Source: https://enfoquejuridico.org/2019/06/04/la-partida-secreta-de-la-fiscalia-algunas-realidades-del-procedimiento-abreviado/
Timestamp: 2020-06-04 21:37:13+00:00

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La Partida Secreta de la Fiscalía: Algunas realidades del procedimiento abreviado - Enfoque
"La Partida Secreta de la Fiscalía: Algunas realidades del Procedimiento Abreviado" por Oswaldo Feusier
Por Oswaldo Feusier[1]
El proceso penal de Ana Ligia de Saca casi termina como inició: Un caso que trataba sobre el uso discrecional y secreto de una cuenta, la partida secreta de la presidencia de la República, casi finaliza en tribunales mediante el uso tambien discrecional y casi secreto de una facultad que posee la Fiscalía General de la República: El procedimiento abreviado.
El presente ensayo pretende demostrar dos conclusiones, en primer lugar, que el procedimiento abreviado en el sistema de administración de justicia salvadoreño, es un mecanismo residual subutilizado, principalmente usado para la resolución de unos cuantos delitos de mediana o pequeña envergadura muy bien identificados, y en segundo lugar, demostraré que se trata de una figura con márgenes claros y amplios para su utilización, que parecen utilizarse discrecionalmente por la institución fiscal, de una forma que fácilmente podría caer en la arbitrariedad, tal como percibió buena parte de la opinión pública en la primera y segunda etapa del caso “Destape a la Corrupción”, seguido contra Elías Antonio Saca, y su esposa, Ana Ligia de Saca[2].
UN MERCADO DE PULGAS IMPORTADO.
El procedimiento abreviado, o la negociación de la condena es una figura ajena al sistema continental-europeo y al garantismo más purista, de hecho, en su clásico “Derecho y Razón”, Ferrajoli caracteriza a la negociación entre acusación y defensa como “exactamente lo contrario al juicio contradictorio característico del método acusatorio y remite, más bien, a las prácticas persuasorias permitidas por el secreto en las relaciones desiguales propias de la inquisición”[3].
El procedimiento en sí, puede definirse como un mecanismo de resolución del conflicto penal extraído del common law anglosajón, específicamente de la figura llamada plea bargaining, que a su vez es definido por Nicolás Rodríguez como “el proceso de negociación que conlleva discusiones entre la acusación y la defensa en orden a obtener un acuerdo por el cual el acusado se declarará culpable, evitando así la celebración del juicio a cambio de una reducción en los cargos o de una recomendación por parte del fiscal”[4].
Como es sabido, el plea bargaining es el mecanismo de resolución por excelencia de la amplia mayoría de causas penales en el sistema norteamericano, cifrándose su incidencia en hasta un 90% de causas a nivel federal y estatal, razón por la cual el mismo Rodríguez, citando a Hughes, llega a afirmar que “the trial has become no more than an occasional adomment on the vast surface of the criminal process” (el juicio se ha convertido en no más que un ocasional adorno en la vasta superficie del proceso criminal)[5]. Una observación que tambien comparte Edmundo Hendler, para quien “es bien conocido que la gran mayoría de los procesos penales en los Estados Unidos concluyen con declaraciones de culpabilidad que evitan tener que desarrollar todo el procedimiento de un juicio”[6], como diría Carlos Ferre: “the exception has swallowed the rule”[7] (la excepción se ha tragado a la regla).
Si lo anterior es cierto, el seductor clímax de toda película o serie norteamericana de abogados, el litigante en juicio enfrentado con su feroz contraparte para ganarse al frío jurado, no es más que un triste caso de publicidad engañosa, un espectáculo que solo podríamos ver en una de cada diez películas o series de televisión, los nueve programas restantes se estarían resolviendo por una aburrida negociación entre prosecutor y defendant en una gris locación.
Sin embargo para muchos, lo anterior es lo de menos, el plea bargaining americano es efectivo y funcional, si por estas dos características consideramos que la institución descarga y descongestiona la mayoría de la pesada carga del sistema norteamericano, citando de nuevo a Nicolás Rodríguez, “el plea bargaining es un procedimiento simple y rápido que va a favorecer el desarrollo del Principio de Economía Procesal, y que va a permitir la pronta definición y la resolución de la mayoría de los procesos penales, con lo que beneficia tanto económica como temporalmente a todos los participantes”[8].
Lo anterior, no deja al mecanismo exento de fuertes críticas, Ferré Rodríguez cita para el caso, la flexibilización excesiva del Principio de Legalidad, la vulneración del Principio de Igualdad, en la medida que se favorece indebidamente a copartícipes o coimputados con igual carga de culpabilidad, el aparecimiento de la “persecución vengativa”, o la utilización de tácticas agresivas para lograr el acuerdo, sin descartar la venganza en aquellos casos en que no se haya alcanzado, y la degradación de la justicia penal, al sustituir el concepto de “verdad-probatoria” por el concepto de “verdad-consenso”. De hecho, la palabra “bargaining”, literalmente se traduce al español como “regatear”, más común en el contexto de un mercado de pulgas que en un acuerdo de negocios, a su vez, la palabra “bargain”, se traduce como “ganga”, así pues, existe el peligro que el plea bargaining sea la puerta de entrada para una justicia “de mercado” o del “regateo” donde la verdad importa tanto, como la astucia, la “lengua de plata” o la habilidad negociadora del litigante.
Finalmente, la más fuerte crítica al plea bargaining vendría dada por la aplicación de penas a personas inocentes, que sencillamente aceptaron el acuerdo y la pena “reducida” por sentirse acosados ante una pena excesiva -aunque finalmente infundada-, o simplemente la mala asesoría de un defensor sobrecargado deseoso de reducir su carga de trabajo. John Langbein describe en su artículo “Tortura y Plea Bargaining”, la siguiente anécdota:
El abogado defensor Benjamín M. Davis de San Francisco representó recientemente a un hombre acusado de secuestro y violación. El acusado era inocente, y luego de haber investigado el caso Davis confiaba en obtener la absolución. El fiscal, quien parecía compartir la opinión del defensor en este punto, ofreció un trato por lesiones. La condena por esta imputación no habría conducido a una pena mayor de treinta días de privación de libertad, y existía gran posibilidad de que la pena no resultaría de cumplimiento efectivo. Cuando Davis informó a su cliente sobre esta oferta, puso énfasis en el hecho de que sería muy improbable que resultaría condenado si el caso iba a juicio. La Respuesta del acusado fue simple: “No puedo asumir ese riesgo”[9].
