Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/90/STSJC19900614.htm
Timestamp: 2018-12-11 10:52:34+00:00

Document:
Sentència de 14 de juny de 1990
de 14 de juny de 1990, núm. 6/1990 (Sala Civil i Penal)
Iltmos. Srs. Magistrados: D. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, D. Luis Puig y Ferriol. D. Carlos Fanlo Malagarriga.
En la Ciudad de Barcelona a catorce de Junio de mil novecientos noventa.
VISTOS por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados, señalados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación, por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, como consecuencia de autos juicio de Tercería de Dominio, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Igualada, bajo el número 122/88, dimanante de los autos juicio ejecutivo número 183/86, que ante dicho Juzgado se siguieron; cuyo recurso fue interpuesto por X1 representada por el Procurador D. Juan Dalmau Rafael y defendida por el Abogado D. Juan Morera Sabater y como recurridos personados la Entidad Mercantil Y1, representada por el Procurador D. Miguel Puig Serra Santacana, y defendida por el Letrado D. Jaume Orgué Balsell; y de la otra Y2, declarado en rebeldía en la Primera Instancia y no comparecido en este recurso, en donde ha estado representado, en los estrados de este Tribunal.
Primero. - Que por el Procurador D. Jordi Dalmau Ribalta, en nombre y representación de X1, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Igualada, la oportuna demanda de Tercería de Dominio, en los autos juicio ejecutivo instados por la Entidad Y1, ante el expresado Juzgado contra Y2, y en cuya demanda, se alegaron en síntesis los siguientes hechos: A) Que mediante escrito de fecha doce de Mayo de mil novecientos ochenta y siete, por el Procurador D. Jordi Dalmau Ribalta, obrando en nombre y representación de X1, compareció en el juicio ejecutivo número 183/86, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Igualada, interponiendo en la representación que ostentaba, la oportuna demanda de Tercería de Dominio, contra Y2 y Y2, por haberse trabado embargo, en el indicado juicio ejecutivo sobre las siguientes fincas: «Porción de terreno o solar para edificar, situado en el término de Ódena, en el lugar conocido por ZZZ de figura irregular, que ocupa una superficie aproximada de ----- metros cuadrados. LINDANTE: Norte en línea de --- metros, con la parcela número 26 de la finca matriz, destinada a zona verde; Este en línea de 29,72 metros, con la calle n.º 4; y por el Oeste en otra línea de ---- metros con el señor S. Inscrita esta finca al Tomo ---- del Registro de la Propiedad de Igualada Libro -- de Orden, Folio --, finca número -----, cuya finca fue adquirida por la actora y su esposo el demandado Y2, ambos de vecindad catalana, y casados en régimen de separación de bienes, en común y proindiviso y el sobreviviente de los dos, mediante escritura ante el Notario de Igualada D. Manuel Burdiel Hernández el día 4 de Febrero de 1976. B) Que en el juicio ejecutivo de referencia, se procedió al embargo de la expresada finca, el cual fue inscrito en el registro de la Propiedad de aquél Partido Judicial, y dictada que fue sentencia de remate, en dicho procedimiento judicial -juicio ejecutivo-, la sociedad ejecutante instó la vía de apremio, a cuyo efecto fue requerido el Sr. B., para que aportara los títulos de propiedad, lo que hizo en su momento procesal oportuno, precisamente para poner de manifiesto que dada la existencia del pacto de sobrevivencia no podía disponer de la finca, ello, no obstante, se siguió la ejecución adelante, hasta hacer trance y remate de los bienes embargados, consistentes en la finca en cuestión, la cual fue adjudicada a tercera persona mediante la correspondiente subasta pública, con aprobación del remate. C) Que el pacto de sobrevivencia estipulado en la compraventa, crea entre la actora y su consorte, una comunidad de bienes de tipo germánico, en la que no existen cuotas ideales de propiedad, siendo los titulares propietarios del todo sin que pueda determinarse la proporción, no pudiendo por ello, disponer del bien (art. 62 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña). D) Que el pacto de sobrevivencia somete el contrato a una condición resolutoria, con efectos superiores, en virtud de lo cual, ninguno de los consortes accede a la propiedad exclusiva de la cosa y por tanto puede disponer de ella en tanto no se premuera el otro, con lo que caso de permitir esta disponibilidad, prohibida por la Ley, a un tercero, la venta, aunque se verificase tan sólo en cuanto a la mitad indivisa del bien, sería nula de pleno derecho. E) Que si bien no puede predicarse en la actualidad de ninguno de los consortes, cual sea su parte en la propiedad, la actora se halla legitimada para entablar la presente tercería, en virtud de la expectativa cierta de derecho que tiene para adquirir algún día la exclusiva propiedad de la finca. F) Que el pacto de sobrevivencia es una institución de tipo contractual, permitido sólo entre los cónyuges cuya finalidad consiste en la seguridad y protección familiar, fundamentalmente la de la esposa, que en caso de enviudar, se vería burlada, caso de permitir la disposición de la finca por un tercero, y que junto a la tercería, se pretende que se declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio ejecutivo, en cuanto al remate de la finca y la adjudicación de la misma, por ser contrario a la Ley; y tras alegar los fundamentos de derecho de aplicación al caso, terminó suplicando, previo el recibimiento a prueba, se dictase sentencia, declarando que la finca de autos por ser propiedad en común y proindiviso y el sobreviviente de los dos a solas de los consortes Y2 y X1, no puede considerarse en el momento actual propiedad del ejecutado, ni siquiera en su mitad indivisa, al no hallarse el matrimonio ni separado ni divorciado; declarando al propio tiempo la nulidad de todo lo actuado, con imposición de las costas a los demandados si se opusiesen, interesando, además, mediante otrosí, y al amparo de lo previsto en el artículo 1.535 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la suspensión de la vía de apremio, en las actuaciones del juicio ejecutivo, respecto al bien objeto de debate.
