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Timestamp: 2018-07-21 19:22:40+00:00

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Una empresa vinculada con otra por relación paternofilial de los administradores es responsable solidario según el art. 42.2 a) de la DGT ante un impago de IVA. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) núm. 1141/2017 de 27 junio 2017 - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Una empresa vinculada con otra por relación paternofilial de los administradores es responsable solidario según el art. 42.2 a) de la DGT ante un impago de IVA.
STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) núm. 1141/2017 de 27 junio 2017
JUR\2017\176619
Recurso de Casación 433/2016
Ponente: Excmo Sr. JOSE DIAZ DELGADO
En Madrid, a 27 de junio de 2017
Esta Sala ha visto el presente recurso de casación núm. 433/2016, interpuesto por interpuesto por la entidad INMOTAVER S.L. , representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Rosa Vidal Gil, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 16 de noviembre de 2015 , recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 270/2014 , interpuesto por la entidad INMOTAVER S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Rosa Vidal Gil, con asistencia letrada, contra la Resolución adoptada con fecha 27 de marzo de 2014 por el Tribunal Económico-Administrativo Central Sala Tercera, Vocalía Undécima. R. G. 88-12, por la cual se desestima la reclamación económica administrativa interpuesta contra el acuerdo adoptado por el Coordinador de Equipos Regionales de Recaudación de la Delegación Especial de Valencia de la AEAT, de fecha 8 de noviembre de 2011, por el cual se declara la responsabilidad solidaria de la entidad recurrente en las deudas tributarias de la empresa PRODAEMI S.L. en base a lo dispuesto en el artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003 , por un importe de 909.838,38 €. Ha comparecido la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Diaz Delgado
La sentencia impugnada en su parte dispositiva sostiene lo siguiente:
« 1.- Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto núm. 270/2014, interpuesto por la entidad IINMOTAVER S.L . , representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Rosa Vidal Gil, con asistencia letrada, contra la Resolución adoptada con fecha 27 de marzo de 2014 por el Tribunal Económico- Administrativo Central Sala Tercera, Vocalía Undécima. R. G. 88-12, por la cual se desestima la reclamación económica administrativa interpuesta contra el acuerdo adoptado por el Coordinador de Equipos Regionales de Recaudación de la Delegación Especial de Valencia de la AEAT, de fecha 8 de noviembre de 2011, por el cual de declaración la responsabilidad solidaria de la entidad recurrente en las deudas tributarias de la empresa PRODAEMI S.L. en base a lo dispuesto en el artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003 , por un importe de 909.838,38 €.
2.- Se hace expresa imposición al pago de las costas causadas en esta instancia a la parte recurrente».
Contra la referida sentencia, la entidad INMOTAVER S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Rosa Vidal Gil preparó recurso de casación y, tras ser tenido por preparado, lo interpuso suplicando se dicte Sentencia estimatoria y en consecuencia case y anule la Sentencia innumerada de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional de 16 de noviembre de 2015 , en cuyo fallo se resuelve desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de mi mandante contra la Resolución de 27 de marzo de 2014 del Tribunal Económico Administrativo Central por la que se desestimó la reclamación entablada contra la decisión datada del 8 de noviembre de 2011 por la que la Dependencia Regional de Recaudación de Valencia vino a declarar responsable solidario a INMOTAVER S.L., por importe de 909.838,38€ en base al art. 42.2 a) de la Ley General Tributaria por deudas de la entidad PRODAEMI S.L., dictando otra sentencia de contrario y superior imperio en la que se declare haber lugar al recurso contencioso-administrativo referido y con todos los pronunciamientos favorables.
Tras ser inadmitidos por la Sala los motivos sexto y séptimo , y conferido traslado se formalizó la oposición al Recurso de Casación formulado por el Abogado del Estado suplicando no ha lugar al recurso.
Para el acto de votación y fallo se señaló la audiencia del día 13 de junio de 2017, en cuya fecha tuvo lugar la referida actuación procesal.
Premisa fáctica de la sentencia recurrida.
