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Timestamp: 2017-08-20 13:29:46+00:00

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Fuerzas de Defensa República Argentina :: Fuerzas de Defensa de la República Argentina :: Historia Militar Argentina
por Esteban McLaren el Miér Dic 11, 2013 8:48 am
En momentos aciagos para nuestra patria, cuando seudo-historiadores revisionistas tratan de imponer SU vision revisionista d ela historia,es importante mantener fresca en la ,memoria de aquellos quienes aun no han sido sometidos a un lavado de cebero por los transitorios ocupantes de la Cacs Rosada y sus esbirros. Esta es la intencion de este tema que abro.
La disputa de límites entre la Argentina y Chile: el debate Quesada-Amunátegui
Como se dijo en un capítulo anterior, en 1875 se reanudó la discusión sobre los títulos históricos a la parte austral del continente, al publicar Vicente Gregorio Quesada su obra La Patagonia y las tierras australes del continente americano. A esta siguió una nueva respuesta del ya conocido jurista chileno Miguel Luis Amunátegui bajo el título de La Cuestión de Límites entre Chile y la Argentina, aparecida en Santiago en 1879. El análisis de las obras mencionadas permite afirmar que ambos estudiosos estructuraron sus argumentos en base a las jurisdicciones de territorios sin ocupar que la Corona española otorgaba a los conquistadores. El punto de partida -que ambos juristas compartían- era que la Argentina y Chile eran herederos de los dominios adjudicados por la Corona española a cada jurisdicción colonial. Dicho criterio de partida era el uti possidetis iuris, criterio razonable respecto de aquellas tierrras que habían sido bien exploradas y en alguna medida ocupadas. Pero resultaba altamente problemático y confuso aplicar el uti possidetis para el caso de los territorios del sur, alegando títulos históricos que, por cierto, se superponían y contradecían. (1)
"Por el polo antártico o del sur, no se sabe hasta dónde corre la tierra que llaman de Patagones, i estrecho de Magallanes; pero tiénese por cierto que, por frías que sean estas rejiones, se han de hallar pobladas, y continuadas, como las que caen en el otro debajo de la fríjida zona. I por aquí dicen Henrico Martínez, Ortelio i otros, que se juntan con la Nueva Guinea e islas de Salomon, fronterizas del Perú y reino de Chile." (2)
El humanista venezolano Andrés Bello, establecido en Chile a partir de 1829, también aportó su tesis al debate. En su opinión existían áreas en América Latina que en la época colonial habían estado abandonadas, y que en consecuencia eran res nullius, en cuanto nadie ejercía derecho de ocupación sobre ellas y, por lo tanto, consideraba el criterio del uti possidetis iuris como inaplicable en el caso de territorios coloniales que no hubieran estado efectivamente poblados. Esta tesis de Bello influyó notoriamente en el Sarmiento periodista emigrado en Chile de las décadas de 1840 y 1850. Sarmiento utilizó y modificó la tesis de Bello para dudar de los derechos argentinos sobre la Patagonia y adjudicar el estrecho -y eventualmente la Patagonia- a Chile, argumentando que esas áreas australes no eran vitales para la Argentina, cuyo gobierno "no es capaz de conservar poblado el que le dejó sometido y pacífico la España", y sí lo eran para Chile. Sarmiento se basaba en el principio de que "un territorio limítrofe pertenecerá a aquel de los dos estados a quien aproveche su ocupación, sin dañar ni menoscabar los intereses del otro", en cambio Bello consideraba precisamente la Patagonia como res nullius o tierra de nadie. ¿Qué título histórico podía alegarse como legítimo en aquellos casos, si los existentes eran más bien contradictorios y su
perpuestos? (3)
Por cierto, la Patagonia estuvo prácticamente desocupada también en la etapa independiente de ambos países. Como reconoce el historiador chileno Francisco Encina, en las constituciones chilenas de 1822 (promulgada por Bernardo O' Higgins), de 1823 y 1828 (redactadas por Juan Egaña y José Joaquín de Mora, respectivamente) no existía referencia a la Patagonia y Tierra del Fuego, ignoradas entre 1817 y 1830. (4)
Asimismo Encina sostiene que en la correspondencia de Juan Manuel de Rosas con José Antonio Zúñiga, el primero, al menos hasta 1830, creía que la Confederación Argentina lindaba al sur con la Patagonia, y le señalaba la misma frontera con Chile que la que aparece en la copia del mapa de Cano y Olmedilla remitida por el rey a don Pedro de Cevallos en 1775. Es más: en toda la correspondencia que sostuvo con Zúñiga, Rosas partía de la base de que el cacique Pincheira actuaba en territorio no sujeto a jurisdicción argentina. (5)
"Bien conocí desde los principios, que el poblar la costa Patagónica, tenía por objeto acreditar mejor la posesión de ella, y evitar que otras naciones se colocasen en algun punto de la misma, por donde pudiesen introducirse á los Reinos del Perú y Chile; pero esto parece difícil, por la calidad de sus terrenos, por falta de buenos pastos (...)A vista de esto, parecía como preciso el abandonar el establecimiento de la Bahia de San Julian, dejando en él una columna ó pilastra que contuviese las armas reales, y una inscripcion que acreditase la pertenencia de aquel terreno (...) (Documento oficial) (6)
Como bien señala el informe, el Rey español tenía la intención primaria de evitar la intervención de otras potencias extranjeras en la región austral. Esto lo llevó a alentar a varios conquistadores a explorar y poblar la misma. Incentivos sucesivos fueron otorgados a través de capitulaciones y reales cédulas sin obtener resultado efectivo. Como corolario de este interés primario de la Corona tan difícil de concretar en el caso de zonas inhóspitas como la Patagonia, las superposiciones y contradicciones entre los documentos reales era lógica. Si bien Quesada presentaba un número importante de testimonios referentes al establecimiento de colonias sobre las costas patagónicas cuyo emprendimiento partió de Buenos Aires, especialmente luego de la creación del Virreinato del Río de la Plata, también existieron informes -como el citado arriba- igualmente relevantes que planteaban la descolonización de dicha región. Tras el examen de la documentación presentada por Quesada durante la época virreinal queda claro que el tema de poblar o no la Patagonia constituyó un verdadero dilema para las autoridades coloniales. Esta idea resulta bastante distinta de la imagen que Quesada o el propio Amunátegui pretendieron plantear acerca de una política permanente de ocupación de la región patagónica por parte de las autoridades, fueran éstas de Buenos Aires, Montevideo o Santiago de Chile -esta tercera opción bastante más improbable por cuestión de distancias-. Más bien la política de ocupación y colonización de la Patagonia desde Buenos Aires tuvo un carácter errático, como parece probarlo la real orden expedida el 8 de febrero de 1784, cuyo texto que se reproduce en su totalidad, señalaba lo siguiente:
" Real Orden- En consecuencia de la Real Orden que con esta fecha comunico á V.E. sobre el reintegro de don Juan de la Piedra á la Comision de Superintendente de la Costa Patagónica, y los demas particulares que comprehende la soberana resolucion de S.M. dada sobre consulta del Consejo pleno de Indias, debo prevenir tambien á V.E. que el ánimo, y el objeto del Rey, bien esplicados en su Real cédula de catorce de mayo de mil setecientos setenta y ocho, se dirigieron á impedir, por medio de algunos establecimientos en dicha costa, que cualquier nacion estrangera se pudiese situar en ella, y que se facilitase con el tiempo hacer la pesca de la Ballena, por ser este un ramo de comercio que produciria grandes beneficios á la nacion, ó procuraria á esta otras ventajas y aprovechamientos. Y como despues de haber hecho varios reconocimientos, asi en el Puerto de San José, y Río Negro, como en otras diferentes Bahias hasta mas allá de San Julian, propuso don Juan José de Vertiz en su carta de veinte y dos de febrero del año proximo anterior, que se renunciase á los establecimientos erigidos en la espresada Bahia de San Julian, y otros de aquellos parajes, por conceptuarlos inútiles, y gravosos á ese Real Erario, segun los informes que se le habian hecho; quiere el Rey que, sinembargo de haberse aprobado en Real órden de primero de agosto del mismo año lo que sobre este punto consultó Vertiz, reconozca y examine V.E. con la refleccion y exactitud, que le son propias, todos los documentos y planos que existen en la secretaría, y Archivo de ese Vireinato relativos á ese importante asunto, tomando las demás noticias que estimare precisas; y que bien meditado todo, especialmente los dictámenes que dieron á su antecesor el brigadier don José Custodio de Sáa y Faria, y el capitan de navio don Pedro de Cárdenas, sobre la Bahia y Puerto de San José, esponga V.E. el juicio que formare en cuanto á su abandono y el de los otros establecimientos de la Bahia de San Julian, y Puerto Deseado, como tambien sobre la reduccion de el del Rio Negro, á fin de que bien enterado S.M. pueda resolver con el debido conocimiento si han de quedar enteramente abandonados y desiertos los referidos parajes, ó si convendrá volver á erigir pequeñas poblaciones en algunos de ellos, cuando lo permitan los grandes gastos y empeños con que se halla gravada esa Real Hacienda de resultas de la guerra última y de las conmociones internas DE ESA PROVINCIA-Dios guarde á V.E. muchos años-El Pardo, ocho de febrero de mil setecientos ochenta y cuatro-Josef de Galvez-Señor marqués de Loreto." (7)
El punto fuerte de la argumentación argentina residía en que con posterioridad a la creación del Virreinato la mayor parte de las expediciones a la costa patagónica se pusieron a cargo de Buenos Aires, y ello era lógico desde un punto de vista estrictamente geográfico. Buenos Aires quedaba más cerca que Santiago si la meta era dicha costa. La lógica del argumento se potenciaba teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la navegación de la época. Quesada testimoniaba un conjunto de expediciones a las costas patagónicas. Entre las mismas cabe citar la expedición del Superintendente Juan de la Piedra, que partió de Montevideo el 17 de diciembre de 1778, y las actas de fundación de San Julián, Santa Elena, Puerto Deseado y San Gregorio el 1º de abril de 1780, en la costa atlántica sur, por disposición del Virrey del Río de la Plata. (
" El procurador síndico hace notar que las poblaciones en la costa Patagónica son ineficaces, sino se les sostienen con la poblacion interior; por que esas colonias aisladas no solo son escesivamente dispendiosas, sino espuestas en caso de ataque.El mayor inconveniente de las invasiones de los indios consiste, dice «en que tienen un mercado para sus robos en Chile, con cuyo aliciente la guerra se hace interminable».
A estos testimonios de Quesada respecto de la presencia argentina en la Patagonia, Amunátegui oponía el mapa de Cano y Olmedilla de 1775 -el argumento más fuerte a favor de Chile-, pues en el mismo aparecía la Patagonia y el estrecho de Magallanes como territorios chilenos. Dicho testimonio cartográfico se titulaba "Mapa Geográfico de la América Meridional dispuesto y gravado por don Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, Geógrafo Pensionado de S.M.", y dividía al "Reyno de Chile" en "Chile Antiguo" por el norte y "Chile Moderno" por el sur. Respecto del "Chile Moderno", el mapa incluía una leyenda que decía "Chile Moderno, que los geógrafos antiguos llamaron Tierra Magallánica, de los Patagones y de los Césares, tan celebrados del vulgo cuando no hai en estos países naciones más crecidas que los Aucas, Puelches, Toelches y Serranos, de quienes demanan otras parcialidades que tratan con los Españoles". Este mapa anulaba la hipótesis de que la Patagonia hubiera estado incluida en la gobernación de Buenos Aires antes de la creación del Virreinato. (10)
El mapa de Cano y Olmedilla de 1775 fue el testimonio que permitió al canciller chileno Adolfo Ibáñez sostener en una nota del 28 de enero de 1874 que el límite más austral de la provincia de Buenos Aires era el Río Negro.
Quesada oponía al mapa de Cano y Olmedilla -anterior a la creación del Virreinato del Río de la Plata-, dos mapas posteriores -al de Cano y Olmedilla y a la creación de dicho Virreinato-: uno, levantado por el escritor y geógrafo don Miguel de Lastarria, y otro, por el virrey del Perú. En ninguno de ellos -sostenía Quesada- se le demarcaba territorio a Chile al oriente de los Andes. (11)
Resultaba éste un interesante caso de mapas contradictorios, y reveladores del escaso conocimiento del terreno patagónico por parte de las autoridades coloniales. En su deseo de refutar la validez del mapa de Cano y Olmedilla, Quesada oponía una segunda argumentación: que el mapa presentado por Chile era de 1775, no exhibía título ni resolución real y que era anterior a la cédula de creación del Virreinato del Río de la Plata del 1º de agosto de 1776.
Por el lado chileno, Amunátegui argumentaba en forma igualmente poco convincente que los derechos chilenos se remontaban a una serie de capitulaciones y cédulas reales, algunas de ellas perdidas, muchas de ellas incentivos no logrados por falta de recursos para concretar la ocupación de las jurisdicciones otorgadas. Entre dichos documentos, Amunátegui presentaba la capitulación de la Corona española con Simón de Alcazaba correspondiente al 21 de mayo de 1534. Pero este argumento enfrentaba dos dificultades: la superposición con jurisdicciones otorgadas a los conquistadores del Río de la Plata en disposiciones posteriores y el hecho de que el Rey no concedía a Alcazaba tierras sobre el Atlántico, como pretendía Amunátegui, sino que lo autorizaba sólo a desembarcar y explorar en las costas del mencionado océano, dejando en suspenso la eventual posibilidad de concesión de tierras. (15)
Así parece desprenderse del texto de la capitulación celebrada con Simón de Alcazaba, cuya versión, citada por Amunátegui, decía:
Para tratar de probar su argumento, Quesada se respaldaba en las palabras de Don Félix de Azara en su obra Descripcion é Historia del Paraguay y del Rio de la Plata, donde decía, en referencia a esta capitulación de Pedro de Mendoza, que su jurisdiccion principiase al Norte de la Isla de Santa Catalina, siguiendo la costa del mar, dando vuelta al Cabo de Hornos y doscientas leguas mas en el mar Pacífico, hasta encontrar con el Gobierno de Diego de Almagro en Chile. (21)
M.L. Amunátegui, Títulos de la República de Chile a la soberanía y dominio de la extremidad austral del continente americano, Santiago, Imprenta de Julio Belin, 1853, pp. 87-95, 106-109, cit.The Argentine-Chilean boundary dispute and the development of the Argentine armed forces: 1870-1902, en George V. Rauch, Ph.D. dissertation, New York University, 1989, p. 48.
Texto de la capitulación otorgada a Francisco d
Re: La Conquista del Desierto
Las relaciones con los demás países americanos durante las presidencias de Mitre y Sarmiento
Chile y el problema de la Patagonia y del estrecho de Magallanes
Aparte de lograr la alianza antihispánica, el enviado chileno José Victorino Lastarria traía a Buenos Aires el objetivo secundario de llevar a cabo lo estipulado por el artículo 39º del tratado de 1856 de paz, amistad, comercio y navegación entre la Argentina y Chile, que proponía o bien la negociación diplomática directa o bien el arbitraje como mecanismos para saldar el conflicto sobre la Patagonia y el estrecho de Magallanes. Pero Lastarria, procediendo más allá de sus instrucciones, propuso al gobierno argentino en febrero de 1865 una transacción que implicaba renunciar a las 9/10 partes de la Patagonia, a cambio de que el gobierno argentino reconociera al chileno la posesión de las 2/3 partes del Estrecho de Magallanes, toda la Tierra del Fuego y la faja que quedaba al sur de la línea imaginaria que se extendía desde Bahía San Gregorio hasta el grado 50 de latitud sur y desde allí hasta el paralelo de Reloncaví. (1) El memorándum que Lastarria envió a la cancillería chilena el 22 de febrero de 1865 permite conocer el contenido de la propuesta. En él decía lo siguiente:
La transacción sería ventajosa para nosotros porque no son sostenibles nuestros títulos a la Patagonia, y aunque lo fueran, no debemos hacernos ilusiones creyendo que aquella extensión sea otra cosa que tierras primitivas, incultivables y de todo punto ingrata a los hábitos y aspiraciones de la industria.
