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Timestamp: 2020-07-13 01:38:11+00:00

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Tutela jurídica de los derechos colectivos ambientales | Revista Primera Instancia
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Tutela jurídica de los derechos colectivos ambientales
Karla Elizabeth Mariscal Ureta*[1]
SUMARIO: Introducción. 1. Medio ambiente sano. 1.1. Configuración jurídica. 1.2. Un derecho humano individual y colectivo. 1.3. El marco legal (México). 2. Derechos colectivos. 3. Escenarios globales. 4. Procesos colectivos. 4.1. Acciones colectivas. 4.1.1. Acciones colectivas ambientales. 4.2. Amparo colectivo. Consideraciones finales. Referencias bibliográficas.
Resumen: La investigación que se presenta, desglosa el análisis del derecho al medio ambiente sano como prerrogativa colectiva global, con el propósito de advertir los contrastes existentes para su tutela jurídica. Procedimientos como las acciones colectivas, el procedimiento de responsabilidad ambiental y el amparo colectivo se han diseñado en el caso Mexicano, desde 2010 para la tutela judicial efectiva del derecho a un medio ambiente sano, no obstante, a pesar de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo de 2011, siguen existiendo violaciones al derecho de un medio ambiente sano, trayendo impactos y consecuencias negativas en la salud pública, la economía, la cultura, los derechos de los pueblos originarios y el desarrollo de algunas actividades productivas. Por ello, es imperioso advertir cuáles son las causas que derivan en la ineficiencia de la normatividad mexicana destinada para la protección del derecho al medio ambiente sano desde el punto de vista de los derechos humanos de orden colectivo y supranacional.
Abstract.- The research presented breaks down the analysis of the right to a healthy global collective prerogative, in order to warn the contrasts for legal protection environment. Procedures such collective actions, the procedure of environmental responsibility and collective protection are designed in the Mexican case, from 2010 to effective judicial protection of the right to a healthy environment, however, despite constitutional reforms in and human rights under 2011, there are still violations of the right to a healthy environment, bringing negative impacts and consequences on public health, the economy, culture, rights of indigenous peoples and the development of some productive activities. Therefore, it is imperative to note the causes that lead to the inefficiency of the Mexican regulations intended to protect the right to a healthy environment from the point of view of human rights and collective supranational order.
El concepto de derechos humanos es producto del acontecer histórico que delinea la convivencia del individuo en comunidad, basada en el respeto a su propia naturaleza que enmarca la dignidad de persona y su relación con el contexto social y biológico en el cual se establece, vive y desarrolla.
Luego entonces, la evolución del concepto de derechos humanos ha descansado en generaciones, no obstante, esta generaciones son a nuestro parecer ideas jurídicas que afirman categórica y universalmente que el ser humano necesita ciertos elementos y circunstancias para vivir, desarrollarse y subsistir, los que se traducen en determinados intereses individuales, colectivos e incluso difusos, ahora bien, una vez que se esos intereses se han positivizado se manifiestan como derechos, los cuales para tener sentido, deben encontrarse tutelados y ser garantizados.
En este sentido, también debemos advertir que la dinámica a nivel nacional e internacional ha venido cambiado sustancialmente, las realidades son distintas y las necesidades individuales y colectivas también se han diversificado; fenómenos como la globalización, la expansión de la industria con pocos parámetros sustentables, el crecimiento demográfico, la escasez de agua y de recursos naturales, incluso el agotamiento de los mantos petroleros, y la fuerte contaminación de variados ecosistemas han contribuido a panoramas crudos en cuanto al pronóstico de las economías globales sostenidas en fuentes naturales.
Por ello, es urgente dar vida y certeza jurídica a derechos como el medio ambiente adecuado o ecológicamente equilibrado, articulando mecanismos idóneos y construyendo bases jurídicas sólidas para su protección, pero más que ello, viables y eficaces. En un escenario como el actual no nos sirven de mucho sofisticados sistemas de normas cuando no resuelven prácticamente los problemas, por ello, el presente estudio se enfoca en el análisis de las formas de tutela del derecho a un medio ambiente sano en México, como un derecho humano con perspectiva global y colectiva.
Partir de realidades y problemas actuales que nos permitan verificar la ductibilidad de la norma existente para la defensa del derecho a un medio ambiente sano, enmarca el sentido de la presente aportación en donde encontraremos como primer punto lo relativo a la categorización jurídica del derecho en cuestión, y al marco constitucional y legal aplicable, para contrastar el universo de normas ambientales mexicanas y determinar cómo es abordado el derecho.
A saber, hacemos también un breve estudio sobre los mecanismos procesales de tutela colectiva del derecho, y finalmente en nuestras consideraciones concluyentes, exponemos el panorama actual del derecho al medio ambiente sano en el sistema normativo mexicano y las peculiaridades que encontramos no favorecen a su tutela judicial efectiva.
El derecho a un medio ambiente sano es un derecho subjetivo al mismo tiempo que es un derecho de todos, es decir, un derecho difuso, del colectivo en sentido amplio; el cual puede ser ejercitado como un derecho colectivo en sentido estricto, por un grupo determinado de personas que se ven afectadas y que mantienen una relación jurídica, e incluso por una acción individual homogénea.
Estas peculiaridades son las que vuelven más interesante el postulado del medio ambiente sano como derecho humano, pues desde la teoría de los derechos fundamentales básica se alza como un derecho intrínseco de la persona para subsistir, pero además se expande al conglomerado social, llamado colectivo, en tanto, el impacto del bien jurídico medio ambiente pertenece a todos, y cuando ese ¨todos¨ admite delimitación nos encontramos ante un derecho colectivo en sentido estricto, pero de no ser así transitamos al adjetivo ¨difuso¨.
1. Configuración jurídica
Por cuanto a la configuración jurídica del derecho al medio ambiente sano, tenemos que el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales llamado de San Salvador, prevé ¨el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos¨. Y el artículo 1, de la Declaración de Bizkaia sobre el Derecho al Medio Ambiente, manifiesta ¨el derecho de toda persona, tanto a título individual como en asociación con otras, a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.¨[2]
Asimismo, en 1972, se celebra la Conferencia de Estocolmo, de la que emanan 24 principios fundamentales, de los cuales podemos destacar el principio 1, que estableció lo siguiente: ¨El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras¨.[3]
Lo anterior, nos conduce a la relación entre el medio ambiente sano y el equilibrio ecológico, que sostiene el balance entre recursos bióticos, abióticos y artificiales en la medida que su calibración es indispensable para la vida. El derecho al medio ambiente sano implica pues para Rodríguez Resia,[4] la utilización sostenible, moderada y con enfoque de protección y conservación de todos los elementos constitutivos del hábitat de la humanidad, incluyendo la flora y la fauna, así como todas aquellas condiciones colaterales indispensables para su existencia.