En su fundamento jurídico segundo sostiene lo siguiente:
« El Acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2011 declarando la responsabilidad solidaria de la actora, desestima la reclamación en base a considerar concurren los requisitos exigidos en el artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003 , al concurrir los requisitos exigidos para poder determinar esta responsabilidad solidaria: ocultación de bienes derechos del obligado con la finalidad de impedir o eludir su traba; acción u omisión del presunto responsable consistente en causar colaborar en dicha ocultación; que la conducta del presunto responsable sea maliciosa. Y considera que concurren dichos requisitos en base a los hechos que considera probados que son:
PRODAMEN S.L., actualmente en concurso de acreedores declarado, a lo largo del año 2009, llevó a cabo diversas cesiones de inmuebles en pago de deudas hipotecarias; recibió el importe del IVA de cada una de dichas transmisiones, y en lugar de ingresar sus importes en la Hacienda Pública, procedió a ingresarla en las cuentas corrientes de las que eran titulares o bien dicha entidad, empresas vinculadas a ella. Sin que en ningún caso se ingresaran en las cuentas del Tesoro.
Entre estas cantidades se encontraba el importe de 896.000 €, procedentes la transmisión inmobiliaria hecha la sociedad Proinova Financiera Inmobiliaria S.L. referida al cheque nº 0.231.282-4 a nombre de PRODAEMA S.L., que se ingreso en una cuenta de INMOTAVER S.L.
Otra cantidad de 13.838,80 € provenientedel IVA repercutido en varias transmisiones inmobiliarias a diversas entidades. Estas transmisiones dieron lugar a expedirse cheques, cuyos importes se ingresaron en la cuenta de INMOTAVER S.L., en lugar de las que fueran del titular de los cheques PRODAEMI S.L.
La derivación de responsabilidad se justifica en los vínculos existentes entre ambas sociedades, pues el administrador y socio único de la deudora principal PRODAEMI S.L., es don Desiderio , el cual a su vez, ha sido consejero delegado, miembro del consejo de administración y apoderado de la sociedad INMOTAVER S.L., del que era socio mayoritario su padre don Esteban , así como administrador, apoderado, y también tenía la condición de socia su madre doña Begoña , y accionista minoritaria su hermana doña Claudia .
Frente a estas alegaciones y conclusiones, la parte recurrente sostiene que son dos empresas independientes sin que exista vinculación alguna entre ellas, sin que haya existido acuerdo alguno entre las mismas para llevar a cabo esta transmisión del importe del IVA, si no que respondía a la liquidación de una serie de contratos anteriores, liquidación que se resuelve por medio decontrato privado fechado el 7 de octubre de 2009 basándose para ello, no solo en la documentación aportada con la interposición de la reclamación económica administrativa, sino también con la demanda en el presente recurso, consistente en la resolución dictada por la Sala especial resolviendo conflicto de jurisdicción entre el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia y la Agencia Tributaria, a favor de aquel, dictamen emitido por el economista don Gumersindo , sobre la actividad realizada por INMOTAVER S.L., su situación Económica y financiera riesgos a los que está expuesta e independencia del Grupo formado por INMOTAVER S.L., ALMASSERA PLAZA MAYOR S.L. y TALLERES ALMO S.A.»
En el fundamento jurídico tercero la sentencia recurrida sostiene:
«Como hechos que deben tenerse en cuenta son los siguientes:
" PRODAEMI S.L., es la deudora principal cuya actividad es la promoción. Construcción, adquisición y enajenación de toda clase de fincas urbanas y su arrendamiento, excepto el financiero. Inició sus operaciones el día 2 de mayo de 1994 y se haya encuadrada en los epígrafes 501.1 y 833.2 de las tarifas del IAE desde el 9 de septiembre de 2094 y 1 de enero de 1995 respectivamente. En la actualidad se encuentra en situación concursal por auto dictado en el concurso 414/2009 de 16 de noviembre.
Su único socio y administrador es don Desiderio .
Por otro lado, tenemos a la sociedad INMOTAVER S.L., se constituye en fecha 14 de octubre de 1989. Su socio mayoritario y administrador único es don Esteban , padre del señor don Desiderio .
En esta sociedad, este señor tiene el 10% de las acciones. Como consecuencia de una ampliación de capital que suscribe solamente el señor Esteban , su hijo Desiderio , resulta con una participación en el capital del 0,91%. En fecha 19 de febrero junio de 1998 amplia el capital la sociedad y su participación el señor don Desiderio , con un 5,22%. En fecha 12 de febrero de 2004, pasa a formar parte del Consejo de administración de la sociedad, como administrador, juntamente con su hermana Claudia , Secretaria y la madre de ambos, como Secretaria, siendo el Presidente el padre y marido. El 27 de noviembre de 2006 se amplía el capital y los dos hermanos quedan con una participación que representa el 2,15 % del mismo, después del 28 de marzo de 2007. El 5 de marzo de 2008 se le nombra consejero delegado a don Desiderio , hasta el 4 de agosto de 2009, en que es nombrado apoderado de la sociedad por escritura de la misma fecha e inscrita en fecha 3 de noviembre de 2009.
