Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221440.htm
Timestamp: 2019-04-22 14:57:13+00:00

Document:
201211-Sala Civil-1-440
Auto Supremo: 440/2012.
Expediente: CB-84-12-S.
Partes: Pablo Rodríguez Vega y Celsa Flores de Rodríguez c/ Gerardo Arandia Verduguez y otros.
VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fs. 302 a 303, interpuesto por Pablo Rodríguez Vega y Celsa Flores de Rodríguez, contra el Auto de Vista de fecha 08 de junio de 2012, cursante de fs. 296 a 299 vlta, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Nulidad seguido por Pablo Rodríguez Vega y Censa Flores de Rodríguez contra Gerardo Arandia Verduguez, Lourdes Lucinda Rosas de Arandia y Jorge Pastor Mendieta; la concesión de fs. 338; los antecedentes del proceso; y:
Que, el Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba el 02 de abril de 2007, pronunció Sentencia, cursante de fs. 253 a 257, declarando Improbada la demanda principal, Probadas las excepciones perentorias opuestas por los demandados y Probadas ambas reconvencionales, declarándose 1.- Con pleno valor legal la Escritura Pública de 18 de diciembre de 1998 y su registro en Derechos Reales de fs. Y Ptda 175 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Quillacollo de fecha 2 de julio de 2001 asimismo con pleno valor legal el documento de fecha 26 de julio de 2001 y su registro en derechos reales de fs. Y ptda 4357 del libro primero de propiedad de la provincia quillacollo en fecha 3 de diciembre de 2001 y 2.- Se condenó el pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia.
Contra esa Sentencia interpuso recurso de apelación Edgard Anthony Berke Pommier en representación de Pablo Rodríguez Vega, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 08 de junio de 2012 emitió el Auto de Vista de fs. 296 a 300 vlta, Confirmando totalmente la Sentencia.
Contra esa Resolución de segunda instancia, recurre de casación la parte demandante, el mismo que se analiza.
DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÒN:
Los recurrentes acusan que el documento de transferencia de fecha 02 de septiembre de 1998 se encuentra viciado de nulidad en virtud de lo establecido por el art. 543 inc. II concordante con el art. 1340 ambos del Código Civil, indicò porque en el fondo existía un contrato de préstamo de dinero oculto bajo la venta aparente, extremos que han sido reconocidos por los propios compradores demandados y corroborado por las testificales.
Por otro lado acusa de falta de competencia del Juez que tramito la causa en virtud de considerar que conforme al art. 3 del Código de Procedimiento Civil, art. 120, 122 de la Constitución Política del Estado, donde se declaran nulos los actos de quienes ejercen funciones de los que ejercen jurisdicción y competencia que no emane de la ley y que los recurrentes consideran debió conocer la demanda el Tribunal Agrario, por dicho motivo solicita en el fondo se anule obrados hasta el vicio mas antiguo, debiendo respetarse la jurisdicción y competencia.
La Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la Resolución de los conflictos procesales. Por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformidad de la jurisprudencia nacional.
Al respecto la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, señala que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteada en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.
Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la Resolución de fondo o errores en la Resolución de fondo del litigio, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el litigio, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 num.2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
Por lo dicho cuando se recurre en casación, el recurrente queda obligado por el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, a señalar en forma clara y precisa que disposiciones legales se han infringido en la tramitación de la causa y cuales son las causales de nulidad que invoca dentro de las permisiones legales que el ordenamiento procesal señala; asimismo, debe indicar en forma puntual qué disposiciones legales se han violado, aplicado indebidamente o interpretado en forma errónea en la Resolución de fondo, es más, cuando de prueba se trata, el recurrente debe identificar a ésta e indicar cómo debía apreciarse o valorarse con arreglo a la ley, no siendo suficiente citar determinadas disposiciones como infringidas sin la fundamentación debida.
En el caso que se analiza, los recurrentes interpusieron recurso de nulidad y casación sin comprender la diferencia existente entre ambos medios de impugnación, objetando indistintamente cuestiones de forma y de fondo, y con la misma contradicción terminaron solicitando que en el fondo se anule obrados hasta el vicio mas antiguo, confundiendo totalmente lo establecido para el recurso de casación en el fondo cuya decisión se inclina por Casar la Resolución recurrida y resolver el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba y no así la anulación de obrados como erradamente lo solicitan los actores, aspecto no comprendido por los ahora recurrentes al acusar en el fondo sobre la jurisdicción y competencia, pretendiendo que dicho proceso sea anulado hasta el vicio mas antiguo por comprender que no correspondía su tramitación a la jurisdicción ordinaria sino a la agroambiental, hecho que ciertamente tenía que ser debatido en las diferentes instancias del proceso, aspecto que no aconteció en obrados y que ahora en el recurso de casación no es permitido alegar nuevas causas de nulidad.
No obstante lo manifestado, de la revisión del Auto de Vista y del Recurso de Apelación presentado sólo por el apoderado legal Edward Anthony Burke Pommier en representación de Pablo Rodríguez Vega, la parte recurrente al interponer su recurso de apelación conforme prevé el art. 227 del Procedimiento Civil, fundamentó sus agravios, indicando errores de procedimiento como la falta de notificación con la apertura del termino de prueba, la falta de señalamiento del decreto de Autos en el plazo previsto por ley (pese a sus reiteradas solicitudes); por otro lado hace referencia a Sentencias Constitucionales que versan sobre el principio de igualdad procesal, la garantía a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y a la necesidad de fundamentar toda resolución judicial, y terminó indicando que el a quo, ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, y por dichos errores peticionó en su recurso de apelación que el tribunal de alzada disponga la nulidad de obrados hasta el vicio mas antiguo. En ese intento de anular obrados por la parte recurrente, el Tribunal Ad quem conforme lo dispone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil estableció que la pretensión de la parte apelante consistía en obtener un Auto de Vista anulatorio y/o repositorio de obrados, como expresamente impetro en su memorial de apelación, bajo ese entendido el Tribunal de alzada sólo resolvió los errores de procedimiento acusados en su recurso de apelación, dándole una respuesta motivada y fundamentada a cada una de las acusaciones expuestas en su memorial de apelación, basando su Resolución en los principios que rigen las nulidades y al ver que las infracciones acusadas en el recurso no eran causal para disponer la nulidad de obrados confirmo totalmente la Sentencia.
Ahora, el recurrente en su recurso de casación pretende acusar la infracción del art. 543 en su parágrafo II y del art. 1340 ambos del Código Civil, normas que no han sido introducidas como agravios en el contenido del memorial de apelación cursante de fojas 260 a 264 vlta. y como es lógico al no ser introducidas en apelación el Tribunal de alzada no se pronunció sobre dicha infracción acusada ahora en casación, por consiguiente no corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia pronunciamiento alguno, sobre tales alegaciones, porque de hacerlo se estaría frente a un "per saltum".
Por lo indicado, no se abre la competencia de este Máximo Tribunal Supremo de Justicia para resolver el recurso de nulidad y casación pretendido por los recurrentes, debiendo darse aplicación a lo dispuesto por los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los artículos 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de nulidad y casación de fs. 302 a 303, interpuesto por Pablo Rodríguez Vega y Celsa Flores de Rodríguez, contra el Auto de Vista de fecha 08 de junio 2012, cursante de fs. 296 a 300 vlta, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.
Se regula el honorario profesión en la suma de Bs. 1000.-

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 250
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 253
 Resolución 
 artículo 254
 Resolución 
 artículo 258
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución