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Timestamp: 2017-09-20 20:11:02+00:00

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Primera Sala | El Juego de la Suprema Corte | Page 2
Por fin, la Corte entra al debate: ¿qué hacer con la marihuana recreativa?
Ha llegado finalmente la oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience a analizar el impacto que la actual política de drogas ha tenido sobre los derechos humanos. En los próximos días, la Primera Sala de nuestro tribunal constitucional discutirá el amparo en revisión 273/2014 en que se cuestiona la estrategia prohibicionista imperante en nuestro país.
Por más de 50 años la llamada “guerra contra las drogas” ha privilegiado un enfoque punitivo que prevé terminar con la oferta de drogas a nivel mundial por encima de la vigencia propia de los derechos humanos. Sus consecuencias, ampliamente documentadas por múltiples organizaciones de la sociedad civil e incluso recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han repercutido negativamente sobre la vida de millones de individuos alrededor del mundo. No obstante, a pesar de los miles de millones de dólares que dicha guerra ha implicado y los altos costos humanitarios asociados, no se ha logrado prevenir el incremento en el suministro y consumo de drogas.
México ha sido uno de los países que más ha resentido los efectos perversos del prohibicionismo, donde la situación de derechos humanos es crítica a causa de la militarización de la seguridad pública y el uso de la fuerza con el fin de combatir a los cárteles de la droga. Desde 2006, los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada han aumentado alarmantemente,1 mientras que se ha consolidado un marco legal de excepción que se ha convertido en la norma.2
Por ello, desde Espolea A.C., junto con más de 20 organizaciones de la sociedad civil en las Américas, presentamos un amicus curiaeante la SCJN para argumentar que, a la luz de los estándares internacionales, la actual política contra el uso de marihuana basada en la fiscalización y la prohibición constituye una restricción indebida al derecho a la vida privada, incluyendo los derechos a la identidad, a la autonomía, al desarrollo personal y, por consiguiente, que el uso del derecho penal para sancionar su uso deviene en violaciones a la libertad personal.
La utilización del sistema penal en un Estado democrático de derecho, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto a una conducta ilícita3 e implica el menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas.4 Para que su utilización sea compatible con un régimen democrático, éste debe respetar y responder a los principios de mínima intervención y ultima ratio.5
Sin embargo, el régimen de prohibición se ha basado primordialmente en el uso del sistema penal como herramienta central para responder al problema del consumo de drogas para supuestamente proteger con ello la salud pública. La utilización del sistema penal como instrumento principal para su control revela importantes incompatibilidades con un régimen democrático basado en los derechos humanos. Con ello, la supuesta excepcionalidad del uso del sistema penal ha sido menoscabada en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, en que el consumo de marihuana se vuelve por sí mismo punible. El sistema de sanciones penales se ha convertido así en regla y no la excepción.
Con ello, la criminalización del uso de marihuana ha resultado en una intromisión indebida en el derecho a la intimidad y la vida privada que todo individuo goza.6 El derecho a la vida privada, tal como lo ha reconocido la CoIDH, va más allá del mero respeto a la privacidad que implica la confidencialidad o inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones y de las relaciones familiares. Así, al ser un concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas, la vida privada comprende también la forma en que el individuo se ve a sí mismo, y cómo y cuándo decide proyectarse ante los demás.7
En este sentido, la CoIDH ha entendido que el concepto de libertad protegido por la Convención Americana va incluso ligado a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones.8 De ello se desprende que el derecho a la vida privada engloba aspectos del derecho a la identidad física y social, el desarrollo de la personalidad y la autonomía personal, componentes interrelacionados entre sí que se encuentran igualmente protegidos por la Convención.9
Ello implica que, con el fin de no incurrir en restricciones abusivas o arbitrarias y proteger el ámbito de la privacidad de invasiones arbitrarias o abusivas por parte de terceros o de la autoridad pública, cualquier injerencia en la vida privada debe estar prevista en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática.10 La decisión de una persona de consumir marihuana debe, por lo tanto, entenderse en el contexto del derecho de todo individuo a definir libremente el desarrollo de su personalidad, como parte de las decisiones que una persona puede tomar sobre sí misma.
Ante los impactos negativos que ha tenido la criminalización del consumo de marihuana, merece la pena comparar el actuar del Estado frente a otra serie de actividades que implican más riesgos para la persona que las emprendidas bajo su propia decisión, tales como la práctica de deportes de riesgo, relaciones sexuales sin protección o incluso el consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco. Estas actividades pueden no ser inteligentes e incluso pueden llegar a ser dañinas, pero no deben recaer bajo el actuar represivo del Estado y su criminalización. Por el contrario, requieren de una serie de políticas públicas para disminuir sus riesgos y daños, incluidas políticas de salud y educación al respecto.
Tras más de 50 años de políticas represivas y prohibicionistas, y frente a una situación que a diario se deteriora elevando los costos humanos y sociales, resulta imperativo cambiar la política internacional de drogas para avanzar hacia una nueva política basada en un enfoque de salud y de respeto a los derechos humanos, alejado del paradigma de la seguridad pública. En este sentido, la discusión que se dará en la Suprema Corte es una oportunidad de suma relevancia para estudiar los impactos que dicha estrategia ha tenido en los derechos humanos y dar los primeros pasos para delinear una nueva política pública sobre drogas que sea respetuosa de los derechos humanos. El proyecto que ha presentado el ministro Zaldívar va en esta dirección, abriendo así una nueva oportunidad para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el país.
Daniel Joloy. Analista de derechos humanos en Espolea, A.C.
1 Human Rights Watch. Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Nueva York, 2011. Amnistía Internacional. Fuera de Control: Tortura y malos tratos en México. Londres, 2014.
