Source: http://fadeweb.uncoma.edu.ar/viejo/posgrados/esp_der_adm.htm
Timestamp: 2019-07-17 09:14:06+00:00

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Postgrado ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO
Para aquellos que les interese continuar con los estudios a nivel de doctorado, les comento algunos proyectos.
Alejandro Perez Hualde me ha adelantado telefónicamente que él considera probable que los egresados de nuestra Especialización ingresen en forma directa a la etapa de tesis - de esta forma se evitan las dos previas de docencia e investigación - en la Universidad en Mendoza donde él es el Director del Departamento de Doctorado en Derecho. Quienes se encuentren efectivamente interesados, deberían ponerse en contacto conmigo por este tema.
Curso en España en la Universidad Nacional de la Coruña: El Catedrático Jaime Rodriguez Arana-Muñoz - quien viene trabajando junto a Miriam Ivanega y yo este tema - ha manifestado su firme compromiso de organizar en el mes de Febrero 2008 - última semana- un curso Argentino - Español para niveles de posgrado. España cubriría los gastos de hospedaje y comidas durante los días del curso - cinco días estimamos - .
Los alumnos egresados de la primera edición y quienes así lo deseen de la segunda edición, deberán pagarse el pasaje aéreo. Para ello, estimo, Soledad puede gestionar tarifas accesibles y de ser posible alguna financiación en el tiempo. El cupo es limitado, no mas de 30 personas en total. Tienen prioridad los alumnos de Comahue, y luego de quedar lugares ingresarían egresados del Master de la Austral.
Los profesores de los cursos serían argentinos y españoles aun no determinados. Reitero, es un proyecto que depende su concreción de que efectivamente existan interesados en forma concreta para luego en España gestionarse todo el trámite académico e institucional para hacer viable este proyecto. Mi idea es luego quedarnos en Madrid unos días. Allí les organizaría para que al menos puedan visitar el Trib. Constitucional, la Agencia de Protección de Datos, ir al Seminario de García de Enterria en la Universidad Complutense e intentar que tengan dos o tres sesiones académicas con Profesores en Madrid.
Acá tenemos el problema del hospedaje en Madrid que correría por cuenta de cada interesado, pero de todas formas una vez definido si existen interesados o no intentaría a través del Decano de la Facultad vía Ministerio de Relaciones Exteriores lograr el hospedaje en el Colegio Mayor Argentino en Madrid con tarifas muy bajas o quizás gratis por esos pocos días.
Les remarco nuevamente, necesitamos saber efectivamente si existe el interés o no de parte de alguno/s de Ud/s para recién allí trasladar el compromiso a España y ver en definitiva que suerte corre este proyecto. Mi idea de esto es fundamentalmente que Uds. se puedan vincular DIRECTAMENTE con docentes allá y dos Universidades de forma tal de poder al que le interese iniciar el Doctorado en Universidades en España.
Sugiero que uno de Uds sea quien se encargue de ver quienes en definitiva puede llegar a estar interesados y demás detalles.
Curso en Bariloche: se harán las primeras Jornadas de Derecho Administrativo en Bariloche organizadas por el STJRN y la AADA. Será el día 21 y 22 de Junio con presencias de Gelli, Biachi, Gordillo, Cuadros, Ivanega, Perez Hualde, García Pulles, entre otros conferencistas.
En el mes de Octubre, primera semana, son las Jornadas de la AADA en Mendoza. Las organiza Isamel Farrando, estimo sería interesante asistir como quizás un gesto hacia el "eje" de Mendoza que tanto nos ayudó en nuestro posgrado.
Este Sábado Luisa y Claudia son las primeras egresadas de nuestra especialización que regresarán al posgrado como docentes. Darán el Proceso en NQN desde la perspectiva de la jurisprudencia del TSJ. En otras materias intentaré que otros se incorporen paulatinamente.
El día 24 de Agosto se harán en Bs.As. las primeras Jornadas Nacionales de Jóvenes Administrativistas; serán inauguradas por el Dr. Ricardo Lorenzetti. Sería bueno que también puedan asistir.
