Source: https://es.scribd.com/document/399455568/BOE-A-2018-11701
Timestamp: 2019-04-24 23:47:38+00:00

Document:
03 AREVALO Régimen Jurídico de La Exploración de Las Aguas Subterráneas en Chile
Producto Acad n1 Dpa Aml Cusco
Revista Catedra Jean Monnet N0002 A0001
208-Control Difuso Impugnación y Arbitraje Laboral - Julio Franco - Final
Sentencia 2 Nov 1999 Tribunal Castilla La Mancha
Tema 1 Tribunal Constitucional 2016 -III- T-libre
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Descentralización y Autonomía en Latinoamerica
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Núm. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. TC. Pág. 83091
11701 Pleno. Sentencia 88/2018, de 19 de julio de 2018. Conflicto positivo de
competencia 3977-2017. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto 264/2017, de 17
de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación
de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Competencias sobre medio
ambiente y poder de gasto: nulidad de los preceptos reglamentarios que
atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de potestades ejecutivas
(STC 13/1992).
Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando
Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo
Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y
doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
En el conflicto positivo de competencias núm. 3977-2017, interpuesto por el Gobierno
de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 7, apartados primero y quinto; 9,
apartado tercero; 10, primer párrafo y apartado segundo k; 12, apartados primero,
segundo, cuarto y séptimo; 14, apartado segundo; 15, apartado segundo, y 20 del Real
Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para
la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del
Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 26 de julio de 2017, la
Abogada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta del
Gobierno de esa Comunidad Autónoma, promueve conflicto positivo de competencia
cve: BOE-A-2018-11701
contra los artículos 7, apartados primero y quinto; 9, apartado tercero; 10, primer párrafo
y apartado segundo k; 12, apartados primero, segundo, cuarto y séptimo; 14, apartado
segundo; 15, apartado segundo, y 20 del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el
que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las
líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
los siguientes. Regula. con la misma finalidad. dispersión y concentración de dichas especies.23 CE y 144. impidiendo la territorialización de los fondos presupuestados y la intervención de las Comunidades Autónomas en la gestión de esta medida de fomento en los proyectos correspondientes a sus respectivos territorios. respectivamente. cve: BOE-A-2018-11701 combatir el cambio climático por la reducción de los incendios forestales provocados por las aves electrocutadas. con objeto de impulsar la adaptación de las líneas y facilitar su ejecución. se otorgará una cuantía dineraria que alcanzará el 100 por 100 de la inversión. en los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación para las aves incluidas en los catálogos de especies amenazadas. El Real Decreto 1432/2008. puesto que. en el caso de que el solicitante no reúna aquella condición. alimentación. El escrito de interposición considera que. apartados 23 y 25 CE. dado que la Verificable en http://www. en la que corresponde al Estado la normativa básica y a la Generalitat la legislación de desarrollo. en el caso de que el proyecto lo presente una empresa de distribución eléctrica. como a las preexistentes. En materia de medio ambiente. la financiación de las ayudas. general de subvenciones. delimitadas las líneas eléctricas que deben ser objeto de adaptación. el prevalente es el relativo al medio ambiente. optó por externalizar los costes ambientales de las adaptaciones.1. los artículos 149. Pág. y fijados los requisitos de los beneficiarios de la financiación y las modalidades previstas. sino evitar la muerte de aves protegidas. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. sucintamente expuestos. puedan conceder otras administraciones públicas tanto nacionales como internacionales. de acuerdo con la Ley 38/2003.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) configuran una competencia compartida. Lo que motiva el conflicto es que el Real Decreto 264/2017 margina a las Comunidades Autónomas de las funciones ejecutivas que les corresponden en materia de medio ambiente. el órgano competente de cada Comunidad Autónoma determine las zonas de protección y efectué un inventario de las líneas que se encuentren en las zonas indicadas y que no se ajusten a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 y en el anexo. así como. una vez establecidas las prescripciones técnicas que deben reunir los proyectos. Respecto a éstas últimas se exige que. El Real Decreto 264/2017 afirma dictarse al amparo de lo dispuesto en el artículo 149. los cuales no deben ser asumidos por las empresas. señala que las ayudas reguladas en el Real Decreto 264/2017 guardan relación con las medidas de protección de la avifauna establecidas en el Real Decreto 1432/2008 en relación con las líneas eléctricas aéreas de alta tensión situadas en zonas designadas como zona de especial protección para las aves. Las prescripciones técnicas del Real Decreto 1432/2008 son de aplicación tanto a las líneas en construcción u objeto de ampliación o modificación. de manera secundaria. mediante resolución motivada. Todas estas previsiones se consideran inobjetables desde el punto de vista de la distribución constitucional de competencias. que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica en materia de protección del medio ambiente y de bases del régimen minero y energético. de 17 de noviembre. sino por la Administración pública. Tras aludir al contenido del preceptivo requerimiento de incompetencia así como al rechazo del mismo por parte del Consejo de Ministros. 83092 protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. los requisitos de los destinatarios de la financiación y los requisitos técnicos de los proyectos a financiar. el Real Decreto articula el procedimiento de concesión de las ayudas como un sistema de gestión directa centralizada en el que el ejercicio de todas las funciones ejecutivas se reserva a órganos ministeriales.1. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. Los motivos del conflicto son. y. TC.es finalidad fundamental de la norma no es la adecuación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. También se dispone que la convocatoria anual determinará la cuantía máxima subvencionable y el carácter incompatible de estas ayudas con otras que. . de los dos títulos estatales. El Real Decreto 264/2017 establece los mecanismos para financiar las adaptaciones derivadas del Real Decreto 1432/2008. Además.boe. la financiación tendrá el carácter de ayuda en especie. establece que. y en las áreas prioritarias de reproducción.
FJ 5. 149. la regulación básica que corresponde al Estado debe limitarse a especificar el destino de las ayudas y establecer las condiciones esenciales de otorgamiento. las bases reguladas en el Real Decreto objeto del conflicto atribuyen a órganos de la Administración del Estado las funciones ejecutivas de convocatoria y de ordenación. son dos: ausencia de cve: BOE-A-2018-11701 programas de financiación en las Comunidades Autónomas e imposibilidad de establecer criterios objetivos de reparto.1. o bien como una ayuda en especie.25 CE) conduciría a un resultado semejante. la consideración de cualquiera de ambos títulos competenciales (art. distribución y producción de líneas directas. En tal caso correspondería al Estado la competencia sobre la legislación básica (art. se admitiera el encuadramiento de los preceptos cuestionados en la materia de régimen energético. Los argumentos que se aportan. En la contestación al requerimiento se añaden nuevos argumentos tales como los principios que. aprobación y resolución del procedimiento de concesión de las ayudas. de competencia compartida. La doctrina constitucional ha admitido en supuestos excepcionales la gestión centralizada de las subvenciones. Sin embargo.23 o 149. puesto que atribuyen a órganos de la Administración del Estado funciones ejecutivas que solo excepcionalmente pueden corresponder a la misma. cuando el titular es una persona física o jurídica que no reúne la condición de empresa de distribución eléctrica. establece los criterios de orden material que debe reunir la legislación básica en materia de medio ambiente. TC. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. 83093 la normativa reglamentaria.es obtención y disfrute de sus potenciales destinatarios [por todas. bien a través del otorgamiento de una cuantía dineraria. instrucción. En conclusión. En esos casos la gestión de las ayudas debe estar debidamente motivada y debe mostrarse imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas impulsadas y para garantizar las mismas posibilidades de Verificable en http://www. puesto que nos hallamos ante una la regulación de una medida de fomento en un ámbito. 149. pues en ambos casos se atribuye al Estado el nivel competencial de establecimiento de lo básico. En ambos supuestos estamos ante medidas de fomento dinerarias o en especie vinculadas a la finalidad perseguida por la norma y que se financian con cargo a presupuestos públicos. Se cita la STC 13/1992 y se argumenta que. si. A la misma conclusión se llegaría. El Tribunal Constitucional ha determinado los requisitos que ha de respetar la legislación básica del Estado en materia de protección del medio ambiente.boe. Los preceptos objeto de conflicto niegan las competencias ejecutivas de la Generalitat de Cataluña en materia de medio ambiente. Pág.25 CE) y a la Generalitat de Cataluña la de desarrollo legislativo y de ejecución. excediendo del ámbito competencial que corresponde al Estado en los supuestos de medidas de fomento en un ámbito de competencia compartida y con cargo a los presupuestos del Estado. según el escrito de interposición del conflicto. en los términos previstos en el artículo 133 EAC. en el preámbulo del Real Decreto. La STC 101/2015. Por ello. la necesidad de garantizar el cumplimiento de unos . Por ello. el objeto del presente conflicto debe insertarse en el segundo de los cuatro supuestos contemplados en el fundamento jurídico 8 b) de la mencionada STC 13/1992. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. hipotéticamente. cuando el titular de la línea es una empresa de distribución de energía eléctrica. de acuerdo con el artículo 53 de la Ley del sector eléctrico rigen la autorización de las instalaciones de transporte. que se determina en la resolución de concesión.1. criterios que han sido de nuevo recogidos en la STC 53/2017.1. STC 13/1992. la ejecución y la aprobación de normas adicionales de protección. una vez encuadradas las ayudas en la materia de medio ambiente. FJ 8 d)]. como el medio ambiente. En nada altera la competencia normativa y ejecutiva que corresponde a la Generalitat en ámbitos de competencia compartida el hecho de que la medida de fomento se articule. los preceptos objeto del conflicto deben examinarse desde la perspectiva de su adecuación a la doctrina de ese Tribunal Constitucional relativa a la actividad de fomento como instrumento de la potestad estatal de gasto en materia de medio ambiente. como en este caso. lo que permite que las funciones de desarrollo normativo y de ejecución correspondan a la Generalitat de Cataluña.