En fecha7 de octubre de 2009 se firma por don Desiderio como representante de la sociedad PRODAEMI S.L. y don Desiderio como representante de la sociedad INMOTAVER S.L. un contrato por el cual la primera, reconoce haber incumplido ciertos contratos celebrados entre ambas con anterioridad, en que aquella tenía que prestar ciertos servicios a ésta y no los había llevado a cabo, o se había retrasado en su cumplimiento:
La empresa PRODAEMI S.L. celebró contrato con INMOTAVER S.L., para construir un edificio y en aplicación de la cláusula de penalización por retraso en el cumplimiento se fija una indemnización 260.358,48 €, habiendo tenido licencia de obras el 23 de febrero de 2006.
En fecha 24 de julio de 2006 se celebró un contrato de compraventa entre ambas empresas, y se acuerda resolver el contrato no habiéndose cumplido las condiciones establecidas en el contrato de compraventa; ocurriendo otro tanto con otros dos contratos de compraventa de supermercados. En total se fija la indemnización en 700.000 €.
Que igualmente se suscribió contrato de opción de compra sobre tres supermercados celebrado en fecha 22 de febrero de 2008; lo mismo sucede con un contrato de cambio de obra resolviendo este contrato indemnización por importe de 300.000 €. Como indemnización total se fija la cantidad de 1.228.121,60 €.
En fecha 8 de octubre de 2009 se ingresa el importe del talón librado con la cantidad correspondiente a la cuota del IVA de la transmisión inmobiliaria a favor de Proinova Financiera Inmobiliaria en la cuenta corriente de INMOTAVER S.L. Otro tanto sucede con el importe de otros cheques por importe de 13.838, 80 €.
A lo largo del año 2009 mercantil PRODAEMI S.L., llevó a cabo diversas cesiones de inmuebles en pago de deudas hipotecarias jurídicamente instrumentadas como ventas a favor de filiales de las entidades de créditos acreedores. El importe de las cuota del IVA se ingresaron o en cuentas de PRODAEMI S.L. o en la sociedad hoy actora INMOTAVER S.L., y en concreto el importe de las cantidades por las que se le declaran responsable solidaria que son 896.000 € y 13.838,80 €»
Fundamentos de la sentencia recurrida.
En el fundamento jurídico cuarto la sentencia recurrida sostiene lo siguiente:
«La cuestión litigiosa se centra en determinar, si existe una vinculación, por razón de personas, objeto social y finalidad entre ambas empresas, que permiten presumir que se ha producido un acuerdo entre los órganos representativos de las mismas, para no ingresar la cantidad derivada, a las arcas del Tesoro, tesis de la Administración, o si por el contrario, no puede afirmarse que se haya producido ese acuerdo para lograr esa finalidad.
El artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003 , establece:
2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
Del anterior precepto resulta claro que la responsabilidad solidaria requiere de la concurrencia de una deuda tributaria pendiente de pago y de la realización o colaboración en una conducta consistente en la ocultación de bienes o derechos del deudor realizada con el designio de sustraer esos bienes o derechos al procedimiento ejecutivo de cobro, impidiendo su embargo.
La responsabilidad establecida en este artículo exige, pues, la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La existencia de una deuda tributaria pendiente de pago; b) Ocultación de los bienes y derechos del obligado al pago con la finalidad de eludir el embargo por causa de una deuda tributaria; c) acción u omisión del presunto responsable consistente en causar o colaborar en la ocultación y que sea la causa directa del daño; y d) que la conducta del presunto responsable sea consciente, es decir, el conocimiento del plan en el que se participa».
En el fundamento jurídico quinto la sentencia recurrida sostiene lo siguiente:
«La primera cuestión, es determinar si existía una deuda tributaria pendiente de pago, al tiempo de producirse los actos de ocultación.
En el presente caso, nos hallamos que se trata de la deuda tributaria consistente en el IVA que adeudaba la empresa PRODAEMI S.L., por las autoliquidaciones del IVA correspondientes al mes de diciembre de 2008, por importe de 7.764.800,28 €; cierto que esta cantidad estaba aplazada, pero estaba pendiente de pago. Además, el pago del primer vencimiento de dicha deuda aplazada, tuvo lugar el día 20 de mayo de 2009, y fue incumplido, lo mismo que el resto de los plazos convenidos.
Antes de la llegada de esta fecha, la citada sociedad, deudora principal, presenta el día 19 de mayo de 2009, propuesta anticipada de convenio de acreedores en base a lo dispuesto en elartículo 5.3 de la Ley 22/2003 , y e base a esta propuesta, realiza gestiones y pagos encaminados a reducir el pasivo.
Entre estas gestiones y pagos, se encuentra una transmisión patrimonial inmobiliaria a favor de la entidad Proinova Financiera Inmobiliaria S.L., que supone una cuota de IVA por importe de 896.000 €, que recibe la empresa PRODAEMI S.L., en un cheque y que en lugar de ingresarlo en una cuenta de su titularidad, para la posterior liquidación y pago a la Hacienda Pública, ingresa su importe directamente en una cuenta de la entidad INMOTAVER S.A. Sucede otro tanto con otras cantidades por un montante de 13.838,80 €.
Por tanto nos hallamos, que la deudora principal PORDAEMI S.L. era deudora del IVA correspondientes al mes de diciembre de 2008, por importe de 7.764.800,28 €. Que percibe ciertas cantidades, y en lugar de destinarlas a la finalidad específica que tenía, o de pagar deudas anteriores contraídas con la Hacienda Pública, se las entrega, (8 de octubre de 2009 y 11 de noviembre de 2009), a la que aparece acreedora suya por incumplimiento de ciertos contratos, según documento elaborado en fecha 7 de octubre de 2009».
Por ello en el fundamento jurídico sexto la sentencia sostiene que:
«Por tanto, tenemos probada la existencia de la deuda tributaria pendiente de pago de la deudora principal por importe de 7.764.800,28 €.
Que percibe en tiempo hábil ciertas cantidades y en lugar de conservarlas en su patrimonio o pagar los IVAS devengados, le hace entrega a una sociedad supuesta acreedora suya en pago de deudas liquidadas la víspera de entregarle la cantidad de 909.838,38 €.
Se hace necesario, por tanto, probar ahora, que existía un acuerdo entre los órganos representativos de dichas sociedades, para llevar a cabo o colaborar a la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
La acción de ocultar o transmitir, o colaborar en dichas acciones, implica la existencia de una acuerdo entre las personas que llevan a cabo esa actividad, estando presidida la misma, por la intención de impedir que la actuación de cobro de la Administración tributaria.
Este acuerdo, supone un concierto de voluntades entre dos o más personas, que puede ser conocido por los terceros, bien por una prueba directa, como puede ser la manifestación de los intervinientes, o por el medio de prueba de las presunciones judiciales, admitidas como medio de prueba en elartículo 386 de la LEECH , de aplicación supletoria a la Ley Jurisdiccional , consistente en que a partir de un hecho admitido o probado el tribunal podrá presumir la certeza a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del juicio humano.
Siempre será susceptible de prueba en contrario.
En el caso que nos ocupa, y entre los hechos declarados como esenciales para resolver esta sentencias, enumerados anteriormente, se encuentran que don Esteban y don Desiderio son padre e hijo; que el señor Don Esteban ha sido administrador único y presidente del consejo de administración de la sociedad INMOTAVER S.L., y socio mayoritario. Pero también ha tenido esta condición de socio, su hijo don Desiderio , aun cuando fuera minoritario, y ha ostentado también la condición de administrado de dicha sociedad, ha pertenecido al Consejo de Administración, y ha sido consejero delegado de la misma, teniendo la condición de apoderado de dicha sociedad al cesar como consejero delegado, del 5 de marzo de 2009 al 4 de agosto de 2009, precisamente cuando suceden los hechos que nos ocupan.
Además don Esteban , era el socio único y administrador único de la sociedad PRODAEMI S.L. resultando que esta sociedad es la que lleva a cabo la entrega del dinero cobrado como cuota del IVA a la sociedad INMOTAVER S.L.
Estas mismas personas y en representación de estas mismas sociedades, confeccionan el documento de fecha 7 de octubre de 2009 en el que tratan de justificar la existencia de una serie de deudas por incumplimiento de contrato de aquella hacia ésta, que justifica la entrega de dicha cantidad.