VISTO ; el Expediente Nº 02626/03; y,
Que, por Resolución Nº 0135/03 el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales avala el proyecto de creación de la carrera de posgrado "Especialización en Derecho Administrativo" en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales;
Que, esta Especialización tiene como objetivos la formación de juristas especializados en las bases fundamentales de la "gestión constitucional"que representa el Derecho Administrativo, destinada a recuperar el contenido básico y fundamental del Estado de Derecho como modo de gestión, articulación y control de las políticas públicas;
Que, la Especialización esta destinado a profesionales de la Administración Pública (tanto locales como federal), como a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial (en sus distintos estamentos) y a los letrados que ejerciendo la profesión libremente, se dediquen a la defensa de los derechos subjetivos públicos de los sujetos que interactúan en el Estado;
Que, el proyecto de la "Especialización en Derecho Administrativo" fue considerado y aprobado por el Consejo de Posgrado, en reunión de fecha 08 de Septiembre de 2003;
Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho aconsejando aprobar la carrera de Posgrado "Especialización en Derecho Administrativo";
Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 23 de Octubre de 2003 trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la comisión;
ARTICULO 1º: Aprobar, en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la carrera de posgrado "Especialización Derecho Administrativo", cuyo Plan de
Estudio se adjunta a la presente como Anexo Único.-
ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese y archívese.-
ES COPIA FIEL.v.s.v.-
Fdo.: Dra. Ana PECHEN de D`ANGELO
Sra. Silvia HORNE
Sec. Consejo Superior
CARRERA DE POSTGRADO:
"ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO"
Unidad académica: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La localización administrativa de la carrera proyectada se desarrollará en esta Unidad Académica; la que será desarrollada en colaboración con la administración propia del posgrado, en cuanto a la registración y control de los alumnos. Ello con independencia del lugar del dictado predominante de la especialización (Neuquén).
1. Titulo a expedir:
2. Fundamentos y objetivos del Programa.
Fundamentos de la necesidad del posgrado.
La carrera de especialización en Derecho Administrativo viene a constituirse, en estos momentos de recuperación incipiente de la Nación tanto en lo económico como en lo institucional y - eventualmente - social, en un aporte más de nuestra Universidad para recuperar el orden y los objetivos liminares de los próceres fundadores de nuestra nacionalidad.
El proceso de reversión del estatismo iniciado en el año 1990 ha sido complementado y profundizado por un sistema de desinstitucionalización jurídica, que ha puesto en crisis la previsibilidad del Estado y, como tal, su credibilidad como institución totalizadora de interés general social.
En este contexto se han vivido en los últimos tres años la exacerbación del abandono del derecho, la deslegalización y desconstitucionalización del sistema; que tuvo su respuesta social en las diversas manifestaciones, cortes de calles, rutas, protestas y rechazos que - en un principio y como instancia liminar de un proceso de abandono del derecho como orden de previsibilidad civilizada - trajo como consecuencia la caída de un gobierno constitucional y su sustitución por uno que, en principio, careció de todo consenso legitimador.
En este orden se sancionaron leyes como la 25.344 de Emergencia del Estado (réplica de la ya vetusta 23.982 del año 1991) donde se cercenó - una vez más - no sólo los derechos subjetivos públicos sino también la credibilidad del sistema. Paradójicamente se sancionó la ley 25.466, mediante la que se pensó dar credibilidad a un sistema herido gravemente a través de una teórica "Intangibilidad de los Depósitos Públicos", a la par que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN se encontraba sosteniendo la inconstitucionalidad de otra regla de emergencia por la cual se habían vuelto a desconocer los derechos constitucionalizados de los ciudadanos: la ley 25.453, de reducción (nuevamente) del 13 % de las remuneraciones de los estipendiarios del Estado.
Posteriormente, y ya abandonado el gobierno por los funcionarios electos directamente por el Pueblo, se inició uno de los períodos de mayor autismo, inercia y vértigo legislativo; fundamentalmente en lo que se vincula con la transferencia de recursos desde los sectores más desposeídos hacia las capas socio económicas más poderosas de la sociedad, la apropiación de los depósitos de los ahorristas, la alteración irrazonable de la autonomía de la voluntad contractual y la desintegración de un orden de previsibilidad que llevó a la Nación a la consideración internacional como un ejemplo anarquía jurídica y social.
Se cuestionaban las decisiones legislativas (sustanciales o formales) del Estado, a menos de 24 horas de haberse publicado, ante los Tribunales de todo el país; se impulsó una conflictividad y judicialización de la sociedad sin precedentes, a la par que el tejido social caía paradojalmente fuera de la juridización. Este proceso se inicia con algunas reglas aún del gobierno electo que abandonó el poder en diciembre de 2001.
En otro orden, pero siempre dentro de este marco, se hizo patente ante la sociedad la ausencia en los funcionarios del Estado de bases republicanas que le advirtieran sobre la separación de los patrimonios públicos y privados, y la necesidad de la rendición de cuentas claras de los actos Estatales.
La utilización de medios de propiedad del Estado, pagados por la sociedad, en beneficio de los circunstanciales funcionarios que los utilizan para fines sectoriales o personales, unido a la ausencia absoluta de transparencia en muchas de las contrataciones importantísimas realizadas en la década de los noventa, desdibujaron el rol del Estado como instrumento de bienestar general de toda la sociedad y no meramente como un medio de satisfacción de sectores que conspiran, incluso, contra la perdurabilidad del orden para las generaciones futuras.
Podemos recordar, entre otros contratos cuestionados, los destinados a la prestación de servicios públicos de alcance federal (v. gr. Telecomunicaciones) que fueron realizadas sin un marco regulatorio de defensa de la sociedad usuaria y bajo formas que aún hoy se encuentran bajo sospecha ante la comunidad local.
El extravío conceptual, que lleva a admisión laudatoria de actos del Estado generados en un marco de corrupción sólo por el mero hecho de haber obtenido una concreción ("roban pero hacen), nos impone dirigir la mirada al artículo 1º de la Constitución Nacional, y la reserva de las competencias del Estado que realiza el artículo 19º de la misma Carta Federal, los que debieran ser un norte para recuperar principios y fundamentos filosóficos de respeto y gobierno (de libertad y autoridad) para los futuros operadores del Estado y, dentro del mismo, de los especialistas en Derecho Administrativo.
A la par, y dentro de éstos últimos - los especialistas en Derecho Administrativo - tendremos quienes a lo interno de la estructura estatal bloquearán o servirán de balance o freno ante la pretensión de dictar y/o ejecutar decisiones ilegítimas o inconstitucionales y, por otra parte, los que desde fuera del aparato formal estatal realicen las acciones jurisdiccionales tendientes al restablecimiento de la legalidad violada y en defensa de los ciudadanos eventualmente afectados. De este modo, ya sea por una autorrestricción sustentada en los principios jurídicos superiores que obstan a la sanción y ejecución de actos lesivos u arbitrarios o por la acción posterior de quienes generan un límite heterónomo, también basados en la legalidad constitucional superior, tendremos - en ambos casos - la eventual conjura de daños o lesiones a los derechos subjetivos públicos de los administrados, a la par que una defensa irrestricta del Estado de Derecho y la Previsibilidad que debe regir nuestra organización nacional en estos tiempos del siglo XXI.
No es ajeno a este marco la organización de los estamentos estaduales que deben llevar adelante las políticas públicas, las que muchas veces se frustran en sus objetivos transcendentes y laudatorios por la incapacidad de los funcionarios - de carrera o de origen políticos electivo o designado - para poder concretar las mismas en el marco que las leyes y el orden jurídico imponen. El abandono de la meritocracia, propuesto por la Constitución Nacional bajo la forma de la idoneidad del artículo 16º, ha llevado a nuestro Estado a este nivel de incapacidad e improvisación que nos caracteriza.
