Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2018/acuerdos_y_sentencias/ays_256_18.php
Timestamp: 2019-02-17 13:24:29+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 256/2018 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 256/18
JUICIO: “CENTRO CULTURAL PARAGUAYO AMERICANO C/ RESOLUCIÓN TÁCITA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA”.
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil diez y ocho, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO. MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI y ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 196 de fecha 27 de julio de 2016 del Tribunal de Cuentas Primera Sala.
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, BAJAC ALBERTINI y MARTÍNEZ PRIETO.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO DIJO: El Abogado Luis G. Puente, representante convencional de la parte actora, desistió expresamente del Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, no se observan en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts.113 y 404 del C.P.C. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso. Es mi voto.
A SU TURNO EL MINISTRO BAJAC ALBERTINI MANIFIESTA: Que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO PROSIGUIO DICIENDO: Por el Acuerdo y Sentencia N° 196 de fecha 27 de julio de 2016 recurrido el Tribunal de Cuentas Primera Sala resolvió: “1) NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida por “CENTRO CULTURAL PARAGUAYO AMERICANO C/ RESOLUCION TACITA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA” y consecuencia: 2) CONFIRMAR la Resolución Denegatoria Tácita de la Subsecretaría de Estado de Tributación, operada en relación a la solicitud formulada por el Centro Cultural Paraguayo Americano, de Repetición de Pago Indebido del Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales Octubre/2009 a Diciembre/2010, de conformidad a los fundamentos establecidos en el Considerando de la presente Resolución. 3) IMPONER las costas en el orden causado. 4) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.
AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA
A fs. 249/258 el representante de la parte actora, Abg. Luis G. Puente, expresó agravios señalando que el Acuerdo y Sentencia N° 196 del 27 de julio de 2016 infringe los intereses constitucionales que amparan a su representada, teniendo la obligación legal del fisco de devolver lo que nunca debió haber percibido, pues el Artículo 83° de la Carta Magna reza claramente: “DE LA DIFUSION CULTURAL Y DE LA EXONERACION DE IMPUESTOS: Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el extranjero”. Señala que la modificación inserta por la Ley N° 2421/04 al Artículo 83° de la Ley N° 125/91 se halla en abierta vejación a la norma jurídica de rango superior transcripta, cuando se establece en su último párrafo que reza: “Las exoneraciones previstas en los incisos a), b) y c) del presente numeral no son de aplicación a la importación y la compra local de bienes así como a la contratación de servicios que realicen las entidades mencionadas precedentemente, quedando sometidas a las obligaciones tributarias del importador o del adquirente”.
Menciona que por Acuerdo y Sentencia N° 663 del 03 de julio de 2012 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del Centro Cultural Paraguayo Americano “HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad interpuesta y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del último párrafo del numeral 4° del artículo 83° de la Ley N° 125/91, modificada por la Ley N° 2421/04, con relación al accionante”, y que el resultado obvio de la declaración de inconstitucionalidad obtenida por el Acuerdo y Sentencia N° 663/12 es el de la inaplicabilidad del último párrafo del artículo 83° de la Ley N° 125/91, modificado por la Ley N° 2421/04; es decir, al Centro Cultural Paraguayo Americano no se le debe aplicar la parte que en lo pertinente le despoja de la inmunidad fiscal de la cual es beneficiaría.
Continua diciendo que a pesar del fallo de la máxima instancia, por el cual se habilita a su mandante a repetir en contra de la SET los tributos que indebidamente le fueran cargados a sus compras, a pesar de su inmunidad constitucional, reafirmada con la declaración de inconstitucionalidad obtenida por la misma, de manera inexplicable el Tribunal de Cuentas Primera Sala por Acuerdo y Sentencia N° 196 de fecha 27 de julio de 2016, resuelve no hacer lugar a la demanda contencioso administrativa y por ende rechaza el pedido de repetición por pago indebido del IVA de los periodos fiscales Octubre/2009 a Diciembre/2010, y que el a quo se limita a interpretar el fallo en cuestión, antes que acatarlo. También argumenta que en el fallo recurrido no se tuvo en cuenta que el Acuerdo y Sentencia N° 663/12 ha resuelto declarar la inaplicabilidad del último párrafo del numeral 4° del artículo 83 de la Ley N° 125/91 modificada por la Ley N° 2421/04 y en su considerando deja establecido que el procedimiento aplicable para la restitución de las sumas indebidamente abonadas en concepto de IVA es el de repetición de lo pagado, regulado en los artículos 217° a 222° de la Ley N° 125/91 y que el a quo plantea dos irracionales interpretaciones para impedir su cumplimiento: 1) lo expresado por el Miembro Amado Verón: que el Acuerdo y Sentencia N° 663/12 solo puede ser aplicado a partir de su notificación al Ministerio de Hacienda y, 2) lo expresado por el Miembro Rodrigo Escobar; que se debió acreditar la fecha en que se ha iniciado la acción de inconstitucionalidad para determinar si los periodos cuya repetición se solicita son anteriores a esta, que lo cierto es que ambas posiciones contravienen el sistema de inconstitucionalidad establecido en nuestro ordenamiento, por un lado, se cuestionan los efectos temporales de la declaración, lo cual es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, y por el otro, se aplica la norma cuya inaplicabilidad ha sido decretada por la máxima instancia judicial.
Sostiene que el Artículo 555 del CPC refiere a la emisión de una orden para que quien corresponda se abstenga de aplicar la norma declarada inconstitucional, como se aprecia, éste precepto señala que se debe advertir, en este caso al Ministerio de Hacienda, para que deje de aplicar el último párrafo del numeral 4° del Artículo 83° de la Ley N° 125/91 modificado por la Ley N° 2421/04, lo cual se ha cumplido, además no significa que a partir de allí deba de surtir efectos ex nunc.
Finalmente, refiere que el a quo no se ha expedido sobre los accesorios legales solicitados durante el proceso (inicio de demanda y formulaciones correspondientes) amparados en el Artículo 171° de la Ley N° 125/91 y en el Código Civil Paraguayo en sus articulados 592 y 1819 y solicita que esta Sala Penal haga lugar a la acción contencioso administrativa planteada por el Centro Cultural Paraguayo Americano contra la Resolución Ficta emanada de la Subsecretaría de Estado de Tributación y por ende disponga la devolución por el procedimiento de la repetición de pago, artículos 217 al 222 de la Ley N° 125/91, del capital reclamado cuya suma asciende a Guaraníes Seiscientos Noventa y Dos Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Diez y Nueve, por pago indebido del IVA de los periodos fiscales Octubre/2009 a Diciembre/2010, más los accesorios legales.
CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.
El Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda contesta los agravios de la parte actora a fs. 262/284, sosteniendo entre otros que el principal objetivo que persigue una acción de inconstitucionalidad es la no aplicación en lo sucesivo de la norma atacada por este medio, obligación que atañe al árgano encargado de su aplicación desde el momento en que se cuenta con sentencia definitiva en el caso y que de acuerdo a las previsiones constitucionales y legales, las sentencias recaídas en acciones de inconstitucionalidad se limitan en su alcance al caso concreto, esto es, efecto inter-partes.
Señala que la jurisprudencia no es fuente formal del derecho y, siendo así, le está permitido a los jueces apartarse de fallos precedentes, incluso de opiniones propias, cuando un mayor conocimiento de las razones de hecho y normas legales aplicables permitan una mayor valoración de las circunstancias que rodean a cada caso puesto a su consideración, lo que peticiona para el caso que nos ocupa, y que dada la forma en que ha quedado trabada la presente litis, la misma debería centrarse en el sentido y alcance del Art. 83° de la Constitución Nacional y su afectación respecto a la Ley N° 125/91 “QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO”, en su Artículo 83° del Libro III, Título I “Impuesto al Valor Agregado”, con sus sucesivas modificaciones.
Prosigue diciendo que si bien es cierto que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución Nacional, y la interpreta y la hace cumplir, no es menos cierto que lo hace a través de las vías (acciones o excepciones de inconstitucionalidad) y órganos idóneos, o sea la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional y solamente para futuro, tal y como expresa nuestra Carta Magna y la Ley Procesal vigente, y que asumir una posición en contrario sería echar por tierra todo el sistema de control constitucional vigente. Hecha esa aclaración, hace la salvedad de que el Oficio Judicial que comunicó al Ministerio de Hacienda el resultado de la mencionada acción tuvo entrada en Mesa Central de Entradas en fecha 27 de diciembre de 2013, y que entonces a partir del tercer día de notificado el Acuerdo y Sentencia (resolución) queda firme y ejecutoriado, por lo tanto desde ese instante inaplicable la norma declarada inconstitucional en relación al accionante.
ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO.
En estos autos el debate se centró en los efectos del Acuerdo y Sentencia N° 663 de fecha 3 de julio de 2012, por el cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Centro Cultural Paraguayo Americano y, en consecuencia, declaró inaplicable en relación a la accionante el último párrafo del numeral 4 del Artículo 83 de la Ley N° 125/91, modificado por Ley N° 2421/04, que copiado en la parte pertinente dice: “Las exoneraciones previstas en los incisos a), b) y c) del presente numeral no son de aplicación a la importación y la compra local de bienes, así como la contratación de servicios que realicen las entidades mencionadas precedentemente, quedando sometidas a las obligaciones tributarias del importador o del adquirente".
La parte actora, invocando tal resolución favorable a sus intereses, se presentó ante la Administración Tributaria a solicitar la repetición por pago indebido del Impuesto al Valor Agregado por el monto de Gs. 692.394.519 (Guaraníes Seiscientos noventa y dos millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos diez y nueve) correspondiente a los Periodos Fiscales Octubre/2009 a Diciembre/2010. La Administración Tributaria sostuvo ante el Tribunal de Cuentas y en esta instancia al expresar sus agravios que la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos para el futuro, razón por la cual el pedido de repetición resultaría improcedente por haberse efectuado la liquidación del Impuesto al Valor Agregado centro de periodos fiscales en los cuales el último párrafo del numeral 4 del Artículo 83 de la Ley N° 125/91, modificado por Ley N° 2421/04 se encontraba en plena vigencia.
El Tribunal de Cuentas Primera Sala resolvió la cuestión determinando que el Acuerdo y Sentencia dictado por la Sala Constitucional solo podía ser aplicado por el Ministerio de Hacienda a partir de la fecha de su efectiva notificación, que aconteció el 27 de diciembre de 2013 según consta a fs. 11 de los antecedentes administrativos agregados por cuerda separada, pues consideró que el Código Procesal Civil, cuando establece que en el caso de que se haga lugar a la Acción de Inconstitucionalidad la Sala Constitucional debe ordenar a quien corresponda que se abstenga de aplicar en lo sucesivo la norma jurídica en relación al accionante, está estipulando que la Sentencia tiene efectos ex nunc (desde ahora).
Al respecto de lo fundamentado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, tenemos que el Código Procesal Civil dispone en el Art. 555: “Efectos de la sentencia: La sentencia de la Corte Suprema sólo tendrá efecto para el caso concreto. En consecuencia, si se hiciere lugar a la inconstitucionalidad, deberá ordenar a quien corresponda, a petición de parte, que se abstenga de aplicar en lo sucesivo, al favorecido por la declaración de inconstitucionalidad, la norma jurídica de que se trató".
De una interpretación literal del Art. 555 del CPC se concluiría que la sentencia de inconstitucionalidad proyecta sus efectos solo para el futuro. No obstante, esta interpretación lleva a un resultado injusto que debe ser evitado por esta Sala Penal, pues al otorgar a la sentencia de inconstitucionalidad un efecto ex nunc estaríamos permitiendo que el transcurso del tiempo durante la tramitación de la acción de inconstitucionalidad perjudique a quien tenía derecho.
Por otra parte, la sentencia que hace lugar a la pretensión de inconstitucionalidad no podría tener efectos solo para el futuro, ya que se trata de una sentencia declarativa y como tal sus efectos se proyectan al pasado. Al respecto el autor Lino Enrique Palacio expresa: “Llámanse sentencias declarativas, o de mera declaración, a aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. La declaración contenida en este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa: es positiva cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor; es negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte... Como ejemplos de sentencias declarativas cabe mencionar a aquellas que declaran la inconstitucionalidad fie una norma, la nulidad o la simulación de un acto jurídico, la falsedad de un documento, el alcance de una cláusula contractual, la adquisición de la propiedad por prescripción, etcétera... EFECTOS TEMPORALES, a) La clase de sentencia de que se trate determina el alcance temporal de sus efectos. Las sentencias declarativas, como principio, proyectan sus efectos hacia el momento en que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales versa la declaración de certeza: declarada, por ejemplo, la nulidad absoluta de un acto jurídico, la declaración judicial se retrotrae a la fecha en que aquél se celebró (Cód. Civil., arts. 1038 y 1047)". (Palacio, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil. Decimoséptima Edición Actualizada. Lexis Nexis Abeledo — Perrot. Buenos Aires 2003, págs. 526/527 - 532).
En cuanto a la repetición por pago indebido solicitada por la contribuyente, cabe mencionar que el pago indebido se presenta cuando se paga algo que la ley no exige, es decir, cuando no hay un sustento legal para dicho pago. Cuando esta situación se configura, el contribuyente tiene la posibilidad de exigir al Estado que le reintegre dichos valores abonados indebidamente, de conformidad al Artículo 217 de la Ley N° 125/91 que establece: “Repetición de pago. El pago indebido o en exceso de tributos, intereses o recargos y multas, dará lugar a repetición...”.
Desde la entrada en vigencia de la modificación del Artículo 83 de la Ley N° 125/91 y durante el trámite de la acción de inconstitucionalidad planteada por el Centro Cultural Paraguayo Americano, la contribuyente realizó las operaciones con sus proveedores añadiendo al importe de las facturas el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, debido a que la modificación introducida al Artículo 83 de la Ley N° 125/91 impedía hacer efectiva la exoneración fiscal establecida a favor de las instituciones favorecidas con tal dispensa.
Habiéndose determinado que la sentencia por la cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable en relación a la accionante el último párrafo del numeral 4 del Artículo 83 de la Ley N° 125/91 modificado por Ley N° 2421/04 proyecta sus efectos al pasado, cabe concluir que efectivamente se realizó un pago indebido del Impuesto al Valor Agregado durante los periodos fiscales Octubre/2009 a Diciembre/2010, ya que el pago realizado no encuentra sustento legal en función a la declaración de inconstitucionalidad de la norma.
Además, el Centro Cultural Paraguayo Americano, por constituirse en una institución educativa tiene para sí el privilegio contemplado en el Artículo 83° de la Constitución Nacional, según el cual "Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones...". La Ley N° 125/91 en su texto actualizado contempla en el Artículo 83, numeral 4) literal c) como sujetos exonerados a las instituciones educativas, dándose así cumplimiento a la exigencia normativa reglamentaria prevista en la Constitución Nacional. En este sentido, resulta impensable que un sujeto exonerado del pago del impuesto sea quien finalmente soporte tal carga tributaria, ya que de ser así no existiría el incentivo fiscal para las instituciones educativas.
Siendo así, es procedente el reclamo de la actora consistente en la repetición por pago indebido del Impuesto al Valor Agregado por el monto de Gs. 692.394.519 (Guaraníes Seiscientos noventa y dos millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos diez y nueve) correspondiente a los Periodos Fiscales Octubre/2009 a Diciembre/2010, además de las multas y de los intereses correspondientes. Para la liquidación del interés fijado en el Artículo 171 de la Ley N° 125/91 deberá calcularse desde el día siguiente del vencimiento del plazo que tenía el contribuyente perceptor del IVA débito, es decir, el proveedor de mercaderías y servicios del Centro Cultural Paraguayo Americano, de ingresar el tributo a las arcas estatales; porque dicho impuesto tiene la característica de que el hecho imponible se configura por cada operación instantánea, aislada, eventual, pero el ingreso del gravamen, por razones administrativas, se realiza cada fin del mes siguiente y conforme al calendario perpetuo, calculándose (recargos o intereses) hasta la extinción de la obligación según dispone el Artículo 171 de la Ley N° 125/91.
Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, corresponde REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 196 de fecha 27 de julio de 2016 del Tribunal de Cuentas Primera Sala, disponiendo que el Ministerio de Hacienda proceda a repetir a favor de la actora lo pagado indebidamente del Impuesto al Valor Agregado por el monto de Gs. 692.394.519 (Guaraníes Seiscientos noventa y dos millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos diez y nueve) correspondiente a los Periodos Fiscales Octubre/2009 a Diciembre/2010, además de las multas y de los intereses a ser calculados de conformidad a lo explicado en el párrafo que antecede.
En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la parte demandada, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 203 inc. b) y el Artículo 205 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A SU TURNO EL MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC, MANIFIESTA: que se adhiere al voto dictado por el Ministro primer opinante, por compartir los fundamentos en él expuestos.
DISIDENCIA DEL MAGISTRADO A. MARTÍNEZ PRIETO:
CONSULTA CONSTITUCIONAL.
Que el artículo 18 del Código Procesal Civil, en su inciso a), establece: “Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte, remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el art. 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales”. Por ende, la disposición general del art. 18 inc. a) del Cod. Proc. Civ. impone la remisión por vía de consulta a la Corte Suprema de Justicia, en caso de reputarse inconstitucional la norma aplicable.
Resulta obvio que, como la remisión a la Corte Suprema de Justicia por vía de consulta no es una cuestión que tienda meramente al desarrollo del proceso u ordene actos de mera ejecución, no debe pronunciarse por una simple providencia, sino por un auto interlocutorio. A su vez, esta forma de resolución exige la fundamentación; esto es, se impone al Tribunal el expresar clara y positivamente los motivos de la consulta. Sin embargo, la índole especialísima de la función consultiva suscita otra duda, que será abordada con carácter previo: la cuestión acerca de la necesidad o no del planteo constitucional. En otras palabras, si en la elevación de la consulta debe el consultante exponer las razones que, a su criterio, determinan la posible inconstitucionalidad de la norma a ser aplicada. Y decimos posible, porque ninguna norma tiene tal tenor hasta que la Corte Suprema de Justicia así lo declare.
Evidentemente, la inclusión del planteo constitucional en la consulta es de todo punto necesaria. Desde un punto de vista lógico, ella permite apreciar al órgano consultado cuál es la óptica del consultante, necesariamente vinculada al caso concreto; y le permite también enfocar acabadamente el derecho o garantía constitucional que se estima en peligro de ser conculcado. Por otro lado, la fundamentación de las razones o motivos que inducen a la consulta tiene también el efecto de concretar el caso sometido a consideración del juzgador constitucional y evitar la consulta meramente abstracta, lo que, aun respecto de las leyes, la Constitución Nacional rechaza, al delimitarla en su art. 260, inc. 1) solamente al caso concreto juzgado.
No se diga que con ello el consultante incurre en una usurpación de atribuciones, o que preopina acerca de la inconstitucionalidad. El consultante se limita a exponer su duda e ilustra las razones y motivos que la abonan, sin incurrir en una preopinión. Precisamente es la decisión de la Corte la que se busca obtener, y a dicho efecto el consultante debe ilustrar sus hesitaciones acerca de la constitucionalidad de la norma. Reiteramos el concepto: el consultante expone los motivos que lo inducen a consultar y dudar de la constitucionalidad, pero no se pronuncia acerca de ésta; sino que pretende provocar tal pronunciamiento por parte del único órgano competente, la Corte Suprema de Justicia.
Este temperamento es receptado expresamente en la doctrina extranjera que conoce de la figura consultiva como medio para la declaración de inconstitucionalidad, incluso legislada en normas procesales que interpretan el espíritu de la Carta Magna. Así ha podido decirse que “cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta ley. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento, debiendo concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.” (Marino Merchan, José Femando. Instituciones del Derecho Constitucional Español, pág. 679, Centro de Estudios Superiores Ramón Carande, Madrid, 1.994).
Enteramente lógicas son, por cierto, las exigencias de dicha ley. La individualización de la ley que se reputa inconstitucional y su influencia en el proceso son obvias en cuanto a su necesidad, dado que sin ellas el órgano consultado se vería sencillamente huérfano de material sobre el cual decidir. La determinación del precepto constitucional que se supone infringido es el punto en el que nos detenemos, y cuya justificación requiere medulosa justificación, para deslindar claramente el planteo de la duda del pronunciamiento sobre inconstitucionalidad.
A ello nos hemos referido en los párrafos anteriores, y volvemos ahora sobre el punto con palabras de Francisco Fernández Segado: “La intervención del Juez ordinario debe albergar una duda razonable acerca de la constitucionalidad de la norma. A este respecto, el Tribunal Constitucional español señaló que los preceptos que norman la cuestión condicionan el planteamiento al hecho de que el órgano judicial considere, esto es, estime o juzgue, que la norma es inconstitucional, lo que si bien puede entenderse que no impone a aquél una afirmación de inconstitucionalidad y permite que el planteamiento se haga en caso de duda, de indeterminación entre dos juicios contradictorios, sí exige que el razonamiento que cuestiona la inconstitucionalidad haya de exteriorizarse, proporcionando los elementos que lleven al mismo. En definitiva, lo que no puede el Juez es limitarse a manifestar la existencia de su propia duda sin dar las razones que la abonan”. (Fernández Segado, Francisco; La Jurisdicción Constitucional en España, en: La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, pág. 665, Ed. Dykinson, Madrid, 1.997).
A este tenor, impuesto por la lógica y abonado por la doctrina, nos atendremos en la formulación de la consulta; expresando la norma acerca de cuya constitucionalidad se duda, el precepto constitucional que se supone infringido y las razones que a ello conducen.
