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Timestamp: 2019-07-20 15:58:22+00:00

Document:
Divorcio - Bulgaria
La legislación búlgara reconoce las siguientes formas de divorcio:
divorcio por consentimiento mutuo con arreglo a los artículos 50 y 51 del Derecho de familia (Semeen kodeks),
divorcio a solicitud de parte fundamentado en la ruptura grave e irreparable del matrimonio con arreglo al articulo 49 del Derecho de familia,
divorcio no contencioso a instancia de las partes, fundamentado en la ruptura grave e irreparable del matrimonio previa presentación de un acuerdo entre los cónyuges con arreglo al artículo 49, apartado 4, del Derecho de familia.
En el caso del divorcio por consentimiento mutuo, ambos cónyuges deben presentar una solicitud conjunta al tribunal de distrito (rayonen sad), con la que aportarán un acuerdo en virtud del artículo 50 del Derecho de familia. En dicho acuerdo, los cónyuges deben resolver asuntos tales como el domicilio de los hijos, el ejercicio de la patria potestad, el derecho de visita y la obligación de alimentos a los hijos, el reparto de bienes, el uso del domicilio familiar, los alimentos entre cónyuges y el apellido familiar. El acuerdo debe ratificarlo el juez previa comprobación de que se vela por los intereses de los menores. Si el juez determina que el acuerdo es deficiente, o que no se protegen de forma adecuada los intereses de los menores, se fijará un plazo para remediar tales vicios. Si no se remedian los vicios en el periodo de tiempo establecido, el juez desestimará la demanda de divorcio.
En el divorcio a solicitud de parte motivada por la ruptura grave e irreparable del matrimonio, la demanda debe interponerla uno de los cónyuges. La demanda la examina el tribunal de distrito (rayonen sad) competente en el lugar de residencia del demandado. El tribunal debe resolver de oficio sobre la existencia de culpa en el deterioro del matrimonio así como sobre el ejercicio de los derechos parentales, el derecho de visita y la obligación de alimentos a los hijos nacidos del matrimonio, el reparto de bienes, la utilización del domicilio familiar, los alimentos entre los cónyuges y el uso del apellido del marido. Estas normas son de aplicación si las partes no han acordado capitulaciones matrimoniales que resuelvan lo anterior en caso de divorcio.
En el divorcio a instancia de los cónyuges, estos pueden declarar que han llegado a un acuerdo relativo al ejercicio de los derechos parentales, el derecho de visita y la obligación de alimentos a los hijos nacidos del matrimonio, el reparto de bienes, la utilización del domicilio familiar, los alimentos entre los cónyuges y el uso del apellido del marido. El juez fallará en caso de contencioso, solo si una o ambas partes lo solicitan de forma expresa, pero tiene la obligación de determinar las causas de la disolución del matrimonio, a saber, la ruptura grave e irreparable.
En el divorcio de mutuo acuerdo:
Para conceder un divorcio de mutuo acuerdo, es requisito indispensable que los cónyuges declaren su compromiso firme e inquebrantable para disolver el matrimonio. El tribunal no examina los motivos que tienen los cónyuges para finalizar el matrimonio.
En el divorcio a instancia de una parte:
El fundamento para conceder un divorcio contencioso es la ruptura grave e irreparable del matrimonio. No existe definición jurídica de «ruptura grave e irreparable del matrimonio». Según la doctrina jurídica y la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo de Casación (Varhoven kasatsionen sad), se produce una ruptura grave e irreparable cuando el matrimonio existe formalmente pero está completamente desprovisto de la sustancia que dictan la moral pública y la Ley. La ruptura grave e irreparable del matrimonio es un estado objetivo que debe establecerse según cada caso. Se admiten para ello toda clase de pruebas, incluido el interrogatorio de testigos. El Derecho no establece requisitos previos ineludibles para la ruptura grave e irreparable del matrimonio. La jurisprudencia alude, en una lista no exhaustiva, al adulterio, a una larga separación de hecho, al alcoholismo y a la adicción a otras sustancias tóxicas, a la crueldad física y mental y al descuido continuado de la familia. El nuevo Derecho de familia ya no exige que el juez emita fallos de oficio sobre las cuestiones relativas a los vicios que ocasionan la ruptura del matrimonio, salvo en los casos en que alguna de las partes, o ambas, hayan solicitado expresamente una sentencia sobre este asunto. No obstante, si no existe acuerdo, el asunto de la culpabilidad será decisivo a la hora de dictar sentencia en asuntos relativos al ejercicio de la patria potestad, el derecho de visitas y obligación de alimentos a los hijos nacidos dentro del matrimonio y la utilización del domicilio familiar.