2 Madrazo, Alejandro. “The Constitutional costs of the ‘war on drugs’”. En: Ending the war on drugs: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy. LSE-IDEAS. Mayo, 2014. Cantú, Silvano. et. al. La figura del arraigo penal en México: El uso del arraigo y su impacto en los derechos humanos. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. México, 2012.
3 CorteIDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C, No. 111. párr. 104; CorteIDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 135. párr. 79; CorteIDH. Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C, No. 177. párr. 76
4 CorteIDH. Caso Lori Berenson vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C, No. 119. párr. 101; CorteIDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C, No. 137. párr. 223
5 CorteIDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C, No. 107. párr. 22
6 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17
7 Ver caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Op. Cit. párr. 162
8 Ver caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Op. Cit. párr. 136
9 Ver caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Op. Cit. párr. 135. Así ha sido interpretado también de forma amplia por diversos tribunales internacionales de derechos humanos, tal como lo destaca la misma Corte Interamericana en su sentencia. Cfr. T.E.D.H., Caso Laskey, Jaggard y Brown Vs. Reino Unido, (No. 21627/93; 21826/93; 21974/93), Sentencia de 19 de febrero de 1997, párr. 36. Caso Dudgeon Vs. Reino Unido, (No. 7525/76), Sentencia de 22 de octubre de 1981, párr. 52, y Caso A.D.T. Vs. Reino Unido, (No. 35765/97), Sentencia de 31 de Julio de 2000. Final, 31 de octubre de 2000, párr. 23.
10 Ver caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Op. Cit. párr. 161, 164
La Suprema Corte y el acceso a la verdad de las violaciones graves de derechos
David Mora Vera
En ocasiones anteriores, la Suprema Corte ha estudiado el derecho a la verdad. En éstas, ha podido abonar en hechos de compleja violencia oficial. En la masacre de El Vado, en Aguas Blancas, por ejemplo, a partir de su legítima investigación con fundamento en la facultad que entonces se establecía en el artículo 97 de la Constitución, señaló la responsabilidad del Gobernador, Procurador de Justicia y Secretario General de Gobierno en Guerrero, por las graves violaciones cometidas.
En ese caso, la Corte concluyó que la información manipulada, incompleta y condicionada que difundieron diversas autoridades sobre los hechos, constituía en sí una grave violación al derecho a la información. La imposibilidad de conocer la verdad de los hechos fomenta “la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación” y viola gravemente diversas garantías de la Constitución mexicana, recalcó el Pleno de la Suprema Corte.1
Veinte años después nuevamente la Corte enfrenta el derecho a la verdad y la libertad de información. Con dos amparos en revisión (547/2015 y 661/2014), la Primera Sala decidirá desclasificar o no la información reservada en las investigaciones de la Procuraduría General de la República de las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León. A partir de estos casos, la Sala instruirá sobre los verdaderos alcances del derecho de acceso a la información como garantía del derecho a la verdad para casos de graves violaciones a derechos humanos.
Equívocamente, el debate en torno a estos dos casos se ha centrado en que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) traslaparía funciones propias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), si desclasifica la información bajo el supuesto de que está ante violaciones graves de derechos humanos –para aplicar la excepción contenida en los artículos 5 y 115 de la Ley General de Transparencia y 14 de la Ley Federal vigente. La cuestión medular, sin embargo, no reside en qué institución puede calificar ciertos eventos como violaciones graves de derechos humanos. El punto clave que deben dilucidar los ministros de la Corte es si el INAI puede desclasificar información a partir de su interés público, más allá de que la CNDH considere o no los casos como violaciones graves de derechos humanos.
Para abonar a este eje analítico, parto de un hecho irrefutable: la información relacionada con casos de violaciones graves a derechos humanos es de interés público. La sociedad (medios, periodistas, académicos, organizaciones civiles, etcétera) se interesa por conocer quién, por qué, en qué contexto, cómo y qué consecuencias tienen hechos de esta naturaleza. Esto es así y preocupante sería una sociedad apática o ajena a estos sucesos.
Para satisfacer este justo interés, además de cumplir con la expectativa de investigar y sancionar efectivamente, las autoridades están obligadas a difundir información relacionada (como parte del principio de publicidad del proceso penal, pero también por la noción básica de rendición de cuentas en un Estado democrático y de derecho). No obstante, no se investiga ni se sanciona, o se hace deficientemente, y, seguramente por esto, se inhibe el libre flujo de la información relacionada.
Ante esto, el INAI debe garantizar no sólo el ejercicio concreto del derecho de acceso a información de una persona solicitante sino el libre flujo de esta información hacia la sociedad. Con este propósito debe desclasificar la información reservada, pues el interés público de conocer la información de violaciones graves a derechos humanos supera el interés de mantener reservada la misma. Así lo definió de manera inequívoca la Primera Sala de la Suprema Corte anteriormente en el amparo en revisión 168/2011.
Es decir, el interés público es el núcleo del asunto y el organismo garante sólo puede determinarlo en función de las características intrínsecas de los hechos y del contexto en que sucedieron, mas no en la forma cómo otras autoridades hayan considerado o procesado éstos. Así, más allá de que un hecho o una serie de eventos (i) no tengan antecedente alguno como violación grave de derechos humanos; (ii) ya han sido considerados como violación de derechos humanos no grave; o (iii) ya fueron reconocidos como violación grave; el INAI deberá desclasificar toda la información reservada que esté relacionada toda vez que el interés público por conocerla supera el interés de mantener en reserva.
Luego, si el Instituto opta por la desclasificación de la información, en particular en los escenarios (i) y (ii) antes señalados, no se traslapa ningún ámbito de otras autoridades ni es un obstáculo para el ejercicio de sus facultades en diversas materias. En efecto, la Primera Sala ha sido clara al señalar que en el primero de estos escenarios, la determinación de desclasificar sería con base en una noción preliminar (naturaleza prima facie), lo que en ningún momento concluye o determina irrevocablemente el comportamiento del asunto en otra materia.
