Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-437
Timestamp: 2019-08-21 07:14:32+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2012-437
Documento BOE-A-2012-437
Sala Primera. Sentencia 191/2011, de 12 de diciembre de 2011. Recurso de amparo 8617-2008. Promovido por don Miguel Carrera Gómez, y sesenta y dos personas más, en relación con los Autos dictados por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid acordando el lanzamiento de los ocupantes de diversos inmuebles en proceso de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): suspensión de la ejecución resuelta desatendiendo lo acordado por la Audiencia Provincial de Madrid al estimar la cuestión de competencia formulada por un Juzgado de lo Mercantil; inadmisión del recurso de amparo respecto de quienes lo promovieron sin ser titulares de un interés legítimo.
«BOE» núm. 9, de 11 de enero de 2012, páginas 8 a 21 (14 págs.)
BOE-A-2012-437
En el recurso de amparo núm. 8617-2008 promovido por don Miguel Carrera Gómez, doña Susana Ochovo García, doña Rosa María Ochovo García, doña Benita García Alonso, don Eulogio Gallo López, don Enrique Javier Gallo Ochovo, doña Ana María Gallo Ochovo, don José Cano Díaz, doña Amalia Ochovo Palma, don Manuel Alonso Villamañan, don Fernando Huecas Fernández, don Isidro José Valdés Ripoll, doña Teresa Gutiérrez Coira, doña Carmen Franquelli Rodríguez, doña Olalla Barajas Luna, don Enrique Muñoz Barajas, doña Luisa Muñoz Barajas, don Santiago Cantera Rodríguez, doña Ana María Herrero Franco, doña María Elena Fernández Ochoa, don Abel Ochoa Floristán, don Nicomedes Ochoa Floristán, doña Elena Ochoa Floristán, don Víctor Martínez- Anglés García, don Ramón García Portugal, doña Alejandra Martín Duran Ceballos, doña Marina Mirayo Ruiz, doña Bárbara Cases Ortega, don Gonzalo Cases Ortega, don Anselmo Martín Sáez, don Silvestre Martín Sáez, don Rafael Martín Sáez, don Francisco Javier Aznar López, don Jesús López Aznar, don José Luis López Aznar, doña María Ángeles López Aznar, don Marcos López Aznar, doña María Yolanda López Aznar, don Daniel López Aznar, doña Ana Isabel López Aznar, doña Francisca Olivares, don Víctor Castaño Cerezo, don Antonio Álvaro Berzal, don Carlos Paz Cristóbal, don Ignacio Paz Cristóbal, doña Amalia Paz Cristóbal, don Fernando Paz Cristóbal, doña Fermina Gómez Rubio, doña María Jesús Montero Gómez, don Francisco José Montero Gómez, don Fermín Montero Gómez, don Luis Salvador Márquez, don Rafael Salvador Márquez, don José Manuel López del Barrio, doña Milagros Salvado Fernández, doña María Rábano Casanova, don Luis Alfonso Rábano Casanova, don Juan Manuel Rábano Casanova, don Vicente Rubio Pablos, doña María del Carmen Martínez García, doña Mercedes García López, don Bautista López del Castillo y doña María Jesús García López, representados por el Procurador de los Tribunales don Antonio Barreiro-Meiro Barbero y asistidos por el Abogado don Pedro María Huerta Trólez, contra seis Autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid dictados el 9 de octubre de 2008 en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 154-2006, acordando el lanzamiento de los ocupantes de cincuenta y nueve inmuebles (cincuenta y siete viviendas y dos locales comerciales); y contra la providencia de 22 de octubre de 2008 que inadmitió incidente de nulidad de actuaciones contra dichos Autos. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Banco Pastor, S.A., representada por el Procurador don Jorge Deleito García, y asistida por el Letrado don Jesús Remón Peñalver. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer de la Sala.
e) El 14 de junio de 2007, el Juzgado de lo Mercantil dictó Auto declarando que las referidas fincas estaban afectas a la continuidad de la actividad empresarial de la concursada. En la misma fecha dio cuenta al señor Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid del Auto dictado «a los efectos de suspensión de dicho procedimiento en virtud del artículo 56.2 de la Ley Concursal, requiriéndole a fin de que a la mayor brevedad posible participe a este Juzgado la decisión que adopte en relación a dicha suspensión». El oficio de requerimiento, junto con copia del Auto, se transmitió a través de burofax, del que acusó recibo la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia el mismo día 14 de junio de 2007, según consta en las actuaciones.
f) A tenor de esta decisión, el Juez de lo Mercantil planteó por Auto el 21 de junio de 2007 cuestión de competencia («conflicto positivo de competencia», lo denominó) ante la Audiencia Provincial de Madrid, como órgano superior jerárquico común de ambos (art. 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ). El Auto de planteamiento de la cuestión le fue comunicado al Juzgado de Primera Instancia núm. 32 mediante oficio recibido al día siguiente, 22 de junio de 2007 y el citado Juzgado dictó providencia con esta última fecha, en la que reitera que a su criterio no procedía el planteamiento de cuestiones de competencia de oficio, dado que el único mecanismo de control de la competencia es a instancia de parte y por medio de declinatoria, la cual no fue utilizada por las partes, por lo que devino firme el Auto de 24 de noviembre de 2006 por el que se había declarado competente. Insistía finalmente en que «la presente ejecución desde el principio recae sobre bienes de terceros, no de la concursada, razón por la que ni tan siquiera cabe aplicar el Art. 56 de la Ley Concursal».
g) El 26 de junio de 2007 el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 celebró la subasta de los inmuebles mencionados, según acta unida a las actuaciones. La subasta se declaró desierta, razón por la que se hizo saber a la parte ejecutante que tenía un plazo de veinte días para pedir la adjudicación de los bienes por el cincuenta por ciento (50 por 100) del tipo o por la cantidad que se le debiera por todos los conceptos, conforme al art. 671 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). En ejercicio de ese derecho, el 2 de julio de 2007 la ejecutante solicitó que se le adjudicasen los bienes sacados a subasta por el cincuenta por ciento (50 por 100) del valor de tasación, adjuntando cuadro con los importes correspondientes a cada finca.
Así, en su extenso Auto de once razonamientos jurídicos, la Audiencia subraya la consagración por nuestro ordenamiento del principio de universalidad del concurso y, en correlación con éste, del principio de exclusividad de jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil, previsto en el art. 86 ter.1.3 LOPJ, para resolver todas las cuestiones que se susciten dentro del concurso, incluyendo la determinación de los bienes y derechos que constituyen la masa activa del patrimonio del concursado. Con base en ello declara que «no puede admitirse que un bien esté dentro y fuera del patrimonio del concursado según sea el juez del concurso o el juez de la ejecución hipotecaria quien se pronuncie. Es únicamente el juez del concurso quien tiene competencia objetiva para decidir si un determinado bien está o no integrado en el patrimonio del concursado o, lo que es lo mismo, en la masa activa». Y hace notar que en el caso de autos «la razón de la negativa del Juzgado de Primera Instancia se basa en una supuesta salida previa del bien del patrimonio del concursado, cuestión ésta sobre la que la competencia para decidir sobre lo que integra la masa activa del concurso corresponde al juez del concurso».
Insiste la Audiencia en que la denegación de la suspensión de la subasta se ha basado «en la apreciación por el Juzgado de Primera Instancia de que el bien no estaba afecto a la actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva del concursado, cuestión ésta que, como se ha dicho, corresponde a la competencia objetiva del juez del concurso. Que el Juzgado de Primera Instancia se hubiera pronunciado ya sobre este extremo en un auto firme no es justificación suficiente para haber negado la competencia al juez del concurso, puesto que como prevé el art. 238.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son nulas de pleno derecho las actuaciones llevadas a cabo por un tribunal carente de competencia objetiva, sin que el hecho, expresado por el Juzgado de Primera Instancia en su providencia denegando la suspensión, de que la sociedad deudora hubiera solicitado del Juzgado de Primera Instancia la paralización del procedimiento de ejecución hipotecaria por aplicación del art. 56 de la Ley Concursal otorgue a este Juzgado la competencia objetiva para decidir sobre si el bien objeto de la ejecución hipotecaria está afecto a la actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva del concursado, puesto que la competencia objetiva es improrrogable» (razonamiento noveno).
Conforme a todo lo expuesto, la parte dispositiva del citado Auto de la Audiencia Provincial resolvía en los siguientes términos: «Declarar en esta cuestión positiva la competencia para resolver sobre la pertenencia o no al patrimonio del concursado del bien objeto de la ejecución hipotecaria y sobre el carácter de afecto a la actividad profesional o empresarial del concursado o a una unidad productiva de su titularidad del bien objeto de la ejecución hipotecaria, a favor del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, debiendo resolver el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid sobre si procede o no suspender la subasta señalada en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 154-2006 partiendo de lo resuelto por el Juzgado de lo Mercantil sobre estos extremos».
l) El 22 de noviembre de 2007 el Juzgado núm. 7 de lo Mercantil de Madrid, en consonancia con lo resuelto por la Sección Vigésima octava de la Audiencia Provincial, acordó dirigirse al Juzgado de Primera Instancia núm. 32 a fin de comunicarle que aquélla había declarado «la competencia de este Juzgado de lo Mercantil para resolver sobre la pertenencia al patrimonio del concursado de los bienes objeto de dichas ejecuciones y sobre el carácter de afectos a la actividad profesional o empresarial de la concursada, y habiendo sido declarado por este Juzgado tales bienes en tal sentido en resoluciones anteriores a la fecha de la celebración de las subastas efectuadas por los mencionados juzgados, comunique el estado actual de las referidas ejecuciones hipotecarias seguidas en ese Juzgado».
El Juzgado requerido no se hizo eco de esta petición hasta la diligencia de ordenación de 26 de diciembre de 2007, en la que participa al Juzgado requirente que con fecha 26 de junio de 2007 se subastaron las cincuenta y nueve fincas, con Auto de adjudicación a favor de la ejecutante «que fue relevada de consignar al haber sido el precio del remate inferior al importe total de su crédito, por lo que no ha quedado ninguna cantidad sobrante, sin que hasta el momento, la adjudicataria haya pedido la puesta en posesión».
m) La solicitud de «puesta en posesión» se formuló por escrito de la ejecutante presentado el 18 de diciembre de 2007, al que se accedió por diligencia de ordenación de 4 de enero de 2008, que concedía el plazo de un mes a los ocupantes de viviendas para su desalojo, y una providencia de la misma fecha, que requería a algunos titulares con derecho en las fincas subastadas para que justificasen su título.
El 9 de octubre de 2008, en respuesta a una solicitud de desalojo planteado por la entidad bancaria adjudicataria, el Juzgado de Primera Instancia dictó seis Autos de lanzamiento de los ocupantes de todos aquellos inmuebles. Ante esta decisión, los recurrentes en amparo decidieron dirigirse a la Audiencia Provincial autora del Auto resolutorio de la cuestión de competencia, con el fin de que ordenara al Juzgado de Primera Instancia la suspensión de la ejecución. La Sección respondió mediante providencia de 14 de octubre de 2008, que rechazaba adoptar cualquier medida referente a la ejecución por carecer de potestad para ello, sin perjuicio de señalar el derecho de los solicitantes a plantear «sus peticiones al respecto ante el correspondiente Juzgado, que es el que debe atenerse a lo resuelto en materia competencial por esta Sala … e interponer (ante dicho Juzgado), en su caso, los recursos procedentes, o incluso ejercitar, de ser ello preciso, las acciones que a su derecho convengan para la satisfacción de su derecho».
n) Los recurrentes en amparo promovieron entonces ante el Juzgado de ejecución incidente de nulidad de actuaciones contra los seis Autos de 9 de octubre de 2008, denunciando la «falta de jurisdicción y competencia objetiva y funcional» y por «haberse prescindido de las normas esenciales del procedimiento», al haber incumplido lo ordenado en el Auto de la Audiencia Provincial de 20 de septiembre de 2007 que declaraba la competencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 sobre el carácter de los bienes hipotecados en cuanto afectos a la actividad profesional o empresarial de la concursada.
ñ) El 22 de octubre de 2008, el Juzgado de Primera Instancia dictó providencia de inadmisión a trámite del incidente de nulidad. La resolución declara su extemporaneidad, puesto que, según razona, habían transcurrido más de dos años dentro del procedimiento de ejecución sin que quienes ahora actuaban hubieran discutido su competencia, lo que debieron hacer a través de la declinatoria, añadiendo que la paralización de la ejecución ex art. 56 de la Ley concursal fue resuelta en un Auto firme de 24 de noviembre de 2006, «razón por la que procede estar a lo acordado en el mismo (art. 207.3 LEC)».
El recurso califica la actitud del Juez de Primera Instancia núm. 32 de arbitraria e irrazonable, y cuestiona además su imparcialidad, con grave perjuicio para los intereses de los recurrentes; imparcialidad que, se añade, «claramente protege el art. 24.2 de la Constitución española y reconocida de forma explícita en el artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales».
Por lo que se refiere a la justificación del requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), se alude, de un lado, a la gravedad de la lesión del derecho («toda infracción de derechos fundamentales tiene una notable trascendencia constitucional, en cuanto su posible reparación por la vía del amparo supone el único medio de restablecimiento del orden constitucional quebrantado por los poderes públicos»); y de otro lado, a la inexistencia —probable, apuntan, porque no pueden asegurarlo, dicen— de jurisprudencia de este Tribunal Constitucional sobre un supuesto vulnerador del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley con las connotaciones que concurren en el presente caso: «Esta parte ignora si ese Tribunal ha conocido ya de alguna cuestión similar a la presente, donde lejos de discutirse una competencia inicial del juez de conocer del procedimiento de ejecución hipotecaria, se aborda la incompetencia sobrevenida del mismo al entrar en concurso la entidad sobre cuyos bienes se han iniciado ejecución hipotecaria. Desde luego a las partes personadas en ambos procedimientos no les es indiferente la actitud del juzgador hipotecario de ignorar la Ley y desobedecer las resoluciones de su superior jerárquico».
Finaliza la demanda de amparo suplicando del tribunal se sirva dictar Sentencia estimatoria del mismo, con nulidad de la providencia y Autos recurridos y de las actuaciones del proceso hipotecario desde el 13 de marzo de 2007, declarando la competencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid para «conocer del mismo en el seno del procedimiento concursal 329-2006, con lo demás que en Derecho sea procedente».
Finalmente, en relación con la alegada falta de imparcialidad del Juez de la ejecución hipotecaria, razona el escrito que ésta no ha sido invocada en la vía judicial, además de que la demanda de amparo se limita a hablar de una «sospecha verosímil» sin argumentar de qué modo se produciría la parcialidad. Por todo ello interesa, subsidiariamente, la desestimación del recurso interpuesto.
Asimismo, el 26 de marzo de 2009, el mismo Procurador don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, actuando en representación de doña Petra Sáez Mayor, don Antonio Sáez Mayor, don Enrique Sáez Mayor, don Pablo Sáez Mayor, doña Encarnación Sáez Mayor, don José Sáez Mayor, doña Rosa María Sáez Mayor, doña Milagros Sáez Mayor, don José Manuel López Souto, don Vicente Ochovo Palma, doña María Jesús García Barrio, doña María del Carmen García Barrio, don Ramón Serrano Hernán, don Ramón Serrano García, doña Josefa Tomasa de Juan Rodríguez, don Fernando Montes de Juan, doña María del Pilar Montes de Juan, don Serafín Moreno Bernabé, doña Inmaculada Rodríguez Fernández, doña Etelvina González Gutiérrez y doña María del Pilar González González, y asistidos por el Letrado don Pedro Huerta Trólez, formalizó escrito de personación fundado en su condición de «parte en el procedimiento de ejecución hipotecaria del que deriva el presente recurso de amparo, adhiriéndonos íntegramente y solicitando la estimación del mismo, así como del mantenimiento de las medidas cautelares acordadas en el seno del referido recurso». Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Segunda, de 30 de marzo de 2009, se tuvo por recibido el citado escrito, teniéndoles por personados y parte.
Por escrito presentado el 21 de abril de 2009, el Procurador de los Tribunales don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, actuando en nombre de don Blas Sanz Abad, doña Julia Serrano Ariza, don José Luis Domínguez Menéndez y doña Raquel Sanz Serrano, asistidos del Letrado don Pedro Huerta Trólez, vino a personarse en el recurso de amparo adhiriéndose «íntegramente al mismo y solicitando su estimación, así como que se mantenga cautelarmente la suspensión de las resoluciones recurridas». Con fecha de 1 de diciembre de 2010 se dictó diligencia de ordenación por la que se les tuvo por personados, al aparecer como demandados en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 154-2006 de referencia.
Igualmente, se concedió al Procurador de los recurrentes incluidos en la demanda del recurso, un plazo de diez días para que respecto de cada uno de ellos se acreditare documentalmente, «el título legítimo en que fundan su legitimación para recurrir, sea por haber intervenido como parte en el procedimiento hipotecario núm. 154-2006 ya mencionado, sea en calidad de propietario u de ocupante con título (arrendatario u otro carácter), identificando a cuál de las fincas objeto de ejecución y lanzamiento en los seis Autos impugnados en el presente recurso de amparo se refiere cada uno de ellos». El Procurador citado presentó escrito el día 21 de diciembre de 2010 para dar cumplimiento al requerimiento, aportando diversa documentación.
