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Timestamp: 2019-02-17 14:09:48+00:00

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Acuerdo y Sentencia 09/2018 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. CIVIL Y COMERCIAL 3ª SALA Nº 9/18
JUICIO: "IGNACIA CELINA MUJICA DE CATALDI C/ FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN Y SUB OFICIAL EULOGIO MIÑO S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de febrero del año dos rail dieciocho, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, los señores Miembros Dres. NERI E. VILLALBA FERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES BUONGERMINI PALUMBO y ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO, bajo la presidencia del primero de los nombrados y por ante mi la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como más arriba se menciona, a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte actora contra la S.D. N° 583 de fecha 11 de septiembre de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno.
EN SU CASO, ¿SE DICTÓ CONFORME A DERECHO?.
Practicado el sorteo de ley resultó el siguiente orden de votación": MARTÍNEZ P., BUONGERMINI P. y VILLALBA E.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO DIJO: Primeramente, la recurrente afirma que solo fundamentará el recurso de apelación, empero más adelante aduce la existencia de incongruencias en la sentencia, lo cual es propio del recurso de nulidad.
Asi pues, y examinando posibles defectos de estructura del fallo sometido a recurso, se advierte que todas las pretensiones han sido atendidas y se ha dado razón -en derecho- de las decisiones a las que se arribó. Otra cuestión distinta es si tales decisiones han sido o no correctas, asi como si se valoró o no apropiadamente la prueba, que son asuntos que competen a la revisión del juzgamiento y solo pueden ser atendidos en sede de apelación.
No advirtiéndose otros vicios o defectos que autoricen a declarar la nulidad de la resolución recurrida, corresponde desestimar el recurso de nulidad en cuestión.
A sus turnos los Dres. Buongermini Palumbo y Villalba Fernández, manifestaron que votan en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO PROSIGUIÓ DICIENDO: Por la sentencia apelada, S.D. N° 583 de fecha 11 de septiembre de 2014, la jueza inferior resolvió: "1.- NO HACER LUGAR la excepción de falta de acción opuesta por el señor Eulogio Miño Cañete y cuyo pronunciamiento fuera diferido a este tiempo, por las razones expuestas en los considerandos procedentes. 2.- NO HACER LUGAR a la redargución de falsedad deducida por el Estado Paraguayo y el señor Eulogio Miño Cañete contra el parte policial elaborado por la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Ciudad del Este. 3.- NO HACER LUGAR, con costas, a la demanda ordinaria por indemnización de daños y perjuicios promovida por la señora Ignacia Celina Mujica de Cataldi contra el Estado Paraguayo y el señor Eulogio Miño Cañete, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. 4.- ANOTAR..." (sic.)(fs. 253 y vlta.).
La recurrente funda sus recursos en los términos del escrito obrante a fs. 272/276. Manifiesta que la sentencia apelada no se encuentra ajustada a derecho, que existió un daño y que el mismo debe ser resarcido por el sujeto pasivo que ocasionó las lesiones; asimismo, que, a su criterio, la antijuridicidad fue probada correctamente. Arguye que la decisión de la juzgadora no se basa en estudios o principios legales y que la misma debió valorar con precisión las pruebas ofrecidas que avalan su pretensión -parte policial de la policía municipal de tránsito de Ciudad del Este, la sentencia N° 01 del Juzgado de Faltas Municipales, las tomas fotográficas del accidente. Aduce que la conclusión de la inferior carece de una sana crítica y que ha fundado la resolución en simples opiniones e hipótesis. Sostiene que la magistrada no desmeritó o rechazó las pruebas ofrecidas sino que, a su criterio, no las evaluó y que omitió el estudio objetivo de las mismas, y agrega que, la existencia del daño conlleva una necesaria reparación o resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Por último, sostiene que las pruebas ofrecidas demuestran que existe una relación de causalidad y que la responsabilidad por el daño causado recae sobre el demandado por conducir de manera negligente, siendo el mismo condenado por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Ciudad del Este. Finalmente, solicita se revoque la sentencia apelada.
