Source: http://espanito.com/n-del-presidente-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humano-v3.html
Timestamp: 2019-03-24 02:30:12+00:00

Document:
CASO nORÍN CATRIMÁN Y OTROS (Lonkos, dirigentes y activistas
del pueblo indígena Mapuche) VS. cHILE
1. El escrito de sometimiento del caso contra el Estado de Chile presentado el 7 de agosto de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), mediante el cual remitió el Informe de Fondo No. 176/10 y sus anexos y ofreció tres peritajes. En esa oportunidad la Comisión indicó los objetos de los tres peritajes y los nombres de dos de ellos. Respecto del tercer perito ofrecido la Comisión indicó que su nombre “ser[ía] informado a la brevedad”.
2. La nota de la Secretaría de la Corte de 21 de septiembre de 2011, mediante la cual remitió a la Comisión el “Análisis de los anexos al Informe de Fondo No. 176/10” y le indicó que, a más tardar el 27 de septiembre de 2011, debía identificar al tercer perito propuesto, así como remitir la versión en idioma castellano de la hoja de vida del perito que había sido presentada en inglés.
3. El escrito de la Comisión de 27 de septiembre de 2011, mediante el cual identificó a la tercer persona propuesta como perito y solicitó una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2011 para remitir las hojas de vida en castellano de dos peritos que se habían presentado en inglés, la cual le fue concedida hasta el 3 octubre de 2011.
4. El escrito de la Comisión de 30 de septiembre de 2011, mediante el cual remitió las hojas de vida en castellano de dos de los peritos propuestos.
5. En el presente caso los representantes de las ocho presuntas víctimas no llegaron a un acuerdo sobre la designación de un interviniente común. Al respecto, la Corte autorizó la designación de más de un interviniente común, en aplicación del artículo 25.2 de su Reglamento (en adelante “Reglamento de la Corte” o “Reglamento del Tribunal”)1. Los representantes comunicaron que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (en adelante la “FIDH”) actuarían como intervinientes comunes en representación de todas las presuntas víctimas. Después de ello, el 31 de octubre de 2011 se notificó el sometimiento del caso a dichos intervinientes comunes. El día antes de que venciera el plazo improrrogable de dos meses para que los intervinientes comunes presentaran los escritos de solicitudes y argumentos, la señora Ylenia Hartog presentó una solicitud para participar como tercera interviniente común y para que se le otorgara un nuevo plazo para presentar un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. La Corte Interamericana decidió denegar dichas solicitudes, tomando en cuenta el momento procesal en que fueron presentadas2.
6. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado el 30 de diciembre de 2011 por CEJIL (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos de CEJIL”), interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas, mediante el cual ofreció la declaración de una presunta víctima, dos testimonios y seis peritajes. Asimismo, en dicho escrito presentó la solicitud de la presunta víctima Víctor Ancalaf de asistencia del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana (en adelante el “Fondo de Asistencia de la Corte”).
7. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado el 31 de diciembre de 2011 por la FIDH (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos de la FIDH”), interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas, mediante el cual ofreció la declaración de cinco presuntas víctimas, 37 testimonios y nueve peritajes. Asimismo, la FIDH solicitó que “se autori[c]e que alguno[s] de los testimonios [propuestos] sean recibidos por video conferencia”. La FIDH también presentó la solicitud de las presuntas víctimas Pascual Pichun Paillalao y Florencio Jaime Marileo Saravia de asistencia del Fondo de Asistencia de la Corte.
8. La nota de la Secretaría de la Corte de 23 de enero de 2012, mediante la cual acusó recibo a la FIDH de los anexos a su escrito de solicitudes y argumentos presentados el 19 de enero de 2012. En dicha nota se indicó a la FIDH, inter alia, que, en la lista de anexos había señalado que el anexo 66 consistía en el “Currículum Vitae de Antoine Garapon”, pero que en su lugar fue aportado como anexo el “Currículum Vitae de Eduardo Mella”.
9. El escrito de 30 de enero de 2012, mediante el cual la FIDH se refirió al anexo 66 de su escrito de solicitudes y argumentos (supra Visto 8), indicando que “Antoine Garapon” no será perito en el caso, [sino que] intervendrá a través de un amicus curiae” y que el señor “Eduardo Mella si sería perito”.
10. La Resolución del Presidente de la Corte de 18 de mayo de 2012, mediante la cual declaró procedente las solicitudes de tres presuntas víctimas de acogerse al Fondo de Asistencia Legal (supra Vistos 6 y 7).
11. El escrito de 25 de mayo de 2012, mediante el cual Chile presentó su contestación al sometimiento del caso y observaciones a los escritos de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”)3. El Estado ofreció dos peritajes y cuatro declaraciones testimoniales.
12. El escrito de 6 de junio de 2012, mediante el cual el Estado remitió las hojas de vida de los peritos propuestos.
13. Las notas de la Secretaría de 24 de octubre de 2012, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte y de conformidad con el artículo 46.1 del Reglamento del Tribunal, se solicitó al Estado, los intervinientes comunes de los representantes y la Comisión Interamericana que remitieran, a más tardar el 8 de noviembre de 2012, sus respectivas listas definitivas de declarantes (en adelante “listas definitivas”) y que, por razones de economía procesal y en aplicación del referido artículo, indicaran quiénes podían rendir su declaración o dictámenes periciales ante fedatario público (affidávit) y quiénes consideraban que debían ser llamados a declarar en audiencia pública. Asimismo, en cuanto a la solicitud efectuada por la FIDH en su escrito de solicitudes y argumentos, en el sentido de que “se autori[c]e que alguno[s] de los testimonio[s] sean recibidos por video conferencia” (supra Visto 7), siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte se requirió a la FIDH que en su lista definitiva precisara cuál o cuáles declaraciones solicita que se reciban por medios electrónicos audiovisuales y que explicara la necesidad de utilizar los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.11 del Reglamento del Tribunal.
14. El escrito de 8 de noviembre de 2012, mediante el cual el Estado presentó la lista definitiva de declarantes e indicó que considera que todos los declarantes propuestos deben ser llamados a declarar en audiencia pública, indicando un orden de prelación. Asimismo, el Estado solicitó la sustitución de uno de los peritos ofrecidos en la contestación y presentó el curriculum vitae de la persona propuesta para sustituirlo.
15. El escrito de 8 de noviembre de 2012, mediante el cual la FIDH presentó la lista definitiva de declarantes e indicó quiénes de ellos podrían rendir sus declaraciones o dictámenes periciales ante fedatario público y quiénes durante la audiencia en orden de prioridad. La FIDH también manifestó que “no va[n] a solicitar la declaración por videoconferencia de ningún testigo”.
16. El escrito de 8 de noviembre de 2012, mediante el cual la Comisión Interamericana presentó su lista definitiva de declarantes, en la cual confirmó los tres peritajes anteriormente ofrecidos y solicitó que dos de ellos declaren en audiencia pública y el otro mediante affidávit.
17. El escrito de 8 de noviembre de 2012, mediante el cual CEJIL solicitó una prórroga para presentar la lista definitiva, la cual le fue concedida por el Presidente del Tribunal hasta el 13 de noviembre de 2012.
18. Los escritos presentados los días 9 y 12 de noviembre de 2012 por la abogada Ylenia Hartog, representante de dos de las presuntas víctimas, mediante los cuales solicitó, inter alia, “un plazo razonable a fin de cumplir con la lista definitiva de declarantes”.
19. Las notas de la Secretaría de la Corte de 13 de noviembre de 2012, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte Interamericana, comunicó a la señora Ylenia Hartog, a las partes y a la Comisión, que se otorgó de oficio un plazo adicional a CEJIL hasta el 19 de noviembre de 2012 para que presente la lista definitiva de declarantes propuestos en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de 30 de diciembre de 2011. Al respecto, les indicó que dicho plazo adicional se otorgó con el fin de que la señora Hartog pudiera contar con más tiempo para comunicarse con CEJIL en caso de que aquella requiera canalizar por intermedio de ese interviniente común su posición respecto de la lista definitiva de declarantes. Asimismo, el Presidente recordó lo que fue indicado por la Corte mediante notas de su Secretaría de 20 de febrero de 2012, en el sentido de que “corresponde a los dos intervinientes comunes autorizados a intervenir en este caso facilitar a todos los demás representantes, entre ellos a [la señora Hartog], la información sobre el estado del proceso ante la Corte y recibir y canalizar sus solicitudes, argumentos y pruebas que quieran hacer llegar al Tribunal a través de esos intervinientes comunes”.
20. El escrito de 19 de noviembre de 2012, mediante el cual CEJIL presentó su lista definitiva de declarantes e indicó quiénes de ellos podrían rendir sus declaraciones o dictámenes periciales ante fedatario público y quiénes durante la audiencia en orden de prioridad.
21. La comunicación presentada por CEJIL el 20 de noviembre de 2012 y su anexo, mediante los cuales remitió un escrito suscrito por la señora Ylenia Hartog de fecha 19 de noviembre de 2012. CEJIL indicó que remitía “el documento enviado el […] 20 de noviembre de 2012, por la representante Ylenia Hartog, referido a la lista definitiva de declarantes”. La señora Hartog remitió ese mismo escrito a la Secretaría del Tribunal el 19 de noviembre de 2012 y al día siguiente presentó otro escrito “en alcance y complemento del escrito anteriormente presentado”.
22. Las notas de la Secretaría de la Corte de 5 de diciembre de 2012, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con los artículos 46.2 y 49 del Reglamento del Tribunal, transmitió las listas definitivas (supra Vistos 13 a 16 y 20) a las partes y a la Comisión Interamericana y les informó que las partes contaban con un plazo hasta el 9 de enero de 2013 para presentar las observaciones que estimaran pertinentes a dichas listas y a la solicitud de sustitución de un perito planteada por el Estado.
23. Las notas de la Secretaría de la Corte de 5 de diciembre de 2012, mediante las cuales comunicó a las partes, a la Comisión y a la señora Hartog que los referidos escritos suscritos por esta última (supra Visto 22) fueron puestos en conocimiento de la Corte. Al respecto, se hizo notar que, a través de dichos escritos la señora Hartog pretendía, inter alia, presentar su propio “listado de comparecientes” para rendir declaración en audiencia pública y “ante fedatario público o skype”, así como también solicitó que se aceptara la presentación de un “peritaje antropológico audiovisual”. El Tribunal decidió que los ofrecimientos de declaraciones y peritajes realizados por la señora Hartog resultaban inadmisibles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 46.1 de su Reglamento. El Tribunal resaltó que el plazo adicional que fue otorgado a CEJIL para presentar la lista definitiva de declarantes (supra Visto 19) no representaba una oportunidad procesal para que la señora Hartog realizara un ofrecimiento probatorio autónomo al de los intervinientes comunes.
24. El escrito de 9 de enero de 2013, mediante el cual los dos intervinientes comunes (CEJIL y la FIDH) presentaron conjuntamente sus observaciones a las listas definitivas de declarantes, objetaron dos declaraciones ofrecidas por el Estado y realizaron observaciones a la solicitud de sustitución de un perito planteada por el Estado.
25. El escrito de 9 de enero de 2013, mediante el cual Chile manifestó que “no tiene observaciones que formular a las listas definitivas de declarantes”.
26. El escrito de 11 de enero de 2013, mediante el cual la Comisión, después de una prórroga que le fue otorgada por el Presidente del Tribunal, presentó observaciones a la lista definitiva de declarantes del Estado y a su solicitud de sustitución de un perito, indicó que no tiene observaciones que formular a las listas definitivas de los intervinientes comunes de los representantes de las presuntas víctimas y solicitó la oportunidad de formular preguntas a cuatro peritos propuestos por los intervinientes comunes.
27. Los escritos de 31 de marzo y 2 de abril de 2013, mediante los cuales la FIDH informó que falleció la presunta víctima Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y se refirió “al proceso de identificación de quien [lo] podría substituir […] como declarante”, así como también indicó “cambios en la situación de [… las presuntas víctimas] Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia y de Juan Ciriaco Millacheo Licán”, quienes habían sido propuestos como declarantes por la FIDH (supra Vistos 7 y 15).
28. Las notas de la Secretaría de la Corte de 5 de abril de 2013, mediante las cuales comunicó a las partes y a la Comisión que los referidos escritos de la FIDH (supra Visto 27) fueron puestos en conocimiento del Presidente del Tribunal, quien decidió otorgar un plazo hasta el 12 de abril de 2013 para que la FIDH presentara determinada información respecto de la solicitud de sustitución de la declaración de la presunta víctima Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y sobre la modalidad de rendir las declaraciones de las presuntas víctimas Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia y Juan Ciriaco Millacheo Licán.
29. El escrito de 14 de abril de 2013, mediante el cual la FIDH, después de una prórroga que le fue otorgada por el Presidente de la Corte, respondió al pedido de información efectuado por el Presidente el 5 de abril de 2013 (supra Visto 28) y solicitó que la audiencia pública del presente caso se realice en el período de sesiones del Tribunal que inicia en agosto de 2013.
30. Las notas de la Secretaría de la Corte de 15 de abril de 2013, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, comunicó que se otorgaba un plazo hasta el 18 de abril de 2013 para que las partes y la Comisión Interamericana remitieran las observaciones que estimaran pertinentes a los escritos presentados por la FIDH los días 31 de marzo y 2 y 14 de abril de 2013 (supra Vistos 27 a 29).
31. Los escritos de 16 y 18 de abril de 2013, mediante los cuales la Comisión Interamericana, CEJIL y el Estado presentaron sus observaciones a los escritos de la FIDH de 31 de marzo y 2 y 14 de abril de 2013 (supra Vistos 27 a 30).
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos se encuentran regulados, inter alia, en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 49, 50, 57 y 58 del Reglamento del Tribunal.
La Comisión ofreció como prueba tres dictámenes periciales (supra Vistos 1 y 16). La FIDH ofreció la declaración de seis presuntas víctimas, 36 declaraciones testimoniales4 y nueve peritajes (supra Visto 7). Posteriormente, la FIDH desistió expresamente de uno de los peritajes (supra Visto 8). En su lista definitiva de declarantes confirmó las declaraciones de cinco presuntas víctimas, 28 declaraciones testimoniales y ocho peritajes (supra Visto 15). Con posterioridad, la FIDH solicitó la sustitución de la declaración de una presunta víctima, así como que la audiencia pública del presente caso se realice en el período de sesiones del Tribunal que inicia en agosto de 2013 (supra Vistos 27 y 29). CEJIL ofreció la declaración de una presunta víctima, dos declaraciones testimoniales y seis peritajes, todas las cuales fueron confirmadas en su lista definitiva de declarantes (supra Vistos 6 y 20). Por su parte, en su escrito de contestación el Estado ofreció cuatro testimonios y dos peritajes, pero en su lista definitiva de declarantes sólo confirmó las declaraciones de dos testigos y un perito y presentó una solicitud de sustitución del perito propuesto (supra Vistos 11 y 14).
La Corte garantizó a las partes el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios realizados por cada uno de ellos en los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos y de contestación, así como en sus listas definitivas (supra Visto 22).
4. Los dos intervinientes comunes (CEJIL y la FIDH) objetaron las dos declaraciones testimoniales ofrecidas por el Estado y realizaron observaciones a la solicitud de sustitución de un perito planteada por el Estado. Por su parte, Chile manifestó que no tenía observaciones que formular a las listas definitivas de declarantes. La Comisión Interamericana manifestó que no tenía observaciones que formular a las listas definitivas de los intervinientes comunes y se refirió a la solicitud del Estado de sustitución de un perito.
5. El Presidente toma nota que en el escrito de solicitudes y argumentos la FIDH ofreció la declaración pericial de Antoine Garapon, pero posteriormente desistió expresamente de dicho ofrecimiento. Además, en su lista definitiva de declarantes la FIDH no confirmó las declaraciones de las siguientes diez personas que había propuesto en su escrito de solicitudes y argumentos: Aniceto Segundo Norín Catrimán; Elisabeth Catrinao Coilla; Yanet Norín Catrinao; César Norín Catrinao; Miguel Norín Catrinao; Jhon Norín Catrinao; Belén Marileo Millacheo; Calfitai Marileo Millacheo; Ilhuen Marileo Millacheo; y Aliwen Marileo Millacheo. Asimismo, en su escrito de contestación el Estado ofreció las declaraciones testimoniales de Raúl Tavolari Oliveros y Cristián Riego, así como el dictamen pericial de Orlando Poblete Iturrate, pero en su lista definitiva de declarantes no confirmó dichos ofrecimientos. Esta Presidencia reitera que, de acuerdo al artículo 46.1 del Reglamento, el momento procesal oportuno para que los intervinientes comunes de los representantes y el Estado confirmen o desistan del ofrecimiento de declaraciones realizadas en el escrito de solicitudes y argumentos es en la lista definitiva solicitada por el Tribunal. Por ello, se entiende que al no confirmar dichas declaraciones en sus listas definitivas, la FIDH y el Estado desistieron tácitamente de las mismas5.
