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Timestamp: 2019-09-21 10:00:42+00:00

Document:
Diario Oficial C 439/8 de
2014/C 439/01
2014/C 439/02
Asuntos acumulados C-359/11 y C-400/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG y Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Procedimiento prejudicial — Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE — Protección de los consumidores — Mercado interior de la electricidad y del gas natural — Normativa nacional que determina el contenido de los contratos celebrados con los consumidores a los que se aplica la obligación general de suministro — Modificación unilateral por el profesional del precio del servicio — Información, en tiempo útil antes de la entrada en vigor de dicha modificación, de los motivos, las condiciones y la magnitud de ésta)
2014/C 439/03
Asunto C-326/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf — Alemania) — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículo 63 TFUE — Tributación de los rendimientos procedentes de fondos de inversión — Obligaciones de comunicación y de publicación de determinada información por un fondo de inversión — Tributación a tanto alzado de los rendimientos procedentes de fondos de inversión que no cumplen con las obligaciones de comunicación y de publicación)
2014/C 439/04
Asunto C-104/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās Tiesas Senāts — Letonia) — AS Olainfarm/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Política industrial — Directiva 2001/83/CE — Medicamentos para uso humano — Artículo 6 — Autorización de comercialización — Artículo 8, apartado 3, letra i) — Obligación de adjuntar a la solicitud de autorización los resultados de los ensayos farmacéuticos, preclínicos y clínicos — Excepciones relativas a los ensayos preclínicos y clínicos — Artículo 10 — Medicamentos genéricos — Concepto de medicamento de referencia — Derecho subjetivo del titular de la autorización de comercialización de un medicamento de referencia a impugnar la autorización de comercialización de un genérico de ese primer medicamento — Artículo 10 bis — Medicamentos con sustancias activas que han tenido un uso médico bien establecido al menos durante diez años en la Unión Europea — Posibilidad de utilizar un medicamento cuya autorización se concedió habida cuenta de la excepción prevista en el artículo 10 bis como medicamento de referencia para la obtención de una autorización de comercialización de un medicamento genérico)
2014/C 439/05
Asunto C-222/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Teleklagenævnet — Dinamarca) — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/22/CE — Artículo 32 — Servicios obligatorios adicionales — Mecanismo de compensación de los costes derivados de la prestación de esos servicios — Concepto de órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE — Incompetencia del Tribunal de Justicia)
2014/C 439/06
Asunto C-252/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2014 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos (Incumplimiento de Estado — Directivas 2002/73/CE y 2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres — Empleo y ocupación — Acceso al empleo — Reintegración tras un permiso de maternidad — Requisitos de forma del escrito de interposición del recurso — Exposición coherente de las imputaciones — Formulación inequívoca de las pretensiones)
2014/C 439/07
Asunto C-268/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu — Rumanía) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate [Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CEE) no 1408/71 — Artículo 22, apartado 2, párrafo segundo — Seguro de enfermedad — Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro — Denegación de autorización previa — Falta de medicamentos y de material sanitario de primera necesidad]
2014/C 439/08
Asunto C-299/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Isabelle Gielen/Ministerraad (Fiscalidad — Directiva 2008/7/CE — Artículos 5, apartado 2, y 6 — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Impuesto sobre la conversión de los valores al portador en valores nominativos o en valores desmaterializados)
2014/C 439/09
Asunto C-302/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākās Tiesas Senāts — Letonia) — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, en liquidación/VAS Starptautiskā lidosta Rīga, AS Air Baltic Corporation [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) no 44/2001 — Artículo 31 — Solicitud de reconocimiento y ejecución de una resolución mediante la que se acuerda la adopción de medidas provisionales o cautelares — Artículo 1, apartado 1 — Ámbito de aplicación — Materia civil y mercantil — Concepto — Demanda de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la supuesta infracción del Derecho de la competencia de la Unión Europea — Reducción de las tasas aeroportuarias — Artículo 22, punto 2 — Competencias exclusivas — Concepto — Litigio en materia de sociedades y de personas jurídicas — Decisión por la que se conceden las reducciones — Artículo 34, punto 1 — Motivos de denegación del reconocimiento — Orden público del Estado requerido]
2014/C 439/10
Asunto C-305/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en calidad de administrador concursal de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Procedimiento prejudicial — Convenio de Roma relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales — Artículo 4, apartados 1, 2, 4 y 5 — Ley aplicable a falta de elección de las partes — Contrato de comisión de transporte — Contrato de transporte de mercancías)
2014/C 439/11
Asuntos acumulados C-344/13 y C-367/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italia) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agencia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli (Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Restricciones — Legislación tributaria — Ingresos procedentes de premios obtenidos en juegos de azar — Diferencia en la imposición de premios obtenidos en el extranjero y de los procedentes de establecimientos nacionales)
2014/C 439/12
Asunto C-428/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA (Procedimiento prejudicial — Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Directivas 95/59/CE y 2011/64/UE — Estructura y tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco — Determinación de un impuesto especial — Principio por el que se establece un tipo de impuesto especial para todos los cigarrillos — Posibilidad de los Estados miembros de establecer un importe mínimo de impuesto especial — Cigarrillos de la categoría de precio menos elevada — Normativa nacional — Categoría específica de cigarrillos — Fijación del impuesto especial en el 115 %)
2014/C 439/13
Asunto C-429/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2014 — Reino de España/Comisión Europea (Recurso de casación — Fondo de Cohesión — Reducción de la ayuda financiera — Irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratos públicos — Adopción de la decisión por la Comisión Europea — Incumplimiento del plazo señalado — Consecuencias)
2014/C 439/14
Asunto C-437/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën (Procedimiento prejudicial — Código aduanero comunitario — Recaudación de derechos de importación — Origen de las mercancías — Medios de prueba — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho de defensa — Derecho a una tutela judicial efectiva — Autonomía procesal de los Estados miembros)
2014/C 439/15
Asunto C-492/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículo 138, apartado 1 — Exenciones relacionadas con las operaciones intracomunitarias — Adquiriente no identificado a efectos del IVA — Obligación del vendedor de demostrar la autenticidad de la firma del adquirente o de su representante — Principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima — Efecto directo)
2014/C 439/16
Asunto C-522/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol — A Coruña) — Ministerio de Defensa, Navantia, S.A./Concello de Ferrol (Petición de decisión prejudicial — Competencia — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Concepto de ayuda de Estado — Impuesto sobre bienes inmuebles — Exención fiscal)
2014/C 439/17
Asunto C-541/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover (Procedimiento prejudicial — Unión Aduanera y Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Partida 3822 — Concepto de reactivos de diagnóstico o de laboratorio — Indicadores de exposición a una temperatura de referencia predeterminada)
2014/C 439/18
Asunto C-565/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hovrätten för Västra Sverige — Suecia) — Procedimiento penal contra Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi Fiskeri Ab Nordic (Procedimiento prejudicial — Relaciones exteriores — Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos — Exclusión de toda posibilidad de que los buques comunitarios ejerzan actividades de pesca en las zonas de pesca marroquíes sobre la base de una licencia expedida por las autoridades marroquíes sin la intervención de las autoridades competentes de la Unión Europea)
2014/C 439/19
Asunto C-620/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de octubre de 2014 — British Telecommunications plc/Comisión Europea, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Recurso de casación — Ayuda de Estado — Exención de un fondo de pensiones de la obligación de abonar, en lo que atañe a determinados trabajadores, una contribución a un fondo de protección de las pensiones — Carácter selectivo de la medida)
2014/C 439/20
Asunto C-641/13 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de octubre de 2014 — Reino de España/Comisión Europea (Recurso de casación — Fondo de Cohesión — Reducción de una ayuda financiera — Contratos públicos de obras — Directiva 93/37/CEE — Criterios de adjudicación — Experiencia en obras anteriores — Criterios de selección cualitativa)
2014/C 439/21
Asunto C-376/14 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — C/M [Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Retención ilícita — Residencia habitual del menor]
2014/C 439/22
Asunto C-369/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 31 de julio de 2014 — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
2014/C 439/23
Asunto C-382/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts Rüsselsheim (Alemania) el 11 de agosto de 2014 — Juergen Schneider y Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH
2014/C 439/24
Asunto C-409/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 28 de agosto de 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
2014/C 439/25
Asunto C-419/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 8 de septiembre de 2014 — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
2014/C 439/26
Asunto C-423/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) el 15 de septiembre de 2014 — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.
2014/C 439/27
Asunto C-424/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 15 de septiembre de 2014 — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
2014/C 439/28
Asunto C-443/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 25 de septiembre de 2014 — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo
2014/C 439/29
Asunto C-444/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 25 de septiembre de 2014 — Amira Osso/Region Hannover
2014/C 439/30
Asunto C-445/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 25 de septiembre de 2014 — Seusen Sume/Landkreis Stade
2014/C 439/31
Asunto C-456/14: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (España) el 2 de octubre de 2014 — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
2014/C 439/32
Asunto C-457/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Cagliari (Italia) el 2 de octubre de 2014 — Proceso penal contra Claudia Concu, Isabella Melis
2014/C 439/33
Asunto C-463/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 8 de octubre de 2014 — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
2014/C 439/34
Asunto C-468/14: Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2014 — Comisión Europea/Reino de Dinamarca
2014/C 439/35
Asunto T-29/11: Sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2014 — Technische Universität Dresden/Comisión (Cláusula compromisoria — Programa de Acción Comunitario en el ámbito de la Salud Pública — Contrato de financiación de un proyecto — Recurso de anulación — Nota de adeudo — Naturaleza contractual del litigio — Acto no susceptible de recurso — Inadmisibilidad — Recalificación del recurso — Costes subvencionables)
2014/C 439/36
Asunto T-543/12: Sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2014 — Grau Ferrer/OAMI — Rubio Ferrer (Bugui va) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Bugui va — Marca figurativa nacional anterior Bugui y marca figurativa comunitaria anterior BUGUI — Motivo de denegación relativo — Desestimación de la oposición — Artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Existencia de la marca anterior — No consideración de pruebas presentadas ante la Sala de Recurso en apoyo de la oposición — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 — Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento no 207/2009 — Uso efectivo de la marca anterior — Forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo]
2014/C 439/37
Asunto T-706/14 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de octubre de 2014 — Holistic Innovation Institute/REA (Procedimiento sobre medidas provisionales — Proyectos financiados por la Unión Europea en el campo de la investigación y del desarrollo tecnológico — Decisión por la que se rechaza una participación en ciertos proyectos — Demanda de suspensión de la ejecución — Incumplimiento de requisitos de forma — Inadmisibilidad)
2014/C 439/38
Asunto T-350/14: Recurso interpuesto el 12 de mayo de 2014 — Arvanitis y otros/Parlamento Europeo y otros
2014/C 439/39
Asunto T-413/14: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2014 — Grigoriadis y otros/Parlamento Europeo y otros
2014/C 439/40
Asunto T-646/14: Recurso interpuesto el 2 de septiembre de 2014 — Micula y otros/Comisión
2014/C 439/41
Asunto T-671/14: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — Bayerische Motoren Werke/Comisión
2014/C 439/42
Asunto T-672/14: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — August Wolff y Remedia/Comisión
2014/C 439/43
Asunto T-680/14: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — Lupin/Comisión
C 439/1
(2014/C 439/01)
DO C 431 de 1.12.2014
DO C 421 de 24.11.2014
DO C 409 de 17.11.2014
DO C 395 de 10.11.2014
DO C 388 de 3.11.2014
DO C 380 de 27.10.2014
C 439/2
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG y Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH
(Asuntos acumulados C-359/11 y C-400/11) (1)
((Procedimiento prejudicial - Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE - Protección de los consumidores - Mercado interior de la electricidad y del gas natural - Normativa nacional que determina el contenido de los contratos celebrados con los consumidores a los que se aplica la obligación general de suministro - Modificación unilateral por el profesional del precio del servicio - Información, en tiempo útil antes de la entrada en vigor de dicha modificación, de los motivos, las condiciones y la magnitud de ésta))
(2014/C 439/02)
Demandantes: Alexandra Schulz y Josef Egbringhoff
Demandadas: Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG y Stadtwerke Ahaus GmbH
El artículo 3, apartado 5, en relación con el anexo A, de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE, y el artículo 3, apartado 3, en relación con su anexo A, de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, en relación con su anexo A, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en los litigios principales, que determina el contenido de los contratos de suministro de la electricidad y del gas celebrados con clientes a los que se aplica la obligación general de suministro y establece la posibilidad de modificar la tarifa de dicho suministro, pero que no garantiza que se informe a los consumidores, en tiempo útil antes de la entrada en vigor de tal modificación, de los motivos, las condiciones y la magnitud de ésta.
(1) DO C 311 de 22.10.2011.
C 439/3
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf — Alemania) — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd
(Asunto C-326/12) (1)
((Procedimiento prejudicial - Libre circulación de capitales - Artículo 63 TFUE - Tributación de los rendimientos procedentes de fondos de inversión - Obligaciones de comunicación y de publicación de determinada información por un fondo de inversión - Tributación a tanto alzado de los rendimientos procedentes de fondos de inversión que no cumplen con las obligaciones de comunicación y de publicación))
(2014/C 439/03)
Demandantes: Rita van Caster y Patrick van Caster
Demandada: Finanzamt Essen-Süd
El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece que la inobservancia por un fondo de inversión no residente de las obligaciones de comunicación y de publicación de determinada información previstas por dicha normativa, aplicables indistintamente a los fondos residentes y no residentes, conlleva la tributación a tanto alzado de los rendimientos que el contribuyente obtiene de ese fondo de inversión, en la medida en que la citada normativa no permite a tal contribuyente aportar pruebas o información que puedan demostrar la cuantía efectiva de esos rendimientos.
(1) DO C 303, de 6.10.2012.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās Tiesas Senāts — Letonia) — AS «Olainfarm»/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
(Asunto C-104/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Política industrial - Directiva 2001/83/CE - Medicamentos para uso humano - Artículo 6 - Autorización de comercialización - Artículo 8, apartado 3, letra i) - Obligación de adjuntar a la solicitud de autorización los resultados de los ensayos farmacéuticos, preclínicos y clínicos - Excepciones relativas a los ensayos preclínicos y clínicos - Artículo 10 - Medicamentos genéricos - Concepto de «medicamento de referencia» - Derecho subjetivo del titular de la autorización de comercialización de un medicamento de referencia a impugnar la autorización de comercialización de un genérico de ese primer medicamento - Artículo 10 bis - Medicamentos con sustancias activas que han tenido un uso médico bien establecido al menos durante diez años en la Unión Europea - Posibilidad de utilizar un medicamento cuya autorización se concedió habida cuenta de la excepción prevista en el artículo 10 bis como medicamento de referencia para la obtención de una autorización de comercialización de un medicamento genérico))
(2014/C 439/04)
Demandante: AS «Olainfarm»
Demandadas: Latvijas Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
En el que participa: Grindeks AS
El concepto de «medicamento de referencia» en el sentido del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, debe interpretarse en el sentido de que engloba a un medicamento cuya autorización de comercialización se concedió basándose en el artículo 10 bis de dicha Directiva.
El artículo 10 de la Directiva 2001/83, en su versión modificada por el Reglamento no 1394/2007, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el titular de la autorización de comercialización de un medicamento utilizado como medicamento de referencia en el marco de una solicitud de autorización de comercialización para un medicamento genérico de otro fabricante, presentada basándose en el artículo 10 de la antedicha Directiva, tiene un derecho de recurso contra la resolución de la autoridad competente que otorga una autorización de comercialización para ese último medicamento en la medida en que se trate de obtener la tutela judicial de una prerrogativa que ese artículo 10 reconoce al mencionado titular. En particular, existe tal derecho de recurso si el antedicho titular reclama que su medicamento no sea utilizado con vistas a la obtención de una autorización de comercialización en aplicación del referido artículo 10 para un medicamento con respecto al cual su propio medicamento no pueda ser considerado medicamento de referencia en el sentido del mismo artículo 10, apartado 2, letra a).
(1) DO C 123, de 27.4.2013.
C 439/4
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Teleklagenævnet — Dinamarca) — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
(Asunto C-222/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/22/CE - Artículo 32 - Servicios obligatorios adicionales - Mecanismo de compensación de los costes derivados de la prestación de esos servicios - Concepto de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE - Incompetencia del Tribunal de Justicia))
(2014/C 439/05)
Demandante: TDC A/S
Demandada: Erhvervsstyrelsen
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para responder a las cuestiones planteadas por el Teleklagenævnet (Dinamarca) en su resolución de 22 de abril de 2013.
(1) DO C 207, de 20.7.2013.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2014 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos
(Asunto C-252/13) (1)
((Incumplimiento de Estado - Directivas 2002/73/CE y 2006/54/CE - Igualdad de trato entre hombres y mujeres - Empleo y ocupación - Acceso al empleo - Reintegración tras un permiso de maternidad - Requisitos de forma del escrito de interposición del recurso - Exposición coherente de las imputaciones - Formulación inequívoca de las pretensiones))
(2014/C 439/06)
Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Martin y M. van Beek, agentes)
Demandada: Reino de los Países Bajos (representantes: M. Bulterman y J. Langer, agentes)
Condenar en costas a la Comisión Europea.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu — Rumanía) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
(Asunto C-268/13) (1)
([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) no 1408/71 - Artículo 22, apartado 2, párrafo segundo - Seguro de enfermedad - Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro - Denegación de autorización previa - Falta de medicamentos y de material sanitario de primera necesidad])
Demandadas: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu y Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
El artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) no 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, debe interpretarse en el sentido de que la autorización requerida por el apartado 1, letra c), inciso i), de ese mismo artículo no puede denegarse cuando la asistencia hospitalaria de que se trata no puede dispensarse en tiempo útil en el Estado miembro de residencia del asegurado debido a la falta de medicamentos y de material sanitario de primera necesidad. Tal imposibilidad debe apreciarse en el conjunto de hospitales de dicho Estado miembro que pueden dispensar esa asistencia y a la vista del lapso de tiempo durante el que esta última puede obtenerse en tiempo útil.
C 439/6
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Isabelle Gielen/Ministerraad
(Asunto C-299/13) (1)
((Fiscalidad - Directiva 2008/7/CE - Artículos 5, apartado 2, y 6 - Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Impuesto sobre la conversión de los valores al portador en valores nominativos o en valores desmaterializados))
(2014/C 439/08)
Demandante: Isabelle Gielen
El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, se opone a la percepción de un impuesto que grave la conversión de valores al portador en valores nominativos o en valores desmaterializados, como el controvertido en el litigio principal. Un impuesto de ese tipo no puede justificarse en virtud del artículo 6 de la citada Directiva.
(1) DO C 226, de 3.8.2013.
C 439/7
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākās Tiesas Senāts — Letonia) — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, en liquidación/VAS Starptautiskā lidosta Rīga, AS Air Baltic Corporation
(Asunto C-302/13) (1)
([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) no 44/2001 - Artículo 31 - Solicitud de reconocimiento y ejecución de una resolución mediante la que se acuerda la adopción de medidas provisionales o cautelares - Artículo 1, apartado 1 - Ámbito de aplicación - Materia civil y mercantil - Concepto - Demanda de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la supuesta infracción del Derecho de la competencia de la Unión Europea - Reducción de las tasas aeroportuarias - Artículo 22, punto 2 - Competencias exclusivas - Concepto - Litigio en materia de sociedades y de personas jurídicas - Decisión por la que se conceden las reducciones - Artículo 34, punto 1 - Motivos de denegación del reconocimiento - Orden público del Estado requerido])
(2014/C 439/09)
Demandante: AS flyLAL-Lithuanian Airlines, en liquidación
Demandadas: VAS Starptautiskā lidosta Rīga, AS Air Baltic Corporation
El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una acción como la controvertida en el litigio principal, mediante la que se pretende obtener la indemnización de los daños y perjuicios derivados de supuestas violaciones del Derecho de la Unión en materia de competencia, está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil» en el sentido de esta disposición y, está, por tanto, incluida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
El artículo 22, punto 2, del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una acción como la controvertida en el litigio principal, mediante la que se pretende obtener la indemnización de los daños y perjuicios derivados de supuestas violaciones del Derecho de la Unión en materia de competencia, no constituye un procedimiento relativo a la validez de las decisiones de los órganos de sociedades en el sentido de la referida disposición.
El artículo 34, punto 1, del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que ni el método de cálculo del importe de las sumas a las que se refieren las medidas provisionales y cautelares adoptadas mediante una resolución cuyo reconocimiento y ejecución se solicitan, cuando es posible seguir el razonamiento que llevó a la fijación del importe de las sumas y existían vías de recurso para impugnar tal método de cálculo de las cuales se hizo uso, ni el mero hecho de invocar consecuencias económicas graves, constituyen motivos que demuestren que se ha violado el orden público del Estado requerido y que permitan denegar el reconocimiento y la ejecución en dicho Estado miembro de tal resolución adoptada en otro Estado miembro.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en calidad de administrador concursal de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
(Asunto C-305/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Convenio de Roma relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales - Artículo 4, apartados 1, 2, 4 y 5 - Ley aplicable a falta de elección de las partes - Contrato de comisión de transporte - Contrato de transporte de mercancías))
(2014/C 439/10)
Demandante: Haeger & Schmidt GmbH
Demandadas: Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en calidad de administrador concursal de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
La última frase del artículo 4, apartado 4, del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición se aplica a un contrato de comisión de transporte únicamente cuando el objeto principal del contrato consiste en el transporte propiamente dicho de la mercancía de que se trate, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
El artículo 4, apartado 4, del citado Convenio debe interpretarse en el sentido de que, cuando la ley aplicable a un contrato de transporte de mercancías no pueda determinarse aplicando la segunda frase de dicha disposición, deberá determinarse en función de la regla general prevista en el apartado 1 de ese mismo artículo 4, es decir, que la ley que rija el contrato será la ley del país con el que presente los lazos más estrechos.
El artículo 4, apartado 2, del mismo Convenio debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que se alegue que un contrato presenta lazos más estrechos con un país que no sea el país cuya ley venga designada en virtud de la presunción que establece dicho apartado, el juez nacional deberá comparar los lazos existentes entre el contrato y el país cuya ley venga designada en virtud de la presunción, por una parte, y entre el contrato y el otro país de que se trate, por otra. A tal efecto, el juez nacional deberá tener en cuenta todas las circunstancias que concurran, incluida la existencia de otros contratos relacionados con el contrato en cuestión.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italia) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agencia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli
(Asuntos acumulados C-344/13 y C-367/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Libre prestación de servicios - Restricciones - Legislación tributaria - Ingresos procedentes de premios obtenidos en juegos de azar - Diferencia en la imposición de premios obtenidos en el extranjero y de los procedentes de establecimientos nacionales))
Demandantes: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)
Demandada: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli
Los artículos 52 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro que somete al impuesto sobre la renta los premios de juegos de azar obtenidos en establecimientos ubicados en otros Estados miembros y exime de dicho impuesto los ingresos similares cuando proceden de establecimientos situados en su territorio nacional.
(1) DO C 260, de 7.9.2013.
C 439/9
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA
(Asunto C-428/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Disposiciones fiscales - Armonización de las legislaciones - Directivas 95/59/CE y 2011/64/UE - Estructura y tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco - Determinación de un impuesto especial - Principio por el que se establece un tipo de impuesto especial para todos los cigarrillos - Posibilidad de los Estados miembros de establecer un importe mínimo de impuesto especial - Cigarrillos de la categoría de precio menos elevada - Normativa nacional - Categoría específica de cigarrillos - Fijación del impuesto especial en el 115 %))
(2014/C 439/12)
Demandantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
Demandada: Yesmoke Tobacco SpA
Los artículos 7, apartado 2, y 8, apartado 6, de la Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no establece un impuesto especial mínimo idéntico aplicable a todos los cigarrillos, sino un impuesto especial mínimo aplicable únicamente a los cigarrillos con un precio de venta al por menor inferior al de los cigarrillos de la categoría de precio más demandada.
(1) DO C 313, 26.10.2013.
C 439/10
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2014 — Reino de España/Comisión Europea
(Asunto C-429/13 P) (1)
((Recurso de casación - Fondo de Cohesión - Reducción de la ayuda financiera - Irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratos públicos - Adopción de la decisión por la Comisión Europea - Incumplimiento del plazo señalado - Consecuencias))
(2014/C 439/13)
Recurrente: Reino de España (representante: A. Rubio González, agente)
Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: B. Conte y A. Tokár, agentes, asistidos por J. Rivas Andrés, abogado)
Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea España/Comisión (T-384/10, EU:T:2013:277).
Anular la Decisión C (2010) 4147 de la Comisión, de 30 de junio de 2010, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a los siguientes (grupos de) proyectos: «Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir» (2000.ES.16.C.PE.066), «Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga» (2002.ES.16.C.PE.061).
Condenar a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas así como con aquellas en que haya incurrido el Reino de España, tanto en el procedimiento en primera instancia como en el marco del presente recurso de casación.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën
(Asunto C-437/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Código aduanero comunitario - Recaudación de derechos de importación - Origen de las mercancías - Medios de prueba - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 47 - Derecho de defensa - Derecho a una tutela judicial efectiva - Autonomía procesal de los Estados miembros))
(2014/C 439/14)
Demandante: Unitrading Ltd
El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la prueba del origen de mercancías importadas aportada por las autoridades aduaneras con arreglo al Derecho procesal nacional se base en los resultados de análisis efectuados por un tercero respecto de los que ese tercero se niega a proporcionar explicaciones, ya sea a las autoridades aduaneras o al declarante en aduana, con lo que se dificulta o se hace imposible comprobar o rebatir la exactitud de las conclusiones utilizadas, siempre que se respeten los principios de efectividad y de equivalencia. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si ha ocurrido así en el litigio principal.
En un supuesto como el controvertido en el litigio principal, en el que las autoridades aduaneras no pueden facilitar explicaciones sobre los análisis de que se trata, la cuestión de si las autoridades aduaneras deben acceder a la solicitud de la interesada de que se realicen a sus expensas análisis en el país declarado como país de origen y la cuestión de si es relevante que se hayan conservado durante un cierto tiempo partes de las muestras de las mercancías de las que la interesada habría podido disponer con vistas a la realización de comprobaciones por otro laboratorio y, en caso de respuesta afirmativa, si las autoridades aduaneras deben informar a la interesada de la existencia de submuestras de mercancías conservadas y del hecho de que puede reclamarlas para realizar tales comprobaciones han de apreciarse sobre la base del Derecho procesal nacional.
(1) DO C 325, de 9.11.2013.
C 439/11
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Asunto C-492/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - IVA - Directiva 2006/112/CE - Artículo 138, apartado 1 - Exenciones relacionadas con las operaciones intracomunitarias - Adquiriente no identificado a efectos del IVA - Obligación del vendedor de demostrar la autenticidad de la firma del adquirente o de su representante - Principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima - Efecto directo))
(2014/C 439/15)
Demandante: Traum EOOD
Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Los artículos 138, apartado 1, y 139, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/88/UE del Consejo, de 7 de diciembre de 2010, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, la Administración tributaria de un Estado miembro deniegue el derecho a la exención del impuesto sobre el valor añadido de una entrega intracomunitaria debido a que el adquirente no estaba identificado a efectos de dicho impuesto en otro Estado miembro y a que el proveedor no había demostrado la autenticidad de la firma que figuraba en los documentos presentados en apoyo de su declaración de entrega supuestamente exenta ni el poder de representación de la persona que firmó dichos documentos en nombre del adquirente, siendo así que las pruebas que justificaban el derecho a la exención presentadas por el proveedor en apoyo de su declaración eran conformes a la lista de documentos que han de presentarse a la referida Administración establecida en Derecho nacional y que habían sido aceptadas por ésta en un primer momento como pruebas justificativas, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
El artículo 138, apartado 1, de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2010/88, debe interpretarse en el sentido de que está dotado de efecto directo, de manera que puede ser invocado por los sujetos pasivos ante los órganos jurisdiccionales nacionales en contra del Estado para obtener la exención del impuesto sobre el valor añadido de una entrega intracomunitaria.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol — A Coruña) — Ministerio de Defensa, Navantia, S.A./Concello de Ferrol
(Asunto C-522/13) (1)
((Petición de decisión prejudicial - Competencia - Ayudas de Estado - Artículo 107 TFUE, apartado 1 - Concepto de «ayuda de Estado» - Impuesto sobre bienes inmuebles - Exención fiscal))
Demandantes: Ministerio de Defensa, Navantia, S.A.
Demandada: Concello de Ferrol
El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una ayuda de Estado, prohibida con arreglo a dicha disposición, la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una parcela de terreno perteneciente al Estado y puesta a disposición de una empresa de la que éste posee la totalidad del capital y que, en esa parcela, produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia. No obstante, incumbe al Juzgado remitente comprobar si, tomando en consideración todos los elementos pertinentes del litigio del que conoce, apreciados a la luz de los criterios interpretativos aportados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal exención debe calificarse de ayuda de Estado en el sentido de la citada disposición.
(1) DO C 367, de 14.12.2013.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover
(Asunto C-541/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Unión Aduanera y Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Partida 3822 - Concepto de «reactivos de diagnóstico o de laboratorio» - Indicadores de exposición a una temperatura de referencia predeterminada))
Demandante: Douane Advies Bureau Rietveld
Demandada: Hauptzollamt Hannover
La partida 3822 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (UE) no 861/2010 de la Comisión, de 5 de octubre de 2010, debe interpretarse en el sentido de que no están incluidos en dicha partida indicadores de temperatura, como los productos comercializados con las denominaciones «WarmMark» y «ColdMark», que, a través de una modificación de color resultante de la variación del volumen de los líquidos que contienen, indican, de manera irreversible, si se ha alcanzado una temperatura superior o inferior a un umbral determinado.
(1) DO C 9, de 11.1.2014.
C 439/13
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hovrätten för Västra Sverige — Suecia) — Procedimiento penal contra Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi Fiskeri Ab Nordic
(Asunto C-565/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Relaciones exteriores - Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos - Exclusión de toda posibilidad de que los buques comunitarios ejerzan actividades de pesca en las zonas de pesca marroquíes sobre la base de una licencia expedida por las autoridades marroquíes sin la intervención de las autoridades competentes de la Unión Europea))
(2014/C 439/18)
Partes en el procedimiento penal principal
Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic
El Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, aprobado en nombre de la Comunidad por el Reglamento (CE) no 764/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 2006, y en particular su artículo 6, debe interpretarse en el sentido de que excluye toda posibilidad de que los buques comunitarios ejerzan actividades de pesca en las zonas de pesca marroquíes sobre la base de una licencia expedida por las autoridades marroquíes sin la intervención de las autoridades competentes de la Unión Europea.
(1) DO C 15, de 18.1.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de octubre de 2014 — British Telecommunications plc/Comisión Europea, BT Pension Scheme Trustees Ltd
(Asunto C-620/13 P) (1)
((Recurso de casación - Ayuda de Estado - Exención de un fondo de pensiones de la obligación de abonar, en lo que atañe a determinados trabajadores, una contribución a un fondo de protección de las pensiones - Carácter selectivo de la medida))
(2014/C 439/19)
Recurrente: British Telecommunications plc (representantes: J. Holmes, Barrister, H. Legge, QC)
Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Flynn y N. Khan, agentes), BT Pension Scheme Trustees Ltd (representantes: J. Derenne y A. Müller-Rappard, avocats, designados por M. Farley, Solicitor)
Condenar en costas a British Telecommunications plc y a Pension Scheme Trustees Ltd.
(1) DO C 61, de 1.3.2014.
C 439/14
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de octubre de 2014 — Reino de España/Comisión Europea
(Asunto C-641/13 P) (1)
((Recurso de casación - Fondo de Cohesión - Reducción de una ayuda financiera - Contratos públicos de obras - Directiva 93/37/CEE - Criterios de adjudicación - Experiencia en obras anteriores - Criterios de selección cualitativa))
(2014/C 439/20)
Recurrente: Reino de España (representante: A. Rubio Gonzalez, agente)
Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: S. Pardo Quintillán y A. Steiblytė, agentes)
(1) DO C 31, de 1.2.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — C/M
(Asunto C-376/14 PPU) (1)
([Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación judicial en materia civil - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Retención ilícita - Residencia habitual del menor])
(2014/C 439/21)
Demandante: C
Demandada: M
Los artículos 2, punto 11, y 11 del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, deben interpretarse en el sentido de que, cuando el traslado del menor ha tenido lugar conforme a una resolución judicial ejecutiva provisionalmente, que fue revocada posteriormente por una resolución judicial que fijaba la residencia del menor en el domicilio del progenitor que permanece en el Estado miembro de origen, el órgano jurisdiccional del Estado miembro al que fue trasladado el menor, al que se ha presentado una demanda de restitución de éste, debe comprobar, evaluando todas las circunstancias específicas del caso, si el menor aún tenía su residencia habitual en el Estado miembro de origen inmediatamente antes de la retención ilícita alegada. En esa evaluación se debe tener en cuenta el hecho de que la resolución judicial que autorizaba el traslado podía ser ejecutada provisionalmente y había sido recurrida en apelación.
El Reglamento no 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el traslado del menor ha tenido lugar conforme a una resolución judicial ejecutiva provisionalmente, que fue revocada posteriormente por una resolución judicial que fijaba la residencia del menor en el domicilio del progenitor que permanecía en el Estado miembro de origen, la no restitución del menor a ese Estado miembro con posterioridad a esa segunda resolución es ilícita y el artículo 11 del Reglamento es aplicable si se apreciara que el menor aún tenía su residencia habitual en dicho Estado miembro inmediatamente antes de esa omisión de restitución. Si se apreciara, por el contrario, que en ese momento el menor ya no tenía su residencia habitual en el Estado miembro de origen, la resolución denegatoria de la demanda de restitución basada en esa disposición se adoptaría, en su caso, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en un Estado miembro establecidas en el capítulo III del Reglamento.
(1) DO C 351, de 6.10.2014.
C 439/15
Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Köln (Alemania) el 31 de julio de 2014 — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
(Asunto C-369/14)
(2014/C 439/22)
Demandante: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH
Demandada: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
¿Deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, y 3, letra a), y los anexos I A y I B de la Directiva 2002/96/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO L 37, p. 24) y/o los artículos 2, apartado 1, letra a), y 3, apartado 1, letra a), y los anexos I y II de la Directiva 2012/19/UE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DO L 197, p. 38), en el sentido de que los motores para puertas (de garaje) que funcionan con una tensión eléctrica de entre aproximadamente 220 y 240 voltios, destinados a instalarse en la estructura de un edificio, pueden incluirse en el concepto de aparatos eléctricos y electrónicos, y más concretamente, en el concepto de herramientas eléctricas y electrónicas?
¿Deben interpretarse los anexos I A, número 6, y I B, número 6, de la Directiva 2002/96/CE y/o el artículo 3, apartado 1, letra b), y los anexos I, número 6, y II, número 6, de la Directiva 2012/19/UE en el sentido de que los motores (para puertas de garaje) descritos en la primera cuestión han de ser considerados partes integrantes de herramientas industriales fijas de gran envergadura, en el sentido de estas disposiciones?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y de respuesta negativa a la segunda cuestión:
¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2002/96/CE y/o el artículo 2, apartado 3, letra b), de la Directiva 2012/19/UE, en el sentido de que los motores (para puertas de garaje) descritos en la primera cuestión han de ser considerados parte de otro tipo de aparatos no comprendidos en el ámbito de aplicación las de citadas directivas?
(1) Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) — Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa al artículo 9 (DO L 37, p. 24).
(2) DO L 197, p. 38.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts Rüsselsheim (Alemania) el 11 de agosto de 2014 — Juergen Schneider y Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH
(Asunto C-382/14)
(2014/C 439/23)
Amtsgerichts Rüsselsheim
Demandante: Juergen Schneider y Erika Schneider
Demandada: Condor Flugdienst GmbH
¿Es necesario que la circunstancia excepcional en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (1) se refiera directamente al vuelo reservado?
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿cuántos trayectos anteriores realizados por la aeronave prevista para el vuelo son relevantes para determinar la concurrencia de una circunstancia excepcional? ¿Existe un límite temporal en relación con la consideración de las circunstancias excepcionales relativas a trayectos anteriores? Y, de ser así, ¿cómo se fija dicho límite?
En caso de que las circunstancias excepcionales que se produzcan durante los trayectos anteriores también sean relevantes para un vuelo posterior, ¿deben limitarse las medidas razonables, que, con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento, debe tomar el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, a evitar la circunstancia excepcional o también deben tener por objeto evitar que se produzca un mayor retraso?
(1) Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91 (DO L 46, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 28 de agosto de 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Asunto C-409/14)
Demandante: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
¿Debe interpretarse la descripción de la mercancía aduanera designada como «Tabaco light air-cured», conforme al código 2401 10 35 NC del capítulo 24 «TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS» recogido en el Reglamento (UE) no 861/2010 de la Comisión, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (1), en el sentido de que sólo comprende el tabaco sin desvenar o desnervar air-cured:
que contiene las hojas enteras de la planta de tabaco,
no troceadas ni tampoco prensadas o compactadas;
que, aparte del secado air-cured, entendido como un tipo de «transformación», no permite que el tabaco sin desvenar o desnervar light air-cured del código 2401 10 35 NC se someta a ninguna otra transformación (por ejemplo, separar los pedúnculos, trocear las hojas o compactarlas);
que no tiene la cualidad de poder fumarse?
¿Debe interpretarse el concepto de «régimen aduanero suspensivo» del artículo 4, punto 6, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, en el sentido de que también comprende el caso de una mercancía aduanera (producto sujeto a impuestos especiales) que se encuentra en tránsito externo, en depósito temporal o en depósito aduanero al amparo de documentos de acompañamiento en los que la partida arancelaria está incorrectamente indicada (2403 10 9000 NC en lugar de 2401 10 35 NC [sic]), pero el capítulo pertinente (capítulo 24 — tabaco) y todos los demás datos de tales documentos (número de contenedor, cantidad, peso neto) son correctos, no habiéndose violado los precintos?
(Es decir, procede dilucidar si una determinada mercancía puede estar en régimen aduanero suspensivo cuando en sus documentos de acompañamiento se ha indicado correctamente el capítulo del Arancel Aduanero Común pero incorrectamente la partida arancelaria concreta).
¿Procede interpretar el concepto de «importación» del artículo 2, letra b), de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, (2) y el concepto de «importación de productos sujetos a impuestos especiales» del artículo 4, punto 8, de la misma Directiva en el sentido de que también comprenden el caso de que exista disparidad entre la partida arancelaria de la mercancía real en régimen de tránsito externo y la partida arancelaria que aparece en sus documentos de acompañamiento, dándose la circunstancia de que, al margen de esa diferencia, tanto la designación del capítulo (en el presente caso, el capítulo 24 — tabaco) como la cantidad y el peso neto de la mercancía real son conformes con los datos de los documentos de acompañamiento?
¿Está comprendido entre las irregularidades a que se refiere el artículo 38 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, relativa al régimen general de los impuestos especiales[,y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE], el hecho de que una mercancía se acoja a un régimen aduanero suspensivo cuando en sus documentos de acompañamiento figura una designación NC incorrecta, conforme al anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, modificado por el Reglamento (UE) no 861/2010?
(1) DO L 284, de 29.10.2010, p. 1.
(2) Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO L 9, de 14.1.2009, p. 12).
C 439/17
Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 8 de septiembre de 2014 — WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
(Asunto C-419/14)
(2014/C 439/25)
Demandante: WebMindLicences Kft.
Demandada: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
En aplicación de los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 43 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), en el marco de la identificación de la persona que presta el servicio a efectos del IVA, con ocasión del examen de si la operación tiene carácter ficticio, carente de contenido económico y mercantil real y dirigido exclusivamente a la percepción de una ventaja fiscal, ¿es relevante a efectos interpretativos el hecho de que, en las circunstancias del litigio principal, el administrador y propietario del 100 % de la sociedad mercantil que concede la licencia sea la persona física que creó el know-how transferido mediante el contrato de licencia?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, a la hora de aplicar los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 43 de la Directiva del IVA y apreciar la existencia de una práctica abusiva, ¿es relevante el hecho de que esta persona física ejerza o pueda ejercer influencia de modo informal sobre el modo de explotación de la sociedad mercantil que adquirió la licencia y sobre las decisiones de esa empresa? A efectos de esta interpretación, ¿puede tener pertinencia la circunstancia de que el creador del know-how participe o pueda participar directa o indirectamente, asesorando profesionalmente u ofreciendo consejos acerca del desarrollo y de la explotación del know-how, en la toma de decisiones empresariales relacionadas con la prestación del servicio basado en ese know-how?
En las circunstancias del litigio principal y tomando en consideración lo expuesto en la segunda cuestión, para identificar a la persona que presta el servicio a efectos del IVA, además del análisis de la operación contractual subyacente, ¿tiene pertinencia el hecho de que el creador del know-how, en cuanto persona física, ejerza influencia, más exactamente influencia determinante, o dicte directrices acerca del modo en que se presta el servicio basado en ese know-how?
En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, a la hora de determinar el alcance de esta influencia y de estas directrices, ¿qué circunstancias pueden tomarse en consideración o, más concretamente, con base a qué criterios puede constatarse que se ejerce una influencia determinante sobre la prestación del servicio y que se ha ejecutado el contenido económico real de la operación subyacente en favor de la empresa que concede la licencia?
En las circunstancias del litigio principal, al examinar la obtención de la ventaja fiscal, ¿es relevante a la hora de analizar las relaciones de los operadores económicos y de las personas intervinientes en la operación el hecho de que los sujetos pasivos que han participado en la operación contractual controvertida, dirigida a la evasión fiscal, sean personas jurídicas, cuando la autoridad tributaria de un Estado miembro atribuye a una persona física la adopción de decisiones estratégicas y operativas de explotación? En caso de que sea así, ¿debe tenerse en cuenta en qué Estado miembro ha adoptado la persona física estas decisiones? En circunstancias como las que concurren en el presente asunto, en el caso de que pueda constatarse que no resulta determinante la posición contractual de las partes, ¿tiene relevancia a efectos interpretativos el hecho de que quede a cargo de subcontratistas la gestión de los instrumentos técnicos, recursos humanos y operaciones financieras necesarios para la prestación del servicio basado en Internet de que aquí se trata?
En el caso de que pueda constatarse que las cláusulas del contrato de licencia no reflejan un contenido económico real, ¿la recalificación de las cláusulas contractuales y el restablecimiento de la situación que existiría si no hubiera tenido lugar la operación en la que se concreta la práctica abusiva implican que la autoridad tributaria del Estado miembro pueda determinar de forma diferente el Estado miembro de la prestación y, por tanto, el lugar de exigibilidad del impuesto, aun cuando la empresa que haya adquirido la licencia haya satisfecho el impuesto exigible en el Estado miembro donde esté establecida y con arreglo a los requisitos legales fijados en ese Estado miembro?
¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y 56 TFUE en el sentido de que es contraria a los mismos y puede representar un uso abusivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios una configuración contractual como la que es objeto del litigio principal, con arreglo a la cual una empresa, sujeto pasivo de un Estado miembro, transfiere mediante contrato de licencia a otra empresa, sujeto pasivo de otro Estado miembro, el know-how para la prestación de servicios de contenidos para adultos a través de una tecnología de comunicación interactiva basada en Internet y el derecho a utilizarlo, en circunstancias caracterizadas por el hecho de que la carga del IVA del Estado miembro del domicilio de la empresa que ha adquirido la licencia es más ventajosa por lo que respecta a la prestación transferida?
En circunstancias como las que concurren en el presente asunto, ¿qué importancia debe concederse, al margen de la ventaja fiscal que supuestamente puede conseguirse, a las consideraciones comerciales efectuadas por la empresa que concede la licencia? En este contexto, y más en particular, ¿es relevante a efectos interpretativos el hecho de que el propietario del 100 % y administrador de la sociedad mercantil que concede la licencia sea la persona física que creó originalmente el know-how?
¿Al analizar la conducta abusiva pueden tomarse en consideración y, en caso afirmativo, qué importancia tienen circunstancias similares a las del litigio principal, como los datos técnicos y de infraestructura relativos a la introducción y ejecución del servicio objeto de la operación controvertida y la preparación y los recursos humanos de que dispone la empresa que concede la licencia para prestar el servicio en cuestión?
En la situación analizada en el presente asunto, ¿deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, 43 y 273 de la Directiva del IVA, en relación con los artículos 4 TUE, apartado 3, y 325 TFUE, en el sentido de que, en aras del cumplimiento efectivo de la obligación de los Estados miembros de la Unión de percibir efectiva y puntualmente el importe total del IVA y de evitar la pérdida presupuestaria que suponen el fraude y la evasión fiscales a través de las fronteras de los Estados miembros, en el caso de una operación de prestación de servicios y al objeto de identificar a la persona que presta el servicio, la autoridad tributaria del Estado miembro, en la fase probatoria del procedimiento administrativo de naturaleza tributaria y con el fin de dilucidar los hechos, está facultada para admitir datos, información y medios de prueba, así como, por tanto, registros de interceptaciones, obtenidos sin conocimiento del sujeto pasivo por el órgano de investigación de la autoridad tributaria en el marco de un procedimiento de carácter penal y para utilizarlos y fundamentar en los mismos su apreciación sobre las consecuencias fiscales, y de que, por su parte, el tribunal de lo contencioso-administrativo que conoce del recurso interpuesto contra la resolución administrativa de la autoridad tributaria del Estado miembro está facultado para realizar una apreciación de dichos elementos en el marco de las pruebas, con ocasión del examen de su legalidad?
En la situación analizada en el presente asunto, ¿deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, 43 y 273 de la Directiva del IVA, en relación con los artículos 4 TUE, apartado 3, y 325 TFUE, en el sentido de que, en aras del cumplimiento efectivo de la obligación de los Estados miembros de la Unión de percibir efectiva y puntualmente el importe total del IVA y de la ejecución de la obligación de los Estados miembros de garantizar la observancia de las obligaciones impuestas al sujeto pasivo, el margen reconocido para la utilización de los medios de que dispone la autoridad tributaria del Estado miembro comprende la facultad de dicha autoridad de utilizar los medios de prueba obtenidos inicialmente con finalidad penal para reprimir conductas de evasión fiscal, incluso cuando el propio Derecho nacional no permite la obtención de información sin conocimiento del interesado en el marco de un procedimiento administrativo para reprimir conductas de evasión fiscal, o la supedita en el marco del proceso penal a garantías que no están previstas en el procedimiento administrativo de naturaleza tributaria, reconociendo al mismo tiempo a la autoridad administrativa la facultad de actuar con arreglo al principio de libertad de prueba?
¿Impide el artículo 8, apartado 2, del CEDH, en relación con el artículo 52, apartado 2, de la Carta, que se reconozca a la autoridad tributaria del Estado miembro la competencia a la que se refieren las cuestiones décima y undécima o, en las circunstancias del presente asunto, puede considerarse justificado, para luchar contra la evasión fiscal, utilizar en el marco de un procedimiento administrativo de naturaleza tributaria las conclusiones que se desprenden de la información obtenida sin conocimiento del interesado, con vistas a la percepción efectiva del impuesto y en aras del «bienestar económico del país»?
En la medida en que de la respuesta a las cuestiones décima a duodécima se desprenda que la autoridad tributaria del Estado miembro puede utilizar tales medios de prueba en el procedimiento administrativo, ¿recae sobre la autoridad tributaria del Estado miembro, con el fin de garantizar la efectividad del derecho a una buena administración y del derecho de defensa con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 41 y 48 de la Carta, en relación con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, la obligación absoluta de oír al sujeto pasivo en el curso del procedimiento administrativo, de garantizarle el acceso a las conclusiones que se desprenden de la información obtenida sin su conocimiento y de respetar la finalidad para la que fueron obtenidos los datos que figuran en esos medios de prueba, o bien, en este último contexto, la circunstancia de que la información recabada sin conocimiento del interesado se destine únicamente a una investigación de carácter penal impide de raíz la utilización de tales medios de prueba?
En el supuesto de que se obtengan y utilicen medios de prueba infringiendo lo dispuesto en los artículos 7, 8, 41 y 48 de la Carta, en relación con el artículo 47 de la Carta, ¿satisface el derecho a un recurso efectivo una normativa nacional con arreglo a la cual la impugnación en vía judicial de la legalidad procedimental de resoluciones dictadas en asuntos tributarios sólo puede prosperar y conducir a la anulación de la decisión, si, en función de las circunstancias del caso, existe la posibilidad concreta de que la decisión impugnada hubiera sido distinta de no haberse producido el vicio de procedimiento y si, además, dicho vicio ha afectado a la posición jurídica sustantiva del demandante, o bien los vicios de procedimiento cometidos de este modo deben tenerse en cuenta en un contexto más amplio, con independencia de la influencia que tenga en el resultado del proceso el vicio de procedimiento que infringe lo dispuesto en la Carta?
¿La efectividad del artículo 47 de la Carta exige que, en una situación procesal como la presente, el tribunal de lo contencioso-administrativo que conoce del recurso contra la resolución administrativa de la autoridad tributaria del Estado miembro pueda controlar la legalidad de la obtención de los medios de prueba recabados con fines penales y sin conocimiento del interesado en el marco de un procedimiento de carácter penal, en particular cuando el sujeto pasivo contra el que se haya instado en paralelo el proceso penal no tenga conocimiento de esa documentación ni haya podido impugnar ante un tribunal la legalidad de la misma?
Tomando también en consideración la cuestión sexta, el Reglamento (UE) no 904/2010 (2) del Consejo, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, a la luz en particular de su séptimo considerando, con arreglo al cual, a efectos de la recaudación del impuesto, los Estados miembros deben cooperar para ayudar a garantizar que el IVA se aplique correctamente y para ello, no sólo deben comprobar la correcta aplicación del impuesto adeudado en su propio territorio, sino también ayudar a otros Estados miembros para garantizar la correcta aplicación del impuesto relativo a la actividad realizada en su propio territorio pero que se adeuda en otro Estado miembro, ¿debe interpretarse en el sentido de que, en una situación de hecho como la que caracteriza el presente asunto, la autoridad tributaria del Estado miembro que descubre la deuda tributaria debe dirigir una solicitud a la autoridad tributaria del Estado miembro en el que el sujeto pasivo que ha sido objeto de inspección fiscal ya ha satisfecho su obligación de pago del impuesto?
En caso de respuesta afirmativa a la decimosexta cuestión, si se impugna ante un tribunal y se constata la ilegalidad procesal de las resoluciones adoptadas por la autoridad tributaria del Estado miembro por este motivo, sobre la base de la falta de obtención de información y de la solicitud, ¿qué consecuencia debe aplicar el tribunal que conoce del recurso contra las resoluciones administrativas adoptadas por la autoridad tributaria del Estado miembro, habida cuenta asimismo de lo expuesto en la decimocuarta cuestión?
(1) DO L 347, p. 1.
(2) DO L 268, p. 1.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) el 15 de septiembre de 2014 — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.
(Asunto C-423/14)
Recurrente: Fazenda Pública
Recurrida: Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, S.A.
El Derecho de la Unión, y en especial lo dispuesto en el artículo 78, letra a), de la Directiva 2006/112/CE (1), ¿se opone a que […] la tasa de uso del subsuelo que paga la distribuidora de gas sea repercutida sobre el consumidor final, en cuanto tal e independientemente del precio que éste paga por el gas consumido, es decir, sin quedar englobada en dicho precio?
En caso de respuesta negativa a esta primera cuestión, se planta la siguiente cuestión prejudicial:
El Derecho de la Unión, y en especial lo dispuesto en los artículos 73 a 79 de la Directiva 2006/112/CE, ¿se opone a que […] cuando la tasa de uso del subsuelo que paga la distribuidora de gas sea repercutida sobre el consumidor final, en cuanto tal e independientemente del precio que éste paga por el gas consumido, no sea considerada base imponible [a efectos del IVA]?
C 439/21
Petición de decisión prejudicial planteada por el Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el 15 de septiembre de 2014 — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
(Asunto C-424/14)
(2014/C 439/27)
Demandante: Jácint Gábor Balogh
¿Es compatible con la obligación de presentar una declaración de alta establecida en los artículos 213, apartado 1, y 214, apartado 1, de la Directiva del IVA (1) la práctica nacional húngara consistente en exigir que se den de alta preceptivamente los particulares que — dentro del límite de la exención subjetiva del IVA — no desean realizar una actividad gravada con IVA?
¿Puede sancionar la autoridad tributaria, con ocasión de una comprobación a posteriori, la omisión de la presentación de declaración de alta dentro del límite de la exención subjetiva?
¿Puede subrogarse la autoridad tributaria, con ocasión de una comprobación a posteriori, en el derecho de opción del particular e, ignorando el principio del procedimiento equitativo, puede excluir la posibilidad del particular de optar por la exención subjetiva?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 25 de septiembre de 2014 — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo
(Asunto C-443/14)
(2014/C 439/28)
Demandante: Kreis Warendorf
Demandada: Ibrahim Alo
Interviniente: El defensor de los intereses del Bund ante el Bundesverwaltungsgericht
¿Constituye la condición de establecer la residencia en un área geográfica limitada (municipio, distrito, región) del Estado miembro una restricción de la libre circulación en el sentido del artículo 33 de la Directiva 2011/95/UE (1) cuando el extranjero, por lo demás, es libre de circular por todo el territorio del Estado miembro y de permanecer en él?
¿Es compatible con los artículos 33 y/o 29 de la Directiva 2011/95/UE una condición relativa al lugar de residencia para personas con un estatuto de protección subsidiaria si se basa en el objetivo de asegurar una adecuada distribución de las cargas de la asistencia social entre los distintos organismos del territorio?
¿Es compatible con los artículos 33 y/o 29 de la Directiva 2011/95/UE una condición relativa al lugar de residencia para personas con un estatuto de protección subsidiaria si se basa en razones de política de migración o de integración, como puede ser evitar que la elevada tasa de asentamientos de extranjeros en determinados municipios o distritos genere segregación social? ¿Bastan a este respecto razones abstractas de política de migración o integración, o es preciso concretar tales razones?
(1) Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO L 337, p. 9).
C 439/22
Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 25 de septiembre de 2014 — Amira Osso/Region Hannover
(Asunto C-444/14)
(2014/C 439/29)
Demandante: Amira Osso
Demandada: Region Hannover
¿Es compatible con los artículos 33 y/o 29 de la Directiva 2011/95/UE una obligación relativa al lugar de residencia para personas con un estatuto de protección subsidiario si se basa en razones de política de migración o de integración, como puede ser evitar que la elevada tasa de asentamientos de extranjeros en determinados municipios o distritos genere segregación social? ¿Bastan a este respecto razones abstractas de política de migración o integración, o es preciso concretar tales razones?
(1) Directiva 2011/95/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO L 337, p. 9).
C 439/23
Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 25 de septiembre de 2014 — Seusen Sume/Landkreis Stade
(Asunto C-445/14)
(2014/C 439/30)
Demandante: Seusen Sume
Demandada: Landkreis Stade
con intervención de: El defensor de los intereses del Bund ante el Bundesverwaltungsgericht
Cuestión prejudicial/Cuestiones prejudiciales
Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (España) el 2 de octubre de 2014 — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
(Asunto C-456/14)
(2014/C 439/31)
Demandante: Manuel Orrego Arias
Interpretación del artículo 3.1 a), primer apartado, de la Directiva 2001/40/CE (1), del Consejo, de 28 de mayo, y, en particular, sobre si la expresión infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un año que contiene dicho precepto viene referida a la pena prevista en abstracto para el delito de que se trate o, por el contrario, a la concreta pena de prisión impuesta al condenado y, por consiguiente, si la decisión de un Estado miembro de expulsar a un nacional de un tercer país condenado a una pena privativa de libertad de ocho meses sería o no reconocida por otros Estados miembros.
(1) Del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países
DO L 149, p. 34
C 439/24
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Cagliari (Italia) el 2 de octubre de 2014 — Proceso penal contra Claudia Concu, Isabella Melis
(Asunto C-457/14)
(2014/C 439/32)
Claudia Concu, Isabella Melis
¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y ss. y 56 TFUE y ss. y los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012 [asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10] en el sentido de que se oponen a que se liciten concesiones de duración inferior a las adjudicadas en el pasado, en el caso de que dicha licitación se hubiera convocado para subsanar las consecuencias derivadas de la ilegalidad de la exclusión de las licitaciones de un cierto número de operadores?
¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y ss. y 56 TFUE y ss. y los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la misma sentencia de 16 de febrero de 2012 [asuntos acumulados C-72/10 y C 77/10] en el sentido de que impiden que la necesidad de reorganizar el sistema mediante la equiparación de la fecha de expiración de las concesiones constituya una justificación causal adecuada de la menor duración de las concesiones licitadas con respecto a la duración de las concesiones adjudicadas en el pasado?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 8 de octubre de 2014 — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
(Asunto C-463/14)
(2014/C 439/33)
Demandante en el procedimiento principal: Asparuhovo Lake Investment Company OOD
Demandada en el procedimiento principal: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
¿Deben interpretarse los artículos 24, apartado 1, y 25, letra b), de la Directiva 2006/112 (1) en el sentido de que el concepto de «prestaciones de servicios» también comprende los supuestos de contratos de abono a servicios de asesoramiento como los del procedimiento principal, en virtud de los cuales el prestador del servicio, que dispone de personal cualificado para prestar dichos servicios, se pone a disposición del cliente durante la vigencia del contrato y se compromete a no celebrar contratos con un objeto comparable con los competidores del cliente?
¿Deben interpretarse los artículos 64, apartado 1, y 63 de la Directiva 2006/112 en el sentido de que, en el abono a servicios de asesoramiento, el devengo del impuesto se produce al expirar el período para el que se pactó el pago, con independencia de que el cliente haya recurrido, o en su caso, con qué frecuencia lo haya hecho, a los servicios para los que el asesor se puso a su disposición?
¿Debe interpretarse el artículo 62, apartado 2, de la Directiva 2006/112 en el sentido de que quien presta servicios en el marco de un contrato de abono de asistencia está obligado a liquidar el IVA relativo a los servicios al expirar el período para el que se acordó la retribución del abono, o dicha obligación sólo nace si el cliente recurrió a los servicios del asesor durante el período impositivo correspondiente?
C 439/25
Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2014 — Comisión Europea/Reino de Dinamarca
(Asunto C-468/14)
(2014/C 439/34)
Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Clausen y C. Cattabriga, agentes)
Que se declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (1), al mantener un régimen jurídico en el que se permite la venta de tabaco rapé suelto, en contra del artículo 8, en relación con el artículo 2, apartado 4, de dicha Directiva.
El Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE al prohibir en Dinamarca únicamente la venta de tabaco rapé en porciones empaquetado en bolsas porosas, pero no la venta de tabaco rapé suelto. Dinamarca no ha negado que su normativa nacional sea contraria al Derecho de la Unión en lo que se refiere a la prohibición de poner en el mercado tabaco para uso oral. Una propuesta legislativa que habría introducido una prohibición total de venta de tabaco rapé en Dinamarca fue rechazada, no obstante, por el Parlamento danés (Folketing).
Dinamarca no ha contraído ningún otro compromiso para acomodar la normativa danesa con el Derecho de la Unión. Por lo tanto, la Comisión debe concluir que Dinamarca continúa sin cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE, en combinación con el artículo 2, apartado 4, de ésta.
(1) DO L 194, p. 26.
C 439/26
Sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2014 — Technische Universität Dresden/Comisión
(Asunto T-29/11) (1)
((«Cláusula compromisoria - Programa de Acción Comunitario en el ámbito de la Salud Pública - Contrato de financiación de un proyecto - Recurso de anulación - Nota de adeudo - Naturaleza contractual del litigio - Acto no susceptible de recurso - Inadmisibilidad - Recalificación del recurso - Costes subvencionables»))
(2014/C 439/35)
Demandante: Technische Universität Dresden (Dresde, Alemania) (representantes: G. Brüggen, abogado)
Demandada: Comisión Europea (representantes: W. Bogensberger y D. Calciu, posteriormente W. Bogensberger y F. Moro, agentes, asistidos por R. Van der Hout y A. Köhler, abogados)
Recurso de anulación de la nota de adeudo no 3241011712, emitida por la Comisión el 4 de noviembre de 2010, para obtener el reembolso de la cantidad de 55 377,62 euros abonada a la demandante en el marco de una ayuda financiera en apoyo de un proyecto del Programa de Acción Comunitario en el ámbito de la Salud Pública (2003-2008).
Los gastos de personal correspondientes a la Sra. H. por valor de 56,76 euros, los gastos de desplazamiento por valor de 1 354,08 euros y los costes de prestaciones de servicio por valor de 351,82 euros sufragados por la Technische Universität Dresden en el marco de la ejecución del contrato, con la referencia 2003114 (SI2.377438), relativo a la financiación del proyecto «Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants — Coordinating Party (LiS)» del Programa de Acción Comunitario en el ámbito de la Salud Pública (2003-2008) son subvencionables, de modo que el crédito de la Comisión Europea relativo a estos importes e inscrito en la nota de adeudo no 3241011712, de 4 de noviembre de 2010, es infundado.
Condenar en costas a Technische Universität Dresden.
(1) DO C 80, de 12.3.2011.
Sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2014 — Grau Ferrer/OAMI — Rubio Ferrer (Bugui va)
(Asunto T-543/12) (1)
([Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa Bugui va - Marca figurativa nacional anterior Bugui y marca figurativa comunitaria anterior BUGUI - Motivo de denegación relativo - Desestimación de la oposición - Artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Existencia de la marca anterior - No consideración de pruebas presentadas ante la Sala de Recurso en apoyo de la oposición - Facultad de apreciación de la Sala de Recurso - Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 - Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento no 207/2009 - Uso efectivo de la marca anterior - Forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo])
Demandante: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Barcelona) (representante: J. Carbonell Callicó, abogado)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: S. Palmero Cabezas y A. Folliard-Monguiral, agentes)
Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvantes ante el Tribunal General: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Valencia) y Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (representante: A. Cañizares Doménech, abogada)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 11 de octubre de 2012 (asuntos acumulados R 274/2011-4 y R 520/2011-4), relativa a un procedimiento de oposición entre, por una parte, el Sr. Xavier Grau Ferrer y, por otra, los Sres. Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer.
Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 11 de octubre de 2012 (asuntos acumulados R 274/2011-4 y R 520/2011-4).
La OAMI cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Sr. Xavier Grau Ferrer.
Los Sres. Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 55, de 23.2.2013.
Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de octubre de 2014 — Holistic Innovation Institute/REA
(Asunto T-706/14 R)
((Procedimiento sobre medidas provisionales - Proyectos financiados por la Unión Europea en el campo de la investigación y del desarrollo tecnológico - Decisión por la que se rechaza una participación en ciertos proyectos - Demanda de suspensión de la ejecución - Incumplimiento de requisitos de forma - Inadmisibilidad))
(2014/C 439/37)
Demandante: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (Pozuelo de Alarcón, Madrid) (representante: R. Muñiz García, abogado)
Demandada: Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) (representante: G. Gascard, agente)
Demanda de suspensión de la ejecución de la decisión ARES (2014) 2461172 de la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), de 24 de julio de 2014, por la que se excluyó a la demandante de la participación en los proyectos ZONeSEC e Inachus.
Rechazar la demanda de medidas provisionales.
Recurso interpuesto el 12 de mayo de 2014 — Arvanitis y otros/Parlamento Europeo y otros
(Asunto T-350/14)
Demandantes: Athanasios Arvanitis (Rodas, Grecia) y otros 47 demandantes (representante: Ch. Papadimitriou, abogado)
Demandadas: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Banco Central Europeo, Eurogroup
Reconozca que las partes demandadas no han adoptado las medidas legislativas para la aplicación plena de los principios generales del Derecho de la Unión Europea y al no aplicar la Directiva relativa al trabajo temporal a sus despidos de la antigua Olimpiaki Aeroporia, previstos en una Decisión de la Unión Europea transpuesta en el ordenamiento jurídico helénico mediante la Ley 3717/2008.
Otorgue a las partes demandantes, así como al resto de los trabajadores despedidos de la antigua Olimpiaki Aeroporia, mediante un acto normativo comunitario dotado de efecto directo — Directiva, Reglamento u otro acto normativo comunitario — la posibilidad de obtener la indemnización que les corresponde como empleados fijos debido a sus despidos-separaciones del servicio obligatorios de Olimpiaki Aeroporia.
Otorgue una indemnización por valor de 3 00 000 euros mediante un acto comunitario con efecto directo — Directiva, Reglamento u otro acto normativo comunitario — a cada una de las partes demandantes por las molestias, la angustia, las graves vulneraciones de los derechos fundamentales y el fin anticipado de la vida laboral sufridos.
Primer motivo, basado en que la Ley 3717/2008, mediante la cual se dispuso el cierre de Olimpiaki Aeroporia y el despido de todos sus trabajadores temporales, es un acto comunitario auténtico y en esencia establecido por los órganos legislativos de la Unión Europea, en particular el BCE y la Comisión Europea, y todas las medidas legislativas que adoptó el Gobierno helénico estaban indicadas y ordenadas en la decisión del Eurogroup. El ECOFIN; el BCE y la Comisión Europea.
Segundo motivo, basado en que la falta de equiparación de los trabajadores temporales de la antigua Olimpiaki Aeroporia con el resto de trabajadores permanentes de Olimpiaki Aeroporia y el no haberles concedido una indemnización por su despido de Olimpiaki Aeroporia les generó un perjuicio directo, personal y grave y les privó del disfrute de sus derechos fundamentales.
C 439/29
Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2014 — Grigoriadis y otros/Parlamento Europeo y otros
(Asunto T-413/14)
(2014/C 439/39)
Demandantes: Grigoris Grigoriadis (Atenas, Grecia), Faidra Grigoriadou (Atenas), Ioannis Tsolias (Salónica, Grecia), Dimitrios Aleksopoulos (Salónica), Nikolaos Papageorgiou (Atenas) e Ioannis Marinopoulos (Atenas) (representante: Ch. Papadimitriou)
Demandadas: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Banco Central Europeo, Eurogrupo
Declare que las partes demandadas omitieron adoptar los procedimientos legislativos necesarios para eximir explícitamente de la participación obligatoria en la deuda pública, prevista por el P.S.I., de los poseedores de obligaciones emitidas por el Estado helénico, regidas por el Derecho griego, las que adquirieron los demandantes a la República Helénica.
Otorgue a las partes demandantes en el presente proceso, mediante un acto comunitario con efecto directo — Directiva, Reglamento u otro acto normativo comunitario — la posibilidad de percibir el 100 % del valor de las obligaciones que se incluyeron en el P.S.I. sin haberlo solicitado y sin haberlo consentido.
Otorgue una indemnización por valor de 5 00 000 euros mediante un acto comunitario con efecto directo — Directiva, Reglamento u otro acto normativo comunitario — a cada una de las partes demandantes por las molestias, la angustia y las graves vulneraciones de los derechos fundamentales sufridos.
Primer motivo, basado en que los procedimientos normativos y de otro tipo que han hecho que la República Helénica incluyera obligatoriamente en el P.S.I. a los poseedores de obligaciones emitidas por el Estado helénico, regidas por el Derecho griego, son auténticos actos de la Unión Europea.
Segundo motivo, basado en que las medidas adoptadas por el Gobierno helénico para enfrentarse a la deuda pública griega fueron impuestas, en esencia, por las instituciones de la Unión Europea, en particular, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.
Tercer motivo, basado en que las partes demandadas omitieron adoptar los procedimientos legislativos necesarios para excluir expresamente las obligaciones griegas de las partes demandadas mediante los actos del Consejo de Ministros por los cuales se establecieron los términos de aplicación del P.S.I. en Grecia.
Cuarto motivo, basado en que la no exención de los demandantes y su indemnización del P.S.I. les ha generado un perjuicio directo, personal y grave y les ha privado del disfrute de sus derechos fundamentales.
Quinto motivo, basado en que todas las medidas legislativas que adoptó el Gobierno helénico se adoptaron siguiendo las indicaciones, y más correctamente, las decisiones del Eurogrupo, del ECOFIN, del BCE y de la Comisión Europea.
Recurso interpuesto el 2 de septiembre de 2014 — Micula y otros/Comisión
(Asunto T-646/14)
(2014/C 439/40)
Demandantes: Ioan Micula (Oradea, Rumanía), S.C. European Food SA (Drăgăneşti Rumanía), S.C. Starmill Srl (Drăgăneşti), S.C. Multipack Srl (Drăgăneşti) y Viorel Micula (Oradea) (representantes: K. Hobér, J. Ragnwaldh, T. Pettersson, E. Gaillard e Y. Banifatemi, abogados)
Los demandantes solicitan al Tribunal General que:
Anule la Decisión C (2014) 3192 final de la Comisión, de 26 de mayo de 2014, en el asunto sobre ayudas de Estado SA.38517 (2014/NN) — Micula v Rumanía (laudo arbitral del CIADI), por la que se ordena a Rumanía la suspensión de cualquier actuación con vistas a la ejecución o a la aplicación del laudo arbitral de 11 de diciembre de 2013, dictado por un tribunal arbitral constituido al amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en el asunto Ioan Micula, Viorel Micula y otros v. Rumanía (ICSID Case No. ARB/05/20), al considerar la Comisión que la ejecución de dicho laudo representa una ayuda de Estado ilegal, hasta que la Comisión se pronuncie con carácter definitivo sobre la compatibilidad de dicha ayuda de Estado con el mercado interior.
En apoyo de su recurso, los demandantes invocan dos motivos.
Primer motivo, basado en la falta de competencia.
El Derecho de la Unión no es aplicable al asunto y la Comisión carece de competencia para adoptar una Decisión con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento no 659/1999. La Decisión de la Comisión ignora que el Derecho internacional obliga a Rumanía a ejecutar el laudo arbitral del CIADI sin demora así como que las obligaciones de Derecho internacional de Rumanía priman sobre el Derecho de la Unión. La Decisión de la Comisión infringe el artículo 351 TFUE, apartado 1, y el artículo 4 TUE, apartado 3, que reconocen y protegen las obligaciones de Rumanía conforme al Convenio CIADI y al Tratado Bilateral sobre Inversiones entre Rumanía y Suecia.
Segundo motivo, basado en un error manifiesto de Derecho y de apreciación.
La Comisión incurrió en un error de Derecho al calificar equivocadamente la ejecución del laudo del CIADI de ayuda de Estado nueva y violó la confianza legítima de los demandantes. La Decisión de la Comisión se basa íntegramente en la premisa errónea de que la ejecución del laudo del CIADI constituye una ayuda de Estado con arreglo al Derecho de la Unión. El laudo del CIADI no confiere una ventaja económica a los demandantes y no constituye una medida selectiva ni una medida voluntaria que sea imputable a Rumanía, ni falsea o amenaza falsear la competencia.
C 439/30
Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — Bayerische Motoren Werke/Comisión
(Asunto T-671/14)
(2014/C 439/41)
Demandante: Bayerische Motoren Werke AG (Múnich, Alemania) (representantes: M. Rosenthal, G. Drauz y M. Schütte, abogados)
Anule la resolución de 9 de julio de 2014 en el asunto SA.32009 (2011/C) con arreglo al artículo 263 TFUE, apartado 4, en la medida en que en ella se declara la incompatibilidad con el mercado interior del importe excedente de 17 millones de euros (2 8 2 57 273 euros) de la ayuda solicitada de 4 5 2 57 273 euros.
Con carácter subsidiario, anule la resolución de 9 de julio de 2014 en el asunto SA.32009 (2011/C) con arreglo al artículo 263 TFUE, apartado 4, en la medida en que en ella se declara incompatible con el mercado interior la cantidad de 22,5 millones de euros exenta de la obligación de solicitud de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 800/2008 (1).
Condene en costas a la demandante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
Primer motivo, basado en la infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3
La demandante alega que la demandada ha infringido el artículo 108, TFUE, apartado 3, al haber incumplido su obligación de llevar a cabo un examen diligente e imparcial, de modo que en lo sucesivo afirmó, de modo manifiestamente errónea, el carácter aplicable en su totalidad de la comunicación sobre el examen detenido de proyectos de grandes inversiones.
La demandante alega, además, que de haberse calificado acertadamente la posición de la demandante en el mercado, no se habría podido realizar un examen detenido. La realización de dicho examen detenido sin previa determinación de la posición en el mercado y el trato desigual dispensado a la demandante por esta razón constituyen un error manifiesto de apreciación.
Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c)
Por otro lado, la demandante alega que la demandada ha infringido el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al haber limitado de manera manifiestamente errónea el efecto incentivador y el carácter proporcionado de la ayuda a la diferencia de costes estimada ex ante entre las instalaciones de Múnich y Leipzig, que se eleva a 17 millones de euros.
En este contexto, la demandante alega que el automatismo que muestra la demandada para realizar un examen detenido que tiene en cuenta la diferencia de costes constituye un error manifiesto de apreciación, que, en definitiva, ha impedido ejercer la facultad discrecional sin incurrir en errores de Derecho, particularmente al examinar el carácter proporcionado y los efectos de la ayuda.
Motivo subsidiario, basado en la infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3, y del Reglamento no 800/2008
Con carácter subsidiario, la demandante alega que la demandada ha infringido el artículo 108 TFUE, apartado 3, y el Reglamento no 800/2008, al haber prohibido de modo manifiestamente erróneo a la República Federal de Alemania conceder a la demandante una ayuda derivada del régimen de ayudas de la Investitionszulagengesetz (Ley sobre primas a la inversión) autorizado por un importe que no llega al umbral de 22,5 millones de euros a partir del cual se exige la solicitud.
Esta limitación del importe de la ayuda a una cantidad que no alcanza el umbral a partir del cual se exige la solicitud constituye, en opinión de la demandante, un error manifiesto de apreciación, por el que la demandada se excedió en sus facultades y discriminó a la demandante de modo contrario a Derecho frente a beneficiarios de ayudas que han recibido el importe exento de la obligación de solicitud de 22,5 millones de euros.
(1) Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 CE y 88 CE del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (DO L 214, p. 3).
C 439/31
Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — August Wolff y Remedia/Comisión
(Asunto T-672/14)
(2014/C 439/42)
Demandantes: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Alemania), Remedia d.o.o. (Zagreb, Croacia) (representantes: P. Klappich, C. Schmidt y P. Arbeiter, abogados)
Anule la Decisión de Ejecución C (2014) 6030 final de la Comisión Europea, de 19 de agosto de 2014, relativa a las autorizaciones de comercialización, con arreglo al artículo 31 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de medicamentos de uso tópico para uso humano con una alta concentración de estradiol, en la medida en que impone a los Estados miembros el cumplimiento de las obligaciones que establece con respecto a los medicamentos de uso tópico que figuran en el anexo I de dicha Decisión de Ejecución y aquellos que no figuran en ese anexo que contengan un 0,01 % de estradiol, con excepción de la restricción consistente en que los medicamentos de uso tópico con un 0,01 % de estradiol mencionados en ese anexo I sólo podrán aplicarse por vía intravaginal.
En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos.
Primer motivo, basado en la infracción del artículo 31 y siguientes de la Directiva 2001/83/CE (1)
Se alega a este respecto que la Decisión de Ejecución impugnada se basa en un procedimiento incoado y sustanciado sin ajustarse a Derecho desde el punto de vista formal. En este sentido, las demandantes sostienen en particular que, en contra de lo dispuesto en artículo 31, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2001/83/CE, el procedimiento no fue incoado antes, sino después, de que se adoptara una decisión sobre la solicitud de renovación de la autorización del medicamento, y que tampoco se trataba de un caso especial de interés de la Unión. La incoación del procedimiento supone además, con respecto a la demandante no 1, soslayar la normativa vigente en Alemania sobre la renovación de autorización de medicamentos.
Las demandantes aducen asimismo que el comité científico de evaluación de riesgos no participó en el procedimiento y además se nombró como ponente del comité científico de medicamentos para uso humano, que sí participó en el procedimiento, a un miembro parcial.
Además, la demandante no 1 alega que no fue debidamente oída sobre un aspecto esencial en el marco del procedimiento de revisión del dictamen.
Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 116, primera frase, y del artículo 126, primera frase, de la Directiva 2001/83/CE
Las demandantes aducen a este respecto que la Decisión de Ejecución se basa en una ponderación errónea de la relación riesgo/beneficio del medicamento. En especial, no se tuvo en cuenta el hecho de que, durante más de 45 años de presencia en el mercado, la demandante no 1 no tuvo noticia de riesgos graves por el uso del medicamento con un 0,01 % de estradiol.
Además, la Comisión, a la que incumbía alegar y probar al respecto, no aportó nuevos datos científicos ni nueva información científica de donde pudiera deducirse un nuevo riesgo por el uso del medicamento.
Tercer motivo, basado en la violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato
En relación con el tercer motivo, las demandantes alegan que las advertencias en la información relativa al producto que prevé la Decisión de Ejecución y las restricciones adicionales a la autorización de comercialización del medicamento, así como las obligaciones derivadas de ello, son desproporcionadas y violan el principio de igualdad de trato. En particular, la limitación de la duración de uso junto a la exclusión de un uso reiterado del medicamento, que se añade a las modificaciones previstas de la información relativa al producto, son desproporcionadas. En cualquier caso, se debería haber ordenado, en lugar de la limitación de la duración de uso junto a la exclusión de un uso reiterado, así como de las obligaciones derivadas de ello, la realización de un estudio como medio menos estricto para analizar las pretendidas preocupaciones sobre la seguridad.
(1) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67).
C 439/33
Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — Lupin/Comisión
(Asunto T-680/14)
(2014/C 439/43)
Demandante: Lupin Ltd (Maharashtra, India) (representantes: M. Pullen, R. Fawcett- Feuillette y M. Boles, Solicitors, y V. Wakefield, Barrister, y M. Hoskins, QC)
Anule la Decisión en la medida en que declara que Lupin infringió el artículo 101 TFUE.
Subsidiaria o adicionalmente, reduzca el importe de la multa impuesta a Lupin.
Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento.
Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación parcial de la Decisión C (2014) 4955 final de la Comisión, de 9 de julio de 2014, en el asunto AT.39612 — Perindopril (Servier).
Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho al declarar que la demandante había cometido una infracción por el objeto del artículo 101 TFUE. La demandante alega que:
La declaración de la Comisión es ilegal porque aplica un criterio jurídico totalmente novedoso e incorrecto. Tal criterio exige, en particular, el pago de un «incentivo significativo» que, según la demandante, no se refleja en la jurisprudencia y es jurídicamente incorrecto.
El enfoque de la Comisión no reconoce ni hace efectivos los objetivos del Derecho de la competencia ni los del Derecho de patentes o los del procedimiento civil moderno. Según la demandante, la Comisión debería haber apreciado la cuestión de la restricción por el objeto a la luz de la doctrina de las restricciones accesorias o de los principios reconocidos en la sentencia Wouters. Al no hacer esto incurrió en un error de Derecho.
Segundo motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho al declarar que la demandante había cometido una infracción por el efecto del artículo 101 TFUE. La demandante considera que el enfoque de la Comisión para determinar si el acuerdo transaccional de patentes constituía una infracción por el efecto adolecía de los mismos defectos que su enfoque sobre las infracciones por el objeto.
Tercer motivo, basado en que la Comisión erró al imponer una multa a la demandante o, subsidiariamente, al imponerle una multa demasiado elevada, que debería rebajarse. La demandante sostiene que:
La supuesta mala práctica era novedosa y no merece una multa o, subsidiariamente, no merece más que una multa simbólica.
La multa no refleja la gravedad relativa ni la duración de la supuesta infracción de la demandante y además es injusta.
La Comisión no tuvo en cuenta el justo valor de la propiedad intelectual transmitida por la demandante a Servier.
La Comisión infringió el principio de igualdad de trato en comparación con la multa impuesta a Krka.

References: Artículo 63
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 10
 artículo 10
 Artículo 32
 artículo 267
 Artículo 22
 Artículo 31
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 22
 Artículo 34
 Artículo 4
 Artículo 47
 Artículo 138
 Artículo 107
 Artículo 76
 Artículo 42
 Artículo 15
 artículo 3
 artículo 3
 Artículo 63
 artículo 63
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 47
 artículo 10
 resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 Artículo 32
 artículo 267
 resolución 
 Artículo 22
 artículo 22
 artículo 5
 artículo 6
 Artículo 31
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 22
 Artículo 34
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 Artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
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 Artículo 47
 artículo 47
 Artículo 138
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 Artículo 107
 artículo 107
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 38
 resolución 
 artículo 8
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 47
 artículo 47
 resolución 
 artículo 78
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 62
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 2
 Artículo 76
 Artículo 42
 Artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 351
 artículo 4
 resolución 
 artículo 263
 resolución 
 artículo 263
 artículo 6
 artículo 87
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 116
 artículo 126
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 101