Los principios que deben aplicarse a las autorizaciones de las modificaciones de las líneas eléctricas en los casos en que la modificación esté sujeta al régimen de autorización. sino únicamente sobre los tramos en los que atraviesa una de las áreas definidas por las Comunidades Autónomas como zonas de protección. No constituye un obstáculo la necesidad de establecer criterios de gravedad para todo el territorio del Estado. la necesidad de establecer criterios de gravedad para todo el territorio del Estado. Las líneas de alta tensión que deben ser objeto de adaptación han sido identificadas por las Comunidades Autónomas. la improcedencia de determinar una distribución del presupuesto por Comunidades Autónomas. régimen jurídico aplicable. El argumento basado en el titulo competencial del artículo 149. que alteraría el sistema de ayudas previsto y la finalidad para la que fueron establecidas y la incidencia de las ayudas en el régimen económico del sector energético. pareciera que la territorialización de las ayudas fuera imposible. TC. Tampoco puede admitirse la centralización con fundamento en la imposibilidad de establecer criterios previos para la distribución. y responsabilidad y régimen sancionador. requisitos técnicos de los proyectos a financiar. la determinación de las ayudas dinerarias o. sin que. 83094 requisitos idénticos y prefijados. la propia idiosincrasia del sistema eléctrico.1 atribuye a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El escrito de interposición del conflicto alude a un dictamen del Consejo de Estado. han elaborado un inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes que provocan una significativa y contrastada mortalidad de aves. financiación. como ya hacen los artículos 5. del coste para la Administración de las ayudas en especie. o bien al órgano al que proceda por delegación de ésta. el escrito de interposición del conflicto no cuestiona los preceptos relativos al objeto y finalidad.2 y 11 del Real Decreto 264/2017. puesto que la norma es clara al establecer que la financiación de los proyectos de adaptación de las líneas eléctricas debe dotarse con cargo al presupuesto del Ministerio competente en materia de medio ambiente. El desplazamiento excepcional de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas no puede efectuarlo el Estado en base a la ausencia de programas de financiación. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. en ese momento. En el caso de que tal incidencia exista derivaría de la previsión en la normativa básica de la obligación de adaptar las líneas eléctricas. en el que se pondría de manifiesto que el análisis de los costes económicos de la implementación de las medidas que debían adoptarse en las líneas eléctricas existentes se efectuó a partir de cada una de las Comunidades Autónomas y pretendía articularse mediante el procedimiento previsto en la Ley general presupuestaria.1. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. en cumplimiento de lo previsto en el apartado tercero de la disposición transitoria única del Real Decreto 1432/2008. es decir. los criterios de priorización de las ayudas en función del peligro real y comprobado que cada una de las líneas que constan en los inventarios elaborados por las Comunidades Autónomas suponga para las aves. en nada afectan ni inciden en un régimen de ayudas públicas destinadas a las medidas antielectrocución y anticolisión de las aves ubicadas en determinadas zonas de protección. puesto que la afectación del proyecto de adaptación no incide sobre toda la extensión de la línea eléctrica.25 CE. no de la gestión autonómica de la ayuda. Nada impide que se establezcan. Esta atribución de una función meramente ejecutiva se pretende amparada en la finalidad de «garantizar . en su caso. El conflicto se refiere a la asignación a los órganos ministeriales de las funciones cve: BOE-A-2018-11701 ejecutivas que a continuación se detallan. pago. la pretendida incidencia de las ayudas en el régimen económico del sector energético.es graduación de los posibles incumplimientos. que comporta que muchas líneas discurran interregionalmente. tipología de la financiación en función de la titularidad de las líneas eléctricas. que.boe. compatibilidad de las ayudas. criterios objetivos de otorgamiento y ponderación. criterios de Verificable en http://www. El argumento relativo a la extraterritorialidad de algunas de las líneas afectadas tampoco justifica la gestión centralizada. tampoco resulta admisible. Entrando ya en la consideración de los distintos preceptos impugnados y aplicando los criterios competenciales expuestos. requisitos de los destinatarios de la financiación. El artículo 7. Pág. obligaciones de los destinatarios de las ayudas.
ésta y no el Ministerio. 10. cuando. atribuye a ese mismo órgano estatal la recepción de las solicitudes. ese mismo párrafo establece que la solicitud debe acompañarse de una memoria que. por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de la líneas eléctricas de alta . que esperamos de este Tribunal. apartados primero. por la Abogada del mismo. Además. apartados primero y quinto. apartado tercero. y 20 del Real Decreto 264/2017. lo que comporta la centralización de una función ejecutiva.2 y 11 del Real Decreto 264/2017. el Pleno. cuarto y séptimo.5). el examen y valoración de las solicitudes se atribuye a una comisión de valoración designada por el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. El Tribunal Constitucional ha establecido que la adopción de un modelo normalizado de solicitud de ayudas es un aspecto meramente procedimental que debe incluirse en el contenido propio de las funciones ejecutivas (STC 90/1997. Puesto que el examen y valoración por parte de aquella comisión se prevé que sea objeto de un informe a partir del cual el órgano instructor efectuará su propuesta de resolución provisional. Eso le lleva a solicitar que el Tribunal «dicte sentencia en un breve plazo con objeto de evitar que se adopte la convocatoria anual y se tramiten las solicitudes de las subvenciones. se debe presentar mediante modelos normalizados que se establecerán en las convocatorias aprobadas por el órgano estatal. en el caso de las ayudas en especie. Supuestos que han sido objeto de numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional. que. El artículo 10.3 la adopción de la convocatoria pública anual. El artículo 12 atribuye a órganos de la Administración del Estado la ordenación. en su representación y defensa. 83095 idénticas posibilidades de obtención o disfrute de dicha financiación por parte de sus potenciales destinatarios». Además.2. tramitación y resolución de estas ayudas (arts.1 y 7. párrafo primero. apartado segundo.2 k) impone a los solicitantes de las ayudas en especie.es 2. la previsión de la comisión de valoración. por razón del beneficiario. la Administración asume la redacción y ejecución del proyecto que la memoria incorpore. en el caso de las ayudas en especie. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. en relación con los artículos 7. de manera que el reconocimiento de la competencia autonómica.4. 12. A la Secretaría de Estado de Medio Ambiente atribuye el artículo 9. puesto que la convocatoria de las subvenciones y su concesión deben corresponder a la Generalitat de Cataluña. FJ 4). la Abogada de la Generalitat de Cataluña recuerda que el Real Decreto objeto del presente conflicto plantea de nuevo la vulneración de las competencias autonómicas que deriva de la regulación de medidas de fomento que lleva a cabo el Estado en ámbitos de competencia compartida. Pág. a propuesta de la Sección Tercera. frente al Gobierno de la Nación.7. acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido cve: BOE-A-2018-11701 por el Gobierno de Cataluña y. de 17 de marzo. la presencia de un único funcionario no puede suplir ni justificar que se ignore la competencia de la Generalitat de Cataluña para la convocatoria. También comete un exceso competencial el artículo 15. debe efectuar la publicidad en los términos que se establece en la normativa general de subvenciones (art. primer párrafo y apartado segundo k). como es que. su composición y sus funciones tienen también el carácter de función ejecutiva. un escrito que autorice durante al menos un año la realización de los trabajos de adaptación por cuenta del Ministerio de Agricultura y Pesca. Si bien se prevé la presencia en esa comisión de un funcionario de la administración competente en conservación del medio natural de la Comunidad Autónoma. TC. El artículo 10. segundo. instrucción y resolución del procedimiento. Por providencia de 19 de septiembre de 2017. sea el Ministerio y no la Generalitat de Cataluña quien elabore el proyecto y asuma su ejecución. atribuye a un órgano estatal el levantamiento de las actas de comprobación. al igual que la solicitud. 20). esa misma finalidad se obtiene por la aplicación de los criterios de ponderación y objetivos que establecen los artículos 5.boe. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. pueda tener su proyección sobre las convocatorias anuales de subvenciones de las ayudas reguladas por el Real Decreto 264/2017…». Verificable en http://www. 9. Mediante otrosí. 14. apartado segundo. es decir. 15. Sin embargo. Alimentación y Medio Ambiente. Por último. También en este caso es claro el carácter ejecutivo de la función atribuida al órgano administrativo estatal. de nuevo mediante modelo normalizado. 12.
Pesca. aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. el Abogado del Estado resume el planteamiento realizado por la Generalitat de Cataluña en su demanda.boe. afectadas por estas ayudas.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Finalmente. que fue concedida mediante providencia de 11 de octubre de 2017. El Verificable en http://www. De hecho. o bien el Estado un título competencial genérico que se superpone al de la Comunidad Autónoma. Pág. dicho escrito tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el día 8 de noviembre de 2017. aun cuando se invocase el artículo 149. por lo que no es posible la compartimentación de los fondos. por conducto de su Presidente. Por escrito registrado en este Tribunal el día 10 de octubre de 2017. por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. en el que se considera la situación o ámbito material en el que la Comunidad Autónoma tiene atribuida una competencia sectorial exclusiva y el Estado algún título competencial genérico o específico. Dado que se trata de subvenciones estaríamos en el supuesto. En este sentido.25 CE. indicando que no discute el objeto de la financiación. por medio de la representación procesal que determina el artículo 82. comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. el Abogado del Estado se personó en el proceso. previstas en el Real Decreto 1432/2008. avalarían la gestión centralizada. 3. a través del Ministerio de Agricultura. ambas competencias estatales tienen el carácter de básicas y no pueden fundamentar el establecimiento de un sistema centralizado y de gestión directa de las ayudas por la Administración del Estado. Tras exponer el contenido del Real Decreto 264/2017 y los antecedentes del presente conflicto.1. pues con ello se vulneran las competencias autonómicas. sino la gestión centralizada y directa de las ayudas por parte del Estado. «es . TC. cve: BOE-A-2018-11701 La primera de ellas es que hay líneas que exceden del ámbito de una Comunidad Autónoma. dado el fin que persiguen las medidas de financiación arbitradas. 83096 tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008. discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. Indica que. dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación. el Real Decreto 264/2017 no hace más que articular la gestión de la línea de ayudas. según el Abogado del Estado. al objeto de que en el plazo de 20 días y. El fundamento del Real Decreto 264/2017 radica en la disposición adicional única del Real Decreto 1432/2008 que establece que el Gobierno. no se puede obviar que las ayudas recaen sobre una infraestructura. Que en todo caso. la eléctrica. dentro de la clasificación teórica de la STC 13/1992. si bien es cierto que la finalidad primordial del Real Decreto 264/2017 es la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión para evitar los daños por electrocución causados a las aves y su posible riesgo de incendios forestales por su caída. ni que ésta se haga con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura. oponiéndose a la demanda con fundamento en las razones que se resumen a continuación. de 29 de agosto. sino de una circunstancia derivada de la naturaleza del sistema eléctrico en el que es más que frecuente que las líneas de transporte de energía eléctrica. en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto. por si ante la misma estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos.2 LOTC y publicar la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». Alimentación y Medio Ambiente. Pesca. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. Aborda a continuación el Abogado del Estado la cuestión de la adecuación de la norma al régimen de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. según dispone el artículo 61. No se trata propiamente de un supuesto de supraterritorialidad. Por ello el Abogado del Estado expone las razones que. Señala que se argumenta que la competencia relativa a la protección del medio ambiente es prevalente. solicitando una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones. a su juicio. Alimentación y Medio Ambiente.es problema tiene que ver con la gestión de las subvenciones. debe habilitar los presupuestos necesarios para acometer la financiación total de las adaptaciones de los tendidos peligrosos para la avifauna.
Son las propias Comunidades Autónomas las que. En tercer lugar. todo ello. Se garantizarían así unos requisitos que garanticen la igualdad en las posibilidades de obtención de todos los destinatarios. deben proceder a la declaración y publicación de las zonas de protección para las aves. Esa gestión se justificaría por el hecho del transcurso indiferenciado de las líneas de transporte de energía eléctrica por territorio de más de una Comunidad Autónoma. Por tanto.1. Por otro lado. la participación de las Comunidades Autónomas en todo el procedimiento de concesión de las ayudas queda reflejado tanto en el Real Decreto 1432/2008 como en el Real Decreto 264/2017. 4. . por parte del Estado —que aúna ambas competencias aquí señaladas— de las ayudas a otorgar». discurran por más de un territorio». o concurriendo aquí.1. que las articula. 149.22 CE. por razón de la infraestructura de transporte energético. el Real Decreto 264/2017 prevé la presencia de las Administraciones autonómicas en la comisión de valoración regulada en su artículo 12. y justificarse la gestión centralizada sobre la base de esa competencia exclusiva del Estado.es Autónoma respectiva. que transcurran por más de una Comunidad Autónoma). que traspasara el territorio de más de una Comunidad Autónoma». en una palabra. cabría justificar en cierto modo la gestión centralizada».boe. entre los criterios objetivos de otorgamiento de la financiación (art.1.4. Es cierto que en la memoria económica del Real Decreto 1432/2008 se establecía una valoración económica específica y concreta por Comunidades Autónomas. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec.22 CE). de legislación básica sobre medioambiente (art. Analiza la distribución constitucional de competencias en materia de medio ambiente y señala que aquí el título autonómico concurre con el exclusivo que al Estado le atribuye el artículo 149. circunstancia fáctica que hace que la actividad no sea susceptible de fraccionamiento. puede esgrimir aquí un título competencial exclusivo o específico. en suma. Lo que ha de dilucidarse es si se trata de un caso en el que es posible la gestión centralizada de subvenciones. Con posterioridad. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. de forma respetuosa con las competencias autonómicas en materia de medio ambiente. eléctricas. La conclusión es que «la competencia exclusiva del Estado para autorización de redes de transporte energético cuyas infraestructuras transcurran por más de una Comunidad Autónoma (art. TC. Por providencia de 17 de julio de 2018 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año. señala el Abogado del Estado que es preciso priorizar las líneas eléctricas subvencionables. concurrente ahora con la competencia propia también del Estado. «si el Estado puede ostentar algún título competencial genérico o específico (aquí sería el concurrente de regulación y autorización de instalaciones o infraestructuras energéticas. pero eso no es más que un estudio económico de lo que sería el coste de la modernización de las líneas eléctricas de alta tensión o de su adaptación a los requerimientos y exigencias de protección medioambiental que el Real Decreto persigue. el criterio de la transversalidad y la supra territorialidad. justificándose aquí. De este modo «el Estado.23 CE) hace suponer esa mayor conveniencia técnica de una gestión centralizada. 149. 11) se hallan los informes elaborados por las propias Comunidades cve: BOE-A-2018-11701 Autónomas. En segundo lugar. Pág. que han de primar necesariamente a los tramos de mayor impacto haciendo abstracción de otras consideraciones. dado que formará parte de la misma en calidad de vocal. deben realizar un inventario de las líneas peligrosas dentro de tales zonas y deben notificarlo a los titulares de las líneas inventariadas para que éstos presenten proyectos de corrección. en un primer momento. pues de lo contrario se desvirtuaría el objeto de estas ayudas. Además. 83097 esencial para un sistema integrado y efectivo que muchas de las líneas y especialmente de las más importantes que son además susceptibles de reunir las características constructivas que determinan la posible afección a la avifauna. no el meramente básico relativo a la legislación sobre medioambiente. atendiendo a criterios de gravedad iguales para todo el territorio nacional. un funcionario de la Administración competente en conservación del medio natural de la Comunidad Verificable en http://www.
12. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. dispersión y concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el citado catálogo o en los autonómicos. los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las Comunidades Autónomas para las especies de aves incluidas en el catálogo español de especies amenazadas o en los catálogos autonómicos. y existentes a su entrada en vigor. ha interesado la desestimación íntegra del conflicto. Pág. La cuestión que se trata de resolver en el Real Decreto 1432/2008 es la relativa a la adaptación de determinados tendidos eléctricos para evitar la electrocución y la colisión de las aves en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos. Consecuentemente. correspondiendo a cada Comunidad Autónoma (art. el órgano competente de cada Comunidad Autónoma debía Verificable en http://www. de 6 de febrero). 83098 II. y 20 del Real Decreto 264/2017. apartado segundo. en la que el Estado ostenta igualmente competencias básicas. cuarto y séptimo.boe. considerando que la centralización de las funciones de ejecución se encuentra justificada conforme a la doctrina de la citada STC 13/1992. En dicha materia el artículo 149. algunas de cuyas previsiones son desarrolladas por la norma que ha sido parcialmente impugnada en este proceso. Fundamentos jurídicos 1. Por consiguiente. El artículo 5 disponía que las líneas eléctricas incluidas en el artículo 3 habrán de ajustarse cve: BOE-A-2018-11701 a las prescripciones técnicas establecidas en los artículos 6 y 7 y en el anexo. los territorios designados como zonas de especial protección para las aves. las ubicadas en las denominadas zonas de protección existentes en su territorio). 15. FJ 8 d). apartado tercero. de 29 de agosto. apartados primero y quinto. y las áreas prioritarias de reproducción. Esa misma vulneración se produciría.1. STC 13/1992. en la medida en que los preceptos impugnados atribuyen funciones ejecutivas a la Administración General del Estado en cuanto a la convocatoria y otorgamiento de las subvenciones previstas en la norma. del patrimonio natural y de la biodiversidad. según la demanda. 14. de 17 de marzo. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña considera que el Real Decreto 264/2017 ha de ser encuadrado en la materia medio ambiente. 10. serían contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y a la consolidada doctrina constitucional en materia de subvenciones y ayudas públicas (por todas. 2. en el caso de que se considerase que el Real Decreto parcialmente impugnado se encuadrase en la materia energía. lo que hace necesario ahora referirnos a su contenido. que le otorga prioridad en las estrategias de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad que debe aprobar la conferencia sectorial de medio ambiente. En relación con lo anterior.2 (esto es. La necesidad de lucha contra la electrocución y la colisión de las aves en líneas eléctricas aparece en el artículo 60. 9. segundo. apartados primero. cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en las correspondientes a los supuestos anteriores. pero no de carácter ejecutivo. Se trata de aquellas situadas en las zonas de protección a las que se refiere el artículo 3.es publicar las zonas de protección existentes en su respectivo ámbito territorial. no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en los mencionados artículos 6 y 7 y en el anexo. de 13 de diciembre. 5. por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008. en los que se regulan . apartado segundo. definidas en el artículo 2 u). por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.23 CE atribuye al Estado competencias sobre la legislación básica. A ese objetivo responde también el Real Decreto 1432/2008.2 y que se regulan en su artículo 4. primer párrafo y apartado segundo k. El Abogado del Estado ha negado la vulneración competencial denunciada. TC. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec.1 de la Ley 42/2007. entre las referidas en el artículo 3. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 7. Esto es. alimentación.2) determinar las líneas que.
la ordenación. En el resto de artículos se tratan las solicitudes (art. mientras disponga de crédito presupuestario suficiente. y el artículo 8 las declara incompatibles con cualquier otra ayuda que tenga el mismo fin. particularmente las incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas». En el artículo 7 se regula el importe de las ayudas. 16). no se ajustan a las prescripciones técnicas previstas en el Real Decreto 1432/2008 para prevenir la colisión y la electrocución de las aves y así se hubiera determinado por la administración autonómica correspondiente. Alimentación y Medio Ambiente financiará las ayudas. de 29 de agosto». 5. En el artículo 3 se establece que el Ministerio de Agricultura y Pesca. Según la disposición transitoria única.3. existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 1432/2008. estas recibirán una cuantía del 100 por 100 del valor real de las inversiones. líneas en las que la electrocución de aves haya provocado algún incendio forestal grave y líneas ubicadas en el territorio de un parque nacional (art. el plazo y forma de justificación (art. En particular. El artículo 6 distingue dos tipos de ayudas: si las líneas son titularidad de empresas de distribución eléctrica.es consiste en convocatorias públicas anuales. ubicadas en las zonas de protección definidas por las Comunidades Autónomas. realizado y notificado a los titulares de las líneas por la Comunidad Autónoma correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 5. 17). 12). 83099 medidas de prevención contra la colisión y la electrocución de las aves. instrucción y resolución del procedimiento (art. el reintegro de la financiación (art. los criterios de graduación de los posibles incumplimientos (art. la responsabilidad y el . el pago de las ayudas (art. Pág. 18). El Real Decreto 264/2017 tiene precisamente como finalidad asegurar la financiación para conseguir que determinadas líneas eléctricas de alta tensión se adapten a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. que Verificable en http://www. Regula las bases a las que deberán sujetarse las convocatorias anuales de las ayudas que financiarán estas adaptaciones. de aves incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. a través del entonces Ministerio de Medio Ambiente. que han de referirse a líneas que figuren en el inventario de líneas eléctricas aéreas de alta tensión que provocan una significativa y contrastada mortalidad por electrocución de aves incluidas en el catálogo español de especies amenazadas y en los catálogos autonómicos y. 14). la modificación de la resolución de concesión (art. ubicadas en las zonas de protección que figuren en el inventario de líneas peligrosas. 15). El artículo 2 precisa el régimen jurídico aplicable a las ayudas. 10). las obligaciones de los destinatarios de las ayudas (art. El artículo 4 concreta las características de los destinatarios de la financiación. han de contemplar actuaciones de corrección estructural que garanticen las distancias de seguridad entre elementos conductores y que cumplan con los requerimientos de los artículos 6 a 8 del Real Decreto 1432/2008. y Medio Rural y Marino. TC. los criterios objetivos de cve: BOE-A-2018-11701 otorgamiento y ponderación (art. 13). de 29 de agosto.2). un inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes que provocan una significativa y contrastada mortalidad por colisión.boe. El artículo 5 trata de los requisitos técnicos de los proyectos que se financiarán. mientras que el resto de titulares de líneas recibirán una ayuda en especie consistente en la redacción del proyecto técnico y la ejecución de la actuación. 11). según su artículo 1. El artículo 9 se refiere al procedimiento para la concesión de las ayudas. para que articulase los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total de las adaptaciones de las líneas aéreas de alta tensión antiguas a lo previsto en el Real Decreto 1432/2008. a la vez. en régimen de concurrencia competitiva. las Comunidades Autónomas debían realizar «en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de las zonas de protección. De entre estos proyectos. serán objeto de financiación «aquellos proyectos de adaptación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos.2 del Real Decreto 1432/2008. Las previsiones anteriores se completan con la habilitación al Gobierno. Se trata de las líneas existentes que. se priorizarán aquellos que tengan por objeto líneas con incidencia probada en la mortandad de especies en peligro de extinción o de otras especies amenazadas.
