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Timestamp: 2018-08-18 18:06:30+00:00

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﻿ Sentencia 2011-00207 de abril 24 de 2013
SENTENCIA 2011-00207 DE 24 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS Y CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR. PESE A QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS GOZAN DE AUTONOMÍA PARA DETERMINAR QUÉ CANDIDATOS ASUMAN SU REPRESENTACIÓN EN CONTIENDAS ELECTORALES, LA DECISIÓN EN TORNO AL RETIRO DEL AVAL DE LOS MISMOS NO PUEDE PRODUCIRSE DE MANERA INTEMPESTIVA, SIN CAUSA CONSTITUCIONAL O LEGAL QUE LA JUSTIFIQUE. DE LO CONTRARIO, SE VIOLA EL DERECHO DEL ASPIRANTE A ELEGIR Y SER ELEGIDO. EL OTORGAMIENTO DEL AVAL A UN DIRIGENTE DEBE SER EL PRODUCTO EXCLUSIVO DE UN PROCESO SERIO, DEMOCRÁTICO Y RAZONADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, PROCESO ELECTORAL, DERECHOS POLÍTICOS, PARTIDO POLÍTICO, GOBERNADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:499 DE JULIO DE 2013, PG.1221
Sentencia 2011-00207 de abril 24 de 2013
Expediente: 440012331000-2011-00207-01 (Acumulado)
Demandantes: Edwin Carlos Lozano Royero y Otro
Demandados: Juan Francisco Gómez Cerchar
2.1. Competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto.
Corresponde a esta Sala, en segunda instancia, el estudio de la legalidad del acto electoral acusado, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo.
Los demandantes pretenden la nulidad de (i) el formulario E26GO, por medio del cual resultó elegido como gobernador de La Guajira el señor Juan Francisco Gómez Cerchar; (ii) la Resolución 1801 de 2011, por la cual se negó la solicitud de revocatoria de inscripciones de distintos candidatos, entre ellos, el demandado; y, (iii) el acta general de escrutinio expedida por la Comisión Escrutadora de La Guajira.
Pese a lo anterior, la Sala encuentra que el único acto administrativo susceptible de ser demandado, mediante la acción electoral, es el contenido en el formulario E26GO, por medio del cual resultó elegido como Gobernador de La Guajira el señor Juan Francisco Gómez Cerchar, por cuanto la Resolución 1801 de 2011 y el acta general de escrutinio constituyen verdaderos actos preparatorios o de trámite y no contienen la decisión definitiva del procedimiento electoral.
Los actos definitivos son aquellos que concluyen la actuación administrativa, es decir, contienen la decisión propiamente dicha o, como lo indica el inciso final del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, son “los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto”, por el contrario, son de trámite, preparatorios o accesorios los que se expiden como parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión o, en palabras de esta corporación, los que “contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo”(3).
En este caso, como la decisión de la solicitud de revocatoria de la inscripción fue negativa y, por tanto, no impidió la continuación del procedimiento administrativo electoral, constituye un verdadero acto de trámite. Cosa distinta habría ocurrido si la petición hubiere sido despachada de manera favorable para el partido.
En el caso que nos ocupa, no le asiste la razón al actor cuando solicita se declare la nulidad de los tres actos puesto que, el acto a través del cual se negó la solicitud de revocatoria de inscripciones de distintos candidatos, entre ellos el demandado, y el acta general de escrutinio expedida por la Comisión Escrutadora de La Guajira únicamente pretenden dar impulso a la decisión final de elección del gobernador de dicho territorio, por lo que, contrario a ponerle fin simplemente lo impulsan.
Adicionalmente, sobre el objeto de la acción electoral, existe jurisprudencia reiterada de esta Sala de Decisión en el sentido de advertir, que el centro de estudio en las demandas electorales es único:
“desde la perspectiva formal, el objeto de la demanda electoral o sus pretensiones, estará ajustado a derecho siempre que se demande el acto administrativo mediante el cual se declara la elección de carácter popular”(4).
Por lo expuesto, la Sala enfocará su análisis de fondo únicamente frente al formulario E26GO, no obstante, mediante el control de este acto definitivo, revisará actuaciones previas ejecutadas por el Consejo Nacional Electoral, en otras palabras, si bien existe la exigencia legal de la individualización del acto administrativo susceptible de ser demandado, esto es, el declarativo de la elección, tal circunstancia no implica que, a través del control jurisdiccional de éste último, el juez electoral esté impedido para revisar las vicisitudes y vicios de trámite en el procedimiento electoral que dio lugar al acto demandado siempre que en dichos actos se concrete el vicio que afecta al acto de elección y éste haya sido formulado como cargo en la demanda o como soporte del concepto de violación, lo que justamente acontece en el sub judice.
