Source: http://soberaniapopular.blogspot.com/2008_09_12_archive.html
Timestamp: 2019-10-15 20:43:40+00:00

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SOBERANIA POPULAR: 12-sep-2008
¡AYUDA HUMANITARIA PARA CUBA!
1. Para recibir donativos financieros, se ha abierto una cuenta especial: Bancomer; número de cuenta 00444054008 a nombre de Rosario Ibarra. Favor de avisarnos por correo electrónico (mmsc2002@prodigy.net.mx) de su depósito. Si quieren hacer una transferencia bancaria via Internet, la Clabe es 01218004440540089. Todos los fondos serán trasferidos íntegramente a Cuba.
3. En cuanto al acopio, hay tres rubros: a) alimentos enlatados/procesados;
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba-DF: Madero 71, 1 piso, int. 4 (a media cuadra del Zócalo), M-V, 2-8pm PRD-DF: Jalapa 88, col. Roma
FPFV siglo XXI: Mercado El Molino Predio El Molino, Iztapalapa
Caja del Comedor, Facultad de Ciencias, UNAM, L-V, 8am-9pm
A nivel central en la Ciudad de México, se van a llevar a cabo actividades de acopio el sábado y domingo, 13 y 14 de septiembre, en el Hemiciclo a Juárez desde las 10 am hasta las 5 pm. Grupos musicales como Grupos musicales como la Trova Cósmica, Mauricia Gracia, Esteban Arroyo, Ricardo Carrera, Toño y Chema, Laberintos, Lalo Zittle Eclectico, Sonic participarán desde las 12h. Les invitamos a acompañarnos en esta actividad.
Publicado por Yoamith en 21:52 No hay comentarios:
Publicado por Pixel en Resistencia en 18:30 No hay comentarios:
Publicado por Yoamith en 16:10 No hay comentarios:
11 am 19° Asamblea Ciudadana en Resistencia Civil Pacífica de 2008. Zócalo de la Ciudad de México.
11 am 20° Asamblea Ciudadana en Resistencia Civil Pacífica de 2008. Zócalo de la Ciudad de México.
8 p.m. ¡Todos a dar el Grito de Independencia al Zócalo de la Ciudad de México con AMLO!
¿Quieres contactar a Flor y Canto? ¿Te interesa participar con ellos o unirte a la brigada 15? ¡es muy sencillo! escribe un correo a: froylan71@hotmail.com
Visita Flor y Canto
Publicado por Travis en 15:24 No hay comentarios:
7.septiembre.2008
Programas Bitácora Mexicana y Encuentro del 7 de septiembre.
Bitácora Mexicana del 7 de septiembre de 2008.
Tema: Relexiones Olímpicas
Invitados: Leticia Landeros Aguirre, Carlos Girón, Héctor Manuel Icaza Campa, Uzziel Valderrábano.
Encuentro del 7 de septiembre de 2008.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa y Virgilio Caballero hablan sobre El informe, protestas sociales, el grito, participación actual de empresas extranjeras en exploración petrolera.
Publicado por Juan C. en 14:36 No hay comentarios:
Nuevo instrumento de lucha la denuncia contra Calderón por Traición a la Patria
11 de Septiembre de 2008. En el Círculo de Estudios Central de las Redes Universitarias, Francisco Estrada, Secretario Ejecutivo del FAP, y Virgilio Caballero, Encargado del proyecto del canal de la Ciudad de México, hablaron sobre la denuncia de Traición a la Patria contra Calderón, que el día de ayer se interpuso en la PGR y en el Senado de la República, remarcaron que este nuevo instrumento de lucha tiene como objeto exhibir la responsabilidad del Usurpador como traidor, derivado de las iniciativas privatizadoras de PEMEX, pero además, es un aviso para los legisladores que pretendan votar a favor de dicha reforma energética, así como un nuevo medio de lucha para los ciudadanos que se oponen a la privatización del petróleo, ya que se espera recabar miles de firmas de adhesión para demostrar la fuerza del movimiento nacional en defensa del petróleo.
Al efecto, dieron un correo electrónico para aquellos que deseen más información al respecto, juicio_traicionalapatria@yahoo.com
11.Septiembre.2008 Rafael Barajas "El Fisgòn", Jesùs Ramìrez Cuevas y Bernardo Calderòn inauguraron en el Museo del Estanquillo la exposiciòn Resistencia a la Barbarie.
Sin importar el daño ecològico, la empresa Minera San Xavier, filial de la canadiense New Gold impuso en la regiòn potosina un proyecto de minerìa de tajo a cielo abierto y lixiviaciòn por cianuro para la explotaciòn de oro y plata. El cerro de San Pedro està por desaparecer. Millones de litros de agua se contaminan diariamente.
Como respuesta ante esta situaciòn, un grupo de diez artistas plàsticos potosinos presentaron en el Museo del Estanquillo una carpeta de grabados en la que se denuncia el ecocidio que desde enero de 2007 sufre San Luis Potosì.
Los artistas gràficos Armando Belmontes, Oswaldo Rivera, Rosa Luz Marroquìn, Jesùs Ramos, Josè Luis Carrera, Josè Àngel Robels, Jorge Cabrera, Bernanrdo Calderòn, Luis Felipe Rangel y Verònica Gòmez presentan sendos grabados con la intenciòn de utilizar el arte para denunciar; el arte para defender a la tierra de la depredaciòn humana, en un afàn colectivo por generar conciencia ecològica.
Para documentar el daño, las cifras hablan.
Desde enero de 2007 y me diante el uso diario de 25 toneladas de explosivos son demolidas en San Luis Potosì entre 70,000 y 80,000 toneladas de montaña y subsuelo. El 40% de ese material se transporta a un patio de lixiviaciòn ubicado a pie de monte sobre una zona de recarga del acuìfero profundo de San Luis.
El material es triturado y dispuesto en capas de cinco metros para ser sometido a una soluciòn diaria de 16 toneladas de cianuro de sodio con 32 millones de litros de agua pura proveniente del acuìfero profundo de San Luis Potosì y que representa la reserva de agua de màs de un millòn de habitantes.
En diez años, tiempo de duraciòn del proyecto, desaparecerà un kilòmetro de montañas incluido el emblemàtico Cerro de San Pedro con sus minas antiguas y yacimientos de arqueologìa industrial; en su lugar quedarà un gigantesco cràter de màs de un kilòmetro de diàmetro y 300 metros de profundidad, asi como 500 hectàreas inutilizadas para cualquier actividad productiva.
Es por esta razòn el Grupo de Gràfica Potosina se lanza a denunciar, utilizando el arte como ùnica arma para fomentar la resistencial civil y darle voz a la comunidad.
Segùn estudios, de seguir el trabajo de la empresa Minera San Xavier, se alterarà y dañarà el paisaje y sus recursos biòticos con la formaciòn de una montaña de 170 millones de toneladas de materiales generadores de drenajes àcidos, con la desapariciòn de cauces de arroyos y la alteraciòn de todo el sistema hìdrico de la regiòn.
Todo ello a cinco kilòmetros de la mancha urbana de la capital del estado de San Luis.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su apoyo a este proyecto, entre ellas destacan: Pro San Luis Ecològico, el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural de Cerro de San Pedro, Greenpeace, Mining Watch, Kairos Canadà, Movimiento Asamblea de Esquel de Argentina, la REMA red Mexicana Antiminera, el FAO-Montreal, el CDHAL Comitè por los Derechos Humanos en Amèrica Latina de Canadà y el Frente Nacional Contra la Represiòn, entre otros.
A esta lucha se han integrado dede 2006 un grupo de artistas pertenecientes a la Gràfica Potosina, quienes produjeron una serie de 10 grabados alusivos a la resistencia frente a la barbarie que representa la paulatina depredaciòn de Cerro de San Pedro, el antiguo Potosì y origen de la ciudad de San Luis.
