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Timestamp: 2019-11-12 16:18:10+00:00

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Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) - Nº 64-09 consejo superior del poder judicial
Nº 64-09 consejo superior del poder judicial
Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Aprobar la realización de los cursos denominados “Primeros Auxilios Básicos (PAB)” y “Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)”, en consecuencia, autorizar la participación con sustitución a los servidores de las listas transcritas y sin sustitución para los que se encuentren nombrados en plazas extraordinarias, durante las fechas indicadas. Es entendido que conforme lo dispuso este Consejo en la sesión N° 03-08, celebrada el 15 de enero del 2008, artículo LXXII, publicado en la circular N° 20-08 del 12 de febrero del año en curso, no podrán asistir a la actividad aquellos servidores que aún y cuando hayan sido convocados, si el sustituto que fuere nombrado no haya asumido el puesto, o en el caso que no haya sido posible su sustitución. 2.) Autorizar el gasto de ¢9.150.000,00 (nueve millones ciento cincuenta mil colones exactos) para hacerle frente a los gastos indicados, con cargo al programa 926. 3.) Los centros de responsabilidad a los que pertenecen los participantes indicados, realizarán la tramitación correspondiente, para que se paguen los viáticos en los casos estrictamente necesarios. 4.) Comunicar a los participantes, que la inasistencia al taller de referencia, deberá justificarse directamente ante los organizadores y no ante este Consejo. 5.) En virtud de la importancia de la capacitación a recibir, deberán los asistentes, coordinar lo necesario con la jefatura inmediata, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás compañeros, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores que realizan. 6.) Solicitar al Departamento de Personal se sirva verificar que los servidores que integran la lista de participantes a la mencionada actividad, forman parte de la brigada de emergencias del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Tribunales de Justicia de Golfito, Corredores y Santa Cruz y además se encuentran en sus cargos permanentemente en esos Circuitos, lo anterior en razón del interés de este Consejo de constatar que efectivamente se comprometerán con las citadas brigadas.
Los Departamentos de Personal, Proveeduría y Financiero Contable, así como los despachos interesados, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.
En sesión N° 39-09 celebrada el 23 de abril del año en curso, artículo XV, con motivo del nombramiento en propiedad de la licenciada Marjorie Valenciano Arias, en el cargo de Juez 3 del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a partir del 1° de junio de esta año, se solicitó a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial la remisión de la terna para llenar la plaza N° 351336 de Juez 3 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, que dejó vacante la licenciada Valenciano Arias.
La máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa interina de la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, en correo electrónico recibido el 29 de mayo último, expresó lo siguiente:
“…con motivo de que la plaza que ocupaba la Licda. Marjorie Valenciano Arias estaba designada al proyecto de Flagrancia, el cual tuvo una variación, según el Código Procesal Penal, solicito indicar cuáles serán las nuevas condiciones. No omito manifestar que por parte de esta oficina, dicha plaza se estaba consultando como destacada para el Tribunal Penal del circuito de referencia, pero sin que se hiciera alusión al proyecto de Flagrancia.
Por lo anterior, es preciso se nos aclare sobre la condición de la plaza y si permanecerá en el Tribunal indicado.”
Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, en su condición de coordinador del Programa de Flagrancias, se sirva indicar a este Consejo la condición de la plaza N° 351336 y su ubicación conforme lo señalado por la máster Lucrecia Chaves Torres.
En sesión N° 13-09 celebrada el 17 de febrero del año en curso, artículo XIX, se remitió al Consejo de Personal la invitación enviada por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para que procediera a efectuar la difusión y el concurso correspondiente, a fin de que dos servidores judiciales participen en el “Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”, por desarrollarse en la Facultad de Derecho en Santiago de Chile, para lo cual se concedería permiso con goce de salario y sustitución en los cacos que esto resulte indispensable.
En atención a lo anterior, los máster Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefes del Departamento de Personal, Desarrollo Humano y Subproceso Gestión de Capacitación, en oficio N° 214-CAP-2009 de 15 de junio en curso, solicitaron lo siguiente:
La convocatoria fue efectuada con la indicación de que quienes quisieran disfrutar del permiso con goce de salario, deberían inscribirse directamente ante la organización y una vez aceptados (as), lo hicieran del conocimiento de esta oficina para formalizarlo en las instancias correspondientes.
Es necesario indicar que el día 12 de junio de 2009, mediante correo electrónico enviado por la señora María Victoria Cabanillas Sancho, Encargada de Postulaciones de la Universidad de Chile, en el cual detalla la lista de participantes seleccionados(as), únicamente una servidora del Poder Judicial de Costa Rica fue seleccionada.
En virtud de que dicha actividad formativa combina clases en línea y presenciales y de conformidad con lo expuesto, se solicita conceder permiso con goce de salario a la señora Doris María Arias Madrigal, cédula 01-0567-0253, Jueza 4 del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, del 24 de agosto al 04 de setiembre y del 14 al 18 de diciembre de 2009, para que dicha servidora asista a las clases presenciales del seminario mencionado en condición de participante, así como la confección del respectivo pasaporte de servicio.”
Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.) Conceder permiso con goce de salario y sustitución a la doctora Doris María Arias Madrigal del 24 de agosto al 4 de setiembre y del 14 al 18 de diciembre del año en curso, para que participe en el “Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica” a efectuarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2.) La Secretaría General de la Corte tramitará lo correspondiente al pasaporte de servicio.
El Despacho de la Presidencia, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y el Departamento de Personal tomarán nota para los fines consiguientes.
En sesión N° 27-09 celebrada el 19 de marzo del año en curso, artículo XLVIII, se tomó el acuerdo que en lo conducente literalmente dice:
En nota de 9 de marzo en curso, los servidores judiciales Víctor Hugo Gutiérrez Montero, Roy Díaz Chavarría, José Antonio Cordero Román, Ericka Alfaro Chinchilla, Jaime Jirón Romero, Dania Arias Sandoval, María José Castro Rodríguez, Floribeth Hay López, Viviana Cruz Arias, María Estela May Arroyo, Miguel Ángel Muñoz Flores, Fabricio Abarca Fallas, Guillermo Obando Araya y Carolina Mora Román, manifestaron lo siguiente:
“Los abajo firmantes, todos servidores judiciales, profesionales en Administración de Empresas; incorporados al Colegio de Ciencias Económicas, y quienes nos hemos desempeñado como Profesionales 1 “Administradores de Despacho” en el Segundo Circuito Judicial de San José, nos presentamos con todo respeto ante su autoridad a manifestar lo siguiente:
1. Algunos nos encontramos nombrados en propiedad como Profesionales 1 y otros ocupamos en forma interina este puesto en la Oficina Administrativa del Segundo Circuito Judicial, todos destacados específicamente como Administradores de Despacho, en diversos recintos judiciales asignados por la Jefatura.
2. En el proceso número 05-003147-0166-LA interpuesto por los compañeros y las compañeras Catalina Fernández Badilla, Juan Carlos Leal Vega, Alejandro Torres Castro y Patricia Mata Solano, quienes también ostentaban la condición de Profesionales 1 de la Oficina Administrativa antes citada, se dicto la sentencia a favor de los gestionantes numero 1611-2007 de las trece horas del diecinueve de abril del año dos mil siete dictada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, firmada por la Licenciada Adriana Chacón Catalán, declarando con lugar las pretensiones de los actores, confirmada por el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante la resolución 271 de las ocho horas con treinta minutos del doce de Junio del año 2008, la cual, fue ratificada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 00142/2009 sentencias que se otorgo a los actores los siguientes derechos:
Res 1611-2007 Juzgado de Trabajo Segundo Circuito Judicial:
“De conformidad con los fundamentos expuestos, jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, normativa laboral y constitucional, se DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda ordinaria laboral incoada por Manuel Alejandro Torres Castro, Patricia Mata Solano, Ana Catalina Fernández Badilla, y Juan Carlos Leal Vega contra EL ESTADO. La excepción de Falta de Derecho se rechaza. La excepción genérica se rechaza por no existir como tal en nuestra legislación. Costas: Se condena al Estado a cancelar ambas costas del presente fijándose las personales en el quince por ciento de la total condenatoria. Cancelará el Estado a los actores el salario base correspondiente a la categoría salarial que ostenta el puesto de administrador del despacho del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José a partir del 17 de abril de 2001 y hasta su efectiva inclusión en planillas regulares quincenales con los pluses respectivos, así mismo cancelará el porcentaje de la prohibición o dedicación exclusiva y el del REFJ correspondiente a tal categoría de ese puesto, así como las diferencias de salario resultantes por concepto de vacaciones, aguinaldo, salario escolar y REFJ a partir del 17 de abril de 2001 y hasta el efectivo pago. Cancelará los intereses corrientes sobre las sumas adeudadas a partir del 17 de abril de 2001 en porcentaje igual al que cancela el Banco Nacional de Costa Rica sobre los depósitos en colones a seis meses plazo, hasta su efectivo pago. Se rechazan los extremos de intereses moratorios y daño moral. Acudan los y las actoras a la sede administrativa una vez firme la presente a efecto de que se les cancele lo aquí otorgado, que en caso de inconformidad se conocerá en la siguiente etapa procesal. Se hace saber a las partes que esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano Jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar in atendible el recurso, (artículos 500 y 501 inciso c) y d) ; Votos de la Sala Constitucional Números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda Número 386 de las 14: 20 hrs del 10 de diciembre de 1999). NOTIFÍQUESE. ADRIANA CHACÓN CATALÁN JUEZA.” El subrayado no es del original.
Por su parte el Tribunal de Trabajo Sección Tercera mediante resolución 271 resolvió:
“Se declara que en los procedimientos no se observan vicios causantes de nulidad o indefensión. Se confirma la sentencia apelada, pero aclarando que las diferencias salariales se cancelarán durante el período o períodos que los actores hayan ocupado el puesto de Administrador de Despacho. Asimismo en lo que atañe a las vacaciones, se pagarán únicamente las diferencias salariales, no pagadas durante el disfrute de ese derecho.
Dicha sentencia fue confirmada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia mediante el voto 00142-200 sin voto salvado, indicando:
“se confirma el fallo recurrido”
Siendo importante aclarar que la honorable Sala Segunda emite una clara sentencia en la cual se recalca que ha sido este mismo Consejo el que mediante la sesión XXXVIII de fecha 3 de octubre del año 1996 aprobó las funciones del Administrador del Juzgado de Transito de San José y que fue este mismo Consejo el que aprobó en la sesión 29_01 del 17 de abril del año 2001 las funciones del Administrador de despacho del Segundo Circuito Judicial omitiendo para ese entonces hacer la equiparación salarial respectiva; violentándose de esta forma el principio de igualdad en nuestro perjuicio, ya que ha indicado esta autoridad que todos los trabajadores deben recibir el mismo beneficio salarial, si es que realiza prestación de servicios igual que sus compañeros, eso sí en idénticas condiciones como es nuestro caso.
La misma resolución reitera que las labores del administrador de Goicoechea no solo son idénticas a las del administrador del Juzgado de Transito de San José si no que son más detalladas razón principal por la que conforman en fallo recurrido.
3. Los suscritos, al igual que los actores del proceso número 05-003147-0166-LA, en su momento trabajamos como Administradores de Despacho, desarrollando idénticas labores y asumiendo iguales responsabilidades en el ejercicio de esa función; razón por la cual, fuimos nombrados en el Segundo Circuito Judicial de San José como Asistentes en Administración 2, puesto que ante el cambio de nomenclatura se conoce actualmente como Profesionales 1, aspectos que pueden ser verificados en el prontuario del Departamento de Personal.
4. Por lo anterior, al encontramos en el mes de abril del 2001 en exacta situación a los actores del proceso judicial 05-003147-0166-LA, es decir, desarrollábamos las labores de Administrador de Despacho bajo el puesto de Profesional 1, funciones desglosadas correctamente por el Juez de primera instancia y de la Sala no solo coincidían con las tareas del Administrador del Juzgado de Transito del Primer Circuito Judicial de San José, si no que las supera; es por esta razón que se acude a ustedes, en virtud que se considera que como sucedió con los gestionantes del proceso citado, y en resguardo de los principios constitucionales y laborales de igualdad laboral y salarial y demás principios laborales nacionales e internacionales, invocados acertadamente por los Juzgadores y Magistrados quienes han reiterado la importancia de las condiciones de igualdad en las funciones y los cargos públicos, afirmaciones reiteradas en la abundante jurisprudencia de la Sala Segunda; se solicito el reconocimiento u otorgamiento en esta sede, de los derechos brindados a nuestros compañeros administradores, los cuales en sede judicial fueron aprobados por el Juzgado de Trabajo y confirmados por la Sala Segunda.
Lo anterior, invocando los principios de economía procesal y cosa juzgada, ya que resulta innecesario que los demás profesionales debamos acudir a un proceso jurisdiccional a reclamar un derecho del cual todas las instancias laborales ya sean pronunciado afirmativamente, y que baso sus fundamentaciones en las funciones aprobadas por este consejo; produciendo tanto a los gestionantes como al Estado gastos innecesarios y costas; motivos por el cual se estima procedente el consentimiento de la igualdad laboral y extremos económicos reclamados en esta sede administrativa.
5. Por consiguiente y con el debido respeto, los suscritos solicitamos la reasignación al puesto de Profesional 2. Asimismo, solicitamos se nos concedan las diferencias salariales e intereses de la forma estimada en las sentencias indicadas hasta la fecha que realizamos las labores de Profesional 1 en la Oficina Administrativa del Segundo Circuito Judicial San José, aspectos que como se indicó, son fácilmente verificables en los registros del Departamento de Personal-Gestión Humana.
El derecho laboral es parte esencial y fundamental del ordenamiento jurídico y con ello una serie de principios enmarcados en nuestra constitución política, y legislación vigente; es por ello que la Sala Constitucional ha elevado a rango de principios constitucionales algunas reglas de derecho laboral, en beneficio del trabajador, destacando entre uno de los más importantes el principio de igualdad Laboral y Salarial, refiriéndose este principio a que todo trabajador que se encuentre en la misma situación que otros trabajadores deben ser tratados por igual, principio plasmado en el articulo 57 de nuestra carta magna y articulo 167 del Código de trabajo.
Artículo 57 Constitución Política.
“Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna. El Salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia….” el subrayado no es del original.
Articulo 167 del Código de trabajo
“El salario será siempre igual, desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia iguales corresponde a salario igual”
Por lo antes señalado y dada la situación de igualdad laboral de los suscritos, en relación con los compañeros a quienes en la jurisdicción laboral se les otorgo los derechos indicados, solicitamos se equipare nuestra situación en lo laboral y económica, otorgándosenos vía administrativa igualdad de derechos en aras de la economía procesal y resguardo a nuestros irrenunciables derechos laborales.
En virtud de lo expuesto muy respetuosamente solicitamos se acoja nuestra gestión.
Señalamos para notificaciones los siguientes correos electrónicos:
vgutierrez@poder-judicial.go.cr jcorderor@poder-judicial.go.cr,
rdiaz@poder-judicial.go.cr mmunozf@poder-judicial.go.cr
fabarca@poder-judicial.go.cr ealfaro@poder-judicial.go.cr
jjiron@poder-judicial.go.cr dariass@poder-judicial.go.cr
vcruz@poder-judicial.go.cr fhay@poder-judicial.go.cr
mcastror@poder-judicial.go.cr gobando@poder-judicial.go.cr
cmora@poder-judicial.go.cr mmay@poder-judicial.go.cr
Se aportan copias simples de los fallos indicados.”
Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar la gestión anterior a estudio e informe de la Asesora Legal del Departamento de Personal.”
En relación con el acuerdo anterior, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° 649-JP-2009 de 12 de los corrientes, informó lo siguiente:
“En atención al Oficio N° 3189-09, con el visto bueno de esta Jefatura, me permito remitirle el Informe AL.DP. N° 015-09 elaborado por la Licda. Priscilla Rojas Muñoz Asesora Jurídica a.í. de este Departamento.
El criterio vertido en dicho informe es el siguiente:
De conformidad con el Principio de Legalidad, el Poder Judicial, como parte de la Administración Pública, solamente puede actuar por disposición expresa de la ley, es decir, únicamente puede realizar aquello que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, contrario sensu, todo lo que no esté regulado o autorizado le está vedado realizarlo.
Los gestionantes fundamentan su solicitud en lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en el proceso laboral interpuesto por servidores judiciales que desempeñaban el mismo puesto que ellos, Profesional I en la Oficina de Administración del II Circuito Judicial de San José. Al respecto se debe señalar que la sentencia es un acto procesal a través del cual el juez cumple la obligación jurisdiccional –derivada de la acción y del derecho- de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones del demandado.
