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Timestamp: 2018-12-14 03:02:58+00:00

Document:
las relaciones exteriores de la ue hacia el áfrica subsahariana en el
LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA UE HACIA EL ÁFRICA
SUBSAHARIANA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE LOMÉ Y
RAMÓN PEDROSA LÓPEZ*
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN
EUROPEA HACIA ÁFRICA. ¿ESTRATEGIA DE DOMINACIÓN O AYUDA
AL DESARROLLO? II. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS RELACIONES
EXTERIORES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS HACIA EL GRUPO
ACP: COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y COMERCIO DESIGUAL. 1.
Los inicios del desarrollo. 2. La asociación bajo los principios de Lomé. 3.
Lomé IV y la politización de las condicionalidades. III. LOS ACUERDOS DE
COTONÚ: ASIMETRÍA Y UNILATERALIDAD. 1. La necesidad de un cambio. 2. Las exigencias igualdad de los socios y ¡a apropiación de las estrategias de desarrollo versus las realidades de la condicionalidad negativa y la
"buena gestión de los asuntos públicos". 3. La participación: El desarrollo de
un diálogo y una sociedad civil fuerte. 4. Las relaciones económicas y de
Ayuda Oficial al Desarrollo. IV. CONCLUSIÓN: LA POLÍTICA EUROPEA
HACIA LOS PAÍSES ACP, UNA REALIDAD FALLIDA. V. BIBLIOGRAFÍA.
La cuestión de la política exterior común de la Unión Europea (UE) se
presenta como una de las más complicadas a resolver habida cuenta de la incapacidad de las estructuras comunitarias de seguir al pie de la letra el artículo 13
del Tratado de la Unión Europea: «...el Consejo velará por la unidad, la coherencia y la eficacia de la acción [exterior] de la Unión».
Doctorando en el Programa de Estudios Internacionales y Africanos del Departamento
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UAM.
RAMÓN PEDROSA LÓPEZ
Las Relaciones Exteriores de la Unión Europea se caracterizan, en primer
lugar, por la falta de subjetividad internacional de ésta como organización, por
la confusa división de competencias entre sus Estados Miembros (EM) y la
Comunidad Europea (CE), y por el tampoco claro reparto de competencias entre el Secretario General del Consejo o Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, y el Comisario de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. El cuerpo constitucional de la UE,
a lo largo de su proceso de creación, viene otorgando a ambos competencias
implícitas y explícitas en materia de Relaciones Exteriores.
Este es un trabajo descriptivo. Y en él, partimos de la base de que efectivamente existe una política exterior europea basada en una serie de mecanismos establecidos y que actúa sobre las siguientes dimensiones: la Política Comercial Común (PCC), la Política de Cooperación al Desarrollo, la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PECSD). Haciendo una distinción un tanto sui generis podemos decir que de las dos primeras son responsabilidad del primer pilar de la
UE, el de las Comunidades Europeas (CCEE) y las dos últimas del segundo pilar, el de la PESC. Por ello, la primera premisa que vamos a emplear para comenzar nuestra investigación es que la política de la UE hacia el África subsahariana se elabora desde el primer pilar de la UE y que viene siendo gestionada
por los organismos competentes de la Comisión Europea.
Nuestra segunda premisa es que la UE ha desplegado una buena cantidad
de medios y mecanismos para encontrar un nicho de influencia y prestigio a
través de estas cuatro dimensiones de la política exterior. Sin embargo, la política exterior de la Unión Europea hacia el África subsahariana se ha centrado
casi exclusivamente en el desarrollo, al principio, de una PCC, y más tarde de
la cooperación al desarrollo. Para la UE, el escenario africano no tiene ningún
interés en materia estratégica, y apenas se ha hecho uso a través del Comité
Político y de Seguridad (CPS)1 del pilar PESC, en los momentos de imponer
sanciones económicas o políticas.
Porque la dimensión exterior de la UE hacia el África subsahariana es un
caso paradigmático de asimetría y unilateralidad. De alimentar y fortalecer
esta situación se han encargado a lo largo de 40 años (1963-2003) los diferentes Tratados Internacionales diseñados a tal efecto por los estamentos comunitarios: los Acuerdos de Yaunde, Lomé y Cotonú. La asimetría puede verse a
'• Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europea de Niza, 7,8 y 9 de diciembre de
Las relaciones exteriores de la UE hacia el África subsahariana...
causa de la incapacidad real de los países africanos de ejecutar ningún tipo de
iniciativa propia en materia de relaciones con la UE que no sea la de plegarse a
sus exigencias. Exigencias que, con el tiempo, han llegado a asimilarse a la
"buena gobernabilidad", las concepciones euro céntricas de democracia y Derechos Humanos y la globalización neoliberal.
La debilidad de los países africanos les vio abocados en su momento a
unirse en una Organización Internacional un tanto distinta, la de los países
África-Caribe-Pacífico (Grupo ACP) para poder elevar sus demandas de
modo colegiado. Con el paso de los años, el Grupo ACP ha devenido el interlocutor único de la Unión Europea en África subsahariana, y en torno a él se
han articulado los nuevos marcos tanto de PCC como de la Cooperación al Desarrollo. Al entender que las relaciones exteriores de la UE hacia el África subsahariana se llevan a cabo a través de este marco, nuestro ensayo girará en torno al análisis de las obligaciones comerciales adoptadas por los países
africanos en el marco de los Acuerdos ACP y la enorme hipoteca que representan las cláusulas comerciales que fueron adoptadas a través de estos Acuerdos.
Por ello, el artículo está dividido en dos partes. Un primer análisis histórico de la política exterior de la UE hacia este grupo que permita comprender la
evolución de las políticas europeas y el porqué de la firma del Acuerdo de Cotonú, marco actual de comprensión de la relación con África, y un segundo
bloque en que analizaremos este Acuerdo y sus implicaciones tanto para la política de Cooperación al Desarrollo europea como para la situación comercial
de África tras su firma, explicando si realmente ésta es un ancla que dificulta
su evolución o si, bien al contrario, la cooperación europea para con África ha
contribuido a sacar, aún de forma mínima, al continente de la miseria.
H. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS HACIA EL GRUPO ACP: COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y COMERCIO DESIGUAL
Los inicios del desarrollo
Como se ha señalado más arriba, el cuerpo constitucional de la Comunidad Europea viene otorgando a ésta una serie de competencias implícitas en
materia de Relaciones Exteriores, de las que ha hecho poderoso uso desde la
propia firma del Tratado de Roma. Originariamente, el Tratado de la Comuni-
dad Europea (TCE) reconocía la capacidad de elaborar una política comercial
común (arts. 131 a 134 TCE), como pilar básico de las relaciones exteriores
comunitarias. Y en paralelo, de la cuarta parte del Tratado (arts. 182 a 188
TCE) nació la Asociación de los países y territorios de ultramar, como modo
de articular la relación política y de cooperación también con las colonias. En
torno a estos dos pilares girará durante años la política exterior de las CCEE
hacia África.