Por su parte, el representante convencional del Sr. Eulogio Miño contesta el traslado en los términos del escrito obrante a fs. 277/279 de autos. Sostiene que la sentencia recurrida no se encuentra viciada en ningún punto. Menciona que esta instancia revisoria se encuentra limitada por la medida de los agravios y que, a su parecer, el agraviado no ha arrimado hechos nuevos para que puedan ser objeto de estudio en segunda instancia. Agrega que la parte recurrente se limitó solamente a criticar la forma y criterios utilizados por la inferior al momento de resolver el fondo de la cuestión. Por último, menciona el art. 1847 del Cód. Proc. Civ. y afirma que el dueño o guardián de la cosa riesgosa no responde por el daño causado por o con la cosa cuando prueba que de su parte no hubo culpa. Finalmente, solicita se confirme, con costas, la resolución recurrida.
Los representantes convencionales de la Procuraduría General de la República contestan el traslado en virtud del escrito obrante a fs. 282/298 de autos. Manifiestan que el escrito de su adversa es huérfano y desabrigado en cuanto a la expresión de agravios, que el mismo no sostiene ninguna clase de fundamento jurídico que pueda pretender la revocatoria de la resolución apelada, y que existe una notoria ausencia de critica razonada y concreta de la resolución en los términos del art. 419 del Cód. Proc. Civ.; en ese sentido, solicitan de declare desierto el recurso de apelación interpuesto. Por otro lado, contestan el traslado corridole a su parte y mencionan que existe una falta de legitimación activa por parte de la Sra. Ignacia Celina Mujica, que, a su criterio, no se ha determinado la titularidad del bien de dominio privado siniestrado y que el carácter de propietaria debió ser probado en juicio. Sostienen, además, que contrariamente a lo expuesto por su adversa, la Sra. Ignacia Celina Mujica en realidad se encontraba ubicada con su vehículo sobre la intersección del km. 10 lado Acaray con la ruta N° 7, pasando imprudentemente la citada ruta internacional, y no en el medio del paseo central de dicha ruta. Añade que el relato unilateral efectuado por la parte actora ante la policía municipal del tránsito de la Municipalidad de Ciudad del Este necesariamente tuvo que ser descartado por la inferior debido a que no reunía los requisitos de fiabilidad y que el inspector que tomó la denuncia ni siquiera se constituyó el dia del accidente en el lugar del suceso. Mencionan que la sana crítica ha operado en autos gracias a la operación intelectual realizada por la juzgadora sobre de los hechos y las probanzas ofrecidas por ambas partes, apreciando la correcta evaluación del resultado probatorio. Finalmente, solicita se confirme, con costas, la resolución recurrida.
Corresponde referir, primeramente, al pedido de declaración de deserción del recurso solicitado por los representantes de la Procuraduría General de la República. Es sabido que el escrito de expresión de agravios debe reunir los requisitos previstos en el art. 419 del Cód. Proc. Civ. que establece: "a) Formas de la fundamentación: El recurrente hará análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos requisitos, se declarará desierto el recurso".
Del escrito de expresión de agravios, glosado a fs. 272/276, se advierte que la recurrente ha realizado una crítica razonada del fallo del inferior. En efecto, e independientemente de la exactitud o corrección de sus alegaciones, surge que la misma ha expuesto los motivos o razones jurídicas que la conducen a catalogar al fallo como injusto, y que harían mérito para que el mismo sea revocado. La parte actora expone ante este Tribunal las razones por las cuales considera que la demanda de indemnización por daños y perjuicios promovida por su parte debía haber sido declarada procedente. En esta escritura, no corresponde dar cabida al pedido formulado por los representantes de la Procuraduría General de la República, y se debe proceder al estudio de procedencia o no del recurso de apelación interpuesto.
Respecto de los argumentos relativos a la falta de legitimación activa de la parte actora expuestos en esta instancia por la Procuraduría General de la República, debemos recordar que esta Alzada es una instancia revisoria, cuya competencia está restringida al juzgamiento del fallo del inferior, y al examen del mismo conforme con los elementos y peticiones que fueron incoados por las partes en la instancia originaria y con las prescripciones de la normativa legal. Al examinar la causa se advierte que ninguno de los demandados ha expuesto excepción de falta de acción por ausencia de titularidad en cabeza de la actora en la instancia anterior; la única excepción de falta de acción se refiere de modo pasivo al codemandado -Sr. Eulogio Miño. No obstante, es sabido que el órgano jurisdiccional tiene potestad para examinar de oficio la legitimación activa, asimismo, la calidad o legitimación para obrar es una condición que el juez debe examinar previamente a la "entrada en la pura sustancia del asunto", en palabras de Carlos Eduardo Fenochietto; en otros términos, la legitimación activa y pasiva de las partes es una condición que debe ser examinada previamente al análisis de la fundabilidad o mérito de la pretensión, vale decir, su procedencia o improcedencia. El carácter, la cualidad o legitimación sustancial es una típica quaestio iuris, que el juez debe examinar con independencia de la actitud que puedan asumir las partes. Así tenemos, por un lado, la legitimación de las partes, en lo que hace a la viabilidad de poder ejercer una acción -que no es otra cosa que el poder de hacer valer una pretensión- respecto del adversario con aleatoria eficacia y, por el otro, el derecho subjetivo material o de fondo que le asiste al actor y al demandado, el cual será finalmente declarado en la sentencia definitiva, oportunidad donde se realiza el examen de fundabilidad de la pretensión.
Se trata, pues, de que no haya sustrato obligacional o relacional de derecho. Así lo ha entendido la doctrina; "...entre la falta de legitimación y la falta de interés median diferencias conceptuales, puesto que la primera se refiere pura y exclusivamente a la cualidad de titular o no de la relación jurídica sustancial, mientras que la segunda es un elemento sustancial del llamado "derecho de acción" que ha sido debidamente diferenciado por CARNELUTTI (Instituciones, I, pág. 516), el que en síntesis hace notar que el interés en obrar solamente puede plantearse ante quien ya posee legitimación" (FALCON, Enrique. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tomo III. Editorial Abelardo - Perrot. Buenos Aires. 43 p.); "La falta de acción hace a la posibilidad de dirigir la acción contra la demandada, donde la expresión "falta de acción" es sinónima de "falta de legitimación", en este caso, activa. Su objeto es tan solo determinar si el accionante se encuentra en una situación fáctica que justifica su interés en el planteamiento del proceso contencioso. El pronunciamiento sobre la procedencia de la pretensión principal del demandante surgirá de la reunión de los requisitos necesarios para configurar el instituto jurídico..." (Juicio: "Doroteo Burgos y Daniela Ortellado de Burgos c/ Concepción Roa de Florentin y otros s/ Reivindicación de inmueble", Acuerdo y Sentencia N° 552 de fecha 21 de julio de 2008 dictado por la Corte Suprema de Justicia de los Tribunales de Asunción).
Ahora bien, analizado el escrito de demanda, no se advierte que la actora haya aducido expresamente el carácter de propietaria. A lo largo de todo su escrito se refiere a "su automóvil", pero tal expresión también puede ser usada eficazmente por el poseedor de la cosa, máxime cuando que la demandante se encontraba guiando el vehículo al tiempo del accidente. Recordemos también que nuestro sistema positivo dota de acción no solo al dominus o dueño del bien sino también a su poseedor conforme con el art. 1835 del Cód. Civ. Asi pues, la cuestión de la legitimación debe ser desestimada.
Pagando al estudio de la cuestión debatida, se trata de determinar la procedencia de una demanda a raiz de daños extracontractuales sobrevenidos en un accidente de tránsito.
Cabe aclarar que solo el punto tercero de la sentencia ha sido objeto de recurso; los restantes puntos, el primero, relativo al rechazo de la defensa de falta de acción, opuesta por el codemandado, Sr. Eulogio Miño Cañete, y el segundo, de rechazo del incidente de nulidad de instrumentales, deducido por los dos sujetos que componen la parte demandada, han quedado consentidos.
Sobradamente se conoce que la responsabilidad civil extracontractual requiere, para su declaración, de la concurrencia de cuatro elementos fundamentales: la existencia de un antijurídico, la atribución subjetiva u objetiva del mismo respecto del sujeto que se sindica como agente del daño, la existencia de un daño cierto y demostrado, y el nexo causal entre el hecho antijurídico y el daño que se reclama. Hemos de ver sucesivamente estos elementos.
En cuanto al antijurídico, tenemos que el antijurídico, en los accidentes de tránsito que no tienen lesiones corporales, depende de la existencia de actos de trasgresión de las normas de tránsito, lo cual requiere de un elemento volitivo doloso o culposo, por ende, el requisito de la antijuridicidad se encuentra cercanamente imbricado al del factor de atribución del hecho. De suyo, los argumentos de la apelante se centran en torno al factor de atribución y la culpa. No es ocioso señalar que el accidente de tránsito ocurrió en el año 2009, por lo tanto, para determinar la suerte de la demanda se deben tomar en cuenta las leyes pertinentes vigentes a esa fecha.
En cuanto a la imputación de la culpabilidad por el ilícito ocurrido, en el caso particular debemos descartar la imputación unilateralmente objetiva del art. 1847 del Cód. Civ., debido a que ambos sujetos involucrados en el siniestro se encontraban empleando automóviles, cosa riesgosa en los términos del citado articulo, y por ende no se puede atribuir la objetividad de la norma a uno descartando al otro. Es por ello que hemos de ceñirnos a los parámetros de determinación de la culpa atendiendo a factores subjetivos, que, en el presente caso, ya sea por vía de la tesis de la neutralización de riesgos, o por vía de la tesis de los riesgos recíprocos, conducen a la misma solución, esto es, de determinación de la culpa de los agentes involucrados en el siniestro, conforme sus respectivas conductas. Es sabido que la culpa, para el caso de los accidentes de tránsito, se mide por la debida prudencia, pericia y diligencia en la conducción, así como el respeto estricto a las normas de tránsito. En este punto es donde descansa el centro del objeto de debate para la resolución del recurso en estudio, por cuanto que las conclusiones a que aquí se arriben determinarán la suerte de la pretensión. Debemos recordar que el juzgador de la instancia inferior arribó al corolario de que la culpa por el accidente de tránsito resulta imputable exclusivamente a la actora y hoy apelante.
Como es frecuente en este tipo de demandas, las partes sostienen posturas diametralmente distintas respecto de la atribución de culpa del accidente.
En el informe policial de referencia -el cual solo hace plena fe en cuanto a los hechos directamente presenciados o dilectamente verificados por el oficial interviniente- expresa que, según sus averiguaciones, el automóvil de la accionante, placa BBT-744, se encontraba parado en la ruta internacional N°. 7, a la altura del K. 10, esperando el paso de vehículos que circulan sobre dicha ruta con dirección Oeste, y que allí fue chocado en la parte lateral trasera, lado izquierdo, por el automóvil con placa EAA-199, que circulaba por la ruta internacional con rumbo Este, añadiendo que lo hacia con una velocidad no prudencial y obviando las señales y mecanismos de reducción de velocidad, como lomadas de burro (fs. 11). En efecto, si bien las denuncias policiales constituyen instrumentos públicos a tenor de lo dispuesto por el art. 375, inc. "b" del Cód. Civ., y por tanto hacen plena fe de su contenido, sólo tienen el carácter de fehaciencia, que caracteriza a esta categoría de documentos, sobre aquellos hechos o sucesos que el oficial interviniente constató o en los que intervino personalmente (art. 383 del Cód. Civ.). Como en el presente caso el oficial interviniente no presenció el siniestro, sus manifestaciones respecto del modo en que éste sucedió, y en especial de las culpas que deben ser atribuidas, no gozan de plena fe en su veracidad. Lo propio cabe decir del acta del Ministerio Público, glosada a fs. 106, la cual también solo refiere los dichos de las partes.
