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Timestamp: 2019-04-19 11:02:46+00:00

Document:
STC 127/2004, 19 de Julio de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 225399
STC 127/2004, 19 de Julio de 2004
Número de Recurso: 5108-2001
Sentencia citada en: 447 sentencias, 16 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 5108-2001, promovido por Julio César L.M., representado por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Aguilar Fernández y asistido por el Abogado don Alfonso López Villaluenga, contra la Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 1 de los de Haro, dictada con fecha 3 de septiembre de 2001 en el rollo de apelación núm. 1-2001, por la que confirma la Sentencia del Juzgado de Paz de Santo Domingo de la Calzada, dictada con fecha 25 de junio de 2001 en el juicio de faltas número 2-2001, por la que se condenaba al demandante como autor responsable de una falta de injurias del art. 620.2 CP a la pena de diez días de multa a razón de mil pesetas diarias de cuota, con arresto sustitutorio en caso de impago, según el art. 53 CP, así como al pago de las costas procesales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 28 de septiembre de 2001, don Ignacio Aguilar Fernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Julio César L.M., asistido de Letrado, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia. La Sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Santo Domingo de la Calzada condenó al recurrente, como autor criminalmente responsable de una falta de injurias, a la pena de diez días de multa, con cuota diaria de mil pesetas, con arresto sustitutorio en caso de impago, y al pago de las costas procesales. La Sentencia dictada en apelación por el Juzgado de Instrucción confirmó dicha resolución.
El proceso penal se inició por denuncia formulada el día 18 de julio de 2000, por doña María del Carmen A.C., contra don Julio César L.M., por injurias, supuestamente cometidas el día 17 de julio de 2000, en la localidad de Santo Domingo de la Calzada.
Por Auto de 11 de agosto de 2000, el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Haro incoó las diligencias previas núm. 579-2000, y acordó remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe. Evacuado el trámite, el Juzgado dictó Auto con fecha 3 de enero de 2001 reputando falta el hecho que dio origen a las diligencias. Luego, con fecha 8 de febrero de 2001, dictó nuevo Auto acordando la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor del Juzgado de Paz de Santo Domingo de la Calzada, en el que se celebró finalmente el juicio el 14 de junio de 2001. En la vista oral declararon el acusado y diversos testigos, se dio por reproducida la prueba documental y, una vez informaron las partes en defensa de sus pretensiones, quedaron los autos conclusos para Sentencia.
Seguidamente, el día 25 de junio de 2001, el Juzgado dictó Sentencia, en que se hicieron constar los siguientes hechos probados:
"Que a la vista de lo practicado, ha quedado acreditado y probado, que el día de los hechos, diecisiete de junio de 2000, sobre las 21:15 horas aproximadamente, y después de una concentración por un acto terrorista, en la plaza del Ayuntamiento, el concejal del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad, Julio César L.M., se dirige a la denunciante María del Carmen A.C., igualmente concejal de este Excmo. Ayuntamiento, interesándose por unos problemas de corte agua [sic] en las piscinas, y después de un intercambio de palabras, va subiendo el tono de la conversación entre ellos y derivando en las manifestaciones por parte del denunciado hacia la denunciante 'tú y otros dos más, estáis en el Ayuntamiento por motivos personales y económicos', manifestación que produjo en la denunciante una gran molestia e irritación, entendiéndolo como una injuria hacia su persona.
En escrito de 7 de julio de 2001, el ahora demandante formuló recurso de apelación alegando, en primer lugar, error en la valoración de la prueba y, en segundo lugar, que los hechos se produjeron en una discusión entre concejales, por motivos municipales, y sobre hechos de interés público, por lo que no constituían en ningún caso una falta de injurias. Posteriormente, la denunciante impugnó dicho recurso de apelación, por medio de escrito de 29 de julio de 2001, interesando la desestimación del recurso y la confirmación de la Sentencia recurrida.
El Juzgado de Instrucción núm.1 de los de Haro dictó Sentencia con fecha de 3 de septiembre de 2001, por medio de la cual desestimó el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida. En sus fundamentos de derecho, el Tribunal expone que concurren en el caso de autos el elemento objetivo propio de las injurias, en cuanto el denunciado afirmó que la denunciante se encontraba en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por motivos personales, y también su elemento subjetivo, que infiere de haberse vertido tal expresión en la plaza del pueblo y no en un acto estrictamente político o en un Pleno del Ayuntamiento.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión (art. 20.1 CE), en relación con el derecho a la presunción de inocencia, del derecho a un juicio justo, y de los derechos a la libertad ideológica y a la participación en los asuntos públicos y, aunque no se exponga expresamente, también el derecho a la legalidad penal, entendiendo que no son típicos los hechos, ante la falta de animus iniurandi del sujeto activo a que hacen mención las resoluciones judiciales. El demandante considera que las palabras pronunciadas no son objetivamente injuriosas, se pronunciaron en el marco del debate político y por lo tanto no existe ánimo de injuriar en ellas, pues ambos eran concejales del mismo Ayuntamiento.
La Sección Primera de este Tribunal acordó, por providencia de 14 de enero de 2003, la admisión a trámite de la demanda de amparo y, al tenor de lo previsto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales competentes para la remisión de actuaciones y emplazamiento a quienes hubieran sido parte en este procedimiento para comparecer en el mismo.
El día 17 de marzo de 2003 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones del demandante de amparo, que reproduce el contenido de su demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 27 de marzo de 2003, presenta alegaciones en las que, en primer lugar, excluye las invocaciones realizadas del derecho a un proceso justo y del derecho a la presunción de inocencia, ambos del art. 24 CE, así como del derecho al ejercicio de funciones públicas del art. 23.1 CE, debido a que no se apunta en la fundamentación de la demanda razonamiento alguno sobre cual pueda ser la causa determinante de que en las sentencias impugnadas se hubieran lesionado los referidos derechos fundamentales, todo lo cual hace a estas alegaciones tributarias del contenido del art. 49.1 LOTC, al carecer de la más elemental precisión y claridad ignorándose el alcance que, en vía de amparo, el actor pretende otorgarles. Ello no obstante, añade que sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa, como es, indudablemente, el ejercicio de la función administrativa o de control de la actividad de la Comisión de Gobierno de la corporación municipal en que se integra, pudiendo afirmarse que solo resultará vulnerado el art. 23 CE cuando se impida o coarte su práctica mediante la adopción de decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o igualdad entre representantes.
El recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 3 de septiembre de 2001 del Juzgado de Instrucción núm.1 de los de Haro, que confirmó la dictada con fecha 25 de junio de 2001 por el Juzgado de Paz de Santo Domingo de la Calzada, que condena al demandante de amparo como autor penalmente responsable de una falta de injurias. Ello no obstante, tenemos dicho que cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otras, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de entenderse también por recurridas las precedentes resoluciones confirmadas (últimamente, SSTC 12/2002, de 28 de enero, FJ 1; 40/2002, de 14 de febrero, FJ 1; 115/2002, de 20 de mayo, FJ 2; y 8/2003, de 20 de enero, FJ 1). Y, como las denuncias de inconstitucionalidad realizadas únicamente cobran su verdadero sentido refiriéndolas a ambas resoluciones, habrá de concluirse que en efecto cabe entender dirigido el amparo también contra la expresada resolución.
Nuestro examen dará comienzo por la esgrimida lesión del derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1 a) CE], pues, si se concluyese que los órganos judiciales no tuvieron en cuenta el alegato formulado por el recurrente en amparo sobre la ausencia de toda antijuricidad en su comportamiento al haberse limitado a ejercer su derecho a opinar libremente, y que, consiguientemente, las Sentencias condenatorias frente a las que se demanda amparo han lesionado el art. 20.1 a) CE, debería necesariamente declararse su nulidad, por lo cual resultaría innecesario pronunciarnos sobre las demás hipotéticas infracciones de la Constitución que se hubieran podido cometer.
En el caso que ahora nos ocupa, los órganos judiciales condenaron al demandante haciendo caso omiso de la alegación de las libertades de expresión e información, limitándose a analizar la concurrencia en el caso de los elementos integrantes de la falta de injurias, con la particularidad de que la Sentencia de instancia afirma que, en función de que el demandante de amparo realizó sus manifestaciones ("tú y otros dos más estáis en el Ayuntamiento por motivos personales y económicos"), fuera del Salón de Plenos municipal, y ante testigos, deben ser calificadas como injuriosas, "a pesar de que por parte del denunciado pudiera no existir ánimo de causar tal menoscabo a la personalidad de la denunciante". Por su parte, el Juzgado de Instrucción tampoco menciona en su Sentencia la posible concurrencia del derecho fundamental protegido en el art. 20.1 a) CE, limitándose a afirmar que en el caso presente el elemento objetivo de la injuria queda delimitado por la expresión proferida, y que el ánimo específico de menospreciar se infiere de que los hechos tuvieron lugar en la calle.
Consecuentemente, los órganos judiciales no efectuaron en las Sentencias frente a las que se reclama amparo el insoslayable examen previo de la posible concurrencia en el caso de autos del ejercicio de las libertades de expresión e información que alegó la demandante de amparo en el transcurso del proceso penal seguido en su contra, limitándose a afirmar, en su lugar, que se daba en el denunciado el dolo específico exigido por la falta de injurias (aunque, de hecho, la Sentencia de instancia lo excluye), lo que resulta frontalmente contrario al contenido constitucional del derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1 a) LOTC].
Los órganos judiciales no sólo han desconocido la evidente concurrencia en el supuesto del eventual ejercicio de la libertad de expresión por el recurrente, lo que, como acabamos de ver, es ya de suyo lesivo del art. 20.1 a) CE, sino que, además, condenaron a éste fundándose en el carácter objetivamente injurioso de los hechos imputados a la ofendida y en la existencia de un ánimo difamatorio en el condenado (si bien, como se ha reiterado, esto es puesto en duda por el propio Juzgado de Paz, que admite que tal intención no existiera), lo que resulta frontalmente contrario al contenido constitucional de los derechos a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1 a) LOTC], y cuya revisión puede llevar a cabo este Tribunal, en cuanto le compete verificar si los órganos judiciales han hecho una delimitación constitucionalmente adecuada de los derechos fundamentales en conflicto, lo que sólo puede llevar a cabo comprobando si las restricciones impuestas por los órganos judiciales a cualquiera de los derechos fundamentales están constitucionalmente justificadas (SSTC 200/1998, de 14 de octubre, FJ 4; 136/1999, de 20 de julio, FJ 13; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 5; y 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 3). No se trata, por tanto, en esta sede, de hacer un juicio sobre la aplicación del tipo penal a los hechos tenidos por probados por la jurisdicción penal. Si este Tribunal aprecia una infracción del art. 20.1 CE, no será por la conculcación de lo dispuesto en los arts. 208 y 209 del Código penal, cuestión de mera legalidad ordinaria sólo relevante, en su caso, a los efectos del art. 25.1 CE, sino por la aplicación de esos tipos penales en contra del contenido constitucionalmente protegido de las libertades de expresión e información.
De otro lado, como hemos dicho en la STC 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7, resumiendo nuestra doctrina, el art. 18.1 CE otorga rango de derecho fundamental, igual al del derecho a expresarse libremente, al de no ser escarnecido o humillado ante sí mismo o ante los demás (STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4), sin que el art. 20.1 a) CE tutele un pretendido derecho al insulto, pues la "reputación ajena", en expresión del art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos (SSTEDH caso Lingens, de 8 de julio de 1986, §§ 41, 43 y 45; caso Barfod, de 22 de febrero de 1989, § 34; caso Castells, de 23 de abril de 1992, §§ 39 y 42; caso Thorgeir Thorgeirson, de 25 de junio de 1992, § 63 y ss.; caso Schwabe, de 28 de agosto de 1992, §§ 34 y 35; caso Bladet Tromsø y Stensaas, de 20 de mayo de 1999, §§ 66, 72 y 73), constituye un límite del derecho a expresarse libremente y de la libertad de informar.
Así pues, puesto que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado frontalmente el art. 20.1 a) CE, no cabe sino otorgar el amparo solicitado, acordando la anulación de las Sentencias recurridas por contrarias al ejercicio de aquella libertad. Esta conclusión nos exime, por resultar innecesario, de cualquier pronunciamiento sobre la otra queja relativa a otras hipotéticas violaciones de las libertades públicas y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Estimar la demanda de amparo de don Julio César L.M. y, en consecuencia:
Reconocer el derecho a la libertad de expresión del recurrente [20.1 a) CE].
Anular las Sentencias del Juzgado de Instrucción núm. 1 de los de Haro, dictada con fecha 3 de septiembre de 2001 en el rollo de apelación número 1-2001, y la Sentencia del Juzgado de Paz de Santo Domingo de la Calzada, dictada con fecha 25 de junio de 2001 en el juicio de faltas núm. 2-2001.

References: resolución 
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e contrario
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