Los recurrentes alegan la vulneración del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), por haber actuado el Juzgado de Primera Instancia en contra de las reglas sobre suspensión de dicho proceso ejecutivo en los casos de afección de los bienes a un proceso concursal, como ocurría con las fincas indicadas, que fueron declaradas ex art. 56.2 de la Ley concursal bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de la entidad Promociones y Obras Tiziano, S.A., por el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid. De este modo, según aducen los recurrentes, el Juzgado de Primera Instancia hizo caso omiso tanto de la letra de la ley –art. 56 de la Ley concursal–, como del requerimiento efectuado por el citado Juzgado de lo Mercantil para que suspendiera la ejecución; y más tarde, y sobre todo, de la indicación vinculante dada por el superior de ambos, la Audiencia Provincial de Madrid, en el sentido de que dicho Juez de la ejecución debía resolver sobre la suspensión ateniéndose a lo acordado por el Juez de lo mercantil en cuanto a la afección y carácter necesario de aquellos bienes a la actividad de la concursada. De esta manera, el citado Juzgado de Primera Instancia prosiguió hasta el final con la ejecución de las fincas, cuando lo procedente, conforme al sistema establecido por el ordenamiento, a juicio de los recurrentes, era la suspensión de la ejecución singular por devenir preferente la declaración efectuada en el ámbito procesal del concurso. Como una segunda manifestación lesiva del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), la demanda de amparo sostiene que la actitud del Juez de Primera Instancia revelaría una falta de la debida garantía de imparcialidad que está obligado a observar.
Pues bien, en primer lugar no puede prosperar la pretensión de inadmisión del recurso por defecto de agotamiento de la vía judicial. Esa objeción que aduce la Fiscalía se fundamenta, en línea con lo alegado por el Juzgado de Primera Instancia, en que los recurrentes no atacaron su falta de competencia objetiva mediante la declinatoria desde el principio de su actuación dentro de la ejecución. Sin embargo, es cuando menos cuestionable que la declinatoria resultase exigible en este caso, pues se contempla por la ley, ex art. 63 y ss. de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) en general y art. 547 LEC para su invocación en ejecución, como mecanismo de control para cuestionar in totum la falta de competencia (ya objetiva, funcional o territorial) del órgano judicial para conocer de un cierto procedimiento, de allí que tenga que formalizarse al inicio del mismo (en el caso de la ejecución, «dentro de los cinco días siguientes a aquel en que reciba la primera notificación del proceso de ejecución»). En consecuencia, no era irrazonable considerar que tal mecanismo no era apto para aquel propósito.
En segundo lugar, en cuanto a la falta de invocación del derecho vulnerado tan pronto como se produjo la lesión [art. 44.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC], opuesto por la entidad personada y el Ministerio Fiscal, debe tenerse en cuenta, como ha venido reiteradamente señalando la jurisprudencia de este Tribunal, que se trata de un requisito de procedibilidad del recurso de amparo que sirve al carácter subsidiario de esta jurisdicción constitucional, de modo que lo que se pretende con su exigencia es asegurar que los tribunales ordinarios hayan tenido la oportunidad de conocer los hechos que revisten la lesión del derecho fundamental. Por tanto, su aplicación ha de hacerse con carácter flexible y finalista, lo que implica, como también tenemos dicho «en términos lo suficientemente flexibles como para tenerlo por satisfecho a poco que se haga evidente que el órgano judicial ha examinado la cuestión de constitucionalidad que finalmente se suscita ante nosotros o, al menos, ha tenido la ocasión de hacerlo como consecuencia de las indicaciones que con ese objeto le haya hecho quien finalmente se convierte en demandante de amparo» (STC 80/1999, de 26 de abril, FJ 1).
Sin embargo, la demanda no se circunscribió a resaltar la importancia de la lesión, sino que enunció adicionalmente la hipótesis de la necesidad de sentar jurisprudencia sobre la modalidad de lesión del derecho fundamental invocado que aquí se examina (vulneración del derecho alegado por la indebida inobservancia de una cuestión prejudicial devolutiva), cosa que, en cuanto tal, presenta un trasfondo objetivador del recurso, sin perjuicio de lo que luego se dirá al analizar el fondo mismo de la queja. Por lo demás el recurso se interpuso en noviembre de 2008, más de seis meses antes de que este Tribunal recogiera un catálogo enunciativo de causas de especial trascendencia constitucional (STC 155/2009, de 25 de junio, del Pleno, FJ 2), entre las cuales la primera se refiere a «un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional», dentro de la cual encajaría lo argumentado por los recurrentes.
