Source: http://grupoonce.com/2014/10/25/boletin-informativo-septiembre-2014/
Timestamp: 2017-12-11 22:58:48+00:00

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BOLETÍN INFORMATIVO: SEPTIEMBRE 2014 – Grupo ONCE
Sábado, 25 octubre 2014 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado pagado por extranjeros. El pasado 10 de septiembre se dio a conocer la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2007, al considerarse violatorio del principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por excluir del beneficio de la devolución de dicho impuesto trasladado al adquirente de mercancías en México al extranjero no inmigrante en su calidad de visitante y sí otorgárselo al extranjero no inmigrante en su calidad de turista.
El análisis del expediente respectivo, condujo a la Sala a determinar que no son contribuyentes que se encuentren en idéntica situación los extranjeros no inmigrantes en su calidad de visitantes y los extranjeros no inmigrantes en su calidad de turistas y, por ende, que de manera alguna se transgreda el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, se determinó que el extranjero no inmigrante con calidad de TURISTA tiene como único objetivo el recreo, su salud, o la realización de actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, es decir, ingresa a México con el fin de permanecer en un lugar y ambiente diverso al de su país de origen, consumir y pagar servicios derivados del lugar al que llega, así como el de adquirir mercancías durante su estancia con el objeto de traerlas consigo como parte de su equipaje al país de origen.
Mientras que el extranjero no inmigrante con calidad de VISITANTE no guarda una misma situación jurídica con aquéllos, pues si bien es verdad que estos últimos se hallan dentro de la categoría de no inmigrantes, como los primeros, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley General de Población, también es verdad que los extranjeros no inmigrantes en su calidad de visitantes se internan al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad que puede ser o no lucrativa, por lo que no realizan propiamente actividades recreativas o de salud, ni adquieren mercancías durante su visita con el fin de llevarlas consigo como parte de su equipaje al país de origen.
Además de lo anterior, la Sala determinó que existen elementos objetivos y razonables que justifican la diferencia de trato, como es el propósito de apoyar a los no inmigrantes en su calidad de turistas, devolviéndoles el impuesto al valor agregado por las mercancías que hayan adquirido en el territorio mexicano, siempre y cuando salgan del país por vía aérea o marítima, y que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones I a III del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2007, a fin de fomentar el turismo en este país.
Criterio anterior el cual consideramos desafortunado y otra vez se marca la pauta en el sentido de que Nuestra Suprema Corte parace estar alejada de toda realidad jurídica.
SEGUNDO.- Beneficios fiscales en el Régimen de Incorporación Fiscal. El pasado 10 de Septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en Régimen de Incorporación Fiscal”, a través del cual el Ejecutivo Federal otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, por las actividades que realicen con el público en general; consistente en la aplicación de un descuento del 100% del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a pagar durante los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal.
Para tales efectos, el citado decreto establece en esencia lo siguiente:
TERCERO.- Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).- Criterio sustantivo 19/2014/CTN/CS-SPDC. Como resultado de la Recomendación 9/2014, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió el Criterio sustantivo 19/2014/CTN/CS-SPDC, en el cual sostiene que los elementos relacionados con la “fecha cierta” de documentos privados, no pueden ni deben ser concebidos por la autoridad fiscal como parámetros de valoración en el curso de una auditoría, para apreciar documentos privados exhibidos por los contribuyentes revisados con el objeto de acreditar diversas operaciones que hubieran celebrado, como pueden ser préstamos, aumentos de capital en sociedades de capital variable, entre otros.
Dcha Procuraduría advirtió que en el Derecho común, que regula ese tipo de actos no prevé mayores formalidades para su perfeccionamiento, más que la voluntad de las partes. Señalando además, que cuando se ejercen las facultades de comprobación, la autoridad fiscal no está actuando como un “tercero”, sino como una entidad del Estado dotada de pleno imperio y, en consecuencia, “si pretende desestimar para efectos fiscales las operaciones contenidas en tales documentos, deberá acudir más bien a lo que constituye lo propio de la labor de auditoría, es decir, verificar los asientos en la contabilidad del contribuyente y rastrear la materialidad de las operaciones o su flujo de efectivo, para lo cual puede valerse, incluso, de otros elementos.
De ahí que se recomendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a no colocar al particular en una situación por demás inequitativa, al exigirle satisfacer exigencias impuestas unilateralmente por la propia autoridad fiscal en cuanto al “valor probatorio” de un documento privado que es exhibido dentro procedimiento oficioso de carácter estrictamente administrativo, como lo es la revisión o auditoría fiscal.
Registro: 2007076
Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II
Tesis: PC.XVI.A. J/1 A (10a.)
ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL. ES INNECESARIO CITAR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, PARA FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA EN RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESE ORDENAMIENTO. Del artículo segundo transitorio, fracción VII, párrafo primero, del citado ordenamiento, se advierte que los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, se tramitarán y resolverán por la unidad administrativa que, conforme al propio Reglamento, sea competente. Ahora bien, como el artículo transitorio en mención no consigna la competencia material de alguna unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, sino que sólo reconoce la existencia de asuntos pendientes de resolver a la entrada en vigor del nuevo Reglamento y en éste se contienen las normas que definen la competencia material de sus unidades administrativas, es innecesario que éstas lo citen para fundamentar su competencia en resoluciones de procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, ya que los artículos que la establecen son el 17, párrafo primero, fracciones III y XVII y 19, párrafo primero, apartado A, fracción I, del Reglamento vigente.
Contradicción de tesis 2/2014. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Décimo Sexto Circuito. 29 de abril de 2014. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Víctor Manuel Estrada Jungo, José de Jesús Quesada Sánchez, Ramiro Rodríguez Pérez, Ariel Alberto Rojas Caballero, José Gerardo Mendoza Gutiérrez y de José Juan Bueno Vázquez, secretario autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 508/2013, y el diverso sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 4/2010.
Registro: 2007233
Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I
Tesis: 1a. CCCI/2014 (10a.)