Tras el divorcio, el juez puede restablecer el apellido prematrimonial de uno los cónyuges.
El nuevo Derecho de familia establece diferentes regímenes económicos entre los contrayentes durante el matrimonio: régimen económico matrimonial legal, régimen legal de separación de bienes y régimen contractual.
1. El régimen económico matrimonial es la propiedad conjunta e indivisible de todos bienes, incluidos los depósitos en efectivo, adquiridos durante el matrimonio. Tales bienes se considerarán propiedad conjunta de ambos cónyuges, a pesar de que la adquisición se haya realizado a nombre de uno de ellos, siempre que la contribución haya sido conjunta. Se entiende por contribución conjunta de los cónyuges la inversión de fondos y trabajo, el cuidado de los niños y las labores domésticas. La contribución conjunta se presume salvo prueba en contrario.
Los bienes personales de cada cónyuge son los bienes adquiridos antes del matrimonio y las herencias y donaciones habidas durante el matrimonio. Los bienes muebles adquiridos por un cónyuge durante el matrimonio para un uso personal normal o el ejercicio de su profesión se consideran bienes personales.
Tras la concesión del divorcio, los bienes matrimoniales se convierten en propiedad normal.
2. Régimen de separación de bienes:
Los derechos adquiridos por cada uno de los cónyuges durante el matrimonio son disfrutados personalmente por ese cónyuge, pero cuando el matrimonio se disuelve por demanda, cada cónyuge tiene derecho a obtener una parte del valor de los derechos adquiridos por el otro cónyuge durante el matrimonio, en la medida en que el cónyuge demandante contribuyera con trabajo, recursos económicos propios, al hacerse cargo de los hijos, en labores domésticas o de otra forma. Los gastos de manutención de la familia correrán a cargo de ambos cónyuges, y estos contraerán responsabilidad compartida de las obligaciones que surjan de las necesidades familiares.
3. Régimen contractual:
En virtud del nuevo Derecho de familia, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo matrimonial, una opción nueva en la legislación búlgara. El contrato matrimonial puede celebrarse antes del matrimonio o durante la relación matrimonial. El acuerdo matrimonial está limitado por las disposiciones relativas al reparto de bienes entre las partes, tales como: los derechos de las partes a los bienes adquiridos durante el matrimonio, los derechos de las partes a los bienes de los que eran propietarios antes del matrimonio, la manera en que se gestionan y enajenan los bienes, incluido el domicilio familiar, la manera de compartir gastos y obligaciones entre las partes, las consecuencias relativas a la propiedad en caso de divorcio, la pensión alimenticia de los cónyuges durante el matrimonio y, en caso de divorcio, la obligación alimenticia con respecto a los hijos nacidos dentro del matrimonio. No se admiten disposiciones que transformen propiedad prematrimonial de una de las partes en propiedad mancomunada. El contrato matrimonial puede no incluir disposiciones testamentarias, salvo en el caso de las participaciones de los cónyuges en los bienes acordados en régimen de gananciales tras la disolución. El régimen matrimonial legal es de aplicación a cualquiera de las relaciones patrimoniales que no sean resueltas en el contrato matrimonial.
Con independencia del régimen elegido por los cónyuges, el régimen general se aplica a la enajenación del domicilio conyugal, lo que quiere decir que, cuando el domicilio conyugal es un bien personal de uno de los cónyuges, el otro cónyuge debe dar su consentimiento para la enajenación, a menos que ambos cónyuges sean propietarios o copropietarios de otra residencia. Si no existe consentimiento, la enajenación puede darse con la autorización del juez pedáneo si se establece que no va en detrimento de los hijos que no han alcanzado la mayoría de edad ni de la familia. Cuando se concede el divorcio, si los cónyuges no pueden residir en el domicilio conyugal por separado, el juez otorgará el uso de la vivienda a uno de ellos en caso de que así lo solicite y necesite una vivienda. Si existen hijos nacidos del matrimonio que no han alcanzado la mayoría de edad, el juez dictaminará de oficio a quién corresponde residir en el domicilio conyugal, que podrá ser, en este caso, el cónyuge a quien se le haya concedido la patria potestad, siempre y cuando ejerza tal derecho.
