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Timestamp: 2020-06-05 00:38:49+00:00

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TERRITORIO Y LIBERTAD O REVOLUCIÓN - cerecmexicos jimdo page!
Ahora la cosa es distinta. La iniciativa busca acabar con el ejido y convertirlo en propiedad privada, conservando sólo el nombre. La exposición de motivos es clara al respecto. En ella se afirma que el mercado de tierras no ha podido crecer debido a la falta de titulación de los derechos de propiedad entre los ejidatarios; de ahí, dice, que se justifique el otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las
tierras a sus legítimos poseedores. En esa misma parte de la iniciativa se critican las limitaciones que la actual ley establece para que las tierras ejidales puedan entrar al mercado, así como las condiciones para que sea posible. Finalmente, advierte que si los ejidatarios mantienen sólo el usufructo de las tierras, como hasta ahora, estas seguirán teniendo un valor menor en el mercado, comparado con el de la propiedad privada, y no podrán acceder a créditos para hacerlas producir.
Comunicado. 17 noviembre de 2012
La reforma al artículo 27 constitucional intensificó el despojo en Jalisco y México
Pueblos, colectivos y especialistas del estado y el país participan en un foro a dos décadas de la reforma al artículo 27 constitucional
Dicho cambio, impulsado en el marco de reformas neoliberales bajo el gobierno de Carlos Salinas, intensificó el despojo en Jalisco y México
Al añejo despojo rural e industrial, se han sumado ahora los despojos de intereses inmobiliarios, turísticos, mineros, agro-industriales y del crimen organizado
En paralelo al crecimiento del despojo, aumentan los casos de acoso, persecución, criminalización, hasta la desaparición y el asesinato
A dos décadas de que los gobiernos neoliberales reformaron en sentido regresivo el artículo 27 constitucional, y a 102 años del inicio de la revolución mexicana, pueblos y comunidades de Jalisco que resistimos y enfrentamos distintas modalidades de despojo vimos la necesidad de convocar a un foro para reflexionar sobre la intensificación de la apropiación privada de nuestros territorios, ríos, bienes comunes, playas, espacios públicos, cultura y modos de subsistir y existir.
El foro tiene como propósito reflexionar sobre las consecuencias que acarreó la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y compartir la experiencia que tenemos en las resistencias frente a los despojos que ocurren ahora en Jalisco y en el país. Si bien el despojo de poblaciones, de tierras, de bienes comunes es una de las fuentes originarias y contemporáneas de acumulación de capital, vemos que el despojo se está intensificando en Jalisco, como parte de una nueva estrategia de acumulación de ganancias privadas.
Ahora que el capitalismo mundial ha entrado en una crisis de profundas dimensiones, el despojo se ha convertido nuevamente en una forma predominante de acumulación de capital. Sentimos y vemos la intensificación del despojo en todo el territorio: además de poner una fábrica y acumular capital mediante la explotación del trabajo asalariado, se implementa el despojo de tierras para negocios turísticos en la costa de Jalisco o en el lago de Chapala; empresarios inmobiliarios atentan contra comunidades (pueblos e identidades culturales ancestrales) y ejidos urbanos por las mejores tierras para levantar fraccionamientos; 82 por ciento de las playas de Jalisco han sido privatizadas en la última década; 22 por ciento de todo el territorio estatal concesionado para explotaciones mineras desde el año 2000; hay despojo contra quienes se ganan la vida en la economía informal; está desatada la codicia sobre los mejores terrenos, las maderas más rentables, los recursos naturales más lucrativos… en suma, los despojos y agresiones en contra de miles de pueblos, comunidades, barrios y sujetos en Jalisco se han intensificado. Hay una guerra por despojo en Jalisco y en el país y muchos no la ven. El despojo es un asunto ignorado en la agenda de la clase gobernante y de los partidos políticos, pero también en la mayoría de las Universidades, ONG´s y medios de comunicación.
La intensificación del despojo a partir de las reformas neoliberales de hace dos décadas, entre ellas la reforma al artículo 27 constitucional como parte de las exigencias al gobierno mexicano para ingresar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), está acarreando grandes daños a muchos pueblos, comunidades y barrios. Wirikuta, el lugar sagrado del pueblo wixárika está amenazado ahora por un negocio capitalista minero; en la costa de Jalisco han muerto o desaparecido compañeros pescadores o ejidatarios por resistirse a los negocios turísticos que les quieren imponer; en el Nixticuil, a pesar de la resistencia, avanza el proyecto inmobiliario Mirasierra que dañará el área natural protegida; en Temacapulín, Juanacatlán y Santa Cruz de las Flores se resisten proyectos gubernamentales de infraestructura (como la presa El Zapotillo o el Macrolibramiento) que acarrean perjuicios y devastación en lugar del prometido progreso; en la barranca del río Santiago una docena de pueblos luchamos contra el despojo que nos contamina y envenena la vida. Es mucho el despojo, el desprecio y la represión que estamos padeciendo.
Identificamos, al menos, siete poderosos intereses que enfrentamos:
1) Los intereses del capitalismo turístico en la costa
2) Los intereses de los negocios inmobiliarios en zonas urbanas, especialmente en el área metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, pueblos de la barranca del río Santiago, Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco)
3) Los viejos intereses del capitalismo industrial (El Salto, Juanacatlán, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco)
4) La intensificación reciente del capitalismo minero (Ayotitlán, pueblos wixárika)
5) Los negocios capitalistas agro-ganaderos (Tuxpan)
6) Los proyectos de infraestructura de los gobiernos, al servicio de la acumulación de capital (Temacapulín, Juanacatlán, Santa Cruz de las Flores)
7) La reciente incorporación del narcotráfico y la delincuencia organizada ya sea como inversionistas directos (para lavar dinero) o como fuerza paramilitar al servicio de los otros intereses capitalistas
Manifestamos nuestra preocupación de que a las vieja formas de despojo, se juntan nuevas formas de arrebatarnos tierras ejidales o comunales, ríos o cuerpos de agua, montes, playas, bosques, espacios públicos y bienes comunes. Una de estas nuevas formas va aparejada al crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado asociado a los despojadores; en algunos casos el crimen organizado se convierte en una fuerza paramilitar que amenaza, persigue, detiene y asesina a quienes resisten el despojo. El foro que hoy llevamos a cabo tiene también el propósito de exigir un alto al acoso, persecución y represión en contra de nuestros cientos o miles de nuestros compañeros que participan en la resistencia al despojo.
Con tristeza y con rabia debemos comunicar y denunciar que cientos o miles de compañeros han sido acosados, denunciados, detenidos, encarcelados, enjuiciados, sentenciados, perseguidos, golpeados, acosados, desterrados, desaparecidos o asesinados por defender lo que es suyo, por defender la reproducción de su vida: tierras, ríos, playas, bosques, parques, áreas protegidas, bienes comunes, barrios, colonias…
Este foro es también un ya basta a la represión en contra de nuestros pueblos. Exigimos la presentación de los compañeros desaparecidos recientemente: Celedonio Prudencio Monroy, secuestrado el 23 de octubre de 2012 en Ayotitlán; los compañeros pescadores de Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz desaparecidos desde el 24 de marzo de 2011. Exigimos además el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta, Aureliano Sánchez Ruiz, abatido el 13 de julio de 2011; exigimos el cese de agresiones en contra de los dirigentes de las comunidades wixárikas; de los compañeros de El Salto; Temacapulín, Ayotitlán y otros representantes de todos los pueblos que luchan contra el despojo.
Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos y de La Jornada
Unidad de Atención para las Comunidades Indígenas, César Díaz
Pueblos de la barranca del río Santiago, José Casillas
Pobladores de la costa de Jalisco, Salvador Magaña
Consejo Regional Wixárika, Trinidad Chema Guzmán (suplente del comisariado de San Sebastián Teponahuaxtlán) y Santos de la Cruz Carrillo (presidente del comisariado de la comunidad autónoma de Bancos de San Hipólito)
Hoy las presas –hidroeléctricas e hidráulicas– son ejemplos de la imposición de una estrategia energética sui generis del Estado (y sus socios), pero también símbolos de un modelo de desarrollo agresivo, extractivo y violador de derechos fundamentales de las comunidades, por los desplazamientos en condiciones discrecionales e injustas que generan. Me atrevo a afirmar que las presas representan un género de proyectos de inversión y despojo de gran escala que desplazan a ciudadanos y poblados de manera arbitraria, sin concederles participaciones en los negocios. Este nuevo género –que no merece nuestro respaldo bajo las reglas actuales– también abarca concesiones mineras, carreteras de cuota (Supervía Poniente-DF), campos eólicos, nuevos desarrollos petroleros, puertos industriales y desarrollos turísticos e inmobiliarios. El patrón histórico indica que los desplazados de hecho se convierten, sin consultas previas ni opciones dignas, en víctimas del “progreso”. Y el anuncio de cada proyecto detona un proceso de movilizaciones entre las pocas organizaciones sociales regionales que se oponen almodus operandi tradicional de estos megaproyectos, y quienes, últimamente, se aprovechan para bien de las redes sociales digitales para difundir y ampliar cualquier campaña.
También: la falta de respeto a los acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); manifestaciones de impactos ambientales (MIA) parciales o sesgadas (a veces “confidenciales”) que soslayan el costo social y ambiental de las obras; la subutilización de plantas generadoras por parte de la Comisión Federal Estatal –se operan las hidroeléctricas a sólo 31.4 por ciento de su capacidad (Reforma, 23 de marzo, 2012)– al tiempo que se anuncian nuevos proyectos hidroeléctricos con inversión privada; las implicaciones de probables impunidades implícitas en obraspor realizarse de acuerdo con la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (DOF 16-01-2012); la ausencia de un programa eficaz para el ahorro de energía y agua; el rechazo a considerar a los desplazados como socios en el respectivo negocio de cualquier obra, y, a final de cuentas, la carencia de un plan de desarrollo energético que respete a las comunidades y sus recursos, concediéndoles beneficios concretos en la explotación de los recursos del subsuelo, el agua y los bosques en sus territorios ancestrales. Así, no debe sorprender el actual nivel de oposiciones y resistencias ante los megaproyectos.
Para reconocer los derechos morales de los afectados, se requiere una reforma jurídica integral a nivel federal, junto con un notable cambio en los valores y acciones – la cultura política– de lasautoridades responsables del diseño y/o autorización de los megaproyectos, junto con sus socios del sector privado y la banca.
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-minas.html
Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense en curso responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (el enemigo asimétrico, no convencional,verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas). Lo que ha derivado en las guerras asimétricas de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los estados.
La ocupación integral de México forma parte de la dominación de espectro completo , noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001, que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita fabricar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos comunes , que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la manipulación y formación de una opinión pública legitimadora del modelo. Ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social, para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido.
La manufactura de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la seguridad nacional estadunidense y/o la seguridad hemisférica . Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado perímetro de seguridad en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que, como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a nuestro país en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005).
El manejo de los medios privados bajo control monopólico permite, también, el aterrizaje de doctrinas como la referente a los estados fallidos que, por constituir un riesgo a la seguridad de Estados Unidos, deben quedar bajo su control y tutela. Ayer Colombia, Afganistán, Irak. Hoy Libia, Pakistán, Siria, México.
La fabricación mediática de México como Estado fallido durante la transición Bush/Obama en la Casa Blanca (enero-febrero de 2009) incluía la previsión de un colapso rápido y sorpresivo , lo que según el comando central del Pentágono no dejaría más opción que la intervención militar directa de Washington. Entonces, la posibilidad de un colapso fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigación, la agencia antidrogas DEA y otras dependencias estadunidenses en el territorio nacional, bajo la mampara de la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia.
Pero dado que en México los movimientos rebeldes permanecen en una tregua armada y de acumulación de fuerzas, a través del terrorismo mediático se han venido impulsando matrices de opinión que permitan la aplicación de prácticas contrainsurgentes afines a la dominación de espectro completo y la guerra de ocupación integral, tales como narcoinsurgencia y narcoterrorismo , utilizadas de manera reiterada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y otros funcionarios estadunidenses.
A finales de los años 80, las pretensiones gubernamentales de instalar ANP fueron enfrentadas por los ejidos y comunidades poseedores de los territorios proponiendo áreas voluntarias de conservación. Existen 177 áreas voluntarias, en 15 estados del país, que abarcan alrededor de 208 mil hectáreas, y en ellas participan al menos nueve pueblos indígenas. La mayoría se encuentran ubicadas en Oaxaca, donde existen 79 áreas de certificación voluntaria. Pero en 2008, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente cambió y colocó las áreas voluntarias de conservación como una categoría más de área natural protegida –estableció su carácter de utilidad pública y de competencia federal– y extendió sus condicionamientos hacia ellas, adoptando atribuciones sobre los territorios que las comunidades habían buscado no permitir.
Suman más de 900 proyectos en 227 mil hectáreas desde 2008
La Procuraduría Agraria (PA), nacida en 1992 y concebida como ombudsman o defensora de los derechos de los ejidatarios y comuneros, está enfocando hoy gran parte de su atención y su labor a asociar a los campesinos con inversionistas privados o con gobiernos para que desarrollen proyectos empresariales tanto en el sector agropecuario como en el turístico, el industrial, en energía alternativa, minería, en desarrollos inmobiliarios, en servicios y equipamiento urbano y más.
El titular de la PA, Rocendo González Patiño, precisó en entrevista que del universo de 28 mil 976 núcleos agrarios certificados, con 93 millones 588 mil 865 hectáreas, la Procuraduría ha recibido solicitudes de 2 mil 820 núcleos, poseedores de 14 millones 39 mil 435 hectáreas, para ser objeto, en parte de sus superficies, de desarrollos empresariales en los diversos sectores, y hay un directorio de 723 inversionistas interesados en asociarse con los campesinos.
Y desde 2008 la PA ha facilitado asociaciones de este tipo en el marco de su esquema Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP). En 2008 y 2009 contabilizó 896 proyectos de inversión formalizados, con una inversión total aproximada de casi 40 mil millones de pesos sobre 227 mil 32 hectáreas, y que involucra a 57 mil 332 ejidatarios o comuneros. El beneficio comprometido para los campesinos (pagos por renta o venta de tierra, regalías, utilidades, etcétera) en los proyectos, que son multianuales, es de 3 mil 634 millones de pesos. Y el programa sigue avanzando este 2010; hasta febrero se tenían 47 proyectos formalizados con una inversión comprometida de mil 127 millones de pesos.
El funcionario dijo que así se está iniciando la tercera etapa agraria, de capitalización, luego de la primera, de reparto, que duró 77 años (de 1915 a 1991), y la segunda iniciada en 1993, de ordenamiento de la tenencia de la tierra social, con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y con el actual Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar).
“La ley permite la asociación, celebrar contratos, convenios. Como PA, estamos trabajando para dar seguridad a ambas partes; buscamos que los contratos sean trasparentes, legales, que beneficien a ambas partes, que sean justos, que haya seguridad jurídica, que se cuiden todas las formalidades, como la convocatoria de las asambleas, para evitar que haya conflictos a futuro (...) Buscamos que el campesino no venda su tierra, que sea parte del proyecto y tenga participación de las utilidades (...) Hay empresarios que dicen ‘yo quiero hacer bien las cosas, no quiero robar; quiero ganar pero que también el otro gane'. Tenemos este objetivo de jalar inversión al campo (...) Hay ejidos más grandes que muchos estados del país. Uno queda impresionado por la real situación de estas propiedades, que son terrenos inmensos y que requieren también proyectos de esa magnitud. Hablar de aprovechar 20 mil hectáreas en un proyecto agrícola es viable, porque se tiene el terreno. (Pero) tenemos la idea de que cuando hablamos del campo es sólo maíz y frijol y no es así; hay potenciales urbano, industrial, ecológico, minero y es donde deben aterrizar los proyectos que estemos presentando”.
Rocendo González comentó que en 2007 la PA intervino en la defensa o conciliación de campesinos en 47 mil juicios. Algunos relativos a tierras sin testamento, otros a conflictos entre vecinos, otros más en búsqueda de reconocimientos parcelarios, pero también en estos juicios estaban involucrados muchos donde los ejidos demandaban nulidad de contratos de arrendamiento o usufructo de la tierra de proyectos empresariales fallidos, “y nos dimos cuenta que había muchos errores a la hora de convenir tanto del campesino como del empresario; a veces los contratos no se validaban por la asamblea. Vimos esta laguna institucional para jalar inversión”.
Por ello surgió el FIPP. “Empezamos a unir a campesinos y a inversionistas. Se presenta (a los campesinos) el proyecto que se pretende, cuánto se va a ganar; decimos cuál es el convenio o el esquema más adecuado. Buscamos trajes a la medida. En los contratos absolutamente todo se anota, nada queda a la interpretación, hacemos los registros que marcan las leyes de Inversión, de Minas, los trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN) ante el Registro Federal de la Propiedad, ante Relaciones Exteriores y cerramos la pinza, y nos mantenemos al pendiente de que vayan caminando los contratos suscritos”.
Ejemplificó con un proyecto en firme de una central eólica de energía eléctrica , que implicó un contrato de usufructo parcelario entre el ejido La Venta, de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y la empresa española Eurus SAPI de CV. El proyecto, donde también participa Cemex, implica 2 mil 450 hectáreas, esto es 40 por ciento del total de superficie parcelada del ejido. La inversión es superior a los 500 millones de dólares; su duración es de 30 años con posibilidad de prórroga y los beneficios comprometidos para los campesinos son por 472 millones de pesos. La energía se vende a la Comisión Federal de Electricidad.
“Allí (en La Venta) por más que pongan semilla, el aire se la va a llevar. Les dijimos ‘tu tierra no es agrícola'. Hay ejidatarios allí que tienen 30 hectáreas y van a recibir más de medio millón de pesos anuales por la renta de su tierra a Eurus, otros van a recibir 20 mil, todo depende de su ubicación (dentro del proyecto). Además la empresa se compromete a darles trabajo calificado o no calificado. Se requieren materiales y les piden que participen en el acarreo”.
Señaló que algunos de los proyectos implican la privatización de la tierra, pues corresponden a fraccionamientos inmobiliarios o turísticos en zonas urbanas, pero el ejidatario se vuelve empresario y se abre a la coinversión con privados y la tierra no se valúa en términos de hectáreas sino de metros cuadrados, con lo cual su precio es mucho mayor al que obtuvieron campesinos de la misma zona en ventas que hicieron en el pasado dentro del proceso del crecimiento de la mancha urbana. “En Huixquilucan, estado de México, hay un desarrollo inmobiliario de un ejido que se llama Chichicaspa. En Sinaloa hay otro ejido, la Isla de la Tierra, que también está aportando tierra a una sociedad inmobiliaria. En Guerrero hay un ejido que aporta tierra para un proyecto ecoturístico. Ellos son los dueños y abren su sociedad a inversionistas”.
Esto deberá escribir un capítulo nuevo en el uso de tierra ejidal para crecimiento urbano pues, según el procurador, “tan sólo en el Distrito Federal la gran mayoría de los desarrollos inmobiliarios se realizaron de forma irregular (sobre tierra ejidal). En Oaxaca tenemos más de seis mil desarrollos urbanos en tierras ejidales. En Morelos hay problemas por desarrollos urbanos en tierras comunales, y la junta directiva de la comunidad pasa cada año y les pide ‘cáiganse con su renta'. Hubo ventas de manera directa, simple, sin pasar por los procesos que marca la ley, y mientras esa tierra no se ordene (vía expropiación que debería realizar la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett) va a seguir habiendo problemas”. Y lo mismo ocurre con desarrollos turísticos que adquirieron tierra social de forma irregular.
