Source: https://www.scribd.com/document/94267817/PonenciaMVentura
Timestamp: 2018-01-23 18:48:27+00:00

Document:
Uploaded by Henry Christopher Boys Loeb
Por Manuel E. Ventura Robles*
INTRODUCCIÓN Me siento muy honrado y complacido de participar en calidad de
Experto en el “Taller Regional sobre Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho”, invitado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), para desarrollar entre el 5 y 7 de septiembre de 2005, el tema “Acceso a la Justicia e Impunidad”. Reiteradamente, a lo largo de muchos años, tanto en uso de su función consultiva como jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) ha afirmado en relación con la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho que “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Miembro del “International Law Association”, de “The American Society of International Law”; Miembro Miembro del “Instituto Hispano-Luso-Americano y Filipino de Derecho Internacional”; Miembro del “Consejo Editorial de la Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos”; Miembro Honorario de la “Asociación Costarricense de Derecho Internacional” y Miembro ex oficio de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Correo electrónico: manuelventura@corteidh.or.cr
y adquiere sentido en función de los otros”1. Y, específicamente, temas como el acceso a la Justicia y la Impunidad, han estado permanentemente presentes, en su tarea convencional de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”, “la Convención Americana”, “Pacto de San José de Costa Rica”, o la “CADH”), al considerar los casos que le han sido sometidos a su consideración por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”). Ambos temas, acceso a la Justicia e Impunidad, han sido considerados en el contexto específicos de la resolución de casos contenciosos en una jurisdicción de naturaleza subsidiaria en la que normalmente, a menos que el Estado demandado acepte la responsabilidad internacional de los hechos, la Corte deberá resolver, con fundamento en las pruebas documentales, testimoniales y periciales del caso, así como en los alegatos de las partes, la violación de estos derechos protegidos convencionalmente, lo cual no siempre es claro y fácil de determinar. En relación con los temas concretos objeto de la conferencia, abordaré primero lo relativo al acceso a la justicia y luego lo relativo a la impunidad, en relación con lo manifestado por el Tribunal su jurisprudencia constante.
Corte I.D.H., El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 26; y Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 35.
1 y 25 de la Convención Americana. siendo éste una forma de ejecución de dicho principio. Consecuentemente. independientemente de su condición económica o de otra naturaleza. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución. ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho. que por este principio podemos entender la acción. por un juez o autoridad competente. El artículo 8. Tanto a nivel nacional como internacional este término ha sido últimamente visto como un equivalente al mejoramiento de la administración de justicia. La Corte ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los artículos 8. el acceso 3 . que dificulte de cualquier manera. de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Recordemos que es en el campo de la administración de justicia donde se define la vigencia de los derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas. en el orden interno. cualquier norma o medida estatal. Esta disposición es clara y según ella. fiscal o de cualquier otro carácter.El acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona. los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o a los tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos o determinados. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.1 del Pacto de San José de Costa Rica dispone: Toda persona tiene derecho a ser oída. laboral. establecida con anterioridad por la ley. uno de ellos puede ser la imposición de costos. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. donde se prueba si las libertades y garantías enunciadas en los diferentes instrumentos de derecho internacional tienen o no aplicación real en el los ámbitos internos e internacionales de protección. independiente e imparcial. Es decir.
2. Asimismo. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales cualquier competentes. antes citado. a) Los Estados Partes se comprometen: a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. que también garantiza el acceso a la justicia dispone lo siguiente: 1. que la garantía de un recurso efectivo: 4 . la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. derechos fundamentales que pueden estar reconocidos en la Convención Americana o por la propia ley interna. de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. b) c) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. por las autoridades competentes.de los individuos a los tribunales y que no esté justificado por necesidades razonables de la propia administración de justicia. y a garantizar el cumplimiento. Por su parte el artículo 25 de la Convención Americana. El artículo 25. establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción. la ley o la presente Convención. debe entenderse como contraria a la citada normal convencional.
