Source: https://www.scribd.com/doc/235289502/Demanda-SJ2014CV00145
Timestamp: 2017-03-28 01:33:17+00:00

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BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICOTRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA SUPERIOR DE SAN JUAN JOHN E. MUDD y JOHN A. STEWART Demandantes v. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO y COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO Demandados CIVIL NO. SJ2014CV00145 SOBRE: ENTREDICHO PROVISIONAL, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE Y SENTENCIA DECLARATORIA DEMANDA AL HONORABLE TRIBUNAL: Comparecen John E. Mudd y John A. Stewart, ambos abogados por derecho propio y muy respetuosamente Exponen, Alegan y Solicitan: I. COMPETENCIA Y JURISDICCION DEL TRIBUNAL 1. La jurisdicción y competencia de este Honorable Tribunal de Primera Instancia de San Juan sobre el pleito de epígrafe surge a tenor con las disposiciones de la Regla 3.3
, 57 y 59 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, los Artículos 675 al 677 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. § § 3521-3523. II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 2. El demandante John E. Mudd (Mudd) es mayor de edad, casado, abogado y residente de San Juan. Su dirección es P.O. Box 194134, San Juan, P.R. 00919. 3. El demandante John A. Stewart (Stewart) es mayor de edad, soltero, abogado y vecino de Isabela. Su dirección es PO Box 140357, Arecibo, PR 00614-
0357. 1
La aludida Regla 3.3 establece, en lo pertinente: “Los pleitos contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y aquéllos para recobrar daños y perjuicios bajo cualquier precepto de ley, o para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros, proveniente de un contrato de póliza de seguros, deberán presentarse en la sala correspondiente a aquélla en que la causa del litigio o alguna parte de ella tuvo su origen, sin perjuicio de las normas generales sobre competencia y traslado establecidas en las Reglas 3.1 y 3.5.” (Énfasis suplido). 4. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) es una entidad jurídica creada por la Constitución, el cual establece un sistema republicano de gobierno compuesto por tres ramas, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 5. El Colegio de Abogados (Colegio) es una entidad jurídica creada por la Legislatura de Puerto Rico con capacidad para demandar y ser demandado. III. HECHOS 6. Los demandantes son abogados admitidos a la práctica de la profesión por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico. El número del Registro Unico de Abogados del Tribunal Supremo de Puerto Rico de Mudd es 7677 y el de Stewart es 14,556. 7. El Colegio es una entidad creada por la Legislatura de P.R. antes de la creación de el ELA, por la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, 4 L.P.R.A § 771et seq. Esta ley por muchos años requirió que todo abogado para ejercer la profesión en P.R. tenía que ser miembro del Colegio. Esta esclavitud continuó hasta que la Ley 121 de octubre 13 de 2009 que abolió la Colegiación compulsoria. El Colegio impugnó la Ley 121 en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) y Mudd intervino en el pleito. Al no concederse sus mociones dispositivas por el TPI, Mudd acudió al Tribunal Apelativo (Apelativo) y lo convenció de desestimar la demanda del Colegio. Posteriormente, el Tribunal Supremo denegó el certiorari del Colegio, adoptando como suya la determinación del Apelativo, Colegio de Abogados v. ELA, 181 D.P.R. 135 (2011). 8. A pesar de los pronunciamientos del Tribunal Supremo en el antes mencionado caso, la Legislatura en septiembre de 2013 radicó el PC 1366 para volver a esclavizar a los abogados de Puerto Rico forzándolos a ser miembros contra su voluntad del Colegio. La medida fue a vistas públicas y Mudd testificó contra la misma. Posteriormente, la medida fue aprobada por el Senado con enmiendas y firmada por el Gobernador de P.R. el día 28 de julio de 2014, convirtiéndose en ley. El Artículo 1 de la Ley establece lo siguiente: Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que existe un interés apremiante en regular el ejercicio de la abogacía y la notaría mediante la creación de un colegio integrado que agrupe a todas las personas admitidas al ejercicio de la profesión legal y de la notaría. Este colegio se conocerá como el “Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico” y será una entidad jurídica o corporación cuasi-pública.” 