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Timestamp: 2018-04-24 18:04:44+00:00

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El Justo Reclamo: 07/12/09
El declible de "Los sangre Azul"
Diez personajes del PRI y el PAN practican una radiografía al 5 de julio y dibujan lo que podría ser la ruta crítica de sus partidos y del gobierno de cara al cierre del sexenio calderonista.
Pero si algo tiene la nueva realidad bipartidista en México, es que ya no existirían razones para postergar los cambios. En la definición de las reformas por operar entre 2009 y 2012... YA NO HAY PRETEXTOS
Si echáramos un vistazo a las “estrategias” electorales que el ex presidente utilizó en su sexenio, veríamos que Acción Nacional no ha cambiado mucho. Lo único que se ha transformado es su tendencia: ahora va a la baja.
El país se ha vuelto a pintar de rojo, pero esta vez no por la sangre, sino por el regreso del PRI a las curules. La decisión de Germán Martínez de renunciar a la dirigencia nacional del PAN sólo confirmó lo que muchos ya habían diagnosticado: el azul perdió su fuerza.
Hondureños, iraníes y ahora la minoría étnica uigur en Urumqui, provincia china de Xinjiang, tienen mucho por qué protestar. Conoce las razones de su ira.
Labels: China, corrupcion PRI, elecciones 2009, fracaso del PAN, Germán Martínez, Honduras, Iran, Reporte Índigo, Vicente Fox, Xinjiang
*Hilar más fino
Labels: abusos de militares, Corrupción, elecciones 2009, fracaso del PAN, Impunidad, IMSS, José Agustín Ortíz Pinchetti, PRI, Salinas de Gortari
*Analizan expertos en un encuentro proyectos de emancipación en América Latina
*Abordan también el golpe de Estado en Honduras
*Los movimientos sociales deben reflexionar
Lucía Morett, sobreviviente del bombardeo del ejército colombiano en un campamento de las FARC en Sucumbíos, Ecuador
El periodista José Steinsleger manifestó ayer que es fundamental cerrar filas para defender a la estudiante universitaria Lucía Morett, porque de lo contrario el gobierno de Felipe Calderón la va a entregar a Colombia.
Al participar en el primer Encuentro Nuestroamericano. Articulando y consolidando caminos de emancipación, agregó que si no se consigue revertir políticamente este trámite, no quedará otro camino que la movilización y agotar el procedimiento jurídico.
Sobre el golpe de Estado en Honduras, indicó que fue promovido por integrantes de la mafia cubano-americana y ex funcionarios del gobierno de George W. Bush, entre los que se encuentran Otto Reich, ex subsecretario de Estado para América Latina.
Juan Arancibia, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo a su vez que en el golpe participó toda la oligarquía hondureña apoyada en sectores del imperio. En este contexto, calificó como impresionantes las declaraciones del ex canciller del gobierno de facto Enrique Ortez, quien en alusión al presidente Barack Obama, señaló que ese “negrito” no sabe nada, y no tiene idea de dónde queda Tegucigalpa.
El investigador cuestionó la posibilidad de dichas expresiones si no hay un apoyo del stablishment de Estados Unidos, el cual ha tenido un doble discurso sobre lo ocurrido en el país centroamericano.
Por su lado, Dolores González, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), se refirió a la militarización que se registra en el país con motivo de la lucha contra el narcotráfico, y denunció que se han presentado operativos del Ejército, como en los años 70, cuando los soldados detenían a todos los varones de una comunidad.
Resaltó que el Estado ha colocado a la sociedad en la disyuntiva de seguridad o derechos humanos, ante lo cual, la opción definitivamente debe ser la defensa de las garantías fundamentales. Sin embargo, destacó que a nivel de la población esto no queda tan claro y hay un consentimiento social para afectar los derechos humanos.
Para revertir esta situación, señaló que los movimientos sociales deben hacer un ejercicio de traducción, de sus propias identidades; quién son, qué quieren, por qué y hacía dónde van, pues hoy, la sociedad no entiende qué es lo que plantean los diferentes agrupamientos. En vista de lo anterior, tienen que comenzar a colocar un discurso ante la opinión pública desde códigos de comunicación muy distintos, añadió.
Durante el encuentro, en donde se analizaron los proyectos de emancipación en América Latina y los retos que enfrenta la movilización social, Dolores González puntualizó que hay un enorme descontento entre la población y que ello constituye una fuente integradora de fuerza social muy importante.
Agregó que existen muchos movimientos comunitarios que expresan su inconformidad de diversas maneras. El reto es establecer lazos comunicantes de información y reconocimiento mutuo entre ellos, y a partir de eso procesar la posibilidad de la articulación, subrayó.
Labels: America Latina, Bush, Colombia, complicidad de Calderon, corrupcion y narcotrafico, extradicion, Honduras, José Steinsleger, Lucia Moret Alvarez, UNAM
Inmediata liberación de dirigentes
Exigen campesinos de Resistencia Civil / Arbitraria detención de federales, denuncian y anuncian movilizaciones en otros Estados en solidaridad.
CAMPECHE, Cam. 11 de julio.- Integrantes del movimiento de Resistencia Civil del no pago de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad exigieron este sábado “la inmediata liberación de los líderes sociales Sara López González, Guadalupe Borges Contreras, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Lazcano Reyes y Elmer Castellanos Vázquez, quienes la madrugada del viernes fueron aprehendidos por elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo y la Policía Federal Ministerial, cuando se encontraban en sus hogares en el municipio de Candelaria.Desde las primeras horas de este sábado, integrantes del movimiento de Resistencia Civil, así como habitantes de diversas comunidades de Candelaria llegaron a la capital del Estado, a fin de “apoyar a los compañeros que arbitrariamente fueron detenidos por elementos federales, porque no vamos a permitir que se sigan violentando nuestros derechos”. En un principio, los quejosos se mostraron temerosos de hablar con los representantes de los medios de comunicación, ya que dijeron “pesan otras 26 órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales que se han quejado contra las tarifas y el mal servicio de la CFE”, y a cualquier persona que se les acercaba a preguntar, primero verificaban que se tratara de comunicadores.El abogado defensor de los detenidos e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, David Peña, explicó sobre la situación de las cinco personas que fueron detenidas.“El día de ayer, detuvieron a cinco compañeras y compañeros de una manera arbitraria, con lujo de violencia, elementos federales entraron a sus casas, destruyeron sus puertas, las cerraduras de sus casas, encañonaron a sus familias y detuvieron a cinco personas, los trasladaron a esta capital y los pusieron a disposición del Juez Segundo de Distrito, y ayer mismo fueron trasladados al penal de San Francisco Kobén”, indicó.El litigante explicó que “lo que nosotros estamos haciendo este sábado es realizar sus declaraciones preparatorias para aportar pruebas, entregar elementos al juez, que se tomen en consideración, pruebas que no consideró el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República en su momento, y que el día lunes en la tarde, que es cuando tiene que dictar el auto del término constitucional, pueda con los elementos que nosotros aportaríamos hoy y mañana, dictar un auto de libertad, para que los compañeros salgan libres”.Los inconformes revelaron que existen 31 órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas, de las cuales se han hecho efectivas un total de cinco, “es por eso que existe miedo en las comunidades; las autoridades federales están sembrando el pánico entre estas poblaciones, lo cual es reprobable, hay un temor fundado porque a los compañeros se les está imputando delitos graves que no alcanzan fianza”.El abogado defensor destacó que en las últimas y en las próximas horas “vamos a revisar los expedientes, vamos a revisar la consignación de los compañeros y compañeras, pesan dos acusaciones en su contra: obstrucción de obra pública y privación ilegal de la libertad contra funcionario público, en el caso del segundo delito, por la forma en la que el Ministerio Público Federal argumentó, quedó como un delito grave en el que no se alcanza fianza, lo que nosotros estamos haciendo es bridar elementos al juez para que considere, y los compañeros sean puestos en libertad o alcancen derecho a fianza”.
Actuación indebida de la PGR
Los inconformes y el abogado defensor sostuvieron que “la actuación de la PGR está fuera del marco de la ley, nosotros nos presentamos en la averiguación previa, presentamos nuestros testigos, y en vez de llamar a nuestros testigos para comparecer ante la PGR, lo que hicieron fue girar órdenes de aprehensión en contra de nuestros testigos, a pesar de que en los hechos, nuestros testigos no estaban denunciados, sino que los nombres nosotros los aportamos en la averiguación previa, lo que hace la PGR es girar órdenes de aprehensión en contra de nuestros testigos para impedir nuestra defensa”.“Ahora, ante el juez no podemos llevar a nuestros testigos, porque tienen órdenes de aprehensión, entonces nos parece que la actuación de la PGR ha sido presionada por la CFE, que busca desarticular el movimiento, busca desarticular la resistencia, y poner un ejemplo en el resto del país”, expresaron.Los manifestantes aseguraron que a partir del lunes, se realizarán movilizaciones en siete estados del país en las puertas de la CFE y de la PGR, estamos hablando de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Baja California, junto con acciones en el Distrito Federal y Puebla, como una forma de resistencia, de solidaridad con los compañeros que han sido detenidos”.Explicaron que la obstrucción de obra que se les imputa a los detenidos, “es porque hay ocasiones en las que la CFE ha llegado a algunas comunidades a cortar el suministro de energía eléctrica, los compañeros van y explican cuál es el movimiento, cuál es la resistencia, en qué consiste, y bueno la gente de la CFE se retira, y eso lo están catalogando como un delito y como obstrucción de obra pública”.En el caso del delito de privación ilegal de la libertad, mencionaron que “hay falsedad que se están pretendiendo acreditar contra los compañeros, ya que los señalaban como si hubieran privado de su libertad a un funcionario de nombre Leovigildo, que trabaja en Candelaria, pero es mentira, incluso esta persona ha declarado públicamente que nunca fue privado de su libertad, queremos que declare ante el juez, porque sabemos que la CFE lo presione para que haga estas imputaciones”.Los manifestantes acudieron a las puertas de los Juzgados Federales de Distrito, también acudieron al reclusorio de San Francisco Kobén, a fin de conocer la situación en la que se encuentran sus compañeros.