En palabras del agente del Ministerio Público: “al ser este un acto de trámite, preparatorio que finaliza con el acto de declaración de elección, este no puede demandarse de manera directa, pero sus efectos si pueden ser objeto de control cuando se demanda el acto final, tal como lo ha indicado la Sección Quinta del Consejo de Estado”(5).
Es por lo anterior que no le asiste razón al a quo cuando afirma que toda vez que la Resolución 1801 de 2011, tiene naturaleza de acto proferido por autoridad administrativa del orden nacional, la competencia para el conocimiento de su legalidad radica en Consejo de Estado, en supuesta obediencia al artículo 128, numeral 1º del Código Contencioso Administrativo y, por tanto, el tribunal carece de competencia para conocer del asunto.
Tal afirmación sería cierta si no fuera porque la decisión mediante la cual el Consejo Nacional Electoral no accedió a la solicitud de revocatoria de inscripción constituye un verdadero acto de trámite no susceptible de ser demandado de manera directa, de forma que, cualquier actuación en cumplimiento de la equivocada regla de derecho esbozada por el Tribunal Administrativo de La Guajira conllevaría a un esfuerzo y un derroche de jurisdicción innecesarios materializados en una sentencia inhibitoria por haber sugerido que se dirigiera una demanda contra un acto previo.
Así, los vicios de procedimiento en el trámite de la expedición del acto electoral sólo pueden ser controlados a través de la demanda de este último y no de manera directa.
En ese orden de ideas, correspondía al Tribunal Administrativo de La Guajira conocer de las irregularidades denunciadas en primera instancia, en sujeción a lo dispuesto por el artículo 132, numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor:
Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o funcionarios de que trata el inciso anterior o por cualquier organismo o servidor de los departamentos, de los citados municipios o del Distrito Capital” (resaltado adicional).
El precepto que se cita, es claro al dar competencia al a quo para conocer de este tipo de procesos en primera instancia, por tanto la obligación del juez de proferir fallo de fondo, no puede obviarse, comoquiera que por mandato legal se le ha impuesto dicha responsabilidad.
Por lo anterior, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia en tanto declaró probada “la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por haberse demandado un acto no susceptible de control jurisdiccional, ante esta corporación, en relación con la Resolución 1801 del 15 de septiembre de 2011, proferida por el Consejo Nacional Electoral”, pero por las razones arriba expuestas.
En cuanto al asunto de fondo, observa la Sala que la Resolución 1801 de 2011 fue expedida por el Consejo Nacional Electoral como consecuencia de la solicitud de revocatoria de inscripción, presentada por Cambio Radical, frente a 51 de sus candidatos inscritos para las elecciones territoriales de 2011, entre ellos, el señor Juan Francisco Gómez Cerchar.
Dicha solicitud fue presentada el pasado 18 de agosto de 2011 y fue negada por el Consejo Nacional Electoral en tanto no encontró materializada ninguna de las causales que para el efecto se imponen, las cuales indicó estaban contempladas en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, que dispone:
“ART. 31.—Modificación de las inscripciones. La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones.
La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente” (resaltado fuera del texto original).
En efecto, para el Consejo Nacional Electoral, lo que sustentaba la solicitud de revocatoria de la inscripción era el retiro del aval que frente a esos candidatos había efectuado Cambio Radical, medida que encontró sólo era jurídicamente viable hacerse, so pena de no desconocer los derechos fundamentales a ser elegidos y el principio de confianza legítima, hasta antes del vencimiento del término de inscripciones, de manera que, denegó la petición de revocatoria de la inscripción, con fundamento en la tardía decisión de retiro del aval por parte del partido.
Así, concluyó que una vez inscrito el candidato, sólo era posible para el partido modificar su inscripción o solicitar su revocatoria, bajo las causales constitucionales o de ley, de forma que frente a éste, el partido adquiría cierta responsabilidad de estabilidad, además, argumentó que si bien la concesión del aval obedecía a la discrecionalidad de cada colectividad, tal decisión no podía ser revocada sin limitación alguna.
Como justamente es en esta decisión en la que podría recaer el vicio en el procedimiento alegado por los demandantes, en el sentido de haber desconocido la intención del partido de retirar el aval al demandado, corresponde a la Sala adentrarse en el punto.
Sobre el asunto de fondo, anticipa la sala que la decisión del tribunal será confirmada, pero bajo los siguientes argumentos:
2.3.1. Aplicación de la Ley 1475 de 2011.
Considera la Sala que la decisión negativa a la petición elevada por el Partido Cambio Radical fue acertada, pero que, no podía tener como sustento legal el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.
Sobre la aplicación de la referida ley en el tiempo, ya la sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación tuvo oportunidad de pronunciarse. Al respecto conceptuó(6):
“La inscripción de candidatos es una actuación administrativa, entendida como la sucesión ordenada de actos jurídicos a través de los cuales las organizaciones que tienen derecho a postular candidatos acuden ante las autoridades electorales a inscribirlos, los candidatos aceptan su postulación y a su turno, las autoridades elaboran el correspondiente registro. La inscripción garantiza el derecho a ser elegido, cuyo titular es el candidato postulado, y a elegir, cuyo titular es el ciudadano en ejercicio; derechos que se deben ejercer en condiciones de igualdad, entre todos los postulantes, entre todos los candidatos y entre todos los votantes. (…) Son múltiples los efectos jurídicos y prácticos de la inscripción de candidatos, dentro de los cuales se pueden citar el que les permite adelantar la campaña electoral y por tanto presentar ante la ciudadanía su aspiración, programa, hoja de vida y demás aspectos que forman parte de la campaña electoral, lo cual deben hacer en igualdad de condiciones entre todas las organizaciones postulantes y los candidatos.
El Registrador Nacional del Estado Civil señaló en el calendario electoral, para las elecciones locales del 30 de octubre de 2011, que la fecha en la cual se vence el plazo máximo para la inscripción de candidatos es el miércoles 10 de agosto de 2011, aplicando el artículo 2º que acaba de transcribirse [de la Ley 163 de 1994]. De lo expuesto se desprende claramente que el plazo en el cual se lleva a cabo la actuación administrativa de inscripción de candidaturas había comenzado antes del 14 de julio de 2011, fecha en la que entró a regir la Ley 1475, pues al no existir término de inicio debe tenerse por tal al menos el de la resolución del registrador que definió el calendario electoral para los comicios del 30 de octubre de 2011. Es incluso probable que antes de la vigencia de la ley estatutaria hubiera candidatos inscritos a alguno de los cargos que se elegirán próximamente. Entonces, según lo expuesto en el acápite anterior, habría que aplicar el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 en cuanto ordena que en materia procesal “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, por lo cual todo lo que tuviera que ver con el procedimiento o actuación administrativa de inscripción de candidaturas, se debería regir por la ley anterior”.
Bajo este entendido, no es posible aplicar a la actuación administrativa de inscripción, y por tanto tampoco a su revocatoria, reglas posteriores a aquellas que regían al momento de iniciarse, máxime cuando la inscripción del demandado se efectuó el 20 de junio de 2011, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011. El anterior presupuesto, más que obedecer a criterios de aplicación de la ley en el tiempo, materializa el principio y derecho fundamental del debido proceso administrativo.
El debido proceso establecido en el artículo 29 constitucional, es una manifestación del Estado social de derecho que tiene como fundamento la protección de los ciudadanos frente a las actuaciones del aparato estatal, como sujetos propicios a ser dominados por el imperium del Estado. Esto obedeció al ánimo de los constituyentes de dotar a los colombianos de una Carta de derechos lo más completa posible, cuya finalidad, en últimas, es convertir a la persona en el centro y principal protagonista del nuevo ordenamiento jurídico.
En este sentido, la Carta del 91, en los incisos 1º y 2º del artículo precitado, hizo más explícito y extensivo este principio, que viene de tiempo atrás en nuestro derecho constitucional, definiendo de forma expresa que el debido proceso se aplica no sólo a las actuaciones judiciales, sino también a todas las de carácter administrativo. Así, ha sido sostenido por la Corte Constitucional en los siguientes términos:
“Durante la vigencia de la Constitución de 1886, siempre se entendió que el principio del debido proceso se aplicaba a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Así lo consagraban las leyes al señalar las competencias y los diversos procedimientos”.
La Constitución vigente, en su artículo 29, en los incisos 1º y 2º, hizo más explícito el principio, así:
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley preexistente al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (resaltado fuera del texto original).
Se trata, además, de un derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P., art. 83) que propende, como conjunto de garantías, por la protección de los derechos del individuo, cuando éste se encuentre inmerso en una actuación judicial o administrativa, cuando quiera que la autoridad correspondiente —con su actuar— no se apegue a las leyes preexistentes, obvie las formas propias de cada juicio, desconozca su competencia, o no permita la contradicción de las pruebas, entre otros supuestos, y pueda comprometer los derechos de los administrados. Bajo estos lineamientos, ha dicho la Corte:
“La Constitución consagró el derecho fundamental al debido proceso, entendido éste como el conjunto de garantías que procuran la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio. La norma constitucional lo consagra para todo tipo de actuaciones, de manera que las situaciones de controversia que se presenten en cualquier proceso estén previamente reguladas en el ordenamiento jurídico, el cual debe señalar las pautas que procuren el respeto de los derechos y obligaciones de las partes procesales para que ninguna actuación de las autoridades tenga origen en su propio arbitrio, sino que obedezca a los procedimientos descritos en la ley y los reglamentos”(7) (resaltado fuera del texto original).
Dicho en otras palabras por el máximo órgano constitucional:
“Es pues este un mandato inexcusable que no pueden desatender las dependencias del Estado en sus distintos niveles de jerarquía, tanto en el sector central como en el descentralizado y en todas las ramas del poder público y organismos de control respecto de las actuaciones de sus correspondientes órbitas de competencia, so pena de incurrir en flagrante violación de la preceptiva constitucional y en ostensible abuso de sus atribuciones en detrimento de los derechos constitucionales fundamentales, ocasionando la nulidad de las decisiones adoptadas en contradicción o violación de los preceptos superiores”(8).
“[Por lo cual] ninguna actuación de un servidor del Estado queda librada a su arbitrio, sino que debe sujetarse a los procedimientos contenidos en ley o reglamento. Al fin y al cabo esas actuaciones judiciales o administrativas implican la intervención de autoridades del Estado que no pueden ejercer ‘funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley’ (C.P., art. 121); funciones que tienen que estar, por lo mismo, ‘detalladas en ley o reglamento’, como lo ordena el artículo 122 de la misma Constitución”(9) (resaltado fuera del texto original).
Bajo estos postulados, el debido proceso administrativo implica la garantía para la correcta producción de los actos administrativos, extendiendo su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales. Por ello ha manifestado la Corte Constitucional:
“[E]l debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la evaluación de las autoridades administrativas competentes y de los tribunales contenciosos, si los actos proferidos por la administración, se ajustan al ordenamiento jurídico previamente establecido para ellos, con el fin de tutelar la regularidad jurídica, afianzar la credibilidad de las instituciones del Estado y asegurar los derechos de los gobernados”(10).
2.3.2. La modificación de las inscripciones.
En los antecedentes se manifestó que la solicitud de revocatoria de la inscripción fue radicada ante la autoridad administrativa electoral, el pasado 18 de agosto de 2011, momento para el cual, si bien ya había vencido la fecha límite de inscripciones de candidatos(11), estaba aún vigente para los partidos la posibilidad de modificar las inscripciones(12).
Lo anterior lleva a que, casi de manera obligada, la Sala se pregunte si la solicitud elevada por Cambio Radical pudiera entenderse como una modificación.
Pues bien, como se dijo, la norma aplicable, en consideración a que la etapa de inscripciones para las elecciones territoriales de 2011 ya se había iniciado con anterioridad al 14 de julio de 2011(13), no puede estar en la Ley 1475 de 2011, de manera que se hace necesario aplicar la normativa anterior a la referida ley estatutaria.
Así, el Código Electoral en su artículo 94 consagra que “en caso de muerte, pérdida de los derechos políticos, renuncia o no aceptación de alguno o algunos de los candidatos, podrán modificarse las listas por la mayoría de los que hayan inscrito a más tardar quince (15) días calendario antes de la fecha de las votaciones”.
De lo dispuesto en el citado artículo concluye la Sala que a efectos de obtener la modificación de una inscripción se hace necesario que: (i) alguno o algunos de los candidatos hayan perdido sus derechos políticos, (ii) alguno o algunos de los candidatos hayan renunciado a su aspiración, (iii) alguno o algunos de los candidatos no hayan aceptado su candidatura, o que, (iv) alguno o algunos de los candidatos hayan muerto.
Como ninguna de las situaciones que cobija la norma, a efectos de realizar la modificación de la inscripción, se materializa en el caso concreto, tampoco podía haberle dado el Consejo Nacional Electoral carácter de modificación a la solicitud de revocatoria de la inscripción.
2.3.3. Aplicación de la norma constitucional.
Entonces, si la solicitud de revocatoria de la inscripción no podía decidirse por el Consejo Nacional Electoral con fundamento en la Ley 1475 de 2011, es preciso examinar la petición frente a lo dispuesto en las normas vigentes y aplicables al caso.
No escapa a la Sala la regla establecida en el artículo 108 constitucional, modificada por el Acto Legislativo 1 de 2009, de conformidad con la cual: toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. Tampoco lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política de conformidad con el cual corresponde al Consejo Nacional Electoral, “decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley”.
El anterior contexto normativo lleva a concluir que para acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción, con fundamento en las normas aplicables y vigentes, era necesario tener plena prueba de que el candidato se encontraba incurso en causal de inhabilidad, para lo cual no bastaba con demostrar que frente a él existía una mera investigación de tipo penal.
Por ejemplo, para el caso de los gobernadores, en atención a lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1º de la Ley 617 de 2000, para configurar la inhabilidad más que una investigación, se exige que el candidato haya sido condenado por sentencia ejecutoriada a pena privativa de la libertad, veamos:
Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
Es así como, ante la ausencia de plena prueba de la inhabilidad del demandado, no tenía el Consejo Nacional Electoral opción distinta a la de despachar tal solicitud desfavorablemente para el partido.
Ahora, si bien es cierto que el aval es un requisito legal y constitucional sin el cual no se puede realizar la inscripción del candidato y, por ende, tampoco su elección, debe tenerse en cuenta que como toda decisión política de los partidos y movimientos políticos que aspiren a conquistar el poder público en las urnas, el otorgamiento del aval debe ser el resultado de un proceso serio, democrático y razonado que refleje el auténtico sentir del colectivo y al mismo tiempo haga surgir tanto en el avalado como en los simpatizantes y demás afectos políticos, la convicción de que la puja democrática se hará con la persona escogida.
Esto por supuesto, genera en los partidos la seriedad y la responsabilidad de la decisión y en los candidatos la confianza del respaldo político durante todo el proceso electoral, de manera que, el aval no puede ser retirado intempestivamente y sin una causa constitucional o legal, porque afectaría en grado sumo el derecho fundamental de dicho candidato a ser elegido, quien no contaría con el tiempo requerido y probablemente con los recursos económicos necesarios para participar políticamente por otro partido, lo que junto con el desconocimiento de la confianza legítima le podría acarrear una infracción a la Constitución por doble militancia política. Tolerar este tipo de conductas sería permitirle a los partidos que mutilen para el respectivo periodo el derecho a participar en las elecciones(14).
Tampoco es cierto que una eventual condena penal pudiere llegar a afectar al partido político, lo anterior por cuanto el artículo 107 constitucional dispone: los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.
De conformidad con lo señalado, en lo pertinente será confirmada la sentencia de primera instancia, en atención a lo expuesto párrafos adelante.
1. Se REVOCA lo dispuesto en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada para en su lugar declarar no probada la excepción.
2 .Se CONFIRMA la sentencia en lo demás.
3. Se DEVUELVE al tribunal de origen para lo de su competencia.
(3) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Filemón Jiménez Ochoa, radicación 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008-00027-00.
(4) Consejo de Estado, Sección Quinta, Providencia del 7 de octubre de 2010, C.P. María Nohemí Hernández Pinzón (rad. 11001-03-28-000-2010-00057-00).
(5) Folio 699 del expediente.
(6) Concepto de 27 de julio de 2011, radicado 11001-03-06-000-2011-00040-00 (2064).
(7) Corte Constitucional, Sentencia T-073 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(8) Corte Constitucional, Sentencia T-201 de 1993 del 26 de mayo de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
(9) Corte Constitucional, Sentencia T-404 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía).
(10) Corte Constitucional, Sentencia T-201 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
(11) 10 de agosto de 2011 de conformidad con el calendario electoral.
(12) Posibilidad que vencía justamente ese día.
(13) Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011.
(14) Cfr. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Sentencia del 12 de octubre de 2001, radicación 25000-23-24-000-2000-0787-01(2652).

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 Resolución 
 artículo 128
 artículo 132
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 2
 resolución 
 artículo 40
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 122
 artículo 94
 artículo 108
 artículo 265
 artículo 30
 artículo 107