Sentencia de 29 de julio de 1988. y Corte I. Caso Godínez Cruz.H. También ha dispuesto la Corte. en el caso Barrios Altos contra el Perú.H. 52. 97. cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata. así como la posibilidad de la comisión de un delito contra la humanidad. que para cumplir con lo dispuesto por el artículo 25 no basta con la existencia formal de los recursos.H.constituye una de los pilares básicos. constituye una violación del derecho de acceso a la justicia. sino que estos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida.. Sentencia de 20 de enero de 1989. la Corte se refirió a la obligación de los Estados partes en la Convención de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción. En este caso. Asimismo. O sea. 3 Corte I. Esa noche 2 Corte I.. párr. 4. la Corte precisó las implicaciones de esta garantía en relación con la vigencia de los derechos considerados inderogables y cuya afectación constituye una grave violación de los derechos humanos.. no solo de la Convención Americana. desde sus primeras sentencias contenciosas en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz3. Caso Cantos.D. sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención 2. Serie C No. Sentencia de 28 de noviembre de 2002.D. Caso Velásquez Rodríguez. Serie C No. Al respecto. 5. Los hechos de este caso se refieren a una masacre ocurrida en el vecindario “Barrios Altos” del Perú el 3 de noviembre de 1991. 5 . el tribunal estableció que el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos implicaba a prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder impunidad a los responsables de hechos de la gravedad señalada.D. según lo dispone el artículo 25 de la Convención. Serie C No.
8 CADH). 2 6 . cuyos ocupantes llevaban pasamontañas y obligaron a los asistentes a arrojarse al suelo. El tribunal de apelación que revisaba la decisión de la jueza declaró la constitucionalidad de las leyes en cuestión y determinó el archivo definitivo de la investigación. una jueza asumió la investigación y ordenó la citación. el Congreso sancionó una ley de amnistía que exoneraba de responsabilidad a los militares. antes de que ésta resolviera. 25 CADH) y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno (art. la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado no sólo por la violación del derecho a la vida e integridad personal derivada de los hechos del caso. llegaron dos vehículos con sirenas policiales. mientras que el Congreso dictó una nueva ley en la que declaró que la amnistía no era revisable en sede judicial y que era de aplicación obligatoria. Los autores del hecho fueron identificados como miembros de inteligencia militar del ejercito peruano . la justicia militar dispuso que los militares no declararan. poco tiempo después. La jueza a cargo del caso declaró la inconstitucionalidad de la amnistía por violar garantías y obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana. en 1995 una fiscal intentó sin éxito hacer comparecer a los militares imputados a fin de que presentaran declaración. A pesar de que los hechos ocurrieron en 1991. lo que constituyó la violación del derecho a las garantías judiciales (art. De este modo se planteó un conflicto de competencia ante la Corte Suprema de Justicia peruana y. Sin embargo. que actuaban en un “escuadrón de eliminación” con su propio programa antisubversivo y que habría obrado en represalia contra supuestos integrantes de la agrupación “Sendero Luminoso”. ampliando además el alcance de la ley anterior. les dispararon con ametralladoras y mataron a quince personas.durante una fiesta para recaudar fondos. sino además por la dictado de dos leyes de amnistía. policías y civiles que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones entre 1980 y 1995. y una vez allí. con lo cual quedaron abarcados aquellos hechos que no hubieran sido denunciados. En este caso. del derecho a la protección judicial (art.
Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad. por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. que si bien la Corte se pronunció en este caso sobre la validez de la autoamnistía. en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura. así como para el gobierno democrático reestablecido. En este sentido la Corte consideró: que son inadmisibles las disposiciones de amnistía. 7 . [Asimismo. es valida la consideración de que dicha prohibición rige tanto para el propio gobierno que cometió las violaciones. los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos. a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1. Cabe señalar además.1 y 2 de la Convención Americana. todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto.CADH).1 y 2 de la Convención. ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1. las ejecuciones sumarias.] la Corte estim[ó| necesario enfatizar que. como lo son las leyes de autoamnistía. extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. analizando dicha legislación por sus efectos y no por su origen.
8 . (. Recordemos que al respecto. el entonces Presidente de la Corte. Naciones Unidas. En su voto razonado en el caso en cuestión. Serie C No.D.. 5 .Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables. Parte II. el principal documento adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993) exhortó a los Estados a "derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos.) y sancionar esas violaciones (. con la consecuente erosión de la confianza de la población en las instituciones públicas.4 En este caso.. señaló que las 4 Corte I. Cançado Trindade.)"5. como le corresponde. dispuso por primera vez en un caso de allanamiento.. ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú. Estas consideraciones de la Corte Interamericana buscan superar un obstáculo que los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos todavía no han logrado transponer: la impunidad.. 60. párr. de los poderes inherentes a su función judicial.H.. el establecimiento de las consecuencias jurídicas de dicho allanamiento. la Corte haciendo uso libre y pleno. 75. Declaración y Programa de Acción de Viena (1993). Sentencia de 14 de marzo de 2001. Caso Barrios Altos . además de admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado demandado. Juez Antonio A.