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El presidente del Instituto Nacional de Estadística cuestiona a especialistas que publican cifras falsas. El precio del petróleo permitirá mantener tasa de ocupados. Subrayó que la desocupación ha tenido una evolución positiva en los últimos 10 años, al comparársele con el desempleo de mayo de 1999, que estaba en 14,6% y en mayo de 2009, se ubica en 7,7%.
Últimas Noticias / Minci
El desempeño de la actividad económica permitió que el mercado laboral registrara, por quinto año consecutivo, un descenso en la tasa de desocupación y un aumento en la formalidad, según revela el último informe económico del Banco Central de Venezuela (BCV). Elías Eljuri, el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), explicó que de acuerdo con la tendencia en la tasa de desempleo en lo que va del 2009, la cual ha venido bajando desde enero cuando se colocó 9,5%, esperan que se mantenga en 7% a finales de año, a pesar de la crisis económica global que de alguna manera ha tocado al país. Los datos más actualizados del INE correspondientes al informe de mayo de 2009, colocan la tasa de desempleo en 7,7%, una desaceleración si le compara con el desempleo de enero que fue de 9,5%; en febrero 7,4%; marzo 7,3% y abril 7,7%. Eljuri dijo a Últimas Noticias que hay signos de recuperación de los precios del petróleo y que la crisis no se ha sentido en Venezuela como en otros países, por tanto, estiman que la desocupación no se elevará más allá de 7%. Asimismo cuestionó opiniones de "quienes dicen ser especialistas", que afirman que el desempleo está en 12% y que el INE "maquilla cifras". Precisó que el INE utiliza una metodología internacional avalada por organismos como la Cepal. "Somos muy rigurosos con las cifras; fíjate que en desempleo subimos un poquito con respecto a mayo de 2008, que estaba en 7% y ahora está en 7,7%, y eso nosotros lo decimos, no lo ocultamos". El presidente del instituto resaltó que se publican estudios tan poco serios, "según los cuales disponen de las cifras del INE correspondientes al primer semestre del año, cuando todavía estamos procesando los datos. A estos expertos deberían preguntarles dónde están las fichas estadísticas, de dónde sacan los datos; ellos no las tienen porque lamentablemente, los mueve es un interés político". Datos Elías Eljuri subrayó que la desocupación ha tenido una evolución positiva en los últimos 10 años, al comparársele con el desempleo de mayo de 1999, que estaba en 14,6% y en mayo de 2009, se ubica en 7,7%. De acuerdo con el INE la población ocupada es de 11.893.558 personas: 2.244.413 son empleados del sector público; 9.649.145 en el sector privado, de los cuales 4.769.261 son empleados y obreros; y 454.189 son patronos y empleados de confianza. También se cuentan en mayo de 2009, 3.633.417 trabajadores por cuenta propia.
Elías Eljuri dijo que el método para medir la informalidad se está aplicando, pero aún no se han publicado resultados. No develó detalles del nuevo método, pero indicó que se publicarán en el momento oportuno. Hasta ahora las cifras que publica el INE para medir el número de personas que trabajan en el sector informal, se basan en el método según el cual solamente se cuantifican como empleados formales, aquellas personas de una empresa con más de 5 trabajadores. Esto, según Eljuri es injusto, dado que muchas empresas pequeñas como consultorios y talleres mecánicos tienen 5 empleados, pero pagan seguro social e impuestos.
Posted by adrifadi at 6:52 p.m. No hay comentarios.:
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Chile: la devastación indígena
VALPARAISO, 10 de julio (apro).- Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Chile están siendo contaminados, saqueados y destruidos. Cientos de megaproyectos mineros, forestales y energéticos amenazan la existencia de numerosas comunidades.
En el norte del país --donde viven los pueblos diaguita, atacameños, colla y aymara-- la gran minería estatal y privada contamina las aguas que permiten la vida de cientos de comunidades.
Un informe elaborado en agosto de 2007 por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), con el fin de informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la "vulneración sistemática de derechos indígenas al agua que se presenta en Chile y otros países de la región andina", se exponen los graves daños asociados a "la implementación de un modelo sustentado en la explotación de recursos naturales".
Este informe fue preparado por los abogados Nancy Yáñez y José Aylwin. Su contenido no había sido divulgado por la prensa.
La importancia de este informe y de las materias que trata fue reconocida por la CIDH, que en su 129 periodo de sesiones, realizado el 7 de septiembre de 2007 en Asunción, Paraguay, recibió a la abogada Yáñez. Ella se refirió a la tragedia que viven las comunidades andinas fruto de la imposición del "modelo neoliberal" y de la extracción deliberada de recursos.
Yáñez sostuvo que en Chile "se promueve una economía de rápido crecimiento que concibe la riqueza natural --agua, minerales, recursos marinos y forestales-- como commodities (mercancías sujetas a precios internacionales)". Afirmó que estas políticas fueron iniciadas en el gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990) "y se han visto fortalecidas con los gobiernos democráticos, los que han propiciado y profundizado ajustes estructurales de la legislación, para permitir un modelo de desarrollo acorde con los principios que orientan el libre mercado".
Puso como ejemplo lo sucedido con el Código de Aguas de 1981 y el Código de Minería de 1982, de carácter marcadamente privatizador, que han sido refrendados por modificaciones legales realizadas en los últimos años que consolidan la orientación de estas normativas que, de paso, afectan gravemente los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.
La sequía provocada
La situación de apropiación del agua de los pueblos indígenas es particularmente grave en el norte de Chile, zona desértica que concentra el 38% de las reservas de cobre del mundo, mineral que necesita mucha agua para ser producido.
Entre los casos de vulneración de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, ese informe menciona la extracción de aguas subterráneas en el sector de Pampa Lagunilla por la Compañía Minera Cerro Colorado, de propiedad de BHP Billiton, "lo que ha causado el desecamiento de bofedales utilizados desde tiempos inmemoriales por la Comunidad Aymara de Cancosa".
Además, se revela "la pérdida de los derechos de aguas indígena en la Cuenca del Río Loa a consecuencia de la monopolización y sobre explotación de los recursos hídricos por parte de las empresas mineras".
Menciona como las principales responsables de esta situación a la estatal minera CODELCO, a SOQUIMICH S.A., y a las empresas del grupo Luksic: ESSAN S.A (sanitaria) y Ferrocarriles Antofagasta–Bolivia. El poblado indígena de Quillagua, ubicado en la cuenca baja del río Loa casi ha desaparecido fruto de esta situación: no recibe agua desde el 2 de diciembre de 2006.
Otros proyectos atentatorios contra los derechos humanos de indígenas, es la explotación de los Géiseres del Tatio –sitio patrimonial de las comunidades indígenas de Toconce y Caspana– por parte de la Empresa Geotérmica S.A. El pasado 6 de junio un centenar de atacameños intentaron realizar en el Tatio un ritual de ofrecimiento de hojas de coca y vino, que tiene por fin de pedir disculpas a la Pacha Mama –madre tierra- por haberla desprotegido. Pero fueron impedidos por las fuerzas especiales de Carabineros (policía militarizada).
A raíz de estos hechos, el Consejo Nacional Atacameño emitió, el 8 de junio, un comunicado, en que acusa al gobierno de Chile de "destruir su territorio y amparar el despojo de su agua". Además, sostiene que la citada prohibición "es un atentado a los derechos humanos, a la vida y a la cultura".
Mención aparte merece el proyecto minero binacional Pascua Lama, que realiza en Chile la empresa Nevada S.A. (filial de Barrick Gold Corporation). Este implica la explotación de un yacimiento de oro y otros minerales ubicados bajo los glaciares Esperanza, Toro I, Toro II y Guanaco, los que dan vida al valle del Huasco y a la comunidad diaguita de los huascoaltinos.
Un estudio de la prestigiosa consultora canadiense Golder Associates, de 2007, sostiene que, al ritmo actual de consumo, el agua desaparecerá del valle de Copiapó (capital de la Región de Atacama) en 2012. Por lo pronto, el río del mismo nombre ya se secó. Igual suerte han corrido casi un centenar de ríos en el norte de Chile.
Pero eso no es todo: 15 nuevos proyectos termoeléctricos, destinados a abastecer la actividad minera, complican aún más la situación de los pueblos indígenas y no indígenas del norte chileno. Nueve de ellos se emplazarían en las costas de la Región de Atacama y otros seis en la Región de Coquimbo. Cabe considerar que los efectos ambientales de las termoeléctricas existentes en Tocopilla (Región de Antofagasta) y Huasco (Atacama) han sido devastadores.
Esto no ha sido casual: desde que en 1974 el entonces mandatario de facto Augusto Pinochet dictó el Decreto Ley 701, de Fomento Forestal, el Estado ha subsidiado en un 75% las plantaciones intensivas de pinos y eucaliptus. Además, el gobierno militar dispuso la entrega a grandes grupos económicos de viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras con plantaciones forestales.
