria tuvo que formular una moción distinta. Quería señalar esto porque me extraña que tenga una palabra tan cambiante.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Sanabria en el sentido de que se levante la sesión.
- 13 en 28. Negativa.
15) FUNCIONARIOS DOCENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA REINCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY Nº 15.783
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara el derecho a los funcionarios docentes dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública, que hubieran obtenido la reincorporación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de l985, a acogerse a los beneficios del artículo 18 de la mencionada ley. (Carp. Nº 344/00 - Rep. Nº 279/01)".
"Carp. Nº 344/00
Rep. Nº 279/01
Artículo Unico.- A los efectos interpretativos del artículo 1º de la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997, declárase que los funcionarios docentes dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública, que hubieran obtenido la reincorporación de acuerdo a la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, podrán ejercer sus derechos ante el Banco de Previsión Social, a efectos de obtener la pasividad o de modificar su cédula jubilatoria, en la forma dispuesta por el artículo 18 de la mencionada ley.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de diciembre de 2000.
Ricardo Berois Quinteros 1er. Vicepresidente
Horacio D. Catalurda Secretario.
Artículo Unico.- A los efectos interpretativos del artículo 1º de la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997, declárase que los funcionarios docentes dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que hubieran obtenido la reincorporación de acuerdo a la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, podrán ejercer sus derechos ante el Banco de Previsión Social (BPS), a efectos de obtener la pasividad o de modificar su cédula jubilatoria, en la forma dispuesta por el artículo 18 de la mencionada ley.
Montevideo, 26 de noviembre de 1998.
Guillermo Chifflet, Representante por Montevideo; Gabriel Barandiarán, Representante por Montevideo; Enrique Pintado, Representante por Montevideo; Jorge Machiñena Fassi, Representante por Montevideo.
Una de las preocupaciones esenciales de todo auténtico demócrata es que no se admitan -en una etapa en la cual rigen la Constitución y la ley- que haya ciudadanos sobre los cuales pesen las consecuencias de medidas aplicadas por la tiranía. Un caso que preocupa, en tal sentido, es la situación de los maestros y profesores restituidos a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En consecuencia, es imprescindible atender la injusticia que soporta ese grupo de docentes.
Como se sabe, cuando el país comenzó a salir de las sombras de la dictadura cívico-militar, el Parlamento aprobó leyes que establecieron la restitución de los destituidos por razones gremiales, ideológicas, políticas o por mera arbitrariedad.
La Ley Nº 15.783, en su artículo 18, abrió la posibilidad de que todo funcionario destituido pudiese acogerse a la jubilación estableciendo, para esos casos, una asignación jubilatoria equivalente al 125% de las asignaciones computables correspondientes. (Es innecesario recordar que se intentó, así, contemplar las situaciones de quienes habían padecido persecuciones, prisión o exilio).
A pesar de ese beneficio determinado por la ley, hubo docentes que, siguiendo una vocación injustamente frustrada por el período de facto, y deseando aportar esfuerzos al mejoramiento de la educación, optaron por reintegrarse a sus tareas docentes.
Creyeron en la ley y en las instituciones (partidos políticos incluidos) que les garantizaban la recomposición de sus carreras docentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos vieron frustradas sus expectativas; tanto respecto a la reparación de sus carreras, como la posibilidad de su desarrollo como docentes en la nueva realidad del país.
En los hechos, la recomposición de carreras indicadas por la ley, se limitó al tiempo de destitución para alcanzar el, o los grados correspondientes. Se incurrió, así, en desconocimiento del texto claro de la ley, puesto que la promoción -en la carrera docente- está también vinculada al desempeño de diversos cargos y funciones y no sólo al tiempo y a la paralela distribución de grados.
En realidad no se tuvo en cuenta el artículo 9º de la propia Ley Nº 15.783 que establece que "cuando (a los docentes) no pueda asignárseles el cargo que deberían ocupar tendrán derecho a uno similar tanto en jerarquía como en remuneración. Para la precisa determinación del cargo correspondiente, se atenderá en los casos de duda a la situación actual de los funcionarios que, a la fecha del cese de la persona a reincorporar, se hallaban a su respecto en condiciones iguales o similares, de modo que el funcionario restituido venga a quedar en una situación semejante a la que, promedialmente, están ocupando aquellos".
Los docentes han denunciado, además, que la propia recomposición de carreras fue obstaculizada, porque se establecieron claros sistemas de discriminación hacia los restituidos, fundamentalmente en la evaluación de méritos en los concursos, o en las condicionantes para realizar cursos de perfeccionamiento o posgrado.
Esa realidad determinó la aprobación del artículo 423 de la Ley Nº 16.320, que estableció que los funcinarios docentes de la ANEP que hubieran sido reincorporados de acuerdo a la Ley Nº 15.783 y no tuviesen a la fecha de sanción de la Ley Nº 16.320 la plena recomposición de sus carreras administrativas, podrían optar por la misma, o ejercer sus derechos ante el Banco de Previsión Social a efectos de obtener la pasividad o la modificación de la cédula jubilatoria en la forma dispuesta en el artículo 18 de la Ley Nº 15.783.
Importa subrayar, pues, que -comprobada una situación desigual e injusta- se buscó el camino legislativo para reparar esa situación, indicándose la vía para la plena recomposición de cada carrera docente.
Pero, para los expedientes originados al amparo de la Ley Nº 16.320, el Banco de Previsión Social, en sus informes jurídicos, si bien rconoció el derecho consagrado por la norma a favor de los restituidos, entendió que correspondía al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la posibilidad de resolver si existió, o no, la plena recomposición de carrera. Se atuvo, entonces, para su decisión final, a lo que el organismo de la enseñanza informara.
El CODICEN -sin analizar exhaustivamente los hechos- sólo informó que habiéndose reconocido el tiempo de destitución (para la adjudicación de los grados) entendía que ello significaba la recomposición total de cada carrera. Corresponde señalar que ese dictamen resultó, además, contradictorio con la opinión de la División Jurídica del Consejo de Eduación Primaria.