Nuestro límite en el Estrecho hasta la bahía Gregorio nos deja en él una extensión necesaria y aún mayor que la que necesitamos, para nuestra seguridad y para la ocupación de nuestro territorio austral, y como nuestra colonia allí necesita los territorios adyacentes, propongo que nos den el cuadrilátero que formaría una línea que se prolongase desde aquella bahía hasta el grado 50 en dirección recta, al norte, sin embargo, de que nos bastaría con el triángulo que formase esta línea, si se prolongase desde el mismo paraje al punto de intersección del grado 50 con la línea de nuestro límite oriental en la cordillera... Este será el último término de la transacción si no admiten el otro.
En cuanto a nuestro límite oriental al norte del grado 50 hasta el paralelo del cerro Reloncaví, propongo una línea en la base de las ramas exteriores orientales de la cordillera, con ánimo de cederles en este punto y fijar una línea en las alturas culminantes que determinan corrientes, como la tenemos en el resto de la cordillera que no está en disputa. Al sur del grado 50, el límite correría por una de las líneas propuestas para dejar territorios adyacentes a la colonia de Magallanes. (2)
Lastarria estaba personalmente convencido de que Chile no poseía derechos válidos sobre la Patagonia y así se lo hizo saber al jurista chileno Miguel Luis Amunátegui, quien justificaba los derechos chilenos sobre la Patagonia y Magallanes. Decía Lastarria:
Siento saber por su carta del 14 que Ud. se ocupa en probarme que somos dueños de la parte austral del continente americano. Semejante tarea es completamente inútil y no servirá más que para que Ud. luzca su ingenio. Puede ser que no sepa yo como Ud., pero el estudio que he hecho de la cuestión me da la convicción invencible de que no somos dueños de la Patagonia (...). (3)
Finalmente, las gestiones negociadoras de Lastarria fracasaron por partida doble, pues fueron rechazadas tanto por el gobierno argentino como por el chileno. En el primer caso, el rechazo provenía del hecho de que la diplomacia argentina no aceptaba siquiera poner sobre la mesa de negociaciones la región patagónica. De acuerdo con el historiador chileno Encina, la política exterior de la Argentina apuntaba en este conflicto limítrofe a cerrar a Chile la posibilidad de acceder al Atlántico. En su opinión, contra los deseos de los "americanistas" chilenos de cerrar el conflicto limítrofe, la intención del gobierno argentino era proseguir una política de aplazamiento indefinido de las negociaciones, en espera de que el crecimiento económico argentino en relación a su vecino o una circunstancia adversa para Chile permitiese al gobierno argentino imponer su punto de vista sin necesidad de recurrir a las armas. (4)
En el caso del gobierno chileno, la oposición de aquellos de sus miembros convencidos de la importancia de la región patagónica quitó posibilidad a las gestiones de Lastarria. Además el hecho de que el gobierno chileno desaprobara las negociaciones de Lastarria pero no repudiara formalmente sus acciones constituyó un error que la Argentina explotaría frecuentemente en las negociaciones futuras, presionando a Chile para que abandonara sus reclamos sobre la Patagonia. Esta semidesautorización por parte del entonces canciller chileno Alvaro Covarrubias a Lastarria fue planteada en los siguientes términos:
las bases propuestas por V.S., están lejos de ser ventajosas, y por mucho que hubiéramos de restringir nuestras exigencias, no podríamos renunciar, en ningún caso, al dominio de todo el Estrecho de Magallanes y de las tierras adyacentes. (5)
La débil respuesta de Covarrubias a Lastarria dejó la puerta abierta para una polémica entre ambos. Lastarria respondió al canciller chileno en una nota del 2 de mayo de 1865 defendiendo su misión en los siguientes términos:
Respecto del dominio de la Patagonia, V.S. cree que nuestros títulos al dominio de la parte austral del continente son mucho más sólidos que los que puede alegar el gobierno argentino y que, por tanto, están lejos de ser ventajosas las bases propuestas por mí. Yo adopté esas bases porque estoy persuadido de que no tenemos tales títulos, pues que aun el señor Amunátegui, tratando de probar ese dominio, no emplea como medio de prueba sino puras inducciones, fundadas en la interpretación que da muy ingeniosamente a los documentos oficiales antiguos que señalan el límite austral de Chile en el estrecho de Magallanes (...) Si no son otros los títulos que tenemos para reclamar la parte de la Patagonia que se extiende al sur del grado 50, como V.S. me lo ordena, es necesario que reconozcamos entre nosotros que dichos títulos no merecen el nombre de tales, y que, si ellos no son bastantes para darnos derechos a reclamar de San Luis, de Córdoba y de Buenos Aires, tampoco lo son para autorizarnos a reclamar la Patagonia desde dicho grado al sur, mucho menos cuando desde ese paralelo, en que se encuentra el puerto de Santa Cruz, hasta la boca del Estrecho, hay además otros muchos varios puertos que los argentinos navegan y en los cuales esta República (Argentina) ejerce jurisdicción.
En cuanto al dominio de todo el Estrecho, a mí me parece inútil reservárselo a Chile, porque ese dominio no nos daría la posesión exclusiva ni nos salvaría de que las demás naciones del mundo nos forzaran a respetar las leyes de libre navegación; por eso no había trepidado en ceder a la Argentina la parte de ese Estrecho que corre desde la Bahía Gregorio al oriente. (6)
El ofrecimiento de "renuncia" de la región patagónica por parte de Lastarria al gobierno de Mitre no constituyó un gesto aislado del diplomático chileno, sino que estaba de acuerdo con toda una línea que Encina llama “corriente conciliadora o americanista”. Esta había nacido, en el caso chileno, junto a los primeros incidentes entre autoridades chilenas y mendocinas por la cuestión de los potreros cordilleranos en marzo de 1845; se había congelado durante los reclamos de Rosas al dominio del estrecho de Magallanes en diciembre de 1847 (efectuados como réplica a la ocupación chilena de Fuerte Bulnes en 1843) y había renacido con la agresión del gobierno español a los países de América del Sur entre 1864 y 1867. Cabe recordar al respecto que tanto el bombardeo de Valparaíso y del Callao en 1866 como la instauración del Imperio de Maximiliano de Habsburgo en México habían estimulado el americanismo en muchos países latinoamericanos como reacción a la intervención española y francesa.
Este sentimiento americanista, por el cual la Argentina y Chile debían hermanarse y resolver de una vez y para siempre sus conflictos limítrofes, era un sentimiento que Lastarria compartía con otros miembros destacados de la clase política chilena, tales como Barros Arana, Matta, Vicuña Mackenna -éste tenaz crítico de Amunátegui-. Estos nombres tendrían un importante papel en las negociaciones con la Argentina. Para estos "americanistas" la posibilidad de guerra con la Argentina resultaba equivalente a una locura y, a diferencia del futuro canciller Adolfo Ibañez, percibían que la incorporación de la Patagonia a Chile sería un factor de debilitamiento del poder económico chileno. Encina, citando al "americanista" Vicuña Mackenna, afirma que la incorporación de la Patagonia, percibida como "tierra maldita",
sería arruinar a Chile, contrariar al menos su desarrollo. En esos momentos nos faltaban brazos, capital y cerebro para explotar nuestro valle central, pidiendo a gritos riego artificial; (...). En el norte, la minería clamaba por capitales y brazos. Con estos antecedentes, la mayor insensatez que se podía cometer era reñir con la Argentina por una comarca estéril, maldita por la naturaleza, donde nuestra escasa población y nuestros más escasos capitales se consumirían a fondo perdido. (...)
Luego, después, dejarían nuestro flanco abierto oriental a las acometidas de un vecino, que ya no sería nuestro hermano, sino nuestro rival. Sin la Patagonia, Chile proseguiría su firme y segura expansión, libre de rivales. Con la Patagonia, a menos de dejarla como una cosa perdida, su crecimiento se debilitaría, como consecuencia del desgaste que importaba la anexión de un territorio, donde todo lo que se invirtiese sería agua vertida en un tonel sin fondo (...). (7)
Pero paralelamente a la existencia de esta corriente americanista mencionada por Encina se produjo el creciente fortalecimiento de un sentimiento nacionalista en ambos países, provocado por el resultado exitoso de las guerras en que Chile y la Argentina participaron. El conflicto de la Triple Alianza -la Argentina, Brasil y Uruguay- contra Paraguay, y el de la Cuádruple Alianza -Chile, Perú, Ecuador y Bolivia- contra España si bien obligaron a la Argentina y Chile a aplazar sus problemas territoriales, produjeron el mencionado efecto que sería disfuncional para la solución del conflicto limítrofe.
Por otra parte, Rauch señala como un dato interesante que existen indicios de que el gobierno chileno asistió con hombres y armas modernas a Felipe Varela -el montonero que intentó desafiar al gobierno de Mitre- en su invasión a La Rioja. Este hecho y otros posteriores en que el gobierno chileno intentó sacar provecho de los compromisos externos y los problemas internos del gobierno argentino -en la década de 1860, la Guerra del Paraguay y el conflicto entre el gobierno central y las montoneras provinciales; en la década de 1870, las invasiones indígenas y la posibilidad de guerra con el gobierno de Brasil- demostrarían según este autor que el gobierno de Chile, motivado por la disputa limítrofe, intentó desestabilizar a la Argentina y aprovechó esas circunstancias para comenzar la exploración y asentamiento en la costa patagónica. (
Francisco A. Encina, La cuestión de límites entre Chile y la Argentina desde la independencia hasta el tratado de 1881, Santiago de Chile, Nascimento, 1959, p. 131.
Nota de José Victorino Lastarria, 22 de febrero de 1865, citada en Legación de Chile en las Repúblicas de la Plata y Brasil, tomo III, citado a su vez en ibid., pp. 25-26.
Domingo Amunátegui Solar, Archivo epistolar de Don Miguel Luis Amunátegui, Santiago, 1942, pp. 166-167, cit. en F.A. Encina, op. cit., p. 29 y en George Victor Rauch, The Argentine-Chilean boundary dispute and the development of the Argentina armed forces: 1870-1902, Ph.D. dissertation, New York University, 1989, p. 52 y nota 30, pp. 70-71.
F.A. Encina, op. cit., pp. 21-26 y 133-134.
Covarrubias a Lastarria, citado en ibid., p. 26.
Lastarria a Covarrubias, 2 de mayo de 1865, cit. en ibid., pp. 27-28.
Ver G.V. Rauch, op. cit., pp. 54-55.
Historia de las Relaciones Internacionales de Argentina
Las relaciones con los demás países americanos durante las presidencias de Mitre y Sarmiento -La política de ocupación y colonización argentina y chilena en el área en disputa
Tanto el gobierno chileno como el argentino, más allá del tratado de 1856, que establecía la negociación diplomática directa o el eventual arbitraje de las zonas en litigio, decidieron continuar con su política de ocupación en la disputada zona austral a fin de reforzar sus derechos. Por el lado chileno, Oscar Viel, gobernador del territorio de Magallanes -que designaba al asentamiento chileno en el área del estrecho homónimo y tenía por capital a Punta Arenas-, alentaba el desarrollo de los depósitos de carbón y el establecimiento de aserraderos. En 1873, Viel escribió a las autoridades de Santiago, solicitando la extensión de la jurisdicción chilena sobre el Atlántico más allá del paralelo de 48o, sobre tierra patagónica y al norte del río Deseado. (1)
Por su parte la Argentina había fundado puestos avanzados en Chubut y Santa Cruz en 1859, y el capitán Luis Piedrabuena había establecido correos privados comerciales en Santa Cruz y la isla de los Estados. El gobierno argentino emitió permisos para recoger guano y comenzó a establecer colonias en la región patagónica. El presidente Bartolomé Mitre, siguiendo la política aconsejada por Alsina y Vélez Sársfield en la sesión de la Cámara de Senadores del 22 de julio de 1862, decidió fundar en 1863, violando el statu quo pactado en 1856, la colonia argentina de Chubut, ubicada a 40 leguas al sur del Río Negro. En julio de 1865 tuvo lugar el arribo de un contingente de colonos galeses, que recibió tierras en la actual provincia de Chubut. En ese mismo año, el gobierno argentino estableció un fuerte en bahía Gregorio, ubicada en la zona del estrecho de Magallanes ocupada por Chile, pero los indios asesinaron al comisario argentino y a los soldados que residían en él. El presidente Sarmiento continuaría la política de ocupación y colonización de la región patagónica, suponiéndola como territorio fuera de litigio. (2)
En 1870, el gobierno argentino otorgó una concesión de tierra al ciudadano francés Ernest Rouquad, quien estableció una fábrica de aceite de pescado en una cañada conocida como Los Misioneros, ubicada en la provincia de Santa Cruz. La persistente interferencia del gobernador chileno del territorio de Magallanes, Viel, a las actividades de Rouquad, forzaron a este último a pedir el auxilio del gobierno argentino, que sólo pudo despachar hacia el área en cuestión un barco pequeño y decrépito, el Chubut. Con el fracaso de la aventura de Rouquad, la tripulación del Chubut se hizo cargo de sus instalaciones y procedió a explorar el río Santa Cruz, alcanzando sus nacientes en el lago Argentino, el 26 de noviembre de 1873. Un pequeño asentamiento argentino permaneció activo en la isla de Pavón, en el río Santa Cruz, bajo la conducción del veterano marino y explorador Luis Piedrabuena. Viel intentó dificultar la existencia de esta colonia, tal como lo había hecho con Rouquad, pero el asentamiento permaneció.
Hacia la década de 1870 Chile y la Argentina comenzaron a percibir su disputa bajo una luz diferente. Para Chile, la tierra en cuestión representaba un lugar para la creciente población chilena y para asentar y desarrollar las industrias en crecimiento. Debido a que la mayor parte del comercio chileno pasaba a través del estrecho de Magallanes, el gobierno chileno consideró al mismo como una llave estratégica para su seguridad política y económica. Si un poder enemigo controlaba estas vías marítimas la posición económica de Chile se vería en peligro. (3) Desde el punto de vista militar, también la posesión chilena del estrecho era esencial. En tiempo de guerra la supervivencia de Chile dependería de su habilidad para alcanzar el océano Atlántico.
Para la Argentina las zonas en disputa eran igualmente vitales. Como Chile, la Argentina percibía esta tierra como un área de expansión futura. Debido a su favorable posición sobre el océano Atlántico, la Argentina no consideraba al estrecho como una llave geopolítica para su bienestar militar y comercial, como lo hacía Chile. Pero debido a la futura amenaza militar o comercial que podía desarrollarse, la Argentina se negó en forma permanente a aceptar la soberanía de cualquiera otra nación sobre el litoral norte de los estrechos patagónicos. (4)
Varios factores incidieron para que la disputa limítrofe entre la Argentina y Chile se reiniciara a mediados de la década de 1870. Primero, el creciente nacionalismo, encendido por la participación exitosa en guerras, demandaba el asentamiento de límites. Segundo, ambos países ponían en juego el prestigio y el orgullo nacional en la resolución de la disputa. Tercero, cada nación percibía la zona como vital para su seguridad comercial y militar. Por último, ambos países veían un arreglo favorable a sí mismos como prueba de que habían emergido como países líderes de las naciones de habla hispana en Sudamérica. (5)
Mateo Martinic Beros, Presencia de Chile en la Patagonia Austral: 1843-1879, Santiago, Andrés Bello, 1963, pp. 136-137, cit. en ibid., p. 58.
Idem nota anterior, pp. 140-142, cit. en ibid., pp. 58-59. Ver también F.A. Encina, op. cit., p. 28.
R.N. Burr, op. cit., pp. 102, 124; Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1878, Washington, Government Printing Press, 1866, Thomas A. Osborn to Evarts, 4-12-1878, p. 87, fuentes citadas en Donald Edward Willett, Across the Andes: United States, Argentina and Chilean Diplomatic Relations, 1865-1883, M.A. dissertation, Stephen F. Austin State University, May 1976, p. 38. También Geoffrey S. Smith, "The Role of José Balmaceda in Preserving Argentine Neutrality in the War of the Pacific", HAHR, vol. XIX, Nº 2, May 1969, p. 255, resalta el interés económico de Chile en controlar el estrecho de Magallanes.
R.N. Burr, op. cit., p. 125, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 38.