Entonces bien, existiendo posiciones contrapuestas, adquieren relevancia los indicios materiales de la colisión, en especial las fotografías glosadas a fs. 27/29, de las cuales se advierte que los daños sufrióos por el vehículo de la actora se centran en su parte trasera izquierda, en tanto que los daños del vehículo de la accionada se encuentran en su parte frontal izquierda.
Sabido es que el desplazamiento sobre una ruta internacional da preferencia de paso con respecto de quien circula transversalmente a ella, máxime cuando se intenta hacer un cambio de dirección. Dada esta situación, el deber principal de cuidado recae sobre el vehículo que ingresa a la via preferencial, vale decir, en nuestro caso, el conductor del automóvil con placa BBT-744, dado que -según el propio relato de la actora- la misma se encontraba en el espacio generado entre tramos del paseo central de la ruta N° 7, para girar e ingresar al km. 10, lado Acaray. Con respecto del deber de cuidado de todo conductor en el cruce para el ingreso a avenidas o carreteras, el art. 144 del Decreto Ley N° 22094 "Reglamento General de Tránsito Caminero" dispone: "...Los conductores de vehículos reducirán la velocidad a la del paso del peatón antes de entrar a la circulación de las avenidas, calles de sentido único y en otras de tránsito de preferencia..."; igualmente el art. 180, Capítulo XVI Protección de los Caminos, dispone: "Queda prohibido en todas las carreteras públicas: [...] k) Detener vehículos transversalmente en el camino, aun cuando sea pera cargar o descargar.”.
Ahora debemos analizar la cuestión de la velocidad, esgrimida por la parte actora a lo largo de todo el proceso. Asi, lo establecido por el art. 4 del Reglamento General de Tránsito dice: "...El conductor de un vehículo en marcha debe estar constantemente en condiciones, situación y posición de dirigir y dominar completamente su vehículo, debiendo advertir la presencia de éste a los otros conductores y a los peatones que encuentre en su camino, y a tomar todas las precauciones para evitar accidentes y obstrucciones del tránsito...". Obviamente tal normativa implica, necesariamente, no sobrepasar el límite de velocidad fijado.
A este respecto la doctrina ha determinado que: "Incurre en culpa quien conduce un vehículo a velocidad excesiva, aunque haya gozado de prioridad de paso y anunciado su paso mediante las señales pertinentes -toques de bocina, luces- y con mayor razón si no lo hace o no tenía esa preferencia. Entiéndase por velocidad excesiva aquella que no permite la detención del vehículo en el momento oportuno, pues el primer deber del conductor es el de conservar su dominio sobre la máquina. El carácter excesivo de la velocidad puede resultar de la distancia a que se logró detener el vehículo después del accidente, de la naturaleza de los obstáculos arrollados, de la violencia del choque, u otras circunstancias análogas" (SALAS. Código Civil Anotado. Tomo l, Pág. 668, Ed. Lexis Nexis-Depalma. Bs. As. 1999) "Se estima que si no se ha podido detener a tiempo el vehículo para evitar la colisión, ello obedece a que el embestidor marchaba a exceso de velocidad, o no actuaba con la atención debida, o por carecer de frenos en buenas condiciones u otras circunstancias similares, demostrativas todas, en principio, de su responsabilidad. Pero como todas las presunciones, ésta no es absoluta y admite prueba en contrario, por lo que puede quedar neutralizada o sin efecto si se prueba que la colisión se produjo por una maniobra imprudente o desacertada del supuestamente embestido..." (Trigo Represas, Félix. Compagnucci de Caso, Rubén H. Responsabilidad civil por accidentes de automotores. Tomo 1.Pág. 349/350. Ed. Hammurabi. Bs. As. 2008). La jurisprudencia se pronuncia también en el sentido expuesto: "La velocidad apropiada que debe llevar un vehículo no es siempre aquella establecida en los códigos, sino la que en disímiles condiciones nos permite maniobrar con eficacia y mantener el control del vehículo." (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, sala II, 31/08/1999, Palacios, Daniel O. c. Careri, Guillermo B. • LLBA 2000, 910).
