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Timestamp: 2019-05-23 09:45:12+00:00

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Sentencia nº 818 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Octubre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 651332365
Número de Expediente: 16-0457
Magistrada Ponente: G.M.G. ALVARADO
El 10 de mayo de 2016, acudieron ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados M.G.C., en su condición de Fiscal Provisorio 8° Nacional con Competencia Plena, J.A.B.R., Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno (39°) del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, E.J.R.M., F.P.O. (80°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, EDDMYSALHA GUILLEN CORDERO, Fiscal Provisorio Octogésima Tercera (83°) del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales, A.S.C., en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Octavo (8°) con Competencia Nacional Plena y H.A.A.M., en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Trigésimo Noveno (39°) con Competencia Nacional Plena, comisionados por la FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, Dra. L.O.D., a través de las comunicaciones signadas con los alfanuméricos DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-07-F11311-368-11, DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-07-F-11311-293914, DFGR-VFGR- DGAP-DPDF07-F-6090-12, DFGR-15813, DFGR-VFGR- DGAP-DPDF-03-F-1131-743-15 y DFGR-VFGR- DGAP-DPDF-07-F-11311-557-13, respectivamente, para conocer de los Homicidios, Torturas y Desapariciones Forzadas, cometidas contra venezolanos y venezolanas durante los años 1958-1998, en uso de las atribuciones que les confieren los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numerales 1, 4, 5 y 6; 111 numerales 14, 15 y 18, del Código Orgánico Procesal Penal, y artículos 31 ordinales 3, 4, 5, 7, 8 y 37 numerales 7 y 16, ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solicitaron la REVISIÓN, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 336 ordinal 10° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 19 de la Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas entre los años 1958-1998, en contra de la decisión dictada por el JUZGADO MILITAR DE PRIMERA INSTANCIA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 07 de marzo de 1968, que declaró terminada la averiguación sumarial “con motivo de la desaparición física del ciudadano A.P.S.”, decisión que fue confirmada en toda y cada una de sus partes por la sentencia dictada por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 15 de marzo de 1968.
El 11 de mayo de 2016, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente a la Magistrada G.M.G.A., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Que “En fecha 11 de diciembre de 2012, la Fiscalía Octava a Nivel Nacional con Competencia Plena, tomó declaración del ciudadano CESAR CABRERA, en la que manifestó que luego de su detención fue trasladado al Teatro de Operaciones N° 3, cuyo jefe era C.V. y el Teniente Coronel P.N., siendo trasladado posteriormente al Cuartel Corpahuaico, ubicándolo en el calabozo N° 7, donde permaneció todo el tiempo de su detención, asimismo, señaló: ‘…estando L.C. preso junto con nosotros ingresan a F.M. y A.P., a quienes los colocaron en los calabozos 5 y 8, al día siguiente.. .cuando fuimos a buscar el desayuno, logré hablar con F.M. quien me manifestó que lo habían detenido junto con A.P. en una alcabala por la zona de Barinas, ellos duraron aproximadamente detenidos en el cuartel dos días y de ahí los trasladan al Teatro de Operaciones N° 3, donde por información del ciudadano M.C., quien me comunicó personalmente que a A. lo mataron y a F. lo torturaron, pero como F. estaba con A. también lo mataron...’. Alega que el redactó una carta que le hizo llegar con su mamá a la esposa de M. donde asegura haber visto con vida en el Cuartel Corpahuaico a F.M. y a A.P.”.
Que “A tales efectos, resulta un hecho notorio en esa época que los adversarios eran considerados un peligro para la estabilidad política del país, es por ello, que la Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período de 1958-1998, en el artículo 7 numeral 6, define el ‘Terrorismo de Estado’, en los siguientes términos (...)”.
Que “De esto se desprende de manera evidente un proceso no solo viciado sino también fraudulento, injusto, quedando impune delitos considerados violatorios contra los derechos humanos y de máxima gravedad, como son los delitos de LESA HUMANIDAD, toda vez que la razón o móvil del homicidio perseguía la destrucción o eliminación del grupo por razones meramente políticas, lo que determina la corporeidad de estos delitos, al ser perpetrados por funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones. Y ello, deviene en que estos funcionarios públicos, investidos de autoridad tenían la obligación irrestricta de velar por la seguridad de todos los habitantes del país, por su integridad física y por sobre todo la vida, independientemente de su inclinación política o razón social, o también perpetrados por civiles con el apoyo o aquiescencia del Estado, con la intencionalidad de acabar con la disidencia política, sin importar como ocurrió en el presente caso, de la desaparición física de una persona, de un ser humano, que aun cuando fue detenido por las autoridades, es obligación de los funcionarios del estado emplear de manera inmediata la función de garante, toda vez que, cualquier acto contrario que se haya realizado como en efecto lo fue, compromete de manera flagrante la actuación de los organismos de seguridad del estado”.
Que “En este sentido, éstas Representaciones del Ministerio Público solicitaron copias certificadas del expediente signado bajo el Número 87 el cual reposaba en el Archivo Judicial del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo y luego de una revisión exhaustiva de las actas que integran la causa, proceso que fue totalmente distorsionado o desnaturalizado, se evidencia que existe Cosa Juzgada, requisito indispensable para que proceda el Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional, siendo simulado con fines distintos a lo que realmente conlleva ‘el proceso’ considerado como una solución a los conflictos con una resolución pacífica, objetiva, imparcial, justa, equitativa, idónea y transparente”.
Que “Esa decisión al ser evidentemente contraria al fin que se perseguía, elevamos ante ese máximo Tribunal de la República, en cuya S. le compete ser el último guardián de la Justicia y de nuestra Constitución, al estarle encomendada la valiosa misión de velar por la uniformidad de criterios constitucionales, así como revocar aquellas decisiones que lesionen derechos y garantías consagradas en la Carta Magna, tal y como ocurrió en la decisión que traemos a colación”.
Que “Este fue uno de los argumentos que fueron utilizados para promulgar la Ley para Sancionar Los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones Políticas en el período 1958 al 1998, debidamente publicada en la Gaceta Oficial en fecha 25 de noviembre de 2011, con el número 39.808, ya que es notorio que en esa época existieron tales violaciones que han generado este nefasto hecho punible, con el transcurso de los años impunidad, injusticia y un verdadero caos social, ante el desasosiego y la falta de confianza en la administración de justicia que reinaba en el momento de los hechos, impregnado de temor, de silencio al no poder reclamar o elevar la voz, y de mucha incertidumbre”.
Que “Visto así, la decisión se encuentra DEFINITIVAMENTE FIRME, por tratarse de una sentencia de juicio con fuerza definitiva que fue consultada y que produjo efectos de COSA JUZGADA, causando una lesión constitucional irreversible al no tutelar el bien jurídico más importante como lo es el derecho a la vida de quien respondía al nombre de A.J.P.S. hecho pues, que atañe al Orden Público Constitucional y a la Seguridad Jurídica de los ciudadanos”.
Que “Habida cuenta que, con dicho pronunciamiento, manifiestamente inmotivado y contradictorio, se violentó el principio de la Tutela Judicial Efectiva, al silenciar por completo las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para arribar a dicha decisión, en la cual es un hecho contradictorio que dichos funcionarios hayan perpetrado la desaparición de la víctima: A.J.P.S. negando en todo momento no tener conocimiento de la detención del mismo, situación constatada en el parte diario remitido al Comando de Operaciones Conjuntas (COC) en el que se informa la detención del Dr. A.P. y F.M., situación esta que no pudo haberse decidido Terminada la averiguación sumaria, por no haber lugar a proseguirla, por considerar demostrada, a criterio del J.; la falsedad de los hechos denunciados, decisión confirmada por el Juzgado Superior; es por ello, que estos R.F. consideran que la decisión en primera instancia y la confirmada en segunda, comportan UN ERROR GROTESCO EN DERECHO Y UNA FALTA ABSOLUTA DE MOTIVACIÓN para decidir sobre el caso que nos ocupa”.
Que “El Juzgador consideró que una vez evacuadas y analizadas las entrevistas (realizadas por el juzgado militar de instrucción), rendidas por los ciudadanos que estuvieron detenidos en la Cárcel de Maracaibo, se demostró de manera fehaciente la falsedad de los hechos denunciados por no aparecer establecido la comisión del delito relacionada con la desaparición física de A.J.P.S. razón ésta suficiente que consideró el Tribunal para confirmar la decisión emanada de primera instancia, lo que demuestra que el hecho no fue investigado, de manera transparente y objetiva, lo que evidencia injusticia e impunidad, lo que se vislumbra de la decisión irrita, pero sobre todo manifiestamente infundada”.
Que “En el presente caso, analizada la decisión emanada por el Tribunal Superior, observamos que únicamente se limita a establecer que examinadas las actas, operó de pleno derecho la declaración de unos ciudadanos detenidos en el Cuartel Corpahuaico, la cual se observa a todas luces estuvo dirigida a dejar por sentado que nunca hubo delito con relación a la detención y posterior desaparición de A.P.S. inclusive hace mención que la declaración de L.C. quien manifiesta que efectivamente tanto A.P. como F.M., sí fueron llevados al Cuartel Corpahuaico y al T03, de donde son posteriormente Desaparecidos, es decir, el Tribunal no sólo desecha esa declaración sino que además no hace ninguna exposición profunda, con argumentos jurídicos válidos, ni razona los criterios que utilizó el juzgador para compartir la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, sin la motivación correspondiente, siendo una obligación de todo Tribunal de la República motivar las resoluciones judiciales en pro de la paz social y de la seguridad de las Instituciones”.
Que “A la luz de la sentencia anteriormente transcrita, es menester destacar, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el articulo 49 deba expresar que las decisiones J. deben ser motivadas, porque de no ser así, simplemente una sentencia no necesitaría de la sapiencia de un Juez, con aplicación irrestricta de La Lógica, Las Máximas de Experiencia y Los Conocimientos Científicos, para desarrollar una función tan importante y delicada como lo es la Administración de Justicia”.
Que “Igualmente, bajo la vigencia de la Constitución del año 1961 y del Código de Enjuiciamiento Criminal (hoy en día, ambos instrumentos jurídicos derogados), tanto los Autos Interlocutorios así como las Sentencias debían expresar las razones o fundamentos que conlleva a la dispositiva o resolución final, lo que implica un proceso intelectual que lo lleva a decidir de manera determinada un caso en particular, al establecer las razones que tuvo para fundamentar la decisión, pero que debe ser coherente, lógico con las resultas de los actos de investigación”.
Que “En este sentido, tanto la señora A.S. de P. (Madre del desaparecido) como estudiantes de universidad, formalizaron ante las autoridades, la correspondiente denuncia, solicitando y exigiendo información sobre el paradero del ciudadano A.P.S., y hoy DESPÚES DE CINCUENTA (50) AÑOS, tanto familiares, amigos, compañeros de estudio y el propio Ministerio Público se preguntan las siguientes interrogantes: ¿Porque negaron la detención la A.P.S. y F.M.? ¿Cómo es que el Tribunal desecha una declaración siendo que ésta se realizó nada más y nada menos que ante el Ministerio Público? ¿Cumplió El Estado con las Garantías Constitucionales de 1961 relativas a los Derechos Humanos de todo venezolano? ¿Por qué no entregaron el Cuerpo de A.P. a sus familiares? ¿Por qué no se realizó una inspección al Cuartel Coarpahuaico apenas los familiares denunciaron su detención? ¿Por qué no se realizó entrevista a ningún funcionario militar que desempeñaba funciones en el Cuartel Corpahuacio? ¿Por qué se inicia la investigación mucho después de formulada la denuncia por parte de los familiares? ¿Acaso las autoridades estaban ocultando alguna irregularidad? ¿Dónde quedaron las garantías existentes en la Carta Magna de 1961? ¿Por qué se ocultó la detención de ANDRÉS PASQUIER Y F.M.?”.
Que “Es por ello, H.M. que a criterio del Ministerio Público constituyó un error grotesco en la correcta interpretación de la constitución vigente para la fecha de los hechos, que establecía en el artículo 58 el Derecho a la Vida, cuyo carácter es inviolable y la prohibición de toda autoridad de aplicar la pena de muerte o la ejecución de un ciudadano, quien debió en todo caso ser detenido y ser puesto a la orden de las autoridades judiciales respectivas, por lo que, al tratarse de un delito de LESA HUMANIDAD, imprescriptible, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional, cuya protección es ratificada en diversos Tratados, Pactos y Principios Internacionales, que son de interés para el IUS COGENS INTERNACIONAL”.
Que “Según se desprende de las actas que integran el presente expediente, en fecha 10 de Octubre de 1966, A.P.S., estudiante del último año de la Carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, miembro del Partido Comunista de Venezuela, se trasladaba junto con su compañero de lucha F.M. lider sindicalista, en la carretera vía Portuguesa — Barinas, cuando fueron detenidos por funcionarios adscritos a las Fuerzas Armadas de Cooperación (Actualmente Guardia Nacional Bolivariana) que operaba mediante una alcabala móvil en el referido sector, entregados al Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Extinto SIFA) quienes trasladan a A.P. y F.M. al Cuartel Corpahuaico donde ambos estuvieron incomunicados desde su llegada, pero más tarde algunos detenidos logran establecer comunicación con F. quien les indica que fue detenido junto con A., lo cual consta en el Libro de Novedades del Centro de Operaciones Conjuntas (C.O.C.) de fecha 12 de Octubre de 1966, siendo que en días posteriores son llevados al Campamento Antiguerrillero de Urica (T03), de donde nunca lograron retornar”.
Que “HONORABLES MAGISTRADOS, en estas circunstancias nos encontramos evidentemente ante una notable Desaparición Forzada y posterior Homicidio perpetrado por funcionarios del estado (militares), cuya averiguación sumarial se inicia ante el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, órgano que instruye el expediente y en el que sólo consta la declaración de varios detenidos quienes encontrándose en el Cuartel Corpahuaico fueron posteriormente llevados a la Cárcel de Maracaibo, pero más grave aún, el Tribunal de Primera Instancia no toma en cuenta como válida la declaración de E.L.C., por considerar que no se hizo frente al juez de instrucción, sin embargo, es preciso y oportuno señalar que en las declaraciones realizadas, hay testigos que más allá del temor infundado por parte de las autoridades establecidas para la época, se atrevieron a decir que al poner de vista y manifiesto una fotografía de A.P., indicaron que los rasgos son los mismos de una persona que estuvo detenido en el Cuartel Corpahuaico, es decir, A. y F. sí estuvieron detenidos en ese establecimiento militar, pero aunado a este hecho LAS AUTORIDADES OCULTARON LAS NOVEDADES O REGISTROS RELATIVAS A LA DETENCIÓN DE A.P.Y.F.M., lo cual consta en las novedades de la Operación denominada “V.R.M.”, obviando en consecuencia la declaración de los funcionarios que practicaron su detención, no cursan las actas donde se deja constancia de su traslado desde la alcabala móvil hacia el Cuartel Corpahuaico, no reposan los libros de novedades donde se registra el traslado hacia el Campamento Antiguerrillero Urica (T03), se oculta desde toda perspectiva la detención de ambos ciudadanos, no se establece con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Todas estas incógnitas debieron haber sido analizadas y explanadas en la decisión o al menos el tribunal de instrucción en su obligación de ejercer una correcta administración de justicia, debió ahondar en la investigación, no obstante, se vislumbra a todas luces que dicha investigación fue un mero trámite y que no se realizó a cabalidad ni con profundidad las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es por ello, que sostenemos que el proceso que conllevó a la decisión que le puso fin a la investigación se encuentra viciada y que violó la interpretación y la constitución del momento que ordenaba la protección de la vida como derecho absoluto y positivo”.
Que “Definitivamente se observa en el accionar de las autoridades para la época, un política dirigida a eliminar a través de sus organismos de seguridad, cualquier vestigio de adversidad política en cualquier ámbito, amén de que se enarbolaba la bandera de la presunta aceptación de la disidencia política y junto con ello el total desprecio a la vida humana, un hecho totalmente alevoso, concertado, sistematizado y censurable desde todo punto de vista, donde prevalecía el interés político sobre el derecho a la vida”.
Que “En el caso de marras, el Tribunal de Alzada Confirmó la decisión emanada por el Tribunal de Primera Instancia, tomando en consideración y realizando una supuesta valoración de las declaraciones tomadas por el Juzgado de Instrucción, sin verificar que la investigación realizada se trató efectivamente de un simulacro, una vulgar cortina de humo, ya que, no se buscó ningún elemento real, aquellos ‘fundados indicios’ del pretérito Código de Enjuiciamiento Criminal, para verificar si los hechos ocurrieron como lo señalaron los declarantes, a quienes a la simple lectura se puede vislumbrar la coacción de la que fueron objeto sus deposiciones como testigos, fueron ajustadas a lo que las autoridades deseaban explanar, sin ser concatenados, complementados o cotejados sus dichos con otros elementos o quizás alguna experticia técnica criminalística; y se le atribuyó a la versión contradictoria e ilógica de los mismos plena validez, lo que hace presumir que los jueces de la Jurisdicción Penal no realizaron ese ejercicio de investigar a fondo y con suficiencia los hechos que hoy nos ocupan y con esa escasa investigación, tomaron esos fundados indicios y razonaron la sentencia que hoy en día se analiza”.
Que “Consideran estas Representaciones del Ministerio Público, que la razón por la cual dichas decisiones no toman en cuenta lo ya manifestado por el Ministerio Público y lo cual evidencia la inmotivación o silencio sobre dichos aspectos y la no investigación a fondo de los hechos denunciados, ciertamente demuestran que A.P.S., fue desaparecido y posteriormente asesinado, sin establecer el lugar donde pudo haber sido enterrado, desconociendo su paradero, por lo que consideramos que dicha omisión en la investigación deviene a un manifiesto interés o ‘dolo’ ante un ‘fraude procesal’.
Que “Visto los razonamientos de hecho antes expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 336 cardinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el cardinal 10 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se solicita muy respetuosamente la REVISIÓN CONSTITUCIONAL, de la decisión proferida por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, de fecha 07 de marzo de 1968 y confirmada por el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo en fecha 15 de Marzo de 1968”.
PRIMERA INSTANCIA PERMANENTE DE MARACAIBO
El Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, en fecha 7 de marzo de 1968, en estos términos:
Por oficio N.° 4775 de fecha primero de diciembre del pasado año mil novecientos sesenta y siete, el ciudadano General de División, Ministro de la Defensa, ordenó a este tribunal de conformidad con el ordinal 2° del artículo 163 del Código de Justicia Militar, la apertura de averiguación sumarial con motivo de la denuncia formulada por las señoras A.S. De Pasquier y R.A. De Malaver, ante la Fiscalía General de la República remitiéndose a este tribunal recaudos relacionados con los hechos.
Con fecha nueve de enero del corriente año, este tribunal dictó el respectivo auto de proceder ordenando abrir la averiguación sumarial por todos los medios que la ley establece, tomarle declaración jurada a todas aquellas personas que tuvieran conocimientos de los hechos y practicar las diligencias necesarias tendientes al esclarecimiento del mismo.
Con fecha veintitrés de enero del presente año, este tribunal tomo declaración jurada a las siguientes personas: L.A.R., C.A., J.C.C., H.R.C. y N.M. y habiendo agotado las diligencias para localizar al resto de las personas que debían declarar o sea los ciudadanos R.E.P., L.A.N.P., C.E.G.F., L.A.H., M.A., M.A.F., R.A.L., J.B.L.B., F.Y. y J.E.L.C. y que habiendo rendido todas estas personas a excepción del último de los nombrados J.E.L.C., declaración jurada por ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, este tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Justicia Militar declaró confirmadas las actuaciones practicadas por el referido tribunal instructor, por auto de fecha 31 de enero de este mismo año y el cual corre inserto al folio 42 de este expediente.
Los hechos denunciados denunciados por las ciudadanas A.S. de P. y R.A.D.M., fueron originados como consecuencia de las presuntas detenciones y posteriores desapariciones de los ciudadanos A.P.S. (sic) y F.R.M.M., según se desprende del contenido de sus escritos anteriormente mencionados que corren insertos a los folios 3 y 4 de este expediente.
El tribunal una vez practicadas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, para resolver pasa analizar las declaraciones rendidas por los testigos indicados por las ciudadanas denunciantes y lo hace en la siguiente forma:
El testigo R.E.P.F., en su declaración rendida ante el juzgado Cuarto de Instrucción de la Circunscripción Judicial de este Estado Zulia y la cual corre inserta al folio 15 de este expediente manifestó: “No conocer ni haber conocido a los ciudadanos A.P. y F.R.M.M.”.
El Testigo L.A.H., en su declaración en su declaración rendida por ante el mismo tribunal y la cual corre inserta al folio 17 de este expediente, manifestó: “Que durante el tiempo que estuvo detenido en el Cuartel Corpahuaico, desde el 22 de junio hasta el 14 de octubre de 1966, no conoció a A.P.S. ni a F.R.M.M.”.
Los testigos C.A.J.B.L.B., en sus declaraciones rendidas por ante el mismo juzgado y las cuales corren insertas a los folios 20 y 22 respectivamente de este expediente, manifestaron: “No saber absolutamente nada de los hechos averiguados, agregando además el primero ante su declaración rendida por ante este tribunal con fecha 23 de enero del corriente año y la cual corre inserta en los folios a los folios 37 y 38 ambos inclusive de este expediente, después de ratificar la primera: “que no conoció a los ciudadanos A.P.S. (sic) ni a F.R.M.M., que estuvo detenido tanto en el campamento donde está el destacamento ‘Urica’ TO-3 como en el cuartel Corpahuaico de la población de El Tocuyo y en ninguno de esos establecimientos militares oyó mencionar los nombres de esos ciudadanos ni llegó a saber de que fueron detenidos.
Los testigos L.A.N.P., F.Y., J.C.C. y R.L., en sus declaraciones rendidas por ante el Juzgado de instrucción antes mencionado y las cuales corren insertas a los folios 16,23 y 21, respectivamente, manifestaron: “no saber nada ni haber conocido a los ciudadanos A.P.S. (sic) ni a F.R.M.M. y que sobre los hechos que se averiguan solamente saben lo que han visto por la prensa. El testigo J.C.C. ratifico por ante este tribunal la declaración que rendiera por ante el juzgado de instrucción, apareciendo dicha ratificación inserta en los folios 38 y 39 de este expediente, manifestando además por preguntas que le fueron formuladas de que no llegó a tratar con ningún detenido que se llamara A.P.S. ni a F.R.M.M., que había estado detenido detenido en el destacamento ‘Urica’ TO3 y en el cuartel Corpahuaico desde el 24 de julio hasta el 14 de agosto de 1966, que en la lista que pasaban para constatar la presencia de los detenidos le pareció haber oído nombrar el nombre de A.P. en el ‘Corpahuaico’ pero que no estaba seguro.
