Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2016/06/la-propuesta-de-reglamento-de-la-ue.html
Timestamp: 2019-03-20 06:24:59+00:00

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Pedro de Miguel Asensio: La propuesta de Reglamento de la UE sobre bloqueo geográfico y otras formas de discriminación en el comercio electrónico
I. Ámbito de aplicación del Reglamento
El ámbito de aplicación del Reglamento aparece previsto fundamentalmente en su artículo 1. Por una parte, con respecto a la dimensión territorial destaca que sólo contempla situaciones transfronterizas, en las que el cliente tiene su residencia o establecimiento en un Estado miembro o es nacional de un Estado miembro. Los comerciantes establecidos en terceros Estados se hallan comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (como los establecidos en un Estado miembro) en la medida en que venden (o tienen intención de vender) bienes o servicios a clientes situados en la Unión (frente a la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior en la que los comerciantes de terceros Estados quedan al margen del mandato de no discriminación de su art. 20).
En concreto, conforme al artículo 1.2, el Reglamento se aplicaría a estas situaciones: a) cuando el comerciante vende bienes o presta servicios, o pretende hacerlo, en un Estado miembro distinto de aquel en el que el cliente tiene su residencia o establecimiento; b) cuando el comerciante vende bienes o presta servicios, o pretende hacerlo, en el mismo Estado miembro en que el cliente tiene su residencia o establecimiento, si bien este es nacional de otro Estado miembro; c) cuando el comerciante vende bienes o presta servicios, o pretende hacerlo, en un Estado miembro en el que el cliente se encuentra temporalmente sin residir ni tener en él su establecimiento. La descripción de estas tres situaciones –en concreto, la letra a)- parece conducir a qu en realidad el alcance del Reglamento es más limitado que el objetivo en el que se enmarca, teniendo en cuenta que conforme a su considerando 1, las situación típicas a las que el Reglamento pretende hacer frente son aquellas en las que los comerciantes que actúan en un Estado miembro bloquean o limitan el acceso a sus interfaces en línea (o aplican condiciones diferentes) a clientes de otros Estados miembros que desean realizar transacciones comerciales transfronterizas.
Con respecto al ámbito material del Reglamento destaca la influencia que ejerce su coordinación con la Directiva 2006/123/CE. Quedan al margen del Reglamento los servicios de interés general no económicos, los servicios de transporte, los servicios audiovisuales, las actividades de juego, los servicios sanitarios y algunos servicios sociales. En concreto, se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento los servicios audiovisuales, entre ellos los servicios cuya característica principal sea el suministro de acceso a retransmisiones deportivas y que se prestan sobre la base de licencias territoriales exclusivas. También se excluye el acceso a los servicios financieros al por menor, incluidos los servicios de pago, si bien el Reglamento incluye ciertas disposiciones sobre la no discriminación en los pagos. Por otra parte, la prohibición a los comerciantes de aplicar condiciones generales de acceso diferentes a sus bienes o servicios por motivos relacionados con la nacionalidad o con el lugar de residencia o de establecimiento del cliente, a la que se hará referencia más adelante, no resulta en principio de aplicación a los comerciantes que presten servicios electrónicos cuya característica principal sea el suministro de acceso a obras protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas y la utilización de esas obras y prestaciones (art. 4.1.b). Tampoco la propuesta aborda los precios como tal, de modo que reafirma la libertad de los comerciantes para fijar sus precios de manera no discriminatoria, incluida la llamada fijación de precios dinámica en función de factores diferentes a la residencia de los clientes.
En el plano subjetivo destaca que los beneficiarios de las prohibiciones impuestas en el Reglamento son tanto los consumidores (personas físicas que actúan con fines ajenos a su actividad comercial o profesión) como las empresas cuando son usuarias finales de bienes o servicios, pues se excluyen las transacciones en las que las empresas adquieren bienes o servicios para su reventa con la finalidad de que los comerciantes puedan organizar sus sistemas de distribución. Así resulta de la definición de “cliente” en la Propuesta, que comprende “un consumidor o una empresa que sea nacional de un Estado miembro o que tenga su lugar de residencia o de establecimiento en un Estado miembro y desee adquirir o adquiera un bien o un servicio en la Unión, excepto para su reventa” (art. 2.b). Por su parte, destinatarios de las obligaciones impuestas son típicamente los “comerciantes” categoría que comprende toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe con fines relacionados con su actividad comercial o profesión, de modo que incluye también a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las microempresas.
