Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831024.html
Timestamp: 2019-09-15 20:12:13+00:00

Document:
se201831024
Expediente : 327/2015-CA
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 1415/2015 de fecha 03 de Agosto de 2015.
VISTOS: La demanda cursante a fs. 15 a 24, la respuesta cursante a fs. 63 a 71 vta.; réplica, dúplica, decreto de autos, antecedentes procesales y de sede administrativa.
La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada por los abogados Jorge Fidel Romano Peredo y Diego Manuel Soria Guerrero, interponen demanda contenciosa administrativa contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria legalmente representada por su Director Ejecutivo General a.i., Daney David Valdivia Coria, impugnando la resolución del recurso jerárquico AGIT RJ 1415/2015 de fecha 03 de Agosto de 2015, con los siguientes fundamentos:
El acta de intervención contravencional N° AN-GRCGR-UFICR Nº 014/2012 de fecha 16 de mayo, se funda en el DS N° 28141 ya que el vehículo objeto de comiso, si bien se encontraba en zona franca a la fecha de publicación del DS N° 28308 de fecha 26 de agosto de 2005 que modificó el DS N° 28141, tiene un MIC/DTA que data de 24 de mayo de 2005, es decir que el documento que dio inicio a la operación de importación es posterior a la fecha de publicación del DS N° 28141, por lo que el vehículo estaba prohibido de importación, incluso mucho antes de realizar el embarque de la mercancía, por lo que no correspondía realizar trámite de importación, toda vez que, en la fecha que se generó el hecho, se encontraba vigente el DS N° 28141 de 16 de mayo de 2005, por lo cual esa es la norma aplicable y no el DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 por mandato del art. 164 de CPE concordante con el art. 3 de la Ley N° 2492.
Refiere que la interpretación contenida en la carta circular AN-GNNGC-DTANC-CC-0005/05 de 5 de diciembre de 2005, con relación a los DS N° 28141 y 28308 es precisa, ya que la modificación contenida en el DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 con referencia al DS N° 28141 de 17 de mayo de 2005, alcanza únicamente a aquellos vehículos que ingresaron antes de la vigencia del DS N° 28141, es decir antes del 17 de mayo de 2005, los que ingresaron posteriormente se encuentran prohibidos de importación no pudiendo ser beneficiados por el DS N° 28308, por ese motivo en aplicación de las facultades conferidas por los arts. 21 y 100 de la Ley N° 2492, 48 y 53-b) del Reglamento del Código Tributario, se emitió el acta de intervención por contrabando contravencional AN-GRCGR-UFICR N° 014/2012 de 16 de mayo, en aplicación del núm. 4) del art. 160 e inc. b) y f) del art. 181 del CT, relacionados con el art. 85 de la Ley General de Aduanas.
Haciendo una relación con el art. 85 de la LGA, que determina que no se permitirá la importación de mercancías nocivas y las que atenten al sistema económico financiero de la nación, concluye que el DS N° 28141 está basado en el mencionado art. 85, siendo el motivo de su emisión el resguardo del sistema económico de la nación, por la imposibilidad de seguir subvencionando el diésel de estos vehículos pese a haberse emitido el DS N° 28141 que prohibía su importación ocasionando daño al sistema económico financiero de la nación.
Sobre el plazo para la prescripción, pide considerar que la misma empieza a computarse desde el momento que ha cesado la consumación, en el caso, el ilícito de contrabando ha transcurrido en el tiempo y en ningún momento ha cesado por tanto el plazo no ha comenzado a correr y que el art. 173 del CT excluye de la prescripción del delito de contrabando al tratarse de un delito permanente y de ejecución continuada y “para que cese esa situación deben regirse a lo dispuesto por los arts. 80, 82 y 90 de la Ley General de Aduanas, más aun si se considera que se ha procedido a su nacionalización, por lo que al no haberse cumplido con estos requisitos que otorgan la legalidad a una determinada mercancía, no ha operado la prescripción ni siquiera ha iniciado el cómputo de la misma” (sic)
Reitera que la acción y competencia de la Aduana Nacional no ha prescrito; que el acta de intervención contravencional no está sujeta al art. 60 del CTB toda vez que el transcurso del tiempo no legaliza ni modifica la clandestinidad de la mercancía ilícita, mucho menos si a la fecha tras haber transcurrido más de cinco años en los que el Estado sigue subvencionando el combustible al señalado vehículo, pese al DS 28141, por lo que se hace pertinente el art. 324 de la CPE referido a imprescriptibilidad de deudas por daño económico al Estado. Transcribe sentencias constitucionales y señala que la AGIT soslayó el carácter vinculante de las mismas.
