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Tribunal contencioso administrativo del
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M.P. RAMIRO APONTE PINO
Neiva, catorce de julio de dos mil ocho.
DEMANDANTES : ANTONIO MARIA CASTAÑEDA PERDOMO
MARIA EDILMA MEDINA PAJOY
VIVIANA CASTAÑEDA MEDINA
SIXTA PERDOMO DE CASTAÑEDA
GERTRUDIZ CASTAÑEDA DE RAMÍREZ
ROSALBA CASTAÑEDA PERDOMO
JOSE IGNACIO CASTAÑEDA PERDOMO
JOSE ELICIO CASTAÑEDA PERDOMO
LUIS ENRIQUE CASTAÑEDA PERDOMO
DEMANDADO : NACIÓN – MIDEFENSA-EJERCITO
CLASE DE ACCIÓN : REPARACIÓN DIRECTA
CLASE DE PROVIDENCIA : SENTENCIA
RADICACIÓN : 41 001 23 31 004 2002 00897 00
ACTA : 055
Evacuadas las correspondientes ritualidades procesales, sin que se adviertan causales que invaliden la actuación, procede la Sala a emitir pronunciamiento de mérito.
1.-La demanda.
Antonio María Castañeda Perdomo, María Edilma Medina Pajoy -actuando en su propio nombre y en representación de la menor Viviana Castañeda Medina-; Sixta Perdomo de Castañeda, Gertrudis Castañeda de Ramírez, Rosalba, José Ignacio, Jesús Antonio, José Elicio y Luis Enrique Castañeda Perdomo promueven la acción de reparación directa contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en procura de que se declare que “[e]s administrativamente responsable de las LESIONES DE CARÁCTER PERMANENTE E IRREVERSIBLES” que le fueron irrogadas al primero de los nombrados el 9 de septiembre de 2000, en la vereda “Manzanares”, jurisdicción del municipio de Algeciras, escuela “El Paraíso”.
Como consecuencia de lo anterior, deprecan la indemnización de los perjuicios morales, materiales (daño emergente y lucro cesante) y fisiológicos -debidamente indexados-; y que a partir de la ejecutoria de la sentencia se ordene el pago de intereses moratorios.
2.- Fundamentación fáctica.
Como argumentos de orden fáctico, aducen que el sábado 9 de septiembre de 2000, Antonio María Castañeda Perdomo se encontraba laborando en el mantenimiento de un carreteable con otros lugareños de la vereda “Manzanares” del municipio de Algeciras -en límites con el municipio de El Hobo-.
De improviso, apareció un “uniformado” que los convocó a la escuela “El Paraíso”. Ellos accedieron, creyendo que se trataba de un miembro del Ejército y porque les dijo que la reunión no tardaría más de 10 minutos. Cuando se aproximaron al lugar, se presentó un violento enfrentamiento entre el grupo subversivo de las FARC con miembros del Ejército Nacional (quienes estaban camuflados y resguardados en la zona boscosa).
Como consecuencia del fuego cruzado, una bala de ametralladora disparada en ráfaga por uno de los soldados impactó en el brazo izquierdo de Antonio María. Fue remitido al Hospital de Neiva, donde recibió tratamiento quirúrgico y permaneció interno varios días.
Las heridas fueron tan graves, que le ocasionaron una perturbación funcional de carácter permanente en el brazo y en la mano. De suyo, afectará indefinidamente su capacidad productiva. Por lo tanto, requerirá que durante el resto de sus días se le garantice asistencia médica, farmacéutica, psicológica, aditamentos y exámenes especializados. También resultaron heridos una suboficial y dos soldados.
Estos hechos fueron denunciados por el demandante, correspondiendo su conocimiento al Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar con sede en Garzón (proceso radicado bajo el número 1335).
Todos los gastos fueron sufragados por el lesionado (atención médica, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, desplazamientos, consultas y exámenes especializados).
Antonio contrajo matrimonio con María Edilma Medina Pajoy, en cuya unión procrearon a Yesinith y Viviana Castañeda Medina; es hijo de Sixta Perdomo de Castañeda y hermano de Gertrudis Castañeda de Ramírez, María Lourdes, Teresa, Rosalba, José Ignacio, Jesús Antonio, José Elicio y Luís Enrique Castañeda Perdomo, “[t]odos ellos viviendo bajo un mismo techo. Alimentados moral y materialmente por el jefe del hogar. Cumplidor de su deber, en su crianza, educación, alimentación, vestuario, medicamentos; respeto mutuo entre cónyuges e hijos y hermanos quienes velan por su señora MADRE”.
De acuerdo con la jurisprudencia, los perjuicios morales causados a la esposa, hijas, madre y hermano se presumen.
“[e]xiste responsabilidad de la ADMINISTRACIÓN ya que es evidente la FALLA DEL SERVICIO, como quiera que el daño fue producido con arma y munición de carácter OFICIAL. Soldados del Ejército Nacional uniformados, en servicio activo, en EJERCICIO de sus FUNCIONES, en horas HABILES de su trabajo, adscritos al Batallón de Infantería No 26 PIGOANZA, sede Garzón (H)”.
“La prueba de la falla del servicio, cuando se trata de perjuicios causados con armas y munición pertenecientes a las personas públicas no es necesaria para comprometer la responsabilidad de esta última, siempre y cuando, obviamente se haya probado el hecho dañoso y su relación causal con el perjuicio y además que el elemento con el cual se causó el daño pertenecía o estaba a su disposición”.
3.- Fundamentación legal.
Sustentan las pretensiones citando diferentes pareceres jurisprudenciales del H. Consejo de Estado, y fundándose en la siguiente normatividad:
Constitución Política: artículos 2 y 90.
Código Contencioso Administrativo: artículos 86 y 132.
4.-La admisión de la demanda.
El libelo introductorio se radicó el 30 de julio de 2002, el cual, se inadmitió a través de auto calendado el 28 de octubre siguiente, porque Yesinid Castañeda Perdomo (hija del afectado) no suscribió el correspondiente poder (no obstante ser mayor de edad), y porque María Lourdes Castañeda Perdomo (hermana del directo afectado), no acreditó el parentesco con el mismo. En tal virtud, se concedió un plazo de 5 días para enmendar las referidas falencias (f. 257 y ss, cuad. 1).
Como la parte actora guardó silencio, el 24 de enero de 2003 se rechazó la demanda en lo tocante con las mencionadas Yesinid y María Lourdes, y se admitió con relación a los demás actores (f. 259 y ss, cuad. 1).
Es menester resaltar, que contra dicha determinación no se interpuso ningún recurso; amén de que el libelo no fue corregido o adicionado en la oportunidad legal.
5.- El traslado de la demanda.
Con base en la información obrante en el proceso penal, el apoderado de la Nación-Ministerio de Defensa se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; argumentando, que al enterarse de la presencia de subversivos en el área, el Ejército inició un operativo, y luego de sostener un combate durante 25 minutos, dieron de baja a cuatro subversivos, pero también resultaron heridos un suboficial, tres soldados y el demandante.
De acuerdo con las versiones de los moradores del lugar, quien causó las lesiones fue la guerrilla, ya que ellos dispararon primero. Aunado al hecho, de que bajo el señuelo de una reunión en la escuela, engañaron a 19 personas y las utilizaron como escudos humanos.
En ese orden de ideas, considera que se presenta la eximente de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”.
“[E]n corolario no existe certeza que hubiera sido el Ejercito el autor del daño, por el contrario el acervo probatorio señala que fueron los bandidos de las FARC los causantes de la lesión al actor, ellos tenían armas con municiones del calibre que ocasionó la lesión y es que todo apunta a su responsabilidad pues estos bandidos llevaron con engaños al actor a la fatídica reunión y al verse descubiertos abrieron fuego contra sus ocasionales rehenes como ya lo han hecho en otras oportunidades como en los casos de Doris Gil Santamaría y su esposo para citar el asesinato más reciente cometido alevemente por estos bandoleros de las FARC, luego es patente la causal eximente de responsabilidad de la demandada EL HECHO DE UN TERCERO”.
Con la demanda anexó:
-Registros civiles de nacimiento de Yesinnith Castañeda Medina, Viviana Castañeda Medina, Antonio María Castañeda Perdomo, Gertrudis Castañeda Perdomo, Teresa Castañeda Perdomo, Rosalba Castañeda Perdomo, José Ignacio Castañeda Perdomo, Jesús Antonio Castañeda Perdomo, José Elicio Castañeda Perdomo, Luis Enrique Castañeda Perdomo y María Edilma Medina Pajoy (f. 49 y ss, cuad. 1).
-Factura 238685 del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (f. 62, cuad. 1).
-Certificación expedida por la Personería de El Hobo el 19 de septiembre de 2000 (f. 65, cuad. 1).
-Copia simple del oficio OGCH 2000 0353, suscrito por el gerente regional y por el auditor principal de Unimec EPS SA (f. 66, cuad. 1).
-Copia simple de los documentos relacionados con el tramite que se surtió ante el Fosyga para obtener el pago de los servicios prestados (f. 67 y ss, cuad. 1).
-Copia simple de la historia clínica de Antonio María Castañeda Perdomo (f. 93 y ss, cuad. 1).
-Copia simple de la certificación expedida por los Personeros de El Hobo y Algeciras el 19 de septiembre de 2001 (f. 129).
-Copia simple de los oficios 062 y 67, suscritos por el Personero de El Hobo el 23 de abril de 2002 y el 10 de mayo de 2002, respectivamente (f. 134 y ss, cuad. 1).
-Copia simple de la denuncia 147, formulada el 6 de febrero de 2001 por Antonio María Castañeda en el C.T.I. de la Fiscalía de Campoalegre (f. 138 y ss, cuad. 1).
-Comunicación 859 DIV4 BR9 BIPIG S3 OP 375, suscrita por el Comandante del Batallón de Infantería No 26 “Cacique Pigoanza”, y copia de la documentación relacionada con los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2000 (f. 142 y ss, cuad. 1).
-Copia simple del sumario 1335, adelantado por el Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar (f. 160 y ss, cuad. 1).
-Fotografía que se dice corresponder a Antonio María Castañeda Perdomo (f. 253, cuad. 1).
-Copia auténtica de apartes de la edición del Diario del Huila que circuló el 10 de septiembre de 2000 (f. 253, 254, cuad. 1).
Al descorrer el traslado de la demanda aportó copia simple de una noticia publicada en el diario El Tiempo el 25 de agosto de 2000, titulada “La guerrilla puede ser obligada a indemnizar” (f. 276, cuad. 1).
A petición de parte se obtuvo:
-Oficio 00292 del 5 de marzo de 2004, suscrito por el Registrador del Estado Civil de Colombia (f. 306, cuad. 1).
-Oficio 0033 DIV4 BR9 BIPIG S14 745 del 8 de enero de 2005, suscrito por el Comandante del Batallón de Infantería No 26 “Cacique Pigoanza”, y copia de los informes relacionados con la operación militar que se adelantó el 9 de septiembre de 2000 en el área rural del municipio de Algeciras (f. 307 y ss, cuad. 1).
-Copia simple del certificado expedido por el Inspector de Yurayaco- Caqueta (f. 328, cuad. 1).
-Copia auténtica del registro de nacimiento de Viviana Castañeda Medina (f. 329, cuad. 1).
b.- Testifical.
Se recepcionaron los testimonios de Arcenio Medina Pajoy, Fernando Eutimio Medina Pajoy, Benjamín Toledo Cortes, Frdy Antonio Bautista Tovar, Reinaldo Trujillo Ortíz y Jamez Lozada Hernández (f. 289 y ss, cuad. 1).
c.- Dictamen pericial.
Con el fin de establecer la naturaleza de las lesiones y las secuelas derivadas de la misma, se solicitó una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal; quien examinó el paciente y rindió el correspondiente experticio el 8 de octubre de 2004 (f. 1, cuad. 2).
Para cuantificar la disminución de la capacidad laboral, el demandado fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila el 13 de octubre de 2004 (f. 104 y ss, cuad. 2).
Dentro del término de traslado, los dictámenes no fueron objetados (f. 304, cuad. 1).
6.- Alegaciones conclusivas.
a.- Parte actora.
Reitera in extenso la argumentación esbozada en el libelo introductorio, concluyendo que está debidamente acreditado que los miembros del ejército actuaron de manera desaforada y precipitada, y sin medir las consecuencias dispararon sus armas de fuego, “[s]in fijarse que había campesinos, personas inocentes de la región y una de sus ráfagas impactó en el BRAZO IZQUIERDO del señor CASTAÑEDA PERDOMO, dejándole lesiones de CARÁCTER PERMANENTE E IRREVERSIBLES, al igual que lesiones leves a otros lugareños y varios occisos de la subversión”.
En tal virtud, consideran que tales heridas se causaron en desarrollo de un combate con elementos al margen de la ley, por un arma de dotación oficial, accionada por un soldado y en cumplimiento de una misión oficial.
b.- Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional.
c.- Ministerio Público.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.
Se contrae a establecer si los perjuicios cuya indemnización reclama la parte actora, son imputables a la conducta de los miembros del Ejército Nacional, y si dicha circunstancia se puede circunscribir dentro del marco de la responsabilidad extracontractual del Estado.
2.-Consideración previa.
De conformidad con los preceptos consagrados en los artículos 174, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes “[p]robar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” , amen de que las decisiones judiciales se fundamentarán “…en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, las cuales “deberán ser apreciadas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.
Teniendo en cuenta que buena parte de la prueba documental fue aportada en copia simple, antes de abordar el análisis de fondo, es menester precisar cual es el mérito probatorio de la misma:
En efecto, con la demanda se anexaron los siguientes documentos en mera copia informal:
-Oficio OGCH 2000 0353, suscrito por el gerente regional y por el auditor principal de Unimec EPS SA (f. 66, cuad. 1).
-Documentos relacionados con el tramite que se surtió ante el Fosyga para obtener el pago de los servicios prestados (f. 67 y ss, cuad. 1).
-Historia clínica de Antonio María Castañeda Perdomo (f. 93 y ss, cuad. 1).
-Certificación expedida por los Personeros de El Hobo y Algeciras el 19 de septiembre de 2001 (f. 129, cuad. 1).
-Oficios 062 y 67, suscritos por el Personero de El Hobo el 23 de abril de 2002 y el 10 de mayo de 2002, respectivamente (f. 134 y ss, cuad. 1).
-Denuncia 147, formulada el 6 de febrero de 2001 por Antonio María Castañeda en el C.T.I. de la Fiscalía de Campoalegre (f. 138 y ss, cuad. 1).
-Sumario 1335, adelantado por el Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar (f. 160 y ss, cuad. 1).
Al respecto, es del caso precisar lo siguiente:
a.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 253 del Estatuto Procesal Civil, los documentos se allegarán al proceso en original o en copia. En el último caso, ésta podrá consistir en una trascripción o en una reproducción mecánica.
A su turno, el artículo 254, ibídem, consagra los requisitos que deben cumplir las copias para que puedan ser apreciadas por el juez:
“Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor del original, en los siguientes casos:
1.- Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.
2.- Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.
3.- Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.
Como las copias de los mentados documentos no se aportaron ciñéndose al cumplimiento de los anteriores requisitos, carecen de valor probatorio, de contera, los hechos que pretenden demostrar no ofrecen ningún grado de certeza.
Al abordar este tópico, la H. Corte Constitucional así hubo de referir:
“[U]n principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procésales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos”.
“De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”1.
Con relación a que la exigencia de la autenticación de copias no equivale a presumir la mala fe de quien las aporta, esa alta Colegiatura precisó:
“[l]a exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos.
Sostener que el exigir un copia autenticada en el caso del numeral 2º del artículo 254 es presumir la mala fe de quien pretende hacerla valer como prueba, sería tanto como afirmar que también desconoce la presunción de buena fe la exigencia de solemnidades ad sustantiam actus en algunos contratos (como en la compraventa de inmuebles) , porque con el argumento de la buena fe deberían eliminarse las escrituras públicas, el registro de la propiedad inmobiliaria, el registro del estado civil, etc. Nada mas absurdo y mas contrario a las relaciones jurídicas y, en especial, a la seguridad, a la certeza, que debe haber en ellas”2.
Con base la fragua probatoria debidamente recaudada, se encuentra acreditado lo siguiente:
a.-En desarrollo de la “Orden de Operaciones Apolo” (diseñada por el Comando de Infantería No 26 Cacique Pigoanza para contrarrestar las acciones terroristas de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC); las Compañías Buitre, Destructor y Cobra se movilizaron al área rural del municipio de Algeciras.
Aproximadamente a las 11:30 a.m. del 9 de septiembre de 2000, la última Compañía entró en contacto con los subversivos, provocándoles 4 bajas, aproximadamente 10 heridos, una captura y la incautación de material de guerra e intendencia.
A través del oficio 1701 DIV4 BR9 BIPIG S3 375 (de fecha indeterminada), el Comandante del Batallón de Infantería No 26 “Cacique Pigoanza” y el Oficial de Operaciones le rindieron un pormenorizado informe al Comandante de la Novena Brigada; y en lo relacionado con la planeación, desarrollo y resultados de la operación, puntualizaron lo siguiente:
“PLANEAMIENTO DE LA OPERACIÓN”
“a.- Antecedentes”.
“El Comando de la Brigada teniendo conocimiento del desarrollo de las acciones terroristas que efectuaba la Columna Móvil Teófilo Forero de las ONT-FARC en el Municipio de Algeciras-Huila, emite la Orden de Operaciones Apolo, en el área General del corregimiento de Potrerillos, El Mesón, Estoracal, La Ensillada. Se planea una Operación para efectuar maniobras de emboscada, golpe de mano, presión, bloqueo, búsqueda y provocación, en el área general antes mencionada”.
“b.-Ordenes emitidas”.
“El Comando del Batallón reúne la Unidad Fundamental el día 04 23: 00- SEP - 2000 impartiendo la orden de operaciones, haciendo énfasis en la necesidad de efectuar los movimientos tácticos en horas de la noche para evitar ser detectados por el enemigo, teniendo en cuenta la información de la presencia de antisociales de la Cuadrilla Teófilo Forero en el área asignada para la operación”.
“c.-Desarrollo de la operación”.
“La operación se inicia con un movimiento táctico motorizado a partir del 04 23:00h –SEP- 2000, desde le (sic) PDM atrasado BIPIG, hasta la vereda Potrerillos del Municipio de Gigante en coordenadas…desde ahí se inicia el movimiento táctico a pie por la ruta ya establecida, haciendo todos los movimientos en la noche y en el día registros y observatorios, el 09-SEP-2000 se hizo alto a las 04:30 horas aproximadamente, el reporte al Batallón aproximadamente a las 06:00 horas y se inició a realizar un registro ya que el lugar no contaba con medidas de seguridad para montar base móvil de patrullaje, se ordena al Primer y Tercer Pelotón que aseguraran un cerro predominante y se ubicara, mientras que el Segundo Pelotón avanzaba sobre la Avenida de Aproximación. En ese momento los punteros hicieron un alto al detectar personal uniformado armado, se verificó que fueran bandidos de las FARC, se dio ordenes al Primer pelotón al mando del SS TROCHEZ SILVA EDGAR, que cerrara por el oriente una carretera que va hacia la Arcadia, al Tercer Pelotón al mando del SS. CALA CALA GABRIEL, que cerrara por el nor-occidente la carretera que va hacia el municipio de Hobo y el Segundo Pelotón mantenía el observatorio y daba el golpe de mano; se emplazaron todas las armas de apoyo y acompañamiento con los lanza granadas (MGL) hacia el objetivo y una Sección del Tercer Pelotón al mando del SS. NAVAS ÑAÑES EVER, la seguridad por la retaguardia y equipos, además que garantizara las comunicaciones con un 100% con el PDEM BIPIT y BR9, de ahí se inició el combate aproximadamente a las 11:30 horas con bandoleros de la Columna Móvil Teófilo Forero de las ONT-FARC, teniendo como resultado la baja de 04 subversivos NN (masculino) con su respectivo armamento y material de intendencia”.
“d.-Resultados de la operación”.
1.-Enemigo.
ARLEY ARIAS BARRAGAN
JOHN JAIRO LOZADA EUSSE
Por inteligencia humana 10.
GENARO TORRES HANNO
“2.-Popias tropas”.
SS. REINA LONDOÑO JESUS ANTONIO
SLP. SANCHEZ SANCHEZ DANIEL
SLP CALDERON PERDOMO ALEXANDER.
“3.- Material incautado”.
“Las labores de inteligencia y la operación fueron exitosas para el cumplimiento de la misión como era el de efectuar un movimiento táctico a pie hasta la (sic) Veredas aledañas al Municipio de Algeciras Huila para finalizar con un golpe de mano, efectuándose la baja de 04 subversivos, por inteligencia humana se logró establecer que un grupo aproximado a 10 bandoleros fueron heridos de gravedad en el combate, además de esto, se incautaron documentos de interés militar, material de guerra, intendencia y comunicaciones…” (f. 307 y ss, cuad. 1).
b.-En desarrollo del operativo, Antonio María Castañeda Perdomo (quien se encontraba con otros moradores de la vereda “Manzanares” en proximidades a la Escuela “El Paraiso”) fue impactado por un proyectil en su brazo izquierdo.
En el reconocimiento medico legal realizado el 8 de octubre de 2004, el perito forense del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses – Regional Sur- Seccional Neiva, así se refirió a las lesiones:
“[E]xaminado hoy 08 de octubre de 2004 a las 08:49 horas en Primer Reconocimiento Medico Legal. ANAMNESIS. Refiere que el 9 de septiembre del 2000 a las 10:00 se encontró en medio de fuego cruzado entre la guerrilla y el Ejército, sufriendo múltiples impactos de bala. Es atendido en el HUN mediante HC 137972. Según epicrisis le practican anastomosis término terminal de arteria humeral izquierda y herida de arteria humeral. PRESENTA. Al examen hoy: miembro superior izquierdo. 1) Cicatriz quirúrgica longitudinal en cara medial de antebrazo. 2) Pseudo artrosis de brazo. 3) Atrofia de musculatura braquial, antebraquial y mano por posible lesión del plejo branquial; además felixión permanente de los dedos de la mano. CONCLUSIÓN. MECANISMO CAUSAL: Proyectil Arma de Fuego. INCAPACIDAD MEDICO LEGAL: DEFINITIVA. CIEN (100) DIAS. SECUELAS MEDICO LEGALES: Deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente. Perdida Funcional de miembro. Perturbación funcional de órgano, de carácter permanente” (f. 1, cuad. 2).
El 8 de octubre de 2004, la Junta de Calificación de Invalidez – Regional Huila, conceptúo que las lesiones le generaron una incapacidad permanente parcial (invalidez) y una disminución de la capacidad laboral del 59.2%, la cual se estructuró el 9 de septiembre de 2000 (f. 105 y ss, cuad. 2).
Como ya se indicara, dentro del termino de traslado de los anteriores dictámenes las partes guardaron silencio (f. 304 y ss, cuad. 1).
c.- Los diferentes testimonios recepcionados, en su orden y en resumen manifestaron lo siguiente:
-Arsenio Medina Pajoy (f.289, cuad. 1).
Agricultor. 26 años. Cuñado de Antonio María Castañeda. Residente en la vereda “Pacarní” del municipio de Iquira.
“[N]osotros estábamos trabajando en la carretera, haciendo una chamba para hacer una alcantarilla, cuando apareció un soldado vestido de camuflado y nos citó para una reunión arriba en la vereda Manzanares; después el salió y se fue y nosotros nos quedamos terminando el trabajo, a los 20 minutos nos fuimos a la reunión, no sabíamos para qué era, eso fue el 9 de septiembre, no recuerdo el año, eso fue como entre las 9 o 10 de la mañana; nos fuimos para la reunión, al llegar a la escuela nos encontramos con un señor y nos pusimos a dialogar allí, cuando comenzaron los primeros disparos, nosotros nos escondimos atrás de una pared de la cocina, cuando al rato el Sr. ANTONIO MARIA CASTAÑEDA salió herido, él se tiró a una asequia (sic) y salió herido, y al rato cuando ya terminó todo, bajaron los soldados de arriba y nos preguntaron que de donde veníamos y nosotros dijimos que nos habían citado para una reunión. Ellos muy gentilmente nos prestaron el auxilio para el herido, porque se dieron cuenta que era un civil y después, cuando eso, a él lo iban a sacar en helicóptero pero eso se ennubo (sic) y no se pudo sacar, entonces lo sacamos en un carrito hasta aquí al Hospital del Municipio de Hobo”.
“…Cuando ellos dispararon, dispararon del lado de arriba hacia abajo, nosotros no sabíamos quien disparaba. Cuando bajó el ejercito nos dijo un Comandante que los que los habían citado eran guerrilleros, nosotros pues no sabíamos si los que nos citaron eran del gobierno o eran guerrilleros. Allí quedamos confundidos, cuando llegó el ejercito, dijo el Comandante que eso eran guerrilleros, por eso fue que nos dimos cuenta porque no sabíamos”.
-Fernando Eutimio Medina Pajoy (f. 292, cuad. 1).
Agricultor. 31 años. Vecino de la vereda “El Batán” del municipio de El Hobo. Cuñado de Antonio María Castañeda.
“[e]ran de las 9 a 10 de la mañana, nos encontrábamos haciendo una asequia (sic) para un puente de madera en la carretera del Batan alto del Municipio del (sic) Hobo, cuando llegó un uniformado y nos invitó a una reunión y nos dijo que si no asistíamos pues correría peligro nuestras vidas. Nosotros nos quedamos trabajando en la brecha y aproximadamente a unos 15 o 20 minutos nos fuimos para dicha Vereda Manzanares, y al llegar a la casa nos encontramos con un señor y nos pusimos a conversar y al momento fue que se escuchó unos disparos, o sea, íbamos entrando, los disparos se escuchaban de una colina de arriba, y abajo también escuchamos los disparos, allí fue donde vimos a Don Antonio que estaba herido. Nosotros nos escondimos atrás de la colina, cuando al momento bajó el ejército de arriba, bajó un enfermero y le prestó auxilio. Al rato llegó un carro que iba a bajar mora, y en eso lo trasladaron para el pueblo, para el Hobo”.
“…nosotros llegando a la Escuela vieja vimos a unos uniformados, armados, allí fue donde comenzó el combate, y ellos arrancaron de para abajo y se escuchaban los disparos de arriba”.
“…los primeros disparos se escucharon de arriba, y ahí si escuchamos los disparos de abajo también”.
-Benjamín Toledo Cortes (f. 293, cuad. 1).
Agricultor. 51 años. Residente en la vereda “El Batán” del municipio de El Hobo.
“[E]l día en que resultó Don Antonio María herido, no me recuerdo bien la fecha, resulta de que ese día nos fuimos a hacer una brecha para una alcantarilla, aproximadamente eran las 9 de la mañana cuando llegó un señor uniformado, muy gentilmente nos saludó y nos dijo que por favor que fuéramos a una reunión a la Escuela de Manzanares, si no íbamos la vida de nosotros correría peligro. Nosotros dijimos que estábamos muy ocupados y él se fue y nosotros seguimos trabajando allí y aproximadamente trabajamos por ahí 20 minutos y nos fuimos, íbamos llegando a la Escuela cuando salió un señor y nos pusimos a conversar, estando conversando con ese señor se formó una balacera, nosotros lo que hicimos fue escondernos, en eso resultó el Sr. Antonio Castañeda herido”.
“Nosotros quedamos en medio del candeleo. Disparaban hacia arriba y disparaban hacia abajo”.
Refiere que el disparo que hirió a Antonio María “…vino de la parte alta, no desde la parte baja por la forma como estaba él ubicado y la forma como le pegaron el tiro”.
-Freddy Antonio Bautista Tovar (f. 295, cuad. 1).
Administrador público. 42 años. Vecino del municipio de El Hobo.
Conoce a Antonio María hace unos ocho años; le consta que éste tiene una finca en la vereda El Batan del municipio de El Hobo; que se dedica a la agricultura; que convive con su esposa y con dos o tres hijas, pero no recuerda sus nombres ni los de sus padres.
En su opinión, las lesiones le limitan la posibilidad de trabajar y rendir como lo hacía antes.
-Reinaldo Trujillo Ortíz (f.297, cuad. 1).
Agricultor. 52 años. Residente en el municipio de El Hobo.
Distingue al demandante hace unos 7 años. Le consta que vive en la vereda El Batan (parte alta); conoce a su esposa y a sus tres hijas pero no les sabe el nombre.
-James Lozada Hernández (f. 298, cuad. 1).
Servidor público del municipio de El Hobo. 44 años.
Conoce a Antonio María hace 9 años, en razón a que en su condición de empleado tuvo que recorrer el área rural.
“[C]onozco la señora Edilma, su esposa, Viviana y Yesinid, las dos hijas de él, ese es el núcleo familiar que yo distingo, a los padres y hermanos no los conozco”.
Como es obvio, la lesión del brazo le ocasionó traumas tanto al afectado como a los miembros de su familia.
-José Alberto Pastrana Trujillo (f. 298, cuad. 1).
Empleado del municipio de El Hobo. 52 años. Fue el encargado de trasladar a Antonio María hasta el Hospital Universitario de Neiva.
Aduce, que la lesión del brazo fue “[u]n golpe muy duro para la familia su esposa y sus hijas…”.
“…conozco a su esposa quien se llama EDILMA MEDINA PAJOY, a YESINIT CASTAÑEDA MEDINA, hija, y a VIVIANA CASTAÑEDA MEDINA, hija, conozco también algunos de sus hermanos, pero en este momento se me escapan los nombre (sic), conozco algunos, no todos; a los que si no conozco es a los padres de Don ANTONIO…”.
4.-Análisis de fondo.
Antes de la expedición de la actual Carta Política, no existía una cláusula de rango Constitucional o legal que regulara la responsabilidad patrimonial del Estado. Fue la jurisprudencia de las Altas Cortes - en especial, la interpretación del artículo 16 de la Constitución de 1986 elaborada por el H. Consejo de Estado- lo que permitió el desarrollo del tema; planteando la existencia de diversos regímenes, entre ellos, la denominada falla o falta del servicio y aquellos de estirpe meramente objetiva - con sus correspondientes variantes-.
El Constituyente de 1991, en el Canon 90 Superior consagró la cláusula general de responsabilidad estatal. Norma que es del siguiente tenor:
“[E]l Estado responderá patrimonialmente por los daños que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
Al abordar el análisis de un asunto similar (muerte de un civil en desarrollo de un ataque contra miembros de la Policía Nacional, y que merced a la sorpresiva agresión no tuvieron tiempo de accionar sus armas ni de defenderse), el H. Consejo de Estado condenó a la Institución a pagar la indemnización de los perjuicios; considerando, que si bien es cierto que el particular no murió como resultado de los disparos oficiales, también lo es, que lo que motivó la agresión fue la presencia de los uniformados en el lugar de los hechos (titulo jurídico de imputación):
“[N]o obstante lo anterior, como el ataque se dirigió contra miembros de la fuerza pública, el estudio del caso debe efectuarse con fundamento en la actividad generadora de riesgo, título jurídico de imputación que no se utiliza porque los agentes de la policía accionaran sus armas de dotación oficial, sino por el hecho mismo de su presencia en ese lugar, la cual, según la demanda, generó la reacción violenta de un grupo de individuos al margen de la ley, quienes al notar la presencia de los policías accionaron sus armas contra éstos, causando lesiones personales a varios civiles y la muerte a los uniformados y al civil Jaime Nova Muñoz”.
“De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se observa que está acreditado que los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones contra dos miembros de la Policía Nacional, que se encontraban en servicio activo, causándoles la muerte instantáneamente y, posteriormente se les hurtó el armamento que portaban. Igualmente se demostró que, luego del asesinato y posterior hurto del material de dotación, los dos delincuentes autores materiales del hecho emprendieron la huida disparando sus armas hacia atrás, mientras que dos sujetos que se encontraban mas adelante, efectuaban disparos para cubrir el escape de aquellos. Además, según el croquis obrante a folio 159 del cuaderno No 2, los disparos efectuados contra los miembros de la Policía se efectuaron en una dirección contraria a aquella en que se encontraba Jaime Nova, lo cual reafirma que los civiles fueron atacados por los delincuentes cuando emprendieron la huida y con el fin de abrirse camino…”.
“…Conforme con lo anterior, la presencia de los agentes quienes portaban sus armas de dotación, motivó la agresión por parte de un grupo al margen de la ley, cuyos miembros luego de atacar a los uniformados y robar su armamento abandonaron la escena del crimen disparando contra las personas que en ese momento transitaban por el sector, instante en el cual resultó muerto el señor Jaime Nova…”
“…En cuanto al nexo causal, entre dicho daño y la actividad desarrollada por el Estado, debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que los miembros de la fuerza pública no hicieron uso de su armamento para repeler la agresión de que fueron objeto por parte de un grupo al margen de la Ley, es claro para la Sala que fue la presencia de los agentes la causa o determinante de la reacción armada de los delincuentes, que dio igualmente lugar a que abandonaran el sitio accionando el armamento que portaban, instante en el cual fue muerto Jaime Novas, razón por la cual resulta procedente declarar en este caso la responsabilidad del Estado, como en efecto se dispondrá…”3.
Tomando como marco de reflexión el anterior pronunciamiento jurisprudencial, considera la Sala, que el daño antijurídico (lesión causada al brazo izquierdo de Antonio María Castañeda), fue consecuencia del combate armado que libró la Compañía Cobra con subversivos de las FARC. Resaltando, que el contacto armado hizo parte de la “Orden de Operaciones Apolo” (diseñada por el Comando de Infantería No 26 Cacique Pigoanza para contrarrestar las acciones terroristas de la Columna Móvil Teófilo Forero en el municipio de Algeciras).
De acuerdo con el informe rendido por el Comandante del Batallón de Infantería No 26 “Cacique Pigoanza” y por el Oficial de Operaciones, luego de planear la estrategia militar, se desplazaron varias unidades desde el municipio de Gigante al lugar de los hechos, y una vez que se aproximaron al área donde se había detectado la presencia guerrillera, realizaron movimientos tácticos un la noche. Luego de verificar que se trataba de guerrilleros iniciaron el ataque, y como resultado de la acción, cuatro antisociales fueron dados de baja, uno capturado y aproximadamente diez resultaron heridos; amén del decomiso de armas y material de intendencia (f. 307 y ss, cuad. 1).
Como se puede advertir, el ataque fue el epilogo de una operación planificada y ejecutada por los miembros del Ejército. Y en desarrollo del mismo, también fue impactado el demandante. En tal virtud, no es de recibo aceptar la tesis esgrimida por la parte pasiva; esto es, que el daño es imputable al “hecho de un tercero”, porque la bala fue percutida por la guerrilla (aspecto no probado, por lo tanto, hace parte de una mera suposición).
Incluso, si así hubiera sido, las lesiones y los efectos derivados de la misma son un daño antijurídico que los actores no tienen el deber de soportar; máxime, si fueron ocasionadas en un combate gestado a iniciativa de las fuerzas de orden.
Estando debidamente acreditado el daño y el nexo de causalidad, es menester declarar la responsabilidad de la entidad demandada y la consecuente condena a la indemnización de los perjuicios irrogados.
5.- La legitimación.
En condición de demandantes, concurre el propio lesionado, su esposa (María Edilma Medina Payoy), su hija (Viviana Castañeda Medina), su madre (Sixta Perdomo de Castañeda) y sus hermanos Gertrudis Castañeda de Ramírez, Teresa, Rosalba, José Ignacio, Jesús Antonio, José Elicio y Luís Enrique Castañeda Perdomo.
La calidad de madre, hija y hermanos la acreditan con los correspondientes registros civiles de nacimiento obrantes a folios 69 y siguientes del cuaderno 1.
No obstante que no se aportó la prueba del matrimonio contraído entre Antonio María y María Edilma, los diferentes testimonios dan fe de una larga convivencia entre los dos; amén de que eran padres de dos hijas (una de ellas no pudo ser reconocida como parte actora –Yesinith-, en razón a que no confirió el correspondiente poder, al igual que una hermana-María Lourdes-, porque no acreditó el vinculo de parentesco). Como se indicara en el acápite 4 de la parte introductoria; dicha determinación no fue recurrida, amén de que la demanda no fue adicionada o corregida en la oportunidad legal.
Al abordar el análisis de los perjuicios reclamados por los padres, hijos, cónyuges y hermanos mayores, la jurisprudencia contencioso administrativa considera que basta acreditar el parentesco para que se presuma el dolor. Desde luego, la parte pasiva puede desvirtuar dicha presunción:
“[E]n relación con los padres, hijos, cónyuge y hermanos de la victima, jurisprudencialmente se deduce la existencia del daño moral que les produce su muerte, para lo cual basta acreditar el parentesco”4.
En posterior pronunciamiento, dicha Corporación ratificó el mismo parecer:
“[E]n relación con los padres, hijos, cónyuge o compañero y hermanos de la victima, jurisprudencialmente se deduce la existencia del daño moral que les produce su muerte, para lo cual basta acreditar el parentesco. Por supuesto, la entidad demandada puede desvirtuar dicha presunción...”5.
Es del caso resaltar, que el apoderado de la Nación- Mindefensa- Ejercito Nacional no realizó ningún esfuerzo probatorio o argumentativo para desvirtuar la referida presunción.
6.- El perjuicio.
Es indiscutible, que las lesiones irrogadas a Antonio María Castañeda y las secuelas derivadas de las mismas (deformidad física de carácter permanente, perdida funcional del miembro de carácter permanente, disminución del 59.2% de la capacidad laboral), repercuten negativamente en su vida afectiva, familiar, social y laboral. Aunado al hecho de que dicha limitación orgánica es fuente de dolor para su compañera, hija y hermanos.
7.- Indemnización del perjuicio.
a.- Perjuicios morales.
De acuerdo con el nuevo parecer jurisprudencial del H. Consejo de Estado6, los perjuicios morales se deben cuantificar en salarios mínimos, por lo tanto, se condenará a la Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas:
-A Antonio María Castañeda Perdomo el equivalente a 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($29.997.500).
En un asunto similar, en el cual se dictaminó una disminución del 50%, el H. Consejo de Estado ordenó una indemnización de 600 gramos de oro:
“En cuanto al perjuicio moral sufrido por la víctima, considera la parte actora que la valoración hecha en el fallo apelado resulta irrisoria. Esta Sala, por el contrario, la considera apropiada. En efecto, si bien se trata de una lesión importante, es evidente que existen otras que revisten mucha más gravedad. Por esta razón y dado que la Corporación ha adoptado como límite la suma equivalente a 1000 gramos de oro, se estima apropiada la valoración de dicho perjuicio, en este caso, en el equivalente a 600 gramos de oro”7.
-A Maria Edilma Medina Pajoy (esposa y/o compañera), el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($23.075.000).
-A Viviana Castañeda Medina (hija), el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($23.075.000).
-A Sixta Perdomo de Castañeda (madre), el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($23.075.000).
-A Gertrudis Castañeda de Ramírez (hermana), el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($11.537.500).
-A Rosalba Castañeda Perdomo (hermana), el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($11.537.500).
-A José Ignacio Castañeda Perdomo (hermano), el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($11.537.500).
-A Jesús Antonio Castañeda Perdomo (hermano), el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($11.537.500).
-A José Elicio Castañeda Perdomo (hermano), el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($11.537.500).
-A Luís Enrique Castañeda Perdomo (hermano), el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($11.537.500).
b.- Perjuicio a la vida de relación.
Merced a la lesión orgánica y funcional del brazo izquierdo, Antonio María no podrá realizar actividades que hacen agradable la existencia de cualquier ser humano; de igual manera, tendrá limitaciones en su interrelación familiar y social.
Como una manera de compensar dicha carencia, se reconocerá el equivalente a 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($29.997.500).
Al abordar el análisis de un caso análogo, así hubo de referir el H. Consejo de Estado:
“[E]l Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, luego de evaluar a Caicedo Cortés, verificó que presenta alteraciones en la marcha, pues la realiza con cojera; que el cuello del pie izquierdo se encuentra sin movilidad, y que existe asimetría longitudinal real y aparente entre sus dos extremidades inferiores, dado que su pierna izquierda sufrió un acortamiento de 3,5 cms. Se fundó en lo anterior para establecer que su pérdida de capacidad laboral fue del 50º/o. Con fundamento en lo anterior, encuentra la Sala que de las características del tratamiento recibido, así como de la naturaleza de la lesión padecida, puede inferirse una importante afectación de la víctima en su vida de relación. En efecto, dicho tratamiento generó a Jorge Alfredo Caicedo, sin duda, grandes incomodidades y limitaciones temporales, y las secuelas definitivas de la lesión implican para él una grave alteración, tanto a nivel estético, como en su posibilidad de realizar, en el futuro, ciertas actividades que antes le resultaban fáciles o posibles, lo que además influirá, seguramente, en el desarrollo de sus relaciones interpersonales. Por otra parte, la incapacidad laboral parcial que deberá soportar alterará, seguramente, sus expectativas vitales, dado que no tendrá la misma posibilidad de producir que puede tener una persona de su misma edad, lo que -a más del perjuicio material, que ya ha sido cuantificado-, causará una limitación evidente de sus posibilidades de realización personal. Así las cosas, está demostrada la existencia del perjuicio extrapatrimonial a la vida exterior sufrido por la víctima, y está probado, además, que el mismo es de cierta gravedad. Como en todos los casos de daño extrapatrimonial, conforme a lo dicho antes, el valor de la indemnización debe ser tasado por el juez, según su prudente juicio. En éste, con fundamento en lo expresado anteriormente, la Sala considera que la valoración hecha por el Tribunal, correspondiente a $4.000.000.oo, puede resultar muy baja; no obstante, dicha suma no podrá aumentarse, teniendo en cuenta los límites objetivos impuestos por los recursos interpuestos”8.
c.- Daño emergente.
No fue acreditado.
d.- Lucro cesante.
Se aduce en la demanda –y lo corroboran los testimonios-, que Antonio María Castañeda se dedicaba a las labores agrícolas; sin embargo, no se demostró cuanto percibía por dicho concepto. En tal virtud, se tomará como base el salario mínimo legal mensual que se encontraba vigente el 9 de septiembre de 2000 (día de la lesión); esto es $ 260.100; que al actualizarse a la fecha de la sentencia (con base en el índice de precios al consumidor), equivale a la suma de $417.061,85; y como es inferior al actual salario mínimo mensual ($ 461.500), se tomará éste último valor para cuantificar este rubro; al cual, se aplicará el 59.2%, que corresponde al porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del demandante.
La indemnización comprende dos periodos: la vencida (desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la sentencia) y la futura (desde la fecha de la sentencia hasta la vida probable del lesionado).
Fecha de nacimiento de la víctima: 7 de noviembre de 1937.
Fecha de los hechos: 9 de septiembre de 2000.
Disminución de la capacidad laboral: 59.2%.
Salario base de liquidación: $461.500 x 59.2% de disminución de la capacidad laboral = $273.208.
Vida probable: 12.759
S = Ra (1 + i)n- 1
S = $273.208 (1 + 0.004867)93 - 1
S = $ 32.037.153
S = $273.208 ( 1 + 0.004867 )153 - 1
0.004867 (1 + 0.004867)153
S = $ 29.456.912
TOTAL: $ 61.494.065
8.- Decisión.
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
PRIMERO.- Declarar que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional es administrativa y extracontractualmente responsable de las lesiones que le fueron irrogadas al señor Antonio María Castañeda Perdomo, en hechos acaecidos el 9 de septiembre de 2000 en el área rural del municipio de Algeciras- Huila. De contera, de los perjuicios que de acuerdo con la parte motiva les fueron irrogados a los actores.
SEGUNDO.- Condenar a la Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a cancelar por perjuicios morales, materiales y a la vida de relación las siguientes sumas:
-A Antonio Maria Castañeda Perdomo (lesionado), la suma de $ 61.494.065 .
Perjuicio a la vida de relación.
- A Antonio Maria Castañeda Perdomo (lesionado), el equivalente a 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($29.997.500).
-A Antonio María Castañeda Perdomo (lesionado) el equivalente a 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($29.997.500).
TERCERO.- Denegar las demás suplicas de la demanda.
CUARTO.- Cúmplase con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTO.-Para el cumplimiento de la sentencia, expídanse copias con destino a las partes y al Agente del Ministerio Público, siguiendo las ritualidades y prescripciones contenidas en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
SEXTO.- Si el fallo no fuere apelado, consultese con el Superior.
RAMIRO APONTE PINO ENRIQUE DUSSAN CABRERA
1 Corte Constitucional. Sentencia C-023, feb. 11/98. M.P. Jorge Arango Mejía.
3Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 9 de diciembre de 2004. Dioselina Garcia Ramirez y otros vs Nación – Minidefensa Radicación 73001-23-31-000-1995-3172-01 (14.174) C.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar.
4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de febrero de 2004. Jorge E Zapata Roldan y otros vs Nación – Minjusticia y otro. Rad.14955. C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.
5 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de junio de 2004. Rad. 68001 23 15 000 1994 0301 (14950). C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.
6 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 2001. M.P. Dr. Alier Hernández Enríquez.
7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2001. Radicación: 52001-23-31-000-1995-6703-01(13086). C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Henríquez.
8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2001. Radicación: 52001-23-31-000-1995-6703-01(13086). C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Henríquez.
9 Resolución 0497 de mayo de 1997 de la Superintendencia Bancaria

References: artículo 253
 artículo 254
 artículo 254
 artículo 83
 artículo 254
 artículo 16
 artículo 115
 Resolución