Source: https://fr.scribd.com/document/266300044/TSJ-SC-Nulidad-Ley-Jubilaciones-y-Pensiones-del-Estado-Miranda-pdf
Timestamp: 2019-04-22 04:19:26+00:00

Document:
Transféré par José Luis Urbaneja Orlando
DerecJud
d7f3fdca1e0731ca8c944dd39a6da5f0
Expediente 11-1089
El 26 de julio de 2011, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia de
conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y ordenó de
oficio la apertura del procedimiento de nulidad en torno a la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda, publicada en la Gaceta
Oficial del Estado Miranda Extraordinaria del 15 de febrero de 1995.
El 1 de septiembre de 2011, se dio cuenta en esta Sala Constitucional de la presente causa y se
designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón.
El 20 de marzo de 2012, esta Sala Constitucional dictó sentencia mediante la cual declaró lo
siguiente: (i) la admisión el recurso de nulidad; (ii) citar al Presidente del Consejo Legislativo del
Estado Bolivariano de Miranda, a la Fiscal General de la República y a la Defensora del Pueblo; (iii)
emplazar a los interesados mediante Cartel y; (iv) remitir el expediente al Juzgado de
Sustanciación a fin de seguir con el procedimiento de ley.
El 22 de mayo de 2012, el Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual acordó librar las
citaciones y notificaciones correspondiente así como el cartel de emplazamiento. En esta misma
oportunidad, ordenó seguir el procedimiento de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia e indicó que “En el caso de que no se promuevan pruebas, salvo las
documentales, la causa entrará en estado de sentencia y se remitirá el expediente a la Sala
Constitucional para que ésta decida en un plazo de veinte (20) días de despacho, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 139 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal
El 22 de mayo de 2012 se libró el cartel de emplazamiento, el cual fue consignado en autos
aun de oficio. conlleva una mayor protección de la Constitución e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales. Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales. siempre dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en el mismo. las últimas. del Procurador del Estado Miranda y de la Defensora del Pueblo. I DE LA SENTENCIA DE ESTA SALA MEDIANTE LA CUAL SE ACORDÓ DE OFICIO LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD La sentencia del 26 de julio de 2011. publicada en la Gaceta Oficial del Estado Miranda Extraordinaria del 15 de febrero de 1995. debiéndose aplicar preferentemente. la revisión de las sentencias definitivamente firmes en las cuales se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad. Presidenta. el artículo 334 de la Constitución atribuye a todos los jueces de la República la obligación de asegurar la integridad del Texto Fundamental. luego de la designación que hiciere la Sala Plena de las nuevas autoridades el 11 de febrero del mismo año. las disconformidades que puedan generarse en cualquier proceso. Vicepresidente. ante tal supuesto. Dicho mandato se traduce en el deber de ejercer. El 9 de octubre de 2012. y los Magistrados y Magistradas Francisco Antonio Carrasquero López. tal como estableció esta Sala en sentencia Nº 3. Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover. mediante la cual esta Sala ordenó de oficio la apertura del procedimiento de nulidad en torno a la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. estableció lo siguiente: “En primer lugar.El 1 de junio de 2012. quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. compareció la representación de la Defensoría del Pueblo y consignó escrito en el cual solicitó que el recurso de nulidad fuese declarado con lugar. en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional. El 12 de febrero de 2015. Luisa Estella Morales Lamuño.067 del 14 de octubre 2005 (caso: Ernesto Coromoto Altahoma). del Presidente del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Marcos Tulio Dugarte Padrón. el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas. o bien. a fin de garantizar la supremacía constitucional y resolver. por esta vía. la Sala advierte que la desaplicación de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. se instaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido. se practicó la notificación del Fiscal General de la República. entre normas legales o sublegales y una o varias disposiciones del Texto Constitucional. En el contexto expuesto. tuvo lugar a . se debe reiterar que. la desaplicación de normas ajustadas al Texto Fundamental.
6. recaudación. se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. su autonomía normativa. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 7. 3. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo”. resulta necesario analizar el ámbito competencial de los Estados y. en cuanto les sean aplicables. 4. subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional. organización. de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución. La creación. La organización. para determinar si efectivamente se verifica la contraversión observada por el ad quem funcionarial y.consecuencia de su supuesta violación del principio de reserva legal. Es de la competencia exclusiva de los Estados: 1. La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos. así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales. de conformidad con la ley. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos. control y administración de los ramos de papel sellado. Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo. las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción. concretamente. quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios. la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial. recaudación. incluso de los provenientes de transferencias. según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales. 2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división politicoterritorial. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en los artículos 162 y 164 lo siguiente: “Artículo 162. por cuanto esta materia sólo puede ser regulada por el legislador nacional. 3. a tal efecto. pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos períodos consecutivos como máximo. Ello así. conforme a esta Constitución y a la ley. 5. Legislar sobre las materias de la competencia estadal. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes: 1. no reservados al Poder Nacional. timbres y estampillas. . Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años. conforme a la legislación nacional aplicable. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal. 2. “Artículo 164. control y administración de los ramos tributarios propios.
así como de puertos y aeropuertos de uso comercial. la de crédito público. la agraria. transcrito supra. Todo lo que no corresponda. de conformidad con esta Constitución. tal como se desprende de los artículos 147 y 156 de la Carta Magna que son del siguiente tenor: “Artículo 147. La ejecución. 10. la del patrimonio cultural y arqueológico. la civil. deberes y garantías constitucionales. la de notarías y registro público. penal. la de inmigración y poblamiento. la de bancos y la de seguros. la de sanidad animal y vegetal. la de elecciones. administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales. las cuales. 11. la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado. La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales. la de expropiación por causa de utilidad pública o social. La legislación en materia de derechos. 9. conservación." (Subrayado de esta Sala) . a la competencia nacional o municipal". administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales. no está incluida la materia relativa a las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos pertenecientes a los Estados. y la relativa a todas las materias de la competencia nacional. La conservación. en coordinación con el Ejecutivo Nacional. cardinal 1. La creación. régimen y organización de los servicios públicos estadales.8. Ahora bien. se encuentran expresamente establecidas en el citado artículo 164. estadales y nacionales. Las escalas de salarios en la Administración Pública se establecerán reglamentariamente conforme a la ley. por cuanto la misma ha sido atribuida expresamente al Poder Nacional. penitenciaria. La ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los funcionarios públicos y funcionarias públicas municipales. Es de la competencia del Poder Público Nacional: (omissis) 22. artística e industrial. previsión y seguridad sociales. la de loterías. Tal como lo dispone el artículo 162. (omissis) 32. mercantil. estadales y municipales. en la enumeración que contiene el referido artículo (igual que ocurría con la derogada Constitución de 1961). ni tampoco puede entenderse que ella forma parte de la competencia residual. la de propiedad intelectual. la del trabajo. dentro de las atribuciones que posee el Consejo Legislativo está la de legislar sobre las materias de la competencia estadal. la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos. El régimen y organización del sistema de seguridad social. Para la ocupación de cargos públicos de carácter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente. de procedimientos y de derecho internacional privado. a su vez.” Artículo 156. hipódromos y apuestas en general.
Vid. forman parte de los sistemas de previsión y seguridad social. materia esta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene potestad exclusiva de legislar por disposición expresa de las normas constitucionales señaladas. cardinal 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 156 cardinales 22 y 32. de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. al Procurador General del Estado Bolivariano de Miranda y a la Defensora del Pueblo. publicada en la Gaceta Oficial del Estado Miranda Extraordinaria del 15 de febrero de 1995.. dieron lugar a que esta Sala en sentencia N° 359 del 11 de mayo de 2000 (caso: Jesús María Cordero Giust). esta Sala. para que concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su . Ciudadano o Electoral. en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 336. indicara que: “(…) a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional. se ordena a la Secretaría de esta Sala que le dé trámite al referido procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 135 y siguientes eiusdem. sean estos funcionarios de carrera o de elección. Sentencia N° 433 del 25 de marzo de 2008. no sólo de funcionarios y empleados de la Administración Nacional. y así se decide. el cual será publicado por esta Sala Constitucional en uno de los diarios de circulación regional. el Constituyente reafirmó “(…) su intención de unificar el régimen de jubilaciones y pensiones. declara conforme a derecho la desaplicación por control difuso de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda.415. sino de las demás personas públicas territoriales. y 187 de la Carta Magna. Siendo entonces incuestionable que la intención del Constituyente fue la de excluir de la autonomía de los entes descentralizados político territorialmente. A tal efecto. cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. este órgano jurisdiccional en sentencia N° 1. En consecuencia. 147. caso: Bernardo Domingo Huisse Blanco). encabezando las actuaciones con la copia certificada del presente fallo. contra la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. Ahora bien. como los Estados y los Municipios”. Y sobre esta base. le corresponde la potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social. uno de cuyos aspectos es la jubilación del funcionario público. Judicial. del 10 de julio de 2007 (caso: Luis Beltrán Aguilera). En este orden de ideas.. por ello.de conformidad con el artículo 336. en atención al contenido de la presente decisión esta Sala. pertenecientes bien al Poder Ejecutivo. precisó que en las normas constitucionales recogidas en los artículos 86. correspondiéndole a la Asamblea Nacional (artículo 187) normar dicha materia. se ordena el emplazamiento de los interesados mediante cartel. jubilaciones y pensiones de los empleados públicos (sin menoscabo del principio de colaboración reglamentaria. realizada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. reservó al Poder Público Nacional la regulación del régimen y organización del sistema de seguridad social (artículo 156 cardinales 22 y 32). Legislativo. ordena la apertura del procedimiento de nulidad previsto en la Ley in commento. De igual manera. cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25. el régimen de seguridad social. se acuerda citar mediante oficio al ciudadano Presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda y notificar al Fiscal General de la República.”. las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos.Las citadas disposiciones.
al respecto argumenta lo siguiente: En primer término. 187. cobra una especial relevancia el principio de reserva legal. si revisamos las competencias del Poder Público Estadal consagradas en la Constitución puede concluirse fácilmente que la potestad normativa en materia de jubilaciones de los empleados públicos estadales no pertenece a las atribuciones de los Consejos Legislativos ni a los órganos que detentan el Poder Ejecutivo de los Estados”. siendo el Poder Legislativo Nacional es el único órgano legitimado para regularla. a través de las leyes nacionales. específicamente al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda regular la materia de jubilaciones y pensiones. por lo que no les está permitido a los Consejos Legislativos ni a las Gobernaciones legislar sobre tal materia. hace referencia a los artículos 156. indica que. la cual ha sido previamente regulada por la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional. tomando en consideración las referidas disposiciones constitucionales “el órgano que tiene atribuida la potestad de legislar sobre la previsión y la seguridad social es el Poder Legislativo Nacional. publicada en la Gaceta Oficial N° 5. En este orden de ideas. Así. III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Tomando en consideración el iter procesal aplicable a los recursos de nulidad contra actos de rango legal. 162 y 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. y a los conceptos de competencia y de reserva legal. sólo la Asamblea Nacional tiene la competencia para crear a través una ley formal los fundamentos y requisitos de estos derechos de gran importancia para los trabajadores del sector público estándole vedado al legislador de los Consejos Legislativos de los Estados. le corresponde a esta Sala emitir sentencia en torno al fondo de la nulidad de la Ley de .publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”. II DE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Estima la representación de la Defensoría del Pueblo que en el presente caso debe declararse la nulidad de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. Asimismo. es decir.976 Extraordinaria” Así solicita que se suspenda provisionalmente la aplicación de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda y que se declare su nulidad al momento de emitir pronunciamiento sobre el fondo. de los Estados y de los Municipios. concluye y señala que “en el tema de jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públicas de todos los Poderes Públicos.
la competencia para legislar sobre la materia de seguridad social. “De la Pensión de Invalidez”. estableciendo de reserva legal toda regulación sobre dicha materia. las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos.pueden regular la materia de las jubilaciones de sus funcionarios. uno de cuyos aspectos es la jubilación del funcionario público. forman parte de los sistemas de previsión y seguridad social. Y sobre esta base. tal y como se evidencia de la sentencia que dictara esta Sala el 26 de julio de 2011 en la cual ordenó la apertura de oficio del procedimiento de nulidad en torno a la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. esta Sala ha reiterado en numerosos fallos que es competencia exclusiva del Poder Nacional legislar sobre el sistema de seguridad social. que el Texto Fundamental reservó expresamente a la Asamblea Nacional . Ahora bien. Sección II “De los Recursos”. el objeto a discutir se centra en determinar si los entes descentralizados territorialmente -en el caso de autos los estados. esta Sala en sentencia Nº 432 del 18 de mayo de 2010. Título V “De la Antigüedad”. materia ésta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene potestad genérica de legislar por disposición expresa de las normas señaladas’. le corresponde la potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social. Así las cosas. y al respecto observa lo siguiente: La ley objeto de nulidad indica en su artículo 1° que la misma “regula el derecho a la jubilación y pensión de los funcionarios y empleados al servicio del Poder Público Estatal”. haciendo el cuestionamiento al presente caso. Título X “De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa y de los Recursos”. Título IX “Del Fondo Especial de Jubilaciones”. en sentencia Nº 359 del 11 de mayo de 2000 (caso: Procurador del Estado Lara).artículo 156 numerales 22 y 32 -. Título III “De la Jubilación”. Título II “Del Derecho a la Jubilación y Requisitos”. Título XI “Disposiciones Finales”. De manera. Sección I “De la Revisión de los Actos”. Tramitación y Control de las Jubilaciones y Pensiones”. no se encuentra la de legislar sobre el régimen y organización del sistema de seguridad social. incluyendo el régimen de jubilaciones y pensiones. es oportuno señalar que dentro de las competencias atribuidas al los Municipios. . Título IV “Del Cálculo de las Jubilaciones”. (ratificada su decisión 183/11) estableció en un caso similar lo siguiente: “En este sentido. Título VI “De las Cotizaciones y Aportes”. lo cual se denota de la lectura de las competencias establecidas en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Capítulo I. la referida ley se encuentra dividida de la siguiente forma: Título I “Disposiciones Generales”. Sección I. En este sentido. Sección II “De la Pensión de Sobreviviente”. sean estos funcionarios de carrera o de elección (…). ¿podría el Consejo Legislativo del Estado Miranda dictar la ley objeto de nulidad en la cual reguló el derecho a la jubilación de los funcionarios que trabajan para ese estado? En torno a este punto. Título VII “De las Pensiones de Invalidez y de Sobreviviente”. Título VIII “De la Programación.Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. En efecto. publicada en la Gaceta Oficial del Estado Miranda Extraordinaria del 15 de febrero de 1995. Es decir. Capítulo I. sostuvo que ‘(…) a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional.
no tienen trascendencia nacional.537/2009). que cualquier regulación efectuada por los entes descentralizados territorialmente -Estados o Municipios. Y. Es de la competencia exclusiva de los Estados: 1.sobre el régimen de pensiones y jubilaciones. según aclara la propia norma constitucional. la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial. pues se reitera que la intención del Constituyente fue la de ‘unificar el régimen de jubilaciones y pensiones. esta Sala en sentencia Nº 2641 del 1 de octubre de 2003 (caso: Inversiones Parkimundo. jubilaciones y pensiones de los empleados públicos (Vid. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 2. sino a las demás personas públicas territoriales. en todo caso. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes. S. sobre la base del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito. Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo. por tanto. Legislar sobre las materias de la competencia estadal. de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución. las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su competencia no menoscabarán las competencias nacionales o estadales definidas en la Constitución y la Ley’. dentro del ámbito municipal todas aquellas materias que conciernen a la vida local y que.). . sostuvo que ‘el artículo 178 de la Constitución establece una enumeración no taxativa de las competencias municipales. Así. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado. se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. (Vid.C 1419/2009). las cuales se fundamentan en el concepto de ‘vida local’. invade la esfera de competencia atribuida exclusivamente al Poder Público Nacional (Asamblea Nacional). estas disposiciones rezan: “Artículo 162. Sentencia de esta Sala Nº 1. s. en cuanto les sean aplicables. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos. Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años. 3. no sólo de funcionarios y empleados de la Administración Nacional. como los Estados y los Municipios’.Sobre este particular. De allí. En relación con este punto resulta oportuno recordar lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en torno a las competencias de los Consejos Legislativos. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes: 1. reitera esta Sala de que la intención del Constituyente fue la de excluir de la autonomía de los entes descentralizados político territorialmente. C. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo”. el régimen de seguridad social. entran.A. “Artículo 164. Así. pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos períodos consecutivos como máximo. quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios.
La ejecución. conforme a la legislación nacional aplicable. subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional. La organización. a la competencia nacional o municipal". 10. así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales. administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales. incluso de los provenientes de transferencias. estadales y municipales. en coordinación con el Ejecutivo Nacional. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal. La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales. 3. así como de puertos y aeropuertos de uso comercial. La creación.” . conforme a esta Constitución y a la ley. 9. Todo lo que no corresponda. Para la ocupación de cargos públicos de carácter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente. 5. no reservados al Poder Nacional. A este respecto. régimen y organización de los servicios públicos estadales. 8. recaudación. 6. Como puede evidenciarse de la transcripción realizada. 7. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos. organización. timbres y estampillas. La ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los funcionarios públicos y funcionarias públicas municipales. La conservación.2. 4. administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales. La creación. dentro de las competencias de los Estados no se encuentra la relativa a las jubilaciones y pensiones de los empleados estadales. control y administración de los ramos de papel sellado. de conformidad con esta Constitución. Las escalas de salarios en la Administración Pública se establecerán reglamentariamente conforme a la ley. según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales. de conformidad con la ley. recaudación. 11. las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción. los artículos 147 y 156 de la Carta Magna disponen textualmente lo siguiente: Artículo 147. Por el contrario. La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos. estadales y nacionales. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división politicoterritorial. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. indica de forma expresa que esa competencia (jubilaciones y pensiones de los funcionarios estadales) se encuentra atribuida a la Asamblea Nacional. control y administración de los ramos tributarios propios. conservación.
