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Timestamp: 2018-04-19 19:20:18+00:00

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Blog viejo de Renovación Sindical - Antioquia: mayo 2011
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Este trabajo es prioritario, la experiencia enseña que es muy difícil que alguien vote el día de las elecciones sino esta inscrito en el barrio y cerca a su casa. Es necesario inscribir la cédula en esta semana cerca a la casa para votar con facilidad el 24 de octubre, inscribir a los familiares y amigos si queremos influir en una buena elección. Clíc en leer más para más orientación.
Resumen del proceso de concertacion FECODE-MEN
1. Reunión del 25 de abril se establece el reconocimiento de Fecode como vocera legitima del magisterio colombiano. Se establecen reuniones con el Men y mecanismo de levantar actas de acuerdos, así mismo la redacción inmediata de los actos administrativos a partir de los proyectos que presenten Fecode y Men. la negociación se extiende hasta el viernes 13 de mayo de2011. Se aclara que a petición de las partes se puede extender por 20 días más.
2. Reunión del 27 de abril El Men entrega la resolución 3164 que modifica la resolución 1240 de 2010 sobre proceso de educadores amenazados. Se acuerda comisión para elaborar proyecto de régimen especial de salud y riesgos profesionales para los docentes.
3. Reunión del 28 de abril , se acuerda modificar la resolución 1240 o de protección a docentes amenazados así: En el comité estar un representante del sindicato que agrupe el mayor número de afiliados o dos cuando su número supere los 5000 educadores, se proveerá al educador de una comisión provisional de servicio hasta por 3 meses en otro establecimiento educativo mientras la autoridad competente da el informe sobre el nivel de riesgo, si es ordinario la denuncia se considerara infundada y podrá trasladarse al educador a otra Institución educativa en la misma entidad territorial sin sufrir desmejora en sus condiciones de trabajo, en caso de no haber vacante disponible podrá trasladarse a otra entidad territorial.
4. Reunión 29 de abril. Los acuerdos a los que se llegan son los siguientes: A partir del 2012 se reducirán los tiempos de evaluación por competencias para los educadores a 6 meses. El acto administrativo de reubicación salarial se publicara dentro de los 15 días siguientes de la publicación de la lista de educadores que pasaron la evaluación. Los efectos fiscales se surtirán a partir de la publicación de la lista. Se capacitara a dos mil rectores en manejos de fondos docentes.
5. Reunión del 4 de mayo. Se acuerda dar prioridad en el reconocimiento de cesantías parciales a los educadores afectados por la ola invernal, reconocer auxilios humanitarios y flexibilizar el número de alumnos en los colegios afectados por el invierno.
6. Reunión del 10 de mayo. Se acuerda otorgar permisos sindicales por el periodo del cargo pero renovables cada año.
7. Reunión del 11 de mayo. Se acuérda la conformación de una comisión Congreso-Fecode-Men para presentar proyecto de ley de Estatuto Único de la Profesión Docente.
COMENTARIO. Como podemos observar en este resumen son pocos los avances del proceso de negociación Fecode-Men lo mas relevante es la comisión para elaborar proyecto de EUPD pero debe someterse al estudio nacional el proyecto de la Fecode.
Elaborado por Rosa América Peñaloza B.
Los parpadeos de mi conciencia política… o ¡¡¡la tozuda realidad contra los dogmas!!!
…Crónica de la vida sindical real…
Convivimos con ellos todos los días, nos acompañan a todas las movilizaciones… al comienzo sin saludarnos… observándolos… observándonos… calibrándolos… preguntándome… que mas habrán hecho… si sus informes nos comprometen… y así varios, muchos días… luego movemos la cabeza a manera de saludo… después un buenos días entre dientes que es contestado con respeto… con distancia… Siempre están cuidando a los compañeros… entran a la CUT por el tinto… para ir la baño… y la convivencia termina acercándonos… saludo diario… efusivo… comentario rápido de las noticias… de las chuzadas… chanzas… Sin chuzadas por fa…(jajaja)… nooo, ¡¡¡tampoco de esas!!! (jajaja)…
Son los escoltas de los esquemas de seguridad que protegen a algunos de los ejecutivos de la CUT Antioquia…
…Y me sorprende uno de ellos, de pelo en pecho… lo veo en su camisa a medio abotonar… que después del almuerzo borda un cojín para su casa… SIIII BORDA… ¡¡UFF!! Acomoda sus gafas y coje aguja e hilo y lo hace con delicadeza… mejor que cualquier mujer … y sigue siendo maaacho… mi conciencia femenina tropieza…. Pero me recupero rápido, en ultimas mi compañero es el que tiende la cama y asea la casa todos los días … Y lo hace muy bien pero ya no puedo mirar al Gordo (amistosamente así lo llamo) como antes, algo cambia en mi… ni a Daniel lindo… ni a los otros…
Y poco a poco conocemos sus desdichas: contratos basura, bajas remuneraciones, demora en el pago, viáticos de hambre, despidos, no renovación del contrato, reestructuración del DAS que suena a despido colectivo, al igual que otro trabajador… una historia igual a las muchas que a diario se acercan a la CUT o al Cal… es lo mismo que le sucede a cualquier trabajador en estas épocas de neoexplotación salvaje… igual.
… y la tozuda realidad hace mella en mi… mi conciencia tallada a punta de marxismo-leninismo-Maoismo… me enseñó que son las fuerzas represivas del estado… los del otro lado de la raya… a los que tenemos que confrontar… y entonces parpadea…
¿Qué pasa? estos son de las fuerzas represivas del estado… y no les han pagado… mier… no tiene como mercar… son como soy… tenemos problemas comunes… y patrón común el Estado Colombiano que también les da duro a ellos… Y me remata otro hecho ¡¡¡¡¡¡ARMAN SINDICATO!!!!!! SIII, ¡¡¡¡¡SINDICATO!!!!! “ SINTRADAS”… y defienden su derecho al trabajo y se afilian a la CUT… (¿¿¿¿aparato represivo????, ¿¿¿¿compañeros????) que confusión… no joda… es la tozuda realidad contra los dogmas.
Pero además plantean… me plantean su deseo, ¡¡¡¡¡¡SU DERECHO A DESFILAR CON SU CENTRAL, CON LA CUT EL PRIMERO DE MAYO!!!!!! Y LO HICIERÓN… pocos en número se acercan al planchón a presentarse, muy puntualmente, en la estación San Javier del Metro ; al comienzo desfilan con timidez, resguardados tras su pancarta… luego con valor, con decisión, como cualquier trabajador que sabe que ¡¡¡¡solo la lucha les dará lo que el estado les niega!!!!
Son pocos… pero tremendamente, rotundamente importante… porque son la lección más reciente que el sindicalismo es y debe ser incluyente y pluralista… ¡¡¡¡y para todos los trabajadores!!!!
Solo que unos, mas poquitos que todos… paradójicamente se hacen el mutuo favor de intentar sabotear la marcha que a pesar de ellos, arribó a la estación Estadio… Y lo hacen porque les beneficia sus ganancias y porque los radicales además, ¡¡¡¡justifican su existencia!!!!
Por Rosamerica Peñaloza
Secretaria CUT Antioquia
Boletín No. 13 Sindicalismo Democrático: La CUT no debe aislarse de la CTC y CGT en la posibilidad de construir un acuerdo laboral con el gobierno nacional
El Sindicalismo Democrático reafirma su disposición a continuar debatiendo y luchando para insistir en la conveniencia y necesidad de que las Centrales Sindicales construyan un acuerdo laboral con el gobierno en el entendido que constituiría una conquista de los trabajadores colombianos, manteniendo nuestra posición inclaudicable contra el TLC y la política neoliberal del Gobierno Nacional.
Algunos elementos de análisis de la incidencia del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad Para Todos” en la Educación Pública Colombiana
Secretaria General de la Cut Antioquia y Delegada de Adida.
El plan nacional de desarrollo del gobierno Santos llamado “PROSPERIDAD PARA TODOS” cuenta con los siguientes elementos nocivos para la educación pública Colombiana:
1. Traza como objetivo la formación en competencias para el trabajo, o sea la preparación de mano de obra barata, desconociendo la necesidad de orientar desde la más temprana infancia actitudes y conductas que formen y conduzcan a la investigación científica, la crítica y la construcción de nuevas opciones de convivencia.
2. Ratifica por esta misma vía el constructivismo como único método de enseñanza, pretendiendo de esta forma coartar la libertad de cátedra y de metodología.
3. Si bien es cierto necesitamos un sistema de evaluación objetivo que permita diagnosticar y proponer, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de los alumnos no es menos cierto la NECESIDAD IMPERIOSA que esta evaluación incluya al Estado como responsable de la educación y que determine por esta vía las reformas urgentes que necesita la educación Colombiana. Colocar solamente la evaluación para alumnos y educadores significa que se persiste en la idea de una evaluación AUTOMATICA Y AUTONOMA para los alumnos y EVALUACION SANCIONATORIA PARA LOS DOCENTES.
4. Promueve la asociación entre Universidades y sector productivo, pero en la medida en que el estado financia las investigaciones y los derechos de propiedad intelectual y de uso de estas investigaciones son cedidos a la voracidad empresarial. Negocio redondo para el sector productivo que no invierte pero gana. Pero además coloca todos los niveles escolares a su servicio.
5. La llamada atención total e integral a la primera infancia, o sea hasta los 5 años y 11 meses, es sustraída del sistema escolar y se deja en manos de ICBF, desconoce la ley 115 que plantea el preescolar de 3 años y lo reduce a una atención remedial, que no potencia a las posibilidades de desarrollo intelectual de los niños. Propone como centro os hogares de bienestar, un modelo que usa de manera abusiva la vivienda de la madre comunitaria y no obliga al estado a construir planta física, y unas madres comunitarias que no reciben salario ni prestaciones no tienen vinculación laboral con el estado y cumplen múltiples actividades que la sustraen del papel pedagógico propiamente dicho.
6. Al plantear el fortalecimiento del emprendimiento en el sistema educativo no considera nada distinto a preparar para el rebusque a la mano de obra que no encuentre ubicación laboral. En este mundo globalizado difícilmente se puede competir contra las multinacionales, pero se les vende la idea a través del emprendimiento, que una empresa en un puesto de venta de empanadas en cualquier esquina del barrio.
7. Contempla la plantelización de la educación en la medida en que los recursos por gratuidad se trasfieren directamente a las Instituciones Educativas, esto en armonía con la Gerencia Educativa que consiste en que a menos recursos se les trasfiere a las I.E y en ultimas a los padres de familia, mayores responsabilidades se les asignan.
8. Los recursos de SGP serán trasferidos en relación directa a la CALIDAD que en últimas son los resultados de las pruebas saber ( discutibles en tanto solo evalúan competencias básicas de manera arbitraria) de tal manera que tendremos como resultado que Instituciones Educativas con dificultades en pruebas Saber recibirán menos presupuesto lo que profundizará las diferencias.
9. La financiación de la universidad pública estará unida a índices de gestión y productividad, o sea, se privilegiará la autofinanciación en lo económico y el desarrollo de la técnica, pues la ciencia social al no ser rentable en términos económico, será desestimulada nuevamente.
10. Ordena la racionalización de la planta docente – léase- mayor número de alumnos por aula, fusiones de Instituciones Educativas y contratación para ampliación de cobertura , lo que se traduce en que no se ampliara la planta docente ni directiva docente y no habrá construcción ni ampliación de planta física.
11. Autoriza a las entidades certificadas a hacer inversiones en otras entidades por cargo al SGP, esto es autorizar que se traslade recursos de educación ,salud y saneamiento básico de una entidad a otras partes sin que comprometa al gobierno nacional y en desmedro del presupuesto de la entidad que traslada, y puede llamarse con el nombre de ayuda a desplazados pero en la práctica sera criterio político.
12. Artículo 143. DEFENSA DEL ESTADO: Con el objetivo de fortalecer la estrategia del Estado para prevenir y atender de manera oportuna, óptima y eficiente su defensa en controversias internacionales de inversión, deberán programarse dentro del Presupuesto General de la Nación los recursos correspondientes a los gastos, honorarios y demás erogaciones relacionadas con dichas controversias internacionales. Artículo que está llamando a las empresas multinacionales A ESTABLECER CONTROVERSIAS JURIDICAS CONTRA COLOMBIA PARA SACAR DINERO DEL PRESUPUESTO NACIONAL.
Lo anterior es una primera aproximación al PND, que espero sea eficaz en entender porque el magisterio debe seguir empeñado en defender la educación pública y los derechos de los educadores.
Etiquetas: Magisterio, Política
Por Cristina La Torre
12 de mayo, a marchar por la educación
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CUT Antioquia rechaza actos vandálicos del 1 de Mayo: Sabotaje no logró frustrar conmemoración
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Subdirectiva Antioquia impulsa la movilización social para confrontar las políticas públicas que han generado inequidad, pobreza y exclusión social, y de manera particular la política laboral de precarización, de violencia y persecución sindical que se ejerce en el país.
La crisis económica, social y política se resuelve no solo enfrentando la política que la genera, sino las ideas que le dan forma a ésta, por lo que el campo de batalla, en últimas, es la mente humana.
Nuestro enemigo no es el policía comunitario, la vivienda del obrero, el pequeño negocio barrial, los vidrios de las ventanas de los edificios, ni los bienes emblemáticos de la ciudad. Nuestras armas no se basan en la bomba papa ni la piedra, sino en el poder de las ideas y la palabra. Nuestro enemigo es la ideología que nos gobierna, y que le da forma a la política pública que ha creado el estado de cosas que objetamos
Por tanto rechazamos los actos de violencia y vandalismo que grupos minoritarios promovieron en la jornada del 1º del Mayo, pues con ello desnaturalizan el sentido de la movilización, que no es otro que generar opinión pública favorable a nuestras banderas enviando un mensaje claro a toda la población. La anarquía y el caos hacen causa común con la ideología y la política contraria a los intereses de los trabajadores, crean mayores obstáculos a nuestro proceso organizativo, impactan negativamente nuestra imagen, y justifican socialmente la violencia contra el sindicalismo
En nuestro propósito de construir una sociedad justa, con sindicatos fuertes y trabajos decentes, continuaremos organizando y formando para la acción, dentro de un contexto de lucha civilista y democrática, rechazando toda forma de violencia.
A pesar del sabotaje que presionó a muchos sindicatos y trabajadores con sus familias a retirarse de la movilización, logramos finalizarla de manera decorosa, y con las consignas y proclama impactar en población y medios de comunicación.
Los adversarios internos y externos no lograrán detenernos en nuestro avance victorioso por conquistar la causa por la que ofrendaron sus vidas los Mártires de Chicago.
Rosa America Peñaloza B.
Jorge Luis Soto C.
Director Depto. DD.HH.
Galería de fotos 1 de Mayo
Informe de de la ENS de coyuntura económica, laboral y sindical de Colombia en 2010
Como datos para destacar: el aumento del desempleo en general y del empleo en la economía informal; el preocupante aumento de la tasa de trabajo infantil, que en años anteriores había disminuido; y la población adulta mayor, que creció en cantidad y desprotección. Y todo esto se da a pesar del aumento del crecimiento de la economía nacional y la inversión extranjera. Se destaca también el crecimiento de las movilizaciones y protestas de los trabajadores, que con respecto a 2009 crecieron en un 71%, lo que evidencia la creciente inconformidad social frente al manejo de los temas laborales.
Senadores de la tendencia democrática se pronuncian frente a la situación del POLO
LA RECTIFICACION ETICA Y POLITICA
EN EL POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO ES INAPLAZABLE
A Todos y Todas las Colombianas
A los Afiliados y las Afiliadas al PDA
A los Organos de Dirección y Etica del PDA
Los hechos que han sobrevenido con la detención del senador Iván Moreno Rojas, por orden de la Corte Suprema de Justicia y la suspensión del alcalde Samuel Moreno Rojas por parte de la Procuraduría, son categóricos; Las repercusiones políticas adversas no se hacen esperar; Las decisiones deben ser asumidas sin dilaciones; Las responsabilidades debemos aceptarlas con grandeza, como dirigentes políticos confiables. Hoy no cabe ninguna excusa.
Comunicado de UGTI sobre la pasada marcha del 1 de mayo en medelín
Por un 1 de mayo con gran proporción de trabajadores, no más marchas, solo concentración.
La UGTI (Unión General de Trabajadores Independiente e Informales) Sub-Directiva Antioquia, que se constituyó el 10 de abril de 2011 participó en la marcha del 1º de Mayo en la ciudad de Medellín y su aporte fue consolidar los acuerdos que la CUT hizo con la autoridades del Orden público, para que los desmanes de los grupos que violentan estas marchas, no pasaran a mayores y pudiéramos llegar al punto acordado donde se terminaría dicha marcha.
Proceso de negociación Fecode - Men
El pasado 25 de abril se inició el proceso de negociación del PLIEGO DE PETICIONES de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de lo establecido en el Decreto 535 de 2009.
WAL-MART EN BRASIL: Buena letra, malas palabras
Las cadenas internacionales de supermercados suelen ser escenario de persecuciones contra sindicalistas, y es raro que respeten las legislaciones laborales. Esta es, por ejemplo, la situación en Brasil.
Un informe del Observatorio Social* aporta los resultados de una investigación realizada sobre la cadena Wal-Mart de Brasil Limitada, cuyo objetivo central fue evaluar la actuación de la empresa con relación a los derechos fundamentales en el trabajo y co relación al ambiente.
La cadena estadounidense Wal-Mart es la mayor empresa minorista del planeta, con una facturación anual superior a los 150 mil millones de dólares, cuenta con 910 mil empleados y tiene presencia en más de 10 países. En Brasil, la empresa es la sexta mayor red de supermercados en facturación, tiene 16 unidades localizadas en la región Sudeste, entre las cuales nueve son hipermercados, y emplea a cerca de 6.150 trabajadores.
Lo que sigue es una síntesis de los aspectos más relevantes de las conclusiones de ese informe.
La organización sindical identificada en la investigación por local de trabajo se resumió a la presencia de un dirigente sindical en uno de los locales de Wal-Mart. Los trabajadores tienen un buen nivel de información sobre sus actividades y los procesos electorales de sus representantes.
Sin embargo, se constató que la empresa no informaba a los sindicatos sobre las fechas de esas elecciones ni mantenía actualizadas las actas de las reuniones.
Se observó que los representantes sindicales no tienen libre acceso a los hipercentros para ejercer sus actividades, y sólo pueden estar en contacto con sus compañeros del local donde ellos mismos trabajan.
La libertad de difusión y comunicación también está restringida por esa limitación. La empresa sólo autoriza a los sindicalistas a dejar su material informativo en las entradas para los funcionarios de los supermercados.
Nunca se han hecho reuniones sindicales dentro de la empresa. Una vez se realizó una asamblea en la puerta de uno de los locales.
La empresa descuenta la cuota sindical del salario de los trabajadores y la aporta al sindicato. Aunque no puede decirse que la empresa presione a los funcionarios para que no contribuyan al sindicato, hay claros indicios de que se estimula tal actitud.
Según los testimonios de los trabajadores entrevistados, la empresa ha utilizado medios policiales para la represión de un movimiento huelguista y que varios empleados que participaron en una huelga en 1998 fueron despedidos.
El primer aspecto sobresaliente en la investigación es el incumplimiento sistemático de Wal-Mart de los convenios colectivos que regulan las condiciones de trabajo del sector. Ese incumplimiento ocurre -principal, pero no solamente- en lo que se refiere al trabajo de domingos y feriados, en que la empresa aprovecha una cierta ambigüedad legal que existe en relación con el punto. De esa manera, la empresa elude el compromiso del convenio colectivo, privando de efectividad y credibilidad a los instrumentos normativos libremente acordados.
Discriminación de género y/o raza. Los testimonios de los trabajadores y trabajadoras de dos supermercados muestran que existe una marcada segmentación de puestos de trabajo masculinos y femeninos. La presencia de mujeres en varias áreas está limitada cuantitativamente. Según los entrevistados, la ocupación de los cargos de jefatura es desigual, ya que las mujeres estarían en franca minoría. A medida que se asciende en la escala jerárquica de la empresa, la presencia de mujeres disminuye.
Subrayando que la empresa podría aportar datos más precisos, se puede decir que hay una deficiencia de la empresa en promover la igualdad en los cargos de mayor responsabilidad gerencial.
Los entrevistados descartaron que exista discriminación por sexo, aunque afirmen que se contrata a gente de uno u otro sexo dependiendo de las tareas. Muchos dijeron que las mujeres embarazadas reciben un trato especial y son transferidas a trabajos más adecuados con su estado. Pero algunos contradicen esta información asegurando que las embarazadas no son consideradas por los gerentes en sus condiciones de trabajo. Los entrevistados no identificaron discriminación contra las mujeres en las oportunidades de capacitación ofrecidas por la empresa.
Lo que sí apareció con frecuencia en los testimonios fue el acoso sexual sobre las trabajadoras. A pesar de que la mayoría reconoce que la empresa sigue una política de "puertas abiertas", ésta parece no ser suficiente para evitar el problema.
En lo referido a la discriminación contra las mujeres, contra las personas de raza negra o en función de su color de piel, no surge nítidamente en los discursos de los entrevistados, pero cuando se les pregunta por las características personales de sus jefes, todos concuerdan en que son predominantemente personas de color blanco.
La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores de Wal-Mart tiene varios puntos críticos, que resultan en los frecuentes accidentes y enfermedades ocupacionales. Hay una evidente falta de entrenamiento del conjunto de los trabajadores en materia de prevención de accidentes y enfermedades laborales, manipulación y operación de productos y equipamientos peligrosos.
Otro problema es la ausencia de equipos de protección individual o su mal estado de conservación, especialmente para prevenir los efectos de la exposición a bajas temperaturas.
Las condiciones de mantenimiento y la obsolescencia de los equipos aparecieron como aspectos críticos del problema.
La atención del servicio médico ambulatorio recibió críticas de los trabajadores, principalmente la prescripción de medicamentos apuntando a la eliminación rápida de los síntomas y la vuelta inmediata al trabajo.
La "Walmartización" del mundo
Un informe de Silvia Ribeiro** manifiesta que "Según datos del Banco Mundial, para 2003 se mantuvo la tendencia que inició con el nuevo milenio: de las 100 mayores economías del planeta, 51 son corporaciones trasnacionales y 49 son países. Según su producto bruto interno (pbi), los países que encabezan la lista son: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, China, Italia, Canadá, España, México, India, Corea, Brasil, Holanda, Australia, Rusia, Suiza y Bélgica. Luego se ubica la cadena de supermercados Wal-Mart, con ventas por valor de 246.525 millones de dólares durante 2002. La venta de Wal-Mart es mayor que el pbi de Suecia, Austria o Noruega. Luego se encuentran General Motors, Exxon Mobil, Shell, bp, Ford, Daimler Chrysler, Toyota, General Electric, Mitsubishi, Citigroup, ing Group, ibm y otras". Y agrega que Wal-Mart -con una política de prohibir los sindicatos y pagar salarios de hambre- es la compañía de ventas directas al consumidor más grande de Estados Unidos, Canadá y México. Desde 1995 se han iniciado en Estados Unidos 65 procesos legales contra esta empresa por actividades antisindicales. El New York Times opinó en un editorial que la "walmartización de la fuerza laboral (...) amenaza con empujar a miles de estadounidenses a la pobreza".*** En México -continúa Ribeiro- es actualmente el mayor empleador bajo los nombres de Bodegas Aurrer, Superama, Suburbia, los restaurantes vip, El Portón y Ragazzi, los almacenes Sam's Club, Wal-Mart y Home-Mart.
