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Timestamp: 2020-01-17 15:25:25+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 279-2043, de 04/12/2013
cve: BOCG_D_10_279_2043
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Estado de Bienestar que, con el esfuerzo colectivo del conjunto de la sociedad española, se había logrado consolidar con grandes carencias en las últimas décadas se caracterizó por ofrecer seguridades, no siendo de las menos importantes contar con una pensión suficiente al alcanzar la edad de jubilación o sufrir alguna otra contingencia cubierta.
La Seguridad Social es la institución pública a través de la cual se cumple con el mandato recogido en el artículo 50 de la Constitución Española que obliga a los poderes públicos a garantizar prestaciones suficientes en situaciones de necesidad, como consecuencia de la pérdida de ingresos propios de las personas en activo, por razones de edad, enfermedad o de pérdida de ingresos familiares.
El sistema público de Seguridad Social es la institución fundamental para garantizar el mantenimiento de ingresos al dejar la vida laboral activa, juega un papel clave en la distribución social de la riqueza y la
cohesión social. Se trata de un sistema contributivo (se recibe en función de lo cotizado con la garantía de una prestación mínima) se basa en la solidaridad interpersonal, intergeneracional e interterritorial y, por último, su gestión y control son públicos.
A pesar de los muchos intentos realizados por los poderes económicos y sus representantes políticos, nuestro sistema de seguridad social mantiene íntegras las características de un sistema público, de contribución, de reparto y solidario. Desde los años 80, en toda Europa existe una fuerte presión para proceder a cambios en la naturaleza de los sistemas públicos de seguridad social. El objetivo, recogido en algunos de las recomendaciones de la UE (como el Libro Blanco de la Comisión Europea, publicado en febrero de 2012, titulado «Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles») es una profunda transformación de esta institución pública y la transferencia de la gestión de una parte de los recursos a la esfera privada. No se trata solo de un proyecto de naturaleza económica y objetivo privatizador. Existe una clara batalla para transferir poder político de la esfera de lo público a la esfera de lo privado. Cuanta más parte de la riqueza global se canalice y gestione a través de instrumentos privados y menos a través de instrumentos públicos, más poder van a tener los mercados financieros y menos la sociedad a través de sus instituciones democráticas.
Para imponer esta política de reducir el papel del sistema público de seguridad social, abriendo espacio al desarrollo de los sistemas privados de capitalización, se utiliza siempre la misma estrategia. Se parte de la existencia de retos o problemas reales, para a continuación construir la falacia de que la única respuesta posible es la reducción de derechos de Seguridad Social. Es decir, se destruye la sensación de seguridad de contar con una prestación adecuada.
Con el Proyecto de Ley, mal llamado de sostenibilidad y revalorización de las pensiones, el Gobierno vuelve a utilizar las mismas falacias. Y ello nos lleva a la necesidad de concretar cuál es el diagnóstico que hacemos de la situación de la Seguridad Social española. Y sobre la base del cual formulamos este Veto y las enmiendas parciales que en su momento presentaremos.
Nuestro sistema tiene en el horizonte a medio plazo retos importantes, fundamentalmente derivados de un previsible crecimiento del gasto en pensiones en las próximas décadas, sin que exista la misma certeza en relación a los ingresos. El aumento de los gastos se desprende de factores diversos, como la incorporación a la condición de pensionistas de cohortes importantes, vinculadas a décadas pasadas en las que se produjeron incrementos significativos de la natalidad. También del aumento previsible de la esperanza de vida y por tanto del período de tiempo en que los pensionistas van a estar percibiendo sus pensiones. Y otro factor, relacionado con los cambios —hasta ahora aumentos— de la pensión media, como consecuencia del proceso de substitución de pensiones antiguas con menor intensidad protectora, por otras con una mayor y mejor carrera de cotización y en consecuencia con expectativas de pensión más elevada. Todos estos factores permiten afirmar que en las tres próximas décadas se va a producir un aumento del gasto en pensiones. Pero a continuación debe añadirse que el margen de que dispone España para abordar este reto es significativo, porque partimos de un gasto en pensiones del 10,7% del PIB —que sería mucho menor si no hubiera caído en picado y como consecuencia de la crisis el valor nominal del PIB español— mientras el gasto medio de la UE está situado en el 13,5%.
Para abordar este reto a medio plazo es necesario no solo adoptar medidas vinculadas al gasto, sino también y fundamentalmente vinculadas a los ingresos. Algunas de estas medidas tienen que ver, con la necesidad de aumentar la base demográfica del sistema, a partir de políticas que incentiven la natalidad o las que ordenen los flujos migratorios de manera racional. Otras, afectan a la necesidad y oportunidad de aumentar nuestras tasas de actividad y ocupación, muy deterioradas por la crisis y por las políticas laborales, reflejadas en las Reformas adoptadas en los últimos años. Necesitamos más empleo, con mayor productividad y cotizaciones más elevadas, vinculadas a empleos de calidad, lo que choca con la devaluación interna que ha impuesto el Gobierno como salida a la crisis que se ha traducido en empleo, cuando no paro, en peores condiciones y con salarios más bajos.
En este mismo orden de los retos en el volumen y estructura de los ingresos, conviene destacar el relativo agotamiento de los procesos de mejora de la recaudación de ingresos contributivos. Un margen que existiendo es menor que hace unos años. Con lo que claramente el sistema de seguridad social debe plantearse el interrogante de los cambios en su estructura de financiación y en las fuentes de los ingresos.
En todo caso y de cara al siglo XXI es importante incorporar las políticas de sostenibilidad en una doble dimensión. Como límites a un determinado modelo de crecimiento sin desarrollo y al mismo tiempo como una de las palancas del desarrollo económico del siglo XXI.
En otro plano distinto, tanto a nivel temporal, como en sus causas, aparece unos riesgos más cercanos en el tiempo, que se presentan en forma de desequilibrios presupuestarios entre los ingresos y los gastos. Un desequilibrio que en ningún caso puede imputarse a un aumento de los gastos, que en los últimos años han pasado de crecer a un ritmo interanual superior al 8% en el inicio de la crisis a un 3,6% que está previsto crezca el gasto en pensiones en 2014. El desequilibrio aparece como consecuencia de la caída de la recaudación que tiene como principales causas, la caída del empleo con tres millones menos de cotizantes, la conversión de muchos empleos a tiempo completo en empleos a tiempo parcial, la reducción de salarios con el consiguiente impacto en las cotizaciones y las bonificaciones a las cotizaciones empresariales que han proliferado.
En este sentido conviene señalar que no estamos solo ante las inexorables consecuencias de la crisis, sino también ante los impactos que las políticas económicas y laborales tienen para el sistema de seguridad social. No se puede pretender que la adopción en la Reforma Laboral de medidas que facilitan el despido, incentivan la contratación parcial y buscan la caída de salarios como factor de depreciación interna, no tengan efectos en el sistema de Seguridad Social. O que cuando estos efectos se produzcan, sus consecuencias se externalicen hacia los propios trabajadores, ahora en su condición de pensionistas.
Ante este impacto de la crisis en las cuentas de la seguridad social, las medidas a adoptar deben tener en cuenta una temporalidad rápida y dirigirse al problema que las provoca, que no es un incremento desmesurado del gasto, sino una caída brusca de los ingresos por cotizaciones. En este capítulo son muchas las propuestas que los diferentes grupos presentes en la Comisión del Pacto de Toledo hemos presentado para aumentar los ingresos a corto y medio plazo. Propuestas que deben jugar un papel complementario al del uso racional y ordenado del Fondo de Reserva que, en su momento más álgido llego a sumar cerca de 70.000 millones de euros y que ahora, después de haberse dispuesto de algunas partidas, va a terminar el año con una dotación cercana a los 55.000 millones de euros.
Las organizaciones sindicales y empresariales y organizaciones políticas presentes en el Pacto de Toledo han expresado nítidamente su voluntad y disponibilidad a la negociación. Una disponibilidad que se ha puesto de manifiesto con el acuerdo alcanzado acerca del sistema de cotización de los contratos a tiempo parcial, recogida en el Decreto Ley 11/2013. A pesar de ello el Gobierno ha decidido la presentación de un Proyecto de ley que no tiene ningún soporte y que cuenta con la oposición de todos los grupos de la Cámara, menos del PP, que da soporte al Gobierno. Un rechazo que también se ha puesto de manifiesto en el dictamen contrario al Proyecto de Ley aprobado por el Consejo Económico y Social de España, con los votos de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
Una vez más, con la presentación de este proyecto de ley, el Gobierno del PP abandona la cultura del diálogo social con sindicatos y empresarios y del diálogo político en el marco del Pacto de Toledo y aprovecha la crisis como una oportunidad para imponer recortes en derechos sociales. Y lo hace con argumentos tramposos y propuestas de gran opacidad.
La primera trampa es utilizar la crisis como argumento para acelerar al año 2019 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011 para los años 2027/32. Esa fecha se relaciona con el momento en que se prevé un incremento del gasto en pensiones al incorporarse como pensionistas las generaciones del baby boom. Evidentemente estas generaciones no van a llegar a la edad de jubilación (65/67 años) antes de lo que estaba previsto. En consecuencia, adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2019 no está justificado por razones objetivas. Cada vez es más evidente que dicho adelanto respondía a la voluntad de enviar a los mercados un mensaje que contribuyera a contener la prima de riesgo: la garantía de pago de los vencimientos de la deuda con los recursos que se detraen del sistema de pensiones.
Además, el factor de sostenibilidad pone en marcha la estrategia del Caballo de Troya. Se explica que se defiende el modelo de seguridad social público, mientras se intenta que la cultura y ciertas metodologías del sistema privado de capitalización individual se incrusten en los sistemas públicos. Como una pequeña brecha en el sistema público, contributivo y de reparto, que más adelante se pretenderá ensanchar.