De las constancias de autos, se advierte que la parte demandante ha rendido dos testificales en autos, de personas que afirman haberse encontrado en el lugar y momento del accidente, por haber estado conduciendo, ellas también, sus vehículos en la ruta donde ocurrió el siniestro. Sus deposiciones son contestes y las razones de sus dichos son convincentes. Ambos testigos aseveran que el vehículo de la demandada transitaba a una velocidad alta y no prudencial sobre la ruta N° 7, con dirección Este, y que omitió disminuir la marcha, pese a la existencia de elementos de advertencia en tal sentido, como carteles de indicación de velocidad, lomos de burro y otros semejantes, que se refieren detalladamente en el croquis elaborado por la policía municipal, obrante a fs. 11/12 y cuya existencia o presencia en el lugar de los hechos, por ser elementos objetivos que el funcionario puede percibir por si mismo, debe tenerse por cierta. Asimismo, ambos testigos aseveran que la demandante ya habla atravesado todo el carril de la ruta que corre de Oeste a Este. La circunstancia señalada por la jueza inferior, en el sentido de que hay que descartar un exceso de velocidad de parte del demandado, Sr. Eulogio Miño, debido a que los daños producidos en el vehículo impactado no son de mucha entidad, debe decirse que, según el relato de los testigos, la velocidad excesiva fue aminorada, en parte, por los obstáculos de señalización -lomada de burro y otros- y que aun así el conductor del vehículo embistiente no pudo evitar colisionar con el automóvil de la actora.
Estas circunstancias indican que el peso de la responsabilidad del acaecimiento del accidente lo ha llevado el conductor del automóvil con placa EAA-199. Ahora bien, una porción de culpa sobre la parte actora tampoco se puede descartar, puesto que atravesar transversalmente una ruta internacional exige el máximo cuidado y precaución, deteniéndose y haciendo el cruce solo cuando ya no hay tránsito vehicular sobre la ruta; y no resultó probado, en ese sentido, que la actora haya estado efectivamente ya parada en el paseo central, sino que las testificales parecen indiciar que acababa de cruzar la ruta N° 7.
Todo lo dicho, hace que este Tribunal llegue a la conclusión de que existe culpa concurrente entre la accionante y los demandados, en un 80% para estos últimos y un 20% para la desmandante.
Ahora pasaremos a examinar el factor de los daños. Aquí se ha reclamado daño emergente, patrimonial y extrapatrimonial o moral, así y como lucro cesante. La demandada ha impugnado estos daños, aduciendo que los daños materiales al vehículo no fueron suficientemente probados, pues la actora solo presentó facturas de repuestos y trabajos, que o fueron debidamente reconocidas en juicio.
En cuanto al punto, este Tribunal tiene dicho que las facturas privadas, por constituir instrumentos privados provenientes de terceros, deben ser reconocidas mediante la forma establecida para la prueba testifical, conforme lo manda el art. 307 ín fine del Cód. Proc. Civ., a fin de dotarlo de idoneidad probatoria, cosa que no aconteció. Empero el artículo 452 del Cód. Civ. habilita al Tribunal a realizar una prudente estimación de la indemnización correspondiente cuando se hubiese justificado y admitido de modo cierto e indubitable la existencia del perjuicio. Tales daños aparecen no solo en el parte policial de fs. 11, el cual hace plena fe en este punto, pues se trata de constataciones hechas por el propio oficial público interviniente, sino que también se advierten de las fotografías tomadas del accidente, que obran a fs. 27/29, las cuales no han sido impugnadas.
