Source: http://internacional.tripodos.com/planisferi/article_imprimir.asp?id=346&idpais=84&idsubz=49&idzona=14
Timestamp: 2020-02-17 08:14:20+00:00

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"Bush emprende la segunda fase de la guerra contra el terrorismo con el objetivo de derrocar a Sadam Husein"
Ante la aparente imposibilidad de Estados Unidos de atrapar al supuesto cerebro de los atentados del 11-S y líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, George W. Bush decidió dar un giro a la guerra contra el terrorismo y centrarse en acabar con otro de los grandes enemigos de la potencia mundial: Sadam Husein. El año 2002 puede considerarse como una preparación para llevar a cabo una ofensiva contra Irak que permita acabar con el régimen de Bagdad y, de paso, desviar la atención de los estadounidenses hacia el exterior para que no se fijen en los problemas del interior del país, como la difícil situación económica, los escándalos financieros o los recortes de las libertades. El argumento oficial de Estados Unidos para atacar Irak era que Sadam tenía en su poder un arsenal de armas de destrucción masiva y constituía un gran peligro para la seguridad mundial; el extraoficial, que, controlando Irak, Estados Unidos dejaría de depender del petróleo de Arabia Saudí, ya que Irak es la segunda reserva petrolera del mundo, y conseguiría una mayor presencia en una zona con una gran importancia geostratégica.
Finalmente, el 8 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó unánimamente la resolución 1441, que obliga a Sadam a aceptar el retorno de los inspectores de las Naciones Unidas y a declarar todo su arsenal en 30 días. Si Bagdad no cumple todos los aspectos de la resolución, tendrá que afrontar “graves consecuencias”, o lo que es lo mismo, un ataque militar de una coalición internacional liderada por Estados Unidos.
El 7 de diciembre, un día antes de la fecha límite, el régimen de Bagdad entregaba a la ONU un informe de 12.000 páginas en el que volvía a asegurar que no tenía en su poder armamento de destrucción masiva. Sin embargo, todavía era necesario esperar a que los inspectores de desarme de la ONU acaben su trabajo en Irak. Una vez la ONU tenga en su poder ambos informes, el del régimen de Bagdad y el de los inspectores de la UNMOVIC (Comisión de la ONU para la Inspección, Vigilancia y Verificación), decidirá si Sadam ha obstruido de algún modo la investigación y, como consecuencia, si Estados Unidos tiene autorización para atacar Irak. De todos modos, todo parece apuntar que Bush está más que decidido a llevar a cabo una ofensiva militar contra Irak: si los inspectores no encuentran armamento de destrucción masiva, denunciarán que Sadam Husein ha obstruido la investigación y que, por lo tanto, debe atenerse a las “graves consecuencias” que menciona la resolución 1441 de la ONU; si, por el contrario, los inspectores descubren los arsenales, se habrá probado que el régimen de Bagdad constituye un gran peligro para la seguridad mundial. Hasta ahora, Estados Unidos se ha mantenido muy seguro y convencido de que Irak tiene en su poder toda clase de armas nucleares, químicas y bacteriológicas pero, aunque asegura tener pruebas, no ha aportado ninguna. Según Ludolfo Paramio, profesor de investigación en la Unidad de Políticas Comparadas del CSIC, “el problema del presidente Bush para convencer a los europeos de que Irak cuenta con armas de destrucción masiva altamente peligrosas es que no puede recurrir sin incomodidad al único argumento irrebatible: nos consta que es así, nosotros se las dimos durante la guerra contra Irán”.
Cuando George W. Bush hizo el discurso sobre el estado de la nación, el 29 de enero, ya se vio por dónde iba a ir la política exterior de Estados Unidos. El mensaje lanzado por el presidente de Estados Unidos era de un tono y de un contenido belicoso extraordinario, y alertaba sobre el peligro de posibles atentados llevados a cabo por cualquiera de los miles de terroristas entrenados por Al Qaeda que “dormían” por todo el mundo. Bush advirtió que cualquier país que amenazase a Estados Unidos con armas de destrucción masiva sería atacado y definió el famoso “Eje del Mal”, formado por Irak, Irán y Corea del Norte. Ante esta situación de amenaza permanente, Bush anunció que el presupuesto militar iba a ser doblado y que la partida de defensa aumentaría un 14% hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares, cosa que permitiría llevar a cabo el mayor rearme desde la Guerra Fría. Así pues, el discurso fue una combinación de política exterior y medidas económicas que pretendía aumentar la seguridad y fortalecer la economía interna mediante el aumento del gasto militar para acabar con el terrorismo, sin tener en cuenta que este aumento podía suponer un déficit presupuestario de 80.000 millones de dólares.
El 11 de marzo, Bush presentó la estrategia antiterrorista estadounidense para los próximos años que apuntaba a Irak como principal objetivo de la segunda fase de la guerra contra el terrorismo –aunque el auténtico motivo fuese llegar a controlar la segunda reserva petrolera demostrada del mundo. A pesar de este anuncio, la atención de los ciudadanos seguía en los atentados del 11 de septiembre, aunque de otro modo: los medios de comunicación sacaron a la luz errores cometidos tanto por el FBI como por la CIA días antes de los atentados. Diversos documentos demostraban que las dos agencias tenían indicios para sospechar que Al Qaeda iba a atentar contra Estados Unidos, pero fueron ignorados. Además, la cadena de televisión Al Jezirah emitió diversos videos que mostraban a Bin Laden vivo. La difícil situación requería una acción política que desviase la atención y George W. Bush actuó. El 2 de junio, el presidente de Estados Unidos dio un discurso en la academia militar de West Point cuyo tono extremadamente belicista logró captar toda la atención internacional. Los ejes del discurso eran, en primer lugar, el “ataque preventivo”, es decir, Estados Unidos debía atacar antes de volver a ser atacado por el enemigo; y, en segundo lugar, una estrategia militar ofensiva porque, según explicó Bush, “la guerra contra el terrorismo no se gana a la defensiva”. Era la primera vez que la comunidad internacional oía hablar de la doctrina militarista norteamericana del “ataque preventivo”, una doctrina que iba a marcar desde entonces la estrategia imperial de Estados Unidos.
A partir de aquí, la Casa Blanca insistió en la peligrosidad de Sadam Husein y en la necesidad de derrocarlo antes de que utilizase su supuesto armamento de destrucción masiva. Sin embargo, dentro de la misma Casa Blanca volvía a haber división de opiniones. Los ‘palomas’ de Bush –liderados por el secretario de Estado, Colin Powell- presionaron para que Estados Unidos pidiese apoyo a sus aliados y forzase el retorno de los inspectores de desarme de la ONU a Irak, y que sólo como última opción se procediese a atacar. Los ‘halcones’ de Bush –Cheney, Rumsfeld y Ashcroft- en cambio, eran partidarios del unilateralismo, es decir, que Estados Unidos atacase Irak independientemente de la opinión de los aliados. Creían que la coalición internacional no debía condicionar la misión: Estados Unidos podía conseguir su objetivo en solitario. Finalmente, Bush decidió escuchar a los ‘palomas’ y consultó, aunque sin que eso supusiese que les iba a hacer caso, a sus aliados. El 12 de septiembre, Bush dio un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que remarcó el peligro que suponía el régimen de Sadam para la paz mundial y recordó que Irak había desafiado durante muchos años a la autoridad de la ONU al incumplir todas las resoluciones aprobadas desde 1991. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos lanzó dos ultimátum: uno dirigido a Sadam Husein, a quien advertía de que si no cumplía las condiciones establecidas, Estados Unidos atacaría Irak y acabaría con su régimen; y el otro dirigido a la misma ONU, a quien amenazaba con dejar de contar con ella –igual que estaba haciendo con el Tribunal Penal Internacional- si no era capaz de hacer que Irak cumpliese la resolución. La comparecencia de Bush ante las Naciones Unidas no dejó indiferente a nadie: Gran Bretaña se alineó inmediatamente al lado de Estados Unidos, igual que Israel, mientras que países como China, Rusia o Francia se negaron a dar su apoyo a Estados Unidos para llevar a cabo una ofensiva contra Irak. Ante esta postura antibelicista de algunas potencias, Bush decidió presionar con una de las armas más poderosas: el petróleo. Si Estados Unidos conseguía derrocar el régimen de Sadam, habría una revisión de las concesiones de explotación de petróleo y las empresas estadounidenses se quedarían con la mejor parte. Si estos tres países colaboraban en la operación militar contra Sadam, el nuevo gobierno tendría en cuenta los acuerdos que China, Rusia y Francia firmaron con el régimen de Sadam sobre el petróleo; si por el contrario, Estados Unidos conseguía su objetivo sin su colaboración, el nuevo gobierno iraquí rompería los acuerdos y no negociaría con empresas de ninguno de estos tres países. “Francia y Rusia tienen empresas petroleras e importantes intereses económicos en Irak. Debemos decirles que si nos ayudan a conseguir que Irak disponga de un Gobierno decente, haremos lo posible para que las nuevas autoridades de Bagdad y las compañías estadounidenses cooperen con sus empresas. En cambio, si siguen apoyando a Husein, será imposible convencer al nuevo Gobierno de que trabaje con ellos”, comentó James Woolsey, director de la CIA entre 1993 y 1995, a “The Washington Post”. En este sentido, retar a Estados Unidos podía tener graves consecuencias económicas para las tres potencias. Por otro lado, Sadam Husein actuó y aceptó el regreso de los inspectores de desarme de la ONU a Irak. Sin embargo, George W. Bush y Tony Blair vieron este gesto de Sadam como una maniobra engañosa y exigieron al Consejo de Seguridad de la ONU que, antes de enviar a los inspectores, se aprobase una nueva resolución sobre el desarme de Irak mucho más estricta.
