Source: http://www.derechocomercial.edu.uy/PubCO.htm
Timestamp: 2018-01-21 22:45:15+00:00

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La excepción de inhabilidad del título en sentido amplio
Por Cecilia Orlando
En el curso de Derecho Comercial 2, nos abocamos al estudio de las características del título valor que lo diferenciaban de otros documentos privados. Analizamos las ventajas que tiene para el tenedor insatisfecho reclamar su importe a los obligados cartulares por medio del juicio ejecutivo cambiario. Este juicio tiene un procedimiento monitorio. Si la pretensión del deudor es acogida, el juez dicta una sentencia inicial definitiva. Tiene un triple contenido: cita de excepciones al demandado, lo condena y lo embarga preventivamente. La sentencia se dicta y, luego, se le da la oportunidad de defenderse al demandado. Por lo tanto, la sentencia inicial tiene su eficacia sujeta a una condición suspensiva: que el demandado no oponga excepciones.
Si el demandado opone excepciones admisibles, le quita eficacia a la sentencia inicial. Se debe realizar una audiencia y, al final de esta, el juez dicta una nueva sentencia. Esta providencia puede acoger o rechazar las excepciones opuestas por el deudor. La sentencia de condena inicial o aquella que se dicte luego de la audiencia, será el título de ejecución forzada que habilitará al acreedor a iniciar un juicio de ejecución (la vía de apremio, artículo 377 Código General del Proceso). Aquí podrá cobrar el importe que figure en el título valor con el producido del remate. Vemos así la importancia que tienen las excepciones cambiarias. Si el demandado no tiene ninguna excepción admisible que oponer, la sentencia inicial queda consentida. El actor puede proceder, sin más, a la vía de apremio.
Pero falta responder otra interrogante: ¿por qué está en mejor situación el tenedor de un título valor, que aquel que posee un documento privado que contiene una obligación de pago de una suma de dinero? El juicio ejecutivo cambiario tiene la ventaja para el tenedor, sobre el juicio ejecutivo común, de limitar los medios de defensa que puede oponer el deudor cambiario. La posición más gravosa del deudor cambiario frente al deudor común, es lo que se denomina comúnmente “el rigor cambiario[1]”.
¿Cómo limitó los medios de defensa el legislador? Nuestros Decretos Leyes 14.701 y 14.412 siguieron el régimen del Código español de 1829 que enumera en una lista las defensas admisibles. Se prefirió este régimen sobre otros que existen en el derecho comparado, que listan únicamente las excepciones inadmisibles. Se le acuerda al tribunal por el Código General del Proceso, la facultad de rechazar de plano las excepciones inadmisibles. Antes de este Código, había, también, excepciones taxativas, pero no se le daba la potestad al juez de rechazar de plano las inadmisibles. El régimen nuevo ofrece más rapidez, beneficiando al acreedor cambiario.
El propósito de este trabajo es analizar una de las excepciones que los artículos 108 del Decreto Ley 14.701 y 45 del Decreto Ley 14.412 mencionan como admisibles: la inhabilidad del título. Consideramos que es una excepción de particular interés por su “vaguedad semántica[2]”. No hay una opinión unánime acerca de qué se debe entender por ella. En los hechos, es la ventana por donde entran todas las excepciones que no están taxativamente determinadas por la ley como admisibles. Por ello, autores tales como Valentín afirman que la limitación de excepciones “se ve atenuada” por la imprecisión de la excepción de inhabilidad[3]. Es decir, la taxatividad de las defensas admisibles pierde su rigidez con esta excepción, por su gran amplitud.
En este trabajo, no pretendemos estudiar la excepción en su totalidad. Únicamente nos abocaremos al estudio de la interpretación amplia que buena parte de la doctrina realiza de ella. No analizaremos la ausencia de requisitos extrínsecos que constan en el documento (omisiones formales) ni tampoco la ausencia de requisitos procesales (falta de intimación previa). Según Teitelbaum, serían dos hipótesis donde podría oponerse la excepción de inhabilidad[4].
I. Análisis de la inhabilidad del título
A. La inhabilidad en sentido restringido y en sentido amplio
La excepción de inhabilidad tiene interpretaciones diversas en la jurisprudencia y la doctrina.
Interpretando restrictivamente esta excepción, se sostiene que un título es “inhábil” si carece de los requisitos que enumera el artículo 3 del Decreto Ley 14.701. Esta interpretación tiene un fuerte apoyo en la letra de la ley, pues el artículo 108 del Decreto Ley 14.701 dice esto entre paréntesis, luego de establecer como excepción a la inhabilidad.
La otra interpretación sostenida por Rodríguez Olivera, Teitelbaum, entre otros prestigiosos doctrinos, es bastante más amplia. Rodríguez Olivera en “Acciones y Excepciones Cambiarias”, afirma que la inhabilidad del título incluye “las excepciones meramente formales que se fundan en la falta de un requisito en el documento”. También, según esta autora, comprende “excepciones que se fundan en la falta de requisitos calificados como intrínsecos y que inciden sobre la existencia de la obligación cambiaria”.[5]
Teitelbaum concuerda con la autora recién comentada en ese punto. El autor agrega que si se omiten las diligencias preparatorias de intimación previa y reconocimiento de firma (si son necesarias), “ante su omisión, corresponde también la excepción de inhabilidad del título ejecutivo”.[6]
B. ¿Es realmente una excepción de carácter procesal, tal como se la califica en el Decreto Ley de Títulos Valores?
Sobre este aspecto no hay acuerdo en la doctrina. Es un punto relevante pues de su solución depende la interpretación que se haga de su contenido.
Una postura sostiene que es una excepción de carácter procesal. Fundamenta su posición en que el demandado la puede oponer si “el documento que se pretende ejecutar no es idóneo por carecer de alguno o algunos de los presupuestos formales esenciales para hacer viable la ejecución cambial.”[7] Es decir, sólo se podría oponer por el demandado en el juicio ejecutivo si el título valor carece de algún requisito externo, como la firma. Según esta posición, el legislador la califica de “procesal” a la excepción para evitar que mediante su alegación se ingresen al juicio ejecutivo discusiones causales.
Teitelbaum ofrece una postura diferente. Se adhiere a la postura que califica de procesal la excepción, pero esto para él “no supone que se hagan valer simplemente cuestiones formales, sino que en la mayoría de los casos implica cuestiones sustanciales”.[8]
Debemos partir de la definición de inhabilidad que da Teitelbaum, como “la carencia de algún elemento, que impide la promoción del referido juicio”.[9] Según el autor, el juez califica el título del actor. Si considera que es inhábil por carecer de algún requisito exigido por la ley, “declarará que no hay lugar a ejecución” (354.2 Código General del Proceso). Considera que es de naturaleza procesal (y por ello, de derecho público) en la medida que determina la posibilidad de iniciar un determinado procedimiento. Esto es una cuestión que corresponde a la ley determinar (artículo 18 de la Constitución). Si el título es idóneo, se podrá iniciar un proceso con una determinada estructura, específica (la estructura monitoria). Por ello, concluye, es de naturaleza pública, procesal.
El autor entiende que el juez debe inicialmente analizar el título para ver su habilidad. Analizará no sólo los presupuestos formales (los requisitos que surgen visiblemente del título) sino, también, elementos sustanciales, tales como la legitimación causal. Teitelbaum concibe que, también, la parte demandada puede oponer la excepción de inhabilidad al ser citada de excepciones. El hecho que la excepción la pueda oponer la parte no le quita, dice, su carácter procesal.[10]
Si se afirma que es una excepción de carácter sustancial, como Rodríguez Olivera y Cámara[11], entre otros, se dirá que “afecta básicamente al derecho que se pretendió incorporar al título”.[12] Al faltar algún requisito que obsta al nacimiento de la obligación cambiaria, por vía de consecuencia, no se tendrá acción cambiaria. Por ello sostiene Rodríguez Olivera que se la puede conceptuar como una excepción material y procesal a la vez.
C. ¿Se puede oponer la excepción de inhabilidad del título por falta de requisitos intrínsecos?
El Decreto Ley 14.701 en el artículo 108, enuncia la excepción de inhabilidad. Se define en el artículo como “la falta de alguno de los requisitos esenciales exigidos por el artículo 3”.