En cuanto a otros convenios firmados previo a que comenzara a intermediar la PA, el funcionario comentó que “hay miles que se han suscrito de manera directa entre ejidos y empresarios y muchos salen mal. (En el caso de los de energía eólica), en donde nosotros participamos no hay problema. Hay otros que se hicieron antes y no intervino la PA; los empresarios negociaron directamente, y la ley los faculta. Si a nosotros el ejido nos pide que hagamos una demanda (contra el empresario) tenemos la obligación de hacerlo”.Hoy la participación activa de la PA en estas asociaciones es “porque queremos dar seguridad en la tenencia de la tierra, que el empresario sepa que no hay ningún problema con el ejidatario, con el comunero, que jamás lo va a demandar por la cuestión del suelo. Nosotros estamos garantizando”.
Pero en el último cuarto de la pasada centuria se desmoronaron el “socialismo real” y el “Estado de bienestar”, Marx y Keynes salieron de las bibliografías y cobró fuerza una contrarreforma agraria neoliberal que favorecía la agroexportación sobre la soberanía alimentaria, privatizaba paraestatales, suprimía regulaciones y propiciaba la reconcentración de la tierra.
Paradójicamente la apuesta librecambista no se dio tanto en las economías más fuertes –que protegieron sus agriculturas– como en las menos desarrolladas, que en muchos casos desmantelaron la producción de alimentos.
Todos los campesinos, el campesino
El campesinado nunca es como su modelo.
El modelo es una cosa y la realidad otra
En un simposio reciente, le pidieron a Teodor Shanin su definición de campesino, a lo que el autor de libros clásicos sobre el tema respondió, citando a su maestro el antropólogo chino Fei Tsiao-Tung, “campesinado es un modo de vida”.
Y desarrolló el concepto. “Una de las características principales del campesinado –dijo– es el hecho de que corresponde a un modo de vida, una combinación de varios elementos. Solamente si comprendemos que se trata de una combinación de elementos y no de algo sólido y absoluto, es que comenzaremos a entender realmente lo que es. Porque, si buscamos una realidad fija, no la vamos a encontrar en el campesinado”.
“Hace años, cuando era joven y bello –rememoró con humor e ironía el célebre académico de la Universidad de Moscú–, había argumentos fuertes sosteniendo que los campesinos eran diversificados, mientras que el proletariado era único y por eso era revolucionario”.
Naturalmente el joven Shanin no estaba de acuerdo con esa tesis, ni lo está ahora, entre otras cosas porque tampoco el proletariado es homogéneo. Pero lo cierto es que la pluralidad de talantes de los rústicos es extrema. Y, pienso yo, precisamente en esa diversidad radica su fuerza, y no sólo su fuerza, también su condición contestataria y su ánimo subversivo.
Sobrevivientes. Evidencia mayor de su vigor es la persistencia histórica que han mostrado los labriegos. Desde que el sedentarismo se impuso a la trashumancia, en todos los tiempos y sistemas sociales ha habido comunidades rurales marcadamente cohesivas y sustentadas en la agricultura familiar; formas de vida nunca dominantes, pero que han sido tributarias y soporte de los más diversos modos de producción. Y esta pasmosa perseverancia proviene de la plasticidad campesina, de su capacidad para mudar de estrategia para así sobreponerse a las turbulencias ambientales y societarias.
Había campesinos en las culturas mesoamericanas y andinas anteriores a la conquista. Entre los aztecas le daban cuerpo al calpulli: una comunidad agraria poseedora de tierras comunales de usufructo familiar que los macehuales trabajaban para su sustento y el pago de tributos; como lo hacían sin recompensa en tierras de pillali, propiedad de los señores, y en terrenos públicos destinados al sostenimiento del templo (teopantlalli), del gobierno (tlatocantlalli) y de la guerra (milchimalli). Durante la Colonia, en el ámbito de los naturales, o República de indios, se siguieron trabajando los calpulli, aunque otros eran ahora los destinos el tributo, mientras que en la República de españoles, los sometidos trabajaban para sí y para otros en “repartimientos”, “congregaciones” y “reducciones”. Durante el México independiente se formaron los grandes latifundios y se titularon de grado o por fuerza los bienes comunales de los pueblos, pero la mayoría de las familias rurales siguió trabajando parcelas propias –pequeñas milpas o ranchos medianos–, tierras tomadas en renta o aparcería, o pegujalescedidos por el hacendado a los peones para abaratar el costo monetario de su manutención.
Con la Revolución se restableció un calpulli renovado –al que llamamos ejido– que coexiste con la pequeña y mediana propiedad privada campesina, y en la cuarta década del pasado siglo cobró forma el cooperativismo agrario que con altas, bajas y mudanzas se mantiene hasta nuestros días. De este modo, transitando del calpulli precolombino al moderno calpulli ejidal, la comunidad agraria y la agricultura familiar siguen presentes en el escenario rural mexicano.
Polimorfos. Y así como los labriegos cambian de rostro para persistir en el tiempo, así son diversos en el espacio. En una misma época y hasta en un mismo país o región, coexisten las más variadas formas de ser campesino, en una diversidad que lo es de actividades productivas, pero también de escala, inserción en el sistema mayor, sociabilidad, cultura.
En el sentido económico del término, tan campesino es el agricultor mercantil pequeño o mediano que siembra granos en tierras de riego o de temporal; como el milpero de autoconsumo que también trabaja a jornal para sufragar sus gastos monetarios; o el productor más o menos especializado que cultiva caña, café, tabaco u otros frutos destinados básicamente al mercado. Son campesinos quienes viven del bosque o de la pesca, quienes recolectan candelilla, quienes cosechan miel, quienes destilan mezcal artesanal, quienes pastorean cabras o borregos, quienes ordeñan vacas y crían becerros. El campesino puede producir granos, hortalizas, frutas, flores, plantas de ornato, madera, resina, fibras, carne, leche, huevos; pero también quesos, aguardientes, conservas, embutidos, carnes secas, tejidos y bordados, loza tradicional, persianas de carrizo, escobas y escobetas... Es campesino el que tiene cien hectáreas, el que sólo dispone de algunos surcos o el que para sembrar arrienda tierras o las toma en aparcería.
Pero, además, hay variedad dentro de una misma familia, de modo que por lo general el ingreso doméstico campesino tiene muchos componentes: bienes y servicios de autoconsumo; pagos por venta de productos agrícolas o artesanales; utilidades del pequeño comercio; retribuciones por prestación de servicios; salarios devengados en la localidad, en la región, en el país o en el extranjero; recursos públicos provenientes de programas asistenciales o de fomento productivo.
En términos sociales, el campesino no es una persona ni una familia; es una colectividad, con frecuencia un gremio y –cuando se pone sus moños– una clase.
Un conglomerado social en cuya base está la economía familiar multiactiva, pero del que forman parte también, y por derecho propio, quienes teniendo funciones no directamente agrícolas participan de la forma de vida comunitaria y comparten el destino de los labradores. Porque los mundos campesinos son sociedades en miniatura donde hay división del trabajo, de modo que para formar parte de ellas no se necesita cultivar la tierra, también se puede ser pequeño comerciante, matancero, fondera, mecánico de talachas, partera, peluquero, operador del café internet, maestro, cura, empleado de la alcaldía... Cuando en el agro hay empresas asociativas de productores, son campesinos sus trabajadores administrativos o agroindustriales, sus técnicos, sus asesores... Y si los pequeños productores rurales forman organizaciones económicas, sociales o políticas de carácter regional, estatal, nacional, o internacional, se integran al gremio o a la clase de los campesinos, los cuadros y profesionistas que animan dichos agrupamientos, cualquiera que sea su origen.
