Source: https://tc.vlex.es/vid/libertad-empresa-constitucionalidad-precepto-632396129
Timestamp: 2020-04-07 00:49:17+00:00

Document:
STC 35/2016, 3 de Marzo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 632396129
STC 35/2016, 3 de Marzo de 2016
Ponente: don Ricardo Enríquez Sancho
Número de Recurso: 546-2010
El 22 de enero de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al que se acompaña, junto con el testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. 104-2004, interpuesto contra el Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para la televisión, europeos y españoles, el Auto de 9 de diciembre de 2009 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el segundo párrafo del apartado 1 del art. 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
El Gobierno, previa consulta a todos los sectores interesados, podrá establecer reglamentariamente las duraciones exigibles para considerar una obra audiovisual como película para televisión.
Los antecedentes que interesa destacar a los efectos de este proceso constitucional son los siguientes:
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas presentó ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y españoles.
Dicho recurso fue turnado a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con las normas de reparto.
Una vez tramitado y concluso el procedimiento, por providencia de 23 de enero de 2007, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó suspender el señalamiento para la votación y fallo del recurso previsto para ese mismo día 23 de enero de 2007 y dar audiencia a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de quince días se pronunciasen (i) sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el entonces denominado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y (ii) sobre el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal Constitucional por la posible contradicción del art. 5.1 de la Ley 25/1994, en la redacción dada por la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001, con los arts. 14 y 31.3, en relación con el art. 38, todos ellos de la Constitución española.
Cumplimentado el referido trámite por las partes personadas, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó Auto de 18 de abril de 2007 en el que acordó suspender el procedimiento principal y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 234 del Tratado CE, plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
A) El artículo 3 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva, en su versión modificada por la Directiva 97/36 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, ¿permite a los Estados miembros imponer a los operadores de televisión la obligación de destinar un porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas?
C) La obligación impuesta por una norma nacional a los operadores de televisión de que destinen un porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas, de cuya cuantía un 60 por ciento ha de destinarse específicamente a obras en lengua original española mayoritariamente producidas por la industria cinematográfica española, ¿constituye una ayuda del Estado en beneficio de dicha industria, en el sentido del artículo 87 del Tratado CE?
Las citadas cuestiones prejudiciales fueron resueltas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Sentencia de 5 de marzo de 2009 (asunto C-222/07), que declaró:
1) La Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, y, más concretamente, su artículo 3 y el artículo 12 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 por 100 de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 por 100 de dicho 5 por 100 a obras cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro.
2) El artículo 87 CE debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 por 100 de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 por 100 de dicho 5 por 100 a obras cuya lengua original sea cualquiera de las lenguas oficiales de este Estado miembro no constituye una ayuda del Estado en beneficio de la industria cinematográfica de ese mismo Estado miembro.
Una vez recibida copia de la referida Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó providencia de 25 de marzo de 2009 alzando la suspensión en su día acordada y dando nuevo traslado a las partes personadas por plazo de cinco días para que éstas pudieran alegar lo que a su derecho conviniera sobre la incidencia de la misma en el recurso contencioso-administrativo tramitado ante ella y pendiente de resolución
Tras la presentación de las alegaciones por las partes personadas, la Sección dictó Auto de 9 de diciembre de 2009 planteando ante este Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994, en su versión modificada por las Leyes 22/1999, de 7 de junio, y 15/2001, de 9 de julio.
El Auto de planteamiento comienza señalando que el Real Decreto 1652/2004, objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no hace sino concretar ciertos extremos de la inversión obligatoria impuesta a ciertos operadores de televisión en el art. 5.1, segundo párrafo, de la Ley 25/1994, de modo que si este precepto legal fuera declarado inconstitucional, el reglamento impugnado se vería desprovisto de validez.
Con estas bases, recuerda la doctrina de este Tribunal sobre la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE contenida en la STC 112/2006 , de 5 de abril, en concreto la “libertad de inversión” que junto con las libertades de contratación y de organización fue considerada en aquella Sentencia una “vertiente imprescindible” de la indicada libertad de empresa. Ciertamente, ello no excluye, reconoce el órgano promotor, que esa garantía no pueda ser sometida a restricciones, pero siempre que esas restricciones sean “proporcionadas, de modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo al que propenden y por indispensables hayan de ser inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de libertad pública protegida, un sacrificio menor” (misma STC 112/2006 , FJ 8).