Segundo. - Que mediante escrito de fecha treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, por el Procurador de D. Joaquin Planas Vilella, en nombre y representación de la Entidad Mercantil Y1, compareció en la pieza separada, que al efecto se formalizó, en los autos juicio ejecutivo de referencia, dentro del plazo que a tal fin se le concedió, procediendo a la contestación de la demanda de tercería interpuesta por la contraria, alegando en síntesis los siguientes hechos: a) Que previamente negar los hechos relatados por la adversa, en su escrito de demanda, en la medida que no vengan reconocidos por dicha parte, en el indicado escrito de contestación, arguyó la excepción dilatoria de falta de legitimación activa de la actora, por no tener el dominio sobre la parte indivisa de la finca embargada al esposo y consecuentemente la titularidad de la misma, por carecer de título suficiente que lo acreditara, requisitos ambos necesarios para la interposición de la demanda de tercería, oponiendo por tanto a los restantes pedimentos, en base de que en el mandamiento obrante en los autos del juicio ejecutivo el Sr. Registrador de la Propiedad tomó la anotación preventiva de embargo sobre la mitad indivisa de la finca perteneciente a Y2, dejando a salvo los derechos que sobre la expresada mitad pudiera tener la actora en virtud de pacto de sobrevivencia, pero teniendo en cuenta que la anotación se llevó a cabo, en méritos de la cuestión que se debate, resuelta por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de fecha 29 de diciembre de 1977, que a tal efecto señala «que la mitad indivisa de un bien adquirido por uno de los cónyuges, con pacto de sobrevivencia es embargable y que la ejecución del embargo provoca la disposición forzosa por un tercero de la parte embargada con la consecuente transmisión, y que al adquirir un tercero la parte de uno de los cónyuges se extingue la comunidad germánica creada por el pacto de sobrevivencia y nace entre el tercer adquiriente y el otro cónyuge una comunidad de tipo romano regulada en nuestro Código Civil y esencialmente divisible. b) Y por último, estima la parte demandada, en el juicio de tercería de dominio, que no puede ser ejercitada en dicho procedimiento la acción de nulidad pretendida, en relación a las actuaciones del juicio ejecutivo, y previamente alegar los fundamentos de derecho de aplicación al caso, terminó suplicando se dictara en su día sentencia en la que, desestimando la demanda en todos sus pedimentos, se condene a la parte actora al pago de las costas del presente juicio.
Tercero. - Que contestada la demanda y acusada la situación de rebeldía del demandado Y2, se convocó a las partes a comparecencia, en virtud de lo prevenido en el art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las que comparecieron el día al efecto señalado por medio de sus representantes, alegando cada uno lo que estimó procedente en razón en sus respectivas peticiones, en sus escritos de demanda y contestación, solicitando ambas partes el recibimiento del presente juicio a prueba y una vez tuvo lugar las solicitadas por las partes, se unieron las practicadas a los autos principales, convocándose a las mismas, a fin de poner de manifiesto su resultado por el término y a los fines señalados en el art. 701 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las cuales presentaron sus respectivos escritos, dentro del plazo que se les concedió, con el resumen de las pruebas practicadas, por lo que el Juez de Primera Instancia de Igualada y su partido dictó la oportuna sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente. «FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Jordi Dalmau Ribalta, en nombre y representación de X1 contra «Y1» y Y2, con expresa imposición de costas a dicha parte demandante».
Cuarto. - Que interpuesto, dentro del plazo legal, por la representación de X1, el oportuno recurso de apelación, ante la Sección Décimosexta de la Audiencia de Barcelona, contra la anterior sentencia, y admitida en ambos efectos, se remitieron los autos principales en la expresada Audiencia y personados en tiempo y forma la parte apelante y la apelada, no compareciendo en dicha alzada D. Y2, se dio traslado a las partes personadas, para que en el término de seis días, manifestaran lo que estimaran por conveniente, en virtud de lo previsto en el artículo 705 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y transcurrido dicho término sin verificarlo, se trajeron los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, comunicándose los autos para instrucción a las partes, por término improrrogable de cuatro días, los que evacuaron dicho trámite dentro del plazo que se les concedió, a excepción de la parte apelada incomparecida, por lo que se señaló día para la vista, la que tuvo lugar, el diez de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve, compareciendo en la misma las partes personadas, las cuales, previamente alegar lo que estimaron por conveniente, en sus respectivas pretensiones, solicitaron se dictase sentencia conforme tenían solicitado, por lo que, por la Sección Dieciséis de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó el siguiente: FALLO: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la demandante X1, contra la sentencia de fecha veinte y cuatro de Enero del corriente año, por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de la Ciudad de Igualada, en los autos de tercería de dominio, dimanante del juicio ejecutivo, seguido bajo el número 183/85 ante dicho Juzgado a instancia de Y1 contra D. Y2, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, en todas sus partes, sin hacer expresa condena en cuanto a las costas de esta alzada. Notifíquese al apelado rebelde en forma legal, si en el plazo de tres días el apelante no pidiere la notificación personal. Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma, que con los autos originales se remitirá al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos. Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Ilmos. Srs. Presidente. D. Agustín Ferrer Barriendos. - Magistrados: Doña María José de la Vega Llanes y D. Ángel Tatger Clara. - Siguen firmas ilegibles. - PUBLICACIÓN. - En Barcelona a ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Leída y publicada ante mi, fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha, en la Sección de esta Audiencia Provincial, de que certifico. - El Secretario en funciones. - Rubricado».