9. La Ley esta en conflicto con el derecho constitucional de libre asociación de los abogados aquí demandantes. La Primera Enmienda a la Constitución Federal y el Artículo II, Sec. 6 de la Constitución de P.R., garantizan el derecho a la libre asociación y al derecho a no asociarse de los tecnólogos médicos aquí demandantes. 10. En Colegio de Abogados v. ELA, 181 D.P.R. 135, 137 (2011), el Tribunal Supremo indicó que “[p]or el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados. Por ello, esa limitación significativa de la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés gubernamental apremiante que la hace necesaria.” Énfasis suplido. Más aún, el Diario de Sesiones nos demuestra que la extensión del derecho de asociación era más amplio que el de la Constitución Federal. 11. Al ser este un caso donde están envueltos derechos constitucionales sustanciales, el Tribunal tiene que escrutar la legislación cuestionada con un escrutinio estricto como indica nuestra más alta Curia en el caso del Colegio de Abogados. Este escrutinio estricto pone el peso de la prueba en el Estado para demostrar la existencia del interés gubernamental apremiante que haga necesaria la colegiación compulsoria de los abogados. 12. Es harto conocido que quien regula la profesión de la abogacía en Puerto Rico es el Tribunal Supremo. Este administra los exámenes de reválida, evalúa las solicitudes de licencia, expide y suspende las licencias para ejercer la profesión, establece por reglamento los requisitos de educación continua, determina los Cánones de Ética y atiende las querellas sobre violación de los Cánones de Ética, entre otros. Aunque la Ley autoriza al Colegio a llevar a cabo vistas administrativas sobre querellas que le sometan es el Tribunal Supremo quien tiene la función reguladora ya administrativa de la profesión. Más aún, la Ley requiere a los abogados a colegiarse y pagar una cuota de $250 a la entidad en o antes de noventa (90) días después de aprobada la misma, Artículo 11 de la Ley. Los que no cumplan con la misma podrán ser referidos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, Artículo 9(b) de la Ley , y hasta sanciones criminales, ver Artículo 12 de la Ley. 13. Como podemos ver, el Estado tiene un procedimiento aparte del Colegio para regular la profesión de abogados. Por ende, el Estado ya esta regulando el ejercicio de la profesión de abogados y notarios y es patentemente claro que no existe ese interés apremiante del estado de regularla ya que la Ley. No lo hace ni lo puede hacer. Ya que no existe ese interés que requiere el obviar los derechos de los demandantes y obligarlos a ser miembros del Colegio, la ley no resiste escrutinio constitucional alguno. Más aún, el Artículo 4 que provee para la investigación de querellas por el Colegio, viola la separación de poderes ya que es el Tribunal Supremo el que investiga y determina, no el Colegio. 14. En ningún momento el Honorable Tribunal Supremo a claudicado ni ha solicitado el ceder a otro organismo su facultad de administrar y regular la profesión de la abogacía. 15. Al ser la ley de colegiación compulsoria en tensión con los derechos constitucionales de los abogados aquí demandantes, la misma debe ser evaluada desde el punto de vista de escrutinio estricto. El Estado tiene que demostrar el interés gubernamental apremiante pero no puede ya que no existe. Al no haber un interés gubernamental apremiante para que se requiera la colegiación compulsoria, la misma debe ser declarada inconstitucional. 16. Más aún, el Colegio no representa los mejores intereses de los abogados aquí comparecientes. Su tendencia a la vendetta contra aquellos que lo oponen es harto conocida. Luego de pasar la reválida, Mudd tuvo la oportunidad de asistir a la asamblea del Colegio del 1984 para votar en las elecciones de presidente del mismo. Durante esta asamblea, el Colegio decidió emitir una resolución condenando el nombramiento del Juez Torruella para el Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Boston, en clara represalia por su decisión en el caso de Schneider. Al llegar temprano, tuvo la oportunidad de tener un turno en contra de la resolución. 