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Timestamp: 2020-08-07 01:21:58+00:00

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Sentencia de Unificación nº 1052/00 de Corte Constitucional, 10 de Agosto de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43613524
Fecha de Resolución: 10 de Agosto de 2000
Sentencia citada en: 383 sentencias, 2 artículos doctrinales
Accionantes: E.S.A., O.T.C., M.Y.L.D., M. delP.W.O., J.D.R., M.B.R. de Guerra, R.A.U.C., C.M.G.G., A.H.H., M.C.T.G., J.E.C.F., R.B.V., J.A.A., M.E.R.R., E.Y.N.L., C.I.A.C., C.E.S.G., F.E.D.R., L.Y.B.G., D.Y.C.A., G.I.M.J., A.J.B.P., R.A.F.P., E.S.G., L.A.L.S., J.S.Y.G., L.B. de A., Y.A.M., J.E.A.R., W.A.C.C., A.M.R., A.M.O.Q., L.X.B.Q., G.B.G., M.E.A. de F., J.M.D.F., M.J.G.C., A.Y.A.L., J.T.C.R., L.M.B.S., C.M.R., M.J.P.B., M.A. de B. y R.G.D..
Dr. A.T.G..
S. de Bogotá, D.C., diez (10) de agosto del año dos mil (2000).
en el proceso de revisión de los fallos dictados por las Salas Penal, Civil y Laboral de los Tribunales Superiores de S. de Bogotá y Neiva en primera instancia, confirmados por las Salas Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, dentro de las acciones de tutela instauradas por los accionantes de la referencia, en contra de la Presidencia de la República y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que laboran al servicio del Estado -en su mayoría se trata de funcionarios adscritos al servicio de la F.ía General de la Nación como fiscales delegados o asistentes judiciales (algunos no especifican la entidad ni en cargo que ocupan, otros relacionan uno u otro. Uno solo de los tutelantes está vinculado al Estado con contrato de prestación de servicios como defensor público)-.
Que devengaron durante el año de 1999 entre tres millones treinta y un mil setecientos once pesos ($3´031.711.oo) y quinientos sesenta y un mil treinta y siete pesos ($561.037.oo)-.
Aseguran estar ocupando en la actualidad el mismo cargo y desempeñando las mismas funciones desarrolladas en el año anterior.
Afirman que invocando la crisis económica por la cual atraviesa el país, el Gobierno Nacional por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, anunció que los servidores públicos que devengaran más de dos salarios mínimos mensuales vigentes, no tendrían derecho a ningún tipo de aumento salarial para el presente año. Aseguran que el anuncio se ha cumplido.
Que sin embargo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución Nacional y de la Ley 04 de 1992, los salarios de los Congresistas y con ellos, los de los Magistrados de las Altas Cortes, como también la remuneración del F. General de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo, tuvieron un reajuste del 15.3%.
Que el salario mínimo legal para el año 2000 se incrementó en un 10% con relación al de 1999 y que la remuneración de los servidores públicos que devengan menos de dos salarios mínimos fue incrementada en un 9%.
Que el mandato constitucional de proteger el trabajo ampara a los trabajadores públicos y privados.
Que la Constitución Política no persigue simplemente la defensa de la ubicación laboral del trabajador; tampoco únicamente el derecho a permanecer en ella, sino que se trata de un concepto cualificado que propugna por proteger su dignidad humana, dentro de un marco de justicia.
Que las características de la vinculación laboral, el desempeño de la labor confiada, el modo, tiempo y lugar en que el trabajo se cumple, son circunstancias claramente amparadas por el ordenamiento constitucional.
Que el patrono no puede tomar al trabajador como un factor de producción, sino que, en los términos del artículo 1° de la Constitución Política, le corresponde a respetar su dignidad humana, lo cual implica tener en cuenta su propia individualidad, es decir, las condiciones físicas, sociales, familiares y culturales del trabajador, como también las de su familia.
Que la remuneración del trabajador constituye elemento esencial para que el trabajo pueda ser calificado como digno y justo, que por tanto, si ella no alcanza para que el trabajador pueda atender su mínimo vital, o si permanece estática y no guarda proporción con la cantidad y la calidad del servicio, como también si es ajena a las circunstancias sociales y económicas en medio de las cuales se desenvuelve el trabajador, se desconocen tanto el Preámbulo como los artículos 1° y 53 de la Constitución Política.
Que ningún patrono está autorizado por el ordenamiento constitucional para resolver que no decretará el incremento que corresponde al salario mínimo, como tampoco para mantener, indefinidamente, la remuneración superior al mínimo en el mismo nivel.
Que en una economía inflacionaria los salarios no pueden permanecer estáticos porque, ante la perdida del poder adquisitivo de la moneda, se produciría el empobrecimiento del trabajador y el enriquecimiento sin causa de parte del patrono, quien por la misma calidad y cantidad de trabajo pagaría cada ves menos.
Que desde 1994 los salarios de empleados y funcionarios de la Rama Judicial del Poder Público, al igual que la remuneración de los demás servidores públicos se vienen ajustando en porcentaje inferior al I.P.C., del año inmediatamente anterior y que, además, para el presente año se produjo una congelación.
Que el incremento del salario mínimo legal debe coincidir con la inflación proyectada para el año siguiente.
Que el salario debe corresponder con la actividad desempeñada por el trabajador, con su preparación y sus responsabilidades.
Que la remuneración debe ser móvil para que evolucione proporcionalmente con el costo de vida, permitiendo al salario mantener su poder adquisitivo.
Que el Gobierno Nacional no puede justificar el no reajuste de los salarios en la crisis económica por la que atraviesa el país.
Que si a algunos trabajadores se les incrementa el salario y a otros no, se está desconociendo el principio de igualdad.
Que exigir una remuneración acorde con la dignidad humana del trabajador es un derecho constitucional irrenunciable.
Contestación de la Presidencia de la República.
Afirma que el Gobierno Nacional no ha expedido ningún decreto que ordene incrementos salariales del 15.3 %. Que para el efecto solo se dictó el Decreto 025 del 13 de enero del 2000 de conformidad con el cual, para el presente año, no se incrementaría la remuneración del P. de la República.
Considera que el porcentaje de incremento, relativo a algunos funcionarios, en el cual se fundamentan los accionantes para considerar quebrantado su derecho constitucional a la igualdad, no constituye un incremento salarial puesto que, para llegar a definir el incremento de los funcionarios de la rama judicial, debe determinarse previamente, el régimen salarial de los miembros del Congreso de la República, "quienes tienen derecho a un incremento anual, igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos según lo certifique el Contralor General de la República, de conformidad con el artículo 187 de la Constitución Política."
Estima que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto 043 de 1999, reglamentario del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, "los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y el Director Ejecutivo de la Administración Judicial, tienen derecho a una Prima Especial de Servicios que no constituye factor salarial y es la que aunada a los demás ingresos laborales iguala los ingresos percibidos por estos funcionarios con los que corresponden a los miembros del Congreso."
Conceptúa que, "el reajuste salarial de los Congresistas (de consagración constitucional), afecta de manera indirecta dicha Prima Especial de Servicios y se hace de manera automática ya que dicha prima es indeterminada y sólo se obtiene haciendo un cálculo sobre el ingreso total anual de !os Congresistas y confrontándolo con los funcionarios mencionados en el artículo 2° del mencionado Decreto 043. La diferencia que se obtiene es lo que constituye la prima, que como ya se dijo no constituye salario y que varía dependiendo de dicha diferencia."
Concluye este aparte de su comunicación afirmando que: "Lo anterior significa que para el momento el Gobierno Nacional no ha aumentado el salario de dichos funcionarios y por lo tanto no procede la petición del actor aunado al hecho que la misma legislación consagra una escala diferente para diferentes funcionarios y con ingresos totales diferentes. "
Dice apoyarse en la sentencia T-422 de 1992, de ésta Corporación para afirmar que, "si el gobierno en sus Decretos de Salarios, decidiera efectuar aumentos a algunos empleados públicos, no se podría indiscriminadamente señalar que tal aumento se efectuó en violación del principio de igualdad".
Conceptúa que el presupuesto aprobado para el presente año acoge de manera realista, como ingresos, los que efectivamente se pueden alcanzar y, como gastos, aquellos que se pueden financiar, sin recurrir a la decisión "facilista y perversa" de sobrestimar "el monto de los recursos para darle respaldo a compromisos que no podrían pagarse en el curso de la vigencia".
Estima que consultando con el Presupuesto Nacional las verdaderas posibilidades de financiamiento del Estado, los gastos de personal para la presente vigencia no podían tener un reajuste superior al 9% para los servidores públicos que devenguen hasta dos salarios mínimos y, que no era posible decretar ningún incremento para los demás funcionarios. Aduce que "si se decide un incremento distinto, debe tenerse en cuenta que el costo adicional por cada punto que se aumente en los salarios es de 100 mil millones, lo cual conduciría imprescindiblemente a un recorte de la inversión pública, para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas".
Esgrime que al comparar el aumento salarial de los servidores públicos con la inflación esperada del 12%, los servidores públicos tuvieron un incremento real de 3 puntos durante 1999. Prosigue en su argumentación sosteniendo que, "como la inflación prevista para el año 2000 es de un 10% y la masa salarial crecerá en un 5.7%, se presentará en el próximo año una pérdida de 4 puntos, que prácticamente es compensada con el aumento real de 1999 ya señalado".
Expone que en el evento de incrementar los salarios para no afectar la inversión queda la alternativa de suprimir empleos, eliminar o fusionar entidades, "sin olvidar que por cada punto de incremento salarial se deben suprimir 6.500 cargos, con una asignación mensual promedio de $1 millón".
Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Se refiere a la unidad y estabilidad económica, a su juicio principios constitucionales, para afirmar que deben ser interpretados en armonía con la política salarial del país. Considera que " Desconocer que existan fenómenos económicos como la inflación, y pretender que a través de él, la vulneración de un supuesto derecho (aumento salarial), es convertir en un espiral de desaciertos la política económica que terminará erosionando los salarios vía efectos iperinflacionarios, produciéndose de esta manera un desequilibrio."
Se detiene en la jurisprudencia de esta Corporación, en la cual los demandantes se apoyan, para sostener que mediante la sentencia C-710 de 1999 la Corte "declaró parcialmente inexequible el artículo 4° de la Ley 4 de 1992, dejando vigente un aspecto que se refería al reajuste del sistema salarial." Prosigue en el análisis de la sentencia así: "En primer lugar, éste artículo es de origen legal, el cual se encuentra desarrollado en los demás artículos de la Constitución, en efecto existe protección de orden Constitucional que propende por una economía sana, un equilibrio fiscal y una racionalidad en el uso de los recursos, así mismo, existen unos principios que la propia ley que se aduce violada la consagra y que igualmente es Constitucional, por lo tanto la interpretación que se debe dar a la Ley 4a , no es la ciega e irracional tendencia a incrementar los sueldos, sino que debe tener en cuenta los demás principios para que se aumente el salario en la proporción y a los destinatarios que corresponda. En segundo lugar, la Ley 4a y el fallo de la Corte, hacen alusión al reajuste del sistema salarial aumentando la remuneración, situación esta que se cumple en la medida en que se aumenta el sistema como un todo, de una manera focalizada."
Afirma que el artículo 24 de la ley en mención, autorizó al Gobierno Nacional para compilar su articulado con el correspondiente a las leyes 38 de 1989 y 179 de 1994 conformando así el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Añade que este Estatuto, "en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 352 de la Constitución Política, otorgó al Gobierno Nacional la facultad para incorporar en el Presupuesto General de la Nación los gastos autorizados por leyes preexistentes conforme a la disponibilidad de recursos."
Se apoya en las sentencias C-478 de 1992 y C-592 de 1995 M.P.E.C.M., de ésta Corporación para afirmar, que " No existe duda de que el Gobierno es el responsable de la política económica y de desarrollo, por tanto, a él corresponde el manejo de la política fiscal de la Nación, lo cual conduce a que las medidas que adopte en un momento dado no cumplan las expectativas salariales de los servidores públicos."
Sostiene "que para lograr las metas previstas de déficit fiscal y de rezago para el año 2000, el Gobierno Nacional, realizo un estimativo consultando las verdaderas posibilidades de financiamiento, dando como resultado el ajuste salarial del 9% para los servidores públicos que devenguen hasta dos salarios mínimos y del 0% para los demás funcionarios." Resalta que " los servidores públicos tuvieron en 1999 un aumento real de 3 puntos, al comparar el aumento salarial del 15% frente a una inflación esperada del 12%. Como la inflación prevista para el año 2000 es de un 10% y la masa salarial crecerá un 5.6 % se presenta en el presente año una pérdida de 4 puntos que prácticamente es compensada con el aumento real obtenido por los servidores públicos en el año inmediatamente anterior."
Para concluir transcribe un aparte de la sentencia C-710/99 M.P.J.G.H.G., de esta Corporación para afirmar que, "el Gobierno Nacional, podrá en un término prudencial expedir los Decretos que determinen el aumento salarial a partir del 1° de enero del año 2000, para los empleados públicos y oficiales."
Las decisiones que se revisan
Dos de los tutelantes, E.S.A. y O.T.C., impugnaron la decisión que les fue desfavorable. El primero fundamentó su inconformidad en que no se decretaron las pruebas solicitadas y el segundo en que no se tuvo en cuenta que uno de los motivos de su petición fue la discriminación generada por el Decreto 664 de 13 de abril de 1999, mediante el cual se creó una bonificación especial solo para algunos servidores públicos.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a quien correspondió conocer la impugnación presentada por E.S.A., confirmó la decisión del inferior. Además de los argumentos tenidos en cuenta en la sentencia de primera instancia, consideró que lo expuesto en el memorial de impugnación debía ser tomado como una razón adicional para confirmar la alzada, porque, adujo que la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 no puede controvertirse por vía de tutela.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, confirmó, con similares argumentos, la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de S. de Bogotá, para decidir la acción de tutela instaurada por O.T.C.. En respuesta al escrito de impugnación, consideró, que la argumentación de la demanda relativa a la discriminación originada en el Decreto 664 de 1999 fue debidamente respondida por el A Quo al analizar la violación del derecho a la igualdad.
Corresponde a la Corte determinar si el P. de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la vida digna y a la familia de los accionantes, al no haberles incrementado su salario para el año 2000, de conformidad con el Indice de Precios al Consumidor, certificado por el Dane para 1999. Decisión que, según ellos, quebranta el principio constitucional de igualdad, habida cuenta de que se incrementaron los salarios de otros servidores públicos. También habrá de estudiarse si se desconoció el derecho al trabajo, porque, aducen, que este derecho no se limita a la defensa del cargo y de la remuneración que por el mismo se paga, sino que, al decir de los peticionarios, constitucionalmente se exige una correspondencia entre todas las circunstancias que rodean la labor desarrollada y la dignidad humana del trabajador.
Naturaleza de la Acción de Tutela. Improcedencia de esta vía para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constitución Política
Al respecto se ha sostenido que la acción de tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; también se la ha calificado de residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales y además se ha dicho que es informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazadas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Consultar entre otras, las siguientes sentencias: T-329 de 1996, T-026 de 1997, T-272 de 1997, T-273 de 1997, T-331 de 1997, T-235 de 1998, T-414 de 1998 , T-057 de 1999 y. T-815/2000. Debe agregarse además, que la acción de tutela, dada su especificidad, está destinada a proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza o afrenta concreta a una persona determinada.
Esta mención del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta Corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6° y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en "el presupuesto" al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga.Consultar entre otras C-073 y 555 de 1993; C-018de 1996, T-363 de 1997 y C-054 de 1998.
De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno Nacional en materia de gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporación, pero en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideración de ésta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia F. del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas con los números 2780, 2804, 2922 y 3051.
- Improcedencia de la acción de tutela como medida transitoria.
Además, de conformidad con lo expuesto por la apoderada de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, corroborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no contradicho por los actores, "debido a que a los servidores públicos tuvieron en 1999 un incremento real de 3 puntos, al comparar el aumento salarial del 15% frente a una inflación esperada del 12%. Como la inflación prevista para el año 2000 es de un 10% y la masa salarial crecerá un 5.6% , se presenta en el presenta año una pérdida de 4 puntos que prácticamente es compensada con el aumento real obtenido por los servidores públicos en el año inmediatamente anterior". Quiere decir entonces que la violación general impersonal y abstracta del derecho al trabajo de los servidores públicos, invocada para fundamentar el amparo provisional, o ha sido grave e irreparable porque, en términos globales, de llegar la inflación al 10% en el presente año, la pérdida del poder adquisitivo de la masa salarial que conforman estos servidores sería mínima.
No obstante no puede desconocerse el efecto general que en los ingresos de los servidores públicos ocasiona el no haberse decretado el incremento de sus salarios, por tanto, ha de recomendarse al Gobierno Nacional que tal como lo plantea en su escrito de contestación, cuando las circunstancias lo permitan expida "los Decretos que determinen el aumento salarial a partir del 1° de enero del año 2.000 para los empleados públicos y oficiales" puesto que, tal como lo dispone la Constitución Política y lo ha reiterado esta Corporación, el salario es elemento esencial y definitivo para que el trabajador y su familia alcancen y mantengan una vida digna, lo cual implica que no puede permanecer estático sino que debe, cuando menos, permitirle al trabajador conservar su nivel de vida y esto no es posible, si la remuneración que recibe por su trabajo pierde su poder adquisitivo. Al respecto se ha pronunciado así la Corporación:
"Ahora bien, no goza el Gobierno en esta hipótesis de una facultad discrecional y menos todavía arbitraria. Está sujeto a unos límites que la misma norma legal introduce y que esta Corte juzga exequibles, siempre que se los tenga en cuenta a todos y de manera armónica y razonable, agregando a ellos y dando preferencia a los postulados que inspiran el Ordenamiento Constitucional.
(..) Más aún, la Corte coincide con lo expuesto por el Procurador General de la Nación en el sentido de que el Gobierno, en la hipótesis de la norma, debe ponderar los factores contenidos en ella, pero que, en todo caso el reajuste salarial que decrete nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira. Y ello por cuanto, como el Ministerio Público lo dice, el Gobierno está obligado a velar por que el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo contrario, vulnera el artículo 53 de la Constitución." C-815/99 M.P.J.G.H.G.. En el mismo sentido consultar sentencia de 29 de mayo y C-479 de 1992; T-483 de 1993, T 276 y Su-519 de 1997, C-481 de 1999.
En armonía con lo expuesto, debido a que es improcedente la acción de tutela instaurada por los accionantes por existir otro mecanismo de defensa judicial, y el perjuicio aducido no cumple con los requisitos de gravedad y particularidad necesarios para que proceda como amparo transitorio, se confirmarán las decisiones que se revisan proferidas en segunda instancia por las Salas de Casación Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como también las sentencias de primera instancia proferidas por las Salas Penal y Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de S. de Bogotá y Neiva respectivamente, al igual que las proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de S. de Bogotá, mediante las cuales se negaron por improcedentes las acciones de tutela instauradas por los accionantes de la referencia.
Primero. CONFIRMAR las sentencias proferidas por las Salas de Casación Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero y el 2 de febrero del presente año, por medio de la cuales se denegaron las acciones de tutela instauradas respectivamente por E.S.A. y O.T.C. en contra del P. de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 4 de noviembre de 1999 mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por E.S.A. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tercero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 15 de diciembre de 1999 mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por O.T.C. contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Administrativo de la Función Social.
Cuarto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 17 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M.Y.L.D. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Quinto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 16 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M. delP.W.O. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Sexto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 14 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por J.D.R. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Séptimo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 17 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M.B.R. de Guerra contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Octavo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 17 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por R.A.U.C. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Noveno. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 10 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por C.M.G.G. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 17 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por A.H.H. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 17 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M.C.T.G. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 15 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por J.E.C.F. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Tercero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 15 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por R.B.V. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Cuarto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 16 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por J.A.A. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Quinto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 16 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M.E.R.R. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Sexto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 17 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por E.Y.N.L. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Séptimo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 16 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por C.I.A.C. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Octavo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 16 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por C.E.S.G. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Noveno. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 14 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por F.E.D.R. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 16 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por L.Y.B.G. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 16 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por D.Y.C.A. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 16 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por G.I.M.J. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Tercero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 21 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por A.J.B.P. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Cuarto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 21 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por R.A.F.P. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Quinto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 21 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por E.S.G. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Sexto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por L.A.L.S. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Séptimo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por J.S.Y.G. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Octavo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por L.B. de A. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Vigésimo Noveno. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por Y.A.M. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 17 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por J.E.A.R. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 14 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por W.A.C.C. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por A.M.R. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Tercero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por A.M.O.Q. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Cuarto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por L.X.B.Q. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Quinto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 21 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por G.B.G. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Sexto. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 17 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M.E.A. de F. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Séptimo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 23 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por J.M.D.F. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Octavo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M.J.G.C., A.Y.A.L. y J.T.C.R. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Trigésimo Noveno. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 21 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por L.M.B.S. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cuadragésimo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por C.M.R. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cuadragésimo Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 21 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M.J.P.B. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
C.S.. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 18 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por M.A. de B. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
C.T.. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá el 21 de febrero del presente año mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada por R.G.D. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
C.C.. RECOMENDAR al Gobierno Nacional que tal como lo plantea en su escrito de contestación, cuando las circunstancias lo permitan, expida los Decretos que determinen el aumento salarial a partir del 1° de enero del año 2.000 para los empleados públicos y oficiales con el propósito de que los salarios de todos los servidores públicos conserven su poder adquisitivo.
He votado favorablemente esta Sentencia en cuanto estimo que, como en ella se dice, no podría el juez de tutela ordenar a servidor público alguno -en este caso al P. de la República y al Ministro de Hacienda- que, vulnerando el principio constitucional, efectúen pagos o incurran en gastos no contemplados en la Ley de Presupuesto (artículo 345 C.P.).
Sentencia de Tutela nº 999/12 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2012

References: artículo 187
 artículo 1
 artículo 187
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 352
 artículo 71
 artículo 136
 artículo 53