Source: https://www.slideshare.net/enjportal/4-enj-300-los-actos-conclusivos-semana-4-actualizada
Timestamp: 2017-12-18 20:26:03+00:00

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ENJ-300: Los Actos Conclusivos (Semana 4) (Curso ''Etapa Intermedia, …
ENJ-300: Los Actos Conclusivos (Semana 4) (Curso ''Etapa Intermedia, Audiencia Preliminar y Juicio'')
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1. Módulo I: Actos Conclusivos y Audiencia Preliminar Semana 4 © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
2. El artículo 74 de la Ley 10-15 que modifica el artículo 300 del CPP, describe sucintamente los pormenores del desenvolvimiento de la audiencia preliminar. A diferencia de otras jurisdicciones, como Italia y Chile, que establecen normas procedimentales directivas del desenvolvimiento de la audiencia, el legislador dominicano no desarrolló una normativa procedimental detallada al efecto. Surge de su lectura que la audiencia consiste de dos partes: La constitución de las partes y la discusión de sus alegaciones. Desarrollo de la Audiencia preliminar © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
3. La celebración de la audiencia preliminar es compulsoria u obligatoria, como lo es por consecuencia la asistencia de las partes propias del proceso penal. Bajo esta premisa el primer acto en la audiencia preliminar consiste en la constatación de la presencia de las partes intervinientes: ministerio público, imputado (a), defensor (a), querellante o su mandatario con poder especial y en el caso particular el actor civil. La Constitución de las Partes: Excepciones © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
4. De haberse constituido el actor civil de conformidad con los artículos 120, 122, 123 y 125 del CPP y del 38 al 39 de la Ley 10-15 y notificado sus pretensiones según la reglamentación provista por el artículo 297, se verificará su presencia. En ausencia de justa causa, de no comparecer a la audiencia preliminar luego de ser debidamente citado, se entenderá que ha desistido tácitamente de la acción, sin perjuicio de continuar su reclamación por la vía civil, según disponen los artículos 39 (Ley 10-15, modifica el 124 del CPP) y 125 del CPP. En cuanto a las ausencias del ministerio público y la defensa son subsanables de inmediato sustituyendo el fiscal y nombrando un defensor público o permitiendo su reemplazo. Efectos de la Incomparecencia de las partes © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015© Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
5. Respecto a la presencia del imputado, es indispensable, por lo que, independientemente de las motivaciones para su ausencia, al tenor de la disposición del artículo 74 de la Ley 10-15 que modifica el artículo 300 del CPP, se fijará una nueva fecha de celebración, disponiendo el juez (a) todo lo necesario para evitar su una próxima suspensión. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
6. El análisis de la disposición anterior indica que: 1. La ausencia del representante del ministerio público es subsanable con el nombramiento de un sustituto. 2. La ausencia del abogado del imputado requiere el nombramiento de un defensor público o su reemplazo. 3. La ausencia del imputado se presenta como la única causa impediente de la celebración inmediata de los procedimientos y de su suspensión. 4. El legislador no puso límites temporales para ofrecer tiempo al defensor para prepararse, ni para la fijación de la nueva fecha para la celebración. 5. Recae sobre el juez la obligación de señalar la fecha para la nueva celebración tomando las medidas necesarias para evitar una nueva suspensión. Obligaciones del Juez de la Instrucción ante la Incomparecencia de las partes © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
7. La ausencia del abogado del imputado presenta una situación de naturaleza constitucional, ya que puede vulnerar los derechos a la defensa y a la contradicción de la prueba. De ahí que el legislador haya previsto la necesidad de nombrar un defensor público o un reemplazo. No obstante no previó que el alcance constitucional del derecho a la defensa no se satisface con el nombramiento. De modo que el derecho sea efectivo, el defensor debe ofrecer a su representado algo más que una defensa pro forma. La obligación constitucional del Estado de proveer la asistencia técnica al imputado conlleva el ejercicio de una defensa informada. A esos efectos el defensor debe estar en posición de conocer los pormenores de la acusación y tener la oportunidad de examinar las pruebas propuestas por los acusadores de modo que pueda contestarlas en forma sustancial. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
8. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015 La solución legislativa dominicana de subsanar de inmediato la incomparecencia del fiscal y del abogado trae una colisión entre el principio de la celeridad del proceso, el derecho a la defensa del imputado y la obligación del Estado de sostener la suficiencia de las alegaciones para lograr su admisión y la consecuente apertura a juicio. De forma que se provea al imputado una defensa que cumpla con la obligación constitucional. Al reemplazar o nombrar un abogado el juez deberá otorgarle un tiempo razonable para que éste pueda examinar la acusación y los elementos de prueba con su defendido. Esta situación ha sido prevista por el código procesal penal chileno que dispone en su artículo 269 que el juez suspenderá la audiencia por un plazo que no exceda de cinco días con el objeto de permitir que el defensor designado se interiorice del caso. Asimismo en la práctica procesal puertorriqueña se ha establecido la concesión de un término razonablemente corto para que el imputado consulte con su defensor y a éste estudiar las alegaciones y la prueba y desarrollar la estrategia para su defensa
9. De ahí la importancia, de que el fiscal indique qué intenta probar y cómo, al presentar la acusación, si a través de prueba documental o testimonial, y la calidad del testimonio, si pericial o de ocurrencia. Debe considerar el juez que consulta significa algo más que una entrevista. En cuanto se refiere al reemplazo del fiscal, se pueden señalar argumentos similares en relación con la protección de la representación de los intereses del Estado. Es obligación del ministerio público sostener las alegaciones para lograr que se dé paso a su solicitud de apertura a juicio. En igualdad de condiciones, el nuevo representante del ministerio público debe tener las mismas garantías de oportunidad que la defensa, de modo que pueda ejercer sus funciones conforme a su obligación durante la audiencia preliminar. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
10. La experiencia puertorriqueña demuestra que el alto porcentaje de fracasos de la acusación en vista preliminar y en el juicio se debe a la falta de tiempo razonable que tiene el fiscal para familiarizarse con los datos del caso. El cumplimiento con el principio de celeridad pone al juez de la instrucción en la obligación de aquilatar todos los factores señalados que inciden sobre la determinación de la fecha para la nueva celebración dentro de un plazo constitucionalmente razonable. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
11. En el artículo 74 de la Ley 10-15 se establece que el juez fijará una nueva fecha de celebración, disponiendo todo lo necesario para evitar su suspensión, abriendo la posibilidad de que éste tome todas las medidas para establecer un equilibrio entre la pronta celebración de la nueva vista y la protección del derecho a la confrontación, incluyendo la imposición de nuevas medidas de coerción o la modificación de las ya impuestas. Como este mismo artículo dispone que rigen las reglas del juicio, adaptadas a la sencillez de la audiencia preliminar, los jueces al tomar las medidas de lugar para subsanar, tanto las ausencias del ministerio público, como de la defensa, habrá de tomar en cuenta además lo que disponen los artículos 34 que sustituye el 115, 35 sustituye el 116 y 117 del CPP sobre sustitución, renuncia y abandono, y sanciones para el abogado de defensa; así como el 69 que sustituye el 271 y 77 que sustituye el 307 sobre desistimiento e inmediación. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
