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Timestamp: 2019-07-17 08:46:46+00:00

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﻿ DECRETO 182 DE 1998
DECRETO 182 DE 28 DE ENERO DE 1998
CONTENIDO:EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN FORMA ILÍCITA (LEY 333 DE 1996). REGLAMENTA LO RELACIONADO CON LA DESTINACIÓN PROVISIONAL Y ASIGNACIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES RURALES CON CARACTERIZADA VOCACIÓN RURAL EN FAVOR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, DELITO
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1089 DE FEBRERO 28 DE 1998, PG. 285
“Por el cual se reglamenta la Ley 333 de 1996, en lo relativo a la destinación provisional y asignación definitiva de los bienes rurales con caracterizada vocación rural en favor del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan disposiciones relacionadas con su adjudicación”.
ART. 1º—Destinación provisional. Los bienes rurales con caracterizada vocación rural para la producción agropecuaria y pesquera, respecto de los cuales se halle vigente una medida cautelar por presunta vinculación a las actividades de que trata el artículo 2º de la Ley 333 de 1996, serán destinados provisionalmente y de manera preferencial por la dirección nacional de estupefacientes al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
El instituto determinará la caracterizada vocación rural, o aptitud de los bienes para la producción agropecuaria o pesquera, según los términos de la definición contenida en el artículo 6º del presente decreto, mediante visita técnica que practicará al inmueble respectivo. Si el concepto del Incora respecto de las calidades y condiciones del bien rural fuere desfavorable, la dirección nacional de estupefacientes dispondrá su destinación de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 1458 de 1997.
ART. 2º—Asignación definitiva. Ejecutoriada la sentencia judicial que declare la extinción del derecho de dominio en relación con los bienes rurales que tengan caracterizada vocación rural, o aptitud para la producción agropecuaria y pesquera, el Consejo Nacional de Estupefacientes procederá a efectuar la asignación definitiva de los bienes respectivos en favor del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, para su aplicación a los fines establecidos en la Ley 160 de 1994.
ART. 3º—Destinación de las tierras. Los predios rurales que ingresen al fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, sólo podrá destinarlos el Incora a los siguientes fines:
PAR.—Cuando las condiciones del predio así lo recomendaren y con el objeto de preservar la unidad en su manejo, administración y explotación y evitar la dispersión de bienes y equipos, el Incora promoverá la formación de una empresa comunitaria u otra forma asociativa de producción para la adjudicación del inmueble y demandará el apoyo técnico y financiero de las entidades pertinentes del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino para la consolidación de las empresas.
ART. 4º—De los beneficiarios. Son beneficiarios de los bienes rurales objeto de la extinción del dominio, los campesinos e indígenas que cumplan con los requisitos establecidos para la adjudicación de tierras, conforme a lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 y sus reglamentos.
ART. 5º—Prioridades. Tendrán prioridad en la adjudicación de los bienes rurales los campesinos desplazados del campo involuntariamente por causa de la violencia, quienes se encuentren incorporados en los programas de erradicación de cultivos ilícitos, las mujeres campesinas jefes de hogar y las que se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez carezcan de tierra propia o suficiente.
ART. 6º—Bienes rurales con caracterizada vocación rural. Para los fines del artículo 25 de la Ley 333 de 1996, se consideran bienes rurales con caracterizada vocación rural aquellos que permitan desarrollar actividades productivas, agropecuarias y pesqueras en forma sostenida y con viabilidad económica, financiera y social, en especial los predios con características fisiográficas y agroecológicas adecuadas para la producción.
ART. 7º—Campesino desplazado. Para los efectos del presente decreto, se considera campesino desplazado por la violencia a la persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional; abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, en calidad de asalariado rural, minifundista o pequeño tenedor de predios rurales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
ART. 8º—Acreditación de la condición de campesino desplazado. La condición de campesino desplazado del campo por causa de la violencia, se acreditará con la certificación que expida la dirección general unidad administrativa especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dentro del plan nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia.
Para demostrar la condición de campesino de escasos recursos sin tierra y los requisitos sociales y económicos de elegibilidad a que se refiere este decreto, el aspirante deberá consignar la información correspondiente del grupo familiar en el formulario único de inscripción que para el efecto elabore el Incora, el que será distribuido además por la dirección general unidad administrativa especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, las autoridades del sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia y las organizaciones de desplazados que se hubieren constituido.
La verificación de la información se efectuará por el comité municipal, distrital o departamental para la atención integral a la población desplazada por la violencia, según el caso, que se constituya en los términos del artículo 7º de la Ley 387 de 1997, el cual recomendará al Incora la inscripción y selección del aspirante, o formulará las objeciones respectivas en caso contrario.
PAR.—En todo caso, para recibir los beneficios sobre dotación de bienes rurales previstos en este decreto, los campesinos que aleguen la condición de desplazados por la violencia deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997.
ART. 9º—Programa de erradicación de cultivos ilícitos. La condición de campesino incorporado a los programas de erradicación de cultivos ilícitos se acreditará con la certificación que expida el coordinador del programa plan nacional de desarrollo alternativo, plante, del departamento administrativo de la Presidencia de la República, en el respectivo departamento.
ART. 10.—Escogencia de otros beneficiarios. El consejo municipal de desarrollo rural participará en la selección e inscripción de los campesinos y demás beneficiarios que no tengan la condición de desplazados del campo por causa de la violencia y de involucrados en los programas de erradicación de cultivos ilícitos, de conformidad con los reglamentos expedidos por la junta directiva del Incora.
ART. 11.—Comunidades indígenas. La existencia de una comunidad o parcialidad indígena, sus formas de gobierno y representación se establecerán conforme a lo previsto en las leyes especiales que las rigen y el Decreto 2164 de 1995.
ART. 12.—criterios sociales y económicos de elegibilidad y factores de calificación. Los criterios sociales y económicos de elegibilidad para determinar la condición de sujetos de Reforma Agraria con derecho al subsidio de tierras y a la adjudicación de los bienes rurales respecto de los cuales se declare la extinción del derecho de dominio, así como los factores y puntajes de calificación, son los determinados por la junta directiva del Incora, según las condiciones y particularidades de las poblaciones rurales respectivas y las competencias que le atribuye la Ley 160 de 1994.
ART. 13.—Adjudicación de los bienes rurales. La adjudicación de los bienes rurales se efectuará mediante resolución administrativa que expida el gerente general del Incora, o su delegado con jurisdicción en el municipio donde se encuentre situado el respectivo bien, la que una vez inscrita en el competente registro constituirá a título suficiente de dominio y prueba de la propiedad.
La adjudicación de los bienes rurales a las comunidades indígenas para la ampliación y reestructuración de los resguardos indígenas, se cumplirá por medio de resolución proferida por la junta directiva del Incora.
Transferencia de bienes al Incora
ART. 14.—Título traslaticio de dominio. La resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes que asigne de manera definitiva al Incora los bienes rurales de que tratan los artículos 25 y 26 de la Ley 333 de 1996, una vez inscrita en el competente registro constituirá título suficiente de dominio y prueba de la propiedad en favor del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
ART. 15.—De la entrega de los bienes. La entrega definitiva al Instituto del bien rural se llevará a cabo por el funcionario que comisione el Consejo Nacional de Estupefacientes, para lo cual se suscribirá el acta respectiva.
De las obligaciones de los adjudicatarios
ART. 16.—Del precio. Exclusivamente para efectos de la adjudicación de los bienes rurales, se tendrá como precio de venta a los beneficiarios contemplados en este decreto y la ley, el valor que determine para tal fin el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante avalúo administrativo especial.
Las obras o bienes que no tengan relación con la producción o productividad del bien, las mejoras improductivas y las definidas como voluptuarias en el inciso 2º del artículo 967 del Código Civil, se avaluarán en forma separada y para su destinación se tendrá en cuenta las disposiciones legales vigentes.
ART. 17.—Del subsidio. Los bienes rurales serán adjudicados a los beneficiarios previstos en este decreto y la ley mediante la modalidad de subsidio directo para la adquisición de tierras contemplada en la Ley 160 de 1994 y sus reglamentos.
ART. 18.—Condiciones de venta de las tierras. El treinta por ciento (30%) restante requerido para complementar el pago del valor total del predio, se cancelará por los adquirentes al Incora en un plazo no inferior a quince (15) años, incluidos períodos de gracia no inferiores a tres (3) años, por el sistema de amortización acumulativa, una tasa de interés equivalente al índice de precios al productor agropecuario y con garantía hipotecaria sobre el inmueble objeto de la adjudicación.
Las condiciones de venta de las tierras previstas en este artículo, podrán aplicarse a los campesinos beneficiarios de tierras en los programas especiales que haya establecido, o establezca el Gobierno Nacional, según lo contemplado en el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 160 de 1994.
ART. 19.—Régimen de la propiedad parcelaria. Todos los predios que ingresen al Fondo Nacional Agrario como consecuencia de la declaratoria de extinción del dominio y que se adjudiquen por el Incora a quienes sean seleccionados como beneficiarios, estarán sujetos al régimen de la propiedad parcelaria regulado en el capítulo IV de la Ley 160 de 1994 y a las pertinentes del mismo estatuto, en lo que fueren compatibles, y a las demás disposiciones que las reglamenten, adicionen o reformen.
ART. 20.—Adjudicación a comunidades indígenas. Los bienes rurales serán adjudicados a título gratuito a las comunidades indígenas, a través de los cabildos o sus autoridades tradicionales para que, de conformidad con las normas que los rigen, las administren y distribuyan de manera equitativa entre todas las familias que las conforman.
ART. 21.—Sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino. Los campesinos que tengan la condición de desplazados forzosos del campo por causa de la violencia, los incorporados a los programas de erradicación de cultivos ilícitos, las comunidades indígenas y demás destinatarios de la dotación de bienes rurales a que se refiere este decreto y la ley, serán beneficiarios de los programas que desarrollen las entidades y organismos pertenecientes al sistema nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, en su condición de sujetos de reforma agraria y accederán a los créditos de producción y otros subsidios en la misma forma establecida para los demás campesinos.
ART. 22.—Capacitación. El Incora realizará obligatoria y periódicamente cursos de capacitación dirigidos a los aspirantes para el programa de adjudicación de bienes rurales, los que tendrán una duración no inferior a 15 horas, relacionados con los derechos, requisitos y obligaciones en la adjudicación de los bienes rurales, la asignación del subsidio, la consecución del crédito de producción, la explotación sostenible de los predios, sus posibilidades técnicas y económicas, administración rural, preparación de proyectos productivos, la transferencia del dominio o posesión y se adelantará una labor de promoción de las empresas comunitarias y la organización cooperativa.
ART. 23.—Coordinación. Para garantizar la adecuada y equitativa distribución de los bienes rurales en favor de la población campesina, indígena y los demás beneficiarios, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria establecerá un sistema de información y coordinación de sus actividades de inscripción y selección de aspirantes y de dotación de bienes rurales, con las entidades públicas, privadas y comunitarias que realicen planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la atención integral de la población desplazada, el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo-Plante y las organizaciones representativas de los beneficiarios.
ART. 24.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

References: artículo 2
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 967
 artículo 31