Quinto. - Que por el Procurador D. Juan Dalmau Rafael, en nombre y representación de X1, se interpuso, contra la anterior sentencia, el oportuno recurso de casación al amparo de los siguientes motivos:
Primero. - a) Que al amparo de los artículos 61 y 62 de la Compilación del derecho civil de Cataluña, se infringen dichos artículos, por violación e interpretación errónea de los mismos, por cuanto las compras con el pacto de sobrevivencia, admitidas en el Derecho Civil de Cataluña y sólo para el matrimonio catalán en régimen de separación de bienes, merecen una atención especial y singularísima, pues no se admiten en el Derecho del Código Civil Español y por tal motivo, en varias ocasiones, se han comparado y confundido con los bienes de la Sociedad de Gananciales de dicho Código, cuando realmente son instituciones jurídicas muy distintas y cuya fundamentación y razón de ser es totalmente diferente, y precisamente esta confesión y asimilación de una y otra institución, hizo que se dictase la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 29 de Diciembre de 1977, que es la que de forma clara infringió los artículos 61 y 62 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña y de donde proviene el problema jurídico que se plantea en la tercería, por lo que, las compras con pacto de sobrevivencia, crea una comunidad especial, entre los cónyuges catalanes en régimen de separación de bienes, que no se amolda al sistema de Comunidad de bienes romana, por cuotas, en que los copropietarios pueden disponer de su cuota y pueden pedir la participación. b) Que en relación a los expresados preceptos, se produce una comunidad entre los cónyuges, ya que el régimen económico matrimonial de dichos cónyuges ha de ser el de separación de bienes, por lo que los bienes comprados con el pacto de sobrevivencia no pueden ser vendidos ni gravados si no es por acuerdo entre ambos; que cada cónyuge no puede transmitir su derecho sobre la cosa a un tercero; que deben mantenerse en la indivisión; que cada cónyuge por sí, no puede renunciar sus derechos sobre la cosa; y finalmente cuando se produzca la muerte de uno de los cónyuges, el sobreviviente se convierte en propietario, único definitivo y libre de la totalidad de la cosa, de lo que se desprende que mientras no se produce la muerte de uno de los cónyuges, realmente no se sabe de quién es la finca, ya que es de ambos, sin poder disponer, ni vender, ni gravar, ni partir ni renunciar, quedando subsistente la comunidad, hasta que no se produce tal evento, o sea, el fallecimiento de uno de los cónyuges y por tanto todo queda pendiente de que se cumpla esa condición. c) Aplicando todo lo expuesto al caso concreto de los bienes comprados con el pacto de sobrevivencia y en el supuesto previsto en las Sentencias recaídas en este juicio de Tercería, dictadas por el Juzgado de Igualada y por la Audiencia de Barcelona, no respetan los preceptos de la Compilación de Cataluña, que se estiman infringidos, ya que sin esperar que se cumpla la condición, a que se ha hecho referencia, dichas resoluciones admiten que un acreedor del marido pueda hacer todo lo que ellos no pueden realizar, tal es el caso, de vender, partir y disponer, del bien que le fue adjudicado, en virtud de una sentencia de remate, dictada en un juicio ejecutivo. d) Que de lo expuesto se deduce que la Sentencia y la Resolución de la Dirección General infringieron dichos preceptos, del mismo modo que las dos indicadas sentencias, y esta infracción deriva de los dos extremos: La asimilación de los bienes comprados con el pacto de sobrevivencia con los de la Sociedad de Gananciales y al estimar que el derecho del acreedor es preferente al derecho de los cónyuges. d) Que si la recurrente Doña X1 S., tiene tal derecho con pacto de sobrevivencia, fue por la compra otorgada mediante Escritura de nueve de Febrero de mil novecientos setenta y seis, nueve años ante del crédito de Y1, por lo que es impensable, se otorgara con fraude de acreedores, razón por la cual tal derecho tiene que ser protegido. e) Si se diera el caso de haber actuado en fraude de acreedores, podría la Sociedad acreedora ejercitar la acción Pauliana o acción «alienatio in fraudem creditorum» y si esta acción prospera, podrían ejecutarse los bienes, o el bien objeto de traba, y al no darse el caso de la susodicha acción, los bienes no son ejecutables, debiéndose respetarse el derecho de los cónyuges, como cualquier otro derecho legalmente obtenido, no cabiendo argumentar ni interpretar, conflicto de intereses entre el acreedor y el cónyuge no deudor, y ante este conflicto decidir a favor del acreedor, amparándose realmente en el principio de responsabilidad general del art. 1.911 del Código Civil y por tanto dando por supuesto de que la mitad indivisa es del marido, produciéndose con ello un grave error, al prescindir de toda la mecánica del pacto de sobrevivencia, por cuanto sin esperar que se cumpla la condición suspensiva-resolutoria, se resuelve y se tratan estos bienes como si fueran comunes en comunidad ordinaria de carácter romano, comunidad por cuotas, disponible, divisible, renunciable, etc., por cuanto los bienes comprados con pacto de sobrevivencia no son disponibles por su propia naturaleza hasta que se produzca la condición a la que están sometidos, por lo que tales bienes, no se pueden ceder a terceros, y que cada cónyuge no puede vender, ni gravar, ni renunciar, e incluso no puede pedir su división, por cuanto no pueden confundirse con la Sociedad de Gananciales, que los bienes que pertenecen a los mismos, son disponibles y pueden ser vendidos, gravados y en su caso pedir la liquidación de los mismos, por no hallarse sujetos a condición alguna. Es obvio que si se hubiera tratado de tales bienes, hubieran respondido sobre toda clase de deudas, según el art. 1.365 y concordantes del Código Civil, por ser la mitad de cada cónyuge, pero no de los bienes adquiridos con pacto de supervivencia, mientras no se produzca la condición suspensiva no resolutoria, y a tal efecto, tales bienes se hallan incluidos, en una comunidad germánica, sin cuotas, en que todos es de todos, sin saber a quién pertenecerán los bienes, por lo que no se puede determinar nunca, ni asegurar que la mitad es de uno y la otra mitad es del otro, pero no de los dos y por mitad. f) Concluyendo que el principio de responsabilidad general de las personas del art. 1.911 del Código Civil, que en las sentencias se aplica, es erróneo, por cuanto si la mitad indivisa del solar, objeto del presente litigio, es del Sr. Y2, es buena hora que se le embargue, ya que nadie puede asegurar que esta mitad sea suya, ni que toda la finca sea de dicho señor o de su esposa y al no saberlo, no se puede admitir ni disponer que sea propietario de la mitad, por lo que entiende que los artículos 61 y 62 deben respetarse, no siendo admisible se les dé una interpretación que claramente significa la infracción que se propugna.