Idem nota anterior, cit. en ibid., pp. 38-39.
Las relaciones con los demás países americanos durante las presidencias de Mitre y Sarmiento -Las negociaciones Frías-Ibáñez
El margen de maniobra del presidente Domingo Faustino Sarmiento se vio muy condicionado por las presiones combinadas de la prensa, el Congreso, la opinión pública, y los sectores "duros" respecto de la cuestión limítrofe, que bregaban por no conceder nada al gobierno chileno. Dos exponentes de esta línea "dura" tendrían activo protagonismo en la cuestión de límites durante su gobierno: el canciller Carlos Tejedor y Félix Frías.
Frías fue designado representante argentino en Chile por el gobierno de Sarmiento en febrero de 1869. Tanto el presidente argentino como su enviado habían compartido largos años de exilio en Santiago. Desde la llegada a su destino, Frías tuvo abiertas discusiones con Adolfo Ibáñez y Gutiérrez, quien sería ministro de relaciones exteriores de Chile desde fines de 1871. Este tenía una posición absolutamente contraria a la opción de renunciar a la Patagonia, que era una bandera de los llamados "americanistas". En su opinión la Patagonia constituía un interés vital para Chile. Ibáñez sostenía que si bien en su conjunto resultaba una región semidesértica, la región era apta para la cría de ovejas, y subrayaba particularmente la importancia de la zona andina oriental, donde estaban los potreros cordilleranos, complemento indispensable del valle central chileno, apto para la cría del ganado vacuno y lanar y para la siembra. En torno de estos potreros, zona de cría y tránsito del ganado chileno, muchas veces en forma de contrabando hacia las economías cuyanas y norteñas, se formaron poblaciones conocidas con el nombre de "chilecitos", que gozaban de cierta autonomía. Ibañez decía al respecto:
Renunciando a estos potreros nos constituimos en eternos tributarios de la República Argentina, que será exclusiva en suministrarnos el ganado.
Y el medio para que la cuestión no se dilate indefinidamente, no es otro, a mi juicio, que el de sostener (...) el límite norte en el Atlántico hasta el río Santa Cruz y sostener la posesión y la jurisdicción que desde tiempo inmemorial ejercemos del otro lado de los Andes, especialmente a la altura de Talca y Chillán (...). (1)
Inmediatamente después de asumir su cargo, Ibáñez dirigió al representante argentino Frías una nota el 7 de febrero de 1872 en la cual lo invitaba a dilucidar los derechos de ambos países para llegar a una solución. Proponía mientras se llegaba a un acuerdo o al arbitraje un modus vivendi: Chile atendería el territorio en litigio desde Puerto Deseado al sur y la Argentina lo que quedaba al norte. (2) En la memoria presentada al Congreso chileno en ese año, Ibáñez precisaba su pensamiento:
Los adelantos de la industria y los progresos crecientes de las dos naciones traen consigo una necesidad de expansión que aumenta incalculablemente la importancia de los territorios en disputa; de manera que la determinación y deslinde de sus fronteras se hace ya una necesidad tanto más urgente de satisfacer cuanto que esa progresiva importancia dificultará las mutuas concesiones que en obsequio a su buena armonía estarían ambos países dispuestos a otorgarse. (3)
A fines de mayo de 1872, Frías, evidenciando una actitud poco negociadora respecto de la cuestión, envió al canciller chileno una nota que tenía por objetivo eliminar la Patagonia del arbitraje pactado en 1856. La nota de Frías decía: "la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego, aunque contiguos, son territorios distintos". (4)
A su vez, el canciller chileno, luego de probar, con efectos contrarios a los deseados, la hiriente alusión a los artículos publicados en 1842 por El Progreso atribuidos a la autoría de Sarmiento, y deseando llegar a un acuerdo directo con el gobierno argentino, decidió escribir una carta personal al ilustre sanjuanino, sondeando la voluntad de éste respecto de un arreglo sobre la base de que Chile compensara con dinero la "renuncia" del gobierno argentino al estrecho de Magallanes y la Patagonia. Alberto Palcos comenta la propuesta de Ibáñez en los siguientes términos: "Actitud muy curiosa. Si esa región perteneciera a Chile, ¿por qué desea adquirirla pecuniariamente, en lugar de guiarse por el derecho e insistir en el arbitraje?" (5) En todo caso, y más allá del sesgo interesado que pueda tener, este interrogante que se formula Palcos resulta uno de los tantos indicadores de hasta qué punto los títulos históricos que una y otra parte alegaban como sostén de sus respectivas posiciones en el tema limítrofe estaban lejos de la contundencia que sus defensores manifestaban. El presidente argentino le contestó al canciller Ibáñez, utilizando la misma vía: una carta personal y privada, fechada el 19 de junio de 1872, en donde reconocía que el estrecho de Magallanes "es un canal útil solamente a los países del Pacífico", aceptaba que Chile lo mantuviese "para proteger la navegación", y hacía saber a Ibáñez que era posible un arreglo que dejara la colonia de Magallanes bajo jurisdicción chilena. (6)
El 26 de agosto de 1872, una nota del canciller Carlos Tejedor al gobierno chileno negaba categóricamente la inclusión de la Patagonia en el arbitraje pactado en el tratado de 1856. La nota decía:
El territorio de la Patagonia no podía entrar, como no entra en ese arreglo desde que sobre él nunca se había manifestado aspiración oficial por parte del gobierno de Chile ni había en él la más pequeña población chilena que pusiera en duda los derechos argentinos. (7)
La nota presentaba, por cierto, argumentos muy débiles. No era cierto que el gobierno chileno no hubiera demostrado su aspiración al control de la Patagonia, como lo atestiguaban la fundación de Punta Arenas y los trabajos de Amunátegui publicados en 1853 y 1855.
En una nota del 1º de octubre de 1872, el ministro plenipotenciario Frías elevó la propuesta inicial argentina:
Estoy encargado por mi gobierno para proponer a Vuestra Excelencia la Bahía Peckett como punto de partida en el estrecho de Magallanes, desde el cual partirá la línea que correrá en dirección oeste hasta alcanzar la Cordillera de los Andes.
En efecto, la Argentina reclamaba toda la Patagonia y la parte este del estrecho, mientras dejaba a Chile la sección occidental del estrecho que incluía Punta Arenas. Chile rechazó inmediatamente la propuesta. (
El 29 de octubre de 1872 el canciller chileno Ibáñez ofreció una contrapropuesta al gobierno argentino, la cual decía:
Mi gobierno acordará que la división sea determinada por el paralelo 45 de latitud sur, desde el Atlántico hasta la mencionada cordillera. De esta manera la República Argentina adquiriría la mayor parte de la Patagonia, y Chile tendría la posesión de la parte sur hasta el Cabo de Hornos.
Según Willett, la propuesta de Ibáñez dividía el área en disputa en forma más equitativa que Frías, pero la Argentina rechazó la propuesta aduciendo que Chile no tenía derechos sobre la Patagonia. En marzo de 1873, Ibáñez informaba al representante argentino lo siguiente: "Mi palabra final, señor, es que el gobierno de Chile cree tener derecho sobre toda la Patagonia y, cuando la ocasión de probarlo llegue, Chile presentará los títulos que respaldan sus derechos". (9) Al mes siguiente, una nueva nota de Ibáñez a Frías afirmaba que de no darse curso a la propuesta chilena, se esperaba el acuerdo del último "para proceder al nombramiento de árbitros para resolverla definitivamente". Frías dejó la nota sin respuesta. (10)
La Argentina no esperó los documentos probatorios de los derechos chilenos y rápidamente se movió para ejercer control efectivo del área. Realizó un intento de ocupar militarmente el puerto de Santa Cruz luego abandonado ante la protesta chilena de abril de 1873. En junio de 1873, el presidente Sarmiento elevó al Congreso un proyecto de ley a fin de fijar los límites de los territorios argentinos. Este establecía once territorios y hacía las provisiones necesarias para explorar y colonizar la zona. El artículo 1º, sección 7ª, establecía los límites del territorio de la Patagonia. Este incluía toda la región entre los ríos Negro y Chubut y en el oeste "la línea divisoria de aguas en la Cordillera de los Andes". El límite este de dicho territorio era el océano Atlántico. El artículo 1º, sección 8ª, establecía por su parte los límites del territorio del estrecho de Magallanes. Este comprendía toda el área entre el río Santa Cruz y las aguas del estrecho de Magallanes incluyendo la Tierra del Fuego e islas adyacentes hacia el sur. En el oeste el límite estaba comprendido por la línea divisoria de aguas de los Andes patagónicos. En el este la costa atlántica marcaba el fin de la soberanía argentina. (11)
Chile inmediatamente protestó contra este proyecto de ley del gobierno argentino aduciendo que la Argentina no podía ejercer actos de soberanía sobre un área en donde la soberanía argentina todavía no había sido reconocida. El ministro chileno en Buenos Aires Guillermo Blest Gana presentó el 25 de junio de 1873 en forma oficial la posición chilena. En su nota, decía:
Es mi doloroso deber repetir (...) con toda la fuerza derivada del perfecto derecho que asiste a mi gobierno para protestar solemnemente en su nombre (...) contra el antedicho proyecto de ley en la parte en que se refiere a la Patagonia; declarando (...) que mi Gobierno no consentirá ningún acto en detrimento de su soberanía sobre la entera extensión de los territorios en los que se encuentra en posesión pacífica y que tienen su límite natural en el río Santa Cruz. (12)
Finalmente el gobierno argentino desistió del proyecto, el cual de haberse concretado hubiese implicado según Encina la guerra con Chile. (13)
Por su parte, el canciller Ibáñez, luego de esperar cuatro meses la respuesta del representante argentino, el 8 de agosto de 1873 exigía a Frías una respuesta categórica respecto de la propuesta del 7 de abril de proceder al nombramiento de un árbitro. A esto siguió un cambio de notas ásperas entre ambos. El 18 de agosto, Ibáñez hacía presente "las justas alarmas que asaltan a mi gobierno en el curso tan extraño como peligroso que tomaba la negociación", (14) no obstante lo cual la indecisa posición de la Argentina se mantuvo todavía durante algunos meses. En el mes de octubre, Ibáñez dirigía una circular al cuerpo diplomático, declarando la libre navegación y la neutralidad del estrecho de Magallanes en el caso de que Chile obtuviera una sentencia arbitral favorable. (15)
F.A. Encina, op. cit., p. 126.
Memoria de relaciones exteriores correspondiente a 1873, pp. 24-28, cit. en ibid., pp. 42-43.
Nota de Félix Frías al canciller chileno Adolfo Ibáñez y Gutiérrez, cit. en ibid., p. 44.
Alberto Palcos, Sarmiento. La vida. La obra. las ideas. El genio, Buenos Aires, Emecé, 1962, p. 224.
Archivo Nacional, Legajo de Argentina en Chile, año 1872, y carta de Sarmiento a Frías, 20 de marzo de 1873, cit. en F.A. Encina, op. cit., pp. 44-45.
Nota del canciller Carlos Tejedor del 26 de agosto de 1872, cit. en ibid., p. 46.
Argentine-Chilean Boundary Report presented to the Tribunal Appointed by Her Britannic Majesty's Government "To consider and report upon the differences which have arisen with regard to the frontiers between the Argentine and Chilean Republics" to justify the Argentine claims for the boundary in the summits of the Cordillera de los Andes, according to the Treaties of 1881 & 1893, 5 vols., London, William Clowes and Sons Limited, 1900, volume 1, pp. 155-156; Robert Talbott, A History of the Chilean Boundaries, Ph.D. dissertation, University of Illinois at Urbana, 1959, p. 140, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 39.
Argentine Report..., op. cit., 1900, p. 156; R. Talbott, op. cit., p. 126; R.N. Burr, op. cit., p. 126, fuentes citadas en D.E. Willett, op. cit., p. 40.
F.A. Encina, op. cit., p. 66.
D.E. Willett, op. cit., pp. 40-41; F.A. Encina, op. cit., pp. 49-50.
Appendix to the Statement Presented on Behalf of Chile in Reply to the Argentine Report submitted to the Tribunal Constituted by H.B. Majesty's Government acting as Arbitrator in pursuant of the Agreement dated April 17, 1896, 2 vols., London, Butler & Tanney, 1902, pp. 192-196, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 41.
F.A. Encina, op. cit., pp. 47-49.
por Esteban McLaren el Miér Dic 11, 2013 8:49 am
Las relaciones con los demás países americanos durante las presidencias de Mitre y Sarmiento -Tejedor acepta el arbitraje propuesto por Chile
Según Encina, las notas de Ibáñez de abril y agosto de 1873 provocaron en los pacifistas chilenos la convicción de que la relación Ibáñez-Frías hacía imposible llegar a un avenimiento, por lo cual presionaron al presidente Errásuriz a buscar el entendimiento directo con el gobierno argentino. Así el 20 de abril de 1874, Blest Gana dirigía una breve y amable nota a la cancillería argentina en la cual afirmaba:
Mi gobierno, en su constante deseo de dar a la cuestión de límites pendiente entre Chile y la República Argentina una solución pacífica y amistosa, conforme a los sentimientos y verdaderos intereses de los pueblos de ambos países, ha creído después de la amplia y extensa discusión a que aquélla ha sido sometida, llegado el caso de apelar al arbitraje previsto en el tratado vigente de 1856; y en consecuencia ha tenido a bien ordenarme me dirija a V.E., invitándole a celebrar una convención que tenga por objeto la designación del nombre o nombres de las personas o autoridades en que se digne fijar su atención el gobierno de V.E. para confiarle el alto y honroso encargo de arbitrar en la presente cuestión. (1)
Ya fuera porque quería dejar resueltas todas las cuestiones importantes antes de dejar el ministerio (Avellaneda asumía el mando el 12 de octubre de 1874), o porque temía una guerra con Brasil, el canciller Tejedor por nota del 27 de abril de 1874 aceptó el arbitraje. Los términos en que la Argentina aceptaba fueron precisados de la siguiente manera: "dando a los árbitros el carácter de jurados, que limitarían sus funciones a la aplicación de ciertas reglas previamente establecidas para el caso en litigio entre las partes adversas". Según Encina, el arbitraje comprendía la Patagonia, el estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego. (2)
Ibáñez aceptó el 26 de mayo el arbitraje en los términos propuestos por la cancillería argentina. Su comunicación al Congreso decía:
Resumiendo lo expuesto, resulta: 1º. Que el gobierno argentino, considerando ya agotado el debate, ha reconocido la necesidad y conveniencia de someter la cuestión a arbitraje, conforme a lo estipulado en el tratado de 1856; 2º. Que ha reconocido, también, el derecho que asiste a Chile para sostener que lo que forma la materia del arbitraje sea no sólo el Estrecho de Magallanes, sino toda la extensa región de la Patagonia, comprendida dentro de los títulos chilenos; 3º. Que por lo que respecta al statu quo, si bien no se ha llegado todavía a un arreglo definitivo sobre el particular, hay por lo menos la certidumbre de que no se hará innovación alguna en toda la costa comprendida desde el río Santa Cruz hasta el cabo de Hornos (...) (3)
En su informe al Congreso, el canciller Ibáñez expresaba su convicción de que los títulos chilenos de la época colonial eran superiores a los argentinos.
Finalmente, una nota de Blest Gana del 24 de agosto de 1874 formalizó el acuerdo y Tejedor dio cuenta del mismo al Congreso argentino. Pero la revolución mitrista de septiembre paralizó las gestiones encaminadas a organizar el arbitraje, la ratificación del acuerdo Tejedor-Blest Gana no llegó antes de que finalizara el período de Sarmiento y en consecuencia ésta quedó librada a la decisión del gobierno de Nicolás Avellaneda.
Varios factores explicarían el abandono -o mejor dicho, la postergación- de la alternativa bélica entre la Argentina y Chile durante el gobierno de Sarmiento. En el caso argentino aquéllos eran entre otros el deseo de no arriesgar su lucrativo intercambio con Europa, (4) consideraciones de equilibrio de poder regional -el temor a una alianza entre Brasil y Chile en su contra, la participación en una guerra donde la superioridad naval chilena era evidente-, o la necesidad de cerrar -o, mejor dicho, demorar- un frente de conflicto, ya que la Argentina tenía pendientes conflictos con Brasil y con Bolivia como resultado de su participación en la guerra de la Triple Alianza.
