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Timestamp: 2017-01-21 10:44:08+00:00

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El asunto es muy serio y podría correr peligro la baladí integridad del susodicho sujeto, alias Steagnus, pero al mismo tiempo, tras el desvirgamiento de su verdadera identidad esto podría suponer un hito en el periodismo de investigación mundial, dando a conocer las filtraciones o noticias más prohibidas por los illuminatis durante miles de años.
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Actualidad Mkultra : Nibiru AXTURIANO y El pacto Satánico de Chespirito
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LA ARAÑA REPRESENTA LA RED MUNDIAL ILLUMINATI DE BAPHOMET ANU
Y EL OCHO EL NÚMERO DE ANU E ISTHAR-ISIS
EL OCHO, CULTO A ANU
Chespirito viene de Shakespeare, un fake mason que nunca existió, y cuya palabra era un eneagrama en clave que significa “batir la lanza”. El 8 es el numero de Anu y de su segunda mujer vampira Isthar. Y murio a las 14:30 , que suman 8 atropellado en el último gran ritual de su vida. Se emitieron 290 episodios que suman 11. Si en la firma del muñeco mkultra De Pena Nieto vemos un 11, en la de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, vemos 3 claros 666 ocultos. Porque todo en su vida fue un ritual. De hecho, se vestía de rojo con tridente y cuernos, como un pequeño satírico satanás. Su entierro multitudinario restrasmitido desde Cancún a todo el mundo, parece demasiada pompa para un simple humorista. Como en el nuevo aeropuerto de México DF, un Baphote Araña podía verse desde lo alta, como última ofrenda al Amo Oscuro. Si te fijas la araña baphomet muestra un 8, una alegoría de infinito, como en el aeropuerto de México y como en el programa de El Chavo…Pero hay más…
VN:F [1.9.22_1171]Porfavor espereRating: 4.1/5 (89 votes cast) “Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 623/2013, seguido por Daniel Estulin contra Luis Carlos Campos”.
Publicado por drmatrix en general “Siguiendo el mandato contenido en el fallo de la Sentencia de fecha 3 de Abril de 2.014 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 623/2013, a continuación procedo a la publicación íntegra de la resolución judicial dictada al efecto”.
C/ Ferraz, 41 – 28008
Tfno.: 914933816/86/87
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0082744
Recurso de Apelación 428/2014
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 623/2013
APELANTE: D. LUIS CARLOS CAMPOS NIETO
PROCURADOR: D. EMILIO MARTÍNEZ BENÍTEZ
APELADO: D. DANIEL ESTULÍN
PROCURADOR: Dña. ROCÍO BLANCO MARTÍNEZ
SENTENCIA Nº 343
D. EPIFANIO LEGIDO LÓPEZ
D. MIGUEL A. LOMBARDÍA DEL POZO
Dña. CARMEN GARCÍA DE LEÁNIZ CAVALLÉ
En Madrid, a veintidós de octubre de dos mil catorce.
La Sección Decimonovena de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles, Procedimiento Ordinario 623/2013, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como apelante-demandado, D. LUIS CARLOS CAMPOS NIETO, representado por el Procurador D. EMILIO MARTÍNEZ BENÍTEZ y defendido por Letrado, y de otra, como apelado-demandante, además de impugnante, D. DANIEL ESTULÍN, representado por la Procuradora Dña. ROCÍO BLANCO MARTÍNEZ y defendido por Letrado, y con intervención en las presentes actuaciones del MINISTERIO FISCAL; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 3 de abril de 2014.
VISTO, siendo Magistrada Ponente Dña. CARMEN GARCÍA DE LEÁNIZ CAVALLÉ.
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 3 de abril de 2014, cuyo fallo es el tenor siguiente:
“Uno.- con estimación de la demanda interpuesta por don Daniel Estulin, representado por la procuradora doña Rocío Blanco Martínez, contra don Luis Carlos Campos Nieto, representado por el procurador don Emilio Martínez Benítez, con intervención del Ministerio Fiscal;
Dos.- declaro que don Luis Carlos Campos Nieto ha cometido intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Daniel Estulin, en la página web www.contraperiodismomatrix.com titularidad del demandado, y en el texto de éste allí insertado titulado “La expareja del judío Fotocopiadora Estulin le acusa de mentiroso, loco y mostrar comportamiento mkultra”;
Tres.- y condeno a don Luis Carlos Campos Nieto:
a) a estar y pasar por dicha declaración;
b) a la retirada de la publicación titulada “La expareja del Judío Fotocopiadora Estulin le acusa de mentiroso, loco y mostrar comportamiento mkultra” de la página web www.contraperiodismomatrix.com;
c) a publicar en la página web referida el fallo de la presente sentencia por un periodo de tiempo equivalente al que se ha prolongado la intromisión ilegítima, a determinar, en su caso, en ejecución de sentencia, y, para el supuesto de desaparición de dicha página web, condeno al demandado a la publicación de difusión nacional que se concrete en fase de ejecución de sentencia, una vez adverada la contingente desaparición de la mencionada página web;
d) y, en concepto de indemnización por el daño material y moral por la intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, le condeno asimismo al pago de DOS MIL EUROS (2.000,00), así como al pago, desde la fecha de la presente resolución, de los intereses de la mora procesal, del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
Cuatro.- llévese testimonio de la presente resolución, además de a los autos nº 623 de 2013, otro a su pieza separada de medida cautelar, para su constancia y efectos
Cinco.- por último, condeno al demandado al pago de las costas.”
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido, dándose traslado a la adversa que se opuso al mismo al tiempo que formuló impugnación de la resolución recurrida y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en turno de deliberación, votación y fallo, lo que se ha cumplido el día 20 de los corrientes.
PRIMERO.- Por la representación procesal de D. DANIEL ESTULIN se interpuso demanda de juicio ordinario contra D. LUIS CARLOS CAMPOS NIETO, interesando se dictara sentencia a cuya virtud se declarase que el demandado había cometido actos intromisión ilegitima en el derecho al honor del demandante en la página web www.contraperiodismomatrix.com, y como consecuencia de ello, se condenara al Sr. Campos a estar y a pasar por esa declaración, a retirar de la citada página la publicación titulada “La Expareja del Judío Fotocopiadora Estulin le acusa de mentiroso, loco y mostrar comportamiento mkultra”, se le condenara a publicar la sentencia en la página web referenciada y se le condenara a abonarle indemnización de daños y perjuicios, en cantidad de 60.000 €, o, subsidiariamente, en la cantidad que el Juzgado estimara adecuada.
Opuesto el demandado e interesada por el Ministerio Fiscal la estimación de la pretensión, con fecha 3 de abril de 2014, el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid dictó sentencia acogiendo la demanda en los términos que se transcriben en los antecedentes de esta resolución.
SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia, examinados los términos, palabras y frases redactadas, escritas y dadas a la publicidad en internet, – que se tiene expresamente por reproducidas-, de las que era autor el demandado, concluyó con que las mismas, aisladamente y en su conjunto, expresaban, no sólo critica acerba, reiterada y expresa al demandante, sino que además, lo eran de mofa, escarnio, afrenta y descrédito, rebasando ampliamente la mera discrepancia, encuentro de pareceres disconformes o polémica, siendo que ninguna de ellas tenían referencia con hecho, actuación o proceder relevante para la opinión pública, debidamente adverado, y sólo contienen juicios de valor.
La citada resolución, es recurrida en apelación por la representación procesal de la parte demandada e impugnada por la representación procesal del demandante, disconforme con la cuantía de la indemnización.
TERCERO.- El recurso de apelación interpuesto se articula en tres motivos en los que se denuncia la falta de congruencia y motivación de la sentencia y la errónea valoración de la prueba, desde una doble perspectiva.
En el primero de los mencionados, y con cita del art. 218 de la LEC, alega el apelante que la sentencia infringe el precepto indicado por cuanto omite, a su juicio, cuantas manifestaciones se vertieron en la contestación a la demanda, así como el resultado de la prueba, las cuales, argumenta, deberían de haber conducido a la desestimación de la demanda, en tanto en cuanto se habría apreciado “la importancia que puedan tener en los insultos denunciados, las extravagantes declaraciones del propio demandante”.
En el segundo motivo, y con la misma argumentación, sostiene que se ha producido una incorrecta valoración de la prueba a resultas de lo practicado en la vista oral y se deduce de la prueba documental y audiovisual unida la escrito de contestación a la demanda. Según se alega: siendo el recurrente periodista, sus opiniones deberían incardinarse en el concepto constitucional de la libertad de expresión; tal y como entiende se acredita en las transcripciones que se realizan en la contestación, sólo aglutinan opiniones de terceras personas; la personalidad histriónica y extravagante, “casi surrealista”, del demandante, demostraría que determinados calificativos que se le dirigen sólo pueden ser sancionable si van referidos a personas “normales y corrientes”, pero no si van dirigidos a la persona del actor, responsable de opiniones desproporcionadas, insultantes y absurdas, tal y como pudo apreciarse en el acto del juicio y en su blog. Lo anterior, justificaría, según el recurrente, tildar al actor de “fantasma, charlatán, vendemotos o payaso”.
El tercer motivo se destina a denunciar el error en la valoración de la prueba al no apreciar la veracidad del calificativo de “fotocopiadora” que se le dirige en la publicación objeto de la litis por cuanto, se alega, tal realidad no sólo quedó acreditada mediante la prueba documental (documento nº 8, 9 y 10 de la demanda), sino por la propia aceptación del demandante en el acto del juicio.
El recurso de apelación, en toda su extensión, está destinado al fracaso.
CUARTO.- El juicio de suficiencia de motivación no exige al juez una exhaustiva descripción del proceso mental que le ha llevado a resolver en un determinado sentido sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión (Sentencias del Tribunal Constitucional 6/83, 146/90, 122/91 etc.). La suficiencia de motivación habrá de verificarse en cada caso en concreto dentro del contexto global del mismo, atendiendo al conjunto de actuaciones y decisiones que precediéndola, han conformado el debate procesal, es decir, valorando todas las circunstancias concurrentes que singularicen el caso en concreto, tanto las que están presentes o implícitamente en la propia resolución, como las que no estándolo, constan en el proceso (Sentencia del Tribunal Constitucional 14/91 y 122/91).
Como dice la STS de 4 de marzo de 2014, “En la interpretación del artículo 24 de la Constitución Española- en el que, al fin, se basa el artículo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil – la sentencia del Tribunal Constitucional 56/2013, de 11 de marzo, recuerda que la motivación de las resoluciones judiciales constituye una exigencia derivada de dicho precepto -además del contenido en el artículo 120, apartado 3, del mismo texto-, en la medida en que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, para posibilitar el control de su corrección mediante el sistema de recursos. Para calificar una sentencia desde el punto de vista de la motivación ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el derecho de los litigantes a ella no les faculta a exigir que sea exhaustiva, en sentido absoluto, ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa -sentencias 165/1.999, de 27 de septiembre, 196/2003, de 27 de octubre, 262/2006, de 11 de noviembre, y 50/2007, de 12 de marzo-, aunque sí que contenga las argumentaciones decisivas que permitan conocer la que constituye ” ratio” de la decisión, para, en su caso, impugnarla – sentencias 56/1.987, de 5 de junio , y 218/2.006, de 3 de julio – .
Desde lo que antecede, la infracción que se denuncia en el primer motivo, debe ser claramente desestimada. El que la ahora recurrente discrepe de los razonamientos del Juzgador “a quo”, no conlleva el vicio que se alega. En la sentencia no sólo se contienen las circunstancias profesionales del demandado, si no que, además, expresamente se rechaza la pretendida justificación por la prevalencia de un derecho a la libertad de información por cuanto, como se dirá, la expresiones y manifestaciones que se contienen en el artículo redactado por el apelante constituye, también a juicio de la Sala, una clara vulneración del derecho al honor del actor.