Un aspecto lateral: aunque el artículo 423 de la Ley Nº 16.320 fue declarado, con razón, inconstitucional, por la Suprema Corte de Justicia, como todas las normas de seguridad social incluidas en dicha ley presupuestal, ese artículo fue luego restablecido -aunque con bastante atraso por parte del Poder Ejecutivo- mediante la Ley Nº 16.824.
Importa, asimismo, destacar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su Sentencia 230, de 2 de abril de 1997, confirmó que no puede ser considerada como plena la recomposición de una carrera docente de acuerdo a los procedimientos seguidos. En otras palabras: el Tribunal confirma la necesidad de la reparación establecida por el Parlamento en la Ley Nº 16.824.
En un informe de la Asesoría Letrada del CODICEN (a cuyos integrantes actuales no corresponde la decisión que data de la administración anterior) se ha hecho saber a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, que "se estima que las reclamaciones sólo podrían ser solucionables ante el Banco de Previsión Social (BPS), por una disposición legal o por una Comisión que estudie específicamente cada uno de los casos".
Los Legisladores firmantes, miembros de vuestra Comisión de Seguridad Social, hemos considerado que la vía más eficaz es la elaboración de un proyecto de ley interpretativo, que permitirá -de acuerdo a los fundamentos expresados- superar la injusticia que pesa sobre algunos docentes.
Guillermo Chifflet, Representante por Montevideo; Gabriel Barandiarán, Representante por Montevideo; Enrique Pintado, Representante por Montevideo, Jorge Machiñena Fassi, Representante por Montevideo."
SEÑORA ARISMENDI.- Aquí de lo que se trata es de una reparación de la carrera que fuera establecida por la Ley Nº 15.783, en su artículo 18, que señaló que los funcionarios docentes destituidos podían reintegrarse o acogerse al 125% de la jubilación. Por suerte para la escuela pública uruguaya y para la Educación Pública de este país existieron decenas y decenas de docentes que estaban ansiosos por volver a las aulas, y así lo hicieron. Pero no tuvieron recomposición de carrera en la medida en que se les impusieron diversas trabas -en las que no voy a extenderme- que tuvieron un prolongado análisis tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
Este proyecto tuvo media sanción en la Legislatura pasada, y no hizo que se recompusieran las carreras, sino que solamente se incorporaron los años de destitución a los docentes, entendiendo en algunos casos que esa era la recomposición. Existieron trabas de todo tipo para presentarse a cursos del magisterial superior, como por ejemplo a concursos de Directores, o sea, para recomponer la carrera por el camino absolutamente normal si no hubiera habido dictadura. Tampoco hubo posibilidad de acogerse a lo que la ley determinó para que otros, en distintos ámbitos de la vida pública, pudieran estar a la altura de su generación desde el punto de vista de la carrera. En una Rendición de Cuentas se modificó esto y de manera justa la reforma constitucional que deroga todas las disposiciones en materia jubilatoria que estaban contenidas en normas presupuestales o de Rendición de Cuentas, deroga la aprobación del artículo 423 de la Ley Nº 16.320.
Por lo tanto, se trata de un universo cerrado -quiero resaltar esto, porque es parte o, quizás, es el único argumento que se puso sobre la mesa en el debate de este proyecto de ley- porque sólo está compuesto por aquellos que se presentaron e hicieron sus gestiones ante el Banco de Previsión Social en el marco de la ley. Digo esto porque no son otros ni serán nuevos los que se podrán presentar. Además, tengo que decir con dolor que este universo cerrado va decreciendo, porque muchos compañeros y compañeras que estaban en esa situación han fallecido y, por lo tanto, el número de ellos es cada vez más pequeño y nunca será mayor. Inclusive, existe una sentencia favorable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que lleva el número 230 y tiene fecha 2 de abril de l997, que dice que se hace necesaria la reparación.
Los involucrados y afectados presentaron la posibilidad de hacer una aclaración que señalara que afectaba o beneficiaba solamente a aquellos que habían hecho sus trámites ante el Banco de Previsión Social. Es una lista que tiene nombre y apellido y no admite discusión el hecho de que otros puedan sumarse. A pesar de todo ello, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social entendió que era innecesario hacer la aclaración y que la misma podría implicar el envío del proyecto nuevamente a la Cámara de Representantes.
Por lo tanto, este proyecto fue aprobado en dicha Comisión en la convicción de que es justo, legítimo y no abre ningún grifo de posibilidades de reclamos por parte de nuevos aspirantes a esta reparación.
En resumen, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social aconseja al Cuerpo que esta iniciativa sea aprobada en el día de hoy.
SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: nosotros no vamos a votar esta disposición tal como está presentada ante el Cuerpo, fundamentalmente porque es frontalmente inconstitucional. Basta ver varios de los antecedentes contenidos para darse cuenta de ello. Todos los que estamos en esta Casa y en estos Cuerpos sabemos que, salvo excepciones, cuando se utiliza el artilugio de poner en el texto "a los efectos interpretativos" o "declarando", estamos eludiendo algún texto constitucional. Eso es de uso y nos parece que en este caso es una prueba más.
SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.
SEÑOR MICHELINI.- En cuanto al tema de la inconstitucionalidad -del que seguramente el señor Senador García Costa sabe mucho más que yo-, pretendo, por lo menos, trasmitir lo siguiente, para que vean de qué forma lo estamos razonando, porque también nosotros somos muy cuidadosos con respecto a la Constitución.
En l992 se aprobó un régimen para estos docentes. En l994, el plebiscito generó un efecto y la Suprema Corte de Justicia -si no me equivoco- en l996 declaró para esos docentes -como para otra cantidad de gente, como por ejemplo los funcionarios de Casinos y demás- que se les quitaban sus derechos. El 30 de abril l997, se envía un proyecto de ley que habla de los regímenes especiales en materias causales, promedios y cómputos, aprobados en l992 y l996 -estoy resumiendo la ley-, pero no se refiere a tal o cual artículo; esto quiere decir que la Ley del 30 de abril de l997 es general y todos los regímenes de seguridad social aprobados en l992 y en l994 se restablecen. Pero ocurre que el Poder Ejecutivo restablece todos menos éste. Entonces, si hubo una iniciativa del Poder Ejecutivo que se aprobó por ambas Cámaras estableciéndose en forma general que todos los regímenes se establecían de nuevo, tengo derecho a decir que éste también se incluye. Reitero que tengo el mismo derecho que el Poder Ejecutivo, porque este último dice que éste no está y yo me pregunto por qué. Digo esto, porque no se nombró específicamente artículo por artículo, sino que refería a los regímenes especiales en materia de causales, promedios, cómputos, topes e incompatibilidades que establecieron tales y cuales leyes, e incluían este tema.
