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Timestamp: 2018-01-21 06:59:31+00:00

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Voto Accesible: Sentencia de apelación del TSJ de Cataluña
Sentencia de apelación del TSJ de Cataluña
Recurso de apelación 587/2005
SENTENCIA N°10012007
DON JOAQUÍN JOSE ORTIZ BLASCO
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
En la ciudad de Barcelona , a seis de febrero de dos mil siete.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION QUINTA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso de apelación n° 587/2005, interpuesto por D.JOSE ANGEL CARREY TORRALBA , representado por LA PROCURADORA Da R.D.M y asistido por el letrado D. J.D.L., siendo parte apelada la JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA representada y asistida por el ABOGADO DEL ESTADO. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN F. HORCAJADA MOYA, quien expresa el parecer de la SALA.
PRIMERO.- En el procedimiento abreviado n° 260/04 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 9 de Barcelona, se dictó sentencia, de fecha 29 de julio de 2005 por la que se desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el aquí apelante contra la resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de fecha 14 de marzo de 2004.
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de D. José ángel Carrey Torralba, que fue admitido a trámite, dándose traslado del mismo a la contraparte para que formalizase su oposición en plazo legal.
TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación, se designó Magistrado Ponente, y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada ni la celebración de vista, se señaló fecha para la votación y fallo del recurso.
PRIMERO.- La sentencia apelada desestima el recurso contencioso interpuesto por el actor contra la resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de fecha 14 de marzo de 2004, desestimatona del recurso formulado contra la resolución de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, de fecha 5 de ese mismo mes, que rechazaba la petición del actor presentada el día 2 anterior.
Esta petición finalizaba con las siguiente solicitud: " Que se tenga por admitido este escrito, y por formulada consulta conforme a lo legalmente previsto, y que, tras los trámites pertinentes, dicha Junta Electoral, o en su caso las superiores jerárquicamente a ella, acuerde tomar las medidas adecuadas para garantizar la accesibilidad en braille para los ciegos de las papeletas electorales; y en mi caso concreto, la accesibilidad en la mesa electoral de Rubí que me corresponda, para poder ejercer de forma personal, libre y secreta, mi derecho de sufragio en las próximas elecciones generales, y en futuros comicios".
A su vez, el suplico del recurso formulado ante la Junta Electoral Provincial contenía una petición similar, además de que se declarase la nulidad del acuerdo de la Junta Electoral de Zona.
Por último, el "petitum" de la demanda contenciosa interesa que se "reconozca el derecho (del actor) a ejercitar su derecho de voto conforme con lo dispuesto por la constitución; declare nulo el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, adoptado en Junta de 14 de marzo de 2004; igualmente declare no aplicable al colectivo de invidentes el artículo 87 de la Ley Electoral. Disponga que los Órganos competentes de la Administración Pública adopten las medidas necesarias para que el colectivo de invidentes pueda cumplir correctamente con los deberes electorales. Ordene la instauración del sistema por Alfabeto Braille, u otros instrumentos electrónicos que alcancen equivalentes resultados de accesibilidad a las papeletas electorales, para las próximas elecciones públicas. Logre que la Administración, en la práctica, concilie los artículos de nuestra constitución que tratan del carácter secreto del voto, con los que disponen una política de tratamiento específico de los discapacitados físicos".
SEGUNDO.- Como antes se ha dicho, la sentencia aquí apelada desestima el recurso contencioso, no sólo en cuanto a la pretensión de fondo sino también respecto de la inadmisibilidad planteada por la representación letrada del Estado en base al art. 69 de la Ley Jurisdiccional en relación con el inciso final del art. 21.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), segun el cual no cabe contra la resolución de la Junta Electoral Provincial (que resuelve el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Junta Electoral de Zona) recurso administrativo o judicial alguno.
El examen de esta cuestión previa presupone el análisis detenido de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 149/2000, de 1 de junio. Como quiera que la representación letrada del Estado no ha formulado apelación ni se ha adherido a la planteada de contrario, no procede reexaminar esta cuestión en alzada a pesar de que dicha representación vuelve a reiterar argumentos al respecto en su escrito de oposición al recurso de apelación.
Procede, por tanto, entrar al examen de la cuestión de fondo aquí discutida.
TERCERO.- El art. 87 de la LOREG, que las resoluciones impugnadas consideran aplicable al caso, establece que los electores que no sepan leer o que por defecto físico, estén ° impedidos para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, pueden servirse para estas operaciones de una persona de su confianza.
Si bien el actor parece anudar su pretensión (del modo como se ha transcrito) al hecho de no contar con persona de confianza por vivir alejado de sus familiares, segun manifiesta en alguno de sus escrito, en realidad se plantea si el derecho fundamental de los ciudadanos invidentes a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, librementeelegidos en elecciones periódicas por sufragio universal -recogido en el art. 27 de la Constitución-, supone que cuente con un sistema adecuado que garantice el secreto. Incluso, precisando más, este interrogante se plantea sólo respecto de esas personas que conocieran el sistema braille y desearan hacer uso del mismo.
La eventual estimación de la pretensión que formula el actor supondría imponer a la Administración electoral unas obligaciones que exigen necesariamente una reforma legal. Valga en este sentido señalar que el art. 70 de la LOREG dispone que "las Juntas Electorales competentes aprueban el modelo oficial de las papeletas correspondientes a su circunscripción, de acuerdo con los criterios establecidos en las disposiciones especiales de esta Ley o en otras normas de rango reglamentario"; mientras que, por su parte, las disposiciones especiales de la LOREG regulan el contenido de las papeletas y sobres electorales en las elecciones a diputados y senadores, elecciones municipales y al Parlamento Europeo.
Sentado lo anterior, hay que ver si es procedente o no plantear cuestión de inconstitucionalidad del art. 87 de la LOREG y de todos los concordantes por no facilitar un sistema de lectura braille que permita el secreto de voto; y no tanto porque dichos preceptos sean contrarios a exigencias constitucionales, sino porque no las satisfacen por omisión.
Al respecto, el art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que habrá de plantearse esta cuestión cuando el órgano judicial considere, en algun proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, pueda ser contraria a la Constitución y no sea posible su acomodación a la misma por vía interpretativa.
CUARTO.- No duda la Sala de que el secreto en el sufragio forma parte del derecho a voto que consigna el art. 23 de la Constitución. Ahora bien, la fórmula del voto asistido que establece art. 87 de la LOREG para facilitar y hacer posible el ejercicio del derecho de voto a determinadas personas afectas de limitaciones es proporcionada y no restringe en exceso ni hace irreconocible el contenido sustancial de ese derecho fundamental. Por otra parte, tampoco es una interpretación irracional entender aplicable este precepto a los ciegos. Este defecto físico impide a quien lo sufre elegir la papeleta electoral que desea introducir en la urna.
Desde otro punto de vista, no se puede ignorar que la cuestión que aquí se discute es de cierta complejidad técnica y organizativa. Satisfacer la legítima aspiración del actor comporta resolver antes múltiples cuestiones. Se ha puesto de relieve en diversos foros que no bastaría con elaborar las papeletas en alfabeto braille sino que habría que extender este sistema a todo el conjunto de elementos del proceso electoral (sobres, tarjetas del censo, listas que se exponen en los colegios electorales para que los invidentes pudieran identificar la sección y la mesa en que votan...); habría que determinar si todas las papeletas electorales llevan incorporado el sistema braille o sólo algunas con censo específico de invidentes, resolver el problema de las listas abiertas, o el de garantizar el recuento de voto si sólo se utilizan papeletas braille y en el colegio votase únicamente un invidente; necesidad de contemplar también en una posible modificación legislativa a otros grupos de personas afectas a limitaciones con la finalidad de garantizar el secreto de voto, etc.
Se ha propugnado en sectores de opinión afines al actor la conveniencia del llamado "modelo sueco". Este sistema supone enviar por correo la documentación electoral adaptada en Braille a las personas invidentes que lo soliciten, de forma que se reducen gastos, ya que sólo se imprime la documentación adaptada en Braille para las personas que lo hayan pedido y no para todos los votantes. En el caso de listas cerradas (por ejemplo las elecciones municipales, autonómicas o al Congreso) se remiten al elector invidente las papeletas habituales en tinta dentro de una sobre marcado con un adhesivo en Braille que indique cuál es la opción que hay dentro del sobre. En este caso, la persona ciega solo tiene que sacar la papeleta que escoja de dentro del sobre con el adhesivo en Braille e introducirla en el sobre habitual. Así pues, la persona ya puede llevar su voto al colegio electoral o seguir el proceso de voto por correo. En el caso de listas abiertas (por ejemplo, elecciones al Senado) se remiten las papeletas normales, con sus correspondientes plantillas en Braille, que permiten al elector ciego marcar los candidatos de su elección.- Las plantillas en Braille son como una carpeta de cartulina o plástico que permite poner la papeleta en tinta debajo y leer por encima los nombres de los candidatos. El invidente marcará con bolígrafo la casilla que corresponda.
Ahora bien, aparte de otras objeciones que no es necesario señalar, este sistema contiene deficiencias notables. En el caso de las listas cerradas, el elector invidente tan sólo identificaría la candidatura pero no el elenco de candidatos. Es cierto que no puede alterar su composición, pero también lo es que el conocimiento de quienes forman parte de la candidatura es un dato inexcusable para el ejercicio ilustrado del derecho de sufragio.
Por otro lado, como conoce perfectamente el actor que ha promovido una página web (voto accesible) desde la que se informa cumplidamente sobre cuanto aquí se debate, se han suscitado en el Congreso desde septiembre de 2004 diversas proposiciones no de ley, habiéndose aprobado por el Pleno en fecha 8 de marzo de 2005 un texto transaccional por el que "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que impulse durante esta legislatura una reforma de la LOREG que incorpore a la misma las modificaciones necesarias para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a votar sin discriminación y en condiciones de igualdad, a fin de facilitar su participación en los procesos electorales, y, en particular, el derecho a la privacidad de las personas invidentes en el momento de efectuar su voto y elderecho a la accesibilidad a las papeletas electorales mediante el alfabeto Braille u otro método que garantice el secreto del voto de las personas invidentes"; así como se han sucedido preguntas al Gobierno sobre la marcha de esta reforma e, incluso, por parte de un grupo parlamentario se ha presentado una proposición de ley de modificación de la LOREG con esta finalidad y que se encuentra en trámite.
QUINTO.- Cuanto se acaba de exponer pone de relieve la sensibilidad actual de la sociedad ante este aspecto concreto de integración de los invidentes, la complejidad de su regulación en el ámbito electoral, la conciencia e iniciativas del legislador al respecto y la constitución de mesas de trabajo y estudio por parte del Gobierno sobre este tema.
Pues bien, a la vista de todo ello no cabe colegir que sea inconstitucional por defecto la actual regulación de la LOREG o, cuando menos, que basado en ello pueda plantear este Tribunal una cuestión de inconstitucionalidad de todos los preceptos de dicha Ley Orgánica que ignoran la posibilidad de que los ciegos puedan votar por el sistema braille. Por otra parte es indiscutible que las resoluciones impugnadas se adoptaron en aplicación de la legislación vigente, por lo que procede la desestimación del presente recurso de apelación.
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional, y en atención a las particulares circunstancias que concurren, no procede declarar las costas de esta alzada.
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido :
1°.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 29 de julio de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso n° 9 de Barcelona (procedimiento n° 260/04).
2°.- No hacer declaración sobre las costas de esta alzada.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes en la forma prevenida por la Ley.
Así por esta resolución, de la que unirá certificación a los autos, pronunciamos, mandamos y firmamos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 87
 resolución 
e contrario
 resolución