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﻿ Sentencia 2008-00216 de julio 4 de 2013
SENTENCIA 2008-00216 DE 04 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:CONTRATO DE MUTUO. EL CONTRATO DE MUTUO TIENE CARÁCTER UNILATERAL, POR ENDE, LAS NORMAS CONSAGRADAS PARA PACTOS BILATERALES, COMO LAS REFERENTES A LA CONDICIÓN RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO O LA EXCEPCIÓN DEL CONTRATO NO CUMPLIDO, NO LE APLICAN A AQUEL. SIN EMBARGO DICHA UNILATERALIDAD NO IMPIDE QUE LOS DEUDORES DE CRÉDITOS DE VIVIENDA RECLAMEN POR LA IMPUTACIÓN INADECUADA DE LOS PAGOS REALIZADOS O LOS ERRORES EN LA FACTURACIÓN PERIÓDICA CONVENIDA. EN CONSECUENCIA, ESAS CIRCUNSTANCIAS LEGITIMAN AL AFECTADO PARA RECLAMAR ANTE SU OCURRENCIA, SIN QUE EL HECHO DE ALEGAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DERIVADOS DEL MUTUO IMPLIQUE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA, PORQUE ESTA ES AJENA A ÉL.
TEMAS ESPECÍFICOS:BANCO COMERCIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, CONTRATO DE MUTUO, POSICIÓN DOMINANTE
Sentencia 2008-00216 de julio 4 de 2013
Ref.: Expediente 170013103003-2008-00216-01
Aprobada en sala de cinco de marzo de dos mil trece.
Bogotá, cuatro de julio de dos mil trece.
1. La deudora pretende la devolución del dinero pagado de más y el reconocimiento de las sanciones pecuniarias legales, por la sobrefacturación de la obligación respaldada con pagaré Nº 02702875-4, desde la fecha de su desembolso, pues, no se aplicaron en su real sentido los preceptos que regulaban, para la época de su otorgamiento en el año 1997, los créditos de adquisición de vivienda, aspecto que incidió en la forma como se hizo su reliquidación conforme a las directrices de la Ley 546 de 1999 y las causaciones posteriores.
2. El tribunal confirmó el fallo absolutorio de las reclamaciones porque, dada la naturaleza unilateral del contrato de mutuo celebrado entre los litigantes, no era posible la existencia de responsabilidad surgida de dicho convenio. Además, porque la entidad financiera acreedora ejecutó el acuerdo de voluntades con estricta sujeción al ordenamiento jurídico vigente en esa época y, por último, la responsabilidad por el pago de los perjuicios derivados del cambio de régimen legal para los créditos de vivienda fue asumida por el Estado.
3. La promotora hace consistir su inconformidad en que se dio una indebida interpretación del libelo y una deficiente valoración de los elementos de convicción recaudados, lo que se puede concretar en estos puntos:
a) El estudio del ad quem se enfocó en las obligaciones pactadas en UPAC, cuando el crédito base de la acción se concibió en pesos con capitalización de intereses, lo que no le permitió abordar el tema de fondo al omitir la legislación que era aplicable al caso.
b) Carece de sustento probatorio la afirmación de que la opositora actuó de forma legítima y correcta, sin que ese fuera el sentido de lo que comunicó la Superintendencia Financiera de Colombia.
c) Se prescindió del pagaré otorgado por la deudora y su tenor literal, así como el reporte de los pagos presentado por la contradictora, al no ser objeto de valoración.
d) El fallador desfiguró la discusión al pronunciarse sobre la irretroactividad de la Sentencia C-747 de 1999 de la Corte Constitucional y la normatividad expedida como consecuencia de la misma, cuando ninguna discusión se propuso en relación con las normas vigentes al momento en que se contrajo la deuda, que permitían la capitalización de intereses, siendo objeto de inconformidad la forma como se aplicaron al momento de la imputación de pagos y al calcular las cuotas periódicas.
e) Tampoco se confrontó el cumplimiento de las cargas por la entidad financiera, conforme a la normativa vigente y las condiciones particulares acordadas.
f) El juzgador guardó silencio respecto de los cobros excesivos por primas de seguros de vida, incendio y terremoto.
g) Se pretirió la experticia allegada desde el inicio del debate, así como la inconsistente objeción que del mismo hizo su oponente, quien prescindió de pedir su complementación o aclaración.
