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Timestamp: 2019-12-12 12:02:32+00:00

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Plazo civil tras agotar la vía penal con sentencia por accidente de tráfico
La vía Civil para reclamar los derechos en accidentes de tráficos:
Últimamente acuden muchos clientes a mi consulta habiendo agitado la vía penal sin éxito alguno y se me pide que inicie la vía civil.
Lo primero que se realiza desde el despacho es la viabilidad del asunto viendo el plazo de prescripción del asunto.
La vía penal no se podría volver a ejercitar en este caso, dado que el hecho punible ya se ha enjuiciado y hay Sentencia absolutoria firme, por lo que nos encontramos ante un caso de cosa juzgada.
La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias,excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.
En cuanto a la posibilidad de acudir a lavía Civil para poderobtener una indemnización a causa de las lesiones sufridas en el accidente, encontramos varios artículos en nuestro Código Civil que trata el tema de la Prescripción para ejercitar las acciones civiles.
El artículo 1964 del Código Civil establece:
Y, por otro lado, el artículo 1968 del Código Civil establece:
1.ºLa acción para recobrar o retener la posesión.
2.ºLa acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.(1.902 Cc: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.)
El plazo para el ejercicio de este tipo de acciones en vía civil es de un año, en vía penal el inicio del plazo de prescripción es el día de los hechos, por el contrario en vía civil no queda tan claro. El Art. 1969 Código Civil, dice que el plazo empieza a contar desde el día que pudieron ejercitarse.
La jurisprudencia tanto de las Audiencias Provinciales como la del Tribunal Supremo se ha decantado de forma uniforme, considerando como fecha de inicio de la prescripción de las acciones personales dirigidas a reparar daños y perjuicios la fecha efectiva de determinación del alcance de los daños y perjuicios, es decir, cuando el perjudicado sabe a ciencia cierta qué lesiones y secuelas tiene, la dimensión exacta de los perjuicios producidos por el siniestro.
El TS en sentencias como la núm. 923/1999 (Sala de lo Civil), de 10 noviembre, ha dejado bien claro cuál es el criterio del Tribunal en esta cuestión, «esta Sala tiene reiteradamente declarado que, en los supuestos de reclamación de indemnizaciones por lesiones, el plazo de prescripción iniciará su cómputo en el momento en que el enfermo o lesionado sea dado de alta médica por finalización del tratamiento y puedan conocerse de manera cierta las secuelas persistentes».
Por lo que, siguiendo esta línea jurisprudencial, aún podríamos encontramos dentro del cómputo de 1 año para poder ejercitar la acción civil y, poder así reclamar la indemnización por las lesiones causadas el día del accidente de tráfico, dado que actualmente sigue con diversos tratamientos.
Por otro lado, la Jurisprudencia ha distinguido igualmente distintos plazos de prescripción de la responsabilidad civil derivada del delito ejercitada en la jurisdicción penal, según haya recaído sentencia con pronunciamiento punitivo condenatorio, pero sin pronunciamiento civil por haber hecho el perjudicado expresa reserva de las acciones civiles derivadas del hecho punible, o si, por el contrario, la sentencia penal ha resultado absolutoria.
1.- En el primero de los supuestos, es decir, cuando se dicta sentencia penal condenatoria sin pronunciamiento sobre la responsabilidad civil por haber mediado reserva del perjudicado de la acción civil para su ejercicio en vía civil, es reiterado criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo que el plazo a tener en cuenta para la prescripción de la acción civil por daño derivada de un hecho tipificado penalmente, es el señalado en el art. 1964 del CC de quince años para las obligaciones personales sin término especial de prescripción.
La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, en auto de fecha 29 de octubre de 2012, en el que actuó como ponente el Magistrado D. José Luis Sánchez Trujillano, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto que acuerda la reserva al perjudicado de la acción civil derivada de sentencia penal condenatoria, considera que al configurarse la acción civil ex delicto como una mera acción de naturaleza personal y, por no estar contemplada la prescripción de la responsabilidad civil derivada de delito en los plazos de prescripción breve que se contemplan en los arts. 1968, 1967 y 1966 del CC, que mencionan las hipótesis de las acciones que habrían de escribir por el transcurso de uno, de tres y de cinco años, respectivamente el plazo de prescripción que le habría de resultar aplicable habría de ser el genérico de las acciones personales, esto es, el de quince años del art. 1964 del CC. Y en este mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de enero de 2007.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 6ª, de 11 de Septiembre de 2012, siendo ponente el Magistrado D. Rubén Blasco Obedé, consideró que la responsabilidad civil derivada de delito está sometida a la prescripción general de 15 años fijada en el Código Civil, debiendo estarse, en aquel supuesto concreto enjuiciado, al art. 227.3 del CP que dice que la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas, y enumera a título ejemplificativo de su postura las Sentencias de Audiencia Provincial de Alicante, Sección 7ª, de 22 Nov. 2007 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5ª, de 24 May. 2010). La Jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene establecido en torno a la responsabilidad civilex delictoque se rige por el Código Civil (STS de 3 de mayo de 2001) y que el plazo de prescripción es el residual de 15 años del art. 1964 CC porque nace de la obligación específica impuesta por la norma penal (STS de 18 de enero de 2000) a la que remite el art. 1092 CC (STS de 31 de mayo de 2003). La prescripción de la responsabilidad civil se sujeta a los plazos genéricos de las acciones personales, art. 1964 CC de 15 años (STS de 30 de abril de 2007).
2.– En cambio, si el proceso penal termina con cualquier resolución que no sea condenatoria, el plazo es el de un año del art. 1968.2 del CC, el de prescripción para exigir el cumplimiento de las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia, es decir, del ilícito civil.
Así lo entendió el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 10 de mayo de 1994 en el caso de un proceso penal seguido por un disparo de escopeta de aire comprimido con resultado de lesiones graves, en que la acción reparadora del daño al amparo del art. 1902 CC prescribe al año como dice el art. 1968.2 del CC. Cuando los hechos revisten los caracteres de delito, si se sigue causa penal no puede iniciarse la vía civil (art. 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) pero cuando se ha seguido y se archiva por cualquier causa, se reabre la vía civil, que dura el año.
Este mismo plazo de prescripción resultará por tanto de aplicación a los supuestos de lesiones imprudentes en tráfico y de lesiones en accidentes laborales no constitutivos de infracción penal.
Por ello, una vez concluido el proceso penal sin condena, el plazo de prescripción de las acciones civiles, cuando las partes estén personadas en el procedimiento penal, empezará a contarse desde el día en que aquellas pudieron ejercitarse a tenor de lo establecido en el artículo 1969 CC, precepto este que, puesto en relación con los artículos 111 y 114 de la LECrim y 24.1 de la Constitución, lleva a situar ese día en el momento en que la sentencia penal absolutoria o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, hayan adquirido firmeza,puesto que en ese momento se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de la vía penal preferente y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil con arreglo al mencionado artículo 114 LECrim. (SSTS de 1 de octubre de 2009, rec. nº 1176/2005; 9 de febrero de 2007, rec. nº 595/2001; 3 de mayo de 2007, rec. nº 3667/2000; 16 de junio de 2010, rec. nº 939/2006, y 7 de octubre de 2013, rec. nº 539/2011).
En conclusión, si tuviéramos en cuenta que el plazo de prescripción para ejercitar la acción civil es de un año desde la firmeza de la Sentencia penal, que fue dictada el 2 de Diciembre de 2014, tendríamos de plazo hasta el mes de diciembre del presente año para poder ejercitar la acción civil y poder solicitar la indemnización correspondiente.
– ARTÍCULO 1964 DEL CÓDIGO CIVIL
-ARTÍCULO 1968 DEL CÓDIGO CIVIL:
ºLa acción para recobrar o retener la posesión.
ºLa acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.
-ARTÍCULO 1969 DEL CÓDIGO CIVIL:
– ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
Abogado en Sevilla especialista en accidentes de tráfico:
En BJABOGADO somos especialistas en esta materia, y pueden ponerse en contacto con nosotros para asesorarles de esta y cualquier cuestión judicial que necesiten. CADA PROBLEMA TIENE SU SOLUCIÓN, y para encontrarla pueden ponerse en contacto llamándonos al 654.168.678 o enviando un mail a clientes@bjabogado.com
Recursos de sentencias de juicio verbal
Acuden muchos clientes al despacho haciendo referencia a si se pueden recurrir las sentencias de un juicio verbal que devienen de un monitorio.
Las sentencias contra las que no cabe apelación serán las dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros.
Aunque todavía nos sigue sorprendiendo, existen sentencias contra las que no cabe apelación. Y digo esto, porque nuestro derecho procesal civil siempre ha permitido desde tiempos inmemoriales que contra toda sentencia dictada por un Juez se podía interponer un recurso de apelación por aquél que considerase que la resolución era contraria a derecho y por ende contra sus intereses. El objeto de la apelación era y es, que otro Tribunal superior revise los criterios tenidos en cuenta por el primer Juez y valore nuevamente si su decisión ha sido o no justa y acomodada a la ley. Esto cambió con lareformallevada a cabo en laLey de Enjuiciamiento Civilpor laLey 37/2011(en vigor desde el 31 de octubre de 2011), que estableció la posibilidad del dictado de sentencias contra las que no cabe apelación alguna, por lo que la decisión que tome el Juez que conozca del asunto será firme, ejecutable y sin posibilidad de revisión.
Elartículo 455.1 del vigente texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil(LEC) dispone lo siguiente: “Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, serán apelables, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros“.
Del citado texto se infiere que contra las sentencias dictadas en unjuicio verbalcuyacuantía sea inferior a 3.000 euros,no cabe apelación. Ahora bien, el precepto indica que estas sentencias contra las que no cabe apelación,sólo serán cuando el juicio verbal se haya tramitadopor razón de la cuantíay nopor razón de la materia, en cuyo caso, sí cabe interponer un recurso de apelación.
Expliquemos este galimatías “por razón de la materia” o “de la cuantía”:
El juicio verbales un tipo de procedimiento civil, pensado para decidir cuestiones de cuantía pequeña y que en teoría pretende resolver los problemas de manera rápida y agíl, acortando los plazos y trámites para el señalamiento del correspondiente juicio.
Actualmente lacuantía máxima de la que conocerá el juicio verbal está señalada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 250.2) enSEIS MIL EUROS(6.000 €). Si se reclama un cantidadsuperiornos tenemos que ir aljuicio ordinario, pensado para juicios más complejos y que no tiene límite de cantidad.
Ahora bien, la propia Ley señala que con independencia de la cantidad reclamada (da igual el importe) siempre se verán por los trámites del juicio verbal una serie de materias.
LaLey de Enjuiciamiento civil en su artículo 250.1establece que se decidirán por eljuicio verbal,cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:
1.ºLas que versen sobre reclamación de cantidades porimpago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por elarrendatario,o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.
2.ºLas que pretendan larecuperación de la plena posesión de una fincarústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.
3.ºLas que pretendan que el tribunal ponga en posesión debienes a quien los hubiere adquirido por herenciasi no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.
4.ºLas que pretendan la tutela sumaria de latenencia o de la posesión de una cosa o derechopor quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.
5.ºLas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, lasuspensión de una obra nueva.
6.ºLas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, lademolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.
7.ºLas que, instadas por los titulares dederechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.
8.ºLas que solicitenalimentosdebidos por disposición legal o por otro título.
9.ºLas que supongan el ejercicio de la acción derectificación de hechos inexactos y perjudiciales.
10.ºLas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre elincumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratosinscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.
11.ºLas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre elincumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.
12.ºLas que supongan el ejercicio de la acción decesación en defensa de los intereses colectivosy difusos de los consumidores y usuarios.
13.ºLas que pretendan la efectividad de losderechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en el capítulo I del título I del libro IV de esta ley.
Todos estos procedimientosse verán obligatoriamente por el juicio verbal independientemente de la cuantía. Pues bien, contra las sentencias que se dicten en todos ellossiempre cabrá la posibilidad de recurrirlas en apelación.
En cambio, cuando se haya seguido eljuicio verbal sólo por razón de la cuantía, y la reclamación haya sidoinferior a 3.000 euros,NO CABRÁ CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SE DICTEN INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN.
CONCLUSION:Lassentencias contra las que no cabe apelaciónserán las dictadas enjuicios verbales por razón de la cuantía( no de la materia)cuando no supere los TRES MIL EUROS(3.000 €).
Documentación obligatoria bancaria
Desde este despacho profesional hacemos llegar la presente información servicio a todos aquellos usuarios bancarios que sigan el presente blog.
Existe una ley en el año 2014 transpuesta a finales de año que endurece drásticamente la Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, vulgarmente llamado ley anti blanqueo.
El objeto que afecta directamente a los usuarios es bien claro, y no esotro que “tenernos más fichados aún”, teniendo que entregar nuestro DNI el cual ellos escanearán. Igualmente la entidad financiera, a su arbitrio -cuestión que desde este despacho profesional entendemos completamente abusivopara el usuario-, puede requerir documentación acreditativa de sus ingresos (nóminas, un resumen de IVA o la última cuota de autónomos).
En este aspecto es importante destacar el artículo 9 de lacitada Ley 10/2010:
“Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptará medidas adecuadas en función del riesgo a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio, la ejecución de transferencias electrónicas por importe superior a 1000 € o a la ejecución de otras operaciones ocasionales por importe superior a 15.000 €”.
Los usuarios financieros que deben acudir a su entidad financiera para regularizar su situación son los siguientes, a saber:
Aquellos que hayan abierto cuenta cuando no necesario presentar ningún tipo de documentación.
Aquellos usuarios que aún teniendo escaneado el DNI, el mismo caduque antes del 30.04.15 (último día para regularizar la situación).
Aquellos usuarios a los que arbitrariamente suyo financiera le haya solicitado justificación sobre sus ingresos económicos.
Aquellos sujetos que ha abierto una cuenta a través de Internet, ya que éstos para abrir las no se les solicitó ninguna documentación personal al respecto.
Si no se realiza dicho trámite la consecuencia es el bloqueo completo de las cuentas, y en el momento en el que sacude oficina entregándolo requerido automáticamente volverá a estar activas. Si las entidades financieras no realizar en dicho trámite las mismas enfrentan las sanciones que pueden llegar a alcanzar hasta los 600.000 €
En cuanto al modus operandi, lo que este despacho profesional aconseja es que todos aquellos usuarios de bancos acudan a sus entidades financieras para comprobar que todo está en orden.
A pesar de que la normativa es muy clara y en la misma hace referencia que serán las propias entidades financieras las que enviarán misiva a sus clientes informando de la regularización de su situación a la nueva legislación vigente en España, están habiendo problemas con ello. En este aspecto hemos de destacar la siguiente casuística:
Remisión de cartas a clientes que ya cancelaron sus cuentas en dichas entidades.
Envío de misivas a clientes fallecidos.
Falta de envío de cartas a sujetos que sí tienen que regularizar su situación y que a día de hoy todavía no la han recibido siendo el último día de regularización mañana.
Para evitar un quebradero de cabeza innecesaria desde este despacho profesional lo que este aconsejamos es que todos aquellos usuarios de bancos acudan a sus entidades financieras para comprobar que todo está en orden.
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References: artículo 1964
 artículo 1968
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1969
 artículo 114
 ARTÍCULO 1964
 artículo 1
 ARTÍCULO 144
 resolución 
 artículo 250
 resolución 
 artículo 160
 artículo 9