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Timestamp: 2018-12-16 18:36:47+00:00

Document:
Compromiso por la Democracia
Independencia de la Fiscalia General de la República
Independencia de la Corte de Cuentas
Independencia de la Corte Suprema de Justicia
Independencia del Tribunal Supremo Electoral
El control de los fondos públicos, a través de la rendición de cuentas, es un elemento esencial de la legitimidad democrática y la eficiencia económica de los gobiernos. En El Salvador, la Corte de Cuentas de la República es por mandato constitucional un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, encargado de velar por la fiscalización de la Hacienda Pública en general y por la ejecución del presupuesto en particular .
La labor que actualmente desempeña este ente contralor, en el ejercicio de fiscalizar los fondos públicos, dista de efectividad e independencia, lo cual dificulta implementar medidas de carácter preventivo, así como aplicar las sanciones correspondientes en los casos de incumplimiento de las normas. Por el contrario, pareciera que prevalece el uso discrecional de la información con fines distintos a garantizar y fomentar el uso racional y eficiente de la misma y del manejo de los fondos públicos.
El esquema actual no cuenta con los desincentivos suficientes para que los sujetos fiscalizados eviten cometer infracciones que incluso pueden desembocar en ilícitos, porque el fiscalizador no ejerce de manera adecuada su labor. Existen casos en que la información en poder del ente contralor es utilizada para coaccionar a funcionarios electos por voto popular a cambiar su militancia partidaria.
En el escenario actual, los funcionarios que se comportan de manera proba y honesta es por propio convencimiento sobre cuál es la manera correcta de actuar, y no como consecuencia de los desincentivos legales que tendría un comportamiento anómalo.
Fortalecer el sistema democrático salvadoreño
Robustecer el control, transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos
Separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas en la Corte de Cuentas
Elevar el nivel de requisitos de idoneidad exigibles a los funcionarios responsables de la fiscalización y los juicio de cuentas de los fondos públicos
Generar confianza y credibilidad de parte de la ciudadanía sobre la plena imparcialidad, capacidad, firmeza y compromiso de las entidades que fiscalizan y juzgan las irregularidades en el manejo de los fondos públicos
Contar con un sistema de fiscalización y juzgamiento del manejo de los fondos públicos autónoma y totalmente independiente de los intereses de los partidos políticos.
Se propone separar de una misma entidad las funciones de fiscalizar el uso de los fondos públicos y el juzgamiento de las infracciones, entiéndase, realizar el proceso de los juicios de cuenta.
Para estos efectos se propone crear una Contraloría General de la República, que realice de manera eficiente los procesos administrativos que le competen, sin intereses partidarios, que genere credibilidad y confianza en todos los sectores, con plena independencia y firmeza en su objetivo de fiscalizar las entidades estatales y combatir la corrupción en las diferentes esferas de la administración pública.
La Contraloría General de la República concentrará sus esfuerzos en investigar y fiscalizar la actividad económico-financiera del Estado, que para el cumplimiento de tal misión desempeñará funciones administrativas. Como entidad especializada deberá estar en constante modernización, incorporando tecnología de punta y las mejores prácticas internacionales a efectos de lograr sus objetivos.
Sobre el órgano de dirección de la Contraloría General de la República se propone lo siguiente:
Será una entidad dirigida por un Controlar y Sub Contralor General de la República, nombrados por mayoría calificada de los diputados electos, para un período de nueve años sin derecho a reelección.
Los candidatos a Contralor y Sub Contralor deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad notoria, tener conocimiento relacionado a la materia para el ejercicio del cargo, no tener afiliación política partidaria, estar en el ejercicio de sus derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección, no tener contratos con el Estado ni haberlos tenido los cinco años anteriores a la elección, no tener cuentas pendientes con el Estado, ni juicios administrativos ni judiciales en el mismo y no haber sido condenados por delito.
Los candidatos a Contralor y Sub Contralor deberán ser evaluados objetivamente por parte de la Asamblea Legislativa con base a estos criterios.
Transformar la Corte de Cuentas en una entidad colegiada que asume estrictamente las funciones jurisdiccionales, relativas a los juicios de cuenta. En consecuencia, dejará de fiscalizar el uso y las fuentes de los fondos público.
Sobre el órgano de dirección de la nueva Corte de Cuentas de la República se propone lo siguiente:
Será un ente colegiado conformado por tres magistrados nombrados por mayoría calificada de los diputados electos. La ley desarrollará el respectivo concurso público para la selección de las tres ternas.
Los magistrados serán electos para nueve años, sin reelección, y sustituidos de manera escalonada cada tres años. El Presidente será el magistrado de mayor antigüedad.
Los candidatos a magistrados deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad y competencia legal notoria, no tener afiliación política partidaria, estar en el ejercicio de sus derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección.
Los candidatos a Magistrados deberán ser evaluados objetivamente por parte de la Asamblea Legislativa con base a estos criterios. Cada legislatura deberá elegir únicamente a un magistrado.
D. ANEXO V
Que el artículo 195 establece que la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estará cargo de un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, que se denominará Corte de Cuentas de la República, cuyo órgano, fue creado a fin de ser independiente del resto de los órganos del Gobierno, erigido como ente fiscalizador de la actividad económico-financiera del Estado;
Que en aras que esa independencia sea fortalecida, es indispensable que la función fiscalizadora y administrativa sea separada de la Corte de Cuentas, creando así, un organismo especializado cuyas competencias sean estrictamente de fiscalización;
Que a efecto de materializar los considerandos antes mencionados, es procedente dividir las funciones de fiscalización y el juicio de cuentas en órganos distintos, que tengan independencia entre sí.
En uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los Diputados…
Reformar la Constitución de la República, emitida mediante Decreto Constituyente No. 38, de fecha 15 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial No. 234, Tomo No. 281, de fecha 16 del mismo mes y año, de la Asamblea Constituyente, lo cual se considera en forma individual para su ratificación.
Refórmese el artículo 131 en su numeral 19, de la manera siguiente:
19. Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Contralor General de la República y Sub Contralor General de la República, miembros del Colegio Electoral, Fiscal General de la República, Fiscal Adjunto, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.
En un mismo periodo legislativo no se podrá realizar dos veces la elección de los funcionarios públicos mencionados, salvo, en casos de muerte, renuncia, destitución o grave impedimento del funcionario electo en esa legislatura.
Refórmese el Artículo 195 de la Constitución, de la manera siguiente:
“Artículo 195.- La fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estará a cargo de un organismo independiente del Órgano Ejecutivo y de cualquier otro órgano, que se denominará Contraloría General de la República, la cual estará a cargo de un contralor y un sub contralor, que serán electos por la Asamblea Legislativa con los dos tercios de los votos de los diputados electos, por un periodo de nueve años, sin reelección alguna.
La Contraloría General de la República tendrá las siguientes atribuciones:
Vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley lo determine;
Aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el Presupuesto; intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al Tesoro Público o al Patrimonio del Estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública;
Vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos,
Fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban subvención o subsidio del mismo.
Examinar la cuenta que sobre la gestión de la Hacienda Pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea, e informar a ésta del resultado de su examen;
Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;
Informar por escrito al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización;
Velar porque se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y Municipios;
Remitir a la Corte de Cuentas de la República, los expedientes administrativos de los juicios de cuentas a que den lugar en el ejercicio de sus funciones.
Ejercer las demás funciones que las leyes le señalen.
Las atribuciones 2 y 4 las efectuará de una manera adecuada a la naturaleza y fines del organismo de que se trate, de acuerdo con lo que al respecto determine la ley; y podrá actuar preventivamente a solicitud del organismo fiscalizado, del superior jerárquico de éste o de oficio cuando lo considere necesario .
Refórmese el Artículo 196 de la Constitución, de la manera siguiente:
“Artículo 196.- La Corte de Cuentas de la República, será el ente jurisdiccional competente para conocer de los juicios de cuentas a que den lugar el ejercicio de vigilancia e inspección de las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos.
La Corte de Cuentas de la República, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, se dividirá en una Cámara de Segunda Instancia y en las Cámaras de Primera Instancia que establezca la ley.
La Cámara de Segunda Instancia estará formada por el Presidente de la Corte y dos Magistrados, cuyo número podrá ser aumentado por la ley. Estos funcionarios serán elegidos de forma escalonada cada tres años con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos, quienes durarán nueve años en sus funciones, sin reelección alguna y no podrán ser separados de sus cargos sino por causa justa, mediante resolución de la Asamblea Legislativa. El Presidente será el miembro de mayor antigüedad.
La Cámara de Segunda Instancia nombrará, removerá, concederá licencias y aceptará renuncias a los Jueces de las Cámaras de Primera Instancia.
Una ley especial regulará el funcionamiento, jurisdicción, competencia y régimen administrativo de la Corte de Cuentas y Cámaras de la misma.
Refórmese el Artículo 198 de la Constitución, de la manera siguiente:
“Artículo 198.-El Presidente y los Magistrados de la Corte de Cuentas deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad y competencia notaria, no tener afiliación política partidaria, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección.
Para ser el Contralor y el Sub Contralor además de los requisitos mencionados en el inciso anterior, se deberá cumplir con los requisitos siguientes: tener conocimiento relacionado a la materia para el ejercicio del cargo, no tener contratos con el Estado ni haberlos tenido los cinco años anteriores a la elección, no tener cuentas pendientes con el Estado, ni juicios administrativos ni judiciales en el mismo y no haber sido condenados por delito.
Refórmase el Artículo 199 de la Constitución, de la manera siguiente:
“Artículo 199.-El Presidente de la Corte de Cuentas y de la Contraloría General de la República rendirán anualmente a la Asamblea legislativa un informe detallado y documentado de las labores de la Corte y de la Contraloría. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del año fiscal.
El incumplimiento de esta obligación se considera como causa justa de destitución.”
Artículo 6. Disposiciones Transitorias
“De conformidad a lo estipulado por el Artículo 248 de la Constitución, las presentes reformas deberán ser ratificadas por la próxima Asamblea Legislativa con el voto favorable de los dos tercios de los diputados, previo a su entrada en vigor”.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los ---------- días del mes de ---------- del año dos mil doce.
Los antecedentes están basados en el capitulo respectivo del documento de ENADE 2011 “Institucionalidad para el Desarrollo”, página 67.
Artículo 195 de la Constitución de la República de El Salvador
El numeral 2 ha sido reformado y el último inciso ha sido adicionado mediante D. L. No. 165, D. O. No. 196, Tomo No. 325, del 24 de octubre de 1994.
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References: artículo 195
 artículo 131
 Artículo 195
 Artículo 196
 resolución 
 Artículo 198
 Artículo 199

Artículo 6
 Artículo 248

Artículo 195