De tal suerte que los elementos constitutivos del hábitat de la humanidad son tanto el medio ambiente natural como el medio ambiente artificial. El primero existente desde el inicio de la vida, determinando su propio origen, y el último como condiciones de comodidad establecidas por el ser humano, de las que difícilmente pudiera ya prescindir. Por ello, tanto unos elementos como otros le son indispensables al género humano, y se debe entonces trabajar para conservar ambos, y mantener el equilibrio necesario entre ellos.
2. Un derecho humano individual y colectivo
El derecho al medio ambiente sano, nos lleva a cuestionar la visión antropocentrista que se enfoca en los derechos de la persona, es decir, en el plano subjetivo, en contraste con la óptica biocentrista, que se extiende a los llamados derechos de la naturaleza. Veamos, Boó y Villar,[5] nos dicen que en los derechos de la naturaleza el centro está en la naturaleza, que incluye al ser humano, dándole auge a la visión biocéntrica. Éstos derechos defienden el mantenimiento de los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades más que en los individuos.
La idea de los derechos de la naturaleza ¨biocentrista¨, articula la expansión del concepto de derechos humanos sobre el medio ambiente, complementando la óptica antropocéntrica como comenta Rodríguez Saldaña, en una suerte de: ¨derechos a la vida y derechos de la vida¨. [6]
Luego entonces, el derecho humano al ambiente es concebido como un derecho de propiedad colectiva que implica co-pertenencia y goce o disfrute, nuevamente en palabras de Boó y Villar. [7] De tal suerte que, el hombre ostenta la propiedad de la naturaleza al mismo tiempo que es naturaleza y debe regir sus actos para beneficio propio y colectivo, adjudicando valor al equilibrio entre su obra artificial y la obra natural a la que pertenece como género humano. Observando, en lo posible la tutela efectiva del bien jurídico ¨ambiente¨ en su enfoque individual pero también colectivo.
De tal suerte que hablar del derecho al medio ambiente sano como un derecho humano colectivo, es a nuestro parecer una construcción, que entre otros aspectos se caracteriza por lo siguiente:
a) Es un derecho humano al ser considerado una prerrogativa fundamental pues sin un medio ambiente ¨sano¨ ni es posible la vida, ni los procesos que surgen de ella.
b) Es un derecho que tiene connotación colectiva que torna en lo difuso de sus titulares cuando es enunciado como categoría universal, pues es una prerrogativa de todos, en tanto derecho de la sociedad, en el ocasionalmente no puede determinarse un grupo o sector específico.
c) Implica la preservación y restauración del equilibrio ecológico como condición indispensable.
d) La protección de los elementos naturales del ambiente le es esencial, para lograr el equilibrio mínimo necesario y se considere medio ambiente sano.
e) Está asociado a otros derechos como el derecho a la salud y al desarrollo.
f)Debe ser protegido tanto individual como colectivamente, en tanto se trata de un bien global.
g) Involucra una responsabilidad tanto para el Estado como para los particulares.
En síntesis podemos concluir, que el medio ambiente adecuado se presenta como un derecho de perspectiva individual-subjetiva pero también colectiva (en sentido estricto o difusa), en virtud de que, afecta intereses personales directamente vinculados a la salud, vivienda, trabajo, seguridad pública, entre otros; como aquellos que se pueden hacer valer en acciones civiles por daños, y además afecta intereses que son intrínsecos a la persona como miembro de una colectividad, es decir como parte del ¨todos¨, en tanto, aspectos colectivos de grupos determinados como el daño ocasionado por parte de una compañía minera que contamina y degrada el ambiente de una determinada región y a su población, o bien, de colectivos difusos como la polución originada y extendida por regiones de forma imprecisa.
Aspectos que tanto unos como otros, deben ser producto de regulación jurídica y de hecho lo son, pero aún de forma poco eficaz. Además tenemos que éste derecho puede ser tratado jurídicamente de diversas posiciones, una la biocentrista y otra la antropocentrista, en la última privilegiando la posición de los derechos de la persona (la más recurrida), sin embargo, en un ejercicio de armonía integradora pensamos que el derecho al medio ambiente sano es un en resumen un derecho difuso por cuanto aspiración fundamental que protege a ¨todos¨, y que puede ser tutelado por la norma constitucional y legal de forma también abstracta lo que puede representar un peligro que obstaculice su materialización.
No obstante, éste derecho al estar contenido de forma abstracta tiene dos aristas de protección, una la que privilegia el bien jurídico ambiente como objeto del ser humano en su patrimonio, en una visión antropocentrista, la cual puede ser protegida desde el punto de vista individual o por una acción colectiva de individuos con intereses comunes o colectivos plenamente determinados en donde el daño pueda corroborarse y cuantificarse de manera fehaciente.
Asimismo, en esa misma óptica antropocentrista se puede tutelar el daño directo al ambiente natural en cada uno de sus elementos: flora, fauna, agua, suelo y aire; a través de acciones colectivas difusas, amparo colectivo, juicio contencioso administrativo, jurisdicción penal, o juicio de responsabilidad ambiental. En estos procesos, lo que se busca es la protección integral del medio ambiente natural pero también como patrimonio de la persona.
Ahora bien, la visión biocentrista permite y privilegia también una protección a través de procesos reguladores del uso y disfrute el medio ambiente natural pero no solo como una prerrogativa del ser humano, sino como elementos relevantes de la vida del planeta en donde el ser humano no es el centro sino una parte muy significativa de ese medio ambiente, por lo que el medio ambiente sano se extiende en esta óptica hasta cualquier punto del desarrollo de la persona, por esta visión, podríamos llegar incluso a pensar que medio ambiente sano es el equilibrio físico, social y emocional del ser humano y de éste con el resto de los elementos naturales, por lo que el biocentrismo implica mayores obligaciones de tutela.
3. El marco legal (México)
Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano, ha sido abordado desde los argumentos vertidos en Estocolmo en 1972,[8] como una prerrogativa que busca garantizar que en el presente y el futuro del hombre. De ahí fue traslado e diversos grados a algunas cartas constitucional, por lo que hace a México, tenemos que el artículo 4º constitucional es el que reconoce el derecho, específicamente a partir del año 2012, con el adjetivo de ¨sano¨, de ahí se traslada al cuerpo de la Ley marco en materia ambiental de nuestro sistema jurídico, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por cuanto al marco legal mexicano, advertimos que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, en su artículo primero, reformado por última vez el 5 de noviembre de 2013, establece que es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, y tiene por objeto, entre otros, el garantizar el derecho de toda persona vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
Sin embargo, pese a que regula diversos aspectos relacionados con la protección ambiental, el desarrollo sustentable y el equilibrio ecológico, no establece en forma expresa, directa y específica medidas para garantizar el derecho. En el cuerpo del artículo 15, fracción XII, contempla que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y que las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho. De lo que podemos observar, que no se emplea el adjetivo ¨sano¨, sino el de ¨adecuado¨, quizá en razón de que constitucionalmente fue nombrado en un primer momento con ese calificativo, y las reformas al artículo 4 constitucional de 2012 aún no han sido retomadas.
Luego entonces, el cuerpo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, solo hace mención específica del derecho humano, en su artículo 1 y en su artículo 15, pero con distintos adjetivos: sano y adecuado; sin desarrollar, en nuestra opinión, los lineamientos, criterios o medidas para asegurar el cumplimiento de tal derecho, referenciando a todos los preceptos de la propia Ley y demás ordenamientos en la materia, probablemente porque el concepto de derecho al medio ambiente sano encierra la protección al medio ambiente natural en todos sus elementos, el mantenimiento del equilibrio ecológico y el cuidado de las relaciones entre el hombre y el resto de la naturaleza.
No obstante, consideramos que para garantizar el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano, debe contarse con criterios claros y específicos, primero estableciendo qué se entiende por medio ambiente sano, cuándo se considera que se puede arribar a ese concepto, qué características guarda, qué acciones necesita para asegurarse y qué medidas para restaurarse, cuestiones que, a nuestro juicio, no contempla de manera acertada la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ahora bien, el artículo 15 de nuestra Ley Marco, nos remite a las normas aplicables en cualquier ordenamiento sobre la materia, en este tenor, cabe hacer un recorrido de la legislación ambiental mexicana respecto al derecho a un medio ambiente sano, legislación que abunda en materias muy específicas, y que además es abundante, pero de la que en este momento de análisis, solo advertiremos lo relativo al derecho humano mencionado, de aquellas que nos parecen tienen mayor relevancia.
Respecto a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, vemos que establece en su artículo 1, que sus disposiciones tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Además de que en su artículo 2, establece dentro de los principios a observar, en la fracción I, el derecho de toda persona a vivir en medio ambiente ¨adecuado¨, para su desarrollo y bienestar. Y todas las demás disposiciones son relativas a la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en el entendido que son las actividades a regular para aportar a garantizar el derecho expresado, de tal manera, que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos si establece disposiciones a la luz del derecho a un medio ambiente sano, pero lo continua señalando con el adjetivo ¨adecuado¨.
Asimismo, la Ley General de Vida Silvestre no prevé enunciado relativo al derecho a un medio ambiente sano, solo se circunscribe a establecer pautas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República mexicana y en las zonas donde la nación ejerce su jurisdicción.
Por su parte, la Ley General de Cambio Climático, tampoco define el derecho al medio ambiente sano, ni es puntual para precisar expresamente aquellos aspectos del cambio climático que lo transgreden, ni de qué manera las políticas públicas de adaptación y mitigación pueden ser estrategias para el cumplimiento de dicho derecho.
La Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, no manifiesta referencia expresa el derecho al medio ambiente sano, pues se circunscribe a regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional, y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
La Ley de Hidrocarburos, no contempla referencias expresas en relación al derecho aun medio ambiente sano. La Ley de Energía Geotérmica, no establece manifestación sobre el derecho al medio ambiente sano o el artículo 4 constitucional, pero se remite a las normas que resulten aplicables a las actividades reguladas y los derechos humanos y sociales, entre los que obviamente podemos advertir al derecho a un medio ambiente sano, por lo cual pensamos que de manera transversal si se establece dicho derecho, dentro del objeto de esta Ley.
La Ley de Aguas Nacionales, no establece referencias al derecho a un medio ambiente sano. En el mismo caso, se encuentra la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas, y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, tampoco establece manifestación en relación al derecho al ambiente sano.
Ahora bien, la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados en su artículo 3, fracción XIX, si define al medio ambiente, como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Concepto en el cual destacamos la relación manifiesta entre la existencia y el desarrollo del hombre y los demás organismos vivos, estimando la necesidad de mantener el medio ambiente en condiciones viables para continuar el proceso y la interacción entre el ser humano y los demás organismos vivos.
Además de lo anterior, en su artículo 9, señala como principio a seguir, la obligación del Estado de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar
De lo expuesto se advierte que por un lado, este cuerpo legal si contiene disposiciones relacionadas al derecho al medio ambiente sano, sin embargo, cuando lo manifiesta como principio, hace hincapié en el adjetivo ¨adecuado¨, además de que al definir al medio ambiente, lo aborda como un elemento distinto al hombre y los demás organismos vivos, al señalar que es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre, que hacen posible la existencia y desarrollo del ser humano y los demás organismos vivos.
Por su parte, la Ley de Federal de Responsabilidad Ambiental, reglamentaria del artículo 4 constitucional, tiene por objeto la protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, para el desarrollo y bienestar de toda persona, la responsabilidad generada por el daño ambiental y el deterioro ambiental. Responsabilidad que puede derivar de los procesos judiciales federales previstos en el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Como podemos advertir, esta normatividad tiene como propósito garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante la determinación de la responsabilidad por daño ambiental, el cual en términos de la fracción III, de su artículo 2º, se puede reconocer como la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitats, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas y de las relaciones de interacción que se producen entre ellos, o de los servicios ambientes a que dan lugar.
Para la medición de dicho daño, ésta Ley se vincula a lo previsto en las Normas Oficiales Mexicanas. Además en términos de la reparación, se propone buscar la restitución y resarcir el daño, y solo en casos excepcionales recurrir a la compensación. De esta manera, la Ley Federal de Responsabilidad por daño ambiental plantea una opción para combatir el daño ambiental y restituir a las zonas afectadas, con el objetivo de preservar el orden ecológico de los ecosistemas, y como una medida que de oportunidad a garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Finalmente, podemos apreciar que la legislación mexicana de orden federal dedicada a la materia ambiental, integra una especie de sistema de protección al medio ambiente y al equilibrio ecológico, en donde podemos colocar en el centro a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Además que, cada una de las legislaciones expuestas, en su mayoría, no hacen referencia expresa al derecho a un medio ambiente sano, incluso algunas si lo relacionan pero aún bajo el adjetivo de ¨adecuado¨. No obstante, al normar cada área o actividad específica con impacto en el medio ambiente natural, tutelan el derecho de manera transversal.
Ahora bien, para definir al medio ambiente sano nuestra Corte ha asociado el adecuado uso y explotación de los recursos naturales, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, y con ello, brinda la pauta para considerar que al apostar por un uso adecuado de los recursos naturales, la restauración y preservación del equilibrio y el logro del desarrollo sustentable son premisas básicas para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Por lo que respecto a la definición y el alcance del derecho humano, se observa que ésta, debe realizarse con base en una interpretación sistemática, coordinada y complementaria de los ordenamientos que tiendan a encontrar, desentrañar y promover principios y valores fundamentales que inspiraron al creador de la norma. Lo que nos confirma lo advertido en el apartado dedicado al análisis de la legislación ambiental y su relación con el derecho al medio ambiente, en cuanto a que, cada Ley determina una forma de arribar a garantizar el derecho al medio ambiente sano, y así, cada normatividad integra una parte de todas las acciones requeridas para la tutela efectiva del derecho, lo que nos conduce a buscar un sistema de normas ambientales que se concatenan entre sí, se armonicen, no entren en conflicto y resulten realmente eficaces.
Gidi y Ferrer Mac-Gregor,[9] precisan que existe un núcleo común entre los derechos colectivos en sentido amplio, conformados por los derechos difusos y colectivos en sentido estricto, el cual se asienta en la conciencia colectiva. Sin embargo, que la comunidad titular de un derecho difuso está compuesta por personas ligadas por circunstancias de hecho, y la colectividad titular de un derecho colectivo en sentido estricto, está compuesta por personas ligadas por una relación jurídica-base.
Así entonces, los derechos colectivos en sentido amplio son aquellos que se ejercitan colectivamente, es decir, agrupadamente, en virtud de que la titularidad de éstos la asume el grupo. Dando lugar así, a los derechos colectivos en sentido estricto, cuando el grupo puede identificarse perfectamente, y difusos cuando hay un nexo base más de hecho que de orden jurídico, y los titulares son dispersos o imprecisos.
Ahora bien, para la defensa de los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente, se han ideado mecanismos de protección como las acciones colectivas, la responsabilidad ambiental y el juicio de amparo colectivo, permitiendo en todos los casos a mayor o menor escala, la legitimación procesal del grupo para la defensa de intereses comunes.
Sin embargo, en términos de tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia por parte del grupo auspiciado por un interés legítimo, no es suficiente para salvaguardar derechos como el medio ambiente sano, en virtud de que la efectividad de la tutela judicial no radica solo en la fundamentación normativa que permita la presentación de la acción grupal, sino que debe atender a culminar dichos procesos de manera eficaz, traduciéndose en el respeto y defensa del derecho colectivo en juego.
En conclusión, el medio ambiente sano se puede presentar como un derecho de orden subjetivo pero también con una perspectiva colectiva, subjetivo en tanto lo que se regula es el bien de la persona física y el daño dicho bien-patrimonio natural, y en cambio colectivo, cuando lo que se regula es la conjunción de intereses individuales en un nexo común como las acciones individuales colectivas, o bien, cuando se protegen derechos de un grupo o clase.
Situaciones como la escasez de agua de calidad, el cambio climático, la crisis de alimentos, la cuantiosa deforestación, los problemas de salud pública por contaminantes en la atmósfera y la alteración de los ciclos agrícolas, entre otros, son hechos que llevan a pensar que hoy, más que en cualquier otro momento de la historia, resulta evidente la preocupación por la defensa del derecho a un medio ambiente sano, ahora bien, hablar del derecho al medio ambiente sano nos conduce a pensar en la protección de los derechos humanos de orden subjetivo y colectivo; bienes de ¨todos¨, daños de ¨todos¨, que pueden dar lugar al ejercicio de acciones subjetivas o colectivas.
Cuando hacemos referencia a los derechos humanos de orden subjetivo es fácil pensar en aquellos vinculados a las libertadas públicas, es decir los derechos civiles y políticos, ahora bien, después de éstos derechos aparece la intención de garantizar derechos mucho más integrales como los llamados sociales y los colectivos, luego entonces tratándose del medio ambiente sano, éste es un derecho humano que al ser positivizado es complicado de alcanzar, pues involucra la protección de otros derechos como el de la salud, el patrimonio cultural, los alimentos, entre otros, además de que se presenta como una abstracción en los textos constitucionales: ¨todos tenemos derecho a un medio ambiente sano¨.
En este orden de ideas, nacen las siguientes inquietudes jurídicas: ¿qué se considera medio ambiente sano?, ¿la palabra ¨todos¨ a quien o quienes hace referencia?, ¿cuáles son los medios idóneos de tutela?, así entonces, un individuo que en ejemplo se encuentre afectado en su salud por una fábrica que en el perímetro de su domicilio emite sustancias tóxicas, puede exigir el pago de daños por los detrimentos en su salud debido a la contaminación de la fábrica, solo bastará acreditar el daño y cuantificar, y para solicitar la indemnización puede demandar por vía civil los daños o bien por acción colectiva, cuando sean varios los afectado, alegando los daños causados en su salud y la vulneración de su derecho desde el punto de vista subjetivo al medio ambiente sano.
Sin embargo, una asociación de individuos, el representante de los derechos de la comunidad o cualquier ciudadano goza desde el punto de vista formal del derecho a un medio ambiente sano, y si una fábrica que contamina le vulnera su derecho aun cuando no se pueda demostrar daño directo, debiera en teoría, poder alegar la vulneración; hechos como el expuesto, se han pretendido defender con la figura del interés legítimo, en donde se permite a terceros ajenos al daño y solo afectados de forma indirecta o transversal demandar para instar a revocar un acto de autoridad o de particulares envestidos de autoridad que dan lugar o permiten el desahogo de la actividad contaminadora.
Ahora bien, sí advertimos el contexto de la palabra ¨todos¨ en la Constitución mexicana, observamos un derivación difusa, en tanto, al ser un derecho de todos, es un derecho colectivo en sentido amplio, en donde en ocasiones ni siquiera pudiera identificarse plenamente al grupo afectado, pensemos por ejemplo en el derrame de un combustible en determinada zona, en donde no se pueda contener el daño de forma geográfica, y éste se extienda en territorios extranjeros y de forma dispersa.
En ejemplos como el anterior, ¿quiénes serían los titulares legitimados para demandar acción legal por el daño?, y más aún ¿cómo y hasta qué punto se debe de dar por restaurado o mitigado el daño?, aquí es donde sobreviene una cuestión mucho más compleja dentro de la tutela jurídica del derecho a un medio ambiente sano, pues lo primero que no define aún, ni la norma internacional ni la nacional de manera clara, son los elementos del derecho a un medio ambiente sano, es decir, ¿cuál es la base para medir el daño al medio ambiente sano?, ¿cuándo y cómo estaba sano?, y a partir de ahí, los ámbitos de tutela quedan supeditados a la intención de la norma que en la mayoría de los casos resulta imprecisa, pues solo habla de reparación con parámetros en la mayoría de las veces poco exactos.
Por lo anterior, consideramos que a pesar de contar en México con un marco legal bastante amplio en materia ambiental y al estar vinculados también a normas de origen internacional, traducir el derecho al medio ambiente sano tanto en el plano subjetivo como colectivo no es tarea fácil, pues implica una óptica mucho más extendida e integral que nos conduzca a la tutela efectiva del derecho.
Observar la perspectiva colectiva del medio ambiente sano implica su configuración como objeto de propiedad pública, ahora bien, no se trata sólo de reconocer dicha propiedad grupal sino de hacer efectiva y garantizar la prerrogativa, situación que en la práctica se presenta por demás compleja, en México como en muchos otros país, ahora bien, además las cuestiones ambientales suelen tener una incidencia difusa que perfila intereses supranacionales, por lo que se puede estimar que tiene una connotación sumamente global.
De esta manera, el medio ambiente sano se construye y mantiene un poco en cada región de la Tierra, lo que se acumule en un punto territorial, definitivamente repercute en otros. Por ello, se hace sumamente indispensable para su adecuada tutela la acción conjunta a nivel internacional y la formulación de mecanismos legales destinados de forma directa o transversal a la protección del derecho, no obstante, ahora contamos con un gran bagaje de normas jurídicas supranacionales e internas de protección y tutela, pero no disminuyen e incluso aumentan los problemas derivados del desequilibrio ecológico, por lo que resulta urgente revisar el nivel de eficacia y efectividad del control normativo del derecho al medio ambiente sano, desde sus raíces más incipientes como la formulación de las propias normas, los sistemas ideados para garantizar su cumplimiento y los criterios de gobernanza diseñados para tal fin.
En suma congruencia, advertimos que los efectos negativos de la contaminación y el desequilibrio ecológico no sólo afectan la esfera social o cultural de las comunidades, sino que además inestabilizan los sistemas financieros, en virtud de que, en muchas ocasiones, se vuelve más costoso producir, se escasean los insumos, incluso el agua, se tiene que invertir más en programas de mitigación y/o atención de desastres y en contingencias de salud pública, además del costo que genera responder por el incumplimiento a compromisos de protección Estatal a nivel internacional.
En este orden de ideas, la globalización se presenta como un plano necesario para resolver problemas y situaciones que trascienden la esfera nacional. Serna de la Garza, opina que la fase actual de la globalización se caracteriza por los siguientes elementos: ¨A. La intensificación de las relaciones sociales a escala mundial; B. Organización de la actividad económica, de alcance transnacional; C. Nuevos actores en la política internacional; D. Redes transnacionales de generación, flujo e intercambio de patrones culturales, y E. La emergencia de problemas de dimensión planetaria¨. [10]
Luego entonces, el escenario global nos muestra nuevas formas para organizar la defensa de los derechos humanos, respondiendo a la ahora conformación de actividades y redes a nivel internacional, que reflejan de manera mucho más integral la emergencia de atención a problemáticas de dimensión supranacional como el medio ambiente sano desde el punto de vista colectivo.
De esta forma, la idea de los derechos humanos se han difundido a altos niveles en el plano internacional, creándose incluso sistemas que engloban redes globales de protección como el sistema de la Comunidad Europea, la Carta africana de derechos y el sistema interamericano de derechos humanos, además de que organismos como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la propia Organización de la Naciones Unidas, recomiendan y fomentan una tutela más totalizadora e integral y una supervisión mucho más eficiente respecto a los derechos humanos.
Así pues, en materia de medio ambiente tenemos una gran gama de tratados internacionales en temas específicos como la caza de la ballena o el manejo de sustancias tóxicas transfronterizas pero además hemos tomado parte en un sin número de cartas de derecho, ahora bien, el asunto con los derechos no es solo reconocerlos o promoverlos, lo importante es respetarlos, garantizarlos y reparar a cabalidad sus violaciones y los efectos de las violaciones.
Sobre este particular, nos atrevemos a decir que el derecho a un medio ambiente sano, no ha llegado a garantizarse a plenitud en ningún país, se trata pues de una problemática que no solo necesita de normas y sistemas de control de derechos globales sino de acciones conjuntas y propias para hacer efectivo el derecho.
Los procesos colectivos son instrumentos diseñados para la defensa de los derechos de tal orden, en tanto una vez que se ha identificado el problema ambiental como una cuestión de índole global, es importante apreciar ¿cómo se estructura la tutela jurídica?, ¿si dicha tutela es adecuada en términos de eficacia?, ¿si los procesos garantes como las acciones colectivas, el procedimiento de responsabilidad ambiental y el juicio de amparo suman a la protección del derecho?, y en su caso, ¿cuáles serían los aportes necesarios mínimos para que dichos mecanismos resulten afectivos y pertinentes?.
1. Acciones colectivas
Se puede decir que, las acciones o procesos colectivos, se refieren a aquellos instrumentos que hacen viable la protección jurisdiccional de los intereses colectivos, Gidi y Ferrer nos dicen sobre ellas que, “se trata de la vía de tutela judicial de los llamados intereses o derechos metaindividuales, así considerados aquellos que poseen pertinencia social ilimitada (difusos) y aquellos pertinentes a individuos que integran comunidades identificables por la formación de grupos, clases o categorías (colectivos)”.[11]
Asimismo, Ojeda Mestre advierte que, en cuanto al origen de la acción colectiva, este se remota a, “las Cortes de Equidad del Reino Unido, en donde existió una acción propia de todas aquellas personas que fueran afectadas por un decreto cuando su número hacía imposible citarlas simultáneamente”.[12]
Ahora bien, en materia de acciones colectivas o procesos colectivos en la vía civil, han surgido varios modelos de tutela que contemplan formas de solución que distintos países han implementado para la protección de los intereses, tanto colectivos como difusos, al respecto Martí Capitanachi destaca los siguientes:
…las class action for damages or injuction class actions de los Estados Unidos, las relator action de Inglaterra, y de otros países de common law como Australia y Nueva Zelanda, las associations declarés de Francia, las acciones populares en varios países. A nivel iberoamericano es posible mencionar los instrumentos procesales contemplados en la legislación de países como Brasil, Colombia, España, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Venezuela, entre otros.[13]
De tal manera que, como lo señala Ramírez Marín,[14] hemos advertido que las Class action de los Estados Unidos de América se han extendido a varios países del common law, como Australia y Canadá. Ahora bien, en Europa se han consolidado las acciones colectivas que no pretenden cobrar daños y perjuicios, pero los países escandinavos (Suecia, Finlandia y Noruega) aprobaron ya una legislación que los acepta, con matices propios.
En este orden de ideas, están cobrando especial atención los llamados procesos colectivos que tienen relación con la acción popular, de clase o de grupo, los que parecen tener su origen en las class action de Estados Unidos de América, o bien en la acción civil de Brasil. Acciones que se están empleando en parte para la protección de derechos ambientales y la reparación de daños en la esfera civil.
1.1. Acciones colectivas ambientales
El tercer párrafo del artículo 17 constitucional a partir de la reforma constitucional de 2010, plantea que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Ahora bien, Tratándose la protección al medio ambiente, como antecedente algunos identifican a la denuncia popular, sin embargo, para otros con lo que coincidimos, no puede atribuírsele a la denuncia popular un carácter meramente colectivo, en virtud de que, se presenta ante autoridades administrativas y su determinación es una recomendación autónoma no vinculatoria, por ello es que no la contamos como acción colectiva. [15]
El Código Federal de Procedimientos Civiles vigente, regula lo que corresponde a las acciones colectivas, las cuales pueden tramitarse como acción difusa, en el caso de que se pretenda la restitución de la situación al estado original (antes del daño ocasionado), o bien, el cumplimiento sustituto de acuerdo a las afectaciones de los derechos e intereses de la colectividad; como acción colectiva en sentido estricto cuando se busque la reparación del daño causado, así como el pago a cada individuo, por el daño causado y; como acción individual homogénea en el caso de que se intente el cumplimiento forzoso del contrato, o terminar con todas las consecuencias y efectos legales, e inclusive sea necesaria también la reparación.
En materia de protección de bienes ambientales, creemos es indispensable seguir el proceso de acciones colectivas en suma relación con la aplicación de la Ley de Responsabilidad por Daño Ambiental, pues sino, nos encontramos ante una acción que no resuelve el problema de la alteración al equilibrio ecológico y está muy lejos de proteger al derecho al medio ambiente sano con eficacia.
Además, hemos observado que son pocos los casos de acciones colectivas ambientales llevados a la Corte, en los que se ha ejercido facultad de atracción, en virtud de que en primera instancia al no proceder la acción se acude al juicio de amparo, casos en los que se advierte que los problemas de tutela estriban en la legitimación para promover y la certificación de las asociaciones o del representante común.
En este orden de ideas pensamos que el procedimiento para tramitar acciones colectivas debe ser modificado para ampliar el rango de protección, particularmente, en las materias sobre las cuales procede la acción, además en cuanto a los criterios para los requisitos de la demanda, el capítulo de la prueba, los efectos de la sentencia y su relación con el procedimiento derivado de la Ley de Responsabilidad Ambiental.
2. Amparo colectivo
Don Ignacio Burgoa, asintió sobre el tema agrario lo siguiente: ¨si desnaturalizar el Amparo entraña enriquecerlo, ensanchando su procedencia y extendiendo su teleología hasta convertirlo en un instrumento omnitutelar del régimen de derecho, buen empleo puede darse a ese término¨. [16] Como advertimos y en suma concordancia con lo que estima el maestro Burgoa, el Juicio de Amparo es una institución loable por cuanto a la justicia constitucional, no obstante, para ser efectivo debe atender a ampliar su protección hacia todos los derechos fundamentales, inclusive los sociales.
En este sentido, la nueva Ley de Amparo, establece en su artículo 5, la posibilidad de entablar Amparo Colectivo, sólo prevé que el quejoso puede acceder a dicho juicio de garantías, acreditando un interés individual o colectivo, interés que se aborda desde la figura del interés legítimo, ahora bien, sólo es una disposición general y además el resto de disposiciones no determinan ningún tratamiento específico para el Amparo Colectivo, aplicándose por tanto las reglas comunes al Amparo individual.
En contraste, la defensa del derecho al medio ambiente sano al tener un carácter de derecho humano colectivo, como aduce Ponce Nava[17], exige abandonar los paradigmas clásicos patrimonialistas en pos de una visión colectiva propia de este tipo de derechos, no obstante, se ha cuestionado si realmente el ampliar el interés exigido para accionar ante los órganos del Estado por medio de un interés legítimo, sea la solución efectiva para protección de estos derechos o bien, solo se saturaran los tribunales.
Lo anterior, en virtud de considerar que para el tratamiento y defensa efectiva de este tipo de derechos no únicamente debe ampliarse la legitimación vía interés legítimo para accionar el Amparo ante su violación, por ello, consideramos que si la nueva Ley de Amparo no va más allá en las previsiones legales al respecto, será quizá la actividad propia de los juzgadores y sus criterios jurisprudenciales los que soporten eficazmente los derechos colectivos ambientales.
Ahora bien, sobre el significado del concepto interés, Claude Tron, nos dice lo siguiente:
Incluye cualquier cosa, status, posición, privilegio o bien que convenga o sea valioso para la persona, de carácter económico, personal, familiar, político, etc., que de manera clara o difusa, determinada o indeterminada, directa o indirectamente, contemple la ley aunque sea de manera implícita. Incluso puede reconducirse el significado del concepto a lo que sea de interés, conveniente, valioso, útil para cierta persona o colectivo, bajo un contexto amplio de legitimidad o equidad. En efecto, todo lo que es susceptible de generar un beneficio, provecho o evitar un perjuicio a la persona o colectivo, es objeto o materia de su interés.[18]
Así, el concepto de interés se refiere a todo aquello susceptible de general un beneficio, provecho o evitar un perjuicio o daño a una persona o colectivo, y que por tal motivo le resulte conveniente, valioso o útil, estableciendo en consecuencia una acción que deviene en una petición derivada del propio interés.
Luego entonces, por acción sociológica e históricamente, como afirma Burgoa Orihuela[19], se puede asimilar a una especie de ejercicio del derecho de petición, cuya característica esencial la compone el objeto que mediante ella se persigue: provocar la actuación de los órganos jurisdiccionales, con el fin de que éstos desplieguen el servicio respectivo en favor del acusante, y en la materia de Amparo, el objeto lo constituye la dualidad entre la preservación del orden constitucional y la restitución de la garantía constitucional violada.
Así, en el Amparo Colectivo, la acción de Amparo tiene lugar cuando se puede determinar la existencia de ese interés legítimo colectivo, y al respecto, coincidimos con Vázquez Gómez[20], cuando sostiene que la idea sobre éste peculiar interés se problematiza cuando las apreciaciones sobre el efectuadas son, por lo regular, comentarios abstractos, dogmáticos y hasta sacramentales, cuando por ejemplo, se apela a tal o cual autor para definir una figura, sin hablar de manera práctica, concreta o tópica sobre la cuestión y con ello, advertir de forma más sencilla el impacto de esa figura en el Juicio de Amparo.
El acceso a la justicia para la protección del derecho al medio ambiente, lleva implícita la posibilidad de obtener una solución jurídica pronta y expedita en un conflicto de naturaleza ambiental. Ahora bien, como nos dice Herrera Torres, el acceso a la justicia en general puede presentar barreras u obstáculos, como el costo y el tiempo del litigio en el caso de demandas y la fuerza de los litigantes, así como sus diferentes capacidades económicas y técnicas para reclamar justicia, y la capacidad de la organización de los propios litigantes. [21]
Sin embargo, también se dice que el acceso a la justicia ambiental puede presentar algunas complicaciones adicionales, por la complejidad científico-técnica de los casos ambientales y los intereses en juego que pueden ser sociales, económicos o políticos.[22] Aunado a esto, el derecho a un medio ambiente sano se ha considerado complejo porque sirve de pauta para otros derechos.
El Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, en su artículo 14, detalla que todas las personas son iguales ante los Tribunales y las Cortes de Justicia y que tendrán derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación.
El artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos exige no solo una adecuada regulación en la materia, sino el garantizar un acceso efectivo y rápido a un recurso jurídico.
Luego entonces, el derecho fundamental de acceso a un medio de control constitucional jurisdiccional que sirva de protección a los derechos fundamentales de las personas, reconoce que toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales establecidos en las Convenciones o Pactos Internacionales, la Ley o la Constitución.
Sin embargo, como bien asienta la Dra. Figueruelo, ¨las mayores críticas al derecho se han efectuado a su objeto y contenido ya que la Constitución establece que la finalidad del derecho es obtener la tutela efectiva en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos…¨[23], y en muchas ocasiones, aún a pesar de que los textos constitucionales reconocen los intereses legítimos para accionar, las reglas de procedimiento asfixian de alguna manera las posibilidades de obtener justicia y una tutela judicial efectiva, como bien se le llama en España.
De tal manera que, la expedición de leyes y reformas de protección en materia de derechos humanos, debe exigir del Estado no solo el reconocimiento de dichos derechos, sino también el establecimiento y continua supervisión de las garantías específicas que puedan restituir sus derechos cuando estos se vean vulnerados. En congruencia, las normas procesales deben interpretarse teniendo presente el fin perseguido por el legislador al establecerlas, evitando cualquier exceso formalista que convierta a tales normas en meros obstáculos procesales que impidan el acceso a la justicia. [24]
Finalmente, Rubio Escobar, manifiesta que ¨la efectividad del amparo no solamente debe medirse en relación con los efectos de la sentencia sino también con su tramitación en cuanto a la agilidad y prontitud; las medidas cautelares como la suspensión para preservar la materia del juicio y además la ejecución del fallo¨.[25]
Ahora bien, en términos de estadística, para el caso del Amparo Colectivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación[26], en su base de datos hasta enero 2015, reconoce solo 350 casos presentados, de los cuales menos del 5% son expedientes fundamentados en asuntos de naturaleza ambiental, lo cual nos revela, que aún hay mucho por hacer en términos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, porque estás estadísticas nos parecen un reflejo de la complejidad del sistema de justicia, de factores que involucran aspectos socio-económicos y de la falta de destrezas jurídicas para los litigios de naturaleza ambiental tanto en acciones colectivas como en Amparos Colectivos.
Sobre el procedimiento de acciones colectivas y Amparo colectivo, para la protección del derecho a un medio ambiente sano, se propone atender a los siguientes aspectos:
Primera. En relación al procedimiento de acciones colectivas, se propone disminuir el requisito para la presentación de demanda de ¨al menos 30 miembros¨, recomendando una tutela abierta sobre el grupo en consideración al número de habitantes que sean posiblemente afectados, los que no puede acreditar en todos las ocasiones podrán constituirse en 30 miembros, esto es a la manera de la proporción de un 30% de los afectados con características para demandar.
Segunda. En relación a los requisitos que establece la Ley de Amparo para la demanda, tanto en el Amparo directo como en el Amparo indirecto, la incorporación de la obligación de manifestar en los conceptos de violación el fundamento de la interposición del Amparo colectivo, es decir, las razones para configurar el interés legítimo, tal como se prevé en algunos criterios de la autoridad judicial, denotando si existe una relación horizontal o conexa en la vulneración de los derechos.
