Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30035432
Timestamp: 2019-09-23 11:17:02+00:00

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LEY19222018201807 script var date = new Date(18/07/2018); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CLIV. N. 50658. 18, JULIO, 2018. PAG. 1.Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.VigentefalsefalsefalsefalseLEY ORDINARIAfalse18/07/201818/07/201818/07/20185065811
DIARIO OFICIAL. AÑO CLIV. N. 50658. 18, JULIO, 2018. PAG. 1.
Arts.: [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [27 A] [27 B] [27 C] [27 D]
Arts.: [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [75] [76]
Declarada inhibida para decidir respecto de los cargos formulados Sentencia de la Corte Constitucional C-112 de 2019
Declarado inexequible (Apartado final del parágrafo 2° del artículo 11.Por vicio presentado en su formación. ) Sentencia de la Corte Constitucional C-112 de 2019
Artículo 27 A:
Declarada inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (acerca de la constitucionalidad de la expresión “La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión ) Sentencia de la Corte Constitucional C-348 de 2019
Declarada inexequible la expresión ... (“verificará” en cambio de esta deberá leerse la palabra “evaluará”. ) Sentencia de la Corte Constitucional C-112 de 2019
Declarada inexequible la expresión ... ("No" c ontenida en el apartado final del inciso primero ) Sentencia de la Corte Constitucional C-112 de 2019
Declarado exequible (el inciso 2° atendiendo las razones contenidas en la parte motiva de la Sentencia. ) Sentencia de la Corte Constitucional C-112 de 2019
Declarado exequible de conformidad con la parte motiva (Inciso 2 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-112 de 2019
Declarado inexequible (Por vicio presentado en su formación. ) Sentencia de la Corte Constitucional C-112 de 2019
Artículo 1°.Principios. Además de los principios y reglas estable­cidos en la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, la ley estatutaria de administración de justicia de la JEP, las actuaciones, procedimientos y decisiones se regirán por los siguientes:
a) Efectividad de la justicia restaurativa. A fin de garantizar los presupuestos necesarios para asegurar la reconciliación y el es­tablecimiento de una paz estable y duradera, las decisiones que pongan término a los procedimientos ante la JEP, además de cumplir con el principio de legalidad, deben procurar la restau­ración del daño causado y la reparación de las víctimas afecta­ das por el conflicto armado, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la verdad de los hechos.
Las medidas de restablecimiento de los derechos conculcados y re­sarcimiento del daño deben atender especialmente a la situación de vul­nerabilidad previa, coetánea o posterior a las infracciones y crímenes perpetrados que guarden relación con la conducta.
Las medidas dirigidas a restaurar y reparar a las víctimas indivi­duales y colectivas deben ser objeto de estricto cumplimiento. La JEP adoptará las decisiones necesarias para el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas;
b) Procedimiento dialógico. El procedimiento en casos de reco­nocimiento de la verdad tendrá un carácter dialógico o delibera­tivo, con participación de las víctimas y de los comparecientes a la JEP.
El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar res­ponsabilidades.
Se aplicará de preferencia el principio dialógico sobre el adver­sarial, respetando y garantizando en todo caso los principios de im­parcialidad, independencia judicial, debida motivación, publicidad, debido proceso, contradicción, derecho a la defensa, presunción de inocencia, favorabilidad, libertad de escoger profesional del derecho con acreditación, que se encuentra legalmente autorizado por la le­gislación colombiana para apoderar a personas que deban acudir ante autoridad judicial o administrativa, participación de las víctimas y do­ble instancia;
c) Enfoques diferenciales y diversidad territorial. La JEP ob­servará en todas sus actuaciones, procedimientos, decisiones y controles, enfoques diferenciales con ocasión de la condi­ción de discapacidad; la orientación sexual o la pertenencia a la población LGBTI; la raza o etnia; la religión o creencia; la pertenencia a la tercera edad; o ser niños, niñas y adoles­centes; entre otros; y la diversidad territorial. Este principio de diversidad se traduce en la obligación de adoptar medidas adecuadas y suficientes a favor de los sujetos de especial pro­tección constitucional.
Como desarrollo del enfoque diferencial, de diversidad territorial y el principio de igualdad material contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, las autoridades judiciales al momento de valo­rar la culpabilidad y las consecuencias de delito deberán prestar una especial consideración a las particulares condiciones de marginalidad social, económica, territorial y circunstancias similares, que hayan po­dido afectar a las personas investigadas. Así mismo tendrán en cuenta la posición privilegiada que haya ocupado en la sociedad el investigado, en razón a su cargo, posición económica, poder o ilutación para inten­sificar el reproche punitivo;
d) Principios pro homine y pro víctima. En casos de duda en la interpretación y aplicación de las normas de la justicia tran­sicional, las Salas y Secciones de la JEP deberán observar los principios pro homine y pro víctima;
Debido proceso. En los procedimientos adelantados ante la JEP, siempre se deberá garantizar el debido proceso entendido, como mínimo, la necesidad de participar en la actuación, de notificación oportuna y al ejercicio del derecho a la defensa y contradicción de pruebas.
f) Presunción de inocencia. En todas las actuaciones de la JEP se observará el principio de presunción de inocencia; en conse­cuencia nadie podrá considerarse responsable a menos que así lo haya reconocido o se haya demostrado su responsabilidad según el caso;
g) Buen nombre. En el marco de las actuaciones adelantadas ante la JEP, en todo caso, se preservará el derecho al buen nombre de que sean mencionados en los informes, declaraciones o cual­quier otra actuación.
h) Enfoque de género. A fin de garantizar la igualdad real y efec­tiva y evitar la exclusión, en todas las actuaciones y procedi­mientos que adelante la JEP se aplicará el enfoque de género.
Si bien las relaciones desiguales de género son preexistentes al con­flicto armado, en los procedimientos ante la JEP se tendrá en cuenta que aquellas se instrumentalizaron, exacerbaron y acentuaron durante el conflicto, profundizando los daños, las consecuencias y los impactos de la violencia en la vida.
Parágrafo. En la JEP se dará plena aplicación y observancia a los derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y la ley. En particu­lar, a una vida libre de violencias y discriminación, acceso a la justicia, participación en la construcción y consolidación de la paz, a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Artículo 2°.De las víctimas y sus representantes. Las víctimas podrán participar en los momentos establecidos para ello en la pre­sente ley, por (i) sí mismas, o por medio de: (ii) apoderado de con­fianza; (iii) apoderado designado por la organización de víctimas; (iv) representante común otorgado por el Sistema Autónomo de Ase­soría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP; (v) de manera subsidiaria a las anteriores, apoderado que designe el sistema de defensa pública.
Parágrafo 1°. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad, o su­jeto especial de protección, el defensor de familia deberá representarlos cuando carezca de representante o este se halle ausente o incapacitada, sin perjuicio de la representación judicial de que trata este artículo.
Parágrafo 2°. Cuando haya más de una víctima, la Sala o Sección del Tribunal para la Paz, a fin de asegurar la eficacia del procedimiento, podrá disponer que todas o ciertos grupos de ellas, nombren uno o más representantes comunes a fin de que se puedan agenciar de forma colec­tiva sus derechos, principalmente en los casos de macrovictimización.
Parágrafo 3°. En los casos de macrovictimización la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo promoverán conjun­tamente mecanismos de organización y participación colectiva de las víctimas frente a los procesos adelantados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con el objeto de garantizar que de forma racional todas las víctimas puedan participar sin que dicha participación afecte el desa­rrollo normal de los procesos adelantados ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Artículo 3°. Procedimiento para la acreditación de la calidad de víctima. Después de la recepción de un caso o grupo de casos por parte de la Sala o Sección respectiva o una vez la Sala de Reconocimiento contraste los informes, una persona que manifiesta ser víctima de un delito y que desea participar en las actuaciones, deberá presentar prueba siquiera sumaria de su condición, tal como el relato de las razones por las cuales se considera víctima, especificando al menos la época y el lugar de los hechos victimizantes.
En la oportunidad procesal correspondiente, la Sala o Sección dicta­rá una decisión motivada, reconociendo o no la acreditación, suscepti­ble de los recursos ordinarios, por la víctima o quien la represente.
Artículo 4°.Sujetos procesales. Son sujetos procesales: la UIA, la persona compareciente a la JEP y la defensa. Son intervinientes espe­ciales: la víctima, la correspondiente Autoridad Étnica cuando el delito haya afectado a un miembro de su respectiva comunidad y el Ministerio Público cuya participación se realizará conforme a lo señalado en el Acto Legislativo número 1 de 2017, la Ley Estatutaria de la JEP y la presente ley.
