Source: http://www.slideshare.net/perlesbijoux/codigo-de-procedimiento-administrativo-y-de-lo-contencioso-administrativo
Timestamp: 2016-04-29 22:00:30+00:00

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Codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administra…
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 (Enero 18 de 2011) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El Congreso de Colombia Decreta PARTE PRIMERA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALESCapítulo IFinalidad, ámbito de aplicación y principiosArtículo 1. Finalidad de la parte primera. Las normas de esta Parte Primeratienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de laspersonas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridadesa la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimientode los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de laadministración, y la observancia de los deberes del Estado y de losparticulares.Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera delCódigo se aplican a todos los organismos y entidades que conforman lasramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a losórganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuandocumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre deautoridades.Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientosmilitares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicacióninmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en losaspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulaciónde personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de librenombramiento y remoción.Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que seestablecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados enleyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán lasdisposiciones de este Código.Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar lasdisposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la PartePrimera de este Código y en las leyes especiales.Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo alos principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,economía y celeridad.1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas seadelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competenciaestablecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos derepresentación, defensa y contradicción.En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente losprincipios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción deinocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato yprotección a las personas e instituciones que intervengan en las actuacionesbajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especiallas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran encircunstancias de debilidad manifiesta.3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuarteniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurary garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sintener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquierclase de motivación subjetiva.4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particularespresumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de suscompetencias, derechos y deberes.5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidorespúblicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en lasactuaciones administrativas.6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán yatenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidadesencaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación,ejecución, control y evaluación de la gestión pública.7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentesasumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación defunciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es deldominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuacionesde la administración, salvo reserva legal.9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer alpúblico y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que mediepetición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante lascomunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo elempleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal informaciónde conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado debaasumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso elvalor de la misma.
10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán susactividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de suscometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que losprocedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio losobstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones oretardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidadesprocedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derechomaterial objeto de la actuación administrativa.12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder conausteridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección delos derechos de las personas.13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaránoficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de lainformación y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos seadelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilacionesinjustificadas.Artículo 4. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuacionesadministrativas podrán iniciarse:1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.4. Por las autoridades, oficiosamente.Capítulo IIDerechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusacionesArtículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relacionescon las autoridades toda persona tiene derecho a:1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o porescrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, asícomo a obtener información y orientación acerca de los requisitos que lasdisposiciones vigentes exijan para tal efecto.Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquiermedio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de lashoras de atención al público.2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación otrámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros yarchivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazosestablecidos para el efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de lapersona humana.6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación dediscapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultosmayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidadmanifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos yde los particulares que cumplan funciones administrativas.8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de pruebaen cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichosdocumentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades almomento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido elresultado de su participación en el procedimiento correspondiente.9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.Artículo 6. Deberes de las personas. Correlativamente con los derechos queles asisten, las personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, lossiguientes deberes:1. Acatar la Constitución y las leyes.2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplearmaniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas,declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entreotras conductas.3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse dereiterar solicitudes evidentemente improcedentes.4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por laadministración como pretexto para desconocer el derecho reclamado por elparticular. Empero podrá dar lugar a las sanciones penales, disciplinarias o depolicía que sean del caso según la ley.Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público. Lasautoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relacióncon los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sindistinción.
2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40)horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan lasnecesidades del servicio.3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentrodel horario normal de atención.4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio ylas nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas,denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo5° de este Código.5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno alusuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de losusuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlosefectivamente.6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, deconformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código.7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas yreclamos, y dar orientación al público.8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, ypermitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos.9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos,así como para la atención cómoda y ordenada del público.10. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos.Artículo 8. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantenera disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio deatención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los mediosimpresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo,sobre los siguientes aspectos:1. Las normas básicas que determinan su competencia.2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan.3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetaslas actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad.4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentosde interés público relativos a cada uno de ellos.5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según laactuación de que se trate.