Tercera. Por cuanto a los plazos, observamos que el artículo 17 de la Ley de Amparo dispone un plazo general de 15 días para la presentación de la demanda de Amparo, no obstante al tratarse de la violación al derecho a un medio ambiente sano, debe tomarse en consideración que se trata de un derecho de trascendencia global y además considerando que el daño producido por su violación se extiende en el tiempo y en sus efectos, extender el plazo para interposición de la demanda vía excepción.
Cuarta. En lo relativo a la suspensión, la procedencia oficiosa para las controversias ambientales sobre todo de orden colectivo.
Quinta. Reconocer la procedencia de la acción colectiva por violaciones a derechos difusos en donde no exista grupo identificable, ni relación jurídica, atribuyendo en estos casos legitimación al Ombudsman mexicano para instar la demanda.
Sexta. Extender los criterios para la prueba en el Amparo indirecto, tratándose de Amparos colectivos ambientales, a fin de que se permita una mejor acreditación del interés legítimo, sobre todo cuando se trate de una relación horizontal.
Séptima. Finalmente, se propone la articulación de reformas a la legislación nacional de carácter ambiental, que en su estructura establecen aún el derecho a un medio ambiente adecuado y, en consecuencia, han quedado desfasadas del contenido del artículo cuarto constitucional. Además de contemplar tanto a nivel constitucional como a nivel legal, por cuanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la definición a cerca del derecho al medio ambiente y sus elementos.
[1] * Sistema Nacional de Investigación nivel 1, Doctora en Ciencias del Derecho, Coordinadora del Doctorado en Ciencias del Derecho y profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, www.posgradokem@hotmail.com.
[2] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO, Indicadores sobre el Derecho a un medio ambiente sano en México, México, Naciones Unidas, Derechos Humanos-Oficina del Alto Comisionado, 2015, pp. 27-28.
[3] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, ONU–Declaración de Estocolmo, http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm, junio 2015.
[4] RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor, ¨El derecho al medio ambiente en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos¨, Revista de Derechos Humanos, Guatemala, Instituto de Derechos Humanos-Universidad de San Carlos, No. 11, 2004, p. 61.
[5] RODRÍGUEZ SALDAÑA, Roberto y GARZA GRIMALDO, José Gilberto (coords.), La naturaleza con derechos. Una propuesta para un cambio civilizatorio, México, Editorial Laguna, 2012, p. 46.
[6] RODRÍGUEZ SALDAÑA, Roberto y GARZA GRIMALDO, José Gilberto (coords.), op. Cit., p. 53.
[7] BOÓ, Daniel y VILLAR, Ariel, op. Cit., p. 47.
[8] ORDEN JURÍDICO, Declaración de Estocolmo, p. 1, http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-estocolmo, septiembre 2015.
[9] BOÓ, Daniel y VILLAR, Ariel, op. Cit., p. 34.
[10] SERNA DE LA GARZA, José María, Impacto e implicaciones constitucionales de la globalización en el sistema jurídico mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, p. 313.
[11] GIDI Antonio y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coords.), Código Modelo de Procesos Colectivos. Un dialogo Iberoamericano, México, Porrúa–UNAM, 2008, p. 1.
[12] OJEDA MESTRE, Ramón, “Las Acciones Colectivas en el Sistema Judicial Mexicano”, Lex, Difusion y Análisis, Suplemento de Ecología, México, Abril 2010, p. VI.
[13] MARTÍ CAPITANACHI, Luz del Carmen, ¨La acción popular prevista en la Constitución del Estado de Veracruz: medio de acceso a la justicia ambiental¨, Letras Jurídicas, México, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénega, No. 16, marzo-septiembre 2013, p. 9, http://www.cuci.Udg.mx, septiembre 2015.
[14] RAMÍREZ MARÍN, Juan, ¨Acciones de Clase¨, Jurípolis. Revista de Derecho y Política, México, Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, Volumen 1, No. 13, Año 2012, p. 107.
[15] LUGO GARFIAS, María Elena, “La determinación de las acciones colectivas para el fortalecimiento del Estado mexicano”, Derechos Humanos México, México, Centro Nacional de Derechos Humanos, Nueva Época, año 5, número 15, 2010, p. 73
[16] BURGOA ORIHUELA, Ignacio, El juicio de amparo, trigésima edición, México, Porrúa, 1999, p. 903.
[17] PONCE NAVA, Diana Lucero, ¨Procuración y acceso a la justicia ambiental y territorial en México¨, en ORDÓÑEZ CIFUENTES, José Emilio Rolando y ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol, Primera memoria del Seminario itinerante internacional ¨La cuestión agraria: tierras, territorios, medio ambiente, recursos naturales, migrantes, derecho sociales y colectivos¨, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, pp. 115-116.
[18] CLAUDE TRON, Jean, ¨¿Qué hay del interés legítimo? (Primera parte), Revista del instituto de la Judicatura Federal, México, Poder Judicial de la Federación, Instituto de la Judicatura Federal, No. 33, 2012, p. 4.
[19] BURGOA ORIHUELA, Ignacio, op. Cit., p. 315.
[20] VÁZQUEZ GÓMEZ, Bisogno Francisco, ¨El proceso al servicio de los derechos¨, Cuestiones constitucionales, México, UNAM, Instituto de investigaciones Jurídicas, No. 26, enero-junio 2012, p. 414.
[21] HERRERA TORRES, Sergio Eduardo, ¨Acceso a la justicia ambiental¨, en Carmona Lara, María del Carmen et. al., 20 años de procuración de justicia ambiental en México. Un homenaje a la creación de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, México, SEMARNAT–PROFEPA-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, p. 110.
[23] FIGUERUELO BURRIEZA, Angela, ¨Crisis de la justicia y tutela judicial efectiva¨, UIS. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, nueva época, No. 8, 2005, p. 58.
[24] VÁZQUEZ GÓMEZ, Bisogno Francisco, op. Cit., p. 455.
[25] RUBIO ESCOBAR, René, ¨El principio de efectividad del juicio de amparo en el marco de la reforma constitucional¨, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, Instituto de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación, No. 32, 2011, p. 218.
[26] BUSCADOR JURÍDICO, Amparo Colectivo, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación,https://www.scjn.gob.mx/buscador/Paginas/Expedientes.aspx?k=amparo%20colectivo#k=amparo%20colectivo%20consumidor, enero 2015.
Amparo colectivo Derechos colectivos Procesos colectivos	2016-03-14
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