Teniendo en cuenta la naturaleza y envergadura de tales daños, se estima que la reparación del vehículo involucra repuestos de las partes rotas: reparación de escape y cerradura de puerta valijera, un faro trasero (fs. 20); un soporte de auxilio (fs. 21); reparación de tapizados de puerta izquierda delantera y trasera (fs. 22); un paragolpe trasero, tres listones de paragolpe trasero, una tapa de valijera (fs. 24), asi como chapería y pintura del rodado (fs. 19). También corresponde incluir lo necesario para reponer el sistema de airbag del vehículo de la accionante, que según el relato de hechos se disparó a causa del accidente: un airbag lateral de techo, uno lateral de puerta delantera izquierda, de puerta trasera izquierda; un sensor de cinturón y de airbag izquierda y mano de obra (fs. 25), con el consiguiente test necesario para su reparación (fs. 23). Cabe apuntar que el involucramiento del sistema de airbag es una circunstancia que no fue disputada en autos.
Como un último requisito de procedencia de la reparación de estos daños tenemos el nexo causal. Del relato de los hechos y de las constancias de autos surge incontestablemente que los daños alegados se produjeron a causa de la colisión entre el vehículo propiedad de la actora y el automóvil perteneciente a la demandada, según el curso ordinario de las cosas, conforme con el art. 1856 del Cód. Civ.
Asi pues, este Tribunal entiende prudente incluir los gastos de repuestos y mano de obra, arriba enunciados, y valuarlos prudentemente en la suma de Gs. 34.400.000, congruente con los precios de mercado de dichos bienes y servicios.
En lo que respecta de lucro cesante, es sabido que el mismo consiste en la ganancia concreta que se ha dejado de obtener por causa del hecho generador. Dichas ganancias, para configurar lucro cesante, deben ser concretas, reales y probadas en juicio. Bajo este rubro la actora reclama lo que, como puede verse de esta conceptualización, se trata, en realidad, de daño emergente, pues constituiría una erogación o gasto que habría tenido que enfrentar la actora. Ciertamente, la privación del uso del automóvil y el consecuente traslado en taxi podrían haber producido un perjuicio patrimonial resarcible -daño emergente; empero, la accionante tampoco ha proporcionado suficiente material probatorio para demostrar tal daño pretendido, pues no obran en autos constancias referentes al uso del vehículo, los gastos de traslado en taxi y la regularidad de los mismos. En efecto, tales perjuicios -a diferencia de los daños materiales del vehículo, que ya hemos referido más arriba no constan ni surgen de manera cierta de autos, mucho menos se ha probado su cuantía o valor; por ende, no puede aplicarse al respecto la estimación prudencial del art. 452 del Cód. Civ.
Así pues, este daño debe ser desestimado.
En cuanto al daño moral, aquí se advierte que la parte recurrente está alegando cierto estado emocional que le causa a su parte el evento del siniestro como generador de una pérdida patrimonial y los inconvenientes que esto le acarreó. El daño moral ha sido conceptuali zado como toda condición disvaliosa del espíritu. Ahora bien, no todo cambio disvalioso configura daño moral resarcible; se ha dicho jurisprudencialmente y adscribimos a dicha tesis, que el perjuicio debe tener una cierta entidad para ser indemnizable. Existe, pues, un margen o espacio de detrimento que toda persona, en su vida de relación e interacción con otros sujetos, ha de tolerar. La cuestión está en determinar si, en este caso, ese margen ha sido cumplimentado o no, es decir, si existe lesión con entidad suficiente como para ser resarcida.
Es jurisprudencia constante de esta sala, coincidente con la doctrina nacional y extranjera, que la indemnización por daño moral mismo corresponde solamente en los casos en que la persona se viera afectada en su esfera física -salud o vida- o espiritual, esto es, en su buena fama, su honor, reputación, sus afectos, su vida de relación, su psiquis; no así cuando el daño sufrido sea meramente patrimonial. Las pérdidas patrimoniales se entienden como un avatar propio de la vida y por lo tanto la desazón que pudiera provocar no son susceptibles de indemnización. Por una parce, porque el detrimento patrimonial que el hecho antijurídico haya producido en la vida de la víctima ya tiene su compensación propia en esferas puramente patrimoniales -daño emergente patrimonial, lucro cesante, pérdida de chace, y, por la otra, porque las preocupaciones y molestias de la vida cotidiana y sus avatares económicos son circunstancias que toda persona debe soportar. Hay un nivel de frustración que toda persona debe afrontar y que, por tanto, está fuera de los límites de la indemnización. Extender la reparación por daño moral a las molestias emocionales –en cierto modo normales o usuales- que los déficits patrimoniales acarrean a un sujeto, importarla crear una amplísima fuente de resarcimiento obligacional, que sería insostenible en la vida de sociedad, ya que no habría, virtualmente, ninguna persona que no estuviera en situación de tener que indemnizar.
Luego, el daño moral, como cualquier otro, debe ser probado, solo que en ciertas circunstancias el daño surge patente u ostensible de los sucesos y configura un hecho notorio, que, por ser tal, no necesita ser demostrado. En todos los demás casos, la prueba del daño debe ser producida.
En autos no se trata de un daño moral notorio - como sería v.g. el derivado de una lesión física o de la pérdida de un familiar cercano- y tampoco la actora ha producido suficiente material probatorio para demostrar el daño moral pretendido, ni para sustentar debidamente la relación causal que es elemento indispensable de vinculación entre el daño y el sustrato fáctico en el que se basa la acción.
Amén de ello, cabe decir que la actora no ha probado un estado de depresión excepcional o un estado de contrición de espíritu como consecuencia de tales circunstanciad Por tanto, este rubro también debe ser desestimado.
Así pues, se concluye que la sentencia apelada debe ser modificada, en el sentido de hacer lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios incoada por la Sra. Ignacia Celina Mujica de Cataldi contra el Sr. Eulogio Miño Cañete y la Procuraduría General de la República, y, en consecuencia, condenar solidariamente a los demandados al pago de la suma de Gs. 27.500.000, representativa del porcentaje de culpa del 80% establecido aqui para la parte demandada, más intereses computados desde el momento en que se produjo el accidente.
En cuanto a las costas, se debe considerar que no todas las pretensiones de la actora fueron admitidas, lo cual exige la aplicación proporcional de las costas, conforme con los vencimientos recíprocos, en un 36% a los demandados y un 64% a la actora.
Asunción, 20 de febrero de 2018.
VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala;
MODIFICAR la resolución recurrida en el sentido de HACER LUGAR a la demanda de indemnización de daños y perjuicios incoada por la Sra. Ignacia Celina Mujica de Cataldi contra el Sr. Eulogio Miño Cañete y la Procuraduría General de la República, y, en consecuencia, condenar solidariamente a los demandados al pago de la suma de CE 27.500.000, representativa del porcentaje de culpa del 80% establecido aqui para la parte demandada, más intereses computados desde el momento en que se produjo el accidente.
IMPONER las costas proporcionalmente, en ambas instancias, en un 36% para los demandados, y en un 64% para la parte actora, vistos los vencimientos recíprocos. ANOTAR, registrar, y remitir copia a la Excma. Corte suprema de Justicia.
Ma. Mercedes Buongermini P. Miembro
Dr. Mst. Neri E. Villalba. Miembro
Abg. Valeria Allen Gimenez. Actuaria

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 artículo 452
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