Juez Antonio A. señalando que: 6 Corte I. por lo tanto. hay que tomar en consideración que su legalidad en el plano del derecho interno. en suma.: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. violaciones a los derechos de la persona humana. al implicar a la impunidad y la injusticia. 2ª Edición. En el año 2001 el entonces Presidente de la Corte. el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional. Tomo II. Son ellas manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales -indisociables.de los Estados Partes en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos humanos por ella protegidos. asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en los términos del artículo 1(1) de la Convención). así como de adecuar su derecho interno a la normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2 de la Convención). Además. una afrenta inadmisible al derecho a la verdad y al derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia).las llamadas autoamnistías son. la Corte Interamericana ha presentado en reiteradas ocasiones una propuesta de solución a los órganos pertinente de la OEA en relación con la implementación del artículo 65 de la Convención Americana. y aún más cuando están en juego tales como la justicia y la verdad. Mayo de 2003. acarreando.D. son incompatibles con la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como es sabido. 9 . pág. en particular los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25). Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001). Por otra parte. 378. en relación con las leyes de autoamnistía. afectan los derechos protegidos por la Convención.H. Además. Cançado Trindade se refirió al contenido de un eventual Protocolo de reformas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección6.
por los Estados Partes demandados. 10 . en conformidad con las obligaciones generales estipuladas en los artículos 1(1) y 2 de esta Convención”8. en los siguientes términos: . a mi juicio. a fortiori. para supervisar la fiel ejecución. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001).60.H.: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI.“La Asamblea General los remitirá al Consejo Permanente. para que la Asamblea General delibere al respecto”7. Mayo de 2003. se debe. se suple una laguna en cuanto a un mecanismo. los Estados Partes se comprometen a establecerlo. Tomo II. del artículo 65 de la Convención Americana. de modo a compatibilizarlo con la nueva redacción. se debe agregar al final del artículo 68 de la Convención. 8 Corte I. en el plano del derecho interno de los Estados Partes. 2ª Edición. a operar en base permanente (y no solamente una vez por año ante la Asamblea General de la OEA). 61.D. Para asegurar el monitoreo continuo del fiel cumplimiento de todas las obligaciones convencionales de protección. ser enmendado. pág. acrecentar. para estudiar la materia y rendir un informe. y con el mismo fin de asegurar el fiel cumplimiento de las sentencias de la Corte. En la misma línea de pensamiento. el Juez Cançado Trindade reiteró que 7 El artículo 30 del Estatuto de la Corte Interamericana debe. 369. y en particular de los fallos de la Corte. un tercer párrafo. De ese modo. de las sentencias de la Corte.“En caso de que dicho procedimiento interno todavía no exista. al final del artículo 65 de la Convención la siguiente frase: . aquí propuesta. Siempre en el marco del diálogo sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
culturales. 2ª Edición. a operar en base permanente (y no solamente una vez por año ante la Asamblea General de la OEA). en sentido estricto. 919 y 920. pág. III. 10 Corte I.: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. se encargaría a un grupo de trabajo permanente de la CAJP [Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos]. LA IMPUNIDAD En concepto “impunidad” no describe. De ese modo. psicológicas y hasta económicas.H. Tomo II.de la fiel ejecución de las sentencias y decisiones de la Corte es una tarea que recae sobre el conjunto de los Estados Partes en la Convención”10. el cual presentaría sus informes a la CAJP. se supliría un laguna en cuanto a un mecanismo. para preparar su informe para la deliberación de la Asamblea General al respecto. Mayo de 2003. expresó que en virtud de la carencia institucional del sistema interamericano de protección de los derechos humanos ya señalada. un asunto legal. supervisar en base permanente el estado de cumplimiento. Por último. relataría al Consejo Permanente. Pero la supervisión . 795. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001). Mayo de 2003. ésta. págs. Tomo II. por los Estados Partes demandados. En términos generales esta puede ser 9 Corte I.D.en el ejercicio de la garantía colectiva . sociales. 2ª Edición. dedicándole uno o dos días de cada período de sesiones. a su vez. por los Estados demandados.H.además. para supervisar la fiel ejecución. integrado por Representantes de Estados Partes en la Convención Americana. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001).: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. de las sentencias de la Corte9.D. de las sentencias y decisiones de la Corte Interamericana. la “Corte Interamericana viene ejerciendo motu propio la supervisión de la ejecución de sus sentencias. 11 . sino un fenómenos de dimensiones legales.
