Source: http://www.slideshare.net/Coljuristas/el-disfrute-delderechoalaeducacion
Timestamp: 2016-08-30 19:44:40+00:00

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El disfrute del derecho a laeducación en ColombiaInforme alterno presentado a laRelatora Especial de Naciones Unidassobre el derecho a la Educación • Comisión Colombiana de Juristas 2.
Comisión Colombiana de Juristas El disfrute del derecho a la educación en Colombia Informe alterno presentado a laRelatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación Julio de 2004 3.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 2 Tabla de contenidoIntroducciónCapítulo 1. Contexto general I. Situación general de derechos humanos en Colombia II. Desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho A. Reformas al régimen laboral y pensional B. Plan Nacional de Desarrollo 2003–2006, “Hacia un Estado comunitario ” C. Reforma constitucional a la acción de tutela y la Corte Constitucional D. Propuesta de referendoCapítulo 2. Obligación de asequibilidad de la educación I. Gasto público en educación II. La contrarreforma educativa III. Cuerpo docente A. Criterios para su incorporación B. Derechos laborales C. Libertad sindical D. Libertad de enseñanzaCapítulo 3. Obligación de garantizar el acceso a la educación I. Educación pública básica gratuita para todas las niñas y niños A. Cobertura B. Gratuidad C. Reconocimiento de la culminación de una etapa educativa II. Educación para personas adultas III. Impacto de la violencia sociopolítica en la educación A. Estudiantes víctimas de la violencia sociopolítica B. Niñas y niños reclutados forzadamente C. Educadoras y ed ucadores víctimas de la violencia sociopolítica D. Centros educativos afectados por el conflicto armadoCapítulo 4. Obligación de garantizar la permanencia dentro del sistema educativo I. Necesidades especiales de educación A. Niñas y niños víctimas del desp lazamiento forzado B. Educación para niñas y niños privados de la libertad C. Niñas y niños que trabajan D. Niñas y niños que habitan en la calle E. Niñas y niños explotados sexualmente F. Embarazo en adolescentes II. Obstáculos legales para la permanencia en la educació n III. Educación religiosaCapítulo 5. Obligación de garantizar una educación aceptable I. Calidad de la educación II. Respeto por la diversidad cultural A. Pueblos indígenas 4.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 3 B. Comunidades afrocolombianas C. Pueblo rom o gitano D. Idioma de instrucción III. Derechos de las y los estudiantes IV. Educación en derechos humanosConclusionesRecomendacionesAnexosAnexo 1. Marco normativo del derecho a la educación en ColombiaAnexo 2. Circular n. o 003, Colegio Gonzalo Jiménez Navas en Floridablanca (Santander)Anexo 3. Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educaciónBibliografía 5.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 4 Introducción*La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo es una red conformadapor 80 organizaciones sociales y no gubernamentales de todo el país que trabaja por la promoción,defensa y garantía de todos los derechos humanos de todas y todos. Centra su atención particularmenteen la lucha por la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, estableciendo larelación que estos tienen con la construcción de la democracia y el desarrollo. La misión de laPlataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, fundada como unaasociación plural, convergente y autónoma, es apoyar los procesos de construcción de ciudadanía,desarrollando estrategias de exigibilidad y vigilancia social, destinadas a lograr que el Estadocolombiano cumpla sus obligaciones y compromisos en el marco del derecho internacional de losderechos humanos.Como parte de este trabajo, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia yDesarrollo presenta a la comunidad nacional e internacional un balance del nivel de garantía delderecho a la educación en Colombia, con el ánimo de expresar una opinión crítica y constructiva sobrelas políticas gubernamentales y propiciar un espacio de diálogo que permita avanzar de maneradecidida en la exigibilidad del derecho a la educación para todas y todos. La elaboración del presenteinforme estuvo a cargo de la Comisión Colombiana de Juristas, y contó con la participación especial delas siguientes organizaciones: Cinep, Corporación Compromiso, Corporación Región, El InstitutoPopular de Capacitación (IPC), la Corporación Colectivo de Abogados José Alvéar Restrepo y laFundación Cepecs.Este proceso se enmarca dentro de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación que adelanta laPlataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, cuya secretaría técnica está acargo de la Corporación Región. El propósito de esta campaña es sensibilizar a la sociedad colombianay reclamar al Gobierno nacional la garantía del derecho a la educación, con base en la normatividadinternacional y nacional. Se trata de reconocer la educación como derecho fundamental para eldesarrollo de cada persona y para su inclusión social y cultural.La campaña combina tres dimensiones: una primera de carácter cultural, en donde se promueve lacomprensión de la Educación como derecho en la sociedad. Una segunda de tipo político, en dondepromueve la exigibilidad y la justiciabilidad del derecho a la educación, a partir de la normatividadinternacional y nacional sobre este derecho. En este sentido, uno de los propósitos políticos es impulsarla adopción de una ley estatutaria que regule el derecho a la educación en Colombia. Finalmente, unatercera dimensión comunicativa con la cual se espera que el derecho a la educación sea noticia enmedios de comunicación masiva y alternativa.El presente informe fue presentado por la Plataforma Colombiana a la Relatora Especial de NacionesUnidas sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomaševski, con ocasión de su visita in loco aColombia del 1 al 10 de octubre de 2003. El informe parte del concepto de educación como derechohumano, elaborado a partir de las definiciones del mismo en los tratados internacionales que hacenparte del ordenamiento jurídico colombiano y de los aportes que ha hecho en su conceptualización ydelimitación la Relatora Especial. 6.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 5Según la profesora Tomaševski, para medir el cumplimiento estatal de las obligaciones respecto delderecho a la educación, debe analizarse la garantía de cuatro componentes inescindibles del derecho 1 :la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la aceptabilidad 2 . A estos cuatro componentes delderecho le corresponden al Estado cuatro obligaciones precisas: la obligación de asequibilidad(disponibilidad), la obligación de accesibilidad (acceso), la obligación de adaptabilidad (permanencia)y la obligación de aceptabilidad (calidad y respeto por la diversidad).El Estado está obligado en diversos grados al cumplimiento de estas obligaciones. Algunasobligaciones deben cumplirse de inmediato: la obligación de respeto por las libertades de losparticulares, la de implantar la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita para todas y todos y la degarantizar la aplicación del principio de no discriminación. Otras obligaciones se han definido como decumplimiento progresivo, entre ellas las siguientes 3 : implantar y generalizar la enseñanza secundariatécnica y profesional y la superior gratuita, fomentar o intensificar la educación fundamental paraaquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria,fomentar la asistencia regular a las escuelas, reducir las tasas de deserción escolar y mejorar lascondiciones materiales del cuerpo docente.La organización del presente texto sigue el esquema de las 4-A propuesto por la Relatora Especialsobre el derecho a la educación4. En el primer capítulo, se presenta una contextualización de lasituación general de derechos humanos. En este capítulo introductorio se hace un diagnóstico sobre lagrave crisis social y de derechos humanos en Colombia y se alerta frente a las propuestasgubernamentales de desmantelar el Estado social de derecho.Luego de este contexto general, los cuatro capítulos siguientes se concentran en evaluar el grado decumplimiento del Estado colombiano frente a sus obligaciones educativas de inmediato cumplimiento.En el segundo capítulo se hace un balance de la obligación de asequibilidad de la educación primaria.Con el cumplimiento de esta obligación se busca que el derecho a la educación sea disponible. Pordisponibilidad se entiende el derecho de toda niña o niño a la existencia de un sistema educativopúblico que garantice la planta de docentes mínima para atender las necesidades del servicio y lasescuelas suficientes en el ámbito nacional para los niveles de enseñanza básica. Este derecho tambiénimplica la libertad de los particulares para fundar establecimientos educativos, siempre que talesinstituciones estén provistas de personal docente suficiente y que sus programas coincidan con los finesconstitucionales y legales de la educación.* El presente documento fue realizado por la Comisión Colombiana de Juristas para ser presentado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos,Democracia y Desarrollo, como informe atlerno ante la Relatora Especial de Naciones Unidas para el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski.Para la realización del informe, se realizaron cuatro talleres regionales financiados por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia yDesarrollo.1 Comisión de Derechos Humanos, Informe preliminar de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, presentado deconformidad con la resolución 1998/33, doc. E/CN.4/1999/49, párr. 51 y s.s.2 De acuerdo con la Relatora “(s)egún una imagen muy difundida, pero equivocada, del derecho a la educación, éste equivale a la disponibilidad deescuelas y maestros. Cuando se cuenta con escuelas, como ocurre en Inglaterra, no es necesario hacer más preguntas y, una vez que se ha comprobado ladisponibilidad de las escuelas, no se estudia el derecho a la educación. Este derecho supone, además de la disponibilidad de escuelas, ciertas obligacionesde los gobiernos en materia de derechos humanos en el sentido de que la escolaridad de be ser accesible, aceptable y adaptable”. Comisión de DerechosHumanos, Informe presentado por Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, Adición, Misión al Reino Unido de GranBretaña e Irlanda del Norte (Inglaterra), 18 a 22 de octubre de 1999, E/CN.4/2000/6 /Add.2, párr. 38.3 Ver al respecto: United Nations, Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Comparative Analysis of the Rightto Education as Enshrined in Articles 13 and 14 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Provisions Contained in otherUniversal and Regional Treaties, and the Machinery Established, if any, for Monitoring its Implementation. Background paper submitted by Mr. José L.Gómez del Prado, November 1998, E/C.12/1998/23. Ver también: United Nations, Economic and Social Council, Committee on Economic, Social andCultural Rights, Right to Education: Survey and Prospects. Background paper submitted by Mr. Alfred Fernández, Director-General of the InternationalOrganization for Development of Freedom of Education (OIDEL), and Mr. Jean Daniel Norman, Principal Adviser to OIDEL, 29 September 1998,E/C.12/1998/14.4 Comisión de Derechos Humanos, Op. cit., nota 1. 