4. La violación de la ley sustancial en la senda indirecta, como consecuencia de errores de hecho por vicio in judicando del fallador, puede ser el producto de una indebida apreciación de la demanda, su contestación o determinada prueba, como lo contempla el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil en la parte final del numeral primero, con la precisión de que dicha falencia debe ser ostensible y no el producto de una propuesta interpretativa alterna a la consignada en la sentencia, la cual llega amparada del principio de acierto que es connatural a las decisiones judiciales.
Frente a este puntual aspecto ha señalado la Corte que “[l]a apreciación errónea de una demanda constituye motivo determinante de la casación de un fallo proferido por la jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo. Pero es en verdad importante no perder de vista que al tenor de aquella disposición procesal, para que así sucedan las cosas y sea viable la infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo común suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que además de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observación, capaz de producir por lo tanto una desviación ideológica del juez en relación con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes (…) En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los fines señalados, la falencia de juzgamiento de la que viene haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivó que surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda ‘...le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido’ (G.J. t. CXXXIX, pág. 136) en lo que atañe a la causa pretendí hecha valer por el actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la pretensión concreta entablada” (sent., oct. 19/94, exp. 3972).
Además, si el reclamo se hace consistir en una disconformidad con el examen de los elementos de convicción recaudados, debe ser tal su trascendencia que exista una disparidad evidente entre su verdadero contenido y lo que se tiene por demostrado, sin que se admita para tal efecto una proposición alterna, que aunque razonable, no logre socavar de tajo las conclusiones del proveído objeto de censura.
Ha dicho la Corte, para que se entienda configurada esta causal, que “la conclusión sobre la cuestión fáctica sea manifiestamente contraria a la realidad que exponen las pruebas recaudadas —defecto que, además, debe aflorar de una simple labor de contraste, sin necesidad de mayores esfuerzos racionales o intelectuales—, amén de guardar relación directa de causalidad con la sentencia que se combate, al punto que, de no haber incurrido en ellos, la decisión habría sido diametralmente opuesta” (sent., jun. 23/2000, reiterada nov. 24/2003, exps. 5464 y 7458, entre otros), y que “al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto” (sent., ago. 9/2010, exp. 2004-00524).
5. Tiene incidencia en la solución del presente cargo, lo siguiente:
a) Que el Banco Central Hipotecario concedió a Ana Beatriz García Botero, un préstamo para adquisición de vivienda, por un capital de cincuenta y cinco millones de pesos ($ 55’000.000), que se cubriría en ciento ochenta (180) cuotas mensuales, instrumentado en el pagaré a la orden 02702875-4 que se otorgó el 17 de enero de 1997.
b) Que la obligación se pactó en pesos, con “incrementos mensuales del capital inicial o de los saldos acumulados, que se produzcan por la capitalización de la porción de intereses causados que las cuotas periódicas no alcancen a cubrir”, y unos intereses convencionales durante el plazo, bajo la modalidad mes vencido, tomando el DTF nominal anual trimestre anticipado más 8.50%.
c) Que el Banco Central Hipotecario cedió parcialmente su cartera, en la que estaba incluido dicho crédito, al Banco Granahorrar, con corte al 31 de diciembre de 1999.
d) Que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. absorbió al Banco Granahorrar, el 21 de marzo de 2006, por lo que para la época de inició del litigio, era el titular legítimo del pagaré 02702875-4.
e) Que la inconformidad de la demandante radica en la forma como se capitalizaron los intereses de la operación financiera entre el 17 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1999, así como los valores cobrados por seguro de vida, incendio y terremoto, lo que incidió en que la reliquidación del crédito, por disposición de la ley, quedara hecha sobre un saldo incorrecto, a su criterio, con trascendencia en la forma como se siguió calculando mes por mes.
f) Que las conclusiones en que se sustenta la sentencia adversa del tribunal son:
(i) No es jurídicamente viable estructurar un proceso de responsabilidad civil contractual por incumplimiento del mutuo, dada su naturaleza unilateral.
(ii) La declaratoria de inexequibilidad de las normas que ataban los préstamos para financiación de vivienda a largo plazo al DTF y permitían la capitalización de intereses en los mismos, no tiene efectos retroactivos, por lo que durante la ejecución del vínculo la entidad financiera actuó conforme a las normas legales vigentes.
(iii) El Estado asumió la responsabilidad por los perjuicios originados a los deudores hipotecarios, ante la lesiva regulación que remplazó la Ley 546 de 1999.
6. A manera de prolegómeno, es conveniente hacer algunas precisiones conceptuales, que trascienden en la errada forma como se puso fin en este caso a la segunda instancia.
