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Timestamp: 2018-05-26 10:37:42+00:00

Document:
PROYECTO DE LEY Nº 24937. FECHA 09-05-2018. PROGRAMA DE ATENCIÓN SANITARIA PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO | Liliana Montero
9 | 05 | 2018Aborto no punible
“Programa de Atención Sanitaria para la interrupción legal del embarazo”
La presente Ley tiene por objeto regular el acceso y procedimiento a la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), por parte de personal sanitario en establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y en los supuestos contemplados como no punibles por el artículo 86 inciso 1 y 2 del Código Penal de la Nación y por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “F.A.L., s/medida autosatisfactiva”, de fecha 13 de marzo de 2012.-
Artículo 2°: Principios generales.
La interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos enunciados anteriormente no requiere de autorización judicial. Los establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y el/la médico/a tratante tienen la obligación legal de practicar la intervención a requerimiento y bajo consentimiento informado de la mujer.
El procedimiento a sustanciarse por los efectores del sistema de salud debe guiarse por el principio de autonomía, en virtud del cual las prácticas de las/los profesionales intervinientes deben estar destinadas a que, en base a información veraz, clara, adecuada y completa que se le brinde a la mujer, con la finalidad de que esta pueda adoptar libremente la mejor decisión posible sobre cuestiones relacionadas con su cuerpo, su salud y su vida. Asimismo deben garantizarse los principios de accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad y transparencia activa.
Artículo 3º: Obligaciones.
En los casos de interrupción legal del embarazo enunciados en el artículo primero de la presente Ley, los servicios de salud deben garantizar:
a. La producción y divulgación de información veraz, clara, adecuada y completa sobre instancias de contención, derivación y prácticas médicas en referencia a la solicitud de interrupción legal del embarazo. La información referida deberá brindarse en un espacio de escucha, respeto y comprensión donde se puedan plantear dudas e inquietudes, en un ambiente seguro, de confianza y respetuoso de la intimidad personal;
b. La realización de un diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la interrupción legal del embarazo sin riesgos y con celeridad a fines de que haya la menor dilación posible en la evaluación del caso;
c. La atención médica integral durante todo el proceso de interrupción legal del embarazo. Se entiende por atención integral, a los efectos de la presente Ley, la atención física y psicológica, la prestación de tratamientos médicos de calidad para reducir riesgos específicos derivados de violaciones, el asesoramiento legal y seguimiento;
d. La asistencia psicológica a la mujer pre y post interrupción legal del embarazo, con la duración que las/los profesionales indiquen y la inclusión de un servicio de consejería en salud sexual y reproductiva;
e. La integración de equipos interdisciplinarios para el asesoramiento, atención integral, contención emocional y seguimiento de cada caso que se presente. Se conformará, como mínimo, por los siguientes profesionales: un/a Tocoginecólogo/a, Psicólogo/a, Médico/a Psiquiatra y un/a Trabajador/a Social . No podrán formar parte del mismo los objetores de conciencia.
El/la Directora/a y el personal sanitario en establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba que conformen el equipo interdisciplinario interviniente, tienen la responsabilidad de brindar la atención y ejecutar la práctica de interrupción legal del embarazo (ILE) previa constatación de las causales, requisitos y procedimientos establecidos en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la presente Ley, salvo que invoquen su calidad de objetores de conciencia en los términos del artículo 13.
Artículo 4º: No judiciabilidad. Presunción.
Las prácticas médicas profesionales referidas en esta Ley no configuran casos judicializables y, por consiguiente, se efectivizarán sin requerir autorización judicial previa.
Todo accionar tendiente a la judicialización de la autorización del procedimiento de interrupción legal del embarazo se presume innecesario e ilegal en virtud de que obliga a la mujer a la exposición pública de su vida privada, compromete la realización de un procedimiento en forma rápida, accesible y seguro en función de los riesgos que, para su vida y/o salud de la mujer requirente, la demora en la realización de aquél apareja.
Artículo 5º: Interrupción legal del embarazo en caso de peligro para la vida o para la salud de la mujer.
El peligro para la vida o salud de una mujer embarazada, causado o agravado por el embarazo, debe ser fehacientemente diagnosticado por el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que corresponda. Dicho diagnóstico deberá practicarse contemplando los conocimientos científicos de la disciplina, estándares vigentes en materia de salud, entendida como el completo estado de bienestar psíquico, físico y social, y la percepción de la mujer respecto a la viabilidad o no del proceso gestacional.
Inmediatamente después de haberse producido dicha comprobación, el/la profesional de la salud tratante está obligado/a a informar a la mujer embarazada, explicándole de manera clara y acorde a su capacidad de comprensión, el diagnóstico y pronóstico del proceso gestacional y la posibilidad de su interrupción. Debe dejarse constancia en la Historia Clínica de la circunstancia de haber proporcionado dicha información, así como también de la confirmación de la mujer gestante de haber comprendido la información recibida.
Artículo 6º: Interrupción legal del embarazo en caso de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
Si una mujer afectada por alguna discapacidad mental hubiera quedado embarazada como consecuencia de una violación o atentado al pudor y ella o su representante legal solicitaren la interrupción de la gestación quien la represente debe solicitar declaración jurada, debiendo ser acreditado dicho carácter mediante documentación correspondiente. No se debe requerir ningún otro tipo de constancia o información, ni realizar gestión alguna ante otras personas o instituciones.
Artículo 7º: Interrupción legal del embarazo en caso de violación.
Cuando el embarazo sea producto de una violación, la/el médica/o tratante debe solicitar declaración jurada de la mujer, o su representante legal. La declaración jurada debe ser simple, sin formalidades legales, y no se podrá exigir a la persona que profundice sobre las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna. Si existe una denuncia judicial o policial previa a la solicitud de interrupción legal del embarazo, ésta valdrá como declaración jurada. En ningún caso la recolección de material genético como evidencia forense puede convertirse en una barrera o generar dilaciones en el acceso a la práctica.
Deben considerarse como casos con derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo, aquellos requeridos por pacientes cuyos embarazos sean producto de una violación cometida por cónyuges, convivientes, parejas, etc.
Artículo 8º: Eliminación de barreras contra legem y prácticas irregulares.
A los efectos del artículo anterior toda exigencia a las víctimas de violación, a los fines de calificar la interrupción legal del embarazo en caso de violación, en orden a que eleven y/o deduzcan cargos, denuncias e imputaciones contra el supuesto agresor, obtengan pruebas o determinaciones judiciales de la violación, produzcan informaciones policiales, requieran autorización judicial o satisfagan cualquier otro requisito que no sea médicamente necesario, se reputará un obstáculo ilegal.
Asimismo las prácticas irregulares generadas por la imposición de estos requerimientos no contemplados, como su potencialidad para afectar el derecho de acceso a la interrupción legal del embarazo, se reputará un acto de violencia institucional en los términos de la Ley Nº 24685 de Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El/la Directora/a y personal sanitario en establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, deben adoptar las medidas y cuidados necesarios con el propósito de resguardar las legítimas expectativas de las víctimas de violación que requieren la interrupción legal del embarazo sin riesgos y en forma temprana, evitando procesos burocráticos dilatorios en el cuidado necesario solicitado.
Artículo 9º: Consentimiento Informado.
En todos los casos de aborto no punible previstos, debe solicitarse a la mujer el consentimiento informado para proceder a la interrupción del embarazo.
Se considera consentimiento informado, a los fines de la presente Ley, a la manifestación libre y voluntaria de la mujer que solicita y asienta someterse a una práctica de interrupción legal del embarazo, una vez que recibió información veraz, clara, adecuada y completa sobre sus derechos, los procedimientos, los riesgos y los efectos para su salud y su vida. No se requiere el consentimiento o autorización de un tercero, cónyuge, conviviente, pareja, etc.
Deberá asentarse en la historia clínica la información brindada a la mujer o adolescente, con el alcance mencionado, la constancia de que pudo comprender dicha información y la fecha y firma de el/la médico/a.
Asimismo debe existir la debida constancia del consentimiento para efectuar la interrupción del embarazo suscripto por la mujer y por el/la médico tratante.
En el caso de la mujer con enfermedad o discapacidad mental, se debe seguir el mismo procedimiento con su representante legal.
Artículo 10º: Competencia médica en casos de niñas y adolescentes menores de 13 años. Principios específicos.
En los casos de niñas y adolescentes menores de 13 años, se requerirá la asistencia de los padres, tutores o encargados para acceder a la práctica de la interrupción legal del embarazo conforme al sistema de indicaciones previstas en los artículos 1, 5, 6 y 7 de la presente Ley. La presencia en la ejecución de la práctica mencionada de uno sólo de los padres es legalmente suficiente.
La participación de los padres, tutores o encargados en el proceso de adopción de las decisiones de salud de niñas y adolescentes menores de 13 años en los casos contemplados por la presente Ley, se reputa un mecanismo para garantizar la efectividad del acceso y la atención sanitarias, sin que, en ningún caso, implique la sustitución del consentimiento y/o voluntad de aquéllas.
En caso de negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña o adolescente menores de 13 años, se procederá, a fin de respetar el interés superior de la niño y sobre la base de la opinión médica respecto de las consecuencias de la realización de la práctica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Sin perjuicio de la observancia de los principios generales establecidos por el artículo 2, en los casos de práctica de la interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes menores de 13 años, se deberá prestar atención preferente a los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva, participación sin mediaciones, no discriminación, privacidad y confidencialidad previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Artículo 11º: Deber de información.
En los casos de interrupción legal del embarazo por violación de niñas y adolescentes menores de 13 años, es deber del profesional de salud interviniente entregar toda la información a la víctima y su red de asistencia y apoyo familiar, comunitario e institucional, sobre la posibilidad de iniciar un proceso penal mediante su denuncia de instancia privada y de recibir el apoyo y protección de las autoridades públicas competentes para el restablecimiento de los derechos vulnerados por violencia sexual y el resguardo de su integridad física, psíquica y social.
Artículo 12º: Instrucciones.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, instruirá debidamente a los/as médicos/as y funcionarios/as que se desempeñen en los efectores del subsector estatal de salud sobre el procedimiento establecido por esta Ley, dentro del plazo de 15 días de su promulgación.
Artículo 13º: Plazo.
La evacuación de las medidas necesarias para la determinación de una causal de interrupción legal del embarazo, y para su realización (consentimiento informado, estudios médicos, estudios psicológicos, recursos técnicos, humanos y farmacológicos, objeción de conciencia, y/o cualquier otra medida pertinente), no deberá insumir un plazo mayor de 7 (siete) días siguientes a la solicitud de la mujer o quien estuviera autorizado a solicitarlo.
Artículo 14º: Objeción de conciencia.
Toda/o profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, con resguardo de sus convicciones íntimas, respecto a la práctica de interrupción legal del embarazo.
La objeción de conciencia es siempre individual y no puede ser institucional. En consecuencia, toda institución provincial a la que se recurra para la práctica de interrupción legal del embarazo deberá garantizar su realización de conformidad con el artículo 3 de la presente ley.
En ningún caso, la sustitución de una/un profesional objetora/o de conciencia podrá realizarse en un plazo mayor al de 5 (cinco) días contados desde la constatación de un caso de aborto no punible.
En el supuesto de que una/un profesional de la salud desee ejercer su derecho a la objeción de conciencia, deberá notificar su voluntad por escrito a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe en el término de un mes desde la implementación del protocolo para la interrupción legal del embrazo. Los profesionales objetores, aunque hayan notificado previamente su voluntad, están obligados a cumplir con el deber de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo si constatan alguna de las causas que lo justifican. En ese caso el profesional deberá remitirla inmediatamente a u profesional no objetor para que continúe la atención. De no existir alguien encuadrado en esa categoría, debe realizar la interrupción.
Las mujeres deberán ser informadas sobre las objeciones de conciencia de su médica/o tratante y/o del personal auxiliar desde la primera consulta que realicen.
Artículo 15º: Registro institucional de objetares de conciencia.
Con la finalidad de evitar demoras y derivaciones que comprometan la atención de la mujer requirente, el Ministerio de Salud de la Provincia deberá, en el término de 60 (sesenta) días a partir de la entrada en vigencia de la presente, elaborar un Registro Institucional de Objetores de Conciencia a los efectos de que se releve del cumplimiento de las obligaciones previamente objetadas y se organice el servicio, tanto para las funciones ordinarias como programadas como las de guardia de emergencia, garantizando la asistencia de personal sanitario no objetor.
Artículo 16º: Supervisión y control.
El Ministerio de Salud de la Provincia tendrá a su cargo la supervisión y control respecto del cumplimiento de las condiciones obstétricas mínimas de los servicios de salud que brinden las prestaciones comprendidas en la presente Ley.
Artículo 17º: Modificación del artículo 7 de la Ley Nº 6222.
Modifícase el artículo 7 de la Ley Nº 6222, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º: Les está prohibido:
d) Practicar, colaborar, propiciar o inducir la interrupción de la gestación por cualquierprocedimiento realizado con ese fin; excepto para el supuesto que el embarazo provenga deuna violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente; o deba ser realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si este peligro no puede ser evitado por otros medios.”
Antes de cualquier consideración quiero agradecer especialmente a quienes han colaborado en este Proyecto de Ley, distintos profesionales y organizaciones de la vida de nuestra Provincia. Así mismo, referir que hemos considerado los proyectos oportunamente presentados en esta Legislatura por parte del Legislador Birri y finalmente hemos tomado muchos aportes del Protocolo para la Atención de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo de la Provincia de Mendoza, provisto por la senadora Daniela García.
El objetivo de la presente ley es implementar un procedimiento claro para la interrupción legal del embarazo en el sistema de salud pública de la Provincia de Córdoba, como así también garantizar un marco adecuado a los profesionales médicos que intervienen en dichas situaciones.
Es necesario garantizar el efectivo goce por parte de las mujeres del derecho a la salud, eliminando para ello los obstáculos que les impiden acceder a prácticas médicas autorizadas como la interrupción del embarazo en los casos expresamente autorizados por el Código Penal.
El Código Penal Argentino establece en su artículo 86:
2- Si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente; en este caso, el consentimiento de su representante legal será requerido para el aborto.”
A mediados de Marzo del año 2012, en un fallo histórico, la C.S.J.N., en autos “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva”, de fecha 13 de marzo de 2012 produjo una modificación sustancial en la interpretación del artículo 86 inc. 2 del Código Penal.-
Medularmente, el fallo de la C.S.J.N, estableció que cualquier mujer puede interrumpir un embarazo que proviene de una violación sin necesitar una autorización judicial previa ni temor a sufrir una sanción penal. Además, el médico que realice la intervención no podrá ser sancionado.
El segundo inciso del artículo 86 del Código Penal ha dado lugar a una discusión judicial histórica en la que se dan dos interpretaciones, aquella más restrictiva que entiende que el aborto sólo está permitido en caso de violaciones a mujeres con discapacidad mental y aquella que entiende que cualquier mujer abusada puede interrumpir el embarazo. Finalmente, la Corte se inclinó por la lectura amplia de dicho artículo.
Sostuvo la Corte que “reducir por vía de interpretación la autorización de la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental implicaría establecer una distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito”. Sin trámite judicial. La resolución indica que la realización de la interrupción del embarazo “no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial”.
En un punto importante del fallo, el Tribunal también solicita a las autoridades que implementen protocolos hospitalarios para la atención de abortos no punibles y pide a los jueces “abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico”.
En aquel entonces la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud estableció un protocolo para la realización de abortos no punibles, protocolo que apenas estuvo vigente unos días y fue susepndido como consecuencia de una acción judicial interpuesta por la Asociación Portal de Belén, desde aquel entonces distintas medidas han impedido que en Córdoba se cumplirá con lo dictaminado por la Corte. Una dilación importante en el tiempo, que ha costado muchas vidas y mucho dolor a mujeres de nuestra provincia.
Desde entonces han existido distintas iniciativas parlamentarias para avanzar legislativamente en materia de aborto no punible. Hoy asistimos al profundo debate que se ha abierto en el Congreso en general para tratar los distintos proyectos que promueven la despenalización y legalización del aborto.
Si la mora viene desde la Justicia, el Poder Legislativo no le va a menos, nunca en estos años se ha podido poner en debate las leyes que intentaron zanjar la judicialización del tema. Una Ley Provincial resolvería de lleno el problema suscitado.
Es inaudito que se esté avanzando en un sentido en la discusión de fondo y que en nuestra provincia haga 6 años que el protocolo de aborto no punible noes resuelto por el Tribunal Superior de Justicia.
Es por eso que venimos a presentar, como lo hicieron anteriormente otros legisladores una Ley que establezca el procedimiento de aborto no punible, a fin de que en esta provincia avancemos en algo hasta tanto el Congreso se expida sobre las leyes en tratamiento.
Distintas Provincias debaten normativas como la aquí propuesta dado que la realidad nos muestra que cada vez que trascienden casos a la opinión pública es porque desde el estado no existen respuestas concretas para estas situaciones, por lo que creemos que es necesario la implementación de un protocolo donde queden explícitas las acciones a seguir a la que los médicos puedan acogerse para dar respuestas a estas mujeres. Esto agilizaría los tiempos y además enmarcaría estas intervenciones dentro de procesos estándares en el marco delcumplimiento de la ley.
Todos los inconvenientes anteriormente descriptos hacen que las mujeres con recursos económicossuficientes accedan a la interrupción de un embarazo en el circuito clandestino, bajo ciertas normas de seguridad, en contraposición a las mujeres de menores recursos que se ven obligadas a realizar abortos inseguros, poniendo en riesgo su vida ante la falta de respuesta de los efectores públicos.
Las causas de este divorcio entre las normas del Código Penal y la práctica médica respecto al aborto no punible son múltiples: factores ideológicos, sociales, ambientales y atinentes a la gestión pública; pero lo relevante y alarmante son las consecuencias que esta ruptura genera, es decir, los ya conocidos y elevados índices estadísticos de mortalidad en mujeres gestantes.
Lo que se quiere poner aquí de manifiesto es que parte de estas muertes podrían evitarse si se cumple lo previsto por el código penal: cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer es posible para ella interrumpir esa gestación. Es inadmisible que por cuestiones culturales, de temores y prejuicios arraigados se les niegue a las mujeres el acceso a una práctica médica que puede salvar su vida o su salud.
Para muchos especialistas y organizaciones de derechos humanos, la negativa a realizar la interrupción legal del embarazo, transgrediendo la obligación legal del Código Penal significa una violación a los derechos humanos de la mujer.
Esta ley busca garantizar que se cumpla lo que explícitamente está permitido en el Código Penal y, por consiguiente, cumplir con las recomendaciones que Organismos Internacionales, ONGs y organismos de Derechos Humanos vienen haciendo en forma reiterada. La negativa a realizar un aborto no punible constituye una violación a los derechos humanos básicos reconocidos y protegidos por nuestra legislación interna, así como también por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Mucha agua bajo el puente viene corriendo en nuestro país respecto de los derechos que deben protegerse, sin embrago en nuestra provincia aún estamos en deuda con garantías que están contempladas en nuestro Código Penal desde 1921, que fueron ratificados por distintos fallos judiciales de la Corte Suprema y que han sido plasmados en los Protocolos del Ministerioo de Salud de la Nación. Mientras los debates avanzan y los expedientes se empantanan en el tiempo, nuestra mujeres mueren o son obligadas a parir hijos que son frutos de violaciones, los cuales no tengan duda llevan inscriptos en su humanidad la tragedia de sus madres que se transformarán en sus propias tragedias.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Ley.-

References: artículo 86

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 13

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 26
 artículo 2

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 3

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 resolución