7.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 6El tercer capítulo indaga sobre la accesibilidad en la educació n obligatoria. El derecho de acceso serefiere a la posibilidad que deben tener todas las niñas y niños de acceder a la educación pública básicaobligatoria gratuita. La garantía del acceso a las escuelas se relaciona especialmente con la prohibiciónde la discriminación. El principio de no discriminación debe conseguirse inmediata y plenamente, nodebe ser objeto de aplicación progresiva.En el cuarto capítulo se analiza el nivel de disfrute del derecho de permanencia en la educación, através de la evaluación del cumplimiento de la obligación de adaptabilidad. En virtud del derecho a lapermanencia debe permitirse a toda niña o niño mantenerse en la educación básica pública gratuita, sinser excluido. Para hacer realidad este derecho, el Estado debe remover todos los obstáculos de hecho yde derecho que impiden que las niñas y niños permanezcan en el sistema educativo.El quinto capítulo analiza si los contenidos de la educación en Colombia son aceptables. Según laRelatora Especial de Naciones Unidas, el derecho de aceptabilidad consiste en el derecho del estudiantea alcanzar los objetivos y fines reconocidos constitucional y legalmente, independientemente de suscondiciones socioeconómicas o culturales, y a desarrollar las capacidades necesarias para producirconocimiento 5.Finalmente, se presentan las conclusiones generales del estudio y recomendaciones para que el Estadocolombiano avance en la garantía del derecho a la educación. Estas recomendaciones están dirigidas alas diferentes ramas del poder público colombiano y a los grupos combatientes del conflicto armado.Para evaluar el nivel de disfrute del derecho a la educación en Colombia el informe combina datoscuantitativos y cualitativos. El estudio contrasta fuentes documentales de organismos internacionales,instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales. Además, para la elaboración del informese llevaron a cabo cuatro talleres regionales en las ciudades de Quibdó (Chocó), Medellín (Antioquia),Bucaramanga (Santander) y Popayán (Cauca), dentro de los cuales se contó con el invaluable aporte depersonas y organizaciones locales. A través de estos talleres se conocieron denuncias regionales sobreviolaciones al derecho que enriquecieron el estudio.Sin embargo, muchos aspectos del derecho a la educación escaparon a las posibilidades de este trabajo.Algunos temas de gran importancia no son analizados, por ejemplo, como el grado de cumplimiento delas obligaciones definidas en los tratados internacionales como de cumplimiento progresivo, tales comola de generalizar y hacer accesible a todas y todos la enseñanza preescolar, secundaria técnica yprofesional y la de implantar progresivamente y hacer accesible la enseñanza superior gratuita.5 Defensoría del Pueblo, El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, Bogotá, Imprenta Nacional,Programa de Seguimiento de Políticas Públicas en Derechos Humanos, Serie DESC, 2003, pág. 35. 8.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 7 Capítulo 1 Contexto generalI. Situación ge neral de derechos humanos en ColombiaEn Colombia las violaciones a los derechos civiles y políticos son sistemáticas y generalizadas. Loshomicidios políticos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los homicidios contrapersonas socialmente marginadas, las torturas, los secuestros, los desplazamientos forzados y otrasmúltiples formas de violencia sociopolítica son parte de la realidad colombiana desde hace muchosaños, y se han agudizado en forma descomunal y progresiva desde fina les de la década de los años 70.Además, la gran mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad 6 .La situación de derechos económicos, sociales y culturales no es menos grave. Evidencia contundentede ello son las condiciones de inequidad, exclusión y pobreza en las que viven la gran mayoría de loshabitantes del país y que enfrentan con mayor rigor las mujeres, las niñas y niños, la poblaciónafrocolombiana y los pueblos indígenas7 .Para el año 2000 el 59,8% de la población colombiana se encontraba bajo la línea de pobreza, siendopreocupante el hecho de que entre 1995 y 2000 esta cifra aumento en 9.8 puntos porcentuales. A suvez, la población que se encuentra por debajo de la línea de indigencia ha aumentado en los últimosdiez años del 20 al 23%8 . Por su parte, el índice de concentración gini aumentó de 0.556 en 1995 a0.591 en el año 2000 9 . El aumento de estos indicadores demuestra una creciente tendencia al aumentode la inequidad.Dentro la “extrema inequidad e injusticia social prevaleciente en Colombia”10 , la situación de lapoblación campesina es alarmante. Aproximadamente ocho millones de habitantes rurales (el 69% dedicha población) están por debajo de la línea de pobreza, de los cuales más de cuatro millonescuatrocientos mil viven en cond iciones de indigencia 11.La tierra está concentrada en pocas manos. Según un reciente estudio del Instituto Geográfico AgustínCodazzi y Corpoica, en el año de 2001 el 0,4% de los propietarios controlaba el 61,2% del área predialrural, con predios correspondientes a una extensión igual o mayor a 500 hectáreas 12 . La exageradaconcentración de la tierra se refleja en el índice de Gini con relación a la propiedad rural, el cual seestima estaba en 0.88 en 199613 .6 Ver al respecto: Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1996, Bogotá, CCJ, 1997; ComisiónColombiana de Juristas (CCJ), Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia, informe de avance: octubre de 2000 a marzo de2001, Bogotá, CCJ, febrero de 2002; Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: informe quinquenal,julio de 1996–junio de 2001, Bogotá, CCJ, en prensa.7 Ibíd. Ver además: Contraloría General de la República, Colombia entre la exclusión y el desarrollo, propuestas para la transición al Estado social dederecho, Bogotá, Luis Jorge Garay (editor), julio de 2002.8 Contraloría General de la República, Colombia entre la exclusión y el desarrollo, propuestas para la transición al Estado social de derecho, Bogotá, LuisJorge Garay (editor), julio de 2002.9 Social Watch/Control ciudadano, El impacto de la globalización en el mundo, informe 2002, Montevideo, Instituto del Tercer Mundo, Pág. 103. De datostomados del Departame nto Nacional de Planeación y Misión Social (Gini y pobreza), y Departamento Nacional de Estadística (Dane) (desempleo).10 Naciones Unidas, Examen de los informes entregados por los Estados partes, Conclusiones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales: Colombia, doc. E/C.12/1/Add.74, párrafos 8 y 29.11 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), Plan Cuatrienal, en www.incora.gov.co (consulta el 28 de octubre de 2003).12 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Corpoica, Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia, citado por Fajardo Montaña Darío,Tierra, poder político y reformas agraria y rural, Bogotá, Cuadernos Tierra y Justicia n.o 1, ILSA, 2002 pág. 4.13 Fajardo Montaña Darío, Tierra, poder político y reformas agraria y rural, Bogotá, Cuadernos Tierra y Justicia, n.o 1, Ilsa, 2002, pág. 22. 9.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 8Desde mediados del decenio de 1990 se han mantenido altos niveles de desempleo, al pasar de tasas del9% en 1995 al 20% en 1999 14. En septiembre de 2002, el desempleo alcanzó el 14% de la población enedad de trabajar, y un 35% de la misma se encontraba subempleada15 . El problema se agravó con elaumento del subempleo y del trabajo informal16 que en 2000 fueron de 29% y 60%, respectivamente.Así mismo, persiste una precaria cobertura del régimen pensional, pues solo el 19,8% de la poblacióneconómicamente activa está cubierta 17 .Los últimos gobiernos, siguiendo un programa de ajuste estructural por cumplir con lasrecomendaciones del Fondo Monetario Internacional, han reducido sustancialmente el gasto socialdurante los últimos años, lo cual ha perjudicado el disfrute de los derechos económicos, sociales yculturales, incluido el derecho a la educación. Según la Comisión Económica para América Latina(Cepal), el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado para gasto social en Colombia pasódel 16,7% en 1996 al 13,4% en el 2001. Esto condujo a una disminución del gasto por habitante de 438a 332 dólares en el período, a pesar de que, tras la baja de 3,8% del PIB en 1999, éste registró tasas decrecimiento positivas los dos años siguientes (2,5% y 1,5% respectivamente) 18 . Esta reducción delpresupuesto para la inversión social afecta a las personas más pobres y, como se verá más adelante,impide el disfrute del derecho a la educación para muchas niñas y niños.Igualmente, el disfrute de los derechos de las mujeres, a pesar de algunos avances legislativos, sigueafectado por la discriminación, la exclusión, la violencia tanto en los espacios públicos como privados,y el tráfico de personas. Las mujeres representan el 52% de la población colombiana y constituyen el56% de la población pobre. El Estado colombiano cuenta con varias herramientas jurídicas paragarantizar la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar la violencia contra las mujeres, eliminar lascondiciones que generan discriminación y obtener una adecuada y efectiva participación de las mujeresen los niveles decisorios 19 . La participación de las mujeres en cargos directivos en las instanciaspúblicas sigue siendo minoritaria. La falta de voluntad política no ha permitido superar los obstáculosque impiden que las mujeres disfruten a plenitud sus derechos 20 .Desafortunadamente, la política del actual Gobierno, iniciado el 7 de agosto de 2002, no está dirigida aabordar las profundas raíces de la crisis social y de derechos humanos en Colombia, ni a tomar lasmedidas estructurales que se necesitan para superarla y no busca la protección y garantía de losderechos humanos. La política seguridad democrática, además de atentar contra la ConstituciónPolítica de Colombia, contraviene los más elementales principios reconocidos en la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos.En primer término, la política del actual Gobierno se olvida del principio según el cual, en un Estadosocial y democrático de derecho, son las autoridades las que están instituidas para proteger a laspersonas (art. 2 de la Constitución Política) y las personas no deben considerarse como un instrumentopara proteger al Estado. La ciudadanía está siendo usada como un instrumento para ganar la guerra.Programas que viene desarrollando, como los de los soldados campesinos o las redes de informantes,conducen a nuevas formas de paramilitarismo y desconocen el principio de distinción entrecombatientes y no combatientes. Este tipo de medidas invierte las cargas de responsabilidad en materia14 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Encuesta continua de hogares, octubre de 2002.15 Ibíd.16 El sector informal está integrado por las personas ocupadas por cuenta propia y por trabajadoras y trabajadores familiares no remunerados.17 Fajardo Montaña Darío, Op. cit ., nota 12, pág. 149.18 CEPAL, Panorama social de América Latina 2002 -2003, Santiago de Chile, septiembre de 2003, pág. 25.19 Colombia es parte tanto de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como de la ConvenciónInteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 1994 (Convención de Belem do Pará).20 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia , 24 de febrero de 2003, doc. E/CN.4/2003/13, párr. 51. 