En ese sentido, se tiene que toda sentencia es una decisión, resultado de un razonamiento o juicio del juez, que contiene un mandato concreto con fuerza dispositiva que vincula y obliga a las partes del proceso. En consecuencia, por regla general, la ejecutoria de esta surte efectos entre quienes fueron parte en el respectivo proceso y no a terceras personas.
En este punto, se considera importante anotar que el Consejo Superior, en ocasiones anteriores, ha estudiado gestiones de servidores judiciales que solicitan les sean extendidos los efectos de una resolución judicial en sede administrativa. Entre esas gestiones se encuentran las analizadas por la Asesora Jurídica del Departamento de Personal en los informes legales AL.DP.144-04 y AL.DP.137-05, los cuales fueron debidamente elevados a conocimiento de este órgano superior, que resolvió acoger el criterio jurídico expuesto en ambos y denegar las pretensiones de los gestionantes.
Nuestro ordenamiento jurídico contempla 2 principios que guardan una estrecha relación con el caso bajo análisis: el principio de igualdad salarial y el principio de economía procesal. El primero de ellos establece igual remuneración para quienes desempeñan las mismas labores o funciones, de forma tal que no se genere diferencia alguna entre personas que se encuentran en igualdad de condiciones. Al respecto, la Sala Segunda ha manifestado: “Este principio –derivado de ese genérico de igualdad- y contemplado en el artículo 57 de la Constitución Política, de manera general, hace referencia a que todo trabajador debe recibir el mismo beneficio salarial, si es que realiza igual prestación de servicios, que sus compañeros, eso sí, en idénticas condiciones.[1]”
Por su parte, los gestionantes alegan encontrarse en las mismas condiciones que los servidores judiciales que ganaron en la vía judicial, expediente 05-003147-0166-LA, el reconocimiento de salario que ostenta el Administrador de Despacho del Juzgado de Tránsito del I Circuito Judicial de San José, correspondiente al puesto de Profesional 2. En ese caso, si se llegase a corroborar el alegato planteado, estos servidores judiciales, en atención a los principios de cita, tendrían derecho a que la institución les reconociera el mismo beneficio que los actores del proceso laboral antes mencionado.
Aunado a ello, se debe tomar en consideración que, desde un punto de vista financiero, el impacto de acceder a la pretensión de los gestionantes en este momento podría resultar más beneficioso para la institución que esperar los resultados de un proceso judicial; ya que estos acarrearían, aparte del reconocimiento salarial, el pago de costas, diferencias, intereses, entre otros. Esto último, pondría en práctica el principio de economía procesal, toda vez que se evitaría ir a un litigio cuyo resultado podría ser más perjudicial para este Poder de la República. Sin embargo, es una decisión que debe tomar el Consejo Superior dentro del ámbito de sus competencias, tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores en las que ha denegado este tipo de pretensiones.
Los gestionantes solicitan la reasignación de su puesto a Profesional 2, no obstante, a criterio de esta asesoría la misma resulta improcedente, toda vez que el Poder Judicial funciona con una estructura de puestos que se sustenta en los referentes teóricos que al efecto señala la materia de Clasificación y Valoración como área especializada de los Recursos Humanos. En este sentido, las técnicas que se utilizan en este campo del saber buscan uniformar una serie de criterios y de medidas con el fin de garantizar equidad tanto en el desarrollo de funciones y tareas así como la ubicación justa del estipendio que al efecto deberá de pagarse a las personas cuando ocupan un puesto de trabajo (artículos 191 de la Constitución Política y 8 inciso a) del Estatuto de Servicio Judicial, Ley de Salarios del Poder Judicial y Ley de Salarios de la Administración Pública).
Así las cosas, la Sección de Análisis de Puestos es la encargada de llevar a cabo estudios técnicos sobre los diversos puestos que componen la institución, los cuales son sometidos a conocimiento del Consejo Superior para su debida aprobación; de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En virtud de ello y en atención a la petición planteada por los servidores judiciales, es que esta asesoría advierte a los integrantes del Consejo Superior que la sección de cita estudió los puestos Profesionales 1 de la Oficina de Administración del II Circuito Judicial de San José y emitió el informe técnico SAP-387-2008 en el cual se recomendó:
Clase ancha
Clase angosta
Técnico Administrativo 3
Técnico Administrativo 3 de Administración Regional

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 57
 resolución 
 artículo 57