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Timestamp: 2019-08-23 11:19:16+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-01-19Regresar
En función de lo contemplado en este artículo las entidades vigiladas estarán en la obligación de informar a sus clientes, además de la tasa de interés efectivamente pagada o recibida por estos, el Valor Total Unificado para todos los conceptos, efectivamente pagados o recibidos por el cliente, independientemente de si se trata de operaciones activas o pasivas.
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 9° de la Ley 1328 de 2009.
Al cliente potencial se le deberá suministrar, siempre que la naturaleza del producto o servicio lo permita, una proyección del Valor Total Unificado que efectivamente pagaría o recibiría, de manera anticipada a la celebración del contrato. En este caso, el valor total unificado también deberá expresarse en términos porcentuales efectivos anuales. Así mismo, deberá tener la misma publicidad que la tasa de interés relacionada con el producto o servicio ofrecido.
El Valor Total Unificado de que trata el presente parágrafo, estará expresado en términos porcentuales efectivos anuales para el horizonte de vida del producto y su resultante en pesos para el periodo reportado e incluirá todos los conceptos efectivamente pagados o recibidos por el cliente, independientemente de si se trata de operaciones activas o pasivas, siempre que la naturaleza del producto o servicio lo permita, incluyendo intereses, seguros, gastos, contribuciones, erogaciones, comisiones e impuestos y demás.
Dentro del valor total unificado, deberá diferenciarse el componente correspondiente a la tasa de interés efectivamente pagada o recibida. En un plazo no mayor a noventa (90) días el Gobierno Nacional reglamentará la forma y periodicidad en la que las entidades vigiladas deben brindar la información que trata este parágrafo.
( 2015-01-19) Consultar
Desde hace un par de años, Alejandro Werner es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Gracias al hecho de tener un punto de mira privilegiado, este economista mexicano tiene una visión de conjunto sobre la marcha de una región que anda menos bien de lo que se esperaba. Sobre este y otros temas dialogó recientemente con Portafolio.
La región en su conjunto tiene demasiadas asociaciones vinculadas con las relaciones comerciales. Esto genera una multiplicidad de regímenes que incrementan los costos de hacer negocios dentro del área. Producto del auge de las materias primas, hubo una especie de incentivo a integrarse menos porque su relación con el mundo había sido a través de bienes primarios. Ahora, en un entorno de menor impulso externo, es importante buscar dinámicas internas que provengan de impulsar el mercado regional y la inversión, y de armonizar más nuestras normas en telecomunicaciones, energía y logística. Se trata de trabajar más coordinados.
Si bien, desde una óptica constitucional, las medidas cautelares son admisibles para asegurar el pago de una obligación, su decreto y ejecución por las autoridades públicas debe conciliarse con el respeto a los derechos fundamentales.
Así lo advirtió la Corte Constitucional, al recordar que el legislador ha establecido restricciones a la ejecución del embargo, entre ellas la prevista en el numeral primero del artículo 1677 del Código Civil, que se señala que el salario mínimo legal o convencional no es embargable.
De otro lado, el numeral 6º del artículo 594 del Código General del Proceso establece que, además de los bienes inembargables señalados en la Constitución o en leyes especiales, no se podrán embargar los salarios y las prestaciones sociales, salvo en la proporción prevista en las normas respectivas.
Así mismo, mencionó que el Código Sustantivo del Trabajo dispone que no es embargable el salario mínimo legal o convencional, que el excedente del salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte, y que todo salario puede ser embargado hasta en un 50 % en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil.
Con base en lo anterior, indicó que el ordenamiento jurídico colombiano protegió ciertos bienes de las consecuencias de las medidas cautelares propias de la ejecución de deudas dinerarias,salvaguardando, entre otros, los ingresos básicos del trabajador bajo la presunción de que el salario constituye su única fuente de ingresos. Sin embargo, advirtió que no es viable la misma protección a favor de las personas que tienen un contrato de prestación de servicios y que, como resultado del mismo, reciben honorarios en lugar de salario.
Lo anterior, por cuanto, por regla general, los contratos de prestación de servicios no excluyen la posibilidad de que una misma persona celebre libremente otros contratos de similares características que le permitan obtener ingresos económicos complementarios.
Para la declaración y pago del impuesto a la riqueza, la Dian elaborará un formulario especial. Este gravamen será incluido en el decreto 2623 del 2014. Según el jefe de la Dian, Santiago Rojas, cobrar el impuesto a la riqueza para personas naturales y jurídicas y la sobretasa al Cree no implicará grandes cambios.
