Source: http://certificacionvotos2018.tse.go.cr/juris/relevantes/1375-E1-2018.html
Timestamp: 2018-11-15 13:14:54+00:00

Document:
TSE, 1375-E1-2018
Nº 1375-E1-2018.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez horas treinta minutos del cinco de marzo de dos mil dieciocho.
Recurso de Amparo Electoral interpuesto por el señor Víctor Alonso Vargas Sibaja contra la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica y la Federación Alianza Evangélica Costarricense.
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 22 de enero de 2018, el señor Víctor Alonso Vargas Sibaja, cédula 7-0221-0347, interpuso recurso de amparo electoral contra la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica (en adelante, la Conferencia Episcopal) y la Federación Alianza Evangélica Costarricense (en lo sucesivo, la Federación Evangélica), con sustento en lo siguiente: a) que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en resolución n.° 3281-E1-2010, declaró con lugar un recurso de amparo contra Monseñor José Francisco Ulloa Rojas y le ordenó que, en lo sucesivo, se abstuviera de hacer llamados a no votar por candidatos o candidatas que no compartieran los valores de la fe católica; b) que en resolución n.° 5318-E1-2010, el TSE aclaró la sentencia anterior y ordenó al presidente de la Conferencia Episcopal, lo siguiente: “comunicar o dar a conocer a los señores obispos que conforman dicha organización, por las vías internas que estime adecuadas, lo dispuesto por este Tribunal en el fallo, de manera tal que los señores obispos tengan claro el alcance de la normativa aplicada, con vista a procesos electorales futuros y puedan, contando con tal conocimiento, tener el cuidado necesario para no incurrir en actos iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger el recurso de amparo contra su homólogo, el Obispo Ulloa.”; c) que el 03 de diciembre de 2017 se realizó la “Marcha por la vida y por la familia” en la que la Iglesia Católica hizo un llamado a sus feligreses para oponerse a la “ideología de género” y defender el matrimonio y la familia tradicionales, postura que la Conferencia Episcopal apoyó; d) que el 18 de enero de 2018 la Iglesia Católica y la Federación Evangélica organizaron una “jornada de oración” en la que participaron varios candidatos a la Presidencia de la República; y, e) que el 20 de enero de 2018 el medio digital CRHOY dio a conocer un “manifiesto” suscrito por la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica cuyo texto vulnera la prohibición de invocar motivos religiosos. Considera que los hechos descritos vulneran los artículos 28 de la Constitución Política, 12, 136, 220, 225 a 231 del Código Electoral y 314 del Código Penal. Con sustento en lo expuesto, solicita: 1) se aperciba a los recurridos que no realicen actos como los descritos; 2) se prohíba incitar campañas en contra de la opinión consultiva n.° OC-24/17 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 3) se condene al pago de costas, daños y perjuicios; 4) se ordene el inicio de un procedimiento por transgresión al artículo 136 del Código Electoral; y, 5) se testimonien piezas ante el Ministerio Público contra los recurridos por desobediencia a la autoridad, al incumplir lo ordenado por el TSE en las resoluciones citadas (folios 1 a 6).
Por auto de las 11:30 horas del 24 de enero de 2018, este Tribunal dio curso al amparo electoral contra la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica y, como medida cautelar, dispuso: “B. (…) se ordena a las instancias recurridas abstenerse de realizar manifiestos públicos que, directa o implícitamente, representen un llamado (apoyado en razones o símbolos religiosos) a votar por ciertos partidos o a abstenerse de hacerlo por otros (aunque no se identifiquen pero resulten identificables) según coincidan o no con las posiciones asumidas por las organizaciones recurridas. Asimismo, instruirán a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses.” (folios 35 y 36).
En memorial presentado ante la Secretaría de este Colegiado el 26 de enero de 2018, el señor Salvador Esteban Beatriz Porras, en su condición de ciudadano, interpuso recurso de revocatoria contra la “medida cautelar” citada (folios 44 y 45).
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Magistratura el 29 de enero de 2018, el Licenciado Mauricio Alberto Granados Chacón, Apoderado Especial Judicial de la Conferencia Episcopal, contestó la audiencia conferida en los siguientes términos: a) que según la Constitución Política y la jurisprudencia del TSE y de la Sala Constitucional, la Conferencia Episcopal -como persona jurídica que es- goza de libertad de expresión, asociación, reunión y culto; b) que la resolución n.° 3281-E1-2010 señaló que la Iglesia Católica tiene la posibilidad de tomar posición sobre los problemas sociales del país, predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer una misión terrenal sin traba alguna y dar juicio moral, incluso en materias referentes al orden público y otras de su interés; c) que es cierto que el 03 de diciembre de 2017 la Iglesia Católica realizó la “Segunda caminata por la vida y la familia según Dios”, ejerciendo las libertades citadas (culto, expresión, asociación y reunión), lo que no equivale a hacer propaganda en los términos dispuestos en el artículo 28 constitucional; d) que en resolución n.° 5113-E1-2013, el TSE se pronunció sobre la “Primera caminata por la vida y la familia según Dios” y consideró que ese tipo de actos no lesiona la libre determinación de los votantes; e) que es cierto que el 18 de enero de 2018 la Iglesia Católica y la Federación Evangélica organizaron la “Jornada de oración por Costa Rica” a la que fueron invitados todos los candidatos presidenciales con el objetivo de orar por el país, lo que se encuentra garantizado en los artículos 75 constitucional, 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; f) que en ese mismo evento y, en el ejercicio de las libertades citadas, manifestaron su posición frente a varios temas de interés nacional (vida humana, familia, paz, justicia y elecciones) e hicieron “un llamado a todos los cristianos (católicos y no católicos) y a la población en general a participar en las elecciones del 04 de febrero” y meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto”, lo que -en su criterio- no puede considerarse una orden capaz de influir en la capacidad de razonamiento de los creyentes para votar o dejar de votar por algún candidato en particular; g) que la Conferencia Episcopal no es responsable de lo informado por el medio digital CRHOY; y, h) que no ha desobedecido las órdenes del TSE por lo que la remisión al Ministerio Público resulta improcedente. Solicita declarar sin lugar el recurso (folios 46 a 63).
En escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal ese mismo día, el Licenciado Granados Chacón interpuso recurso de revocatoria contra la “medida cautelar” acordada (folios 64 a 68).
En memorial presentado ante la Secretaría de este Colegiado ese mismo día, el Licenciado Juan Carlos Retana Otárola, Apoderado Especial de la Federación Evangélica, solicitó “adición y aclaración” sobre la “medida cautelar” (folios 122 a 127).
