Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2019/acuerdos_y_sentencias/ays_706_19.php
Timestamp: 2019-11-16 01:39:26+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 706/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 706/19
EXPEDIENTE: "ALBINO DIARTE C/RESOLUCION FICTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)".
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los once días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA Y CAROLINA LLANES por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de expedirse respecto a la aclaratoria interpuesta contra el Acuerdo y Sentencia 179 de fecha 21 de junio de 2018, dictado por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear lo siguiente:
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENITEZ RIERA, RAMIREZ CANDIA Y LLANES.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL DR. BENITEZ RIERA DIJO: el Abogado Lucas A. Tato, representante legal del administrado no ha fundado concreta y específicamente el Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del C.P.C. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso. ES MI VOTO.
A su turno los Dres. Ramírez Candia y Llanes, se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 179 de fecha 21 de junio de 2018, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1.- NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida en los autos caratulados: "ABINO DIARTE C/RES- FICTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT", por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 2.- CONFIRMAR, la Res. Ficta del INSTITUTO NACIONAL DEDESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT. 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4.- NOTIFICAR, anotar y remitir copla a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Que el apelante, se agravió en contra de la precitada resolución, señalando haber sido incluido como beneficiario de la reforma agraria por Resolución INDERT R.P N° 1.747 de fecha 15 de abril de 2.013 del INDERT (artículo 1, núm. 5) del citado acto administrativo (fs. 34/35), para agregar que por el artículo 2° del citado acto administrativo, fue autorizada la titulación a favor del mismo respecto al inmueble en cuestión, habiendo el mismo procedido a abonar a la institución, importante suma para perfeccionar la titulación, única forma de asumir la titularidad de un bien registrable. Todos los hechos demandados por ante el Tribunal de Cuentas, conforme al escrito de contestación de demanda, fueron aceptadas por la representación del INDERT, pero a la vez, solicita el rechazo de la demanda instaurada (fs. 88/89), transcribiendo parcialmente lo siguiente: "... mi mandante lo está llevando a cabo en expediente administrativo, ello, a los efectos de ofrecer las garantías pertinentes (tantas veces reclamada a la institución) a todos los habitantes de la república y en especial otorgar al BENEFICIARIO DEL INSTITUTO un título sin vicio alguno." Para con ello sostener que parecía que la institución se encontraba tramitando la titulación demandada, en largo trámite de más de 5 años de duración, a lo que agrega el criterio de esta Sala Penal, por el cual se tiene dicho que no sólo debe ser alegado, sino además probado y que la carga probatoria es obligación compartida de las partes, en referencia a que a fojas 65, 71 y 76 rolan los oficios diligenciados por el cual habían sido solicitados las remisiones de los antecedentes administrativos de la presente causa, sin que así haya sucedido, por omisión inculpada a la institución demanda, incluso con la constitución del Actuario interviniente a fin de proceder al secuestro de tales instrumentales, sin éxito (fs. 77/78) cerrando el punto con cita de la más respetada doctrina administrativista nacional a dicha situación. En cuanto al fallo apelado, el recurrente en alzada, cuestiona que el Tribunal sentencio sobre una cuestión no propuesta, ya que cuestionó la calidad de beneficiario del estatuto agrario, a quien, había sido calificado como tal por un acto administrativo expreso, emanado del propio órgano administrativo competente, y también reconocida tal calidad al contestar la presente demanda. Entre los cuestionamientos al fallo recurrido, también fue incluido el hecho que el Tribunal a quem haya considerado la no explotación de actividad agrícola, basando su decisión en el informe pericial cumplido en el terreno y agregado a estos autos, pero al que considera se hizo referencia parcial, omitiendo la parte que el apelante considera trascendente para el derecho demandado en autos. Por último, refiere una serie de errores expuestos por el impetrante contra la resolución judicial recurrida, consistente en la trascripción parcial del párrafo primero de fs. 174 referente a las atribuciones permitidas al INDERT, que copiado resulta: "...puede realizar actuaciones en forma unilateral sin necesidad de comunicarlas al solicitante del lote, cuya pretensión formulada en el expediente administrativo obrante ante la institución es un mero derecho en expectativa hasta que la autoridad administrativa se pronuncie sobre la adjudicación pretendida. En conclusión al ser simplemente un derecho en expectativa, lo resuelto por el INDERT no causa gravamen a la parte actora." que resulta - de la tesis desarrollada por el recurrente en alzada - contraria a la previsión de los numerales 8 y 9 del artículo 17 de la Constitución Nacional, como error 2) ataca lo también parcialmente trascripto: "...cuya pretensión formulada en el expediente administrativo obrante ante la institución es un mero derecho en expectativa hasta que la autoridad administrativa se pronuncie sobre la adjudicación pretendida." En lo que señala el a quem, refiriéndose a un expediente administrativo, ya antes mencionado en la sustanciación del presente recurso, el que no ha sido agregado a estos autos, sin embargo, pese a ello, el Tribunal lo consideró positivamente al momento de arribar a una conclusión (cuando que no obraba entre los antecedentes administrativos) errando con ello en su apreciación, ya que como había sido debidamente acreditado por su parte, y expresamente reconocido por la parte demandada, el mismo ya había sido adjudicado como beneficiario de un inmueble por parte del INDERT, por lo que del razonamiento del Tribunal de grado, que previo a la adjudicación solo obra un derecho en expectativa, hasta que sólo con posterioridad a dicha etapa, el mismo se perfecciona a favor de su beneficiario. Lo que no fue considerado por el juzgador y propuesto por ante esta alzada por la parte apelante, es que el actor de la presente demanda ya había resultado adjudicado con anterioridad a la interposición de la presente demanda, por lo que de la conclusión del Tribunal, ya contaba con derecho a la titulación del inmueble al momento de instaurar la presente demanda, sin embargo, fue sentenciado como si la adjudicación se encontrase aún pendiente, en base a un erróneo razonamiento, sin que así haya sido. Como tercer cuestionamiento sostuvo en el punto del escrito de expresión de agravios 3) "En conclusión al ser simplemente un derecho en expectativa, lo resuelto por el INDERT no causa gravamen a la parte actora." Lo que también resulta desarrollado por el impetrante como otro grave error, ya que no sólo se lo estaría privando de la titularidad del bien, sino además del monto ya abonado en concepto de adquisición, como también de las mejoras introducidas por el mismo a su costa, lo que expone resultaría una confiscación ilegal por parte del Estado a un sujeto de la reforma agraria. En cuanto a la presunción de legitimidad, lo que valió otra trascripción parcial del considerando del fallo apelado, que resultó: "En el caso que nos ocupa, observamos que el acto administrativo impugnado fue dictado por autoridad competente, y ha respeto el debido proceso y la forma estipulada en la ley, también se han valorado detenidamente las pruebas ofrecidas. (Sic. Incluido el error tipográfico obrante a fs. 174, vuelto) presunción doctrinariamente impuesta, pero que señala el recurrente, resulta del tipo que admite prueba en contra, como ser el hecho que el Tribunal había considerado que la misma había resultado dictada por una autoridad competente, sin embargo, conforme consta, la misma resulta una resolución ficta, es decir, resultado de la inexpresión del órgano administrativo demandado, lo que expone que ello refleja el incumplimiento del deber de pronunciarse, faltando con ello al ideal del debido proceso, como tampoco refiere cuales pruebas en concreto han servido de basamento a la decisión aquí impugnada, ya que se ha limitado a inferir parcialmente a una prueba pericial y de modo erróneo, y sin que se haya expedido expresamente hacia la misma ni a otra, que permita dar soporte al fallo apelado. Solicita la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 179 de fecha 21 de junio de 2018, dictado por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas.
Que pasando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, advierto que el Abogado Lucas Alfredo Tato, en nombre y representación del Señor Albino Diarte, promovió demanda contencioso administrativa contra una Resolución Ficta recaída en el juicio de amparo de pronto despacho promovido contra el INDERT, a los afectos que esa Institución otorgue el título de propiedad a su mandante en un plazo de treinta días. Por su parte, el ad quem que consideró improcedente la titulación del bien inmueble rural a favor del actor, basando tal decisión en que el lote individualizado como Finca N° 58, Padrón 66 del Municipio de San Lazaro, no era explotado debidamente por el recurrente, por lo cual de conformidad a los art. 16 y 46 de la Ley N 1.863/02 "Que establece el Estatuto Agrario", el mismo no era sujeto de la Reforma Agraria.
Que de un examen de los antecedentes administrativos obrantes en esta causa presentados por la parte actora, visualizo que el INTERT por Resolución P. N° 1747/13, de fecha 15 de abril de 2013 (fs.43/45) adjudico al administrado Albino Diarte el Lote Silvo Pastoril N° 37, Manzana A, de la Colonia Rio Apa, del distrito de San Lázaro, de 456 hectáreas y 9069 metros, autorizando a la Dirección del Registro de Beneficiarios a expedir los correspondientes títulos de propiedad. Asimismo de estos antecedentes se comprueba que el actor abono parte del costo del lote que le fuera adjudicado (fs.46/48). Igualmente a fs.58 se encuentra la solicitud presentada por el Sr. Albino Diarte al entonces Presidente del INDERT, Justo Cárdenas, a fin de que funcionarios de esa Institución se constituyan en el inmueble que le fuera adjudicado a los efectos de constatar las mejoras introducidas.
Que siguiendo con el análisis de la cuestión debatida, merece mención la no remisión de los antecedentes administrativos del caso, por cuestión imputable a la entidad demandada, conforme constancia de reiterados intentos realizados por la parte demandante de autos (fs. 65, 71, 76), la que solicitó en más de una oportunidad e instó al Tribunal lograr tales instrumentales, incluso con la constitución del Actuario Judicial interviniente a la sede del INDERT (fs. 77/78), a fin de proceder al secuestro de los mismos, todos ellos, fallidos intentos sin éxitos.
Que ante dicha situación de pro actividad del actor de la demanda en lograr tales instrumentales, sin reacción de la entidad, habilita la solución dada por respetada doctrina nacional, en practica infrecuente, pero comprensible ante la posición resistente del órgano administrativo, en la remisión de los antecedentes administrativos del caso, lo que justifica la consideración del Prof. Salvador Villagra Maffiodo: "Si la autoridad no los remite, pasado un tiempo prudencial, el Tribunal reitera la solicitud, emplazándola para su remisión, con apercibimiento de que si no lo hace, se dará curso a la demanda sin tener a la vista los antecedentes. Esta es sólo práctica del Tribunal que no está prevista en la ley, pero seguida con muy buen acuerdo, pues de lo contrario estaría en manos de la autoridad administrativa dilatar indefinidamente y aún hacer imposible la iniciación del juicio.".
Que a fs. 78 consta el acta labrada y firmada por el Actuario Judicial, tras su constitución en el INDERT, tras buscar dar con el Director de Asesoría Jurídica, como con el Secretario General, no pudo acceder a la documentación pertinente; sin embargo, pese a ello, a fs. 79 vuelto, obra el proveído por el cual se tienen por recibidos en virtud al artículo 307 del Código Procesal Civil, disponiendo el traslado de la demanda al ente demandado para su contestación.
Que siguiendo la regla que quien alega debe probar, resultando por tanto en carga compartida para las partes, mal podría beneficiar a la administración demandada, como prueba instrumental lo que la misma no agregó a estos autos, como ya lo había observado en líneas precedentes, pese a insistentes solicitudes de la parte demandante, por lo que necesariamente para dilucidar esta cuestión, debo tener en cuenta únicamente los antecedentes administrativos arrimados a este juicio por la parte demandante.
Que de los antecedentes administrativos a los que hice referencia más arriba, se desprende por Resolución P. N° 1747/13 de fecha 15 de abril de 2013, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) adjudicó entre otros beneficiarios al Sr. Albino Diarte, con un lote cuyas característica fueron descriptas precedentemente, autorizando a la Dirección del Registro de Beneficiarios a expedir el correspondiente título de propiedad. Pese a haber pagado gran parte del precio de dicho lote el adjudicatario y formulado solicitudes para que lo dispuesto en el precitada Resolución se haga efectivo, el INDERT no dio cumplimiento a lo dispuesto en la precitada Resolución, a fin de que pueda hacer efectiva la titulación del Lote N° 37 de la Manzana A, de la Colonia Rio Apa, distrito de San Lázaro. Ante el silencio del INDERT e inacción en el cumplimiento del deber que tenía esa entidad de dar cumplimiento a la Resolución N° 1747, este hecho hizo que se configure la Resolución Ficta impugnada por el actor en sede judicial.
