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Timestamp: 2019-07-17 16:59:14+00:00

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SENTENCIA 2009-00176 DE 07 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN DEBE OBSERVAR LOS TÉRMINOS LEGALES PARA DEFINIR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INVESTIGADO. LA RESIDENCIA EN QUE SE QUEDABA LA DEMANDANTE, FUE OBJETO DE ALLANAMIENTO Y EN UNA DE LAS HABITACIONES FUERON ENCONTRADAS UNA SERIE DE ARMAS, SIN EMBARGO, AL MOMENTO DEL ALLANAMIENTO, ÉSTA NO SE ENCONTRABA EN EL LUGAR Y SU ARRIBO A LA VIVIENDA FUE PARA RECOGER UNOS DOCUMENTOS QUE REQUERÍA, MOMENTO EN EL CUAL FUE CAPTURADA PESE A QUE EN SU HABITACIÓN NO SE ENCONTRÓ NADA ILEGAL, NO SE REUNÍAN LOS REQUISITOS DE LA CAPTURA EN FLAGRANCIA CONTENIDAS EN LA LEY 600 DE 2000. DE IGUAL MANERA SE CONSTATÓ QUE UNA VEZ CAPTURADA, NO SE RESPETARON LOS TÉRMINOS JUDICIALES QUE TRATAN EL ARTÍCULO 354 DE LA MISMA LEY A FIN DE QUE SE RESOLVIERA SU SITUACIÓN JURÍDICA, PUES LA ENTIDAD CONTABA CON 5 DÍAS PARA DESDE LA INDAGATORIA PARA DEFINIR SU SITUACIÓN JURÍDICA, SIN EMBARGO LA ENTIDAD NO DEFINIÓ LA SITUACIÓN DE LA JOVEN EN EL TÉRMINO LEGAL, Y SI BIEN EN LA RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN SE ADUJO QUE ELLO OBEDECIÓ A QUE EL TITULAR DEL DESPACHO SE ENCONTRABA DE VACACIONES Y LO ESTABA REEMPLAZANDO OTRA PERSONA, ELLO NO AMERITABA EL DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA PROCESAL, DE AHÍ QUE SE HAYA PROFERIDO UN HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA JOVEN. POR OTRO LADO, TODA VEZ QUE LA DEMANDANTE NO TENÍA MAYOR CONTACTO EN LA VIVIENDA CON LOS DEMÁS RESIDENTES, NO TENÍA POR QUÉ SABER QUE EN EL LUGAR HABÍA ARMAS. ASÍ, AL NO OBSERVARSE LA EXISTENCIA DE UN HECHO DE LA VÍCTIMA QUE ROMPA LA IMPUTACIÓN SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD POR EL ADELANTAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LA DEMANDANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, HÁBEAS CORPUS, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, DEFINICIÓN DE SITUACIÓN JURÍDICA
Sentencia 2009-00176 de febrero 7 de 2018
Proceso: 13001233-1000-2009-00176-01 (46385)
Demandantes: Adriana del Carmen Machado Martes y otros
Como quiera que dentro de la controversia se encuentra una entidad pública, la Nación, representada en el sub lite por la Fiscalía General de la Nación (arts. 82 y 149 del CCA), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en Primera instancia por parte de los tribunales administrativos(2).
De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(3) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual de la Nación – Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.
Toda vez que Adriana del Carmen Machado fue la afectada directa con la actuación de la entidad pública demandada (cdno. 1 a cdno. 3 expediente penal), se encuentra legitimada para reclamar los perjuicios derivados de la privación de su libertad. Así mismo, los demás actores se encuentran legitimados por encontrarse demostrados sus lazos de parentesco consanguíneo con la citada demandante(4)4.
Las relaciones de parentesco entre quien sufrió la privación de la libertad con los demás accionantes, en principio, los legitima para actuar, en tanto de ellos, se presume la existencia de un perjuicio moral.
1.2.2. Por pasiva.
Como quiera que la detención sufrida por Adriana del Carmen Machado Martes culminó una vez se dictó a su favor resolución dé preclusión, encuentra la Sala que la misma fue proferida el 15 de junio de 2007 por parte de la Fiscalía Sexta Delegada Especializada de Cartagena (fls. 96-126, cdno. ppal. 1) y confirmada por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena en proveído del 28 de noviembre de 2007 (fls. 127-132, cdno. ppal. 1 y fls. 142-153, cdno. anexo 3), el cual quedó ejecutoriado el día 10 de diciembre de 2007, tal y como se observa en constancia visible a folio 132 vto. del cuaderno principal.
Así las cosas, como quiera que la decisión que confirmó la preclusión de la investigación a favor de Adriana del Carmen Machado Martes quedó ejecutoriada el día 10 de diciembre de 2007 y la demanda de reparación directa fue presentada por los actores el día 10 de diciembre de 2008 (fl. 23, cdno. ppal 1), la acción se encuentra dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho dañoso, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, normatividad aplicable al proceso por factor temporal.
2.1. En relación con los hechos de que trata el asunto, obran las pruebas aportadas por las partes, sobre las que la Sala hace las siguientes precisiones:
2.2.1. Si bien es cierto que en el expediente obran algunos documentos en copia simple, estos podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en fallo de unificación de jurisprudencia(5), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una Interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
2.2.2. En el expediente obran copias auténticas de la investigación penal Nº 75004 seguida entre otros, contra Adriana del Carmen Machado Martes (cdno. 1 a cdno. 3 anexo), las que serán tenidas en cuenta como prueba, pues fueron allegada por la fiscalía que adelantó la investigación (fl. 173, cdno. ppal. 1) y, si bien dicha prueba fue solicitada solo por la parte actora (fls. 18-19, cdno. ppal. 1), la accionada basó su defensa en la misma y, en todo caso, se trató de la entidad que llevó a cabo la investigación.
