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Timestamp: 2019-04-22 08:15:29+00:00

Document:
ita0156
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caso chevron texaco informacion util
FODA Economía Ecuatoriana
LIBRO VERDE Revolucion Cultural 2011
Informe de Investigación Bibliográfica
POLÍTICA DE ECUADOR ANTE DESASTRE NATURALES
Identidades en América
Sociologia de La Comunicacion Extra Violencia
Cultura Organizacional Deber
Como Se Hizo Realidad El Edificio Del Instituto Geográfico Militar
Países Con El Que Ecuador Mantiene Relaciones Comerciale
ARBITRAJE TRAMITADO CON ARREGLO AL REGLAMENTO DE LA
PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL
CHEVRON CORPORATION Y
NOTIFICACIÓN DEL ARBITRAJE DE LOS DEMANDANTES
Las partes ............................................................................................................................ 1
Antecedentes fácticos.......................................................................................................... 1
Declaración preliminar............................................................................................ 1
Las inversiones de los Demandantes en el Ecuador ............................................... 2
El Memorando de Entendimiento de 1994 ................................................. 3
El Contrato de Transacción de 1995........................................................... 4
La ejecución del Contrato de Transacción de 1995 y el otorgamiento de
las Actas de Liberación Municipales y Provinciales de 1996 y el Acta
Final de Liberación de 1998 ....................................................................... 4
Las operaciones de Petroecuador a partir de 1992.................................................. 6
El Juicio de Aguinda ............................................................................................... 7
El incumplimiento de Ecuador en relación con el Juicio de Lago Agrio ............... 8
La colusión pública y privada de Ecuador con los demandantes de Lago
Agrio y respaldo de los demandantes en el Juicio de Lago Agrio.............. 9
El abuso de Ecuador del sistema de justicia penal y otras tácticas de
coerción..................................................................................................... 14
La conducta del Demandado viola los acuerdos de inversión que celebró con los
Demandantes y sus obligaciones según el Tratado........................................................... 17
Convenio arbitral .............................................................................................................. 18
Cantidad de árbitros; árbitro designado por los Demandantes ......................................... 19
Petitorio............................................................................................................................. 19
Su número telefónico en Quito es 593-222-64-063 y su número de fax es 593-2-22-64-062. II. California. 5to. Declaración preliminar 1. Antecedentes fácticos A. dedicado a la exploración y producción de petróleo con arreglo a contratos de concesión. Su número telefónico es (925) 842-1000 y su número de fax es (925) 842-3530. Amazonas. USA 94583. Piso. 2. TexPet negoció un acuerdo transaccional con el Ecuador y Petroecuador en el año 1995. San Ramon. así como también proyectos de desarrollo comunitario tal como estaba previsto en el acuerdo transaccional suscripto con el Ecuador y Petroecuador. “Estado” o “Demandado”) con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.TRADUCCIÓN Por la presente. I. Las partes Chevron tiene la sede principal de sus negocios en 6001 Bollinger Canyon Road. Ecuador. de conformidad con lo previsto en el Artículo VI(3)(a) del Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (“TBI Ecuador-Estados Unidos”. lo representa el Procurador General del Estado. Oficina 51. por el cual aquélla se hizo responsable de los proyectos especificados de remediación ambiental correspondientes a su participación minoritaria en el Consorcio y obtuvo la liberación de responsabilidad por el impacto ambiental no comprendido en el ámbito de los proyectos indicados. En el curso de varios años TexPet dedicó aproximadamente USD 40 millones a financiar proyectos de remediación ambiental llevados a cabo por un importante contratista internacional. Luego de concluida su participación en el año 1992. cuyo domicilio es Robles 731 y Av. El caso que plantean los Demandantes guarda relación con la participación histórica de TexPet como integrante minoritario de un Consorcio con el Ecuador y su petrolera estatal Petroecuador 1 . La República del Ecuador es el gobierno constituido de jure del pueblo y territorio del Ecuador. El número de teléfono y fax de la Procuraduría General del Estado es 593-2-2562080 (084). USA 94583 y una oficina en Quito. en Rumipamba 706 y Av. “TBI” o “Tratado”). Edificio Borja Páez. 1 . Todos los organismos 1 Originalmente la petrolera estatal del Ecuador se denominaba Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana o “CEPE”. hasta que en 1989 se cambió su nombre a Petroecuador como parte de una reestructuración. con esa denominación operó durante la mayor parte del período del Consorcio. TexPet tiene la sede principal de sus negocios en 6001 Bollinger Canyon Road. San Ramon. Quito. Ecuador. República. California. Chevron Corporation (“Chevron”) y Texaco Petroleum Company (“TexPet”) (conjuntamente denominadas “Demandantes”) presentan su notificación del inicio del procedimiento arbitral contra la República del Ecuador (“Ecuador”. Toda referencia a Petroecuador deberá entenderse como inclusiva de CEPE. Chevron es una persona jurídica de los Estados Unidos de América. es una sociedad de propiedad íntegra de Chevron y controlada indirectamente por ésta. TexPet es una persona jurídica de los Estados Unidos de América.
además de buscar y conseguir la instrucción penal ilegítima de dos abogados de Chevron. de responsabilidad por el impacto ambiental ocasionado en lo que había sido el área de la Concesión. 3. en un intento por menoscabar los acuerdos y los documentos de liberación de responsabilidad e interferir en la defensa de Chevron en el Juicio de Lago Agrio. 5. Las inversiones de los Demandantes en el Ecuador 6. y que en el año 2003 demandaron a Chevron ante la Justicia ecuatoriana con miras a obtener una indemnización y otras reparaciones por impactos que. TexPet también suscribió acuerdos y documentos de liberación de responsabilidad similares con los cuatro municipios principales en cuyo territorio se había ubicado el área de la Concesión. 2 . a sus filiales y a sus funcionarios. así como por el impacto de la colonización y la explotación industrial y agrícola de la Amazonía. La Función Judicial ecuatoriana llevó adelante el Juicio de Lago Agrio en total desconocimiento del derecho ecuatoriano. el Ecuador pretende indebidamente trasladarle a Chevron su propia porción contractual de responsabilidad por los impactos ambientales restantes. por medio de un Contrato de Concesión suscripto con las subsidiarias locales de ambas sociedades (la “Concesión de Napo”). La Función Ejecutiva del Ecuador ha anunciado públicamente su respaldo a los demandantes. actualmente el Ecuador actúa en colusión con un grupo de demandantes ecuatorianos y abogados estadounidenses contratados que trabajan bajo pacto de cuota litis.TRADUCCIÓN competentes del gobierno ecuatoriano inspeccionaron los trabajos de remediación y confirmaron que se los había finalizado de conformidad con lo previsto en el acuerdo transaccional. de los estándares internacionales de equidad y de los derechos básicos de Chevron en materia de debido proceso y de derecho natural. El Ecuador ha mantenido una estrategia coordinada con los demandantes de Lago Agrio que involucra a diversos órganos del Estado ecuatoriano. realizadas con el auspicio del gobierno. 4. El Ecuador y Petroecuador conservaron su responsabilidad por el impacto restante derivado de las actividades desarrolladas por el Consorcio con anterioridad a 1992. En violación de lo previsto en los acuerdos de 1995 y 1998 y en el Tratado. derivaron de las operaciones del Consorcio (el “Juicio de Lago Agrio”). con la Provincia de Sucumbíos y con el Consorcio de Municipios de Napo. la conducta del Ecuador importa la violación de lo previsto en el TBI Ecuador-Estados Unidos y en los acuerdos de inversión suscriptos entre el Ecuador y TexPet. así como también por todo impacto futuro generado por las operaciones que la propia Petroecuador siguió desarrollando en lo que había sido el área de la Concesión. en 1998 el Ecuador y Petroecuador suscribieron un acta por la cual liberaban a TexPet. De modo similar. el Ecuador les otorgó a TexPet y Ecuadorian Gulf Oil Company (“Gulf”) (conjuntamente denominadas el “Consorcio”) derechos de exploración y producción de petróleo en la región del Oriente ecuatoriano. B. En 1964. también en violación de los acuerdos y documentos de liberación de responsabilidad y del Tratado. en aparente coordinación con la Función Ejecutiva y los demandantes de Lago Agrio. el Ecuador pretende indebidamente trasladarle a Chevron la responsabilidad que le corresponde por el impacto producido por las operaciones petrolíferas realizadas por Petroecuador desde 1992 en adelante. Como se describe a continuación con mayor detalle. surgidos de las actividades desarrolladas por el Consorcio con anterioridad a 1992. Con sus actos y omisiones. según sostienen.