La exposiciòn estarà por poco tiempo en el Museo del Estanquillo ubicado en Isabel la Catòlica 26 casi esquina con Madero en el Centro Històrico de la Ciudad de Mèxico.
Publicado por Travis en 10:51 No hay comentarios:
"El Señor de los Mares" una bomba de tiempo
Publicado por Pixel en Resistencia en 10:24 No hay comentarios:
México en estado de Anomia
Sara Lovero
Gracias a YO MERO de Informativo Orale por los videos
http://www.youtube.com/watch?v=vqwaG12haSA
http://www.youtube.com/watch?v=7Q1d59tj_Pw
La derecha en todo el mundo es la misma
Los gringos tras la violencia en Bolivia
La ola de violencia que viven varias regiones de Bolivia por tercer día consecutivo se trasladó hoy a la región amazónica de Pando, donde esta madrugada se enfrentaron grupos de opositores autonomistas con seguidores del Gobierno de Evo Morales.
La tensión en Bolivia va en aumento. El Gobierno de Evo Morales confirmó hoy que al menos nueve personas murieron en los enfrentamientos armados entre oficialistas y opositores, cuatro de ellos cerca de la ciudad de Cobija, en el norte del país.
Desde el martes pasado vienen escalando las protestas en las ciudades autonomistas de Bolivia, cuando grupos de choque desataron tomas masivas de instituciones del Estado central en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, desbordaron a las fuerzas de seguridad encargadas de su custodia y las saquearon. En represalia, organizaciones campesinas que apoyan a Evo Morales bloquearon rutas y anunciaron un "cerco" a Santa Cruz.
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, había confirmado en una conferencia de prensa la muerte de un ingeniero de la Prefectura (Gobernación) de Pando y que dos campesinos y un concejal de la localidad de Porvenir también habían fallecido en los enfrentamientos. Horas más tarde, radio católica Fides y la agencia Télam informaron que una vocera del Ministerio de la Presidencia elevó a por lo menos 60 el número de heridos.
La ola de violencia que viven varias regiones de Bolivia por tercer día consecutivo se trasladó a Pando, donde esta madrugada se enfrentaron grupos de opositores autonomistas con seguidores del Gobierno de Evo Morales
El mandatario advirtió hoy que "la paciencia tiene un límite" en relación a la violencia desatada. "Vamos a tener paciencia, prudencia, como siempre tratar de evitar la confrontación, vamos a aguantar, pero la paciencia tiene un límite, de verdad", dijo en la entrega de una obra civil en La Paz.
En tanto, el ministro Gamarra precisó que uno solo de los fallecidos fue identificado y que se trata del ingeniero Pedro Oshiro, funcionario del gobierno local. Los otros tres serían un concejal y dos campesinos, uno de ellos, atropellado por un vehículo de la Prefectura y el otro, "apaleado".
Los choques se produjeron durante la madrugada argentina en la localidad de Porvenir cuando un grupo de campesinos seguidores del Gobierno intentaba trasladarse al municipio de Filadelfia para reunirse con sectores afines, pero fue bloqueado por opositores. El ministro Gamarra también rechazó las advertencias de un dirigente opositor de Pando que, según dijo, amenazó hoy públicamente con cobrar cada muerte de su sector con otra del lado campesino. "No podemos seguir en este escenario de violencia", dijo Gamarra, quien reclamó a la Justicia acciones para frenar los enfrentamientos.
Por su parte, el prefecto (gobernador) de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, admitió en declaraciones al canal ATB que la situación en su región es "incontrolable" y "escapa al control de las autoridades".
Debido a los enfrentamientos, esta mañana se vio afectado el suministro de gas a Brasil, luego de que se interrumpiera el envío de 14 millones de metros cúbicos diarios de los 30 millones que se exporta a ese país. La empresa Transierra informó que durante siete horas se interrumpió el suministro debido a que una válvula había sido cerrada por grupos opositores bolivianos, aunque luego del mediodía fue rehabilitada.
Publicado por Pixel en Resistencia en 8:29 No hay comentarios:
U de G: Cortina de humo
La Universidad de Guadalajara vive una crisis profunda. Las graves diferencias de percepción y de criterio sobre el papel de la segunda universidad pública se han ventilado en los medios reduciendo el conflicto a un asunto de descalificaciones personales. Estoy convencido de que esta vertiente del debate mediático constituye una cortina de humo que sólo deja ver la superficie y opaca el fondo de lo que puede ser posible. Veamos.
Primero. La Universidad de Guadalajara inició, desde la gestión como rector general de Trinidad Padilla, un proceso gradual de apertura informativa. Ese proceso tomó nuevos bríos con la llegada de Carlos Briseño a la rectoría. En este ámbito, incluso, la UdeG llegó a tener un mejor sistema de rendición de cuentas que la propia UNAM, a la que pertenezco.
Briseño cometió la herejía de atender las crecientes demandas de rendición de cuentas y de transparencia en la Universidad de Guadalajara y al mismo tiempo dejó de observar una regla de la política autoritaria: el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad. El conflicto estalló cuando se atrevió a pasar de los dichos a los hechos. Como si de un cártel del narcotráfico se tratase, sus detractores le increparon su traición a la persona de Padilla, pero pocos han dicho algo sobre los presumibles actos de corrupción en la UdeG y en las empresas que dependen de ella. ¿A quién debía ser leal el nuevo rector, al hombre que lo encumbró al cargo o a los contribuyentes que con sus recursos hacen posible la existencia de esta universidad, sobre todo si sus intereses son exactamente contrarios?
Segundo. Raúl Padilla es un político que ha hecho de la cultura un negocio para su promoción personal. Sus obras tienen mayor trascendencia que la preparación de los egresados de la Universidad de Guadalajara. Es la institución al servicio de la persona y no al contrario. En una extraña estructura, Padilla tenía (o tiene) 11 cargos dentro de la estructura universitaria. Obviamente, todos honoríficos como si de un filántropo se tratase. Las negativas de Padilla a las auditorías externas, bajo el argumento de que los asuntos de los universitarios deben resolverlos los universitarios, podrían ser atendibles si los "universitarios" aportaran el presupuesto de la UdeG. Pero no es así. Esa universidad le cuesta a la sociedad toda. ¿Cómo justificar que una universidad pública dedique una parte sustantiva de su presupuesto a tareas ajenas por entero a la investigación y la docencia? El licenciado Padilla ha creado toda una red que le permite controlar lo mismo una empresa de viajes, hoteles, ¡una inmobiliaria! y hasta estacionamientos. ¿Se imagina alguien el escándalo en la Ciudad de México si la UNAM se dedicara al negocio de los bienes raíces y la UAM le hiciera la competencia a los hoteles Sheraton?
Tercero. En particular es reconocible el trabajo de Gabriel Torres, el ahora desconocido vicerrector ejecutivo, quien logró que la UdeG obtuviera la más alta calificación en transparencia, según la evaluación hecha por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco. El depuesto rector general se sostiene apenas de la frágil y siempre negociable rama de un litigio judicial, en el que le fue revocada la suspensión provisional que le otorgó un juez de distrito. En un estado de derecho, Briseño tendría la razón legal. Obviamente en la sesión del Consejo General Universitario, en la cual fue despojado del cargo, no se atendió el supuesto previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Universidad, que establece que el rector "sólo podrá ser removido por el Consejo General Universitario por falta grave". Es importante hacer notar que la "falta grave" debe ser en perjuicio de la universidad, no de los intereses de Raúl Padilla y su equipo. De esta forma, conviene recordar que si bien el Consejo General Universitario es la máxima autoridad de la UdeG, ello no lo exenta de observar puntualmente el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, en el cual se establece que toda autoridad debe fundar y motivar sus actos.
