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Timestamp: 2018-09-22 16:58:03+00:00

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El martes 26 de septiembre, en un nuevo conversatorio de la Fundación Vicente Pazos Kanki se debatió sobre las amenazas que pesan contra la Constitución Política del Estado.
¿QUÉ LE INSTRUYE EL MAS AL TCP?
La acción de inconstitucionalidad abstracta presentada el pasado 18 de septiembre por senadores del MAS, sus nueve jefes departamentales y dos opositores disidentes ante el TCP, plantea a los magistrados declarar la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado para habilitar a su binomio Evo – Alvaro a las elecciones generales de 2019.
El documento de 58 páginas, avalado por la abogada Erika Bonilla, se basa en el Pacto de San José de Costa Rica y su artículo 23 referido a los derechos políticos que en su segundo parágrafo señala que esos derechos solo pueden ser reglamentados pro razones de: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena ejecutada por juez competente en proceso penal.
Bajo ese argumento, el oficialismo señala que los derechos políticos de Evo Morales son reconocidos por un tratado internacional y éstos son superiores para el ordenamiento jurídico nacional, por encima de la CPE, al ser un tema de “derechos humanos”.
El recurso pide al TCP revisar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral, la inconvencionalidad de cuarto artículos de la CPE y la inaplicación de aquellos en base a otros cuatro artículos de la misma Constitución.
En ese complejo planteamiento, el documento cita: “En consecuencia, dichos artículos deben ser expulsados del ordenamiento jurídico vigente pues vulneran derechos fundamentales y derechos humanos, específicamente derechos políticos reconocidos tanto por el texto constitucional boliviano, como por el Pacto de San José de Costa Rica”.
La expulsión de los cuatro artículos de la CPE referidos a las limitaciones para la reelección de autoridades, deberá ser acompañada por la “labor fundamental” del TCP de “Aplicar cabalmente el parágrafo I del artículo 256 constitucional aplicando preferentemente los derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de DDHH por sobre las partes de la CPE que, como en el caso presente, restringen o supriman derechos de las personas”.
SIN FUNDAMENTOS INTERNACIONALES
El abogado, académico, político y exautoridad, Carlos Börth, realizó un desglose de los argumentos presentados por los legisladores oficialistas para justificar su recurso abstracto ante el TCP y demostró que la jurisprudencia internacional es contraria al petitorio de la reelección indefinida como derecho político y derecho humano.
En análisis de Börth, existe jurisprudencia internacional referida a las limitaciones para la reelección de autoridades en base al Pacto de San José de Costa Rica de 1969.
El caso Yatama contra Nicaragua se remonta a las elecciones municipales del 5 de noviembre del 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico, cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) emitió una resolución que dejó fuera de carrera a los candidatos de las etnias bajo argumento de incumplimiento de plazos y formalidades.
La sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le concedió una reparación a la parte afectada.
El MAS argumenta que ese fallo sirve para habilitar a su candidato, porque se estableció que los Estados deben precautelar la “igualdad de condiciones” y eliminar cualquier acto de “discriminación” o “regulación” al derecho político de ser electo.
Börth señala que el MAS, oficiosamente, no cita los párrafos 206 y 207 de esa misma sentencia.
El primero señala que “los derechos políticos no son absolutos” y que, efectivamente, “pueden estar sujetos a limitaciones” bajo los principios de legalidad y democracia. El segundo agrega que “los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política”, bajo criterios de lo razonable y democrático.
El otro caso se refiere a Castañeda Gutman contra México. El candidato Jorge Castañeda se presentó a las elecciones presidenciales de 2004 como independiente, pero el Instituto Federal Electoral (IFE) le negó la inscripción.
Castañeda logró la reparación del Gobierno mexicano y abrió el debate sobre las postulaciones independientes sin dependencia de los partidos políticos mexicanos.
Ese caso, como jurisprudencia, que cita el MAS ante el TCP, interpreta que “los derechos políticos son derechos humanos” y que deben ser respetados y garantizados en la normativa interna de los países.