el régimen de seguridad social. Vid. la del trabajo. materia esta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene potestad exclusiva de legislar por disposición expresa de las normas constitucionales señaladas. penal. previsión y seguridad sociales. Asimismo. Es de la competencia del Poder Público Nacional: (omissis) 22. jubilaciones y pensiones de los empleados públicos (sin menoscabo del principio de colaboración reglamentaria. y así se decide. le corresponde la potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social. (omissis) 32.415. indicó que: “(…) a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional. la de elecciones. caso: Bernardo Domingo Huisse Blanco). la civil. sean estos funcionarios de carrera o de elección. pertenecientes bien al Poder Ejecutivo. la de loterías. del 10 de julio de 2007 (caso: Luis Beltrán Aguilera).. 147. la de crédito público. Y sobre esta base. la del patrimonio cultural y arqueológico. correspondiéndole a la Asamblea Nacional (artículo 187) normar dicha materia. este órgano jurisdiccional en sentencia N° 1. Legislativo. por ello. y 187 de la Carta Magna. y en consecuencia nulo ese texto normativo. y la relativa a todas las materias de la competencia nacional. el Constituyente reafirmó “(…) su intención de unificar el régimen de jubilaciones y pensiones. penitenciaria.”. reservó al Poder Público Nacional la regulación del régimen y organización del sistema de seguridad social (artículo 156 cardinales 22 y 32). hipódromos y apuestas en general. la de propiedad intelectual. precisó que en las normas constitucionales recogidas en los artículos 86. mercantil. uno de cuyos aspectos es la jubilación del funcionario público. declara con lugar el recurso de nulidad de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. forman parte de los sistemas de previsión y seguridad social. la agraria. 156 cardinales 22 y 32. no sólo de funcionarios y empleados de la Administración Nacional.Artículo 156. Judicial. la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos. de procedimientos y de derecho internacional privado. la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado. Ciudadano o Electoral. como los Estados y los Municipios”. la de notarías y registro público. La legislación en materia de derechos. la de sanidad animal y vegetal. la de inmigración y poblamiento. esta Sala. . sino de las demás personas públicas territoriales. artística e industrial. Sentencia N° 433 del 25 de marzo de 2008. las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos. El régimen y organización del sistema de seguridad social. la de bancos y la de seguros." (Subrayado de esta Sala) En torno a estas disposiciones la Sala en sentencia N° 359 del 11 de mayo de 2000 (caso: Jesús María Cordero Giust). la de expropiación por causa de utilidad pública o social.. En virtud de las anteriores consideraciones de las cuales es evidencia la incuestionable intención del Constituyente de excluir de la autonomía de los entes descentralizados territorialmente. deberes y garantías constitucionales.
Publíquese y regístrese. este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. y en consecuencia se ANULA ese texto normativo con efectos ex nunc. La Presidenta de la Sala. publicada en la Gaceta Oficial del Estado Miranda Extraordinaria del 15 de febrero de 1995”. Años: 204º de la Independencia y 156º de la Federación. GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO El Vicepresidente. en el portal de la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia. así como en la Gaceta del Estado Miranda. publicada en la Gaceta Oficial del Estado Miranda Extraordinaria del 15 de febrero de 1995. DECISIÓN Por las razones que anteceden. en cuyo sumario se deberá expresar “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se declara la nulidad de Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ . Se ACUERDA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara INCONSTITUCIONAL la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados al Servicio del Poder Público del Estado Miranda. resulta innecesario emitir pronunciamiento en torno a la cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo. Dada. a los 11 días del mes de marzo de dos mil quince (2015).Vista la declaratoria anterior. Cúmplase lo ordenado. firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. en Caracas. ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Los Magistrados.
11-1089 MTDP .LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN Ponente CARMEN ZULETA DE MERCHÁN JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER El Secretario. JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO Exp.
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References: artículo 34
 artículo 334
 artículo 164
 artículo 162
 Artículo 156
 artículo 34
 artículo 336
 artículo 336
 artículo 25
 artículo 137
 artículo 1
 artículo 178
 artículo 178
 Artículo 147