Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2006-10562.htm
Timestamp: 2018-04-20 06:57:37+00:00

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B.O.E. Nº 141 de 14/06/2006
La evoluciÃ³n reciente del mercado de trabajo en EspaÃ±a se ha caracterizado por un fuerte incremento del empleo, que se sitÃºa en el primer trimestre de 2006 en el 4,9 % en tasa de variaciÃ³n interanual. El incremento del empleo se ha producido tanto en los contratos indefinidos como en los temporales, aunque mÃ¡s intensamente en estos Ãºltimos. El notable aumento del empleo, pese a que ha ido acompaÃ±ado de una aceleraciÃ³n de la poblaciÃ³n activa, ha determinado un descenso de la tasa de paro, desde el 11,5 % en 2002 y 2003 hasta el 9,2 % en 2005 y el 9,1 % en el primer trimestre de 2006, lo que significa que dicha tasa se encuentra, por primera vez desde 1979, por debajo del 10 %.
Pese a ello, todavÃ­a persisten problemas en el mercado de trabajo espaÃ±ol que deben superarse, con la finalidad de cumplir los compromisos de la Estrategia de Lisboa y, en general, de mejorar la situaciÃ³n de los trabajadores. Entre estos problemas, cuya superaciÃ³n se encuentra entre los objetivos principales de este real decreto-ley, figuran la reducida tasa de ocupaciÃ³n y actividad de las mujeres espaÃ±olas, el que la tasa de paro todavÃ­a supere ligeramente a la media de la UniÃ³n Europea, siendo especialmente elevada en el caso de los jÃ³venes, las mujeres y las personas con discapacidad, la persistencia de segmentaciones entre contratos temporales e indefinidos y, sobre todo, la elevada tasa de temporalidad, la mÃ¡s alta de la UniÃ³n Europea, y por encima del doble de la media de Ã©sta. En relaciÃ³n con la tasa de temporalidad, ademÃ¡s son relevantes los niveles particularmente elevados de las correspondientes a los jÃ³venes, las mujeres, los trabajadores menos cualificados y de menores salarios y los trabajadores con discapacidad.
El destacado papel desempeÃ±ado en este proceso por los interlocutores sociales, y mÃ¡s concretamente por las organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores, ha sido posible gracias al reconocimiento que el artÃ­culo 7 de la ConstituciÃ³n hace de tales organizaciones para la defensa y promociÃ³n de los intereses que les son propios. La experiencia de los mÃ¡s de veinticinco aÃ±os transcurridos desde la aprobaciÃ³n del Estatuto de los Trabajadores nos enseÃ±a que los cambios y reformas del modelo de relaciones laborales y del mercado de trabajo de las que se han derivado efectos mÃ¡s positivos para la economÃ­a espaÃ±ola, para la creaciÃ³n de empleo y para mejorar la situaciÃ³n de los trabajadores, son siempre aquellas que han tenido su origen en el diÃ¡logo, en la concertaciÃ³n y en el consenso social. Por ello, el mercado de trabajo fue, lÃ³gicamente, uno de los Ã¡mbitos del diÃ¡logo social que se incluyeron en la DeclaraciÃ³n para el DiÃ¡logo Social Â«Competitividad, Empleo estable y CohesiÃ³n socialÂ» suscrita el 8 de julio de 2004 por el Presidente del Gobierno, los Presidentes de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de la PequeÃ±a y Mediana Empresa (CEPYME) y los Secretarios Generales de la ConfederaciÃ³n Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y de la UniÃ³n General de Trabajadores (UGT). En la indicada DeclaraciÃ³n, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos compartieron el diagnÃ³stico sobre el doble problema del mercado de trabajo espaÃ±ol, insuficiente volumen de empleo y alto nivel de temporalidad. AdemÃ¡s, se comprometieron a analizar los elementos que inciden en la creaciÃ³n de empleo, en su estabilidad y la utilizaciÃ³n no justificada de la contrataciÃ³n temporal. Para ello, habÃ­an de tenerse en cuenta las nuevas formas de organizaciÃ³n empresarial del trabajo. El impulso de las polÃ­ticas activas de empleo y de los Servicios PÃºblicos de Empleo, asÃ­ como la adecuada protecciÃ³n de los trabajadores ante la falta de empleo, fueron considerados tambiÃ©n objetivos imprescindibles e inaplazables.
Desde la primavera de 2005, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos han venido desarrollando un proceso de diÃ¡logo y negociaciÃ³n sobre el mercado de trabajo. Las reuniones celebradas por la Mesa de DiÃ¡logo Social, junto con los documentos de propuestas presentados por todas las partes, han permitido profundizar de forma detallada y precisa en el conjunto de aspectos que, a juicio de cada interlocutor, inciden en el crecimiento del empleo, la mejora de la estabilidad laboral y la utilizaciÃ³n adecuada de la contrataciÃ³n temporal. Dando por concluidos los trabajos previstos en la DeclaraciÃ³n de julio de 2004 en los Ã¡mbitos especÃ­ficos relativos al mercado de trabajo, el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT firmaron el pasado 9 de mayo el Â«Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleoÂ», que constituye una nueva manifestaciÃ³n de la concertaciÃ³n social y del consenso que, como se seÃ±alÃ³ antes, tan positivos efectos ha producido tradicionalmente para el mercado de trabajo. DespuÃ©s de ratificar su compromiso con el diÃ¡logo y la negociaciÃ³n como instrumento para abordar cambios que mejoren el funcionamiento del mercado laboral, los firmantes seÃ±alan en el preÃ¡mbulo del Acuerdo que Â«resulta fundamental impulsar un modelo de crecimiento econÃ³mico equilibrado y duradero basado en la competitividad de las empresas, el incremento de la productividad y la cohesiÃ³n social. La mejora de la estabilidad del empleo, objetivo de este Acuerdo, contribuirÃ¡ a avanzar en esa direcciÃ³nÂ». El Gobierno y los interlocutores sociales recuerdan tambiÃ©n que Â«las polÃ­ticas laborales y de empleo deben ir necesariamente acompaÃ±adas de polÃ­ticas sÃ³lidas en educaciÃ³n y formaciÃ³n, en infraestructuras, en investigaciÃ³n, desarrollo e innovaciÃ³n y en materia industrial y medioambiental, elementos esenciales para el crecimiento y la calidad del empleoÂ». El Â«Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleoÂ», en tanto que plasmaciÃ³n del consenso entre las partes, constituye un punto de equilibrio que se orienta en la direcciÃ³n de apoyar y sostener la creaciÃ³n de empleo asÃ­ como mejorar el funcionamiento del mercado laboral y la estabilidad del empleo. Las medidas que incluye el Acuerdo se dirigen, por tanto, a afrontar los desequilibrios de nuestro mercado de trabajo, insuficiente volumen de empleo y elevada temporalidad, pudiÃ©ndose agrupar tales medidas en tres grandes capÃ­tulos. En primer lugar, el Acuerdo contiene medidas dirigidas a impulsar y apoyar el empleo, la contrataciÃ³n indefinida y la conversiÃ³n de empleo temporal en fijo, bonificando y estimulando los nuevos contratos indefinidos y reduciendo las cotizaciones empresariales al Fondo de GarantÃ­a Salarial y por desempleo, centradas estas Ãºltimas en el empleo estable. En segundo lugar el Acuerdo incluye medidas para limitar la utilizaciÃ³n sucesiva de contratos temporales, asÃ­ como para introducir mayor transparencia en la subcontrataciÃ³n de obras y servicios entre empresas cuando comparten un mismo centro de trabajo. Se contempla tambiÃ©n el refuerzo de los recursos humanos y materiales de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social, articulando la participaciÃ³n de los interlocutores sociales en la definiciÃ³n de sus objetivos y programas. En tercer lugar, se acuerdan medidas destinadas, por una parte, a potenciar la eficiencia de las polÃ­ticas activas de empleo y la capacidad de actuaciÃ³n del Sistema Nacional de Empleo, y, por otra, a mejorar la protecciÃ³n de los trabajadores ante la falta de empleo, tanto en materia de protecciÃ³n por desempleo como en las prestaciones del Fondo de GarantÃ­a Salarial. En suma, el Acuerdo supone una apuesta estratÃ©gica del Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos por la estabilidad del empleo.