Mediante memorial presentado ante la Secretaría de este Tribunal ese mismo día, el Licenciado Retana Otárola contestó la audiencia conferida a la Federación Evangélica, en los siguientes términos: a) que ninguno de los actos denunciados viola o amenaza violar derechos o libertades político-electorales del recurrente toda vez que no hay un acto proselitista a favor o en contra de algún candidato en particular, sino que son manifestaciones en defensa de valores y principios éticos o morales amparados en la Constitución Política y en el Estatuto Social de la Federación Evangélica (que protege la niñez, la adolescencia, la familia y la vida), así como un llamado al ejercicio del voto informado a la luz de las convicciones propias, personales y subjetivas; b) que la Federación Evangélica aglutina 204 asociaciones (integradas, aproximadamente, por 3000 iglesias) cuya personalidad jurídica es independiente y sobre las que no tiene potestad legal ni sancionatoria, de ahí que no resulta posible imputarle las conductas de sus miembros o tramitar el presente asunto sin su incorporación a la litis; c) que el recurrente no posee “legitimación activa” pues no ha demostrado lesión alguna a sus derechos fundamentales; d) que la “caminata” a la que asistieron algunos de sus miembros no fue un acto proselitista sino un evento amparado en el ejercicio de las garantías constitucionales de asociación y libre expresión resguardadas en los artículos 25 y 29 constitucionales, por lo que el TSE no tiene competencia para conocer las objeciones a ese evento; e) que la “jornada de oración” fue una actividad no proselitista a la que fueron invitados todos los candidatos a la presidencia y en la que también participaron miembros de la sociedad civil, sin distinción de credo; y, f) que el “manifiesto” que se cuestiona no puede ser considerado un acto proselitista destinado a influir en el voto de sus asociados sino, más bien, un acto propio del ejercicio de los derechos de expresión, asociación y culto y un llamado a la participación de los ciudadanos ante el creciente abstencionismo. Con sustento en lo expuesto interpone las excepciones de falta de interés actual, falta de legitimación activa y pasiva, litisconsorcio activo necesario incompleto, incompetencia en razón de la materia, falta de capacidad activa y falta de derecho. Solicita audiencia oral y que se declare sin lugar el recurso (folios 128 a 146).
Por auto de las 14:30 horas del 31 de enero de 2018, este Tribunal declaró inadmisible el recurso de revocatoria interpuesto por el apoderado de la Conferencia Episcopal contra la “medida cautelar” acordada. No obstante, efectuó las siguientes consideraciones: “2) las iglesias, organizaciones o corporaciones religiosas (sin distinción de naturaleza jurídica, denominación o credo), en su carácter de preeminentes actores sociales y, de acuerdo con el principio de libertad de culto, sí tienen la posibilidad -entre otras- de: a) tomar posición sobre los problemas sociales del país; b) explicitar su postura frente a temas puntuales de la realidad nacional; c) manifestar públicamente el marco axiológico que se corresponda con la ideología de su credo religioso particular; d) predicar la fe con auténtica libertad; e) enseñar su doctrina social; f) ejercer una misión terrenal sin traba alguna y; g) dar juicio moral, incluso, en materias referentes al orden público y otras de su interés, sin que ello -en tesis de principio- comporte una transgresión a la restricción constitucional citada y siempre que, al amparo de tales funciones, no incurran en actuaciones que tengan las condiciones para influir en la libertad del sufragio de sus feligreses, todo lo cual deberá ser valorado por los interesados en cada caso concreto; y, 3) la medida: “instruirán a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses.” obliga a la CECOR para que comunique o dé a conocer la prohibición citada a los respectivos sacerdotes que estén -de un modo u otro- vinculados a su organización; ello, por las vías internas que a su leal saber y entender sean adecuadas, aunque ello represente transmitir esa información a los Obispos que la integran para que estos, a su vez, lo hagan llegar a los sacerdotes que pertenezcan a sus respectivas diócesis o jurisdicciones.” (folios 163 y 164).
En auto de las 15:20 horas del 31 de enero de 2018, este Colegiado declaró inadmisible la gestión de adición y aclaración presentada por el apoderado de la Federación Evangélica en torno a la “medida cautelar” dictada. No obstante, señaló: “3) la medida: “instruirán a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses.” obliga a la Federación para que comunique o dé a conocer la prohibición citada a los respectivos pastores que estén -de un modo u otro- vinculados a su organización; ello, por las vías internas que a su leal saber y entender sean adecuadas, aunque ello represente transmitir esa información a las asociaciones que la integran para que éstas, a su vez, la hagan llegar a sus pastores incorporados.” (folios 165 y 166).
Mediante memorial presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 12 de febrero de 2018, el recurrente Vargas Sibaja acusó desobediencia de lo ordenado por este Tribunal en la “medida cautelar” descrita. Señaló, como fundamento, que el señor Freddy Carvajal, pastor evangélico de la iglesia “Ministerio El Rey te mandó a llamar”, convocó a una actividad pública contra la diversidad de género, el aborto y las guías de educación sexual y anunció que se obsequiarían “diarios de víveres” entre los asistentes (folios 183 y 184).
En auto de las 15:00 horas del 13 de febrero de 2018, el Magistrado Instructor confirió audiencia a la Federación Evangélica sobre la gestión de desobediencia incoada (folio 195).
En memorial presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 15 de febrero de 2018, el Licenciado Retana Otárola, Apoderado Especial de la Federación Evangélica, se pronunció sobre la audiencia conferida, en los siguientes términos: a) que el pastor y la iglesia citadas no son miembros de la Federación Evangélica, por lo que resulta improcedente endilgarle responsabilidad por hechos de terceros; b) que, en todo caso, la actividad acusada no es de corte proselitista ni se realizó en púlpitos, sitios de oración o ceremonias litúrgicas, tal como lo prescribe la “medida cautelar” citada; y, c) que lo ordenado en la “medida cautelar” (“transmitir esta información a las asociaciones que la integran para que estas a su vez la hagan llegar a sus pastores incorporados”), ya fue cumplido (folios 203 a 207).
Mediante auto de las 14:00 horas del 26 de febrero de 2018, este Tribunal declaró inadmisible el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Beatriz Porras (folios 214).
En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Esquivel Faerron; y
I. Sobre la audiencia oral solicitada. El Apoderado Especial de la Federación Evangélica solicitó “vista oral” para ampliar y explicar sus argumentaciones (folio 145). En virtud de que lo pretendido es una diligencia facultativa para este tipo de asuntos (artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) y que no se estima necesaria en el subjudice, se prescinde de la misma.
II. Sobre el objeto del recurso. El recurrente formula recurso de amparo electoral contra la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica, por las siguientes razones: 1) por convocar y participar en la “II Caminata por la vida y por la familia”, efectuada el 03 de diciembre de 2017; 2) por la celebración de la “Jornada de oración por Costa Rica”, el 18 de enero de 2018, con la participación de varios candidatos a la Presidencia de la República; y, 3) por la suscripción de un “Manifiesto conjunto” que, a su juicio, invoca motivos y creencias religiosas con fines electorales y cuyo contenido fue difundido durante la celebración de la jornada de oración citada. Considera que esos hechos vulneran los derechos fundamentales político-electorales de los ciudadanos aptos para votar y de los candidatos que apoyan el matrimonio civil igualitario, el aborto y el derecho a la identidad de género.