Parágrafo. En lo que sea aplicable, y no resulte incompatible con los Actos Legislativos números 01 y 02 de 2017 y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, los deberes de los sujetos proce­sales se regirán por lo establecido en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley 906 de 2004 y los artículos 78 y 79 de la Ley 1564 de 2012.
Artículo 5°.Persona compareciente a la JEP. La persona que se acogió o fue puesta a disposición de la JEP adquiere la calidad de compareciente, cuando esta asume competencia, de conformidad con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. A partir de la presentación del escrito de acusación se considerará acusado.
Artículo 6°. La defensa podrá ejercerse, según lo decida la persona compareciente, de manera individual o colectiva. Para ello podrá acudir a: i) apoderado de confianza; ii) apoderado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP; iii) de manera subsidiaria a las anteriores, apoderado que designe el sistema de defensoría pública. En lo que sea incompatible con la Cons­titución y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Las funciones y atribuciones de la defensa se regirán por lo previsto en los artículos 118 a 125 y 267 a 274 de la Ley 906 de 2004.
Artículo 7°.Intervención del Ministerio de Defensa Nacional. En los procedimientos de competencia de la JEP en los que los comparecientes sean o hayan sido miembros de la Fuerza Pública, el Ministerio de De­fensa Nacional podrá intervenir.
Artículo 8°.Inicio de las indagaciones e investigaciones. La UIA ini­ciará indagaciones a partir de la remisión que le haga la Sala de Reconoci­miento de Verdad y Responsabilidad o la Sección de Revisión del Tribunal. En igual forma las iniciará por solicitud de la Sala de Definición de Situa­ciones Jurídicas y la Sala de Amnistías e Indultos. Lo anterior conforme a lo establecido en el Acto Legislativo número 01 de 2017, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP y esta ley.
Parágrafo 1°. La indagación tendrá un término máximo de doce (12) meses, prorrogables por seis (6) más dependiendo de la complejidad del caso; el comportamiento de la persona compareciente o su defensa en cuanto hayan podido influir en el retraso del proceso; las dificultades de la investigación del caso; la manera como la investigación ha sido conducida; la cooperación o colaboración de las autoridades judiciales o de otras entidades cuyo apoyo se requiera para el desarrollo de las investigaciones por parte de la UIA.
Parágrafo 2°. La etapa de investigación tendrá un término máximo de doce (12) meses, vencidos los cuales el Fiscal podrá solicitar la preclusión de la investigación ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, o presentar escrito de acusación ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
La UIA formulará escrito de acusación cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente ob­tenida, se puede afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 336 de Ley 906 de 2004.
En los casos en que el investigado manifieste su voluntad de reconocer la verdad y su responsabilidad antes de la acusación, la actuación será remi­tida a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconoci­miento de Verdad y Responsabilidad, para lo de su competencia.
Cuando el compareciente no acepte o acepte de manera parcial su responsabilidad en los hechos, el Fiscal procederá a presentar el escrito de acusación, dentro del término señalado ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Res­ponsabilidad.
Artículo 9°.Actuaciones y sesiones de la JEP. Las actuaciones y procedimientos que adelanten las Salas y Secciones de la JEP podrán realizarse de manera escrita u oral.
Las Salas y Secciones de la JEP tendrán su sede en Bogotá, pero podrán sesionar en cualquier lugar del territorio nacional que sea nece­sario para facilitar el acceso a la justicia a las víctimas, para obtener la verdad plena, practicar pruebas únicamente dentro de la audiencia de juzgamiento, así como para verificar el cumplimiento de las condicio­nes impuestas en resoluciones, autos y sentencias por quienes se acojan a la jurisdicción; o por cualquier otra circunstancia que así lo justifique.
Artículo 10.Acumulación de casos. Las Salas y Secciones podrán ordenar de oficio o por solicitud del sujeto procesal o interviniente, en cualquier estado de la actuación, la acumulación de casos cuando haya identidad de partes, se trate de un patrón de macrocriminalidad u otros criterios. Así mismo podrán ordenar la práctica de pruebas comunes que sean útiles y necesarias para varios procesos.
Artículo 11.Finalidad y objetivos de la investigación. La investiga­ción de delitos de competencia de la JEP debe apuntar, según el caso, a los siguientes objetivos:
1. Determinar las circunstancias geográficas, económicas, socia­les, políticas y culturales en las cuales sucedieron los delitos de competencia de la JEP.
8. Cuando sea procedente, determinar los móviles del plan cri ­minal y en especial aquellos que comporten razones de dis­criminación por etnia, raza, género, orientación sexual, iden­tidad de género, convicciones religión, ideologías políticas o similares.
9. Establecer las rutas del narcotráfico y actividades ilícitas; bie­nes de los perpetradores y las organizaciones criminales.
Parágrafo. La JEP será competente de manera exclusiva y preva­lente para conocer de las conductas delictivas cometidas por causa con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que se hayan sometido voluntariamente a esta, en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspi­ciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado interno.
Parágrafo 2°. Las investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz parten del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y tiene la obligación de contribuir al fortalecimiento de las instituciones. Por lo anterior, sus agentes, en particular los miembros de la Fuerza Pública, ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales. En consecuencia, en ningún caso les serán aplicables los nume­rales 2, 3 y 8 del presente artículo.
Vigente desde: 18/07/2018 y hasta el: 12/03/2019
Artículo 12.Trámite del recurso de reposición. La reposición proce­de contra todas las resoluciones que emitan las Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El recurso de reposición interpuesto en audiencia será resuelto en el mismo acto por las Salas o Secciones, previo traslado a los demás suje­tos procesales e intervinientes. Dada la complejidad de la decisión, las Salas o Secciones podrán suspender el término para decidir el recurso y citar a nueva audiencia para proferir su decisión dentro de los cinco (5) días siguientes.
Artículo 13.Procedencia del recurso de apelación. Serán apelables:
7. Las decisiones que profiera, en función de control de garantías, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Re­conocimiento de Verdad y Responsabilidad.
10. La decisión que niegue la práctica de pruebas en juicio por la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reco­nocimiento de Verdad y Responsabilidad.
12. La decisión que resuelve el incidente de régimen de condicio­nalidad.
13. La decisión que resuelve la revocatoria de la libertad condicio­nada, de la libertad condicional y de la libertad transitoria, con­dicionada y anticipada; o, aquella que resuelve la revocatoria de la sustitución de la privación de la libertad intramural por la privación de libertad en unidad militar o policial.
Artículo 14.Trámite del recurso de apelación. El recurso podrá ser interpuesto por el sujeto procesal o interviniente a quien le fuera desfa­vorable la decisión.
El recurso de apelación contra la decisión que se emita en desarro­llo de una audiencia o diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de ser pronunciada. Cuando se trate de provi­dencia escrita, deberá interponerse en el acto de su notificación perso­nal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado, salvo disposición en contrario.
Si se trata de resoluciones de fondo, vencido el término anterior, el recurso podrá ser sustentado oralmente en forma inmediata o por escri­to dentro de los cinco (5) días siguientes. Cuando se trate de sentencias la sustentación será por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.
Se dará traslado a los no recurrentes en la misma audiencia o diligen­cia para que se pronuncien sobre la sustentación del recurso, si la reso­lución apelada fue emitida de manera oral. Si la resolución impugnada fue escrita, el traslado a los no recurrentes será común por cinco (5) días, luego de vencido el término de ejecutoria y sustentado el recurso por el apelante.
La sustentación deberá limitarse a señalar los aspectos que impugna de la providencia y los argumentos de hecho, de derecho y probatorios en que fundamenta su disenso. Si el apelante sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, la Sala o Sección de primera ins­tancia lo concederá de inmediato y señalará el efecto; en caso contrario, lo declarará desierto.
Artículo 15.Decisión sobre la apelación de sentencias condenato­rias adoptadas por primera vez por la Sección de Apelación. La senten­cia de carácter condenatorio en segunda instancia podrá ser impugnada por el condenado dentro de los términos establecidos en el artículo 15 para la interposición y sustentación del recurso.
La decisión corresponderá a la Subsección de Apelaciones respecti­va, integrada para estos efectos por dos Magistrados que no conocieron de la decisión impugnada y un conjuez o conjueza cuya selección ten­drá lugar como se establece en el Reglamento de la JEP.
Artículo 16.Recurso de queja. Cuando se deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja, dentro del término de ejecutoria de la decisión.
