Source: http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?fuseaction=FILTRAR&aplicacion=app003&cnl=3&opc=4&fltrselect0006=7
Timestamp: 2013-06-19 16:24:00+00:00

Document:
Pérdida de Patria Potestad Toca 411-2008 OSJFallo: 2696
Tema: Familias Descriptores: Interés superior del niño, patria potestad, guardia y custodia, violencia familiar, mujer inculpada
Se interpone recurso de apelación en contra de sentencia definitiva del 26 de febrero de 2008 por la pérdida de patria potestad, guardia y custodia de una madre sobre sus dos menores hijos por golpes y malos tratos.
Una pareja procrea dos hijos y tiempo después se separa. El demandante aduce que al separarse se conviene en que el padre conservará la patria potestad pero ambos serían responsables del cuidado y atención de los niños. Sin embargo, la demandada maltrataba a sus hijos, no les daba de comer y los golpeaba, cuestión que se prueba mediante diversos certificados médicos. Además, el padre de los niños aduce que la mujer consume alcohol y compromete la moralidad de los niños al “meter a varios hombres a su casa”.
La demandada dice que ella siempre tuvo la patria potestad y custodia de los niños. Que el demandado la denunció ante el ministerio público por violencia familiar y que además, éste la amenazó y la golpeó para que le entregara la patria potestad y custodia de los niños. Que después de esto, se llevó un juicio en donde debido a la presión y amenazas de su ex pareja, ella aceptó las condiciones para ceder a él la patria potestad y custodia de los niños. Sin embargo, se interpone una demanda reconvencional, la cual es fallada a favor del padre por lo que le es retirada la patria potestad y la custodia de sus hijos y se suspende el régimen de convivencia de la mujer con sus hijos hasta que deje de existir peligro para los menores en relación con el actuar de su madre.
Violación, Violación equiparada y Violencia familiar T.P. 846/2010-II OSJFallo: 2628
4 hermanas presentan una denuncia en contra de su padre por violación, violación equiparada y violencia familiar. La familia presenta una dinámica de violencia y hostilidad por parte del padre (de 65 años), quien tiene amedrentados y alejados de la sociedad a su mujer (de 34) y a 7 hijos. Ninguno de los hijos va a la escuela y salen solamente para acompañarle a él al trabajo, donde, en ocasiones, aprovecha para abusar sexualmente de sus hijas. La hija mayor, “A”, declara haber sido violada por su padre todas las noches desde la edad de 9 hasta los 18 años. Procrearon una hija, que falleció por falta de cuidados. La hija que le seguía en edad, “N”, fue igualmente abusada por su padre desde los 11 años en diversas ocasiones, inclusive narran un episodio en el que las viola a las dos juntas. “G” de 14 años de edad, declara haber sido violada por su padre en dos ocasiones. Asimismo su hermana, menor de 12 años, también identificada como “G”, comenzaba a ser víctima de los abusos de su padre, aunque éste no lo logra, pues sus hermanos la ayudan. La madre de las adolescentes, totalmente subordinada a la violencia moral y física del padre, sabe de los abusos a sus hijas, pero debido a esta condición no hace nada, aunque promete denunciarlo y “mandarlo a la cárcel”. Debido a su omisión en la debida protección a sus hijas, resulta acusada del delito de violencia familiar. Se trata de una familia altamente disfuncional y con una dinámica de violencia moral y física, incluida la sexual. El padre, más de 30 años mayor que la madre, abusa sexualmente, durante años, de tres de sus hijas y es acusado de intentar abusar sexualmente de una cuarta, sin lograrlo. A la hija mayor, “A”, la viola todos los días desde los 9 años de edad, hasta que ésta queda embarazada y tiene una hija, que fallece por descuido. “A” opta por no oponerse a las violaciones rutinarias, pues si lo hace, el padre la golpea. Las otras dos hermanas intentan oponerse, pero son golpeadas con el cinturón y pellizcadas en la cara. Además, el hombre es acusado de haber golpeado y maltratado a los 7 hijos, así como a la madre de sus hijos; y de impedir a los miembros de la familia sostener relaciones con otras personas, ir a la escuela o salir de la casa. La madre es acusada de violencia intrafamiliar por haber omitido proteger a sus hijos y haber sido “facilitadora de la conducta antisocial de su pareja”.
