Source: http://absta.info/tribunal-europeo-de-derechos-humanos.html?page=4
Timestamp: 2019-12-16 06:59:26+00:00

Document:
SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DEL CONVENIO
Tesis de las partes
SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DEL CONVENIO
El artículo 9 del Convenio dispone:
«1. Toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observación de los ritos.
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no pueden ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la Ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás».
La demandante invoca asimismo el artículo 9 del Convenio relativo a la libertad de pensamiento, el cual se extiende a convicciones tales como el vegetarianismo y el pacifismo. La interesada afirma que al solicitar la ayuda de su marido para suicidarse creía y apoyaba la noción de suicidio asistido para ella misma. El DPP, rechazando aceptar el compromiso de no instruir diligencias contra su marido, atentó contra dicho derecho y el Reino Unido hace lo mismo imponiendo una prohibición general que no permite tener en cuenta su situación particular. Por los motivos ya expuestos en el terreno del artículo 8 del Convenio, dicho ataque no puede ser justificado en virtud del artículo 9.2.
El Gobierno niega que el asunto plantee ninguna cuestión dependiente del artículo 9.2 del Convenio. Este protege la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como el derecho para cada uno a manifestar sus convicciones, y no confiere a los individuos un derecho general para dedicarse a todas las actividades de su elección para seguir sus convicciones cualesquiera que éstas sean. De forma subsidiaria, en el caso en que el Tribunal dictaminara la existencia de una vulneración al derecho consagrado por el artículo 9.1 del Convenio, el Gobierno alega que dicha violación está justificada en virtud del segundo apartado del artículo 9, por iguales motivos que los expuestos en relación con los artículos 3 y 8 del Convenio.
El Tribunal no duda de la firmeza de las convicciones de la demandante relativas al suicidio asistido, pero señala que todas las opiniones o convicciones no entran en el campo de aplicación del artículo 9.1 del Convenio. Las quejas de la interesada no hacen referencia a una forma de manifestación de una religión o de una convicción por medio del culto, la enseñanza, la práctica o la observancia de los ritos, en el sentido de la segunda frase del apartado 1 del artículo 9. Como dijo la Comisión, el término «prácticas» empleado en el artículo 9.1 no cubre cualquier acto motivado o influenciado por una religión o convicción (Arrowsmith contra Reino Unido, núm. 7050/1977, informe de la Comisión de 12 de octubre de 1978, D.R. 19, pg. 19, ap. 71). En tanto en cuanto los argumentos de la demandante reflejan su adhesión al principio de la autonomía personal, no son sino la reiteración de la queja formulada en el terreno del artículo 8 del Convenio.
El Tribunal concluye por tanto que el artículo 9 del Convenio no ha sido violado.
El artículo 14 del Convenio dispone:
«El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación».
La demandante se considera víctima de una discriminación en la medida en que es tratada de la misma manera que las personas cuya situación es claramente diferente. Aunque la prohibición general del suicidio asistido se aplique igualmente al conjunto de los individuos, el resultado de su aplicación en ella misma, que está tan impedida que no puede siquiera matarse sin ayuda, es discriminatorio. La interesada se ve impedida de ejercer un derecho del que gozan las demás personas, capaces de suicidarse sin ayuda debido a que ningún handicap les priva de dicha posibilidad. Ella es tratada por tanto de manera sustancialmente diferente y menos favorable que estas últimas. La única explicación que ofrece el Gobierno para justificar dicha prohibición general reside en la necesidad de proteger a las personas vulnerables. Ahora bien, la demandante no es vulnerable ni necesita ser protegida y no existe por tanto ninguna justificación razonable y objetiva para esta diferencia de trato.
El Gobierno alega que el artículo 14 del Convenio no es aplicable al caso ya que las quejas formuladas por la demandante no revelan ninguna violación de las disposiciones normativas invocadas por ella. De forma subsidiaria, en el caso en que el Tribunal dictaminara lo contrario, alega la ausencia de discriminación. En primer lugar, no se puede considerar que la demandante se encuentre en una situación análoga a la de las personas que pueden suicidarse sin ayuda. Asimismo, el artículo 2.1 de la Ley sobre el suicidio no es discriminatorio ya que el derecho interno no confiere un derecho a suicidarse y la filosofía que subyace a la Ley se opone firmemente al suicidio. La política del derecho penal consiste en conceder peso a las situaciones individuales tanto en el estadio del examen de la oportunidad de instruir diligencias, como en caso de condena, en el marco de la apreciación de la pena que debe ser pronunciada. En resumen, hay una clara justificación razonable y objetiva para cualquier diferencia de trato alegada y el Gobierno remite a este respecto a los argumentos formulados por él en el terreno de los artículos 3 y 8 del Convenio.
El Tribunal ha considerado anteriormente que están en juego los derechos garantizados a la demandante por el artículo 8 del Convenio (apartados 61-67). Le corresponde por tanto examinar la queja de la interesada según la cual ella es víctima de una discriminación en el goce de dichos derechos en la medida en que el derecho interno permite a las personas válidas suicidarse pero impide que las discapacitadas reciban ayuda para llevar a cabo tal acto.
A efectos del artículo 14, la diferencia de trato entre personas en situaciones análogas o comparables es discriminatoria si no se basa en una justificación objetiva y razonable, es decir si persigue un fin legítimo o si carece de relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido. Por otro lado, los Estados contratantes gozan de cierto margen de apreciación para determinar si, y en qué medida, las diferencias ente situaciones en otros aspectos análogas justifican las distinciones de trato (ver la Sentencia Camp y Bourimi contra Países Bajos [ TEDH 2000, 461] núm. 28369/1995, ap. 37, TEDH 2000-X, ap. 37). También puede haber discriminación cuando un Estado, sin justificación objetiva y razonable, no trata de forma diferente a las personas que se encuentran en situaciones sustancialmente distintas (ver Sentencia Thlimmenos contra Grecia [ TEDH 2000, 122] [GS], núm. 34369/1997, TEDH 2000-IV, ap. 44).
Sin embargo, incluso aplicando el principio que se desprende de la Sentencia Thlimmenos a la situación de la demandante en este caso, existe en opinión del Tribunal, una justificación objetiva y razonable para la no distinción jurídica entre las personas físicamente capaces de suicidarse y las que no lo son. En el terreno del artículo 8 del Convenio, el Tribunal concluyó con la existencia de buenas razones para no introducir excepciones en la Ley que permitieran tener en cuenta la situación de las personas consideradas no vulnerables (apartado 74 supra). Desde el punto de vista del artículo 14 existen también razones convincentes para no distinguir a las personas que pueden suicidarse de las que no. La frontera entre las dos categorías es a menudo estrecha, y tratar de inscribir en la Ley una excepción para las personas que se considera no son capaces de suicidarse, debilitaría seriamente la protección de la vida que la Ley de 1961 ha pretendido consagrar y aumentaría de forma significativa el riesgo de abusos.
Por lo tanto no ha habido violación del artículo 14 en este caso.
Declara que no hubo violación del artículo 2 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) ;
Declara que no hubo violación del artículo 3 del Convenio;
Declara que no ha habido violación del artículo 8 del Convenio;
Declara que no ha habido violación del artículo 9 del Convenio;
Declara que no ha habido violación del artículo 14 del Convenio.
Hecha en inglés y notificada por escrito el 29 de abril de 2002, conforme a los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: Matti Pellonpää, Presidente-Michael O., Secretario.

References: ARTÍCULO 9
 ARTÍCULO 14
 artículo 9
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 artículo 8
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 artículo 14
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 artículo 9
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