17. Durante los procedimientos, José A. Fuste y otro abogado le solicitaron a Mudd su turno ya que tenían algo preparado. Ante esta situación, se les cedío mismo. El presidente del Colegio en ese momento, Arturo Negrón, procedió a dar turnos a favor y turnos en contra, con un límite de tiempo. Al proceder con los mismos, Mudd notó que los que hablaban a favor de la resolución se les cortaba su turno mucho después que terminaba el tiempo que les correspondía pero a los que hablaban en contra de la resolución y a favor del Juez Torruellas, su tiempo era estrictamente limitado. Al llamar la atención de esta situación al presidente, se le gritó que estaba fuera de orden y Mudd les riposto que la asamblea completa esta fuera de orden. 18. Las vendettas continuaron. En Nieves Huertas v. García Padilla, 2013 TSPR 120 (votos particulares), caso donde se cuestionaba el nombramiento de Liza Fernández, autora de la Ley 121, el Juez Martínez Torres, unido por el Juez Feliberti Cintrón, dijo lo siguiente: “La Presidenta y el Primer Vicepresidente del Colegio de Abogados se unieron a este pleito como abogados de los demandantes. En su comparecencia, mencionaron expresamente sus posiciones en la directiva del Colegio. Con esa comparecencia a nombre de la institución, queda manifiesto que el Colegio ignora y se niega a defender a los más de cien abogados que ejercen como procuradores, fiscales y jueces, y cuya legitimidad fue puesta en tela de juicio de manera viciosa y temeraria por los demandantes, con alegaciones frívolas. ¿Es que esos abogados no tienen derecho a que se les defienda también? ¿Cómo se puede pretender que este Tribunal cierre los ojos y permita que los demandantes formen un espectáculo en el Tribunal de Primera Instancia que ponga en tela de juicio la confianza del pueblo en sus funcionarios e instituciones mediante alegaciones carentes de fundamentos legales y se afecte así el buen funcionamiento de la justicia? ¿Cómo se puede afirmar con cara seria que no hay un interés público en evitar eso? Ya que el Tribunal de Primera Instancia no lo hizo oportunamente y ante las consecuencias graves que presentaba este caso frívolo para la confianza del pueblo en sus funcionarios e instituciones, ¿se puede afirmar sin ni siquiera sonrojarse que era mejor que este Tribunal no certificara para desestimar el caso? ¿Acaso alguien tiene derecho a litigar un caso frívolo? ¿Por qué el Colegio asume un rol activo contra más de cien abogados? ¿Se puede contestar esta pregunta sin considerar que entre los demandados está la Juez Superior, Hon. Liza Fernández Rodríguez, quien cuando era legisladora presentó el proyecto que hoy es la Ley Núm. 121-2009, mediante la cual se eliminó la membresía obligatoria en el Colegio de Abogados?” 19. Esta no fue la única actividad de dudosa ética de parte del Colegio. En 1994, Carlos Romero radicó un pleito en el Tribunal Federal contra el Colegio de Abogados argumentando que el proveer un seguro de vida no era uno de las funciones de un asociación compulsoria de abogados y por lo tanto no se le podía obligar a pagarlo. El pleito fue desestimado en el 1999 pero el Primer Circuito revocó la decisión en Romero v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 204 F.3d 291,95-96, 304-06 (1st Cir. 2000). 20. El Primer Circuito ordenó a la Corte de Distrito a certificar la pregunta al Supremo de Puerto Rico de si el Colegio podía obligar a sus miembros a comprar este seguro. El Tribunal Supremo certificó que el Colegio tenía esta autoridad según la ley de ELA, Romero v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, No. 94–2503, (D.P.R. Sept. 26, 2002). Luego de analizar esto, el Tribunal Federal, en una opinión de la Juez Patti Saris determinó en octubre de 2002 que los propósitos de una asociación compulsoria como el Colegio de Abogados no estaban relacionadas a obligar a sus miembros a comprar un seguro de vida. La juez Saris otorgó a Romero la porción de su cuota correspondiente a lo que pago de más y emitió un injunction prohibiendo al Colegio el requerir obligatoriamente como parte de la cuota el pago de un seguro de vida. La opinión de la Juez Saris indica que las partes, i.e. Romero y el Colegio, estaban de acuerdo con el lenguaje del injunction si existía una determinación de responsabilidad. En noviembre de 2002, El Colegio de Abogados radicó una notificación de apelación (Notice of Appeal), pero, no prosiguió con la apelación, convirtiéndose la misma en res judicata incluyendo el injunction. 21. A pesar del injunction, el Colegio de Abogados continuó obligando a sus miembros a pagar el seguro de vida. El Colegio, además, no mencionó el caso de Romero a sus colegiados excepto en los informes del Tesorero de 2003 y 2004. A finales del 2005 y principios del 2006, un grupo de abogados solicitó reembolso y luego de muchos esfuerzos, fueron reembolsados. En junio de 2006, los demandantes en el caso de Brown radican su demanda de clase. El Colegio terminó su programa de seguro de vida compulsorio el 29 de agosto de 2006 y en el 2007 instauró un montepío para substituirlo, poniendo alrededor de $500,000 de dinero que alegadamente no venía de las cuotas de sus miembros. 22. El caso de Brown prosiguió y en el 2008, el Juez Jaime Pieras del Tribunal Federal determinó que la decisión del caso de Romero era aplicable a los demandantes. El Juez Pieras emitió un injunction permanente contra el Colegio y certificó dos clases. Finalmente, el Juez Pieras le impuso al Colegio devolver a los miembros de la clase las cuotas obtenidas en violación del injunction original, $4,156,988.70. 23. Para esta época, el Colegio había tenido su convención anual que coincidió con la elección del nuevo presidente, Arturo Hernández. Durante la convención, el Colegio intentó aumentar la cuota anual de $200 a $250 y pasar una resolución indicando que sus miembros querían un seguro de vida, pero no tuvieron quórum. 24. A principios de octubre de 2008, recibió un correo electrónico del Colegio con una Convocatoria a una asamblea especial. El alegado propósito de la misma era discutir un aumento a las cuotas del Colegio y ciertas resoluciones del Comité de Resoluciones. La Asamblea sería el 18 de octubre de 2008 y comenzaría a las 9:00 de la mañana. De no haber quorum a esa hora, la próxima sería a las 11:00 a.m. en el hotel El San Juan y el quorum serían los presentes. 25. Mudd arribó al hotel alrededor de las 8:30 a.m. y se le entregaron documentos del caso de Brown v. Colegio de Abogados, en el Tribunal Federal y de las diferentes resoluciones. Mediante estos documentos por primera vez se entero Mudd que David Indiano era el abogado de los demandantes del caso. 26. A eso de las 9:10 a.m., el presidente del Colegio abrió los procedimientos y se determinó que habían 23 o 26 colegiados presentes y se cerraron los procedimientos hasta las 11:00 a.m. Poco después de esa hora, se comenzaron los procedimientos y se indico que habían 203 colegiados presentes. Luego de turnos a favor y turnos en contra, el aumento de la cuota de $200 a $250 anuales fue aprobado con una votación de 131 a favor, 49 en contra y cuatro abstenciones, para un total de 184 votos. En otras palabras, menos del 1% de la matrícula le aumentó la cuota al otro 99%. 27. Más tarde, comenzó el proceso sobre las resoluciones. La primera era para informarle al Tribunal Federal que los colegiados querían que el Colegio les siguiera proveyendo servicios tales como el Montepío, el cual es definido por la Real Academia de la Lengua Española como un “[d]epósito de dinero, formado ordinariamente de los descuentos hechos a los individuos de un cuerpo, o de otras contribuciones de los mismos, para socorrer a sus viudas y huérfanos.” 28. Continuando con la resolución, cuando se pregunta si había oposición a la misma, Mudd levantó la mano y se acercó al micrófono para consumir su turno en contra. En ese momento, alguien levantó un previa, para que se votara sobre la resolución sin discusión. La previa pasó 137 a favor y 4 en contra. La resolución paso por un margen similar. El Lcdo. Anduze solicitó que la resolución fuese traducida y radicada en el caso federal antes mencionado. Mudd dijo que estaba de acuerdo, siempre y cuando se incluyese el número de los votantes. Obviamente, se le negó la solicitud. Ante tal atropelló de sus derechos, molesto, Mudd salió del lugar. Esa noche llamó al David Indiano y le informó y le explicó