Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831039.html
Timestamp: 2019-11-22 05:41:16+00:00

Document:
as201831039
Auto Supremo Nº 39
Expediente : 145/2017
Demandante : Filiberto Vargas Arze
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 311 a 313, interpuesto por Claudia Maldonado Encinas, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 217/2016 de 7 de septiembre de 2016, cursante de fs. 306 a 309, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del recurso de reclamación seguido por Wilma Victoria Castellón Jiménez contra el SENASIR, el Auto de fs. 318 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 145/2017-A de fs. 327, que admitió la casación, los antecedentes del proceso, y,
Mediante Resolución Nº 357 de 23 de enero de 2015 de fs. 107 de obrados, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, resolvió desestimar la renta de viudedad solicitada por Wilma Victoria Castellón Jiménez de su causante Filiberto Vargas Arze.
La solicitante interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 142 a 143 de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 222/15 de 30 de marzo de 2015, cursante de fs. 277 a 282, que confirmó la Resolución Nº 357 de 23 de enero de 2015, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa vigente.
En grado de apelación interpuesta por Wilma Victoria Castellón Jiménez, por Auto de Vista Nº 217/2016 de 7 de septiembre, cursante de fs. 306 a 309, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se revocó la Resolución Nº 222/15 de 30 de marzo, ordenando que el SENASIR, proceda al cálculo y pago de la renta única de viudedad a favor de Wilma Victoria Castellón Vda. de Vargas, como cónyuge supértite al fallecimiento del asegurado Filiberto Vargas Arce.
Contra el auto de vista el SENASIR formuló recurso de casación, en el que acusó:
1.- Errónea interpretación del art. 34 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, al reconocer a la solicitante Wilma Victoria Castellón Jiménez, la renta de viudedad cuando no se cumplió con el precepto legal de convivencia de más de 2 años, demostrados en el proceso mediante declaraciones, certificaciones y documentación que acreditan la acción de separación simple entre Wilma Victoria Castellón Jiménez y Filiberto Vargas Arce; asimismo, que no se consideró la ausencia de los deberes asistenciales o de auxilio y vida conyugal.
2.- Errónea aplicación de la Ley, al fundamentar el tribunal ad quem su resolución en el art. 156 del Código de Familia que no esta en vigencia, violando el debido proceso y otorgar una renta que no corresponde al haber demostrado la separación de más de 2 años con las atestaciones de fs. 133 a 142 y que la actora tenía domicilio diferente, información pormenorizada fruto de la investigación social realizada por el SENASIR, por lo que el tribunal de segunda instancia vulneró y quebrantó los arts. 52 del Código de Seguridad Social y el art. 34 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, ocasionando un daño económico al Estado.
Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y se confirme la Resolución Nº 222/15 de 30 de marzo.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES
En consideración de los argumentos expuestos por la entidad recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:
La Constitución Política del Estado (CPE), en su art. 45 establece “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”. El art. 13.I de la CPE, establece que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la supra norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".
Como un derecho a la seguridad social se encuentra la renta de viudez inserta en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .
De lo citado precedentemente se debe advertir que el derecho a la renta de viudez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano, quien también regula este derecho en su normativa interna, en el art. 51.a) del CSS que establece, entre otras, algunas condiciones respecto al pago con carácter vitalicio de la Renta de Viudedad; señalando luego el art. 52 del mismo Código, las posibles beneficiarias de tal derecho, instituyendo en primer orden, “a la esposa”, y en segundo “a la conviviente”, y que no tendrán derecho a renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante, y la esposa que hubiere estado separada dos o más años por su culpa, en ese sentido, también se tiene dispuesto los requisitos para su pago en el art. 32 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) que señala: “Se concederá renta de viudedad a la esposa sobreviviente, o a falta de está, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja de Salud a la que pertenecía el asegurado, …”, asimismo, el art. 34 del mismo manual indica: “No tendrán derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante, la esposa que hubiese estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años, conforme dispone el Código de Familia, la conviviente, si el “de –cujus” estuvo casada y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada y cuando hubiera quedado dos o mas concubinas, situación que será comprobado mediante procedimiento especial.”
Respecto a la suspensión definitiva de la renta de viudedad, este Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia mediante el Auto Supremo Nº 187/2015 de 1 de julio, emitido por la a Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda que: “… en aplicación del art. 34 del MPRCPA, tal decisión deberá estar basada en prueba plena e indubitable que forme en la autoridad administrativa o jurisdiccional la íntima convicción para fallar en determinado sentido, en cuya decisión además debe tomarse en cuenta los principios de la razón, conforme lo dispuesto en el art. 1286 del Código Civil (CC) y arts. 397 y 376 del Código de Procedimiento Civil (CPC), de modo que se tenga certeza absoluta de los hechos para demostrar la causal que se invoca a efectos de la suspensión de la renta, caso contrario, la decisión que esté basada sólo en indicios o informes sin el mayor respaldo legal, puede generar una afectación directa de los derechos fundamentales de los rentistas o derechohabientes que se encuentran percibiendo rentas, como es el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la renta, y el derecho a la dignidad, consagrados en los arts. 15.I, 18.I, 45.I y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE), más aún si a ello se agrega, el hecho de que se tratan de personas de la tercera edad que dependen, en su mayoría, de la renta como único recurso que perciben durante sus últimos años de vida, cuya protección debe ser prioritaria por tratarse de un grupo vulnerable”.
Análisis al caso en concreto
En el caso que se analiza, respecto a la errónea interpretación del art. 34 del MPRCPA, se advierte que la solicitante de la Renta de Viudedad es “la esposa” del titular de la renta Filiberto Vargas Arce (causante), y si bien la entidad recurrente realizó una investigación social, por la que determinó rechazar la solicitud de renta de viudedad, bajo el argumento que Willma Victoria Castellón de Vargas tendría una demanda de separación simple de fecha el 1 de abril de 2013 y que no tendría el mismo domicilio conyugal que el causante; sin embargo, la separación no sobrepaso los dos años establecidos en el art. 34 del MPRCPA toda vez que el causante Filiberto Vargas Arce falleció el 3 de diciembre de 2013 conforme el certificado de defunción de fs. 220, asimismo la demanda de separación hace alusión a que la solicitante deja su hogar conyugal debido a que se encontraba desautorizada para realizar actividades dentro del mismo, así como acompañar a su esposo a su consulta médica por la grave enfermedad que sufría y de cumplir con otros deberes de esposa. También se evidencia que la demanda de separación no cuenta con sentencia ejecutoriada, mas al contrario por el fallecimiento del causante se declara la extinción de la acción; en consecuencia, al invocar la entidad recurrente como fundamento legal para la negativa de la renta de viudedad los Arts. 52 del Código de Seguridad Social y 34 del Manual de Prestaciones, ha obrado con carencia de ética con relación a la primera norma, ya que la misma en su último párrafo, señala clara y puntualmente que no tendrá derecho a renta de viudedad la esposa que hubiese estado separada como mínimo dos o más años, "por su culpa", situación, que no fue probada y demostrada por el SENASIR.
Por otra parte, la solicitante cumplió con los requisitos establecidos para la otorgación de la renta, al comprobar la existencia del matrimonio, extremo corroborado mediante certificado de matrimonio que permaneció subsistente hasta el día del fallecimiento del causahabiente el día 3 de diciembre de 2013, pues no existe sentencia ejecutoriada de separación o divorcio que pruebe lo contrario, tal como señala el art. 73 del Código de Familia, siendo este el que surte todos los efectos legales, no pudiendo el SENASIR, de manera arbitraria, denegar la otorgación de la renta de viudedad en favor de la causahabiente, basada en declaraciones testificales contradictorias; de ahí que el SENASIR como institución demandada que protege los intereses del Estado, tenía la obligación de acreditar de manera contundente, la no correspondencia de pago de renta de viudedad en favor de la solicitante, sin embargo solo se limitó a señalar que la demandante no convivió con el de cujus los dos años últimos anteriores a su fallecimiento cuando en los hechos esto no es evidente, tampoco efectúa una conveniente valoración de la documentación que prueba la convivencia marital de mas de 20 años, vulnerando el mandato de los arts. 45 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), normativa conforme a cual, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables.
Por todo lo expuesto, corresponde resolver conforme prescribe el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), y los arts. 271. 1) y 273 del CPC-1975, aplicables por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad que le confieren los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 311 a 313, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto.
Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo 23215 de 22 de julio de 1992.

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