Los testigos C.E.G.F., M.A., M.A.F. y N.M., en sus declaraciones rendidas por ante el juzgado instructor y las cuales corren insertas a los folios 16, 17, 19 y 24 respectivamente de este expediente, manifestando no haber conocido a los ciudadanos A.P.S. ni a F.R.M.M.. Que posteriormente cuando fueron trasladados a esta ciudad de Maracaibo, el primero dijo: haber visto a un detenido que se parecía a otro detenido que estaba en el ‘Corpahuaico’ y los tres restantes dijeron que habían visto una fotografía de A.P. y que se les había parecido a una persona que estaba detenida en el ‘Corpahuaico’ ninguno de ellos menciona nombre de esa persona detenida, y el testigo N.M., quien ratificara su declaración por ante este tribunal, manifestó además a preguntas que le fueron formuladas, que durante el tiempo que estuvo detenido preventivamente tanto en el TO-2 como el cuartel Corpahuaico de El Tocuyo, Estado Lara, desde el 16 de julio hasta el día 14 de octubre de 1966, no conoció a ninguna persona que estuviera detenida de nombre A.P.S. (sic) ni a F.R.M.M..
Los testigos L.A.R. e H.R.C. en sus declaraciones rendidas por ante el instructor, el primero en la iniciación de su declaración manifiesta: “no saber nada, luego que vió a P. en El Tocuyo, que no conocía a A.P.S., (sic) que no lo conoció personalmente, que no recuerda sus características personales, que después que fue trasladado a esta ciudad de Maracaibo, vió una foto en los periódicos y se le pareció al mismo hombre que vió detenido en El Tocuyo, que no recuerda la fecha en que lo vió, que no conoció tampoco a F.R.M.M. en el ‘Corpahuaico’ y que nunca le ha visto, que no puede identificar a A.P.S. porque no lo conoce , esta declaración fue ratificada por ante este tribunal con fecha 23 de enero del corriente año. El segundo o sea H.R.C., manifestó que estuvo detenido desde el 16 de febrero hasta el 14 de octubre del año 1966, que durante ese periodo no conoció ni a F.R.M.M. ni a A.P.S., pero que al ser trasladado a esta ciudad de Maracaibo vió una fotografía en la prensa de A.P. que coincidía con las señales fisonómicas de un preso que estaba en el cuartel ‘Corpahuaico’ en el calabozo n.° 8, que a ese detenido lo vió desde finales de septiembre hasta los primeros de octubre, este testigo también ratificó su declaración por ante este tribunal , manifestando además que no llegó a tratar nunca durante el tiempo que estuvo detenido con persona que estuviera el nombre de A.P.S. ni F.R.M.M., que solamente cuando pasaban lista oía el nombre de un tal A.P. en el calabozo n° 8.
Observa este tribunal que todos los testigos manifestaron no conocer, ni haber conocido durante el tiempo que estuvieron detenidos en diferentes sitios y concretamente en el destacamento ‘Urica’ TO-3 y el cuartel ‘Corpahuaico’ con sede en El Tocuyo, a ningún ciudadano, ni mucho menos a detenido alguno de nombre A.P.S. o F.R.M.M..- Unos manifiestan no saber absolutamente nada, otros lo que ha publicado la prensa, y otros que les ha parecido el retrato publicado en la prensa de A.P. a una persona detenida que vieron en el Cuartel ‘Corpahuaico’, pero en ningún momento mencionan por nombre y apellido a esa persona detenida, y así como tampoco describen a ésta con datos suficientes que permitan una plena identificación que interrelacionen a la misma con el ciudadano en cuestión.
El tribunal no toma en consideración la declaración rendida por el ciudadano J.E.L.C. ante el funcionario adjunto de la Fiscalía General de la República con fecha 7 de agosto del pasado año de 1967 y la cual corre inserta en el folio 26 al 32 ambos inclusive, por cuanto además de que el dicho del referido ciudadano no se encuentra corroborado por algún otro testimonio de los autos, en cambio si aparece desvirtuado del conjunto de las declaraciones de los testigos anteriormente analizados, y por otra parte, tampoco fue ratificada por ante ningún tribunal.
Del conjunto de las declaraciones analizadas y que fueron promovidas por las ciudadanas denunciantes, ha quedado completamente desvirtuado de manera clara y fehaciente el motivo de dicha denuncias. Quedando por el contrario plenamente demostrado que por parte de las autoridades militares no se ha cometido en ningún momento y en contra de los ciudadanos A.P.S. y F.M. ningún tipo de delito.-
Por las razones expuestas este tribunal administrando justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la ley y de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable en este caso por mandato del artículo 20 del Código de Justicia Militar, declara terminada la presente averiguación sumarial, por no haber lugar a proseguirla y así se declara.
Regístrese la presente resolución en el libro respectivo y consúltese con el Consejo de Guerra Permanente de esta Jurisdicción conforme a lo dispuesto en el artículo 207 del mismo Código de Enjuiciamiento Criminal
DE LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE GUERRA
El Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, en fecha 15 de marzo de 1968, dictó sentencia en los siguientes términos:
Pues bien considera el tribunal que los hechos denunciados por las precitadas ciudadanas A.S. de P. y R.A. De Malaver, aparecen absolutamente desvirtuados y contradichos por los propios ciudadanos que ellas mismas señalan como personas sabedoras de las circunstancias denunciadas. En efecto, los testigos R.E.P.F., L.A.N.P., C.E.G.F., L.A.H., M.A., L.A.R., M.A.F., C.A., J.C.C., R.L., J.B.L.B., H.R.C., F.Y. y N.M., en sus correspondientes declaraciones de autos, rendidas ante autoridades judiciales, están absolutamente contestes en cuanto se refieren a que mientras permanecieron detenidos en el Cuartel Corpahuaico ubicado en El Tocuyo, Estado Lara, sede del comando anti-guerrillero del destacamento ‘Urica’, no conocieron de manera alguna a los ciudadanos A.P.S. (sic) y F.R.M.M., en consecuencia, los precitados testimonios hacen plena prueba sobre el particular en cuestión, apreciados como son por este tribunal conforme a la regla de valoración del merito de la prueba establecida en el primer aparte del artículo 290 del Código de Justicia Militar y asi se declara.- Por otra parte, observan estos juzgadores que los aludidos testigos R.E.P.F., L.A.N.P., C.E.G.F., L.A.H., M.A., L.A.R., M.A.F., C.A., J.C.C., J.B.L.B. y F.Y., en sus indicadas declaraciones, no aportan por lo demás ni el menor elemento de juicio que tan siquiera pudiera determinar, por vía indiciaria, la presencia de los expresados ciudadanos P. y M.M., como detenidos, en jurisdicción del destacamento de Urica, más aún, el testigo M.A. incluso afirmó en su respectiva declaración que mientras permaneció detenido en el Cuartel Corpahuaico de El Tocuyo, desde el 17 de febrero hasta el 14 de octubre de 1966, se ocupó de efectuar limpieza en el establecimiento penal de la unidad y que en tal condición veía a los presos que estaban dentro de los calabozos, y que, no obstante ello, no conoció a los ciudadanos A.P. y F.M.M., en consecuencia, los testimonios indicados son igualmente apreciados por este tribunal, en cuanto se contraen al punto señalado, conforme a la indicada regla prevista en el primer aparte del artículo 290 del Código Castrense, y así se declara.- En cuanto a los testimonios que rindieran los ciudadanos M.A.F., N.M., L.A.R., R.L., H.R.C. y M.A., acerca de que a pesar de que no conocieran en el cuartel Corpahuaico de El Tocuyo, a los ciudadanos A.P.S. (sic) y F.M., no obstante afirmaron que posteriormente una vez trasladados a la cárcel nacional de Maracaibo, vieron fotografías publicadas en la prensa del precitado A.P.S., y que estas ‘se les parecieron’ a una persona que se encontraba detenida en el aludido cuartel Corpahuaico, el tribunal observa: El expresado testigo M.A.F. simplemente manifestó que tal circunstancia le pareció ‘ligeramente’, esto es, que tan solo existía un ligero parecido entre ambas personas, lo cual, indudablemente, constituye tan solo una expresión dubitativa y de ningún modo absoluto para establecer a ciencia cierta la identidad de ambos como una misma persona, máxime cuando dicho testigo incluso afirmara no poder determinar las características personales del sujeto en cuestión,.