Entonces, contrario a dónde se ha llevado el debate de estos amparos en cuestión, el argumento toral no es que el INAI pueda determinar qué es una violación grave invadiendo otras esferas. La esencia del asunto radica en que el INAI pueda ordenar la desclasificación, garantizar el ejercicio del derecho a la información y abonar a la verdad de los hechos, aun cuando no haya referentes anteriores, protegiendo el interés público que emana de la información. Clasificar eventos como graves violaciones nunca ha sido un fin en sí mismo del INAI. Vale mencionar que en el paso de estos dos asuntos por primera instancia se reconoció parte de lo acá expuesto. En el AR 661/2014, el juez Fernando Silva determinó además que las masacres de migrantes sí fueron violaciones graves de derechos humanos, para así ordenar que la información de las averiguaciones previas se desclasificara.
En este contexto, los ministros tienen un estándar alto por observar y además les antecede una tradición de la Primera Sala garantista hacia la apertura. El efecto sustantivo de las sentencias que produzcan será acabar con “la información manipulada, incompleta y condicionada” o fomentar “la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación”, la que en 1996 el mismo Pleno de la Suprema Corte afirmó que viola gravemente diversas garantías de la Constitución mexicana.
David Mora Vera. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Oficial adjunto en el Proyecto de Derecho a la Verdad de ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica. Twitter: @dmoravera
1 Esto se recupera en la tesis con número de registro 200111, titulada GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACION). VIOLACION GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACION Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTICULO 6o. TAMBIEN CONSTITUCIONAL.
La resolución mediante la cual la Suprema Corte concedió amparo a diez policías tras concluir que al momento del operativo en el antro News Divine, en junio de 2008, donde murieron doce personas, dichos policías no se encontraban en el lugar y por ello no son responsables, parece una salida razonable por cuanto hace a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Pero deja aún sin respuesta las interrogantes principales sobre la tragedia.
En primera instancia, como lo que pretenden los padres de las víctimas –y la sociedad civil en su conjunto- no es que se encarcele necesariamente a esos diez procesados, sino que se esclarezcan los acontecimientos y se llegue al conocimiento de la verdad; la sentencia de la Corte obliga a mirar hacia otro lado para esperar -y exigir- la justicia que parece tardará algo en llegar.
En efecto, si se atiende al hecho de que durante el operativo mencionado se cometieron diversos delitos y se constató que en el inmueble objeto del mismo, se cometían otros diversos por particulares y algunas autoridades del ámbito local y delegacional y, a partir de las pruebas aportadas, la Corte ya señaló que los responsables no son los policías señalados. ¿Quién o quiénes fueron entonces los culpables y a quién le corresponde investigarlo? ¿O es que con saber que esos diez servidores públicos no fueron los responsables, deberían acallarse todas las conciencias?
Para quien ha perdido un hijo en la tragedia del News Divine, la resolución de la Suprema Corte es apenas un eslabón más en la lucha por saber qué ocurrió realmente y obtener justicia. Ahora se sabe quiénes no fueron jurídicamente responsables por la masacre. Bien. Concedido. Lo siguiente entonces será determinar quiénes sí fueron responsables y deben, por ello, asumir las consecuencias de sus actos y decisiones.
Un primer aspecto para reflexionar pasa por advertir que posiblemente, con la legislación vigente y la interpretación que se ha dado a la misma doctrinal y judicialmente en materia de atención a víctimas, responsabilidad patrimonial del Estado y de derechos humanos, ahora los propios policías podrían (y quizás deberían) presionar a las autoridades competentes para que se les resarza el daño que se les ocasionó, y se determine jurídicamente quién o quiénes –y en qué medida- son responsables penalmente por los hechos sucedidos. Siete años de desgaste en reuniones con abogados desde el penal, sufriendo el señalamiento de la condena social y mediática, y acudiendo a audiencias y citatorios en tribunales para acreditar la inocencia no pueden y no deben pasar en vano. También de la honra y perjuicios psicológicos, sociales y laborales sufridos por esos servidores públicos debe responderse. En estos supuestos, un “lo sentimos mucho” sirve de muy poco.
En otro sentido, la resolución de la Corte también debería conducirnos a colegir que si lo que se pretende es construir paulatinamente un Estado de Derecho, deberían conocerse las razones –y las pruebas- que condujeron en su momento a la exoneración del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega; y debería asimismo informarse qué fue del proceso seguido contra el servidor público directamente responsable de orquestar el operativo en el News Divine, que era el jefe de la Región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y responsable del Programa Unipol en la Delegación Gustavo A. Madero cuando ocurrieron los hechos, Guillermo Zayas.
Ningún ciudadano maduro estaría hoy por juicios sumarios ni por linchamientos en los medios; pero sabiendo que de toda la baraja de posibles responsables, hay diez nombres menos, lo deseable es conocer hacia dónde apuntan las pruebas y los elementos existentes. Se insiste en que de la muerte de doce mexicanos alguien tuvo que ser el responsable, y el compromiso con la justicia no estará satisfecho sino hasta determinar quiénes y en qué medida deben responder por lo sucedido.
En segundo lugar, ahora que estamos en pleno proceso electoral, vale señalar que para decidir el sentido del voto, al electorado le interesa conocer no solamente las propuestas y plataformas difundidas por los partidos y cómo están funcionando actualmente las instituciones encargadas de la impartición de justicia, sino también conocer cómo funcionan las entidades ordenadas a la procuración de justicia.
¿Qué se sabe del proceso judicial y administrativo que debería haberse iniciado contra el encargado de protección civil en la demarcación, responsable de verificar que las entradas, salidas de emergencia, ventilación y mecanismos contra incendios y demás especificaciones en la materia en el antro referido, cumplieran con la normativa aplicable? ¿Se sabe algo al respecto? De no cubrir este flanco con razonable seriedad, se seguirá enviando el mensaje perverso de que en este país sólo se tapa el pozo una vez que el niño se ha ahogado.
¿Y de las investigaciones que deberían haberse abierto sobre las autoridades delegacionales correspondientes que, habiendo clausurado ya en tres ocasiones previas el News Divine, y de que había reabierto sus puertas hacía apenas cuatro meses, toleraron indebidamente que aquella tarde ingresaran 600 personas a un establecimiento cuyo cupo máximo ronda apenas el centenar? ¿Se sancionó a alguien? ¿Se presentó alguna denuncia acaso? ¿Se inició aunque sea algún procedimiento administrativo? ¿Y qué procedimientos se iniciaron contra las autoridades encargadas de verificar que no se vendan bebidas alcohólicas a menores de edad en los establecimientos del Distrito Federal, situación que quedó patente la tarde del operativo?
De la misma manera, la sociedad también merece conocer con absoluta transparencia, a siete años de los acontecimientos, el estatus de los procedimientos seguidos contra los propietarios, directivos, gestores, gerentes y demás particulares cuyas labores muy probablemente comprendieron su participación en cohechos, concusiones, sobornos y demás ilícitos dirigidos a corromper a las autoridades locales y delegacionales, habida cuenta de que los servidores públicos no delinquen en solitario y porque sí. Precisan necesariamente de la participación de empresarios que desde su posición económica prefieren acelerar la atención de sus preocupaciones y facilitar su avance corrompiendo.
De las principales lecciones que pueden extraerse de experiencias como la del Lobohombo, la de la Guardería ABC o la del News Divine, es que la actuación de las autoridades no puede constreñirse a atender lo inmediato, lo urgente, lo apremiante. Mientras no se destinen recursos y esfuerzos para generar una cultura de la prevención, y mientras la colusión entre servidores públicos y particulares sigan siendo el pan nuestro de cada día, tragedias como la que nos ocupa seguirán ocurriendo cada cierto tiempo.
En conclusión, aunque la resolución de la Suprema Corte representa un primer paso importante para dilucidar qué sucedió la tarde de la tragedia, y para sentar un precedente dirigido a deslindar las responsabilidades cuyo concurso se tradujo en la pérdida de doce vidas humanas, en la lucha por la consecución de justicia, todavía falta lo más elemental. Ya sabemos quién no fue responsable. Falta determinar quién sí fue.
Un alto a la publicidad engañosa, acierto de la Suprema Corte
El pasado 15 de marzo se conmemoró el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y en esta ocasión México tiene un gran motivo para celebrar, gracias a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte del amparo directo en revisión respecto de una acción de grupo promovida por PROFECO en febrero de 2012 contra publicidad engañosa de los tenis “Easy Tone” de Reebok (cuya propietaria de la marca es Adidas, pero para efectos de este análisis nos referiremos a la marca de la publicidad sancionada). Como veremos, esta resolución hace eficaz y expande el derecho básico a la información de los consumidores, fortalece la función de la Profeco, amplía los mecanismos de cooperación internacional, contribuye a la competencia leal y a la autorregulación, y por supuesto genera un mayor protagonismo de las instancias judiciales para robustecer la tutela de derechos de los consumidores. Revisemos cada aspecto a detalle.
En primer lugar, partamos del valor tan relevante que tiene la información en las relaciones entre empresa y consumidor. Desde hace varias décadas se estudian y analizan las imprecisiones informativas por parte de la primera y se ha reconocido que el mercado per se no ofrece los incentivos necesarios para que los agentes industriales aporten información veraz y comprobable, ni a evitar falsificaciones o manipulaciones de la misma. Al respecto existen dos casos emblemáticos: el elíxir sulfanilamida (1937) y la talidomida (1958), en ambos casos la inadecuada o falsa información resultó en pérdidas humanas o malformaciones genéticas de quienes lo consumieron. Estos casos demostraron que son los consumidores, por ser la parte más débil en las relaciones de consumo, quienes incurren en pérdidas patrimoniales o daños a la salud por información inexacta y, por tanto, estamos frente al caso de una externalidad que debe ser regulada. En esta lógica fue que John F. Kennedy en su famoso discurso de los derechos de los consumidores (1962) impulsó el derecho a la información de éstos. Posteriormente, en 1985, la ONU mediante la emisión de unas directrices sobre los derechos básicos de los consumidores, reconoce también la importancia del derecho a la información. Con estas bases, se ha avanzado mucho con el tema del etiquetado, que estandariza la información comercial e industrial con la cual los consumidores pueden tomar decisiones con mayor certidumbre y conocimiento, así como las reglas bajo las cuales se definen las reglas en materia de publicidad que deben ser cumplidas por las empresas.
Como se ha mencionado en otras ocasiones, “no podemos olvidar que entre los bienes y servicios que se comercializan cada vez de una manera más amplia y extensa, las diferencias en precio y calidad se han reducido. De ahí que cobre gran relevancia la publicidad, pues entre productos semejantes se busca atraer a los consumidores mediante estrategias de mercadotecnia en las que se resaltan ciertas virtudes y sobre las que en muchas ocasiones el consumidor se basa para tomar una decisión”. No cabe duda que ante la diversidad y complejidad de la comercialización y de la publicidad, la información es el derecho fundamental de los consumidores que amerita una protección estratégica, pues de su adecuada atención se podrán prevenir riesgos y abusos, así como ampliar la protección en otros derechos básicos de los consumidores.
En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce también como uno de los principios básicos de las relaciones de consumo el derecho a la información adecuada, a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, y determina que “la información o publicidad relativa a bienes y servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas”. Y la Ley agrega: “Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información… que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta”.
En este marco, la Profeco revisó en 2011 la publicidad de los tenis Reebok Easytone, que se difundió en televisión por cable y afirmaba “tonificar piernas y glúteos con cada paso”, “más que las zapatillas comunes”, por contener “cámaras de aire que tonifican al crear microestabilidad” y remitía a los consumidores a conocer mayor información en su página Web. En dicho medio profundizaban afirmaciones, en el sentido de que con el uso de los tenis Easytone se tonificaban en un 28% más los glúteos y 11% más las pantorrillas y los tendones. Al respecto, la Profeco solicitó que se presentaran las pruebas que demostrasen que dichas afirmaciones eran veraces y comprobables, lo cual no acreditó fehacientemente la empresa. En este contexto, la Profeco procedió a multar esta publicidad por engañosa, sancionando al proveedor con un millón de pesos.
Estas acciones para sancionar la publicidad engañosa de los tenis Reebok Easytone también fueron emprendidas en otros países donde se usaron las mismas afirmaciones señaladas anteriormente. La Comisión Federal de Comercio de EUA (FTC, por sus siglas en inglés) emprendió una investigación para que la empresa probara científicamente sus afirmaciones, lo cual no pudo demostrar y dio pauta para promover una acción colectiva. A partir de estos elementos es que ambas partes llegaron a un acuerdo para que Reebok pagará 25 millones de dólares en reembolsos a los consumidores que hubieran comprado este producto.
De esta manera, la Profeco buscó dar un paso adicional al de la multa administrativa descrita e integró una acción de grupo (hoy denominadas acciones colectivas) para que la empresa respondiera directamente por el daño realizado a aquellos consumidores que compraron estos tenis a partir de la publicidad engañosa. La demanda presentada por la Profeco no sólo integraba elementos del procedimiento administrativo señalado, sino además elementos del proceso realizado contra Reebok en EUA.
Con estos antecedentes, en el proceso de la acción de grupo una de las controversias clave fue el valor probatorio respecto de la publicidad del producto en comento. En primera instancia, el juez de distrito consideró que la Profeco no aportó material probatorio sobre la existencia de publicidad engañosa y, por tanto, no se acreditaban los elementos de la acción. Esta resolución fue posteriormente confirmada el pasado 21 de noviembre de 2014 por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa, ante lo cual se amparó la Profeco.
De esta forma, el pasado 12 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz el amparo directo en revisión mediante el cual se revoca la sentencia impugnada, pues “cuando se trata de la afectación de derechos de los consumidores al aducir que la publicidad o información difundida por el proveedor es engañosa, es el proveedor el que debe desvirtuar los indicios aportados por los consumidores y comprobar que la información publicitada es exacta, veraz, moderada, justa, real u objetiva en los términos en que fue ofertada. Ello es así ya que la información o publicidad que difundan los proveedores por cualquier medio o forma debe ser comprobable”.
En este sentido, la Primera Sala agrega una serie de argumentos que describen con gran claridad la asimetría que existe entre consumidores y proveedores en las relaciones de consumo: “Además de que, atendiendo a los principios favor debilis y de acceso a la justicia, se debe tomar en cuenta que los consumidores no cuentan con la información y aptitudes técnicas y científicas para aportar elementos de prueba que demuestren que la información no cumple con las características que les exige la propia ley. Más aún, de que es el proveedor el que se encuentra en una situación de ventaja frente al consumidor, pues conoce la eficacia del producto ofrecido y cuenta con la información para aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar que su publicidad no induce al error o genera un daño o perjuicio al consumidor. Exigir a los consumidores aportar pruebas irrefutables para demostrar que la información es inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa, haría nugatorio su derecho al acceso a la justicia, pues nadie puede conocer mejor que el proveedor el proceso de producción del bien que comercializa publicita.”
De esta forma, la Suprema Corte devolvió el asunto al tribunal colegiado, para que “se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad de la resolución a efecto de salvaguardar los derechos previstos en el artículo 28 constitucional en relación con la protección al consumidor”.
Independientemente de que todavía desconocemos cómo se resolverá de fondo el presente litigio, sin duda alguna esta resolución de la Corte fortalece el derecho a la información de los consumidores al hacer más eficaz su ejercicio y defensa. En efecto, otorga a la Profeco mayor claridad para combatir la publicidad engañosa y obliga a los proveedores a aportar los elementos que prueben que su información o publicidad es veraz y comprobable. Esto es un principio indispensable para que cada empresa se responsabilice de la publicidad que emita y las afirmaciones (los famosos claims) de ésta sean consistentes con la calidad del producto o servicio, lo cual ampliará el alcance de esfuerzos de autorregulación en México, de mayor responsabilidad, cerrando la pinza de esta manera para combatir la publicidad de los llamados productos milagros. La Corte, en este sentido, pone la carga de la prueba publicitaria al proveedor y no a la autoridad ni mucho menos a los consumidores. Asimismo, es una oportunidad para alinear las políticas de defensa del consumidor y de competencia económica, pues como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la publicidad engañosa no sólo perjudica a los consumidores, sino también a la competencia y a la confianza en el mercado.
En el ámbito internacional, esta acción de grupo fue incluso presentada en octubre de 2012 como un caso de éxito de cooperación internacional en el “International Consumer Protection and Enforcement Network” (en donde participan las principales agencias de protección al consumidor del mundo), pues de la adecuada interacción entre Profeco y la FTC se evitó que una empresa global tuviera un comportamiento de cumplimiento regulatorio diferenciado por países, sin importar que el daño a los consumidores es el mismo. Este aspecto no es menor, pues recordemos que Reebok llegó a un acuerdo con la FTC para compensar a quienes compraron este producto. ¿Porqué en México enfrentó este problema de una manera diferente? ¿Los consumidores y las autoridades estadounidenses valen más que los mexicanos? Sin duda este caso contribuirá a que las empresas globales tengan un comportamiento frente a los consumidores mexicanos acorde con lo que hacen en otros países.
Por último, esta resolución es consistente con otros momentos en que la Suprema Corte ha contribuido a fortalecer la tutela de los derechos de los consumidores, como el caso de la acción de inconstitucionalidad contra la Norma 29 emitida por el Gobierno del Distrito Federal, así como el amparo en revisión 91/2004 resuelto por esta misma Primera Sala en donde se confirma que la publicidad está sometida a las mismas restricciones que afectan la actividad comercial o industrial y, por ello, es constitucional el establecimiento de límites de veracidad y claridad exigibles en ese ámbito. Por estas razones es que la tutela de los derechos de los consumidores se verá favorecida en la medida que el Poder Judicial desarrolle interpretaciones más sistemáticas y con una visión pro persona, como las que hemos analizado en estas líneas. La resolución de la Suprema Corte no sólo amplía la protección de los consumidores mexicanos, sino que será de gran trascendencia para conocerse y analizarse en otros países, y así demostrar que existe un alto para combatir la publicidad engañosa y darle un carácter superior al derecho básico a la información publicitaria.
Bernardo Altamirano Rodríguez. Profesor de las materias: “La Empresa ante la Regulación, los Consumidores y la Competencia” en el ITAM, así como de “Régimen Jurídico de la Publicidad” en la UNAM. Twitter: @beraltamirano
El amparo Mexicanos Primero, ¿por qué es una victoria judicial histórica?
La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo interpuesto por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso histórico por abrir una rendija para atacar desde la trinchera ciudadana los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país, pero también porque ofrece una buena batería de criterios jurídicos novedosos relacionados principalmente con el interés legítimo y que bien pueden ser exprimidos en el futuro por otras organizaciones de la sociedad civil. En el siguiente video, el abogado Luis M. Pérez de Acha, arquitecto de la estrategia jurídica de este juicio de amparo, explica precisamente en qué consistió esta estrategia y cuáles son algunos de los escenarios jurídicos futuros a partir de la victoria alcanzada con este asunto.
Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha
La Suprema Corte y la batalla por los derechos de los consumidores
Bernardo Altamirano Rodríguez y Carlos Martínez Velázquez
El plan del teléfono celular, la televisión satelital o por cable, el internet en casa, la nota de la tintorería, la inscripción al gimnasio, entre otros servicios que consumimos todos los días, los adquirimos a través de un contrato con las empresas proveedoras. Se trata de un contrato que no se negocia, conocido como contrato de adhesión y que la empresa en cuestión lo ofrece de manera unilateral. ¿Cuántas veces leemos estos contratos? ¿Sabemos las cláusulas que contienen? ¿Hay alguien que revise que estos contratos sean justos y equitativos? ¿Existe algún lineamiento sobre cómo deben ser estos contratos? Y, de manera más elemental, ¿por qué existen?
Para tratar de responder a estas preguntas, partamos desde la empresa y sus restricciones. La libertad empresarial se encuentra reconocida en el artículo 5º de la Constitución, el cual también define las situaciones bajo las cuales puede ésta restringirse: por determinación judicial (cuando se ataquen derechos de terceros) o por resolución gubernativa cuando “se ofendan los derechos de la sociedad” (con base en lo que dispone la ley). Una consecuencia de esta libertad empresarial es el poder celebrar contratos mercantiles.
Por otro lado, el artículo 28 constitucional es que el abre la puerta a la protección de los consumidores, de una manera tímida, pero suficiente: “La Ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de los intereses”. Se entiende que este artículo es una “garantía de los consumidores”[1] que potencia gracias al principio pro persona establecido en el artículo 1º constitucional.
En este sentido, “los derechos de la sociedad”, esos “intereses” de los consumidores, han propiciado que se restrinjan aquellos principios mercantiles donde prevalece la voluntad de las partes, acotando la libertad empresarial a una serie de reglas. Lo anterior se ha justificado en la medida que los derechos de los consumidores son de interés social, públicos, irrenunciables y siguen el mismo principio de los derechos humanos, al ser considerados derechos públicos subjetivos. Por tanto, el Estado es responsable de la adecuada tutela de estos derechos e intereses.
A su vez, vale considerar que, en términos económicos, existe una asimetría de información entre consumidores y proveedores. Los primeros tienen menos información sobre los productos de la que tienen las empresas, por ello dentro de esta relación el consumidor es considerado la parte “débil”. Para cerrar esta brecha se ha buscado estandarizar elementos de la información comercial que se ofrece a consumidores, este es el caso de las normas de etiquetado de los productos. Otra vía es la definición de las relaciones contractuales entre ambas partes. Se asume que el consumidor no tiene un conocimiento jurídico amplio para celebrar un contrato para cada producto que compra, por lo que con esta vía se busca estandarizar los contratos que definen esta relación.
En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), establece en su artículo 1º que su objeto es “procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”, para lo cual define una serie de “principios básicos en las relaciones de consumo”, como la educación sobre el consumo, que garantice la libertad de elección y la equidad en las relaciones contractuales. También establece la protección contra la publicidad engañosa y abusiva y frente a las cláusulas abusivas de los contratos. Finalmente, el artículo 9 de esta ley establece que “los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor”.
Así, llegamos a la definición legal de los contratos de adhesión que se encuentra en la LFPC, éstos son “el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato”[2].
Además, hay algunos casos en los que estos contratos, para que puedan ser válidos se deben registrar previamente ante Profeco. Lo anterior, puede estar establecido en alguna ley o Norma Oficial Mexicana “cuando impliquen o pueden implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento”[3]. En estos casos, la Profeco revisa y elimina aquellas cláusulas que contravengan los principios de la LFPC.