Börth comparte los párrafos 166 y 180 de esa sentencia emitida en 2008, en la que la CIDH vuelve a ir contra el petitorio político del oficialismo.
El primero aclara que la Convención Americana permite a los Estados regular los derechos políticos “de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales”. El segundo agrega que la Convención permite algunas restricciones cuando estas afectan “los derechos y libertades de las demás personas” o se enmarcan en “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
“Estas sentencias citadas en su memorial no tienen asidero porque dicen exactamente lo contrario de su memorial; por tanto, no tienen respaldo de la CIDH”.
RECURSO SUPONE RETROCEDER LA CPE
El abogado constitucionalista, analista, exmiembro de la Asamblea Constituyente, Williams Bascopé, desarrolló una exposición sobre el desarrollo de la legislación boliviana en el marco de los derechos humanos. El proceso constituyente determinó que el ciudadano debe tener mayores condiciones de igualdad cerrando el ciclo de la dominación del más fuerte.
La nueva CPE promulgada en febrero de 2009 estableció un nuevo marco para la administración del Tribunal Constitucional Plurinacional delegándole tres funciones: Velar por la primacía de la Constitución, vigilar la división e independencia de poderes y precautelar la vigencia de los derechos fundamentales del ciudadano.
El fundamento del MAS para pedir la reelección indefinida está en el artículo 256 de la CPE, en el que los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales tienen preferencia sobre el mismo texto constitucional. Ese “derecho preferente” es invocado por el oficialismo para que el Pacto de San José de Costa Rica sea interpretado por los magistrados del TCP y así favorecer a sus aspiraciones políticas.
Bascopé explicó que el primer principio de interpretación es el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que cita: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
El jurista también alertó que le recurso del MAS interpela al vicepresidente Alvaro García que deberá explicar por qué existen esos cuatro artículos que supuestamente van contra el Pacto de San José. En caso que el TCP siga con su análisis luego de la reciente admisión, también se deberá convocar a los asambleístas constituyentes que elaboraron y redactaron el texto constitucional durante 2006 y 2008, y en última instancia, los magistrados deberán interpelar a los 10 millones de ciudadanos que votaron en el referendo de aprobación de la CPE.
Además, Bascopé acotó que dentro del propio Pacto de San José existe el reconocimiento a las restricciones que los países pueden establecer en sus normas internas. El artículo 30 cita: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito por el cual han sido establecidos”.
Finalmente, Bascopé añadió tres sentencias constitucionales que sientan jurisprudencia interna para que el tema de los derechos políticos sean regulados por el propio Estado. Las sentencias son la 061/2003, 110/2010 y 003/2013 esa última de la Ley de Aplicación Normativa que establece que la elección general de 2014 dio paso al último mandato de Evo Morales.
“El poder constituyente ejerce su poder estableciendo la CPE y este poder queda sujeto a ella”, concluyó.
Ricardo Paz (sociólogo)
El poder político somete a la justicia y es mentira creer que este es un tema jurídico. El panorama político ha cambiado a partir de la presentación de este recurso porque el MAS no respeta la decisión ciudadana. El MAS nos está diciendo que se va a quedar y que hará lo que sea necesario para ese objetivo político”.
Miguel Roca (ingeniero)
Quienes admitan este recurso de inconstitucionalidad, esos magistrados, van a tener que responder tarde o temprano ante la justicia y nos corresponde como sociedad hacer escarnio y denuncia pública contra estas autoridades, porque están violando la democracia que ha costado tanto en nuestro país.
Ramón Gosalvez (politólogo)
Más allá de las explicaciones jurídicas se debe entender el proyecto de poder que tiene el Gobierno que además utiliza a la justicia como un instrumento de venganza política. Hay que analizar con mayor profundidad ese proyecto político al cual se nos quiere llevar como país y explicárselo a la ciudadanía.
Diego Ayo (politólogo)
Veo con desolación lo que pasa en Venezuela con más de cien muertos, con condena internacional, escasez de alimentos y la dictadura está rebosante. Nosotros podemos tomar cualquier acción o reclamo y el MAS está tranquilo, es inmune, entonces qué debemos hacer? Nuestro foco debe estar en lo democrático.
La acción inconstitucional abstracta que presentó el oficialismo afirma, en base al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, referido a los derechos políticos, que la CPE de Bolivia tiene “contradicciones intraconstitucionales” entre los artículos 156, 168, 285 II y 288 con el 26, 28, 256 y 410.
También refiere la “inconstitucionalidad” de los artículos 52 III, 64 d), 65 b), 71 c) y 72 b) de la Ley de Régimen Electoral – 026, todos estos referidos a las limitaciones para la reelección de autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Para el oficialismo, entonces, son cuatro artículos que deben ser “expulsado del ordenamiento jurídico vigente”, modificando la Constitución de facto, porque el TCP además debe “aplicar cabalmente” el referido tratado internacional, evitando así un referendo aprobatorio que la Carta Fundamental boliviana exige para cualquier modificación parcial de la CPE.
“Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional decretar la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 II y 288”.
CPE Artículo 156
El tiempo del mandato de las y los asambleístas es de cinco años pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua.
CPE Artículo 168
CPE Artículo 285
II. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.
CPE Artículo 288
El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez
LOS ACTUALES MAGISTRADOS DEL TCP
Bolivia desarrolló el 16 de octubre de 2011 las primeras elecciones judiciales para las altas magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura con 118 postulantes.
El total de empadronados para esa elección fue de 5.243.375 habilitados. Se contabilizaron 1.768.576 votos válidos (42,34%), 629.469 votos blancos (15,07%) y 1.779.425 nulos (42,60%). Total votos no válidos: 57,67%
En el caso del TCP, se emitieron 4.176.549 votos. Los votos válidos fueron 1.758.283 (42,10%) y los votos no válidos, nulos y blancos juntos, fueron 2.418.266 (57,90%).
El candidato más votado fue Gualberto Cusi, quien luego sería suspendido y posteriormente destituido por un juicio de responsabilidades ventilado en la Asamblea Legislativa pro la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades. El abogado aymara había logrado 276.037 votos.
Los actuales magistrados, en orden de votación, tuvieron rangos menores en votación, incluso por debajo de las otras dos magistradas que fueron alejadas del cargo por el proceso de la Ley del Notariado, Ligia Velásquez (127.632 votos) y Soraida Chanez (89.370 votos).
Efren Choque (titular) 185.793 votos
Mirtha Camacho (titular) 104.621 votos
Ruddy Flores (titular) 101.481 votos
Neldy Andrade (titular) 92.340 votos
Macario Cortez (suplente de Cusi) 77.290 votos
Oswaldo Valencia (suplente de Velásquez) 68.834 votos
Zenón Bacarreza (suplente de Chanez) 43.096 votos
SENTENCIA QUE HABILITÓ A MORALES A LA REELECCIÓN EN 2013
http://www.tcpbolivia.bo/tcp/content/tcp-resolvi%C3%B3-consulta-sobre-proyecto-de-ley-de-aplicaci%C3%B3n-normativa
RESULTADOS ELECCIONES JUDICIALES 2011
https://www.oep.org.bo/procesos-electorales-y-consultas/elecciones-judiciales/elecciones-judiciales-2011/
Autor visorboliviaPublicado el 14 octubre, 2017 Categorías HACIA EL BIEN COMÚN - F.V.P.K.Etiquetas CPE,FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI,NOTICIAS DE BOLIVIA,VISOR BOLIVIADeja un comentario en REELECCIÓN INDEFINIDA: TCP TIENE EN SUS MANOS LA DEMOCRACIA BOLIVIANA

References: artículo 23
 artículo 256
 resolución 
 artículo 256
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 23
 Artículo 156
 Artículo 168
 Artículo 285
 Artículo 288