2.2.3. En el plenario obra copias de recortes de los periódicos diario El Universal, El Heraldo y Magangué (fls. 33-37, cdno. ppal. 1) referentes al momento de la captura de la joven Adriana Machado Martes, los que serán valorados como prueba, en tanto al ser analizados, guarden conexidad y coincidencia con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente(6).
Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad que soportó Adriana del Carmen Machado Martes como consecuencia de la investigación penal seguida en su contra por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares y, que culminó con preclusión de la investigación constituye una detención injusta imputable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, o si como lo alega la entidad demandada, la procesada estaba llamada a soportar la privación.
De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:
4.1. El día 25 de mayo de 2005, la jefe de Unidad Investigativa SIJIN Magangué solicitó a la Fiscalía 24 Seccional se practicara una diligencia de allanamiento y registro en varios inmuebles del Municipio de Magangué, toda vez que se tenía por informes de inteligencia que en ellos se podía estar cometiendo conductas ilícitas (Oficio Nº 0085/UIPJ MB del 25 de mayo de 2005, fls. 44-45, cdno. ppal. 1 y fl. 3, cdno. anexo 1).
4.2. La Fiscalía 24 Seccional en resolución del 26 de mayo de 2005 ordenó la diligencia de allanamiento y registro a los inmuebles referidos en el oficio Nº 0085/UIPJ del 25 de mayo de 2005 y, para ello, señaló que la fiscalía contaría con el apoyo de la Policía Nacional, la SIJIN y el CTI (resolución del 26 de mayo de 2005, fl. 45 cdno. ppal. 1 y fl. 7, cdno. anexo 1).
4.3. La diligencia de allanamiento se practicó ese mismo 26 de mayo de 2005 y, uno de los inmuebles que fueron objeto de dicha medida era de propiedad de la señora Susana María Bohórquez Guzmán, quien permitió la inspección y registro del bien en el cual se encontró una serie de armas. Durante la diligencia, se registró la habitación en la que dormía la joven Adriana del Carmen Machado y en la que no se encontró nada irregular. Se consignó en el acta (fls. 48-51, cdno. ppal. 1 y fls. 70-11, cdno. anexo 1):
En Magangué (Bol) a los veintiséis del mes de mayo de 2005, siendo las 2:00 p.m., la Fiscalía Seccional 24 —en turno con apoyo del C.T.I, DAS, SIJIN, PONAL (...)— se trasladó hasta el inmueble ubicado en Barrio La Florida, Residencia de la señora Susana María Bohórquez Guzmán y su hijo Nicolás Alvarino, con el fin de practicar diligencia de inspección y registro, de acuerdo con los fines señalados en el artículo 294 del ordenamiento penal adjetivo. En este inmueble fuimos atendidos por quien manifestó responder al nombre de Susana María Bohórquez Guzmán (...) a quien se le comunicó el motivo de la diligencia. Seguidamente se procede a hacer una revisión del lugar el cual consta de una sala, un comedor, salita de estar, una cocina, una oficina, estudio, cuatro habitaciones, un patio interno, un garaje, un patio interno con bohío, otro comedor y luego de una minuciosa revisión del mismo se encontró en una de las habitaciones en el cajón del tocador un arma tipo revolver marca Cossidy 38, niquelado, cachas de madera (...) Acto seguido se procede a registrar la habitación en donde duerme Adriana Machado Martes, la cual manifiesta que ella tiene arrendada esta habitación, desde hace una semana. Se deja constancia que una vez revisaba la habitación no se encontró nada irregular (...). —Negrillas fuera de texto—.
4.4. Al momento de iniciarse la diligencia de allanamiento, la joven Adriana del Carmen Machado no se encontraba en el lugar y arribó al inmueble tiempo después, sin embargo, la fiscalía 24 seccional consideró que por residir allí y haberse encontrado en la vivienda una serie de armas, se daban los presupuestos de la captura en flagrancia, por lo que la aprehendió y remitió la investigación por competencia a la Fiscalía 6 Especializada de Cartagena en turno, quien en Resolución del 27 de mayo de 2005 declaró que la retención de la joven se efectuó dentro de los linderos de los artículos 245 y 346 del Código de Procedimiento Penal, dispuso su remisión a la Cárcel Distrital de San Diego y ordenó se le escuchara en diligencia de indagatoria (Oficio Nº 365 del 27 de mayo de 2005 mediante el cual el Fiscal 24 seccional remite por competencia las diligencias practicadas a la Fiscalía Sexta Especializada de Cartagena fls. 39-40, cdno. ppal. 1 y fls. 1-2, cdno. anexo 1 y Resolución del 27 de 4ayo de 2005 fls. 56-58, 82-84, cdno. ppal. 1 y fls. 26-28, cdno. anexo 1).
4.5. El día 28 de mayo de 2005 la joven Machado Martes rindió indagatoria y en ella explicó que vivía en Barranquilla, que hacía una semana había llegado al Municipio de Magangué para hacer su año rural y, por ello alquilado una habitación en la residencia de la señora Susana María Bohórquez Guzmán, esto último, por recomendación del gerente de la ESE en la que iba a prestar sus servicios. Señaló (fls. 59-64, cdno. ppal. 1 y fls. 29-34, c. c. anexo 1):
[R]esido en Barranquilla (...) pero desde hace una semana vivo también temporalmente en Magangué, Bolívar, calle 14 Nº 16a-15 Barrio La Florida. Pues me encuentro haciendo mi año rural (...) El rural, de acuerdo con el contrato firmado con la ESE municipal, me corresponde realizarlo en cascajal, corregimiento de Magangué, pero por la ola invernal, me solicitaron mis servicios y me quede apoyando la brigada de salud en Magangué. Por el rural me voy a ganar un millón ciento cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y dos pesos ($ 1.148.262), pero no he recibido aún el primer sueldo. De mi propiedad no tengo nada, la casa donde vivo es familiar (...) PREGUNTADO: Sírvase explicar cómo, cuándo, dónde y por qué fue retenido usted y se encuentra ahora rindiendo declaración de indagatoria. Díganos con quien estaba usted al momento de su aprehensión y que estaba haciendo CONTESTÓ: Primero, yo llegué a Magangué el lunes de la semana pasada. Salí de Barranquilla a las 9:00 de la mañana, en una Kia blanca de esas que viajan, le pagué el viaje expreso, le pagué ciento cincuenta mil pesos porque llevaba todas mis pertenencias, maletas, grabadoras, libros. El conductor se llama Enrique Calle, él no me dio el tiquete pero yo firme una planilla, porque eso se lo pide la policía de carreteras. Además, el llevo otros pasajeros más. Yo llegué a Magangué como a las 12:30, en ese mismo día por la tarde me reuní con el jefe de la ESE Dr. Antonio Correa, para acordar como iba hacer el rural y que iba a hacer, porque como yo llegue antes, para ayudarle con unas brigadas que se iban a hacer. Ese día acordamos cuanto me iba a pagar, que papeles necesitaba para anexarlos a la hoja de vida. El miércoles hicimos la primera brigada. El día 26 de mayo, antes de ayer, yo no estaba en la casa cuando llegaron las autoridades, yo estaba en la ESE, yo llegué temprano porque me fui a buscar unos documentos que había dejado y cuando llegué estaba un camión del ejército y unos soldados en la puerta. Cuando yo iba a entrar (sic) me dijeron que podía entrar y me preguntaron que si yo vivía ahí, y cuando les dije que sí, fue cuando me dejaron entrar. Ellos me explicaron que era lo que estaban haciendo y como mi cuarto estaba con llave, me pidieron el favor de que les abriera la puerta. Pues yo les abrí la puerta y lo revisaron todo, lo revisaron dos veces, igual no encontraron nada. Yo no sé a qué horas llegaron ellos, yo llegué como a las 2:15 o 2:30 de la tarde más o menos. En la casa aparte de las autoridades estaban la señora Susana, la dueña de la casa, la empleada del servicio Carmen, pero no me sé el apellido y también estaba el sobrino de la señora dueña de la casa, Jean Carlos, aclaro que él no vive ahí (...) Estuvieron revisando todo, sacaron todo y a mí no me dejaron ir, y me dijeron que como yo estaba ahí también tenía que presentar declaratoria, y yo les explique que yo acababa de llegar que no tenía conocimiento de nada, yo llegué a trabajar y llegue de pensionada, pero igual ellos me llevaron (...) Preguntado: Como llegó usted a la casa donde se produjo su retención, quién la llevó ahí, quien la recomendó a usted para vivir ahí CONTESTÓ: o sea, este yo conozco desde hace rato al gerente de la ESE y por medió de él fue que yo los conocí a ellos y, pues, por eso accedí a vivir ahí. Igual, no tuve ningún problema en el trato, estaba cómoda ahí, independiente. PREGUNTADO: como fue el acuerdo para vivir ahí, cuanto pagaba por hacerlo, con quien llegó a tal acuerdo CONTESTÓ: Con la señora de la casa SUSANA, iba a pagar doscientos cincuenta mil pesos con derecho a tres comidas, lavado, planchado. Ese contrato fue verbal. Yo llegué ahí el lunes de la semana pasada (...) yo salía de ahí temprano en la mañana y llegaba tarde como a las 6:00 o 7:00 de la tarde y me encerraba a ver televisión. No vi a nadie que llegara a hacer visitas y eso (...) PREGUNTADO: que tiene que decir a lo señalado en el informe de la Fiscal Seccional Nº 24 que se le lee. CONTESTÓ: No tengo palabras, lo que sí me parece injusto es que nos capturen y nos tomen fotos y enseguida nos tachen como personas pertenecientes a grupos ilegales. Mi familia debe estar terriblemente mal, porque yo salí de mi casa fue a hacer mi rural, y yo les explique eso, y que igual en mi habitación no encontraron nada y yo estoy ahí es pensionada. Yo sé que voy a salir de aquí, porque nada tengo que ver en eso, pero voy a salir con la reputación por el suelo, porque todo el mundo lo va a mirar a uno mal, después de haber salido en el periódico y en la televisión (...).