10.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 9de derechos humanos. El Presidente ha afirmado que “no cree” en el principio de distinción y que losmiembros de la población civil son combatientes. Así lo dijo en la reunión que tuvo con lasorganizaciones no gubernamentales el 11 de junio de 2003. estas afirmaciones demuestran la falta devoluntad política del Gobierno de acatar las normas y principios de derechos humanos y derechointernacional humanitario.Adicionalmente, el Gobierno ha emprendido una contrarreforma a la Constitución Política de 1991, quepretende sustituir el Estado social y democrático de derecho por un Estado comunitario. Esta reformaelimina la distinción entre Estado y sociedad, especialmente en materia de seguridad, conduce a unfortalecimiento del presidencialismo y debilita la independencia entre las ramas del poder público y laoposición ciudadana.La ciudadanía en los Estados democráticos debe tener la posibilidad de participar en los asuntospúblicos por decisión propia, con ideas, creencias y opiniones propias, que pueden coincidir o no conlas del Gobierno. Las personas en los Estados democráticos deben poder fiscalizar a sus gobernantes.Pretender movilizar a las ciudadanas y ciudadanos desde el poder, para defender las causas que elGobierno ha definido como prioritarias y para defender al Estado mismo, es propio de Estadosautoritarios.Así mismo, desconociendo que no hay justicia ni seguridad sin democracia, el Gobierno recientementeha presentado al Congreso un proyecto de ley que significará, de ser aprobado, impunidad para losgraves crímenes contra los derechos humanos cometidos en Colombia, tanto por paramilitares, comopor guerrilleros 21 . Estas, entre otras muchas razones, permiten afirmar que la política del actualGobierno está basada en un desconocimiento total de elementales principios reconocidos en lo sinstrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y al derecho humanitario.II. Desmantelamiento del Estado social y democrático de derechoLa política del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez no busca cumplir con las obligacionesinternacionales del Estado colombiano en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Enlugar de cumplir dichas obligaciones, las políticas planteadas son regresivas y están dirigidas aaumentar la desigualdad y desmantelar la cláusula constitucional de Estado social y democrático dederecho.Durante el primer año de Gobierno se ha demostrado la ausencia de una política en materia social queelimine la inequidad en el acceso a los bienes sociales22 y que erradique la discriminación. En lugar dediseñar y ejecutar políticas en este sentido el Gobierno ha impulsado cambios normativos queacrecientan la grave crisis social colombiana. Entre estas medidas se encuentran la modificaciónregresiva de la legislación laboral y pensional, el Plan Nacional de Desarrollo y la propuesta dereformas regresivas a la Constitución Política.21 Proyecto de ley 087/03 (Senado), “por el cual se dictan normas en procura de la reincorporación de miembros de los grupos armados que contribuyan demanera efectiva a la consecución de la paz nacional”. Al respecto ver: Gustavo Gallón Giraldo , “La propuesta gubernamental de impunidad para crímenesde lesa humanidad: Justicia Simulada”, en: Garantías en creciente ausencia. Situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 1997-2003, CCJ, Bogotá, 2003, pág. 131.22 Varios organismos internacionales de protección de derechos humanos han recomendado al Estado colombiano tomar medidas en contra de ladistribución inequitativa de la riqueza. Ver entre otras: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Informe del Com ité para laEliminación de la Discriminación contra la Mujer, examen de los informes 2º y 3º de Colombia, ONU. A/50/38, párr. 613; Comisión Interamericana deDerechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. 102, doc. 9 Rev. 1, capítulo III, D, párr. 1; AltaComisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre laOficina en Colombia, al 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/1999/8, párr. 178, y Alta Comisionada de Naciones Unidaspara los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, al 56periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2000/11, párr. 201. 11.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 10Las políticas del Gobierno actual privilegian el cumplimiento de los acuerdos financieros con el FondoMonetario Internacional sobre el diseño de políticas públicas desde la perspectiva de satisfacción de losderechos. En especial, las políticas no cumplen con la recomendación hecha a Colombia por el Comitéde Derechos Económicos, Sociales y Culturales, referente a “tomar en cuenta las obligaciones a partirdel Pacto en las negociaciones con las instituciones financieras internacionales, para asegurar que losderechos económicos, sociales y culturales no sean socavados, especialmente, aquellos de los gruposdesaventajados y marginados, en todas las políticas estatales”23 .A. Reformas al régimen laboral y pensionalEn cumplimiento de los acuerdos contraídos con el Fondo Monetario Internacional24, el Gobiernoimpulsó una reforma al régimen laboral en donde se disminuyeron ostensiblemente los recargossalariales al modificar la jornada laboral, reducir la tarifa de los recargos por trabajo nocturno, horasextras, dominicales y festivos. El resultado de esta reforma es el empobrecimiento progresivo de lastrabajadoras y trabajadores de más bajos ingresos quienes, pese a continuar trabajando el mismo tiempoy durante las mismas horas, recibirán menores beneficios 25 .Asimismo, se modificó el régimen pensional para hacer más difícil obtener una pensión de jubilaciónpara las trabajadoras y trabajadores afiliados al sistema. Por ejemplo, se aumentaron las cotizaciones endos puntos (del 13,5% del salario base pasaron al 15,5%); se disminuyó el valor de las pensiones (de unporcentaje de 75% del salario promedio de los últimos diez años se disminuyó a una escala que va del55% al 65% del salario promedio de los últimos veinte años de servicio); y se aumentó la edad de lajubilación (de 60 a 62 años para hombres y de 55 a 58 años para las mujeres)26 .B. Plan Nacional de Desarrollo 2003–2006, “Hacia un Estado comunitario”El Gobierno presentó a consideración del Congreso un Plan Nacional de Desarrollo denominado“Hacia un Estado comunitario”27 que propone un desmantelamiento del Estado social de derecho, sobretodo en materia de salud, vivienda digna, educación y trabajo; no sólo porque sus políticas respecto deldisfrute de estos derechos son insuficientes para cumplir los compromisos internacionales del Estadocolombiano 28 , sino, además, porque el Plan Nacional de Desarrollo plantea políticas regresivas en elcumplimiento de dichas obligaciones. Las políticas de cobertura y calidad en materia de derechoseconómicos, sociales y culturales parten de la oferta estatal y no de las necesidades reales de lapoblación.En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo propone cuatro objetivos para alcanzar la meta de unEstado comunitario, dando mayor importancia (hasta el punto de que le dedica más de la tercera parte23 Naciones Unidas, nota 10, párr. 29.24 La reforma laboral, ley 789 de 2002, y la reforma al régimen pensional fueron presentadas por el Gobierno como condicionamientos del FMI para lograrun “Acuerdo StandBy (ASB)” para un período de 24 meses desde diciembre de 2002. Los puntos sobre reforma laboral y pensional se encuentran en lospárrafos 16 y 24 de dicho acuerdo.25 Ley 789 de 2002.26 Ley 797 de 2002.27 Según el artículo 339 de la Constitución Política, el Plan de Nacional de Desarrollo incide en el disfrute de los derechos humanos, particularmente en losderechos económicos, sociales y culturales, sus lineamientos repercuten directamente en las demás políticas públicas que se ejecuten en el cuatrienio, eincide en las leyes anuales de presupuesto. El Plan Nacional de Desarrollo 2003–2006, “Hacia un estado Comunitario” fue aprobado por el Congreso de laRepública mediante ley 812 de 2003.28 Basta sólo un ejemplo para evidenciar esta situación. El Plan Nacional de Desarrollo no plantea una política seria de reforma agraria, pese a que ha sidouna recomendación reiterada de varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos, para combatir la pobreza y la distribucióninequitativa de la riqueza en Colombia. La situación de la población campesina es alarmante. Aproximadamente ocho millones de habitantes rurales (el69% de dicha población) están por debajo de la línea de pobreza, de los cuales más de cuatro millones están en condiciones de indigencia. La tierra estáconcentrada en pocas manos, al punto que aproximadamente el 2% de los propietarios poseen el 53% de la tierra. Departamento Administrativo Nacionalde Estadística (Dane), Op. cit., nota 10 , párr. 8 y 29. 12.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 11del documento) a brindar lo que el Gobierno denomina “seguridad democrática”. A partir de esteobjetivo, el Gobierno subordina los otros tres ejes, incluyendo la construcción de equidad social, la cualse subordinada a la consolidación de esta seguridad democrática. Por ello, se considera que lapropuesta de seguridad limita el desarrollo social y la eliminación de las inequidades.En segundo lugar, el Plan Nacional de Desarrollo disminuye el gasto público de inversión social. Estapolítica atenta contra el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, ratificado por el Estado colombiano, que lo obliga a “adoptar medidas hasta el máximo derecursos disponibles” para garantizar la plena efectividad de los derechos contenidos en dichoinstrumento.En tercer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo no prevé medidas efectivas para erradicar ladiscriminación. El papel de protección respecto de las mujeres y las minorías étnicas que pueblan elpaís debe ser integrado en el Plan de Desarrollo como un compromiso transversal que afecte todas laspolíticas públicas y que pueda, de manera efectiva, erradicar la discriminación de la cual han sidoobjeto. La simple mención, desarticulada e incoherente, de la problemática de la discriminación contralas mujeres, las comunidades indígenas, afrocolombianas, rom y raizales es insuficiente en estepropósito y no satisfacen lo s requerimientos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales, ni las recomendaciones que respecto de Colombia ha hecho el Comité de monitoreo dedicho tratado 29.Específicamente en materia educativa el Plan Nacional de Desarrollo propone la denominada“revolución educativa”, en la cual se resaltan tres estrategias: la ampliación de la cobertura eneducación preescolar, básica, media y superior; el mejoramiento en la calidad en la enseñanza; y elmejoramiento en la eficiencia del sector educativo. La “revolución educativa” no parte del concepto deeducación como derecho. Esta política, además de que, como se ilustrará más adelante, incumple lasobligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, noimplementa las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativasa la pobre situación de cobertura y calidad de la educación en Colombia, como tampoco incluyemedidas para erradicar la discriminación en el sistema educativo. El Plan Nacional de Desarrollo nocontiene las medidas necesarias para la modificación del sistema educativo actual que es excluyente ydiscriminatorio.La política de la “revolución educativa” no busca cumplir con la obligación de inmediato cumplimientode brindar educación primaria gratuita a todas las niñas y niños en edad escolar. En primer lugar, laproyección de creación de nuevos cupos es incierta y no corresponde a las necesidades de la población;y, en segundo lugar, el tema de la gratuidad de la educación no es abordado por el Plan.De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estadocolombiano tiene la obligación, de inmediato cumplimiento, de proveer educación primaria universal,gratuita y obligatoria. Sin embargo, en agosto de 2003 en la tercera reunión de ministros de Educaciónde América, se comprometió a garantizar para el 2010 el acceso universal a primaria de todas las niñasy niños de la región30 . La participación del Estado colombia no en cumbres como ésta debería servirpara impulsar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos y no parapretender rebajar los estándares internacionales en la materia. Proponer el cumplimiento de la29 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Op. cit., nota 10, párr. 10, 22, 33 y 34.30 “Acabar el analfabetismo en el 2010, objetivo que arrojó cumbre de ministros de Educación de la OEA”, diario El Tiempo , sección educación, 16 deagosto de 2003, en www.eltiempo.com 13.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 12obligación otros 10 años s ignifica truncar el disfrute de este derecho básico a una generación de niñas yniños.La política de ampliación de la cobertura en educación básica tiene tres problemas desde el punto devista de la satisfacción del derecho a la educación para todas y todos. En primer lugar, la meta decreación de cupos no está acompañada de una política que garantice la gratuidad de la enseñanza básicaprimaria. En segundo lugar, el planteamiento del Plan no es claro en cuanto a sus metas de cobertura encada uno de los ciclos educativos. Propone la creación de 1,5 millón de cupos, pero no distinguecuántos serán para la educación preescolar, cuántos para la educación básica primaria y cuántos para lamedia secundaria. En tercer lugar, la política de cobertura no parte del universo de demanda, sino de laoferta efectiva que pretende alcanzar el Gobierno, lo que va en contra del principio de universalidad dela educación.Además, el Plan Nacional de Desarrollo condiciona la creación de 640.000 cupos (43%) de los yainsuficientes 1,500.000 cupos ofrecidos, a la consecución de los recursos provenientes de reformas quepretende adelantar, pero que no han sido aprobadas en consulta popular. Esto quiere decir que parte dela política de cobertura educacional se basa en una mera expectativa del Gobierno de que estasreformas sean aprobadas en el referendo consultivo que se realizado el 25 de octubre. Adicionalmente,las reformas propuestas son regresivas en muchos aspectos como se verá más adelante.La obligación de inmediato cumplimiento de garantizar el acceso y permanencia de las niñas y niños ala educación primaria no pretende ser cumplida por el Plan Nacional de Desarrollo 31 . No se fija unameta en cuanto a la permanencia en el sistema educativo de la población en edad escolar. Problemasfundamentales que dificultan el acceso del derecho a la educación como la deserción, la entrada tardía ala escuela y la repitencia de cursos no son evaluados, ni enfrentados.De otro lado, la política de la “revolución educativa” no hace referencia a ninguna acción estataltendiente a eliminar la discriminación contra las minorías étnicas que habitan en el país. Las minoríasétnicas tienen derecho a establecer y administrar sus propias escuelas, utilizar su idioma y practicar sureligión. Sin embargo, esto no es tenido en cuenta por la política gubernamental.C. Reforma constitucional a la acción de tutela y la Corte ConstitucionalUna de las reformas más regresivas que plantea el actual Gobierno en materia de derechos económicos,sociales y culturales es la reforma constitucional a la acción de tutela 32 y a las funciones de la CorteConstitucional33 . Mediante estas reformas se proscribiría el acceso a la acción de tutela para casos deafectación de derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos colectivos y del ambiente, delos derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que no estén contemplados en laConstitución (art. 93 de la Constitución), y de los derechos que, no estando reconocidos expresamenteen la Constitución o en los convenios internacionales vigentes, son inherentes a la persona humana (art.94 de la Constitución). De esta forma, la jurisprudencia ha reconocido el carácter de fundamental delderecho a la educación, pese a que no se encuentra consagrado en el capítulo de los derechos31 Al respecto puede verse también la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, doc. A/51/41, párr. 360; doc. CRC/15/Add. 30, párr. 20; y doc.CRC/C/38, párr. 96.32 De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionalesfundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.33 La Corte Constitucional tiene bajo su responsabilidad la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Artículo 241 de la ConstituciónPolítica. 14.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 13fundamentales de la Constitución34 . De prosperar esta propuesta de reforma constitucional se estaríaintroduciendo una medida regresiva en la realización de los derechos consagrados en el PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.D. Propuesta de referendoOtra propuesta de reforma constitucional que está dirigida al desmantelamiento de la cláusula deEstado social de derecho está contenida en el referendo consultivo que presentó el Gobierno ante elCongreso y que fue aprobado por éste mediante la ley 796 de 2002. El referendo está diseñado parareforzar las medidas fiscalistas centradas en la congelación del gasto público de inversión social,pretende modificar unilateralmente pensiones pactadas a través de convenios colectivos, aumentar elgasto de inversión en la guerra y congelar los salarios de las trabajadoras y trabajadores del Estado.El punto 14 del referendo pretende congelar durante dos años los gastos de funcionamiento de losórganos que conforman el presupuesto general de la Nación, incluidos los salarios y las pensionessuperiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales. Se exceptúan de este congelamiento el sistemageneral de participaciones de los departamentos, distritos y municipios, los gastos destinados a laexpansión de la seguridad democrática, diferentes de los correspondientes a salarios; el pago de nuevaspensiones y las nuevas cotizaciones a la seguridad social.A través de esta reforma se busca modificar uno de los pilares del Estado social de derecho, según elcual los Estados deben diseñar políticas destinadas a dar prelación a la satisfacción de los derechos y elrespeto del principio de dignidad humana. La aprobación de la reforma tendría varias consecuenciasque limitarían considerablemente la vigencia del Estado social de derecho. En primer lugar, le reduciríala financiación a las universidades públicas que, en la actualidad, se encuentran al borde de labancarrota35 . En segundo lugar, la congelación de salarios de las funcionarias y funcionarios estatales(en donde se incluyen las maestras y maestros) produciría un empobrecimiento general y conllevaría aun deterioro de la calidad y eficiencia de la administración pública. En tercer lugar, se vulneraría elejercicio de la libertad sindical y se violaría uno de los principios fundamentales del derecho a lanegociación colectiva al impedir que las trabajadoras y trabajadores del Estado puedan pactar con laadministración sus condiciones de trabajo.De otro lado, co n el referendo se pretendió confundir a la población estipulando que el ahorro obtenidoa través de esta reforma sería destinado a la educación. El ahorro se pretendía hacer a través de lasupresión de las contralorías locales que son organismos de control encargados de vigilar la gestiónfiscal y controlar los resultados de la administración. La aprobación del referendo hubiera conllevado aun aumento de los recursos en educación a través de un deterioro de la calidad de vida de gran parte dela población y un debilitamiento en la capacidad de control del Estado.Vale recordar que de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, el Estado colombiano está obligado a mejorar las condiciones de goce y ejercicio de losderechos a través de medidas que sean deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena efectividad delos derechos reconocidos. El Estado no puede adoptar políticas, medidas, o normas jurídicas quedesmejoren el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como lo pretenden laspolíticas del actual Gobierno.34 Corte Constitucional, sentencia T-002 de 1992, M.P.: Alejandro Martínez Caballero. Una excelente sistematización de la jurisprudencia constitucional enmateria de educación puede verse en: Defensoría del Pueblo, El derecho a la educación en la Constitu ción, la jurisprudencia y los instrumentosinternacionales, Bogotá, Imprenta Nacional, Programa de Seguimiento de Políticas Públicas en Derechos Humanos, Serie DESC, 2003.35 “UN votará no al punto 14 de la consulta”, diario El Tiempo, sección política, 26 de septiembre de 2003, en www.eltiempo.com 15.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 14 Capítulo 2 Obligación de asequibilidad de la educaciónLa obligación de asequibilidad se refiere a la satisfacción de la demanda educativa mediante la ofertapública y la protección de la oferta privada. La primera obligación del Estado es asegurar que existanescuelas primarias a disposición de todas las niñas y niños, lo cual requiere una inversión pública eneducación. Se requiere de un sistema educativo público que garantice la planta de docentes mínimapara atender las necesidades del servicio y las escuelas suficientes en el ámbito nacional para losniveles de enseñanza básica. La obligación del Estado de asegurar la disponibilidad de instrucciónacadémica es fundamental para garantizar el derecho individual a la educación. El hecho de que unEstado no garantice instrucción disponible constituye una manifiesta violación del derecho a laeducación36 .La asequibilidad también implica la libertad de los particulares para fundar establecimientoseducativos, la prohibición de cierre arbitrario de centros de educación por parte del Estado, lanecesidad de que las escuelas primarias estén al alcance de las comunidades rurales dispersas, laobligación de ofrecer en las escuelas primarias un número de cupos equivalente al número de niñas yniños en edad de recibir enseñanza primaria y la inversión en la infraestructura de la educación, entreotras37 . El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que el Estado debegarantizar que existan instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente para satisfacer lasnecesidades educativas. Las condiciones para que estas instituciones y programas funcionen dependende numerosos factores, entre otros, que se cuente con docentes calificados con salarios competitivos38 .En el presente capítulo se hace una presentación del grado de cumplimiento del Estado colombiano enrelación con los componentes de la obligación de asequibilidad. En primer lugar, se evalúa el gastopúblico en educación. En seguida, se hace una reseña del impacto de la ley 715 de 2001 en el cierre yfusión de instituciones educativas y los problemas de acceso a la educación que ha generado.Finalmente, se presenta un panorama general de las condiciones del personal docente, en donde seconcluye que durante los últimos años han desmejorado de forma ostensible las condiciones delejercicio docente en Colombia.I. Gasto público en educaciónEl gasto público en educación como porcentaje del PIB creció de forma constante entre 1994 y 1996:del 3,09% en 1994 alcanzó el 5,03% en 1996 39 . Entre 1996 y 1999 el porcentaje del PIB destinado asatisfacer el derecho a la educación decreció significativamente: del 5,03% en 1996 pasó al 2,74% en199940 . Según un informe del Ministerio de Educación Nacional, en 2000 41 el presupuesto eneducación se redujo en un 14,1%, como consecuencia de las políticas gubernamentales de restriccióndel gasto público. Esa reducción afectó la expansión y el mejoramiento de la educación42 .36 Comisión de Derechos Humanos, Informe preliminar de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación , Sra. Katarina Tomasevski, presentado deconformidad con la resolución 1998/33, E/CN.4/1999/49, párr. 51.37 Ibíd.38 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 13 , párr. 6 (a).39 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gasto de las administraciones públicas en educación como porcentaje delPIB nacional, en www.dnp.gov.co40 Ibíd.41 No se cuenta con información actualizada sobre el gasto público en educación como porcentaje del PIB a partir del año de 1999.42 República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Programa educación para todos: evaluación del año 2000, Bogotá, septiembre de 1999, enwww.UNESCO.org/colombia/countrireport 16.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 15En Colombia la financiación estatal de la educación básica se hace principalmente con recursosnacionales. Hasta el año 2001, la financiación de la educación se realizaba mediante el sistema del“situado fiscal” 43 y las “transferencias”. Durante el primer seme stre de 2001 el Congreso aprobó elproyecto de reforma constitucional 001 de 2001 al régimen de situado fiscal y transferencias derecursos de la nación a las entidades territoriales44 . La reforma modificó los criterios de asignación ydistribución de tales recursos y redujo los montos de los mismos. Teniendo en cuenta que los dinerosdel situado fiscal y las transferencias estaban destinados, según el mandato constitucional, a atender,entre otros los gastos de educación y salud, la reforma tiene consecuencias negativas sobre el disfrutede tales derechos45. El descenso en el gasto sin haber satisfecho ni siquiera las obligaciones deinmediato cumplimiento implica que las decisiones frente al gasto público en educación las ha tomadoel Estado sin tener en cue nta el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, ratificado por el Estado colombiano, y que lo obliga a “adoptar medidas hasta el máximo derecursos disponibles” para garantizar la plena efectividad de los derechos contenidos en dichoinstrumento, y que han sido otras las prioridades de los gobiernos nacionales 46 .Además, se evidencia una regresividad en el gasto dedicado a la educación. De acuerdo con el Centrode Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, entre 1992 y 2000 la distribución delsubsidio educativo se hizo más desigual. Mientras en 1992 el 33,9% de los subsidios los recibía elquintil más rico, en 2000 la participación ascendió a 49,3%47 . Este reparto regresivo de los subsidiosaumenta gravemente la inequidad.La disminución y falta de equidad en la asignación de recursos para la educación ha conllevado, segúncálculos de la Contraloría General de la República, a que los fondos públicos destinados para laeducación sean insuficientes. Esta entidad estima que, para garantizar el derecho a la educación de lapoblación que hoy está excluida, se requiere incrementar el gasto público actual en un punto porcentualdel producto interno bruto por año, entre las vigencias 2003 a 2010 48 .Esta fa lta de recursos públicos destinados a la educación ha obligado a que sean las familias lasencargadas de cubrir los costos educativos. El gasto privado en educación es prácticamente igual al delEstado. El 60% de este gasto está constituido por pago de oferta de educación privada, y el resto, porpagos complementarios, como son textos, uniformes, transporte y materiales 49 .En conclusión, el gasto público destinado a la educación es insuficiente y se ha reducido en los últimosaños. Con ello el Estado colombiano incumple la obligación de destinar el máximo de recursosdisponibles para garantizar de forma progresiva el derecho a la educación. Además, con esta reducciónde recursos se ha obligado a las familias a cubrir en forma desproporcionada los gastos relativos alcosto educativo, incumpliendo la obligación de gratuidad de la educación básica.43 El situado fiscal era un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, que debía ser cedido a los departamentos y que estaba destinado a financiar laeducación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud en los niveles señalados por ley, “con especial atención a los niños”.44 En el anexo 1 se hace una presentación detallada de la reforma constitucional.45 Ver Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Panorama de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia - Informe de avance sobre1999, Bogotá, CCJ, marzo de 2000, pág. 84.46 Una muestra clara de que el Estado no destina el máximo de recursos posibles es que en 2001 y 2002 se intensificó el crecimiento del gasto de defensa,orden y seguridad, mientras que durante el mismo período se disminuyó el gasto de inversión social. Universidad Nacional de Colombia, Centro deInvestigaciones para el Desarrollo (CID), “Bienestar y macroeconomía”, Coordinador académico Ricardo Bonilla González, en: Contraloría General de laRepública, Economía Colombiana, Bogotá, Edición 296, mayo/junio de 2003, pág. 12.47 Ibíd.48 Controlaría General de la Nación, Colombia entre la exclusión y el desarrollo, Propuestas para la transición al Estado social de derecho, Bogotá, LuisJorge Garay (editor), julio de 2002, pág. 114.49 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Plan Nacional de Desarrollo Cambio para construir la paz 1998-2002,Bogotá, DNP, 1999, pág. 216. 17.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 16II. La contrarreforma educativaMediante el acto legislativo 01 de 2001 se produjo una reducción de la inversión social, afectandoespecialmente la educación pública. Se impuso la política de subsidio a la demanda, pasando de lafinanciación del servicio educativo a la financiación por costo per cápita de alumnas y alumnosatendidos. Con ocasión de esta reforma se han adoptado medidas legislativas y administrativas que hantenido gran impacto en la garantía del derecho a la educación y han afectado principalmente elcumplimiento de la obligación de asequibilidad.La reforma pretende reorganizar y redistribuir las competencias y obligaciones para supuestamenteoptimizar la capacidad instalada y suplir las necesidades que se generaron tras la reducción de recursosdestinados a la educación. Las medidas adoptadas para ejecutar la reorganización han sido la fusión,integración y asociación de instituciones 50 , el traslado de las maestras y maestros a sitios en donde seliberen plazas docentes y el aumento del número de estudiantes por docente.La obligación de asequibilidad no se cumple solamente con la creación de cupos escolares. Estos debenademás ser accesibles, adecuados y de calidad. La obligación de asequibilidad tiene dos componentesdiferentes: uno que obliga al Estado a permitir el establecimiento de escuelas y universidades y otroque obliga al Estado a garantizar la educación gratuita, obligatoria y asequible para todas las niñas yniños en edad escolar. Esta última dimensión no es cumplida por el proceso de reorganización. A pesarde que la reforma busca una racionalización de los recursos destinados a la educación, su aplicación hademostrado que, sin recursos adicionales, esta “racionalización” impide el cumplimiento de laobligación estatal de asequibilidad. A través de esta reorganización, se han visto seriamente afectadaslas condiciones laborales del cuerpo docente, han sido modificadas la disponibilidad geográfica y lacalidad de los cupos y se han aumentado los gastos que las familias destinan para la educación.El Ministerio de Educación Nacional estima que en el 2001 se prestaban 52.445 jornadas en losestablecimientos oficiales, con la integración se redujeron a 31.920 en 200351 . Esta supuestaoptimización se ha hecho en contra de la calidad de la educación, hacinando niñas y niños ydesmejorando las condiciones del personal docente.El proceso de reorganización se basa en el aumento del promedio de alumnos en cada curso, lo cualconlleva a dos problemas: el hacinamiento de las niñas y niños y la despersonalización de la educación.Es así como se estima que el número de alumnas y alumnos por docente se incrementó de 23 a 26alumnos entre 1999 y 2002 52 . Para octubre de 2003, el Ministerio de Educación Nacional estimaba queen el sector oficial el número promedio de alumnas y alumnos por docente era de 29 en primaria y 2250 Uno de los mayores problemas para el diagnóstico de las implicaciones del proceso de reorganización del sector educativo es la falta de definición oficialde términos como fusión, concentración, asociación e integración de instituciones. La Secretaría de educación entiende por “fusión” de instituciones laadhesión de una institución educativa a otra, desapareciendo una de ellas. Dicha adhesión implica la unidad de todas las funciones y actividades de lasinstituciones fusionadas, lo cual incluye la integración del plan de estudios, de sus órganos de gobierno escolar, inventarios, proyecto educativoinstitucional y planta docente. Por “integración”, en cambio, se entiende el procedimiento por el cual se unen dos instituciones sin que desaparezca ningunade las dos bajo una sola administración. Por su parte, el término “asociación” se refiere a la realización de acuerdos puntuales entre dos instituciones parael cumplimiento del proyecto educativo institucional, sin integrar asuntos distintos a lo establecido por los acuerdos. Por ejemplo, dos colegios puedenpactar que las alumnas y alumnos de uno de ellos usen los laboratorios del otro, sin que esto implique la integración de la planta docente o de los órganosde gobierno escolar. Conversación telefónica, 10 de noviembre de 2003, entre la Comisión Colombiana de Juristas y John Jairo Mendieta, funcionario de laSecretaría de Educación de Bogotá.51 Ministerio de Educación, oficio MEN 2003ER9947, firmado por Daniel Rivera Bonell, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, 30 de octubre de2003.52 Alberto Yepes, “La deuda externa y el derecho a la educación en Colombia”, en: En deuda con los derechos. El impacto de la deuda externa en elcumplimiento de los derechos económicos, sociales y cultu rales, Bogotá, Asociación de Trabajo Interdisciplinario (Ati), 2003, pág. 75. 