Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc1167.html
Timestamp: 2019-01-20 08:41:03+00:00

Document:
Editorial: Cómo entender la rendición de cuentas
Política: Una brecha en la política exterior
Economía: Preparativos para el CAFTA
Regional: Las medidas anti-inmigrantes de Bush
Derechos Humanos: Tecoluca busca verdad y justicia
Comentario: “Lo mismo y los mismos”Las víctimas de octubre (II)
Documento: Informe de Transparencia Internacional
Cómo entender la rendición de cuentas
En el marco de la tragedia que afectó a la sociedad salvadoreña durante la primera semana de octubre, el CIDAI —a través de este semanario, como desde distintos espacios de opinión— y la radio YSUCA —por medio de sus espacios de información y análisis— pusimos en la mesa de discusión el tema de la rendición de cuentas como una de las principales obligaciones del gobierno de Elías Antonio Saca, una vez que la emergencia hubiese pasado. El planteamiento que hicimos en esos momentos —y que después hemos continuado sosteniendo— fue que esa rendición de cuentas debía abarcar, en lo esencial, dos momentos: lo que se hizo o se dejó de hacer para prevenir la tragedia; y lo que se hizo o se dejó de hacer para enfrentar la crisis —evacuaciones, atención en albergues, distribución de ayuda—, una vez que la misma se hubo desencadenado. A estos dos componentes debe sumarse un tercero, aunque posterior: la rendición de cuentas por lo que se hizo o se dejó de hacer en las tareas de reconstrucción y de reparación de daños a las víctimas de la tragedia.
Algunos medios de comunicación alternativos, o, cuando menos, no plegados a la lógica del poder —por su propia iniciativa o motivados por el planteamiento del CIDAI y la radio YSUCA— retomaron el tema de la rendición de cuentas y, gracias a su esfuerzo, el debate, aun ahora, no se ha cerrado. No ha sido este el caso de las grandes empresas mediáticas, para las cuales el problema de la rendición de cuentas —que por su relevancia social y política debió contar con lo mejor de las energías de un periodismo que se dice profesional, ético y democrático— pasó absolutamente desapercibido. Otras cosas —que quizás podrían esperar— han merecido la atención de las grandes empresas mediáticas y sus periodistas estrella, y no la más que presumible incompetencia estatal en el manejo de una situación de desastre, cuyo saldo en pérdidas humanas y materiales ha sido elevado.
De todos modos, gracias al esfuerzo de quienes han mantenido vivo el tema de la rendición de cuentas, el gobierno de Elías Antonio Saca ha reaccionado y ha intentado cumplir con su obligación ante los ciudadanos. Sin embargo, no ha cumplido a cabalidad con esa obligación. Y es que —no se sabe si por mala voluntad o por desconocimiento— se ha confundido la rendición de cuentas con la mera información, lo cual ciertamente no es lo mismo. Sin duda, no puede haber rendición de cuentas sin información, pero ésta no agota la rendición de cuentas. Esta última supone, en una situación de desastre, una evaluación crítica tanto de las decisiones que se tomaron como de aquellas que se dejaron de tomar, teniendo en consideración las implicaciones de unas y otras en la seguridad o inseguridad de los ciudadanos. En un proceso de rendición de cuentas como el propuesto, las decisiones (o indecisiones) equivocadas, es decir, que impiden proteger desde el Estado a los ciudadanos no deben pasar inadvertidas y, más aún, deben ser sancionadas, según los criterios jurídicos y políticos vigentes en un ordenamiento democrático.
Aunque a nadie en el gobierno le guste esta formulación, rendir cuentas supone examinar críticamente los errores cometidos, especialmente en una situación en la cual esos errores se tradujeron en pérdidas de vidas humanas. Rendir cuentas supone identificar las causas de esos errores, establecer responsabilidades y también corregir, para que en una situación semejante no se repitan las mismas actuaciones y los mismos desatinos. Rendir cuentas significa también resarcir a las víctimas o a sus familiares en sus pérdidas, en la medida en que ello sea posible. Y esa rendición de cuentas debe ser pública, sin trampas ni maquillajes publicitarios, abierta a la sociedad, porque en ella se juega el respeto que el gobierno tiene por los ciudadanos.