TRADUCCIÓN 7. aprobó y. No se construyeron instalaciones ni se perforaron pozos o se extrajo petróleo sin la supervisión y aprobación del gobierno. determinó las actividades del Consorcio. Dos contratistas internacionales realizaron auditorías ambientales separadas destinadas a determinar el alcance de los impactos ambientales de las operaciones del Consorcio.5%. 11. con lo cual la participación total de Petroecuador en el Consorcio ascendió a 62. en muchos casos. TexPet y Gulf celebraron un nuevo acuerdo que. 10.000 millones) fueron a parar directamente a las arcas del Ecuador en concepto de ingresos. Petroamazonas (subsidiaria de Petroecuador creada específicamente para esa tarea) tomó a su cargo el rol de operador.5% hasta el año 1992. tuvieron en su propiedad la participación mayoritaria y recibieron prácticamente la totalidad de los beneficios generados por sus operaciones. El 14 de diciembre de 1994. Las auditorías identificaron ciertas áreas para su remediación y estimaron que el costo total de la remediación de los impactos sería de aproximadamente USD 8 millones a USD 13 millones. el 31 de diciembre de 1976. En 1974 Petroecuador ejerció la opción y adquirió una participación del 25% en el Consorcio. TexPet y el Ecuador acordaron llevar adelante una auditoría ambiental de los yacimientos petrolíferos del Consorcio. A lo largo de toda la vigencia de la concesión. Si bien fue TexPet quien. financiamiento y operaciones. El Memorando de Entendimiento de 1994 12. pagó regalías y otros cargos al gobierno y estuvo sujeto a la regulación y supervisión de éste. impuestos y subsidios. En el año 1994. Petroecuador y TexPet suscribieron un Memorando de Entendimiento (“MdE”) en el que acordaron “negociar[] la liberación total y completa de obligaciones de 3 . En pocas palabras. el gobierno reguló. entre otras cosas. 1. cuando expiró el plazo de los contratos de concesión y concluyó la existencia del Consorcio. las partes acordaron identificar un conjunto de obligaciones de remediación que correspondieran a la participación minoritaria de TexPet en el Consorcio. alrededor del 90% de los ingresos generados (aproximadamente USD 25. el Ecuador (representado por el Ministerio de Energía y Minas). 9. a cambio de su liberación de cualquier otra responsabilidad u obligación de remediación por el impacto ambiental. Cuando Petroamazonas tomó a su cargo la función de operador en el año 1990. el Ecuador y Petroecuador ejercieron control regulatorio pleno sobre el Consorcio. en lugar de financiar conjuntamente la remediación de toda el área de la Concesión. El Consorcio tomó todas las decisiones en materia de exploración. le otorgaba a Petroecuador la opción de adquirir una participación del 25% en el Consorcio. Desde ese momento la participación de TexPet se mantuvo en 37. Petroecuador adquirió la participación restante de Gulf. al ser durante la mayor parte de la concesión el operador del Consorcio. En 1990. El 6 de agosto de 1973. regalías. era este último el que gozaba de las ganancias y también asumía los riesgos operativos y la responsabilidad relativa a sus operaciones. Posteriormente. el Ecuador manifestó que no participaría con TexPet en la realización de la remediación ambiental. Así. realizaba el trabajo físico del Consorcio. A lo largo de la existencia del Consorcio. el Ecuador. 8.
mediante los ministerios y organismos responsables. En segundo lugar. La liberación de TexPet comprendería dos pasos. se liberaría a TexPet de toda responsabilidad relacionada con el Alcance del Trabajo una vez completado éste. 15. De la lista que presentó el Ecuador. El 23 de marzo de 1995. Para llevar adelante las tareas de remediación por impacto ambiental contempladas en el Contrato de Transacción de 1995. el Ecuador. como parte de la contraprestación por la liberación total. el Ecuador insistió en que. desde el inicio se liberaría a TexPet de toda responsabilidad por impactos o efectos ambientales no incluidos en el “Alcance del Trabajo” (que especificaría las tareas de remediación que debía realizar TexPet). a la expresión “Impacto Ambiental” se la definía en términos amplios. Petroecuador y TexPet suscribieron un Contrato de Transacción (“Contrato de Transacción de 1995”). como consecuencia de las operaciones del antiguo” Consorcio. esta liberación en dos pasos liberaría a TexPet “de cualquier reclamo que el Ministerio y Petroecuador tengan contra TexPet por impactos en el medio ambiente. TexPet también aceptó financiar determinados proyectos socioeconómicos. cuyos considerandos decían que TexPet había aceptado realizar el “Trabajo de Reparación Ambiental en consideración a que será liberada y descargada de todas sus obligaciones legales y contractuales y responsabilidades por el Impacto Ambiental resultante de las operaciones del Consorcio”. exigir la remediación ambiental de tierras públicas. líquida o gaseosa presente o liberada en el ambiente a tal concentración o condición. una de las empresas de ingeniería ambiental más 4 . A su vez. TexPet eligió a Woodward-Clyde. sin perjuicio de posibles reclamos individuales por supuestas lesiones personales o daños a la propiedad privada. y (2) establecía que al completarse las obligaciones de remediación descriptas en el Alcance del Trabajo se liberaría a TexPet de toda responsabilidad ambiental restante. TexPet negociara con cuatro municipios especificados de la región del Oriente sobre la reparación que éstos pretendían obtener. Por último. El Contrato de Transacción de 1995 14. Como se contemplaba en el MdE. como comprensiva de “[c]ualquier substancia sólida. 2. cuya presencia o liberación causa o tiene el poder de causar daño a la salud de los humanos o al medioambiente”. La ejecución del Contrato de Transacción de 1995 y el otorgamiento de las Actas de Liberación Municipales y Provinciales de 1996 y el Acta Final de Liberación de 1998 16. En conjunto.TRADUCCIÓN TexPet por los impactos ambientales derivados de las operaciones del Consorcio”. Petroecuador y TexPet suscribieron el Alcance del Trabajo en el que se identificaban los sitios y proyectos específicos que constituirían la obligación de TexPet en materia de remediación. el Contrato de Transacción de 1995 (1) liberaba a TexPet de todo reclamo del Ecuador y de Petroecuador basado en el Impacto Ambiental. Como en ese momento solamente el Gobierno del Ecuador podía. 3. salvo reclamos referentes al cumplimiento del Alcance del Trabajo. Ecuador confeccionó una lista de contratistas de ingeniería ambiental independientes y aprobados. En primer lugar. la celebración de un acuerdo transaccional con el Gobierno del Ecuador liberaría a TexPet de cualquier responsabilidad que pudiera haber existido por impactos ambientales en tierras públicas. 13. El 4 de mayo de 1995 el Ecuador.
! remediar suelos contaminados (aproximadamente 6. a cuyo efecto se utilizaron especies vegetales originarias de la Amazonía. mejorar y reciclar aproximadamente 28.000 barriles de materiales hidrocarburíferos provenientes de las piscinas remediadas. y ! resembrar áreas afectadas.TRADUCCIÓN importantes y con mejor reputación del mundo. ! diseñar e implementar obras de taponamiento y abandono en 18 sitios de pozos que habían sido abandonados previamente. 18. y ! compró y donó una avioneta para su uso por parte de las comunidades indígenas de la Amazonía. El Contrato de Transacción de 1995 también exigía que TexPet compensara socioeconómicamente al Ecuador mediante la financiación de determinados proyectos de desarrollo comunitario. o se entregaron esas áreas a las comunidades locales para el uso alternativo de la tierra. ! identificar y proveer equipos de tratamiento y procesamiento de agua en seis estaciones de producción y cuatro sitios de pozos. Los ministerios y organismos responsables del Gobierno del Ecuador supervisaron y aprobaron todo este trabajo de remediación y recuperación. tratar. ! recuperar.000 metros cúbicos) en 13 estaciones de producción. El Plan de Acción de Reparación identificaba las piscinas específicas que debían remediarse en cada pozo de conformidad con los criterios sentados en el Contrato de Transacción de 1995 y también aclaraba cuáles eran las acciones de reparación que se llevarían a cabo en cada sitio. 5 . Específicamente. TexPet y Woodward-Clyde aprobaron el Plan de Acción de Reparación. cinco instalaciones abandonadas y 17 sitios de pozos. ! aportó USD 1 millón para proyectos agrícolas y forestales que serían desarrollados por organizaciones indígenas y campesinas en la Amazonía. el Ecuador. En el mes de septiembre de 1995. Petroecuador. Woodward-Clyde y sus subcontratistas implementaron proyectos de remediación consistentes en: ! remediar y cerrar 162 piscinas y 6 áreas de derrame en 133 sitios de pozos. lo que le generó a Petroecuador ingresos adicionales. TexPet hizo lo siguiente: ! aportó USD 1 millón para la construcción de cuatro centros educativos y dispensarios médicos adyacentes. Entre octubre de 1995 y septiembre de 1998. lo que incluyó fondos para dos ambulancias fluviales. Como parte de este trabajo. Woodward-Clyde realizó (en representación de TexPet y pagada por ésta) todas las tareas de remediación exigidas en el Contrato de Transacción de 1995 y el Plan de Acción de Reparación. que comenzó las tareas con la realización de investigaciones adicionales de los sitios enumerados en el Alcance del Trabajo y diseñó un Plan de Acción de Reparación. 17.