7. Las calidades del préstamo de consumo, como contrato real que se perfecciona con la tradición de las cosas fungibles que se entregan, con cargo de que se restituyan “otras tantas del mismo género y calidad”, conforme la definición del artículo 2221 del Código Civil, no son materia de discusión y tienen plena aplicación en el campo mercantil y financiero, tal como lo señaló el sentenciador.
Es así como la Corte al diferenciar dicho acuerdo de voluntades con la promesa de celebrarlo, estando de por medio una entidad bancaria, recordó que “el carácter real del mutuo, ‘contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad’, en tanto no se ‘perfecciona’, nace, existe o constituye, ‘sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio’ (C.C., arts. 2221 y 2222), es decir, la figura legis, exige esentialia negotia, para su existencia o constitución (quoad constitutionem), la entrega de la cosa prestada a título de tradición ‘de manera real o material, como también en forma ficta o alegórica, atendidas las modalidades que enuncia el artículo 754 del Código Civil’ (cas. civ. sent., mar. 22/2000, [S-031-2000], exp 5335), con la cual se transfiere la propiedad (mutui datio), por el mutuante al mutuario, quien las recibe no ‘para usarlas y devolverlas, sino para consumirlas, natural o jurídicamente, con cargo a devolver otras de la misma especie y calidad’ (cas. civ. sent., mar. 27/98, exp. 4798, CLII, 649-650), esto es, estricto sensu, versa sobre cosas fungibles, sustituibles e intercambiables por otras entre sí, y susceptibles de consumición, cuyo dominio se adquiere, con el deber de restituir igual cantidad de su misma especie y calidad (…) La cuestión central de este contrato, se remite, por tanto, a la tradición cuanto presupuesto iuris imprescindible para la constitución del mutuo, consistente en la entrega a tal título de determinada cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otro tanto de idéntico genero y calidad” (sent., ago. 18/2010, exp. 2002-00016).
8. Tampoco admite reparo el carácter unilateral del mutuo, circunstancia que imposibilita aplicarle al mismo normas consagradas únicamente para pactos bilaterales, como lo son el artículo 1546 del Código Civil, sobre la condición resolutoria por incumplimiento, o el 1609 del mismo estatuto, relacionado con la excepción de contrato no cumplido, aspectos a los que se refiere pronunciamiento de la Corte que se cita como sustento de la decisión atacada.
En esa oportunidad la Sala observó que “si bien el sentenciador reconoció que el mutuo era de carácter unilateral, pues al ser también real (C.C., arts. 1500 y 2221), el mutuante cumplía su obligación entregando la cosa que constituye la materia del contrato, equivocadamente, al declarar fundada la citada excepción (art. 1609, ibíd.), inclusive, al subsumir el asunto en una de las hipótesis contempladas en el artículo 1546, ejusdem, pasó por alto que las sanciones en dichos preceptos previstas eran predicables únicamente de los contratos ‘bilaterales’ (…) Desde luego que a diferencia de los actos jurídicos unilaterales, en los cuales para su conclusión se requiere el concurso de una sola voluntad, los contratos son siempre un acto jurídico bilateral en su formación, pero en sus efectos, según las obligaciones emergentes, pueden ser unilaterales o bilaterales. Por esto, el artículo 1496 del Código Civil define el contrato ‘unilateral’ como aquel en que ‘una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna’ y ‘bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente’ (…) Si el Tribunal, en consecuencia, dejó sentado que el caso giraba alrededor de un contrato de mutuo comercial, resulta diáfano que las sanciones previstas en dichas disposiciones no serían aplicables, porque como se dijo, las mismas eran predicables únicamente de los contratos bilaterales. (…) Por supuesto que como lo tiene dicho la Corte, el contrato de mutuo ‘es un contrato unilateral. Como real, que también es, no se perfecciona sino por la entrega de su objeto (...). Sin la entrega no hay contrato y sólo por ella él existe, con ella y por virtud de ella nace. No es jurídicamente admisible la acción resolutoria. Tanto el artículo 1546 como el 1609 del Código Civil comienza diciendo: ‘En los contratos bilaterales’ para establecer aquél la condición resolutoria tácita y para establecer éste la mencionada excepción de contrato no cumplido. Son inaplicables, en fuerza de estas claras y consabidas nociones, a un contrato unilateral’ (sent., jun. 3/47, LXII-429) (…) Doctrina jurisprudencial que es aplicable al caso, porque si bien el Código de Comercio no define el contrato de mutuo, por la remisión establecida en el artículo 822 del mismo estatuto, la noción que respecto de dicho contrato trae el Código Civil en el artículo 2221, sirve a los propósitos de este proceso. Por esto, debe seguirse que el mutuo comercial, al igual que el civil, es un contrato de naturaleza real” (sent., dic. 12/2006, exp. 1999-00238).