Concuerdo con el razonamiento del señor Senador García Costa, pero no lo dejé avanzar más a los efectos de que él supiera cómo estábamos razonando, en el sentido de que muchas veces se pone "a los efectos interpretativos" o "declarando" y esto es una forma usual. Pero en este tema el Poder Ejecutivo interpretó una ley que también yo tengo derecho a interpretarla, porque en la misma no se hablaba de tal o cual artículo de determinada ley, sino que se refería a que los regímenes especiales en materia de causales, promedios, cómputos, topes e incompatibilidades que establecieron tales leyes y tales otras, quedaban restablecidos. Entonces, esta disposición de los docentes también queda restablecida.
SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador García Costa.
SEÑOR GARCIA COSTA.- Señalaba, accidentalmente si se quiere, que al tratarse de esta sistematización por la vía de la interpretación, todos sabemos que, en general, lo que sucede es que mediante esto salteamos algún artículo de la Constitución.
Por otro lado, la única constancia del organismo que debió haber informado, que es el Banco de Previsión Social, está incluida en la Exposición de Motivos de l998 de la Cámara de Representantes. El único antecedente que se nos ha repartido, por lo menos, es dicha Exposición de Motivos -perteneciente a otra legislatura-, en la que se indica que el Banco de Previsión Social, a través del CODICEN, señaló específicamente cuál era la solución para esto: una ley específica. Si se quiere se puede saltear el artículo 86 que exige iniciativa del Poder Ejecutivo para toda modificación de pasividades, y ya hemos señalado en otras oportunidades -también el señor Senador Michelini ha dicho en otras ocasiones que como él no sabe de Constitución, la lógica puede indicarle otros caminos- que se puede hacer y es una manera de llevar los trámites relativos a estos tipos de leyes. En este sentido, señalo ocasionalmente que se aproximan las leyes de Caja Bancaria, de Caja Militar y de Caja Policial.
La tesis puede concluir fácilmente en que no hay necesidad, por lo menos con especificidad, de una iniciativa del Poder Ejecutivo; alcanzará con los criterios que los señores Legisladores vayan introduciendo, que serán de sentido común, de lógica, de protección de derechos, pero que no respetarán la Constitución.
Por lo tanto, señor Presidente, no voy a votar este artículo porque, más allá de cualquier justicia que tenga -que por supuesto la puede tener; lo estoy analizando desde ese ángulo-, preferiría defender la Constitución. Pero queda en manos del Senado dejar los textos constitucionales porque cada uno procede de acuerdo con sus criterios.
SEÑOR HEBER.- Quisiera hacer una consulta a los señores miembros informantes, relacionada con el repartido Nº 279. El artículo único habla de la Ley Nº 16.824 y el que se refiere al 30 de abril de 1997 se refiere a la Ley Nº 16.284. Entonces, no sé si se trata de un error de imprenta o el artículo está mal referenciado.
En segundo lugar, el artículo 1º de la Ley Nº 16.824 ó 16.284 -no sé cuál de las dos- hace referencia a los regímenes especiales mencionados por el señor Senador Michelini en materia de causales, promedios, cómputos, topes, etcétera, que establecieron las Leyes Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992 -a pesar de que aquí dice 1962- y Nº 16.462 de 1994. La ley en cuestión menciona la Nº 15.783, lo que me parece que no se encuadra dentro de la interpretación que ha hecho el señor Senador Michelini, siendo que el artículo 1º hace referencia a estas dos leyes y no a la Nº 15.783, que dice que podrán ejercer sus derechos ante el Banco de Previsión Social. Lo que quiero decir es que, de acuerdo con el razonamiento del señor Senador Michelini, el artículo 1º comprendería todos los regímenes especiales que contenían estas dos leyes y no la Ley Nº 15.783, por lo cual se necesitaría Mensaje del Poder Ejecutivo.
SEÑOR MICHELINI.- La Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, es la de destituidos o de reincorporación de quienes fueron destituidos. A partir de ese momento los Legisladores, en cada circunstancia -en algunas estuvimos con el señor Senador Heber en la misma Cámara- incorporamos a esa ley, con los textos correspondientes, a otros sectores que por alguna razón no estaban incluidos o no habían cumplido los pasos legales y, por lo tanto, fueron incorporados en forma automática. Me refiero a las Leyes de Presupuesto del 1º de noviembre de 1992 y la Nº 16.462, del 11 de enero de 1994, ambas del Gobierno del Partido Nacional. En el año 1994 también hubo un plebiscito que derogó aquellas modificaciones presupuestales que se introdujeron en estas dos leyes. A pesar de que en 1995 siguieron aplicándose, en 1996 la Suprema Corte de Justicia hace una declaración mediante la cual quedan anuladas. En 1997, mediante la firma del entonces Presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, se manda, no el restablecimiento de tales artículos, sino de un solo artículo, que expresa que los regímenes especiales en materia de causales, promedios, cómputos, topes e incompatibilidades que establecieron las Leyes Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, se considerarán vigentes, lo que figura en la página 9 del repartido. La interpretación del Poder Ejecutivo o del Banco de Previsión Social, fue que se refería a todos los artículos que incluían regímenes especiales votados en esas dos leyes de Presupuesto, salvo éste. Pero nadie sabe por qué. En ese momento se contó con iniciativa del Poder Ejecutivo para todos, pero no fue incluido por parte del Poder Ejecutivo.
Más adelante podremos tener una discusión a ese respecto aunque, naturalmente, el señor Senador García Costa podrá tener más razón que quien habla.
En definitiva, en ese momento el Poder Ejecutivo no envió una ley diciendo que se restablecían los derechos de tales artículos, sino que el doctor Sanguinetti dictó un decreto mediante el cual se restablecieron todos los regímenes especiales. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Banco de Previsión Social no incluyeron este artículo. Entonces, se elabora este proyecto de ley que fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes y aspiramos que hoy cuente con la mayor cantidad de votos posible.
Con respecto a la referencia que se hace de la ley, ésta debería ser la Nº 16.824. Está bien en el texto del proyecto de ley y no la referencia que figura en la página 9.
SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que el repartido recoge las referencias que vienen de la Cámara de Representantes. Inclusive, la fecha que se menciona en la página 9 es incorrecta, o sea que está mal transcrito el texto legal.
SEÑOR HEBER.- En cuanto a la reflexión que hacía el señor Senador Michelini, creo que quizá tendríamos que ver la interpretación que se hace de la Ley Nº 15.783, porque ésta no puede ser declarada como inconstitucional ya que desaparecerían los derechos que tienen los maestros mediante dicha ley. No se trata de una norma presupuestaria, sino de una ley aparte, una ley especial, por lo que el Poder Ejecutivo no podría interpretar que aquellos que están amparados en la Ley Nº 15.783 no tienen esos derechos. En realidad, el tema me resulta bastante confuso.
SEÑORA ARISMENDI.- Voy a poner un ejemplo muy sencillo que conozco bien porque es mi caso. Como no estoy dentro de este universo cerrado, tengo la tranquilidad de poder explicar la situación con toda claridad.
En el momento en que fui destituida de Enseñanza Primaria tenía 10 años de trabajo. Al ser restituida, la Ley Nº 15.783 me daba dos opciones: volver a trabajar -que era lo que quería- o jubilarme con el 125% del sueldo que percibía. Al igual que yo, muchísimos docentes optamos por volver al aula, partiendo de la base de que eso era lo que queríamos porque era nuestra profesión, nuestra vocación, y estábamos deseando volver a trabajar. Entonces, a quienes optamos por trabajar se nos consideran los años de destitución como años trabajados y no se nos brinda nada más. En su momento, el gremio discutió ardorosamente si debía o no reclamar el derecho que la Ley Nº 15.783 nos daba de pedir el cargo de Director o de Inspector, puesto que la restitución se realizaba a la altura de donde estaba su generación.
Al respecto, partíamos de la base de que nuestra carrera necesitaba cursos y concursos y estuvimos dispuestos a transitar por ello, aunque la gran mayoría no tuvo éxito. En un caso que conozco muy bien, a partir de un juicio y una apelación que se hizo, se logró, como una excepción, que la persona involucrada pudiera entrar con un cupo extra al Instituto Magisterial Superior. Esto sucedió porque se cortaron las posibilidades de acceder a las calificaciones de formación docente post título de maestro, se cerraron los concursos y no entrábamos en ninguna categoría, porque algunos teníamos la desgracia de tener más años de los que se pedían para ingresar, ya que nos habían sumado los años de destitución. Otros, para presentarse a los concursos, debían tener el curso hecho pero, a su vez, los cursos o los cupos estaban cerrados. Por lo tanto, el camino normal por el que estábamos dispuestos a transitar estaba cerrado y no pudimos concurrir al Instituto Magisterial Superior, ni pudimos concursar, a excepción de que pudimos participar en un concurso para Directores de Primer Grado, lo que luego se modificó. Por lo tanto, la recomposición de la carrera que hubiera seguido el camino de cualquier docente, nos estuvo vedada.
A propósito del artículo de la Rendición de Cuentas que dice que no se reparó la carrera y lo único que se hizo fue contar los años a los efectos de la jubilación, se abrió la posibilidad de acceder, de anotarse y de iniciar un trámite. Por eso, digo que se trata de un trámite cerrado que, por ejemplo, yo no inicié y por el que no tengo derecho a reclamar. Si mañana se aprobara esta norma, reitero, no tendría derecho a reclamar porque estamos hablando de aquellos que hicieron este trámite amparados por esa ley que luego la reforma constitucional derogó. Es para ellos que estamos pidiendo una recomposición de la carrera que en su momento no se produjo.
Desde el punto de vista jubilatorio, también puedo dar el ejemplo de que me jubilé como maestra con veinticinco años de trabajo, percibiendo una jubilación de $ 2.450. De esta forma, estoy mostrando de qué me sirvió seguir trabajando, sin poder acceder a calificaciones y concursos, y sin haber decidido en ese momento jubilarme con diez años de trabajo y cobrando el 125% del sueldo.
SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: comparto el propósito que animó primero a quienes presentaron el proyecto de ley y hoy a quienes defienden la aprobación de esta iniciativa con el fin de amparar, siguiendo la aplicación original de la Ley Nº 15.783, a los funcionarios docentes que a la fecha no han visto protegidos sus derechos.
No comparto que el proyecto de ley pueda tener algún viso de inconstitucionalidad. De otra manera, no estaría dispuesto a acompañar esta iniciativa. Digo esto por las siguientes razones. En primer lugar, la Ley Nº 15.783, relativa a los funcionarios públicos destituidos, en su primera aplicación estableció, para quienes podían ampararse en la misma, la posibilidad de optar por reintegrarse al ejercicio de sus cargos o por jubilarse. Esta situación adquiría mayor fuerza y necesidad en el caso de los funcionarios docentes, porque seguramente allí existen diferencias con respecto a lo que claramente sucede en algunas otras ramas de los funcionarios públicos, por supuesto que no en todas. Existe un componente vocacional muy importante que, bajo determinadas condiciones los llevaba a seguir ejerciendo esa docencia.