En Estados Unidos, mientras, el presidente Bush intentaba conseguir el necesario apoyo del Congreso para poder llevar a cabo una ofensiva. El 20 de septiembre presentó la “Estrategia de Seguridad Nacional”, un documento que exponía al detalle la doctrina Bush, una doctrina nacionalista y conservadora, basada en la defensa nacional, el ataque preventivo, la lucha antiterrorista y la supremacía militar norteamericana y que contenía afirmaciones sin precedentes como: “Estados Unidos no permitirá que nadie intente disputar su supremacía militar, ni tan sólo que se acerque a su poderío”. Una doctrina que, según expertos en derecho internacional, viola todos los tratados que rigen el mundo desde el Tratado de Westfalia (1648), que reconocía la soberanía absoluta y la igualdad legal de los estados como base del orden internacional.
Además, en los juicios de Núremberg, tal como también han señalado algunos expertos, “una guerra de acción prioritaria y preventiva fue específicamente considerada un crimen de guerra”.
A pesar de esta doctrina imperialista y las sucesivas amenazas de atacar Irak en solitario, Estado Unidos quería contar con el apoyo de los aliados en caso de ofensiva. Por este motivo, y siempre contando con el apoyo británico, presentó diversas resoluciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que se procediese al desarme de Irak de manera más severa. Todas las resoluciones tenían un punto en común que no gustaba a algunos miembros del Consejo: una cláusula que, en caso de que Bagdad incumpliese la resolución, daba carta blanca a Estados Unidos para atacar Irak sin necesidad de pedir permiso a la ONU. El 10 de octubre, el Congreso de Estados Unidos autorizó a Bush a atacar Irak siempre y cuando se hubiesen agotado todas las vías diplomáticas, pero el presidente seguía sin conseguir el apoyo de los aliados. El mes de octubre, sin embargo, fue un mes de atentados que, de algún modo, influyeron en la opinión internacional. El atentado contra un petrolero francés en Yemen, el ataque contra un grupo de marines norteamericanos en Kuwait, donde un soldado perdió la vida, y la masacre de cientos de personas en un centro turístico de Bali, que rápidamente Bush relacionó con Al Qaeda, crearon un sentimiento de inseguridad en todo el mundo.
Finalmente el 8 de noviembre, después de 42 días de negociaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU votaba unánimamente a favor de la resolución 1441 sobre el desarme de Irak. La resolución se consideraba la última oportunidad de Sadam para evitar una guerra y establecía que el régimen de Bagdad debía eliminar todas sus armas de destrucción masiva o afrontar “graves consecuencias”, o lo que es lo mismo, un ataque militar estadounidense. El apoyo unánime del Consejo de Seguridad podía considerarse también un logro del secretario de Estado de EE.UU, Colin Powell, quien, durante más de ocho semanas, insistió al presidente Bush para que intentase conseguir el apoyo de la ONU.
Pero ¿qué hizo cambiar de opinión a China, Rusia y Francia? Todo indica que Francia finalmente cedió porque consideró que la nueva resolución daba una última oportunidad a una solución pacífica y porque ya había conseguido hacer valer el voto francés. Rusia, que se opuso desde un principio a dar carta blanca al belicismo de Bush, cuando vio que cada vez era más probable una guerra contra Irak, dio su apoyo para evitar problemas con las concesiones sobre el petróleo. El voto a favor de China rompió la tradición de este país a abstenerse y todo apunta a que fue motivado por el miedo a desmarcarse de la comunidad internacional en un momento de cambio en el Partido Comunista, el partido que está en el poder. Sea como fuere, Estados Unidos no sólo evitó que ninguno de los otro cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad –Gran Bretaña, Francia, China y Rusia- ejerciesen su derecho a veto sino que consiguió que todos votasen a favor.
La nueva resolución también establecía que Sadam Husein tenía siete días para aceptar la resolución y, por lo tanto, el regreso de los inspectores de la ONU, y treinta días para presentar un informe en el que estuviese declarado todo su arsenal. En este aspecto Sadam sorprendió a todo el mundo cuando el día 13 de noviembre, dos días antes de que venciese el plazo fijado por el Consejo de Seguridad, aceptó “sin reservas” la resolución 1441 de la ONU. En la carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, Sadam Husein acusó a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña de decir “mentiras y patrañas”, y afirmó que el regreso de los inspectores de la ONU demostraría que Bagdad no mentía cuando decía que no tenía ni pensaba fabricar armas de destrucción masiva. Con esta afirmación, Irak se arriesgaba a que si los inspectores descubrían algo sospechoso durante las investigaciones se consideraría como una obstrucción y justificaría una acción militar.
El 7 de diciembre, adelantándose nuevamente a la fecha límite, el régimen de Bagdad hacía llegar a las Naciones Unidas un documento de 12.000 páginas en el que detallaba todo su arsenal. Sin embargo, la aparente cooperación de Sadam no parecía convencer a Estados Unidos y eran muchos los que creían que, independientemente de lo que dijesen los informes de los inspectores de desarme de la ONU que se presentarán el 21 de febrero, Bush iba a llevar a cabo una ofensiva contra Irak, aunque para ello tuviese que buscar una nueva excusa. El 12 de diciembre parecía haberla encontrado: un primer repaso de los informes entregados por el régimen de Bagdad detectó “grandes omisiones” de información considerada clave, por ejemplo el paradero del material químico y biológico detectado en las inspecciones de los años noventa.
El Plan Energético de la Administración Bush, presentado ante el Congreso el 17 de mayo de 2001, tiene como principal objetivo conseguir incrementar en un 50% la importación de petróleo para poder cubrir las futuras necesidades energéticas del país. Sin embargo, este aumento de las importaciones supondría al mismo tiempo una mayor dependencia de los países productores, por este motivo el Plan Energético diseñado por la Casa Blanca también propone dos medidas para aumentar la producción nacional: permitir la extracción de petróleo de los yacimientos del Artic National Wildlife Refuge de Alaska, y reducir el control del Gobierno sobre las empresas energéticas que invertirían en la zona, medida que, casualmente, beneficiaría a las figuras más poderosas del sector que más contribuye en las campañas políticas republicanas. Estos dos aspectos del Plan Energético provocaron un gran debate en el Congreso, que todavía no ha dado el visto bueno. Sin embargo, el hecho de que los republicanos consiguiesen el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones del 5 noviembre de 2002 puede hacer cambiar las cosas. Actualmente, Estados Unidos produce algo más del 50% del petróleo que consume pero las previsiones apuntan a que, en unos 20 años, tendrá que importar las dos terceras partes del crudo que consuma. Así pues, aunque las propuestas de la Administración Bush se llevasen a cabo, tampoco se conseguiría dejar de depender de los países productores: el consumo energético de Estados Unidos aumenta más rápidamente que la producción nacional. En este sentido, las áreas de mayor interés geoestratégico son el golfo Pérsico, asentado sobre la mayor reserva petrolífera del mundo, y la zona del Mar Caspio, que posee unas reservas estimadas entre 40.000 y 200.000 millones de barriles. Visto esto, está claro que asegurar la producción de petróleo en estas dos zonas es básico para Estados Unidos. Por este motivo, cuando en 1980 la URSS invadió Afganistán, el presidente Jimmy Carter estableció que cuando se produjera una amenaza en la zona, Estados Unidos haría todo lo posible, incluso hacer uso de la fuerza militar, para asegurar la producción de petróleo. Era la “doctrina Carter”, una doctrina que se volvería a aplicar a finales de los 80, durante la guerra entre Irak e Irán, y a principios de los 90, durante la operación “Tormenta del Desierto”. Ni qué decir que durante el año 2002 la “doctrina Carter” estuvo al orden del día. Tanto la ofensiva norteamericana en Afganistán como la obsesión de Estados Unidos con Irak tenían un denominador común: el petróleo. Atacar Afganistán estaba dentro de los planes de Bush mucho antes de los atentados del 11 de septiembre. Así lo reveló el ex ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán Niaz Naik, quien aseguró que, en julio de 2001, altos funcionarios norteamericanos le dijeron confidencialmente que estaba prevista una ofensiva estadounidense en Afganistán para acabar con la inestabilidad en un país con una gran importancia geoestratégica para el transporte de gas y petróleo. En 1997, Estados Unidos ya había intentado negociar con los talibán la construcción de un oleoducto que permitiese el transporte de millones de barriles diarios de petróleo desde Turkmenistán hasta los puertos pakistaníes y de allí, hasta India, uno de los potenciales consumidores de petróleo más importantes del mundo. Debido a las sanciones contra Irán, el oleoducto sólo podía pasar por Afganistán para poder llegar a Pakistán pero había un problema: la inestabilidad en el país debido a una guerra civil hacía que las constructoras de oleoductos no se atreviesen a invertir en el proyecto. Estados Unidos tenía previsto poner fin a esta inestabilidad mediante una ofensiva militar. Los atentados de Nueva York y Washington le proporcionaron una excusa aparentemente más noble para atacar la zona: la lucha contra el terrorismo. En este sentido, la obsesión de Estados Unidos por acabar con el régimen de Sadam Husein está más relacionada con el hecho de llegar a controlar la segunda reserva petrolífera demostrada del mundo, sólo por detrás de Arabia Saudí, que con la lucha antiterrorista. No hay ninguna conexión clara entre los atentados del 11 de septiembre, la guerra contra el terrorismo internacional e Irak. La única razón demostrada para atacar Irak es el petróleo: si Estados Unidos consiguiese controlar el petróleo iraquí, disminuiría considerablemente su dependencia de Arabia Saudí, hecho importantísimo si se tiene en cuenta que la expansión del fundamentalismo islámico ha hecho crecer la desconfianza saudí respecto a los intereses norteamericanos. Según los expertos, una guerra contra Irak supondría un aumento del precio del crudo durante unos meses pero después, una vez Estados Unidos hubiese reemplazado a Sadam por un gobierno proamericano, el precio del barril podría bajar hasta los 20 dólares. De este modo, Washington desempeñaría un papel importante a la hora de decidir el precio del crudo y su distribución. Además, el hecho de que hubiese fuerzas norteamericanas en Irak permitiría a Estados Unidos controlar las dos únicas rutas petrolíferas que permiten llevar el crudo desde el mar Caspio hasta mar abierto, pasando por Afganistán y Paquistán o bien por Turquía, ya que Irak se encuentra entre las dos. La Casa Blanca sabe perfectamente que quien controla el petróleo, controla la economía mundial. ¿Cómo se explica sino la continua coincidencia entre los intereses petroleros y la política exterior norteamericana? Curiosa ‘casualidad’ que dos de los países que integran el llamado “Eje del Mal”, Irán e Irak, estén asentados sobre importantes yacimientos petrolíferos.
Estados Unidos es el pueblo elegido por Dios para explorar y conquistar nuevas tierras, con el fin de conseguir que todos los pueblos del mundo vean la ‘luz’ de la democracia, la libertad y la civilización. Este era el principio básico del ‘Destino Manifiesto’, una expresión que apareció por primera vez en un artículo del periodista John L. O’Sullivan publicado en 1845 por la revista Democratic Review de Nueva York. En el artículo se explicaba que la razón por la cual era necesaria la expansión territorial de Estados Unidos era que la Providencia les había asignado un continente para que llevasen hasta el último rincón el “gran experimento de la libertad y el autogobierno”. Los políticos conservadores del siglo XIX recibieron con entusiasmo esta teoría y empezaron a utilizarla para justificar sus actuaciones imperialistas. Sin embargo, la idea en la que se basaba el artículo de O’Sullivan no era nueva. El origen de la concepción de que el pueblo americano era el pueblo elegido de Dios la encontramos en el periodo colonial. En el siglo XVI, tuvo lugar en Europa la Reforma, una ruptura política y religiosa que enfrentó a los países católicos y a los protestantes. Tanto los países católicos, con España al frente, como los protestantes, liderados por Inglaterra, intentaron imponer sus ideales espirituales, políticos y económicos. Esta lucha provocó que la Europa de ese tiempo estuviese marcada por la represión y las persecuciones de los “infieles” de ambas religiones, cosa que obligó a mucha gente a huir de sus países. Muchos ingleses de la iglesia puritana (una de las derivaciones más radicales del protestantismo) emigraron hacia el Nuevo Continente. Los colonos que desembarcaron en la costa este norteamericana, concretamente en Massachussets, tuvieron la sensación de ser el pueblo elegido que llegaba a la Tierra Prometida, se consideraban el ‘nuevo Israel’. Esta concepción distorsionada que tenían, y siguen teniendo, los norteamericanos de sí mismos como protectores y defensores de la libertad y la democracia les permitió justificar la expulsión y el exterminio de los indígenas norteamericanos. Era sólo el principio de una política exterior basada en una obligación moral. Estados Unidos representaba el Bien en el mundo y debía luchar contra el Mal, fuese cual fuese su forma. Americanizar a los pueblos era una manera de vencer al Mal. A lo largo de la historia de Estados Unidos se ha recurrido al discurso del ‘Destino Manifiesto’ para justificar el imperialismo norteamericano. La política exterior estadounidense ha estado marcada históricamente por esta metáfora bíblica y es consecuencia de ella. En primer lugar, a mediados del siglo XIX, el presidente Jefferson, siguiendo esta doctrina expansionista, amplió el territorio con la compra de Louisiana consiguió el territorio de Texas. Pero aunque, en un principio, la doctrina se oponía a la violencia, a partir de la década de 1840 se empezó a justificar como arma para combatir el intervencionismo de otros países y la expansión territorial, como en el caso de la guerra con su vecino del sur. En 1846, Estados Unidos entró en guerra con México, que terminó dos años después con la anexión de más de la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos. Años más tarde, en 1854, la ‘doctrina Monroe’ estableció que ninguna nación americana volvería a estar sometida por Europa, y que Estados Unidos intervendría si consideraba que sus intereses se veían perjudicados de algún modo. Con esta doctrina, que se resumió con el lema “América para los americanos”, Estados Unidos conseguía legitimar sus actuaciones posteriores. Siguiendo la ‘doctrina Monroe’, en 1898, Estados Unidos participó en la guerra de Cuba contra España para conseguir la independencia de la isla. Su objetivo era la expansión de la democracia y, sobretodo, de la libertad. Después de la Primera Guerra Mundial, el Consejo de Relaciones Internacionales de la Administración Roosevelt encargó el “War and Peace Studies Project”, un plan sobre el nuevo orden global de la postguerra, que señalaba a Estados Unidos como la potencia dominante. Precisamente, algunos expertos, apuntan que la Segunda Guerra Mundial fue el choque de intereses de las políticas expansionistas de la Alemania nazi y de Estados Unidos, al que no le interesaba que un país europeo le disputase su hegemonía. Así pues, durante la Segunda Guerra Mundial, el ‘Mal’ estuvo encarnado por el nazismo de Hitler, y Estados Unidos cumplió con su deber moral de combatirlo. Un año después de la guerra, en 1946, la ‘doctrina Truman’ estableció que Estados Unidos se comprometía militar y económicamente en la defensa de los países contra el comunismo, la nueva cara del ‘Mal’. Para el pueblo elegido, el comunismo atentaba contra sus ideales económicos, políticos y culturales y era necesario acabar con él. Siguiendo la doctrina que él mismo había promulgado dos años antes, Harry Truman impulsó el plan Marshall (1948), un programa de ayudas económicas a Europa fundamentado en el temor a posibles soluciones políticas en contra de los principios liberales y cuya finalidad era financiar la reconstrucción de las debilitadas economías de los Estados de Europa occidental mediante préstamos y cesiones. De este modo, Estados Unidos seguía su expansión –esta vez económica- por el Viejo Continente y fortalecía su papel de potencia mundial. A medida que pasaba el siglo XX, la doctrina del ‘Destino Manifiesto’ dejó de interpretarse exclusivamente en clave de expansión territorial; los nuevos tiempos exigían que Estados Unidos fuese una potencia mundial en todos los ámbitos: industrial, tecnológico, económico, deportivo. Durante más de cuarenta años de Guerra Fría, Estados Unidos intervino en diversos conflictos como parte de esta lucha contra el comunismo. Ante el fracaso de Francia en Indochina, Estados Unidos, temiendo que el comunismo se expandiese por el Sudeste asiático, decidió enviar ayuda al gobierno de Saigón para limitar el avance comunista hacia las zonas rurales de Vietnam del Sur. Sin embargo, ante la necesidad de cambiar el gobierno de Saigón –totalmente corrupto-, y la extensión del control del Vietcong –formación rebelde comunista de Vietnam del Norte-, sobre las zonas rurales del sur, Estados Unidos se vio obligado a intervenir en la guerra. Diez años después, en 1975, y con cientos de miles de bajas en las filas norteamericanas, Estados Unidos tuvo que admitir que había perdido la guerra, y el Norte comunista ‘liberó’ al Sur. Esta derrota hirió el orgullo imperialista norteamericano durante muchos años. En 1980, el presidente Ronald Reagan inició una nueva etapa de esplendor y de fundamentalismo norteamericano. Ganó las elecciones gracias a un discurso patriótico que, a la vez, denunciaba la mala situación económica del país. Dos tercios de los norteamericanos pensaron que Reagan sería más apropiado que Jimmy Carter para llevar a cabo una política dura contra la Unión Soviética. Ronald Reagan devolvió el orgullo patriótico a los norteamericanos. Con una política simplista, basada claramente en la doctrina del ‘Destino Manifiesto al relacionar los valores de Estados Unidos con el Bien y los de la URSS con el Mal, logró transmitir a los ciudadanos la creencia de la superioridad norteamericana. Las acciones en el exterior, aunque en alguna ocasión causaron la muerte de marines –atentado en el Líbano, 1983- y hicieron peligrar sus relaciones con aliados históricos como Inglaterra, estaban justificadas: el pueblo norteamericano prefería el activismo de Reagan a la pasividad de Carter. En los años 90 tomaría el relevo George Bush, quien volvió a basarse en el mito del ‘Destino Manifiesto’ para legitimar la Guerra del Golfo. Cuando, el 2 de agosto, las tropas iraquíes invadieron Kuwait, Estados Unidos tuvo miedo de que Sadam Husein no se contentase con ese pequeño territorio, y, al ver que podían peligrar sus intereses en la zona, envió 700 aviones a Arabia Saudí. El 80% del electorado se mostró a favor de la intervención militar. Ante la aparente indiferencia de los países europeos, Estados Unidos actuó como gendarme del orden mundial. Aunque los norteamericanos no actuaron unilateralmente sino que buscaron el apoyo de la ONU, Estados Unidos se erigió como líder de la coalición del ‘Bien’, que salvaguardaba la seguridad mundial. El 17 de enero empezó la operación “Tormenta del Desierto”, que provocó la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait. Tal como lo denominó un libro norteamericano, el de la Guerra del Golfo fue para la comunidad internacional un "triunfo sin victoria", pero para Estados Unidos tuvo un valor moral: demostró a la comunidad internacional, y a sí, mismo, que era la primera potencia mundial. Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 se volvió a activar el fundamentalismo norteamericano, esta vez de la mano de George W. Bush. En el siglo XXI, el Mal se disfraza de terrorismo islámico y Estados Unidos debe luchar contra él “para defender la libertad y la seguridad del mundo”, tal como alegó Bush durante el 2002 para atacar Afganistán y, más tarde, Irak.
Más poder para Bush
La victoria republicana en las elecciones legislativas del 5 de noviembre de 2002 fue una demostración de fuerza del llamado efecto Bush. Los republicanos consiguieron lo que sólo dos demócratas habían logrado anteriormente: estar en la Casa Blanca y tener mayoría en las dos cámaras del Congreso. Ese día se elegía toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así que, de algún modo, también se estaba escogiendo la política que iba a seguir el Ejecutivo, sobretodo en el ámbito internacional. Si los republicanos mantenían su mayoría en la Cámara Baja y conseguían mayoría en el Senado, podrían seguir adelante con su política exterior agresiva sin ningún problema; si los demócratas mantenían el Senado, Bush tendría que consultar y dialogar antes de actuar. Por otro lado, 36 de los 50 estados escogían a su gobernador, hecho clave para las futuras elecciones presidenciales de 2004. Ambos partidos aprovecharon que todavía no había entrado en vigor la ley de financiación electoral, que limita las donaciones de las empresas a los partidos políticos, y se embarcaron en una campaña de mil millones de dólares financiada con dinero blando, es decir, con contribuciones ilimitadas de las empresas a los partidos a través de actividades que no pedían explícitamente el voto para sus respectivos candidatos. Después de llevarse a cabo la campaña electoral más cara de la historia y un recuento vigilado por más de 20.000 abogados, los republicanos se alzaron con la victoria. El partido demócrata perdía dos senadores que le daban la mayoría al partido más conservador mientras que éste ganaba cuatro representantes en la Cámara Baja y reforzaba así su mayoría. Además, de los 36 estados donde se celebraron elecciones a gobernador, los candidatos republicanos ganaron en 20, incluidos Florida y Texas, dos estados básicos para las presidenciales. Sin embargo, los republicanos celebraron la victoria con una cierta precaución: sabían que sólo habían ganado por una pequeña diferencia de 80.000 votos y que, al no tener más del 60% del Senado, todavía tendrían que “pedir la opinión” a los senadores demócratas en más de una ocasión. Los republicanos apostaron por centrar su discurso político en el terrorismo y en la seguridad nacional, aprovechando que el sentimiento de inseguridad aún estaba vigente entre la población norteamericana, y ganaron. Los demócratas se centraron, como era lógico, en la mala situación económica del país -marcado por el descenso de la confianza de los consumidores y los inversores por culpa de los sucesivos escándalos financieros y por una tasa del paro que rozaba el 6%-, pero se equivocaron en la ejecución de la estrategia y perdieron. El discurso demócrata no estaba bien definido –algunos lo calificaron de ‘blando’-, optaron por la moderación cuando su electorado pedía una alternativa fuerte a Bush. Muchos creyeron que el partido demócrata estaba perdiendo la dignidad porque no se ‘atrevió’ a plantar cara a Bush, especialmente en el tema de una posible ofensiva contra Irak. Para unos, el triunfo republicano fue una aprobación de la gestión de Bush: para otros, no fue más que el resultado de la debilidad del partido demócrata, que fue incapaz de presentar un programa alternativo, definirse respecto a un inminente ataque contra Irak y perfilar un candidato para las presidenciales de 2004. La victoria republicana fue ajustada pero demostró que la mayoría de norteamericanos estaba con Bush y se despejaron así las dudas sobre su legitimidad debido al polémico recuento de votos de las elecciones de 2000. Así pues, gracias al temor y al patriotismo, Bush consiguió libertad para poder llevar a cabo su agenda política. Una agenda política con consecuencias inmediatas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Su política exterior es agresiva, está basada en la lucha antiterrorista y el ‘ataque preventivo’ (atacar al enemigo antes de que él nos ataque), y tiene como primer objetivo acabar con el régimen de Sadam Husein, a quien Bush acusa de tener en su poder armamento de destrucción masiva. Su política interna está igualmente marcada por la seguridad nacional: incluye un nuevo ‘superministerio’ de seguridad interior, una pieza clave para la lucha antiterrorista, y un mayor control gubernamental en algunos ámbitos sociales que, a la práctica, supondrá el recorte sistemático de las libertades civiles, como ya ha sucedido con la ‘supervisión’ del contenido de los correos electrónicos. Todo, eso sí, en nombre de la lucha contra el terrorismo. A su vez, la política económica promovida por Bush, busca reducir los impuestos sobre las empresas, las herencias y las plusvalías bursátiles para aligerar la carga fiscal de los más ricos con el “único” inconveniente que esta reducción podría llevar a la economía norteamericana hacia una nueva era de déficit público (algunos dicen que parecida a la que la carrera armamentística provocó en la época Reagan) que acabaría con cinco años de superávit. Para poder llevar a cabo estos recortes, el presidente optó por endurecer las políticas sociales: el Presupuesto para el 2003, presentado en febrero, preveía un crecimiento en la partida de sanidad de tan sólo el 4’6% -cuando los expertos apuntan que sería necesario, como mínimo, un 7% para cubrir las necesidades de la sociedad-, y unas reducciones, entre otras, de 620 millones de dólares del presupuesto para becas de estudio o de 4.000 millones, en el caso de los subsidios de empleo. Sea como fuere, la victoria republicana en estas elecciones proporcionó a Bush una buena ventaja en la carrera hacia las presidenciales de 2004 y obligó a los demócratas a tomarse más en serio a su adversario, tal como apunta la revista TIME: “Después del 11 de septiembre, muchos liberales creyeron que la popularidad de Bush desaparecería a medida que el recuerdo de los ataques se fuese debilitando, tal como le sucedió a su padre después de la Guerra del Golfo. Pero las elecciones demostraron que esta guerra todavía permanece en la memoria inmediata de muchos norteamericanos, que todavía ven al Presidente como un guardián del país digno de confianza.(...) Los demócratas podrían ser capaces de derribar a Bush dentro de dos años, pero no pueden permitirse el lujo de esperar a que caiga por sí solo.”
El 6 de diciembre, el secretario del Tesoro, Paul O’Neill, y el asesor financiero de Bush, Lawrence Lindsey, presentaron su dimisión a petición de la Casa Blanca. Tal como apuntaba el diario “Washington Post” al día siguiente, “el primer paso para la recuperación es, como suele decirse, admitir que tienes un problema, y eso es lo que ha hecho el presidente Bush”. Lindsey y, muy especialmente, O’Neill se habían convertido en ‘el problema’ del presidente porque no transmitían ni la confianza ni la imagen de control necesarias en un momento de inestabilidad económica. Al contrario: en más de una ocasión, habían sido ellos mismos los que, con sus desafortunadas declaraciones, habían creado el caos y la desconfianza en los sectores financieros. Bush se dio cuenta de que, si no quiere que la mala situación económica le pase factura en las elecciones presidenciales del 2004 -tal como le sucedió a su Bush padre en 1992-, debía buscar un nuevo equipo económico que llevase a Estados Unidos “de la recesión a la recuperación”. La Casa Blanca no tardó en encontrar sustitutos: el 9 de diciembre, Bush nombró Secretario del Tesoro al empresario del transporte ferroviario John Snow, y puso al frente del Consejo de Asesores Económicos a Stephen Friedman, presidente del banco de inversiones Goldman Sachs. Un tándem pragmático con el que Bush espera satisfacer a quienes exigen medidas inmediatas para estimular la economía y a quienes se preocupan por la fiscalidad a largo plazo. En esta ‘limpieza’ de los altos cargos económicos de la Casa Blanca que hizo Bush, debe incluirse también la dimisión, un mes antes, del presidente de la SEC (Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos), Harvey Pitt, provocada por los sucesivos escándalos financieros que salieron a la luz durante 2002 y por su mala gestión durante los quince meses que estuvo al frente de la comisión. Pitt fue muy hábil al presentar su renuncia la tarde del 5 de noviembre, cuando todo el mundo estaba pendiente de los resultados electorales, ya que de este modo ésta quedó eclipsada por la victoria republicana. Bush también tuvo un sustituto para Pitt: el 10 de diciembre, William Donalson, cofundador de una importante firma de inversión, ex presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York y amigo de la familia Bush, fue nombrado presidente de la mayor autoridad bursátil de Estados Unidos. Aunque todo el sector financiero estadounidense tenía claro que en algún momento O’Neill y Lindsey serían invitados a abandonar su cargo, nadie sabía con certeza cuándo iba a ser. Según la revista “Newsweek”, la Casa Blanca escogió hábilmente el momento: después de la victoria republicana en el Congreso pero antes de empezar a aplicar los nuevos recortes de impuestos. Inestabilidad y desconfianza Los atentados del 11 de septiembre de 2001 acenturaron una situación económica muy delicada que empezó poco antes de la llegada de los republicanos a la presidencia en el año 2000. Después de haber experimentado diez años de crecimiento y expansión, se empezó a hablar de debilidad, recesión e inestabilidad. La economía estadounidense acabó el año 2001 arrastrando las consecuencias del 11-S y sin conseguir iniciar la recuperación, a pesar de los intentos desesperados de la Casa Blanca y de la Reserva Federal. El año 2002 estuvo marcado por la desconfianza, tanto de los inversores como de los consumidores, y por la inestabilidad de los indicadores económicos. Los escándalos financieros que fueron saliendo a la luz a partir del revuelo que provocó la quiebra del gigante energético Enron, en diciembre de 2001, minaron la confianza de los inversores, que vieron cómo el mercado de valores se resentía cada vez que la SEC iniciaba una nueva investigación o se destapaba un nuevo fraude. Fraudes de miles de millones de dólares en firmas tan importantes como la empresa de telecomunicaciones WorldCom, la auditora Arthur Andersen o la compañía de televisión por cable Adelphia. Además, el hecho de que se descubriesen vínculos entre los directivos de Enron y el presidente Bush y el vicepresidente Cheney, no ayudó a aliviar el sentimiento de pánico que se fue apoderando de las bolsas. A pesar de haber empezado el año con unas cifras esperanzadoras –el PIB creció un 5% y la productividad un 8’4%- el nivel de confianza de los consumidores y, en consecuencia, el consumo cayeron en picado durante el segundo trimestre de 2002: de un 3’1% en el primer trimestre, el consumo cayó hasta el 1’9% en el segundo y no logró recuperarse con fuerza en el tercer trimestre. El consumo es el gran motor de la economía norteamericana -representa dos terceras partes del PIB de Estados Unidos-, por eso es básico que el nivel de confianza sea elevado. La Bolsa acusó los malos resultados del segundo trimestre y, a partir del mes de abril, el índice Dow Jones empezó a caer. El 19 de julio, Wall Street experimentó la peor caída desde el 11-S y cerró con una pérdida del 4’64%. Sin embargo, la aprobación, por parte del Congreso, de la ley contra el fraude fiscal una semana después ayudó a que los inversores recuperaran parcialmente la confianza, y el Dow Jones se recuperó un 6’35%. Cuando el presidente Bush dio, a principios de septiembre, un discurso ante la Asamblea General de la ONU para pedir el apoyo de los aliados ante un posible ataque contra Irak, las cotizaciones no dejaron de caer hasta que, el 9 de octubre, el Dow Jones se desplomó y se situó en niveles de 1997. A finales de octubre, sin embargo, empezó a observarse en los índices de consumo un pequeño crecimiento del 0’4% -una buena noticia para los inversores, que esperaban un crecimiento menor-, y las compras para el Día de Acción de Gracias, a finales de noviembre, superaron en un 12% a las de 2001, señal de que alguna cosa estaba cambiando. El segundo trimestre de 2002 fue el peor para la economía norteamericana: todos los índices cayeron en picado para, en el tercer trimestre, recuperarse tímidamente e intentar mantenerse -y en algunos casos incluso subir- durante los últimos meses del año. En octubre, algunos analistas dijeron que la economía de Estados Unidos empezaba a alejarse del peligro, advertido durante el tercer trimestre, de caer en una nueva recesión (“double dip”), aunque esto no implicaba que iba a iniciarse un fuerte crecimiento. Tal como indicó el “Libro Beige” de la Reserva Federal, publicado el 23 de octubre, la economía seguía “estancada” y el crecimiento era “lento”. Además, aunque la mayoría de sectores mostraban una débil recuperación, otros indicadores importantes, como el desempleo, se mantenían a niveles preocupantes: a lo largo de 2002, la tasa del paro no logró bajar del 5’5% registrado en febrero y, tanto en abril como en noviembre, llegó a la inquietante cifra del 6%, la más alta de los últimos siete años. ¿Qué hicieron la Casa Blanca y la Reserva Federal? El 6 de enero, George W. Bush presentó su “Plan de seguridad económica”, el objetivo del cual era reactivar la economía estadounidense. Era el segundo plan que presentaba el presidente después de que el Senado, con mayoría demócrata, rechazase su “Plan de estímulo económico” por no contener suficientes ayudas para los desempleados. La esencia del nuevo plan seguía siendo la misma: aunque preveía la creación de más nuevos puestos de trabajo, seguía basándose principalmente en el recorte de impuestos a las pequeñas y medianas empresas para impulsar el crecimiento económico. La estrategia de Bush, sin embargo, implicaba un coste de más de 100.000 millones de dólares en los próximos diez años. El 4 de febrero, Bush presentó ante el Congreso el presupuesto para 2003, un proyecto de cuentas públicas que preveía déficit para el resto de su legislatura. Los mayores gastos estaban destinados a la defensa del país: el Pentágono recibiría 379.000 millones de dólares y la partida destinada a la seguridad interna se duplicaría. Este aumento del gasto público, sumado al recorte de impuestos previstos por el presidente, llevó a los analistas a hablar de un déficit de 80.000 millones de dólares, cuando, tan sólo una año antes, habían hablado de un posible superávit fiscal de 313.000 millones de dólares. La Administración Bush, sin embargo, encontraba resistencia por parte del Senado, de mayoría demócrata, que no estaba dispuesto a aceptar unas rebajas en los impuestos por valor de hasta 1’3 billones de dólares a costa de un endurecimiento de las políticas sociales, que verían cómo sus partidas iban siendo recortadas para afrontar el gasto. La situación cambió con la victoria republicana en las elecciones del 5 de noviembre: la Administración Bush consiguió mayoría en las dos cámaras del Congreso, hecho que le daba carta blanca a Bush para llevar a cabo su agenda económica. El 6 de noviembre, un día después de la victoria republicana, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan decidió, por primera vez en 2002, rebajar los tipos de interés, que se situaron en el 1’25%. La posible guerra contra Irak, los nuevos datos sobre el desempleo, que situaban la tasa del paro en el 6%, y la desconfianza creciente de consumidores e inversores, hicieron que la Reserva Federal rompiese todas las expectativas y rebajase los tipos medio punto, en lugar del cuarto de punto que esperaban los analistas. Las bolsas acogieron con buenos resultados tanto la victoria republicana como la rebaja, pero ésta, al mismo tiempo, creó desconfianza e incertidumbre a medio plazo. Días más tarde, Greenspan justificaba su decisión ante el Congreso calificándola de “póliza de seguro”: si las previsiones sobre la recuperación económica eran acertadas, el recorte se podía anular; si, por el contrario, eran equivocadas, una rebaja de medio punto sería correcta para afrontar la situación. Sea como fuere, la rebaja de los tipos de interés hasta niveles no vistos desde hacía 40 años fue el reflejo de la voluntad de inyectar liquidez en el sistema económico norteamericano y conseguir, así, incentivar la inversión de las empresas y el consumo de los particulares.
Enron y WorldCom provocan el pánico de los inversores y del poder
El año 2002 difícilmente será olvidado por los inversores estadounidenses, especialmente por aquellos que han perdido sus ahorros o pensiones por culpa de alguno de los escándalos financieros que se han sucedido a lo largo de todo el año. Y es que el 2002 ha marcado un antes y un después en la economía norteamericana. En sólo un año hemos presenciado los dos escándalos financieros más importantes de la historia de Estados Unidos: la quiebra del gigante energético Enron y la de WorldCom, la segunda empresa de telefonía norteamericana. Ambos casos han convulsionado la Bolsa y han puesto en duda todo un modelo económico, político y judicial; ha quedado claro que la llamada “nueva economía”, que, según Manuel Castells, se basa en la información y el conocimiento, es global y está organizada a través de empresas-red, no está regulada adecuadamente y que existen demasiados vacíos legales que permiten llegar a estas situaciones. Cuando el 2 de diciembre de 2001 la multinacional energética Enron, modelo de desregulación, beneficios bien administrados y paradigma de la nueva economía, se declaró en bancarrota, empezaron a salir a la luz las consecuencias de la codicia camuflada por la contabilidad creativa. Si tenemos en cuenta que en octubre de 2001 la SEC (Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos) abrió una investigación a Enron por haber falseado supuestamente la contabilidad (la empresa anunció unas pérdidas de 618 millones de dólares y sus acciones no pararon de caer desde entonces) podríamos pensar que la quiebra de Enron estaba clara y que era sólo cuestión de tiempo que se hiciese oficial. Sin embargo, sorprendió a los más de 15.000 empleados que perdieron sus pensiones -invertidas en acciones de la empresa influenciados por unos informes que confirmaban la buena situación de ésta y que les animaban a invertir presentando unas esperanzadoras previsiones para el 2002- y a los miles de accionistas que fueron engañados reiteradamente durante, como mínimo, cinco años. La clave de la cuestión está en que sólo después de que Enron se declarase en quiebra, con unos activos que ascendían a 63.400 millones de dólares, se logró averiguar y entender qué estrategias habían utilizado sus ejecutivos para llegar a contraer una deuda de más de 35.000 millones. Desde 1996, el presidente de Enron, Kenneth Lay, fomentó lo que el director de la revista “Política Exterior”, Darío Valcárcel, llama cultura de la corrupción: se falseaba la contabilidad de la empresa para que las acciones no dejasen de subir y engañar así a los inversores. Enron creía en el riesgo y en las apuestas. Apostó por la banda ancha de emisiones, convencido de que después la podría revender a mejor precio; creó un mercado energético a través de Internet llamado Enron Online, y también invirtió en electricidad cuando la escasez de energía en California disparó los precios (aunque más tarde se desplomarían). Sin embargo, todas estas compraventas no dieron beneficios, tal como indicaban los informes, sino que fueron acumulando deudas. Andrew Fastow, el director financiero de Enron y uno de los principales culpables del fraude, inflaba los beneficios sistemáticamente –¡incluso llegó a falsificar datos ya falsificados!- pero llegó un momento en que las cifras fueron tan elevadas que fue necesario diseñar una estrategia más compleja. Fue entonces cuando se crearon más de 900 sociedades filiales, no declaradas en los informes, que aportaban beneficios ficticios y cubrían enormes pérdidas. Todo esto fue posible gracias a las flexibles normas de contabilidad que rigen el sector energético como “muestra de agradecimiento” por las grandes sumas de dinero que estas empresas habían dado para financiar campañas políticas. Sin embargo, según el informe la investigación del caso Enron, el informe Powers, fue precisamente el incumplimiento de uno de los requisitos de estas normas lo que obligó al gigante energético a rectificar sus balances. Llegó un momento en que fue imposible separar las deudas de las filiales de los beneficios de Enron y ésta se vio obligada a aplicar las reglas de consolidación, es decir, tuvo que empezar a informar de todas las operaciones y del estado financiero de la empresa, cosa que provocó una reducción espectacular de los beneficios y un crecimiento de las deudas que provocó su suspensión de pagos. A partir de aquí todo se precipitó: el 15 de enero, Wall Street suspendió la cotización de las acciones de Enron, se iniciaron las investigaciones y se abrió el proceso judicial contra el consejo ejecutivo de la empresa por fraude y engaño a los accionistas. Un proceso judicial que sigue abierto y que empezó con la comparecencia de los responsables de la empresa auditora de Enron, Arthur Andersen, acusada de destrucción de documentos relativos a la investigación. A lo largo del proceso se demostró que la auditora había encubierto las maniobras fiscales de los ejecutivos de Enron y que había destruido documentos relativos al caso para evitar que prosperase la investigación de la SEC. El 15 de mayo, el jurado declaró a la auditora culpable del cargo de obstrucción a la justicia y fue condenada a pagar medio millón de dólares en multas y a cinco años de funcionamiento supervisado. Ahora bien, lo que parecía un caso aislado, una mancha dentro del modélico sistema financiero norteamericano, resultó ser solamente el principio y el ejemplo de lo que muchas grandes empresas de Estados Unidos estaban haciendo. Las multinacionales Adelphia (sexta compañía de cable de Estados Unidos), Tyco, Global Crossing o Qwest Comunication son sólo algunos ejemplos más de empresas cuyas cuentas presentaban múltiples irregularidades y a las que la SEC les ha abierto una investigación durante este año 2002. Pero aunque seguimos hablando de miles de millones de dólares, las suspensiones de pagos de estas grandes empresas no llegaron a alcanzar el “récord” marcado por Enron. Hasta que explotó el escándalo WorldCom. El 25 de junio, la compañía despidió a su director de finanzas, Scott Sullivan, y admitió la renuncia de su vicepresidente, David Myers, al ser descubiertas irregularidades en la contabilidad por un valor de 3.850 millones de dólares -cifra que aumentaría en 3.000 millones de dólares en agosto. Según la compañía, Sullivan ocultó pérdidas e infló beneficios para aumentar artificialmente el valor de la firma y atraer a los accionistas. Otro de los grandes implicados en el escándalo era el fundador y ex director, Bernard Ebbers, que dimitió el 30 de abril por las presiones del Consejo de Administración tras el desplome del valor en Bolsa de la compañía. El motivo del desplome no fue otro que el anuncio de que las cuentas de la compañía de telefonía estaban siendo investigadas. Y si las sospechas provocaron una fuerte caída de las bolsas, el escándalo sacudió el mercado y acabó con la poca confianza que les quedaba a los inversores tras el caso Enron. El 27 de junio, la SEC, que investigaba a WorldCom desde febrero, presentó una demanda contra la empresa por fraude y se inició un largo proceso que cada vez cuenta con más declaraciones de culpabilidad de diversos ex ejecutivos de nivel intermedio dispuestos a testificar contra sus superiores, ejecutivos de alto rango, por haberles obligado a falsificar registros financieros. La preocupación en el sector financiero de Estados Unidos se agravó cuando se supo que los escándalos de WorldCom y de Enron tenían una alarmante coincidencia: en ambas empresas, la compañía auditora, es decir, la compañía que se encargaba de comprobar si la contabilidad era correcta, era Arthur Andersen. Una coincidencia que la auditora se apresuró a justificar asegurando que la firma realizó bien su trabajo pero que WorldCom ocultó información clave. Sin embargo, la sospecha es inevitable: 6.850 millones de dólares es demasiado dinero como para que una de las firmas auditoras más importantes de Estados Unidos no viese nada anormal. Pero si el fraude de WorldCom fue, aproximadamente, diez veces mayor que el de Enron, ¿por qué se habló mucho más del caso de la compañía energética? La respuesta es sencilla: el caso Enron iba más allá del escenario económico. La vinculación directa de sus ejecutivos, especialmente de Kenneth Lay, con el presidente, George W. Bush, y el vicepresidente, Dick Cheney, provocó que la sombra de la sospecha se instalase encima del poder ejecutivo. Enron contribuyó con más de 6.000 millones de dólares a diversas campañas políticas durante el año 2001, especialmente a campañas del partido republicano y de George W. Bush. El actual presidente de Estados Unidos fue durante ocho años gobernador de Texas, estado donde se produjo la “explosión” del escándalo