9. Es desatinada la apreciación que hizo el juzgador de los precedentes jurisprudenciales en que se apoya, en el entendimiento de que “el contrato celebrado entre la demandante y el Banco Central Hipotecario (que originó el título valor luego negociado al Banco Granahorrar S.A.; entidad posteriormente absorbida sin liquidarse por el Banco BBVA Colombia, fue un mutuo; cuya naturaleza (como se analizó a espacio en acápite anterior), es la de un ‘contrato unilateral’, que no generó obligaciones para la parte mutuante. Por lo cual no es jurídicamente viable montar sobre el referido contrato, un proceso de responsabilidad civil contractual por incumplimiento del referido acuerdo de voluntades”, por haberles dado unos alcances apartados de su contenido y sentido.
Lo anterior, en consideración a que con tal parecer pasó por alto la verdadera esencia del pleito, consistente en obtener el rembolso de lo pagado en exceso, por la deudora en obligación hipotecaria, al no tener en cuenta que las cláusulas del título valor debían interpretarse con las limitaciones legales que regían los créditos de vivienda, al momento del desembolso; además de que la operación se pactó en pesos y no en UPAC, como erróneamente lo interpretó; y que se solicitó aplicar las sanciones establecidas en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, atinentes al pago excesivo de intereses.
La procedencia de esos reclamos por la vía ordinaria propuesta, independientemente de la denominación que le dio la accionante, tiene su razón de ser en las disposiciones civiles y mercantiles que establecen las consecuencias del pago realizado más allá de lo debido y de las disposiciones que establecen las penalidades por el desmesurado cobro de los réditos en materia mercantil.
10. En relación con el contrato de mutuo y su unilateralidad, esta calidad en nada riñe con la posibilidad de que los deudores de créditos de vivienda reclamen por la imputación inadecuada de los pagos realizados o por los errores en la facturación periódica convenida, con mayor razón cuando estas transacciones se encuentran atadas a factores como el DTF, las tasas de interés o el IPC; la aplicación de fórmulas de matemática financiera; así como las conversiones monetarias en UPAC o UVR, en su momento.
Las anteriores variables, citadas a manera de ejemplo, presentan un grado de complejidad para los usuarios del sistema financiero, que las hace difícilmente asimilables. Incluso pueden llegar a generarles desconfianza, debido al detrimento patrimonial que les ocasione una indebida aplicación en la liquidación de los créditos.
Tal incertidumbre de afectación, legitima a los obligados para reclamar frente a cualquier desafuero cometido, sin que el hecho de que se aduzca el incumplimiento de los deberes emanados del acuerdo implique el ejercicio de una acción resolutoria, esta sí ajena al mutuo.
En estos términos se pronunció la Corte al precisar que “[s]i bien es cierto que el recurrente parte de un supuesto verdadero, como es el consistente en que las obligaciones derivadas del contrato de mutuo y consignadas en sendos pagarés se extinguieron por causa de pago, no lo es menos que se equivoca en la conclusión que de allí extrae para opugnar que el fallador haya aceptado la demanda con respaldo en el incumplimiento contractual atribuido a la demandada por haber recibido intereses en el mutuo que sobrepasan los límites dispuestos en las normas mercantiles o una suma mayor por concepto de prima del seguro, pues que a fin de demandar la restitución de parte del dinero pagado con causa en la sanción legal derivada de ese hecho o en el pago de lo no debido respectivamente, no resulta incidente el carácter unilateral del contrato de mutuo que sirvió de fuente de las obligaciones consignadas en los susodichos títulos valores (…) En efecto, esencialmente el cargo que se le imputa a la compañía demandada tiene origen en la forma en que ésta estableció y liquidó los intereses del préstamo de dinero efectuado a los demandantes y la prima del seguro del vehículo a cuya compra estaba destinado aquél, por la cual la acreedora recibió unos pagos ilegales y excesivos por tales conceptos. Así delineado el cuadro de instancia, tal como emerge de la sustentación de la demanda que dio origen a este proceso, resulta palmario que el litigio se contrae a definir el derecho de los demandantes a obtener la restitución de los intereses pagados como consecuencia de la sanción legal prevista a la sazón en el artículo 884 del Código de Comercio, cuanto que sobrepasaron las tasas de interés legalmente permitidas, y del mayor valor pagado por concepto de la referida prima, lo que en nada se asemeja a la formulación de una petición de resolución del contrato de