Source: http://www.venezuelaprocesal.net/CriterioControlhechos.htm
Timestamp: 2018-02-20 10:07:52+00:00

Document:
SCS 07-10-04, nº 1130, exp
SCS 26-07-01, nº 192, exp. 1223, ponente Juan Rafael Perdomo
Sólo por denuncia de suposición falsa o violación de máxima de experiencia
La apreciación de la fe que merece el testigo y las contradicciones en que pudo haber incurrido es de la soberanía de los jueces de instancia; la Sala sólo puede examinar tal establecimiento de los hechos cuando se denuncie suposición falsa o violación de una máxima de experiencia; por consiguiente, la inclusión en el análisis de las preguntas y respuestas señaladas por la formalizante, no mejoraría la posibilidad de control de legalidad por el Tribunal Supremo, finalidad procesal del deber de motivar los fallos, que ha sido cabalmente cumplida.
SCS 29-11-01, nº 335, exp. 01-488, ponente Juan Rafael Perdomo
No denuncia norma jurídica que considere infringida y la apreciación de la credibilidad del testigo es de la soberanía de los jueces
En relación con esta delación la Sala estima –de nuevo- que se encuentra impedida de decidir la misma, pues no señala el recurrente ninguna norma jurídica que considere infringida y porque la apreciación en cuanto a la credibilidad del testigo es de la soberanía de los jueces de instancia y escapa al control de la casación, a menos que la presunta falta sea denunciada invocando uno de los supuestos excepcionales de suposición falsa, como motivo de error de juzgamiento, lo cual no es el caso, en consecuencia, se desecha la denuncia.
SCS 21-02-02, nº 99, exp. 01.581, ponente Juan Rafael Perdomo
Violación del art. 478 impedida de conocer por soberanía de los jueces
En relación con esta delación la Sala estima que se encuentra impedida de decidir la misma, pues señala el recurrente la violación del artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, por error de interpretación, y la apreciación en cuanto a la credibilidad del testigo es de la soberanía de los jueces de instancia y escapa al control de la casación, a menos que la presunta falta sea denunciada invocando uno de los supuestos excepcionales de suposición falsa, como motivo de error de juzgamiento, lo cual no es el caso.
SCS 26-07-01, nº 190, exp. 01-188, ponente Juan Rafael Perdomo
Fe que merece el testigo
Por lo demás, es criterio reiterado de la casación venezolana que la apreciación de la fe que merece el testigo, por el interés que pueda tener en la causa, es de la soberanía de los jueces de instancia y la decisión al respecto sólo puede ser atacada en casación por suposición falsa.
SCS 07-10-04, nº 1130, exp. 03-745, ponente Omar Alfredo Mora Díaz
Error de derecho al establecer y apreciar los hechos
Debe la Sala advertir primeramente, la conducta a seguir por el formalizante cuando aspira a que este Alto Tribunal descienda y examine cómo fueron apreciadas y establecidas las pruebas por el juzgador.
Efectivamente, el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil permite a la Sala extenderse al establecimiento y valoración de los hechos, o al establecimiento y valoración de las pruebas que haya efectuado la instancia, en los siguientes casos de excepción:
a) Denuncia de infracción de una norma jurídica expresa que regule: 1) el establecimiento de los hechos, 2) la valoración de los hechos, 3) el establecimiento de las pruebas ó 4) la valoración de las pruebas; como también
b) Denuncia de alguna de las tres hipótesis de suposición falsa, porque el juez de alzada: 1) atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen, ó 2) dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, ó 3) cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.
En los cuatro casos del literal “a” se trata de un error de derecho, pues, lo denunciado es la infracción de normas jurídicas que regulan el establecimiento o valoración de los hechos, siendo por lo tanto, sus hipótesis distintas unas de las otras. En criterio de este Alto Tribunal, son normas que regulan el establecimiento de los hechos, las que exigen un preciso medio de prueba, o que exigen alguna prueba en concreto, un preciso medio de prueba, o que exigen alguna prueba en concreto para establecer la existencia de determinados hechos o actos.
