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Timestamp: 2018-04-23 15:35:37+00:00

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Las medidas cautelares (I) - Apuntes UNED
Las medidas cautelares (I)
Concepto, finalidad y regulación legal
El art. 726 LEC define las medidas cautelares como las actuaciones acordadas por el órgano judicial a solicitud del actor o demandado-reconviniente respecto de los bienes y derechos del demandado o actor reconvenido, "exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente", así como las "órdenes y prohibiciones" que, como tales medidas cautelares, provisionalmente acuerde el Tribunal de contenido similar a la pretensión deducida sin prejuzgar el sentido de la sentencia. Las medidas cautelares son, pues, medios o instrumentos legales de prevención de las contingencias que provocan las dilaciones del proceso solicitadas para asegurar la efectividad de la pretensión deducida para prevenir el evento de que, siendo estimada en la resolución judicial que pone fin al proceso, esta pueda verse impedida o dificultada.
La calculada indeterminación de este concepto obedece a la multiplicidad de pretensiones que la medida solicitada pretende asegurar; es además, consecuencia de la orientación del legislador de excluir una enumeración legal de las medidas con el fin de que sea el propio solicitante de las mismas quien haga la propuesta del medio que, en su opinión, mejor asegura su pretensión. Esa libertad del actor, solicitante de la medida, tiene como justa contrapartida la "responsabilidad" -patrimonial- en que incurre, si no se adecua a los presupuestos y efectos que fija la propia Ley, correspondiendo finalmente al Tribunal determinar en cada caso si lo solicitado como medida cautelar puede ser o no como tal acordado.
La duración del proceso, aun sin dilaciones indebidas, puede incidir en la efectividad de la tutela judicial que pide el demandante hasta el punto de hacer ilusoria la decisión final recaída en su favor por la imposibilidad o inutilidad de ejecutar el fallo dictado ("periculum in mora"). Se trata pues, de prevenir los efectos de esa demora en cuanto "supone la posibilidad, la ocasión, de que el demandado realice actos que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción que la sentencia venga, al final, en conceder al actor".
La finalidad de las medidas cautelares, al prevenir esas contingencias, responde al fin mismo de la realización de la Justicia y son, por ello, instrumentos para la realización del derecho fundamental que corresponde a toda persona "a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos". El TC viene declarando desde su STC 14/1992 que "el derecho a la tutela judicial reconocido en el art. 24.1 CE no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso", o que "la potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las medidas cautelares, responde... a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial: esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia".
Los efectos negativos de la pendencia del proceso hasta la plena satisfacción de las pretensiones formuladas por el actor -sea demandante o reconviniente- para la efectiva tutela de sus intereses y, en definitiva, las dificultades de la ejecución de la resolución judicial definitiva condenatoria que dirime a favor del demandante el conflicto de pretensiones y defensas planteado por las partes ante el Tribunal, se producen por el mero transcurso del tiempo y sus consecuencias en sus bienes o derechos y en las meras relaciones humanas se agravan por la actitud renuente o simplemente impeditiva del demandado. Por ello, la mengua de valor del objeto litigioso, por la depreciación de la cosa o la variación en las situaciones jurídicas de los sujetos del proceso, de una parte, o la conducta torticera del demandado condenado que aprovecha la duración del proceso para eludir, retrasar o de otro modo impedir la ejecución de la prestación impuesta en el fallo, de otra, resultan en un deterioro de la Justicia que la ley ha de contemplar para prever las consecuencias dentro del ámbito de la máxima "voir pour prévoir, prévoir pour pourvoir" (ver para prever, prever para proveer).
La LEC establece una regulación sistemática y unitaria de las características, presupuestos y requisitos, oposición, decisión, ejecución, sustitución, modificación o alzamiento, que, como se declara en la EM, "se apoya en doctrina y jurisprudencia sólidas y de general aceptación". A ella dedica el Título VI del Libro III (arts. 721-747), que constituye la ordenación general de las medidas cautelares. Esta regulación se completa con otras normas de la misma LEC.
Por otra parte, el art. 727 expone hasta 11 medidas cautelares "específicas" que conecta la regulación general con una variedad de preceptos de la LEC y de otras leyes, como la Ley Hipotecaria (arts. 42.1, 43 y 49), sobre anotación preventiva de la demanda; Reglamento del RC (art. 272); Ley de Propiedad Intelectual (arts. 138 y 141) sobre el cese de la actividad ilícita, la intervención y depósito de ingresos de procedencia ilícita o depósito temporal de ejemplares de obras producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial; o la Ley de Patentes (arts. 133 y ss).
La instrumentalidad de las MMCC (art. 726.1) demuestra no sólo que son medios de carácter procesal, sino que la tutela que proporciona tiene como efecto trascendente asegurar el buen funcionamiento de la Justicia contra el "periculum in mora", porque "el tiempo preciso para hacer justicia no puede perjudicar al que la pretende" (Chiovenda).
De ello se desprende la doble consecuencia de que, de una parte, su solicitud es un derecho, de rango fundamental del demandante que parece anticipar el resultado de un proceso desde su iniciación (o incluso antes de la misma) por la apariencia de buen derecho de su pretensión ("fumus boni iuris"); y de otra, el primer destinatario de las mismas no es el demandado, aunque sea éste el que ha de cumplirlas, sino el Estado garante de los derechos fundamentales que la CE reconoce, que, en su caso, exige la actuación, por lo que el cumplimiento de lo acordado por el Tribunal constituye una obligación procesal de la parte requerida.
La solicitud cautelar se aparta del contenido de las pretensiones declarativas que pretende garantizar, y afirma su especificidad y autonomía. Son accesorias de las pretensiones declarativas que se ejercitan pero, al mismo tiempo, tienen una sustantividad que permite que el Juez resuelva sobre ellas sin prejuzgar el fondo del litigio. Son pues, pretensiones cautelares que se agotan en sí mismas, y la actividad jurisdiccional que resuelve sobre ellas tiene una naturaleza específica (cautelar).
Los caracteres se recogen en el art. 726 rubricado "características de las medidas cautelares".
Las MMCC son "exclusivamente conducentes" a tutelar la pretensión para el caso de que finalmente sea estimada en la sentencia. Las MMCC son accesorias del proceso pendiente o futuro, ya que su objeto consiste en asegurar la eficacia de la futura resolución judicial que ponga fin al proceso.
Esta característica diferencia las MMCC de las medidas de aseguramiento de carácter jurídico-material que pueden ser reclamadas y cumplidas extraprocesalmente. Así, las garantías patrimoniales contractuales (fianza, prenda e hipoteca), o las impuestas en algunos casos en el CC al fiador o a los herederos (arts. 1843, 1082, 1054).
Homogeneidad y proporcionalidad
Aunque el solicitante puede proponer cualquier actuación que considera necesaria para salvaguardar el derecho que alega, las MMCC han de ser "exclusivamente conducentes", lo que exige que sean homogéneas con la pretensión principal deducida y proporcionales al resultado, "esto es, que la misma esté justificada en función de la necesidad de tutelar cumplidamente intereses jurídicos prevalentes, debiendo aquella ser adecuada y necesaria al fin reseñado".
Ha de existir, pues, una correlación necesaria entre la medida solicitada y lo que se pretende en el proceso principal, que se extiende a las "vicisitudes y circunstancias que pueden variar durante su pendencia".
En esta correlación entre la medida y la pretensión que quiere asegurarse ha de tenerse en cuenta no sólo el contenido y efecto de la medida pedida, sino su proporcionalidad objetiva, es decir, su estricta adecuación al fin propuesto para evitar una limitación del derecho o un perjuicio innecesarios al demandado, precisamente por "no ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz... pero menos gravosa o perjudicial para el demandado" (art. 726.1).
Las MMCC se adoptan por el Juez necesariamente a instancia del actor, por lo que se rigen por el principio de justicia rogada. El Juez no puede "en ningún caso" (art. 721.2) acordar de oficio medidas dirigidas a la efectividad de la pretensión, sino solamente cuando la parte interesada lo solicite. Sin embargo, el mismo precepto prevé la excepción a la regla respecto de "los procesos especiales".
Sin embargo, el Tribunal sí está facultado, al estarle vedado acordar medidas más gravosas que las solicitadas, a acordar "medias distintas, igual de eficaces, pero menos gravosas para el demandado".
Las MMCC son esencialmente variables desde su adopción hasta su extinción; tienen carácter "temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento" en los términos fijados por el art. 726.2. Están sometidas a la cláusula "rebus sic stantibus" y son, por tanto, susceptibles de las modificaciones que requiera su fin asegurador (art. 743), agotándose con la ejecución de la resolución final cuya eficacia aseguran. Del mismo modo, caducan si quien las solicitó no instara la ejecución o fuera el causante de la suspensión del proceso por más de seis meses (art. 731.1).
Las MMCC son tan diversas como las pretensiones que en cada caso aseguran. El principio de legalidad de la regulación se cohonesta con el carácter abierto, con una cierta atipicidad legal; así, según la genérica fórmula del art. 726.1, pueden ser MMCC "cualquier actuación directa o indirecta" conducente a asegurar la satisfacción de la pretensión deducida en el caso de ser estimada en la sentencia.
El art. 728 expone los tres presupuestos necesarios, sin los cuales no podrá acordarse la adopción de MMCC y cuyo cumplimiento ha de ser probado por el solicitante: el peligro por la mora procesal, la apariencia de buen derecho y la prestación de una caución por quien las solicita.
El solicitante ha de probar un "periculum in mora" o riesgo efectivo de que la duración del proceso varíe el "statu quo" existente a la iniciación del proceso, de manera que no pueda realizarse la sentencia favorable que recaiga. Este peligro para la satisfacción de la pretensión deducida que resulte de la duración, aun normal, del proceso, por la ocurrencia de hechos o de actos que puedan frustrar la efectividad de una sentencia favorable es el presupuesto primordial, en tanto que fundamento primero de toda MC, ya que atañe a la necesidad real de la medida aseguradora solicitada que limita el derecho del demandado a la disposición de sus bienes o intereses.
La efectividad del peligro se configura como una probabilidad concreta de peligro para la efectividad de la resolución que se dicte, no en términos subjetivistas de creencia o temor del solicitante en la existencia del peligro. A este fin, el art. 728.1 requiere la "justificación" de las "situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse" y excluye adoptar las medidas cuando con ellas se pretendan alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo "salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces". El solicitante deberá presentar los datos, argumentos o justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional o indiciario favorable al fundamento de su pretensión.
Quien solicite la MC viene obligado a justificar "bajo su responsabilidad" (art. 721.1), la probabilidad de éxito de la pretensión deducida en la demanda que resulta de un principio de prueba lo suficientemente expresivo de la existencia de una "apariencia" de la razón de esa pretensión, de manera que permita al Tribunal, en una valoración "prima facie", acordar la medida instada contra los derechos o intereses del demandado. El art. 728.2 requiere que "el solicitante de MMCC también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión" e incluso añade que "en defecto de justificación documental podrá ofrecerla por otros medios de prueba, que deberá proponer en forma en el mismo escrito".
El juicio de probabilidad que se hace en el procedimiento cautelar parece comprometer la imparcialidad del juzgador en la fase de decisión del proceso principal, pero esta cuestión la afronta el legislador con la doble consideración de que "todos los Jueces y Magistrados están en condiciones de superar impresiones provisionales para ir atendiendo imparcialmente a las sucesivas pretensiones de las partes", y de que el Juez del proceso principal se encuentra en una situación más idónea para resolver sobre las medidas, sobre su modificación o sustitución para, finalmente, añadir con el pragmatismo que preside la Ley "todo esto, sin contar con la menor complejidad procedimental que comporta no separar la competencia".
Este último filtro que requiere del actor una solvencia económica de la cual no siempre dispone, tiende, sin embargo, a garantizar la justa reparación por los daños y perjuicios padecidos por quien soporta la MC en el caso de que la pretensión de fondo sea desestimada en la sentencia, pues esta decisión demuestra la falta de fundamento de la cautela acordada.
Los actos previos a la constitución efectiva de la garantía comprenden el "ofrecimiento" de prestación de caución, que el art. 732.3 requiere que se haga en la solicitud de MMCC; las alegaciones del demandado sobre ella (art. 734.2); la fijación por el Tribunal de la "forma, cuantía y tiempo" de la caución (art. 735.2); y finalmente la efectiva "prestación de la caución" como condición del cumplimiento de la medida (art. 737.1). Se trata de "responder de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la MC pudiera causar al patrimonio del demandado, lo que no constituye en sí fundamento de la decisión que se acuerde, sino mero presupuesto de ejecución de la medida ya acordada".
El art. 728.3 proclama la necesidad de que el solicitante preste "caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva de los daños que la adopción de medidas pudiera causar al patrimonio del demandado", regla que tiene sus excepciones en los casos en que "expresamente se disponga otra cosa". Estas excepciones son escasas y puntuales, y se refieren a supuestos de exclusión de la prestación de caución, bien por razón del carácter de Administración Pública del actor (art. 12 Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas); bien por la existencia de un interés público digno de tener en consideración (arts. 728.3 y 768.3 LEC).
La cuantía de la caución se fijará por el Tribunal "teniendo en cuenta, por un lado, la finalidad legal de que mediante la misma pueda el solicitante responder de los daños y perjuicios que la medida cautelar pueda causar al patrimonio del demandado y, por otro, su determinación debe hacerse atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice el tribunal sobre el fundamento de la solicitud de la medida" (AAAP Castellón 2003/226107).
Respecto a la clase de la caución, el art. 728.3 prevé que se constituya en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida en las condiciones que el mismo precepto establece o "por cualquier otro medio que a juicio del tribunal garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate". También corresponde al Tribunal señalar el plazo para la constitución de la caución (art. 735.2), teniendo en cuenta las alegaciones de las partes y la premura que el riesgo de demora puede reclamar.
El legislador realiza una enumeración de "medidas cautelares específicas" (art. 727), que recoge los tipos más utilizados.
El embargo preventivo de bienes
Es la más utilizada en la práctica para asegurar la ejecución de pretensiones de condena al pago de una cantidad de dinero. Se prevé para garantizar el pago de las deudas de los propietarios morosos, y en los procesos sumarios para la tutela privilegiada del derecho de crédito (en el juicio ejecutivo -art. 581- y en el cambiario -art. 821.2-).
Su objetivo es "hacer posible o garantizar el buen fin de la ejecución asegurando los bienes del condenado para evitar que no se sustraigan al proceso de ejecución ni se desmejoren durante la pendencia de la ejecución misma".
El embargo se acordará, "mutatis mutandis", con el "alcance y suficiencia" que prevé el art. 584 para la ejecución del crédito que pueda reconocerse en la sentencia estimatoria y el Tribunal embargará los bienes del demandado "procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado" (arts. 592.1 y 726.1). La medida que se impone sobre los bienes embargables crea, en el momento de la ejecución de la sentencia, un crédito preferente que asegura su ejecución (art. 613).
Pero del mismo art. 727 resulta que el embargo preventivo puede ser utilizado en otros supuestos en que la medida resulte especialmente idónea para cumplir su finalidad de aseguramiento de una eventual sentencia de condena y cumpla la exigencia legal de no poder sustituirse por otra igualmente eficaz y menos onerosa para quien ha de cumplirla.
Podrá interponerse tercería de dominio en caso de embargo preventivo cautelar, es decir, la petición de un tercero de alzamiento del embargo por ser el propietario del bien preventivamente embargado, pero no es admisible la tercería de mejor derecho "salvo que la interponga quien en otro proceso demanda al mismo deudor la entrega de una cantidad de dinero", correspondiendo el conocimiento de estas tercerías al Juez que hubiese acordado el embargo preventivo.
Intervención y administración judiciales de bienes productivos
Esta medida puede ser ordenada cuando la pretensión de condena tiene por objeto entregar aquellos bienes "a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad, o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiera recaer" (art. 727.2). Se trata pues, de asegurar una pretensión de condena a entregar bienes que deben ser mantenidos en estado de producción durante la pendencia del litigio que versa sobre los mismos, para evitar que pierdan su valor por la ausencia, incuria o mala fe en la gestión del demandado.
En la intervención judicial, la explotación de la finca o del negocio permanece en las manos del demandado aunque queda "intervenida" por la persona nombrada judicialmente; mientras que en la administración judicial, cuando la situación así lo reclama, se priva al demandado del gobierno de los bienes que ha de entregar a un administrador judicial nombrado al efecto para asegurar su funcionamiento, con cese del que viniera desempeñándolo. En ambas medidas la resolución que las acuerde habrá de precisar las facultades que se conceden al interventor o administrador para la actuación de éstos, que se efectúa bajo el último control del juez, que podrá modificarlas por extensión o sustitución (art. 726.2).
La medida 8 del art. 727 pretende asegurar la ejecución de pretensiones de condena a no hacer o a hacer que el demandante considera ilícitas (ej. cesación de actividades relacionadas con la propiedad intelectual) y, así, evitar que continúen realizándose durante la pendencia del proceso. Para ello se puede solicitar "la intervención y depósito de los ingresos obtenidos mediante una actividad que se considera ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda".
El depósito judicial de la cosa mueble litigiosa que posee el demandado, pretende evitar su pérdida, ocultación, deterioro o venta a un tercero, y le priva de la posesión para ser depositada en la persona que el Juez determine por la orden de depósito que acordare. Esta medida puede, con carácter previo, complementarse con la diligencia preliminar de su exhibición (art. 256.1), especialmente cuando el actor desconoce el lugar en el que se encuentra el bien objeto de su pretensión.
Las medidas 8 y 9 del art. 727 recogen otras figuras específicas de depósito judicial: el depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita; el depósito de cantidades que se reclamen en concepto de propiedad intelectual; y el "depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial así como el depósito del material empleado para su producción".
