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Timestamp: 2019-12-15 15:09:48+00:00

Document:
Registro Oficial. 13 de JUNIO del 2001
Miércoles 13 de Junio del 2001
\n MINISTERIO DEL AMBIENTE
\n 003 Rectifícanse \n las coordenadas geográficas del área de bosque\n y vegetación protectores a 150 bas., que conforman\n el área MilpePachijal" , ubicado en San José\n de Milpe, en las microcuencas de los rios Pachijal\n y Tatalá, parroquia y cantón San Miguel de\n Los Bancos, provincia de Pichincha
\n CONSEJO\n NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO
\n 077 Establécese a partir del 1 de\n julio del presente año, un incremento de basta el \n 15% a la masa salarial de los servidores amparados por la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa pertenecientes a los\n gobiernos seccionales autónomos y sus empresas
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL
\n Recursos de casación en los juicios seguidos\n por las siguientes personas:
\n 140-98 Gasolinera "López" \n en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público .
\n 144-98 Gasolinera "Urcuqui" \n en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público
\n 58-99 Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach en contra\n del Ministerio de Finanzas y Crédito Público
\n 80-99 Empresa Confites Ecuatorianos\n C.A. CONFITECA en contra del Director General del Servicio de\n Rentas Internas
\n 108-99 Auto Servicios Oviedo Fierro Cia. Ltda.\n en contra del Ministro de Finanzas y Crédito Público\n .
\n 34-2000 Sonia Guerrón\n en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n
\n 72-2000 Sociedad Agrícola\n e Industrial San Carlos S.A. en contra de la Municipalidad de\n Guayaquil
\n 496 Autorizar la aplicación\n de franquicias arancelarias a la importación\n de mercancias destinadas a varios municipios de Colombia, \n al amparo de la Decisión 282
\n 497 Pronunciamiento sobre\n cumplimiento de normas especiales de origen de medicamentos\n comprendidos en Ias subpartidas NANDINA 3004.90.29 y 3004.10.00,\n exportadas por la República de Venezuela a la República\n del Perú, respecto a transporte directo
\n 498 Conclusión del\n procedimiento de calificación de restricción por\n parte del Gobierno de Ecuador por la no autorización de\n desembarques de atún provenientes de Colombia
\n 499 Reclamación presentada\n por el Gobierno de Venezuela contra el Gobierno de Colombia por\n supuestas restricciones al comercio de atún
\n 500 Modificación de\n la Resolución 461 (precios piso y techo y tablas aduaneras\n del Sistema Andino de Franjas de Precios para el periodo abril\n del 2001 - marzo del 2002)
\n ORDENANZAS\n MUNICIPALES
\n - Cantón Pimampiro:\n Para la administración y regulación del servicio\n de agua potable
\n - Cantón Joya de los Sachas:\n Para la determinación, administración, control\n y recaudación del impuesto a los vehiculos .\n \n
N0 003
Que, mediante Acuerdo Ministerial N0 48, el señor Ministro\n del Ambiente, con fecha 17 de julio del 2000, publicado en el\n Registro Oficial N0 145 de 21 de agosto del 2000, declaró\n área de bosque y vegetación protectores a 150 has.,\n que conforman el área "MILPE - PACHIJAL" ubicado\n en San José de Milpe, en las microcuencas de los ríos\n Pachijal y Tatalá, parroquia y cantón San Miguel\n de Los Bancos, provincia de Pichincha;
Que, mediante memorando N0 07 - OTLB - DFP - MA de marzo 22\n del 2001, el Jefe de Oficina Técnica (e), informa al Jefe\n de Distrito Forestal de Pichincha, sobre la rectificación\n de coordenadas geográficas del bosque protector Milpe\n - Pachijal;
Que, mediante memorando N0 218 MA - DFP de 20 de abril del\n 2001, el Director Nacional Forestal, solícita al Director\n de Asesoría Jurídica encargado, realizar las rectificaciones\n de las coordenadas geográficas del bosque protector Milpe-\n - Pachijal; y,
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias que\n le corresponden,
Art. 1. - Rectificase las coordenadas geográficas del\n área de bosque y vegetación protectores a 150 has.,\n que conforman el área "MILPE - PACHIJAL" ubicado\n en San José de Milpe, en las microcuencas de los ríos\n Pachijal y Tatalá, parroquia y cantón San Miguel\n de Los Bancos, provincia de Pichincha, de acuerdo al siguiente\n detalle:
}NORTE: 0°4' 57.73" N 78° 55' 10.52" W
\n SUR: 0° 3' 57.02" N 78° 54' 48.02" W
\n ESTE: 0° 4' 33.24" N 78° 54' 45.98" W
\n ESTE: 0°4' 50.24" N 78° 54' 40.82" W
\n OESTE 0°4' 29.81" N 78° 55' 22.27" W
\n OESTE: 0° 4' 25.52"N 78°55' 11.04"W
\n OESTE: 0° 4' 21.63"N 78° 55' 22.73"W
Art. 2. - De la ejecución de la presente resolución,\n encárgase al Director Nacional Forestal y Jefe de Distrito\n Forestal de Pichincha, encargado.
Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, a\n 29 de mayo del 2001.
Que con Resolución No. 041, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 245 de 16 de enero del 2001, el Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, estableció\n para el Presupuesto del Estado, porcentaje de incremento a la\n masa salarial;
Que de conformidad con la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas, compete al CONAREM determinar en las instituciones\n del Estado, el porcentaje de incremento de la masa salarial,\n precautelando la capacidad adquisitiva de las remuneraciones;\n y,
Art. 1. - Establécese a partir del 1 de julio del presente\n año, un incremento de hasta el 15% a la masa salarial\n de los servidores amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa pertenecientes a los gobiernos seccionales autónomos\n y sus empresas, entidades autónomas, que contando con\n recursos propios de carácter permanente puedan financiar\n tales incrementos.
Por tanto el incremento a la masa salarial será de\n hasta un 25% para el presupuesto del presente ejercicio fiscal.
Art. 2. - El Ministerio de Economía y Finanzas, por\n ningún concepto asignará recursos para atender\n aumentos a la masa salarial de las entidades referidas en el\n Art. 1 de la presente resolución, que no dispongan de\n fondos propios.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil uno.
f.) Econ. Stalin Nevárez, delegado del Ministro de\n Economía y Finanzas, Presidente del CONAREM.
f) Ab. Martin Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.
f) Ing. A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional, Secretario del CONAREM.
f) Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio Civil\n y
Desarrollo Institucional, Secretario del CONAREM. Quito, 29\n de mayo del 2001.
No. 140\n - 98
EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE\n EL SEÑOR WILFRIDO LOPEZ, PROPIETARIO DE LA GASOLINERA\n LOPEZ CONTRA EL MINISTRO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.
Quito, 30 de marzo del 2001; las 10h00.
VISTOS: El Dr. René Palacios Aguirre, en calidad de\n Procurador de la Autoridad Tributaria Fiscal, interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 el 21 de agosto de\n 1998, en el juicio de impugnación No. 17595, deducido\n por Wilfrido López, propietario de la Gasolinera "López",\n en contra del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público, con la cual se ha dejado sin\n efecto la Resolución No. 115, expedida por la autoridad\n demandada el 20 de marzo de 1997. Concedido el recurso y corrido\n traslado el señor Wilfrido López, ha comparecido\n mediante escrito de 23 de noviembre de 1998, que obra de fs.\n 4 a 23 del cuaderno de casación. Habiéndose pedido\n autos para resolver, se considera: PRIMERO. - La Sala Especializada\n de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer y\n resolver el recurso de conformidad con el Art. 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO. - El Procurador de la Autoridad Tributaria\n Fiscal, fundamenta el recurso en las causales primera y tercera\n del Art. 3 de la Ley de Casación, manifestando que las\n disposiciones legales incumplidas en la sentencia recurrida son\n las siguientes: 1. - El Art. 19 de la Ley 051, reformatoria de\n la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el\n Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, que creó\n los artículos innumerados a continuación del Art.\n 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 2. - El Art.\n 63 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno. 3. - Los artículos 9, 139, 144, 273,\n 277, 285 y 288 del Código Tributario. 4. - Los artículos\n 10 y 1731 del Código Civil. Fundamentado el recurso expresa\n que por delegación legal del Ministro de Finanzas y Crédito\n Público, el Subsecretario General, expidió la Resolución\n No. 115 de 20 de marzo de 1997, en el recurso de revisión\n propuesto por el Director General de Rentas, mediante oficio\n No. 00179 de 20 de mayo de 1996, declarando la nulidad del convenio\n tributario de 29 de diciembre de 1995, suscrito entre el actor\n y el Director General de Rentas encargado, fundamentado en el\n numeral 1 del Art. 139 del Código Tributario, al considerar\n que no se había cumplido con las formalidades previstas\n en el Art. 19 de la Ley 051, publicada en el Registro Oficial\n No. 349 de 31 de diciembre de 1993 y en el Art. 63 del Reglamento\n de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno,\n por cuanto se violaron íntegramente las disposiciones\n legales aplicables a la determinación de las obligaciones\n tributarias a través de la forma de determinación\n mixta identificada como convenio tributario. Que a pesar de la\n convicción de que en la firma del convenio se incumplió\n las disposiciones legales y reglamentarias. Wilfrido López.\n presentó demanda de impugnación de la Resolución\n No. 115, con la cual la autoridad reconoció la nulidad\n del mismo. Que en el escrito de impugnación el actor sostiene\n que el convenio ha sido debidamente celebrado y que en la contestación\n a la demanda la autoridad negó pura y simplemente los\n fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Que el Art.\n 273 del Código Tributario expresa que es obligación\n del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente\n en la demanda y que ha negado expresamente la autoridad tributaria\n y que al haber afirmado que el convenio firmado con el Director\n General de Rentas encargado, fue validamente celebrado, tenía\n la obligación inexcusable de probar su afirmación,\n presentando prueba documental de la solicitud presentada al Director\n General de Rentas, certificación de que en la tramitación\n del convenio se cumplieron los plazos previstos como formalidades\n sustanciales en la ley y en el reglamento. Que del expediente\n se desprende que el actor no envió a la Dirección\n General de Rentas, ninguno de los documentos exigidos por la\n ley para llegar a una correcta determinación de la obligación\n tributaria a convenirse. Que el primer artículo innumerado\n creado a continuación del Art. 26 de la Ley de Régimen\n Tributario Interno por el Art. 19 de la Ley 051, publicada en\n el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, dispuso\n en forma taxativa y clara que la eficacia de los convenios tributarios\n dependía del cumplimiento de las formalidades establecidas\n por la propia ley y su reglamento de aplicación y que\n el tercer artículo innumerado a continuación del\n Art. 26 ibídem estableció los requisitos que debían\n cumplir los sujetos pasivos para poder firmar un convenio tributario.\n Que el Art. 63 del reglamento de aplicación, en concordancia\n con la ley, reitera que era obligación de los sujetos\n pasivos tributarios antes de firmar un convenio presentar los\n documentos detallados en los literales que van de a) a la g)\n del numeral 1ro. y cumplir los plazos y el procedimiento señalados\n en los numerales 1, 2, 3 y 4. Que el convenio celebrado por el\n actor fue declarado nulo, por cuanto con excepción de\n la presentación de la solicitud, no presentó ni\n cumplió los demás requisitos exigidos en las normas\n legales antes referidas y de las cuales dependía su eficacia.\n Que la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal No. 1 de Quito. viola la disposición expresa\n del Art. 10 del Código Civil que. prescribe que: "En\n ningún caso puede el Juez declarar válido un acto\n que la Ley ordena que sea nulo". Que el Art. 144 del Código\n Tributario dispone que las resoluciones que se dicten en recursos\n de revisión, gozarán de las presunciones de legitimidad\n y ejecutoriedad, es decir que tendrán validez y deberán\n ser ejecutadas hasta que se demuestre lo contrario y que por\n lo tanto el actor debió demostrar que la resolución\n del Subsecretario General no era legítima ni ejecutable\n y que al no haberlo hecho en el juicio de impugnación,\n subsiste su legitimidad y ejecutoriedad. Que el literal c) del\n considerando quinto de la sentencia contiene una evidente contradicción,\n al afirmar textualmente, refiriéndose al convenio tributario,\n celebrado entre el Director General de Rentas y el actor "Su\n legalidad y firmeza se encuentran probadas de autos, porque así\n lo admiten los litigantes implícitamente cuando lo hacen\n de su celebración y declaratoria de nulidad, circunstancias\n alegadas por ellos en el juicio"; razonamiento que es contradictorio\n e incomprensible por contener dos conclusiones distintas y opuestas\n como son la validez de nulidad del convenio al mismo tiempo.\n Que en el literal c) del considerando quinto, adicionalmente\n se sostiene que los litigantes hacen referencia expresa al convenio\n tributario como que "seguramente está documentado,\n aunque ninguno lo haya aportado al proceso como fue su obligación".\n afirmación gratuita de la Sala, que es jurídicamente\n inadmisible, ya que en ninguna norma de derecho se establece\n como medio probatorio a la presunción unilateral de los\n magistrados del Tribunal, lo cual de acuerdo al Art. 121 del\n Código de Procedimiento Civil no puede hacer fe en el\n juicio, quedando desvanecida esta presunción de la Sala\n mediante la resolución de la autoridad tributaria que\n declaró la nulidad del convenio por incumplimiento de\n formalidades sustanciales. Que la opinión de la Sala de\n que la obligación de probar era de los litigantes, contraviene\n lo dispuesto en el Art. 273 del Código Tributario que\n dispone que la carga de la prueba corresponde al actor. Que el\n Art. 288 del Código Tributario determina que la sentencia\n será motivada y decidirá con claridad los puntos\n sobre los cuales se trabó la litis. Que al no probarse\n que el convenio fue válidamente celebrado y existiendo\n un acto administrativo como la Resolución No. 115 de 20\n de marzo de 1997, que goza de las presunciones de legitimidad\n y ejecutoriedad, en aplicación de lo dispuesto por el\n Art. 288. la sentencia debió negar la demanda por improcedente.\n Que la afirmación constante en el considerando séptimo\n de la sentencia es un hecho concreto y como manifestación\n de voluntad existe independientemente de su validez y consecuentemente\n produce efectos de derecho, aunque el objeto no se cumpla",\n es antojadiza y contraria a derecho, puesto que significaría\n que los actos absolutamente nulos tienen efectos en derecho.\n Que el Art. 9 del Código Tributario dice que los actos\n administrativos o de gestión en materia tributaria constituyen\n actividad reglada y son impugnables por la vía administrativa,\n razón por la cual el Subsecretario General del Ministerio\n de Finanzas, por delegación del titular de esa Cartera\n de Estado, procedió a revisar el ilegal convenio, declarando\n su nulidad mediante la Resolución No. 115. Que la Sala\n ha incumplido lo dispuesto en el primer inciso del Art. 288 del\n Código Tributario, de que se pronuncie sentencia dentro\n de treinta días de notificadas las partes para el efecto,\n lo que permite a las partes presentar informes en derecho o solicitar\n audiencia pública en estrados. Notificado con el escrito\n de interposición del recurso, el señor Wilfrido\n López contesta en los siguientes términos: Que\n el recurso no reúne los requisitos exigidos en los Arts.\n 3 y 6 de la Ley de Casación. Que el Procurador de la Autoridad\n Tributaria no señala en su escrito a qué autoridad\n tributaria representa y por lo mismo existe ilegitimidad de personería\n y además no puede representar al Ministro de Finanzas\n ni al Subsecretario General del Ministerio de Finanzas, porque\n estos funcionarios no le han autorizado expresamente interponer\n el recurso de casación, ya que su procuración concluyó\n con la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal No. 1 de Quito. Que la resolución del Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas, fue expedida fuera del plazo\n señalado en el Art. 143 del Código Tributario,\n y por tanto la facultad revisora se extinguió y en consecuencia\n la resolución es nula. Que al ser el convenio tributario\n un sistema de determinación de la obligación tributaria,\n mal pudo el Subsecretario General del Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público de manera unilateral desconocer\n los efectos del convenio tributario, nulitarlo e invalidarlo.\n Que el convenio tributario es válido y la Primera Sala\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en Quito así\n lo ha manifestado en sentencia, la misma que es apegada a derecho,\n ha valorado la prueba con el más amplio sentido jurídico\n y de equidad. Solicita se deseche el recurso de casación\n y se confirme la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal\n Distrital de lo Fiscal No. 1 de Quito. TERCERO. - Siendo la casación\n un recurso especial y de excepción que tiene por objeto\n examinar la legalidad de la sentencia y autos definitivos que\n ponen término a las causas de conocimiento, es necesario\n que esta Sala examine únicamente si se han cometido en\n la sentencia objeto del recurso las violaciones legales y reglamentarias\n que aduce el recurrente, por tanto, la presente casación\n se concreta a definir y establecer si el convenio tributario\n suscrito entre la Dirección General de Rentas y el señor\n Wilfrido López. cumplió o no con los requisitos\n exigidos para su validez y eficacia, así como si el procedimiento\n que se siguió desde la presentación de la solicitud\n del convenio hasta su suscripción fue o no previsto en\n las respectivas normas legales y reglamentarias. CUARTO. - La\n sentencia recurrida, alegando manifiesta incompetencia del funcionario\n que la suscribe, declara la nulidad de la Resolución No.\n 115 de 20 de marzo de 1997, expedida por el Subsecretario General\n del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. Al\n respecto es del caso señalar que el indicado funcionario\n expidió la referida resolución en uso de la delegación\n de funciones constantes en el Acuerdo Ministerial No. 228, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 678 de 19 de abril\n de 1995. El literal d) del artículo 1 de este acuerdo\n faculta al Subsecretario, entre otros, expedir todos los actos\n administrativos. Es del caso aclarar que las resoluciones que\n se emitan en revisión son actos administrativos que en\n virtud de la delegación indicada, podía expedirlos\n el Subsecretario General. El Ministro de Finanzas para efectuar\n la delegación, se basa en los Arts. 25 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control y 19 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva. El Art. 76 del Código Tributario prevé\n la delegación. El Art. 1 9 - B de la Ley de Régimen\n Administrativo faculta a los ministros de Estado, delegar sus\n funciones mediante la expedición del respectivo acuerdo.\n Por lo tanto, carece de valor la afirmación de que el\n Subsecretario General del Ministerio de Finanzas es incompetente\n para expedir resoluciones en revisión. Tampoco existe\n razón valedera para objetar que el Director General de\n Rentas haya sugerido de oficio el recurso de revisión.\n El Subsecretario General del Ministerio de Finanzas, aún\n sin que medie esa sugerencia, podía proceder a la revisión\n y a declarar la nulidad de actos administrativos. QUINTO. - El\n primer inciso del primer artículo innumerado que al Art.\n 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dispuso intercalar\n el Art. 19 de la Ley 051. dice: "Determinación por\n Convenio Tributario. La determinación por convenio tributario\n es una modalidad de determinación mixta del impuesto a\n la renta, consistente en un acuerdo de carácter transaccional\n distinto de la transacción que establece el Código\n Civil que, para su eficacia, exige el cumplimiento de las formalidades\n que se establecen en esta ley y en sus reglamentos de aplicación\n así como la indispensable adhesión del sujeto pasivo,\n de todo lo cual se dejará constancia en la correspondiente\n acta que debe levantarse para el efecto". De esta disposición\n legal se desprenden las siguientes conclusiones: 1. - La determinación\n por convenio tributario, es evidentemente una forma de determinación\n mixta de los impuestos a la renta, al valor agregado y a los\n consumos especiales. 2. - Si bien esta determinación tributaria\n es de carácter transaccional, en tanto en cuanto intervienen\n las dos partes interesadas, los sujetos activo y pasivo de los\n tributos, para su negociación y determinación cuantitativa,\n es diferente en su naturaleza jurídica a la establecida\n y regulada por el Código Civil, por lo cual resulta errónea\n la interpretación que a este respecto hace la sentencia,\n cuando a esta forma de determinación tributaria le asimila\n a un acuerdo de voluntades sujeta a la determinación de\n las partes. 3. - Establecido que el convenio tributario es una\n modalidad mixta de determinación de los tributos y es\n un verdadero acto administrativo, se concluye que el mismo es\n un acto reglado, esto es que para su celebración debe\n sujetarse a los requisitos, términos y condiciones fijados\n en la ley y reglamento pertinentes, cuando al definir el convenio\n dispone "que para su eficacia exige el cumplimiento de las\n formalidades que se establecen en esta Ley y en su Reglamento\n de Aplicación". SEXTO. - El numeral 1 del Art. 63\n del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen\n Tributario Interno, en concordancia con la norma legal anteriormente\n referida, establece como requisito obligatorio a cumplirse por\n parte de los sujetos pasivos que deseen celebrar convenios tributarios,\n el adjuntar a la correspondiente solicitud escrita que presenten\n ante el Director General de Rentas o al funcionario competente\n de esa Dirección General que haya sido expresamente delegado\n para el efecto, los documentos que se prescriben y precisan en\n los literales que van de la a) a la g)del numeral 1 de dicho\n artículo , al igual que era obligación cumplir\n con los plazos y procedimientos señalados en los numerales\n 2, 3 y 4 del mismo artículo. Revisado el expediente de\n impugnación no aparece documento alguno que demuestre\n que el señor Wilfrido López haya adjuntado a su\n solicitud de convenio tributario los documentos exigidos en el\n primer artículo innumerado que el Art. 19 de la Ley 051\n mandó agregar al Art. 26 de la Ley de Régimen Tributario\n Interno y aquellas que se determinan y señalan en el numeral\n 1 del Art. 63 del reglamento de aplicación de dicha ley.\n SEPTlMO. - Según lo que queda expuesto, no es aceptable\n la alegación constante en el escrito de contestación\n del recurso de casación del señor Wilfrido López,\n cuando dice que el recurso de casación carece de fundamentación\n legal, por cuanto la sentencia recurrida ha sido dictada tomando\n en consideración lo que al respecto estipulan las leyes\n tributarias de la materia, como tampoco es exacta y valedera\n aquella otra argumentación constante en el mismo documento\n que afirma que el convenio tributario celebrado por él\n con la Dirección General de Rentas cumplió con\n todos los requisitos señalados por la ley. OCTAVO . -\n Con respecto a la obligatoriedad de los documentos precontractuales\n que la ley y el reglamento exigen sean presentados juntamente\n con la solicitud escrita del convenio, las partes intervinientes\n en el mismo deben someterse a los procedimientos y a los plazos\n que se detallan en los numerales 2, 3 y 4 de tantas veces referido\n Art. 63 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno y cuyo acatamiento al ser exigido por la ley,\n constituye también elemento esencial para su validez,\n por tanto sobre este particular tampoco es aceptable la interpretación\n que la sentencia hace en el sentido de que incumplimiento no\n puede ser considerado entre las causales de nulidad previstas\n en el numeral 2 del Art. 132 del Código Tributario, ni\n del numeral 1 del Art. 139 del mismo cuerpo legal como causal\n de revisión. NOVENO. - También es del caso señalar\n que el numeral 2 del Art. 132 del Código Tributario determina\n como causal de nulidad de los actos administrativos el que hubieren\n sido dictados con prescindencia de las normas de procedimiento\n o las formalidades que la ley prescribe, siempre que hayan obstado\n el derecho a la defensa o que la omisión hubiere influido\n en la decisión del reclamo, causal que la Sala estima\n aplicable al caso, por cuanto el convenio tributario tal como\n consta del proceso se ha celebrado con claro incumplimiento de\n las formalidades que la ley prescribe, lo cual, indudablemente,\n ha influido en la decisión del mismo y por tanto la sentencia\n recurrida al no haberlo así establecido ha dejado de aplicar\n esta norma que es pertinente al caso. DECIMO. - De conformidad\n con el numeral 1 del Art. 139 del Código Tributario, la\n autoridad tributaria estaba facultada a proceder, como lo ha\n hecho, a la revisión del convenio tributario, celebrado\n el 29 de diciembre de 1995 con el señor Wilfrido López,\n al estimar que el mismo ha sido celebrado con evidentes errores\n de hecho y de derecho que quedan señalados y con violación\n de las expresas disposiciones legales que también se indican,\n correspondiéndole por tanto al actor en acatamiento a\n lo que preceptúa el Art. 273 del Código Tributario,\n demostrar que sí se cumplieron todos y cada uno de los\n requisitos y formalidades exigidos para su - legal otorgamiento,\n ya que la administración como consta de autos, y lo sostiene\n también el Procurador Tributario al ser citado con la\n correspondiente demanda, negó simplemente los fundamentos\n de hecho y de derecho de la misma, por la cual la carga de la\n prueba le correspondía al impugnante de la resolución\n y no a la administración, que simplemente la negó.\n La sentencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal, también\n viola esta disposición legal. Por las consideraciones\n que anteceden, la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, casa la sentencia expedida por la Primera Sala del\n Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 de Quito, el 21 de agosto\n de 1998 y reconoce la legalidad de la Resolución No. 015\n de 20 de marzo de 1997, expedida por el Subsecretario General\n del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Hernán Quevedo Terán, Alfredo Contreras\n Villavicencio y José Vicente Troya Jaramillo, Ministros\n Jueces.
Es conforme con el original.
Quito, 15 de mayo del 2001.
No. 144\n - 98
\n EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE EL SEÑOR LUIS ANIBAL\n QUILCA, PROPIETARIO DE LA GASOLINERA URCUQUI CONTRA EL MINISTRO\n DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.
Quito, 30 de marzo del 2001 las 17h20.
VISTOS: El Dr. René Palacios Aguirre, en calidad de\n Procurador de la Autoridad Tributaria Fiscal, interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 el 28 de agosto de\n 1998, en el juicio de impugnación No. 17394 deducido por\n Luis Aníbal Quilca, propietario de la gasolinera "URCUQUI",\n en contra del Subsecretario General del Ministerio de Finanzas\n y Crédito Público, con la cual se ha dejado sin\n efecto la Resolución No. 136, expedida por la autoridad\n demandada el 23 de enero de 1997. Concedido el recurso y corrido\n traslado al señor Luis Aníbal Quiten, ha comparecido\n mediante escrito de 20 de noviembre de 1998, que obra de fs.\n 4 a 18 del cuaderno de casación. Habiéndose pedido\n autos para resolver, se considera: PRIMERO. - La Sala Especializada\n de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer y\n resolver el recurso de conformidad con el Art. 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO. - El Procurador de la Autoridad Tributaria\n Fiscal, fundamenta el recurso en las causales primera y tercera\n del Art. 3 de la Ley de Casación, manifestando que tas\n disposiciones legales incumplidas en la sentencia recurrida con\n las siguientes: 1. - El Art. 19 de la Ley 051. reformatoria de\n la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el\n Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1 993, que creó\n los artículos innumerados a continuación del Art.\n 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 2. - El Art.\n 63 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno. 3. - Los artículos 9, 139, 144, 273,\n 277. 285 y 288 del Código Tributario. 4. - Los artículos\n 10 y 1731 del Código Civil. Fundamentado el recurso expresa\n que por delegación legal del Ministro de Finanzas y Crédito\n Público, el Subsecretario General expidió la Resolución\n No. 136 de 23 de enero de 1997, en el recurso de revisión\n propuesto por el Director General de Rentas mediante oficio No.\n 00179 de 20 de mayo de 1996, declarando la nulidad del convenio\n tributario de 29 de diciembre de 1995. suscrito entre el actor\n y el Director General de Rentas encargado, basado en el numeral\n 1 del Art. 139 del Código Tributario, al considerar que\n no se habían cumplido con las formalidades previstas en\n el Art. 1 9 de la Ley 051, publicada en el Registro Oficial No.\n 349 de 31 de diciembre de 1993 y en el Art. 63 del Reglamento\n de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno,\n por cuanto se violaron íntegramente las disposiciones\n legales aplicables a la determinación de las obligaciones\n tributarias a través de la forma de determinación\n mixta identificada como convenio tributario. Que a pesar de la\n convicción de que en la firma del convenio se incumplió\n las disposiciones legales y reglamentarias, Luis Aníbal\n Quilca, presentó demanda de impugnación de la Resolución\n No. 1 36. con la cual la autoridad reconoció la nulidad\n del mismo. Que en el escrito de impugnación el actor sostiene\n que el convenio ha sido debidamente celebrado y que en la contestación\n a la demanda la autoridad negó pura y simplemente los\n fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Que el Art.\n 273 del Código Tributario expresa que es obligación\n del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente\n en la demanda y que ha negado expresamente la autoridad tributaria\n y que al haber afirmado que el convenio firmado con el Director\n General de Rentas encargado, fue válidamente celebrado,\n tenía la obligación inexcusable de probar su afirmación,\n presentando prueba documental de la solicitud presentada al Director\n General de Rentas, certificación de que en la tramitación\n del convenio se cumplieron los plazos previstos como formalidades\n sustanciales en la ley y en el reglamento. Que del expediente\n se desprende que el actor no envío a la Dirección\n General de Rentas ninguno de los documentos exigidos por la ley\n para llegar a una correcta determinación de la obligación\n tributaria a convenirse. Que el primer artículo innumerado\n creado a continuación del Art. 26 de la Ley de Régimen\n Tributario Interno por el Art. 19 de la Ley 051. publicada en\n el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, dispuso\n en forma taxativa y clara que ha eficacia de los convenios tributarios\n dependía del cumplimiento de las formalidades establecidas\n por la propia ley y su reglamento de aplicación y que\n el tercer artículo innumerado creado a continuación\n del Art. 26 ibídem estableció los requisitos que\n debían cumplir los sujetos pasivos para poder firmar un\n convenio tributario. Que el Art. 63 del Reglamento de Aplicación,\n en concordancia con la ley, reitera que era obligación\n de los sujetos pasivos tributarios antes de firmar un convenio,\n presentar los documentos detallados en los literales que van\n de a) a la g) del numeral 1ro. y cumplir los plazos y el procedimiento\n señalados en los numerales 1, 2, 3 y 4. Que el convenio\n celebrado por el actor fue declarado nulo, por cuanto con excepción\n de la presentación de la solicitud, no presentó\n ni cumplió los demás requisitos exigidos en las\n normas legales antes referidas y de las cuales dependía\n su eficacia. Que la sentencia dictada por la Primera Sala del\n Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 de Quito viola la disposición\n expresa del Art. 10 del Código Civil, que prescribe que:\n "En ningún caso puede el Juez declarar válido\n un acto que la Ley ordena que sea nulo". Que el Art. 144\n del Código Tributario dispone que las resoluciones que\n se dicten en recurso de revisión, gozarán de las\n presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, es decir que -tendrán\n validez y deberán ser ejecutadas hasta que se demuestre\n lo contrario y que por lo tanto el actor debió demostrar\n que la resolución del Subsecretario General no era legítima\n ni ejecutable y que al no haberlo hecho en el juicio de impugnación\n subsiste su legitimidad y ejecutoriedad. Que el literal c) del\n considerando quinto de la sentencia contiene una evidente contradicción,\n al afirmar textualmente, refiriéndose al convenio tributario\n celebrado entre el Director General de Rentas y al actor "Su\n legalidad y firmeza se encuentran probadas de autos, porque así\n lo admiten los litigantes implícitamente cuando lo hacen\n de su celebración y declaratoria de nulidad, circunstancias\n alegadas por ellos en el juicio", razonamiento que es contradictorio\n e incomprensible por contener dos conclusiones distintas y opuestas\n como son la validez y nulidad del convenio al mismo tiempo. Que\n en el literal c) del considerando quinto adicionalmente se sostiene\n que los litigantes hacen referencia expresa al convenio tributario\n como que "seguramente está documentado, aunque ninguno\n lo haya aportado al proceso como fue su obligación",\n afirmación gratuita de la Sala, que es jurídicamente\n inadmisible, ya que en ninguna norma de derecho se establece\n como medio probatorio a la presunción unilateral de los\n magistrados del Tribunal, lo cual de acuerdo al Art. 121 del\n Código de Procedimiento Civil no puede hacer fe en el\n juicio, quedando desvanecida esta presunción de la Sala\n mediante la resolución de la Autoridad Tributaria que\n declaró la nulidad del convenio por incumplimiento de\n formalidades sustanciales. Que la opinión de la Sala de\n que la obligación de probar era de los litigantes, contraviene\n lo dispuesto en el Art. 273 del Código Tributario que\n dispone que la carga de la prueba corresponde al actor. Que el\n Art. 288 del Código Tributario determina que la sentencia\n será motivada y decidirá con claridad los puntos\n sobre los cuales se trabó la litis. Que al no probarse\n que el convenio fue válidamente celebrado y existiendo\n un acto administrativo como la Resolución No. 136 de 23\n de enero de 1997, que goza de las presunciones de legitimidad\n y ejecutoriedad, en aplicación de lo dispuesto por el\n Art. 288, la sentencia debió negar la demanda por improcedente.\n Que la afirmación constante en el considerando séptimo\n de la sentencia "es un hecho concreto y como manifestación\n de voluntad existe independientemente de su validez y consecuentemente\n produce efectos de derecho, aunque el objeto no se cumpla",\n es antojadiza y contraria a derecho, puesto que significaría\n que los autos absolutamente nulos tienen efectos en derecho.\n Que el Art. 9 del Código Tributario dice que los actos\n administrativos o de gestión en materia tributaria constituyen\n actividad reglada y son impugnables por la vía - administrativa,\n razón por la cual el Subsecretario General del - Ministerio\n de Finanzas, por delegación del titular de esta Cartera\n de Estado, procedió a revisar el ilegal convenio, declarando\n su nulidad mediante Resolución No. 136. Que la Sala ha\n incumplido lo dispuesto en el primer inciso del Art. 288 del\n Código Tributario, de que se pronuncie sentencia dentro\n de treinta días de notificadas las partes para el efecto,\n lo que permite a las partes presentar informes en derecho o solicitar\n audiencia pública en estrados. Notificado con el escrito\n de interposición del recurso, el señor Luis Aníbal\n Quilca contesta en los siguientes términos: Que el recurso\n no reúne los requisitos exigidos en los Arts .3 y 6 de\n la Ley de Casación. Que el Procurador de la Autoridad\n Tributaria no señala en su escrito a qué autoridad\n tributaria representa y por lo mismo existe ilegitimidad de personería\n y además no puede representar al Ministro de Finanzas\n ni al Subsecretario General de Finanzas, porque estos funcionarios\n no le han autorizado expresamente interponer el recurso de casación,\n ya que su procuración concluyó con la sentencia\n dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No. 1 de Quito. Que la Resolución del Subsecretario General\n del Ministerio de Finanzas fue expedida fuera del plazo señalado\n en el Art. 143 del Código Tributario, y por tanto la facultad\n revisora se extinguió y en consecuencia la resolución\n es nula. Que al ser el convenio tributario un sistema de determinación\n de la obligación tributaria, mal pudo el Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n de manera unilateral desconocer los efectos del convenio tributario,\n nulitarlo e invalidarlo. Que el convenio tributario es válido\n y la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1,\n con sede en Quito, así lo ha manifestado en sentencia,\n la misma que es apegada a derecho, ha valorado la prueba con\n el más amplio sentido jurídico y de equidad. Solícita\n se deseche el recurso de casación y se confirme la sentencia\n dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No. 1 de Quito. TERCERO. - Siendo la casación un recurso\n especial y de excepción que tiene por objeto examinar\n la legalidad de la sentencia y autos definitivos que ponen término\n a las causas de conocimiento, es necesario que esta Sala examine\n únicamente si se han cometido en la sentencia objeto del\n recurso las violaciones legales y reglamentarias que aduce el\n recurrente: por tanto, la presente casación se concreta\n a definir y establecer si el convenio tributario suscrito entre\n la Dirección General de Rentas y el señor Luis\n Aníbal Quilca, cumplió o no con los requisitos\n exigidos para su validez y eficacia, así como si el procedimiento\n que se siguió desde la presentación de la solicitud\n del convenio hasta su suscripción fue o no el previsto\n en las respectivas normas legales y reglamentarias. CUARTO. -\n La sentencia recurrida, alegando manifiesta incompetencia del\n funcionario que la suscribe, declara la nulidad de la Resolución\n No. 136 de 23 de enero de 1997. expedida por el Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.\n Al respecto es del caso señalar que el indicado funcionario\n expidió la referida resolución en uso de la delegación\n de funciones constante en el Acuerdo Ministerial No. 228, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 678 de 19 de abril\n de 1995. El literal d) del artículo 1 de este acuerdo\n faculta al Subsecretario, entre otros, expedir todos los actos\n administrativos. - Es del caso aclarar que las resoluciones que\n se emiten en revisión son actos administrativos que en\n virtud de la delegación indicada, podía expedirlos\n el Subsecretario General. El Ministro de Finanzas para efectuar\n la delegación, se basa en los Arts. 25 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, y 19 del Estatuto\n de Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva. El Art. 76 del Código Tributario prevé\n la delegación. El Art. 1 9 - B de la Ley de Régimen\n - Administrativo faculta a los ministros de Estado delegar sus\n funciones mediante la expedición del respectivo acuerdo.\n Por lo tanto, carece de valor la afirmación de que el\n Subsecretario General del Ministerio de Finanzas es incompetente\n para expedir resoluciones en revisión. Tampoco existe\n razón valedera para objetar que el Director General de\n Rentas haya sugerido de oficio el recurso de revisión.\n El Subsecretario General del Ministerio de Finanzas, aún\n sin que medie esa sugerencia, podía proceder a la revisión\n y a declarar la nulidad de actos administrativos. QUINTO. - El\n primer inciso del primer artículo innumerado que al Art.\n 26 de la Ley de Régimen Tributario lnterno dispuso intercalar\n el Art. 19 de la Ley 051. dice: "Determinación por\n Convenio Tributario. - La Determinación por convenio tributario\n es una modalidad de determinación mixta del impuesto a\n la Renta consistente en un acuerdo de carácter transaccional\n distinto de la transacción que establece el Código\n Civil que, para su eficacia, exige el cumplimiento de las formalidades\n que se establecen en esta les' y en sus reglamentos de aplicación,\n así como la indispensable adhesión del sujeto pasivo,\n de todo lo cual se dejará constancia en la correspondiente\n acta que debe levantarse para el efecto". De esta disposición\n legal se desprenden las siguientes conclusiones: 1 . - La determinación\n por convenio tributario, es evidentemente una forma de determinación\n mixta de los impuestos a la renta al valor agregado y a los consumos\n especiales. 2. - Si bien esta determinación tributaria\n es de carácter transaccional en tanto en cuanto intervienen\n las dos partes interesadas, los sujetos activo y pasivo de los\n tributos, para su negociación y determinación cuantitativa,\n es diferente en su naturaleza jurídica a la establecida\n y regulada por el Código Civil, por lo cual resulta errática\n la interpretación que a este respecto hace la sentencia,\n cuando a esta forma de determinación tributaria le asimila\n a un acuerdo de voluntades sujeta a la determinación de\n las partes. 3. - Establecido que el convenio tributario es una\n modalidad mixta de determinación de los tributos y es\n un verdadero acto administrativo, se concluye que el mismo es\n un acto reglado, esto es que para su celebración debe\n sujetarse a los requisitos, términos y condiciones fijados\n en la ley y reglamentos pertinentes, cuando al definir el convenio\n dispone "que para su eficacia exige el cumplimiento de las\n formalidades que se establecen en esta Ley y en su Reglamento\n de Aplicación". SEXTO.- El numeral 1 del Art. 63\n del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen\n Tributario Interno, en concordancia con la norma legal anteriormente\n referida, establece como requisito obligatorio a cumplirse por\n parte de los sujetos pasivos que deseen celebrar convenios tributarios,\n el adjuntar a la correspondiente solicitud escrita que presenten\n ante el Director General de Rentas o al funcionario competente\n de esa Dirección General que haya sido expresamente delegado\n para el efecto, los documentos que se prescriben y precisan en\n los literales que van de la a) a la g) del numeral 1 de dicho\n articulo, al igual que era obligación cumplir con los\n plazos o procedimientos señalados en los numerales 2,\n 3 y 4 del mismo artículo. Revisado el expediente de impugnación,\n no aparece documento alguno que demuestre que el señor\n Luis Anibal Quilca haya adjuntado a su solicitud de convenio\n tributario los documentos exigidos en el primer articulo innumerado\n que el Art. 19 de la Ley 051 mandó agregar al Art. 26\n de la Ley de Régimen Tributario interno y aquellos que\n se determinan y señalan en el numeral 1 del Art. 63 del\n Reglamento de Aplicación de dicha ley. SEPTIMO.- Según\n lo que queda expuesto.- no es aceptable la alegación constante\n en el escrito de contestación del recurso de casación\n carece de fundamentación legal por cuanto la sentencia\n recurrida ha sido dictada tomando en consideración lo\n que al respecto estipulan las leves tributarias de la materia,\n como tampoco es exacta y valedera aquella otra argumentación\n constante en el mismo documento que afirma que el convenio tributario\n celebrado por él con la Dirección General de Rentas\n cumplió con todos los requisitos señalados por\n la ley. OCTAVO.- Con respecto a la obligatoriedad de los documentos\n precontractuales que la ley y el reglamento exigen sean presentados\n juntamente con la solicitud escrita del convenio, las partes\n intervinientes en el mismo deben someterse a los procedimientos\n y a los plazos que se detallan en los numerales 2. 3 y 4 del\n tantas veces referido Art. 63 del Reglamento de Aplicación\n de la Ley de Régimen Tributario lnterno y cuyo acatamiento\n al ser exigido por la ley, constituye también elemento\n esencial para su validez, por tanto sobre este particular tampoco\n es aceptable la interpretación que la sentencia hace en\n el sentido de que su incumplimiento no puede ser considerado\n entre las causales de nulidad previstas en el numeral 2 del Art.\n 132 del Código Tributario, ni del numeral 1 del Art. 1\n 39 del mismo cuerpo legal como causal de revisión. NOVENO.-\n También es del caso señalar que el numeral 2 del\n Art. 132 del Código Tributario, determina como causal\n de nulidad de los actos administrativos el que hubieren sido\n dictados con prescindencia de las normas de procedimiento o las\n formalidades que la ley prescribe, siempre que hayan obstado\n el derecho a la defensa o que la omisión hubiere influido\n en la decisión del reclamo causal que la Sala estima aplicable\n al caso, por cuanto el convenio tributario, tal como consta del\n proceso, se ha celebrado con claro incumplimiento de las formalidades\n que la ley prescribe, lo cual, indudablemente, ha influido en\n la decisión del mismo y por tanto, la sentencia recurrida\n al no haberlo así establecido ha dejado de aplicar esta\n norma que es pertinente al caso. DECIMO.- De conformidad con\n el numeral 1 del Art. 139 del Código Tributario, la autoridad\n tributaria estaba facultada a proceder como lo ha hecho, a la\n revisión del convenio tributario, celebrado el 29 de diciembre\n de 1995, con el señor Luis Aníbal Quilco, al estimar\n que el mismo ha sido celebrado con evidentes errores de hecho\n y de derecho que quedan señalados y con violación\n de las expresas disposiciones legales que también se indican.\n correspondiéndole por tanto al actor en acatamiento a\n lo que preceptúa el Art. 273 del Código Tributario,\n demostrar que si se cumplieron todos y cada uno de los requisitos\n y formalidades exigidos para su legal otorgamiento, ya que la\n administración como consta de autos, y lo sostiene también\n el Procurador Tributario al ser citado con la correspondiente\n demanda, negó simplemente los fundamentos de hecho y de\n derecho de la misma, por la cual la carga de la prueba le correspondía\n al impugnante de la resolución y no a la administración,\n que simplemente la negó. La sentencia del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal también viola esta disposición legal.\n Por las consideraciones que anteceden, la Sala de lo Fiscal de\n la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia\n expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No. 1 de Quito el 28 de agosto de 1998 y reconoce la legalidad\n de la Resolución No. 136 de 23 de cimero de 1997, expedida\n por el Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Es conforme con el original.- Quito. 15 de mayo del 2001.
No. 58-99
EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN QUE\n SIGUE EL ARQ. TOMMY SCHWARZKOPF PEISACH CONTRA EL MINISTRO DE\n FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.
Quito, 12

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