Este conocimiento tanto de la organización administrativa eficiente en el marco de la democracia, como el respeto de las competencias y prerrogativas que sirvan para desarrollar los actos del estado sin afectar ilegítimamente los derechos subjetivos públicos o los fines de la administración, son también parte de una necesidad que cubre el conocimiento de las fuentes y finalidades del Derecho Administrativo como derecho superador de la dialogía democracia - eficacia; términos que en nuestro concepto no son antitéticos sino complementarios e integradores de un modo de vida que pretendemos para nosotros y nuestros hijos.
No excluimos, dentro de las necesidades que fundamentan la propuesta de esta carrera de especialización, la integración con los operadores jurídicos de la administración activa y de los que lo hagan en representación de los ciudadanos, a los letrados que deban intervenir en la resolución de los conflictos intersubjetivos desde el propio Poder Judicial. Tanto magistrados como funcionarios deben conocer e internalizar la densidad de los fines estatales, del proyecto común de bienestar de la sociedad, por sobre la finalidad crematística que normalmente guía las pretensiones particulares. No se trata sino de reconocer la distinta entidad sustancial que distingue el Estado de los particulares, para en la aplicación de los fines generales distribuir el bien común en cada uno de los integrantes y actores de la sociedad en la medida que les corresponde.
Se propende a la formación de juristas especializados en las bases fundamentales de la "gestión constitucional" que representa el Derecho Administrativo. La mirada que se propone de nuestra materia esta destinada a recuperar el contenido básico y fundamental del Estado de Derecho como modo de gestión, articulación y control de las políticas públicas. Está destinado a profesionales de la Administración Pública (tanto locales como federal), como a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial (en sus distintos estamentos) y a los letrados que ejerciendo la profesión libremente, se dediquen a la defensa de los derechos subjetivos públicos de los sujetos que interactúan con el Estado.
Para lograr esta aptitud de especialista se estudiarán - partiendo del artículo 1º de la Constitución Nacional - las distintas herramientas, órganos, prerrogativas e institutos del sistema jurídico administrativo; sin descuidar una mirada axiológica de las consecuencias de las políticas públicas aplicadas en nuestro país.
3. Comité Académico.
Profesor HUGO EDUARDO FRARE
Profesor PABLO GUTIERREZ COLANTUONO
Profesor COMADIRA, JULIO RODOLFO
Profesora GELLI, MARIA ANGELICA
Profesor HERNANDEZ CORCHETE, JUAN ANTONIO
Profesor PEREZ HUALDE, ALEJANDRO
Profesor PERRINO, PABLO
Profesor SALOMONI, JORGE LUIS
Profesor MERTEHIKIAN, EDUARDO
Profesor FARRANDO, ISMAEL
Funciones del Comité Académico.
Serán funciones del Comité del comité académico:
a) Entender en todo lo referente a la reglamentación de la carrera;
b) Establecer los plazos máximos durante los cuales los postgraduados deberán cumplir la totalidad de los programas de la carrera;
c) Aceptar las designaciones de los profesores de cursos y asignaturas de las carreras;
d) Proponer a los Consejos Directivos de las Unidades Académicas que correspondieran los presupuestos y el financiamiento de la Carrera;
e) Supervisar y gestionar la administración académica de la Carrera;
f) Supervisar y gestionar la administración presupuestaria de la Carrera en coordinación con la Secretaría Administrativa;
g) Evaluar los antecedentes de los aspirantes. En caso de incumplimiento de los requisitos de los aspirantes establecidos en la ordenanza Nº 260/03 deberá hacerlo a referéndum del Consejo de Postgrado de la Universidad.
Docentes Propuestos (titulares e invitados):
BARRESE, MARIA JULIA
FRARE, HUGO
GELLI, MARIA ANGELICA
GONZALEZ MORAS, JUAN MARTÍN
MONTI, LAURA MERCEDES
PERRINO, PABLO
RAMBEAUD, GASTON
SALOMONI, JORGE
TORANZO, ALEJO
Se prevé invitar a docentes de otros centros del país y del exterior con idoneidad suficientemente acreditada en los temas a desarrollar en la Especialización, a los efectos del dictado de algunas asignaturas y/o conferencias.