Segundo. - Que el segundo motivo de casación, que se alude a la interposición del recurso, consiste en las infracciones de los artículos 790, 791, 1.113, 1.114 y 1. 115 del Código Civil, por violación, inaplicación e interpretación errónea, basándose en las siguientes consideraciones: En nuestro derecho Civil, se admiten las obligaciones condicionales y también las disposiciones testamentarias hereditarias, tanto a título universal como particular, pudiendo hacerse con condiciones. Los artículos que se citan como infringidos así lo dicen; a) Y es más estas condiciones no sólo las admite el Derecho Civil, al igual que el Registro de la Propiedad, que los inscribe. b) En resumen, las obligaciones condicionales y las disposiciones hereditarias, nombramiento de herederos y los legados condicionales son plenamente admitidos en nuestro derecho. c) En Cataluña estamos acostumbrados a la Fideicomisos, que en realidad todos se fundamentan en una condición; a los heredamientos que pueden ser condicionales y a los contratos con condición -como por ejemplo la compraventa a carta de gracia o retracto convencional, siendo estas condiciones válidas en derecho, por lo que se inscriben en el Registro y siempre se han cumplido y respetado. d) Las compras con pacto de sobrevivencia, es un caso de contrato sujeto a una condición resolutoria suspensiva, condición válida en derecho, que se inscribe en el Registro de la Propiedad y que hemos de respetar. d) En el caso que nos ocupa, en que las sentencias recurridas en casación, desestiman la Tercería y por tanto permiten la venta de la finca en ejecución, que es el mismo caso contemplado en las tantas veces aludida Resolución de la Dirección General de los Registros, se contempla que esta resolución, no sólo permite la venta de la finca, sino que además la libera de la Condición Resolutoria-suspensiva. Este segundo extremo que concretamente es lo que resuelve dicha Resolución, parece admiten las Sentencias de nuestro juicio, lo que significa la infracción clara y directa de los que se denuncian infringidos, en este segundo motivo del recurso, y ello es así, tanto si estimamos que la condición tiene un carácter contractual, como si hereditario, ya que en esto tampoco se está de acuerdo, en méritos del pacto de sobrevivencia. e) Si se compara con otros casos, en que tenemos bienes bajo condición, como es el de los Fideicomisos si el Fiduciario vende la finca, no por ello se destruye o queda sin efecto la Condición, al contrario, la Condición que suele ser resolutoria subsiste y quien compra la finca queda sujeto a respetar la Condición. f) En el caso que nos ocupa, ni las Sentencias, ni la Resolución de la Dirección General respeta la Condición, al contrario, la cancelan, la derogan y la anulan, en cambio los tratadistas se limitan a decir que no es comprensible que el pacto de sobrevivencia continúe en personas distintas del matrimonio. g) La parte recurrente entiende, que en buena doctrina jurídica y en buena interpretación de los arts. 61 y 62 de la Compilación del Derecho Civil Cataluña, los bienes con el pacto de sobrevivencia, mientras no se haya cumplido la condición, no se sabe de quién son y por tal motivo, pese al principio de responsabilidad general de las personas, no pueden embargarse por motivo de no constar que sean del deudor. Es más, estos bienes serán en su día, del marido o de la esposa, en su totalidad, pero nunca, podrán ser de la mitad de cada uno. h) Razona el recurrente que se da el caso curioso, que se deja sin efecto la condición y al hacerlo, se sabe con certeza que el otro cónyuge, el no deudor, si sobrevive, ya de antemano, las Sentencias le han quitado la mitad de la finca, sin juzgarle siquiera, pues al que se juzgaba era al otro cónyuge, de lo que se desprende otro motivo de casación, que se condena a una persona sin habérsela juzgado, en contra del más básico principio de derecho. h) Sigue estimando la parte recurrente, que los bienes comprados con pacto de sobrevivencia, no pueden ser embargados ni ejecutados, pero en el supuesto de permitirse el embargo y la ejecución y venta, lo menos que puede hacerse, es respetar los derechos del otro cónyuge, y no condenarle sin haber sido oído, por lo que debería subsistir la condición y quedar los bienes sujetos a ella, por lo que el cónyuge no deudor, si sobrevive, no perdería nada. i) Mientras no se cumpliera la condición estos bienes podrían tener la condición de bienes de comunidad romana, por cuotas de mitad cada parte, que podrían ser objeto de compraventa, pero no de participación. El cumplimiento de la condición a favor de uno u otro cónyuge, daría la solución final, puesto que liberar la finca de la condición, es violar los artículos citados como infringido perjudicando al otro cónyuge, al hacerle perder sus legítimos derechos adquiridos legalmente.
Tercero. - El tercer motivo de casación, consiste en la infracción de los artículos 9-2a, 13, 23, 26, 37 de la Ley Hipotecaria y artículo 51-60 y 51-70 del Reglamento, por violación, inaplicación e interpretación errónea, en méritos de los siguientes motivos: El art. 9 de la Ley hipotecaria dice que toda inscripción que se haga en el Registro, expresará las circunstancias siguientes: ... Segunda. - La naturaleza, extensión y condiciones suspensivas o resolutorias, si las hubiere del derecho que se inscriba. El Artículo 51 del Reglamento en su regla Sexta, dice que las condiciones se copiarán literalmente, es decir, se transcribirán, y la regla Séptima dice que las cargas y limitaciones del derecho que se inscriba se expresarán. Todos los demás artículos que se dicen infringidos en este motivo, son los artículos de la Ley Hipotecaria que regulan la inscripción de las condiciones en el Registro de la Propiedad y su cancelación. a) Como anteriormente se ha dicho, nuestro derecho regula las obligaciones condicionales y las disposiciones hereditarias condicionales y les reconoce valor y, como consecuencia de ello, estas condiciones tienen su entrada en él Registro de la Propiedad y se inscriben y una vez inscritas, tales condiciones afectan a los terceros hipotecarios. b) La compra por los cónyuges D. Y2. y Doña X1, de la finca de autos, fue inscrita en el Registro de la Propiedad, con el pacto de sobrevivencia que por Ley lleva consigo el juego de la condición suspensiva-resolutoria de que a la muerte de uno de los cónyuges, la finca será toda ella y en plena propiedad libre, del cónyuge sobreviviente. Esta condición, este pacto, quedó inscrito y por tanto afecta a terceros y la sencilla venta forzada, por ejecución de la finca, no deroga ni cancela la condición, y el comprador compra en todo caso, pero con la carga que supone la condición, por lo que las sentencias dictadas en este juicio y también la Resolución de la Dirección General, no dan vigencia ni valor a la condición resolutoria-suspensiva, la cancelan, sin que se haya producido el evento que dicha condición impone, y al hacerlo infringen estos artículos de la Ley Hipotecaria, siendo este motivo de casación una consecuencia del Segundo motivo, dando por reproducido lo que anteriormente se ha expuesto en dicho Segundo Motivo, pero significando una vez más, que las Sentencias y la Resolución han desatendido la condición suspensivo-resolutoria.
