Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831128.html
Timestamp: 2019-11-12 08:46:45+00:00

Document:
as201831128
Auto Supremo Nº 128
Demandante : Margarita Cari Mamani
VISTOS: El Recurso de casación de fs. 300 a 303 del expediente, interpuesto por el SENASIR a través de Juan Edwin Mercado Claros en su calidad de Director General Ejecutivo y Representante Legal, contra el Auto de Vista 41/17 de 9 de marzo, cursante de fs. 295 a 296, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso Social de Reclamación de Compensación de Cotizaciones, seguido por Margarita Cari Mamani contra la institución recurrente, el memorial de fs. 306 a 310 que contesta traslado, el Auto que concede el recurso de fs. 306 vta., el Auto Supremo de admisión 203-A de 31 de mayo de 2017, antecedentes del proceso; y:
Iniciado el trámite de Compensación de Cotizaciones (CC) Procedimiento Manual por Margarita Cari Mamani, previa certificación de aportes, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR por Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Procedimiento Manual FORM-SIP-CC-M-001 Nº 7943, Resolución 1113 de 9 de febrero de 2012 (fs. 84 de obrados), otorga a la asegurada una CC Mensual, reconociendo las cotizaciones realizadas a la empresa Ingenieros Electrónicos Especializados Ltda., de los periodos enero/1976 a diciembre/1992, de julio/1995 a septiembre/1995 y de mayo/1996 a abril/1997, totalizando 18 años y 3 meses de aportes.
El recurso de reclamación contra la Resolución 1113, que le otorgó una CC Mensual, fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 787/14 de 30 de septiembre, revocando la resolución reclamada, disponiendo: la suspensión del beneficio mensual de la CC, la determinación de lo indebidamente cobrado por el Área de Revisión de Rentas y la recuperación de lo cobrado indebidamente por la asegurada mediante la Unidad Jurídica.
En apelación interpuesta por la asegurada, la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 41/17 de 9 de marzo, cursante de fs. 295 a 296, anula la resolución de la Comisión de Reclamación, disponiendo que el SENASIR emita nueva resolución valorando las pruebas arrimadas al expediente, sin costas.
Contra el Auto de Vista, la entidad gestora formula recurso de casación, cuyo escrito cursa de fs. 300 a 303, con los argumentos siguientes:
Señala que el SENASIR basa sus actuados dentro de parámetros técnicos, legales y administrativos enmarcados en el principio de especialidad y verdad material que rige el sistema de seguridad social; garantizando el derecho a la jubilación universal, solidaria y equitativa, previo manejo de la verdad material o documentada y realizando un trabajo auditado, técnico, jurídico, económico y social, en pos de encontrar la verdad material consagrada en el art. 180 de la CPE.
El Tribunal de alzada no considera que el imperativo establecido en el parágrafo II del art. 67 Constitucional, debe ser previa observancia y acatamiento de cada una de las normas que integran la seguridad social; determinando que no se puede aplicar criterios garantistas de derechos, en franco quebrantamiento de la ley particular; tomando en cuenta además el principio constitucional de defensa del patrimonio del Estado, que obliga a todos los bolivianos a precautelar y resguardar el patrimonio del Estado.
El Auto de Vista en total desconocimiento de la Resolución Ministerial (RM) 550 de 28 de septiembre de 2005, cláusulas primera y segunda, que tiene por objeto definir procedimientos alternativos para la Certificación de Aportes para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, aplicando la modalidad de documentos acreditables, únicamente cuando de forma previa, hubiera procedido a la certificación de aportes cumpliendo los procedimientos establecidos en las normas que rigen el Sistema de Reparto, tales como la verificación de planillas; pretende sin señalar ninguna normativa específica o general y sin realizar una valoración integral de todos los antecedentes, que el SENASIR califique los aportes en la Empresa Fábrica de Muebles Flores del periodo julio/1974 a diciembre/1975, en atención a las planillas de personal eventual que cursan de fs. 230 a 247 de obrados, sin considerar que en las planillas que cursan en archivos del área de certificación del ente gestor, la asegurada no figura en las mismas.
De igual forma, el Tribunal Ad quem sin señalar normativa pretende la certificación de aportes de la Empresa Ingenieros Electrónicos Especializados (IEE) Ltda. de enero/1976 a abril/1997, sin considerar que la empresa IEE, certifica aportes de la asegurada desde mayo/1990 hasta abril/1997; y los documentos emitidos por el Fondo de Pensiones Fabril, evidencian el pago de aportes devengados por la empresa IEE del periodo enero/1976 a marzo/1987, mas no demuestra que el mismo sea a nombre de la asegurada.
