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¿Es necesario probar los daños si el titular de una patente opta por la regalía hipotética?
lunes, 03 marzo 2014 21:19
El artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE de Enforcement parece equiparar, de un modo un tanto confuso, la regalía hipotética con los daños y perjuicios, mientras que en muchos ordenamientos jurídicos tendría mejor encaje en la figura del enriquecimiento injusto.
La referencia a los daños y perjuicios, que ha sido transpuesta en el artículo 66 de la Ley de Patentes, ha causado numerosos problemas en España donde la jurisprudencia ha afirmado tradicionalmente que los daños deben ser “reales y efectivos” y estrictamente limitados a los que se han probado. ¿El titular de la patente tiene la carga de aportar una prueba del daño que ha sufrido aunque opte por la regalía hipotética? Esto ha dado lugar a una jurisprudencia confusa y contradictoria y al desarrollo de la llamada doctrina de “ex re ipsa” que busca compaginar de algún modo la regalía hipotética con la jurisprudencia tradicional, estableciendo que no hay necesidad de probar la existencia del daño si de las circunstancias se deduce claramente la existencia de daño ex re ipsa. Sin embargo, hubiera sido mucho más conveniente reconocer que, dado que la regalía hipotética no tiene encaje en el concepto de los daños y perjuicios, entonces la cuestión de su prueba ni siquiera surge.
Ésta es precisamente la conclusión de la Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia nº 25/2014 de 24 de enero 2014 en el recurso 578/2012. En esta sentencia se establece que la finalidad de la regalía hipotética no es la compensación de un quebranto patrimonial sino la retribución de la invasión antijurídica del derecho de exclusiva del titular.
La resolución no se fundamenta en la existencia ex re ipsa de daños y perjuicios, sino que establece que no es necesario probar que el titular los haya sufrido. Ésta es una buena noticia para los titulares de patentes que hasta ahora corrían el riesgo de que los tribunales consideraran que los daños no eran tan evidentes como se afirmaba, por ejemplo, cuando el titular no estuviera explotando la patente o no hubiera realizado preparativos para hacerlo directamente o por medio de la concesión de una licencia. La Audiencia ofrece además unas indicaciones claras sobre la determinación de la regalía hipotética, que puede comprender un canon de entrada, un canon fijo anual y un canon variable según el volumen de ventas.
Autor: Colm Ahern
Infracciones on line de derechos de autor que despliegan sus efectos en varios Estados
jueves, 10 octubre 2013 11:31
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el pasado jueves 3 de octubre (caso C-170/12) sobre la competencia judicial de los tribunales de la Unión en conflictos relativos a la reclamación de daños por infracciones de derecho de autor que tienen lugar y despliegan sus efectos a través de Internet.
No es ésta la primera sentencia que se dicta en sede europea en materia de competencia judicial internacional en supuestos de infracciones cometidas a través de Internet. Ya en los asuntos eDate advertising (25 de octubre de 2011) y Wintersteiger (19 de abril de 2012), el TJUE tuvo ocasión de delimitar el alcance del artículo 5, apartado 3, del Reglamento CE n.º 44/2001, sobre Competencia Judicial Internacional (Reglamento Bruselas I), cuando el ilícito tiene lugar on line.
Según el tenor literal de este precepto:
“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: […] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”.
Como ya estableciera el TJUE en su sentencia de 7 de marzo de 1995 (asunto Shevill), la expresión “lugar donde se hubiere producido u pudiere producirse el daño” se refiere tanto al lugar de causación del daño como al lugar en que ese daño se materializa o despliega sus efectos.
En las infracciones cometidas a través de Internet, esta dicotomía cobra, por razones evidentes, especial relevancia. Concretamente, en el caso que ahora reseñamos, el demandante –Sr. Pinckney- , residente en Toulouse, afirmaba ser el autor de una serie de obras musicales que habrían sido reproducidas sin su autorización por una empresa austriaca –Mediatech-, y que posteriormente habían sido comercializadas por dos empresas domiciliadas en Reino Unido poniéndolas a disposición del público en Internet. El resultado fue que las obras en cuestión se encontraban en distintos sitios de Internet accesibles desde el domicilio del demandante en Francia.
