Source: https://psicolog.org/informe-alternativo-v6.html?page=16
Timestamp: 2019-07-24 06:21:07+00:00

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Capítulo 10 La criminalización y deslegitimación de la defensa de los derechos humanos y de la protesta social
Criminalización del movimiento campesino y Desca
Durante la gestión del actual gobierno en Guatemala se ha agudizado la persecución y la criminalización de las luchas y protestas sociales emanadas desde el movimiento campesino y el movimiento social en general. Dentro de los aspectos de este fenómeno que más se resaltan se encuentran una estrategia de desprestigio y tergiversación de la realidad, actos de descalificación y estigmatización que se hacen tanto por las autoridades del Estado como por los medios de comunicación y actores no estatales. Se utilizan términos que pretenden fijar en la sociedad guatemalteca, como las campesinas y los campesinos que son personas que se oponen al desarrollo, tachándolas además de ecologistas radicales, entre otros peyorativos que utilizan y que toda lucha enmarcada de las demandas de acceso a tierra, atentan contra la propiedad privada, y contra la libertad de empresa dentro de éste país.
Con base al delito de usurpación y usurpación agravada tipificado en el Código Penal257 se ha procedido a imponer sanciones drásticas contra defensoras y defensores de derechos humanos que luchan para el mejoramiento de la situación agraria. Así mismo, se han abierto actos de enjuiciamiento por delitos, como los de terrorismo, asociación ilícita, robo agravado, incendio detenciones ilegales, coacción y amenazas, plagio o secuestro, obstrucción de la vía pública, incitación a delinquir. Así, las defensoras y defensores de derechos humanos se han calificadocomo “terroristas”, “enemiga/os del Estado”, “peligrosa/os”, o su labor como “una amenaza a la paz, la seguridad pública, nacional y moral”.
En octubre 2013, varias organizaciones258 de la sociedad civil guatemalteca presentaron un documento sobre la Represión y Criminalización de la Protesta Social en Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.259En dicho informe se analizan tanto la estrategia comunicacional y política, como legislativa y jurídica que permitan el inicio de acciones penales contra organizaciones sociales, defensoras y defensores y su descalificación concluyendo que el Estado de Guatemala criminaliza de forma sistemática la protesta social y reprime a los defensores y defensoras de derechos humanos que luchan por la tierra, el territorio y los recursos naturales.
De acuerdo con la Unidad de Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), durante 2013, se registraron 657 hechos contra defensoras y defensores de derechos humanos (en contraste con los 326 registrados el año anterior), lo cual significa que 2013 ha sido el año más violento para ellas y ellos. En este contexto de violencia se perpetraron 18 asesinatos y la criminalización ha sido la estrategia privilegiada para frenar las posiciones comunitarias relevantes a las riquezas naturales y sus territorios.260
Criminalización de la lucha de pueblos indígenas
En su último informe anual presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator Especial James Anaya, expresó que en virtud del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la participación, “las personas y los pueblos indígenas pueden oponerse y expresar activamente su oposición a los proyectos extractivos, tanto en el contexto de la adopción de medidas sobre los proyectos por el Estado como en otras situaciones, entre otras cosas organizando actos pacíficos de protesta y participando en ellos.”261
Sin embargo, en Guatemala se criminaliza toda protesta social de los pueblos indígenas mediante: abordaje violenta de las protestas sociales, que como en el caso de Totonicapán, derivaron en una masacre; campaña psicológica de difamación en contra de los líderes/ lideresas que busca: aislarlos, desacreditarlos, dividirlos, y agotarlos en términos psicosociales; la aplicación de la ley penal mediante órdenes de captura contra dirigentes, allanamientos de sus hogares, y capturas con condenas como pasó en San Juan Sacatepéquez, Barillas, San Marcos, Santa Rosa y Jalapa (Minera San Rafael afecta a 5 municipios: San Rafael, Jalapa, Santa María Xalapán, Mataquescuintla, Casillas);
En este contexto, se han criminalizado líderes de Santa María Xalapán, entre ellas y ellos el mayordomo de dicha comunidad indígena, Roberto González Ucelo. Se han interpuesto dos querellas por los delitos de difamación, calumnia, injuria y asociación ilícita, conspiración y asesinato en grado de tentativa contra Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo Guatemala y por Gilda Aguilar, fiscal del Ministerio Público. Pablo Sacrab Pop, Manuel XucCucul, Crisanto CucXolse encuentran encarcelados en Centro de Detención Preventiva de Cobán, Alta Verapaz por su lucha para el acceso a la tierra. En la Zona Reyna, en el departamento de Quiché, estuvo preso por aproximadamente dos años, el líder comunitario de la aldea Los Regadillos, Felipe Gutiérrez Cifuentes. Aunque actualmente está libre sigue pendiente en su contra un juicio por los delitos de coacción y amenazas contra guardias de seguridad privada de la finca San Francisco Cotzal, Sociedad Anónima.
La creación de grupos de choque en el ámbito local financiado y apoyado por las empresas, la mayoría ligado al personal de seguridad que emplea a ex militares etc.; las amenazas de muerte, intimidación, atentados; asesinatos cometidos por desconocidos o personal de empresas de seguridad; ofensiva mediática basado en lógica contrainsurgente y fascismo clásico; la re militarización de los territorios con altos niveles de conflictividad social caso Huehuetenango, San Marcos, San Juan Sacatepéquez, Santa María Xalapán donde recientemente se decretan estados de sitio.
Impacto de la criminalización específicamente en la vida de las mujeres indígenas
Desde la llegada de las empresas a los territorios indígenas, las mujeres se encuentran entre las personas más afectadas y vulnerables que han sufrido cambios drásticos en sus vidas y graves violaciones a sus derechos. En el momento de aplicar medidas estatales de “seguridad” tales como desalojos violentos, estado de sitio, estado de prevención y la criminalización de las acciones de los hombres, las mujeres automáticamente asumen el rol de jefes de hogar, sumado a ello, sufren situaciones de violencia sexual por parte de las fuerzas policiacas y el ejército. Ser mujer en Guatemala, pobre e indígena, es experimentar las peores condiciones de vida.
Como efectos de estas medidas dictadas por el ejecutivo se pueden evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos, como el caso de Santa Rosa el día 1 de mayo 2013262: Allanamiento de viviendas en forma violenta; intimidación a personas de la iglesia y COCODES263; uso como centro de operaciones la Escuela de Educación Primaria; persecución y estigmatización de las mujeres organizadas criminalizando su lucha por la defensa del su territorio; deterioro de la economía familiar por disminución de actividad productiva; recargo de trabajo de mujeres esposas de hombres detenidos, asumiendo responsabilidades de gastos familiares y judiciales; graves efectos psicológicos en mujeres y niñas-os debido a la forma de allanamiento; daños en casas y enseres. En los Estados de Sitio se denunció que las mujeres fueron obligadas alimentar a quienes allanaron las casas, que se robaron comida y joyas. La captura a una mujer,264 se realizó sin pruebas.
Asimismo las mujeres indígenas, son criminalizadas y perseguidas legalmente por la defensa de sus territorios. Esas violaciones han provocado efectos graves en su salud física y psicológica, haciéndoles más vulnerables aún, ejemplo el caso de las 8 mujeres que tuvieron ordenes de capturas en San Miguel Ixtahuacán San Marcos (2008, hasta 2012), acusadas por los delitos: “Atentado contra la seguridad de Servicios de utilidad Pública: usurpación agravada; instigación a delinquir; atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública; desobediencia; coacción, amenazas; incendio; lesiones leves”. De esta manera las mujeres están siendo limitadas en el ejercicio pleno de sus derechos colectivos como sujeta de derechos que históricamente han tenido en el resguardo de la cultura, la ciencia y la sabiduría y todo lo concerniente a la cosmovisión de los pueblos indígenas.
Criminalización de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres
La representante del Presidente de la República en CONAPREVI, la Secretaria Presidencial de la Mujer, presentó denuncias penales en contra de la Coordinadora Ejecutiva de la REDNOVI, asimismo se ha encargado de criminalizar y difamar la labor de la REDNOVI y de los CAIMUS, realizando acusaciones infundadas que violan los derechos consagrados en el presente Pacto. Prueba de ello son las manifestaciones públicas que la Secretaria Presidencial de la Mujer dio a través de los medios masivos de comunicación social (Televisivos, radiales y escritos), así como una publicación emitida por el gobierno de Guatemala y SEPREM que se denominó: “Análisis de la Gestión Técnica y Administrativa de la CONAPREVI, período 2008-2011. Para una administración pública más efectiva y transparente al servicio de la ciudadanía”. Este informe evidencia el ataque directo, escrito y público que el actual gobierno ha emprendido en contra de las organizaciones de mujeres que discrepan frente a las decisiones violatorias a los derechos humanos de las mujeres.