De acuerdo al artículo 90 de la LFPC, las cláusulas contractuales serán inválidas o se tendrán por no puestas cuando se presenten los siguientes casos:
1) Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente a sus obligaciones.
2) Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato.
3) Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor.
La Suprema Corte y el caso del contrato de SKY
Con base en las anteriores disposiciones, la Profeco observó en 2011 que compañías de televisión de paga estaban incurriendo en un patrón semejante de las quejas que los consumidores interponían contra éstas: contratos, cobro indebido, entrega del producto o servicio. El origen de la inconformidad se encontraba justamente en los contratos de adhesión de los proveedores (que en esa época no era obligatorio su registro ante la Profeco, sino hasta finales de 2012, con la entrada en vigor de la NOM-SCFI-184-2012), al contener cláusulas que contravienen lo dispuesto en la LFPC. En este sentido, la Profeco procedió a demandar la validez de varias de las cláusulas de los contratos de las empresas.
Las demandas la interpuso la Profeco por la vía mercantil y se solicitaba al juzgador invalidar aquellas cláusulas que contradecían los principios establecidos en la LFPC. El juez de distrito declaró la invalidez de dichas cláusulas del contrato de SKY por considerarlas desproporcionadas, inequitativas o abusivas. Dicha resolución fue impugnada por la empresa ante un tribunal unitario, el cual consideró válidas algunos de sus reclamos. Por esas razones, la Profeco promovió el amparo directo 16/2014, mismo que fue atraído por la Primera Sala de la SCJN.
Dicha Sala resolvió respecto de las cláusulas demandas lo siguiente:
Es abusiva la cláusula en la que el suscriptor autoriza a SKY a usar y compartir con terceros sus datos para fines mercadológicos, pues dicha facultad es un ejercicio exclusivo del consumidor e inhibe su posibilidad de decidir libremente sobre el uso de su información.
Violan el principio de equidad de los consumidores, las cláusulas referentes a la prestación de servicios, arrendamiento de equipo y contrato de comodato equipo. Lo anterior aun cuando éstas se refieren al incumplimiento del contrato, contienen derechos y beneficios sólo a favor del proveedor, en virtud de que el incumplimiento de cualquier obligación da lugar a la rescisión de todos los contratos, aun cuando éstos no sean recíprocos con la obligación incumplida.
Por desproporcionadas, abusivas e inequitativas, son nulas las cláusulas referentes a la forma de pago, prestación de servicios y contrato de arrendamiento. Lo anterior, ya que dichas cláusulas prevén que la vigencia del contrato sea distinta para las partes, pues mientras que para la empresa es indefinida, para el consumidor es forzosa y obligatoria, sin que justifique dicha conducta.
Es inválida la cláusula que señala que el suscriptor deberá pagar una penalización por el cambio de la forma de pago, cuyo monto le será indicado por SKY, pues esto permite a la empresa modificar unilateralmente el monto, situación que viola el derecho de los consumidores a la información de los costos en los contratos de adhesión.
Este caso permite observar la evolución en la interpretación sistemática de los derechos básicos de los consumidores, en particular en el ámbito de la equidad en la celebración de contratos de adhesión. Adicionalmente, se confirma que la Profeco tiene la facultad para representar a consumidores en juicios mercantiles que busquen invalidar cláusulas de contratos de adhesión no considerados como de registro obligatorio. Finalmente, este tipo de casos demuestra cómo la Suprema Corte fortalece la tutela de los derechos de los consumidores, mediante el reconocimiento de la naturaleza de interés público y social de estos, y la aplicación del principio de equidad en las relaciones de consumo.
Bernardo Altamirano Rodríguez. Catedrático del Departamento de Derecho del ITAM. Imparte la materia: “La empresa, la competencia y los consumidores”.
Carlos Martínez Velázquez. Politólogo por el ITAM. Director de Central Ciudadano y Consumidor, A.C.
[1]Discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Acción de Inconstitucionalidad 14/2011 promovida por la Procuraduría General de la República en contra de la Asamblea y Jefe de Gobierno del DF por la Norma 29.
[2]Artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
[3]Artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Suprema Corte y el galimatías del amparo adhesivo
Admitir, tramitar, resolver y archivar un juicio de amparo supone hacer uso de un enorme acervo de categorías, abstracciones y reglas técnicas. Por lo menos desde enero de 1936[i] y hasta marzo de 2013[ii], los jueces y magistrados federales operaban a la luz de las mismas reglas de origen legislativo y jurisprudencial; las sentencias federales pudieron ajustarse gradualmente y sin complicaciones a las reformas legislativas y los cambios de criterio que se dieron en dicho periodo. Sin embargo, la introducción de una nueva Ley de Amparo en 2013 impuso a los juzgadores federales el enorme reto de ajustarse, no sólo a nuevas reglas de trámite sino a nuevas figuras procesales.
El juicio de amparo directo corresponde a quien considera que una autoridad jurisdiccional, al dictar una sentencia en sede ordinaria, ha violado sus derechos humanos. Si tiene razón el quejoso, el Tribunal Colegiado de Circuito que resuelva el asunto, habrá de conceder el amparo y, naturalmente, ordenar el dictado de una nueva sentencia en la cual se corrijan los vicios constitucionales de la anterior. No obstante, en todos los procesos litigiosos intervienen dos partes y una siempre será desfavorecida por la decisión de la autoridad jurisdiccional y, en consecuencia, tendrá incentivos para promover una demanda de amparo, reclamando que se violaron sus derechos. La segunda sentencia ordinaria, dictada en cumplimiento del primer amparo, será igualmente combatida y podrá ser motivo de una nueva concesión de amparo. Probablemente la autoridad tenga que dictar una nueva sentencia, la tercera. Ésta, a su vez, puede ser objeto de otra demanda de amparo directo. El proceso parece interminable.
