Source: http://www.slideshare.net/fredcrimi/comienzos-de-la-pena-privativa-de-libertad
Timestamp: 2016-10-23 11:23:01+00:00

Document:
Comienzos de la pena privativa de libertad
Caso de Éxito - Procuración Peniten...
Enap 310715
by Aurelkys
Frederick Deco, Working
at Iviteg - La Universidad a tu alcance
Universidad de los Andes. Facultad de ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela de Criminología. Cátedra: Gerencia. SISTEMA PENITENCIARIO.ENFOQUE GENERAL EN LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO VENEZOLANO. Mérida, Mayo de 2012. 2.
Comienzo de la pena privativa de libertad. Durante los siglos XV y XVIII, se comienza a emplear la privativa delibertad como pena propiamente, tomada como referencia de los monjes queeran encerrados en total aislamiento para expiar sus culpas. En esa mismaépoca surge la idea de utilizar esta pena en contra de los individuos que se lehabían impuesto penas pecuniarias y no tenían como pagar, de esta maneralos individuos eran encerrados y forzados a trabajar dentro de la cárcel. Peroparalelamente a esto se seguían practicando las torturas, mutilaciones, azotesentre otros. Es hasta 1791 que se crea el código penal francés, y de allí que la penaprivativa de libertad entra en un plano normativo y político propiamente dicho,disminuyendo así la pena de muerte y torturas. Origen y evolución histórica del sistema penitenciario Venezolano. Desde la Constitución de 1864 la administración de justicia la ejercíacada Estado o Provincia de manera diferente, quedando bajo potestad de cadaEstado, igualmente, lo relativo a la normativa de régimen penitenciario. El únicocaso en que intervenía el Poder Ejecutivo Federal era en lo que a penas gravesse refería. Es importante señalar que para ese entonces los centros penitenciariosexistentes estaban bajo tutela militar, hasta el año 1886 en el cual se dicta laprimera Ley sobre Construcción de Penitenciarías en la cual se coloca enmanos de civiles la construcción y administración de establecimientospenitenciarios. La primera reforma penitenciaria en Venezuela fue hecha por el maestroTulio Chassone entre 1937 y 1946; elaboró una ley de régimen penitenciario 3.
muy moderna para esa época y, originó lo que fue el comienzo del penitenciarismo moderno en el país con la creación de la Penitenciaría General deVenezuela, en San Juan de los Morros, la cual era un modelo penitenciariopara Venezuela y para América Latina. El doctor Chassone centró su reforma en tres vertientes; la vertientearquitectónica, la vertiente legal con la nueva ley penitenciaria y, por último, lavertiente humana con la creación de un Instituto para la Formación delPersonal Penitenciario. La “reforma Chossone” se mantuvo en Venezueladurante 25 años, hasta el año 1961, que se aprobó la Ley de RégimenPenitenciario. Posteriormente se comenzaron a construir centros penitenciarios en elpaís, Tocuyito, por ejemplo, con un modelo arquitectónico moderno; elInternado Judicial de Barinas; La Cárcel de la Pica; el Instituto Nacional deOrientación Femenina (INOF). Luego, se aprobó una nueva ley en la cual seacogieron los principios de las Naciones Unidas y se creó el Instituto deFormación de Personal Penitenciario, que existió hasta el año 1992. Elproyecto de reforma adelantado antes de la dictadura de Pérez Jiménez, nofue posible reimpulsarlo una vez derrocado el régimen dictatorial debido a losaltos índices de delictivo y criminal que comenzó a azotar a Venezuela,productos del “boom” petrolero y de las migraciones que se experimentaron enel país , lo cual abrumó las cárceles que fueron construidas impecablemente,porque las mismas comenzaron a ser hacinadas, el personal no se dabaabasto y se inició el proceso de desastre penitenciario nacional. En la constitución de 1961 planteaba elementos relacionados con eltema penal más no existía referencia expresa a el sistema penitenciario. Desde 1984 se vienen haciendo propuestas de cambio en laorganización del estado Venezolano, pero es en 1998 donde Venezuela viveuna etapa de transformación, se instaló un proceso constituyente que derivó enuna nueva constitución. El poder ejecutivo en Agosto 1999 tomó la decisión de reducir sutamaño, emitiendo un decreto que establecía la fusión de varios ministerios 4.
(Gaceta Oficial # 36.775). Los despachos de Relaciones Interiores y de Justiciafueron fusionados. Creándose así El MINISTERIO DEL INTERIOR YJUSTICIA; Entidad Pública que entre otras competencias tiene laresponsabilidad de administrar los Servicios Penitenciarios, a través de laDirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso la cual seencuentra adscrita al Despacho del Viceministro de Seguridad Ciudadana. La nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV),así como la entrada en vigencia del código Orgánico Procesal, le han dado unvuelco al sistema penitenciario, en donde la presunción de inocencia y estadode libertad son sus premisas fundamentales, aunado a la creación de losjueces de ejecución de pena, con la finalidad de velar por el cumplimiento delrégimen penitenciario. El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela estipula: “El estado garantizará un sistema penitenciario queasegure la rehabilitación del interno o interna el respeto a sus derechoshumanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espaciospara el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo ladirección de penitenciaritas profesionales con credenciales académicasuniversitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo delos gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidadesde privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y elcarácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las formas decumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferenciaa las medidas de naturaleza reclusorio. El estado creará las institucionesindispensables para la asistencia pos penitenciaria que posibilite la reinserciónsocial del ex interno o ex interna y propiciará la creación de un entepenitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.” Aún cuando se cuenta con este basamento legal, hasta los momentosno se han superado las deficiencias. Los establecimientos penitenciariosvenezolanos se caracterizan por el hacinamiento, inadecuadas instalacionesfísicas, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales,imperio de la violencia, extorsión, corrupción, inexistencia de inspección de los 5.
procesos, carencia de oportunidades y medios para la rehabilitación yreinserción de los internos(as). En cuanto a los aspectos administrativos no secuenta con una estructura organizativa integrada, falta de formación del recursohumano, lentitud de los procesos administrativos y de gestión, oficinasinadecuadas, ausencia de plataforma tecnológica, inexistencia de enlaces conlos entes externos que intervienen en los procesos. El proyecto penitenciario en la actualidad PROYECTO: El proyecto de Humanización Penitenciaria nace como unarespuesta del Estado venezolano al extremo deterioro de un sistema dominadopor la anarquía, la desidia y la corrupción. Sus antecedentes inmediatos se ubican en el Decreto de EmergenciaCarcelaria dictado por el Presidente de la República el 14 de Noviembre de2004, por virtud del cual se nombra una comisión presidencial con un doblepropósito: 1. Atender de manera inmediata el estatus de la poblaciónprocesada recluida en los centros penitenciarios, para alcanzar una suerte denormalización judicial 2. Hacer un diagnóstico de la situación penitenciaria nacional yproponer las fórmulas a corto, mediano y largo plazo tendentes a una reformasustancial del sistema. Humanización del sistema penitenciario venezolano La Humanización es un proceso que busca refundar nuestro sistema deprisiones, cambiando los actuales “depósitos de hombres” por lugares dignos 6.
que permitan a un grupo de hombres y mujeres habilitarse desde la reclusiónpara la vida en libertad. Esto implica: 1. Hacer cumplir los derechos fundamentales de los internos  Vida  Salud  Educación  Trabajo  Deporte, Cultura y Recreación 2. Dar trato digno y respetuoso al interno y su familia. 3. Propiciar valores y sentido de vida. Elevar la autoestima delinterno. 4. Brindar las oportunidades que antes les fueron negadas. Los 3 ejes estratégicos definidos que guiarán la acción de lasinstituciones comprometidas con la realidad penitenciaria, indican el cómo seabordará la problemática penitenciaria que les compete específicamente adichas instituciones. Estos ejes fundamentales para la acción son: Nueva institucionalidad: La transformación del sistema penitenciariorequiere de una nueva institucionalidad, que cuente con una estructuraorganizacional, normas y procedimientos eficientes, una infraestructuratecnológica actualizada y un personal capacitado, con valores éticos queayuden a una acción efectiva con miras a brindar las herramientas yoportunidades a los internos e internas, necesarias para incrementar susprobabilidades de reinserción social Infraestructura: Una infraestructura penitenciaria adecuada significa quela misma esté adaptada a la magnitud de la población penitenciaria, que cuentecon todos los servicios básicos para una vida digna, que cuente con las áreasrequeridas para las actividades de tratamiento a los internos e internas. Lasmetas estratégicas del sub componente tecnológico de la infraestructura son: el 7.
desarrollo e implantación del Sistema Informático de Gestión Penitenciaria y laimplantaciÃƒÂ³n de los Sistemas de Control de Acceso. Atención integral: Entendiendo a toda persona como un ser psico-bio-social, un tratamiento adecuado debe estar dirigido a atender estos 3elementos y debe brindar a los procesados (as) y penados (as), las condicionesy herramientas necesarias para el desarrollo de sus potencialidades y/ocapacidades con el fin de mejorar sus posibilidades de reinserción en lasociedad. Uno de los proyectos que se llevan a cabo en función de la atenciónintegral al interno es la formación de La Orquesta Sinfónica Penitenciaria. Misión: Brindar un servicio penitenciario en forma eficiente y eficaz, quegarantice a los procesados (as) y penados (as), las condiciones y herramientasnecesarias para el desarrollo de sus potencialidades y/o capacidades, con el finde mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad, con estricto apegoy observancia a los derechos fundamentales del ser humano. Visión: Proyectarnos ante la comunidad penitenciaria y la sociedad engeneral, como un modelo de institución pública, humanista, científica, modernay eficiente en la prestación de un servicio penitenciario de la más alta calidad. Objetivos. Entre los objetivos presentaremos lo siguiente: 1. Fortalecer y ampliar los vínculos con los actores que se relacionandirecta o indirectamente con el sistema penitenciario a fin de lograr losobjetivos comunes que beneficien las labores que se realizan en la DNSP. 2. Brindar un tratamiento integral de calidad a los procesados ypenados, durante sus diferentes etapas de progresividad en el proceso penal. 3. Garantizar los mecanismos de coordinación con los entesencargados de la infraestructura penitenciaria. 4. Garantizar niveles óptimos de seguridad en los establecimientospenitenciarios y centros de tratamiento comunitarios con absoluto respeto delos derechos fundamentales. 8.
5. Garantizar las condiciones logísticas en los establecimientospenitenciarios, centros de tratamiento comunitarios y unidades técnicas deapoyo al sistema penitenciario. 6. Garantizar a los penados y procesados el acceso a los serviciosmédicos-odontológicos. 7. Optimizar el proceso de control penal para garantizar elcumplimiento de la legalidad, organización, control y tramitación de ladocumentación legal de los procesados y penados. 8. Asegurar una gestión de recursos humanos que garanticecondiciones laborales y sociales óptimas, para brindar servicios penitenciariosde la más alta calidad técnica y profesional. 9. Desarrollar una adecuada planificación y ejecución financiera queobedezca al diagnostico sistemático de las necesidades reales de la institución. 10. Promover el uso eficiente de la tecnología en la prestación de losservicios penitenciarios. Ideario Filosófico. La dramática situación que se ha venido viviendo enlos recintos penitenciarios, fundamentalmente en lo que se refiere a la violaciónde los derechos humanos, es uno de los grandes retos que debe asumir nosólo el Gobierno Nacional, sino el Estado y la comunidad en general como untodo, como parte del compromiso con el nuevo modelo de sociedad plasmadoen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual obliga adar respuestas cónsonas y compatibles con los valores y principiosproclamados en la misma. El articulo No. 272 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, señala un rumbo muy claro en lo que se refiere a la observancia ypreservación de los derechos humanos fundamentales y directrices para latransformación del sistema penitenciario venezolano: 9.
Por otra parte, también se han tomado en consideración los objetivosestratégicos delineados por el Alto Gobierno como un marco de referencia parala definición de los objetivos de transformación del sistema penitenciario, enparticular, se han tomado los siguientes como directrices fundamentales: • Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional. • Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelodemocrático de participación popular. • Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado. • Activar una estrategia integral contra la corrupción. Por lo tanto, como exigencia metodológica para la transformación delactual sistema penitenciario y la concepción de uno nuevo, fue necesariorealizar un análisis exhaustivo de la problemática actual, para lo cual se hizouso de un diagnóstico elaborado en el año 2005 de la situación en 30establecimientos penitenciarios, que permitió definir los principales problemas ysus causas, los cuales, aún se mantienen vigentes al momento de elaboraciónde este documento. A partir de este análisis de causas y efectos se definieron las alternativasde solución en términos de objetivos estratégicos para la transformación delactual Sistema Penitenciario: • Garantizar el respeto de los derechos humanos de todos losinternos, residentes y probacionarios. • Procurar la rehabilitación y reinserción social. • Impulsar el desarrollo de una administración que cuente conpersonal que se rija por principios y valores éticos. • Procurar un proceso judicial expedito y oportuno. • Proveer acompañamiento post-penitenciario. A partir de los retos fundamentales que se plantean para superar el nivelde postración del actual Sistema Penitenciario, se precisaron 3 ejes 10.
estratégicos como guías fundamentales para la transformación efectiva delsistema, que son coherentes con el espíritu del artículo 272 de la Constitución. Los 3 ejes estratégicos definidos que guiarán la acción de lasinstituciones comprometidas con la realidad penitenciaria, indican el cómo seabordará la problemática penitenciaria que les compete específicamente adichas instituciones. Estos ejes fundamentales para la acción son: Nueva institucionalidad. La transformación del sistema penitenciariorequiere de una nueva institucionalidad, que cuente con una estructuraorganizacional, normas y procedimientos eficientes, una infraestructuratecnológica actualizada y un personal capacitado, con valores éticos queayuden a una acción efectiva con miras a brindar las herramientas yoportunidades a los internos e internas, necesarias para incrementar susprobabilidades de reinserción social Infraestructura. Una infraestructura penitenciaria adecuada significa quela misma esté adaptada a la magnitud de la población penitenciaria, que cuentecon todos los servicios básicos para una vida digna, que cuente con las áreasrequeridas para las actividades de tratamiento a los internos e internas. Atención integral. Entendiendo a toda persona como un ser psico-bio-social, un tratamiento adecuado debe estar dirigido a atender estos 3elementos y debe brindar a los procesados (as) y penados (as), las condicionesy herramientas necesarias para el desarrollo de sus potencialidades y/ocapacidades con el fin de mejorar sus posibilidades de reinserción en lasociedad. 11.
Rehabilitación y reinserción Fórmulas alternativas de cumplimiento de pena: 1º Destacamento de Trabajo: Trabajo fuera del establecimiento (con un¼ de la pena cumplida). Esta medida se materializa a través de los Centros dePernocta habilitados a tal efecto. 2º Régimen Abierto: Es un régimen de confianza que permite el trabajo yel contacto comunitario, bajo supervisión de un personal especializado. LosResidentes, como se les denomina a los penados que disfrutan esta medida,una vez cumplida un 1/3 de la pena impuesta, se ubican en los Centros deTratamiento Comunitarios (23 CTC a nivel nacional, entre ellos tres paradamas). Tiene la finalidad de hacer efectiva la rehabilitación y reinserción delindividuo, fomentando la responsabilidad individual, conciencia social ycrecimiento ante el mundo circundante. 3º Libertad Condicional: Para penados que hayan cumplido 2/3 de lapena impuesta; son atendidos en las Unidades Técnicas de Apoyo al SistemaPenitenciario, de acuerdo a tres niveles de supervisión: Máximo (presentaciónentre 7 y 15 días), Medio (hasta 30 días) y Mínimo (hasta 60 días). Luego deesta medida, al Liberado se le puede otorgar la medida de Confinamiento, lacual no amerita supervisión por parte del Delegado de Prueba. Actividades Complementarias: Planificar, dirigir, promociona, ejecutar,evaluar y registrar; las actividades Culturales, Deportivas, Apoyo Comunitario yEducativas; que ayudará al Desarrollo Integral de la población penal que estábajo alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena (Destacamento deTrabajo, Régimen Abierto y Libertad Condicional) supervisados y atendidos porlos Centros de Tratamiento Comunitario (CTC) y Unidades Técnicas de Apoyoal Sistema Penitenciario (UTASP). 12.
Áreas acondicionadas para las actividades complementarias en los nuevos CTC (centro de tratamiento comunitarios) Coordinaciones Regionales: Coordinar el trabajo técnico yadministrativo. Planificar y ejecutar supervisiones continuas. UTASP: Son las Unidades Operativas donde se desempeñan losDelegados de Prueba y dispensan atención individualizada a los beneficiariosde las medidas: Suspensión Condicional de Proceso (SCP), SuspensiónCondicional de la Ejecución de la Pena (SCEP), Destacamento de Trabajo(DT), Libertad Condicional (LC); y a los familiares, generando un cúmulo deinformación cualitativa (registro cronológico, informes periódicos conductuales,oficios, referencias, etc.) y cuantitativas (estadísticas semanales y mensuales),que exigen tanto el ámbito jurisdiccional como administrativo y sirven comoindicadores individuales y colectivos de los progresos alcanzados en ambosaspectos. El Centro de Tratamiento Comunitario es una institución, de carácterespecial, la cual esta conformada por una Edificación tipo Residencia,proyectada para brindar alojamiento, alimentación y manutención, tratamientointegral, educación, recreación y asistencia médica básica a la población penalde Hombres y Mujeres, quienes hayan cumplido por lo menos una tercera partede la pena impuesta y obtenido una conducta ejemplar, los cuales seránincorporados bajo la media de Régimen Abierto, dirigido a lograr su reinserciónsocial mediante la atención individualizada y comunitaria, orientado, asesoradoy supervisado rigurosamente por un equipo multidisciplinario e interdisciplinariode profesionales que darán las herramientas necesarias en el ámbito familiar,personal, educativo, laboral, legal y otros. Estos son regidos en concordanciacon el Art. 272 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y los Arts. 64 literalA, 81 y 85 de la Ley de Régimen Penitenciario. Evaluación psicosocial. Es una evaluación que se realiza con el objetivode medir tanto la trayectoria vital del hombre como su comportamiento en el 13.
período de reclusión, así como la posibilidad de reincidencia y respuesta altratamiento social. Todo ello, de acuerdo a los criterios de selecciónestablecidos. Hacinamiento. Una de las características estructurales del sistemapenitenciario durante la última década fue el Hacinamiento carcelario, quearrojaba cifras en torno al 100% (capacidad instalada para 1998 de 17.000presos, frente a una población que oscilaba en torno a los 25.000). Asimismo,el número De presos en espera de sentencia siempre se situaba por encimadel número de condenados. Debido a la progresiva aplicación en los últimos 18meses del nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), así como al decretode emergencia penitenciaria decretado a finales de Septiembre de 1999 por laAsamblea Nacional Constituyente, la población reclusa se ha ubicado Porprimera vez en décadas por debajo de la capacidad instalada en el total de losEstablecimientos penitenciarios. Asimismo, la proporción entre procesados ypenados se ha Nivelado en términos absolutos. Condiciones generales (violencia, garantías procesales, servicios básicos) A pesar de la adecuación en términos generales de la poblaciónpenitenciaria a la capacidad Instalada, en el año 2000 11 cárceles registraronpromedios de hasta el 55% de hacinamiento. Asimismo, el descenso en lascifras de la población reclusa “no se ha traducido en una mejoría Sostenida delas condiciones de vida de la población penitenciaria”. Dentro de losEstablecimientos persiste un cuadro general caracterizado por los mismosrasgos de abandono y Violencia intracarcelaria que antes de la desaparicióndel antiguo código: agudo deterioro de la Infraestructura, obstaculización de lasgarantías procesales, violaciones al derecho a la vida y la Integridad personal,deficiente preparación profesional de las personas encargadas de hacerCumplir la ley a lo interno de las prisiones, deficiente atención psicosocial,ausencia de políticas De alimentación y nutrición, deterioro de los servicios 14.
básicos, mínimas oportunidades para la Realización de actividades laborales yeducativas, así como servicios de salud prácticamente Inexistentes. Carencia de personal capacitado y especializado La falta de personal especializado deriva en un régimen condicionadopor la actuación de la Guardia Nacional, a la cuál por ley sólo deberíacompeterle la vigilancia del perímetro externo De las prisiones. Asimismo, lasquejas y denuncias por tratos y penas crueles, inhumanas y Degradantesinfligidos por custodios y funcionarios de la Guardia Nacional se mantienen;para La mayoría de los reclusos, las acciones de disciplina consistenfundamentalmente en maltratos y Atropellos. Asimismo, persiste un elevadonivel de violencia intracarcelaria. A pesar de que en Los tres últimos años lapoblación penitenciaria ha descendido significativamente, el descensoCorrelativo de muertos y heridos por acciones violentas es considerablementemás atenuado, Como muestran los siguiente cuadros. Actividades laborales y deportivas Las iniciativas adelantadas por las autoridades para fomentar laactividad laboral y la educación Resultan insuficientes para lograr larehabilitación del conjunto de población penitenciaria, dado Que benefician aun reducido número de reclusos. Tras realizar una revisión de las principalesEstadísticas de violencia intracarcelaria, Una Ventana a la Libertad afirma: “Laimpunidad es tal Vez la causa principal de la violencia en nuestras cárceles,aunado al ocio al que diariamente Se expone nuestra población penal; segúncifras no oficiales el 90 % de nuestra población Penal no realiza ningunaactividad productiva”. El sistema penitenciario cuenta con un total de 19 centrosde trabajo comunitario, con una Capacidad de albergue para 473 personas (en 15.
estos centros viven los internos que han cumplido Un tercio de su sentencia yse han beneficiado con la fórmula de “destino a establecimiento Abierto”, lo queles permite trabajar y readaptarse paulatinamente). De acuerdo al InstitutoAutónomo Caja de Trabajo Penitenciario, adscrito al MIJ, en el año 1999 untotal de 650 Reclusos pudieron adelantar actividades laborales en un total de10 centros de reclusión (lo que Supone el 3% de la población penitenciaria parala fecha)11. Por otro lado, existe un convenio Entre el MIJ y el InstitutoNacional de Capacitación y Aprendizaje (INCE), para proporcionar Formaciónprofesional a la población reclusa y fomentar la creación de microempresas; enun Periodo de nueve meses (septiembre 1999-mayo 2000), estos programasfavorecieron a un total De 1.115 reclusos12. En cuanto a las actividadeseducativas, el promedio de reclusos Beneficiados viene aumentando losúltimos dos años; en 1999, alrededor del 20% de la Población participó enactividades educativas de alguna naturaleza, fundamentalmente en el área Deeducación básica. Aspectos procesales. Retardo procesal; severas deficiencia en elregistro de procesados y penados, con las Consiguientes fallas en losprocedimientos para su agrupación y clasificación. Atención al recluso. Se destacó la práctica ausencia de programas deatención al recluso. Recursos humanos. En cuanto al personal, se apuntó al deficientereclutamiento de custodios y encargados, Indefinición del perfil profesional parasu selección, ausencia de capacitación para el personal, Falta de manuales deprocedimiento y de funciones para cada cargo e inexistencia de una carreraPenitenciaria que genere estabilidad laboral Políticas Penitenciarias. Tradicionalmente, la administración del sistemapenitenciario venezolano ha sido competencia Del Ministerio de Justicia. En elaño 1999, se fusionó dicho ministerio con el de Justicia, dando Lugar al nuevoMinisterio de Interior y Justicia (MIJ) “con el propósito de someter a la Políticainterior y las actividades de seguridad y orden público a una sola coordinación”.La Reorganización de las competencias de ambos ministerios dio lugar a lacreación de la Dirección De Defensa y Protección Social, quedando encargada 16.
de coordinar a la nueva Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso(antigua Dirección de Prisiones). Esta Dirección cuenta A su vez con una seriede Divisiones, entre las cuáles la División de Salud. En la actualidad, seBarajan diversas políticas y programas de recuperación del sistema, así comode reforma Sustancial de los procedimientos asociados. Sin embargo, losdiversos planes y programas Diseñados y/o implementados en los últimos añosno han logrado revertir de manera Significativa la situación general deprisiones. A continuación se revisan algunos de estos Programas: El Plan Justicia 2000 del MIJ, cuyo principal objetivo es “dignificar yhumanizar la condición Del recluso, sustentado en el estricto cumplimiento delos derechos humanos”, se encontró a lo Largo de 1999 (su primer año deejecución) con dificultades en su aplicación y ejecución debida, Entre otrascausas, “al estado de deterioro de los centros penitenciarios (y) la existencia deuna Compleja red de intereses económicos que impiden el control de laspersonas y recursos que Intervienen en el régimen penitenciario”. En palabrasdel Viceministro de Justicia, “las Autoridades del Ministerio han sidosobrepasadas” por las circunstancias imperantes en los Penales. En marzo de2000, el Ejecutivo dio a conocer un nuevo plan, el “Plan Nacional deSeguridad”, que incluye una inversión de 6.315 millones de bolívares para laremodelación y Equipamiento de nueve centros penitenciarios, el inicio de latransferencia de la gestión de los Centros a los gobiernos regionales ymunicipales y la creación del Instituto Autónomo Penitenciario. Por otra parte,el “Plan Integral de Reforma Penitenciaria” fue presentado y aprobado por LaComisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial. Dado aconocer a Principios de marzo del 2000, dicho plan - apunta a los siguientesaspectos: a) descentralización y creación de un ente autónomo para la atencióny administración del sistema penitenciario; b) Reforma del marco legal actualen materia penitenciaria para adecuarlo a los cambios Constitucionales; c)creación y vigilancia de equipos de trabajo penitenciario, d) política deFormación universitaria y profesional de personal penitenciario. Ministerio Público. En cuanto a la fiscalización pública del sistemapenitenciario, le Corresponde a la Dirección de Derechos Humanos de laFiscalía General de la República. De Acuerdo al Instructivo para fiscales con 17.
competencia en régimen penitenciario, cada una de las Prisiones deberíarecibir al menos tres visitas ordinarias semanales. La Dirección de DerechosHumanos reporta para 1998 un número que apenas supera la tercera parte delas visitas Ordinarias que le competen, mientras que para el año 1999 la cifrase redujo a casi la mitad. En Relación con las dificultades de la Fiscalía parasupervisar adecuadamente la situación reinante En los penales del país, UnaVentana a la Libertad viene exigiendo desde hace años la creación De unaDirección de Asuntos Penitenciarios “a la cual estén adscritos los llamadosFiscales Penitenciarios y que tenga como función principal procesar lasdenuncias que en materia Penitenciaria se tengan, así como vigilar el respetode los Derechos Humanos en nuestras Cárceles”. Finalmente, con la nuevaConstitución se incorporó la Defensoría del Pueblo al régimen de Protección delos derechos humanos. Entre sus atribuciones constitucionales se encuentra lade “visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganosdel Estado, a fin de Prevenir o proteger los derechos humanos” (Art. 281, num9). La institución cuenta con una Defensoría delegada en materia penitenciaria,que viene trabajando fundamentalmente en la Supervisión de las condicionesdel sistema penitenciario, en el acompañamiento de casos Vinculados con elcumplimiento de las funciones de los jueces de ejecución de sentencia, y en laElaboración de propuestas destinadas a acompañar los procesos de reformapenitenciaria. Marco legal Penitenciario. En el marco de una propuesta para desarrollaruna ley marco o “código penitenciario” que regule y codifique todos losaspectos relacionados con el sistema penal, Una Ventana a la Libertadpresenta un diagnóstico general de la legislación vigente en la materia. Dos sonlas Fallas fundamentales detectadas: “en primer lugar la inexistencia de una leymarco que regule Todo lo relativo al sistema, esto es, la situación y tratamientotanto de procesados como de penados; y en segundo lugar la ausencia demecanismos de sanción para los funcionarios. Régimen penitenciario en la nueva Constitución. Con la nuevaConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, el sistema penitenciarioy de protección de los derechos humanos de reclusos y reclusas adquiererango constitucional, quedando integrado en el Poder Judicial. Su fin primordial 18.
es asegurar su rehabilitación y el respeto a sus derechos humanos; en laadministración de justicia los magistrados deben priorizar la aplicación depenas sustitutivas a la privación de libertad. El régimen de administración delos establecimientos penitenciarios es descentralizado, y puede ser sometido amodalidades de privatización. Le corresponde al Estado garantizar opciones deformación profesional y ocio a lo Interno de los establecimientos, así comoadoptar medidas que faciliten la reinserción pos penitenciaria. Unacaracterística relevante de la formulación constitucional es la exigencia deProfesionalización de los directivos de los establecimientos (art. 272). Por otraparte, el artículo 43 de la Constitución incorpora una novedosa y progresivagarantía en materia del derecho a la vida de los reclusos, al disponer que "elEstado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de sulibertad... Marco Jurídico Nacional e Internacional A continuación se presenta un resumen de toda la normativa nacional einternacional por derechos que es recogida en la normativa vigente para elrespeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Ennuestro país no hace falta la creación de más leyes. Lo que hace falta es que elestado diseñe políticas públicas serias con el personal profesional adecuado,que se le dé cumplimiento a nuestra norma rectora que es la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272, que establece ellineamiento que debe cumplirse para erradicar la violencia que se haapoderado de los 30 centros a nivel nacional donde no existe el control delestado sobre la población reclusa. El alcance de esta interpretación y su extensión al conjunto deinstrumentos internacionales de Derechos Humanos está recogido enPrincipios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (principio 5), alestablecer que: Informe sobre Los Derechos Humanos y Debido Proceso de lasPersonas Privadas de Libertad en 10 Centros Penitenciarios, Venezuela 2009 19.
“Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesariaspor el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de losDerechos Humanos y las libertades fundamentales consagrados en laDeclaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que setrate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y suProtocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otrosinstrumentos de las Naciones Unidas”. Los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos son la principalfuente a la hora de seleccionar y definir los Derechos Humanos que setrabajarían en la investigación a la que hace referencia el presente informe.Tales instrumentos pueden clasificarse de diferentes maneras, pero paraefectos de este trabajo se tomaron la presentada por PROVEA (Serie 10,2005), la cual hace la siguiente distinción: Instrumentos Generales oEspecíficos, Instrumentos Universales, Regionales o Nacionales eInstrumentos Vinculantes o no Vinculantes. 1. Normativa Internacional que regula el sistema penitenciario: 1.1. Los Instrumentos Generales son aquellos que protegen una ampliagama de derechos. Entre ellos se encuentran: la Declaración Universal de losDerechos Humanos (DUDH) y la Declaración Americana de los Derechos yDeberes del Hombre (DADDH); los tratados en materia de Derechos Humanos,como los dos pactos internacionales de la Organización de Naciones Unidas(ONU) y la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos(CADH), entre otros. 1.2. Los Instrumentos Específicos son los que protegen un derecho enparticular (por ejemplo, el derecho a la vida, a la protección contra la tortura yotros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), o a un sectorespecífico (por ejemplo, personas privadas de libertad, la niñez, las mujeres,personas que viven con VIH/SIDA), o tratan sobre una garantía específica 20.
vinculada con uno o más derechos (por ejemplo, el uso adecuado de la fuerzay de las armas de fuego, la ética médica del personal de salud asignado encentros de reclusión). 1.3. Los Instrumentos Universales son los que se producen en el senode alguna de las agencias o instituciones de la ONU, tales como la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos (DUDH) o los pactos y convenciones. 1.4. Los Instrumentos Vinculantes son aquellos que establecenobligaciones legales para los Estados. En el ámbito del Derecho Internacionalde los Derechos Humanos, son todos los tratados internacionales que hayansido ratificados por el Poder Legislativo Nacional. En Venezuela, además, estosinstrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional, incluso Supra-Constitucional si establecen normas más favorables al ejercicio del derecho yson de aplicación inmediata por los poderes públicos. 1.5. Los Instrumentos No Vinculantes son los de carácter internacionalque no son tratados y no tienen la aprobación del Poder Legislativo Nacional.En el caso de la DUDH y la DADH, aunque no eran instrumentos vinculantesen el momento de su elaboración, hoy en día, son consideradas por losórganos internacionales competentes manifestaciones del DerechoInternacional Consuetudinario, vinculantes para todos los Estados Parte en laONU y la OEA respectivamente. Tanto los instrumentos vinculantes como losno vinculantes implican obligaciones para los Estados, sólo que los primerosgeneran obligaciones jurídicas, y los segundos, obligaciones morales. A continuación se exponen los instrumentos legales internacionalesgenerales, específicos, universales, vinculantes y no vinculantes consideradoscomo los más importantes y que fueron utilizados para esta investigación. 2. Sistema Universal (Naciones Unidas) 2.1. Instrumentos vinculantes de alcance general y específico 2.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) La revisión de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos,en el Sistema Universal, debe comenzar con los derechos consagrados en la 21.
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Tal como apuntanalgunos autores, la Declaración pasó de ser un texto al que se le atribuyóInforme sobre Los Derechos Humanos y Debido Proceso de las PersonasPrivadas de Libertad en 10 Centros Penitenciarios, Venezuela 2009inicialmente sólo un valor político y moral, a considerarse un instrumento alque, sin ser un tratado, la Comunidad Internacional le atribuye un valor y unafuerza jurídica vinculante, ya sea como cristalización de una costumbre, comointerpretación de la Corte o como enunciación de un principio general delDerecho. 2.1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) El PIDCP, junto al Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales (PIDESC), otorga obligatoriedad jurídica a muchas de lasdisposiciones de la DUDH para los Estados que lo han ratificado. Esteinstrumento consagra los derechos que contemplan las garantías de protecciónpara las personas privadas de libertad relativas a: el derecho a la vida (artículo6), derecho a no ser torturado y sometido a tratos y penas crueles, inhumanosy degradantes (artículo 7); el derecho a la libertad y seguridad personales(artículo 9); el derecho a un trato humano y digno (artículo 10); la igualdad antela ley (artículo 14) y el derecho al respeto de la vida privada (artículo 17). 2.1.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (PIDESC) Establece, entre otros, los derechos a condiciones de trabajo equitativasy satisfactorias, a la protección a la maternidad, a la protección de los niños yadolescentes, a la salud, a la educación y a la alimentación. 2.1.4. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,inhumanos o degradantes (CTTPCID) La Convención contra la Tortura desarrolla el derecho a no ser torturadoo sometido a tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, establecidos enla DUDH (artículo 5) y en el PIDCP (artículo 7). En líneas generales, determinalos ámbitos de este derecho que se tratan con mayor especificidad en otrosinstrumentos internacionales vinculados, tales como el Código de Conducta 22.
para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 128, en especial losartículos 3 y 5, y los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función delPersonal de Salud, Especialmente los Médicos, en la de Personas Presas yDetenidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos oDegradantes, en especial, los principios 1, 2, 4 y 5. 2.2. Instrumentos no vinculantes: otras fuentes del derecho Junto a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que sonjurídicamente vinculantes, para los Estados que los firman y ratifican, seencuentran otras fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,como reglas y principios, que expresan consensos alcanzados en forosespecializados con respecto a temas concretos y apuntan a establecerorientaciones para la mejor realización de los Derechos Asociados. Aunque, enprincipio, no son vinculantes, en conjunción con los tratados, configuranparámetros universalmente aceptados para evaluar el comportamiento estatal ydeben guiar las políticas y acciones de los Estados Partes. En su Observación General No. 21, el Comité de Derechos Humanoslista un conjunto de normas pertinentes de la ONU relativas al tratamiento dedetenidos y convoca a los Estados Partes a que adopten medidas para suaplicación eficaz. Estas son: 1. Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957). 2. Conjunto de principios para la protección de todas las personassometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988). 3. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir laley (1978). 4. Principios de ética médica aplicables a la función del personal desalud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas ydetenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes (1982). 23.
5. Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la administración de lajusticia de menores, denominadas Reglas de Beijing (1987). 2.2.1. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (RMTR) Constituyen uno de los documentos internacionales más antiguos(adoptadas en 1955) en cuanto al trato de las personas privadas de libertad.Han logrado amplio reconocimiento por su valor e influencia en el desarrollo deInforme sobre Los Derechos Humanos y Debido Proceso de las PersonasPrivadas de Libertad en 10 Centros Penitenciarios, Venezuela 2009 la política yla práctica penal. Así lo expresa la organización Reforma Penal Internacional,que también explica que contienen un mayor nivel de detalles prácticos sobreel deber en el cuidado de los reclusos, que se reconoce en los instrumentos deDerecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, agreganque, Cortes Nacionales e Internacionales y otros cuerpos la han utilizado paradar a conocer el cuidado a que tienen derecho las personas en custodia. Ellasestablecen los estándares bajo los cuales no deben caer las condiciones. En esa línea, decisiones adoptadas por el Comité de DerechosHumanos han resaltado el valor de las Reglas Mínimas en la interpretación delartículo 10 PIDCP. En el sistema interamericano se utiliza la expresión“interpretación autorizada” para referirse al uso de un instrumento en lainterpretación de otro. Así, en dos decisiones el Comité ha señalado que: “... éstas constituyen una valiosa orientación para la Interpretación delPacto”; y “... De conformidad con las reglas 10, 12, 19 y 20 que figuran en lasReglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos [...] todo recluso debedisponer de una superficie y un volumen de aires mínimos, de instalacionessanitarias adecuadas, [...] Debe hacerse notar que estos son requisitosmínimos, que en opinión del Comité, deben cumplirse siempre, aunqueconsideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil elcumplimento de estas obligaciones” 2.2.2. Conjunto de principios para la protección de todas las personassometidas a cualquier forma de detención o prisión (CP) 24.
Los principios que se enuncian en este instrumento tienen como objetivola protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención oprisión, bajo el precepto del trato humano y digno que debe observarse para losprivados de libertad. Este cuerpo de preceptos agrupa en líneas generales lasgarantías que se establecen en los instrumentos internacionales de DerechosHumanos, bajo las obligaciones transversales de no discriminación y derespetar, proteger y cumplir, aquellas a las que se comprometieron los EstadosPartes. Son las garantías, definidas en los títulos precedentes, relativos a lossiguientes derechos: vida, libertad y seguridad personal, prohibición de tortura yotros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, trato humano y dignopara los privados de libertad, e igualdad ante la ley. 2.2.3. Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (PBTR) Este instrumento fue adoptado en 1990. Consta de 11 principios quesintetizan, en atención a la definición de unas garantías mínimas, los ámbitosde protección de los derechos de las personas privadas de libertad. A modo deresumen, estos principios versan sobre:  Principio 1: Trato humano y digno para las personas privadas delibertad.  Principio 2: No discriminación.  Principio 3: Libertad de culto y religión.  Principio 4: Personal de custodi (obligaciones en relación con los areclusos bajo su custodia y en relación con la sociedad).  Principio 5: Con excepción de las limitaciones que derivan delencarcelamiento, todas las personas privadas de libertad gozan de losDerechos Humanos.  Principio 6: Derecho a la participación de actividades culturales yeducativas. 25.
 Principio 7: Abolici n y restricción de la celda castigo como sanción ódisciplinaria.  Principio 8: Trabajo penitenciario.  Principio 9: Acceso a servicios de salud.  Principio 10: Incentivo de condi iones c favorables para sureincorporación social.  Principio 11: Aplicació imparcial de los principios. n 2.2.4. Código de conducta para funcionarios encargados de hacercumplir la ley (CCFECL) Define como principio, para el desempeño de las tareas a cargo de losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley, el respeto y protección de ladignidad humana, manteniendo y defendiendo los Derechos Humanos de todaslas personas, determinados y protegidos en el derecho internacional de losDerechos Humanos y su expresión en la legislación nacional. 2.2.5. Principios de ética médica aplicables a la función del personal desalud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas ydetenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes (PEM) Consta de 6 principios que definen aquellas actuaciones del personalmédico, a cargo de personas sometidas a detención o prisión, que violan laética médica y pueden constituir delito con arreglo a los instrumentosinternacionales de Derechos Humanos. También establece los parámetros quedefinen los límites de actuaciones adecuadas y aceptadas y aquellas que no loson, en especial en procedimientos de aplicación de sanciones y/ointerrogatorios. 2. Normativa nacional vigente En este apartado se pretenden exponer las leyes que rigen la materiapenitenciaria en Venezuela, las implicaciones que tienen y lo que consagran enmateria de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. 26.
2.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) La actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es laprimera Carta Magna que en la historia nacional entra a la cárcel. Lo hace através de sus artículos 272 y 184. El artículo 272 dispone: “El Estado garantizará un sistema penitenciarioque asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechoshumanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espaciospara el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo ladirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicasuniversitarias. Se regirán por una administración descentralizada, a cargo delos gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidadesde privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y elcarácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas decumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferenciaa las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las institucionesindispensables para la asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserciónsocial del ex interno o ex interna y propiciará la creación de un entepenitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.” Yel articulo 184 ordena en su encabezamiento: “ La ley creará mecanismosabiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen ytransfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios queestos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos,promoviendo….”, para ordenar en el numeral 7 de esa norma que esapromoción comprenderá “…la participación de las comunidades en actividadesde acercamiento a los establecimiento penales y de vinculación de éstos con lapoblación”. Los dos mandatos constitucionales transcritos significan una verdaderare- forma penitenciaria que determina los preceptos sobre los cuales elladescansa. Esos preceptos son: 27.
1. El funcionamiento de un sistema penitenciario “que asegure larehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos…”,que lo establecido en la Normas Mínimas de las Naciones Unidas sobreprevención del delito y tratamiento de los delincuentes y en las disposicionesinternacionales penitenciarias. 2. La exigencia de que los penales cuenten con “espacios para eltrabajo, el estudio, el deporte y la recreación”, necesarios para el debidotratamiento reeducativo del hombre privado de su libertad. 3. La profesionalización penitenciaria, porque el texto constitucionalexige que los funcionarios directivos de los penales sean “penitenciaristasprofesionales con credenciales académicas universitarias…”. Ello quiere decirque los cargos principales de una cárcel – director, subdirector, administrador,coordinador, educador, ecónomo, promotor cultural, deportivo, jefe de régimen,asesor…- deben ser ocupados por universitarios con titulo de penitenciaristas,que tanta falta hace, por cierto. Desde este momento los egresados de nuestroInstituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciario y los de institucionessimilares, venezolanas o extranjeras, deberán encargarse de los penalesnacionales. A la función penitenciaria directiva se le asigna ahora jerarquíauniversitaria. 4. La administración penitenciaria descentralizada, a cargo de losgobiernos estatales o municipales, quiere decir que los establecimientospenales pasarán a depender de las gobernaciones y de las municipalidades. Elpoder central ha fracasado en la conducción de nuestros penales. Veintitrésgobernaciones de estado o municipalidades no deben fracasar. Además, secrearía una noble rivalidad entre los estados en cuanto a eficacia penitenciaria,y se diseñarían diferentes esquemas carcelarios, de acuerdo con laidiosincrasia prisional de cada región. Esto, entre muchas otras ventajas queirán evidenciándose en la práctica. 5. “Se preferirá el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolaspenitencias…” Al régimen abierto lo caracterizan la ausencia o limitación dedispositivos materiales para impedir la evasión y un sistema de autodisciplina.Llevar ese régimen a una colonia agrícola, en la cual sus residentes trabajen 28.
sembrando la tierra y criando animales, constituiría un verdadero aciertopenitenciario. Recuérdese que buena parte de la población penal venezolanatiene raíces campesinas. 6. “En todo caso –reza nuestra Constitución – las fórmulas decumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferenciaa las medidas de naturaleza reclusorio”. He allí consagrada ladesinstitucionalización, entendida ésta como la negación de la instituciónpenitenciaria”. Se trata de aplicar penas no privativas, sino a lo sumo, restrictaso limitativas de la libertad, como el destacamento de trabajo, el establecimientoabierto, la libertad condicional, el sometimiento a juicio, la suspensióncondicional de la pena, el confinamiento, la libertad bajo fianza, la sujeción a lavigilancia de la autoridad pública, la prisión de fin de semana. También otraspenas que ni restringen ni limitan la libertad física, como la redención de lapena por el trabajo y el estudio; la inhabilitación para ejercer alguna profesión,industria a cargo, destitución o suspensión del empleo, multa, caución para noofender o dañar, amonestación o apercibimiento, trabajo comunitario,confiscación de bienes, amonestación pública, etc. La prisión cerrada ycontinua queda como última alternativa. Las Naciones Unidas y laslegislaciones más avanzadas del mundo ofrecen un nutrido grupo de penas noprivativas de libertad. 7. La asistencia pospenitenciaria está consagrada en nuestraConstitución al disponer que “El Estado creerá las instituciones indispensablespara ello”. La condición de preso, salvo en los condenados a cadena perpetua―y siempre que ésta se cumpla, por supuesto―, es transitoria. La de expresoes permanente y significa una etiqueta estigmatizante que le dificulta laconvivencia social. Esta asistencia pospenitenciaria es una función preventivadel delito, pues contribuye a evitar la reincidencia. Se critica al nuevo CódigoOrgánico Procesal Penal porque libera procesados que luego reinciden, peronada se hace para evitar esa reincidencia, ayudando a los liberados para lograrsu reinserción social. 8. La tecnificación penitenciaria la establece nuestra Constitución aldisponer que el Estado “…propiciará la creación de un ente penitenciario con 29.
carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”. Ese entepenitenciario puede ser un Instituto Autónomo de los Servicios Penitenciarios,conducida por especialistas en ciencias penitenciarias que integren un equipotécnico estable encargado de planificar nuestra política penitenciaria. 9. “Modalidades de Privatización” prevé la norma constitucional. Estosignifica la intervención de los particulares en ofertas de alimentación, detrabajo, de estudio, de deportes, de asistencia médica, de actividadesculturales, de recreación, etc., para los reclusos. No se descarta la posibilidadde privatizar toda una cárcel a manera de ensayo piloto. 10. Se ordena, además, en nuestra Constitución que los estados yMunicipios promoverán “la participación de las comunidades en actividades deacercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con lapoblación”. (Art. 184, numeral 7). Esto significa que la población libre entrará alas cárceles para participar con la población reclusa en actividadescomunitarias – culturales, pedagógicas, laborales – y la población reclusasaldrá a la calle para intervenir, en unión de la comunidad vecina, en lasmanifestaciones de su quehacer colectivo. Es la práctica que se maneja en lospaíses de mejor penitenciarismo: la desaparición de las fronteras entre la cárcely la comunidad. La cárcel formando parte de la comunidad y la comunidadformando parte de la cárcel. Todo esto representaba una verdadera transformación penitenciaria quedebía desarrollarse tal como lo establece nuestra Carta Magna. Se trata delpenitenciarismo moderno, como lo denominó el doctor Elio Gómez Grillo ainicios del siglo XXI. 2. Evaluación del Sistema Penitenciario en Venezuela1 2. I. El privado de libertad como sujeto de derechos El sujeto penalmente condenado tiene derechos: los fundamentales,inherentes a toda persona humana, reconocidos en Convenios y PactosInternacionales, consagrados en las Constituciones a favor de todas laspersonas y que no se pierden por efectos de la condena penal, así como losespecíficos que se derivan de la sentencia condenatoria, de la particular 30.
relación que se establece entre el sancionado y el Estado que lo condenó.Efectivamente, en un Estado de Derecho la relación entre el Estado y elsentenciado no se define como una relación de poder sino como una relaciónjurídica con derechos y deberes para cada una de las partes. El condenadotiene, pues, con el Estado una relación de derecho público y, salvo losderechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es igual alde las personas no condenadas. Lo mismo ocurre con más razón, con losprocesados, debido a la presunción de inocencia de la que gozan. La normativa venezolana reconoce expresamente a los privados delibertad como sujetos de derechos. En efecto, el artículo 272 de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “el Estadogarantizará la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechoshumanos”. Por su parte, la Ley de Régimen Penitenciario (LRP) inspirada enlas Reglas Mínimas de la ONU, promulgada el 21 de julio de 1961,reglamentada el 07 de octubre de 1975, reformada el 17 de agosto de 1981 y el17 de mayo del 2000, contiene los principios que orientan el cumplimiento delas penas privativas de libertad y trata de desarrollar algunos derechosindividuales y sociales de los reclusos consagrados en los instrumentosinternacionales y en la Carta Magna. En efecto, el artículo 2° de la LRP, contiene el mandato general derespeto de los derechos humanos de los condenados, tanto los uti cives, comolos específicamente penitenciarios, cuando dice: 1 Ponencia dictada el 15 de septiembre de 2009 durante el SeminarioInternacional “Los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario venezolano:Situación actual y propuestas para su garantía”, organizado por el Observatoriode Prisiones, conjuntamente con el Instituto Latinoamericano deInvestigaciones Sociales (ILDIS). “Durante el período de cumplimiento de la pena deberán respetarsetodos los derechos inherentes a la persona humana consagrados en laConstitución y leyes nacionales, tratados, convenios, acuerdos internacionalessuscritos por la República, así como los derivados de su particular condición decondenado” (destacado nuestro). 31.
Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), desde supromulgación en el año 1998 y en sus sucesivas reformas también reconoceque el condenado tiene derechos y el derecho a defenderlos, atribuyendo alJuez de Ejecución la garantía de los mismos. Los artículos 478 y 531 del COPPno permiten ninguna duda al respecto. La CRBV, el COPP y la reforma de laLRP del año 2000 son eventos de la mayor trascendencia para el sistemapenitenciario, pues introdujeron al país, por lo menos a nivel legal, el paradigmade los derechos humanos de los privados de libertad y permitieron albergar laesperanza de que se generarían cambios muy positivos en la situaciónpenitenciaria. No cabe duda de que el marco jurídico venezolano, pese a algunasdeficiencias, incoherencias e inconsistencias, tanto en la norma constitucionalcomo en las legales, es suficiente para propiciar la garantía de los derechoshumanos de los reclusos. Pero una cosa es el reconocimiento formal de unospostulados garantizadores de derechos humanos y otra muy distinta es laverificación efectiva de los mismos en el interior de las instituciones penales. Lahistoria y la realidad de las prisiones ponen de manifiesto que es precisamenteallí donde se vulneran todos y cada uno de los derechos de los reclusos. 2.2. Los derechos humanos de los reclusos en las cárceles venezolanas Nadie en Venezuela desconoce lo que sucede en las cárceles del país:hacinamiento, insalubridad, ocio, drogas, corrupción y violencia traducida enhuelgas, motines, tenencia de armas, muertes, heridos y secuestrados; en fin,violación de todos los derechos humanos de los internos. En Venezuela la violación de los derechos humanos de los reclusos noes un fenómeno reciente. De hecho, ha generado en una práctica sistemáticaen los últimos 50 años, conforme se puso de manifiesto en una investigaciónacadémica2, la cual revela el incumplimiento de los derechos a la vida,integridad personal, salud, educación, trabajo y asistencia social. En efecto, la gestión programática del Ministerio de Justicia, duranteesos años, en las áreas de educación, trabajo, salud y asistencia social,aspectos básicos para lograr la exitosa reinserción social del recluso y para 32.
garantizar sus derechos humanos, obtuvo mediocres resultados, tantocuantitativos como cualitativos, tal como se desprende del análisis de estosaspectos realizado en la investigación. En educación formal, donde seobtuvieron los mayores logros, ha variado la cobertura con el paso de los años:mientras que en los años 60 se incluyeron cerca del 50% de la poblaciónreclusa, en los años 70 este porcentaje rondó el 30%. Entre los años 1979 y1998 jamás se incluyó más del 24% de la población reclusa; en los primerosaños de la década del 2000 los incluidos llegan al 67,74%, supuestamente acausa de la introducción de las misiones educativas en las prisiones, pero en elaño 2007 era sólo el 37,92% de los reclusos estudiaban. En el aspecto laboral,la Caja de Trabajo Penitenciario, durante los 50 años estudiados jamás logróemplear más del 13% de la población reclusa y en el mejor de los momentosnunca pasaron del 40% los reclusos que realizaron alguna actividad productiva,la mayor parte de ellos trabajando por su cuenta, sin contar con ningunaformación laboral consistente y realmente útil. En el área de salud, la atenciónfue siempre deficiente, con falta de médicos, medicinas y otros insumos, sinuna política integral que respondiese a las necesidades específicas de loscentros de reclusión y carentes de posibilidad de incidir en las causas queimpidieron la garantía del derecho a la salud de toda la población reclusa. Noes de extrañar, pues, que las cárceles insalubres hubiesen sido escenario detoda clase de epidemias y enfermedades infecto-contagiosas, especialmenteen los últimos 20 años, pues la atención médico-sanitaria fue empeorandoprogresivamente. Igual deterioro sufrió el servicio social en las cárceles, quehabía sido objeto de particular atención del Ministerio de Justicia,principalmente en la década de los 70, cuando se asistía socialmente al reclusoy sus familiares durante el cumplimiento de la pena y después del egreso. Apartir de los 80, la cobertura y el tipo de servicio se fue reduciendo hastalimitarse a atender situaciones de emergencia, y a la realización de estudiospsicosociales. Se trata del trabajo denominado “El Sistema Penitenciario venezolanodurante los 50 años de la democracia petrolera, 1958-2008” realizado por laProfesora María Gracia Morais y concluido en julio de 2009. 2.3. La violencia en las cárceles venezolanas. 33.
Determinantes claves. La violación del derecho a la vida y a la integridad personal se concretaa través de la cada vez más creciente violencia carcelaria. Dicha violencia espluridimensional, pues se manifiesta de cuatro formas: la ejercida por el propioSistema de Administración de Justicia Penal, que se manifiesta a través delretardo procesal, la ausencia de defensores públicos, la comida insuficiente, elestado ruinoso de los establecimientos, la falta de higiene y de atenciónmédica; la ejercida por el personal penitenciario, que se concreta a través delos malos tratos a los reclusos, los cobros indebidos, el trato vejatorio a lasvisitas; la ejercida por los internos entre sí, que serían los pagos por protección,la reducción a la condición de esclavitud, los chantajes, las extorsiones y todotipo de delitos cometidos por unos internos contra otros (homicidios, lesiones,hurtos, atracos, violaciones, etc.), y la ejercida por los reclusos en contra de laautoridad, manifestada a través de resistencia a órdenes y requisas, motines,huelgas, fugas y secuestro de familiares. Ninguna de estas formas de violencia es nueva, pues estudiosacadémicos ya la analizaron en los años 70 del siglo pasado3, aun cuando enaquel momento el fenómeno no tenía ni remotamente las dimensionescuantitativas ni las características cualitativas que presenta hoy4. Este flagelo,sin duda, se ha agudizado en los últimos 20 años, con un saldo de muertos yheridos realmente escandaloso e inaceptable. Venezuela tiene actualmente lascárceles más violentas de Latinoamérica. En efecto, es sobradamente conocidopor todos los especialistas e interesados en la materia que, según datos delObservatorio Venezolano de Prisiones, entre 1999 y 2008 han fallecido en losestablecimientos penales del país 3.664 reclusos, es decir, Se trata de la obra de Mirla Linares Alemán, El Sistema Penitenciariovenezolano (1975) y de la investigación “La violencia en la cárcel venezolana”,realizada por Tosca Hernández, Luis Bravo Dávila y Mirla Linares en 1974. En efecto, las investigaciones revelan que en los años 1972 y 1973murieron en riña 32 reclusos, 16 en cada año; fueron lesionados en riñas 129 34.
internos en 1972 y 145 en 1973. El año 1974 fue considerado, en aquelentonces, como el más sangriento de la historia penitenciaria del país,habiendo sido escenario de huelgas de hambre, motines, fugas, muertes ylesiones un promedio anual de 366 hombres. En el mismo lapso resultaronheridos 11.401 individuos, lo cual significa un promedio de 1.140 lesionadoscada doce meses. Obsérvese en la siguiente lámina que, además de estaspreocupantes cifras de muertos y heridos, hay constantes reportes de violacióna la integridad física (golpes, culatazos y planazos) de los reclusos por partedel cuerpo de vigilantes, y principalmente de los guardias nacionales, cuyosafectados constituyen un número indefinido de personas. Reclusos Muertos y Heridos, 1999-2008 Años Muertos Heridos Total 1999 390 1.695 2.085 2000 338 1.255 1.593 2001 300 1.285 1.585 2002 244 1.249 1.493 2003 250 903 1.153 2004 402 1.428 1.830 2005 408 727 1.135 2006 412 982 1.394 2007 498 1.023 1.521 2008 422 854 1.276 Total 3.664 11.401 15.065 Fuente: Informe del Observatorio de Prisiones sobre la situación delSistema Penitenciario Venezolano, 2008 De este cuadro se desprende que los años donde se aprecia el mayornúmero de hechos violentos fueron 1999 (2.085 entre muertos y heridos) y2004 (1.830, entre muertos y heridos). Los años con mayor número de muertosfueron 2007 y 2008 con 498 y 422, respectivamente. Se observa, además, que 35.
después del 2004 el número de fallecidos aumenta progresivamente, pero laoscilación de los heridos genera el descenso del 39% en los hechos violentos,entre 1999 y 2008. Las cifras anteriores, comparadas con las de otros países deLatinoamérica, ponen de manifiesto que hubo en Venezuela, en el año 2008,cinco veces más muertes violentas que en las cárceles de México, Brasil,Colombia y Argentina juntas. Efectivamente, mientras que en Venezuela, conuna población carcelaria de 23.457 individuos, se produjeron 422 muertes; enesos 4 países, que en conjunto tienen una población penitenciaria de 834.000sujetos, murieron un total de 100 presos. Desagregando datos, en México, conuna población de 250.000 reclusos, murieron 24; en Brasil, con 450.000presos, fallecieron 59; en Colombia, con 72.000, murieron 7, y en Argentina,con 62.000, fallecieron 10. Desde el año 1974 se vienen señalando como determinantes clave de laviolencia carcelaria las contradicciones de los contenidos de la LRP con suinstrumentalización; las deficiencias en las instalaciones carcelarias; lainsuficiencia y falta de preparación del personal penitenciario; los internosprovenientes mayormente de un grupo socio-económico desfavorecido, y quepor lo tanto sufrieron antes de la prisión un proceso de violencia general ycontinuada, lo cual genera resentimiento y hostilidad; el hacinamiento; el ocioforzado; el envilecimiento sexual y la droga. Pero a estas causas habría queañadir el repliegue del control estatal, que pasó a ser ejercido por la poblaciónreclusa, la cual se ha organizado y constituido en un poder informal, que secontrapone a las debilidades en el ejercicio del mando por parte de la autoridadformal, es decir los funcionarios de prisiones. Son los internos, comandadospor líderes negativos quienes, en la práctica, deciden e imponen la dinámicadel penal, desplazando la autoridad administrativa. Las únicas actividades decontrol que las autoridades civiles aún realizan son el conteo diario de losreclusos y la salida de los traslados. Otro factor condicionante de la violencia esel tráfico de estupefacientes y de armas de fuego en los penales.Anteriormente, las muertes y lesiones ocurridas dentro de los establecimientoseran producto de riñas con armas blancas o de fuego de fabricación carcelaria,es decir los chuzos y chopos. A partir del año 1983, comienzan a aparecer las 36.
armas de fuego en los penales y actualmente se utilizan granadas, armas dealto calibre e incluso armas de guerra. Estaría también entre las causas deviolencia carcelaria la práctica de traslados masivos de reclusos hacia otrosestablecimientos, por razones disciplinarias. Estas migraciones forzosas nohacen más que extender el conflicto, pues causan problemas en losestablecimientos que reciben a los trasladados. 2.4. La política gubernamental en materia carcelaria durante los últimos10 años. Aciertos y desaciertos Según las Memorias y Cuentas del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ,luego Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia -MPPIJ), entre 1999 y 2008 la política penitenciaria estuvo ceñida a losmandatos contenidos en el artículo 272 de la CRBV y tuvo como marco el Plande Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001 al 2007) y el Primer PlanSocialista (2007 al 2013). Obsérvese que en ninguno de estos dos planes hayreferencia alguna a lo penitenciario. De la anteriormente mencionada investigación se desprende que lapolítica penitenciaria de los últimos 10 años, con algunas peculiaridades, no sediferencia sustancialmente de las políticas elaboradas en los 40 añosanteriores, visto que todas fueron concebidas para lograr la reinserción socialdel recluso, siendo las estrategias para ello siempre las mismas: mejoramientode la infraestructura penitenciaria y del personal; reducción del hacinamientopenitenciario; implementación de programas educativos y laborales. En las Memoria y Cuentas las políticas aparecen confundidas con variosplanes y proyectos que empiezan en el año 1999 con el Plan Estratégico deGestión Penitenciaria 1999 y 2000 que pretendía, a corto plazo, masificar laparticipación de los reclusos en actividades productivas, deportivas, culturales yeducativas, fortaleciendo las debilidades detectadas en los programas deatención, proyectando obtener cooperación inter e intrainstitucional. En el año2000 se conoció el Plan Justicia 2000, entre cuyas metas se destacaba laclasificación de reclusos, la agilización en el otorgamiento de los denominadosbeneficios penitenciarios y la remodelación de los establecimientos y el PlanNacional de Seguridad, que pretendía remodelar y equipar nueve 37.
establecimientos, transferir a los gobiernos municipales la administración de lascárceles y crear el Instituto Autónomo Penitenciario. En el año 2001 seencuentra mencionada como política la privatización de los establecimientospenitenciarios, desprendiéndose de ella un detallado plan para iniciar laconcesión de cárceles a empresas privadas. En aquel año se formula laPolítica Penitenciaria (2001-2003) donde se establecen los lineamientosgenerales para la modernización del sistema penitenciario, en el marco delconvenio suscrito entre el Ministerio del Interior y Justicia y el BancoInteramericano de Desarrollo (BID), y de la cual se desprenden una serie deambiciosos proyectos y programas de capacitación del personal penitenciario yde la población reclusa. En el año 2002 la política del Despacho estuvo dirigidaa “contribuir a la humanización y modernización de los centros penitenciarioscomo instrumentos de educación para la libertad”, a través de las consabidasobras de infraestructura, la formación de los reclusos en cooperativismo y laaplicación de un “nuevo” régimen penitenciario basado en buena alimentación,servicios médicos, instalaciones y vigilancia adecuada, programas de trabajo,en fin, lo de siempre. Obsérvese que, en cumplimiento del mandato del artículo272 de la CRBV, en los años 2000, 2001 y 2002 el Ministerio elabora un plan yacomete acciones puntuales para descentralizar la administración de losestablecimientos penitenciarios hacia las entidades federales y municipales,pero después del año 2002 se abandona el tema, lo cual luce lógico, vista latendencia centralizadora que se fue imponiendo en el país en los últimos años.Finalizando el año 2004 el Ejecutivo Nacional decreta una EmergenciaCarcelaria, creando una comisión presidencial para atenderla. Dicha comisiónevaluaría la situación de los centros de reclusión y en consecuencia propondríadirectrices, planes y estrategias dirigidas a solucionar los problemasdetectados, para garantizar los derechos humanos de la población reclusa,específicamente su derecho a la celeridad procesal. Fue a consecuencia de laEmergencia que se definió la realización de un estudio detallado de la situaciónpenitenciaria del país, realizado por un grupo de 110 especialistas, 550luchadores sociales del Frente Francisco de Miranda y 52 cubanos, quienesllevaron el peso fundamental en el diseño y ejecución de la actividad. Eltrabajo, que comprendió varias fases y abarcó los treinta establecimientospenales del país se realizó entre junio y septiembre de 2005 y versó sobre la 38.
caracterización socio-criminológica de la población penal, sobre laadministración penitenciaria y sobre los aspectos operativos del Sistema. Elresultado fue el documento denominado Situación actual del SistemaPenitenciario venezolano. Resultado del diagnóstico, a consecuencia del cualla Dirección General de Custodia y Rehabilitación de MIJ diseñó el Proyecto deHumanización del Sistema sobre el cual no existe ninguna explicación en losdocumentos oficiales a los que se pudo acceder. Pero, a través de los informesde PROVEA, se pudo conocer que dicho proyecto fue concebido para unaduración de seis años (2006-2011) y que tendría un costo aproximado de 1,9billones de bolívares (antiguos). Contempla tres ejes fundamentales: una nuevainstitucionalidad, que implica la creación de un ente o Servicio Autónomodesconcentrado, en la actual Dirección General de Custodia y Rehabilitacióndel Recluso; el desarrollo de una nueva cultura organizacional, así como unnuevo sistema de gestión penitenciaria, y el mejoramiento de la infraestructura. En el año 2007 las políticas no presentaron diferencias esenciales conlos años anteriores: el lineamiento fundamental del Ministerio consistió enatender a la dignidad humana de la población penitenciaria, basada en unenfoque de derechos y reinserción social, donde la participación de las familiasy comunidades organizadas en la toma de decisiones son consideradasfundamentales para la construcción de una democracia participativa. Con baseen esa concepción, los objetivos del Despacho serían lograr la articulación delos distintos niveles de gobierno con miras a profundizar la democraciaparticipativa y la concientización de la ciudadanía en la solución del problemacarcelario nacional, teniendo como principales estrategias revisar y reorientar lapolítica penitenciaria y carcelaria; diseñar un sistema de identificación yclasificación de la población interna y construir, modernizar y mantener laestructura física penitenciaria. En diciembre de 2008, mediante Decreto N°6.553, publicado en Gaceta Oficial N° 39.080 del 15 de diciembre de 2008, secreó el Consejo Superior Penitenciario, con carácter de Oficina Nacional, comoÓrgano Rector, “para diseñar y formular políticas integrales que atiendan deforma estructural la transformación del Sistema Penitenciario”. De todo lo expuesto se desprende que, en los últimos años, no faltaronpolíticas, proyectos y planes bien intencionados, abundando también los 39.
estudios y diagnósticos. Sin duda, las políticas fueron acertadas, losdesaciertos estuvieron en la gestión. Pareciera que las políticas notrascendieron del despacho de los ministros, pues no redundaron en la mejoríade las condiciones de vida de los reclusos ni en la garantía de sus derechoshumanos. En efecto, escasos son los logros que el MIJ-MPPIJ puede presentar enmateria penitenciaria. En el área de la educación formal, si bien en los primerosaños de la década de 2000 se verificó un aumento progresivo del número deinscritos, llegando a cubrir el 68% de la población carcelaria, a partir del 2005empieza a descender hasta el 16% en 2008. Aun cuando se ha atribuido elaumento de la cobertura educativa a la introducción de las misiones educativasen las cárceles, la referida investigación revela que dicho incremento ya sevenía verificando antes de que las misiones se establecieran y que éstashabrían restado fuerza y adeptos a las actividades educativas quetradicionalmente se realizaban. En el aspecto cultural, el logro más importantefue la creación de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria en 2007, aún con escasaadhesión por parte de los internos. Respecto a las edificaciones, el logroesencial fue la construcción e inauguración, en 2008, del Centro Penitenciariode Coro, donde se experimenta un nuevo modelo de gestión, que también seensaya en el penal de Tocuyito. Sin duda, el mayor de los desaciertos fue haber abandonado losesfuerzos para descentralizar el Sistema, pues, con ello se ha perdido una delas pocas alternativas que aún quedan para revertir la grave situaciónpenitenciaria del país. La descentralización del sistema tiene múltiples ventajas:favorecería la prestación de servicios más eficientes y un mayor controladministrativo de los establecimientos; permitiría el diseño de estrategiaspropias para cada penal, de acuerdo a las características de su poblaciónreclusa, de su personal y de la idiosincrasia colectiva, es decir, se daríarespuestas más precisas ante las especificidades locales; multiplicaría lacapacidad técnica en torno al tema; propiciaría una mayor participación de lacomunidad en la solución de los problemas, todo ello sin hablar del impacto 40.
positivo que tendría en el trabajo del Juez de Ejecución. Del modelocentralizado de la gestión penitenciaria no se puede esperar otra cosa que losconsabidos y perennes males que la aquejan: ineficiencia, corrupción yclientelismo. El fracaso de los planes establecidos por el MIJ, se debe, entre otrosfactores, a la alta rotación de los ministros y de los funcionarios encargados dela materia penitenciaria, lo cual genera problemas de gobernabilidad de lasprisiones y supone dificultades para garantizar la continuidad de políticas yplanes. En efecto, entre 1999 y 2009 han transitado por el Despacho delInterior y Justicia diez ministros, cuyo cambio acarrea mudanzas en todo el trenministerial. Asimismo, conspiraría contra el éxito de las políticas y planes lafalta de especialización de los altos funcionarios del Ministerio en cuanto amateria penitenciaria se refiere. Los nombramientos, en ésta como en todas lasdécadas anteriores, tienen matriz político y en estos diez años se observa unatendencia a la militarización del Despacho. De los diez ministros, cuatroprovenían del estamento militar, así como varios de los viceministros deSeguridad Ciudadana y directores de Custodia y Rehabilitación. La Rotunda. Con este nombre se conoce a la cárcel caraqueña más célebre de lasegunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. A la mismafueron a parar y terminaron sus días muchos de los opositores a la dictadura deJuan Vicente Gómez. Fue creada mediante una orden de la DiputaciónProvincial de Caracas, del 6 de diciembre de 1843, según la cual debíaconstruirse una cárcel pública al sur del Hospital de Caridad de Hombres,fijando un máximo para su costo de 75.000 pesos, de acuerdo con el planopresentado por el agrimensor público Manuel Florentino Tirado y el alarife JoséFrancisco Herrera. El edificio se comenzó a construir en 1844, bajo la 41.
presidencia de Carlos Soublette y se concluyó en 1854, durante el gobierno deJosé Gregorio Monagas. El diseño de la cárcel estaba inspirado en el sistemade aislamiento individual del “Panopticón”, ideado por el inglés JeremíasBentham a finales del siglo XVIII; de allí que tuviera una forma circular, la cualpronto serviría de apodo para el edificio. La superficie de La Rotunda era de1.100 m2, el patio circular interno medía 24 m de diámetro y desde allí, sedivisaban los 2 pisos de calabozos radicalmente dispuestos a razón de 24cubículos de aproximadamente 2 m x 3 m, más uno que servía de entrada. Encuanto a las celdas, las mismas estaban equipadas solamente con puertas y seencontraba divididas entre sí por gruesos muros de mampostería. El edificioesta precedido por un cuerpo frontal donde se alineaban los cuartos de losguardias, la entrada y probablemente, algún servicio sanitario. Los dos lados de La Rotunda (norte y sur) estaban separados de losnuevos perimetrales por unos estrechos pasillos de inspección, uno de loscuales servía de entrada. El círculo de las celdas se encontraba contenido encuadrado de muros, quedando en las 4 esquinas unos espacios triangulares sinacceso, en los cuales, posteriormente, se abrieron puertas para calabozos. Unode estos fue el tristemente célebre “calabozo del olvido”, donde se aislaba alprisionero durante largos períodos de tiempo. En 1881, el ingeniero RobertoGarcía diseñó una “rotunda norte o nueva”, igual en forma y tamaño a lallamada “rotunda sur” que fue la primera en construirse. Desde su edificación,en La Rotunda fueron recluidos presos políticos, procesados militares ytambién presos comunes. No obstante, su mayor notoriedad la alcanzó durantelos gobiernos de Cipriano Castro (1899-1908) y particularmente, de JuanVicente Gómez (1908-1935). Entre las numerosas torturas que se aplicaban enLa Rotunda al igual que en otras cárceles venezolanas de fines del siglo XIX ycomienzos del siglo XX, figuran el “cepo de campaña”, las “colgadas”, el“tortol”, el “acial”, las “pelas”, los “grillos” y el “apersogamiento”. Además de lasprácticas anteriores, se solía poner veneno y vidrio molido en los alimentos delos presos. La Rotunda fue cerrada temporalmente en 1927 como parte de laamnistía promovida por el entonces secretario de la Presidencia, FranciscoBaptista Galindo, pero fue abierta de nuevo en 1928. En 1936, tras la muertede Gómez, fue demolida, construyéndose en su lugar la plaza La Concordia. 42.
Diferencia con la cárcel actual Rotunda – reten de Catia Características:  Arquitectura penitenciaria: La rotunda: panópticos Reten e internado judicial de Catia: diseño especial (era undestacamento policial)  Clasificación del establecimiento La rotunda: cárcel de presos políticos y comunes Reten e internado judicial de Catia: en principio era un centro dedetención. Hoy hay penados y procesados.  Fecha de construcción La rotunda: el 02 de diciembre de 1843. La diputación provincial deCaracas ordeno la construcción de una nueva cárcel publica para la ciudad,ubicada al sur del hospital de Caridad de hombres. Se empezó a construir en 1844, bajo la presidencia de Carlos Soublette.Se termino en 1854 bajo el gobierno del presidente José Gregorio Monagas. Reten e internado judicial de Catia: en principio fue un destacamentopolicial para mas tarde convertirlo en un reten e internado judicial.  Capacidad La rotunda: con sus dos pisos de calabozos radialmente dispuestos arazón de 24 cubículos de aproximadamente 2metros por 3metros (2mx3m) masuno que servía de entrada. Llego a tener mas de 200 presos. Reten e internado judicial de Catia: para una capacidad inicial de 700internos repartidos en la torre norte y torre sur, en la actualidad recibe mas de 43.
3000 a 4000 internos. Ya en 1987 era el mas hacinado del país. Alberga 2778con un exceso de 2178 personas para su índice de 363%.  Diferencias en cuanto el régimen y el sistema La rotunda: para la época de la rotunda, el sistema era celular, ya que sepuede afirmar que no existía progresividad es decir presencia de un sistemaprogresivo; con sus presos políticos, le dieron un carácter especial. No habíapresencia de una ley de régimen penitenciario, porque era la dictadura deGómez la que ordenaba y se cumplía. Para la vigilancia tenia guardianes militares o guardianes civiles o chacaros. Tenia mala comida con posibilidad de ser enviada por los familiares que habían quedado en el hogar: la madre, la esposa, la hermana entre otros. Los calabozos de ordinario tétrico. Viviendo con una ilusión de ver y disfrutar de la libertad. La salud era precaria y la tuberculosis, la sarna, el piojo era común. Los presos se la ingeniaron para establecer comunicaciones con el mundo exterior. Las muertes por riñas eran casos aislados. La cárcel de ayer era insalubre. El soborno es la característica, se paga por una buena celda o una colchoneta. No había posibilidad de asistencia medica estando preso. En la cárcel de ayer se presentaba castigos muy rudimentarios como las torturas, los castigos fuertes entre otros, pero no había un índice elevado de violencia. Reten e internado judicial de Catia: el sistema progresivo, aunque no ensu totalidad, ya que solo se ve favorecidos unos pocos. No hay presos políticosy existe la ley de régimen penitenciario aunque solo se cumple de maneraparcial. 44.
Para la vigilancia cuenta con la guardia nacional y personal civil penitenciario con escasa formación. La comida es escasa, insalubre y en ocasiones es llevada por la familia, aunque no llega a los reclusos en las mismas condiciones. Los calabozos de hoy con un poco mas de luz, aire y mas limpios pero con mas hacinamiento, mas lujo por la época ya que no falta artefactos eléctricos. En la salud a pesar de la ciencia hay abundancia de enfermedades de la piel, el asma, la tuberculosis y el sida. En la comunicación con el mundo exterior los presos son mas informados de lo que ocurre en el mundo exterior. Las muertes por riñas es algo común. La cárcel de hoy es igual de insalubre. El sistema de hoy es mas corrupto que el de ayer, igualmente el soborno es la característica y se puede pagar por una buena celda o una buena colchoneta. Hoy hay servicio medico. En la actualidad se presentan castigos por parte de los custodios hacia los reclusos. La violencia es elevada entre los presos. Lineamiento estratégico. Como primera instancia presentar el proyecto ante la institución en lacual será aplicado, luego presentar el proyecto ante Estado y por ultimo alministerio de Interior y Justicia como un ente máximo para ejecutar dichoproyecto. 45.
Cuadro de planificación de acciones de los objetivos.Objetivo Acción Actividad Indicador Tiempo resultado requeridoAmpliación del Construcción -realización Disminución De dos a tres Unarecinto de nuevos de un del número años importantecarcelario para pabellones en presupuesto. de internos aproximadamente disminucióndisminuir el las áreas - por celda. delhacinamiento adyacentes canalización hacinamiento pertenecientes de recursos. al recinto carcelarioClasificación y Clasificar y -estudio de Disminución No tiene límite de Disminuciónagrupación de agrupar la casos. de riñas y tiempo, debe ser de índices delos internos población -revisión de peleas en continuo. violencia según el expedientes los índice de -entrevistas pabellones violencia, personales a - características los reclusos. disminución personales, -asignación del número tipo de delito, de pabellón de heridos y reincidencia. según la muertos. clasificación realizada previamenteImplementación Adquisición de -buscar Disminución No tiene límite de Lade proyectos de diferentes personal del ocio. tiempo, debe ser rehabilitacióndeportivos y de destrezas y capacitado. -adquisición continuo. yeducación ocupación de -talleres de reeducación los reclusos para que los destrezas de los en diferentes reclusos para la vida reclusos. actividades adquieran 46.
que destrezas disminuirán deportivas y los índices de laborables violencia Conclusión. A lo largo de la historia, el sistema penitenciario ha sufrido grandescambios con el fin de lograr mejoras de un orden administrativo hastahumanitario. En Venezuela el sistema penitenciario presenta grandesproblemas como consecuencia principalmente del hacinamiento, como lo es laviolencia. Cada uno de los objetivos antes mencionados persigue laimplementación satisfactoria del proyecto tanto a corto como largo plazo para ladisminución de la violencia intercarcelaria presentes en la instituciónpenitenciaria seleccionada; la cual es el Reten e internado judicial de Catia.Dicha disminución será efectiva en la medida en q se implementen cada uno delos objetivos propuestos en este proyecto. Un punto de suma importancia sigue siendo el gran hacinamientoexistente en las cárceles Venezolanas, lo que genera una gran tensión entrereclusos provocando situaciones de violencia muchas veces incontrolables yfatales; los cuales pueden verse disminuidos en gran parte al crear planes deampliación de la institución carcelaria, donde los reclusos se sientan mascómodos y con espacio suficientes para desarrollar cada una de las actividadesdiarias. 47.
El clasificar a los internos y ampliar los recintos carcelarios son objetivospropuestos, los cuales se intentan lograr a través de acciones y actividades conlas cuales se esperan resultados positivos y de esta manera alcanzar las metaspropuestas dentro del proyecto de resolución de problemas de estasinstituciones, y de este modo implementarlos en una medida general a todaslas instituciones carcelarias del país, ya que estas presentan prácticamente losmismos problemas. 48.
Bibliografía.  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(1999).Gaceta Oficial Nro. 36.860 del 30 de diciembre de 1999  Ley de Régimen Penitenciario de la República Bolivarianade Venezuela (2001). Gaceta Oficial Nro. 36.920, del 19 de julio del2000.  Observatorio Venezolano De Prisiones (2009). Informesobre Los Derechos Humanos y Debido Proceso de Las PersonasPrivadas de Libertad. Venezuela: Adran Diseños, C.A  Prado, H. (Director del observatorio venezolano deprisiones) Estadísticas de las cárceles venezolanas. (on line).Disponibles en: http://conflictove.wordpress.com/2010/06/04/carceles-humberto-prado-ejecutivo-ha-fracasado-en-materia-carcelaria-en-los-ultimos-45-anos/. y en:http://www.ovprisiones.org/cms/index.php?option=com. Recommended
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References: artículo 272
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 artículo 43
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 artículo 2
 artículo 272
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