AMPARO DIRECTO EN EL QUE SE IMPUGNEN NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN FEDERAL DECRETADA CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL, AL CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL UNA NORMA TRIBUTARIA APLICADA AL DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES, NO DA, EN AUTOMÁTICO, DERECHO A LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DE ESA NORMA FISCAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis 1a. XXXII/2014 (10a.),* que los efectos y alcances de las sentencias de amparo varían acorde al proceso en el cual se emiten, y según la violación constitucional advertida en el caso concreto. Así, las pretensiones de los reclamantes ventiladas en los juicios respectivos, la naturaleza y el objeto del proceso, marcan la pauta de las consecuencias de la sentencia emitida, entre ellas, la declaración de la inconstitucionalidad de una norma. En ese sentido, aun cuando se declare la inconstitucionalidad de alguna disposición fiscal en el amparo directo y, consecuentemente, la de la sentencia de un tribunal impugnada en el amparo, para que este último declare la nulidad de la resolución administrativa de origen, esta decisión constituye un mero análisis de legalidad, de forma que su pronunciamiento reflejado en los puntos resolutivos, no puede afectar los supuestos normativos que contemplan la obligación prevista en la ley de pagar determinado tributo. Por consiguiente, en ese tipo de resoluciones anulatorias por razones de legalidad, pero sustentadas en la declaratoria de inconstitucionalidad decretada en un juicio de amparo directo, no deben afectarse, como parte del beneficio del contribuyente, los hechos que se hubieran realizado con anterioridad a ese momento (solicitud de devolución), aun cuando le hayan ocasionado una afectación en su esfera jurídica, pues al haberse realizado en cumplimiento de una norma vigente y de observancia obligatoria, sólo podrían haberse subsanado, en su caso, mediante la protección constitucional obtenida en un juicio de amparo indirecto, única instancia que puede determinar la devolución de las cantidades erogadas por mandato de la norma declarada inconstitucional, convirtiendo al pago realizado en indebido, pues aunque tal declaratoria de inconstitucionalidad produce que el tribunal colegiado de circuito declare, como consecuencia de aquélla, la inconstitucionalidad de la sentencia de origen, lo cierto es que el beneficio a que tienen derecho, no debe abarcar situaciones anteriores al momento en que se dictó el acto o la resolución cuestionada en el juicio de nulidad por razones de mera legalidad, en el caso, la solicitud de devolución.
Amparo directo en revisión 88/2014. Gasolineros Mexicanos, S.A. de C.V. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.
Nota: (*) La tesis aislada 1a. XXXII/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de febrero de 2014 a las 11:16 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 686, con el título y subtítulo: “SENTENCIAS DE AMPARO. LOS EFECTOS ESTÁN DETERMINADOS POR LA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE CADA CASO EN CONCRETO.”
Registro: 2007146
Tesis: II.3o.A.155 A (10a.)
Página: 1601
CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN RELACIÓN CON EL OFICIO POR EL QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEJÓ INSUBSISTENTE EL DIVERSO POR EL QUE INICIÓ SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, SI LO HIZO, NO PARA BENEFICIAR AL INTERESADO, SINO PARA EMITIR UNO NUEVO POR LA MISMA FACULTAD RESPECTO DEL MISMO CONTRIBUYENTE, EJERCICIO Y CONTRIBUCIONES, CON OBJETO DE MEJORAR O SUBSANAR LOS VICIOS DEL ANTERIOR. En varios criterios jurisprudenciales del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sustenta que cuando los actos reclamados en amparo tengan conexión entre sí, de tal manera que forman una unidad indivisible de finalidad determinada, no es debido juzgarlos aisladamente. Consecuentemente, si la autoridad fiscal emite un oficio para iniciar sus facultades de comprobación en relación con determinado contribuyente y, posteriormente, decide dejarlo insubsistente, pero no para beneficiar al interesado, sino para ejercer la misma facultad en su agravio, incluso respecto del mismo ejercicio y contribuciones, es claro que dicha insubsistencia tuvo por objeto mejorar o subsanar los vicios que tenía el acto original, por lo cual, no se actualiza la causa de improcedencia del amparo por cesación de efectos del acto reclamado por cuanto hace al acto revocatorio, pues para ello se requiere que las cosas queden en el estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado la protección constitucional al quejoso (véanse, por ejemplo, la tesis P. CL/97 y la jurisprudencia 2a./J. 59/99) sino más bien debe valorarse en conjunto toda esa actuación, sobre todo si se considera que, por sus finalidades, pueda resultar inconstitucional el segundo oficio, para pasar después al análisis constitucional del primero que, incluso, pretendió corregirse por la propia autoridad, en atención a su contenido.
Amparo en revisión 112/2011. Exprab Co, S.A. de C.V. 5 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
Nota: Las tesis aislada P. CL/97 y de jurisprudencia 2a./J. 59/99 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con el rubro: “ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.” y Tomo IX, junio de 1999, página 38, con el rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.”, respectivamente.
Registro: 2007151
Tesis: II.3o.A.145 A (10a.)
Página: 1651
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD, POR INEQUIDAD TRIBUTARIA, DEL ARTÍCULO 299 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL NO INCLUIR EN LA DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADAS INDEBIDAMENTE LOS RECARGOS POR MORA PREVISTOS EN EL DIVERSO 22-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si en la demanda de amparo el quejoso manifiesta que el artículo 299 de la Ley del Seguro Social, que regula la devolución de aportaciones de seguridad social pagadas indebidamente, viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por contravenir el principio de equidad tributaria, al no incluir en la devolución indicada los recargos por mora previstos en el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, los conceptos de violación relativos deben declararse inoperantes, porque lo que se plantea es un argumento de omisión legislativa, pues de declararse la inconstitucionalidad del precepto inicialmente citado, no sería posible, mediante una ejecutoria constitucional, ordenar al legislador normar dicho aspecto, con lo cual se darían efectos generales a la sentencia de amparo, al margen de que las reglas de la devolución de pagos indebidos de contribuciones con recargos moratorios conforme al numeral 22-A mencionado, son aplicables en cualquier procedimiento de ese tipo y, desde luego, en el de aportaciones de seguridad social, que tienen, precisamente, naturaleza jurídico tributaria.
Amparo directo 59/2011. Industrias de Hule Galgo, S.A. de C.V. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Emmanuel G. Rosales Guerrero. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 124/2012, en el que determinó que el plazo para el inicio del cómputo de los tres años a que refiere el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para los delitos perseguibles por querella, debe considerarse desde la fecha de emisión del dictamen técnico contable emitido por los peritos adscritos al servicio de administración tributaria, fecha en la que se estima que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo conocimiento del delito y del delincuente, y el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 32/2013, en el que determinó que el término de tres años para que opere la prescripción de la acción penal, se debe computar a partir de que la autoridad hacendaria tuvo conocimiento del delito y del delincuente, precisando que ese momento es cuando tiene lugar el inicio de la visita domiciliaria a la contribuyente.
Tesis de jurisprudencia 39/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de abril de dos mil catorce.
Registro: 2007162
Tesis: XVI.1o.A.46 A (10a.)
