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Timestamp: 2018-10-15 19:41:53+00:00

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Resolución de TEAC, 00/2825/2005, 22-11-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2825/2005 de 22 de Noviembre de 2006
Núm. Resolución: 00/2825/2005
Se confirma la actuación recaudatoria referida a la responsabilidad subsidiaria de los interesados, como administradores de una entidad. Las garantías cubren exclusivamente las deudas a las que se refieren y no otras y, por ello, en el caso concreto la hipoteca inmobiliaria se constituyó para garantizar única y exclusivamente el pago de la deuda fraccionada, así como los intereses de demora ocasionados por el pago aplazado de la deuda y no los intereses de demora ocasionados por el impago de tales fracciones. Efectuada la subasta y adjudicado el bien, por parte de la Administración tributaria se hizo la liquidación correcta al tener en cuenta la deuda, los intereses de demora resultantes del pago aplazado y las costas, sin aplicar el sobrante obtenido de la adjudicación a otras deudas de la entidad. Por otra parte, según consta en el expediente, el Juzgado de 1ª Instancia dirigió escrito al Delegado de la Agencia Tributaria ordenando retener el sobrante de la subasta, en beneficio de un tercero.
En la Villa de Madrid, a 22 de noviembre de 2006, en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Central, interpuesto por D. ... y D.ª ..., esposos con domicilio en ..., contra la resolución de 31 de abril de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la resolución de 31 de agosto de 2002, desestimatoria del recurso de reposición presentado contra el acuerdo de 15 de julio de 2002, por el que se les declara responsables subsidiarios de deudas por valor 186.065,87 € y 91.853,27 € respectivamente.
PRIMERO: Por acuerdo de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Orense de la Agencia Tributaria de 15 de julio de 2002, se declaró a los interesados responsables subsidiarios de las deudas de X, S.A. en su condición de administradores, al amparo del artículo 40.1, párrafo primero, de la Ley General Tributaria. En el mismo acuerdo se declaró asimismo responsable subsidiario a Y, S.L. como sucesora en la actividad de la citada sociedad anónima. Las deudas derivadas están integradas por cuotas, intereses de demora y sanciones cuyo origen es el acta de Inspección suscrita de conformidad el día 9 de enero de 1998.
SEGUNDO: Contra el acuerdo anterior, los interesados interpusieron recurso de reposición mediante escrito de 24 de junio de 2002, alegando que 1) la liquidación de intereses de demora debió ser efectiva de forma directa en el procedimiento de ejecución; 2) la liquidación de intereses que se practica es inexacta e incomprensible; 3) los interesados no fueron llamados en el expediente de declaración de insolvencia de X, S.A., lo que afecta al derecho de defensa; 4) la primera noticia que tuvo sobre el asunto ha sido el 3 de junio de 2002, en que se notificó la incoación del expediente de derivación, habiendo prescrito la acción de reclamación de la deuda.
TERCERO: La Dependencia de Recaudación desestimó el recurso mediante resolución de 31 de octubre de 2002, en la que señala lo siguiente: 1) la ejecución hipotecaria se efectuó sobre el máximo garantizado, siendo imposible que por parte de la Administración tributaria se procediese a aplicar el sobrante de la ejecución hipotecaria en una cantidad no garantizada con la misma. A este respecto, en el acuerdo de derivación se indica, como respuesta a exacta alegación de los interesados que "La deuda número 3 es una liquidación de intereses de demora que procede de una deuda de IVA 4T modelo 300 ejercicio 1993, de la cual se solicitó fraccionamiento. Dicho fraccionamiento fue concedido y en garantía del mismo se formalizó una hipoteca sobre concesión administrativa. La ejecución de la misma dio lugar a un ingreso que se aplicó a cancelar la deuda y los intereses garantizados por la citada hipoteca. El sobrante, en aplicación de lo dispuesto en el art. 148 del R.G.R., fue puesto a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos en el correspondiente Registro de la Propiedad, sin que la Agencia Tributaria pudiera aplicarlo a otras deudas y a los restantes intereses de la entidad X, S.A."; 2) de la aplicación del importe de la ejecución hipotecaria aplicada a los intereses y de los pagos de los plazos con sus correspondientes intereses se da cuenta en la liquidación cuya copia se adjunta a la resolución del recurso. 3) como se indicó en el acuerdo de derivación, para poder rebatir la declaración de insolvencia del deudor, los interesados como administradores que eran debieron informar, durante la fase de alegaciones, sobre los bienes o derechos de la deudora, cosa que no hicieron; 4) en lo que respecta a la prescripción, en ningún momento han transcurrido 4 años de inactividad ni antes ni después de la declaración de fallido.
