Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34620-de-mayo-6-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8a1791849f4c408ae0430a010151408a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-16 14:18:06+00:00

Document:
﻿ Sentencia 34620 de mayo 6 de 2010
SENTENCIA 34620 DE 06 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:LA SANCIÓN MORATORIA NO PUEDE SER IMPUESTA DE MANERA AUTOMÁTICA, ES NECESARIO AUSCULTAR SI LA CONDUCTA DEL EMPLEADOR ESTUVO ASISTIDA POR RAZONES DEMOSTRATIVAS DE QUE ACTUÓ DE BUENA FE.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, INCREMENTO DEL SALARIO, INDEMNIZACIÓN MORATORIA
Sentencia 34620 de mayo 6 de 2010
Radicación 34620
Bogotá, D. C., seis de mayo de dos mil diez.
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria “Corpoica”contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala Única, de fecha 21 de noviembre de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que le sigue José del Carmen Carranza Ruiz.
Lo interpuso la demandada y con él pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, la absuelva.
Con esa intención, propuso tres cargos, que fueron replicados. La Corte integrará el segundo y el tercero para estudiarlos en conjunto, dado que están encauzados por la misma vía, la directa, aunque por conceptos de violación de la ley diferentes, en razón de que denuncian un mismo elenco de preceptos legales, se valen de argumentos comunes y pretenden un idéntico fin, y en virtud de la facultad prevista por el numeral 3 del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Acusa a la sentencia del Tribunal de violar de forma indirecta, por aplicación indebida, los artículos 27, 64 (subrogado por el 5 de la Ley 50 de 1990), 65, 127 (subrogado por el 14 de la Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el 15 de la Ley 50 de 1990), 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogados 1 de la Ley 52 de 1975, 1, 18, 57, 59, 140 y 149, ibídem, y 83 de la Constitución Política.
Afirma que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho manifiestos:
“1. Dar por demostrado sin estarlo que el demandante era merecedor del incremento salarial del 9% en los meses de enero a agosto de 2000, no obstante que este fue decretado el 11 de octubre de 2000, para el personal de planta existente en la empresa en esta última fecha.
2. No dar por demostrado estándolo que el contrato de trabajo del demandante terminó el 31 de agosto del 2000 y que para el 11 de octubre de 2000 en fue (sic) decretado el reajuste del 9% salarial, este no se encontraba prestando sus servicios a la demandada.
3. No dar por demostrando estándolo que la liquidación final de prestaciones sociales del demandante se hizo con anterioridad al 11 de octubre de 2000, fecha esta última en que fue decretado el reajuste del 9% salarial, cuya determinación fue comunicada al personal de planta mediante memorando Nº 668 del 13 de octubre de 2000.
4. No dar por demostrado estándolo que para el 11 de octubre de 2000, ya el extrabajador demandante no se encontraba prestando servicios a la demandada y no hacía parte del personal de la empresa a que se refiere el incremento salarial del 9%, con efectos retroactivos al 1º de enero de 2000, ordenado a través de memorando No. 668 del 13 de octubre de 2000.
5. No dar por demostrado estándolo que para la fecha de la liquidación final de las acreencias laborales (salarios y prestaciones sociales) realizados al extrabajador, no se encontraba vigente el aumento salarial ordenado el 11 de octubre de 2000, cuando este no era trabajador de la empresa.
6. No dar por demostrado estándolo que el aumento retroactivo al 1º de enero de 2000, ordenado por la empresa el 11 de octubre del mismo año, era aplicable solamente al personal de planta de la empresa que laboraba al servicio de la misma en esta última fecha.
7. Dar por demostrado sin estarlo que la demandada actuó de mala fe al no pagar al demandante el reajuste salarial y prestacional, con retroactividad de 1º de enero de 2000.
8. No dar por demostrado estándolo, que la demandada siempre actuó de buena fe con el demandante al cancelarle la totalidad de los salarios y prestaciones sociales por el tiempo laborado”.
Dice que fueron erróneamente apreciados el memorando Nº 668 de 13 de octubre de 2000 (fls. 16 a 19), la comunicación de 6 de marzo de 2001 (fl. 20) y la contestación de la demanda (fls. 26 a 32).