la situación. Indiano solicito una declaración bajo pena de perjurio de lo ocurrido y así se hizo. 29. Luego de perder el caso de Brown frente al Tribunal Federal, el Colegio apeló la decisión, y voluntariamente puso el edificio de Miramar como colateral para garantizar la sentencia. El Tribual de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito confirmó la sentencia del Juez Pieras en cuanto a la responsabilidad y el injunction. Es importante notar que el Tribunal de Circuito señalo que el Colegio llevó un procedimiento de desaforo contra uno de sus miembros en el 2006 por no querer pagar el seguro de vida, In re Rivera, No. TS-9645, 2006 WL 3782863 (P.R. Nov. 14, 2006). El Tribunal de Circuito también menciono que el Colegio argumentó que sus miembros querían un montepío haciendo alusión a la resolución del 2008, pero dijo según una declaración jurada que no fue controvertida, sólo un pequeño grupo de colegiados asistió a la reunión y que la resolución no fue debatida. El Tribunal de Circuito revocó, sin embargo, la sentencia de daños ya que no se le había dado la oportunidad a los miembros de la clase a salir de la misma y devolvió el caso para proseguir con ese proceso. El Colegio solicitó certiorari al Supremo Federal, el cual fue denegado. Ver, Brown v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 613 F.3d 44 (1
Cir. 2010), cert denied 131 S.Ct. 1046 (2011). 30. Posteriormente, el Juez Pieras determinó que ya que la responsabilidad había sido avalada, el edificio de Miramar seguiría garantizando la futura sentencia y que el Colegio tenía que pagar el proceso de notificación a la clase. Posteriormente, el Juez Fuste, ante la enfermedad del Juez Pieras, aprueba el procedimiento de notificación a la clase, el cual incluye una sección donde dice como dejar de ser miembro de la clase. Posteriormente, el Colegio solicita una forma para el “opt-out.” El Juez Fuste la deniega ya que el Colegio NUNCA la había solicitado y correctamente señala que la notificación a la clase dice como dejar de ser miembro de la misma. 31. En vez de acatar la orden o buscar un remedio, el entonces presidente del Colegio, Lcdo. Toledo, fue a un programa radial y admitió que desobedeció la orden del Juez Fuste enviando un correo electrónico a los miembros del Colegio indicándoles como salirse de la clase, invitando a el Tribunal Federal lo encontrara incurso en desacato y dijo claramente que esto era una conspiración estadista y que la descolegiación y el pleito estaban ligados. El Lcdo. Toledo se quejó también que las notificaciones eran en ingles e intimó que los abogados de PR no sabían ingles. 32. El Juez Fusté citó a las partes incluyendo al Lcdo. Toledo, que no compareció y envío a una abogada en su nombre, quien solicitó que no se encarcelara al letrado. El Juez Fuste impuso $10,000 de sanciones so pena de desacato. Nuevamente, el Lcdo. Toledo desobedeció la orden y fue encarcelado por unos pocos días y luego se pagó la sanción. 33. Más aún, el Colegio tildó de extranjeros a David Indiano, abogado de los demandantes en Brown, quién lleva más de 25 años viviendo en PR y acusó a Andrés López, el otro abogado del caso, de no haber vivido muchos años fuera de la isla, como si el haber asistido a Harvard lo hiciera menos puertorriqueño. 34. Todo lo anterior demuestra que el Colegio consistentemente ha desobedecido las órdenes del Tribunal Federal como si este no existiese, en clara violación de los juramentos que como abogados hicimos todos. El Colegio se cree que esta por encima de la ley o más bien, en su auto creado Macondo, el Tribunal Federal no existe, el Tribunal Supremo tampoco por ser de mayoría estadista y Puerto Rico es independiente y de izquierda. Los aquí demandantes no quieren ser miembros de una organización que tiene esos mal llamados principios ya que no los representa. 35. Un excelente ejemplo de prepotencia del Colegio es que hizo un sondeo por Internet a sus miembros en el año 2013 para preguntar si favorecían la Colegiación compulsoria. Sorpresivamente, la mayoría de los miembros del Colegio votaron en contra de la misma. Pero como los que mandan en esa organización insisten en esclavizar a los abogados, obviaron los deseos de sus miembros y movieron sus socios en la Legislatura para poner en vigor la Ley. 36. El colmo de la prepotencia, arrogancia del Colegio y su falta de representación de sus miembros, fue cuando al líder Machetero Filiberto Ojeda murió en un tiroteo con el FBI, su cadáver fue exhibido como un héroe “natzional”, cuando no era mas que un criminal común. Por carta, Mudd, señaló al Lcdo. Fontanet, presidente del Colegio en ese momento, que el Sr. Ojeda, mientras era el objeto de un proceso criminal en su contra, se dio a la fuga. Fue condenado en ausencia y en los quince años que estuvo fugitivo se batió a tiros con el FBI en por lo menos una ocasión. Le indique que el darle a Filiberto Ojeda, quien no era abogado, el trato de persona notable, era un insulto a cualquier letrado que respete los procedimientos judiciales. ¿Es que el cometer crímenes en nombre de la “patria” exonera a cualquier persona de pagar por sus delitos? Mal mensaje dio el Colegio de Abogados de que esta bien el ser un terrorista, fugitivo y criminal común mientras el que lo haga grite a viva voz “Patria Libre, venceremos.” ¿Como explicarle a nuestros hijos que robar y batirse a tiros con la policía es malo si el Colegio premia a los que lo hacen con un funeral de héroe homérico? El presidente me escribió en tono paternalista indicando que yo tenía que entender que no todos estaban de acuerdo conmigo. Sin embargo, una organización profesional cuyos miembros son de todas las ideologías existentes no debe hacer cosas como esta, máxime cuando la membresía del mismo era compulsoria y los mecanismos existentes no garantizan los derechos de las minorías como se discutirá a continuación. 37. El Colegio no es más que un partido político sin inscribir, dedicada a la separación de P.R. de los Estados Unidos. Quiere la expulsión del Tribunal Federal de la Isla, irónicamente la institución en la cual más confían los puertorriqueños. Además, ha promovido la Asamblea Constitucional de Estatus aún cuando P.R. ya votó a favor de la estadidad y en contra del ELA y de la Libre Asociación. Más aún, el Movimiento Unión Soberanista, el MUS, tuvo de candidato a gobernador a un ex-presidente del Colegio, Antonio Hernández, como persona a cargo de elecciones, Julio Fontanet y como candidato a comisionado residente a una candidato a presidente del Colegio. ¿Coincidencia? Los demandantes no creen en coincidencias. 38. Todo lo antes dicho demuestra que para los demandantes el ser obligados a ser miembros del Colegio les es deleznable y vergonzoso. La organización llamada “El Colegio de Abogados de Puerto Rico” NO representa, en sus posturas y actuaciones, a los demandantes en el presente caso. El Gobierno no tiene interés apremiante de regular la profesión más allá de lo que ahora existe y que la Ley de hecho no regula la misma si no que impone un yugo inconstitucional sobre ellos. Por ende, respetuosamente se solicita del Honorable Tribunal que declare inconstitucional la Ley que fuerza a los abogados a colegiarse por violar el derecho a la libre asociación. POR TODO LO CUAL, los comparecientes respetuosamente solicitan del Honorable Tribunal que declare inconstitucional la Ley por violar el derecho a la libre asociación. RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 de julio de 2014. LAW OFFICES OF JOHN E. MUDD P. O. BOX 194134 HATO REY, P.R. 00919 (787) 413-1673 Fax. (787)753-2207 E-Mail jemudd@yahoo.com F/JOHN E. MUDD (RUA 7677) JOHN A. STEWART LAW OFFICE PO BOX 140357 ARECIBO, PR 00614-0357 !" (787) 878-0403 # stewart_j_esq@msn.com F/JOHN A. STEWART (14556) More From This UserSkip carouselAssured Financial.opinion WatermarkScotiabank.complaint PROMESA WatermarkScotiabank.complaint PROMESABrigade.expresion Interest USA WatermarkBrigade.expresion Interest USA-Brigade.expresion Interest USALex.denying Stay PR Independence Legislation - Discussion DraftWal Mart.circuitUS Bank.complaintAsociacion-discrimenRetiro.carta BonistasTreasury Letter - 7.29.16-MuddContrato de Pedro Julio Serrano y el Municipio de SJ 4065-2017-000636Peajes.petitionPROMESA Puerto Rico Commission for the Comprehensive Audit of the Public Credit Pre-audit Survey ReportBrigade.amended ComplaintExecutive Summary Promesa 2.0 HR 5278Promesa HR 5278Opinion US House of Representatives v. 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