En cuanto a la norma de cuya constitucionalidad se duda, el caso que motiva la consulta se da en un proceso de petición de devolución de suma de dinero proveniente de impuestos eventualmente mal abonados. Dicha petición la formula una institución educativa que en virtud del art. 83 CN no tendría que haberlo hecho, empero por virtud de una ley posterior que la modifica la entidad perceptora asienta su decisión de que dicho temperamento se halla conforme a derecho. Veamos el caso puntualmente.
Para hacer corto este tramo, señalemos que la motivación en el caso referido guarda identidad con el sub examine al contar la actora con inmunidad tributaria constitucional respecto del pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, Esta circunstancia se ha visto empañada en razón de la modificación impuesta por la Ley No.: 2421/03 al art. 83 de la Ley 125/91, en la que se introducen excepciones dentro de las cuales estarían incursas las actividades de la actora, por lo que, en razón de ella, perdería -perdió en razón de la resolución en comento- la inmunidad en cuestión.
Dice el art. 83 de la Carta Magna -DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y DE LA EXONERACION DE LOS IMPUESTOS. Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el extranjero.", mientras que, por su parte el también art. 83 de la Ley 125/91, modificado por la Ley 2421/04, dice: Art. 83.- Exoneraciones. Se exoneran:... 4) Las siguientes entidades: c) Las entidades educativas con fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley de la Nación, para la educación escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria. Las exoneraciones previstas en los incisos a), b)y c) del presente numeral no son de aplicación a la importación y la compra local de bienes, así como la contratación de servicios que realicen las entidades mencionadas precedentemente, quedando sometidas a las obligaciones tributarias del importador o del adquirente.”
Notemos entonces que el art. 83 CN es forma absolutamente clara y sin margen o posibilidad a interpretaciones confusas, previene que las entidades educativas no serán gravadas con impuestos fiscales ni municipales, extremo este que aparentemente aparece transgredido desde la norma del art. 83 de la ley 2421/04 en cuyo inciso numeral 4c la excepciona de dicha inmunidad.
Esa es la norma acerca de cuya constitucionalidad se consulta y lo hacemos pues más allá de la oposición que surge entrambas, y al ser una de ellas integrante del plexo constitucional se debe articular la jerarquía impuesta por el art. 137 CN en la que la norma legislativa adquiere grado inferior y sumisión a la matriz respecto de la cual no puede exorbitarse.
La consulta que se efectúa adquiere notable importancia pues del mismo conflicto surge oposición no solo con el art. 83 referido, sino con el propio espíritu constitucional, toda vez que en un Estado Social de Derecho como el nuestro, la educación adquiere visos de absoluta trascendencia e indispensabilidad. En efecto, la exoneración de cargas tributarias a tal actividad obedece, a no dudarlo, a la intención constituyente de omitir dificultades materiales sobre la labor educativa, y al ser así, tal como lo es, el inciso 4c del art. 83 de la Ley No.: 2421/04, modificatoria de la Ley 125/91.
Las razones que anteceden motivan suficientemente la decisión de formular consulta acerca de la constitucionalidad del artículo 83.4c de la ley 2.421/04, en relación al también art. 83 CN, remitiendo estos autos a dicho efecto a la Corte Suprema de Justicia mediante el libramiento del oficio pertinente. Es mi voto.
Asunción, 28 de junio del 2018.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la,
1.- TENER POR DESISTIDO el Recurso de Nulidad.
2.- HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Luis Puente en representación de la parte actora y, en consecuencia;
3.- REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 196 de fecha 27 de julio de 2016 del Tribunal de Cuentas Primera Sala, disponiendo que el Ministerio de Hacienda proceda a repetir a favor de la actora lo pagado indebidamente del Impuesto al Valor Agregado por el monto de Gs. 692.394.519 (Guaraníes Seiscientos noventa y dos millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos diez y nueve) correspondiente a los Periodos Fiscales Octubre/2009 a Diciembre/2010, además de las multas de los intereses calculados conforme a lo establecido por esta Sala Penal, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
4.- IMPONER las costas a la parte demandada.
5.- ANOTAR, registrar y notificar.
Arnaldo Martinez Prieto. Juez

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 83
 Artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
 Artículo 555
 Artículo 83
 Artículo 171
 Resolución 
 Artículo 83
 Artículo 83
 resolución 
 Artículo 83
 Artículo 217
 Artículo 83
 Artículo 83
 Artículo 83
 Artículo 83
 Artículo 83
 Artículo 171
 Artículo 171
 Artículo 203
 Artículo 205
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 83