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Timestamp: 2020-04-07 17:41:38+00:00

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Memorándum: En Ruanda, un desacuerdo pacífico con el partido gobernante está penalizado [Victoire Ingabire y Bernard Ntaganda, 17.03.2020] – L'HORA
Memorándum: En Ruanda, un desacuerdo pacífico con el partido gobernante está penalizado [Victoire Ingabire y Bernard Ntaganda, 17.03.2020]
Una de las tareas más importantes de la oposición es examinar constantemente el trabajo del gobierno para que sea responsable ante el público. Ayuda a poner en el punto de mira los asuntos de interés nacional y a presionar al gobierno en el poder para que los aborde rápidamente.
Sin embargo, el partido FPR gobernante en Ruanda ha establecido marcos legales y políticos que criminalizan la disidencia política y, por lo tanto, descartan una verdadera oposición política. El marco incluye procedimientos administrativos engorrosos que hacen difícil, si no imposible, que los partidos políticos de la oposición legítima se registren y, por lo tanto, los obligan a infringir la ley relativa a “la organización de reuniones ilegales, la creación o dirección ilegal de una organización política”.
La Constitución de Ruanda consagra la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión en sus artículos 38, 39 y 40. La misma Constitución en su artículo 54 reconoce el sistema multipartidista. En consecuencia, se estableció la ley que rige los partidos políticos en Ruanda.
Lamentablemente, el régimen del FPR ha establecido otras leyes que entran en conflicto con la Constitución y la Ley nº 005/2018 que rige los partidos políticos. Destacamos algunas de ellas.
II. Leyes clave que limitan la libertad de expresión y de asociación
II.1. Ley nº68/2018 de 30/08/2018 ley que determina los delitos y las penas en general (Código Penal)
Este es el Código Penal de Ruanda. Esta ley entra en conflicto con la Constitución en sus varios artículos, especialmente:
Artículo 194: Difundir información falsa o propaganda dañina con la intención de generar una opinión internacional hostil contra el gobierno de Ruanda.
De acuerdo con este artículo, cualquier información que contradiga la narrativa del gobierno puede ser considerada como información falsa o propaganda dañina.
Artículo 202: Delito contra el poder gobernante o el presidente de la República.
Esto significa que cualquier posición que no esté en línea con las políticas del gobierno o con las declaraciones del presidente puede ser interpretada como un acto criminal destinado a desestabilizar al régimen del FPR.
Artículo 203: Conspiración contra el gobierno establecido o el presidente de la República
Según este artículo, cualquier acción que condene al gobierno por su fracaso en cualquier aspecto puede ser castigada en virtud de este artículo.
Artículo 204: Causante de sublevación o disturbios entre la población. Toda persona que públicamente, ya sea mediante un discurso, escritos de cualquier tipo, imágenes o cualquier símbolo, ya sea exhibido, distribuido, comprado o vendido o publicado de cualquier manera, incite a la población a rechazar al gobierno establecido.
Este artículo prohíbe a las personas, especialmente a los dirigentes políticos, expresar o transmitir públicamente sus propios programas políticos que no se ajusten con los del gobierno.
Artículo 225: Manifestaciones ilegales en un lugar público o reuniones públicas. Comete un delito toda persona que celebre ilegalmente una manifestación o una reunión o que se manifieste en un lugar público sin autorización previa. La manifestación a la que se refiere el párrafo primero de este artículo es cualquier acto de un grupo de personas reunidas en un lugar público con la intención de demostrar sus sentimientos u opinión mediante discursos, acciones o gritos. Por reunión pública se entiende una reunión abierta al público o en la que se invita al público . Este artículo entra claramente en conflicto con la ley que rige los partidos políticos.
De acuerdo con la ley que rige las organizaciones políticas, en particular su artículo 19 estipula que la organización política que desee celebrar una reunión pública de sus miembros deberá informar a las autoridades administrativas competentes, y el artículo 20 estipula que para organizar manifestaciones deberá informar y solicitar la autorización de las autoridades administrativas competentes (todas ellas son miembros del partido en el poder) al menos cinco días antes del evento.
El artículo 225 del Código Penal estipula que para celebrar una reunión o una manifestación se necesita una autorización. Este marco jurídico es contrario a la convención internacional sobre derechos civiles y políticos. No favorece el ejercicio libre y sin trabas del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Sólo la notificación previa debería ser suficiente para permitir a la policía tomar medidas para proteger la seguridad y el orden público y los derechos y libertades de los demás. El Consejo de Derechos Humanos también deja claro que “toda persona debe poder expresar sus quejas o aspiraciones de manera pacífica, incluso mediante protestas públicas, sin temor a represalias o a ser intimidada, acosada, herida… arrestada [y] detenida arbitrariamente”. Estas recomendaciones nunca han sido respetadas por el gobierno de Ruanda, como se desprende claramente del examen periódico universal sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda (marzo de 2016).
