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Timestamp: 2017-07-21 06:47:04+00:00

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TSJ declara la inconstitucionalidad de la Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela. Del 31 de marzo 2016. Les presento la Sentencia completa de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde declara la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 3 de marzo de 2016. En consecuencia, se preserva la vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.211 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015.
Texto completo de la sentencia del 31 de marzo del 2016. N° SENTENCIA: 259 N° EXPEDIENTE: 2016-0279
Mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2016, el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, actuando en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 del Texto Fundamental, solicitó a esta Sala Constitucional pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 3 de marzo de 2016. Dicha solicitud obedece a las dudas razonables que sobre la constitucionalidad de la referida ley, tiene el Jefe del Estado.
El 17 de marzo de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado CALIXTO ORTEGA RÍOS, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El Presidente de la República, fundamentó su petición sobre las base de los argumentos que se transcriben a continuación:
“A todo proyecto de ley anteceden hechos o situaciones que concurren temporalmente con la decisión de proponer dicho proyecto. Es decir, la decisión de dictar una nueva ley o reformar una existente tiene lugar con ocasión a (sic) circunstancias que están en pleno desarrollo o cuya ocasión de circunstancias que están en pleno desarrollo o cuya ocurrencia es previsible en el tiempo. Esto es, la ley busca normar las conductas de sujetos (personas físicas o entidades) sobre la base de la observación de una situación actual, incluso corregirla, en ocasiones; o regular dichas conductas hacia el futuro, previendo en abstracto cuáles pudieran ser esas conductas y establecer sus reglas.
El móvil político no puede ser per se un motivo para dictar una ley. Reformar el texto normativo base de una de las más importantes instituciones del Poder Público Nacional únicamente para imponer desde el Poder Legislativo un dominio no contenido en el mandato de sus electores es, a todas luces, un fraude a la Constitución.
No cabe duda [de] que la motivación de la reforma propuesta por la bancada opositora de la Asamblea Nacional es netamente política. La única circunstancia que antecede al proyecto es el cambio de orientación política de la Asamblea Nacional y, por tanto, el deseo de asegurar el control de dicha instancia legislativa sobre el resto de los poderes públicos, más allá de las competencias que al respecto le ha otorgado la Constitución.
Tanto las declaraciones dadas a los medios de comunicación, lo cual constituye un hecho notorio comunicacional, como los argumentos expuestos por diputados de oposición dejan ver que la motivación (fáctica) de su proyecto de reforma es dar control a la Asamblea Nacional en la designación de los miembros del Directorio del Banco Central de Venezuela (BCV).
La reforma implementada en diciembre de 2015 mantuvo la proporción exigida en la Constitución respecto de la participación de la Asamblea Nacional en la designación de las autoridades del Banco Central de Venezuela, corriendo (sic) el criterio establecido con anterioridad según el cual se cedió a la Asamblea Nacional la atribución para la designación de dos (02) miembros del Directorio, situación que excedía, a todas luces, la exigencia constitucional de dar participación al Poder Legislativo Nacional en la designación y ratificación de dicho Directorio.
Ciertamente, al efecto, relata el numeral octavo de la disposición transitoria cuarta de la Constitución de 1999:
‘Cuarta: Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará:
8. La Ley a la cual se ajustará el Banco Central de Venezuela. Dicha ley fijará entre otros aspectos, el alcance de las funciones y forma de organización del instituto; el funcionamiento, período, forma de elección, remoción, régimen de incompatibilidades y requisitos para la designación de su Presidente o Presidenta Directores o Directoras; las reglas contables para la constitución de sus reservas y el destino de sus utilidades; la auditoría externa anual de las cuentas y balances, a cargo de firmas especializadas, seleccionadas por el Ejecutivo Nacional; y el control posterior por parte de la Contraloría General de la República en lo que se refiere a la legalidad, sinceridad, oportunidad, eficacia y eficiencia de la gestión administrativa del Banco Central de Venezuela.
La ley establecerá que el Presidente o Presidenta y demás integrantes del Directorio del Banco Central de Venezuela representarán exclusivamente el ´interés de la Nación, a cuyo efecto fijará un procedimiento público de evaluación de los méritos y credenciales de las personas postuladas a dichos cargos.
La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corresponderá la designación del Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus Directores o Directoras; y establecerá los términos de participación del Poder Legislativo Nacional en la designación y ratificación de estas autoridades’.
Puede notarse, de la lectura del texto, que la Ley aprobada en 2015 se adecuó a los parámetros dados por la Constitución respecto de la conformación del Banco Central de Venezuela, revirtiendo para el Poder Ejecutivo la cesión otorgada previamente a la Asamblea Nacional de la función de evaluación de méritos y credenciales e incluso la designación de dos directores.
En efecto, no refiere en ningún momento el Texto Constitucional antes transcrito que la Asamblea Nacional deba designar a una parte del Directorio, sino sólo que debe ‘participar’ en ello. Así como tampoco indica que deba tener el monopolio de la evaluación de méritos y credenciales de los candidatos. Estos fueron los aspectos corregidos en la nueva versión.
Sin embargo, sobre la base de la modificación del equilibrio político de la Asamblea Nacional, con ocasión de la elecciones del 6 de diciembre de 2015, los miembros del nuevo órgano colegiado representantes de la oposición advirtieron (aun antes de su investidura) que intervendrían directamente en las políticas púbicas del Ejecutivo Nacional, competencia de su exclusivo ejercicio y que pretende ser vulnerada por la vía de una legitimidad dada a la Asamblea sólo para ejercer las funciones indicadas en la Constitución y no para cuestionar toda decisión del Ejecutivo Nacional y sus políticas procurando obstaculizarlas, al punto de forzar la salida de la máxima autoridad del dicho Poder.
Sobre la base de lo expresado no cabe duda [de] que los motivos del proyecto presentado son políticos y tienen que ver con la toma de poder de la Asamblea Nacional sobre todos los espacios de la vida económica.
En segundo lugar, se observa que la reforma que pretende efectuar la Asamblea Nacional, puede significar un atentado contra la protección, que el Poder Ejecutivo quiere imprimir al Pueblo y al Estado, como mecanismo de defensa a la ofensiva económica que se ha gestado desde diversos ángulos. En consecuencia, se puede afirmar que dicha reforma va dirigida a perturbar y distorsionar el sistema socioeconómico y financiero del país.
Cabe señalar que el Banco Central de Venezuela, es un organismo de carácter constitucional vital para contribuir al logro de los objetivos de la política económica diseñada por el Gobierno Nacional, razón por la cual la afectación que pueda devenir, dado el momento y la oportunidad en la que se pretende reformar dicho Decreto Ley, va en contra del ejercicio de sus competencias y del Poder Público, pudiendo afectarse su estabilidad, la sostenibilidad de la institución y del sistema de pagos interno y externo, así como la continuidad de sus políticas y la existencia de condiciones financieras sanas en el país, aunado a la disminución de su autonomía, al pretender la Asamblea Nacional incorporar nuevamente un esquema que demostró ser inoperante, ya que limita el ejercicio de sus funciones en correspondencia con los fines superiores del Estado.
Así, el Decreto Ley vigente permite que el Banco Central de Venezuela garantice que su actuación se desarrolle en coordinación con la política económica nacional, promoviendo el consenso en torno a objetivos nacionales, con el fin de generar resultados positivos en el ámbito financiero, todo dentro del marco constitucional que establece que el estado deberá orientar las políticas macroeconómicas y sectoriales para promover el desarrollo y el bienestar del pueblo venezolano.
En este sentido, el Banco Central de Venezuela está llamado a contribuir con el Ejecutivo Nacional en la armonización de la política monetaria con la fiscal, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos mediante la creación y mantenimiento de las condiciones monetarias que se requieren para lograr el cambio estructural de la economía venezolana que ha planteado el Presidente de la República, a fin de contrarrestar la situación crítica por la que atraviesa el país.
Para ello, resulta indispensable que el Banco Central mantenga su autonomía, de modo que atendiendo a las políticas públicas, logre alcanzar sus objetivos acordes a los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Nacional y el Marco Plurianual del Presupuesto, en defensa de los intereses superiores de la colectividad.
Así, el contenido de la Ley de Reforma cuya constitucionalidad se encuentra en duda, al quebrantar este principio de autonomía del Banco Central de Venezuela, quebranta igualmente el principio de separación entre los Poderes previsto en el artículo 136 de la Carta Magna.
Por otra parte, en el Derecho Comparado la tesis Italiana (MOSTATI, Constantino, 1975. Instituciones del Derecho Público), planteada [de] que a través de diversos síntomas los Tribunales Constitucionales, se encuentran habilitados para detectar la falta de concordancia entre la ley y los fines constitucionales, aunque se pueda plantear la ley como un acto político del legislativo, el Tribunal Constitucional deberá contrastar esa actuación, más allá de presentar al Texto Fundamental como mero programa, sino permitiendo ejercer el control teleológico, ello en razón de valorar la irracionalidad, arbitrariedad o falta de justificación en la actuación arbitraria contra el resto de los Poderes Nacionales sino sobre todo constituye el canon fundamental para funcionalizar la entera actividad administrativa y mantener la armonía en la gobernabilidad.
Según esto, debe el Tribunal Constitucional evaluar los síntomas del distanciamiento de la actividad parlamentaria respecto a (sic) los preceptos finalistas de la Constitución, para evitar el peligro [de] que el Parlamento abuse del espacio que ella misma ha reservado o habilitado al Legislador como órgano central del proceso político.
Esto es lo que en nuestra doctrina nacional se define como desviación de poder, que implica para su configuración que el acto haya sido dictado con un fin distinto al previsto por el Constituyente.
Sucede, respecto de este último planteamiento, que lo que motiva la ley sancionada por la Asamblea Nacional, el control político de los Poderes Públicos desde dicho órgano legislativo, termina siendo además el fin del propio texto normativo, desviando hacia el cumplimiento de ofertas electorales efectuadas en la campaña de la bancada opositora en diciembre de 2015, según las cuales la ‘nueva’ Asamblea Nacional vendría a ‘gobernar’. Preocupa en gran manera al suscrito el afán del cuerpo legislativo nacional por crear ante la opinión pública la sensación de asumir por completo el ejercicio del Poder Público Nacional, pretendiendo generar la idea de un Poder Legislativo superior y condicionante fatal del ejercicio de las competencias del resto de los Poderes. Ya la propia Sala Constitucional de ese digno Tribunal se ha pronunciado al respecto.
En este sentido, resulta pertinente destacar con relación a la potestad legislativa y la incidencia que sobre ésta tiene el principio de supremacía constitucional, que la disposición transitoria cuarta regula todo lo relacionado con los parámetros legislativos que definirán el régimen regulatorio del Banco Central de Venezuela, lo que excluye que la Asamblea Nacional pueda normar libremente campos predefinidos por el Constituyente estableciendo requisitos y condiciones específicas para configurar un parámetro mínimo al que se ha de someter la configuración legislativa.
La Supremacía constitucional es entonces una limitación a la potestad legislativa y un mandato específico del Constituyente al legislador para que regule la materia observando parámetros mínimos en aspectos que al estar tabulados por el Constituyente se erigen como fundamentales. Es decir, limita al legislador en su actividad de regulación fijando materias previstas en el Texto Fundamental. Cuando el órgano legislativo nacional se aparta de estos parámetros ello constituye un criterio objetivo que en conjunto con otros indicios permitirían determinar el vicio de desviación de poder.
En virtud de los argumentos precedentemente expuestos es que ratifico las dudas acerca de la conformidad a derecho de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela sancionada por la Asamblea Nacional, por lo cual, respetuosamente solicito a ese Máximo Tribunal de la República, en Sala Constitucional, pronunciamiento sobre el particular”.
La ley objeto de la solicitud de pronunciamiento sobre su constitucionalidad planteada por el Presidente de la República está referida a la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, la cual fue sancionada por la Asamblea Nacional el 3 de marzo de 2016 y remitida al Presidente de la República, a los fines de su promulgación, el 7 del mismo mes y año, la cual es del tenor siguiente:
Artículo 10. Son funciones del Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela: 1. Dirigir el Banco, administrar sus negocios y demás operaciones, y ser su vocero autorizado o vocera autorizada. La vocería del Banco y del Directorio puede ser ejercida por un director o directora, previa autorización del Presidente o Presidenta.
Artículo 15. El Directorio del Banco Central de Venezuela está integrado por el Presidente o Presidenta del Banco y seis Directores o Directoras, cinco de los cuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo Único del Artículo 19 de la presente Ley, serán a dedicación exclusiva y se designarán para un período de siete años. Uno de los Directores o Directoras será un Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia económica, designado por el Presidente o Presidenta de la República, con su suplente. Los miembros del Directorio, así como el Primer Vicepresidente Gerente o Primera Vicepresidenta Gerente representarán únicamente el interés de la Nación.
QUINTO. Se modifica el artículo 16 en la forma siguiente:
3. Publicar un resumen de la hoja de vida de los candidatos y candidatas, en por lo menos un diario de circulación nacional, dentro de un lapso de diez días hábiles posterior a la fecha de cierre del proceso de postulaciones
3. No haber sido declarados o declaradas en quiebra, ni condenados o condenadas por delitos contra la fe pública, contra la propiedad o contra el fisco, ni inhabilitados o inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar servicio público. 4. No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente o Presidenta de la República o su cónyuge, o con el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional o su cónyuge, o con un miembro del Directorio o su cónyuge.
7. Descontar o redes contar títulos de crédito o hacer anticipos sobre éstos, cuando no se tengan estados financieros de los deudores o deudoras que en ellos figuren, formulados con no más de un año de antelación. Sin embargo, cuando el titulo haya sido presentado por un banco u otra institución financiera, bastará el balance general de éste y el estado financiero del librador o del último endosante, formulado con no más de un año de antelación.
13. Adquirir y arrendar bienes inmuebles, con excepción de aquéllos que se requieran para el desarrollo de las actividades propias del Banco Central de Venezuela, los que necesite para sus propias oficinas, para autoridades ejecutivas del Banco y otros usos afines, así como los que en resguardo de su patrimonio reciba en pago de créditos que hubiere concedido y los adquiridos en virtud de ejecución de garantías.
VIGÉSIMO. Se incorpora una nueva Disposición Derogatoria identificada Única, de la siguiente forma:
VIGÉSIMO PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley de Publicaciones Oficiales imprímase a continuación en un solo texto el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.211 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015, con las reformas aquí señaladas y en el correspondiente texto integro corríjase y sustitúyase donde sea necesario la frase ‘Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley’ por ‘Ley’ y sustitúyanse las firmas, así como fechas y demás datos de sanción y promulgación.
Dada, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los tres días del mes de marzo de dos mil dieciséis. Año 205° de la Independencia y 157° de la Federación”.
Establecido lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para decidir la solicitud planteada, en tal sentido, el cuarto aparte del artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:
15. Conocer la solicitud que formule el Presidente o Presidenta de la República, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional, o de algunos de sus artículos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República”.
De igual forma, es importante señalar que esta Sala Constitucional, mediante decisión N° 2817 del 28 de noviembre de 2002 (caso: Hugo Chávez Frías), fijó el sentido y alcance del artículo 214 constitucional, en los siguientes términos:
Si la decisión del Tribunal es la constitucionalidad de la ley o sus artículos, el Tribunal devolverá la ley a la Presidencia para su promulgación. A juicio de esta Sala, se trata de dos procedimientos que, debido a que tienen un mismo lapso para incoarse y cuyo resultado puede ser en ambos la promulgación de la ley, resultan excluyentes. Es claro, que si se acoge el primer supuesto, corrija o no la Asamblea Nacional los vicios que sean denunciados, la ley debe ser promulgada según la decisión de la Asamblea Nacional.
Si el Presidente opta por el otro control, cual es acudir a la Sala Constitucional para que examine la inconstitucionalidad de la ley o algunos de sus artículos, y la Sala decidiere en sentido positivo o negativo, el Ejecutivo obligatoriamente debe promulgar la ley, lo que significa que no puede acudir al primer supuesto, ya que la norma (artículo 214 constitucional) ordena –en este último supuesto- que la ley se promulgue dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal, sin excepción alguna, por lo que el Ejecutivo mal podría incumplir el mandato constitucional y enviar la Ley a la Asamblea Nacional...”.
Ahora bien, visto que la presente solicitud de control preventivo de la constitucionalidad fue planteada, el 17 de marzo de 2016, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actuando en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional el 3 de marzo de 201; esta Sala Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el precepto constitucional antes mencionado, le corresponde la competencia para conocer y decidir el presente asunto. Así se declara.
De igual forma, cabe igualmente señalar que en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 214 de la Constitución, la Sala puedepronunciarse sobre el texto de manera global y decidir perentoriamente sobre su conformidad o no con la Constitución, lo que constituye un pronunciamiento que desarrolla o delimita la lectura del alcance y contenido de los derechos fundamentales o de las normas constitucionales en general que sirven de fundamento para la declaratoria de inconstitucionalidad y, por lo tanto, condicionan la posibilidad de regular o desarrollar tales disposiciones normativas fuera del criterio contenido en el fallo de esta Sala.
El Banco Central de Venezuela estará sujeto al control posterior de la Contraloría General de la República y a la inspección y vigilancia del organismo público de supervisión bancaria, el cual remitirá informes de las inspecciones que realice a la Asamblea Nacional. El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco Central de Venezuela requerirá la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances serán objeto de auditorías externas en los términos que fije la ley”. Dichas normas se ven complementadas con el artículo 320 constitucional, contenido en Sección Cuarta, el cual prevé la intervención conjunta del Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional para la coordinación macroeconómica:
Por último, de la revisión que ha realizado esta Sala al derecho comparado, los integrantes de la comunidad empresarial que incluyen representantes del sector bancario y ocupan cargos en el directorio de los Bancos Centrales han sido paulatinamente abandonados en el contexto mundial, para que los integrantes de los directorios de los Bancos Centrales sean designados por los Ejecutivos Nacionales. Si bien existen ciertas disposiciones especiales orientadas a la limitación de los conflictos de intereses, éstos no pueden siempre eliminarse por completo, en especial en el caso de los directivos provenientes del sector bancario. En términos generales, es necesario subrayar la separación del papel de la comunidad empresarial, del Banco Central como entidad pública. Con relación al Banco Central de Venezuela, no existe unidad de los sistemas de control, sino una multiplicidad de mecanismos, con fundamento en las distintas normas que regulan la competencia de cada organismo de control. En este sentido, el artículo 319 de la Constitución menciona los tipos y órganos a los cuales está sometida la institución.
De acuerdo a ello, la norma ut supra señalada comienza por establecer que el Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. Con ello, la Constitución no hace más que ratificar la potestad contralora general que tiene la Asamblea Nacional sobre toda la Administración Pública Nacional – en sentido estricto- establecida en el artículo 187 cardinal 3° eiusdem. Dicho control se encuentra regulado en el título VI Capítulo II del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Banco Central de Venezuela en los artículos 89 al 92 de dicho instrumento normativo. De la misma forma, el Banco Central de Venezuela estará sujeto al control fiscal posterior de la Contraloría General de la República, asumiendo la responsabilidad del control previo la administración activa como parte de las responsabilidades que le son acordadas como Máximas Autoridades de la entidad financiera, lo cual está recogido en título VI, Capítulo III del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Banco Central de Venezuela, en los artículos 93 al 96 eiusdem.
“Artículo 249. El Procurador o Procuradora General de la República reunirá las mismas condiciones exigidas para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República con la autorización de la Asamblea Nacional”.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional”. Se evidencia entonces que en el caso del nombramiento de Magistrados y Magistradas, se trata de un proceso complejo donde en la etapa de nominación se realizan hasta dos listas, una del Comité de Postulaciones y luego el Poder Ciudadano y, finalmente, la actuación de la Asamblea Nacional consiste en el nombramiento de la lista que ha sido presentada por el Poder Ciudadano, no pudiendo escoger fuera de la misma a los candidatos o candidatas a Magistrados o Magistradas.
Precisado lo anterior, pasa la Sala a pronunciarse sobre la conformidad constitucional de la reforma sancionada por la Asamblea Nacional que es objeto del presente control preventivo, para lo cual advierte que el Constituyente, en el cardinal octavo de la Disposición Transitoria Cuarta, distinguió claramente los ámbitos de competencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Así, al primero corresponde la designación, es decir, el instituir a las personas que ejercerán los cargos mencionados, mientras que al segundo, sólo participa en ello, es decir, colabora, coopera, ayuda, contribuye o interviene, tal como lo señala la primera acepción del verbo participar dada por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española: “Tomar uno parte en una cosa”. La participación de la Asamblea Nacional en la designación y ratificación del Presidente y demás integrantes del Directorio del Banco Central de Venezuela no puede ser entendida como el ejercicio de una competencia compartida con el Poder Ejecutivo, ni que dicha participación implique una subrogación en el ejercicio de dichas competencias.
En otro orden de ideas, esta Sala advierte que el Presidente de la República, en su escrito de solicitud, planteó que la Asamblea Nacionalactuó con desviación de poder, por cuanto la finalidad de la reforma es asegurar el control del Banco Central de Venezuela por parte del grupo parlamentario de la Asamblea Nacional que actualmente ostenta la mayoría de los diputados que la integran, más allá de las competencias que le confiere el Texto Constitucional, con el propósito de atentar en contra de las acciones de protección al Pueblo que el Ejecutivo Nacional adelanta en defensa del ataque económico que se perpetra en contra del País.
En los primeros treinta días de este lapso, el Presidente o Presidenta de la República someterá a la consideración de la Asamblea Nacional larespectiva designación para el cargo de Presidente o Presidenta del Banco, para lo cual se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.
Artículo 16. Corresponde al Presidente o Presidenta de la República la designación del Presidente o Presidenta y de los Directores o Directoras del Banco Central de Venezuela, uno de los cuales será el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia definanzas.
Artículo 16. Corresponde al Presidente o Presidenta de la República la designación del Presidente o Presidenta y de cuatro Directores o Directoras del Banco Central de Venezuela, uno de los cuales será el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materiaEconómica. Por su parte, corresponde a la Asamblea Nacional la designación de los dos Directores o Directoras restantes, mediante el voto de la mayoría de sus miembros.
Artículo 17. La Asamblea Nacional deberá conformar un comité de evaluación de méritos y credenciales, encargado de verificar y evaluar las credenciales y los requisitos de idoneidad de los candidatos y candidatas al directorio. Dicho Comité debe estar integrado por dos representantes electos por la Asamblea Nacional, dos representantes designados por el Ejecutivo Nacional, y un o una representanteescogido o escogida por la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
2. Recabar información de cada candidato o candidata mediante una hoja de vida, que permita verificar de manera clara e inequívoca el cumplimiento de los requisitos para el cargo, y detectar posibles conflictos de intereses que interfieran con el cumplimiento de la función. 3. Publicar un resumen de la hoja de vida de los candidatos y candidatas, en por lo menos un diario de circulación nacional, dentro de un lapso de diez días hábiles posterior a la fecha de cierre del proceso de postulaciones.
El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y las metas del Banco dará lugar a la remoción del Directorio. Dicha remoción deberá ser suficientemente fundamentada en informe que será remitido a conocimiento y decisión del Presidente o Presidenta de la República.En todo caso, la remoción no afectará a aquellos miembros del Directorio que hubieran hecho constar su voto negativo o salvado en las decisiones que hubieren dado lugar al incumplimiento.
Cuando, en los casos en que sea absolutamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones, la Asamblea Nacional necesite Informaciones confidenciales, éstas se harán llegar directamente al Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, quien será responsable de su difusión. Tal remisión se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Los miembros de la Asamblea Nacional que tengan acceso a esta información deben cumplir con el deber de secreto consagrado enel presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Artículo 118. La importación, exportación o comercio de monedas venezolanas o extranjeras de curso legal en sus respectivos países,están sujetas a las regulaciones que establezca el Banco Central de Venezuela, incluida la autorización para el ingreso y la salida del territorio de la República Bolivariana de Venezuela de especies monetarias representativas del bolívar.

References: artículo 214
 artículo 136

Artículo 10

Artículo 15
 Artículo 19
 artículo 16
 Artículo 5
 artículo 214
 artículo 214
 artículo 214
 artículo 214
 artículo 214
 artículo 320
 artículo 319
 artículo 187
 artículo 9

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 42

Artículo 118