Como se ve, la noción de rendición de cuentas que aquí se propone es más amplia que la que usualmente se maneja. La idea común de rendición de cuentas enfatiza la dimensión financiera del tema, lo cual, sin dejar de ser importante, es insuficiente. También es insuficiente la noción de rendición de cuentas que destaca los manoseos y abusos jurídicos, a los cuales suelen ser proclives —al igual que lo son al abuso y manoseo de los recursos financieros del Estado— quienes tienen en sus manos una cuota de poder político.
Desde el gobierno no sólo se debe rendir cuentas por el manejo (o mal manejo) de los recursos financieros del Estado o por los manoseos y abusos jurídicos —unos y otros son parte de la cotidianidad estatal—, sino por la gestión (o mala gestión) de situaciones de desastre. Es en estas situaciones en las que se pone a prueba la eficacia o ineficacia de un gobierno, su compromiso o su falta de compromiso con la sociedad, especialmente con los sectores sociales más desprotegidos y vulnerables. Es en estas situaciones que sale a luz lo mejor o lo peor de un gobierno, el compromiso o el oportunismo, la solidaridad o el desprecio a los que sufren, la cooperación o la imposición autoritaria.
El presidente Saca no ha satisfecho como es debido la demanda de rendición de cuentas que distintos sectores sociales le han exigido desde los días más duros de la emergencia. Al no evaluar con el rigor debido el desempeño de muchos de sus funcionarios durante aquélla ni plantearse su idoneidad para ocupar sus cargos, está condenando a su gobierno a cargar con un lastre que le impedirá en el futuro inmediato, al igual que sucedió con la reciente emergencia, cumplir con su obligación constitucional de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos de El Salvador.
A los que proponen esperar hasta la celebración de elecciones para una rendición de cuentas gubernamental, hay que responderles que, sin que sea excluyente con ello, la rendición de cuentas más eficaz (y la más favorable para los intereses de los ciudadanos) es aquella que se hace sobre la marcha de una gestión de gobierno, es decir, la que tiene como propósito corregir y/o reencauzar políticas. Rendir cuentas cuando un gobierno ha terminado su mandato puede ser importante desde un sentido político electoral, pero poco relevante para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Con todo, los salvadoreños y salvadoreñas más concientes no deben desmayar en su clamor por una verdadera rendición de cuentas. Por más que las grandes empresas mediáticas quieran obviar el tema, hay que mantenerlo vivo. En El Salvador, la rendición de cuentas por parte de un gobierno que falla en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos debe dejar de ser una novedad, debe convertirse en algo normal, en algo a lo cual cada funcionario público —desde el presidente de la República hasta el empleado de más bajo rango en el gobierno— debe acostumbrarse. Y la sociedad debe exigir esa rendición de cuentas como un derecho inalienable.
Una brecha en la política exterior
En la última Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado ocurrió algo verdaderamente novedoso: el gobierno salvadoreño apoyó una moción de condena al bloqueo estadounidense contra Cuba. Este hecho rompía, aparentemente, con una tradición iniciada con Armando Calderón Sol, según la cual los gobernantes salvadoreños aprovechaban las Cumbres Iberoamericanas para tratar de lucirse ante Estados Unidos, enfrentándose al presidente cubano Fidel Castro. El caso más lamentable fue el de Francisco Flores, que cosechó los aplausos de su “amigo” George W. Bush. De nada le valió a Flores sacar pecho frente a Castro, porque de todas maneras no obtuvo la anhelada Secretaría General de la OEA.
Los presidentes salvadoreños se valían, pues, de las Cumbres Iberoamericanas para respaldar la política exterior estadounidense, sobre todo, en el caso de Cuba. Por lo tanto, hacían las veces de bocina para hacer oír la voz de Washington. Con todo, el bloqueo estadounidense ha obtenido cada vez mayores condenas. No es necesario que un gobierno sea de izquierda o populista para darse cuenta de que se trata de una medida irracional que solamente golpea al pueblo cubano. En todo caso, si se pretende “democratizar” la isla —como lo afirman los partidarios del bloqueo mantenido infructuosamente desde 1961— deberá ser el pueblo de Cuba el que defina qué rumbo quiere para su sociedad. Pese a lo anterior, el gobierno salvadoreño era uno de los pocos que se aferraba a la idea de mantener el bloqueo, para beneplácito de los Estados Unidos.