Ante la demanda que la REDNOVI ha promovido a fin de restablecer la institucionalidad de la CONAPREVI, mediante el Acuerdo Gubernativo 463-2013el gobierno de Guatemala sacó a la REDNOVI de la integración de la CONAPREVI, medida adoptada como parte de la desinformación y judicialización que ha emprendido la SEPREM en contra de la REDNOVI, por lo que al haberla sacado de la integración, es la muestra más concreta de la criminalización, en donde de manera inconsulta, con alevosía, ventaja y extralimitándose el Ejecutivo a los demás integrantes de la CONAPREVI, toma decisiones inconsultas y de manera unilateral.
En el marco de la lucha por la defensa al derecho a la educación pública que ha librado la comunidad educativa, también se ha hecho presente la represión hacia los estudiantes que han manifestado su rechazo a la imposición de la carrera de bachillerato y privatización de la formación inicial docente, los han reprimido en sus marchas, ha habido detenciones temporales, estuvieron dos adolescentes presos durante tres meses sin cargos, maestros que les han aplicado sanciones administrativas y despidos, y sobre todo se ha institucionalizado y legalizado la represión a través del acuerdo ministerial 1505-2013, donde explícitamente se le puede acusar de actividades terroristas a las y los estudiantes que se organicen, asocien y usen su derecho legítimo a la manifestación, quitándoles para siempre su código estudiantil.
Se exige al Estado el cumplimiento del Pidesc, en todas sus expresiones y dimensiones consensuando la política pública y la inversión social con los diferentes actores nacionales, y que no responda solo a los intereses de poderes fácticos. Se exige al Congreso la pronta ratificación del Protocolo Facultativo del Pidesc.
Se exige la creación de un mecanismo que dé seguimiento a la implementación de las recomendaciones adoptadas por el Comité DESC en el que participen activamente las organizaciones representativas de la sociedad civil y representantes de alto nivel de las instituciones y ministerios que forman parte del gabinete social y económico. Este mecanismo deberá evaluar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones bajo el esquema de trabajo de auditoría social. Se recomienda también que este mecanismo esté acompañado por la Procuraduría de Derechos Humanos y organismos internacionales.
Se exige que el Estado cumpla con su obligación de generar información estadística que oriente la elaboración de la política pública para la realización de los DESCA. En particular urge que, en un período menor de un año, se realice el censo general de población y el censo agropecuario con información desagregada por sexo, etnia, situación migratoria, discapacidad, orientación sexual e identidad de género. Asimismo, se recomienda que se implemente el Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujeres.
Es indispensable que el Estado fortalezca la institucionalidad pública para garantizar la calidad del gasto y la eficiencia de gestión para el cumplimiento de los DESC. De igual manera, se requiere impulsar la transparencia a partir de la rendición de cuentas y el efectivo cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Estado debe de garantizar la seguridad y el resguardo de la integridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente quienes han sido perseguidos, difamados, criminalizados y judicializados. Conducir las investigaciones prontas y necesarias para identificar y sancionar a los responsables de articular las campañas en su contra, así como a los responsables de las todas las formas de ataques, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales.
El Estado debe frenar la militarización de las instituciones públicas y el uso de métodos contrainsurgentes para frenar la movilización social y hacer frente a la conflictividad que vive el país.
Artículo 1 del Pidesc. Derecho a la libre determinación. Pueblos Indígenas
Urge que el Estado asuma su responsabilidad de revisar, regular y aplicar en forma coherente y pertinente la legislación, medidas y mecanismos de cumplimiento del Pidesc con respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente, empezando por la Constitución Política de la República que no incluye conceptos básicos como “pueblos indígenas” y el reconocimiento de sus territorios.
Reconocer los sistemas de tenencia propios de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y las formas y modos de registrarla y administrarla, como parte de un abordaje idóneo de la conflictividad agraria, respetar a comunidades asentadas en áreas de reserva con fines de conservación o protección natural.