-Asimismo, el testigo N.M., refiriéndose al aludido particular agregó: ‘sin poder afirmar que fue el mismo... lo cual, igualmente, implica inseguridad y duda en cuanto a la persona que se le pareciera a otra.-A su vez, el testigo L.A.R., en torno al punto en concreto incurre en flagrante contradicción al aseverar inicialmente: ‘Yo no se nada…’, y posteriormente manifestar que le pareció la fotografía de P. publicada en un diario local, como una persona detenida en El Tocuyo, pero sin recordar las características de ésta ni la época en que lo viera, señalando seguidamente: ‘No puedo identificarlo porque no lo conozco’.- Y en torno en cuanto a las expresiones que en torno al particular emitieran los testigos M.A., H.R.C. y R.L., el tribunal observa que las mismas son imprecisas vagas y ambiguas, limitándose ellos a señalar que la fotografía publicada de P., ‘se les parecía’ a un detenido, pero sin asegurarlo debidamente así como sin fundamentar sus dichos en cuanto al punto cuestionado, incurriendo en contradicción los dos primeros nombrados en cuanto se refieren a las características de las personas que mencionan y sin determinarlas el último, tales circunstancias, conforme a la regla de valoración prevista en el artículo 309 del Código de Justicia Militar, permite al tribunal establecer la presunción de la confusión de los testigos en cuanto se refieren al punto mencionado, máxime cuando el testigo C.E.G.F., en su correspondiente declaración judicial, manifestó expresamente que: ‘…y, solamente, después de estar detenido aquí en Maracaibo fue que vi, aquí, a otro detenido de apellido G., muy parecido a otro detenido que vi en Corpahuaico, con el cual inicialmente lo confundí, por su gran parecido…’.- En cuanto a la declaración que rindiera el ciudadano J.E.L.C. ante el Despacho de la Fiscalía General de la República, considera el tribunal que la misma no tiene el menor valor legal, ya que aparte que la misma fue rendida sin el juramento legal correspondiente, en contravención por lo ordenado en el artículo 278 del Código de Justicia Militar, por otra parte no fue ratificada ante ninguna autoridad judicial, resultando por lo demás absolutamente desvirtuada en su contenido por el conjunto de los testimonios obrantes en autos, así como contradicha en si misma según resulta de las repreguntas que le fueron formuladas por al Abogado Adjunto de la señalada fiscalía.- Finalmente, en cuanto a los fotostatos que aparecen agregados a los autos, el tribunal considera que los mismos no constituyen de manera alguna, elementos probatorios, ya que el primero de ellos no se encuentra firmado por persona alguna, ni se identifican individualmente quienes elaboraran su contenido, en tanto que el segundo no tiene destinatario ni ésta ratificado por la persona a cuya autoría se atribuye, resultando en consecuencia ambos recaudos como carentes de autenticidad y, por consiguiente, no idóneos para constituir fundamentos probatorios.- Así se declara.-
Por todo lo expuesto considera este tribunal que los hechos denunciados por las ciudadanas A.S. de P. y R.A. De Malaver resultan absolutamente desvirtuados por el conjunto de probanzas instruidas, evidenciándose, por otra parte, de manera clara y fehaciente, que por parte de las autoridades militares del comando anti-guerrillero del destacamento ‘Urica’ del TO3 no se ha cometido delito alguno en relación con las personas de los ciudadanos A.P.S. y F.R.M.M., ya que, incluso, ni siquiera resulta demostrado de los autos que en alguna ocasión permanecieran detenidos los precitados ciudadanos en la aludida jurisdicción militar.- Así se declara.-
TERCERO: CONCLUSIÓN.-
Por los razonamientos y circunstancias señalados, y con base en las disposiciones legales citadas y aplicables, éste Consejo de Guerra, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con lo dispuesto en el Ordinal 3° del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable al caso por mandato del artículo 20 del Código de Justicia Militar, declara terminada la presente averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla, en virtud de resultar absolutamente demostrada la falsedad de los hechos denunciados así como por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno, quedando de tal CONFIRMADA en todas sus partes la resolución consultada y dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de esta jurisdicción, en fecha 7 de marzo de 1968
En el presente caso, el Ministerio Público, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 336 ordinal 10° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 19 de la Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas entre los años 1958-1998, solicita la revisión de la decisión dictada por el JUZGADO MILITAR DE PRIMERA INSTANCIA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 07 de marzo de 1968, que declaró terminada la averiguación sumarial con motivo de la desaparición física de los ciudadanos A.P.S.Y.F.M., señalando que por parte de las autoridades militares no se había cometido en ningún momento delito alguno, decisión que fue confirmada en toda y cada una de sus partes por la sentencia dictada por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 15 de marzo de 1968, dictó sentencia en la averiguación sumarial instruida.
Al respecto, “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998”, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 39.808, del viernes 25 de noviembre de 2011, dispone en su artículo 1 que su objeto es establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ejecutados por motivos políticos, por parte del Estado Venezolano, durante el período transcurrido entre los años 1958 y 1998.
Asimismo, con el fin de alcanzar el objeto y la finalidad reseñados anteriormente, la Ley, en su artículo 8, crea una Comisión por la Justicia y la Verdad, y, además, señala en su artículo 19, que cuando de las investigaciones del Ministerio Público o de la Comisión por la Justicia y la Verdad se evidencie la existencia de pruebas fehacientes que constaten plenamente la materialización de violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, o la responsabilidad plena en la perpetración de los mismos, y que hayan sido objeto de alguna causa judicial o procedimiento administrativo que se “encontrasen firmes”, “el Ministerio Público solicitará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión del expediente”, a fin de que sea reabierto. En tal caso, la Sala “ordenará al Ministerio Público la reapertura del caso y su tramitación procesal por vía ordinaria” (Resaltado añadido).
En tal sentido, conforme a lo antes expuesto, esta S. se declara competente para conocer de la solicitud planteada. Así se establece.
Una vez declarada su competencia, esta Sala Constitucional pasa a realizar las siguientes consideraciones:
En el caso de autos, el Ministerio Público, a través de los Fiscales comisionados por la F. General de la República, expresa que la decisión del Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, del 15 de marzo de 1968, en la cual pone fin a la averiguación sumaria en la investigación por la detención y posterior “desaparición física del ciudadano A.P.S.”, carece de motivación, además de manifestar que la misma es idéntica a la decisión emitida por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, el cual en fecha 07 de marzo de 1968 (la cual fue confirmada en toda y cada una de sus partes por la sentencia dictada por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 15 de marzo de 1968, quedando firmes ambas decisiones), estableció que quedaba plenamente comprobado que por parte de las autoridades militares no se había cometido en ningún momento y en contra de los ciudadanos A.P.S. y F.M. ningún tipo de delito y que dicha investigación sumaria obvió mencionar circunstancias relevantes como que no cursaba en autos la transcripción de la novedad donde se deja constancia de la detención de A.P.S. y F.M., que no existen informes o actas policiales sobre el procedimiento realizado una vez aprehendido el hoy desaparecido, a su vez, no constaba las novedades donde reposa el posterior traslado de A.P. al Cuartel Corpahuaico y que no se dejó constancia de la ubicación del lugar donde posiblemente inhumaron los restos óseos del ciudadano A.P.S., entre otras acciones.
En tal sentido, esta Sala Constitucional, en Sentencia N° 1713 del 14/12/2012, estableció que los requisitos para conocer de casos de revisión de sentencias dictadas por los diversos Tribunales correspondientes a casos insertos dentro de la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998”, son los siguientes:
Ello así, conforme a lo antes expuesto, se observa que, prima facie, en el presente caso se encuentran cumplidos los requisitos para efectuar la revisión de autos, conforme a lo previsto en la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998, así como también en la jurisprudencia de esta Sala.
En el presente caso, tal como se señaló, los solicitantes de la revisión refirieron que el 7 de marzo de 1968, el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2°, del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para el momento de los hechos, declaró terminada la averiguación sumaria iniciada con motivo de la presunta detención y posterior desaparición física de los ciudadanos A.P.S. y F.M., decisión que fue ratificada por el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, en su fallo del 15 de marzo de 1968.
De igual modo, refirieron que dicha ratificación fue emitida mediante un pronunciamiento completamente inmotivado, por cuanto la alzada se limitó a establecer que confirmaba la decisión de la primera instancia, pero no hizo exposición ni razonamiento alguno para fundamentarla, en razón de lo cual, según lo alegaron, causó: “(…) una lesión constitucional irreversible al no tutelar el bien jurídico más importante como lo es el derecho a la vida del ciudadano A.P.S., hecho pues, que atañe al Orden Público Constitucional y a la Seguridad Jurídica de los ciudadanos, amén que, con dicho pronunciamiento, manifiestamente inmotivado, se violentó además el principio de la tutela judicial efectiva, al silenciar por completo las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para arribar a dicha decisión”. Por tanto, el vicio de inmotivación del cual adolece la declaración de terminación de la averiguación sumaria instruida con ocasión a dicha detención y posterior desaparición física constituye: “...una verdadera arbitrariedad, por encontrarse involucrado el orden público constitucional...” (Mayúsculas y negritas de los representantes del Ministerio Público).
Del mismo modo, señaló que con tal pronunciamiento manifiestamente inmotivado y contradictorio, se violentó el principio de la tutela judicial efectiva, al silenciar las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para arribar a dicha decisión, donde alega la representación F. que si todo lo anterior hubiese sido analizado, advertido y especificado por el Juzgado Superior que en Alzada conoció en consulta, la decisión proferida seguramente hubiese sido otra.
De igual forma alegó la representación F. que se trató de una investigación sesgada o fraudulenta, siendo necesario que constara la transcripción de la Novedad donde se dejara constancia de la detención de A.P.S. y F.M., que no existen Informes o Actas sobre el procedimiento realizado una vez aprehendido el hoy desaparecido, a su vez, no constan las novedades donde reposa el posterior traslado de A.P. al Cuartel Corpahuaico y que no se dejó constancia de la ubicación del lugar donde posiblemente inhumaron los restos anatómicos del ciudadano A.P.S., entre otras acciones.
Que la decisión del Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, únicamente señala que confirma la decisión declarando terminada la averiguación, pero no hace ninguna exposición profunda, con válidos argumentos jurídicos, ni razona los criterios que utilizó el juzgador para compartir la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, sin la motivación correspondiente.
Que bajo la vigencia de la Constitución del año 1961 y del Código de Enjuiciamiento Criminal (instrumentos jurídicos derogados), los autos y las sentencias debían expresar las razones o fundamentos que conlleva a la dispositiva o resolución final, lo que implica un proceso intelectual que lleva a los tribunales a decidir de determinada manera, al establecer las razones que tuvo para fundamentar la decisión, las cuales deben ser coherentes con las resultas de los actos de investigación y con la lógica jurídica que debe sustentar tales actuaciones.
Que la investigación sumaria supuestamente realizada no fue más que un simple simulacro de investigación de proceso fraudulento, con el objetivo de acreditarle una aparente legalidad a la muerte perpetrada de un ciudadano venezolano cometida con alevosía, quien fue intimidado y aterrorizado por ser un miembro del Partido Comunista de Venezuela.
A tal efecto, la Sala observa que la decisión de fecha 15 de marzo de 1968, del Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, se limitó a señalar que de acuerdo al valor probatorio establecido en el ordenamiento jurídico para el momento (Código de Enjuiciamiento Criminal) comporta plena prueba las declaraciones rendidas por las personas allí referidas, desestimando la declaración expuesta por el ciudadano J.E.L.C., “ante el funcionario adjunto de la Fiscalía General de la República con fecha 7 de agosto del pasado año de 1967 y la cual corre inserta en el folio 26 al 32 ambos inclusive, por cuanto además de que el dicho del referido ciudadano no se encuentra corroborado por algún otro testimonio de los autos, en cambio si (sic) aparece desvirtuado del conjunto de las declaraciones de los testigos anteriormente analizados, y por otra parte, tampoco fue ratificada por ante ningún tribunal”, a pesar del contenido de su declaración y de que el ciudadano A.P.S. seguía desaparecido, ante lo cual la primera instancia optó por señalar que “Del conjunto de las declaraciones analizadas y que fueron promovidas por las ciudadanas denunciantes, ha quedado completamente desvirtuado de manera clara y fehaciente el motivo de dicha denuncias. Quedando por el contrario plenamente demostrado que por parte de las autoridades militares no se ha cometido en ningún momento y en contra de los ciudadanos A.P.S. y F.M. ningún tipo de delito”, mientras que la alzada declaró “terminada la presente averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla, en virtud de resultar absolutamente demostrada la falsedad de los hechos denunciados así como por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno” (Resaltado añadido), desestimación de declaración fundada en el argumento según el cual dicha declaración fue rendida sin el juramento legal correspondiente y que tampoco fue ratificada ante ningún Tribunal Penal Militar u Ordinario.
Así pues, aunado a las contradicciones que pueden desprenderse de tales conclusiones de la primera y la segunda instancia (esta última formalmente ‘confirmatoria’ de la primera, aun cuando esta sostiene la falsedad de los hechos denunciados, mientras que la primera se limita a señalar que las autoridades militares no cometieron delito contra los ciudadanos A.P.S. y F.M., llama la atención, entre otras circunstancias, que no se justifica en el fallo de la primera instancia porqué no se tomó declaración al ciudadano J.E.L.C., quien declaró haber visto con vida tanto al ciudadano F.M. como al ciudadano A.P.S.; lo que sí se hace en la decisión del 15 de marzo de 1968, dictada por el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, mediante la cual desestimó formalmente el testimonio del ciudadano J.E.L.C. rendido ante la Fiscalía General de la República, el 7 de agosto de 1967, en el que el declarante señaló que vio con vida al ciudadano F.R.M.M., cuando se encontraban detenido en el campamento anti-guerrillero Corpahuaico, y éste le manifestó que había sido detenido en una alcabala cerca de Barinas, junto con el ciudadano A.P.S., sobre la base que dicha declaración sólo fue rendida ante el Ministerio Público y que tampoco fue ratificada ante un Tribunal Penal Militar, previo juramento legal.
Al respecto, a pesar de la desestimación de la declaración del ciudadano J.E.L.C., debe señalarse que de las testimoniales rendidas en ese proceso no se desprende suficientes argumentos para concluir “la falsedad de los hechos denunciados” (desaparición forzada) y tampoco para cerrar la investigación sumaria dirigida a verificar un hecho tan grave como lo es la desaparición de un ser humano y, de ser el caso, establecer las responsabilidades a que hubiere lugar, a pesar de que se para ese momento se desconocía el paradero de las víctimas señaladas en la denuncia; razón por la tales actuaciones jurisdiccionales se estiman contrarias a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, por ende, violatorias del artículo 50 de la Constitución de 1961 aplicable en razón del tiempo de los hechos sub iudice (el cual preveía una clausula abierta en materia de derechos humanos, aun cuando dicho texto constitucional no preveía aquellos derechos, sino un catalogo limitado de aquellos-, a diferencia de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Ahora bien, la Sala observa que, en efecto, ni el Juzgado de Primera Instancia, ni el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, realizaron los esfuerzos necesarios para que se realizase una investigación suficiente y ajustada a derecho que determinase con precisión los hechos ocurridos y la conducta objetiva y subjetiva desplegada por los funcionarios actuantes, circunstancia que afecta de forma negativa la motivación de las sentencias en cuestión, al igual que los insuficientes y en algunos casos contradictorios argumentos empleados para afirmar que el hecho imputado no reviste carácter punible, sin que ni siquiera se hubiera determinado el paradero del ciudadano A.P.S., y mucho menos las razones de su desaparición física que, según se desprende de lo afirmado por algunos de los que intervinieron en el proceso (lato sensu), fue una desaparición forzada o forzosa (¿Cómo descartar un posible delito en tales circunstancias?).