La nómina de docentes podrá ser modificada o ampliada en respuesta a los requerimientos y evaluación de la evolución del dictado de la Especialización.
4. Perfil del aspirante y condiciones de admisión al posgrado. La especialización esta orientada a profesionales abogados con título de grado de la Administración Pública, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del ejercicio libre de la profesión. Asimismo - y pese a la baja incidencia que existe en la zona - también esta dirigido a docentes que ejerzan exclusivamente en éste ámbito y posean título de abogado.
5. Perfil del egresado.
· Con conocimientos especiales en Derecho Administrativo, la organización del Estado y sus fines esenciales.
· Con compromiso especial con el Estado de Derecho y la Previsibilidad en los vínculos sociales.
· Con un reconocimiento especial del sistema republicano como base liminar de la legalidad y de la legitimidad en el funcionamiento del Estado.
· En aquel marco, con una especial consideración de la igualdad jurídica de los habitantes, de la periodicidad de los mandatos, de la rendición de cuentas de los funcionarios y de la preservación de los derechos subjetivos constitucionalizados de los ciudadanos.
6. Plan de Estudios. Contenidos Básicos de la Especialización en Derecho Administrativo.
6.1 ASIGNATURAS: ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN El objeto de esta asignatura es comunicar liminarmente el Derecho Administrativo con el Derecho Constitucional; dejando en evidencia la fuerte limitación que implica el ejercicio de la actividad administrativa del Poder frente a los postulados de los principios esenciales de nuestra constitución. Se podría resumir esta asignatura en la máxima de nuestra materia que dice: "Administrar es aplicar la ley de oficio" (Seabra Fagundes). Es la manda republicana de la "ley suprema" el primer vallado que debe respetar - en honor del interés general superior y subyacente en todos los actos - el mandatario.
Se pretende desde esta asignatura abordar aquellos conceptos esenciales para la disciplina del Derecho Administrativo, con una visión renovada principalmente a través del estudio de las fuentes del Derecho Administrativo junto al análisis de diversos Tratados Internacionales y su impacto en el Derecho Público principalmente a partir de la Reforma Constitucional del año 1994, con la intención de posibilitar el estudio crítico de la naturaleza y los alcances actuales de esta rama del derecho.-
Esta es la materia que analizará el estado actual de la Organización Administrativa en los sistemas locales del Estado Nación. Dentro de ello se cuentan los institutos que transitan desde la teoría del órgano, la competencia, la actividad administrativa de ejecución y control y las potestades públicas. No es ajena a esta unidad académica la estructura federal que impone una distribución orgánica intraterritorial, que atraviesa la repartición de competencias sustanciales a lo interno de cada uno de los estamentos estaduales que ordena la Constitución (Nación, Provincias y Municipios).
Hablar de acto administrativo es pensar en el modo de emisión de la voluntad estatal paradigmático en nuestra disciplina. No obstante ello, este instituto del Derecho Administrativo nos lleva irremisiblemente a las otras técnicas de exteriorización del accionar público estatal, tales como el hecho administrativo, el reglamento, el simple acto o el contrato. Ellos - si bien no serán todos necesariamente desarrollados en toda su extensión (por ejemplo los contratos que tienen un capítulo especial en este programa), deben formar parte de esta unidad en forma enunciativa o en estudio profundizado, según corresponda al resto de la unidades que se coordinen.