A 17 años de la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el Estado de Guatemala debe cumplir la obligación adquirida en el marco de este instrumento de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, ya sea por vía de legislación específica que implemente las disposiciones del tratado internacional vigente en el país o por otras vías. No sería viable aprobar reformas a leyes, como la Ley de Minería y otras, sin implementar la obligatoriedad de consultar a los pueblos.
Artículo 2 párr.1 del Pidesc. Política fiscal
Se exige al Estado establecer una estrategia a largo plazo para aumentar la carga tributaria hasta el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) a través de las siguientes medidas: la diversificación de los ingresos de manera progresiva que incluya muy específicamente el combate a la erosión, evasión y elusión tributaria, eliminado todos los tratamientos especiales al impuesto sobre la renta (ISR), el establecimiento de gravámenes progresivos a la renta de capital de guatemaltecos residentes en otras partes del mundo, la eliminación de todos los privilegios al impuesto al valor agregado (IVA) y el fortalecimiento de la administración tributaria, especialmente para la aplicación de las normativas internacionales a precio de transferencias y la promoción de un diálogo para establecer la participación estatal con una empresa pública accionaria para ciertas industrias no extractivas según consensos con la sociedad civil.
El Estado debe abandonar todas las estrategias de fomento de la competitividad basadas prioritariamente en las exenciones y privilegios fiscales cumpliendo con el marco de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC) de la eliminación de todos los subsidios a la exportación. En particular se debe debatir públicamente la reforma a los decretos 29-89 y 65-89 del Congreso de la República garantizando el pleno cumplimiento de las normas laborales. De manera alternativa deberá promoverse el fomento a la inversión que propicie un ambiente político estable y la transformación de la conflictividad social, así como el aseguramiento universal de la infraestructura de servicios básicos, fomento de la profesionalización y tecnificación de la población y la reducción de los niveles altos de corrupción e inseguridad institucionalizada entre otros265.
Se requiere de una normativa específica que establezca una estrategia de inversión social para incrementar los recursos destinados a la política social y reorientarla hacia el combate de las brechas en el ejercicio de los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad social (mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, niñez y adolescencia, comunidades de la diversidad sexual y de género y población en pobreza extrema).
Artículo 2 párr.2 y artículo 3 del Pidesc. No discriminación e igualdad y entre hombres y mujeres y comunidades de la diversidad sexual
El Estado de Guatemala debe ratificar sin reservas la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Resolución de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género de la OEA.
Es Estado de Guatemala debe tipificar los crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y características especiales del sexo cometidas en contra de las personas LGBTI.
Para garantizar la igualdad y el avance de los derechos humanos de las mujeres, el Estado debe fortalecer la institucionalidad de las mujeres, para ello deberá crear una Ley específica para la CONAPREVI y otra para DEMI, y elevar a la SEPREM a un Ministerio de la Mujer, que les permita dar cumplimiento a su mandato y funciones para garantizar la igualdad de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas. El Estado debe permitir, fomentar y respetar la participación de las organizaciones de mujeres y feministas en la formulación, de este marco legal y en el monitoreo de su cumplimiento.
El Organismo Ejecutivo, garantice que la SEPREM cumpla con su mandato de implementar y monitorear el cumplimiento de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades, emitiendo para ello un informe del estado actual del cumplimiento de la política y uno anual avances alcanzados.
Artículos 6 a 9 del Pidesc. Derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, sindicalización y seguridad social
El Estado debe ratificar de urgencia nacional el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT sobre Trabajo decente para el Trabajo Doméstico que sigue siendo una labor infravalorada, deshumanizada, discriminatoria, esclavizante y hasta considerara de trata en Guatemala.
El Estado debe garantizar el poder coercitivo sancionatorio a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ante las violaciones a los derechos laborales cometidas por empleadores.
El Estado de Guatemala, a través del Organismo Judicial, debe establecer mecanismos de cumplimiento de las sentencias en los casos laborales, en las que se incluya la persecución penal por parte del Ministerio Público (Caso Cambridge).
Es necesario que el Gobierno de Guatemala, implemente políticas laborales que respondan a la titularidad del derecho al trabajo y a dignificar a las y los trabajadores con un salario digno y evitar implementar políticas que respondan exclusivamente del sector privado y que tiendan a la precarización del trabajo, como por ejemplo, las leyes que permitan el trabajo a tiempo parcial y la diversificación salarial.