2 k (realización de los trabajos. según el art. De toda esta regulación.1 (ordenación del procedimiento). 10. conforme al art. de 17 de marzo.2 (comprobación de la realización de los trabajos. primer párrafo (recibir las solicitudes. FJ 2. que deben presentarse de conformidad con los modelos normalizados que consten en las convocatorias aprobadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca. 12. es decir. 19). como el carácter. bien de forma directa (dineraria. de 5 de marzo.3 (aprobar y publicar las convocatorias). de 15 de junio. ha de apreciarse. de 5 de octubre. entre otras. 83100 régimen sancionador (art.boe. TC. atendiendo al contenido y finalidad de los preceptos impugnados. FJ 3.2). citada por la STC 15/2018. Así ocurriría con los artículos 7. Alimentación y Medio Ambiente). respectivamente. los preceptos objeto del presente conflicto atribuyen a órganos estatales diversas funciones ejecutivas en relación con las ayudas encaminadas a la reforma de las líneas eléctricas para cumplir con los objetivos de la norma. ni que esos mecanismos se articulen mediante la convocatoria anual de subvenciones. De acuerdo con nuestra doctrina (STC 138/2009. FJ 3. tanto el sentido o finalidad de los varios títulos competenciales y estatutarios. la doctrina recordada. Por tanto. con la ejecución de la modificación de las líneas por parte de la Administración. de 3 de noviembre. a la vez. y 62/2016.7 (resolución de las solicitudes). 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. 6. Alimentación y Medio Ambiente). bien de forma indirecta (como ayuda en especie. en el caso de las ayudas en especie) y 20 (dar publicidad de las ayudas concedidas por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca. y la publicidad (art.1. FJ 5. 15. de 26 de enero)». que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente y de bases del régimen minero y energético.1 y 5 (fijar el importe de cada ayuda). por la STC 53/2017. se ha producido la vulneración competencial denunciada. 45/2015. Una vez examinada la regulación expuesta. el contenido del precepto controvertido. . 9.es según la cual «cuando se ofrezcan por las partes en el proceso constitucional diversas calificaciones sustantivas de las disposiciones o actos en conflicto que pudieran llevar a cve: BOE-A-2018-11701 identificaciones competenciales también distintas. para llegar a una calificación competencial correcta. Hay que tener en cuenta. a la vista de las competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña.2 (modificación de estas resoluciones). 14. con cita de las SSTC 252/1988. delimitando así la regla competencial aplicable al caso (STC 153/1989. sentido y finalidad de las disposiciones traídas al conflicto. debe comenzarse por encuadrar la controversia conforme al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. se debe concluir que nos encontramos ante la adopción de una medida de fomento consistente en el otorgamiento de subvenciones. de 22 de febrero. Para ello se debe aplicar la reiterada doctrina sobre los criterios de incardinación competencial (SSTC 197/1996. Verificable en http://www. Lo que objeta el Gobierno de la Generalitat es que del Real Decreto 264/2017 se derive la gestión centralizada de las ayudas en cuestión. Así. Pág. de 20 de diciembre. cuando su titular no es una empresa de distribución eléctrica. por parte de una comisión en la que uno de sus ocho integrantes representa a las Comunidades Autónomas).2 (instrucción del procedimiento). FJ 3) la resolución de aquellas controversias que se susciten respecto a la regulación y aplicación de las ayudas o subvenciones que puedan establecerse en las distintas áreas o segmentos de la acción pública ha de tener en cuenta la distribución de competencias existente en la materia en la que proceda encuadrar las subvenciones de que se trate. el Gobierno de la Generalitat de Cataluña no controvierte los objetivos de las ayudas previstas ni que se regulen los mecanismos de financiación oportunos para adaptar las líneas eléctricas. 10. 12.23 y 25 CE. 20). de 15 de junio. La disposición final primera prescribe que la norma se dicta al amparo de lo previsto en los artículos 149. FJ 5. en el caso de las ayudas en especie y utilización de un modelo normalizado).1). 3. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. a fin de determinar si. y 13/1989.4 (examen y valoración de las solicitudes. 6. FJ 2. 12. 12. entre muchas otras).
con la consiguiente reducción de dióxido de carbono provocada por estos incendios. Pág. de 13 de diciembre. El Abogado del Estado se ha referido también al artículo 149. por lo que la adaptación y corrección de tendidos eléctricos para la protección de las aves puede ser considerada también como una medida de mitigación del cambio climático». Adicionalmente. la disposición adicional única prevé que el Gobierno. sino como justificación de la conveniencia de la gestión centralizada de las subvenciones aquí previstas.1 CE. hasta el punto de suponer actualmente el principal problema de conservación para varias de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. la interrupción del servicio eléctrico en una zona puede provocar que se pongan en marcha generadores que tienen emisiones entre 3 y 4 veces mayores por kwh que la media de la red eléctrica española. indicando además que «Para la adaptación de aquellas líneas eléctricas existentes a la entrada en vigor del citado real decreto que no cumpliesen con el condicionado técnico establecido en el mismo. Alimentación y Medio Ambiente. es relevante en este caso a la hora de proceder al encuadre competencial. añade que «La corrección de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna también reducirá el riesgo de incendios forestales. de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.22 CE. pero no tanto en relación con el encuadramiento material de la cuestión.1. provocados por aves electrocutadas que caen al suelo incendiadas. El preámbulo del Real Decreto 264/2017 afirma que «Una de las causas más frecuentes de mortandad no natural en la avifauna es la electrocución de las aves en las estructuras de conducción eléctrica. para establecer las bases reguladoras para compensar los costes derivados de la adaptación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.23 y 25 CE. esta iniciativa puede considerarse como una medida de adaptación al cambio climático. TC.boe. que otorga al Estado competencia exclusiva para establecer las bases del régimen minero y energético. También destaca la relación de esta norma con el Real Decreto 1432/2008. en qué medida las disposiciones impugnadas tienen vinculación con la materia de energía. y poder corregir así uno de los principales factores de mortalidad no natural de las aves». de 29 de agosto. del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad». realizado y notificado a los titulares de las líneas por la Comunidad Autónoma correspondiente.es eléctrico y su régimen económico (STC 18/2011. al reducir la probabilidad de este impacto. establecidas en el artículo 3. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. a través del Ministerio de Agricultura y Pesca.1.2 del Real Decreto 1432/2008. es posible ahora considerar que. el Real Decreto que ahora examinamos tiene. El Real Decreto 264/2017 se dicta.1. en particular con la calidad del suministro por la reducción de interrupciones del servicio. para su adaptación a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008. por las razones que ahora se exponen. . afirma el preámbulo que «el presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la financiación de las acciones de corrección de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. de 3 de marzo). En dicho marco. para valorar si el apartado 25 del artículo 149. Finalmente. lo que se examinará posteriormente. señalando que este último «estableció una serie de obligaciones para que el condicionado técnico de las líneas eléctricas no fuera causa de mortalidad de la avifauna por electrocución o colisión». en primer lugar. 83101 La disposición final primera del Real Decreto 264/2017 se remite indistintamente a los títulos competenciales reconocidos al Estado en los artículos 149. una conexión más directa con la protección del medio ambiente. atendiendo a la regulación que se ha expuesto anteriormente y su cve: BOE-A-2018-11701 relación con el Real Decreto 1432/2008. Procede examinar. Teniendo en cuenta que los impactos del cambio climático aumentan por el riesgo de incendios por sequías. habilitará los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total de las adaptaciones contempladas». Dado que dicho título está referido a la ordenación del sector Verificable en http://www. conforme a su artículo 1. en particular aquellas ubicadas en las zonas de protección que figuren en el inventario de líneas peligrosas. sin descartar su relación con algún aspecto del sector eléctrico. regulado en el artículo 58 de la Ley 42/2007.2 del Real Decreto 1432/2008.
