Source: http://abusos-no.org/Activities/Petition2003Esp.htm
Timestamp: 2017-04-27 07:01:26+00:00

Document:
Presentada por: Charles Svoboda, ciudadano canadiense, residente oficialmente en España, como Presidente y en nombre de la “Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Medioambientales y en contra de los Abusos Urbanísticos” (Abusos Urbanísticos No) y otras asociaciones, grupos u organizaciones en la Comunidad Valenciana de España. Versiones en español y alemán de esta Petición serán presentadas por separado y firmadas por individuos o grupos peticionarios.
Dirección postal: Buzón 24, Urbanización Bellavista, Benissa, 03720 Alicante, ESPAÑA
Dirección de e-mail: abusosurbanisticos-no@wanadoo.es
En caso de que el Comité de Peticiones declare esta petición admisible, aceptamos que ésta se considere públicamente.
Tema de la Petición:
Presentada en cumplimiento del artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esta petición pide la asistencia del Parlamento Europeo para terminar con la aplicación abusiva de ciertas leyes del suelo en la Comunidad Valenciana (y en otras partes de España). Estas leyes están violando los derechos de la propiedad y las provisiones de protección del medio ambiente contenidas, entre otras, en las relevantes convenciones y acuerdos europeos de los cuales España es un Estado Miembro, así como en la Constitución Española.
En vista de los antecedentes y la situación, expuestos en los documentos adjuntos, los abajo firmantes respetuosamente piden lo siguiente:
Una investigación urgente in situ por parte de una Comisión de Investigación establecida por el Parlamento Europeo para obtener información de primera mano de los problemas considerados. La Comisión debe ser de naturaleza multi partidista e implicar a todas las nacionalidades más afectadas por las leyes del suelo, como por ejemplo españoles, británicos, alemanes, holandeses, belgas, franceses, suecos y daneses. Esta investigación debe involucrar a oficiales del gobierno que representen niveles de administración nacional, regional y local, más testigos expertos que conozcan los aspectos legales, sociales y medioambientales de las leyes del suelo imperantes asi tanto como dueños de las propiedades que han sido o están siendo afectadas, o que pueden llegar a ser víctimas como resultado de la aplicación de la LRAU y otras leyes del suelo relacionadas, en la Comunidad Valenciana y el resto de España;
Mientras la Investigación no se considere finalizada, las ofensivas disposiciones de dichas leyes del suelo deben ser suspendidas inmediatamente;
Una vez finalizada dicha Investigación, la Comision debe:
a) informar al Parlamento Europeo con recomendaciones que pidan la conformidad española con las convenciones y acuerdos europeos, los cuales facilitarán garantías con respecto a los derechos de la propiedad, protectión medioambiental y buena administración, y del cual España es un Estado Miembro; y
b) recomendar sanciones apropiadas hasta que estos derechos y protecciones estén protegidas por ley y respetadas de acuerdo con dichas convenciones y acuerdos.
Esta y Peticiones similares serán presentadas de parte de las Asociaciones interesadas en estos asuntos. Otras Peticiones serán presentadas directamente, de forma electrónica o impresa, y pueden no contener copias de los Documentos Acompañantes; los documentos que acompañan ésta Peticion, pues, serán aplicables a dichas peticiones.
Documentos Acompañantes
Este documento expone las inquietudes de los peticionarios con respecto a las prácticas abusivas y predadoras consentidas, e incluso fomentadas por ciertas leyes del suelo españolas, particularmente la valenciana Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), la cual ha sido recientemente adoptada en otras áreas de España.
La petición que se acompaña llama a una urgente comisión de investigación multipartidaria y multinacional para informar al Parlamento Europeo con recomendaciones en relación a qué medidas deben ser adoptadas para remediar la situación, más las sanciones que deben ser impuestas en caso de que no se cumplan las normas europeas en relación a los derechos de la propiedad y protección del medio ambiente.
La actual situación nos muestra cómo la Comunidad Valenciana, una región autonómica de España, está creando un desequilibrio de cemento y zonas rurales, y la ley que permite esta situacion está causando considerable consternación y apuros a los propietarios de bienes inmuebles o terrenos de la zona. El proceso está teniendo también un significante y detrimente efecto en el medio ambiente de la zona costera, gran parte de la cual alberga una ecología delicada.
España ha sido desde hace mucho tiempo una atractiva destinación para residencias de jubilados o viviendas vacacionales, así como para aquellos que desean vivir y trabajar en un clima agradable. La compra y el mantenimiento de propiedades pertenecientes de igual forma a españoles y extranjeros ha sido un puntal reconocido de la economía valenciana y ha sido fomentado por el govierno local y apoyado por la immensa industria inmobiliaria entre España y especialmente Gran Bretaña y Europa del Norte. La población en las áreas costeras ha crecido en un 27 por ciento en las dos últimas décadas, un ritmo que los expertos consideran insostenible. Con un 75 por ciento de la zona costera ya urbanizado, dando techo a más de la mitad de la población valenciana en un 14 por ciento del territorio, estas zonas ya están de hecho saturadas.
En 1994, en un atento de regular y fomentar el desarrollo programado dentro de la Comunidad Valenciana, una compleja ley (la LRAU) fue adoptada. El propósito expresado de la ley era el dar a las autoridades municipales, principalmente en los grandes centros urbanos, la autoridad legal para forzar a reacios dueños de terrenos (normalmente a gran escala) a ceder porciones de su propiedad para proveer a familias españolas con alojamiento de menor coste, y facilitar la infraestructura necesaria como aeropuertos, red de carreteras, purificadoras de agua, etc. Durante los primeros años en los que la ley estuvo en vigor había suficiente terreno designado como urbanizable, por lo que relativamente pocas familias perdieron sus tierras y hogares. De este modo no llegó a ser un problema extendido o bien conocido. En los últimos años, sin embargo, está siendo cada vez más evidente que las leyes del suelo, unidas con los poderes de expropiación dados a las autoridades municipales han sido abusadas hasta llegar a un grado sin precedencia. Actualmente, la totalidad de la Comunidad Valenciana está afectada, con algunos ayuntamientos locales bajo presión por parte de avariciosos promotores inmobiliarios que explotan el sistema legal para obtener terrenos a bajo coste y así poder construir caras viviendas vacacionales o residencias de jubilados. Estas toman la forma de urbanizaciones principalmente pensadas para que las compren ciudadanos de europa del norte y familias españolas adineradas. Este proceso vulnera los derechos de los existentes dueños de los terrenos, tanto españoles como extranjeros, para prejuicio de su situación legal bajo la Constitución Española y los acuerdos de los Derechos Humanos Europeos, los cuales extienden protectión a la propiedad privada. Al mismo tiempo, hay muchas áreas donde el efecto sobre el medio ambiente local ha sido devastador – afectando de forma adversa el hábitat de varias especies de flora y fauna y de plantas poco comunes, especialmente en las zonas costeras. La escasez de agua es un problema muy extendido y esto sólo empeorará si los recientes niveles de crecimiento continúan.
A) DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS:
Algunas de las inquietudes incluyen:
Períodos de apelación injustificadamente cortos: Una vez que la notificación del intento de urbanización es oficialmente promulgada, los existentes propietarios tienen menos de tres semanas para presentar un plan de urbanización/desarrollo alternativo. Mientras que los promotores inmobiliarios pueden haber tenido años para elaborar sus planes en secreto, los propietarios no disponen de suficiente tiempo para preparar la documentación necesaria para cuestionarlos. Aun así, muchos ayuntamientos escogen aliarse con promotores inmobiliarios especulativos en lugar de con los dueños de propiedades existentes por razones financieras. La injusticia es todavia mayor para los propietarios que no son residentes, los cuales pueden llegar a no recibir nunca la notificación de los planes de urbanización que afectan a su propiedad antes de que sea demasiado tarde para protestar o presentar planes alternativos;
Procedimientos arbitrarios: Se sabe de algunos ayuntamientos que han impuesto planes de nuevo desarrollo urbanístico sin previo aviso, los cuales incorporan propiedades ya existentes y áreas ya urbanizadas dentro de nuevos lindes, desencadenando asi nuevas expropiaciones y costes de urbanización;
Sacar provecho: Los propietarios existentes son obligados a pagar sumas exorbitantes (hasta o excediendo el valor de mercado de las viviendas/terrenos existentes) para que los promotores inmobiliarios puedan pagar la infraestructura necesaria causada por las nuevas urbanizaciones. Los propietarios existentes – no sólo en áreas rurales – son obligados a pagar dinero (hasta 400.000 euros cada uno) para la construcción de carreteras innecesariamente anchas, alcantarillas y alumbrado que son inconsistentes con la vida rural que los dichos propietarios buscaron en un principio, incluso cuando ya habían pagado todos los costes de infraestructura que necesitaban. Muchas veces las normas de la Unión Europea son aplicadas selectivamente, principalmente cuando estas resultan en una mayor ganancia financiera para los promotores inmobiliarios y las administraciones locales;
Confiscación de la propiedad: Los terrenos son adquiridos por los promotores inmobiliarios, sin casi ninguna compensación para los propietarios existentes debido a la valoración injustificadamente baja del terreno en oposición a las infladas sumas de dinero demandadas (como se explica en el párrafo anterior) en relación a los costes de infraestructura. Sabiendo que son apoyados por los poderes de expropiación de los ayuntamientos, los promotores frecuentemente ofrecen sólo hasta un 10 por ciento del valor de mercado de la propiedad en cuestión;
Demoliciones: En varios casos en los que el propietario ha rehusado pagar y mudarse, se han utilizado bulldozers para demoler parte de la casa y así hacerla inhabitable;
Promesas de reforma no cumplidas: Funcionarios de la Comunidad Valenciana y algunos ayuntamientos han admitido que la LRAU, la forzada ley de expropiación y otras leyes del suelo han dado lugar a serios abusos, principalmente a costa de los existentes propietarios, tanto españoles como extranjeros. Mientras que han habido repetidas promesas de reformar el sistema, a dia de hoy (Mayo 2003) no ha habido ninguna acción, y las reformas prometidas no hacen mucho para reparar injusticias presentes y pasadas. Mientras tanto, anticipando quizás que habrán algunos cambios, gracias a las próximas elecciones locales, planes para nuevas urbanizaciones están siendo tramitadas apresuradamente y puestas en práctica antes de que los cambios prometidos puedan entrar en vigor;
Protección legal y vías de recurso inadecuadas: A diferencia de otros países europeos con leyes de expropiación, los dueños de bienes inmuebles en España que no acepten renunciar a grandes partes de su propiedad y pagar la gran parte de los costes de urbanización para ventaja de otros, se enfrentan a la expropiación. Aquí no hay apelación directa en contra de esta acción instigada por administraciones municipales. La única solución es una larga batalla en los juzgados para conseguir compensación. Los propietarios son forzados así a perder el derecho a mucha, o la mayoría de sus tierras (muchas veces grandes extensiones de terreno eran requeridas bajo leyes anteriores antes de que los permisos de construcción fueran concedidos) en las cuales los promotores inmobiliarios tienen el derecho a construir nuevas viviendas, instalaciones deportivas o estructuras comerciales, con la gran parte de los costes de infraestructura a cargo de anteriores propietarios. La perversidad de estas leyes es reconocida por políticos a nivel regional y local, los cuales se apresuran a culparse unos a otros o culpar a los promotores de los problemas existentes, pero que hasta ahora han sido reacios a introducir las reformas legales necesarias que disminuirían los ingresos oficiales. Habiendo eliminado la protección de los derechos de la propiedad del propietario, la LRAU y otras leyes del suelo facilitan ademas la rápida destrucción del medio ambiente. Al permitir tales cantidades de extorsión legal a un nivel altísimo, a cargo del pequeño propietario, muchos promotores inmobiliarios han sido atraídos desde todos los puntos de España por la oportunidad de “hacerse rico rápidamente”, permitiendo así un desarrollo especulativo a una grandísima escala, para detrimento de las zonas rurales y los hábitats de la flora y fauna.
Nos referimos a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fechada el 7 de diciembre 2000, en particular a los párrafos 2, 3 y el penúltimo párrafo del Preámbulo (ver documento adjunto 1). Parece ser que los Derechos Fundamentales de la Comunidad Europea – Artículo 17 (Punto 1) Derecho a la Propiedad; y Artículo 41 (Punto 2) están siendo ignorados (ver documento adjunto 1). Nos referimos también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 17, más el Protocolo y la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Artículo 1 (ver documento adjunto 3). Consideramos también que la ley incumple la Constitución Española, en particular Artículos 9 (3), 10, 33, 103 (1) y 106 (ver documento adjunto 2) y la Legislación Medioambiental de la Comunidad Europea (ver documento adjunto 5).
El Artículo 47 (1) de la Carta de los Derechos Fundamentales declara que “Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tienen derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo... Por desgracia, dadas las presiones para urbanizar, los residentes y los propietarios de la región española de Valencia no disponen de suficiente tiempo para reivindicar y asegurarse de que se haga justicia a través de los tribunales locales y superiores. Los procedimientos legales llevan años antes de que se den por terminados, mientras más propietarios están bajo amenaza o afectados y, en algunos casos, se quedan sin techo y sin dinero esperando a que la justicia corra su curso a través del sistema judicial.
Los abusos del sistema han sido muy criticados recientemente, incluso por oficiales de alto rango del Govierno Valenciano, así como por varios alcaldes, y la Constitucionalidad de varias de las provisiones de las leyes del suelo ha sido cuestionada en los Tribunales españoles. Mientras que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Valencia acordó en 1998 referir estas al Tribunal Constitucional de Madrid, esta referencia fué rechazada en 2002 por cuestiones técnicas. Así pues, cualquier intento de buscar enmiendas legales es largo, costoso e incierto. Repetidas promesas hechas por el Govierno y ayuntamientos locales para reformar la LRAU y otras leyes del suelo relacionadas, y así ofrecer una mayor protección para los propietarios no se han hecho realidad. Tampoco hay ninguna certeza de que los cambios prometidos serán suficientes para proteger los derechos de los propietarios, o para compensar abusos en el pasado;
Consideramos que lo mencionado anteriormente constituye un abuso de los derechos de la propiedad de los propietarios de todas las nacionalidades dentro de la región valenciana. Finalmente, es de gran preocupación el hecho de que a pesar de la crítica hecha a las leyes del suelo valencianas, han habido informes de que estas están siendo ahora copiadas en otras regiones autonómicas de España. Unos 750.000 ciudadanos británicos, más decenas de miles de otras nacionalidades europeas viven o son dueños de propiedades en las regiones costeras del Mediterráneo solamente. Con más áreas de España implementando leyes del suelo similares a la LRAU, el número de aquellos afectados adversamente aumentará dramáticamente y si incluimos aquellos de todas las nacionalidades, Españoles incluidos, podríamos hablar de millones de individuos.
B) CUESTIONES MEDIO AMBIENTALES:
Mientras que el Govierno de la Comunidad Valenciana ha hecho caso omiso del alcanze o gravedad de los abusos cometidos en contra de sus gentes, los peticionarios están también preocupados porque el mencionado Govierno está adoptando una actitud similarmente negligente con respecto a la destrucción generalizada del medio ambiente de la región; zonas pantanosas, ecosistemas de los ríos, áreas boscosas, litoral costero y el mismo mar están sufriendo incontables agresiones causadas por huidizos promotores inmobiliarios especulativos. Como resultado del suelo ya urbanizado y del que está propuesto para urbanizarse en la región valenciana podemos contar, entre la larga lista de abusos medio ambientales, los siguientes:
Zonas pantanosas están siendo usadas como vertederos de escombros;
Viviendas y edificios están siendo erigidos dentro de los perímetros de zonas pantanosas y se está permitiendo que las aguas se contaminen. Un ejemplo son las Salinas de Calpe, una zona pantanosa importante para flamingos y la gaviota Audouin, actualmente en peligro de extinción. 2200 apartamentos van a ser construidos en estos terrenos, con una gran avenida; y se va a edificar un área de recreo a la orilla del agua. Será un milagro si la flora y fauna no desaparece completamente de esta pequeña y maltratada reserva natural (reducida recientemente de 57 a 41 hectáreas para permitir la construcción de los apartamentos);
El mar Mediterráneo, del que ya se ha abusado, recibe más aguas residuales al mismo tiempo que la construcción de masivas viviendas vacacionales devora el terreno de forma frenética, mientras que la construcción de plantas purificadoras del agua lleva décadas de retraso. Los ecosistemas de la plataforma continental están siendo afectados, incluidos los campos de posedonia, que abastecen de comida y refugio a la vida marina a lo largo de la costa;
Todas las efidicaciones propuestas representarán la pérdida de una cantidad enorme de árboles. En algunas áreas la construcción de nuevas urbanizaciones requerirá la tala de grandes áreas de pinadas, con el resultado de más desertización que a su vez causará un desequilibrio severo del clima natural de la región;
Existe una Asociación Internacional Cielo Oscuro, una sociedad mundial (a la cual la Comunidad Valenciana todavía no se ha sumado) que se preocupa de la polución de la luz. Como todas las urbanizaciones planteadas incluyen la instalación de alumbramiento descubierto incluso en áreas rurales, cualquiera que desee ver el cielo nocturno en el futuro tendrá que recorrer un largo camino a áreas muy remotas para poder contemplar las estrellas;
Los propietarios existentes de la región también están preocupados por el problema del suministro de agua disponible en una zona históricamente árida. Con la propuesta edificación y el resultante doblamiento en número de habitantes, habrá un suministro insuficiente de agua fresca para esta región, que ya sufre escasezes con regularidad y prohibiciones de uso.
Tan importantes son las cuestiones medio ambientales que expertos internacionales que recientemente participaron en la conferencia “Océanos del Tercer Milenio”, bajo los auspicios de la Universidad de Alicante, han hecho público un llamamiento por una total moratoria en edificaciones futuras a lo largo de toda el área litoral del Mediterráneo español.
Los peticionarios consideran que España y en particular el Govierno Valenciano incumplen lo siguiente:
1. Protección Medioambiental - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Artículo 37 (ver documento adjunto 1).
2. Comisión de las Comunidades Europeas, Sexto Programa de Acción Ambiental de la Comunidad Europea. Numerosos artículos, incluidos aquellos mencionados de aquí en adelante (ver documento adjunto 4).
3. Legislación Ambiental de la CE – Directivas y Decisiones mencionadas de aquí en adelante (ver documento adjunto 5).
C) CONCLUSIÓN:
Tan seria es la situación global de los derechos de la propiedad que diecisiete Embajadores de la Unión Europea y otros países, cuyos nacionales poseen propiedades en la Comunidad Valenciana, han estado en correspondencia con su Presidente expresando sus preocupaciones y cuestionando la legalidad de las leyes del suelo, en contra de la Constitución y las obligaciones de España con el tratado.
Mientras que enmiendas a las Leyes del Suelo han sido prometidas por el Govierno y los ayuntamientos, las alteraciones sugeridas que se han visto han sido hasta ahora ambiguas, dejando “lagunas” para uso de los promotores inmobiliarios y de un beneficio limitado para los amenazados propietarios existentes de tierras y bienes inmuebles. No es cierto siquiera que estas enmiendas sean implementadas sin presión ininterrumpida desde dentro y fuera de las fronteras españolas.
Los residentes de Valencia afectados por la LRAU y otras leyes del suelo relacionadas han demandado recientemente que el Govierno y los ayuntamientos tomen en cuenta lo siguiente en relación a las programadas enmiendas de la Ley:
Sólo terrenos sin viviendas sean considerados para edificación. Cuándo y dónde sea posible la construcción debe ser asumida alrededor, a lo largo de o cerca de, pero sin incorporar las propiedades existentes dentro de la nueva urbanización;
A los promotores no se les debe permitir tomar terreno de propietarios existentes a no ser por previo acuerdo y con el consentimiento del propietario, los cuales deben en este caso recibir el valor total del mercado como compensación;
Las compañías promotoras son las que cosecharán los beneficios. Así pues, los costes de infraestructura deben correr a cuenta de éstas, bien de sus propios recursos o del precio de compra de las nuevas propiedades en las urbanizaciones programadas;
En los casos en los que una propiedad existente será afectada en cualquier modo, los propietarios deben ser notificados por escrito, y se les debe dar un tiempo considerado justo para presentar cualquier objeción; nosotros estimaríamos que un mínimo de tres meses, o más, sería razonable. La presente norma de 20 días naturales no da suficiente tiempo a los residentes permanentes para reunir el papeleo necesario, y es una completa injusticia para propietarios de casas vacacionales que pueden no ser siquiera conscientes de la notificación;
También creemos que es imperativo que se preste más atención a las cuestiones “verdes” de la región. Con esto queremos decir un balance de cemento y zonas rurales, respeto por la naturaleza y la flora y fauna y urbanizaciones sólo hasta la medida en que estas sean sostenibles medio ambientalmente. No se debe permitir ninguna nueva urbanización sin un estudio riguroso del impacto medio ambiental, así como, por ejemplo, un examen de las cuestiones relacionadas con un suministro de agua adecuado y seguro.
La intención de la petición que se acompaña busca el apoyo urgente del Parlamento Europeo en encontrar una solución para terminar la situación actual y para restituir los derechos civiles y humanos de las víctimas de lo que consideramos una ley injusta, al mismo tiempo que ampliar la protección del delicado medio ambiente mediterráneo.
Fechado 7 diciembre 2000
PREÁMBULO - Párrafo 2
PREÁMBULO - Párrafo 3
PREÁMBULO - Penúltimo Párrafo
ARTÍCULO 17 - DERECHO A LA PROPIEDAD Punto 1
Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general.
ARTÍCULO 37 – PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 41 – DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN Punto 2, Párrafo 1
El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente.
ARTÍCULO 47 –
Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial Párrafo 1
Artículo 9 (Imperio de la Ley)
Artículo 10 (Dignidad Humana, Derechos Humanos)
Artículo 33 (Propiedad, Herencia)
1. Se reconoce el derecho a la propiedd privada y a la herencia.
Artículo 103 (Administración Pública)
Artículo 106 (Control, Indemnización)
Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
Artículo 1 – Protección de la Propiedad
Toda persona natural o legal tiene derecho al disfrute pacífico de sus posesiones. Nadie será privado de sus posesiones salvo en caso de interés público y sujeto a las condiciones proporcionadas por la ley y por los principios generales de la ley internacional.
CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
Los Altos Mandatarios asegurarán a todos aquellos dentro de su jurisdicción los derechos y libertades definidas en la Sección 1 de esta Convención.
Reservación contenida en el instrumento de ratificación depositada el 27 noviembre 1990 – Or.Sp./Fr.
De acuerdo con el artículo 64 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y para poder evitar cualquier incertidumbre sobre la aplicación del Artículo 1 del Protocolo, España expresa una Reservación en vista del Artículo 33 de la Constitución Española, la cual estipula lo siguiente:
DOCUMENTO ADJUNTO 4
En el sexto programa de acción medioambiental de la Comunidad Europea
Las decisiones que adoptan los Estados Miembros sobre planificación y gestión de los usos del suelo pueden tener grandes repercusiones sobre el medio ambiente y provocar una fragmentación de las zonas rurales y presiones en zonas urbanas y costeras.
Concluye con las palabras:
MEMORANDUM EXPLICATIVO
3. EL PROGRAMA DE ACCIóN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente contribuyó a establecer el desarrollo sostenible como uno de los objetivos de la Unión Europea, principio que quedó confirmado en el Tratado de Amsterdam. El desarrollo sostenible no puede alcanzarse únicamente mediante la política de medio ambiente, sino que requerirá el compromiso de todos los decisores políticos, incluidos los de medio ambiente, de toda la gama de políticas comunitarias, buscando un equilibrio óptimo entre objetivos ambientales, sociales y económicos. Así pues, este nuevo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente tiene un carácter completamente distinto. Representa la dimensión ambiental de una estrategia comunitaria más amplia para lograr la sostenibilidad. Su objetivo es determinar cuáles son los problemas clave de medio ambiente y las fuerzas que los impulsan. La integración medioambiental es el mecanismo que permite asegurar que las demás políticas respondan a los problemas planteados de manera efectiva.
6. SUBSIDIARIEDAD
El Programa de Acción aborda aquellos problemas ambientales para los que se requiere una actuación y un liderazgo a nivel europeo. Esta postura viene dada por el carácter transfronterizo de los problemas ambientales y de sus soluciones.
Propósitos y objetivos principales
4. El programa facilitará la plena integración de las exigencias de la protección del medio ambiente en otras políticas comunitarias asegurando, al mismo tiempo, que las medidas propuestas y adoptadas en favor del medio ambiente tengan en cuenta los objetivos de las dimensiones social y económica del desarrollo sostenible, y consideren plenamente todas las opciones e instrumentos, y también que se basen en un diálogo amplio y en unos conocimientos científicos sólidos.
5. (Sección 4)
- Alcanzar niveles de calidad del agua que no den lugar a riesgos o efectos significativos en la salud humana y el medio ambiente, y asegurarse de que el ritmo de extracción de recursos hídricos sea sostenible a largo plazo.
9. (Sección 2)
- El tratamiento adecuado de las cuestiones ambientales por las organizaciones internacionales y la consiguiente asignación de recursos por éstas;
Enfoques estratégicos para conseguir los objetivos medioambientales
9. Aliento y fomento de decisiones efectivas sobre gestión y ordenación del territorio que tengan en cuenta consideraciones ambientales, respetando, al mismo tiempo, el principio de subsidiariedad, para lo cual se requiere:
- Fomentar las mejores prácticas en relación con la ordenación del territorio sostenible, poniendo especial énfasis en el Programa de Gestión Integrada de las Zonas Costeras;
- Apoyar programas y redes que faciliten el intercambio de experiencias y el desarrollo de buenas prácticas sobre desarrollo urbano sostenible y explotación marina sostenible;
Areas prioritarias para la acción sobre la naturaleza y la bio-diversidad
6. Preparar estrategias y medidas sobre bosques, que incorporen los siguientes aspectos:
- Desarrollo de la silvicultura nacional y regional y la gestión sostenible de bosques, dentro de los planes de desarrollo rural, de acuerdo con los trabajos emprendidos por el Foro Intergubernamental sobre los Bosques y la Conferencia Ministerial Paneuropea sobre la Protección de los Bosques;
- Prolongación de las actuales medidas comunitarias sobre la protección de bosques con un mayor énfasis en el control de las múltiples funciones de estos;
- Fomento de planes de certificación de bosques creíbles;
- Continuación de la participación activa de la Comunidad en la puesta en práctica de las resoluciones de las conferencias ministeriales sobre la protección de los bosques en Europa, y en la discusión y las negociaciones internacionales sobre cuestiones relacionadas con los bosques.
7. Una estrategia temática para la protección del medio ambiente marino.
DOCUMENTO ADJUNTO 5
Legislación Medioambiental de la CE:
Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente
75/437/CEE: Decisión del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa a la celebración del Convenio para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano
81/420/CEE: Decisión del Consejo, de 19 de mayo de 1981, relativa a la celebración del Protocolo sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contaminación del mar Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales 83/101/CEE: Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 1983, relativa a la celebración del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre 84/132/CEE: Decisión del Consejo, de 1 de marzo de 1984, relativa a la celebración del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas del Mediterráneo Resolución del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a la protección de las aguas subterráneas Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos
82/72/CEE: Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convención de Bern)
93/626/CEE: Decisión del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del Convenio sobre la diversidad biológica (Convención de Río de Janeiro)

References: artículo 44
 Artículo 17
 Artículo 41
 Artículo 17
 Artículo 1
 Artículo 47
 Artículo 37

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 47

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 33

Artículo 103

Artículo 106

Artículo 17

Artículo 1
 artículo 64
 Artículo 1
 Artículo 33
 Resolución