Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2501
Timestamp: 2019-10-20 00:26:35+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 372/1993
SENTENCIA 372/1993, de 13 de diciembre
ECLI:ES:TC:1993:372
En el recurso de amparo núm. 929/92, promovido por don Manuel Lao Hernández, representado actualmente por el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez y defendido por el Letrado don Jesús Santaella, contra la Sentencia pronunciada el 28 de febrero de 1992 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que declaró no haber lugar a los recursos de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de Ley interpuestos por el actor contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la causa 5/86, que lo condenó como autor de un delito relativo al control de cambios. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Magistrado don Luis López Guerra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 6 de abril de 1992 y registrado en este Tribunal el día 8 siguiente, la Procuradora de los Tribunales doña Ana María Ruiz de Velasco del Valle, actuando en nombre y representación de don Manuel Lao Hernández, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el día 28 de febrero de 1992, que declaró no haber lugar al recurso de casación formulado por el actor frente a la pronunciada por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo condenó como autor de un delito relativo al control de cambios.
A) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al demandante como autor de un delito monetario a las penas de dos meses de arresto mayor, multa de 14.000.000 de pts. y abono de una cuarta parte de las costas procesales. La Sala sentenciadora consideró probado que el actor entregó, por intermediación de otra persona, al también condenado en la causa don José Antonio Sorozábal Aspiroz la cantidad de 26.750.000 pts. para que la trasladara a Francia. Este último fue descubierto y detenido por la Policía el día 11 de febrero de 1.986, en la frontera de Irún, cuando a bordo de un vehículo se disponía a cruzar la frontera llevando en una cavidad oculta del coche la cantidad que le había sido entregada.
B) El actor formuló recurso de casación contra la sentencia anterior, que basó en la vulneración de los derechos fundamentales a un Juez imparcial predeterminado por la Ley y de presunción de inocencia. Hecho el señalamiento para la vista del recurso el día 19 de febrero de 1992 -en consecuencia tras la entrada en vigor del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior-, el recurrente unió, en el acto de la vista, a los anteriores motivos de recurso otro más consistente en la destipificación de la conducta por la que había sido condenado, a resultas de la derogación del art. 6 de la Ley Orgánica 10/1983 por obra del citado Real Decreto.
5. Mediante providencia de 14 de septiembre de 1992, la Sección acordó admitir a trámite la demanda presentada por la Procuradora doña Ana María Ruiz de Velasco, en nombre y representación de don Manuel Lao Hernández, y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, reclamar de la Audiencia Nacional y Sala Segunda del Tribunal Supremo certificación o copia adverada de las actuaciones. Del mismo modo, dirigirse a la Audiencia Nacional para que emplazase a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento judicial, a excepción del demandante, para que pudiesen comparecer en este proceso de amparo.
El Real Decreto 1.816/1991 ha creado ex novo un delito cuyas características esenciales -sujeto activo, objeto material y bien jurídico protegido- difieren de la anterior legislación sobre control de cambios, lo que viene a suponer la introducción de un nuevo tipo penal mediante una norma reglamentaria contrariando las normas constitucionales y la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional. Este último debe erigirse en garante del ordenamiento jurídico comunitario y aplicar directamente el mismo o, alternativamente, como aquí se pide, plantear la cuestión prejudicial ante el T.J.C.E.
La Sentencia de la Audiencia Nacional parte de una presunción de culpabilidad, pues al no haberse practicado la testifical del Sr. Zorrilla en el acto del juicio ha supuesto que las declaraciones del recurrente encubren una coartada, sin detenerse en mayores datos. No ha existido, por tanto prueba de cargo y se ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
En cuanto a las demás quejas, el órgano de casación explicó que la exportación de moneda por encima de 5.000.000 de pts., como fue el caso, requiere autorización previa en virtud de lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 1.816/1991 y que la conducta enjuiciada sigue siendo delito. Se trata pues de la inserción de una conducta en el tipo penal que es función de legalidad, salvo que la misma sea irrazonable o arbitraria, y este extremo es función exclusiva de los órganos del Poder Judicial (art. 117.3 C.E.).
10. Por medio de un escrito presentado en este Tribunal el 15 de octubre de 1993, la Procuradora que ostentaba la representación del demandante renunció a la representación de éste en favor del Procurador don Antonio García Martínez, el cual presentó copia del poder que acreditaba la misma y se personó en su nombre. La Sección, en providencia de 21 de octubre de 1993 acordó tener a dicho Procurador por personado y parte en nombre y representación de don Manuel Lao Hernández.
La queja del actor, por lo demás, no se encamina a negar la existencia de dicha prueba sino, más bien a criticar el hecho de que la Sala no haya entrada a desvirtuar las justificaciones exculpatorias que el mismo dió. Pero tales exculpaciones no significan que no haya habido prueba de cargo, sino que la Sala, en su valoración conjunta de la prueba, ha considerado que aquéllas, carentes del suficiente apoyo probatorio, sólo encubren una "coartada" ineficaz para enervar el carácter incriminatorio del resto de la prueba. Se trata, así, lo planteado de un tema relacionado con la valoración judicial de la prueba que no afecta, por ser función propiamente jurisdiccional (art. 117.3 C.E.), a la presunción constitucional de inocencia.
En el momento de comisión de los hechos -al igual que durante su enjuiciamiento, Sentencia de instancia, interposición y formalización del recurso de casación-, junto con la Ley Orgánica 10/1983, de 16 de agosto, sobre régimen jurídico de control de cambios, se encontraba en vigor el Real Decreto 2.402/1980, de 10 de octubre, que completaba los preceptos penales que aquélla contenía como normativa reguladora de la materia. Así, la Sentencia de instancia condena al recurrente como autor de un delito monetario frustrado previsto y penado en los arts. 6 A) 1 y 7.1.2 de la Ley Orgánica 10/1983, al considerar probado que el mismo contravino el sistema legal de control de cambios por haber tratado de exportar moneda metálica en cuantía superior a los 2.000.000 de pts. sin haber obtenido la preceptiva autorización previa en los términos que regulaba el citado Real Decreto.
Interpuesto y formalizado recurso de casación contra la Sentencia condenatoria, el 27 de diciembre de 1991 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 1.816/1991, de 20 de diciembre, cuya Disposición final segunda deroga el Real Decreto 2.402/1980, de 10 de octubre, con el objetivo de llevar a cabo la plena liberalización de las transacciones y transferencias con el exterior prevista en la Directiva 88/361/CE, de 24 de junio, la cual establecía (art. 6) un periodo transitorio para España, aplicable a determinados tipos de transacciones, que expiraba el 31 de diciembre de 1992 y que el Gobierno decidió adelantar sin esperar a la finalización de dicho plazo.
Con base en esta nueva regulación de las transacciones económicas con el exterior, el recurrente introdujo en el acto de la vista del recurso, celebrado el 19 de febrero de 1992, un nuevo motivo consistente en que la entrada en vigor del Real Decreto 1.816/1991 había hecho impune la conducta por la que fue condenado, por derogación de los tipos penales del art. 6 de la Ley Orgánica 10/1983. El motivo del recurso fue desestimado, sin embargo, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De las actuaciones remitidas, no hay tampoco constancia de que el demandante haya suscitado a la Sala competente para conocer del recurso de casación el planteamiento de cuestión prejudicial comunitaria alguna, al T.J.C.E., sobre la compatibilidad de dicho Real Decreto con la Directiva comunitaria 88/361/CE; si bien, en todo caso, la respuesta dada por el Tribunal Supremo implica una desestimación implícita a dicho planteamiento.
Comprende así el derecho a la legalidad penal una doble garantía: de carácter formal, que da lugar a la exigencia de una ley como presupuesto de la actuación punitiva del Estado y que, en el ámbito penal como el que ahora se trata, ha de ser entendida como reserva de ley, e, incluso, cuando se trata de la imposición de penas privativas de libertad, de ley orgánica; se refiere la otra, a la necesaria predeterminación normativa de las conductas y sus penas a través de una tipificación precisa dotada de la suficiente concreción en la descripción de las mismas. En definitiva, se trata con ello de la clásica exigencia de que exista una ley (lex scripta), que sea anterior al hecho punible (lex previa) y que la ley describa un supuesto de hecho determinado (lex certa).
Ahora bien, tal planteamiento no resulta aceptable. La vulneración del art. 25 C.E. se habría producido, se dice, porque las disposiciones contenidas en el art. 4.1 del Real Decreto 1.816/91 son incompatibles con lo previsto en el art. 6 A) 1 de la Ley Orgánica 10/1983: como consecuencia, el mencionado artículo del Real Decreto 1.816/91 habría venido a introducir un nuevo tipo penal sin base legal suficiente. Pero tal afirmación deriva de una interpretación del referido precepto que no ha sido admitida por el Tribunal de Casación, y no corresponde a este Tribunal Constitucional sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios en la tarea de seleccionar e interpretar la normativa aplicable, sino determinar si aquéllos, han vulnerado derechos fundamentales susceptibles de amparo. Y no cabe considerar que la interpretación realizada en este caso por el Tribunal Supremo de la normativa relativa al control de cambios haya tenido como consecuencia la aplicación de normas penales sin suficiente cobertura legal, con infracción del art. 25 C.E. Un somero examen de las disposiciones de la Ley Orgánica 10/83 y del Real Decreto 1.816/91 confirma la razonabilidad de la conclusión a que llega el Tribunal Supremo.
En efecto, en cuanto al objeto material de ambas normas, la previa autorización administrativa exigida por el art. 4.1 del Real Decreto 1.816/91 se corresponde con lo previsto en el art. 2.2 e) de la Ley Orgánica 10/1983, que autoriza al Gobierno a prohibir, someter a autorización previa, verificación o declaración "la importación o exportación de oro amonedado o en barras, billetes de banco, medios de pago de cualquier clase, y, en general, títulos representativos de derechos". En cuanto al bien jurídico protegido, ambas disposiciones normativas pretenden proteger la economía nacional mediante un control de los pagos o transferencias al exterior. Finalmente, en cuanto a la cuantía mínima requerida para la existencia de delito monetario, el Real Decreto 1.816/1991 (modificado por Real Decreto 42/1993) lo que ha hecho ha sido aumentar, no restringir, las cantidades no necesitadas de autorización, reduciendo pues los supuestos de punición, pero sin introducir conductas punibles ex novo. En cualquier caso, la cantidad ilícitamente exportada por el hoy recurrente excedía ampliamente el límite legal.
El art. 6 A) 1 de la Ley de Control de Cambios es una norma penal necesitada de integración por otras normas en tanto en cuanto los hechos punibles descritos en él solo pueden ser cometidos en la medida en que se contravenga el sistema legal de control de cambios. Este sistema exige que la exportación física de determinadas cantidades de dinero sólo sea posible si se obtiene la correspondiente autorización administrativa. El Real Decreto 1.816/1991, de 20 de diciembre, que integra desde su entrada en vigor aquel precepto penal ha hecho desaparecer la exigencia de autorización administrativa previa para determinadas conductas que quedan, por ello, automáticamente despenalizadas; pero la sigue manteniendo para la exportación física de moneda metálica, billetes de banco y cheques al portador, estén cifrados en pesetas o en moneda extranjera, siempre que su importe sea superior a 5.000.000 de pts. por persona y viaje.
Ningún reproche puede hacerse al indicado Real Decreto desde el punto de vista constitucional, por los anteriores motivos. La conclusión despenalizadora a la que llega el recurrente no deriva de una disposición expresa de la norma, ni siquiera de una incompatibilidad con los principios de reserva de ley y de tipicidad exigidos por el art. 25.1 de la C.E., sino de una determinada interpretación de los preceptos del Real Decreto 1816/1991. En definitiva, de una interpretación de normas de legalidad ordinaria que no trasciende al plano constitucional.
7. Admitida, por tanto, la compatibilidad entre la Ley de Control de Cambios y el Real Decreto 1.816/1991 desde el punto de vista del principio de legalidad reconocido por el art. 25.1 C.E., el demandante plantea, también desde esta perspectiva, la incompatibilidad de dicho Real Decreto con la Directiva comunitaria 88/361/CE. A su juicio, la citada disposición comunitaria había concedido a España un plazo hasta el 31 de diciembre de 1992 para proceder a la liberalización de los movimientos de capitales entre los Estados miembros de la C.E.E. Por su parte el Real Decreto 1.816/1991 adelantó dicha liberalización, según reconoce expresamente su exposición de motivos, a la fecha de su entrada en vigor, y de aquí que cualquier interpretación del Real Decreto incompatible con la supresión de todo sistema de control de cambios vulnere el art. 25.1 C.E. En consecuencia, interesa de este Tribunal que plante ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad entre la norma de derecho interno citada y la Directiva comunitaria.
El recurso de amparo se encuentra configurado por los arts. 53.2 y 161.1 b) C.E. y 41 LOTC como un remedio procesal para recabar la tutela de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 y del derecho a la objeción de conciencia reconocido en el art. 30.2 C.E. Por consiguiente, sólo son estos preceptos los que pueden servir para confrontar la conformidad con la Constitución de las actuaciones de los poderes públicos y no el Derecho comunitario, pues como se ha declarado reiteradamente por este Tribunal, las normas de este ordenamiento no constituyen cánon autónomo de constitucionalidad (SSTC 252/1988, 132/1989, 28/1991, 64/1991 y 111/1993, entre otras). Y en particular respecto del recurso de amparo se ha dicho que los motivos de este recurso han de consistir siempre en lesiones de los derechos fundamentales "con exclusión por tanto de las eventuales vulneraciones del Derecho comunitario (STC 64/1991, fundamento jurídico 4º). Este ordenamiento, en efecto, tiene sus propios órganos de garantía, entre los cuales no se cuenta este Tribunal Constitucional, por lo que tratándose de verificar únicamente la acomodación de una norma interna al Derecho comunitario, esta labor corresponde a los órganos judiciales ordinarios, en su caso mediatizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Y ello excluye, asimismo, que este Tribunal Constitucional dirija una solicitud de interpretación con base en el art. 177 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea al Tribunal de Luxemburgo, pues este precepto, "únicamente resulta operativo en los procesos en que deba hacerse aplicación del Derecho comunitario y precisamente para garantizar una interpretación uniforme del mismo" (STC 28/1991), lo que no es el caso de los procesos ante este Tribunal Constitucional.
8. En el presente caso, y comprobada, como se indicó en el fundamento anterior, la adecuación de la normativa aplicada por los órganos jurisdiccionales al principio de legalidad, no cabe estimar que ese principio se haya vulnerado porque la normativa en cuestión, esto es, el Real Decreto 1.816/1991 en la interpretación realizada por el Tribunal Supremo se opusiera, alegadamente, a la Directiva Comunitaria 88/361/CE. En primer lugar, porque el citado Real Decreto, en el momento en que se dictó la Sentencia de casación por el Tribunal Supremo, y como se ha señalado, había adelantado en un año la liberalización de las transacciones económicas con el exterior, liberalización que la Directiva 88/361/CE no exigía hasta el 31 de diciembre de 1992: con lo que, en puridad, no podría en ningún caso hablarse de contraposición o contradicción entre la normativa estatal y la comunitaria. Pero sobre todo porque, a la luz de lo expuesto, lo que en realidad intenta este motivo del recurso, bajo la invocación del art. 25.1 C.E., es que este Tribunal controle la adecuación de las normas aplicadas al Derecho Comunitario, tarea que, como se ha dicho, no corresponde a este Tribunal. Por lo que, ni cabe apreciar la vulneración del art. 25.1 C.E., ni, como pretende el recurrente, plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
9. Rechazada la pretendida vulneración del art. 25.1 C.E. por las resoluciones judiciales, las otras dos vulneraciones constitucionales invocadas en función de aquél resultan igualmente inaceptables
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Manuel Lao Hernández.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 929-1992
Contra Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo declarando no haber lugar a los recursos de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de Ley interpuestos por el actor contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le condenó como autor de un delito relativo al control de cambios.
Este Tribunal ha elaborado una abundante jurisprudencia sobre la imparcialidad objetiva del juzgador. Según ella, el derecho a un Juez imparcial como garantía constitucional del proceso excluye, por exigencia del principio acusatorio, la posibilidad de acumulación en un mismo órgano de funciones instructoras y decisorias. Esta jurisprudencia se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado que, al estar en contacto con el material de hecho necesario para que se celebre el juicio, pueden nacer en el ánimo del Juez o Tribunal sentenciador prejuicios y prevenciones respecto de la culpabilidad del imputado, y de otro, que no toda intervención del Juez antes de la vista tiene carácter instructor ni compromete su imparcialidad objetiva, por lo que será necesario analizar caso por caso la actividad realizada para determinar si se ha producido o no vulneración del art. 24.2 C.E. teniendo en cuenta que no es suficiente que el Juez haya realizado actos de naturaleza instructora, sino acreditar, aunque sea indiciariamente, que la actividad instructora desplegada pudo provocar en su ánimo prejuicios (por todas, SSTC 137/1992 y 170/1993) [F.J. 2].
Las exigencias del principio de legalidad no impiden la utilización legislativa ni la aplicación judicial de leyes penales en las que no se encuentre prevista agotadoramente la conducta penada o su consecuencia jurídico-penal, por lo que requieren que se acuda, para su integración, a una norma distinta; siempre, hemos manifestado, que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido, y que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición, con la concreción suficiente para que la conducta calificada de delictiva se vea precisada suficientemente con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite (STC 127/1990) [F.J. 5].
No corresponde a este Tribunal Constitucional sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios en la tarea de seleccionar e interpretar la normativa aplicable, sino determinar si aquéllos, han vulnerado derechos fundamentales susceptibles de amparo. Y no cabe considerar que la interpretación realizada en este caso por el Tribunal Supremo de la normativa relativa al control de cambios haya tenido como consecuencia la aplicación de normas penales sin suficiente cobertura legal, con infracción del art. 25 C.E. Un somero examen de las disposiciones de la Ley Orgánica 10/1983 y del Real Decreto 1.816/1991 confirma la razonabilidad de la conclusión a que llega el Tribunal Supremo [F.J. 6].
El recurso de amparo se encuentra configurado por los arts. 53.2 y 161 b) C.E. y 41 LOTC como un remedio procesal para recabar la tutela de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 y del derecho a la objeción de conciencia reconocido en el art. 30.2 C.E. Por consiguiente, sólo son estos preceptos los que pueden servir para confrontar la conformidad con la Constitución de las actuaciones de los poderes públicos y no el Derecho comunitario, pues, como se ha declarado reiteradamente por este Tribunal, las normas de este ordenamiento no constituyen canon autónomo de constitucionalidad ( SSTC 64/1991 y 111/1993, entre otras). Y en particular respecto del recurso de amparo se ha dicho que los motivos de este recurso han de consistir siempre en lesiones de los derechos fundamentales «con exclusión por tanto de las eventuales vulneraciones del Derecho comunitario (STC 64/1991). Este ordenamiento, en efecto, tiene sus propios órganos de garantía, entre los cuales no se cuenta este Tribunal Constitucional, por lo que tratándose de verificar únicamente la acomodación de una norma interna al Derecho comunitario, esta labor corresponde a los órganos judiciales ordinarios, en su caso mediatizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. y ello excluye, asimismo, que este Tribunal Constitucional dirija una solicitud de interpretación con base en el art. 177 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea al Tribunal de Luxemburgo, pues este precepto, «únicamente resulta operativo en los procesos en que deba hacerse aplicación del Derecho comunitario y precisamente para garantizar una interpretación uniforme del mismo» (STC 28/1991), lo que no es el caso de los procesos ante este Tribunal Constitucional [F.J. 7].
Artículo 73, f. 9
Artículo 25.1, ff. 4 a 9
Artículo 2.2 e), f. 6
Artículo 6 A) 1, ff. 4, 6
Artículo 7.1.2, f. 4
En general, ff. 1, 4, 6 a 8
Control de cambiosControl de cambios, f. 6
Derecho a la legalidad penalDerecho a la legalidad penal, Concepto, ff. 5, 6
Principio de legalidad penalPrincipio de legalidad penal, Concepto, ff. 5, 6
Legislación penalLegislación penal, ff. 5, 6
Normas de remisiónNormas de remisión, ff. 5, 6
Jurisdicción competenteJurisdicción competente, f. 7

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Artículo 73

Artículo 25

Artículo 2

Artículo 6

Artículo 7