Según esta investigadora, "para la mayoría de la gente, la más tangible concentración corporativa es la de los megasupermercados, encabezados por Wal-Mart, desde hace tres años la empresa más grande del mundo. El poder de estos megasupermercados es enorme, ya que luego de una etapa inicial de bajar precios para eliminar competidores, manipulan a su gusto los precios a consumidores y proveedores. La tendencia es que se encuentre todo bajo un mismo techo, desde alimentos, vestido y productos farmacéuticos hasta muebles y refacciones de automóvil, creando así mayor dependencia y estimulando compras por medio de sistemas de mercadeo personalizado. En ese sentido, IBM (la empresa número 19 y la economía 58 del planeta) desarrolló una tecnología de sensores llamada Blue Eyes, que permite a cámaras de video y micrófonos identificar las acciones de los observados, posibilitando que esta información se use para reconocer las preferencias de los consumidores, pero también para identificación individual (por ejemplo mediante el iris, como ya sucede en algunos aeropuertos europeos)".
Coedición Brecha / Rel-UITA
19 de marzo de 2004 Leer más...
Morir trabajando. Empleos basura y trabajadores desechables
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo mata más que la guerra. Cada año mueren 2 millones de trabajadores y trabajadoras (más de 5.000 por día) en accidentes o a causa de una enfermedad ligada al trabajo, frente a las 650 mil personas que mueren en las guerras de todo el mundo en un año.
En España, la brutal destrucción de empleo -se ha superado la barrera de los 4 millones de parados, la cifra más alta de su historia- se entrelaza a una brutal destrucción de la salud y la propia vida de miles de personas.
Así, el país se ubica en los primeros lugares en accidentes de trabajo y siniestralidad en la Unión Europea: cada día fallecen tres trabajadores, 23 sufren accidentes graves en su puesto de trabajo y hay 2.499 accidentes leves. La siniestralidad laboral se cobra anualmente la vida de más de 1.000 personas mientras trabajan.
¿De dónde se nutre esta suerte de terrorismo silencioso que a diario mata en los centros y ámbitos de trabajo? La respuesta no es complicada: en los altos índices de temporalidad, precariedad, subcontratación, en las malas prácticas, la desidia y la indiferencia empresariales tanto como en la falta de prevención de riesgos laborales, rasgos que constituyen las características salientes del mercado laboral español, el que más ocupación precaria crea en la Unión Europea.
Ello explica también que 3 de cada 4 trabajadores presenten molestias físicas relacionadas con las enfermedades osteomusculares, y que el 20 por ciento del total de trabajadores y trabajadoras desarrollen síntomas de estrés.
Para el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), “las condiciones de empleo, con sus connotaciones de temporalidad, flexibilidad y movilidad extrema, están en la base de un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo, que tiene repercusiones negativas en la salud de quienes las sufren”.
Esas circunstancias de empleo constituyen un elemento determinante de las condiciones de trabajo, y España muestra claramente cómo la exposición a riesgos no es igual para trabajadores y trabajadoras con un contrato permanente o con uno temporal. Varios estudios señalan que los accidentes laborales entre los trabajadores con contrato temporal superan el 50 por ciento del total en los últimos años. Las estadísticas reflejan que el número de accidentes laborales padecidos por trabajadores temporales ha crecido en más de 20 puntos porcentuales durante la última década en comparación al incremento registrado por el número de empleados con contrato permanente.
Según Joaquín Nieto, especialista en salud laboral de CCOO, “En muchas ocasiones se emplea a trabajadores eventuales o subcontratados para realizar las labores más penosas o peligrosas y evadir así las normas de protección ante los riesgos. Las empresas cuentan con una mano de obra barata, dócil y dispuesta a la máxima flexibilidad, adaptabilidad y a las exigencias empresariales, ante el temor a perder el empleo”.
Para esos trabajadores y trabajadoras -en un alto porcentaje jóvenes e inmigrantes- las condiciones de empleo precarias tornan mucho más compleja y difícil su participación en la defensa de su salud y seguridad. “La precariedad hace al trabajador más débil frente al empresario, y el chantaje es una realidad. Son frecuentes los trabajadores temporales que hacen, por ejemplo, más horas que las convenidas o cobran un salario inferior, o aceptan ser adscritos a una categoría más baja que la que se corresponde con su cualificación profesional. Sacrifican todo a la esperanza de ser renovados”.
Tan absurda y demencial es la dimensión de la siniestralidad laboral en España, que a finales del pasado año se creó la Asociación de Víctimas del Trabajo (AVT). Desde este colectivo se enfatiza que “El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe ser una exigencia para el empresariado. La Inspección de Trabajo visita alrededor de 12.000 empresas anualmente para certificar el cumplimiento de la ley, así como valorar la situación de los trabajadores. Algo ineficiente, ya que faltan técnicos en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que desde 1996 ha perdido más del 30 por ciento de sus efectivos. ¿Para qué crear una ley que no puede ser llevada a cabo?, se pregunta la AVT”.
Un estudio realizado por Comisiones Obreras exige la construcción de una estrategia española en seguridad y salud en el trabajo, para visitar las cerca de 300.000 empresas que carecen de representación sindical: las llamadas empresas blancas. Allí, tierra de nadie, al no llegar el sindicato no existen representantes sindicales en materia de prevención.
Las muertes y los accidentes de trabajo cuestan aproximadamente 12.000 millones de euros al año, el 1,72 por ciento del PIB. El coste de las jornadas perdidas asciende a 6.527 millones de euros y el de la Cobertura de Riesgos Profesionales por las Mutuas y Seguridad Social más de 5 mil millones de esa moneda vía cotizaciones sociales. Esta masacre cotidiana “debería activar la voz de alarma de una vez, como ocurre con los accidentes de tránsito, sin embargo, lejos de alarmar, estos datos son silenciados”, se denuncia desde la AVT.
Los accidentes de trabajo dibujan la parte visible de la problemática de la salud y las condiciones laborales. Un informe del ISTAS calcula que los accidentes representan alrededor del 10 por ciento de la mortalidad derivada del trabajo. Por su parte, las Enfermedades Relacionadas con el Trabajo -obstinadamente ocultas en los registros oficiales- causan al menos 16.000 muertes anuales, “aunque lo máximo que se ha declarado algún año son cinco (sí leyó bien: 5), según el director general de Salud Laboral del Gobierno de Cantabria, Iñigo Fernández.
Pero hay otro problema: un tendencioso subregistro de Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. “En España se declaran de manera oficial apenas 17.000 enfermedades profesionales, cuando en realidad hay que reconocer unas 90.000 patologías relacionadas con el trabajo, y lo malo es que si no se reconocen no se puede aplicar políticas de prevención”. Así, la enfermedad profesional no es casi nunca mortal, pero, sin embargo, “hay declaradas más de 17.000 pensiones de viudez por enfermedades profesionales. Asimismo, no es comprensible también que en uno de los países más ruidosos de Europa, con más de 249.000 hipoacusias severas declaradas, sólo se reconozcan 551 de estas enfermedades profesionales auditivas cuando se estima que por motivos laborales tendría que haber unas 5.400”, advierte Fernández.
Como bien se manifiesta desde el ISTAS, “la siniestralidad no es la consecuencia de una maldición bíblica, ni un tributo insoslayable del trabajo. Los accidentes son el resultado de la ausencia de unas prácticas preventivas que son conocidas y aplicables”.
Son consecuencia también de una ideología empresarial en la cual el trabajo precario es concebido como una oportunidad para la gente de vida precaria, es decir: para todos los trabajadores y trabajadoras.
Acuerdo Santos - Obama
PLAN DE ACCIÓN DE COLOMBIA RELACIONADAS CON LOS DERECHOS LABORALES
El Gobierno colombiano ha confirmado su actual compromiso para proteger los derechos laborales y sindicales reconocidos a nivel internacional, prevenir de la violencia contra dirigentes sindicales, y enjuiciar a los autores de este tipo de violencia. En cumplimiento de este compromiso, el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos acuerdan la adopción de las siguientes medidas, o la futura implementación de tales en los plazos indicados a continuación:
I. MINISTERIO DE TRABAJO (actualmente Ministerio de la Protección Social (MSP)
El Gobierno de EE.UU. saluda la creación de un Ministerio especializado en Trabajo como la institución apropiada para aplicar un régimen más amplio y más eficaz para proteger los derechos laborales. Esta decisión puede proporcionar el marco de trabajo para que el gobierno colombiano movilice recursos y fortalezca su aplicación.
El Gobierno colombiano planeará un presupuesto para la contratación de 480 nuevos inspectores del trabajo en el marco del sistema de servicio civil durante un período de cuatro años, incluyendo la contratación de al menos 100 inspectores más para el 2012. El 15 de abril de 2011, el Ministerio de Hacienda aprobará la reasignación del presupuesto para financiar la contratación de los primeros 100 inspectores. El 22 de abril 2011, el MPS emitirá un decreto para la contratación, y completará la contratación y capacitación de los inspectores el 15 de diciembre de 2011.
El 30 de mayo de 2011, el Gobierno de Colombia asegurará que la financiación de al menos otros 100 inspectores sea incluida en el presupuesto de 2012, y la aprobación final de ese presupuesto se haga en octubre de 2011.
El MPS mejorará el sistema ciudadano para presentar denuncias, anónimas o no, sobre violaciones de los derechos laborales. Este sistema mejorado debe incluir una línea telefónica directa y gratuita y un nuevo mecanismo basado en la web para el registro de quejas. El MPS promoverá nacionalmente estos mecanismos de denuncia. El MPS establecerá dichos mecanismos de denuncia el 22 de abril de 2011 y comenzar a publicitarlos inmediatamente después.
El Gobierno colombiano establecerá un plan para mejorar el Sistema de mediación y resolución de conflictos del MPS, asignando recursos especializados a las oficinas regionales del Ministerio, formando trabajadores y empleadores en la resolución de conflictos, y difundiendo dichos esfuerzos en los 32 departamentos. El 22 de abril de 2011, el MPS preparará un plan de talleres sobre mecanismos para la conciliación y resolución alternativa de conflictos para inspectores del trabajo, comenzando con estos el 15 de junio de 2011, y completando una fase inicial de la formación el 15 de diciembre de 2011. El MPS comenzará, también, a realizar divulgación al público, empleadores y trabajadores a través de programas de televisión y material impreso desde el 15 de junio 2011.
II. REFORMA DEL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO
El Gobierno de Colombia presentará al Congreso una reforma legislativa al Código Penal, estableciendo sanciones penales para los empleadores que socaven el derecho a organizarse y negociar colectivamente. Esta reforma abarcará una amplia gama de prácticas que pueda lesionar profundamente los derechos fundamentales del trabajo. El nuevo artículo en el Código Penal penalizará esta conducta con un máximo de cinco años de prisión. El Gobierno de Colombia buscará tener esta ley promulgada por el Congreso colombiano el 15 de junio de 2011.