Por tanto, no hay lugar a dudas de la existencia de una vinculación familiar y de representación entre ambos administradores y las sociedades, solapándose la condición de administrador y de apoderado del señor Don Esteban en ambas sociedades, incluso como socio de ambas.
Esta vinculación permite llegar a la conclusión, hecho no conocido, de la existencia de una acuerdo entre ambos administradores, para que parte del dinero cobrado pasase de la sociedad PORDAEMIS S.L. a INMOTAVER S.L., tratando de evitar que dichas cantidades entrasen a formar parte del patrimonio de aquella, en perjuicio de la Hacienda. Todo ello, lo amparan bajo la presentación de una propuesta anticipada de convenio a que se refiere el artículo 5.3 de la Ley Concursal .
La manera de justificar este pago, es alegando y confeccionando un documento en fecha 7 de octubre de 2009, un día antes a entregarle la cantidad de más de ochocientos mil euros, sobre la base de la existencia de unos contratos anteriores, que datan del año 2006 y que se habían incumplido total o parcialmente.
Perono se han aportado ninguno de dichos contratos, ni se ha aportado certificación del arquitecto director de las obras, acreditando el retraso en el cumplimiento de las mismas.
De todo lo anterior, se llega la conclusión que hubo un acuerdo previo entre don Juan Ramón como administrador de la entidad PRODAEMI S.L. y don Pelayo como administrador de la entidad INMOTAVER S.L. para ocultar la cantidad de 909.838,38 € a la Administración Tributaria, impidiendo que cobrase dicha cantidad, al pasar al patrimonio de esta segunda empresa y que por tanto la declaración de responsabilidad solidaria de esta sociedad en las deudas tributarias de aquella y por el importe indicado es conforme a derecho».
Primer motivo de casación, fundado en el art. 88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 8.2 , 49 y 50.2 de la Ley Concursal (cierre concursal).
Como sostiene el Abogado del Estado, las alegaciones del recurrente para fundamentar el motivo tendrían sentido si el acto recaudatorio se hubiera dirigido contra el patrimonio de la concursada, PRODAEMI, S.L., pero carecen de toda virtualidad cuando las potestades ejecutivas se ejercitan frente al patrimonio de un tercero no incurso en procedimiento concursal.
Recuerda, por su relación directa con el presente recurso se trae a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016 , rec. Cas. 1916/2015 , que se pronuncia en términos rotundos sobre esta cuestión:
« 1º. Dado el carácter autónomo de la obligación del responsable solidario. poco importa que antes de la declaración de Talleres Almo como tal se hubiere iniciado y declarado el concurso de acreedores de Prodaemi, por la sencilla razón de que, de un lado, los hechos que determinaron la derivación de responsabilidad son en todo caso anteriores y, de otro, aun cuando no lo fueren, nada impedía a la Administración ejercer sus facultades. Se ha de tener en cuenta que la declaración de concurso produce los efectos ya expresados, impidiendo juicios declarativos y ejecuciones independientes. pero no priva a la Administración del ejercicio de sus potestades en orden a la liquidación y recaudación de los tributos véanse lassentencias del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 5/20/1 . de 14 de diciembre de 2011(conflicto 4/11, FJ 2º , y 7/2013. de 17 de junio de 20/3 (conflicto 9/12, FI 3º]. Una vez declarado el concurso, la Hacienda Pública sigue siendo competente para dictar actos de liquidación y recaudación; el único límite es que no podrá ejecutarlos independientemente, debiendo someterse a la disciplina del procedimiento universal. En otras palabras, en este caso no le cabe a la Agencia Estatal de Administración Tributaria hacer efectivo su crédito sobre el patrimonio de Prodaemi al margen del proceso concursal, pero nada le impide ejecutar su derecho sobre el patrimonio de otra personalidad jurídica. no sometida a procedimiento concursa! alguno, que ha sido legítimamente declarada responsable solidaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquélla.
2º Por lo tanto la circunstancia de que "nada se pudiera embargar o enajenar" a Prodaemi [véase el motivo de casación 4º a) por encontrarse en concurso de acreedores no impedía que. una vez declarada la responsabilidad solidaria de Talleres Almo, se actuara contra su patrimonio.
3º El hecho de que Prodaemi haya sido declarada en concurso de acreedores no enerva la acción de regreso que pueda competer a Talleres Almo ni niega el carácter solidario de la obligación, tan sólo supone que para hacer efectivo su crédito deberá someterse a la disciplina de la legislación concursal».