4.6. La diligencia de indagatoria fue suspendida y continuó el 31 de mayo de 2005, durante este tiempo, Adriana del Carmen Machado Martes fue retenida en la Cárcel Distrital de San Diego y la noticia de su captura fue publicitada en los diarios El Universal, El Heraldo y Magangué (boleta de remisión Nº 0237-US USEFDJPCE de la fiscalía secta especializada fl. 65, cdno. ppal 1 y fl. 35, cdno. anexo 1; boleta de encarcelamiento Nº 0236 del 28 de mayo de 2005, fl. 81, cdno. ppal. 1 y fl. 54, cdno. anexo 1; diligencia de indagatoria del 31 de mayo de 2005, fls. 66-68, cdno. ppal. 1 y fls. 26-68, cdno. anexo 1; recortes de periódico de los diarios El Universal, El Heraldo y Magangué, dls. 33-37, cdno. ppal. 1).
4.7. Luego de lo anterior, en resolución del 02 de junio de 2005, la Fiscalía 6 Delegada Especializada – turno de disponibilidad remitió la actuación a la oficina de asignaciones para que se hiciera el reparto extraordinario de la misma (fl. 82, cdno. anexo 1), correspondiéndole a la Fiscalía Delegada Especializada Nº 6 USFDJPCE, que en resolución del 16 de junio de 2005 se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra de Adriana Machado Martes, razón por la cual ordenó su libertad inmediata previa suscripción de acta de compromiso. Se indicó (fls. 180-190, cdno. ppal. 1, fls. 180-190, cdno. anexo 1):
[E]n cuanto a la señorita Adriana Machado Martes, su dicho por ahora cuenta con el aval y respaldo de sus padres, quienes muy a pesar de su nexo de familiaridad, no es menos cierto coadyuvan su dicho en cuanto a que se desplaza a ese municipio a desarrollar su año rural, así como también lo sostienen el señor Correa Jiménez, quien afirma que fue por él que ella conoció a Susana y llegó a hospedarse allí, y también como en últimas fue el quien le consigue el trabajo para que se desempeñe en la actividad para la cual estudio, por ahora no se encuentra el nexo causal entre estar viviendo en casa de Susana y la responsabilidad que en un momento embarque a la propietaria de ese inmueble por lo encontrado allí
En consecuencia, el despacho no obstante lo señalado en la parte considerativa se abstendrá de imponerle medida de aseguramiento disponiendo la libertad inmediata de la señorita Adriana Machado Martes (...) Pero antes los sindicados deberán suscribir diligencia en donde se comprometerán acudir al despacho cuando les sea requerido, atendiendo el contenido del artículo 354 del Código de Procedimiento Penal. Además debemos reiterar que se le deberá dejar en libertad inmediata y así se hará, librando la correspondiente boleta de libertad en la cual se hará la salvedad del artículo 70 del Código Penitenciario y Carcelario. Los sindicados señalados en todo caso continuaran vinculados al proceso y para poder entrar a precluir la instrucción, debemos obtener el grado de certeza y no el de probabilidad que se maneja en esta etapa (...)
4.8. Cabe indicar que antes de la anterior resolución, el apoderado de Adriana del Carmen Machado presentó petición de habeas corpus, el que fue fallado a favor de aquella y, por ende, recuperó su libertad el día 16 de junio de 2005 (boleta de libertad Nº 0271-USFDCV del 16 de junio de 2005 fl. 191, cdno. anexo 1, acta de compromiso del 16 de junio de 2005 fl. 194, cdno. anexo 1).
4.9. En oficio del 17 de junio de 2005, el director (e) de la cárcel distrital de San Diego, entre otros aspectos, le informó a la fiscalía sexta especializada que “las señoras Susana Bohórquez Guzmán y Adriana Machado Martes sindicadas del delito de concierto para delinquir y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares fueron puestas en libertad inmediata por autorización del Juzgado Cuarto Penal del Circuito a través de habeas corpus presentado por sus defensores Omar Patiño Rondón y Vladimiro Blanco Quiroz” (fl. 197, cdno. anexo 1).
4.10. En resolución del 15 de junio de 2007, la Fiscalía Delegada Especializada Nº 6 USFDJPCE calificó el mérito del sumario con preclusión de la instrucción a favor de Adriana Machado Martes, por la presunta comisión de los punibles de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso de fuego privativo de las fuerzas armadas, al determinar que no había cometido los delitos por los cuales fue capturada y, que incluso no se entendían las razones por las cuales fuere retenida (fls. 96-126, cdno. ppal. 1). Indicó:
RESUMEN DE LOS HECHOS Y LA ACTUACIÓN (...).
Los elementos incautados y los retenidos, fueron traídos a la ciudad de Cartagena y puestos a disposición del suscrito Fiscal, que para esas calendas se hallaba de Turno de Disponibilidad Semanal, procediéndose consecuentemente a legalizar la aprehensión de los antes mencionados, y luego a vincularlos al proceso y a resolverles la situación jurídica. No obstante es bueno aclarar que el resolver la situación jurídica resultó un poco traumático, por cuanto el suscrito Fiscal salió de vacaciones, no designaron reemplazo de manera inmediata y ante ello, se presentaron Dos (2) Habeas Corpus a favor de Adriana Machado Martes, Susana María Bohórquez Guzmán y Jan Carlos Bohórquez Guzmán, el segundo de los cuales, fue el que resultó favorable para los intereses de los procesados, pues, el primero fue negado por improcedente.
Mediante proveído del 2005-06-16, el Fiscal que nos reemplazó durante nuestras vacaciones, resolvió la situación jurídica de los encartados de marras, profiriendo medida de aseguramiento consistente en Detención Preventiva, en contra Susana Bohórquez Guzmán, y se abstuvo de proferir medida alguna en contra de Jan Carlos Bohórquez Guzmán y Adriana Machado Martes, al considerar que en relación con ellos no estaban dadas las exigencias de los artículos 356 y 357 del Código de Procedimiento Penal (...).
(...) al momento de resolverse la situación jurídica de los sindicados de Adriana Machado Martes, Jan Carlos Bohórquez Guzmán y Jorge Luis Alfonso López, el despacho se abstuvo, en su momento, de proferir medida de aseguramiento contra estos, al no encontrar satisfechas las exigencias del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, para imponer en su contra medida de aseguramiento. Esa situación aún persiste en esta etapa del proceso, ya que contra los primeros no existe prueba alguna que los vincule con ninguno de los dos (2) tipos penales que se les achacan (...).
Contra Adriana Machado Martes, no existe ahora, como no existió en su momento, prueba alguna que nos indique que pueda ser siquiera probable o posible, proferir en su contra Resolución de Acusación, por lo que la presunción de Inocencia que la cobija, se mantiene incólume e impoluta. Por ello desde ya, debemos manifestar que en su favor se proferirá resolución de preclusión de la Instrucción, en virtud de lo previsto en los artículos 39 y 399 del Código de Procedimiento Penal, porque en su contra no se erigen los presupuestos señalados por el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, para acusarla. El dicho de la sindicada encontró apoyo en las declaraciones de sus padres y de Antonio Correa Jiménez, quienes corroboraron lo que ella manifestó en su injurada, como también lo hizo la señora Susana, al confirmar como Adriana, había llegado a su casa, en calidad de pensionada, hacía poco tiempo para la época en que se llevó a cabo el allanamiento en donde se le retuvo, sin que hubiera razón ni motivo para ello, porque lo que fue en su habitación, no se halló nada ilegal, y no podría seguírsele achacando la comisión de los punibles descritos en los artículos 340 y 366 del Código Penal, y así se dirá en la parte resolutiva. Tampoco entiende el suscrito las razones para que se le hubiera retenido, si ella llego a la diligencia cuando ya esta se había iniciado, y las armas se hallaron en otra habitación, y no en la que ella como pensionada ocupaba (...).
PRIMERO: Proferir resolución de preclusión de la instrucción adelantada en contra de (...) Adriana Machado Martes (...), por la presunta comisión de los punibles de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas. (...) —Negrillas fuera de texto—.
4.11. La. Fiscalía Cuarta – Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en resolución del 28 de noviembre de 2007 confirmó la decisión de la Fiscalía Delegada Especializada Nº 6 USFDJPCE (fls. 127-132, cdno. ppal. 1 y fls. 142-153, cdno. anexo 3).
4.8.(sic) Reposa en el plenario el testimonio de Verónica Patricia Pascuales Cavo, amiga de Adriana del Carmen Machado y, quien declaró sobre los perjuicios que la privación le causó a los accionantes, señaló (fls. 175-176, cdno. ppal. 1):
[S]obre el caso sé que Adriana sufrió mucho, su familia también, viví ese proceso no tan cerca pero si tuve contacto con ella mientras estuvo en la cárcel y se los daños que sufrió físicos y morales, estuvo muy triste, deprimida, porque su nombre apareció en los periódicos noticieros, después que salió de la cárcel su vida no fue igual, sufrió depresiones por el daño causado, eso la afectó mucho a ella y su familia. Sé que es una buena persona de muy buenos sentimientos, muy dedicada a su trabajo y a su familia, que se ha superado gracias a su mismo esfuerzo, es una persona querida por mucha gente, por su forma de ser. PREGUNTADO: Diga si conoce al núcleo familiar y como está conformado. CONTESTADO: está conformado por la mamá, el papá, tres hermanos, una hermana y dos hermanos, he tratado con su hermano y con su sobrina, también conozco algunas de sus amistades (...) PREGUNTADO: sírvase manifestar cual fue la condición emocional y económica que padeció la Señorita Adriana Machado, y su núcleo familiar con ocasión de su captura y el despliegue masivo de los medios CONTESTADO: la condición emocional de ella y de su familia moralmente, fue de tristeza, su familia sufrió mucho porque no fue fácil afrontar esto para ellos ya que su nombre fue manchado, Adri se deprimió, pasaba llorando al igual que su padre y su madre; en lo económico el gasto de los ya que ellos no cuentan con gran facilidad económica para pagarlos, con posterioridad a su libertad quedo con alto grado de depresión, y su familia, sus papas y hermanos.
De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la actora, es decir, está debidamente acreditado que Adriana del Carmen Machado Martes fue privada de su libertad desde el 26 de mayo de 2005, fecha en la cual fue capturada, hasta el 16 de junio de 2005, cuando recuperó su libertad.
Frente a la privación de Adriana del Carmen Machado Martes, la Sala encuentra que fue bajo el amparo del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 que se dictó su absolución, por tanto, es bajo dichas normas que se analizará la decisión reparatoria.
La Corte Constitucional al revisar el proyecto de la Ley 270 de 1996, en Sentencia C-037 de 1996(7), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:
Al respecto, la Sala ha considerado(8) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a ¡a reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede verbi gratia con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso bajo estudio, de acuerdo con el Material probatorio allegado al plenario, la Sala encuentra que hay lugar a declarar la existencia de la privación injusta de la libertad, toda vez que en la resolución de preclusión la Fiscalía Sexta Delegada USFDJPCE la fiscalía fue clara en señalar que la joven Adriana del Carmen Machado no había cometido delito alguno y, ni siquiera existían méritos para que fuese capturada.
En efecto, una revisión al artículo 345 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal vigente para el momento de los hechos, da cuenta que la captura en flagrancia solo puede hacerse en tres momentos específicos: i) cuando la persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible, ii) cuando la persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho y iii) cuando la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado en ella.
En el sub lite, del proceso penal se tiene que la joven Adriana del Carmen Machado había alquilado una habitación para su estadía en el Municipio de Magangué, lugar en el prestaría su año rural como enfermera jefe.
La residencia en que se quedaba la aquí demandante fue objeto de allanamiento y en una de las habitaciones fueron encontradas una serie de armas, sin embargo, al momento del allanamiento Adriana Machado no se encontraba en el lugar y su arribo a la vivienda fue para recoger unos documentos que requería en el hospital, momento en el cual fue capturada pese a que en su habitación no se encontró nada ilegal.
Sobre el particular, una comparación entre los supuestos de hecho de la flagrancia contenidos en la Ley 600 de 2000 y la situación fáctica que vivió la aquí actora da cuenta que en ningún momento se reunían los requisitos de la captura en flagrancia, de allí que la fiscalía al momento de precluir la investigación señalara que no se entendía las razones por las cuales se le detuvo, pues no fue sorprendida cometiendo una conducta punible, ni tampoco tenía elementos de los cuales apareciera que había cometido un delito.
De igual forma, la Sala observa que una vez Adriana del Carmen fue capturada, no se respetaron los términos judiciales que tratan el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 a fin de que se resolviera su situación jurídica.
Ciertamente, la norma referida disponía que:
Conforme el precepto citado, se tiene que una vez la persona privada de la libertad rinde la indagatoria, la fiscalía contaba con cinco días para definir su situación jurídica, término que se podía duplicar en el caso de que fuesen cinco o más las personas aprehendidas.
En el sub lite, se tiene que Adriana del Carmen Machado fue capturada el 26 de mayo de 2005 junto con otras dos personas y terminó de rendir indagatoria el 31 de mayo de 2005, razón por la cual, contados a partir de dicha fecha la entidad contaba con cinco días para definir su situación jurídica, los que vencieron el 8 de junio de 2005(9); sin embargo, la fiscalía no definió la situación de la joven en el término legal y, si bien en la resolución de preclusión aduce que ello obedeció a que el titular del despacho se encontraba de vacaciones y lo estaba reemplazando otra persona, ello no ameritaba al desconocimiento de la norma procesal, de ahí a se haya proferido un habeas corpus a favor de la joven.
Luego entonces, además de las irregularidades que se aprecian en torno a la captura y retención de Adriana del Carmen Machado Martes, la Sala observa que su privación se torna injusta en tanto no cometió delito alguno Sr, por ende, la Nación – Fiscalía General de la Nación es la llamada a responder patrimonialmente, en especial si se tiene en cuenta que no se puede predicar la existencia de un hecho exclusivo de la víctima.
Una revisión al proceso penal, da cuenta que la joven llevaba pocos días en la vivienda, que había alquilado una habitación en el lugar por recomendación que le hiciera el director de la ESE a la cual prestaría sus servicios durante su año rural y, que en la vivienda no tenía mayor contacto con los residentes pues salía temprano para su trabajo y llegaba en horas de la tarde, luego entonces, no tenía por qué saber que en el lugar habían armas, máxime si se considera que estas no se encontraban a la vista sino escondidas en una habitación bajo llave a la cual la joven no tenía acceso.
Así pues, al no observarse que no existe un hecho de la víctima que rompa la imputación que se hace a la entidad demandada, se confirmará I decisión de primera instancia que declaró la responsabilidad de aquella.
6. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
El tribunal de primera instancia reconoció por concepto de perjuicios morales la suma de 05 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Adriana del Carmen Machado Martes y cada uno de sus progenitores, mientras que a sus hermanos les concedió la suma de 2.5 smlmv(10) y negó los perjuicios solicitados a favor de los sobrinos, decisión que fue impugnada por las partes(11).
Sobre el particular, la Sala recuerda que en sentencia de unificación de jurisprudencia(12), el Consejo de Estado manifestó, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por los padres, cónyuge, hijos y hermanos en relación con una persona que fue privada de la libertad injustamente, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.
Así mismo, en la sentencia de unificación se señaló que tratándose de los parientes en tercer grado de consanguinidad (como lo serían los sobrinos), además de la existencia del parentesco debía probarse la existencia del Perjuicio, pues en este grado el mismo no se presumía.
De igual forma, se señaló que si la privación de la libertad fue igual e inferior a un mes, para la persona que sufrió la libertad, su cónyuge, compañero permanente y parientes en el primer grado de consanguinidad les corresponderá una indemnización por daño moral equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En el sub lite, se tiene que los padres y hermanos de Adriana del Carmen Machado Martes además de la acreditación del parentesco, con el testimonio de Verónica Patricia Pascuales (fls. 175-176, cdno. ppal. 1 y transcrito en folio 17 de este proveído) acreditaron la existencia del perjuicio moral.
Así las cosas, toda vez que se tiene que Adriana del Carmen Machado Martes estuvo privada de la libertad durante 22 días y como quiera que se encuentra demostrado la existencia del perjuicio moral, le corresponde a ésta y a sus progenitores por concepto de indemnización la suma de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, m entras que a cada uno de sus hermanos la suma de 7.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de tal forma que la decisión de primera instancia será modificada.
En el caso de las sobrinas de Adriana del Carmen Machado, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el recurso, puesto que si bien acreditaron el parentesco, no sucedió lo mismo con la existencia del perjuicio.
El testimonio de Verónica Patricia Pascuales no las menciona, ni hace referencia a la existencia de un perjuicio.
Por concepto de daño material, Adriana del Carmen Machado Martes solicitó el pago de las sumas de dinero que canceló al abogado que llevó su defensa penal, solicitud a la que accedió el a quo(13).
Sobre el particular, la Sala encuentra que tratándose del pago de los honorarios, a fin de probar los mismos, reposa en el plenario una cuenta de cobro sin fecha(14) mediante el cual el abogado Omar Alberto Patiño señaló que “Adriana del Carmen Machado Martes le debe $ 25.000.000 por concepto de saldo en los honorarios pactados en la suma de $ 36.000.000 a fin de adelantar su defensa en el proceso penal en su contra por la Unidad Seccional de Fiscalías Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cartagena” (fl. 25, cdno. ppal. 1).
De igual forma, frente a la defensa en el proceso penal seguido en contra de Adriana Machado Martes, se observa que en los documentos allegados se tiene por demostrado que el abogado Patiño Rondón sí ejerció la defensa técnica de la aquí actora, aspecto que se evidencia entre otros documentos, en la indagatoria (fls. 59-64, cdno. ppal. 1 y fls. 29-34, cdno. anexo 1), en los varios escritos que presentó y solicitó practica de una serie de pruebas (fls. 73, 93-94, 154 cdno. anexo 1 y fl. 6, cdno. anexo 2), en las diligencias de testimonios que se llevaron a cabo (fls. 95-97, 98-100, 104-106, 132-134, 135-136, 150-151, cdno. anexo 1), en las peticiones de libertad a favor de su prohijada (fls. 161-167, cdno. anexo 1) y el líbelo en el que solicitó la preclusión de la investigación (fls. 290-303, cdno. anexo 2).
Luego entonces, probado que la señora Machado Martes no tuvo un defensor de oficio sino que tuvo una defensa técnica, se puede presumir que la aquí actora tuvo que pagar los honorarios de quien la representó.
Ahora bien, a efectos de determinar la cuantía de las sumas pagadas por la señora Machado Martes, la Sala encuentra que el documento suscrito por el abogado Patiño Rondón es suficiente para demostrar el valor que la señora Machado pagó por la defensa técnica, empero, el hecho de que no se estuviese demostrado la cuantía a la que ascendieron los dineros pagados por aquella, no presupone que la pretensión deba ser negada, pues el perjuicio sí se encuentra probado, razón por la cual, a efectos de determinar la tasación del mismo se acudirá a las tarifas de CONALBOS.
En efecto, tratándose de las sumas de dinero pagadas a los profesionales del derecho con ocasión de la prestación de servicios especializados, prima facie, se libra del acuerdo de voluntades entre el cliente y el respectivo abogado; sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de la materia(15) existen cinco criterios para determinar si el abogado cobró honorarios proporcionados: (i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía(16), (y) la capacidad económica del cliente.
En cuanto al monto de la cuantía, el Consejo Superior de la Judicatura ha establecido, por vía jurisprudencial, que comoquiera que en Colombia no existe un régimen expreso a seguir en punto a la fijación de honorarios, es válido como criterio auxiliar acudir a las tarifas(17) que expiden los colegios de abogados(18) sobre honorarios profesionales.
Para el caso, de los documentos allegados, se tiene que Adriana del Carmen Machado Martes fue asistido por el doctor Omar Alberto Patiño Rondón desde la indagatoria y hasta que se profirió la resolución de preclusión; en cuanto a los honorarios que se debían pagar por la defensa penal, en las tarifas señaladas por el Colegio Nacional de Abogados “Conalbos” para la época de los hechos, se indica que:
18. Derecho penal (...)
18.7.2. Ante fiscalía local o secciona/. Cinco salarios mínimos legales vigentes.
De la referida tarifa, sumados los anteriores valores, se tiene que por concepto de honorarios se reconocerá la suma de 7 salarios mínimos legales mensuales actualmente vigentes(19) y no, la solicitada como ya fue expuesto en precedencia.
1. MODIFICAR la sentencia del diez de agosto de 2012 proferida Por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión Nº 01 que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual quedará en los siguientes términos:
PRIMERO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados a los señores Adriana del Carmen Machado Martes, Oscar Ignacio Machado Grace, Zoraida Luz Martes de Machado, Oscar José Machado Martes y Verónica Luz Machado Martes, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la Fiscalía General de la Nación a indemnizar los perjuicios causados por concepto de daño moral a los siguientes demandantes, así:
a) A Adriana del Carmen Machado Martes; identificada con cédula de ciudadanía número 22.736.324 de Barranquilla (Atlántico), el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
b) A Óscar Ignacio Machado Grace, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.431.430 de Barranquilla (Atlántico), en calidad de padre de Adriana del Carmen Machado Martes, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.
c) A Zoraida Luz Martes de Machado, identificada con cédula de ciudadanía número 408.095 de Barranquilla (Atlántico), en su condición de madre de Adriana del Carmen Machado Martes, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
d) A Óscar José y Verónica Luz Machado Martes, identificados, en su orden, con las cédulas de ciudadanía número 72.195.165 y 32.782.393 todas de Barranquilla (Atlántico), en su calidad de hermanos de Adriana del Carmen Machado Martes, el equivalente a siete salarios y medio mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia (7,5 SMLMV) para cada uno.
TERCERO: Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Adriana del Carmen Machado Martes por concepto de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, la suma de siete salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de segunda instancia.
CUARTO: Negar las demás súplicas de la demanda, incluida las de indemnización por daño moral a Andrea Lamus Machado, Valentina Isabella Becerra Machado y Shadia Oliva Becerra Machado, por lo dicho en el acápite de consideraciones.
QUINTO: La sentencia se cumplirá dentro de los términos previstos en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo, atendiendo los términos de la Sentencia C-188 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.
SÉPTIMO: En firme ésta providencia, por Secretaría comuníquese a las partes en la forma y términos previstos en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo.
OCTAVO: Una vez en firme esta providencia, procédase al archivo del expediente, dejando las anotaciones y constancias de rigor.
Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Subsección, ausente con excusa—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth».
2 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.
3 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la bausa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.
4 Está demostrado que Zoraida Luz Martes de Machado y Óscar Ignacio Machado Grace son los progenitores de Adriana del Carmen Machado Martes (fl. 26, cdno. ppal 1), siendo sus hermanos Óscar José y Verónica Luz Machado Martes (fls. 27 y 32, cdno. ppal 1); mientras que Sabina Andrea Lamus Chamado y, Valentina Isabella y Shadía Oliva Becerra Machado son sus sobrinas, de conformidad con los registros civiles de nacimiento aportados (fls. 28-30, cdno. ppal. 1).
6 Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran la sentencia del 14 de julio de 2015 de la Sala Plena Contenciosa. Exp. 2014-00105(PI), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Sentencia de abril 6 de 2001, Exp. 21653, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
9 De conformidad con el Código de Régimen Municipal y Departamental los días se entienden hábiles a menos que la norma especifique lo contrario. En el caso de la Ley 600 de 2000, como quiera que no cuenta con regulación específica en estos artículos, los días se entienden hábiles.
10 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
11 En el caso de la parte actora, se tiene que aquella solicitó el aumento de los perjuicios morales y pidió que estos se reconociera en favor de las sobrinas de Machado Martes. En el caso de la parte accionada, la Sala advierte que si bien en el recurso de apelación no hubo un pronunciamiento expreso sobre los perjuicios, se entiende que estos también hacen parte del recurso bajo el supuesto del que puede lo más, puede lo menos.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 287(sic) de agosto de 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (e).
13 Se precisa que el análisis de estos perjuicios deviene en el hecho de la parte accionada solicitó la revocatoria de toda la sentencia de segunda instancia, lo que implica también un análisis a los perjuicios a los que el a quo accedió.
14 A pesar de no tener fecha, toda vez que fue presentado con la demanda, se tiene que aquel fue suscrito antes del 10 de diciembre de 2009.
15 La Corte Constitucional en Sentencia T-1143 de 2003, al analizar la jurisprudencia que el Consejo Superior de la Judicatura tenía sobre los honorarios profesionales tratándose de abogados, señaló que habían cinco criterios para determinar si los mismos fueron proporcionados.
16 El Consejo Superior de la Judicatura en sentencia del 13 de marzo de 1997, Rad. 11035, M.P. Edgardo José Maya Villazón manifestó que «los abogados no tienen libertad absoluta para cobrar honorarios, puesto que la abogacía cumple en nuestro país una función social y su ejercicio trasciende del marco puramente individualista que existe entre los contratantes, para adentrarse en el interés social y estatal de la administración de justicia Por lo anterior, un abogado no puede defenderse de una imputación de falta a la honradez profesional por el cobro de honorarios excesivos aduciendo que celebró legalmente un contrato de prestación de servicios profesionales, el cual constituye ley para las partes, por ser el producto de la autonomía de la voluntad”.
17 Al respecto ver: Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sentencia del 18 de mayo del 2000, Rad. 15283-B – A; auto 14 de mayo de 1998 Rad. 9979 A.
18 El Consejo Superior de la Judicatura en sentencia del 22 de octubre de 1998, Rad. 11124 A, M.P. Leovigildo Bernal Andrade, señaló que “las tasas establecidas por colegios de abogados son una “buena guía para definir si el cobro que se haya hecho por algún abogado, en determinado asunto que se le imputa como desproporcionado, y por lo tanto, ilícito, lo fue o no” —Negrillas fuera de texto—.
19 Para el año 2001, tiempo en el cual se dictó la sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el salario mínimo legal era de $ 286.000, los que al multiplicarse por 20 y actualizarse a la fecha de la presenten sentencia arrojan el valor de $ 11.833.448, que resultan inferiores a la suma actual de 20 salarios mínimos vigentes, los cuales son $ 14.757.340, de tal manera que a efectos de reconocer el aminoramiento de la pérdida adquisitiva de la moneda, se reconocerá la suma de 20 salario mínimos legales mensuales actualmente vigentes.

References: ARTÍCULO 354
 RESOLUCIÓN 
 artículo 129
 artículo 86
 resolución 
 artículo 136
 resolución 
 artículo 294
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 354
 artículo 70
 resolución 
 artículo 356
 Resolución 
 resolución 
 artículo 397
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 90
 resolución 
 artículo 345
 artículo 354
 resolución 
 resolución 
 Decisión Nº 
 artículo 173