es preciso tomar en consideración. Una vez realizado el encuadramiento competencial. El Estado ostenta. 144. que parte del principio que «la legitimidad constitucional del régimen normativo y de gestión de las subvenciones fijado por el Estado depende de las competencias que el Estado posea en la materia de que se trate». FJ 7).1 EAC). En la STC 13/1992 este Tribunal estableció un esquema de delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en cuanto al ejercicio de la potestad subvencional de gasto público. pese al carácter abierto del esquema en el que se insertan. Dicha doctrina se resume en la STC 13/1992. la competencia sobre las bases en materia de medio ambiente. Por tanto. por tanto. y conforme al preámbulo. la concesión de las subvenciones cuyas bases reguladoras se aprueban mediante el Real Decreto 264/2017 se concreta en dos objetivos: i) la protección de las aves frente a uno de los principales factores de su mortandad no natural. El orden de delimitación competencial que se deriva de las previsiones de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) sobre esta materia se traduce en que el artículo 149.2 y 4. por sí misma. cuando se interrumpe el servicio eléctrico a causa de estos accidentes. la norma ha de enmarcarse en la materia medio ambiente. como es su colisión y electrocución con las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y ii) la reducción del riesgo de incendios forestales provocados por aves electrocutadas en su caída al terreno. del vínculo existente entre el Real Decreto 1432/2008 y el que ahora se examina. además. Por tanto. TC. sino precisamente hacerlo a fin de evitar la muerte de aves protegidas al estrellarse o electrocutarse en ellas. FJ 4). del contenido y finalidad de la norma se desprende que las subvenciones previstas tratan de conseguir un objetivo de política medioambiental. la adecuación de las líneas eléctricas de alta tensión aéreas. las diversas instancias territoriales ejercerán sobre las subvenciones las competencias que tienen atribuidas. la doctrina de este Tribunal en la materia. generadores muy contaminantes. de modo que si la materia o sector de la actividad pública a la que aquéllas se dirigen son de competencia exclusiva del Estado. no se plantea ningún problema en cuanto a la delimitación competencial. Siempre que.23 CE atribuye al Estado las competencias para dictar la legislación básica en relación con la «protección del medio ambiente. de no ser así. sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección». la disminución de la necesidad de poner en marcha. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. resumido en cuatro supuestos generales que. el Estado restringiría la autonomía política de las Comunidades Autónomas y su capacidad de autogobierno cve: BOE-A-2018-11701 (STC 13/1992.es constitucional y estatutario de competencias. en tal materia o sector hayan asumido competencias en uno u otro grado las Comunidades Autónomas.1. 4. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. iii) a esos dos objetivos principales se añade un tercero. lo que mejorará la lucha contra el cambio climático. 83102 En efecto. con la consiguiente reducción de dióxido de carbono provocada por estos incendios. pues. indirectamente relacionado con el sector eléctrico pero también con el cambio climático. se constata que la finalidad fundamental del Real Decreto 264/2017 no es. En suma. correspondiendo a la Comunidad Autónoma las competencias de desarrollo normativo y de ejecución. por el contrario. Pág.boe.3).2 y disposición transitoria única. continúan siendo referente constante de nuestra doctrina posterior y de las alegaciones de las partes en los . tal como se definen por el Real Decreto 1432/2008 (arts. Atendiendo a lo anterior. las mencionadas líneas estén ubicadas en zonas de protección de estas aves. ya que «la subvención no es un concepto que delimite competencias» (STC 13/1992. Cuando. mientras que corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña la competencia compartida en materia de medio ambiente y la competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección (art. 3. en aquellos supuestos como el presente en que nos encontramos ante una subvención. las medidas que hayan de adoptarse para conseguir la finalidad a que se destinan los recursos deberán respetar el orden Verificable en http://www. en relación con los artículos 5.
especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica. Potestad que ha sido reconocida cuando se afirma de manera reiterada que «el Estado siempre podrá. FJ 7). según el cual la gestión centralizada estatal: «[S]ólo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial. al menos. a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional. por regla general. recogido en el fundamento jurídico 8 b) de la STC 13/1992. asignar fondos públicos a unas finalidades u otras» (STC 13/1992. el cual determina lo siguiente: «El segundo supuesto se da cuando el Estado ostenta un título competencial genérico de intervención que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre una materia. STC 13/1992. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada de la medida de fomento de que se trate. para su resolución habremos de Verificable en http://www. correspondiendo a las Comunidades Autónomas las competencias de desarrollo normativo y de ejecución.. básica o de coordinación.» 5. de modo que la centralización de funciones relacionadas con la regulación del régimen de otorgamiento y . resulte procedente la aplicación a todas ellas de la doctrina recaída en el fundamento jurídico 8 d) de la misma STC 13/1992. Así centrados los términos de la cuestión. la gestión de estos fondos corresponde a las Comunidades Autónomas de manera. En estos supuestos el Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus presupuestos generales. que no pueden consignarse en favor de un órgano de la Administración del Estado u organismo intermediario de ésta. mediante normas que fijen criterios objetivos de reparto o mediante convenios de colaboración ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribución de competencias. Se trata de partidas que deben territorializarse en los propios presupuestos generales del Estado si ello es posible o en un momento inmediatamente posterior. Dichos supuestos generales tratan precisamente de conciliar la distribución competencial existente en cada materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. Nos encontramos ante un caso en el que la potestad de fomento del Estado se hace patente en un ámbito material en el que ostenta competencias básicas. como excepción. aun si ésta se califica de exclusiva (v.boe. genérico o específico. la ordenación general de la economía). 83103 procesos de constitucionalidad.es comenzar analizando las razones aducidas para justificar la concurrencia de la excepción que determina la posibilidad de asunción centralizada de las competencias de cve: BOE-A-2018-11701 regulación del régimen de otorgamiento y de gestión de las ayudas. para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación. La representación procesal del Gobierno de la Generalitat de Cataluña entiende que nos encontramos en el denominado segundo supuesto.gr. FJ 8) para que resulte justificada la regulación completa de las subvenciones y la centralización de la gestión que se contienen en la resolución objeto de conflicto. Pág. evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Lo discutido entre las partes resulta ser la concurrencia de las circunstancias excepcionales previstas en la doctrina constitucional (en concreto. TC. en uso de su soberanía financiera (de gasto. pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino. o bien tiene competencia sobre las bases o la coordinación general de un sector o materia. con la potestad subvencional de gasto público que ostenta el Estado. en este caso).» El Abogado del Estado disiente del anterior planteamiento y considera que la peculiaridad de estas ayudas conlleva que. sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. o. Además.
conforme a dicha disposición transitoria única. y iii) «que discurran en el territorio de un Parque Nacional».3 del Real Decreto 1432/2008. Debemos ahora valorar si las razones aportadas para justificar la gestión centralizada de las subvenciones resultan respetuosas con las competencias autonómicas. Tampoco es atendible la imposibilidad de establecer criterios previos de territorialización. Además. inventario al que se refiere la disposición transitoria única. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. de la propia regulación estatal se infiere que la norma se refiere a líneas de alta tensión que se pueden determinar perfectamente con los criterios que la misma . 6. Pág. el Abogado del Estado ha justificado la gestión centralizada en que las líneas de transporte de energía eléctrica a las que se refiere la norma transcurren por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. mediante el cumplimiento de unos requisitos idénticos en todo el territorio nacional».22 CE. las Comunidades Autónomas debían realizar un inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes e incluidas en el ámbito de aplicación de la norma (arts. y en los catálogos autonómicos.2 y 4 del Real Decreto 1432/2008). gestión y pago de las ayudas. Y. en tercer lugar.3. no es adecuado argumentar a partir de la ausencia de programas de financiación en las Comunidades Autónomas. por lo que se refiere a las expuestas en el preámbulo de la norma. Alimentación y Medio Ambiente (art.1. de Verificable en http://www. en materia de autorización de instalaciones eléctricas. El artículo 11.boe.es esas líneas. reitera dichas reglas. Ya se ha mencionado que. de acuerdo con el informe que emita la administración competente». lo que se relacionaría con la competencia exclusiva del Estado del artículo 149. En segundo lugar sostiene que es preciso priorizar las líneas eléctricas subvencionables atendiendo a criterios de gravedad iguales para todo el territorio nacional. primando los tramos de mayor impacto. porque la norma establece con claridad que la financiación de los proyectos debe dotarse con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca. De acuerdo con lo anterior. 5 a) del Real Decreto 264/2017] a «líneas eléctricas que figuren en el inventario de líneas eléctricas aéreas de alta tensión que provocan una significativa y contrastada mortalidad por electrocución de aves incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. el artículo 5. así como para garantizar idénticas posibilidades de obtención o disfrute de dicha financiación por parte de sus potenciales destinatarios. particularmente las incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. de la regulación del Real Decreto 1432/2008 y del que es objeto del presente conflicto resulta que las ayudas previstas solamente se conceden [art.4. Por tanto. debemos examinar tanto las razones expresadas por norma objeto de conflicto como los argumentos aportados por el Abogado del Estado para justificar la reserva al Estado de tales competencias relacionadas con la regulación. 3).2 precisa todavía más señalando que. de 29 de agosto». ya que. al fijar criterios objetivos de otorgamiento y ponderación. 83104 de la gestión de las ayudas sólo puede tener lugar en supuestos excepcionales que aparezcan plenamente justificados. se priorizan aquellas i) «cuya incidencia en la mortandad de especies en peligro de extinción o de otras especies amenazadas haya sido probada». 3. argumenta que la norma garantiza la participación autonómica en tanto prevé la presencia de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en la Comisión de valoración del artículo 12. Por eso se considera que la gestión debe realizarse centralizadamente «para asegurar la plena efectividad de las actuaciones de fomento de la seguridad de las líneas eléctricas. ii) «que se cve: BOE-A-2018-11701 refieran a líneas eléctricas en las que la electrocución de aves haya sido causa de incendio forestal grave. TC. Del apartado II del preámbulo del Real Decreto se deduce que las razones por las que se estima justificada la centralización son que «muchas de las Comunidades Autónomas carecen de este tipo de programas de financiación» y «la imposibilidad de establecer criterios previos para la distribución del presupuesto. Por su parte. lo que hace inviable determinar una distribución del mismo por Comunidades Autónomas». Así.
deben establecer un inventario de las líneas eléctricas de alta tensión existentes que provocan una significativa y contrastada mortalidad de aves. tampoco la simple reproducción de la doctrina constitucional en el preámbulo del Real Decreto supone necesariamente que tales exigencias concurran en el caso (STC 38/2012. FJ 4). no puede admitirse que sea imposible establecer criterios previos para la distribución territorial de las ayudas. y.2 y 11 del Real Decreto 264/2017. ya que dichos criterios ya se encuentran en el Real Decreto 1432/2008. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. de 23 de octubre. Finalmente. Dicha razón tampoco puede ser atendida ya que.3 del Real Verificable en http://www. y también en los ya examinados artículos 5. particularmente las incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas» (disposición transitoria única.boe. TC. con independencia de que eso sea así. los criterios para fijar las adaptaciones que deben priorizarse ya han sido establecidos en el Real Decreto 264/2017. Lo que está en juego aquí es la competencia para concretar las medidas de fomento articuladas por el Estado para que determinadas partes o tramos de las líneas eléctricas cumplan objetivos medioambientales. para que el Estado pueda definir dichos criterios con el grado de detalle que estime oportuno. Por lo demás.2 y 11. Estas actuaciones subvencionadas no inciden sobre toda la extensión de la línea eléctrica. el primero se refiere a que las líneas que han de ser modificadas transcurren por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Es a esta última norma a la que remite el no impugnado artículo 5 a) del Real Decreto 264/2017. conforme al orden constitucional de distribución de competencias y a la doctrina constitucional. en cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria única. singularmente en sus artículos 5. de aves incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. sino solamente a los tramos de ella identificados conforme a los criterios del Real Decreto 1432/2008. cve: BOE-A-2018-11701 Además.2. FJ 4). FJ 6).22 CE. de 22 de septiembre. Pág. de 26 de marzo. Tampoco existe inconveniente alguno. cuando fija los requisitos técnicos de los proyectos a financiar. Por lo que respecta a los argumentos aportados por el Abogado del Estado. su ámbito de aplicación no se refiere a cualquier línea de transporte en su integridad sino solamente a la parte de ella identificada conforme a los criterios de los dos Reales Decretos citados. las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión no se refieren a la totalidad de la línea.1. El segundo argumento se refiere a la necesaria determinación de criterios de gravedad iguales en todo el territorio. y no se ha controvertido en el proceso. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm.es Decreto 1432/2008. Además. Las Comunidades Autónomas. 83105 proporciona. pues se refiere a la autorización de las instalaciones eléctricas cuando el aprovechamiento de la energía eléctrica afecte a otra Comunidad o su transporte salga de su ámbito territorial (STC 181/2013. Tampoco resulta aplicable aquí el titulo competencial del artículo 149. La territorialización no impide que se tomen en consideración los tramos de mayor impacto desde el punto de vista de los objetivos perseguidos por la norma. pues es una cuestión diferente de la ahora controvertida. esto es las ubicadas en las zonas de protección a las que dicha norma se aplica (art. pues es evidente que esa participación no puede sustituir la asunción de las facultades de gestión que corresponden a las Comunidades Autónomas. definidas en los términos de su artículo 4 en relación con el artículo 5. no puede admitirse la justificación relativa a la participación autonómica en el procedimiento de otorgamiento de las subvenciones. indirectamente el argumento empleado por el Abogado del Estado remite a la condición supraterritorial de la actividad a subvencionar. . justificación que ya ha sido descartado en otras ocasiones por la doctrina de este Tribunal (STC 144/2014. 3. solo a las identificadas por las Comunidades Autónomas como aquellas que provocan «una significativa y contrastada mortalidad por colisión. lo que impide atender esta segunda justificación. aún dentro de ellas. Consecuentemente. cabe reiterar. Y. Este segundo argumento tampoco puede ser acogido.3).2). sino únicamente sobre determinados tramos identificados en los términos del Real Decreto 1432/2008 y concretados todavía más por el Real Decreto que ahora examinamos.
se alcanzan las siguientes conclusiones: a) El artículo 7. y. la recepción de las solicitudes. Además. y las que en ella se citan). las disponibilidades presupuestarias y el informe de la comisión de valoración. La convocatoria de unas ayudas concretas para un período determinado constituye un indiscutible acto de gestión o ejecución por lo que su atribución a un órgano estatal es contrario al orden constitucional de distribución de competencias y también inconstitucional y nula. Lo propio sucede con el modelo normalizado de solicitud al que alude ese mismo primer párrafo del artículo 10 y también el artículo 10. único aspecto que discute la demanda. según el artículo 6. entre otros extremos. 9. La realización de los trabajos de adaptación de las líneas es una función ejecutiva que. instar la reformulación de la solicitud del beneficiario. 10. Impone a los solicitantes de las ayudas en especie que envíen un escrito (según el modelo normalizado contenido en la convocatoria). y 20. cabe concluir que nos hallamos ante el segundo de los supuestos —el b)— de delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas enunciados en el fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992. o por el órgano al que corresponda por delegación. sea dineraria o en especie. apartado segundo. La fijación del importe de cada ayuda es un aspecto propio de la gestión de las subvenciones que es de competencia autonómica. Además de que la demanda no contiene una argumentación específica sobre este precepto.boe.2 k). FJ 11. apartado tercero. que la gestión administrativa de las ayudas comprende. el artículo 10. b) Del artículo 9. TC. resulta que hace referencia a una actuación. habida cuenta de los criterios contenidos en el artículo 11. conforme al criterio que se está aplicando. será determinado por el Secretario de Estado de Medio Ambiente.1 fija en 15 millones de euros el máximo anual por titular que no pueden superar las ayudas. vulnera las competencias autonómicas y es inconstitucional y nula. De acuerdo con ello. cuando prevé que las solicitudes de ayudas han de dirigirse al mismo.3 se impugna la previsión de que el procedimiento de concesión debe realizarse mediante convocatorias públicas anuales aprobadas por el Secretario de Estado de Medio Ambiente. Pág. 12. apartado segundo. cuarto y séptimo. 7. o el órgano que corresponda por delegación. de 21 de diciembre. la verificación de sus datos y su tramitación. Se trata de una cuestión meramente procedimental que corresponde fijar a la Comunidad Autónoma. corresponde a la Comunidad Autónoma. competencia «de la que sin dificultad se deriva la facultad de la Administración ante la que se tramitan las ayudas para decidir el empleo de los modelos o formularios más apropiados que han de utilizar los solicitantes. se materializa la subvención. asimismo. FJ 4). Este Tribunal ha afirmado que no tienen carácter básico los modelos normalizados de solicitud (STC 242/1999. o por el órgano que corresponda por delegación. Asimismo. sin determinar el órgano al que corresponde hacerlo. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. segundo. así como los que han de utilizarse para resolver sobre su otorgamiento» (STC 70/1997. apartados primero. apartados primero y quinto. c) Es igualmente inconstitucional y nula la mención al Secretario de Estado de Medio Ambiente del primer párrafo del artículo 10. por lo que la referencia al Secretario de Estado de Medio Ambiente. decidiendo el modelo o formulario más adecuado. 14. la documentación aportada por el solicitante. 15. primer párrafo y apartado segundo k. de 10 de abril. prevé que el importe de cada ayuda. Conforme a lo anterior debemos proceder al examen individualizado de los distintos preceptos del Real Decreto objeto de conflicto que han sido impugnados. Concretamente se trata de los artículos 7. El apartado quinto del artículo 7 no vulnera las competencias autonómicas. mediante el cual autoricen al Verificable en http://www.2 k) infringe las competencias autonómicas en otro aspecto.es Ministerio la realización de los trabajos y renuncien a emprender acciones legales por los perjuicios sufridos como consecuencia de la falta de suministro de energía eléctrica o de cve: BOE-A-2018-11701 la limitación en el acceso a la propiedad. en cuanto que se relaciona con una de las formas en las que. 83106 En suma. a la luz de todo lo expuesto. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. .
la referencia a un órgano estatal es inconstitucional y nula. así como para la resolución de concesión o denegación (apartado séptimo). general de subvenciones. designado también por el mismo Director General) y un funcionario de alguna Comunidad Autónoma designado por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. por tanto. En segundo lugar. entre otros. FALLO En atención a todo lo expuesto. al Ministerio de Agricultura y Pesca.4 según el cual el examen y valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión de valoración.4. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec. Estos dos últimos aspectos no han sido impugnados. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. designados por su Director General). Por ello. Por consiguiente. deberán serlo también de la publicidad de las ayudas.2 en el inciso relativo a que las resoluciones de las solicitudes de modificación serán dictadas por el Secretario de Estado de Medio Ambiente. por lo tanto. vulneran las competencias autonómicas al referirse a los órganos estatales competentes para realizar la tramitación de las ayudas y son. y de la que formarán parte también cinco funcionarios de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (el vicepresidente y cuatro vocales. si las Comunidades Autónomas han de ser las responsables de la concesión. TC. Alimentación y Medio Ambiente. inconstitucionales y nulos los preceptos del Real Decreto 264/2017. un funcionario de la Subdirección General de Medio Natural (el secretario. POR LA AUTORIDAD Verificable en http://www. dar publicidad a las mismas. Pág.2 obliga a que la justificación de las ayudas en especie se realice mediante un acta de comprobación de la inversión firmada por un representante de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. su actual composición vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña. en la medida en que designa a órganos estatales para la ordenación e instrucción del procedimiento (apartados primero y segundo). salvo en lo relativo a su composición y en la medida en que se vincula a un procedimiento centralizado de concesión de las ayudas. que tendrá como presidente. por representantes estatales. El examen y valoración hechos por la comisión se traducirá en un informe (art. inconstitucionales y nulas. de 17 de noviembre. 12. Así. Inconstitucionalidad y nulidad que se extiende al artículo 14. La comprobación de la realización de la actividad financiada es una obligación que impone el artículo 32 de la Ley 38/2003. Estas previsiones sobre ordenación. 12.5) a la vista del cual el órgano instructor formulará su propuesta de resolución provisional (art. lo que determina que esté integrada.es QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA. cve: BOE-A-2018-11701 Ha decidido 1. Es. de suerte que podemos entender que la impugnación no cuestiona la existencia de una comisión de valoración en el procedimiento de otorgamiento de las subvenciones.boe. Nos encontramos de nuevo ante la asunción de una función ejecutiva que contraviene el orden constitucional de distribución de competencias. se cuestiona el artículo 12. en su práctica totalidad. al órgano que ha concedido la subvención. 83107 d) El artículo 12 se impugna. por ello. f) El artículo 20 regula la publicidad de las ayudas y ordena. de 17 . en primer lugar. del ámbito de la función ejecutiva. dadas las funciones que la misma tiene atribuidas en relación con unas ayudas que no pueden ser gestionadas centralizadamente. al Subdirector General de Medio Natural. Se trata de funciones de naturaleza ejecutiva que contravienen el orden constitucional de distribución de competencias. en consecuencia. e) El artículo 15.º Estimar parcialmente el presente conflicto positivo de competencias y declarar que son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y. instrucción y resolución de las ayudas. inconstitucional y nula la composición de la comisión de valoración determinada en el artículo 12. con voz y voto. como una parte más del procedimiento administrativo a realizar y entra dentro. esta regulación es inconstitucional y nula. el Tribunal Constitucional. En ese sentido.6). con voto de calidad.
por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008. b) El inciso «por el Secretario de Estado de Medio Ambiente.–Santiago Martínez-Vares García. f) El inciso «firmado por un representante de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural» del artículo 15.boe.1. Alimentación y Medio Ambiente» del artículo 20. Alimentación y Medio Ambiente» del artículo 10. TC. así como los incisos «conforme al modelo normalizado que se establezca en las correspondientes convocatorias» y «por cuenta del Ministerio de Agricultura y Pesca.–Juan Antonio Xiol Ríos. o bien por el órgano que proceda por delegación» y al informe de la comisión de valoración del artículo 7.–Andrés Ollero Tassara. segundo.2 k). BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión que. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».– Encarnación Roca Trías.boe. Verificable en http://www.º Desestimar el conflicto en todo lo demás.: M-1/1958 . de 29 de agosto. c) La referencia al «Secretario de Estado de Medio Ambiente» y a «los modelos normalizados de solicitud» y «que se establecerán en las correspondientes convocatorias» del primer párrafo del artículo 10. se enuncian: a) Las referencias al «Secretario de Estado de Medio Ambiente.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. cuarto y séptimo.3. 83108 de marzo.es cve: BOE-A-2018-11701 http://www. L.–Antonio Narváez Rodríguez. e) El inciso «Las resoluciones de las solicitudes de modificación serán dictadas por el Secretario de Estado de Medio Ambiente» del artículo 14. apartados primero. Madrid. d) El artículo 12.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.ISSN: 0212-033X . a diecinueve de julio de dos mil dieciocho.2.–Juan José González Rivas.–Fernando Valdés Dal-Ré. o bien el órgano que proceda por delegación» del artículo 9. 2.–Cándido Conde-Pumpido Tourón. a continuación.2.–Ricardo Enríquez Sancho.–Alfredo Montoya Melgar. Pág. g) La referencia a «El Ministerio de Agricultura y Pesca. 199 Viernes 17 de agosto de 2018 Sec.
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 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 5
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 149
 real decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 58
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 4
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 7
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 32
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 20
 artículo 15
 resolución 
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 9