La segunda trampa del PP es utilizar el argumento de que la crisis ha acelerado el desequilibrio entre ingresos y gastos, porque ese desequilibrio a corto plazo no es imputable, como ya se ha explicado, a un aumento del gasto en pensiones, sino a la caída en picado de los ingresos. Y en consecuencia, la solución no puede venir de una reducción de las expectativas de pensiones futuras, sino en una mejora de los ingresos.
La caída de ingresos viene provocada por: pérdida de más de 3 000 000 de cotizantes en los últimos 4 años, entre 12 y 15.000 millones de euros de reducción de ingresos; reducción del 13.4% de
cotizantes a jornada completa (3 000 000 de personas) que han sido sustituidas por cotizantes a jornada parcial; una economía sumergida que representa el 19% del PIB con la correspondiente pérdida de recursos fiscales y de contribuciones.
Además conviene recordar que España es uno de los países que menos gasto dedica a pensiones, el 10,7% del PIB, frente a la media de la Unión Europea del 13,5%. Y si es cierto que las proyecciones de futuro indican un aumento del gasto en el plazo de 35/40 años, también lo es que España nunca supera a la media de la UE en esas proyecciones.
La tercera trampa del PP es utilizar y manipular a los jóvenes contra sus padres y abuelos. La utilización del concepto de «factor de equidad generacional», tiene como objetivo trasladar a la ciudadanía una falsedad, la idea de que las pensiones futuras de los jóvenes de hoy dependen de la reducción de las expectativas de pensión de sus padres o de la pérdida de poder adquisitivo de sus abuelos. El Gobierno intenta utilizar a los jóvenes contra sus padres y sus abuelos, manipulando la propia lógica de funcionamiento del sistema de Seguridad Social. La garantía de que los jóvenes de hoy tengan pensiones mañana pasa por ofrecerles hoy empleo de calidad con el que pueda cotizar para cobrar las pensiones del mañana, en función de la contribución realizada. Y garantizando que en el momento de su jubilación, existirá un nivel elevado de población ocupada y trabajos decentes con capacidad para cotizar y con esas cotizaciones sufragar las pensiones. No es congelando las pensiones de sus abuelos o reduciendo los derechos de sus padres como se van a garantizar las pensiones de los jóvenes.
La cuarta trampa del PP es pretender que la solución pasa por reducir gastos en pensiones y no por aumentar los ingresos del sistema de seguridad social. Existe la necesidad y la posibilidad de mejorar los ingresos, tanto los contributivos de las cotizaciones como los de origen fiscal. En estos términos conviene destacar la moción subsiguiente a interpelación que el pasado 17 de octubre contó con el voto favorable de todos los grupos de la Cámara a excepción del PP. A corto plazo esta estrategia de aumento de los ingresos pasa por la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y de una aumento transitorio de los ingresos, que en forma de Contribución Social Generalizada debería recaer en el esfuerzo de todos los sectores sociales y factores productivos, no solo de los trabajadores. También por el aumento de las bases máximas y mínimas de cotización, acompañadas de una actualización de las pensiones máximas. Por la inclusión en las bases de cotización de conceptos hoy excluidos y que en cambio sí forman parte de la base imponible del Impuesto de la renta de las Personas Físicas. Por la asunción por parte del Estado y sus presupuestos de una parte de los costes de gestión de la Seguridad Social, hoy financiados exclusivamente vía cotizaciones. A medio plazo por la vía del crecimiento del empleo y de la calidad y productividad de los puestos de trabajo y en consecuencia de las cotizaciones. También del aumento en las aportaciones fiscales, previstas ya en el Pacto de Toledo en el marco de una reformulación de las pensiones de muerte y superveniencia, que a pesar de no tener una naturaleza estrictamente contributiva se financian con cotizaciones.
La quinta trampa del PP consiste en aprobar un cambio radical en el sistema de revalorización de pensiones que es opaca en su diseño y funcionamiento, arbitraria en la fijación de la cuantía de la revalorización e injusta en sus consecuencias de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, en línea a lo manifestado en el Dictamen del CES —Consejo Económico y Social—.
La actual formula de revalorización de las pensiones a partir de la evolución del IPC es transparente, porque depende de un indicador público y sencillo. Garantiza el poder adquisitivo como un derecho y no como una concesión discrecional o arbitraria del Gobierno de turno. Y no es inflacionaria, porque se determina sobre las previsiones iniciales del IPC, siempre a la baja.
En cambio la nueva fórmula del Gobierno incorpora grandes dosis de arbitrariedad y además va a provocar importantes pérdidas de poder adquisitivo. Además de ser procíclica en relación a la evolución de la economía, en la medida que prevé que a igual inflación la revalorización sea menor en momentos de crisis y mayor en momentos de bonanza.
La sexta trampa del PP es decir que la nueva forma de revalorización no va a provocar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas actuales. Los datos aportados por la propia Memoria explicativa del proyecto de Ley permiten afirmar que «haberse aplicado la fórmula del Gobierno en 2011 y 2012, los pensionistas habrían perdido 5,3 puntos de poder adquisitivo, que sólo recuperarían después de 21 años consecutivos de superávit de la Seguridad Social». De la misma Memoria se desprende que, con una previsión mediana de inflación del 1%, los pensionistas dejarán de cobrar en los próximos años 33 000 millones de euros.
Ante la evidencia de la falta de razones que justifiquen la reforma urgente del PP, el único argumento para plantear una reforma por la vía de urgencia es que, siguiendo los dictados de la Troika, se quiere aprovechar la crisis como una gran coartada y una gran oportunidad para imponer los intereses de los lobbies económicos que persiguen desde hace décadas en un recorte de las pensiones que comporte un menor gasto y una pérdida de peso económico y político de la Seguridad Social pública. Y se pretende hacerlo ahora (ahora o nunca parecen decir) con la garantía que les ofrece la mayoría absoluta del PP que da soporte al Gobierno.
Que la Seguridad Social española necesita reformas es una realidad. De hecho si alguna cosa ha hecho la Seguridad Social española ha sido estar en permanente reforma y transformación. Además de que el gasto público en pensiones en relación al PIB no ha dejado de crecer, tenemos algunos elementos de mejora significativa —con todas las insuficiencias que se quiera, pero mejoras— que no podemos obviar o menospreciar. Desde la creación de las pensiones no contributivas, hasta el establecimiento de complementos de mínimos o el incremento por encima del IPC de las pensiones más bajas, que además son fruto de procesos de movilización social y de acuerdos en el dialogo social. También la ampliación de colectivos cubiertos por la Seguridad Social, la mejora de la cobertura de algunos regímenes especiales, la generalización de la jubilación anticipada a los 61 años —a pesar de los últimos ajustes del Real Decreto Ley 5/2013—. Y en el terreno de la financiación, el aumento importante de las aportaciones fiscales al sistema de Seguridad Social y la creación del Fondo de Reserva.
Pero una cosa es que las Reformas sean necesarias y otra que las presentadas por el Gobierno vayan dirigidas a resolver los retos a medio largo plazo y los desajustes a corto. Por ello resulta más incomprensible la falta de diálogo y negociación real, tanto a nivel social como a nivel político, por parte del Gobierno. Una falta de dialogo que tiene su origen en los compromisos firmes asumidos por el Gobierno de España con la Troika y en contrapartida a las ayudas recibidas para el rescate bancario. Y también en la oportunidad que ofrece al Gobierno la mayoría absoluta para abordar una contra-reforma de esta naturaleza sin tener que negociar ni dialogar con otros agentes.
Por estas razones presentamos este veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Ester Capella i Farré.
El presente Proyecto de Ley supone un empobrecimiento de la población —subrayando el proceso de dualización social—, un recorte del Estado social y del Estado del Bienestar y un impulso a la privatización de las pensiones. Si sumamos a este proceso los recortes sociales que se están produciendo y el aumento del gasto privado para compensar la reducción del gasto público, nos encontramos con un generalizado proceso de empobrecimiento, que agudiza las situaciones de precarización social y de salud de las personas mayores, a la vez que los procesos de exclusión, marginación, pobreza relativa e, incluso, pobreza absoluta.
No obstante, el proceso de empobrecimiento no afecta sólo a las personas pensionistas, sino que afecta a toda la población. Cuando se debilita el Estado social y del Bienestar, toman relevancia las redes de solidaridad familiar, especialmente intergeneracional, para compensar la reducción del gasto público. Este proceso se produce en un doble sentido: los mayores que requieren de la colaboración de sus familias para vivir con dignidad; y, asimismo, las familias que están pasando dificultades económicas y que se ven obligadas a depender para su supervivencia de la pensión de sus mayores.
De forma continuada, distintos gobiernos españoles han ido aprobando en los últimos años medidas tendentes a debilitar el sistema público de pensiones, dificultando el acceso al mismo, congelando y no revalorizando las prestaciones, alargando la edad de jubilación, etc.
Pese al creciente porcentaje de ciudadanos instalados en el umbral de la pobreza, pese a que decenas de miles de pensionistas deben dedicar una buena parte de su pensión a alimentar a sus hijos, pese al proceso de dualización de nuestra sociedad tan acelerado, pese a haber cuestionado cuantías y regímenes, pese a que los recursos destinados a pensiones en el Estado español se sitúa tres puntos por debajo del promedio establecido en la Unión Europea, pese a que cerca de cinco millones de personas gozan de pensiones situadas en el umbral de la pobreza, el gobierno actual presenta una nueva reforma de las pensiones, sin haber alcanzado ningún tipo de acuerdo con los agentes sociales, que entierra la no pérdida del poder adquisitivo de las pensiones justificando tal medida afirmando que en los años de bonanza económica se recuperará la parte no incrementada. En definitiva, el proyecto de ley pretende reducir las prestaciones presentes y futuras, no revalorizarlas, sentar las bases de un progresivo decrecimiento del gasto en prestaciones de jubilación obviando las propuestas planteadas por los agentes sociales y partidos políticos.
Es por ello que, ante un proyecto del gobierno que empequeñece y representa un ataque a un sector de la sociedad que, como clases pasivas, no tiene la posibilidad de hacer compatible la prestación con el trabajo. Ante un proyecto de ley convertido en ariete capaz de abrir un nuevo boquete en el sistema público de pensiones que posibilite la entrada e irrupción de los sistemas privados, que se incardina en el progresivo desmantelamiento del estado del bienestar visualizado en los recortes ejecutados en sanidad, educación y otros ámbitos cruciales del mismo, en la misma devaluación salarial, en la nueva legislación regresiva de la negociación colectiva, en la congelación del salario mínimo interprofesional o en la reducción de las políticas activas de empleo.
Por todo ello, se presenta veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.
De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga Llano (GPMX),
de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)
y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)
El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
1. El Proyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social se enmarca dentro de la política general neoliberal impulsada por el Gobierno del PP tendente a la debilitación y recorte de los ámbitos asistenciales y prestacionales públicos (Educación, Sanidad, Asistencia Social…) y su creciente privatización.
Parejo a lo anterior, se está realizando una inmensa transferencia de recursos y rentas desde el ámbito público (recortes en las prestaciones por desempleo, en el régimen de pensiones…) hacia el privado y, en especial, hacia el sector bancario y financiero, responsable principal del impulso de una
economía hueca, artificial, asentada en el cemento y la especulación inmobiliaria que, con su estallido, ha ocasionado la grave crisis económica que estamos padeciendo.
Se trata, en definitiva, de una política global tendente a buscar una salida a esta crisis favorable a los intereses de la gran patronal, la banca y las altas rentas y desfavorable para los de las amplias mayorías sociales del Estado español (clase trabajadora, juventud, mujeres, inmigrantes, pensionistas, desempleados…) a quienes se impone un importante deterioro en sus condiciones laborales y sociales. Una política que, a su vez, no cesa de recortar y anular una tras otra las competencias económicas y financieras de las Comunidades Autónomas en beneficio de las de un Estado cada vez más centralista y uniformizador.
2. En lo referente al Proyecto de Ley considerado, hemos de partir de la base de que el régimen de pensiones existentes en el Estado español (gasto global en relación al PIB) es uno de los más bajos existentes en la UE-27, situándose en más de un 20% por debajo del promedio allí existente. El objetivo, por lo tanto, no debiera ser recortar las pensiones, sino implementar cuantos medios sean necesarios para elevarlas.
Un 50% de las pensiones de jubilación se hallan por debajo de los 700 euros/mes y unos cinco millones de personas malviven con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza. La situación se agrava aún más en el caso de las mujeres por cuanto éstas, por término medio, vienen percibiendo unas pensiones que vienen a ser un 40% más bajas que las de los hombres. Hablar de pensiones de viudedad equivale, sin más, a hablar de pensiones de pobreza, cuando no de extrema pobreza.
A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que las reformas realizadas en los dos últimos años han producido un recorte que, en su aplicación global, puede calcularse entre un 20% y un 25%. Hablamos aquí de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social que, bajo ese rimbombante título, alargó a los sesenta y siete la edad de jubilación e introdujo importantes cambios —recortes, en definitiva— aumentando el número de años cotizados exigidos para tener derecho a la pensión y para el cálculo de su importe. A ello debe sumarse la congelación de las pensiones durante 2011 (Gobierno del PSOE), su no actualización en 2012 (Gobierno del PP), los recortes efectuados en el régimen de las jubilaciones parcial y anticipada y, finalmente, la revisión de las pensiones de viudedad y la modificación del régimen de las trabajadoras del hogar.
3. Las pensiones, por encima de todo, han de ser dignas y suficientes para mantener un nivel de vida distante de cualquier índice de pobreza. De lo contrario, si no son dignas ni suficientes, estamos hablando de otra cosa. Hablamos de beneficencia, de caridad, de limosnas sociales, pero no del derecho a tener una vida digna en la última etapa de la vida.
Por ello, el punto de partida debiera ser el contrario al fijado por el Gobierno. Sobre la base de establecer unas pensiones mínimas suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la existencia de una persona (vivienda, alimentación, vestido, cultura, ocio…) debería articularse un sistema que permita la satisfacción de lo anterior mediante la búsqueda de ingresos propios del sistema (cotizaciones a la Seguridad Social) y otros procedentes de los presupuestos públicos (impuestos más progresivos, persecución firme del fraude fiscal, recortes o supresión de gastos improductivos —militares, casa real, infraestructuras faraónicas…—).
En resumen, frente a la solución del Gobierno del PP tendente a solucionar los problemas del déficit de la Seguridad Social por la vía del recorte en los gastos, los esfuerzos debieran ponerse en la ampliación de los ingresos, cosa perfectamente posible como lo pone de manifiesto el hecho antes comentado de comparar la cantidad que se dedica en el Estado español al pago de las pensiones con el promedio europeo.
4. Se aduce como una de las razones fundamentales para la realización de la presente reforma la insostenibilidad del régimen de las pensiones y su creciente déficit. Sin embargo, esto es una verdad relativa. La Seguridad Social, a cuyo cargo está un tercio del total de gastos realizados por el conjunto de las Administraciones Públicas, supone tan solo el 9% del déficit total de estas. Es decir, las otras dos terceras partes de la Administración aportan el 91% del total de déficit existente. Siendo esto así, ¿es razonable dar tanta importancia a este hecho cuando, estructuralmente además, la Seguridad Social ha tenido tradicionalmente superávit en sus cuentas salvo en los dos últimos años?
¿Cuánto está costando a los presupuestos públicos el saneamiento del sistema financiero español? ¿Por qué cuando las cuentas de la Seguridad Social presentan déficit se propone la reducción de las pensiones y cuando éste aparece en los balances bancarios se inyecta dinero sin límite para equilibrar su
situación? ¿Por qué no rescatar a los pensionistas de su penosa situación en vez de a los banqueros que nadan en la opulencia y se jubilan con indemnizaciones de decenas de millones de euros?
Se puede hablar igualmente de otros muchos gastos del Estado que son claramente deficitarios, cuales son la aportación de este a la Iglesia y su exención generalizada de impuestos; la inutilidad de los gastos militares, únicos en librarse de los recortes presupuestarios de los últimos años; de la tolerancia con el fraude fiscal (80.000 millones de euros anuales en pérdida de ingresos fiscales) y la concesión de generosas amnistías a los defraudadores; del mantenimiento de instituciones parasitarias y antidemocráticas heredadas del franquismo —monarquía—, cercadas hoy por los escándalos y la corrupción…
El Gobierno ha señalado que con su reforma de las pensiones estas se recortarán (sus cálculos han sido muy alegres) en 33.000 millones de euros en los próximos nueve años. Pues bien, la misma semana en que esto se anunciaba, el FROB (Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria) hacía referencia a que 37.000 de los 52.000 millones de euros puestos a disposición de la banca eran considerados irrecuperables. Así que las cuentas cuadran: el importe total de lo que se va a sustraer de los bolsillos de nueve millones de pensionistas es equivalente a la cantidad que se va a regalar a la banca responsable de gestiones especulativas, hipotecas usurarias, beneficios escandalosos… y, en definitiva, de gran parte de la crisis económica actual.
5. La mayor amenaza contra el actual sistema de pensiones se encuentra en la política económica y social desarrollada por este Gobierno y el anterior. La reforma constitucional realizada en 2011 suponía colocar los intereses de los acreedores del Estado (banca, fondos de inversión, grandes fortunas…) por encima de los de su propia población. A la ciudadanía se le reservaría únicamente lo que sobrara tras pagar la deuda pública.
En vez de declarar una buena parte de esta deuda como odiosa e ilegítima por estar relacionada directamente con la especulación (pedir prestado al BCE al 1% e invertir en deuda pública española al 5%, 6% o 7%) y la economía cementera creadora de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno ha procedido a la entronización constitucional del fraude y a la subordinación de los presupuestos públicos al pago de todos los estropicios causados por la banca, las constructoras y todas aquellas instituciones que propiciaron lo anterior.
Se trata, por tanto, de invertir el orden de las prioridades y poner las necesidades de la población, especialmente los de sus estratos más desfavorecidos, por encima de los intereses de los bancos, la gran patronal y el capital en general. Situar por encima de todo, la necesidad de contar con una enseñanza y sanidad pública y de calidad, con el impulso de políticas activas decididas de creación de empleo y con un sistema de pensiones digno y suficiente.
6. Esta misma política económica neoliberal es la que ha favorecido la extensión del desempleo hasta límites no conocidos y la degradación de las relaciones laborales en el marco de la empresa (reforma laboral de 2012). Las facilidades dadas a la patronal para la contratación precaria, el despido y la tramitación de los EREs ha producido un incremento brutal del paro que ya alcanza los cinco millones de personas y, con ello, el incremento considerable de los gastos de la Seguridad Social —pago de prestaciones por desempleo— y la disminución pareja de sus ingresos debido a la disminución de las cotizaciones sociales.
Se dice por el Gobierno que el sistema de pensiones actualmente existente es insostenible debido al déficit presente y futuro. Claro está, después de recortar drásticamente en los dos últimos años las partidas presupuestarias destinadas al impulso del empleo, de destruir durante 2012 la friolera de 850.000 puestos de trabajo, de reducirse los salarios como consecuencia de la reforma laboral, de regalar a las empresas todo tipo de exenciones, bonificaciones y desgravaciones…, cómo no va a ir mal la Seguridad Social si es el propio Gobierno el que la va vaciando por dentro?
El déficit de esta guarda así una relación directa con una política laboral y social que ha primado otros objetivos —déficit, deuda…— por encima de la creación de empleo. En sentido inverso, una política social progresista que impulse la creación de puestos de trabajo y la reducción del paro equilibraría de inmediato las cuentas de la Seguridad Social sin necesidad de efectuar recorte alguno en la misma.
7. La aprobación del Proyecto de Ley que ahora se debate ha venido precedido por un intento de dar un carácter «objetivo» y «científico» al mismo. Se creó así por parte del Gobierno, sin negociación ni acuerdo alguno con el resto de fuerzas parlamentarias ni agentes sociales, un denominado «Comité de Expertos» hecho a la medida del Gobierno del PP y de la patronal bancaria y de seguros, con quienes una gran mayoría de sus miembros mantenían importantes vínculos y relaciones.