6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, loshorarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que todapersona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse encaso de una queja o reclamo.8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que sefundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestasalternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podránpresentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo casola autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor elinterés general.Parágrafo. Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá lapresencia del interesado.Artículo 9. Prohibiciones. A las autoridades les queda especialmenteprohibido:1. Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas.2. Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadasnecesarias para cumplir con una obligación legal, lo cual no obsta para preveniral peticionario sobre eventuales deficiencias de su actuación o del escrito quepresenta.3. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentoscuando la ley no lo exija.4. Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en larespectiva entidad.5. Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a losprocedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidadesadicionales de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política.6. Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de loContencioso Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentoslegales de la anulación o suspensión.7. Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitadopara ello.8. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos.9. No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro deltérmino legal.
10. Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación onotificación.11. Ejecutar un acto que no se encuentre en firme.12. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de lasprovidencias judiciales.13. No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro de lospresupuestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de lassentencias que condenen a la administración.14. No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justacausa las solicitadas.15. Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esaformalidad.16. Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la Jurisdicción delo Contencioso Administrativo para el control de sus actos.Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Alresolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán lasdisposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme asituaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con estepropósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener encuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado enlas que se interpreten y apliquen dichas normas.Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con elinterés particular y directo del servidor público, este deberá declararseimpedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuacionesadministrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciardecisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisióndel asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, oalguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundode afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge,compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeralprecedente.3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de susparientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto.
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante,apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios delservidor público.5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas ojurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, oalguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y cualquiera de losinteresados en la actuación, su representante o apoderado.6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representanteo apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañeropermanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundode afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; odespués, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación yque el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o parientehasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuaciónadministrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimadospara intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, oamistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en laactuación administrativa, su representante o apoderado.9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de susparientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primerocivil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuaciónadministrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate depersona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de susparientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personasinteresadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado ensociedad de personas.11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuaciónadministrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido enesta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sinembargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicacionesque el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por laadministración.12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de susparientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de laspersonas interesadas en la actuación administrativa.13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de susparientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión
administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica queél debe resolver.14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados deelección popular inscritas o integradas también por el interesado en el períodoelectoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dosperíodos anteriores.15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar alcargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este comoreferencia con el mismo fin.16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado comorepresentante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de JuntaDirectiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social oeconómico interesado en el asunto objeto de definición.Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso deimpedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a suconocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, ala cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, alProcurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales odel Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de lasautoridades territoriales.La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de losdiez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento,determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si espreciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entregadel expediente.Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará siacepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a lafecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señaladoen el inciso anterior.La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación delimpedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando sedecida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencioadministrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referenciael inciso 1 de este artículo. TÍTULO II DERECHO DE PETICIÓNCapítulo IDerecho de petición ante autoridades. Reglas generalesArtículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades.Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interésgeneral o particular, y a obtener pronta resolución.Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica elejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la ConstituciónPolítica, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones,se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva unasituación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar,examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas,denuncias y reclamos e interponer recursos.El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidadde representación a través de abogado.Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda peticióndeberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10)días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta alpeticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectivasolicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podránegar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencialas copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridadesen relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta(30) días siguientes a su recepción.Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición enlos plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todocaso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia alinteresado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazorazonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder deldoble del inicialmente previsto.Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podránpresentarse verbalmente o por escrito, y a través de cualquier medio idóneopara la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentaránconforme a las normas especiales de este Código.Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informacionesrequeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar alpeticionario los que falten. Si este insiste en que se radique, así se harádejando constancia de los requisitos o documentos faltantes.Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, elfuncionario la expedirá en forma sucinta.
Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, ypondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una leyexpresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentosestandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionariosno quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos,pruebas o documentos adicionales que los formularios por su diseño nocontemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas deldeber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteadoso presentados más allá del contenido de dichos formularios.A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por elfuncionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, ydel número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal deloriginal y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará costoalguno al peticionario.Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lomenos:1. La designación de la autoridad a la que se dirige.2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y oapoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de ladirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar elnúmero de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una personaprivada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada aindicar su dirección electrónica.3. El objeto de la petición.4. Las razones en las que fundamenta su petición.5. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos quedesee presentar para iniciar el trámite.6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.Parágrafo. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente lapetición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos odocumentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que nosean necesarios para resolverla.Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud delprincipio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicadaestá incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley,requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha deradicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partirdel día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informesrequeridos comenzará a correr el término para resolver la petición.
Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que elpeticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria paraadoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que laefectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá eltérmino para decidir.Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacióncuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazoconcedido solicite prórroga hasta por un término igual.Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará eldesistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativomotivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procederecurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda sernuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrándesistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectivasolicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitoslegales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si laconsideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expediránresolución motivada.Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda peticióndebe ser respetuosa. Sólo cuando no se comprenda su finalidad u objeto, sedevolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) díassiguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición.Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse alas respuestas anteriores.Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atenciónprioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamentalcuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario,quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo deperjuicio invocados.Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligroinminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, laautoridad deberá adoptar de inmediato las medidas de urgencia necesariaspara conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a lapetición.Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige lapetición no es la competente, informará de inmediato al interesado si este actúaverbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, siobró por escrito.
Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copiadel oficio remisorio al peticionario.Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la recepciónde la petición por la autoridad competente.Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones.Las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las peticionesque les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas paragarantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de informaciónanálogas, la Administración podrá dar una única respuesta que publicará en undiario de amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias dela misma a quienes las soliciten.Artículo 23. Deberes especiales de los Personeros Distritales y Municipales yde los servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Los servidoresde la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así comolos Personeros Distritales y Municipales, según la órbita de competencia, tienenel deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite,para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuerenecesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objetode exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales.Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones,quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y secerciorarán de su debida tramitación.Capítulo IIDerecho de petición ante autoridades. Reglas especialesArtículo 24. Informaciones y documentos reservados. Sólo tendrán carácterreservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reservapor la Constitución o la ley, y en especial:1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.3. Los amparados por el secreto profesional.4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas,incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionalesy demás registros de personal que obren en los archivos de las institucionespúblicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados porlos propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa paraacceder a esa información.5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de créditopúblico y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de
valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informacionesestarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partirde la realización de la respectiva operación.Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva.Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos serámotivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales pertinentes ydeberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición deinformaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recursoalguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivoexpediente o actuación que no estén cubiertas por ella.Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la personainteresada insistiere en su petición de información o de documentos ante laautoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo conjurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata deautoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o aljuez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir enúnica instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la peticiónformulada.Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondienteal tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) díassiguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de losdocumentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra informaciónque requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que elreglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a suimportancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabode cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento,la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de unainformación o de determinados documentos, no será oponible a las autoridadesjudiciales ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional olegalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de susfunciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de lasinformaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previstoen este artículo.Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, losconceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticionesrealizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatoriocumplimiento o ejecución.
Artículo 29. Reproducción de documentos. En ningún caso el precio de lascopias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expediciónde las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas.Artículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule unapetición de información a otra, esta deberá resolverla en un término no mayorde diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de losplazos previstos en el artículo 14.Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a lostérminos para resolver, la contravención a las prohibiciones y eldesconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta PartePrimera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor público y daránlugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.Capítulo IIIDerecho de petición ante organizaciones e instituciones privadasArtículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizarlos derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho depetición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizacionesprivadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones,fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas,instituciones financieras o clubes.Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estaránsometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo Primero de esteTítulo.Las organizaciones privadas sólo podrán invocar la reserva de la informaciónsolicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución y la ley.Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y basesde datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y lasprovenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la LeyEstatutaria del Hábeas Data.Parágrafo 1. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturalescuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión,subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función oposición dominante frente al peticionario.Parágrafo 2. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría delPueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite,para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiereejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas.Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de CompensaciónFamiliar, y a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, que
sean de carácter privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios,en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas en losdos capítulos anteriores. TÍTULO III PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERALCapítulo IReglas generalesArtículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuacionesadministrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principalque se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientosadministrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichasleyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientosadministrativos se adelantarán por escrito, verbalmente, o por medioselectrónicos de conformidad con lo dispuesto en este Código o la ley.Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativosúnicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólocuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación dela actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa.Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de lasactuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar elderecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. Detoda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella.Artículo 36. Formación y examen de expedientes. Los documentos ydiligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un soloexpediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisionescontradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que setramiten ante la misma autoridad.Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación sehará en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si algunade ellas se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, almecanismo de definición de competencias administrativas.Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la leytengan el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se harácuaderno separado.Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado enque se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y aobtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán enlos plazos señalados en el artículo 14.