Este real decreto-ley tiene, por tanto, por objeto dar urgente ejecuciÃ³n a aquellas medidas contenidas en el Acuerdo que exigen la adopciÃ³n o modificaciÃ³n de normas con rango de Ley. Puesto que las medidas se van a ejecutar en el Ã¡mbito de las relaciones laborales, dependiendo por ello de manera sustancial de los criterios y actitudes de sus protagonistas, la norma recoge con fidelidad los criterios y propuestas que han expresado los interlocutores sociales firmantes del Acuerdo, como garantÃ­a de la efectividad de la nueva regulaciÃ³n. El real decreto-ley se estructura en tres capÃ­tulos. El primero de ellos incluye las medidas de impulso de la contrataciÃ³n indefinida y, entre ellas, el nuevo Programa de Fomento del Empleo, el estÃ­mulo de la conversiÃ³n de contratos temporales en indefinidos y la reducciÃ³n de cotizaciones empresariales. El segundo capÃ­tulo recoge diversas modificaciones de la legislaciÃ³n laboral para mejorar la utilizaciÃ³n de la contrataciÃ³n temporal, la transparencia en la subcontrataciÃ³n de obras y servicios y su delimitaciÃ³n respecto de la cesiÃ³n ilegal de trabajadores y las prestaciones del Fondo de GarantÃ­a Salarial. Y el tercero, las mejoras de la protecciÃ³n por desempleo de colectivos especÃ­ficos. El nuevo Programa de Fomento del Empleo se dirige fundamentalmente a impulsar la utilizaciÃ³n de la contrataciÃ³n indefinida inicial por parte de las empresas. A tal fin se concentran los apoyos pÃºblicos en la contrataciÃ³n estable y se favorecen la conversiÃ³n de empleos que hoy son temporales en fijos mediante un Plan extraordinario de carÃ¡cter excepcional y vigencia limitada. Para alcanzar los objetivos arriba seÃ±alados, se modifica el sistema de incentivos a la contrataciÃ³n indefinida de acuerdo con los siguientes criterios: mejor selecciÃ³n de los colectivos beneficiarios; simplificaciÃ³n de las cuantÃ­as de las bonificaciones; ampliaciÃ³n de la duraciÃ³n de los incentivos con el objetivo de favorecer el mantenimiento del empleo; y sustituciÃ³n de los porcentajes de bonificaciÃ³n actuales por cuantÃ­as fijas de bonificaciÃ³n. Por otra parte, partiendo de que el Acuerdo Interconfederal de Estabilidad en el Empleo de 1997, firmado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, merece a la vista de sus resultados una valoraciÃ³n positiva, no parece oportuno introducir alteraciones sustanciales en la legislaciÃ³n laboral. Sin embargo, resulta necesario revisar los lÃ­mites temporales actualmente vigentes, contenidos en la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que limitan la posibilidad de conversiÃ³n en contratos de fomento de la contrataciÃ³n indefinida a los contratos temporales suscritos con anterioridad a 31 de diciembre de 2003, lo que puede haber impedido en los Ãºltimos aÃ±os conversiones en contratos indefinidos de determinados contratos temporales celebrados despuÃ©s de esa fecha. Igualmente, para contribuir al objetivo de mantener la creaciÃ³n de empleo y fomentar la utilizaciÃ³n de la contrataciÃ³n indefinida, se establece una cotizaciÃ³n empresarial por desempleo para los contratos indefinidos menor que la actual, que se concreta en una reducciÃ³n inicial de 0,25 puntos porcentuales aplicable desde el 1 de julio de 2006 y que irÃ¡ seguida de otra reducciÃ³n adicional de 0,25 puntos porcentuales a partir del 1 de julio de 2008 que se establecerÃ¡ en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, se elimina el recargo en la cotizaciÃ³n por desempleo en los contratos temporales celebrados por empresas de trabajo temporal y se reduce la cotizaciÃ³n empresarial al Fondo de GarantÃ­a Salarial, sin por ello afectar el equilibrio financiero de la instituciÃ³n. En materia de contrataciÃ³n temporal, siendo objetivo prioritario la necesidad de reducir la temporalidad, se incluyen en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, lÃ­mites temporales para los sucesivos contratos de este carÃ¡cter que puede suscribir una empresa con un trabajador. Se deroga tambiÃ©n la figura del contrato temporal de inserciÃ³n, que no ha cumplido las expectativas para las que se habÃ­a creado, y se modifica la regulaciÃ³n de los lÃ­mites mÃ¡ximos de edad de los trabajadores con los que se pueden suscribir contratos para la formaciÃ³n. En relaciÃ³n con la subcontrataciÃ³n de obras y servicios, se actualizan algunos elementos de la legislaciÃ³n vigente con el objetivo de asegurar que la organizaciÃ³n empresarial de la producciÃ³n mediante diversas fÃ³rmulas de descentralizaciÃ³n productiva sea compatible con la protecciÃ³n de los trabajadores, especialmente cuando se trate de empresas principal, contratistas y subcontratistas que comparten de forma continuada un mismo centro de trabajo. Por otra parte, se procede a deslindar la subcontrataciÃ³n de obras y servicios entre empresas de las prÃ¡cticas que incurren en la figura de la cesiÃ³n ilegal de trabajadores, teniendo presente que, segÃºn nuestra legislaciÃ³n, la contrataciÃ³n de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sÃ³lo puede efectuarse legalmente a travÃ©s de empresas de trabajo temporal. Con esta finalidad, se incorpora al Estatuto de los Trabajadores una definiciÃ³n de la cesiÃ³n ilegal de trabajadores, que traslada a la ley la jurisprudencia sobre esta materia. Dentro de las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, se mejora la protecciÃ³n de los trabajadores dispensada por el Fondo de GarantÃ­a Salarial en caso de insolvencia empresarial. Para ello, se modifican los lÃ­mites y topes de cÃ¡lculo actualmente aplicados (cuantÃ­a del salario mÃ­nimo, consideraciÃ³n de las pagas extraordinarias, nÃºmero de dÃ­as de salario e indemnizaciÃ³n adeudados), y se incluyen entre las indemnizaciones protegidas por el FOGASA algunas que no figuran en la actual redacciÃ³n del artÃ­culo 33 del Estatuto de los Trabajadores (indemnizaciones por determinadas extinciones de contratos por causas objetivas o en el marco de un procedimiento concursal, asÃ­ como las debidas por finalizaciÃ³n de contratos temporales). La protecciÃ³n de los trabajadores ante la falta de empleo se ve completada a travÃ©s de las modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Un examen del sistema de protecciÃ³n por desempleo ha permitido identificar determinados colectivos especÃ­ficos cuya protecciÃ³n conviene reforzar como son, entre otros, los mayores de cuarenta y cinco aÃ±os sin responsabilidades familiares asÃ­ como los trabajadores fijos discontinuos. Por todo ello, se incluyen una serie de medidas para mejorar la cobertura y protecciÃ³n de esos colectivos. Por otro lado, entre los objetivos compartidos por los firmantes del Acuerdo figura el de reforzar el Sistema de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social para mejorar la eficacia y la eficiencia del mismo. Para ello, se articula en el real decreto-ley la necesaria consulta y participaciÃ³n de los interlocutores sociales en la definiciÃ³n de los objetivos y programas de la InspecciÃ³n, en los Ã¡mbitos estatal y autonÃ³mico. Finalmente, con objeto de potenciar la capacidad de actuaciÃ³n del Sistema Nacional de Empleo, se incluye en el real decreto-ley el necesario establecimiento de un Plan Global de ModernizaciÃ³n del Servicio PÃºblico de Empleo Estatal, que garantice la adecuada coordinaciÃ³n con los Servicios PÃºblicos de Empleo autonÃ³micos.
Asimismo, en coherencia con el compromiso asumido por los firmantes de la DeclaraciÃ³n para el DiÃ¡logo Social de 8 de julio de 2004 en cuanto al estudio de la revalorizaciÃ³n de instituciones laborales como la ComisiÃ³n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, se incluye en este real decreto-ley una disposiciÃ³n, igualmente consensuada, para que asuma funciones de observatorio de la negociaciÃ³n colectiva, previÃ©ndose la adaptaciÃ³n por el Gobierno de su marco jurÃ­dico institucional.
El Gobierno estÃ¡ convencido de que el crecimiento mÃ¡s sÃ³lido es el que se basa en el empleo estable y de que el desarrollo de mÃ¡s calidad es el que se basa en el empleo de calidad.
Para que la economÃ­a espaÃ±ola y nuestro mercado de trabajo puedan empezar a beneficiarse de manera inmediata de los positivos efectos que sin duda se derivarÃ¡n de las medidas incluidas en el Â«Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleoÂ» resulta necesario y urgente ponerlas en marcha cuanto antes, tanto mÃ¡s cuando se trata de medidas consensuadas entre el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. El Gobierno tiene la convicciÃ³n de que la aplicaciÃ³n conjunta y coordinada del conjunto de medidas acordadas, todas ellas en la direcciÃ³n adecuada, supondrÃ¡n un avance hacia los objetivos de reducir progresivamente la tasa de temporalidad, preservar e impulsar la creaciÃ³n de empleo, afianzar la seguridad y los derechos de los trabajadores y no reducir la flexibilidad necesaria para el funcionamiento de las empresas. La firma pÃºblica el pasado 9 de mayo del Â«Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleoÂ» ha permitido a cuantos intervienen en el mercado de trabajo conocer el contenido de las medidas acordadas. A la hora de proceder a su ejecuciÃ³n normativa, debe resaltarse que alguna de esas medidas (en particular, las referidas al plan extraordinario para la conversiÃ³n de empleo temporal en fijo) incluyen plazos tasados que pueden estar afectando ya a decisiones empresariales sobre contrataciÃ³n estable de trabajadores o sobre conversiÃ³n de contratos temporales en fijos. La creaciÃ³n de empleo, el impulso de la contrataciÃ³n indefinida, la reducciÃ³n de la tasa de temporalidad, la mejora de la protecciÃ³n de los trabajadores ante la falta de empleo y la modernizaciÃ³n de los Servicios PÃºblicos de Empleo son en todos los casos objetivos tan legÃ­timos como inaplazables, de los que sin duda van a derivarse efectos muy beneficiosos para nuestra economÃ­a y nuestro mercado de trabajo y, mÃ¡s en general, para la sociedad espaÃ±ola. Por todo ello, el Gobierno considera que el conjunto de las medidas acordadas debe ser puesto en prÃ¡ctica con carÃ¡cter inmediato, lo que difÃ­cilmente se lograrÃ­a a travÃ©s de los procedimientos legislativos ordinarios, ni siquiera a travÃ©s de su tramitaciÃ³n parlamentaria por el procedimiento de urgencia, previÃ©ndose una entrada en vigor aplazada al primer dÃ­a del mes siguiente a su publicaciÃ³n para determinados aspectos de contenido econÃ³mico, con el fin de posibilitar el conocimiento material de la norma y las necesarias adaptaciones, tanto en el Ã¡mbito empresarial como en el de la gestiÃ³n recaudatoria y de las prestaciones por desempleo. El Gobierno entiende, por tanto, que concurren en este caso las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n para la utilizaciÃ³n del real decreto-ley. En su virtud, haciendo uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta conjunta de los Ministros de EconomÃ­a y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 9 de junio de 2006,
2. Asimismo, se regulan con carÃ¡cter excepcional bonificaciones para los contratos temporales que se celebren con trabajadores con discapacidad o con personas que se encuentren en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social, siempre que, en ambos casos, estÃ©n desempleados e inscritos en la Oficina de Empleo, asÃ­ como con personas que tengan acreditada la condiciÃ³n de vÃ­ctima de violencia de gÃ©nero en los tÃ©rminos de la Ley OrgÃ¡nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de ProtecciÃ³n Integral contra la Violencia de GÃ©nero, o de vÃ­ctima de violencia domÃ©stica. 3. PodrÃ¡n ser beneficiarios de las bonificaciones establecidas en este Programa de Fomento del Empleo las empresas, incluidos los trabajadores autÃ³nomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas Ãºltimas hayan optado por un rÃ©gimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena. 4. QuedarÃ¡n excluidos de los beneficios del presente Programa la AdministraciÃ³n General del Estado y los Organismos regulados en el TÃ­tulo III y en la disposiciÃ³n adicional dÃ©cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÃ³n y Funcionamiento de la AdministraciÃ³n General del Estado, asÃ­ como las Administraciones AutonÃ³micas y las Entidades Locales y sus Organismos pÃºblicos. 5. La cuantÃ­a y duraciÃ³n de las bonificaciones se regirÃ¡n por lo establecido en los artÃ­culos siguientes, incluyÃ©ndose a efectos informativos un cuadro-resumen de las mismas en el anexo de este real decreto-ley.
1. Los empleadores que contraten indefinidamente a tiempo completo, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se seÃ±alan en esta SecciÃ³n, se podrÃ¡n bonificar en la cuota empresarial a la Seguridad Social en la siguiente duraciÃ³n y cuantÃ­a mensual o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado perteneciente a alguno de los siguientes colectivos: a) Mujeres en general: 70,83 euros/mes (850/aÃ±o) durante 4 aÃ±os.
b) Mujeres que sean contratadas en los veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto, o de la adopciÃ³n o acogimiento tanto preadoptivo como permanente: 100 euros/mes (1.200 euros/aÃ±o) durante 4 aÃ±os. c) Mujeres que se reincorporen al empleo despuÃ©s de cinco aÃ±os de inactividad laboral, siempre que, anteriormente a la retirada del mercado de trabajo, hubiesen estado de alta en cualquier rÃ©gimen de Seguridad Social durante un mÃ­nimo de 3 aÃ±os: 100 euros/mes (1.200 euros/aÃ±o) durante 4 aÃ±os. d) Mayores de cuarenta y cinco aÃ±os: 100 euros/mes (1.200 euros/aÃ±o) durante toda la vigencia del contrato. e) JÃ³venes de diecisÃ©is a treinta aÃ±os, ambos inclusive: 66,67 euros/mes (800 euros/aÃ±o) durante 4 aÃ±os. f) Trabajadores inscritos como desempleados ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante, al menos, seis meses: 50 euros/mes (600 euros/aÃ±o) durante 4 aÃ±os.
2. Los empleadores, incluidos los Centros Especiales de Empleo, que contraten indefinidamente a personas con discapacidad tendrÃ¡n derecho a una bonificaciÃ³n mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario por trabajador contratado, de 250 euros/mes (3.000 euros aÃ±o) durante toda la vigencia del contrato. La misma bonificaciÃ³n se disfrutarÃ¡ en el supuesto de transformaciÃ³n en indefinidos de los contratos temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad o de transformaciÃ³n en indefinidos de los contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.
Cuando se trate de la contrataciÃ³n indefinida de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, procedentes de enclaves laborales, la bonificaciÃ³n a que tendrÃ¡ derecho la empresa colaboradora serÃ¡ de 266,67 euros/mes (3.200 euros/aÃ±o) durante toda la vigencia del contrato. En el caso de que las personas con discapacidad sean contratadas mediante el contrato temporal de fomento de empleo la bonificaciÃ³n ascenderÃ¡ a 183,33 euros/mes (2.200 euros/aÃ±o), durante toda la vigencia del contrato. TendrÃ¡n derecho a la misma bonificaciÃ³n los Centros Especiales de Empleo que contraten a estos trabajadores mediante cualquier contrato temporal, incluidos los formativos. Para tener derecho a los beneficios establecidos en este apartado los trabajadores con discapacidad deberÃ¡n tener un grado de minusvalÃ­a igual o superior al 33 por ciento o la especÃ­ficamente establecida en el caso de enclaves laborales. Se considerarÃ¡n tambiÃ©n incluidos los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensiÃ³n de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensiÃ³n de jubilaciÃ³n o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 3. Los empleadores que contraten indefinidamente a personas que tengan acreditada la condiciÃ³n de vÃ­ctima de violencia de gÃ©nero en los tÃ©rminos de la Ley OrgÃ¡nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de ProtecciÃ³n Integral contra la Violencia de GÃ©nero, o de vÃ­ctima de violencia domÃ©stica, sin que sea necesaria la condiciÃ³n de estar en desempleo, tendrÃ¡n derecho, desde la fecha de celebraciÃ³n del contrato, a una bonificaciÃ³n mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 70,83 euros/mes (850 euros/aÃ±o) durante 4 aÃ±os. En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendrÃ¡ derecho a una bonificaciÃ³n mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/aÃ±o), durante toda la vigencia del contrato. 4. Los empleadores que contraten indefinidamente a trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social, incluidos en los colectivos relacionados en la disposiciÃ³n adicional segunda de este real decreto-ley, y que tengan acreditada esta condiciÃ³n por los servicios sociales u Ã³rganos competentes, podrÃ¡n acogerse a las bonificaciones mensuales de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado, de 50 euros/mes (600 euros/aÃ±o) durante 4 aÃ±os. En el caso de que la contrataciÃ³n sea temporal darÃ¡ derecho a una bonificaciÃ³n de 41,67 euros/mes (500 euros/aÃ±o), durante toda la vigencia del contrato. 5. Igualmente se incentivarÃ¡ la transformaciÃ³n en indefinidos de los contratos formativos, de relevo y de sustituciÃ³n por anticipaciÃ³n de la edad de jubilaciÃ³n, cualquiera que sea la fecha de su celebraciÃ³n y de su transformaciÃ³n en indefinido, con una bonificaciÃ³n mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 41,67 euros/ mes (500 euros aÃ±o) durante 4 aÃ±os, sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 3. 6. En todos los casos mencionados en este artÃ­culo, cuando el contrato indefinido o temporal sea a tiempo parcial, las bonificaciones previstas en cada caso se aplicarÃ¡n en las siguientes proporciones:
7. Los contratos de trabajo que se celebren con los trabajadores incluidos en los colectivos a que se refiere este artÃ­culo se formalizarÃ¡n en el modelo oficial que facilite el Servicio PÃºblico de Empleo Estatal.
1. Los contratos de duraciÃ³n determinada o temporales, incluidos los formativos, de relevo y de sustituciÃ³n por jubilaciÃ³n, celebrados con anterioridad al 1 de junio de 2006, que se transformen en indefinidos, antes del 1 de enero de 2007, darÃ¡n derecho a una bonificaciÃ³n mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario por trabajador contratado, de 66,67 euros/mes (800 euros/aÃ±o), durante 3 aÃ±os.
2. En el caso de que los contratos sean a tiempo parcial la bonificaciÃ³n se aplicarÃ¡ en los tÃ©rminos del artÃ­culo 2.6. 3. Los contratos de trabajo a que se refiere este artÃ­culo se formalizarÃ¡n en el modelo oficial que facilite el Servicio PÃºblico de Empleo Estatal.
1. Los contratos de trabajo de carÃ¡cter indefinido de los trabajadores de sesenta o mÃ¡s aÃ±os, con una antigÃŒedad en la empresa de cinco o mÃ¡s aÃ±os, darÃ¡n derecho a la bonificaciÃ³n del 50 % de la aportaciÃ³n empresarial en la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas, sobre las cuotas devengadas desde la fecha de cumplimiento de los requisitos anteriormente seÃ±alados, incrementÃ¡ndose anualmente dicha bonificaciÃ³n en un 10 % transcurrido un aÃ±o desde su aplicaciÃ³n, hasta alcanzar un mÃ¡ximo del 100 %.
Si, al cumplir sesenta aÃ±os de edad, el trabajador no tuviere la antigÃŒedad en la empresa de cinco aÃ±os, la bonificaciÃ³n a la que se refiere el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ aplicable a partir de la fecha en que alcance la citada antigÃŒedad. 2. Los contratos de trabajo de carÃ¡cter indefinido de las mujeres trabajadoras que sean suspendidos por maternidad o por excedencia por cuidado de hijo darÃ¡n derecho, cuando se produzca la reincorporaciÃ³n efectiva de la mujer al trabajo en los dos aÃ±os siguientes a la fecha del inicio del permiso de maternidad, siempre que esta incorporaciÃ³n sea a partir del 1 de julio de 2006, a una bonificaciÃ³n mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario por trabajador contratado, de 100 euros al mes (1.200 euros/aÃ±o) durante los 4 aÃ±os siguientes a la reincorporaciÃ³n efectiva de la mujer al trabajo. En el supuesto de que el contrato fuera de duraciÃ³n determinada o temporal, se tendrÃ¡ derecho a esa misma bonificaciÃ³n si en el momento de la reincorporaciÃ³n el contrato se transforma en indefinido. En el caso de que los contratos sean a tiempo parcial, la bonificaciÃ³n se aplicarÃ¡ en los tÃ©rminos del artÃ­culo 2.6.
Los beneficiarios de las bonificaciones previstas en este Programa deberÃ¡n reunir los siguientes requisitos: a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social tanto en la fecha de alta de los trabajadores como durante la aplicaciÃ³n de las bonificaciones correspondientes. Si durante el periodo de bonificaciÃ³n existe una falta de ingreso en plazo reglamentario de dichas obligaciones, se producirÃ¡ la pÃ©rdida automÃ¡tica de las bonificaciones reguladas en el presente Programa, respecto de las cuotas correspondientes a perÃ­odos no ingresados en dicho plazo, teniÃ©ndose en cuenta dicho periodo como consumido para el cÃ³mputo del tiempo mÃ¡ximo de bonificaciÃ³n.
1. Las bonificaciones previstas en este Programa no se aplicarÃ¡n en los siguientes supuestos: a) Relaciones laborales de carÃ¡cter especial previstas en el artÃ­culo 2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, u otras disposiciones legales.
b) Contrataciones que afecten al cÃ³nyuge, ascendientes, descendientes y demÃ¡s parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de direcciÃ³n o sean miembros de los Ã³rganos de administraciÃ³n de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurÃ­dica de sociedad, asÃ­ como las que se produzcan con estos Ãºltimos. No serÃ¡ de aplicaciÃ³n esta exclusiÃ³n cuando el empleador sea un trabajador autÃ³nomo sin asalariados, y contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco aÃ±os, que no conviva en su hogar ni estÃ© a su cargo. c) Contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la contrataciÃ³n hubiesen prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido, o en los Ãºltimos seis meses mediante un contrato de duraciÃ³n determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de sustituciÃ³n por jubilaciÃ³n. No se aplicarÃ¡ lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior en los supuestos de transformaciÃ³n de los contratos, en que se estarÃ¡ a lo previsto en los artÃ­culos 2.5, 3 y 4.2. Lo dispuesto en este apartado serÃ¡ tambiÃ©n de aplicaciÃ³n en el supuesto de vinculaciÃ³n laboral anterior del trabajador con empresas a las que el solicitante de los beneficios haya sucedido en virtud de lo establecido en el artÃ­culo 44 del Estatuto de los Trabajadores. d) Trabajadores que hayan finalizado su relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter indefinido en otra empresa en un plazo de tres meses previos a la formalizaciÃ³n del contrato. Esta exclusiÃ³n no se aplicarÃ¡ cuando la finalizaciÃ³n del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo. e) Incorporaciones de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales cuando hayan mantenido un vÃ­nculo contractual previo con dichas sociedades superior a los doce meses.
El periodo de exclusiÃ³n se contarÃ¡ a partir del reconocimiento o de la declaraciÃ³n de improcedencia del despido o de la extinciÃ³n derivada del despido colectivo. 3. Cuando se trate de contrataciones con trabajadores con discapacidad, solo les serÃ¡ de aplicaciÃ³n las exclusiones de la letra c), si el contrato previo hubiera sido por tiempo indefinido, y de la letra d) del apartado 1, asÃ­ como la establecida en el apartado 2. No obstante, la exclusiÃ³n establecida en la letra d) del apartado 1 no serÃ¡ de aplicaciÃ³n en el supuesto de incorporaciÃ³n a las empresas colaboradoras de los trabajadores con discapacidad procedentes de enclaves laborales.
No obstante lo seÃ±alado en el pÃ¡rrafo anterior, las bonificaciones en las cotizaciones previstas para los contratos indefinidos con trabajadores de sesenta o mÃ¡s aÃ±os y con una antigÃŒedad en la empresa de cinco o mÃ¡s aÃ±os serÃ¡n compatibles con las bonificaciones establecidas con carÃ¡cter general, sin que en ningÃºn caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artÃ­culo 112 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 2. Las bonificaciones no podrÃ¡n, en ningÃºn caso, superar el 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social que hubiera correspondido ingresar. 3. Las bonificaciones aquÃ­ previstas no podrÃ¡n, en concurrencia con otras medidas de apoyo pÃºblico establecidas para la misma finalidad, superar el 60 % del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica, salvo en el caso de los trabajadores con discapacidad contratados por los Centros Especiales de Empleo, en que se estarÃ¡ a lo establecido en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones destinadas a la integraciÃ³n laboral de las personas con discapacidad en estos Centros.
1. Cuando, durante la vigencia de un contrato bonificado al amparo de este real decreto-ley que se hubiera concertado a tiempo parcial, se transforme en a tiempo completo, o viceversa, no se perderÃ¡n las bonificaciones, sino que se percibirÃ¡n conforme corresponda al nuevo contrato, sin que ello suponga el inicio de ningÃºn nuevo periodo de bonificaciÃ³n.
En el supuesto de que se reitere la novaciÃ³n del contrato a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, se perderÃ¡n las bonificaciones a partir de la segunda novaciÃ³n, salvo que esta Ãºltima sea de tiempo parcial a tiempo completo. No se producirÃ¡ tampoco la pÃ©rdida de las bonificaciones en los supuestos en que los trabajadores jubilados parcialmente incrementen anualmente la reducciÃ³n de su jornada de trabajo y salario, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 2. Se podrÃ¡n mantener las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por la contrataciÃ³n indefinida de un trabajador cuando Ã©ste haya extinguido voluntariamente un contrato acogido a medidas previstas en los Programas de fomento del empleo de aplicaciÃ³n a partir del 17 de mayo de 1997, incluidas las medidas reguladas en este Programa de Fomento, y sea contratado sin soluciÃ³n de continuidad mediante un nuevo contrato indefinido, a tiempo completo o parcial, incluida la modalidad de fijo discontinuo, por otra empresa o entidad, dentro del mismo grupo de empresas. En este caso, al nuevo contrato le serÃ¡n de aplicaciÃ³n las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social que respecto del trabajador se vinieran disfrutando por el anterior empleador, en la misma cuantÃ­a y por el tiempo que reste para completar el perÃ­odo total previsto en el momento de su contrataciÃ³n indefinida inicial. En el supuesto de que el contrato fuera a tiempo parcial y se transforme en a tiempo completo o viceversa, se estarÃ¡ a lo establecido en el apartado anterior. Si el primer empleador hubiera percibido alguna otra ayuda de fomento del empleo por la misma contrataciÃ³n, no estarÃ¡ obligado a su devoluciÃ³n, ni se tendrÃ¡ derecho a una nueva ayuda en su caso por el nuevo contrato. 3. En caso de sucesiÃ³n de empresas, en virtud de lo establecido en el artÃ­culo 44 del Estatuto de los Trabajadores, el nuevo empleador no perderÃ¡ el derecho a las bonificaciones disfrutadas por el anterior, beneficiÃ¡ndose de ellas por el tiempo que reste hasta el periodo mÃ¡ximo que correspondiera.
La Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, queda modificada como sigue: Uno. La letra b) del apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional primera queda redactada en los siguientes tÃ©rminos: Â«b) Trabajadores que, en la fecha de celebraciÃ³n del nuevo contrato de fomento de la contrataciÃ³n indefinida, estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duraciÃ³n determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007.Â»
Â«Si se procediera segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberÃ¡ depositar en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemnizaciÃ³n ya percibida por el trabajador segÃºn el artÃ­culo 53.1.b) de la misma Ley y la seÃ±alada en el pÃ¡rrafo anterior.Â»
El nÃºmero 2 del apartado Nueve del artÃ­culo 110 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2006, queda redactado en los siguientes tÃ©rminos: Â«2. A partir del 1 de julio de 2006, los tipos de cotizaciÃ³n serÃ¡n los siguientes: A. Para la contingencia de desempleo: a) ContrataciÃ³n indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, asÃ­ como la contrataciÃ³n de duraciÃ³n determinada en las modalidades de contratos formativos en prÃ¡cticas, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,30 por ciento, del que el 5,75 por ciento serÃ¡ a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
2.Âº ContrataciÃ³n de duraciÃ³n determinada a tiempo parcial: 9,30 por ciento, del que el 7,70 por ciento serÃ¡ a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. El tipo de cotizaciÃ³n para los trabajadores por cuenta ajena de carÃ¡cter eventual, incluidos en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social, serÃ¡ el fijado en el apartado 1.Âº, pÃ¡rrafo b) anterior, para la contrataciÃ³n de duraciÃ³n determinada a tiempo completo, salvo cuando sea de aplicaciÃ³n el tipo de cotizaciÃ³n previsto en el pÃ¡rrafo a) anterior, para contratos concretos de duraciÃ³n determinada o para trabajadores discapacitados. La cuota a ingresar por el trabajador y por el empresario se reducirÃ¡, respectivamente, en un 30 por ciento.
ArtÃ­culo 12. ModificaciÃ³n del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
El Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado como sigue: Uno. La letra a) del apartado 2 del artÃ­culo 11 queda redactada del siguiente modo: Â«a) Se podrÃ¡ celebrar con trabajadores mayores de diecisÃ©is aÃ±os y menores de veintiÃºn aÃ±os que carezcan de la titulaciÃ³n requerida para realizar un contrato en prÃ¡cticas.
El lÃ­mite mÃ¡ximo de edad serÃ¡ de veinticuatro aÃ±os cuando el contrato se concierte con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios. El lÃ­mite mÃ¡ximo de edad no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando el contrato se concierte con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de talleres de empleo o se trate de personas con discapacidad.Â»
Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las caracterÃ­sticas del puesto de trabajo, la negociaciÃ³n colectiva establecerÃ¡ requisitos dirigidos a prevenir la utilizaciÃ³n abusiva de contratos de duraciÃ³n determinada con distintos trabajadores para desempeÃ±ar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese carÃ¡cter, con o sin soluciÃ³n de continuidad, incluidos los contratos de puesta a disposiciÃ³n realizados con empresas de trabajo temporal. Lo dispuesto en este apartado no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a la utilizaciÃ³n de los contratos formativos, de relevo e interinidad.Â»
El importe de la indemnizaciÃ³n, a los solos efectos de abono por el Fondo de GarantÃ­a Salarial para los casos de despido o extinciÃ³n de los contratos conforme al artÃ­cu-lo 50 de esta Ley, se calcularÃ¡ sobre la base de treinta dÃ­as por aÃ±o de servicio, con el lÃ­mite fijado en el pÃ¡rrafo anterior.Â»
Â«4. Sin perjuicio de la informaciÃ³n sobre previsiones en materia de subcontrataciÃ³n a la que se refiere el artÃ­culo 64 de esta Ley, cuando la empresa concierte un contrato de prestaciÃ³n de obras o servicios con una empresa contratista o subcontratista, deberÃ¡ informar a los representantes legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos: a) Nombre o razÃ³n social, domicilio y nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal de la empresa contratista o subcontratista.
b) Objeto y duraciÃ³n de la contrata. c) Lugar de ejecuciÃ³n de la contrata. d) En su caso, nÃºmero de trabajadores que serÃ¡n ocupados por la contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal. e) Medidas previstas para la coordinaciÃ³n de actividades desde el punto de vista de la prevenciÃ³n de riesgos laborales.
Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberÃ¡ disponer de un libro registro en el que se refleje la informaciÃ³n anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho libro estarÃ¡ a disposiciÃ³n de los representantes legales de los trabajadores.Â» Ocho. Se aÃ±ade un nuevo apartado 6 al artÃ­culo 42 con la siguiente redacciÃ³n:
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de la que depende.Â»
2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesiÃ³n ilegal de trabajadores contemplada en el presente artÃ­culo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposiciÃ³n de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organizaciÃ³n propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condiciÃ³n de empresario. 3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo seÃ±alado en los apartados anteriores responderÃ¡n solidariamente de las obligaciones contraÃ­das con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demÃ¡s responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos. 4. Los trabajadores sometidos al trÃ¡fico prohibido tendrÃ¡n derecho a adquirir la condiciÃ³n de fijos, a su elecciÃ³n, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serÃ¡n los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigÃŒedad se computarÃ¡ desde el inicio de la cesiÃ³n ilegal.Â»
La letra c) del artÃ­culo 8 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, queda redactada en los siguientes tÃ©rminos: Â«c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contrataciÃ³n la empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por despido improcedente o por las causas previstas en los artÃ­cu-los 50, 51 y 52, apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor.Â»
Se aÃ±ade un nuevo apartado 12 al artÃ­culo 7 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con la siguiente redacciÃ³n: Â«12. No disponer la empresa principal del libro registro de las empresas contratistas o subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo a que se refiere el artÃ­culo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, cuando ello comporte la ausencia de informaciÃ³n a los representantes legales de los trabajadores.Â»
Uno. El nÃºmero 4) del apartado 1 del artÃ­culo 208 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes: Â«4) Igualmente, se encontrarÃ¡n en situaciÃ³n legal de desempleo los trabajadores fijos discontinuos, incluidos los que realicen trabajos fijos y periÃ³dicos que se repitan en fechas ciertas, en los perÃ­odos de inactividad productiva.
Dos. La letra b) del nÃºmero 1 del apartado 1 del artÃ­cu-lo 215 que queda redactado del siguiente modo:
Tres. El nÃºmero 4) del apartado 1 del artÃ­culo 215 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«4) Los desempleados mayores de cuarenta y cinco aÃ±os en la fecha en que hayan agotado un derecho a prestaciones por desempleo de setecientos veinte dÃ­as de duraciÃ³n, que cumplan todos los requisitos establecidos en el apartado 1.1 de este artÃ­culo, excepto el relativo al perÃ­odo de espera, tendrÃ¡n derecho a un subsidio especial con carÃ¡cter previo a la solicitud del subsidio por desempleo previsto en los pÃ¡rrafos a) y b) de dicho apartado 1.1, siempre que no hubiesen generado derecho a una nueva prestaciÃ³n de nivel contributivo o no tuviesen derecho al subsidio previsto en el apartado anterior.
Se incorporan al Real Decreto 1043/1985, de 19 de junio, por el que se amplÃ­a la protecciÃ³n por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, una letra c) en el apartado 1 del artÃ­culo 2, y una letra d) en el artÃ­culo 3, y se modifica el apartado 1 del artÃ­culo 5, con la siguiente redacciÃ³n: Â«c) Por finalizaciÃ³n del perÃ­odo al que se limitÃ³ el vÃ­nculo societario de duraciÃ³n determinada.Â» Â«d) En el supuesto de finalizaciÃ³n del perÃ­odo al que se limitÃ³ el vÃ­nculo societario de duraciÃ³n determinada, serÃ¡ necesaria certificaciÃ³n del Consejo Rector de la baja en la cooperativa por dicha causa y su fecha de efectos.Â» Â«1. Los socios trabajadores que se encuentren en situaciÃ³n legal de desempleo deberÃ¡n solicitar de la entidad gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones dentro de los quince dÃ­as siguientes a la notificaciÃ³n del acuerdo de expulsiÃ³n de la Cooperativa o, en su caso, del acta de conciliaciÃ³n o de la resoluciÃ³n judicial, del acuerdo de no admisiÃ³n de la Cooperativa al interesado, de la resoluciÃ³n de la Autoridad Laboral a la Cooperativa, o de la fecha en que finalizÃ³ el perÃ­odo al que se limitÃ³ el vÃ­nculo societario de duraciÃ³n determinada. En caso de presentar la solicitud fuera del indicado plazo se estarÃ¡ a lo dispuesto en las normas de carÃ¡cter general.Â»
2. La duraciÃ³n de estos contratos no podrÃ¡ ser inferior a doce meses ni superior a tres aÃ±os. Cuando se concierten por un plazo inferior al mÃ¡ximo establecido podrÃ¡n prorrogarse antes de su terminaciÃ³n por perÃ­odos no inferiores a doce meses. 3. A la terminaciÃ³n del contrato el trabajador tendrÃ¡ derecho a percibir una compensaciÃ³n econÃ³mica equivalente a doce dÃ­as de salario por aÃ±o de servicio. 4. No podrÃ¡n contratar temporalmente al amparo de la presente disposiciÃ³n las empresas que en los doce meses anteriores a la contrataciÃ³n hayan extinguido contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo. El periodo de exclusiÃ³n se contarÃ¡ a partir del reconocimiento o de la declaraciÃ³n de improcedencia del despido o de la extinciÃ³n derivada del despido colectivo. 5. A estos contratos les serÃ¡ de aplicaciÃ³n la subvenciÃ³n establecida en el artÃ­culo 12 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en cumplimiento de lo previsto en Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusvÃ¡lidos. 6. La transformaciÃ³n de los contratos de duraciÃ³n determinada regulados en esta disposiciÃ³n en contratos indefinidos darÃ¡ derecho a la obtenciÃ³n de las subvenciones establecidas en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. 7. Los empresarios deberÃ¡n contratar a los trabajadores a travÃ©s de la Oficina de Empleo y formalizar los contratos por escrito en el modelo oficial que se facilite por el Servicio PÃºblico de Empleo Estatal. 8. El Gobierno podrÃ¡ modificar lo establecido en esta disposiciÃ³n, de acuerdo con el artÃ­culo 17.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, previa consulta a las Organizaciones Empresariales y Sindicales mÃ¡s representativas.
A efectos del Programa de Fomento del empleo regulado en la secciÃ³n 1.Âª del capÃ­tulo I de este real decretoâ€ley, la situaciÃ³n de exclusiÃ³n social se acreditarÃ¡ por la pertenencia a alguno de los colectivos relacionados a continuaciÃ³n: a) Perceptores de rentas mÃ­nimas de inserciÃ³n, o cualquier otra prestaciÃ³n de igual o similar naturaleza, segÃºn la denominaciÃ³n adoptada en cada Comunidad AutÃ³noma.
d) Personas con problemas de drogadicciÃ³n o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitaciÃ³n o reinserciÃ³n social. e) Internos de centros penitenciarios cuya situaciÃ³n penitenciaria les permita acceder a un empleo, asÃ­ como liberados condicionales y ex reclusos. f) Menores internos incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la Ley OrgÃ¡nica 5/2002, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situaciÃ³n les permita acceder a un empleo, asÃ­ como los que se encuentran en situaciÃ³n de libertad vigilada y los ex internos.
1. Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en el Programa de Fomento del empleo regulado en este real decreto-ley, se financiarÃ¡n con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio PÃºblico de Empleo Estatal.
2. Las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social se aplicarÃ¡n por los empleadores con carÃ¡cter automÃ¡tico en los correspondientes documentos de cotizaciÃ³n, sin perjuicio de su control y revisiÃ³n por la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social, por la TesorerÃ­a General de Seguridad Social y por el Servicio PÃºblico de Empleo Estatal. 3. La TesorerÃ­a General de la Seguridad Social facilitarÃ¡ mensualmente al Servicio PÃºblico de Empleo Estatal, el nÃºmero de trabajadores objeto de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, desagregados por cada uno de los colectivos de bonificaciÃ³n, con sus respectivas bases de cotizaciÃ³n y las deducciones que se apliquen de acuerdo con los programas de incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio PÃºblico de Empleo Estatal. 4. Con la misma periodicidad, la DirecciÃ³n General del Servicio PÃºblico de Empleo Estatal, facilitarÃ¡ a la DirecciÃ³n General de InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social la informaciÃ³n necesaria sobre el nÃºmero de contratos comunicados objeto de bonificaciones de cuotas, detallados por colectivos, asÃ­ como cuanta informaciÃ³n relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos sea precisa, al efecto de facilitar a este centro directivo la planificaciÃ³n y programaciÃ³n de la actuaciÃ³n inspectora que permita vigilar la adecuada aplicaciÃ³n de las bonificaciones previstas en los correspondientes programas de incentivos al empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma.
2. En el Ã¡mbito de la formaciÃ³n profesional se considerarÃ¡ a efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que el beneficiario ha cumplido lo allÃ­ establecido cuando justifique de modo razonado que la elecciÃ³n del proveedor responde a los criterios de eficacia y economÃ­a, teniendo en cuenta la formaciÃ³n a realizar y el Ã¡mbito en que Ã©sta se desarrolla. A estos efectos, la normativa reguladora de la formaciÃ³n profesional podrÃ¡ concretar dichos criterios.
El Gobierno instrumentarÃ¡ en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley un Plan Global de ModernizaciÃ³n del Servicio PÃºblico de Empleo Estatal que garantice la adecuada coordinaciÃ³n con los Servicios PÃºblicos de Empleo AutonÃ³micos asÃ­ como la modernizaciÃ³n y mejora de los recursos materiales y tecnolÃ³gicos de la red de oficinas y que contarÃ¡ con una adecuada dotaciÃ³n presupuestaria que se reflejarÃ¡ en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007. Este Plan incluirÃ¡ necesariamente un Plan EstratÃ©gico de Recursos Humanos del Servicio PÃºblico de Empleo Estatal para mejorar su estructura organizativa y la situaciÃ³n laboral y retributiva de su personal.
1. Sin perjuicio del respeto a la autonomÃ­a colectiva de las partes, la ComisiÃ³n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos a que se refiere la disposiciÃ³n final segunda de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, asumirÃ¡ funciones de observatorio de la negociaciÃ³n colectiva que englobarÃ¡ la informaciÃ³n, el estudio, la documentaciÃ³n y la difusiÃ³n de la misma.