Tras el divorcio, los ex cónyuges dejan de ser herederos legales mutuos y pierden todos los beneficios otorgados por disposiciones testamentarias. Tras el divorcio, las donaciones de propiedades de valor significativo efectuadas con motivo del matrimonio o durante el mismo por un cónyuge o sus parientes próximos al otro cónyuge pueden revocarse, a menos que ello contravenga la moral pública. La solicitud para revocar un don puede presentarse en el plazo máximo de un año después de la sentencia de divorcio.
El régimen matrimonial legal se aplica cuando los contrayentes no han elegido un régimen económico para sus relaciones patrimoniales o si son menores o personas con capacidad jurídica limitada. El régimen económico matrimonial se inscribe en el Registro Civil, y puede modificarse durante el matrimonio. La modificación se anota en el acta del matrimonio civil y en el Registro. Los contratos matrimoniales y el régimen matrimonial legal de aplicación se inscriben en un registro electrónico central en la agencia del Registro. El Registro es de acceso público. Cuando uno o ambos cónyuges llevan a cabo una transacción con un tercero donde no hay un régimen matrimonial inscrito en el Registro, se aplicará el régimen económico matrimonial legal.
El término legal aceptado en Bulgaria es «ejercicio de derechos parentales».
En la resolución por la que pronuncia el divorcio y se disuelve el matrimonio, el tribunal debe resolver sobre las materias que afecten al ejercicio de los derechos parentales, al derecho de visita y a la obligación de alimentos s los niños nacidos dentro del matrimonio y a la utilización del domicilio familiar. Para ello, tendrá en cuenta los intereses de los hijos. El tribunal decide cuál de los cónyuges ejercerá los derechos parentales y dispone medidas relativas al ejercicio de dichos derechos, la comunicación entre hijos y progenitores y la obligación de alimentos a los niños. A la hora de determinar qué cónyuge va a ejercer los derechos parentales, el tribunal sopesa todas las circunstancias atendiendo a los intereses de los hijos, escuchando la opinión de los progenitores y la de los niños, si estos son mayores de diez años.
Con arreglo al artículo 83 del Derecho de familia, solo se concede pensión alimenticia a un cónyuge cuando no tiene culpa en el divorcio. La pensión se pagará durante un máximo de tres años después de finalizado el matrimonio, a menos que las partes convengan un plazo superior. El juez puede prorrogar este periodo de tiempo si el cónyuge que recibe la pensión alimenticia sufre dificultades gravosas y el otro cónyuge puede pagar la pensión sin dificultades. El derecho a pensión alimenticia de un ex cónyuge finaliza cuando vuelve a contraer matrimonio. En la práctica, raros son los casos en que a los ex cónyuges se les concede o se les ordena pagar pensión alimenticia.
El concepto de separación legal no existe en la legislación búlgara actual.
En la jurisprudencia, la «separación de hecho» indica simplemente que los cónyuges no viven juntos ni comparten domicilio. No tiene el mismo significado que «separación legal».
Véase el apartado 4.
La anulación es uno de los medios de que dispone la legislación búlgara para dar fin a un matrimonio. El matrimonio nulo tiene todas las consecuencias jurídicas de un matrimonio válido antes de ser finalizado por procedimiento judicial. El matrimonio solo puede ser anulado por procedimiento judicial: la nulidad del matrimonio no puede invocarse hasta que la resuelva el tribunal.
Para que se anule un matrimonio, uno de los cónyuges deberá:
ser menor de dieciocho años de edad cuando se celebró el matrimonio,
estar casado/a con otra persona,
haber sido declarado jurídicamente incapacitado o padecer una enfermedad o discapacidad mental que motiven su declaración de incapacidad jurídica,
padecer una enfermedad que suponga un peligro grave para la vida y la salud de los hijos o del otro cónyuge, a menos que dicha enfermedad solamente sea peligrosa para el otro cónyuge y que este tenga conocimiento de ello,
ser ascendiente o descendiente directo del otro cónyuge,
ser hermano o hermana, sobrino, sobrina u otro pariente colateral hasta el cuarto grado, incluido el otro cónyuge,
ser padre adoptivo o hijo adoptado del otro cónyuge,
haber sido coaccionado para celebrar el matrimonio recibiendo amenazas de peligro grave e inminente para su vida, salud o reputación o para la de su familia.