12. En la audiencia preliminar, sin que se produzca ningún debate probatorio como el que es propio del juicio oral y público, puede y debe haber un denso debate sobre todas las cuestiones de hecho que surgen de la investigación fiscal y de los aportes materiales de las partes, así como de los aspectos jurídicos que están asociados con lo fáctico. La cuestión crucial en cuanto a la forma en que se desarrollará la audiencia radica en la determinación de procedencia de la apertura a juicio solicitada por el fiscal. Ello nos lleva a examinar el artículo 75 que sustituye el 303 que parece ofrecer la expresión de su finalidad legislativa al contemplar como fundamento para dictar el auto de apertura a juicio que la acusación tenga fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena. La forma en que está redactada esta frase lleva a concluir que la función del juez trasciende la supervisión del cumplimiento con lo estrictamente procesal. Celebración de la Audiencia y Alcance de la Presentación de la Prueba © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
13. En ese sentido el juez deberá: 1. Ponderar la suficiencia de la acusación a base de las alegaciones y del peso que sobre ellas merece la oferta de pruebas. El juez de la instrucción no evalúa la prueba sino la inutilidad de someterla a evaluación por el juez del juicio. 2. Verificar si se dio cumplimiento a la reglamentación de la fase preparatoria y a los actos introductorios de modo que constate que los procedimientos se llevaron conforme al debido proceso y los elementos de prueba sobre los cuales se sustenta la acusación son lícitos, idóneos y suficientes para declarar la apertura a juicio. 3. Establecer la punibilidad de los hechos sobre los cuales se desenvolverá el juicio oral y se determinará la responsabilidad del imputado. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
14. Para ello deberá, en primer lugar, analizar el cumplimiento con la reglamentación procesal, su competencia, la legitimación activa o capacidad procesal de las partes, la ausencia de causales impedientes de la instancia de la acción penal o de la continuación de los procedimientos y por ende la probabilidad de éxito de la acusación. Así, una vez dilucidadas las cuestiones jurisdiccionales y atendidas las solicitudes de desvío, deberá pasar al análisis de los hechos imputados y su contestación y a resolver cuestiones sustanciales que hayan sido presentadas por el imputado tales como: © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
15. 1- La existencia de circunstancias justificativas del hecho o causas de inimputabilidad. 2- Defensas de naturaleza evidenciaría como coartada y ataques a la licitud de prueba, relacionada con la identificación del imputado, la adquisición de evidencia física y la obtención de confesiones extrajudiciales. Debido a que la dilucidación de estas defensas es esencial para dar paso a la apertura ajuicio, el juez está obligado a examinarlas. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
16. Ya que descansan sobre la credibilidad de los testigos que presenten las partes, de modo que pueda aquilatar la razonabilidad de exponer al imputado al juicio oral sobre las bases de meras alegaciones, la naturaleza y propósito de la audiencia preliminar exige que el juez escuche los testimonios y permita a las partes el careo. Ello conduce a una necesaria apertura a debate en la audiencia preliminar. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
17. Excepción a la regla del alcance de presentación de la prueba Esta posición abre el debate doctrinal entre las visiones restrictiva y expansiva sobre el alcance de la presentación de prueba en la audiencia preliminar que se resuelve mediante el análisis de su propósito y la función de las partes, particularmente del ministerio público. El punto central del debate radica en el análisis del objetivo de la etapa intermedia, el cual es despejar el camino del juicio oral de toda cuestión que pueda afectar a su único objeto de determinar la responsabilidad penal del acusado. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