En el XV cónclave de mandatarios y jefes de gobierno celebrado en la ciudad española de Salamanca participó la Vicepresidenta Ana Vilma de Escobar y el canciller Francisco Laínez, quienes avalaron —a nombre del gobierno salvadoreño— la resolución a favor de Cuba. Literalmente, la resolución comienza con la siguiente consideración: “reafirmamos una vez más que en la defensa del libre intercambio y de la práctica transparente del comercio internacional, resulta inaceptable la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que afectan el bienestar de los pueblos y obstruyen los procesos de integración.” Nada más cierto. El libre comercio internacional, del que tanto se habla, no puede ser libre si se le niega esa libertad a un país.
Más adelante, se añade lo siguiente, que permite ver que la resolución fue muy concreta y no se diluyó en generalidades: “reiteramos el más enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional como la Ley Helms-Burton y exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a su aplicación. Pedimos al Gobierno de los Estados Unidos de América que cumpla con lo dispuesto en trece sucesivas resoluciones aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene contra Cuba. Solicitamos en particular al Gobierno de los Estados Unidos, que con carácter inmediato detenga la aplicación de las medidas adoptadas en el curso de los dos últimos años con el objetivo de fortalecer y profundizar el impacto de su política de bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba”.
El contenido de la resolución es muy enérgico. Por eso asombra que El Salvador la haya avalado. Asimismo, no es extraño que pronto se dieran señales de arrepentimiento por la decisión tomada.
Ciertamente, semejante muestra de autodeterminación por parte del gobierno salvadoreño no podía durar tanto. Inmediatamente después de suscrita la resolución arriba citada, el Secretario de Comercio de los EEUU, Carlos Gutiérrez, hizo saber a los gobernantes centroamericanos el disgusto que la misma había provocado en su gobierno y reafirmó la decisión de mantener el bloqueo. Esto colocó en una situación incómoda a los mandatarios del Istmo, quienes, como en el caso del presidente Enrique Bolaños, hablaron, incluso, de modificar el controversial término “bloqueo”, por el más suave de “embargo”, para referirse al castigo comercial impuesto por los EEUU a la isla caribeña.
Interrogado por La Prensa Gráfica, el presidente de ideología de ARENA, René Figueroa, recordó la vieja retórica de su partido, tratando de matizar la resolución: “en ningún momento es un apoyo a Fidel Castro. A nosotros Castro nos debe pedir perdón, porque fue patrocinador del derramamiento de sangre de salvadoreños”. Si esto fuera cierto, también los EEUU deberían pedir perdón al pueblo salvadoreño, por haber financiado los bombardeos contra población civil, por haber asesorado a los militares salvadoreños y por haber financiado millonariamente la guerra durante los años ochenta.
Con argumentos así no se llega demasiado lejos. La política internacional contemporánea se caracteriza por el pragmatismo —está más orientada en función de los negocios que otra cosa— y no tanto por la adherencia a ideologías trasnochadas. Países como China y Vietnam mantienen una política exterior de apertura hacia las naciones capitalistas. Estas, a su vez, ven en dichos países asiáticos una buena oportunidad para invertir. Cuba misma es un socio comercial de firmas turísticas europeas.
Parece que el partido ARENA tiene un perfil político escindido. En algunos casos, muchos de sus miembros más prominentes actúan como empresarios modernos, pregonando que hay que aumentar el nivel de competitividad para enfrentar los retos del mundo globalizado del siglo XXI. Pero en otros momentos aparece, que tras la máscara del empresario “progresista”, la cara del viejo hacendado oligárquico, que corre a buscar la escopeta cuando algo le huele a comunismo.
La necesidad de actuar con realismo político
El Salvador necesita una política exterior realista. Este realismo debe estar en función de los problemas de la realidad salvadoreña, no de los intereses de los “amigos”, ni de ortodoxias ideológicas.
Valga como ejemplo el problema de los emigrantes centroamericanos en EEUU. En este punto, puede apreciarse un endurecimiento por parte del gobierno de Bush hacia los emigrantes indocumentados. Sin embargo, el presidente Antonio Saca ha avalado la medida, tratando de disminuir, entre la opinión pública, el impacto negativo de las reformas a las leyes migratorias norteamericanas. La coyuntura de los desastres socio-naturales del mes de octubre ha hecho que EEUU postergue momentáneamente la deportación de compatriotas, pero cuando las autoridades de ese país así lo decidan se tendrá de nueva cuenta la amenaza de la deportación masiva.
Situaciones como esta requieren de un franco realismo político —un realismo que parta de las necesidades de las y los salvadoreños— y no de las anteojeras ideológicas. El voto en contra del bloqueo, producto, más de la presión de la comunidad iberoamericana que de un auténtico viraje en la política exterior salvadoreña— debe hacer pensar en que El Salvador que ya no está en los tiempos de la guerra fría y que son otras, y muy complejas, las realidades que hay que enfrentar en la actualidad.
Preparativos para el CAFTA
La semana pasada el Secretario de Comercio Exterior de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, visitó el país para promover algunos cambios en materia legal que son necesarios para la entrada en vigencia del CAFTA. La visita del funcionario impulsó la armonización de los procesos de aduana entre los países del Istmo y las reformas en las leyes que velan por la propiedad intelectual. Ambos aspectos son fundamentales para la entrada en vigencia del convenio comercial. El primero busca la uniformidad de los aranceles y demás impuestos de aduanas para los bienes que entren a la región; el segundo busca incentivar a los empresarios norteamericanos para invertir en la región sobre la base del respeto de las patentes y los derechos de autor.
Previo a tratar las disposiciones comerciales y legales que involucra el tratado, el secretario de comercio y el presidente salvadoreño resaltaron los beneficios que se esperan del mismo. Una vez más se repitió el tradicional discurso liberal que propugna que el desarrollo de nuevos mercados trae aparejado un alza en el nivel de empleo y mejoras en los niveles de vida. Ambos sostuvieron que, para que se den esos resultados, es necesario realizar las reformas comerciales y legales antes del 1 de enero de 2006. En esta dirección, funcionarios del Ministerio de Economía consideran que los cambios estarán listos para el 30 de octubre, para ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
Actualmente, el trabajo del Ejecutivo se centra en cinco puntos: cambios en la Ley de Propiedad Intelectual que considera 66 enmiendas importantes para castigar duramente la piratería; la creación de reglamentos que especifican el uso de las cuotas agrícolas de importación; medidas para agilizar el retiro de bienes importados en las aduanas; cambios en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público para castigar a proveedores involucrados en acciones fraudulentas; y la publicación de instructivos necesarios para la certificación electrónica de bienes que se transarán en el TLC.
Las medidas anti-inmigrantes de Bush
El pasado 22 de octubre, el presidente estadounidense, George W. Bush, dio a conocer algunos de los ejes alrededor de los cuales girará la “amplia reforma migratoria” que impulsa. “Mano dura” y “deportaciones sin excepción” son los conceptos difundidos para describirla. Su objetivo es “enviar de vuelta a todas las personas que hayan entrado ilegalmente a Estados Unidos, sin excepciones”. La Ley de Presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, firmada por Bush el 18 de octubre, le permitirá endurecer los controles de inmigrantes en la frontera con México, siendo éste el primer eje de la reforma. Dicha ley contempla un millonario presupuesto para ampliar los centros de detención, reforzar las patrullas fronterizas, barreras y vallas, contratar a mil nuevos agentes que custodiarán los puntos por donde atraviesan los ilegales, además de invertir en mejoras tecnológicas para rastrearlos. El otro eje importante es la oferta de empleos temporales, “trabajos que no hacen los estadounidenses”. Los inmigrantes que califiquen para dichos empleos podrán optar por una estancia legal máxima de 6 años.
Para el presidente salvadoreño, Antonio Saca, las medidas de Bush son las correctas y declaró públicamente que no deben confundirse con “un plan anti-inmigrantes”. Agregó que planea abordar a Bush en la Cumbre de las Américas, el 4 y 5 de noviembre próximos, en Mar del Plata, Argentina, pero adelantó que estará “a la par de Bush” en esta “reforma migratoria integral”.
De acuerdo a sus declaraciones, parece que Saca no percibe con claridad de dónde vienen y hacia dónde van estas medidas. En su afán por ser complaciente con todo lo que venga de Washington, se olvida de lo más importante en su calidad de máximo representante del país en materia de relaciones exteriores: el interés nacional. No parece tener una perspectiva realista de los actuales cambios de poder en el entramado de relaciones internacionales globales. De seguirle apostando a Estados Unidos como el principal aliado internacional, El Salvador corre el peligro de quedarse “sin el plato y sin la cena”. Las medidas anti-inmigrantes de Bush deben verse por Saca y por las autoridades regionales, especialmente México y Centroamérica, como un aviso de medidas más duras y como una oportunidad para tomar acciones regionales conjuntas que garanticen la supervivencia de sus naciones, y de su gente, en los difíciles años que están por venir.
Tecoluca busca verdad y justicia
de niño por la muerte sorprendido.
Desde junio del año en curso, el IDHUCA desarrolla la Campaña “Por la verdad y la justicia en El Salvador”; ésta pretende ser un instrumento para rescatar la memoria histórica, así como una posibilidad para buscar justicia por los crímenes ocurridos en el pasado conflicto armado. En la primera etapa de la misma, algunas víctimas y sus familiares se acercaron a las oficinas del Instituto para narrar los hechos. En quince días se recibieron varias decenas de testimonios, muestra de la necesidad de algunas personas por conocer lo que le ocurrió a sus seres queridos. Mientras no tengan respuesta, sus heridas seguirán abiertas; más aún, si han cargado por más de veinte años con el desprecio estatal. Esta situación fortalece el compromiso del IDHUCA con la dignificación de los sectores más atropellados, ubicando este esfuerzo como una prioridad y —sobre todo— como un enorme privilegio.
En ese marco, se está elaborando un libro que registre y dé a conocer las atrocidades cometidas durante las épocas de la violencia política y la guerra. Se pretende que ese relato de la historia salvadoreña reciente recoja “la voz de los sin voz”: la de las víctimas. Hasta hoy, sus victimarios han pretendido imponerse gritando fuerte sus mentiras y silenciando los justos reclamos de aquellas. Pero eso debe cambiar; para ello, además, se está realizando un estudio minucioso de los casos para determinar si es posible llevarlos a los tribunales correspondientes. Esa es la primera etapa de la campaña. También se ha iniciado la recopilación de testimonios en comunidades afectadas de manera directa por la represión y las violaciones al derecho internacional humanitario.
Llegar hasta esos sitios martiriales responde, en primer lugar, al ejemplo de Segundo Montes; el mártir jesuita, fundador del IDHUCA, llegaba hasta las casas de las víctimas para entender y apropiarse de sus circunstancias, sentimientos y aspiraciones. En segundo término, acudir a los lugares donde se cometieron los delitos posibilita tener un mejor panorama de su realización, sus responsables y sus consecuencias. Por último, es en la base donde se encuentran las organizaciones de la población más sufrida que desean resolver el pasado, como única fórmula real para cerrar las heridas que les produjeron los “señores del poder y del dinero”.
Sobre esa base se consideró apropiado impulsar la segunda fase de la Campaña en Tecoluca; este municipio de San Vicente fue el escenario donde se desarrolló un “proyecto piloto” de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) denominado “Operación Maquilishuat”. Esta acción consistió en concentrar gran parte del poder militar en la zona, para contrarrestar la influencia de la guerrilla. Esta es una cara de la moneda: la de los criminales.
Del otro lado está la de las víctimas, que a lo largo del conflicto reportan haber sufrido más de veinte masacres entre las cuales se encuentran las siguientes: La Cayetana, San Francisco Angulo, La Raya, Finca Peña Arriba, Las Pampas, Santa Cruz Portillo y Mata de Plátanos. Estos operativos criminales conocidos que la gente identifica por el lugar donde ocurrieron, se traducen en la muerte de 1,284 personas, mujeres y niños en su mayoría. Estos hechos no fueron registrados por la Comisión de la Verdad; en su informe, ésta solo mencionó dos masacres ocurridas en ese departamento: la de San Sebastián, en 1988, y El Calabozo, en 1982, dejando fuera a cientos de víctimas que merecen ser dignificadas.
Pese a todo, en Tecoluca hoy existe un buen nivel de participación ciudadana. Hay un Comité de Víctimas del pasado conflicto armado trabajando con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que son expresiones sociales organizadas mediante las cuales se han facilitado los contactos con la población atropellada por las masacres y la impunidad; a su vez, el Centro de Formación de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” impulsa un proceso de exhumaciones en el municipio, lo que contribuirá en gran medida a exigir con pruebas el castigo de sus responsables.
El recién pasado sábado 22 de octubre se realizó la primera jornada de recepción de testimonios en San Francisco Angulo, a unos metros del lugar donde están sepultadas cuarenta y cinco víctimas. Se retrocedió en el tiempo veinticuatro años, a las diez de la mañana del 25 de julio de 1981. El relato de los sucesos reflejó un claro sufrimiento entre supervivientes y familiares de las y los masacrados. Una de ellas contó que un hombre vestido de negro le disparó sin piedad dos balas de grueso calibre, las que le destrozaron parte de su cuerpo; minutos antes logró entregar su hija a una hermana que la escondió. Después, tendida en el suelo, su verdugo se acercó y le colocó una pistola en la cabeza; ella contuvo la respiración aparentando estar muerto y así se salvó. Al contar su experiencia afirma: “La vida es un milagro”. Estas palabras, que al leerlas quizás no signifiquen gran cosa, en boca de esta campesina encierran potentes dosis de esperanza y compromiso.
Las y los sobrevivientes contaron cómo militares, policías y “paramilitares” registraban sus viviendas y arrasaban con todo. La intolerancia del poderoso y el fanatismo de la “seguridad nacional” los convirtió en instrumentos de muerte, que se activaron sin piedad en aquellos sitios considerados “bases de la guerrilla”. Quienes enterraron a sus familiares recuerdan mujeres asesinadas en las cocinas, con la masa para hacer las tortillas en las manos; otras víctimas quedaron tendidas en las calles con las compras del mercado; niños y niñas con sus cuerpos destrozados; algunas personas que se encontraban trabajando en el campo, al escuchar disparos huían del lugar con la angustia de no saber sobre su familia. Todas estos cuadros, difíciles de imaginar, lamentablemente fueron pintados por los criminales en San Francisco Angulo. La tragedia que duró quince minutos, dejó una huella entre las y los sobrevivientes para todas sus vidas.
Veinticuatro años después, las excavaciones realizadas arrojaron los primeros resultados: siete cuerpos exhumados. Estos son evidencia de la veracidad de los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) debe iniciar las investigaciones respectivas para dar con los responsables y juzgarlos. La negativo oficial ante esos trágicos acontecimientos constituiría un absurdo más. Alegar en estos casos amnistía para los delincuentes y prescripción de los delitos como fundamentos para abstenerse de conocerlos, una vez más demostraría la falta de voluntad oficial para velar por los intereses de la sociedad —función de la FGR contemplada en el artículo 193 (1?) de la Constitución— pues ambas figuras jurídicas han sido superadas en el Derecho moderno. Esto lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia al manifestar que ambas sólo le brindan seguridad jurídica a los criminales, dejando indefensas y revictimizando a las personas afectados.
El gobierno, en su momento, a través de la milicia y los cuerpos de “seguridad” cometió estos atropellos contra la población civil. Luego, con la aprobación de la amnistía, imposibilitó a las víctimas y sus familiares tener acceso a la justicia. Ahora se le presenta a las autoridades estatales una nueva oportunidad para enmendar sus errores. Ojalá se trabaje como es debido: en función de la dignificación de aquellas y del bien común, disminuido en medio de una falsa paz y una nula “reconciliación”. De ahí la importancia de contar con instituciones eficaces e independientes como la Fiscalía General de la República.
El IDHUCA continuará reivindicando los derechos de las víctimas, sobre todo de aquellas que han sido depreciadas por el Órgano Ejecutivo y marginadas por el sistema legal, para que gocen de la justicia que por tanto tiempo les han negado. Mientras, la población de Tecoluca seguirá luchando por rescatar su memoria histórica. Ahí, abajo y adentro del país, cada persona que con su pala quita la tierra que cubre a sus seres queridos asesinados injustamente y brinda su palabra testimonial, se transforma en verdadera constructora de una sociedad en paz con verdad y justicia.
Las víctimas de octubre (II)
3. “El corazón de carne”. Solidaridad
En medio de la tragedia siempre aparece la fuerza de la vida, de la esperanza, del amor. Y en estas ocasiones toma la forma de solidaridad.
Muchos colaboran para aliviar el sufrimiento —la respuesta a las llamadas de la YSUCA, y de otros, es realmente impresionante. Llega gente con quintales de maíz, frijoles —a veces lo cargan mujeres sencillas sobre la cabeza—, azúcar, maseca, botes de leche, cientos de fardos de ropa, docenas de colchonetas, frazadas, medicina… Son gente sencilla, normal, que inmediatamente se ponen a ayudar para hacer llegar la ayuda. También se acercan algunas personas de más medios con donativos importantes. A veces, empleados de empresas conocidas que, entre ellos, han recogido la ayuda. Hasta un equipo pesado ofreció un constructor para remover escombros. Y llegan médicos, enfermeras, religiosas… Es la ayuda y el servicio que brota como lo obvio, como lo que nos mantiene con un mínimo de humanidad.
4. “Santidad primordial”. Lo heroico de vivir
Hagamos ahora unas reflexiones más allá de lo visible y constatable. Son audaces. Aceptarlas o no, dependerá de la sensibilidad y de la fe de cada cual, fe religiosa o humana, con que se mira la realidad. Y ante las víctimas sólo podemos hacerlas con el máximo respeto.
En los lugares afectados por las catástrofes las escenas son desgarradoras. Como en el siervo sufriente de Jahvé, no hay en ellas belleza alguna. Al ver a las víctimas clamando, defendiendo a sus hijos pequeños, llorando sobre sus cadáveres, agarradas a una silla —lo único que les ha quedado— para que no se la lleve el agua, rezando también, protestando por lo que el gobierno hace y no hace, vienen a la mente muchas otras catástrofes. Entre nosotros, terremotos, represión y miseria cotidiana; en otros lugares, Níger, Sudáfrica, los Grandes Lagos, madres y niños famélicos, con SIDA, caminando en grandísimas caravanas cientos de kilómetros sin prácticamente nada. Pero puede ocurrir —y ocurre— el gran milagro: las víctimas quieren vivir, ayudarse mutuamente para vivir. Y entonces en medio de la catástrofe aparece dignidad, amor, esperanza, hasta organización popular, religiosa y civil —de mujeres sobre todo— para decir su palabra y mantener su dignidad. En El Salvador es bien conocida la decisión de las víctimas a rehacer sus vidas después de las catástrofes.
No creo que haya palabras adecuadas para describirlo, pero quizás sirvan éstas. “A este anhelo de sobrevivir en medio de grandes sufrimientos, los trabajos para lograrlo con creatividad, resistencia y fortaleza sin límites, desafiando inmensos obstáculos, lo hemos llamado la santidad primordial. Comparada con la oficial, de esa santidad no se dice todavía lo que en ella hay de libertad o necesidad, de virtud u obligación, de gracia o mérito. No tiene por qué ir acompañada de virtudes heroicas, pero expresa una vida toda ella heroica. Esa santidad primordial invita a dar y recibir unos a otros y unos de otros, y al gozo de ser humanos unos con otros”.
5. “¿Dónde está Dios?”. En la cruz
Ese misterio de esperanza y dignidad en medio de las catástrofes nos lleva al misterio de Dios. Empecemos recordando, por si algún lector así lo piensa, que Dios no envía catástrofes para castigar a los seres humanos, como lo gritan unos. Tampoco están predichas en la Biblia, como predican otros. La predicción más segura es la de Mateo 25: “la salvación y la condenación dependen de servir o no al pobre”.
Sí abunda un sentimiento religioso de que “ante las cosas de Dios no podemos hacer mucho”. Es la fe respetuosa. Pero no impide preguntarle y cuestionarle, como Job, como Jesús en la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has desamparado?”. Es la teodicea de que hablan los teólogos.
Esto es lenguaje simbólico. Con él se quiere decir que Dios ama en verdad a las víctimas de este mundo. Se podrá o no creer en ese Dios, se podrá preguntarle: “¿por qué?”, sobre todo los que se han quedado sin nada, sin su casita, sus hijos, sus papás. Se podrá dudar de su omnipotencia, pero no se le podrá acusar de indiferencia. Un gran teólogo alemán decía en medio de los horrores de la segunda guerra mundial: “sólo un Dios así, sufriente con nosotros, puede salvarnos”.
6. “Bajar de la cruz a los crucificados”. El mandamiento de Dios
Lo que acabamos de decir no es la última palabra de Dios en estos días. Su última palabra —y para quien no sea creyente, la última palabra de la conciencia— es una exigencia, que —si se nos perdona la audacia— pudiera ser ésta:
“Salven a este mundo. No hay nada más urgente ni más importante. No piensen que se olvidan de mí por acoger damnificados, recoger y enterrar cadáveres, consolar a sus familiares. Están más cerca que nunca… Estudien, investiguen y busquen, por amor a mi nombre, soluciones de verdad para prevenir y paliar catástrofes… Terminen con la corrupción y la mentira, gobiernen con justicia y honradez, sin escapatorias… Y no se llenen la boca gritando “democracia, globalización”. Y aprendan de mi enviado Jeremías. Zahirió a los que obraban mal y se excusaban gritando “templo de Jerusalén, templo de Jerusalén”. Les digo a ustedes, lo que Jeremías les dijo a ellos: ‘Lo que Jahvé quiere es que mejoren su conducta y obras, que hagan justicia, que no opriman al forastero, al huérfano y a la viuda’. Hoy les digo: ‘¡bajen de la cruz a los crucificados!’”.
San Salvador, 9 de octubre de 2005.
A continuación, presentamos un resumen del Informe anual de Transparencia Internacional, correspondiente a 2005, acerca de la percepción pública del fenómeno de la corrupción
La corrupción sigue alarmante en 70 países
Más de dos tercios de las 159 naciones sondeadas a través del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2005 (IPC) obtuvieron una puntuación de menos de 5 sobre una puntuación ideal de 10, lo que indica altos niveles de corrupción en la mayoría de los países encuestados.
La corrupción continúa amenazando el desarrollo
El Índice 2005 es testigo de la doble carga de los países menos desarrollados del mundo, la pobreza y la corrupción. “La corrupción es una de las mayores causas de la pobreza, a la vez que representa una barrera para combatirla,” según el Presidente de Transparencia Internacional, Peter Eigen. “Ambos flagelos se alimentan mutuamente, atrapando a las poblaciones en el círculo vicioso de la miseria. La corrupción debe ser abordada con fuerza si se busca que la ayuda al desarrollo tenga resultados para liberar a los pueblos de la pobreza.”
A pesar de avances en muchos frentes, incluyendo la inminente entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, setenta países —casi la mitad de aquellos incluidos en el Índice— obtuvieron una puntuación de menos de 3 en el IPC, lo que confirma graves problemas de corrupción. Entre los países incluidos en el Índice, la corrupción se percibe como más grave en Chad, Bangladesh, Turkmenistán, Myanmar y Haití —también considerados entre los países más pobres del mundo.
El mundo se ha puesto como objetivo reducir la pobreza extrema a la mitad para el año 2015. La corrupción obstaculiza el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al socavar el crecimiento económico y el desarrollo sustentable que liberaría a millones de personas de la pobreza. La lucha contra la corrupción debe ser parte integral de los planes destinados a aumentar los recursos para lograr estos objetivos, ya sea a través de la cooperación internacional o bien, de acciones domésticas en los países.
Diecinueve de los países más pobres del mundo recibieron la condonación de su deuda bajo la iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) como muestra de sus logros de reforma económica. Sin embargo, ninguno de estos países logró una puntuación de más de 4 en el IPC, lo que indica problemas de corrupción que van de serios a severos.
Estos países aún enfrentan el grave riesgo de que los recursos liberados de los pagos de la deuda y que ahora se sumarían a los presupuestos nacionales sean mal utilizados, ya sea por codicia, malversación o mala gestión. El compromiso y los recursos utilizados para calificar como PPAE también deberían ser invertidos para ganar la lucha contra la corrupción.
Es necesario erradicar la corrupción e implementar reformas lideradas por los países recipientes para que la ayuda financiera resulte más efectiva, y lograr los objetivos de desarrollo económico y humanos que fueron establecidos por la comunidad internacional.
“La corrupción no es un desastre natural: es el robo frío y calculado de las oportunidades de los hombres, mujeres, y niños menos capaces de protegerse a sí mismos,” dice David Nussbaum, Director Ejecutivo de TI. ”Los líderes deben ir más allá de las palabras y cumplir con sus promesas de cooperar con el compromiso y los recursos necesarios para mejorar la gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas.”

References: resolución 
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 artículo 193