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Timestamp: 2018-08-17 17:02:25+00:00

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﻿ Sentencia T-964 de diciembre 10 de 2014
SENTENCIA T-964 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:LA RATIFICACIÓN DE TESTIMONIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y SU APLICACIÓN EN ASUNTOS PROCESALES DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. SE RECUERDA QUE LA JURISPRUDENCIA AUTORIZADA EN RELACIÓN CON LA RATIFICACIÓN DE LOS TESTIMONIOS EXTRAJUICIO Y SU VALORACIÓN DENTRO DEL PROCESO, DETERMINA QUE FRENTE A LA AUSENCIA DE ESTA RATIFICACIÓN EL JUEZ BIEN PUEDE: (I) DARLES EL TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS DECLARATIVOS PROVENIENTES DE TERCEROS TAL Y COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVILO BIEN, (II) ORDENAR OFICIOSAMENTE LA RATIFICACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, AL CONSIDERAR QUE RESULTA NECESARIO EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS AFIRMADOS O NEGADOS POR LAS PARTES, ADEMÁS, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DE LA PARTE CONTRARIA, CON LO CUAL SE CONSTITUYEN EN TESTIMONIOS VÁLIDOS DENTRO DEL PROCESO. AMBAS MEDIDAS SE ARMONIZAN CON EL RESPETO DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PARTES. SU REAL DISTANCIAMIENTO SURGE DE LAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO, EN VIRTUD DE LAS CUALES EL JUEZ DEBERÁ DETERMINAR CUÁL ES LA MEDIDA IDÓNEA PARA VALORAR LA PRUEBA EN EL MARCO DE LA SANA CRÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, COMPAÑERO PERMANENTE, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CÓNYUGE SOBREVIVIENTE, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO, DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, DERECHO A LA VIDA DIGNA
Sentencia T-964 de diciembre 10 de 2014
Ref.: Expediente T-4471075
Acción de tutela presentada por María Marleny Saldaña Amaya, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, extensiva al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad
(Legis considera conveniente que los datos de una de las partes, sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)
En el trámite de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el ocho (08) de julio de dos mil catorce (2014), dentro del proceso de tutela iniciado por María Marleny Saldaña Amaya, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, extensiva al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad.
El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Ocho, mediante auto proferido el veintidós (22) de agosto de dos mil catorce (2014).
El veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014), María Marleny Saldaña Amaya interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, extensiva al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, que considera vulnerados por los despachos judiciales accionados al negarle la pensión sustitutiva a la que tiene derecho por haber sido la compañera permanente durante treinta y ocho (38) años, del señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, fallecido(1). Como consecuencia de lo anterior, peticionó que se dejen sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario laboral 178 de 2013, adelantado en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá(2) y, en su lugar, se ordene a la Chevron Petroleum Company que le reconozca la sustitución pensional, en calidad de compañera permanente del señor Mondul Díaz, en proporción del cincuenta por ciento (50%).
La accionante fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes:
1.1. El señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz hizo vida marital con la señora María Marleny Saldaña Amaya, durante treinta y ocho (38) años. En dicha unión fueron procreados tres (3) hijos.
1.2. Afirmó que el señor Mondul Díaz fue pensionado por la Chevron Petroleum Company, y que la pensión le fue reconocida de conformidad con la convención colectiva celebrada con el sindicato de trabajadores de la Empresa.
1.3. Narró que el señor Mondul Díaz falleció en la ciudad de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil doce (2012).
1.4. Planteó que la Chevron Petroleum Company le reconoció la sustitución pensional a la señora Beatriz Ospina de Monroy, “quien fuera esposa del señor Abdul Sattar y de quien se sabe nunca convivió con él”. Igualmente, le reconoció parte de dicha pensión al hijo que tenía en común la accionante con Mondul Díaz, cuyo nombre es A.E.M.S.
1.5. Señaló la señora María Marleny que tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional como compañera permanente que fuera del causante durante treinta y ocho (38) años, y que por el hecho de no haber reclamado la pensión al momento del fallecimiento del señor Mondul Díaz, y haber permitido que lo hiciera la señora Beatriz Ospina, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito negó sus pretensiones. Decisión está que fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Asimismo, sostuvo que tiene derecho a la pensión porque cuando su hijo llegue a la mayoría de edad, ella debe contar con un medio de subsistencia.
1.6. Afirmó que los anteriores despachos judiciales en el proferimiento de sus decisiones incurrieron en vías de hecho al desconocer el precedente jurisprudencial, según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional.
1.7. Planteó que en el proceso ordinario laboral fue demostrada “la convivencia que [tuvo] con el causante durante treinta y ocho años, no obstante lo cual la sustitución de la pensión se hizo a favor de la cónyuge que sobrevivió, pero quien salvo los primeros meses de matrimonio, nunca convivió con el causante durante los últimos 38 años”.
2. Respuesta de los despachos accionados.
Mediante auto del cinco (05) de mayo de dos mil catorce (2014), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela instaurada por María Marleny Saldaña Amaya contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, haciéndola extensiva al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad; corrió traslado de la solicitud de amparo a las autoridades accionadas, e informó a la Chevron Petroleum Company y a los demás intervinientes en el proceso ordinario laboral, para que se pronunciaran sobre la petición(3).
2.1. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá el siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014), remitió el expediente radicado 61300 en calidad de préstamo, el cual consta de un (01) cuaderno con ciento ochenta y un (181) folios útiles(4).
2.2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014), sostuvo que la tutela debe negarse toda vez que la Sala falló conforme a lo pedido en la demanda y a las pruebas que se encontraban dentro del plenario. En este sentido, afirmó que la tutela no es procedente porque no se cumplen los presupuestos de procedibilidad contra providencias judiciales. Adjuntó un CD contentivo de la sentencia de segunda instancia proferida en la audiencia del seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014)(5).
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014)(6), negó la protección solicitada por María Marleny Saldaña Amaya, considerando que: “[…] no puede darse prosperidad al amparo suplicado, toda vez que contra la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, la hoy accionante tuvo la posibilidad de interponer recurso extraordinario de casación, sin embargo no agotó este mecanismo de defensa idóneo y eficaz, renunciando así a la oportunidad para que el juez natural se pronunciara sobre la procedencia de sus peticiones. Medio de defensa que ahora no puede reemplazarse con este amparo constitucional, pues contraviene lo previsto en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991”(7).
Asimismo, insistió la corporación en que “los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior”(8).
La señora María Marleny Saldaña Amaya impugnó la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014). Afirmó:
“No es justo que después de haber convivido con el causante durante treinta y nueve años, se me niegue la sustitución pensional por el hecho de no haber pretendido el reconocimiento cuando le fue reconocida a mi hijo A.E.M., y a quien fuera la esposa del causante, quien no convivió con [él] durante los últimos treinta y nueve años. || Tremenda injusticia [la que se ha cometido]: injusticia que quebranta toda la jurisprudencia en torno a la sustitución pensional y a la pensión de sobrevivientes, porque si bien es cierto, mi hijo, por estar estudiando actualmente, devenga la totalidad de la mesada frente al fallecimiento de la señora que obtuvo el reconocimiento, quien obtuvo la mitad de la pensión, sin que Yo actuara al respecto, no lo es menos que al alcanzar [él] la fecha límite en que la pensión deja de operar, se pierde la pensión, y fuera de que estoy pasando todo tipo de necesidades al no estar recibiendo suma alguna por concepto de pensión, me enfrento a la triste perspectiva de no tener cómo derivar mi sustento”(9).
Señaló que no es justo que después de haber convivido casi cuarenta años con el señor Mondul Díaz, se le despoje del derecho que tiene a la sustitución pensional, desconociendo la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso, máxime cuando la pensión de sobrevivientes constituye un derecho imprescriptible e irrenunciable.
Asimismo, precisó que es una persona de la tercera edad, carente de recursos y que su hijo está devengando la totalidad de la pensión, sin que haya mecanismo alguno para que le dé la mitad de la mesada que está recibiendo.
Finalmente, aclaró que no consideró pertinente acudir al recurso extraordinario de casación debido a que tiene conocimiento de que la Sala de Casación Laboral se está demorando hasta cinco (5) años en decidirlo, y en razón de sus dificultades económicas, no puede esperar todo ese tiempo.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el ocho (08) de julio de dos mil catorce (2014)(10), confirmó el fallo impugnado, al considerar que en el caso concreto se incumple con el requisito de subsidiaridad. Sostuvo al respecto: “[…] tal como se deriva de los elementos de convicción relacionados, una vez que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá profirió la sentencia de segundo grado, la actora no interpuso el recurso extraordinario de casación, omisión que, independientemente de las razones o situaciones que la motivaron, no puede ser reemplazada por vía de la acción de tutela que, como tantas veces se ha dicho, no es un mecanismo que pueda utilizarse para suplir desatenciones o descuidos en el ejercicio de los medios previstos por el ordenamiento jurídico regular para la protección de los derechos de las partes en los procesos”(11).
La Sala de Revisión para efectos de adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, y teniendo presente que la accionante en el escrito de tutela solicitó que se tengan en cuenta las pruebas obrantes en el proceso ordinario laboral 178 de 2013, adelantado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá; requirió a dicho despacho judicial el envío, en calidad de préstamo, del proceso radicado 110013105002201300178 00, adelantando por la señora María Marleny Saldaña Amaya en contra de la Chevron Petroleum Company. En respuesta a la anterior solicitud, fue allegado el expediente en el cual consta la siguiente información relevante:
6.1. Demanda ordinaria laboral interpuesta por María Marleny Saldaña Amaya en contra de la Chevron Petroleum Company, el once (11) de marzo de dos mil trece (2013), cuyas peticiones, entre otras, son: (i) que se condene a la Empresa a reconocerle a la demandante la sustitución de la pensión convencional que le fuera reconocida al señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, fallecido el treinta (30) de abril de dos mil doce (2012), la cual será compartida con su hijo A.E.M.S. Y, consecuencialmente, (ii) que se condene a la Empresa a pagarle a la señora María Marleny las mesadas pensionales que se hayan causado(12).
6.2. Declaración extraproceso 0283 del dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), realizada por María Marleny Saldaña Amaya en la Notaría Única del Círculo de Puerto Boyacá, en la que consta: “Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que es cierto y verdadero que conviví aproximadamente treinta y ocho (38) años en unión marital de hecho compartiendo techo, lecho y mesa con el señor Angel Abdul Sattar Mondul Diaz”, de quien dependía económicamente(13).
6.3. Declaraciones extrajudiciales rendidas por Julio Castillo Quiñones y Luis María Buelvas Lizcano, el veintiuno (21) febrero de dos mil trece (2013), en la Notaría Única del Círculo de Puerto Boyacá(14), en el mismo sentido que la declaración de la señora María Marleny. Estas declaraciones fueron aportadas como prueba documental en la demanda ordinaria laboral interpuesta por la señora María Marleny. No obstante, como no fueron ratificadas dentro del proceso, la Juez Segunda Laboral del Circuito de Bogotá no les dio valor probatorio(15).
6.4. Copia del registro civil de nacimiento de María Marleny Saldaña Amaya, en donde consta que nació el quince (15) de enero de mil novecientos cincuenta y tres (1953)(16).
6.5. Copia del registro civil de defunción del señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz del treinta (30) de abril de dos mil doce (2012)(17).
6.6. Contestación de la demanda ordinaria laboral realizada por el apoderado judicial de la Chevron Petroleum Company, mediante la cual se opuso a las peticiones de la señora María Marleny Saldaña Amaya, y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción(18).
6.7. Fotocopia del registro de ingreso de trabajadores del rol mensual de Texas Petroleum Company del diez (10) de enero de mil novecientos sesenta y tres (1963), en donde se indica que el señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz es casado con la señora Beatriz Ospina(19).
6.8. Fotocopia del aviso de inscripción del pensionado Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales del treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos ochenta y tres (1983). En dicho documento aparece en la casilla “nombre de la esposa”: Beatriz Ospina. La casilla “nombre de la compañera” se encuentra vacía(20). El mismo dato del nombre de la esposa del pensionado se repite en la fotocopia del formato de actualización de información de pensionados, del diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993)(21).
6.9. Fotocopia de la carta enviada por el señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz a Texas Petroleum Company, el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), en donde solicita la inclusión de su hijo menor A.E.M.S., nacido el primero (01) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), en el registro de sus familiares, con anexo del registro civil de nacimiento(22).
6.10. Fotocopia de la actualización de información de pensionados correspondiente al señor Mondul Díaz, en donde aparecen identificados como sus hijos: Martha Indira Mondul Ospina, nacida el veinte (20) de febrero de mil novecientos sesenta y seis (1966); Runy Stella Mondul Saldaña, nacida el doce (12) de abril de mil novecientos setenta y cinco (1975); Yasmín Sujey Mondul Ospina, nacida el siete (07) de marzo de mil novecientos setenta y seis (1976); Carolina Mondul Saldaña, nacida el veintidós (22) de marzo de mil novecientos setenta y siete (1977)(23), y Á.E.M.S, nacido el primero (01) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)(24).
6.11. Fotocopia de la comunicación enviada por la señora Beatriz Ospina de Mondul a la Chevron Petroleum Company, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012), a través de la cual solicita la pensión por sustitución, con anexo de pruebas documentales que acreditan el matrimonio celebrado entre Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz y Beatriz Ospina, el diecinueve (19) de enero de mil novecientos sesenta y tres (1963), y dos declaraciones extraproceso realizadas por Alba Encinales León y Blanca Cecilia Margarita Sterns de Aguilera el cinco (05) de junio de dos mil doce (2012), en la Notaría Setenta y Cinco de Bogotá, en donde se hace constar que la señora Beatriz Ospina estuvo casada con el señor Mondul Díaz y que convivieron hasta el día de su fallecimiento ocurrido el treinta (30) de abril de dos mil doce (2012); igualmente se señala que la señora Beatriz Ospina dependía única y exclusivamente de su difunto esposo(25).
6.12. Fotocopia de la comunicación enviada por la Chevron Petroleum Company a la señora Beatriz Ospina de Mondul, el siete (7) de junio de dos mil doce (2012), en la que le informa que “todos los documentos se encuentran ajustados a la ley. En consecuencia, le será reconocida la pensión a partir del 1º de mayo de 2012”(26). Y fotocopia del oficio enviado por la Empresa a Salud Total EPS, en la misma fecha, en el que certifica que a la señora Beatriz Ospina de Mondul se le ha aprobado la pensión por sustitución en cuantía mensual de tres millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos dos pesos m.l. ($3.425.702)(27).
6.13. Fotocopia de la comunicación enviada por la señora María Marleny Saldaña Amaya a la Chevron Petroleum Company, el trece (13) de junio de dos mil doce (2012), por medio de la cual solicita, “en calidad de representante legal de [su] hijo menor de edad A.E.M.S. […], la pensión por sustitución del extinto pensionado Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz”(28). Esta solicitud la acompaña de sendas fotocopias de la tarjeta de identidad y del registro civil de nacimiento de A.E.M.S., en donde aparece como fecha de nacimiento el primero (01º) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)(29).
6.14. Fotocopia del oficio enviado por la Chevron Petroleum Company a la señora Beatriz Ospina de Mondul, el veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012), en la que le comunica: “[…] hemos recibido solicitud de pensión de sustitución del señor [Mondul Díaz] (q.e.p.d.), por parte de otro beneficiario quien ha acreditado ante la empresa los requisitos de ley que lo hacen beneficiario del 50% de la pensión. || En consecuencia, la pensión de sustitución a su nombre será reajustada a partir del 1 de julio de 2012 en un 50% del monto inicialmente otorgado”(30). En la misma fecha, aparece fotocopia de la comunicación enviada por la Empresa a la señora María Marleny, en la que le informa la aprobación de la pensión por sustitución al hijo del extrabajador fallecido, A. E., por un monto del cincuenta por ciento (50%). Igualmente, le aclara que el valor de la pensión le será cancelado a ella en su condición de representante legal del menor, hasta el primero (01) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha en la cual el hijo del causante cumple la mayoría de edad, por lo que se le continuará pagando directamente a él, siempre y cuando demuestre su condición de estudiante. Así mismo, le explica que el otro cincuenta por ciento (50%) de la pensión le fue otorgado a la cónyuge del señor Mondul Díaz quien ha acreditado su calidad de beneficiaria(31).
6.15. Fotocopia del escrito dirigido por la señora María Marleny Saldaña Amaya a la Chevron Petroleum Company, el treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012), en la que le solicita el pago del retroactivo del monto de la pensión de los meses de mayo y junio de dos mil doce (2012) y la proporcionalidad de la prima de mitad de año que corresponde a la pensión por sustitución otorgada a A.E.M.(32). En respuesta a la anterior solicitud, obra fotocopia del comunicado enviado por la Chevron Petroleum Company a la señora Saldaña Amaya, el once (11) de septiembre de dos mil doce (2012), en donde le informa: “Estudiada su solicitud relacionada con el pago de las mesadas de mayo y junio del presente año, atentamente le explicamos que antes de usted presentarse en condición de representante legal del menor, A.E.M.S., ya lo había hecho la esposa supérstite del pensionado fallecido, Abdul Sattar Mondul Diaz (q.e.p.d.) Señora, Beatriz Ospina de Mondul, acreditando legalmente tal condición y la Empresa le reconoció la pensión de sustitución. || En consecuencia, será esta beneficiaria quien tiene que reconocer […] las mesadas reclamadas, porque la ley impone al beneficiario que primero reciba, responder ante las personas que posteriormente aparezcan, como es su caso”(33).
6.16. Fotocopia del comunicado enviado por la Chevron Petroleum Company a la señora Saldaña Amaya el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), en donde le indica: “[…] debido a que el 1 de Diciembre de 2012 cumple la mayoría de edad, Á. E. M. Saldaña, el pago correspondiente a la pensión de sobreviviente del menor A. M., de la que usted actuaba como Representante Legal, se le hará directamente a él […] siempre y cuando demuestre su condición de estudiante. || Este pago se hará hasta los veinticinco (25) años de edad, siempre y cuando esté estudiando, debiéndose inscribir a la seguridad social como pensionado…”(34).
6.17. Copia del certificado de defunción de la señora Beatriz Ospina de Mondul del nueve (09) de diciembre de dos mil doce (2012)(35).
6.18. Auto del doce (12) de junio de dos mil trece (2013), emanado del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en donde se dispone, entre otros asuntos, integrar el litisconsorcio por pasiva con A.E.M.S., “quien a la fecha, ostenta la totalidad del beneficio de la pensión de sobrevivientes, de la que su progenitora [María Marleny Saldaña Amaya] pretende se le extraiga el 50% para que el mismo sea reconocido a su nombre”(36).
6.19. Memorial enviado por A.E.M.S. al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en el que señala que se da por notificado de la demanda ordinaria y laboral y manifiesta que no se opone a la pretensión de la demandante, María Marleny Saldaña Amaya, por cuanto es su madre y efectivamente convivió con su padre durante muchos años, quien vio económicamente por ella hasta el momento de su fallecimiento(37).
6.20. CD contentivo de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, celebrada el diez (10) de octubre de dos mil trece (2013) en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá. Acta de la audiencia anterior, en la que se hace constar, entre otros asuntos, el fracaso de la conciliación, la no decisión de excepciones previas por falta de proposición y el decreto de pruebas a favor de las partes. En el acta aparece la relación de las pruebas decretadas: (i) A favor de la parte demandante: 1. La documental debidamente individualizada en el escrito de la demanda. 2. Los testimonios de los señores Julio Castillo Quiñonez y Luis María Buelvas Lizcano. (ii) A favor de la parte demandada: 1. La documental debidamente individualizada en el escrito de contestación de la demanda. 2. El interrogatorio de parte de la demandante. No fue decretada ninguna prueba de oficio(38).
6.21. CD contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento, celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá(39). Acta de la audiencia anterior, en la que se hace constar, entre otros asuntos, la no comparecencia de los testigos que fueron decretados como prueba de la parte demandante, al igual que la inasistencia de la señora María Marleny Saldaña Amaya para la práctica del interrogatorio de parte decretado por el despacho judicial por solicitud de la parte demandada(40). En dicho documento aparece trascrita la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, notificada por estrados a las partes, en el siguiente sentido: “Resuelve || Primero: Absolver a la entidad demandada Chevron Petroleum Company […], de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la demandante María Marleny Saldaña Amaya […], de conformidad con las razones expuesta[s] en la parte motiva del presente proveído. || Segundo: Declarar probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe, propuestas por la parte demandanda…”(41). En la audiencia la juez señala que la demandante no acreditó los requisitos legales establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes, en lo que tiene que ver con la convivencia con el causante. El fallo fue apelado por la apoderada judicial de la demandante, María Marleny, y el recurso fue concedido por la Juez Segunda Laboral del Circuito de Bogotá, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá(42).
6.21. CD contentivo de la audiencia instalada para resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, contra la sentencia del cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá(43). Acta 64 de la Sala de Decisión del seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014)(44), en la que aparece trascrita la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, en el siguiente sentido: “Decisión: || Primero. Confirmar la sentencia impugnada…”. Lo anterior, según argumentó el magistrado ponente, debido a que no se probó en el proceso la convivencia requerida entre la demandante y el causante, señor Mondul Díaz(45).
La Sala Primera es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3º, y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
La señora María Marleny Saldaña Amaya interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, extensiva al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, que considera vulnerados por los despachos judiciales accionados al negarle la pensión sustitutiva a la que tiene derecho por haber sido la compañera permanente durante treinta y ocho (38) años, del señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, fallecido. En concreto, planteó la existencia de una causal de procedibilidad de la acción de tutela debido al desconocimiento del “precedente jurisprudencial según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional”.
Como consecuencia de lo anterior, peticionó que se dejen sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del Proceso ordinario laboral(46), adelantado en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar, se ordene a la Chevron Petroleum Company que le reconozca la sustitución pensional, en calidad de compañera permanente del señor Mondul Díaz, en proporción del cincuenta por ciento (50%).
De acuerdo con estos hechos, corresponde a la Sala Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneraron la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso de la señora María Marleny Saldaña Amaya, al haber negado el reconocimiento y pago de la sustitución pensional que, según afirma, le correspondía por haber sido la compañera permanente del señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, quien fuera pensionado convencional de la Chevron Petroleum Company, desconociendo el precedente jurisprudencial según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional?
Para desarrollar el anterior interrogante, la Sala procederá a (i) reiterar la línea jurisprudencial en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) revisar la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de derechos pensionales; (iii) constatar los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto; (iv) recordar la jurisprudencia constitucional en relación con la pensión de sobrevivientes y su relación directa con el derecho a la seguridad social; (v) revisar los poderes y los deberes del juez laboral en perspectiva de la protección de derechos fundamentales; (vi) analizar la institución de la ratificación de testimonios prevista en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y su aplicación en asuntos procesales del trabajo y la seguridad social. Finalmente, (vii) resolverá los casos concretos.
3.1. La Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución Política y guardiana de su integridad, ha desarrollado una línea jurisprudencial bien definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional, de un lado, la primacía de los derechos fundamentales y, de otro, el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial(47).
3.2. Para lograr este adecuado equilibrio, en primer lugar, la Corte ha partido de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial; en segundo lugar, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores judiciales. Por último, ha acentuado constantemente que la acción de tutela solo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza o violación de un derecho fundamental.
3.3. A continuación, se reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005(48):
3.3.1. La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico(49), como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad(50) e, incluso, a partir de la ratio decidendi(51) de la sentencia C-543 de 1992(52), siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
3.3.2. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales(53): (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente relevancia constitucional(54); (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela(55); (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela(56).
3.4. Además de la verificación de los requisitos generales, para que proceda la acción de tutela contra una decisión judicial es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional(57), a saber: defecto orgánico(58), sustantivo(59), procedimental(60) o fáctico(61); error inducido(62); decisión sin motivación(63); desconocimiento del precedente constitucional(64), y violación directa de la Constitución(65).
3.5. Acerca de la determinación de los vicios o defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, pueda producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico(66).
No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la Sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume, esto es, la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial(67). Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción de tutela es la vulneración grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los asuntos de evidente relevancia constitucional.
3.6. De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una providencia judicial debe verificarse la concurrencia de dos situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales establecidas por la Corporación para hacer admisible el amparo material(68).
3.7. Teniendo presente que la accionante en su escrito de amparo planteó la existencia de una causal de procedibilidad de la acción de tutela, debido a que los despachos accionados desconocieron “el precedente jurisprudencial según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional”, la Sala procederá a analizar la posición fijada por la corporación en relación con dicha hipótesis, pero, primero deberá revisar la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de derechos pensionales y, luego, verificar el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto.
4. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de derechos pensionales
4.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela es un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales que procede de manera excepcional, es decir, “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Por lo anterior, cuando se interpone una acción de este tipo, pero existen mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa judicial, orientados a la garantía de los derechos fundamentales, el juez constitucional debe analizar su eficacia para establecer si procede o no la acción de tutela.
Así, tratándose del reconocimiento y pago de derechos pensionales, los ciudadanos cuentan con recursos en la vía ordinaria o contencioso administrativa, razón por la cual, por regla general, la acción de tutela no es procedente. Al respecto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional en la Sentencia T-1058 de 2004(69), estableció que en principio, no le corresponde a la jurisdicción constitucional en sede de tutela, conocer acerca de las controversias suscitadas con ocasión del reconocimiento de derechos pensionales, toda vez que se trata de prestaciones de orden legal para cuya definición existen en el ordenamiento jurídico otras instancias, medios y procedimientos administrativos y judiciales eficaces para su reclamación.
4.2. Sin embargo, también ha señalado esta Corporación que la anterior regla puede ser inaplicada “cuando lo que se pretenda sea la protección de derechos de personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta […], caso en el cual la intervención o participación del juez constitucional es necesaria para proteger derechos de carácter esencial cuando se presenta vulneración de un derecho fundamental”(70).
De forma tal que la acción de tutela, en principio, es improcedente para lograr el reconocimiento y pago de pensiones, salvo que se presente alguna de las siguientes condiciones(71): (i) que la negativa al reconocimiento de la pensión se origine en actos que, en razón a su contradicción con preceptos superiores, puedan desvirtuar la presunción de legalidad; (ii) que la negativa de reconocimiento pensional vulnere o amenace un derecho fundamental, y (iii) que la tutela sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Así, ante la presencia de una de las tres condiciones señaladas, se amerita la intervención del juez de tutela, que puede proceder a garantizar el derecho a la seguridad social invocado(72).
4.3. Ahora bien, esta corporación también ha señalado que, la tutela podrá otorgar la prestación de manera transitoria o definitiva(73). La primera opción procede cuando existe tal gravedad y urgencia que es necesaria una decisión, al menos con efectos temporales, para evitar un perjuicio irremediable(74); la segunda, cuando se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente no es idóneo para solicitar la prestación o resulta ineficaz para dirimir las controversias(75).
5. Constatación de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
5.1. Antes de asumir el estudio de fondo del problema jurídico que plantea la presente solicitud de amparo, debe la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción.
5.1.1. La relevancia constitucional del asunto bajo examen. Observa la Sala, que la tutela se orienta a desentrañar si las decisiones tomadas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, (i) vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso de la señora María Marleny Saldaña Amaya, al haberle negado el reconocimiento y pago de la sustitución pensional que le correspondía por haber sido la compañera permanente del señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, quien fuera pensionado convencional de la Chevron Petroleum Company, supuestamente, por desconocer el precedente jurisprudencial según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional; o, por el contrario, (ii) constituyen el legítimo ejercicio de la independencia y la autonomía judicial, pues se trata de decisiones que envuelven una aplicación razonable y proporcionada de la normativa legal y jurisprudencial que orienta la solución del caso concreto.
Las decisiones adoptadas afectan directamente la situación de la demandante como presunta beneficiaria de una prestación pensional que es esencial para su subsistencia. En tal sentido, el amparo solicitado se relaciona directamente con los principios fundamentales establecidos en la Constitución en el artículo 1º (Estado social de derecho) y 53 (irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales), y con las garantías de los artículos 29 (debido proceso), 48 (derecho a la seguridad social), 86 (acción de tutela) y 228 (prevalencia del derecho sustancial) de la misma. Así las cosas el asunto es de relevancia constitucional.
5.1.2. El agotamiento de los mecanismos ordinarios al alcance de la actora. En relación con el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez constitucional, encuentra la Sala que la accionante no cuenta con otro mecanismo para controvertir la decisión adoptada por los jueces de instancia, en defensa de sus derechos fundamentales. La sentencia del cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá(76), fue apelada por la apoderada judicial de la demandante, María Marleny Saldaña Amaya, y el recurso fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014), en el sentido de confirmar la decisión impugnada(77).
El artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, establece que “[a] partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente”. Así las cosas, teniendo en cuenta que si el salario mínimo legal mensual vigente para el año dos mil catorce (2014) equivale a seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000)(78), la cuantía para recurrir en casación en materia laboral debe exceder de setenta y tres millones novecientos veinte mil pesos ($73.920.000). En la demanda ordinaria laboral interpuesta por la accionante se estimó la cuantía en la suma de cuarenta y ocho millones cien mil pesos ($48.100.000), considerando que al momento de su presentación(79), se habían causado aproximadamente trece mesadas y que el causante devengaba una pensión equivalente a tres millones setecientos mil pesos ($3.700.000)(80). Se concluye, entonces, que no se cumple con el requisito económico para acudir a este medio de defensa judicial.
Por lo anterior, el presupuesto de la subsidiaridad se haya debidamente acreditado.
5.1.3. Satisfacción del requisito de inmediatez. Se constata, igualmente, el cumplimiento del requisito de inmediatez debido a que transcurrió un término razonable entre el proferimiento del fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014), y la interposición de la presente solicitud de amparo, el veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014).
5.1.4. La incidencia directa de una irregularidad procesal en la decisión impugnada. En el presente caso la actora no planteó una irregularidad de carácter procesal. No obstante, en la solución del caso concreto la Sala abordará el tema del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
5.1.5. La identificación razonable de los hechos y derechos presuntamente vulnerados, y su alegación en el proceso judicial. Los antecedentes de la demanda dan cuenta de que la accionante señala como fuente de la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, los pronunciamientos de los jueces naturales que le negaron el reconocimiento y pago de la sustitución pensional que le correspondía por haber sido la compañera permanente del señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, quien fuera pensionado convencional de la Chevron Petroleum Company, supuestamente, desconociendo el precedente jurisprudencial según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional. Dentro del proceso ordinario laboral tal situación fue alegada y se impugnó la determinación adoptada. Por lo tanto, se encuentra igualmente satisfecho este requisito.
5.1.6. No se trata de una tutela contra tutela. Como se indicó, en este caso se impugnan las decisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, en el marco de un proceso ordinario laboral.
5.2. Por las anteriores razones, encuentra la Sala cumplidos los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo cual se impone examinar si las sentencias de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014), y del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, del cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013), incurrieron en una causal de procedibilidad de la acción de tutela al “desconocer el precedente jurisprudencial según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional”.
6. La pensión de sobrevivientes y su relación directa con el derecho a la seguridad social.
6.1. El artículo 48 de la Constitución Política garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social(81). Por lo tanto, este se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado.
6.2. En el ámbito internacional, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. La anterior disposición, complementa y fortalece la protección que el ordenamiento constitucional le otorga al derecho a la seguridad social, convirtiéndose en un instrumento indispensable para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales en cabeza de toda persona, además inherente a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad(82).
“ART. 9º—Derecho a la seguridad social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes” (negrillas fuera del texto original).
De lo anterior se deduce que el derecho a la seguridad social protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo, de una enfermedad o incapacidad laboral o, en general, de cualquier otra causa que tenga el mismo efecto. Así mismo, que conforme a lo señalado en el artículo 9º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ante la muerte del beneficiario, las prestaciones de la seguridad social deben pasar a las personas que dependían económicamente de este.
6.3. Entre las denominadas prestaciones de la seguridad social, la Ley 100 de 1993 en sus artículos 46 a 49 y 73 a 78, contempla la denominada pensión de sobrevivientes en el régimen solidario de prima media con prestación definida y en el régimen de ahorro individual con solidaridad, respectivamente. En virtud de esta prestación, previo cumplimiento de determinados requisitos, algunas de las personas que dependían económicamente del pensionado por invalidez o por vejez o del afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, reciben una asignación mensual para su sostenimiento, unas veces en forma vitalicia y otras veces en forma temporal.
6.4. La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas oportunidades, acerca de la naturaleza jurídica y los fines de esta prestación pensional.
Así, en la Sentencia C-1094 de 2003(83), la Corporación resolvió una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra unos artículos de la Ley 797 de 2003, mediante la cual se reformaron algunas disposiciones de la Ley 100 de 1993, retomando el precedente sentado en la Sentencia C-1176 de 2001(84) en relación con los requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Frente a la finalidad que está llamada a cumplir la pensión de sobrevivientes, consideró:
“La Constitución Política consagra una serie de mandatos referentes a la naturaleza, cobertura y efectos de la seguridad social. En el artículo 48 la define como un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Dispone igualmente la Carta que la seguridad social es un derecho irrenunciable que se garantiza a todos los habitantes (art. 48).
“Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en [la] ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones(85).
“La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades”.
A su vez, en lo atinente a los requisitos y beneficiarios, la Corte sostuvo:
“Requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
“Esta Corporación se ha pronunciado acerca de la finalidad y legitimidad de los requisitos de índole temporal o personal que señale el legislador para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Según lo expuesto en la Sentencia C-1176 de 2001(86), es razonable suponer que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia. Igualmente suponer que el señalamiento de exigencias pretende favorecer económicamente a matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de permanencia; también se ampara el patrimonio del pensionado, de eventuales maniobras fraudulentas realizadas por personas que sólo persiguen un beneficio económico con la sustitución pensional. Por esto, dijo la Corte, con el establecimiento de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada.
“La jurisprudencia constitucional ha resaltado también que el artículo 48 de la Constitución otorga un amplio margen de decisión al legislador para configurar el régimen de la seguridad social(87).
“En ejercicio de esta atribución y de acuerdo con las disposiciones demandadas, las cuales guardan una estrecha relación material entre sí, el legislador distingue entre requisitos exigidos en relación con las condiciones de causante al momento de su fallecimiento (art. 12) y calidades de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (art. 13)”(88).
Luego, en la Sentencia C-451 de 2005(89), el juez constitucional estimó que los fines perseguidos con la pensión de sobrevivientes, eran los siguientes:
“En este orden de ideas, la pensión de sobrevivientes atiende un importante objetivo constitucional cual es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pues con esta prestación se pretende que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia(90), sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido(91). Por ello la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas que dependían del causante y compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades económicas más urgentes(92). Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que el régimen de la pensión de sobrevivientes no se inspira en la acumulación de un capital que permita financiarla, sino en el aseguramiento del riesgo de deceso del afiliado”.
Asimismo, en la Sentencia T-072 de 2002(93), la Sala Octava de Revisión consideró que si bien la pensión de sobrevivientes es una prestación económica, también ha sido catalogada como un derecho fundamental en el entendido que también apunta a proteger, en especial, a aquellos integrantes del núcleo familiar que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, a efectos de evitar que caigan en un estado de abandono y miseria, pues “busca lograr en favor de las personas que se encuentran involuntariamente en circunstancias de debilidad manifiesta —originada en diferentes razones de tipo económico, físico o mental y que requieren de un tratamiento diferencial positivo o protector—, un trato digno y justo, por parte de la entidad que debe reconocer y pagar la pensión”.
En el mismo sentido, la Sala Novena de Revisión en la Sentencia T-941 de 2005(94), estimó que “la pensión de sobrevivientes es aquella que deja el pensionado o el trabajador activo a sus beneficiarios al morir, la cual busca proteger a las personas que por alguna razón se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta ya sea por motivos de tipo económico, físico o mental” (negrillas fuera del texto original).
Tal es la importancia de la finalidad asignada a la pensión de sobrevivientes que la jurisprudencia ha previsto, entre otras consecuencias, la censura decidida de los actos que desconozcan dicho propósito. Por ejemplo, en la Sentencia C-111 de 2006(95) la corporación señaló:
“[…] la finalidad de la pensión de sobrevivientes, es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Cualquier decisión administrativa, legislativa o judicial que desconozca esa realidad, e implique por consiguiente la reducción de las personas a un estado de miseria, abandono, indigencia o desprotección, debe ser retirada del ordenamiento jurídico por desconocer la protección especial que la Constitución le otorgó al mínimo vital y a la dignidad humana como derechos inalienables de la persona, y a los principios constitucionales de solidaridad y protección integral de la familia, como soportes esenciales del Estado social de derecho”(96).
6.5. En este orden de ideas, la pensión de sobrevivientes hace parte del derecho a la seguridad social(97) y consiste en la prestación por medio de la cual se protege a las personas que, a causa de la muerte de aquélla de la cual dependían, se ven en dificultades para acceder a las condiciones materiales necesarias para subsistir, brindándoles, al menos, el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban antes del deceso del pensionado o afiliado(98). En otras palabras, se busca que la muerte del afiliado, o del pensionado en cada caso, no desmejore las condiciones de quienes dependían de este(99). Es así como la figura de la pensión de sobrevivientes apunta a: (i) alcanzar fines conformes con los postulados de justicia retributiva y equidad, y (ii) proteger al núcleo familiar que queda desamparado por la muerte de quien lo sostenía económicamente.
7. Convivencia efectiva al momento de la muerte como elemento central para determinar quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Reiteración de jurisprudencia.
7.1. En la Sentencia T-217 de 2012(100), la Sala Sexta de Revisión concluyó que “el derecho a la pensión de sobreviviente hace referencia a la situación que se presenta ante la muerte de quien fue pensionado por cumplir los requisitos de ley, que genera la subrogación de los miembros del grupo familiar en el pago de la prestación económica que éste venía recibiendo”. Constituye así un derecho de contenido fundamental que soporta o garantiza, en todo o en algo, el mínimo vital de las personas que dependían del causante y que se erigen como beneficiarios, de conformidad con la ley(101).
Como quedó expuesto en la consideración precedente, esta clase de prestación pensional tiene como finalidad proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en la medida en que los dependientes del causante mantengan el mismo nivel de seguridad social y económica con que contaban en vida del fallecido. Al respecto, en la Sentencia T-173 de 1994(102) la Sala Séptima de Revisión definió como fin último de la pensión de sobrevivientes el de evitar que los allegados al pensionado fallecido queden desamparados a raíz del nefasto suceso, es decir, que la mesada pensional que tenía el causante le permita a sus beneficiarios proseguir con una vida digna y justa al tener acceso a los recursos económicos, producto de la actividad laboral de este.
7.2. Ahora bien, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, estipula quienes son los beneficiarios del derecho a la pensión de sobrevivientes, en los siguientes términos:
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte(103);
“b) […]
“Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo(104). Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional C-1035 de 2008, en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el gobierno(105); y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
7.3. Los requisitos para que el cónyuge o compañero(a) permanente accedan a la pensión de sobreviviente, son “acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haber convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”(106).
En reiterada jurisprudencia(107) esta corporación ha sostenido que la exigencia de “vida marital”, hace referencia a la necesidad de beneficiar a las personas más cercanas, que realmente compartían con el causante su vida, pues en razón del fin último que persigue esta prestación pensional, se debe impedir que quien haya convivido de manera permanente, responsable y efectiva y haya prestado apoyo a su pareja al momento de morir, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas materiales, económicas y morales que supone su desaparición(108).
7.4. En la Sentencia C-1094 de 2003(109), la Corte Constitucional al analizar el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en lo que respecta a la modificación introducida por esta norma al literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con el requisito de la convivencia de no menos de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del causante(110), y los requisitos de índole personal o temporal para acceder a la pensión de sobrevivientes, reiteró:
“Según lo expuesto en la Sentencia C-1176 de 2001(111), es razonable suponer que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia. Igualmente suponer que el señalamiento de exigencias pretende favorecer económicamente a matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de permanencia; también se ampara el patrimonio del pensionado, de eventuales maniobras fraudulentas realizadas por personas que sólo persiguen un beneficio económico con la sustitución pensional. Por esto, dijo la Corte, con el establecimiento de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada”.
