Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520282.html
Timestamp: 2019-03-21 07:49:40+00:00

Document:
as201521282
Auto Supremo: 282/2015 - L Sucre: 30 de abril 2015 Expediente: LP – 53 – 10 – S
Partes: Rita Ximena Delgado de Aguirre c/ SADECO (Representante Diego
Francisco Ormachea Pacheco)
Proceso: Cumplimiento de contrato de transferencia y pago de daños y
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 286 a 291, interpuesto por Diego Francisco Ormachea Pacheco en representación de la Sociedad Anónima de Comercio “SADECO”, contra el Auto de Vista Resolución Nº 313 de 15 de 2009 de fs. 280 a 282, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la R. Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de cumplimiento de contrato de compra – venta y pago de daños y perjuicios, seguido por Rita Ximena Delgado de Aguirre contra la Empresa Sociedad Anónima de Comercio “SADECO” representada por Diego Francisco Ormachea Pacheco; el Auto de concesión de fs. 293; los antecedentes del proceso, y:
Rita Ximena Delgado de Aguirre, por memorial de fs. 57 a 58 y vta., adjuntado las literales de fs. 1 a 56, formaliza demanda de cumplimiento de contrato de transferencia y pago de daños y perjuicios, ante el Juzgado Décimo de Partido en lo Civil y Comercial del Departamento de La Paz en la vía ordinaria contra la Empresa Sociedad Anónima de Comercio “SADECO” representada por Diego Francisco Ormachea Pacheco, señalando haber adquirido en calidad de compra-venta un departamento, un estacionamiento y una baulera, ubicados en el edificio “Alcázar” en la calle Juan Federico Zuazo Nº 1885, entre Batallón Colorados y Tiahuanacu, en la zona central de la ciudad de La Paz, por el precio convenido de $us. 29.000, dinero que fue pagado en su totalidad, sin embargo no pudo legalizar su derecho propietario ante la Oficina de Derechos Reales, por cuanto los planos de fraccionamiento del edificio no estarían aprobados ante el Gobierno Municipal, aspecto que estaría perjudicándola, habiendo ya transcurrido dos años desde la adquisición de la propiedad, que a la fecha niegan recibirla, ocasionándole una serie de perjuicios y daños por no poder disponer el bien, puesto que al no poder registrarlo, tampoco puede transferir a terceros.
Con estos antecedentes, interpone la demanda referida contra el señor Diego Francisco Ormachea Pacheco en su calidad de representante legal de la Empresa Sociedad Anónima de Comercio “SADECO”, es así que el mencionado Diego Francisco Ormachea Pacheco se apersona contestando rechazando y negando, cursante de fs. 66 a 67, en esos términos se entraba la relación jurídico procesal.
Sustanciado el proceso el juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial del Departamento de La Paz, mediante Sentencia Resolución Nº 2 /2007 de 05 de enero de 2007 cursante de fs. 234 a 236, declaró probada la demanda de cumplimiento de obligación, disponiendo que la Sociedad anónima de Comercio SADECO representada por Diego Francisco Ormachea Pacheco cumpla con la obligación que ha adquirido en su condición de vendedor, de entregar a la compradora los planos de fraccionamiento del departamento que le vendió, ubicado en el edificio Alcázar, a fin de que ésta pueda cumplir con la inscripción en Derechos Reales, en el término de 5 días de ejecutoriado el presente fallo.
Contra esa Resolución de primera instancia, la parte demandada de fs. 241 a 245 y vta., interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Tercera de la R. Corte Superior de La Paz, por Auto de Vista Resolución Nº 313 de fecha 15 de septiembre de 2009, cursante a fs. 280 a 282, que confirma la Sentencia de fs. 234 a 236, y Auto de fs. 233 por lo que la parte demandada recurre de Casación, cursante de fs. 286 a 291, mismo que se pasa a considerar y resolver.
De la revisión y contenido del Recurso de Casación en la forma y el fondo se tiene lo siguiente:
Refiere que el Auto de Vista no habría resuelto los puntos que han sido objeto del recurso de apelación, referidos a: que “SADECO” habría cumplido con todas las obligaciones que la Ley impone a todo vendedor, que la compradora debía efectuar el trámite de inscripción en derechos Reales, no existiendo constancia del rechazo de la inscripción en Derechos Reales, así como la no presentación por parte de la compradora de los planos que le habrían sido entregados a tiempo de la venta, por lo que la omisión de resolver esos puntos apelados determinaría la nulidad del Auto de Vista por violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Agrega que tanto la Sentencia como el auto de Vista no guardan congruencia con lo demandado, además no se habrían pronunciado en nada con relación al estacionamiento Es-324 y la baulera BA-320.
Expresa haberse infringido el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, puesto que desde la última actuación cursante de fs. 211, referida al acta de juramento de reciente obtención hasta las diligencias de notificación de fs. 213 de fecha 5 de octubre de 2006, habrían transcurrido más de 6 meses, Habiéndose producido la perención de instancia. Que sobre el mismo punto, el desarchivo del expediente no constituiría interrupción y que la clausura del término de prueba resultaría ser irrelevante.
Refiere que en el punto 1 del quinto considerando, el Auto de Vista indica que la oficina de Derechos Reales habría rechazado la inscripción según la demandante, porque en sus archivos no existiría plano de construcción del edificio “Alcázar” y tampoco los planos de fraccionamiento, en particular del departamento K-01, estacionamiento Es-324 y baulera BA-320. Al respecto se habría violado el art. 42 parágrafo 1) del D.S. 27957 de 24 de diciembre de 2004, ya que en obrados no existiría ninguna prueba sobre negativa o rechazo del registrador de Derechos Reales mediante decreto fundamentado.
Establece que existió violación a los arts. 1546 y 1547 del Código Civil, que señalan que la compradora debía efectuar el trámite de inscripción de la venta en el registro de Derechos Reales, con la consiguiente violación del art. 1555 del mismo cuerpo legal.
Reclama también que el Auto de Vista habría violado el art. 199 del Código Sustantivo, la Ley de Propiedad Horizontal de 30 de diciembre de 1949, el art. 19 del D.S. 27957 de 24 de diciembre de 2004 por no habérselas aplicado al caso, por cuanto en el registro de Derechos Reales se habría guardado y archivado los planos de construcción del edificio “El Alcázar” sobre la partida 01189503, a nombre de SADECO, tal como consta por informe de fs. 207.
Hace referencia a que el Auto de Vista no habría compulsado el certificado de fs 167 con relación al informe de Derechos Reales, ni con relación a los Folios Reales (fs. 183,184 y 185) a nombre de SADECO. Todos estos documentos, demostrarían la equivocación manifiesta del juzgador, que habría incurrido en error de hecho en la apreciación de las pruebas.
Concluye solicitando que el auto supremo CASE en forma total el Auto de Vista de fs. 280 a 282, declarando en el fondo improbada la demanda de fs. 60 a 61 de acuerdo al art. 274 del Código de procedimiento Civil.
Conforme al art. 250 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación puede ser planteado en el fondo o en la forma o en ambos a la vez. Cuando se plantea en el fondo, por errores en la Resolución de fondo del litigio "error in judicando”, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 de la citada norma y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución. Cuando se interpone en la forma “error in procedendo", o de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del indicado cuerpo legal, y está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la Resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la Resolución impugnada o la nulidad de obrados. En ambos casos, inexcusablemente debe darse cumplimiento al mandato del artículo 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, tomando en cuenta que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes.
De manera introductoria debemos referir que la parte recurrente anuncia plantear recurso de casación, establece antecedentes y menciona violación al art. 309 del Código de Procedimiento Civil, para finalmente señalar de forma separada ambos recursos de casación, tanto en la forma y luego en el fondo, empero el recurso en examen carece de técnica recursiva en su contenido y petición, no puntualiza ni precisa los agravios claramente, a modo de ejemplo citamos el punto II. Referido a la perención de instancia, mismo que está siendo reclamado, por lo que debió ser inserto como agravio de fondo, no obstante en previsión del principio de accesibilidad y de impugnación, regulados en la Constitución Política del Estado Plurinacional, y soslayando aquellos defectos, se ingresa en el conocimiento del recurso planteado, extractando los reclamos de la parte recurrente en el orden correspondiente.
Respecto a que el Auto de Vista no habría resuelto los puntos que han sido objeto del recurso de apelación, referidos a que SADECO habría cumplido con todas las obligaciones que la ley impone a todo vendedor. De la revisión de la demanda cursante de fs. 57 a 61 y vta., se tiene que la demandante (compradora) reclama en varias partes de su demanda, el incumplimiento del vendedor respecto a la no entrega de planos aprobados y que el A quo al respecto concluye en Sentencia “Que la evidencia definitiva de que el demandado no ha acompañado los planos de fraccionamiento del Edif. El alcázar como lo exige la parte actora, es precisamente que dichos documentos no han sido arrimados al proceso, por el demandado, pero a mayor abundamiento a fs. 167 cursa informe de la Unidad de aprobación de planos-DAP del G.M.L.P. que asevera “la existencia de dos carpetas de fraccionamiento con aprobación provisional de fecha 18/01/2000 a nombre de la Empresa Constructora Ormachea, código catastral 25-01-01 correspondiente al Edif. “El Alcázar”, sin embargo, realizada la búsqueda física en el archivo de planos arquitectónicos se verifica la inexistencia de planos aprobados al 31 de enero 2000.””…. “La verdad nítida es que la Empresa SADECO no ha adjuntado los planos de fraccionamiento legalmente aprobados por el departamento respectivo de la Alcaldía Municipal, lo cual indudablemente ratifica los términos de la demanda”
Sobre el mismo punto el Auto de Vista Nº 313 de fecha 15 de septiembre de 2009 cursante de fs. 280 a 282, refiere “2.- SADECO indica que los planos de fraccionamiento del departamento, estacionamiento y baulera entregados a la compradora, según su propia confesión, son los mismos que han sido presentados en calidad de descargo y que cursan a fs. 140-142. 3.- Los citados planos de fraccionamiento tienen un sello en el que dice “aprobación provisional a los efectos de comercialización (…)” (Las negrillas son nuestras)
Con estos antecedentes se demuestra no ser evidente que el vendedor (hoy recurrente) haya cumplido con lo referido, deviniendo el Recurso en INFUNDADO.
Respecto a que se habría violado el art. 309 del Código de Procedimiento Civil referido a que en la tramitación del proceso se habría producido la perención de instancia, a ese efecto se procede a revisar los antecedentes aludidos, de donde se tiene que a fs. 211 de fecha 16 de noviembre del año 2005, se encuentra librada el acta de juramento de reciente obtención a cargo del demandado Diego Francisco Ormachea Pacheco, en la que jura haber obtenido recientemente las literales de fs. 207, inmediatamente a fs. 212 la demandante Rita Ximena Delgado de Aguirre, solicita mediante memorial de fecha 25 de julio de 2006, desarchivo del expediente, para que posteriormente en fecha 09 de octubre de 2006 cursantes de fs. 215 a 219 y vta., la misma actora presente sus alegatos en conclusiones.
Del análisis se evidencia que entre el 16 de noviembre de 2005 y el 09 de octubre de 2006 evidentemente habrían transcurrido más de 6 meses sin que ninguna de las partes se haya pronunciado, sin embargo no es menos cierto que el demandado pudo hacer su reclamo en tiempo oportuno para hacer valer esa inactividad a su favor, es decir hasta antes de la presentación de alegatos en conclusiones, aspecto que no existió, por lo que esa aparente inactividad, fue reactivada por la parte demandante que prosiguió impulsando el proceso hasta su conclusión. Tomando en cuenta también que a esa altura del proceso ambas partes aportaron la prueba pertinente y que esta pausa de ningún modo generó indefensión en el demandado recurrente, de lo que se establece que no es evidente que dicha inactividad le haya perjudicado.
Conforme los antecedentes adjuntos a la demanda, se establece que:
En fecha 16 de marzo de 2001, Diego Francisco Ormachea Pacheco (representante SADECO), como vendedor, y Rita Ximena Delgado de Aguirre, compradora, suscriben Documento Público - Testimonio Nº 360/2001 de fs. 20 a 23 y vta., de compraventa de un departamento designado como K-01, un estacionamiento designado como Es-324 y una baulera designada como BA-320 bajo el régimen de propiedad horizontal, departamento ubicado en el piso primero con un área privada; todos ubicados en el edificio “El Alcázar”, en la calle Juan Federico Zuazo Nº 1885 entre Batallón Colorados y Tiahuanacu de la zona central de la ciudad de La Paz, por el precio libremente convenido entre partes de $us. 29.709 (veintinueve mil setecientos nueve 00/100 dólares americanos, de acuerdo a Escritura Pública) suma de dinero que ha sido cancelada por la compradora antes de la suscripción de la minuta.
A raíz de esta compra, posteriormente, en fecha 04 de junio del año 2002 la vendedora reitera medidas preparatorias de demanda en referencia a que el vendedor salga a las garantías de evicción y saneamiento de ley donde textualmente dice “Lastimosamente señor Juez, al querer hacer ingresar a la Oficina de Derechos Reales el testimonio Nº 360/2001 de fecha 16 de marzo de 2001, me vi sorprendida al enterarme que el formulario Nº 173, versión 1, con Nº de orden 0170581 que se utilizó para el pago de la transferencia, en primer lugar no era el adecuado para este acto y en vez de este debería haberse cancelado el referido impuesto mediante FORMULARIO Nº 502, ante la Alcaldía Municipal de La Paz, hecho que no fue realizado por la empresa SADECO… En otro sentido LOS PLANOS DE FRACCIONAMIENTO DE TODO EL EDIFICIO, y de manera especial del Departamento, baulera y estacionamiento no me fueron entregados”, sobre las mismas medidas preparatorias y en respuesta de SADECO cursantes a fs. 36 y vta., el vendedor hoy demandado señala “No existe ninguna acción ni ninguna persona que esté aduciendo derecho de propiedad sobre los inmuebles vendidos a la actora, por lo que no existe motivo alguno para salir a la evicción de Ley, tampoco corresponde la exhibición de títulos u otros documentos referentes a la cosa vendida..” a lo que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial mediante Auto interlocutorio definitivo, Resolución Nº 378/2002 de 19 de septiembre de 2002, cursante a fs. 47, consideró que en base a los arts. 319 inc. 5), 320 y 323 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado Diego Francisco Ormachea Pacheco en representación de la Empresa Anónima de Comercio “SADECO” será responsable por los daños y perjuicios que podrán ser reclamados junto con la demanda. Posteriormente la compradora formaliza y ratifica demanda en fecha 27 de enero de 2004, fecha de presentación, como expresión reiterada de estar perjudicada
Lo señalado sucintamente conforme el antecedente, para que la compradora Rita Ximena Delgado de Aguirre inicie en principio medidas precautorias de demanda, de fs. 24 a 56, para posteriormente en fecha 27 de enero de 2004, formalice demanda de cumplimiento de contrato de transferencia, puesto que pese a haber pagado el valor del inmueble en su totalidad, no habría podido registrar en Derechos Reales por no contar con los planos aprobados de fraccionamiento, (por cuanto el vendedor no le habría entregado los planos de fraccionamiento del edificio y particularmente del departamento, baulera y estacionamiento tal cual prescriben los arts. 199 y 200 del Código Civil) iniciando la acción judicial con el propósito de que se declare probada la demanda conminándose para que se haga entrega de los planos legalmente aprobados, pretendiendo que se cumpla con la obligación de que el vendedor entregue a la demandante, los mencionados planos de fraccionamiento.
Al respecto se evidencia que de fs. 140 a 142 se comprueba en obrados presentación de prueba del demandado, en calidad de reciente obtención, siendo aquella inherente a los planos provisionales relativos al fraccionamiento “ideal” de la propiedad horizontal (parqueo, baulera y departamento), constando para tal aseveración un sello que indica “Aprobación provisional a efecto de comercialización (compra y venta) de pisos y Deptos de acuerdo a Ley Nº 130 de fecha de 30 de diciembre de 1949 y artículo 46 del Régimen de propiedad horizontal” de ello se presume claramente que no existen los planos definitivos.
Referido el historial de la problemática planteada, se debe señalar que, la controversia radica precisamente en la no entrega de los planos ya varias veces mencionados, siendo los mismos reclamados en medidas preparatorias desde junio de 2002 hasta que a lo largo del proceso tampoco pudieron ser debidamente presentados por la parte demandada, habiendo transcurrido muchos años, tiempo en el que la empresa SADECO tuvo por demás para regularizar dicha situación, por lo que mal puede la misma a través de su representante demandado aducir una serie de argumentos y supuestos agravios traídos a casación, cuando la otra parte en su calidad de compradora en el año 2001, ha cumplido a cabalidad con los términos establecidos en dicha compraventa, por lo que hoy en su calidad de demandante exige a la otra parte también su cumplimiento.
Respecto a que el Auto de Vista no habría cotejado el informe relativo a fs. 167, se tiene que el mencionado informe verifica la existencia de 2 carpetas de fraccionamiento con aprobación provisional y luego en su parte final dice: “Sin embargo realizada la búsqueda física en el Archivo de Planos Arquitectónicos, se verifica la inexistencia de planos aprobados el 31 de enero de 2000” de lo que se deduce que no es cierto que los de instancia hayan interpretado erróneamente los hechos deducidos en el presente proceso. (Las negrillas son nuestras).
Con estos antecedentes se tiene que el A quo y posteriormente el Auto de Vista analizaron y valoraron correctamente la normativa aplicable al presente caso, por lo que no es evidente que exista violación o errónea interpretación de la referida normativa.
Por todas las consideraciones realizadas corresponde emitir Resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 2) y el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I, num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación de los art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO los recursos de casación en la forma y el fondo, interpuestos por Diego Francisco Ormachea Pacheco en representación de SADECO, cursante de fs. 286 a 291, contra el Auto de Vista Resolución N° 313 de 15 de septiembre de 2009 de fs. 280 a 282. Con costas.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 253
 Resolución 
 artículo 254
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 258
 Resolución 
 artículo 46
 Resolución 
 Resolución