Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/048/037.html
Timestamp: 2019-10-14 15:34:36+00:00

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BOC - 1995/048. Miércoles 19 de Abril de 1995 - 957
BOC Nº 048. Miércoles 19 de Abril de 1995 - 957
957 - RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1995, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de la Consejería de Pesca y Transportes, resolutoria del recurso ordinario interpuesto por Dña. María Dolores Nieto Galindo.
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
Primero.- Notificar a Dña. María Dolores Nieto Galindo la Orden de 13 de octubre de 1994 (Libro nº 2, folio 60, número 893), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 924/93 (expediente nº GC-2866-O-92), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 25 de mayo de 1993.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 1995.- El Secretario General Técnico, Antonio Betancort González.
Orden por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Dña. María Dolores Nieto Galindo.
Visto el recurso ordinario formulado por Dña. María Dolores Nieto Galindo contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 25 de mayo de 1993, recaída en el expediente sancionador nº GC-2866-O-92, y teniendo a la vista los siguientes
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo GC-7648-AP de autorización de transporte a servicio público de viajeros, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que el transporte denunciado era de su familia y que tiene licencia del Ayuntamiento para realizar transporte escolar, solicitando se deje sin efecto la sanción impuesta.
Primero.- El Consejero de Pesca y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la recurrente alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de la Dirección General de Transportes de 25 de mayo de 1993, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante careciendo de la preceptiva autorización del transporte o de la actividad de que se trate, dado que ha quedado acreditado que en el momento de la denuncia el vehículo no realizaba un transporte escolar, sino que por el contrario la recurrente transportaba a los miembros de su familia.
En consecuencia, al no haber incurrido en la infracción imputada, procede estimar el recurso interpuesto, revocando la Resolución sancionadora.
Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
Estimar en todos sus términos el recurso ordinario promovido por Dña. María Dolores Nieto Galindo y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de 25 de mayo de 1993, recaída en el expediente sancionador nº GC-2866-O-92, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta (250.000) pesetas, y precintado del vehículo tres meses.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Orden exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Pesca y Transportes, Felipe Perdomo Torres.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 59
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 29
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 140
 artículo 197
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 20
 Resolución 
 artículo 110