18.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 17en secundaria y media, mientras que en el privado era de 20 alumnos en primaria y 16 en secundaria ymedia 53 .Las niñas y niños del colegio María Doraliza López en Riohacha (Guajira) hasta el año 2002 asistíana clases en dos jornadas académicas. En el año 2003 la Gobernación del departamento decidió prestarel servicio educativo en una sola jornada. Esta medida duplicó el número de estudiantes atendidos almismo tiempo. Sin embargo, las autoridades educativas no proporcionaron los recursos para atenderesta demanda. Por este hecho, las niñas y niños de la escuela recibían clase en el piso. Según comentauna profesora de la institución, las maestras y maestros se veían obligados todos los días a realizardiferentes actividades para evitar el agotamiento de las niñas y niños por recibir las clases en el suelo.Así, las clases se dictaban un día en el suelo, otro día caminando en el patio del colegio, otro día en elsalón. Con esta movilidad las alumnas y alumnos perdían concentración en sus clases y las maestras ymaestros no contaban con las herramientas pedagógicas para enseñar de manera adecuada los temasde clase 54.Los cursos se integran ahora con grupos más numerosos, los cuales tienen que tomar las clases en aulasque han sido construidas para grupos más pequeños. Este hecho ocasiona el hacinamiento de las niñasy niños. Esto afecta directamente la calidad de la educación que se imparte. Además, la educación sedespersonaliza pues con grupos más grandes se dificulta la labor docente de hacer seguimiento de laasimilación de los programas impartidos a todas las niñas y niños.Con la concentración de instituciones, las fusiones de cursos y el traslado de plazas docentes que hanadelantado las administraciones territoriales se ha afectado el proceso educativo. A finales de marzo delpresente año, dos meses después de la fecha programada para el inicio del año académico, en variosdepartamentos no se iniciaron las clases por falta de docentes. En sólo el departamento del Cesar, 2.300niñas y niños no pudieron empezar a tiempo sus clases 55 . Similar situación se presentó en eldepartamento del Tolima 56 . Asimismo, para finales de febrero se estimaba que al menos 30.000estudiantes no habían podido iniciar su año escolar en el departamento de Santander57 .El proceso de reorganización de instituciones educativas ha afectado especialmente la accesibilidad enzonas rurales, pues los cupos disponibles se encuentran geográficamente muy alejados de las niñas yniños. Incluso se han presentado casos en donde se han integrado escuelas separadas por ríos o grandesdistancias impidiendo el acceso de directivas, maestras, maestros y estudiantes a las instalacioneseducativas58 .En la región del Medio San Juan, departamento del Chocó, en los asentamientos de Puerto Murillo,Santa María de la Loma y Fujiadó, a pesar de contar con un docente por corregimiento y un númeroconsiderable de niñas y niños en edad escolar, no tenían instalaciones educativas. Por esta razón, lasniñas y niños recibían clases en improvisadas construcciones sin techo y encerradas con hojas depalma. El departamento decidió trasladar estas plazas docentes a la cabecera municipal de Noanamá al53 Conversación telefónica, 10 de noviembre de 2003, entre la Comisión Colombiana de Juristas y John Jairo Mendieta, funcionario de la Secretaría deEducación de Bogotá.54 “Colegio María Doraliza López de Riohacha tiene a 800 niños recibiendo clases en el piso”, diario El Tiempo, sección Educación, 27 de febrero de 2003,en www.eltiempo.com55 “Por falta de maestros hay 2.300 niños sin educación en zona rural de Valledupar”, diario El Tiempo, sección Educación, 26 de marzo de 2003, enwww.eltiempo.com56 “Ley 715 ocasiona caos educativo en el Tolima, pues se prefiere la cantidad y no la calidad”, diario El Tiempo, sección Educación, 5 de mayo de 2003,en www.eltiempo.com57 “Por lo menos 30.000 estudiantes no han comenzado el año escolar en Santander”, diario El Tiempo, sección Educación, 26 de febrero de 2003, enwww.eltiempo.com58 “Colegios, juntos y revueltos”, diario El Tiempo, sección Educación, 29 de agosto de 2003, en www.eltiempo.com 19.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 18centro educativo Cacique. Las distancias que las niñas y niños deben recorrer para llegar a la escuela seaumentaron considerablemente. Las niñas y niños del Puerto Murillo deben viajar 20 minutos en canoade ida y 20 de vuelta (40 minutos); las niñas y niños de Santa María de la Loma deben viajar dos horasde ida y dos de vuelta (4 horas) y las niñas y niños de Fujiadó deben navegar durante tres horas de ida ytres de vuelta (6 horas).El caso más dramático es el de las niñas y niños del resguardo indígena ubicado en Unión. Porinexistencia de instalaciones escolares tienen que tomar sus clases en el centro educativo Cacique.Estas niñas y niños deben navegar en canoas durante cinco horas para llegar a la escuela y cinco devuelta (10 horas) para regresar a sus hogares. Por esta razón, las niñas y niños prefieren salir el lunes desu resguardo y regresar a sus casas el viernes en la noche, viéndose obligados a vivir lejos de susfamilias y de su comunidad 59 .Las condiciones de navegación ponen en alto riesgo a las niñas y niños, especialmente a los máspequeños. Las canoas en las que se transportan no tienen las condiciones de seguridad adecuadas y sonlos niños más grandes quienes se encargan de guiarlas a través del río San Juan, en la mayoría de loscasos, sin supervisión de personas adultas y sin ninguna norma de seguridad. En días de lluvia, que sonmuy frecuentes, el río crece haciendo más peligroso el viaje, lo que hace que las niñas y niños no seatrevan a ir a la escuela. Además, la rivera del río San Juan es patrullada constantemente por miembrosde la guerrilla de las Farc y por miembros de las Auc. Muchas madres y padres de familia no cumplensu obligación de enviar a sus hijas e hijos a la escuela por temor a que sean reclutados forzadamente o aque sean víctimas de sus enfrentamientos.Además de estos graves problemas, el proceso de reorganización ha encarecido los costos de la canastabásica educativa. Los cupos disponibles en lugar de propender por la gratuidad de la educación obligana las madres y padres de familia a asumir mayores costos por la educación de sus hijas y sus hijos.Una niña de 6 años de la ciudad de Cartagena (Bolívar) estudiaba en el colegio Gabriel GarcíaMárquez, ubicado en un barrio habitado en su mayoría por personas desplazadas. Su colegio fuefusionado con las instituciones Magdalena, Fredonia y Fe y Alegría. El nuevo plantel se llamaInstituto Fe y Alegría Las Américas. Ante esta situación su mamá, una empleada doméstica, no tuvoeste año con qué pagar el uniforme, las fotos, el certificado médico y la matrícula que le pedían en lanueva institución.La niña dejó su colegio y se pasó a la escuela comunitaria San José de los Campanos. En el nuevocolegio no paga nada, la dejan ir con el uniforme que pueda y no le piden ningún tipo de papel, porquees una escuela creada por gente del barrio que trabaja de manera voluntaria 60 .A pesar de que la niña no interrumpió en ese momento su educación, su posibilidad de permanecer enel sistema educativo es ínfima, pues depende de la capacidad de una comunidad en condicionesespeciales de vulnerabilidad, de proporcionarle educación de calidad en la medida en que avance enla obtención de logros educativos. El Estado en este caso trasladó a la comunidad su obligación degarantizar una educación accesible y permanente.Al mismo tiempo, el proceso de reorganización ha reducido la participación de los diferentesestamentos que conforman el proceso educativo. Además, ha provocado un retroceso en los procesosde autonomía y pertinencia escolares.59 Testimonio de la comunidad chocoana participante del taller regional sobre el derecho a la educación, realizado por la Plataforma Colombiana deDerechos Humanos, Democracia y Desarrollo en la ciudad de Quibdo, el 13 de septiembre de 2003.60 “Colegios, juntos y revueltos”, diario El Tiempo, sección Educación, 29 de agosto de 2003. 20.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 19La comunidad educativa de la escuela primaria Las Rositas, ubicada en el municipio de Girón(Santander), durante varios años se organizó y construyó colectivamente un proyecto escolar. Diseñóun proyecto educativo institucional, una bandera distintiva, un uniforme y conformó un gobiernoescolar con representantes de estudiantes, padres de familia, docentes y directivas.En el año 2002 el gobierno departamental61 decidió fusionar las Escuelas Las Rositas y El Poblado,para su concentración en el colegio ambiental El Poblado, hoy llamado colegio Nieves Cortés Picón.Este colegio funciona en la sede de un colegio privado que arrendó a la administración susinstalaciones para que, en la jornada de la tarde, funcione una jornada del colegio público. Lasinstalaciones de la escuela Las Rositas y el Poblado son ahora sedes anexas al colegio principal.Las niñas, niños, padres y madres de familia, docentes y directivas de la escuela Las Rositas sientenque les fue arrebatada su escuela y que se les impuso otra: una institución en la que no participan y nosienten suya. En las instancias de participación del gobierno escolar perdieron su representatividad.La niña de quinto grado que representaba a los estudiantes ante el consejo directivo de la escuela, yano participa del gobierno estudiantil. Igual representatividad perdieron los padres de familia y losdocentes. El proyecto educativo que diseñaron ya no se ejecuta, pues ahora siguen el que diseñó elcolegio al que pertenecen. El cambio de institución les significó, además, un cambio de uniforme y delos elementos que generaban sentimientos de pertinencia a la comunidad escolar: “Hasta perdimosnuestra bandera. Mucha gente cree que una bandera no significa nada, pero nos quitaron la banderaque hicimos y que nos identificaba como escuela”.Las madres y padres de familia, las maestras y maestros, en apoyo de la junta de acción comunal, sedeclararon en desobediencia civil e interpusieron una acción popular ante el Tribunal Administrativode Santander. Hasta octubre de 2003 esperaban un fallo judicial62 .El proceso de reorganización demuestra ser, además, discriminatorio. La ley establece que las fusioneso asociaciones de instituciones educativas deben estar orientadas como mínimo a ofrecer educaciónentre grado cero y noveno (educación básica). Sin embargo, en el caso de comunidades indígenas elMinisterio de Educación Nacional, a través de una directiva ministerial, ha reducido ese estándarconvirtiéndose en un acto discriminatorio que afecta a las comunidades indígenas. Según la directivaministerial, “cuando no sea posible garantizar la prestación del servicio educativo para la totalidad dedichos grados, se permitirá proceder a la fusión, siempre y cuando la institución fusionada elabore uncronograma de trabajo que en el medio plazo permita el cumplimiento del ciclo completo” 63. Elproceso de reorganización no garantiza, entonces, a las comunidades indígenas que el Estado dispondráde manera efectiva los cupos necesarios para adelantar el ciclo obligatorio de educación.Es así como a partir de la disminución del gasto público en educación se inició un proceso dereorganización del sector educativo, en donde se da prioridad al ahorro en costos económicos, pero conun alto costo para el disfrute del derecho a la educación y, por consiguiente, al nivel educativo de lapoblación colombiana. La creación de nuevos cupos sin una asignación adicional de recursos producesupuestos avances en el cumplimiento de la obligación de asequibilidad. Sin embargo, esos avances soninanes si se tiene en cuenta que los cupos creados no garantizan el derecho a la educación de las niñas yniños. Al respecto, la Relatora Especial para el derecho a la educación, refiriéndose al caso inglés,anotó que “si bien en Inglaterra se dispone –hablando en términos estadísticos – de escuelas, esto no61 Resolución 9926 de 2002.62 Testimonio de un maestro de la escuela Las Rositas en el taller regional sobre el derecho a la educación en el departamento de Santander, rea lizado por laPlataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en la ciudad de Bucaramanga el 25 de septiembre de 2003.63 Ministerio de Educación Nacional, Directiva ministerial n.o 08, Asunto: proceso de reorganización de entidades territoriales que atienden poblaciónindígena, suscrita por Cecilia María Vélez, ministra de Educación Nacional, 25 de abril de 2003. 21.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 20basta para no ser necesario estudiar las dimensiones de derechos humanos de la disponibilidad. Existengrandes diferencias entre las instituc iones comprendidas con el nombre ‘escuela’, que se expresa en lasreferencias populares a escuelas ‘buenas’ y ‘malas’, que ofrecen una enseñanza de calidad muy elevadao bien inaceptablemente baja”64 .La creación de cupos escolares debe hacerse buscando el cumplimiento de las obligaciones estatalesfrente al derecho a la educación de la población. Estas obligaciones no han sido perseguidas en laaplicación de la ley 715 de 2001. La concentración de instituciones y la liberación de plazas docentesse han realizado en detrimento directo de la calidad de la educación que se imparte y ha perturbado laprestación del servicio educativo. Al respecto el Estado colombiano no sólo incumple el artículo 13 delPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que además no atiende laobservación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: la obligación delEstado de ofrecer instituciones de enseñanza adecuados y en cantidad suficiente 65 . Sin contar con quelas acciones desarrolladas por el Estado han sido insuficientes para garantizar la universalidad de laeducación obligatoria.III. Cuerpo docenteLas maestras y maestros son agentes fundamentales en el desarrollo del proceso educativo. Según laRelatora de Naciones Unidas para el derecho a la educación, la instrucción puede llevarse a cabo sinescuela, sin agua, sin pupitres, sin libros, sin pizarras, sin papel y sin lápices, pero la maestra o elmaestro son absolutamente indispensables: “si no hay profesor no hay instrucción”66. A pesar del papelfundamental que las maestras y maestros juegan en el mejoramiento de la calidad de la educación, enmuchos países las personas dedicadas a la enseñanza no son vistas como agentes indispensables para lainstrucción, sino que se percibe n como enemigos de su propia profesión.La situación de irrespeto por los derechos de las maestras y maestros ha sido una constante enColombia. Ejemplo de ello son los habituales retrasos en el pago de sus salarios y prestaciones sociales.En muchas zonas del país, las comunidades se han acostumbrado a que los años escolares se inicienmeses después del calendario escolar por la negativa de los docentes a dictar las clases hasta recibirparte de sus salarios atrasados 67 . Este y otros atropellos contra los derechos del cuerpo docente haceque la profesión sea poco atractiva y respectada.En Colombia la labor docente no ha resultado enaltecida, no se le ha dado la importancia que semerece, ni ha sido reconocida su inmensa importancia. Así, resulta habitua l que quienes formulan laspolíticas públicas no tengan en cuenta lo crucial de la labor docente para avanzar en la calidad de laeducación que se imparte en todos los rincones de nuestro país. Por esta razón, el desmejoramiento delas condiciones laborales de los docentes ha sido uno de los puntos neurálgicos del paquete de reformasaplicadas en la educación. Los docentes no son considerados como actores fundamentales del procesoeducativo, sino como una carga presupuestal para los proyectos de ajuste del Estado.Especialmente en los últimos años las condiciones laborales y la calidad de vida del cuerpo docente enColombia han sufrido un franco deterioro en virtud de las regulaciones de sus condiciones de trabajo y64 Comisión de Derechos Humanos, Informe presentado por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, Adición,Misión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Inglaterra), 18 a 22 de octubre de 1999, doc. E/CN.4/2000/6/Add.2, párr. 40.65 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 13 , párr. (a).66 Comisión de Derechos Humanos, Informe preliminar presentado por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski,E/CN.4/2000/6, párr. 42.67 Véase Comisión Colombiana de juristas (CCJ), Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia, Informe de avance: abril aseptiembre de 2000, Bogotá, CCJ, 2001, pág. 66 a 68. 22.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 21las recientes transformaciones de las co ndiciones de la enseñanza. Estas transformaciones han sidointroducidas en el marco de las modificaciones realizadas por el ya citado acto legislativo 01 de 2001 yla ley 715 que lo reglamentó 68 . En desarrollo de esta normatividad se han expedido una serie dedecretos reglamentarios que han tenido como efecto el desmejoramiento de las condiciones de trabajode las maestras y maestros así como algunas disposiciones que han vulnerado la autonomía curricular.A. Criterios para su incorporaciónLa profesión docente en Colombia fue regulada a partir de 1979 con la expedición del estatutodocente 69. Con este estatuto se reconoció la profesión docente y se estableció un sistema denombramiento de maestras y maestros por concursos públicos de méritos, y una carrera de ascensos através de un sistema de escalafones basado en los años de servicio, experiencias y producción literaria.Gracias al cual las maestras y maestros ascendían a través de estudios, experiencia o produccióndocente. Uno de los principales objetivo s del estatuto docente fue impedir que personas sin adecuadaformación fueran docentes, creando condiciones de incorporación y ascensos por méritos pedagógicos.El estatuto docente de 1979 fue sustancialmente modificado por el estatuto de profesionalizacióndocente expedido en el año 200270 . Esta norma establece que, para ingresar al servicio educativoestatal, se requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por una institución de educaciónsuperior debidamente reconocida por el Estado o título de normalista superior y, en ambos casos,superar el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la docencia en el niveleducativo y en el área de conocimiento de su formación. Quienes posean título de normalista superiorexpedido por una escuela normal superior reestructurada, expresamente autorizada por el Ministerio deEducación Nacional, podrán ejercer la docencia en educación primaria o en educación preescolar71. Noobstante los anteriores requisitos, el Gobierno Nacional tiene la facultad de determinar los casos enque, “por tratarse de zonas de difícil acceso, poblaciones especiales o áreas de formación técnicas odeficitarias”, se podrá vincular de manera provisional al servicio educativo personas sin los títulosacadémicos mínimos señalados en el decreto, pero que no tendrán el derecho a inscribirse en elescalafón docente.Este decreto es regresivo, pues permite la incorporación al cuerpo docente de personas que tengancualquier título universitario y un simple “programa de pedagogía”. Esta medida afecta la calidad de laeducación: la formación pedagógica a través de diplomados o cursos de especialización reemplaza laformación específica que se recibe en los centros y programas universitarios de formación dedocentes 72 .Otro grave problema generado por el estatuto de profesionalización docente que afecta la calidad de laeducación es la contratación provisional de maestras y maestros a través de órdenes de prestación deservicios. Esta medida es parte de una política general de deslaboralización de la función públicaconsistente en celebrar contratos administrativos de prestación de servicios, en los cuales se desconoceel vínculo laboral a quienes desarrollan actividades propias de la administración pública. Estamodalidad se ha generalizado en el caso de maestras y maestros, a pesar de estar expresamente68 Ceid-Fecode, Algunas consideraciones sobre el acto legislativo 01 y la ley 715, en www.fecode.edu.co/ceid/documentos /Consecuencias_715.htm69 El Estatuto docente fue expedido en virtud del decreto ley 2277 de 1979.70 Estatuto de profesionalización docente o decreto 1278 de 2002.71 Artículo 7 del decreto 1278 de 2002.72 La duración promedio de un diplomado en pedagogía oscila entre 120 y 135 horas. Algunos de los cursos que se ofrecen actualmente son: LaUniversidad Antonio Nariño ofrece dentro de sus programas un “Diplomado en Pedagogía para el desarrollo de la Creatividad”, el cual tiene una duraciónde 130 horas. El “Centro de Educación Permanente” ofrece un “Diplomado en Docencia Universitaria” con una duración de 120 horas. Por su parte laUniversidad Libre ofrece un programa de “Diplomado en Investigación en Docencia y Pedagogía” el cual tiene una duración de 135 horas. 23.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 22prohibido por el código sustantivo del trabajo la celebración de este tipo de contratos cuando se trate deatender servicios que correspondan a actividades permanentes de la administración.A través de órdenes de prestación de servicios son usualmente contratados, para zonas rurales, personasque no tienen la suficiente idoneidad para ejercer la profesión docente. Este hecho afecta la calidad dela educación de las niñas y niños más pobres, profundizando la discriminación entre las personas quehabitan en zonas rurales respecto de las que habitan en las zonas urbanas.B. Derechos laboralesLas normas que reglamentan la ley 715 también desmejoran la situación de los derechos laborales delos docentes 73. En especial, los docentes se ven afectados en cuestiones como la jornada laboral,estabilidad en el empleo y condiciones salariales, lo que hace que la profesión docente sea pocoatractiva, inestable y mal remunerada. Esta normatividad no tiene en cuenta que las condicioneslaborales de los docentes tienen consecuencias directas sobre la calidad de la educaciónAsí, se han efectuado modificaciones regresivas en la duración de la jornada de trabajo, la flexibilidadde la jornada y en el período de vacaciones74. En cuanto a las vacaciones, el decreto recorta su duraciónen tres semanas. En segundo lugar, establece un régimen laboral que pasa de cinco a ocho horas diarias.Esta medida incrementa el trabajo en 600 horas anuales: las horas cátedra pasan de 45 a 60 minutos. Entercer término, el decreto elimina la flexibilidad del calendario y de la jornada escolar. Esta flexibilidadhabía sido establecida por la ley general de educación para garantizar la inclusión de elementos deinterés pedagógico y social en la educación75.Como consecuencia de estas modificaciones, se incrementó la carga de trabajo docente de preescolar yprimaria en aproximadamente 33,3%, y en secundaría se aumentó en un 46,6%76 . A esta sobrecarga sesuma el incremento de estudiantes por docente. Estas dos medidas afectan la calidad de la educaciónporque los docentes ya no tienen tiempo para atender a cada estudiante, preparar clases y atender a lasmadres y padres de familia.A su vez, el decreto 3020 de 2002, mediante el cual se establecen los criterios y procedimientos paraorganizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal, contienedisposiciones lesivas para las condiciones de trabajo de las maestras y maestros. En primer lugar, hagenerado una serie de traslados de personal docente y administrativo que ha producido un drásticoaumento en la movilidad laboral77. En segundo lugar, se establece la política de conversión de cargosmediante la cual se puede cambiar un cargo por otro o unir dos o más cargos vacantes para dar origen auno nuevo de igual, menor o superior categoría, supeditado a la disponibilidad presupuestal.73 A través de un conjunto de decretos reglamentarios se ha regulado la ley 715. Entre estos decretos se cuentan el decreto 1850 de 2002, por el cual sereglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales deeducación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones; decreto 3020 de 2002, por elcual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestanlas entidades territoriales y se dictan otras disposiciones; y el decreto 2582 de 2003, por el cual se establecen reglas y mecanismos generales para laevaluación del desempeño de los docentes y directivos docentes que laboran en los establecimientos educativos estatales.74 Decreto 1850 de 2002, por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de losestablecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otrasdisposiciones.75 Ceid-Fecode, Elementos de análisis sobre la jornada académica y laboral, a propósito de los decretos 1850 y 3020, Bogotá, mimeo, enwww.fecode.edu.co.76 Cálculos realizados por el Centro de Investigaciones Docentes de Fecode. Ibídem.77 A través de este programa el Ministerio de Educación Nacional a finales de 2001 había realizado más de 26.000 traslados de docentes y plazas docentes.En el 2000, según cifras del Dane, había 292.000 maestras y maestros oficiales. Esto quiere decir que el 9% del personal docente fue reubicado.Controlaría General de la Nación, Op. cit., nota 8, pág. 75. 24.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 23Como consecuencia de la aplicación de esta normatividad, las maestras y maestros se cuentan comoparte de la “infraestructura educativa” deshumanizando la profesión docente. Antes de ser vistos comopersonas y como agentes fundamentales en el proceso educativo, son vistos como simples plazasdocentes. Pese a que el proceso de reestructuración persigue una racio nalización de la prestación delservicio educativo, el Ministerio de Educación Nacional no realiza ningún tipo de seguimiento oevaluación de estos traslados. Según el propio Ministerio, pese al elevado número de traslados “elMinisterio de Educación no cuenta con la información del número de maestros que han sidotrasladados como resultado de la aplicación de dicha Ley y no se tienen un instrumento para hacerleseguimiento a la rotación de docentes”78 .De otro lado, a partir de la expedición de la ley 715 de 2001 el Ministerio de Educación Nacional haadoptado medidas para avanzar en la implantación de un sistema de evaluación de los resultados delproceso educativo 79. Sin embargo, esta evaluación pareciera estar diseñada para sancionar al personaldocente, en lugar de estar prevista como una herramienta para mejorar la calidad de la educación.La aplicación del actual sistema de evaluación de resultados y no de competencias limita la estabilidadde las maestras y maestros. El sistema de evaluación contemp lado en el nuevo estatuto desestabiliza laprofesión docente, mediante controles que alteran el ambiente escolar, la función social de lasinstituciones y el sentido de la práctica pedagógica. Se corre el riesgo de hacer girar la docencia entorno a la evaluación como medición de resultados, sin atención de los procesos educativos, laplaneación estratégica, la práctica pedagógica, el alcance de los proyectos pedagógicos y la integralidadde los procesos institucionales.La evaluación de desempeño contemplada responsabiliza exclusivamente a los docentes y directivosdocentes de la calidad de la educación, desconociendo las condiciones socioeconómicas de losestudiantes, de la institución y del entorno, haciendo caso omiso de las diferencias regionales,personales y las condiciones reales en las cuales se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Laevaluación del logro educativo alcanzado de por los estudiantes no es responsabilidad exclusiva de lasmaestras y maestros. También influye el contexto de carencias en elementos pedagógicos ocasionadopor varios factores, incluso la negligencia del Estado. El magisterio no puede asumir de formaexclusiva esta responsabilidad.Según Fecode, aunque este decreto no incluye expresamente la destitución de maestras y maestros, esclaramente sancionatorio, pues establece que la pérdida de la evaluación de desempeño ocasiona eltraslado del caso a la oficina de control interno disciplinario en la entidad territorial en donde se efectuóla evaluación, para determinar la falta y la sanción80 . Si el docente pierde la prueba durante dos añosseguidos, se le inicia un proceso para determinar la existencia de una falta disciplinaria, por elincumplimiento de sus deberes como educador. En cuanto a los rectores y directores, en los años en loscuales se realicen pruebas de competencias básicas, los puntajes obtenidos por la instituciónconstituirán el 50 por ciento de su evaluación final de desempeño.Además, el actual sistema de evaluación limita la autonomía escolar, la libertad de cátedra y elgobierno escolar. Ante la amenaza de sanción, las directivas y docentes se ven compelidos a abandonarlos proyectos educativos institucionales para dedicar todo el tiempo de enseñanza a las competencias y78 Conversación telefónica, 10 de noviembre de 2003, entre la Comisión Colombiana de Juristas y John Jairo Mendieta, funcionario de la Secretaría deEducación de Bogotá.79 Decreto 2582 de 2003, por el cual se establecen reglas y mecanismos generales para la evaluación del desempeño de los docentes y directivos docentesque laboran en los establecimientos educativos estatales.80 Fecode, Rechazo al decreto de evaluación, comunicado de prensa, disponible en www.fecode.edu.co 25.
Comisión Colombiana de Juristas, El disfrute del derecho a la educación en Colombia 24estándares que son objeto de evaluación. Así mismo, el decreto 2582 obliga a las rectoras y rectores adarle mayor relevancia a sus labores de administración de las instituciones, abandonando su labor deorientación pedagógica y educativa.Como se señaló anteriormente, además de estás vulneraciones, las maestras y maestros oficiales hanpadecido históricamente de reiterados atrasos en el pago de sus salarios y prestaciones sociales. En elaño 2003, en el departamento de Cundinamarca, aproximadamente 600 educadoras y educadorescontratados por la Secretaría de Educación departamental, a través de órdenes de prestación deservicios, no recibieron salario entre febrero y septiembre de 2003. Es decir que, no recibieron ningunaretribución por su trabajo durante ocho meses. Además, la Secre taría de Educación de Cundinamarcatiene deudas con 2.915 profesores por trabajo del segundo semestre de 2003 81 .En la región del Medio Baudó (Chocó) las maestras y maestros han padecido históricamente el retrasoen el pago de sus salarios. En 2003 los docentes permanecieron durante cinco meses sin recibir susalario. Esto los obligó a buscar otros medios de subsistencia mientras recibían su pago. Muchos deellos se vieron obligados a salir del pueblo por días o incluso semanas a las zonas mineras deproducción aurífera, otros prefirieron desplazarse a zonas de producción maderera. Durante suausencia, las niñas y niños no recibieron clases y tuvieron que salir todos los días a la orilla del río aver pasar las canoas esperando a que su docente volviera en una de ellas y poder así, retornar a lasclases al día siguiente. El incumplimiento en el pago de los salarios de las maestras y maestros impidióla prestación permanente de la instrucción escolar. Las horas de clase y lecciones perdidas no fueronrecuperadas 82 .Las maestras y maestros contratados por órdenes de prestación de servicios son víctimas de lavulneración no sólo de este, sino de todos sus derechos laborales. En primer lugar, dado el tipo devinculación que tienen, pierden la estabilidad laboral y se ven sujetos, en muchas ocasiones adecisiones fundadas en intereses económicos, políticos y partidistas 83 . En segundo lugar, no tienenreconocimiento de asistencia social en salud, pensiones, riesgos profesionales, vacaciones o recreación.En tercer lugar, no gozan de los derechos propios de la libertad sindical: no pueden asociarse, contratarcolectivamente ni acudir a la huelga en busca de mejores condiciones laborales. En cuarto lugar, sonvíctimas de una precarización salarial, pues sólo les son pagados diez meses anuales de salarios y notienen derecho a recibir las primas que la legislación laboral reconoce como obligatorias para quienestengan un contrato laboral.C. Libertad sindicalEn materia de libertad sindical la situación colombiana es ala rmante. No sólo subsisten muchosobstáculos legales para su disfrute efectivo, sino que de hecho existen prácticas que lo hacen nugatorioy que no son remediadas por los respectivos órganos estatales. El Estado colombiano ha sido incapazde proteger de manera efectiva a las personas afiliadas a las organizaciones sindicales de atentadoscontra su vida y su integridad personal y, en algunos casos, miembros de la Fuerza Pública hancometido actos de violencia contra ellas84 . La situación de las maestras y maestros sindicados es crítica81 “A casi tres mil profesores de Cundinamarca se les adeudan entre uno y cuatro meses de salarios”, diario El Tiempo, sección Educación, 1 de septiembrede 2003, en www.eltiempo.com82 Testimonio de la comunidad chocoana participante del taller regional sobre el derecho a la educación, realizado por la Plataforma Colombiana deDerechos Humanos, Democracia y Desarrollo en la ciudad de Quibdo, el 13 de septiembre de 2003.83 En el departamento del Chocó, por ejemplo, en algunos casos las personas que quieren acceder a un empleo docente a través de una orden de prestaciónde servicios tienen que pagar entre uno y tres millones de pesos. Testimonio de la comunidad chocoana participante del taller regional sobre el derecho a laeducación, realizado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en la ciudad de Quibdo, el 13 de septiembre de 2003.84 Ver infra acápite sobre impacto de la violencia sociopolítica en la educación. Recommended
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References: resolución 
 artículo 339
 artículo 2
 artículo 86
 Artículo 241
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 13
 Artículo 7