.- Segundo motivo, al amparo del art. 88.I.d) LJCA , por el que se alega vulneración del régimen de la solidaridad jurídica en las obligaciones con infracción de los artículos 1139 , 1904 y concordantes del Código Civil .
A juicio del recurrente se conculca el art. 1139 CC (en realidad se alude a su párrafo segundo, según el cual, "si alguno de estos resultare insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta")en la medida en que se impide la acción de repercusión del art. 1904 CC . como sostiene el Abogado del Estado, el art. 1139 CC no regula las obligaciones solidarias sino las obligaciones mancomunadas indivisibles, derivando para cada uno de los obligados las consecuencias que se establecen en ese artículo y en el art. 1150 CC .
Por otra parte, la legislación tributaria ha regulado de forma autónoma la figura del Responsable, que es un auténtico obligado tributario y que podrá responder, en los términos establecidos en las leyes tributarias, con carácter solidario o subsidiario. Es una figura que, como ha señalado la jurisprudencia, constituye una garantía más, en un sentido genérico, del crédito tributario.
Ello no impide que la propia LGT declare la existencia del derecho de reembolso del declarado responsable. En efecto, el art. 41.6 LGT señala que "los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil."
Cuestión distinta es que para recuperar su crédito deba insinuarlo en el concurso y quede supeditado al resultado del propio procedimiento concursal.
Pero este hecho es plenamente conforme con las consecuencias que para la solidaridad se prevén en el último párrafo del art. 1145 CC , en cuya virtud "la falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno".
El tercero de los motivos, formulado al amparo del art. 88.1 d) LJCA , alega la infracción de los artículos 9.4 y 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por "intromisión en otros órdenes jurisdiccionales".
Como sostiene el Abogado del Estado, la declaración de responsabilidad solidaria del art. 42.2.a) es un acto de la Administración pública sujeto a derecho administrativo cuya revisión corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Y, respecto de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos, cuyo pronunciamiento es necesario para agotar la vía administrativa, el art. 294 LGT dispone que las resoluciones que pongan fin a la vía económico-administrativa serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.
La calificación del concurso como fortuito o culpable, cuya declaración corresponde al Juez Mercantil que conoce del concurso, no impide declarar la responsabilidad tributaria solidaria con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento tributario, aunque se trate de personas relacionadas con el concursado a las que puedan extenderse los efectos de la calificación concursal.
La responsabilidad solidaria del art. 42.2 LGT es una responsabilidad tributaria, de distinto fundamento.
En todo caso, como sostiene la parte recurrida, si a través de esa declaración concursal se hubiera visto beneficiada la AEAT podría plantearse si hay enriquecimiento injusto (en la medida en que pudiera percibir dos veces la misma deuda), lo que decimos a efectos meramente dialécticos pues ni siquiera se ha planteado. Y de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Valencia de 23-9-2013 , por la que se declara fortuito el concurso de Prodaemi, S.L. , resulta que en nada afectaría a lo dicho hasta ahora y viene a reforzar la conclusión de la sentencia recurrida. En efecto la sentencia del Juez Mercantil se pronuncia por falta de acreditación de los hechos (por insuficiencia de las pruebas aportadas en ese proceso), de manera que ni siquiera existe una declaración de hechos probados cuya contradicción pudiera plantear la necesidad de un examen más cuidadoso de las circunstancias concurrentes.
Por otra parte, la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisicción de 11 de diciembre de 2012 (conflicto 4/2012 ) tampoco afecta al caso aquí enjuiciado.
Esta sentencia reconoce la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil para pronunciarse sobre la necesariedad de los bienes que la AEAT había embargado a Prodaemi, S.L. con anterioridad al concurso, sin que el procedimiento de apremio dirigido frente a dichos bienes hubiere concluido ( art. 55 Ley Concursal ).
El reconocimiento de que la jurisdicción en ese asunto corresponde al Juzgado de lo Mercantil no impide que la AEAT pueda, en ejercicio de sus competencias, derivar la responsabilidad tributaria a otra entidad, titular de un patrimonio ajeno al concurso.
Como cuarto motivo, el recurrente alega infracción del art. 42.2.a) LGT por no concurrir los requisitos para la declaración de responsabilidad solidaria.
La infracción del art. 42.2 LGT consistiría en que este precepto habilita para exigir del responsable "el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria",y a juicio de la recurrente, nada se podía enajenar o embargar.