Resolveremos ambas manifestaciones de la lesión constitucional en el mismo orden de exposición, teniendo en cuenta que la segunda se formula, en realidad, con criterios de accesoriedad respecto de la primera. Esa aproximación hace conveniente recordar nuestra doctrina acerca del contenido esencial del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), a cuyos efectos «este Tribunal Constitucional ha declarado, desde la STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2, que dicho derecho exige, fundamentalmente, que el órgano judicial haya sido creado por una norma legal invistiéndolo de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional (SSTC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 17; 32/2004, de 8 de marzo, FJ 4; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 2). Constituye también doctrina reiterada de este Tribunal que las cuestiones relativas a la interpretación de las normas sobre atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales son de legalidad ordinaria y ajenas, por tanto, al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, salvo que esa interpretación suponga una manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias (por todas, STC 115/2006, de 24 de abril, FJ 9). No puede confundirse, por tanto, el contenido de este derecho fundamental con el derecho a que las normas sobre distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en un determinado sentido (entre muchas, SSTC 238/1998, de 15 de diciembre, FJ 3; 49/1999, de 5 de abril, FJ 2; 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2; 164/2008, de 15 de diciembre, FJ 4)» (STC 220/2009, de 21 de diciembre, FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 208/2009, de 26 de noviembre, FJ 5; y 134/2010, de 2 de diciembre, FJ 2).
No obstante, este Tribunal ha apreciado cometida la vulneración del derecho fundamental de referencia cuando se dicta una decisión que supone despojar de la potestad de jurisdicción al órgano judicial –o en su caso al titular de éste– que la ostentaba, «contra el texto claro e inequívoco de la ley» (STC 35/2000, de 14 de febrero, FJ 2, en un caso de apropiación por un Juez de instrucción de la competencia del de paz para conocer de una falta cometida en su municipio); o lo que es lo mismo, cuando modifica «sustancialmente las normas sobre atribución de competencia legalmente establecidas, en aplicación de la tesis no avalada por norma legal alguna, y no exenta de complicaciones de extenderse en el futuro» (STC 131/2004, de 19 de julio, FJ 4, en cuanto a la indebida exigencia de que vuelva a fallar un asunto quien ya no ejerce funciones jurisdiccionales, en detrimento del titular actual del Juzgado).
Así caracterizada la vulneración del derecho fundamental que se invoca (Juez ordinario predeterminado por la ley, art. 24.2 CE), no cabría situar los términos de la queja formulada en este amparo como un caso estricto de privación o despojo de sus competencias naturales a alguno de los órganos judiciales aquí concernidos. De ello es prueba el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 20 de septiembre de 2007, que declara la competencia del Juzgado de lo Mercantil para resolver sobre la pertenencia o no al patrimonio del concursado del bien objeto de la ejecución hipotecaria sin perjuicio de que deba resolver «el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid sobre si procede o no suspender la subasta señalada en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 154-2006 partiendo de lo resuelto por el Juzgado de lo Mercantil sobre estos extremos».
Tiene declarado este Tribunal (por todas STC 134/2008, de 23 de octubre, FJ 2) que «el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE, en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000,de 27 de marzo, FJ 6; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 6; 223/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; 276/2006, de 25 de septiembre, FJ 2; y 177/2007, de 23 de julio, FJ 5, entre otras muchas). De este modo, no cabe reputar como fundadas en Derecho aquellas decisiones judiciales en la que este Tribunal compruebe que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas, o que siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas en la resolución (por todas, SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4; 223/2002, de 25 de noviembre, FJ 6; 20/2004, de 23 de febrero, FJ 6; y 177/2007, de 23 de julio, FJ 4)».
2.º Declarar la nulidad de los seis Autos dictados el 9 de octubre de 2008 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 154-2006, y la ulterior providencia de 22 de octubre de 2008 que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones contra dichos Autos.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la convocatoria de la subasta de las fincas hipotecadas, quedando anulada la providencia de 20 de marzo de 2007 que la convocaba y las actuaciones de ella derivadas, y debiendo resolver el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid sobre el requerimiento de suspensión de la ejecución hipotecaria solicitada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 en los términos que se desprenden del pronunciamiento dictado por la Audiencia Provincial de Madrid el día 20 de septiembre de 2007.
Dada en Madrid, a doce de diciembre de dos mil once.–Pascual Sala Sánchez.–Javier Delgado Barrio.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Adela Asua Batarrita.–Firmado y rubricado.

References: artículo 56
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución