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Timestamp: 2017-12-11 04:07:31+00:00

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REDUCCION DE PENSION DE ALIMENTOS POR DESPIDO DISCIPLINARIO DEL PADRE
La Audiencia Provincial de Zaragoza, en sentencia 513/2017, dictada el 14 de julio, reduce la pensión que debe abonar el padre a su hijo menor de edad, considerando, que los hechos que motivaron el despido disciplinario, aunque voluntarios y deplorables, no deben extrapolarse al procedimiento de modificación de medidas, donde solo se ha de atender a la capacidad económica del obligado al pago, y escapa al sentido común pensar, que la actuación del progenitor ha sido provocada para eludir sus responsabilidades parentales.
El supuesto de hecho de esta sentencia es el siguiente: Padre no custodio, presenta una demanda de modificación de medidas para solicitar la reducción de la pensión que tiene que abonar a su hija menor de edad. En primera instancia, consigue acreditar que ha sido despedido disciplinariamente por sustraer objetos de la empresa; que sus ingresos han disminuido; y que el despido disciplinario ha sido recurrido judicialmente, encontrándose el procedimiento suspendido.
El Juzgado de Primera Instancia, desestima la demanda, considerando que al tratarse de un despido disciplinario, los hechos que dieron lugar a tal despido, fueron realizados de forma voluntaria por el padre de la menor, y en consecuencia, no se cumplen los requisitos necesarios para modificar la medida, es decir, para proceder a reducción la pensión de alimentos.
PENSION ALIMENTICIA Y NACIMIENTO DE NUEVOS HIJOS
Cuando las parejas o matrimonios con hijos menores, deciden terminar su relación, han de fijarse una serie de medidas, entre las que se encuentra el establecimiento de una pensión alimenticia a favor de los hijos nacidos del matrimonio, a cuyo pago viene obligado el progenitor no custodio.
Cualquiera de estas medidas adoptada en una sentencia de divorcio o nulidad, puede ser modificada con posterioridad, siempre que se produzca una variación sustancial en las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en su día para establecerla. Así lo permiten el art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 90.3 del Código Civil, y resultan frecuentes los pleitos de modificación de medidas, en lo referido a la cuantía de la pensión alimenticia, bien para reducirla, bien para aumentarla según los casos.
Esa modificación de medidas, puede adoptarse de mutuo acuerdo o de forma contenciosa. Ambas vías están reguladas en la Ley de Enjuiciamiento civil, arts. 777 y 770 respectivamente.
Pero ¿Cuales son los requisitos que tanto doctrina como jurisprudencia exigen para apreciar que efectivamente se ha producido una variación sustancial de las circunstancias, y que por tanto cabe acordar la modificación de la medida solicitada?
La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2011, recoge la interpretación doctrinal y judicial, para que la acción de modificación pueda ser acogida judicialmente, requiriendo la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que se haya producido, con posterioridad a dictarse la resolución judicial que la sancionó, un cambio en la situación fáctica (los hechos y circunstancias) que determinó la medida que se intenta modificar.
Por tanto, sólo se pueden dejar sin efecto o modificar, las medidas establecidas en una sentencia firme de separación, divorcio o nulidad, en aquellas hipótesis en que las circunstancias determinantes del establecimiento de la medida originaria hayan experimentado un cambio sustancial, cuya prueba le corresponde al demandante o solicitante de la modificación.
Todo lo anterior, aunque está referido a situaciones de crisis matrimoniales, es plenamente aplicable a los procesos sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
Por otra parte, también resulta frecuente que el obligado al pago de la pensión alimenticia, contraiga nuevo matrimonio, o inicie una nueva relación sentimental, de la que nazcan nuevos hijos. ¿Qué pasa entonces con la pensión alimenticia establecida a favor de los hijos nacidos de la primera relación? ¿se considera el nacimiento de los nuevos hijos como una variación sustancial de circunstancias?¿ hay que modificar su cuantía?.
En sentencia de 30 de abril de 2013, el Tribunal Supremo, sentó jurisprudencia sobre este asunto, en el sentido de estimar, que el mero hecho de que el obligado al pago de la pensión alimenticia, tuviera nuevos hijos, no era causa por sí sola para modificar la cuantía de la misma, sino que era necesario además saber si la capacidad económica del obligado al pago era insuficiente para hacer frente a esa obligación ya impuesta.
Para ello considera importe saber, a la hora de rebajar la cuantía de la pensión, si la nueva pareja del obligado al pago, contribuye económicamente al sostenimiento de los hijos o dicho sostenimiento queda exclusivamente en manos del padre.
Considera el Tribunal Supremo, que todos los hijos, son iguales ante la Ley, y todos tienen el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores, atendiendo a lo establecido en el art. 39 de la Constitución Española, sin que unos tengan un crédito preferente sobre los otros.
Al objeto de acreditar esa insuficiencia de medios económicos, para atender a los hijos nacidos de una y otra relación, el Tribunal Supremo, exige una prueba rigurosa, y así lo tiene establecido en la sentencia de 21 de septiembre de 2016.
Así por ejemplo en sentencia nº 557/2016 dictada también el 21 de septiembre, el Tribunal Supremo, considera necesario rebajar la pensión alimenticia establecida a favor de los hijos de la primera relación del obligado al pago, teniendo en cuenta que tanto el alimentante, como su actual pareja, se encontraban en paro, y además habían tenido un hijo.
Otra sentencia más reciente es la sentencia 61/17, dictada por el TS el 1 de febrero de 2017, en la que accede a la reducción de la pensión alimenticia solicitada por el padre, atendiendo por un lado, al nacimiento de dos nuevos hijos de su segundo matrimonio y, por otro, a la circunstancia de que el alimentante disfruta de la misma situación laboral y económica antes y después de su nacimiento y que su actual esposa, (extremo no cuestionado), desarrolla un trabajo de venta minorista de artículos de papelería cuya actividad arrojó pérdidas, como justifica mediante la relación de pérdidas y ganancias y declaración de la renta percibida, contribuyendo a la economía familiar con pequeñas cantidades de dinero procedentes de esta actividad económica.
Utilizando la misma argumentación, esto es, la necesidad de valorar o tener en cuenta la situación económica de la nueva unidad familiar formada por el obligado al pago de la pensión, y el principio de igualdad entre los hijos, la Audiencia Provincial de León, en sentencia 65/2017, dictada el 6 de marzo de 2017, estima necesario reducir la cuantía de la pensión alimenticia, considerando, que si bien el obligado al pago, parece que ha incrementado su capacidad económica (atendiendo a la falta de prueba acerca de que se encontraba cobrando el desempleo y a diversos signos externos, como que su actual esposa había adquirido con carácter privativo dos inmuebles, cuya propiedad correspondía en pro indiviso a ambos cónyuges, asumiendo el pago de la hipoteca de ambos), también es cierto, que ha tenido un nuevo hijo en su segundo matrimonio, y que la madre de la menor nacida de su primer matrimonio, también ha incrementado sus ingresos.
Por su parte la Audiencia Provincial de Cantabria, en sentencia 761/2016 dictada el 7 de septiembre de 2016, desestima la pretensión del alimentante de reducir la cuantía de la pensión alimenticia, porque aunque han nacido dos nuevos hijos de una relación posterior, sus ingresos siguen siendo los mismos que en el momento en que se fijo la cuantía de la pensión, ya que mantiene la misma actividad laboral, no se ha acreditado suficientemente la carga alegada que le ha supuesto la adquisición de una nueva vivienda, ni tampoco el cese de la actividad laboral de su actual esposa.
En igual sentido desestimatorio de la reducción, se pronuncia la Audiencia Provincial de Cantabria 78/2016, de 10 de febrero de 2016, porque el alimentante mantiene la misma actividad laboral, y aunque se haya vuelto a divorciar, y debe asumir nuevas pensiones alimenticias a favor de los dos hijos nacidos del segundo matrimonio, dichas pensiones fueron fijadas de mutuo acuerdo y no se consideran un incremento de gastos respecto a los generados por ambos menores durante el matrimonio; además considera el tribunal, que las necesidades del hijo nacido en el primer matrimonio, no han disminuido y por tanto mantiene la cuantía de la pensión alimenticia.
Por último, la sentencia 54/2016 dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria, el 28 de enero de 2016, estima necesario rebajar la cuantía de la pensión alimenticia, atendiendo a que los ingresos de la actual esposa del alimentante, con quien ha tenido una niña, no resultan suficientes para atender a las necesidades de la nueva hija.
En conclusión: El hecho de que el obligado al pago de una pensión alimenticia, tenga nuevos hijos, puede considerarse como una modificación sustancial de circunstancias, si viene acompañada de otras circunstancias de índole económico, que acrediten una merma o un aumento de la capacidad económica en el obligado al pago, y la prueba de tal circunstancia corresponde al solicitante de la modificación de medidas.
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DOS JUECES DE SANTANDER OBLIGAN A DEVOLVER LOS GASTOS DE HIPOTECA
Los Juzgados de Primera Instancia nº 1 y 5 de Santander han condenado a la entidad bancaria a abonar al consumidor los gastos de formalización de hipoteca, aunque con criterios dispares. El nº 1, ordena al banco la devolución de los gastos de Notaría, gestoría y Registro y excluye los derivados del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo pago, es responsabilidad del prestatario.
Sin embargo, el nº 5, considera que la entidad bancaria, solo debe devolver al prestatario, la cantidad abonada al Registro de la Propiedad por inscribir la hipoteca.
Fuente: El Diario Montañes,.
REDUCCION DE JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIARES
El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, establece la posibilidad de que el trabajador pueda reducir su jornada diaria en los siguientes supuestos:
2.-Guarda legal y cuidado directo de un familiar
3.-Nacimiento de hijo prematuro u hospitalizado tras el parto.
4.- Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
5.- Miembros de Comunidades Islámicas
6.- Trabajadoras víctimas de violencia de género
7.- Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
Además habrá que atender al convenio colectivo concreto que resulte aplicable, ya que tanto éste, como la costumbre o los usos del tráfico puedan establecer otros supuestos distintos, o establecer condiciones más beneficiosas, para los ya previsto legalmente.
Los representantes de los trabajadores (delegados de personal y miembros del Comité de Empresa) deben emitir informe previo a la ejecución por parte del empresario de sus decisiones sobre reducción de jornada.
Hoy nos vamos a detener en el segundo de los supuestos establecidos en el art. 37 del Estatuto de los trabajadores, referidos al cuidado de familiares.
Según este precepto, tiene derecho a reducir su jornada diaria el trabajador que se encuentre en alguno de estos dos supuestos:
1.- Que tenga la guarda de menores de 12 años o personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñen una actividad retribuida.
2.- Que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que dicho familiar reúna las siguientes condiciones:
A.- Quepor razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo.
B.- Que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de la jornada tendrá un mínimo de 1/8 de la jornada diaria, y un máximo de ½, reduciéndose proporcionalmente el salario a percibir por el trabajador.
Es un derecho individual de los trabajadores, si bien cuando dos o más trabajadores de la misma empresa generan este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Corresponde al trabajador la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada,dentro de su jornada ordinaria, teniendo en cuenta que el convenio colectivo aplicable, puede establecer criterios para la concreción horaria de la reducción, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas.
Se establece la obligación de preaviso para el trabajador salvo supuestos de fuerza mayor, con 15 días de antelación, salvo que el convenio colectivo aplicable establezca otro distinto, debiendo además precisar la fecha en que se iniciará y finalizará la reducción.
Las discrepancias entre empresario y trabajador sobre estos puntos se deben resolverá través del procedimiento establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción social, para lo cual el trabajador deberá interponer demanda ante el Juzgado de lo social, en el plazo de 20 días desde que el empresario le comunica la disconformidad con su propuesta.
El procedimiento se tramitará con carácter preferente, y la sentencia es firme, sin que contra ella se pueda interponer recurso de suplicación (art…..Ley de la jurisdicción social y Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social de 22 de febrero de 2007).
El despido de trabajadores por el simple hecho de haber solicitado permiso por esta causa, o su disfrute, es nulo.
¿Y a quien corresponde la concreción horaria de la reducción de jornada? La jurisprudencia tiene establecido que la concreción horaria de la jornada reducida corresponde al trabajador salvo que excepcionalmente concurran circunstancias por razones del poder de dirección y organización empresarial. En ese caso, y según los supuestos, la facultad puede atribuirse tanto al empresario como al trabajador.
A modo de ejemplo la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en Sentencias de 20/06/00 y 21/03/11 ha señalado que “en la aplicación de las reducciones de jornada que establece el artículo 37.5 Estatuto de los Trabajadores , ha de partirse de la base de que tal precepto forma parte del desarrollo del mandato constitucional ( artículo 39 de la Constitución ) que establece la protección a la familia y a la infancia. Finalidad que ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa. Por otra parte nada establece el precepto legal en orden a la concreción horaria de la reducción de jornada, ni si en tal actuación debe prevalecer el criterio o las necesidades concretas del trabajador o las organizativas de la empresa. Aparente laguna legal, posiblemente dejada de propósito, con el fin de que se compatibilicen los intereses del menor (y por tanto del padre o madre trabajadores), con las facultades empresariales de organización del trabajo. Es evidente que la forma de ejercicio del derecho por ambas partes puede ser determinante de que, en cada caso, proceda una u otra solución, según las circunstancias concurrentes”, y en el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en sentencias de 6 de abril de 2004 y 11 de diciembre de 2002.
Por su parte el Tribunal Constitucional, en sentencia 3/2007 de 15 de enero consideró que la sentencia recurrida en amparo que denegó la concreción horaria fijada por la trabajadora, en base a consideraciones de estricta legalidad, derivadas de la interpretación que efectúa de la expresión «dentro de su jornada ordinaria» utilizada por el apartado 6 del art. 37 LET, por entender que la jornada reducida propuesta por la trabajadora no se ajustaba a los límites establecidos en el citado precepto, al pretenderse el establecimiento de una jornada a desarrollar exclusivamente de lunes a miércoles y en horario de tarde, siendo así que la jornada ordinaria de la trabajadora se desarrollaba de lunes a sábados y en turnos rotativos de mañana y tarde, incurría en discriminación indirecta por razón de sexo, al haber prescindido en su fundamentación de toda ponderación de las circunstancias concurrentes y de cualquier valoración de la importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora, implícito en su ejercicio del derecho a la reducción de jornada por motivos familiares, pudiera tener la concreta opción planteada y, en su caso, las dificultades que ésta pudiera ocasionar en el funcionamiento regular de la empresa para oponerse a la misma.
Razona la indicada sentencia que el hecho de que el órgano judicial no se hubiera planteado la cuestión de si denegar a la trabajadora la reducción de jornada solicitada constituía o no un obstáculo para la compatibilidad de su vida familiar y profesional suponía no valorar adecuadamente la dimensión constitucional exart. 14 CE de la cuestión que se le planteaba, al haber renunciado a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino sin ni siquiera tener en cuenta que este derecho estaba en juego y podía quedar afectado» ( SSTC 191/1998, de 29 de septiembre; y 92/2005, de 18 de abril).
La dimensión constitucional de la medida contemplada en los apartados 5 y 6 del art. 37 LET y, en general, la de todas aquellas medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo ( art. 14 CE ) de las mujeres trabajadoras como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia ( art. 39 CE ), ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa. A ello contribuye el propio precepto legal, que no contiene ninguna precisión sobre la forma de concreción horaria de la reducción de jornada, ni establece si en su determinación deben prevalecer los criterios y las necesidades del trabajador o las exigencias organizativas de la empresa, lo que posibilita una ponderación de las circunstancias concurrentes dirigida a hacer compatibles los diferentes intereses en juego.
¿Y que criterio tiene nuestro Tribunal Superior de Justicia al respecto?.