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. PROCEDE LA DUPLICIDAD DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, SI LA RESOLUCIÓN CARECE DE LA PRECISIÓN EN CUANTO A LA VÍA, EL PLAZO Y EL ÓRGANO ANTE QUIEN DEBA FORMULARSE SU IMPUGNACIÓN. Dicho artículo establece que en la notificación de los actos fiscales debe indicarse al contribuyente el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, so pena de contar con el doble del plazo que prevén las disposiciones legales para acudir al recurso administrativo o al juicio contencioso administrativo. Así, dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que este señalamiento ha de hacerlo la autoridad administrativa de manera precisa, libre de ambigüedades, con la finalidad de que el gobernado conozca de forma certera cuál es la vía por la que debe encausar su impugnación y, por ende, el plazo respectivo y la autoridad que habrá de conocer su planteamiento, pues dicho señalamiento es una facultad reglada, no discrecional, del órgano del Estado, ya que la autoridad no puede optar por cumplir o no con la obligación legal que se le exige, según su libre arbitrio o capricho, sino que necesariamente habrá de acatar lo que la ley le impone, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica. Por tanto, el hecho de que la autoridad informe al particular que contra su resolución procede el juicio de nulidad en la vía ordinaria o en la sumaria ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que cuenta con un plazo de cuarenta y cinco o quince días, respectivamente, para promoverlo, no dota a ese pronunciamiento de la certeza necesaria en cuanto a la precisión de la vía pertinente, el plazo y la autoridad ante quien deba formularse su impugnación y, por ende, procede la duplicidad del plazo correspondiente.
Amparo directo 49/2013. Sonigas, S.A. de C.V. 8 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
DEVOLUCIÓN EN MATERIA FISCAL. SI DERIVA DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y EL PARTICULAR ACUDE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A DEMANDAR QUE EL MONTO RELATIVO ACTUALIZADO SE CALCULE, NO EN LA FECHA DEL EMBARGO SINO AL CONCRETARSE LA DEVOLUCIÓN O, EN SU DEFECTO, QUE SE LE REINTEGRE LA CANTIDAD NOMINAL EN LA DIVISA ORIGINAL, LA SALA FISCAL TIENE EL DEBER DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. Si con motivo de la nulidad de un embargo de cuentas bancarias en moneda extranjera, se obliga a la autoridad hacendaria a devolver el numerario debidamente actualizado en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, y el particular acude al juicio contencioso administrativo a demandar que el monto a devolverle actualizado se calcule, no conforme al valor de cambio de la divisa y fluctuaciones inflacionarias en la fecha del embargo (valor histórico), como lo resolvió la autoridad, sino que debe considerarse, para ese efecto, el momento en que se concrete la devolución o, en su defecto, que se le reintegre la cantidad nominal en la divisa original, la Sala Fiscal tiene el deber de pronunciarse al respecto, fundada y motivadamente. Lo anterior, con fundamento en la tesis 1a. LXXII/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 869, de rubro: “DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. EL DEPÓSITO DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE SIN LA ACTUALIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO OCTAVO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA NEGATIVA PARCIAL QUE REQUIERE DE UNA RESOLUCIÓN ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).”
Registro: 2007113
Tesis: 2a./J. 86/2014 (10a.)
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE LLEVARSE A CABO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. El artículo citado otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas, consistente en que podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios causado por la enajenación de dicho combustible, el cual se les trasladó en el pago por consumo final; prerrogativa que se condiciona al cumplimiento de diversos requisitos, entre los que destaca el relativo a que la tasa contenida en el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no sea cero o negativa. Ahora, el hecho de que el aludido beneficio se supedite a que la mencionada tasa resulte positiva, no incide en la mecánica del tributo de mérito, pues no se inserta en su metodología ni modifica o altera la forma en que se calcula la tasa respectiva ya que, por un lado, se dirige a los sujetos que se encuentran repercutidos económicamente en el pago del impuesto por haber adquirido diésel para destinarlo a las actividades aludidas y por otro, porque sólo establece la condición para que proceda la devolución, la cual tiene su razón de ser en que aquellos causantes al ser consumidores finales en el costo del diésel, pagan no sólo la cuota por venta final al público, sino también el impuesto por la enajenación que se les traslada. Por tanto, resulta claro que el diseño del estímulo no tiene relevancia impositiva y su constitucionalidad no puede analizarse conforme a los principios de justicia tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 198/2014. Hugo Alberto Pérez Pérez y otros. 7 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo en revisión 183/2014. Agricultores la Catarina, S. de P.R. de R.I. y otras. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac GregorPoisot.
Amparo en revisión 197/2014. Rogelio Basurto Espíndola. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.
Amparo en revisión 219/2014. Verónica Sánchez Montiel. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.
Amparo en revisión 268/2014. Martín Juárez Roque. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.
Tesis de jurisprudencia 86/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de julio de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de agosto de 2014 a las 09:42 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de agosto de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2007171
Tesis: II.3o.A.138 A (10a.)
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER OPTATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE LAS PREVÉN, PERO AL PRESENTARSE LA DEMANDA CORRESPONDIENTE EL CONTRIBUYENTE NO HA MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A AQUÉLLAS, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si en el amparo se reclama la inconstitucionalidad de las normas que prevén facilidades administrativas de carácter optativo para el cumplimiento de obligaciones fiscales, pero al presentarse la demanda correspondiente el contribuyente no ha manifestado su voluntad de acogerse a ellas, el juicio será improcedente y debe sobreseerse, porque el primer acto de aplicación de esa regulación se concretará al momento en que se elige la alternativa propuesta en la disposición controvertida; esto, en congruencia con la tesis aislada P. LXXXV/98 y la jurisprudencia 2a./J. 65/97, del Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos VIII, diciembre de 1998 y VII, enero de 1998, páginas 220 y 207, respectivamente, ambas de rubro: “AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”
Amparo en revisión 59/2011. Grupo Océano Haman, S.A. de C.V. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia Rodríguez Villaverde.
Registro: 2007178
Tesis: II.3o.A.142 A (10a.)