El territorio africano al sur del Sahara ha sido siempre una región de interés (no obstante, decreciente) para los diseñadores y ejecutores de la dimensión exterior de la política comunitaria. En el propio texto constitutivo se hace
patente un interés de los firmantes de contribuir a la prosperidad de las regiones más alejadas de sus todavía entonces imperios coloniales. Es interesante
observar que el comienzo de la construcción europea coincidió con el abandono prematuro del lastre que representaban las colonias para el propio desarrollo de Europa, como explicó el autor Raymond CÁRTER2.
El proceso descolonizador en el África subsahariana alcanzó su apogeo
entre los años 1956-57 (independencias de Marruecos, Túnez, Ghana o Sudán) y 1975 (independencias de las colonias portuguesas en Angola y Mozambique). En 1960, la mayoría de los miembros de la Asociación de Países y Territorios de Ultramar eran ya independientes, lo que exigía un nuevo marco
para articular sus relaciones con las Comunidad Económica Europea (CEE).
Así, en la cuarta parte del Tratado se estipulaba la creación de una partida
de Fondos Europeos de Desarrollo (FED), diseñado para proporcionar apoyo
tanto financiero como técnico a las regiones ya citadas. En el artículo 182 del
TCE se insiste sobre el objetivo de conseguir para los países africanos «el desarrollo económico, social y cultural al que aspiran» (art. 182 TCE). No obstante, la unilateralidad ya se deja sentir en el artículo 186, que destaca que, si
bien los acuerdos económicos y prerrogativas aduaneras se regirán según lo
establecido en el Tratado, la circulación de personas «se regirá por convenios
ulteriores, que requerirán el acuerdo unánime de los miembros».
En los años posteriores, Europa intentó mantenerse al margen del Orden
de la Guerra Fría3, que las dos superpotencias patrocinaban en África. En el
marco de las aún precarias CCEE, la vía del artículo 310 del TCE sirvió de
- KABUNDA BADI, M., «La cooperación al desarrollo vista desde el Sur: las perspectivas y alternativas africanas», en Misiones Extranjeras, 1997, pp. 54-70.
- COOPER, R.: The Post-Modern State and the New World Order, Demos, Londres,
pasarela para la firma de los primeros acuerdos bilaterales de asociación.
Acuerdos cuyo objeto es el de fijar las bases adecuadas para el desarrollo de
relaciones privilegiadas con las CCEE durante un largo tiempo. En lo que
concierne a las relaciones hacia el África subsahariana, lo que primaba de
nuevo era la cooperación al desarrollo y el intercambio comercial.
Entre 1963 y 1969 se firmaron los primeros acuerdos de este tipo con países del sur del Sahara, concretamente con la Asociación Estados Africanos
Asociados y Madagascar (EAMA): los acuerdos Yaunde I y Yaunde II.
El primer acuerdo de Yaunde se firmó con el objeto de otorgar ventajas
comerciales y financieras a las ya ex colonias, independizadas las mayoría a
principios de los años 60. Asimismo, se encargó de desarrollar la distribución
de la segunda partida de FED, que duraría hasta 1969. La firma de estos acuerdos, que de algún modo sirvió de base a la futura política de cooperación europea, estaba centrada fundamentalmente en el comercio y la cooperación tecnológica y financiera. El acuerdo de Yaunde II se estableció fundamentalmente
con vistas a regular la tercera partida FED.
Estos acuerdos eran mayormente de carácter comercial, y su fundamento
jurídico se podía encontrar tanto en el artículo 310 TCE, como en los artículos
dedicados a la Política Comercial Común (PCC). Fueron firmados por los seis
miembros de las CCEE, y por los 18 países que conformaban la EAMA. La
mayoría de los fondos establecidos en los acuerdos de Yaunde fueron a parar a
los países francófonos de la región para contribuir a la construcción de infraestructuras, y su gran mérito reside en su carácter de embriones de los acuerdos
de Lomé, que regularían las relaciones entre los países europeos y los países
ACP durante 25 años.
La asociación bajo los principios de Lomé
El ingreso del Reino Unido en la estructura de la CEE en el año 1973, impulsó a los nueve a crear un nuevo marco de relaciones con los estados africanos. Este nuevo acuerdo más amplio fue el acuerdo de Lomé I, rubricado en
1975. Entre sus firmantes estaban 46 miembros de la asociación de países
África-Caribe-Pacífico (ACP), nacida de la firma del Tratado de Georgetown,
el 6 de junio de 1975.
Este grupo surgió tras la alianza de un conjunto de países muy diferentes
del África subsahariana, el Pacífico y el Caribe con el firme objeto de defender
solidariamente objetivos de carácter socioeconómico frente a los países del
Norte, aprovechando el tirón geopolítico de África. Aunque el propio Tratado
de Georgetown deja claro que cada estado puede diseñar su propia política exterior de manera independiente, vincula sus políticas económicas a través de
preferencias comerciales, diseñados en comunión con el espíritu de los acuerdos con la CE.
El grupo ha ido creciendo con los años, y tras la incorporación de Sudáfrica con estatuto especial y de seis pequeños estados del Pacífico, su número asciende a 774. Su objeto, hoy más que nunca, consiste en alcanzar un nivel de
desarrollo económico en sus estados -estados mayormente premodernos, de
acuerdo con la clasificación de Robert COOPER5- y promover la solidaridad
de terceros centros de poder, sobre todo la UE. Analizando el Tratado de Georgetown se observa que la razón de existir del Grupo ACP es actuar de a cuerdo
a un «clientelismo colectivo»6 ante la CEE, y utilizar su relación especial con
los antiguos colonizadores para salvaguardar su posición en el mercado
europeo y mantener su status privilegiado. Sus tres objetivos principales hacen
referencia explícita a la CEE y al Acuerdo de Lomé: implementación de los
presupuestos surgidos del tratado, coordinación solidaria en este marco y
definición de la relación común con la CEE. Es un detalle a tener en cuenta que
la sede del Secretariado General del grupo ACP está en Bruselas desde su
fundación. En estos 28 años, su mayor problema ha sido la incapacidad para
defender sus intereses con una sola voz; obstáculo que el Secretario General
de la organización, Jean-Robert Goulongana intentó salvar tras la aprobación
de las declaraciones de las cumbres de Jefes de Estado y Gobierno de
Libreville (7 de noviembre de 1997) y Santo Domingo (26 de noviembre de
La firma del primer acuerdo de Lomé en 1975 sentó las bases para un nuevo modelo de cooperación bilateral, vinculado a la aparición del orden económico surgido tras la primera crisis del petróleo en 1973. En este marco de dura
confrontación, la conversación política parecía peligrosa. No obstante, un análisis somero del proceso de Lomé nos permitirá observar como a través de los
años, la economía irá dejando paso a una Cooperación al Desarrollo politizada
"• Aproximadamente 36 se enmarcan en el grupo de «Países Menos Desarrollados»con
una renta/?er capita inferior a 300 dólares anuales.
1996, p. 17
' RAVENHILL, J.: «Dependent by Default: Africa's Relations with the European
Union» en HARBESON W. JOHN Y ROTHCHILD, D. (eds.), África in World Polines:
Post-Cold War Challenges, Westview Press, Boulder 1995, pp. 95-123.
Las relaciones exteriores de la UE hacia el África subsahariana.,.
a través de las condicionalidades, introducidas en el Acuerdo de Lomé IV, y
como la Guerra Fría ira dejando paso a la globalización neoliberal.
Las bases fundamentales de los acuerdos de Lomé, mucho más amplios
que los de Yaunde, eran el Principio de asociación, la naturaleza contractual de
la relación, y la combinación de ayuda y comercio (y más tarde, de aspectos
políticos), observados desde una perspectiva a largo plazo. Estos acuerdos
vinculaban a más mil millones de personas y establecían un esquema internacional de asociación entre prácticamente la mitad de países del mundo.
Aunque a lo largo de este tiempo de relación bilateral innovadora se fue
forjando la llamada cultura de Lomé, los 25 años de relación entre el África
subsahariana y las CCEE han dejado un resultado más bien negativo. Si bien
es cierto que como modelo representó una innovación, basada en los Principios de diálogo, contractualidad y predictibilidad. Desafortunadamente, las
corrientes políticas y económicas internacionales no han ayudado a frenar la
caída libre de la zona. El porcentaje de exportaciones africanas hacia la UE ha
descendido desde un 8% en 1975 a un 2.8% en 2000. Obviamente, este retroceso puede achacarse a la violenta competencia internacional fruto de la globalización, así como la aparición de otros escenarios en el esquema de prioridades de la política exterior europea. Regiones como Europa Central y
Oriental, el Gran Magreb o América Latina son los nuevos receptores tanto de
la ayuda como del interés político de la CEE, en detrimento de África y sus socios en el marco ACP.
Pero en tanto que este marco representaba un compromiso real por parte
de las antiguas potencias colonizadoras con el desarrollo de la zona, la relación CEE-ACP era la mejor de las alternativas posibles. Los acuerdos dejaban
la responsabilidad de manejar los recursos asignados7, y gestionar su propio
futuro en manos de los estados africanos. Así, la ineficacia de los acuerdos
también puede achacarse a la mala gestión de una política clientelista y nepótica llevada a cabo por muchos dirigentes de la región8.
Si en los Acuerdos de Yaunde la cooperación estaba dedicada a sectores
muy concretos, el Acuerdo de Lomé amplió este catálogo. Lomé I fue la primera convención que, de modo unilateral por parte del Norte, garantizó partidas presupuestarias destinadas al desarrollo regional de los países africanos.
Concretamente, 3.053 millones de euros del FED. Estableció el sistema STA7
' Estos recursos evolucionaron de un monto de 3.050, 3 millones de euros en 1975 a
13.151,1 millones de euros en 1995.
' MÉDARD, J. F.: «La specificité des pouvoirs africains», en Pouvoirs, 1983. pp 5-23
BEX, como sistema de ayudas preferenciales para estabilizar las exportaciones en una serie de productos, como el té, el cacao, el café o el cacahuete. También establecía un apoyo económico a cinco años (aplicación del Principio de
predictibilidad) y establecía además una entrada del 99% de los productos y
bienes comerciales, amén de una serie de preferencias comerciales no recíprocas, como mecanismo compensatorio para suplir las pérdidas que la apertura
de sus mercados a los productos europeos suponía para el sur. De la misma
manera se diseñaron protocolos que favorecían la entrada de sus productos en
sectores como la carne de ternera, el azúcar, el ron o los plátanos, que suponían
un porcentaje de exportación fijo anual a precios garantizados, mayores que
los del mercado internacional.
LA CULTURA DE LOMÉ
Los Países ACP devienen responsables de su
Asociación en términos de igualdad
propio desarrollo; ellos gestionan los recursos
Flujos de AOD predecibles durante periodos de
cinco años renovables; beneficios
Predictibilidad de la Ayuda al Desarrollo
no recíprocos, incluyendo entrada de un 99% de
Comodidades comerciales
Esquemas STABEX y SISMIN
En el marco del comercio de carne de ternera,
Protocolos de régimen preferencial para
azúcar, plátanos y ron. Supone un porcentaje de
paquetes de productos concretos.
exportación fijo anual a precios
mayores que los del mercado internacional.
Obligaciones mutuas y contractualidad
Establecimiento de obligaciones bilaterales entre
Conjunto de instituciones establecidas para mon-
Diálogo político y Administración conjunta
itorear el proceso de implomcntación de los acuerdos y asegurar el diálogo entre las partes.
Lomé II se firmó en el año 1979 con un número mayor de países ACP
(58), fruto de la última de las grandes descolonizaciones: la de las colonias de
Portugal en 1975. Lamentablemente para los países ACP la acción de la política de Cooperación al Desarrollo comenzaba a diversificarse y a localizarse en
otros escenarios del mundo. La partida de AOD aumentó hasta los 4.207 mi-
llones de euros. En líneas generales no era más que una continuación del
Acuerdo anterior, con la excepción de la inclusión del esquema S YSMIN, que
representaba una ayuda compensatoria a aquellos países dependientes de la
exportación de sus recursos minerales, en la misma línea que el sistema STABEX.
La continuidad fue uno de los valores principales que gobernaban cada
una de las renovaciones de los acuerdos de Lomé. Así, cuando Lomé III fue
firmado en 1984 con 68 países ACP (los Estados Miembros de la CEE ya eran
diez, tras el ingreso de Grecia), la firma de este acuerdo representó una gran
autocrítica por parte de la CEE sobre la efectividad de la ayuda al desarrollo
desembolsada desde 1975. En pleno auge del glasnost y laperestroika, se consideró necesaria una ampliación de la dimensión política de la relación. Igualmente se promovió un desarrollo basado de nuevo en la autosuficiencia, que
debía tener tres prioridades: terminar con el hambre, combatir la desertificación y combatir la sequía, a través de una mejora de las infraestructuras. A todos estos respectos, prácticamente se dobló la AOD a través de los FED:
7.882,6 millones de euros.
Lomé IV y la politización de las condicionalidades
La importancia dada al diálogo y los presupuestos políticos tuvo un desarrollo natural en la firma de los acuerdos de Lomé IV, rubricados en 1989 entre la
Europa de los 12 y los 68 países ACP del momento por un periodo, esta vez, de
diez años. En este tratado, el respeto a los Derechos Humanos se convirtió en
una de las principales cláusulas del acuerdo (art. 5). De la misma manera, Lomé
IV fue la certificación del apoyo tácito de la CEE a las políticas de ajuste estructural emanadas desde el FMI y el Banco Mundial, amén del creciente interés
mostrado en promover el sector privado entre los países ACP y la importancia
creciente de la cooperación regional de cara a eventuales integraciones. El Reino Unido y Alemania defendieron siempre el auge de las condicionalidades, en
la idea de que la herencia colonial era un carga. Por ello, redujeron de golpe en
los 80 sus partidas de AOD en un 20% y les llevaron a otorgar, fundamentalmente a Londres, créditos mixtos: prestamos en términos de concesión mezclados
con créditos a la exportación unidos a compras del país donante9.
Seis acuerdos y 20 años de relación bilateral ineficaz habían convertido
los acuerdos en una carga para la CEE. Por parte de los países africanos se haDeclaración de John Major en Harare, 1991.
bía ritualizado el proceso de negociación10, que habían devenido revisiones de
las demandas anteriores, mientras que la respuesta de su interlocutor iba
vinculándose al catálogo de demandas políticas y sociales; los nuevos
elementos de diálogo y condicionalidades en la Cooperación no habían hecho
más que fortalecer la asimetría. Desde el principio del proceso, la CEE se
había blindado con cláusulas de salvaguarda, que le permitían tomar acciones
proteccionistas en caso de percibir que las importaciones pudieran afectar
negativamente a sus mercados.
El Acuerdo de Lomé IV bis, rubricado en Mauricio en 1995 por los actuales 15 miembros de la ya Unión Europea y 70 Estados ACP, mostró ya un cariz
más político que económico. Si bien el acuerdo suponía una revisión en el
ecuador de la vida del Lomé IV, en él los elementos principales eran el respeto
a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales por parte de los Estados. Por primera vez se incluyeron las cláusulas de condicionalidad negativa,
que penalizaban con la suspensión parcial o total de las ayudas a aquellos países que no las respetasen; esta práctica se ha convertido en una de las más discutidas y criticadas por la doctrina. Las corrientes políticas dominantes en Europa tras la firma del Tratado de Maastricht en 1992 determinaron algunos
aspectos de Lomé IV bis, en el que se incluyeron los objetivos de lucha contra
la pobreza, la incorporación progresiva de las economías más pobres en la globalización internacional, y el desarrollo social de los países subdesarrollados.
A este objeto, muchos de los préstamos que habían endeudado África fueron
transformados en subsidios. El acuerdo de Lomé IV bis destinó nada menos
que 14.300 millones de euros a la cooperación con los países ACP.
Al mismo tiempo, el final de la confrontación bipolar y el propio proceso
de construcción europea llevó a la UE a plantear la necesidad de efectuar modificaciones sustanciales en el proceso. Eran varias las razones por las cuales
los acuerdos de Lomé ya no respondían a la realidad del sistema internacional:
® La continuidad fue uno de los valores prioritarios en cada renegociación del Acuerdo de Lomé. No obstante, el final de la Guerra Fría
demostró que los motivos que habían impulsado a su firma en 1975
estaban prácticamente extintos. África había dejado de ocupar un
lugar prioritario en los intereses exteriores de las CCEE.
RAVENHILL, J.: «Dependent by Default: Africa's Relations with the European
Uno de los principales objetivos de los acuerdos era el establecimiento
de un sistema de preferencias que contribuyera al desarrollo de la
región a través de la diversificación de las exportaciones africanas. No
obstante, este sistema de preferencias no había mejorado en nada la
realidad económica africana.
La nueva realidad global había modificado los intereses geopolíticos
de la UE, amén del auge de nuevos valores sociales en el seno de las
relaciones de Ayuda al Desarrollo, como la defensa de los Derechos
Humanos, el Imperio de la Ley y el Estado de Derecho. Así, el principio de asociación en términos de igualdad había ido perdiendo peso y
sustituido por condicionalidades sociales.
La integración económica internacional a través de la firma del
acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) por la CE y sus Estados Miembros obligó a ceñir las relaciones preferenciales a las normas aprobadas en el Tratado de Doha, con
cuyas reglas no era compatible.
África había devenido un lastre para las potencias europeas. Tras la
caída del Muro de Berlín, los Jefes de Estado africanos han argumentado machaconamente motivos humanitarios como reclamos para conseguir inversiones y ayuda externa. Estados como Francia, Reino
Unido o Alemania dejaron claro a lo largo de los años 80 y 90 que no
estaban dispuestas a continuar hipotecándose para mantener sus esferas de influencia. Las posturas adversas y el colonialismo postmoderno ha resultado muy caro en lo económico y muy comprometedor
de cara a defender una postura común en el seno de la UE.
Por todos estos motivos, la UE comenzó en noviembre de 1996 un proceso de consultas entre los socios del acuerdo de Lomé, que culminó con la publicación del texto titulado Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en la víspera del siglo XXI, con un claro espíritu de
diálogo. El volumen es realmente un compendio de propuestas hacia los estados del África subsahariana, sus socios en el grupo de países ACP y los Estados Miembros de la UE. Este marco, unido al auge de la recién consagrada
PESC en el Título VI del Tratado de Maastricht procuró el contexto natural
para el desarrollo del Acuerdo de Cotonú.
La Política Exterior de prestigio que busca la UE exigía un desarrollo más
amplio aún de la política de cooperación al desarrollo. Y la caducidad del
acuerdo de Lomé IV bis en febrero de 2000 simbolizó el momento perfecto
para la renovación de la relación. Desde septiembre de 1998 hasta febrero de
2000 se llevaron a cabo las negociaciones de renovación que concluyeron con
la firma del acuerdo de Cotonú, el 23 de junio de 2000.
El. LOS ACUERDOS DE COTONÚ: ASIMETRÍA Y UNILATERALIDAD
Ya en 1997 había quedado claro por parte tanto de la UE como de los países ACP que la relación en el marco de Lomé, aunque fructífera por el espíritu
que había sembrado -el acquis de Lomé- había representado un fracaso en términos cuantificables. A pesar de que entre 1973 y 2000 las CCEE y luego la
UE habían destinado 56.364,1 millones de euros en calidad de AOD, los indicadores económicos estaban en su nivel más bajo. La falta de cooperación política y de diálogo había hecho fracasar el capítulo de la cooperación.
Tanto la UE con su Libro Verde como los Estados ACP con su Plan de Acción de Santo Domingo habían dejado patente la necesidad de un cambio. Ya
en noviembre de 1997, el cuarto punto de la declaración de Libreville, titulada
Las relaciones ACP-UE más allá del año 2000 expresaba cuan imprescindible
era una modernización de las instituciones y de la relación, para hacer frente
de forma colegiada a las dificultades derivadas de ella. Además se suscribía el
Principio de regionalización, y se exigía la ayuda europea para su consecución. Pero de nuevo se cumplía el principio de «ritualización»11: desde hacía
décadas, las mismas demandas se repetían una y otra vez, mientras que la UE
enfocaba sus intereses en otras direcciones.
Por todo ello, los países ACP manifestaron en la declaración de Santo
Domingo una necesidad inmediata de llevar más lejos sus contactos con la
UE. Solicitaban una mente abierta por parte de sus socios a la hora de negociar, de modo que un proceso más moderno, más capaz de combatir la pobreza
y de aumentar la importancia de la sociedad civil en los procesos de toma de
decisiones, pero reafirmando siempre la necesidad del comercio como pilar de
la relación. En términos generales, lo que se solicitaba en la Declaración de
Santo Domingo era que no disminuyeran los beneficios no recíprocos (además
de los planes STABEX o SYSMIN) que les venía concediendo la UE desde
Yaunde I.
"• RAVENHILL, J.: «When weakness is strength: The Lomé IV Negotiations», en I.
WELLIAM HARTMAN, (ed). Europe and África: the New Phase, Lynne Rienner Publishers, Boulder 1993, pp. 41-62.
El Plan de Acción de Santo Domingo, rubricado por los Jefes de Estado y
de Gobierno ACP el 26 de noviembre de 1999 es una verdadera claudicación
ante los intereses de Occidente. Al mostrar su proclividad a plegarse a las exigencias políticas de la UE, se mostraba favorable a integrarse en las corrientes
comerciales y económicas de la globalización neoliberal. Y de nuevo vuelve a
ser una demanda colectiva de dinero, donde se deja por escrito la idea de exigir
un «incremento substancial en términos reales de los paquetes financieros
bajo el noveno Fondo Europeo de Desarrollo».
En este contexto se firmó el Acuerdo de Cotonú el 23 de junio de 2000 entre los 15 EM de la Unión Europea y los 77 Estados Miembros del Grupo ACP.
Se trata de un Acuerdo sustancialmente diferente de los anteriores, debido mayormente a su dimensión política. Está compuesto por un preámbulo y seis
partes, que se dividen en los siguientes apartados : Disposiciones Generales
(incluidos los Objetivos, Principios, actores y dimensión política de la Asociación), Disposiciones Institucionales, Estrategias de Cooperación (desarrollo
económico, social, humano,...), Cooperación para la Financiación al desarrollo, Disposiciones generales concernientes a los Estados ACP menos avanzados, enclaves o islas, y Disposiciones Finales.
El artículo 2 del acuerdo dispone que los principios de la nueva relectura
de la relación ACP-UE son la igualdad de los socios y la libre determinación
de los Estados ACP de «en cumplimiento con los elementos esenciales contemplados en el artículo»9, la participación de ambas capas de la sociedad, el
papel central del diálogo y el respeto de los compromisos mutuos, la diferenciación y la regionalización. Analizaremos a continuación si estos principios
se cumplen en la realidad.
2. Las exigencias de igualdad de los socios y la apropiación de las estrategias de desarrollo versus las realidades de la condicionalidad negativa y la
«buena gestión de los asuntos públicos».
Las innovaciones sustanciales del acuerdo de Cotonú se sustentan sobre
los siguientes cinco pilares: fortalecer la dimensión política de la relación, actuar directamente sobre la corrupción «activa y pasiva» en los países receptores de ayuda, promover la participación, involucrar a la sociedad civil en el
proceso de toma de decisiones y enfocar las políticas de desarrollo hacia las
estrategias de reducción de la pobreza, crear un nuevo marco para la cooperación comercial y económica, y reformar la los mecanismos de AOD. Nos centraremos por ahora en los tres primeros.
Efectivamente, el acuerdo comienza refirmando el compromiso de la UE
de contribuir a la erradicación de la pobreza, y a la integración de los países
africanos en la economía mundial, a través de lo que se define como «una relación privilegiada». Una relación que es privilegiada únicamente sobre el papel
en términos cualitativos, si bien no en términos cuantitativos. La UE es el mayor donante de AOD hacia África, pero ésta no es más que una nimia parte de
su estrategia exterior. Los verdaderos objetivos políticos de la Política Exterior de la UE, hacia los que sí se intenta dirigir la eficiencia y la coherencia12,
son los Países de Europa Central y Oriental (PECO), el Partenariado
Euromediterráneo (PE) o el vínculo trasatlántico. Bruselas no está dispuesta a
que su estabilidad -base para el desarrollo de su propia integración- se vea
amenazada exteriormente. Por ello, Cotonú está ideado también como un
modo de imponer la estabilidad y la seguridad en el flanco sur de su territorio.
La UE afirma querer hacer realidad el objetivo de reducción de la pobreza
mundial a la mitad en el año 2015, tal y como dispuso la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la década de los 90. De ahí
la necesidad no únicamente de promover la mejora de la realidad económica
africana, sino el imperativo de acelerar su implementación. Por ello, y en el
marco de la realidad del estado post-moderno13 ya citada, el desarrollo de la
economía se basa en el desarrollo del sector privado y de la mejora del acceso
a los recursos productivos.
El artículo 9 del Acuerdo indica tres elementos «esenciales» de la relación (respeto por los Derechos Humanos, Principios democráticos e Imperio
de la Ley) y uno «fundamental»: la «buena gobernabilidad»14 o «buena gestión de los asuntos públicos». En torno a la violación de estos principios gira la
cláusula de condicionalidad, que pende como espada de Damocles sobre muchos países africanos. El Acuerdo entiende que la erradicación de la corrupción es paso previo para fortalecer la dimensión política de los acuerdos. El estándar civilizatorio actual parece que comienza a depender de la defensa de
requisitos como los de Democracia y Derechos Humanos analizados desde un
punto de vista occidental15.
' «El Consejo velará por la unidad, la coherencia y la eficacia de la acción de la
Unión». TUE, Título V [Disposiciones relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común.] art. 14.
- COOPER,R.: ThePost-Modern State andtheNew WorldOrder, Demos, Londres, 1996.
' Los criterios «esenciales» ya estaban presentes en el acuerdo de Lomé IV, mientras la
«buena gobernabilidad» es innovación de los redactores del acuerdo de Cotonú.
- CLAPHAM, C : «Sovereignty and the Third World State», en JACKSON, ROBERT,
Sovereignty at the Millenium, The Political Studies Association, Oxford, 1999.
A lo largo de un complejo procedimiento explicado en los artículo 96 y 97
del Acuerdo, los casos de corrupción y de violación de los citados elementos
esenciales puede llevar a cortar el flujo de todo tipo de ayuda europea, sea o no
proveniente de la partida FED. Sobre el papel, cualquiera de las dos partes podría tomar medidas oportunas ante una violación de este tipo por parte del
otro, pero es evidente que no existe ninguna capacidad por parte de los Estados
ACP de denunciar a la UE, ni ninguna necesidad. Así, los llamados «casos de
urgencia especial» permiten un alto índice de arbitrariedad a la hora de tomar
Detengámonos un instante sobre el «elemento fundamental» del Acuerdo: la «buena gobernancia». Aunque el Principio de independencia política
aplaude que cada Estado diseñe su propio sistema político y económico, está
claro que la alianza actual exige un cierto modus vivendi, muy cercano a las
exigencias de las instituciones financieras internacionales16. Empezando por
la buena gobernabilidad17y a otros tres elementos esenciales: el respeto a los
derechos humanos, el imperio de la ley, y la aplicación de los principios democráticos. El criterio de la «buena gobernabilidad» o «buena gestión de los
asuntos públicos» está tan difuminado, aún a pesar de la definición que el propio tratado aporta18, que también puede permitir enormes arbitrariedades a la
hora de su aplicación:
«(...) la buena gestión de los asuntos públicos se define como la gestión
transparente y responsable de los recursos humanos, naturales, económicos y financieros para conseguir un desarrollo equitativo y duradero. Implica procedimientos de toma de decisión claros por parte de
las autoridades públicas, unas instituciones transparentes y responsables, la primacía del derecho en la gestión y la distribución de los
recursos, y el refuerzo de las capacidades de elaboración y aplicación
de medidas destinadas en particular a prevenir y luchar contra la
corrupción».
Asimismo, la UE está apoyando las iniciativas que, emanadas desde el
propio corazón de África, toman la iniciativa de aplicar los criterios del capitalismo de mercado. Caso patente es el del Nuevo Partenariado para el Desarro16
- INTERNATIONAL MONETARY FUND, Code ofGoodPractices on Transparency in Monetary and Financial Policies: Declaration of Principies, International Monetary
Fund, Washington D.C., 1999.
17«Good governance» puede traducirse como «buena gobernancia» o «buena gobernabilidad». Optamos por esta última.
- Art. 9.3. Acuerdo de Cotonú.
lio Económico de África (NEPAD), que nace consagrado por el G-8 y que trata
de imponer una serie de criterios de «buena gobernabilidad» económica y política que poco tienen que ver con la realidad africana.
La incoherencia de la Política Exterior comunitaria se observa a partir del
momento en que la UE aplica su cláusula de condicionalidad exclusivamente a
estados cuyo poder comercial es menor, como Sudán o Malawi, mientras que estados que cometen comúnmente violaciones de los derechos humanos, políticos
y sociales no son objeto más que de avisos y declaraciones, como Argelia19.
La participación: El desarrollo de un diálogo y una sociedad civil
La participación se muestra en el artículo 220 del Acuerdo como uno de
los principios fundamentales de la cooperación UE-ACP. Esta participación
puede entenderse como una colaboración efectiva de agentes no estatales en el
proceso de elaboración y toma de decisiones políticas y como un fomento del
papel del diálogo y del pacta sunt servanda en esta relación.
"• PI, M.: «Los derechos humanos en la acción exterior de la Unión Europea», en BARBÉ, ESTHER (coord.), Política exterior europea, Ariel Estudios Europeos, Barcelona,
2000. p. 99.
«La cooperación ACP-CE, fundada sobre un régimen de derecho y la existencia de
instituciones conjuntas, se ejercerá sobre la base de los principios fundamentales siguientes:
Igualdad-de los socios y apropiación de las estrategias de desarrollo: para la realización
de los objetivos de la asociación, los Estados ACP determinarán de forma soberana las estrategias de desarrollo de sus economías y sus sociedades en cumplimiento de los elementos.
esenciales contemplados en el artículo 9; la asociación fomentará la apropiación de las estrategias de desarrollo por parte de los países y poblaciones de que se trate;
Participación: además del Estado como socio principal, la asociación estará abierta a
otros tipos de participantes con el fin de favorecer la integración de todas las capas de la sociedad, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en la vida política, económica y social;
Papel central del diálogo y cumplimiento de los compromisos mutuos: los compromisos
asumidos por las Partes en el marco de su diálogo constituirán el núcleo de la asociación y las
relaciones de cooperación;
Diferenciación y regionalización: las modalidades y las prioridades de la cooperación variarán en función del nivel de desarrollo del socio, sus necesidades, sus resultados y su estrategia de desarrollo a largo plazo. Se prestará una importancia particular a la dimensión regional. Se concederá un trato especial a los países menos desarrollados. Se tendrá en cuenta la
vulnerabilidad de los países sin litoral e insulares». Acuerdo de Cotonú. Art. 2.
El papel de la UE a la hora de promover estas políticas es claro. El artículo
33 del texto define una suerte de «condicionalidad positiva», que consiste en
el apoyo de toda iniciativa cuyo objeto sea el de luchar contra la corrupción,
modernizar el sector público y promover reformas administrativas y, sobre todo, contribuir a la formación de una sociedad civil sólida. Desde 1994, a propuesta del Parlamento Europeo, todas las acciones de promoción de la democracia se agrupan en un mismo capítulo presupuestario, cuyo nombre pasa a
ser «Iniciativa europea para la Democracia y la protección de los Derechos
Humanos». De este capítulo salen los fondos para financiar acciones de promoción del buen gobierno en países ACP, pero también busca articular canales
de contacto con la sociedad civil.
Está claro que en el Tratado de Cotonú las partes se comprometen a respetar
una serie de valores comunes, que serán monitoreadas a través del diálogo. Para
ello se crean tres grandes instituciones conjuntas: el Consejo de Ministros, el Comité de Embajadores y la Asamblea Parlamentaria Paritaria. El Consejo es responsable de conducir el diálogo político, incluyendo en sus foros a representantes
del sector privado y de la sociedad civil y está formado por representantes del
Consejo y la Comisión de la UE y de un miembro de cada gobierno ACP. Su presidencia es rotativa. En sus resoluciones no cabe el voto particular y sus decisiones son obligatorias para las partes. Así, el Comité de Embajadores es responsable de monitorear los procesos de implantación de las cláusulas del acuerdo y las
decisiones tomadas en base a éste, así como preparar las reuniones del Consejo.
La Asamblea Parlamentaria Paritaria está compuesta por parlamentarios de
la UE y de los países ACP, o representantes de sus gobiernos, y su papel es mayormente el de servir como foro de diálogo, que permita promover los procesos
democráticos a través del diálogo, y debe reunirse dos veces al año alternativamente en la UE o en los países ACP. Dentro de esta asamblea conjunta destacan
tres comités: el Comité de Asuntos Políticos, el Comité de Desarrollo Económico, Finanzas y Comercio, y el Comité de Asuntos Sociales y Medio Ambiente.
En el momento de aplicar las cláusulas de condicionalidad, la UE no lleva
a cabo una actuación basada en ningún estándar internacional de respeto de los
Derechos Humanos. De ahí que su actuación sea un tanto ambigua además de
imprecisa y que el papel del diálogo sea especialmente importante para definir
posturas comunes. No obstante, de un análisis detenido del papel jugado por el
diálogo político entre las partes vemos también un profundo fracaso. Como
paradigma de esta ineficacia debemos citar la quinta asamblea paritaria conjunta, que debía tener lugar en Bruselas entre el 25 y el 28 de noviembre de
2002, y que fue cancelada a causa de la falta de acuerdo interno entre el Reino
Unido y Francia acerca de la participación en la misma de los representantes
de la convulsa Zimbabwe. Esta reunión tuvo que repetirse la semana del 31 de
marzo al 3 de abril pasado en Brazzaville (República del Congo).
Pero además, por primera vez, la asociación se abre a diferentes actores
sociales, más allá de la mera cooperación interestatal. Para la UE, es imperativo que la sociedad civil juegue un papel cada vez más importante en la elaboración de políticas, aunque de nuevo, esa demanda no tenga mucho que ver
con una realidad aún marcada por la inestabilidad, los golpes de estado, la pobreza y mala gobernancia.
El enfoque participativo dice pretender proporcionar el marco legal, social y político para que la ciudadanía pueda ejercer una presión efectiva y que
su voz sea escuchada por parte de los actores civiles. Como el Prof. Kabunda
especifica21, una enorme parte de los Fondos de Ayuda al Desarrollo se quedan
bien en las élites de los países receptores bien en los agentes de desarrollo.
Pero asimismo, se observa que la realidad política de buena parte de los
estados africanos del Grupo ACP no convergen en los criterios de democracia
y de respeto a las minorías y a los Derechos Humanos que priman de acuerdo
con el texto del Acuerdo. Allí donde la oposición es reprimida violentamente tal es el caso de Guinea Ecuatorial, de la República Democrática del Congo y
de tantos otros- es muy poco probable que vayan a desarrollarse ninguna
acción eficiente por parte de ninguna sociedad civil.
Las relaciones económicas y de Ayuda Oficial al Desarrollo
Hemos agrupado estas dos políticas en un mismo epígrafe pues las dos giran en torno a una misma idea: los flujos de dinero. A lo largo de todo el acuerdo de Cotonú, el acquis de Lomé queda claramente reflejado. Sin embargo,
esta relación económica llega incluso más allá que los límites que se habían alcanzado anteriormente, y lo hace en torno al Principio fundamental de la diferenciación y la regionalización. Diferentes mecanismos de relación y control
económicos, más acordes con los acuerdos de la OMC, y que algunos autores
entienden que son de dominación22, se articulan en el tratado. Es evidente que
KABUNDA BADI, M.: «La cooperación al desarrollo vista desde el Sur: las perspectivas y alternativas africanas», en Misiones Extranjeras, 1997, pp. 54-70.
- GUTIÉRREZ VEGA, P.: «Tipicidad y casuística de la condicionalidad política: la
Unión Europea y África Subsahariana», en PEÑAS ESTEBAN, F. J. (ed.), África en el Sistema Internacional, Cinco siglos de frontera, La Catarata, Madrid 2000, pp. 265-296.
el acuerdo busca medios de combatir la pobreza, pero se elaboran sobre todo
en torno al establecimiento de nuevos marcos comerciales y financieros que
dinamicen el proceso de producción africana, comiencen a estabilizar las balanzas de exportaciones e integren a los países al sur del Sahara en las corrientes económicas mundiales.
La ayuda en forma de cooperación financiera o técnica es uno de los pilares de la relación. El noveno FED implica el reparto de 13,5 millones de euros,
más un remanente de nueve millones de euros y la transferencia por parte del
Banco Europeo de Inversión de 1,5 millones de euros. Esta cantidad es la más
grande dedicada a la Cooperación al Desarrollo por parte de la Unión, pero esconde importantes requisitos y vericuetos que merece la pena explicar.
En primer lugar, el tan cacareado régimen comercial preferente de Lomé
debe desaparecer a la fuerza tras la inclusión de la CE en la OMC. Así se reforman de forma importante los regímenes comerciales. Las actuales preferencias
aduaneras no recíprocas se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2007, con la
excepción de los países «menos desarrollados», a la que responden 34 de los 49
Estados africanos firmantes del acuerdo de Cotonú. A partir de ese momento, los
regímenes comerciales son regulados por Acuerdos de Asociación (EPAs) compatibles con las reglas de la OMC. Los países ACP pueden firmarlas en grupos o
de forma individual, de acuerdo con sus propios esquemas de integración económica y en función de la dimensión regional del acuerdo. Los que no son modificados son los protocolos de azúcar y carne de res, que por el momento se mantienen. El objetivo es conseguir una liberalización total del comercio entre la UE y el
África subsahariana en un periodo de transición de 12 años, hasta el 2020.
Si nos detenemos brevemente en los EPAs observaremos que comenzaron a ser negociados en el año 2002 con la idea de fortalecer los acuerdos de
integración que podrían estar tomando lugar en África. En base a estos acuerdos a partir del 2008 la UE empleará un «doble rasero» a la hora de tratar a sus
socios ACP, dependiendo de su nivel de desarrollo y del éxito de los procesos
de integración regional. Una de las reivindicaciones enarboladas por la UE
para justificar estos EPAs es que permitirán un mayor dinamismo a la hora de
entablar relaciones comerciales con terceros estados y que aumentará el nivel
de inversión extranjera. En general, no son más que acuerdos de libre comercio, lo que eventualmente podría implicar un pérdida total de control de sus
mercados por parte de los países africanos ante el potencial europeo.
Aparentemente el Acuerdo es favorable al grupo ACP, ya que no se compromete a abrir sus mercados a todos los productos europeos, como es el caso
de productos agrícolas, pero la realidad es que dispone que aquellos países que
no firmen los EPAs perderán los actuales beneficios preferenciales. Aún a pesar de las ayudas financieras diseñadas para disminuir los efectos del libre comercio con la UE, la asociación podría tener efectos nocivos para los países de
África e incrementar los márgenes de beneficio de los exportadores, más que
reducir los precios. Así, podría implicar una reducción sostenida de los beneficios aduaneros, que ni siquiera las diversificaciones fiscales compensarían a
medio plazo. Todo ello impediría a la larga desarrollar modelos elaborados de
integración regional. Medidas como tratar a dos países de una misma región
de modo diferente, por ejemplo, parecen más centradas en conseguir un amplio catálogo de beneficios comerciales más que en activar las economías africanas. En breve, es cierto, África puede convertirse en un importante mercado
si se dan las condiciones adecuadas, y las corrientes globalizadoras nunca se
olvidan totalmente del continente.
En esta línea, la Unión Europea desarrolla la idea de combinar políticas económicas expansivas con políticas sociales que contribuyan a conseguir un crecimiento económico unido a una reducción de la pobreza. En el Acuerdo de Lomé
su reducción y eventual erradicación es el motor de las políticas de desarrollo.
La cooperación al desarrollo europea no estuvo regulada hasta la firma del
Tratado de Maastricht en 1992. En el citado Tratado (art. 13O.v) se enfatiza la necesidad de coordinación y coherencia de estas políticas, lo que realmente no
queda claro en la aplicación de políticas de cooperación en el marco de Cotonú.
En él, se pretende trabajar conjuntamente con los Países ACP para elaborar estrategias globales que permitan consolidar los logros alcanzados. En el capítulo
de desarrollo del Acuerdo juegan un importante lugar la consolidación del sector
privado y la inversión, además del fomento de reformas macroeconómicas, además de los procesos de integración regional, lo que a nuestro modo de ver es un
aspecto en exceso economicista de la cooperación al desarrollo.
Así, el acuerdo de Cotonú vincula muy directamente el desarrollo de formas económicas más propias de los sistemas capitalistas europeos al desarrollo de las formas políticas y sociales en África. El análisis histórico nos ha permitido observar como los motivos humanitarios han sido los enarbolados por
los países al sur del Sahara para conseguir beneficios de carácter comercial y
económico23 que más tarde no han sabido aprovechar. Y de este modo, para
Union», en HARBESON W. JOHN Y ROTHCHILD, D. (eds.), África in World Politics:
evitar los aspectos nocivos del «clientelismo colectivo» los acuerdos no han
dudado en potenciar foros de intercambio de experiencias en el sector privado24.
IV. CONCLUSIÓN: LA POLÍTICA EUROPEA HACIA LOS PAÍSES ACP,
UNA REALIDAD FALLIDA
Una vez estudiada la realidad de la política exterior de la Unión Europea
hacia el África subsahariana queremos extraer dos clases de conclusiones. En
primer lugar, la de si esta política es efectiva hacia las disposiciones de eficacia, coherencia y unidad que exige el TUE y seguidamente, observar si el actual marco de relación con los países ACP responde a los principio del artículo
2 del Acuerdo de Cotonú, repetidamente citados a lo largo del tercer punto del
Es evidente que la ambigüedad en los objetivos del texto dificulta la elaboración de una política coherente con los propios intereses políticos y financieros de la UE. Así, el propósito de erradicación de la pobreza y la integración
de los países ACP en el marco de los flujos económicos mundiales se convierte en un empeño difícil de obtener.
A lo largo de cuatro décadas de relación entre los países ACP y la Unión
Europea los objetivos de fomento de las economías africanas no han dado ningún resultado positivo. A pesar de que durante años se han consagrado varios
miles de millones de euros en forma de inversiones y de AOD para procurar
una integración permanente del África subsahariana en los flujos internacionales y conseguir que los propios estados africanos tengan capacidad no únicamente para competir en los mercados sino para gestionar sus propios problemas internos, todos los esfuerzos han resultado infructuosos. Los indicadores
macroeconómicos africanos se encuentran en su nivel más bajo tras la descolonización, y su influencia en los mercados internacionales es casi inexistente.
África se encuentra en una situación muy negativa en lo que se refiere al auge
demográfico, la tasa de SIDA o de mortalidad infantil, y la mayoría de sus sistemas políticos destacan por la falta de voluntad de llevar a cabo avances significativos en materia de fomento de Libertades y de Derechos Humanos. Por
ello, podemos concluir que el esfuerzo europeo hacia África ha sido enteramente ineficiente, incluso en su afán de promover integraciones de carácter rePor ejemplo, el ACP Business Foram, el esquema de asistencia económica UE-ACP,
la consultora DIAGNOS, etc..
gional, pues a pesar de que estas son establecidas poco a poco, en multitud de
ocasiones se hallan enfrentadas entre sí. Incluso la Organización de la Unidad
Africana (OUA) se ha visto obligada a repensarse y se convirtió en Unión
Africana (UA) tras la Conferencia de Durban en 2002.
La unidad tampoco ha sido nota destacable de las políticas europeas hacia
África. Y ello ha ido en detrimento de la coherencia de sus estrategias. A la
hora de ejecutar decisiones comunes hacia la región, los intereses de los EM
han jugado papeles más influyentes que los de la Unión al completo. Especialmente complejo es el papel jugado por Francia como «gendarme de Occidente» en la región, que le ha llevado no únicamente a mantener relaciones privilegiadas con diferentes países francófonos de la zona, sino incluso a intervenir
militarmente cuando la defensa de sus intereses lo han exigido, como ocurrió
en Costa de Marfil en el año 2002. Actitudes similares, aunque en menor nivel,
se han dado de manos del Reino Unido, de los Países Nórdicos o de los Países
Bajos. La UE ha sido incapaz siquiera de coordinar todas sus políticas de Cooperación al Desarrollo, lo que ha ido en detrimento de la consecución de los
objetivos propuestos y por ende, del requisito de la unidad.
Incoherencias se han dado también en los textos de los Acuerdos de Lomé
o Cotonú, que establecen mecanismos de salvaguarda contra la incursión africana en sus economías (mínima, en todo caso) a través de las ya estudiadas
cláusulas de condicionalidad, lo que en cierta manera se contrapone al objetivo de erradicación de la pobreza. Una pobreza que es prácticamente global en
la región. Del mismo modo los tratamientos diferenciados al grupo de «Países
Menos Desarrollados». Una crítica que no puede hacerse al establecimiento de
los ya explicados mecanismos comerciales de Cotonú que, a pesar de representar un incremento de las dificultades para África y una cierta dominación
por parte de la UE, son totalmente compatibles con la OMC, organización internacional de incuestionable influencia a la que tanto los EM como la CE pertenecen a través de un acuerdo mixto.
Estas mismas críticas pueden realizarse al Acuerdo de Cotonú en lo que
respecta a sus Principios Fundamentales. La diferenciación a la que hacíamos
referencia va en detrimento de la igualdad de los socios, aunque es ciertamente
plausible la idea de potenciar las economías de aquellos países que se hallan en
peor situación humanitaria. Aún así, el punto que hace referencia al apropiación de estrategias de desarrollo «en sus economías y sus sociedades» queda
un tanto vago, habida cuenta del poder que ejercen las «condicionalidades negativas» a la hora de proceder políticamente. En aquellos países que muestran
una permanente falta de respeto por los Derechos Humanos y la Democracia,
además, es difícil que se cumpla el tan citado criterio de la participación de la
No obstante todo esto, es difícil concluir con la afirmación de que las Relaciones Exteriores de la Unión Europea han representado ningún fracaso en el
marco de los acuerdos de Lomé y Cotonú. Como se ha señalado a lo largo del
estudio, nunca ningún Estado ni Organización Internacional se ha arriesgado a
llevar a cabo un programa tan atrevido de relación política y económica en términos similares, con el núcleo de países del África subsahariana. Es indispensable destacar que, si bien estos mecanismos puedan haber representado un
fracaso relativo, todo el potencial comercial y económico de la UE no parece
implicar un auge de su capacidad política y su influencia diplomática,25 sin
embargo, representan la base sobre la cuál continuar trabajando para elaborar
una política de prestigio en materia de Cooperación al Desarrollo, e incluso
eventualmente, para contribuir a la integración progresiva de la región de
países del África subsahariana en el actual mundo de flujos globalizados.
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Encarte IV Plan Director
Profesionalización de la atención obstétrica: porcentaje de partos asistidos por profesionales sanitarios y otros agentes de salud en algunas regiones, 2000 y 2005, con proyecciones para 2015 pdf, 99kb
cartel Africa3
NOTA INFORMATIVA Los acontecimientos recientes y esperados
¿Qué es un EUR1? Es un documento justificativo del origen
África es el tercer continente más grande de la Tierra, el extenso
EL SAHEL Y LA UNIÓN EUROPEA Situación actual en la región

References: artículo 13
sui generis
 artículo 182
 artículo 186
 artículo 310
 artículo 310
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 96
 artículo 220
 artículo 9
 artículo
33
 artículo
2