Source: http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/8/jur/jur8.htm
Timestamp: 2020-08-08 18:41:07+00:00

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DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
La esperada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha sido analizada desde varios puntos de vista; ahora lo haremos en relación a las obligaciones que imponen los artículos 1 a 9, 12 a 16, 18 a 23, 27 y 61 a 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo anterior, que nos parece relevante, en razón de que ese acceso resulta indispensable para el análisis del realismo jurídico en nuestro país.
De conformidad con los artículos 94 constitucional, 3, fracción XIV, inciso c), 7, 8, 9 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de su competencia, debe establecer los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a toda persona el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos previstos en la ley en cita; y esto tiene un plazo perentorio al primero de enero de dos mil cinco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo transitorio de la mencionada ley, por lo que a más tardar, en ese día, la Suprema Corte deberá complementar la organización y funcionamiento de sus archivos administrativos, así como la guía de sus sistemas de clasificación, catalogación, organización del archivo y de los procedimientos de acceso a la información, compromiso que igualmente obliga al Consejo de la Judicatura Federal, en servicio de la comunidad, que deben cumplir en forma pronta y expedita, por plantearlo en términos constitucionales.
La regla general, en términos de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es que deben hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, cuyo expediente se encuentre bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que en términos de lo previsto en el artículo 42, párrafo tercero, del propio ordenamiento, acontece cuando el expediente respectivo está disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios o archivos públicos, en formatos electrónicos consultables en Internet o en cualquier otro medio que permita a los gobernados su consulta o reproducción.
Sin embargo, los artículos 8 y 18, párrafo último, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en los asuntos que sean del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales contenidos en las respectivas sentencias ejecutorias. Sin embargo, la información que se halle en fuentes de acceso público no se considerará confidencial, por lo que si dichos fallos son consultables en la sección pública del archivo de este alto tribunal y, en su caso, publicados en el Semanario Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en el artículo 197-B de la Ley de Amparo, la referida oposición podrá plantearse desde el inicio de la instancia correspondiente y hasta antes de dictarse sentencia, sin menoscabo de que tales datos adquieran el carácter de reservados, en atención a los lineamientos que con tal fin expida el órgano competente de ese alto tribunal.
Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el acuerdo 9/2003 del veintisiete de mayo de dos mil tres, estableció por primera vez los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública de ese alto tribunal. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal lo hizo por acuerdo general del Pleno número 30/2003 de nueve de junio de ese año.
Nos referiremos primordialmente al de la corte, por estimarlo fuente de consulta al redactarse el del consejo, y por contener más información; en este acuerdo se expuso que tratándose de los expedientes concluidos que a la fecha están a disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era necesario precisar los criterios al tenor de los cuales se
clasificaría la información contenida en ellos, así como el plazo dentro del cual las partes podían oponerse a la publicación de sus datos personales.
Así, en el artículo 37 se establece el principio de que la información en posesión de la Suprema Corte será reservada o confidencial, en términos de los artículos 13, 14, 15, 18 y 19 de la ley, y de conformidad con los criterios que al efecto estableciera la comisión.
Los artículos citados son del tenor siguiente:
II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organis-mos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;
Por otra parte, se definieron, entre otros conceptos, el de clasificación: acto por el cual se determina que la información es pública, reservada, parcialmente reservada o confidencial; desclasificación: acto por el cual se determina la publicidad de un documento que anteriormente fue clasificado como reservado; información confidencial: aquella a la que se refieren los artículos 18 y 19 de la ley, el presente acuerdo y demás disposiciones aplicables; información reservada: a la información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de la ley, a la que se refiere el presente acuerdo y demás disposiciones aplicables; Publicación: Acto de poner a disposición del público la información en medios impresos, tales como libros, compendios o archivos públicos en formatos electrónicos consultables en Internet o por cualquier otro medio que permita a los interesados su consulta o reproducción.
Por ese acuerdo se creó la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para ser el órgano de la Suprema Corte, integrado por los ministros del Comité de Gobierno y Administración encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y del presente acuerdo por parte de los servidores públicos de este tribunal, que tiene, entre otras atribuciones, la de fijar la interpretación definitiva en el orden administrativo de la ley, de este acuerdo y de las disposiciones derivadas del mismo, así como establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial; establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales que estén en posesión de la Suprema Corte; dictar lineamientos para la difusión de los beneficios del manejo público de la información y de las responsabilidades que implica su buen uso y conservación; estimular la realización de estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de este acuerdo.
En el mismo acuerdo se estableció que el Comité de Acceso a la Información era la instancia ejecutiva encargada de tomar las medidas necesarias para coordinar las acciones tendentes a cumplir con la publicidad de la información en términos del artículo 61, fracción III, de la ley. Que dicho comité se integraría por los servidores públicos que en número impar designara la comisión, y entre otras atribuciones se le confirió la de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información realizada por las unidades departamentales de la Suprema Corte.
En el acuerdo en comento, se establece que las unidades departamentales y, en su caso, la de enlace serán las responsables de clasificar la información en posesión de la Suprema Corte, de conformidad con los criterios establecidos en la ley, este acuerdo y los lineamientos expedidos por la comisión, y que la determinación sobre la naturaleza reservada o confidencial de un expediente jurisdiccional será realizada por el presidente de la Suprema Corte o por el de la Sala correspondiente, una vez que el Pleno o éstas emitan la sentencia respectiva, y además obliga a las unidades departamentales y a la de enlace a elaborar semestralmente y por rubros temáticos, un índice de los expedientes que se vayan clasificando como reservados, estableciendo que dicho índice deberá indicar el Órgano Jurisdiccional Federal o la Unidad Departamental de la Suprema Corte que generó la información, la fecha de la clasificación, su fundamento y el plazo de reserva, además de señalar que en ningún caso el índice será considerado como información reservada, y que en todo momento la comisión tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.
Es de destacar que el artículo 26 del acuerdo en análisis establece, en relación con la petición, que los particulares hagan de la información contenida en las resoluciones judiciales que la Unidad de Enlace calificará su procedencia y que podrá desecharla cuando:
I. La solicitud de acceso sea ofensiva.
II. La información solicitada no sea de la competencia de la Suprema Corte.
III. Se haya entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona.
IV. La comisión haya determinado previamente que la información es reservada o confidencial y, en su caso, las causas que dieron origen a su clasificación no se hayan extinguido o no haya transcurrido el periodo de reserva.
V. Se actualice cualquier otra causa análoga derivada de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley y en este acuerdo.
En caso de que la solicitud de información no reúna los requisitos del artículo 22, o no sea clara y precisa, la Unidad de Enlace tendrá un plazo no mayor de diez días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba la petición, para prevenir al interesado que aclare, corrija o amplíe su solicitud.
El solicitante tendrá un plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba la notificación respectiva, para subsanar las irregularidades de la solicitud. En caso de no desahogar el requerimiento en ese lapso, se tendrá por no interpuesta la solicitud.
Por otra parte, el artículo 29 del acuerdo en comento dispone que en caso de que se negare la información solicitada, la Unidad Departamental remitirá al comité, por conducto de la Unidad de Enlace, el informe respectivo con los elementos necesarios para fundar y motivar la clasificación de la información, y que cuando la negativa de acceso se base en la clasificación realizada por el presidente de la Suprema Corte o por los de las salas que la integran, el comité se limitará a confirmar dicha clasificación.
En relación a la reserva y confidencialidad de las resoluciones judiciales, resulta relevante el contenido de las siguientes disposiciones:
Artículo 38. El presidente de la Suprema Corte y los de las salas que la integran o, en su caso, los titulares de las unidades departamentales serán los responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios señalados en el artículo que antecede.
Artículo 40. En términos de lo previsto en la fracción VI del artículo 14 de la ley, constituye información reservada la relativa a las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo que sigue el Pleno y las salas de la Suprema Corte para emitir sus fallos, dentro de la que se ubica la que consta en los proyectos de resolución presentados por los señores ministros, los dictámenes elaborados respecto de dichos proyectos, las versiones escritas de los intercambios de ideas que tienen lugar en las sesiones privadas que celebren dichos órganos y cualquier otra de esa naturaleza.
La referida información y los medios en que se plasme podrán hacerse públicos una vez que se haya emitido la resolución respectiva y en términos de lo que se establezca en los lineamientos que al efecto expida la comisión.
Conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la ley, incurre en una falta administrativa grave el que difunda la información reservada a que se refiere el párrafo primero de este artículo, la cual será sancionada en términos de lo previsto en los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por último, en el artículo cuarto transitorio del acuerdo se establece que los expedientes relativos a los asuntos de naturaleza penal o fami-liar que a la entrada en vigor de este acuerdo se encuentran bajo resguardo de la Suprema Corte constituyen información reservada por el plazo de doce años contado a partir de esa fecha, por lo que las sentencias respectivas se publicarán suprimiendo los datos personales de las partes. Tratándose de las sentencias ejecutorias correspondientes a los demás expedientes que se encuentran en esa situación, los datos personales de las partes que consten en ellas podrán adquirir el carácter de reservados, al tenor de los lineamientos que emita la comisión, sin menoscabo de que, en un plazo de sesenta días naturales contado a partir de la entrada
en vigor de este acuerdo, las partes puedan oponerse a que tales datos se hagan públicos, lo que provocará que adquieran el carácter de confidenciales.
Y por último, en el artículo séptimo transitorio del acuerdo se establece que a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, en las ejecutorias que se publiquen en el Semanario Judicial de la Federación deberán omitirse los datos personales de las partes en las sentencias que correspondan a expedientes reservados y, respecto de los fallos dictados en expedientes que no tengan ese carácter, los de la o las partes que hayan hecho valer oportunamente la oposición a que se refiere el artículo 8 de la ley.
Las disposiciones anteriores provocaron entre los juzgadores federales algunas discrepancias de opinión en relación a qué era lo que debía entenderse por reservado y por confidencial, así como en cuanto al manejo que debía dárseles a las resoluciones judiciales clasificadas bajo estos rubros; así, el acuerdo 13/2003 de dos de diciembre de dos mil tres, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, en lo que interesa, que el acceso a las sentencias ejecutorias y demás resoluciones públicas emitidas por los tribunales de Circuito y los juzgados de Distrito, relativas a expedientes que están bajo resguardo de este alto tribunal, se rige por el marco normativo emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ante una solicitud de acceso a tales documentos, resultaba conveniente que la facultad para certificar las copias de las resoluciones en comento -exclusivamente para el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental- y, en su caso, la atribución para suprimir datos personales, recayera en los titulares de las diversas casas de la cultura jurídica y demás unidades departamentales en las que se encuentran archivados esos expedientes.
Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no señala si las restricciones a la consulta de la información pública gubernamental son aplicables respecto de documentos generados antes de su entrada en vigor, por lo que en aras de lograr un equilibrio entre el derecho de acceso a la información pública gubernamental y el derecho a la intimidad de las partes, en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General Plenario 9/2003, se estableció que los expedientes relativos a los asuntos de naturaleza penal o familiar que a la entrada en vigor de ese acuerdo ya se encontraban bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituían información reservada por el plazo de doce años, contado a partir de esa fecha, con independencia del año en que se hubiera ordenado su archivo, lo que impedía parcialmente el acceso público a expedientes de las referidas materias archivados en el siglo XIX o incluso en la primera mitad del siglo XX.
Que por otra parte, a nivel internacional se establecía que los expedientes bajo resguardo de los órganos del Estado son de consulta pública una vez que ha transcurrido un determinado periodo, igual o superior a treinta años, lapso que generalmente se incrementa tratándose de expedientes judiciales, por lo que ante la ausencia de regulación sobre el tratamiento que debía darse a los expedientes que estaban bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes del doce de junio de dos mil tres, en aras de brindar un mayor acceso a la información judicial y de fomentar la investigación en los archivos judiciales, respetando el derecho a la intimidad de los gobernados, resultaba conveniente modificar el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General Plenario 9/2003, para establecer que los referidos expedientes relativos a los asuntos de naturaleza penal o familiar son públicos, una vez que ha transcurrido el plazo de treinta y seis años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con independencia de los datos personales o de la diversa información reservada o confidencial que puedan contener, con lo que a partir de la entrada en vigor de ese acuerdo serían consultables aquellos cuyo archivo se ordenó en mil novecientos sesenta y siete o antes, para dos mil cuatro, incluso los archivados en mil novecientos sesenta y ocho, y así sucesivamente.
En tales circunstancias, se procedió a adicionar el artículo 14 del acuerdo general 9/2003 antes comentado, con lo siguiente:
Tratándose de las sentencias ejecutorias y demás resoluciones públicas que obran en los expedientes de los Tribunales de Circuito o de los Juzgados de Distrito que se encuentran archivados en las Casas de la Cultura Jurídica, en el Archivo Judicial de la ciudad de México o en el Centro Archivístico Judicial, para los fines exclusivos de este Acuerdo General, se faculta a los titulares de esas unidades departamentales para expedir copias certificadas de las referidas resoluciones, lo que implica, en su caso, suprimir los datos personales de las partes.
Por otra parte, se modificó el artículo cuarto transitorio del mencionado acuerdo para quedar en los siguientes términos:
CUARTO. Los expedientes relativos a los asuntos penales o familiares que antes del doce de junio de dos mil tres se encontraban bajo resguardo de la Suprema Corte, son de consulta pública una vez que haya transcurrido el plazo de treinta y seis años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo; sin menoscabo de que, respecto de los que no haya fene-cido ese plazo, al ser público el acceso a las sentencias ejecutorias y a las demás resoluciones públicas contenidas en todos esos expedientes, para la consulta de éstas deberá generarse una versión de la cual se supriman los datos personales de las partes.
Es público el acceso a los expedientes de materias diversas a las señaladas en el párrafo que antecede, que en la misma fecha se encontraban bajo resguardo de este alto tribunal, sin menoscabo de que, en un plazo de sesenta días naturales contado a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, las partes puedan oponerse a su publicidad, lo que impedirá la consulta del expediente respectivo por el plazo señalado en el párrafo primero de este numeral y provocará el carácter confidencial de los datos de las partes que consten en las sentencias ejecutorias y demás resoluciones públicas contenidas en ellos, por lo que para la difusión de éstas será necesario generar una versión de la cual se supriman esos datos.
Para la consulta de los expedientes señalados en los párrafos primero y segundo de este artículo, el solicitante deberá suscribir un documento en el que se comprometa a no divulgar la información considerada legalmente como confidencial que contengan aquéllos, excepto cuando cuente con autorización del titular de la misma o de los sucesores de éste.
Cabe también mencionar que el acuerdo general 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal difería del criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la oposición de la partes en cuanto a la publicación de la información confidencial, pues en ese acuerdo se establecía que se omitirían sus nombres y los datos personales, salvo que existiera su aceptación, lo que resultaba contrario a lo dispuesto por la corte, lo que generó la emisión del Acuerdo General 76/2003 del Pleno de ese consejo, en el que adaptó el mencionado artículo 19, en donde se establecía que se omitirían los nombres y datos personales cuando las partes manifestaran su oposición de manera expresa; lo que además implicó una corrección al artículo tercero transitorio que es tocante a lo relativo.
Es de destacar que a la fecha de conclusión de este artículo, el Consejo de la Judicatura Federal no ha acordado sobre la posibilidad de que los órganos que lo integran expidan copias certificadas de las resoluciones judiciales que emitan suprimiendo los datos personales, ni la obligación de generar versiones adicionales para la consulta pública, por lo que aun se encuentra en el tintero la instrumentación y adaptación de sistemas para que se proceda con tal próposito, lo que deberá quedar definitivamente instituido a más tardar el primero de enero de dos mil cinco como quedó precisado con antelación.
Por último, en nuestra opinión, las sentencias judiciales deben ser públicas y el acceso a su contenido en cuanto al criterio jurídico que establecen irrestricto, cueste lo que cueste, ya con dinero o esfuerzo, para proteger a las partes en sus intereses privados.

References: artículo 8
 artículo 42
 artículo 197
 artículo 37
 artículo 61
 artículo 26
 artículo 22
 artículo 29

Artículo 38

Artículo 40
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 19