La primera prohibición va referida al bloqueo o limitación del acceso de los clientes a los interfaces en línea de los comerciantes. A efectos del Reglamento, el término “interfaz en línea” se define como “cualquier tipo de programa informático, incluidos los sitios web y las aplicaciones, explotado por un comerciante o en nombre de este, que sirva para dar a los clientes acceso a los bienes o servicios del comerciante con vistas a iniciar una operación comercial con respecto a dichos bienes o servicios” (art. 2.e). De acuerdo con el considerando 14, la prohibición de bloquear o limitar el acceso de los clientes con base en medidas de geolocalización tiene como objeto “aumentar la posibilidad de que los clientes accedan a información sobre la venta de bienes y la prestación de servicios en el mercado interior, así como… mejorar la transparencia, incluso con respecto a los precios”. De hecho, el considerando 15 reafirma la posibilidad de que los comerciantes utilicen diferentes versiones de sus interfaces en línea, que estén dirigidas a clientes de distintos Estados miembro. En consecuencia, la prohibición establecida en el artículo 3 tiene un alcance limitado, en la medida en que sólo va referida a la posibilidad de acceso a los interfaces en línea y al rechazo de la práctica de reencaminar a un cliente de una versión de la interfaz en línea a otra versión sin su consentimiento explícito, exigiendo que la versión original de la interfaz en línea siga estando fácilmente accesible para ese cliente y que el cliente pueda acceder fácilmente en todo momento a todas las versiones de la interfaz en línea.
En concreto, el artículo 3 prohíbe a los comerciantes: bloquear o limitar el acceso de los clientes a sus interfaces en línea, utilizando medidas tecnológicas o de otro tipo, por motivos relacionados con la nacionalidad o con el lugar de residencia o de establecimiento del cliente (ap. 1), y reencaminar a los clientes, por motivos relacionados con la nacionalidad o con el lugar de residencia o de establecimiento de estos, a una versión de su interfaz en línea que sea diferente de la interfaz en línea a la que el cliente hubiese tratado de acceder inicialmente, en virtud del diseño, utilización de lengua u otras características de esta que la hagan específica de los clientes de una determinada nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento, salvo que el cliente dé su consentimiento expreso antes del reencaminamiento (ap. 2). Como límite a esa obligación, se contempla que no excluye la aplicación de dichas restricciones cuando sean necesarias para garantizar el cumplimiento de un requisito legal, por ejemplo que prohíba de la exhibición de un contenido específico en algunos Estados miembros (ap. 3).
2. Acceso a bienes y servicios
Más trascendencia desde la perspectiva del desarrollo de las transacciones intracomunitarias reviste la segunda prohibición, que excluye la aplicación por los comerciantes de condiciones generales de acceso diferentes a sus bienes o servicios por motivos relacionados con la nacionalidad o con el lugar de residencia o de establecimiento del cliente, objeto del artículo 4. Ahora bien, la trascendencia práctica de esta prohibición se halla condicionada por las limitadas situaciones a las que se aplica. Así, resulta de aplicación en tres situaciones: “a) cuando el comerciante venda bienes y estos no sean entregados por el comerciante o en su nombre a través de la frontera en el Estado miembro del cliente; b) cuando el comerciante preste servicios por vía electrónica distintos de aquellos cuya característica principal sea el suministro de acceso a obras protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas y la utilización de esas obras y prestaciones; c) cuando el comerciante preste servicios distintos de los contemplados en la letra b) y los servicios se presten al cliente en las instalaciones del comerciante o en un lugar físico en el que comerciante opere, en un Estado miembro diferente del Estado miembro del que el cliente sea nacional o en el que el cliente tenga su lugar de residencia o de establecimiento” (art. 4.1).
Sin entrar ahora en las dificultades que puede plantear la interpretación de alguno de los términos empleados, quedarían al margen de esta prohibición los supuestos típicos del llamado comercio electrónico indirecto, en los que la entrega del producto en soporte tangible o la prestación del servicio no tiene lugar en línea (salvo en supuestos que no son los más habituales, por ejemplo, cuando el cliente se desplace al país del comerciante a por el producto). Además, en relación con el llamado comercio electrónico directo, que engloba los contratos electrónicos relativos a la entrega o la puesta a disposición de bienes digitales o la prestación de servicios en línea, tampoco resulta aplicable la prohibición a aquellos servicios cuya característica principal sea el suministro de acceso a obras protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas y la utilización de esas obras y prestaciones, lo que en la práctica implica la exclusión de un conjunto muy significativo de contratos de suministro de contenidos digitales [en los términos de la Propuesta de Directiva de diciembre de 2015, al igual que la redacción del apartado a) dejaría al margen a los contratos de compraventa en línea transfronterizos típicos objeto de la otra Propuesta de Directiva de diciembre de 2015]. Como ejemplos de transacciones que sí resultarían afectadas por esta prohibición, menciona la Propuesta, “los servicios en nube, el depósito de datos, el alojamiento de sitios web y la provisión de cortafuegos” (cdo. 19), así como, en relación con los servicios prestados en los locales del comerciante, el alojamiento en hoteles, los acontecimientos deportivos, el alquiler de vehículos y las entradas a festivales de música o parques de atracciones (cdo. 20).
Además, el artículo 4 contempla que esa prohibición no opera cuando un requisito legal o una prohibición legal específica impida vender bienes o prestar servicios a determinados clientes o a clientes situados en determinados territorios, al tiempo que respecto a la venta de libros no impedirá la aplicación de precios diferentes a clientes situados en determinados territorios en la medida en que estén obligados a hacerlo en virtud de la legislación nacional.
3. Otras prohibiciones
El Reglamento contempla otras dos prohibiciones. Con respecto a los pagos, aunque la Propuesta parte de que los comerciantes son libres de decidir, en principio, los medios de pago que aceptan, pretende asegurar que los comerciantes no discriminan a los clientes en la Unión, rechazando determinadas transacciones comerciales o aplicando condiciones diferentes de pago a esas transacciones, por motivos relacionados con la nacionalidad o con el lugar de residencia o de establecimiento del cliente. Por ello, prohíbe en concreto la aplicación de distintas condiciones de pago por motivos relacionados con la ubicación de la cuenta de pago, con el lugar de establecimiento del proveedor de servicios de pago o con el lugar de emisión del instrumento de pago en la Unión, cuando se cumplan tres requisitos: a) los pagos se efectúen mediante transacciones electrónicas por transferencia, adeudo domiciliado o con un instrumento de pago basado en una tarjeta; b) el beneficiario pueda solicitar la autenticación reforzada de cliente por el ordenante con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior; y c) los pagos se efectúen en una moneda que el beneficiario acepte (art. 5).
Por último, con el propósito de evitar la utilización de contratos para eludir las prohibiciones contempladas, el artículo 6 establece que los acuerdos con comerciantes que impliquen restricciones de las ventas pasivas que supongan una infracción de las normas del Reglamento son nulos de pleno derecho.
III. Interacción con las normas sobre competencia judicial y ley aplicable
La utilización por los comerciantes de instrumentos de geolocalización desempeña un papel muy significativo desde la perspectiva del control de los riesgos legales con respecto a las actividades desarrolladas a través de Internet. El alcance potencialmente global de esas actividades contrasta con la fragmentación del mundo en Estados, típicamente con sus propias organizaciones jurisdiccionales y legislaciones en gran medida de carácter territorial. El empleo de instrumentos de geolocalización que restringen o excluyen el acceso de usuarios de determinados territorios a ciertos bienes o servicios puede resultar de gran importancia para evitar el incumplimiento de las legislaciones de ciertos Estados o para evitar quedar sometido a la competencia de sus tribunales.
Se trata de una circunstancia que no ha pasado desapercibida a la Comisión, pues tiene un reflejo expreso en varios lugares de la Propuesta de Reglamento.
En concreto, el artículo 1.5 señala: “El presente Reglamento no afectará a los actos del Derecho de la Unión relativos a la cooperación judicial en materia civil. El cumplimiento del presente Reglamento no deberá interpretarse como que un comerciante dirige sus actividades al Estado miembro donde el consumidor tiene su residencia habitual o su domicilio a tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 593/2008 y del artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1215/2012.”
Además, con respecto a las situaciones en las que en virtud del artículo 4 se prohíbe a los comerciantes que apliquen condiciones generales de acceso diferentes a sus bienes o servicios, el considerando 21 señala: “En todas esas situaciones, en virtud de las disposiciones sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y sobre la competencia judicial establecidas en el Reglamento (CE) n.º 593/2008 y en el Reglamento (UE) n.º 1215/2012, cuando un comerciante no ejerce sus actividades en el Estado miembro del consumidor o no dirige sus actividades en él, o cuando el cliente no es un consumidor, el cumplimiento del presente Reglamento no implica para el comerciante ningún coste adicional asociado a la competencia judicial o a diferencias en el Derecho aplicable. Por el contrario, cuando un comerciante sí ejerce sus actividades en el Estado miembro del consumidor o dirige sus actividades en él, el comerciante ha manifestado su intención de establecer relaciones comerciales con los consumidores de ese Estado miembro y, por lo tanto, ha podido tener en cuenta tales costes”.
Si bien el artículo 1.5 de la Propuesta responde a la aparentemente sencilla idea de que entre los factores a tener en cuenta al determinar si el comerciante dirige a un Estado miembros sus actividades no debe influir el que su sitio web o aplicación esté accesible o comercialice bienes cuando ello sea consecuencia de las obligaciones impuestas en este Reglamento, se trata de un enfoque no exento de problemas, de los que cabe apuntar un par.