Las mujeres de la tierra han sido por demasiado tiempo una mirada muda, un modo amordazado de ver y habitar el mundo. Pero algo está cambiando y lo que fuera privado va alzando la voz, se va haciendo público. No sólo sale a la luz el exhaustivo trajín de las rústicas, también emerge poco a poco su filosa y entrañable concepción de las cosas. Una cosmovisión que descentra la hasta ahora dominante imagen del mundo propia de los varones. Y si ya eran muchos los rostros campesinos, hoy nos damos cuenta de que son más, pues hay que añadirles la mitad silenciada del agro: los rostros de las mujeres rurales antes ocultos tras la burka virtual del sexismo.
Campesinizando lo que no. Además de economía y sociedad, campesinado es cultura, de modo que el talante espiritual de los rústicos se trasmina, de manera sigilosa o estentórea, a ámbitos sociales distantes del agro y que a primera vista le son ajenos. Así, mucho hay de campesino en las redes de protección de base comunitaria y con frecuencia étnica, que establecen los migrantes transfronterizos; en la intensa vida colectiva de los barrios periféricos, asentamientos precarios y colonias pobres de las grandes ciudades; en el cultivo de la familia extensa y el compadrazgo como sustitutos de la dudosa seguridad social institucional; en el culto guadalupano y la veneración por las terrenales madrecitas santas; en la tendencia a combinar tiempos de austeridad y momentos de derroche, que remite a la sucesión de períodos de escasez y de abundancia propia de la agricultura; en el pensamiento mágico; en el ánimo festivo y celebratorio; en el fatalismo...
Fuentes de la diversidad rural. No sólo el campesino de aquí es distinto del de allá, sino que no es igual el campesino de ayer que el de hoy que el de mañana. Y esta pluralidad ¿de dónde? Yo percibo dos orígenes: uno en los modos diversos de relacionarse con la también ecodiversa naturaleza, que se expresan en multiplicidad de patrones tecnológicos, productivos, societarios y simbólicos, otro en las modalidades oblicuas e inestables con que los campesinos se insertan en el sistema mayor, de las que resulta un polimorfismo socioeconómico extremo que va del trabajo asalariado al autoconsumo, pasando por la agricultura comercial ocasionalmente asociativa.
Serán sus compartidos queveres con la tierra y que a todos esquilma el sistema, pero el hecho es que –aun así tan diversos– hay en los campesinos un cierto aire de familia. Y en momentos cruciales, cuando la identidad profunda emerge alumbrando convergencias, rebeldías y movimientos multitudinarios, los variopintos hombres y mujeres de la tierra devienen clase, una clase sin duda heterodoxa, pero no por ello menos cohesiva, menos visionaria, menos clase.
Según un informe de Oliver De Schutter, relator especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas de países en desarrollo han sido objeto de transacciones y negociaciones con inversionistas extranjeros desde 2006. Esto equivale –de acuerdo con De Schutter– “a la superficie total de las tierras agrícolas en Francia o a la quinta parte de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea”. Representa también la décima parte del territorio de México u 80 por ciento del estado de Chihuahua.
La institución financiera multinacional promueve siete principios para hacer que estas inversiones tengan éxito. Su idea-fuerza central es lograr un acaparamiento de tierras “socialmente aceptable”. (Véase: “Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects, Livelihoods and Resources”: www. donorplatform.org/component/option,com_docman/task,
doc_view/gid,1280).
Los firmantes rechazan la privatización masiva y transferencia de derechos sobre la tierra detrás de la iniciativa del Banco Mundial. Según ellos, los principios que proponen “son una jugada que intenta legitimar el acaparamiento de tierras.
Facilitar que corporaciones (nacionales o extranjeras) se apoderen a largo plazo de las tierras agrícolas de las comunidades rurales es totalmente inaceptable, no importa qué lineamientos se sigan. Los principios del Banco Mundial, que serían totalmente voluntarios, intentan distraer del hecho de que la crisis alimentaria global de hoy en día, con la cifra récord de más de mil millones de personas sufriendo hambre, no será resuelta por la agricultura industrial en gran escala que van a aplicar prácticamente todos los inversionistas que están adquiriendo tierra”.

References: artículo 27
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 artículo 27
 artículo 27
sui generis