Precisa que el acta de intervención contravencional N° AN-GRCGR-UFICR N° 014/2012 de 16 de mayo, responde a la aplicación de la normativa vigente sobre responsabilidad solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados SRL, representada legalmente por Gloria Carlota Sánchez de Barrientos, por realizar trámites de importación de un vehículo prohibido por el art. 2 del DS N° 28141, incumpliendo los inc. a) y f) del art. 45 de la LGA concordante con los arts. 41 y 61 de su Reglamento. Por ello, el accionar del importador Gustavo J. Arcienaga Bautista, la Sra. Gloria Carlota Sánchez De Barrientos en su calidad de representante legal de la Agencia Despachante de Aduana H&B Asociados SRL, del Sr. Limbert Tejada Nina representante legal de la empresa de transporte “ESTRELLA DEL ORIENTE” y del Sr. José Guillen como conductor del medio de transporte, está calificada como contrabando contravencional, arts. 1 y 2 del DS 28141 de 16 de mayo de 2005, con las modificaciones introducidas, en cuanto al importe, por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 y después por el art. 21 –II) de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011, por haber nacionalizado un vehículo a diésel oíl prohibido por el DS 2814. En cuanto a la Agencia despachante de Aduana dice que realizó los trámites de un vehículo prohibido incumpliendo el art. 45 de la Ley general de Aduanas y art. 61 de su Reglamento. La Empresa de Transporte por infracción del art. 53 de la LGA e inc. a) del art. 84 del reglamento de la LGA.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, al declarar la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, no tomó en cuenta el espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE ampliamente referido en la SCP N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daño económico al Estado e irretroactividad de la Ley, que la Autoridad General de Impugnación Tributaria soslayó el carácter vinculante de la mencionada sentencia constitucional, toda vez que no tomó en cuenta el art. 324 de la CPE, cuya incorrecta aplicación puso en evidencia al declarar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones ya que dicha norma tiene una finalidad inspirada en principios ético morales y en valores que sustentan el Estado consagrados en el art. 8 –I) y II) y 232 de la CPE pues nadie puede burlar la afectación al Estado por el solo paso del tiempo.
Solicita revocar lo indebidamente resuelto en la resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 1415/2015 y se mantenga firme y subsistente la resolución sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-106/2014 de 22 de septiembre.
La Ley N° 2492 en sus arts. 59, 60, 61, 62 y 154 establecen la prescripción, su cómputo, interrupción y suspensión; en ese contexto jurisprudencial y normativo; esa instancia, en la resolución jerárquica, expuso que la subvención a los combustibles otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia no se constituye en causal para interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción dentro del ordenamiento jurídico tributario, por aplicación del principio de legalidad y que la aplicación analógica no puede ser aplicada para modificar normas existentes.
En cuanto al presunto daño económico al Estado, pide tener en cuenta que el Estado lo constituye el pueblo boliviano y que por la mala aplicación de la normativa vigente y por su no aplicación oportuna, es la propia Administración Tributaria Aduanera la responsable del daño frente al Estado, no pudiendo atribuirse al sujeto pasivo la inacción de la Administración Tributaria, para efectivizar su facultad de imponer sanciones en el marco de las previsiones legales citadas, pues la Ley le otorga los medios para efectivizar su facultad de imponer sanciones y es la Administración quien no cumplió los términos que le otorga el art. 154 de la Ley N° 2492, situación que dio lugar a la prescripción para imponer la sanción puesto que la norma es clara al establecer que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización o la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, situaciones que, en el caso, no acontecieron.
Tomando en cuenta que la ADA H&B y Asociados validó la DUI C-4382 el 07 de septiembre de 2005, el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 tiempo en el que no se advierten causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley; siendo que el 02 de enero de 2015 la Administración Aduanera notificó a la ADA con la resolución sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-106/2014, y sus facultades para imponer sanciones ya se encontraban prescritas.