Página: 1831
JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA REGLA I.6.2.5., PRIMER PÁRRAFO Y EL ANEXO 17, APARTADO B, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, AL ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO QUE DEBEN LLEVAR LOS CONTRIBUYENTES QUE HABITUALMENTE REALICEN DICHA ACTIVIDAD, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD FISCAL, NO VIOLAN DERECHO FUNDAMENTAL ALGUNO. En la regla y anexo citados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 y 15 de junio de 2010, respectivamente, en congruencia con los artículos 2o., fracción II, inciso B) y 20 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se establecen las características y requerimientos de los sistemas de cómputo que deben llevar los contribuyentes que habitualmente realicen juegos con apuestas y sorteos, para transmitir, en línea y en tiempo real, información de sus actividades a la autoridad fiscal; dichos sistemas son los que registran y totalizan las transacciones efectuadas y las cantidades efectivamente percibidas de los participantes. Consecuentemente, la regla y anexo mencionados no violan derecho fundamental alguno, pues dichos sistemas tienen como objetivo que la autoridad hacendaria lleve a cabo una adecuada vigilancia y compruebe el cumplimiento de los requisitos conforme a los cuales los gobernados deben contribuir al gasto público, por lo que se consideran parte de la contabilidad de quienes lleven a cabo juegos con apuestas y sorteos; conclusión que se refuerza con los criterios emitidos por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar los controles volumétricos que deben instalar las gasolineras para un mejor control fiscal de las operaciones que realizan con la venta al público de gasolina y diesel, al tratarse del mismo sistema de control de información, en las siguientes jurisprudencias: 1a./J. 2/2005, 1a./J. 56/2006, 2a./J. 178/2004, 2a./J. 179/2004, 2a./J. 181/2004, 2a./J. 182/2004, 2a./J. 184/2004 y 2a./J. 185/2004.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2005, 1a./J. 56/2006, 2a./J. 178/2004, 2a./J. 179/2004, 2a./J. 181/2004, 2a./J. 182/2004, 2a./J. 184/2004 y 2a./J. 185/2004 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXI, marzo de 2005, XXIV, septiembre de 2006 y XXI, enero de 2005, páginas 127, 56, 509, 535, 536, 539, 538 y 537, con los rubros: “EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO NO ES APLICABLE PARA LAS OBLIGACIONES FORMALES, COMO LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 28, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ADICIONADA POR DECRETO PUBLICADO EL CINCO DE ENERO DE DOS MIL CUATRO, CONSISTENTE EN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD.”, “CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN DE LLEVARLOS COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO LE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2004).”, “CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONTAR CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, NO LE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).”, “CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).”, “CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO PROPICIA PRÁCTICAS MONOPÓLICAS NI LIMITA LA LIBRE CONCURRENCIA ENTRE LOS AGENTES ECONÓMICOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).”, “CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES PRIVATIVA DE DERECHOS POR LO QUE NO LE ES APLICABLE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).”, “CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO.” y “CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, ENTRÓ EN VIGOR EL 6 DE ENERO DE 2004, POR LO QUE NO VULNERA EL ARTÍCULO 72, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”, respectivamente.
Registro: 2007177
Tesis: II.3o.A.143 A (10a.)
JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA REGLA I.6.2.5., PRIMER PÁRRAFO Y EL ANEXO 17, APARTADO B, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, AL ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO QUE DEBEN LLEVAR LOS CONTRIBUYENTES QUE HABITUALMENTE REALICEN DICHA ACTIVIDAD, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD FISCAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. En congruencia con los criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 706/2010 y 20/2011, así como el 695/2011, respectivamente, se concluye que la obligación formal de los contribuyentes que habitualmente realicen juegos con apuestas y sorteos, de instalar sistemas de cómputo para transmitir, permanentemente, en línea y en tiempo real, información de sus actividades a la autoridad fiscal, cuyas características y requerimientos establecen la regla y anexo citados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 y 15 de junio de 2010, respectivamente, no constituye un acto de fiscalización dirigido a comprobar si cumplen con las disposiciones fiscales, sino un medio de control electrónico que persigue finalidades diversas, como la consistente en que las autoridades puedan ejercer facultades para verificar, vía remota, la información correspondiente a las transacciones de los contribuyentes y facilitar la gestión tributaria, así como el control en el funcionamiento de ese tipo de actividades, lo cual no implica intromisión a su domicilio. Por tanto, las disposiciones mencionadas no violan el principio de inviolabilidad de éste, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Registro: 2007119
Tesis: II.3o.A. J/16 (10a.)
Página: 1501
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EL ACTOR AL PRESENTAR SU DEMANDA, NO MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE OPTA POR LA VÍA SUMARIA, EL PROCESO DEBE SEGUIRSE POR LA TRADICIONAL, PARA NO AFECTAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES. De las interpretaciones gramatical, histórica progresiva, histórica legislativa, sistemática, teleológica y conforme a la Constitución Federal, de los artículos 1o., 1o.-A, 4o., 5o., 13, párrafo segundo, 14 y 58-1 a 58-15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como primero a cuarto transitorios del decreto de reformas a dicha ley (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010) y, especialmente, del proceso legislativo correspondiente, se colige que, en congruencia con la teoría general del proceso, al igual que otros juicios sumarios, el contencioso administrativo federal en esa vía es optativo, razón por la cual, el demandante es quien tiene el derecho a decidir si el juicio debe tramitarse o no bajo esa forma procesal. Lo anterior, porque desde la Edad Media (el origen fue el summatim del derecho romano-germano-canónico, que fue una reacción contra los sistemas formularios o solemnis ordo judicarius, incorporado en diversas ciudades italianas durante los siglos XII a XIV y estatuido por diversas bulas papales como las de Alejandro III entre 1159 y 1181, Inocencio III entre 1198 y 1216, Gregorio IX entre 1227 y 1241, Inocencio IV entre 1243 y 1254, y la más reconocida que fue la Bula SaepeContingit de Clemente V 1305 a 1314, también conocida como Bula Clementina) y hasta la fecha, el proceso sumario está concebido, por antonomasia, como una vía optativa que no debe ser confundida con los diversos juicios plenarios (procedimientos con tramitación especial como puede ser en el contencioso, por ejemplo, la impugnación de resoluciones negativas fictas o los juicios a que se refiere el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). Así, la noción de dicho proceso sumario fue incorporada en México a través de los ordenamientos procesales españoles durante la Colonia y, actualmente, se encuentra en los códigos de procedimientos civiles originados durante la segunda mitad del siglo XIX; siendo de ahí de donde se retoman para materias diversas de la civil; de esta forma es como los juicios o procesos sumarios (del latín summarium que significa: breve, sucinto, resumido, compendiado) son procesalmente entendidos como una vía alternativa cuya sustanciación requiere de la manifestación del actor, quien es el único que puede elegir esta forma de juicio. A lo anterior debe sumarse que de la revisión cuidadosa del proceso legislativo aludido, se observa que, en una de las dos iniciativas que lo originaron (de 3 y 10 de diciembre de 2009), acertadamente y en correspondencia con la naturaleza procesal de los juicios sumarios, expresamente se propuso que dicha vía contenciosa fuera optativa para el actor, aspecto que estuvo presente en todo momento, sin contradicción ni debate legislativo en contrario en ninguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, y si bien es cierto que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, se propuso a la Cámara de Senadores que se discutiera la posibilidad de considerar obligatoria a dicha vía sumaria, también lo es que en los debates ese punto no fue discutido, tanto así que al final del proceso de reformas no se promulgó ninguna regla expresa en ese sentido, cuando lógicamente ésta sería necesaria -lo que se destaca al margen de que, conforme al criterio contenido en las tesis P./J. 15/1992, 1a. LX/2011 y 2a. XXVII/2009, las exposiciones de motivos y etapas del proceso legislativo no forman parte de la ley una vez promulgada ni son obligatorias para las autoridades jurisdiccionales, pues de lo contrario se afectaría su autonomía e independencia