La contaminación por el uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y herbicidas ha agravado el problema.
Tras la "pacificación de la Araucanía" –nombre con que la historiografía oficial denominó al proceso de ocupación militar del territorio mapuche (1861-1890), las comunidades fueron confinadas en reducciones. El territorio sobrante fue entregado a través de remates o donaciones a colonos chilenos y extranjeros –sobre todo alemanes--, cuyas grandes propiedades dejaron encerradas a las comunidades. El conflicto actual, que enfrenta a mapuches contra privados y el Estado, tiene su raíz en ese despojo.
El pasado 5 de enero, la presidenta Michelle Bachelet anunció "un incremento transitorio" en los subsidios –no precisó cifras-- que se otorgan a través del citado Decreto 701 de Fomento Forestal. Al hacerlo, planteó que lo hacía para "mitigar el desempleo provocado por el menor dinamismo de la economía mundial". Sostuvo, además, que esta medida apunta a aumentar en un 50% el área de monocultivo forestal en la próxima década. Esta medida fue rechazada por una amplia gama de organizaciones mapuches que desde hace tiempo han solicitando que se supriman estos subsidios.
El pasado 20 de junio, varios centenares de mapuches pertenecientes a las comunidades de Rupemeica, Huenaihue, Maihue y Carriñe marcharon nuevamente solicitando el fin de este proyecto, que está en fase de evaluación ambiental, y la devolución de las aguas adjudicadas a empresas transnacionales. Manifestaciones similares han realizado casi todas las comunidades afectadas por proyectos de este tipo. Pero sus reclamos no han sido escuchados.
Peor aún: el gobierno y el Ministerio Público han intentado vincular a los opositores a estos proyectos con organizaciones "terroristas".
Amnistía Internacional (AI), en su informe anual dado a conocer el pasado 28 de mayo, sostiene que "las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes (durante 2008). Ha continuado la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resuelven con prontitud. Siguen denunciándose violaciones de derechos humanos".
En su informe anual 2008, el Comité de Ética Contra la Tortura (CECT) –prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos– da cuenta de 55 casos de "prisión política" que han afectado a mapuches desde que Michelle Bachelet asumió la presidencia de Chile, el 11 de marzo de 2006. Se da cuenta del abuso de medidas cautelares como la "prisión preventiva" y la realización de violentos allanamientos a comunidades, que han afectado a ancianos y a niños. El informe denuncia dos casos de "violencia innecesaria con resultado de muerte", ocurridos en 2008: los que afectaron a los mapuches Johnny Cariqueo Yáñez y Matías Catrileo, ambos de 23 años de edad.
Catrileo murió el 3 de enero de 2008. Informes forenses elaborados por la Policía de Investigaciones pudieron establecer que su deceso fue ocasionado por un disparo hecho por la espalda. Este fue hecho por el agente de Carabineros (policía uniformada) Walter Ramírez. Catrileo, quien se encontraba desarmado y participaba --junto con otros 30 mapuches de la comunidad Lleupeko de Vilcún-- en la ocupación del fundo Santa Margarita, que la citada comunidad reclama como suyo.
El pasado 10 de junio, el Diario Austral, de Temuco, dio a conocer el resultado de un sumario realizado por Carabineros que buscaba definir el grado de responsabilidad de Ramírez en estos hechos. Y, a pesar de que su autoría en el crimen no fue desmentida, esta institución determinó que el policía no había cometido falta alguna al dar muerte al comunero mapuche.
Ese Consejo hizo 77 recomendaciones a Chile. Entre ellas destacan las que lo conminan a: dar protección jurídica a los pueblos originarios; realizar una adecuada demarcación de sus territorios, e implementar medidas contra la discriminación, en especial en favor de las mujeres y niños indígenas.
El organismo de la ONU también pidió a Chile terminar con las prácticas de represión desmedida que afectan, sobre todo, al pueblo mapuche. Además, se le pidió investigar los casos de arresto y deportación de periodistas y documentalistas que investigan la problemática que afecta a este pueblo.
La complicada situación que afecta a los indígenas chilenos ameritó una visita a Chile del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, realizada entre el 5 y 9 de abril pasado. El objetivo de dicha visita, según el mismo Anaya declaró al llegar a Santiago, fue "establecer un diálogo constructivo con las instituciones oficiales, los pueblos indígenas (…), en torno al seguimiento de las recomendaciones de la visita del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, así como de la implementación del Convenio 169 de la OIT".
El emisario de la ONU criticó –en entrevista con La Nación-- la parcialidad de la aplicación de justicia en Chile: "Esta combinación entre nuevo procedimiento penal, ley antiterrorista y fuero militar, establece una condición de vulnerabilidad del derecho al debido proceso, que afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuche", expresó.
En 2003, Stavenhagen había realizado un duro diagnóstico de la realidad que viven los indígenas chilenos, apuntando como problemas centrales la criminalización de la protesta, la discriminación, la pobreza, la inexistencia de un reconocimiento constitucional y la no ratificación del Convenio 169 de la OIT. Esto se expresa en su informe presentado de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A mayor abundamiento, señaló que "los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen (otro) de los problemas graves, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos".
Fundado en esa conclusiones, Stavenhagen recomendó agilizar la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas; ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; asegurar el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de las comunidades indígenas, y tomar las medidas necesarias "para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales".
El Convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional más importante y efectivo de protección de derechos de los pueblos indígenas. Fue adoptado en 1989. Reconoce el derecho que tienen los "pueblos" a su autodeterminación, a ser consultados respecto de los proyectos que se quieren realizar en sus territorios ancestrales, y a que sus organizaciones representativas sean reconocidas como interlocutores validos, entre otros aspectos. Este Convenio, que tiene rango constitucional, fue aprobado por el Parlamento chileno en septiembre pasado. Y entrará en vigencia plena el próximo 15 de septiembre.
Su puesta en marcha tiene de cabeza al empresariado, que teme que pueda detener importantes proyectos extractivos y energéticos que pretenden emplazar en "aéreas de desarrollo indígena". El gobierno ha intentado detener el alcance de este Convenio a través de una declaración interpretativa –que se le quiso incrustar al momento de ser promulgado por la presidenta Michelle Bachelet--, que supeditaba el Convenio 169 a la legislación chilena. Esto, en caso de situaciones de conflicto de interpretación legales que se generaran fruto de su próxima aplicación.
José Viera Gallo, ministro secretario general de la Presidencia e impulsor de esta medida, desistió ante el rechazo que esto provocó entre los indígenas y la propia OIT.
En la actualidad, tanto el gobierno como la oposición de derecha, se empeñan en aprobar un proyecto de reforma constitucional de "reconocimiento de los pueblos indígenas" que es fuertemente rechazado por las principales organizaciones de pueblos originarios. Estas han calificado este proyecto como de "desconocimiento de los pueblos". El Senado aprobó el 7 de abril, en su primer trámite constitucional, dicha reforma constitucional.
La Mesa de Trabajo Mapuche, que reúne a un importante número de organizaciones, dirigentes y comunicadores de este pueblo, emitió una declaración el pasado 8 de mayo en la que asegura que este proyecto de Reforma Constitucional "no recoge el sentir profundo y mayoritario de las organizaciones indígenas en Chile y tampoco se ubica a la altura del estándar internacional sobre los derechos indígenas".
Cuestionan el hecho que no se les considerara en la gestación de este proyecto y que se abriera una consulta a la que le restan validez. El propio relator Anaya cuestionó el hecho que se abriera un proceso de consultas después de que el Senado haya aprobado en parte el proyecto. También criticó el corto tiempo que se dedicará a esta consulta y el hecho de que no haya representantes indígenas en la formulación y procesamiento de las preguntas. Estos cuestionamientos los hizo en un documento el pasado 24 de abril, que estuvo especialmente dedicado a tratar el tema de ese proyecto de reforma constitucional.
Más duro aún con esta normativa fue Bartolomé Clavero, quien es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Afirmó que reforma constitucional chilena cancela derechos de los Pueblos Indígenas; que esta reforma "que en teoría viene a reconocer de una vez en Chile a los pueblos indígenas, intenta aprovecharse para impedir que los mismos tengan derechos y también para cancelar de paso algún derecho tan importante como el de propiedad comunitaria sobre las aguas".
En entrevista con Apro, Nancy Yáñez afirmó que "la situación de los pueblos indígenas (en Chile) es particularmente grave porque el Estado no ha cautelado los derechos de las comunidades indígenas sino que, por el contrario, ha supeditado estos a los intereses preferentes de los inversores".
Yáñez estima que los últimos gobiernos en Chile "han flexibilizado los controles ambientales y por esa vía las comunidades indígenas están siendo desplazadas de sus territorios de origen, donde la vida se hace imposible por la falta de agua, como consecuencia de la sobrexplotación industrial, pero además por la contaminación que estos proyectos generan".
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Guantánamo, el dilema de Obama
El presidente estadunidense faltó a su palabra para no exhibir las violaciones a derechos humanos cometidas por el Pentágono y la CIA. Al menos 24 presos acusados de terrorismo serán juzgados por Comisiones Militares que no están sujetas a los estándares de su propia justicia penal civil ni al rigor internacional de las cortes marciales.