“Para las personas naturales se hicieron ajustes. Se habían presentado problemas porque las normas no eran claras”, comentó Camilo Rodríguez Vargas, director de Impuestos y Servicios Legales de la firma KPMG. En cuanto a la sobretasa del impuesto Cree (la cual se aplicará este año a las empresas que tengan utilidades anuales mayores a $800 millones), el director de la Dian dejó claro que esta se pagará en los mismos plazos en los que las compañías deberán cumplir con los aportes del Cree.
Para facilitar y fomentar el avance, seguimiento y la calidad en la implementación de la estrategia de gobierno en línea se hace necesario incorporar nuevos instrumentos
Artículo 1. Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Serán sujetos obligados de las disposiciones contenidas en el presente Decreto las entidades que conforman la Administración Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen funciones administrativas.
Artículo 3. Definiciones. Para la interpretación del presente decreto, las expresiones aquí utilizadas deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica:
Es necesario armonizar las disposiciones en materia de competencias laborales con las previsiones de la Ley 1064 de 2006 que reguló la educación para el trabajo y el desarrollo humano
Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente decreto es aplicable a los organismos y entidades del nivel territorial que se rigen en materia de nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de requisitos generales por lo previsto en el Decreto-ley 785 de 2005.
Artículo 2. Factores para determinar los requisitos. Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos específicos de los empleos en los manuales de funciones y de competencias laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Decreto-ley 785 de 2005 y la Ley 1064 de 2006 serán la educación formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia.
Artículo 3. Programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrá exigir la acreditación de programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de 2006.
Artículo 4. Certificación de la experiencia. Para efectos de las certificaciones de experiencia cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios o asesorado en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.
Con el objeto de promover el desarrollo del mercado de valores y la realización de un mayor número de emisiones se hace necesario: i) dotar a la Superintendencia Financiera de Colombia de facultades que le permitan determinar la manera como se cumplen ciertos requisitos relacionados con la autorización de ofertas públicas.
Artículo 1.Modificación del artículo 2.9.13.1.1 del Decreto número 2555 de 2010.Modifícase el artículo 2.9.13.1.1 del Decreto número 2555 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 2.9.13.1.1 Definición.Se entiende como venta en corto, aquella venta de valores en la cual el vendedor no tiene la propiedad de los valores objeto de la operación al momento de la misma. En todo caso, a más tardar el mismo día de la celebración de la venta en corto el vendedor deberá haber realizado las operaciones que sean necesarias para no dejar descubierta la venta en corto y asegurar así la posterior liquidación de la misma.
Parágrafo 1. Para efectos de la anterior definición, no se consideran ventas en corto las ventas en las que el vendedor cuenta con la propiedad de los valores, bien sea porque previamente ha realizado la operación contraria (compra) o una operación a través de la cual se adquirirá de manera incondicional el valor objeto de la venta aun cuando esta se encuentre pendiente de liquidación.
Parágrafo 2. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá expedir instrucciones sobre la manera como se deberán realizar las operaciones de ventas en corto y la forma como se administrarán los riesgos implícitos a las mismas”.
Se hace necesario modificar para permitir que accedan a la vivienda de interés prioritario todos los hogares que cumplan las condiciones establecidas en la ley y en el reglamento, sin ninguna forma de discriminación.
Artículo 1.Modificación del numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto número 2190 de 2009. Modifíquese el numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto número 2190 de 2009, el cual quedará así:
“2.4. Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Parágrafo del presente artículo”.
Artículo 2.Adición del artículo 2 del Decreto número 2190 de 2009. Adiciónese un parágrafo al artículo 2 del Decreto número 2190 de 2009, el cual quedará así:
“Parágrafo.Para efectos del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, al que hace referencia el Decreto número 1432 de 2013, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, también será hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda el que se encuentre conformado por una persona, o por menores de edad cuando ambos padres hayan fallecido, estén desaparecidos, privados de la libertad o hayan sido privados de la patria potestad; en estos últimos eventos, la postulación se realizará a través del tutor y/o curador en acompañamiento del defensor de familia, cuando sea del caso.
Artículo 3.Modificación del artículo 8 del Decreto número 1432 de 2013. Modifíquese el artículo 8 del Decreto 1432 de 2013, el cual quedará así:
Se hace necesario efectuar el ajuste de las bases gravables mínimas previstas en el Acuerdo 426 de 2009, para efectos de liquidar el impuesto predial unificado, a quienes a primero (1) de enero de 2015 no se les haya fijado avalúo catastral.
ARTÍCULO 1. La base gravable mínima que regirá para el año 2015 conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo 426 de 2009, “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 201 de 2005 y se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado”, serán los valores por metro cuadrado contenidos en la siguiente tabla:
PARÁGRAFO 1. El reajuste de los avalúos catastrales de los otros predios de conservación del Distrito Capital para la vigencia fiscal 2015 será de ­7.0%.
PARÁGRAFO 2. Para el caso de los predios rurales a los cuales no se les haya fijado avalúo catastral a primero de enero de 2015, la base gravable del impuesto predial unificado será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente.
ARTÍCULO 2. El presente Decreto rige a partir del primero (1) de enero de 2015, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Se requerirá que los libros de contabilidad, que han sido utilizados para elaborar los últimos estados financieros preparados sobre la base local, sean ajustados mediante un comprobante contable que haga equivalente el último estado de situación financiera preparado bajo normas locales con los saldos del estado de situación financiera, preparado bajo NIIF, al final del período de transición.
Parmalat Colombia Ltda., siendo compañía del grupo 1 quien efectivamente arrancó este año con NJIF este año. (Sic) (Balance de apertura ya fue reportado a la Supersociedades). Tenemos una inquietud respecto de los libros ofíciales.
Para el balance de Apertura 2014, generamos un libro alterno de contabilidad en el cual ajustamos los saldos el 01 de enero del 2014 para IFRS, continuamos con los movimientos alternando la contabilidad local. Para el 2014, nuestros libros oficiales los hemos estado generando mensualmente con la información bajo 2649 ya que hasta este año es vigente.
La consulta es la siguiente; Cuando cerremos este 2014 y el 2015 será oficial la contabilidad bajo IFRS (Que ya hemos corrido un año en nuestro sistema contable para serio comparativo); los saldos finales de los libros oficiales de diciembre 2014 (bajo 2649), no serían los mismos iniciales para el libro oficial 2015 de enero ya que los generaríamos bajo IFRS,
¿es viable así o se sugiere algún documento oficial para el cambio de saldos?
¿No tendríamos ningún inconveniente al respecto de esta diferencia?
¿Cómo sería la mejor manera de presentar los libros oficiales iniciales bajo IFRS?
- Tenía 35 años si es mujer o 40 años si es hombre Ó
- Cumplió 15 años de servicios cotizados
Todo empleador debe consignar las cesantías y los intereses sobre las cesantías del empleado antes del 15 de febrero y del 31 de enero, respectivamente, del año siguiente al que se liquidaron. Las cesantías corresponden a un salario mensual adicional o su equivalente según el tiempo trabajado. Y los intereses sobre las cesantías corresponden al 12% del salario anual o su equivalente según el tiempo trabajado.
Y si deja de pagar oportunamente los intereses sobre las cesantías, deberá pagar una sanción equivalente al 100% de los intereses liquidados. Este mecanismo fue creado para que, al resultarles mucho más costoso que incluso pedir un préstamo para cumplir con estas obligaciones, los empresarios se disciplinen en el cumplimiento de las obligaciones laborales.
La atención de pacientes por urgencias no está sujeta a cuotas moderadoras ni copagos.
Los valores los establecen el Consejo Nacional de Seguridad en Salud y la Comisión de Regulación en Salud. Tras la definición de los incrementos en peajes, arriendos y otros gastos que dependen de la inflación, ahora comienzan a regir también nuevas tarifas por concepto de copagos y cuotas moderadoras de los usuarios de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) a la hora de hacer uso de sus servicios.
Los cotizantes que estén en el rango salarial hasta 1 millón 288.699 pesos, así como sus afiliados, deberán cancelar por cuota moderadora 2.500 pesos por consulta médica general, odontológica, paramédica y de medicina alternativa, igual que para otros servicios asistenciales, menos quirúrgicos. Para los que estén en el rango hasta los 3 millones 221.750, por los mismos servicios, la cuota es de 9.900 pesos y para aquellos que liquiden con base en un sueldo superior es de 26.1000 pesos.
Como copago por cirugías y procedimientos ambulatorios, exámenes de laboratorio y ayudas diagnósticas ordenadas en forma ambulatoria, así como por hospitalización, dispositivos médicos y tratamientos odontológicos, los primeros deberán cancelar el 11,5 por ciento hasta los 184.928 pesos; los segundos, 17,3 por ciento hasta un tope de 741.003 pesos y los terceros 23 por ciento hasta 1’482.005 pesos. Las urgencias no dan pie a pagos. Estas tarifas fueron definidas por el Consejo Nacional en Seguridad en Salud y la Comisión de Regulación en Salud.

References: Artículo 1
 artículo 9
 artículo 1677
 artículo 594

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 39

Artículo 3

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 1
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 1
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 3
 artículo 8
 artículo 8

ARTÍCULO 1
 artículo 1

ARTÍCULO 2