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Timestamp: 2020-04-02 14:55:15+00:00

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PLAN DE PENSIONES ¿GANANCIAL O PRIVATIVO?
Mª José Valverde Martinez
Una de las dudas más frecuentes que se plantean los cónyuges al abordar su liquidación de gananciales, especialmente cuando se produce el divorcio, es la relativa a si su Plan de Pensiones tiene carácter privativo o carácter ganancial.
Los Planes de Pensiones son un instrumento de ahorro a medio y largo plazo, y principalmente un complemento de la pensión pública cuando llegue el momento de la jubilación que permitirá a una persona mantener una capacidad económica muy similar a la que tenía cuando se encontraba en activo.
Es importante también distinguir, desde un punto de vista conceptual, el Plan de Pensiones del Fondo de Pensiones, ya que se trata de dos términos diferentes. El Plan de Pensiones dibuja la estructura jurídica para que una persona tenga derecho a recibir rentas o capitales por jubilación u otras contingencias, como la invalidez o el fallecimiento. El Fondo de Pensiones, es el patrimonio que se crea para que pueda existir el plan. En este sentido el Plan establece el compromiso de ingresar una cantidad determinada de dinero en unos plazos establecidos. Esta cuota entrará a formar parte de un Fondo de Pensiones, en el que ya se encuentra el dinero de otros partícipes o planes.
Los Planes de Pensiones tienen carácter privativo, aunque las aportaciones realizadas durante el matrimonio en régimen de gananciales, tiene el carácter de ganancial. ¿Qué quiere decir esto? La jurisprudencia pacíficamente entiende que el Plan de pensiones tiene una naturaleza privativa, si bien se deben considerar como gananciales todas las aportaciones realizadas durante el matrimonio al mismo, es decir, las cantidades que se hayan aportado a ese Plan constante el matrimonio, siempre que su pago se haya realizado con dinero ganancial.
Así, el Plan de Pensiones no puede considerarse ganancial porque la titularidad del mismo es necesariamente individual, porque no cabe la titularidad compartida, y porque los eventos que determinarán, en su día su pago (jubilación, muerte, incapacidad, desempleo…) siempre han de referirse a una sola persona. Sin embargo, las aportaciones que se hacen al Plan durante el matrimonio han de considerarse gananciales por estar afectas a la presunción de ganancialidad del art. 1361 del Código Civil.
Claro referente de esta doctrina jurisprudencial es la conocida Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2007, de la que se han hecho eco las distintas Audiencias Provinciales en sentencias como la de 22 de noviembre de 2013 de la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 4ª), 15 de julio de 2013 de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª) y 10 de abril de 2014 de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª), entre otras muchas.
En conclusión, dado que los Planes de pensiones tienen carácter privativo, aunque las aportaciones realizadas durante el matrimonio en régimen de gananciales tiene el carácter de ganancial, la consecuencia directa de ello será que, ante la eventual liquidación de la sociedad de gananciales en caso de divorcio:
Deberá incluirse en el activo de la sociedad de gananciales un derecho de reembolso a favor de ésta por las cantidades aportadas durante la vigencia del matrimonio al Plan de Pensiones.
Deberán calificarse como privativas, y por tanto excluidas del inventario ganancial, las cantidades que se perciban del Plan de Pensiones
Cabe hablar de una excepción y es la relativa al régimen de los denominados Planes de Empleo. Es decir, cuando la aportación de las cantidades a ese Plan de Pensiones se ha realizado exclusivamente por cuenta de la empresa empleadora del titular del Plan y no consta que esa cantidad haya sido aportada como salario, las aportaciones al plan tendrán carácter privativo, ya que no han sido pagadas con dinero del matrimonio.
LA AUDIENCIA AL MENOR EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA
Una de las incertidumbres más frecuentes a las que se enfrenta un padre o una madre al iniciar un procedimiento judicial de separación o divorcio es la concerniente a si sus hijos menores de edad tendrán que comparecer ante el órgano judicial, si se les escuchará debidamente sobre sus deseos y expectativas, si van a sentir miedo a manifestar abiertamente su voluntad, si el menor se verá inmerso en un conflicto de lealtad, si sus manifestaciones serán confidenciales o si perderán espontaneidad en un ambiente tan poco habitual como un Juzgado y, por ende, no serán lo suficientemente veraces, ni fieles a su opinión y sentimiento.
Desde el punto de vista del operador jurídico, las preguntas son diversas: ¿Se encuentra suficientemente regulada la audiencia del menor en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Está garantizada la confidencialidad y la intimidad de los menores en la práctica de la audiencia? ¿Es necesaria la grabación por mecanismos audiovisuales? ¿Cómo tiene que documentarse en el acta? ¿Qué información debe hacerse constar? ¿Ha de darse traslado a las partes de su resultado?
Para dar respuesta a estas cuestiones partiremos de dos iniciales consideraciones al referirnos a la audiencia del menor: 1ª) debe primar siempre el principio del interés del menor; 2ª) estamos hablando del derecho del niño a ser oído en los procesos judiciales de familia en los que esté implicado, de tal forma que, conculcar este derecho sin justificación ni motivación alguna, podría suponer una vulneración de la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución española.