En definitiva, lo que se plantea en este asunto es si un tribunal en cuyo territorio es posible acceder a través de Internet al contenido de una obra para cuya difusión el autor no ha dado su consentimiento, y que es distinto de aquel donde tiene lugar la comisión de la infracción, es competente para conocer de una reclamación que pretende la reparación del daño causado o si es preciso que los contenidos estén destinados específicamente al público situado en ese Estado Miembro.
El TJUE responde afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada, bajo el argumento fundamental de que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor depende exclusivamente de que (i) los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado miembro y (ii) sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de Internet, a la obra en cuestión. No obstante, el órgano judicial que se declare competente en virtud de este criterio, únicamente podrá conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, lo cual resulta congruente con el principio de territorialidad que rige en materia de protección de derechos de propiedad intelectual.
Luz verde del Tribunal Supremo al Reglamento de la “Ley Sinde-Wert”
miércoles, 26 junio 2013 08:12
Wikimedia (Cberbell)
El viernes pasado se hicieron públicas las dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2013, desestimatorias -en lo fundamental- de los recursos interpuestos contra el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.
La interposición misma de estos recursos por parte de la Red de Empresas de Internet y de la Asociación de Internautas, enfatizó la importancia que encerraba el nuevo sistema de medidas arbitrado para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual mediante la interrupción de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de contenidos.
En esencia, para ambas asociaciones, un sistema que atribuye a un organismo de carácter administrativo la potestad de poner veto a lo que se “cuelga” en la red, debería considerarse nulo por vulnerar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión, la interdicción de la arbitrariedad y ser contrario a los principios del derecho administrativo sancionador.
Sin embargo, el Alto Tribunal ha confirmado con estas dos resoluciones la legalidad del sistema instaurado en el artículo 158.4 TRLPI y desarrollado por el citado Real Decreto. Haciendo una ponderación de los intereses y libertades implicados, el Tribunal Supremo entiende que la configuración reglamentaria de este sistema de salvaguarda de la propiedad intelectual no resulta desproporcionado ni supone una restricción indebida de los derechos de los ciudadanos.
Merece la pena destacar, de entre los fundamentos jurídicos del Tribunal, el siguiente argumento, que cito textualmente:
“Ciertamente resulta difícil vulnerar o restringir la libertad de expresión cuando se defiende, precisamente, a los creadores de los contenidos, en definitiva, a los titulares del derecho a la propiedad intelectual, si tenemos en cuenta que este tipo de propiedad se integra por los derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, ex artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y recordemos que el derecho a la producción, creación artística, científica y técnica, reconocido y protegido por el artículo 20.1.b) de la CE, no es sino una “concreción del derecho –también reconocido y protegido en el apartado a) del mismo– a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones” (STC 153/1985, de 26 de noviembre).
Este respaldo judicial llega precisamente en un momento en que el Gobierno ultima la reforma del sistema, con el propósito de vencer algunas de las deficiencias detectadas. Partiendo del sistema instaurado por la Ley 2/2011, de Economía sostenible, la nueva regulación amplía las facultades de la sección 2ª de la Comisión de Propiedad intelectual, que según el texto propuesto en el Anteproyecto podrá requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad e imponer sanciones pecuniarias a los infractores.
Estas dos resoluciones permitirán al legislador trabajar sobre tierra firme a la hora de ultimar los detalles del nuevo texto. Con todo, quizá haya que replantearse algunas cuestiones como la atribución a la sección 2ª de potestad para imponer sanciones administrativas de carácter pecuniario, habida cuenta que el Tribunal Supremo ha declarado que las funciones encomendadas a esta sección no revisten carácter sancionador, sino de mero “reestablecimiento de la legalidad”.
Celebremos, en cualquier caso, estas sentencias: todo instrumento que permita soslayar la impunidad con que algunos se sirven de Internet para defraudar derechos ajenos, por muchas imperfecciones que revista, debe ser bienvenido y apoyado sin fisuras.

References: artículo 13
 artículo 66
 resolución 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 158
 artículo 2
 artículo 20