mutuo (…) En esas condiciones, el escenario fáctico y jurídico en que se desenvuelve el presente conflicto de intereses no queda atado en modo alguno al carácter unilateral predicable del contrato de mutuo fuente de las obligaciones disputadas, puesto que lo que se imputa a la parte mutuante y se le reclama en este proceso es la restitución de lo que recibió de manera ilegal o en exceso, por vía del pago efectuado para extinguir aquéllas (…) Es indudable, entonces, que la acción de repetición deprecada simplemente mira al mutuante como la persona recipiendaria de la solución o el cumplimiento de las obligaciones, a propósito de la cual recibió el pago de intereses prohibidos y otros conceptos que, por carecer de causa legal o contractual, no estaban ni podían estar incluidos en aquéllas, generándose el derecho de los deudores a obtener las restituciones correspondientes (…) En esos términos, la acción aquí instaurada no se asimila a la de resolución del contrato de mutuo, ni fue examinada por el sentenciador desde esa óptica, lo cual no se desvanece por la circunstancia de que tanto los actores en la formulación de sus pretensiones como el sentenciador en el fallo impugnado hayan aludido y acuñado el término ‘incumplimiento’ del contrato de mutuo como base de tales pretensiones; ciertamente que el empleo de esa expresión en la demanda, según el contexto de ésta, no pasa de ser un error de denominación que, empero, no alcanza a romper la verdadera sustancia de los derechos objeto de disputa judicial” (sent., nov. 27/2002, exp. 7400).
11. Eso sin dejar de lado que la actividad financiera es de orden público, conforme al artículo 335 de la Constitución Política, precepto que faculta la intervención del Estado en ese campo con el fin de democratizar el crédito y, por ende, establecer parámetros que prevengan el abuso de la posición dominante por parte de los bancos, mediante normas como son las relacionadas con el establecimiento de topes a las tasas de interés y la imputación de pagos, cuya desatención en el desarrollo contractual en el que inciden, justifica la puesta en marcha de la administración de justicia, cuando a ella acude el obligado como parte débil de la relación.
En ese sentido la Sala expuso que “[l]os contratos de mutuo celebrados con entidades financieras, es cierto, no están abandonados totalmente a la autonomía de la voluntad, toda vez que encuentran ciertos límites, en lo que interesa al caso, entre otros, a las aplicaciones de los pagos efectuados por los deudores, pues al considerar que éstos constituyen la parte más débil del contrato, no puede dejarse al arbitrio de los acreedores calificados, como los establecimientos de crédito, entre otros, señalar las tasas de interés, ni imputar los abonos que reciben como a bien lo tengan (…) Los bancos, es cierto, ejercen una posición dominante en las operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios de sus servicios, la cual se concreta en la hegemonía que pueden ejercer para imponer el contenido del contrato, en la determinación unilateral de su configuración y en la posterior administración de su ejecución, como lo ha señalado esta Corporación. Y esto no puede ser de otra manera, por ser los servicios financieros una actividad que demanda masivamente la población y por lo tanto debe prestarse en forma estandarizada para satisfacer las necesidades de ésta, con la dinámica y agilidad que la vida contemporánea exige (…) Pero de allí no puede seguirse que la entidad bancaria, prevalida de su posición fuerte en el contrato, no haga honor a la confianza que en ella deposita el usuario y abuse de la posición de privilegio en la convención. De hacerlo, estaría faltando claramente al deber de buena fe que para el momento de perfeccionarse el contrato impone a las partes el artículo 871 del Código Comercio. Precisamente, ese deber, entendido como un comportamiento probo, obliga a quien impone el contenido negocial, mayormente cuando el contrato es por adhesión o estandarizado, a no abusar de su posición dominante, o lo que es lo mismo, a abstenerse de introducir cláusulas abusivas que lo coloque en una situación de privilegio frente al adherente, porque de lo contrario estaría faltando a esa buena fe que le impone el sistema jurídico con las consecuencias legales que ello implica” (sent., dic. 14/2011, exp. 2001-01489).
12. El estudio de los cargos conjuntados queda habilitado con los anteriores planteamientos, que se integran y, además, se reiteran a manera de rectificación doctrinaria de la primera conclusión en que se sustenta la sentencia atacada, en la que de manera contundente y equivocada se afirmó la inviabilidad de la acción en vista de la naturaleza unilateral del contrato de mutuo.
13. Prosperan las acusaciones formuladas por el camino indirecto, pues, es patente la discrepancia existente entre el fallo atacado y los aspectos puntuales que se sometieron a decisión judicial, ya que al realizar su contraste se evidencia que:
a) Lo pretendido por la impugnante era obtener la devolución de sumas que consideró pagadas de más, con las sanciones de ley, en virtud del “incumplimiento a distintas estipulaciones contractuales y a distintas disposiciones reguladoras —en los diversos períodos de sus correspondientes vigencias— de las ejecuciones financieras de los contratos de mutuo por créditos otorgados para adquisición de vivienda y estipulados a largo plazo y por pagos escalonados en sistema de moneda legal, inicialmente con capitalización de intereses”.
Para justificar sus expectativas y haciendo énfasis en que la obligación se había pactado en pesos con capitalización de intereses, la deudora diferenció su ejecución en tres etapas, con su correspondiente marco normativo, a saber:
i) Entre el 17 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1999, los artículos 626 y 864 del Código de Comercio, 1624 y 1627 del Civil, y especial del 46, 97, 98-4.1 inciso 2º, 102-2, 121 inciso 1º, 121-2-b), 121 parágrafo, 137-1º, 184-3 y 184-4 del Decreto 663 de 1993, Decreto 384 de 1993 y artículos 64, 68, 69 y 72 de la Ley 45 de 1990.
ii) La reliquidación en los términos del artículo 41 de la Ley 546 de 1999, el Decreto 2702 de 1999 y las circulares externas 7 y 48 de 2000 de la Superintendencia Bancaria.
iii) A partir del 1º de enero de 2000 los artículos 17-2, 19 y 39 de la Ley 546 de 1999; 46, 97, 98-4.1, 120-2, 137-1, 184-3 y 184-4 del Decreto 663 de 1993; y 68, 69 y 72 de la Ley 45 de 1990; además del mandato obligatorio de las sentencias C-955 y C-1140 de 2000 de la Corte Constitucional.
Acto seguido especificó, para cada una de esas fases, “los incumplimientos y sobrefacturaciones en que incurrió el acreedor”, sin que discutiera un ápice sobre los alcances de los preceptos invocados, durante su vigencia, ni los efectos hacia el pasado de las sentencias que les restaron vida jurídica a algunos de ellos. Su queja radicó, concretamente, en la indebida interpretación que la entidad financiera le dio a las regulaciones que orientaban las operaciones crediticias para adquisición de vivienda y sus efectos en la liquidación mensual e imputación de pagos, que se encontraba a su cargo.
b) Por su parte, el sentenciador estructuró su fallo resaltando que “los intereses en la época en que se ajustó el contrato de mutuo” estaban regidos por el artículo 137 del Decreto 663 de 1993, que definía la tasa efectiva “para los efectos legales del sistema de valor constante”, y el literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, relacionado con “los valores en moneda legal de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC”, estipulaciones que fueron declaradas inexequibles por los pronunciamientos de la Corte Constitucional C-700 y C-383, ambos de 1999, respectivamente, cuyos efectos no son retroactivos, por lo que “las entidades que en su momento aplicaron esa normativa vigente, actuaron conforme a derecho, no generando por lo tanto y en su contra responsabilidad de índole alguna”.
Complementó la argumentación enunciada con transcripción de distintos autores sobre la “asunción de la responsabilidad en los perjuicios originados con la aplicación del sistema de financiación de vivienda a largo plazo, anterior a la Ley 546 de 1999, por parte del estado”, sin advertir que la misma hacía referencia únicamente al “costo de la reliquidación de créditos”, bajo la premisa de que la conducta de las instituciones financieras “se ajustó a la normatividad vigente para entonces”.
Para llegar a tales conclusiones, se soportó en citas jurisprudenciales de esta Corporación y de la Corte Constitucional, así como conceptos de la doctrina, sin realizar un cuestionamiento serio y motivado sobre el negocio particular debatido, como si se tratara de un caso tipo que no requiriera de una observación minuciosa de las pruebas recaudadas. Tan es así, que acoge un precedente de ese mismo tribunal en relación con el informe allegado por la accionante con la demanda, sin que precise si lo desecha, prospera alguna objeción contra el mismo o le resta valor demostrativo.
c) Al cotejar la demanda con la sentencia, se manifiestan las siguientes diferencias conceptuales:
(i) Mientras la gestora informa que la obligación se pactó en pesos con capitalización de intereses, el juzgador se centra en la figura de las UPAC, que aunque corresponden a diferentes formas de amortizar los créditos a largo plazo para adquisición de vivienda, tienen diferencias sustanciales.
(ii) Se niegan las pretensiones bajo el supuesto de que la inconformidad de la deudora obedece a que la liquidación de su obligación, desde el comienzo, debe hacerse bajo los patrones de la Ley 546 de 1999 y tomando en consideración la declaratoria de inexequibilidad de que fueron objeto los preceptos que regían cuando se adquirió.
Sin embargo, la connotación del libelo es opuesta en el entendido de que lo que se pide es la verificación de que la liquidación del crédito, por parte del Banco, siempre ha estado ajustada a la legislación vigente, durante las diferentes etapas contractuales.
(iii) La legalidad de la capitalización de intereses entre el 17 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1999, nunca estuvo en discusión, sino la forma como la misma se llevó a cabo, aspecto este que no fue objeto de pronunciamiento, como tampoco el que las irregularidades en dichos cálculos tuvieron incidencia directa en la reliquidación ordenada por la Ley 546 de 1999 y el cálculo de las cuotas que con posterioridad se siguieron causando.
(iv) Nada se dijo en relación con el descontento frente al valor de las primas por seguro de vida, incendio y terremoto, así como con el monto asegurado, conceptos que son completamente ajenos a la liquidación de intereses, su capitalización o, en gracia de discusión, a las conversiones en UPAC.
(v) A pesar de que la discusión se ciñe a un negocio particular instrumentado en el “Pagaré crédito para comprador en moneda corriente con tasa de interés variable”, las motivaciones del proveído son genéricas como si todos los préstamos a largo plazo para adquisición de vivienda estuvieran sometidos a iguales patrones, sin atributos diferenciales, ni especificando cuáles eran los puntos comunes que los hacían extensivos al título valor 02702875-4.
(vi) Afirmó categóricamente que la entidad financiera “actuó conforme a las normas legales vigentes durante la ejecución del contrato de mutuo”, sin especificar cuáles eran esas regulaciones ni las diferencias surgidas entre el momento en que se concedió el crédito y las implicaciones de la Ley 546 de 1999 en el desarrollo del mismo, situación que justificaba un estudio serio y detallado sobre cada una de las fases contractuales, así como la implementación que se hizo por parte del Banco de las reformas introducidas.
(vii) Tampoco tuvo en cuenta si existió una participación activa de la deudora en el trámite de reliquidación, si los valores que sirvieron para llevarla a cabo eran reales y si con posterioridad a ella se convino en que la obligación mutara a UVR, así como si tal redenominación era lesiva o favorable a sus intereses.
d) Quiere decir que se produjo en este caso una alteración del objetivo de la demanda, al encasillar el asunto como si se tratara de una reclamación por la reliquidación del crédito en los términos de la Ley 546 de 1999, cuando su propósito era develar inconsistencias en la liquidación y pago periódico de la obligación hipotecaria, desde el momento mismo en que fue desembolsada, de conformidad con la normatividad vigente para las diferentes etapas en que se ha desenvuelto, en busca de su consecuente resarcimiento.
e) Insistió, así mismo, en el desacierto al concluir que, de todas maneras, el Estado asumió la responsabilidad en el pago de las diferencias presentadas a favor de la promotora, pasando por alto que el artículo 43 de la Ley 546 de 1999 es del siguiente tenor literal:
“El valor que se abone a cada crédito hipotecario por concepto de las reliquidaciones a que se refiere esta ley, así como los subsidios que entregue el Gobierno Nacional dentro del programa de ahorro a los titulares de la opción de readquisición de vivienda dada en pago, constituirán un pago que como tal, liberará al deudor frente al establecimiento de crédito acreedor. Dicho pago, a su vez, constituirá una excepción de pago total o parcial, según sea el caso, tanto para el establecimiento de crédito como para el Estado, en los procesos que se adelanten por los deudores para reclamar devoluciones o indemnizaciones por concepto de las liquidaciones de los créditos o de los pagos efectuados para amortizarlos o cancelarlos (…) En caso de sentencia favorable, los mencionados valores se compensarán contra el fallo. La misma excepción podrá alegarse sobre el monto de los subsidios que entregue el Gobierno Nacional a los titulares de la opción de readquisición de vivienda dada en pago, dentro del programa de ahorro para completar la cuota inicial (…) La excepción aquí prevista podrá proponerse en cualquier estado del proceso. Así mismo, en las sentencias que se dicten se aplicará como mecanismo para satisfacer los correspondientes derechos individuales, los previstos en esta ley”.
El propósito del precepto es evitar que se busque una doble reclamación por los conceptos que asumió el Gobierno Central, como consecuencia de la reliquidación de los créditos de vivienda, pero quedando a salvo de esa defensa extintiva cualquier otro descontento en cuya reparación no existe intervención del ejecutivo, por ser el producto del ejercicio diario de las entidades crediticias y el incumplimiento de sus deberes con los deudores, ajenos a la coyuntura del cambio de legislación ocurrido.
f) Incurrió en el yerro evidente de restar valor probatorio al informe de profesional aportado con la demanda, sin sopesarlo, transcribiendo con tal fin un precedente horizontal que ninguna relación guardaba con el caso y sin que se puedan avizorar en qué consistían los desaciertos concretos de la experticia.
14. Tal proceder repercutió en la producción de un fallo en el que sigue latente una definición frente a todos los cuestionamientos de la censora, lo que derriba de manera indiscutible los pilares que lo soportan y hace innecesario entrar a analizar los demás puntos constitutivos de los errores de hecho señalados. Esto por cuanto de verificarse tal análisis, no se llegaría a una deducción diferente a la que ha quedado consignada en las líneas precedentes, consistente en que, ciertamente, el ad quem incurrió en los yerros que le atribuye la impugnante.
1. Al quedar sin piso la providencia materia de censura, corresponde a la Corte, en sede de instancia, desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo de 16 de noviembre de 2010, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales.
a) Requerimiento al Banco Bilbao Vizcaya: En el término de quince (15) días, la entidad opositora deberá allegar lo siguiente:
(i) La liquidación pormenorizada del crédito base de reclamación por el período comprendido entre el 17 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1999.
(ii) La reliquidación que se le hizo a la obligación al 31 de diciembre de 1999 y la forma como se siguió ejecutando, debidamente detallada mes por mes, desde el 1º de enero de 2000 hasta la fecha de vencimiento de la última cuota.
(iii) La información discriminada de los conceptos por intereses, tasas, primas de seguros que lo ampararon, precisando cuál fue el valor respaldado, y la forma como fueron aplicados los pagos.
(iv) Copia auténtica de las pólizas individuales o de grupo constituidas para respaldar el crédito y la distinción de los montos asegurados.
b) Dictamen pericial: A cargo de economista y calculista actuarial que forme parte de la lista de auxiliares de la justicia, quien deberá rendir experticia, en relación con el pagaré 02702875-4 suscrito por Ana Beatriz García Botero el 17 de enero de 1997 y codificado en la entidad demandada con el Nº 0013-0442-94-9670078804, en la que:
(i) Realice una liquidación del crédito en los términos pactados y con las limitaciones legales, del 17 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1999.
(ii) Efectúe la reliquidación como lo dispuso la Ley 546 de 1999 y la forma como se seguiría desenvolviendo el crédito desde el 1º de enero de 2000 hasta su terminación.
(iii) Elabore un trabajo comparativo entre las liquidaciones del Banco, el dictamen aportado con la demanda y el que haya verificado, advirtiendo la razón de ser de las diferencias existentes, de haberlas.
(iv) Determine cómo operó la imputación de los pagos efectuados por la deudora en los diferentes períodos, discriminando cada concepto.
(v) Reporte de qué manera se produjo la capitalización de intereses pactada, entre el 17 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1999.
(vi) Precise la forma en que se establecieron los valores por concepto de primas de seguro.
(vii) Indique si en los asientos contables del banco existe claridad sobre la tasa de interés pactada y la forma de cuantificarse, esto es, anticipado o vencido.
(viii) Resalte si contablemente existen aplicaciones indebidas, en tal caso, cuáles, por qué valor, las fechas de ellas y la forma en que afectaron el crédito.
El nombramiento del experto se hará una vez obtenida la información pedida al Banco Bilvao Vizcaya. Se fija un término de veinte (20) días para el cumplimiento del encargo.
a) Librar los oficios y telegramas.
d) Informar el cumplimiento de la orden dada al Banco.
e) Pasar a despacho, en oportunidad, el expediente para nombrar el experto.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 12 de julio de 2011, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso ordinario de la referencia y en sede de instancia, antes de proferir el fallo de reemplazo dispone la práctica de las pruebas de oficio enunciadas.

References: artículo 368
 resolución 
 artículo 2221
 artículo 754
 artículo 1546
 artículo 1546
 artículo 1496
 artículo 1546
 artículo 822
 artículo 2221
 artículo 72
 artículo 884
 resolución 
 resolución 
 artículo 335
 artículo 871
 artículo 41
 artículo 137
 artículo 16
 artículo 43