Cuarto. - El cuarto motivo de casación consiste en la infracción de los artículos que regulan la Sociedad de Gananciales, por tanto el CAPT. IV, del Título III, del libro IV del Código Civil y concretamente el art.º 1.377 y concordantes, como equivalente al antiguo artículo 1.413 que menciona la Resolución de la Dirección General de los Registros infracción que se produce por aplicación indebida de dichos artículos, al considerar que: a).- La Resolución de la Dirección General de los Registros, cuyas sentencias también recogen, justifica y explica la solución dada, equiparando los bienes comprados con el pacto de sobrevivencia, con los bienes de la Sociedad de Gananciales del Código Civil y una vez hecha esa asimilación, se quiere dar a los bienes del pacto de sobrevivencia, la misma solución que el Código Civil da a los bienes gananciales. b).- Se olvida que la institución jurídica de los bienes comprados con el pacto de sobrevivencia, de los artículos 61 y 62 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña es una institución totalmente distinta de la Sociedad de Gananciales. c).- Se ha llegado pues a la conclusión, de lo expuesto en el Primer Motivo de Casación, de que todo lo que no se podía, en los bienes comprados con el pacto de sobrevivencia, era posible en los bienes gananciales, ya que los bienes del pacto de sobrevivencia, por su propia naturaleza, no son bienes disponibles, por lo que no se pueden vender, ni gravar, ni partir, ni renunciar, y en cambio los bienes gananciales son disponibles, por lo que, se pueden vender, gravar, partir, e incluso liquidarse la Sociedad, de lo que se deduce, que nada tienen que ver unos bienes con los otros, por lo que no es posible equipararlos ni asimilarlos, ni darles el mismo tratamiento jurídico, de lo que se desprende, que la resolución citada aplicó indebidamente el articulado de la Sociedad de Gananciales a los bienes con el pacto de sobrevivencia, siendo por tanto manifiesta, la infracción anunciada, contra las sentencias que recogen la misma teoría.
Quinto. - Que el quinto motivo de casación, se funda en la infracción del art.º 349 del Código Civil, por violación y no aplicación del mismo, por cuanto: a).- El expresado artículo, sienta el principio de que nadie puede ser privado de su propiedad, sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización. b).- Las Sentencias recaídas en la presente Tercería de Dominio, tanto la del Juzgado de Primera Instancia, como la de la Audiencia, no han protegido el derecho del recurrente, sino al contrario, permiten que la ejecución siga adelante y que sea vendida a pública subasta la mitad indivisa de la finca y al parecer (puesto que siguen la teoría de la Dirección General de los Registros), quedando esta mitad indivisa libre de la carga de la condición resolutoria-suspensiva. c).- Que al dictarse dichas Sentencias privan al recurrente del derecho a ser propietaria total de la finca, en el supuesto de que sobreviva a su marido derecho que actualmente tiene en grado de expectativa y que puede convertirse en derecho de propiedad definitiva y libre si sobrevive a su marido y la privación de este derecho se contempla, sin causa de utilidad pública y sin previa indemnización, sólo en miras a proteger un derecho privado, que ostenta un acreedor del marido y con ello se despoja a la esposa de su derecho de propiedad. La parte recurrente entendería la protección a ultranza del derecho del acreedor, si quien se perjudicase fuera el deudor, pero en modo alguno se comprende, cuando la perjudicada es la esposa, habida cuenta que es una tercera persona, ya que en el momento actual, no se puede presumir que la mitad de la finca de autos sea propiedad del marido, mientras no se cumpla la condición resolutoria. Y es más si se cumpliera, o bien sería toda la finca del marido o de la mujer, pero nunca la mitad de la finca. d).- Que si en el momento actual, no se sabe a quien pertenece la finca, no se puede embargar la mitad y menos ejecutarla y venderla, pero si esto se hiciera, se debería mantener la carga, que suponer la condición, para as¡ resguardar el derecho de la esposa. e).- Lo que no se puede hacer, es lo que declaran las sentencias recurridas, que además de vender la mitad del marido, se cancela la condición suspensiva y se burla el derecho de la esposa, por lo que dichas resoluciones, infringen, el expresado artículo, motivo de casación.
Sexto.- El sexto motivo de casación consiste en la infracción de la Jurisprudencia sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha veinte y tres de Febrero de mil novecientos setenta y uno, en la cual, aunque no se entra en el fondo del asunto, al resolver sobre la excepción de litis consorcio pasivo necesario, considera que los bienes comprados con pacto de sobrevivencia, no pueden ser gravados ni enajenados, sino por acuerdo de ambos cónyuges, cuyas declaraciones y consideraciones, todas ellas dirigidas a dar plena validez a los artículos de la Compilación, que regula esta institución y contrarios a las teorías introducidas por la indicada Resolución de la Dirección General de los Registros.
Sexto.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló día para la vista, la que tuvo lugar el tres de Mayo de mil novecientos noventa.
HA SIDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández.
Primero. - Para la adecuada decisión de la controversia procede recoger con carácter previo los antecedentes fácticos siguientes: Primero. - En escritura pública otorgada en Igualada el 9 de Febrero de 1976, Y3, Y4 e Y5, en nombre propio y además en representación de otros ocho más en virtud de poder de fecha 3 de Julio de 1972, como VENDEDORES, transmitieron la finca consistente en porción de terreno o solar para edificar, sito en el término de Odena, lugar conocido por ZZZZ, a D. Y2 y Doña X1, los cuales declaran que «compran por mitad en común y proindiviso y el sobreviviente de los dos a solas», procediéndose a la inscripción en el Registro de la propiedad el 7 de Octubre del propio año, en el tomo ----, libro -- de Odena, folio --, finca ----; Segundo.- La entidad mercantil Y1 formuló demanda ejecutiva contra D. Y2. que dio lugar a los autos de juicio ejecutivo número 183/85 del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Igualada, en el que se embargó la mitad indivisa de la finca referida perteneciente al marido, y se citó a Doña X1 S. a los solos efectos del pacto de sobrevivencia. El embargo se anotó bajo la letra A en el Registro de la Propiedad con el siguiente contenido: «constituyo la presente anotación preventiva de embargo a favor de Y2 sobre una mitad indivisa de esta finca, dejando a salvo los derechos que sobre la expresada mitad indivisa del demandado tiene su nombrada esposa, en virtud del pacto de sobrevivencia». La anotación se practicó el 21 de Noviembre de 1985 en virtud de providencia del Juzgado del día cinco inmediato anterior; Tercero.- Doña X1 formula demanda de tercería de dominio contra Y2 y D. Y2 solicitando se declare que «la finca descrita en el hecho primero de la demanda por ser de propiedad en común y proindiviso de los cónyuges D. Y2. y Doña X1, con el pacto de sobrevivencia, es decir, de que la finca sería toda ella del sobreviviente de los dos, no puede en el momento actual considerarse de propiedad del ejecutado D. Y2., ni siquiera en su mitad indivisa, ya que dichos cónyuges viven y no se hallan separados ni divorciados, y por tanto la finca no puede ser objeto de ejecución por vía de apremio, por deudas contraídas por el marido, y en consecuencia se declaren nulas y sin efecto alguno todas las actuaciones efectuadas en ejecución de dicha finca ... »; y Cuarto.- El Juzgado de 1.a Instancia dictó el 24 de Enero de 1989 sentencia en la que desestima la demanda de tercería, resolución que fue confirmada en grado de apelación por la Sentencia de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de Noviembre de 1989. Contra ésta última decisión se interpuso por la representación de Doña X1 recurso de casación con base en los seis motivos que serán objeto de examen en los fundamentos jurídicos que se expondrán a continuación.
Segundo. - La expresión recogida en la escritura pública de 9 de Febrero de 1976 «COMPRAN POR MITAD, EN COMUN Y PROINDIVISO Y EL SOBREVIVIENTE DE LOS DOS A SOLAS» da lugar indudablemente a un supuesto de compra con pacto de sobrevivencia, o mejor de pacto de sobrevivencia concertado en una compraventa, institución de origen consuetudinario, regulada en los artículos 61 y 62 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, sobre cuya naturaleza jurídica existe ya una abundante bibliografía jurídica, discutiéndose si nos hallamos ante un negocio unitario, o una dualidad contractual (contrato de compraventa y pacto aleatorio y oneroso de sobrevivencia) y si se trata de una figura híbrida o «sui generis», con peculiaridades propias, como parece más seguro, o si por el contrario cabe asimilarla a figuras ya conocidas como la de donación «mortis causa»; heredamiento mutual; fideicomiso condicional recíproco, en el que el cónyuge sobreviviente sería el fideicomisario respecto de la mitad correspondiente al premuerto; sucesión contractual entre cónyuges, con diferentes perspectivas, entre otras posturas doctrinales: al tiempo que se hacen entrar en juego las diversas consecuencias de las comunidades germánica y romana, según las respectivas soluciones adoptadas, siquiera parece incuestionable que la finalidad de la institución jurídica se halla en actuar a modo de paliativo o correctivo del régimen de separación de bienes. Por lo demás no ofrece duda que en el caso se cumplen los presupuestos legales necesarios para la existencia del pacto, a saber: a).- los compradores son cónyuges y están sujetos al derecho civil catalán; b).- al no tener pactado otro régimen económico conyugal rige entre los mismos el supletorio de separación de bienes; c).- la compra se efectuó conjuntamente, y el pacto de sobrevivencia se formalizó en el propio título de adquisición; d).- no consta hayan otorgado heredamiento a favor de ellos o heredamiento puro a favor de sus hijos; y e).- existencia de cuotas iguales, en el sentido de que se entiende que el precio procede de ambos consortes por iguales partes.
Tercero. - El tema del pleito incide en uno de los principales problemas jurídicos que plantea la institución, debido especialmente a que a diferencia de lo que ocurre con otros aspectos (legítima; cuarta viudal; nulidad matrimonial; separación judicial; divorcio) la Compilación no contempla las consecuencias del pacto de sobrevivencia en relación con los derechos de los acreedores, de ahí que la doctrina destaque, y la práctica sienta la necesidad legislativa de atender a tan importante laguna. Es de advertir ya que la cuestión no admite una solución unitaria, y es que las numerosas facetas y contingencias que se presentan en la vida jurídica no pueden ser tratadas con una misma regla absoluta y radical, como hacen en sentidos distintos las partes, y parece que también las resoluciones de la primera y segunda instancia. Sin el propósito de enfocar la generalidad de la problemática, que no es además el lugar adecuado, parece conveniente distinguir aquellos casos en que por diversas razones el pacto de sobrevivencia no es operativo (entre cuyas situaciones cabe imaginar las derivadas de deudas domésticas; contraídas conjuntamente; que han repercutido en utilidad o ventaja del propio bien sujeto a la comunidad; y otras en que es relevante contemplar el origen y destino del crédito; también supuestos de existencia de fraude; e incluso acaso cabría discurrir sobre la naturaleza y características de la cosa, pues no parece lo mismo que esté impregnada de la nota de la necesidad que lo sea de mero lujo o recreo, etc; siquiera ha de tenerse en cuenta que las consecuencias no son siempre las mismas dado que la responsabilidad patrimonial puede no recaer sobre la totalidad del bien, aunque en la perspectiva del análisis que aquí se hace la conclusión resulta idéntica: inefectividad del pacto de sobrevivencia), de aquellos otros casos en que dicho pacto goza de plena operatividad. Para este supuesto se barajan diversas posibilidades de solución. Una primera admite el embargo de la mitad indivisa y su plena realización en vía de apremio, de modo que al ser adjudicada a un tercero se produce una transformación de la situación existente, de comunidad germánica o «sui generis» de indivisibilidad, en comunidad romana con extinción del pacto de sobrevivencia y posibilidad para el adjudicatario de ejercitar la «actio communi dividundo». Este criterio no parece sostenible, habida cuenta que conduce a la inestabilidad y práctica desprotección jurídica de la institución, tanto más si no se valora la eventual actitud fraudulenta del cónyuge deudor, dirigida teleológicamente, aunque de forma indirecta, a obtener la inefectividad del pacto. Una segunda solución sería «a prima facie» igual a la anterior, pero con un importante correctivo: privación de la «actio communi dividundo». Equivaldría a crear una comunidad ordinaria temporal entre el tercero adjudicatario y el cónyuge no deudor sujeta en su duración a un plazo incierto -muerte de uno de los cónyuges (dato fáctico cierto en el AN e incierto en el QUANDO)-, y producido este evento actuaría en toda su plenitud el efecto expansivo del pacto. El embargo comprendería la titularidad de la mitad indivisa sujeta a condición resolutoria, y también podría comprender el derecho expectante sobre la otra mitad sujeto a condición suspensiva. A favor de esta solución cabría aducir que la posición o situación jurídica -conjunto de derechos y facultades-, objeto del embargo tendría un valor económico apreciable, sin incidir para nada en el efecto sucesorio del pacto, y en contra se piensa que el pacto presupone que durante la vigencia del mismo ningún tercero puede ostentar derecho alguno (inmediato) sobre la cosa comprada, en definitiva que es reluctante a la introducción del tercero en la comunidad. Una tercera solución circunscribe el embargo a los derechos que el deudor ejecutado pueda tener -mitad indivisa y derecho expectante-, pero sin otra posibilidad que su cabal efectividad- en el momento en que aquél sea el sobreviviente produciéndose por lo tanto la premoriencia de su esposa. Por último, hay quienes entienden, como la tercerista en el escrito de demanda, que el objeto comprado con pacto de sobrevivencia queda a salvo de la acción de los acreedores particulares de uno de los cónyuges. De las diversas soluciones expuestas a grandes rasgos, pues siempre cabría añadir matices, parece la más adecuada al caso de autos (en el que la compra con pacto de sobrevivencia se hizo constar en el Registro de la Propiedad y tuvo lugar varios años antes de concertarse el crédito determinante de la ejecución correspondiente a deuda privativa del esposo), la que admite el embargo de la mitad indivisa perteneciente al cónyuge ejecutado y su derecho expectante a la otra mitad, de tal modo que el adjudicatario adquiere la titularidad de ambos, pero sin que pueda ejercitar la división de la comunidad, y produciendo el evento de la muerte de un cónyuge, si el sobreviviente es el no deudor, el adjudicatario pierde todo derecho sobre la cosa que pasará a pertenecer en su integridad al consorte sobreviviente, y si aquél es el premuriente, entonces el adjudicatario pasará a ser propietario en exclusiva del bien, desapareciendo la condición resolutoria en cuanto a una mitad y operar por cumplimiento la condición suspensiva respecto de la otra mitad. No cabe admitir la posibilidad de pedir la división de la comunidad porque ello implicaría tanto como privar al cónyuge no deudor de una posición jurídica por causa de deudas ajenas, y cuando menos dificultar notoriamente la operatividad en su día de los derechos sobre la cosa. Empero esa posición jurídica no es obstáculo a la introducción del tercero en la comunidad pues son compatibles los respectivos derechos de disfrute, utilización y administración, en el ámbito de una propiedad plúrima total, sin que a ello se opongan los preceptos contenidos en las normas primera y segunda del art.º 62 de la Compilación, pues el contenido básico del pacto radica en garantizar que al fallecer uno cualquiera de los dos cónyuges compradores el sobreviviente de ellos hará suya la totalidad de lo comprado; y abundan en la solución que se mantiene evidentes razones de índole práctico que repudian que la institución pueda servir de escudo protector de la economía de un cónyuge en perjuicio de legítimos acreedores.