Regulación legal del derecho de audiencia al menor
El origen del derecho de audiencia del menor lo encontramos en el art. 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, según el cual: «Todos los menores tienen derecho a ser oídos en los procedimientos en los que se traten asuntos de su interés».
El art. 92 del Código Civil fue modificado por la Ley 15/2005, de 8 de julio, suprimiéndose la referencia a la edad del menor para ser oído, de forma que el hecho de que el menor tenga 12 años o más no supone siempre que tenga la madurez suficiente para ser explorado. Tarea importante para el juez será determinar, en cada caso concreto, si el menor implicado en el proceso de familia tiene esa madurez antes de acordar su audiencia, y podrá ayudarse para ese fin de informes periciales, escolares, interrogatorio de las partes, etc. Tarea igualmente importante para el Abogado de Familia será la de aportar los datos necesarios para conformar el criterio del Juez en cuanto a la necesidad y conveniencia de oír al menor o no.
Si nos remitimos a la regulación procesal, en los procedimientos de mutuo acuerdo, es potestad judicial decidir si se practica la exploración, acordándose solo cuando resulte necesario y el menor tenga suficiente madurez, con independencia de su edad cronológica (art. 777 LEC en relación con el 92.6 CC ).
Tratándose de un procedimiento contencioso, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, modificó el art. 770.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que «(…) Si el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, las partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años (…)». Resulta, por tanto, facultad del Juez ponderar la necesidad de la audiencia como factor previo a ser oído.
La Ley Orgánica 8/2015 Ley Orgánica, de 22 de julio , de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, amplía y detalla el contenido del derecho del menor a ser oído y escuchado de acuerdo con las recomendaciones y criterios de los Convenios Internacionales ratificados por España. En esa línea, modifica el art. 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, con la siguiente redacción: «El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. […] … La madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos».
En íntima relación con este elenco normativo, el Tribunal Supremo en sentencias como la de 10 de julio de 2015, y recogiendo la doctrina establecida en la sentencia de 20 de octubre de 2014, determina que la aparente contradicción entre el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a ser aclarada por la Ley del Menor y por el Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio.
¿Cómo ha de realizarse la audiencia al menor?
La Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene precepto que regule de forma expresa y detallada la forma en que deben tener lugar la audiencia del menor en estos procedimientos, ni cómo dejar constancia de la misma en el proceso. La nueva redacción del art. 9 LO 1/1996 , dada por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, señala que se debe hacer de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de éste, debiéndose preservar su intimidad.
El menor deberá recibir la información idónea que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. A juicio de numerosos especialistas en la materia, el menor ha de saber el destino de la información que proporciona y no se le tiene que engañar en modo alguno al respecto. Sin embargo, la falta de regulación legal en la materia genera interrogantes sobre cómo se debe realizar esta diligencia en el procedimiento judicial, ya que es admitido de forma unánime por la doctrina y la jurisprudencia que no tiene la naturaleza de prueba y, por tanto, no se ha de practicar de forma pública.
En consecuencia, hemos de guiarnos por unos criterios de actuación dirigidos a respetar el derecho del menor a ser oído, así como el derecho a su intimidad, de forma que se garanticen las condiciones idóneas para salvaguardar sus intereses y para que exprese sus deseos y opiniones de forma libre, sin miedos ni desconfianza. De esta manera, tal y como señalan Abogados especialistas en Familia, es necesario y deseable que en la práctica de la audiencia:
Se facilite una comunicación del menor con el Juez y el Fiscal que inspire confianza, con el fin de que dicha comunicación no sea percibida como distante, protocolaria o rígida.
Se realice en dependencias adecuadas, cómodas y convenientemente equipadas, nunca en salas de vistas, ni vistiendo el Juez la toga.
Se informe al menor sobre lo que se está decidiendo y en qué medida le va a afectar, utilizando un lenguaje sencillo, conforme a su capacidad de entendimiento, con preguntas que le sean comprensibles y que le permitan expresarse de una manera espontánea, lo que a su vez ayudará a interpretar las respuestas del menor.
Debe ser intentado el diálogo no forzado, no el interrogatorio, y nunca se debe hacer elegir al menor entre uno u otro progenitor.
Se debe transmitir al menor que se encuentra en su derecho a hablar, pero que también puede guardar silencio, si así lo desea (no convirtamos un derecho en una obligación automática, actuemos con cautela y en beneficio del menor, siempre). Muy importante será, igualmente, hacerle saber que el peso de la decisión que se tome no recae sobre él, tratando de evitarle de esta manera presiones y conflictos de fidelidades a uno u otro progenitor.
Contenido y forma de la audiencia al menor, personas presentes. Respeto a la intimidad del menor.
En cuanto al contenido, qué duda cabe que ha de ser respetada la confidencialidad y la intimidad del menor, de ahí que, en la práctica y hasta el momento actual, numerosos jueces se hayan negado a la grabación del acto o a facilitar el resultado de la prueba a los abogados de las partes.
Ante la ausencia de especificación legal, salvo la prevista en el art. 355 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el reconocimiento de personas, la audiencia al menor se ha venido practicando de forma diferente según cada juzgador, con la inseguridad jurídica que dicha práctica ha supuesto para tan importante comparecencia.
La nueva redacción del art. 9 de la Ley de Protección Jurídica del Menor nos indica que el menor puede expresar su opinión verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación, por lo que se abre la posibilidad de que el menor sea oído a través de documento manuscrito por él mismo y confeccionado con las debidas garantías.
¿Cómo documentar la audiencia? ¿Cómo armonizar el interés del menor y el resto de intereses del procedimiento? No es fácil dar respuesta a estas preguntas. El art. 358 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que del reconocimiento judicial se levantará acta detallada. De esta manera, dejando constancia con claridad y certeza de lo expresado por el menor, se evitaría la indefensión de las partes así como el perjuicio que le provocaría a este último que la exploración tuviera que ser reproducida en la segunda instancia.
Novedosa y transcendente resulta, igualmente, la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria, la que en su art. 18 establece que para estas exploraciones se extenderá acta detallada y, siempre que sea posible, serán grabadas en soporte audiovisual, añadiendo que de ese acta o grabación se dará traslado a las partes para que puedan hacer alegaciones en el plazo de cinco días. Aunque el legislador no termina de resolver el problema, planteando nuevos interrogantes:
– la práctica establecida en el art. 18 de la LJV ¿se aplica sólo a los expedientes de jurisdicción voluntaria o a cualquier exploración de menores, con independencia del expediente o procedimiento en que se realiza?
– ¿Estamos convirtiendo la audiencia al menor en un auténtico medio de prueba al dar traslado de ella a las partes y poder efectuar éstas alegaciones?
– ¿Qué limitaciones se pueden o se deben establecer al uso de la copia del acta o de la grabación?
– El traslado de las manifestaciones al menor a las partes ¿coarta su libertad y espontaneidad a la hora de hacerlas?
En cuanto a las personas que pueden estar presentes en la audiencia al menor, ninguna previsión legal existente hasta la promulgación de la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria, como tampoco ha existido unanimidad en la jurisprudencia ni en la doctrina al respecto. Lo habitual es que esté presente el Juez, el Letrado de la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal y en ocasiones, un psicólogo; nunca las partes, ni los progenitores. El artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria refuerza la presencia del Ministerio Fiscal.
Ante este panorama, son numerosos los Jueces y Abogados que solicitan una reforma razonada del sistema actual de audiencia al menor con el fin de protegerle realmente y proteger también así su derecho a opinar, su intimidad. Y en este sentido, se demanda la creación de órganos especializados para conocer de los procesos donde se van a adoptar las medidas que afecten a los menores (indispensable una jurisdicción de Familia que llegue a todos los ciudadanos y Partidos Judiciales); dotar a esos órganos de personal cualificado, con preparación y sensibilidad para tales cuestiones (Juez, Letrado de la Administración de Justicia, funcionarios, Fiscal, psicólogos, coordinador parental….); crear dependencias adecuadas que eviten el peregrinaje de los menores por los edificios judiciales; dotar al menor de un verdadero defensor judicial (en la actualidad, aunque esa misión está encomendada al Fiscal, el mismo interviene en los procesos de familia, en la mayoría de las ocasiones, sin conocer ni hablar previamente con los menores); regular de forma específica y concreta la forma en que los menores van a actuar en dichos procesos, si lo tienen que hacer en persona o pueden actuar a través de ese defensor y, en su caso, el uso que se hace o hará de sus declaraciones, si se comunicarán a las partes, así como las medidas de protección que se puedan tomar si hay represalias por las mismas. Ejemplos de ello los tenemos en países cercanos como Alemania, con las figuras del abogado del menor (Verfahrensbeistand) y la del velador del régimen de visitas (Umgangspfleger) que suponen en la práctica una protección real del menor y de sus intereses en los procesos judiciales en los que están implicados.
Si quieres saber más sobre el tema, lee Custodia compartida, ¿qué hay de nuevo?
María José Valverde, Abogada en PREMISA, ECONOMISTAS Y ABOGADOS
“MI VECINO HA VENDIDO SU TERRENO Y ME INTERESABA COMPRARLO” O CÓMO HACER VALER EL RETRACTO LEGAL DE COLINDANTES
No es extraño que un cliente acuda a nuestro despacho y nos consulte sobre los derechos que tiene en la adquisición de un terreno que sabe ha sido o va a ser vendido de forma inminente a un tercero por su vecino colindante. En la mayoría de las ocasiones el cliente conoce que se ha producido o se va a producir la venta porque el vecino le ha hablado en alguna ocasión de su intención o porque la visita de personas ajenas a la finca colindante ha despertado ésta fundada sospecha.
Se trata de casos en los que, de haberse producido la venta del terreno y siempre que hayan concurrido unos determinados requisitos, nos podemos plantear el ejercicio de una acción de retracto de colindantes, es decir, interponer una demanda que tenga por objeto y finalidad pedir para nuestro cliente (persona interesada en la compra del inmueble), con carácter preferente a cualquier otra persona, el terreno vendido por el vecino colindante, y ello en las mismas condiciones y precio en las que lo ha adquirido el tercero adquirente. Muy presente hay que tener que en estos supuestos habrá que actuar con la mayor celeridad posible, ya que el plazo para el ejercicio de la acción de retracto es muy breve y tendremos que hacernos con la información y la documentación necesarias con prontitud y diligencia.
La legislación material del retracto de colindantes hay que encontrarla en el Código Civil (artículos 1.521 y siguientes), y el art. 1523 CC nos dice que hay derecho de retracto a favor de propietarios:
de tierras colindantes
siempre que se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea
no siendo posible el retracto a las tierras colindantes que estén separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en provecho de otras fincas
El Tribunal Supremo aclara que la acción de retracto no reviste los caracteres de una acción contradictoria de dominio sino una acción de tipo subrogatoria que, por ser limitativa del dominio, se da con carácter excepcional, contra los terceros adquirentes del inmueble, conforme a lo prevenido en el art. 37 de la Ley Hipotecaria.
¿Cuál es la finalidad del retracto legal de colindantes? Hemos de partir de los orígenes romanos de la institución para hablar de su carácter eminentemente social, es decir, facilitar remedio al minifundismo el cual ofrece un obstáculo insuperable para el desarrollo de la riqueza. De esta manera, se evita la permanencia del minifundio, lo que por el legislador del siglo XIX se consideraba antieconómico y perjudicial para la economía nacional, opinión esta que es perfectamente trasladable al momento actual. Sin embargo, no se trata tanto de satisfacer aspiraciones de mejoramiento económico de los particulares, como nos recuerda el Tribunal Supremo, sino que debe prevalecer el interés de la agricultura motivada por el interés general, por lo que debe ser interpretado esta clase de retracto como carga de derecho público a fin de evitar la excesiva división de la propiedad.
Curiosamente, es ésta función social de la institución la que se observa como más habitual para la desestimación por los tribunales de la acción de retracto de colindantes, ya que si bien el art. 1523 del Código Civil sólo hace referencia a la existencia de inmueble rústico, se ha elaborado una doctrina jurisprudencial sobre la interpretación y adecuación de tal requisito, que se configura como requisito inexcusable de la acción. Así, encontramos sentencias que exigen la condición de cultivador personal o profesional de la agricultura del retrayente. Mientras que otras, las más moderadas en sus aseveraciones, entienden que el requisito del carácter rústico del terreno ha de ser resuelto atendiendo al destino y a la situación del mismo, sin que a estos efectos se consideren decisivos los datos que ofrezca el Catastro o incluso el Registro de la Propiedad, pues se trata de una cuestión de hecho, es decir, se trata de dilucidar la situación real de la parcela. Datos como la proximidad de la finca a una población o a sus aledaños, su emplazamiento en una zona de campo, su proyección urbanística más o menos futura, su aprovechamiento o destino (explotación agrícola vigente durante los últimos años, pecuaria o forestal, frente a vivienda, industria o comercio) serán decisivos para considerar el carácter rústico o no de la finca.
Cabida superficial de una hectárea de la finca objeto de retracto, requisito que tendremos que acreditar debidamente para cumplir con la ratio legis de la norma que es la de combatir el minifundio. Para su prueba podremos acudir al título de propiedad o a la superficie que conste inscrita en el Registro de la Propiedad, aunque, en todo caso, podría primar la realidad física de la finca, si así se demuestra, ya que, en muchos casos, realidad física y realidad registral no coinciden.
¿Qué debemos entender por colindancia a efectos de retracto? Otro de los requisitos exigidos por el art. 1523 del Código Civil es que las tierras implicadas en el retracto sean colindantes, lo que significa que deben presentar una continuidad topográfica entre las mismas. No prosperará la demanda tendente al retracto cuando las fincas estuviesen separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos u otras servidumbres aparentes a favor de otras fincas, dado que estos accidentes implican la existencia de obstáculos físicos que impiden que las fincas que son colindantes pasen a tener una unidad física, incumpliéndose de este modo la finalidad de la norma que no es otra que la de unir pequeños terrenos rústicos en pro de la riqueza agropecuaria, acabándose así con el minifundismo que se considera perjudicial. Es por ello que se exige la existencia de una superficie continuada o contigua, no deshecha ya por accidentes naturales o bien por un derecho de servidumbre.
¿De qué plazo disponemos para el ejercicio del derecho de retracto? El artículo 1524 del Código Civil establece un plazo de caducidad de nueve días para la interposición de demanda de retracto de colindantes. A la perentoriedad del plazo hemos de añadir que se trata de un plazo de caducidad, que por tanto no puede ser interrumpido y al que no se le pueden descontar los días inhábiles. Y ello por su naturaleza civil, transcurrido el cual no será posible solicitar mediante la acción de retracto el reconocimiento del derecho a retraer la finca colindante.
Otro problema fundamental que plantea el plazo de caducidad es a partir de qué día debe comenzar a computarse, y en este sentido, el art. 1524 del Código Civil se decanta por establecer, con carácter general, el día siguiente al que resulta inscrita la venta en el Registro de la Propiedad, y únicamente cuando se acredite que el retrayente (colindante interesado en la adquisición), conoció la venta con anterioridad a dicha fecha de la inscripción el plazo podrá computarse a partir de dicho conocimiento. En este último caso es necesario un conocimiento completo, cumplido y cabal que abarque no sólo al hecho de la venta, sino también la noticia exacta de todos los extremos de la transmisión como precio, condiciones especiales de la venta, modalidades de pago ….