Imaginemos, por ejemplo, a dos padres capitalinos reclamando la guarda y custodia de su hijo menor. El juez familiar del Distrito Federal dará la razón a uno de los padres con base en las pocas pruebas que fueron aportadas al proceso. Uno de los padres estará inconforme con la sentencia dictada por el juez del Distrito Federal y, en consecuencia, solicitará el amparo argumentando que el juez de lo familiar no explicó las razones por las cuales otorgó poco valor probatorio a cierta prueba. El amparo será concedido: una nueva sentencia será dictada. De nuevo, uno de los padres estará molesto y es probable que promueva un nuevo amparo afirmando una violación a sus derechos humanos. El amparo será concedido: una nueva sentencia será dictada. Tal vez venga un nuevo amparo. En el litigo constitucional, tres strikes no bastan.
Para resolver el problema anterior, se ideó una nueva figura: el amparo adhesivo. Esta nueva acción procesal corresponde a quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria. Ante la promoción de un amparo directo por su contraparte, la parte vencedora podrá mostrar al Tribunal Colegiado las bondades de la sentencia que le dio la razón y tendrá que hacer valer aquellas violaciones procesales que, en caso de concederse el amparo al quejoso principal, pudieran perjudicarle en el dictado de una nueva sentencia. De esta forma, la parte vencedora podrá armarse ante la eventual concesión del amparo a su contraparte y el Tribunal Colegiado podrá estudiar, de una sola vez, todas las posibles violaciones de derechos.
La solución parece sencilla; sin embargo, en la práctica, ha causado severas inquietudes en los Tribunales Colegiados del país. ¿Qué tipo de argumentos deben hacerse en la demanda del adherente?[iii] ¿Cómo deben estudiarse los argumentos que no se ajusten a lo dispuesto por la Constitución y la nueva Ley de Amparo? ¿Puede el quejoso adherente criticar la demanda de su contraparte, sin aportar nada sustancial? ¿Merece un punto resolutivo independiente?
Ante los cuestionamientos anteriores, Tribunales Colegiados de Michoacán, Quintana Roo, el Distrito Federal, Puebla, Coahuila y Tabasco han emitido criterios contradictorios. Por ello, en las semanas pasadas, la Primera Sala de la Suprema Corte ha resuelto algunas contradicciones de tesis, buscando dar certeza a los magistrados federales respecto a los límites y alcances del amparo adhesivo[iv].
En primer lugar, hay que destacar que la Primera Sala ha establecido que los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a las características argumentativas de cada amparo adhesivo del que conozcan[v]. Así, no merece un mismo tratamiento el amparo adhesivo que enuncia lo buena que resultó la labor del juez ordinario, de otro en el que se denuncien violaciones al procedimiento. Cada amparo adhesivo tendrá características propias, acordes a la finalidad que persigue quien lo promueve.
Por otra parte, la Sala ha enfatizado que el amparo adhesivo es una acción procesal que depende de la procedencia del amparo principal. Así, si el amparo resulta extemporáneo y el único objetivo del quejoso adherente es que la sentencia ordinaria que le dio la razón permanezca viva, es evidente que no existirá necesidad de que el Tribunal Colegiado se pronuncie respecto a esta nueva figura procesal. La sola negativa de amparo al principal implica la subsistencia de la sentencia que dio razón al adherente; en términos procesales: su pretensión ha sido colmada.
Además, la Sala ha dicho que cuando el amparo adhesivo se limita a cuestionar la corrección jurídica de los argumentos de su contraparte, el quejoso adherente en nada ayuda al Tribunal Colegiado. Esos argumentos necios no podrán ser atendidos por el Tribunal que resuelva la causa, éste deberá calificarlos de “inoperantes”.
Al resolver las contradicciones de tesis a que hago referencia, la Primera Sala ha abordado cuestiones técnico-procesales cuya delimitación resulta importante. Mediante la construcción jurisprudencial de lo que debe hacerse con un amparo adhesivo, los Tribunales Colegiados del país podrán resolver con mayor celeridad y certeza los asuntos que se someten a su jurisdicción. Además, los Tribunales podrán enfocarse en atender las cuestiones relevantes de cada proceso de amparo, sin hacerse cargo de argumentos necios, irrelevantes o, sencillamente, improcedentes.
Julio Manuel Martínez Rivas. Estudiante de Derecho en el ITAM y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte.
[i] La vieja Ley de Amparo fue publicada y entró en vigor el 10 de enero de 1936.
[ii] La nueva Ley de Amparo fue publicada el 2 de abril de 2013 y entró en vigor al día siguiente.
[iii] Anticipo una cuestión que si bien no ha sido resuelta directamente por la Suprema Corte, ha sido abordada por algunos Tribunales Colegiados: ¿puede el quejoso adherente impugnar los puntos decisorios que le perjudiquen de la sentencia reclamada? Para ello, ¿no podría promover un amparo principal? Lo anterior, ¿no sería tanto como darle una segunda oportunidad procesal para combatir la sentencia?
[iv] Contradicciones de tesis 32/2014 (28 de mayo de 2014), 89/2014 (27 de agosto de 2014), 110/2014 (10 de septiembre de 2014) y 136/2014 (15 de octubre de 2014), todas elaboradas bajo la Ponencia del Ministro Cossío y resueltas por unanimidad de votos.
[v] “[…] dada la diversidad de formas que puede adoptar la argumentación de un amparo adhesivo —considerando que el artículo 182 de la Ley de Amparo señala las tres finalidades de dicha figura procesal— la decisión judicial que recaiga al mismo debe acoplarse a la pretensión particular del quejoso adherente.” Contradicción de tesis 32/2014, párrafo 48.

References: artículo 11
 artículo 17
 artículo 97
 ARTÍCULO 97
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 artículo 28
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 artículo 5
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 artículo 28
 artículo 1
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 artículo 9
 artículo 90
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 artículo 182