Para algunos, esto implica que sólo se pueden hacer valer requisitos extrínsecos, pues el artículo 3 sólo menciona a estos (nombre del título valor, la fecha, entre otros). Cabe recordar que los requisitos esenciales del título valor, no surgen sólo del artículo 3. Estos se desprenden de distintos artículos que refieren a los títulos valores de contenido dinerario. Por ejemplo, el artículo 120 del Decreto Ley 14.701, que refiere a los vales, y el artículo 55, que refiere a las letras de cambio.
En la Ley 17.228 de ejecución de crédito prendario, el legislador permite oponer la excepción de inhabilidad del título “por falta de los requisitos esenciales para su validez, sólo cuando la inhabilidad surja del propio documento”. Aquí el legislador hace la distinción expresa en cuanto a que los requisitos esenciales que se pueden hacer valer, son sólo los que surgen del documento (los requisitos extrínsecos). En el caso de los títulos valores, el legislador no hace la distinción expresa que realiza en la Ley 17.228. Entonces, cabe preguntarse, ¿puede oponerse como excepción de inhabilidad la falta de cualquier requisito esencial (tal como la incapacidad o un vicio de consentimiento)?
En una sentencia relacionada con la excepción de incapacidad en un juicio ejecutivo cambiario[13], el tribunal hace una interpretación diferente de esta remisión al artículo 3. Entiende que el legislador, al enumerar en el artículo 3 los requisitos esenciales de un título valor, incluye la firma de quien lo crea por una razón específica. Éste supone la capacidad de quién estampa la firma, sin cuya capacidad dicha firma no tendría el poder de obligar al individuo.
¿Puede ser que un documento sea hábil porque tiene todos los requisitos formales, pero haya sido firmado por un incapaz? El tribunal entiende que la capacidad y la validez del consentimiento está “en la base de la creación del documento[14]”. Son requisitos esenciales exigidos para la validez de los actos y contratos. Reconocemos que es difícil concebir que un título firmado por un incapaz pueda ser hábil para triunfar en un proceso ejecutivo cambiario.
Según Garrigues la declaración cambiaria tiene requisitos de forma (solemnidades) y de fondo (como ser suscrito por persona capaz o por su representante[15]).
Ahora bien, ¿se puede aplicar el derecho civil íntegramente al derecho cambiario? Según Garrigues, la doctrina civilista no puede aplicarse aquí en todo su rigor. Se limita la impugnabilidad del documento porque su destino es circular[16]. Esto es, se deben limitar las excepciones admisibles para darle seguridad al tenedor de que podrá cobrar el importe del título valor de cualquier obligado cambiario. Se podrá excepcionar el demandado sólo cuando falte “el mínimo de voluntad indispensable a la declaración cambiaria”.[17]
II. Análisis de la incapacidad como requisito intrínseco de inhabilidad
Garrigues sostiene que las normas de capacidad del Derecho Civil, son “normas de orden público y con tal carácter penetran en el ordenamiento legal cambiario”.[18] Por ello, afirma, la ley de títulos valores (de España) no trata de la capacidad cambiaria.
Sucede algo parecido en nuestro país. La capacidad cambiaria no se regula expresamente por el derecho cambiario, se encuentra sometida a reglas del derecho común. Se rige por normas que regulan la capacidad para contratar del Código Civil (aún cuando el título valor no sea un contrato), dada la remisión del artículo 191 del Código de Comercio. También, se rige por normas especiales del Código de Comercio que amplían el régimen de capacidad para el ejercicio profesional del comercio.
Hay dos “aspectos privativos que regula el derecho cambiario[19]” que analizaremos prontamente, el tema del momento en que debe apreciarse la capacidad cambiaria (artículo 7 Decreto Ley 14.701) y el principio de autonomía de las obligaciones (artículo 8).
A. Bajo qué forma de oposición puede ingresar la incapacidad en el juicio ejecutivo cambiario
Ya vimos como no puede ser viable que haya nacido una obligación si en el momento de la firma el sujeto carecía de voluntad apta para obligarse. Ahora corresponde investigar bajo qué forma de oposición puede ingresar la incapacidad en el juicio ejecutivo cambiario. Se pueden descartar de plano algunas excepciones que evidentemente no se relacionan con la capacidad, tales como la prescripción, la incompetencia, entre otras.
Luego de este primer paso, se debe analizar aquellas que pueden llegar a relacionarse con la capacidad. Por ejemplo, “la falta de legitimación pasiva del demandado” (artículo 108 Decreto Ley 14.701).
Teitelbaum interpreta esta excepción como la incapacidad de actuar en juicio por sí: la legitimación ad procesum. El autor explica que por ello la ley la califica de “procesal”. Considera que no se relaciona con la falta de capacidad sustancial para suscribir títulos valores.
Gorfinkiel[20] maneja la posibilidad de incluir la incapacidad en la falta de legitimación pasiva, pero esta no es una posición apoyada por muchos. Podría también interpretarse la “falta de legitimación pasiva”, como aquella que surge del documento a través de los nombres allí señalados o de los endosos. Sin embargo, esta legitimación no refiere a la capacidad sino a la circunstancia que el demandado no es el deudor que surge del documento (legitimación causal o en la causa).
Puede concluirse que en el elenco de excepciones previstas en el artículo 108, no está prevista la incapacidad del firmante. “No obstante tal omisión, afirma Rodríguez Olivera, la falta de capacidad podrá ser esgrimida como defensa”.[21] La autora llega a tal conclusión armonizando el artículo 108 con el resto del Decreto Ley 14.701 y con principios generales de derecho.
Haciendo un estudio sistemático del Decreto Ley 14.701, vemos como el artículo 8 expresa que “las circunstancias que invalidan la obligación de alguno de los signatarios no afectan a las obligaciones de los demás” (fundamento legal del principio de autonomía de las obligaciones). Estas circunstancias que “invalidan” la obligación son, aplicando principios generales, la incapacidad o una voluntad viciada. Asimismo, el artículo 62 dice, “cuando una letra de cambio lleve firma de personas incapaces de obligarse por letra de cambio... las obligaciones de cualesquiera otros firmantes no dejarán por eso de ser válidas”. En interpretación dada por Messineo[22] al “contraponer a la firma de personas incapaces otras firmas, validando éstas, indirectamente, se dispone la invalidez de aquéllas”. El artículo 16 del Decreto Ley de Cheques, se refiere a “firmas de personas incapaces” y su artículo 33 a la “incapacidad sobreviviente después de la creación del cheque”. Admite la validez del cheque cuya incapacidad sobreviene a la creación y, por tanto, la invalidez en el caso de la incapacidad en el acto de la creación.
Por último, recordemos que el artículo 108 hace mención a los requisitos esenciales del título valor. Estos no son sólo la existencia de la firma (artículo 3) sino también su validez. Debe haber provenido de una voluntad madura y libre. Agregamos, el artículo 20 del Código Civil expresa que se debe tomar en cuenta el contexto de la ley. Éste ilustra el sentido de cada una de sus partes, “de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”.
De los artículos 8 y 62, surge la nulidad de las firmas estampadas por incapaces. Si “la obligación deriva de la firma”. (artículo 7 del Decreto Ley 14.701) resulta evidente que de una firma nula no puede derivar obligación válida. Si el portador reclama por medio del juicio ejecutivo cambiario el pago de una obligación nula, el deudor debe esgrimir esa nulidad en el momento adecuado: los diez días que tiene para oponer excepciones.
Alicia Ferrer y Teresita Rodríguez alegan que podría considerarse a la capacidad como un presupuesto procesal, un requisito necesario para constituir un proceso válido (definición tomada de Véscovi), cuya ausencia podría ser declarada por el juez de oficio. Aunque no creen que deba tomarse la capacidad en cuenta exclusivamente como presupuesto procesal, pues es un elemento sustancial, esencial para la validez del acto cambiario.[23]
Estas autoras opinan que no es necesario hacer una interpretación amplia de la “inhabilidad” para oponer la incapacidad como excepción. Entienden que puede oponerse como excepción la nulidad de la obligación contraída por el incapaz.