Enron, y anteriormente había sido un alto ejecutivo de la empresa energética Harken Energy Corporation. Diversos testimonios confirmaron que Bush y Lay, a quien Bush llamaba amistosamente Kenny boy, mantenían una estrecha amistad. A su vez, se confirmó que el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, se reunió seis veces con ejecutivos de Enron a lo largo del 2001, para que aconsejasen a la Casa Blanca sobre las perspectivas y los problemas del sector energético. De estos “consejos” surgió el plan energético de la Administración Bush que, según todos los observadores, parece redactado por la misma industria eléctrica de Estados Unidos. Joaquín Estefanía, periodista económico de El País, utiliza unas palabras de Adam Smith que describen perfectamente la situación: “La gente de la misma industria rara vez se reúne, incluso para divertirse, sin que la conversación acabe en una conspiración contra los ciudadanos, o para subir los precios”. Precisamente esta estrecha vinculación pudo haber sido la causa de la rápida reacción de la Casa Blanca que, al verse salpicada por el escándalo, puso manos a la obra para conseguir que el Congreso aprobase unas reformas legislativas que se caracterizaban por un mayor control sobre las empresas y un endurecimiento de las sanciones a las firmas acusadas de fraude. ¿Fue una manera de redimirse, de demostrar a los ciudadanos de Estados Unidos que estaban al margen de este tipo de escándalos? Puede; de todas formas lo que importa es que el 30 de julio George W. Bush, después de haber hablado en Wall Street y en el Congreso, firmó la ley que establecía un endurecimiento de las penas contra las empresas y los ejecutivos que cometan algún tipo de fraude fiscal y anunció la creación de un organismo independiente encargado de controlar a las auditorías. Además, las conexiones entre las empresas que han protagonizado los escándalos y los poderes políticos provocaron que la Cámara de Representantes y el Senado aprobasen por unanimidad la ley de reforma de financiación política, que limita las donaciones de las empresas a los partidos o candidatos. En un momento en que la confianza de los inversores rozó los mínimos soportables por los mercados, Bush optó por defender todas aquellas legislaciones y medidas que toda la vida había rechazado: la autorregulación dejó paso a un mayor control del Estado.
Las estrategias financieras utilizadas por los ejecutivos de las grandes empresas acusados de fraude no son una novedad para el presidente George W. Bush. Es más, él mismo está siendo investigado por un supuesto uso de información privilegiada para operar en Bolsa cuando dirigía la compañía energética Harken Energy Corporation. Al parecer, en 1990, cuando George Bush padre era el presidente de Estados Unidos, Bush jr. vendió más de 200.000 acciones (a cuatro dólares la acción) de la empresa Harken Energy Corporation, de la cual era un alto directivo, y no informó sobre la venta a la Administración, tal como establece la ley. Algunas pruebas apuntan que Bush sabía que la empresa falsificaba los balances para ocultar pérdidas y crear ingresos ficticios, y que, por lo tanto, éstos no reflejaban la situación real de la compañía. Cuatro meses después de que Bush vendiese sus acciones de Harken, la empresa anunció pérdidas y el valor de las acciones cayó en picado. Esta caída sacó a la luz la maniobra de Bush, a quien se le pidieron explicaciones por no haber comunicado la venta. Aunque Bush en un primer momento culpó del error a la SEC y, más tarde, a los abogados de Harken, no tenía excusa porque la ley establece que la persona que vende sus acciones tiene la responsabilidad de conservar los documentos sobre la venta. Esta maniobra permitió a George W. Bush participar en la adquisición del equipo de los Texas Rangers en 1989, un año después de que su padre llegase a la Casa Blanca. Su participación, que representaba sólo el 1’8% del total, le haría rico en poco tiempo. El grupo de accionistas de los Texas Rangers construyó un nuevo estadio en unos terrenos del Estado y sólo le exigieron el pago de un impuesto. A la vez, el Estado revendió al grupo de Bush unos terrenos particulares situados junto al nuevo estadio que poco antes había comprado por menos de su valor real. Años después, el grupo de accionistas encontró un comprador dispuesto a comprar los Texas Rangers por 125 millones de dólares, el triple de su valor real. A Bush le correspondían, según su porcentaje, 2’3 millones pero el resto de accionistas, que conocían bien sus pretensiones políticas, decidieron renunciar a sus porcentajes. Así pues, gracias a la “generosidad” del grupo de accionistas, Bush obtuvo 14’9 millones de dólares. Unos millones con los que, en realidad, se estaba comprando al futuro gobernador de Texas. El 8 de noviembre de 1994, Bush empezaba su carrera política al convertirse en gobernador del estado de Texas.
El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó la resolución 181, impulsada por Estados Unidos, que proponía la partición de Palestina occidental en dos Estados, uno judío y otro árabe, y una zona internacional, Jerusalén. Los palestinos, y el mundo árabe en general, se opusieron a la resolución e invadieron la zona para tratar de impedir, sin éxito, la creación del Estado judío. En mayo de 1948, el líder de los judíos, Ben Gurion, proclamó el nacimiento de Israel y, horas más tarde, empezaba una guerra. Una guerra con la que Israel obtuvo parte del territorio que no le concedía la resolución de la ONU, mientras que los palestinos se quedaron únicamente con los territorios de Gaza y Cisjordania, al tiempo que miles de palestinos se convirtieron en refugiados, una cuestión que, 55 años más tarde, todavía no ha logrado solucionarse. Una vez reconocido el Estado judío, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de ayudas a Israel para facilitar la acogida de los supervivientes del Holocausto. A partir de aquí, la ayuda norteamericana no dejó de aumentar: de 1949 a 1998 Israel recibió alrededor de 84.000 millones de dólares en ayudas. Desde finales de los 80, el Gobierno de Estados Unidos da a Israel unas ayudas anuales de más de 3.000 millones de dólares, cifra a la que se le debe sumar las donaciones privadas del lobby judío norteamericano, que rondan los 1.500 millones de dólares anuales. Las ayudas a Israel representan el 30% del presupuesto que Estados Unidos destina a ayuda exterior; así pues, Israel es el mayor beneficiario de la “solidaridad” norteamericana. Pero ¿por qué motivo los diferentes gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, han tenido este especial interés en ayudar a Israel cuando éste tiene una renta per capita de 14.000 dólares al año? Uno puede caer en la tentación de pensar que es a causa de la presión que ejerce sobre el Gobierno el poderoso lobby judío norteamericano, pero sería simplificar demasiado. Está claro que existe presión por parte de este lobby, pero el interés de Estados Unidos es principalmente geoestratégico: Israel es el único aliado de Estado Unidos en una región que alberga las mayores reservas petrolíferas del mundo. Además, debemos tener en cuenta que el 75% de las ayudas se utiliza para comprar armamento militar que, casualmente, es de fabricación norteamericana. Dicho de otro modo, Estados Unidos se beneficia estratégica y militarmente: Palestina se convierte en tierra de pruebas del armamento norteamericano. Vistas estas cifras, podemos dudar de que Estados Unidos sea el mediador más apropiado del eterno conflicto entre Israel y Palestina, sin embargo, como primera potencia mundial, está condenado a seguir siendo ‘el mediador’. Papel de EE.UU en el conflicto árabe-israelí La Guerra Fría empujó a Estados Unidos a firmar un pacto con el único Estado de la región en el que podía confiar. El gobierno israelí tomó conciencia de lo importante que era aquel acuerdo para los norteamericanos y se aprovechó de ello: a partir de entonces ignoró totalmente las resoluciones de la ONU sobre la restitución de los territorios ocupados. En 1973, Egipto decidió vengarse de la humillación a la que había sido sometido su país tras la ‘nacionalización’ del Canal de Suez (1956) e invadió el desierto de Sinaí. Ante este hecho, y por primera vez, un Presidente de Estados Unidos se implicó en un grado elevado en el conflicto de Oriente Medio: en 1978, Jimmy Carter empezó a hacer las gestiones necesarias con el objetivo de alcanzar la paz entre Israel y Egipto, que recogieron su fruto con los Acuerdos de Paz de 1979. Depués de este hecho, sin embargo, la implicación norteamericana en el coflicto fue mínima. Estados Unidos parecía tener miedo a implicarse demasiado, mientras que Europa se limitaba a establecer Declaraciones. Nadie prestó atención al movimiento que se estaba gestando en los campos de refugiados. Numerosos grupos extremistas religiosos se organizaban desde territorio Libanés para conseguir su objetivo: destruir el Estado de Israel. Después de la Guerra del Golfo, en 1991, Estados Unidos convocó una Conferencia de Paz en Madrid para volver a intentar poner fin al conflicto. El entonces Secretario de Estado norteamericano, James Baker, consiguió que las partes implicadas en el conflicto asistiesen a la Conferencia pero no se obtuvieron los resultados esperados. El cambio de actitud de árabes e israelíes no llegó hasta 1992, cuando ambos accedieron a entablar conversaciones secretas en Oslo que se traducirían, en 1993, en la firma de los Protocolos de Oslo que preveían una gradual restitución de los territorios ocupados y la creación de un Estado Palestino. Pero se cometió un error: los líderes no contaron con los extremistas, que siguieron con los atentados. En 1995, el líder laborista israelí, Isaac Rabin, fue asesinado. El proceso de paz se estancó y no se inició una nueva ronda de negociaciones hasta que, en 2000, el laborista Ehud Barak fue nombrado primer ministro de Israel. Barak y el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat, se reunieron con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y empezó la que pareció la negociación de paz definitiva. Pero no se logró llegar a un acuerdo ni sobre la repartición del territorio -Arafat consideró que el acuerdo era totalmente desproporcionado- ni sobre dos de las cuestiones básicas del conflicto: el status de Jerusalén y la cuestión de los refugiados. Este hecho frustante, juntamente con la provocación que supuso, sólo dos meses después del fracaso de Camp David, el paseo de Ariel Sharon por la Explanada de las Mezquitas (lugar sagrado para los palestinos), provocaron el inicio de la segunda intifada. A finales de año, George W. Bush llegó a la Casa Blanca y aceptó el consejo de sus asesores de no intervenir directamente en las negociaciones de paz entre árabes y judíos. La Administración Bush acusaba a Bill Clinton de haber intentado forzar un acuerdo de paz definitivo en Camp David –que, según los republicanos, hubiese requerido años de negociaciones- simplemente para anotarse un punto histórico antes de abandonar la Casa Blanca, y lo culpaban de haber provocado la crítica situación actual del conflicto. Por ese motivo Bush decidió dejar que las dos partes intentasen resolver el conflicto por sí solas. Con lo que no contó Bush fue con la sanguinaria represión israelí. Después de la oleada de violencia de principios del año 2002 y el asedio del líder palestino, Yaser Arafat, en Ramala por parte del Ejército israelí, el 4 de abril se produjo el “¡basta ya!” de Bush, que exigió la retirada de las fuerzas israelíes de todos los territorios ocupados y el cese de los atentados terroristas palestinos. A pesar de este gesto por parte del presidente Bush, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, sabía, y sabe, la importancia geostratégica de Israel así que, a la práctica, no era Estados Unidos quien exigía e imponía sino que era Israel quien ponía a prueba a los norteamericanos. Estados Unidos está dispuesto a poner paz, siempre y cuando ésta favorezca sus intereses. Y sus intereses pasan por la “victoria” de Israel. El Gobierno de Bush protege a Sharon: no le pide cuentas sobre las masacres cometidas a lo largo de todo 2002, ni por la ocupación de los territorios palestinos. Es más, es Estados Unidos quien dota a Israel de todo tipo de armamento y equipamiento (satélites, tecnología, información secreta) sin el cual hubiese sido imposible mantener la ocupación de los territorios palestinos y el rápido crecimiento de los asentamientos judíos. A todo esto se le debe sumar la excusa de la lucha antiterrorista: según una resolución del Senado norteamericano, Estados Unidos e Israel “están comprometidos en una lucha común contra el terrorismo”. Por ese motivo, condenar el terrorismo palestino es casi una obligación moral. La derecha norteamericana más conservadora, que desprecia abiertamente a los palestinos, exigió a Bush que fuese coherente con su lucha contra el ‘Mal’ y permitiese a Sharon acabar con el terrorismo palestino y, especialmente, con el líder de la ANP, Yaser Arafat. Pero, tal como indica Marwan Bishara, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de París, “reducir un conflicto de un siglo de antigüedad a un conflicto entre democracia y terrorismo es una idea que ha cobrado mayor aceptación desde el 11 de septiembre, pero es intelectualmente insultante. Además, calificar de terrorismo e intentar vender como artículo de uso corriente los ataques palestinos suicidas con bomba contra los civiles israelíes y en cambio calificar de autodefensa el empleo de la violencia al por mayor contra civiles palestinos por parte de un Gobierno israelí elegido en las urnas, denota insolvencia moral”. Unas elecciones que no cambiarán nada A principios de 2003, israelíes y palestinos están llamados a las urnas. Todo indica que tanto Ariel Sharon como Yaser Arafat seguirán liderando a sus respectivos pueblos. Ambos líderes se vieron, de algún modo, obligados a convocar elecciones. En el caso de las elecciones palestinas, la convocatoria fue el resultado de un esfuerzo internacional del Cuarteto (Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y ONU) para llevar a cabo reformas administrativas en el Gobierno palestino que permitiesen acabar con el terrorismo. En principio se celebrarán el 20 de enero de 2003; sin embargo, algunos expertos apuntan que, ante la situación actual de caos, no sería extraño que se intentasen aplazar: si Israel, y con él Estados Unidos, consideran que Arafat es un obstáculo para la paz y, a la vez, dan por supuesto que éste será reelegido, no les interesa que se celebren las elecciones. Por otro lado, la convocatoria de elecciones en Israel estuvo provocada por la dimisión de los laboristas del Gobierno y la incapacidad de Sharon de formar una nueva coalición de gobierno con la ultraderecha. Finalmente decidió pedir al presidente de Israel, Motsé Katsav, que disolviese el Parlamento y que convocase elecciones anticipadas, que se celebrarán el 28 de enero. El candidato laborista es Amram Mitza, el alcalde de Haifa, cuyo programa se basa en negociar con los palestinos y desmantelar los asentamientos. El programa del Likud dependía de quién ganase las primarias del partido de derechas. El 28 de noviembre, en medio de una oleada de atentados contra intereses israelíes en Kenia e Israel, se conocía quién iba a ser el candidato del Likud: Ariel Sharon. El actual primer ministro de Israel competía con el ministro de exteriores y ex primer ministro, Benjamín Netanyahu. Sharon apostó por el pragmatismo para mantener su relación con Estados Unidos: aceptó el plan del llamado Cuarteto que prevé la creación de un Estado palestino en Gaza y parte de Cisjordania, y ganó. Netanyahu, en cambio, prometió poner fin a la espiral de violencia y acabar con el terrorismo pero rechazó de lleno la idea de la fundación de un Estado palestino porque, según él, “sería un premio al terrorismo y a la intifada palestina”, y perdió. Los antecesores del actual primer ministro, Shimon Peres, Ehud Barak y el mismo Benjamín Netanjahu, no fueron reelegidos en su momento porque no pudieron poner fin a la violencia. Paradójicamente, la popularidad de Ariel Sharon, que ha llevado a su pueblo hacia una espiral de violencia y represión, ha aumentado y es el favorito en las próximas elecciones de Israel. Si Ariel Sharon gana las elecciones, Estados Unidos deberá seguir afrontando el dilema histórico del cual habla Jaime Ojeda, profesor de la Universidad de Shenandoah (Virginia): “Comprometido a mantener al Estado israelí contra viento y marea, [Estados Unidos] querría encontrar una solución aceptable para los árabes pero, al mismo tiempo, no quiere forzar a los israelíes más allá de lo que quisieran aceptar en ‘negociaciones’”. Esto significa que todas las resoluciones seguirán pasando por el ‘filtro’ israelí -tal como pasó con la propuesta de paz saudí y con las mediaciones que llevaron a cabo el general Anthony Zinni y el secretario de Estado, Colin Powell- y que el terrorismo, sea cual sea su forma, seguirá paralizando cualquier iniciativa de paz. Sin embargo, la postura de Estados Unidos frente a Israel podría cambiar si los norteamericanos derrocan el régimen de Sadam Husein y consiguen establecer un gobierno proestadounidense. Israel ya no sería su único e imprescindible aliado en la zona y, de algún modo, se vería obligado a aceptar ciertas condiciones de Estados Unidos si quisiera mantener su relación con la primera potencia mundial.

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