Igualmente, son normas de valoración de los hechos, aquéllas que a un conjunto de hechos les confiere una denominación o determinada calificación. Por otra parte, serían normas que establecen un medio de prueba, las que consagran formalidades procesales para la promoción y evacuación del mismo, siendo necesario su cumplimiento para la validez del medio de prueba.
Asimismo, serían normas para la valoración de las pruebas, las que fijen una tarifa legal al valor probatorio del medio; o, aquéllas que autorizan la aplicación de las reglas de la sana crítica.
En tal sentido, el recurrente está obligado en su denuncia a lo siguiente: a) apoyar la denuncia en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem; b) precisar cuál es la norma jurídica que regula el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas que resultó infringida; c) denunciar alguno de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ibidem; esto es, la errónea interpretación, falsa aplicación o falta de aplicación, d) explicar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo; y e) señalar las normas jurídicas que el juez de alzada no aplicó y debió aplicar para resolver la controversia.
catorce (14) días del mes de abril de dos mil nueve. Carmen Elvigia Porras de Roa
Delata el recurrente la infracción por falta de aplicación de los artículos 2, 152 y 154 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto la recurrida procedió a valorar el peritaje psiquiátrico forense emanado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de fecha 12 de diciembre de 2006, suscrito por el psiquiatra Osiel David Jiménez y la psicóloga Juana Inés Azparrén, siendo que, en la audiencia de juicio, sólo compareció a declarar la psicólogo Juana Inés Azparrén, por lo que, a decir del formalizante, no hubo por las partes el control sobre la prueba, aunado a que era el psiquiatra el profesional que podía dar la opinión válida sobre la enfermedad profesional padecida por la actora.
Ha establecido la Sala que la falta de aplicación de una norma jurídica, es el vicio que se configura, cuando el sentenciador niega aplicación a una norma jurídica vigente, que es la aplicable al caso en cuestión.
En la presente denuncia se verifica que la pretendida falta de aplicación de los artículos 2, 152 y 154 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procura enervar la valoración que la recurrida ha realizado sobre una prueba que cursa en autos, específicamente el peritaje psiquiátrico forense emanado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de fecha 12 de diciembre de 2006.
Formulada así la delación, es de señalar que la Sala ha establecido de manera reiterada, que para conocer de cierto vicio producto del efectivo examen de las pruebas, debe ser acusado bajo alguna modalidad de suposición falsa. En consecuencia, se desestima la denuncia planteada. Así se decide.
SCS 12-02-08, nº 069, exp. 07-2083, ponente Juan Rafael Perdomo
Qué significa suposición falsa
Conforme a reiterada jurisprudencia, la suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el Juez establece falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, porque no existen las menciones que equivocadamente atribuyó a un acta del expediente, no existen las pruebas sobre las cuales se fundamenta el sentenciador, o éstas resulten desvirtuadas por otras actas o instrumentos del expediente.
El mencionado vicio de suposición falsa, en cualquiera de sus tres sub hipótesis, sólo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedando fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del Juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la ley y la doctrina entienden por suposición falsa.
Así pues, al referirse la suposición falsa a un hecho positivo y concreto que el Juez establece falsa e inexactamente en su sentencia, a causa de un error de percepción, y como en el caso concreto se denuncia que el Juez de alzada, atribuyó a los autos de fechas 13 de julio y 2 de agosto de 2005, dictados por la Juez Nº 4 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, menciones que no contienen, no hay tal suposición falsa, porque no se trata de un hecho concreto establecido por el Juez con las pruebas que cursan en autos, sino a la motivación y argumentación expuesta en los mencionados autos, razón por la cual, no hay tal suposición falsa.
SCS 21-09-06, nº 1440, exp. 05-1669, ponente CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
Corresponde a la soberanía de los jueces de instancia la apreciación y valoración del testigo
La recurrente plantea en la denuncia que los testimonios de los ciudadanos José Gregorio Rodríguez Bermejo y “NAVARRO” fueron desechados; al respecto, esta Sala, en sentencia N° 5 del 1° de febrero de 2006, (caso: Alix Teresa González de Pérez), reiteró el criterio pacífico de la jurisprudencia, con respecto a la apreciación de los testigos, al establecer:
En la presente denuncia, el recurrente delató al amparo del artículo 313, ordinal 1° de la ley adjetiva común, que la Alzada infringió el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, así como también el artículo 12 eiusdem, por lo cual la decisión a su parecer es nula de conformidad con el artículo 244 del mismo Código.
Ahora bien, cabe destacar que el denunciado artículo 243, ordinal 4°, está referido a los motivos de hecho y de derecho que debe contener toda decisión, pero no obstante de haberse encabezado la delación con la infracción de esta norma, la Sala observa, que la parte recurrente dirige su denuncia a impugnar el criterio dado por el Juzgador de la Alzada con relación a la credibilidad de unos testigos, razón por la cual resulta oportuno reiterar que la apreciación en cuanto a la credibilidad de testigos es de la soberanía de los jueces de instancia y escapa al control de la casación, a menos que la presunta falta sea denunciada invocando uno de los supuestos excepcionales de suposición falsa, como motivo de error de juzgamiento, lo cual no es el caso.
De conformidad con el criterio que antecede, resulta improcedente la presente delación, ya que corresponde a la soberanía de los jueces de instancia la apreciación y valoración del testigo; actividad ésta que escapa del control de casación y que se conoce de manera excepcional ante la denuncia de suposición falsa.
SCS 01-04-08, nº 0356, exp. 07-1126, ponente Alfonso Valbuena Cordero
Apreciación de indicios sólo puede atacarse por suposición falsa o violación de las máximas de experiencia
El recurrente aduce, que la recurrida incurrió en la infracción por falta de aplicación los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 510 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no tomó en cuenta los indicios que se desprendían de la prueba aportada por la parte demandante en el lapso de promoción de pruebas, relativa a los “catálogos de productos de la empresa Caracas Paper Company, C.A. correspondiente a la temporada 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004”, las cuales arrojaban, a decir del formalizante, un conjunto de evidencias que demostraba la relación laboral que existió entre el actor y la empresa demandada.
Pues bien, del texto de los artículos que según el formalizante fueron infringidos por la recurrida, resulta evidente que la apreciación de los indicios, es facultad específica de los jueces de instancia, que sólo podrá ser controlada excepcionalmente por la casación, a través de una denuncia por suposición falsa o violación de máximas de experiencia, situación que no fue la planteada en la delación que nos ocupa.
SCS 01-11-07, nº 2202, exp. 07-397
Criterio de suposición falsa aplicado a prueba documental, pero luego decide
Asimismo, se advierte que el recurrente pretende atacar la apreciación realizada por el Juez de alzada al documento liberatorio del pago de las vacaciones, cursante al folio 46 del expediente, a pesar que corresponde a la soberanía de los jueces de instancia el establecimiento de los hechos mediante la valoración de pruebas, así como las razones para acoger o desechar las mismas, ya que esta actividad escapa del control de casación y, excepcionalmente, se conoce al ser denunciada bajo uno de los supuestos de suposición falsa, siempre y cuando el impugnante cumpla con los requisitos que hacen procedente las denuncias de este tipo, lo cual en el caso sub examine no se verifica; sin embargo, la Sala procede a conocer la delación en los términos que fue formulada.
En el caso bajo análisis, delata el formalizante que la sentencia impugnada incurre en la infracción por falta de aplicación del artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, al considerar que la documental privada suscrita por el actor, tiene carácter de instrumento liberatorio de las obligaciones provenientes de la relación laboral, no obstante, que no se especifican los montos y fechas de los conceptos que se pretenden probar.
Ahora bien, el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone:
Artículo 72. Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal (Resaltado de la Sala).
Así pues, resulta necesario reproducir el criterio sostenido por el juez de alzada, con respecto a la distribución de la carga de la prueba:
Dados las alegaciones y defensas de las partes, se tienen como hechos admitidos y por tanto relevados de prueba, que el actor prestó servicios para la demandada durante el período 01 de marzo de 1991 hasta el 14 de julio de 2005; que la relación laboral terminó por despido injustificado devengando el actor a la fecha el salario básico mensual de Bs. 3.432.625,00 y el carácter salarial del bono gerencial 2.004 para el calculo del salario integral devengado al momento de finalización la relación laboral.
La litis queda limitada a determinar la procedencia o no del pago de la fracción correspondiente al período laborado desde el 01 de enero de 2005 al 14 de julio de 2005 por concepto de Bono Gerencial 2005; determinar el carácter salarial o no de dicho bono fraccionado como elemento constitutivo del salario integral devengado al momento de finalización de la relación laboral y en consecuencia, la procedencia o no de las cantidades reclamadas. Asimismo, si la demandada adeuda al actor los montos correspondientes a los conceptos de vacaciones y utilidades demandados.
De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo corresponde a la demandada desvirtuar la procedencia del pago fraccionado del bono salarial del año 2.005 y su incorporación como elemento constitutivo del salario integral devengado al momento de finalizar la relación de trabajo, así como el pago liberatorio de las vacaciones y utilidades reclamadas. Así se declara.
Folio 46 marcada "E"; memorando suscrito por el actor, dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de Pirelli, Sr. F. Medina, de fecha 26 de enero de 1.999.
Al no ser impugnada por el actor, se le otorga valor probatorio. De su contenido se desprende que a la mencionada fecha, el actor no tiene pendiente de pago y disfrute períodos vacacionales.
Con relación a esta probanza, es de hacer notar que en la audiencia de juicio el apoderado judicial del actor manifiesta que no existe a los autos prueba alguna que demuestre el pago liberatorio de dicho concepto. En la audiencia de apelación el actor expresa que la firma de tal documento se produce como consecuencia de la coacción ejercida por la empresa ya que de no hacerlo, ésta procede al despido del trabajador.
En este sentido, es menester señalar que si bien la empresa no trajo a los autos los recibos de pago correspondientes a dichos períodos, no deja de observar este Tribunal que dicha comunicación es suscrita por el demandante cuando ya se encontraba en ejercicio del cargo de Gerente de Recursos Humanos, posición que por su naturaleza implica el conocimiento, participación y aplicación de las políticas laborales de la empresa a la persona que lo detente y que conlleva a considerar que en el presente caso, el actor se encontraba en una posición que le permitía discernir las posibles ventajas o desventajas que comportaba suscribir dicha comunicación. Y así se decide.
SCS 09-08-05, nº 1166, exp. 05182, ponente Carmen Elvigia Porras de Roa
Casación de oficio en cuestión de hecho
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de las facultades que la mencionada norma legal acuerda a esta Sala de Casación Social para decidir el recurso descendiendo al examen de las actas que conforman el expediente, al establecimiento y apreciación de los hechos, y extendiéndose al fondo de la controversia, procede este órgano jurisdiccional a casar de oficio la sentencia recurrida, con base en las infracciones de normas de orden público y constitucionales observadas en la decisión judicial del ad quem.
En efecto, observa la Sala que en la sentencia objeto del presente recurso, se declaró sin lugar la demanda incoada por considerar que la parte accionante carece de cualidad e interés para reclamar las indemnizaciones derivadas de un accidente de trabajo, ya que –a decir del juez ad quem- el ciudadano Pastor José Yajure Liscano no ostentaba la condición de trabajador respecto de la empresa demandada, y que, al contrario de lo sostenido por la parte actora, el mencionado ciudadano desarrollaba una actividad de naturaleza mercantil en su carácter de propietario de la sociedad de comercio Metalmecánica Yajure, C.A., con ocasión de la cual se produjo el fatal accidente que dio lugar a su muerte.
Sin embargo, del examen del material probatorio que consta en autos, se evidencia que el hecho de la prestación personal de un servicio, por parte del ciudadano fallecido a la empresa accionada, no constituye un hecho controvertido -y en todo caso, resulta evidenciado de las actas del expediente- limitándose el litigio a la calificación jurídica de la relación que fundamentaba dicha prestación –que a decir de la parte accionada, era de naturaleza mercantil-.
Se observa que las normas sustantivas y adjetivas que regulan el Derecho del Trabajo son de eminente orden público y como consecuencia de ello su aplicación no puede ser relajada por la voluntad de los particulares, pues a juicio del legislador su consagración está dirigida a proteger la circunstancia contingente en la que se encuentra una persona, el trabajador, frente a otra, el patrono, vinculados por una relación de manifiesta desigualdad económica.
Es así como los artículos 84 al 94 de la Constitución de 1961 derogada y los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen los principios primarios o rectores en esta materia, siendo que la nueva Constitución consagra, en particular, la obligación del Estado de garantizar la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos del trabajo y considera el trabajo como un hecho social, protegido por el Estado y regido por los principios de: intangibilidad, progresividad, primacía de la realidad, irrenunciabilidad, indubio pro operario, entre otros.
Además dispone el artículo 94 de la Constitución de 1999 que:
La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.
En cuanto a las normas de rango legal los artículos 3º, 10 y 15, disposiciones fundamentales de la Ley Orgánica del Trabajo, ratifican el carácter irrenunciable de las normas dictadas en protección de los trabajadores y la obligatoria sujeción de cualquier relación de prestación de servicios personales a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, cualquiera que fuere la forma que adopte, salvo las excepciones establecidas en el texto de la propia Ley.
Entre las normas protectoras que establece la legislación social con carácter de imperatividad, se encuentra la presunción de laboralidad de toda aquella relación existente entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba –salvo las excepciones que la propia ley establece-, la cual está consagrada en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud de la cual, constatada la prestación de un servicio personal, corresponde a la parte que niega el carácter laboral de la misma demostrar que las condiciones de hecho en las que se desarrollaba dicha prestación, excluyen la posibilidad de que sea calificada como una relación de trabajo.
En concordancia con lo anterior, el artículo 89.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, que obliga al juzgador a examinar las circunstancias fácticas en que se desarrolló esta prestación de servicios personales, y no limitarse a observar la forma jurídica bajo la cual entendieron las partes fundamentarla.
En este sentido, el juzgador de alzada consideró que estaba plenamente probado en autos que la relación que vinculaba al ciudadano Pastor José Yajure Liscano con la empresa Venterminales, S.A., era de tipo comercial, en la cual éste actuaba en su carácter de representante legal de la sociedad de comercio Metalmecánica Yajure, C.A., todo ello en virtud de la forma mercantil bajo la cual se prestaba el servicio. Sin embargo, al descender a la realidad de los hechos, se observa que el referido ciudadano estuvo vinculado con la empresa demandada mediante una relación de trabajo desde el 17 de abril de 1995 hasta el 19 de septiembre de 2000, y que posteriormente a esa fecha, continuó prestando sus servicios personales para la demandada en forma regular y permanente, bajo una supuesta relación mercantil entre dos sociedades de comercio, actuando ya no en carácter de trabajador, sino como Gerente General de Metalmecánica Yajure, C.A.
Observa la Sala, que no es suficiente para desvirtuar la presunción de laboralidad establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, que la parte demandada traiga a los autos los documentos que acreditan una determinada forma jurídica bajo la cual se presta un servicio personal, sino que es preciso que se demuestre que no existieron en dicha relación las características fácticas propias de una relación de trabajo –como la relación de dependencia, ajenidad, el pago de un salario, etc.-, por lo que el juez ad quem al establecer el carácter comercial de la relación que vinculaba al trabajador fallecido con la empresa demandada, fundamentándose en la prueba de un contrato mercantil entre dos personas jurídicas –la sociedad de comercio Metalmecánica Yajure, C.A. y la empresa Venterminales, S.A.-, infringió el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y el artículo 8, literal c) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 89.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

References: artículo 478
 artículo 320
 artículo 313
 artículo 320
 artículo 313
 artículo 313
 artículo 243
 artículo 12
 artículo 244
 artículo 243
 artículo 72
 artículo 72

Artículo 72
 artículo 72
 artículo 175
 artículo 94
 artículo 65
 artículo 89
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 8
 artículo 89