Que es por ello, que la pretensión del Tribunal Inferior de centrar la cuestión debatida en si el administrado reunía o no los recaudos para ser beneficiario del lote que le fuera adjudicado resulta desacertada y carente de todo sustento jurídico, ya que el INDERT al expedir la Resolución P N° 1.747/13, consideró que esos requisitos se hallaban reunidos. De lo contrario no hubiera emitido la subsodicha resolución. No se puede revivir una etapa precluída en sede administrativa, que además no fue objeto de debate en esta causa. Es más, el INDERT en la contestación de la demanda (fs.88/89) no hace mención ni siquiera tangencialmente de circunstancia traída a colación por el ad-quem para rechazar la presente demanda, y si lo hubiera hecho estaría pisoteando lo dispuesto en la Resolución P N° 1.747/13, entrando en contradicción con la doctrina de los actos propios.
Que consecuentemente, de conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, no me resta otra opción que votar por la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el presentante legal del actor de la presente demanda contra el Acuerdo y Sentencia N° 179 de fecha 21 de junio de 2018, dictado el Tribunal de Cuentas, la Segunda Sala, el cual debe ser revocado. Como consecuencia de esta decisión, debe hacerse lugar a la presenta demanda contra la Resolución Ficta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), disponiéndose el cumplimiento de lo resuelto en la Resolución P N° 1747/13 de fecha 15 de abril de 2013, emitida por el Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), debiéndosele expedir al Sr. Albino Diarte el correspondiente título de propiedad por parte de la Dirección del Registro de Beneficiarios de esa institución. En cuando a las costas, deben ser impuestas en ambas instancias a la parte demandada, en virtud del principio consagrado en el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
Que a su turno, el Dr. RAMIREZ CANDIA, manifiesta: La presente demanda contenciosa administrativa no debió ser admitida porque la pretensión articulada en la demanda no constituye objeto del contencioso administrativo, de conformidad al Art. 3 de la Ley Nro. 1462/35.
En efecto, conforme con el petitorio de la demanda, se impugna una resolución ficta, es decir, un silencio administrativo ante un pedido que fuera formulado a la entidad pública y el silencio administrativo no constituye objeto del contencioso porque la finalidad del mismo, conforme nuestro ordenamiento jurídico, es el control de la regularidad del acto administrativo de carácter reglado causante de lesión a derecho administrativo preestablecido.
El control de regularidad del acto administrativo, implica verificar si el mismo fue dictado por un órgano competente, conforme con la legalidad y con respeto a la forma debida.
El silencio administrativo no puede ser verificado en su regularidad, por lo que la conducta correcta del administrado que pretende acudir al contencioso es de provocar la resolución administrativa por medio del amparo de pronto despacho y con la resolución administrativa que deniega su pretensión tendrá la posibilidad de la reclamación judicial ante el Tribunal de Cuentas.
Por lo expuesto, corresponde señalar que la presentación debió ser rechazada in limine, por lo que corresponde declarar la nulidad del proceso.
Que a su turno, la Dr. LLANES, dijo: Me adhiero en los fundamentos al proyecto de voto del Ministro Benítez Riera con la salvedad de lo dispuesto en el art. 2 del Acuerdo y Sentencia en lo que sugiero los siguientes términos: 2- HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 179 de fecha 21 de junio de 2018, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, conforme a lo expuesto en el exordio de la presente resolución, disponiéndose el cumplimiento de lo resuelto en el art. 2° de la Resolución P N 1747/13 de fecha 15 de abril de 2013.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE, todo por ante mí, que certifico, quedando acordado el Acuerdo y Sentencia que inmediatamente sigue:
Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo y Sentencia que antecede, la
2.- HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 179 de fecha 21 de junio de 2018, dictado el Tribunal de Cuentas, la Segunda Sala, conforme lo expuesto en el exordio de la presente resolución, debiendo la resolución ficta atacada ser revocada, disponiéndose el cumplimiento de lo resuelto en el Art. 2° de la Resolución P 1747/13, de fecha 15 abril de 2013, emitida por el Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
3.- IMPONER las costas en ambas instancia a la perdidosa, la demandada.
4.- ANOTAR, registrar, y notificar.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 307
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución