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Timestamp: 2018-08-17 15:43:15+00:00

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Enrique garcia y jose leopoldo mendoza s/ H. P. C./ La vida homicidio culposo
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL Abog. CARLOS BRITEZ CARDENAS en los autos: "ENRIQUE GARCIA Y JOSE LEOPOLDO MENDOZA S/ H. P. C./ LA VIDA HOMICIDIO CULPOSO” ----------------------
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUARO
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los .................... del mes de .............................. del año dos mil seis, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores WILDO RIENZI GALEANO, SINDULFO BLANCO y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, por ante mí, el Secretario Autorizante, se trajo para acuerdo el expediente caratulado: " ENRIQUE GARCIA Y JOSE LEOPOLDO MENDOZA S/ H.P.C/ LA VIDA- HOMICIDIO CULPOSO” a fin de resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abog. CARLOS BRITEZ CARDENAS en contra del Auto Interlocutorio No. 282 de fecha 18 de noviembre del 2005, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal 3ª. Sala.--------
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes:-------------------
¿Es admisible para su estudio el recurso de casación interpuesto?.----
¿En su caso, resulta procedente?.------------------------------------------
A los efectos del análisis correspondiente de las cuestiones a ser estudiadas y con el objeto de establecer un orden en la emisión de los votos, se procede al sorteo, arrojando el siguiente resultado: BLANCO, RIENZI y PUCHETA DE CORREA.----
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO BLANCO, dijo: A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO BLANCO, dijo: El recurso extraordinario de casación fue interpuesto por el Abog. CARLOS BRITEZ CARDENAS en contra del Auto Interlocutorio Nº 282 de fecha 18 de noviembre de 2005, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, 3ª. Sala, de la circunscripción judicial del la capital (fs. 219/221).---------------------------------------------
La mencionada resolución dispone:. “1) RECHAZAR con costas el incidente de extinción de la acción penal, interpuesta por el Abogado CARLOS RAUL BRITEZ CARDENAS, en ejercicio de la defensa de JOSE LEOPOLPO MENDOZA... (sic)”.----------------------------------------
En primer término corresponde pronunciarse acerca de la admisibilidad de la impugnación interpuesta. En ese sentido, el artículo 477 del Código Procesal Penal, dispone en relación al objeto del recurso: "Solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencia definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".----------------
La resolución recurrida, es un Auto Interlocutorio dictado por un Tribunal de Apelación que deniega la extinción de la acción penal, lo que conforme a la redacción del citado articulo es una resolución que no admitiría en principio la interposición del recurso extraordinario de casación, no obstante al ser la cuestión discutida la extinción de la acción penal en razón al trascurso del plazo dispuesto por el art. 136 del C.P.P. y configurar esta una cuestión de orden público, declarable de oficio conforme a los parámetros del art. 137 del mismo cuerpo legal, corresponde el estudio de la misma y determinar si ha transcurrido o no el plazo de duración del procedimiento y las posibles afectaciones a las garantías del debido proceso en cuanto al plazo razonable de decisión de las causas penales (art. 17, 137 de la C.N. en concordancia con el art. 8 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica). --------
La Constitución Nacional en su art. 17 dispone: “...De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: inc. 10.......El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley”.El articulo 8 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, que por imperio de la norma constitucional del art. 137, tiene plena vigencia para los casos sometidos a jurisdicción nacional y de aplicación preeminente señala: “...Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable....”. -------------------------------------------------------------------
El principio de plazo razonable implica una limitación al ius puniendi estatal, por el cual el Estado no puede tener enjuiciadas a las personas sin un tiempo limite, presumiendo que en cualquier momento se probara su culpabilidad, lo que atenta contra el principio de inocencia, circunstancia inaceptable en el sistema democrático , correspondiendo a los propios órganos estatales, en este caso, la jurisdicción, el deber de velar su vigencia efectiva, no pudiendo consentirse en manera alguna su vulneración, prescindiendo del del órgano que provenga.-----------------------------------------------------
Es por ello, que el art. 136 del C.P.P., dispone: “...DURACIÓN MAXIMA. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento. Este plazo solo se podrá extender por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos”. Por otro lado, esta Sala Penal ha determinado como primer acto de procedimiento a partir del cual se contabiliza el plazo, la notificación del acta de imputación en los siguientes terminos: “...la duración máxima del procedimiento debe ser evaluada a partir de la notificación al imputado del acta de imputación correspondiente” (Acuerdo y Sentencia No. 1322 de fecha 24 de setiembre del 2004 en la causa VALERIA ORTIZ Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA).----------------------------------------------------------
Tomando en consideración lo señalado corresponde abocarse al estudio del caso en cuestión en cuanto a su duración total: 1) la causa fue notificada al señor JOSE LEOPOLDO MENDOZA en fecha 09 de mayo del 2001, durante la sustanciación de la audiencia prevista en el art. 242 del C.P.P. (fs. 9); 2) En fecha 16 de agosto del 2002, el Tribunal de Sentencia conformado al efecto condenó a JOSE LEOPOLDO MENDOZA a la pena privativa de libertad de Dos años, la que fue suspendida a prueba; 3) Por escrito de fecha 09 de setiembre del 2002, el Abogado defensor interpone recurso de apelación especial contra la referida resolución; 4) Por Acuerdo y Sentencia No. 77 de fecha 10 de diciembre del 2002, el Tribunal de Apelación, 3ª. Sala resuelve confirmar el fallo apelado; 5) En fecha 27 de diciembre del 2004, fue notificada la resolución de la Cámara de apelación al defensor del condenado (fs. 232); 6) En fecha 01 de febrero del 2005, el abogado Defensor plantea la extinción de la causa.-----------------------------------
Conforme a lo constatado precedentemente, al momento de notificarse la Sentencia de primera instancia habían transcurrido UN AÑO, TRES MESES y SIETE DIAS. A partir de esa fecha y conforme las previsiones del citado articulo 136, debe adicionarse un plazo de 6 meses para la tramitación de los recursos. En ese orden de hechos procesales, conforme se ha señalado, la Cámara de Apelación competente, dicta la resolución en fecha 10 de diciembre del 2002, es decir a los UN AÑO, SIETE MESES Y UN día de iniciado el proceso. No obstante ello, se produjo una grave omisión del Tribunal revisor, puesto que no procedió a notificar inmediatamente a las partes la resolución dictada, así a la fecha del transcurso total del plazo de 3 años y 6 meses (09 de Noviembre del 2004) la resolución dictada en segunda instancia no había sido notificada a las partes, requisito esencial previsto por los art. 153 y 154 del C.P.P. que exigen la notificación personal al inculpado con copia de la resolución dictada, a los efectos de la articulación de los medios procesales que correspondieren. En otras palabras, la extinción de la acción penal en la presente causa se produjo, y uno de los prespuestos para dicho acontecimiento procesal fue la falta de notificación de la sentencia dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal 3ª. Sala dentro del plazo previsto legalmente, por lo cual lo peticionado por el recurrente resulta procedente y no solo en esta instancia, si no que ya debió ser declarado por dicho Tribunal en el A.I. No. 282 de fecha 18 de noviembre del 2005.-----------
En ese orden de cosas, estimo necesarias algunas consideraciones respecto al fallo de la Cámara de Apelación en lo Criminal 3ª. Sala, en cuanto a las interpretaciones en ella plasmadas referidas a la resolución del pedido de extinción de la acción penal de autos y la forma en que se abordó la cuestión con la consecuente decisión adoptada, esto es así por que la extinción de la acción penal es una cuestión de orden público, que interesa a la justicia y a los órganos jurisdiccionales, dado que implica el respeto de derechos y garantías fundamentales de la persona humana, en este caso del individuo sometido a un proceso penal, de los cuales el Poder Judicial, a través de sus órganos y por mandato constitucional del art. 247 se constituye en custodio.---
El Auto Interlocutorio No. 282 de fecha 18 de noviembre del 2005 dictado por el Tribunal de Apelación Tercera Sala es arbitrario. El mismo fue dictado en abierta contravención a disposiciones constitucionales y legales. --
La arbitrariedad como defecto grave de la sentencia judicial fue definida por la Corte Suprema de Justicia en la S.D.No. 166 de fecha 18 de julio del 1985 en los siguientes términos: “...cuando ella es arbitraria y se funda en el mero capricho del Juzgador ultrapasando las atribuciones que por ley tiene el Juez de sentenciar conforme a derecho. Toda sentencia que no reúna los requisitos sustantivos y objetivos que la ley exige no es tal y por consiguiente no puede privar a una persona de sus legítimos derechos” (voto del Prof. Dr. Luis Maria Argaña).-------------------------
Conforme a dicho fallo que sentó en nuestro derecho la doctrina de la Sentencia arbitraria, una sentencia esta afectada de tal vicio cuando: 1) existe una violación al debido proceso; 2) dictada contra legem ( en contraposición abierta a lo dispuesto por la legislación nacional; 3) se dicta en contraposición a las constancias de autos, a los elementos probatorios agregados por las partes y el Juzgador las omite por completo y se funda solo en sus dichos; y 4) dictada en violación de derechos y garantías fundamentales de la persona humana.-------------------------------------------------------------
El art. 256 de la C.N., en su 2º párrafo dispone: “... Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley”. A contrario sensu, la Sentencia Judicial que no tenga como fundamento lo dispuesto por la Constitución y la ley no es válida, no puede ser considerada como tal. En varios tramos de la motivación de la sentencia en estudio se vislumbra su alejamiento de las disposiciones constitucionales y legales vigentes en la materia, las que serán puntualmente señaladas y estudiadas.--------
Señala el Tribunal: “...respondiendo al fundamento del peticionante podemos decir que: la ley no habla de una sentencia firme y ejecutoriada que se da con el cúmplase, sino que se haya dictado una sentencia definitiva, como en el caso de autos. (sic)”, fs.220, con ese argumento se respondía al agravio de que la sentencia en autos no se encontraba firme y ejecutoriada por lo que la causa no se había extinguido.--
Ese razonamiento jurisdiccional es absolutamente incorrecto y desprovisto de legalidad. La Sentencia es la consecuencia de un proceso penal, es la norma jurídica particular que pone fin al proceso declarando el derecho de las partes, y en este caso, más grave aún, decidiendo sobre derechos fundamentales del ser humano, como lo es una sanción penal, que implica limitaciones a dichos derechos. En este caso se dispuso una sanción que implica una privación de libertad, que si bien fue suspendida a prueba, de igual manera implica restricciones a sus derechos e impone obligaciones por un periodo de tiempo. No obstante, para que dicha norma jurídica pueda tener una efectiva vigencia, restableciendo la paz social y que no sea una mera declaración, la misma debe ser cumplida, y la ley determina que para que la misma adquiera tal condición, debe ser ya inimpugnable por las partes en razón a desistir expresa o tácitamente las mismas de su derecho constitucional a recurrir, o se hayan agotado los medios impugnaticios, salvo el caso del recurso de revisión que es la excepción.--------------------------------------
Es por ello que la ley procesal determina en los arts. 153 y 154 del C.P.P. las condiciones para la notificación de la sentencia y que llegue a conocimiento de la parte afectada el contenido de la misma, puesto que solo así las partes pueden rebatirla y ejercer su derecho a la defensa, siempre que el sistema procesal admita otro mecanismo recursivo ante un Tribunal superior, lo que en este caso se verifica a través del Recurso Extraordinario de Casación. El artículo 136 cuando dice: una resolución definitiva hace referencia a aquella que ya no puede ser impugnada por que se agotaron todas las vías para evitar que la misma quede firme. La resolución definitiva a la que hace referencia la ley es aquella que tiene la virtualidad de la COSA JUZGADA MATERIAL, de lo contrario si solo bastara con una “sentencia definitiva” no notificada, en otras palabras que no esta firme, la misma no se puede ejecutar, no hace cosa juzgada y en consecuencia no pone fin al procedimiento. Con lo cual, además se podría extender el proceso en el tiempo violando el principio del plazo razonable.------------------------------
En otras palabras, debe quedar establecido que cuando la ley refiere a sentencia definitiva en el art. 136 trata de aquella que esta firme y ejecutoriada, contra la que no procede recurso, salvo claro el caso del recurso de revisión, de finalidad especifica y limitada. Todo ello fundado además, en una disposición del C.P.P. por demás clara: “art. 127. RESOLUCION FIRME. Las resoluciones judiciales quedarán firmes sin necesidad de declaración alguna, cuando ya no sean impugnables”.----------------------
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Daniel Tiby vs. Ecuador señalo respecto al plazo razonable: “Asimismo, este Tribunal ha establecido que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción, y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.” (Sentencia de fecha 07 de setiembre del 2004). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano supranacional a cuya jurisdicción estamos sometidos en virtud a la adopción del Pacto de San José de Costa Rica como Ley 1 de fecha 14 de julio de 1989, ha determinado ya cuando se entiende que culmina el proceso y por sobre todo que el plazo razonable comprende los recursos que pudieran presentarse, lo que nos conduce a otra parte de la sentencia en estudio, que también esta desprovista de fundamento valido.------------------
El Tribunal de apelación determino: “...si bien es cierto, por unas razones u otras, no se ha notificado en tiempo, la resolución dictada en este Tribunal, no causa agravio, en razón de que la misma es inapelable_recurso que ha desaparecido en este nuevo sistema procesal, conforme resulta de las disposiciones del art. 39 que establece la competencia del Corte Suprema de Justicia. Sólo cabe el Recurso Extraordinario de Casación, cuyos motivos se hallan previsto en el art. 478 del C.P.P., que de hecho, no es lo que reclama el peticionante ni tampoco ha mencionado motivo alguno que pudiera ser objeto de dicho recurso, porque justamente las resoluciones dictadas en ambas instancia se hallan ajustadas a derechos. De ello se deduce que el hecho de no haberse notificado con anterioridad a lo realizado, no modifica en lo sustancial el derecho del condenado, por ende, no corresponde la aplicación del art. 136 del C.P.P.(sic)” fs. 220.-------------------------------------
En primer termino el Tribunal excede el limite de su competencia, puesto que deduce que del escrito presentado por la defensa, de sus reclamos puntuales “no se ha mencionado motivo alguno que pudiera ser objeto de dicho recurso” referido al art. 478 del C.P.P., tácitamente realiza un análisis de admisibilidad de un posible recurso que aun no ha sido articulado y que si lo fuera no le corresponde ningún tipo de decisión sobre el mismo, ni en cuanto a su presentación o motivos posibles. La competencia para el estudio de admisibilidad y procedencia del Recurso Extraordinario de Casación es privativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (art. 39 y 40 del C.P.P.), y la facultad para hacer uso del mismo le corresponde únicamente a la parte afectada, puesto que hace a su derecho a la defensa en juicio (art. 16, 17, 137 de la C.N., art. 8 inc. 2 num. h del Pacto de San José de Costa Rica).-----
Por otro lado, si bien el Recurso Extraordinario de Casación, es como su nombre lo dice extraordinario, su fin es la revisión de resoluciones judiciales atacadas por su incorrección lógico jurídica o por afectación al principio de legalidad, sobre la base de motivos específicos y cuya resolución puede: anular sentencia recurrida o dejarla firme, o modificarla de diferentes maneras conforme lo admite la legislación procesal (art. 468/480 del C.P.P.). Pero estos presupuestos normativos no le privan de su eminente naturaleza impugnaticia susceptible de afectar sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales, siempre que las mismas no estén firmes, esta afirmación esta abonada por las previsiones legales que requieren, como requisito de admisiblidad su interposición dentro de los diez días de notificada la resolución que causa agravio, pasado dicho plazo la resolución adquiere la calidad de cosa juzgada, y ya no puede atacarse por esa vía.-----------------------------------------------
En otras palabras, que su interposición este sujeta al cumplimiento estricto de presupuestos normativos tasados, no le quita su carácter de recurso vàlidamente articulable contra sentencias judiciales a fin de privarle de sus efectos e impedir que haga cosa juzgada, por lo cual, este recurso se incluye dentro de los mecanismos procesales impugnaticios de instancia, tal como lo afirma el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precedentemente citado y conforme a lo dispuesto por el art. 136 que determina que el plazo se extiende 6 meses mas luego de dictada la sentencia condenatoria a los fines de la tramitación de recursos. Herramientas recursivas, se entiende susceptibles de anular dichos pronunciamientos, entre los que se incluye el Recurso de Apelación Especial y el Recurso Extraordinario de Casación.------
Asimismo, el texto de la ley en ese punto no hace distingos, simplemente se refiere a los Recursos contra sentencias judiciales, por lo cual no cabe la interpretación del Tribunal de Apelación en ese sentido, puesto que no se puede distinguir donde la ley no lo hace, además la interpretación pretendida, restringe el derecho a la defensa en juicio basado en una interpretación en contra del procesado en violación al art. 5 del C.P.P..---------
Otra cuestión bastante llamativa es la afirmación de que ambas resoluciones dictadas en la causa se hallan ajustadas a derecho (sic) fs. 220 vlto. En este punto, el Tribunal de apelación, si precedentemente hizo referencia a la posible admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación que podría ser interpuesto por el procesado, ya en esta parte directamente se coloca como revisor de su propia sentencia declarando que no existe motivo para recurrir por que su pronunciamiento, de acuerdo a su interpretación, no contenía vicio alguno. No solo se atribuye competencia que no le corresponde si no que pretende disponer del derecho del procesado a recurrir y obtener en su caso la anulación del fallo que lo agravia, todo lo cual atenta contra el art. 8 inc. 2 num. H del Pacto de San José de Costa Rica, art. 17 de la C.N..---------
Por último, el propio Tribunal de apelación admite que no se procedió a la notificación inmediata de su sentencia, para luego afirmar: “...estuvo siempre libre y obligado de comparecer al Juzgado de Ejecución periódicamente, como para acercarse e interesarse de su juicio y no lo hizo_el interés es la medida de la acción. (sic)”. Esta es otra clara interpretación contra legem. La notificación implica hacer conocer a la parte las decisiones adoptadas en la causa que lo involucra a fin de que actúe en consecuencia. Los arts. 153 y 154 del C.P.P. imponen al órgano jurisdiccional la obligación de notificar las sentencias definitivas remitiendo copias de las mismas a los fines de que las partes puedan hacer uso de las herramientas procesales correspondientes, asimismo, tiene como fin que sus decisiones sean controladas públicamente, puesto que son un acto de gobierno y por último porque al ser la sentencia judicial una norma jurídica que presupone su ejecutoriedad posterior, requiere necesariamente que la misma ya no pueda ser discutida en cuanto a su firmeza, en otras palabras que sea una cosa juzgada. La notificación de la sentencia judicial tiene una doble función: por un lado hacer funcionar la garantía de la defensa en juicio (derecho a recurrir) y por otro la eficiencia del sistema (decisiones que se ejecutan y restablecen la paz social). En ambos casos, el órgano jurisdiccional se constituye en garante del derecho a la defensa en juicio, por que le importa que sus pronunciamientos sean validos y legales y por que en definitiva todo su actuar resultaría inocuo si no asegura la ejecución de sus pronunciamientos.--------------------------------
Consecuentemente, es deber del órgano jurisdiccional sentenciante, en el ámbito penal (Juez penal, Juez de sentencia, Tribunal de apelación) cuyas decisiones son susceptibles de revisión por un Tribunal superior, el de notificar las mismas a las partes conforme lo dispone el art. 153 del C.P.P.. Además, forma parte de su deber de Dirección de la regularidad del proceso, en los parámetros del art. 15 del C.P.C., por lo que aún cuando la notificación a las partes operativamente corresponde a la Secretaría del órgano (art. 45 del C.P.P.), este actúa bajo su supervisión y control, todo lo cual permite afirmar que el órgano jurisdiccional debe velar por que sus resoluciones se notifiquen, independientemente del actuar de las partes, en cuanto a su interés de acudir voluntariamente a verificar el estado del proceso, ya que es una cuestión de orden público, que no puede ser desconocida ni vulnerada por los Jueces, cualquiera sea el ámbito de su competencia de grado en materia penal. -----
Es por ello, y dado que el Tribunal de Apelación en lo criminal 3ª. Sala, al resolver una cuestión de orden público, como lo es la vigencia y aplicación del principio constitucional del plazo razonable, obró afectando seriamente el principio de legalidad y el derecho a la defensa en juicio, rechazando la petición de extinción de la acción penal sobre la base de argumentos arbitrarios, es que entiendo procedente declarar nulo el fallo, disponiendo en consecuencia la extinción de la acción penal en la presente causa seguida al Señor JOSE LEOPOLDO MENDOZA ZARATE, conforme los fundamentos expuestos precedentemente y a lo dispuesto por los art. 16, 17, 137, 247, 256 de la C.N., art. 8 inc. 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), art. 5, 6, 39, 40, 127, 136, 153, 154 , 480 y concordantes del C.P.P.. ES MI VOTO.--------------------------------
A su turno, el Ministro RIENZI GALEANO manifiesta que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.----------------------------------
A su turno, la Ministra Dra. PUCHETA de CORREA dijo: Comparto y me adhiero por sus mismos fundamentos a la postura adoptada por los Ministros que me antecedieron en la emisión de opinión, en lo que hace a la DECLARACIÒN DE EXTINCIÒN de la Acción Penal, y en ese contexto resulta pertinente aclarar la sanción dispuesta no es imputable a la Sala Penal puesto que el expediente en estudio llegó extinto a la máxima instancia. Ello se observa fácilmente a partir de las constancias obrantes en autos principales. Así, el Recurso Extraordinario de Casación fue deducido el 23 de diciembre de 2005 (fs. 245/249) y el plazo máximo de duración (tres años y seis meses desde la notificación del acta de imputación realizada el 9 de mayo de 2001_Fs. 9) se había cumplido el 9 de noviembre de 2004, un mes antes de la presentación.------------------------------------------------------------------------------
Por imperio el Art. 4 de la Ley 609/95, la Corte Suprema de Justicia, por intermedio del Consejo de Superintendencia, ejerce poder disciplinario y de supervisión sobre los tribunales inferiores, como un contralor de sus actividades judiciales.-----------
Es por ello que, en ejercicio de sus facultades de superintendencia previstas por la Ley 609, corresponde a mi criterio, la remisión de las compulsas de estos autos al Consejo de Superintendencia, para la apertura de un sumario en averiguación y constatación de las actuaciones procesales llevadas a cabo por los profesionales abogados, auxiliares de la justicia, así como de los órganos jurisdiccionales en lo atinente a su adecuación a los plazos legales de resolución, por las dilaciones indebidas, retardo injustificado o ejercicio abusivo del derecho, configurados en la tramitación del presente proceso.------------------------------------------------------------------------------------
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO SINDULFO BLANCO, dijo: No procede el estudio de la segunda cuestión, dada la manera en que fue resuelta la primera, así doy mi voto.----------------
A su turno, los Ministros RIENZI y PUCHETA DE CORREA manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.--------------
Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mi de que lo certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:---------------
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 1474…..:

References: resolución 
 artículo 477
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 136
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución