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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2009-20771
Documento consolidado BOE-A-2009-20771
«DOGC» núm. 5519, de 03/12/2009, «BOE» núm. 309, de 24/12/2009.
BOE-A-2009-20771
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/11/26/19/con
Última actualización publicada el 04/11/2014
Texto inicial publicado el 03/12/2009
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 04/11/2014»
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del acceso al entorno de las personas acompañadas de perros de asistencia
La Constitución española reconoce, en su artículo 14, la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El artículo 9.2 establece también que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Finalmente, el artículo 49 contiene el mandamiento para que los mencionados poderes públicos realicen una política de integración de las personas con discapacidad, para prestarles la atención especializada que requieran y ampararlas, especialmente, en la consecución de los derechos que les son reconocidos en la misma Constitución.
El Estatuto de autonomía determina, en el artículo 4.2, que los poderes públicos de Cataluña deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas, y facilitar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social. Asimismo, el artículo 24.2 establece que las personas con necesidades especiales, para mantener la autonomía personal en las actividades de la vida diaria, tienen derecho a recibir la atención adecuada a su situación, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen. Finalmente, en el artículo 40.5, se encarga a los poderes públicos que garanticen la protección jurídica de las personas con discapacidad, promuevan su integración social, económica y laboral, y adopten las medidas necesarias para suplir o complementar el apoyo de su entorno familiar directo.
En el ámbito internacional, la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por el Estado mediante instrumento publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril de 2008, regula, en su artículo 9, la accesibilidad de las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente. A dichos efectos, la Convención prescribe que los estados deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. La Convención también insta a los estados a adoptar las medidas pertinentes para, entre otras finalidades, «ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público».
El artículo 166.1 del Estatuto de autonomía atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de servicios sociales. Dicha competencia permitió la aprobación de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, que configura los servicios sociales como un conjunto de intervenciones que tienen como objetivo garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, poniendo atención en el mantenimiento de su autonomía personal. Justo es decir que dicha ley incorpora en el catálogo de servicios y prestaciones sociales la posibilidad de crear otras prestaciones de apoyo a la accesibilidad, de supresión de barreras arquitectónicas y en la comunicación, como es la utilización de perros de asistencia para prestar ayuda a personas con discapacidad o determinadas enfermedades.
En el ámbito estatal, la Ley del Estado 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos es el reflejo del proceso para alcanzar dichos objetivos constitucionales y estatutarios. Del mismo modo, la Ley del Estado 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece un marco legal amplio y general de protección. Dicha ley pone de relieve los conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal.
En Cataluña, la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas incorpora el concepto de ayuda técnica, como otro medio, complementario o suplementario a la supresión de barreras arquitectónicas, para poder acceder y gozar del entorno, si bien no menciona otro tipo de ayuda, absolutamente necesario para muchas personas con distintos tipos de discapacidad para alcanzar su integración, acceder al entorno y llevar a cabo las actividades de la vida diaria, que puede definirse con el concepto internacionalmente reconocido como servicio de ayuda animal para personas con discapacidades físicas, sensoriales o con determinadas enfermedades.
A los efectos de la presente ley, el servicio de ayuda animal que se pretende regular es el que se lleva a cabo mediante los llamados perros de asistencia, denominación genérica que incluye distintos tipos de perros adiestrados para prestar apoyo a personas con discapacidades o con determinadas enfermedades. La denominación y clasificación de dichos perros siguen los criterios convenidos internacionalmente.
La promulgación de la Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno de las personas con disminución visual acompañadas de perros lazarillo, que fue pionera en este campo, es un claro exponente de este servicio de ayuda animal, si bien el marco jurídico sólo hace referencia a los usuarios con dicha discapacidad específica.
Por otra parte, debe llevarse a cabo la regulación de las actividades de adiestramiento y cuidado de los perros de asistencia, que no existe actualmente, así como la de los centros de adiestramiento.
En cuanto al procedimiento de autorización de los centros de adiestramiento de perros de asistencia, la desestimación por silencio administrativo se fundamenta en la responsabilidad que comporta el adiestramiento de dichos perros y en las graves consecuencias que un adiestramiento deficiente podría tener para sus usuarios y terceras personas.
La Ley también recoge la necesidad de que figure el adiestramiento de perros de asistencia como profesión en el Catálogo de calificaciones profesionales de Cataluña y regula la creación de su cualificación profesional.
No son objeto de la presente ley los animales de terapia, que deben regularse por una normativa específica.
Finalmente, la Ley quiere garantizar el acceso a los lugares, locales, establecimientos, alojamientos, transportes y espacios públicos o de uso público de los usuarios de perros de asistencia en los términos que establece la misma Ley. El medio para conseguir su efectividad es el establecimiento de un régimen sancionador único, en cumplimiento de la reserva material de ley que establece la Constitución española.
Del derecho de acceso al entorno
El objeto de la presente ley es definir la condición de perro de asistencia, establecer los derechos y obligaciones de sus usuarios y regular las actividades de adiestramiento, cuidado y control de los perros de asistencia con el fin de garantizar a las personas con alguna discapacidad visual, auditiva o física, o que padecen trastornos del espectro autista, diabetes, epilepsia o alguna de las enfermedades que se reconozcan de acuerdo con lo que dispone la disposición final segunda, su derecho de acceso al entorno cuando vayan acompañadas de un perro de asistencia.
m) Usuario o usuaria del perro de asistencia: la persona con alguna discapacidad visual, auditiva o física, o que padece trastornos del espectro autista, diabetes, epilepsia o alguna de las enfermedades que se reconozcan de acuerdo con lo que dispone el apartado 1 de la disposición final segunda, que goza legalmente de los servicios que presta un perro de asistencia, reconocido y acreditado oficialmente y adiestrado específicamente para cumplir determinadas funciones, que le permiten relacionarse con el entorno y llevar a cabo las tareas de su vida diaria. El usuario o usuaria debe tener oficialmente reconocida su discapacidad mediante el certificado a que hace referencia el artículo 21.d).
Adquisición, reconocimiento, suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia
Artículo 4. Adquisición y reconocimiento de la condición de perro de asistencia.
c) Haber sido adiestrado por un profesional o una profesional del adiestramiento que ejerza en los términos que establece el artículo 20.2.b).
Artículo 5. Acreditación e identificación de los perros de asistencia.
Artículo 6. Condiciones higiénicas y sanitarias de los perros de asistencia.
1. Las condiciones higiénicas y sanitarias que debe cumplir el perro de asistencia, sin perjuicio de las que debe cumplir como animal de compañía, son:
Rabia (anualmente).
Bromo, parvovirosis canina y hepatitis canina.
Cualquier otra que establezcan las autoridades sanitarias.
1. Los responsables del cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias a que están sometidos los animales domésticos en general y los perros de asistencia en particular, de acuerdo con la normativa vigente, son:
2. Corresponde al propietario o propietaria del perro de asistencia llevar a cabo la esterilización a que hace referencia el artículo 6.1.a) antes de su cesión al usuario o usuaria.
Artículo 8. Suspensión de la condición de perro de asistencia.
1. El órgano u organismo que designe el consejero o consejera del departamento competente en materia de servicios sociales debe disponer la suspensión de la condición de perro de asistencia si se da alguna de las siguientes circunstancias:
b) El usuario o usuaria no tiene suscrita la póliza de seguro de responsabilidad civil del perro de asistencia que determina el artículo 17.1.b).
d) Se evidencian maltratos al perro sancionables de acuerdo con el texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, o la norma que lo sustituya.
3. Si el procedimiento de suspensión de la condición de perro de asistencia se inicia por la causa indicada en el apartado 1.a), es preciso el informe del veterinario o veterinaria que lleve el control sanitario del animal.
Se modifica el apartado 1.d) por el art. 119 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-547.
Texto original, publicado el 03/12/2009, en vigor a partir del 03/02/2010.
Artículo 9. Pérdida de la condición de perro de asistencia.
1. El perro de asistencia pierde su condición por alguno de los siguientes motivos:
3. En el caso de las letras b) y c) del apartado 1, no procede la declaración de la pérdida de la condición de perro de asistencia mientras no conste acreditada en el expediente la imposibilidad de que el perro conforme otra unidad de vinculación.
Artículo 10. Efectos de los acuerdos de suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia.
1. El acuerdo de pérdida de la condición de perro de asistencia comporta la retirada del carné oficial, del distintivo y de la inscripción registral.
Derechos y obligaciones de los usuarios de perros de asistencia
Artículo 11. Derecho de acceso al entorno.
1. El usuario o usuaria de un perro de asistencia tiene reconocido el derecho de acceso al entorno acompañado del animal en los términos establecidos en la presente ley.
Artículo 12. Determinación de los lugares, locales, establecimientos, alojamientos, transportes y espacios públicos o de uso público.
A los efectos de lo establecido por el artículo 11, los usuarios de perros de asistencia pueden acceder a los siguientes espacios, independientemente de su titularidad pública o privada:
Los descritos en la normativa vigente en materia de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Los incluidos en la normativa vigente en materia de servicios sociales.
Los centros de ocio y tiempo libre.
Los centros oficiales, incluidos los edificios judiciales.
Los centros de enseñanza de todos los niveles, tanto públicos como privados.
Los centros sanitarios y asistenciales, tanto públicos como privados.
Los museos y locales de uso público o de atención al público.
Los espacios de uso general y público de las estaciones de cualquier tipo de transporte público o de uso público, de los aeropuertos y de los puertos.
Cualquier otro lugar, local o establecimiento de uso público o de atención al público.
c) Transportes de uso público: cualquier tipo de transporte colectivo público o de uso público, servicios de taxi o servicios análogos en el ámbito de las competencias de las administraciones catalanas y que lleve a cabo el servicio en el territorio de Cataluña.
Se modifica la letra c) por la disposición adicional 2 de la Ley 13/2014, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11992.
Artículo 13. Derecho de acceso de los usuarios al mundo laboral.
Artículo 14. Ejercicio de los derechos de los usuarios de perros de asistencia.
En el ejercicio del derecho de acceso de los usuarios de perros de asistencia a los lugares, espacios y transportes enumerados en el artículo 12 deben observarse las siguientes normas:
Artículo 15. Limitaciones del derecho de acceso al entorno de los usuarios de perros de asistencia.
1. El usuario o usuaria no puede ejercer el derecho de acceso al entorno reconocido en la presente ley si se da alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 16. Derecho de acceso al entorno de los adiestradores y agentes de socialización.
1. Los adiestradores y agentes de socialización de los centros oficialmente autorizados tienen los mismos derechos de acceso al entorno que la Ley atribuye a los usuarios de perros de asistencia, cuando vayan acompañados de perros de asistencia durante las fases de socialización, adiestramiento, adaptación final y reeducación de los animales.
Artículo 17. Obligaciones de usuarios, propietarios, adiestradores y agentes de socialización de perros de asistencia.
1. Los usuarios de perros de asistencia tienen las siguientes obligaciones:
b) Tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil, hasta el límite de cobertura de responsabilidad civil que determine el consejero o consejera del departamento competente en materia de servicios sociales.
Artículo 18. Requerimiento de documentación.
Las personas autorizadas para requerir la documentación que acredita la condición de perro de asistencia son:
Artículo 19. Responsabilidad de los usuarios.
El usuario o usuaria de un perro de asistencia es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a personas, otros animales, bienes, vías y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido por la legislación civil aplicable.
Artículo 20. Requisitos para la autorización de centros de adiestramiento de perros de asistencia.
1. Los centros de adiestramiento, para obtener la autorización que los acredita como centros de adiestramiento de perros de asistencia, deben cumplir los siguientes requisitos:
3. Los profesionales a que hacen referencia las letras c) y d) del apartado 2 pueden prestar sus servicios en el centro de adiestramiento como profesionales autónomos, sin perjuicio de lo establecido por el apartado 4. En cualquier caso, los veterinarios y psicólogos deben estar vinculados al centro mediante un documento en que consten los derechos y obligaciones de ambas partes.
Artículo 21. Obligaciones de los centros de adiestramiento.
Los centros de adiestramiento tienen las siguientes obligaciones:
Artículo 22. Procedimiento de autorización de los centros de adiestramiento de perros de asistencia.
1. El procedimiento para la autorización de los centros de adiestramiento de perros de asistencia se inicia con la solicitud de autorización que el titular o la titular del centro, o quien tenga su representación legal, debe presentar al departamento competente en materia de servicios sociales.
Artículo 23. Órganos competentes para la autorización de los centros de adiestramiento de perros de asistencia.
1. Corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales la autorización oficial de los centros de adiestramiento de perros de asistencia.
Artículo 31. Órganos competentes en materia de sanciones.
Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. 120 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
Artículo 32. Procedimiento aplicable en materia de sanciones.
Disposición adicional primera. Identificación del perro de asistencia.
Disposición adicional segunda. Registro de centros de adiestramiento y unidades de vinculación.
Disposición adicional tercera. Convenio para disponer de los datos sobre usuarios de perros de asistencia.
Disposición adicional cuarta. Creación de la cualificación profesional de adiestramiento de perros de asistencia.
Disposición adicional quinta. Apoyo económico a las personas que precisan del servicio de un perro de asistencia.
Disposición adicional sexta. Campañas de divulgación y sensibilización ciudadanas.
Disposición adicional séptima. Reconocimiento de perros de asistencia de fuera del ámbito de Cataluña.
Disposición adicional octava. Accesibilidad universal.
Disposición adicional novena. Procedimientos de adquisición, suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia.
Disposición transitoria primera. Reconocimiento de perros de asistencia.
Disposición transitoria segunda. Profesionales del adiestramiento sin cualificación profesional oficialmente reconocida.
Disposición transitoria tercera. Adaptación de las ordenanzas municipales.
Disposición final primera. Desarrollo, aplicación y cumplimiento de la Ley.
Disposición final tercera. Prórroga de la habilitación de los profesionales del adiestramiento.
Disposición final cuarta. Actualización de las sanciones pecuniarias
La presente ley entra en vigor a los dos meses de su publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Palacio de la Generalidad, 26 de noviembre de 2009.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla i Aguilera.–La Consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila i Palau.

References: artículo 65
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 49
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 40
 artículo 9
 artículo 166
 artículo 21

Artículo 4
 artículo 20

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 6

Artículo 8
 artículo 17

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 11

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 12

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 31

Artículo 32