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Timestamp: 2013-05-24 18:37:00+00:00

Document:
l) Del Judicial 94-107 « Constitución Política Mexicana
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exija la discreción jurídica, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, o el interés público.
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral; así como las responsabilidades en que incurran los funcionarios públicos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y electorales del la Federación; revisará para aprobar o rechazar los acuerdos, o resoluciones que el Congreso le remita en materia de juicio político de los funcionarios y servidores públicos federales; iniciará y procesará los juicios políticos, revocación de mandato, fraude político, que los ciudadanos demanden en contra de los funcionarios públicos federales. En todo momento, se regirá por lo que dispongan las leyes, y de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, se fijará al inicio de su gestión en los términos de lo párrafos 6º y 7º del Artículo 9, y en lo conducente del Artículo 127 de esta Constitución. Una vez que la remuneración ha sido fijada, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo siete años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su período.
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y
VI. No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado, durante el año previo al día de su nombramiento.
Los Magistrados del Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero solo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.
Cada tres años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.
Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de México y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
Ministro: “Si protesto”.
Presidente: “Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo demande”.
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de México que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de México, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos;
VI. Las solicitudes de los ciudadanos para la revocación del mandato mediante referéndum, los juicios de fraude político de los funcionarios federales electos;
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituídos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
Con las excepciones establecidas en esta Constitución, las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, o de particulares.
En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.
Son facultades de los tribunales de la Federación.
I. Resolver toda controversia que se suscite:
a). Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;
b). Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y
c). Por leyes o actos de las autoridades de los Estados que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
II. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
a). De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;
b). De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXXIV del Artículo 74 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los tramites que la ley reglamentaria de los artículos 104 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;
c). De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
d). De aquéllas en que la Federación fuese parte;
e). De las controversias y de las acciones a que se refiere el Artículo 105, misma que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
f). De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y
g). De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.
a). La Federación y un Estado;
c). El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, como órganos federales;
d). Un Estado y otro;
e). Un Estado;
f). Un municipio;
g). Dos municipios de diversos Estados;
h). Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
i). Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
j). Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
a). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión;
b). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
c). El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, y estatal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
d). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y
e). Un mínimo de 10 mil ciudadanos en lista verificada con nombres, número de credencial de elector y firmas.
f). Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.
Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado.
Todas las controversias de que habla el Artículo 104 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare;
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 104 y 107 de esta Constitución.
d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado.
VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 104 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones;
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del Artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del Artículo 103 de esta Constitución;
XV. El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público;
XVII. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.
Continuar en Responsabilidades… Artículos 108-114

References: Artículo 9
 Artículo 127
 Artículo 74
 Artículo 105
 resolución 
 resolución 
 Artículo 104
 Artículo 89
 Artículo 103