18. En ausencia de legislación expresa en el ordenamiento dominicano, surgen las siguientes interrogantes sobre el alcance de la presentación de prueba en la sencillez de la audiencia preliminar: ¿Puede presentarse prueba? ¿Qué tipo de prueba? ¿Puede el imputado, además de contra-interrogar a los testigos del fiscal presentar prueba de refutación? ¿Debe el juez resolver las cuestiones presentadas en la audiencia? © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
19. Este debate fue objeto de análisis jurisprudencial en Puerto Rico para el año 1974 en ocasión de dilucidar si procedía presentarse la defensa de incapacidad mental en la audiencia preliminar con el efecto de exonerar al imputado e imponerle en este momento procesal una medida de seguridad de encontrarse peligroso. En la opinión emitida por el juez presidente Trías Monge en el caso de Hernández Ortega v Tribunal Superior, acompañada por una ponderada opinión concurrente por el juez asociado Díaz Cruz, se analizó el planteamiento desde el punto de vista de que la función judicial de la audiencia es la esencia del procedimiento, a la vez que se esbozaron las siguientes características definitorias de sus contornos procesales: © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
20. 1. La vista preliminar no tiene como única finalidad librar a una persona de acusación evidentemente falsa, fraudulenta o sin base en ley. Es el mecanismo que sirve de propósito para impedir que acusaciones frívolas e insustanciales recarguen la labor de los tribunales consumiendo el tiempo de los jueces, fiscales y demás funcionarios. 2. No es una mera formalidad, sino un acto de incuestionable trascendencia, cuyo resultado habrá de reflejarse en la libertad del procesado. 3. La vista no debe ser recortada en su básica función de proteger la libertad del que es falsa e indebidamente acusado. Del análisis de estas características el tribunal concluye que no puede negarse en la vista preliminar la presentación de prueba pericial sobre inimputabilidad ya que, en palabras del juez Trías al adoptar la concepción expansionista, no convierte la vista preliminar en un minijuicio, pero sí evita que en situaciones como la de autos se procese a un enajenado mental a la fecha de los hechos por la comisión de un delito por el cual no es, por definición responsable. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
21. En cuanto al alcance de la función judicial se refiere, el tribunal al analizar los planteamientos, entendió que la presentación para discusión de la prueba de inimputabilidad en la audiencia deja incólume su propósito de determinar la existencia o no de causa probable para acusar, ya que la función del juez en esta etapa no es adjudicar finalmente si la defensa afirmativa prevalecerá o no eventualmente, fuera de toda duda, en el juicio oral. En palabras del tribunal, su función es aquilatar estrictamente la razonabilidad de exponer a una persona a quien se le imputa un delito a los rigores de un juicio criminal. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
22. En 1997, en la opinión de Pueblo v. Andaluz Méndez, el Tribunal Supremo estableció como un derecho del imputado presentar prueba en la vista preliminar como un elemento integrante del debido proceso de ley, cuando la oferta de prueba demuestra de forma incontrovertible que: 1. El imputado no cometió el delito; 2. Cometió un delito menor; 3. Se violaron garantías o privilegios constitucionales durante la fase preparatoria que justifican la exoneración del imputado, en la etapa intermedia. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
23. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015 La apertura y desarrollo del debate: Secuencia procesal Como ya se ha establecido previamente, el artículo 74 dispone que rigen las reglas del juicio adaptadas a la sencillez de la audiencia preliminar. Ello nos lleva a hacer un ejercicio de interpretación analógica basado en los propósitos de la audiencia, distinguiéndolos de los que fundamentan el juicio oral. Siguiendo, la reglamentación dispuesta para el juicio (arts. 318 al 325 y del 327 al 330 del CPP; y 79-80 de la Ley 10-15), la secuencia procesal debe desarrollarse de la siguiente forma: Una vez constatada la presencia de las partes, el juez procederá a declarar abierta la discusión.
