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Timestamp: 2017-03-28 21:31:22+00:00

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Tipo 2 – Recursos transparentes
Date: febrero 21, 2017Author: recursostransparentesrt 0 Comentarios	ARGENTINA
Uso irregular de recursos públicos
En junio de 2016, se hizo público un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el cual se señaló a Ricardo Echegaray, ex Administrador del organismo, como creador de “una oficina especial para observar a ‘contribuyentes no sujetos a inspección’ y utilizar esa información con fines políticos. Se montó una suerte de ‘fábrica de dossiers’ que apuntó sus mayores esfuerzos a buscar datos que pudieran desestabilizar a Macri durante la campaña electoral del 2015.”
En este caso, en el cual el protagonista es un ex funcionario de un Organismo Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
· La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
· La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.
· El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.
Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.
Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.
Infobae; Diario Hoy; Clarín
En mayo del 2016, Poder Ciudadano presentó una denuncia por irregularidades en un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. Según la documentación aportada por un testigo de identidad reservada, en el marco del Plan “Argentina Trabaja” se habrían emitido cheques por $19.000.000 para el pago de consultores de dicha Universidad. Sin embargo, esos consultores nunca habrían desempeñado tareas para el Ministerio, para la UTN o para “Argentina Trabaja”.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini.
En este caso, en el cual los protagonistas son instituciones del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
Poder Ciudadano; Clarín; Infobae; Télam
En mayo de 2016, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, luego de retomar una serie de denuncias que habían sido previamente desestimadas por la Legislatura, hizo público que se encontraba investigando a 88 funcionarios por el desfalco de casi u$s70 mil millones al Estado nacional.
· Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.
· Contraloría General de la República: la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.
· Aplicación DILO AQUÍ: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.
Transparencia Venezuela; El Nacional; El Universal; Globovisión
Uso injustificado de recursos públicos/gastos ostentosos
En junio de 2016, el fiscal Eduardo Taiano imputó a Santiago Rodríguez, ex Interventor de Fabricaciones Militares y a su pareja, Bárbara María Grané, por defraudación y gastos exorbitantes.
Según investiga la Justicia, Rodríguez habría contratado a una gran cantidad de empleados públicos sin justificación aparente, comprado objetos a precios elevados y pagado viajes al exterior para fines privados, entre otros.
En este caso, en el cual los protagonistas son funcionarios del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
TN; Clarín; La Nación
En julio de 2012, el Presidente Rafael Correa anunció que no enviaría más publicidad oficial a los medios de comunicación “mercantilistas”, sin que exista disposición legal para ello.
Denunciar estos hechos ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para que inicie un proceso de investigación por el delito de abuso de facultades, sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, según el artículo 294 del Código Orgánico Integral Penal.
El Potosí; El Universal; Clarín
Mauricio Macri presentó en mayo de 2016, el informe “El Estado del Estado” al Congreso Nacional. En él se detalla cómo en tres sociedades del Estado -la Administración de Infraestructura Ferroviarias (ADIF), la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística (BGYL)- se utilizaron indebidamente los recursos públicos. Entre ellos, se verificó poco control sobre los gastos, pago de sueldos a personal que no se presentaba a trabajar, desaparición de equipamiento costoso, obras paralizadas por atrasos en los pagos, entrega de combustible a personas ajenas a las empresas, oficinas en mal estado, duplicación de compras de repuestos, inauguración de obras sin finalizar, locomotoras de cargas obsoletas y vías totalmente deterioradas por falta de inversión.
En este caso, en el cual los protagonista son instituciones del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
La Política Online; El Estado del Estado
En mayo de 2016, el juez federal Claudio Bonadío abrió una investigación contra la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y defraudación a la Administración Pública. Específicamente, por el caso conocido mediáticamente como “dólar futuro”, situación que provocó una importante pérdida de dinero para Estado Argentino.
En este caso, en el cual el protagonista es un ex funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
Infobae; América TV; Perfil; La Nación
En mayo de 2016, Álex Bravo, ex Gerente de Petroecuador (empresa estatal) fue apresado por ser señalado por tráfico de influencias. Según la investigación habría facilitado contratos de la petrolera a empresas en las que trabajaban familiares suyos.
Continuar con la investigación en contra de Álex Bravo, por el delito de tráfico de influencias, sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal. Contribuir con la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública con cualquier información que pueda ser de ayuda, difundir información a la ciudadanía a través de redes sociales e iniciativas ciudadanas.
El Comercio; El Universo; Ecuavisa
Uso irregular de recursos públicos/licitaciones orientadas
En noviembre de 2016, el juez federal Sebastián Ramos abrió una investigación por la adjudicación de la obra del soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento, tras una denuncia realizada por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia señala al gobierno de Mauricio Macri como responsable de favorecer intencionalmente al consorcio de empresas que integra IECSA (propiedad de Angelo Calcaterra, primo del Presidente) en la adjudicación de la obra de soterramiento del ferrocarril.
