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CONTENIDO. ASAMBLEA NACIONAL Ley Nº 58 (De jueves 28 de diciembre de 2006) - PDF
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Laura Álvarez Bustamante
1 1 Año CIII Panamá, R. de Panamá viernes 29 de diciembre de 2006 Nº CONTENIDO ASAMBLEA NACIONAL Ley Nº 58 (De jueves 28 de diciembre de 2006) "QUE ESTABLECE INCENTIVOS FISCALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA REPUBLICA DE PANAMA Y MODIFICA UN ARTICULO DE LA LEY 8 DE 1994". Ley Nº 59 (De jueves 28 de diciembre de 2006) "QUE CONFIGURA LOS CIRCUITOS ELECTORALES PARA LA ELECCION DE DIPUTADOS" MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Ejecutivo Nº 366 (De jueves 28 de diciembre de 2006) "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACION PUBLICA Y DICTA OTRA DISPOSICION" MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Decreto Ejecutivo Nº 627 (De martes 26 de diciembre de 2006) "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 11 DEL DECRETO EJECUTIVO 524 DE 31 DE OCTUBRE DE 2005" Decreto Ejecutivo Nº 640 (De miércoles 27 de diciembre de 2006) "POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSITO VEHICULAR DE LA REPUBLICA DE PANAMA" Decreto Ejecutivo Nº 641 (De miércoles 27 de diciembre de 2006) POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO 273 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1999" Resolución Nº 63 (De miércoles 20 de diciembre de 2006)
2 2 "EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE CHI PIN CHUNG" Resolución Nº 65 (De miércoles 27 de diciembre de 2006) "EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA A FAVOR DE MANUEL FERNANDO HAITO SAHURIE" AVISOS / EDICTOS LEY No. 58 De 28 de diciembre de 2006 Que establece incentivos fiscales para promover las actividades turísticas en la República de Panamá y modifica un artículo de la Ley 8 de 1994 LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: Artículo 1. Las inversiones turísticas que se destinen para la construcción, el equipamiento y la rehabilitación de establecimientos de alojamiento público turístico, bajo las modalidades de hotel, apartotel, cabañas o bungalow, hostal familiar, tiempo compartido y régimen turístico de propiedad horizontal, que estén ubicados fuera de áreas declaradas como zona de desarrollo turístico de interés nacional y cuya inversión mínima sea de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00) en el área metropolitana y de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) en el resto de la República, excluyendo el valor del terreno, con excepción de los albergues y hostales familiares en el interior, cuyo monto de inversión será fijado por el Instituto Panameño de Turismo, gozarán, a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, de los siguientes incentivos fiscales: 1. Exoneración total, por el término de veinte años, del Impuesto de Importación y de toda contribución, gravamen o derechos de cualquier denominación o clase, excepto el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios, que recaigan sobre la introducción de materiales, enseres, muebles, equipos, naves y vehículos automotores con una capacidad mínima de ocho pasajeros, siempre que sean declarados indispensables para el normal desarrollo de la actividad turística por el Instituto Panameño de Turismo. Los materiales y equipos que sean exonerados deben utilizarse de manera exclusiva en la construcción y el equipamiento de los establecimientos de alojamiento público. 2. Exoneración del Impuesto de Inmuebles, por el término de veinte años, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Esta exoneración cubrirá los bienes inmuebles propiedad de la empresa, lo que incluye el terreno y las mejoras, que sean objeto de equipamiento, rehabilitación y/o remodelación realizados con una inversión mínima de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00) en el área metropolitana y de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) en el interior de la República, siempre que en la actualidad no se encuentren exonerados y que sean utilizados íntegra y exclusivamente en las actividades turísticas señaladas en el presente artículo. 3. Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital. 4. Exoneración del pago de impuesto de muellaje y de cualquier tasa de aterrizaje en muelles, aeropuertos o helipuertos propiedad de la empresa o construidos o rehabilitados por ella. Estas facilidades podrán ser utilizadas en forma gratuita por el Estado. 5. Exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta causado por los intereses que devenguen los acreedores de instituciones bancarias o financieras en operaciones destinadas a inversiones en establecimientos de alojamiento público turístico. 6. Se permitirá una tasa del diez por ciento (10%) por año, excluyendo el valor del terreno, para los fines del cómputo
3 3 de depreciación sobre los bienes inmuebles. 7. No serán considerados como préstamos comerciales ni préstamos personales los préstamos otorgados; por tanto, no serán objeto de la retención establecida en la Ley 4 de 1994 y sus modificaciones, siempre que los prestatarios de dichas facilidades se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Turismo del Instituto Panameño de Turismo. Parágrafo. Se beneficiarán de los incentivos de esta Ley, las inversiones en las siguientes actividades: canchas de golf y de tenis, baños saunas, gimnasios, discotecas, restaurantes, centros de convenciones y marinas, siempre que estén integradas a la inversión hotelera. En ningún caso podrá ser objeto de los beneficios de esta Ley, cualquier otro tipo de inversión turística que no se encuentre taxativamente contemplado en las actividades establecidas en este artículo. Artículo 2. Las inversiones realizadas dentro de una zona de desarrollo turístico, se regirán por lo señalado en el artículo 17 de la Ley 8 de Artículo 3. Para que las empresas se acojan a los beneficios establecidos en la presente Ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, previa aprobación de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo. Artículo 4. Las personas naturales o jurídicas que pretendan acogerse a los incentivos establecidos en la presente Ley, deberán presentar su solicitud al Instituto Panameño de Turismo, acompañada de toda la documentación requerida, para inversiones fuera de zona de desarrollo turístico, a más tardar el 30 de agosto de 2008; y para inversiones ubicadas dentro de una zona de desarrollo turístico, a más tardar el 30 de agosto de Artículo 5. Toda persona que se acoja a la presente Ley estará obligada a: 1. Invertir, en las actividades turísticas propuestas, el monto indicado en la respectiva solicitud, y a mantener dicha inversión por el término que corresponda, de conformidad con la presente Ley. 2. Iniciar la construcción, remodelación, rehabilitación o restauración de los inmuebles destinados para las actividades turísticas propuestas, dentro de un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, salvo los casos en que la naturaleza de la actividad turística exija un plazo mayor, según dictamen del Instituto Panameño de Turismo. 3. Comenzar a prestar servicios turísticos dentro de un plazo que no exceda de tres años, contado a partir de la fecha de su inscripción, salvo los casos en que la naturaleza de la actividad turística exija un plazo mayor, según dictamen del Instituto Panameño de Turismo. 4. Realizar las actividades turísticas en cumplimiento de las normas reglamentarias expedidas por el Instituto Panameño de Turismo. 5. Llevar un registro para el fiel asiento de los artículos exonerados, el cual será accesible a los funcionarios competentes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Comercio e Industrias y del Instituto Panameño de Turismo. 6. Constituir fianza de cumplimiento, a favor del Instituto Panameño de Turismo y de la Contraloría General de la República, equivalente al uno por ciento (1%) de la cuantía de la inversión. Esta fianza nunca será mayor de trescientos mil balboas (B/. 300,000.00). 7. Contratar personal panameño en la proporción establecida en el Código de Trabajo, con excepción de expertos y técnicos especializados que se estimen necesarios, previa autorización de las autoridades nacionales competentes. 8. Capacitar técnicamente a ciudadanos panameños y a sostener becas para que estos sigan cursos de capacitación en el extranjero, si no fuera posible hacerlo en establecimientos industriales o docentes del país. 9. Renunciar a toda reclamación diplomática en caso de diferencias y conflictos con la Nación, y a someter las diferencias a la jurisdicción de los tribunales nacionales. Parágrafo. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo, acarreará la cancelación del registro y la pérdida de la fianza de garantía respectiva, salvo que se compruebe que el incumplimiento se debió a causas de fuerza mayor o caso fortuito. La cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo se ordenará mediante resolución expedida por la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo, la cual será notificada al interesado. Sin embargo, las personas que se consideren afectadas podrán interponer el recurso de reconsideración ante la misma autoridad. El término para hacer uso de este recurso es de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución de cancelación del registro.
4 4 Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. Artículo 7. El artículo 45 de la Ley 8 de 1994 queda así: Artículo 45. El término para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de las empresas ubicadas fuera de zonas de desarrollo turístico, vencerá el 31 de diciembre de 2008, y para las que estén dentro de las áreas declaradas zona de desarrollo turístico de interés nacional, vencerá el 31 de diciembre de En ambos casos, sus registros permanecerán vigentes hasta la fecha de su culminación. Para las inversiones turísticas realizadas con anterioridad a la presente Ley, que estén ubicadas fuera de áreas declaradas zona de desarrollo turístico de interés nacional y que hubieran estado inscritas en el Registro de Turismo antes del 31 de diciembre de 2005, sus incentivos continuarán vigentes hasta la fecha en que estos culminen conforme a lo dispuesto en la resolución que los concedió. No obstante, en ningún caso, el incentivo fiscal podrá exceder de los veinte años, contados a partir de la fecha en que se concedió. Artículo 8. Esta Ley modifica el artículo 45 de la Ley 8 de 14 de junio de 1994, adicionado por el artículo 6 del Decreto Ley 4 de 10 de febrero de Artículo 9. La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 21 días del mes de noviembre del año dos mil seis. El Presidente, Elías A. Castillo G. El Secretario General, Carlos José Smith S. ORGANO EJECUTIVO NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 28 DE DICIEMBRE DE Martín Torrijos Espino Presidente de la República Alejandro Ferrer Ministro de Comercio e Industrias
5 5 2 LEY No. 59 De 28 de diciembre de 2006 Que configura los circuitos electorales para la elección de diputados LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: Artículo 1. Para la elección de diputados, se configuran treinta y nueve circuitos electorales en el territorio de la República. Artículo 2. Los circuitos electorales de que trata el artículo anterior quedan configurados así: Provincia de Bocas del Toro. Constituye un único circuito electoral, de la siguiente manera: Circuito 1-1. Comprende los distritos de Changuinola, Bocas del Toro y Chiriquí Grande, donde se elegirán dos diputados. Provincia de Coclé. Se divide en cuatro circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito 2-1. Comprende el distrito de Penonomé, donde se elegirán dos diputados. Circuito 2-2. Comprende el distrito de Antón, donde se elegirá un diputado. Circuito 2-3. Comprende los distritos de La Pintada, Natá y Olá, donde se elegirá un diputado. Circuito 2-4. Comprende el distrito de Aguadulce, donde se elegirá un diputado.
6 6 Provincia de Colón. Se divide en dos circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito 3-1. Comprende el distrito de Colón, donde se elegirán cuatro diputados. Circuito 3-2. Comprende los distritos de Chagres, Donoso, Portobelo y Santa Isabel, donde se elegirá un diputado. Provincia de Chiriquí. Se divide en seis circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito 4-1. Comprende el distrito de David, donde se elegirán tres diputados. Circuito 4-2. Comprende el distrito de Barú, donde se elegirá un diputado. Circuito 4-3. Comprende el distrito de Bugaba, donde se elegirán dos diputados. Circuito 4-4. Comprende los distritos de Alanje, Boquerón y Renacimiento, donde se elegirá un diputado. Circuito 4-5. Comprende los distritos de Boquete, Dolega y Gualaca, donde se elegirá un diputado. Circuito 4-6. Comprende los distritos de Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé, donde se elegirá un diputado. Provincia de Darién. Se divide en dos circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito 5-1. Comprende los distritos de Chepigana y Sambú (Comarca Emberá Wounan), donde se elegirá un diputado. Circuito 5-2. Comprende los distritos de Pinogana y Cémaco (Comarca Emberá Wounan), donde se elegirá un diputado. Provincia de Herrera. Se divide en tres circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito 6-1. Comprende el distrito de Chitré, donde se elegirá un diputado. Circuito 6-2. Comprende los distritos de Los Pozos, Parita y Pesé, donde se elegirá un diputado. Circuito 6-3. Comprende los distritos de Las Minas, Ocú y Santa María, donde se elegirá un diputado. Provincia de Los Santos. Se divide en dos circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito 7-1. Comprende los distritos de Las Tablas, Guararé, Pocrí y Pedasí, donde se elegirá un diputado. Circuito 7-2. Comprende los distritos de Los Santos, Macaracas y Tonosí, donde se elegirá un diputado. Provincia de Panamá. Se divide en diez circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito 8-1. Comprende el distrito de Arraiján, donde se elegirán tres diputados. Circuito 8-2. Comprende el distrito de Capira, donde se elegirá un diputado. Circuito 8-3. Comprende los distritos de Chame y San Carlos, donde se elegirá un diputado. Circuito 8-4. Comprende los distritos de Balboa, Chepo, Chimán y Taboga, donde se elegirá un diputado. Circuito 8-5. Comprende el distrito de La Chorrera, donde se elegirán tres diputados. Circuito 8-6. Comprende el distrito de San Miguelito, donde se elegirán siete diputados. Circuito 8-7. Comprende los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, donde se elegirán cinco diputados. Circuito 8-8. Comprende los corregimientos de Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre y Juan Díaz, donde se elegirán cinco diputados.
7 7 Circuito 8-9. Comprende los corregimientos de Chilibre y Las Cumbres, donde se elegirán tres diputados. Circuito Comprende los corregimientos de Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas y 24 de Diciembre, donde se elegirán cuatro diputados. Provincia de Veraguas. Se divide en cuatro circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito 9-1. Comprende el distrito de Santiago, donde se elegirán dos diputados. Circuito 9-2. Comprende los distritos de La Mesa, Soná y Las Palmas, donde se elegirá un diputado. Circuito 9-3. Comprende los distritos de Cañazas, Calobre, Santa Fe y San Francisco, donde se elegirá un diputado. Circuito 9-4. Comprende los distritos de Atalaya, Montijo, Río de Jesús y Mariato, donde se elegirá un diputado. Comarca Kuna Yala. Se divide en dos circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito Comprende el corregimiento de Narganá y, en el corregimiento de Ailigandí, los poblados de Airdirgandí, Irgandí, Playón Chico, Playón Grande y San Ignacio de Tupile, así como la Comarca Kuna de Madungandi, donde se elegirá un diputado. Circuito Comprende el resto del corregimiento de Ailigandí y los corregimientos de Tubualá y Puerto Obaldía, así como la Comarca Kuna de Wargandi, donde se elegirá un diputado. Comarca Ngöbe-Buglé. Se divide en tres circuitos electorales, de la siguiente manera: Circuito Comprende los distritos de Kankintu y Kusapin, donde se elegirá un diputado. Circuito Comprende los distritos de Besiko, Mirono y Nole Duima, donde se elegirá un diputado. Circuito Comprende los distritos de Müna y Ñürün, donde se elegirá un diputado. Artículo 3. La presente Ley deroga la Ley 28 de 14 de diciembre de Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobada en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil seis. La Presidenta Encargada, Susana Richa de Torrijos El Secretario General, Carlos José Smith S. ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Martín Torrijos Espino Presidente de la República Olga Gólcher Ministra de Gobierno y Justicia
8 8 2 3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO EJECUTIVO Nº 366 (de 28 de diciembre de 2006) "Por el cual se reglamenta la Ley 22 de 27 de junio de 2006 Que regula la Contratación Pública y dicta otra disposición" EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA En uso de sus facultades constitucionales y legales: CONSIDERANDO: Que mediante Ley 22 de 27 de junio de 2006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 25,576 de 28 de junio de 2006, se expidió la Ley que regula la Contratación Pública. Que es deber de la Administración Pública satisfacer las necesidades colectivas mediante la prestación de servicios públicos a la comunidad en general; y para lograr estos objetivos debe seleccionar a personas naturales o jurídicas, con las cuales contratará la adquisición de bienes y servicios, la ejecución o reparación de obras nacionales que se efectúen con fondos del Estado, de sus Entidades Autónomas, Semiautónomas, o de los Municipios, además de la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a dichas instituciones manteniendo una adecuada administración de los recursos del Estado. Que a través de los diferentes procedimientos de selección de contratistas, tales como: Contratación Menor, Licitación Pública, Licitación por Mejor Valor, Licitación para Convenio Marco, Licitación de Subasta en Reversa, Subasta de Bienes Públicos así como contrataciones directas, se selecciona la propuesta más conveniente para los intereses del Estado y la sociedad. Que el fiel cumplimiento de las reglas y principios jurídicos que regulan los procedimientos de selección de contratistas contenidos en la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que rige la preparación y ejecución de la voluntad contractual de los procedimientos antes enunciados, garantiza la participación de un mayor número de oferentes permitiendo una mayor competencia, igualdad de oportunidades, publicidad del acto público y transparencia en la gestión pública. Se obtiene un
9 9 mayor control y rendimiento de los fondos públicos que le permiten a la administración seleccionar y adjudicar la propuesta que le ofrezca mayores ventajas en cuanto a la calidad del bien licitado, del servicio requerido, capacidad técnica y financiera de los contratantes; además de ofrecer la mayor equidad y justicia para los participantes. El artículo 130 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, faculta al Órgano Ejecutivo a reglamentar todo lo concerniente a la Ley de Contratación Pública. Artículo 1: (Ámbito de aplicación) DECRETA: TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación a todos los procedimientos de selección de contratista y de contratación pública en los que sean parte las instituciones del Estado, las entidades autónomas y semiautónomas, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) o más de sus acciones o patrimonio y en general las que se efectúen con fondos públicos para: a) La adquisición o arrendamiento de bienes por parte del Estado. b) La ejecución de obras públicas. c) La disposición de bienes del Estado, incluyendo su arrendamiento. d) La prestación de servicios. e) La operación o administración de bienes. f) Las concesiones o cualquier otro contrato no regulado por ley especial. Parágrafo: A las contrataciones que realicen los municipios, las juntas comunales y locales y la Caja de Seguro Social, se les aplicará este reglamento en forma supletoria; no obstante, estas instituciones deberán someterse a las disposiciones contenidas en el artículo 124 de la Ley 22 de 27 de junio de (Art. 1 L , véase también Art. 306 y s.s. de este reglamento) CAPÍTULO II PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Artículo 2: (Principios generales de la contratación pública) Los procedimientos de selección de contratista y las contrataciones públicas en general darán cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y leyes complementarias a este reglamento y a las estipulaciones contenidas en los contratos y los pliegos de cargos. La contratación pública se regirá por los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, debido proceso, publicidad, economía y responsabilidad, de acuerdo con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, les serán aplicables las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación, los principios generales del derecho, las normas del derecho administrativo y las normas en materia civil y comercial que no sean contrarias a la Ley 22 de 27 de junio de (Art. 3 y 16 L ) Artículo 3: (Principio de transparencia) Este principio establece que deben seguirse los procedimientos que señala la ley y hacer públicas las actuaciones y decisiones de la entidad contratante cuando adelanta un proceso contractual, lo cual garantiza la selección del mejor de los proponentes u oferentes y asegura que todos los que puedan, participen y conozcan las reglas, y a la vez exige ofrecer condiciones de igualdad para los participantes, lo que facilitará la selección objetiva del contratista. Se entiende por selección objetiva, la escogencia de la propuesta fundamentada en razones técnicas, económicas y de conveniencia para la
10 10 entidad, basándose en los requisitos contenidos en el pliego de cargos y en las disposiciones jurídicas. En cumplimiento de este principio, se observarán las siguientes reglas: a) Las contrataciones que celebre el gobierno central, las entidades autónomas o semiautónomas, los municipios, las juntas comunales y locales, los intermediarios financieros, las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) o más de sus acciones o patrimonios y, en general, las que se efectúen con fondos públicos, se harán, salvo las excepciones que determine la Ley 22 de 27 de junio de 2006, mediante los procedimientos de selección de contratista. b) En los procesos de selección de contratista, los proponentes tendrán oportunidad de conocer los informes, los conceptos y las decisiones que se rindan o adopten, al acceder, a través de Internet, al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", o a través de los tableros de información que debe tener cada institución gubernamental, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones o controvertirlas. c) Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los procesos de selección de contratista estarán abiertos a cualquier persona interesada. Para lo anterior se utilizarán los medios que, para tal efecto, indica la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este Reglamento. d) Las autoridades expedirán, a costa de los participantes en el acto público o cualquier persona interesada, copia de los documentos que reposan en los expedientes de los respectivos procedimientos de selección de contratista, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes y los privilegios. e) Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ellas, salvo los de mero trámite, se motivaran en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación precontractual, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del acto. f) Las autoridades no actuarán con desviación de poder o abuso de autoridad y ejercerán su competencia exclusivamente para los fines previstos en la Ley; además les será prohibido eludir procedimientos de selección de contratista y demás requisitos exigidos en la Ley 22 de 27 de junio de (Art. 17 L ) Artículo 4: (Principio de economía) El principio de economía establece que en la selección del contratista y en la actividad contractual la entidad sea efectiva, que dedique a la actividad contractual el tiempo y los recursos físicos y humanos estrictamente necesarios, pero también que asegure que la contratación proteja efectivamente los intereses públicos, de los proponentes o contratistas y se satisfagan las necesidades que los administrados y que la entidad tienen al contratar. En cumplimiento del Principio de Economía, se aplicarán los siguientes parámetros: a) En las normas de selección y en los pliegos de cargos o en los términos de referencia, para el escogimiento del contratista, se establecerán y cumplirán los procedimientos y las etapas estrictamente necesarias, a fin de asegurar la selección objetiva de la propuesta más ventajosa para el Estado. Con este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de selección, y las autoridades estarán obligadas a dar impulso oficioso a las actuaciones. b) Las normas de los procedimientos de selección de contratista se interpretarán de manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos, o que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos, para no decidir o proferir providencias inhibitorias. c) Se tendrá en consideración que las reglas y los procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual para servir a los fines estatales, la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la protección y garantía de los derechos de los administrados. d) Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos, a fin de evitar dilaciones y retardos en la ejecución del contrato. e) Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que, con motivo de la celebración y ejecución del contrato, se presenten. f) Las entidades estatales iniciarán los procedimientos de selección de contratista o contratarán directamente, cuando así lo permita la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, siempre que cuenten con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestarias. g) El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones, variaciones o revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o requisitos diferentes a los previstos en la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 y demás disposiciones aplicables.
11 11 h) Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección de contratista, deberán elaborarse los estudios, los diseños, y los proyectos requeridos, así como los términos de referencia y el pliego de cargos, asegurándose de que su elaboración no se realice en forma incompleta, ambigua o confusa. i) La autoridad respectiva constituirá la reserva y el compromiso presupuestario requerido tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato. Los ajustes que resulten necesarios se registrarán de acuerdo con lo establecido por la ley vigente y la disponibilidad presupuestaria. j) Por ser los ajustes de precios objeto de materia presupuestaria, deberán formar parte de la ley anual que, para tales efectos, expida la Asamblea Nacional y promulgue el Órgano Ejecutivo. k) Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales y otras formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma expresa lo exijan el pliego de cargos o las leyes especiales. l) Si en el procedimiento de selección de contratista, quien convoque, presida los actos respectivos o elabore los contratos, advirtiera o se le advirtiera que se ha pretermitido algún requisito exigido por la ley, sin que contra tal acto se hubiere interpuesto algún recurso por la vía gubernativa, deberá ordenar el cumplimiento del requisito omitido o la corrección de lo actuado. Efectuada la corrección, la tramitación continuará en la fase subsiguiente a la del acto corregido. m) Las entidades estarán obligadas a recibir las cuentas presentadas por el contratista y, si a ello hubiera lugar, a devolverlas al interesado en un plazo máximo de tres (3) días, con la explicación por escrito de los motivos en que se fundamenta la determinación para que sean corregidas y/o completadas. n) La entidad licitante ordenará la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico, de oficio o a petición de parte interesada, si no se hubiera interpuesto recurso por vía gubernativa. Esta potestad saneadora se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 de la Ley No. 22 de 27 de junio de (Art. 18 L 22) Artículo 5: (Principio de responsabilidad e inhabilidades de los servidores públicos) Los servidores públicos deben actuar conforme a las reglas previamente establecidas y, en caso de violarlas y producir algún daño, deberán responder por las consecuencias y efectos de sus actos. Éstas actuaciones pueden tener efectos fiscales (en el patrimonio público), penales (cuando la conducta constituye un delito), disciplinarios (si la conducta configura una falta disciplinaria), y por cada uno de esos efectos existe un tipo diferente de responsabilidad. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuestas personas, contratos con la entidad u organismo en que trabajen, ni participar en éste en calidad de propietarios, socios o accionistas de la empresa o de administradores, gerentes, directores, o representante legal del proponente en un acto público. Esta disposición también será aplicable a los miembros de las juntas y de los comités directivos de entidades públicas y empresas en que el Estado sea parte. Los servidores públicos que participen en los procedimientos de selección de contratista y en los contratos: a) Están obligados a procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad licitante, sin perjuicio de los intereses legítimos de los contratistas y terceros. b) Serán legalmente responsables por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa. En este último caso, la actuación indebida se considerará una falta administrativa grave. c) Sus actuaciones estarán regidas por una conducta ajustada al ordenamiento jurídico, y serán responsables ante las autoridades por infracciones a la constitución o a la ley, y por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de esta. d) Será responsable por la dirección y el manejo del proceso de selección y la actividad contractual, el jefe o representante de la entidad licitante, quien podrá delegarlas en otros servidores de la entidad, sin perjuicio de las funciones de fiscalización y control que le corresponden a la Dirección General de Contrataciones Públicas. e) Los que sean integrantes de comisiones de evaluación o verificación están obligados a actuar con estricto apego a la ley y a los criterios y metodologías contenidos en el pliego de cargos. f) Los servidores públicos se abstendrán de utilizar en beneficio propio información privilegiada y mantendrán la reserva y confidencialidad de la información que pueda determinar o incidir en los resultados de un acto de selección de contratista. (Art. 19 L ) Artículo 6: (Principio de eficacia)
12 12 Los sujetos del procedimiento de selección de contratista, deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto de contratación sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes de la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento de selección de contratista, ni causen indefensión a los interesados. Los parámetros para la aplicación de este principio son los siguientes: a) Los funcionarios deberán observar las normas aplicables a los procedimientos de selección de contratistas sin añadir requisitos y eliminando las formalidades no exigidas por la ley. b) Los funcionarios de las entidades contratantes deberán concebir el procedimiento de selección de contratista como un medio, y no como un fin en sí mismo. (Art. 16 L ) Artículo 7: (Principio de publicidad) Todas las entidades reguladas por la Ley 22 de 27 de junio de 2006 están obligadas a divulgar toda la información relacionada con los procedimientos de selección de contratista. La Dirección General de Contrataciones Públicas debe garantizar que los procedimientos de selección de contratistas que celebren las diferentes instituciones del Estado sean debidamente publicitados y motivados por las entidades contratantes de conformidad con los mecanismos que establece la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este reglamento. Por consiguiente, podrán ser conocidos por los proponentes, contratistas y terceros interesados en los mismos a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" y a través de los tableros informativos en las instituciones respectivas. Los parámetros para la aplicación de este principio son los siguientes: a) Los funcionarios de las entidades contratantes deberán dar publicidad a los procedimientos de selección de contratista por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" y en los tableros informativos, de manera que el más amplio grupo de posibles proponentes y el público en general se entere. b) Los funcionarios de las entidades contratantes deberán preparar los pliegos de cargos y demás documentos en un lenguaje claro, preciso y conciso. c) Los actos de apertura de propuestas y los realizados por vía electrónica deben ser abiertos al público, tanto presencial como electrónicamente. d) Es responsabilidad de los funcionarios públicos de las entidades contratantes poner a disposición de los posibles proponentes los pliegos de cargo y demás información relevante desde el momento en que se anuncia la convocatoria del acto público respectivo en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra". e) Los funcionarios públicos están obligados a elaborar los instructivos y manuales de forma clara y concisa. (Art. 16 L , véase también los Arts. 31 y 42 de este reglamento) Artículo 8: (Principio de eficiencia) Se entiende que es eficiente la actividad cuando se utilizan la capacitación y los medios adecuados para cumplir las tareas y obligaciones con ahorro de tiempo y de gastos, simplificando los procedimientos burocráticos. Los parámetros para la aplicación de este principio son los siguientes: a) La Dirección General de Contrataciones Públicas deberá capacitar al personal que permita su funcionamiento y el de las demás entidades contratantes, para que puedan ejecutar exitosamente los principios establecidos en la Ley 22 de 27 de junio de b) Los funcionarios de las entidades contratantes deberán escoger los medios que permitan realizar sus tareas y obligaciones de manera diligente. c) La Dirección General de Contrataciones Públicas adoptará mediante resueltos e instructivos, las medidas para que todas las entidades contratantes simplifiquen los trámites y eliminen los requisitos burocráticos. (Art. 16 L ) Artículo 9: (Principio del debido proceso)
13 13 El debido proceso establece que todas las personas tienen derecho a las garantías esenciales, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo en los procedimientos de selección de contratista, y en las demás etapas de la contratación pública y permitirle ser oído y hacer valer sus derechos ante la entidad licitante, la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Los parámetros para la aplicación de este principio son los siguientes: a) Los funcionarios públicos observaran las reglas del debido proceso en todas las etapas del procedimiento de la contratación pública. b) Los funcionarios están obligados a admitir los reclamos y conceder los recursos, conforme lo dispuesto en la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este reglamento. c) Los funcionarios están obligados a contestar en tiempo oportuno los reclamos y los recursos de conformidad con lo que establece la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este reglamento. (Art. 16 L ) Artículo 10: (Equilibrio contractual) CAPÍTULO III DE LAS NORMAS COMUNES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA En los contratos públicos de duración prolongada, se podrán pactar cláusulas y condiciones encaminadas a mantener, durante la vigencia del contrato, el equilibrio contractual existente al momento de celebrar el contrato de que se trate, con la finalidad de que, si tales condiciones se rompen por causas extraordinarias e imprevisibles, este se pueda modificar para mantener tal equilibrio. Las partes podrán suscribir acuerdos y pactos que sean necesarios para restablecer el equilibrio contractual, incluyendo montos, condiciones, forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, en la forma prevista en la modificación del contrato, cuyo pago adicional, si lo hubiera, se realizará de la manera establecida en el contrato modificado y de acuerdo con las disposiciones sobre erogaciones previstas en el Presupuesto General del Estado de la vigencia en que se deba hacer dicha erogación. (Art. 20 L ) Artículo 11: (Interpretación de las reglas contractuales) En la interpretación de las normas sobre contratos públicos, de los procedimientos de selección de contratista, de los casos de excepción de procedimiento de selección de contratista y de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrán en consideración los intereses públicos, los fines y los principios de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, así como la buena fe, la igualdad y el equilibrio entre las obligaciones y los derechos que caracterizan los contratos conmutativos. (Art. 21 L ) Artículo 12: (División de materia) No se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda. En caso de existir división de materia, la adjudicación será nula de pleno derecho. La nulidad absoluta de la adjudicación no será aplicable si contratista no participó de la división de materia. En ambos casos, al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes (Art. 22 L ) Artículo 13: (Presunción de división de materia) Se presume que existe división de materia cuando una entidad suscribe contratos por un mismo producto o servicio en un término de tres (3) meses en el mismo período fiscal, cuando sumadas las cuantías de estas propuestas o contratos, éstas superan la suma de TREINTA MIL BALBOAS (B/30,000.00) en dicho período. También se considerará que existe división de materia, cuando la entidad para evadir la competencia, realice contrataciones directas por un mismo producto o servicio en el mismo período fiscal, cuando sumadas las cuantías de estas contrataciones, estas deben ser autorizadas por el Consejo Económico Nacional, si la cuantía de la contratación
14 14 supera los TRESCIENTOS MIL BALBOAS (B/.300, 000,00) o por el Consejo de Gabinete si la cuantía supera los TRES MILLONES DE BALBOAS (B/.3,000,000.00). (Arts. 22 y 57 L ) Artículo 14: (Facultades de la Dirección General de Contrataciones Públicas en casos de división de materia) La Dirección General de Contrataciones Públicas en su condición de fiscalizador de los procesos de selección de contratista, ya sea de oficio o a petición de parte interesada, determinará si existe una violación al principio de división de materia y ejecutará las medidas que correspondan, tales como: a) Ordenar la suspensión del trámite realizado. b) Solicitar las explicaciones a la entidad. c) Ordenar la realización del procedimiento de selección de contratista que corresponda. d) Verificar lo actuado por la entidad. La decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas será comunicada a la entidad contratante. (Art. 22 L ) Artículo 15: (No aplicación del criterio de división de materia) En el caso de órdenes de compra o contratos producto de convenio marco, no se aplicará el criterio de división de materia. (Art. 22 L ) Artículo 16: (Disponibilidad presupuestaria) Cuando el contrato haya de obligar a una entidad licitante al pago de alguna cantidad, se acreditará al expediente respectivo la partida presupuestaria correspondiente, indicándola en los documentos de la contratación, o se consignará la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, de que se dispondrá, en el momento oportuno, de las partidas presupuestarias suficientes para dar cumplimiento al contrato de que se trate. En este caso, la entidad deberá solicitar autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la relación de las cantidades que deberán ser canceladas dentro del período fiscal correspondiente, atendiendo a las normas presupuestarias vigentes. (Art. 23 L ) Artículo 17: (Disponibilidad presupuestaria en períodos fiscales distintos) Cuando la ejecución de un contrato corresponda a un período fiscal distinto o más de un período fiscal, se podrá realizar el procedimiento de selección correspondiente, atendiendo las disposiciones contenidas en la Ley de presupuesto vigente. La Contraloría General de la República podrá dar su refrendo al contrato respectivo, aunque no exista en el presupuesto de ese año la partida para la ejecución de la obra, siempre que el contrato estipule claramente las cantidades que deberán ser pagadas con cargo al ejercicio fiscal de que se trate, y se cuente con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas de que se dispone del correspondiente financiamiento. (Art. 23 L ) CAPÍTULO IV DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Artículo 18: (De la Dirección General de Contrataciones Públicas) Mediante Ley 22 de 27 de junio de 2006 se crea la Dirección General de Contrataciones Públicas como entidad autónoma, con patrimonio propio, personería jurídica, autonomía en su régimen interno e independencia en el ejercicio de sus funciones, que tendrá facultad para regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratista que realicen las instituciones estatales, sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a las políticas del Órgano Ejecutivo, para lo cual el enlace será el Ministerio de Economía y Finanzas. (Art. 8 L ) Artículo 19: (Funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas) Son funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas las siguientes:
15 15 a) Absolver las consultas en materia de implementación y aplicación de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este reglamento. b) Dictar actos administrativos que garanticen la aplicación de la c) Ley y este reglamento, y que posibiliten el funcionamiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y su interrelación con los demás organismos a quienes se les aplica la Ley 22 de 27 de junio de d) Asesorar a las entidades públicas en la planificación y gestión de sus procesos de contrataciones. e) Implementar y establecer las condiciones de funcionamiento y de organización del registro de proponentes para contrataciones electrónicas, del registro de contratos y del registro de contratistas inhabilitados y sancionados. f) Estandarizar los aspectos generales de los pliegos de cargos de cada tipo de acto público y de cada modo de contratación, incluyendo los formularios e instructivos. g) Emitir las políticas y los lineamientos generales para el diseño, la implementación, la operación y el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", en coordinación con la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. h) Realizar las licitaciones para convenio marco, de acuerdo con lo que establece la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este reglamento. i) Confeccionar, estructurar y administrar el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios. j) Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad de oferentes. k) Ejercer una labor de difusión hacia los proveedores potenciales de la Administración, de las normativas, los procedimientos y las tecnologías utilizados por esta. l) Resolver, en única instancia, las acciones de reclamo que se presenten en los procesos de selección de contratista efectuados por las entidades públicas. m) Ordenar la realización de trámites fijados por los distintos procedimientos de selección de contratista que hayan sido omitidos, así como la corrección o suspensión de aquellos realizados en contravención a la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este reglamento, de oficio o a petición de cualquiera de los participantes en tales procedimientos. n) Fiscalizar los procesos de selección de contratista, contratación directa, y todo tipo de contrataciones públicas que celebren las entidades públicas. o) Ejercer las demás atribuciones que le sean conferidas por la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este reglamento. Corresponde a la Dirección General de Contrataciones Públicas el desarrollo, la organización, la operación, el control de los procesos y recursos, la evaluación permanente, la fiscalización y todo lo relativo a la administración eficaz del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", con el apoyo de la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. (Art. 9 L , véase también los Arts. 14, 32 y 33 de este reglamento) Artículo 20: (Departamentos o direcciones de compras institucionales) Los departamentos o las direcciones de compras institucionales se constituyen en enlaces entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y las dependencias de la institución, y serán responsables por el cumplimiento de las políticas, los lineamientos y las directrices que sean establecidos por esta Dirección, y la ejecución de todos los procesos de contrataciones públicas objeto de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y este reglamento. (Art. 10 L , véase también los Arts. 32 y 33 de este reglamento) Artículo 21: (Representación legal) La Dirección General de Contrataciones Públicas estará a cargo de un Director General, quien ejercerá su representación legal y será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. El nombramiento del Director General estará sujeto a la ratificación de la Asamblea Nacional. (Art. 8 L ) TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES
16 16 Artículo 22: (Definición de entidades contratantes) CAPITULO I DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES Entidad contratante es el ente público que suscribe un contrato de acuerdo con los procedimientos y normas constitucionales y legales, previo el cumplimiento del procedimiento de selección de contratista establecido en la Ley 22 de 27 de junio de 2006, o la correspondiente excepción de este, de ser procedente. (Art. 2, numeral 20 L ). Artículo 23: (Derechos de las entidades contratantes) Son derechos de las entidades contratantes los siguientes: a) Exigir al contratista y al garante de la obligación, según sea el caso, la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. b) Repetir contra el contratista o los terceros responsables, según sea el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia del incumplimiento del contrato o su ejecución, sin perjuicio de la ejecución de la garantía. (Art. 11 L ) Artículo 24: (Obligaciones y deberes de las entidades contratantes) Son obligaciones y deberes de las entidades contratantes las siguientes: a) Acatar las instrucciones y los dictámenes emanados de la Dirección General de Contrataciones Públicas, las cuales serán de obligatorio cumplimiento. b) Obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés público, cumpliendo con las disposiciones de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de Contratación Pública, este reglamento y el pliego de cargos o términos de referencia. El mayor beneficio para el Estado se obtiene cuando a un precio razonable y competitivo se logra la mejor calidad posible. c) Seleccionar al contratista en forma objetiva y justa. Es objetiva y justa la selección en la cual se escoge la propuesta más favorable a la entidad y a los fines que ésta busca, con base en lo estipulado en el pliego de cargos y en las disposiciones jurídicas. Esta obligación también le corresponde a los funcionarios de la entidad licitante. d) Revisar periódicamente las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados, a fin de verificar que cumplan las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, debiendo promover las acciones de responsabilidad contra ellos y/o sus garantes cuando dichas condiciones sean incumplidas, de conformidad con el contrato y el pliego de cargos. e) Adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras prevalecientes al momento de contratar y de realizar sus modificaciones, cuando así estén autorizadas por la ley o el contrato, de acuerdo con el pliego de cargos. f) Cumplir con las obligaciones que contractualmente les correspondan, de forma que el contratista pueda ejecutar oportunamente lo previsto en el contrato y en el pliego de cargos. g) Proceder oportunamente para que las actuaciones imputables a las entidades públicas no causen una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. h) Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieran presentarse, acordando los mecanismos y los procedimientos pertinentes para prevenir o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse, de conformidad con el contrato y el pliego de cargos. i) Recibir las cuentas presentadas por el contratista y, si a ello hubiera lugar, a devolverlas al interesado en un plazo máximo de tres (3) días, con la explicación por escrito de los motivos en que se fundamenta la determinación para que sean corregidas y/o se completen. j) Recibir los bienes, los servicios y las obras por parte del contratista y emitir el documento de recepción en la forma y dentro del plazo señalado en el artículo 80 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de Contratación Pública. k) Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el pliego de cargos y en el contrato respectivo. Si dichos pagos los realiza la entidad contratante en una fecha posterior a la acordada, por causa no imputable al contratista, éste tendrá derecho al pago de los intereses moratorios, con base a lo preceptuado en el artículo 1072-A del Código Fiscal. Esto también aplica en caso de que un contratista no pueda ejecutar las obras en el término pactado, debido al incumplimiento de las responsabilidades de la entidad, estipuladas en el contrato o pliego de cargos respectivo.
1. Introducción: Este procedimiento permitirá de manera expedita, la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo monto este en el rango de tres mil (B/.3,000.00) a treinta mil balboas (B/.30,000.00).

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 Artículo 4
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 Artículo 24
 artículo 80
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