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Timestamp: 2018-06-23 08:03:17+00:00

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2. Principio de buena fe - Comisión interamericana de derechos humanos
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Para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Es decir, que realicen las acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal90.
En este sentido, la Corte Interamericana en el citado caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) sostuvo que “para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho es necesario que la legislación y la gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y de máxima divulgación”91. El principio de buena fe, a su vez, es un desarrollo de lo establecido por el artículo 30 de la Convención Americana sobre el propósito de las restricciones a los derechos y libertades reconocidos por la Convención Americana.
En virtud del principio de buena fe, la Ley Modelo adoptada por la Asamblea General de la OEA recomienda que la legislación establezca expresamente que “[t]oda persona encargada de la interpretación de esta Ley, o de cualquier otra legislación o instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá adoptar la interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la información”92.
En algunos de los ordenamientos jurídicos estudiados, se observan normas que tienden a garantizar varios de los aspectos en que se manifiesta el principio de buena fe.
En este sentido, el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe93. Esta disposición es retomada en la Ley 962 de 2005, la cual prevé en su artículo 1° que el objeto de la Ley es “facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política”94.
Por su parte, en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador la legislación ordena que en cada uno de los sujetos obligados se creen unidades administrativas dirigidas a orientar a las personas en sus solicitudes de acceso a la información. Así, en México, el artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que cada entidad obligada debe designar una “unidad de enlace”, que tiene entre sus funciones recibir y dar trámite a las solicitudes, auxiliar y orientar a las personas para la formulación de sus solicitudes y realizar los trámites internos necesarios para la entrega de la información95.
En Nicaragua, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en las entidades públicas obligadas por la Ley existirá una oficina de acceso a la información pública. Igualmente, establece que los directores de esas oficinas y el personal calificado a su cargo “brindarán sus mejores esfuerzos para facilitar y hacer posible a los ciudadanos la localización y el acceso a la información solicitada. También facilitarán la impresión del documento para su inmediata consulta, o copia o fotocopia a costa del solicitante; igualmente, dispondrán la venta al público por un precio que no podrá superar el costo de edición”96.
Algo similar ocurre en Guatemala, donde el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “[e]l titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional”. A su vez, el artículo 20 contempla que estas Unidades de Información Pública tienen obligaciones tales como orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de acceso a la información, proporcionar la información que fue solicitada o motivar la respuesta negativa cuando ésta sea improcedente97.
Finalmente, también en El Salvador la Ley de Acceso a la Información Pública ordena, en su artículo 48, que “los entes obligados del sector público tendrán unidades de acceso a la información pública” y que los directores de las entidades nombrarán al oficial de información a cargo de esa unidad. Entre las funciones del oficial se hallan las de auxiliar a los particulares en la elaboración de sus solicitudes y orientarlos acerca de las dependencias que pueden brindarles la información que requieren (Art. 50 (c)). Además, el artículo 68 establece que los interesados tienen derecho a “la asistencia para el acceso a la información y al auxilio en la elaboración de las solicitudes”98.
De otro lado, en Panamá, el artículo 7 de la Ley de Transparencia dispone que los empleados de las entidades obligadas deben asistir y orientar a los solicitantes de información99. En este país ha sido la Corte Suprema de Justicia la que se ha encargado de aplicar en la práctica el principio de buena fe. En el año 2007, la Corte concedió una acción de hábeas data que fue instaurada con el argumento de que un sujeto obligado había actuado de mala fe, pues a pesar de que había indicado que una información ya se encontraba publicada, no suministró las referencias necesarias para poder acceder a ella. Ante este escenario la Corte consideró:
“[E]l Ministerio de Obras Públicas estima que con sólo dar a conocer que los datos se encuentran disponibles en un sistema digitalizado, al que se puede acceder vía Internet, se da cumplimiento al principio de publicidad, mientras que el activador judicial sostiene que esa referencia, que no da cuenta del número y fecha exacta de la Gaceta Oficial donde se encuentra la información, desatiende el compromiso legal que establece la Ley 6 de 22 de enero de 2002. (…) Este escenario legal, pone de relieve que la recomendación general que le efectuó el Ministerio de Obras Públicas al peticionario, de consultar el resto de la información solicitada en el sistema digitalizado de Gacetas Oficiales, no posee la suficiencia para acreditar el cumplimiento del principio de publicidad. En este caso el Ministerio de Obras Públicas soslayó (…) (el deber) de precisarle al peticionario, la fuente, el lugar y la forma de acceder a la información disponible en Internet, lo que, tratándose de Gacetas Oficiales sistematizadas, equivale a identificar la dirección o ruta de acceso electrónico, el mecanismo de conexión o de enlace y la fecha y número de Gaceta Oficial donde reposa la información (…) Por las consideraciones que se dejan expuestas, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, concede, la acción de Hábeas Data presentada”100.