En el desarrollo del motivo discrepa del resultado de la prueba de presunciones -en la medida en que se considera que existe concierto de voluntades entre Prodaemi, S.L. y la recurrente Inmota ver, S.L.-, cuestiona la existencia de ese acuerdo previo de voluntades y considera que no existía una deuda antecedente pues o bien estaba aplazada, o bien era inexigible por la declaración de concurso, si bien todo ello se dice a los efectos de corroborar que "no había nada que embargar".
Como sostiene la Administración recurrida, no habiéndose impugnado la valoración de la prueba efectuada por la sentencia de instancia, siendo inamovibles las conclusiones fácticas, resulta que existía una deuda anterior a la declaración de responsabilidad, derivada de un aplazamiento de IVA incumplido, y constatada la vinculación de las entidades, la Sala concluye que se concertaron para impedir que el IVA devengado en algunas transmisiones fuera ingresado (o embargado por la AEAT).
Por otra parte, la deuda pendiente derivada del incumplimiento del aplazamiento puede hacerse efectiva durante el periodo de negociación de una propuesta anticipada de convenio dado que el art. 5.3 de la Ley Concursal no impide, ni constituye obstáculo alguno a, la continuación del procedimiento de apremio para la recaudación de las deudas públicas y, en concreto, de las deudas tributarias.
Como motivo quinto, se alega la omisión del emplazamiento y audiencia de los interesados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 31.1.b ), 84.1 y 2 de la ley de Procedimiento Administrativo , 24.1 y 105 c) de la CE y 49.q de la Ley de la Jurisdicción .
Y respecto de la audiencia al deudor principal, dejando al margen que la sentencia de instancia ha apreciado la existencia de una actuación concertada, la sentencia da por probado que el administrador de ambas sociedades era el mismo, y en consecuencia no cabe duda que conocía perfectamente la deuda tributaria derivada.
Como motivo octavo alega infracción del principio de legalidad material y formal y de reserva de ley, con infracción de los artículos 10.1 y 31.3 de la Constitución y 1080 del Código Civil .
El motivo ha de ser desestimado, no solo ya porque la sentencia cita los preceptos legales aplicables y que han sido puestos de manifiesto, sino porque la sentencia no se pronuncia sobre este punto, y la recurrente en su caso, de haberlo alegado debería haberla combatido por incongruencia omisiva.
Considera en el fundamento jurídico noveno que existe infracción de los derechos y garantías del derecho sancionador, con infracción de los artículo 127 y 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo .
El motivo debe ser rechazado por genérico y porque no estamos ante una sanción, por mucho que la derivación de responsabilidad le parezca así al recurrente .
Desestimado el recurso procede la imposición de costas a la recurrente hasta la cifra máxima de 8000 euros, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la ley jurisdiccional .
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1.- No ha lugar al recurso de casación núm. 433/2016, interpuesto por interpuesto por la entidad INMOTAVER S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Rosa Vidal Gil, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 16 de noviembre de 2015 , recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 270/2014 , interpuesto por la entidad INMOTAVER S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Rosa Vidal Gil, con asistencia letrada, contra la Resolución adoptada con fecha 27 de marzo de 2014 por el Tribunal Económico-Administrativo Central Sala Tercera, Vocalía Undécima. R. G. 88-12, por la cual se desestima la reclamación económica administrativa interpuesta contra el acuerdo adoptado por el Coordinador de Equipos Regionales de Recaudación de la Delegación Especial de Valencia de la AEAT, de fecha 8 de noviembre de 2011, por el cual se declara la responsabilidad solidaria de la entidad recurrente en las deudas tributarias de la empresa PRODAEMI S.L. en base a lo dispuesto en el artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003 , por un importe de 909.838,38 € 2. Imponer las costas a la parte recurrente con el límite cuantitativo expresado en el último Fundamento de Derecho
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
D. Nicolas Maurandi Guillen, D. Emilio Frias Ponce D. Jose Diaz Delgado D. Angel Aguallo Aviles. D. Jose Antonio Montero Fernandez D. Francisco Jose Navarro Sanchis D. Juan Gonzalo Martinez Mico D. Rafael Fernandez Montalvo PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Jose Diaz Delgado, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

References: Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
e contrario
 artículo 42
 resolución 
 artículo 42
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 127
 artículo 139
 Resolución 
 artículo 42
 resolución