En cuanto al argumento de que el presente caso se trataría de un delito permanente, sostiene que el presente es un nuevo argumento que no fue observado ante la AIT por lo que no puede pretender subsanar errores o negligencias con la presente demanda ya que los arts. 139 –b) y 144 de la Ley N° 2492 y el art. 198-e) y 211-I) de la Ley 3092 establecen que quien considere lesionados sus derechos con la resolución de alzada deberá interponer de manera fundamentada su agravio fijando con claridad la razón de su impugnación, para que la AGIT resuelva sobre la base de dichos fundamentos en función del principio de congruencia, convalidación y preclusión; tal cual se expone en la Sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 0229/2014 de 15 de septiembre.
En mérito a lo expuesto solicita declarar improbada la demanda y mantener firme la resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 1415/2015 de fecha 03 de agosto.
El 29 de Mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a Gloria Carlota Sánchez de Barrientos con el acta de intervención contravencional AN-GRCGR-UFICR-014/2012 de fecha de 16 mayo de 2012, la cual establece que la DUI C-4382 de fecha 07 de septiembre de 2005, elaborada por la Agencia Despachante de Aduana H&B ASOCIADOS SRL, corresponde a un vehículo, cuya importación se encuentra prohibida por el D.S. Nº 28141, por lo que presumió la comisión de contrabando contravencional conforme a los inc. b) y f) del art. 181 de la Ley Nº 2492, liquidando por tributos la suma de Bs. 10.020 y otorgando el plazo de tres días hábiles para presentar descargos.
En fecha 31 de Mayo de 2012, la Sra. Gloria Carlota Sánchez de Barrientos, en su calidad de representante de la Agencia Despachante de Aduana H&B ASOCIADOS SRL, presentó memorial por el cual solicita se deje sim efecto el acta de intervención contravencional por ser nula.
Posteriormente, en fecha 02 de Enero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a la Sra. Gloria Carlota Sánchez de Barrientos, en su calidad de representante de la Agencia Despachante de Aduana H&B ASOCIADOS SRL, con la resolución sancionatoria Nº AN-GRCGR-ULERC-106/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, que declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Gustavo J. Arciénega Baptista (importador), Gloria Carlota Sánchez de Barrientos (Despachante de Aduanas), Limbert Tejada Nina (Empresa de Transporte) y José Guillén (conductor), al haberse nacionalizado el vehículo tramitado con la DUI C-4382 de fecha 07 de septiembre de 2005, con posterioridad a la vigencia del D.S. Nº 28141 de 16 de mayo de 2005.
Interpuesto el recurso de alzada por parte de la representante de la ADA H&B Asociados SRL, el mismo fue resuelto a través de la resolución de recurso de alzada ARIT-CBA/RA 0421/2015 de 11 de mayo, que revocó totalmente la resolución sancionatoria impugnada, por considerar que la facultad sancionadora de la Administración Aduanera habría prescrito.
Ante dicha Resolución, la Administración Tributaria, interpuso recurso jerárquico, el cual fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 1415/2015 de 03 de Agosto, que decidió confirmar la resolución del recurso de alzada impugnada, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la DUI C-4382, al no haberla ejercido dentro del término previsto en el art. 154 de la Ley Nº 2492. Dicha resolución jerárquica es ahora impugnada a través de la interposición de la demanda contenciosa administrativa por parte de la Administración Aduanera.
1.- Determinar si la AGIT al confirmar la declaratoria de prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para calificar la conducta contraventora e imponer sanción, actuó en contradicción al espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE ampliamente referido en la SCP N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daño económico al Estado e irretroactividad de la ley.
2.- Verificar si la AGIT al confirmar la declaratoria de prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, valoró de manera correcta que al haberse determinado mediante Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-ULERC-106/2014 probado el contrabando contravencional, se estaría frente a la comisión de un delito de contrabando, catalogado como un delito permanente y de ejecución continuada, por lo cual el cómputo del plazo para la prescripción no hubiera empezado a correr y por consiguiente no se encontraría sujeto al art. 60 del CTB y excluido del instituto de la prescripción conforme al art. 173 del CT.