Las posibilidades de que la UdeG realmente sea una universidad que rinda cuentas cuelgan de un hilo. Existe el riesgo probable de que la existencia de pesos y contrapesos en esa institución sufra una regresión, y ello por sí mismo afectaría la posibilidad de ejercer un escrutinio del quehacer universitario. Es de desear que ello no suceda, para bien del interés público. l
Publicado por Pixel en Resistencia en 8:20 No hay comentarios:
Asamblea Ciudadana el sábado 13 de septiembre en el Zócalo
Estimados amigos, compañeros del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo:
Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, encabezará el lunes 15 de septiembre a las 8 pm la Ceremonia del 198 Aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, en el zócalo capitalino. El Grito de los Libres será una victoria de la gente, por lo que pedimos su participación en la Asamblea Ciudadana que llevaremos a cabo el sábado 13 de Septiembre a las 11 am en el Zócalo de la Ciudad de México.
Ahí valoraremos pernoctar desde esa misma noche en el zócalo. El domingo 14 a las 11 am celebraremos otra Asamblea Ciudadana en resistencia civil pacífica. Les agradeceremos nos hagan favor de difundir esta invitación entre sus amigos y familiares. Anexamos la nota publicada en el periódico La Jornada este 11 de septiembre.
Flor y Canto advierte: “habrá ceremonia de nuestro movimiento”
FAP 1. Dictamen contra el PAN
La iniciativa de reforma energética del gobierno federal es cuestionada por el Frente Amplio Progresista (FAP). En las observaciones de éste a tal iniciativa se indica que sus propuestas son privatizadoras, que “todas se oponen a la Constitución” y que Calderón pretende continuar y profundizar el proceso “para entregar la riqueza nacional al extranjero”. No se indica expresamente pero es evidente que la iniciativa de Calderón y el PAN debe ser desechada.
Observaciones a la iniciativa del PAN
El 8 de abril, Calderón envió al Senado un paquete de cinco iniciativas de ley: 1- Ley Orgánica de Pemex, 2- Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3- Reformas y Adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 4- Reformas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, 5- Ley de la Comisión del Petróleo. Luego, el 14 de mayo, se presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos.
El 23 de julio, el PRI presentó su propia iniciativa y, el 25 de agosto, el FAP hizo lo propio. La iniciativa del FAP incluye un Anexo donde se hacen “observaciones” a las iniciativas del PAN y del PRI. En esta primera entrega, el FTE de México se refiere al primer caso.
Las observaciones a la iniciativa del PAN empiezan refiriéndose al Diagnóstico de la situación de Pemex elaborado por la Secretaría de Energía (Sener). Dice el FAP que, “Según el documento, a fin de que Pemex sea la gran “empresa” que demanda un México moderno, competitivo y eficiente, es necesario adecuar el marco legal que hoy la rige para que se logre: la autonomía de gestión, se le dote de mayores competencias en la contratación con terceros para acceder a tecnología más eficiente, se incremente la transparencia, la eficiencia y productividad del organismo, se incorporen elementos corporativos en la estructura de Pemex, entre otras medidas”. A continuación, el FAP indica que la formulación de la Sener fue inmediatamente cuestionada por diversos sectores “de la sociedad civil”.
La exposición de motivos neoliberal
Luego, se analiza la Exposición de motivos de Calderón, cuyas propuestas centrales se refieren a: permitir a la “empresa” aprovechar de manera más eficiente el apoyo de terceros, darle a Pemex mayor flexibilidad en el ámbito presupuestario y de gestión, fortalecer la estructura de gobierno corporativo de Pemex, aclarar el sentido y significado de los contratos que Pemex puede celebrar con terceros, superar el cuestionamiento sobre la legalidad de las contrataciones de Pemex y sus subsidiarias, hacer explícita la colaboración de las tareas de perforación que se realizan a través de empresas de servicios, se permite y hace explícita la facultad de contratar servicios asociados a la refinación de petróleo, se propone que Pemex y subsidiarias realicen los actos necesarios para dar cumplimiento a los tratados internacionales que se llegaren a celebrar en materia de yacimientos transfronterizos, y propone que se deben reformar diversas disposiciones relacionadas con los permisionarios (privados).
El grupo de trabajo del FAP encargado de este documento indica que estos puntos “tienen por objetivo abrir la industria petrolera a la inversión privada vía contratos y permisos, así como darle a Pemex un régimen jurídico de excepción para que el organismo descentralizado no esté sujeto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Además, se le despoja de cualquier control a cargo de las autoridades constitucionalmente encargadas de ello.
Señaló el FAP que la Exposición de motivos de Calderón, “elude decir la verdad y no abunda respecto”: a las presiones internacionales que dan origen al paquete legislativo, a que se actúa en sentido contrario a la tendencia mundial, a que la reforma energética presentada no actuaría en beneficio de los mexicanos como se afirma, a que la iniciativa se inserta en la estrategia predominante de más mercado menos Estado, a que se contempla dotar a Pemex de un régimen de excepción. En éste último aspecto se indica que “un sector estratégico de las magnitudes de Pemex no puede ser autónomo del gobierno, y en principio debe sujetarse a los lineamientos que trace una política energética de Estado”.
Luego se indica que la industria petrolera tanto por su carácter estratégico y su alta rentabilidad “no debe ser administrada bajo criterios gerenciales de búsqueda de ganancia, ni dejarse el dominio, el usufructo y el control en manos de empresas petroleras transnacionales”. Se critica que se siguen criterios de eficiencia y rentabilidad en la iniciativa gubernamental para supuestamente potenciar, sin que ello sea así, la renta petrolera a favor de la nación.
Dice el documento del FAP que “se concesiona, vía contratos la función de exploración y explotación al sector privado, y se contempla abrir refinería, almacenamiento, construcción de ductos y petroquímica al sector privado argumentando que no generan renta petrolera y que éstas presentan baja rentabilidad, y que son negocios deficientes”.
También se dice que “la iniciativa del gobierno implica compartir la renta y la riqueza petrolera con las transnacionales en los momentos en que se aceleren los contratos de servicios de exploración y explotación hacia ellas, las cuales se apropiarán vía costos, de gran parte de la riqueza generada”. Se critica que, en la iniciativa de Calderón, no hay actitud gubernamental para cambiar el régimen fiscal de Pemex a fin de liberarle recursos, así como la manera en que se seguirán distribuyendo los excedentes petroleros y que los “bonos ciudadanos responderán a los intereses del capital financiero, no a los de Pemex o a los de la nación”.
El contexto constitucional de las iniciativas
En el documento del FAP se dice que “Las iniciativas de ley en materia petrolera enviadas por Felipe Calderón al Senado de la República adolecen de graves defectos que las hacen inviables, violentan principios fundamentales de la Constitución”.
Se indica que “las iniciativas de Calderón trasgreden el principio de la supremacía constitucional consignado en el artículo 133” pues la leyes secundarias no pueden estar por encima de la Constitución. Por otra parte, “en su afán de privatizar la industria petrolera nacional, violan el principio del dominio directo de la Nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, y en particular de los hidrocarburos, establecido en el artículo 27, párrafos cuarto y sexto”.
Asimismo, “las iniciativas de Calderón violan el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, definido en el artículo 28, párrafo cuarto”. No solamente, “además las iniciativas transgreden el principio de la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares tratándose del petróleo, establecido en el artículo 27, párrafo sexto”. Igualmente, “esas iniciativas violan el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país señalado en los artículos 25 y 28 constitucionales”.
También, “se violenta el principio de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico de “excepción” y al margen de la Constitución”. Se dice que “con el pretexto de dotarle de una autonomía empresarial de gestión, busca crear un Pemex al margen de la legalidad del país, blindado en un régimen de excepción”.
La argumentación del FAP muestra, también, que “estas iniciativas muestran un peligro muy grande para México” y “de aprobarse estas iniciativas, los legisladores comprometerían seriamente la seguridad de nuestro país”, especialmente si se otorgaran contratos para explorar las aguas profundas del Golfo de México. Existen razones geopolíticas, “el gobierno de facto con la complicidad del Legislativo convertiría a México en un objetivo militar del Pentágono”. La doctrina Bush de 2002 establece claramente que “Washington se abroga el derecho de intervenir militarmente en los países donde tiene intereses petroleros”.
Los contenidos constitucionales
El FAP invoca al artículo 27 constitucional, el cual “establece que la Nación ejercerá el dominio directo sobre el petróleo y los hidrocarburos y que este dominio es inalienable e imprescriptible. Sobre los recursos petroleros no se otorgarán concesiones ni contratos”.
Los recursos del subsuelo “no se pueden enajenar, es decir, es imposible transmitir el dominio a los particulares” y eso, no puede prescribir. “La explotación del petróleo y los hidrocarburos en todas (sic) sus etapas: exploración, extracción, refinación, almacenamiento, petroquímica básica, transporte y ventas de primera mano, no pueden entregarse a los particulares a través de contratos, permisos o concesiones”.
Por lo demás, “los artículos 25 y 28 de la Constitución indican que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, entre ellas el petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica”.
Las razones que demuestran la privatización
El grupo del FAP indica diez razones por las cuales son privatizadoras las iniciativas de Calderón: “1- se entregará a inversionistas privados, preferentemente extranjeros fases de la industria petrolera que constitucionalmente están confiadas en exclusiva las sector público, 2- las decisiones en materia de petróleo (sic), hidrocarburos (sic) y petroquímica básica (sic), no las adoptará exclusivamente el Estado sino que las compartirá con las empresas privadas, 3- jurídicamente las relaciones entre Pemex y los empresarios particulares podrían regirse por el derecho privado y no por el derecho público, además de que las controversias se podrán ventilar ante árbitros y tribunales extranjeros, los que interpretarán y aplicarán el derecho extranjero y no el nacional, 4- los empresarios podrán ser propietarios de instalaciones, equipos, ductos y refinerías”.
Asimismo, porque: “5- se privatiza porque los contratos de desempeño o incentivados implican compartir los beneficiosa de la explotación de los recursos petroleros con particulares, 6- habrá funcionarios de Pemex exentos de las responsabilidades que obligan al resto de los servidores públicos, 7- Pemex se constituye como un régimen de excepción en el derecho público mexicano para adquirir las características de una corporación privada, 8- el Estado mexicano abandona la reserva que hizo en el Capítulo VI “Energía y petroquímica básica” del Tratado de Libre Comercio (TLC), 9- en la aplicación de los tratados sobre yacimientos transfronterizos, el Estado mexicano no actuará siempre de Estado a Estado sino con particulares extranjeros, 10- el poder legislativo y judicial federal mexicano perderán competencias frente a los intereses de los particulares”.
Análisis constitucional de las iniciativas
1) La Ley Orgánica de Pemex.
Respecto a esta propuesta el FAP indica que la nueva Ley de Pemex “conforma un régimen de excepción para Pemex con el pretexto de otorgarle “autonomía de gestión” (sic).
A mayor abundamiento, se dice que “se trata de un régimen de excepción en el derecho mexicano que ningún ente público mexicano, institución, poder u órgano constitucional presenta. En los hechos se implantan reglas del derecho corporativo, que son del derecho privado … con lo que el andamiaje del derecho constitucional y administrativo queda afectado”.
Se indica, también, que la propuesta faculta a Pemex para contratar deuda externa y se expresa que los bonos ciudadanos “beneficiará sobre todo a los bancos”. Se cuestiona que, en el artículo 45, se propone “no llevar acabo licitaciones públicas” y, en el 46, se establece que Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos denominados “de desempeño o incentivados” que constituyen “contratos de riesgo” porque se compartiría con los particulares las reservas o su equivalente en efectivo, los resultados de la producción y, la misma renta petrolera, lo que infringe el párrafo sexto del artículo 27 constitucional”.
Además, se prevé “información escasa a los ciudadanos sobre el funcionamiento de Pemex”, se “favorece que se aplique el derecho extranjero y que los tribunales extranjeros resuelvan conflictos en la materia”.
2) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El FAP indica que esta Ley se modifica para que la Sener pueda “otorgar y revocar concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética” y afirma que, esto, “constituye una violación clara al artículo 27 de la Constitución que prohíbe tales concesiones y contratos”.
3) El proyecto de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Para el FAP, el artículo 2 de esta Ley viola al 25 constitucional “porque reduce y anula tramposamente el significado estratégico del Estado sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley (sic) y no a la ley fundamental”.
La propuesta de Calderón “contempla permisos a los particulares en el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, lo que viola los artículos 25, 27 y 28 constitucionales”. También, “permite que los particulares, nacionales o extranjeros, sean propietarios de refinerías, ductos, instalaciones, y equipos, lo que contradice a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales”.
Asimismo, se indica que Pemex y sus organismos subsidiarios “realizarán los actos necesarios para dar cumplimiento a los tratados internacionales” que México celebre para “la exploración y desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos transfronterizos” pero la Ley reglamentaria omite los tratados existentes.
La iniciativa “permite que los particulares, nacionales o extranjeros, puedan obtener permisos para reconocer y explorar posibilidades petrolíferas, lo que es inconstitucional”. Adicionalmente, se establece que “los permisos y contratos entre Pemex y los particulares … se regirán por el derecho privado, incluyendo actos sobre yacimientos transfronterizos … lo que significa que … el Estado mexicano está dispuesto a negociar con particulares” lo referente a estos yacimientos transfronterizos.
4) El proyecto de reforma a la Comisión Reguladora de Energía.
El FAP señala que esta ley “permite que el Estado deje de tener en exclusiva el control de los precios de las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo, el gas y de petroquímicos básicos … lo que viola a los artículos 25 y 28 constitucionales”.
Asimismo, se cuestiona que “establece el otorgamiento de permisos para la prestación de servicios de transporte, distribución y almacenamiento de petróleo, de los hidrocarburos y de los petroquímicos básicos, lo que se opone a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales”.
5) La Ley de la Comisión del Petróleo.
Esta propuesta “cierra el círculo de las inconstitucionalidades al insistir en permisos a particulares sobre los recursos energéticos en casi todo su texto … que están prohibidos por el artículo 27 constitucional”. La idea es “subordinar la propiedad de la nación a favor de las transnacionales del petróleo”, se indica.
6) Ley Federal de Derechos.
Las modificaciones a esta ley se proponen para “reducir el cobro de los mismos en los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec y para aguas profundas, esquema que beneficiaría a contratistas privados en exploración y explotación de pozos en esas zonas”. También se establece que “podrán deducirse los gastos que realicen particulares a nombre de Pemex” y se plantea “un régimen diferenciado y derechos especiales para zonas geológicas complejas”.
Conclusiones del FAP
El documento elaborado por el grupo de trabajo del FAP concluye señalando que “Todas esas iniciativas se oponen a la Constitución”. No solo se oponen a la Constitución sino al capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde el Estado mexicano se reservó para sí mismo: la inversión y la prestación de servicios y el desarrollo de las cadenas de la industria petrolera nacionalizada.
El propósito de la iniciativa de Calderón “es el de beneficiar a inversionistas nacionales y extranjeros poderosos en contra del interés del pueblo, que es el propietario del petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica. Son además iniciativas que no se ocupan en serio de problemas torales de Pemex”.
La propuesta de Calderón “es inviable en términos constitucionales porque con ella se cancelaría cualquier posibilidad de que haya en el futuro políticas integrales de Estado en materia energética”. “La contrarreforma propuesta no se apega a la letra ni al espíritu de la Constitución … y es evidente que no tiene otro propósito que establecer vías para poder transgredirla”.
Se indica que se “busca cambiar la legislación secundaria para tratar de encubrir la violación de hecho a los principios constitucionales … Está creándose así una realidad seudo-jurídica de hecho en el ámbito energético que nada tiene que ver con los fundamentos constitucionales”.
Se reconoce que “la privatización de la industria petrolera mexicana ha sido en el último cuarto de siglo un largo proceso de violaciones al marco jurídico mexicano y al artículo 27 constitucional por la vía de modificar la reglamentación secundaria o simplemente por medidas administrativas que han pretendido darle vuelta a la ley, y que han terminado por violar la letra y el espíritu de la Constitución”.
Las “observaciones” realizadas por el grupo del FAP, al parecer coordinado por el Lic. Manuel Bartlett (PRI), constituye un dictamen formulado con seriedad.
Hace más de treinta años hemos criticado la política petrolera oficial. Esta vez, oportunamente publicamos nuestra oposición a la reforma energética neoliberal. El FTE fue el primero en cuestionar al gobierno federal indicando la reiterada y sistemática violación constitucional, así como la vigencia de los contenidos constitucionales actuales en materia de energía, su formulación histórica y significado para el momento. El FTE demostró (y publicó) oportunamente las razones y pruebas que demuestran la privatización energética. Nuestra exposición ha sido, incluso, más completa que la indicada por el FAP.
En el caso de la Ley Orgánica de Pemex, la llamada “autonomía de gestión” que se propone no solamente implica un “régimen de excepción” sino que desincorpora a la paraestatal del Estado mismo. El concepto se pervierte y significa la libertad de las cúpulas para tomar decisiones contra la nación sin procedimientos ni controles. Rechazar la tal “autonomía” es correcto, no hacerlo implicaría que PeMEX se convierta en PeUSA.
El contratismo, que ha corroído a Pemex, se legalizaría para incluir los contratos de riesgo que permitirían las alianzas estratégicas con las transnacionales, preparadas mediante “convenios de entrada” que Pemex ha firmado con las corporaciones, disfrazando las intenciones de supuestos convenios de colaboración técnico-científica.
Lo más grave es la desintegración del proceso de trabajo con los hidrocarburos. Las reformas de 1995 a la Ley reglamentaria petrolera, asumieron la definición fragmentada y parcial del TLC, lo cual es antinacional. Esta vez, sin embargo, la situación sería peor porque se propone la desintegración industrial total.
Tratándose de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el FAP omite, con relación a las funciones de la Sener, que se le otorgarían facultades para “promover la participación de los particulares en las actividades del sector energético”, lo cual es inconstitucional y, peor aún, se omite que la Sener se encargaría de “regular las fuentes alternas a los hidrocarburos”, es decir, TODAS, incluyendo al carbón, el uranio, las mareas, la geotermia, el agua, el hidrógeno, el viento y la radiación del Sol, lo cual raya en lo grotesco.
Precisamente, tal regulación que en los hechos deviene en privatización, quedaría a cargo de la Comisión Reguladora de Energía que, contraviniendo a la Constitución, ya desnacionalizó a la industria eléctrica y a importantes fases del proceso de trabajo relacionadas con el gas natural. Al respecto, el FAP no indica nada.
Se habla de la privatización de la petroquímica y de los Contratos de Servicios Múltiples pero se omite lo referente al gas natural y a la energía eléctrica.
La propuesta para crear una Comisión Reguladora del Petróleo es perniciosa para la nación. Esta comisión se encargaría de otorgar permisos privados tratándose de la exploración y producción de petróleo crudo, incluyendo los yacimientos transfronterizos.
En la revisión de la propuesta sobre la Ley Federal de Derechos, se omite la crítica al Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOSH) cuya tasa actual (78.8% en 2007, 74% en 2008, y 71.5% en 2021) es muy elevada.
Hace falta concluir, expresamente, que la Iniciativa de Calderón sobre reforma energética, consistente en modificaciones, adiciones y creación de leyes secundarias, debe ser DESECHADA. Finalmente esa es la propuesta que se deriva de las “observaciones”.
P.D. En el texto del FAP se habla de “petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica”. Eso no es correcto por dos razones: 1- porque el petróleo está formado por una mezcla de hidrocarburos, repetirlo implicaría referirse a lo mismo pero en otros estados físicos, básicamente el gas; en todo caso, debe hablarse de hidrocarburos (en general) que incluyen al petróleo y al gas natural, los demás son productos derivados, tanto petrolíferos como petroquímicos. 2- Tratándose de la petroquímica “básica” se adopta el indebido criterio del TLC que impuso la división artificial en las contrarreformas de 1995 a la Ley reglamentaria petrolera, separando la petroquímica “básica” de la “secundaria. Se debe hablar de petroquímica (en general), pues es una sola unidad.
FAP 2. Dictamen parcial contra el PRI
Un grupo de trabajo del FAP formuló “observaciones” a la iniciativa de reforma energética, propuesta por el senador Manlio Fabio Beltrones, del PRI. El documento es defectuoso, como un pegote de pedazos, innecesariamente repetitivo, mal redactado y menos estructurado, todo revuelto y desordenado parece un rollo excesivamente largo. Las “observaciones” están incompletas y omiten, entre otras, las propuestas inconstitucionales sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sobre la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. A pesar de esto, se desprende que la parte analizada de la iniciativa del PRI debe ser desechada.
El documento del FAP empieza haciendo referencia a la iniciativa de Calderón, misma que ya había sido tratada en la primera parte. Después, transcribe completos todos los títulos y fechas de los Foros de debate que organizó el Senado.
El 23 de julio de 2008, el PRI presentó una iniciativa energética consistente en la reforma y adiciones a 1- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 2- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3- La Ley de la Comisión Reguladora de Energía, 4- Ley Federal de Entidades Paraestatales, 5- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 6- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, se expiden 7- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, 8- Ley de la Comisión Reguladora del Petróleo, y 9- Ley para el Financiamiento de la Transición Energética.
Indica el FAP que “aunque con diferentes modalidades, el Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de modificaciones legales, que mantiene y aún profundiza el proceso de privatización” propuesto por Calderón y el PAN.
Respecto a la Exposición de motivos de la propuesta del PRI, el FAP se limita a indicar los apartados que contiene, como si fuera un índice fuera de lugar, pero sin comentar nada. Luego, se transcribe en un número 2 (fuera de lugar) “el compromiso del PRI con la reforma energética y con la sociedad”. Son las diez líneas de la propuesta del PRI que incluyen, 1- modernizar y fortalecer a Pemex, sin permitir su privatización, 2- impulsar la transición energética, 3- dotar a Pemex de una mayor autonomía presupuestaria y de gestión, 4- modernizar el régimen de contratación de obras y servicios, 5- fortalecer la capacidad de la secretaría de energía (Sener), 6- establecer la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, 7- fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, 8- complementar las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía, 9- proteger a la población de accidentes petroleros y 10- proteger a los consumidores de gasolina.
Observaciones a la iniciativa del PRI
Dice el FAP que “una posible dictaminación positiva de estas reformas … requiere demostrar que constituyen modificaciones jurídicas consistentes con la Constitución, con la soberanía y la seguridad nacional del país” y con “un sistema energético integral para el siglo XXI que incorpore a la energía nuclear (sic), la electricidad y las energías renovables”.
De entrada, se concluye que las iniciativas del PRI, “no deben ser aprobadas” por cuatro razones, a saber, se proponen 1- finalidades contrarias a al Constitución y a los intereses nacionales, 2- modificaciones institucionales violatorias de la Constitución, 3- el establecimiento de un sistema de contratos violatorio de la Constitución y, 4- se mantiene la política antinacional de utilizar la renta petrolera para compensar el déficit de recaudación, así como de destinarla al gasto corriente en lugar de la inversión.
Se indican enseguida “los elementos sustanciales” de la demostración de las anteriores tesis.
I. Las finalidades que propone el PRI en su iniciativa pretenden “desnaturalizar el objeto y privatizar a Pemex”, contrariamente a una interpretación integral de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. La desnaturalización del objeto de Pemex se muestra cuando el PRI “le otorga el mandato de exportar crudo, lo que es contrario a la seguridad energética y la seguridad nacional”. Además, se reduce el objeto de Pemex al de una empresa pública indiferenciada. “Pemex es el soporte más importante del gasto público” y “los hidrocarburos deben financiar el desarrollo del sistema energético” del siglo XXI”. Definir la exportación de petróleo “como uno de los objetos de Pemex es contrario al interés nacional”, se dice.
II- Las iniciativas del PRI “proponen la privatización de Pemex mediante 1- la emisión de acciones denominadas bonos, 2- la autorización de contratos de riesgo y bajo la forma de arrendamientos financieros, 3- la participación de particulares y empresas extranjeras en áreas reservadas al Estado mexicano”.
“III- Se proponen modificaciones institucionales violatorias de la Constitución política … derivadas de estas finalidades contrarias a los intereses nacionales”.
Al respecto, indica el FAP que “se modifica de facto la definición de industria petrolera” y reivindica la “definición” dada por el TLC. Señala que “se divide y balcaniza a Pemex, mediante la creación de entidades públicas no sujetas a control presupuestal directo que tendrían autonomía presupuestal y de gestión, así como atribuciones para realizar contratos de riesgo con empresas privadas y extranjeras, con las que compartiría renta petrolera y las ganancias de la industria”. También se dice que “se despoja al Estado mexicano de su status jurídico ante empresas privadas y extranjeras y se subordina a las entidades filiales estratégicas que se pretende crear, al derecho y tribunales extranjeros, para beneficio de las empresas privadas extranjeras”. Asimismo, se indica que “se dan atribuciones al Consejo de Administración de Pemex que de facto privatizan las decisiones” y “se otorgan facultades a la Secretaría de Hacienda en materia de deuda que son violatorias de la Constitución.
“IV- Se propone el establecimiento de un sistema de contratos violatorio de la Constitución”. Se indica que se propone “la contratación de proyectos que son contratos de riesgo con inversionistas privados y extranjeros, así como el arrendamiento financiero de los mismos”.
Esto es “Pemex podría firmar contratos de riesgo para los trabajos de exploración y producción de crudo, así como celebrar contratos de arrendamiento financiero de equipos e instalaciones con empresas privadas y extranjeras, para la construcción de ductos, y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, mismos que tendrían la propiedad de dichos equipos e instalaciones, aunque Pemex tenga la operación y control de los mismos”.
Elementos para el dictamen del planteamiento económico del PRI
El FAP señala al respecto que “en materia de petróleo la política económica ejecutada contradice lo establecido en la Constitución en los artículos 27, 25 y 28”. Luego se hace una discusión indicando que “los hidrocarburos son propiedad de la nación” y que “Pemex no es una empresa y no debe organizarse como tal”. Se indica que “hasta el momento la industria petrolera en México está organizada para cumplir con dos fines que no permiten utilizar esta riqueza para el desarrollo de la
nación. Por un lado se mantiene una plataforma de extracción de crudo con el objeto de alcanzar una notable cuota de exportación cuyo destino es Estados Unidos”. Luego se dice que “por otro lado los recursos que se obtienen por las exportaciones de crudo se canalizan en su totalidad a financiar el gasto corriente del sector público”.
Luego se hace mención a que no se realizan inversiones para construir una nueva refinería, que las inversiones de Pemex se realizan por medio de PIDIREGAS, con lo que crece la deuda, no hay inversiones en ductos ni almacenamiento, y se ha optado por importar cada vez más productos refinados y petrolíferos.
Se expresa que las iniciativas del PAN y el PRI no pretenden modificar esta situación porque son una expresión de una política económica “que renuncia a la industrialización” y quiere resolver los problemas de las finanzas públicas, del sector externo y de la economía “a través de la sobreexplotación de los mantos petroleros”.
Entre los mayores problemas, el PRI destaca la escasez de reservas y la incapacidad de refinar petróleo. Sin embargo, dice el FAP; “no existe explicación de la manera como los cambios legislativos que se proponen, darían respuesta a esta problemática. El diagnóstico y la propuesta no se corresponden”.
Se habla de crisis pero, “el problema es que no plantean los cambios en el régimen tributario al que está sujeto Pemex a fin de liberarle los recursos necesarios para su desarrollo, y solo se pronuncian por un mecanismo gradual del excedente petrolero a favor de la empresa”.
Después, el FAP dice que “al Consejo de Administración se le otorgan facultades de dirección de empresa privada” y que Pemex no cumpliría al “darle autonomía de gestión” pues “implicaría desvincularla de las directrices que determine una Política Estratégica de Estado”.
Se critica que el PRI proponga “que hay que minimizar el costo para aumentar la renta petrolera”, ya que, “gran parte de la riqueza petrolera se filtra a los contratistas y proveedores de servicios, básicamente empresas extranjeras”. Justamente, la iniciativa del PRI “faculta a Pemex y organismos subsidiarios a celebrar contratos de obras y prestación de servicios”, sin contemplar reformas al régimen tributario de Pemex ni al destino de los excedentes petroleros.
Adicionalmente, se otorga a los organismos subsidiarios “plena autonomía de gestión y presupuestaria”, desligándolos de todo el desempeño estratégico de la industria petrolera. Finalmente, se expresa que la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, encaminada a “participar en el diseño y definición de la política energética del país” es improcedente.
Adiciones y modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
El FAP considera “inaceptable” la modificación propuesta al artículo 2 de esta Ley porque se indica que la nación llevará a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera “en términos de ésta Ley” y no “del artículo 3º, como se encuentra en la ley actual”. Para el FAP, en éste artículo “los elementos constitutivos de la industria petrolera ... se encuentran definidos ampliamente”. No es así, en ese artículo 3º se define a la industria petrolera en términos del TLC que, en 1995, definió a una industria petrolera fragmentada. Al respecto, el FAP no dice nada, ese artículo 3º ni se menciona mucho menos se cuestiona.
Sí se critica al artículo 4º de la propuesta, el cual “propone que el Ejecutivo Federal cree por decreto organismos públicos descentralizados con el objeto de realizar por cuenta de Pemex, algunas de las responsabilidades sustantivas, dotándolos de autonomía presupuestal y de gestión, y considerados como entidades públicas de control presupuestal indirecto, lo que no contribuye a la integración de la industria petrolera, sino a su fragmentación y abre la posibilidad de compartir la renta petrolera con las empresas contratistas de proyectos”.
El FAP se queja del párrafo segundo del artículo 4º, que indica la creación por decreto de las filiales de Pemex, lo que es inconstitucional porque se excluye al Legislativo. Señala que las modificaciones a este artículo son inaceptables porque “no es el Estado” quien lleva acabo la explotación del petróleo “es la nación y la realiza por conducto de Pemex”. La división de la paraestatal “en una multiplicidad de entidades … dotadas de autonomía de gestión” constituye una deliberada voluntad para “balcanizar la industria petrolera del Estado mexicano” (sic). ¡Está bien, pero la industria petrolera NO es del Estado mexicano sino de la nación!
Se indica por el FAP que el párrafo tercero del artículo 4º “concede competencias indebidas a las filiales para regular la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios” siendo que, tales atribuciones, competen al Legislativo.
Luego, el FAP señala que “la plena autonomía presupuestaria de Pemex es incompatible con su carácter de organismo público estratégico” (sic).
Así como la creación de filiales es improcedente, lo mismo se dice respecto de la Comisión Reguladora del Petróleo. El artículo 6º de la propuesta del PRI “es violatorio de la Constitución, pues propone la contratación de proyectos (sic) que son contratos de riesgo con inversionistas privados y extranjeros, así como el arrendamiento financiero de los mismos”.
Los artículos 7º, 8º y 10º de la propuesta del PRI se consideran inconstitucionales. El artículo 12º, que considera mercantiles los actos de la industria petrolera, “despoja al Estado mexicano de su status jurídico ante las empresas privadas extranjeras transnacionales, lo que es contrario al interés nacional”.
El artículo 15º “es anticonstitucional, pues incorpora a la participación de los particulares en actividades que la Constitución reserva al Estado, como la elaboración de subproductos petrolíferos o petroquímicos básicos”. Ese artículo “regula los permisos a favor de los particulares respecto del transporte, almacenamiento y distribución de gas. Dichos permisos que se pretenden (sic) otorgar a los particulares, infringen los artículos 25 y 28 de la Constitución, pues se trata de actividades estratégicas (sic) exclusivas del sector público”.
La expresión del FAP es confusa porque los permisos de “transporte, almacenamiento y distribución del gas” NO se pretenden otorgar, ya han sido otorgados. A la fecha, la CRE ha otorgado 200 permisos privados en esos rubros.
Adiciones y modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex
El FAP señala que el artículo 1º de esta propuesta de Ley “es anticonstitucional, antidemocrático y presidencialista, pues propone otorgar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, un poder discrecional para crear o desaparecer organismos subsidiarios, así como para darles su marco normativo, invadiendo atribuciones del Poder Legislativo, lo que se ratifica en el artículo 6º y los transitorios de la iniciativa”. El artículo 2º “promueve su fragmentación y privatización en múltiples organismos públicos descentralizados, que contratarían la realización de actividades sustantivas con empresas privadas y extranjeras”.
En el artículo 3º se le otorga a Pemex “el mandato de exportar crudo, lo que es contrario a la seguridad energética y la seguridad nacional”. Luego, se indica que los artículos 5º, y 50º al 60º de la iniciativa “son claramente inconstitucionales, por el esquema de contratos de proyectos de inversión, que son contratos de riesgo, a favor de empresas privadas nacionales y extranjeras”.
En particular, se indica que los artículos 54º y 55º “niegan de facto, la reserva establecida por el país en todos los tratados internacionales en los que el sector de energía está totalmente reservado al Estado mexicano en lo que se refiere a los hidrocarburos, a la industria petrolera y al sector energético en general”.
Específicamente, se citan el artículo 601 y el anexo 602.3 del TLC, mismos que se reivindican erróneamente por el FAP. Allí se indica el “pleno respeto a sus Constituciones” de los firmantes, cuestión que no se cumple y, el artículo 601 se contradice de inmediato con el anexo 602.3. En éste se “definió” a la industria petrolera de manera parcial y fragmentada, cuestión que fue aprobada en 1995 por TODOS los partidos políticos al reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Ni en ésta Ley ni en el TLC se incluye a la petroquímica, denominada por los legisladores “secundaria” para privatizarla, lo mismo que el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, actividades actualmente privadas.
Peor aún, el anexo 602.3 del TLC se refiere a la industria eléctrica incluyendo “demagógicamente” a la “generación” de electricidad “salvo lo dispuesto en el párrafo 5”. En ese párrafo se excluye a al autoabastecimiento, la cogeneración y la producción independiente de energía, figuras inconstitucionales incorporadas en 1992 a las contrarreformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. A través de estas figuras, la industria eléctrica mexicana ya ha sido desnacionalizada en el 47% de la generación total a nivel nacional.
Reivindicar a esa “reserva” es indebido porque se aceptan las definiciones del TLC para las industrias petrolera y eléctrica. Calderón y el PRI proponen violentar esa “reserva” y eso es inaceptable pero, la propia “reserva”, es antinacional por inconstitucional.
El artículo 55º de la propuesta del PRI propone que Pemex y sus filiales “podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de procedimientos de invitación”; el artículo 57º propone “aplicar los procedimientos de excepción a la licitación pública para obtener tecnología”.
El artículo 58º es cuestionable porque se define impropiamente a la “renta petrolera” al señalar que ésta se obtiene “por sí o a través de terceros” lo que es anticonstitucional. El artículo 63º indica que Pemex y sus filiales “podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales”, lo cual es inconstitucional.
Los artículos 59º y 60º establecen procedimientos inconstitucionales para la celebración de contratos. En el artículo 60º “se incorporan criterios de inversión y no de realización de obras o prestación de servicios”. Esto es, “se trata de inversiones y no de contratos: específicamente, la iniciativa propone contratos de riesgo, tal como lo define el Center for Energy Economics”. Estos contratos están prohibidos constitucionalmente porque “el contrato significa que Pemex cede funciones reservadas”, por ello es inconstitucional.
El FAP cuestiona también la inconstitucionalidad para la integración, facultades y funciones del Consejo de Administración propuesto para Pemex, así como el artículo 33º relacionado con los “bonos ciudadanos” y el artículo 46º que propone “la apropiación privada de la renta petrolera por parte de los tenedores de bonos”. El artículo 43º que faculta a Pemex para contrata deuda externa de manera directa es violatorio de la Constitución.
“La autonomía de gestión (y presupuestaria) que se propone en el artículo 48º para Pemex, se convierte de facto en una autonomía para administrar los recursos de la Nación, sin intervención a posteriori del Poder Legislativo, los que es contrario al interés nacional”. Para el FAP la tal “autonomía de gestión” es un asunto de formalidad legislativa.
Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo
El FAP señala que “esta Comisión abre la posibilidad de que estas actividades (exploración y explotación de hidrocarburos) sean realizadas por empresas privadas nacionales y extranjeras”. Luego se transcriben los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, éste último relacionado con las atribuciones de la Comisión. Agrega el FAP que “tal como está diseñada, la Comisión Reguladora del Petróleo obedece a intereses extranjeros y por lo tanto no debe ser aprobada”.
En la página 153 concluye el documento no. 1 del FAP, sin hacer mención a otras leyes contenidas en la iniciativa del PRI.
El grupo del FAP encargado de elaborar las “observaciones” a la iniciativa energética del PRI no hace ningunas conclusiones, deja el trabajo “volando” con la impresión de inconcluso.
¿Por qué el FAP no dice nada acerca de las reformas propuestas por el PRI a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? Eso es contradictorio con lo señalado al respecto en las “observaciones” hechas a las propuestas del PAN pero no al PRI. Esa Ley es la misma que aprobaron TODOS los partidos en el Senado el 17 de abril de 2007. Al respecto, se acordó en esa Ley otorgar funciones adicionales a la Sener, consistentes en “promover la participación de los particulares en las actividades del sector energético”, así como “otorgar concesiones y permisos a los particulares” y “regular las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos”. Todas éstas son propuestas inconstitucionales.
¿Por qué el FAP no dice nada sobre la Ley de la Comisión Reguladora de Energía? ¿Está en desacuerdo con el PAN pero de acuerdo con el PRI? En esa Comisión reside, precisamente, “el veneno” de la privatización, según la propuesta del Banco Mundial de 1995. Esta Comisión sería la encargada de regular (privatizar) a todas las fuentes energéticas alternas: carbón, uranio, geotermia, agua, hidrógeno, mareas, viento, y radiación solar. Esta Comisión, mediante el otorgamiento de permisos privados, ya desnacionalizó a la industria eléctrica y, otro tanto, ha hecho en materia de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural.
Con base en lo acordado con el TLC, las industrias eléctrica y petrolera han sido desintegradas y, parcialmente, privatizadas. Reivindicar las “reservas” del TLC es insuficiente y erróneo por tratarse de actos antinacionales. Con base en esas “reservas” es que se modificó la legislación secundaria, eléctrica y petrolera, para desnacionalizar a estos sectores.
Muchas de las “observaciones” expresadas por el grupo del FAP encargado de analizar la iniciativa energética del FAP son correctas. Aún, cuando se revisó detalladamente la propuesta de Ley Orgánica de Pemex y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la crítica quedó incompleta al omitir otras importantes propuestas de modificaciones y adiciones a otras leyes como las arriba señaladas.
Algunas críticas a las propuestas del PRI, tales como la “autonomía de gestión y presupuestal” y el “gobierno corporativo” para Pemex son correctas pero limitadas. Esas propuestas son inconstitucionales, con o sin participación del Legislativo. Incluir a éste sería una formalidad pero las propuestas seguirían contraviniendo a la Constitución del país.
La crítica a los contratos que se propone otorgar a las transnacionales es correcta, no así la insistencia en incorporar al sistema energético nacional a la energía nuclear, misma que como alternativa energética para México es muy discutible e, incluso, inconveniente.
Las “observaciones” realizadas por el FAP a la iniciativa del PAN se indican en un documento bien estructurado, no así las “observaciones” a la iniciativa del PRI. En ambos casos, sin embargo, se procede con un defectuoso concepto del proceso de trabajo con los hidrocarburos, al que se considera parcial y fragmentado.
Omitir los hechos de la privatización furtiva con la generación eléctrica y con el gas natural implica AVALAR las contrarreformas legislativas desnacionalizadoras de 1992 y 1995, dando por aprobadas las “reservas” incumplidas del TLC que son la referencia para la desintegración de los procesos de trabajo energéticos y su privatización.
La iniciativa energética del PRI debe ser DESECHADA, el TLC debe ser echado abajo, la privatización energética furtiva debe ser revertida. Eso solamente se hará con la Re-nacionalización. El FAP se mueve en el ámbito legislativo formal y elude las cuestiones de fondo. No obstante varias “observaciones” correctas, éstas son incompletas, el documento quedó inconcluso.
"Wal-Mart se opone a la organización gremial de sus casi 2.1 millones de empleados en 980 tiendas en Estados Unidos". l
Política Pública Indígena en América Latina*
Marcos Matías Alonso**
Campeche: Esta breve intervención está lejos de pretender dar un panorama global de la “Política Pública Indígena” (PPI) sobre los diversos enfoques aplicados en la región. Cuando hablamos de política pública, nos referimos al conjunto de acciones de gobierno para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Bajo este enfoque, la PPI ha sido insuficiente e ineficiente. En todos, o en la mayoría de los países de la región, la pobreza indígena, lejos de disminuir, creció alarmantemente. Ello implica que las políticas públicas no han sido adecuadas para dar respuesta a la demanda de los pueblos indígenas.
La política pública y la arquitectura institucional del indigenismo oficial demostraron ser una estrategia equivocada. En la década de los ochenta, las instituciones indigenistas terminaron su ciclo y fueron reemplazados por nuevos organismos gubernamentales. Con dificultades, América Latina avanza hacia la elaboración de políticas públicas para reconocer el derecho a la diversidad cultural. Los desafíos hacia la transversalidad del tema indígena como política de Estado, es incipiente y en proceso de consolidación institucional. La política pública sin una política de Estado suele ser coyuntural y transitoria.
Sin suficientes recursos financieros no puede impulsarse una PPI de largo alcance y no debe ser una decisión sólo de los gobiernos o sus instituciones. Es indispensable garantizar la participación indígena. En la mayoría de los países de la región es incipiente la inclusión y participación plena de los pueblos indígenas. La PPI será insuficiente si no hay una adecuada participación indígena en la generación de los procesos legislativos, su inclusión en la estructura de mando institucional y en el diseño de las políticas públicas que se aplican para su beneficio.
La inclusión indígena en la estructura de mando institucional debe ser al más alto nivel. Ciertamente hay avances considerables que es necesario reconocer. Lourdes Tibán en Ecuador, Nicia Maldonado en Venezuela y Margarita Mbwangi en Paraguay, son ejemplos emblemáticos en donde la mujer indígena es enaltecida con el cargo de ministras para conducir la política indígena de sus respectivos países. Lamentablemente, la estrategia gubernamental de México no sólo cerró la inclusión de líderes indígenas, sino que privilegió la designación a un veterano político del Partido Acción Nacional al frente de la CDI. En este aspecto, la política indígena mexicana, ha significado un retroceso preocupante.
Frecuentemente se han aplicado políticas públicas que generan ingobernabilidad, crisis y hasta confrontación en las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados nacionales. Una buena política pública debe generar confianza y sobre todo dar respuesta a la demanda indígena.
La capacidad de respuesta institucional nos lleva al tema del presupuesto público. Y la pregunta es ineludible e inevitable. En América Latina ¿cuál es el porcentaje del presupuesto público que se destina a los pueblos indígenas? Como lo ha indicado V. Toledo, “los presupuestos nacionales, más que ser datos financieros, reflejan las prioridades gubernamentales sobre los diversos sectores sociales de cada país. Los presupuestos públicos no son sólo instrumentos financieros, son documentos políticos que expresan las relaciones de poder en cada una de nuestras naciones”.
A manera de ejemplo, revisemos la prioridad gubernamental en Chile y México. En el 2008, el total del presupuesto chileno destinado a políticas indígenas fue de aproximadamente 100 millones de dólares, representando sólo el 0.3% del total del presupuesto público de ese país.
En el 2008, el presupuesto global de México fue aproximadamente de 2 billones y medio de pesos mexicanos. El presupuesto transversal para pueblos indígenas fue de 31 mil millones de pesos (equivalente a 3 mil millones de dólares), o sea el 1.21%. El presupuesto destinado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue de 7 mil millones de pesos (equivalente a 700 millones de dólares), representando el 0.2%. Es altamente preocupante que ambos países el presupuesto público no alcance ni el 1%.
Guerrero, una de las entidades federativas de México, también muestra datos alarmantes. Su presupuesto total en el 2008 fue de aproximadamente 30 mil millones de pesos (aproximadamente 3 mil millones de dólares), de los cuáles 13 millones de pesos (1.3 millones de dólares aproximadamente) fueron canalizados a la Secretaría de Asuntos Indígenas, representando el 0.04%, destinado a programas y proyectos indígenas. Tanto en el escenario local, nacional y regional, los porcentajes financieros no son justos ni equitativos.
En América Latina, sólo México, Chile y Ecuador disponen de información financiera destinada a las PPI. En la mayoría de los países es complicado determinar el monto del presupuesto público asignado a los pueblos indígenas. Sin temor a equivocarme, podría afirmar que son montos financieros insignificantes que no impactan para mejorar el nivel de vida de los pueblos indígenas.
Ninguna política pública puede tener éxito si no se garantiza el derecho al consentimiento libre, previo e informado de cualquier acción institucional hacia los pueblos indígenas. Antes de adoptar y aplicar cualquier política pública orientada a los pueblos indígenas, debe asegurarse que el principio del consentimiento libre, previo e informado, se cumpla cabalmente.
Aprender del pasado exige no aplicar políticas gubernamentales erróneas que llevaron en el pasado, a la ruptura y desconfianza institucional. No deben repetirse los mismos errores.
* Ponencia presentada en la Reunión sobre “Política Pública y Legislación Indígena en América Latina”, organizado por la Comisión Indígena del Parlatino. Mérida Yucatán, 5 y 6 de septiembre del 2008.
** Diputado Federal. Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
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References: e contrario
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 Artículo 27
 artículo 133
 artículo 27
 artículo 28
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 artículo 45
 artículo 27
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 Artículo 27
 artículo 2
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 artículo 6
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 artículo 601
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 Artículo 27
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 artículo 43
 artículo 48
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