Artículo 37. Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros.Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto laautoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamenteafectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, elobjeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedanconstituirse como parte y hacer valer sus derechos.La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozcasi no hay otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, otratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través deun medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a travésde cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de losposibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en elexpediente.Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en lasactuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes yresponsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos:1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria encalidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual seadelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas quecontribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma.2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados conla actuación administrativa adelantada en interés particular, o cuando ladecisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios.3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general.Parágrafo. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 yen ella se indicará cuál es el interés de participar en la actuación y se allegaráno solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridadque la tramita la resolverá de plano y contra esta decisión no procederá recursoalguno.Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos decompetencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de lapersona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá laactuación a la que estime competente; si esta también se declaraincompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta yServicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del ordennacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación conautoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que elconflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridadesterritoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta yServicio Civil del Consejo de Estado.De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas seconsideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.
En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibidala actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a lasautoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edictopor el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentaralegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta yServicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentrode los veinte (20) días siguientes. Contra esta decisión no procederá recursoalguno.Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 sesuspenderán.Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de quese profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas deoficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto quedecida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará conla oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de laactuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quienlas pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotasiguales.Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código deProcedimiento Civil.Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. Laautoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o apetición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en laactuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidasnecesarias para concluirla.Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a losinteresados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informesdisponibles, se tomará la decisión, que será motivada.La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamenteplanteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los tercerosreconocidos.Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa oindirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.Artículo 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido deuna decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe seradecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechosque le sirven de causa.
Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o apetición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formalescontenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, detranscripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugara cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legalespara demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada ocomunicada a todos los interesados, según corresponda.Capítulo IIMecanismos de consulta previaArtículo 46. Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen larealización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa,dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en lasnormas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar.Capítulo IIIProcedimiento administrativo sancionatorioArtículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientosadministrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales opor el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta PartePrimera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lono previsto por dichas leyes.Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarsede oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado deaveriguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos paraadelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado.Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargosmediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, loshechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de lainvestigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones omedidas que serian procedentes Este acto administrativo deberá ser notificadopersonalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a lanotificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar oaportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de maneramotivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no seatenderán las practicadas ilegalmente.Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias,incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especialessobre la materia.Artículo 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas seseñalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o másinvestigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá serhasta de sesenta (60) días.
Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) díaspara que presente los alegatos respectivos.Artículo 49. Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá elacto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a lapresentación de los alegatos.El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de caráctersancionatorio deberá contener:1. La individualización de la persona natural ó jurídica a sancionar.2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone lasanción.3. Las normas infringidas con los hechos probados.4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyesespeciales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infraccionesadministrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuantoresultaren aplicables:1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.3. Reincidencia en la comisión de la infracción.4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o desupervisión.5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta paraocultar la infracción u ocultar sus efectos.6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o sehayan aplicado las normas legales pertinentes.7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por laautoridad competente.8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto depruebas.Artículo 51. De la renuencia a suministrar información. Las personasparticulares, sean estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar losinformes o documentos requeridos en el curso de las investigacionesadministrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a
los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con erroressignificativos o en forma incompleta, serán sancionadas con multa a favor delTesoro Nacional o de la respectiva entidad territorial, según corresponda, hastade cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de laocurrencia de los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivas alrenuente, en los términos del artículo 90 de este Código.La sanción a la que se refiere el anterior inciso se aplicará sin perjuicio de laobligación de suministrar o permitir el acceso a la información o a losdocumentos requeridos.Dicha sanción se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado de lasolicitud de explicaciones a la persona a sancionar, quien tendrá un término dediez (10) días para presentarlas.La resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse ynotificarse dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del términopara dar respuesta a la solicitud de explicaciones. Contra esta resoluciónprocede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de loscinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación.Parágrafo. Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo delprocedimiento administrativo sancionatorio que se esté adelantando paraestablecer la comisión de infracciones a disposiciones administrativas.Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto enleyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sancionescaduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión quepudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que imponela sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio esdiferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán serdecididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) añocontado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no sedeciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favordel recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria quetal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contarádesde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5)años contados a partir de la fecha de la ejecutoria.Capítulo IVUtilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativoArtículo 53. Procedimientos y trámites administrativos a través de medioselectrónicos. Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse através de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a laadministración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y
adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el usoalternativo de otros procedimientos.En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientosadministrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y lasnormas que la sustituyan, adicionen o modifiquen.Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos. Toda persona tiene elderecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso enel cual deberá registrar su dirección de correo electrónico en la base de datosdispuesta para tal fin. Sí así lo hace, las autoridades continuarán la actuaciónpor este medio, a menos que el interesado solicite recibir notificaciones ocomunicaciones por otro medio diferente.Las peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónicono requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre quehubiesen sido registrados hasta antes de las doce de la noche y se radicarán elsiguiente día hábil.Artículo 55. Documento público en medio electrónico. Los documentospúblicos autorizados o suscritos por medios electrónicos tienen la validez yfuerza probatoria que le confieren a los mismos las disposiciones del Código deProcedimiento Civil.Las reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicosse reputarán auténticas para todos los efectos legales.Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actosa través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptadoeste medio de notificación.Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitara la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medioselectrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el CapítuloQuinto del presente Título.La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que eladministrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar laadministración.Artículo 57. Acto administrativo electrónico. Las autoridades, en el ejercicio desus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medioselectrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad ydisponibilidad de acuerdo con la ley.Artículo 58. Archivo electrónico de documentos. Cuando el procedimientoadministrativo se adelante utilizando medios electrónicos, los documentosdeberán ser archivados en este mismo medio. Podrán almacenarse por medios
electrónicos, todos los documentos utilizados en las actuacionesadministrativas.La conservación de los documentos electrónicos que contengan actosadministrativos de carácter individual, deberá asegurar la autenticidad eintegridad de la información necesaria para reproducirlos, y registrar las fechasde expedición, notificación y archivo.Artículo 59. Expediente electrónico. El expediente electrónico es el conjunto dedocumentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo,cualquiera que sea el tipo de información que contengan.El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índiceelectrónico, firmado digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante,según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónicoy permitirá su recuperación cuando se requiera.La autoridad respectiva conservará copias de seguridad periódicas quecumplan con los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos,de conformidad con la ley.Artículo 60. Sede electrónica. Toda autoridad deberá tener al menos unadirección electrónica.La autoridad respectiva garantizará condiciones de calidad, seguridad,disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la informaciónde acuerdo con los estándares que defina el Gobierno Nacional.Podrá establecerse una sede electrónica común o compartida por variasautoridades, siempre y cuando se identifique claramente quién es elresponsable de garantizar las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad,accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Así mismo, cada autoridadusuaria de la sede compartida será responsable de la integridad, autenticidad yactualización de la información y de los servicios ofrecidos por este medio.Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de lasautoridades. Para la recepción de mensajes de datos dentro de una actuaciónadministrativa las autoridades deberán:1. Llevar un estricto control y relación de los mensajes recibidos en lossistemas de información incluyendo la fecha y hora de recepción.2. Mantener la casilla del correo electrónico con capacidad suficiente y contarcon las medidas adecuadas de protección de la información.3. Enviar un mensaje acusando el recibo de las comunicaciones entrantesindicando la fecha de la misma y el número de radicado asignado.
Artículo 62. Prueba de recepción y envío de mensajes de datos por laautoridad. Para efectos de demostrar el envío y la recepción decomunicaciones, se aplicarán las siguientes reglas:1. El mensaje de datos emitido por la autoridad para acusar recibo de unacomunicación, será prueba tanto del envío hecho por el interesado como de surecepción por la autoridad.2. Cuando fallen los medios electrónicos de la autoridad, que impidan a laspersonas enviar sus escritos, peticiones o documentos, el remitente podráinsistir en su envío dentro de los tres (3) días siguientes, o remitir el documentopor otro medio dentro del mismo término, siempre y cuando exista constanciade los hechos constitutivos de la falla en el servicio.Artículo 63. Sesiones virtuales. Los comités, consejos, juntas y demásorganismos colegiados en la organización interna de las autoridades, podrándeliberar, votar y decidir en conferencia virtual, utilizando los medioselectrónicos idóneos y dejando constancia de lo actuado por ese mismo mediocon los atributos de seguridad necesarios.Artículo 64. Estándares y protocolos. Sin perjuicio de la vigencia dispuesta eneste Código en relación con las anteriores disposiciones, el Gobierno Nacionalestablecerá los estándares y protocolos que deberán cumplir las autoridadespara incorporar en forma gradual la aplicación de medios electrónicos en losprocedimientos administrativos.Capítulo VPublicaciones, citaciones, comunicaciones y notificacionesArtículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de caráctergeneral. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatoriosmientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetasterritoriales, según el caso.Las entidades de la administración central y descentralizada de los entesterritoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgaresos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, lainserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando,en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada conuna petición de interés general, se comunicarán por cualquier medio eficaz.En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, elGobierno Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un mediomasivo de comunicación eficaz.Parágrafo. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actosde elección distintos a los de voto popular.
Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácterparticular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberánser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a unaactuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a surepresentante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por elinteresado para notificarse.En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra,auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora,los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes debeninterponerse y los plazos para hacerlo.El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstasen el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de lassiguientes modalidades:1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte sernotificado de esta manera.La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinadosactos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatoriaspúblicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesadoslas instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas denotificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública seránotificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de lasdecisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaronnotificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términospara la interposición de recursos.Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio máseficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, alnúmero de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedanobtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia denotificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) díassiguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constanciaen el expediente.Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en elinciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar deacceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificaciónpersonal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará pormedio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registromercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El avisodeberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió,los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes debeninterponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación seconsiderará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en ellugar de destino.Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copiaíntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todocaso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término decinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtidaal finalizar el día siguiente al retiro del aviso.En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso yde la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos deinscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registrospúblicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondienteanotación. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado por entidad opersona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripcióndeberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de loscinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación.Artículo 71. Autorización para recibir la notificación. Cualquier persona quedeba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que senotifique en su nombre, mediante escrito que requerirá presentación personal.El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto,cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo setendrá, de pleno derecho, por no realizada.Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación.En todo caso, será necesaria la presentación personal del poder cuando setrate de notificación del reconocimiento de un derecho con cargo a recursospúblicos, de naturaleza pública o de seguridad social.Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación porconducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá porhecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que laparte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interpongalos recursos legales.Artículo 73. Publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozca sudomicilio. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos decarácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que nointervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio,ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad yen un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente
quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio seprocederá a la notificación personal.Capítulo VIRecursosArtículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general,contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,adicione o revoque.2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcionalcon el mismo propósito.No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores deDepartamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de lasentidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de losórganos constitucionales autónomos.Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por losrepresentantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos delnivel territorial.3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante elsuperior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberáacompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a lanotificación de la decisión.Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión delexpediente, y decidirá lo que sea del caso.Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de caráctergeneral, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en loscasos previstos en norma expresa.Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición yapelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificaciónpersonal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación poraviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursoscontra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en elevento en que se haya acudido ante el juez.Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lodispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlospodrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal,
para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sancionescorrespondientes, si a ello hubiere lugar.El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiariodel de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a lajurisdicción.Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán porescrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sidoreconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medioselectrónicos.Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante oapoderado debidamente constituido.2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la direcciónelectrónica si desea ser notificado por este medio.Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obracomo agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, yprestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quienobra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses.Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar lasuma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconocedeber.Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recursono se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 delartículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra elrechazo del recurso de apelación procederá el de queja.Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán enel efecto suspensivo.Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a noser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que elfuncionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas deoficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en elque interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por eltérmino de cinco (5) días.Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término nomayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por unasola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence eltérmino probatorio.Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ellohubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse ladecisión motivada que resuelva el recurso.La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamenteplanteadas y las que surjan con motivo del recurso.Artículo 81. Desistimiento. De los recursos podrá desistirse en cualquiertiempo.Artículo 82. Grupos especializados para preparar la decisión de los recursos.La autoridad podrá crear, en su organización, grupos especializados paraelaborar los proyectos de decisión de los recursos de reposición y apelación.Capítulo VIISilencio administrativoArtículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partirde la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que laresuelva, se entenderá que esta es negativa.En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses pararesolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativose producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debióadoptarse la decisión.La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidada las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la peticióninicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el actopresunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.Artículo 84. Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstosen disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale adecisión positiva.Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presuntacomienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términosde este Código.Artículo 85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. Lapersona que se hallare en las condiciones previstas en las disposicioneslegales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo,protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15, junto con unadeclaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del términoprevisto.La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de ladecisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridadesreconocerla así.Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículose entenderá que ellos carecen de valor económico.Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en elartículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados apartir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que sehaya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión esnegativa.El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a laautoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubierenotificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudidoante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinariagravísima.Capítulo VIIIConclusión del procedimiento administrativoArtículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativosquedarán en firme:1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al desu notificación, comunicación o publicación según el caso.2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de ladecisión sobre los recursos interpuestos.3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer losrecursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciadoexpresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimientode los recursos.5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 parael silencio administrativo positivo.Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actosadministrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por laJurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, nopodrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad ose levante dicha medida cautelar.Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades.Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes paraque las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. Enconsecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad.Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboraciónde la Policía Nacional.Artículo 90. Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto enleyes especiales, cuando un acto administrativo imponga una obligación nodineraria a un particular y este se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidióel acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía,concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Las multaspodrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensualeslegales vigentes y serán impuestas con criterios de razonabilidad yproporcionalidad.La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución materialde los actos que corresponden al particular renuente, caso en el cual se leimputarán los gastos en que aquella incurra.Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo normaexpresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatoriosmientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán serejecutados en los siguientes casos:1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicciónde lo Contencioso Administrativo.2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no harealizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido elacto.5. Cuando pierdan vigencia.
Artículo 92. Excepción de pérdida de ejecutoriedad. Cuando el interesado seoponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdidofuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla y deberá resolver dentrode un término de quince (15) días. El acto que decida la excepción no serásusceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional.Capítulo IXRevocación directa de los actos administrativosArtículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán serrevocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por susinmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte,en cualquiera de los siguientes casos:1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contraél.3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativosa solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículoanterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichosactos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado lacaducidad para su control judicial.Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativospodrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de loContencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisoriode la demanda.Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridadcompetente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de lasolicitud.Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procederecurso.Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de quese profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesadoo del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta derevocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación delComité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará losactos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se proponerestablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con losactos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenaráponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la aceptaen el término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso sedará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que seespecificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir apartir de su ejecutoria.Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión quesobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante laJurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación delsilencio administrativo.Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo lasexcepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien seaexpreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácterparticular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá serrevocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto escontrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción delo Contencioso Administrativo.Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales ofraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación ysolicitará al juez su suspensión provisional.Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechosde audiencia y defensa. TÍTULO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVOArtículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidadespúblicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar lasobligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que prestenmérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, estánrevestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los juecescompetentes.Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado.Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos consteuna obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidadespúblicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagaruna suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas queimpongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que
alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida dedinero.3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con elacto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente loserán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativoproferido con ocasión de la actividad contractual.4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas,se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el actoadministrativo ejecutoriado que declare la obligación.5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.Artículo 100. Reglas de procedimiento. Para los procedimientos de cobrocoactivo se aplicarán las siguientes reglas:1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas.2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en estetítulo y en el Estatuto Tributario.3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario seaplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario.En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en lasrespectivas normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esosregímenes, se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la PartePrimera de este Código y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civil en lorelativo al proceso ejecutivo singular.Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante laJurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la ParteSegunda de este Código, los actos administrativos que deciden lasexcepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución ylos que liquiden el crédito.La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el queconstituye el título ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo.Únicamente habrá lugar a la suspensión del procedimiento administrativo decobro coactivo:1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sidosuspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo; y2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida lasexcepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, estépendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidadcontra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Esta
suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide eldecreto y práctica de medidas cautelares.Parágrafo. Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidosen el procedimiento administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sinperjuicio de la que corresponda, según la Constitución Política y otras leyespara otros procesos. TÍTULO V EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADOArtículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a tercerospor parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos deuna sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado,en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten losmismos supuestos fácticos y jurídicos.Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmentecompetente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial nohaya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales,los siguientes:1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en lamisma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba eldemandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificacióninvocada.2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en losarchivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir aun proceso.3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a sufavor.Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin habersolicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así,caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta laprimera solicitud.La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales,legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación quede ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demáselementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento detodos los presupuestos para que ella sea procedente.Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a surecepción, y las autoridades podrán negar la petición con fundamento en lassiguientes consideraciones:
1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puedeadoptarse sin que se surta un período probatorio en el cual tenga laoportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carecedel derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuáles son talesmedios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultanlos medios probatorios ya mencionados.2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitantees distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no esprocedente la extensión de sus efectos.3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales lasnormas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en la sentencia deunificación. En este evento, el Consejo de Estado se pronunciaráexpresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o modificar suposición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los términos delartículo 269.Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursosadministrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a quehubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de lajurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugara recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. Enestos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientesante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para lapresentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de loContencioso Administrativo.Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormenteseñalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) díasestablecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesadodecidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 269 de este Código. PARTE SEGUNDA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE SUS FUNCIONES JURISDICCIONAL Y CONSULTIVA TÍTULO I PRINCIPIOS Y OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOArtículo 103. Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante lajurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad delos derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservacióndel orden jurídico.
En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberánobservarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre elalcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicadoy motivado en la providencia que lo contenga.Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, encumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buenfuncionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación decumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. LaJurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de lascontroversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones yoperaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradaslas entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.Igualmente conocerá de los siguientes procesos:1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidadpública, cualquiera que sea el régimen aplicable.2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que seaparte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias delEstado.3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora deservicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debidoincluirse cláusulas exorbitantes.4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicosy el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen estéadministrado por una persona de derecho público.5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliacionesaprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitralesen que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados enlos contratos celebrados por esas entidades.7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictosrelativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares enejercicio de funciones propias del Estado.Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidadpública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de sudenominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una
participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes oparticipación estatal igual o superior al 50%.Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo noconocerá de los siguientes asuntos:1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a loscontratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter deinstituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros ointermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuandocorrespondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendolos procesos ejecutivos.2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio defunciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia derecursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisionesque una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccionalestarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los juecesprecediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas enun proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones quecorrespondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienenrelación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativoseparado.3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente porla ley.4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sustrabajadores oficiales. TÍTULO II ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOCapítulo IIntegraciónArtículo 106. Integración de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está integrada por el Consejode Estado, los Tribunales Administrativos y los juzgados administrativos.Capítulo IIDel Consejo de EstadoArtículo 107. Integración y composición. El Consejo de Estado es el TribunalSupremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo delGobierno. Estará integrado por treinta y un (31) Magistrados.Ejercerá sus funciones por medio de tres (3) salas, integradas así: la Plena, portodos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27)
Proyecto de ley del deporte venezuela julio de 2011

References: artículo 13
 artículo5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 84
 artículo 23
 resolución 

Artículo 29
 artículo 14
 resolución 
 artículo 14

Artículo 37
 artículo 16
 artículo 14

Artículo 45
 artículo 90
 resolución 
 resolución 

Artículo 62

Artículo 66
 artículo 15
 resolución 
 artículo 85

Artículo 92
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 269