Cuarto. - Antes de seguir adelante procede observar la existencia de errores fácticos en la sustanciación de la demanda, convenientemente advertidos por la demandada Y2 y las sentencias de instancia; y es que se afirmaba en el escrito rector que se embargó toda la finca, y si bien no hay constancia directa de la diligencia de embargo, no obstante de la certificación del Registro de la Propiedad aportada por la propia parte actora claramente se deduce que el Juzgado hizo la traba «sobre la mitad indivisa perteneciente al marido»; y por otro lado se alegó también en la demanda que se anotó tal embargo sobre la totalidad de la finca descrita, cuando con claridad meridiana resulta de la mencionada certificación que la anotación preventiva recayó «sobre una mitad indivisa de la finca, dejando a salvo los derechos que sobre la expresada mitad indivisa del demandado tiene su nombrada esposa en virtud del pacto de sobrevivencia». Lo dicho es importante para clarificar el debate, aunque no definitivo porque se postula la declaración de que la finca no podía ser embargada por deudas de D. Y2 y que no puede seguir adelante el procedimiento de apremio y la subasta, NI SIQUIERA EN SU MITAD INDIVISA. Si se compara lo suplicado por la actora con lo razonado en esta resolución claramente es de ver la procedencia de embargar la mitad indivisa del cónyuge deudor sujeta a la condición resolutoria dimanante del derecho expectante del otro cónyuge. Esto quiere decir que la anotación preventiva de embargo se ha efectuado correctamente, pero no así el embargo. Y todo ello supone: Primero.- Discrepar de la resolución recurrida en una doble perspectiva: por un lado, vedando al adjudicatario el hipotético ejercicio de la acción de división de la comunidad, aspecto que conviene dejar claramente sentado, aunque no ha de transcender al fallo; y por otro lado, en la apreciación de la legalidad del embargo efectuado, en cuyo punto, con incidencia parcial en el fallo, ha de limitarse la entidad de la traba en los propios términos que lo hizo la anotación preventiva, es decir: «dejando a salvo los derechos que sobre la mitad indivisa del ejecutado tiene su esposa Doña X1 S. en virtud del pacto de sobrevivencia», debiendo destacarse la oportunidad del acuerdo porque el embargo delimita el ámbito del apremio, sin que se dé incongruencia cuando dentro de lo pedido se da menos, siendo por lo demás superfluo extenderse sobre el mantenimiento de la anotación preventiva al ser claramente ajustada a derecho. Y Segundo.- Ha de discreparse también del recurso de casación, en análisis conjunto de los motivos primero y segundo (en los que se denuncia infracción de los artículos 61 y 62 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, por violación e interpretación errónea de dichos artículos; e infracción de los artículos 790, 791, 1.113, 1.114 y 1.115 del Código Civil, por violación, inaplicación e interpretación errónea), EN CUANTO PRETENDE se excluya de la traba la totalidad de la finca declarando improcedente el embargo de la mitad indivisa del ejecutado, toda vez que, como se tiene razonado resulta incuestionable la posibilidad de embargar los derechos pertenecientes actualmente al marido sobre la mitad ideal de la finca (como ya reconoció la Resolución de 24 de Abril de 1918). En cambio cabe acoger el recurso en su postulación subsidiaria, desarrollada con amplitud en el segundo motivo, porque obviamente no cabe desconocer el derecho expectante del otro cónyuge (no deudor, titular de la otra mitad indivisa), respecto del que la limitación que se aplica al embargo actúa como mecanismo protector. Y es que tal limitación no cabe entenderla como una alteración del principio de responsabilidad patrimonial universal, o supuesto legal de exclusión del embargo, sino que es una consecuencia de la regla de que solo es susceptible de traba aquello que forma parte del patrimonio del ejecutado, sin que pueda afectarse a derechos pertenecientes a terceros ajenos al proceso de ejecución. Lo razonado hace prácticamente innecesario analizar los restantes motivos del recurso, aunque resulta conveniente resaltar, en la perspectiva en que se rechaza el recurso que no se aprecia infracción de los preceptos hipotecarios aludidos en el motivo tercero; que mal puede darse aplicación indebida de los preceptos de la sociedad de gananciales, que no son objeto de aplicación (motivo cuarto), siendo de observar que, con independencia del alcance y valoración jurídica que pueda merecer la doctrina de la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 29 de Diciembre de 1977, una cosa es la aplicación de una concreta normativa jurídica, y otra diferente que a propósito del examen de una determinada institución se diga que la misma presenta una situación paralela con la que se manifiesta en otra institución distinta; que el derecho expectante del cónyuge deudor, que es lo único que debe ser protegido de modo inmediato, queda suficientemente amparado bajo el régimen y fórmula registral que se tiene expresado (quinto motivo); y la cita de una sola Sentencia no es suficiente para dar lugar a jurisprudencia, y por lo tanto, a la posibilidad de recurrir en casación por la vía del ordinal quinto del Art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y además de la Sentencia citada de 23 de Febrero de 1971 no cabe deducir ninguna conclusión contraria a lo que se ha dicho en orden a admitir la posibilidad del embargo en los términos expresados (motivo sexto), procediendo, por último, únicamente indicar en relación con la alusión que se hace en uno de los motivos del recurso a una serie de instituciones del derecho catalán, que en ninguna de ellas (fideicomiso -Art.º 193 de la Compilación-, heredamiento, venta a carta de gracia) cabe hablar de absoluta inembargabilidad. La estimación parcial del recurso supone, en cuanto a las COSTAS que no se haga especial mención respecto de las causadas en las dos instancias y que cada parte haya de satisfacer las suyas por lo que atañe a las de casación (Arts. 1.715, cuarto, y 523, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y en cuanto al DEPOSITO debe acordarse su devolución. (Art. 1.715, último párrafo «a contrario sensu», de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Que estimando parcialmente el recurso de casación, interpuesto por el Procurador D. Juan Dalmau Rafael en nombre y representación de Doña X1, contra la sentencia dictada por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 9 de Noviembre de 1989, con revocación de esta resolución, y estimando en parte la demanda de tercería de dominio entablada por la citada Sra. M. S. contra la entidad mercantil «Y1» y Y2, este último en rebeldía, declaramos que el embargo trabado en el juicio ejecutivo n.º 183 de 1985 del Juzgado de 1.ª Instancia número dos de Igualada sobre la mitad indivisa de la finca de autos debe entenderse, dejando a salvo los derechos que sobre la expresada mitad indivisa del Sr. Y2 tiene su esposa Doña X1. en virtud del pacto de sobrevivencia, en cuyo sentido ha de considerarse modificada la correspondiente diligencia, y con tal limitación procederse en la vía de apremio; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en las dos instancias y en este recurso de casación, y con devolución del depósito constituido. Líbrese testimonio de esta resolución, que se remitirá a la Audiencia, juntamente con el Rollo y los autos enviados en su ida.

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 705
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 51
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 artículo 1
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 Resolución 
 resolución 
sui generis
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