Que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, haga efectivos los mecanismos para obligar que se realice la inscripción de las y los trabajadores que se encuentran desprotegidos y que se recauden las cuotas patronales y laborales que le adeuda el Gobierno, las Municipalidades y las empresas, garantizando de esta manera el derecho a la salud de trabajadoras y trabajadores.
Se exige al organismo ejecutivo el cumplimiento de la Ruta de Expertos de la OIT recomendada en septiembre de 2013 que se cumpla el diálogo social con sindicatos y organizaciones de trabajadores para el esclarecimiento de asesinatos de sindicalistas.
Artículo 10 del Pidesc: Derecho a la protección y asistencia a la familia, maternidad y niñez.
El Congreso de la República debe aprobar presupuestos etiquetados para implementar la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y el PLANOVI, asignando recursos para cada institución responsable de su implementación, e implemente un sistema de fiscalización para medir su cumplimiento.
El Organismo Ejecutivo debe abrir más fuentes de financiamiento para garantizar la atención integral a las mujeres sobrevivientes de violencia, a través de los Centros de Apoyo Integral-CAIMUS para que exista uno en cada departamento de la república, en cumplimiento a lo establecido en la Ley contra el Femicidio, el PLANOVI y Política de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, y a las recomendaciones de instrumentos internacionales emitidas al Estado de Guatemala en cuanto a promover servicios de calidad para las mujeres afectadas por la violencia.
Artículo 11 del Pidesc. Derecho a un nivel de vida adecuado
El Estado de Guatemala debe realizar políticas, programas, acciones y medidas eficaces integrales en combate a la pobreza y en particular a la desnutrición crónica y aguda, entendiendo que estos problemas son estructurales y necesitan estrategias claras y coherentes, para que todas y todos puedan tener acceso seguro a una alimentación adecuada, respetando, protegiendo y garantizando el derecho humano a la alimentación y que cumpla con las medidas dictadas por juez competente por la Omisión que ha hecho en el cumplimiento del derecho a la alimentación de cuatro familias de Camotán y así sentar precedentes como garante de derechos.
El Congreso de la República de Guatemala debe aprobar con urgencia la iniciativa 40-84 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, como marco normativo agrario adecuado, contemplando una política agraria operativa y ordenamiento territorial que norme el uso del suelo, regular el tamaño de la propiedad, así como, recuperar y destinar tierras con vocación para la producción alimentaria a cultivos de alimentos y prever procedimientos claros y expeditos de adjudicación –estatal- de tierra productiva, a los campesinos que carecen de ella. Crear de manera urgente Tribunales Agrarios y una Ley sustantiva y procesal agraria, con carácter anti formalista e inspirada en el principio de in dubio pro campesino.
El Estado debe implementar plenamente la PNDRI, contemplando programas y el incremento necesario de recursos públicos a favor de las economías campesinas, infraestructura productiva y acceso a la tierra y garantizar la suficiencia de fondos públicos para su implementación.
El Congreso de la República debe aprobar de manera urgente una Ley General de Aguas, con enfoque de Gestión Integral del Agua, de derechos humanos sustentabilidad, de derechos de los pueblos indígenas y que evite prácticas de monopolio.
Artículo 12 del Pidesc. Derecho a la salud
Es urgente que el Estado fortalezca el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en sus funciones rectoras, financiadoras, administrativas, regulatorias y de prestación de una atención integral e incluyente en salud, para poder garantizar el cumplimiento del mandato del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC-. Avanzando en la creación de un Sistema Público de Salud Universal, que permita superar la segmentación y fraccionamiento del sistema actual, logrando paulatinamente establecer una red pública de servicios que asegure cobertura y acceso reales y equitativos, basados en el derecho a la salud, la pertinencia intercultural y la equidad de género. Particularmente debe eliminar progresivamente la firma de convenios y contratos con organizaciones privadas en el primer nivel, por el nivel de corrupción, tráfico de influencias, ineficiencia e ineficacia en la atención que se brinda a la población, profundizando inequidades dentro del sistema de salud.
El Gobierno de Guatemala debe garantizar un incremento sostenido del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social resguardando una atención integral que garantice la promoción, prevención, rehabilitación y la curación, para toda la población sin exclusiones e inequidades, reduciendo el gasto privado, especialmente el de bolsillo de las familias, por ser altamente ineficiente y tener un impacto negativo en las economías familiares. Fortaleciendo la gestión pública, garantizando los derechos laborales de los trabajadores/as y generando mecanismos de fiscalización y auditoria social para asegurar el buen uso de los recursos públicos.
La política de salud debe garantizar la atención a los problemas de salud de la población, desde una perspectiva de determinación social (enfatizando en la promoción y prevención) y considerando la complejidad epidemiológica que sufre la población al padecer problemas no sólo carenciales e infecciosos, sino además de violencias, enfermedades no infecciosas, crónico degenerativas, entre otras. Desde esta perspectiva integral, debe asegurar la atención a prioridades nacionales relacionadas a la salud sexual y reproductiva especialmente de jóvenes, adolescentes mujeres y hombres. En general se deben revertir la situación de mortalidad materna e infantil y los problemas nutricionales, que se comparan en desventaja con otros países de la región.
Artículos 13 y 14 del Pidesc. Derecho a la educación
El Estado debe garantizar a partir de los mecanismos diseñados en la Reforma Educativa producto de los Acuerdos de Paz, (Consejo Nacional de Educación, Consejos Municipales de Desarrollo)
Educación) los mecanismos de consulta y participación de la Comunidad Educativa para aprobar o desaprobar Políticas públicas y Estrategias Educativas que afecten al sistema educativo nacional. Evitando privilegiar únicamente como se ha dado en esta administración al sector empresarial en los espacios de consulta y toma de decisiones.
El Estado debe retomar la formación Inicial Docente y no trasladar la rectoría de la formación de maestros y maestras a las Universidades tanto Estatal como Privadas. Además garantizar el carácter gratuito de la educación pública en todos los niveles educativos.
El Estado debe autorizar nuevamente la carrera de Magisterio Bilingüe Intercultural en las Escuelas Normales del País, pues su eliminación total o parcial afecta directamente el derecho humano de los pueblos a estudiar en su idioma y promueve un etnocidio estatal a los cuatro pueblos de Guatemala.
No discriminación e igualdad de derechos para hombres y mujeres y comunidades de la diversidad sexual (artículos 2 párr. 2 y 3 del Pidesc)
Asignaciones presupuestarias de CONAPREVI 2001-2014
Q 229,400
Q 187,650
Q177,400
Q 1,400,000
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y Fomento de su Participación Social. CONAPREVI
Q 4,000,000
Coordinación de Acciones de Prevención de la Violencia contra las Mujeres
Fuente: Red de la No Violencia contra las Mujeres-REDNOVI, 2014, con información del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado años 2001-2014.
Derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, sindicalización y seguridad social (artículos 6 a 9 del Pidesc)
En nuestra ignorancia pensábamos que era de un día para otro… nosotras no imaginamos que íbamos a pasar penas, hambre por culpa del ministerio de trabajo y los inspectores de trabajo, nos arruinaron la vida no solo de las compañeras y compañeros, sino detrás de nosotros la familia, hijos, porque desde el 27 de marzo del 2008 nos cambiaron nuestras vidas, porque ya sabemos de la corrupción que abarca nuestra pobre Guatemala… pero seguimos luchando hasta que nos paguen, por todo lo que vivimos en la empresa y violaron nuestros derechos.
Yojana Montenegro.
El caso Cambridge, es un caso paradigmático, que evidencia la falta de correspondencia, responsabilidad, y respeto no solo del Empleador sino del Propio Ministerio de Trabajo, en la búsqueda del cumplimiento a las normas laborales vigentes, en cuanto a la protección de los y las trabajadoras.
El 22 de febrero del año 2008 un grupo de mujeres trabajadoras de la empresa maquiladora CAMBRIDGE se organizó para denunciar una serie de violaciones a sus derechos humanos y laborales, entre ellos los pecuniarios o benéficos económicos; a pesar de que habían estado yendo a poner denuncias o quejas ante la Inspección General de Trabajo, contra la empresa las trabajadoras continuaban siendo objeto de toda clase de atropellos, las tenían confinadas, sin poder hablar entre ellas, sin permiso para ir el baño, sin tomar agua, les daban malos tratos y lo sacaban a las 15:00 horas para no gozar del pago de las horas extra ordinarias que afectaba directamente sus ingresos.
De la incipiente organización de 11 trabajadoras que asumieron el liderazgo de luchar quedaron solo 4 el resto fueron despedidas indirectamente por medio de hostigamientos para que renunciaran.
El 16 de marzo del 2008 la empresa CAMBRIDGE S.A. informo a las trabajadoras y trabajadores que habría un traslado de la empresa a las nuevas instalaciones Zona 4 de Mixco, colonia el naranjo, supuestamente porque se había vencido el plazo de las instalaciones donde se ubicaba la maquila, 18 calle y Avenida Petapa zona 12, ciudad capital, las trabajadoras están conscientes de que a la empresa se le vencería los 10 años de excepciones ante el Ministerio de Economía, amparados por el decreto 29-89i. Finalmente el 27 de marzo del 2008 con engaño la patronal indico que habían llegado un acuerdo entre los inspectores de trabajo y empleadores de trasladarse a las nuevas instalaciones e no tomando en cuenta la opinión de los trabajadores y que renunciaran o se trasladaban.
Esta situación generó mayores conflictos ante la violación de los derechos de más de 400 trabajadores en su mayoría mujeres, madres solteras por lo que se inicia un proceso ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde no se llegó a ningún arreglo o conciliación y posteriormente se decide ir a un juzgado de trabajo, y en esa oportunidad el Ministerio de Trabajo asigna a las y los trabajadores un abogado que les represente, el cual evidencia toda clase de incompetencia y entorpecimiento al avance del caso, sobre todo a favor de los y las trabajadoras, no obstante se llevó el proceso de manda y de litigio, en donde el Juez dictamina finalmente el pago prestaciones laborales a todos todas las trabajadoras en un monto de Q 2.108,308.06 dos millones ciento ocho mil trescientos ocho quetzales con seis centavos, que beneficia solamente a 80 (ochenta) trabajadoras que llevaron el caso, sentencia que no ha sido ejecutada hasta la fecha de hoy. Lo significa que no existe en Guatemala la persecución nacional e internacional que obligue al empresario a cumplir dicha sentencia.
En Enero del 2014, el Señor Michell Shin, (ex dueño de la empresa Cambridge) ha solicitado al Ministerio de Economía la Inscripción de su nueva empresa maquiladora, sin que las autoridades actuales del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Juzgados, Ministerio Público, hagan la persecución y obliguen a este Sr. Shin, cancelar o cumplir con la sentencia.
Derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 10 del Pidesc)
Conflictos agrarios en Guatemala: 2004 a 2013
Número de conflictos agrarios
conflicto [ha]
276,488.59
321,094.87
360,266.99
356,327.91
346,015.06
341,360.67
327,823.56
283,231.58
413,357.51
431,467.80
345,743.45
Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno de la República 2013
Resultados de FONTIERRAS en Acceso a tierra desde su creación en 1998 hasta 2013
Fincasaccedidas
Presupuesto de Estado (pagado)
Accesotierra
42,182,945
226,201,045
40,387,851
300,100,557
64,170,620
332,483,610
222,312,905
355,066,149
95,013,235
463,610,806
84,765,536
552,526,642
58,912,314
680,898,639
23,459,224
136,355,851
164,721,593
728,348,115
10,467,324
66,696,255
91,626,297
675,048,839
13,556,064
92,048,175
122,917,341
724,317,784
16,673,327
159,297,809
189,695,407
906,190,798
37,717,998
901,706,245
12,298,527
10,395,005
34,675,739
807,700,342
13,897,301
59,951,689
77,584,629
763,103,988
4,521,370
54,740,963.00
291,467,066
950,384,009
9,034,806
5,081,675
44,505,756
73,531,156
855,310,979
713,107,618
1,083,937,227
Fuente: FONTIERRAS año 2013
Usos de la tierra en el año 2005 en las nuevas superficies establecidas con palma aceitera en Guatemala en el año 2010 (en %)
Fuente: Alonso-Fradejas, A.; CaalHub, J.L.; y Chicnhilla, T. 2011

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2
 artículo 3
 Resolución 

Artículo 10

Artículo 11
in dubio

Artículo 12