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Timestamp: 2017-07-21 02:39:51+00:00

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Nadie nunca nada | Haciendo Cine
Nadie nunca nada Ninguno de los canales de televisión cumple con una de las normas menos mediáticas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: la que los obliga a comprar los derechos de emisión de películas argentinas y a emitirlas en horario prime time. El autor de esta nota investigó la situación de cada canal, qué hicieron AFSCA e INCAA para exigirles cumplimiento y las razones para suponer que la aplicación del largamente anhelado (por el cine) artículo 67, seguirá quedando relegado al final de la fila. Artículo | Viernes, 9 Noviembre, 2012 - 12:21
| By Esteban Sahores Nota publicada en la edición impresa del número de octubre de 2012.
Cuando en 1994 la industria del cine diseñaba lo que un año después se convertiría en la Ley de Cine, se intentó que, tal como sucedía y sucede en países europeos, los canales de televisión estuvieran obligados a comprar los derechos de antena de determinada cantidad de películas en preproducción, o bien, que pagaran un tributo que consistiera en destinar a ello un porcentaje de su facturación bruta anual. Se decía, era una forma de que asumieran la progresiva traslación del público de las salas hacia aquella y hacia los entonces incipientes sistemas de cable y video. Esa batalla la perdieron, logrando en cambio una victoria nada menor: incorporar la figura del subsidio electrónico fijo. Es decir, que parte del dinero que recaudaba el entonces COMFER fuera a parar al cine, lo que terminaría conformando una buena porción de las arcas que desde entonces dispone el INCAA. Aunque de modo indirecto, la televisión pasaba a financiar al cine.
Década y media más tarde, al cine le llegó la revancha, y pudo reeditar con éxito aquel intento a través del artículo 67 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Prácticamente de un año a otro (a partir de 2008, cuando la fallida resolución 125 hizo estallar la guerra abierta del kirchnerismo con el Grupo Clarín), la relación de fuerzas entre el Estado y los medios de comunicación se invirtió, con lo cual los canales perdieron parte de su otrora capacidad de lobby, y al cine se le abrió la posibilidad de que aquellos aportaran dinero ya no sólo de manera indirecta (ahora a través de la AFIP, artículo 97), sino también directa: por medio de la compra de derechos de antena. No faltaron las quejas. De hecho, en su momento, la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA, organización que nuclea a los canales) planteó la inconstitucionalidad de dicho artículo (además de otros), argumentando que se trataba de una doble imposición.
Ahora bien, ¿en qué consiste el artículo? Por un lado, exige a los canales de aire adquirir los derechos de emisión de al menos 8 películas (o 5 y 3 telefilms) al año, con el agregado de que deben hacerlo antes de que las mismas inicien el rodaje. Esto, además del aporte monetario, implica que los canales asuman un riesgo mayor, ya que no tienen la posibilidad de especular con el rating (se sabe: es muy difícil presagiar el resultado final de una película basándose en un guión). A su vez, los licenciatarios de servicio de cable del país (DirectTV, Cablevisión y Telecentro, entre otros) y el resto de los 40 canales de televisión abierta privada del país, cuya área de cobertura comprenda menos del veinte por ciento de la población total, deben destinar el 0,5 por ciento de su facturación bruta del año anterior a la compra de derechos de antena, en este caso sin importar su cantidad. Lo mismo les corresponde hacer a las señales extranjeras cuya programación fuera en un 50 por ciento de ficción: Fox e iSat, por ejemplo, estarían entre ellas.
La otra pata, tanto o más fundamental que la anterior, tiene que ver con su emisión en pantalla. En pos de atenuar la histórica y creciente apatía de la pantalla chica con respecto al cine local, el decreto reglamentario 1225 (de 2010, un año después de la sanción de la ley, que estuvo ocho meses suspendida) plantea que los canales deben emitir dos estrenos por trimestre en pleno horario prime-time: de 21 a 23. La medida supone un viejo sueño para el cine que, empujado de la grilla por reality shows, telenovelas y otros formatos más descartables, hace tiempo se corrió hacia el cable y otros nuevos sistemas de televisión paga. ¿Cuántos saltaron de alegría imaginando que una película como Carancho podía (y debía) desplazar a Tinelli por dos noches cada tres meses?
Sin embargo, ahí quedaron los festejos: en el plano imaginario. A tres años de su sanción, todo eso fue, hasta aquí, letra muerta. Por decirlo de manera generosa: no hay canal que cumpla enteramente con la norma. Tampoco se ha hecho mucho desde el sector público para exigir (tarea que le corresponde a AFSCA, el órgano de aplicación) o bien facilitar (el INCAA tiene la simple tarea de crear un registro a ser publicado en su página web y en tiempo real, de las películas en condiciones de ser adquiridas por los canales) su cumplimiento. Y nadie parece inmutarse demasiado.
Desde entonces, según AFSCA le anticipó a Haciendo Cine, ninguno de los canales presentó la documentación que acredite la compra de dichos derechos ni, menos que menos, cumplió con la exhibición de esos estrenos en la pantalla. Según datos aportados por el Sindicato de Cine (ver recuadro), en lo que va de 2012, entre América (cero), Canal 9 (una), Telefé (ocho) y Canal 13 (dos) emitieron apenas 11 películas argentinas. Entre ellas, una sola inició su rodaje antes de la promulgación de la Ley. Se trata del documental sobre Malvinas, 14 de junio, que emitió Canal 9. Pero fuentes no oficiales aseguran que el productor de la película, veterano de guerra de Malvinas, la acercó ya terminada y a cambio de nada.
En defensa de los canales, podría argumentarse que, si se contaran los tiempos desde la adquisición de los derechos, y suponiendo que se exhiben primero en salas, recién a partir de este año podrían haberse empezado a emitir las películas, dado que las diferencias de los tiempos de explotación entre las ventanas del cine y la televisión abierta, oscilan actualmente entre los dos años y ocho meses, y los cuatro años. El tema es que hasta aquí ni la adquisición de esos hipotéticos derechos fueron al menos mostrados en la mesa.
El único canal que desde entonces procura ajustarse a la normativa es Telefe, tal vez por ello, el único que accedió a hablar con Haciendo Cine (ver entrevista). Participan, según el caso, en las tres formas que tiene un canal de involucrarse con el cine: en la compra de derechos de emisión, en la coproducción y/o, por último, en la cesión de segundos en la comunicación del estreno. Su participación en la coproducción (que, vale aclarar, implica la participación en futuras ganancias, a diferencia de la compra de derechos de antena) es anterior a la ley pero su modelo de vinculación con las películas siempre fue de modo independiente: al canal nunca le interesó ser dueño de ninguna productora, lo que le permite mayor versatilidad comercial, económica y legal.
Distinto es el caso de Canal 13, el otro que desde la Ley de Cine viene participando en la producción a través de Pol-ka y Patagonik, de la cual Artear (el conglomerado audiovisual del Grupo Clarín) sigue siendo en parte dueña. Más allá de que la cantidad de películas que producen anualmente no supera la cifra que marca la normativa, si el canal procurase ajustarse a la misma (vale señalar que hasta aquí no ha hecho ninguna acción concreta para adecuarse a la ley toda) tendría un conflicto en puerta que tiene que ver con una de las zonas grises del artículo. En éste, se especifica que los canales deben adquirir películas producidas mayoritariamente por productoras independientes nacionales. Con lo cual, si presentara la documentación que acredite la compra de los derechos de antena de una película como Dos más dos (producida mayoritariamente por Patagonik) se entiende que no estaría cumpliendo con la norma. Así lo confirmó a Haciendo Cine Fernando Pérez, director del documental Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador y flamante coordinador general de AFSCA desde abril.
¿Y Canal 9? Sus cambios en la pantalla a partir de 2010 son visibles. Históricamente abocado a programar enlatados, con la exigencia de la ley pasó a ocupar (aunque en pocos casos producir) su pantalla con una buena porción de contenidos locales, pasando de las telenovelas mexicanas de antaño a un presente con programas periodísticos filo K como Duro de domar o Bajada de línea pero también con ficciones como Los Sónicos y Babylon.
Pero de cine argentino, poco y nada. Fuentes reservadas del canal revelaron que a partir de la puesta en marcha de la ley, directivos del mismo instruyeron a los encargados de adquisiciones de películas y series de ficción a que se contactaran con las universidades que producen cine como FUC y CIC (por películas que fueran, además, aprobadas por INCAA, como indica la ley) y no con las productoras de larga experiencia. ¿La razón? Facilitar una eventual negociación ante un actor presuntamente más débil. De esta forma evitarían desembolsar dinero, algo que la ley expresamente aclara que debe hacerse. La directiva fue a su vez concentrarse en documentales, que suelen ser ostensiblemente más baratos que las ficciones y, todavía más, que las animaciones. “Nunca se llegó a estipular una cifra a pagar porque la idea de ellos era negociar sin poner un centavo“, dijo una fuente reservada. “Te ofrecemos el espacio y unos segundos de publicidad al momento de su estreno”, fueron algunos de los subterfugios que se llegaron a escuchar del otro lado. La vieja y nunca extinta viveza criolla. “El decreto reglamentario dice que los derechos hay que pagarlos.Pero como no se exige, en los números gruesos se canjea por segundos de publicidad con contratos en general leoninos, con ningún tipo de garantía…”, denunciaba a Haciendo Cine meses atrás el diputado porteño por Proyecto Sur Julio Raffo. Hoy aquel departamento está directamente disuelto, lo que habla a las claras de la voluntad que tienen en el canal de ajustarse a la normativa.
Por último, América, el canal que en los últimos tres años exhibió seis películas argentinas, todas en 2011, todas protagonizadas por Roberto Julio Sánchez (más conocido como "Sandro"), todas rodadas con anterioridad a la década del… ochenta. Así de actual y estrecha es su vinculación con el cine argentino.
A la vez que nos confirmaba el incumplimiento del artículo, Julio Raffo cargaba las tintas contra el INCAA por no poner a disposición esa instancia de diálogo virtual entre los licenciatarios y los productores que es el registro en su web con el listado de películas: “Mientras no reglamente el registro, los canales tienen la excusa perfecta para no cumplir con esto. Ellos no quieren apretar a los canales para que inviertan. Porque no tienen el coraje o la decisión política para hacerlo, o vaya uno a saber por qué”, lanzó el especialista en legislación de cine, actualmente enfrentado con la administración del Instituto.
Ante las reiteradas consultas al INCAA de Haciendo Cine por dicho registro, finalmente el 14 de agosto de este año nos comunicaron desde el área de fiscalización que la información había sido cargada al sitio. Si bien no se entiende por qué allí (http://bit.ly/RUCGwa) se encuentran películas no sólo ya rodadas sino incluso estrenadas en cine, como es el caso de Elefante Blanco o ¡Atraco!, o por qué del año corriente sólo figuran 31 películas cuando el Instituto suele producir más de 100 películas anuales, en el edificio de la calle Lima al menos empiezan a cumplir con su cuota de responsabilidad, que deberá revalidar toda vez que un proyecto sea declarado, como mínimo, de interés.
Pero el organismo que debe exigir su pleno funcionamiento es AFSCA, cuyo flamante titular es Martín Sabbatella. Recién en estos últimos meses, tras una larga serie de reveses judiciales y políticos, y en pleno recambio de funcionarios de primera línea que respondían al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto por parte de miembros de La Cámpora, pudo lograr adoptar una política más activa.
Pérez, joven miembro de la organización kirchnerista encargado del tema, reconoció que recién en agosto de este año comenzaron a enviar a los canales pedidos de informe por el cumplimiento del artículo en particular, sin recibir hasta aquí respuestas concretas o, incluso en algunos casos, respuesta alguna. Según reveló, de todas maneras, ya desde principios de año se les venía solicitando respuestas por el cumplimiento general de la ley y todos evitaron referirse en particular al artículo 67.
“Me temo que hasta que no haya una resolución al respecto poniendo ´fechas límite´, no van a presentar nada”, dijo otra voz del ex COMFER, agregando que a fin de año los canales deberían enviar la documentación con el listado de películas adquiridas, el precio pagado por cada película o telefilm y los correspondientes contratos.
Ahora bien, ¿qué pasará con este modesto artículo si todavía no se logra resolver el mucho más determinante 161, que habla de la desinversión? ¿Cómo exigirle papeles a un canal si se desconoce quiénes son (y quiénes serán) realmente sus licenciatarios? ¿Qué eficacia real tiene demandarles una cuota de pantalla para el cine si se presume que, tal como está hoy su estructura de propiedad, no deberían poder seguir operando?
Podría plantearse que todos están en infracción. América, del Grupo Manzano-Vila, porque uno de sus otros dueños (al menos ante AFIP) es Francisco De Narváez, quien ocupa un cargo político, pero también porque los dueños de Supercanal deberían optar entre ese negocio, el del cable, y el de la TV abierta; Canal 11, porque su principal accionista es Telefónica España, a su vez controlante de Telefónica Argentina, cuando la ley prohíbe que prestadores de servicios públicos operen en la radiodifusión; Canal 9 afronta una situación particular y complicada en torno a su titular; y el 13, por último, porque el Grupo Clarín también deberá optar –para los optimistas, a partir del 7 de diciembre- entre desprenderse del mismo o bien del mucho más lucrativo servicio monopólico del cable e Internet (el 70 por ciento de sus ingresos totales, según informó recientemente el mismo holding).
"Teóricamente en un año deben adaptarse al nuevo régimen -explica Santiago Marino, coordinador académico de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes-. Dado que la aplicación de la ley ha sido sesgada (por diferentes razones) poco se avanzó en este aspecto. El Grupo Clarín es el único que está exceptuado de su cumplimiento, dado que obtuvo una medida cautelar que así lo resuelve. La Corte Suprema definió que el 7 de diciembre vence dicha medida”.
A propósito del “7D”, fecha invocada casi con eufórica fe por políticos y medios oficialistas, el docente e investigador expone sus dudas: “El gobierno argumenta que no instó al cumplimiento al resto de los grupos hasta tanto el de mayor tamaño deba hacerlo también. Sin embargo, es dable pensar que en diciembre pocos sean los cambios, por varias razones. En primer lugar, falta que la Cámara –que no tiene Juez a cargo porque el titular se jubiló- defina sobre el fondo de la cuestión (el pedido de Clarín de que se declare inconstitucional ese artículo). Y en segundo término, porque el Grupo podría llevar a instancias judiciales varios puntos de la ley, en su objetivo de demorar hasta 2015 la aplicación de la norma”.
“De todos modos, -concluye Marino- este es el único punto de la LSCA que no puede aplicarse aún y exclusivamente para el Grupo Clarín. El resto de la normativa esta vigente y eso incluye las obligaciones de contenidos de los canales de TV abierta, quienes no se adecuan tampoco en su estructura de propiedad, por decisión propia, y porque el Estado (vía AFSCA) no los controla de modo efectivo".
Y hay más razones para esperar que el cumplimiento de esta norma estará a la cola de todo. Además de los tiempos legales y políticos, hay que considerar los económicos. La llamada Ley de medios vino a cambiar el modelo de negocios que se asentó desde la privatización de los canales. Producir y programar mayoría de producciones independientes y locales cuesta dinero y tiempo. De cualquier manera, se trata de una norma por la cual el cine argentino no debe dejar de presionar para que se cumpla en tanto le es fundamental. Tal vez menos por el aporte de plata que pueda hacerle la televisión que por el papel que ésta puede jugar en reducir la enorme aleatoriedad de la demanda de nuestras películas. Casi al mismo tiempo que el productor Hernán Musaluppi confesaba en su libro El cine y lo que queda de mí que “a nadie le interesa ver nuestras películas”, el Ministerio de Educación de la Nación parecía darle la razón difundiendo un informe que revela que el 45 por ciento de los argentinos entre 11 y 18 jamás vio una película nacional.
Si sólo los canales abiertos y privados de Buenos Aires cumplieran con la ley, al menos 32 de las más de 100 películas que se producen anualmente deberían exhibirse al menos una vez al año en horario prime time. La televisión pública, activa en la materia, agrandaría la cuenta. Y a ello deberían sumarse las señales de cable comprendidas en la ley (aunque ésta no especifica si tienen que emitir).
Si, además, con sus variantes, esas películas lograran atraer a los públicos, muy de a poco, ese todavía extendido latiguillo molesto que parece pesar sobre las conciencias de amplias mayorías (“yo cine argentino no veo”) podría –queremos creer-, empezar a atenuarse.
En definitiva, sería un paso importante a la hora de resolver lo que es tal vez el mayor problema del cine argentino: la circulación de las películas y su aproximación a los públicos. Porque películas hay, pero espectadores, cada vez menos.
"Nuestro deseo es superar las 8 películas anuales"
Telefe es, hasta hoy, el único comprometido en la tarea de intentar cumplir con el artículo 67 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Axel Kuschevatzky, gerente Jefe de desarrollo y producción de cine del mismo, cuenta qué hicieron y qué están haciendo para adecuarse a ella. Artículo | Viernes, 9 Noviembre, 2012 - 12:34
| By Esteban Sahores Axel Kuschevatzky, Jefe de desarrollo y producción de cine de Telefe.
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References: artículo 67
 artículo 67
 resolución 
 artículo 97
 artículo 67
 resolución 
 artículo 67