Por el lado chileno, la búsqueda de un acuerdo de arbitraje con la Argentina buscaba también cerrar momentáneamente uno de sus frentes de conflicto. Pero Chile también obtenía en la misma época un arreglo a su problema con Bolivia. El 6 de agosto de 1874, el representante chileno Carlos Walker Martínez firmaba un acuerdo con el canciller boliviano Baptista que sustituía al tratado de 1866. Chile renunciaba a la participación en los derechos que gravaban la exportación de metales, con lo cual el gobierno boliviano doblaba sus rentas. A la vez, las industrias y capitales chilenos no serían objeto de nuevas contribuciones. Los límites entre ambos países fijados por el tratado de 1866 quedaban firmes. Este tratado fue ratificado por ambos gobiernos. Las dos soluciones logradas daban tiempo a Chile para terminar la construcción de sus buques blindados en astilleros ingleses antes de tomar una decisión en cualquiera de las dos cuestiones.
F.A. Encina, op. cit., pp. 88-89.
Memoria del ministerio de relaciones exteriores de Chile, 1874, pp. 254-256, cit. en ibid., p. 89.
James R. Scobie, Revolution on the Pampas: A Social History of Argentine Wheat, 1860-1910, Austin, 1964, y V. G. Kiernan, "Foreign Interest in the War of the Pacific", HAHR, XXXV, February 1955, pp. 14-36, cit. en G.S. Smith, op. cit., p. 267.
Las relaciones con los demás países americanos durante las presidencias de Mitre y Sarmiento -Los primeros intentos de arbitraje de la diplomacia norteamericana en el conflicto limítrofe argentino-chileno
La primera evidencia del interés de Estados Unidos en la disputa limítrofe entre la Argentina y Chile ocurrió en la época de las negociaciones Ibáñez-Frías en 1872. Debido al estancamiento de las mismas, el ministro norteamericano en Buenos Aires, Julius White, recibió insinuaciones de que la Argentina miraba hacia Estados Unidos como un defensor en su disputa con Chile. (1) Del otro lado de los Andes, el colega de White, Cornelius A. Logan, también observó la creciente preocupación de Chile respecto de la disputa. Logan suponía que ésta no se resolvería a través de las negociaciones personales entre la Argentina y Chile, y sugirió que el arbitraje era el único método pacífico para arreglarla. (2)
En 1874 Departamento de Estado nombró al general Thomas O. Osborn para reemplazar a Julius White como ministro residente en la Argentina. Osborn estaba dispuesto a resolver la disputa limítrofe entre la Argentina y Chile. Su primer movimiento oficial al respecto se concretó el 11 de septiembre de 1875 cuando escribió al secretario de Estado Fish y le señaló que el tiempo para la discusión diplomática entre los dos países acerca de la cuestión limítrofe se acercaba a su fin, y que, en consecuencia, el arbitraje era la única opción que quedaba. Osborn sugirió a Fish que permitiera la mediación del gobierno norteamericano, y que Chile y la Argentina podrían presentar la cuestión ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Debido a la reputación de integridad e imparcialidad de la Corte, cualquier juicio que expidiera sobre la disputa limítrofe probablemente sería aceptado por la Argentina y Chile. Además, la decisión de la Corte establecería a este órgano legislativo como el mediador más seguro para resolver todas las disputas del Hemisferio Occidental, y esto incrementaría el prestigio de Estados Unidos en América Latina. En el pensamiento de Osborn, las mediaciones de la Corte estarían inscriptas dentro de la Doctrina Monroe, y, como resultado de este renovado papel de la Corte norteamericana, la influencia diplomática europea declinaría. Finalmente, las mediaciones de la Suprema Corte promoverían un mejor vínculo entre Estados Unidos y América Latina. (3)
Sin embargo, Fish no aceptó la sugerencia de Osborn. El Secretario de Estado norteamericano concluyó que era imprudente para Estados Unidos iniciar cualquier arbitraje sin la total aprobación de las partes en disputa. Fish notó que la Constitución definía estrictamente los poderes judiciales de la Suprema Corte y no autorizaba a este órgano a arbitrar diferencias entre gobiernos extranjeros. Sólo el presidente podía legalmente ejecutar el rol de árbitro. (4)
General Records of the Department of State (Record Group 59), Diplomatic Despatches From United States Ministers to Chile, 1821-1906, (M69), reel 18, Julius White to Fish, 9-12-1872, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 42.
F.R.U.S., 1874, Logan to Fish, 11-10-1873, p. 195, cit. en ibid., p. 42.
Dipl. Desp., op. cit., (M69), reel 19, Thomas O. Osborn to Fish, 9-11-1875, cit. en ibid., p. 48.
General Records of the Department of State, (Record Group 59), Diplomatic Instructions of the Department of State, 1801-1906, (M77), reel 19, Thomas O. Osborn to Fish, 9-11-1875, cit. en ibid., p.
por Esteban McLaren el Miér Dic 11, 2013 8:50 am
Las negociaciones Barros Arana-Irigoyen
En agosto de 1875 llegaba Bernardo de Irigoyen al ministerio de relaciones exteriores de la Argentina. En opinión del historiador chileno Encina "difícilmente habría podido encontrar Avellaneda otro ministro capaz de desembarazarse con más sagacidad y buenas apariencias del compromiso moral legado por Tejedor". (1)
Comenzó Irigoyen por variar la posición que había asumido su antecesor. Aceptó en principio el arbitraje ya convenido por Tejedor, pero respecto del modus vivendi provisional, exigió para la Argentina el derecho de ocupar la Patagonia hasta el estrecho, alegando la posesión anterior y de ese momento del territorio. Además negó haber recibido la nota del 24 de agosto de 1874, en la cual Blest Gana aceptaba en nombre del gobierno de Chile los términos del arbitraje propuesto por Tejedor. Al mismo tiempo el gobierno argentino prosiguió la ocupación de la Patagonia, proponiendo en octubre de 1875 el nombramiento de una comisión de ingenieros que hiciera un reconocimiento científico en toda la región austral comprendida entre el Río Negro, el estrecho de Magallanes, la cordillera de los Andes y el océano Atlántico. Simultáneamente el ministro de la Argentina en Santiago, Miguel Goyena, que había sucedido a Frías, presentaba protestas por todos los actos del gobierno chileno tendientes a afianzar la posesión del estrecho o a contrarrestar el avance de la Argentina al sur del Río Negro. (2)
Por otra parte, el canciller chileno José Alfonso, sucesor de Ibáñez, a diferencia de éste, consideraba la cuestión patagónica como de menor importancia. Su posición reflejaba la de la mayoría de los dirigentes chilenos de ese momento, que pensaban como Aníbal Pinto -futuro presidente-, que "ningún hombre sensato de Chile pretendía la Patagonia". (3) Decidido el gobierno chileno a abandonar algunos de los reclamos más extremos respecto de la Patagonia, Alfonso confió la delicada tarea de alcanzar un acuerdo con el gobierno argentino a Diego Barros Arana, un prominente historiador que además poseía numerosos contactos con la aristocracia porteña y era un exponente de la "corriente americanista". (4)
Barros Arana fue nombrado plenipotenciario ante la República Argentina y el Imperio del Brasil en abril de 1876. Sus instrucciones lo autorizaban a perseguir un acuerdo final en la cuestión limítrofe y le otorgaban margen de maniobra para obtener dos objetivos cruciales para la posición chilena: la posesión del estrecho de Magallanes más suficiente territorio para defender dicha vía. La posición inicial fijada era que el gobierno chileno estaba dispuesto a ceder en favor del gobierno argentino sus derechos a toda la Patagonia, si éste reconocía como límite definitivo la ribera sur del río Santa Cruz en todo su curso, desde la desembocadura en el Atlántico hasta su nacimiento y desde aquí hasta la cordillera de los Andes. Todos los territorios situados al sur de esta línea, incluyendo el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, serían reconocidos como parte integrante de Chile. Pero esta proposición ya había sido presentada por el anterior canciller Ibáñez al gobierno argentino y había sido rechazada, por lo cual se le daba al enviado una segunda opción. (5)
La segunda alternativa que Barros Arana estaba autorizado a presentar era informar al presidente argentino que el gobierno de Chile estaba dispuesto a resignar la Patagonia hasta Río Gallegos, como un precio aceptable a cambio de consolidar la posesión del estrecho de Magallanes. En el caso de que el arreglo directo no resultara, el plenipotenciario debía exigir la constitución del arbitraje, aclarándosele que si bien la materia de éste estaba compuesta por los territorios de la Patagonia, Tierra del Fuego y el estrecho de Magallanes, debía empeñarse en separar del mismo el estrecho en toda su extensión, ofreciendo al gobierno argentino hacer lo mismo con la parte norte de la Patagonia. La decisión del arbitraje debía basarse en el artículo 39º del tratado de 1856, que definía los límites entre ambos países de acuerdo con el statu quo existente en 1810, en las leyes de la época colonial y en las prescripciones del derecho internacional. (6)
Durante dos años, Barros Arana trabajó para obtener una salida pacífica, pero dos obstáculos impidieron el éxito del enviado chileno. El primero de ellos estuvo vinculado con el incidente ocurrido el 27 de abril de 1876, cuando la cañonera chilena Magallanes capturó al navío mercante francés Jeanne Amelie en aguas patagónicas. El navío había obtenido permiso del gobierno argentino para cargar guano pero sólo cerca del río Santa Cruz. Una vez que el gobierno de Chile se enteró de que el navío no había obtenido la autorización oficial chilena para tales operaciones, ordenó la captura del navío mercante francés y su conducción a Punta Arenas, pero el navío se hundió a la entrada del estrecho. Este incidente indignó a muchos argentinos y contribuyó a generar un clima desfavorable que Barros Arana percibió aun antes de asumir su misión negociadora en la Argentina. (7)
A este negativo factor se unió la presencia de otro obstáculo: un creciente nacionalismo argentino, el cual garantizaba que el país no aceptaría ningún tratado que otorgase a Chile posesión legal en un puerto atlántico. Como consecuencia de la existencia de estos dos obstáculos, Barros Arana debió lidiar con condiciones extremadamente hostiles que abortaron la posibilidad de obtener un arreglo razonable en torno de la disputa limítrofe. (
A pesar de estos negativos condicionamientos, Barros Arana inmediatamente inició negociaciones con el ministro de relaciones exteriores argentino Bernardo de Irigoyen. En julio de 1876 Barros Arana e Irigoyen arribaron a un primer acuerdo, por el cual se fijaba una línea imaginaria desde el Monte Dinero que seguía las mayores elevaciones de la cadena de colinas que se extiende hacia el oeste hasta el Monte Aymond en la latitud 52º 10' S. Desde allí la línea imaginaria seguía esta latitud hasta que alcanzaba la cordillera de los Andes. El territorio al norte de dicha línea pertenecería a la Argentina; el ubicado al sur de la misma, a Chile. En Tierra del Fuego, Barros Arana e Irigoyen acordaron trazar una línea desde el cabo Espíritu Santo al sur, a lo largo de la longitud 68º 34' O, hasta el canal de Beagle. Tomando en cuenta dicha línea imaginaria, el lado oriental de Tierra del Fuego sería argentino; el occidental chileno. El acuerdo logrado entre ambos ministros otorgaba a la Argentina todas las islas del océano Atlántico -excepto Tierra del Fuego, que era repartida entre ambos países- y la costa oriental de la Patagonia; y a Chile todas las islas al sur del canal de Beagle hasta el cabo de Hornos y todas las islas al oeste de Tierra del Fuego. Cautelosamente, Barros Arana e Irigoyen acordaron también no firmar este arreglo hasta no haber recibido el previo consentimiento de sus respectivos gobiernos. Este proyecto de acuerdo dejaba a la Argentina la boca oriental del estrecho y por lo tanto excedía el máximo de las concesiones autorizadas al ministro plenipotenciario chileno. El canciller Alfonso inmediatamente comunicó a Barros Arana que si la transacción no incluía la posesión absoluta de esa vía marítima debía acudir al arbitraje. (9)
No obstante esta nueva dificultad, Barros Arana e Irigoyen, en vez de dar por cerradas las negociaciones, acordaron un tratado de arbitraje. El 8 de enero de 1877 ambos ministros informaron a sus respectivos gobiernos acerca de un nuevo acuerdo. Los primeros cinco artículos trataban acerca de los problemas que rodeaban al arbitraje. El presidente argentino insistía en que, en cumplimiento del tratado de 1856, se pidiera al árbitro que decidiera cuál era el uti possidetis de 1810, en vez de "los límites que poseían como tales al tiempo de la separación de España el año 1810", como decía el tratado. Barros Arana temía que el arbitraje así planteado comprometiera los derechos de Chile al estrecho, pero a la vez reconocía que el reparto de las extensiones no ocupadas podía beneficiar a su país. El artículo 6º establecía reglas de demarcación, estableciendo que: "desde el paralelo de 50o hacia el norte el límite de ambos países será la Cordillera de los Andes, y la línea divisoria será fijada o bien en las partes más altas o en la divisoria de aguas". (10) Según Willett, el 24 de marzo de 1877, Alfonso rechazó este acuerdo para el arbitraje, porque implicaba abandonar el reclamo de su país a la Patagonia. Por el contrario, el historiador chileno Encina afirma que Alfonso, pasando por encima de la opinión de Barros Arana, le ordenó aceptar el arbitraje en los términos propuestos por la cancillería argentina, y que fue en cambio la agitación nacionalista en la Argentina la que obligó a su gobierno a eludirlo, insistiendo en que este país debía ocupar toda la región disputada, salvo el estrecho, durante el modus vivendi. (11)
Los nacionalistas argentinos encabezados por Félix Frías, presidente de la Cámara de Diputados, habían agitado el ambiente a tal punto que se esperaba que cuando se abrieran las sesiones ordinarias del Congreso sus representantes pidieran la ruptura de relaciones con Chile. Pero la grave crisis económica por la que atravesaba la Argentina, su inferioridad naval respecto de Chile, y la posibilidad de que la ruptura de relaciones empujara a éste a buscar un acuerdo con Brasil influyeron para que Mitre publicara el 4 de marzo un artículo en La Nación que provocó un cambio en el clima político. El presidente chileno Aníbal Pinto y su ministro Alfonso resolvieron entonces intentar una vez más el arbitraje, en los términos ya aceptados por la cancillería argentina, sin más modificación que el modus vivendi. Avellaneda también recomendó a Irigoyen reanudar las negociaciones. (12)
Barros Arana e Irigoyen arribaron a un nuevo acuerdo el 8 de mayo de 1877. El artículo 1º de este acuerdo establecía la siguiente demarcación: "La República de Chile está dividida de la República Argentina por la Cordillera de los Andes, corriendo la línea divisoria por sobre los puntos más encumbrados del macizo, pasando por entre los manantiales de las vertientes que se desprenden a uno y otro lado". Los artículos 2º al 6º trataban sobre el arbitraje. El artículo 7º establecía la jurisdicción temporaria sobre las tierras en disputa hasta que ambos países arribaran a un acuerdo final. La Argentina recibía la jurisdicción sobre las tierras ubicadas entre el estrecho de Magallanes y el río Santa Cruz. Por su parte, Chile tenía derechos sobre el estrecho, sus canales e islas adyacentes. Esto significaba que los avances chilenos hasta el río Santa Cruz se consideraban sin valor, retrotrayéndose la situación al estado en que se encontraba en 1872, es decir antes de la declaración de Ibáñez sobre ocupación en la Patagonia sur. La ventaja para Chile era que quedaba bajo su jurisdicción el archipiélago fueguino hasta su último confín austral. (13)
Pero el ministro de relaciones exteriores chileno objetó el protocolo acordado. Según Willett, debido a que -como en el acuerdo anterior- el canciller Alfonso no estaba dispuesto a ceder la soberanía chilena sobre la Patagonia. Según Rauch, porque sólo garantizaba a Chile un control parcial sobre el estrecho de Magallanes, área clave en la visión del canciller. (14)
Por su parte Encina menciona la siguiente explicación de Alfonso a Barros Arana, que aclaraba las razones del rechazo:
Siento diferir de la opinión de Ud. (...) Estimo de suma importancia no sólo la conservación de todo el Estrecho con sus canales e islas adyacentes, sino asimismo la de una faja de terreno hacia el norte, que dé seguridad a las posesiones chilenas y campo para su desarrollo ulterior. Sin este requisito, la jurisdicción en el Estrecho nos sería de poco valor e importancia, conviniendo sobre todo buscar hacia el norte, para la fijación del statu quo, un límite natural, que, a nuestro juicio, está llamado a formarlo el río Gallegos. (15)
Esta negativa del gobierno chileno enfureció a Barros Arana, y generó un amargo intercambio de palabras entre ambos. Asimismo, la decisión oficial chilena indignó al gobierno argentino, y comenzaron a circular rumores de que las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Chile se habían agravado severamente. El Congreso argentino convocó a una sesión secreta extraordinaria para tratar la cuestión limítrofe. Los sentimientos amargos contra Chile dominaban las reuniones del Congreso hasta que el ministro de relaciones exteriores argentino Irigoyen logró calmar a la asamblea al informar a sus miembros que ni el Ejército, ni la Marina, ni el Tesoro podían soportar la carga de una guerra con Chile. Al cierre de la sesión secreta, el Congreso se refirió a la disputa limítrofe respaldando al ministro de relaciones exteriores para que éste prosiguiese las negociaciones. (16) Mientras tanto, Barros Arana decidió hacer un viaje a Río de Janeiro.
F.A. Encina, op. cit., p. 147.
Ibid., pp. 147-148.
Revista chilena, Nos. 115 y 116, noviembre y diciembre de 1929, cit. en ibid., pp. 149-150.
Robert N. Burr, By Reason or by Force: Chile and the Balancing of Power in South America, 1830-1905, Berkeley, University of California Press, 1967, pp. 133-134; Mario Barros, Historia diplomática de Chile, Barcelona, Ariel, 1970, pp. 176-177, cit. en G.V. Rauch, op. cit., p. 61.
M. Barros, op. cit., pp. 31 y 316, cit. en G.V. Rauch, op. cit., p. 62; F.A. Encina, op. cit., pp. 151-152.
M. Barros, op. cit., p. 320, cit. en G.V. Rauch, op. cit., p. 61; F.A. Encina, op. cit., pp. 151-153.
Argentine-Chilean Boundary Report presented to the Tribunal Appointed by Her Britannic Majesty's Government "To consider and report upon the differences which have arisen with regard to the frontiers between the Argentine and Chilean Republics" to justify the Argentine claims for the boundary in the summits of the Cordillera de los Andes, according to the Treaties of 1881 & 1893, 5 vols., London, William Clowes and Sons Limited, 1900, vol. 1, p. 163; R. Burr, op. cit., p. 134, cit. en Donald Edward Willett, Across the Andes: United States, Argentina and Chilean Diplomatic Relations, 1865-1883, M.A. dissertation, Stephen F. Austin State University, 1976, p. 49; G.V. Rauch, op. cit., pp. 59-60.
D.E. Willett, op. cit., p. 49.
F.A. Encina, op. cit., pp. 165-166; D.E. Willett, op. cit., p. 50; G.V. Rauch, op. cit., p. 62. Según Willett, las autoridades de Chile rechazaron el acuerdo, pues deseaban obtener el territorio patagónico hasta el río Santa Cruz. Esta opinión se contrapone con la de Rauch, para quien la posesión de la región patagónica no era un punto importante de la agenda del gobierno chileno y del canciller José Alfonso.
Robert Talbott, A History of the Chilean Boundaries, Ph.D. dissertation, University of Illinois at Urbana, 1959, p. 142; Argentine Report..., op. cit., 1900, pp. 157-159, 163, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 50; F.A. Encina, op. cit., p. 171.
D.E. Willett, op. cit., p. 51; F.A. Encina, op. cit., pp. 171-172.
F.A. Encina, op. cit., pp. 175-177.
Alfredo H. Rizzo Romano, La cuestión de límites con Chile en la zona del Beagle, Buenos Aires, Pleamar, 1968, pp. 78-80; R. Talbott, op. cit., p. 143; Argentine Report, op. cit., 1900, pp. 160-167, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 51. La redacción que da Willett del artículo 1º tiene una pequeña diferencia con el texto de Rizzo Romano. Dice así: "La República de Chile está separada de la República Argentina por la Cordillera de los Andes, corriendo la línea divisoria por sus puntos más altos, pasando entre los manantiales en las pendientes que descienden hacia uno y otro lado".
D.E. Willett, op. cit., p. 51; G.V. Rauch, op. cit., p. 62.
F.A. Encina, op. cit., p. 179.
General Records of the Department of State (Record Group 59), Diplomatic Despatches From United States Ministers to Chile, 1823-1906 ("Dipl. Desp."), (M69), reel 19, Thomas O. Osborn to Evarts, 19-7-1877, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 52.
El rol de Estados Unidos en el conflicto limítrofe
Mientras estos acontecimientos ocurrían en Buenos Aires, otras decisiones en Washington comenzaron a modelar el futuro de la disputa limítrofe argentino-chilena. Los rumores de guerra entre la Argentina y Chile llegaron a los oídos del general norteamericano y ministro en Buenos Aires Thomas O. Osborn, quien decidió chequear su grado de certeza. A través de contactos secretos Osborn se enteró de que los procedimientos parlamentarios habían sido bastante tormentosos. Incluso, el ministro norteamericano indicaba en un informe la existencia de un amplio partido a favor de la guerra, liderado por el presidente de la Cámara Baja del Congreso, quien había sido ministro argentino en Santiago y aparentemente había sido tratado mal por las autoridades chilenas. (1)
No obstante, el canciller Bernardo de Irigoyen había asegurado a Osborn que el gobierno argentino no deseaba la guerra y haría todo lo posible por evitarla.
El gobierno norteamericano procuró armar sus contactos también en Chile. El 30 de mayo de 1877 el presidente Rutherford Hayes nombró a Thomas Andrew Osborn enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en ese país. Ni bien llegó Osborn a la legación norteamericana en Santiago debió enfrentarse con varios problemas diplomáticos severos, entre ellos, uno que tuvo lugar en Punta Arenas en el estrecho de Magallanes. Al principio, dicho incidente mejoró el prestigio de Estados Unidos en Chile. Más tarde, sin embargo, el mismo hecho agravó la discordia existente entre la Argentina y Chile respecto de su disputa limítrofe. El gobernador Osborn llegó a estar profundamente implicado en la cuestión. El problema se desarrolló de la siguiente manera. El barco de vapor alemán Memphis, que cubría la ruta entre Hamburgo y Valparaíso, partió de este puerto chileno el 3 de noviembre de 1877 y comenzó normalmente el cruce del estrecho de Magallanes. Aproximadamente a 18 millas de Punta Arenas el Memphis se encontró con el agente consular inglés en Punta Arenas, F.H. Dunsmure, y su familia. Dunsmure informó a Thomas A. Wilson, capitán del Memphis, que los soldados y prisioneros de la colonia penal en Punta Arenas protagonizaban una sangrienta revuelta contra las autoridades locales. (2)
El capitán Wilson decidió ir hacia Punta Arenas y recoger a los refugiados, pero al acercarse el Memphis a dicho puerto, varios cañones explotaron cerca del barco mercante. Wilson rompió la línea de fuego dirigiéndose hacia la entrada atlántica del estrecho y se reunió con la corbeta norteamericana U.S.S. Adams, cuyo comandante, Fred Rodgers, al enterarse de los sucesos de Punta Arenas por boca de Wilson, decidió tomar cartas en el asunto. (3)
El 14 de noviembre el U.S.S. Adams llegó a Punta Arenas, donde también estaba el barco chileno Magallanes, con el objetivo de aplastar la rebelión de los convictos. Ante la presencia de ambos barcos, que decidieron actuar coordinadamente, los amotinados huyeron hacia Santa Cruz. El incidente incrementó las relaciones de amistad entre los gobiernos chileno y norteamericano. Cuando el Adams llegó al puerto de Valparaíso fue recibido con honores, y además Thomas A. Osborn recibió una nota de agradecimiento del canciller chileno José Alfonso por los servicios humanitarios recibidos en Punta Arenas. (4)
Por su parte, el barco de guerra Paraná, que respondía a las órdenes de autoridades argentinas, se encargó de transportar a los fugitivos de Punta Arenas que habían recalado en Santa Cruz hacia la penitenciaría del gobierno argentino ubicada en Buenos Aires. De este modo, el incidente pasaba de ser meramente local a adquirir un carácter internacional. Cuando las noticias de la captura de los prisioneros llegaron a Santiago de Chile, el gobierno trasandino hizo los reclamos usuales ante las autoridades argentinas para que aquéllos volviesen a su país de origen. Pero el gobierno argentino hizo caso omiso de los reclamos, argumentando que como los amotinados habían cometido el asesinato de 40 personas en Santa Cruz, debían ser juzgados por las leyes argentinas. Más que la ilegalidad de los "criminales de Santa Cruz" estaba en juego la jurisdicción legal de cada país con respecto al juicio de los mismos, y en el fondo de la firme posición argentina estaba la cuestión de la línea limítrofe ente los dos gobiernos. (5)
G.V. Rauch, op. cit., p. 64. Osborn se refería a Félix Frías.
General Records of the Department of State (Record Group 59), Dispatches from United States Consuls in Buenos Aires, Argentina, 1811-1906, (M70), reel 16, E.L. Baker to William Hunter, 22-11-1877, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 59.
Letters Received by the Secretary of the Navy from Commanding Officers of Squadrons ("Squadron Letters"), Washington, National Archives and Records Service General Services Administration, 1973, reel 65, Captain Fred Rodgers to Rear Admiral Henry Preeble (Commander South Pacific Squadron, 19-11-1877, cit. en ibid., pp. 59-60.
Detalles de este incidente en Puntas Arenas en ibid., pp. 60-65.
Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers (F.R.U.S.), Washington, Government Printing Press, 1878, T.O.O. to Evarts, 5-3-1878, 9, cit. en ibid., p. 67.
El cuarto intento de negociación de Barros Arana: la convención de arbitraje del 18 de enero de 1878 y su fracaso
La incorporación de los mitristas al gobierno de Avellaneda, que éste llevó a cabo para ampliar la base de su gobierno, fue vista en los círculos políticos chilenos como una oportunidad para dirimir la disputa de límites pendiente con la Argentina. La Cámara de Diputados de Chile solicitó al ejecutivo que se apresurara a negociar y el último ordenó a Barros Arana regresar a Buenos Aires desde Brasil. (1)
Las discusiones se reiniciaron justo antes de que tuviese lugar la revuelta penal en Punta Arenas. El 18 de enero de 1878 Barros Arana, por el lado chileno, y el canciller Rufino de Elizalde, por el argentino, alcanzaron un nuevo acuerdo de arbitraje general. Ambos negociadores extendieron el alcance del artículo 1º del tratado de mayo de 1877, incluyendo la siguiente aclaración: "Las dificultades que pudieran suscitarse por la existencia de ciertos valles de cordillera en que no sea perfectamente clara la línea divisoria de las aguas, se resolverán siempre amistosamente por medio de peritos". El modus vivendi se establecía de la siguiente manera: Chile ejercería jurisdicción en todo el estrecho, con sus canales e islas adyacentes, y la Argentina lo haría sobre los territorios bañados por el Atlántico, comprendidos hasta la boca oriental del estrecho de Magallanes y la parte de la Tierra del Fuego bañada por el mismo mar; las islas situadas en el Atlántico estarían igualmente sometidas a la misma jurisdicción. Un protocolo complementario, que Barros Arana no consultó a la cancillería chilena, sometía también al árbitro el incidente del Jeanne Amélie. (2)
La convención suscitó reparos en la cancillería chilena. El artículo 1º establecía como límite entre los países la cordillera de los Andes pero sin la frase: "en la porción de territorio sobre la cual no se ha suscitado discusión alguna", exigida ya antes por Barros Arana en junio de 1877. Esto importaba la renuncia de Chile a sus derechos a la Patagonia, Tierra del Fuego y el estrecho. El segundo reparo se refería al modus vivendi, pues la cancillería chilena insistía en exigir el límite provisional en Río Gallegos. Pero antes de que estas objeciones se pronunciaran, el presidente Avellaneda comunicó a Barros Arana que sería imposible obtener la aprobación legislativa a menos que el arbitraje fuera limitado por un protocolo adicional. El plenipotenciario chileno transmitió esto a su gobierno el 24 de enero y al día siguiente obtuvo la siguiente respuesta de Alfonso: "La opinión invariable de mi gobierno ha sido y es que se someta a arbitraje la comarca patagónica en toda su extensión (...) La materia del arbitraje debe comprender, pues, la Patagonia, Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego". (3)
A pesar de las instrucciones recibidas y de que en Buenos Aires reinaba un ambiente desfavorable, Barros Arana decidió seguir considerando el protocolo adicional de limitación del arbitraje. Insinuó un arreglo directo que recordaba al de Lastarria. Se trazaría una línea que partiendo de Monte Aymond en el Atlántico correría a 25 millas de la ribera norte del estrecho hasta tocar la cumbre de los Andes: la Argentina tendría jurisdicción al norte de dicha línea y Chile al sur. El ministro Elizalde se opuso al proyecto y el 5 de abril presentó una contrapropuesta que en el fondo implicaba la aceptación del arreglo directo propuesto por Barros Arana, pero en lugar de darle el carácter de arreglo directo, el gobierno argentino pretendía que fuera el árbitro quien impusiese la solución. Alfonso la rechazó como base de arbitraje. (4)
El 6 de mayo de 1878, en su mensaje anual al Congreso Nacional, el presidente argentino Nicolás Avellaneda anunciaba que "el Congreso oirá con placer que los protocolos de un tratado, que ponían término a la prolongada cuestión con Chile, habían sido firmados y aprobados por ambos gobiernos". Dos días después, para sorpresa de Avellaneda, el gobierno de Chile negó haber aprobado tal tratado, y su ministro de relaciones exteriores llamó a Barros Arana y lo separó del servicio diplomático. El gobierno chileno anunció además que las futuras negociaciones tendrían lugar en Santiago. (5)
Los historiadores difieren en su explicación de lo sucedido. Willett y Rauch señalan que Barros Arana excedió el margen de sus instrucciones y firmó el tratado antes de transmitir el contenido a sus superiores. Cuando el gobierno de Chile recibió la copia del tratado propuesto, su ministro de relaciones exteriores José Alfonso lo rechazó -según Rauch por garantizar a Chile un control tan sólo parcial del estrecho de Magallanes-. Al recibir Barros Arana esta noticia, se negó a informar al gobierno argentino sobre el nuevo giro que adoptaban los hechos, provocando una considerable irritación diplomática entre Buenos Aires y Santiago. (6)
Encina, por el contrario, sostiene que Barros Arana tenía informado al gobierno argentino y que Avellaneda, instruido del rechazo del gobierno chileno, creyó conveniente decir en el mensaje de apertura de las sesiones legislativas que la cuestión de límites con Chile se acercaba a un acuerdo, lo cual fue rectificado por Barros Arana en una nota del 11 de mayo. Como quiera que haya sido la cuestión, debido al fracaso de la negociación, el 21 de mayo de 1878 el gobierno chileno ponía término a la misión de su ministro. (7)
Luego de este traspié, el presidente Avellaneda decidió consultar a varias figuras del espectro político argentino, entre las que se contaban los ex mandatarios Mitre y Sarmiento, con el fin de resolver los pasos a seguir en la ríspida cuestión limítrofe pendiente con Chile. Willett apunta que por primera vez en la historia de Buenos Aires, la Legislatura provincial hizo uso de los privilegios especificados en el artículo 86º de la Constitución Argentina. La Legislatura dirigiéndose a los habitantes de la República Argentina en referencia a la cuestión chilena expresó la opinión de las Cámaras respecto de que si la conducta del gobierno chileno obligaba a la Nación Argentina a adoptar medidas extremas, todo el poder y recursos de la Provincia de Buenos Aires serían puestos a disposición de las autoridades de la Nación. (
Por último, el presidente Avellaneda envió un mensaje especial al Congreso cuestionando el tratado y simultáneamente anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con Chile y el retiro de la legación argentina en Santiago. En ese mismo año, y en otro inequívoco síntoma de dureza respecto de la cuestión limítrofe, el Congreso argentino puso en vigor una ley que creaba el gobierno de Patagonia, el cual incluía todo el territorio de Tierra del Fuego, con capital temporaria en Mercedes de Patagones, hoy ciudad de Viedma. (9)
La ya tirante situación entre ambos países se agravó hacia fines de año debido a un nuevo incidente en la zona austral.
F.A. Encina, op. cit., pp. 190-191.
Ibid., pp. 194-197; Argentine Report..., op. cit., 1900, p. 168, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 68. Ver también G.V. Rauch, op. cit., p. 62.
F.A. Encina, op. cit., pp. 197-198.
Ibid., pp. 199-201. Más adelante en su libro Encina sostiene que Barros Arana había cumplido las instrucciones de su gobierno de exigir todo el Estrecho mientras tuvo esperanzas de que el gobierno argentino aceptara la solución. Pero perdida tal esperanza, extralimitó sus instrucciones aceptando un proyecto de solución directa en el cual Chile renunciaba a la Patagonia, la mitad del Estrecho y la mitad de la Tierra del Fuego, es decir a todas las pretensiones, en el acta misma de constitución del arbitraje. Ibid., p. 244.
F.R.U.S., 1878, T.O.O. to Evarts, 14-5-1878; R. Burr, op. cit., p. 134, fuentes citadas en D.E. Willett, op. cit., p. 69.
R. Burr, op. cit., p. 134; Dipl. Desp., (M69), reel 20, T.O.O. to Evarts, 18-7-1878, cit. en D.E. Willett, op. cit. p. 68; G.V. Rauch, op. cit., p. 62; y Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacífico, Valparaíso, 1911-1919, 3 vols., vol. II, p. 440, cit. en Geoffrey S. Smith, "The Role of José M. Balmaceda in Preserving Argentine Neutrality in the War of the Pacific", HAHR, vol. XIX, Nº 2, May 1969, p. 256.
F.A. Encina, op. cit., p. 201.
Dipl. Desp., (M69), reel 20, T.O.O to Evarts, 18-7-1878, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 69.
César A. Vapñarsky, Pueblos del Norte de la Patagonia, Fuerte Roca, Editorial de la Patagonia, 1983, p. 34; Armando Braun Menéndez, "Primera presidencia de Roca", HAC, 1, 296-297, fuentes citadas en G.V. Rauch, op. cit., p. 109
El incidente del Devonshire y su impacto en las relaciones argentino-chileno-norteamericanas
Tensiones con Chile
Transcurre el último trimestre de 1878; el doctor Nicolás Avellaneda hace cuatro años que ejerce la presidencia de la república, asistido por el general Julio A. Roca en el tratamiento de las cuestiones militares, desde el cargo de ministro de Guerra y Marina.
Con Chile la República Argentina mantiene unas relaciones muy tensas debido a cuestíones limítrofes que datan desde 1843, época en que los trasandinos se han instalado en el Estrecho de Magallanes. Esta situación se ha agravado con la presencia de buques de la marina de guerra chilena en aguas del río Santa Cruz.
En 1876 la barca francesa Jeanne Amélie se encontraba en la desembocadura de ese río, dedicada a cargar guano, operación que estaba autorizada por el cónsul argentino en Montevideo. El 20 de octubre de ese año apareció en el lugar la corbeta de guerra chilena Magallanes y apresó a la nave gala. Las autoridades chilenas con asiento en Punta Arenas dispusieron que el buque francés y su tripulación, en calidad de detenida, fueran trasladados a ese puerto y durante la navegacion el Jeanne Amélie varó sobre una restinga del Cabo Vírgenes y se fue a pique.
Ese apresamiento, que representaba un desconocimiento de nuestra soberanía sobre aquella región, provocó gran indignación en las autoridades nacionales y en el pueblo argentino; se entablaron protestas ante el gobierno trasandino, que se negó a dar satisfacciones además de afirmar que la jurisdicción de Chile alcanzaba hasta la ribera sur del río Santa Cruz. Con el transcurso de los meses se fueron apaciguando los espíritus, mientras se llevaban a cabo gestiones diplomáticas para poner término a la cuestión.
El 19 de junio de 1878 Augusto M. Ventury, un comerciante de Buenos Aires, notificó a E.L. Baker, el agente consular norteamericano en dicha ciudad, que había alquilado un barco mercante norteamericano, el Devonshire, con el propósito de cargar el guano acumulado en las islas ubicadas en la boca del río Santa Cruz. Pero el 11 de octubre de dicho año, la corbeta chilena Magallanes llegó al área y su comandante exigió a la tripulación del Devonshire -anclado en la isla de Monte León- la autorización del gobierno chileno para realizar la operación de cargar guano. Como los hombres del Devonshire no poseían tal autorización, el comandante de la Magallanes decidió capturar el barco y a su tripulación y conducirlos a Punta Arenas, con el agravante deshonroso hacia el mínimo decoro de los militares chilenos que dejaron abandonado en tierra a su capitán. (1)
El entonces teniente de Marina don Carlos María Moyano, que se desempeñaba como subdelegado de Marina en Santa Cruz, envió una comunicación a la Comandancia General de Marina en la que informaba sobre el atropello cometido por la nave chilena, lo que motivó nuevamente que la situación alcanzase un límite por demás delicado, la mínima cuestión podía forzar el casus belli.
Los diarios de Buenos Aires dieron la voz de alarma y enfervorizaron a la opinión pública, que reclamaba poner coto a la intro- misión chilena en la zona santacruceña. Esta reiteración del agravio por parte de Chile, decidió al gobierno argentino a enviar un buque de guerra a Santa Cruz para expulsar de allí a los chilenos. El doctor Avellaneda, en su mensaje al Congreso Nacional, expresaba: [ ... poniéndose en el caso de legítima defensa el Poder Ejecutivo ha dispuesto estacionar un buque de guerra en la boca del río Santa Cruz, levantar una fortificación a la entrada del mismo y sobre su margen norte, dotándola con cañones y guarnición correspondiente ...
Las autoridades argentinas interpretaron este incidente como un ultraje a un país amigo. Las chilenas obviamente adoptaron otro punto de vista. Ya en septiembre de 1878 el canciller Alejandro Fierro había informado al representante norteamericano en Chile, Thomas A. Osborn, que un barco norteamericano estaba cargando guano en forma ilegal al sur del río Santa Cruz. Ocurrido el incidente, el ministro aclaró al diplomático norteamericano que las acciones del gobierno chileno no debían ser consideradas como una provocación al gobierno de Estados Unidos, ya que cualquier barco que violase territorio chileno sería capturado de la misma manera. (2)
Isla Monte León, provincia de Santa Cruz (República Argentina)
El incidente, como en el caso de los "criminales de Santa Cruz", estaba vinculado a la irresuelta jurisdicción territorial. Chile reclamaba todas las tierras ubicadas al sur del río Santa Cruz, reclamo que incluía, por cierto, la isla de Monte León donde la cañonera chilena Magallanes había capturado al Devonshire. Este incidente, lejos de constituir un hecho aislado, respondía a una línea definida de la política exterior chilena tendiente a consolidar su dominio al sur del mencionado río. Así, y con el objetivo de despejar toda posible duda sobre la cuestión de la soberanía chilena en esta área, el gobierno trasandino ya había emitido una declaración el 26 de octubre de 1873, la cual iba dirigida a todos los gobiernos extranjeros y establecía que la autoridad de Chile debía ser respetada al sur del río Santa Cruz. El gobierno chileno agregó peso a esta declaración cuando el 27 de abril de 1876 capturó al barco francés Jeanne Amélie por cargar guano ilegalmente, aproximadamente en el mismo sitio que el Devonshire. Para el gobierno chileno, la cuestión en torno al Devonshire era simplemente la de reafirmar una ley establecida desde hacía tiempo. (3)
Cañonera chilena Magallanes
En esta nueva instancia de la disputa entre Buenos Aires y Santiago, la exagerada reacción de ambos países casi llevó a la guerra. El ministro de Guerra y Marina, general Julio A. Roca, con una profunda comprensión del problema patagónico -demostrado al año siguiente con el inicio de las operaciones contra el indio para dominar el Desierto- estimó que lo propuesto por Avellaneda no era de suficiente poder y convenció al primer magistrado de que lo conveniente era enviar al río Santa Cruz una división naval. Prevaleció el criterio de Roca y fue así como se designó al cornodoro Luis Py, por entonces jefe de nuestra Escuadra, para llevar a cabo la delicada misión.
El presidente Nicolás Avellaneda y su entonces ministro de guerra y marina, Julio Argentino Roca, decidieron ocupar Santa Cruz y despachar hacia el área austral barcos de guerra. El comodoro Luis Py, de la marina argentina, recibió órdenes de organizar y conducir la división naval que debía zarpar hacia Santa Cruz, con el objetivo de proteger el río homónimo de las incursiones chilenas. A la vez, según informaba el ministro norteamericano en Buenos Aires general Thomas O. Osborn el 18 de noviembre de 1878, el gobierno de Chile había enviado dos o tres cañoneras a la Patagonia, con peritos para ocupar el estrecho de Magallanes. (4) Para la Argentina la captura del Devonshire era un insulto personal a su gente y una cuestión de honda preocupación. El 24 de octubre de 1878, Augusto Ventury protestó contra el gobierno de Chile ante el ministro norteamericano en Buenos Aires Osborn, y ante el cónsul norteamericano en esta ciudad, Baker. Ventury sostuvo que la cañonera chilena Magallanes había violado la ley internacional ya que intervenía en aguas que estaban bajo jurisdicción de la República Argentina y además había capturado al Devonshire y abandonado al capitán en la isla de Monte León sin provisiones. Ventury demandaba también que el gobierno de Chile reembolsara la suma suficiente para cubrir los costos de la captura y prisión del barco y de su tripulación. Osborn inmediatamente transmitió estas protestas del comerciante porteño al gobierno argentino y telegrafió las mismas a Santiago. También informó al comandante de la flota norteamericana del Atlántico sur. Las protestas de las autoridades argentinas más la insinuación de represalias militares por parte de las norteamericanas forzaron al gobierno chileno a moderar su posición. El canciller chileno Alejandro Fierro se entrevistó con el representante en Chile Osborn, informándole acerca de la disposición del gobierno chileno de liberar al Devonshire y su tripulación a cambio de la promesa de atenerse a la acción judicial de los tribunales. Pero la respuesta de Buenos Aires casi lleva a la guerra. No sólo rechazó la propuesta chilena, sino que reafirmó sus reclamos de indemnización por parte del gobierno chileno, a fin de cubrir las pérdidas sufridas por la captura del Devonshire. (5)
Afortunadamente, según Willett, la moderada reacción de los ministros norteamericanos en Santiago y Buenos Aires, y la desinteresada acción de Warren Lowe, ciudadano norteamericano y editor del prestigioso Buenos Aires Herald, evitaron la guerra. Con el propósito de otorgar una salida a la delicada situación, Lowe se reunió con el ministro norteamericano en Buenos Aires y luego pasó a la capital chilena donde se contactó con el cónsul argentino, Mariano de Sarratea, y con el canciller chileno, Alejandro Fierro. Según Willett, Fierro quedó gratamente impresionado con los argumentos expuestos por Lowe. El editor del Buenos Aires Herald descartaba la idea de un arreglo forzado, que sólo sería garantía de una guerra entre la Argentina y Chile. Era mejor arbitrar y evitar la guerra, que luchar y arbitrar más tarde. (6)
Lowe sugirió una y otra vez al canciller chileno Fierro la liberación incondicional del Devonshire y su regreso a Estados Unidos como paso previo para desactivar la presión diplomática norteamericana en la Argentina, y la incidencia negativa de la opinión pública argentina sobre sus autoridades, factor este último que paralizaba cualquier avance en la negociación con Chile. Fierro adujo que la real amenaza de guerra con la Argentina impedía que el gobierno chileno actuase sobre las válidas recomendaciones del editor del Herald. Tras varias idas y vueltas, el ministro de relaciones exteriores chileno confirmó la decisión de su gobierno de liberar voluntariamente al Devonshire y devolverlo a Estados Unidos. Esta resolución tuvo un impacto positivo en los círculos oficiales en Buenos Aires, y finalmente, el 15 de noviembre de 1878, el canciller chileno envió una carta al gobernador de Magallanes autorizando a zarpar al Devonshire, poniendo punto final al incidente. (7)
La Armada chilena en su versión oficial reza: "En 1878, el sistemático avance de Argentina hacia el sur de Río Negro, en la Patagonia, estuvo a punto de provocar la guerra entre ambas naciones. La barca norteamericana "Devonshire" cargó guano en la caleta Monte León con licencia de autoridades argentinas, en territorio chileno. La "Magallanes" al mando del Comandante Latorre cumplió órdenes del gobierno chileno y apresó la barca y la condujo a Punta Arenas. Esto produjo reclamos de Argentina, que en ese entonces pretendía esos territorios y los ánimos se caldearon a punto de romper relaciones diplomáticas. La cordura se impuso y se llegó a un acuerdo a través del Pacto Fierro-Sarratea."
La escuadra argentina
Un 1° de Diciembre de 1878, el Comodoro Luis Py de la Armada Argentina izó la bandera nacional en el paraje denominado Cañadón Misioneros a las 17 horas de ese histórico día. En sí, fue un acto simple y rápido, pero cuyas implicancias perdurarían en el tiempo hasta nuestros días.
Como sabemos, era de larga data el enfrentamiento no muy solapado entre Argentina y nuestros vecinos chilenos, en torno a la posesión definitiva de la Patagonia, que ellos reclamaban como propia. El conflicto internacional no se hizo esperar y el Ministro de Guerra del Presidente Avellaneda, general don Julio A. Roca, envió a Py al mando de una escuadra rumbo a los mares australes para evitar más intromisiones de los trasandinos, entre cuyos buques se hallaba uno que cumpliría días de gloria futuros: la entonces cañonera y posterior corbeta “Uruguay” (hoy Museo expuesto en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires). El 27 de Noviembre remontó el río Santa Cruz y por fin ese primer día de Diciembre reafirmó los derechos argentinos sobre tan vasto territorio.
No es casual que este sublime acto heroico, coincida con la campaña militar del mismo Roca hacia el Desierto y cuyo objetivo era terminar definitivamente con el imperio de saqueos y robos descarados a las poblaciones pampeanas por parte de los mapuches, quienes eran apañados por el gobierno chileno. Abiertamente Chile no podía ocupar nuestra tierras del sur por hallarse enfrascado en una guerra contra Perú y Bolivia, la llamada “Guerra del Pacífico” y no era adecuada estratégicamente hablando abrir otro Teatro de Operaciones y un enemigo más.
Es por ello, que hombres como Roca, Py, Piedrabuena, Levalle, Villegas o Vintter deben ser recordados con respeto y con la debida distancia histórica, sin anacronismos absurdos, ni torceduras de brazo a Clío, musa de la Historia, porque la Historia, al igual que la Verdad, no necesita de nuestras mentiras...
Este territorio "en disputa" forma parte integral de la actual República Argentina.
1. Dipl. Desp., (M69), reel 20, T.A. Osborn to Evarts, 30-10-1878, cit. en D. E. Willett, op. cit., p. 72.
2. Dipl. Desp., (M 70), reel 16, Baker to Hunter, 22-10-1878; (M10), reel 29, T.A.O. to Evarts, 25-10-1878, fuentes citadas en ibid., p. 72.
3. R. Burr, op. cit., p. 134, cit. en ibid., p. 73.
4. Osborn to Evarts, Telegram Nº 207, November 18, 1878, U.S. National Archives, Washington D.C., RG 59, citado en G.V. Rauch, op. cit., pp. 63-64.
5. Dipl. Desp. (M 10), reel 29, T.A.O. to Evarts, 7-11-1878, cit. en D.E. Willett, ibid., p. 76.
7. Dipl. Desp., (M 10), reel 29, T. A.O. to Evarts, 12-11-1878, (M69), reel 20, 12-12-1878; (M 70), reel 16, Baker to Hunter, 21-11-1878, fuentes citadas en ibid., p. 81.
por Esteban McLaren el Miér Dic 11, 2013 8:51 am
El retorno a las negociaciones diplomáticas entre la Argentina y Chile: el tratado Fierro-Sarratea (diciembre de 1878) y las razones de un nuevo fracaso
Según Rauch, más allá de los irritativos incidentes ocurridos con los navíos francés Jeanne Amélie y norteamericano Devonshire, capturados por la cañonera chilena Magallanes en aguas australes, y de algunos movimientos iniciados por el entonces ministro de guerra y marina del gobierno de Avellaneda, Julio Argentino Roca, como la ocupación de Santa Cruz y el envío de una flotilla de naves de guerra a dicha zona, ninguna de las partes litigantes estaba preparada para la guerra. Ambos países tenían demasiados problemas en su agenda. Chile, la inminente guerra del Pacífico y la necesidad de consolidar su modelo de desarrollo económico. La Argentina, la doble tarea de fortalecer un Estado nacional y un modelo de desarrollo. Además, la última tenía problemas limítrofes pendientes con Bolivia y Brasil, resabios no resueltos de la Guerra de la Triple Alianza. En este complicado contexto externo, común a la Argentina y Chile, y más allá del creciente nacionalismo imperante en ambos países del Cono Sur, resultaba altamente productivo dejar una puerta abierta a la negociación diplomática. (1)
Por su parte, Willett sostiene que a pesar de estos incidentes y de los preparativos militares que reflejaban un clima de creciente tensión en las relaciones diplomáticas bilaterales, los ministros norteamericanos en la Argentina y Chile informaban al Secretario de Estado que la posibilidad de guerra entre ambos gobiernos del Cono Sur era remota. El transcurso del tiempo incluso permitió conocer la verdad acerca del alejamiento de Barros Arana, motivado por su desobediencia a las instrucciones del canciller. Lentamente, las comunicaciones diplomáticas entre las dos naciones retornaron a la normalidad. Como consecuencia de ello, se reanudaron las negociaciones entre Mariano de Sarratea, el cónsul argentino en Santiago, casado con una chilena y conectado con la aristocracia trasandina, y Alejandro Fierro, el ministro de relaciones exteriores del gobierno de Chile. Justamente a través de sus contactos en Chile, Sarratea tuvo conocimiento del deseo de negociar con la Argentina por parte del presidente chileno y de los integrantes del "partido de la paz". (2)
Sarratea y Fierro llegaron a un tratado el 6 de diciembre de 1878. A diferencia de los acuerdos que lo precedieron, éste no contenía una definición de la línea limítrofe, pero establecía un statu quo en la cuestión por un período de catorce meses, con opción a un año más de prórroga. Durante ese lapso, el gobierno de Chile ejercería la jurisdicción sobre las aguas y costas, canales e islas adyacentes del estrecho de Magallanes y el de la Argentina sobre las aguas, costas e islas adyacentes del Atlántico. Mientras rigiera el statu quo, cada parte debía seleccionar dos representantes, los cuales formarían un tribunal mixto que resolvería las cuestiones. El tribunal debía elegir a su vez a un quinto individuo para actuar como arbitro iuris en todos los puntos no acordados por las dos partes. (3)
Desafortunadamente el tratado Fierro-Sarratea fracasó en definir los límites y la cuestión no quedó totalmente resuelta. No obstante, dicho tratado sirvió como un arreglo ad hoc contra las ascendentes peticiones de guerra en ambos países. A los tres días de su firma, el Senado chileno aprobó el tratado en forma abrumadora y el 14 de enero de 1879 el gobierno chileno anunciaba al argentino su conformidad con el nuevo acuerdo. Según Rauch, el gobierno chileno era el que tenía más necesidad de llegar a un acuerdo, dado que tenía otro frente de conflicto. Este se derivaba de los problemas surgidos en los depósitos de nitrato explotados por capital chileno en la provincia boliviana de Antofagasta. Hilarión Daza, jefe del gobierno boliviano, decidió imponer una tasa de 10 centavos por quintal sobre la producción de las minas de dicha provincia. La Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, de propiedad chilena, rehusó pagar la nueva tasa y este inconveniente abrió el camino a la guerra del Pacífico. En este contexto, el gobierno de Chile necesitaba tener a la Argentina de aliado -o al menos de actor neutral- y no como un enemigo adicional. (4)
Por el lado de la Argentina, el Congreso no consideró en forma inmediata el tratado porque las sesiones ordinarias de ambas Cámaras comenzaban recién en mayo de 1879. Además, se había desarrollado en el ámbito parlamentario una facción antichilena que se oponía a la ratificación del tratado, en concordancia con el resentimiento popular contra Chile por los incidentes con los navíos Jeanne Amélie y Devonshire. Dicha facción a la vez procuraba extraer ventajas del involucramiento chileno en la guerra del Pacífico a partir de abril de 1879, apoyándose en la prensa argentina que había adoptado una clara posición antichilena y proboliviana. Incluso se llegó a organizar una sociedad patriótica opositora que incluyó a varias figuras públicas como Bernardo de Irigoyen, Félix Frías, Santiago Estrada y Miguel Goyena. (5)
Por cierto, vale añadir que las divisiones políticas causadas por la cercanía de las elecciones provinciales en la Argentina sugerían que el arreglo de la cuestión patagónica dependía menos de los méritos de los negociadores que de las diferentes personalidades de los políticos argentinos. En este sentido, el periódico The Standard, de Buenos Aires, sostenía que las grandes cuestiones que llegaban a consideración del Congreso siempre "perdían o ganaban su aprobación por la mera popularidad de los individuos con los cuales estaba identificada tal o cual cuestión". (6) En otras palabras, y de acuerdo con la tesis de Smith, la raíz del problema no era tanto la Patagonia o el estrecho de Magallanes en sí mismos, sino la disputa interna generada en torno a estos temas entre los "duros", como los senadores Félix Frías y Santiago Estrada, y los "blandos" identificados con el presidente Avellaneda y el canciller Manuel Montes de Oca. Este último protagonizó una verdadera guerra contra sus opositores en torno al tema de la neutralidad en la guerra del Pacífico y la ratificación del tratado Fierro-Sarratea, que resultó en realidad una victoria pírrica: si bien logró la neutralidad argentina en dicha guerra y convino con el representante chileno José Manuel Balmaceda el aplazamiento de la ratificación del tratado, estos triunfos parciales fueron al costo de la pérdida de su propia influencia política. (7)
En síntesis, aunque el gobierno de Avellaneda trataba de mantener la paz interna necesaria para consolidar el modelo económico -ya bastante perturbada por la pugna entre los autonomistas porteños y el gobierno nacional y que terminaría en la revolución de 1880-, el público porteño, influido por la facción antichilena en el Congreso y por los medios de prensa, se inclinaba de manera crecientemente hostil a cualquier arreglo con el gobierno de Chile. (
G.V. Rauch, op. cit., pp. 62-65.
Dipl. Desp., (M 10), reel 29, T.A.O. to Evarts, 15-10-1878, cit. en D.E. Willett, ibid., p. 70.
General Records of the Department of State (Record Group 59), Notes from the Argentine legation in the United States to the Department of State, 1811-1906 (M 47), reel 2, Julio Carrie to Evarts, 20-1-1879; R. Burr, op. cit., pp. 134-135; Dipl.Desp., (M 69), reel 20, T.O.O. to Evarts, 12-12-1878; (M 10), reel 29; T.A.O. to Evarts, 11-12-1878; Dipl. Instrs. (M 77), reel 36, Evarts to T.A.O., 19-1-1879; Argentine Report..., op. cit., 1900, p. 169, fuentes citadas en ibid., p. 82. Ver también F.A. Encina, op. cit., pp. 215-220; y G.V. Rauch, op.cit., pp. 66 y 314.
G.V. Rauch, op. cit., pp. 66-67.
The Standard, 28 de marzo y 1º de abril de 1879; La Nación (Buenos Aires), 28 de marzo de 1879; Francisco A. Encina, Historia de Chile: desde la prehistoria hasta 1891, Santiago, Nascimento, 1940-1952, 20 vols., volumen XVI, pp. 503 y 505; G. Bulnes, op. cit., II, p. 442; R. Burr, op. cit., p. 144; Néstor T. Auza, Santiago Estrada y el conflicto de límites con Chile, Buenos Aires, 1966, fuentes citadas en G.S. Smith, op. cit., p. 258.
The Standard, 12 de junio de 1879, cit. en ibid., p. 265.
The Standard, 1º de abril de 1879, cit. en ibid., p. 258; ver también pp. 256 y 259. Asimismo, consultar G.V. Rauch, op. cit., p. 315.
La misión Balmaceda: asegurar la neutralidad argentina en la guerra del Pacífico
Antes de que volviese a sesionar el Congreso argentino, los acontecimientos que ocurrieron en Chile alteraron el curso de la disputa limítrofe. El 5 de abril de 1879 Chile le declaró la guerra a Perú y a Bolivia. Por otro lado, observadores chilenos en Montevideo (1) habían informado a su gobierno que la Campaña al Desierto dirigida por Roca constituía un instrumento para organizar el ejército, crear cuerpos especializados de peritos, obtener tierras, y, en otras palabras, para preparar la guerra contra Chile. Alimentado por el temor de que el gobierno argentino se uniera a Perú y Bolivia en su lucha contra Chile, en marzo de 1879 el gobierno de este país decidió enviar a José Manuel Balmaceda a la Argentina en carácter de nuevo ministro plenipotenciario. (2)
Balmaceda recibió órdenes de asegurar un rápido acuerdo en la cuestión limítrofe y contrarrestar los esfuerzos de Bolivia y Perú dirigidos a formar con la Argentina una alianza antichilena. El enviado chileno necesitaba concluir un tratado con las autoridades argentinas con el objetivo de conseguir la neutralidad de éstas en la guerra del Pacífico, aun al precio de algunas concesiones territoriales respecto de la disputa limítrofe. (3)
La neutralidad de la Argentina era necesaria porque, por un lado, la situación de Chile se complicaría extremadamente en el caso de tener que llevar adelante una guerra en dos frentes, y, por otro, debido a que la posición geográfica de su vecina le permitía dificultar el aprovisionamiento de armas a Chile por la vía del estrecho, no pudiendo este país utilizar la otra vía -Panamá- hasta no desarticular la escuadra peruana. (4)
No obstante, Balmaceda era consciente de las dificultades que existían para el cumplimiento de su misión. Decía el enviado chileno a su gobierno:
A mi llegada a Buenos Aires, la opinión pública se había modificado profundamente. Dos causas habían producido principalmente este cambio de actitud. Era la primera la guerra del Pacífico, y la segunda, la desconfianza producida en los ánimos sobre el éxito del arbitraje, en vista de la reciente sentencia del Presidente de los Estados Unidos que adjudicaba al Paraguay el territorio del Chaco sometido a arbitraje y que la Argentina creía pertenecerle lo mismo que la Patagonia. Se quería entonces desviar el pacto de diciembre y substituirlo por una transacción que les permitiera resolver la dificultad sirviendo convenientemente sus intereses. (5)
Otros dos acontecimientos hicieron que Balmaceda aumentara sus dudas acerca de la actitud del gobierno argentino, o al menos de algunos de sus integrantes, respecto de la cuestión pendiente con Chile. El primero ocurrió casi simultáneamente con la llegada del ministro plenipotenciario chileno, y consistió en el envío de 5.000 hombres conducidos por el ministro de guerra Julio Roca hacia el sur, con el objetivo ostensible de dominar a los indios que amenzaban las áreas lindantes con la provincia de Buenos Aires. Balmaceda temía que detrás de este objetivo explícito se escondiese la intención de las fuerzas de Roca de ocupar por la fuerza la región patagónica en disputa con Chile. El otro hecho inquietante para la diplomacia chilena fue la llegada de agentes bolivianos a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Mendoza en procura de mulas para ser utilizadas en la guerra contra Chile. (6)
Este último acontecimiento resultaba un obstáculo para los planes de Balmaceda en función de la neutralidad argentina que el enviado chileno deseaba arrancar al gobierno de Avellaneda.
Los primeros contactos de Balmaceda con las autoridades argentinas no parecían otorgar buenos augurios a su misión. Si bien el canciller argentino Manuel Montes de Oca declaró en forma no oficial que "Argentina no tomaría ventajas de las dificultades de Chile" y se declaría neutral en la guerra del Pacífico, lo cierto era que a nivel oficial algunos hombres del gabinete -los partidarios de una línea "dura" respecto de Chile- estaban tratando de sacar ventajas en el conflicto limítrofe. Durante tres días Balmaceda esperó la declaración oficial de neutralidad argentina, y en ese lapso las autoridades argentinas -y entre ellas muy factiblemente el ministro de guerra y marina Julio Roca, una figura política en notorio ascenso- enviaban un escuadrón naval al Río Negro con el objetivo de amenazar el estrecho de Magallanes. (7)
El 8 de abril de 1879, tres días después de la declaración oficial de Santiago del inicio de la guerra del Pacífico, Balmaceda sondeó al canciller Montes de Oca para poner a prueba la vocación de neutralidad del gobierno argentino, y encontró la misma respuesta. La Argentina no deseaba explotar las dificultades chilenas. (
Pero, por cierto, existían sectores que sí intentaban hacerlo. Reuniones públicas de éstos y la decisión parlamentaria de que la Argentina debía armarse inmediatamente, tras acaloradas sesiones de la Cámara alta de los días 13 y 14 de mayo de 1879, así lo demostraban. (9) La postura negociadora de Avellaneda y Montes de Oca parecía tambalearse frente al avance de los "duros" y con ella, los esfuerzos de Balmaceda. Paradójicamente, una semana después, el ministro de relaciones exteriores Montes de Oca proclamó oficialmente la neutralidad argentina y, lo que resultaba aún más paradójico, aseguró que el Senado ratificaría la convención Fierro-Sarratea. (10)
Los "blandos" le habían ganado la pulseada a los "duros". ¿Cuáles habían sido los factores que desencadenaron este resultado tan deseado por el enviado chileno Balmaceda? ¿Tuvo algo que ver la victoria naval chilena sobre el blindado peruano Independencia el 21 de mayo de 1879, cuyo hundimiento implicó la pérdida de efectividad naval peruana en un 50%? (11)
En parte, el cambio de actitud del gobierno argentino hacia Chile se debió a los resultados de las negociaciones entabladas con Perú. El gobierno del último país había instruido inicialmente a su ministro en Buenos Aires, Aníbal Víctor de la Torre, a ofrecer a la Argentina los territorios bolivianos situados entre los 24º y 27º de latitud en la costa oeste, a cambio del ingreso argentino en el conflicto contra el gobierno de Chile. El proyecto fracasó, no obstante, por el rechazo del gobierno boliviano a efectuar semejante oferta que destruía su equilibrio geopolítico. Además, el canciller Montes de Oca creyó que el plan era "tan vago en la formulación que del mismo se hacía en la correspondencia de Uriburu (ministro argentino en Bolivia) que no merecía consideración". Una oferta posterior efectuada por el propio canciller peruano, Manuel Irigoyen, generó una respuesta negativa similar por parte de su colega argentino. Sin darse por vencido, de la Torre se entrevistó con el presidente Avellaneda y el canciller Montes de Oca, pero la falta de una flota poderosa por parte de la Argentina fue el argumento esgrimido por las autoridades argentinas para debilitar los esfuerzos de la diplomacia peruana. Más allá de su fracaso, la sola presencia de de la Torre en Buenos Aires colocaba al chileno Balmaceda en una difícil posición. (12)
Otro factor externo que permite explicar la neutralidad del gobierno argentino en la guerra del Pacífico -y, por ende, el éxito de la misión de Balmaceda- era el apego de los hombres de Estado argentinos a mantener un equilibrio de poder sudamericano que, por supuesto, les fuese favorable. Si la Argentina se incorporaba a la alianza peruano-boliviana, existía alta probabilidad de que Brasil intentara defender la integridad territorial chilena. En este sentido, las palabras del enviado chileno a Brasil, José Victorino Lastarria, parecían confirmar los temores argentinos al señalar que la propaganda peruana "no cambiaría el concepto sostenido en Río de Janeiro respecto de la justicia de la posición de Chile en la cuestión del Pacífico, ni mucho menos el interés político del Imperio (brasileño) en auxiliarnos en nuestras cuestiones co n Argentina". (13)
Otras circunstancias que favorecieron los planes de Balmaceda fueron las preferencias personales del presidente Avellaneda y los ex mandatarios Mitre y Sarmiento por la neutralidad argentina. Respecto del primero, muchos observadores han sostenido que Avellaneda prefería renunciar antes de declararle la guerra a Chile. En el caso de Mitre y Sarmiento, quienes sostuvieron frecuentes conversaciones con el canciller Montes de Oca respecto de esta cuestión, ambos pensaban que la guerra del Pacífico desecaría la fuerza chilena a tal punto que la Argentina podría asegurarse fácilmente un arreglo favorable con el país trasandino sin necesidad de recurrir a la opción bélica. Por su parte, y en referencia a Mitre, el historiador revisionista argentino José María Rosa sostiene que Mitre tuvo en esos momentos críticos gran influencia en el gabinete y encomendó al residente argentino en Santiago, Mariano de Sarratea, la tarea de encarar una gestión amistosa ante el presidente chileno Aníbal Pinto "para economizar a la Argentina el escándalo de un cataclismo infernal". (14)
Otro factor causal -argumentado entre otros autores por el historiador chileno Encina- era la aprensión del gobierno argentino a la superioridad naval chilena. Vale recordar que fue durante la administración de Sarmiento cuando tuvo lugar un importante esfuerzo de modernización de la flota argentina, que alcanzaría a ocupar una posición de liderazgo en el Cono Sur a partir de la década de 1890. (15)
Esta aprensión argentina hacia la superioridad naval de su vecino allende los Andes, derivada por cierto de consideraciones de equilibrio de poder, inhibió a las autoridades de Buenos Aires de actuar contra Chile aliándose a Perú y Bolivia. Al no poseer el número de barcos blindados necesarios para garantizar un claro éxito naval sobre las fuerzas chilenas, las autoridades argentinas prefirieron la neutralidad a un resultado incierto. (16)
Algunos académicos -tales los casos de James R. Scobie y V.G. Kiernan- recurren a factores de índole económica para explicar la neutralidad argentina en la guerra del Pacífico. Durante la década que precedió a dicha guerra, la República Argentina había experimentado un notable crecimiento económico, especialmente en el área pampeana, centro productor de granos y carnes. Amparadas en su estabilidad y prosperidad económica, las autoridades argentinas no estaban dispuestas a arriesgar el lucrativo comercio con Europa declarando la guerra a Chile. (17)
Así, a pesar de los esfuerzos de los partidarios de la línea "dura" con Chile, las puertas para la negociación permanecieron siempre entreabiertas.