En una primera instancia ante el juez segundo penal, el hombre es condenado por violación, violación equiparada en grado de tentativa y violencia familiar. La mujer es condenada por violencia familiar a una pena de 6 meses de prisión. Ambos recurren la sentencia ante la segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien analiza nuevamente las pruebas testimoniales y los dictámenes psicológicos y ginecológicos de las víctimas y concluye que el padre es responsable del delito de violación y de violencia familiar, no así del ilícito de tentativa de violación equiparada en agravio de la menor de 12 años “G” pues no logra comprobarse su dicho.
A juicio de la Sala, no se acreditan tampoco las agravantes de alevosía y sufrimiento innecesario de la víctima, motivo por el cual modifica el grado de culpabilidad ubicado por el juez en el grado superior a la media, bajándolo a la media. Por tanto, le absuelve del delito de tentativa de violación equiparada y modifica la pena a 41 años y 6 meses de prisión. Le impone además una multa de $24,997 pesos. Respecto de la condena de la mujer, ésta se confirma y queda en una sentencia a 6 meses de prisión y multa de $247 pesos. Sin embargo, el Tribunal de alzada considera que el juez de primera instancia no tomó en consideración el interés superior del niño, ni la suplencia de la queja para menores de edad, por lo que con base en el artículo 4to constitucional y la Convención sobre los Derechos de los Niños, condena a ambos padres a la pérdida de los derechos jurídicos de la patria potestad de 6 de los 7 hijos, pues “A” ya es mayor de edad. Por último, se condena a ambos padres a la reparación del daño de manera solidaria y mancomunada consistente en el pago de los tratamientos psicológicos de los 7 hijos, misma que será regulada durante la ejecución de la sentencia. [...]
Magistrada Suplente contra Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. OSJFallo: 1695
Tema: Participación y Accesos a Espacios de Decisión Descriptores: ALTERNABILIDAD, CARGOS POLITICOS
La Magistrada Propietaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) por violación al principio de legalidad de los actos en materia electoral y sus derechos político electorales consagrados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , la Constitución Política del Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora , en virtud de la designación del Magistrado Presidente de dicho Tribunal. La Magistrada argumentó a los integrantes del Tribunal Estatal y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora que en la reelección del Magistrado Presidente violaron los principios de temporalidad en los cargos públicos, rotatividad y participación, vinculados al de alternancia de género en su conformación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el acuerdo de elección del Magistrado Presidente, señalando que “…concibieron a la figura de la rotatividad en los cargos públicos como aquella que fortalecía la participación de las personas en un sistema democrático, la cual se actualiza en la especie con el acceso oportuno al cargo de Presidente del Tribunal Electoral por parte de todos los sujetos integrantes del órgano. Por otra parte el artículo 22, párrafo vigésimo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Sonora, establece por una parte que en la integración de los órganos electorales habrá paridad de género y se observará en su conformación el principio de alternancia de género, y por otra, que en la integración del Tribunal, será obligatorio conformarlo por ambos géneros”. [...]
Violación y lenocinio. Toca 733-2010.06.08.2010 OSJFallo: 2130
Se trata de una sentencia de segunda instancia, interpuesta en contra del auto de formal prisión que se dictó a raíz de la denuncia por lenocinio y violación interpuesta por una mujer A y su madre B, quien también denuncia al mismo hombre C, su concubino, por lenocinio. Desde que A regresó a vivir con B, C comenzó a abusar de ambas maltratándolas física y psicológicamente. C comenzó a prostituir a B para “darles de comer a los hijos de ambos”. Durante este tiempo, A, de 8 años de edad, comezó a ser abusada sexualmente por C, su padrastro. A la edad de 11 años, A quedó embarazada de él y tuvo una niña que C registró como hija suya y de B. Durante su embarazo permaneció oculta, y al dar a luz fueron al hospital y el inculpado la obligó a decir que tenía 15 años de edad; y también falsificó el acta de nacimiento de la niña, registrándola como hija de él con B, madre de A.
A la edad de 15 años, C obligó a A a prostituirse y la llevaba a casa de citas diciendo que tenía 18 años, y también rentaba un cuarto y la vendía a los militares, en una noche podían llegar hasta 15.
Cuando B, la madre de A se entera que su hija se está prostituyendo, acude al DIF estatal pero el padrastro, C, obliga a la niña a decir que no quiere estar con su madre y miente, pero ante tanta violencia sexual, física, psicológica y verbal, decide huir por el temor de que le pasara lo mismo a su hija. Es entonces cuando comparece ante el Ministerio Público e interpone denuncia en contra el inculpado iniciándose las diligencias correspondientes.
Desde que la primera mujer tenía la edad de 8 años de edad, el hombre que era su padrastro la acosaba sexualmente y abusaba de ella, aprovechando que su madre trabajaba fuera de casa, y como el inculpado las golpeaba y amenazaba con tener un cargo encubierto en el ejército, además de portar un arma, lo cual la asustaba mucho de niña y el inculpado comenzó a tocarle su cuerpo y a pedir que ella lo tocara obligándole a practicar sexo oral, un año después la violó por primera vez. En ese tiempo el acusado obligó a la madre a prostituirse para mantener a sus hijos y no la dejaba verlos, cuando llegaba a casa, golpeaba a la madre y aprovechando la ausencia de ésta, el inculpado llegó a violar a la niña hasta 5 veces al día.
A la edad de 11 años y como consecuencia de las múltiples violaciones, la niña quedó embarazada y comenzaron violaciones vía anal, pues el padrastro le decía que no quería lastimarla por su embarazo. Continuaron los golpes y amenazas para que se abstuvieran de hacer denuncia alguna. Durante su embarazo permaneció oculta, y al dar a luz fueron al hospital y el inculpado la obligó a decir que tenía 15 años de edad; y también falsificó el acta de nacimiento de la niña, registrándola como hija de él con la madre de la niña.
A la edad de 15 años la obligó a prostituirse y la llevaba a casa de citas diciendo que tenía 18 años, y también rentaba un cuarto y la vendía a los militares, en una noche podían llegar hasta 15.
Cuando su madre se entera que su hija se está prostituyendo, acude al DIF estatal pero el padrastro obliga a la niña a decir que no quiere estar con su madre y miente, pero ante tanta violencia sexual, física, psicológica y verbal, decide huir por el temor de que le pasara lo mismo a su hija. Es entonces cuando comparece ante el Ministerio Público e interpone denuncia en contra el inculpado iniciándose las diligencias correspondientes.
CUOTA DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS EN MUNICIPIOS. JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL SX-JRC-17/2010 OSJFallo: 1696
Tema: Participación y Accesos a Espacios de Decisión Descriptores: LEYES DE CUOTAS, ACCESO A LUGARES DE DECISIÓN, LISTA DE CANDIDATOS
En marzo de 2010, para la elección de la Gobernador/a, Diputados/as local e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el registro de las planillas de candidatos y candidatas a miembros de los dos ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. El Instituto Electoral Local, aprobó los registros de las planillas de candidatos, violando la cuota de género establecida en la legislación, ya que la Constitución del Estado establece en que será “obligación de los partidos políticos postular candidatos de ambos géneros, cuidando que ninguno de éstos tenga una representación mayor al 60 por ciento. Quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante voto directo…" . Asimismo, la Ley Electoral de Quintana Roo señala que “Corresponde exclusivamente a los partidos políticos y coaliciones, el derecho de solicitar ante los Órganos Electorales competentes el registro de candidatos a cargos de elección popular Las candidaturas a diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, se registrarán por fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente. Para los ayuntamientos, las candidaturas se registrarán por planillas integradas por propietarios y suplentes. Los partidos políticos o coaliciones vigilarán que las candidaturas por ambos principios no excedan el setenta por ciento para un mismo género, salvo que las mismas hayan sido resultado de un proceso de elección mediante voto directo. Asimismo, promoverán la participación política de las mujeres y los jóvenes” . El Partido de la Revolución Democrática y la Coalición "Mega Alianza Todos con Quintana Roo" promovieron juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, invocando el ejercicio de una acción tuitiva de intereses difusos, en contra de la conculcación de normas de orden público y de principios jurídicos como el de legalidad y equidad en el proceso electoral. El veintiséis de mayo del mismo año, el Tribunal Electoral de Quintana Roo decidió confirmar el acuerdo relativo a la aprobación del registro de los candidatos postulados por el PRI en los dos ayuntamientos. Frente a esto, el treinta de mayo del 2010, la representante de la Coalición "Mega Alianza Todos por Quintana Roo" promovió el juicio de revisión constitucional electoral ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, señalando como agravio, la violación de los preceptos legales conculcados por la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el artículo 49, fracción tercera, quinto párrafo, de la Constitución Política de dicha entidad federativa, es decir, no mayor al sesenta por ciento. Cabe señalar que a su vez el artículo 127, tercer párrafo, de la Ley Electoral de Quintana Roo, establece a diferencia de lo previsto en la constitución local, una proporción de siete a tres entre ambos géneros para la integración de candidaturas, o sea, con un límite máximo del setenta por ciento. La resolución se impugnó ante la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien decidió que “a pesar de la discrepancia a partir de los dos artículos que establecen diferentes cuotas de género (…) señalados como violados en el escrito inicial de los las cuotas de participación consisten en un mecanismo que posibilita la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en la representación nacional y en el ejercicio del poder público. En consecuencia, la colisión de normas suscitada entre el artículo 49, fracción III, quinto párrafo, de la Constitución Política de Quintana Roo y el artículo 127, tercer párrafo de la Ley Electoral local, se solventa si se atiende a la norma constitucional”. Además en el caso planteado, considera que “cuando el género de uno o más de los regidores designados por representación proporcional sea contrario al sexo de la minoría de los electos por mayoría relativa, … provocaría que la proporción del género mayoritario aumente y sobrepase, incluso, el límite del sesenta por ciento fijado por la cuota en comento”. En este sentido, se dictó sentencia revocando la decisión del Tribunal Electoral de Quintana Roo, dejando sin efecto el acuerdo del Instituto Electoral del Estado, por lo que el PRI quedó obligado a registrar ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir del momento de la notificación de la sentencia, nuevas planillas de candidaturas a ediles de los referidos ayuntamientos que sustituyan a las revocadas, respetando en la integración de tales planillas. [...]
Aborto 143/2008 OSJFallo: 2724
Una mujer de 24 años de edad es condenada a once meses de prisión y multa de 495 pesos por el delito de aborto procurado al haber sufrido la expulsión del producto de su embarazo de 20 semanas al ser atendida por dolores abdominales y contracciones en una clínica del seguro social. La inculpada es una joven de 24 años sentenciada a una pena privativa de la libertad por el delito de aborto procurado pues se deduce que ingirió dolosamente unas pastillas contra la úlcera que son altamente abortivas, pues éstas fueron encontradas en su recámara.
Violación equiparada, atentados al pudor y encubrimiento OSJFallo: 2698
Descriptores: Violación, abuso sexual, violencia familiar, libertad sexual, mujer inculpada
Una mujer y su pareja son denunciados por los delitos de violación equiparada, atentados al pudor y encubrimiento en contra de dos de sus menores hijas. Una mujer se refugia en la CIAVI (Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar) con sus 5 hijos por sufrir violencia por parte de su pareja. Días más tarde sale y al no volver, personal del Centro va a buscarla y encuentra que la mujer ha vuelto a vivir con su pareja. El personal del Centro intenta ayudarla y le pide que regrese por unos papeles alargando la estancia de la mujer y sus hijos para evitar que vuelvan con el hombre violento. En ese momento las hijas mayores hacen saber al personal del Centro que no quieren volver pues temen a su padre, quien abusa sexualmente de ellas.
Al volver al Centro, la hija mayor, que en el momento de la denuncia cuenta con 13 años, relata a la psicóloga del CIAVI que su padre la había violado cuando tenía 8 años y desde entonces había abusado sexualmente de ella y de su hermana. La niña relata que contó a su madre de los abusos de su padre, pero ésta le dijo que era una mentirosa y no hizo nada para evitar que volviera a suceder.Personal del CIAVI levanta una denuncia en contra del hombre por violación equiparada y atentados al pudor y a la madre por encubrimiento, dado que a pesar de que la hija le contó que su padre abusaba de ella, no le creyó y no hizo nada para evitarlo ni llevó a su hija al médico, ni denunció a su pareja y continuó mandando a sus hijas a dormir con él. Además de que volvió con él a pesar de la violencia física y psicológica que sufría tanto ella como sus hijos.
Además, los hijos de la inculpada relatan a personal del Centro que su padre les grita y golpea a ellos y a su madre, y la hija mayor relata que abusa de ella y su hermana.
Se denuncia a la madre por no haber protegido a sus hijas de los abusos sexuales, así como a todos sus hijos de la violencia física y psicológica que el padre ejercía en contra de ellos. Las denunciantes relatan que los hijos se encontraban desnutridos y descuidados. Las hijas declaran que “cuando su mamá está con su papá, no les da ni de comer y pone a la hija mayor a hacer la limpieza”.
La madre declara no haber tenido conocimiento de los abusos de su pareja y que lo relatado “son exageraciones”. El hombre declara que son las niñas las que se le meten en la cama y lo acarician, y que por esta razón él violó a una de ellas y a la otra la solamente la acarició.
El juez encuentra como responsables a la pareja e impone al hombre una pena de 28 años y 22 días de prisión y una multa de $3,712 pesos por los delitos de violación equiparada y atentados al pudor; y a la mujer una pena de 1 año 2 meses y 15 días de prisión y multa de $49.50 pesos por el delito de encubrimiento.
Se absuelve de la reparación del daño pues “no existe daño material cuantificable”, a pesar de que los dictámenes psicológicos determinan que ambas niñas presentan alteración de su estado emocional.
Violencia Familiar (por alienación parental) OSJFallo: 2697
Descriptores: Violencia familiar, alienación parental, roles de género, interés superior del niño, mujer inculpada
Un hombre denuncia a su exmujer por ejercer violencia moral y psicológica contra sus hijos al realizar conductas tendientes a la alienación de los niños con su padre. Según el denunciante, cuyo dicho se encuentra apoyado en el dictamen de un perito de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado, la mujer ejercitó violencia emocional, psicológica y moral que se conoce como síndrome de alienación parental, lo que “se da una vez que una pareja se separa y quien se queda con la custodia se encarga de programar negativamente a los hijos para que odien sistemáticamente al otro progenitor con el que ya no viven sin que haya motivo para tal odio, más que las mentiras del progenitor alienador”, en este caso la madre.
El juez encuentra justificada la denuncia del hombre y encuentra culpable a la mujer del delito de violencia familiar en agravio de sus hijos y la condena a un año de prisión, multa de $666.60 pesos y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a sus hijos.Un matrimonio con dos hijos se divorcia y desde entonces la madre se dedica a evitar el contacto del padre con éstos, así como a generar el síndrome de alienación parental en los niños para evitar todo contacto con su expareja.
Como resultado de la violencia ejercida por la madre, los niños se muestran en extremo hostiles con su padre, lo golpean, le gritan y le insultan.
Debido a la denuncia del padre y al comportamiento de la madre, los niños son depositados en el DIF (institución dedicada a la protección de la familia) y les es designada una tutora que les represente. De acuerdo con el personal del DIF y de la Procuraduría del Menor, los niños son víctimas de la violencia emocional que ejerce su madre sobre ellos y la hostilidad mostrada hacia su padre es producto de ésta, pues no existen motivos para odiarle. La actitud de cada niño a solas con el padre es menos hostil y cuando hay más personas, obedecen a la manipulación ejercida por la madre, la que, se dice, probablemente esté basada en amenazas.
La mujer justifica el trato de sus hijos para con el padre en la supuesta violencia que éste ejerce en contra de ellos, sin embargo ésta nunca se prueba. Mediante entrevistas con los niños, los peritos determinan que no se logra establecer en que consiste ni precisar dicha violencia.
El juez encuentra a la mujer culpable de violencia familiar, dado que este delito se comete por los parientes que ejerzan cualquier tipo de violencia, sea física o moral, en contra de sus descendientes. Se determina que esta violencia deteriora el sano desarrollo emocional afectivo e intelectual de los niños y la condena a un año de prisión.

References: artículo 4
 artículo 22
 artículo 49
 artículo 127
 resolución 
 artículo 49
 artículo 127