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Timestamp: 2019-12-10 19:48:17+00:00

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Normativa Impuesto sobre la renta : Godoy & Hoyos abogados
Godoy & Hoyos abogadosNoticiasNormativa Impuesto sobre la renta
· Frente a la contribución parafiscal para la promoción del turismo, se incluyen 3 nuevos aportantes, estableciendo que las entidades obligadas al pago de la contribución, son las siguientes:
o Los hoteles, centros vacacionales y servicios de alojamiento prestados por clubes sociales.
o Las viviendas dedicadas ocasionalmente al uso turístico o viviendas turísticas, y otros tipos de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por horas.
o Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras.
o Las oficinas de representaciones turísticas.
o Las empresas dedicadas a la operación de actividades de turismo de naturaleza o aventura, tales como canotaje, balsaje, espeleología, escalada, parapente, canopy, buceo y deportes náuticos en general.
o Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, excepto las universidades e instituciones de educación superior y los medios de comunicación que realicen actividades de esta naturaleza cuando su objeto o tema sea afín a su misión.
o Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.
o Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas.
o Las empresas comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad.
o Los bares y restaurantes turísticos clasificados como tal, de acuerdo a resolución emanada del Ministerio de comercio, industria y turismo.
o Los centros terapéuticos o balnearios que utilizan con fines terapéuticos aguas, minero-medicinales, tratamientos termales u otros medios físicos naturales.
o Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados.
o Los parques temáticos.
o Los concesionarios de aeropuertos y carreteras
o Las empresas de transporte de pasajeros: aéreas y terrestres, excepto el transporte urbano y el que opera dentro de áreas metropolitanas o ciudades dormitorio.
o Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico.
o Los concesionarios de servicios turísticos en parques nacionales que presten servicios diferentes a los señalados en este artículo.
o Los centros de convenciones.
o Las empresas de seguros de viaje y de asistencia médica en viaje.
o Las sociedades portuarias, marinas o puertos turísticos, por concepto de la operación de muelles turísticos.
o Los establecimientos del comercio ubicados en las terminales de transporte de pasajeros terrestre, aéreo y marítimo.
o Las empresas operadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad.
o Las empresas asociativas de redes de vendedores multinivel de servicios turísticos.
o Los guías de turismo.
1. Impuesto de industria y comercio (ICA)
1.1 Mediante la Ley 1559 de 2012, se establece la base gravable del impuesto de industria y comercio, para los distribuidores de productos gravados con el impuesto al consumo
· Se dispone que la base gravable del impuesto de Industria y Comercio de los distribuidores de productos gravados con el impuesto al consumo, serán los ingresos brutos, entendiendo por estos el valor de los ingresos por venta de los productos, además de los otros ingresos gravables que perciban, de acuerdo con las normas vigentes, sin incluir el valor de los impuestos al consumo que les sean facturados directamente por los productores o por los importadores correspondientes a la facturación del distribuidor en el mismo período.
· Se le consulta a la DIAN, a la luz del Convenio para Evitar la Doble Imposición celebrado ente la República de Colombia y el Reino de España (en adelante CDI), cuál es el tratamiento tributario aplicable a una sociedad con residencia en España que percibe utilidades en su calidad de socio oculto de un contrato de cuentas en participación, al que ha aportado un intangible.
· Al respecto, la Administración considera que según el artículo 7 del CDI, las rentas generadas por las actividades económicas de una empresa solo pueden ser gravadas por el Estado de residencia de dicha empresa. La excepción a esta regla es la realización de actividades por parte de una empresa de un Estado contratante en el otro Estado – Estado de la fuente – a través de un Establecimiento Permanente situado allí. En tal caso, podrán ser gravadas en el Estado donde se generaron – Estado de la fuente –, pero solo en la medida en que sean imputables al establecimiento permanente situado allí. A su turno, manifiesta la DIAN que el artículo 5 del Convenio define el concepto de establecimiento permanente como “un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad”.
· Por otra parte, según los supuestos proporcionados por el consultante, la sociedad con residencia en España aportará una propiedad intelectual (plataforma de sistemas y software); la sucursal de sociedad extranjera aportará las máquinas tragamonedas, y la sociedad colombiana aportará su know-how en el negocio de casinos. Se tiene entonces por la DIAN, que la sociedad con residencia en España aportará propiedad intelectual para ser explotada en locales o casinos en Colombia.
· A su vez, la DIAN entiende que la ubicación o lugar en donde se realiza la actividad de explotación del intangible por parte de la empresa Española, esto es, casinos en Colombia, constituye un lugar fijo en los términos del artículo 5 del referido Convenio, en criterio de la Administración.
· Ahora, con respecto a la siguiente condición implícita en la definición de establecimiento permanente, referente al grado de permanencia del lugar fijo de negocios, la DIAN entiende que debe atenderse al objeto de la actividad desarrollada por las empresas involucradas de acuerdo a lo pactado por ellas en el contrato de cuentas en participación. Conforme con lo manifestado por el peticionario, la actividad realizada por los participes en el contrato de cuentas en participación es la explotación de maquinas tragamonedas en Colombia, en casinos ubicados en Colombia.
· En el caso bajo estudio, la DIAN entiende que la actividad de “explotación conjunta del negocio de máquinas tragamonedas en Colombia”, tiene un grado de permanencia en el tiempo, pues se trata de la realización de una actividad empresarial de manera indeterminada en un lugar fijo en el territorio colombiano, cumpliéndose así con la condición de permanencia requerida para la existencia de un establecimiento permanente.
· Así las cosas, la Administración considera que partiendo del supuesto planteado por el peticionario, en el cual se aporta un intangible a un contrato de cuentas en participación, se debe evaluar el grado y naturaleza de la participación del aportante del intangible en el contrato, con el fin de determinar si se trata del simple uso de equipos o intangibles por terceros, caso en el cual procederá la aplicación de otros artículos del convenio, o si se está en presencia de la realización de actividades empresariales.
· En este punto, la DIAN entiende que la esencia económica del contrato de cuentas en participación consiste en la explotación en común de una actividad o empresa, en la cual uno de los participes actúa en calidad de gestor o administrador de esa empresa con el fin de repartir los beneficios de la misma en función de los aportes realizados o, en otras palabras, la organización entre varios entes de una actividad específica para la producción, transformación, circulación o prestación de servicios. En consecuencia, se considera que cada uno de los participes en el contrato de cuentas en participación realiza toda o una parte de su actividad empresarial, la cual es administrada o ejecutada por el socio gestor.
· Acudiendo a los comentarios de la OCDE sobre el modelo de convenio para evitar la doble imposición, la DIAN entiende que cuando una empresa de un Estado contratante a través de un lugar fijo de negocios mantenido en el otro Estado cede o alquila a terceros activos materiales — como instalaciones, equipos industriales, comerciales o científicos, inmuebles — o activos inmateriales — como patentes, procedimientos de fabricación o activos similares — esta actividad conferirá, en general, al lugar de negocios el carácter de establecimiento permanente. En consideración a lo anterior, la DIAN considera que el vínculo jurídico y económico asociado a la cesión del intangible va mas allá de permitir el simple uso del mismo, involucrando la “explotación conjunta del negocio de máquinas tragamonedas en Colombia” realizada en ejecución de un contrato de cuentas en participación.
· En consecuencia, en criterio de la DIAN, en el caso planteado se dan las condiciones de existencia de un establecimiento permanente pues se está en presencia de la realización de una actividad empresarial por parte de la empresa española aportante del intangible en el contrato de cuentas en participación, en un lugar fijo y con carácter de permanencia, por lo que -son aplicables las disposiciones de los artículos 5 y 7 del CDI.
· Se le consulta a la DIAN si en virtud de lo establecido en el convenio celebrado entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición (en adelante CDI), aprobado mediante la Ley 1344 de 2009, los intereses pagados a una sociedad vinculada con residencia en Suiza por préstamos de que trata la Resolución 5 del 20 de octubre de 2011 y la Resolución DCIN 83 de la misma fecha del Banco de la República son deducibles, y si sobre los mismos intereses es aplicable lo establecido en el artículo 11 del CDI. De igual manera, se cita el artículo 85 del Estatuto Tributario.
· Previamente, la Administración aclara que el CDI entre Colombia y Suiza, fue promulgado junto con su Protocolo, mediante Decreto 469 publicado en el Diario Oficial No 48364 del 6 de marzo de 2012. Este convenio entró en vigor a partir del 11 de septiembre de 2011 y sus disposiciones tienen efecto a partir del 1 de enero de 2012.
· La DIAN observa entonces que los cambios introducidos al régimen cambiario, se refieren de manera general a diversas operaciones cambiarias dentro de las cuales se pueden encontrar algunas que de manera específica regula el CDI. Por tal razón, con el objeto de determinar en que casos procede o no la aplicación del Convenio, debe atenderse a su texto, tomando en consideración las condiciones allí señaladas.
· Ahora, conforme con al texto del CDI, la Administración considera que si se trata de pago de intereses generados por las operaciones taxativamente enunciadas en el Convenio, efectuado por parte de un deudor residente en Colombia a un acreedor residente en la Confederación Suiza y se cumpla con las condiciones y calidades allí señaladas, esto es, que el acreedor sea el beneficiario efectivo de tales intereses, que sea una institución de crédito, que se trate de operaciones realizadas por intermedio de corporaciones financieras y bancos constituidos conforme con las leyes colombianas, el Estado como beneficiario etc., al momento de efectuar el pago no será procedente practicar retención en la fuente, pues tales intereses únicamente son gravados en el Estado contratante de residencia del acreedor – residente suizo -, y no en Colombia, Estado de residencia del deudor.
· Por otra parte, la DIAN entiende que en virtud del principio de “no discriminación” establecido en el CDI, los intereses pagados por un residente en Colombia a favor de residente en Suiza son deducibles en las mismas condiciones que si se hubieren pagado a un residente en Colombia. Adicionalmente, no están sometidos a retención cuando en virtud del Convenio deben gravarse únicamente en Suiza. Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones sobre precios de transferencia aplicables a operaciones realizadas con vinculados económicos del exterior contenidas en la legislación Colombiana.
· Finalmente, la Administración considera que el CDI define como residentes a las personas que estén sujetas a imposición en un Estado. De igual manera, se incluye dentro de la definición de residente al mismo Estado y a cualquier subdivisión política o autoridad local. En consecuencia, aquellas personas de un Estado contratante que tengan el carácter de no contribuyentes, no se consideran como residentes para efectos de la aplicación del Convenio.

References: resolución 
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 85