Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU200-97.htm
Timestamp: 2018-12-18 10:25:24+00:00

Document:
su200-97
Sentencia SU-200/97
a) El Ejército Nacional cambió la función social de servicio a la comunidad, contemplada en la ley para los soldados bachilleres, por la destinación de éstos al control del orden público en zonas donde actúan desde hace varias décadas grupos alzados en armas ;
b) Los bachilleres no están debidamente entrenados para afrontar las exigencias de la lucha armada ;
c) Muchos de ellos son menores de edad y no deberían ser incorporados a las filas de los combatientes ;
d) El traslado de los conscriptos desde las guarniciones cercanas a sus sitios de residencia hasta las zonas de orden público los expone injustificadamente a graves enfermedades, y hace impracticable el control y guía que deben ejercer sus padres.
La información que obra en el Expediente 108.998 y que corresponde al oficio No.47384 del 21 de febrero de 1997, suscrito por el jefe del Departamento de Personal del Ejército, permite conocer que entre los años de 1995 y 1996 hubo 163 soldados regulares y 284 soldados voluntarios muertos en combate, sin contar los 70 retenidos en poder de la guerrilla al momento de proferir esta sentencia. No aparece en el informe dato alguno acerca de soldados bachilleres muertos durante ese período.
El Constituyente colombiano de 1991, para definir el lugar que debe ocupar el ejercicio de la fuerza dentro del orden institucional que tiene por objeto primario y prevalente la búsqueda de los valores y objetivos señalados en el Preámbulo de la Carta, entre ellos la pacífica convivencia ciudadana y la cristalización de un orden justo, organizó la República bajo la forma de un Estado Social de Derecho, "fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general" (C.P. art. 1), cuyos propósitos exigen la previsión de elementos coercitivos y la existencia de cuerpos armados que apoyan a la autoridad civil en la tarea que el sistema jurídico les encomienda.
En esta República, sin embargo, en cuanto corresponde a un Estado democrático de Derecho, tanto los civiles como los militares que ejerzan autoridad están llamados a acatar el ordenamiento y a desarrollar sus funciones con arreglo a la Constitución, que es base y sustento de sus competencias.
En relación con los deberes -se repite-, es necesario precisar que únicamente pueden ser exigibles en su integridad cuando el obligado a ellos está en capacidad efectiva de cumplirlos, pues, al igual que los derechos, también tienen sus límites.
Lo anterior significa que deben existir diferentes niveles en los cuales se puede cumplir con la obligación constitucional de tomar las armas teniendo en cuenta el entrenamiento, disposición y aptitudes de quien va a defender la independencia, soberanía e integridad institucional.
"En armonía con lo que se ha dicho, no se puede tener las mismas expectativas de valor con respecto al profesional de la milicia, incorporado al ejercicio en virtud de una opción personal, que de quién ha sido reclutado sin su consentimiento o aún contra su voluntad manifiesta". (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-563 de 1995 M.P Dr. Carlos Gaviria Díaz )
Es de anotar que quienes prestan el servicio militar obligatorio en su condición de bachilleres o campesinos, si bien están obligados a tomar las armas y reciben para ello una formación mínima, si su preparación y adiestramiento en el aspecto militar y de defensa personal no alcanza niveles evidentes de proporcionalidad frente al peligro que afrontan, por razón del corto tiempo de servicio o la configuración física del conscripto menor de edad, por ejemplo, no es admisible que se asigne justamente a los menos preparados la responsabilidad más grave, o una igual o equivalente a la del soldado cuya formación en esos campos es más completa.
Por ello, las tareas más peligrosas y la responsabilidad de ataque y respuesta armada en zonas y situaciones calificadas como de alto riesgo deben ser atendidas en primer lugar por los soldados voluntarios, luego por los regulares y sólo en última instancia por los bachilleres y campesinos.
3. La protección de los derechos fundamentales a la vida y la integridad personal en el marco de los conflictos armados, cuando se trata de menores.
"El derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución, aparece como el primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto de la norma, el carácter de inviolable. La disposición no establece excepciones respecto de su amparo.
Se trata, sin duda, de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad en los pactos internacionales de derechos, que prevalecen en el orden interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución. El 94, por su parte, declara sin rodeos que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Carta y en los convenios internacionales no debe entenderse como negación de otros (...) que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
Como la ha enseñado la jurisprudencia, se trata de un derecho del cual se es titular por el sólo hecho de existir, mientras que los demás requieren de la vida del sujeto para tener existencia y viabilidad".
Sobre el tema que ocupa a la Sala, merecen especial atención los artículos 8 y 10 del Protocolo 1, en los que se prevé la protección a los heridos, enfermos y náufragos en el conflicto; el artículo 11, donde se establece que no se puede poner en peligro mediante acción u omisión injustificada la salud, o la integridad física y mental de las personas en poder de la parte adversa; el artículo 37, por medio del cual se prohibe la utilización de medios pérfidos que atenten contra la vida o la integridad de quienes participan en el combate; y el artículo 75, numeral 2, donde se estipula:
"Están y quedan prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean realizados por agentes civiles o militares:
5. Prestación del servicio militar por menores de edad
Varios demandantes reclaman que sus hijos son menores de edad y que esa calidad es relevante para efectos de incorporarlos a filas, o de asignarles funciones de lucha armada dentro del Ejército. Y, en efecto, tanto las normas internacionales como el ordenamiento interno consagran una protección especial para el menor de edad.
La Convención de los Derechos del Niño de 1989 contiene varias disposiciones destinadas a proteger los derechos del menor de 18 años; entre ellas, su artículo 3 dispone : "En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración principal a que se atenderá será el interés superior del niño...".
"...si la Constitución atribuyó a la ley, como se ha visto, la facultad de regular todo lo relacionado con la prestación del servicio militar y de establecer los casos generales de exención a tal deber, no resulta, en principio, contrario a la Constitución, que la ley ordene a los bachilleres definir su situación militar una vez concluyan sus estudios, pues ninguna norma de jerarquía constitucional ha dispuesto que antes de la mayoría de edad no se puede cumplir con dicha obligación." (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia No. SU-277/93. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Sin embargo, al considerar la exequibilidad de los artículos 10 y 14 de la Ley 48 de 1993, la Corte Constitucional precisó que debe darse protección especial al menor que es incorporado a filas como soldado bachiller:
Es preciso hacer una breve referencia al derecho a la salud, pues en los procesos acumulados se reclama su amparo, sin precisar el motivo para que este derecho se considere amenazado o violado a los soldados bachilleres.
La Corte ha sostenido que, si bien no se trata de un derecho fundamental en principio, lo es por conexidad con el derecho a la vida, y que exige protección estatal, especialmente cuando aquél resulta amenazado por su descuido o falta de asistencia médica, con mayor razón si existe una circunstancia de subordinación e indefensión que impide a la misma persona procurarse los medios de acceso al facultativo o a las instituciones asistenciales, como ocurre con el personal subalterno en los cuerpos armados, los cuales, por tanto, tienen la responsabilidad respectiva, exigible en alto grado.
Un grupo de los padres de los soldados que actualmente se encuentran prestando servicio militar en los batallones Anzoátegui y Bolívar, presentaron, en abril del presente año, al Teniente Coronel José Elias Mahecha, Comandante del Batallón de Policía Militar No. 2 de Barranquilla, una solicitud dirigida al Comandante de las Fuerzas Militares, General Harold Bedoya Pizarro, con el fin de que éste último reconsiderara la decisión de trasladar a sus hijos a zonas de orden público, por estimar que éstas son peligrosas, y enviar allí a los soldados bachilleres sería tanto como imponerles una carga mayor a la que les corresponde asumir. Aunque los soldados de la compañía Anzoátegui ya fueron transportados a zonas de orden público, sus padres no han recibido la respuesta que debió anteceder al viaje.
Dentro del proceso radicado bajo el número T-101782, el General Bedoya Pizarro afirmó que nunca recibió la comunicación de los padres de familia, razón por la cual no la contestó (folio 86). No obstante, está probado que la mencionada solicitud sí se entregó al Ejército y, por tanto, esa institución debió responderla dentro del término legal. Como no se usaron los conductos regulares para llevar la solicitud a consideración del oficial a quien iba dirigida, el Ejército incurrió en un claro desconocimiento del derecho fundamental de petición de los actores; y, con su conducta omisiva, esa institución ignoró el artículo 23 de la Constitución Política, al no dar respuesta oportuna a la solicitud presentada el 3 de abril de 1996 por los demandantes.
Segundo.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), el 2 de septiembre de 1996, que negó la tutela instaurada a nombre del soldado menor de edad, Angelo Marcio Tabares Lozano, contra el Ejército Nacional (expediente 108998), y en su lugar CONCEDER la protección solicitada.
ORDENASE al Ejército Nacional que, en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo traslade al soldado, si ya no lo hubiere hecho, a una zona que no esté calificada como de orden público o alto riesgo.
Quinto.- CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Neiva, el 3 de octubre de 1996, que, denegó la tutela propuesta por el soldado bachiller John Alexander Medina, contra el Ejército Nacional, advirtiéndole que si ostenta la calidad de hijo único que tenía a su cargo el sustento de su señora madre, puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2048 de 1993 (expediente 114062).
Sexto.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, el 13 de noviembre de 1996, que confirmó la negación de la tutela interpuesta por la señora Martha Lucía Salazar en favor de su hijo John Freddy Bueno García (expediente 116360).
Décimo.- CONFIRMAR el fallo adoptado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 12 de septiembre de 1996, que concedió la tutela instaurada en favor del soldado Overlan Rubiano Castañeda (expediente T-110434).
Décimo Primero.- REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala de Familia, del 20 de septiembre de 1996, y en su lugar tutelar los derechos a la vida y a la integridad personal de Edisson Benavides Perdomo (expediente T-110868).
Décimo Tercero.- REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Neiva el 25 de septiembre 1996, y por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, y en su lugar tutelar los derechos de Oscar Eduardo Mazorra Otalora (expediente T- 115612).
Juzgado 27 Penal Municipal de Cali.
Negó la tutela porque todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar y a tomar las armas, además el peticionario no se encuentra combatiendo.

References: artículo 11
 artículo 93
 artículo 11
 artículo 37
 artículo 75
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 28