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Timestamp: 2019-11-17 23:46:01+00:00

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﻿ Sentencia 2001-00341 de noviembre 18 de 2010
SENTENCIA 2001-00341 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS Y EJECUTADOS SIN HABERSE PUBLICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO EXISTE, ES VÁLIDO, GOZA DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN DESDE CUANDO SE SUSCRIBE, AÚN SI NO SE PUBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL, PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL, ÓRGANO DE CONTROL FISCAL, CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR, ORDENANZA, FACULTADES DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Sentencia 2001-00341 de noviembre 18 de 2010
Ref.: Expediente 2001-00341-Q1
Actor: Juan Carlos Ballesteros Márquez
Se decide el recurso de apelación interpuesto por el coadyuvante de las pretensiones de la demanda contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2005 por el Tribunal Administrativo de la Guajira que denegó la solicitud de nulidad de los siguientes decretos, proferidos por el Gobernador del departamento de la Guajira: a) Decreto 333 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se modifica el presupuesto de gastos del departamento de la Guajira vigencia 1999”; b) Decreto 334 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la estructura de la administración central del Departamento de la Guajira, las funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones”; c) Decreto 338 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la estructura de la Contraloría General del departamento de la Guajira, las funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones”; d) Decreto 339 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la planta global de cargos de la Contraloría General del departamento de la Guajira“; e) Decreto 340 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se adopta el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos y se fijan las escalas de remuneración de la administración central y descentralizada del Departamento, la Contraloría y la asamblea departamental”; y, f) Decreto 347 de 4 de noviembre de 1999, por el cual se decretó: “... Adoptar el manual específico de funciones y requisitos de los cargos de la Contraloría General del departamento creados por el Decreto 339 de 1999”.
6.1. Las normas acusadas.
El demandante pretende la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por el gobernador del departamento de la Guajira:
1) Decreto 333 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se modifica el presupuesto de gastos del Departamento de la Guajira vigencia 1999”. 2) Decreto 334 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la estructura de la administración central del departamento de la Guajira, las funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones”. 3) Decreto 338 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la estructura de la Contraloría General del Departamento de la Guajira, las funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones”. 4) Decreto 339 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la planta global de cargos de la Contraloría General del departamento de la Guajira”. 5) Decreto 340 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se adopta el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos y se fijan las escalas de remuneración de la administración central y descentralizada del departamento, la Contraloría y la asamblea departamental”. 6) Decreto 347 de 4 de noviembre de 1999, por el cual se decidió “... Adoptar el manual específico de funciones y requisitos de los cargos de la Contraloría General del departamento creados por el Decreto 339 de 1999”.
La gobernación del departamento de la Guajira, a solicitud del tribunal, remitió al proceso la Gaceta de la Guajira, año 13, número 20, fechada el 4 de noviembre de 1999, constante de 256 páginas, donde figuran publicados los decretos demandados.
6.2.1. El apelante sostiene que el a quo sólo estudió —y decidió con argumentos precarios— uno de los cargos formulados en la demanda, de acuerdo con el cual los decretos demandados estaban viciados de nulidad porque se dictaron al amparo de las facultades conferidas al gobernador del departamento de la Guajira mediante Ordenanza 24 de 1999 de la asamblea departamental, que no podía aplicarse porque no fue publicada.
Copia auténtica de la ordenanza mencionada fue aportada con la contestación de la demanda y su texto es el siguiente:
“Asamblea departamental
Ordenanza 24 de 1999
Por medio de la cual se otorgan unas autorizaciones y unas facultades extraordinarias al gobernador del departamento.
La honorable asamblea departamental de La Guajira, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 300, numerales 7º y 9º de la Constitución Nacional y 231 del Decreto-Ley 1222 de 1986,
Artículo primero. De conformidad con la Ley 358 de 1997 y con el objeto de que el Departamento ingrese en el programa de apoyo al saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgar autorizaciones al señor gobernador del departamento para:
a. Iniciar gestiones, previas las autorizaciones que correspondan a los organismos nacionales, para la obtención de créditos para el departamento, entendiendo por tal la administración central y descentralizada, su organismo de control y la corporación administrativa.
b. Renegociar el servicio de la deuda departamental con el fin de obtener condiciones más ventajosas.
Si los créditos fueren externos, igualmente el señor gobernador está facultado para obtener las previas autorizaciones de las instancias nacionales competentes.
c. Negociar con los intermediarios financieros intervinientes el crédito externo o interno.
d. Celebrar contratos de empréstito en moneda nacional o extranjera, otorgar garantías y suscribir convenios de desempeño.
e. Celebrar los contratos que sean necesarios para la ejecución del PRET en cuando hayan sido validados y aprobados por el PASFFIET.
f. Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las autorizaciones de endeudamiento que se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.
Artículo segundo. Con el mismo objeto señalado en el artículo precedente, otorgar facultades al señor gobernador para:
a) Modificar el presupuesto. El término para el ejercicio de esta facultad será de 90 días contados a partir de la aprobación de los créditos del programa de que trata la ordenanza.
b) Conforme al artículo 231 del Decreto-Ley 1222 de 1986 y el artículo 300 numeral 7º de la Constitución Política, expedir decretos con fuerza de ordenanza para modificar o adoptar niveles, nomenclatura, clasificación y escalas de renumeración de las distintas categorías de empleo del departamento.
c) Modificar, suprimir, o fusionar la estructura de la administración central departamental a fin de armonizarla con sus competencias constitucionales y legales.
d) Determinar la estructura de la asamblea departamental y las funciones por dependencia.
e) Determinar la estructura de la contraloría departamental y las funciones por dependencia.
f) Crear, fusionar, modificar o suprimir entidades descentralizadas departamentales.
g) Expedir las plantas de personal de la asamblea y la contraloría departamental.
h) Expedir manuales específicos de funciones y requisitos dé la asamblea y la contraloría departamental.
Parágrafo primero. Las facultades extraordinarias a que se refieren los literales b), c), d) y e) deberán ejercerse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la presente ordenanza.
Parágrafo segundo. Las facultades extraordinarias a que se refieren los literales t), g) y h) deberán ejercerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la unidad técnica central del programa valide los informes finales por parte de quienes adelanten los estudios y diagnósticos, en cuanto fueren acogidos por la gobernación y que tales facultades se ejerzan conforme a dicha validación.
Parágrafo tercero. La determinación de la estructura, planta de personal y manual de funciones de la asamblea departamental y la Contraloría General del departamento tendrá la aceptación previa e iniciativa de los representantes legales de cada entidad.
Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las que le sean contrarias.
Dada en Riohacha... a los diez (10) días del mes de agosto de 1999.
Secretario general”.
En el texto de la ordenanza comentada el secretario general de la asamblea hace constar que se aprobó en tres debates —los días 3, 9 y 10 de agosto de 1999—, y figura la firma del gobernador sancionándolo el 13 de agosto de 1999, así como de la secretaria general del departamento.
Conviene precisar, que los decretos demandados, tal como afirmó el actor, invocan como fundamento la ordenanza transcrita y no hay duda de que la misma debió ser publicada por mandato de los 43 del Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones invocadas en la demanda.
No obstante, como señaló el a quo, aún en el caso de que esa ordenanza no hubiera publicada, el gobernador del departamento podía ejercer las facultades que ella confería para dictar los decretos demandados.
La publicación de los actos administrativos, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional, es presupuesto para la eficacia del acto y no presupuesto de su existencia o validez; la falta de publicación impide su oponibilidad frente a los administrados.
El acto administrativo existe, es válido, goza de presunción de legalidad y obliga a la administración desde cuando se suscribe(1), aun si no se publica.
De acuerdo con el Decreto 1222 de 1986 - Código de Régimen Departamental “para que un proyecto sea ordenanza debe aprobarse en tres (3) celebrados en tres (3) días distintos (art. 75) y “pasará al gobernador para su sanción” (art. 77).
La ordenanza examinada fue aprobada en tres debates por la asamblea y sancionada por el gobernador del departamento el 10 de agosto de 1999, y a partir de ese momento debe considerarse un acto administrativo existente, válido y vinculante para la administración departamental que lo profirió.
Carece de toda sindéresis sostener la tesis según la cual el gobernador del departamento de la Guajira no podía aplicar la ordenanza que sancionóporque no la conocía en virtud de su falta de publicación.
En aplicación de los criterios jurisprudenciales expuestos previamente procede declarar que el gobernador del departamento sí podía aplicar válidamente la ordenanza comentada y expedir los actos para los cuales lo facultaba.