III. COOPERATIVAS
El Gobierno colombiano presentará una reforma a la legislación para reformar la fecha de vigencia de las disposiciones contenidas en el artículo 63 de la Ley de Formalización y Primer Empleo del 2010, de manera que las disposiciones sean efectivas inmediatamente después de la aprobación de la ley del Plan de Desarrollo en lugar del 1 de julio de 2013. El artículo 63 prohíbe el uso indebido de las cooperativas o cualquier otro tipo de relación que afecte los derechos laborales, e impone multas significativas por violaciones a los mismos. El Gobierno de Colombia ha introducido esta reforma en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo. El Congreso de Colombia votará sobre el proyecto de ley a finales de mayo de 2011.
El MPS dedicará 100 inspectores de trabajo exclusivamente para hacer frente a los casos relacionados con Cooperativas. En el decreto referenciado por el MPS en su Sección I se autoriza la contratación de 100 nuevos inspectores del trabajo de las oficinas regionales del MPS, e indica que 50 de estos inspectores del trabajo serán destinados exclusivamente a los casos de las cooperativas. Como se señaló en la sección I, el MSP emitirá el decreto de contratación el 22 de abril de 2011, y completará la contratación y capacitación de los inspectores el 15 de diciembre 2011. El segundo grupo de 50 inspectores de trabajo especializados en cooperativas serán contratados durante 2012.
El MSP establecerá como sectores prioritarios para las inspecciones de trabajo: la palma de aceite, azúcar, minas, puertos, y flores. Estos sectores serán identificados como prioritarios en el decreto que autoriza al MPS la contratación de los 100 nuevos inspectores del trabajo. El Ministerio confirmará al Gobierno de los EE.UU. en abril 22 de 2011, el inicio y continuación de las inspecciones preventivas en estos sectores.
El Gobierno de Colombia emitirá los reglamentos de aplicación de la ley de cooperativas 2010 el 15 de junio 2011. Estas normas, entre otras, aclarará leyes cooperativas anteriores y garantizará la coherencia entre estas y la nueva ley de cooperativas de 2010, y:
a) Establecerá definiciones amplias de manera clara y suficiente sobre la "función misional permanente" e "intermediación" para abordar adecuadamente los abusos;
b) En los casos en que el Ministerio haya encontrado que las empresas han negado los derechos de los trabajadores a través del abuso de las disposiciones de estas leyes, éste debe promover el cumplimiento por las empresas a través de una estrategia que ofrezca renunciar a las multas, total o parcialmente, cuando el empleador se comprometa a crear y mantener una relación laboral directa con los trabajadores afectados;
c) Establecer los niveles de multa, siendo las más altas para los infractores reincidentes y violadores a gran escala, y
d) Establecer que una cooperativa podría presuntamente ser considerada como violadora de las leyes laborales si: a) no presenta independencia financiera, b) sus miembros no tienen la autonomía en la realización de la labor realizada por la cooperativa, c) los miembros fueron en modo alguno obligados a unirse a una cooperativa para permanecer en el empleo, d) la cooperativa está involucrada en cualquier forma de intermediación laboral, e) los trabajadores no tienen acceso a los beneficios económicos generados por la cooperativa no son dueños del capital, medios de producción o los activos de la cooperativa.
El MPS está preparando un borrador de estas regulaciones, y trabajará con el Gobierno de los EE.UU. para asegurar que los temas acordados sean solucionados. El MPS se proveerá tal borrador al gobierno de los EE.UU el 22 de abril de 2011.
También, el MPS y la Superintendencia de Economía Solidaria aplicarán y harán cumplir estrictamente los requisitos para que las cooperativas sean autónomas y tengan autogobierno.
El MPS desarrollará y conducirá, a través de las Subcomisiones Departamentales Permanentes de Concertación de Políticas Salariales y Laboral, entre otros mecanismos, un programa de divulgación para informar y asesorar los trabajadores sobre:
a) Sus derechos bajo las leyes y reglamentos que rigen las cooperativas;
b) Los recursos y cursos de acción disponibles para los trabajadores a través de los tribunales para fortalecer el reconocimiento de una relación laboral directa, sobre todo, cuando un inspector de trabajo del Ministerio haya constatado de que tal relación existe, y
c) La existencia de sanciones penales para los empleadores que sean responsables de socavar el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, una vez que las reformas al Código Penal a las que hace referencia la Sección II antes mencionada sean adoptadas por el Congreso colombiano.
La fase inicial del programa de divulgación sobre cooperativas se iniciará el 15 de junio de 2011. El programa será permanente y estará presupuestado para el año 2012 y más allá.
El MSP:
a) Compartirá con el Gobierno de los EE.UU. un plan para estos esfuerzos de difusión el 22 de abril de 2011;
b) Colaborará con el Gobierno de los EE.UU. para asegurar que los objetivos acordados sean realizados; y
c) Pondrá en marcha el programa poco después.
El Gobierno colombiano presentará informes trimestrales sobre los resultados de este fortalecimiento a todas las partes interesadas.
IV. AGENCIAS TEMPORALES
El Gobierno de Colombia implementará un régimen para prevenir el uso de agencias temporales para eludir los derechos laborales. El régimen incluirá acciones como la mejora del proceso de inspección, el diseño de un nuevo programa de capacitación para inspectores de trabajo para elevar su conciencia de este problema, y crear bases de datos para identificar las regiones y sectores en los que ha habido abuso.
Además, este amplio régimen de aplicación incluirá un mecanismo de supervisión y presentación de informes por el cual todas las partes interesadas puedan verificar el avance y el cumplimiento de las leyes laborales. Como un primer paso en la construcción de este mecanismo, el MPS emitirá informes trimestrales a las partes interesadas que incluir los resultados de las distintas medidas, como inspecciones preventivas, sanciones, multas, cancelación de licencias y permisos, y la lista de los organismos que se encuentren en violación. El primer informe será presentado el 22 de abril de 2011.
El MPS:
a) Compartirá un borrador de plan de aplicación con el Gobierno de los EE.UU. el 22 de abril de 2011;
b) Colaborará con el Gobierno de los EE.UU. para asegurar que los objetivos acordados sean aplicados;
c) Llevará a cabo una serie de inspecciones preventivas el 15 de junio de 2011, y
d) Aplicará en su totalidad el plan de ejecución el 15 de diciembre de 2011.
V. PACTOS COLECTIVOS
El Gobierno colombiano habrá incluido en el proyecto de ley que modifica el Código Penal referenciada en su sección II una disposición para establecer como crimen, sujeto a prisión, el uso de pactos colectivos para afectar el derecho de organizarse y negociar colectivamente otorgando mejores condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados a través de esos pactos.
El Ministerio de Protección Social realizará una campaña de difusión pública para promover la concientización del uso ilegal de los pactos colectivos para afectar el derecho a organizarse y negociar colectivamente. La campaña debería estar lista para su lanzamiento el 15 de junio de 2011, para esa fecha se espera que la reforma al código penal haya sido aprobada. El Ministerio de la Protección Social lanzará una campaña inmediatamente buscando la aprobación de la reforma del Código Penal, y continuará la campaña durante 2011. El Gobierno colombiano hará un presupuesto de recursos adicionales para la campaña en 2012.
El Ministerio de Protección Social implementará un fortalecimiento al régimen laboral, incluyendo la inspección preventiva y el uso de quejas laborales anónimas mecanismo referenciado en la sección I para detectar e investigar violaciones. El Gobierno colombiano compartirá trimestralmente con las partes interesadas reportes sobre inspección preventiva.
El Gobierno colombiano buscará la asistencia técnica de la OIT para monitorear el uso de pactos colectivos como parte más amplia de la solicitud de cooperación que se describe en la sección VII a continuación:
El Gobierno colombiano desarrollará un plan con un cronograma para las campañas de divulgación, para la implementación de un régimen fuerte, como también para la solicitud de asistencia técnica de la OIT, todo para ser compartido con el Gobierno de Estados Unidos para el 22 de abril de 2011, y para trabajar conjuntamente con el Gobierno de Estados Unidos para asegurar alcanzar los objetivos propuestos.
VI. SERVICIOS ESENCIALES
El MSP recogerá el cuerpo de la doctrina colombiana, precedentes judiciales y la jurisprudencia que se ha definido sobre la noción de servicios esenciales. El MSP difunda esta información y las directrices pertinentes a los inspectores del trabajo, el poder judicial, los sindicatos y los empleadores el 22 de abril de 2011.
VII. OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
El Gobierno colombiano buscará la cooperación, asesoramiento, y asistencia técnica de la OIT para ayudar en la implementación de medidas indicadas en este documento sobre derechos laborales. El Gobierno colombiano trabajará con la OIT para fortalecer la presencia y expandir la capacidad y el papel de la organización en el país. Además, el Gobierno colombiano solicitará a la OIT su participación para fomentar el Diálogo Tripartito con el objetivo de asegurar la completa protección de derechos laborales y el cumplimiento de las leyes laborales.
Mientras se prepara esta solicitud a la OIT, el Gobierno colombiano consultará con la Comisión Tripartita en junio 15 de 2011.
Los Gobiernos de Estados Unidos y de Colombia trabajarán juntos para identificar los recursos necesarios y las fuentes de apoyo. El Gobierno colombiano presentará una propuesta formal a la OIT con respecto a las actividades descritas anteriormente, el 15 de septiembre de 2011.
VIII. Programas de protección
El 22 de Abril de 2011, el Ministerio del interior y justicia se emitirá una Resolución Ministerial que amplíe la definición de las personas protegidas por este programa de protección para incluir: (i) activistas sindicales, (ii) personas que se encuentren comprometidas en esfuerzos para crear un sindicato, (iii) ex sindicalistas que se encuentren bajo amenaza por actividades realizadas en el pasado. El Ministerio consultará con las organizaciones sindicales representativas para verificar la situación de esas personas. El Gobierno colombiano planeará y presupuestará los recursos adicionales necesarios para apoyar la expansión que se realice al programa de protección. El Gobierno colombiano inicialmente incrementará los fondos en más de cincuenta por ciento 50% para el año fiscal 2011 mediante la reasignación de 6 millones de dólares (12.000 millones de pesos) buscando proveer el apoyo adecuado para la expansión del programa durante el actual año fiscal.
A partir de entonces, el Gobierno de Colombia evaluará el nivel de financiación necesaria para apoyar la expansión del programa durante el año fiscal de 2012 e incluirá la financiación en el proyecto del presupuesto para ser presentado al Congreso de Colombia en julio 30 de 2011. El Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos trabajarán juntos periódicamente para evaluar la utilización del programa y el nivel de financiación para asegurar que el objetivo de proteger efectivamente a todos los que se encuentren cubiertos por el programa sea alcanzado
El Ministerio del interior y de justicia habrá realizado un plan de emergencia para eliminar el riesgo de atrasos en las solicitudes de protección realizadas por los miembros de organizaciones sindicales para el 30 de julio de 2011. Una vez los atrasos se hayan eliminado, el Gobierno colombiano se compromete a que la Policía Nacional, a partir de entonces, cumpla con el requisito legal para procesar todas las evaluaciones de riesgo dentro de un plazo de 30 días. El Gobierno Colombiano informará mensualmente sobre actualizaciones a los interesados a partir del 1 de mayo de 2011.
El Gobierno colombiano emitirá un decreto para el 15 de septiembre de 2011, reformando el alcance y funcionamiento de un Comité interinstitucional que revisara la evaluación de riesgos. El nuevo comité constituido incluirá representantes del Procuradro General y de la oficina de la Defensoría del Pueblo con el objeto de mejorar la objetividad del proceso de evaluación. El Gobierno de Colombia compartirá las partes relevantes del proyecto de decreto con el Gobierno de los Estados Unidos para abril 22 de 2011, y trabajará con el Gobierno de Estados Unidos para asegurar la inclusión de los objetivos tratados.