Las cartas estaban marcadas desde el principio y los árbitros (Comité de Expertos) amañados. Por supuesto, su informe final descartaba cualquier medida que apuntara en la dirección de incrementar los ingresos de la Seguridad Social (incremento de cotizaciones, disminución/supresión de las generosas desgravaciones…) y se ajustaba como un guante a los intereses de una patronal de seguros que aguarda como agua de mayo la reforma anunciada.
Porque no hay que olvidar que, al igual que está sucediendo en otros servicios públicos (Educación, Sanidad, Asistencia Social…) se trata en definitiva de impulsar un proceso general de privatización de la función pública en beneficio de unas empresas que pretenden hacer negocio con estos servicios. Más en concreto, en el terreno de las pensiones se trata de debilitar fuertemente el sistema para hacer posteriormente que, a la vista de la degradación padecida por las mismas, sea necesario suscribir —quien pueda hacerlo— pensiones suplementarias que mejoren el importe y condiciones de las depauperadas pensiones públicas.
8. El actual Proyecto de Ley presentado por el Gobierno no hace sino profundizar en las debilidades del sistema y cerrar las puertas a las necesarias mejoras que el mismo precisa. Dando continuidad a la reforma de 2011 y recortes habidos en los dos últimos años (congelación, no actualización, jubilaciones parcial y anticipada…) se trata de nuevo de reducir el importe de las pensiones hasta dejar que su inmensa mayoría quede inmersa en parámetros de mera supervivencia, cuando no de pobreza y extrema pobreza.
El denominado, por el Proyecto de Ley, «Factor de Revalorización» prostituye en primer lugar el uso del lenguaje pues se llama «revalorizar» a lo que no es sino un mero recorte de las pensiones. La actualización de éstas con tan solo un incremento de un 0,25% en los años de déficit (pérdida por tanto del poder adquisitivo de un 0,75%, 1,75% o 2,75% según que el IPC correspondiente sea del 1%, 2% o 3%) y del IPC más un 0,25% en los años de superávit, va a producir una importante sangría en el poder real de las pensiones.
Según los cálculos realizados, el recorte global en el conjunto de las pensiones será de 33.000 millones de euros si el promedio del IPC en los próximos nueve años es del 1% (cálculo tramposo hecho por el Gobierno), y doble y triple, aproximadamente, si el IPC alcanza cifras del 2% o 3%, tal cual ha sido la tónica en los pasados años. En esa misma medida, la pensión en el año 2019 habría sufrido un recorte de 638 euros, 1.527 euros o 2.460 euros al año, según que el promedio de la inflación en este período haya sido del 1%, el 2% o el 3%.
9. En cuanto al denominado «Factor de Sostenibilidad», si bien la entrada en vigor del mismo se aplaza hasta el 1 de enero de 2019, no podemos menos que decir que las previsiones tendenciosas y catastrofistas que lo intentan justificar carecen de mayores fundamentaciones.
Allá por 1993 la Fundación BBV contrató también a varias decenas de «expertos» para que estudiasen el sistema de pensiones. Tras veinte meses de trabajo (los actuales «expertos» del Gobierno han hecho el suyo en poco más de un mes) concluyeron que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado hasta crear una situación de quiebra. Como es evidente, nada de aquello ocurrió y a la banca se le vio en exceso el plumero y su evidente interés por cargar la mano contra el sistema público de pensiones de cara a favorecer sus propios negocios privados.
Pero es que, al margen de los cálculos que puedan realizarse, no estamos ante un problema técnico, sino ante un problema eminentemente político. Según que las decisiones políticas sean unas u otras el sistema de la Seguridad Social y de las Pensiones podrá ser o no viable. Al margen de cuál pueda ser la situación de la economía y el factor de envejecimiento poblacional (factores que, en cualquier caso, habrán de ser considerados), la salud de un sistema de pensiones y la calidad de las mismas dependerá en esencia de decisiones políticas a tomar, de un signo u otro.
10. La reivindicación de un marco propio en materia de Seguridad Social y Régimen de Pensiones para Euskal Herria (Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra) es una exigencia que cuenta con un apoyo mayoritario en el conjunto de sus fuerzas políticas, sindicales y sociales.
Lo anterior tiene que ver tanto con razones objetivas derivadas de la propia realidad social y laboral allí vivida (tejido productivo, niveles salariales y de empleo, especificidades sociales —cooperativismo—…) como de una manera propia de entender los pilares de justicia social, redistribución de las rentas y solidaridad con los cuales debe asentarse un régimen de seguridad social y de pensiones.
Plasmación de lo anterior ha sido el rechazo sindical y social con el que ha sido recibida la reforma realizada en 2011 en el régimen de pensiones (huelga general convocada por la mayoría sindical vasca) y la oposición aún más unánime a las distintos recortes habidos desde entonces: congelación de 2011, no actualización de 2012, reforma de las jubilaciones parcial y anticipada, pensiones de viudedad, trabajadoras del hogar…
Sin embargo, frente a todo lo anterior, el actual Gobierno del PP, que en el conjunto de Euskal Herria y uniendo sus votos a los de UPN, tan solo contó en las últimas elecciones estatales con un 23% de los sufragios emitidos, pretende imponer de forma completamente antidemocrática una reforma regresiva en el régimen de pensiones que camina en una dirección contraria a la ya expresada por la mayoría política, social y sindical de Euskal Herria.
Es por eso que Amalur reitera una vez más su exigencia de contar con un marco propio y soberano en materia de Seguridad Social y Régimen de Pensiones que responda a nuestra propia realidad social y laboral y, sobre todo, tal cual debe ser en democracia, a las mayorías políticas, sociales y sindicales existentes en Euskal Herria.
Por todas las razones expuestas presentamos este veto al Proyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Isidro Manuel Martínez Oblanca.
El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.
Con el Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, el Gobierno se empecina en aislarse de la sociedad y de sus representantes huyendo de toda posibilidad de acuerdo sobre un tema de la más absoluta prioridad para todos los españoles.
Este Proyecto de Ley, precedido del anuncio realizado este mismo año 2013 por la Ministra de Empleo subrayando la necesidad de acometer una reforma del sistema de pensiones que permitiese su viabilidad futura, reincide en el oscurantismo sobre la repercusión de los ajustes que se pretenden plantear. De hecho, además de la representación política, importantes organizaciones sindicales, empresariales y sociales han hecho sonar la alarma respecto a las cargas derivadas de modificaciones legislativas que no definan con precisión los efectos reales de los ajustes y el elevadísimo riesgo de que su repercusión aminore, paulatinamente, los derechos adquiridos y perjudique a los beneficiarios presentes y futuros de las pensiones.
Este Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social llega a las Cortes Generales precedido del relevante acuerdo adoptado hace un año por el Consejo de Ministros del Gobierno de España también en materia de pensiones, con efectos perniciosos tanto para las abonadas por el sistema de la Seguridad Social como las de clases pasivas, que ha supuesto para el actual ejercicio de 2013 un incremento de tan solo el 1% y, en un 1% adicional, para aquellas pensiones que no superen los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en cómputo anual.
El incremento aplicado las situó, como se ha visto a lo largo del tiempo, muy por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC), contraviniendo de este modo el mandato establecido en el artículo 50 de la Constitución Española que, respecto a la actualización y revalorización de las pensiones públicas, determina que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». A su vez, los artículos 48 y 52 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y el artículo 27 del Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, concretan este mandato constitucional, regulando el derecho a la revalorización de pensiones.
En el transcurso de la actual X Legislatura y ya traspasado su ecuador, no pocas decisiones adoptadas por el Gobierno han roto directa e indirectamente los mecanismos de revalorización de las pensiones, siempre escudándose en la corrección del déficit público y sobrecargando a la sociedad española con mayores obligaciones económicas repercutidas asimismo por unos impuestos que han alcanzado cotas de récord en la Historia española reciente. Esas cargas fiscales, junto con la consecuencia de los recortes adoptados por el Ejecutivo nacional en distintos ámbitos y una merma considerable en el poder adquisitivo, afectan de forma muy sensible al colectivo de los pensionistas, uno de los más desfavorecidos, el que necesita cada vez de mayores cuidados, y que sufre en muchas ocasiones el deterioro físico que supone la edad y para el que los costes sociales han aumentado vertiginosamente: medicinas, asistencia sanitaria, transporte, etc.
De no menos trascendencia son otras decisiones del Gobierno de España que han repercutido en la economía de los pensionistas durante los últimos años tales como la congelación de las pensiones en el 2011, el copago sanitario y los sucesivos incrementos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del IRPF.
Si todos los indicadores actuales son muy preocupantes para el conjunto de pensionistas españoles, con importantes desequilibrios entre cotizantes y gastos sociales, las previsiones indican que el futuro será aún peor en el caso singular de la Comunidad Autónoma de Asturias donde todo se complica, más si cabe, teniendo en cuenta, además, que mantiene desde hace años una de las tasas de envejecimiento más alta de España y de Europa.
El Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social abocará —a quienes puedan permitírselo— a adoptar posteriores medidas complementarias y al recurso a los planes privados de pensiones, algo remoto y camino de la exclusividad en una economía crítica como la que estamos padeciendo, con seis millones de parados y muchos cientos de miles de familias que sobreviven gracias a las pensiones de sus mayores. Asimismo, el Proyecto de Ley el proyecto acaba con el derecho a la revalorización de las pensiones en relación al Índice de Precios al Consumo (IPC) entrando en una sistemática erosión que hará inviables los mandatos de la propia Constitución en esta materia.
Tampoco se contemplan medidas complementarias de ayudas a la familia o estímulos a la creación de empleo y el efluvio que emana del texto remitido por el Gobierno parece dirigido a prolongar en el tiempo el recorte de los derechos económicos de nuestros pensionistas, con subidas mínimas por la crisis e incrementos a partir de 2020, pero que no recuperarán los descensos habidos en todos los años pasados: las pensiones se depreciarán. El asunto es de tal calado y trascendencia para España y para todos los españoles que debería ser debatido y consensuado en el seno del Pacto de Toledo, por mucho que aprieten y por muchas prisas que tengan los inspiradores europeos para que esta Ley entre en vigor antes de finalizar 2013.