judicial y se desconocerían los verdaderos alcances de la función jurisdiccional-. Debe considerase también, que al analizar las características del juicio sumario referido, resulta evidente que con él se buscó privilegiar el principio constitucional de justicia pronta, en detrimento de otros derechos humanos fundamentales que, en contexto, tienen mayor entidad, como son los del debido proceso, acceso a la justicia, seguridad jurídica, justicia completa, así como la naturaleza jurídico constitucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano equilibrante de controversias desiguales entre los administrados y la administración pública, previstos en los artículos 14, 16, 17 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aspecto de la reforma que sólo puede ser constitucionalmente válido si fuera el actor o demandante quien elija voluntariamente la vía sumaria, prefiriendo de este modo la expeditez y renunciando para ello a los otros derechos mencionados, lo que se vuelve notorio si se consideran las reducciones en los plazos, las restas de oportunidades procesales y el intercambio que importa admitir que el juicio se decida no mediante sentencia colegiada, sino a través de un fallo dictado de manera unitaria por el propio Magistrado instructor; la perspectiva de interpretar como optativa a la vía sumaria, se confirma con naturalidad con el contenido del artículo 13, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde se señala, en términos generales, que cuando el demandante no manifieste su opción al presentar la demanda se entenderá que eligió la vía ordinaria o tradicional, y si bien es verdad que esta disposición se ubica en la regulación del “juicio en línea” también lo es que la aplicación extensiva de este principio al juicio sumario, se ajusta perfectamente a la lógica del derecho procesal -conforme al cual, todo juicio o proceso sumario es optativo- al igual que se vuelve funcional toda la ley, mientras que, por el contrario, si se hace una interpretación restrictiva de dicha cláusula y adicionalmente se considera a la vía optativa como obligatoria (por cierto, sin fundamento expreso, el que es necesario, dada su repercusión en otros derechos diversos al de justicia pronta), el entendimiento de la ley se torna forzado y pierde no sólo naturalidad sino lógica desde las perspectivas procesal y constitucional. Otros argumentos en el discurso en favor del juicio contencioso sumario han sido las “reducciones de inventarios” o abatimiento de rezago, aspecto de hecho que no puede considerarse válido si con esa política se cometen violaciones constitucionales, como ocurre con la interpretación forzada de entender como obligatoria a dicha vía sumaria. En este orden, se concluye que, para no contravenir la naturaleza de los procesos sumarios ni afectar los derechos constitucionales del actor, el juicio sumario debe entenderse como una vía optativa, cuya tramitación necesariamente requiere de manifestación expresa del actor y, a falta de ésta, los Magistrados instructores deberán seguir el juicio por la vía tradicional.
Amparo directo 498/2012. Adrián Paredes Chávez. 19 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
Amparo directo 345/2012. Mano de Obra Intractiva, S.C. 19 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: Rodolfo Meza Esparza.
Amparo directo 496/2012. Diseños Tercer Milenio, S.A. de C.V. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretaria: Marlen Ramírez Marín.
Amparo directo 497/2012. José Rodrigo Guerrero Jasso. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Ángel Corona Ortiz.
Amparo directo 493/2012. Alimentos Balanceados El Gigante, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 15/1992 y aisladas 1a. LX/2011 y 2a. XXVII/2009 citadas, aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 52, abril de 1992, página 11, con el rubro: “LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN.”; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 308, con el rubro: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR: FUNCIONES QUE CUMPLEN EN EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS.”, y Tomo XXIX, marzo de 2009, página 470, con el rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA.”, respectivamente.
La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada por el propio tribunal en el amparo directo 25/2014, que fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 195/2014, resuelta por la Segunda Sala el 27 de agosto de 2014.
Registro: 2007065
Tesis: 2a./J. 87/2014 (10a.)
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto establece un procedimiento complejo para determinar la tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolina o diésel en territorio nacional, el cual se compone de la obtención de diversos valores económicos, como son el precio de referencia para cada uno de los distintos combustibles; el costo de manejo y el coste neto de transporte a la respectiva agencia de ventas de Petróleos Mexicanos, así como el margen comercial, entre otros conceptos. Ahora, el hecho de que la porción normativa faculte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir reglas de carácter general, mediante las cuales dé a conocer los elementos para determinar los valores indicados, no viola el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no dejarse en manos de dicha dependencia el cálculo de las tasas respectivas, ya que sólo se le vincula a pormenorizar los términos en los que habrán de obtenerse del mercado los diversos factores que participan en el coste de los combustibles, atendiendo a las operaciones realizadas por cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos, dado que el aludido artículo 2o.-A, fracción I, prevé las diversas operaciones aritméticas que la autoridad hacendaria debe realizar para obtener la tasa aplicable, por lo que no se le faculta a fijar ese elemento esencial de manera discrecional, sino que la propia norma habilitante señala las directrices que deben tomarse en consideración, atendiendo a la naturaleza del fenómeno a cuantificar; de ahí que es la realidad económica que se debe valorar, y no la voluntad de la dependencia, la que determina la trascendencia de esos valores económicos al porcentaje al que ascenderá la tasa respectiva.
Amparo en revisión 230/2014. Carolina Campos Hernández y otros. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.
Amparo en revisión 267/2014. Humberta Sánchez Montiel. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo en revisión 319/2014. Lizardo Carreón Bautista. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo en revisión 207/2014. Adolfo Martínez Flores y otros. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.
Amparo en revisión 269/2014. Fortunato Domínguez Vázquez. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.
Tesis de jurisprudencia 87/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de julio de dos mil catorce.
RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONTRA CRÉDITOS EMITIDOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES, HASTA EN TANTO NO HAYA INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. El artículo 117, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, señala: “Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.”. Por su parte, el artículo 41, fracción II, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento establece: “La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquel en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.”. De las transcripciones anteriores se advierte que, conforme al primer precepto, el recurso de revocación procede contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, mientras que el segundo indica que la determinación del crédito fiscal con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones, podrá hacerse efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución; que, en este caso, el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento y que en él podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal. Así las cosas, estimar que el recurso de revocación, tratándose de la omisión de presentación de declaraciones, sólo procede hasta que la autoridad inicie el procedimiento administrativo de ejecución, implicaría desconocer el contenido del diverso numeral 117, fracción II, inciso a) y limitaría el derecho al acceso a la justicia de los gobernados, en virtud de que el precepto 41, fracción II, cuarto párrafo, citado, no prevé la improcedencia del recurso aludido en esos casos, sino que únicamente establece una condicionante para el supuesto de que ya se hubiere iniciado el procedimiento de cobro coactivo. Esto es, en el primer supuesto, hasta en tanto no se haya iniciado el procedimiento indicado, el contribuyente podrá controvertir, mediante el recurso de revocación en términos del artículo inicialmente citado, la determinación del crédito fiscal por omisión en la presentación de su declaración para el pago de contribuciones y, en el caso de que dicho procedimiento ya hubiere iniciado, la impugnación deberá hacerla conforme al numeral 41, fracción II, cuarto párrafo, señalado, contra ese procedimiento, en el cual podrá hacer valer agravios contra el crédito fiscal.
Página: 1945
Amparo directo 319/2013. Constructora y Edificadora de la Costa, S.A. de C.V. 9 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.
Registro: 2007243
Tesis: 2a./J. 78/2014 (10a.)
REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULADO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 153 DE LA LEY ADUANERA. Acorde con el artículo 63, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la revisión fiscal procede contra sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios donde se demande la nulidad de resoluciones dictadas en el procedimiento regulado en los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera. Ahora, la diferencia sustancial entre el procedimiento contemplado en el artículo 152 y el previsto en los diversos 150 y 153 de esta última ley, radica en que en el primero no existe embargo de transporte y/o mercancías, mientras que en el segundo sí; no obstante, esta circunstancia no impide considerar que los dos últimos preceptos legales constituyen normas relativas a la materia de comercio exterior, pues en ese procedimiento también se determinan contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, así como las sanciones que procedan.
Contradicción de tesis 76/2014. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.
Tesis I.9o.A.2 A (10a.), de rubro: “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA RESOLUCIONES RELATIVAS A CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.”, aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4656, y
El sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal 73/2013.
Tesis de jurisprudencia 78/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de junio de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 09:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de agosto de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2007215
Tesis: II.3o.A.156 A (10a.)
REVOCACIÓN O RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN XXV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA QUE LA PREVÉ, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA Y DE RESERVA DE LEY. De los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 36, párrafos tercero y cuarto, 42, fracción IV y 52-A del Código Fiscal de la Federación, en relación con las jurisprudencias P./J. 30/2007, P./J. 79/2009, 2a./J. 84/98, 2a./J. 97/2004, 2a./J. 61/2006, 2a./J. 169/2006 y las tesis aisladas 1a. CCXVI/2005 y 2a. XXVI/2006, se advierte que la facultad revocatoria o reconsideración administrativa prevista en el artículo 17, fracción XXV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, guarda relación con la institución legal que le sirve de base, contenida en el artículo 36 citado, porque si bien no cabe la revocación oficiosa de resoluciones favorables a particulares, ello no aplica tratándose de actos administrativos que les resulten perjudiciales, hipótesis en la cual se encuentran los actos que contienen el ejercicio de facultades de comprobación, cuya revocación discrecional compete a los superiores jerárquicos de las autoridades que los emitan, lo que significa que dicha atribución corresponde a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, respecto de los actos de las administraciones locales que le están subordinadas, y no a éstas, razón por la cual, dicho apartado reglamentario no contraviene los principios de subordinación jerárquica y de reserva de ley.
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 30/2007, P./J. 79/2009, 2a./J. 84/98, 2a./J. 97/2004, 2a./J. 61/2006, 2a./J. 169/2006 y aisladas 1a. CCXVI/2005 y 2a. XXVI/2006 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1515, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1067, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 393, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 52, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 325, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 213, Tomo XXIII, enero de 2006, página 743 y Tomo XXIII, marzo de 2006, página 461, con los rubros: “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.”, “FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES.”, “FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.”, “RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. SU DESECHAMIENTO NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.”, “RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO EN CUANTO AL FONDO.”, “RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE UN RECURSO ADMINISTRATIVO NI UNA INSTANCIA JURISDICCIONAL, SINO UN MECANISMO EXCEPCIONAL DE AUTOCONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.”, “RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SU REVISIÓN POR LAS AUTORIDADES FISCALES EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” y “PETICIÓN. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO.”, respectivamente.
Registro: 2007216
Tesis: II.3o.A.157 A (10a.)
REVOCACIÓN O RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL CARECEN DE ATRIBUCIONES PARA REALIZARLA. De los artículos 36, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación y 17, fracción XXV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se advierte que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal carecen de atribuciones para dejar insubsistentes los oficios mediante los cuales ejercen sus facultades de comprobación en agravio de los contribuyentes, pues, en todo caso, corresponde hacerlo a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, como su superior jerárquico; por lo anterior, si la administración local mencionada emite un oficio para dejar insubsistente el ejercicio de facultades de comprobación, pero lo hace, no para beneficiar al contribuyente, sino para expedir otro con el objeto de mejorar o subsanar los vicios del anterior, la revocación debe nulificarse por el juzgador de amparo, por razones de incompetencia y, con fundamento en el principio non bis in idem contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicable extensivamente a la materia tributaria como se reconoce, entre otros casos, en la tesis 1a. XLVIII/2002- conceder la protección constitucional también contra las facultades ejercitadas en segundo lugar.
Nota: La tesis aislada 1a. XLVIII/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 56, con el rubro: “CONTRIBUCIONES OMITIDAS. EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, AL ESTABLECER QUE AQUÉLLAS SE PODRÁN VOLVER A DETERMINAR CUANDO SE COMPRUEBEN HECHOS DIFERENTES, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”
VII-J-SS-170
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO.- PERSONAS FÍSICAS QUE OBTIENEN INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN INTERMEDIO, Y AQUELLAS QUE OB TIENEN INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004 Y 2008).- De la interpretación a los artículos 133, fracción II, y 134, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con los diversos 28, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; 26, fracciones I y II, y 32 del Reglamento del Código en mención, se desprende que el legislador estableció a favor de los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales y profesionales, que: 1) únicamente hubieran prestado servicios profesionales; 2) hubieran realizado actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, o de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior por dichas actividades, no hubiesen excedido de $10’000,000.00; y, 3) exclusivamente hubieran realizado actividades empresariales, por las que en el ejercicio inmediato anterior, obtuvieron ingresos que no excedieron de $4’000,000, y que tributen en el régimen intermedio; el bene! cio de llevar un solo libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones, en lugar de llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. En consecuencia, por excepción expresa, contenida en la ley especial que rige el impuesto sobre la renta, los contribuyentes que se ubiquen en tales supuestos, no se encuentran obligados a llevar contabilidad, identificando cada operación, acto o actividad y sus características, así como las inversiones realizadas, tal y como lo exigen los artículos 26, fracciones I y II, y 32 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Contradicción de Sentencias Núm. 697/12-10-01-8/588/13-QSA-3/YOTRO/530/14-PL-01-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de junio de 2014, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Teresa Isabel Téllez Martínez.- Magistrado encargado del engrose: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretario encargado del engrose: Lic. Gerardo Elizondo Polanco.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/75/2014)
VII-J-SS-172
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA HETEROAPLICATIVA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Una norma es heteroaplicativa si las leyes o actos con fuerza de ley respectiva no causan ninguna afectación por su sola expedición, sino que resulta necesario que exista un acto de aplicación para que se concrete un perjuicio. Así, las normas heteroaplicativas son aquéllas que para que afecten la esfera jurídica de los gobernados, será necesario que se realice algún acto posterior a la entrada en vigor de las mismas, del propio gobernado, de un tercero o de alguna autoridad, es decir, que sus efectos están condicionados a ello y no afectan con su sola entrada en vigor.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/77/2014)
VII-J-1aS-113
LEY ADUANERA DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE.- EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY ADUANERA, TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS USADOS.- De lo establecido en los artículos 1°, 56 primer párrafo, fracción IV, inciso a), 60 párrafo primero, 64 párrafo primero y segundo; 78 último párrafo y 80, de la Ley Aduanera, se obtiene que si bien se señala que en el caso de que el valor de las mercancías importadas no pueda determinarse con arreglo a los métodos a que se re! eren los artículos 64 y 71 fracciones I, II, III y IV, de la Ley, dicho valor se determinará aplicando los métodos señalados en dichos artículos,
en orden sucesivo y por exclusión, con mayor ” exibilidad, o conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional o la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio extranjero. Sin embargo, como excepción a lo anterior, tratándose de vehículos usados, para los efectos de determinar la base gravable, se señala que ésta será la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehículo nuevo, de características equivalentes, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectúe la importación, una disminución del 30% por el primer año inmediato anterior, sumando una disminución del 10% por cada año subsecuente, sin que en ningún caso exceda del 80%.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-28/2014)
VII-J-2aS-52
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE DECRETARSE SI SE IMPUGNA UNA REGLA ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER GENERAL, SI EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN ES LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De lo dispuesto en el artículo 117, fracción I, de dicho ordenamiento legal, se desprende que el legislador no previó la procedencia del recurso de revocación en contra de las Reglas de Carácter General. De ahí que si el recurrente combate la resolución recaída al recurso de revocación en el juicio contencioso administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, haciendo valer agravios en contra de la legalidad de las Reglas de Carácter General como primer acto de aplicación, entonces, debe sobreseerse el juicio, no obstante que la resolución impugnada utilice como sustento las propias reglas, en virtud de que la demanda en contra de dicha disposición administrativa de carácter general, no fue presentada dentro del plazo de 45 días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación de la resolución definitiva recurrida en la instancia administrativa admitida, ya que esta constituyó su primer acto de aplicación y no el acto que resolvió el recurso administrativo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/6/2014)
VII-P-2aS-550
SUSPENSIÓN DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA PRESENTACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE VISITA ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Conforme al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deben concluir la visita domiciliaria así como las revisiones de escritorio o gabinete dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Por otra parte, en el penúltimo párrafo del propio precepto se establece que, si durante el plazo para concluir las facultades de comprobación los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, el mismo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. Por tanto, si la determinación del legislador fue en el sentido de que, la interposición de cualquier medio de defensa, en el país o en el extranjero, contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación, sin distinguir entre medios de defensa ordinarios o extraordinarios, el juicio de amparo promovido en contra de la orden de visita actualiza plenamente el supuesto de suspensión de las facultades de comprobación, en virtud de haberse impugnado el acto que da sustento constitucional y legal al ingreso de los órganos del Estado al domicilio de los particulares, así como el examen de sus papeles.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4383/10-06-01-1/1514/12-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de marzo de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
VII-P-2aS-564
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE ESTE CONCEPTO PUEDE ACUDIRSE AL CONTENIDO DE LOS COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL MODELO DE CONVENIO FISCAL SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, ELABORADO PARA LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE).- Dada su complejidad, para la correcta concepción de la citada noción debe atenderse a las particularidades del caso concreto, de ahí que resulte imposible desarrollar una definición única. No obstante lo anterior, con motivo de la complejidad de las relaciones de negocios en el ámbito internacional, y que tienen repercusiones en dos o más jurisdicciones fiscales, el concepto de establecimiento permanente ha sido materia de estudio por diversas organizaciones internacionales, de las cuales nuestro país es miembro, como lo son la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Al respecto, la segunda de las citadas organizaciones, a través de su Comité de Asuntos Fiscales, ha desarrollado un Modelo de Convenio sobre la Renta y el Patrimonio, con la finalidad de que los países miembros de la organización contaran con un instrumento que les resultase de utilidad en la negociación de los tratados internacionales en materia de doble tributación y, en su artículo 5° específicamente se re! ere a la noción de establecimiento permanente. Asimismo, y dada la complejidad del concepto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha estimado oportuno expresar diferentes argumentos, por medio de los cuales explica los debidos alcances de los términos utilizados en su modelo de convenio, los cuales son conocidos como “los comentarios al modelo de convenio”. Ahora bien, en tanto nuestro país es miembro de la citada organización, es también signante de los referidos comentarios, con las salvedades que expresamente están contenidos en los mismos comentarios. En tal sentido, y habida cuenta de que el contenido del artículo 2° de la Ley del Impuesto sobre la Renta sustancialmente recoge al del correlativo artículo 5° del Modelo de Convenio sobre la Renta y el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los citados comentarios resultan un elemento válido para la interpretación del dispositivo legal, con la salvedad de aquellos en los que expresamente nuestro país haya mostrado su disenso.
VI-P-2aS-747
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12427/06-17-07- 5/1144/10-S2-08-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de marzo de 2011, por unanimidad
de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de marzo de 2011)
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7186/12-11-02-9/448/14-S2-07-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de mayo de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de mayo de 2014)
VII-CASR-1NE-2
VISITA DOMICILIARIA. EFECTOS DE LA REPOSICIÓN DEL ACTA PARCIAL DE INICIO.- De conformidad con los artículos 42, 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación, la visita domiciliaria practicada para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente inicia con la notificación de la orden de visita al destinatario de dicho acto administrativo, misma actuación que en términos de las referidas disposiciones, debe hacerse constar en el acta parcial correspondiente. Por ello, si la Administración Local de Auditoría Fiscal emisora de la orden de visita domiciliaria, al advertir que en el texto del acta parcial de inicio de visita los visitadores fueron omisos en circunstanciar que se encontraban legalmente autorizados para practicar visitas domiciliarias, y en consecuencia, ordena la reposición del procedimiento de la visita domiciliaria a partir de la violación formal señalada, en debido acatamiento a las formalidades previstas para la práctica de tal procedimiento fiscalizador, al levantar la autoridad una nueva acta parcial de inicio de visita, es menester que se circunstancié nuevamente la notificación de la orden de visita correspondiente, misma actuación que debe ser contemporánea al levantamiento de tal acta parcial, sin que sea suficiente para tener por legalmente notificada la orden de mérito, la remisión que se haga a la notificación practicada a través del acta primeramente levantada, ya que tal actuación resultó inválida y ningún efecto legal puede producir, pues como quedó anotado, la notificación de una orden de visita domiciliaria debe constar en acta parcial de visita debidamente circunstanciada, y si esta resultó ilegal, la consecuencia natural es que la notificación de mérito sufra igual destino.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 710/14-06-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de junio de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ernesto Manuel del Bosque Berlanga.- Secretario: Lic. Juan Carlos Muñoz García.
VII-CASR-2NE-13
CONTRATOS PRIVADOS. NO ES NECESARIO EL REGISTRO DE LOS MISMOS PARA DARLES VALOR PROBATORIO, SI LA ACTORA APORTA DIVERSOS MEDIOS PARA ADMINICULAR LA PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA.- Si bien es cierto que por criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha exigido que una documental privada deba tener la calidad de “fecha cierta”, lo cierto es que ello no implica que por el hecho de no haberse registrado no pueda dársele valor probatorio a los documentos privados, pues incluso si un documento es pasado ante la fe pública de fedatario público, con ello se adquiere fecha cierta y existencia del mismo; pues con ello se tiene acreditada la existencia del acuerdo de voluntades; en el mismo sentido, de conformidad con la legislación correspondiente, no existe ninguna disposición con la cual se obligue a las partes para registrar todos y cada uno de los contratos suscritos, pues ello únicamente se realiza si las partes quieren que sus efectos surtan frente a terceros y en relación a los bienes sobre los cuales se haya contratado. Asimismo, debe destacarse el principio de libertad contractual entre las partes que intervienen, pues si bien el contrato por sí mismo, únicamente refleja la existencia de un acuerdo de voluntades, se trata de una prueba aislada que debe adminicularse con otras, a fin de dar certeza de que sí se realizaron las obligaciones pactadas, documentales que podrán vincularse como los estados de cuenta bancarios, la propia contabilidad del contribuyente revisado, e incluso una prueba pericial contable, a efecto de establecer cómo fue que se realizaron las operaciones; pruebas suficientes con las cuales se acreditará la certeza de haberse realizado las actividades pactadas y que estas tengan efectos de desvirtuar la legalidad de las supuestas omisiones detectadas por la autoridad fiscalizadora.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8415/11-06-02-9,3435/12-06-01-3 y 723/13-06-03-5 Acumulados.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de octubre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Alejandra Rosas Ramírez.- Secretario: Lic. Hugo Armando Tenorio Hinojosa.
VII-CASR-2NE-15
VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS POR AUTORIDADES FISCALES. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA EN LOS ARGUMENTOS AL MOMENTO DE VALORARLOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN, COMO EN SEDE ADMINISTRATIVA.- La autoridad fiscalizadora al hacer uso de sus facultades de comprobación, implica el inicio de un procedimiento, bien a través de una visita domiciliaria o una de las denominadas revisiones de gabinete o de escritorio, que en cualquiera que sea el caso, el contribuyente tendrá derecho a realizar las manifestaciones que considere, así como el exhibir las pruebas que considere necesarias a fin de desvirtuar lo concluido por la autoridad. En este orden de ideas, si de la resolución determinante, que puso fin al procedimiento de fiscalización, al momento en que se realice la valoración de las pruebas, la autoridad encuentra que el contribuyente logra desvirtuar parcialmente las irregularidades detectadas, en razón de que se valoraron documentos privados debidamente adminiculados entre ellos mismos, tales como contratos privados, estados de cuentas bancarias, como de la propia contabilidad llevada, el mismo sentido debe recaer al momento de la valoración en sede administrativa, es decir, si la actora acude ante la autoridad en recurso de revocación, aportando diversas pruebas privadas debidamente adminiculadas, ello no es impedimento para que la autoridad concluya que existen diversas irregularidades que fueron subsanadas. Incluso no debe perderse de vista que ante las circunstancias asentadas por la autoridad durante el procedimiento de fiscalización, se llega a demostrar que la autoridad tuvo a la vista los documentos originales, ello debe concluir que las operaciones que supuestamente no fueron realizadas, sí se encuentran amparadas con documentos privados, pues todo lleva a concluir que se trata de pruebas suficientes que desvirtúan la presunción de legalidad de las resoluciones, ello de la interpretación realizada a los artículos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, preceptos de los cuales se podrá concluir incluso que tanto documentos privados como públicos gozan de las mismas presunciones, en el sentido que se tiene certeza que se realizaron las manifestaciones en los mismos, más no la veracidad de ellos, pues incluso una resolución administrativa, como documental pública, puede ser desvirtuada por meras manifestaciones de las partes, como la vinculación de otros medios probatorios.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8415/11-06-02-9, 3435/12-06-01-3 y 723/13-06-03-5 Acumulados.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de octubre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Alejandra Rosas Ramírez.- Secretario: Lic. Hugo Armando Tenorio Hinojosa.
VII-CASR-2HM-16
CAMBIO DE RÉGIMEN FISCAL DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES AL DE PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. LA FECHA EN QUE SE REALIZA ESTE, ES LA QUE INICIA EL EJERCICIO FISCAL PARA EFECTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, POR LO QUE ES LEGAL EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA, POR UN PERIODO MENOR A UN AÑO CALENDARIO.- Del artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el 2008, se advierte, entre otras cuestiones, que los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de la Sección III, del régimen de pequeños contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta u opten por hacerlo en los términos de otra, pagarán el impuesto conforme a las Secciones I o II, del Título IV de las Personas Físicas, y considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dichas secciones, aquella en que se dé dicho supuesto.
Luego, si la parte actora presentó aviso de actualización o modificación de situación fiscal, donde realizó el cambio de régimen fiscal de pequeño contribuyente al de persona física con actividades empresariales y profesionales, se entiende que en esa fecha inicia el ejercicio fiscal para efectos del pago tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto empresarial a tasa única, este último conforme a lo señalado en el antepenúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el dos mil ocho, por lo que la emisión del oficio donde se comunica el ejercicio de las facultades de comprobación, por un periodo menor a un año calendario, no se encuentra apartada a derecho, ya que el ejercicio fiscal en el que el contribuyente inició sus actividad bajo el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales fue a partir de la fecha en que optó por tributar bajo dicho régimen, por lo que no se puede concebir que la autoridad fiscal desplegó el ejercicio de sus facultades de comprobación por un periodo menor al ejercicio fiscal, puesto que al llevarse a cabo el cambio de régimen fiscal del contribuyente, se está ante el inicio de un ejercicio fiscal irregular, según lo previsto en el artículo 11, ad initio, del Código Fiscal de la Federación, de ahí que la revisión ordenada no se llevó a cabo por un periodo menor a un año, sino por un ejercicio fiscal irregular completo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28/14-11-02-8-OT.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de mayo de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- Secretario: Lic. José Enrique Gómez Villalva.
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE SEPTIEMBRE 2014

References: resolución 
 artículo 31
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 artículo 42
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 artículo 81
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 ARTÍCULO 299
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 artículo 31
 artículo 22
 artículo 100
 ARTÍCULO 23
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 ARTÍCULO 22
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 ARTÍCULO 16
 artículo 2
 artículo 31
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 ARTÍCULO 28
 ARTÍCULO 28
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 ARTÍCULO 13
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 ARTÍCULO 117
 artículo 117
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 artículo 152
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 ARTÍCULO 89
 ARTÍCULO 36
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 ARTÍCULO 64
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 ARTÍCULO 46
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