Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/212.htm
Timestamp: 2019-03-23 12:58:58+00:00

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LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultando primero. En fecha 15 de octubre de 2008, la Licenciada Leonor Varela Parga, Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en ejercicio de las facultades que les otorgan los artículos 60 fracción III, 98, 100 fracción II de la Constitución Política del Estado; 11 fracción VI y 13 fracciones I, VII, y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, presentó iniciativa de Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas.
Resultado segundo. Mediante memorándum número 397, luego de su primera lectura en sesión ordinaria, la iniciativa fue turnada a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
Un tema relevante para el sistema jurídico mexicano, en los últimos años, es el concerniente a los medios alternativos de solución de conflictos, prueba de ello es que diversas entidades federativas han adoptado mecanismos para hacer asequible a los particulares el uso de los medios alternos a través de centros o institutos que se encargan de aplicar tales procedimientos basados en la oralidad, confidencialidad y flexibilidad, entre ellas Oaxaca, Querétaro, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Sonora, por mencionar sólo algunas.
Es un hecho que las controversias, por regla general, no nacen con la instauración del proceso, éste es posterior al conflicto, y aunque aquél es una de las formas para dirimirlo, no es la única vía. La preocupación porque las controversias sean resueltas de manera justa, mediante la intervención de un tercero ajeno, da paso a la creación de las instituciones del proceso, sin embargo, la circunstancia de entablar un procedimiento jurisdiccional, en la mayoría de los casos, genera un desgaste económico y emocional que no es proporcional a la satisfacción que genera ganar un litigo.
Tal situación ha generado interés en poner en práctica otras formas de dirimir los conflictos de manera pacífica, es aquí donde se rescatan las formas primarias elementales y básicas que, en otros momentos de la historia, han restablecido la armonía social, adoptándose los medios alternativos de solución de conflictos, a través de los cuales las partes resuelven sus problemas con la intervención de un especialista que facilita la comunicación entre ellas, a fin de que logren la solución, en la medida en que ambas puedan dar cumplimiento al acuerdo o convenio, sin transgredir el orden público, derechos irrenunciables o de terceros.
Los medios alternos de solución de conflictos se constituyen como un complemento a la actividad judicial más que una sustitución de la justicia clásica, en donde es necesario permitir que la sociedad intervenga en la solución de sus propias controversias.
Se ha sostenido que los beneficios que ofrecen los mecanismos de justicia alternativa son, entre otros, los siguientes:
- Se presta atención a los intereses de las partes en conflicto y no solamente a sus derechos y obligaciones, obteniendo con ello mayores beneficios.
- Tienen impacto positivo en la relación futura de los contendientes, porque fomentan la transigencia, la tolerancia y la negociación ante la posibilidad de un futuro conflicto de intereses de carácter judicial.
- Desaparece el juez como autoridad, lo cual desinhibe a las partes para poner en la mesa de las discusiones toda la información necesaria sobre los verdaderos intereses que subyacen en la controversia.
- Sus procedimientos observan mayor flexibilidad, pues la solución de las diferencias tienden a ser negociadas, es decir, una de las partes no es enteramente dueña de la razón en perjuicio de la otra.
- Existe celeridad y la escasez de formalismos.
- La voluntariedad, gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad como principios rectores del procedimiento.
- Los breves tiempos de respuesta, notoriamente más reducidos que los observados en procedimiento seguidos ante tribunales.
- Implica un menor desgaste emocional ya que fomenta que la actitud de las partes sea de colaboración, dando como resultado que ambas ganen.
- Se fomenta entre los ciudadanos la función cívica de resolver sus conflictos de manera privada.
Consientes de estos beneficios, las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión, han expedido la minuta proyecto de decreto que contiene las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas el artículo 17, en cuyo texto reformado se elevan a rango constitucional los mecanismos alternativos de solución de controversias, literalmente se establece:
«Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que requerirá supervisión judicial».
Los dictámenes de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de justicia, con respecto al referido proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución General de la República, en lo conducente, señala:
«…en el texto que se propone del artículo 17, se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversias que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; también servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho.
En materia penal será necesario regular su aplicación por parte de los operadores de la ley, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables; y en todos los casos, de forma ineludible, será necesario que se cubra previamente y en su totalidad la reparación del daño para que proceda, ya que como se dijo, este es un reclamo social añejo que debe ser atendido. Y en atención a las dos características antes anotadas, las formas de justicia alterativa de índole penal necesitarán la revisión de la autoridad en su cumplimiento, en beneficio de las víctimas y los ofendidos, y por ello se considera prudente la creación de un supervisor judicial que desarrolle dichas funciones».
La aplicación de los medios alternativos para la solución de controversias en la jurisdicción ordinaria no escapa a nuestra realidad jurídica, pues las recientes reformas realizadas al Código Familiar del Estado de Zacatecas, enfatizan la necesidad de que el Poder Judicial del Estado, cuente con instancias en las cuales se lleve a cabo el procedimiento de mediación que permita alcanzar los acuerdos satisfactorios para las partes en conflicto, así lo corrobora el texto de los artículos 66, fracción V, 67, 137, 153, 205, 224, 234, 243, 275, 373, 381 y 408 del citado cuerpo normativo, en tal sentido, resulta de especial importancia regular adecuadamente la instancia encargada de llevar a cabo dicho procedimiento alternativo, su integración, su funcionamiento, los requisitos y cualidades a satisfacer por los especialistas encargados de conducir tal procedimiento y las reglas por las que éste ha de conducirse.
Concebida la mediación como un método alternativo no adversarial para la solución de conflictos, mediante el cual uno o más especialistas, intervienen únicamente facilitando la comunicación entre las partes en conflicto con el propósito de que estas acuerden voluntariamente una solución total o parcial al problema, de no lograrse la solución de la controversia, el procedimiento de mediación puede ser perfeccionado con el de conciliación, cuya aplicación en el ámbito civil y familiar permiten los artículos 7º del Código Civil del Estado y 7º, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, en ese sentido, de igual importancia resulta regular el procedimiento de conciliación, como una opción más de justicia alternativa al alcance de los particulares para la solución de sus conflictos.
Es incuestionable que la mediación y la conciliación, como procedimientos que permiten la construcción de convenios judiciales o transacciones, se incluyen en el ámbito mercantil en los artículos 75, fracción XIII, 78, 1053, 1347, 1397 y 1447, del Código de Comercio, por ello, en los conflictos en que los particulares hagan uso de la jurisdicción concurrente establecida en el artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán someterse a los procedimientos alternativos previstos en esta iniciativa para la solución de controversias, partiendo de la base de que tales procedimientos son voluntarios y que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse.
Aunado a ello, el Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, publicado el quince de septiembre de dos mil siete, en su artículo transitorio 7º, expresamente señala que a partir del cinco de enero de dos mil nueve, siempre que sea oportuno dentro del tramite procesal, deberán aplicarse en el curso del procedimiento regido por el Código Procesal Penal de mil novecientos sesenta y siete, las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal en lo referente a la conciliación, entre otras instituciones jurídicas, precisándose que la conciliación procederá en tales juicios hasta antes de la audiencia final a que se refiere el artículo 298 del aún vigente Código Procesal Penal, de donde resulta irrebatible la necesidad de un ordenamiento legal que regule adecuadamente la conciliación y la mediación, como medios alternativos de solución de conflictos, estableciéndose un procedimiento mínimo a cargo de centros de justicia alternativa encargados de llevar a cabo tales procedimientos.
No puede quedar al margen el procedimiento restaurativo, entendido como todo proceso en el que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquier otra persona o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del hecho típico, por lo general con la ayuda de un facilitador, pues teniendo este medio alternativo como objetivo que el imputado reconozca el daño causado y lo repare, lo cual conlleva el curar la lesión psíquica y moral sufrida por la comisión del hecho típico, permitirá su rehabilitación, previene la reincidencia y reduce los costos de la justicia penal, de aquí la utilidad de regular apropiadamente este medio alterativo de solución de conflictos.
La justicia para adolescentes no puede quedar exenta, pues en este rubro se prevé la posibilidad de que, en ciertos hechos típicos, las partes lleguen a la solución del conflicto a través de acuerdos o transacciones, en tal sentido, nada impide que en esta materia se haga uso de los procedimientos alternativos regulados en esta iniciativa.
Se ha considerado que esta Ley debe centrarse, principalmente, en los medios alternativos de solución de controversias que no se encuentren reglamentados en otra ley, y en el caso del arbitraje, éste ya se encuentra regulado tanto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, como en el Código de Comercio, en tanto que limitar la ley a un solo medio alterativo no sería lo adecuado porque la legislación familiar prevé la mediación, en tanto que las normas civiles y penales regulan la conciliación, sin pasar por inadvertido el procedimiento restaurativo aplicable en la materia penal, de aquí la necesidad de regular adecuadamente tales procedimientos, en donde también podrá hacerse uso de la amigable composición o negociación, los buenos oficios, entre otros medios, siempre que contribuyan a alcanzar la solución de los conflictos.
El primer título se compone de un capítulo único, del cual destacan los principios que rigen los procedimientos alternativos, se precisan las instancias facultadas para aplicarlos, los supuestos en que es factible su aplicación, el principio de confidencialidad y el derecho a la justicia alternativa.
Integrado por tres capítulos, el título segundo desarrolla la estructura, organización y funcionamiento del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Se faculta al Ejecutivo del Estado para establecer instancias de justicia alternativa en las dependencias que así lo considere apropiado. Los especialistas independientes e instituciones privadas podrán ejecutar procedimientos alternativos, siempre y cuando se cumplan las exigencias legales. Se detallan los requisitos para desempeñarse como especialista público o independiente, estableciéndose, además, las facultades y obligaciones de unos y otros. Es destacable de este apartado la implementación de un sistema de certificación e inscripción de especialistas a cargo del Centro Estatal de Justicia Alternativa.
El título tercero detalla la regulación de los procedimientos de mediación, de conciliación y el restaurativo, estructurados de manera tal que, regidos por un sistema oral y flexible, se establecen las formalidades mínimas a seguir, estableciéndose los elementos del convenio resultante, su ratificación, la forma de sancionarse y de ejecutarse.
Por último, el título cuarto regula el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y privados, precisándose las faltas en que pueden incurrir los especialistas, las sanciones aplicables, las instancias encargadas de aplicar las sanciones administrativas, los criterios a considerar para ello, así como el procedimiento a seguir.
Considerando único. La dinámica del mundo contemporáneo, en el que los recursos tradicionales para la solución de diferencias no son suficientes, y donde se impone no solo la necesidad de que las soluciones alcanzadas sean justas, sino que además sean oportunas y permitan mejorar la comunicación a fin de lograr arreglos cuya aplicación sea posible en un plazo prudente y que evite daños mayores innecesarios, así como el mantenimiento de una relación constructiva entre las partes en el mediano y largo plazo, beneficia en mucho a la sociedad. En este sentido, se han venido imponiendo progresivamente una serie de mecanismos conocidos como Procedimientos Alternativos Restaurativos o de Justicia Restaurativa, la mayoría de ellos fundamentados en formas de negociación directa o asistida -mediación o conciliación- o en el arbitraje, como forma de adjudicación por un tercero en donde las partes tienen la oportunidad de fijar el procedimiento y las reglas aplicables a la solución de las diferencias. En este contexto, tienen una importancia especial como un proceso de decisión interdependiente mediante el cual los resultados para cada parte y, por ende, las acciones de cada cual dependen no solamente de sus propias preferencias y decisiones, sino también de lo que quiere y hace [o lo que se cree que hará] la otra parte.
Efectivamente es necesario en nuestro Estado, el establecimiento de medios alternativos de justicia para solucionar conflictos seguidos ante órganos jurisdiccionales, de carácter civil, penal, familiar, etc. Aunado a lo anterior, el Código Procesal Penal y sus reformas ya aprobadas por esta asamblea, entrarán en vigor en enero de 2009, y el sistema que se establecerá es de corte garantista, esto es, teniendo como último fin la prisión preventiva, por lo que la aplicación de medios alternativos de justicia es necesaria.
Hasta ahora la única práctica de resolver controversias conforme a la letra de la ley, ha sido mediante los procedimientos jurisdiccionales, en cuya actuación los depositarios de la función jurisdiccional al resolverlas, debe atender a las etapas del procedimiento formal y rígido y demás garantías procesales, lo que ha traído como consecuencia el incremento insoslayable de las cargas de trabajo que han propiciado la imposibilidad material y jurídica de emitir con prontitud resoluciones que pongan fin a la controversia judicial.
El Estado ha venido considerando como eminente preocupación, la necesidad de fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos, que superen y eviten de forma inmediata la congestión y los problemas de agilidad y oportunidad en la resolución de controversias judiciales, es por ello, que asume como meta el compromiso de implementar un nuevo modelo de impartición de justicia con los mecanismos alternativos como órganos auxiliares y complementarios de la función jurisdiccional que mejoran y ofrecen un sistema jurídico más sólido que otorga certidumbre jurídica a los gobernados, dirigidos por un ajeno al conflicto, quien a través de la amigable composición, encuentra solución a los intereses en conflicto, sin sujetar sus diferencias a procedimientos jurisdiccionales, tomando únicamente la voluntariedad de las partes y la buena fe, para solucionar sus controversias con equidad a través de un acuerdo, ello permitirá que el quehacer de la administración de justicia cumpla con el fin primordial de que sea oportuna, veraz y expedita, mejorando el esquema de administración de justicia existente, procurando facilitar y promover en la sociedad zacatecana, una verdadera cultura de consenso y la armonía en la convivencia pacífica que perfeccione las vías para la solución de conflictos, que no sean percibidos como ajenos ni distantes por la población, sino como medios al alcance de todos.
La iniciativa de Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas, presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pretende superar los esquemas convencionales de solución de controversias, es por ello que introduce aspectos pedagógicos y de cambio cultural, buscando siempre una oferta a la ciudadanía zacatecana de acceso a la justicia y de eficacia de los mecanismos de su administración, dentro de un marco de respeto por los principios constitucionales que rigen al Estado mexicano.
La implementación de la reforma procesal penal y sus medios alternativos de justicia permitirán corregir el quehacer en los tribunales, logrando el asentamiento de un conjunto de prácticas beneficiosas en el ámbito jurisdiccional.
Cabe mencionar que los mecanismos de justicia alternativa ya han sido instituidos en varios estados de la República, con óptimos resultados como en el estado de Oaxaca que cuenta con 45 centros de mediación, Distrito Federal, el estado de México, con 11 centros de mediación, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Durango, Coahuila, Sonora, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Tabasco, etc., y por lo que ve al estado de Zacatecas, la mediación y conciliación se ha ejercido ya en las instancias municipales con los jueces de paz, lo que demuestra que las vías alternas de pacificación para solución de conflictos es la mejor forma preventiva y eficaz que permite mantener el orden social.
Es por eso que, concordamos con el Poder Judicial del Estado, en el sentido de crear una ley que regule procedimientos alternos que auxilien a las autoridades judiciales en la solución de conflictos en nuestra Entidad.
Asimismo nuestra Carta Magna, en las recientes reformas que en materia penal tuvo a bien aprobar el Congreso de la Unión, particularmente a los artículos 17 y 18, se establece para la Federación y entidades federativas, la creación de mecanismos de solución de controversias para la operación del nuevo sistema, garantizando en todo momento que se apliquen por las instituciones especializadas, por lo que armonizando nuestros ordenamientos legales con la reforma federal, coincidimos igualmente en la creación de un Centro de Justicia Alternativa, con centros regionales cuando así se requiera, cuya función principal es el dar solución a los litigios que se susciten en los procesos judiciales, aplicando procedimientos particulares como la conciliación, la mediación entre otros, dependiendo del caso concreto.
La fundamentación de estos medios de solución, es la autonomía de la voluntad, es decir, buscan privilegiar el derecho de los particulares a resolver sus propios problemas, es decir, no todos los problemas que se presentan entre los particulares son de tal complejidad que se haga indispensable la intervención de los órganos jurisdiccionales.
Las ventajas y beneficios que ofrece la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas, con los procedimientos de mediación, conciliación y proceso restaurativo son:
- No afecta a los medios ordinarios de litigio previstos en los respectivos códigos del Estado, de tal manera que si no llegare a resolverse el conflicto dentro de los medios alternativos, el particular tiene todo el derecho de acudir a los tribunales del fuero común.
- Se presta atención a los intereses de las partes en conflicto y no solamente a sus derechos y obligaciones.
- Tienen impacto positivo en la relación futura de los contendientes porque fomentan la transigencia, la tolerancia y la negociación ante la posibilidad de un futuro conflicto de intereses de carácter judicial.
- Agiliza la solución de conflictos entre particulares, evitando el trámite de juicios prolongados.
- Existe celeridad y escasez de formalismos.
- Los breves tiempos de respuesta, más reducidos que en los procedimientos jurisdiccionales.
- Implica un menor desgaste emocional.
- Descarga gran porcentaje de juicios hacia los juzgados de primera instancia, ya que los conflictos se resuelven antes de llegar a esas instancias.
- Al establecer la mediación y conciliación entre las propias partes interesadas, evita las erogaciones de fuertes cantidades en conceptos de honorarios por los servicios de abogados particulares.
- Fomenta la función cívica de resolver sus conflictos de manera privada.
En lo que atañe a la participación de justicia alternativa como método para solucionar conflictos de índole penal, es importante tener en consideración que la finalidad del procedimiento será siempre y en todo caso, lograr el resarcimiento del daño provocado a la víctima, así como la efectiva reincorporación del responsable a la vida social como parte integral de la comunidad. Lo que tendrá como resultado evitar los efectos dañinos del delito, como lo ha sido por mucho tiempo el olvido total de la víctima por parte de las autoridades, así como el sufrimiento, en algunos casos de la pena de prisión en sujetos en los cuales no sería necesaria la aplicación de esta medida.
La administración de justicia en nuestro Estado, es el tema prioritario del nuevo sistema que se implementará, por un lado, se requiere la necesidad de redefinir el rol del Poder Judicial, y por otro la necesidad de precisar los alcances de los procedimientos alternativos que se generarán como la conciliación, mediación entre otros, como una función propia de un Estado solidario y democrático.
Sin embargo, estamos consientes que estos medios son alternativos, más no substitutivos de la justicia ordinaria, inevitablemente habrá litigios que tendrán que ser decididos por los tribunales judiciales, por ejemplo en los casos que no exista voluntad de las partes, que se trate de un delito que se persigue de oficio, o bien, que atente contra el interés público y no se pueda dejar en el solo acuerdo de voluntad de los particulares la decisión sobre la controversia suscitada contribuyendo a la formación democrática de una sociedad que necesita construir diálogos y consenso para el desarrollo social.
La reforma al Poder Judicial donde se incluyan áreas de métodos alternativos, oficinas, centros estatales y regionales de justicia, desarrollo de la cultura colaborativa desde los ayuntamientos, educación cívica, y reorientación del gasto social y público, así como el trabajo de capacitación y certificación internacional del recurso humano que participa, logrará que la sociedad disponga de un camino alterno para construir un mejor desarrollo social en el Estado.
Se fortalece la garantía de administración de justicia prevista en la Carta Magna, que tiene como propósito el que las leyes prevean los mecanismos de justicia alternativa para la resolución de las controversias, con los procedimientos de mediación, conciliación y el proceso restaurativo, en cuestiones de orden familiar, civil, mercantil y penal, que permiten la viabilidad para que el ciudadano tenga a su disposición un mayor número de opciones para obtener el acceso a la justicia y que serán regidos por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, protección a los más vulnerables, economía e inmediatez, formalidad, accesibilidad y alternatividad.
En esta nueva ley se señalan los aspectos más sobresalientes:
- Los procedimientos involucrados son tres, la mediación, conciliación y proceso restaurativo. El establecimiento de dichos procedimientos no puede quedar fuera de la actividad jurisdiccional, por lo que deberá ser el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien vigile y lleve a cabo su aplicación, mediante el establecimiento de un centro especial en que se efectúen.
- No se establecen sanciones de ningún tipo, porque la voluntad de las partes es la esencia misma de los acuerdos convenidos los que se llevarán a cabo en estricta observancia a la ley.
- La justicia alternativa se prestará a través del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, con una zonificación que permitirá la cobertura en todos los distritos judiciales de la Entidad. La creación de este centro será una entidad vanguardista al servicio de la ciudadanía toda vez que los intereses de las partes en conflicto no sólo se centran en sus derechos y obligaciones sino que son flexibles y creativos, fomentan la avenencia, la tolerancia y la negociación, además su fin primordial es restablecer el tejido social y armonizar las relaciones futuras de las partes, también significará la oportunidad de reducir la carga de trabajo a las instancias jurisdiccionales, puesto que es de conocimiento público el rezago de expedientes con los que cuentan y la imposibilidad de resolverlos en forma inmediata.
- Se busca crear una cultura cívica en la sociedad en su conjunto al tener acceso a nuevas formas de acceso a la justicia, verá acrecentada su participación en todas las decisiones que influyen en su devenir, logrando el Estado crear una nueva conciencia social basada en la cultura de la paz social, a través del mantenimiento, restablecimiento y reforzamiento de las relaciones entre sus miembros.
- Se prevé la posibilidad de que las partes por mutuo acuerdo resuelvan sus controversias mediante los procedimientos de mediación, conciliación o proceso restaurativo.
La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas, en el título primero, consta de un capítulo único, del que destacan los principios que rigen los procedimientos alternativos, y se precisan las instancias facultadas para aplicarlos, los supuestos en que es factible su aplicación, el principio de confidencialidad y el derecho a la justicia alternativa.
El título segundo, integrado por tres capítulos, señala la estructura, organización y funcionamiento del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Se faculta al Ejecutivo del Estado para establecer instancias de justicia alternativa en las dependencias que así lo considere apropiado. Para cumplir con el objetivo se ha diseñado dentro de este proyecto los especialistas independientes e instituciones privadas, que podrán ejecutar procedimientos alternativos, siempre y cuando se cumplan las exigencias legales. Se detallan los requisitos para desempeñarse como especialista público e independiente, estableciéndose, además, las facultades y obligaciones de unos y otros. Es relevante en este apartado la implementación de un sistema de certificación e inscripción de especialistas a cargo del Centro Estatal de Justicia Alternativa.
El título tercero detalla la regulación de los procedimientos de mediación, de conciliación y el proceso restaurativo, estructurados de manera tal que, regidos por un sistema oral y flexible, se establecen las formalidades mínimas a seguir, estableciéndose los elementos del convenio resultante, su ratificación, la forma de sancionarse y de ejecutarse.
Por lo anterior, el Pleno de esta asamblea popular, aprueba la Ley de Justicia Alternativa del Estado, para que se establezcan medios de solución de controversias, auxiliares y complementarios de los órganos jurisdiccionales que imparten justicia, sin que ello implique la substitución de la justicia ordinaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 62 fracción I y 63 de la Constitución Política del Estado; 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se
Artículo primero. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Zacatecas.
Art. 2º Esta Ley tiene por objeto:
I. Hacer posible el acceso de los particulares a los procedimientos alternativos establecidos en esta Ley para la solución de conflictos;
II. Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar un sistema de métodos alternativos para la solución de los conflictos entre particulares;
III. Crear un órgano del Poder Judicial, especializado en la conducción y aplicación de métodos alternativos para la solución de conflictos y regular su funcionamiento;
IV. Determinar y regular los procedimientos y órganos para la solución de controversias, así como su ejecución;
V. Precisar los requisitos que deben reunir los especialistas en la conducción y aplicación de procedimientos alternativos para la solución de conflictos;
VI. Establecer los requisitos y condiciones en que los particulares o dependencias del Poder Ejecutivo, podrán aplicar los métodos alternativos para la solución de conflictos; y
VII. Establecer el régimen de responsabilidad administrativa de los especialistas encargados de conducir los procedimientos alternativos para la solución de controversias.
Art. 3º Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Ley: la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas;
IV. Instancia de Justicia Alternativa: el departamento o área que, dentro de alguna dependencia pública, establece el Ejecutivo del Estado, mediante decreto divulgado en el Periódico Oficial, a fin de que brinde servicios gratuitos de justicia alternativa en el ámbito de competencia de esa dependencia a través de especialistas inscritos y certificados por el Centro Estatal;
V. Procedimientos alternativos: los medios alternativos de solución de conflictos previstos en esta Ley, siendo estos: la medición, la conciliación y el proceso restaurativo;
VI. Mediación: el procedimiento voluntario en el cual un profesional cualificado, imparcial y sin facultad para sustituir las decisiones de las partes, asiste a las personas involucradas en un conflicto con la finalidad de facilitar las vías de diálogo y la búsqueda de un acuerdo en común;
VII. Conciliación: el procedimiento voluntario en el cual un profesional, cualificado, imparcial y con potestad para proponer soluciones a las partes, asiste a las personas involucradas en un conflicto con la finalidad de facilitar las vías de diálogo y la búsqueda de un acuerdo en común;
VIII. Procedimiento restaurativo: el mecanismo mediante el cual el imputado, la víctima y la comunidad implicada trabajan en la solución de cuestiones derivadas del delito, en busca de un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes permitiendo la reintegración de la víctima y el infractor a la sociedad;
IX. Especialista: el servidor público capacitado y certificado por el centro estatal o profesional independiente certificado por el mismo, cualificado para la aplicación de los procedimientos alternativos;
X. Justicia alternativa: todo procedimiento no jurisdiccional para solucionar un conflicto de índole civil, familiar, mercantil o penal, al cual pueden recurrir voluntariamente las partes involucradas, para buscar una solución que ponga fin a su controversia, mediante procedimientos de técnicas específicas aplicadas por especialistas;
XI. Parte solicitante: persona física o jurídica que acude a los centros de justicia alternativa, por propia iniciativa o por recomendación de algún órgano jurisdiccional u otra institución, con la finalidad de buscar la solución de un conflicto;
XII. Parte complementaria: persona física o moral señalada por la parte solicitante como elemento personal del conflicto susceptible de atención por alguno de los procedimientos alternativos y con quien puede participar a efecto de resolverlo mediante mutua colaboración; y
XIII. Reglamento: el reglamento de la presente Ley.
Art. 4º Los medios alternativos de solución de conflictos previstos en este Ordenamiento, pretenden fomentar la convivencia armónica e inducir a una cultura de paz social, solucionando los conflictos de naturaleza jurídica que surjan en la sociedad, a través del diálogo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
Art. 5º Son principios rectores de la justicia alternativa los siguientes:
I. Voluntariedad. La participación de las partes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación;
II. Confidencialidad. La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro de juicio;
III. Flexibilidad. El procedimiento deberá carecer de toda forma rígida para responder a las necesidades de los usuarios y podrá agotarse uno o varios medios alternativos;
IV. Neutralidad. El especialista deberá tratar el asunto con absoluta objetividad, estar exento de juicios, opiniones y prejuicios ajenos a los usuarios que puedan influir en la toma de sus decisiones;
V. Imparcialidad. El especialista deberá estar libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias, no concederán ventajas a alguno de los usuarios;
VI. Equidad. Los medios alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los usuarios, que conduzcan a la obtención de acuerdos recíprocamente satisfactorios y duraderos;
VII. Legalidad. Sólo serán objetos de medios alternativos los conflictos derivados de los derechos disponibles de las partes; y
VIII. Honestidad. En la aplicación se valorarán las capacidades y limitaciones del personal para conducirlos.
Derecho a la justicia alternativa
Art. 6º Las personas que residan o se encuentren en el Estado de Zacatecas, tienen derecho a solucionar sus conflictos susceptibles de transacción o convenio a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, en consecuencia, toda persona que enfrente un conflicto de naturaleza jurídica tiene derecho a recurrir a los centros de justicia alternativa previstos esta Ley, para recibir información y orientación sobre los procedimientos alternativos que esos órganos aplican y en caso de que su asunto sea calificado como susceptible de ser solucionado a través de los procedimientos alternativos, podrán solicitar y someterse al que mejor satisfaga a sus intereses.
Art. 7º El Poder Judicial del Estado, a través de un órgano denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa y sus Centros Regionales, aplicarán los procedimientos alternativos previstos en esta Ley.
Los Centros de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, atenderán gratuitamente los casos que los interesados les presenten y los que les remitan los tribunales u otras instituciones en los términos de esta Ley.
El Ejecutivo del Estado, podrá establecer instancias de Justicia Alternativa a fin de que brinden servicios gratuitos de solución de conflictos a través de medios alternativos en las dependencias que lo estime pertinente, en cuyo caso los especialistas encargados de la conducción de los procedimientos alternativos deberán estar inscritos y certificados por el Centro Estatal.
Los particulares, por sí o a través de instituciones privadas, podrán presentar servicios profesionales como especialistas en la solución de conflictos a través de los procedimientos alternativos previstos en esta Ley, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la misma establece.
Art. 8º Son susceptibles de solución a través de los procedimientos alternativos las controversias siguientes:
I. En materia civil, familiar o mercantil aquéllos asuntos que sean susceptibles de transacción o convenio, siempre y cuando no se trate de derechos irrenunciables, no alteren el orden público, ni contravengan alguna disposición legal expresa ni afecten derechos de terceros.
El Centro Estatal de Justicia Alternativa podrá conocer en los supuestos que enumera el artículo 283 bis del Código Familiar vigente en el Estado sólo para efectos preventivos, sin perjuicio de que los interesados acudan ante otra instancia a denunciar un posible hecho punitivo;
II. En materia penal sólo procederá respecto de hechos típicos culposos; aquéllos en los que proceda el perdón de la víctima u ofendido; los de contenido patrimonial que se hayan cometido sin violencia sobre las personas; en los que admitan presumiblemente la sustitución de sanciones o condena condicional, así como en aquéllos cuya pena media aritmética no exceda de cinco años de prisión y carezcan de trascendencia social.
Se exceptúan de esta fracción los homicidios culposos producidos en accidentes de tránsito bajo el influjo de sustancias que alteren la capacidad de conducir vehículos; los delitos en contra de la libertad y seguridad sexuales y de violencia familiar; los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas y los realizados por sujetos que pertenezcan a alguna asociación delictuosa de conformidad con el Código Penal en vigor; y
III. En materia de justicia para adolescentes sólo procederá en aquéllos hechos típicos que no ameriten privación de la libertad, de conformidad con la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas.
Se exceptúan de esta fracción los delitos de carácter sexual, los cometidos en perjuicio de menores y los casos de violencia familiar.
Para que proceda la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal y de justicia para adolescentes, será necesario, de manera ineludible, cubrir en su totalidad la reparación del daño causado y el juez que apruebe el convenio o acuerdo respectivo, vigilará su exacto cumplimiento a favor de las víctimas y los ofendidos.
Art. 9º Los procedimientos alternativos pueden ser previos o complementarios al proceso, en consecuencia, podrán aplicarse tanto en conflictos que no han sido planteados ante las instancias jurisdiccionales, como en aquéllos que sean materia de un proceso formalmente instaurado, siempre que en éste último caso no se haya dictado sentencia ejecutoria tratándose de asuntos de naturaleza civil, familiar o mercantil.
Si el conflicto de naturaleza penal es materia de un proceso formalmente instaurado bajo el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, de mil novecientos sesenta y siete, procederá la aplicación de procedimientos alternativos hasta antes del desahogo de la audiencia final a que se refiere el artículo 298 y 299 bis fracción VII de ese ordenamiento legal, cuando así lo permita la fracción II del artículo anterior de esta Ley.
Cuando el conflicto de naturaleza penal sea materia de un proceso formalmente instaurado bajo el Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, de dos mil siete, o bien, bajo la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, los procedimientos alternativos sólo serán procedentes hasta antes de que se dicte la resolución que declara la apertura del período de juicio, en los supuestos que lo permitan las fracciones II y III, respectivamente, del artículo anterior de este Ordenamiento.
Suspensión del proceso y prescripción
Art. 10. El trámite de los procedimientos alternativos, de manera previa a la instauración del juicio o de la interposición de la denuncia o querella, no interrumpe los términos para la prescripción de las acciones previstas en las leyes aplicables.
Si el trámite del procedimiento alternativo se deriva de un juicio civil, familiar o mercantil, se suspenderán los plazos y términos dentro del juicio a partir del día en que el Centro de Justicia Alternativa, señale fecha para la primer sesión y hasta aquél en que por cualquier causa concluya el trámite de los procedimientos alternativos, para lo cual el Centro de Justicia Alternativa informará estas circunstancias al juez del conocimiento. La aceptación para el sometimiento a procedimientos alternativos implica la aceptación de las partes en la suspensión del proceso en los términos aquí precisados.
Cuando el trámite del procedimiento alternativo derive de un proceso penal o de un proceso especial para adolescentes, la suspensión del proceso y de la prescripción de la acción penal no podrá extenderse más de treinta días hábiles, a partir del día en que el Centro de Justicia Alternativa señale fecha para la sesión inicial, lo cual deberá informarse al juez o Ministerio Público que conozca del asunto para los efectos legales a que haya lugar. Si a juicio del juez o del Ministerio Público existen actuaciones urgentes o inaplazables, éstas se realizarán.
Art. 11. En los juicios del orden civil, familiar o mercantil o en los que proceda el trámite de procedimientos alternativos, el juez tendrá la obligación de hacer del conocimiento a las partes de los beneficios y bondades que les brindan los procedimientos alternativos, en consecuencia, al emitir el auto de radicación se expondrá por escrito esta información, indicando el domicilio del Centro Estatal o centro regional correspondiente y notificando este auto a las partes.
En los conflictos del orden penal que puedan someterse a algún procedimiento alternativo, el Ministerio Público, desde el momento en que tenga conocimiento de los hechos, tendrá la obligación de hacer del conocimiento a las partes de los beneficios y bondades que les brindan los procedimientos alternativos, exhortándolas a avenirse mediante un acuerdo. Cuando el Ministerio Público incumpla esta obligación, el juez del conocimiento otorgará esa información.
En caso de que las partes manifiesten su conformidad en someterse a algún procedimiento alternativo, se procederá en términos del artículo anterior. Si nada manifestaran al respecto, continuará el proceso, sin perjuicio de que manifiesten posteriormente, por escrito, su voluntad de someterse a un procedimiento no jurisdiccional para resolver el conflicto.
Art. 12. La información, los documentos, las conversaciones y demás datos aportados por las partes dentro de un procedimiento alternativo, serán confidenciales y no podrán aportarse como prueba dentro del procedimiento, salvo la remisión al órgano jurisdiccional del que derivó el caso, de copias certificadas del acta en que conste el convenio definitivo celebrado por los interesados, para los efectos legales correspondientes.
Los especialistas que conduzcan un procedimiento alternativo en los términos del presente Ordenamiento, no podrán revelar a una de las partes la información relativa al conflicto que la otra les haya proporcionado en razón de sus encargos, sin autorización de ésta última.
De los Centros de Justicia Alternativa
Del Centro Estatal y de los Centros Regionales de Justicia Alternativa
Del Centro Estatal
Art. 13. Se crea el Centro Estatal de Justicia Alternativa, como un órgano del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica para conocer y solucionar, a través de los procedimientos previstos en este Ordenamiento, los conflictos en materia civil, familiar, mercantil que le planteen los particulares, le remita el órgano jurisdiccional u otra institución, en los términos de esta Ley. Por lo que ve a la materia penal serán los mediadores, facilitadores, conciliadores dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El Centro Estatal residirá en la capital del Estado y tendrá competencia en todo el territorio de Zacatecas, por sí o por conducto de los centros regionales que determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con las necesidades de la población y la capacidad presupuestal.
Art. 14. El Centro Estatal estará integrado por:
I. Un Director general;
III. Los especialistas que se requieran y que permita el presupuesto de egresos del Poder Judicial; y
IV. El personal administrativo que sea necesario y que permita el presupuesto de egresos del Poder Judicial.
Art. 15. Es facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia designar al Director general y al subdirector, así como acordar lo relativo a sus ausencias y remoción.
Los directores regionales, los especialistas y demás servidores públicos del Centro Estatal y de los centros regionales serán designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia a propuesta del director general del Centro Estatal.
Las personas que desempeñen cargos directivos y de especialistas en el Centro Estatal y en los centros regionales serán considerados servidores públicos de confianza.
Art. 16. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá determinar mediante acuerdo general, el establecimiento de Centros Regionales de Justicia Alternativa, atendiendo a los requerimientos sociales y al presupuesto asignado. Estos centros dependerán jerárquicamente del Centro Estatal; estarán a cargo de un director regional, tendrán una estructura similar a la del Centro Estatal, con excepción de los puestos de director general y subdirector, funcionarán en el ámbito territorial que establezca el acuerdo de su creación.
Atribuciones del Centro Estatal
Art. 17. Corresponde al Centro Estatal:
I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;
II. Desarrollar y administrar un sistema de medios alternativos de solución de conflictos en los términos de esta Ley y su reglamento;
III. Prestar a las personas que lo soliciten, los servicios de información y orientación gratuita sobre los procedimientos alternativos a que se refiere este Ordenamiento;
IV. Conocer de los conflictos que le planteen directamente los particulares o los que le remitan los órganos jurisdiccionales, procurando su solución a través de los procedimientos alternativos;
V. Difundir y fomentar entre los particulares la cultura de la solución pacífica de sus conflictos, a través de los procedimientos alternativos;
VI. Formar, capacitar, evaluar y certificar a los especialistas encargados de conducir los procedimientos alternativos en sede judicial;
VII. Autorizar y certificar a los especialistas independientes y aquéllos adscritos a instancias de Justicia Alternativa que establezca el Ejecutivo del Estado, para que puedan conducir los procedimientos alternativos;
VIII. Llevar el registro de los especialistas públicos o independientes, que hayan sido autorizados para conducir los procedimientos alternativos;
IX. Promover la capacitación y actualización permanente de los especialistas mencionados en la fracción anterior;
X. Intercambiar en forma permanente, conocimientos y experiencias con instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que contribuyan al cumplimiento de los fines que esta Ley persigue;
XI. Establecer, mediante disposiciones generales, los métodos, políticas y estrategias para que los especialistas conozcan y apliquen eficientemente los procedimientos alternativos;
XII. Difundir los objetivos, funciones y logros del Centro Estatal y de los centros regionales;
XIII. Elaborar investigaciones, análisis y diagnósticos relacionados con la Justicia Alternativa; y
XIV. Las demás que establezca esta Ley y cualquier otro ordenamiento aplicable, así como las que disponga el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Atribuciones del Centro Regional
Art. 18. Los Centros Regionales realizarán dentro de su ámbito territorial, las funciones previstas en las fracciones II, III, IV y V del artículo anterior, bajo la dirección y supervisión del director general del Centro Estatal.
Art. 19. Los Centros de Justicia Alternativa contarán con una planta de especialistas capacitados y formados en la conducción de los procedimientos alternativos. El Centro Estatal deberá certificar a los especialistas que directamente haya formado y evaluar a cualquier otro que lo solicite y se considere capacitado, antes de incorporarlos al registro de especialistas autorizados para ejecutar procedimientos alternativos en instituciones públicas o en forma privada.
Los especialistas certificados y registrados por el Centro Estatal son los únicos facultados para conducir los procedimientos alternativos en el Estado de Zacatecas. La remuneración para los especialistas adscritos al Centro estatal o centros regionales, se fijará de acuerdo al presupuesto anual del Poder Judicial.
Especialistas independientes
Art. 20. Los profesionales independientes que funjan como especialistas, deberán ser certificados y autorizados por el Centro Estatal, en términos de la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. La remuneración que corresponda a los especialistas independientes por su intervención, se establecerá en forma convencional con las partes y, a falta de pacto, acuerdo o convenio, se aplicarán las normas generales de la materia.
De la organización y funcionamiento del Centro Estatal y
los Centros Regionales de Justicia Alternativa
Dirección, duración y ausencias
Art. 21. El Centro Estatal estará a cargo de un director general, quien para el ejercicio de sus atribuciones se apoyará de un subdirector. Los centros regionales estarán a cargo de un director regional.
El director general, el subdirector y los directores regionales durarán en el ejercicio de su encargo cuatro años contados a partir de que entren en funciones y podrán ser ratificados para el periodo siguiente; sólo dejarán de ejercerlas por destitución, suspensión, renuncia o retiro, en los términos previstos en la Constitución Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y esta Ley.
Las ausencias del director general del Centro Estatal que no excedan de tres meses serán cubiertas por el subdirector del Centro Estatal. Si estas excedieron de ese tiempo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombrará a un director general interino, o realizará una nueva designación, cuando la ausencia sea definitiva. En este último caso, el funcionario designado durará en su cargo por todo el tiempo que falte para concluir el periodo que corresponda. Las ausencias del subdirector y de los directores regionales que no excedan de tres meses, serán cubiertas por el servidor público que designe el director general del Centro Estatal. Si excediere de este tiempo se procederá en iguales términos que para el director general.
Art. 22. Los servidores públicos adscritos al Centro Estatal o a Centros Regionales durante al desempeño de su cargo:
I. No podrán desempeñar otro cargo o empleo de la Federación, del Estado, del municipio o de particulares, salvo los cargos de docencia y los honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrá facultad para calificar los impedimentos a que se refiere esta fracción y para otorgar, tratándose de actividades docentes y de investigación científica fuera de horario, la dispensa del impedimento; y
II. Tampoco podrán ser corredores, notarios, comisionistas, apoderados jurídicos, tutores, curadores, administradores, ni ejercer la abogacía, si no, en causa propia, de su cónyuge, ascendientes o descendientes, siempre y cuando el negocio tenga carácter ocasional y obtenga autorización del Pleno, en éste último caso.
Art. 23. El director general del Centro Estatal, al igual que el subdirector y los directores de los centros regionales gozarán de fe pública en el ejercicio de sus funciones, por lo que las partes reconocerán en su presencia el contenido y firma de los convenios obtenidos a través de los procedimientos alternativos, los que tendrán el carácter de documentos públicos.
Sólo gozarán de fe pública los especialistas adscritos al Centro Estatal o Regional de Justicia Alternativa.
Art. 24. Para ser director general del Centro Estatal se requiere:
II. Ser mayor de 28 años de edad y tener una residencia efectiva en la entidad, de cuando menos dos años inmediatos anteriores a la fecha de su nombramiento;
III. Poseer, para el día de su designación, título de profesional en Derecho y cédula profesional con antigüedad mínima de cinco años;
IV. Acreditar que cuenta con las aptitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias suficientes, para desempeñar la función con calidad y eficiencia;
V. Gozar de buena reputación y haber observado buena conducta; y
VI. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, ni estar cumpliendo una sanción administrativa que implique inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Requisitos para ser subdirector o director regional
Art. 25. Para ser subdirector o director regional se requieren los mismos requisitos que para ser director general del Centro Estatal, con excepción de la fracción III del artículo anterior, en la que se exigirá una antigüedad mínima de tres años en la posesión del título y cédula profesional.
Art. 26. El director general del Centro Estatal tiene las facultades y obligaciones siguientes:
I. Vigilar que la prestación del servicio de solución de conflictos a través de procedimientos alternativos se apegue a los principios, fines y procedimientos establecidos en esta Ley;
II. Asumir la dirección técnica y administrativa del Centro Estatal y de los centros que jerárquicamente dependen de éste, vigilando el cumplimiento de sus objetivos,
III. Determinar, en su caso, si los conflictos cuya solución se solicita al Centro Estatal, son susceptibles de ser resueltos a través de los procedimientos alternativos previstos en esta Ley y designar al especialista que habrá de atenderlos;
IV. Supervisar los convenios celebrados por las partes con la intervención de especialistas del Centro Estatal, a fin de verificar que no se afecten los derechos irrenunciables, ni se vulnere el principio de equidad en perjuicio de una de las partes;
V. Dar fe del contenido y firma de los convenios celebrados ante los especialistas del Centro Estatal y certificarlos;
VI. Crear el registro de especialistas y mantenerlo actualizado;
VII. Autorizar a los profesionales que acrediten haber cumplido los requisitos necesarios para conducir los procedimientos alternativos previstos en esta Ley, inscribirlos en el registro de especialistas y expedir la cédula correspondiente;
VIII. Certificar los documentos que obren en los archivos de la dirección general a su cargo;
IX. Operar los programas de selección, ingreso, formación, capacitación, profesionalización y actualización de los servidores públicos adscritos al Centro Estatal y a los centros regionales;
X. Participar en la aplicación de exámenes, en los concursos de oposición para seleccionar a los especialistas que brinden sus servicios en el Centro Estatal o en los centros regionales;
XI. Fungir como especialista, cuando las necesidades del servicio lo requiera;
XII. Actuar como jefe inmediato del personal adscrito al Centro Estatal;
XIII. Planear, programar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos del Centro Estatal;
XIV. Proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia el reglamento interior del Centro Estatal, así como las reformas al mismo y a las demás disposiciones relacionadas directamente con la operación y funcionamiento del Centro Estatal y de los centros regionales;
XV. Ejecutar los acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en relación al Centro Estatal;
XVI. Difundir información objetiva respecto a las funciones, actividades y logros del Centro Estatal y de los centros regionales;
XVII. Rendir, dentro de los diez primeros días de cada mes, un informe de actividades y estadístico al presidente del Tribunal Superior de Justicia sobre los asuntos que se inicien y concluyan por acuerdo de las partes en el Centro Estatal y en los centros regionales;
XVIII. Dar trámite y resolver las quejas y denuncias interpuestas por los particulares en contra de los especialistas independientes o instituciones privadas; y
XIX. Las demás atribuciones y deberes establecidos en esta Ley o en los acuerdos que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Facultades y obligaciones del subdirector y de los directores regionales
Art. 27. El subdirector y los directores de los centros regionales tienen las facultades y obligaciones siguientes:
I. Vigilar que la prestación del servicio de solución de controversias, a través de los procedimientos alternativos, se apegue a los principios, fines y procedimientos establecidos en esta Ley;
II. Rendir un informe al director general sobre los asuntos que se inicien y concluyan por acuerdo de las partes en el Centro de Justicia Alternativa, dentro de los cinco primeros días de cada mes;
III. Los directores regionales asumirán la dirección técnica y administrativa del centro regional a su cargo; vigilarán el cumplimiento de sus objetivos; determinarán, en su caso, si los conflictos cuya solución se solicita al centro regional, son susceptibles de ser resueltos a través de los procedimientos alternativos previstos en esta Ley y designarán al especialista que habrá de atenderlos;
IV. Supervisar los convenios celebrados por las partes, con el fin de verificar que no se afecten derechos irrenunciables o de terceros, no contravengan alguna disposición legal expresa, ni vulneren el principio de equidad en perjuicio de alguna de ellas;
V. Dar fe de los convenios celebrados entre las partes ante los especialistas del Centro de Justicia Alternativa a su cargo;
VI. Certificar los documentos que obren en los archivos del Centro de Justicia Alternativa a su cargo;
VII. Fungir como especialista, cuando las necesidades del servicio lo requieran;
VIII. Actuar como jefe inmediato del personal adscrito al Centro de Justicia Alternativa;
IX. Difundir información relativa a las funciones, actividades y logros del Centro de Justicia Alternativa; y
X. Las demás atribuciones y deberes establecidos en esta Ley o en los acuerdos que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Condiciones de los centros e información visible
Art. 28. Los recintos donde se presten servicios de justicia alternativa deberán estar acondicionados y equipados, a fin de proporcionar a las partes un ambiente adecuado que les permita comunicarse y dirimir el conflicto.
En cada Centro de Justicia Alternativa se tendrá a la vista del público la siguiente información:
a) Explicación de los procedimientos alternativos regulados en esta Ley;
b) Que el servicio que presta es totalmente gratuito;
c) Una lista de los especialistas independientes autorizados y certificados por el Centro Estatal; y
d) El nombre del director general, del subdirector y del director del centro regional de que se trate, así como el domicilio en donde se podrán presentar quejas, denuncias y sugerencias en relación con la atención y servicios recibidos.
Art. 29. El Centro Estatal y los centros regionales llevarán libros de control en los que deberán registrarse:
I. Las solicitudes de servicio que se presenten;
II. Los procedimientos alternativos que se inicien; y
III. Los procedimientos alternativos que concluyan, señalando el sentido del acuerdo.
El registro de especialistas que esta Ley previene, es función exclusiva del Centro Estatal.
Especialistas públicos e independientes
Art. 30. Los especialistas serán públicos o independientes. Los primeros tendrán el carácter de servidores públicos y estarán adscritos al Centro Estatal, a los centros regionales, o bien, a Instancias de Justicia Alternativa que establezca el Ejecutivo del Estado; los segundos son los profesionales certificados, registrados y autorizados por el Centro Estatal para prestar servicios particulares de solución alternativa de conflictos, en los términos previstos en esta Ley.
Sólo podrán desempeñarse como especialistas en el Centro Estatal y en los centros regionales, las personas que hayan sido capacitadas o certificadas por éste, inscritas en el registro correspondiente y seleccionadas mediante el examen de oposición que esta Ley establece.
Ninguna persona podrá prestar, simultáneamente, sus servicios como especialista público y como independiente.
Autorización de especialistas
Art. 31. Los profesionales que soliciten al Centro Estatal autorización para ejercer como especialistas independientes, deberán acreditar que cumplen con los requisitos previstos en esta Ley y realizar los exámenes teóricos y prácticos que el presente Ordenamientos señala.
Art. 32. El Centro Estatal deberá constituir e integrar el registro de especialistas, tanto públicos como independientes, inscribiendo a los que hayan sido capacitados y seleccionados, conforme a los procedimientos y criterios generales establecidos por el Centro Estatal y a los profesionales que hayan sido capacitados en otras instituciones, siempre que sean evaluados o certificados por el propio Centro.
Art. 33. Para ser especialista público se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos el día de la designación;
III. Tener título y cédula profesional en Derecho o en ramas de humanidades, con antigüedad mínima de tres años;
IV. Acreditar que cuenta con las aptitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia, para desempeñar la función con calidad y eficiencia;
V. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, ni estar cumpliendo una sanción administrativa que implique inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público;
VI. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación;
VII. Participar y obtener resultado favorable en el concurso de oposición previsto en esta Ley; y
VIII. Obtener del Centro Estatal la certificación y el registro que lo acredite como especialista en procedimientos alternativos de solución de controversias.
Los especialistas independientes y los especialistas públicos adscritos a instancias de Justicia Alternativa que establezca al Ejecutivo del Estado, deberán reunir los requisitos señalados anteriormente, salvo el contenido en la fracción VII de este artículo, aplicándose en su lugar el examen de conocimiento en derecho y en medios alternativos de solución de controversias, considerándose, además, sus antecedentes profesionales que acrediten la honorabilidad, honestidad y probidad en su ejercicio.
Art. 34. Las instituciones privadas que deseen prestar servicios como especialistas en solución de conflictos a través de procedimientos alternativos deberán estar acreditadas por el Centro Estatal, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:
I. Acreditar ante el Centro Estatal, la constitución, existencia, representación de la institución y registrarse ante el mismo;
II. Acreditar que los especialistas que conducirán los procedimientos alternativos se encuentran certificados por el Centro Estatal e inscritos ante éste;
III. Contar con un reglamento interno debidamente autorizado por el Centro Estatal;
IV. Contar con espacios acondicionados para las sesiones; y
V. Notificar sus cambios de domicilio ante el Centro Estatal.
Art. 35. No podrán actuar como especialistas públicos o independientes en los procedimientos alternativos, las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I. Ser cónyuge, concubina o concubinario, pariente dentro del cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad y adopción, de alguno de los que intervengan;
II. Ser administrador o socio de una persona moral que participe en dichos procedimientos;
III. Haber presentado querella o denuncia el especialista o su cónyuge o parientes en los grados que expresa la fracción I del presente artículo, en contra de alguno de los interesados o viceversa;
IV. Tener pendiente un juicio contra alguno de los interesados o su cónyuge o sus parientes en los grados a que se refiere la fracción I del presente artículo, o viceversa;
V. Haber sido procesado el especialista, su cónyuge o sus parientes en virtud de querella o denuncia presentada por alguno de los interesados o su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la fracción I de este artículo, o viceversa;
VI. Ser deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o patrón de alguno de los interesados;
VII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes, por cualquier título;
VIII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el especialista ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido;
IX. Ser los interesados hijos o cónyuges de cualquier deudor, fiador o creedor del especialista;
X. Ser el cónyuge o los hijos del especialista, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados;
XI. Mantener o haber mantenido durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, una relación laboral con alguna de las partes, o prestarle o haberle prestado servicios profesionales durante el mismo período, siempre que éstos impliquen subordinación;
XII. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes;
XIII. Tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o parientes en los grados establecidos en la fracción I del presente artículo; y
XIV. Cualquier otra causa análoga a las anteriores.
Los especialistas que conduzcan un procedimiento alternativo estarán impedidos para actuar en caso de que hayan fungido como magistrados, jueces, Ministerio Público, secretarios de acuerdos o proyectistas, testigos, peritos, apoderados legales, abogados, defensores o asesores en procedimientos jurisdiccionales relacionados con dichos asuntos, quedando también legítimamente impedidos para declarar cualquier dato o circunstancia que perjudique a las partes y que haya conocido por su intervención en dicho medio alternativo.
Art. 36. Cuando existan o surjan motivos que razonablemente impidan a los especialistas actuar con absoluta imparcialidad deberán excusarse. El incumplimiento de esta disposición será causa de responsabilidad.
El especialista público que tenga impedimento para conducir los procedimientos alternativos, deberá solicitar al superior jerárquico la designación de un sustituto, a quien entregará la información y documentos relacionados con el conflicto.
Las partes, desde que tengan conocimiento de la existencia de un impedimento, pueden recusar al especialista y solicitar al superior jerárquico de éste, que lo sustituya en la conducción del procedimiento de que se trate.
Art. 37. Si una vez iniciado un procedimiento alternativo se presenta un impedimento superveniente, el especialista deberá hacerlo del conocimiento a su superior jerárquico para que éste designe un sustituto.
Art. 38. Los impedimentos, excusas y recusaciones de los especialistas públicos serán calificados de plano por su superior jerárquico; los del subdirector y los de directores de centros regionales se calificarán de igual forma por el director general y los de éste último se calificarán de manera semejante por el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Facultades y obligaciones de los especialistas públicos adscritos al Centro Estatal
Art. 39. Los especialistas públicos en sede judicial tendrán las facultades y obligaciones siguientes:
I. Ejercer con probidad, eficiencia y respeto a los principios que rigen la justicia alternativa, las funciones que esta Ley les encomienda;
II. Mantener la imparcialidad hacia las partes involucradas en el conflicto;
III. Guardar la debida confidencialidad, en calidad de secreto profesional, respecto de la información obtenida en razón de su intervención, así como el sentido de las actuaciones y los convenios en que intervenga;
IV. Cumplir con todas las disposiciones jurídicas aplicables a los especialistas en la solución alternativa de conflictos que establezca el Centro Estatal;
V. Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que los auxilien en el cumplimiento de sus funciones;
VI. Informar a las partes sobre la naturaleza y ventajas de los procedimientos alternativos, así como de las consecuencias legales del acuerdo, convenio o transacción que celebren en su caso.
VII. Conducir los procedimientos alternativos en forma clara y ordenada;
VIII. Evitar la extensión innecesaria del procedimiento que conozca;
IX. Rendir un informe al subdirector o director del centro regional, en su caso, de los asuntos iniciados y de los que hayan concluido por voluntad de las partes, señalando el contenido del conflicto y el sentido del acuerdo alcanzado, dentro de los tres primeros días de cada mes;
X. Cumplir los acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y las disposiciones de sus superiores jerárquicos;
XI. Concurrir al desempeño de sus labores los días hábiles de acuerdo con el horario que determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de hacerlo en días y horas inhábiles, cuando la urgencia o importancia de los asuntos así lo amerite;
XII. Vigilar que en los procedimientos alternativos en que intervengan, no se afecten derechos de terceros, intereses de menores e incapaces y disposiciones de orden público;
XIII. Actualizarse permanentemente en la teoría y en las técnicas de los procedimientos alternativos; y
XIV. Las demás que establezcan las leyes, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el director general del Centro Estatal.
Cuando el director general del Centro Estatal, el subdirector o los directores de los centros regionales funjan como mediadores, conciliadores o facilitadores, deberán someterse a las disposiciones previstas para los especialistas.
Obligaciones de especialistas independientes y de especialistas públicos adscritos a instancias de Justicia Alternativa
Art. 40. Los especialistas independientes y los especialistas públicos adscritos a instancias de Justicia Alternativa que establezca el Ejecutivo del Estado, tendrán las obligaciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XII y XIII del artículo anterior. Los especialistas independientes, además, deberán informar mensualmente al Centro Estatal de los convenios que las partes celebren gracias a su intervención.
Designación de especialistas del Poder Judicial
Art. 41. La designación de los especialistas públicos adscritos al Centro Estatal o centros regionales se hará mediante examen por oposición cuando se trate de plazas de nueva creación y cuando la ausencia del titular sea definitiva.
Concurso por oposición y examen para certificación
Art. 42. Los concursos por oposición para designar a los especialistas del Poder Judicial del Estado y los exámenes para certificar los conocimientos de los especialistas independientes y a los especialistas públicos adscritos a instancias de Justicia Administrativa que establezca el Ejecutivo del Estado, se sujetarán a lo que disponga el reglamento de esta Ley sobre exámenes por oposición y certificación de especialistas en procedimientos alternativos.
Art. 43. Los procedimientos alternativos ante los Centros de Justicia Alternativa, podrán iniciarse a petición de parte interesada con capacidad para obligarse mediante solicitud verbal y deberá ser siempre personal tratándose de personas físicas, o por conducto de representante o apoderado legal, en el caso de las personas morales, debidamente acreditados.
Asignación del caso al especialista
Art. 44. Una vez realizada la petición, el director general o director regional del Centro de Justicia Alternativa, turnará el asunto a un especialista de acuerdo al programa de cómputo diseñado para tal fin.
Art. 45. El procedimiento alternativo solicitado dará inicio una vez que la parte solicitante haya firmado la solicitud de servicio del Centro de Justicia Alternativa, manifestando en ésta su conformidad en participar en el mismo y de respetar las reglas del procedimiento, con el fin de resolver la situación planteada, haciéndole saber de las bondades que ofrecen los mecanismos alternos, con el fin de resolver la solicitud planteada.
Con la solicitud firmada por la parte solicitante de aceptación del servicio, se radicará el expediente.
Art. 46. Hecha la solicitud para que el Centro de Justicia Alternativa preste sus servicios, se examinará si la situación planteada es susceptible de ser resuelta a través de medios alternativos; en caso de tratarse de un asunto que provenga de una autoridad, se le informará por escrito si el Centro acepta intervenir.
Invitación a la parte complementaria
Art. 47. Posteriormente, personal del Centro de Justicia Alternativa, se constituirá en el domicilio particular o sitio de localización de la parte complementaria, con el único fin de invitarla a la sesión de mediación o conciliación, debiéndole hacer entrega formal del original de la invitación, en caso de ser recibida por un familiar, vecino o compañero de trabajo de la persona invitada se dejará razón de ello.
Se le hará saber al invitado en qué consisten los procedimientos alternativos solicitados, así como las reglas a observar y se le informará que éstos sólo se efectúan con el consentimiento de ambas partes, asimismo que puede hacerse acompañar de un asesor jurídico o persona de su confianza; quienes deberán procurar el avenimiento de las partes con la salvedad que en caso contrario el especialista podrá prohibir su intervención, enfatizándole el carácter gratuito, profesional, neutral, confidencial, imparcial, rápido y equitativo que caracteriza la justicia alternativa; haciéndole saber, además, los alcances y efectos legales del convenio o transacción que en su caso llegue a concertarse.
En caso de que no acuda a la primera invitación, se le enviarán dos más, no acudiendo a la tercera se dará por concluido el procedimiento.
Requisitos de la invitación
Art. 48. La invitación a que se refiere el artículo anterior deberá contener los siguientes datos:
a) Nombre y domicilio de la parte complementaria;
c) Lugar y fecha de expedición;
d) Indicación del día, hora y lugar de celebración de la sesión de mediación o conciliación;
e) Nombre de la persona que solicitó el servicio;
f) Nombre de la persona con la que deberá tener contacto para confirmar su asistencia, o bien, señalar nueva fecha; y
g) Nombre y firma del director general, subdirector o del director regional del Centro de Justicia Alternativa.
Inicio de la sesión de mediación o conciliación
Art. 49. La sesión de mediación o conciliación se llevará a cabo únicamente con la presencia de la parte solicitante y complementaria, pudiendo asistir acompañada de su asesor jurídico o persona de su confianza, quienes deberán procurar el avenimiento de las partes, en caso contrario, el especialista podrá prohibir su intervención.
En la sesión de mediación o conciliación se les hará saber en que consisten los procedimientos alternativos solicitados, así como las reglas a observar y se le informará que éstos sólo se efectúan con el consentimiento de ambas partes, enfatizándole el carácter gratuito, profesional, neutral, confidencial, imparcial, rápido y equitativo que caracteriza la justicia alternativa; haciéndoles saber, además, los alcances y efectos legales del convenio o transacción que en su caso llegue a concertarse. Si se tratare de un especialista independiente, se le explicará la forma de fijar sus honorarios.
Aceptación de la sesión de mediación o conciliación
Art. 50. Cuando el solicitante y la parte complementaria acepten participar en los procedimientos alternativos solicitados, firmarán el formato respectivo o en caso de que no sepan o no puedan firmar, estamparán sus huellas dactilares, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, dejándose constancia de ello.
Sustitución del especialista
Art. 51. Cuando alguna de las partes no esté de acuerdo sobre la designación del especialista realizada por el Centro Estatal o regional, podrá solicitar la sustitución del mismo ante el director general o ante el director regional, quien resolverá lo conducente.
Desarrollo de la primera sesión
Art. 52. Estando de acuerdo las partes en la sujeción al procedimiento de mediación y en el especialista o mediador, se desarrollará en los términos siguientes:
I. Presentación del especialista, quien deberá acreditar estar certificado por el Centro Estatal e inscrito ante éste, se encargará de formular preguntas adecuadas a fin de que las partes se entiendan, procurará que éstas comprendan la importancia de sus respectivas preocupaciones y las auxiliará en la negociación;
II. Explicación por parte del especialista del objeto de la mediación, el papel que éste desempeña, las reglas de comunicación, los principios que rigen tal medio alternativo, la manera y etapas en que se desarrolla, lo concerniente al convenio de confidencialidad y la firma de éste cuando las partes lo soliciten, así como los alcances del posible convenio al que lleguen las partes;
III. Exposición del conflicto, en la que cada una de las partes deberá manifestar sus puntos de vista respecto al origen del asunto, los motivos por los que no se ha resuelto, sus pretensiones; se identificarán las soluciones posibles y se valorará la viabilidad de éstas; y
IV. Desahogo de los demás puntos que se estimen convenientes por las partes o por el especialista para establecer puntos de acuerdo y con sustento en ellos fijar las bases del convenio.
Suspensión de la sesión y declaración de improcedencia
Art. 53. Si de lo expuesto en la sesión inicial, el especialista detecta que el asunto no es susceptible de someterse a mediación en los términos de esta Ley, deberá suspender la sesión, y en caso de tratarse de un asunto enviado por una autoridad le informará por escrito la improcedencia de la mediación y se abstendrá de participar en las sesiones subsecuentes.
El especialista que conduce la mediación está obligado a dar por terminado el procedimiento al tener conocimiento en cualquier momento, de que se ventila un asunto no susceptible de ser transigido o convenido, expidiendo para este efecto la declaración de improcedencia que corresponda.
Sesiones subsecuentes
Art. 54. Cuando una sesión no baste para resolver el conflicto, se procurará conservar el ánimo de transigir y se citará a los interesados a otra u otras sesiones de mediación en el plazo más corto posible, tomando en cuenta las actividades del Centro de Justicia Alternativa y las necesidades de los interesados. Serán tantas sesiones de mediación como resulte necesario.
Todas las sesiones de mediación serán orales y por ende no se levantará constancia de su resultado, ni menos aún de las aseveraciones que los mediados exponen.
El especialista designado en un determinado asunto, podrá auxiliarse de otros expertos en la materia de la controversia para lograr su solución, contando con la posibilidad de canalizarlo a instituciones que brinden asesoría jurídica y terapia, con el único objeto de proteger el principio de equidad que rige la mediación, ello independientemente de poder actuar con comediación.
Art. 55. Las partes conservarán sus derechos para resolver el conflicto mediante las acciones legales respectivas. Cuando se haya llegado a una solución parcial del conflicto quedarán a salvo los derechos que no se hubieran convenido.
Terminación de la mediación
Art. 56. El procedimiento de mediación se tendrá por concluido en los siguientes casos:
I. Por convenio que establezca la solución parcial o total del conflicto;
II. Por decisión del especialista, si a su criterio la mediación se ha dilatado por conducta irresponsable de las partes en conflicto;
III. Por decisión del especialista cuando alguna de las partes en conflicto incurra reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso o agresivo;
IV. Por decisión de alguna de las partes o por ambas;
V. Por inasistencia de las partes o de sus representantes a más de dos sesiones sin causa justificada;
VI. Por negativa de las partes para la suscripción del convenio que contenga la solución parcial o total del conflicto;
VII. Por que se hayan girado tres invitaciones a la parte complementaria y no se haya logrado su asistencia al Centro de Justicia Alternativa; y
VIII. En los demás casos en que proceda dar por concluido el procedimiento de mediación de conformidad con esta Ley.
Art. 57. El convenio resultante de la mediación deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación que regule la materia del conflicto y con los siguientes:
III. Señalar el nombre o denominación social y las generales de las partes en conflicto, así como el documento oficial con el que se identifiquen. Cuando en la mediación hayan intervenido representantes deberá hacerse constar el documento con el que acreditaron dicho carácter y anexar copia del mismo;
V. Especificar los acuerdos a que hubieren llegado las partes en el conflicto, es decir, realizará una descripción precisa, ordenada y clara del convenio alcanzado por las partes, estableciendo las condiciones, término, fecha y lugar de cumplimiento;
VI. Contener la firma de quienes lo suscriben; en caso de que no sepa o no pueda firmar alguna de las partes o ambas, estamparán sus huellas dactilares, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, dejándose constancia de ello; y
VII. Nombre y firma del especialista que intervino.
Ratificación del contenido del convenio y reconocimiento de firmas
Art. 58. Inmediatamente después de que se haya suscrito el convenio ante el Centro de Justicia Alternativa, las partes y el especialista que intervino en el caso, comparecerán ante el director general del Centro Estatal, ante el subdirector o ante el director del centro regional, para que en su presencia se ratifique su contenido y se reconozcan las firmas, levantando constancia de dicha comparecencia.
Los convenios derivados de procedimientos alternativos realizados por especialistas independientes o ante instancias de Justicia Alternativa que establezca el Ejecutivo del Estado, podrán ser ratificados ante el director general del Centro Estatal, ante el subdirector o ante el director regional; ante el Notario Público que las partes señalen o ante el órgano jurisdiccional que conozca del asunto y deberán ser aprobados judicialmente para su ejecución.
Art. 59. Las partes que, en los términos de esta Ley, hubieren solucionado una controversia de naturaleza civil, familiar o mercantil a través del proceso de mediación o de conciliación deberán solicitar al juez del conocimiento o ante el juez de primera instancia competente, que apruebe el acuerdo o convenio que celebraron, obligándolas a estar y pasar por él y lo eleve a la categoría de sentencia ejecutoria, para que surta los efectos de cosa juzgada respecto de las partes. El juez examinará si el acuerdo o convenio se apega a derecho y si está acreditado el interés jurídico de las partes.
En caso de que sea procedente, lo aprobará y lo elevará a la categoría de sentencia ejecutoria. No podrá aprobar parcialmente el acuerdo o convenio, por lo que sólo será procedente su autorización total.
En materia penal, el acuerdo que derive del procedimiento de mediación, de conciliación o de procedimiento restaurativo deberá ser aprobado y sancionado por el juez del conocimiento o por el juez de primera instancia en turno que sea competente.
Tratándose de justicia para adolescentes, el acuerdo o convenio respectivo deberá ser aprobado y sancionado por la autoridad que señale la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas.
Art. 60. En materia civil, familiar o mercantil, si alguna de las partes incumple las obligaciones que contrajo en el acuerdo o convenio aprobado judicialmente, procederá la vía de apremio y serán aplicables las reglas para la ejecución de sentencia previstas en la legislación de la materia de que se trate.
En materia penal, si el imputado contraviene sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del término que fijen las partes o, en caso de no establecerlo, dentro de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la ratificación del acuerdo o convenio, el proceso continuará como si no se hubiera convenido. El plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones pactadas suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal.
En materia de justicia para adolescentes, si el adolescente incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del término que fijen las partes o, en caso de no establecerlo, dentro de un año contado a partir del día siguiente de la ratificación del acuerdo, el proceso continuará como si no se hubieran convenido. El plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones pactadas suspenderá el trámite del proceso.
El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal.
Art. 61. La ejecución de los acuerdos o convenios aprobados judicialmente, tratándose de asuntos de naturaleza civil, familiar, mercantil o penal, se realizará ante el juez que inicialmente haya tenido conocimiento del asunto o ante el juez de primera instancia en turno que sea competente.
Los procedimientos de mediación, conciliación y restaurativo ante los especialistas independientes o ante las instancias de Justicia Alternativa que establezca el Ejecutivo del Estado, se ajustarán, en lo conducente, a lo dispuesto en la presente Ley.
Ejecución parcial del convenio
Art. 62. Si con motivo de la utilización de medios alternos, las partes llegaren a acuerdos parciales respecto de la totalidad de su conflictiva, el juez competente podrá aprobar el convenio respectivo y ordenar su ejecución, pero ésta sólo será procedente cuando el resto de la contienda jurisdiccional pueda subsistir de forma separada a las demás pretensiones que fueron motivo de convenio, por lo que el proceso seguirá su curso sobre las cuestiones no acordadas.
Cuando el acuerdo parcial celebrado por las partes esté sujeto al resultado de una sentencia, el convenio será remitido por el Centro de Justicia Alternativa al juez de la causa, quien aprobará el convenio si resultare procedente y agregará copia del mismo a las constancias procesales a efecto de que al pronunciar la sentencia definitiva, resuelva las prestaciones acordadas por las partes en base a lo estipulado en dicho convenio.
Art. 63. En el supuesto de que las partes hubieren elegido el procedimiento de mediación y no se hubiese logrado por este método la solución del conflicto, el especialista podrá sugerir a las partes que recurran al procedimiento de conciliación, si éstas están de acuerdo o ya hubieren aceptado someterse a la conciliación, el especialista procurará resolver el conflicto por dicha vía, debiendo para ello declarar concluido el procedimiento de mediación.
Art. 64. Estando de acuerdo las partes en la sujeción al procedimiento de conciliación y en el especialista, éste deberá convocarlos a una primer sesión, la que se desarrollará en los términos de las fracciones I, III y IV del artículo 52 de esta Ley, en la cual el especialista explicará a las partes el objeto de la conciliación, el papel que éste desempeña, las reglas de comunicación, los principios que rigen tal medio alternativo, la manera y etapas en que se desarrolla, la posibilidad que tiene el especialista de plantear opciones de solución, así como los alcances del posible convenio al que lleguen las partes.
Las sesiones de conciliación serán orales y por ende no se levantará constancia de su resultado, ni menos aún de las aseveraciones que las partes expongan.
En asuntos de naturaleza penal si el juez o el Ministerio Público solicitara el auxilio o el asesoramiento de especialistas para procurar acuerdos entre las partes, si alguna de éstas no pudiera comparecer al Centro de Justicia Alternativa, por encontrarse en prisión preventiva, el especialista podrá trasladarse al juzgado el día y hora fijados para la práctica de la diligencia de conciliación. En iguales términos se procederá en materia de justicia para adolescentes.
Actuación del especialista
Art. 65. En el desarrollo de las sesiones el especialista que conduzca la conciliación deberá:
I. Facilitar el proceso, para lo cual procurará que durante las sesiones no haya interrupciones, mantendrá un trato afable, propiciará un ambiente cómodo que permita intercambiar información y creará un entorno de confianza con las partes;
II. Inducirá las discusiones de las partes, quienes deberán emitir sus opiniones, harán saber su punto de vista sobre el conflicto y sus posiciones;
III. Estimulará la creatividad de las partes para que propongan posibles soluciones al conflicto y en caso de que no las encuentren, generará propuestas viales para la solución del conflicto;
IV. Procurará una imagen positiva de las partes a fin de reforzar la neutralidad del conflicto, debiendo desvanecer, en lo posible, todo tipo de descalificaciones que se den entre las partes;
V. Las propuestas de solución deben basarse en escenarios posibles y para discernir sobre las más idóneas se atenderá a sus consecuencias jurídicas;
VI. Hará hincapié entre las necesidades de las partes y sus deseos de resolver el conflicto; y
VII. Hará saber a las partes en el proceso de conciliación, las consecuencias de las decisiones que se tomen dentro de éste, tanto si las mismas son para poner fin al conflicto, como si lo es para desistirse.
Los especialistas no pueden ser testigos en ningún juicio.
Art. 66. Cuando una sesión no baste para resolver el conflicto, el especialista procederá en términos del primer párrafo del artículo 54 de esta Ley.
Terminación de la conciliación
Art. 67. El procedimiento de conciliación se dará por concluido en los mismos supuestos en que se dé por terminado el procedimiento de mediación y en aquellos supuestos en que conforme a esta Ley deba darse por finalizado
Formalidades, ratificación, aprobación judicial, cumplimiento y ejecución del convenio
Art. 68. El convenio o transacción que derive del procedimiento de conciliación se sujetará a lo que disponen los artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de esta Ley, en lo concerniente a formalidades, ratificación, aprobación, cumplimiento y ejecución.
Del proceso restaurativo
Fin esencial
Art. 69. En materia penal procederá el proceso restaurativo, el cual tiene como propósito la reparación y compensación para la víctima, el reconocimiento por parte del ofensor de la responsabilidad de sus acciones y del daño que ha causado y la manera de repararlo, así como la reincorporación de ambos a la comunidad, encaminado a obtener la rehabilitación del ofensor, previniendo su reincidencia y procura satisfacer las necesidades tanto de la víctima como del victimario.
Intenta no únicamente la reparación material del daño causado a la víctima, sino que busca curar la lesión psíquica y moral que le ha sido producida.
El procedimiento restaurativo debe involucrar a las víctimas, a los ofensores y, cuando proceda, a cualesquiera otra persona o miembro de la comunidad afectados por el delito.
Art. 70. La reparación comprende cuatro elementos:
I. La disculpa verbal o escrita que implica un reconocimiento por virtud del cual el ofensor acepta que su conducta causó un daño real; un sentimiento de remordimiento o vergüenza por lo que ha hecho y un cambio de posición de poder entre ofensor y víctima, por virtud del cual esta última recobra el control que le fue perturbado al cometerse el hecho típico;
II. Un cambio de conducta del ofensor a fin de que ya no reincida, por ende, los acuerdos deberán incluir el cambio de entorno del ofensor, capacitación laboral, programas educativos, programas para el tratamiento de adicción y alcoholismo, terapias para el control del enojo u otras medidas similares;
III. Una actitud de generosidad por parte del imputado, la cual puede evidenciarse a partir de su disponibilidad de someterse a tratamientos o programas e incluso de prestar servicios a la comunidad o a la víctima; y
IV. La restitución, que puede ser económica o proporcionando servicios en especie, restituyendo o reemplazando algún bien, o de cualquier otra forma solicitada por la víctima y acordadas entre las partes en el curso de un encuentro.
Remisión del asunto
Art. 71. Las partes de un juicio penal pueden solicitar la remisión del asunto a un proceso restaurativo, para lo cual el juez o Ministerio Público deberán cerciorarse de que no se haya coaccionado la voluntad de las partes para ello e informarles de sus derechos, de la naturaleza del proceso y de las posibles consecuencias de su decisión.
Art. 72. Recibido el asunto para ser sometido a un proceso restaurativo, el especialista o facilitador realizará una invitación al ofensor y a la víctima para que asistan al Centro de Justicia Alternativa y reciban información amplia acerca de este proceso alternativo de justicia, en términos de los artículos 47, 48 y 49 de esta Ley.
Previo a la reunión restaurativa, deberán practicarse reuniones previas y por separado con la víctima y con el ofensor a fin de que el especialista o facilitador les informe, con base en las herramientas de comunicación establecidas, la importancia y ventajas de este sistema y para valorar las posibilidades y condiciones de llevar a cabo la reunión conjunta, lo cual permitirá conocer sus necesidades y su decisión de participar en el procedimiento restaurativo.
Estando de acuerdo las partes en la sujeción al proceso restaurativo y en el especialista, éste deberá convocarlos a una primer reunión restaurativa, la que se desarrollará en los términos de las fracciones I, III y IV del artículo 52 de esta Ley, en la cual el especialista, luego de explicar a las partes el objeto del proceso, las reglas de comunicación, el papel que desempeña éste y los alcances del posible convenio al que lleguen las partes, facilitará la comunicación entre las partes con el fin de que lleguen a un acuerdo para la reparación del daño. Serán tantas reuniones como resulten necesarias.
Esta información se proporcionará a los interesados cuando sean ellos quienes directamente soliciten someterse al procedimiento restaurativo.
Desempeño del especialista
Art. 73. El especialista o facilitador que conduzca el proceso restaurativo deberá:
I. Ser imparcial, honesto, flexible y guardar la confidencialidad del proceso de justicia restaurativa;
II. Atender preferentemente los daños causados por los delitos más que a las normas;
III. Mostrar equidad y compromiso con las víctimas y con los inculpados, involucrándolos responsablemente en el proceso;
IV. Propiciar las condiciones óptimas para el diálogo directo o indirecto, entre víctimas y ofensor, según sea el caso; y
V. Proporcionar atención a la víctima u ofendidos del delito y al ofensor de manera cordial, imparcial, con calidad y calidez, respetando sus necesidades, sentimientos y decisiones.
Terminación del proceso restaurativo
Art. 74. El proceso de justicia restaurativa se dará por concluido en los mismos supuestos en que se dé por terminado el proceso de mediación y en aquéllos casos en que conforme a esta Ley deba darse por finalizado.
Art. 75. El convenio o transacción que derive del proceso restaurativo se sujetará a lo que disponen los artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de esta Ley, en lo concerniente a formalidades, ratificación, aprobación, cumplimiento y ejecución.
Si el imputado contraviene sin justa causa las obligaciones pactadas podrá optarse entre sujetarse a un nuevo proceso restaurativo, o bien, dejar sin efectos el convenio que se haya celebrado.
Responsabilidad de especialistas públicos
Art. 76. Los funcionarios y empleados adscritos a centros o instancias públicas son sujetos de responsabilidad administrativa por las infracciones que cometan en el desempeño de sus actividades, en los términos de la Constitución Política del Estado, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Ministerio Público, las disposiciones de esta Ley y de su reglamento.
Faltas del personal directivo y de especialistas públicos
Art. 77. Son faltas de personal directivo y de los especialistas públicos que merecen la aplicación de las sanciones administrativas, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera surgir:
VIII. Autorizar a un subordinado a no asistir a sus labores sin causa justificada, así como otorgarle indebidamente permisos, licencias o comisiones con goce parcial o total de sueldo;
XII. Obtener o tratar de obtener, por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que legalmente reciba del erario publico;
XVI. Ejercer sus funciones cuando haya concluido el período para el cual hayan sido designados, o cuando hayan cesado, por alguna otra causa, en el ejercicio de las mismas;
Destitución de especialistas públicos
Art. 78. Los especialistas públicos serán destituidos de su cargo cuando cometan un delito doloso que merezca pena privativa de libertad, quedando suspendidos desde el auto de formal prisión o de vinculación a proceso, y, en su caso, destituidos a partir de que cause estado la sentencia condenatoria. También serán destituidos cuando proporcionen a terceros, información confidencial relativa a los procedimientos alternativos en que intervengan, para obtener un lucro o causar un perjuicio.
Imposición de sanciones administrativas
Art. 79. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia es la instancia competente para la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos adscritos al Centro Estatal o a los centros regionales, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Corresponde a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, la facultad de imponer sanciones administrativas a los servidores públicos adscritos a instancias de Justicia Alternativa que establezca el Ejecutivo del Estado, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Imposición de sanciones a especialistas independientes
Art. 80. El director general del Centro Estatal podrá recibir quejas de los particulares y aplicar sanciones a los especialistas independientes y a las instituciones privadas, cuando incumplan alguna de las obligaciones previstas en las fracciones I, II, III, IV, V, X, XVII, XVIII y XIX del artículo 77 de esta Ley.
Sanciones aplicables a especialistas independientes
Art. 81. Las sanciones aplicables a los especialistas independientes y a las instituciones privadas consistirán en:
II. Multa de diez a doscientos días de salario mínimo general vigente en el Estado;
Criterios para la imposición de sanciones
Art. 82. El director general del Centro Estatal tomará en cuenta para determinar la sanción aplicable a los especialistas independientes y a las instituciones privadas:
Art. 83. Para determinar la responsabilidad de los especialistas independientes o de instituciones privadas, se seguirá el siguiente procedimiento:
I. Se iniciará con la denuncia o queja que, por escrito, presente, el afectado ante el director general del Centro Estatal, por el incumplimiento a alguno de los deberes que esta Ley impone, con la cual se ofrecerán y se acompañarán las pruebas respectivas;
II. El director general del Centro Estatal lo hará del conocimiento al especialista independiente o a la institución privada, acompañando una copia de la denuncia y de los anexos, para que dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en que sea notificado, comparezca a exponer lo que a su interés convenga, pudiendo ofrecer pruebas por escrito;
III. Transcurrido el plazo indicado, el director general del Centro Estatal señalará lugar y fecha para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas; y
IV. El día señalado para la audiencia, el director general del Centro Estatal recibirá las pruebas ofrecidas y los alegatos que produzcan las partes, una vez realizado lo anterior, a más tardar en siete días hábiles, dictará la resolución que corresponda debidamente fundada y motivada, misma que se notificará a las partes.
Al procedimiento antes descrito se aplicarán supletoriamente las disposiciones conducentes del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Contra la resolución que imponga una sanción administrativa a un especialista independiente o institución privada no procede recurso alguno.
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del estado de Zacatecas.
Art. 2º El Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con un plazo de treinta días hábiles a partir de que entre en vigor la presente Ley, para instalar y poner en funcionamiento el Centro Estatal de Justicia Alternativa, fijando para ello, el lugar físico en que habrá de instalarse y dotándolo del personal e infraestructura que resulte necesaria para su funcionamiento.
Art. 3º El director general del Centro Estatal contará con un término de noventa días naturales, a partir de su designación, para que expida el reglamento de la presente Ley y lo presente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para su aprobación.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil ocho. Diputada presidenta. Emma Lisset López Murillo. Diputadas secretarias. Angélica Náñez Rodríguez y Laura Elena Trejo Delgado. Rúbricas.
Y para que llegue al conocimiento de todos y se dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
232 105 31-diciembre-08 01-enero-09 LIX
Se reforma el segundo párrafo del artículo 79.
355 26 01-abril-2015 ---- ----
En la Declaratoria de que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Penal, publicada en el Diorio Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2014, entrará en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales y se incorpora al régimen jurídico del Estado de Zacatecas; en su articulo segundo transitorio establece que se derogan las disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas, relativas a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de ejecución de penas, misma que seguirá rigiendo, en lo conducente, en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley.

References: artículo 17
 artículo 17
 artículo 104
 artículo 298
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 283
 artículo 298
 resolución 
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 52
 artículo 77
 resolución 
 resolución 
 artículo 79