III.- Sobre la admisibilidad del recurso de amparo formulado. a) Sobre la legitimación del recurrente. En diversas oportunidades esta Magistratura ha indicado que la figura del recurso de amparo electoral se constituye en un mecanismo o instrumento de impugnación para dirimir los reclamos que se presenten contra las actuaciones que lesionen, o amenacen con lesionar, derechos fundamentales de carácter político-electoral en procura de mantener o restablecer su goce. En consecuencia, procede el recurso contra toda actuación u omisión, incluso contra simples actuaciones materiales que violen o amenacen violar cualquiera de los derechos y libertades fundamentales. Además, como parte de las formalidades propias que exige, el artículo 227 del Código Electoral dispone que “Cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo electoral, por considerarse agraviada, o a favor de otra persona, siempre que se fundamente en la afectación de un derecho fundamental de carácter político-electoral de una persona identificada (...)”.
Si bien la admisibilidad del recurso, en materia de legitimación activa, está sujeta a lo que prescribe esa norma, este Tribunal ha sostenido que ello no limita su competencia para la defensa de derechos político-electorales, en situaciones extraordinarias en las que, como consecuencia del irrespeto a una prohibición constitucional expresa se produce una lesión o una amenaza real al derecho fundamental del sufragio, frente a la cual no existen remedios procesales efectivos -por su oportunidad y especificidad- en otras sedes (resoluciones n.° 3281-E1-2010, n.° 567-E1-2013 y n.° 786-E1-2014).
Para arribar a esa decisión se entendió que la misión atribuida a esta Magistratura por la Constitución Política -de procurar que los derechos fundamentales, en materia electoral, cobren realidad y efectividad a través de una hermenéutica expansiva y extensiva de su contenido y modos de ejercicio-, obliga no sólo a desplegar mecanismos de tutela jurisdiccional efectiva, sino también, a desarrollar interpretaciones progresivas que permitan, sin desnaturalizar ni contradecir esos instrumentos, nuevos tratamientos sobre la legitimación activa para accionar ante la jurisdicción electoral. El recurso de amparo electoral (como garantía que es de los derechos político-electorales reconocidos por el Derecho de la Constitución) ciertamente requiere, en algunos casos y bajo ciertas consideraciones de excepción, un análisis de legitimación más flexible y menos formalista, que le permita al juez electoral aplicar remedios efectivos frente a vulneraciones concretas de aquellos derechos.
Así, mediante la resolución n.° 3281-E1-2010 (en la que se atendió una gestión de amparo que acusaba el uso de motivos o creencias religiosas con fines electorales), este Tribunal aceptó, como medio legitimador para su presentación, los actos que lesionan derechos político electorales de manera “refleja”.
En lo pertinente subrayó que el artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Política proscribe categóricamente que “clérigos o seglares” puedan hacer, en forma alguna, propaganda política “invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”, lo que introduce una deliberada limitación a la “libertad de expresión” en busca de evitar que se invoquen motivos religiosos para influir en la voluntad de los ciudadanos en el ámbito político-electoral y que ello ponga en riesgo el libre ejercicio del sufragio, la equidad en la contienda, el sistema mismo de valores democráticos y por ende, el disfrute y ejercicio de los derechos fundamentales de naturaleza político-electoral intrínsecos a la ciudadanía.
Por ello se ha entendido que, bajo tales supuestos de excepcionalidad (por sus circunstancias particulares, reiteración o intensidad), el recurso de amparo debe ser admitido para su conocimiento, pero no por el posible incumplimiento directo de una prohibición expresa de orden constitucional sino por la afectación que, de manera refleja (como consecuencia de la conducta desplegada), se pudo generar al derecho fundamental del sufragio en sus dos dimensiones (activa y pasiva).
En el presente caso, tomando como premisa que se acusa a los recurridos de convocar a actividades y emitir mensajes que -mediante términos propios de la actividad político electoral y expresiones religiosas-, podrían representar un llamado (directo o indirecto) a votar por ciertos partidos o a abstenerse de hacerlo por otros (según coincidan o no con las posiciones asumidas por las organizaciones recurridas), este Tribunal estima que el gestionante se encuentra legitimado para su interposición al entender que es un ciudadano de este país, apto para votar.
Con sustento en lo expuesto, no resultan atendibles y deben rechazarse las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual, falta de capacidad activa y falta de legitimación activa del recurrente, así como la de “incompetencia” de este Tribunal en razón de la materia; todas ellas, excepciones planteadas por la Federación Evangélica a folio 144.
b) Sobre la procedencia del recurso de amparo contra sujetos de derecho privado. El artículo 225 del Código Electoral da cabida a la interposición de recursos contra personas de “derecho privado” cuando “de hecho o de derecho se encuentren en una posición de poder susceptible de afectar el ejercicio legítimo de los referidos derechos.”.
Por su parte, el numeral 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de aplicación supletoria en esta Sede, dispone que el recurso de amparo se concederá “contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de esta Ley.” (lo subrayado es propio).
Con sustento en ambas normas, la Sala Constitucional ha señalado que el amparo contra sujetos privados en posición de poder será procedente -como remedio subsidiario de la legislación común- si se cumplen estas dos condiciones: a) que los remedios jurisdiccionales comunes no sean suficientes (lo que supone que, existiendo remedios procesales comunes, el resultado del juicio resulte, claramente, insuficiente porque la parte no lograría satisfacer su pretensión ni aun obteniendo un fallo favorable); y b) que los remedios jurisdiccionales comunes sean tardíos, produciéndose lesiones de difícil o imposible reparación (votos n.° 4723-93 de las 15:18 horas del 29 de setiembre de 1993 y n.° 007048-2009 de las 17:25 horas del 30 de abril de 2009).
A fin de determinar si tales supuestos (posición de poder e intervención necesaria) se encuentran presentes en este caso, importa resaltar que, de la información brindada en los informes rendidos por los apoderados de la Conferencia Episcopal y de la Federación Evangélica, se desprende que la intervención de la primera en la “II Caminata por la vida y por la familia” y, de ambas, en la organización de la “Jornada de oración por Costa Rica”, así como en la firma y difusión del “Manifiesto conjunto” en examen fue, en efecto, producto de la voluntad de esas organizaciones como personas jurídicas que son.
Según los datos proporcionados y la información que se deriva de su portal electrónico oficial, la Federación Evangélica está integrada por 207 organizaciones religiosas que aglutinan más de 3.000 iglesias en total (folios 208 a 210). Su gestación se remonta al año 1950 y se identifica -a sí misma- como un “órgano orientador y unificador” que representa a la iglesia evangélica costarricense, cuya visión es “ser el ente que fortalece la unidad de la iglesia evangélica como un solo cuerpo, en procura de su protección, desarrollo espiritual, administrativo, social, familiar, ético y ministerial, para impactar a la nación con la proclamación del evangelio de Cristo”, con el propósito de “provocar y facilitar que el liderazgo nacional de la iglesia evangélica, en conjunto, se mantenga en un constante diálogo retroalimentativo y en una participación activa en procura de fortalecer la unidad, la visión de Dios y la movilización nacional de la iglesia para el impacto de transformación de la nación con el evangelio.” (ver www.alianzaevangelica.org).
Por su parte, el canon 447 del Código de Derecho Canónico establece que la Conferencia Episcopal -como organización permanente- es “la asamblea de los Obispos de una nación o territorio determinado, que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio." (ver www.vatican.va/archive/ESL0020/_P1K.HTM).
Según esa misma normativa, “los Obispos, que por institución divina son los sucesores de los Apóstoles, en virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como Pastores en la Iglesia para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno.” (canon 375.1) y, entre las obligaciones de los fieles, destaca el de “ seguir, por obediencia cristiana, todo aquello que los Pastores sagrados en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia.” –canon 212.1- (ver en ese sentido www.vatican.va/archive/ESL0020/_P1C.HTM y www.vatican.va/archive/ESL0020/_PT.HTM).
En el caso de la Conferencia Episcopal, la condición de persona jurídica le fue concedida desde el año 1977 y, según su sitio web oficial, se identifica a sí misma como una institución constituida por todos los Obispos del país con la aprobación de la Santa Sede “para significar y vivir el afecto colegial, estudiar y resolver conjuntamente los problemas eclesiales de interés común y promover el mayor bien que la Iglesia procura a la humanidad, mediante las diversas formas y modos de apostolado aprobados por la misma Iglesia.” con la visión de “consolidar una Institución de comunión y participación, con una dinámica de trabajo experto y proactivo que facilite a la iglesia y a la sociedad costarricense, respuestas adecuadas a los desafíos pastorales de nuestro tiempo.” (ver www.iglesiacr.org).
Con sustento en lo expuesto y, dado que los últimos sondeos de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), revelan que el credo cristiano (en sus denominaciones católica y evangélica) ha sido adoptado por cifras que rondan el 84% de la población costarricense y que, al menos, el 77.59% de la muestra considera que la religión es muy importante en sus vidas (ver https://ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/Informe-encuesta-marzo-parte-II.pdf), este Tribunal es del criterio que tanto la Conferencia Episcopal como la Federación Evangélica -por su naturaleza, militancia, trayectoria- sí presentan condiciones para exhibir una posición que les convierte en referente de esas orientaciones religiosas con innegable influencia y posición frente a la comunidad de fieles católicos o evangélicos, según corresponda.
Además, siendo que los hechos en análisis se producen durante el curso del proceso electoral y a escasas semanas de la celebración de las elecciones, se entiende que los remedios jurisdiccionales comunes no serían oportunos ni suficientes para su examen.
En virtud de lo expuesto, el recurso de amparo formulado contra ambas organizaciones resulta admisible para su estudio.
Debe señalarse, con sustento en las mismas razones, que este Tribunal no encuentra motivos para admitir -tal como se plantea a folio 144-, la excepción de falta de legitimación pasiva de la Federación recurrida ni la procedencia de un litisconsorcio activo necesario (para integrar a la litis a todas las asociaciones que integran la Federación Evangélica) toda vez que la convocatoria a la “Jornada de oración” y la firma del “Manifiesto conjunto” únicamente aparecen vinculados con esa Federación como tal, no así con sus afiliados.
IV.- Hechos probados: De importancia para la resolución del amparo, se tienen los siguientes:
Que la Federación Alianza Evangélica Costarricense aparece inscrita ante el Registro Nacional con cédula de persona jurídica n.° 3-002-045963 (folios 148 y 149).
Que la Federación está integrada por 207 organizaciones religiosas que aglutinan más de 3.000 iglesias (folios 136, 208 a 210 y sitio web www.alianzaevangelica.org).
Que la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica aparece inscrita ante el Registro Nacional con cédula de persona jurídica n.° 3-007-061729 y está integrada por los obispos católicos del país (folios 46 a 63, 69 y 70 y sitio web www.iglesiacr.org/2014/resena-historica.html).
El 04 de octubre de 2017, mediante decreto n.° 11-2017, este Tribunal convocó a elecciones nacionales a celebrarse el 04 de febrero de 2018 (folios 212 y 213).
El 20 de octubre de 2017, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, presidente de la “Comisión Nacional de pastoral familiar” de la Conferencia Episcopal, suscribió un comunicado en el que convocó a la “II Caminata por la vida y la familia”, en los siguientes términos: “Ante el fenómeno de la ideología de género presente en Costa Rica y su promoción desde diferentes instancias de nuestro país, convocamos a toda la feligresía católica, e invitamos a toda la ciudadanía costarricense en general, a la “II Caminata por la Vida y la Familia” para manifestar la alegría de la vida, el matrimonio y la familia según el orden de la creación y el proyecto de Dios, y nuestro rechazo a cualquier tipo de colonización ideológica que ataque el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos. La caminata se realizará el domingo 03 de diciembre, en las calles de nuestra capital.“ (folio 74).
El 03 de diciembre de 2017, se efectuó la “II Caminata por la Vida y la Familia” recorriendo vías públicas del cantón San José, provincia San José (hecho público y notorio e informes de folios 46 a 63 y 128 a 146).
En fecha no precisa, pero entre el 12 y el 15 de enero de 2018, la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica convocaron a los candidatos presidenciales a un “encuentro de oración” por el proceso electoral 2018, a celebrarse el día 18 de enero siguiente en el Gimnasio de la Universidad Católica de Costa Rica, mediante el siguiente comunicado: “Estimado (a) señor(a) candidato (a). Querido (a) hermano (a) en Cristo, Nos encontramos ya cercanos a los comicios electorales de nuestro país. Pablo nos dice “Ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracia por todas las personas, especialmente por los gobernantes y autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad” (I Timoteo 2, 1-2). A la luz de esta palabra es que hemos querido organizar un encuentro de oración por el proceso electoral 2018. El objetivo es reunir a líderes de iglesias y creyentes en Cristo para orar por los comicios electorales del período 2018-2022 y por los futuros gobernantes, -Por el respeto a la vida humana. -Por el respeto a la familia y el matrimonio. –Para que haya paz. –Para que haya justicia. –Para que haya recta conciencia y Dios conceda discernimiento a los electores. –Para que Dios cuide, bendiga y conceda la sabiduría a los nuevos gobernantes. La actividad contará con momentos de alabanza, de oración y gestos de comunión, animados por hermanos de diferentes iglesias. Será un verdadero gusto que tanto Usted y algunos miembros de su congregación participen junto con nosotros y otros hermanos en Cristo de este momento de gracia.” (folios 89, 90 y 93 a 111).
El 18 de enero de 2018, el periódico La Prensa Libre.cr -versión digital- informó sobre el encuentro de oración que celebrarían la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica (folios 159 a 162 y ver www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/129575/iglesias-catolica-y-evangelica-oraran-por-elecciones).
Ese mismo día, la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica celebraron la “Jornada de oración por Costa Rica”, un encuentro abierto al público en el que participaron los señores Juan Diego Castro, Antonio Álvarez, Mario Redondo y Fabricio Alvarado, candidatos a la Presidencia de la República por los partidos Integración Nacional (PIN), Liberación Nacional (PLN), Alianza Demócrata Cristiana (PADC) y Restauración Nacional (PRN), respectivamente, así como distintos miembros de la sociedad civil, independientemente de su afiliación política o religiosa (folios 79 a 88, 112, 129 y 161).
Que durante el curso de esa actividad, se dio lectura y distribuyó a los candidatos citados un mensaje de la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica, en los siguientes términos: “MANIFIESTO CONJUNTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COSTA RICA Y LA FEDERACION ALIANZA EVANGELICA COSTARRICENSE. Nosotros Obispos católicos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y los Pastores evangélicos unidos en la Federación Alianza Evangélica, luego de haber orado al Señor por el buen desarrollo del proceso electoral 2018, y en especial por todos los candidatos a puestos de representación popular, queremos manifestar a ustedes y a toda la opinión pública nuestras preocupaciones y nuestra posición de frente a temas de gran importancia para nuestro país, a saber: 1. El Valor de la vida humana: Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política, reafirmamos el valor absoluto de la Vida Humana desde su concepción (fecundación) hasta su desenlace natural. Este designio divino plasmado en la Palabra de Dios y en los valores cristianos que animan nuestra sociedad, no admite ataques de ningún tipo, y esperamos el compromiso de toda la sociedad, en especial de los políticos en la defensa de este valor innegociable; 2. La familia: Consideramos que conforme a lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, la familia que se basa en el matrimonio debe encontrar el apoyo y protección del Estado. Más allá de las imposiciones internacionales, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer es la base de una sociedad sana y con futuro, pues sólo allí podrá nuestra Nación tener un verdadero crecimiento, no sólo demográficamente, sino constituyendo familias unidas que puedan criar a sus hijos e hijas para un futuro mejor. Consideramos que son los padres de familia los primeros llamados a educar a sus hijos e hijas, y el Estado debe apoyar a los padres de familia en esta tarea, por lo que es inaceptable la propuesta de “Educación para la Afectividad y la Sexualidad” que impone el Ministerio de Educación Pública, así como otras propuestas gubernamentales contaminadas por la “ideología de género” que contravienen los principios cristianos y la moral universal. Ante estas propuestas los cristianos expresamos nuestra franca oposición y esperamos que nuestros representantes en el gobierno escuchen nuestra voz. 3. La Paz: La paz no es sólo la ausencia de una guerra formal. Hoy se vive una situación de violencia en varios ámbitos de nuestra sociedad; en la familia hay violencia contra las mujeres, los ancianos y las personas menores de edad, hay violencia en nuestros caminos y carreteras, hay violencia por el aumento de la delincuencia, especialmente del crimen organizado y del narcotráfico. Esta realidad, nos llama a todos los actores sociales a trabajar fuertemente en el combate de estos fenómenos, no solamente en clave represiva, sino buscando crear estructuras que acaben con la violencia y desestimulen el delito, pasando sin duda por la construcción de valores como el respeto a la vida humana, la tolerancia y el valor del trabajo humano. 4. Justicia: Como cristianos vemos con preocupación el persistente nivel de pobreza de un numeroso sector de nuestro pueblo y la creciente desigualdad social, abismos que separan a la población urbana de la rural en términos de calidad de vida, las dificultades para acceder a los servicios públicos de salud en los cuales hay todavía grandes listas de espera, rezagos en la educación pública, entre otros. Como cristianos no podemos quedarnos indiferentes a estas realidades y nos comprometemos a aunar esfuerzos con nuestros gobernantes para el combate de tan grandes males sociales. 5. Elecciones: Hacemos un llamado a todos los cristianos y a todos los ciudadanos a participar en las elecciones del 04 de febrero, meditando delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política. A los candidatos que resulten electos, les pedimos ser consecuentes con sus promesas de campaña, ser vigilantes con la probidad propia y de sus colaboradores, ser intolerantes con cualquier acto de corrupción y que nunca se olviden de las convicciones y valores cristianos que nutren la institucionalidad de nuestra Nación. Rogando a Dios por el mayor éxito del gobierno que iniciará en mayo próximo, firmamos en Moravia a los 18 días del mes de enero A.D. 2018 Mons. José Rafael Quirós Quirós. Presidente Conferencia Episcopal de Costa Rica. Dr. Jorge Gómez Varela. Presidente Federación Alianza Evangélica Costarricense.” (folios 85, 86, 156 y 157 e informes a folios 46 a 63 y 128 a 146).
Ese mismo día, el periódico La Nación -en su versión digital- informó del evento citado e hizo referencia al “Manifiesto conjunto” descrito (folios 9 a 13 y www.nacion.com/el-pais/politica/4-candidatos-se-unieron-a-oracion-de-catolicos-y/FWISC2WZ5FHIPL7EMH7EYG6V5A/story/).
El 20 de enero de 2018, el medio digital “crhoy.com” dio a conocer integralmente el “Manifiesto conjunto” descrito (folios 21 y 22 y www.crhoy.com/nacionales/iglesia-catolica-y-evangelica-se-unen-contra-matrimonio-gay/).
El 28 de enero de 2018, el periódico Eco Católico informó lo siguiente: “Líderes de la iglesia, creyentes en Cristo y candidatos a la Presidencia de la República participaron la tarde- noche del 18 de enero de un encuentro de oración.” e hizo referencia al “Manifiesto Conjunto” y a su contenido (folio 112).
Que, en los días previos a la “Jornada de oración por Costa Rica”, algunos candidatos presidenciales se habían pronunciado brindando su postura sobre temas relativos a la vida, a la familia, a los “Programas de educación para la afectividad y sexualidad” del MEP y a las eventuales iniciativas tendientes al matrimonio entre personas del mismo sexo (hecho público y notorio).
V.- Hechos no probados: Ninguno de relevancia para la resolución del presente asunto.
VI.- Sobre el recurso de amparo formulado. Los tres planteamientos que comprende el recurso de amparo interpuesto serán abordados en forma independiente para su mejor comprensión, en los términos desarrollados infra:
A) Sobre el apoyo y participación de la Conferencia Episcopal en la “II Caminata por la vida y por la familia” efectuada el 03 de diciembre de 2017. El recurrente considera que el apoyo y participación de la Conferencia Episcopal en la “II Caminata por la vida y por la familia” efectuada el 03 de diciembre de 2017 con el objetivo de manifestarse a favor del matrimonio y la familia tradicionales y en contra de la “ideología de género”, vulnera lo dispuesto en el artículo 28 constitucional.
En defensa de sus actuaciones, el apoderado de la Conferencia Episcopal señala que tales acciones están amparadas al ejercicio de la libertad de expresión, culto, asociación y reunión consagrados en la Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales (folios 46 a 63).
Por su parte, la Federación Evangélica señaló que, aunque este extremo del recurso no le resulta oponible, considera que la caminata que se denuncia no reviste las características de acto proselitista a favor o en contra de algún candidato en particular sino, más bien, una forma de manifestarse en defensa de valores y principios éticos o morales como parte del ejercicio de los derechos de asociación y libre expresión resguardados en los artículos 25 y 29 constitucionales (folios 128 a 146).
En la especie, el análisis integral y riguroso del reclamo formulado, así como el sustento fáctico y probatorio que lo respalda, a la luz de la lectura sistémica y armoniosa del ordenamiento jurídico, ofrecen los argumentos necesarios para descartar que la Conferencia Episcopal haya incurrido en una amenaza o lesión a los derechos fundamentales de carácter político-electoral invocados -en cuanto a este extremo- en el libelo recursivo.
En efecto, como marco orientador, es necesario señalar que el sufragio es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho a participar en la conducción democrática del país, designando a quienes los representaran o manifestando su criterio en relación con asuntos consultados de trascendencia nacional (resolución n.° 3384-E-2006).
El sufragio activo se entiende como el derecho a elegir y, dentro de los procesos de naturaleza electiva, expresa la libre escogencia dentro del abanico de postulantes a cargos públicos. Por su parte, el pasivo es entendido como el derecho de los ciudadanos a proponer su nombre como candidatos y a ser elegidos, independientemente de sus postulados y posiciones ideológicas. Por ello, el sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo, tal como lo disponen la Constitución Política y diversos instrumentos jurídicos internacionales sobre Derechos Humanos.
Ahora bien, nuestro modelo constitucional surge de un régimen general en el que la regla es la libertad del individuo; de ahí que -como parte del modelo de Estado Democrático adoptado en la Carta Fundamental- la libertad de expresión constituye un pilar fundamental para el ejercicio pleno de los derechos políticos y los instrumentos internacionales resaltan su necesaria tutela estatal. No obstante, su ejercicio puede ser regulado e incluso limitado, como ocurre con la disposición contenida en el párrafo tercero del artículo 28 constitucional, el cual señala:
No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.” (el subrayado es propio).
Esa prohibición constitucional, cuya raigambre histórica se remonta al siglo XIX, está en la base de nuestro sistema de valores democráticos y nació con la finalidad de que el voto sea -en lo posible- el resultado del propio convencimiento con prescindencia de cualquier influjo extraño a la gestión de los intereses puramente temporales de la República evitando así la influencia de credos religiosos o de obstáculos que pudiesen afectar la libre voluntad de los ciudadanos en el ámbito político-electoral (resolución n.° 3281-E1-2010).
Por ello, se entiende que esa línea divisoria no debe ser transgredida, ya que forma parte del conjunto de frenos y contrapesos diseñado en resguardo de la libertad del sufragio para asegurar -de manera inflexible- que este se mantenga incólume (finalidad última y superior de la restricción citada). Nótese que se trata de una afectación mínima, que utiliza medidas proporcionales y razonables para el fin que se persigue (ver resolución n.° 1062-E3-2016).
Por ende, en el presente caso, el análisis debe centrarse en si la actuación que se reprocha (apoyar y participar en la “II Caminata por la vida y por la familia”) transgrede la prohibición constitucional citada, lesionando la libre determinación del votante o si, por el contrario, se mantiene dentro de los límites permitidos, sea, si comporta el ejercicio legítimo de las libertades de expresión y actuación de la Conferencia Episcopal como conglomerado estructurado.
En sus pronunciamientos sobre la materia, este Colegiado ha producido un vasto desarrollo jurisprudencial y ha ido demarcando los linderos en esta sensible materia. Así, en resolución n.° 5113-E1-2013 y, con ocasión de una marcha convocada por la Iglesia Católica y la Federación Evangélica en similares términos, indicó:
“(…) en lo relativo a la marcha por los valores de la familia tradicional, esta no comporta una transgresión al artículo 28 constitucional, pues representa una forma de explicitar su postura frente a temas puntuales de la realidad nacional. A través de una manifestación pública se exterioriza un determinado marco axiológico que se corresponde con la ideología de credos religiosos particulares; características que, en modo alguno, pueden interpretarse como una orden expresa de las autoridades eclesiales tendiente a influir en la determinación de los votantes.”.
Siendo que la “II Caminata por la vida y por la familia” fue una actividad que se desarrolló en términos similares a su antecesora, no hay razón para modificar el criterio vertido en esa oportunidad ya que no se ha verificado -ni el recurrente lo ha demostrado- que, durante su curso, la Conferencia Episcopal haya efectuado alguna manifestación que, directa o implícitamente, representare un llamado a votar por ciertos partidos o a abstenerse de hacerlo por otros (aunque no se identifiquen pero resulten identificables) o que hayan utilizado esa actividad para inducir el voto de sus feligreses a favor de quienes coincidan con el marco axiológico que defiende.
Por otra parte, la convocatoria (visible a folio 74 y aportada por la misma Conferencia Episcopal) se limitó a invitar a esa actividad y a explicitar su postura frente a temas puntuales.
En consecuencia, al no verificarse la infracción a normas constitucionales en la especie fáctica señalada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de amparo en cuanto a este extremo.
B) Sobre el reclamo relativo a la convocatoria y participación de la Conferencia Episcopal y de la Federación Evangélica en la “Jornada de oración por Costa Rica”, celebrada el 18 de enero de 2018. El recurrente considera que la convocatoria y participación de la Conferencia Episcopal y de la Federación Evangélica en la “Jornada de oración por Costa Rica”, celebrada el 18 de enero de 2018 y a la que asistieron varios candidatos a la Presidencia de la República, vulnera lo dispuesto en la prohibición citada.
En defensa de sus actuaciones, ambas organizaciones señalan que se trató de una actividad no proselitista destinada a orar por Costa Rica. Que se desarrolló en el ejercicio de las libertades de expresión, culto, asociación y reunión y a la que fueron invitados todos los candidatos a la Presidencia de la República. Sostienen que, en esa jornada participaron algunos de ellos y miembros de la sociedad civil, sin distinción de credo.
Este Tribunal es del criterio que la prohibición contenida en el párrafo 3.° del artículo 28 constitucional no está destinada a vaciar de contenido ni hacer nugatorias las libertades de expresión, reunión o culto, sino a ordenar y orientar su ejercicio, cumpliendo de esa forma con las exigencias que imponen los principios de afectación mínima, adecuación al fin, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Por ende, la invitación u organización de una actividad (por parte de autoridades religiosas de cualquier credo) para “orar” por un proceso electoral o por el futuro ejercicio del vencedor de una contienda, no reviste las condiciones para vulnerar la prohibición en estudio y se encuentra, más bien, protegida por el principio “pro libertatis”. Ello, siempre que los espacios de “oración” o “alabanza” no sean utilizados para inducir el voto de su feligresía por parte del orador o predicador encargado.
Ahora bien, aunque existe plena libertad para la organización y celebración de tales actividades de oración -como en efecto se verifica en el presente caso-, ello no impide que, en el conocimiento de una gestión de amparo, este Tribunal revise acciones u omisiones específicas e individuales que puedan producirse durante su desarrollo, cuando involucren algún roce normativo, tal como se analizará en el apartado siguiente.
C) Sobre el reclamo relativo a la suscripción del documento denominado “Manifiesto conjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Federación Alianza Evangélica Costarricense”, difundido durante la “Jornada de oración por Costa Rica”, celebrada el 18 de enero de 2018. En su tercer reparo, el recurrente sostiene que la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica suscribieron un “manifiesto” que a su juicio invoca motivos y creencias religiosas con fines electorales y cuyo contenido fue difundido durante la celebración de la “Jornada de oración por Costa Rica”.
La Conferencia Episcopal señaló en su defensa que, durante la actividad citada y, en el ejercicio de sus derechos constitucionales, manifestaron su posición frente a varios temas de interés nacional (vida humana, familia, paz, justicia y elecciones) e hicieron “un llamado a todos los cristianos (católicos y no católicos) y a la población en general a participar en las elecciones del 04 de febrero” y meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto”, lo que -en su criterio- no puede considerarse una orden capaz de influir en la capacidad de razonamiento de los creyentes para votar o dejar de votar por algún candidato en particular (folio 55).
Por su parte, la Federación Evangélica indicó que el comunicado que se cuestiona no puede ser considerado un acto proselitista destinado a influir en el voto de sus asociados sino, más bien, un acto propio del ejercicio de las libertades de expresión, asociación y culto y un llamado a la participación de los ciudadanos ante el creciente abstencionismo (folios 128 a 146).
El análisis integral del planteamiento formulado por el recurrente, así como el sustento fáctico y probatorio que lo respalda, ofrece los argumentos suficientes para admitir que el mensaje suscrito y difundido -mediante lectura- por las organizaciones recurridas durante la “jornada de oración por Costa Rica” (folios 85, 86, 156 y 157), mezcla términos propios de la actividad político electoral y expresiones religiosas que, al conjugarse, representaron -por su connotación e impacto- una amenaza para el libre ejercicio del sufragio y, en específico, para aquellos electores que profesan la fe católica y la evangélica (en cualquiera de sus manifestaciones), libertad que debe ser protegida frente a cualquier influencia religiosa.
En efecto, tal como se señaló supra, no cabe duda que los credos cristianos (católico y evangélico) juegan, hoy en día, un relevante y creciente rol en la dinámica espiritual de la sociedad costarricense al punto que han sido adoptados, según “sondeos de opinión” recientes, por una cifra cercana al 84% de la población costarricense y que, al menos, un 77.59% considera que la religión es muy importante en sus vidas (ver https://ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/Informe-encuesta-marzo-parte-II.pdf).
Por ello, si bien las organizaciones que representan esos credos religiosos pueden -de acuerdo con el principio de libertad-, tomar posición sobre los problemas sociales del país, explicitar su postura frente a temas puntuales de la realidad nacional, manifestar públicamente el marco axiológico que se corresponda con la ideología de su credo religioso particular, predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer una misión terrenal sin traba alguna y dar juicio moral, incluso, en materias referentes al orden público; no procede que, al amparo de tales roles, utilicen su poder de influencia para incidir en la libre decisión de los electores que comulgan con su ideología dado que en tal caso se cruza, incuestionablemente, la línea demarcada por el constituyente en el numeral de cita; afectando así, de manera refleja, el libre ejercicio del sufragio y con ello el sistema de valores político-electorales que erigió nuestro Estado de Derecho.
Bajo esa inteligencia, más allá de si el mensaje suscrito y difundido durante esa actividad comprende o no “propaganda política” en su acepción estricta (lo que deberá ser materia del conocimiento de otra sede de estos organismos electorales, tal como se dispondrá en esta resolución), lo que se examina en el presente caso es si, por sus características, las expresiones difundidas implican una eventual violación o amenaza a derechos fundamentales de carácter político-electoral al invocar motivos de religión o valerse de creencias religiosas que tuvieren la virtud de provocar, inducir e influir a una determinada escogencia o, en sentido inverso, a desincentivar el voto a favor de alguna opción partidaria específica.
En el presente caso, de la simple lectura del “Manifiesto conjunto” se desprende la siguiente información: 1) identifica a los emisores: “Nosotros Obispos católicos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y los Pastores evangélicos unidos en la Federación Alianza Evangélica”; 2) ofrece el contexto que enmarca el mensaje: “luego de haber orado al Señor por el buen desarrollo del proceso electoral 2018 y en especial por todos los candidatos a puestos de representación popular”; 3) identifica a los destinatarios del mensaje: “queremos manifestar a ustedes y a toda la opinión pública” y “Hacemos un llamado a todos los cristianos y a todos los ciudadanos”; 4) Identifica la razón o motivo de la difusión: “queremos manifestar (…) nuestras preocupaciones y nuestra posición de frente a temas de gran importancia para nuestro país.”; 5) Identifica su posición sobre varios temas de interés nacional a la luz del marco axiológico que defiende: “El Valor de la vida humana (…) La familia (…) La Paz (…) Justicia.”; y, 6) hace un llamado a los cristianos para que participen en las elecciones y propone los conceptos “Dios” y “conciencia” como elementos de valoración para emitir el voto: “Hacemos un llamado a todos los cristianos y a todos los ciudadanos a participar en las elecciones del 04 de febrero meditando delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política.” (el destacado no es del original).
Este Tribunal estima que ese mensaje -difundido a escasos 17 días de las elecciones celebradas el 04 de febrero de 2018- entrelaza finamente términos propios de la actividad político-electoral y motivos o creencias religiosas cuya interacción posee las condiciones para alterar la libertad política.
Tal como se señaló supra, tanto la Conferencia Episcopal como la Federación Evangélica -por su naturaleza, militancia y trayectoria- presentan condiciones para exhibir una posición que les convierte en referentes de sus respectivas orientaciones religiosas con innegable influencia en la comunidad de fieles, lo que se potencia al hacerse acompañar, en el mensaje de referencia, por los “obispos católicos” y los “pastores evangélicos.”. Por ello, si ambas agrupaciones son líderes y orientadoras de sus respectivos credos en el país, sus opiniones tienen la potencia para ser consideradas como una interpretación de “la Biblia” ante los nuevos desafíos que el país enfrenta, constituyéndose en guía, dirección o referente axiológico de sus feligreses.
En ese contexto, invitar a los cristianos a ejercer el sufragio “meditando [el voto] delante de Dios y de sus conciencias”, al tiempo en que externaban su postura frente a temas polémicos que han sido de especial interés durante el proceso electoral, sí tenía el alcance necesario para inducir e influir -en un colectivo ciudadano de sólida raigambre religiosa- a votar por ciertos partidos o a abstenerse de hacerlo por otros (aunque no indicados en el texto, plenamente identificables por el elector) -según coincidan o no con las posiciones asumidas por las organizaciones recurridas-, debilitando la posibilidad de los creyentes de reconocer y confrontar críticamente esa influencia y, más aún, de reaccionar y defenderse ante la misma, lo que introduce un factor distorsionante en el delicado equilibrio democrático.
No debe olvidarse que es un hecho público y notorio que, en los días previos a esa actividad, varios candidatos presidenciales ya habían manifestado su postura sobre algunos de esos temas.
No debe olvidarse, adicionalmente, que el contenido del texto se dirige a “los candidatos a puestos de representación popular”, a los “cristianos”, a “todos los ciudadanos” y a “toda la opinión pública”, lo que implica que el mensaje difundido revestía condiciones idóneas para repercutir -en forma colateral- en toda la población y no solo en los miembros de la comunidad católica o evangélica que estuvieron presentes en el lugar, al tratarse de una actividad abierta al público, tal como se desprende de la información proporcionada por los mismos recurridos (folios 112, 129 y 161).
Ciertamente, la naturaleza pública de la actividad ofrecía, además, las condiciones idóneas para que el mensaje pudiera llegar a conocimiento de los ciudadanos que no estuvieron presentes en el lugar, tal como en efecto ocurrió. Nótese en ese sentido que, al menos, dos medios de prensa en su versión digital y el Eco Católico dieron cuenta del manifiesto citado y de su contenido, lo que permitió su trascendencia a la opinión pública (folios 9 a 13, 21, 22 y 112).
Tal como se indicó en la resolución n.° 3281-E1-2010, este Tribunal ha sido especialmente severo frente a actuaciones que pudieran afectar el derecho inalienable de los electores a emitir su voto de manera secreta en la casilla electoral sin ninguna injerencia de quienes pudiesen ejercer alguna presión sobre su decisión.
En el caso de un ciudadano que a la vez es creyente, aún cuando esté solo en el recinto secreto, una orientación como la señalada -confrontada con su propia conciencia- podría afectar su autodeterminación al momento de ejercer el sufragio lo que, en materia electoral, resulta inaceptable. Es un hecho público y notorio que, para los fieles cristianos, Dios es omnipresente y omnisciente; por ello, la conciencia les indica que deben actuar de acuerdo a las enseñanzas y mandatos de la fe.
Por ende, dada la posición que ocupan la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica, la condición de los receptores y el contexto en el que se emite, se entiende que el contenido del mensaje sobrepasa las facultades que le otorga el derecho a la “libertad de culto” y constituye una amenaza cierta, real, efectiva e inminente a la libertad del sufragio (de manera refleja) en su dimensión activa para aquellos electores (independientemente de su número) que -aún profesando la fe evangélica o la católica- tienen derecho a emitir el voto en condiciones de libertad y secretividad, en un contexto de pluralismo político y en su dimensión pasiva en relación con aquellos candidatos disidentes que, por su ideología, no resultan conformes con las creencias citadas.
Todo ello provoca una afectación del sistema de valores político electorales que el constituyente quiso tutelar y la infracción de una norma prohibitiva del mayor nivel, lo que exige estimar el recurso formulado y ordenar a la Conferencia Episcopal de Costa Rica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense que -en lo sucesivo- se abstengan de acciones como la analizada.
VII. Sobre la presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Electoral. Dado que se denuncia además una presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Electoral, trasládese copia certificada de este expediente a la Inspección Electoral, a fin de que investigue preliminarmente los hechos denunciados de conformidad con la normativa aplicable.
VIII. Sobre la gestión de desobediencia a la medida cautelar dispuesta en el auto de las 11:30 horas del 24 de enero de 2018. En la especie, el recurrente Vargas Sibaja acusó desobediencia a lo ordenado por este Tribunal en la “medida cautelar” dispuesta en el auto de las 11:30 horas del 24 de enero de 2018 con sustento en que el señor Freddy Carvajal, pastor evangélico de la iglesia “Ministerio El Rey te mandó a llamar”, convocó a una actividad pública contra la diversidad de género, el aborto y las guías de educación sexual del MEP y anunció que se obsequiarían “diarios de víveres” entre los asistentes (folios 183 y 184).
En el informe rendido por el apoderado de la Federación Evangélica se señaló que el pastor y la iglesia acusados no son miembros de la organización recurrida y que lo ordenado en la “medida cautelar” (“transmitir esta información a las asociaciones que la integran para que estas a su vez la hagan llegar a sus pastores incorporados”) ya fue cumplido (folios 203 a 207).
Siendo que no existen elementos fácticos ni probatorios para acreditar el incumplimiento que se reclama, lo que procede es su rechazo.
No obstante, trasládese copia certificada de este expediente a la Inspección Electoral, a fin de que investigue preliminarmente los hechos denunciados de conformidad con la normativa aplicable, a fin de determinar la presunta existencia de alguna infracción a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Electoral.
IX. Sobre la solicitud de testimoniar piezas ante el Ministerio Público por presunta desobediencia a la autoridad. El recurrente solicita examinar la posibilidad de testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad, al considerar que los hechos recurridos incorporan una desobediencia a las órdenes giradas por este Tribunal en las resoluciones n.° 3281-E1-2010 y n.° 5318-E1-2010.
A fin de examinar lo correspondiente, deberá trasladarse copia certificada de este legajo al expediente en el que tales resoluciones fueron emitidas.
Se deniega la audiencia oral solicitada por el apoderado de la Federación Alianza Evangélica Costarricense. Se rechazan las excepciones de falta de interés actual, falta de legitimación activa y pasiva, litisconsorcio activo necesario incompleto, incompetencia en razón de la materia, falta de capacidad activa y falta de derecho. Se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo electoral interpuesto contra la Conferencia Episcopal de Costa Rica, cédula jurídica n.° 3-007-061729 y la Federación Alianza Evangélica Costarricense, cédula jurídica n.° 3-002-045963, por la difusión del “Manifiesto conjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Federación Alianza Evangélica Costarricense” durante la “Jornada de oración por Costa Rica” celebrada el 18 de enero de 2018 y se les ordena que, en lo sucesivo, se abstengan de acciones como las que dan lugar a la estimación del presente recurso. Se condena a las recurridas al pago de las costas, daños y perjuicios causados, a liquidar en la vía de lo contencioso-administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Dado que se denuncia además una presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Electoral, trasládese copia certificada de este expediente a la Inspección Electoral, a fin de que investigue preliminarmente los hechos denunciados de conformidad con la normativa aplicable. Se desestima la gestión de desobediencia interpuesta en torno a la medida cautelar dispuesta en el auto de las 11:30 horas del 24 de enero de 2018. A fin de examinar la presunta desobediencia a las órdenes giradas por este Tribunal en las resoluciones n.° 3281-E1-2010 y n.° 5318-E1-2010, trasládese copia certificada de este legajo al expediente correspondiente. Notifíquese al recurrente y a los recurridos.
Zetty María Bou Valverde Luis Diego Brenes Villalobos
Exp. n.º 038-2018
Víctor Alonso Vargas Sibaja
C/ Conferencia Episcopal de CR y la Federación Alianza Evangélica Costarricense

References: resolución 
 resolución 
 artículo 136
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 artículo 227
 resolución 
 artículo 28
 artículo 225
 artículo 2
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 artículo 28
 artículo 28
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 artículo 28
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 artículo 136
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