Argumenta que el Tribunal de apelación al desconocer el real alcance del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), realiza una incorrecta interpretación del artículo, aclarando que la potestad de revisión de rentas sea de oficio o denuncia, forma parte de la responsabilidad administrativa del SENASIR, procedimiento interno que acarrea responsabilidad al ente gestor, aclarando que la recuperación de los cobros indebidos, se encuentra fundamentado por el art. 4 inc. c) del DS 26189 de 18 de mayo de 2001 y porque el pago de rentas y prestaciones son pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
Sostiene que, los informe de fs. 188-189 y 203 de obrados y memorial de denuncia al Ministerio Público de fs. 190-191 del expediente, respaldan la suspensión de la CC Mensual. Que, el art. 9 del DS 27991 de 28 de enero de 2005, faculta al ente gestor la revisión de oficio o por denuncia justificada de las calificaciones y pagos globales concedidos; al evidenciar errores está obligado a recuperar las prestaciones otorgadas, aplicando el art. 2 inc. b) de la Resolución Administrativa (RA) 044 de 18 de julio de 2001, RA dictada por el ente gestor con la competencia reconocida en el DS 27066 de 6 de junio de 2003, de creación de SENASIR. En este sentido la RM 384 de 11 de junio de 2004, en su art. 3 dispone que la recuperación de los montos de las prestaciones otorgadas por errores de cálculo se realizará con el descuento del 20%; disposición concordante con lo dispuesto en el art. 963 del Código Civil; por tratarse de recursos del Estado y en aras de precautelar sus intereses económicos, art. 8 del DS 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, y arts. 42.b) y 43 de la Ley 1178.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista 41/17 de 9 de marzo, y confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.
La Compensación de Cotizaciones, definida por la Ley de Pensiones 065 de 10 de diciembre de 2010, como el reconocimiento que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia a través del SENASIR, a los asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, financiado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN); viene a ser una prestación del Sistema Residual de Reparto, aportes que necesariamente incidirán en el monto de jubilación, cuando el trabajador decida jubilarse; motivo que obliga a éste Tribunal Supremo de Justicia aplicar las normas que resguardan el derecho fundamental a la jubilación.
El Principio de Verdad Material reconocido en el art. 180 de la CPE y desarrollado por la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, podemos señalar que, constituye en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, siendo aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación. Si bien las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social, evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente.
En el proceso de Compensación de Cotizaciones Procedimiento Manual tramitado ante el SENASIR, se observa documentos consistente en certificados de aportes otorgados por el Fondo de Pensiones Fabril y por el Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril (ex entes gestores de la seguridad social de largo plazo), certificados con detalle salarial y descuentos de ley extendido por los empleadores, documentación de un trámite de fiscalización por aportes devengados a la seguridad social de largo plazo del sistema de reparto contra la empresa IEE Ltda., planillas de sueldos de personal a contrato, depósitos bancarios; documentos que sin lugar a dudas pueden ser corroborados por el SENASIR, considerando que la documentación de los entes gestores que en su oportunidad administraron la seguridad social de largo plazo, fueron entregadas al SENASIR, por ser esta institución quien se encarga de su administración desde el 6 de junio de 2003, fecha de creación por DS 27066; y principalmente porque acreditan los aportes de la seguridad social de largo plazo; debiendo el ente gestor aplicar directamente el principio constitucional de verdad material, precautelando el derecho a la jubilación que asiste a la asegurada, al no ser ciertas las vulneraciones alegadas por el ente gestor, se evidencia que el Tribunal Ad quem al anular la resolución del SENASIR y disponer la emisión de una nueva resolución, valoró correctamente las pruebas arrimadas al expediente, actuando conforme a derecho y precautelando el derecho fundamental y humano que asiste a la asegurada de acceder a una jubilación eficaz y equitativa que sea resultado de los aportes realizados durante su vida activa.
El art. 410 de la CPE establece la jerarquía normativa, poniendo en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad, normas supremas que consideran a la jubilación como un derecho humano, por cuanto precautelando ese derecho fundamental, que se encuentra por encima de las normas procedimentales, argumentadas por el ente gestor como violadas, erróneamente interpretadas e indebidamente aplicadas; corresponde reconocer los aportes realizados por la asegurada al sistema de reparto, en la Fábrica de Muebles Flores en el periodo julio/1974 a diciembre/1975 y de la empresa IEE Ltda. de enero/1976 a abril/1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 300 a 303, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR” mediante su representante legal.
Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 d e julio de 1992.

References: Resolución 
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