DisposiciÃ³n transitoria primera. RÃ©gimen aplicable a los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
1. Los contratos de trabajo para la formaciÃ³n y de inserciÃ³n concertados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirÃ¡n por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se celebraron.
2. Los contratos temporales de fomento del empleo para personas con discapacidad concertados con anterioridad al 1 de julio de 2006 se regirÃ¡n por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se celebraron. 3. Las bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos celebrados con anterioridad al 1 de julio de 2006 se regirÃ¡n por la normativa vigente en el momento de su celebraciÃ³n o, en su caso, en el momento de iniciarse el disfrute de la bonificaciÃ³n. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, a dichos contratos les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en el artÃ­culo 8 de este real decreto-ley.
Lo previsto en el artÃ­culo 15.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los trabajadores que suscriban tales contratos a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Respecto de los contratos suscritos por el trabajador con anterioridad, a los efectos del cÃ³mputo del nÃºmero de contratos, del periodo y del plazo previsto en el citado artÃ­culo 15.5, se tomarÃ¡ en consideraciÃ³n el vigente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
La cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de GarantÃ­a Salarial y FormaciÃ³n Profesional por los contratos de inserciÃ³n subsistentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se realizarÃ¡ aplicando las bases y tipos de cotizaciÃ³n vigentes en la fecha de devengo de las cuotas correspondientes, siendo el tipo de cotizaciÃ³n por la contingencia de desempleo el establecido en cada momento para la contrataciÃ³n indefinida.
Las prestaciones del Fondo de GarantÃ­a Salarial que se establecen en la nueva redacciÃ³n del artÃ­culo 33 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores serÃ¡n aplicables a las solicitudes de prestaciones que se presenten a partir la entrada en vigor de este real decreto-ley.
1. Quedan derogados: a) Del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo: 1.Âº El artÃ­culo 15.1.d).
2.Âº Las referencias al contrato de inserciÃ³n contenidas en los artÃ­culos 8.2, 15.6 y 49.1.c). 3.Âº La disposiciÃ³n adicional decimosexta.
c) Las disposiciones adicionales cuarta, apartado tres, y quinta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. d) La disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protecciÃ³n por desempleo y mejora de la ocupabilidad. e) La disposiciÃ³n adicional quincuagÃ©sima de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2006, excepto los apartados 1 y 2 del nÃºmero Diez.
b) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesiÃ³n de las ayudas y subvenciones pÃºblicas destinadas al fomento de la integraciÃ³n laboral de los minusvÃ¡lidos en centros especiales de empleo y trabajo autÃ³nomo. c) Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
DisposiciÃ³n final primera. Consulta y participaciÃ³n de los interlocutores sociales en la definiciÃ³n de los objetivos y programas del Sistema de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social.
1. Con el fin de profundizar en la consecuciÃ³n de los objetivos a que responde este real decreto-ley, se autoriza al Gobierno para que, en funciÃ³n de la evoluciÃ³n que experimente el empleo, especialmente de los trabajadores que tengan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo o para el mantenimiento del empleo, pueda introducir, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales mÃ¡s representativas, modificaciones en el Programa de Fomento del Empleo que se regula en el mismo, tanto en lo que se refiere a los colectivos beneficiarios, como a los incentivos aplicables y a las condiciones exigidas para su aplicaciÃ³n, y asimismo para que pueda establecer programas especÃ­ficos para mejorar la formaciÃ³n y cualificaciÃ³n profesional y facilitar la estabilidad en el empleo y la reinserciÃ³n laboral de los trabajadores que hubieran perdido su empleo como consecuencia de procesos de liberalizaciÃ³n del comercio y de la globalizaciÃ³n.
2. Asimismo, el Gobierno podrÃ¡ modificar las disposiciones incorporadas al Real Decreto 1043/1985, de 19 de junio, por el artÃ­culo 16 de este real decreto-ley en cuanto a la situaciÃ³n legal de desempleo por finalizaciÃ³n de la relaciÃ³n societaria temporal de los socios trabajadores de cooperativas.
El Gobierno y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el Ã¡mbito de sus competencias, dictarÃ¡n las disposiciones necesarias para la ejecuciÃ³n de lo establecido en este real decreto-ley, previa consulta a las Organizaciones Empresariales y Sindicales mÃ¡s representativas.
El presente real decreto-ley entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», salvo los capÃ­tulos I y III; las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y sexta, y la disposiciÃ³n derogatoria, apartados 1.b), 1.c), 1.d) y 1.e) y 2, que entrarÃ¡n en vigor el 1 de julio de 2006.
Real Decreto-Ley para la mejora del crecimiento y del empleo (Bonificaciones empresariales a la contrataciÃ³n laboral)
Colectivos DescripciÃ³n CuantÃ­a anual (en euros) DuraciÃ³n
Bonificaciones a la contrataciÃ³n indefinida
Mujeres. Desempleadas, asÃ­ como las vÃ­ctimas de violencia de gÃ©nero (art. 2.1.a) y 2.3). 850 4 aÃ±os.
Contratadas en los 24 meses siguientes al parto (art. 2.1.b). 1.200 4 aÃ±os.
Contratadas despuÃ©s de 5 aÃ±os de inactiviÂ­dad laboral, si, anteriormente a su retirada, han trabajado, al menos, 3 aÃ±os (art. 2.1.c).
Mayores de 45 aÃ±os (art. 2.1.d).
1.200 Toda la vigencia del contrato.
JÃ³venes. De 16 a 30 aÃ±os (art. 2.1.c). 800 4 aÃ±os.
Otros colectivos y situaciones especiales. Parados de al menos 6 meses y trabajadores en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social (arts. 2.1.f) y 2.4). 600 4 aÃ±os.
Conversiones en indefinidos de contratos formativos, de relevo y sustituciÃ³n por jubilaciÃ³n (art. 2.5). 500 4 aÃ±os.
Plan Extraordinario para la ConversiÃ³n de Empleo Temporal en Fijo
Conversiones en indefinidos de contratos temporales, incluidos los contratos formativos, de relevo y de sustituciÃ³n por jubilaciÃ³n, en todos los casos celebrados antes del 1 de junio de 2006, siempre que la conversiÃ³n se realice antes del 1 de enero de 2007 (art. 3). 800 3 aÃ±os.
Bonificaciones en supuestos excepcionales de contrataciÃ³n temporal
VÃ­ctimas de violencia de gÃ©nero o domÃ©stica (art. 2.3). 600 Toda la vigencia del contrato.
Personas en situaciÃ³n de exclusiÃ³n social (art. 2.4). 500 Toda la vigencia del contrato.
Contratos de carÃ¡cter indefinido de trabajadores de 60 o mÃ¡s aÃ±os con una antigÃŒedad en la empresa de 5 o mÃ¡s aÃ±os (art. 4.1). 50 % de aportaciÃ³n empresarial por contingencias comunes salvo incapacidad temporal, incrementÃ¡ndose anualmente un 10 %, hasta el 100 %. Toda la vigencia del contrato.
Mujeres con contrato suspendido (indefinido o temporal que se transforme en indefinido) reincorporadas tras la maternidad (art. 4.2). 1.200 4 aÃ±os.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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