Sobre la desaparición forzada o forzosa de personas, esta S., en sentencia n.° 1674 del 9 de noviembre de 2011, expresó lo siguiente:
(…) La desaparición forzada de personas constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos. En Latinoamérica, como práctica sistemática y generalizada, surgió en la década de los años sesenta y tuvo como característica principal la negativa u ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima por parte de sus raptores. El comienzo de la práctica tuvo lugar en Guatemala en 1962 y, en las décadas siguientes, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México.
Igualmente, esta S. estima oportuno señalar que en el marco del compromiso asumido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estado Venezolano no solo incluyó el tipo penal de la desaparición forzada de personas en el texto penal sustantivo, sino también selló historia al sancionar la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 2011, la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998, la cual tiene por objeto establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, tales como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violaciones, lesiones físicas, psíquicas y morales, privaciones arbitrarias de libertad, desplazamientos forzados de personas, expulsiones, deportaciones o exilios arbitrarios, etc, que como consecuencia de la aplicación de políticas de terrorismo de Estado fueron ejecutados por motivos políticos durante el periodo de los años 1958 a 1998.
Ahora, respecto de la naturaleza del delito de desaparición forzada de personas, esta S. estima oportuno reiterar la doctrina establecida en la sentencia n.º: 1747, de fecha 10 de agosto de 2007, caso: M.A.R.F., en la cual, en forma clara estableció lo siguiente:
Este delito es pluriofensivo, por cuanto atenta contra varios bienes jurídicos fundamentales, entre los cuales encontramos la libertad personal, la seguridad de las personas, la dignidad humana y pone gravemente en peligro el derecho a la vida, como se extrae literalmente del artículo 2 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas dictada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, cuando señala que todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. “Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni otra penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. V., además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro”.
Tanto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como diversas normas internacionales, consideran que la desaparición forzada de personas comporta una “violación múltiple y continuada” de varios derechos reconocidos por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Vid. sentencia del 29 de julio de 1988, caso: V.R. vs Honduras) y, si bien, tanto la referida Corte como la Convención (cfr: artículo III) emplean la frase “delito continuado”, el vocablo correcto que se debe utilizar es el de “delito permanente”, ya que en el derecho penal, el delito continuado representa una forma de tratar auténticos casos de concurso real de delitos en beneficio del reo.
Así lo reconoció esta S. en la citada sentencia n.º: 1747, de fecha 10 de agosto de 2007, cuando señaló expresamente lo siguiente:
Así, de acuerdo a la doctrina penal, los delitos de conducta permanente “son aquellos tipos en los que la conducta del sujeto activo se prolonga en el tiempo, de tal manera que su proceso consumativo perdura mientras no se le ponga fin por propia determinación del agente, como resultado de maniobra de la víctima o en razón de las circunstancias ajenas a los protagonistas de la acción” (R.E., A.. “Tipicidad”. Editorial Temis S.A. Bogotá, Colombia. 1999. Página 140)”.
El delito permanente “supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor (…); dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica” (M.P., S.. “Derecho Penal. Parte General”. Editorial PPU. Barcelona, España. 1990. página 216).
Aunado a lo antes expuesto, no se justifica por qué no se practicaron otras diligencias de investigación como la verificación en el libro de novedades del Centro de Operaciones Conjuntas (C.O.C) de fecha 12 de octubre de 1966, donde presuntamente constaba la detención del ciudadano F.M. y A.P.S., así como la investigación sobre posibles actas levantadas por la alcabala móvil en la que, según señalan, fueron detenidos A.P. junto a F.M., y donde son posteriormente trasladados al cuartel Corpahuaico.
Tampoco constan copias de libros de novedades donde en todo caso debía registrarse el traslado hacia el campamento Anti-guerrillero de Urica (TO3) de los ciudadanos A.P. y F.M..
Al respecto, en aras de reflejar en esta decisión otros elementos sobre este suceso, por notoriedad comunicacional y en aras de garantizar el acceso a la justicia, esta S. estima pertinente transcribir la siguiente nota de prensa en torno a la desaparición física del ciudadano A.P.S., que guarda relación con la presente solicitud fiscal, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto relacionado con la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998:
Mi tío R. le seguía los pasos a su hermano A.. La gente cree que el comunismo y el socialismo se limitan a una doctrina política, y no es así. Resulta que allí hay muchos principios que coinciden con lo que te enseñaron en tu casa: la unión, la colaboración, la solidaridad, la igualdad
. A.P.P. comienza así el relato de esa incógnita que son todavía hoy sus dos tíos desaparecidos, ambos en 1965. A. tenía 29 años cuando se lo llevaron. Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y estaba “fichado” por ser fundador de un partido de izquierda.
R., de 25 años para el momento de su desaparición, era deportista y estaba por graduarse de ingeniero en la UCV. “Ya por eso era sospechoso. Era como una etiqueta: el que estudiaba en la UCV, era de izquierda”, acota Aura.
–Acerca de mi tío A. tengo una carta de E.L.C., un sobreviviente del Teatro de Operaciones 3, el de El Tocuyo, donde dice que compartieron prisión unos días. Aparte de eso, he escuchado 50.000 cuentos. Mi abuela (madre de A. y R.) me contó que en una de esas cárceles que recorrió, un soldado le dijo: “Señora, deje de buscarlo. Si lo encuentra, no lo va a reconocer”. De mi tío R. no se supo nada, más nunca.
–La verdad, algunas veces he pensado en rendirme, pero esto hizo sufrir tanto a mi abuela y a mi mamá (hermana de A. y R., ¡tanto…! Nunca vi sufrir a nadie como a mi madre por la tragedia de sus dos hermanos. Y ellas, las dos, murieron sin tener nada: ni restos, ni justicia. Ellos no dejaron hijos, y yo siento que si abandono esta lucha, abandonaría la esperanza de mi madre. Pero lo que más me motiva a seguir, es lograr que esto salga en los libros de historia que estudian nuestros niños y bachilleres. Sería una forma de resarcirlos a ellos, a los desaparecidos y asesinados, porque estas miles de historias fueron silenciadas. No es una cuestión de venganza, es justicia.
Fuente: Y.C.
La Asamblea Nacional, dentro de los primeros seis meses siguientes a su instalación, aprobará:
En efecto, de las actuaciones cursantes en autos observa esta Sala que el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, en su decisión del 15 de marzo de 1968, lo que hace es transcribir casi de forma textual los fundamentos alegados por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, en su decisión del 7 de marzo de 1968, sin explicar las razones jurídicas que lo llevaron a declarar terminada la averiguación sumaria en torno a la detención y posterior desaparición física de los ciudadanos F.M. y A.P.; a pesar de que adoptan conclusiones que pudieran ser contradictorias entre sí e, incluso, ilógicas cuando el último sostuvo que “Del conjunto de las declaraciones analizadas y que fueron promovidas por las ciudadanas denunciantes, ha quedado completamente desvirtuado de manera clara y fehaciente el motivo de dicha denuncias. Quedando por el contrario plenamente demostrado que por parte de las autoridades militares no se ha cometido en ningún momento y en contra de los ciudadanos A.P.S. y F.M. ningún tipo de delito”, mientras que primero, en su ‘confirmatoria’ de la referida decisión, declaró “terminada la presente averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla, en virtud de resultar absolutamente demostrada la falsedad de los hechos denunciados así como por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno” (Resaltado añadido), pretendiendo sostener, al parecer, de forma absoluta, “la falsedad de los hechos denunciados” (desaparición de unos ciudadanos), y cerrar la averiguación vinculada a tales desapariciones, “por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno”, a pesar de no determinarse ni el paradero de los desaparecidos ni la razón de la desaparición, circunstancia que, además de afectar la motivación de dichas sentencias, por lo menos pudiera generar una sensación permanente de falta de eficiencia del Poder Público en la protección de los derechos fundamentales e, inclusive, en algunas personas, de impunidad, como pudiera ocurrir con algunos allegados a los desaparecidos.
. (Gaceta Forense n.° 39, 1963. P, 192).
Con base en lo anterior, y habida consideración que la acción penal para sancionar la alegada desaparición forzada en el presente asunto es imprescriptible, tal como lo precisó esta S., en un caso similar en sentencia n° 186/2015, en la que asentó lo siguiente:
A mayor abundamiento, esta S. estableció en sentencia nro. 864 del 21 de junio de 2012, que la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998 establece expresamente que el Estado Venezolano tiene la obligación de investigar y castigar los delitos contra los derechos humanos y de lesa humanidad cometidos por sus autoridades, sobre la base de la imprescriptibilidad de los mismos, excluyéndolos de cualquier beneficio procesal que pueda conllevar a su impunidad, incluso: el indulto y la amnistía, al igual que la causa de justificación sustentada en la obediencia legítima y debida.
Igualmente, se estima pertinente invocar el criterio asentado por esta S. en sentencia nro. 864 del 21 de junio de 2012 (ver también sentencia nro. 1.713 del 14 de diciembre de 2012), según el cual:
Por estos motivos, esta S. declara que ha lugar la solicitud de revisión formulada por los abogados J.C.T.H., E.M. y A.M.G., en su carácter de Fiscales Trigésimo Noveno y Cuadragésimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Octogésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, y, en consecuencia, anula la decisión dictada el 26 de agosto de 1966, por el hoy suprimido Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2º, del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para la época, declaró terminada la averiguación sumaria iniciada con ocasión de la muerte del ciudadano F.O., en virtud de no revestir carácter penal los hechos objeto de la referida averiguación. Así se declara.
Ahora bien, por todo lo antes expuesto, esta Sala Constitucional en virtud de que no se cumplió con la debida diligencia en la investigación judicial efectiva de conductas que podían haber constituido violaciones graves de derechos humanos y, por ende, dicha falta de actividad vulneró derechos fundamentales inherentes a la persona de las víctimas en el presente asunto, se declara ha lugar la solicitud de revisión formulada por la representación del Ministerio Público, y, en consecuencia, anula la decisión dictada el 15 de marzo de 1968, por el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, en la averiguación sumarial instruida con motivo de la alegada detención y posterior desaparición física de los ciudadanos A.P.S.Y.F.M., en la que declaró terminada la misma y, de acuerdo al artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal en su ordinal 3° aplicable por disposición del artículo 20 del Código de Justicia Militar, confirmó en consecuencia en toda y cada una de sus partes la decisión dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, en fecha 7 de marzo de 1968, la cual también se anula. Así se declara.
Finalmente, esta S., vista la anterior declaración y a los fines de la reapertura y continuación de la investigación correspondiente para determinar realmente la realidad de lo ocurrido e, inclusive, la posible responsabilidad penal de probables autores y participes de ese hecho, incluyendo a los superiores jerárquicos y demás funcionarios y personas en general que pudieran estar involucradas de forma directa o indirecta en el mismo, e, incluso, también de ser jurídicamente posible, en lo que atañe a los jueces que dictaron los fallos aquí anulados, a los efectos de evaluar la posible comisión del delito de encubrimiento u otros previstos en el respectivo Código Penal o alguna otra ley vigente para el momento de los hechos que pudieran ser pasibles de ser estimados relevantes desde la perspectiva jurídica-penal, ordena oficiar al Circuito Judicial Penal Militar para que, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva notificación, remita al Ministerio Público la causa original contenida en el expediente n.º 87 de la nomenclatura del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, con el objeto de que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998”, reaperture y efectúe la correspondiente investigación penal. Así se declara.
- Que es COMPETENTE para decidir la presente solicitud de revisión interpuesta por los abogados M.G.C., en su condición de Fiscal Provisorio 8° Nacional con Competencia Plena, J.A.B.R., Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno (39°) del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, E.J.R.M., F.P.O. (80°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, EDDMYSALHA GUILLEN CORDERO, Fiscal Provisorio Octogésima Tercera (83°)del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales, A.S.C., en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Octavo (8°) con Competencia Nacional Plena y H.A.A.M., en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Trigésimo Noveno (39°) con Competencia Nacional Plena, comisionados por la ciudadana L.O.D., F. General de la República, para conocer de los hechos de Homicidios, Torturas y Desapariciones Forzadas, cometidos contra venezolanos y venezolanas durante los años 1958-1998.
- HA LUGAR la referida solicitud de revisión ejercida contra la sentencia dictada por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 15 de marzo de 1968, que confirmó la decisión dictada por el JUZGADO MILITAR DE PRIMERA INSTANCIA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 7 de marzo de 1968, que declaró terminada la averiguación sumarial “con motivo de la desaparición física del ciudadano A.P.S.”, decisión que fue confirmada en todas y cada una de sus partes por la referida sentencia dictada por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 15 de marzo de 1968.
- ANULA el mencionado fallo dictado el 7 de marzo de 1968, por el JUZGADO MILITAR DE PRIMERA INSTANCIA PERMANENTE DE MARACAIBO, en el que, entre otros pronunciamientos, se afirmó que “Del conjunto de las declaraciones analizadas y que fueron promovidas por las ciudadanas denunciantes, ha quedado completamente desvirtuado de manera clara y fehaciente el motivo de dicha denuncias. Quedando por el contrario plenamente demostrado que por parte de las autoridades militares no se ha cometido en ningún momento y en contra de los ciudadanos A.P.S. y F.M. ningún tipo de delito”; y el dictado el 15 de marzo de 1968, por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, que declaró “terminada la (…) averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla, en virtud de resultar absolutamente demostrada la falsedad de los hechos denunciados así como por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno”, las cuales son contrarias a valores y principios elementales del Derecho y la Justicia, como lo son la imparcialidad y suficiencia en la investigación penal, la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la motivación de las sentencias, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y, por ende, violatorio del artículo 50 de la Constitución de 1961, aplicable en razón del tiempo de los hechos sub iudice, todo ello conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.
- ORDENA al Ministerio Público que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, reaperture el caso a los fines de la continuación de la investigación penal correspondiente para determinar la posible comisión de hechos punibles en ese caso y, de ser el caso, ejerza las acciones respectivas para determinar la responsabilidad de los autores y participes de los mismos, así como los demás hechos jurídico-penalmente relevantes vinculados a la misma, conforme a lo señalado en la presente sentencia.
- ORDENA oficiar al Circuito Judicial Penal Militar para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva notificación, remita al Ministerio Público la causa original contenida en el expediente n.º 87 (de la nomenclatura del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo).
L.B.S. ANDERSON
Expediente n.° 16-0457

References: artículo 336
 artículo 19
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
 artículo 336
 artículo 25
 artículo 163
 artículo 100
 artículo 206
 artículo 20
 resolución 
 artículo 207
 artículo 290
 artículo 290
 artículo 309
 artículo 278
 artículo 206
 artículo 20
 resolución 
 artículo 336
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 206
 resolución 
 artículo 50
 artículo 2
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 20
 artículo 19
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