La formación de inventarios de bienes (art. 727.4) es otra medida cautelar que puede solicitarse cuando el demandante pretenda una entrega de bienes concretos cuya determinación individualizada, en calidad o cantidad, pueda alterarse durante la tramitación del pleito, también por la incuria o mala fe del demandado que en su día pueda ser condenado a entregarlos. El inventario ha de ser practicado por quien designe el juez, generalmente un perito contable insaculado para asegurar la imparcialidad y la objetividad de la actuación. Aunque esta medida puede preceder a la de depósito o a la de administración judicial, es una medida autónoma que no exige el cambio de posesión de los bienes inventariados, sino la constancia de su situación a efectos de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la falta o deterioro de los bienes inventariados en el momento de la ejecución.
Anotación en el Registro a los efectos de la publicidad
El art. 727.5 y 6 prevé dos formas de anotación en el Registro a los efectos de la publicidad de la medida frente a terceros. Se trata de la anotación preventiva de la demanda, "cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en registros públicos" y de "otras anotaciones registrales, en casos de que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución". La anotación en el Registro correspondiente de la demanda presentada o de otra resolución judicial recaída con efectos sobre la extensión del derecho inscrito, tiene los efectos de la protección de la finca o derecho objeto de la pretensión mero declarativa (ej. la nulidad radical de un contrato de compraventa, de la escritura pública en la que se documenta y de la inscripción registral de la misma), constitutiva (como la caducidad de la marca impugnada), o mixta (las anteriores con una condena al pago de una indemnización), durante la vigencia del asiento, es decir, durante la pendencia del pleito hasta su cancelación, frente a terceros adquirentes de buena fe de la cosa o derecho en litigio que resultan protegidos por la presunción de exactitud de la inscripción si no se llevara al asiento la anotación de la demanda que hace pública la situación "sub iudice" del bien o derecho que pretende adquirirse o gravarse. Por ello, la resolución judicial que la acuerde ordenará expedir el correspondiente mandamiento al Registro para su efectividad.
Esta medida tiene un doble contenido: "el procesal, conforme al cual se asegura que la sentencia que en su día recaiga tendrá la misma eficacia que si se hubiera dictado ya en el día en que la anotación se practica, y el contenido sustantivo, a través del cual se consigue la ventaja que proporciona el principio de prioridad registral si el actor obtiene sentencia favorable" (STS 18/11/1993). La misma sentencia declara, "el Derecho español regula para determinados casos un asiento de menor solemnidad que la inscripción cual es la anotación preventiva, cuyos caracteres más sobresalientes son la transitoriedad y la pendencia y dentro de ellas se encuentra la anotación preventiva de la demanda que se regula en el art. 42 LH y que tiene por objeto advertir de la posibilidad de que la inscripción que declara el derecho real a favor del demandado sea inexacta o esté en camino de serlo, correspondiendo la titularidad al demandante que anota su eventual derecho".
Las previsiones tan escuetamente reseñadas en el citado art. 727, han de conectarse, por tanto, con las disposiciones de la legislación hipotecaria o del registro público correspondiente, puesto que todas aquellas demandas cuya estimación pudiera producir una alteración registral pueden ser objeto de anotación preventiva.
La MC puede consistir también en órdenes judiciales de cesación de una actividad, abstención temporal de una conducta o de prohibición de interrumpir o cesar una prestación (art. 727.7). Se trata de tres medidas distintas de contenido negativo y positivo, cuya finalidad cautelar se cumple mediante órdenes del juez encaminadas a un expedito aseguramiento de pretensiones de condena a no hacer o a hacer y que sólo la provisionalidad de la medida, mientras dura el proceso, las distinguen de una ejecución anticipada.
Suspensión de los acuerdos sociales
El art. 727.10 regula la medida relativa a los litigios sobre la impugnación de acuerdos societarios consistente en la suspensión de los acuerdos sociales que se hubiesen impugnado. En estos casos, el demandante o demandantes han de acreditar que representan "al menos, el 1% o 5% del capital social, según que la sociedad hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren sometidos a negociación en mercado secundario oficial". Esta medida sólo puede solicitarse, por tanto, por el socio que impugne acuerdos sociales cuya nulidad es el objeto de la pretensión mero-declarativa o constitutiva.
Aunque la LEC no la incluye entre las medidas cautelares "específicas", hay que añadir la medida prevista para la tutela de los derechos e intereses "del demandado" consistente en la caución sustitutoria regulada en los arts. 746-747. Con ella, la parte que ha de soportar, o que ya soporta, la medida cautelar solicitada, o acordada, puede evitarla pidiendo su sustitución por una caución suficiente por resultarle menos gravosa, pero que también ha de garantizar la pretensión cautelar del actor. Esta "contracautela" ha de ser ofrecida por la parte que ha de soportarla, lo que encierra una especie de allanamiento tácito a la pretensión cautelar.

References: resolución 
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