La Sección de Apelación, dentro de los tres (3) días siguientes de recibida la actuación, decidirá de plano si declara desierto el recurso de queja, confirma la decisión de denegar o concede la apelación. Pos­teriormente, comunicará su decisión a la Sala o Sección de primera instancia y decidirá el recurso de apelación.
Artículo 17.Policía Judicial de la JEP. La Unidad de Investigación y Acusación contará con un equipo de analistas e investigadores que cumplirán funciones permanentes de policía judicial.
Para la recolección de elementos materiales probatorios o la práctica de pruebas de oficio, eventualmente, los Magistrados de las Salas o Secciones de la JEP podrán solicitar al Director de la UIA la asignación de un cuerpo de funcionarios de policía judicial, quienes deberán tener las condiciones y calidades exigidas para los miembros de policía judi­cial de la Fiscalía General de la Nación.
Parágrafo. Las Salas y Secciones podrán ordenar la elaboración de informes de análisis preliminares o de fondo, temáticos, de con­texto, patrones de macrocriminalidad o macrovictimización, análisis de casos, redes de vínculos y otros, para apoyar los procedimientos; sin embargo, en ningún caso estos podrán ser utilizados como medio de prueba para formular acusaciones o atribuir responsabilidades de carácter individual.
Un informe de análisis preliminar o de fondo, temático, de contexto, de patrones de macrocriminalidad o macrovictimización, análisis de ca­sos, redes de vínculos, entre otros que haya sido debidamente acreditado y controvertido ante la JEP o la justicia ordinaria, podrá ser empleado en futuros procesos judiciales que se surtan ante aquella, sin perjuicio de la incorporación de nuevos elementos materiales probatorios que puedan reabrir la controversia sobre el referido informe.
Artículo 18.Libertad probatoria. Los hechos y circunstancias de las investigaciones por violaciones masivas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en la legisla­ción y la jurisprudencia colombiana.
Un informe de análisis preliminar o de fondo, temático, de contex­to, de patrones de macrocriminalidad o macrovictimización, análisis de casos, redes de vínculos, entre otros, resultado de las metodologías de investigación aplicables, que haya sido debidamente acreditado y con­trovertido ante la JEP o la justicia ordinaria, que llegare a ser empleado en futuros procesos judiciales que se surtan ante aquella, lo será sin perjuicio de la incorporación de nuevos elementos materiales probato­rios que puedan reabrir la controversia sobre los hechos indicados en el referido informe.
Artículo 19.Modalidades de pruebas. Son modalidades de pruebas: (i) la practicada por los Magistrados de la JEP para resolver los asuntos de su competencia; (ii) la proveniente de otros procedimientos y ac­tuaciones ante cualquier jurisdicción o autoridad competente, con base en el principio de permanencia de la prueba; (iii) la anticipada, en los términos señalados en los artículos 284 y 285 de la Ley 906 de 2004, cuya práctica se realizará ante el Magistrado con función de control de garantías.
Parágrafo 1°. Los Magistrados de las Salas y Secciones podrán orde­nar pruebas de oficio.
Parágrafo 2°. Los Magistrados de la JEP y la UIA podrán solicitar a la Fiscalía, y esta deberá enviar, los elementos materiales probatorios, la información legalmente obtenida y la evidencia física recaudada en desarrollo de las fases de indagación e investigación del proceso penal ordinario, los cuales se incorporarán de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la presente ley.
Parágrafo 3°. Las víctimas de violencia basada en género, incluyen­do aquellas de violencia sexual, tienen derecho a no ser confrontadas con su agresor.
Acceso a la información por la JEP
Artículo 20.Acceso a documentos. Los Magistrados de la JEP, los Fiscales de la UIA y quienes tengan funciones de policía judicial, po­drán acceder a los documentos y fuentes de investigación, atendiendo lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto ley 588 de 2017 y 34 de la Ley 1621 de 2013.
Parágrafo. El carácter reservado de una información o de determi­nados documentos no será oponible a los Magistrados de JEP, Fiscales de la UIA y quienes tengan funciones de policía judicial, cuando los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a di­chas autoridades de la JEP asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.
Artículo 21.Protección de la información. Las Salas y Secciones de la JEP podrán adoptar medidas, con el fin de proteger y preservar la información que obre en archivos públicos o privados. Su ejecución seguirá el procedimiento previsto en la presente ley para las medidas cautelares.
Artículo 22.Procedencia de medidas cautelares. En todos los proce­sos que se adelanten ante la JEP, en cualquier estado del proceso, de ofi­cio o por petición debidamente sustentada, podrá la Sala o Sección de conocimiento decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias relacionadas con situaciones de gravedad y urgencia, para:
2. Proteger y garantizar el acceso a la información que se encuen­tra en riesgo inminente de daño, destrucción y/o alteración.
5. Las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víc­timas, su protección y el restablecimiento de sus derechos.
Estas medidas solo recaerán sobre los sujetos procesales de compe­tencia de la JEP, sin perjuicio de los derechos de las víctimas, quienes tendrán prelación sobre los demás actores.
Parágrafo. En ningún caso las medidas adoptadas por la JEP recae­rán sobre asuntos de competencia de cualquier otra la jurisdicción o que hayan sido proferidos por cualquiera de sus autoridades.
Artículo 23.Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o suspensivas y tener relación necesaria con la protección de los dere­chos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para el efecto, la Sala o Sección podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Disponer la protección de personas o grupos de personas que intervengan ante la JEP, siempre que el beneficiario o los bene­ficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.
Artículo 24.Seguimiento. La Sala o Sección realizará seguimiento cada seis meses a las medidas cautelares vigentes, con el fin de mante­nerlas, modificarlas o levantarlas. En cualquier momento, el interesado podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la Sala o Sección deje sin efecto las medidas cautelares vigentes. La Sala o Sec­ción solicitará observaciones a los beneficiarios antes de decidir sobre la petición. La presentación de tal solicitud no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.
La Sala o Sección podrá tomar medidas de seguimiento, como re­querir información relevante sobre cualquier asunto relacionado con su otorgamiento, observancia y vigencia; fijar cronogramas de implemen­tación, realizar audiencias, reuniones de trabajo, visitas de seguimiento y revisión.
Artículo 25.Sanciones. El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer multas hasta de cincuenta (50) salarios mí­nimos mensuales legales vigentes a cargo del renuente, acompañadas de arresto de hasta cinco (5) días sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y penales que conlleven la renuencia.
La sanción será impuesta al responsable del cumplimiento de la me­dida cautelar por la Sala o Sección que profirió la orden, mediante trá­mite incidental y será susceptible del recurso de apelación, el que se decidirá en el término de cinco (5) días.
Artículo 26.Levantamiento, modificación y revocatoria de la me­dida cautelar. La medida cautelar podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o por solicitud, cuando la Sala o Sección advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorga­miento o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es ne­cesario modificarla para garantizar su cumplimiento, según sea el caso.
La persona beneficiaria con el otorgamiento de una medida está obli­gada a informar, dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimien­to, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revo­catoria. La omisión del cumplimiento de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad de conocer dicha modificación, será sancionada de conformidad con las normas penales y/o disciplinarias a que haya lugar de conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 27.Construcción dialógica de la verdad y justicia restaura­tiva. En el marco de los principios de justicia restaurativa y centralidad de las víctimas previstos en el Título Primero de esta ley, las salas, y las secciones cuando corresponda, podrán adoptar las medidas que esti­men oportunas e idóneas para promover la construcción dialógica de la verdad entre los sujetos procesales e intervinientes, que propendan por la armonización y sanación individual, colectiva y territorial, y promo­verán la construcción de acuerdos aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en todas las fases del procedimiento. En algunos casos, podrán tomar en cuenta las prácticas restaurativas de las justicias étnicas.
Artículo 27 A.Versiones voluntarias. La versión voluntaria se prac­ticará en presencia del compareciente y su defensor, una vez haya co­nocido previamente el contenido de los informes, que serán puestos a su disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Siempre se le advertirá que no está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión ten­drá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad.
Artículo 27 B.Contrastación de la información. La Sala contrasta­rá los informes con el acervo probatorio y después de haber tenido en cuenta las versiones voluntarias de que trata el artículo anterior, en caso de apreciar que existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables, deberá ponerlos a disposición de los presuntos responsables para que tomen la decisión de comparecer o no a efectuar el aporte de verdad y reconocimiento, o a defenderse de las imputacio­nes formuladas.
Artículo 27 C.Audiencia pública de reconocimiento de verdad y res­ponsabilidad. La Sala podrá decretar que el reconocimiento de verdad y responsabilidad se efectúe en audiencia pública en presencia de las organizaciones de víctimas invitadas por ella en la fecha que señale, sin perjuicio de que dicho reconocimiento se realice por escrito.
El reconocimiento de verdad y responsabilidad deberá ser volunta­rio, libre, completo, detallado y exhaustivo. En el marco de los princi­pios de la justicia restaurativa, la Sala garantizará el debido proceso de las partes, el derecho al acceso a la justicia y a la participación de las víctimas desde un enfoque territorial, de género y étnico-racial.
Artículo 27 D.Participación de las víctimas en el procedimiento ante la Sala. Además de lo previsto en el Acto Legislativo número 01 de 2017, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, las víctimas con interés directo y legítimo tendrán los siguientes dere­chos en el procedimiento ante la Sala de Reconocimiento:
1. Presentar informes por medio de las organizaciones de vícti­mas, indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom y de derechos humanos, de conformidad con el literal c) del numeral 48 del punto 5 del Acuerdo Final.
2. Ser oídas en los supuestos de priorización y selección de ca­sos. Respecto de la garantía de priorización, las víctimas podrán participar con...
4. Aportar pruebas y, con posterioridad a la recepción de versio­nes voluntarias, presentar observaciones a estas y recibir copia del expediente.
6. Presentar observaciones en relación con los proyectos restaura­tivos presentados por la persona compareciente.
7. Las víctimas de violencia basada en género, incluyendo aque­llas de violencia sexual, tienen derecho a no ser confrontadas con su agresor.
Artículo 28.Trámite. Recibida la resolución de conclusiones, la Sec­ción de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal, rea­lizará el reparto del caso a uno de los Magistrados de la Sección, quien actuará como ponente. El Magistrado Ponente, mediante resolución que será emitida dentro de los tres días siguientes al reparto, comunicará a la Sala de Reconocimiento de verdad y Responsabilidad, como también a los sujetos procesales y a los intervinientes, que la Sección asume competencia.
Artículo 29.Evaluación de correspondencia. El Magistrado Ponen­te, dentro de los treinta (30) días siguientes, efectuará el estudio preli­minar de la resolución de conclusiones y sus anexos; vencido este tér­mino, presentará a la Sección su informe preliminar, donde se discutirá el enfoque y si se hace necesario se orientará el estudio, en un término máximo de noventa (90) días para presentación de la ponencia.
Cumplido lo anterior, la Sección fijará el termino para el estudio de la ponencia, dentro de la cual se determinará la correspondencia entre los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las califi­caciones realizadas, los responsables, la propuesta de la sanción, ana­lizando las condiciones de contribución a la verdad y reparación en el marco del SIVJRNR. La decisión que corresponda se adoptará por la Sección mediante decisión que admite recurso de reposición.
Artículo 30.Audiencia de verificación. Establecida la correspon­dencia dentro de los treinta (30) días siguientes, la Sección realizará audiencia pública, a la cual se deberá convocar a los sujetos procesales y los intervinientes, con el fin de verificar el cumplimiento de las con­diciones de contribución a la verdad y a la forma de reparación en el marco del SIVJRNR.
Artículo 31.Inexistencia de correspondencia. Establecida la no co­rrespondencia se citará, dentro del término de veinte (20) días, a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, a los sujetos procesa­les e intervinientes a audiencia, para conocer la metodología empleada en la elaboración de la resolución, ampliar sus explicaciones, comple­mentar la resolución, absolver preguntas sobre las conductas reconoci­das, los responsables, la propuesta de sanciones.
Si la Sección considera insuficiente la respuesta dada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, por los sujetos procesa­les o por los intervinientes, se suspenderá la audiencia, por un término máximo de treinta (30) días para continuarla y disponiendo que se co­rrija esa insuficiencia; para estos efectos la Sección podrá decretar y practicar pruebas de oficio.
Parágrafo Segundo. Agotado el trámite anterior, la Sección de Pri­mera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsa­bilidad proferirá la respectiva sentencia dando a conocer la sanción, sus condiciones y modalidades.
Artículo 32.Reconocimientos Parciales. Si se establece que el reco­nocimiento de verdad y responsabilidad no es sobre todas las conductas endilgadas, se dispondrá por la Sección la ruptura de la unidad procesal y el envío de la actuación a la UIA.
Artículo 33. Comunicación de la sentencia. Agotado el trámite an­terior, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad proferirá la respectiva sentencia dando a conocer la sanción, sus condiciones y modalidades.
En firme la sentencia, se remitirá copia a la Comisión para el Es­clarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y a las dependencias, órganos y mecanismos encargados del monitoreo y veri­ficación del cumplimiento de sanciones.
Artículo 34.Fines y criterios de la medida de aseguramiento. La decisión de imposición de medida de aseguramiento debe garantizar la comparecencia al proceso, evitar la obstrucción del proceso especial para la paz objeto de esta jurisdicción y garantizar los derechos de las víctimas y la sociedad. Para tal efecto, es carga argumentativa y pro­batoria de la UIA la demostración de uno de tales fines, como mínimo.
Los fines de imposición de la medida no pueden fundarse en ningún criterio de peligrosismo, deben obedecer a desarrollos jurisprudenciales acordes con los principios básicos del componente de justicia del SI­VJRNR del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Cons­trucción de una Paz Estable y Duradera.
Artículo 35.Principios generales del procedimiento adversarial. Sin perjuicio de los principios generales establecidos en esta ley y en el SIVJRNR los procedimientos de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, deberán tener en cuenta la agilidad procesal, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental. La búsqueda la verdad, la centralidad de las víctimas, y el debido proceso. Los procedimientos en esta sec­ción serán escritos a excepción de la audiencia de juicio oral que será pública y concentrada.
Artículo 36.Escrito de acusación. Culminada la etapa de investiga­ción, la UIA radicará el escrito de acusación y sus anexos ante la Se­cretaría Judicial de la JEP, en un término no mayor a sesenta (60) días, o los enviará por medio digital a esta, en aquellos casos en que exista mérito para acusar.
1. La individualización de los acusados, incluyendo sus nombres, los datos que sirvan para identificarlos y el domicilio de citacio­nes.
2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente rele­vantes.
3. Una enunciación específica de los tipos penales en los que se adecúan los hechos jurídicamente relevantes, con referencia ex­presa a la forma de autoría o participación, así como la modali­dad de la conducta punible. Se incluirá la identificación de los patrones de macrocriminalidad y el análisis de contexto.
5. El descubrimiento material de la totalidad de los elementos ma­teriales probatorios, la evidencia física e información legalmen­te obtenida, recaudados por la UIA, información de los testi­gos, peritos o expertos cuya declaración se solicite en el juicio, documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse y la indicación del material probatorio favorable al acusado en poder de la UIA.
La UIA, al momento de radicar el escrito de acusación y sus anexos, proveerá copias físicas o digitales en igual número para los sujetos pro­cesales e intervinientes.
La UIA podrá solicitar medidas de aseguramiento concomitantes con la acusación o a partir de esta, sin perjuicio de las medidas cautela­res, que pueden ser solicitadas en cualquier tiempo.
Parágrafo. A partir de este momento, los escritos, anexos, evidencia y demás documentos del proceso, serán de acceso público. Sin perjuicio de las restricciones a la publicidad de la información de carácter reser­vado y aquella que pueda afectar los derechos de las víctimas.
Artículo 37.Traslado del escrito de acusación. Recibido el escrito, el Magistrado Ponente correrá traslado del mismo a los sujetos procesales e intervinientes, para que en el término de diez (10) días presenten por escrito y de manera argumentada las causales de nulidad, impedimento, recusación y solicitudes de aclaración o corrección al escrito, así como los aspectos en los que se encuentren de acuerdo. La Sección resolverá sobre los puntos planteados en un término de diez (10) días, incluida la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, de ser el caso.
En el mismo término del traslado del escrito de acusación, los suje­tos procesales e intervinientes formularán sus solicitudes probatorias y descubrirán los elementos materiales probatorios y evidencia física que tengan en su poder. Vencido dicho término, la Sección tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para convocar la instalación de la audiencia pública preparatoria.
Artículo 38.Incorporación de la prueba y remisión de elementos materiales probatorios. En el marco de los procedimientos de carácter adversarial, se estimará como prueba la que haya sido producida o in­corporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el correspondiente magistrado de Sala o Sección. Aquellos medios de prueba recaudados o aquellas pruebas que hayan sido practicadas en procedimientos o actuaciones ante cualquier juris­dicción o autoridad, conforme a la ley aplicable, podrán ser incorpora­das.
Para los procedimientos en casos de reconocimiento de responsabi­lidad, se podrán incorporar los elementos materiales probatorios, evi­dencia física y demás información, así como la prueba documental. En la misma forma se procederá para aquella proveniente de otros procedi­mientos y actuaciones ante cualquier jurisdicción o autoridad.
Parágrafo. Todas las jurisdicciones que operen en Colombia deberán remitir con destino a la Jurisdicción Especial para la Paz la totalidad de investigaciones que tengan sobre hechos y conductas de competencia de esta, junto con todos los elementos materiales probatorios, evidencia física y demás información; así como las pruebas practicadas en sus procedimientos o actuaciones, de conformidad con lo previsto en el ar­tículo 79 de la Ley Estatutaria de la JEP.
Artículo 38A.Audiencia pública preparatoria. Se desarrollará de la siguiente manera:
1. El Magistrado escuchará a cada uno de los sujetos procesales, para que se manifiesten sobre la legalidad, pertinencia, condu­cencia, necesidad y utilidad de los elementos materiales proba­torios, evidencia física e información legalmente obtenida, que fueron descubiertos.
2. Oídos los sujetos procesales, el Magistrado se pronunciará so­bre la legalidad, pertinencia, conducencia, necesidad y utilidad de los elementos materiales probatorios, evidencia física e in­formación legalmente obtenida, y excluirá o inadmitirá según el caso, aquellas que no reúnan alguno de estos requisitos.
No podrá ser parte del juzgamiento la prueba que no haya sido decre­tada e incorporada en esta audiencia. La decisión del magistrado sobre pruebas excluidas, inadmitidas e incorporadas podrá ser apelada y sus­tentada dentro de los cinco (5) días siguientes. Vencido este término, el Magistrado tendrá cinco (5) días para resolver el recurso.
Artículo 39.Audiencia de juzgamiento. El magistrado instalará la audiencia de juzgamiento, una vez verificada la comparecencia de to­dos los sujetos procesales e intervinientes especiales, y procederá a dar inicio formal al juicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 906 de 2004. El magistrado interrogará al acusado sobre si acepta o no respon­sabilidad.
Artículo 40. Práctica de Pruebas. En esta instancia se practicarán to­das las pruebas oportunamente incorporadas y decretadas. El compare­ciente tendrá derecho a controvertir todas las pruebas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 906 de 2004.
Artículo 41.Alegatos de conclusión. Una vez culminada la práctica de pruebas, los sujetos procesales e intervinientes tendrán un plazo de quince (15) días para radicar sus alegatos de conclusión.
Parágrafo. A solicitud de las partes o intervinientes se podrá solici­tar al magistrado ponente dentro del escrito de alegatos de conclusión o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de los términos para radicar los mismos, audiencia de sustentación de los alegatos de conclusión que deberá celebrarse dentro de los quince (15) días siguientes, a la que podrán concurrir todas las partes e intervinien­tes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de los escritos presentados. De no hacerse solicitud en este sentido, se dictará la sentencia con las alegaciones presentadas por escrito.
Artículo 42.Derecho de última palabra. Se garantizará el derecho de última palabra y por tanto, el compareciente podrá reconocer su res­ponsabilidad hasta antes de proferirse sentencia, caso en el cual esta se dictará y se aplicarán las sanciones de acuerdo a lo establecido el Acto Legislativo número 01 de 2017.
Sus compromisos con la verdad y el restablecimiento de los dere­chos de las víctimas serán de obligatorio cumplimiento.
Artículo 43.Sentencia. Agotado el término previsto en el artículo 41, la Sección tendrá un plazo de sesenta (60) días para emitir sentencia escrita, la cual deberá ser notificada a los sujetos procesales e intervi­nientes.
Artículo 44.Audiencia restaurativa. En caso de reconocimiento tar­dío de responsabilidad y antes de iniciación del juicio oral, podrá rea­lizarse una conferencia a solicitud de los acusados o de las víctimas en presencia del Magistrado cuyo fin será facilitar la resolución de sus conflictos y propender por el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
Artículo 45.Formas de iniciar las actuaciones. El procedimiento para el otorgamiento de las amnistías e indultos podrá iniciarse:
Por remisión del listado al que se refiere el artículo 79, Literal l, de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP o las reco­mendaciones de la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y determinación de hechos y conductas.
Por remisiones que hagan la Sala de definición de situaciones jurí­dicas, la UIA, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y la Sección de Re­visión.
A solicitud de parte. De dirigirse la solicitud de amnistía e indulto a la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal, esta de forma inmediata dará traslado de la petición a la Sala para lo de su com­petencia, anexando copia del expediente de oficio.
Parágrafo Primero. El interesado acompañará a la petición copia del documento de identidad y, cuando corresponda, los documentos y de­más elementos de prueba con los que pretenda fundamentar su solicitud de amnistía e indulto, de conformidad con los artículos 22, 23, 24 y 28 numeral 9 de la Ley 1820 de 2016.
Parágrafo Segundo. Cualquiera sea la forma de inicio de las actua­ciones, la Sala de Amnistía e Indulto ordenará a la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal remitir el expediente en un tiem­po no mayor a tres (3) días hábiles.
Artículo 46. Trámite y decisión. Recibido el caso para el otorgamien­to de las amnistías e indultos a los que se refiere la Ley 1820 de 2016 y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, en un plazo razonable, mediante resolución de sustanciación, la Sala avocará conocimiento. Contra esta resolución no procede recurso alguno y en ella se dispondrá lo siguiente:
1. Identificar a la persona solicitante del beneficio, Comunicarle al interesado y a su apoderado la resolución que avoca cono­cimiento, por el medio que la Sala considere más expedito y eficaz.
La decisión sobre la solicitud de amnistía o indulto se podrá realizar en audiencia pública, la cual será programada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de recibo del expediente judicial solicitado por la Sala, y podrá prorrogarse por tres (3) meses para los efectos con­templados en el artículo 27 de la Ley 1820 de 2016 y la Ley Estatuta­ria de la Administración de Justicia en la JEP, salvo causa excepcional debidamente motivada en la que el plazo podrá ser extendido hasta por un (1) mes.
Cuando se haya recaudado la información, documentos y los demás medios necesarios para decidir sobre el otorgamiento de la amnistía o indulto, la Sala declarará cerrado el trámite mediante resolución de sus­tanciación contra la cual no procede recurso alguno. En esta resolución se ordenará el traslado por cinco (5) días a los sujetos procesales y a los intervinientes, para que se pronuncien sobre la decisión que deba adoptarse.
Una vez verificada la inexistencia de impedimentos, recusaciones o nulidades, la decisión de otorgar o negar la amnistía e indulto se podrá tomar mediante resolución debidamente motivada en audiencia públi­ca, previa citación de los sujetos procesales e intervinientes que parti­ciparon en el procedimiento, cuya asistencia será potestativa. La notifi­cación se hará en estrados. Contra la resolución que concede o niega la amnistía o indulto procederá el recurso de apelación.
Artículo 47.Procedimiento para los terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que manifiesten su voluntad de so­meterse a la JEP. De conformidad con lo establecido en la Ley Esta­tutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los casos en que ya exista una vinculación formal a un proceso por parte de la jurisdicción penal ordinaria, se podrá realizar la manifestación voluntaria de some­timiento a la JEP en un término de tres (3) meses desde la entrada en vigencia de dicha ley, siempre y cuando el tercero o agente del Estado no integrantes de la fuerza pública haya sido notificado de la vincula­ción formal. Se entenderá por vinculación formal, la formulación de la imputación de cargos o de la realización de la diligencia de indagatoria, según el caso.
En los demás casos en los que aún no exista sentencia, podrán rea­lizar su manifestación de sometimiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
La manifestación de voluntariedad deberá realizarse por escrito ante los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria, quienes deberán remitir de inmediato las actuaciones correspondientes a la JEP. La ac­tuación en la jurisdicción ordinaria, incluyendo la prescripción de la acción penal, se suspenderá a partir del momento que se formule la so­licitud de sometimiento a la JEP y hasta tanto esta asuma competencia.
La JEP tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver la solicitud, contados a partir de la fecha de recepción de la misma. Durante este período seguirán vigentes las medidas de asegura­miento y/o las penas impuestas por la jurisdicción ordinaria en contra del procesado, y se suspenderán los términos del proceso penal.
Vencido el plazo anterior, la Sala proferirá resolución en la que de­terminará si el caso expuesto en la solicitud es de su competencia o no, para lo cual se aplicará de manera exclusiva lo establecido en el Acto Legislativo número 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la Administra­ción de la JEP.
Si concluye que no es competente para conocer del asunto, devolve­rá el expediente y todo el material probatorio a la jurisdicción ordinaria dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que así lo hubiere decidido. Al cabo de este plazo, volverán a reanudar­se los términos del proceso penal ordinario.
En caso contrario, es decir, si la Sala concluye que el asunto es de su competencia, así lo declarará expresamente y adelantará el proce­dimiento previsto en esta ley. En este supuesto, las actuaciones de la jurisdicción ordinaria tendrán plena validez.
Artículo 48.Procedimiento común. El trámite ante la Sala de Defini­ción de Situaciones Jurídicas será el siguiente:
Recibida la actuación por la Sala, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, proferirá resolución en la cual asume el conocimiento y ordenará comunicar a la persona compareciente a la JEP, a su defensor, a las víctimas, a su representante y al Ministerio Público. Contra esta decisión procede el recurso de reposición por la víctima o su represen­tante.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al asumir conocimien­to, verificará si la persona compareciente a la JEP, se encuentra afectada con alguna restricción de la libertad, resolverá sobre la concesión de li­bertad condicionada, o transitoria, condicionada y anticipada, y/o de la privación de la libertad en unidad militar o policial, así como sobre las condiciones de supervisión de aquellas que hubieran sido concedidas. La decisión comprenderá las demás determinaciones y comunicaciones previstas en la ley.
Transcurridos diez (10) días posteriores de la comunicación efectiva de la resolución, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitirá resolución en la cual decidirá sobre la competencia de la JEP y de la Sala, y sobre el reconocimiento de quien tenga la calidad de víctima. En tal resolución podrá adoptar una de las siguientes decisiones: asumir la competencia y reconocer o negar la calidad de víctima; remitir la ac­tuación a la Sala de Amnistía e Indulto, o a la Sala de Reconocimiento de Verdad; o citar a audiencia en caso de duda sobre la competencia de la JEP.
La resolución que dispone asumir la competencia solo admitirá re­curso de reposición. La decisión de remitir la actuación a la Sala de Amnistía e Indulto, o a la de Sala de Reconocimiento de Verdad puede ser objeto de recurso de apelación.
En la audiencia serán planteados por los sujetos procesales e intervi­nientes que asistan los argumentos relativos a la competencia de la JEP.
Terminadas las intervenciones, la Sala suspenderá la audiencia y en un término máximo de cinco (5) días emitirá resolución de com­petencia.
En caso de asumir competencia, la Sala reconocerá o negará la ca­lidad de víctima y decretará la apertura a pruebas por un término de veinte (20) días. La resolución será notificada a los sujetos procesales e intervinientes.
Vencido el término para la práctica de pruebas, estas quedarán a dis­posición de los sujetos procesales e intervinientes.
En la audiencia, la Sala escuchará a los sujetos procesales e intervi­nientes sobre el objeto de la actuación, se pronunciará respecto de la de­cisión que pondrá fin al procedimiento y dará a conocer las condiciones de verdad plena, reparación y no repetición impuestas al sometido a la JEP, las cuales deben iniciar su cumplimiento en el SIVJRNR dentro de los treinta (30) días siguientes.
Parágrafo Segundo. La Sala promoverá el diálogo para profundizar en el enfoque restaurativo y transformador que se le otorga a este es­cenario en la JEP, con miras al fortalecimiento de los compromisos de verdad, reconciliación, reparación y no repetición.
Artículo 49.Solicitud de la renuncia a la persecución penal. La per­sona compareciente que solicite renuncia a la persecución penal, direc­tamente o por medio de su representante o apoderado, presentará a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas solicitud escrita que deberá reunir los siguientes requisitos:
El nombre de la persona solicitante, datos que permitan su identifica­ción, dirección de notificaciones o comunicaciones, número telefónico o correo electrónico.
El nombre de su apoderado, número de identificación, tarjeta profe­sional, domicilio profesional, número telefónico y correo electrónico.
La relación de los informes, providencias judiciales, disciplinarias, administrativas, fiscales o actos administrativos que den cuenta de la situación jurídica de la persona solicitante para determinar que la con­ducta fue cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indi­recta con el conflicto armado. Las pruebas que permitan establecer la edad para la época de los hechos, cuando la solicitud sea efectuada para obtener la renuncia de la persecución penal respecto de quienes siendo menores de dieciocho (18) años de edad hubieran participado directa o indirectamente en delitos de competencia de la JEP no amnistiables.
Los comparecientes a la Justicia Especial de Paz previstos en los artículos 5° y 17 del Acto Legislativo 01 de 2017 que no tengan parti­cipación determinante en la comisión de las conductas graves y repre­sentativas, al momento de solicitar la renuncia a la persecución penal, deberán manifestar las modalidades de aporte a la verdad, reparación y garantía de no repetición a que se comprometen.
La voluntad de acogerse a la JEP en los términos previstos en la ley, cuando se trate de agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pú­blica que, sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos de su competencia.
Expresión de formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, modalidades de reparación, ga­rantías de no repetición a partir de su proyecto de vida y compromiso de atender los requerimientos obligatorios de los órganos del sistema.
Poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apode­rado.
Copia de los informes, providencias judiciales, disciplinarias, admi­nistrativas, fiscales o actos administrativos que den cuenta de la situa­ción jurídica del solicitante para determinar que la conducta fue co­metida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.
No existirá obligación de presentar los documentos cuando estos ya obren en cualquier dependencia de la JEP o cuando se encuentren en otra administración pública colombiana y el interesado acredite haber­los solicitado sin resultado.
Cuando la Sala de Definición reciba el caso a consecuencia de reso­lución de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad o de la Sala de Amnistía, no será necesaria la presentación de solicitud de renuncia a la acción penal presentada por el interesado.
Artículo 50. Preclusión. La Sala de Definición de Situaciones Jurídi­cas resolverá sobre las peticiones de preclusión.
Cuando razonada y proporcionalmente no se haga necesario investi­gar, acusar o imponer la sanción de acuerdo a las finalidades de la JEP, siempre y cuando se hayan satisfecho los criterios de verdad, repara­ción y garantía de no repetición.
El escrito de solicitud de preclusión remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, además de los requisitos exigidos para la so­licitud de renuncia a la persecución penal, deberá tener los siguientes:
La causal en la que fundamenta la solicitud y la relación de las prue­bas que pretenda hacer valer y las solicitudes probatorias fundamenta­das en su pertinencia, conducencia y utilidad.
Artículo 51.Cesación de procedimiento por delitos en contex­tos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o dis­turbios públicos internos. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolverá sobre la cesación de procedimiento por delitos cometidos en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios públicos internos, conexos y relacionados, de acuerdo con los criterios de la Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia en la JEP, para lo cual en la solicitud, además de los requisitos señalados, deberá explicar en los hechos el contexto en que ocurrieron.
Artículo 52.Sustitución de la sanción penal. La solicitud de susti­tución será remitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a la Sección de Revisión o por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas con la infor­mación detallada de las sanciones impuestas al peticionario, los hechos a los que se contraen y la información de contexto necesaria en aras de verificar la verdad aportada y establecer el tipo de sanción aplicable.
En todo caso la Sección de Revisión escuchará a las víctimas dentro del trámite de sustitución y determinará dependiendo de las circunstan­cias el mecanismo para hacerlo.
Los términos para el desarrollo del trámite de sustitución de la san­ción penal serán judiciales y dependerán de la complejidad de la situa­ción sometida a consideración de la Sección de Revisión, lo que será motivado de manera sucinta.
Artículo 52. A.Trámite de la revisión. A petición del comparecien­te, la Sección de Revisión revisará las decisiones sancionatorias o sen­tencias condenatorias proferidas por otra jurisdicción, conforme a lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2017 y al artículo 97 de la Ley Estatutaria de la JEP.
La solicitud de revisión se promoverá por medio de escrito que se ra­dicará ante la JEP, quien realizará el reparto al Magistrado de la Sección de Revisión que actuará como ponente, y deberá contener:
a) La determinación de la decisión sancionatoria, sentencia o pro­videncia que será objeto de revisión, con la identificación de la autoridad que la profirió.
b) El delito o conducta que dio lugar a la investigación y la deci­sión.
e) El escrito se acompañará de copia de la decisión de única, pri­mera o segunda instancia, según el caso, cuya revisión se soli­cita, con la constancia de su ejecutoria si la hubiere.
La Sección revisará si la solicitud reúne los requisitos y se pronun­ciará sobre su admisión dentro de los diez (10) días siguientes a la fe­cha de reparto, mediante auto que se notificará por estado. En caso de admitir la solicitud, el Magistrado solicitará el expediente del proceso en el cual se produjo la decisión, a la autoridad judicial o administrativa correspondiente, según el caso, la cual deberá enviarlo dentro de los diez (10) días siguientes.
En el supuesto de que la solicitud carezca de alguno de los requisitos señalados en este artículo, será inadmitida mediante auto que será pro­ferido por la Sección y se le otorgará al solicitante, un término de cinco (5) días para que haga las subsanaciones pertinentes. Si no lo hiciere, se rechazará la solicitud, sin perjuicio de que pueda presentarla de nuevo. En todo caso, no se podrá rechazar la solicitud por aspectos meramente de forma que no impidan estudiarla de fondo.
Recibida la información, la Sección resolverá en un término no su­perior a treinta (30) días, el cual podrá duplicarse por decisión motivada del Magistrado Ponente, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del asunto. Si la Sección encuentra fundada la causal invocada, dejará sin efecto la sentencia, providencia o decisión objeto de revisión y emi­tirá la sentencia que en derecho corresponda.
Artículo 53.Acción de tutela. Cuando la acción de tutela se interpon­ga contra una providencia proferida por la Sección de Revisión corres­ponderá conocer de ella a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La segunda instancia, a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconoci­miento de Verdad y Responsabilidad en la eventualidad de que la Sec­ción de Apelación se encontrare impedida.
El trámite de la acción de tutela se hará de conformidad con lo pre­visto en el Decreto número 2591 de 1991.
Artículo 54.Extradición. La Sección de Revisión evaluará verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas.
Artículo 54.Extradición. La Sección de Revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas.
Artículo 55. Concepto sobre conexidad. Corresponde a la Sec­ción de Revisión respecto a las conductas y hechos objeto de los procedimientos y normas de la JEP, a solicitud de cualquier Sala o Sección y cuando existieren dudas, determinar, a través de un concepto que tendrá fuerza vinculante para la respectiva Sala, si las conductas relativas a financiación han sido o no conexas con la rebelión, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 1820 de 2016 y en esta ley .
Una vez recibida la totalidad de la documentación, la Sección deci­dirá en un término no superior a treinta (30) días.
Artículo 56.Autorizaciones a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. La solicitud de la UBPD incluirá la informa­ción legalmente obtenida que acredite la existencia de motivos razo­nablemente fundados sobre la procedencia del acceso a y/o protección del lugar donde se tenga conocimiento de la presunta ubicación de una persona dada por desaparecida, viva o muerta.
Artículo 57.Conflictos de competencia. Agotado el procedimiento interno previsto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, quien promueva la colisión de competencias remitirá el asunto a la Sección, incluyendo las diferentes posiciones planteadas durante el trámite para que la Sección de Revisión decida. Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Artículo 58.Protección de decisiones de la JEP. Recibida la solici­tud o la información, la Sección de Revisión avocará conocimiento y requerirá a la autoridad que haya tomado la decisión objeto de cuestio­namiento para que remita la decisión, sus soportes y todos los antece­dentes correspondientes, igualmente requerirá al órgano de la JEP cuya decisión se dice está siendo desconocida para que la remita junto con los antecedentes sobre los que la sustentó.
Recibida la información, resolverá en un término no superior a trein­ta (30) días, el cual podrá duplicarse por decisión motivada del Ma­gistrado Ponente, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del asunto.
Artículo 59.Procedimientos y disposiciones de la Sección de Apela­ción. Además de las restantes funciones establecidas en la normatividad aplicable, la Sección de Apelación, a fin de asegurar la unidad de la interpretación del derecho y garantizar la seguridad jurídica, adoptará sentencias interpretativas.
Parágrafo. Para garantizar la igualdad en la aplicación de la ley, a pe­tición de las Salas, las Secciones o la Unidad de Investigación y Acu­sación, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz podrá proferir sentencias interpretativas que tendrán fuerza vinculante, con el objeto de:
Las sentencias interpretativas también podrán ser proferidas al mo­mento de resolver cualquier apelación.
Artículo 61.Revocatoria de la libertad condicionada, de la libertad condicional y de la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Para efectos de verificar el cumplimiento de las obli­gaciones fijadas en el acta de compromiso, de oficio o por solicitud de las víctimas o el Ministerio Público, las Salas o Secciones po­drán solicitar a la UIA, adelantar las averiguaciones y diligencias pertinentes y presentar un informe en un término no superior a diez (10) días.
Antes de adoptar una decisión, la Sala o Sección iniciará un inci­dente, por medio de resolución que deberá ser notificada a los suje­tos procesales e intervinientes y ordenará las pruebas de oficio que considere pertinentes, por el término de cinco (5) días, al cabo de los cuales se dará traslado por cinco (5) días a quienes fueron notifica­dos del inicio del incidente, para que se pronuncien sobre el objeto del mismo. Transcurridos cinco (5) días del término anteriormente señalado, la Sala o Sección decidirá sobre la procedencia de la re­vocatoria.
Artículo 62.Procedimiento para revocatoria de la sustitución de la privación de la libertad intramural por la privación de libertad en Uni­dad Militar o Policial. Las Salas o Secciones, de oficio o por solicitud de las víctimas o el Ministerio Público, podrán revocar la sustitución de la privación de la libertad intramural por la privación de libertad en Unidad Militar o Policial, cuando se trate de integrantes de las Fuerzas Militares o Policiales y los casos a los que se refieren los artículos 57 y 58 de la Ley 1820 de 2016, cuando el beneficiado incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso o desatienda su condición de privado de la libertad, para lo cual podrá solicitar a la UIA adelantar las averiguaciones, diligencias e inspecciones a los lugares de privación de libertad de la Uni­dad Militar o de Policía respectiva y presentar un informe en un término no superior a diez (10) días.
Artículo 63. Causales de libertad. Cuando la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Res­ponsabilidad imponga medida de aseguramiento de privación de liber­tad en centro carcelario, la libertad de la persona compareciente ante la JEP procederá:
Cuando se haya demostrado que han desaparecido las causas o si­tuaciones que motivaron la imposición de la medida de aseguramiento.
Parágrafo Segundo. El término previsto en el numeral segundo se duplicará cuando se trate de pluralidad de acusados o se trate de con­curso de delitos.
Parágrafo Tercero. Cuando la sentencia no se hubiera podido pro­ferir por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, el término previsto en el numeral segundo prorrogará por treinta días por una sola vez y, la sentencia deberá proferirse en un término no superior a sesenta (60) días, siguientes a los 210 días de privación de la libertad impuesta por causa de la medida de aseguramiento proferida en la etapa de juicio.
Parágrafo Cuarto. Con la finalidad de apoyar la formación, favorecer la reintegración social y facilitar el cumplimiento del régimen de con­dicionalidad del Sistema como garantía de no repetición, el Gobierno nacional reglamentará un programa de atención y acompañamiento in­tegral para aquellos miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y/o retirados que hayan accedido a los tratamientos especiales previstos en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto-ley 706 de 2017; o que se en­cuentren en libertad definitiva después de haber cumplido la sanción del Sistema.
Artículo 64.Fundamentos para la individualización de la sanción. Dentro de los parámetros fijados en la Ley Estatutaria de Administra­ción de Justicia en la JEP para las sanciones propia, alternativa y ordi­naria, se determinará la sanción según la gravedad y modalidades de la conducta punible; las circunstancias de mayor o menor punibilidad concurrentes; la personalidad del agente; en el concurso, el número de conductas punibles; la magnitud del daño causado, en particular a las víctimas y familiares; los medios empleados para cometer la conducta; el grado de participación; el grado de intencionalidad; las circunstan­cias de modo, tiempo y lugar; la especial vulnerabilidad de las víctimas; el grado de instrucción y condición social del acusado; el momento y características del aporte de verdad; las manifestaciones de reparación y las garantías de no repetición.
Artículo 65. Componente restaurativo y con enfoque de género de los proyectos de reparación. Atendiendo al componente restau­rativo de las sanciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 143 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, en casos relacionados con violencia basada en género, in­cluyendo violencia sexual, los proyectos de ejecución de trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas serán consultados con las víctimas, y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Respon­sabilidad promoverá que el proyecto de ejecución de trabajos, obras o actividades incluyan compromisos y actividades que redignifiquen las actividades socialmente asignadas a las mujeres, y en las que se destruyan los prejuicios y estereotipos machistas, incluyendo labores de cuidado en lo público como limpieza y mantenimiento del espacio público y la participación en procesos de capacitación y formación sobre derechos de las mujeres, violencias y discrimina­ciones basadas en género. Lo anterior para garantizar el contenido reparador y restaurativo del proyecto.
Artículo 66.Interrupción del término de prescripción de la acción penal. En los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad con­dicionada, la libertad condicional, la libertad transitoria condicionada y anticipada, o decidido el traslado a las ZVTN de que tratan la Ley 1820 de 2016, el Decreto-ley 277 de 2017, Decretos número 1274 y 1276 de 2017, la prescripción de la acción penal se interrumpe desde la ejecutoria de la decisión que dispuso la suspensión, hasta tanto la Sala de Reconocimiento, en el marco del artículo 79 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, emita la Resolución de Con­clusiones, y en el caso de las demás Salas o Secciones cuando avoquen conocimiento.
Artículo 67.Incidente de incumplimiento. Las Salas y Secciones ha­rán seguimiento al cumplimiento del Régimen de Condicionalidad y a las sanciones que hayan impuesto en sus resoluciones o sentencias.
De oficio, por solicitud de la víctima, su representante, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación o la UIA, las Salas y Seccio­nes podrán ordenar la apertura del incidente de incumplimiento del Ré­gimen de Condicionalidad, del cual será notificada la persona sometida a la JEP, a su defensor, a las víctimas, a su representante y al Ministerio Público. En la misma decisión se dispondrá un traslado común de cinco (5) días para que los notificados soliciten o alleguen pruebas. Vencido el término la Sala o Sección decretará las pruebas pertinentes, útiles y necesarias, y podrá además decretar pruebas de oficio con el objeto de verificar de manera rigurosa el cumplimiento del Régimen de Condicio­nalidad o de la sanción, para lo cual podrá comisionar a la UIA por un término que no supere treinta (30) días, en el cual también serán practi­cadas las pruebas solicitadas por los sujetos procesales e intervinientes.
Vencido el término para la práctica de pruebas, la actuación quedará en la Secretaría Judicial a disposición de las partes para que presenten sus alegaciones, y dentro de los diez (10) días siguientes la Sala o Sec­ción citará a audiencia en la cual decidirá si hubo o no incumplimiento del Régimen de Condicionalidad o de las sanciones y ordenará alguna de las medidas del sistema de gradualidad de que trata este título.
En caso de que el incidente inicie debido al incumplimiento del Ré­gimen de Condicionalidad por parte de una pluralidad de personas so­metidas a la JEP, los términos se duplicarán.
Las Salas y Secciones, al decidir el incidente evaluarán si se ha pre­sentado o no incumplimiento de las condiciones del sistema o de las sanciones, así como la forma de graduar en cada caso las consecuencias que tales incumplimientos acarreen, siempre dentro de los parámetros fijados en el Acuerdo Final, con criterios de proporcionalidad para de­terminar la gravedad del incumplimiento.
Parágrafo. En caso de haberse emitido decisión en firme por parte de la JEP, en la que se encuentre demostrado que el incumplimiento cons­tituye causal para que la jurisdicción ordinaria asuma competencia para investigar los hechos, se remitirá el expediente a quien fuere competen­te dentro de la jurisdicción ordinaria para tal efecto, en el término de los 5 (cinco) días siguientes, a la ejecutoria de la decisión que determinó la existencia de incumplimiento.
La actuación se reanudará en la misma etapa en que se encontraba el proceso al momento de ser trasladado a la JEP y con las mismas medi­das de aseguramiento y de carácter real que se encontraban vigentes a la fecha en que la justicia ordinaria perdió competencia.
Los elementos probatorios recaudados por la JEP tendrán plena vali­dez en el proceso penal ordinario.
Artículo 68.Criterios para determinar la gradualidad del incumpli­miento. El incumplimiento por parte de las personas sometidas a la JEP a cualquiera de las condiciones del mencionado Sistema o a cualquiera de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz, tendrá como efecto, de conformidad con el A.L. 1 de 2017, la pérdida de tratamien­tos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso. Dicho cumplimiento será verificado, caso por caso y de manera rigurosa por la Jurisdicción Especial para la Paz, con base en criterios de propor­cionalidad y razonabilidad, de conformidad con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Artículo 69. Procedimiento para definir la situación jurídica en ca­sos de revocatoria de la amnistía, indulto, preclusión, renuncia a la persecución penal o cesación de procedimiento. Cuando las Salas de Amnistía e Indulto y de Definición de Situaciones Jurídicas revoquen los beneficios concedidos, como resultado del incidente por incumpli­miento del Régimen de Condicionalidad, la actuación se remitirá a la UIA para que adelante el trámite que corresponda ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Ver­dad y Responsabilidad, atendiendo a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1820 de 2016.
Artículo 70.Articulación interjurisdiccional. Artículo 72. Articula­ción interjurisdiccional. La Sala o Sección de la JEP y la autoridad étnica que corresponda definirán los mecanismos de articulación y coordinación interjurisdiccional, de conformidad con lo que defina el Reglamento Interno. De no lograr un acuerdo, se aplicará lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.
Parágrafo. Las sanciones que imponga la JEP por acciones ocurridas en el marco del conflicto armado contra las personas pertenecientes a pueblos étnicos, deberán contribuir a su permanencia cultural y su per­vivencia, conforme a su Plan de Vida o equivalentes, su ordenamien­to ancestral, su cosmovisión y/o Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio.
Las medidas deberán ajustarse a los estándares nacionales e inter­nacionales de reparación integral a los pueblos étnicos, de manera que garanticen las condiciones para su buen vivir con garantías de seguri­dad, autonomía y libertad, en el marco de la justicia restaurativa y la reparación transformadora. Las sanciones impuestas por las Secciones de la JEP deberán incorporar la reparación transformadora, el restable­cimiento del equilibrio y de la armonía de los pueblos étnicos, de con­formidad a lo establecido en el Decreto-ley 4633, 4634 y 4635 de 2011.
Artículo 71.Enfoque diferencial para la investigación de delitos cometidos contra pueblos étnicos. La UIA, previo concepto de la Co­misión Étnica de conformidad con el Reglamento, definirá una metodo­logía diferencial para delitos cometidos contra pueblos étnicos y apli­cará criterios de selección, priorización, acumulación y descongestión de investigación. Para la investigación dispondrá de personal suficiente especializado en enfoque étnico.
Artículo 72. Cláusula remisoria. En lo no regulado en la presente ley, se aplicará la Ley 1592 de 2012, Ley 1564 de 2012, Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, siempre y cuando tales remisiones se ajus­ten a los principios rectores de la justicia transicional.
En el evento que se advierta que una actuación de la JEP basada en esta ley los afecte, se aplicará el Convenio 169 de la OIT, la Constitu­ción Política y los Decretos-ley 4633, 4634 y 4635 de 2011.
Artículo 74.Facultades extraordinarias. De conformidad con lo es­tablecido en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraor­dinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para reorganizar la estructura y ope­ración, ampliar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, con el único fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones en el marco de la implementación del “Acuerdo Final para la Termina­ción del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” y la implementación de la JEP, de conformidad con lo dispuesto en los Actos Legislativos número 01 de 2016 y 01 de 2017.
Artículo 75. Los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedi­miento especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embar­go, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán los procedimientos aprobados por esta ley.
Mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, po­drán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de esta ley, y po­drán igualmente solicitarlos y les serán concedidos de acuerdo con los requisitos vigentes.
El Gobierno nacional y el Congreso tendrán dieciocho (18) meses para presentar y aprobar dicho procedimiento.
Artículo 76.Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulga­ción.

References: artículo 11

Artículo 27

Artículo 1
 artículo 13

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 336

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 resolución 

Artículo 15
 artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 40

Artículo 20
 artículo 16

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 27

Artículo 27

Artículo 27

Artículo 27

Artículo 28
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Artículo 29
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Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 41

Artículo 44
 resolución 

Artículo 45
 artículo 79

Artículo 46
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 artículo 27
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Artículo 47
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Artículo 48
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 resolución 

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 52
 artículo 97

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 61
 resolución 

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65
 artículo 143

Artículo 66
 artículo 79
 Resolución 

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69
 artículo 14

Artículo 70
 Artículo 72
 artículo 241

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 74
 artículo 150

Artículo 75

Artículo 76