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Timestamp: 2017-11-24 07:10:21+00:00

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Sentencia Penal Nº 141/2012, AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 90/2012, 19-03-2012 | Iberley
Sentencia Penal Nº 141/2012, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 1, Rec 90/2012 de 19 de Marzo de 2012
Sentencia Penal AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 246/2013, 17-06-2013
Órden: Penal Fecha: 17/06/2013 Tribunal: Ap - A Coruña Num. Recurso: 246/2013
Sentencia Penal Nº 9/2011, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 2/2011, 12-01-2011
Órden: Penal Fecha: 12/01/2011 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Rodriguez Martinez, Lamberto Juan Num. Sentencia: 9/2011 Num. Recurso: 2/2011
Sentencia Penal Nº 397/2010, AP - Alicante, Sec. 2, Rec 14/2009, 11-05-2010
Órden: Penal Fecha: 11/05/2010 Tribunal: Ap - Alicante Ponente: De Urquia Gomez, Faustino Num. Sentencia: 397/2010 Num. Recurso: 14/2009
Sentencia Penal Nº 500/2011, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10958/2010, 16-05-2011
Órden: Penal Fecha: 16/05/2011 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Prego De Oliver Tolivar, Adolfo Num. Sentencia: 500/2011 Num. Recurso: 10958/2010
Sentencia Penal Nº 994/2006, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 683/2005, 09-10-2006
Órden: Penal Fecha: 09/10/2006 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Monterde Ferrer, Francisco Num. Sentencia: 994/2006 Num. Recurso: 683/2005
Solicitud de subsanación de errores en la sentencia. Jurisdicción civil
NOTA: El artículo 267 de la LOPJ dispone que los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Esas aclaraciones a ...
Resolución de TEAF Navarra, 980098, 15-10-1999
Núm. Resolución: 980098
Resolución de TEAF Navarra, 970679-970683, 20-11-2000
Núm. Resolución: 970679-970683
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 04/05/2006
Núm. Resolución: 00/537/2006
Ponente: Picatoste Sueiras, Ignacio Alfredo
Núm. Sentencia: 141/2012
Núm. Recurso: 90/2012
Núm. Cendoj: 15030370012012100139
SENTENCIA: 00141/2012
I251D4A6
N.I.G.: 15030 43 2 2006 0024102
ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000090 /2012
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000251 /2010
RECURRENTE: Federico
Procurador/a: ANA MARTA BAAMONDE HURTADO
Letrado/a: JOSE IGNACIO FRANCAS SANCHEZ
LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA COURÑA, CONSTITUIDA POR LOS ILMOS SR.D. ÁNGEL MARÍA JUDEL PRIETO-PRESIDENTE, D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y D. IGNACIO ALFREDO PICATOSTE SUEIRAS - Magistrados/as
En A CORUÑA, a 19 de marzo de 2012.
VISTO, por esta Sección 001 de esta Audiencia Provincial en la causa arriba referenciada, el recurso de apelación interpuesto por el Procurador ANA MARTA BAAMONDE HURTADO, en representación de Federico , bajo la dirección letrada del Sr. Francés Sánchez contra Sentencia dictada en el procedimiento PA : 0000251 /2010 del JDO. DE LO PENAL nº: 005 ; habiendo sido parte en él, como apelante el mencionado recurrente, como apelado MINISTERIO FISCAL, en la representación que le es propia, actuando como Ponente el/la Magistrado/a Ilmo/a. Sr./a. IGNACIO ALFREDO PICATOSTE SUEIRAS.
PRIMERO.- En el procedimiento de referencia se dictó Sentencia con fecha 19-10-11 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar condeno a Federico como autor criminalmente responsable de un delito de estafa, ya definido, no concurriendo circunstancias modificativas, a la pena de PRISION DE SEIS MESES, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y al abono de las costas de este juicio.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado Federico indemnizará Estela en la suma de 452,39 euros por el precio pagado y los gastos bancarios que le ocasionó a la víctima. Con aplicación a dicha cantidad, en su caso, de los intereses previstos en los arts. 1.108 del C. Civil y 576 de la Ley de enjuiciamiento Civil ".
CUARTO.- Por el Órgano Judicial sentenciador se remitieron a este Tribunal los autos originales con todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, la que tuvo lugar el día de su fecha.
Se aceptan los de la resolución recurrida, que se dan por reproducidos de cara a la brevedad de la presente.
PRIMERO.- La cuestión objeto de debate en esta sede se limita a la definición de la conducta del apelante en relación con el único ilícito objeto de pronunciamiento condenatorio, respecto del que el recurso argumenta que se basa en una valoración equivocada de la prueba. Se pretende que la mera contradicción entre las versiones sobre los hechos de la denunciante y principal testigo de cargo y el acusado sobre el contenido y los términos de la relación negocial existente entre ellos, por su propia existencia y de forma acrítica, bastaría para dictar una sentencia absolutoria, limitando la cuestión, a lo sumo, a una controversia de carácter civil.
La primera parte de este argumento carece de recorrido. El simple hecho de que sean distintas las versiones de los implicados en el mismo sobre una cuestión, sea cual sea su condición, no crea un escenario de imposible solución, como parece que supondría en último término el recurso, sino que abre un proceso de integración de lo actuado (hay más pruebas aparte de las personales) a través de un examen racional del material probatorio (para someterlo a lo que la doctrina llama doble juicio de credibilidad: a que se otorga crédito y cuanto se le otorga en relación con los demás elementos tenidos por ciertos). Incluso en el caso de las subsistencia de versiones contradictorias como prueba única el resultado no es el que la parte pretende, dada la validez jurisprudencialmente admitida de la testifical única como prueba de cargo, previo concurso de determinados requisitos como se expone en las recientes SSTS números 1023 y 1321 de 5/X y 5/XII/2011 , sino que supone un refuerzo del deber de razonamiento y motivación de cara a la adopción de la decisión sobre el fondo del asunto. La disparidad de versiones no genera por si misma una situación de ausencia de prueba o de derecho a la duda, sino todo lo contrario. Supone una situación que puede ser resuelta extremando el rigor en la valoración y en el razonamiento sobre la prueba, que solo puede dar lugar a la absolución por el principio in dubio pro reo como cláusula de interpretación y no como derecho conectado con la presunción de inocencia de manera residual como una especie de obligatoriedad de la duda basada en un criterio de aceptación por la parte de lo probado en vez de en el criterio judicial, limitándose a formar una regla de valoración que instaura como consecuencia de un juicio dubitativo el natural resultado de una decisión absolutoria. En este sentido, sobre la resolución de versiones contradictorias y principio pro reo, ver respectivamente las SSTS de 29/XI y 5/XII/2011 , y las de 27/I, 30/VI y 21/VII/2011 .
Respecto de la segunda, las actuaciones nos permiten valorar una situación que supera el margen de la pura discrepancia contractual. Partimos de la base de que cualquier crítica a la labor estimativa realizada por la Juez de lo Penal solamente se puede hacer desde la denuncia de alguna clase de omisión en el material valorado, pero no en la racionalidad o imparcialidad del razonamiento seguido, como pone de manifiesto el que en virtud del mismo se llegó a una decisión absolutoria respecto de los otros dos ilícitos objeto de acusación que la parte no objeta. Y dicho esto, partiendo de la realidad de la entrega de dinero y de la falta de entrega del perro, los argumentos expuestos en la sentencia se pueden asumir perfectamente en esta alzada, dado que superan el marco de la decisión basada en la pura inmediación, que de por sí serían suficientes para conservar lo resuelto a salvo de error material o racional, lo que no se da en caso que nos ocupa. No es posible cuestionar en vía de recurso la credibilidad de los testimonios prestados bajo inmediación, ya que la jurisprudencia constitucional establece un modelo de apelación restringida que limita la función de órgano revisorio al control de la suficiencia y racionalidad del acervo probatorio y de su valoración (sobre límites e intangibilidad en fase de recurso de la inmediación, ver las SSTS números 783 y 1320, de 14/VII y 9/XII/2011 y 32 de 25/I/2012). Y en virtud del crédito concedido a las manifestaciones de la denunciante, en el sentido de que la cantidad entregada era la correspondiente a la totalidad del precio, lo que confirma el resguardo de la transferencia que consta en el folio 22 de la causa en el que figura como concepto de la operación "compra cachorro yorkshire", sin nota alguna de reserva o salvedad sobre su carácter parcial, a cuenta o como señal, queda rebatida la pretensión del apelante de justificar la falta de entrega por el disenso sobrevenido de la compradora que, según su relato pretendió la devolución del dinero al encontrar una oferta que le resultó más conveniente. Nada respalda tal relato: ni consta comunicación alguna en tal sentido, como sería lógico dados los tratos que habrían debido de tener lugar, ni parece que el procedimiento penal sea el cauce más adecuado para dar curso a tal pretensión, ante la facilidad con la que se podría rebatir esa versión y reubicar el hecho en su justa medida. Todo ello supone un iter cuyos diversos actos integran necesariamente el delito de estafa, al existir un engaño bastante para condicionar la realización de un acto patrimonial de naturaleza dispositiva en perjuicio, en este caso, de quien lo realiza. Como es frecuente, la cuestión determinante de la calificación del hecho como ilícito penal es la del momento y la suficiencia del engaño (SSTS números 499, 837, y 1161 de 3/VI , 22/VII y 31/X/2011 ), que en el caso que nos ocupa se desprende de la propia actuación del acusado, quien cerró el acuerdo de venta para después, simple y llanamente, incumplirlo tras haber recibido el precio. Corresponde señalar que el marco que rodeó a la operación era perfectamente efectivo y apto para crear una apariencia suficientemente convincente para decidir a la concreción del negocio, al mediar un anuncio en internet, en lo que aparenta ser una clara operación de "fishing" destinada captar clientes que buscan información en la red, y revestir la operación en un principio la totalidad de las formas habituales al proporcionarse una cuenta bancaria para el pago y teléfonos y correos electrónicos para las comunicaciones, con lo que la apariencia de normalidad era plena. Ese engaño fue, pues, suficiente y determinante, y al mismo hay que añadir que en él iba implícita la falta de voluntad de cumplimiento del apelante, como demuestra que la causa con la que intenta justificar la no entrega solo tiene el respaldo de sus manifestaciones. En resumidas cuentas el recurso es claramente insuficiente en hechos y argumentos para objetar la sentencia de grado, por mucho que el recurso incida en aspectos valorativos, como la pretensión de que su interpretación de los hechos tiene que prevalecer por su sencillez, cuando lo más sencillo es atenerse a lo probado; o absolutamente tangenciales sobre la prueba, como las desconfianzas y dudas mostradas por la denunciante; o sobre la credibilidad de los testimonios, que no le corresponde decidir y que ataca sin tener en cuenta su respaldo documental; o sobre las intenciones de la compradora, deducidos en contrario de la postura que asume.
SEGUNDO.- Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar íntegramente la resolución apelada, que valora adecuadamente la prueba válidamente practicada y, a partir de ella, realiza una adecuada calificación jurídica de los hechos e impone una pena proporcionada a la entidad de la conducta desarrollada.
TERCERO.- La confirmación de la sentencia implica la imposición de las costas procesales al apelante, al haberse desestimado el recurso y entrar en juego el criterio de vencimiento objetivo establecido por el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el recurso de casación y los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicables al caso por el carácter subsidiario de dicha norma que establece su artículo 4 en defecto de disposiciones expresas en el proceso penal (ver SSTS de 18/III , 18/XI y 16 y 27/XII/2010 ).
Vistos los preceptos legales citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Federico contra la sentencia dictada con fecha 19 de octubre de 2011 por el Juzgado de lo Penal número Cinco de los de A Coruña en los autos de Juicio Oral número 251/2010, confirmando su contenido íntegramente. Todo ello con expresa imposición a la parte apelante de las costas procesales devengadas en esta instancia.

References: artículo 267

Resolución 

Resolución 
 resolución 
in dubio
 resolución 
 resolución 
 artículo 901
 artículo 4