Por todo ello, el senador de Foro de Ciudadanos-Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Mixto, presenta un veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, a los efectos de que sea devuelto al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.
Este Proyecto de Ley incorpora un factor de Sostenibilidad cuya denominación es «Factor de Equidad Intergeneracional» y un «Índice de Revaloración de las Pensiones».
Respecto al Factor de Sostenibilidad, está previsto que recoja el efecto de mayor longevidad, de tal manera que se reduzca la pensión en función del tiempo que previsiblemente se vaya a vivir y percibir.
En relación a este Factor está previsto:
— Aplicarlo a partir del año 2019, de forma que afecte a las nuevas pensiones desde el propio 2019; se revise su contenido cada cinco años; y en cuanto a los porcentajes de reducción, las estimaciones apuntan a una reducción del 5% por década, de manera que se llegará a una reducción del 20% en el año 2050.
Por otra parte, el Índice de Revalorización elimina la obligación legal de que las pensiones crezcan usando como referencia el IPC, tal como exige el Real Decreto Legislativo 1/1994 en su artículo 48 y prolija jurisprudencia constitucional. Lo anterior, nos coloca ante el dilema de que una reforma estructural resulta contradictoria con las exigencias constitucionales del artículo 41 y 50 de la Constitución española, en virtud de los cuales: los poderes públicos garantizarán, pensiones públicas, suficientes en su cuantía y universales, periódicamente actualizadas y de forma específica a los ciudadanos de la tercera edad.
En relación a la revalorización, la esperanza de vida a partir de los 65 años aumentará 16 meses cada 10 años, con el quebranto en la pensión de los futuros pensionistas que ello conlleva. Este Sistema de Revalorización contradice la Segunda Recomendación del Pacto de Toledo en virtud de la cual: la Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del Sistema de Pensiones en el futuro.
En cuanto a su cuantificación y siguiendo las directrices del Banco Central Europeo, se puede estimar en función de la inflación prevista para una mujer de 65 años y hasta su fallecimiento, que el incremento del 0,25, supone un deterioro de más del 30% en términos reales.
Se vulneran los paradigmas del Pacto de Toledo: seguridad económica para toda la sociedad cuando no se puede realizar una actividad laboral por razón de edad, incapacidad o muerte.
Por todo lo anterior, estimamos que este Proyecto de Ley configura un dejación por parte del Estado de sus obligaciones de garantizar la seguridad económica a sus ciudadanos cuando estos deben abandonar por razones de edad, salud o supervivencia el mercado laboral.
Este Proyecto de Ley constituye un indubitado debilitamiento de las pensiones públicas, al desvincularlas de la inflación y del ciclo económico sin plantear fórmulas compensatorias.
Además vulnera los derechos de los colectivos más frágiles de la sociedad, cautivos del presupuesto público puesto que no pueden realizar otra actividad ajena a la percepción de su pensión y afecta, igualmente, a un colectivo invertebrado, por lo cual, y dada su falta de capacidad de interlocución, se puede disponer de sus derechos sin erosión política alguna.
Este Proyecto de Ley no focaliza sus esfuerzos sobre los ingresos, en una actitud reduccionista, se limita a actuar sobre los gastos, recortando las pensiones sin el acuerdo de ningún interlocutor social, ni órgano consultivo, ni de ningún Grupo Parlamentario. Todo lo contrario a lo que representaron los contratos Riester en Alemania o el Nest en Gran Bretaña.
El futuro de las pensiones no es algo sobre lo que posea una facultad ilimitada de disponibilidad el Gobierno del Estado. Por cierto, es menester recordar que la disposición transitoria V del Estatuto de Autonomía de Gernika, atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la capacidad de: Gestionar el Régimen Económico de la Seguridad Social en Régimen de Convenio.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario presenta esta propuesta de veto, a efectos de que la reforma del Sistema Público de Pensiones se analice desde perspectivas no regresivas.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
Nuestro sistema público de pensiones, un sistema de reparto basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional, es la pieza más sólida de la protección social, y, por ende, el principal elemento vertebrador del Estado de bienestar.
Su mantenimiento, alcance universal, adecuación y suficiencia constituyen principios rectores de la política social y económica, correspondiendo a los poderes públicos la obligación de preservarlo y garantizar su estabilidad en el presente y en el medio y largo plazo, por mor de los artículos 41 y 50 de la Constitución. También corresponde esa obligación a las fuerzas políticas y a los agentes sociales, ante la evidencia de que sólo desde el consenso podrá alcanzarse la efectividad de las medidas adoptados con esa finalidad.
Desde 1995, fecha de suscripción por las fuerzas políticas del denominado «Pacto de Toledo», todas las reformas tendentes a asegurar la viabilidad y mejora de nuestro sistema público de pensiones han contado con el consenso político, y con el consenso social previos acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social.
Así fue también en 2011. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (en adelante, Ley 27/2011), vino precedida del consenso político, plasmado en la renovación de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, y del «Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones». Un Acuerdo que incluía medidas de hondo calado para asegurar la sostenibilidad financiera y la viabilidad futura del sistema, que fueron posteriormente recogidas por la Ley junto con las recomendaciones adoptados en el Pacto de Toledo.
El Proyecto de Ley al cual presentamos este veto, al igual que ya sucediera con la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, interrumpe esta trayectoria y, sin aval político ni social, acomete una reforma que extiende a nuestro sistema de pensiones una política de ajustes, ya llevada a cabo en otros ámbitos sociales y de empleo y protección por desempleo en aras a la corrección del déficit público y que en este ámbito también plasman un objetivo claro, cual es, reducir el papel de las pensiones contributivas de carácter público y ampliar la acción de la cobertura privada.
Para ello dinamita la Ley 27/2011, sin dejarla desplegar plenamente sus efectos que deberían comenzar a partir de 2013, y conculca acuerdos que hasta 2011 sustanciaron las reformas del sistema. El más evidente el Acuerdo de 2011 supra transcrito, y el Acuerdo de 9 de octubre de 1996, que llevó a que el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social estableciera la revalorización automática de las pensiones en función del índice de precios al consumo al comienzo de cada año, con inclusión del mecanismo de compensación por posible desviación, con el fin de mantener el nivel adquisitivo de los pensionistas. Acuerdo que también obligaba a la constitución de reservas con cargo a los excedentes del sistema.
Se trata de un Proyecto de Ley que se aprovecha del momento de crisis actual, y tras vincular, como muestra la Exposición de Motivos, los desafíos demográficos con los económicos —problemas de medio y largo plazo con problemas actuales—, hace pender sobre nuestro sistema público de pensiones dudas sobre su sostenibilidad de presente y de futuro.
Para la resolución de estos problemas articula, de un lado, el denominado «factor de sostenibilidad», apartándose de la configuración que al respecto establecía la Ley 27/2011, y, de otro, incluye un nuevo «Índice de Revalorización», a aplicar a partir del 1 de enero de 2014. Índice que sustituye al Índice de Precios al Consumo (IPC) que sí garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Esta última figura ex novo no cuenta con el apoyo de la Ley 27/2011 y del Acuerdo que la dio origen, y lapida, como señalábamos anteriormente, el Acuerdo de 1996. Tampoco encuentra fundamento en la
Recomendación Segunda del Pacto de Toledo, pues, si bien es cierto, como señala la Exposición de Motivos, que la misma alude a la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización de las pensiones, es sobre la base de un estudio posteriormente analizado y valorado por el Pacto de Toledo, y en el entendimiento de que dicho índice debiera mantener «el poder adquisitivo de los pensionistas». Alegar que dicho estudio se ha producido y ha sido objeto de valoración por el Pacto de Toledo, aludiendo con ello al informe que sobre el factor de sostenibilidad emitió una comisión de expertos por encargo del Real Decreto-ley 15/2013, supone dejar patente el rechazo que dicho informe supuso entre las fuerzas políticas y sociales. Un rechazo que se produjo por entender que el mismo atendía exclusivamente al gasto en pensiones e incidía en su doble formulación recortando la cuantía de las pensiones. Aludir, en consecuencia, a ese informe significaría mostrar la limitación de este Proyecto de Ley en su regulación, que acoge mutatis mutandi, dicho informe.
A mayor abundamiento, tras el artificio de vincular un problema de sostenibilidad a largo plazo con los derivados de la coyuntura de crisis económica por la que atravesamos, el Proyecto de Ley esconde un ánimo de confusión que incide negativamente en la transparencia que debe predicarse de toda norma, fundamentalmente de aquellas que regulan derechos y deberes de nuestros ciudadanos, sobre todo si, como sucede con este Proyecto de Ley, suponen una merma tan importante en los derechos de presente y de futuro de los pensionistas, todo ello bajo la amenaza subyacente de quiebra del sistema. Al respecto es especialmente elocuente el primer párrafo de la Exposición de Motivos: «si se quiere mantener un sistema de pensiones público…/…»
Es cierto que nuestro sistema de Seguridad Social atraviesa hoy un situación difícil, pero no se debe a problemas estructurales, vinculados al envejecimiento de la población y a los que ya hacía frente la Ley 27/2011, sino a retos de carácter coyuntural motivados por una pérdida de ingresos que se debe a la destrucción de empleo en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos, y que determinan una abrupta caída en la afiliación.
El problema no tiene que ver, pues, con el incremento del gasto, sino con la caída de ingresos.