6.2.2. El apelante insistió en que los decretos demandados, en la medida en que se profirieron en la misma fecha —nov. 4/99—, no podían servirse de fundamento los unos a los otros.
Es posible que efectivamente algunos de los decretos sirvan de fundamento a otros; v.gr., el que establece la estructura de la administración central y señala las funciones generales de sus dependencias puede servir de fundamento al que establecen la planta de personal; y este último servirle de fundamento al que señala las funciones y requisitos específicos de los cargos.
Sin embargo, constitucional, legal o reglamentariamente no está prohibida la expedición simultánea de normas que se encuentren en la relación anotada y el demandante no señaló ninguna para apoyar su acusación de ilegalidad. Esta se orientaba a demostrar que la falta de publicación de los decretos cuestionados impedía su aplicación, argumento que no es de recibo porque, como quedó anotado previamente, la administración no puede negarse a aplicar el acto administrativo que ella expidió, aduciendo su desconocimiento.
La publicación constituye una garantía a favor de los administrados, quienes, eventualmente, podrían invocar la falta de publicación, pero ese no es el caso en estudio, en el cual se analiza la aplicabilidad de unos decretos por parte del mismo gobernador del departamento que los profirió.
Se concluye pues que, independiente de que hubieran sido publicados, los decretos demandados y la ordenanza invocada por ellos como su fundamento sí eran aplicables por parte del gobernador del departamento de la Guajira desde la fecha en que este los suscribió, independiente de que hubieran sido publicados o no.
La publicación de los decretos demandados y de la ordenanza es irrelevante para efectos de establecer su legalidad. Esa es la razón, por la cual el a quo se eximió de estudiar las pruebas aportadas por la parte demandante para demostrar la publicación de dichos actos en las gacetas departamentales y de la parte demandada para demostrar que dicha publicación no se había surtido.
El juez está obligado a estudiar y decidir los extremos de la litis, de acuerdo con la naturaleza del proceso. Y en el presente caso la publicación de los actos demandados es, se insiste, un dato irrelevante para enjuiciar su legalidad, y por ello no constituye un extremo de la litis que deba estudiarse necesariamente.
Las razones anotadas permiten desestimar las acusaciones referidas a la violación de los principios de legalidad y contradicción y de violación del principio de legalidad por parte de la Ordenanza 24/99 y de los decretos demandados que el actor sustentó en su presunta falta de notificación.
6.2.3. Sentados los criterios anteriores, cabe reconocer que en verdad el tribunal solo estudió las acusaciones fundadas en la falta de publicidad de los actos acusados, razón por la cual se deben estudiar los demás cargos, como lo reclama el apelante.
En la demanda se sostuvo que el gobernador del departamento no tenía competencia para proferir los siguientes decretos, referidos a la organización y funcionamiento de la contraloría departamental:
Decreto 338 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la estructura de la Contraloría General del departamento de la Guajira, las funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones”; Decreto 339 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la planta global de cargos de la Contraloría General del departamento de la Guajira”; Decreto 340 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se adopta el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos y se fijan las escalas de remuneración de la administración central y descentralizada del departamento, la Contraloría y la asamblea departamental” (resaltado de la Sala), y Decreto 347 de 4 de noviembre de 1999, por el cual se decretó: “... Adoptar el manual específico de funciones y requisitos de los cargos de la Contraloría General del departamento creados por el Decreto 339 de 1999”.
Para sustentar esta acusación afirmó que los artículos 272-3 superior y 3 de la Ley 330 de 1996, establecen que las contralorías departamentales tienen carácter técnico y autonomía, por lo cual su organización corresponde exclusivamente a las asambleas.
El artículo 272 ibídem, que se refiere específicamente a la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, estableció efectivamente que: corresponde a las asambleas (...) organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.
La Ley 330 de 1996(2), “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las contralorías departamentales”, estableció en el artículo 3º lo siguiente: “Estructura y planta de personal. Es atribución de las asambleas departamentales, en relación con las respectivas contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de los contralores”.
Conviene anotar, por otra parte, que el artículo 300 superior, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, estableció que “corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas: (...) 7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo (...) 12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley (...)”.
Para la Sala no hay duda de que las asambleas tienen competencia para determinar la estructura de las contralorías departamentales y establecer las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, como expresamente lo señalan los artículos 300 superior y 3º de la Ley 330 de 1996. También pueden organizarlas (art. 272 ibídem), expresión que en un sentido amplio comprende la fijación de su planta de personal y de las funciones y requisitos de los cargos incorporados a ella.
Conviene anotar en este punto que, en alguna época se discutió si la Contraloría General de la República podía reclamar funciones privativas como las de crear y suprimir empleos y fijar las plantas de personal, del mismo modo que el Gobierno Nacional y si, en consecuencia, al legislador le estaba vedado conferir facultades extraordinarias al Gobierno para ejercerlas pues en tal caso se estaría desconociendo la autonomía de los órganos de control fiscal garantizada por la Constitución.
La Corte Constitucional zanjó esa discusión en la Sentencia C-401 de 19 de abril de 2001, donde declaró la constitucionalidad del artículo 1º parcial, de la Ley 573 de 2000(3), que facultaba al Gobierno Nacional para reestructurar la Contraloría General de la República, y para crear y suprimir cargos de su planta de personal. En esa sentencia, la Corte señaló:
“3.3. Así las cosas, conviene entonces que la Corte establezca si las disposiciones acusadas de la Ley 573 de 2000 al revestir de manera extraordinaria al Presidente de la República para determinar la estructura de los órganos de control, fijar la planta de personal y crear, fusionar y suprimir empleos de esos órganos autónomos, incurrió en transgresión del mandato constitucional de autonomía, que los ampara.
En este aspecto, cabe destacar que el demandante parte de la premisa de que las funciones en mención son de carácter administrativo y por ende su ejercicio compete privativamente al respectivo organismo, dotado de autonomía e independencia.
En efecto, para el demandante, teniendo presentes, principalmente, los artículos 267 y 279 de la Constitución, en materia de organización, estructura y funcionamiento de los órganos y organismos de control constitucionalmente autónomos es necesario distinguir, normas de carácter legislativo, (nomenclatura y clasificación de empleos, ingreso y concurso de méritos, retiro del servicio, inhabilidades e incompatibilidades, régimen disciplinario, por ejemplo) cuyo desarrollo le compete a la ley, y otras, de naturaleza reglamentaria (como la creación, supresión o fusión de empleos y la determinación de las plantas de personal); estas últimas, en criterio del demandante, no pueden modificarse por agentes externos sin violentar la autonomía constitucional proclamada en el artículo 113 de la Constitución Política; autonomía que en opinión del demandante, consiste en capacidad de autorregulación y que para los órganos de control, está identificada en la Constitución Política como autorregulación administrativa para el ejercicio de su función de control.
Para la Corte, en coincidencia con la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la orientación postulada por el demandante tiene claro fundamento constitucional si ella se predica del reparto de funciones que se plasma en los artículos 150 y 189 de la Constitución Política, entre el legislador y el Presidente de la República en lo atinente a los aspectos relativos a la estructura, determinación de plantas de personal y creación, supresión y fusión de empleos de la rama ejecutiva del poder público. Empero, no cabe la misma afirmación respecto de la regulación y fijación de la estructura y funcionamiento de los órganos de control. Dependerá en cada caso del especial tratamiento que la propia Constitución haya dado a la materia y a las específicas competencias que haya asignado al órgano constitucional autónomo correspondiente.
Y aunque el demandante expresa que los antecedentes jurisprudenciales —se refieren en particular a las sentencias C-078/99 y C-527/94— en la materia no son pertinentes frente a los argumentos que él aduce, es lo cierto que a través de ellos esta Corte ya analizó la materia y concluyó que de manera explícita el Constituyente determinó los alcances de la competencia del legislador en cuanto a la determinación de las plantas de personal y la creación, fusión y supresión de empleos en los organismos de control, particularmente en la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
En ese orden de ideas la Corte, a propósito de la posibilidad que tuviere el legislador de asignar al Contralor General de la República la facultad de suprimir, fusionar y crear cargos en la Contraloría, señaló que dicha función corresponde al legislador “como atribución constitucional propia” pues la norma constitucional prescribe que al Contralor compete “proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley” —art. 268-10—. Ahora bien, dicha ley no es de iniciativa privativa del Gobierno por lo que podrá dictarse o reformarse a iniciativa de los miembros de cualquiera de las cámaras (C.P., art. 154) o del propio Contralor General de la República (C.P., arts. 156 y 268-9) y que al mismo funcionario asiste “la facultad de redistribuir internamente los cargos establecidos por la ley, de acuerdo con las necesidades del servicio de la Contraloría General”.
... Siendo claro que al legislador competen las mencionadas funciones de determinación de estructura, creación, fusión o supresión de empleos en los mencionados órganos de control, es pertinente señalar igualmente que la jurisprudencia de la corporación ha afirmado la posibilidad de que el Congreso otorgue facultades extraordinarias al Gobierno para que ejerza transitoriamente las funciones que a aquel competen, naturalmente dentro del marco y con observancia de los requisitos establecidos en el artículo 150-10.
El argumento del demandante en el sentido de que aceptar la posibilidad que el legislador ejerza la competencia de fijación de la estructura y de creación, fusión y supresión de empleos en los organismos de control y que la delegue en el Presidente de la República, conlleva violación de la autonomía constitucional de tales organismos, carece entonces de fundamento. En efecto, dichas facultades para el legislador emanan de la propia Constitución y en nada afectan el cabal ejercicio del control, pues cuando el Presidente de la República ejerce funciones legislativas, por virtud de las facultades extraordinarias, asume el papel de legislador y no puede decirse que en esa función está sujeto a los órganos de control ya que en el ejercicio de la misma se sujeta al control del juez constitucional.
Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que la autonomía de los organismos constitucionales de control está regulada, en la materia que ocupa a la Corte, por la propia Constitución y por ello no es pertinente la distinción que desarrolla el demandante para concluir en su petición de inexequibilidad.
Así las cosas, habrá de reiterarse que en el entendimiento que hace la Corte, las disposiciones acusadas no contrarían los artículos 113, 117, 267 y 279 de la Carta invocados como violados por el demandante. Efectivamente, si la determinación de la estructura de las plantas de personal y la creación, fusión y supresión de empleos son materias que conforme a la Constitución competen al legislador, bien puede este mediante ley transferirlas temporalmente al Presidente de la República (art. 150-10) y por ello no se afecta la autonomía y la independencia constitucionales de los órganos de control, particularmente de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación.
Los criterios señalados deben aplicarse en el ámbito departamental por varias razones:
En primer lugar porque el artículo 272 superior establece de manera clara e inequívoca que “Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268”.
Por lo expuesto, las competencias de los contralores en el orden territorial son análogas a las del Contralor General, limitadas por el artículo 268 comentado en cuanto a la organización de la entidad a “9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organización y funcionamiento de la Contraloría General” y “10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley...”.
Sentados los criterios anteriores, conviene anotar que el artículo 300-9 superior faculta a las asambleas departamentales para “Autorizar al gobernador del departamento para ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales”, y dentro de ellas están las de organizar las contralorías departamentales, precisamente invocadas por los decretos reseñados por el actor para adelantar el proceso de reestructuración de la contraloría departamental de la Guajira.
Se concluye de lo anterior que el gobernador del departamento de la Guajira sí estaba facultado por la asamblea departamental para proferir los decretos relacionados con la organización de la contraloría departamental y que dichas facultades no violan el principio de autonomía administrativa que la Carta Política le garantiza a los órganos de control.
6.4. El actor manifestó que los decretos 334, 338, 339 y 347 de 1999 demandados se dictaron con fundamento en facultades extraordinarias de la Asamblea que, de acuerdo con los artículos 300-9 constitucional y 74 del Decreto 1222 de 1986 debían ser precisas y limitadas en el tiempo y como no reunieron estas condiciones violaron los artículos reseñados.
El artículo 74 del Decreto 1222/86 establece que “Todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia, y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionan con el mismo. El presidente de la asamblea rechazará las iniciativas que no se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma asamblea”.
Es evidente que el cumplimiento del principio de unidad de materia de las ordenanzas podría motivar su anulación, pero como en este proceso no se enjuicia la legalidad de ordenanza alguna, su estudio no es pertinente.
El artículo 300-9 constitucional, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, por su parte, establece que: “Corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas... 9) Autorizar al gobernador del departamento para... ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales...”.
Para decidir el cargo en estudio conviene precisar las materias de que se ocuparon los decretos señalados:
— Decreto 334 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la estructura de la administración central del departamento de la Guajira, las funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones”. Decreto 338 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la estructura de la Contraloría General del departamento de la Guajira, las funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones”. Decreto 339 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se determina la planta global de cargos de la Contraloría General del departamento de la Guajira”. Decreto 340 de 4 de noviembre de 1999, “Por el cual se adopta el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos y se fijan las escalas de remuneración de la administración central y descentralizada del departamento, la contraloría y la asamblea departamental”. Decreto 347 de 4 de noviembre de 1999, por el cual se decretó: “... Adoptar el manual específico de funciones y requisitos de los cargos de la Contraloría General del departamento creados por el Decreto 339 de 1999”.
Esos decretos tenían fundamento en el artículo 2º de la Ordenanza 24 de 1999 que otorgó facultades al gobernador del departamento de la Guajira en los siguientes términos:
“Artículo segundo. Con el mismo objeto señalado en el artículo precedente, otorgar facultades al señor gobernador para: (...) b) Conforme al artículo 231 del Decreto-Ley 1222 de 1986 y el artículo 300 numeral 7º de la Constitución Política, expedir decretos con fuerza de ordenanza para modificar o adoptar niveles, nomenclatura, clasificación y escalas de renumeración de las distintas categorías de empleo del departamento. c) Modificar, suprimir, o fusionar la estructura de la administración central departamental a fin de armonizarla con sus competencias constitucionales y legales. d) Determinar la estructura de la asamblea departamental y las funciones por dependencia. e) Determinar la estructura de la contraloría departamental y las funciones por dependencia. f) Crear, fusionar, modificar o suprimir entidades descentralizadas departamentales. g) Expedir las plantas de personal de la asamblea y la contraloría departamental. h) Expedir manuales específicos de funciones y requisitos de la asamblea y la contraloría departamental”.
El contenido de las facultades es preciso y el tiempo durante el cual debían ejercerse se estableció de modo inequívoco en los parágrafos primero y segundo del mismo artículo segundo así;
“Parágrafo primero. Las facultades extraordinarias a que se refieren los literales b), c), d) y e) deberán ejercerse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la presente ordenanza. Parágrafo segundo. Las facultades extraordinarias a que se refieren los literales 1), g) y h) deberán ejercerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la unidad técnica central de/programa valide los informes finales por parte de quienes adelanten los estudios y diagnósticos, en cuanto fueren acogidos por la gobernación y que tales facultades se ejerzan conforme a dicha validación”.
El hecho de que algunas de las facultades solo pudieran ejercerse previo el cumplimiento de algún requisito legal no le resta precisión ni establece, en principio, una indeterminación en el tiempo, razones suficientes para negarle prosperidad a la acusación. Cabe señalar que los decretos respectivos fueron expedidos dentro del término concedido.
6.5. Con base en los argumentos estudiados en los numerales anteriores se sustentaron cargos de falsa motivación, expedición irregular y abuso de poder. Como dichos argumentos fueron desvirtuados, esas acusaciones no prosperan.
1. CONFIRMASE la sentencia apelada.
(1) Sentencias de 28 de octubre de 1999, expediente 3443, proferida por esta Sección y C-957-97, de la Corte Constitucional, entre otras.
(2) Diario Oficial 42.938, de 12 de diciembre de 1996.
(3) “Ley 573 del 2000 —feb. 7—, Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución.(...) ART. 1º—Facultades Extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de quince (15) días contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para: 1. Modificar la estructura de la Contraloría General de la República; determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la Contraloría General de la República, pudiendo crear, suprimir o fusionar empleos y prever las normas que deben observarse para el efecto; dictar las normas sobre la carrera administrativa especial de que trata el ordinal 10 del artículo 268 de la Constitución Política y establecer todas las características que sean competencia de la ley referente a su régimen de personal; 2. Determinar la organización y funcionamiento de la auditoría externa de la Contraloría General de la República en lo no previsto en la Ley 330 de 1996 (...)”.

References: artículo 300
 artículo 231
 artículo 300
 artículo 272
 artículo 308
 artículo 3
 artículo 300
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 113
 artículo 150
 artículo 272
 artículo 268
 artículo 268
 artículo 300
 artículo 74
 artículo 300
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 231
 artículo 300
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 268