15. refugiados o exiliados. Chile Argentina. En: Revista IIDH. 1997. se puede pedir el sobreseimiento inmediato de la causa12. una amnistía puede incluir a los militares. 29. 12 . imputabilidad e inmunidad11. Kai: Impunidad y Derecho Penal Internacional. prescripción e indulto. Por lo general estas leyes no se han emitido para estimular el retorno a la paz o para reintegrar a los presos políticos. Es por ello que la amnistía como tal conlleva una serie de efectos. Por ejemplo. Su impacto es además inmediato. y no a grupos señalados. pág. Bolivia. ya que al demostrar que el crimen alegado esta incluido en la amnistía. No. 1992. San José. El propósito de estas leyes ha sido el de prevenir la investigación y el castigo de graves violaciones de los derechos humanos. Robert: Leyes de Impunidad y los Derechos Humanos en las Américas: Una Respuesta Legal. entre ellos: que se aplica retroactivamente y en una forma general a una cierta categoría de crímenes. Perú. La oleada de leyes de impunidad en nuestro continente es el resultado del terrorismo de Estado y representa la política de sus hacedores para encubrir los hechos. los cuales son una clara oposición a los conceptos ampliamente conocidos de impunibilidad. los cuáles ha sufrido largos períodos de violencia política y violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. Desde 1978. Esas leyes tomaron la forma de amnistía. reconociendo la obediencia debida como una defensa para los crímenes cometidos por agentes del gobierno. Las leyes de impunidad se han adoptado 11 en nombre de la paz y la AMBOS. o ausencia de castigo. sino para legitimar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado evitar el enjuiciamiento de sus agentes. sin decirlo específicamente.entendida como la ausencia de pena. la no punibilidad. Costa Rica. a las fuerzas de seguridad o a agentes del gobierno. las leyes de impunidad proliferaron en los países de Centro y Suramérica. 1ª Edición colombiana. 12 NORRIS. Un Estudio Empírico sobre Colombia.
en la rama ejecutiva o en los cuarteles militares. Caso Bámaca Velásquez.H. 71..H.D. y ¿cuántas victimas o sus familias ha recibido una indemnización justa? Ante la imposibilidad de obtener justicia en sus países. Sentencia de 25 de noviembre de 2000.D. muchas personas y organizaciones no gubernamentales ha recurrido a instituciones internacionales. ¿en cuantos casos se han establecido responsabilidades?. captura. Sentencia de 6 de febrero de 2001. toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”13. 211. La Corte Interamericana ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación. párr. párr. por ejemplo: ¿cuántos agentes han sido enjuiciados y castigados?. donde surge la importancia de las investigaciones.. Corte I.D. Serie C No.. 186.reconciliación. tales como la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos. Caso Ivcher Bronstein. ha estimulado el resurgimiento de la violencia y ha asegurado la impunidad de los gobiernos y sus agentes por crímenes graves sobre sus ciudadanos. ¿en cuantos casos sobre violaciones a los derechos humanos se han realizado investigaciones imparciales y exhaustivas?. 13 . 74. tanto regionales como internacionales. pero por lo general suprimen los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado. Sentencia de 31 de enero de 2001. enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. fallos y decisiones de los organismos regionales de protección de los derechos humanos. 70. 13 Corte I. Caso del Tribunal Constitucional. párr. 123. para intentar revertir una situación que notoriamente contradecía las obligaciones internacionales contraídas por los Estados. Corte I. Serie C No. En algunos casos. persecución.H. El impacto de este fenómeno puede ser medido en torno a varias preguntas. Serie C No. Es acá. Estas leyes han prevalecido principalmente porque los beneficiarios siguen en el poder.