Una caída de ingresos de la que no puede exonerarse de responsabilidad la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno en 2012, que se ha mostrado como una auténtica máquina de destrucción masiva de empleo. Según la Encuesta de Población Activa, entre 2012 y el segundo trimestre de 2013 se han perdido 1.023.000 puestos de trabajo; 900.000 afiliados menos desde diciembre de 2011. Una caída de ingresos a la que no es ajena la política de un Gobierno que reduce las dotaciones destinadas a la inserción y mejora de la formación y recualificación de los trabajadores, que ha reducido las políticas activas de empleo en un 44% desde 2011, y que fía la solución de los problemas de competitividad y productividad del mercado de trabajo a la devaluación salarial y a la precariedad laboral, con incidencia directa en las arcas de la Seguridad Social.
Este Proyecto de Ley engrosa una normativa, de urgencia, que desconoce que afrontar el reto que supone la garantía de la viabilidad de las pensiones exige la adopción de políticas en el ámbito de empleo, de la protección social y en materia económica y presupuestaria que se fortalezcan mutuamente.
El Gobierno renuncia a la adopción de políticas de crecimiento económico y creación de empleo, como nuevamente vuelve a dejar patente el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, y concentra sus esfuerzos en buscar nuevos modos de disminuir el gasto y reducir derechos, como pone de manifiesto este Proyecto de Ley, ahora en el ámbito de las pensiones.
Este Proyecto de Ley prescinde de una arquitectura forjada durante años de consenso que trataba de anticiparse a los problemas de presente y de medio y largo plazo por los que atravesara nuestro sistema de pensiones. La utilización del Fondo de Reserva que viene realizando este Gobierno sin la adopción de medidas decididas que contribuyan a paliar la falta de ingresos del sistema motivada por el impacto que sobre el mismo tiene las vicisitudes por las que atraviesa el mercado laboral, han llevado a su dilapidación, mientras el déficit del sistema se disparaba. Al respecto señalar que, como indica el Informe Económico y Financiero, si a finales de 2011 el déficit de la Seguridad Social se situaba en un 0,05% del PIB, en 2012 alcanzó el 0,56, en 2013 el 0,90, y en 2014 la previsión es de un 0,94. Es decir, en tres ejercicios se ha multiplicado por casi 19 veces.
Y malversa la Ley 27/2011 y el Acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones que estuvo en el origen de la misma, que atendía a los problemas derivados de la evolución demográfica y del envejecimiento de la población, pues sin esperar a la total implantación de sus reformas paramétricas que se produciría en 2027, de incidencia directa en el gasto, establece un factor de sostenibilidad a implantar en 2019, sin indicación de las causas que justifican su anticipación. Un factor de
sostenibilidad que incide directamente en la cuantía de la pensión, reduciéndola, ignorando otras fórmulas, esbozadas en el artículo 8 de la Ley 27/2011, que pudieran dirigirse a mantener la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones recibidas, mediante ajustes en los parámetros del sistema —por ejemplo, edad de acceso a la jubilación o el período de cotización exigido— y no necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial, con respeto al principio de contributividad que rige el sistema y que no prejuzga la articulación de fuentes alternativas de financiación. El desarrollo de las fórmulas esbozadas en la Ley 27/2011, en definitiva, permitirían garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, acercándonos a una cifra de gasto similar a la media que emplea la Unión Europea.
El Proyecto de Ley prescinde, pues, de una articulación cuya finalidad era mantener el poder adquisitivo de las pensiones, su suficiencia, en cumplimiento del mandato del artículo 50 de la Constitución, y recorta drásticamente la cuantía de las pensiones mediante la configuración de dos mecanismos de ajuste que se aplican simultáneamente, uno en la determinación de la cuantía inicial de las pensiones, vinculando esperanza de vida al importe de la pensión de jubilación, y otro anualmente en su revalorización. Se trata de mecanismos de corrección inmediata, de aplicación automática, en atención a unas variables muy precisas, que constriñen el margen de decisión en un ámbito que, como el de las pensiones, se encuentra presidido por principios de equidad y solidaridad intergeneracional que pueden demandar en un futuro, en función de las circunstancias socioeconómicas, una mayor dedicación de recursos a la financiación de las pensiones. Evidentemente estos mecanismos privan de esa tentación y limitan el margen de actuación.
En la configuración de ambos factores el Proyecto de Ley se aparta, por primera vez en nuestra historia democrática, de la atención que exige el garantizar el derecho a una pensión adecuada, de cuantía económica suficiente, como colofón debido a la dignidad de la persona (art.10.1 Constitución), e ignora que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto, con transferencias de rentas entre generaciones, que ha funcionado aportando garantía a la estabilidad presupuestaria en el largo plazo a la par que ofrecía pensiones suficientes. O dicho en otras palabras, el Proyecto de Ley, con el fin de salvaguardar el equilibrio financiero del sistema, en la concreción de la cuantía de la pensión, aplica una dimensión económica que atiende exclusivamente la relación entre cotizantes y pensionistas contributivos, esto es, tanto ingreso por cotización tanto gasto, desconociendo que la garantía de suficiencia de las pensiones, constitucionalmente consagrada, podría exigir otras fuentes de ingresos, y no tan solo una contención en el gasto. Tal planteamiento conculca los principios de equidad y solidaridad intergeneracional al impedir que los pensionistas puedan participar de la riqueza del país.
Paradigmático de lo que exponemos es la regulación que efectúa el Proyecto de Ley del índice de revalorización anual. Un índice que desvincula el mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones del Índice de Precios al Consumo y se basa en una fórmula cuya expresión matemática considera el total de ingresos y gastos, incluidos el efecto sustitución y el número de pensionistas, estableciendo además unos límites máximo y mínimo que garantizan que en ningún caso el incremento anual de las pensiones será inferior al 0,25% ni superior al IPC más el 0,25%.
Un mecanismo de revalorización que, en palabras del Consejo Económico y Social (CES) en el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley, «produce un pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que en principio no llegaría a recuperarse».
La aplicación de este índice tiene, pues, el efecto de una congelación de las pensiones permanente, totalmente contrario al espíritu y la letra de la Constitución. Y alejado del Pacto de Toledo y de los acuerdos suscritos entre los sucesivos gobiernos y los interlocutores sociales, cuya finalidad desde 1995 ha estado guiada por la conjunción del «mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro» (Recomendación 2 Pacto Toledo).
Y además, la aplicación de este índice de revalorización es lineal para el conjunto de las pensiones contributivas del sistema, sin diferenciar en clases ni cuantías, con especial incidencia en las pensiones cuyas beneficiarias sean mujeres, dada su baja cuantía abocándolas a la exclusión social, y se efectúa en contra del principio de equidad del sistema y desconociendo la importante función que las pensiones desempeñan para la cohesión social, y también, como señala el CES, «como estabilizar automático de la economía en período de crisis, como se está haciendo patente». Cuestiones nada desdeñables cuando se aborda una reforma como la que emprende el Proyecto de Ley, y que, sin embargo, ignora.
En definitiva, la introducción de estos dos mecanismos, uno de ajuste automático en la determinación inicial de las pensiones y otro para su revalorización anual, suponen un cambio de modelo al erosionar su configuración como un sistema de reparto y los principios que lo rigen.
Por su parte, el envío simultáneo del Proyecto de Ley al Parlamento, al Pacto de Toledo y a los interlocutores sociales, acuciados, dicen, por la urgencia —urgencia inexistente dada la vigencia del mecanismo de revalorización de las pensiones en el presente, y la falta de perentoriedad en el desarrollo de un mecanismo de sostenibilidad previsto por la Ley 27/2011 para 2032— certifica la escasa voluntad de acercamiento al resto de fuerzas políticas y a los agentes sociales. Circunstancia también puesta de manifiesto por el hecho de que la previsión de revalorización del 0,25% para 2014 ya está incluida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
No cabe pues, como hace el Gobierno, apelar al diálogo social y político, al acuerdo a alcanzar en sede parlamentaria. La previsión de incremento ya está realizada, con abierta oposición de las fuerzas políticas y de los agentes sociales.
— Primero, por el contenido material del Proyecto de Ley, que se aparta del mandato constitucional, del Pacto de Toledo y de los acuerdos suscritos con los interlocutores sociales desde 1995 para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su preservación de futuro;
— Segundo, porque supone un cambio de modelo de Seguridad social al actuar en contra de su configuración como un sistema de reparto basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional;
— Tercero, por su falta de transparencia en la adopción de unas medidas que valiéndose de la situación de crisis coyuntural por la que atraviesas nuestro sistema público de pensiones persiguen reducir el papel de las pensiones contributivas públicas y ampliar la acción de la cobertura privada;
— Cuarto, porque no viene refrendado por el diálogo político y social y manifiesta falta de voluntad de acercamiento a las fuerzas políticas y los interlocutores sociales; y
— Quinto, fundamentalmente por el ataque injustificado que supone para nuestros pensionistas, condenados a una pérdida permanente de poder adquisitivo de sus pensiones, sin distinción ni en clases ni en cuantía, con flagrante desconocimiento del papel que nuestro sistema público de pensiones desempeña para la cohesión social y como estabilizador automático de la economía en períodos de crisis.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, solicitando su devolución al Gobierno.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
El sistema público de Seguridad Social es la institución fundamental para garantizar el mantenimiento de ingresos al dejar la vida laboral activa, juega un papel clave en la distribución social de la riqueza y la cohesión social. Se trata de un sistema contributivo (se recibe en función de lo cotizado con la garantía de una prestación mínima) se basa en la solidaridad interpersonal, intergeneracional e interterritorial y, por último, su gestión y control son públicos.
A pesar de los muchos intentos realizados por los poderes económicos y sus representantes políticos, nuestro sistema de seguridad social mantiene integras las características de un sistema público, de contribución, de reparto y solidario. Desde los años 80, en toda Europa existe una fuerte presión para proceder a cambios en la naturaleza de los sistemas públicos de seguridad social. El objetivo, recogido en algunos de las recomendaciones de la UE (como el Libro Blanco de la Comisión Europea, publicado en febrero de 2012, titulado «Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles») es una profunda transformación de esta institución pública y la transferencia de la gestión de una parte de los recursos a la esfera privada. No se trata solo de un proyecto de naturaleza económica y objetivo privatizador. Existe una clara batalla para transferir poder político de la esfera de lo público a la esfera de lo privado. Cuanta más parte de la riqueza global se canalice y gestione a través de instrumentos privados y menos a través de instrumentos públicos, más poder van a tener los mercados financieros y menos la sociedad a través de sus instituciones democráticas.