En este caso, en el cual el protagonista es un funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
Página12 1; Página12 2; Perfil; La Nación
En noviembre de 2016, el fiscal federal Eduardo Taiano abrió una investigación sobre ex funcionarios del Ministerio de Salud y directivos de Universidades nacionales que participaron del programa “Argentina Sonríe” por presuntas irregularidades como “pagos de sobreprecios o de insumos de baja calidad y supuesto desvío de fondos.”
En este caso, en el cual los protagonistas son instituciones y funcionarios del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
Clarín; La Capital; Diario Hoy
Uso irregular de recursos públicos / Desvío de fondos públicos
En septiembre de 2016, se encontraba avanzada la causa que investiga al intendente de San Isidro, Gustavo Posse y a otros funcionarios, por el presunto desvío de fondos en el marco del Plan Federal de Viviendas.
En este caso, que el protagonista es un funcionario Municipal, pero a su vez se encuentran afectados recursos del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
· El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
· El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal y Provincial de la jurisdicción que corresponda.
Ámbito Financiero; Infobae; La Política Online
Uso irregular de recursos públicos / Licitaciones orientadas
En octubre de 2016, el programa de televisión “Periodismo para Todos” hizo pública una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, en la cual se acusa al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de gastar U$D 14.000.000 para la compra de equipo audiovisual, a través de una licitación direccionada.
En este caso en el cual el protagonista del uso indebido de recursos es un funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
La Nación; Infobae; Todo Noticias
En marzo de 2016 se dio inicio a una investigación por una presunta red de corrupción que involucraba a la empresa estatal Petroecuador. Producto de las investigaciones se iniciaron 16 procesos, entre ellos por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, peculado y perjurio. De los más de 80 investigados hay 24 personas que se encuentran procesadas en la causa.
Continuar con las investigaciones para sancionar a los implicados de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Contribuir con cualquier información que pueda ser de ayuda, difundir información a la ciudadanía a través de redes sociales e iniciativas ciudadanas.
El Universo; El Comercio; La Hora
En diciembre de 2016 se reimpulsó una investigación iniciada tras una denuncia del concejal del FIT, Federico Telera contra ex funcionarios de Guaymallén, Provincia de Mendoza. La Justicia los investiga por presunta malversación de fondos, fraude y enriquecimiento ilícito. En principio los investigados deberán devolver casi $750.000, por no haber podido demostrar el alquiler de camiones y maquinarias.
En este caso en el cual los protagonistas son ex funcionarios de un Municipio de la Provincia de Mendoza, habrá que acudir a las instituciones provinciales, las cuales pueden variar dependiendo de cada provincia. En este caso:
· Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza.
Además siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Provincial.
UNO; Los Andes; MDZOnline
Uso injustificado de recursos públicos
En diciembre de 2016, en el marco de una investigación por peculado, la Policía Nacional allanó la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para recabar información, sede Portoviejo. La justicia indaga el posible peculado por más de un millón de dólares en ese ministerio.
El Universo; Ministerio del Interior; Ecuador Times
Uso irresponsable de recursos públicos / Sobreprecios
En mayo de 2016, al asumir el nuevo Director del Sistema Federal de Medios y Contenidos Púbicos, Hernán Lombardi, realizó una auditoría en el Centro Cultural Kirchner. Una vez obtenidos los resultados denunció ante los medios de comunicación que se pagaron sobreprecios de hasta el 450% en la contratación de equipamiento.
En este caso, en el cual el protagonista son instituciones del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
Infobae; Nexofin; La Razón; Clarín
En octubre de 2016, el ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue procesado por haber pagado sobreprecios por la compra de trenes usados de España y Portugal, en el marco del Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional.
La Nación; Infobae; Clarín
En agosto de 2016, el ex Intendente de Merlo, Raúl Othacehé, fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal por Gustavo Menéndez y Gustavo Vera por “presunto enriquecimiento ilícito, fraude y lavado de dinero.” Según publicaron numerosos portales de noticias, el ex Intendente habría recibido grandes cantidades de dinero público para financiar la construcción de 700 viviendas en Merlo, pero dichas viviendas nunca fueron finalizadas.
En este caso, que el protagonista es un ex funcionario Municipal pero a su vez se encuentran afectados Recursos del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:
· El Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Clarín; Perfil; La Nación
En septiembre de 2016, el ex Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue procesado por el juez federal Sergio Torres por la compra de 19 autos de lujo, cuando se encontraba al frente del Ministerio de Economía. Según medios de comunicación, la Justicia pudo comprobar que se saltearon procedimientos legales para la compra de los autos y que se gastaron $2.131.400.
La Nación; Infobae; El Tribuno
En octubre de 2016, el fiscal Federico Delgado imputó al ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y a la actriz Andrea Del Boca por destinar fondos públicos para la grabación de una telenovela que nunca se emitió.