Por providencia de 14 de abril de 2010, el Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la cuestión planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el art. 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. El Pleno acordó también, conforme al artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), reservar para sí el conocimiento de la cuestión, así como dar traslado de las actuaciones recibidas (art. 37.3 LOTC) al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Se acordó, asimismo, comunicar esta resolución al órgano judicial promotor de la cuestión, a fin de que el procedimiento del que la misma emana permaneciera suspendido hasta que este Tribunal resolviera definitivamente (art. 35.3 LOTC). Y se ordenó, por último, la publicación de la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”.
El 28 de abril de 2010 tuvo entrada en este Tribunal copia del acuerdo de la Mesa del Senado de 27 de abril anterior por el que se tiene por personada a la citada cámara en este procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
El 29 de abril de 2010 tuvo entrada el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 27 de abril de 2010 en el que se tiene por personada a la citada cámara y se ofrece su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC, y se remite a la Dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General.
El 28 de abril de 2010, el Presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo firmó un escrito, que tuvo entrada en este Tribunal el 5 de mayo siguiente, acusando recibo de la comunicación emitida por este Tribunal el 14 de abril y comunicando que de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 LOTC se procedía a suspender el curso del procedimiento hasta que por este Tribunal Constitucional se resuelva definitivamente la cuestión planteada.
El 10 de mayo de 2010 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado, en el que solicita la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
En cuanto al fondo de la cuestión planteada, está de acuerdo en que la libertad de inversión es una vertiente imprescindible de la libertad de empresa garantizada en el art. 38 CE, tal y como ya señaló la STC 112/2006 . Ahora bien, y como también allí se señaló, no siendo los derechos que la Constitución reconoce garantías absolutas, son admisibles las restricciones sobre esa libertad siempre que sean proporcionadas.
Recuerda que en la doctrina de este Tribunal, este test de la proporcionalidad, que el Abogado del Estado llama “test alemán de la proporcionalidad”, se descompone en tres juicios sucesivos, desde la STC 66/1995 , de 8 de mayo, FJ 5: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.
A partir de ahí, argumenta que el Auto de planteamiento no cuestiona la idoneidad de la medida para el fin propuesto, sino que más bien parece centrarse en el juicio de necesidad (en terminología de este Tribunal), esto es, en considerar que la medida no es la menos restrictiva (“ less restrictive alternative ”) para alcanzar ese fin legítimo. El sector, vendría a razonar el Auto (según el Abogado del Estado), está “hiperprotegido”, y “sobra por ello … la medida de inversión obligatoria” que es objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad. Al respecto, se muestra crítico con el Auto de planteamiento, por no ofrecer una detallada descripción de otras medidas alternativas de eficacia pareja, ni hacer un juicio racional comparativo entre ellas, como correspondería a quien cuestiona la necesidad de esa medida. Si el órgano promotor, concluye el Abogado del Estado, no levanta esa “carga” procesal que corresponde a quien cuestiona la necesidad de una medida restrictiva de un derecho constitucional, tampoco debe el defensor de la norma asumir la carga inversa de justificar su necesidad.
Por escrito registrado ante este Tribunal el 13 de mayo de 2010, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, parte en el recurso contencioso-administrativo que ha dado lugar al presente proceso constitucional, solicitó al amparo de lo establecido en el art. 37.2 LOTC su personación en la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Por diligencia de ordenación de 24 de mayo de 2010, la Secretaría del Pleno de este Tribunal acordó tener por personada a la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales en la presente cuestión de inconstitucionalidad y entender con ella las sucesivas actuaciones, así como, en aplicación del art. 37.2 LOTC, concederle un plazo de quince días para formular alegaciones.
El Fiscal General del Estado presentó sus alegaciones por escrito registrado el 8 de junio de 2010. En él, defiende la constitucionalidad de la norma cuestionada y solicita en consecuencia la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad promovida.
Parte asimismo de la doctrina de la STC 112/2006 , y de que la libertad de inversión es una vertiente imprescindible de la libertad de empresas del art. 38 CE. Pero no comparte sin embargo la conclusión a la que llega la Sala cuestionante desde esas premisas. No toda medida que incida en la libertad de empresa, sostiene, es necesariamente contraria al art. 38 CE. Lo será solo si constituye un obstáculo a la misma que no guarde relación y sea desproporcionado con el fin perseguido, pero no en otro caso.
El día 18 de junio de 2010, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales presentó sus alegaciones en el Registro General de este Tribunal. En ellas considera principalmente que no concurren los presupuestos procesales para que este Tribunal pueda pronunciarse, al haber sido derogada la norma cuestionada. Subsidiariamente, solicita la desestimación de la cuestión suscitada, por ser el art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994 conforme con la Constitución.
Por providencia de 1 de marzo de 2016 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 3 del mismo mes y año.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cuestiona la constitucionalidad del art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994, de 12 de julio, en la redacción temporalmente aplicable al recurso contencioso-administrativo que debe resolver, que proviene de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001, de 9 de julio.
Para la Sala cuestionante la citada obligación pudiera ser contraria a la libertad de empresa garantizada en el art. 38 CE, por no superar el canon de proporcionalidad a que deben someterse las restricciones de la libertad de empresa como las de cualquier otro derecho constitucional, de conformidad con la doctrina de este Tribunal (cita en este sentido la STC 112/2006 , de 5 de abril, también sobre el sector audiovisual, FJ 8). Esta conclusión no la comparten el Gobierno de la Nación ni el Fiscal General del Estado, partes necesarias en las cuestiones de inconstitucionalidad (art. 37.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), ni tampoco la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, que siendo parte en el proceso contencioso-administrativo seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en cuyo seno se planteó la presente cuestión de inconstitucionalidad, ha comparecido y formulado alegaciones en este proceso constitucional, al amparo del art. 37.2 LOTC.
Antes de adentrarnos en el examen del debate de fondo suscitado, debemos detenernos en analizar la trascendencia que para este proceso constitucional haya podido tener la derogación expresa tanto del precepto legal cuestionado como de la norma reglamentaria recurrida en el proceso a quo, por si una u otra pudieran hacer ya innecesario el pronunciamiento de este Tribunal Constitucional sobre el fondo de la controversia.
Pues bien, por lo que hace a la primera derogación, la del precepto legal objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, la misma no es determinante de la pérdida de objeto de este proceso, pues como este Tribunal ha reiterado, a diferencia de lo que ocurre con los recursos de inconstitucionalidad, “en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que, tras esa derogación o modificación, resulte o no aplicable en el proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo” (STC 37/2004 , de 11 de marzo, FJ 1, y jurisprudencia allí citada). Y más en concreto, en aquellos casos en que la cuestión de inconstitucionalidad se plantea en el seno de un recurso directo contra un reglamento ante la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 106.1 CE y 1.1, 25.1 y 26.1 LJCA), como aquí sucede, este Tribunal también ha recordado que como “el contraste de la disposición reglamentaria impugnada en el proceso judicial ha de realizarse con el precepto legal vigente en aquel momento”, ello hace que “perviv[a] el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, dado que la derogación, con sus efectos ex nunc , no es equivalente a una hipotética declaración de nulidad, cuyos efectos se proyectan, al menos en vía de principio, hacia el pasado” (SSTC 117/2011 , de 4 de julio, FJ 2, y 73/2014 , de 8 de mayo, FJ 2).
De la misma manera, la segunda derogación apuntada, la del reglamento recurrido en el proceso a quo , tampoco puede hacer perder su objeto a esta cuestión de inconstitucionalidad. No solo porque como ya hemos señalado los efectos de la derogación del reglamento sean diferentes de los que podrían derivarse de una eventual declaración de nulidad acordada en el proceso a quo; nulidad que podría derivar de la inconstitucionalidad de la obligación legal que el reglamento desarrolla, que es lo planteado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es que además el nuevo reglamento no elimina tampoco la obligación de inversión de cuya constitucionalidad se duda. Y al no eliminar estas modificaciones normativas, ni la de la ley ni la del reglamento, el aspecto controvertido tanto en el proceso a quo como en este proceso constitucional, ello hace que subsista el objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad.
En el ATC 23/2013 , de 29 de enero, FJ 4, hemos admitido que efectivamente una cuestión de inconstitucionalidad puede extinguirse por desaparición sobrevenida de su objeto como consecuencia de la derogación de la norma reglamentaria objeto de recurso directo en el proceso a quo si el reglamento no conserva ningún género de ultraactividad (tal y como exige la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para declarar la extinción de esta clase de procesos) y la cuestión de inconstitucionalidad se formula contra la norma legal de cobertura (así, por ejemplo, STC 147/2012 , de 5 de julio). En tales casos “ninguna utilidad tendría ya un pronunciamiento de este Tribunal para un proceso judicial extinguido”. Ahora bien, según matizamos inmediatamente “el examen que este Tribunal debe realizar sobre la posible extinción del proceso judicial ordinario debe ser de evidencias y a los solos fines de la admisibilidad de la cuestión planteada, sin sustituir al órgano judicial en la aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria”, de modo que “sólo si la pérdida de objeto del procedimiento judicial ordinario es clara y manifiesta, puede este Tribunal declarar la extinción de la cuestión de inconstitucionalidad por esta razón”.
Pues bien, en este caso, al igual que sucedió en el resuelto en el citado ATC 23/2013 , no se dan las condiciones requeridas para que este Tribunal pueda afirmar la pérdida de objeto del proceso a quo . Como ya se ha dicho, la obligación de inversión de cuya constitucionalidad se duda subsiste en la nueva y vigente Ley general de la comunicación audiovisual. Y además, esa obligación legal vigente que desarrollan los dos reglamentos sucesivos (el derogado y el hoy vigente) ni es de cumplimiento instantáneo, ni tiene por qué agotarse necesariamente en el ejercicio al que se imputa el gasto (cfr. arts. 8 del Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, y 20 y 21 del Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre). Por consiguiente, no puede descartarse prima facie cierta ultraactividad del primero.
En consecuencia, y con independencia de lo que pueda resolver la Sala Tercera en el ejercicio de su jurisdicción (art. 117.3 CE), no compete a este Tribunal anticipar la posible pérdida de objeto del proceso contencioso-administrativo a quo . Procede, en consecuencia, entrar a resolver la cuestión de inconstitucionalidad suscitada.
En esta tarea, hemos de partir de una constatación fundamental no cuestionada por nadie, ni por el órgano proponente ni por las partes comparecidas, pero que resulta imprescindible para el desarrollo de nuestro análisis, y es que la imposición a un empresario de la obligación de invertir cierta parte de los ingresos obtenidos por su actividad en un determinado producto afecta o incide en la libertad de empresa constitucionalmente garantizada (art. 38 CE). Efectivamente, según tiene declarado este Tribunal, el mencionado derecho incluye como una de sus vertientes fundamentales no solo la libertad para crear una empresa y actuar en el mercado, sino también, por lo que aquí importa, la libertad para fijar los objetivos y planificar la actividad de esa empresa en atención a los recursos y a las condiciones del mercado [SSTC 96/2013 , de 23 de abril, FJ 6; 112/2006 , de 5 de abril, FJ 8, y 225/1993 , de 8 de julio, FJ 3 b)], lo que comprende la “libertad de inversión” en expresión utilizada por la ya citada STC 112/2006 , FJ 4, de donde la toma el Auto de planteamiento.
Ahora bien, también es jurisprudencia de este Tribunal que la libertad de empresa “no es un derecho absoluto e incondicionado” y que su vigencia no resulta comprometida por el hecho de que existan limitaciones a su ejercicio derivadas de las “reglas que disciplinen, proporcionada y razonablemente, el mercado”, como han recordado entre las más recientes las SSTC 108/2014 , de 26 de junio, FJ 3, y 53/2014 , de 10 de abril, FJ 7, y muchas otras desde la STC 127/1994 , de 5 de mayo, dictada precisamente en el recurso interpuesto contra la Ley de televisión privada de 3 de mayo de 1988 [FJ 6 d)]. Porque del art. 38 CE no puede derivarse sin más “el derecho a acometer cualquier empresa” o a ejercerla sin traba ni limitación de ningún tipo, “sino sólo el [derecho] de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden” (STC 83/1984 , de 24 de julio, FJ 3), o lo que es lo mismo, a ejercer esa actividad “con plena sujeción a la normativa sobre ordenación del mercado y de la actividad económica general” (STC 135/2012 , de 19 de junio, FJ 5, y las allí citadas).
Constatada la afectación de la medida cuestionada a la libertad de empresa constitucionalmente garantizada, procede plantearse seguidamente qué condiciones deben cumplir esa clase de afectaciones para ser respetuosas con el art. 38 CE.
[D]esde sus primeras resoluciones (STC 26/1981 , fundamento jurídico 15), ha venido a decir el Tribunal que, no siendo los derechos que la Constitución reconoce garantías absolutas, las restricciones a que puedan quedar sometidos son tolerables siempre que sean proporcionadas, de modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo al que propendan, y, por indispensables, hayan de ser inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de libertad protegida, un sacrificio menor.
De esta forma, para ponderar la constitucionalidad de la prohibición impugnada, tanto en lo que se refiere a la libre circulación de bienes como en lo que atañe a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada … es preciso efectuar un juicio de proporcionalidad, en el que, además del objetivo que al establecerla se persigue y comprobando la legitimidad constitucional del mismo, se verifique también la relación de causalidad y necesidad que con él debe guardar la prohibición en cuanto medio ordenado para hacerlo posible.
Sin embargo, este test de proporcionalidad se ha aplicado solamente a regulaciones que pueden afectar al acceso al mercado, al comienzo en el ejercicio de la actividad (vgr. la caducidad de las autorizaciones de farmacia, STC 109/2003 , de 5 de junio, FJ 15) o a regulaciones autonómicas que pueden introducir desigualdad en las condiciones de ejercicio de una actividad empresarial (STC 96/2013 , de 23 de abril, FJ 7, con cita de otras). Pero cuando se trata de regulaciones que “afectan al ejercicio de una actividad empresarial, sin afectar al propio acceso a la misma”, como ocurre en este caso, el canon de constitucionalidad empleado por la jurisprudencia de este Tribunal es algo diferente, pues solamente permite verificar si esas medidas son “constitucionalmente adecuadas”, esto es, si la medida cuestionada “constituye una medida adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, sin que le corresponda a este Tribunal ir más allá, pues ello supondría fiscalizar la oportunidad de una concreta elección del legislador, de una legítima opción política” (STC 53/2014 , de 10 de abril, FJ 7).
a) Por lo que respecta al primero de esos requisitos, nadie ha puesto en duda la legitimidad constitucional del fin perseguido. Sin embargo, ello no debe ser óbice para que este Tribunal Constitucional entre a verificar su concurrencia.
Tampoco puede dudarse de la adecuación de la medida cuya constitucionalidad se cuestiona al fin perseguido por la norma. La inversión forzosa, impuesta por la ley, de cierta cantidad de dinero cada año en la financiación de películas y obras audiovisuales españolas y europeas, cuyo componente cultural ya hemos destacado, evidentemente contribuye a promocionar la cultura y la identidad e identidades europea/s y española/s ínsita en esas obras.
Lo que antecede fundamenta ya la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad. No obstante, resulta pertinente efectuar alguna precisión adicional teniendo en cuenta que la presente cuestión de inconstitucionalidad se ha visto precedida por una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteada por el mismo órgano jurisdiccional (la Sala Tercera del Tribunal Supremo) en el curso del mismo procedimiento (recurso contencioso-administrativo núm. 104-2004) y en relación con la misma medida ahora cuestionada (la obligación de los operadores de televisión de invertir cierta parte de sus ingresos en determinadas obras audiovisuales). Una cuestión prejudicial que fue desestimada por el Tribunal de Justicia por considerar que la mencionada obligación es compatible con el Derecho de la Unión, y más en concreto con las libertades fundamentales consagradas en el Tratado fundacional (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2009, asunto C-222/07, UTECA ).
Obviamente, la desestimación de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no impide el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal Constitucional en relación con el mismo precepto legal, pues una y otra jurisdicción tienen ámbitos diferentes (por todas, STC 28/1991 , de 14 de febrero, FFJJ 4 a 6), ni condiciona el pronunciamiento de este Tribunal en esa cuestión de inconstitucionalidad. Ahora bien, tratándose de limitaciones a la libertad de empresa, la pertenencia de España a un espacio de libre circulación de personas, servicios y capitales, como es la Unión Europea, y la conformidad de la medida cuestionada con esas libertades y principios apreciada por el Tribunal de Luxemburgo, hace que esta jurisdicción constitucional deba tener muy presentes las conclusiones alcanzadas por este último en ese proceso anterior sobre la misma medida ahora sometida a nuestro control, al haber sido esa medida contrastada en ese proceso anterior con normas que en última instancia persiguen preservar el mismo interés jurídicamente protegido en el art. 38 CE.
Ello hace que resulte de especial interés para este proceso constitucional destacar las siguientes manifestaciones efectuadas por el Tribunal de Justicia en la aludida Sentencia UTECA :
Que la obligación impuesta “a los operadores de televisión a destinar el 5 por 100 de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas … no contiene ningún elemento que permita afirmar que tal medida constituye, en la práctica, una restricción a alguna de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado” (apartado 22).
Que, por su parte, “la obligación de destinar a obras cuya lengua original sea una de las lenguas oficiales de [España] el 60 por 100 del 5 por 100 de los ingresos de explotación destinados a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas” sí constituye “una restricción a varias libertades fundamentales, concretamente, a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, a la libre circulación de capitales y a la libre circulación de trabajadores” (apartado 25). Sin embargo, se trata de una restricción compatible con el Derecho de la Unión en la medida en que está “justificada por una razón imperiosa de interés general” consistente en “promover una o varias de sus lenguas oficiales” (apartado 27), es “adecuada para garantizar la consecución de tal objetivo” (apartado 29) y no va “más allá de lo necesario para alcanzar el citado objetivo”, de acuerdo con lo razonado a este respecto en los apartados 30 a 36 de la mencionada Sentencia.
Por todo ello, es obligado concluir que la disposición cuestionada cumple las condiciones a que deben someterse las regulaciones que afectan al ejercicio de la actividad empresarial. Y ello conduce directamente a la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 87
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 87
 resolución

 Real Decreto 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 88
 artículo 88
 Real Decreto 
 Real Decreto