Además, si recordamos la aplicación de esta ley en el transcurso del tiempo -quizás en eso pueda ilustrarnos el señor Senador Correa Freitas, quien ocupó la Dirección Nacional del Servicio Civil y muchos de estos temas estuvieron íntimamente ligados a esa Dirección- advertimos que muchos funcionarios públicos que se ampararon a la norma lo hicieron, primero reintegrándose al ejercicio de la actividad, y luego amparándose a la posibilidad de jubilarse con los beneficios que la ley establece. Puedo traer aquí una numerosa cantidad de situaciones que recorrieron ese camino en varios Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Claro está que quienes en vez de jubilarse preferían reintegrarse al ejercicio de la actividad docente, lo hacían con la lógica expectativa que imponía la propia ley en el sentido de que se iba a recomponer su carrera administrativa. Era exclusivamente en función de esa posibilidad, por lo menos desde el punto de vista económico, que optaban por lo primero en lugar de hacerlo por lo segundo. Ni la Ley Nº 15.783 ni la posterior interpretación de la Ley Nº 16.320 establecieron plazos para ampararse a los beneficios de la norma. Como el universo sigue siendo exactamente el mismo porque las condiciones siguen siendo idénticas, en este caso concreto no necesitamos una nueva iniciativa del Poder Ejecutivo para poder ampararnos a esos beneficios. Es más: tenemos dos iniciativas del Poder Ejecutivo referidas a esta temática. La primera de ellas es la Ley Nº 15.783 y la segunda es la Ley Nº 16.320, que es una norma presupuestal y, por ello, tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Esta Ley Nº 16.320 fue declarada inconstitucional por razones de forma y no por razones de fondo; las razones de forma obedecen a que el artículo en cuestión estaba precisamente incluido dentro de una Ley Presupuestal. Quiere decir que dos veces hemos tenido iniciativa del Poder Ejecutivo en el sentido que hoy estamos considerando.
La única diferencia que puedo tener con el proyecto de ley es que no especifica que el beneficio se establece para aquellos funcionarios docentes a quienes no se les haya recompuesto su carrera administrativa conforme a la Ley Nº 15.783. Es decir que aquí quedarían en condiciones de acogerse a esta iniciativa absolutamente todos los funcionarios docentes y no exclusivamente aquellos a quienes no se les recompuso la carrera administrativa; ese es el propósito que imagino inspira a quienes presentaron el proyecto de ley.
SEÑORA ARISMENDI.- No los hay.
SEÑOR GALLINAL.- En ese caso, debió haberse aclarado en el propio artículo único del proyecto que se trata de aquellos funcionarios que hubieran obtenido la reincorporación de acuerdo con la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, y cuya carrera administrativa no hubiere sido recompuesta conforme a los términos de la referida Ley. Esa es la única diferencia que puedo señalar y se me dice que no existe ningún funcionario que no esté comprendido en esa norma. No obstante, me parece que esa aclaración debió haberse realizado.
SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: voté negativamente este proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social en virtud de que el mismo tiene una doble inconstitucionalidad. En primer lugar, viola el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución, que requiere la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo para el establecimiento o la extensión de causales jubilatorias.
Y la segunda inconstitucionalidad tiene que ver con que se viola el principio de igualdad contenido en el artículo 8º de la Constitución de la República.
Voy a explicar los dos argumentos de orden constitucional por los cuales votamos negativamente este proyecto de ley.
¿Por qué decimos que es inconstitucional porque viola el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución? Porque este proyecto de ley es más amplio, más extenso, y crea una situación jurídica nueva con relación a la que estaba prevista originalmente en el artículo 423 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir, entonces, que esta no es una ley interpretativa, sino una ley que crea una nueva causal jubilatoria, extendiendo la que fuera creada por la Ley Nº 15.783 a aquellos funcionarios públicos restituidos a sus cargos, a quienes, en consecuencia, se les daría el 125% del último sueldo al producirse su egreso. Este es el primer problema. Claramente esta no es una norma interpretativa sino que, por el contrario, está extendiendo lo que previó el artículo 423 de la Ley Nº 16.320, del año 1992 que, como dije antes, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
El Banco de Previsión Social se ha pronunciado claramente al respecto en una comunicación enviada a la Comisión con fecha 1º de agosto de 2001, que dice lo siguiente: "Corresponde destacar que de acuerdo a los informes jurídicos glosados, no se trataría de una norma interpretativa en tanto implica la creación de una nueva situación jurídica, distinta y más amplia de la plasmada por el artículo 423 de la Ley Nº 16.320, en virtud de lo cual, y a tenor del artículo 86, inciso segundo, de la Constitución de la República, requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, a lo cual correspondería agregar en el aspecto sustancial que determinaría una situación de desigualdad con relación al resto de los trabajadores destituidos."
El segundo punto por el que nos oponemos al proyecto de ley tiene que ver con la aplicación de la Ley Nº 15.783 -ley de destituidos, como vulgarmente se la conoce- que es del año 1985. Esta ley estableció dos opciones a las cuales se podían acoger los funcionarios públicos que habían sido destituidos durante el gobierno de facto: una de ellas era el reintegro al cargo, y la otra, la posibilidad de jubilarse con el 125% de todas las asignaciones computables correspondientes al cargo de que eran titulares, vigentes al 1º de marzo de 1985. Reitero que se les dieron dos opciones: o se reintegraban al cargo o se acogían a los beneficios jubilatorios. Nunca y en ningún caso se otorgaron los dos beneficios a la vez. En lo que me es personal, en el ejercicio de mi cargo como Director de la Oficina del Servicio Civil y como Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, no conocí ningún caso en el que se hubiera procedido de esa forma; y si hubiera un caso de esta naturaleza, no tengo ninguna duda de que habría que anularlo. Lamento mucho -si son ciertas las afirmaciones del señor Senador Gallinal, que por supuesto deben serlo- que se haya cometido este gran error por parte del Banco de Previsión Social; realmente, el haber habilitado una situación de esa naturaleza es un muy grave error jurídico del que tendría que responsabilizarse el organismo correspondiente.
Quiero ser muy preciso y muy claro. Los funcionarios públicos destituidos durante el régimen militar tenían dos opciones: o se reintegraban al cargo o se acogían a la jubilación. Fue así, señor Presidente, que en aplicación de esta ley se presentaron un total de 30.000 solicitudes a la Administración Pública, de las cuales 12.000 funcionarios fueron restituidos a sus cargos y 6.000 optaron por que se les reformara sus cédulas jubilatorias que, en definitiva, significa que 6.000 funcionarios se acogieron a los beneficios jubilatorios, es decir, a recibir el 125% de sus haberes. Esto representó para el Estado un costo de aproximadamente U$S 120:000.000.
Quiere decir, entonces, que si hoy el Senado aprobara este proyecto de ley estaría cometiendo una grave desigualdad, porque los 12.000 funcionarios que fueron restituidos a la Administración Pública también tendrían derecho a reclamar que se les diera ese beneficio jubilatorio. No tengo ninguna duda de que los funcionarios públicos que se vean perjudicados por esta norma se podrán presentar ante los Juzgados reclamando por responsabilidad o por acto legislativo, pues se está violando claramente un principio de igualdad.
Se ha dicho en Sala -y es el argumento principal para promover este proyecto de ley- que hay un problema de recomposición de la carrera administrativa. En realidad, ese tema es discutible, en primer lugar porque, como dijo la señora Senadora Arismendi, hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y si hay una sentencia de este Tribunal, ¿para qué aprobamos una ley de este tipo? Dicho de otro modo, si hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que les da razón, lo único que corresponde es que los beneficiados por esa sentencia se presenten ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo -que es en la esfera del Poder Judicial- y reclamen la reparación correspondiente. Pero -y aquí tenemos el segundo aspecto-, ¿cuál fue el problema que se planteó respecto a la reparación de la carrera administrativa? Tal como lo señaló la señora Senadora Arismendi, el problema fue que el primer CODICEN, presidido en ese entonces por el profesor Juan Pivel Devoto, estableció que a determinados cargos en el CODICEN o en la ANEP se accedía por concurso. Quiere decir que no se trata de un tema de recomposición de la carrera administrativa, sino que es un problema de concurso; quien no concursó no puede reclamar que se le asigne directamente ese nivel de cargo porque, obviamente, son cargos a los que se accede estricta y rigurosamente por concurso, de acuerdo con lo que estableció oportunamente la reglamentación del CODICEN.
¿Cuál fue el criterio que estableció el Legislador en el año 1985 para la recomposición de la carrera administrativa? Que a quienes habían sido destituidos durante el régimen militar, se les recompondría la carrera de tal forma de lograr una situación similar a la de aquellos que estaban en su mismo nivel, en su misma posición jerárquica en el momento en que habían sido destituidos. En otros términos, si un funcionario ocupaba un cargo de oficial administrativo en el momento en que fue destituido, allá por los años 1974, 1976 y 1978, su situación debía ser comparada con la de sus compañeros de trabajo, a los efectos de ver cómo había evolucionado esa carrera administrativa, asignándosele una posición similar.
Pero bajo ningún concepto puede decirse que la recomposición de la carrera administrativa tiene que ver con concursos que fueron establecidos en una reglamentación posterior, en el año 1985. Eso no es recomposición de la carrera administrativa.
Por estas razones, señor Presidente, creemos que este proyecto de ley debe ser rechazado y que son otros los caminos que deben adoptar quienes sostienen que se han visto perjudicados en su carrera administrativa, dado que -como bien afirmó la señora Senadora Arismendi- existe sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, no es una situación que tengamos que resolver por ley. Lo que deben hacer los beneficiados es presentarse ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo -son dos en Montevideo- y reclamar allí la correspondiente reparación por parte del Estado.
Por todo lo expuesto, vamos a votar en contra de este proyecto de ley.
SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: si no hubiera más oradores anotados, pediría que el Senado pase a votar el proyecto de ley. Aclaro que luego voy a hacer mi argumentación por la vía del fundamento de voto.
SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR RIESGO.- Solicito un cuarto intermedio por cinco minutos.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si el Senado pasa a cuarto intermedio.
- 23 en 26. Afirmativa.
(Así se hace. Es la hora 19 y 6 minutos)
(Es la hora 19 y 13 minutos)
SEÑOR MICHELINI.- Mociono para que se suprima la lectura.
SEÑOR PRESIDENTE.- Estando contestes en que la redacción dada es técnicamente la correcta, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.
- 18 en 30. Afirmativa.
SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.
SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: creo que se trata de una ley esencialmente justa.
Quienes me conocen saben que algunas veces -pocas- he votado disposiciones inconstitucionales -aclarando que sé que lo son-, porque me parece vehemente la convicción de justicia y sigo el mandato de Couture, que ha dicho muchas veces que el Derecho es para el abogado un instrumento para lograr la justicia -lo dijo en uno de sus mandamientos- pero cuando están en contradicción, luchan por la justicia. Sobre todo he pensado que no hay nadie que tenga un interés directo, personal y legítimo en plantear la inconstitucionalidad.
Sin embargo, quiero decir que en este caso considero que ha existido un error cuando se ha discutido con fuerza -y sin duda con seriedad- el carácter interpretativo de esta norma. Digo esto porque, en realidad, esta disposición no interpreta la Ley Nº 16.320, ni la Nº 16.462; es una ley interpretativa -como lo dice- de la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997. Creo que las argumentaciones que se presentaron se hicieron como si se tratara de una interpretación de las otras normas.
Por otro lado, es absolutamente cierto que hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dice que debía haber alguna reparación para casos como este. Sin embargo, toda sentencia de dicho Tribunal que no se haya dictado expresamente en interés de la regla de Derecho de la buena administración -como dice la Constitución de la República- tiene efectos subjetivos para el caso que se dictó. Para invitar a los demás a que también recurran a la acción indemnizatoria, hay que tener presente que dicha acción presentada contra el Estado caduca a los cuatro años. Por consiguiente, no estarían en condiciones de presentar una demanda de esas características.
Por estas razones, he votado con gusto este proyecto de ley.
SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en realidad, cuando se votó este asunto no me encontraba en Sala. De haber estado, lo habría votado en contra porque no comprendo el proyecto de ley, ni lo que se está haciendo. Quizás se trate de un problema de limitación, pero repito que no he interpretado bien las normas. He escuchado con mucha atención a los señores Senadores, pero insisto en que no entiendo la interpretación del Poder Ejecutivo, ni el proyecto en sí mismo.
Me parecen muy claras las normas de la Ley Nº 16.824, que comprenden a todas las personas que estaban en esas condiciones, a quienes se restituían sus derechos. No entiendo por qué el Poder Ejecutivo no restituye los derechos a estos docentes ya que, supuestamente, estarían en las mismas condiciones que los de 1992.
Vuelvo a insistir en que no comprendo la interpretación diferente que hace el Poder Ejecutivo y menos aún que el proyecto de ley haga referencia a la Ley Nº 15.783.
Confieso, señor Presidente, que no estaba en Sala cuando se votó el asunto -por lo que no pude votarlo en contra- y aclaro que no lo apruebo porque no lo entiendo.
SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para fundamentar el voto.
SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: las razones que motivaron mi voto por la negativa son estrictamente de carácter formal y entiendo que tienen una gravitante importancia. Además, esas razones a las cuales adhiero han sido claramente expresadas por los señores Senadores García Costa y Correa Freitas.
Más allá de consideraciones de justicia -que no discuto y que siempre podremos encontrar- lo que debe primar aquí es el respeto a la norma constitucional. La circunstancia de que el Poder Ejecutivo haya tomado la iniciativa en los tres antecedentes legales que se mencionan, no habilita a interpretar que esta norma, por tanto, es constitucional. Por el contrario, considero que si el Poder Ejecutivo, que tiene la prioridad y el derecho de iniciativa, no incorporó a quienes ahora se comprende, justamente no tenemos derecho en el Parlamento de hacer este proyecto extensivo y de amparar dentro de la causal jubilatoria -en su momento el Poder Ejecutivo sí tomó la iniciativa- a quienes ahora comprende esta ley que acaba de ser votada.
Reitero, señor Presidente, que por razones estrictamente constitucionales, por entender que se violan las normas del inciso segundo del artículo 86 y el principio de igualdad establecido en el artículo 8º -que aquí se ha señalado-, considero que esta norma es claramente inconstitucional y, por consiguiente, la he votado en contra.
16) PROYECTO DE COMUNICACION
SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: junto con Senadores del Partido Nacional y del Encuentro Progresista - Frente Amplio formulamos moción para que se declare urgente y se trate de inmediato un proyecto de comunicación a efectos de que se eleve al Poder Ejecutivo, relacionado con la situación del Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, la que hemos fundamentado in extenso en otras sesiones varios Legisladores. Por lo tanto, consideramos que este es el momento adecuado para hacerlo y lo ponemos a consideración de este Cuerpo.
Se trata de un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo solicitándole que aplique el artículo 198 de la Constitución de la República.
- 16 en 26. Afirmativa.
Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: "Proyecto de comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que aplique el artículo 198 de la Constitución de la República en relación con la situación del Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay".
"Ante la situación creada por el reconocimiento público del ex-Diputado y actual Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, de contar entre su equipo con un funcionario en régimen de comisión de la Dirección Nacional de Aduanas, sin que prestara efectivamente funciones, y al estar éste requerido por la justicia y ante la necesidad de generar confianza y liderazgo que recupere definitivamente su credibilidad ante los ciudadanos, ahorristas y clientes;
1. Rechazar la conducta admitida por el Presidente del Banco en declaraciones públicas, que desvirtúa el mecanismo de pase en comisión, que utilizado adecuadamente es de gran utilidad para el Legislador.
2. Solicitar al Sr. Presidente de la República, en virtud del tiempo transcurrido y la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo, aplique el mecanismo previsto en el artículo 198 de la Constitución de la República destituyendo al mencionado jerarca ante el reconocimiento ‘de la comisión de actos que afecten su buen nombre y el prestigio de la institución a que pertenezcan’."
Firman: la señora Senadora Pou y los señores Senadores Pereyra, Heber, Rubio, Larrañaga, Núñez y Garat.
SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: debo decir que no he firmado esta moción. Además, tenía entendido -qui-zás sea un error en la comunicación- que el tema se iba a plantear en el transcurso de los próximos días y no precisamente en esta sesión.
Tampoco comparto el texto del proyecto de comunicación. Me parece que podrían existir otras razones que, eventualmente, llevarían a una conclusión de estas características, pero no precisamente las que surgen del texto que estamos analizando.
Por otro lado, y más allá de esas consideraciones que, en definitiva no tienen tanta trascendencia, aquí lo que importa es lo que se resuelve. ¿Cuál es el paso que sigue si por parte del Poder Ejecutivo no se cumpliera con el texto que surge del proyecto de comunicación? ¿Qué sucede si el Poder Ejecutivo no aplicara el mecanismo previsto en la Constitución de la República y no enviara la iniciativa para remover al Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay? ¿Vamos a ir a una etapa de mayor gravedad? ¿Vamos a interpelar al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por este caso? Me parece que este tipo de hechos no amerita llevar al Parlamento a un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, de las características del que podemos llegar a tener en el caso de que este último no proceda conforme a lo que se solicita por parte del Senado de la República.
En consecuencia, no estoy dispuesto a habilitar, repito, en las circunstancias por las que estamos atravesando, un enfrentamiento de estas características. De acuerdo con las manifestaciones hechas en Sala por el propio Partido Colorado, el Poder Ejecutivo tendrá que estudiar qué definición va a tener con respecto a este tema que ya se lo planteó el Directorio del Partido Nacional en el momento correspondiente. Pero no me parece, reitero, que en la situación por la que estamos atravesando y, aún dejando de lado esto, ante un tema de esta dimensión -a mi juicio, no tan gran-
de- podamos llegar a un enfrentamiento de Poderes como al que inevitablemente tenemos que llegar si el Poder Ejecutivo no cumple con la minuta de comunicación. Personalmente, espero que el Poder Ejecutivo cumpla con las aspiraciones que hace pocos días le señaló el Senado de la República y que las implemente en los próximos días. Digo esto porque no hay que perder de vista que hay otros episodios en la vida del país que nos complican y nos preocupan mucho más y sobre los cuales, aún teniendo diferencias con aquél, en aras de darle al país gobernabilidad y de sacarlo adelante de los tremendos problemas a los que está enfrentado, muchas veces nos cuidamos de no elevar en demasía el tono de voz, porque sabemos que por ese camino podemos comprometer en forma más importante el destino del Uruguay en un momento en el que lo que la gente espera de nosotros son, por sobre todas las cosas, certezas, definiciones claras que respondan a la gran problemática a la que estamos enfrentados.
SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: este es un tema que ya ha discutido el Senado y también la Comisión hace unos días, por lo que no queremos abrir un debate que creemos superado.
No obstante, entendemos que debemos hacer algunas consideraciones en torno a la minuta de comunicación. Por lo que se dice al principio, esto aparece como un hecho de estos tiempos, es decir que el actual Presidente del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay haya tenido una persona en comisión, cuando todos sabemos que ese pase venció en febrero del año 2000, o sea, hace dos años. Por otra parte, esta persona nunca estuvo vinculada a la gestión de la Institución, gestión que hemos defendido por el trabajo y por la unanimidad con que lo ha llevado adelante, no sólo en este período, sino también en los anteriores. Bueno es decir, además, que en el presente período se ha nutrido exclusivamente de asesores y de un equipo de gerenciamiento del propio Banco y no hay ninguna persona externa colaborando en la administración desde hace dos años y medio.
Esta circunstancia que se produjo hace ya dos años y medio, también se ha dado recientemente. Por ejemplo, hace pocos días leí en la prensa que un Diputado del Partido Nacional tenía en comisión a un Comisario que estaba requerido. Nosotros que conocemos su honorabilidad y sabemos que es una persona de bien, en ningún momento pensamos que ese hecho tuviera relación con el pase en comisión. Seguramente, este instrumento cesó en el momento en que el señor Diputado tomó conocimiento de que esa persona estaba requerida por la policía. Evidentemente, entonces, estas son situaciones que de hecho se dan.
Tampoco con referencia al señor Lausarot ha habido cuestionamiento alguno en lo que tiene que ver con su gestión. Eso es, entonces, lo que nos genera dudas acerca de si no estaremos frente a un hecho político más allá de la circunstancia lamentable de que la persona que hacía uso de ese pase en comisión estuviera requerida -como en el otro caso al que me referí- o de otros casos sobre los cuales no tenemos una total certeza. En definitiva, estas cosas están a la vista y es la justicia la que las está tramitando.
No nos parece lógico que después de dos años y medio se puedan seguir generando repercusiones políticas cuando hasta ahora, por lo menos -y así lo hemos manifestado en la Comisión de Hacienda, que fue la que trató el proyecto de ley referido al fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay y en la que también se planteó esta circunstancia- no se había hecho ningún cuestionamiento al señor Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay. En todo caso, si se hubiera procedido de ese modo, tendría que haberse cuestionado a los cinco integrantes del Directorio y no sólo a su Presidente, puesto que luego de revisar todas las actas de sus sesiones pudimos darnos cuenta de que en los últimos dos años y medio no hay ninguna decisión, pequeña o grande, que no haya contado con el aval de todos ellos.
SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: sobre los alcances y las implicaciones posteriores nos atendremos a lo que vaya sucediendo. Pero, en realidad, aquí hay una cuestión que tiene que ver con la credibilidad en las instituciones públicas y con su prestigio.
También podríamos traer a colación otros acontecimientos relativos a la publicidad del Banco Hipotecario del Uruguay en relación con el departamento de Colonia y con alguna radio en particular. Si bien esto ha sido planteado en la Cámara de Representantes, me parece que ese no es un buen camino. Hay otras cuestiones, pero todos tenemos un juicio formado, sin duda distinto, sobre esta situación.
A pesar de que tengo documentación, me parece estéril ingresar en un debate con otras características aquí en el Senado. Creo que de aprobarse esto, este Cuerpo le diría al Poder Ejecutivo que tiene una opinión formada, que ha esperado mucho tiempo y que le está demandando que adopte las decisiones consiguientes. Entonces, también de la madurez política de todos dependen las decisiones que se tomen. Creo que esto es totalmente razonable, porque aquí hubo un planteo del Encuentro Progresista hace ya cerca de un año. En ese momento el Partido Nacional inició gestiones a otro nivel, todos quedamos esperando, el tiempo ha pasado y quedamos en el mismo punto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación.
- 16 en 27. Afirmativa.
SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: es para corregir un poco este texto, puesto que lo vamos a remitir a la Presidencia de la República. Donde dice: "El Senado de la República declara: 1. Rechazar", debería decirse "1. Rechaza".
Por otra parte, aquí aparecen los numerales 1 y 3 y nos comimos el 2. Por lo tanto, parecería de lógica que, en todo caso, el 3 pase a ser 2.
Al comienzo de este último numeral se establece: "Solicitar" cuando, en realidad, debería decirse: "El Senado de la República declara: 2. Solicita".
En fin, dejo en manos de la Mesa estas correcciones menores a que me he referido.
SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: iba a proponer eso mismo y, ya que estamos, sugiero que en la tercera línea no se diga "de contar entre su equipo" sino que lo que corresponde es "en su equipo".
SEÑOR KORZENIAK.- El señor Presidente sabe perfectamente bien que voy a pedir que no se diga minuta de comunicación, sino simplemente comunicación.
SEÑOR PRESIDENTE.- Eso ya estaba previsto, señor Senador.
Ha quedado aprobado el proyecto de comunicación.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión.
(Así se hace, a la hora 19 y 34 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Abelenda, Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Gallinal, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Korzeniak, Larrañaga, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Riesgo, Rubio, Sanabria, Scarpa y Xavier.)

References: artículo 6
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 202
 artículo 613
 artículo 448
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 198
 artículo 18
in fine
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 85
 artículo 85

Artículo 1
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 262

Artículo 2
 artículo 59
 artículo 19

Artículo 3
 artículo 154

Artículo 4
 artículo 135

Artículo 5
 artículo 77

Artículo 6
 artículo 368

Artículo 7
 artículo 429

Artículo 8
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 423
 artículo 18
 artículo 423
 artículo 18
 artículo 423
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 86
 artículo 423
 artículo 423
 artículo 423
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 198
 artículo 198
 artículo 198