QUINTO.- El derecho al honor, constitucionalmente reconocido en el art. 18.1 CE, es un derecho fundamental, directamente ligado con el derecho a la dignidad personal del art. 10 CE, cuyo objeto de protección es el honor como concepto jurídico normativo. El artículo 7.7 LPDH define el derecho al honor en un sentido negativo, desde el punto de vista de considerar que hay intromisión por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona. Según reiterada jurisprudencia (SSTS de 16 de febrero de 2010, 1 de junio de 2010, STS 7 y 8 de enero, y STS 23 julio, todas del año 2014, por citar de las más recientes), “…es preciso que el honor se estime en un doble aspecto, tanto en un aspecto interno de íntima convicción -inmanencia- como en un aspecto externo de valoración social – trascendencia-, y sin caer en la tendencia doctrinal que proclama la minusvaloración actual de tal derecho de la personalidad”. Como también ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional (SSTC 180/1999, de 11 de octubre, FJ 4,52/2002, de 25 de febrero, FJ 5 y 51/2008, de 14 de abril , FJ 3), “Su precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, y presenta, una doble dimensión, objetiva y subjetiva, si bien el ámbito de protección constitucional y jurisdiccional se extiende verdaderamente, no a la autoestima, consideración propia o idea que uno tiene de sí mismo (inmanencia), sino a la reputación, heteroestima o consideración que de uno tienen los demás (trascendencia o valoración social), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito”.
La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información (STC 104/1986, de 17 de julio) y 139/2007, de 4 de junio), porque en tanto ésta se refiere a la narración de hechos, la de expresión alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.
La limitación del derecho al honor por las libertades de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (SSTS de 12 de noviembre de 2008, 19 de septiembre de 2008, 5 de febrero de 2009, 19 de febrero de 2009 y 22 de noviembre de 2010, además de las ya citadas).
Las técnicas de ponderación también han sido ampliamente expuestas doctrinal y jurisprudencialmente, y si bien se ha considerado prevalente la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático, alcanzando máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción (SSTC 105/1990, 29/2009, de 26 de enero), no es menos abundante la jurisprudencia que ha establecido que si bien la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquél contra quien se dirige, la protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con ella (SSTC 204/1997, de 25 de noviembre; 134/1999, de 15 de julio; 6/2000, de 17 de enero; 11/2000, de 17 de enero; 110/2000, de 5 de mayo; 297/2000, de 11 de diciembre; 49/2001, de 26 de febrero; 198/2004, de 15 de noviembre y 39/2005, de 28 de febrero).
En relación con el reportaje neutral, y por agotar doctrinalmente, aún someramente, las alegaciones que se vierten en el recurso, es también abundante la jurisprudencia (STS de 21 de julio de 2014 y 10 de julio de 2014, entre otras muchas) que ha establecido que el reportaje neutral exige que las declaraciones recogidas sean por sí noticia y se pongan en boca de personas determinadas responsables de ellas y que el medio informativo sea mero transmisor de tales declaraciones sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas o provocarlas, a fin de evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simple rumores o insidias, “la transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado… la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE, excluye las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad, sean ofensivas o ultrajantes y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate (STC 9/2007, FJ 4, STC 77/2009, FJ 4, entre otras)”.
SEXTO.- La aplicación de los criterios que anteceden al caso examinado, conduce a la conclusión de que, frente a la intromisión en el derecho al honor, atendidas las circunstancias del caso, no puede prevalecer la libertad de expresión del recurrente por más que sea periodista o, desde luego, por muy histriónico o extravagante que le pueda parecer el demandante, siendo que, en consecuencia, debe ratificarse la apreciación de la vulneración del derecho al honor.
La Sala ha visionado la grabación del acto del juicio y examinado la documentación obrante en las actuaciones. Sin perjuicio del contenido del blog del actor al que se refiere el recurrente, – que al parecer no mantiene actividad (así se manifestó en el acto del juicio y ciertamente se comprueba por la fecha de las transcripciones) y que, en cualquier caso, no vierte manifestaciones dirigidas a quienes ahora son parte-, y sin perjuicio, igualmente, de que las tesis que el demandante recoge en sus libros, con cita entrecomilladas de otros autores (también se manifestó en el juicio por el actor y ninguna prueba en contra se ha practicado), puedan resultarle al apelante altamente extravagantes o merecedoras de poco crédito, ello no puede justificar las expresiones que se contienen en la página web y en el concreto articulo frente al que se acciona, y que, por cierto, son mantenidas e igualmente justificadas en el recurso, sin referencia concreta o cita a otros ajenos autores que sustentara su alusión al reportaje neutral. Incluso haciendo un juicio de ponderación escasamente rigorista, y como advierte el Juzgador “a quo”, las frases, palabras, términos e incluso insultos que se utilizan, rebasan ampliamente la mera discrepancia, la disconformidad o la polémica, siendo, por el contrario, frases y expresiones ultrajantes y ofensivas, resultan lesivas al honor de quien es objeto de la crítica, y no pueden estar amparadas por la libertad de expresión.
En definitiva, la sentencia recurrida valora adecuadamente la intensidad de las frases y palabras emitidas, procediendo, por lo que antecede, su confirmación.
SÉPTIMO.- La impugnación que formaliza la representación procesal del demandante en la primera instancia se destina, como se anunció, a combatir la cuantía de la indemnización, denunciando la infracción de los arts. 9.2 C y 9.3 de la LO 1/1982.
Se sustenta la impugnación en el error en la valoración de la prueba, por cuanto, en primer lugar, a partir del documento nº 3 de la demanda, resultaría que junto con el texto atentatorio, constan una serie de reclamos publicitarios integrados en la propia publicación relativos a cursos y consultas de homeopatía y venta de libros, entre otros; y, en segundo lugar, el propio demandado admitió en el acto del juicio que a pesar de haber sido retirada la página una vez adoptada la medida cautelar, el texto ha sido reproducido en otras web sobre las que ningún control podía realizar. Se fundamenta igualmente la impugnación en el hecho de que la lesión al honor se ha producido en una publicación escrita, fruto de la voluntad personal y consciente de vejar, insultar y denigrar al impugnante, todo ello con una gravedad relevante, y utilizando el medio (internet) más poderoso y masivo de nuestro tiempo (el propio demandado admitió una media de 5.000 visitas/día).
El artículo 9.3 de la Ley 1/1982, – (la cita del art. 9.2 c) debe entenderse un error toda vez que tal apartado c) no se contiene en el precepto y, en todo caso, ha sido respetado con “la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, así como el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la sentencia y la condena a indemnizar los perjuicios causados)-, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece que la indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.
Pues bien, no obstante ser ciertas las alegaciones que se vierten por el impugnante, las mismas no dejan de ser genéricas en tanto en cuanto, no se aportan elementos objetivos que acrediten los ingresos o beneficios que la publicidad insertada ha podido producir al demandado, siendo que tampoco puede imputarse al demandado la difusión que las nuevas tecnologías otorgan y que exceden del control del condenado. Consecuentemente, debe mantenerse que se ha atendido a los parámetros legalmente establecidos al valorar la gravedad de las intromisiones en relación con el beneficio obtenido y la difusión probada del texto controvertido.
OCTAVO.- Conforme a lo que dispone el art. 398.1 en relación con el art. 394.1, ambos de la LEC, las costas de esta alzada deben ser expresa y respectivamente impuestas al recurrente y a la impugnante.
VISTOS los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Martínez Benítez en representación de D. LUIS CARLOS CAMPOS NIETO y la impugnación formalizada por la Procuradora Sra. Blanco Martínez, en representación de D. DANIEL ESTULÍN, ambas frente a la sentencia de fecha 3 de abril de 2014 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Madrid, debemos confirmar y confirmamos la referida resolución con expresa imposición de costas al recurrente y a la impugnante.
La desestimación del recurso y de la impugnación determina la pérdida del depósito constituido, en su caso, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de Santander Oficina Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid , con el número de cuenta 2837-0000-00-0428-14, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.
A los efectos previstos en los artículos 471 y 481-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se hace saber a la parte que, de necesitarla, podrá solicitar de este Tribunal la certificación de la sentencia que previenen tales preceptos. De no verificarlo así se entregará al recurrente, en su caso con el emplazamiento para ante el Tribunal Supremo.
Asimismo se deberá aportar debidamente diligenciado el modelo 696 relativo a la tasa judicial correspondiente a los recursos de que se trate, en los casos en que proceda.
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References: resolución 
 artículo 576
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 resolución 
 artículo 24
 artículo 218
 artículo 120
 artículo 7
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 9
 resolución