sus filiales y sus funcionarios quedaron así liberados de toda responsabilidad. A su vez.TRADUCCIÓN 19.400 6 . En total.7 millones con destino. Los medios públicos ecuatorianos han informado que Petroecuador es responsable de más de 1. En los años siguientes. Además del trabajo de remediación y recuperación por impacto ambiental. El 30 de septiembre de 1998. C. cada una de esas actas contó con el respaldo de cientos de documentos de certificación. TexPet celebró por escrito acuerdos transaccionales y suscribió actas de liberación con los cuatro municipios. incluida la responsabilidad por impacto ambiental. a proyectos de agua potable y saneamiento. de conformidad con los cuales TexPet les aportó aproximadamente USD 3. Petroecuador ha sentado también un historial ampliamente reconocido de mal manejo operativo y ambiental. TexPet también puso fin a las disputas existentes con cuatro municipios de la región del Oriente (en la que estaba ubicada el área de la Concesión) que pretendían una indemnización por supuesto daño ambiental derivado de las operaciones del Consorcio. el Gobierno del Ecuador otorgó nueve actas en las que quedó documentada su aceptación de que las piscinas allí enumeradas habían sido remediadas de conformidad con el acuerdo alcanzado por las partes y se certificó el carácter adecuado de la labor de remediación que el Ecuador había supervisado y evaluado de manera constante. 21. Petroecuador y TexPet suscribieron el Acta Final en la que se certificaba que TexPet había cumplido con la totalidad de las obligaciones que le imponía el Contrato de Transacción de 1995 y se la liberaba de toda responsabilidad ambiental surgida de las operaciones del Consorcio (“Acta Final de Liberación de 1998”). Las operaciones de Petroecuador a partir de 1992 22. el Ecuador. TexPet. derivada de actividades relacionadas con el Consorcio y desarrolladas en el área de la Concesión. El Ecuador y Petroecuador conservaron su responsabilidad por el impacto ambiental y las tareas de remediación restantes y futuras. Desde que se produjo la extinción de los contratos de concesión y la conclusión de la existencia del Consorcio en 1992. caracterizado por la falta de inversión en sus equipos e instalaciones y la falta de mantenimiento en ambos rubros. 23. diversos derrames y la falta de realización oportuna de la parte de las tareas de remediación ambiental que le correspondía. así como también con la provincia de Sucumbíos y el Consorcio de Municipios de Napo (las “Actas de Liberación Municipales y Provinciales de 1996”). Durante el período de tres años comprendido entre octubre de 1995 y septiembre de 1998. Petroecuador ha perforado más pozos nuevos (arriba de 400) que los que había perforado TexPet a lo largo de toda la existencia del Consorcio (335). en el marco del Contrato de Transacción de 1995 y las Actas de Liberación Municipales y Provinciales de 1996. 20. y tal como estaba contemplado en el Contrato de Transacción de 1995. entre otras cosas. TexPet destinó aproximadamente USD 40 millones a la remediación ambiental y el desarrollo comunitario en el Ecuador. Petroecuador ha sido el único titular de continuas y crecientes operaciones de producción petrolífera en lo que fuera anteriormente el área de la Concesión. TexPet no ha sido titular de actividades de producción en el Ecuador ni ha tenido ningún tipo de participación en tales actividades. su sociedad matriz. Las actas de liberación municipales fueron homologadas y ratificadas por los tribunales respectivos.
que no hay la presupuestación adecuada para que sean sustituidos”. Director Nacional de Protección Ambiental del Ecuador y representante del Ministerio de Energía. el aire … todos esos son bienes que pertenecen al Estado ecuatoriano. la vegetación. Texaco Inc. manifestó que le había “entregado al Procurador General documentos certificados por notario público en los que se confirmaba el compromiso de los pueblos indígenas de abstenerse de iniciar acciones legales contra el Gobierno … [S]i la corte de los Estados Unidos determina que Petroecuador es responsable junto con Texaco. 26. como así también el “titular jurídico de los ríos. no son de los individuos que viven ahí ni de los abogados que deducen las demandas … Nadie puede reclamar indemnizaciones por daños en bienes del Estado ecuatoriano. el agua. pidió la desestimación de la demanda. En noviembre de 1993. la atmósfera y el medioambiente dentro de sus fronteras”. El Director Muñoz también declaró que Petroecuador había permitido el deterioro de los equipos. Específicamente. entre otros motivos. Sin embargo. El Ecuador también le informó al tribunal que los demandantes no contaban con un derecho independiente de litigar sobre tierras públicas y que “los abogados que patrocinan a los actores [Aguinda] en esta causa están intentando usurpar derechos que existen en cabeza del gobierno de la República del Ecuador de conformidad con la Constitución y las leyes del Ecuador y el derecho internacional”. 27. arroyos y recursos naturales y todas las tierras públicas [en las que se desarrollaron] las actividades de producción petrolífera [del Consorcio]”. en general pretendían obtener una indemnización por presuntas lesiones personales y daños a sus propios bienes ocasionados por el accionar de TexPet en su carácter de operador del Consorcio. que han entrado a un estado de obsolescencia en buena parte. ante el tribunal federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York. pero Petroecuador durante más de 30 años no había hecho absolutamente nada respecto de las que le correspondían remediar a la empresa”. Manuel Muñoz. en virtud de la excepción de forum non conveniens. declaró ante el Congreso ecuatoriano que Texaco “acometió la remediación de las piscinas que le correspondían a ellos. el subsuelo. que decían representar a 30. de la infraestructura y de las operaciones: “[Q]uiero manifestar que hay un problema muy serio respecto de todos los sistemas de transmisión de flujos tanto de petróleo como de derivados. D. que era el 33% del total. el embajador ecuatoriano en los Estados Unidos confirmó que “el suelo. no vamos a aceptar la parte de la 7 .TRADUCCIÓN derrames de petróleo sucedidos entre 2000 y 2008 y que la empresa lleva derramados más de cuatro millones de galones de petróleo desde el año 1992. los abogados estadounidenses de los demandantes iniciaron un juicio contra Texaco Inc. El Juicio de Aguinda 25. En una entrevista. En mayo de 2006. el Gobierno del Ecuador le informó al tribunal federal de Nueva York que el Estado era “el custodio legal de la calidad del aire. Cristóbal Bonifaz. No terceros”. Los demandantes del caso Aguinda. por la vía de la acción de clase sin certificar (el caso “Aguinda”).000 integrantes de una clase que comprendía a residentes de la región del Oriente del Ecuador. 24. El Gobierno del Ecuador respaldó los esfuerzos de TexPet por lograr la desestimación de la demanda del caso Aguinda en Nueva York. Sólo el Estado puede reclamar. su abogado principal. los demandantes del caso Aguinda insistieron con sus esfuerzos por obtener el apoyo de Ecuador y Petroecuador. En una entrevista.
habían presentado la demanda del caso Aguinda en Nueva York. No obstante. y TexPet. El artículo 41 de la LGA de 1999 les concede a las personas naturales el derecho de accionar para proteger los “derechos ambientales colectivos” y el artículo 43 les permite a aquellas personas naturales “vinculad[a]s por un interés común y afectad[a]s directamente por la acción u omisión dañosa” interponer acciones “por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente”. 28. 31. aceptó someterse a la competencia de los tribunales ecuatorianos por el lapso de un año a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones del Segundo Circuito por la cual se confirmó la desestimación del juicio de Aguinda 2 . En el mes de julio de 1999. respaldados por algunos de los mismos abogados estadounidenses que.TRADUCCIÓN indemnización que se le imponga a [Petroecuador]”. El incumplimiento de Ecuador en relación con el Juicio de Lago Agrio 30. (2) Chevron jamás fue operador del Consorcio ni parte en ninguno de los contratos subyacentes ni es la entidad sucesora de Texaco Inc. sujeto a que Texaco Inc. la corte de Lago Agrio no se pronunció sobre las objeciones planteadas por Chevron y 2 Si bien Texaco Inc. menos de un año después de la suscripción del Acta Final de Liberación de 1998. 29. con el argumento de que (1) Chevron es una sociedad distinta que por primera vez adquirió una participación indirecta en TexPet en 2001. y Chevron Corporation siguen siendo sociedades distintas en la actualidad. También se ha informado que los abogados de los demandantes del caso Aguinda presionaron para lograr la sanción de nueva legislación en el Ecuador que les permitiera plantear nuevos reclamos contra Texpet. de Petroecuador y de los municipios y de la provincia en que se ubicaban la totalidad de las comunidades supuestamente afectadas enumeradas en la demanda de Lago Agrio). Dichos demandantes buscan obtener de Chevron el pago de una indemnización por la remediación ambiental de antiguos sitios pertenecientes al Consorcio por aplicación retroactiva de la LGA de 1999. Al contestar la demanda en octubre de 2003. un grupo distinto de ecuatorianos (pero con integrantes en común). les notificó a los demandantes en Aguinda y a sus abogados que había designado a un representante en el Ecuador para la recepción de notificaciones y documentos. y no Chevron. obtuvo la liberación plena de cualquier responsabilidad ambiental en el área de Concesión por parte del Ecuador. de cualquier manera. E. Texaco Inc. bajo pacto de cuota litis. en lugar de ello los demandantes decidieron demandar a Chevron y no a Texaco Inc. o TexPet (la que. demandaron a Chevron ante la Corte Superior de Nueva Loja en Lago Agrio. Chevron se opuso de inmediato a la competencia de la Corte de Lago Agrio sobre la sociedad. consintiera en someterse a la competencia de la Justicia ecuatoriana.. el Ecuador sancionó la Ley de Gestión Ambiental (la “LGA de 1999”). La prensa ecuatoriana también informó que “los actores y sus abogados se comprometieron – mediante documentos legales – a abstenerse de demandar al Gobierno si finalmente se determina que éste fue responsable de los daños ambientales ocasionados junto con Texaco”. 8 . la Cámara Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó la decisión del tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York de desestimar definitivamente el caso Aguinda basándose en la excepción de forum no conveniens. En mayo de 2003. y (3) Texaco Inc. En 2002. Ecuador (el “Juicio de Lago Agrio”).
y que les correspondería al Ecuador y a Petroecuador soportar la responsabilidad económica de cualquier obligación relativa al Consorcio y la surgida de cualquier fallo judicial que pudiera dictarse contra Chevron. En particular. 9 . Texaco y TexPet solicitaron que el Gobierno: (1) notificara a la corte de Lago Agrio que. el despacho del Procurador General del Ecuador ha sido utilizado para intentar perjudicar la posición jurídica de Chevron en el Juicio de Lago Agrio mediante actos de conspiración con los abogados de los demandantes en un complot puesto en marcha para menoscabar el Contrato de Transacción de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998 otorgados a TexPet. sus filiales y sus funcionarios habían sido liberados de manera total y absoluta de cualquier responsabilidad semejante. A pesar de que no existen fundamentos para que Chevron actúe como demandada en el Juicio de Lago Agrio. A través de sus actos y omisiones. 1. También en octubre de 2003. Chevron también pidió la desestimación de los reclamos de Lago Agrio en función. de conformidad con el Contrato de Transacción de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998. su sociedad matriz. y el artículo 7 del Código Civil impiden expresamente la aplicación retroactiva de las leyes sustantivas del Ecuador. Por ejemplo. En un mensaje de correo electrónico del 10 de agosto de 2005. Martha Escobar. Con sus actos y omisiones. el Ecuador pretende indebidamente imponerle a Chevron las obligaciones y responsabilidades públicas de remediación que les competen exclusivamente al Ecuador y a Petroecuador. La colusión pública y privada de Ecuador con los demandantes de Lago Agrio y respaldo de los demandantes en el Juicio de Lago Agrio 35. Chevron se ha visto obligada a gastar tiempo y dinero en la defensa del fondo de la causa en el Juicio de Lago Agrio. El Ecuador no lo hizo. Texaco y TexPet y protegiera y defendiera sus derechos en relación con el Juicio de Lago Agrio. no procedía aplicar la LGA de 1999 de manera retroactiva a operaciones del Consorcio que finalizaron en el año 1992. Chevron. las Actas de Liberación Municipales y Provinciales de 1996 y el Acta Final de Liberación de 1998. que jamás le correspondieron a Chevron y respecto de las cuales el Ecuador y Petroecuador liberaron expresamente a TexPet. entre otros motivos. 34.TRADUCCIÓN sigue ejerciendo su competencia de facto sobre Chevron. Chevron demostró que TexPet. varios órganos del Estado ecuatoriano han asistido a los demandantes de Lago Agrio en sus intentos ilegítimos de sacarle dinero a Chevron. a sus filiales y a sus funcionarios. a su sociedad matriz. ni TexPet eran responsables por el daño ambiental o por las tareas de remediación que se derivaran de las operaciones del ex Consorcio. vigente en aquella época. del Contrato de Transacción de 1995. Asimismo Chevron alegó la falta de legitimación activa de los demandantes con arreglo a la LGA de 1999 y que. y (2) indemnizara a Chevron. El artículo 24 de la Constitución de 1998. 33. ni Chevron ni Texaco Inc. el Gobierno del Ecuador eligió actuar en colusión con los demandantes de Lago Agrio para evadir las propias responsabilidades del Ecuador y asegurarse una ganancia extraordinaria ilegítima a costas de Chevron. 32. de todas formas. En lugar de cumplir las obligaciones que le corresponde en virtud de los acuerdos pertinentes. las Actas de Liberación Municipales y Provinciales de 1996 y el Acta Final de Liberación de 1998. Chevron notificó por carta al Gobierno del Ecuador que los reclamos de Lago Agrio quedaban claramente comprendidos en el ámbito del Contrato de Transacción de 1995.
1. Financia en parte el Juicio de Lago Agrio y los demandantes de Lago Agrio designaron a esta organización como la entidad a la cual se deberían abonar las indemnizaciones por remediación. abogado de los demandantes y dos líderes del Frente de Defensa de la Amazonía 4 . Durante el lapso en el que se desempeñó como Presidente de la Asamblea Constituyente. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de ningún organismo del actual gobierno. 10 . no había tenido contacto alguno con los representantes de los demandantes. Delegada del Procurador General. declaró en falso testimonio bajo juramento que. el Presidente ecuatoriano Rafael Correa ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones su respaldo a los demandantes de Lago Agrio y defendido su causa con entusiasmo. órgano que se declaró poder supremo del país en 2007. 4 El Frente de Defensa de la Amazonía (al que en ocasiones se denomina Coalición de Defensa de la Amazonía) es una organización ecuatoriana formada por grupos locales de intereses para respaldar el juicio de los demandantes. En las declaraciones de la Asamblea Constituyente. estamos buscando la manera de anular o restar valor al contrato de remediación y al acta final y [] nuestra mayor dificultad radica en el tiempo transcurrido”. jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna. 223. objeto de acciones 3 Antes de que se la pusiera cara a cara con este mensaje de correo electrónico en el contexto del Juicio de Nueva York. En los inicios de su gobierno. posiblemente. le envió al Sr. Bonifaz.TRADUCCIÓN Delegada del Procurador General. 36. la Sra. podemos encontrar otros ejemplos del respaldo brindado por el Gobierno ecuatoriano a los demandantes de Lago Agrio. La Asamblea Constituyente sancionó lo siguiente como primer mandato oficial en noviembre de 2007: [L]as decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del sistema jurídico y su cumplimiento es obligatorio para todas las personas naturales. Alberto Acosta realizó varias declaraciones públicas en las que anunció expresamente su solidaridad con los demandantes de Lago Agrio y declaró que Chevron “es responsable de la destrucción ambiental y social en la Amazonía”. La Sra. Escobar escribió: “[L]a Procuraduría y todos quienes nos encontramos trabajando en la defensa del Estado. quiere enjuiciar penalmente a quienes celebraron el contrato (también lo veo difícil. el Sr. 30 de noviembre de 2007). el Presidente Correa hizo campaña abiertamente a favor de un fallo contra Chevron. 38. Escobar. al mismo tiempo que el Gobierno dejaba en claro que todo juez que fallara en contra de sus intereses sería destituido e incluso. pues los indicios de responsabilidad penal establecidos por la Contraloría [General] fueron desestimados por el fiscal)” 3 . Y desde que asumió su cargo en enero de 2007. Mandato No. que por entonces era uno de los principales abogados de los demandantes de Lago Agrio. en su carácter oficial. 37. Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente (Asamblea Constituyente. Escobar continuó: “El Procurador sigue empeñado en que la Contraloría [General] vuelva auditar (veo difícil también por el tiempo). Registro Oficial No. Wray. Entre otros destinatarios del mensaje del 10 de agosto de 2005 estaban el Procurador General Borja.
a lo que había sido el área de la concesión petrolera. cada parte designaría 11 . que el Fiscal General enjuiciaría a quienes habían firmado la liberación y que su Gobierno era “patriota. la Función Judicial ecuatoriana carece de la independencia y estabilidad institucional necesarias para juzgar adecuadamente casos que están altamente politizados. 39. a saber. en el que el Presidente anunció que se había reunido con el Frente de Defensa de la Amazonía y que los demandantes de Lago Agrio contaban con “todo el respaldo del Gobierno nacional”. Esta falta de independencia judicial y la interferencia política en el juicio de Lago Agrio son ampliamente evidentes.TRADUCCIÓN penales. Dicho respaldo público se expresó. El 20 de marzo de 2007. junto con los abogados de los demandantes y el Frente de Defensa de la Amazonía. soberano” y “jamás entregará otra vez al país a los intereses de las grandes transnacionales”. el Gobierno del Ecuador se ha servido de estos y otros medios para indicarles a los jueces que en el juicio deberían fallar contra Chevron. el Presidente Correa emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba el respaldo del Gobierno a los demandantes de Lago Agrio y su intención de ayudarles a recolectar pruebas. El Presidente Correa se reunió una vez más con el Frente de Defensa de la Amazonía y los abogados de los demandantes en agosto de 2008. El Presidente Correa hizo otra serie de declaraciones públicas en las que acusó a Texaco de ocasionar daños “irreversibles” en la Amazonía y exigió que la Fiscalía tomara el caso e iniciara “juicios penales” contra los abogados ecuatorianos de Chevron por ser corruptos y vendepatrias. 41. mediante un muy publicitado viaje que realizó el Presidente Correa en abril de 2007. y envió un “abrazo solidario” a los demandantes del Juicio de Lago Agrio. El proceso de recolección de pruebas en sí mismo se ha convertido en una farsa judicial. Sin fallar jamás sobre las excepciones que Chevron opuso de inmediato para que se desestimara la causa. La cooperación del Presidente Correa con los demandantes de Lago Agrio quedó confirmada más absolutamente en el discurso radial semanal a la nación del 19 de enero de 2008. Como en el Ecuador el estado de derecho se ha deteriorado a partir de la purga inconstitucional de toda la Corte Suprema operada en diciembre de 2004 y aún más con las amenazas del actual gobierno de destituir de sus cargos a los jueces e incluso iniciarles acciones penales por fallar en sentido contrario a los intereses oficiales. la corte de Lago Agrio ha llevado adelante procesos altamente irregulares que parecen estar dirigidos únicamente a determinar la existencia de responsabilidad en cabeza de Chevron. la corte ordenó un proceso con dos componentes principales: (i) debían practicarse 122 inspecciones judiciales de sitios de pozos y estaciones de producción de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. lo que lo llevó otra vez a declarar públicamente que no había habido remediación. En un primer momento. en el que denunció públicamente la “barbaridad cometida por la multinacional [Texaco]”. 43. Dichas declaraciones llevaron a un juez federal estadounidense interviniente en una causa relacionada a concluir que “es un hecho demostrado” que el Ecuador respalda a los demandantes del caso Lago Agrio. fecha en la que el Juicio de Lago Agrio estaba en trámite. 42. Lejos de tomar medidas tendientes a aceptar y asumir la responsabilidad que le correspondía por la remediación pública que pretenden los demandantes de Lago Agrio. 40. por ejemplo. 44.
Las partes convinieron mutuamente en los protocolos por los cuales se regiría el proceso de inspección judicial. de hecho. no conservaron el material de respaldo necesario para la verificación independiente de los datos ni utilizaron laboratorios calificados que se ajustaran a los estándares de competencia de la industria (en lugar de ello. y (ii) el mismo grupo de peritos debía realizar una “evaluación global” destinada a determinar la existencia y el alcance de los impactos de la producción petrolífera en el medioambiente. tras la emisión del primer (y único) informe de los peritos independientes de oficio. entre otros. La corte había denegado los pedidos de los demandantes de renunciar a las inspecciones judiciales en dos oportunidades. que la remediación llevada a cabo por TexPet se había realizado de manera adecuada y que se ajustaba a los criterios impuestos por el Ecuador. la corte—en violación del derecho ecuatoriano y a pesar de las reiteradas excepciones planteadas por Chevron —concedió el pedido de los demandantes de renunciar a las restantes inspecciones judiciales. 12 . 47. 45. tras la inspección judicial practicada en un sitio del antiguo Consorcio denominado Sacha 53. hicieron analizar las muestras en un laboratorio no homologado). La corte también accedió al pedido de los demandantes de que el proceso de evaluación global quedara en manos de un único perito ecuatoriano y designó a Richard Cabrera. Luego los demandantes omitieron ajustarse a los protocolos convenidos6 . En el mes de febrero de 2006. que era un ingeniero en minas con poca o nula experiencia en la remediación de yacimientos 5 Las partes también pidieron que se recolectaran más pruebas más allá de la inspección judicial de los antiguos sitios de pozos. En vista de tal resultado desfavorable. 46. Esta decisión llegó justo días después de que el Presidente Correa asumiera la presidencia y de que el Sr. 6 Por ejemplo. presentaron informes de inspecciones judiciales plagados de irregularidades que carecen de respaldo científico. y dio marcha atrás luego de recibir en julio de 2006 un escrito presentado en respaldo de los demandantes y en calidad de amicus curiae por parte de. su causalidad y cronología. los demandantes intensificaron sus esfuerzos por retirarse de algunas de las inspecciones de los sitios y pasar directamente a una versión modificada unilateralmente de la evaluación global. y como resultado de ello. los demandantes no informaron datos correspondientes a todas las muestras tomadas. así como toda remediación que fuera necesaria. La manipulación de los demandantes durante la etapa de recolección de pruebas estuvo acompañada de la negativa de la corte de brindarle a Chevron la oportunidad de que los peritos de oficio abordaran las diversas objeciones que ésta opuso a las pruebas obtenidas gracias a las inspecciones judiciales. En enero de 2007. protocolos que recibieron la aprobación de la corte 5 . Gustavo Larrea (que por aquel entonces era el director de campaña del candidato a la presidencia Rafael Correa). Posteriormente el tribunal básicamente le puso fin prematuramente al proceso de inspecciones judiciales en respuesta al pedido unilateral planteado por los demandantes y en desmedro de la objeción opuesta por Chevron. a los demandantes de la carga de probar sus pretensiones mediante la presentación de pruebas científicas y creíbles.TRADUCCIÓN un perito y la corte designaría peritos de oficio que resolverían cualquier discrepancia que pudiera surgir entre los peritos de parte. los peritos de oficio emitieron un informe en el que concluyeron que los demandantes no habían sustanciado sus reclamos de contaminación ambiental. Larrea se convirtiera en su de Ministro de Gobierno. liberando.
Por ejemplo. incluidos los errores cometidos por los demandantes).000 fojas de prueba. Cabrera. Cabrera no requería de aclaraciones – lógica que nada tiene que ver con las alegaciones de error fundamental planteadas por Chevron. El Sr.000 por supuesto enriquecimiento ilícito. Cabrera presentó un informe complementario en el que se expresaban conclusiones que: (1) ignoraban los comentarios de Chevron. Cabrera. Una vez que los demandantes y Chevron presentaron comentarios respecto del primer informe del Sr. el juez ni siquiera había comenzado a examinar las aproximadamente 145. según informa uno de los artículos. y (3) elevaban el monto recomendado de daños y perjuicios a USD 27. especialmente. En las presentaciones que efectuó ante la corte. el juez que presidía la corte. éste sancionó a su abogado. tal como puede demostrarse. (2) se adherían a los comentarios de los demandantes (en ocasiones. Cabrera le atribuyó a TexPet la totalidad del impacto ambiental. manifestó únicamente que el informe del Sr. 49. 50. 51.000 millones. 48. Chevron detalló dichas irregularidades. Cabrera calculó otros USD 8. parecen demostrar su parcialidad y el prejuzgamiento del resultado. La designación del Sr. Cabrera estimó que el costo de la remediación ambiental y otros “daños” ascendía aproximadamente a USD 8. Al proceder de este modo. el Sr. no obstante lo cual pretendió arribar a conclusiones aplicables a todos y cada uno de los 335 sitios. De modo similar. incluido el hecho de que el Sr. Dicho informe fue resultado de un proceso que no tuvo transparencia y que estuvo plagado de varios errores esenciales. determinó daños multimillonarios por piscinas que ni siquiera existen. Dicha apariencia se ve reforzada por los comentarios que efectuó tanto en el ámbito público como en privado. En un primer informe. el Sr. THE NEW YORK TIMES señaló que “es difícil no advertir las simpatías [del Juez Núñez]”. que lo 13 . basándose en los múltiples errores fundamentales y las pruebas abrumadoras de irregularidades. Juan Núñez … no ha ocultado para nada su simpatía por los demandantes”. palabra por palabra. sin asignarle parte alguna a Petroecuador.000 millones. Cuando Chevron intentó ejercer su derecho a recurrir la resolución del juez. incluso aquellas que conciernen al Sr. en noviembre de 2008 el Sr. Juan Núñez. Las resoluciones dictadas por el Juez Núñez contra Chevron. el secreto en el que llevó adelante gran parte de su trabajo y numerosos indicios de que contó con la colaboración de los representantes de los demandantes para la confección del informe. Cabrera visitó solamente 49 de los 335 sitios que se le encargó evaluar. parcialidad e incompetencia. Cabrera y el inicio de su labor se produjeron aproximadamente en la misma época en que el Presidente Correa comenzó a manifestar públicamente su apoyo a los demandantes de Lago Agrio a principios de 2007. Por encima de esto. si bien Petroecuador es el único que ha sido propietario y operador de las continuas y crecientes actividades de producción petrolera en la región desde el año 1992. THE ECONOMIST comentó que “el juez de Lago Agrio. del 1° de abril de 2008. Cabe mencionar. con pocas explicaciones y sin ningún apoyo legal o científicamente válido. Las declaraciones públicas que realizó fueron particularmente inapropiadas por haberlas efectuado a la prensa en un momento en el que. Chevron solicitó que se excluyera el informe de Cabrera del Juicio de Lago Agrio. y TexPet no ha tenido en ese lapso ningún tipo de participación.TRADUCCIÓN petrolíferos. Al rechazar el pedido de Chevron de que se realizara una audiencia en función del error fundamental denunciado. Cabrera se hubiera servido de partidarios de los demandantes en su tarea de campo.
53. El Fiscal General Pesántez también declaró que Texaco había “causado graves daños ambientales y enfermedades” y confirmó que el Gobierno del Ecuador esperaba recibir “noventa por ciento” de la condena esperada contra Chevron. El 3 de septiembre de 2009. Washington Pesántez. el despacho de Presidencia de Ecuador y los demandantes de Lago Agrio. en el que este último se quejó por las demoras y exigió “agilidad en los casos que son de interés para el Ecuador”. 14 . el Fiscal General Pesántez declaró públicamente que había intervenido en el Juicio de Lago Agrio al pedir que el Juez Núñez se excusara temporalmente para evitar cualquier demora en el juicio. 2. violaron los derechos humanos de los abogados de Chevron. García también manifestó que Alexis Mera. Patricio García. El Sr. Se organizaron dos reuniones entre los Sres. había impartido instrucciones acerca de la forma en que debían destinarse los fondos de la supuesta sentencia de Lago Agrio contra Chevron. indicativas de un prejuzgamiento del resultado del caso. fueron consecuencia directa de la influencia indebida de los más altos niveles del gobierno como parte de un claro esfuerzo por respaldar a los demandantes de Lago Agrio y fueron diseñados para intentar anular el Acta Final de Liberación de 1998.TRADUCCIÓN declarado por el juez a la prensa en el sentido de que el caso había “demorado demasiado” se produjo poco tiempo después de que tuviera lugar un almuerzo de dos horas al que asistieron miembros de la Corte Nacional de Justicia y el Presidente Correa. En 2008. que ya habían sido rechazadas anteriormente en varias ocasiones. A los Sres. no relacionados con el Juicio de Lago Agrio. 52. El abuso de Ecuador del sistema de justicia penal y otras tácticas de coerción 55. realizadas cuando el Juicio de Lago Agrio estaba aún en la etapa de prueba y las partes aún debían realizar presentaciones adicionales. asesor jurídico de la Presidencia del Ecuador. En abril de 2009. que se identificó como coordinador político del partido. El Juez Núñez también realizó declaraciones a terceros. Fiscal General del Ecuador. y que la Función Ejecutiva estaba involucrada en la redacción de la sentencia del Juez Núñez. Borja y Hansen y el Juez Núñez. se grabó al Juez Núñez cuando dijo que a fines de 2009 dictaría sentencia condenatoria contra Chevron por responsabilidad y que las apelaciones no serían más que una mera formalidad. García se lo grabó cuando dijo que se adjudicarían los contratos de remediación a cambio de un soborno que se dividiría entre el Juez Núñez. la Función Ejecutiva ecuatoriana amplió su campaña destinada a presionar e intimidar a los Demandantes mediante la acusación penal de dos abogados de Chevron que firmaron el Acta Final de Liberación de 1998. En esas reuniones. el Juez Núñez se excusó del Juicio de Lago Agrio y. dos personas que estaban en el Ecuador por oportunidades de negocios (un ecuatoriano llamado Diego Borja y un ciudadano estadounidense llamado Wayne Hansen) fueron invitadas a reunirse con el Juez Núñez en relación con posibles proyectos de remediación que se financiarían con el producto de la sentencia contra Chevron. el día siguiente. Estos dictámenes acusatorios. Borja y Hansen también se los invitó a reunirse en la sede del partido oficialista Alianza PAIS con. entre otras personas. Chevron puso la información precedente en conocimiento del Dr. se caracterizaron por apartarse abiertamente de las normas del procedimiento penal ecuatoriano. 54. Al Sr. El 31 de agosto de 2009.
con el argumento de que habían falsificado documentos públicos relativos a la remediación. ya que el Presidente de la Corte Suprema volvió a desobedecer el pedido del Fiscal General de que se archivara la causa— violando así el derecho ecuatoriano—y el Contralor General insistió en que el Fiscal General siguiera adelante con la denuncia dada la supuesta importancia del caso para el Ecuador. el Fiscal General le informó al Presidente de la Corte Suprema que la ley exigía el archivo de la causa en razón de las conclusiones anteriores.TRADUCCIÓN 56. elegida para redactar la nueva Constitución. Con la excepción de unas pocas oraciones omitidas. ya había confirmado previamente un informe en el que se había determinado la inexistencia de delitos por parte de los abogados de Chevron. Poco tiempo después del inicio del Juicio de Lago Agrio. El 9 de agosto de 2006. la entonces Ministra Fiscal General Mariana Yépez Andrade inició una investigación del supuesto fraude. En lugar de archivar la causa tal como lo exigía el derecho ecuatoriano. el 26 de agosto de 2008 el Dr. El 1 de marzo de 2007. los desestimó basándose en que no había prueba de que se hubiere cometido un delito. 60. 61. Esta decisión quedó luego confirmada por el superior de la Sra. Este ciclo se repitió nuevamente. en su carácter de Fiscal Distrital. Si bien más adelante el Dr. Marianita Vega Carrera. el 31 de marzo de 2008 el Fiscal General Pesántez reabrió la investigación. el dictamen acusatorio refleja prácticamente palabra por palabra el texto de la denuncia original de 2003. A raíz de que el Presidente Correa y los demandantes de Lago Agrio volvieron a reunirse nuevamente y reclamaron públicamente la acusación de quienes habían firmado el Acta Final de Liberación de 1998. el 29 de octubre de 2003 el Contralor General del Ecuador le presentó a la Fiscal General una denuncia penal contra estos dos abogados de Chevron. no explicó porqué no se había excusado antes de dictar el auto de instrucción. Con las claras declaraciones del Presidente Correa en el sentido de que los demandantes de Lago Agrio contaban con el pleno respaldo del gobierno nacional. el Fiscal General instruyó a la Corte Suprema para que procediera al archivo del expediente. Vega Carrera. declaró su poder absoluto sobre todos los poderes del Gobierno. Pesántez acusó formalmente a dos abogados de Chevron. que determinó que la prueba no respaldaba los cargos. a pesar de no haber nuevas pruebas que justificaran otra investigación y de que. la entonces Ministra Fiscal General Cecilia Armas. 59. Jorge German. El Contralor General opuso objeciones. que el Presidente de la Corte Suprema trasladó el 12 de enero de 2007 al nuevo Fiscal General. 15 . Washington Pesántez en su reemplazo. para que éste realizara sus comentarios. así como una investigación por posibles delitos ambientales subyacentes. De conformidad con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. el entonces Fiscal Distrital de Pichincha Washington Pesántez. 57. que investigaba los cargos de fraude. Por último. el Presidente de la Corte Suprema trasladó indebidamente las conclusiones del Fiscal General al Contralor General y le pidió comentarios al respecto. los cargos por supuestos delitos contra el medioambiente fueron desestimados por la Fiscal de la Provincia de Pichincha. El 10 de mayo de 2004. en noviembre de 2007. la Asamblea Constituyente. Pesántez se excusó con el argumento de su anterior participación en el caso. 58. Dos fiscales distintos llevaron a cabo estas investigaciones separadas. De modo similar. Uno de los primeros actos de la Asamblea fue destituir al Fiscal General German y proceder a designar al Dr.
Sin embargo. integrada por tres magistrados (en este caso fue la Primera Sala de lo Penal). Los dictámenes acusatorios también constituyen 16 . pero afirma que hay funcionarios no identificados de Petroecuador que ahora no están de acuerdo con las clasificaciones originales. el caso se asigna por sorteo a una Sala de lo penal de la Corte Suprema. la investigación de campo que WoodwardClyde llevó a cabo a mediados de 1995 determinó que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Reparación de 1995 no había obligación de proceder a la remediación. Actualmente el proceso penal se encuentra en trámite. La Fiscalía General no recurrió la decisión. el Presidente de la Corte Suprema solicitó que se le remitiera el expediente tan pronto como fue presentado. basándose en que no tenía competencia sobre el caso. Si lo acepta. Esta notificación se cursó tres días antes de que operara la prescripción de los diez años. el Ecuador incumplió lo dispuesto en el Contrato de Transacción de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998 y violó el TBI Ecuador-Estados Unidos. De conformidad con el derecho ecuatoriano. 65. Esta afirmación vaga efectuada diez años más tarde por funcionarios no identificados de una petrolera estatal que tiene un interés creado en el resultado del caso está siendo utilizada como fundamento de un proceso penal que es una farsa. y priva a los acusados de sus derechos en materia de debido proceso. como una vez más lo habían convenido el Ecuador y Petroecuador. A pesar de haber operado la prescripción. (i) 11 eran piscinas clasificadas como “No Requiere Acción Adicional”. Es esta notificación la que suspende legalmente el plazo de prescripción. Se funda en solamente 16 piscinas de petróleo. 64. es decir. y el Ecuador estuvo de acuerdo en todos los casos. momento en el cual la Sala decide si aceptar o no el caso. el dictamen acusatorio ni siquiera identifica a los funcionarios en cuestión ni expresa los hechos en los que se funda su supuesto desacuerdo. en lugar de ello. que así quedó firme. se determinó que las condiciones existentes durante las actividades de remediación diferían de las registradas durante la investigación sobre la remediación (en general. una vez que el Fiscal General dicta el dictamen acusatorio. la Sala ordena la notificación a los acusados. ordenó que se notificara nuevamente a los acusados. el Presidente de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia no desestimó el caso sino que.TRADUCCIÓN 62. Sin embargo. de los 16 sitios de pozos enumerados en el dictamen acusatorio. expresa que TexPet debía ocuparse de la remediación de esos sitios y alega que no lo hizo. Sin embargo. El Presidente de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia (la ex Corte Suprema) declaró en febrero de 2009 la nulidad de todo lo actuado por el Presidente de la Corte Suprema. como resultado de las acciones de Petroecuador). 63. Al dictar autos de instrucción frívolos e infundados contra dos abogados de Chevron (en violación del procedimiento penal y los derechos del debido proceso). y de inmediato aceptó la instrucción y ordenó que se procediera a notificar a los acusados. El contenido sustantivo de los actos de instrucción es tan absurdo como el proceso que desembocó en su dictado. de modo tal que Petroecuador era responsable por ellas y TexPet no tenía obligación de remediarlas según el acuerdo entre las partes. y (iii) el Ecuador había aprobado las últimas dos piscinas porque habían sido remediadas adecuadamente. es decir. en absoluta violación del procedimiento penal ecuatoriano. El dictamen de acusación reconoce que las 14 piscinas que fueron clasificadas como “No Requiere Acción Adicional” y “Cambio de Condiciones” fueron designadas como tal por el Ecuador al momento de la remediación. (ii) otras tres piscinas enumeradas en el dictamen de acusación estaban clasificadas como “Cambio de Condiciones”.
67. aprobó la totalidad del trabajo de remediación de TexPet y. le otorgó a TexPet la liberación plena de toda obligación legal y convencional y de toda otra responsabilidad por impactos ambientales derivados de las operaciones del Consorcio. el Ecuador (en su calidad de soberano) convino en el Alcance del Trabajo que debía realizar TexPet. en consecuencia. (ii) ejerce indebidamente su competencia de facto sobre Chevron. indebidamente. en un esfuerzo por imponerles a los Demandantes las obligaciones que le corresponden al Estado. la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el Ecuador se sirvió de todos los medios disponibles para eludir las obligaciones asumidas en los acuerdos de inversión. 68. y restarles valor y anular los acuerdos que celebró con los Demandantes.TRADUCCIÓN violaciones de los derechos humanos de los abogados y. El Ecuador ha adoptado un patrón de conducta indebida y fundamentalmente injusta por el que Ecuador: (i) viola y en la práctica pretende desconocer el Contrato de Transacción de 1995. protección y seguridad plenas y trato no menos favorable que el que exige el derecho internacional (Artículo II(3)(a) del TBI). el Ecuador violó las siguientes obligaciones impuestas en el Tratado (entre otras): ! La obligación del Ecuador de conferirle a la inversión de los Demandantes trato justo y equitativo. (iii) asiste indebidamente y actúa en colusión con los demandantes de Lago Agrio y coordina su accionar con ellos. Como se explicó en la presente Notificación. en particular. y se negó a indemnizar. proteger y defender los derechos de los Demandantes en relación con el Juicio de Lago Agrio. incluida una campaña abierta en favor de una sentencia contra Chevron y un proceso penal infundado contra dos abogados de Chevron. y busca influir indebidamente en los tribunales mediante declaraciones públicas. Específicamente. y (iv) abusa del sistema de justicia penal y lleva a cabo otras medidas inequitativas para coadyuvar a los objetivos inapropiados del Ecuador 69. La conducta del Ecuador descrita precedentemente viola de diversas formas los acuerdos de inversión que celebró y el TBI Ecuador-Estados Unidos. las Liberaciones Municipales y Provinciales de 1996 y el Acta Final de Liberación de 1998. El Ecuador también ha respaldado de manera activa y de varias formas a los demandantes de Lago Agrio. contrariamente a las promesas contractuales expresas y las declaraciones y los reconocimientos públicos que se mencionaron anteriormente. La conducta del Demandado viola los acuerdos de inversión que celebró con los Demandantes y sus obligaciones según el Tratado 66. por lo cual da derecho a acción en virtud del Tratado. los municipios y la provincia pertinentes del Ecuador liberaron plenamente a TexPet de toda responsabilidad (incluida la responsabilidad por impactos ambientales) surgida de actividades relacionadas con el Consorcio y realizadas en el área de la Concesión. por medio del Juicio de Lago Agrio. El Ecuador se negó a informar a la corte de Lago Agrio que a TexPet y sus filiales se las había liberado completamente de toda responsabilidad por impacto ambiental derivado de las operaciones del antiguo Consorcio (con lo que permitió que Chevron fuera demandado por el impacto ambiental del que el Ecuador aseguró por contrato vinculante había sido liberado). Sin embargo. 17 . III. De modo similar.
la explotación. de conformidad con la opción especificada en el consentimiento por escrito de … la sociedad. según el párrafo 3 …”. mediante medidas arbitrarias o discriminatorias. a los tribunales judiciales o administrativos del Estado Receptor o a cualquier procedimiento de solución de diferencias previamente convenido. b) una autorización para realizar una inversión otorgada por la autoridad en materia de inversiones extranjeras de una Parte a dicho nacional o sociedad. el usufructo. la adquisición. para su solución. el TBI Ecuador-Estados Unidos 18 .TRADUCCIÓN IV. y ! La obligación del Ecuador de cumplir los compromisos contraídos con respecto a las inversiones (Artículo II(3)(c) del TBI). Convenio arbitral 70. la sociedad afectada: … podrá optar por consentir por escrito a someter la diferencia. El Artículo VI(1) del TBI Ecuador-Estados Unidos define las diferencias en materia de inversión en los siguientes términos: … una diferencia entre una Parte y un nacional o una sociedad de la otra Parte. una de las partes puede someter la diferencia al arbitraje de conformidad con el Reglamento de la CNUDMI si: (1) el particular no ha sometido la diferencia. o c) una supuesta infracción de cualquier derecho conferido o establecido por el presente Tratado con respecto a una inversión. ! La obligación del Ecuador de establecer medios eficaces para hacer valer las reclamaciones y respetar los derechos relativos a las inversiones y los acuerdos de inversión (Artículo II(7) del TBI). la utilización. para su solución. y (2) han transcurrido seis meses desde la fecha en que se suscitó la diferencia. En caso de suscitarse una diferencia tal. 72. el mantenimiento. la dirección. Además. el Ecuador “consiente en someter cualquier diferencia en materia de inversión al arbitraje obligatorio para su solución. 71. al arbitraje obligatorio … según las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional … (Artículo VI(3)(a)). En el Artículo VI(4) del TBI. De conformidad con el TBI. la expansión o la enajenación de la inversión de los Demandantes (Artículo II(3)(b) del TBI). ! La obligación del Ecuador de no menoscabar. que se deba o sea pertinente a: a) un acuerdo de inversión concertado entre esa Parte y dicho nacional o sociedad. ! La obligación del Ecuador de brindarles a los Demandantes y sus inversiones un trato no menos favorable que el que otorga a inversiones de sus propios nacionales o de nacionales de terceros países (Artículo II(1) del TBI).
Por la presente. pero sin limitación. Horacio Grigera Naón.american. en octubre de 2007. 1996 y 1998. DC 20016 Teléfono: (202) 337-1832 Email: hnaon@wcl. V. Además. los Demandantes no tienen responsabilidad u obligación alguna por impactos ambientales. Por ese motivo. el ecosistema. los Demandantes designan como árbitro de parte al Dr. A. Se han cumplido cada uno de estos requisitos y sugerencias. de conformidad con los acuerdos de inversión de 1994. las culturas indígenas. 19 . incluida. 1995. En segundo lugar. 75. ya se ha cumplido el período de espera de seis meses.TRADUCCIÓN sugiere que las partes “procuren” resolver inicialmente la diferencia por medio de consultas y negociaciones. Es más. Los Demandantes proponen que la presente diferencia sea resuelta por un panel integrado por tres (3) árbitros elegidos de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. la infraestructura o cualquier responsabilidad por ganancias ilícitas. 73. En primer lugar. la diferencia surgió poco tiempo después de que se iniciara el Juicio de Lago Agrio en 2003. o del ya vencido Contrato de Concesión celebrado entre TexPet y el Ecuador.Suite 16 Washington. los Demandantes entregaron una carta en la cual reiteraban la existencia de esta diferencia con miras a resolverla mediante negociaciones y le notificaron al Ecuador que si la diferencia no podía ser resuelta recurrirían al arbitraje internacional con arreglo al TBI.edu VI. los Demandantes no sometieron la presente diferencia en materia de inversión a los tribunales judiciales o administrativos del Ecuador ni a otro procedimiento aplicable de solución de controversias previamente convenido. cuando el Ecuador se negó a cumplir sus obligaciones según los acuerdos de inversión de 1995 y 1998. Petitorio 76. Cantidad de árbitros. los representantes de los Demandantes se han reunido con varios funcionarios del gobierno en diversas oportunidades con miras a resolver la diferencia. toda supuesta responsabilidad por impactos en la salud humana. ni responsabilidad u obligación alguna de llevar a cabo más tareas de remediación ambiental por razón del antiguo Consorcio del cual eran propietarios conjuntamente TexPet y el Ecuador. cuyos datos de contacto son los que se indican a continuación: American University. Todos los esfuerzos por lograr una solución negociada han fracasado. árbitro designado por los Demandantes 74. Los Demandantes solicitan un laudo en el cual: (1) Se declare que. Washington College of Law 4801 Massachusetts Ave. NW 4910 Building .
(6) Se condene al pago de todos los daños y perjuicios ocasionados a los Demandantes. incluido el pago a los Demandantes de todos daños y perjuicios a cuyo pago pueda ser condenado Chevron en el Juicio de Lago Agrio. (8) Se condene a pagarles a los Demandantes todos los costos relacionados con el presente proceso. 1995. filiales y principales se los liberó de todo impacto ambiental surgido de las actividades del antiguo Consorcio y que el Ecuador y Petroecuador son responsables por toda tarea de remediación futura o que quede pendiente . (5) Se ordene y condene al Ecuador a mantener indemnes. en particular. medios eficaces de hacer respetar los derechos. hasta la fecha de pago. trato nacional y trato de la nación más favorecida. (3) Se ordene y condene al Ecuador a informarle a la corte interviniente en el Juicio de Lago Agrio que a TexPet.TRADUCCIÓN (2) Se declare que el Ecuador incumplió los acuerdos de inversión de 1994. (7) Se condene al pago de una indemnización por daño moral para resarcir a los Demandantes del daño no pecuniario que han sufrido a raíz de la conducta atroz e ilícita del Ecuador. protección y seguridad plenas. y de cumplir los compromisos contraídos en virtud de los acuerdos de inversión. y (10) Se ordene cualquier otra medida que el tribunal considere justa y apropiada. trato no discriminatorio. trato no arbitrario. su sociedad controlante. (9) Se condene al pago de intereses anteriores y posteriores al laudo. en su defensa del Juicio de Lago Agrio y las acusaciones penales. 1996 y 1998 y violó el TBI Ecuador-Estados Unidos. (4) Se declare que el Ecuador o Petroecuador es exclusivamente responsable por toda sentencia que pueda dictarse en el Juicio de Lago Agrio. incluidos los honorarios de abogados. incluidas las obligaciones de conferir trato justo y equitativo. proteger y defender a los Demandantes en relación con el Juicio de Lago Agrio. todos los costos en que hayan incurrido éstos. incluidos los honorarios de los abogados. 20 .
TX 77002 (713) 751-3205 (713) 751-3290 (Fax) Edward G. Coriell Isabel Fernández de la Cuesta KING & SPALDING 1100 Louisiana. [Firmado] R. Doak Bishop Wade M. Respetuosamente.TRADUCCIÓN Fecha: 23 de septiembre de 2009. Suite 4000 Houston. Kehoe Caline Mouawad KING & SPALDING 1185 Avenue of the Americas New York. NY 10036-4003 (212) 556-2100 (212) 556-2222 (Fax) James Crawford SC Matrix Chambers Gray’s Inn. London England 21 .
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 artículo 43
 artículo 7
 artículo 24
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