Como las relaciones estaban suspendidas con la Argentina, el presidente Pinto había encomendado al marino Arturo Prat Chacón la misión confidencial de trasladarse a Montevideo y observar desde allí la situación argentina. El 25 de noviembre de 1878 Prat Chacón informaba al canciller Alejandro Fierro: "en Buenos Aires se nota que los apetitos guerreros se pronuncian tanto más cuanto mayor es su convencimiento que nuestras intenciones son pacíficas". Advertía que los avances derivados de la campaña del general Roca demostraban "con abrumadora elocuencia que ni piensan ni desean la paz, que no andan descaminadas respetables personas de esta ciudad, habituadas a la política argentina, que no ven en las palabras conciliadoras que el telégrafo transmite a Chile otra cosa que artificios para ganar tiempo y prepararse mientras nos adormecen". Por último agregaba que en su opinión la paz no constituía sino una tregua que se rompería cuando las circunstancias se presentaran favorables a la Argentina. Oscar Espinosa Moraga, "El tratado Fierro-Sarratea. Etapa de la entrega de los territorios patagónicos", en revista Zig-Zag, Nº 2825, Santiago, 29-X-1959, cit. en A.H. Rizzo Romano, op. cit., pp. 90-91.
G.S. Smith, op. cit., p. 259. También citado en G.V. Rauch, op. cit., p. 103.
Thomas O. Osborn to William Evarts, May 3, 1879, U. S. Department of State, Foreign Relations for 1879, Washington, 1880, 20-21, in Maury A. Bromsen, The Rise of José M. Balmaceda: A Chilean President's Background, M.A. Thesis, Berkeley, University of California, 1941, 77, fuentes citadas en G.S. Smith, op. cit., pp. 256-257.
F.A. Encina, La cuestión de límites..., op. cit., p. 222.
Ibid., p. 228. Geoffrey S. Smith sostiene que parte del sentimiento popular antichileno en la Argentina estaba vinculado a un arbitraje efectuado por el gobierno trasandino en el cual éste había cedido parte del Chaco al Paraguay.(G.S. Smith, op. cit., p. 258.) La explicación es errónea porque tal arbitraje chileno no existió. Lo correcto es lo que afirma Balmaceda en su informe.
G.S. Smith, op. cit., p. 259.
F.A. Encina, Historia..., op. cit., XVI, 508; Edmundo Civati Bernasconi, Guerra del Pacífico, 1879-1883, 2 vols., Buenos Aires, 1941, 1, pp. 105-106, fuentes citadas en ibid., p. 260.
Balmaceda a Domingo Santa María, 22 de mayo de 1879, en G. Bulnes, op. cit., II, p. 445; The Standard, 15 de mayo de 1879, fuentes citadas en ibid., p. 263.
Balmaceda a Domingo Santa María, sesión del 21 de abril de 1879, en Antonio Varas, Correspondencia de Antonio Varas sobre la Guerra del Pacífico, Santiago, 1918, 258, cit. en ibid., p. 260.
La Nación, 25 de mayo de 1879; The Standard, 27 de mayo de 1879; F.A. Encina, Historia..., op. cit., XVI, 507; José M. Yrarrázaval Larraín, El presidente Balmaceda, 2 vols., Santiago de Chile, 1940, vol. 1, 209, fuentes citadas en ibid., p. 263.
De la Torre a Irigoyen, 24 de mayo de 1879, en Pedro Yrigoyen, La alianza Perú-Boliviano-Argentina y la declaratoria de guerra de Chile, Lima, 1921, pp. 347-348; G. Bulnes, op. cit, II, pp. 442, 447 y 448; F.A. Encina, Historia..., op. cit., XVI, 504-505, fuentes citadas en ibid., p. 260.
José V. Lastarria to Miguel L. Amunátegui, Montevideo, 1º de septiembre de 1879, en Robert N. Burr, The Stillborn Panama Congress: Power Politics and Chilean-Colombian Relations During the War of the Pacific, Berkeley, 1962, p. 37; The Standard, 27 de abril de 1879; F.A. Encina, Historia..., op. cit., XVI, 511, fuentes citadas en ibid., pp. 261 y 266.
De acuerdo con Rosa, Pinto exigió del gobierno argentino una nota explicando que la escuadra argentina presente en Santa Cruz "no tenía propósitos hostiles" como condición previa a las negociaciones con Buenos Aires. El gobierno chileno prometía, una vez cumplido el paso argentino, dar la contraorden a la escuadra chilena. El gobierno argentino aceptó la exigencia chilena, y ello permitió al canciller argentino Montes de Oca y al diplomático chileno José Manuel Balmaceda acordar verbalmente mantener el statu quo. Ver, respecto del rol de Mitre, José María Rosa, Historia argentina, vol. VIII, Buenos Aires, Oriente, 1973, p. 199.
G.V. Rauch, op. cit., pp. 235-236 y 354.
F.A. Encina, Historia..., op. cit., XVI, 511, cit. en G.S. Smith, op. cit., pp. 266-267.
James R. Scobie, Revolution on the Pampas: A Social History of Argentine Wheat, 1860-1910, Austin, 1964 y V.G. Kiernan, "Foreign Interests in the War of the Pacific", HAHR, XXXV, February 1955, pp. 14-36, fuentes citadas en ibid., p. 267.
El acuerdo Balmaceda-Montes de Oca (junio de 1879). Rechazo de éste y del tratado Fierro-Sarratea por el Senado argentino
El 28 de mayo de 1879, Balmaceda y Montes de Oca celebraron su tercera conferencia, en la cual el último propuso un nuevo convenio de arbitraje limitado. Se llevaría adelante el arbitraje pactado en el artículo 39 del tratado de 1856, pero se acordaba el compromiso recíproco de renunciar a los territorios que el árbitro otorgara a alguna de las partes en la zona contraria. Para esto se procedía al trazado de la siguiente línea provisoria. La Cordillera de los Andes dividía a los dos países de norte a sur hasta los 52o de latitud sur y los 70o 41' de longitud oeste. Desde allí se trazaba una línea que pasaba entre los montes Rotunda y Patadion y corría en dirección noroeste-sudeste hasta interceptar los 52o 40' de latitud sur y 70o 31' de longitud oeste. Este punto correspondía a la Bahía Oazi en el límite norte del estrecho de Magallanes. La Patagonia quedaba para la Argentina, mientras Chile retenía Punta Arenas. (1)
En el límite norte del estrecho de Magallanes, se trazaba otra línea que comenzaba en el Cabo San Vicente, a 52o 34' de latitud sur y 70o 23' de longitud oeste, y se trasladaba de norte a sur hasta el Canal del Almirantazgo. Dicha línea divisoria cruzaba Tierra del Fuego en el punto que divide a Monte Esperanza del Canal de Beagle. Luego cruzaba el Canal y pasaba entre las islas de Hoste y Wollaston al oeste y la de Navarino al este. Finalmente terminaba en los 56o de latitud sur y 60o de longitud oeste. De acuerdo con este esquema, la Argentina recibiría todas las tierras al este de esta línea, mientras las ubicadas al oeste de la misma pertenecerían a Chile. El tránsito del estrecho de Magallanes quedaría abierto a todas las naciones. (2)
No obstante, como la llegada de Domingo Santa María a la cancillería parecía inclinar al gobierno chileno a la opción bélica, Avellaneda solicitó a Balmaceda que consultase a su gobierno respecto de un modus vivendi. La cuestión de límites quedaría aplazada por diez años. Mientras tanto, "la Argentina ejercerá jurisdicción en el mar y costas del Atlántico e islas adyacentes; y la República de Chile en el mar y costas del Estrecho de Magallanes, canales e islas adyacentes". El gobierno chileno aceptó el modus vivendi, y el protocolo correspondiente fue firmado en Buenos Aires el 3 de junio de 1879 por Montes de Oca y Balmaceda. (3)
Luego de la aparición del tratado, no se registraron progresos ulteriores en la mediación hasta que los ministros norteamericanos en Buenos Aires y Santiago, primos con nombres casi idénticos, ofrecieron la mediación oficial de Estados Unidos, la cual fue aceptada por las partes en litigio. (4) En la percepción del ministro norteamericano en Buenos Aires, general Thomas O. Osborn, las disputas limítrofes y la guerra del Pacífico constituían dos temas de la agenda argentino-chilena que podían conectarse de manera peligrosa y llevar a una guerra entre las dos naciones sudamericanas. Consciente de que las simpatías de la Argentina estaban en forma casi completa con los enemigos de Chile en la guerra del Pacífico, Bolivia y Perú, el general Osborn conjeturó que la nueva política argentina hacia la guerra y los tratados chilenos era "la de no hacer nada". (5)
Osborn concluía que si el esfuerzo de Chile en la guerra se tornaba negativo para dicho país, la Argentina probablemente cometería actos agresivos en el área en disputa, lo que, a su vez, podía conducir a una segunda declaración de guerra. Y si Chile resultaba exitoso en su guerra con Bolivia y Perú, entonces la Argentina podía usar su neutralidad en la guerra del Pacífico para forzar un arreglo limítrofe favorable. (6)
Finalmente, a fines de junio, el Senado recibió la convención Balmaceda-Montes de Oca y la debatió por espacio de ocho días, rechazándola por una votación de 18 a 7. El Senado también rechazó la ratificación del tratado Fierro-Sarratea por 24 a 1 votos. Ante este traspié parlamentario, el gobierno de la Argentina asumió una actitud cautelosa pero al mismo tiempo se preparó para una eventual guerra contra su vecino. Otra vez se ponía de manifiesto en el seno del gobierno de Avellaneda el choque entre los "duros" y los "blandos" respecto de la cuestión limítrofe con Chile. Julio Argentino Roca estaba inclinando momentáneamente la balanza a favor de los primeros desde el ministerio de guerra y marina, al ordenar que la flota argentina zarpara nuevamente hacia el río Santa Cruz. En Buenos Aires los navíos blindados argentinos Andes y Plata fueron reparados y puestos a punto para la lucha. Además representantes argentinos viajaron a Inglaterra y firmaron contratos para obtener varios barcos de guerra y municiones. (7)
R.N. Burr, By reason or force, op. cit., p. 144, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 84. Ver también G.V. Rauch, op. cit., p. 315.
Argentine Report..., op. cit., 1900, pp. 169-175; Dipl. Desp. (M 69), reel 29, T.O.O. to Evarts, 12-6-1879, fuentes citadas en D.E. Willett, op. cit., p. 84; G.V. Rauch, op. cit., pp. 315-316.
F.A. Encina, La cuestión de límites..., op. cit., p. 230.
Robert D. Talbott, A History of the Chilean Boundaries, Iowa State University Press, Ames, Iowa, 1974, pp. 96-99, cit. en G.V. Rauch, op. cit,, p. 316.
Dipl. Desp., (M 69), reel 29, Thomas O. Osborn to Evarts, 3-5-1879, cit. en D.E. Willett, op. cit., p. 85.
por Montero el Lun Nov 24, 2014 6:10 pm
Ojeando unos folletos turísticos de unos 4-5 años atrás, encontré uno perteneciente a la oficina de Turismo de la Municipalidad de Azul que, entre muchas otras cosas interesantes, figura esta:
Monumento al Cacique Catriel y Plazoleta del Respeto a los Pueblos Originarios.
Simbolizando un encuentro de culturas, el busto del cacique Cipriano Catriel, jefe de los Pampas, está ubicado sobre un monolito de piedra, rodeado por pilares de adoquín, en el piso la silueta del partido de Azul y unas piedras de gran valor histórico pertenecientes a la "ruca" (casa) de Catriel traídas desde Sierras Bayas.
Esta obra artística realizada con el aporte de los alumnos y docentes de la escuela Nº 62, pretende constituirse en un espacio simbólico en el que se reconozca y rescate la presencia e histortia de los antiguos pobladores.
Folleto de la Oficina de Turismo Municipalidad de Azul
Parece que tanto los docentes de la escuela Nº 62, como las autoridades de Turismo del partido bonaerense de Azul, adolecen de una brutal falta de memoria o de información histórica tal vez.
Transcribo unos párrafos del libro de Estanislao Zeballos, "Callvucurá y la Dinastía de los Piedra" (pág 40-41, Cap XIII):
La tempestad estalló en los senos ignorados del desierto, entre las cadénas de los médanos y en las selvas del caldén sagrado, rodando como rueda la corriente abrasadora de la lava hacia las pobladas llanuras del oriente.
Cinco mil jinetes a las órdenes de Callvucurá operaban al día siguiente de Caseros en divisiones comandadas por sus tenientes Cachul, Catriel, Namuncurá, Raipil, Carupán, Calvuquir y Cañumil.
Cachul y Catriel rompían los tratados con sus lanzas y tomaban a saco el pueblo de Azul, donde apenas encontraban la resistencia aislada de los vecinos acantonados en sus propios hogares; y en seguida hollaban el camino secular de los chilenos, para incorporarse al malón formidable de Callvucurá. (...)
En 1855, tres años después de la caída del Tirano, este ejèrcito dominaba por completo las vegas pintorescas de Olavarría, el fecundo llano del Azul y las pampas de Córdoba, Cuyo y Santa Fe.
La naciente ciudad del Azul había sido asaltada y tomada por Callvucurá, que se retiró después de matar trescientos vecinos en las calles.

References: resolución 
 artículo 39
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 86
 resolución 
 artículo 39