Para imponer esta política de reducir el papel del sistema público de seguridad social, abriendo espacio al desarrollo de los sistemas privados de capitalización, se utiliza siempre la misma estrategia. Se parte de la existencia de retos o problemas reales, para a continuación construir la falacia de que la única respuesta posible es la reducción de derechos de Seguridad Social.
Con el Proyecto de Ley, mal llamado de sostenibilidad y revalorización de las pensiones, el Gobierno vuelve a utilizar las mismas falacias. Y ello nos lleva a la necesidad de concretar cuál es el diagnóstico que hacemos de la situación de la Seguridad Social española. Y sobre la base del cual formulamos esta propuesta de veto.
Para abordar este reto a medio plazo es necesario no solo adoptar medidas vinculadas al gasto, sino también y fundamentalmente vinculadas a los ingresos. Algunas de estas medidas tienen que ver, con la necesidad de aumentar la base demográfica del sistema, a partir de políticas que incentiven la natalidad o las que ordenen los flujos migratorios de manera racional. Otras, afectan a la necesidad y oportunidad de aumentar nuestras tasas de actividad y ocupación, muy deterioradas por la crisis y por las políticas laborales, reflejadas en las Reformas adoptadas en los últimos años. Necesitamos más empleo, con mayor productividad y cotizaciones más elevadas, vinculadas a empleos de calidad.
En otro plano distinto, tanto a nivel temporal, como en sus causas, aparece unos riesgos más cercanos en el tiempo, que se presentan en forma de desequilibrios presupuestarios entre los ingresos y los gastos. Un desequilibrio que en ningún caso puede imputarse a un aumento de los gastos, que en los últimos años han pasado de crecer a un ritmo interanual superior al 8% en el inicio de la crisis a un 3,6% que está previsto crezca el gasto en pensiones en 2014. El desequilibrio aparece como consecuencia de la caída de la recaudación que tiene como principales causas, la caída del empleo con tres millones menos de
cotizantes, la conversión de muchos empleos a tiempo completo en empleos a tiempo parcial, la reducción de salarios con el consiguiente impacto en las cotizaciones.
Ante este impacto de la crisis en las cuentas de la seguridad social, las medidas a adoptar deben tener en cuenta una temporalidad rápida y dirigirse al problema que las provoca, que no es un incremento desmesurado del gasto, sino una caída brusca de los ingresos por cotizaciones. Propuestas que deben jugar un papel complementario al del uso racional y ordenado del Fondo de Reserva que, en su momento más álgido llego a sumar cerca de 70.000 millones de euros y que ahora, después de haberse dispuesto de algunas partidas, va a terminar el año con una dotación cercana a los 55.000 millones de euros.
Las organizaciones sindicales y empresariales y organizaciones políticas presentes en el Pacto de Toledo han expresado nítidamente su voluntad y disponibilidad a la negociación. Una disponibilidad que se ha puesto de manifiesto con el acuerdo alcanzado acerca del sistema de cotización de los contratos a tiempo parcial, recogida en el Decreto Ley 11/2013. A pesar de ello el Gobierno ha decidido la presentación de un Proyecto de ley que no tiene ningún apoyo y que cuenta con la oposición de todos los grupos de la Cámara, menos del PP, que da soporte al Gobierno. Un rechazo que también se ha puesto de manifiesto en el dictamen contrario al Proyecto de Ley aprobado por el Consejo Económico y Social de España, con los votos de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
La primera trampa es utilizar la crisis como argumento para acelerar al año 2019 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011 para los años 2027/32. Esa fecha se relaciona con el momento en que se prevé un incremento del gasto en pensiones al incorporarse como pensionistas las generaciones del baby boom. Evidentemente estas generaciones no van a llegar a la edad de jubilación (65/67 años) antes de lo que estaba previsto. En consecuencia, adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2019 no está justificado por razones objetivas.
El factor de sostenibilidad pone en marcha la estrategia del Caballo de Troya. Se explica que se defiende el modelo de seguridad social público, mientras se intenta que la cultura y ciertas metodologías del sistema privado de capitalización individual se incrusten en los sistemas públicos. Como una pequeña brecha en el sistema público, contributivo y de reparto, que más adelante se pretenderá ensanchar.
La caída de ingresos viene provocada por: pérdida de más de 3.000.000 de cotizantes en los últimos 4 años, entre 12 y 15.000 millones de euros de reducción de ingresos; reducción del 13.4% de cotizantes a jornada completa (3.000.000 de personas) que han sido sustituidas por cotizantes a jornada parcial; una economía sumergida que representa el 19% del PIB con la correspondiente pérdida de recursos fiscales y de contribuciones.
La tercera trampa del PP es utilizar y manipular a los jóvenes contra sus padres y abuelos. La utilización del concepto de «factor de equidad generacional», tiene como objetivo trasladar a la ciudadanía una falsedad, la idea de que las pensiones futuras de los jóvenes de hoy dependen de la reducción de las expectativas de pensión de sus padres o de la pérdida de poder adquisitivo de sus abuelos. El Gobierno intenta utilizar a los jóvenes contra sus padres y sus abuelos, manipulando la propia lógica de funcionamiento
del sistema de Seguridad Social. La garantía de que los jóvenes de hoy tengan pensiones mañana pasa por ofrecerles hoy empleo de calidad con el que pueda cotizar para cobrar las pensiones del mañana, en función de la contribución realizada. Y garantizando que en el momento de su jubilación, existirá un nivel elevado de población ocupada y trabajos decentes con capacidad para cotizar y con esas cotizaciones sufragar las pensiones. No es congelando las pensiones de sus abuelos o reduciendo los derechos de sus padres como se van a garantizar las pensiones de los jóvenes.
La sexta trampa del PP es decir que la nueva forma de revalorización no va a provocar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas actuales. Los datos aportados por la propia Memoria explicativa del proyecto de Ley permiten afirmar que «haberse aplicado la fórmula del Gobierno en 2011 y 2012, los pensionistas habrían perdido 5,3 puntos de poder adquisitivo, que sólo recuperarían después de 21 años consecutivos de superávit de la Seguridad Social». De la misma Memoria se desprende que, con una previsión mediana de inflación del 1%, los pensionistas dejarán de cobrar en los próximos años 33.000 millones de euros.
Que la Seguridad Social española necesita reformas es una realidad. De hecho si alguna cosa ha hecho la Seguridad Social española ha sido estar en permanente reforma y transformación. Además de que el gasto público en pensiones en relación al PIB no ha dejado de crecer, tenemos algunos elementos de mejora significativa —con todas las insuficiencias que se quiera, pero mejoras— que no podemos obviar o menospreciar. Desde la creación de las pensiones no contributivas, hasta el establecimiento de complementos de mínimos o el incremento por encima del IPC de las pensiones más bajas, que además
son fruto de procesos de movilización social y de acuerdos en el dialogo social. También la ampliación de colectivos cubiertos por la Seguridad Social, la mejora de la cobertura de algunos regímenes especiales, la generalización de la jubilación anticipada a los 61 años —a pesar de los últimos ajustes del Real Decreto Ley 5/2013—. Y en el terreno de la financiación, el aumento importante de las aportaciones fiscales al sistema de Seguridad Social y la creación del Fondo de Reserva.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 8
De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)
y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)
Este Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social constituye un ataque muy grave a nuestro sistema público de pensiones, nuestra pieza más importante de la protección social y el principal elemento vertebrador del Estado del bienestar.
En las últimas décadas hemos consensuado y configurado un sistema de pensiones basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional, cumpliendo con los preceptos constitucionales que obligan explícitamente a un sistema universal con prestaciones sociales suficientes, suficiencia económica y garantizando su actualización periódica. Este proyecto de Ley incumple varios de estos principios y obligaciones constitucionales.
Desde la firma del «Pacto de Toledo» en 1995, las reformas encaminadas a asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones han contado con el consenso político y social. La última reforma que supuso la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, estuvo avalada del consenso político, plasmado en la renovación de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, y del «Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones». Este acuerdo incluía medidas importantes para asegurar la sostenibilidad financiera y la viabilidad futura del sistema, que fueron posteriormente recogidas por la Ley junto con las recomendaciones adoptadas en el Pacto de Toledo.
Con el texto propuesto, sin ningún tipo de consenso político o social, el Gobierno del Partido Popular traslada a nuestro sistema de pensiones una política de ajustes como un instrumento más para la corrección del déficit público. El objetivo del texto legislativo es reducir el papel de las pensiones contributivas públicas y ampliar la cobertura privada. Y esto es intolerable. El Partido Popular entiende que el único «interés general» es la reducción del gasto público y del déficit a cualquier precio. Además, no tiene ningún prejuicio en favorecer el sistema de pensiones privado. Otro ejemplo más de su acción de gobierno partidista y partidaria que muchas veces beneficia a intereses muy alejados del obligado «interés general».
La Ley General de la Seguridad Social establecía la revalorización automática de las pensiones en función del IPC, incluyendo un mecanismo de compensación ante la posible desviación con el objetivo de mantener siempre el nivel adquisitivo de los pensionistas. Con este texto se elimina este precepto y se crea un nuevo «índice de revalorización» aplicable a partir de 1 de enero de 2014, que en «ningún caso» podrá ser superior del IPC más el 0,25 %. Es decir, un índice con «techo» y sin ningún tipo de mecanismo de compensación ante posibles pérdidas de poder adquisitivo.
El propio Consejo Económico y Social en su dictamen decía que este índice «produce una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que, en principio, no llegaría a recuperarse». Asimismo, la aplicación de este índice de revalorización es lineal para el conjunto de las pensiones contributivas, sin diferenciar clases ni cuantías.