En función de la causa de nulidad, la demanda de anulación puede presentarla el cónyuge afectado por dicha causa; pueden presentarla asimismo el fiscal, el cónyuge del primer matrimonio o el fiscal y el cónyuge. El artículo 97 del Derecho de familia enumera explícita y exhaustivamente la lista de las personas con capacidad para interponer un recurso de nulidad y los plazos legales para hacerlo.
Los efectos de la nulidad del matrimonio son idénticos a los del divorcio en lo que se refiere a las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges, así como a las relaciones entre estos y sus hijos. Para la nulidad de matrimonio, la mala fe equivale a la culpa en caso de divorcio. Los hijos concebidos o nacidos durante el matrimonio anulado se consideran nacidos dentro del matrimonio y disfrutan de la presunción de paternidad.
El único modo de finalizar un matrimonio mediante divorcio es presentando una demanda o solicitud ante un tribunal.
Si las partes optan por la mediación, el caso se considera cerrado.
En tanto que tribunal de primera instancia, un tribunal de distrito (rayonen sad) tiene competencia natural en las demandas de divorcio contencioso y en las demandas de anulación. Dicho tribunal dirime igualmente las demandas de divorcio por acuerdo mutuo. Las demandas deben presentarse en el tribunal del lugar de residencia de la parte demandada. El tribunal no está obligado de oficio a verificar su propia competencia, pero si la parte demandada lo recusa dentro del plazo permitido para la respuesta, el tribunal deberá remitir el caso al tribunal competente.
La sentencia en rebeldía no es posible en materia matrimonial.
Las partes pueden obtener asistencia jurídica en los términos normales de la asistencia jurídica. Estos términos están previstos en la Ley de asistencia jurídica (Zakon za pravnata pomosht).
La decisión por la que se concede divorcio por mutuo acuerdo no admite recurso.
Al recibir la notificación de una sentencia relativa a una demanda de nulidad o de divorcio, la parte dispone de dos semanas para interponer un recurso ante la audiencia provincial. La resolución sobre divorcio se hará efectiva incluso en caso de que se haya interpuesto un recurso contra la parte en relación a la culpa.
En estos casos se aplica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 según establece el articulo 621 del Código Civil (Grazhdanski protsesualen kodeks). El tribunal competente es la audiencia provincial con jurisdicción en el lugar en que la parte contraria tiene su residencia permanente, pero si dicha parte careciera de residencia permanente en el territorio de la República de Bulgaria, será competente el tribunal del lugar de residencia de la parte interesada, y si la parte interesada careciera de residencia en Bulgaria, será competente el Tribunal de la Ciudad de Sofía (Sofiyski Gradski Sad).
En estos casos se aplica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 según establecen los artículos 622 y 623 del Código Civil.
La parte contraria al reconocimiento de la decisión puede interponer un recurso contra la orden de reconocimiento o, cuando proceda, la orden que otorga la ejecución de la decisión. La orden es recurrible para su examen en apelación por parte del Tribunal de Apelación de Sofia (ofiyski apelativen sad), cuya decisión a su vez está sujeta a un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Casación.
La legislación aplicable en la anulación del matrimonio es la del lugar en el que se contrajo.
Las relaciones personales entre cónyuges están reguladas por su legislación nacional común. Si son de nacionalidades diferentes, sus relaciones se rigen por la legislación del Estado en que tengan su residencia común habitual. A falta de esta, sus relaciones estarán reguladas por la legislación del Estado en que ambos cónyuges tengan lazos más estrechos.
Las relaciones patrimoniales entre cónyuges están reguladas por la legislación aplicable a sus relaciones personales.
El divorcio entre cónyuges de una misma nacionalidad extranjera está regulado por la legislación del Estado del que sean nacionales en el momento de interponer la demanda de divorcio. El divorcio entre cónyuges de diferente nacionalidad está regulado por la legislación del Estado en que tenían su residencia común habitual en el momento de interponer la demanda de divorcio. Si los cónyuges carecieran de residencia común habitual, se aplicará la legislación búlgara.

References: artículo 49
 artículo 50
 resolución 
 artículo 83
 artículo 97
 resolución