. 123. de acuerdo con el artículo 65 de la Convención. Caso Blake. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). en el que pongo de relieve una laguna convencional que permite que esta situación se mantenga hasta el día de hoy y que los Estados Partes no se dispongan a remediar esta situación.H. 14 . Serie C No. 170.. informe a la Asamblea de un incumplimiento de sentencia. con carácter permanente. Reparaciones (art. 48. párr.D. Serie C No. Caso Caesar. mediante la creación de un órgano político. 63. señalará los casos en que un Estado no 14 Corte I. los Estados Partes en la Convención cumplen con prontitud el pago de las indemnizaciones pecuniarias y otras obligaciones de hacer. Serie C No. Esto me motivó a emitir un voto razonado en el Caso Caesar contra Trinidad y Tobago15.. Dicho artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala lo siguiente: La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. 37. 64. pero se progresa muy lentamente. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. El tema de la impunidad es una de los más sensibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.. 173. Reparaciones (art. dentro del seno de la OEA. o no se progresa del todo. Serie C No. 15 Corte I. Corte I.D.D.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). ya que al dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana. párr.H.Y ha agregado reiteradamente también en numerosos casos que […] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas sus familiares 14. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Caso Loayza Tamayo. para analizar los casos en que la Corte. Sentencia de 22 de enero de 1999.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 11 de marzo de 2005.H.D. Corte I. 63. en la investigación de los hechos y el enjuiciamiento y sanción de los responsables.H.
que luego se somete a la Asamblea General. 15 . sobre el informe de labores de la Corte. consecuentemente. el descargo respectivo del Estado. Esta situación podría solventarse si los Estados Partes remitieran siempre oportunamente a la Corte la información que ésta les solicita sobre cumplimiento de sentencias y medidas provisionales. Ha quedado demostrado que como consecuencia de la ausencia de una norma convencional que permite implementar el artículo 65 de la Convención y de la manera como se tramita y se considera el informe anual de labores de la Corte por las instancias pertinentes de la OEA. La consecuencia de que la Convención Americana no establezca un mecanismo para implementar y dar efecto útil al artículo 65 de la Convención Americana. Al respecto.haya dado cumplimiento a sus fallos. se provoque una impresión equivocada del grado satisfactorio de cumplimiento de las sentencias y resoluciones de la Corte por los Estados Partes en la Convención Americana. Esta última se limita a debatir y a emitir un proyecto de resolución para el Consejo Permanente. 30. ni tampoco por el Consejo Permanente o su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. los informes de no cumplimiento de una sentencia de la Corte no son directamente conocidos o debatidos por la Asamblea General de la OEA. me permito señalar lo siguiente: 28. pese a que el grado de cumplimiento parcial de las mismas es muy alto. Pero no se escucha y debate sobre el incumplimiento específico del caso en mención y. Esto ocurre porque los casos no se pueden cerrar hasta que ha habido un cumplimiento total de la sentencia. sumado al trámite que se da en la OEA al informe anual de la Corte. es que cuando se revisa la lista de casos y medidas provisionales sometidas a la Corte para que las considere de acuerdo con su función jurisdiccional.
lo que podría facilitar en muchos casos el pronto y total cumplimiento de los mismos y su cierre definitivo por la Corte. tal y como oportunamente lo propuso la Corte. la solución más inmediata sería que la CAJP creara un grupo de trabajo -con carácter permanente. los informes de incumplimiento de sentencias dictadas por la Corte.para que en su seno se consideraran los informes de incumplimiento emitidos por la Corte y los miembros de la misma recibieran informes escritos y verbales de la Corte. se tendría una instancia internacional adicional. así como los descargos o explicaciones que pudieran dar los Estados Partes. que precisamente declaraba la nulidad de las mencionadas leyes. Para evitar que esto continúe sucediendo. declarar la nulidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”. las cuales interrumpieron los procesos penales que se llevaban a cabo en ese entonces contra militares argentinos acusados de delitos de lesa humanidad durante la represión de las dictaduras de finales de los años 70 y comienzos de los 80. No cabe la menor duda de que la solución óptima sería adoptar un protocolo de reformas a la parte procedimental de la Convención Americana. la Comisión y los representantes de las víctimas. Además. al Consejo Permanente y. se refirió a este tema. entre otros. que sería una importante herramienta en la lucha contra la impunidad. Este Tribunal señaló que a fin de dar cumplimiento a los 16 . por los órganos respectivos de la OEA. con el fin de elevar las recomendaciones pertinentes a la CAJP. en la cual resolvió.31.779 de 2003. Esto fortalecería el sistema interamericano de derechos humanos que erróneamente parece inefectivo como consecuencia de los datos que se transcribieron anteriormente 33. debe optarse por una que a corto plazo permita que se debatan. a la Asamblea General. Pero de momento y en ausencia de una solución a largo plazo. Hace algunos días una importante sentencia emitida por La Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina. la Corte avaló la ley 25. Si esto ocurriera. finalmente.
