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Timestamp: 2017-06-24 12:03:07+00:00

Document:
24 de Junio de 2017 | 02:03
Ángel Diego Gómez Olmos,abogado en Accenture
2014 fue el primer año en el que se aplicó el examen
de acceso, experimentando la Administración Pública en no más de 800
estudiantes originarios de distintas partes de la geografía española, y
concentrándoles en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, con la
única finalidad de ejecutar el examen más importante de su vida profesional
como futuros abogados. Aquel año, la solicitud para presentar el examen de
acceso se presentó vía presencial acudiendo a la soñada Calle Bolsa número 8 de
la Ciudad de Madrid. El idioma de la prueba fue en castellano, sin
considerar la proveniencia de los alumnos y la oficialidad de otras lenguas
españolas reconocidas en la Constitución. Hoy, 3 años después, las
características del examen han cambiado, presentando, a efectos didácticos, el
ACCESO ABOGACÍA 2014
MADRID/CATALUÑA/ANDALUCÍA/VALENCIA/ILLES
BALEARS/PAÍS VASCO/GALICIA/ISLAS CANARIAS/MURCIA/CASTILLA LEÓN
CONVOCATORIAS Estas diferencias que, desde mi
punto de vista, son positivas, se han conseguido con el devenir del tiempo,
realizando pruebas con miles de alumnos que se enfrentaron a un examen que
nunca se había realizado en España, y que surge como una exigencia natural de
los sistemas de acceso a la abogacía de los diferentes miembros de la Unión
Europea, evitando con ello, ser un país atractivo para ciudadanos de la U.E.
que veían en España un candidato idóneo para evadir las normas de acceso al
ejercicio de la abogacía de sus respectivos países.
El panorama se percibe prometedor,
lo que no ha de ser óbice para seguir enriqueciendo esta prueba, pues aún
existen numerosos apartados del mismo en los que se tiene la oportunidad de
mejorar. Así las cosas, es importante destacar las mejoras que sobre el formato
del examen se pueden realizar:
El artículo 7.1 de la Ley 34/2006,
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de
los Tribunales, establece que "La evaluación de la aptitud profesional,
que culmina el proceso de capacitación profesional, tiene por objeto
acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el
ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, así como
el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales.
" [La negrita es propia]
La norma en cuestión, encontró su
desarrollo mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, este, en su
artículo 17.3, menciona que: "La prueba será escrita y constará de dos
partes que se realizarán el mismo día. El primer ejercicio consistirá en una
prueba objetiva de contestaciones o respuestas múltiples. El segundo ejercicio
de la evaluación consistirá en resolver un caso práctico previamente elegido
por el aspirante entre varias alternativas." Es en la norma de desarrollo donde
podemos advertir, la intención original de los organizadores de la prueba, pues
el Real Decreto establece que el examen consistirá, prácticamente, en un tipo
test, y un caso práctico. Trayendo a colación el artículo 7.1 de
la Ley, la evaluación tiene por objeto acreditar de modo objetivo la formación
práctica suficiente para el ejercicio de la abogacía, sin embargo, el actual
formato del examen sustentado en un tipo test, no puede evaluar de forma
objetiva los conocimientos de aquellos estudiantes que después de haber cursado
un Grado y un Máster, someten sus conocimientos a preguntas y respuestas
prefabricadas, en donde el margen de interpretación y justificación es tan
amplio y variado como el concepto de Derecho.
El formato tipo test que se ha
aplicado durante 3 años, es fruto de la reforma que sufre el Real Decreto
775/2011, de 3 de junio, pues al mismo le modifica el Real Decreto 150/2014, de
7 de marzo, este último, considerando su Exposición de Motivos, tuvo por finalidad
diseñar un formato más idóneo y válido para acreditar la cualificación y las
competencias profesionales para el ejercicio de la profesión de Abogado o de
Procurador de los Tribunales, sin embargo, explica que el cambio en el formato
de examen, de tipo test y caso práctico a tipo test, sirve para dar solución a
los problemas planteados en el 2014, por lo que deberá completarse en el
futuro. Sucede que, cuando hacemos
referencia al futuro, no fijamos un plazo, sino que congelamos una obligación
en el tiempo hasta que la misma no se pueda prolongar más o sea exigida. Pues
bien, 3 años ha sido un plazo suficiente para considerar el formato del examen,
ya sea para volver al establecido en el Real Decreto 775/2011 (Test-Caso
Práctico), o para transformarlo en una prueba cuyo contenido sean casos
prácticos, donde el futuro abogado o abogada pueda argumentar o interpretar
sesudamente las cuestiones que le son realizadas, con la finalidad de acreditar
que, con la formación especializada aprendida en las Universidades, Escuelas y
Colegios, puede proporcionar una defensa y asesoría de calidad a los
ciudadanos. Se debe modificar la prueba,
reformar la misma, a fin de mejorar el actual sistema de acreditación para el
ejercicio de los nuevos profesionales, garantizando su cualificación y, por
supuesto, su empleabilidad, la supresión de barreras injustificadas y la mejora
del acceso a estas profesiones, así como la adaptación a la Directiva
2013/55/UE de 20 de noviembre de 2013, relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales, dando cumplimiento además a las recomendaciones de la Unión
José Ortega y Gasset decía: "Sólo cabe progresar cuando se piensa en
grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos". Artículos relacionados
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 Real Decreto 

artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 7
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