Pérez Fontana sostiene lo mismo. Entiende que aunque la ley omitió incluir la incapacidad del obligado como excepción, puede igualmente oponerse la nulidad de la obligación por el deudor incapaz. No sería admisible obligarlo a iniciar un juicio posterior para hacerla valer. Esto es así pues debe protegerse a los incapaces, evitándole juicios que podrían sortearse de admitir la incapacidad como excepción.[24]
Esta última postura transcripta personalmente no me convence, pues el artículo 355.2 CGP dictamina que “serán rechazadas, sin sustanciación, las excepciones inadmisibles.” El artículo 108, de modo similar dice que “no se admitirán mas excepciones que...” Es decir, no podría oponerse la incapacidad como excepción porque no está enumerada como una de las excepciones admisibles. Podría quizás objetarse a lo que recién afirme que las excepciones procesales no previstas[25] se admiten igual por principios procesales pacíficamente admitidos.
¿Debería admitirse la incapacidad como excepción autónoma, por surgir del contexto legal y de principios generales de derecho? Concuerdo con Teitelbaum que al haber tantos puntos discutibles en el tema de admisibilidad, deberían los jueces adoptar un criterio amplio. Este autor entiende que debe admitirse “quizá cualquier tipo de excepción, pues ningún juez puede decir, de manera radical, que esto es inadmisible y esto es admisible, salvo en cuanto al problema de la causa que creo que hay casi unanimidad de que no se puede...”[26]
En realidad, debemos recordar por el principio iura novit curiae que lo que importan son los supuestos de hecho en que se funda el demandado. La errónea calificación jurídica no obliga al juez. El juez le dará a la excepción la denominación que él entienda que corresponde. Incluso puede ser que haya más de una calificación jurídica que corresponda a un determinado supuesto de hecho. Quizás no sea tan importante bajo que calificación jurídica se haga valer la incapacidad, sino que se la haga valer en el momento adecuado. Si se omite su oposición, precluye la oportunidad de hacerla valer.
Casals tiene una postura seductora, aunque no aplicable a nuestro derecho positivo. Pone la hipótesis de un título cuyo firmante fue un incapaz que emitió el título a un tercero de buena fe. La base de la obligación no puede residir en la voluntad del incapaz que es inexistente. Sostiene que la fuente de la obligación reside en la responsabilidad que tiene el firmante incapaz frente a los terceros de buena fe.[27] Este autor hace prevalecer la apariencia cartular sobre las normas de incapacidad. El título es aparentemente válido y está firmado por un sujeto que parece ser capaz. Sostiene por ello que el sujeto es “responsable,” aunque tal responsabilidad no haya surgido voluntariamente. La responsabilidad nace por la apariencia que creó el incapaz con su firma en el título valor.
No creemos que en nuestro ordenamiento jurídico pueda admitirse que un sujeto incapaz devenga responsable involuntariamente por crear una apariencia jurídica. Su voluntad en el derecho no tiene la aptitud de crear ningún efecto jurídico (en especial, la incapacidad absoluta). Los actos de los relativamente incapaces pueden tener algún valor, como veremos seguidamente.
B. Régimen legal de la incapacidad
1. Distinción entre incapaces relativos y absolutos
Debe distinguirse según la firma provenga de un incapaz absoluto o relativo. Los incapaces absolutos son los impúberes, los dementes y sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o por lenguaje de señas (artículo 1279 Código Civil). Los incapaces relativos son los menores púberes, los varones de 14 años y las mujeres mayores de 12 años, hasta su mayoría de edad (18 años).
a. Situación del incapaz que no actuó con dolo o mala fe
La nulidad absoluta, a diferencia de la nulidad relativa, puede y debe ser declarada por el Juez de oficio cuando aparezca de manifiesto (artículo 1561 Código Civil.) La nulidad relativa sólo puede ser alegada por los “individuos en cuyo beneficio la han establecido las leyes (artículo 1562 Código Civil). Es decir, por el representante del incapaz relativo o por éste una vez adquirida la capacidad. Si no pide la anulación, se subsana la nulidad en el plazo de 4 años contados desde el día en que haya terminado la incapacidad. Puede subsanarse también por la ratificación de las partes (artículo 1568 y 1562 Código Civil). Un incapaz relativo que libre un título valor, una vez que llegue a la mayoría de edad, puede ratificar el título valor. En ese caso, si el tenedor le reclama su pago mediante un juicio ejecutivo cambiario, ya no podrá alegar su incapacidad al momento del libramiento. Esto es así porque ratificó aquel acto realizado en estado de incapacidad. Si lo ratificó, se tiene que atener al régimen cambiario.
Puede suceder también que un sujeto que libre el título valor en estado de incapacidad relativa, haya adquirido la capacidad hace ya más de 4 años. Si el tenedor le viene a reclamar el pago, no podrá alegar su incapacidad relativa al momento de libramiento. El transcurso del tiempo ha subsanado aquella nulidad. Debería haber alegado la nulidad. Debe ahora atenerse a las consecuencias de su imprevisión.
La ratificación necesaria para subsanar la nulidad puede ser expresa o tácita. La ratificación tácita consiste en la “ejecución voluntaria de la obligación” (artículo 1570 Código Civil). El sujeto incapaz relativo puede pagar voluntariamente la obligación por medio de su representante legal. No podrá luego exigir la devolución de lo pagado alegando su incapacidad, pues hubo ratificación tácita de la obligación. Se subsanó aquella nulidad.
b. Incapaz que actuó con dolo o mala fe
Ahora bien, es claro que se debe proteger al incapaz que firmó “de buena fe”, pero ¿debe protegerse al incapaz que actúa con dolo o culpa? Este sujeto creó una apariencia de capacidad para engañar al sujeto tenedor. A primera vista, parece correcta la posición de Casals. Este autor afirma que no es necesario proteger al incapaz pues éste ha demostrado tener suficiente madurez en su voluntad. Debe primar el principio de la apariencia. [28] Algunos entienden que el incapaz podría ser responsabilizado por daño, pero que no podría subsistir la obligación cambiaria.[29]
¿Ofrecen alguna solución los textos normativos? Los textos legales dan soluciones diversas al caso planteado. El artículo 30 del Código de Comercio dispone que “son nulos para todos los contrayentes los contratos mercantiles celebrados por personas notoriamente incapaces para comerciar.”Sin embargo, “si la incapacidad no fuese notoria, el contrayente que la oculta queda obligado, pero no adquiere derecho para compeler al otro al cumplimento de las obligaciones que éste contrajere”.
Según la posición de Rodríguez Olivera, este artículo 30 podría entenderse derogado parcialmente por el Código Civil. También podría decirse, según la autora, que es una “excepción válida al régimen del Código Civil, excepción admitida por el Código de Comercio en el artículo 191”.[30]
El artículo 1563 del Código Civil tiene otra solución. Expresa que, “si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegarla nulidad”.
Se tienen que armonizar estas dos disposiciones con el régimen cambiario. Si se aplica la norma del Código de Comercio, se exige simplemente que el sujeto incapaz haya ocultado la incapacidad. No se exige que haya habido maquinaciones insidiosas (dolo). Si el sujeto ocultó su incapacidad, y ésta no es notoria (con las dificultades que resultan en determinar la notoriedad de una incapacidad), debe pagar el título valor. La norma dice que “queda obligado.” Pero como en el caso del título valor el sujeto se obligó por una declaración unilateral de voluntad, no hay un contrayente con obligaciones recíprocas. No puede entonces aplicarse la sanción que resulta de la parte final del artículo 30. El juez podría aplicar la sanción del artículo 30 si el acreedor persigue su crédito por la acción causal. Si la relación subyacente es un contrato con obligaciones recíprocas, se podría aplicar la sanción del artículo 30 al deudor incapaz (si se dan los elementos que exige el artículo en la relación subyacente).
Quizás podría sostenerse que el incapaz que paga el importe del título valor, no puede ejercer las acciones cambiarias de reembolso (si las hay) contra los otros obligados cambiarios. Sin embargo, tal sanción no surge de la letra de ley y no cabe la analogía al aplicar sanciones. Por lo tanto, el sujeto sería sancionado con la imposibilidad de alegar la nulidad como excepción en el juicio ejecutivo cambiario (si la ocultó). La norma proscribe que “queda obligado”.
La norma del Código Civil exige algo más que “la simple aserción de mayor edad o de no existir la causa de incapacidad” (artículo 1563 Código Civil), exige el “dolo.” Se puede definir el dolo como maquinaciones, estrategas para inducir al otro al engaño. Si hubo dolo, las consecuencias son en últimos términos las mismas que en el caso del artículo 30 del Código de Comercio. El sujeto no podrá alegar la nulidad, deberá cumplir con la obligación. Es significativo resaltar que el artículo 1563 del Código Civil dispone que puede haber habido dolo para inducir “al acto o contrato,” un argumento de texto para que resulte aplicable a los títulos valores. Éstos son actos jurídicos unilaterales en contraposición a los contratos (actos jurídicos bilaterales).
Según Casals,[31] la discusión sobre la existencia del dolo del incapaz es más apropiada para el juicio ordinario posterior. El juicio ejecutivo cambiario tiene una estructura demasiado abreviada que no permite tales diferendos. Pero en tal caso se estaría favoreciendo al incapaz de mala fe en detrimento del acreedor de buena fe. Éste para ver cobrado su importe debería iniciar un juicio ordinario posterior, con la carga de tiempo, esfuerzos y dinero que esto conlleva.
El artículo 356 del Código General del Proceso prevé la contestación de excepciones y el artículo 357 la audiencia que corresponde llevar a cabo si se oponen excepciones admisibles. La estructura del monitorio en nuestro derecho permite que el acreedor se oponga a la excepción de incapacidad (opuesta por el deudor), alegando el dolo del incapaz. Si se entiende que es admisible oponer la incapacidad, se debe también admitir la contestación a la excepción. Se respeta así el derecho a deducir defensa del acreedor.
2. ¿En qué momento debe apreciarse la capacidad del suscriptor?
Si convenimos en que se puede oponer la incapacidad como excepción, ¿en qué momento debe apreciarse la capacidad del suscriptor? Debemos distinguir entre la capacidad cambiaria activa y la capacidad cambiaria pasiva, para poder resolver este punto. Un sujeto incapaz puede adquirir válidamente un título valor, siempre que tal adquisición no implique la asunción de una obligación. La capacidad cambiaria pasiva es la capacidad que se necesita para asumir una obligación cambiaria.
En nuestro derecho, la obligación cartular nace con la firma del creador (artículo 7 Decreto Ley 14.701). Por ello, el momento en que la letra es suscrita es el decisivo para calificar la capacidad. Una posición interesante es la de Valeri,[32] éste sostiene que el negocio cambiario es perfecto con la firma del creador. Para ser “eficaz” exige tomar en cuenta la capacidad al momento de la emisión. “Por ello, existe incapacidad cambiaria frente a cualquier poseedor si el suscriptor, capaz en el momento de la creación, es después incapaz en el momento de la emisión”.[33]
Mossa sostiene que el título valor, “creado en estado de capacidad, no pierde su carácter y su eficacia porque al tiempo de entrar el título en circulación, sobrevenga la incapacidad”.[34] Esta posición de Mossa es más compatible con nuestro derecho positivo. Si una persona incapaz firma y se obliga, su obligación será nula. No se valida porque se capacite durante la circulación del título, salvo que sea un incapaz relativo y ratifique su obligación al llegar a la mayoría de edad.
3. ¿Puede oponerse la excepción de incapacidad frente a terceros de buena fe que confiaron en las declaraciones “aparentemente” válidas del título?
Debe recordarse que la incapacidad puede clasificarse, según Vivante[35], como una excepción objetiva (in rem.) Esta es la excepción que puede invocarse por el deudor ejecutado respecto a cualquier acreedor. La ley no distingue entre terceros de buena y de mala fe. Por lo tanto, podría oponerse respecto a cualquier acreedor, aún uno de buena fe.
Debido al principio de la autonomía de la obligación, se podría oponer la excepción sólo por el obligado cambiario (o por su representante) que firmó el título siendo incapaz. Recordemos que “las circunstancias que invalidan la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectarán a las obligaciones de los demás” (artículo 8 Decreto Ley 14.701). Es por ello, mirado desde la perspectiva del deudor cambiario, una excepción relativa. Debido a esta circunstancia, Garrigues afirma que aunque la incapacidad priva de efecto jurídico a la firma frente a cualquier poseedor, “no deja por eso de cumplir una función formal, pues sirve de base a otras declaraciones cambiarias válidas”.[36] Para que pueda servir de base a otras declaraciones cambiarias, debe de haber una letra formalmente existente. Debe de existir una firma, aún cuando ésta no sea “materialmente válida y eficaz”.[37] La incapacidad de uno de los firmantes no repercute sobre las obligaciones asumidas por los demás firmantes que sean capaces. El título valor sigue siendo válido y eficaz respecto de todos los firmantes capaces. No tendrá estos caracteres exclusivamente respecto al afectado por la incapacidad.
C. Jurisprudencia con respecto al tema
La autora Bugallo señala que hay una cierta tendencia a la aceptación de causales de inhabilidad que refieren a la falta de elementos esenciales de las obligaciones, como la capacidad.[38] Advierte, sin embargo, que no ha tenido la misma admisión el fundamento de la excepción de inhabilidad del título referido a otros requisitos de las obligaciones, como el caso de los vicios del consentimiento.
Así, cita el caso de una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo civil[39], donde la excepción de incapacidad del librador se reputa “comprendida dentro del amplio espectro que supone la defensa de inhabilidad del título, teniendo en cuenta especialmente la referencia del Art. 62 del decreto ley 14.701 a la invalidez de la letra por incapacidad del firmante”. Este argumento ya lo analizamos. Se admite la defensa basada en la excepción de incapacidad, no obstante su imprevisión en el artículo 108, porque está prevista en otra parte del cuerpo legal.
Se planteó un caso interesante en el cual la demandada en el juicio ejecutivo cambiaria, fue declarada incapaz con posterioridad a la firma del documento[40]. ¿Puede oponerse en este caso la excepción de incapacidad? El tribunal entendió que había que aplicar las normas del Código Civil, concretamente el artículo 439. Éste dice que los actos anteriores a la interdicción, pueden ser “anulados, cuando la causa de la interdicción existía públicamente en la época en que esos actos fueron hechos”. En el juicio citado se probó que la demandada, al momento de suscribir el documento, estaba pasando por un “proceso de menoscabo de las aptitudes mentales”. Tan sólo un mes y poco luego de la firma del documento, se constata su incapacidad por un dictamen técnico. La demandada suscribió el documento en el mismo estado de incapacidad que luego motivó la declaración judicial. Debemos recordar a Gamarra[41] cuando dice que el principio general es la nulidad absoluta de los actos realizados por los absolutamente incapaces, declarados tales o no. Si se prueba la incapacidad en la época de suscripción del título valor, este acto será absolutamente nulo a su respecto. El tribunal concluye que como la firma fue estampada por una persona incapaz de obligarse válidamente, no puede tener valor de consentimiento válido.
III. El vicio de consentimiento como requisito intrínseco de inhabilidad
A. Distintas posiciones doctrinarias acerca de su admisión como requisito intrínseco de habilidad
Según Teitelbaum[42], es éste quizás el problema más delicado en materia de excepciones. Esto se debe, primero, a la falta de bibliografía nacional sobre el tema. Nosotros nos basamos, en su mayor parte, en autores extranjeros. También, porque se enfrentan aquí los principios del derecho de fondo comercial y civil con la seguridad del tráfico cambiario y la apariencia jurídica. En puridad, no existe un consentimiento en los títulos valores (éste es un elemento de los contratos). La obligación nace de la voluntad unilateral del firmante. Por ello, algunos hacen referencia a los “vicios de la voluntad”.[43] Pero, como dice Casals, en cualquier declaración de voluntad creadora de obligaciones puede aparecer algún vicio del consentimiento. Éstos no son exclusivos de los contratos.[44]
Vamos a proceder a hacer un estudio del régimen que rige los vicios de la voluntad en la declaración cambiaria de los títulos valores. El régimen difiere del que rige a las declaraciones de voluntad en los contratos.
Debemos preguntarnos, ¿qué justifica este tratamiento diverso de la declaración cambiaria? Para muchos, el hecho que los títulos valores se crean por un librador a favor de una persona determinada, pero luego circulan a través de diversas personas. Estas personas confían en la “seriedad y validez de las declaraciones que contiene”[45] Las firmas implican responsabilidades que asumen los firmantes (artículo 105 Decreto Ley 14.701).
Para proteger a estos terceros adquirentes de buena fe del título cambiario, se limita la oponibilidad de excepciones fundadas en vicios de la voluntad. Si se permitiera a los deudores esgrimir cualquier tipo de excepción de este tipo frente a cualquier tenedor, sería muy difícil que se aceptasen en el mercado los títulos valores. Esto es así porque no ofrecerían seguridad alguna en el pago.
En el tema de vicios de consentimiento, se encuentran muy diversas doctrinas. Algunas no admiten este tipo de excepcionamiento. Otras lo admiten pero en ciertas circunstancias, distinguiendo según de qué vicio se trate. Antes de iniciar el análisis de las principales doctrinas, cabe recordar que se van a analizar los vicios de la voluntad de la declaración del negocio cambiario. Carecen de relevancia para el estudio que vamos a realizar los vicios que puedan afectar al negocio jurídico causal.
Rodríguez Olivera reafirma esta idea con un ejemplo; Una persona compró un automóvil usado, paga el precio en parte al contado y un saldo con un vale. Al día siguiente, constata que el motor está totalmente fundido. No podría invocar el vicio porque éste no se produjo al firmar el vale, sino que afectó la relación fundamental.[46]
Como consecuencia de la abstracción (artículo 108 Decreto Ley 14.701), se debe deslindar el análisis de ambos negocios jurídicos. Cada negocio jurídico es independiente respecto del otro. El artículo 108 del Decreto Ley prohíbe oponer excepciones que tengan que ver con relaciones personales entre el actor y el demandado (fuera de las enunciadas en el primer inciso). Por supuesto que luego el demandado podrá iniciar un juicio ordinario posterior, fundándose en la relación subyacente. Allí podrá invocar el vicio de consentimiento para obtener la devolución de lo pagado.
La abstracción condujo precisamente a lo que señala Gorfinkiel,” solve et repete- pague primero y discuta después”.[47] Aunque haya vicios de la voluntad en la declaración cambiaria y en el negocio jurídico causal, esta circunstancia no autoriza la confusión de las relaciones jurídicas. Vivante y Garrigues sostienen que el título valor permanece ligado al convenio causal cuando no ha salido de poder de quienes lo crearon. El título valor sería una expresión, una continuación de aquel negocio causal. Para éstos, podrían confundirse las relaciones si el título valor no circuló entre terceros. Esta posición no tiene asidero legal en nuestro derecho.
El autor Mossa tiene una posición muy particular. Se funda en el hecho que en los títulos valores no existe una verdadera declaración de voluntad sino una ´simple voluntad de obrar´. Las consecuencias de su posición las desarrolla Garrigues[48]. Sólo se anulará la declaración si el vicio afecta la misma voluntad de obrar, la voluntad de firmar la letra. Sería el caso de un error obstativo. Si existe voluntad de firmar la letra no se puede anular, aunque esa voluntad se haya determinado con engaño (dolo). En el mismo orden de ideas, si hubo “error” no influye porque no importa el contenido de la voluntad, sino la voluntad de firmar la letra.
En el otro extremo, están aquellos que entienden que la declaración cambiaria es una declaración de voluntad que se rige por un régimen particular en el tema de los vicios de la voluntad. Ese régimen es particular debido a su vocación de circulación. Se protege de esta manera a los terceros adquirentes de buena fe.
Haremos a continuación un análisis de los distintos vicios de la voluntad regulados en nuestro derecho positivo. El Código de Comercio no los regula expresamente, pero hace una remisión en el artículo 191 a las normas del derecho civil sobre los “requisitos de los contratos”. Por ello analizaremos las normas del Código Civil, además de unas pocas de los decretos leyes mencionadas. Buscaremos lograr una debida coherencia entre ellas, que se adecue a los principios que rigen la ejecución cambiaria.
B. Los vicios
a. La violencia física
La violencia física, según el artículo 1272 del Código Civil, existe “cuando para producir el contrato, se empleare una fuerza física irresistible”. Por ejemplo, si se fuerza la firma de un titulo valor, cogiendo al agente de la mano, o en estado hipnótico. En este caso, falta la voluntad cambiaria del sujeto obligado. El agresor le impone su voluntad y, al hacer esto, suprime la voluntad del suscriptor.[49] Una gran parte de los autores, tales como Garrigues y Vivante, expresan que en este caso de “violencia absoluta”[50] se puede hablar de inexistencia de la declaración cambiaria. Ésta se podría oponerse frente a cualquier tenedor. En posición discorde con la recién citada se encuentra Cámara, quien no cree que la violencia pueda oponerse frente al portador de buena fe, aún cuando sea una violencia absoluta.[51]
Demás está decir que no puede oponerse la violencia absoluta si sólo afecta la relación jurídica subyacente, pues en ese caso hubo voluntad de firmar el título valor. Nuestra ley no ofrece ninguna solución expresa.
b. La violencia moral
La violencia moral está definida en nuestro Código Civil en su artículo 1272. Existe cuando “se inspire a unos de los contrayentes el temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o de su cónyuge, descendientes o ascendientes legítimos o ilegítimos”. Ese temor determina a uno a emitir una declaración de voluntad. Tiene que haber un nexo causal entre la intimidación y el consentimiento.
Hay un viejo principio emanado del Derecho romano según el cual “el intimidado ha querido”.[52] Es decir, el sujeto que emitió la declaración de voluntad debido a la intimidación, aún cuando fue coaccionado, igualmente quiso emitir esa voluntad. En este caso, a diferencia del recién analizado, existe una voluntad cambiaria (aunque viciada).
En el ámbito cambiario, la buena fe “suspende la aplicabilidad de la anulación”.[53] El suscriptor cuya voluntad fue viciosamente determinada, debe de responder frente al tercero de buena fe por la apariencia creada.
El artículo 36 numeral 4to. del Decreto Ley de Cheques prevé este vicio expresamente. Autoriza al librador a impedir el pago del cheque por el Banco, notificando a éste que no pague un cheque cuando medió violencia al librarlo. El Banco luego no pagará el cheque, estampando la constancia respectiva. El cheque, señala Rodríguez Olivera, es de todos modos un título ejecutivo.
Ahora bien, la norma no explicita si el librador puede en el juicio ejecutivo cambiario, alegar el vicio a quien pretende cobrarle el cheque en juicio. Según la autora recién citada, “si en tal caso de violencia el librador puede dar orden al Banco de que no se pague el cheque, podría también alegarla frente a quien pretende cobrarlo en juicio”.[54]
2. El error como vicio de consentimiento
a. Error obstativo
No es unánimemente aceptado que se pueda oponer este vicio en el juicio ejecutivo cambiario. Tampoco coincide la doctrina en cuanto a qué tipo de error que puede anular la declaración cambiaria.
En la posición de Teitelbaum, como no caben excepciones fundadas en la causa en el juicio ejecutivo cambiario, no se puede oponer el error. Para este autor, quien invoca el error se está refiriendo necesariamente a una relación extra cambiaria. También sostiene que “en todo error existe un margen de culpa o negligencia del firmante del título valor”.[55]
Esta posición es rebatida por Rodríguez Olivera, para quien el error puede configurar una causal de nulidad del título valor. La nulidad no se configura ante cualquier tipo de error, sino sólo ante el error obstativo. Este error obsta a una adecuada formación de la voluntad.
El error obstativo es explicado por Messineo, como el caso más trascendental de discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Aquí, el declarante expresa una voluntad distinta a la que tenía en realidad. Pone el ejemplo de un sujeto que “habla de enfiteusis cuando quiere decir arrendamiento”. Se pone de manifiesto una voluntad diferente que en la realidad no existe. En el caso del derecho cambiario, sería “el caso de un agente que firma una letra en la convicción de suscribir un cheque, o un recibo”.[56] El firmante crea una apariencia de algo que nunca quiso, la declaración no se corresponde en nada a la voluntad interna del agente.
En estos casos, Casals opina que debe prevalecer la voluntad real sobre el contenido formal de la declaración, salvo el caso que no pueda ponerse de manifiesto la verdadera voluntad interna, en cuyo caso será nulo. Es un error que puede oponerse frente a cualquier portador, porque falta Recordemos que voluntad unilateral es la fuente de la obligación cambiaria. Si el sujeto actuó sin la voluntad de asumir una obligación cambiaria, no puede haber nacido ésta.
Casals señala que resulta difícil concebir que se pueda emitir una declaración cambiaria, con todos sus requisitos formales, sin un mínimo de volición. Parece con esta afirmación sostener que no podría existir un error obstativo en las obligaciones cambiarias. Pero luego al tratar el tema de “error obstativo” da por supuesto que sí podría darse este tipo de error en el ámbito cambiario.
b. El error vicio
En este tipo de error, la equivocación induce al sujeto a querer el acto con un contenido distinto del que hubiere querido sin la falta del debido conocimiento. Hay una gama de posiciones doctrinarias con respecto a este tema.
En un extremo Mossa expresa, de manera coherente con su teoría cambiaria, que el error vicio no tiene la aptitud de anular el titulo valor. Lo esencial para el autor no es el contenido de la voluntad, sino la voluntad de querer firmar un título valor[57]. Rodríguez Olivera sostiene que “el error en alguna mención del título valor, no afecta la validez de la obligación cambiaria, puesto que el suscriptor consintió en firmar el título valor y se obliga por lo tanto de acuerdo a los términos literales del título, aunque se haya equivocado[58]”. No podría el deudor impugnar el título por divergencia entre el acto y su voluntad interna.
Otras teorías resuelven el problema de manera diferente. Para éstas el error no puede invocarse en el derecho cambiario, salvo que el adquirente esté de mala fe. Por ejemplo, aquel que provocó el error o que conocía éste. Gonsalves[59] desarrolla la “teoría del riesgo”. Esta teoría sostiene que en el derecho cambiario, el que crea el título valor crea una apariencia jurídica y debe entonces soportar las consecuencias de sus errores. Se protege así el tráfico de los títulos valores. Vivante, entre otros, sostiene la teoría de la declaración. Según esta posición, el título vale por su tenor literal, no por la voluntad interna.
En este tipo de error el sujeto quiere obligarse, pero no quiere obligarse por la suma indicada en el título valor o por un vencimiento diferente al estipulado. El error influye en la formación de la voluntad, llevando al sujeto a querer el acto con un contenido distinto al que tendría de no haber mediado la equivocación. La firma y la consecuente asunción de la obligación, es querida.
La casi unanimidad de la doctrina entiende que el principio general es que el error vicio no puede oponerse en el juicio ejecutivo cambiario como excepción frente a terceros. Esto admite una excepción que más adelante veremos. Casals funda esta conclusión en su concepción de “responsabilidad” del obligado. El sujeto al firmar el título, con determinado contenido, creó una apariencia frente a terceros. Ahora debe responder por la apariencia que creó. Por ello no puede excepcionarse haciendo primar la voluntad verdadera (querida) sobre la voluntad declarada.[60]
Dijimos que el principio general era la inoponibilidad del error vicio como forma de protección a los terceros de buena fe. Este principio cede cuando falla la buena fe del tercero, pues deja de tener sentido la protección.[61] El error vicio se puede oponer en el juicio ejecutivo cambiario, como una hipótesis de inhabilidad del título, a los tenedores de mala fe. Es interesante la posición de Casals en cuanto a que en este caso no se aplica la regla de inoponibilidad del error vicio, que rige de manera excepcional en el ámbito cambiario. Como su aplicación no tiene más razón de ser, se regresa a la norma civil.[62]
c. La buena o mala fe del tenedor
Antes de proseguir, es necesario ahondar en el análisis del concepto de la buena fe. La buena fe, en el tema de vicios de la voluntad cambiaria, es según Garrigues “el factor decisivo”.[63] La casi unanimidad de la doctrina jurídica mercantilista sostiene que la buena fe del tercero tenedor impide que a éste se le oponga la excepción cambiaria basada en un vicio de la voluntad. En el caso concreto que estamos analizando, sólo si el tenedor es de mala fe puede el deudor excepcionarse en el juicio ejecutivo cambiario por su voluntad viciada. La buena fe es un concepto elástico[64], impreciso, cuya aplicación varía según quién sea su interprete. Por ello sentimos necesario precisar su contenido en esta particular área del derecho.
La buena fe, definida en un sentido positivo, es la honradez. En un sentido negativo, es el concepto opuesto al de dolo.[65] El tercero de buena fe confía en la apariencia del título cambiaria e ignora la discordancia entre aquella apariencia con la realidad. Es decir, el tenedor de buena fe desconoce que existe un vicio de la voluntad que vicia la declaración cambiaria.[66] El conocimiento es definido por Casals como un requisito de extraordinario importancia. Si el tercero conoce de la existencia de un vicio de la voluntad en la emisión de la declaración cambiaria, procede la excepción frente a él.[67] Entendemos que si el deudor quiere hacer valer el vicio de la voluntad, alegando la mala fe del tenedor, debe probar esa mala fe. El principio es que el tenedor es de buena fe.
Hemos visto por ahora el concepto doctrinario de la buena fe, resta por ver su consagración legal. La buena fe está consagrado en el Decreto Ley 14.701. Esto es así porque “las estructuras legales no se han hecho para la tutela de quienes actúan dolosamente en los negocios”.[68] El principio está consagrado en los artículos 61 y 67 del Decreto ley 14.701. Más allá de esta consagración legal, en ningún texto legal se consagran de manera general las conclusiones a las que llega la doctrina acerca de los efectos que tiene la buena fe del portador. Por esta falta de consagración legal expresa, Ferrara[69] rechaza el criterio de la buena o mala fe del poseedor. Garrigues refuta esto, señalando que la solución que toma en cuenta la buena o mala fe del poseedor se funda en principios generales del Derecho de obligaciones.[70]
¿Cuándo debe existir la buena fe del tenedor? Según Casals, ésta debe existir en el momento de adquirir la letra por el tenedor. Si luego por cualquier modo se entera posteriormente de la existencia del vicio de la voluntad, igual se verá protegido.[71] Vemos como la doctrina elige, entre el sujeto cuya voluntad fue viciada y el tercero que adquiere la letra viciada de buena fe, proteger al tercero. Aun “en sacrificio de la víctima que ha suscrito una declaración viciada”.[72] Cámara afirma que “es más justo” que sufra el perjuicio aquel a quien le arrebataron la firma.[73]
A primera vista, parece injusto no ofrecer ninguna protección a la victima de un vicio de la voluntad. Recordemos que la victima tiene la carga de poner en conocimiento del público que la declaración cambiaria fue obtenida por un consentimiento viciado. De esta manera, los terceros no se dejaran llevar por la apariencia del título. Si la víctima avisa, podría entenderse que la advertencia al público obsta a la adquisición de la buena fe de los terceros. Estos tuvieron la posibilidad de conocer el vicio que invalidaba la declaración. Por supuesto que la omisión del aviso al público, no impide al deudor excepcionarse frente a un tenedor de mala fe.
Si la víctima no avisa del vicio, parece que tácitamente está ratificando el vicio. Pudiendo dar aviso al público, no lo hace. Pierde entonces toda posibilidad de excepcionarse por una nulidad que ella misma ocultó al callarse.[74] Se nos ocurre que quizás faltaría por analizar los casos en que la víctima no está en condiciones de dar aviso al público. Por ejemplo, en los casos de intimidación moral, donde puede temer repercusiones si hace un aviso público de quién la intimidó.
La buena o mala fe del tenedor es diferente a la relación que pueda tener el tenedor con el suscriptor, podría pensarse en un tomador inmediato que ignore los vicios de voluntad del suscriptor. Garrigues igualmente concluye que esto no seria la situación más común. El tomador inmediato suele ser el causante del dolo, de la violencia, o conocedor del error.[75]
a. El dolo como vicio de la voluntad
Aquel que con “palabras, o maquinaciones insidiosas induce al otro a celebrar un contrato, que en otro caso no hubiera otorgado” (Código Civil artículo 1275), ha determinado dolosamente la voluntad de su contraparte. Nuestro objeto de estudio se limita a analizar los efectos de este vicio en el área cambiaria. El suscriptor cuya voluntad fue dolosamente determinada, comete un error producto de la astucia, la maquinación y el artificio empleados por el tenedor. Al tenedor lo beneficia la operación. Tiene que haber una conexión de causa a efecto, entre el fraude y la efectiva emisión de la declaración.[76] Estamos analizando el dolo que, como dice nuestro Código Civil, “haya dado causa al contrato” (en nuestro caso, a la emisión del título valor). El dolo incidente no vicia el contrato.[77] Tiene que haber una conexión de causa a efecto, entre el fraude y la efectiva emisión de la declaración.[78]
¿Puede decirse que en este caso exista la mínima voluntad necesaria para hacer que nazca la obligación cambiaria? Según Garrigues, en este caso, la voluntad internamente existe aunque se haya determinado viciosamente. Entonces, ¿puede la víctima del vicio alegar el dolo? Casals señala que existe un principio sentado por la doctrina que soluciona esta interrogante, “el dolo es oponible a su autor y al poseedor tercero que, en conociéndolo, quiere aprovecharse de él”. Vemos como es lo mismo que hemos expresado con respecto a la mayoría de los vicios analizados.
b. Proceder doloso en perjuicio del deudor
Esto no está previsto en nuestras leyes cambiarias, es un concepto que maneja Casals. Se encuentra regulado en la Ley Uniforme de Ginebra en su artículo 17. Casals afirma que existe un proceder doloso cuando el tenedor al adquirir la letra, lo hace con la sola intención de hacer nacer la abstracción de la obligación cambiaria. De esta forma, hace “ineficaz las causas de excepción que hubiera podido alegar el deudor, frente al poseedor anterior”. Por ejemplo, el autor pone el caso que el endosante y el endosatario se pusieren de acuerdo en simular un endoso. Luego, del endoso, el deudor se ve privado de la posibilidad de alegar excepciones al endosatario, que podría haber opuesto al endosante. Se lo perjudica al deudor intencionalmente.
Creo que más que un caso donde juega el principio de abstracción, juega el principio de autonomía del derecho de los títulos valores (Artículo 1 Decreto Ley 14.701). Este principio significa que el poseedor, y cada poseedor sucesivo, tiene un “derecho propio, nuevo, originario y, por lo tanto, no le son oponibles las excepciones o defensas que el deudor podría invocar frente a los anteriores tenedores del título”,[79] La abstracción refiere a otro aspecto. Este es un principio de los títulos valores de contenido dinerario que implica que cuando se crea un título valor, éste se independiza de la relación fundamental. Por ello en el juicio ejecutivo cambiario el deudor no puede excepcionarse fundándose en las “relaciones personales”, como lo es el negocio causal que motivó la creación o transmisión del título valor.
Existe un proceder doloso cundo se vinculan dos poseedores sucesivos para que el deudor no pueda oponer al actual adquirente (o simulado adquirente) las excepciones que podría haber opuesto al poseedor anterior. Entendemos que si hubo simulación, si no hubo una verdadera transmisión de la propiedad, quizás podría excepcionarse el deudor alegando la falta de legitimación sustancial del acreedor (pues el verdadero acreedor del título no es éste, sino el poseedor original). Sería difícil probar la simulación pues para el deudor sería muy difícil enterarse de la confabulación que tuvo lugar entre los dos adquirentes.
El artículo 17 de la Ley Uniforma de Ginebra establece:
“Las personas demandadas en virtud de la letra de cambio no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el librador o con los tenedores anteriores, a no ser que el tenedor, al adquirir la letra, haya procedido a sabiendas en perjuicio del deudor”[80].
Según Teitelbuam “la norma citada consagra la autonomía del derecho con una limitación”.[81] El portador de mala fe que procedió a sabiendas en perjuicio del deudor, no puede ampararse en el principio de autonomía del derecho. Éste se estableció únicamente para proteger a los terceros de buena fe. Al portador que actuó dolosamente, con mala fe, se le van a poder oponer excepciones fundadas en relaciones personales con tenedores anteriores.
Hemos visto la excepción de inhabilidad, en su sentido amplio, que se concreta en la incapacidad y los vicios de consentimiento. Se ha puesto en duda la oportunidad de su inclusión en el artículo 108, arguyendo que su vaguedad determina que excepciones no admitidas expresamente en el artículo, se hagan valer por este medio.
Ya mencionamos que Teitelbaum afirma que las excepciones que plantean dudas, tales como la capacidad y los vicios de consentimiento, deberían admitirse por el juez. Afirma que en esos casos, “un juez no puede decir así, de manera radical, que esto es inadmisible y esta admisible”.[82] Debe sustanciar aquellas excepciones que ofrecen dudas. El rechazo de la excepción por el juez es siempre, pues así lo dictamina el CGP, un rechazo liminar, sin sustanciación. Con el rechazo de la excepción inadmisible, queda consentida la sentencia inicial debido a la falta de oposición. Ante la duda, entonces, se debe sustanciar la excepción. En la audiencia se le da la oportunidad al deudor para probar que tiene la razón. El juez al finalizar la audiencia puede rechazarla si considera que no tiene la fuerza para destruir la presunción. Al haber duda sobre la excepción, prima el principio general de derecho procesal de defensa. Se le permite al deudor probar la excepción en una audiencia.
Langle restringe enormemente los casos en que procede el deudor a excepcionarse debido a un vicio de consentimiento. Sólo le reconoce eficacia cuando falta enteramente una voluntad de obrar (por ejemplo, el caso ya visto de violencia absoluta) o cuando el tenedor actuó con culpa o dolo.[83] Se plantea una interrogante necesaria, que consideramos interesante plantear en nuestras últimas reflexiones sobre el tema. Su pregunta es la siguiente: ¿Por qué no procede en la mayoría de los casos la excepción de dolo, error o violencia, y sí la de incapacidad?[84] Ya vimos como la incapacidad puede oponerse por el incapaz, frente a cualquier tenedor (sin importar su buena o mala fe). En el caso de los vicios, aunque la ley no lo expresa de manera tajante, la doctrina entiende que sólo puede oponerse la excepción ante terceros de mala fe. La única excepción es la violencia física, que, para la mayoría de los autores, podría oponerse frente a todos los tenedores.
El autor explica que la capacidad se basa en principios de orden público de defensa del incapaz. Por ello, se puede oponer frente a cualquier tenedor. En el caso de los vicios hay un conflicto entre intereses privados (pues el sujeto se obligó sin quererlo) e intereses públicos (los poseedores de buena fe que confían en la apariencia cambiaria). Afirma, luego, que es “natural que el interés público prime sobre el privado”.[85]
Recordemos que en la opinión de Rodríguez Olivera, el fin de la limitación de excepciones es dar mayor agilidad, vigor al título cambiario. Se impide, de esta manera, que en el juicio ejecutivo cambiario el deudor oponga excepciones que tengan que ver con la relación fundamental. Pero tal limitación de excepciones no puede interpretarse en el sentido de impedir la posibilidad de invocar la nulidad de la obligación, ya sea por la incapacidad o por la falta de voluntad.[86]
¿Se logra realmente una mayor agilidad con nuestro sistema de excepciones limitadas? Teitelbaum cree que no se logra ahuyentar al deudor de mala fe con el rechazo liminar de la excepción inadmisible. Sostiene que al deudor de mala fe, “le basta con poner una excepción admisible, aunque carezca totalmente de fundamento”.[87] Es decir, puede oponer una excepción admisible e intentar probarla por todos los medios de prueba. No se le exige que presente prueba documental cuando alega la excepción.
Marabotto en posición discorde, sostiene que la solución es la adecuada y le da al juicio ejecutivo cambiario la rapidez que debe tener (y antes no tenía).[88] Afirma que cuando hay excepciones admisibles se realiza, luego, una audiencia. En ésta la maniobra quedaría al descubierto puesto que, “es más fácil escribir que exponer delante del juez un planteamiento que configure una chicana”.[89] Es una posición compartible, aunque debería hacerse un estudio de la jurisprudencia para analizar si funciona en la práctica el sistema de limitación de excepciones. Habría que investigar si los deudores de mala fe realmente oponen excepciones admisibles para retardar el proceso, sin poseer ninguna prueba contundente que apoye su alegación. Esto podría ser el objeto de una futura investigación.
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[1] GORFINKIEL, Abstracción-Excepciones Causales, in: MERLINSKI; ARAMBEL; HOLZ y otros, Títulos Valores: Problemática Vigente, página 70.
[2] VALENTÍN, La nueva regulación del proceso de ejecución de crédito prendario, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, página 621.
[3] VALENTÍN, id. ibid.
[4] TEITELBAUM, Juicio ejecutivo cambiario, página 98.
[5] RODRIGUEZ OLIVERA, Acciones y excepciones cambiarias, página 77.
[6] TEITELBAUM, op. cit., página 110.
[7] DIAZ FUNES, La excepción de inhabilidad del título, Revista Jurídica Argentina La Ley “A”, página 131.
[8] TEITELBAUM, op.cit., página 96.
[9] TEITELBUAM, op. cit., página 95.
[10] TEITELBAUM, op. cit., página 96.
[11] CÁMARA apud RODRÍGUEZ OLIVERA, op. cit. Página 77.
[12] RODRÍGUEZ OLIVERA, id. ibid.
[13] Ministro Redactor Cataso, Sentencia Número 22, Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Montevideo, 6 de marzo 1986, Anuario de Derecho Comercial, volumen III. ¿página?
[14] FERRER y RODRÍGUEZ, Incapacidad en ejecución cambiaria, ¿Es oponible? Anuario de Derecho Comercial, volumen III, página 342.
[15] GARRIGUES, Tratado de derecho mercantil, tomo 2, página 19.
[16] GARRIGUES, op. cit., página 271.
[17] GARRIGUES, op. cit., página 273.
[18] GARRIGUES, op. cit., página 266 .
[19] FERRER y RODRÍGUEZ, op. cit., página 346.
[20] GORFINKIEL apud FERRER y RODRÍGUEZ, Incapacidad en ejecución cambiaria, ¿Es oponible? Anuario de Derecho Comercial, volumen III, página 348.
[21] RODRÍGUEZ OLIVERA, op. cit., página 102.
[22] MESSINEO apud RODRÍGUEZ OLIVERA, id. ibid.
[23] FERRER y RODRÍGUEZ, op. cit., página 348.
[24] PEREZ FONTANA, Títulos valores, tomo III, página 245.
[25] Tales como la cosa juzgada, transacción, defecto en la demanda, entre otros.
[26] TEITELBAUM, Aspectos Procesales, in: MERLINSKI, ARAMBEL, HOLZ, y otros, Títulos valores: Problemática Vigente, página 146.
[27] CASALS, Estudios de oposición cambiaria, página 497.
[28] RODRÍGUEZ OLIVERA, op. cit., página 105.
[29] THOL Y GRUNHUT apud CASALS, op. cit., página 317.
[30] RODRÍGUEZ OLIVERA, Derecho Comercial, tomo II, página 30.
[31] CASALS COLLDECARRERA, op. cit., página 317.
[32] VALERI apud GARRIGUES, op. cit., página 267.
[33] id.ibid.
[34] GARRIGUES, op. cit., página 267.
[35] RODRÍGUEZ OLIVERA y LÓPEZ, Excepciones Cambiarias, in: Rodríguez Olivera, López Rodríguez, Bado Cardozo y otros, Preguntas y respuestas de Derecho Comercial Uruguayo http: // www.derechocomercial.edu.uy
[36] GARRIGUES, op. cit., página 267.
[37] GARRIGUES, id., página 275.
[38] BUGALLO, Títulos Valores, Página 220.
[39] Alonso de Marco (r), Burella y Catalurda, Sentencia 96 de 1987, Tribunal de apelaciones en lo civil, in: BUGALLO, Titulos Valores, Página 219.
[40] Ministro redactor Cataso, Sentencia número 22, Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Montevideo, 6 de marzo 1986, Anuario de Derecho Comercial, tomo 3.
[41] GAMARRA, Jorge y BLENGIO, Juan E. Tratado de Derecho Civil Uruguayo tomo X. Quinta Edición Actualizada. Tomo X, Página 138.
[42] TEITELBAUM, Juicio ejecutivo cambiario, página 107, 108.
[43] VIVANTE Y GÓMEZ LEO, apud RODRÍGUEZ OLIVERA, Acciones y excepciones cambiarias, página 106.
[44] CASALS , op. cit., página 498.
[45] CASALS , íd., página 502.
[46] RODRÍGUEZ OLIVERA, Acciones y excepciones cambiarias, página 107, 108.
[47] GORFINKIEL, Abstracción excepciones causales, in: MERLINSKY; ARAMBEL y HOLZ, Títulos valores: Problemática vigente, página 171.
[48] GARRIGUES, op. cit., página 271.
[49] VIVANTE, página 477.libro
[50] CASALS , op. cit., página 536.
[51] CÁMARA, Página 374
[52] CASALS, op. cit., página 546.
[53] CASALS, íd., página 550.
[54] RODRÍGUEZ OLIVERA, Cheques, página 216.
[55] TEITELBAUM, Juicio ejecutivo cambiario, página 108.
[56] CASALS, op. cit., página 519.
[57] CASALS , íd., página 524.
[58] RODRÍGUEZ OLIVERA, Acciones y excepciones cambiarias, página 107.
[59] CASALS , íd., página 526.
[60] CASALS, íd., página 532.
[61] GARRIGUES, op. cit., página 274.
[62] CASALS, íd., página 533.
[63] GARRIGUES, op. cit., página 273.
[64] Según ALGUER, “La buena fe es una de tantas nociones cuya elasticidad es tal que permite afirmar que todo el mundo la conoce, pero nadie la conoce con precisión”, in: Casals , op. cit., página 556.
[65] CASALS, íd., página 556.
[66] CASALS , íd., página 557.
[67] CASALS, íd., página 555.
[68] LÓPEZ y RODRÍGUEZ OLIVERA, Excepciones cambiarias, in: Preguntas y Respuestas de Derecho Comercial Uruguayo, http: // www.derechocomercial.edu.uy, 2006
[69] FERRARA apud GARRIGUES, op. cit., página 275.
[70] GARRIGUES, íd. ibíd.
[71] CASALS, íd., página 560.
[72] CASALS, íd., página 557.
[73] CÁMARA, Letras de Cambios y Vales o Pagarés, Tomo 3, página 374
[74] CASALS, op. cit., página 563.
[75] GARRIGUES, op cit., página 274.
[76] PUIG BRUTAU apud CASALS, op. cit., página 571.
[77] El Artículo 1276 expresa
“El dolo incidente no vicia el contrato, pero el que lo comete debe satisfacer cualquier daño que hubiese causado. (Artículo 1319)
Es dolo incidente el que no fue causa determinante del contrato.”
[78] PUIG BRUTAU apud CASALS, op. cit., página 571.
[79] LÓPEZ y RODRÍGUEZ OLIVERA, Definición legal de títulos valores, in: Preguntas y Respuestas de Derecho Comercial Uruguayo, http: // www.derechocomercial.edu.uy, 2006.
[80] LÓPEZ y RODRÍGUEZ OLIVERA, Excepciones cambiarias, in: Preguntas y Respuestas de Derecho Comercial Uruguayo, http: // www.derechocomercial.edu.uy, 2006.
[81] id.ibid.
[82] TEITELBAUM, Aspectos Procesales, in: MERLINSKI; ARAMBEL; HOLZ y otros. Títulos Valores: Problemática Vigente, página 146.
[83] LANGLE y RUBIO, Manual de Derecho Mercantil Español, tomo 2, página 199.
[84] LANGLE y RUBIO, op. cit., página 198.
[85] id.ibid.
[86] Rodríguez Olivera, Acciones y excepciones cambiarias, página 115.
[87] TEITELBAUM, op. cit., página 149.
[88] MARABOTTO, Aspectos procesales, in: MERLINSKI; ARAMBEL; HOLZ y otros. Títulos Valores: Problemática vigente, página 150.
[89] id.ibid.

References: artículo 377
 artículo 3
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 120
 artículo 55
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 191
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 8
 artículo 62
 artículo 16
 artículo 33
 artículo 108
 artículo 20
 artículo 355
 artículo 108
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 191
 artículo 1563
 artículo 30
 artículo 30
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 artículo 1275
 artículo 17
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 Artículo 1276