La sentencia del TSJ de Cantabria de 31-12-1999, sostuvo, que “el art. 37.5 del ET no concede un derecho absoluto al trabajador a la elección del horario que estime conveniente y debe ejercitarse conforme los principios de la buena fe y adecuado a su finalidad ( art. 5.a ET ). En principio, debe entenderse que la elección del trabajador es la más acorde a las necesidades de atención del menor que tiene que atender. Pero si la empresa justificaba la coincidencia con una acumulación de tareas en parte de la jornada reducida elegida por la actora, sin que la trabajadora acreditase las razones que le llevaban a mantener la reducción propuesta por ella, su pretensión debía desestimarse”.
La Sentencia del TSJ Cantabria, 1048/2015 de 31/07/2015 dice al respecto que “el primer párrafo del artículo 37.5 , concreta que el derecho a la reducción de jornada por guarda legal debe proyectarse sobre la jornada de trabajo "diaria", calificativo que delimita el ejercicio del derecho. Por ello, cuando se ejercita el derecho de reducción por guarda legal, esta reducción debe proyectarse sobre todos los días en los que el trabajador o trabajadora tiene que prestar sus servicios profesionales. El trabajador tendrá derecho a reducir su jornada diaria entre un octavo y un máximo de la duración de aquélla.
Pero con la finalidad de evitar la acumulación y el disfrute continuado de esta reducción, se aclara que los porcentajes han de aplicarse sobre la jornada diaria y no sobre la calculada en cómputo anual o semanal, como entendió algún órgano judicial, limitando el ejercicio del derecho, haciéndolo, por otro lado, más acorde con su finalidad real aunque dificultando su ejercicio en la práctica. Mientras que, con anterioridad a la reforma, se precisaba la unidad diaria para distribuir el resto de módulos, fueran semanales o anuales, ahora se debe contar con ella sólo con la finalidad de lograr una concreción horaria. De este modo, la jornada se reduce pero no se distribuye en módulos superiores al diario”…..” Respecto a los turnos, ya expresamos los diversos criterios y sigue existiendo la posibilidad de distinguir que
"jornada de trabajo" y "turno de trabajo" no son lo mismo”…..” La limitación establecida en el artículo 37.6 del ET , al hablar de la jornada ordinaria", debe entenderse referida
a la jornada de trabajo y no a los turnos de trabajo, que son cosas distintas, y sobre éstos no se ha establecido limitación, pero lo que no puede es omitirse la obligación impuesta por la nueva norma de que la reducción se proyecte o manifieste en cada uno de los días en los que se preste servicios en el turno elegido”.
EL TRIBUNAL DE LA UE ESTIMA NULO EL DESPIDO DURANTE LA BAJA LABORAL
Los tribunales españoles, venían calificando este despido como improcedente, lo que permitía a la empresa optar entre indemnizar o readmitir al trabajador. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estima que esos despidos son nulos, lo que significa que la empresa deberá de forma obligatoria readmitir al trabajador.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/despido-baja-medica-despido-nulo/201702101204521...
ATRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN CASO DE HIJOS MAYORES DE EDAD
La sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 23 de enero de 2016, recuerda la doctrina que mantiene en estos casos, establecida en sentencias anteriores, como por ejemplo las dictadas el 29 de mayo de 2015 y 6 de mayo de 2016:
Cuando existen hijos menores de edad, es su interés el que prevalece, y por tanto a ellos, junto con el progenitor al que se la ha otorgado la guarda y custodia, es a quienes se les atribuye el uso de la que durante el matrimonio ha venido siendo la vivienda familiar.
Cuando los hijos ya han cumplido la mayoría de edad, marido y mujer, quedan en situación de igualdad, ya que desparece el derecho preferente a ocupar la vivienda familiar derivado de la atribución de la guarda y custodia, y en consecuencia, para adjudicar el uso de la vivienda familiar, se ha de atender, al interés más digno de protección.
CLAUSULA SUELO ¿ACUERDOS O DEMANDAS?
El pasado 21 de enero de 2017, entró en vigor el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, cuyo objeto es el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria, y se ha dictado, como consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de diciembre de 2016.
Este Real Decreto-ley dispone que las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que éstos formulen.
Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación sea conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario, y deberán implantarlo en el plazo de 1 mes. Sin embargo no establece ningún tipo de sanción para aquellas entidades financieras que incumplan esta norma.
Se permite a los consumidores (no a los empresarios), que presenten sus reclamaciones desde su entrada en vigor, es decir, desde el pasado 21 de enero de 2017, y una vez recibida la reclamación por la entidad de crédito, ésta tiene dos opciones: Estimar que efectivamente el consumidor tiene derecho a la devolución de cantidades; o bien, considerar que el consumidor no tiene derecho a la devolución, en cuyo caso deberá motivar su decisión y comunicárselo al consumidor. Si el banco elije esta última opción, se dará por concluido el procedimiento judicial.
Si por el contrario, el banco considera que el consumidor tiene derecho a la devolución de las cantidades cobradas de más, por aplicación de la clausula suelo, deberá comunicar al consumidor un cálculo desglosado de las cantidades que considere a devolver, incluyendo los intereses.
El consumidor, deberá pronunciarse sobre si está o no de acuerdo con el cálculo efectuado por el banco: si lo estuviera, la entidad de crédito, y el consumidor acordarán la entrega de cantidades en efectivo, o bien, una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo, respecto de la cual se concede al consumidor un plazo de 15 días para que preste su conformidad.
Podemos imaginar, a que clase de medidas se refiere la norma, cuando el propio Real Decreto-Ley, establece que su aceptación requerirá que el consumidor haya sido suficiente y adecuadamente informado, que figure manuscrita, y en documento aparte en el que conste el cumplimiento del plazo de 15 días al que me he referido antes.
El plazo máximo para que consumidor y entidad financiera alcancen un acuerdo y se ponga a disposición del consumidor la cantidad a devolver, será de tres meses desde la presentación de la reclamación. Sin embargo, también dice el Real Decreto, que este plazo 3 meses no comenzará a correr hasta la efectiva adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma, o haya transcurrido 1 mes, sin que la entidad hubiera puesto en marcha el departamento correspondiente, y ya dije antes, que no existe sanción para el caso de que la entidad financiera no adopte medidas, o cree el departamento correspondiente.
Entonces… ¿Cuándo se inicia el computo de los tres meses? ¿Realmente son 3 meses desde la reclamación?. De la lectura de la norma se me ocurren tres plazos distintos, en función de si la entidad tiene o no establecidos los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la norma:
1.- Aquellas entidades que a la fecha de entrada en vigor de la norma (21 de enero de 2017), ya tienen establecidas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la norma, y además han creado un departamento especializado en atender estas reclamaciones. En este caso, el plazo de 3 meses, empezará a contar desde la fecha de presentación de la reclamación.
2.- Aquellas entidades, que tengan establecidas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la norma, pero no hayan creado aún el departamento encargado de tramitar estas reclamaciones. En cuyo caso el plazo no empieza a contar hasta que haya transcurrido 1 mes sin que la entidad haya puesto en marcha el departamento correspondiente.
3.- Aquellas entidades, que simplemente no tengan establecidas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la norma; en cuyo caso, el plazo de 3 meses comenzará a correr desde la efectiva adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento.
Ya comenté antes, que la ley no ha previsto sanciones para aquellas entidades financieras que incumplan los plazos de adaptación, y a día de hoy, desconozco, cuantas entidades financieras han cumplido ya con éstas obligaciones.
Respecto a las costas procesales, hay que distinguir dos supuestos:
1.- El consumidor no ha querido someterse a este procedimiento de solución extrajudicial (no olvidemos que es voluntario), y ha decidido presentar directamente demanda contra el banco. En este caso, regirán las siguientes reglas:
A.- En caso de que la entidad financiera, se allane de forma total, a lo pedido por el consumidor, antes de contestar a la demanda, se considera que no existe mala fe, y en consecuencia no procede condena en costas.
B.-En caso de que el allanamiento del banco sea parcial, y consigne la cantidad que considera debe devolver al consumidor, solo será condenada en costas si el consumidor obtuviere una sentencia, cuyo resultado económico fuera más favorable que la cantidad consignada.
2.- El consumidor se sometió al procedimiento establecido en el Real Decreto-Ley, pero no ha conseguido obtener un acuerdo. En este caso la entidad financiera solo será condenada en costas, si el consumidor obtiene una sentencia más favorable, que la oferta recibida por el banco.
Respecto de la formalización de la escritura pública y la inscripción registral, que en su caso pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor se dice que devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base, pero no especifica quien deberá correr con esos gastos ¿el consumidor o el banco?.
En relación con el tratamiento fiscal de las cantidades devueltas por el banco, tanto si han sido fruto del sometimiento al procedimiento extrajudicial contenido en el Real Decreto-Ley, o impuestas por sentencia o laudo arbitral, la norma establece que no integrarán la base imponible del IRPF.
Respecto de las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente:
1.- Si han sido objeto de deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por las CCAA, se perderá el derecho a deducción.
2.- Si han sido consideradas como gasto deducible, perderán tal consideración, y habrá de practicarse autoliquidación complementaria, respecto de la que no se impondrán ni sanción ni intereses moratorios, ni ningún tipo de recargo en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto; y no formaran parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna, ni tendrán la consideración de gasto deducible.
3.- Si las cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación por IRPF finalizase con posterioridad al acuerdo de devolución, no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna, ni tendrán la consideración de gasto deducible.
En este sentido, la AEAT, ha publicado en su web, ayer, 25 de enero de 2017, un comunicado, explicando la forma en que se regularizarán las cantidades satisfechas por el contribuyente, y en que supuestos será necesario presentar autoliquidaciones complementarias.
COMO PERJUDICA EL PASO DEL TIEMPO A TU DERECHO A RECLAMAR
La Ley 42/2015 de 5 de octubre, ha reformado los PLAZOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES PERSONALES, y en concreto el art. 1964.2 del Código Civil, ahora establece como plazo general para el ejercicio de estas acciones, el de 5 años frente a los 15 que venían fijados anteriormente, siempre y cuando no tengan señalado un plazo especial por ley.
De los términos de establecido en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015, se puede establecer el siguiente régimen transitorio, para el ejercicio de acciones nacidas antes del 7 de octubre de 2015 fecha de entrada en vigor de la ley antes citada:
-Acciones nacidas antes del 7-10-2000: estarían prescritas en la actualidad.
-Acciones nacidas entre el 7-10-2000 y el 7-10-2005: se aplicaría el plazo anterior de 15 años previsto en el art. 1964 CC.
-Acciones nacidas entre el 7-10-2005 y el 7-10-2015: se aplicaría la DT 5.ª L 42/2015, que a su vez remite al art. 1939 CC, la prescripción sería el 7-10-2020 en cualquier caso.
-Acciones nacidas a partir del 7-10-2015 (fecha de entrada en vigor de la Ley 42/2015): se aplicaría el plazo actual de 5 años previsto en el art. 1964.2 CC.
Además de este plazo general, existen otros de carácter especial para el ejercicio de determinadas acciones, como por ejemplo los siguientes:
La acción para reclamar por culpa o negligencia, prescribe al año, desde que lo supo el agraviado (artículo 1968.2º del Código Civil). Ejemplo de ejercicio de esta acción: la reclamación que efectúa la víctima en un accidente de tráfico.
Reclamación de rentas urbanas o rústicas debidas, 5 años desde que fueran exigibles las rentas impagadas; al igual que la acción para reclamar pensiones alimenticias u otros pagos que hayan de realizarse por años o en un periodo más breve.
Las reclamaciones de deudas en negocios como posadas, restaurantes o comercios, prescriben a los 3 años; igual que las deudas a los farmacéuticos por los medicamentos que suministraron; y las generadas a los profesores que impartieron clases que no fueron abonadas
RECLAMAMOS TU CLAUSULA SUELO. NO DUDES EN CONSULTAR
El Tribunal de Primera Instancia nº 10 de Oviedo, ha dictado la primera sentencia aplicando la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, en la que se declaraba la obligación de las entidades bancarias de devolver las cantidades cobradas indebidamente por aplicación de las clausulas suelo impuestas en los contratos de hipoteca, basándose en la escasa protección al consumidor que otorgaba la solución dada nuestro Tribunal Supremo, el cual limitaba la devolución de cantidades hasta el 9 de mayo de 2013.
RECLAMACION PREVIA DEL PERJUDICADO
En el siguiente documento explico las funciones que cumple esta reclamación extrajudicial y los requisitos que ha de reunir para ser válida.
Esta obligación de reclamación previa por parte del perjudicado, es esencial, por lo que si has sufrido un accidente de tráfico, y consideras necesario reclamar, consulta y actúa si es necesario. Estás en tu derecho.
¿QUE PASÓ CON AQUEL DÉCIMO QUE COMPARTIMOS?
En estas fechas es frecuente que grupos de amigos, compañeros de trabajo, familia, etc, adquieran un décimo de lotería para el Sorteo Extraordinario de Navidad, y que uno de los miembros del grupo, sea el encargado de custodiar, y posteriormente cobrar el décimo en caso de resultar agraciado, para después compartirlo con los demás.
Pero ¿Qué podemos hacer si esa persona, traiciona nuestra confianza, cobra el premio y después no nos da nuestra parte?. En realidad, no podemos hacer nada para evitar esa conducta, pero si que podemos hacer algo, para evitar que se quede con nuestro parte del premio. Es un poco laborioso, dependiendo del numero de personas que compartamos el décimo, pero merece la pena.
Sacaremos una fotocopia del décimo que compartimos por cada uno de los miembros del grupo, y en cada una de ellas, plasmaremos los datos de identidad de todos los apostantes (Nombre, DNI, domicilio), la cantidad que juega cada uno, la fecha, y la firma de todos ellos. También señalaremos, al miembro del grupo que se encargará de custodiar el décimo hasta el sorteo, y cada apostante se quedará con una de estas fotocopias.
Con algo tan sencillo como esto, evitamos malentendidos, porque cada uno de los apostantes, sabe en todo momento quien posee el décimo, es decir a quien tiene que reclamarle el premio, además de la cantidad que juega, y por tanto la parte de premio que se le debe entregar.
Pero además, hemos creado una prueba documental que nos va a permitir, en el caso de que el depositario finalmente haya caído en la tentación, reclamar ante los tribunales nuestra parte del premio. Una prueba que resulta muy importante para apoyar nuestra pretensión, ya que acredita el número jugado, la identidad de los apostantes, y la cantidad que apostaban cada uno de ellos.
Esto último es muy importante, ya que en caso contrario, es decir si no se plasma ninguna cantidad en el acuerdo, los tribunales entienden que el premio se ha de repartir a partes iguales.
NULIDAD DE CLAUSULAS HIPOTECARIAS DE GASTOS DE TRAMITACIÓN
Mas de 8 millones de hipotecas podrían verse afectadas, tras una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 2015, en la que declaraba nulas por abusivas las clausulas referidas a la carga al consumidor de los gastos de Notaría y Registro de la Propiedad, así como el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y gastos extrajudiciales, judiciales o de otra naturaleza, consecuencia del incumplimiento por el prestatario consumidor y los derecho de abogado y procurador, incluso cuando su intervención no resulte preceptiva (sentencia Sala Primera del TS, nº 705/2015 de 23 diciembre)
Enlace relacionado: https://confilegal.com/20161128-8-millones-hipotecas/
MODELOS DE CUSTODIA COMPARTIDA: ARTICULO DEL PSICOLOGO JOSE MANUEL AGUILAR. CUENCAhttp://jmaguilar.c
Aquí dejo este enlace, a quien pueda interesar: http://jmaguilar.com/blog/wordpress/modelos-de-custodia-compartida/?utm_campaign=shareaholic&utm_med...
Es importante conocer ciertos aspectos de la custodia compartida para poder decidir cual resulta más aconsejable en cada caso. No todos los casos, ni todas las personas son iguales. Cada familia es un mundo. No siempre la guarda y custodia compartida se puede llevar a la práctica, o no siempre es aconsejable la guardia y custodia adjudicada a uno solo de los progenitores.
Si tienes dudas acerca de como regular la convivencia con tu familia, después de una ruptura, no dudes en consultar.
INÉS ONANDÍA PEREZ
ABOGADA - MEDIACION FAMILIAR
www.abogadainesonandia,perez
Avda. Solares nº 4 -2ºB (39620-Sarón), Cantabria.
Tel: 942-56-44-03
e-mail: inesonandia@icacantabria.es
CESION DE CREDITOS Y MONITORIO
En el siguiente enlace, encontraréis un artículo que describe la operativa de aquellas entidades que, una vez adquirida la deuda de una entidad financiera, proceden a su reclamación al consumidor.
http://blog.sepin.es/2015/02/monitorio-deudores-grandes-empresas/
Comienza el verano y con él la temporada de bodas.
Si tu y tu pareja, estáis pensando en convivir juntos, pero no tenéis claro, si contraer matrimonio o registraos como pareja de hecho, o simplemente convivir juntos sin ningún tipo de formalidad, conviene saber que la elección entre estas tres opciones, conlleva consecuencias distintas, tanto desde el punto fiscal, como de prestaciones asistenciales, derechos sucesorios etc.
No significa que una de las opciones sea mejor que las demas, pero sí distintas, y dependerá del estilo de vida de cada pareja, elegir una u otra.
Por ello os recomiendo, que antes de tomar la decisión, conozcáis como os afectará jurídicamente optar por contraer matrimonio, registrarse como pareja de hecho, o simplemente vivir juntos.
ACCIDENTES DE TRAFICO Y HACIENDA
¿Tengo que declarar a Hacienda la indemnización percibida por los daños personales sufridos en un accidente de tráfico?
Si la indemnización se ha obtenido mediante acuerdo extrajudicial, estará exenta de tributar por IRPF, la cuantía que no exceda de la legalmente prevista en el baremo de accidentes de trafico. El exceso sí tributa.
Si la indemnización ha sido establecida judicialmente, toda su cuantía estará exenta, aunque exceda de la legalmente establecida en el baremo de tráfico.
No están exentos de tributar por IRPF, los intereses percibidos como consecuencia de la mora de la aseguradora en el pago de la indemnización. Deberán tributar como ganancia patrimonial.
¿Que pasa si se sustituye la indemnización por una renta vitalicia o temporal? Dicha renta, tributara en IRPF como rendimiento del trabajo.
¿Y si la indemnización la cobran los herederos de la víctima del accidente? Deberán declararla en el Impuesto de Sucesiones.
Si has tenido un accidente de tráfico, y estás pensando en reclamar no dudes en consultarnos.
INÉS ONANDÍA PÉREZ
ABOGADA -MEDIACIÓN FAMILIAR
AGENTE SEGUROS BILBAO.
Avda. Solares nº 4-2º
39620 - Sarón (Cantabria)
inesonandia@icacantabria.es
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El Tribunal Supremo ha declarado que el sistema de custodia compartida de los hijos no exime del pago de una pensión de alimentos si existe desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges. La Sala primera ha revisado el caso de una pareja divorciada en Sevilla, y obliga al padre a pasar una pensión a su exesposa para la manutención de sus dos hijas menores, ya que la madre no trabaja y no tiene ingreso alguno. Ha rechazado, además, que esa pensión pueda limitarse temporalmente "pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no pueda encontrar trabajo".
El Alto Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por el padre contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictada en octubre de 2014, y confirma una sentencia dictada en 2013 que establece la custodia compartida de las hijas. El Supremo indica que ambos padres tienen capacidad para educar a sus hijos y que con la custodia compartida se fomenta la integración de los menores con sus progenitores, se evita el sentimiento de pérdida y estimula la cooperación de los padres en beneficio de los menores.
La sentencia no acepta la demanda del padre que establece que al tener custodia compartida, ya no es necesario el pago de alimentos, ya que cada progenitor debe hacerse cargo de estos gastos durante el tiempo que tenga a los menores en custodia. Se mantiene el pronunciamiento de la sentencia recurrida en cuanto determina que los alimentos se mantienen sin limitación temporal e igualmente acepta que la pensión compensatoria se mantendrá durante tres años. El Supremo estima que una limitación temporal tiene sentido en una pensión compensatoria, como estímulo en la búsqueda de ocupación laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos.
El TS en sentencia dictada el día 1 de marzo de 2016, confirma sentencia dictada en primera instancia, en la que se otorgaba la guarda y custodia de sus hijos menores, a la madre, pese a padecer un cuadro de parkinson leve, entendiendo que dicha enfermedad, no le impide atender a sus hijos.
Igualmente recuerda la citada sentencia, que para conceder la custodia compartida, debe existir una minima capacidad de dialogo entre los progenitores, para no perjudicar el interes del menor, ya que la custodia compartida requiere un mínimo de colaboración que aparque la hostilidad y apueste por el diálogo y los acuerdos.
ARRAIGO FAMILIAR Y EXPULSION
El TSJ de Baleares en sentencia dictada el pasado 29 de enero de 2016, considera que a la hora de imponer la sanción de expulsión por estancia irregular en España, pesa más la circunstancia de estar casado con una persona española y tener una hija de nacionalidad española, que el hecho de que el sancionado con la expulsión, tenga 6 condenas penales, algunas contra su pareja.
En base a este argumento, considera que no se debe proceder a la expulsión, porque las condenas penales y la entidad de los delitos cometidos, no son determinantes de una peligrosidad cierta ni de una amenaza real para la paz social. Sostiene el tribunal, que debe prevalecer el arraigo familiar porque obligar a la salida del país con prohibición de retorno por plazo de tres años colisiona de forma frontal con su derecho a estar y permanecer y disfrutar de su esposa e hija menor de nacionalidad comunitaria.
PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LOS NIETOS
El TS, confirma en sentencia dictada el 2 de marzo de 2016, la obligación de los abuelos de abonar la pensión alimenticia de sus nietos, en caso de insolvencia de los padres, y rechaza que además deban pagar los denominados gastos extraordinarios.
¿QUIEN ESTA LEGITIMADO PARA PEDIR PENSION ALIMENTENCIA DE HIJOS MAYORES DE EDAD?
El Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de julio de 2014, confirma que el cónyuge a cuyo cargo se encuentren los hijos mayores, está legitimado para solicitar alimentos para los hijos, pese a su mayoría de edad, si los precisan, y sin necesidad de que sean los hijos mayores de edad, los que acudan a otro proceso declarativo independiente.
PENSION ALIMENTICIA Y CUSTODIA COMPARTIDA
La sentencia del TS de 11 de febrero de 2016, además de recordar cuales son los requisitos necesarios para otorgar la custodia compartida, establecidos ya como doctrina por el TS en sentencias anteriores, determina, que la custodia compartida no exime del pago de alimentos, cuando exista desproporción entre los ingresos de los cónyuges, o cuando, en el caso resuelto por la sentencia, la progenitora no percibe salario o rendimiento alguno, ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades del que los recibe, pero también al caudal o medios de quien los da.
MODIFICACION DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR CUANDO LOS HIJOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD
La sentencia del Tribunal Supremo nº 73/2014, dictada por la Sala Primera, de Lo Civil, el 12 de febrero, establece la posibilidad de modificar el uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcancen la mayoría de edad, atribuyéndosela al cónyuge más necesitado de protección; y en el caso de que ambos cónyuges se encuentre en igual situación personal y económica, establece también la posibilidad de atribuir un uso alterno de dicha vivienda familiar.
¿Qué es la pensión de alimentos?. La pensión de alimentos puede definirse como el deber impuesto a una o varias personas de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción de dos partes: una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que tiene el deber legal y moral de prestarlos.
Cuando los hijos son mayores de edad y tienen derecho a seguir percibiendo la pensión de alimentos ( bien porque siguen estudiando o bien porque carecen de recursos propios) no es aconsejable que se les abone directamente a ellos la pensión, si la sentencia o convenio regulador estableción que la entrega de dicha cantidad debía hacerse al cónyuge. PINCHE AQUÍ PARA VER NOTICIA RELACIONADA.
La reclamación de cantidades derivadas de la pension de alimentos PRESCRIBE a los CINCO AÑOS. Es decir que si estamos en septiembre de 2013, podremos reclamar alimentos que se adeuden desde Septiembre de 2008 en adelante, laos anteriores habrán prescrito.
IMPORTANTE. En España desde este verano si existe un baremo orientador ( no vinculante) y aplicable por todos los operadores jurídicos a nivel nacional para determinar las cantidades que deben de abonarse en concepto de pensión de alimentos en los procesos de familia. De esta manera, las Tablas a las que anteriormente se remitía, también de manera orientadora y para determinados juzgados, han sido cambiados por este baremo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial con el consenso de todos los operadores jurídicos dedicados al Derecho de familia. (Este Baremo ha sido realizado con base a unos criterios que podeís leer pinchando este enlace.)
Lo primero que habrá que leer es si en el convenio regulador del divorcio o en la sentencia se han convenio en qué consisten los gastos extraordinarios, ya que de ser así, rige el principio de libertad de pactos, por lo que deberá estarse a lo que hayan pactado los esposos respecto de qué consideraban como gastos extraordinarios y en qué porcentajes lo iban a pagar ambos.
Por su parte, el incumplimiento de la obligación de prestar alimentos (incluidas las actualizaciones conforme al IPC y el pago parcial de la pensión de alimentos) conlleva el inicio del procedimiento de ejecución sobre los bienes del obligado a prestarlos e igualmente puede generar responsabilidades penales, ya que el impago de la pensión compensatoria durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos puede llevar consigo, al igual que el impago de la pensión compensatoria, la comisión de un DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA que está castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de 6 a 24 meses. Ademas constarán ANTECEDENTES PENALES por la comisión de este delito. Para ver los requisitos y plazo para la CANCELACION DE ANTECEDENTES PENALES, PINCHE AQUÍ.
Ampliacion del plazo para acogerse al IVA de caja hasta el 31 de marzo de 2014
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores autónomos (ATA) "aplaude" la decisión del Gobierno y recuerda que dicho aplazamiento era necesario, pues muchos autónomos desconocían que el plazo finalizaba el próximo 31 de diciembre.
Además, la organización presidida por Lorenzo Amor señala que existía cierto temor por parte de los autónomos a acogerse a esta medida ante las presiones que algunos de ellos estaban recibiendo por parte de sus grandes clientes para no hacerlo.
"El IVA de caja es una gran medida que no sólo va a facilitar que haya más liquidez en los negocios, sino que evitará que muchas grandes empresas se financien de autónomos y del propio Estado no pagando en los plazos establecidos por ley y deduciéndose un IVA que no han abonado", subraya.
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/5423245/12/13/El-Gobierno-amplia-hasta-marzo...

References: resolución 
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 39
 artículo 37
 artículo 37