Por una parte, resulta cuestionable la idea de que el nuevo Reglamento pueda establecer (potencialmente en perjuicio de los consumidores) qué es o no relevante a efectos de la interpretación de los artículos 17.1.c) del Reglamento Bruselas I bis y 6.1.b) del Reglamento Roma I. De hecho, la disponibilidad generalizada de instrumentos de geolocalización es un elemento que condiciona que cuando un comerciante concluye regularmente contratos con clientes situados en un determinado país mediante un sitio web de configuración internacional (por ejemplo, con sus términos en inglés y el precio en euros) ésta circunstancia -la mera conclusión regular de contratos- pueda ser muy relevante al apreciar que las actividades del comerciante van dirigidas, entre otros, a ese país (ya que podría evitarlo mediante el uso de instrumentos de geolocalización), lo que resulta de gran importancia para los consumidores situados en el mismo e implica importantes riesgos para el comerciante (como tener que litigar ante los tribunales del Estado de la residencia del consumidor y respetar la normativa más estricta de protección de los consumidores de ese país).
Es conocido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia incluye significativas aportaciones acerca de la concreción de ese criterio en el marco del Reglamento Bruselas I, en especial las SSTJUE de 7 de diciembre de 2010, C‑585/08 y C‑144/09, Pammer y Hotel Alpenhof; de 6 de septiembre de 2012, C‑190/11, Mühlleitner; de 17 de octubre de 2013, C-218/12, Emrek; y de 23 de diciembre de 2015, C-297/14, Hobohm.
Aunque la ubicación de esa previsión en el artículo 1.5 del nuevo Reglamento tendría diferentes implicaciones, no está de más recordar que el TJ en su sentencia Pammer y Hotel Alpenhof optó, con buen criterio, por no seguir las precisiones muy desafortunadas sobre el significado de la lengua o la divisa de un sitio de Internet contenidas en la Declaración del Consejo y de la Comisión adoptada al aprobar el Reglamento 44/2001 y reiterada en el considerando 24 del Preámbulo del Reglamento 593/2008 o Reglamento Roma I con respecto a su artículo 6. Pese a que en esos textos se señala que “la lengua o la divisa utilizada por un sitio de Internet no constituye un elemento pertinente” para concretar el país al que la actividad va dirigida, el Tribunal incluyó esos elementos entre los indicios que pueden ser relevantes a efectos de determinar el país o países a los que va dirigido un sitio de Internet. Además, en la sentencia Pammer y Hotel Alpenhof puso de relieve que la conclusión de que un sitio va dirigido al Estado miembro del domicilio del consumidor también puede alcanzarse en situaciones en las que no cabe apreciar expresiones manifiestas de la voluntad de atraer a los consumidores de ese país, pues el Tribunal consideró que otros indicios pueden ser relevantes para apreciar esa circunstancia. Entre esos indicios, que los apartados 83 y 84 y el fallo de la Sentencia enumeran con carácter no exhaustivo, se incluye, por ejemplo, la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros con testimonios de dichos clientes; y el empleo de lenguas o divisas que no se corresponden con las empleadas habitualmente en el Estado miembro a partir del cual ejerce su actividad el profesional o empresario. Además, el Tribunal en su sentencia Mühlleitner afirmó que la toma de contacto a distancia del consumidor con la página de Internet, la reserva de un bien o de un servicio a distancia o la celebración de un contrato de consumo a distancia son indicios de vinculación del contrato a la actividad dirigida al domicilio del consumidor (ap. 44).
Por otra parte, el que las actividades aparezcan dirigidas al Estado miembro del domicilio del consumidor puede resultar determinante del sometimiento (forzado para el comerciante) a los tribunales y a la normativa imperativa de protección de los consumidores de ese Estado miembro no sólo en el marco de las normas sobre protección de consumidores de los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I, frente a lo que parece desprenderse de los dos extractos de la Propuesta recién reproducidos. Un resultado similar puede llegar a producirse en virtud de la aplicación de otras normas. Un ejemplo muy significativo y reciente, lo proporcionan (de ser avaladas por el Tribunal de Justicia), las conclusiones del Abogado General de 2 de junio de 2016 en el asunto C‑191/15, Verein für Konsumenteninformation. En concreto, el Abogado General concluye que: “El Derecho aplicable al examen del carácter abusivo de cláusulas incluidas por un profesional en condiciones generales de venta destinadas a consumidores que residen en otro Estado miembro debe determinarse sobre la base del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II"), cuando dicho examen se efectúe en el marco de una acción de cesación que tiene por objeto que se prohíba la utilización de estas cláusulas…”. Como es sabido, en virtud del artículo 6.1 del Reglamento Roma II, la ley aplicable es la del “país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados”.

References: artículo 1
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 artículo 3
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 artículo 4
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 artículo 6
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 artículo 17
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 artículo 6
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