Arguye que no fueron apreciadas la carta de 17 de agosto de 2000 (fl. 12) y la liquidación del contrato de trabajo (fls. 13 y 14).
Para su demostración, estimó que el actor merecía el reajuste impetrado, pese a que no estaba vinculado laboralmente con la demandada el 11 de octubre de 2000, fecha en que se expidió el acto que dispuso el incremento del 9%, al considerar que tenía efectos retroactivos al 1 de enero de 2000, cuando todavía el demandante hacía parte de la nómina.
Asevera que el memorando Nº 668 de 13 de octubre de 2000 (fls. 16 a 19), “autoriza un incremento salarial para todo el personal de la Corporación” existente el 13 de octubre de 2000, por lo que es diáfano que sólo amparaba al personal vinculado con contrato de trabajo y no al que estuviese desvinculado del servicio del empleador, para la misma fecha, por lo que en esa fecha el demandante ya no pertenecía a la empresa, como nítidamente fluye de la carta de despido y de la liquidación de prestaciones sociales, no apreciadas por el ad quem, puesto que no las mencionó.
Advierte que según la certificación de folio 15 el accionante laboró en la Corporación desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre de 2000 y por ese motivo se liquidó su contrato de trabajo el 29 de agosto de 2000, antes del 11 de octubre de 2000, de modo que el referido incremento salarial ordenado en la fecha mencionada sólo operó para el personal existente en la empresa el 11 de octubre de 2000, por lo que la comunicación de 13 de octubre de 2000 fue mal apreciada por el juzgador, y que el error de valoración se extiende hasta la contestación de la demanda, porque en ella negó las pretensiones, por la firme convicción de haberle pagado al actor lo debido, y en razón de ello los documentos de folios 12, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 demuestran que le asistía la certidumbre de que a la extinción de la relación laboral le estaba cancelando al demandante todas las sumas derivadas de la ejecución y terminación de su contrato, y transcribe la respuesta al actor que obra a folio 20.
Sostiene que el memorando Nº 668 de 13 de octubre de 2000 es claro en su contenido y texto, tanto así que el a quo como el ad quem llegaron a la misma interpretación, por lo que los condicionamientos o limitantes expuestos por la censura sólo existen en su imaginación.
Asevera que mal podría desarrollarse un cargo y atacar una aplicación indebida con simples especulaciones, puntos de vista subjetivos y equívocos, tratando de acomodar a estas alturas el texto de un documento en beneficio patronal, por lo que la demandada no puede alegar su propio error.
Relaciona los preceptos legales denunciados en el cargo y dice que ellos no fueron mencionados por el Tribunal, por lo que la censura no puede alegar una aplicación indebida de normas que no fueron objeto de estudio por el juzgador.
Importa precisar, en primer término, que el Tribunal no desconoció que el contrato de trabajo del actor ya se encontraba terminado para el 11 de octubre de 2000, fecha en que se dispuso el incremento salarial del 9%, debatido en el presente proceso. Por esa razón, no pudo incurrir en los desaciertos de hecho 2, 3 y 4.
En cuanto hace a los restantes desaciertos, cumple anotar que el memorando del 13 de octubre de 2000, en el que se dispuso el incremento salarial, dice, en lo pertinente que la dirección ejecutiva “autoriza un incremento salarial para todo el personal de la corporación, exceptuando el directivo, del 9% promedio ponderado, retroactivo al mes de enero, el cual se pagará en tres contados, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año”.
Fueron varias las razones que adujo el Tribunal para concluir que el actor tenía derecho al aumento salarial, pese a que no se hallaba trabajando cuando se decidió otorgarlo: (i) que el incremento se hizo con efectos retroactivos al 1 de enero de 2000, y “el actor hacía parte de la nómina, en él no se condiciona que el reajuste tenga efectos sólo a futuro, evento en el cual podría considerarse que el actor estaría por fuera del derecho invocado”; (ii) que no puede darse al actor un trato discriminatorio, cuando el acto administrativo es claro en señalar que tiene efectos retroactivos al 1 de enero de 2000, de modo que de acogerse los planteamientos de la demandada, se “malinterpretaría erróneamente el pluricitado comunicado por cuanto está dirigido ‘para todo el personal de la corporación, exceptuando el directivo”. (iii) que la demandada sólo excluyó al personal directivo, “por consiguiente el incremento era viable para todos los trabajadores que hubiesen prestado sus servicios desde el 1º de enero de 2000”; (iv) que, “negar el reconocimiento del incremento salarial, por la circunstancia ampliamente conocida, implica violar el derecho a la igualdad, tornándose esa conducta en ilegítima, a hacer una falsa interpretación del acto administrativo, que en su esencia formal y material buscó el incremento para todo el personal de la corporación, independientemente de si era activo o no”.
Encuentra la Corte que, en estricto sentido, el Tribunal no apreció con error el contenido del memorando en cuestión, pues se atuvo al contenido del documento, analizando lo que literalmente surge de su texto, sin distorsionarlo. Lo que sucede es que, en ese análisis, así no lo hiciera de manera explícita, involucró razonamientos de orden jurídico que, independientemente de que sean o no acertados, no pueden configurar, desde el punto de vista eminentemente probatorio, una equivocada apreciación de lo que el documento acredita como medio de prueba.
Y ello es así porque, como se dijo, pese a que partió del supuesto de que el actor ya no era trabajador de la demandada en el mes de octubre, entendió que la retroactividad del aumento podía cobijar contratos de trabajo ya extinguidos cuando se decidió otorgar el incremento, lo que llevó a entender que cuando en el memorando en comento se aludió al “personal” se incluía a quienes habían trabajado desde el 1º de enero de 2001, condición que cumplía el actor. Esa argumentación, en el fondo, es de naturaleza jurídica, en cuanto comporta un discernimiento sobre el concepto de retroactividad. Como también es jurídica la consideración, que el cargo no discute, según la cual no efectuar el aumento violaría el derecho a la igualdad del actor.
Lo anterior pone de presente que en el análisis efectuado el Tribunal, así no lo comparta la Corte, no se apartó del texto literal del documento y existió cierta dosis de razonabilidad, que descarta la comisión de un protuberante desacierto de hecho, sin desconocer, obviamente, que respecto de dicho documento pueden darse otros entendimientos admisibles.
El error de hecho, como lo ha dicho esta Sala de la Corte, es aquel que ocurre, según el caso, cuando el juzgador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y en consecuencia da por acreditado un hecho, sin estarlo, o no lo da por demostrado, estándolo; con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida.
Por ende, cuando la prueba en que se funda la sentencia acusada ofrezca diversas aserciones razonables, no se estará en presencia de un yerro fáctico ostensible, así la conclusión más aceptable para este Tribunal de Casación no coincida con la que conste en la providencia que se cuestiona.
Lo anterior en razón de que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social faculta al juez laboral para formar libremente su convencimiento, por lo cual el error de hecho derivado de la inestimación o de la equivocada apreciación probatoria, susceptible de desquiciar la sentencia censurada, debe ser manifiesto, protuberante, es decir, mostrarse mediante el simple cotejo entre las afirmaciones del sentenciador y lo que dicen los medios de convicción, sin necesidad de acudir a definiciones, presunciones, deducciones o conjeturas más o menos explicables.
De lo antes expresado es claro que el Tribunal no incurrió en error de hecho alguno en la decisión acusada, por lo menos con el carácter de evidente, y por ello el ataque no halla prosperidad en el recurso extraordinario.
Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, por interpretación errónea, el mismo elenco normativo plasmado en el cargo primero.
Para su demostración, dice que la condena confirmada por el ad quem sobre indemnización moratoria, es ilegal e inconducente, pues tuvo como fundamento que no le canceló al demandante el incremento salarial con retroactividad al 1 de enero de 2000, en porcentaje de 9%, ni el reajuste de las prestaciones sociales y de la indemnización por despido, y sólo se limitó, sin razonamiento alguno, a referir que el actor tenía derecho a dicha sanción con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y no con base en el 29 de la Ley 789 de 2002, lo cual comporta la adopción de un criterio de aplicación automática que se aparta ostensiblemente de la jurisprudencia de la Corte sobre la materia.
Sostiene que es gigantesco el desacierto hermenéutico del Tribunal al desconocer abiertamente que la mala fe es un procedimiento arbitrario ejecutado con malicia o dolo, en forma engañosa, para obrar en provecho y en perjuicio ajeno, mientras que la buena fe es la convicción de no perjudicar a otro o de no usurpar la ley en el cumplimiento de las obligaciones y de la firme creencia de no adeudar lo reclamado, por lo que la sanción moratoria no es de aplicación ciega, automática e inexorable, puesto que el juzgador debe analizar la conducta del empleador frente a la omisión del pago de algún emolumento al terminar la relación laboral; y reproduce las sentencias de la Corte 20 de septiembre de 2005, Radicación 24218, y 21 de enero de 2001, Radicación 13701, y explica que si al contestar la demanda afirmó que pagó al actor, al momento de su retiro, los salarios y prestaciones y que no le adeuda suma alguna por reajuste salarial y prestacional, ello no es indicativo de mala fe, sino la certeza absoluta de haberle cancelado todos y cada uno de sus derechos.
Sostiene que la afirmación del trabajador de que podría acudir a la instancia judicial para que ejerciera su derecho, no implica su obligación de poner a disposición del juez los incrementos salariales reclamados, porque nunca aceptó su procedencia, y que si el Tribunal no hubiese adoptado un criterio abiertamente contrario a lo previsto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no habría confirmado las condenas ilegales e injustas fulminadas, sino que habría procedido del modo impetrado en el alcance de la impugnación.
Asevera que la interpretación reiterada sobre la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en que al trabajador le basta afirmar que el empleador no le pagó los salarios y prestaciones sociales, para que a éste le corresponda probar la justificación de su omisión, y que en el presente caso el presupuesto de buena fe patronal brilla por su ausencia, dado que a folio 20 obra la respuesta de la demandada en la que negó el pago, el cual debió poner a disposición del juez del trabajo, con lo que se infiere que violó ese precepto legal.
Acusa a la sentencia del Tribunal de violar directamente, por aplicación indebida, el mismo conjunto de normas denunciadas en los cargos primero y segundo.
Para su demostración, esgrime los mismos argumentos del cargo segundo.
Reitera los mismos argumentos que expuso en la oposición al cargo segundo.
El ad quem, luego de copiar algunos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la indemnización moratoria, estimó que en “tratándose de derechos adquiridos, José del Carmen Carranza, obtuvo a partir del 1º de enero de 2000, el reajuste salarial en un 9%, que afectó naturalmente aquellas acreencias laborales subsidiarias, por lo tanto, debe concluirse en la improsperidad de la pretensión de la parte demandada, en la aplicabilidad de la Ley 789 de 2002 porque no tiene efectos retroactivos sobre derechos adquiridos como precedentemente se anotó, debiendo aplicarse para el caso el art. 65 del CST., antes de ser reformado”. (Fl. 27, cdno. del Tribunal).
Esas escuetas razones, expuestas por el Tribunal para confirmar la condena fulminada por indemnización moratoria, reflejan que, en verdad, no se detuvo a estudiar la conducta de la empleadora, ni las razones que tuvo para no efectuar el incremento salarial, esto es, no realizó ninguna labor en la búsqueda de elementos que pudieran demostrar si el proceder de la demandada estuvo o no precedido de buena fe patronal, lo que significa que hizo una aplicación mecánica, automática, de la regla contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Esta Sala de la Corte ha explicado, con reiteración y desde antiguo, que la sanción moratoria no puede ser impuesta de manera automática, pues es necesario auscultar si la conducta del empleador estuvo asistida por razones serias y atendibles que sean demostrativas de que actuó de buena fe.
Así lo proclamó recientemente, en la sentencia de 16 de marzo de 2010, Radicación 35739, en la que se pronunció como a continuación se transcribe:
“2. La indemnización moratoria, que viene consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para el caso de los trabajadores particulares; y en el 1 del Decreto 797 de 1949, para el de los trabajadores oficiales es una figura jurídico-laboral que ha merecido el discernimiento reflexivo y crítico de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, que ha decantado su doctrina en torno a las sendas que deben seguirse para el combate de la sentencia que la haya impuesto o dejado de imponer en un caso determinado, al igual que las modalidades de violación que deben emplearse.
En ese sentido, esta Sala de la Corte, en criterio que ha devenido sólido, por sus notas de pacífico, reiterado y uniforme, ha precisado que la sanción moratoria no es una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al terminar el contrato de trabajo, no cubra al trabajador los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (estas últimas, sólo en la hipótesis de los trabajadores oficiales) que le adeuda.
Es decir, la sola deuda de tales conceptos no abre paso a la imposición judicial de la carga moratoria. Es deber ineludible del juez escrutar el material probatorio de autos en el horizonte de establecer si en el proceso obra prueba de circunstancias que revelen buena fe en el comportamiento del empleador de no pagarlos.
Para decirlo con otras palabras: el recto entendimiento de las normas legales consagratorias de la indemnización moratoria enseña que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor.
Sólo como fruto de esa labor de exploración de tal comportamiento, le es dable al juez fulminar o no condena contra el empleador. Si tal faena demuestra que éste tuvo razones serias, plausibles y atendibles, que le generaron el convencimiento sincero y honesto de no deber, el administrador de justicia lo exonerará de la carga moratoria, desde luego que la buena fe no puede merecer una sanción, en tanto que, como paradigma de la vida en sociedad, informa y guía el obrar de los hombres.
De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el dispensador de justicia concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe.
Aplicar automáticamente la indemnización moratoria traduce un extravío del juez en la exégesis de aquellas disposiciones legales, de manera que el ataque en casación habrá de orientarse por la vía directa, en la modalidad pertinente, que lo es la de la interpretación errónea”.
También le asiste razón a la impugnante cuando critica el fallo del Tribunal por haber impuesto la sanción por mora a partir de la terminación del contrato de trabajo, pese a que el aumento salarial se otorgó después de ese hecho. Si cuando el contrato de trabajo terminó, el actor no había consolidado el derecho al reajuste, no podía exigírsele a la demandada que tuviera en cuenta ese aumento para pagar el salario correspondiente, ni para efectos de liquidar las prestaciones, lo que indica que, en ese específico momento, no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones laborales y tampoco podía atribuírsele una conducta desprovista de buena fe, pues, por el contrario, procedió de conformidad con la situación jurídica existente.
Los cargos, en consecuencia, resultan fundados. Por tanto, se casará la sentencia recurrida en cuanto confirmó la condena por indemnización moratoria impuesta por el juzgado de conocimiento.
En sede de instancia, encuentra la Sala que la lectura del memorando Nº 668 de 13 de octubre de 2000, mediante el cual el director ejecutivo comunicó a todo el personal la decisión de Corpoica de incrementar los salarios (fls. 16 a 17), permite varios entendimientos, entre ellos, el esgrimido por la demandada para argumentar que no tuvo efectos retroactivos, de modo que lo allí dispuesto no se aplicaba a las relaciones laborales extinguidas con anterioridad a ese pronunciamiento empresarial, lo que esa entidad alegó al contestar la demanda. Ello indica que tuvo serias y fundadas razones jurídicas, que para la Corte son admisibles, que demuestran que en su conducta no medió el ánimo de incumplir sus obligaciones laborales, sino el convencimiento de que el trabajador no tenía derecho al aumento salarial, lo que, sin duda, demuestra que hubo buena fe en su actuación.
Y esa buena fe, como se anotó al resolver los dos últimos cargos, estuvo también presente al momento de terminar el contrato, que es cuando se debe establecer la procedencia de la sanción por mora, toda vez que el actor no tenía derecho al reajuste salarial, que le fue concedido después.
Por ende, se revocará parcialmente la sentencia del juzgado de conocimiento en cuanto condenó a pagar la indemnización moratoria impetrada por el demandante para, en su lugar, absolver a la entidad demandada de esa pretensión.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, Casa parcialmentela sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala Única, de fecha 21 de noviembre de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que le sigue José del Carmen Carranza Ruiz a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria “Corpoica”, pero sólo en cuanto confirmó la condena fulminada por el juzgado de conocimiento respecto de la indemnización moratoria, y no la casa en lo demás. En sede de instancia, revoca parcialmente la sentencia del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 20 de abril de 2004, aclarada el 29 de abril de 2004, pero sólo en cuanto condenó a pagar la indemnización moratoria impetrada para, en su lugar, absolver a la entidad demandada de esa pretensión. En lo demás la confirma.

References: artículo 51
 artículo 162
 artículo 61
 artículo 65
e contrario
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65