La denuncia realizada por Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, sostuvo que la contratación de la novela se habría realizado de forma directa y que habría costado al Estado Nacional $36.582.468.
Télam; La Nación; Infobae
Uso irregular de recursos públicos – Desvío de fondos públicos
En agosto de 2016, el Concejal Armando Betancourt, señaló a Coromoto Lugo, Alcalde de El Callao, por el incumplimiento de obras, en particular para el suministro de agua. Según señaló el Concejal, el municipio habría recibido partidas presupuestarias para la realización de las obras.
El Correo del Orinoco; Primicia; Correo del Caroní
Uso irregular de recursos públicos – Licitaciones orientadas
En el mes de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora Odebrecht pagó U$D 98.000.000 en sobornos a funcionarios para poder adquirir o mantener contratos de obras públicas con los cuales la compañía ganó U$D 361.000.000, situación que ocurrió entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Entre las obras emblemáticas hechas por la compañía se destaca la construcción en el año 2000 del II Puente sobre el Río Orinoco, llamado Puente Orinoquia, localizado en la ciudad de Puerto Ordaz. Esta es considerada la mayor obra de infraestructura que se ha edificado en Venezuela.
El Nacional, Runrunes, Globovisión
El 9 de julio de 2016, en rueda de prensa, el Presidente Rafael Correa reconoció que el gobierno cubrió todos los gastos del ex Vicepresidente y candidato presidencial por el movimiento oficialista, Lenín Moreno, en Ginebra, Suiza. Según el Primer Mandatario, estos gastos son equivalentes al mantenimiento de una Embajada. También aseguró que Moreno cumple funciones como Delegado de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas, en representación de los discapacitados.
Iniciar, ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública una investigación por el delito de tráfico de influencias y sancionar a los responsables con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, de acuerdo con el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.
El 12 de abril de 2016, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) emitió la convocatoria para el concurso público que tiene como finalidad adjudicar 1472 concesiones de frecuencia de radio y televisión. Asambleístas de oposición y organizaciones de la sociedad civil han denunciado la falta de transparencia en el proceso, que coincide con la etapa previa a las elecciones 2017, pues ARCOTEL no ha hecho pública la información completa del concurso en su sitio web y ha negado varias solicitudes de acceso a la información sobre el concurso.
Requerir al Defensor del Pueblo que inste a ARCOTEL a hacer pública la información del concurso y sancione a los funcionarios responsables de su difusión, de acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública.
Enriquecimiento ilícito de contratista
El 11 de enero de 2017 el Diario El Universo denunció que Armengol Cevallos Díaz, ex funcionario de Seguridad Industrial de la Refinería, a través de empresas -una propia y otra vinculada- manejó unos $ 110.000.000 del total de $ 129.000.000 que Carlos Pareja Yannuzzelli, ex Gerente de Refinación de la petrolera, contrató con la compañía Tesca Ingeniería del Ecuador S.A. La empresa subcontratista de Armengol Cevallos, Vestsacer S.A, en el 2011 pagó $ 3.670 en impuestos y para el 2015 el monto había subido a $ 482.000.
Remitir la información a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para que inicie un proceso de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito y se sancione a los responsables con 7 a 10 años de pena privativa de la libertad, de acuerdo con el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal.
Uso irresponsable de recursos públicos /Sobreprecios
Mediante oficio de 25 de noviembre de 2016 se estableció el precio final del acueducto de 93 kilómetros que construyó la Constructora Norberto Odebrecht, para la Refinería del Pacífico. El proyecto fue contratado en 2012 por un valor de U$D 168.877.126 pero la liquidación de gastos del proyecto, detallado en un documento de la constructora, estableció que la obra tuvo un costo de U$D 295.524.087.
Remitir la información a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para que inicie las investigaciones correspondientes por el delito de peculado, sancionado con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años, de acuerdo con el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal
El 19 de enero de 2017, el periodista Martín Pallares, del medio digital 4 Pelagatos, denunció que las hermanas de Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, habían firmado importantes contratos con el Estado. Renata Jalkh tiene una empresa que se dedica a la fabricación de ropa y uniformes y ha firmado contratos importantes con instituciones estatales en las que su hermano ocupó los más altos cargos. Específicamente con el Ministerio de Justicia. Sin duda, el contrato (que no aparece en compras públicas al igual que los otros 2) de mayor envergadura, de cerca de $8.000.000, para proveer de ropa a los presos del país.
Lusra Matilde Jalkh Röben en el 2011 hizo una consultoría para la Vicepresidencia titulada “Estrategia de intervención nutricional para personas con discapacidad”. El 24 de abril del 2012 fue nombrada Subsecretaria de Inclusión y Cohesión Social del Ministerio de Inclusión.
Denunciar los hechos ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para iniciar una investigación por el delito de tráfico de influencias, sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.
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References: artículo 294
 artículo 285
 artículo 285
 artículo 13
 artículo 279
 artículo 278
 artículo 285