tales principios no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas. 17 . Blake y El Amparo. al haber analizado dicha legislación por sus efectos y no por su origen. sin embargo. en el caso "Barrios Altos". Godínez Cruz. que la prohibición rige tanto para el caso de que su fuente fuera el propio gobierno que cometió las violaciones o el gobierno democrático restablecido. En esta sentencia se puso además de manifiesto la importante influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los fallos y decisiones de los Tribunales internos. la Corte Interamericana precisó aún más las implicancias de esta obligación de garantía en relación con la vigencia de los derechos considerados inderogables. y cuya afectación constituye una grave violación de los Derechos Humanos cuando no la comisión de un delito contra la humanidad.tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino. la Corte Suprema de Justicia argentina basó gran parte de sus razonamientos en la sentencia de la Corte emitida en el caso Barrios Altos. En ese precedente quedó establecido que el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos implicaba la prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder impunidad a los responsables de hechos de la gravedad señalada. de su doctrina se desprende. En claro ejemplo es la siguiente cita: Recientemente. entre otros. Pues de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana. Y si bien es cierto que la Corte se pronunció en el caso concreto sobre la validez de una autoamnistía también lo es que. Además de hacer referencia a varios casos de la Corte. en forma implícita. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resulta impostergable. tales como Velásquez Rodríguez.
alegados o no por la Comisión Interamericana o las víctimas o sus representantes. ha permitido al Tribunal desarrollar ambos conceptos. 1 CONCLUSIONES Los temas de acceso a la justicia y la impunidad. 2 la alegación específica de ambos temas en los últimos años en los casos sometidos a consideración de la Corte. 3 No cabe duda alguna que ambos temas se seguirán presentando en futuros casos. Costa Rica.IV. social y jurídica de nuestros pueblos americanos. 18 . 10 de agosto de 2005. tal y como se ha descrito en esta charla. San José. así como de la misma legislación. 4 Cabe esperar que el trato futuro de este tema por la Corte Interamericana influencie cada vez más las resoluciones de los tribunales internos. siempre han estado presentes en los que casos que se han sometido al Tribunal. en que se han puesto de manifiesto las debilidades de muchos de los poderes judiciales de la región. tal y como ha ocurrido recientemente. de una forma u otra. en un sistema de naturaleza subsidiaria como lo es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. para que todo ser humano de nuestro continente tenga garantizado el acceso a la justicia y que la impunidad desparezca de la vida política.
. Caso Caballero Delgado y Santana.H.. Corte I. 30.D.H. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. 16.D. Corte I. 22. Sentencia de 21 de enero de 1994. Sentencia del 29 de enero de 1997. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Serie C No.D. Serie C No. Corte I. Corte I. Corte I. 36.D. Corte I.H. Caso Gangaram Panday... Caso Genie Lacayo. 33.. Sentencia 19 .. Serie C No.H. Caso Loayza Tamayo. Caso Suárez Rosero. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No.D.D. 34.H. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Caso Blake.H. 35.ANEXO I Casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Corte I. Serie C No. Corte I.H.D.. Caso Castillo Páez.H. Serie C No. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No.D.. Sentencia de 3 de noviembre de 1997.
Serie C No. 64.D. Corte I. 1999. Corte I.de 8 de marzo de 1998..H. Serie C No. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Corte I. Serie C No. Serie CNo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 68. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de 29 de septiembre de 1999.. Corte I.H. Serie C No. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Corte I. Sentencia de 30 de mayo de 20 .H. Caso Castillo Petruzzi y otros. Serie C No. 52.D. 37. Serie C No. Serie C No. Sentencia de 18 de agosto de 2000.D. Caso Bámaca Velásquez.. Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 19 de junio de 1998. Resolución de la Corte de 19 de noviembre de 1999..H.. Caso Trujillo Oroza. Caso Cesti Hurtado...H.D.D.H. Caso Cantoral Benavides. 62. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Caso del Caracazo.D.. 63. Serie C No. Corte I.H. 38. 58. 69.H. Corte I. Caso Benavides Cevallos. Corte I. Sentencia de 26 de enero de 2000. Caso Cesti Hurtado. 70.H.D.. Serie C No. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No.D. Corte I.D.H. Corte I. 56.D. Sentencia de 29 de septiembre de 1999..