El Ministerio del interior y de justicia implementará inmediatamente medidas administrativas para el fortalecimiento del sistema de protección existente, e informará a las partes interesadas actualizaciones mensuales sobre los pasos que se están tomando para lograr dichas mejoras partir del 22 de abril de 2011.
El Gobierno de Colombia modificará para abril 22 de 2011, el programa de protección y reubicación de los maestros de la resolución 1240 del 2010, para asegurar que las solicitudes meritorias se concedan, y eliminar las sanciones pecuniarias contra profesores que no asisten al trabajo por encontrarse en riesgo extraordinario. El Gobierno colombiano compartirá el proyecto de resolución con el Gobierno de Estados Unidos y trabajarán en conjunto para asegurar que los objetivos acordados se alcancen. El Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos también trabajarán con conjunto para evaluar la utilización del programa y las dinámicas de las amenazas y riesgos para asegurarse que el programa logrará el objetivo de la eficaz protección a quienes se encuentran en él. El Gobierno Colombiano compartirá reportes trimestrales del programa a las partes interesadas a partir del 1 de julio de 2011.
IX. REFORMA JUSTICIA PENAL
El 22 de abril de 2011, el Presidente emitirá una directiva para la Policía Nacional, asignando noventa y cinco (95) investigadores de policía judicial adicionales de tiempo completo para apoyar a los fiscales a cargo de la investigación de casos penales relacionados con los sindicalistas y activistas. Estos investigadores de la policía judicial se asignarán exclusivamente a investigar los casos de sindicalistas. El Gobierno colombiano completará la asignación a estos casos, de 50 de los 95 nuevos investigadores de la policía judicial el 30 de junio de 2011, y el resto de los nuevos investigadores de la policía judicial el 15 de diciembre de 2011.
El Gobierno colombiano responderá favorablemente a una petición de la Oficina del Fiscal General sobre la asignación de los recursos necesarios para financiar nuevas y más actividades para la reducción de la impunidad en general y de aplicación de este Plan de Acción. La Fiscalía General presentará la solicitud de presupuesto, el 20 de mayo de 2011.
La Oficina del Fiscal General ha informado al Gobierno de Colombia de las siguientes acciones que ha tomado y planea tomar para combatir la impunidad en los casos de sindicalistas y activistas sindicales:
La Oficina del Fiscal General ha emitido una directiva que impone a la policía judicial, el técnico Cuerpo de Investigaciones (CTI), y los fiscales que investigan las causas penales en casos de sindicalistas para que determinen durante la fase inicial de la investigación sí la víctima era un miembro de un sindicato activo o retirado, o participó activamente en la formación y organización de sindicatos.
La Fiscalía ha emitido una directiva a los jefes de la Unidad de Justicia y Paz y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que les ordena a compartir de manera eficaz pruebas e información sobre casos penales relativos a los sindicalistas y activistas sindicales, así como profesores, periodistas y activistas de derechos humanos.
La Fiscalía General desarrollará un plan e identificará las necesidades presupuestarias para la formación de investigadores de la policía judicial y fiscales en el análisis sobre la escena del crimen, así como la formación en técnicas de investigación, con especial referencia a las cuestiones de casos de sindicalistas. El 22 de abril de 2011, la Oficina del Fiscal General enviará al Gobierno de los EE.UU. el programa 2011 de capacitación detallado, y trabajará con el Gobierno de los EE.UU. para asegurar que los objetivos acordados se cumplan.
La Oficina del Fiscal General solicitará a la Embajada de EE.UU. en Bogotá su vinculación y cooperación para perfeccionar, mejorar y apoyar el programa de formación. El gobierno de EE.UU. brindará asistencia técnica coordinada por la Embajada de EE.UU. en Bogotá, el Departamento de Justicia de EE.UU y el Departamento de Trabajo de EE.UU.
El 20 de mayo de 2011, la Oficina del Fiscal General presentará al Gobierno de Colombia, su solicitud de presupuesto específico asociado con la financiación del programa de capacitación, que serán revisadas con el fin de incluirlo en el presupuesto de 2012.
El 20 de mayo de 2011, La Fiscalía General desarrollará un plan e identificará las necesidades presupuestales específicas para fortalecer las capacidades institucionales y el número de fiscales e investigadores de policía judicial asignados para adelantar los casos de sindicalistas en las oficinas regionales, con base en una evaluación de debilidades estructurales o la falta de recursos suficientes.
La Fiscalía General deberá concluir el 15 de julio de 2011, un análisis de los casos cerrados de homicidios de sindicalistas y activistas sindicales, a fin de extraer lecciones que pueden ayudar a mejorar las directrices y protocolos para la efectiva investigación y procesamiento de casos futuros. El análisis de la búsqueda de las lecciones aprendidas se hará con el fin de mejorar los esfuerzos futuros para identificar a los autores intelectuales y demás responsables de tales crímenes, prevenir su repetición, identificar los patrones en los objetivos y métodos criminales y las pruebas de los motivos por los que ocurrieron los crímenes. Los resultados de este análisis serán puestos a disposición del público y se les dará amplia difusión. El conocimiento adquirido a partir del análisis y su amplia difusión servirá como una herramienta para reducir la impunidad y prevenir crímenes futuros.
La Fiscalía General desarrollará un plan específico e identificará las necesidades presupuestarias para el establecimiento de centros especializados de ayuda a las víctimas en casos de derechos humanos, incluidos los casos de sindicalistas. La Fiscalía General ubicará personal en esos centros con profesionales con experiencia en materia de derechos humanos y temas laborales y sindicales. La Fiscalía General dirigirá esos centros en donde se podrá compartir información con las víctimas y sus familias sobre el estado de los casos, así como proporcionar asistencia legal y psicológica. El 15 de junio de 2011, la Fiscalía General compartirá con el Gobierno de los EE.UU. los planes y las asignaciones presupuestarias para este proyecto y trabajará con el Gobierno de los EE.UU. para asegurar que los objetivos acordados se lleven a cabo.
La Fiscalía General desarrollará un programa para hacer frente a la acumulación de casos de homicidios sindicalistas, que incluirá:
a) La celebración de reuniones periódicas con los representantes de las confederaciones sindicales y la Escuela Nacional Sindical (ENS) para llevar a cabo una comparación de los casos de homicidios sindicalistas de la base de datos de la ENS con la base de datos de la Oficina del Fiscal General con el fin de tratar de conciliar las discrepancias. Las reuniones comenzarán el 22 de abril de 2011, con el objetivo de finalizar este proceso antes de finales de año, y,
b) Emitir una orientación interna a los fiscales para acelerar la acción en aquellos casos con indicios y casos cerrados provisionalmente. Esto debería incluir un enfoque especial en los "casos priorizados" identificados por los sindicatos colombianos, así como los casos de sindicalistas ocurridos en los últimos años. Esto se llevará a cabo el 15 de junio de 2011.
La Fiscalía General mejorará la información pública con respecto a los casos penales de violencia contra sindicalistas.
a) el 22 de abril de 2011, La Oficina del Fiscal General dará a conocer los resultados de la jurisprudencia producida desde el 1 de enero de 2011, y, posteriormente, de manera similar dará a conocer los resultados de todos los casos posteriores, y
b) el 15 de junio de 2011, La Oficina del Fiscal General determinará los métodos para publicar en su página web la información agregada sobre todos los casos completados hasta la fecha.
El Gobierno de Colombia presentará al Congreso colombiano enmiendas al Código Penal, en la Sección II, que son: (1) ampliar la definición de las amenazas para que incluyan amenazas dirigidas a miembros de sindicatos y activistas que están destinadas a intimidar a aquellos que buscan el ejercicio de sus derechos a la libertad de asociación, de sindicación y de negociación colectiva, y (2) fortalecer las sanciones por las amenazas para que incluya penas de prisión.
Para el 15 de junio de 2011 el Gobierno colombiano estará buscando la promulgación de estas reformas a través del Congreso colombiano.
X. MECANISMO DE SEGUIMIENTO
Para evaluar los progresos en la aplicación de este Plan de Acción, los EE.UU. y los gobiernos de Colombia han acordado reunirse de la siguiente manera:
a) Para el balance de 2011: Cada dos meses en el nivel técnico y una vez en el nivel de altos funcionarios;
b) Para 2012: Cuatro veces al año a nivel técnico y dos veces al año a nivel de altos funcionarios, y
c) Para 2013: Dos veces al año a nivel técnico y una vez en el nivel de altos funcionarios.
La reunión de 2013 de Altos Funcionarios decidirá la necesidad de tener llevar a cabo otras reuniones.
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50 años de historia de la CGT
Crónica periodística de la Agencia de Noticias de la ENS
La Confederación General del Trabajo, CGT, se crea formalmente en 1971 en Medellín, y en fecha emblemática: 1º de mayo. Pero para que eso haya ocurrido, mucha agua tuvo que pasar primero bajo el puente, como dice el refrán. Hay que remitirse al congreso ordinario que la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, celebró en 1961, donde surgió el grupo disidente que conformará el núcleo que diez años después fundará la CGT. Así que vayamos a la prehistoria:
En 1961 la UTC era una central sindical caracterizada por su cercanía ideológica y orgánica al Partido Conservador, que en esta época compartía el poder con el Partido Liberal, en un acuerdo que ambos partidos habían montado tres años atrás para alternarse el poder durante 16 años, dejando por fuera a las demás fuerzas políticas y sociales del país. En mayo de aquel año la UTC cumplía 15 años de existencia, y los celebró en el Congreso Nacional que realizó en Barranquilla, donde —caprichos de la historia— afloraron de manera abrupta las contradicciones políticas que se venían cocinando en su interior.
En efecto, ocurría que la UTC para ese momento ya no era homogénea en ese pensamiento ideológico. Y eso se correspondía con los cambios que estaban sucediendo en Colombia y el mundo, empezando por el influjo tremendo que sobre el movimiento político de izquierda y el sindicalismo estaba teniendo la triunfante revolución en Cuba, en el marco de un momento álgido en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hacía apenas dos semanas había ocurrido la invasión de Bahía Cochinos, en Cuba. Al día siguiente de derrotada la invasión Fidel Castro proclamó la revolución cubana como comunista y antiimperialista, y eso desde luego tenía caliente el debate político en toda América Latina.
En la UTC había voces disidentes que cuestionaban el modelo sindical y la identidad que la central tenía con el Partido Conservador, lo mismo que la influencia de la iglesia a través de la sección de los trabajadores católicos, la Setrac, en la que, dicen, los temas sindicales se discutían con el Santísimo expuesto. El sacerdote Vicente Andrade Valderrama era el alfil más visible en esa cruzada, designado por el episcopado para orientar la acción pastoral con los trabajadores.
En el congreso de Barranquilla esas voces disidentes se expresaron. La chispa que encendió la mecha fue la negativa de la presidencia del Congreso a permitir que hablara Emilio Máspero, sindicalista metalúrgico argentino, secretario general de la CLAT, quien llegó invitado por el grupo disidente, en su mayoría conformado por líderes de la Utran, que era la federación de la UTC en Antioquia. Este grupo lo encabezaba Heliodoro Agudelo, quien ya previamente había pedido que la UTC se desafiliara de la CIOLS-ORIT, confederación internacional con la que estaba alineada, y que en su lugar se afiliara a la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, que era una confederación para nada confesional ni afecta al sindicalismo norteamericano, fundada en Santiago de Chile en 1954 con una vocación latinoamericanista. Rechazaba cualquier dominación imperialista, de cualquiera de los dos bloques de poder en que estaba dividido el mundo.