Aunque las protestas y manifestaciones patrocinadas por el partido en el poder se llevan a cabo sin ningún tipo de impedimento, por ejemplo las protestas contra la detención de Rose Kabuye en Alemania y contra el documental de la BBC “Historia no contada”, cualquier indicio de protesta contra la política del gobierno, algo tan simple como escribir una petición, se aborda con medidas de mano dura. Por ejemplo:
❖ Los partidarios de la Sra. Ingabire Umuhoza fueron golpeados y encarcelados por llevar insignias con las inscripciones “democracia y justicia” y “Ingabire libre”. Entre ellos se encontraban el Sr. Sylvain Sibomana, secretario general del partido de la oposición Fuerzas Democráticas Unificadas FDU-Inkingi y el Sr. Dominique Shyirambere, representante del Partido Socialista-Imberakuri en el distrito de Kicukiro. Ambos fueron acusados de desacato a los funcionarios públicos, manifestación ilegal e incitación a la insurrección y al desorden público.
❖ También se detuvo a 20 estudiantes en septiembre de 2013, por presentar una petición al primer ministro por protestar contra la reducción de los préstamos estatales a los estudiantes matriculados en universidades públicas.
❖ 7 mujeres cristianas fueron arrestadas y posteriormente acusadas de incitar a la insurrección y a los disturbios entre la población por llevar una carta a la oficina del presidente, con un mensaje supuestamente de Dios, pidiendo al presidente que cambie su estilo de liderazgo para evitar un desastre inminente.
❖ El presidente del PS-Imberakuri, Sr. Bernard Ntaganda, fue detenido semanas antes de las elecciones presidenciales del 24 de junio de 2010 y acusado de poner en peligro la seguridad nacional, intentar organizar una manifestación ilegal y recurrir a acciones que dividen a la población. El Tribunal Supremo confirmó su condena de cuatro años de prisión el 27 de abril de 2012.
❖ Un miembro de las FDU-Inkingi fue detenido en la oficina del primer ministro en diciembre de 2015, donde había ido a entregar una copia de una carta que los partidos políticos FDU-Inkingi, PDP-Imanzi y PS-Imberakuri habían escrito pidiendo autorización para celebrar una manifestación pacífica contra el cambio de la Constitución.
II.2. Ley 46/218 de 18/08/2018 relativa a la lucha contra el terrorismo
Artículo 18: Pertenencia a un grupo terrorista. Comete un delito la persona que es miembro de un grupo terrorista o acepta unirse a un grupo terrorista o que participa deliberadamente en los actos de un grupo terrorista o de un grupo que contribuye al fomento de la capacidad de otro grupo terrorista. Una vez condenado, será castigado con una pena de prisión de entre quince y veinte años.
Artículo 19: Cometer actos terroristas y participar en ellos. Comete un delito la persona que comete, intenta cometer, participa o apoya actos terroristas. Tras la condena, será castigado con una pena de prisión de entre quince y veinte años. Si el delito a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo afecta a un dirigente del grupo o a cualquier otra persona que haya participado en su formación, la pena será de prisión por un período mínimo de veinte años y un máximo de veinticinco.
Artículo 33: Terrorismo con fines políticos. Comete un delito toda persona que comete un acto terrorista con fines políticos, con la intención de desestabilizar los órganos públicos o provocar un cambio en su funcionamiento. Una vez condenado, podrá ser castigado con una pena de prisión de entre veinte (20) y veinticinco (25) años.
El gobierno aprovecha cualquier oportunidad para imputar a cualquier contendiente político que se considere peligroso para el poder del FPR para acusarlo, mediante los artículos 18, 19 y 33 de la Ley 46/2018 combinados con los artículos 202 y 203 del Código Penal, de formar parte o haber formado un grupo armado con la intención de derrocar al gobierno.
Actualmente la Sra. Victoire Ingabire Umuhoza y el Sr. Bernard Ntaganda son citados a comparecer dos veces al mes ante los agentes de RIB. Y las supuestas acusaciones se basan en los artículos citados anteriormente.
Se les acusa de estar en conexión con algunos de los llamados grupos terroristas compuestos por ruandeses que huyeron del país. Estos grupos tienen su base en la R.D. del Congo y la mayoría de ellos fueron creados mientras estos líderes de la oposición estaban en prisión.
Aparentemente, estas leyes son usadas como herramientas políticas para intimidar y silenciar a los líderes políticos que quedan como los únicos políticos que operan en Ruanda y que se atreven a desafiar abiertamente al FPR. Están operando en condiciones críticas difíciles de afrontar.
III. Dificultades para que los partidos políticos de la oposición consigan miembros
Ningún partido puede existir sin conseguir miembros. En el caso de Ruanda, sólo el partido gobernante, el FPR, puede organizar actividades públicas de captación. Es aún más difícil para los partidos políticos que aún no se han inscrito porque los posibles miembros temen caer en el incumplimiento de la ley con los que participen en una supuesta reunión ilegal, o ser etiquetados como “los enemigos del país”. Es difícil encontrar gente para incorporar sin que los diferentes organismos estatales se lo impidan.
La ley que rige la organización política es muy clara en cuanto a todo el proceso de incorporación antes de la celebración de la primera asamblea general, pero la Oficina de Investigación de Ruanda (RIB) no cumple con esta ley. Esto muestra su clara intención de desbaratar la creación del partido de la oposición, ya que conoce muy bien la ley que rige los partidos políticos.
La Sra. Victoire Ingabire Umuhoza, presidenta del partido DALFA-Umurinzi, está siendo interrogada por la Oficina de Investigación de Ruanda desde febrero por una supuesta reunión ilegal. Esta acusación está relacionada con una reunión en su casa con 6 personas con las que estaba discutiendo sobre los estatutos y reglas del nuevo partido.
De hecho, los cuadros políticos del FPR, todos los dirigentes administrativos locales, la policía, los reservistas del ejército y el DASSO (Órgano de Apoyo a la Seguridad de la Administración del Distrito)[1] vigilan la comunidad en sus respectivas localidades para asegurarse de que cualquier visitante procedente de fuera de sus localidades sea registrado dando motivo de su visita. Tienen que asegurarse de que se aplica la política del partido gobernante y perseguir e intimidar a toda persona que se niegue a afiliarse al partido político del FPR.
Todos, independientemente de su lealtad al partido, son constantemente acosados y amenazados por los funcionarios locales por negarse a pagar las cuotas al partido del FPR cuando no pertenecen a ese partido.
IV. Inscripción de los partidos políticos
La ley relativa a la formación de organizaciones políticas ha sido formulada de manera que hace difícil, si no imposible, que un partido político sospechoso de no seguir la línea del gobierno se registre. El proceso es excesivamente engorroso, y la administración es totalmente partidista.
El artículo 8 de la Ley 005/2018.ol, que rige las organizaciones políticas y los políticos, estipula que se creará una organización política por decisión de la primera asamblea general de sus miembros en la que éstos aprueben sus estatutos y su reglamento interno. Las reuniones que preparen o decidan la creación de una organización política deberán cumplir las leyes que rigen las reuniones públicas. Como ya se ha mencionado, es difícil obtener la autorización para celebrar una reunión.
El artículo 11 estipula que deben solicitar el registro de una organización política.
Los fundadores de organizaciones políticas deberán presentar a la autoridad encargada del registro de organizaciones políticas una carta en la que soliciten el registro de su organización con acuse de recibo.
El número de miembros que firmen los estatutos que rigen la organización política será de al menos doscientos en todo el país, con al menos cinco personas que tengan su domicilio en cada distrito. Es difícil que una organización política de oposición sea registrada por el órgano gubernamental que se encarga del registro de las organizaciones políticas, ya que esta institución está bajo el control total del FPR así como de todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Aunque, es muy simple conseguir este número requerido de personas y más aún.
Desde noviembre de 2019, la Sra. Victoire Ingabire Umuhoza ha pedido una cita con la persona encargada del registro de organizaciones políticas por la Junta de Gobernación de Ruanda (RGB), y hasta el día de hoy no ha sido recibida.
En resumen, la experiencia histórica demuestra que no puede haber desarrollo sostenible sin democracia y otros valores de cualquier sociedad moderna, conforme a la razón. Por lo tanto, pedimos encarecidamente a los países amigos de Ruanda que aprecian esos valores y a su pueblo que ayuden a establecer la democracia y el imperio de la ley en Ruanda a fin de construir un futuro próspero para este país. Para lograr este objetivo, los países amigos de Ruanda deben utilizar todos los medios a su alcance para que el régimen de Ruanda haga lo siguiente:
Abrir el espacio en el que los partidos políticos puedan operar libremente y ofrecer a todos los ciudadanos el derecho y la oportunidad de formar e inscribir libremente un partido político.
Eliminar las restricciones legales y de facto a las actividades políticas.
Liberar a todos los prisioneros políticos y dejar de acosar a los miembros de la oposición dentro y fuera del país.
Conceder la rehabilitación a los líderes políticos que han sido liberados hace tiempo de la prisión.
Kigali, 17 de marzo de 2020
Presidenta de DALFA–Umurinzi
Sr. Bernard Ntaganda
Presidente fundador del Partido Socialista–Imberakuri
[1] Las principales responsabilidades del DASSO: 1° apoyar a las autoridades del Distrito para hacer cumplir sus decisiones e instrucciones que se hayan adoptado en relación con la seguridad; 2° colaborar con otros órganos para garantizar el orden público en el Distrito; 3° detener a toda persona sorprendida en flagrante delito de alteración del orden público y llevarla a la comisaría de policía más cercana; 4° informar a los órganos administrativos más cercanos de todo lo que, en su opinión, represente una amenaza para la seguridad; 5° ayudar a otros órganos de seguridad si es necesario; 6° colaborar con otros órganos en la prevención y el control de catástrofes en el Distrito.

References: artículo 54

Artículo 194

Artículo 202

Artículo 203

Artículo 204

Artículo 225
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 225

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 33
 artículo 8
 artículo 11