Por tanto, una vez constatado que concurren todos los requisitos para ejercitar la acción de retracto de colindantes, el tiempo apremia. Bastará con ponerse en manos de un abogado especializado para que, de forma ágil y segura, se haga acopio de la información y documentación necesaria y presente demanda dentro del plazo previsto al efecto.
María José Valverde, Abogado en PREMISA, ECONOMISTAS Y ABOGADOS
DEVOLUCION DE CLAUSULAS SUELO, PROCEDIMIENTO Y FISCALIDAD.
En relación con la devolución de las clausulas suelo de los prestamos hipotecario , el BOE de 21 de enero de 2017 publicaba el esperadísimo Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para posibilitar la solución de controversias entre consumidores y usuarios en relación a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria que contienen las denominadas “cláusulas suelo”.
A continuación, analizaremos, por un lado, el procedimiento extrajudicial de devolución de las clausulas suelo y, por otro, el régimen fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la devolución de cantidades derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales relativo a clausulas suelo.
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDCIAL
El RDL 1/2017 afecta a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una clausula suelo cuyo prestatario sea UN CONSUMIDOR.
Se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Por tanto, quedan fuera del ámbito del RDL 1/2017 las personas jurídicas, así como las personas que actúen en el ejercicio de una actividad comercial, empresarial o profesional.
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL.
El procedimiento extrajudicial es obligatorio para las entidades de crédito y voluntario para los interesados. Las entidades de crédito deben implantar un sistema que facilite la reclamación extrajudicial de forma ágil y su resolución de forma rápida. Disponen de un mes para implantarlo desde la entrada en vigor del RDL 1/2017.
El procedimiento extrajudicial tendrá carácter gratuito. La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base.
La iniciación del procedimiento corresponde al consumidor. Recibida la reclamación, la entidad de crédito puede adoptar dos posiciones:
Si la entidad considera que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.
Si la entidad considera que la devolución es procedente, deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses.
En este caso, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo estuviera, la entidad de crédito acordara con el consumidor la devolución del efectivo.
La entidad de crédito y el consumidor, una vez convenida la cantidad a devolver podrán acordar la adopción de una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo. En este caso la entidad de crédito deberá suministrarle una valoración que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince días para que manifieste su conformidad.
En los procedimientos judiciales en curso, las partes podrán, de común acuerdo, someterse al procedimiento extrajudicial regulado en el RDL 1/2017, y solicitando la suspensión del proceso judicial.
TRATAMIENTO FISCAL DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
En la disposición final primera del RDL 1/2017 se introduce una nueva disposición adicional cuadragésima quinta en la Ley 35/2006 de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas (IRPF). En tal disposición, se establece el régimen fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las clausulas suelo derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.
Si las cantidades percibidas por la devoluciones derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, junto con los intereses indemnizatorios, no tendrán la consideración de renta integrable de la base imponible de este impuesto (IRPF) ya sea en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios.
Si las cantidades percibidas por la devoluciones derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, fueron objeto de deducción por inversión en vivienda habitual o deducidas como gasto, en este caso si procede la siguiente regularización:
Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores y no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción , ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidaciones por este impuesto.
Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota liquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubieran celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicio respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la duda tributario mediante la oportuna liquidación.
Únicamente quedan fuera de esta regularización, cuando el acuerdo entre la entidad financiara y el contribuyente no es en efectivo, sino mediante la medida compensatoria de destinar directamente las cantidades a minorar el principal del préstamo.
NUEVAS MEDIDAS FISCALES APROBADAS EN EL REAL DECRETO LEY 3/2016
Con el nuevo gobierno ya empiezan la adopción de nuevas medidas fiscales, el 3 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2016 de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de la cuentas públicas.
El presente Real Decreto-ley introduce reformas en las siguientes figuras tributarias: Impuesto sobre Sociedades, Impuestos Especiales, Impuesto sobre el Patrimonio, Ley General Tributaria, y Ley del Catastro Inmobiliario.
También algunas medidas en materia social como la actualización del tope máximo de cotización en el Sistema de Seguridad Social y de los incrementos del tope máximo y de las bases máximas de cotización y del límite máximo de las pensiones.
Entre las principales medidas podemos enumerar las siguientes:
1– NUEVOS SUPUESTOS EN LOS QUE LA DEUDA TRIBUTARIA NO PUEDE SER OBJETO DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO.
Impide la posibilidad de pago en especie con cualquier clase de bien cuando se trate de deudas tributarias inaplazables según lo dispuesto en el artículo 65.2 de la LGT.
Amplia los supuestos en los que la deuda tributaria no puede ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento a los siguientes:
Retenciones e ingresos a cuenta en todo caso.
Liquidaciones que resulten de las ejecuciones de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias (en vía administrativa o judicial) cuando previamente hayan sido suspendidas.
Esta medida va a ocasionar que miles de pymes y autónomos que solicitan cada trimestre el aplazamiento o fraccionamiento en el pago del IVA y no podrán hacerlo en 2017.