24. Tendrá la obligación de advertir al imputado y al público que pudiera estar presente sobre los motivos de la audiencia preliminar. Se da comienzo con la lectura de los actos acusatorios del fiscal y el querellante y de la demanda de la parte civil. Como parte solicitante de la apertura a juicio, la discusión deberá iniciarse con una exposición sucinta por parte del ministerio público del resultado de la investigación y de los elementos de prueba que justifican su solicitud, así como de los fundamentos que la motivaron. No se trata de la lectura del acto de acusación, sino de la presentación de argumentos que sustentan los elementos de prueba ofrecidos. En esta etapa del procedimiento deberá motivar sus pretensiones. Finalizada su intervención se escuchará al querellante y a la parte civil. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
25. Terminada la presentación de los acusadores, se ofrecerá un turno a la defensa del imputado. El artículo 319, así como el 102, 105 al 110 del CPP, también el 29 y 30 de la Ley 10-15, prevén que desde la apertura de la audiencia el juez debe dar preferencia al imputado a emitir declaraciones si así lo desea o solicita. En virtud de la protección constitucional del artículo 69.2.3.4 y 6 de la Constitución Dom. Y el 13 y 14 del CPP, el juez deberá instruirle que la declaración es un medio para su defensa y que, por consiguiente, tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las imputaciones que se le formulen © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
26. Aunque el artículo 319 no hace referencia a la disposición contenida en el artículo 105 a los efectos de que el imputado podrá solicitar la práctica de las diligencias que considere oportunas, se entiende que si bien no se trata de un solicitud compatible con la etapa del juicio, por la naturaleza de la audiencia preliminar, es procedente hacerlas, sobre todo si conducen a la adquisición de prueba exculpatoria que evitaría la sumisión al juicio. Por vía de ilustración, podría solicitarse por el imputado que se obtenga documentación demostrativa de coartada, de declaraciones anteriores del imputado, que demuestren su posición o de las víctimas ante terceros que puedan ser contra interés y que sirvan para impugnar su veracidad o credibilidad. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
27. La invitación a declarar debe cumplir con las siguientes reglas formales: acompañarse con una explicación clara y sencilla del hecho que se le atribuye, con la advertencia de que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio o reserva le perjudique: a. No podrá requerírsele ratificación solemne de su exposición o promesa de decir la verdad. b. Debe permitirse al imputado declarar cuantas veces manifieste su interés de hacerlo, siempre que su intervención sea pertinente y no aparezca como un medio dilatorio del procedimiento y sin que esta facultad dé lugar a indefensión material. A esos efectos el juez debe estar vigilante de que las declaraciones se refieran al objeto de la acusación, de lo contrario deberá amonestar al imputado de que si persiste en querer declarar sobre asuntos ajenos a la acusación, se le impedirá continuar declarando. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
28. A este respecto deberá también el defensor estar vigilante sobre las actuaciones del imputado e instruirle sobre el alcance de su declaración. El imputado deberá estar asistido por su abogado en todo momento y debe permitírsele consultar a su defensor. Al terminar su declaración será interrogado por el ministerio público, el querellante, la parte civil, el defensor y el juez en ese orden. Asimismo podrán las partes y el juez durante la audiencia hacer preguntas aclaratorias de sus manifestaciones. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 323, recibida la declaración del imputado, el juez escuchará los argumentos y examinará las pruebas del ministerio público, el querellante, la parte civil y la defensa, salvo que se hubiera acordado otro orden. Y tomar una decisión ponderada sobre la admisión de la acusación y la apertura a juicio. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
29. Contenido y Forma de la Discusión De acuerdo con los objetivos de la audiencia preliminar, la discusión girará en torno a la viabilidad de las pretensiones del ministerio público, basada en la adjudicación de las controversias jurídicas y la admisibilidad de los elementos y medios de prueba de las partes. Es preciso recordar que el juez tiene como función despejar el juicio oral de todo impedimento a su celebración de naturaleza procesal o sustantiva, así como de toda controversia no pertinente, no confiable o acumulativa y la exclusión de toda prueba obtenida ilícitamente o derivada de ésta. De ahí que deberá examinar la oferta de prueba para determinar dependiendo del medio de prueba, además de los factores señalados, criterios tales como su autenticidad (evidencia documental), credibilidad (evidencia testimonial), así como cualquier otro factor que estime necesario para determinar la admisibilidad. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
30. De modo que el juez pueda valorar los elementos señalados, conforme a lo dispuesto por el artículo 172 del CPP, deberá escuchar el testimonio de los testigos legos y periciales presentados por las partes, permitiendo el desarrollo de interrogatorios, contrainterrogatorios y prueba de refutación siempre dentro del marco del contenido permitido para la audiencia preliminar. Es preciso señalar sobre el particular que se hace necesario en esta etapa permitir la presentación de prueba garantizando los derechos a la confrontación y a la defensa. El juez podrá escuchar y admitir cualquier petición de estipulación de hechos o de prueba que bien conformen las alegaciones o que den por ciertos hechos o conclusiones periciales. Conforme a las disposiciones del artículo 74, se levantará un acta de la audiencia. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
31. Manejo de las reglas del debate © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015 Tal como dispone el artículo 313 del CPP, el juez (a) es quien preside el tribunal, por tanto ordena la exhibición de las pruebas, las lecturas necesarias, hace las advertencias legales, modera el debate, rechaza todo lo que tienda a prolongarlo, sin que haya mayor certidumbre en los resultados, e impide en consecuencia, las intervenciones impertinentes o que no conduzcan a la determinación de la verdad, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación, ni la amplitud de la defensa. El correcto manejo de las reglas del debate, además de llevar un orden y mantener la solemnidad y disciplina en la audiencia, impide que en la misma se ventilen cuestiones impertinentes o que se prolongue la audiencia de forma innecesaria.
32. Para el manejo adecuado del proceso, el juez debe conocer y aplicar la Resolución 3869-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia, la cual se denomina Reglamento para el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal, dicho Reglamento tiene por objeto y alcance unificar los criterios relativos a la presentación de los diversos medios de prueba adaptado a las etapas del proceso penal, a la luz de las disposiciones de la normativa constitucional y procesal penal. El Artículo 5 establece la PRESENTACIÓN DE PRUEBAS EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR, e indica que: De conformidad con la oferta de pruebas realizada por las partes, a los únicos fines de determinar la suficiencia de la acusación, el Juez de la Instrucción valorará la utilidad de las mismas. La oferta, presentación y producción de pruebas en la audiencia preliminar dependerá de la cuestión a dilucidar, ya sea para determinar la suficiencia de la acusación, para desvirtuarla o para validar los acuerdos realizados entre las partes. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
33. También indica que de existir algún aspecto jurídico relacionado con la admisibilidad de la prueba, tales como su licitud, pertinencia o utilidad, el juez podrá autorizar un debate limitado sobre la cuestión planteada. El artículo 6 faculta al imputado o el tercero civilmente demandado, en los casos aplicables, para presentar supuestos exculpatorios y defensa de coartada tales como causas justificantes, excluyentes de responsabilidad, síndrome de la mujer maltratada, entre otras. Asimismo en el articulo 7, dicha Resolución expone que el juez está obligado a equilibrar la oferta y eventual presentación de la prueba necesaria para valorar la suficiencia de la acusación. A esos efectos vela porque no se filtren planteamientos dilatorios, no pertinentes o irrelevantes a la cuestión particular que se pretende presentar. En el ejercicio de su poder de dirección de la audiencia, evita el abuso en el manejo de la prueba. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
34. En dicha Resolución se establece como el juez debe dirigir el debate en la dinámica para la presentación de los medios de prueba, testimonial, pericial, material (objetos) o documentos. Se establece el orden para las partes realizar el interrogatorio directo, como se acredita el testigo, la realización del contrainterrogatorio, la impugnación de un testigo o perito, etc. También la dinámica para la realización de objeciones a las pruebas y al interrogatorio o contrainterrogatorio. Esta Resolución reviste una gran importancia para el juez, ya que el mismo como moderador del debate debe poseer conocimientos en técnicas de litigación, para saber como fallar las cuestiones planteadas durante los debates. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
35. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 301, inmediatamente después de finalizada la audiencia, el juez resolverá las cuestiones planteadas. Examinadas las alternativas que tiene el juez para emitir su resolución, la lógica señala que de modo que se cumpla con los objetivos de la vista de filtro depurador de las controversias, el juez deberá resolver en primer lugar aquellos planteamientos relacionados con las excepciones que impidan la instancia de la acción penal, para luego atender la solicitud de aplicación de medidas alternas y aprobar los acuerdos tomados entre las partes, con relación a la acción civil. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015 Cierre de la Audiencia y Resolución
36. Admisión o Rechazo de la Acusación De acuerdo con el resultado de la discusión y basado en las argumentaciones y acuerdos entre las partes, el juez tomará una decisión relativa a la punibilidad de los hechos y su calificación jurídica. La resolución se emitirá en torno a la acusación y a la condición procesal del imputado. En lo que respecta a la acusación, podrá: 1. Ordenar la admisión total o parcial de la acusación y la apertura a juicio. 2. Corregir los vicios formales de la acusación del ministerio público o del querellante. 3. Rechazar la acusación del ministerio público o del querellante y dictar auto de no ha lugar a la apertura a juicio. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
