Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A324-08.htm
Timestamp: 2017-11-18 13:53:38+00:00

Document:
A324-08
Auto 324/08
Referencia: expediente I.C.C. 1314
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Medellín -Sala Penal- y el Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-.
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal- y el Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, en la acción de tutela promovida por los señores Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez y Jairo Ernesto Escobar Sánz, Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior Seccional de la Judicatura de Antioquia, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, representada por el Doctor Juan Carlos Yepes Alzate y, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA, representada por la Doctora Rosa Amelia Moreno.
1. Los ciudadanos Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez y Jairo Ernesto Escobar Sánz, Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior Seccional de la Judicatura de Antioquia, interponen acción de tutela contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, representada por el Doctor Juan Carlos Yepes Alzate y, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA, representada por la Doctora Rosa Amelia Moreno, la cual por reparto correspondió al Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal- con funciones de conocimiento, con el fin de que se ordenara a las entidades demandadas disponer el amparo de su derecho fundamental a la igualdad, por el presunto desconocimiento (i) de lo ordenado en la Resolución No 039 de 2008, (ii) darles un tratamiento distinto al otorgado a los magistrados de los Tribunales, (iii) aplicarles la sentencia del diecisiete (17) de abril de dos mil ocho (2008) proferida por el Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta- y (iv) descontarles de sus salarios la retención en la fuente sin la exención del artículo 206 numeral 7° del Estatuto Tributario, haciendo caso omiso de los precedentes establecidos en las Sentencias C-137 de 1996 y C-250 de 2003.
2. Mediante auto de Sala No 47-2008 del veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008), el Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal- con funciones de conocimiento, ordenó remitir de manera inmediata al Consejo de Estado la demanda de tutela por considerar que, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto 1382 del 2000 el juez competente para conocer del asunto sub examine era dicha Corporación. Para la Sala todas las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- deben ser designadas a la misma corporación y han de ser resueltas por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda[1]. Entonces, como quiera que en la presente acción se solicitó que fueran convocados los señores Magistrados del Consejo de Estado, Doctores Juan Ángel Palacio Hincapié, Héctor J. Romero Díaz y María Inés Ortiz Barbosa, el Tribunal Superior de Medellín juzgó necesario enviar el asunto al Consejo de Estado[2].
3. A su turno, mediante Auto del ocho (8) de agosto de dos mil ocho (2008), el Consejo de Estado resolvió devolver el expediente de la referencia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín por estimar que en el caso “sub lite se demanda a una autoridad pública del orden nacional, pues la Dirección de Administración Judicial es una dependencia del Consejo Superior de la Judicatura y éste, como órgano de la Rama Judicial, cumple funciones en todo el territorio nacional, por manera que la competencia para conocer de la acción de tutela, corresponde entre otros, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.”[3]
1.- El Capítulo II del Decreto 2591 de 1991 estableció las reglas para el reparto y conocimiento de los asuntos de tutela a los jueces de la República. Así, en su artículo 37 dispuso que “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud…”
Ahora bien, la Corte recuerda que el Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria, expidió el Decreto 1382 de 2000, “Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela” en desarrollo del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991; sin embargo, la Sala Plena de esta Corporación mediante Auto 085 de 2000 resolvió inaplicar la normatividad contenida en dicho decreto reglamentario por resultar contrario a los mandatos superiores contenidos en la Constitución Política de 1991 en aplicación de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.[4]
Posteriormente, mediante Auto 071 de 2001 esta Corporación estimó que aquella determinación tomada en el año 2000, en el sentido de inaplicar el Decreto 1382 de 2000 por excepción de inconstitucionalidad, tenía efectos interpares por concurrir las condiciones necesarias para darle tal efecto[5]. Ante ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 404 de 2001 en el que decidió suspender la vigencia del Decreto 1382 de 2000 por un año mientras el Consejo de Estado decidía sobre la legalidad del mismo.
En cumplimiento de lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado, en ejercicio propio de su facultad para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad (artículo 237, num 2° de la Constitución Política de 1991), mediante sentencia del 18 de julio de 2002, dispuso:
Corolario de lo anterior es que el Decreto 1382 de 2000 conserve plena fuerza obligatoria y validez jurídica para establecer simples reglas de reparto en asuntos de tutuela, excepto en lo que al numeral 1° del artículo 1° y el inciso 2° del artículo 3° se refiere quedando a salvo su aplicación por parte de esta Corporación para resolver conflictos de competencia[6].
2.- Ahora bien, es totalmente factible que entre dos autoridades judiciales se presente un conflicto negativo de competencia es decir, considerar los dos jueces inmersos en el mismo que no tienen la potestad para conocer del asunto. En ese caso, es el superior jerárquico común funcional de dichos empleados públicos el llamado desatar tal colisión y determinar sobre cuál de los funcionarios inmersos en el conflicto recae el conocimiento del asunto.
En tal sentido, la jurisprudencia[7] de esta Corporación ha dispuesto que los conflictos de competencia que se presenten con ocasión de la interposición de una acción de tutela, corresponderá solucionarlo al superior jerárquico común de las dos autoridades judiciales entre quines se entraba la controversia y sólo en aquellos casos en los que no haya un superior jerárquico común de los juzgados o tribunales en conflicto, asume conocimiento la Corte Constitucional para dar solución a la colisión negativa de competencia[8], en aplicación extensiva de la del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[9].
Por consiguiente, es esta Corte en su calidad de Tribunal Vértice de la Jurisdicción Constitucional la que en aplicación del artículo 18 de la Ley 270 de 1996 debe solucionar los conflictos de competencia que se presenten entre las diferentes autoridades judiciales a quienes les haya correspondido el conocimiento de un asunto de tutela, siempre que los mismos no posean un superior jerárquico funcional común.
3.- Hechas las anteriores precisiones, es importante señalar que el Decreto 1382 de 2000 dispone en su artículo 1°, inciso 1° que en desarrollo del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.”
Así las cosas, es claro que independientemente de que en el escrito de tutela se hayan relacionado en calidad de intervinientes funcionarios de la rama judicial o autoridades del nivel nacional o territorial, lo cierto es que la competencia se determina por quienes aparezcan como demandados en la acción de tutela y no por sus intervinientes, y que cuando ésta se dirija contra varias entidades del nivel nacional o del nivel territorial, el juez a quien le corresponde el conocimiento del asunto se determina por aquella entidad que ostente la mayor jerarquía.
Al respecto, en Auto No. 215 de 2005, ICC 928, esta Corporación se pronunció sobre una demanda presentada contra la Autopista del Café S.A., el Instituto Nacional de Concesiones y el Municipio de Chinchina y, sus consideraciones, explicó que “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía”. En conclusión, tanto de la normatividad que determina el reparto de las acciones de tutela como de la que define el carácter jurídico del Instituto Nacional de Concesiones -INCO-, es válido concluir que corresponde a los Jueces de Circuito o con categoría de tales, el conocimiento en primera instancia de las acciones de tutela que sean interpuestas contra esta entidad. Por lo tanto, en virtud de lo anterior, esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Chinchiná (Caldas) para que asuma el conocimiento de la actuación”.
Por consiguiente, siempre que en el escrito de tutela se demanden varias entidades públicas del nivel nacional o territorial debe aplicarse aquello que la jurisprudencia de esta Corporación ha denominado “fuero de atracción” consagrado en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 en cuya virtud la jurisdicción competente para conocer la acción de tutela que se interponga contra varias entidades públicas de diferentes niveles, es aquella que corresponda a la entidad de mayor jerarquía, la cual, a sus vez, arrastra a las de rango inferior.[10]
4.- En relación con lo anterior, en el caso concreto, se encuentra que según el mencionado artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y el criterio funcional de la jurisdicción constitucional, el Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal- con funciones de conocimiento y el Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, no tienen superior jerárquico común funcional, como quiera que, cada uno de los jueces en mención pertenecen a jurisdicciones distintas: jurisdicción ordinaria y jurisdicción contencioso administrativa, respectivamente. Debido a esto, la Corte aplicará el criterio funcional[11] correspondiente a la jurisdicción constitucional, en atención a que los jueces mencionados obra en el presente proceso como jueces de tutela, luego su ejercicio se despliega dentro de la jurisdicción constitucional en comento. En este orden de ideas, es a la Corte Constitucional –como Tribunal vértice de la mencionada jurisdicción constitucional- a quien corresponde desatar el presente conflicto de competencia.
Los ciudadanos Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez y Jairo Ernesto Escobar Sánz, Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, interponen acción de tutela contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, representada por el Doctor Juan Carlos Yepes Alzate y, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA, representada por la Doctora Rosa Amelia Moreno, con el fin de que se ordenara a las entidades demandadas disponer el amparo de su derecho fundamental a la igualdad, por el presunto desconocimiento (i) de lo ordenado en la Resolución No 039 de 2008, (ii) darles un tratamiento distinto al otorgado a los magistrados de los Tribunales, (iii) aplicarles la sentencia del diecisiete (17) de abril de dos mil ocho (2008) proferida por el Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta- y (iv) descontarles de sus salarios la retención en la fuente sin la exención del artículo 206 numeral 7° del Estatuto Tributario, haciendo caso omiso de los precedentes establecidos en las Sentencias C-137 de 1996 y C-250 de 2003.
Por reparto, dicha acción correspondió al Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal- con funciones de conocimiento, quien mediante Auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008), se declaró incompetente y remitió la demanda al Consejo de Estado por considerar que en aplicación del artículo 1º el Decreto 1382 de 2000 era dicho Alto Tribunal el competente para conocer la acción de tutela impetrada contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA por aparecer relacionados, en calidad de intervinientes, los señores Magistrados del Consejo de Estado, Doctores Juan Ángel Palacio Hincapié, Héctor J. Romero Díaz y María Inés Ortiz Barbosa.
A su turno, mediante Auto del ocho (8) de agosto de dos mil ocho (2008), el Consejo de Estado ordenó devolver el expediente de la referencia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín por estimar que en aplicación el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, cuando se demanda una entidad del orden nacional la competencia radica en los Tribunales Superiores del Distrito Judicial.
En ese orden de ideas, el Alto Tribunal explicó que al pertenecer la Dirección de Administración Judicial al Consejo Superior de la Judicatura y cumplir éste funciones en todo el territorio nacional, la competencia radicaba en el Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal-. En razón de ello, planteó el conflicto de competencia negativo.
5.- De acuerdo con los planteamientos anteriormente señalados, la Sala encuentra que la acción de tutela interpuesta por los ciudadanos Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez y Jairo Ernesto Escobar Sánz, Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior Seccional de la Judicatura de Antioquia, efectivamente, se dirige contra entidades tanto del orden Nacional como del orden territorial; cuestión ésta que no puede derivar en el desconocimiento del asunto por parte de los jueces de tutela por considerar, en el estudio de admisión, que no son competentes para conocer y resolver el problema jurídico que motiva la interposición de la acción de tutela.
Por otra parte, como lo ha señalado esta Corporación, en aplicación del criterio funcional para la resolución de conflictos de competencia y como Tribunal vértice de la jurisdicción constitucional, al juez de conocimiento no le es dado entrar a determinar a priori contra quiénes debe dirigirse la acción, sin haber realizado un análisis fáctico y jurídico del asunto y menos aún, determinarlo por quienes aparezcan relacionados como intervinientes en el escrito de tutela.
Ahora bien, visto que al Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal- le correspondió, por reparto, el conocimiento del asunto y que el mismo se declaró incompetente, por cuanto que a su juicio el directamente llamado a responder por la solicitud impetrada es el Consejo de Estado y que, una vez llegado al conocimiento de dicho Alto Tribunal, el mismo planteó el conflicto de competencias negativo; la Sala encuentra que en aplicación del artículo primero, inciso primero del Decreto 1382 de 2000, el juez competente para dar trámite al asunto objeto de este pronunciamiento es el Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal-, toda vez que las entidades demandadas, entre otras, son del orden Nacional.
En efecto, siendo que en el caso concreto confluyen diferentes entidades, unas de orden Nacional, otras del orden Departamental, para cuya competencia jurisdiccional están asignados jueces con distintos rangos, por regla general la competencia recae sobre aquél juez que ostente la mayor jerarquía; autoridad que para el caso concreto es el Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal-. Esto, independientemente de que los peticionarios en el escrito de tutela hayan solicitado la intervención de los señores Magistrados del Consejo de Estado, Doctores Juan Ángel Palacio Hincapié, Héctor J. Romero Díaz y María Inés Ortiz Barbosa, pues se repite la competencia para el conocimiento y trámite de una acción de tutela se determina por quiénes aparezcan como demandados en la acción de tutela.
6.- Por las razones expuestas, la Sala encuentra que dentro del proceso de la referencia, obrando como demandados la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA el competente para resolver la acción de tutela promovida por los ciudadanos Adolfo Hernández Quiñónez y Jairo Ernesto Escobar Sánz, Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior Seccional de la Judicatura de Antioquia, es el Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal-, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
Primero.- Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por los ciudadanos Adolfo Hernández Quiñónez y Jairo Ernesto Escobar Sánz contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA, al Tribunal Superior de Medellín –Sala Penal-, para que le dé trámite y decida en forma inmediata.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 324 DE 2008
Referencia: ICC-1314
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Medellín -Sala Penal- y el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-
[1] Decreto 1382 de 2000, artículo 1, numeral 2, inciso 2.
[2] Cuaderno 1, folios 75, 76, 77 y 78.
[4] La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1382 de 2000 por considerar que al reglamentar el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Presidente de la República se había excedido en sus funciones “reglamentarias” y había introducido modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela, a través del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
[5] Así lo señaló la Corte en aquella oportunidad: “La Corte Constitucional estima necesario indicar que cuando en la parte resolutiva de sus providencias decide inaplicar una norma y aplicar de manera preferente un precepto constitucional, la resolución adoptada tiene efectos respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares, cuando se presentan de manera simultánea las siguientes condiciones: Que la excepción de inconstitucionalidad resulte de la simple comparación de la norma inferior con la Constitución, de la cual surja una violación, no sólo palmaria, sino inmediata y directa de una norma constitucional específica, tal y como ocurre en este caso; que la norma constitucional violada, según la interpretación sentada por la Corte Constitucional, defina de manera clara la regla jurídica que debe ser aplicada, como sucede en este caso que la inconstitucionalidad pueda ser apreciada claramente, sin que sea necesario sopesar los hechos particulares del caso y, por lo tanto, la inconstitucionalidad no dependa de tales hechos; que la norma inaplicada regule materias sobre las cuales la Corte Constitucional ha sido investida por la Constitución de una responsabilidad especial, como es el caso de la acción de tutela y la protección efectiva de los derechos fundamentales, que la decisión haya sido adoptada por la Sala Plena de la Corte en cumplimiento de su función de unificar la jurisprudencia o haya sido reiterada por ella.”
[6] Corte constitucional. Auto 108 B del 23 de julio de 2002 y Auto 346 de 2006.
[7] Corte Constitucional. Auto 030 de 2007.
[8] Corte Constitucional. Autos 086 de 2007, 030 de 2007, 176 de 2007, 203 de 2007.
[9] Ley 270 de 1996: Artículo 18: “Conflictos de Competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.
[10] Corte Constitucional. Auto 023 de 2008
[11] Cfr. Corte Constitucional. Auto 031 de 2002; ICC-647 de 2003.

References: Resolución 
 artículo 206
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 37
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 artículo 18
 Resolución 
 artículo 206
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
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