CUARTO: Disconformes los interesados con la resolución anterior, interponen reclamación económico-administrativa ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en la que reiteran las alegaciones formuladas en el recurso de reposición, señalando que la integridad de lo recaudado en la ejecución hipotecaria (111.100.000 pesetas; 667.724,45 €) estaría dentro de la cobertura de dicha hipoteca y en consecuencia debió aplicarse al pago de la deuda tributaria y los intereses de la misma. Añade que la existencia de una sucesión de actividad empresarial a favor de Y, S.L. hace que la deuda deba reclamarse a esa entidad mercantil.
QUINTO: El Tribunal Regional dictó resolución con fecha 13 de abril de 2005, en la que resumidamente argumenta que de la lectura de la escritura de constitución unilateral de hipoteca inmobiliaria se deduce que la misma garantiza el fraccionamiento de pago de la deuda de IVA por importe de 81.927.326 pesetas (492.393,15 €), así como los intereses de demora devengados relativos al fraccionamiento, más el 25% de ambas partidas, "debiendo cubrir un total de ciento treinta y dos millones quinientas ochenta mil ochocientas sesenta y dos pesetas, de acuerdo con el artículo 52.5 del Reglamento General de Recaudación", artículo relativo a la garantía que ha de aportarse para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento. De lo expuesto se deduce la procedencia de la liquidación practicada conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley General Tributaria, al no estar garantizados dichos intereses por la hipoteca inmobiliaria y no poder ser aplicado el importe obtenido en la subasta realizada para la ejecución de dicha hipoteca, a dichos intereses de demora. En cuanto a que la Administración tributaria debe dirigirse a la entidad sucesora para la reclamación de la deuda, tal pretensión no puede ser acogida, pues como consta en el acuerdo de derivación de responsabilidad, la sucesión de actividad empresarial es uno de los supuestos de responsabilidad subsidiaria, no pudiendo dar prioridad a la exigencia de la deuda a la sucesora, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.6 de la Ley General Tributaria. Respecto de la declaración de fallido de la deudora principal, tal declaración es el acto conclusivo del procedimiento ejecutivo dirigido contra el sujeto pasivo y como tal en ningún momento aparece establecida la obligación de su notificación por la Administración a quien todavía no forma parte del procedimiento recaudatorio, que solamente se inicia con la comunicación de apertura del proceso de derivación de responsabilidad. En lo que se refiere a la prescripción, la que puede alegar el sujeto pasivo como obligado principal la puede alegar también el responsable subsidiario en su calidad de obligado al pago accesorio. De ello se deduce que lo accesorio ha de seguir las consecuencias jurídicas de lo principal y, a este respecto, el artículo 62 del Reglamento General de Recaudación dispone expresamente no sólo que la prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago, sino que interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entiende interrumpido para todos los obligados al pago, por lo que no procede estimar la pretensión de los reclamantes, toda vez que la deuda en sede del deudor original no se encuentra prescrita. En consecuencia con lo dicho, el Tribunal Regional desestimó la reclamación interpuesta, si bien ordena que por aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 58/2003 General Tributaria, la sanción impuesta debe exigirse en la cuantía resultante de la aplicación de esta Ley.
SEXTO: Los interesados interponen recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Regional, notificada el día 18 de mayo de 2005, mediante escrito del día 17 de junio siguiente, en el que reiteran cuanto queda dicho, indicando además que 1) no se concreta la razón de la exclusión de los intereses de la garantía hipotecaria, y debiendo estar los actos administrativos limitativos de derechos debidamente motivados y no estarlo en el presente caso los impugnados, devienen en nulos. En relación con los intereses, la escritura no hace concreción o distinción alguna respecto a la clase o cualidad de los mismos, y el único condicionante se refiere a que sean intereses de demora, lo que se cumple en el presente caso; 2) respecto de la prescripción, no se hace ninguna referencia en la resolución impugnada al plazo de seis meses establecido en el artículo 31 del Reglamento de Inspección de los Tributos, lo que produce como efecto que "se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción, como consecuencia del inicio de tales actuaciones inspectoras". Cita al efecto el periodo superior a seis meses en la acción inspectora entre la notificación de providencias de apremio el 22 y el 29 de abril de 1998, y la citación a comparecencia el 20 de noviembre de 2001. En otro momento indica como fecha de inicio de la prescripción el día 27 de octubre de 1997 (levantamiento de las Actas de Inspección).
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del recurso de alzada interpuesto, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si es conforme a derecho el acuerdo de derivación de responsabilidad impugnado.
SEGUNDO: Por parte de este Tribunal Central no cabe sino confirmar los actos impugnados por ser plenamente conformes a derecho, por lo que se suscribe íntegramente su argumentación, debiendo no obstante hacer las consideraciones siguientes. En todos los casos de constitución de garantías, éstas cubren exclusivamente las deudas a las que se refieren y no otras. En presente caso, la hipoteca inmobiliaria se constituyó para garantizar única y exclusivamente el pago de la deuda fraccionada, esto es, el IVA 4T modelo 300 ejercicio 1993, así como los intereses de demora ocasionados por el pago aplazado de la deuda; en ningún caso los intereses de demora ocasionados por el impago de tales fracciones, como pretenden los recurrentes. Así pues, efectuada la subasta y adjudicado el bien, por parte de la Administración tributaria se hizo la liquidación correcta al tener en cuenta la deuda, los intereses de demora resultantes del pago aplazado y las costas, sin aplicar el sobrante obtenido de la adjudicación a otras deudas de X, S.A. las que fueron derivadas (entre las que se encuentran los intereses de demora de la deuda aplazada originados por el incumplimiento de tales plazos), en perjuicio de terceros, porque tal conducta es contraria a derecho, entre otros preceptos, al artículo 131.16 de la Ley Hipotecaria. Por otra parte y según consta en el expediente remitido, el Juzgado de 1ª Instancia nº ... de ... dirigió escrito de 14 de marzo de 2001 al Delegado de la Agencia Tributaria ordenando retener el sobrante de la subasta, en beneficio de un tercero. Puesto que todo lo actuado en relación con la aplicación del importe obtenido en la subasta y su justificación ha sido explicado suficientemente en los actos impugnados, este Tribunal rechaza la imputación del interesado de falta de motivación de los actos impugnados.
TERCERO: Respecto de la prescripción alegada en términos algo confusos, ha de aclararse que el Reglamento General de la Inspección de los Tributos está precisamente referido a las funciones de inspección, por lo que sus normas en relación con los plazos no son de aplicación a los actos de recaudación. Por otra parte, no se acepta que las actuaciones posteriores a 27 de octubre de 1997, como es el caso por ejemplo de las notificaciones de las providencias de apremio en 1998, carezcan de efecto de interrumpir el plazo de prescripción; ni el artículo 31 del citado Reglamento ni ninguna otra disposición legal avala tal afirmación.
Sentencia Administrativo TSJ Castilla y Leon, 17-05-2002
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Sentencia Civil Nº 428/2010, AP - Madrid, Sec. 13, Rec 465/2009, 28-09-2010
Orden: Civil Fecha: 28/09/2010 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Zarco Olivo, Jose Luis Num. Sentencia: 428/2010 Num. Recurso: 465/2009
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El objeto de la hipoteca inmobiliaria lo constituyen la obligación garantizada y los derechos hipotecables. La estructura de la hipoteca se compone de elementos personales, elementos reales y elementos formales. Los elementos reales de la hipoteca...
Resolución de TEAC, 00/676/2011, 24-04-2013
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 24/04/2013 Núm. Resolución: 00/676/2011

References: Resolución 
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 resolución 
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 52
 artículo 127
 artículo 37
 artículo 62
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 resolución 
 artículo 31
 artículo 131
 artículo 31

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