7.5. El elemento de la convivencia efectiva al momento de la muerte del pensionado, para efectos de determinar quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes, también ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado(112). En sentencia del ocho (08) de abril de dos mil diez (2010), al determinar la legalidad de las resoluciones proferidas por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de las cuales se dejó en suspenso el reconocimiento de la pensión de beneficiarios del actor, respecto del cincuenta por ciento (50%) de su monto, por estimar que era la jurisdicción competente la encargada de dirimir el conflicto de intereses planteado entre quien expuso la condición de cónyuge supérstite y quien adujo la condición de compañera permanente; la Corporación basó su decisión en el denominado principio material para la definición del beneficiario, cuyo alcance ha sido definido por la Corte Constitucional:
“‘[...] la legislación colombiana acoge un criterio material —esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte— como elemento central para determinar quien es el beneficiario de la sustitución pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido’(113).
“Criterios de convivencia, apoyo y socorro mutuo durante la última etapa de vida del causante son, entonces, los elementos a ser analizados en cada caso concreto, con el objeto de determinar si dentro del primer orden de asignación la (el) cónyuge o la (el) compañera (o) permanente tienen derecho a percibir el beneficio al que se ha venido haciendo referencia” (negrillas fuera del texto original).
Así mismo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en noviembre veintinueve (29) de dos mil once (2011)(114), al estudiar la juridicidad del fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, dentro de un proceso ordinario adelantado en procura del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a una viuda, en donde era necesario dirimir el conflicto surgido entre ella y quien adujo la condición de compañera permanente; fundamentó su decisión en el denominado principio material, para la definición del beneficiario, y determinó para el caso concreto:
“A juicio de la Sala, con la Ley 797 de 2003, se buscó remediar esa circunstancia y, por esa razón, se introdujo una modificación en materia de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes consistente en que, si bien la convivencia con el causante sigue siendo el requisito fundamental para que el cónyuge o el compañero o la compañera permanente accedan a esa prestación por muerte, se estableció una excepción a esa regla general, con el fin de conferirle también la condición de beneficiario al cónyuge separado de hecho que conserve vigente el vínculo matrimonial, quien tendrá derecho a la pensión en proporción al tiempo de convivencia con el de cujus” (negrillas fuera del texto original).
7.6. En conclusión, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han procurado superar la discriminación que existía en la ley, en relación con la posibilidad de que la compañera permanente solicite la pensión de sobrevivientes y le sea reconocida la sustitución pensional. Esta postura obedece a la prevalencia del principio material para la definición del beneficiario, en orden a reconocer, a partir de la realidad, según cada caso, a la persona o personas que convivieron y brindaron ayuda y apoyo en la fase final de la vida del causante. La otra razón constitucional que explica esta posición, es la necesidad de garantizar que los dependientes del causante mantengan el mismo nivel de seguridad social y económica con que contaban en vida del fallecido, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional y, por tanto, merecedoras de un tratamiento particular acorde a sus diferencias.
8. Los poderes y los deberes del juez laboral en perspectiva de la protección de derechos fundamentales.
8.1. Esta Corte ha indicado que la actividad oficiosa del juez ante las dudas que puedan presentarse en el proceso judicial responde a las finalidades esenciales del Estado, en tanto garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, bajo la consigna de que todos los derechos relacionados con el proceso judicial deben ser leídos en función de la garantía eficaz de los derechos sustanciales(115).
En tal medida, la Corte ha afirmado que el decreto oficioso de pruebas no es una atribución o facultad potestativa del juez sino un verdadero deber legal. Así, el funcionario deberá decretar las pruebas de manera oficiosa siempre que, (i) a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir, o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material(116).
8.2. En virtud de las especiales connotaciones constitucionales y legales del derecho laboral y de la seguridad social, el juez debe utilizar sus poderes oficiosos para garantizar los derechos sustanciales de las partes, lo que constituye no una simple potestad sino un deber constitucional y legal, que se manifiesta, entre otras cosas, en la posibilidad de decretar pruebas para determinar aspectos fácticos que deban ser aclarados. En este orden de ideas, la Corte ha señalado que conforme al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene el poder (y el deber) de decretar pruebas de oficio. Así lo establece el artículo 54 de dicho estatuto: “(...) el Juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quién o a quiénes aproveche, la práctica de todas aquellas que a su proceso sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”(117).
En este sentido, tales mandatos son de imprescindible observancia para todos los funcionarios judiciales, pero adquieren particular relevancia en los procesos laborales y de la seguridad social, por las especiales condiciones con que el ordenamiento jurídico los ha investido. En efecto, el proceso laboral se distingue de otro tipo de procesos, no por las reglas técnicas que rigen la actuación judicial, sino por el contenido de los derechos sociales, que tienen como finalidad el cumplimiento de la igualdad material y la realización de los postulados del Estado social de derecho.
Como se señaló con anterioridad, el decreto oficioso de pruebas no es una atribución o facultad potestativa del juez sino un verdadero deber legal, el cual en materia laboral y de la seguridad social, se enmarca dentro de un sistema de procedimiento de tendencia inquisitiva(118) en el que la búsqueda de la verdad, la igualdad y la justicia material son fines esenciales del proceso(119). En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el funcionario deberá decretar pruebas oficiosas siempre que, (i) surja la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir, o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material. Estas prescripciones, señaladas en la Sentencia T-264 de 2009(120) y reiteradas en múltiples pronunciamientos de esta Corte, hacen referencia a la labor del juez en asuntos de la justicia civil, y que igualmente se han considerado transversales a la jurisdicción contencioso administrativa (Sent. T-591/2011(121)). De manera que, para esta Sala, se puede sostener que si dichos postulados son aplicables a tales esquemas procesales (civil y contencioso administrativo), a fortiori, es más que válida su aplicación en el caso de la justicia laboral y de la seguridad social, en la cual es evidente su marcada tendencia al sistema inquisitivo de enjuiciamiento en razón de la exigencia del cumplimiento de la igualdad material, la justicia, la compensación de cargas y la búsqueda de la verdad de los hechos, como finalidades derivadas de la cláusula de Estado social de derecho(122).
8.3. En relación con la tesis anterior, la Sala encuentra que en materia laboral y de la seguridad social el papel del juez como director del proceso se torna mucho más amplio en sus poderes inquisitivos, en tanto el ordenamiento jurídico dispone expresamente que en tales materias existe un claro deber activo en favor de la búsqueda de la verdad de los hechos y la justicia(123).
Lo anterior no quiere decir que el juez no puede fallar o deba declararse inhibido si no logra establecer la verdad de los hechos, pues lo que se plantea desde el plano constitucional y legal, es que arribar a esta es una finalidad de la actividad jurisdiccional, especialmente en materia laboral y de la seguridad social, lo que es posible y necesario a través del trabajo diligente de la administración de justicia. En este sentido, como se afirmó en la Sentencia T-264 de 2009(124), lo que en realidad se busca es que la solución de los conflictos propuestos ante las instancias jurisdiccionales, sea justa, a través de la adopción de decisiones judiciales que se fundamenten en una consideración de los hechos que pueda estimarse verdadera. Ante tales presupuestos, los poderes otorgados por el ordenamiento jurídico al juez adquieren prístina razón de ser al desarrollar las prescripciones de la búsqueda de verdad de los hechos y la justicia en la labor jurisdiccional.
8.4. Debe considerarse además que, si bien las bases del derecho procesal son las mismas para toda clase de procesos, las diferencias radican en las especiales consideraciones constitucionales que permean el derecho sustantivo del trabajo y de la seguridad social. Así, por ejemplo, son principios que caracterizan al procedimiento laboral y de la seguridad social, la desigualdad compensatoria (en sus tres elementos el indubio pro operario, la condición más beneficiosa y la norma más favorable), la búsqueda de la verdad de los hechos y la indisponibilidad de los derechos(125).
Dentro de las especificidades del derecho laboral y de la seguridad social, el tema probatorio constituye una diferencia notable respecto a los demás procedimientos. En este sentido, en la práctica de pruebas, el juez laboral y de la seguridad social debe tener en cuenta la desigualdad objetiva de las partes y tomar todas las medidas para lograr el equilibrio necesario. Esta situación no constituye una parcialización del juez, pues tal postura se deriva de los principios constitucionales y los mandatos legales que regulan dichas áreas del derecho(126).
En esta misma línea, una diferencia notoria respecto a otro tipo de procesos, radica en la postura marcada por parte del juez frente a la búsqueda de la verdad de los hechos, esto, en tanto el juez debe orientarse por los fines del derecho laboral y de la seguridad social, en el sentido de procurar activamente la realización de los deberes del Estado contemplados en el artículo 2º, inciso 2º, de la Constitución, que dispone: “Las autoridades de la República están instituidas para (...) asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. De allí se deriva que el objetivo de la Constitución, y en consecuencia de los procesos laborales, es contribuir a la construcción de un orden social más equitativo.
Igualmente trascendentes resultan los principios de primacía de la realidad y búsqueda de la verdad de los hechos en el proceso, que se derivan de los mandatos consagrados en el artículo 53 de la Constitución(127), en virtud de los cuales el juez no se restringe a la demostración nuda de los hechos que las partes afirman o niegan, sino que asume una posición activa respecto a la búsqueda de la verdad. Adicionalmente, el numeral 7º del artículo 95 de la Constitución Política(128), vindica los poderes del juez y exige a las partes en el proceso la cooperación necesaria como presupuesto del deber de colaboración con la administración de justicia. Este mandato irradia consecuencias en materia procesal laboral y de la seguridad social, toda vez que en virtud del deber de colaboración con la justicia, las partes deben aportar las pruebas que tengan en su poder, sin olvidar además, el deber del juez de utilizar los poderes que le provee el ordenamiento jurídico como director del proceso, para adoptar los medidas pertinentes con el fin de que el material probatorio sea debidamente recaudado.
8.5. Ahora bien, específicamente respecto a los poderes del juez laboral como director del proceso, el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 7º de la Ley 1149 de 2007, estableció que “[e]l juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite”.
Dicha disposición establece una concepción de la labor jurisdiccional en materia laboral y de la seguridad social que se sustenta en la protección de los derechos fundamentales, y que a su vez deriva del mismo mandato constitucional que entrega la protección de los derechos fundamentales a todos los jueces, lo cual no corresponde únicamente al control constitucional de tutela (C.P., art. 86) sino a toda la labor judicial (C.P., arts. 2º, 228, 229 y 230) en los diferentes procesos de los cuales los jueces son rectores.
En esta perspectiva, el juez debe realizar una justa y eficiente administración de justicia con base en todo el ordenamiento jurídico, con especial énfasis en los derechos fundamentales. Esto implica que el juez, en el estudio de los casos concretos, debe efectuar el análisis de las disposiciones constitucionales, de los convenios internacionales y de la legislación interna, adoptando todas las medidas necesarias para amparar los derechos de las personas. Tal interpretación de la labor del juez responde a la visión integral en perspectiva de derechos fundamentales que la Constitución estableció para la función judicial (art. 86, 228, 229 y 230 de la Constitución).
8.6. Como consecuencia lógica el juez debe adoptar todas aquellas medidas necesarias durante las diferentes etapas del proceso con el fin de evitar la vulneración de los derechos de las partes. En materia procedimental en particular, y articulado a los deberes del juez en el proceso, el principal derecho fundamental que debe proteger el juez laboral y de la seguridad social es el debido proceso. Para el amparo de dicho derecho, que se relaciona íntimamente con los derechos de acceso a la administración de justicia y defensa, el proceso y sus etapas se deben desarrollar dentro de los términos, plazos y procedimientos establecidos en las normas correspondientes, para una efectiva materialización de la justicia(129).
Otra consecuencia importante es que en el ámbito probatorio la labor del juez se torna más rigurosa, teniendo en cuenta que a la luz de los citados principios que rigen la actividad judicial, y con miras a lograr la verdad de los hechos, debe adoptar las medidas tendientes a la efectiva realización de la justicia. Así las cosas, en cada caso el juzgador deberá determinar el valor probatorio de cada una de las pruebas que las partes aportan al proceso, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de tal manera que si no alcanza el convencimiento acerca de los hechos afirmados o negados, acuda al deber (poder) de decretar pruebas de oficio(130).
8.7. Se concluye que los deberes del juez laboral y de la seguridad social, en virtud del papel de guardián de los derechos fundamentales(131) (dentro de los cuales se incluyen el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa), son mucho más rigurosos en cuanto a su postura activa frente al proceso, en tanto debe garantizar mediante el ejercicio de todos los poderes que detenta, la efectividad de los derechos de las partes, ya sea requiriéndolas para el cumplimiento de las cargas probatorias que les corresponde asumir, o bien acudiendo al decreto de prueba de oficio(132).
En el proceso laboral y de la seguridad social el juez debe velar por la realización efectiva de la justicia, en pro de los derechos sustanciales del ciudadano. Por ende, no es admisible una postura pasiva del juez frente aquellas situaciones en las que debe adoptar las medidas pertinentes para buscar la verdad de los hechos y alcanzar la justicia material, más aún cuando dicho deber está en sintonía con la función judicial en perspectiva de protección de los derechos fundamentales de las partes, cuya impronta es evidente en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social.
9. La ratificación de testimonios prevista en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y su aplicación en asuntos procesales del trabajo y la seguridad social.
9.1. En la Sentencia T-363 de 2013(133) la Sala Novena de Revisión estudió la figura probatoria de la ratificación de testimonios extraproceso regulada por el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos(134). La finalidad de la ratificación, es permitir que la persona contra quien se aduce un testimonio recibido fuera del proceso, tenga la oportunidad de controvertir dicha prueba en el proceso. Adicionalmente, la ratificación permite que el juez que conoce de la causa pueda apreciar directamente la prueba, para tener certeza sobre los dichos del testigo frente a los hechos relevantes del proceso.
Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(135), ha señalado que su objeto es propiciar al juez, en su papel de instructor del proceso y director del mismo, “el conocimiento de la ciencia del dicho del testigo, quien debe exponerle tanto a él como a las partes, las percepciones que espontáneamente está en condición de recordar, así como absolver los interrogantes que el funcionario le formule para conocer las circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y la verosimilitud de su versión, y los que los abogados le planteen para probar o contraprobar las afirmaciones del proceso, en cuanto a las circunstancias históricas de cómo ocurrieron los hechos materia de controversia…”. Lo anterior por cuanto con dicha ratificación termina cumpliéndose así con los principios de publicidad y contradicción que garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa, contribuyendo en el fondo de la litis en materia laboral a la búsqueda de la verdad de los hechos.
En relación con el requisito de la ratificación de los testimonios extraproceso, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado ciertas pautas a los jueces para la valoración de dichas pruebas, así como las posibilidades que tienen los operadores judiciales frente a la exigencia de dicho requisito en materia probatoria. En particular ha marcado los derroteros respecto a la posibilidad de valorar las declaraciones recibidas por fuera del proceso que no hubieren sido ratificadas, dándoles el carácter de documentos declarativos de terceros, según lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil(136); a lo que ha adicionado la posibilidad de que los jueces ordenen de oficio la ratificación de los testimonios, cuando en virtud del principio de la sana crítica lo consideren necesario para su convicción y para garantizar los derechos de la parte contraria.
9.2. De una parte, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema, ha aceptado la posibilidad de que las declaraciones extraproceso recibidas para fines no judiciales, o las que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria, puedan evaluarse como documentos declarativos de terceros, los cuales no requieren ratificación, salvo que la parte contraria así lo solicite, según lo dispone el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. En esta vía, la corporación ha señalado que “las declaraciones extrajuicio (…), pueden tomarse ‘(…) como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 277 del CPC (Mod. L. 794/2003, art. 27), no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite.’”. Lo anterior tiene justificación en tanto “se acompasa con la política legislativa que en materia probatoria se viene adoptando, en perspectiva de menguar el exceso de rigor formal que antaño campeaba en los códigos de procedimiento”(137). Dicha postura ha sido reiterada en recientes pronunciamientos en los que la Corte Suprema ha insistido en que las mencionadas declaraciones no ratificadas “deben tenerse como documentos declarativos provenientes de terceros”(138).
9.3. De otra parte, respecto a las declaraciones extraproceso, que regula el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, la máxima Corporación de la jurisdicción ordinaria ha señalado que los jueces laborales y de la seguridad social, en virtud de sus facultades como directores del proceso, tienen la potestad de ordenar la ratificación que ordena aquella norma, con el fin de valorar íntegramente la prueba y esclarecer los puntos que consideren pertinentes. En este tema, pese a que la jurisprudencia de la Corte Suprema inicialmente sostenía que las declaraciones extrajuicio debían ser ratificadas para ser valoradas dentro del proceso laboral, en recientes pronunciamientos, ha venido señalando que el juez laboral puede acudir oficiosamente a ordenar la mencionada ratificación.
Así por ejemplo, la postura inicial de la Corte Suprema respecto a este tipo de prueba, señalaba que “no podía ser estimada, por cuanto es claro que se trata de un testimonio que fue recibido por fuera del proceso, de tal suerte que le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, en materia de ratificación…”(139). De manera que para tomarse como válido el testimonio extraprocesal, debía cumplir la formalidad de la ratificación que ordena el mencionado artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. En idéntico sentido, en un pronunciamiento posterior señaló que como pruebas de la dependencia económica en materia pensional, dichas pruebas “no podían ser valoradas, por cuanto se trata de declaraciones que fueron rendidas por fuera del proceso, razón por la cual, es necesario aplicar lo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, sobre la ratificación”(140).
Sin embargo, en recientes fallos la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que la ratificación de los testimonios por vía de los poderes oficiosos que le confiere el ordenamiento jurídico al juez laboral y de la seguridad social, es un deber derivado de la dirección del proceso que este ostenta. En este sentido, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, al momento de estudiar un caso en el que se discutía la validez de la ratificación de los testimonios que establece el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, como prueba válida para determinar el tiempo de servicios y el salario de un trabajador que solicitaba una pensión de jubilación, expresó que el juez “conforme a sus facultades oficiosas que le confiere el artículo 83 del CPTSS, no solo podía, sino que era su obligación, como director del proceso, procurar que la prueba surtiera todos sus efectos, decretando su ratificación…”(141).
En este mismo fallo, la Corte suprema precisó que “[…] si bien, para la ratificación del testimonio, el artículo 229 del CPC exige que se repita el interrogatorio inicialmente practicado, ello no implica que se haga en los mismos términos, sino que basta que verse sobre el mismo asunto […]. En tal medida, el juez […] cuenta con facultades amplias para hacer las preguntas pertinentes que sean necesarias para aclarar el tema sobre el que versa la prueba, sin que por ello pueda aducirse una invalidez”(142).
9.4. De manera que la jurisprudencia autorizada en relación con la ratificación de los testimonios extrajuicio y su valoración dentro del proceso, determina que frente a la ausencia de esta el juez bien puede: (i) darles el tratamiento de documentos declarativos provenientes de terceros (CPC, art. 277); o bien, (ii) ordenar oficiosamente la ratificación que establece el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que resulta necesario el esclarecimiento de los hechos afirmados o negados por las partes, además, para garantizar los derechos de defensa y contradicción de la parte contraria, con lo cual se constituyen en testimonios válidos dentro del proceso. Ambas medidas se armonizan con el respeto de los derechos y garantías de las partes. Su real distanciamiento surge de las particularidades de cada caso concreto, en virtud de las cuales el juez deberá determinar cuál es la medida idónea para valorar la prueba en el marco de la sana crítica.
Vistas las consideraciones generales que constituyen el marco jurídico decisional del asunto que se revisa, se procede al análisis del caso concreto.
10. El juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá vulneró los derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la accionante, al incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
10.1. La Chevron Petroleum Company reconoció y pagó la pensión por sustitución de su extrabajador fallecido Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, a la señora Beatriz Ospina de Mondul, por haber acreditado los requisitos legales en su condición de cónyuge supérstite, en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%), hasta su muerte ocurrida el nueve (09) de diciembre de dos mil doce (2012). El otro cincuenta por ciento (50%) de la sustitución pensional le fue reconocido al hijo del señor Mondul Díaz, A.E.M.S. La señora María Marleny Saldaña Amaya, en calidad de madre y representante legal de Á.E., recibió las mesadas en su nombre desde mayo de dos mil doce (2012) hasta enero de dos mil trece (2013), mes en que este cumplió la mayoría de edad. En la actualidad el hijo del causante recibe el cien por ciento (100%) de la pensión de sobrevivientes.
10.2. En razón del fallecimiento de la señora Beatriz Ospina, María Marleny Saldaña Amaya, afirmando su condición de compañera permanente del señor Mondul Díaz durante treinta y ocho (38) años, interpuso demanda ordinaria laboral en contra de la Chevron Petroleum Company, el once (11) de marzo de dos mil trece (2013), solicitando: (i) que se condene a la Empresa a reconocerle a la demandante la sustitución de la pensión convencional que le fuera reconocida al señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, fallecido el treinta (30) de abril de dos mil doce (2012), la cual será compartida con su hijo Á.E.M.S. Y, consecuencialmente, (ii) que se condene a la Empresa a pagarle a la señora María Marleny las mesadas pensionales que se hayan causado(143).
10.3. La Juez Segunda Laboral del Circuito de Bogotá en la audiencia de trámite y juzgamiento, celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013), no acogió las pretensiones de la demanda y absolvió a la Chevron Petroleum Company “de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la demandante María Marleny Saldaña Amaya…”, declarando probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe(144). En la audiencia la Juez señaló que la demandante no acreditó los requisitos legales establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes, en lo que tiene que ver con la convivencia con el causante no menos de cinco años continuos con anterioridad a su fallecimiento(145). En relación con las declaraciones extrajuicio de los señores Julio Castillo Quiñones y Luis María Buelvas Lizcano, aportadas por la parte demandante al proceso ordinario laboral, en donde se da cuenta de la convivencia de la demandante con el fallecido Mondul Díaz(146), la juez señaló: “[…] este despacho no dará valor probatorio a estas declaraciones como quiera que las mismas no fueron ratificadas dentro del presente juicio y que como lo manifestara el apoderado de la parte demandada no contó Chevron Petroleum Company con la oportunidad de controvertir lo afirmado por los declarantes al ejercer su defensa dentro del juicio respecto a las citadas declaraciones, lo que conlleva al despacho a concluir que al no haberse acreditado los requisitos legales para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes […] puntualmente el relacionado con la convivencia con el causante, habrá de absolverse a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda”(147).
10.4. La anterior decisión fue apelada en la audiencia por la apoderada de la accionante, debido a que la juez no tuvo en cuenta “las declaraciones extrajuicio rendidas por Julio Castillo Quiñones y Luis María Buelvas Lizcano”, el veintiuno (21) febrero de dos mil trece (2013), en la Notaría Única del Círculo de Puerto Boyacá, y que fueron aportadas con la demanda, en donde se hace constar la convivencia entre la señora María Marleny y el señor Mondul Díaz por un tiempo aproximado de treinta y ocho (38) años, y su dependencia económica del causante(148). Afirmó que dichas declaraciones no fueron tachadas de falsas por el apoderado judicial de la Empresa demandada ni frente a ellas se solicitó ratificación(149).
10.5. La decisión proferida en la audiencia celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013), por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá(150), debido a que no se probó en el proceso la convivencia requerida entre la demandante y el causante, señor Mondul Díaz(151).
10.6. A continuación, la señora María Marleny Saldaña Amaya interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, extensiva al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, que considera vulnerados por los despachos judiciales accionados al negarle la pensión sustitutiva a la que tiene derecho por haber sido la compañera permanente durante treinta y ocho (38) años, del señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, fallecido. En concreto, planteó la existencia de una causal de procedibilidad de la acción de tutela debido al desconocimiento del “precedente jurisprudencial según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional”.
10.7. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), negó la protección solicitada por María Marleny Saldaña Amaya, por no cumplir con el requisito de subsidiaridad, toda vez que tenía la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá(152). Esta decisión fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el ocho (08) de julio de dos mil catorce (2014)(153).
Esta Sala de Revisión se aparta de la conclusión anterior. En el considerando 5 de la presente sentencia, se realizó la constatación de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto, concluyendo que la accionante no cuenta con otro mecanismo para controvertir la decisión adoptada por los jueces de instancia, en defensa de sus derechos fundamentales, pues el asunto controvertido no cumple con el requisito económico para acudir al recurso extraordinario de casación, conforme al artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. Razón por la cual, estima que el presupuesto de la subsidiaridad sí se haya debidamente acreditado.
En este sentido, la Sala revocará los fallos del ocho (08) de julio de dos mil catorce (2014), de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negaron la protección solicitada por María Marleny Saldaña Amaya, para, en su lugar, amparar los derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la accionante.
10.8. Retomando el análisis del caso concreto, la Sala evidencia la ocurrencia de una falencia de la juez de primera instancia al obviar las alternativas que le ofrecía el ordenamiento jurídico, y que han sido delineadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para subsanar la falta de ratificación de los testimonios extraproceso, que la misma funcionaria adujo como necesaria(154). Tal desatención de la juez, constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto(155), que como consecuencia conllevó a una omisión en el recaudo y valoración de las pruebas que debían tenerse en cuenta para la decisión de fondo, con lo cual, se incurrió concomitantemente en un defecto fáctico(156) como a continuación se procede a explicar.
10.9. En primer lugar, la Sala quisiera precisar que comparte el criterio de la funcionaria judicial en cuanto a que la ratificación de los testimonios recibidos por fuera del proceso constituye una formalidad relevante. Este requisito (la ratificación) tiene importancia en tanto garantiza el respeto de los derechos al debido proceso y a la defensa de la parte contraria en el proceso, la cual, de otra forma, no tendría la oportunidad de controvertir dichas pruebas. Sin embargo, en criterio de la Sala este razonamiento no es obstáculo para que el juzgador ejerza sus poderes (deberes) de instrucción, conferidos por el ordenamiento procesal, en procura de buscar la verdad de los hechos, lograr la justicia material y la eficacia de los derechos sustanciales, especialmente, cuando se trata de asuntos propios de la justicia laboral y de la seguridad social.
En este orden de ideas, la Sala no comparte los argumentos esbozados por la juez para sustentar el sentido de su decisión, en lo que tiene que ver con la ratificación de los testimonios extraproceso, y que es establecida en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, pues si bien es cierto que este requisito constituye una garantía del derecho al debido proceso de la parte contraria en el proceso, su cumplimiento tampoco puede ser obstáculo para que se logre el fin de la justicia material, esto es, resolver las controversias jurídicas de fondo. En esta perspectiva, la exigencia de una formalidad no puede elevarse a un nivel tal que su incumplimiento implique la negación de la justicia misma. Se entiende, entonces, que la funcionaria desconoce abiertamente su deber constitucional derivado de su función judicial de utilizar los recursos probatorios que le provee el ordenamiento jurídico para lograr la justicia material propia del Estado social de derecho. Así las cosas, resulta una inconsistencia pragmática(157), que el juzgador evidencie la carencia de un elemento necesario para impartir justicia y que no utilice las facultades oficiosas que le provee el ordenamiento jurídico para subsanarla.
10.10. Adicionalmente, la funcionaria, al adoptar dicha postura, desconoce abiertamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—. Como fue planteado en el considerando 9, los pronunciamientos del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria han señalado no solo la posibilidad de decretar la ratificación de los testimonios que establece el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los poderes oficiosos que le provee el ordenamiento jurídico al juez laboral y de la seguridad social como director del proceso, sino que, adicionalmente, ha establecido que ante la falta de la mencionada validación, se debe optar por valorar tales pruebas como documentos emanados de terceros, según lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, precisando eso sí, que frente a tales documentos igualmente procede la ratificación si la parte contraria lo solicita(158).
10.11. Como se señaló en el considerando 8 de este fallo, cuando del ámbito laboral y de la seguridad social se trata, no opera el esquema de la justicia rogada aplicable a otros escenarios jurisdiccionales, en tanto deben cumplirse fines esenciales del Estado y de la justicia en particular, además, porque tales ámbitos de regulación están revestidos de principios constitucionales de especial observancia. En este contexto, (i) en virtud de los poderes de instrucción otorgados por la ley a los jueces, y (ii) el deber constitucional que tienen de garantizar los derechos sustanciales de quienes acuden ante la justicia, la Juez Segunda Laboral del Circuito de Bogotá, debió decretar oficiosamente las pruebas o dar las órdenes complementarias pertinentes que hubiere considerado necesarias para buscar la verdad de los hechos y resolver de fondo la controversia suscitada, si consideraba que debía garantizarle los derechos de contradicción y defensa a la parte demandada en el proceso. Y en todo caso, al no ordenar la ratificación de los testimonios recibidos fuera del proceso, debió tener en cuenta las declaraciones allegadas por la parte demandante para valorarlas como documentos emanados de terceros(159), como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema. Esta omisión incidió directamente en la negación de la prestación pensional que reclamaba la accionante.
Lo anterior tiene asidero en los deberes constitucionales y legales de los jueces como protectores de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en la función que les corresponde de administrar justicia, la cual, en materia laboral y de la seguridad social, maximiza los deberes de búsqueda de la verdad de los hechos, realización de la justicia material y eficacia de los derechos sustanciales.
10.12. La Sala es consciente de la importancia de la independencia en el ejercicio de la función judicial, en especial en temas relativos a la valoración probatoria, no obstante, ello no es excusa para tomar decisiones superficiales ante la evidencia de hechos que necesariamente versan sobre la garantía de derechos sustanciales de carácter fundamental, como el que en su momento reclamaba la señora María Marleny Saldaña Amaya, quien por demás, y sea necesario decirlo, tiene sesenta y un (61) años de edad y afirma tener afectado su derecho al mínimo vital debido a que dependía económicamente del señor Sattar Mondul, con quien tuvo tres (3) hijos(160). Vale la pena reiterar lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-363 de 2013(161), en relación con el tema probatorio y los deberes del juez como director del proceso:
“En este asunto la jurisprudencia constitucional ha determinado que se configura el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando existiendo incertidumbre sobre unos determinados hechos que se estiman definitivos para la decisión judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio, omite decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su demostración. Lo anterior por cuanto, “pudiendo remover la barrera que se presenta a la verdad real y, por ende, a la efectividad del derecho sustancial, prefiere hacer caso omiso de las herramientas procesales a su alcance, convirtiendo los procedimientos en un obstáculo al acceso a la administración de justicia. En estos casos procede la tutela del derecho constitucional al acceso a la administración de justicia, y la orden de reabrir el debate probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo código adjetivo, para que el juez de la causa, con audiencia de las partes, ejerza sus deberes inquisitivos.(162)”.
10.13. En este punto, la Sala encuentra que la falta de cumplimiento de la ratificación estatuida en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, como uno de los fundamentos que conllevó a negar la prosperidad de las pretensiones de la demanda ordinaria laboral en el sub examine, no solo constituye una elevación excesiva de un formalismo procesal, sino que vulnera los derechos de la actora al acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Ante tal escenario, (i) se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al elevar el rigorismo procedimental a un punto tal que hace nugatorio el cumplimiento de la justicia en general, y de los derechos sustanciales de la parte demandante en particular; y (ii) adicionalmente, la decisión adoptada, viciada por el defecto antes señalado, conllevó a una omisión en el recaudo y la valoración de las pruebas que debían tenerse en cuenta para la decisión de fondo, con lo cual, consecuencialmente se incurrió en un defecto fáctico al pretermitir la evaluación de elementos de juicio fundamentales para el proceso (dimensión negativa del defecto fáctico).
10.14. En síntesis, esta Sala estima que en el asunto que se revisa la juez que adelantó el proceso ordinario laboral en primera instancia, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y, como consecuencia, en un defecto fáctico (en su dimensión negativa), en tanto la funcionaria desechó la valoración de las declaraciones extrajuicio aportadas al proceso ordinario laboral, en razón a que impuso a la parte demandante la carga de ratificar los testimonios, establecida en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil(163). El vicio señalado se estructura debido a que tal obligación probatoria debía ser subsanada por la juzgadora en virtud de los poderes (deberes) que le otorga el ordenamiento jurídico(164). Lo anterior porque, de una parte, el juez tiene el deber de salvaguardar los derechos fundamentales de las partes y, de otra, tiene el deber de buscar la justicia material utilizando todos los recursos que le provee el ordenamiento jurídico.
10.15. Así las cosas, la Sala evidencia que en relación con la ocurrencia del defecto deprecado (procedimental por exceso ritual manifiesto) se cumplieron los requisitos que configuran el mismo(165), esto es: (i) No hubo la posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, pues la apoderada judicial de la accionante agotó el recurso que consideró estaba a su alcance, y se encontró con que el juez de segunda instancia (Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá) confirmó la decisión de la Juez Segunda Laboral del Circuito de Bogotá. Razón por la cual acudió subsidiariamente a la acción de tutela. (ii) El defecto procedimental tuvo una incidencia directa en las decisiones acusadas, en tanto la exigencia del requisito de ratificación previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, incidió directamente en la negación de la prestación pensional que reclamaba la accionante y, con ello, en la vulneración de sus derechos fundamentales. (iii) La irregularidad fue alegada dentro del proceso ordinario laboral, utilizando los recursos ordinarios con los que contaba la demandante. (iv) Como consecuencia de todo lo anterior, a la señora María Marleny Saldaña Amaya se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En otros términos, la decisión adoptada por la funcionaria judicial no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos sustanciales de los ciudadanos; su actuar constituye una renuncia consciente a la búsqueda de la verdad de los hechos en el proceso, pese a las posibles inferencias que se pueden hacer de las pruebas obrantes y de los hechos probados en el mismo, aspecto este que no fue corregido en la segunda instancia; y exige un requisito formal cuya aplicación es en exceso rigurosa del derecho procesal. Lo anterior, deviene en el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Por las anteriores razones, esta Sala encuentra que si bien no se confirma el defecto planteado por la accionante, consistente en el desconocimiento del “precedente jurisprudencial según el cual la compañera permanente tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional”, debido a que, y esto lo comparte la Sala con los jueces de instancia, el reconocimiento de la prestación pensional exige que haya prueba de la convivencia efectiva al momento de la muerte del pensionado (tema analizado en el considerando 7), según disposición del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; sí se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que como consecuencia conllevó a una omisión en el recaudo y la valoración de las pruebas que debían tenerse en cuenta para la decisión de fondo, con lo cual, consecuencialmente se incurrió en un defecto fáctico.
Así las cosas, la Sala procederá a dejar sin efectos las decisiones judiciales censuradas y a ordenar la emisión de un nuevo fallo a través del cual se subsanen los yerros señalados en la presente sentencia.
1. REVOCAR los fallos del ocho (08) de julio de dos mil catorce (2014), de por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negaron la protección solicitada por María Marleny Saldaña Amaya. En su lugar, AMPARAR los derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la accionante.
2. DEJAR SIN EFECTOS las decisiones proferidas en las audiencias celebradas el día seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013), por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, que negaron las pretensiones de la demanda en el proceso ordinario laboral radicado 201300178 00, iniciado por la señora María Marleny Saldaña Amaya contra la Chevron Petroleum Company.
3. ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá que en un término no superior a quince (15) días contados desde la notificación de esta sentencia, realice una nueva audiencia dentro de la cual deberá decretar oficiosamente la ratificación de los testimonios extraproceso de los señores Julio Castillo Quiñones y Luis María Buelvas Lizcano, aportados por la parte demandante al proceso ordinario de la referencia, según lo establecido en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya o modifique, así como las demás pruebas que considere útiles, pertinentes y conducentes para esclarecer los hechos afirmados en la demanda. En consecuencia, deberá emitir sentencia de fondo conforme a los hechos probados, la valoración probatoria realizada y los fundamentos jurídicos aplicables para la solución del caso concreto.
4. LÍBRESE por Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(1) La demanda de tutela obra a folios 1 al 13 del cuaderno principal. En adelante, cuando se haga referencia a un folio se entenderá que corresponde al cuaderno principal a menos que se diga otra cosa.
(2) Proceso ordinario laboral radicado 110013105002201300178 00, promovido por la señora María Marleny Saldaña Amaya contra la Chevron Petroleum Company, para obtener el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
(3) Folios 2 y 3 del cuaderno dos. Tutela radicada bajo el número 36240. Magistrado sustanciador Carlos Ernesto Molina Monsalve.
(4) Folio 10 del cuaderno dos.
(5) Folio 11 del cuaderno dos.
(6) MP Jorge Mauricio Burgos Ruiz, radicado 36240 (fls. 13 al 19, cdno. dos).
(7) Folio 17 del cuaderno dos.
(9) Folios 24 al 26 del cuaderno dos.
(10) M.P. Eugenio Fernández Carlier, radicado 74187 (fls. 4 al 12, cdno. tres).
(11) Folios 10 y 11. En cuanto a la existencia de un defecto sustancial en los fallos proferidos por los despachos accionados, señaló: “Se descarta la presencia de causales de procedibilidad en el caso que se examina, pues las providencias que se pretenden dejar sin efectos en virtud del mecanismo de amparo no son el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de los funcionarios judiciales que las expidieron; por el contrario, fueron emitidas en el decurso de un procedimiento laboral, con plenas garantías para las partes, y obedecen a la aplicación de la normatividad vigente; con éstas no se ha vulnerado ni puesto en peligro ningún derecho fundamental de la accionante; ni con ocasión de ellas se le causa un daño antijurídico. || De ese modo, el razonamiento de los funcionarios judiciales no puede convertirse en el marco de la acción de tutela, toda vez que en manera alguna se percibe ilegítimo, arbitrario, caprichoso o irracional, como se quiere hacer ver. || Entendiendo, como se debe, que el mecanismo de protección constitucional no es una herramienta jurídica adicional, que en este evento, con la impugnación, se convertirá prácticamente en una cuarta instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursión en vías de hecho, originadas en la supuesta arbitrariedad en la apreciación de las pruebas allegadas al expediente, en la interpretación de las normas jurídicas aplicables al caso, o en el seguimiento de los lineamientos jurisprudenciales acerca del tema debatido. || Argumentos como los presentados por la demandante son incompatibles con el amparo de tutela. De tiempo atrás la Sala ha venido reiterando que la inconformidad de los accionantes respecto de la interpretación de la ley aplicable a un asunto, o en relación con la valoración de los medios de prueba hecha por los funcionarios, deben plantearlas en el escenario que le es propio, esto es en el proceso judicial correspondiente, valiéndose de los diversos mecanismos previstos en las leyes ordinarias y con exclusividad ante los jueces competentes; no así ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como instancia adicional de la justicia ordinaria” (folios 8 al 10 del cuaderno tres).
(12) Folios 1 al 16 del cuaderno principal del proceso 2013 00178 00.
(13) Folio 36 ibíd.
(14) Folios 39 al 42 ibíd.
(15) CD contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) obrante a folio 170 ibíd.
(16) Folio 43 ibíd.
(17) Folio 45 ibíd.
(18) Folios 80 a 90 ibíd. En esa oportunidad el apoderado judicial de la Empresa, señaló en el acápite de contestación a las pretensiones: “[…] no hay lugar legal a pagar la pensión de sobreviviente a la Demandante, toda vez que en la fecha que falleció el extrabajador Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, (q.e.p.d.), abril treinta (30) del año dos mil doce (2012), se presentó la Señora, Beatriz Ospina de Mondul, quien acredit[ó] su condición cónyuge supérstite y la convivencia con [é]l mismo, de igual forma, la Demandante acredit[ó] su condición de madre del menor del extrabajador, en consecuencia, aun con la muerte de la Señora, Beatriz Saldaña, el nueve (09) de diciembre del año dos mil doce (2012), no le corresponde recibir pensión de sustitución a la Actora, porque no existe sustitución de sustitución, a quien se presentó como madre y en representación del hijo menor antes mencionado, es decir, no nace para la Actora el derecho a la pensión de sustitución, ni menos de compartirla con el actual beneficiario, ni de acrecer cantidad ninguna de la misma, por no haber estado en su cabeza, el derecho pretendido. || […] no se ha causado legalmente mesada alguna a favor de la demandante, reitero, a la muerte del extrabajador Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, (q.e.p.d.), en abril treinta (30) del año dos mil doce (2012), la Demandante se presentó en su condición de madre del menor A.E.M.S., y en tal calidad recibió la pensión, precisándose que solo lo hizo hasta el mes de enero de 2013, toda vez que el hijo de la actora con el causante, antes mencionado, cumplió la mayoría de edad el primero (1ero) de diciembre del año dos mil doce (2012), [y es quien tiene el derecho actualmente, hasta que cumpla los veinticinco años, es decir, hasta el 1ero de diciembre de 2019], en consecuencia, la muerte de la Señora, Beatriz Ospina de Mondul, el nueve (9) de diciembre del año dos mil doce (2012), no genera para la Actora el derecho a recibir pensión de sustitución, porque no existe sustitución de sustitución, a quien se presentó como madre y en representación de su hijo aquí citado, ni menos podría compartirla ni acrecer cantidad ninguna de la misma, por no haber estado en su cabeza, el derecho pretendido” (folios 80 y 81). En los fundamentos y razones de derecho de la demanda, precisó: “Los documentos que obran en la hoja de vida del extrabajador fallecido, Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, no reflejan que la Demandante, Señora, María Marleny Saldaña, hubiese sido parte del núcleo familiar del mismo, es decir que hubiese convivido, como tampoco y en gracia de discusión que dependiese económicamente del causante, por el contrario acreditan que la esposa del mi[s]mo, Señora, Beatriz Ospina de Mondul convivió hasta la muerte del pensionado” (folio 82). Y en los fundamentos de la defensa, entre otros, sostuvo: “Habiéndose realizado el estudio de la solicitud de la Demandante y los documentos presentados por la cónyuge supérstite, Señora, Ospina de Mondul, la ley ordenaba a mi Representada a pagar la pensión de sustitución a la persona que acreditase que hubiese hecho vida marital así como hubiese conformado su núcleo familiar, la Actora manifestó claramente que actuaba en nombre del hijo extramatrimonial del causante, jamás mención[ó] que hubiese sido compañera permanente del causante, ni obra en los registros como tal, solo después de la muerte de la esposa supérstite del De Cujus, afirma que tiene tal condición, en consecuencia, no puede haber sustitución de sustitución, no existe tal régimen en la ley colombiana, y si en gracia de discusión hubiese lugar a algún pago este debe ser cancelado por los herederos indeterminados de la cónyuge supérstite fallecida Señora, Beatriz Ospina de Mondul (q.e.p.d.), desde mayo hasta diciembre del año 2012, y a su vez en el porcentaje del 100% desde enero del año 2013 en adelante, al hijo del extrabajador con la demandante, que en la actualidad recibe la pensión de sustitución, Señor, A.E.M.S.” (fl. 86).
(19) Folio 92 ibíd.
(20) Folio 101 ibíd.
(21) Folio 103.
(22) Folios 105 y 106 ibíd.
(23) A folio 106 ibíd. aparece el registro civil de nacimiento.
(24) Folio 108 ibíd.
(25) Folios 109 al 122 ibíd.
(26) Folio 123 ibíd.
(27) Folio 124 ibíd.
(28) Folio 125 ibíd.
(29) Folios 129 y 130 ibíd.
(30) Folio 134 ibíd.
(31) Folio 135 ibíd.
(32) Folio 136 ibíd.
(33) Folio 137 ibíd.
(34) Folio 138 ibíd.
(35) Folio 145 ibíd.
(36) Folios 150 y 151 ibíd.
(37) Folio 154 ibíd.
(38) Folios 167 y 168 ibíd.
(39) Folio 170 ibíd.
(40) Folios 167 y 168 ibíd.
(41) Folios 172 y 173 ibíd.
(42) CD contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) obrante a folio 170 ibíd.
(43) Folio 178 ibíd.
(44) M.P. Julio Enrique Mogollón González (fl. 179 ibíd.).
(45) CD contentivo de la audiencia en la que fue decidido el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia interpuesto por la demandante (fl. 178 ibíd.).
(46) Radicado 110013105002201300178 00, proceso promovido por la señora María Marleny Saldaña Amaya contra la Chevron Petroleum Company, para obtener el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
(47) Al respecto, ver las sentencias T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 2003 (todas ellas del M.P. Eduardo Montealegre Lynett), C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime) y T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Entre muchas otras, la posición fijada ha sido reiterada en las sentencias T-743 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-310 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-451 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(48) M.P. Jaime Córdoba Triviño. Se trata de una exposición sintetizada de la Sentencia C-590 de 2005.
(49) “En la citada norma superior ( C.P., art. 86) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de “cualquier” autoridad pública. Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y, específicamente, contra las decisiones judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(50) “La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibídem.
(51) Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la Sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(52) M.P. José Gregorio Hernández Galindo (SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(53) Se reitera, se sigue la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(54) Ver Sentencia T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(55) Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para controvertir un fallo judicial, ver Sentencia T-1049 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(56) Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
(57) Es importante precisar que esta línea jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, con el propósito de superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, la Corporación sustituyó la expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales” que responde mejor a su realidad constitucional. La Sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que de vía de hecho.
(58) El defecto orgánico hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la sentencia.
(59) El defecto sustantivo se configura, entre otras causas, cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando los fallos presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión (ver Sentencia C-590 de 2005). Al respecto, pueden ser consultadas las sentencias T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(60) El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería), T-996 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-196 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda).
(61) El defecto fáctico está referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón al principio de independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
(62) El error inducido, también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, las sentencias SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Hernández), T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa; AV Álvaro Tafur Galvis).
(63) La decisión sin motivación se configura en una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver Sentencia T-114 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
(64) Conforme a la sentencia T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), el desconocimiento del precedente constitucional “[se presenta cuando] la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime) y SU-168 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime).
(65 La violación directa de la Constitución se presenta cuando el juez le da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la Constitución. Al respecto, ver sentencias T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). Asimismo, cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, Sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(66) Ver Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
(67) Es decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
(68) Ver sentencias C-590 de 2005 y T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido, la sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
(69) M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(70) Sentencia T-395 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(71) Ver sentencias T-043 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-395 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras.
(72) Sentencia T-826 de 2008 (M.P. Mauricio González Cuervo).
(73) Ver sentencias T-479 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-276 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
(74) Ver sentencias T-1291 de 2005 y T-668 de 2007 (ambas decisiones de la M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(75) Sentencia T-276 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
(76) CD contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) obrante a folio 170 ibíd.
(77) CD contentivo de la audiencia en la que fue decidido el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia interpuesto por la demandante (folio 178 ibíd.).
(78) Ver Decreto 3068 del 30 de diciembre de 2013, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal para el año dos mil catorce (2014).
(79) Once (11) de marzo de dos mil trece (2013).
(80) Folio 13 del cuaderno principal del proceso No. 2013 00178 00.
(81) Sobre el alcance de la seguridad social como derecho protegido a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su observación general número XX el Comité hizo las siguientes precisiones: “26. El artículo 9 del Pacto prevé de manera general que los Estados Partes “reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social”, sin precisar la índole ni el nivel de la protección que debe garantizarse. Sin embargo, en el término “seguro social” quedan incluidos de forma implícita todos los riesgos que ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas. 27. De conformidad con el artículo 9 del Pacto y con las disposiciones de aplicación de los Convenios de la OIT sobre seguridad social –Convenio Nº 102, relativo a la norma mínima de la seguridad social (1952) y Convenio Nº 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (1967) – los Estados Partes deben tomar las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de una edad determinada, prescrita por las legislaciones nacionales” […] 30. Finalmente, para dar pleno cumplimiento al mandato del artículo 9 del Pacto, como ya se ha señalado en los párrafos 20 y 22, los Estados Partes deberán establecer, dentro de los recursos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas, para todas las personas mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la legislación nacional, por no haber trabajado o no tener cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra fuente de ingresos”.
(82) Al respecto, debe tenerse en cuenta la siguiente normativa: (i) artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”; (ii) artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”; (iii) artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”; (iv) artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”; y (v) el artículo 11, numeral 1, literal e) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: || e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas”.
(83) M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(85) Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
(86) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(87) Cfr. Sentencia C-107 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(88) Sentencia C-1094 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(89) MP Clara Inés Vargas Hernández.
(90) Al respecto esta corporación había señalado que el propósito perseguido por la ley al establecer la pensión de sobrevivientes, es la de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte. Sentencia C-1176 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(91) Sentencia C-002 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
(92) Sentencia C-080 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(93) M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(94) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(95) M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(96) Esta posición es reiterada en las sentencias T-813 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-202 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos),
(97) En el mismo sentido, ver las sentencias T-326 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-336 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-1141 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras.
(98) Al respecto ver las sentencias T-043 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-971 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-630 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-168 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda espinosa) y T-593 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), entre otras.
(99) Sentencia T-1065 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(100) M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(101) Al respecto puede consultarse la Sentencia T-173 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(102) M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(103) El texto resaltado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia la C-1094 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(104) El texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
(105) El texto resaltado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia la C-1094 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(106) Sentencia T-217 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
(107) Sentencias T-566 de octubre 7 de 1998, C-080 de 1999, T-425 de 2004, T-921 de 2010 y T-217 de 2012, entre otras.
(108) Sentencia C-1094 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(109) M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(110) En los antecedentes de la Ley 797 de 2003 se expuso que la finalidad de dicha medida era “evitar fraudes”. Gaceta Judicial 350 de 2002, p. 16.
(111) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(112) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de abril ocho (8) de dos mil diez (2010), rad. 25000-23-25-000-2004-09096-02(2262-08), Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(113) Sentencia C-1035 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(114) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de noviembre veintinueve (29) de dos mil uno (2001), rad. 40055, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
(115) Sentencia T-654 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). En esa oportunidad la Sala Segunda de Revisión señaló que si bien puede suceder que el deber del juez de decretar pruebas de oficio no está enunciado puntualmente y en abstracto en la Constitución o en la ley, en determinados casos concretos es posible advertir que la Constitución obliga al juez a decretar pruebas de oficio, caso en el cual “la fuente específica de ese deber sería, entonces, la fuerza normativa de los derechos fundamentales, que en ocasiones demandan una participación activa del juez en su defensa y protección efectiva”.
(116) Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Regla igualmente seguida en las sentencias T-893 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-213 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-363 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(117) Ver Sentencia T-893 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
(118) Respecto a la tendencia inquisitiva en el proceso laboral, se puede consultar la Sentencia C-1270 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) en la cual la Corte señaló: “[…] es así, como se establece en el Código Procesal del Trabajo reglas singulares para el trámite de los diferentes procesos, tanto ordinarios de único o primera instancia, como especiales, y una serie de principios que le dan una fisonomía particular a dichos procesos, como son los de: concentración de pruebas, inmediación (art. 25 y 31), oralidad (art. 39), publicidad (art. 44), inquisitivo (art. 30 y 489, lealtad procesal (art. 49), y libre apreciación de pruebas (art. 61)”. Adicionalmente, se puede consultar la Sentencia T-958 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), en el que la Corte señaló que entratándose del régimen legal del procedimiento laboral “[…] derivado del principio inquisitivo, la autoridad judicial está facultada para decretar y practicar las pruebas que considere indispensables para lograr un convencimiento sobre los hechos objeto de controversia que se han puesto a su consideración, las cuales debe apreciar de conformidad con las reglas de la sana crítica”.
(119) Así por ejemplo, en la Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) se advirtió que existen dos controversias actuales en el campo de la teoría del proceso, a saber: (i) la posibilidad —teórica o práctica— de alcanzar la verdad en el ámbito del proceso judicial; y, (ii) la relevancia o necesidad de la prueba en el marco de los fines del proceso. Frente a la primera, se dijo que en el proceso si es posible acceder a una verdad relativa sobre los hechos, mediante la obtención por parte del juez de la mayor cantidad de información jurídicamente relevante para la resolución del caso sometido a su estudio, la cual posteriormente debe evaluar racionalmente y de forma rigurosa en pos de comprobar la veracidad de hechos pasados. De esa forma, “la verdad así construida, como se ha expresado, es de tipo relativo, contextual, y limitada legal y fácticamente, pero cualquier decisión judicial debe partir de las conclusiones obtenidas en ese proceso de análisis si no se quiere que la sentencia sea absurda o inicua”. De otra parte, respecto de la segunda controversia, esta tiene su cimiente en la ideología con la que se concibe el proceso civil, es decir, si mantiene su carácter estrictamente dispositivo o, si dando alcance a los poderes oficiosos del juez, el carácter inquisitivo es determinante para obtener la verdad de los hechos. Al respecto, la sentencia mencionada señaló: “La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material. La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso. Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz”.
(120) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(121) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(122) Se reitera la Sentencia T-363 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(123) Así por ejemplo, la jurisprudencia ya había advertido (T-264 de 2009) que el ordenamiento colombiano no es indiferente a la verdad desde un punto de vista ideológico. Así lo demuestran el valor dado a la prueba como elemento del debido proceso constitucional, el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial en las actuaciones judiciales y la obligación de los funcionarios de evitar fallos inhibitorios que erosionan el derecho de acceso a la administración de justicia (T-134 de 2004), removiendo los obstáculos que le impidan llegar a una decisión de mérito.
(124) MP Luis Ernesto Vargas Silva.
(125) Ver sentencia T-363 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
(126) En un sentido similar en la Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) se advirtió respecto a la objeción de la posible parcialización del juez al usar los poderes oficiosos en el decreto de pruebas, que “desde el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso”.
(127) El artículo 53 de la Constitución Política, señala: “El Congreso expedirá el Estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: || Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación , el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. || El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. || Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificado hacer parte de la legislación interna. || La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
(128) El artículo 95, reza: “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. || El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. || Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. || Son deberes de la persona y del ciudadano: […] || 7º Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia;…”.
(129) Así por ejemplo, respecto a las implicaciones del derecho al debido proceso y el derecho a la administración de justicia como núcleo esencial de aquel, en la Sentencia C-227 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) la Corte señaló que este es considerado: “[…] como un derecho de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: […] (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales –acciones y recursos– para la efectiva resolución de los conflictos”. En relación con el derecho al debido proceso y su núcleo esencial, puede consultarse, entre otras, las sentencias T-006 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-059 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-538 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-215 de 1999 (M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano), C-1195 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra), C-662 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), C-115 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-731 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(130) Respecto a las especificidades del procedimiento laboral colombiano, la Corte en la Sentencia T-389 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), señaló que este “se rige por los principios de oralidad y publicidad, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 del Código de Procedimiento Laboral. De igual manera, está regido por el principio del impulso procesal de oficio (C. de P.L. Art. 48) que faculta al juez para adelantar oficiosamente el proceso y, así, garantizar su rápido adelantamiento, sin perjuicio del derecho de defensa de las partes, por lo cual debe sujetarse estrictamente a las etapas señaladas en la ley. Además, la autoridad judicial debe acudir a las reglas de la sana crítica para valorar el material probatorio con que cuenta, pues dentro del ordenamiento jurídico colombiano éste no se encuentra sujeto a la tarifa legal de pruebas, sino que puede apreciarlas libremente y, a fin de lograr el convencimiento de los hechos a partir de las mismas, está facultado para decretar pruebas de oficio y rechazar aquellas que encuentre inconducentes”.
(131) En esta perspectiva, vale la pena recordar que desde la Sentencia T-406 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), esta Corte ha sostenido a propósito de la función judicial a partir de la Carta de 1991, que la “relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales”.
(132) En la Sentencia T-654 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa), esta Corte señaló que: “[…] debe recordarse que entre los fines esenciales del Estado están los de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y de “asegurar […] la vigencia de un orden justo” ( C.P., art. 2°). Si esas son finalidades esenciales del Estado, todos los derechos relacionados con el proceso judicial deben ser leídos en función de la garantía eficaz de los derechos sustanciales, porque de lo contrario esas aspiraciones serían letra muerta a pesar de que, según la Carta, son esenciales. Ese entendimiento es concordante con el artículo 229 de la Carta, que a la letra dispone que en las actuaciones de la justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’”.
(133) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esa oportunidad correspondió a la Sala Novena de Revisión determinar si una sentencia del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, censurada por la accionante, presentaba un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al negar validez a las declaraciones extrajuicio aportadas al proceso por la parte actora, en razón a que no fueron ratificadas de conformidad con el numeral 2° del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Concluyó que en el caso debatido se configuró el defecto procedimental referido y, en consecuencia, dejó sin efectos la decisión judicial censurada y ordenó la emisión de una nueva, que subsanara los yerros señalados en el fallo.
(134) El artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 –estatuto que reguló la figura en el artículo 222, vigente a partir del primero (01) de enero de dos mil catorce (2014)–, establece: “Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: || 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior. || 2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299. || Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria. || Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.
(135) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del diez (10) de junio de dos mil ocho (2008), radicado 32166.
(136) El artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, dispone: “Documentos emanados de terceros. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez. || 1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252. || 2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación”.
(137) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del dos (02) de marzo de dos mil siete (2007), radicado 27593. Igualmente reiterada en la sentencia del seis (06) de marzo de dos mil doce (2012), MP Camilo Tarquino Gallego, radicado 43422.
(139) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del diez (10) de junio de dos mil ocho (2008), radicado 32166.
(140) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del cuatro (04) de agosto de dos mil nueve (2009), M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, radicado 32676.
(141) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del dos (02) de octubre de dos mil doce (2012), Radicación N° 45135, MP Rigoberto Echeverry Bueno.
(142) Ibíd.
(143) Folios 1 al 16 del cuaderno principal del proceso 2013 00178 00.
(144) Folios 172 y 173 ibíd.
(145) CD contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) obrante a folio 170 ibíd.
(146) A folios 39 al 42 ibíd., obran las declaraciones rendidas por Julio Castillo Quiñones y Luis María Buelvas Lizcano, ante el Notario Único de Puerto Boyacá, el veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013). En dichas declaraciones se indica que la señora María Marleny Saldaña Amaya convivió en unión libre y formando un solo hogar bajo el mismo techo, con el señor Ángel Abdul Sattar Mondul Díaz, por más de treinta y ocho (38) años hasta el día de su fallecimiento (respuesta 5). Además consta que la señora María Marleny, en su condición de compañera permanente del extinto pensionado Mondul Díaz, dependía económicamente de él, pues era quien le proporcionaba “techo, alimento, vestuario, drogas y todo lo indispensable para subsistir” hasta el día de su muerte (respuesta 6). Asimismo, que en dicha unión se procrearon los hijos Runy Stella Mondul Saldaña, Carolina Mondul Saldaña y A.E.M.S. (respuesta 7).
(147) CD contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) obrante a folio 170 ibíd.
(148) Folios 39 al 42 ibíd.
(149) CD contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) obrante a folio 170 ibíd.
(150) Acta 64 de la Sala de Decisión del seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014), M.P. Julio Enrique Mogollón González (folio 179 ibíd.). CD contentivo de la audiencia en la que fue decidido el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia interpuesto por la demandante (fl. 178 ibíd.).
(151) El magistrado ponente, señaló: “En el proceso de la referencia nos encontramos frente a una orfandad probatoria evidente, ya que como único medio que sustenta las pretensiones de la actora obran dos declaraciones extrajuicio de los señores [Julio Castillo Quiñones y Luis María Buelvas Lizcano], que si bien es cierto la jurisprudencia ha señalado que cuando de estas no se solicite ratificación, deberán interpretarse como documentos emanados de terceros […], no resulta menos cierto que en el presente proceso fueron citados a petición de la parte demandante como testigos a fin de acreditar los hechos narrados en el escrito inicial, es decir su ratificación fue ordenada, a petición de parte, fue ordenada por el juez, diligencias a las cuales no asistieron, por lo cual resulta imposible tenerlas como documentos emanados de terceros y como consecuencia se observa la carencia total de pruebas que sustente el dicho de la parte actora. Las declaraciones rendidas no pueden ser el único sustento de la condena que pretende la parte demandante, ya que es innegable que al afirmar en la demanda que la accionante y el causante convivieron por más de treinta y ocho (38) años, se contaba con un amplio margen de pruebas de las cuales no fueron solicitadas o aportadas…”. CD contentivo de la audiencia en la que fue decidido el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia interpuesto por la demandante (fl. 178 ibíd.).
(152) M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, radicado 36240 (fls. 13 al 19, cdno. dos del expediente de tutela).
(153) M.P. Eugenio Fernández Carlier, radicado 74187 (fls. 4 al 12, cdno. tres del expediente de tutela).
(154) CD contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) obrante a folio 170 ibíd.
(155) La Sala Novena de Revisión en la Sentencia T-363 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), ya citada, realizó un estudio muy pertinente para el caso objeto de análisis en esta oportunidad. Sostuvo: “[…] profundizando específicamente respecto a la fórmula del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este implica la afectación de los derechos al acceso a la administración de justicia (art. 229 constitucional) y a la primacía del derecho sustancial (art. 228 superior), en los eventos en los que los funcionarios judiciales, bajo el pretexto del apego a las normas procedimentales, incumplen con las obligaciones de impartir justicia, buscar que las sentencias se fundamenten en una verdad judicial, garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que obstaculicen la administración de justicia y la efectividad de los derechos sustantivos. || En este sentido, esta Corte ha precisado que el exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales o por un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas. || […] En el caso particular de las pruebas, respecto a su decreto, práctica o valoración, la Corte ha afirmado que si bien los jueces gozan de libertad para valorarlas dentro del marco de la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial. En este sentido ha señalado que el sistema de libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales más importantes y que tiene operancia aun tratándose de actos sujetos a formas sustanciales. En este aspecto, la Corte ha concluido que la correcta administración de justicia supone “que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se incurra, (i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciar en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente. (2º) Que en el desarrollo de la sana crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”. || De esta manera, la Corte ha enfatizado que la procedencia de la tutela en los casos de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez “no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial y se configura en íntima relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas (defecto fáctico), y con problemas sustanciales relacionados con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales.” || […] Vale la pena resaltar igualmente en relación con el tema probatorio, lo señalado por la Corte respecto a los deberes de los jueces como directores del proceso. En este asunto la jurisprudencia constitucional ha determinado que se configura el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando existiendo incertidumbre sobre unos determinados hechos que se estiman definitivos para la decisión judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio, omite decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su demostración. Lo anterior por cuanto, “pudiendo remover la barrera que se presenta a la verdad real y, por ende, a la efectividad del derecho sustancial, prefiere hacer caso omiso de las herramientas procesales a su alcance, convirtiendo los procedimientos en un obstáculo al acceso a la administración de justicia. En estos casos procede la tutela del derecho constitucional al acceso a la administración de justicia, y la orden de reabrir el debate probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo código adjetivo, para que el juez de la causa, con audiencia de las partes, ejerza sus deberes inquisitivos.” || En estos términos esta Corte ha concluido que se incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por parte de un funcionario judicial cuando: (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”.
(156) Al respecto, explica la Sala Novena de Revisión en la Sentencia T-363 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) que viene citándose: “[…] como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta en íntima relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, esto es, con la posibilidad de concurrencia de un defecto fáctico. Adicionalmente, también se relaciona con problemas sustanciales relacionados con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales. || En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la omisión en el decreto oficioso de pruebas, puede concurrir en las dos categorías de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial (defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico), máxime si entre ellas, como lo ha señalado esta corporación, no existe un límite indivisible, pues tan solo representan una metodología empleada por el juez constitucional para facilitar el estudio de la alegación iusfundamental formulada en el escenario de la acción de tutela contra providencias judiciales. Ello no quiere decir que no existe una clara distinción entre la ocurrencia de uno y otro de los mencionados vicios señalados, pues como se precisó en precedencia, en particular, el exceso ritual manifiesto deviene por la exigencia del cumplimiento en exceso rigurosa del procedimiento, que hace nulo el cumplimiento de la justicia material; por su parte el defecto fáctico se causa por la arbitrariedad del juzgador al omitir o al valorar una prueba cuando a ello no hay lugar. || En consonancia con lo anterior, la Corte ha precisado que la omisión en el decreto oficioso de pruebas –cuando a ello hay lugar– conduce a un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la medida que la autoridad judicial, de una parte, pretermite una actuación procesal que se aviene imprescindible para despejar puntos oscuros de la controversia; y de otra, instrumentaliza las ritualidades propias de cada juicio de una forma contraria al derecho al acceso a la administración de justicia”.
(157) Según Carlos S. Nino, un argumento basado en una “inconsistencia pragmática” alude a una contradicción lógica entre enunciados que presenta repercusiones a nivel práctico, en este sentido, en el plano de la argumentación jurídica por ejemplo, el juez puede incurrir en este tipo de inconsistencia al invocar la protección de un derecho o principio constitucional pero actuando en total contravía con este e incluso vulnerándolo. Al respecto consultar: Nino, Carlos Santiago (1989). Ética y Derechos Humanos: Un ensayo de fundamentación. Buenos Aires: Editorial Astrea, pp. 231 a 234. En igual sentido, Robert Alexy plantea el concepto de “contradicción performativa” que corresponde al de inconsistencia pragmática que plantea Nino. Cfr. Alexy Robert (1995). Teoría del Discurso y Derechos Humanos. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, p. 105.
(158) Al respecto remitirse al considerando 9 de la presente providencia.
(159) El artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, dispone: “Documentos emanados de terceros. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez. || 1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252. || 2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación”.
(160) A folio 108 del cuaderno principal del proceso 2013 00178 00, obra fotocopia de la actualización de información de pensionados correspondiente al señor Mondul Díaz, en donde aparecen identificados como sus hijos: Martha Indira Mondul Ospina, nacida el veinte (20) de febrero de mil novecientos sesenta y seis (1966); Runy Stella Mondul Saldaña, nacida el doce (12) de abril de mil novecientos setenta y cinco (1975); Yasmín Sujey Mondul Ospina, nacida el siete (07) de marzo de mil novecientos setenta y seis (1976); Carolina Mondul Saldaña, nacida el veintidós (22) de marzo de mil novecientos setenta y siete (1977) , y AE.M.S., nacido el primero (01) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) .
(161) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(162) Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-591 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(163) Es importante tener en cuenta que el apoderado judicial de la Empresa demandada no solicitó en el escrito de contestación de la demanda, la ratificación de los testimonios extraproceso conforme a lo regulado en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 —estatuto que reguló la figura en el artículo 222, vigente a partir del primero (01) de enero de dos mil catorce (2014)—, que reza: “Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: || 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior. || 2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299. || Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria. || Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.
(164) Artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. “Pruebas de oficio. Además de las pruebas pedidas, el Juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, la práctica de todas aquellas que a su proceso sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”.
(165) Esta Corporación ha señalado que en aquellas circunstancias en las que se alegue la configuración de tal defecto, para la procedencia de la acción de tutela se deberá establecer la concurrencia de los siguientes elementos: “(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”. Ver, entre otras, las sentencias T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime), T-737 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-363 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

References: ARTÍCULO 229
 ARTÍCULO 277
 ARTÍCULO 229
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 47
 artículo 13
 artículo 229
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 43
 artículo 48
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 47
 artículo 13
 artículo 38
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 54
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 95
 artículo 48
 artículo 7
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 83
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 47
 artículo 13
 artículo 86
 artículo 43
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 277
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 47
 artículo 13
 artículo 229
 artículo 36
e contrario
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 11
 Artículo 10
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 95
 resolución 
 artículo 42
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 626
 artículo 222
 artículo 277
 artículo 626
 artículo 252
 artículo 277
 artículo 626
 artículo 252
 artículo 229
 artículo 626
 artículo 222
 Artículo 54