WASHINGTON.- El incumplimiento de la promesa que hizo el presidente Barack Obama de procesar en cortes federales civiles a todos los detenidos en la base militar de Guantánamo, Cuba, es una patraña diseñada para encubrir los abusos a los derechos humanos cometidos por el Pentágono y la CIA en la supuesta lucha contra el terrorismo, aseguran especialistas en derechos humanos y abogados de algunos de los prisioneros.El pasado 22 de enero, dos días después de asumir el cargo, Obama firmó una orden ejecutiva para preparar el cierre total de los centros de detención de Guantánamo en un plazo de 12 meses, con el propósito de eliminar cualquier rezago de las políticas unilaterales y abusivas de George W. Bush en la lucha contra el terrorismo.“Creo que el presidente Obama sí quiere cerrar Guantánamo y lo quiere hacer en enero de 2010, aunque seguramente tendrá que enfrentar muchos problemas políticos para lograrlo”, dice a Proceso Stacy Sullivan, asesora de asuntos antiterroristas de la agrupación defensora de derechos humanos Human Rights Watch.“Lo decepcionante es que el presidente Obama se retractó en su promesa de someter a juicio civil a los detenidos en Guantánamo, y lo peor de todo es que decidió revivir las Comisiones Militares para procesar a algunos de los prisioneros”, apunta Sullivan.Sorpresivamente, la Casa Blanca anunció el 15 de mayo pasado que, “después de hacer una revisión al caso de los detenidos en Guantánamo”, el presidente Obama, “luego de consultarlo con el Congreso y los asesores de Seguridad Nacional”, determinó la necesidad de que por lo menos 13 de los detenidos sean sometidos a un proceso judicial a cargo de las Comisiones Militares.El viernes 27 de junio, la Casa Blanca filtró a varios medios de comunicación que Obama ya tenía listo “el borrador de una orden ejecutiva” que mantendría las detenciones por tiempo indefinido de varios presuntos terroristas en la base militar de Guantánamo, la cual se ejecutaría una vez que Obama reciba el visto bueno del Congreso.Esto tomó por sorpresa a varias agrupaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y a varios de los representantes legales de los detenidos en Guantánamo, quienes no sólo podrían ser acusados de terrorismo sin las pruebas para justificarlo, sino que podrían quedar empantanados en un limbo jurídico por tiempo indefinido.“La decisión del presidente Obama vuelve a dañar la ya de por sí deteriorada reputación de Estados Unidos en materia de derechos humanos ante el mundo; él prometió que acabaría con los abusos a los que fueron sometidos los detenidos en Guantánamo durante el gobierno de Bush y ahora se retracta. Eso es inaceptable”, cuenta en entrevista con Proceso Nicole Moen, la abogada que encabeza el grupo legal de la defensa del algeriano Ahcence Zemiri, recluido en Guantánamo desde hace ya casi siete años.Sullivan, quien ha visitado en varias ocasiones la sección de las prisiones de Guantánamo para presuntos terroristas, asegura que Obama se dejó manipular por la extrema derecha del Partido Republicano, representado en el Congreso federal por los jefes militares del Pentágono y por los dirigentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), quienes quisieran seguir abusando de los derechos humanos de todo el mundo aplicando medidas unilaterales y bajo un absoluto ambiente de impunidad.“Obama se convirtió en una víctima de la extrema derecha, del Departamento de Defensa y de la CIA, que no quieren que los detenidos de Guantánamo sean procesados en cortes federales porque se daría a conocer la evidencia de los abusos que cometió Estados Unidos contra los detenidos bajo la sospecha de pertenecer a grupos terroristas”, sostiene la especialista de Human Rights Watch.Cuando se anunció el cambio de posición de Obama sobre el proceso judicial al que serían sometidos los presos de Guantánamo, la Casa Blanca aseguró que la decisión de utilizar a las Comisiones Militares para enjuiciar a algunos de los sospechosos se justificaría en el hecho de que serían fortalecidas legalmente.Especialistas, como Sullivan, no compran el argumento de la Casa Blanca, que asegura que si liberan a los presos éstos regresarían a sus actividades terroristas, “pero eso no es más que el argumento de la política del miedo que se utilizó en la presidencia de Bush, y lamentablemente ahora los republicanos la están volviendo a utilizar con la manipulación al presidente Obama”.
Actualmente, en la base militar de Guantánamo hay 240 detenidos por el presunto delito de ser integrantes de grupos terroristas asociados con Osama Bin Laden y Al Qaeda. La Casa Blanca anunció el 15 de mayo que 13 de ellos serían procesados por Comisiones Militares, pero desde entonces la cifra aumentó a 24 prisioneros, quienes serían enjuiciados por medio de este proceso militar al que Sullivan bautiza como de segunda clase, en términos judiciales, porque fue diseñado “para garantizar que la sentencia o castigo se haga con mayor celeridad y sin contratiempos, pues no requiere el mismo nivel de evidencias que se exigen en una corte civil, y para encubrir los abusos de derechos humanos cometidos por el Pentágono y por la CIA”.Las Comisiones Militares –cuyo fortalecimiento jurídico no ha sido divulgado por la Casa Blanca– no son una corte marcial que se guía bajo los estándares internacionales para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra. No es el caso de los 240 detenidos de Guantánamo, quienes extraoficialmente están catalogados por Estados Unidos como “combatientes enemigos”.Moen, integrante del bufete de abogados Fredrikson and Byron, de Minneapolis, Minnesota, que representa a Zemiri, sostiene que “los detenidos deben ser enjuiciados en una corte federal civil, punto; sólo si se comprueba que alguien de los detenidos es altamente peligroso, pero con las evidencias en la mano, el acusado debería ser procesado por una corte marcial, no por esas Comisiones Militares que tienen otros propósitos”, subraya en entrevista telefónica.De acuerdo con el testimonio de Sullivan y Moen, quienes han estado presentes durante la celebración de audiencias a cargo de las Comisiones Militares, el proceso es evidentemente violatorio de los estándares internacionales para el caso de cualquier persona que enfrente a jueces o fiscales militares.Las Comisiones Militares poseen una “guía jurídica”, según Sullivan, diseñada por alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos cuya identidad se niega a revelar el Pentágono.“La guía se coloca del lado derecho del militar que preside la comisión durante la audiencia que se celebra en un salón al cual no se le permite la entrada a los defensores legales del acusado”, detalla Sullivan. “A los abogados se les coloca en otro cuarto aledaño, separado por un cristal polarizado, desde donde se puede observar y escuchar el proceso”, añade la especialista de Human Rights Watch.Lo irónico, y que es además la evidencia más fehaciente de que las Comisiones Militares están diseñadas para encubrir los abusos cometidos por la CIA y el Pentágono, es que “cuando el acusado comienza a declarar que fue sometido a tortura cuando fue interrogado, el que preside la comisión oprime un botón que también está colocado de su lado derecho para cortar el audio que llega a la sala donde están los abogados del detenido”, dice.La abogada del argelino preso en Guantánamo y la especialista de Human Rights Watch se mofan del argumento de la Casa Blanca de que las cortes federales civiles no tienen la capacidad jurídica para procesar a los detenidos de Guantánamo.Desde marzo de 2002, según las dos entrevistadas, las cortes federales civiles de Estados Unidos han procesado a más de 100 personas acusadas de terrorismo; en el mismo período, las Comisiones Militares sólo han encausado a dos detenidos.Por cuestiones de seguridad nacional, el Pentágono se niega a revelar la identidad de los 24 detenidos en Guantánamo que serán sometidos a juicio por las Comisiones Militares. Lo mismo ocurre para el caso de las dos personas que estuvieron detenidas en Guantánamo y que ya fueron puestas en libertad, pero que reincidieron en sus actividades terroristas, una de las razones por las que el Departamento de Defensa se opone a los juicios civiles para los detenidos en esa base militar de Guantánamo.Los dos presuntos terroristas reincidentes son un kuwaití, quien supuestamente el año pasado llevó a cabo un ataque terrorista suicida con un carro bomba en Irak. El otro es un saudita que, según el Pentágono, después de haber sido liberado se reintegró a las filas de Al Qaeda en Yemen. Por las celdas de Guantánamo han pasado más de 800 personas acusadas presuntamente de terrorismo; hoy sólo quedan 240 detenidos en la base militar, lo cual quiere decir que más de 550 acusados han sido liberados o repatriados a su país de origen.Las propuestas que hacen los especialistas para solucionar el limbo jurídico de los detenidos en Guantánamo se basa en el hecho de que 99 de los 240 detenidos son ciudadanos de Yemen, país que se está transformando en un nuevo Afganistán, porque el gobierno del país no tiene el control de su territorio y la nación es refugio de terroristas y un centro de operación de Al Qaeda.“Obama debe negociar con Yemen la creación de un programa de rehabilitación para los detenidos en Guantánamo que deben ser puestos en libertad, y a los que se determine que son peligrosos se les debe enjuiciar con evidencias irrevocables para ser sentenciados y encarcelados en prisiones seguras”, sugiere Sullivan.Los otros 141 presos en Guantánamo deben ser procesados por una corte federal civil, o por una corte marcial si se tienen evidencias claras y creíbles contra los acusados de que cometieron crímenes de guerra.El pasado martes 9 de junio, el gobierno de Obama dio una señal de que podría someter a juicio civil a la mayoría de los detenidos en Guantánamo, al ordenar la transferencia de la base militar a la corte federal del distrito sur de Manhattan, Nueva York, de Ahmed Ghailani, acusado de participar en el ataque terrorista a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, delito por el cual puede ser castigado con la pena capital si es declarado culpable de los cargos que le imputan.Sobre ese gesto de Obama, Sullivan dice que las organizaciones defensoras de los derechos humanos “le damos el beneficio de la duda”. Pero tampoco se confía:“Hay un dato más que ilustra por qué el Pentágono y la CIA se oponen a los procesos civiles”, enfatiza Sullivan: “Ante una corte federal civil, no tiene validez la acusación de cualquier delito contra una persona que se inculpó porque fue sometida a tortura durante su interrogatorio, y todos los presos de Guantánamo fueron torturados de alguna manera por la CIA y el Pentágono”.
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Los “autores intelectuales
LA HABANA.- El gobierno golpista que preside en Honduras el empresario Roberto Micheletti puso en marcha un plan para asfixiar a su representación diplomática en esta isla y romper relaciones con el gobierno de Raúl Castro.La estratagema fue elaborada por hombres de negocios, militares y los expresidentes de ese empobrecido país centroamericano Ricardo Maduro, Carlos Roberto Flores y Rafael Callejas, y por Billy Joya Améndola, el principal asesor en seguridad nacional de Micheletti. Joya es conocido en su país por ser el fundador de los escuadrones de la muerte y uno de los alumnos destacados de la Escuela de las Américas de Estados Unidos.El canciller impuesto por el régimen golpista, Enrique Ortez Colindres, ordenó cortar la comunicación con la legación hondureña en esta ciudad, además de cancelarle los envíos financieros para inmovilizarla.“No hay ninguna comunicación y no hemos recibido un solo dólar en los últimos 10 días”, confirma a Proceso Juan Ramón Elvir, embajador de Honduras en la isla, uno de los hombres más cercanos al destituido José Manuel Zelaya.El diplomático no ha dejado de asistir a la legación, donde atiende los problemas consulares pese a la falta de recursos financieros. Sentado en su pequeña oficina, ubicada en el edificio Santa Clara del Centro de Negocios Miramar, Elvir reitera: “El gobierno de facto bloqueó todos los envíos a La Habana. No hemos recibido nada”.Y el miércoles 7, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras rechazó renovar la visa a 83 asesores educativos isleños, todos ellos vinculados al Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos “José A. Domínguez” con el método cubano Yo sí puedo. El gobierno de Raúl Castro emitió una nota oficial de protesta ese mismo día, en la que sostiene que, “envalentonado”, el “señor Enrique Ortez Colindres” asestó el segundo golpe a las relaciones con Cuba.Cinco días antes, el propio Ortez Colindres había acusado a los educadores cubanos de participar en el adoctrinamiento y organización de ciudadanos hondureños en grupos de choque.En sus declaraciones, el “señor Enrique Ortez Colindres” citó como fuente de esta grave aseveración a las fuerzas armadas hondureñas, por lo que el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sostiene que esas son calumnias.Y arguye que el propósito del funcionario hondureño es “alentar acciones hostiles y violentas contra los colaboradores cubanos que realizan una labor solidaria, instrumentando un programa de alfabetización que ha beneficiado a más de 150 mil hondureños”.Así mismo, la negativa de las autoridades del país centroamericano de prorrogar la visa de los 83 maestros, así como las declaraciones del autoproclamado “canciller” hondureño, obligaron al gobierno de Raúl Castro a retirar a todo el personal de la colaboración no médica que presta sus servicios en ese país.La legación cubana confirmó que son 143 los colaboradores que se encuentran en territorio hondureño y explicó que los primeros 83 se retirarán a través del Aeropuerto de San Pedro Sula, en un avión de Cubana de Aviación, mientras que el resto saldrán por carretera desde la ciudad de Danlí hacia el punto fronterizo de Las Manos en Nicaragua.Según el memorándum R/S: 288-2009, emitido desde la embajada de Cuba en Honduras, el gobierno de La Habana mantendrá en el otro país al personal médico y paramédico, teniendo en cuenta su misión destinada a proteger la salud y salvar vidas humanas.
Enrique Ortez Colindres es el mismo que el día del golpe de Estado en Honduras hizo un comentario despectivo sobre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de quien dijo: “Obama es un negrito que ignora dónde queda Tegucigalpa”.El embajador Juan Ramón Elvir asegura que ese que llaman “canciller” siempre ha estado ligado con el sector militar de su país e identificado con la ultraderecha.Como presidente de la Comisión Interventora de la Empresa Eléctrica de Honduras, Elvir recorrió el país y se vinculó con todos los sectores sociales. “Conozco al pueblo hondureño y no permitirá que un gobierno de facto los gobierne”, subraya al reportero.Como hombre de confianza de Zelaya, dice, él formó parte de la Comisión al Diálogo Nacional de la nación Centroamericana. “Ahí traté y conocí a todos los políticos, empresarios, líderes sindicales y campesinos, militares”, asegura el diplomático.Insiste: “A todos”. Y acusa a los empresarios y a los expresidentes Ricardo Maduro, quien tiene inversiones en varios sectores de Honduras; a Carlos Flores, dueño del diario La Tribuna, y a Rafael Calleja, inversionista en la banca hondureña, de ser los “intelectuales del golpe de Estado”.Según el diplomático, el círculo íntimo de la cúpula empresarial hondureña que participó en la asonada lo integran también José Rafael Ferrari, propietario de las principales cadenas de Radio y Televisión. Elvir también cita a “un señor de muy nefasto proceder y de muy dolorosos recuerdos para el pueblo hondureño”: Billy Joya Améndola, el padre de los escuadrones de la muerte y excomandante de un famoso batallón 3-16, responsables de la detención y desaparición de opositores al gobierno durante los años de la guerra fría en Honduras.“Recorrer el currículum de Joya Améndola es indispensable para entender la cultura política de la junta golpista presidida por Roberto Micheletti”, afirma.Y no es para menos. El recién nombrado ministro consejero del presidente golpista Roberto Micheletti recibió entrenamiento contrainsurgente en Estados Unidos y fue becado por el ejército hondureño para estudiar en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.En el sector castrense a Joya Améndola se le conocía como El doctor Arranzola, justo cuando fundó los escuadrones de la muerte conocidos como Lincey Cobra. Así mismo, él fue un enlace importante, durante la guerra sucia de los setenta y los ochenta, entre sus pares de Argentina y Chile y el gobierno de Estados Unidos.El gobierno español solicitó la extradición del Doctor Arranzola a través de Interpol en varias ocasiones; en 1995, un juez lo acusó de secuestro y tortura y emitió una orden de captura en su contra.El embajador Elvir insiste en que Joya Améndola es uno de los que fraguaron el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Explica: “El plan inicial era eliminar físicamente al presidente, matarlo; el otro plan era que en lugar de Micheletti tomara el poder el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Hondureñas. Pero a última hora (los golpistas) dieron un giro a sus decisiones, pues suponían que un militar al frente haría más visible la intromisión del ejército, aunque ésta ya era visible.”El diplomático asegura que los escuadrones de la muerte siguen actuando en su país, aunque ahora actúan agazapados Y el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Bebidas y Similares de Honduras (Stibys), Porfirio Ponce, sostiene que el escuadrón 316 fue creado por el ejército de su país en la década de los ochenta con la misión de desaparecer y asesinar a los dirigentes populares.El dirigente señala que las fuerzas armadas están reviviendo a ese escuadrón, para lo cual han llamado a reservistas y jubilados del ejército. Según él, a algunos les dicen que deben apoyar al gobierno golpista; a otros los están organizando en grupos paramilitares. “Si te hacen un llamado tienes que acudir”, aseguró Ponce a los medios de comunicación locales.Elvir dice que el mandatario destituido debe regresar. “José Manuel Zelaya es un hombre de principios, un hombre de lucha –yo lo defino como un gladiador– que no cederá en sus posiciones, a menos que los términos de la negociación sean convenientes para el país”, sentencia el diplomático hondureño.
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Honduras: El golpe de las élites
El pecado de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras que fue derrocado el 28 de junio, no fue su pregonada intención de gobernar para los pobres ni las ilegalidades que le atribuyen sus adversarios. Voces de ambos bandos coinciden en que lo perdió su afán de confrontación con la élite política y empresarial de su país, pero sobre todo el intento de llamar a una asamblea constituyente??? (cuarta urna), lo que suponía poner en riesgo el equilibrio cómplice negociado entre los dos principales partidos del país.
Se trataba del padre de Manuel (Mel) Zelaya, a quien un grupo de soldados sacó de su cama y expulsó a Costa Rica el pasado domingo 28; el padre del presidente que ha sido depuesto porque, según él, quería acabar con los privilegios y gobernar para los más pobres de su país. “Mel proviene de una de esas familias dominantes desde los tiempos coloniales, de las que les dijeron: este valle es tuyo con todos sus indios”, dice el empresario Adolfo Facussé, amigo suyo y presidente de los industriales hondureños.
Precisa: “Y la matanza de Los Horcones es un pecado que él ha andado cargando aunque no sea suyo. Tal vez eso le ha creado más conciencia social”. Zelaya llegó a la política nacional en 1985 con cartas de cacique rural y en 2004 se hizo de la candidatura a la presidencia de la república por el Partido Liberal. No era el favorito, pero al año siguiente le ganó a Porfirio Lobo Sosa por estrecho margen en las elecciones con mayor abstencionismo de la historia de Honduras. La derecha celebró, como hace siempre desde 1981, año en que se restituyó la democracia en el país.“En el fondo aquí lo que hay es un solo partido de derecha con dos banderas”, dice Miguel Cálix, analista y exdirector de la fundación Friedrich Ebert en Honduras. Para él, las banderas liberal y nacional están condenadas a la alternancia y se complementaban por la vía del pacto.Al respecto explica Omar Ribera, que hasta el día del golpe fue asesor del gabinete social de Zelaya: “Nunca hay una mayúscula diferencia entre las cúpulas de ambos partidos. Las tensiones son siempre internas”.Facussé trata de trasladar ese clima de concordia al mapa tradicional de las relaciones socioeconómicas en el país: “Ha habido siempre tranquilidad, mucha comunicación y diálogo. Sin contradicciones, sin extremos... Nunca hemos visto a los trabajadores como enemigos. Nacieron como aliados nuestros. Pero los polarizó Mel”.Agrega que desde la cúpula empresarial hondureña la relación con los sindicatos y gremios se veía hasta hace poco como un disenso cordial y, en la práctica, intrascendente. De hecho, el sindicalismo hondureño surgió para reivindicar derechos laborales frente a las empresas fruteras estadunidenses en 1954, y su reclamo no salpicó a la oligarquía local, como apunta el académico Eduardo Bärh, director de la Biblioteca Nacional. “Este es un país en el que incluso las guerras civiles han sido pequeñas escaramuzas, y en el que los partidos comunistas no han hecho nada en 50 años”, aclara.
Ante la falta de un contrapeso ideológico o político distinto de los militares, en Honduras la clase política adquirió una fuerte identidad gremial y el empresariado no se ve afectado por la dinámica de las instituciones, controladas por los dos principales partidos en el Congreso.“Aquí todo se soluciona hablando, con pactos debajo de la mesa”, afirma Cálix. Y en esa mesa suelen estar sentados, entre otros, Carlos Flores Facussé, expresidente de la República, empresario, propietario del periódico La Tribuna y principal líder del Partido Liberal; Jorge Canahuati Larach, uno de los principales referentes del Partido nacional, dueño de los periódicos La Prensa y El Heraldo, de la farmacéutica Finlay y de restaurantes de comida rápida; así como Rafael Ferrari, propietario de los canales canales 3, 5 y 7 de MegaTV, de Emisoras Unidas, lo mismo que de la operadora de telefonía fija Multifon.Con todos ellos se enemistó rápidamente Mel Zelaya. Tras su primer año de gobierno sacó de su gabinete a los principales miembros del Partido Liberal y se alejó de Flores Facussé, a quien le reprochaba no haber confiado en su candidatura.También se ganó como adversario a Ferrari, cuya inversión en Multifon –hecha cuando el anterior presidente, Ricardo Maduro, planeaba privatizar la operadora estatal Hondutel– se vio muy afectada cuando Zelaya decidió ampliar la cobertura de la telefonía fija de capital público. “Zelaya llega al cargo sin sustanciales compromisos, porque durante la campaña la empresa privada había apoyado a Lobo, y decide gobernar solo” asegura su exasesor, Omar Ribera. “Era un capataz”, resume Alejandro Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).En plena crisis económica, los proyectos regionales Alba y Petrocaribe se convirtieron en muletas para el gobierno, cuyo perfil estaba profundamente condicionado por la personalidad del presidente Zelaya y que exasperó a la élite del país.Grandes empresarios como Miguel Facussé Barjúm, conocido como el Tío Mike, emparentado con Flores Facussé y dedicado a la producción de jabones y aceite de palma africana; Jaime Rosenthal, propietario del diario Tiempo y con inversiones en banca, cemento y exportación de azúcar y café; así como Adolfo Facussé, acompañaron inicialmente las propuestas de Zelaya, por ejemplo, su incorporación a la iniciativa de Petrocaribe. Pero al mismo tiempo le advirtieron públicamente de los riesgos de su afán de confrontación. A la hora del golpe acabaron callando o dándole la espalda al presidente.Juan Ramón Martínez, escritor y excandidato a la presidencia por la Democracia Cristiana, asegura que “los empresarios despreciaban a Zelaya. Para ellos era un pendejete ensombrerado, y como no es licenciado (sólo estudió el primer año de ingeniería) en la campaña nos reíamos de él. Fue un error. Cada vez que irrespetábamos a Zelaya se reforzaba su necesidad de encontrar a alguien que lo tomara en serio... y ese alguien fue Hugo Chávez”.
El acercamiento a Chávez alimentó los miedos de los principales empresarios hondureños y de los adversarios políticos de Zelaya, que a comienzos de año apostó a militares armados frente a la sede del Congreso y amenazó con disolver éste si los legisladores no accedían a alterar a su conveniencia la lista de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a fin de incluir a la esposa del ministro de la presidencia.No lo logró, pero Zelaya decidió embestir con más fuerza en su afán de personalizar su gestión. No en balde sus amigos le atribuyen una endiablada capacidad para asumir riesgos y desafiar al orden con tenacidad de adolescente: convocó una consulta sobre la conformación de una asamblea constituyente, lo que dio pie a una batalla jurídica con la Corte Suprema y la Fiscalía, que calificaron dicha consulta de ilegal ante la posibilidad de que Zelaya buscara la reelección. El presidente no hizo caso de las sentencias judiciales. El sistema de Justicia, controlado indirectamente por el Congreso, lo acusó de traición a la patria y amenazó con destituirlo. Pero Ribera matiza: “Su intención no era quedarse en el cargo, sino hacer el plebiscito en noviembre, presidir la Constituyente y después pensar en el futuro”.En cualquier caso, a ojos de sus adversarios se trató de un afán de protagonismo excesivo para un presidente al que le quedaban seis meses de mandato. La sombra del chavismo pesaba, pero también el temor a que Zelaya convirtiera los resultados de la consulta en un arma moral para impulsar una reforma del sistema de partidos y de elección de autoridades. Ribera admite que el conflicto “no es esencialmente una batalla ideológica. Lo que ocurre es que Mel llevó a su máxima expresión la tradición política hondureña de estirar la ley para beneficio propio, y los partidos tuvieron miedo de que se fortaleciera políticamente”.En cierto modo coincide Alejandro Álvarez, del Cohep: “Si Mel hubiera dado marcha atrás con la cuarta urna, todo lo demás, las ilegalidades, se le hubieran perdonado”.Ya sucedió antes. En 1985, el entonces presidente de la república, Roberto Suazo Córdova, con el apoyo de su ministro Carlos Flores Facussé, trató de reformar la constitución para reelegirse. Una veintena de congresistas del Partido Liberal elaboró una propuesta de decreto para instalar una asamblea constituyente y lo firmaron. Uno de aquellos hombres y mujeres que firmaron aquel proyecto para que Suazo hiciera lo que ahora se le reprocha a Zelaya, es Roberto Micheletti Bain, el actual presidente de facto.El decreto de 1985 no prosperó. A golpes, literalmente, diputados del Partido Nacional impidieron su lectura en sesión plenaria y se negoció la salida a la crisis. Esa vez no hubo traidores ni destituciones.En cambio, en mayo pasado fracasaron los sucesivos intentos de lograr una solución similar; se habla incluso de varias reuniones en casa del embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, para que las partes dialogaran. Flores Facussé y los candidatos de los dos principales partidos estaban dispuestos a que se hiciera la consulta, siempre que el ejército no participara en ella y Zelaya no gestionara el plebiscito de noviembre. El presidente no accedió y tensó la cuerda. En otros salones, en otras reuniones, la maquinaria del golpe ya estaba en marcha.“Nosotros ya habíamos hablado con todos, con las instituciones de justicia, con la Fuerza Armada, y apoyábamos la decisión de que el proceso de destitución y juicio del presidente iniciara”, admite Alejandro Álvarez.El 25 de junio, 34 años exactos después de la masacre de Los Horcones, Mel Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor, que con el respaldo de toda la oficialidad se negaba a colaborar en la logística de la consulta, y sin saberlo puso en marcha esa maquinaria, que ahora se ampara en argumentos jurídicos.“Las élites, antes de la llegada de Zelaya, habían pactado incluso por encima de la ley –admite el líder demócrata cristiano Juan Ramón Martínez– pero cuando él los acorrala, ocurre un milagro ¡y todos se vuelven legalistas!”Claro, legalistas pero de la mano del ejército. El asesor jurídico de la Fuerza Armada, el coronel Herberth Bayardo Inestroza, ha admitido que los oficiales y soldados que el 28 de junio subieron a Mel Zelaya en un avión militar y lo sacaron del país sabían que estaban cometiendo un delito y pasando por encima de las autoridades civiles, pero nadie del nuevo gobierno, del Congreso hondureño o de la cúpula empresarial se lo ha reprochado.“Una decisión como esa no pudo haberse tomado sin el apoyo de los dos partidos (Liberal y Nacional) y sin contar con algunos de los principales empresarios”, apunta Cálix. Adolfo Facussé hace una confesión inquietante: “La empresa privada siempre ha sido aliada del ejército”. Al mismo tiempo lamenta: “Y (los militares) son al mismo tiempo la mayor amenaza que tenemos”.
Esta vez, sólo esta vez, la comunidad internacional ha condenado el atropello al orden constitucional en Honduras, pero es incierto que Mel Zelaya pueda regresar a Honduras como presidente. Altos mandos del ejército han anunciado su renuncia inmediata si eso sucede, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga prevé un baño de sangre si lo hace, y el empresario de telecomunicaciones Alejandro Álvarez adelanta una huida de empresarios y profesionales liberales: “No van a torcernos el brazo, independientemente de lo que pasó y de cómo pasó. Si logran torcernos el brazo, porque a veces los políticos ceden, este país se acabó”, dice.En la capital económica del país, San Pedro Sula, los empresarios maquileros están permitiendo, cuando no obligando a sus trabajadores para que asistan a las concentraciones de apoyo al nuevo régimen. “Toda la estructura represiva de los ochenta está activa ahora: toque de queda, corte de la señal a medios, constantes cadenas nacionales, detenciones en diferentes zonas del país”, asegura Cálix. Pero el apoyo a la restitución de Zelaya, que no es mayoritario en un país apático y cuyos ciudadanos tienen miedo a manifestarse en las calles, constituye el germen de una fuerza de oposición a los dos partidos tradicionales, un movimiento que rebasa al pequeño partido de izquierda, Unión Democrática, y se nutre de las bases más progresistas del liberalismo y el nacionalismo.“Esto va a terminar por definir a la izquierda y la derecha del país”, vaticina Omar Ribera. El lunes por la noche, en las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys), Guillermo, uno de los coordinadores de las marchas prozelayistas de los últimos días, lo ilustró claramente en una reunión para programar las próximas acciones callejeras: “El movimiento es real, sigue su propio impulso y no vamos a dejar pasar la oportunidad. Por primera vez la gente está saliendo a la calle. Vuelva o no vuelva Mel, esto ya no lo para nadie”. Un nuevo intento por frenar con las armas estas movilizaciones puede acabar por dar alas a la izquierda en Honduras. El patriarca de los Zelaya, José Manuel, debe estar revolviéndose en su tumba.
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Ya desborda las fronteras la exigencia de poner límites al fuero castrense en México para que las violaciones a derechos humanos cometidos por militares no sean juzgadas como actos de servicio. A la preocupación externada hace unos días por el gobierno de Estados Unidos se suman los cuestionamientos sobre esos abusos en foros internacionales y, por si faltaba, un impactante reportaje de The Washington Post acerca de las torturas y desapariciones atribuidas al Ejército Mexicano en el marco de la guerra librada por el presidente Calderón contra el narcotráfico.
El gobierno de Felipe Calderón, por medio de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiere convencer al mundo de que en México los militares no quedan impunes cuando violan los derechos humanos.Contrario a las peticiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, Calderón no está dispuesto a modificar el fuero militar y pretende que se mantenga tal y como lo quiere el Ejército para que ese tipo de agresiones sigan considerándose legalmente como “actos de servicio”.Pero la decisión no depende sólo del Ejecutivo. En las próximas semanas se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre un amparo que busca delimitar los alcances de la justicia castrense, que por más de siete décadas ha permitido no sólo la aplicación de la jurisdicción castrense sobre civiles, sino que los militares se investiguen y juzguen a sí mismos.Como nunca había ocurrido, la semana pasada los excesos del Ejército durante la guerra sucia y ahora en el combate al narcotráfico quedaron exhibidos a escala internacional. El martes 7, por primera vez en la historia del Ejército y del país, el Estado mexicano fue obligado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un retén castrense en agosto de 1974 y a quien se le vio por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.Al día siguiente de la comparecencia en la Corte Interamericana, Human Rigths Watch, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más importantes en el mundo, envió una carta al gobierno de Calderón para pedir que dé a conocer información sobre la impunidad militar.Horas después, el diario estadunidense The Washington Post publicó como su nota principal las acusaciones contra el Estado mexicano por los casos de tortura y desapariciones atribuidos al Ejército durante los operativos de combate al narcotráfico ordenados por Calderón.Todos los señalamientos apuntan a la impunidad que les garantiza el fuero castrense a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando violan los derechos humanos de civiles, lo que le ha generado al gobierno de México críticas en el mundo, incluso de países con una reciente historia totalitaria, como Bangladesh y la Federación Rusa. Los cuestionamientos también llegan de países sudamericanos que al pasar de dictaduras militares a regímenes democráticos modificaron su legislación para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas por la justicia civil y no por los tribunales de los propios uniformados, como ocurre en México.Ese es uno de los argumentos que se discuten en la SCJN con miras a la resolución que tomará tras revisar un amparo tramitado por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Medina López, uno de los cuatro civiles acribillados por el Ejército en Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008.El pasado miércoles, la Primera Sala de la Corte decidió enviar al pleno del máximo tribunal la revisión del amparo 989/2009 promovido por Morales Rodríguez con el patrocinio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el centro de investigación y análisis Fundar.El acuerdo de los cinco ministros que integran la Primera Sala, encargada de los asuntos penales, fue que, debido a su trascendencia, el caso pasara al pleno de la SCJN y se resolviera en sus primeras sesiones al regreso de las vacaciones del Poder Judicial, el 3 de agosto próximo.El recurso legal pretende sacar de la jurisdicción militar la investigación sobre el asesinato de los cuatro civiles en la sierra de Badiraguato, que iban desarmados en el momento de ser atacados por los tripulantes de un camión militar, sin que existiera un retén de por medio (Proceso 1641). Ese fue el segundo ataque de soldados contra civiles en Sinaloa en menos de un año, luego de la agresión sufrida por una familia en La Joya de los Martínez, en Sinaloa de Leyva. En esa acción murieron tres menores de edad y dos mujeres.Ambos casos quedaron en manos de la justicia militar. En el primero nunca se supo cómo se desarrolló en los tribunales castrenses el juicio contra los responsables, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el apoyo del gobierno del estado, promovió un arreglo económico con la familia. En el caso de la matanza de Badiraguato, la Sedena informó en abril del año pasado que un tribunal militar dictó la orden de formal prisión, por homicidio y lesiones, en contra de un teniente de infantería, dos soldados y dos cabos. No obstante, familiares de las víctimas han sostenido que en el asesinato participaron entre 15 y 20 efectivos del Ejército.Reynalda Morales fue la única familiar de las víctimas que llegó a la SCJN por vía del amparo, con el propósito de que el juez militar adscrito a la III Región Militar, con sede en Mazatlán, decline el caso a favor de un juez común. A través de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM), la Sedena rechaza esa petición porque considera que se trató de una indisciplina cometida por sus elementos en actos de servicio.El proyecto de resolución del amparo ya está elaborado y su autor, el ministro José Ramón Cossío, propone que el pleno –integrado por 11 ministros– discuta el fondo del amparo: la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y, eventualmente, el traslado del caso a la justicia ordinaria por tratarse de un homicidio.
El artículo 13 de la Constitución establece que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, pero el Código de Justicia Militar considera como “delitos contra la disciplina militar” aquellos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo servicio. Bajo esa disposición, todos los casos de agresiones de militares contra civiles, incluidas las violaciones a los derechos humanos, quedan en la jurisdicción militar. De acuerdo con los abogados del centro Pro, Santiago Aguirre, y de Fundar, Luis Miguel Cano, la decisión de la SCJN “confirma que el caso tiene que ver con la necesidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas” en México.Los abogados consideran que la SCJN tiene la oportunidad de establecer “de una vez por todas” el alcance del fuero militar en México y revertir una práctica que ha sido criticada internacionalmente, sobre todo en momentos en que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército se han sextuplicado en lo que va del sexenio como resultado de los operativos antinarco desplegados por el presidente Calderón.De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este sexenio se han registrado más de mil 600 quejas contra el Ejército por delitos como la privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego (Proceso 1688).Los abogados advierten que si la Corte pospone su resolución indefinidamente, se prolongaría la falta de acceso a una justicia imparcial que padecen los familiares de las víctimas. El amparo llegó a la SCJN a principios de año. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo decidió hacer suyo el caso y estudiar la atracción. El asunto quedó en manos del ministro Cossío, quien ahora propone que, al revisar el amparo, la Corte se pronuncie sobre la extensión del fuero militar.“Lo que está en juego no es la subsistencia del fuero militar, sino la limitación de éste a las cuestiones que atenten contra la disciplina militar. El Ejército debe rendir cuentas ante las autoridades civiles por los delitos que, como la tortura, la violación, el homicidio o la desaparición forzada de personas, agravian a la población y no primordialmente a las Fuerzas Armadas”, señalaron los litigantes del Centro Pro y Fundar.Para la resolución del amparo, la Suprema Corte ha recibido argumentos de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, así como de especialistas de América Latina y Estados Unidos sobre los avances mundiales en materia de límites a la jurisdicción militar cuando personal de las Fuerzas Armadas viola derechos humanos.En total, 26 organizaciones de derechos humanos de 13 países latinoamericanos –incluidos algunos con historia de dictaduras militares, como Argentina–, la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas se constituyeron bajo la figura jurídica amicus curiae (amigos de la corte) para argumentar ante los ministros de la SCJN que el derecho internacional prohíbe aplicar el fuero militar cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Además, explican la evolución del tema en América Latina y cómo prácticamente todos los países de la región –que en la mitad del siglo pasado padecieron regímenes militares– han modificado sus constituciones políticas para limitar el fuero militar.En sus respectivos escritos, esas organizaciones coinciden en que la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte, establece de manera expresa esa prohibición; en tanto que en diferentes resoluciones la Corte Interamericana ha señalado que la jurisdicción penal militar debe tener un carácter restrictivo y excepcional. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que esa jurisdicción no es la competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana se ha pronunciado en ese mismo sentido sobre varios casos en los que están involucrados militares, entre ellos el de Pacheco Radilla. Después de la comparencia del martes pasado, la comisión podría emitir su fallo hacia finales de este año o principios del próximo.De manera precisa, esta Comisión Interamericana ha señalado que la investigación de la PJM sobre presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por militares mexicanos implica una violación de la Convención Americana.