En la República Dominicana, tanto la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, como su decreto reglamentario, prevén asistencia para el solicitante de información. Así, en caso de necesidad, el Responsable de Acceso a la Información debe asistir a la persona en la formulación de su petición. De la misma manera, el Capítulo VII del Reglamento establece medidas para la promoción de la cultura de la transparencia en donde ordena planes de capacitación y difusión, así como programas de estudio en todos los niveles educativos101.
En Trinidad y Tobago, la sección 14 de la Ley de Acceso a la Información establece que “toda autoridad pública deberá tomar medidas razonables para asistir a cualquier persona” que presente solicitudes que no cumplan con los requisitos. El mismo artículo dispone que cuando “una autoridad pública haya recibido una solicitud escrita de acceso a un documento oficial no deberá negarse a conceder la petición argumentando que ella no cumple con los requisitos contemplados en la sección 13(2), sin antes haber proporcionado al solicitante una oportunidad razonable de consulta con la autoridad pública con miras a formular la solicitud de forma que se ajuste a esa sección”. Adicionalmente, la sección 14 dispone que la autoridad pública “debe tomar medidas razonables para asistir a cualquier persona en el ejercicio de cualquier derecho contemplado en esta Ley”102.
La legislación de Antigua y Barbuda tiene disposiciones similares que desarrollan el principio de buena fe. La sección 17 crea la obligación de las autoridades de proveer asistencia a los peticionarios que así lo requieran, especialmente para las personas analfabetas, y establece que los procedimientos y formatos para elevar las solicitudes de acceso, no deberán dilatar de manera irrazonable su trámite ni imponer una carga indebida a los solicitantes103.
En Canadá, la Ley de Acceso a la Información establece en su sección 4(2.1) que “[e]l director de una institución gubernamental deberá, sin importar la identidad de la persona que está solicitando acceso a un documento bajo el control de la institución, hacer todos los esfuerzos razonables para asistir a la persona en relación con su solicitud, responder en forma precisa y completa y, de acuerdo con la normatividad existente, proveer acceso oportuno al documento en el formato solicitado”104.
Finalmente, si bien en la FOIA de los Estados Unidos de América no se encuentra alusión expresa al principio de buena fe, en la Orden Ejecutiva 13392 sobre “Mejora en la Divulgación de Información de los Organismos”, de 2005, se establece en la Sección 1 (b) que “los peticionarios de la FOIA solicitan un servicio del Gobierno Federal y merecen ser tratados en tal calidad. En consecuencia, al contestar una solicitud basada en la FOIA los organismos gubernamentales deben responder de manera cortés y apropiada. Además, los organismos deberán proporcionar a los solicitantes de información de acuerdo con la FOIA, y al público en general, mecanismos accesibles para poder conocer el proceso establecido en la FOIA, los documentos de los organismos gubernamentales que están disponibles al público (por ejemplo, en la página Web de cada organismo), el estado de cualquier solicitud de información formulada de conformidad con la FOIA y la información apropiada respecto de la respuesta del organismo”105.

References: artículo 30
 artículo 83
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 48
 artículo 68
 artículo 7