La materia tiende a generar una apertura del alumno hacia otras formas de organización de la administración del Estado; a la par que se revisarán los modos de articulación del vínculo del ciudadano con el poder, tal como se consideran en otros modos de reconocimiento de las prerrogativas públicas y los derechos subjetivos. En este orden se valuarán los mecanismos de integración interestadual y su estado de desarrollo en la región, América y Europa; con el consiguiente estudio de los institutos del derecho administrativo comunitario.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (GENERAL)
Trata la asignatura de los modos en que la Administración debe relacionarse con los particulares para la obtención de los fines de interés general; desarrollando desde los sistemas de selección de los co contratantes particulares hasta los métodos para la determinación de las necesidades de realización de los contratos. Deberá tener esta materia una especial incidencia en la distinta entidad de las finalidades del Estado (interés general) y de quienes se vinculan contractualmente con el mismo (lucro); destacando a partir de esto la diversidad de intensidad de las prerrogativas públicas contractuales frente a los derechos subjetivos de los administrados. Todo ello bajo el marco esencial de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (ESPECIAL)
Esta asignatura implica el desarrollo de cada uno de los contratos que celebra el Estado en forma particular. Trata la misma de un estudio profundizado - y a la vez crítico de la fenomenología actual - de los contratos de Empleo Público, Locación de Servicios Públicos, Locación y Concesión de Obra Pública, entre otros.
Esta y la siguiente son dos unidades académicas que tratan de distintos aspectos secuenciales y cualitativos del control del Estado en la formación, emisión e impugnación de la voluntad pública. Esta materia trata del sistema procedimental, la suma de actos, que sirven para dotar a la voluntad del Estado de un mecanismo de formación e impugnación intra administrativa, que le sirve paralelamente de cauce de escurrimiento y control de los desbordes en que se pudiera incidir desde el Poder. Son los modos del Estado de Derecho, la constatación objetiva y eficiente del cumplimiento de los fines públicos de interés general, los que se sostienen desde la regla de la construcción de la decisión del Estado mediante la aplicación del Procedimiento Administrativo. Y es su regulación clara e incontrastable, la que permitirá obtener el seguimiento de una traza del modo de adopción de cada una de las fases - declarativas o materialmente activas - de la construcción de la decisión y del cumplimiento de los fines públicos.
Estamos ante una materia que estudia la impugnación de la actividad administrativa y/o la efectivización material y concreta de las potestades o prerrogativas públicas; dentro del sistema de organización estadual discernido por los constituyentes de 1853. Este sistema es la efectivización del control de la Administración Pública desde el Poder Judicial - aún cuando se implemente un orden especial en atención al tipo de actividad juzgada -, pero respectando la manda del artículo 109º, de la Constitución Nacional. Es de especial importancia esta materia en nuestra región, dado que si bien NEUQUÉN tiene un ordenamiento eficiente al respecto (Ley 1305), en RÍO NEGRO nos encontramos actualmente con una omisión legislativa y una dispersión constitucional de la jurisdicción procesal administrativa que conspira contra una eficiente administración de justicia y control judicial del Estado. DERECHO ADMINISTRATIVO ECONOMICO: SERVICIO PUBLICO, PODER DE POLICIA y FOMENTO
Se desarrollará con el abordaje de la temática del acápite los modos de prestación de los servicios públicos; lo que inmediatamente nos llevará a los sistemas de vinculación del Estado con las actividades económicas de la sociedad civil en lo que hace a las limitaciones y promociones o expansiones de los derechos de los ciudadanos y de los operadores económicos.
En este caso nos ocupamos del control administrativo de la actividad estadual y/o pública pero desde el ámbito de la propia Administración, a través de la actividad administrativa de control por medio de órganos intra o extra poder. Es la administración de control y el control de la administración, la que en un juego dialéctico y en orden a los distintos fines y competencias de cada uno de los órganos establecen desde un sistema de autotutela hasta la verificación heterónoma del cumplimiento de la ley en la adopción y emisión de la voluntad administrativa. Este control no necesariamente se formaliza ante la vulneración de un derecho subjetivo público de un administrado, sino que puede ser instado de oficio y con el sólo objeto de la legalidad en el obrar estatal.
Este es un capítulo de la carrera de especialización que estudia las otras vías de impugnación judicial de la Administración Estatal en ejercicio de la función administrativa, tales como la acción de inconstitucionalidad, el amparo, la acción civil, la retrocesión, la expropiación, etc. Se analizan en esta materia la justiciabilidad - la admisibilidad sistémica del control judicial - conforme las reglas del derecho comparado y la jurisprudencia nacional. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Este capítulo de la carrera de especialización trata del estudio profundizado de la Responsabilidad del Estado, como una vertiente garantista de los derechos subjetivos públicos de los administrados, pero cuidando de afinar los alcances de la responsabilidad bajo las condiciones teleológicas de la dialogía: "interés general" - "daño particular". Se abordarán los distintos tipos de responsabilidad del Estado en orden al origen sustancial de la actividad: legislativa, judicial o administrativa. Asimismo se estudiarán cada una de ellas en sus distintas vertientes de actividad lícita o ilícita del Estado, bajo la circunstancia de los derechos subjetivos plenos de la normalidad o debilitados de la emergencia o excepcionalidad.
Esta materia es el estudio del régimen patrimonial del Estado, tanto en lo que corresponde a los bienes del dominio privado necesarios mediatamente para la consecución de sus fines públicos, como los del dominio público de uso comunitario irrestricto o de aplicación directa al cumplimiento de los fines estatales. Enlazamos esta materia con el URBANISMO - aún cuando comparte aspectos de las limitaciones a los Derechos Subjetivos, fundamentalmente de propiedad - en orden a la vinculación estrecha que se puede encontrar con los sistemas dominiales y sus efectos concretos en la calidad de vida del ciudadano. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS A LA PROPIEDAD Y A LOS DERECHOS SUBJETIVOS
Esta asignatura, que continúa con el concepto anterior, establece los modos de operación de los límites a los derechos de los particulares, basado fundamentalmente en lo limitado de las prerrogativas para establecer limitaciones por parte del Estado, conforme lo dispuesto en los arts. 14, 17, 19, 28, 33 y cc. de la Constitución Federal.
6.2.- Conferencias especiales a cargo de Profesores Invitados
Se prevé la participación de destacados especialistas en el área de la carrera o del Derecho en general, quienes desde su excelencia académica y a través de la mecánica de la "clase magistral", introducirán temas de honda reflexión científica en la disciplina.
Los contenidos temáticos de cada una de las conferencias integrarán los conocimientos a evaluar de las respectivas materias con las que se integren; lo que será identificado y anunciado en forma previa al dictado de cada una de ellas.
6.3.- Seminarios.
Se prevé la realización de dos seminarios con los siguientes ejes temáticos:
· METODOLOGÍA DEL DERECHO
PRACTICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
7. Duración de la Especialización.
La especialización tendrá una duración de quince - 15 -meses de actividad académica efectiva, con una carga horaria de 426 horas.
A) En el lapso comprendido por los primeros doce -12- meses de actividad académica efectiva, se desarrollarán 240 horas - dictado de clases - y 96 horas de preparación de trabajos prácticos. Se propenderá a adoptar el siguiente esquema:
· 20 horas mensuales de actividad académica (dictado de asignaturas) distribuido en viernes y sábado (1º y 3º fin de semana)en los tres primeros cuatrimestres.
· 8 horas mensuales de preparación de trabajos prácticos, en los tres primeros cuatrimestres.
B) Se dictarán los Seminarios que cubrirán un total de 50 horas y el trabajo final que cubrirá un total 10 horas totales bajo la supervisión de la Dirección del posgrado, conforme la modalidad dispuesta por el Comité Académico (conf. art. 13, inc. a) y 17, Ordenanza 0260/03).
Los seminarios se discriminan en:
i. Metodología del derecho;
ii. Práctica del Derecho Administrativo, bajo el sistema de casos, con la supervisión de Orientadores.
C) Por último y distribuido a lo largo de los quince meses, 20 horas totales de conferencias.
8. Estructura curricular. Cronograma tentativo del dictado de la carrera, incluyendo la carga horaria distribuida en las distintas unidades del dictado .
Período en Semanas
Conferencias (*)
(*) Las conferencias formarán parte de las asignaturas que se indiquen oportunamente, y no estarán sujetas a evaluación ni a registro en acta de examen.
Asesoramiento:Se implementará, en forma coordinada con los días de clase y/o de trabajos prácticos, un día al mes de asesoramiento e información a los alumnos; en cuyo caso se resolverán las cuestiones planteadas por los mismos, a la par que los Directores recuperarán información del desarrollo de la carrera. El mismo estará a cargo del Director y del Co- Director de la carrera.
Evaluación:Se requerirá un 80 % de asistencia mínima a las clases dictadas. Se realizarán evaluaciones parciales en cada uno de los seminarios, las que se concretarán en el modo que propongan los responsables del dictado de los mismos. Las mismas se ajustarán a la modalidad de trabajos monográficos, individual o de grupos, o trabajos de investigación u otros que estime pertinente el profesor de la asignatura pertinente. A la finalización del cursado de la carrera se realizará un trabajo integrador de la totalidad de los conocimientos adquiridos, mediante la concreción de un trabajo práctico cuya modalidad se definirá en función del desarrollo y las condiciones de las actividades académicas desempeñadas. La calificación mínima para promocionar en cada uno de los seminarios y el trabajo final integrador será de 7 puntos sobre 10.
Condiciones para acceder al título de Especialista en Derecho Administrativo.
Para acceder al título de Especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, los alumnos deberán cumplimentar las 426 horas estipuladas tentativamente en el cronograma y/o las que se establezcan razonablemente con condición en el desarrollo del cursado; a lo que se debe agregar la aprobación de cada uno de los seminarios y del trabajo integrador, conforme las pautas de evaluación establecidas más arriba.Las materias no serán correlativas entre si en lo que respecta a su orden de cursado, ni tampoco a la necesidad de contar con la aprobación previa de alguna o algunas de las dictadas con anterioridad.
11.Recursos materiales disponibles.Los recursos materiales con que cuenta la especialización son: a. La biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. b. La biblioteca del Tribunal Superior de Justicia del NEUQUÉN. c. La biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de RÍO NEGRO. d. Las bibliotecas de los Colegios de Abogados de la región de influencia de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE. e. Las bibliotecas de las Legislaturas Provinciales, entes autárquicos, administración centralizadas e instituciones públicas y privadas con actividades inherentes. f. Soportes informáticos existentes en cada una de estas Instituciones.
Cupo, matrícula y aranceles.
El cupo será fijado por el Comité Académico, en función de las modalidades del dictado de la carrera y los objetivos trazados precedentemente.
La carrera no tendrá costo de inscripción.
El arancel tendrá un costo mensual variable según el tipo de matriculado. Se determinarán valores de tarifas regulares para alumnos ordinarios y especiales para alumnos protegidos (posgraduandos pertenecientes al plantel docente de la Universidad Nacional del Comahue). El arancel podrá ser reajustado en caso de modificación de los costos vinculados en forma directa con el seminario (honorarios de los expositores, pasajes, alojamiento, etc.).
El valor para cada uno de ellos es:1.- Alumno Ordinario: $ 5.000;2.- Alumno protegido2.1. Hasta un cupo máximo del 10% de los inscriptos, será gratuito. Este cupo será destinado prioritariamente a aquellos docentes con antecedentes específicos en el área de la especialidad.2.2. Si se excediera tal cupo, el resto de estos alumnos abonarán el equivalente al 50% de la tarifa ordinaria.Estos costos totales de la matrícula, se podrána abonar al contado al inicio de la carrera, congelando su precio o en 18 cuotas mensuales, reajustables (conforme lo expresado en el párrafo anterior) y consecutivas de $ 277,77 para los alumnos ordinarios, y de $138,88 para los alumnos protegidos indicados en el punto 2.2.
Acreditada por CONEAU Res. N°876/09

References: Resolución 
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 16
 resolución 
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 109