En este continente, uno de los principales críticos al privilegio que se la da al fuero castrense en México es Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, aunque inicialmente respaldó los operativos militares ordenados por Calderón.En abril pasado, HRW dio a conocer el informe Impunidad uniformada, en el que demuestra cómo el fuero militar sirve para proteger a los responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas.El director para América de la organización, José Miguel Vivanco, asegura que en los últimos 10 años los militares mexicanos no han sido capaces de condenar a nadie, sea soldado u oficial, por violaciones a los derechos humanos. “No hay ningún caso igual en América Latina”, dice.Añade que para cualquier autoridad democrática en el mundo lo razonable es que en México exista un régimen jurídico que impida “la corrupción de las Fuerzas Armadas a través de la impunidad”, por lo que si cometen abusos deben ser sancionados ejemplarmente. “Una tortura, una violación sexual o un homicidio no son faltas a la disciplina militar, sino crímenes que deben ser sancionados por la jurisdicción ordinaria y no sometidos a los tribunales militares para impedir que se investiguen”, enfatiza Vivanco.Califica de “lamentable” la actitud del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de defender, no sólo en México, sino ante la comunidad internacional, el fuero militar: “Ha hecho una defensa cerrada de un sistema que está quebrado y no tiene mayor credibilidad”.Gómez Mont ha sido el encargado del gobierno de Calderón para responder a las críticas internacionales que ha recibido México por el predominio del Ejército, a la vez que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, dejó en claro el pasado 19 de febrero, Día del Ejército, que el fuero militar debe quedar intocado.Ese mismo mes Gómez Mont viajó a Ginebra para defender esa jurisdicción ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo hizo en la sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, en el que se revisó la situación de los derechos humanos en México.Seis de las ocho recomendaciones que se le hicieron al gobierno mexicano se centraron en la necesidad de limitar la jurisdicción castrense. Los países que las formularon fueron Bangladesh, Irlanda, Portugal, Perú, Uruguay y, en forma conjunta, la Federación Rusa y la República de Corea, que además pidió medidas de protección a los derechos humanos en los operativos del Ejército en contra del narcotráfico.La contundente respuesta del gobierno de Calderón se entregó formalmente en Ginebra, en la sesión del 11 de junio: “El Estado mexicano no apoya la recomendación debido a que la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones es prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar”. Añadió: “Por la especificidad de la materia, es legalmente insostenible una jurisdicción paralela y alternativa que conozca de los delitos que los militares cometen en ejercicio de sus funciones. A su vez, la Constitución también prevé la facultad de recurrir las sentencias de los juzgados militares y del Supremo Tribunal Militar ante los tribunales civiles… mediante el juicio de amparo”. Esa fue la misma posición que defendió Gómez Mont ante la Corte Interamericana el pasado martes. Los hechos demuestran lo contrario. De acuerdo con el Centro Pro, el fuero militar carece de las garantías básicas del debido proceso en casos de derechos humanos, pues al carecer de independencia respecto de las Fuerzas Armadas “incorpora las viciadas figuras de amnistía y obediencia debida como excluyentes de responsabilidad penal, lo que dificulta significativamente a las víctimas del procedimiento”.Ante las presiones internacionales, Calderón informó a la ONU que actualmente la justicia militar integra seis averiguaciones previas y que en tres casos se consignó a 32 efectivos, además de que en nueve sentencias se condenó a 14 elementos. Sin embargo, no dio ningún detalle sobre el tipo de acusaciones de que se trata ni de qué rango son los militares procesados.
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Se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, en un caso típico de la guerra sucia librada al margen de la ley, con el pretexto de imponer su imperio, por el Estado mexicano. Antiguo alcalde (priista) de Atoyac de Álvarez, sospechoso de pertenecer o servir a la guerrilla de Lucio Cabañas, Radilla fue detenido en presencia de su hijo, entonces de once años y ahora testigo presencial en el juicio que busca establecer responsabilidades penales sobre esa forma de privación ilegal de la libertad, la más grave de todas porque es practicada por el Estado o mediante su complicidad y omisión.En representación del gobierno mexicano acudió a la audiencia, el martes 7 en San José de Costa Rica, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. De acuerdo con el boletín No. 116 de esa dependencia, para eludir la responsabilidad del Poder Ejecutivo en esa desaparición, Gómez Mont dijo que "la evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos que ha habido en el país durante los últimos treinta años… impedirían que un caso así se repitiera".El secretario de Gobernación puede hablar de esa guisa en el extranjero, pero no podría sostener aquí que esa etapa del Estado autoritario se ha superado. Al pretender hacerlo mostraría falta de información o de plano mentiría. Para infortunio de todos, en violaciones a los derechos humanos no hemos transitado del autoritarismo a la democracia. En esa materia Felipe Calderón no se distingue de Luis Echeverría ni Gómez Mont de Mario Moya Palencia. Sin que nadie castigue a los responsables; más todavía, sin que siquiera se investiguen los sucesos correspondientes, hoy se hace desaparecer a personas con la misma naturalidad e impunidad que hace 35 años.De inmediato puede citarse para documentar ese dicho el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenidos en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y hechos desaparecer al día siguiente cuando, según diversos indicios, fueron entregados por la policía estatal a miembros del Ejército. Está al menos probada, en la indagación que sobre el caso realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presencia militar en el lugar y la hora en que fueron capturados los presuntos guerrilleros.Puede argüirse, sin embargo, que la intervención castrense en esa desaparición forzada no está plenamente probada. Sí lo está, en cambio, otro caso más reciente en que efectivos militares la practicaron en contra de tres muchachos de veintitantos años de edad cada uno, que fueron capturados sin orden judicial y sin motivo aparente en Nuevo Laredo, el 17 de marzo pasado. Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente salieron del domicilio del primero para llevar al segundo al suyo propio. Miembros del Ejército, a la vista de muchas personas los detuvieron y no se volvió a saber de ellos. Así hubiera quedado la situación de no ser por la insistencia de las esposas de los detenidos, que no aceptaron la inicial negativa de la autoridad militar de aquella ciudad tamaulipeca sobre la detención. El 24 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en que avisaba de la apertura de una averiguación previa destinada a "determinar la participación de personal militar" en la captura de esas personas. El 8 de mayo la Sedena informó que con motivo de esa averiguación se había consignado ante un juez militar a cuatro oficiales y ocho soldados por la privación ilegal de la libertad de esos jóvenes. A partir de entonces la Secretaría de la Defensa nacional no ha vuelto a informar sobre el caso, no obstante que su naturaleza cambió radicalmente. El 7 de mayo, víspera de la emisión de su segundo boletín –y acaso a ello se debió la difusión de ese comunicado– fueron hallados en un paraje de Nuevo León los cuerpos de las tres personas detenidas por militares al margen de la ley. No se conoce –ese es uno de los defectos del fuero de guerra, su opacidad– el curso de la consignación por privación ilegal de la libertad, ni si la causa respectiva se engrosó con la denuncia por homicidio que corresponde. A pesar de que las víctimas sean civiles, los autores del delito están bajo la jurisdicción castrense. Como si hechos de esa magnitud, y los contenidos en el informe de Human Rights Watch sobre la "impunidad con uniforme" (tal cual se tituló su informe sobre justicia militar), no hubieran trascendido a la opinión pública mexicana e internacional, en San José el secretario Gómez Mont defendió el fuero de guerra, en función de que fueron militares quienes detuvieron a Radilla Pacheco y se busca que se les sancione penalmente. Primero, como dice el boletín de Gobernación, "destacó la institucionalidad de las fuerzas armadas", que implica "una delimitación clara de las funciones y facultades de las fuerzas armadas que, a su vez, han incorporado el respeto y la remoción de los derechos humanos a su actuación"Enseguida, "Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar". Como si sus oyentes en la Corte, y el público mexicano en lo general ignoraran el sistema jerárquico que rige el funcionamiento de los tribunales castrenses, sujetos sus titulares y miembros a los mandos superiores, el secretario dijo también, sin atenerse a la verdad, que "la jurisdicción militar garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración. Por ello, rechazó que los militares no puedan juzgar a los propios, porque eso es no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores institucionales".Terminó Gómez Mont con una falacia, cuyo desarrollo implicaría la reposición del fuero eclesiástico y la creación de otros semejantes. Dijo que "la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación. Explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil". El secretario volvió de San José pleno de esas convicciones, por lo que a la mañana siguiente irrumpió telefónicamente en una mesa radiofónica sobre justicia militar. Dijo al aire (según el boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representado en la mesa por Santiago Aguirre) que las denuncias contra excesos del Ejército están motivadas en una "insensatez" y un "prejuicio inaceptable": el considerar que al Ejército no le interesa impulsar los derechos humanos. Defendió una vez más el fuero de guerra porque (de acuerdo con la información de la agencia Apro) "incentiva, propicia y protege que los mandos preserven la disciplina de sus cuerpos en función del respeto a la población".Será de verse si Gómez Mont hace precisiones, como llamó a sus planteamientos en la mesa radiofónica de marras, a dichos de funcionarios estadunidenses de alto nivel –como los zares de la frontera y contra las drogas– y al reportaje de The Washington Post aparecido el mismo jueves 9, donde se afirma que el Ejército Mexicano se vale de desapariciones forzadas y tortura para combatir a las bandas de la delincuencia organizada. El secretario de la Defensa fue buscado por el diario washingtoniano para conocer su opinión al respecto pero éste no fue atendido.El denuedo de Gómez Mont en proteger el buen nombre del Ejército, aun pasando por alto hechos comprobados, va más allá del rutinario reconocimiento que, a manera de exorcismo, se hace a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Da la impresión de que se siente forzado a hablar en tal sentido, lo que eventualmente podría implicar sujeción del poder civil al militar.
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