Además, el Proyecto de Ley crea un «factor de sostenibilidad» a implantar en 2019, que actúa directamente en la cuantía de la pensión, reduciéndola. Con esta medida tremendamente injusta, el Gobierno ignora otras fórmulas, contempladas en la Ley 27/2011, dirigidas a mantener la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones recibidas, mediante ajustes en los parámetros del sistema y no necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial, con respeto al principio de contributividad y sin prejuzgar fuentes alternativas de financiación. El desarrollo de estas opciones permitiría garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, acercándonos a una cifra de gasto similar a la media que emplea la Unión Europea.
El Gobierno justifica estos cambios para garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones dado el envejecimiento de la población y el incremento exponencial del gasto en pensiones. Compartimos la preocupación y la difícil coyuntura que atraviesa nuestro sistema de Seguridad Social, pero no es debido a problemas estructurales (vinculados al envejecimiento), sino a retos de carácter coyuntural debido a la pérdida de ingresos como consecuencia de la destrucción de puestos de trabajo. En realidad, el problema no tiene que ver con el incremento del gasto, sino con la caída de ingresos. Esta se ha agravado como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral del Partido Popular, cuyas consecuencias han sido terribles dada la destrucción masiva de empleo y la reducción de recursos para la inserción, formación y recualificación de los trabajadores.
La aplicación del factor de sostenibilidad junto con el índice de revalorización anual de forma simultánea y automática, recorta drásticamente la pensión, y actúa en abierta oposición a los principios de equidad y solidaridad intergeneracional.
En la configuración de ambos factores el Gobierno ignora que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto, con transferencias de rentas entre generaciones, que ha funcionado aportando garantía a la estabilidad presupuestaria en el largo plazo a la vez que ofrecía pensiones suficientes.
Esta reforma legislativa es el colofón a una serie de reformas estructurales (laboral, sanidad, educación, medio ambiente, vivienda, fiscalidad, etc.) que está realizando el Partido Popular desde que llegó al Gobierno y que están impregnadas de ideología ultraliberal, sin un ápice de justicia social, de igualdad, y de solidaridad, y cuya máxima oculta es «el que quiera algo, que se lo pague».
Por todo lo expuesto, presentamos el siguiente veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social y solicitamos su devolución al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 9
El compromiso de CiU con la política orientada a la sostenibilidad, la suficiencia y la equidad del sistema público de pensiones ha sido elemento principal de la acción del Grupo Parlamentario Catalán en las Cortes Generales, durante los últimos 20 años. Como no puede ser de otra manera, CiU mantiene hoy ese compromiso, el mismo que mostró de manera inequívoca, apenas hace dos años, con el apoyo a la última reforma del sistema de pensiones orientada a garantizar su viabilidad.
En este sentido, además, es necesario recordar que fue precisamente una iniciativa de CiU, de la mano de su Portavoz en aquellos años Miquel Roca, la que llevó a la puesta en marcha de la fórmula de acuerdos y reformas conocidos como Pacto de Toledo, en 1995.
Desde esa fecha, el grupo parlamentario de CiU ha participado de manera activa, en todos los acuerdos que han implicado reformas significativas del sistema de pensiones, en desarrollo precisamente, del Pacto de Toledo. Eso ha sido de esta manera, tanto con gobiernos del Partido Popular (1997 o 2002) como con gobiernos del Partido Socialista (2007 o 2011). Y siempre, con la voluntad de articular un sistema de pensiones público, con niveles de protección adecuados y sostenible cuya reformas sean abordadas con amplios y profundos acuerdos políticos y sociales.
Ahora de nuevo, se plantea por parte del Gobierno una propuesta de reforma del sistema de pensiones de calado y con importantísimos efectos. Se desarrolla por un lado, el denominado «factor de sostenibilidad», previsto en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social, estableciendo su definición, fórmula y elementos de cálculo, y adelantando su entrada en vigor al 2019, en lugar del 2027 como estaba inicialmente previsto.
Y por otro, se modifica el régimen de revalorización de las pensiones, revalorización periódica mandatada en el artículo 50 de la Constitución Española y desarrollada en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que suponía la actualización de las pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto, sustituyendo el tradicional mecanismo por un nuevo factor, basado fundamentalmente, en los ingresos y gastos del sistema de pensiones.
CiU ya ha expresado el rechazo a la propuesta del Gobierno, tanto por razones de forma como de fondo. Y a través de la presente Propuesta de Veto, del mismo modo que a través de la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso de los Diputados, reclama al Gobierno la retirada del Proyecto de Ley y el retorno a la dinámica de acuerdos del Pacto de Toledo.
El Gobierno presentó el Proyecto de Ley, tras la entrega el pasado más de junio, del Informe del Comité de Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones a la Ministra de Empleo. El texto del Proyecto parte del documento del Comité de Expertos, pero introduce ciertamente, cambios que no son menores.
El Gobierno propone una nueva modificación del Sistema sin tener en cuenta la profunda reforma que la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social, supuso, supone y supondría si se desarrollara como estaba previsto. Una reforma que apenas se empezaba a aplicar a partir del 1 de enero de 2013, que fue resultado de un intenso proceso de discusión en el marco del diálogo social, y que fue acordada con los agentes sociales y con algunos grupos parlamentarios.
La reforma de 2011 implicaba un aumento de la edad legal de jubilación, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, la ampliación del cómputo de años necesario para cobrar el 100 por cien de la pensión, y entre otros, el endurecimiento de las jubilaciones parciales y anticipadas. Todo ello, con la intención de conseguir una contención significativa del gasto en pensiones y una disminución de la tasa
de sustitución respecto al último salario del conjunto de las pensiones que, por su aplicación progresiva, está todavía por materializarse. La reforma de 2011 tuvo además en cuenta respecto a su aplicación, una gradualidad adecuada, un periodo transitorio equilibrado, y cierta flexibilidad, reconociendo las carreras laborales más largas o la situación de los trabajadores que trabajan en determinados sectores.
La propuesta de reforma que presenta ahora el Gobierno a través del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, implica un nuevo ajuste del gasto en pensiones en su conjunto, una nueva disminución de la tasa de reposición que se acumula a la ya existente, y la introducción de un nuevo mecanismo de actualización anual de las pensiones que deja de tener como objetivo principal mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
Existe un riesgo evidente, en un contexto de alto nivel de paro durante un periodo de tiempo largo y de contención del gasto público, de empobrecer a los pensionistas por la vía de la erosión de su poder de compra. Es significativo además en este sentido, que en la propuesta del Gobierno no se distingue entre las pensiones más altas y las pensiones más bajas. Son todas afectadas de la misma manera.
Cabe destacar también, el hecho de que la actualización periódica de las pensiones incorpora no solo datos reales sino también proyecciones económicas. Ello introduce incertidumbre e inseguridad al sistema de revalorización. Por otro lado, el hecho de que la fórmula matemática que determina la actualización de las pensiones, considere una variable establecida en la Ley de Presupuestos que determina la intensidad del ajuste, hace que el pretendido «automatismo de la fórmula» desaparezca. Y a lo anterior hay que añadir, que la propuesta del Gobierno de factor anual de revalorización es inédita. No hay ningún país que tenga una fórmula como la que propone el Gobierno. Quizás el Gobierno debería ser más prudente con algunos experimentos en determinados ámbitos.
Asimismo, el Ejecutivo ha optado por un modelo de factor de sostenibilidad en concreto, pero podría haber sido otro. Por ejemplo, un factor de sostenibilidad vinculado a la evolución de la esperanza de vida, que afectase a la edad legal de jubilación o al periodo de cálculo de las pensiones o los años exigibles para recibir el 100 por ciento de la pensión.
Consideramos también destacable, y de forma muy relevante, que la propuesta presentada por el Gobierno no cuenta en absoluto, con el acuerdo ni el consenso político y social necesario. La política de pensiones en opinión de CiU, debería ser compartida por mayorías de diferente color político si no es así, probablemente la reforma tendrá la vigencia de la duración de la actual mayoría parlamentaria del Partido Popular.
No cabe tampoco en opinión de CiU, confundir los problemas de hoy, que fundamentalmente tienen que ver con un alto nivel de paro y la correspondiente caída de la afiliación a la Seguridad Social, con el reto estructural y demográfico que supone el inicio del periodo de jubilación de las generaciones procedentes del «baby boom». Problemática demográfica a la que la reforma del 2011 pretendía hacer frente. Lo que a corto plazo es imprescindible es volver a crear ocupación e incrementar el número de personas dadas de alta en la Seguridad Social.
Desde el punto de vista del funcionamiento de la Seguridad Social hay asimismo actuaciones relevantes, como por ejemplo, aquellas que afectan a la regulación y financiación de las pensiones de viudedad y al funcionamiento del régimen de trabajadores por cuenta propia, que no se abordan y continúan pendientes.
Los cambios introducidos en el Proyecto de Ley durante su tramitación en el Congreso, no han supuesto respecto a las cuestiones apuntadas, cambios substanciales. Es decir, no ha habido modificaciones significativas en el fondo y tampoco ha habido avance alguno en las formas. Como últimamente ocurre en la tramitación de todos los Proyectos de Ley, a la propuesta inicial del Ejecutivo sólo se añaden las modificaciones propuestas por el Grupo Parlamentario que lo sustenta, sin que haya prácticamente espacio alguno ni para el diálogo, ni para la transacción, ni el acuerdo.
Para CiU la política de pensiones debe perseguir garantizar un sistema público orientado a evitar el riesgo de pobreza entre la gente mayor, ofreciendo ingresos suficientes y cercanos a los obtenidos mientras se trabajaba. Si las reformas que se promueven olvidan la dimensión social y el carácter redistributivo del sistema, no son las adecuadas. Y sin duda la política de pensiones, en opinión de CiU, no debe adoptarse de forma unilateral, debe contar con el máximo consenso posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presenta una propuesta de veto al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

References: artículo 107
 artículo 50
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 50
 artículo 27
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 48
 artículo 41
 artículo 107
 artículo 48
 resolución 
 artículo 8
 artículo 50
e contrario
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 50
 artículo 48