Serie C No..H. Corte I.. Corte I. 94.D. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. Sentencia de 21 de junio de 2002.. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Corte I. 97.D.D.D. Corte I.H. Serie C No. Serie C No.H.H. Caso Las Palmeras. Caso Hilaire.. 90.D.. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Sentencia de 2 de febrero de 2001.D. Corte I. 96..1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Caso Ivcher Bronstein. Corte I. Caso Cantos. Serie C No.H. Serie C No.. 63.D.H. Sentencia de 26 de noviembre de 2002. Caso Las Palmeras.. 100. Caso Juan Humberto Sánchez. Serie C No. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Corte I. 99.H. Sentencia de 14 de marzo de 2001.Corte I. Sentencia de 31 de enero de 2001. Corte I. Corte I. Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 7 de junio de 2003.H. Reparaciones (art. Serie C No.D. 75.D. Serie C No.H. Caso del Tribunal Constitucional. Caso Baena Ricardo y otros. 71. Serie C No. 21 .. 74. Caso Barrios Altos . Caso Bulacio.H. 72.D..
Caso “Instituto de Reeducación del Menor”.D. 112.D. Serie C No. Corte I. 115. Caso De la Cruz Flores. 105. 107.H. Sentencia de 8 de julio de 2004. Sentencia de 29 de abril de 2004.D. Serie C No.H. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. 22 .D. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Caso Masacre Plan de Sánchez.. Sentencia de 31 de agosto de 2004.. Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Corte I.H. Serie C No. 111.H.H. Caso Tibi. Serie C No. 103.. Sentencia de 7 de septiembre de 2004..H. Sentencia de 4 de mayo de 2004.. 117. Serie C No.H. Caso Ricardo Canese. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 110. Serie C No. Caso Molina Theissen.D.H. Serie C No. Serie C No..H.D. 106. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Corte I.D.. Corte I.H. 101.Corte I.D. Corte I. Caso Myrna Mack Chang. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. Corte I.H. Corte I... 114.D.. Caso Maritza Urrutia. Serie C No.D. Corte I.D. Serie C No. Corte I.. Corte I.
Sentencia de 23 de noviembre de 2004. 125. Corte I. Serie 23 ..D. Corte I. 118. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Sentencia de 1 de marzo de 2005.. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa.D. Corte I. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Corte I.H. Excepciones Preliminares. Serie C No.H. Excepciones Preliminares. 121.. Caso Lori Berenson Mejía. Serie C No. Sentencia de 15 de junio de 2005..D. 123. Serie C No. 126. Sentencia de 20 de junio de 2005. 119. Serie C No.. Corte I..D.H.Corte I.D.D.H. Corte I.. Serie C No.H.D.. Corte I. Caso de la Comunidad Moiwana. Caso Caesar. Caso Huilca Tecse. 122. Caso Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 24 de junio de 2005.D. Caso Acosta Calderón..D. 127. 120. Serie C No..H. 124.H.D. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Serie C No.H. Sentencia de 7 de marzo de 2004.D. Corte I. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Corte I. Corte I. Serie C No. Serie C No. Serie C No. Caso Yatama. Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 17 de junio de 2005.H.. Sentencia de 23 de junio de 2005.H.H.
129. 24 .C No.
Documents Similar To PonenciaMVentura
Agua Grupo 1 Version 3
Guía Regional Privados de Libertad
Actividad 4 Constitucion Politica Mila
Sentencia c 590 05
Significado Iusfundamental Debido Proceso
exp 6612-2005-PA-TC-E.S.
J Administrativa 4
039-deportederecho
2. Texto de La ACCION de TUTELA Neil Rodrigo Colegiodelasalle Febrero 20 930am
J CONT 2
Amparo y Medida Cautelar Para Directores
Accion de Tutela T-780-10
Legitimación por activa en tutela. La agencia oficiosa..docx
Jurisprudencia La Plata
Jose Luis Ugarte El Concepto de Huelga en El Derecho Chileno
COPIA SENTENCIA T-197-14
2_1 Estructura de La Ley
More From Henry Christopher Boys Loeb
Artículo Marihuana
tratado María.pdf
Fernández Benayas - El Marxismo
Fernández Benayas - El Marxismo.pdf
INVERSIÓN CATÓLICA DEL DINERO.docx

References: resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 68
 artículo 30
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 resolución 
 Resolución