Cuando se presentó esta medida no se mencionó la palabra IVA porque la medida afecta también a los Impuesto Especiales. Pero lo que está claro es que el aplazamiento o fraccionamiento del pago del IVA es un instrumento que había servido a muchas empresas para lograr un respiro durante la crisis económica.
El coste en intereses en 2016 es del 3,75%, sin necesidad de garantías si son menos de 30.000 €, según la orden ministerial aprobada hace solo un año, que amplio ese límite de 18.000 a 30.000 euros.
Tras este anuncio la Agencia Tributaria presumió de ayudar a las pymes y autónomos, pero un año después, ha decidido retirar del todo estas facilidades de pago.
2- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.
Se prorroga durante 2017 la exigencia de gravamen por impuesto sobre patrimonio.
3- MODIFICACIONES DE IMPUESTOS ESPECIALES.
Impuestos especiales sobre el alcohol y bebida alcohólicos:
Se incrementa en un 5% la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas, tanto en la península como en las Islas Canarias.
Impuestos sobre las labores del tabaco:
Se incrementa la fiscalidad también sobre las labores del tabaco tanto para cigarrillos como para picadura para liar.
4- ACTUALIZACION DE COEFICIENTES DE ACTUALIZACION DE VALORES CATASTRALES.
Se aprueban dichos coeficientes para los municipios que lo han solicitado y que son los que se relacionan en la Orden HAP/1553/2016.Se establece la limitación a la compensación de cuotas negativas.
Podemos definir por valor catastral el valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble tras aplicar los criterios de valoración que se recogen en la ponencia de valores de cada municipio.
A la hora de fijar dicho valor catastral influyen múltiples variables como la localización, el coste de ejecución, la antigüedad, el valor de construcción o los gastos de producción. Los principales impuestos relativos a la vivienda a los que afectarán estas revisiones:
En el impuesto sobre el patrimonio se toma el valor catastral como referente para valorar los inmuebles. Si se produce un incremento en el valor catastral posiblemente el que no tenía de pagar este impuesto tengan que hacerlo por superar el mínimo legal exento y quienes pagaban tengan que pagar más.
Cuanto más alto sea el valor catastral más tendrá que pagarse por este impuesto en el momento en el que se venda la vivienda.
ITP Y SUCESIOENS Y DONACIONES:
En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en Sucesiones y Donaciones también se toma como base para su cálculo el valor catastral y se vera incrementado.
La actualización del valor catastral afecta al IRPF a las segundas viviendas al declarar como rendimiento de capital inmobiliario un porcentaje del valor catastral de las mismas, no afectara a la vivienda habitual.
Este impuesto subirá salvo que los ayuntamientos decidan bajar el coeficiente.
5- IMPUESTO DE SOCIEDADES.
En el ámbito de este impuesto se adoptan las medidas de más relevancia, unas con efectos impositivos que se inicie a partir del 1 de enero de 2016 y otras con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007:
Dotación por deterioro de créditos y otros activos de deudores no vinculados, no adeudos por entidades de derecho público, y dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social que hubieran generado activos por impuesto diferido.( art. 11.12).
Se establecen nuevos límites aplicables a contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio anterior sea al menos de 20 millones de euros para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
importe neto cifra de negocios ejercicio anterior AÑO 2016 AÑO 2017
limite aplicable limite aplicable
inferior a 20,000,000 € 60% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S 60% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S
Entre 20.000.000 y 60.000.000 € 50% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S 50% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S
Igual o superior a 60.000.000 € 25% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S 25% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S
Compensación de bases negativas imponibles (art.26.1). Se establecen nuevos límites aplicables a contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio anterior sea al menos de 20 millones de euros para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
BIN´s compensables BIN´s compensables
inferior a 20,000,000 € 60% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S. Sin limitación hasta 1.000.000 € 60% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S. Sin limitación hasta 1.000.000 €
Entre 20.000.000 y 60.000.000 € 50% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S. Sin limitación hasta 1.000.000 € 50% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S. Sin limitación hasta 1.000.000 €
Igual o superior a 60.000.000 € 25% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S. Sin limitación hasta 1.000.000 € 25% de la BI previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de BIN¨S. Sin limitación hasta 1.000.000 €
Limitación de la dotación por deterioro de créditos por insolvencias o por aportaciones a sistemas de previsión social para entidades grupos fiscales (art.62.1 e)). para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
importe de la cifra de negocios grupos fiscal ejercicio anterior AÑO 2016 AÑO 2017
inferior a 20,000,000 € 60% de la agregación de las BI individuales, eliminaciones, incorporación y dotación a reserva de capitalización 60% de la agregación de las BI individuales, eliminaciones, incorporación y dotación a reserva de capitalización
Entre 20.000.000 y 60.000.000 € 50% de la agregación de las BI individuales, eliminaciones, incorporación y dotación a reserva de capitalización 50% de la agregación de las BI individuales, eliminaciones, incorporación y dotación a reserva de capitalización
Igual o superior a 60.000.000 € 25% de la agregación de las BI individuales, eliminaciones, incorporación y dotación a reserva de capitalización 25% de la agregación de las BI individuales, eliminaciones, incorporación y dotación a reserva de capitalización
Nuevo limite a la aplicación de las deducciones por doble imposición interna e internacional.Para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
El límite de deducción en cuota es del 50% de la cuota íntegra, solo se limita el importe a deducir a los contribuyentes con INCN de al menos 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo.
El limite opera sobre las deducciones por doble imposición generadas en el ejercicio y sobre los pendientes de deducir que se hayan originado en ejercicios anteriores para evitar la doble imposición jurídica internacional, doble imposición económica internacional, deducción por doble imposición interna de valores adquiridos antes de ejercicios iniciados a partir de 01/01/15 y sobre la de impuesto soportados en el extranjero por una entidad en el régimen de transparencia fiscal.
Exención por dividendos.Para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017.
No deducibilidad de las perdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos, como en plusvalías generadas en la transmisión de participaciones.
Así mismo, queda excluida de integración en la base imponible cualquier tipo de perdida que se genere por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado.
6- REGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS.
Se establece la limitación a la compensación de cuotas negativas. La modificación afecta a las cooperativas cuyo importe neto de cifra de negocios durante los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea igual o superior a 20 millones de euros y se aplica a los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016. Se establecen los siguientes límites:
Límite del 50% si el importe neto de cifra de negocios en los referidos 12 meses es inferior a 60 millones de euros.
Limite será de 25% si el importe neto de cifra de negocios en los referidos 12 meses es igual o superior a 60 millones de euros.
PREMISA CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ABOGATEC
Por María José Valverde, Abogado en PREMISA, ECONOMISTAS Y ABOGADOS
MAGNÍFICO ABOGATEC, foro de opinión y debate sobre la influencia y el uso que las nuevas tecnologías aportan a los profesionales del Derecho y al mundo jurídico en general.
Congreso dinámico y muy enriquecedor bajo el formato de micro-ponencias que generaron gran entusiasmo entre los asistentes. Los abogados, comprometidos con su futuro, comienzan a relacionarse con la Administración de Justicia mediante las nuevas tecnologías …….muchos retos por delante hasta conseguir la plena sincronización, la Abogacía deberá estar alerta en todo momento para evitar la pérdida de garantías en el proceso.
Se habló de la ciberdelincuencia y del ciberespacio, algo que llega a tener en muchas ocasiones alcance transnacional…. ¿podemos controlar nuestra información digital en el ciberespacio? ¿cuál es la responsabilidad de los prestadores de servicios en el comercio electrónico? ¿cuál es la jurisdicción competente si quiero demandar? Y junto a ello, el legislador intenta dar respuesta a la nueva realidad TICs introduciendo la regulación de nuevos delitos tecnológicos: ciberacoso, estafa digital, sexting …… ¿qué puedo hacer si mi hijo está siendo objeto de bullying en redes sociales? ¿es delito el envío de imágenes o videos de contenido íntimo a través del móvil o del ordenador? La prueba electrónica se convierte en elemento decisivo en el enjuiciamiento de estos nuevos tipos penales: preservación de evidencias, metadatos, pruebas en tránsito, autenticidad y trazabilidad, clonación de datos, cadena de custodia, autorizaciones de registro de documentos y comunicaciones…..
Muy interesante la aportación de ABOGATEC respecto a los nuevos retos del despacho on line, porque los abogados también somos sujetos activos en el proceso de acceso a la revolución digital, nuevas tecnologías y redes sociales, no sólo en beneficio del propio despacho sino, fundamentalmente, en beneficio del cliente …..oportunidades de negocio, nuevas herramientas TICs que acercan el despacho al cliente, aplicaciones informáticas que nos permiten organizarnos más y mejor ….. un apasionante mundo por descubrir.
Desde PREMISA, ECONOMISTAS Y ABOGADOS damos la enhorabuena a ICAMUR y a todos los organizadores de este exitoso Congreso, una gran iniciativa y apuesta por la innovación y la formación de los abogados del siglo XXI…….nos quedamos con más ganas de ABOGATEC….
PLANIFICACION FISCAL DE LA SUCESION DE LA EMPRESA FAMILIAR
Por María Dolores Valverde, Economista en PREMISA, ECONOMISTAS Y ABOGADOS
La empresa familiar es de vital importancia en la economía no solo de nuestro país sino de toda Europa; el principal tejido empresarial está constituido por empresas familiares que suelen tener un tamaño pequeño o mediano aunque en algunos casos pueden ser grandes empresas.
Los sectores predominantes en los que se localizan son el de las explotaciones agrícolas y el sector servicios, siendo además las principales generadoras de empleo del país, pues está demostrado que aunque sus cifras de negocio sean inferiores a las de otras empresas, mantienen más el empleo y de forma más continuada en el tiempo.
No existe un marco jurídico tributario propio que regule todas sus singularidades, lo cierto es que el legislador si ha introducido en toda la normativa ventajas fiscales que intentan en última instancia asegurar la supervivencia de estas empresas y que los relevos generacionales no sean desde el punto de vista tributario determinantes para su continuidad.
A la hora de afrontar una transmisión de una empresa familiar de unos miembros a otros del grupo familiar, podemos encontrarnos con distintas situaciones que nos llevaran a decantarnos por un tipo de transmisión u otro dependiendo del ciclo de vida en la que se encuentre la empresa.
Por ello en cualquiera de las circunstancias es importante realizar una planificación fiscal que nos garantice una menor carga fiscal de la operación, porque no se trata de realizar el relevo generacional sin tener en cuenta todas las ventajas que ofrece el ordenamiento jurídico. Pero en último extremo, lo que se pretende es asegurar la continuidad de la empresa a lo largo del tiempo y que el cambio de una generación a otra se pueda realizar sin que el aspecto tributario sea determinante para ello.
El legislador ha introducido numerosas modificaciones en su normativa para recoger el espíritu de la normativa europea que lo que pretende es proteger a las empresas familiares y garantizar su continuidad a toda costa dada la importancia de estas estructuras familiares en la economía (y que normalmente son pequeñas y medianas empresas).
Existen muchas modalidades a la hora de transmitir una empresa familiar y elegir una u otra dependerá de las circunstancias de cada empresa en particular.
Podemos realizar una transmisión lucrativa, mortis causa o por donación, teniendo lugar estas transmisiones en la última fase que es cuando el propietario fallece y a través de la herencia reciben el negocio los herederos o cuando se realiza por donación, en este caso la normativa solo prevé ventajas fiscales para el momento en que el propietario sea mayor o este incapacitado.
Pero en muchas ocasiones y cada vez con más frecuencia nos encontramos con transmisiones a título oneroso, que se realizan porque no interesa tanto esperar a la última fase de la empresa familiar para realizar el relevo generacional, e interesa que el timón de la empresa lo lleven otros miembros del grupo familiar.
La normativa actual contempla numerosas ventajas fiscales en las transmisiones lucrativas tanto en donación inter vivos o sucesión mortis causa, reguladas este tipo de transmisiones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este impuesto si que hace mención de forma explícita a la empresa familiar y contempla una reducción del 95% sobre el patrimonio afecto a una actividad empresarial o en las participaciones en la empresa cuando estas se transfieren a el cónyuge, descendientes o adoptados, siempre que reúnan una serie de requisitos:
REDUCCION ESTATAL FAMILIAR 95%
ADQUISICIONES ” MORTIS CAUSA” requisitos
– Empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades exentas en IP (1)
– Causahabientes: cónyuges, descendientes o adoptados del fallecido (2)
– Mantenimiento de la adquisición 10 años , salvo fallecimiento
– No posterior minoración sustancial de valor de adquisición-
ADQUISICIONES ” INTER VIVOS” – donaciones, requisitos:
– Donatarios: Cónyuge, descendientes o adoptados del donante
– Donante: al menos 65 años o incapacidad permanente, en grado absoluta o gran invalidez
– Debe dejar de ejercer y recibir remuneración por funciones de dirección desde transmisión
– mantenimiento de la adquisición por donatario y derecho a la exención durante 10 años, salvo fallecimiento.
– no posterior minoración sustancial del valor de adquisición por actos de disposición y operaciones societarias.
El principal requisito que será el que hay que tener en cuenta en primera instancia para poder seguir contemplando el reto de requisitos es que goce de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. En el siguiente cuadro se recogen los requisitos para tener derecho a esta exención.
EXENCION IMPUESTOS PATRIMONIO
– Bienes y derechos afectos a actividad empresarial o profesional
– Ejercicio actividad de forma habitual, personal y directa
– Actividad= principal fuente de renta (>50% BI total IRPF
– Cotizadas o no
– Actividad principal no gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario
– Participación mínima: 5% individual o 20% conjuntamente
– Ejercicio de funciones de dirección remuneradas (50% total ingresos profesionales, empresariales y trabajo personal)
No sucede lo mismo con las transmisiones a título oneroso; por más que buscamos en la normativa alguna mención a ventajas fiscales en empresa familiar no encontramos ninguna, por tanto, el legislador en este caso no ha tenido en cuenta para nada a este tipo de empresas. En consecuencia, si se decide hacer una transmisión a título oneroso deberemos aplicar las rebajas fiscales que se establecen para cualquier tipo de empresa.
Muy al contrario de lo que se podía pensar en lugar de incentivar estas transmisiones dentro del seno familiar, se ha establecido una normativa en materia de operaciones vinculadas, que hace que estén más contraladas que la de otra empresa en los que no exista parentesco.
Las operaciones de transmisión a título oneroso pueden ser de distinto tipo, desde una compra-venta de participaciones sociales, transmisión de los activos y el fondo de comercio o bien a través de un proceso de reestructuración empresarial se pueda transmitir una rama de actividad.
A la vista del estudio realizado suelen ser más gravosas, tributariamente hablando, la transmisión onerosa de empresas que las transmisiones lucrativas.
En mi opinión, la combinación de ambas es lo que permitirá a empresa familiar realizar el relevo generacional con la menor tributación. Es imprescindible realizar una planificación anterior a que se produzca este momento dotando a la empresa de una estructura optima aprovechando las ventajas que ofrece el régimen especial del Impuesto de Sociedades de reestructuración empresarial, de forma que se consiga una estructura eficiente y que de cara a una posible transmisión, bien por donación o mortis causa haga tributar la menor cantidad posible.

References: artículo 18
 artículo 1524
 artículo 3
 Real Decreto 
 resolución 
 REAL DECRETO 
 artículo 65