Aquel congreso terminó pues escindido, y lo que siguió fue lo esperado: la expulsión oficial del grupo disidente.
Nace ASA
A su regreso a Antioquia, los expulsados de la UTC crearon la Acción Sindical de Antioquia (ASA), organización que pasó a hacer parte del sindicalismo independiente, es decir, no alineado con ninguna central sindical, que estaba en pleno auge en aquella década.
Una de las primeras acciones de ASA fue su alineación internacional con la CLAT. Adicionalmente establecieron contacto con líderes disidentes de la UTC en otros departamentos del país, con la idea de crear organizaciones similares en cada región. Nacieron entonces asociaciones sindicales en Tolima, Nariño, Meta, Atlántico, Cundinamarca, Cauca y Bogotá.
Durante el primer lustro de los años 60, la ASA va construyendo una propuesta ideológica y política. “Que se inspiraba en el cristianismo y se apoyaba en el marxismo como método de análisis científico, en el materialismo histórico como instrumento válido para el análisis de la sociedad, y en la lucha de clases como el motor del avance revolucionario. Pero no tenía la idea de la dictadura del proletariado, porque la democracia está por encima del concepto de dictadura, cualquiera ésta sea”, dice hoy Víctor Baena, uno de los líderes de ASA en aquellos años, quien como maestro de escuela era presidente del sindicato de Adida en Antioquia, miembro fundador de ASA.
Y era una propuesta que, como se dijo, se construía en un país con democracia restringida y una enorme desigualdad social, con el costo de vida por las nubes, que era la mayor queja; un país en plena descomposición campesina como consecuencia de la violencia política y la pobreza en los campos, desde donde la gente emigraba aceleradamente a la ciudad, y donde la industria instalada no estaba en capacidad de absorber toda la mano de obra que llegaba. Entonces ya cabalgaba el desempleo y la precariedad laboral sobre la población, y con ellos la protesta social y la movilización sindical; sin que el Estado ofreciera soluciones de fondo, distintas a la represión. Nunca se podrá olvidar, por ejemplo, que el 23 de febrero de 1963, soldados del ejército colombiano descargaron sus armas contra los huelguistas de Cementos El Cairo, en Santa Bárbara, Antioquia, con saldo de 13 muertos y muchos heridos, hombres, mujeres y niños.
En este contexto, el movimiento sindical crece, se radicaliza y toma nuevas expresiones. Ya no están solas la CTC y la UTC, centrales obreras afectas desde sus inicios a los partidos tradicionales. Ahora también está la Confederación Sindical de Trabajadores Colombianos, CSTC, surgida de una disidencia de la CTC, que estaba en la línea del Partido Comunista, proscrito de la vida política del país. Y estaba el sindicalismo independiente, que era ya fuerte, lideraba las luchas sindicales y la protesta social de entonces.
Y es la década de la eclosión de los dos grupos guerrilleros que hoy, medio siglo después, todavía subsisten: las FARC y el ELN. Surge la figura carismática de Camilo Torres, un sacerdote en quien buena parte de la izquierda de entonces, tan dispersa como ansiosa, tenía puestas sus esperanzas. A la propuesta de Camilo se aproximó gente de la intelectualidad, del sector universitario, y del sindicalismo. ASA particularmente tenía con Camilo más coincidencias que discrepancias, de ahí que mucha de su militancia fuera afecta a sus ideas.
Y en ese contexto se realiza el encuentro obrero estudiantil campesino, en 1964, para el cual ASA presta sus instalaciones, ubicadas en inmediaciones del cementerio San Pedro, al norte de Medellín. El gran tema de discusión de este encuentro fue, nada más y nada menos, si la lucha armada era una opción política para la izquierda colombiana, que era una propuesta que venía ganando fuerza en el movimiento que lideraba Camilo Torres, el Frente Unido.
“En aquel encuentro ASA se apartó de esa discusión —recuerda Víctor Baena—. Entendíamos que no había condiciones objetivas para la lucha armada, que era un suicidio político. Era una alternativa que no se sostenía sobre una base política y social suficientemente desarrollada”.
Meses después Camilo Torres disolverá su Frente Unido y cogerá el camino de la lucha armada; un camino que ni siquiera pudo empezar: lo mataron en su primer combate en las filas del recién formado Ejército de Liberación Nacional.
Nace Asicol
En 1965 se da el proceso de unidad de las distintas asociaciones sindicales del país, que conformaron la que se llamó Acción Sindical Colombiana, Asicol, el preludio de lo que seis años más tarde será la CGT.
Asicol es simplemente una coordinación política, no es una organización con personería jurídica. A ella pertenecen sindicatos importantes como la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase), las filiales que en varios departamentos tenía la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Federación Colombiana de Vendedores Ambulantes, la Acción Campesina Colombiana (ACC), Sindicato Nacional de Caminos Vecinales con todas sus subdirectivas, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, ASA, Asicun, Asival, Asinort, Asitol, Asitlan, Asical, Asinar, Asimeta. Y empieza a hacer gestión gremial con trabajadores no organizados, pues la idea es que sea una asociación amplia, donde quepan trabajadores de todo oficio y condición. Organizaron trabajadores del transporte en Bogotá, a los areneros de Cartago, e incluso de cooperativas y juntas de de acción comunal. En total Asicol arrancó con unos 20 mil afiliados.
Una de las primeras decisiones fue la creación del Instituto Nacional de Estudios Sociales, INES, fundación de derecho privado sin ánimo de lucro, con autonomía política y administrativa, que nacía con el objetivo de capacitar a los trabajadores en sindicalismo y formar cuadros directivos. Impartía enseñanza sobre mecánica sindical, presentación de pliegos, financiamiento y administración de sindicatos; pero también formaba en estrategia y táctica política, y análisis de coyuntura. Esto porque el sindicalismo debía saber interpretar la cambiante realidad del país y discutir sus problemas, que en aquel momento tenían que ver con la reforma constitucional que impulsó el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que creó la figura de la “emergencia económica” y mantuvo vigente el estado de sitio. La emergencia sirvió tomar medias que el movimiento sindical calificó de impopulares y lesivas para los trabajadores, y el estado de sitio para aplacar la protesta social que estas medidas levantaron.
Como hitos de la lucha en aquella década, se recuerda la huelga del magisterio en 1967, en la que todos los dirigentes de la ASA terminaron en la cárcel La Ladera. La llamada Marcha del Proletariado, que se hizo desde Medellín hasta Bogotá y a la que también se sumaron la CSTC y algunos bloques sindicales independientes.
“Había empatía de ASA con la CSTC, que presidía Pastor Pérez. Incluso en un momento se habló de una posible unión, pero hubo razones políticas que lo impidieron”, recuerda Víctor Baena, quien en 1968 es nombrado coordinador nacional de Asicol, en reemplazo de Heliodoro Agudelo.
Heliodoro Agudelo fue el líder indiscutido de todo el proceso, su inspirador y precursor. Estaba en ASA en su condición de presidente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en Antioquia. Como orador de tribuna lograba establecer tal comunión con el público, que algunos compararon su oratoria con la de Jorge Eliecer Gaitán. “Era un líder que actuaba con franqueza y transparencia, respetuoso de la gente, un hombre de principios”, dice de él Víctor Baena. Se jubiló en los años 80, pero siguió siendo un referente del movimiento sindical. Aún vive en Medellín.
Entre los otros nombres que llenaron esta parte de la historia de la CGT, o sea su prehistoria, está el de Jairo Gutiérrez, quien jugó un papel importante en el proceso. Fue secretario de ASA y Asicol desde sus inicios hasta 1971, cuando se funda la CGT, de la cual fue presidente interino durante algunos meses. Están los hermanos Miguel y Ernesto Molano, ambos directores del INES en sus primeros tiempos; Alfonso Sanabria, también vinculado al INES y encargado del tema administrativo y financiero de la organización; Amparo Lopera, manejó el sector cooperativo; Carlos Ancizar Rico y Francisco Verano, quienes manejaron el movimiento campesino, el primero de la ANUC y el segundo de la Acción Campesina Colombiana; Antonio Arias, de Asicun; Adolfo Erazo, representante de los sectores de la costa Atlántica, que será vicepresidente de la CGT cuando ésta se funda.
Desde 1970 los dirigentes de las diferentes asociaciones sindicales en las regiones se comprometieron en el proyecto de constituirse en confederación sindical, la cuarta del país. Asicol no tenía reconocimiento jurídico como tal, era una simple coordinación política y organizativa, pero había adquirido el desarrollo suficiente para convertirse en Confederación.
El congreso nacional de fundación se citó para el 30 de abril de 1971 en Medellín, en la sede de ASA. Víctor Baena fue nombrado presidente del congreso y de la naciente organización, que se llamó Confederación General del Trabajo (CGT). Pero como éste tenía asuntos que resolver antes de asumir el cargo, fue desinado como presidente interino Jairo Gutiérrez.
La CGT nace como la suma de las Asincol, que funcionaban en 16 departamentos (el país tenía 21 en esa época), de las cuales hacían parte sindicatos de algunas industrias importantes; del sector de la construcción y el transporte; los maestros agrupados nacionalmente en Fecode; organizaciones campesinas, entre ellas el sector moderado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, poderosa en esos años; sindicatos de la agroindustria; del Estado agrupados en Fenaltrase; de la Universidad Nacional, del Sena, del Seguro Social, entre otros. En total la CGT nació con unos 28 mil afiliados, y con sede principal en Medellín.
Con respecto a los maestros, dice Víctor Baena: “La mayoría de los sindicatos de Fecode, once, fueron fundadores de la CGT, o sea que teníamos los votos para afiliar a Fecode como federación. Los otros votos eran de grupos del Moir y el Partido Comunista. Pero no lo hicimos, con el ánimo de preservar la unidad dentro de Fecode”.
La CGT en su ideario de fundación plantea su compromiso revolucionario y su lucha por el desarrollo del trabajador y su promoción personal y colectiva, la búsqueda de una nueva sociedad no sujeta a la explotación social y a la represión de las libertades; reivindica un socialismo no alineado, ni prosoviético ni prochino; un sindicalismo no vinculado u orientado por un partido político; con una posición latinoamericanista y de rechazo a cualquier tipo de dominación imperialista. Acoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los ideales expresados en la carta de las Naciones Unidas. Se ratifica en su pertenencia internacional y la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, y a la Confederación Mundial del Trabajo (CMT).
Pero no fue un parto fácil, porque desde el comienzo no sólo va a tener en contra al establecimiento, que perseguía y castigaba a todo sindicalismo insumiso, sino también a las centrales sindicales históricas, especialmente a la UTC, que en ese momento compartía las mieles del poder con el Partido Conservador, de cuyo directorio nacional hacía parte Tulio Cuevas, presidente de esta confederación. Ésta se oponía a que le dieran reconocimiento jurídico a la CGT con el argumento de que era una confederación muy pequeña y no convenía dividir el movimiento sindical. Así que la sentencia: no hay cuña que más apriete que la del propio palo, se estaba cumpliendo al pie de la letra, al fin de cuentas la CGT había nacido de la entraña de la UTC.
Clara muestra de la persecución contra la CGT, fue el encarcelamiento de Víctor Baena, su presidente, detenido dentro de las normas del Estado de Sitio y bajo el cargo de colaborador de la red urbana del ELN. “Sin ninguna prueba me sometieron a consejo verbal de guerra —recuerda Baena— y en esas estuve 4 meses, de junio a octubre de 1971. Me liberaron por la presión y la solidaridad nacional e internacional, en la que la CLAT jugó un papel importante”. Precisamente aquel año el Gobierno prohibió un congreso que la CLAT iba a celebrar en Bogotá, al que calificó de subversivo.
Durante los cuatro años de gobierno Pastrana Borrero y el primer año del gobierno López Michelsen, que lo sucedió, la CGT no va a tener personería jurídica. Y eso representó una gran dificultad. Funcionó con las cuentas bancarias del INES o de las federaciones regionales, y el apoyo financiero lo tuvo en las organizaciones cooperativas filiales de la CGT.
En 1972 la CGT trasladó su sede a Bogotá, a la calle 16 Nº 16A-25, un sector con un marcado deterioro urbano y hasta peligroso para los transeúntes. Y desde allí le tocó ganarse su lugar dentro del movimiento sindical y abrirse espacios a codazos; desde allí apoyó e impulsó las huelgas de los sectores petrolero, cementero, bancario, azucarero, de la salud, textil, magisterio, que en esos años libraron batallas por los derechos laborales y contra la represión y las restricciones de la libertad de asociación.
En parte por el talante más abierto del gobierno liberal de López Michelsen (1974-1978), pero sobre todo por la importancia de los sindicatos de la CGT, de la presión que éstos ya imponían, el 14 de julio de 1975 se le concede personería jurídica, con la firma de la Ministra de Trabajo, María Elena de Crovo. Otro hecho importante en estos años es la desafiliación de Fenaltrase, federación del sector estatal, que a instancias de su Secretario General, Angelino Garzón, se pasó para la CSTC.
En mayo de 1977, tras la realización de la marcha del Día del Trabajo, la CGT y la CSTC presentaron un pliego de peticiones al Gobierno Nacional, en el que, entre otras demandas, reclamaban alza general de salarios, jornada laboral de 8 horas, congelación de precios de la canasta básica, derogatoria del estatuto docente, levantamiento del Estado de Sitio, desmilitarización de las universidades, abolición de normas contrarias a la libertad sindical, entrega de predios a los campesinos por parte del Incora, y abolición de la reforma del Seguro Social. Pero el Gobierno ni siquiera les respondió, desplante al que ambas centrales reaccionaron convocando a un paro nacional de protesta.
Entre tanto la UTC y la CTC, que también por separado habían presentado un pliego conjunto, esperaban que el Gobierno contestara. Pero la respuesta del gobierno no sólo fue displicente sino también insatisfactoria. No hay que olvidar que ya se había acabado el Frente Nacional, y los partidos liberal y conservador estaban en fuerte puja y a pocos meses de las elecciones presidenciales. O sea que un apoyo a una movilización contra el gobierno liberal resultaba funcional a los intereses del Partido Conservador. En ese contexto la UTC, la central más grande e influente, llama a sus sindicatos al paro nacional, que quedó fijado para el 14 de septiembre. La CTC, en ese momento duramente golpeada y resentida por el asesinato de su líder José Raquel Mercado, ocurrida un año atrás a manos del M-19, también se sumó al paro.
Se conformó un comité operativo del paro con los presidentes de las cuatro centrales sindicales convocantes: Tulio Cuevas por la UTC, Manuel Felipe Hurtado por la CTC, Pastor Pérez por la CSTC, y Víctor Baena por la CGT. Este evento puso a ésta en igualdad de condiciones con las otras confederaciones, incidiendo fuertemente en la orientación del paro nacional, es decir, por primera vez en el ojo del huracán.
Sobre ese suceso Víctor Baena recuerda:
“Para preparar el paro del 14 de septiembre de 1977 montamos una infraestructura de trabajo clandestino excepcional, casi que clandestina porque había mucha vigilancia y seguimiento. Yo por ejemplo varias veces me disfracé de taxista, manejaba un taxi para poderme mover por la ciudad. Fue una experiencia muy importante para la CGT participar en la dirección, orientación y organización de ese paro. Estar en el comité del paro con las otras centrales sindicales, nos dio la oportunidad de hablar en un congreso de la UTC, y dirigirnos a las bases de la CTC. Así pude comprobar que las bases más preparadas políticamente eran las de la CGT y la CSTC, y que ellos no conocían nuestras propuestas ni planteamientos políticos. Por eso los compañeros de la UTC y la CTC que nos escucharon nos decían: estábamos prevenidos porque nos han dicho muchas cosas de ustedes, y el camino es por donde ustedes están diciendo”.
El paro se realizó en casi todo el territorio nacional, y afectó todos los sectores económicos, excepto el de los servicios públicos. Ha sido hasta ahora la mayor movilización sindical en la historia de Colombia. Se calcula que participaron cerca de millón y medio de trabajadores, lo mismo que organizaciones de carácter cívico y sectores campesinos. Fue una protesta duramente reprimida, con saldo de muertos y heridos, pero obligó al gobierno a revisar sus políticas.
La mayor figuración y presencia política de la CGT en el movimiento sindical, trae como consecuencia nuevas incorporaciones. Un hito ocurre en 1981 con la llegada de Utracun (Unión de Trabajadores de Cundinamarca), que tenía más de 100 sindicatos filiales. Era la mayor federación regional de la UTC, a la que se desafilió para pasarse a la CGT.
La llegada de Utracun y otras organizaciones obliga a la CGT a reestructurar su estructura de funcionamiento, y a ampliarse administrativamente. Ya funcionaba en su sede del edificio Uconal: calle 12 con carrear 12, en el centro de Bogotá, donde ocupaba dos pisos.
Precisamente fue Efrén Delgado quien interinamente relevó en la presidencia de la CGT a Víctor Baena, cuando éste se retiró en 1982. Esa interinidad duró hasta el congreso de 1983, que nombró presidente a Álvaro Ramírez Pinilla, quien venía de la fusionada Utracun.
“Me vi obligado a dejar la presidencia porque ya en ese cargo había tenido un largo ciclo, y por amenazas contra mi vida —cuenta Víctor Baena—. Amenazas que continuaron incuso cuando ya no estaba en la presidencia. Me enteré de que habían pagado a un sicario por mi asesinato, y en esa época el Estado no daba ningún tipo de protección a los sindicalistas. Así que me tocó asumir una militancia clandestina y fui a refugiarme a una finca del norte de Antioquia, donde terminé criando marranos porque no tenía con qué más vivir. Afortunadamente me fue bien en esa empresa”.
Julio Roberto Gómez llega a la presidencia
En 1987 asume la presidencia de la CGT Julio Roberto Gómez Esguerra, natural de Bogotá, técnico en artes gráficas, quién, a diferencia del presidente anterior, sí era de la entraña de la CGT. Había sido formado desde muy joven como cuadro directivo de la organización, y en tal condición había escalado diferentes cargos.
Llegó a la CGT como integrante del sindicato de base de Tomás de la Rue, multinacional inglesa de transporte de valores e impresión del papel moneda, donde era obrero prensista. Este era un sindicato beligerante, siempre presente en las movilizaciones, y hacía parte de la Asociación Sindical de Cundinamarca (Asicun), una de las organizaciones fundadoras de la CGT en el congreso de Medellín. En ese momento tenía 20 años de edad y era presidente del comité juvenil de este sindicato.
Víctor Baena recuerda que en su condición de presidente de la CGT fue una vez a una asamblea del sindicato de Tomas de la Rue, y allí conoció a Julio Roberto Gómez, un muchacho de cabello largo, a la usanza de la época, quien en esa asamblea mostró sus condiciones de liderazgo y oratoria. De inmediato le dijo al presidente del sindicato que había que enviarlo al INES a que hiciera los cursos de capacitación sindical para formarlo como cuadro directivo. Y en efecto, durante dos años asistió a todos los cursos y empezaron a invitarlo a los eventos que programaba la CGT, e incluso a misiones internacionales.
Por esa vía, en 1974 se integra a las actividades del Comité Ejecutivo, primero como tesorero, después en la dirección del Departamento de Organización, y la Secretaria General, cargo que desempeñaba cuando en el congreso de 1987 la CGT lo elige como su presidente.
¿Sobre qué bases ideológicas asume la presidencia de la CGT? A eso Julio Roberto Gómez responde: “Sobre la base de la declaración de principios que la CGT mantenía vigente desde 1971: solidaridad, carácter humanista, búsqueda de la paz y la democracia, comprometido con la producción nacional y la soberanía, y sobre todo sindicalismo clasista y de masas, porque el desarrollo de las relaciones entre el capital y el trabajo hace que la luchas de clases esté presente en todos los actos de nuestras vidas. Por eso se crea un sindicato: porque hay intereses de clase claramente definidos. Y ese no es invento de los marxistas, ni de los estalinistas, ni de los trotskistas, ni los maoistas. Es la realidad, la dialéctica de la vida. A lo que si no le jalamos es al odio de clases”.
Según Julio Roberto Gómez, en la década de los años 80 la CGT hace un pare en el camino de la confrontación y adopta una línea de la concertación y diálogo social. “Era un elemento de alguna manera nuevo para el movimiento sindical —agrega—, porque veníamos de una escuela de la confrontación. Esa discusión se da fundamentalmente en el Congreso de 1987, y fue clave. A los principios que ya teníamos como ejes de nuestra acción, se agregó el de la concertación social, y eso nos permitió abrir caminos y campos en muchos lugares”.
En el campo del sindicalismo internacional, la CGT entra a hacer parte, por primera vez, del comité ejecutivo de la Central Latinoamericana de Trabajadores, y más tarde del de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT).
A mediados de los años 80, tras cuarenta años de existencia, se desintegra la UTC. Un sector grande de ella se va para la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, confederación creada en 1986 tras un proceso de unidad liderado por Fecode y la CSTC, y que involucró un amplio vector del sindicalismo independiente, algunos sectores de la CTC y de la UTC.
El sector de la disuelta UTC que no se fue para la CUT decide hacer “rancho aparte”, como se dice, y tras un proceso de unidad con el Consejo Nacional de Solidaridad (ala sindical del Moir), conformó la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia (CTDC), presidida por Mario de J. Valderrama, quinta central sindical del país, pero llamada a tener corta existencia. Tenía la representación de sindicatos importantes como Sindes, Telecom, Caja Agraria, Utradec, Tejidos Rionegro, Cervecería Unión de Medellín, entre otros.
Es también el momento en que, por divergencias políticas, se retira de la CGT un grupo importante de líderes y sindicatos que habían llegado cinco años atrás con la fusión de Utracun. Pero por otro lado se incorporan nuevos sectores, como el gastronómico y hotelero, en cabeza de Sintrahocar, sindicato de industria de vieja data que en su mejor momento llegó a tener 30 mil afiliados; y los sindicatos azucareros de los ingenios San Carlos, Mayagüés, Manuelita, Risaralda, Melendes, La Cabaña.
Una “D” se adiciona al nombre
La década de los años 90 arranca para la CGT con sede propia, la misma que hoy conserva en el barrio Teusaquillo: calle 39 Nº14-58. Allí se instala en 1990.
El país respira los nuevos aires de la Constitución Política de 1991, en cuyo debate participó el movimiento sindical. Pero también respira una fuerte protesta de los trabajadores contra de la Ley 50 y demás reformas legales que restaban derechos laborales y flexibilizaban el contrato de trabajo; y contra los estragos sociales del modelo neoliberal que empezaba a aplicar el gobierno de César Gaviria, bajo la receta y la imposición de los bancos y organismos multilaterales de crédito.
Dentro de su nueva política de diálogo social, la CGT explora caminos de integración con otros sectores del sindicalismo, concretamente con la CTC y con la nueva CTDC. La primera debatió la propuesta y finalmente nada resolvió, en cambio la segunda si la acogió.
Al respecto Julio Roberto Gómez recuerda: “Coincidí con Mario de J. Valderrama en algunas conferencias de la OIT en Ginebra, y allá comenzamos a hablar del tema de la unidad. Con Apecides Alvis, presidente de la CTC, también se trató el tema, pero el entusiasmo duraba apenas unas semanas en Colombia y luego se desvanecía. Con la CTDC si fructificó. Fue la primera vez que fructificó la unidad orgánica de dos confederaciones, y en eso tuvimos el acompañamiento de sectores del Partido Liberal y del Comité de Solidaridad Sindical, como se llamaba la representación política sindical del Moir”.
La unidad entre la CGT y la CTDC se sella en 1992. La mecánica fue hacer por separado congresos de disolución de cada organización, como paso previo para un congreso unitario de fundación. La confederación naciente tiene ya una sigla más larga: CGTD, Confederación General de Trabajadores Democráticos.
Al respeto Julio Roberto Gómez opina: “Se presentó la propuesta de cambio del nombre, ya que se trataba de una nueva organización, y en esa discusión no entramos nosotros. Con tal de no truncar el proceso de unidad, no le pusimos objeción al cambio de nombre. Me parecía, sí, redundante lo de Democráticos. Es un sobrenombre, porque se supone que una organización de trabajadores por sí misma es democrática”.
La nueva sigla perdurará hasta el VII congreso de 2004, en Cartagena, que decidirá volver al nombre original: CGT.
La fusión de las dos organizaciones suponía la suma de los 350 sindicatos de la CGT con los cerca de 200 de la CTDC. Pasó a ser, después de la CUT, la segunda central sindical en membrecía, número de organizaciones filiales y sectores representados. Aglutinaba sindicatos de muchos sectores: bancario, azucarero, textil, floricultor (más de 15 mil afiliados), químico farmacéutico, comunicaciones, sector público, minero, agroindustrial, comercio, hotelero, cajas de compensación, gremios campesinos y de la economía informal, entre otros.
Como fórmula para resolver el tema del liderazgo, se decide que la CGTD tenga un Comité Ejecutivo conformado por 30 miembros: 15 de una organización y 15 de la otra.
También que Mario de J. Valderrama asuma la presidencia y Julio Roberto Gómez la secretaría general. Con la salvedad de que la representación legal de la confederación la tenga este último, no en el presidente. El Ministerio del Trabajo protestó tal decisión aduciendo que el Código Sustantivo del Trabajo ordena que toda confederación tenga como representante legal al presidente. Pero al final prevaleció el artículo primero del Convenio 87 de la OIT, que dice que tanto las organizaciones de empleadores como de trabajadores se dan la estructura que más se ajuste a sus conveniencias; y la estructura que en ese momento mejor se ajustaba a la conveniencia de la CGTD era ese híbrido extraño en el que el segundo en rango, y no el presidente, tenía la representación legal, es decir, el poder real.
“La verdad es que no hubo contradicciones serias entre Mario de Jota Valderrama y mi persona por esa situación, ambos entendimos bien nuestros roles —recuerda Julio Roberto Gómez—. Las contradicciones fueron con los compañeros del grupo del Moir, que querían que el Comité Ejecutivo de la CGT, en la que ellos tenían 5 miembros, siguiera la agenda política del Moir, que fuera una especie de correa de transmisión de este partido, y eso nunca lo aceptamos en la Confederación. En el fondo querían tener una confederación a su servicio, lo cual en sí mismo no es malo, pero si fueran ellos quienes la hubieran creado, no llegar a tomarse una organización que ya existe”.
En el Congreso realizado en Bogotá en 1996, se hace evidente el difícil momento de las relaciones con el grupo del Moir, que llegó dividido en dos bandos, cada uno reclamando la representación en el Comité Ejecutivo. Tal contradicción terminará resolviéndose con la salida de este grupo de la confederación, con lo cual también se fueron sindicatos importantes como Sindes y algunos del sector bancario, como ACEB, fueron expulsados por caer en conductas patronales.
Otro logro de la CGT en esta época, en el campo internacional, es ejercer la presidencia de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT).
“Es el tiempo de la gente”, se llamaba el slogan de gobierno del presidente Ernesto Samper, que para 1995 ya estaba metido hasta el cuello en el escándalo de la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña, y la justicia arrancaba el Proceso 8000. Con este Gobierno las centrales sindicales CUT, CTC y CNP (pensionados), firmaron este año un pacto social que se llamó Acuerdo de productividad, precios y salarios. La CGDT se negó a firmarlo, por las razones que explica Julio Roberto Gómez:
“Porque eso en la práctica significaba la liquidación del sindicalismo. Era aceptar que el desarrollo del salario de los trabajadores estuviera ligado solamente a la productividad y a una política de control de precios. Era un pacto concebido para reafirmar el modelo neoliberal. Se vino entonces una etapa difícil para nuestra Confederación. Hay una especie de campana neumática, de desconocimiento, de invisibilizarnos”.
En 1996, en el marco de la recién creada Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales, en la que hacen presencia el gobierno, los empresarios y los sindicatos (desarrollo de la Constitución del 91), la CUT y la CTC reconocen el fracaso de tal pacto social, y firman su disolución. Los hechos terminaron dándole la razón a la CGTD.
En enero de 1997 el movimiento sindical vuelve a realizar acciones conjuntas, y las tres centrales presentan pliego al Gobierno Samper, cuyo incumplimiento llevó al paro nacional estatal del 11 al 18 de febrero, en el que también participan otros sectores distintos al estatal. Hubo movilizaciones gigantescas, principalmente en Bogotá. Culminó en una negociación y la firma de un acuerdo entre las centrales sindicales y el Gobierno Nacional. Otro resultado positivo de esta lucha conjunta fue la conformación del Comando Nacional Unitario, concebido como un frente de acción amplio con otros sectores políticos.
Pastrana contra cuatro “gatos”
Recién posicionado como presidente de Colombia, Andrés Pastrana pronunció una frase desafortunada. Dijo que el movimiento sindical eran apenas cuatro gatos, como una manera de descalificarlo y no sentarse a negociar sus demandas, o por lo menos a atenderlas. Estas demandas estaban contenidas en el pliego de peticiones que le presentaron las centrales sindicales con temas como la no privatización de las empresas del Estado (Telecom, Caja Agraria, ISS), el estatuto docente y la carrera administrativa.
“Pues bien, los cuatro gatos le convocamos un paro estatal —recuerda Julio Roberto Gómez—. Fue el paro más largo de la historia del país, del 7 al 27 de octubre. Pararon municipios, departamentos, la justicia, el magisterio, Ecopetrol, la guardia penitenciaria… Fue muy bravo, incluyó 11 movilizaciones nacionales a la Plaza de Bolívar, y al presidente Pastrana le tocó sentarse a negociar con los cuatro gatos en el despacho de la Conferencia Episcopal”.
Los logros del paro fueron, entre otros: suspensión de las privatizaciones en Telecom, en el Seguro Social, Ecopetrol, Caja Agraria y Adpostal; negociación del aumento salarial anual en el seno de la Comisión de Concertación Laboral; ninguna represalia contra los trabajadores que participaron en el paro; inyección de recursos a la salud y a la educación. El saldo luctuoso fue el asesinato de Jorge Ortega, vicepresidente de la CUT, y de otros directivos sindicales de las regiones a manos del paramilitarismo, éste ya organizado en las Autodefensas Unidas de Colombia, el “Frankenstein” que estaba amamantando el país en esa segunda mitad de la década de los años 90.
CGT siglo XXI
Según Julio Roberto Gómez, la última década, la que arranca con las luces de fiesta del cambio de milenio, es el tiempo de la consolidación y crecimiento de la CGT, que gana presencia en sectores nuevos del poder público: la guardia penitenciaria, los organismos de control (procuradurías, personerías, contralorías), municipios, licoreras, sector de la salud; en la industria minera (Cerromatoso); en la agroindustria de la palma, el bananero y las flores, entre otros.
Continuó en la línea que se había trazado desde su fundación: la vinculación de trabajadores de sectores no tradicionales para el sindicalismo, como la Federación Nacional de Artesanos; asociaciones de pensionados, algunos cabildos o pueblos indígenas, federación agrarias y la federación de acciones comunales.
Y continuó en la línea de la integración con el sindicalismo internacional y de visibilidad en la OIT. Julio Roberto Gómez, desde el año en que fue nombrado Secretario General de la CGT, o sea desde hace 1987, no ha dejado de ir uno solo año a la conferencia de la OIT. En el año 2004, en representación de la CGT y el sindicalismo colombiano, fue elegido como representante trabajador titular del Consejo de Administración de la OIT. Fue la primera vez que un trabajador colombiano llega a esta distinción. Antes habían accedido en condición de suplentes.
“El hecho de que hayamos sido capaces de romper el viejo síndrome de división del sindicalismo internacional, y que en el 2006 le hayamos dado vida a la Confederación Sindical Internacional, y dos años después a la Confederación Sindical de las Américas, organización ésta que representa más de 50 millones de trabajadores desde Argentina hasta Canadá, no es un registro de poca monta”, afirma Julio Roberto Gómez. A lo que se suma el haber accedido más recientemente a la vicepresidencia de la CSI, lo que habla del papel internacional que juega hoy la CGT.
Y en cuanto a la misión de toda organización sindical, cual es la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, la defensa de la democracia, los derechos laborales y la libertad de asociación, Julio Roberto Gómez dice que las reformas que en este campo se han obtenido por decretos, leyes o fallos de la Corte Constitucional (inscripción automática de sindicatos, calificación de la huelga por los jueces, entre otras), “no llegaron por obra y gracia de la Divina Providencia”, sino que son esencialmente fruto de la lucha y la presión del sindicalismo nacional e internacional; como también lo son las recomendaciones de las misiones de la OIT que han visitado el país, y la agenda laboral que el Gobierno del Presidente Santos se propone discutir ahora para atender las condiciones impuestas por Estados Unidos en el tema del TLC. Y en esa lucha la CGT lleva una buena parte.
Esa es la CGT cuya postura política en los tiempos que corren, resume así su Secretario General:
“La CGT ha asumido una vocería de cara al gobierno y a las distintas instituciones, en la búsqueda de soluciones a los problemas de la clase trabajadora. Por eso es que nosotros estamos trabajando. Reconocemos los aciertos y los yerros de un gobernante cuando hay que reconocerlos. No hay duda de que este país era distinto en el año 2002 y lo que es en el año 2010. Horrible el tema de derechos humanos, muy feo el tema de los falsos positivos, las chuzadas telefónicas, cosas que no debieron haber ocurrido. Pero también hubo movilizaciones para salirse al paso a las pescas milagrosas y a los abusos de los grupos irregulares. Hoy lo que cuenta es con qué tipo de elementos podemos apuntar hacia la construcción de un nuevo país, y la CGT va en su IX Congreso a reafirmar su política, no como una central obrera sino como una confederación del trabajo. En ese sentido el Congreso será la expresión de la multivariedad que es hoy la CGT, una organización que aglutine a todos los sectores de la clase trabajadora, del sector público, del sector privado, profesionales, de la economía informal, afrodescendientes, campesinos, indígenas”.
Esa es la CGT que la última semana de abril de 2011 celebrará su IX Congreso y sus primeros 40 años de existencia, congreso que se celebra en una coyuntura especial, tanto que, como no ocurría hacía muchos años, un presidente de la república, Juan Manuel Santos en este caso, asistirá como invitado a la ceremonia de instalación de un congreso sindical.
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