6. En cuanto a las declaraciones de presuntas víctimas y testimoniales ofrecidas por la FIDH y por CEJIL, las cuales no fueron objetadas ni planteada sustitución alguna al respecto, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el Presidente admite las declaraciones de las siguientes tres personas propuestas por CEJIL: Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Karina del Carmen Prado y Matías Ancalaf Prado; así como las declaraciones de las siguientes 31 personas propuestas por la FIDH: Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Carlos Huenulao6, Flora Cullonao, Juan Pichún Collonao, Carlos Pichún Collonao, Rafael Pichún Collonao, Pascual Pichún Collonao, Claudia Espinoza Gallardo, Soledad Angélica Millacheo Licán, Lorenza Saravia Tripaillan, José Necul Cariqueo, Freddy Marileo Marileo, Jovelina Ñanco Marileo, Juan Julio Millacheo Ñanco, Margarita Ester Millacheo Ñanco, Patricia Raquel Millacheo Ñanco, Cristina Rosalía Millacheo Ñanco, Luis Hernán Millacheo Ñanco, José Pedro Millacheo Ñanco, Gloria Isabel Millacheo Ñanco, Belén Catalina Huenchunao Reinao, Juan Lorenzo Huenchunao Santi, Zulema Marta Mariñán Millahual, Mercedes Huenchunao Mariñán, Pablo Ortega Manosalva, Luis Jorge Piñeras, P. José Fernando Díaz Fernández y Sandra Jelves Mella. El objeto de estas declaraciones y la modalidad en que serán recibidas se determinan en la parte pertinente de esta Resolución (infra Considerandos 42 a 54 y puntos resolutivos 1 y 5).
7. En cuanto a las declaraciones periciales ofrecidas por la FIDH y por CEJIL, las cuales no fueron objetadas, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el Presidente admite las declaraciones periciales de las siguientes seis personas propuestas por la FIDH: Fabien Le Bonniec, Federico Andreu, Raul David Sohr Biss, Eduardo Mella Seguel, Carlos Eduardo del Valle, y Rodolfo Stavenhagen7; admite las declaraciones periciales de las siguientes cuatro personas ofrecidas por CEJIL: Manuel Cancio Meliá, Claudio Fierro, Mauricio Duce y Jorge Contesse; y admite las declaraciones periciales de las siguientes dos personas ofrecidas tanto por la FIDH como por CEJIL: Ruth Vargas y Martin Scheinin. El Presidente hace notar que los peritajes de los señores Rodolfo Stavenhagen y Martin Scheinin también fueron ofrecidos por la Comisión Interamericana, respecto de lo cual esta Presidencia se pronunciará posteriormente (infra Considerandos 26 a 35). El objeto de estas declaraciones y la modalidad en que serán recibidas se determinan en la parte resolutiva de esta decisión (infra puntos resolutivos 1 y 5).
8. A continuación se examinarán los siguientes asuntos sobre los cuales existe controversia o alguna solicitud o cuestión particular que resolver: a) la solicitud de la FIDH de que la audiencia pública del presente caso se realice en el período de sesiones del Tribunal que inicia en agosto de 2013; b) la solicitud de la FIDH de sustitución de la declaración de una presunta víctima propuesta para audiencia pública; c) la solicitud de sustitución de un perito ofrecido por el Estado; d) las objeciones de los intervinientes comunes a las dos declaraciones testimoniales ofrecidas por el Estado; e) la admisibilidad de los dictámenes periciales ofrecidos por la Comisión Interamericana; f) la solicitud de la Comisión para formular preguntas a cuatro peritos ofrecidos por los intervinientes comunes de los representantes; g) la citación de oficio a dos presuntas víctimas para rendir declaración ante fedatario público (affidávit); h) la modalidad de las declaraciones y dictámenes periciales por recibir; i) la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ante la Corte; y j) los alegatos y observaciones finales orales y escritos.
Solicitud de la FIDH de que la audiencia pública del presente caso se realice en el período de sesiones del Tribunal que inicia en agosto de 2013
9. La presunta víctima Florencio Jaime Marileo Saravia fue propuesta por la FIDH para rendir declaración en audiencia pública. Con posterioridad a la presentación de la lista definitiva de declarantes, el 31 de marzo de 2013 y el 14 de abril de 2013, la FIDH informó que el señor Jaime Marileo fue privado de su libertad en ejecución de una medida preventiva respecto de un proceso penal que no es objeto del presente caso ante la Corte (supra Vistos 27 y 29). La FIDH expresó que resulta muy importante que dicha presunta víctima rinda declaración en audiencia pública y por tal motivo solicitó que la audiencia de este caso se realice “en agosto/septiembre, con el fin de ampliar la probabilidad que [en esa época] se encuentre en libertad”, ya que su defensor “está solicitando nuevamente una audiencia acerca de la prisión preventiva[,] oportunidad en la que podría lograrse su liberación”.
10. En sus observaciones al escrito de la FIDH (supra Visto 31), la Comisión Interamericana no se refirió específicamente a la solicitud de la FIDH de que la audiencia se realice en agosto de 2013, pero indicó en forma general que “[e]n cuanto a los demás temas planteados por [la FIDH], […] considera que los mismos deben ser valorados tomando en cuenta la importancia de asegurar una participación adecuada por parte de las [presuntas] víctimas en el proceso”. En sus observaciones (supra Visto 31) CEJIL también solicitó postergar la audiencia, considerando que, después del fallecimiento de Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y ante la detención de Florencio Jaime Marileo Saravia, la única víctima que podrá rendir su declaración ante la Corte es Victor Manuel Ancalaf Llaupe. CEJIL considera que ello “genera un escenario difícil cuanto más frustrante para el conjunto de las víctimas y sus familiares”. Al respecto, CEJIL solicitó que se “aplace la realización de la audiencia pública del caso para el siguiente periodo ordinario de sesiones, es decir, entre los meses de agosto y septiembre [del 2013]”, ya que “de acuerdo con la información aportada por la FIDH existe una posibilidad factible y sustantiva de que el señor Jaime Marileo […] se encuentre en libertad” para esa época y por la importancia que tiene para aquellas la declaración de manera presencial en la audiencia pública “por el significado que reviste en su proceso de reparación individual y colectivo, y por la importancia que tiene dicha declaración en virtud del principio de la inmediatez de la prueba”. Por su parte, en sus observaciones (supra Visto 31) el Estado no se refirió a la referida solicitud de que la audiencia se realice en agosto de 2013, pero sí se refirió a la solicitud de que la presunta víctima Jaime Marileo Saravia rinda declaración por medios audiovisuales en caso de que continuara privado de su libertad (infra Considerando 45).
11. Esta Presidencia solicitó a la FIDH que aclarara si, independientemente de la situación jurídica de privación de libertad del señor Florencio Jaime Marileo Saravia, su declaración se podría recibir “haciendo uso de medios electrónicos audiovisuales” o si se podría rendir ante fedatario público (supra Visto 28). Al respecto, la FIDH se refirió a la necesidad de que se rinda en audiencia pública e indicó que, si en el momento de la audiencia Jaime Marileo se encontrare todavía en prisión preventiva, solicita que su declaración se reciba “haciendo uso de medios electrónicos audiovisuales” (supra Visto 29).
12. El presente caso se encuentran listo para la apertura de la etapa oral del proceso, siendo que se han recibido los escritos principales, las listas definitivas de declarantes y sus observaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 a 49 del Reglamento del Tribunal.
13. Esta Presidencia coincide con los intervinientes comunes en resaltar la importancia de que el Tribunal escuche en audiencia pública a las presuntas víctimas, siempre y cuando la declaración directa resulte verdaderamente indispensable, tomando en consideración las circunstancias del caso. Sin embargo, tanto la FIDH como CEJIL desconocen si para agosto de 2013 la presunta víctima Florencio Jaime Marileo Saravia se encontrará en prisión preventiva. Esta Presidencia hace notar que no es posible prever con certeza que para agosto de 2013 el señor Marileo Saravia no se encuentre sujeto a alguna medida restrictiva de sus libertades que le impida comparecer en audiencia pública ante esta Corte. Esta Presidencia estima que no existen motivos suficientes para aplazar la convocatoria a audiencia y resolver sobre la prueba propuesta, según lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento del Tribunal.

References: artículo 25
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 51
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 50