37. En cuanto respecta a la condición procesal del acusado podrá imponer, renovar, sustituir o hacer cesar las medidas de coerción en aquellos casos en que opte por continuar con los procedimientos. Auto de Apertura a juicio (Art. 75 Ley 1015): Luego de emitir su decisión favoreciendo la admisión de la acusación, el juez dictará un auto de apertura a juicio. Este acto es trascendental para la instancia del proceso pues con ella se puede dar por iniciado el proceso penal propiamente dicho, se activan las protecciones constitucionales plenas de las partes, particularmente la garantía del derecho a la defensa y a la contradicción. La decisión del juez de la instrucción de ordenar la apertura del juicio marca el inicio de la etapa de juicio donde se ventilará la responsabilidad del ahora formalmente acusado. El auto de apertura a juicio equivale a una acusación formal por lo que deberá contener: © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
38. 1. La admisión total de la acusación como presentada por el ministerio público y el querellante; 2. En el caso que haya sufrido cambios en la determinación de los hechos luego de la discusión o por estipulación, una determinación precisa de los hechos que se dieren por acreditados, por los que se abre el juicio; 3. Modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparten de la acusación; 4. La identificación de las partes admitidas; 5. Imposición, renovación, sustitución o cese de las medidas de coerción, disponiendo en su caso, la libertad inmediata del acusado si fuera el caso. 6. Intimación a las partes para que en el plazo común de cinco días comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar para las notificaciones. Aunque no bajo pena de nulidad, debe incluirse las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral de acuerdo con las convenciones probatorias. El auto no es susceptible de recurso alguno. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
39. Auto de no ha lugar a la Apertura del Juicio (Art. 76 Ley 1015): De no ejercer el ministerio público su derecho a recurrir a la Corte de Apelación, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 76 y 410 CPP, la expedición del auto de no ha lugar pone fin al procedimiento contra el imputado impidiendo su reprocesamiento. Éste se emitirá cuando, luego de evaluar los argumentos y la oferta de prueba, el juez entienda que: 1. El hecho no se realizó o no fue cometido por el imputado; 2. La acción penal se ha extinguido; 3. El hecho no constituye un tipo penal; 4. Concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable; 5. Los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos. Esta resolución es apelable. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
40. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2015 Apoderamiento al Juez de Juicio El artículo 75 de la Ley 10-15 en su parte infine establece que una vez dictado el auto de apertura a juicio, y efectuadas las notificaciones correspondientes por parte de la secretaría del tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el secretario remite la acusación y el auto de apertura a juicio a la secretaría del tribunal de juicio correspondiente. A su vez el artículo 305 dispone que el presidente del tribunal apoderado, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibidas las actuaciones, fija el día y la hora del juicio, el cual se realiza (o debe ser realizado) entre los quince y los cuarenta y cinco días siguientes.
ACTOS CONCLUSIVOS EN EL PROCESO PENAL
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References: artículo 74
 artículo 300
 artículo 297
 artículo 74
 artículo 300
 artículo 269
 artículo 74
 artículo 75
 artículo 74
 artículo 319
 artículo 69
 artículo 319
 artículo 105
 artículo 323
 artículo 172
 artículo 74
 artículo 313
 Resolución 
 Artículo 5
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 301
 Resolución

 resolución 
 resolución 
 artículo 75
 artículo 305