PROCEDIMIENTO ABREVIADO: UN BENEFICIO ESCASO, RESIDUAL Y SUBUTILIZADO.
Cuando el plea bargaining tocó las costas latinoamericanas bajo la forma del “procedimiento abreviado”, muchos entendidos en la materia esperaron la incorporación de múltiples ventajas por parte del instituto, para Cafferata Nores, por citar un ejemplo, se trata de una figura que en delitos leves permite “lograr sentencias en un plazo razonable, con fuerte ahorro de recursos jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia”[10], e incluso la figura se puede extender a delitos de mediana envergadura “siempre que se trate de casos sencillos de enjuiciar, tanto en su prueba como en su encuadre legal”[11].
En suma, para el argentino, el procedimiento abreviado ofrece los siguientes beneficios: a) Favorece una solución razonable y acordada de los intereses enfrentados, evitando la inseguridad de un posible resultado, b) Reduce el costo de una condena, ahorrando recursos judiciales y policiales, c) Descongestiona la administración de justicia en casos sencillos, d) El imputado recibe una pena inferior a la que probablemente le correspondería en un juicio común, y, e) Al participar el imputado en un acuerdo sobre la solución de su caso, lo revaloriza en su dignidad humana[12].
Ciertamente, la reducción de los costos y el descongestionamiento del trabajo fiscal es un beneficio que bien puede servir a una institución como la Fiscalía General de la República, que según sus memorias de labores, ha tenido entre el 2013 al 2018 una carga de casos iniciados que oscila entre los 229 a los 296 diarios, con un promedio por fiscal entre 135 a 169 casos anuales (ver tabla uno).
Tabla 1: Casos iniciados, promedio diario, y carga de casos por fiscal, años 2013 a 2018[13]
Casos iniciados 83,703 87,374 94,338 98,331 107,962
Promedio diario de casos 229 239 258 270 296
Carga de casos por fiscal 135 164 169 165 161
A pesar de lo anterior, es válido afirmar que en la realidad salvadoreña el procedimiento abreviado es un beneficio escaso, RESIDUAL Y SUBUTILIZADO y principalmente destinado para UNOS CUANTOS DELITOS -BIEN DELIMITADOS- DE MEDIANA O POCA IMPORTANCIA. Para caer en la cuenta de lo anterior, basta observar las estadísticas oficiales de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, partiendo de las memorias de labores que la institución genera, observamos que durante el trienio 2016-2018, en las audiencias iniciales (o imposición de medidas), la cantidad de condenas por imputado es mínima, por no decir casi ausentes en relación a la cantidad de imputados que enfrentaron dicha fase (ver tabla dos), en síntesis, se puede observar que la cantidad de condenas y absoluciones para imputados que enfrentan esta fase ni siquiera supera el 3.5%, lo que de alguna forma permite intuir la escasa utilización de la figura del procedimiento abreviado en esta etapa procesal (ver tabla dos).
Tabla 2. Etapa de Audiencia inicial/imposición de medidas en procedimiento ordinario, sumario y proceso de menores, condenatorias, absolutorias y autos de instrucción, 2016-2018[14].
Casos 22,632 25,152 23,322
Imputados sometidos a la fase 35,127 40,658 35,344
Auto de instrucción 24,963 29,970 24,894
Condenados 699 (2%) 724 (1.8%) 1,117 (3.2%)
Absueltos 5 (0.01%) 12 (0.03%) 10 (0.03%)
La misma tendencia se observa en las audiencias preliminares o preparatorias para procedimientos ordinarios, sumarios y procesos de menores en el trienio 2016-2018, de total de imputados que enfrentaron dicha etapa menos del 6% son condenados o absueltos, porcentaje que disminuye en los años 2017 y 2018, en los cuales las condenas y absoluciones caen hasta menos del 4% de los imputados que llegan a esta etapa (ver tabla tres)[15].
Tabla tres. Audiencias preliminares/preparatorias en procedimiento ordinario, sumario y proceso de menores, casos, imputados, aperturas a juicio, sobreseimientos, condenatorias y absolutorias, años 2016-2018[16]
Casos 13,337 13,572 12,206
Imputados sometidos a la fase 22,518 22,053 19,097
Apertura a juicio 11,489 11,081 9,317
Sobreseimientos 6,058 6,225 5,239
Condenados 828 (3.7%) 806 (3.6%) 1,086 (5.7%)
Absueltos 10 (0.04%) 8 (0.04)% 6 (0.03%)
Como se puede observar con las anteriores cifras, el procedimiento abreviado es como máximo, un mecanismo marginal para resolver la pesada carga procesal que recibe el sistema de administración de justicia, particularmente la Fiscalía General de la República, un procedimiento que difícilmente resuelve la apretada congestión de casos que enfrenta la institución, ahora bien, a continuación trataré de demostrar que además de marginal se trata de un mecanismo con marcada selectividad y preferencia en los delitos a los cuales se aplica.
DE LO MARGINAL A LO SELECTIVO.
Pero tambien es posible inferir, que además de marginal, el procedimiento abreviado ha sido destinado para resolver una carga procesal bien definida e integrada por unos cuantos delitos de mediano y escaso valor o importancia (lo que se aprecia en atención a la pena que merecen). Aunque esta conclusión, no se puede observar desde las memorias de labores que produce la institución, que ni siquiera dedican un aparatado diferenciado a las cifras del procedimiento abreviado (lo que ya dice mucho del valor que se asigna a la figura[17]), lo anterior puede ser deducido a partir de la resolución de la solicitud 283-UAIP-FGR-2018 del veintiséis de septiembre del 2018, mediante la cual se proporcionó la cantidad de casos en los que se detectó el procedimiento abreviado, para todos los delitos del Código Penal en el departamento de San Salvador, en el quinquenio comprendido entre el 2014 al 2018[18].
Los resultados, de la solicitud de información permiten hacer inferencias interesantes sobre la ubicación de los delitos en los que se privilegia la utilización del procedimiento abreviado, como se pude observar en la tabla cuatro, que se muestra a continuación:
Tabla cuatro: Procedimientos abreviados según resolución 283-UAIP-FGR-2018, solo comprende departamento de San Salvador.
Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Total procedimientos abreviados 746 632 382 366 261 2,387
En cuanto a la ubicación de los delitos privilegiados de estos 2387 procedimientos abreviados, las tendencias principales se pueden apreciar en el siguiente gráfico número uno:
Como se puede observar, para el quinquenio del 2014 al 2018, en el área más populosa y de mayor concentración de trabajo y criminalidad de nuestro país, el área de San Salvador, los procedimientos abreviados que se otorgaron por cualquier especie delictiva de las reguladas en el código penal se concentran principalmente en dos tipos de delitos, los relativos al “Patrimonio” y los relacionados con el “Sistema Constitucional y la Paz Pública”, solo en estos casos, los procedimientos abreviados se han sostenido anualmente en cantidades significativas. Como demostraré a continuación, de estos dos tipos de delitos (“Patrimoniales” y relativos al “Sistema Constitucional y Paz Pública”), los procedimientos abreviados oscilan principalmente alrededor de cuatro o cinco tipos penales: Robo, Hurto, Receptación, Tenencia ilegal de arma de fuego y en menor medida las Agrupaciones Ilícitas.
Comencemos por los delitos patrimoniales, en el siguiente gráfico, número dos, se muestra cuáles son los delitos privilegiados respecto a tipos penales de carácter patrimonial que recibieron procedimiento abreviado (ver gráfico dos)[19].
Como se puede observar, en los delitos patrimoniales la tendencia predominante en los procedimientos abreviados ha sido privilegiar el delito de Robo, en sus distintas modalidades, con más de 100 procedimientos abreviados anuales entre el 2014 al 2015, una tendencia que se redujo en los últimos tres años, 2016 al 2018, concediéndose menos de 80 procedimientos abreviados anuales para estos delitos en dicho trienio. De nuevo, tenemos que recordar que se trata de datos parciales, solo para la circunscripción de San Salvador, que de mantenerse a nivel nacional confirmaría una tendencia del procedimiento abreviado. Por su parte, para los delitos contra el “Sistema Constitucional y la Paz Pública”, de nuevo observamos claras tendencias (ver gráfico tres).
En este caso el procedimiento abreviado se estaría concentrando principalmente para resolver el delito de “Tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego”, principalmente en los años 2014 y 2015, pero reduciendo su margen de acción en los años 2016 a 2018. En todo caso, esta especie delictiva (relacionada con la tenencia ilegal de arma de fuego) sería la privilegiada de todos los delitos relacionados con La Paz Pública y el Sistema Constitucional, seguido de lejos por el delito de “Agrupaciones Ilícitas”, con menos de 50 procedimientos abreviados de forma anual durante el quinquenio del 2014 al 2018.
La información del gráfico, es desde cualquier perspectiva reveladora, de mantenerse esta tendencia a nivel nacional puede inferirse que el procedimiento abreviado es un mecanismo poco utilizado, que se concentra en cinco o seis especies delictivas, unas de mediana envergadura o importancia, como el Robo o Agrupaciones Ilícitas, y otros delitos de escasa importancia o gravedad, como los delitos relacionados con el Hurto, Receptación o la Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.
Por lo anterior, es fundamental determinar si esta escasa aplicación y concentración del procedimiento abreviado en ciertas especies delictivas bien delimitadas, se debe a los requisitos legales que posee la figura, tanto en el Código Procesal Penal como las reglamentaciones internas de la institución fiscal.
UNA PUERTA ABIERTA QUE NO SE TRANSITA. ESQUEMA NORMATIVO.
En una publicación de un medio electrónico del trece de septiembre del año 2018[20], la conocida litigante Bertha Deleón cuestionaba el reciente -y tambien polémico- procedimiento abreviado acordado entre Fiscalía y defensa en la primera fase del caso “Destape a la corrupción”, acordado para el imputado Elías Antonio Saca, a quien se imputaba los delitos de Lavado de Dinero y Peculado.
En palabras de la abogada de la República, “Si usted solicita un procedimiento abreviado por escrito, tardan meses en resolverle, si tiene suerte. Si no, llega la vista pública y se hace el juicio normal pidiendo la pena máxima”. Sin duda, detrás de este comentario se puede percibir un sentimiento de insatisfacción con los criterios utilizados a nivel general para adoptar o negociar la medida del procedimiento abreviado.
En algo puede concederse razón con la suspicacia externada por la conocida abogada, el procedimiento abreviado es un procedimiento que no posee criterios claros de adopción en el plano de la realidad, pues aunque la figura legalmente se puede aplicar para TODO DELITO (aunque no se utiliza para todo delito, como ha sido inferido), no se conocen con claridad los criterios REALES para la utilización del procedimiento abreviado. Para ratificar esta conclusión es necesario realizar una revisión a las principales regulaciones que limitan la figura.
En primer lugar, tal como mencionamos anteriormente, el Código Procesal Penal de El Salvador vigente, publicado en el diario oficial en enero del 2009, regula en apenas dos artículos (417 y 418) la figura del procedimiento abreviado. Los mismos artículos, a diferencia de lo que sucedía en el Código Procesal Penal de 1998[21], no establecen delitos respecto a los cuales se puede aplicar, bastando que el agente fiscal solicite una pena conforme al régimen que establece el artículo cuatrocientos diecisiete, inciso segundo, del Código Procesal Penal (es decir, una pena que oscile entre la tercera parte del mínimo hasta el mínimo en los casos de penas de prisión), y la conformidad y confesión del imputado acreditada por su defensor. El consentimiento de la víctima del delito, en el procedimiento abreviado, no es un requisito vinculante utilizando el legislador fórmulas flexibles y sin contenido para pasar por encima de la voluntad del sufriente. Los anteriores requisitos pueden resumirse en el siguiente esquema:
Gráfico 4, requisitos para adopción de procedimiento abreviado en Código Procesal Penal.
Fuera de estos requisitos mínimos, el Código Procesal Penal no establece otras limitaciones para la aplicación del procedimiento abreviado en cualquiera de los delitos del Código Penal o leyes especiales de materia penal, por lo que, si en la práctica el mecanismo se ha limitado a pocos y específicos casos, se debe a restricciones que la Fiscalía General de la República se ha autoimpuesto, y no tanto a requisitos que se observen en el Código Procesal Penal. Para determinar cuáles son estas restricciones, es necesario leer los dos principales documentos que guían a la institución: La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Política de Persecución Penal.
Respecto a la primera, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República no menciona los requisitos o criterios para la adopción de un procedimiento abreviado, lo que es comprensible, considerando que se trata de un cuerpo normativo que busca primariamente determinar la estructura organizativa de la institución, lo mismo sucede con el Reglamento Especial de la Fiscalía General de la República. A pesar de lo anterior, el artículo doce de la Ley Orgánica hace una breve referencia al “Principio de Unidad de Acción”, según el cual “el Fiscal General podrá cuando lo estime conveniente, establecer criterios generales de interpretación y aplicación de la ley, oyendo al Consejo Fiscal”. Sobre este punto, al parecer el procedimiento abreviado si posee algunos criterios generales de aplicación que se pueden ubicar en la política de persecución penal de la institución.
Lo que nos lleva a la revisión del segundo documento, la Política de Persecución Penal de la Fiscalía General de la República, dictada en mayo del 2017 durante la gestión del Fiscal General de la República Douglas Arquímedes Meléndez. En esta política, el artículo 18, titulado “Tratamiento para delitos convencionales de poca, mediana y alta lesividad”, establece los fines a los que deben servir todas las salidas alternas del proceso penal, entre ellas el procedimiento abreviado, estableciéndose que las mismas deben buscar: a) El empoderamiento de la víctima y oportunidad al imputado para reparar el daño causado, b) La disminución de carga laboral para la Fiscalía y la Policía, y c) Economía procesal, y el consecuente descongestionamiento de tribunales y cárceles, por casos de poca lesividad.
En cuanto a los requisitos de adopción del procedimiento abreviado, algunos de los mismos aparecen en el artículo trece de la Política de Persecución Penal, artículo titulado “Lineamientos para la procedencia de salidas alternas y anticipadas”, entendiéndose por tales salidas la mediación, conciliación, criterios de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado, pago de multas y conversión de la acción pública en privada, según dicha norma, las salidas alternas o anticipadas mencionadas “no constituyen un derecho sino un beneficio, que debe tomar en cuenta no solo el interés de las partes sino también el social” y para aplicarlas, el agente auxiliar deberá realizar dos verificaciones: 1) Carencia de antecedentes penales por sentencia ejecutoriada en relación a delitos de similar naturaleza al que se está diligenciando y 2) Inexistencia de previos beneficios con el tipo de salida que se pretende aplicar.
Más allá de lo anterior, el artículo trece de la Política de Persecución Penal establece que cumplidas las anteriores verificaciones es una “obligación que en la adopción de estas medidas se informe ampliamente a las partes sobre los límites y consecuencias de la utilización de estas salidas alternas o anticipadas y mecanismos de simplificación procesal”.
La política tambien establece requisitos para aplicar el procedimiento abreviado según las características o gravedad del delito, que parecen estar considerados en el artículo 18 y 51 de dicho cuerpo normativo, para el caso, el artículo dieciocho establece que “para los delitos convencionales de poca lesividad se aplicarán todas las salidas alternas”, incluyendo por supuesto, al procedimiento abreviado, una facultad que parece limitarse de mayor forma en delitos “convencionales de mediana o alta lesividad”, en los cuales el procedimiento abreviado solo procede “cuando corresponda”.
Por supuesto, considerando que el relacionado artículo no define que es un “delito convencional”, o de “mediana o alta lesividad”, ni tampoco define qué significa la genérica cláusula “cuando corresponda”, es que el artículo dieciocho de la política de persecución penal de la fiscalía se complementa con el artículo cincuenta y uno del mismo cuerpo normativo. Este último, titulado “procedimiento abreviado” se establecen con mayor claridad los requisitos y fundamentos para dicha figura, estableciendo las siguientes condiciones: 1) Solo se puede acordar cuando el fiscal proyecte tener suficientes elementos de prueba para generar certeza en la mente del juez, 2) Nunca puede comprender un cambio en los hechos o en la calificación jurídica señalada por el ente acusador, 3) La ponderación de la pena debe tener “en consideración” una serie de criterios, tales como la proporcionalidad (no puede pedirse una pena para los partícipes que sea mayor a la pena pedida para los autores) y los relacionados en el artículo sesenta y tres del Código Penal (criterios generales de determinación de la pena).
El trámite, parece complicarse cuando llegamos al artículo cincuenta y uno, inciso cuarto y subsiguientes de la Política de Persecución Penal, inciso a partir del cual se establece la necesidad de contar con el permiso o “autorización” de un superior en la institución fiscal para conceder el procedimiento abreviado, para el caso, en los delitos con penas iguales o superiores a cinco años de prisión que involucren la participación del crimen organizado, maras o pandillas se requiere la autorización de una dirección de unidad, si para este mismo tipo de partícipes nos encontramos en presencia de un delito inferior a cinco años de prisión, bastará la autorización del jefe de unidad correspondiente, lo mismo sucederá con los delitos comunes con pena igual o superior a cinco años de prisión, e incluso los delitos más leves, los comunes con pena inferior a cinco años de prisión, no se salvan de la necesidad de contar con la autorización de un superior, requiriéndose en este caso el “visto bueno por escrito del jefe inmediato”, aunque debe decirse que en este tipo de delitos, el artículo doce de la Política de Persecución Penal recomienda la utilización de otro tipo de beneficios, al establecer que: “Para los delitos convencionales de poca lesividad, cuando los autores carezcan de antecedentes penales y no sean miembros de maras o pandillas, se prevé la aplicación de salidas alternas; tales como la conciliación, suspensión condicional del procedimiento, pago de multa, entre otros”
En suma, esta intrincada gama de requisitos puede resumirse en el siguiente cuadro:
Gráfico 5, requisitos para adopción de procedimiento abreviado según Política de Persecución Penal de la FGR
Dos aspectos finales, deben comentarse sobre el requisito de autorización del superior jerárquico para aplicar un procedimiento abreviado, la primera, es que la Política de Persecución Penal no parece desarrollar criterios o parámetros sobre los cuales conceder dicha “autorización”, si esto es así, parece factible pensar que el permiso solo busca verificar que se hayan cumplido las condiciones que la Política de Persecución Penal expresamente enuncia, a efectos que ningún agente fiscal abuse de lo establecido en la Política. En segundo lugar, una hipótesis digna de ser indagada por otros trabajos de investigación, es determinar si esta “autorización” o “visto bueno”, ha generado diversas interpretaciones o aplicaciones en las distintas agencias o regionales de la FGR en el territorio nacional, siendo diferentes los criterios utilizados en la regional de Soyapango, a los que emplean en una regional de Santa Tecla, Santa Ana o San Miguel, por citar varios ejemplos.
Finalmente, y más importante que lo anterior, debe profundizarse una hipótesis fundamental sobre el funcionamiento de la figura en nuestro sistema:
¿ES POSIBLE QUE LA BUROCRACIA O FALTA DE CRITERIOS CLAROS PARA OBTENER ESTAS AUTORIZACIONES O “VISTOS BUENOS” SEA LA CAUSA QUE EXPLIQUE LA ESCASA Y CONCENTRADA UTILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN NUESTRO SISTEMA PROCESAL?
Ya hemos inferido que, por un lado, el procedimiento abreviado se aplica escasamente, tambien hemos establecido que el procedimiento abreviado SE PUEDE APLICAR PARA TODO DELITO CUMPLIENDO LOS REQUISITOS GENÉRICOS del Código Procesal Penal y la Política de Persecución Penal, si esto es así ¿POR QUÉ NO SE ESTÁ APLICANDO LA FIGURA DE UNA FORMA MÁS AMPLIA? Hay dos posibles respuestas:
Existen criterios en la institución fiscal que impiden la aplicación de la figura, o bien, el necesario “visto bueno” o autorización para proceder con la figura, lo que podría explicar por qué el procedimiento abreviado solo se presenta en una gama de específicos delitos, y,
Los defensores, públicos o privados, e imputados que participan en el sistema de administración de justicia penal no se han mostrado interesados en aplicar la figura para otros delitos diferentes de los casos en los que se concentra la figura.
Siendo que lo segundo parece más improbable que lo primero, me inclino a pensar que la institución fiscal maneja una burocracia intrincada o criterios heterogéneos de difícil precisión principalmente a nivel de jefaturas o direcciones, que dificultan o imposibilitan la figura, y que incluso superan lo normado en el Código Procesal Penal y la Política de Persecución fiscal. El caso “Destape a la Corrupción” es quizás un ejemplo de todo lo anterior.
ARBITRARIEDAD, TRANSES Y DESTAPE A LA CORRUPCIÓN.
Los tres procedimientos abreviados -dos de Saca y uno intentado con Ana Ligia de Saca- se caracterizaron por torcer los requisitos que menciona la Política de Persecución Penal y el Código Procesal Penal.
El contexto histórico del caso “Destape a la corrupción” es ampliamente conocido para cualquier persona más o menos atenta a lo que señalan los medios de comunicación, durante el periodo presidencial de gestión del expresidente Saca (2004-2009), el mismo utilizó ilícitamente la figura de los “gastos reservados” para desviar una cantidad superior a los trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América, desde las cuentas institucionales de casa presidencial hasta sus fondos personales. Por su parte, en este entramado criminal se señaló que la ex primera dama de la república, Ana Ligia de Saca, recibió de todos estos fondos desviados, depósitos que se acercan a los diez mil dólares mensuales, lavando presuntamente y de manera total, un aproximado a los diecisiete millones de dólares de los Estados Unidos de América.
Casi diez años después que Antonio Saca salió del poder, en agosto del 2018 y durante el desarrollo de la etapa final de vista pública dentro del proceso penal que conoció los anteriores hechos, denominado “Destape a la Corrupción”, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador autorizaba la aplicación de un procedimiento abreviado para Saca y otros cinco exfuncionarios involucrados en el mismo. A la hora de justificar este primer procedimiento abreviado, el ex Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, afirmó que el procedimiento especial tenía como justificación de fondo que estábamos en presencia de un “tema sensible en El Salvador”, pues “el sistema de justicia no funciona completamente”, y por tanto “No hay seguridad que el sistema de justicia responda adecuadamente en casos delicados. En instancias superiores ya se han visto cosas increíbles, nos han tirado investigaciones de años, de un plumazo”[22].
Además, de esta supuesta imprevisibilidad de las instancias superiores, Douglas Meléndez afirmó que “valoramos que el plazo de detención de expresidente Saca y del resto de los imputados vence el 5 de noviembre de este año, si Saca y otros imputados no están condenados al 5 de noviembre de este año, van para afuera”[23]
Luego de esta primera confesión y su consecuente procedimiento abreviado, Elías Antonio Saca sería protagonista de una segunda confesión por hechos atribuidos por la Fiscalía General de la República, en UN SEGUNDO PROCEDIMIENTO ABREVIADO, esta vez en mayo del 2019 durante la gestión del Fiscal General de la República Raúl Melara, respecto a los hechos relacionados en el denominado “Caso Transes”, que básicamente consistió en el pago de dinero a una colaboradora judicial de la Cámara Primero de lo Civil de la ciudad de San Salvador, durante el año 2016, para obtener información privilegiada de un caso judicial que le incumbía al expresidente Saca. Un caso típico de “Cohecho”.
Según una nota periodística que cubrió este segundo trámite judicial, el defensor de la causa explicó que el procedimiento abreviado fue aprobado con el anterior Fiscal General, Douglas Meléndez, aunque la fiscal del caso manifestó que para esa fecha aún gestionaban el procedimiento abreviado con el entonces actual Fiscal General, Raúl Melara[24].
Por supuesto, con lo explicado hasta el momento es suficiente para entender la arbitrariedad de los dos procesos abreviados antes relacionados, al menos si entendemos por “arbitrario” aquello que se aparta de la normatividad que regula un acto.
En el caso del primer proceso abreviado de Elías Antonio Saca, argüir como razón para adoptar un proceso abreviado “que se busca evitar una impugnación de la sentencia en caso de recurso” es un auténtico disparate, principalmente porque de ser así, todos los delitos tendrían carta blanca para negociar procedimiento abreviado sin mayores trámites, pues finalmente, todos los delitos admiten la posibilidad latente de un recurso que puede revertir la condena, el segundo argumento del ex Fiscal General Douglas Meléndez no corre mejor suerte, decir que se concede un procedimiento abreviado “porque en un par de meses finalizan los dos años máximos que dura la detención provisional”, es un argumento superficial que desconoce el elemental hecho que finalizado el plazo de detención provisional, puede perfectamente dictarse otra medida cautelar sustitutiva a la detención provisional (como el arresto domiciliar, que cumplió por algún tiempo, otro expresidente procesado).
Por supuesto, todo lo anterior sin contar, que ninguno de los dos argumentos brindados por el ex fiscal general de la república, Douglas Meléndez, tiene que ver con alguno de los requisitos para dictar un procedimiento abreviado que se encuentran en el código procesal penal o la política de persecución penal (creada durante la gestión de Meléndez), en otras palabras:
el ex Fiscal General parece haber inventado sus propios requisitos para autorizar el primer procedimiento abreviado de Elías Antonio Saca.
El segundo procedimiento abreviado del expresidente Saca, tampoco parece muy conforme a los criterios establecidos en la Política de Persecución Penal, de hecho, tal como comentamos en el anterior apartado, el artículo trece de la Política de Persecución Penal considera como un aspecto a valorar para conceder este beneficio, o cualquier otro, la “Inexistencia de previos beneficios con el tipo de salida que se pretende aplicar”, sin embargo para ese entonces, en mayo del 2019, Elías Antonio Saca ya había negociado un primer procedimiento abreviado para otro delito (Peculado) relacionado con el mismo tipo de delitos contra la administración pública que le procesaban en el caso “Transes”(Cohecho). ¿Por qué entonces la administración del Fiscal General Raúl Melara permitió un segundo procedimiento abreviado que no parece conforme a los criterios de la Política de Persecución Penal de la institución? Esto no se comprende.
Pero el procedimiento abreviado que en algún momento se negoció con la señora Ana Ligia de Saca, tampoco se encuentra exento de críticas. Sobre el mismo, debemos recordar que en un primer momento, enero del 2019, los fiscales encargados del caso explicaban la imposibilidad para acordar un procedimiento abreviado, pues “La Fiscalía analizó la misma (posibilidad de procedimiento abreviado), pero en este caso se le denegó porque ellos solicitaban una pena inferior a las expectativas de la representación fiscal”. Para el fiscal del caso, en “el delito de lavado de dinero la condena debe ser de cinco años; es decir, la máxima de un proceso abreviado”[25].
Hasta ese enero del 2019, el problema del proceso contra Ana Ligia Saca era un problema de pena, la parte defensora estaba dispuesta a negociar una confesión a cambio de una pena de prisión de tres años (fácilmente sustituible), por el contrario, para el Ministerio Público, la única pena proporcional que merecía Ana Ligia de Saca eran cinco años de prisión. Todo esto cambiaría con la llegada del nuevo Fiscal General de la República, Raúl Melara, y menos de tres meses después que asume el cargo, esta postura cambiaría drásticamente durante el desarrollo de la audiencia preliminar programada el primero de abril del 2019, fecha en la cual se anunciaba haber alcanzado un acuerdo por la pena de prisión de tres años que inicialmente se objetaba.
Aunque los acuerdos o autorizaciones necesarios para justificar este cambio de criterios no se encuentran abiertos al escrutinio público, si es posible conocer las razones que motivaron el giro, y es que en una nota periodística del dos de abril del presente año, la agencia fiscal justificaría este cambio de criterio, alegando que “el proceso abreviado no exime a la acusada de la responsabilidad civil de devolver al Estado más de $17 millones que ha admitido haber malversado bajo el delito de lavado de dinero”, y que el procedimiento abreviado es “una herramienta válida en parte para que los imputados confiesen los delitos, condición que ayuda al Ministerio Público a ser eficiente en reclamar y aplicar justicia”[26]
Raúl Melara, actual Fiscal General.
Esta postura, continuaría siendo defendida por el Fiscal General Raúl Melara en la entrevista “Ocho en punto” del canal Teleprensa de El Salvador, publicada el dieciséis de mayo del 2019, en la cual el titular del Ministerio Público afirmó que:
“(…) en esta administración se llega a un acuerdo que se hace por escrito, en el cual se le otorgaban tres años de prisión a la señora de Saca, con una conversión de la pena, y además se establecía, el defensor firmó, de que se obligaban a pagar en concepto de responsabilidad civil $17,000,000.00 que es lo que la Fiscalía estimaba había sido defraudado al Estado” [27]
Entonces, para el titular del Ministerio Público Fiscal lo más importante se vincula con el pago de la responsabilidad civil, e incluso es posible establecer en el acuerdo del procedimiento abreviado que el defensor e imputado se obligan a garantizar el pago de la responsabilidad civil en los términos que estime la fiscalía. Esta centralización en el aspecto civil-patrimonial del conflicto penal, incluso fue tildada por el Fiscal General como “un nuevo paso en el combate a la corrupción”, aquí las palabras textuales del mismo:
“(…) Ahora, creo que hay que hacer una diferencia, no es que se le obligase (a Ana Ligia de Saca) a pagar efectivamente, porque la responsabilidad civil la va a establecer el juez al momento de la sentencia, pero creo que era importante garantizar el pago de la responsabilidad civil, si usted se obliga a algo, tiene que determinar cómo lo va a pagar, como lo va a garantizar, porque de nada nos sirve quedarnos con una condena en papel (…) Eso es lo que nosotros queremos evitar, y ese es un nuevo paso en el combate a la corrupción que estamos dando bajo mi administración, queremos garantizar que la responsabilidad civil, que en esos delitos de corrupción efectivamente se vaya a pagar, y usted lo puede ver en el caso de César Funes padre (otro imputado vinculado con el caso “Destape a la corrupción”), quien está procesado por el mismo delito, se ha establecido un tipo de acuerdo en el cual se le da una pena reducida y él está garantizando el pago de la responsabilidad civil”[28]
Con lo anterior, observamos nuevamente lo mismo que en los procedimientos abreviados de Elías Antonio Saca, es decir, se deja de lado lo que exige la normación de la figura del procedimiento abreviado en el Código Procesal Penal y la Política de Persecución Penal, y se crean requisitos que no se establecen en ningún lado. Para el caso, EL COMPONENTE DE LA PENA EN UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO NO DEBE SIMPLEMENTE DESVANECERSE POR LA PRIORIZACIÓN DEL COMPONENTE CIVIL EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN, nótese en principio, que el Fiscal General en la entrevista confundió el delito de “Lavado de dinero” como delito de “corrupción” cuando el mismo siempre ha superado estos márgenes de la Administración Pública para ubicarse más cerca del orden socioeconómico e incluso la criminalidad organizada.
Mas allá de lo anterior, la pena solicitada por el ente fiscal, según el artículo cincuenta y uno de la Política de Persecución Penal, debe responder a los criterios de determinación de pena del artículo sesenta y tres del Código Penal, si esto es así ¿Cómo es que la pena fue determinada en cinco años de prisión para enero del 2019, pero para abril del mismo año ya era determinada en tres años?, ¿Cuál Fiscal General mintió, o cuando menos midió equivocadamente la pena? Debe quedar claro, que en lo personal no me opongo a que la pena se negocie en un sentido u otro, pero al menos, si se quería aparentar cumplimiento de legalidad, se tuvo que justificar el cambio de pena solicitada apelando a lo que dice la normativa que rige la institución, citando los criterios de determinación de la pena del artículo sesenta y tres del Código Penal, y no simplemente olvidarse de los mismos apelando a una centralización lo económico-civil, como el aspecto del que dependen los otros.
Pero sin duda alguna, lo más llamativo de las declaraciones del fiscal general Raúl Melara, vendría dado por la adición de un nuevo componente de negociación dentro del procedimiento abreviado, relativo a la obligación de prestar “garantías para el pago de la responsabilidad civil” que deben ser señaladas por el imputado si quiere lograr la salida alterna. Se trata sin duda de un punto peligroso, quien tiene dinero fácilmente supera el requisito, quien no tiene dinero o propiedades para afianzar su posición queda fuera de la mesa de negociación ¿Puede el acuerdo de un procedimiento abreviado, reducirse a la capacidad de pago y cumplimiento de una obligación económica?
Más allá de lo anterior, ni la Política de Persecución Penal ni el Código Procesal Penal establecen en momento alguno el requisito de “proporcionar garantías económicas” para acceder al procedimiento abreviado, el Código Procesal Penal es claro, el acuerdo en esta figura siempre ha sido en dos puntos: la pena a aplicar (responsabilidad penal) y la confesión de los hechos que son parte de la acusación fiscal, no hay un tercero, por lo que debe discutirse si puede insertarse en esta dinámica la obligación del imputado a “prestar garantías económicas” para resarcir al Estado, entre otras preguntas que válidamente pueden formularse, por ejemplo:
¿Por qué este requisito solo puede exigirse en delitos de corrupción? ¿Por qué este requisito no está establecido en la Política de Persecución Fiscal? ¿Por qué este requisito se ha aplicado en este primer caso y no en otros? ¿Se han girado instrucciones o directrices que permitan conocer al resto de regionales o dependencias de la Fiscalía General de la República, sobre este nuevo requisito? ¿Quién determina si la garantía proporcionada es suficientemente sólida?; Como se puede observar, convertir al agente fiscal en un abogado de fianzas para este tipo de delitos, puede generar gravosas repercusiones.
Por supuesto, hay todavía dudas más inquietantes, pues la mayoría de delitos de corrupción no generan un significativo daño al erario público, el cohecho por ejemplo, no requiere daño al erario público, bastando que el funcionario realice una labor contraria a sus funciones por un favor o dádiva ¿Cómo se “asegura” el cumplimiento de obligaciones civiles en esos delitos? Y finalmente la interrogante que me parece más importante de todas: ¿De eso se trata, finalmente, lo que se busca la Fiscalía General de la República en los delitos de corrupción que generan daño al erario? ¿Pagar lo que se haya investigado sin preocuparnos por la pena? ¿No importa la gravedad del delito? ¿Qué advertencia se lanza al potencial corrupto que planea cometer el delito de peculado con un mensaje como ese? “Solo pague lo que hemos logrado averiguar y resolvemos el asunto”.
Las inferencias que se arrojan con este pequeño ensayo son las siguientes:
Mientras que el plea bargaining americano resuelve el 90% de la carga procesal que recibe el sistema de administración justicia de dicho país, nuestro procedimiento abreviado resuelve apenas un aproximado del 5% de la carga procesal que se recibe en audiencias iniciales y preliminares en el último trienio (2016-2018). Además de lo anterior, es posible inferir que esta escasa utilización del procedimiento abreviado se concentra principalmente en pocos delitos de mediana a baja envergadura, en atención a la pena que tienen regulada.
El proceso abreviado es una salida alterna que, normativamente hablando, en el Código Procesal Penal y la Política de Persecución Penal, posee requisitos relativamente flexibles para aplicarse a cualquier delito. Sin embargo, se puede inferir que en la práctica esto no sucede por la aplicación de requisitos o criterios extra-normativos que no se encuentran en la Política de Persecución Penal o el Código Procesal Penal.
Un ejemplo de lo anterior, lo han representado las tres negociaciones de procedimientos abreviados acordados durante el caso “Destape a la Corrupción”, los dos primeros en el caso del imputado y expresidente de la república Elías Antonio Saca, y el tercer procedimiento abreviado -solo negociado, aunque finalmente no fue operativizado- en el caso de la ex primera de dama de la República, Ana Ligia de Saca. Los tres procedimientos abreviados -dos logrados y uno intentado- se caracterizaron por torcer los requisitos que menciona la Política de Persecución Penal y el Código Procesal Penal, cuando no se ignoraban abiertamente los mismos, o se inventaban nuevos requisitos. Desde una perspectiva lógica a fortiori, si estas dinámicas de discrecionalidad -o incluso arbitrariedad- suceden en un caso tan publicitado y escrutado por la prensa, como lo es “Destape a la corrupción”, es posible que se replique y extienda al resto de unidades, regionales o dependencias del Ministerio Público Fiscal a la hora de aplicar la misma salida alterna, convirtiendo una figura que en lo declarativo busca descongestionar todo el sistema, en un privilegio para la bagatela o casos “seleccionados” con criterios sin control.
Finalmente, si todo lo anterior es cierto, es válido decir que el procedimiento abreviado se ha convertido en la actualidad, en una suerte de partida secreta de la Fiscalía General de la República.
[1] Investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, litigante y consultor.
[2] En la nota periodista de Diana Escalante, correspondiente al dos de abril del 2019, se maneja que “El procedimiento abreviado que favorecerá a la ex primera dama ha desatado críticas entre la ciudadanía y diferentes organizaciones que trabajan contra la corrupción” (Cfr. Diana Escalante. Fiscalía defiende acuerdo con Ana Ligia de Saca y asegura que recuperará los $17 millones, https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/581109/fiscalia-defiende-acuerdo-con-ana-ligia-de-saca-y-asegura-que-recuperara-los-17-millones/, ultima visita el 13 de abril del 2019)
[3] Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. (Trotta, Madrid, 2005), P. 748
[4] Nicolas Rodríguez, Aproximación al estudio de la justicia penal negociada de Los EE.UU.: the plea bargaining process. En revista REDEN: revista española de estudios norteamericanos, número 9, año 1995, págs. 91-107.
[5] Nicolas Rodríguez, Aproximación al estudio de la justicia penal negociada de Los EE.UU.: the plea bargaining process. En revista REDEN: revista española de estudios norteamericanos, número 9, año 1995, págs. 91-107
[6] Edmundo Hendler, Derecho Penal y Procesal Penal de los Estados Unidos. (AdHoc, Buenos Aires, 2006) P.198
[7] Juan Carlos Ferré, El Plea Bargaining, o cómo pervertir la justicia penal a través de un sistema de conformidades low cost.
[8] Nicolas Rodríguez, Aproximación al estudio de la justicia penal negociada de Los EE.UU.: the plea bargaining process. En revista REDEN: revista española de estudios norteamericanos, número 9, año 1995, págs. 91-107
[9] John Langbein. Tortura y Plea Bargaining. En “El Procedimiento Abreviado”, Julio Maier y Alberto Bovino (Comp.). (Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001).
[10] Jose I. Cafferata Nores, Juicio Penal Abreviado, en “Cuestiones actuales sobre el proceso penal” (Editorial del Puerto, Buenos Aires, 2000), pp. 156-157
[11] Jose I. Cafferata Nores, Juicio Penal Abreviado, en “Cuestiones actuales sobre el proceso penal” (Editorial del Puerto, Buenos Aires, 2000), pp. 156-157
[12] Jose I. Cafferata Nores, Juicio Penal Abreviado, en “Cuestiones actuales sobre el proceso penal” (Editorial del Puerto, Buenos Aires, 2000), pp. 162-163
[13] Memorias de Labores de la Institución, sección de “Estadísticas generales”, en http://www.fiscalia.gob.sv/memoria-de-labores/, última visita el 14 de abril del 2019.
[14] Memorias de Labores de la Institución, sección de “Estadísticas generales”, en http://www.fiscalia.gob.sv/memoria-de-labores/, última visita el 14 de abril del 2019.
[15] Como se sabe, la condena o absolución en las relativamente tempranas etapas de audiencia inicial o preliminar, son resoluciones
[16] Memorias de Labores de la Institución, sección de “Estadísticas generales”, en http://www.fiscalia.gob.sv/memoria-de-labores/, última visita el 14 de abril del 2019.
[17] A diferencia del juicio sumario, que si tiene un apartado diferenciado, aunque se trata de una figura que tambien absorbe un carga procesal reducida y moderada, no superando en el trienio del 2016-2018 más allá del 15% de la carga procesal de los procesos ordinarios. (Cfr. Memorias de Labores de la Institución, sección de “Estadísticas generales”, en http://www.fiscalia.gob.sv/memoria-de-labores/, última visita el 14 de abril del 2019).
[18] La resolución puede ser descargada en el siguiente vinculo: https://drive.google.com/file/d/1_vsk4kb5IQdRR5_rp9QTWKTok7KeejVN/view?usp=sharing, ultima actualización 18 de mayo del 2019
[19] Por “otros delitos patrimoniales” entendemos los delitos de Estafa Consumada, Estafa Tentada, Estafa Agravada, Apropiación o retención indebida, Daños, Daños agravados, Conducción de mercadería de dudosa procedencia, Violación de derechos de autor y conexos, este último en su modalidad simple y agravada, y el delito de proposición y conspiración para el delito de Robo o Extorsión.
[20] Redacción UH, Bertha Deleón señala a Fiscalía de trato preferencial en caso Saca, en http://ultimahora.sv/bertha-deleon-senala-a-fiscalia-de-trato-preferencial-en-caso-saca/, última visita el 10 de abril del 2018.
[21] El artículo 379 del código procesal penal de 1998 limitaba la aplicación del procedimiento abreviado para aquellos delitos en los que el fiscal solicitare “una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de tres años”, es decir, tenia que tratarse de delitos que admitieran ese margen de tres años entre su pena mínima y máxima.
[22] Diana Escalante, en la nota titulada “Tribunal autoriza juicio abreviado para Antonio Saca y cinco exfuncionarios”, ubicada en https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/tribunal-autoriza-juicio-abreviado-para-saca-y-cinco-exfuncionarios/508120/2018/, última visita el 17 de mayo del 2019
[23] Alexis Juárez, en la nota titulada “Fiscal general aceptó proceso abreviado por temor a que imputados quedaran en libertad”, ubicada en https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fiscal-general-acepto-proceso-abreviado-por-temor-a-que-imputados-quedaran-en-libertad/, ultima visita el 17 de mayo del 2019.
[24] Oscar Flores, en la nota titulada “Audiencia preliminar de expresidente Saca en caso Transes es suspendida”, ubicada en https://informatvx.com/audiencia-preliminar-de-expresidente-saca-en-caso-transes-es-suspendida/, ultima visita el 17 de mayo del 2018
[25] Francisco Hernández, La fiscalía niega procedimiento abreviado a Ana Ligia Saca por Lavado de Dinero, https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-niega-procedimiento-abreviado-a-Ana-Ligia-de-Saca-por-lavado-de-dinero-20190107-0194.html, ultima visita el 13 de abril del 2019
[26] Diana Escalante, Fiscalía defiende acuerdo con Ana Ligia de Saca y asegura que recuperará los $17 millones, en https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/581109/fiscalia-defiende-acuerdo-con-ana-ligia-de-saca-y-asegura-que-recuperara-los-17-millones/, ultima visita el 13 de abril del 2019
[27] Entrevista “8 En Punto” del canal 33 de El Salvador, video titulado “Trabajo de la Fiscalía General de la República”, publicada el 16 de mayo del 2019,ubicada en: https://www.youtube.com/watch?v=Sr9llaI2fMk&list=PLmhqgGRdYNhIijvS6evrHvvKScoLBWW1X&index=1, ultima vista el 17 de mayo del 2019.
[28] Entrevista “8 En Punto” del canal 33 de El Salvador, video titulado “Trabajo de la Fiscalía General de la República”, publicada el 16 de mayo del 2019,ubicada en: https://www.youtube.com/watch?v=Sr9llaI2fMk&list=PLmhqgGRdYNhIijvS6evrHvvKScoLBWW1X&index=1, ultima vista el 17 de mayo del 2019.
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La nación provida quiere condenar a Evelyn por cuarta ocasión.

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 artículo 18
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 resolución 
 artículo 379