En tal sentido, analizados los antecedentes administrativos del caso, los fundamentos esgrimidos tanto por la entidad demandante, como por la AGIT, es posible establecer lo siguiente:
1.- Respecto, a la vulneración del espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE ampliamente referido en la SCP N° 790/20121 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daños económico al Estado. Debemos señalar que, el art. 324 de la CPE establece “no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, entendiéndose en la jurisprudencia uniforme de este Tribunal que tal “daño económico” es aquel que está necesariamente relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionarios públicos, que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley N° 1178.
Específicamente, en la Sentencia N° 005/2014 de fecha 27 de marzo; este Tribunal Supremo de Justicia reiteró que “ …si bien el art. 324 de la CPE establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, dicho precepto constitucional se halla relacionado con las deudas emergentes de la responsabilidad por la función pública, es decir con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990” (criterio sostenido también en las Sentencia 281/2012 de fecha 27 de noviembre y 212/2014 de fecha 15 de septiembre entre otras). En tal mérito, la norma invocada como sustento de la demanda contenciosa administrativa resulta inaplicable al presente caso, no resultando por ello, evidente la vulneración del art. 324 de la CPE o el incumplimiento de la jurisprudencia constitucional vinculante contenida en la SCP Nº 790/2012, toda vez que la misma declaró inconstitucional el art. 40 de la Ley 1178, que fijaba el tiempo de 10 años para la prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, no existiendo identidad de hecho con el que se discute en el presente caso, ajeno a obligaciones emergentes de la responsabilidad por la función pública.
2.- Respecto al argumento referido a que la competencia de la Aduana Nacional no habría prescrito, en consideración a que el vehículo salió de zona franca pese a estar prohibido de importación, por utilizar como combustible “Diésel Oíl” y que a la fecha está en funcionamiento subvencionado por el Estado, lo que implicaría estar frente a un delito permanente, por lo cual el término de la prescripción no empezó a computarse y en ese contexto la entidad demandante considera que el acta de intervención contravencional sería por un hecho vigente y no sujeto a las previsiones del artículo 60 de la Ley N° 2492.
Al respecto, debemos señalar que en el caso en concreto, el instituto de la prescripción, está referido a la facultad para imponer sanciones por la contravención aduanera de contrabando, prevista en el art. 181 de la Ley N° 2492; en el caso en concreto el hecho generador, se originó en la gestión 2005, por lo cual en ese contexto se tiene que el ilícito en cuestión ocurrió durante la vigencia de la referida ley, siendo esta la norma aplicable.
En ese sentido, el art. 59, parágrafo I, numerales 1 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el término para controlar, verificar, comprobar e imponer sanciones administrativas prescribe a los cuatro (4) años; en cuanto al cómputo el art. 60, parágrafo I de la citada norma, señala que: “El término de la prescripción se computará desde el 1 de enero, del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el vencimiento del periodo de pago”. Asimismo, el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 determina que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe y se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo y aludiendo inconcurrencia de las causales de interrupción y suspensión de la prescripción de los arts. 61 y 62 de la mencionada ley.
Por lo cual resulta evidente que, en el caso de autos, la ADA H&B Asociados SRL, por cuenta de su comitente Gustavo J. Arcienega Baptista, en fecha 07 de septiembre de 2005 validó la DUI C-4382 ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, para nacionalizar el vehículo clase vagoneta, tipo mistral, marca Nissan, combustible diésel, modelo 1994 y demás características detalladas en el citado DUI, sin embargo dicho vehículo motorizado se encontraba prohibido de importación, conforme a las previsiones del Decreto Supremo N° 28141; no obstante de ello, a dicha mercancía la Administración Aduanera le otorgó el levante.
Posteriormente, en fecha 29 de Mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó a la Sra. Gloria Carlota Sánchez de Barrientos, en su calidad de representante de la Agencia Despachante de Aduana H&B ASOCIADOS SRL, con el acta de intervención contravencional AN-GRCGR-UFICR-014/2012 de 16 de Mayo de 2012, iniciando el proceso por contravención aduanera de contrabando, que concluyó el 02 de Enero de 2015 con la notificación personal a Gloria Carlota Sánchez de Barrientos, en calidad de representante de la citada ADA, con la resolución sancionatoria N° AN-GRCGR-ULERC-106/2014 de 22 de septiembre, que declaró probado el contrabando contravencional previsto en los incisos b) y f), artículo 181 de la Ley N° 2492; en consecuencia, al haber sido validada la DUI C-4382, en fecha 07 de septiembre de 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, no advirtiéndose causales de suspensión ni interrupción del curso de la prescripción conforme los arts. 61 y 62 de la citada ley, encontrándose indubitablemente prescrita la facultad sancionatoria de la Administración Aduanera.
Respecto al argumento referido a que el vehículo que salió de zona franca pese a estar prohibido de importación, utiliza diésel oíl, y a la fecha funciona con subvención del Estado, por lo que no está sujeto a las previsiones del art. 60 de la Ley 2492. Resulta necesario aclarar que tal subvención no constituye causal de suspensión ni interrupción del curso de la prescripción dentro del ordenamiento jurídico tributario, por cuanto el art. 8 –II) de la mencionada ley prohíbe la interpretación por analogía para modificar normas existentes; precisando que el régimen de prescripción se encuentra expresamente desarrollada en la referida norma, siendo la misma taxativa en establecer el momento de su computo, y las causales de interrupción y suspensión del término de dicho instituto jurídico.
Por otro lado, del análisis efectuado a los fundamentos del recurso jerárquico, se concluye que la institución ahora demandante no planteó el mismo fundamento ante la ARIT-CBA que expone como base de la demanda, referido al art. 173 del CTB menos a los arts. 80, 82 y 90 de la Ley General de Aduanas con los cuales funda su actual pretensión. Asimismo, si bien el art. 173 CTB, establece se “excluye de la prescripción el delito de contrabando”, en el caso, el proceso no se generó por un delito sino por una contravención, constatándose en definitiva que el argumento de “delito permanente” no fue expuesto tampoco en la respuesta al recurso de alzada interpuesto por la ADA, no habiendo sido esos argumentos de conocimiento de las respectivas autoridades de impugnación tributaria, consecuentemente, en la resolución de recurso jerárquico tampoco existió pronunciamiento al respecto que pueda someterse a control de legalidad por este tribunal, ya que un entendimiento contrario, constituiría un atentado al principio de seguridad jurídica que es parte del debido proceso.
Por lo expuesto, se concluye que la resolución de recurso jerárquico fue emitida, en el marco de la exigencia de fundamentación suficiente y razonable de acuerdo a las pretensiones deducidas en el recurso jerárquico, no habiéndose demostrado los extremos de la demanda, este Tribunal no advierte causal alguna que amerite la nulidad impetrada.
No obstante, no puede pasar desapercibido que, conforme a los datos del proceso, los funcionarios aduaneros que participaron en el trámite permitieron el ingreso del vehículo que se encontraba prohibido de importación, conforme a las previsiones del Decreto Supremo N° 28141; otorgándole a la mercancía la Administración Aduanera el levante, para posteriormente, aceptar y validar la DUI correspondiente, revelándose del hecho actos cometidos por funcionarios aduaneros que deben evaluarse por la autoridad competente, por ello, conforme el principio de coordinación que ha previsto la Constitución Política del Estado en el art. 12.I, teniendo presente los fines y funciones esenciales que tiene el Estado para con su pueblo, es obligación de los diferentes órganos que lo conforman, coadyuvar con la materialización de los mismos, consiguientemente, ante la situación fáctica que este tribunal ha llegado a conocer, mediante la resolución de la presente contingencia jurídica, se exhorta a la Aduana Nacional de Bolivia, a generar mecanismos intra institucionales eficientes, eficaces y transparentes, mediante los cuales se garantice el estricto y oportuno cumplimiento de la normativa legal aduanera, que restringe la importación de vehículos a diésel, precautelando de esta manera los intereses económicos del Estado.
En conclusión, en el caso de autos, la AGIT, al hacer un análisis exhaustivo de las actuaciones de la Administración Aduanera, se enmarcó en el ordenamiento tributario, pero sobre todo en los principios que rigen los derechos de los contribuyentes a fin de que no se vulnere su derecho a la seguridad jurídica.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y en su mérito, declara firme y subsistente la resolución del recurso jerárquico AGIT-RJ 1415/2015 de 03 de Agosto.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 60
 resolución 
 artículo 181
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución