Source: http://juanbolivardiaz.com/tag/corte-interamericana-de-los-derechos-humanos/
Timestamp: 2018-06-22 13:06:47+00:00

Document:
Corte Interamericana de los Derechos Humanos | juanbolivardiaz.com
Tag Archives: Corte Interamericana de los Derechos Humanos
Fuera la Corte de Derechos Humanos
noviembre 2, 2014 septiembre 13, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
Informes confidenciales aseguran que el pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando evadir la vinculación con la última sentencia de esta que condenó deportaciones masivas y proclamó la ilegitimidad de la política de desnacionalización puesta en marcha desde el 2007 por la Junta Central Electoral y ratificada por la sentencia 168/13 que en septiembre del 2013 dejó apátridas a decenas de miles de hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.
Se trata de una chapucería jurídica, inspirada en el soberanismo nacionalista que ha rebasado el límite de pequeños grupos y se acunó en el Partido de la Liberación Dominicana, cuyo primer gobierno, del doctor Leonel Fernández, fue que vinculó el país a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Congreso Nacional en 1977.
La mayoría de los jueces del Constitucional acogieron un recurso elevado hace ocho años por un grupo nacionalista, con tres votos disidentes. A las magistradas Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla, que ya se habían opuesto a la sentencia 168-13, se unió ahora el doctor Hermógenes Acosta.
El 31 de agosto pasado habíamos denunciado el propósito que alentaba una mayoría del TC, contenidos por opiniones que provenían hasta del Gobierno y la Procuraduría General. También se dijo que esos jueces declararían inconstitucional la suspensión del leonino contrato para instalar equipos de rayos equis en los puertos, promovido por abogados nacionalistas, por lo que organismos de seguridad del Estado, como las Fueras Armadas y la dirección de Control del Drogas, así como la Cámara Americana de Comercio y otras entidades empresariales. ratificaron sus objeciones.
El desconocimiento de la jurisdicción de la CIDH es ridículo 15 años después del protocolo de adscripción que ha pasado por el reconocimiento de tres gobiernos, donde el Estado ha tenido que defenderse en unos cinco procesos judiciales acumulando cuatro condenas. Incluso el Gobierno propuso como jueza de esa corte a la doctora Radhys Abreu de Polanco, quien fue electa y ejerció en el período 2006-12.
La ratificación de la competencia de la CIDH fue acorde con el artículo 62.1 de la Convención que la creó, la cual especifica que ello no requiere convención especial. Fue objeto de ratificación adicional cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del TC 137-11, cuyo décimo tercer considerando indica que “dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Ahí están sentencias del propio TC, como las 0084-13 y la 136-13 que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”. Y el 28 de noviembre del 2012, el doctor Milton Ray Guevara, presidente del TC firmó un “Acuerdo Marco de Cooperación” con la Corte Interamericana al visitar su sede en Costa Rica.
Según el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la denuncia de la misma o de sus organismos, elimina una sentencia ya emitida. Y si la objeción es la falta de una expresa ratificación congresual, se subsanaría con su envío al Congreso Nacional. Pero en la actual algarabía que aduce una soberanía que ya no existe en materia de tratados internacionales, especialmente de derechos humanos, se duda que el presidente Medina asuma esa responsabilidad, aunque cargará el costo.
El país está de espaldas al derecho internacional, marchitando aún más su imagen y exponiéndose a otras sanciones y a perder ayudas, condicionadas en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Guillermo Cifuentes recordó esta semana una cláusula que esta última incluye en sus tratados de cooperación: “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo”.
Se olvidó el principio de que las sentencias de los tribunales son de cumplimiento obligatorio, que tanto se aducía frente a la iniquidad de la 168/13, que tenía como última instancia la CIDH. Esta es el techo, como parte del bloque de constitucionalidad dominicano al amparo del artículo 74.3 de la Constitución de la República.
Posted in: 2014, Artículos, Económico-social, Institucionalidad	| Tagged: Ana Isabel Bonilla, CIDH, Convención Americana de los Derechos Humanos, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, De espaldas a los derechos humanos, Fuera de la CIDH, Katia Miguelina Jiménez, Miltón Ray Guevara, sentencia, Sentencia 168-13, Tribunal constitucional
Sería absurdo desconocer la Corte de Derechos Humanos
agosto 31, 2014 septiembre 15, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
El Tribunal Constitucional (TC) sometería al Gobierno a una grave crisis de relaciones internacionales de repercusiones impredecibles si acoge la petición de un grupo para que declare inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que data de 1999.
Entre juristas y sectores gubernamentales se teme la ocurrencia, considerada absurda por cuanto chocaría con la propia ley orgánica y sentencias del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia y obligaría a llevar la adscripción al Congreso Nacional a no ser que se quiera denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
Una persistente versión. La versión circula desde hace varias semanas entre juristas y relacionados del Gobierno que se niegan a aceptar que tal chapucería jurídica pueda ser posible, pero fue denunciada el pasado día 25 por el exembajador ante la Organización de Estados Americanos Roberto Álvarez en un artículo publicado en el periódico digital Acento, quien expresaba su esperanza de que el informe sea infundado.
Álvarez, doctorado en derecho y relaciones internacionales de dos prestigiosas universidades norteamericanas, y quien fuera abogado adscrito a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, abordó en un extenso artículo las consecuencias del desconocimiento de la CIDH después de 15 años aceptando su jurisdicción. Sostiene que constituiría un grave aprieto para el Gobierno ya que tal decisión podría ser declarada como “un hecho ilícito internacional”.
El TC se aprestaría a acoger la petición de un grupo encabezado por Juan Manuel Rosario, Pelegrín Castillo (actual ministro de Minería), Pedro Casals Victoria, Miguel Castillo Pantaleón, Mario Bonetti y Leyla Roldán, quienes sostienen que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana es inconstitucional por no haber sido expresamente aprobado por el Congreso Nacional.
El recurso fue iniciado en el 2005 ante la Suprema Corte de Justicia, la que lo traspasó al Constitucional cuando fue constituido en el 2011. La instancia fue revivida bajo la algarabía nacionalista tras la sentencia 168-13 que desconoció la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, por temor a que este asunto llegue a la CIDH que ya ha establecido jurisprudencia en el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que en el 2005 dispuso su registro como dominicanas.
Rectificación del Procurador. Al caer el 2013, ya había preocupación en el Gobierno por lo que el Procurador General Francisco Domínguez Brito revocó la opinión consultiva que había emitido en el 2006 el Procurador Adjunto Angel Castillo Tejada respaldando la inconstitucionalidad. Mediante el Auto 0085 Domínguez Brito instruye al Procurador Adjunto Ricardo José Tavera Cepeda para que remita al TC una opinión “acorde con lo establecido por el artículo 62.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
La extensa nueva opinión del Ministerio Público, del 11 de diciembre del 2013, que ha trascendido en los últimos días, fundamenta el rechazo de la petición de inconstitucionalidad en base a la Constitución del 2010, la Convención sobre Tratados de La habana de 1932, la Convención de Viena de 1962 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, así como en el instrumento de ratificación de la misma por el Estado dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 1977, entre otros.
En resumen, la constitucionalidad de la adscripción a la CIDH es justificada en la ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Corte como órgano jurisdiccional para interpretar y aplicar la Convención, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano de promoción de los derechos humanos que analiza las denuncias de violación a los mismos. El 25 de marzo de 1999 el Gobierno del presidente Leonel Fernández “reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos”, acogiéndose al procedimiento establecido en el artículo 62.1 de la misma.
Agrega que al aceptar la jurisdicción de la Corte se ejerce el derecho y la obligación contraídos al suscribir la Convención, y que el Estado dominicano ha dado aquiescencia en múltiples oportunidades a la competencia de la CIDH. Cita las sentencias 0084 -13 y 136-13 del Tribunal Constitucional que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”, al igual que la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, y el artículo 74.3 de la Constitución que otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado.
Sin precedente e ineficaz. No hay precedentes de una desafiliación a la CIDH bajo el pretexto de que no fue aprobada por el parlamento. 15 de los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte se acogieron a la suscripción de la Convención, la que dejó sentado que ello no requiere “convención especial”, aunque otros 6 si buscaron la ratificación parlamentaria.
Tres países han renunciado a la jurisdicción de la corte: Trinidad-Tobago porque no pudo adaptarse a la Convención al mantener la pena de muerte, el Perú del dictador Alberto Fujimori, protestando una condena, pero el gobierno que lo sucedió, revocó esa decisión, y Venezuela, que es el único de los suscritores que se mantiene fuera tras denunciar a la Corte y la Comisión como instrumentos de Estados Unidos.
La descalificación por el TCD sería ridícula después que la RD ha aceptado cinco juicios en la CIDH, entre ellos los de las niñas Yean y Bosico y el de la desaparición de Narciso González. Incluso la dominicana Radhys Abréu de Polanco fue electa jueza de la Corte para el período 2006-12 a propuesta del gobierno dominicano en la Asamblea General de la OEA en la cancillería de Santo Domingo en el 2006.
Por otra parte, si los que quieren desconocer la CIDH buscan desligarla de un posible enjuiciamiento a la sentencia 168-13, por los casos de desnacionalizaciones que tramita la Comisión de Derechos Humanos, resulta ineficaz, ya que el artículo 78.2 de la Convención especifica que los órganos del sistema mantienen la jurisdicción sobre violaciones de derechos ocurridas antes de una desafiliación.
Consecuencias impredecibles. La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos es imprescindible para desconocer los órganos que instituye y por lo que la motivaría redimensionaría el escándalo originado por la sentencia 168-13, dejando al país como un paria de derechos humanos en el continente. Lo expone a problemas en los tratados comerciales con Estados Unidos y al de los países Asia, Caribe y Pacífico con la Unión Europea. No ayudaría a una nación con tan alta dependencia de factores externos como el turismo, las remesas, la inversión extranjera y la cooperación y el comercio internacional.
A lo interior colocaría al Gobierno en una situación más embarazosa que la derivada de la sentencia 168-13, que le distrajo la atención durante el último año. Consciente de las impredecibles consecuencias, el presidente Danilo Medina tendría que evadir denunciar la Convención de Derechos Humanos casi después de cuatro décadas de suscrita y ratificada.
En tal escenario el mandatario tendría que optar por la humillación de enviar el protocolo al Congreso Nacional para que lo ratifique. El único resultado sería tiempo perdido y mayor descrédito internacional. Todo parece tan absurdo que hay razones para dudar que se materialice la temida sentencia. Y como las versiones han llegado a altas figuras gubernamentales y ruedan por embajadas y organismos internacionales, se supone que se habrán hecho las advertencias correspondientes.
Posted in: 2014, Análisis, Económico-social, Institucionalidad	| Tagged: CIDH, Constitución, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Crisis de las relaciones internacionales, Danilo Medina, Derechos Humanos, Francisco Domínguez Brito, Juan Manuel Rosario, Leyla Roldán, Mario Bonetti, Miguel Castillo Pantaleón, OEA, Organización de Estados Americanos, Pedro Casals Victoria, Pelegrín Castillo, Procurador General de la República, Roberto Alvarez, Social, Tribunal constitucional
El proyecto de ley busca revocar el genocidio civil
mayo 18, 2014 septiembre 17, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por el Presidente Danilo Medina convalida la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros residentes irregulares nacidos en el país con actas de nacimiento, y establece una vía para la simple naturalización a otros que nunca obtuvieron el registro civil.
Se trata de un artificio que evade la inequidad de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) sin enfrentarla, abriendo un atajo con un filigrana jurídico que atiende el clamor nacional e internacional de justicia y respeto a derechos humanos fundamentales, y al mismo tiempo que trata de conciliar las posiciones enfrentadas.
Convalidación y naturalización. Tal como habíamos advertido el 30 de marzo, (HOY: “Danilo Medina se debate entre Naturalización y Convalidación”) el primer mandatario optó por “una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional”. Se precisaba que “el Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización, aludiendo a un anteproyecto del Ministerio de la Presidencia y al plan originario de Naturalización rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre, enarbolado por los defensores a rajatabla de la sentencia.
La propuesta de ley introducida a través de la Cámara de Diputados procura “establecer a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril del 2007 (el que abarca la sentencia del TC) inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para estos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.
Para los primeros, los desnacionalizados por el Tribunal Constitucional, dispone que la Junta Central Electoral (JCE) proceda a “regularizar y/o transcribir” sus actas en los libros del Registro Civil y “los acreditará como nacionales dominicanos”. Los que ya tenían cédulas de identidad y electoral serán dotados del mismo documento con su numeración anterior, y los que no la hayan tenido se les otorgará. El Estado les reconoce retroactivamente todos los actos de la vida civil que realizaron. En resumen, a los desnacionalizados se les convalidan plenamente sus derechos, con lo que se revierte el genocidio civil iniciado por la Junta Central Electoral en el 2007.
Los argumentos de Danilo. Tanto la carta con la que el presidente Medina remitió su proyecto al Congreso como las consideraciones del mismo, contienen planteamientos básicos sobre la dignidad humana, la justicia y la convivencia, llamados a desinflar el clima de odios y exclusiones que se ha promovido en el país en los últimos siete meses.
Indica que es el fruto del consenso logrado con sus consultas “inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.
Sostiene que regularizar sus documentos “es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.
Añade que se trata de permitir que personas que vivieron toda su vida con una identidad jurídica “se les reconozca definitivamente como válida y buena y puedan continuar su vida normalmente”.
En sus primeros considerando, la propuesta se refiere a los planteamientos de la sentencia, reconociendo su carácter vinculante para los poderes públicos, pero no excluye que los órganos políticos fruto de la voluntad popular “den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional”.
Luego señala que los órganos de representación popular tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas sociales en base al interés nacional y guiados por los valores “que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.
Reconoce insostenibilidad. El proyecto de ley evade herir susceptibilidades, por lo que no se refiere a la posición insostenible del apartheid creado por la sentencia ni al clamor nacional en su contra que crecía cada semana, ni al daño que ha producido a la imagen del país, pero todo eso influyó para que el presidente Medina mantuviera su reacción inicial de buscar una solución humana y justa al conflicto, y contó con la firmeza del equipo técnico y político del Ministerio de la Presidencia, sometido a ataques virulentos.
En el ámbito nacional crecía también la convicción de que había que reparar esa iniquidad y eliminar un elemento que consumió la atención nacional y muchas energías durante un tercio de los 21 meses que lleva esta gestión gubernamental.
El proyecto fue publicado el mismo día que la acreditada encuesta Penn and Schoen-SIN revelaba que el 72 por ciento aprobaba la ciudadanía de los descendientes de haitianos que habían sido registrados. En enero la Gallup-HOY registró 58 por ciento.
La acogida casi general que ha recibido el proyecto y su aprobación a unanimidad y de urgencia en la Cámara de Diputados, adelanta su rápida conversión en ley, ya que es fruto, tal como se había considerado imprescindible, de la voluntad política de los dos mayores líderes del partido gobernante, que tiene 31 de los 32 escaños y el otro, el reformista Amable Aristy adelantó su conformidad. Hasta muchos de los que defendían la exclusión han aceptado la solución “salomónica y pragmática”.
Reparos de derechos humanos. Se puede prever que la ley será acogida con alivio en el ámbito internacional, por los gobiernos y organismos multilaterales y aún en las instituciones que velan por los derechos humanos, porque dejará sin efecto el despojo de la ciudadanía a decenas de miles de personas, que en esos ámbitos se considera la violación más grave de derechos humanos en la historia del sistema interamericano.
Habrá un reparo fundamental a la decisión de convertir en extranjeros y obligar a una “naturalización ordinaria” a los descendientes de inmigrantes irregulares que nunca han sido declarados en el Registro Civil, como ya lo hizo la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes (ACNUR), que consideró el proyecto como “un primer paso para restaurar la nacionalidad de decenas de miles de personas”.
Pero planteando que “también debería remediar de manera efectiva la situación de la mayoría de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal cuyo nacimiento no ha sido declarado”.
En el país el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas valoró el proyecto como un esfuerzo del Gobierno por encontrar una salida humanitaria y justa al drama de la desnacionalización y lo acepta como una transacción de consenso, pero ratifica su convicción de que todos los nacidos en el territorio nacional antes de la Constitución del 2010 tienen derecho a la nacionalidad, incluyendo los no declarados.
Citan la sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “nuestra última instancia en materia de derechos humanos, en el caso de las niñas Yean y Bosico.
Por igual, Participación Ciudadana consideró positiva la propuesta de ley y abogó por un mecanismo “sencillo, accesible y razonable” para la naturalización de los indocumentados nacidos en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se irá por el mismo camino de la aprobación con reparos, dados sus planteamientos históricos al respecto, y fue quien llevó el caso Yean y Bosico a la Corte. Pero por el momento los expedientes que tiene en trámites son todos de los desnacionalizados y la ley los dejaría sin objeto.
Sin duda conjuraría la avalancha de denuncias contra el país.
Los de la naturalización
Empeñado en conjurar el escándalo internacional y hacer justicia a los que habían sido aceptados como dominicanos, el Gobierno mantuvo la esencia del anteproyecto elaborado por el Ministerio de la Presidencia, del que dimos cuenta el 16 de marzo (HOY: “Toca al PLD revocar el genocidio civil”). Pero hizo concesiones a las posiciones nacionalistas en cuanto a los que nunca fueron registrados como dominicanos. Se planteaba una vía rápida para darle acceso a la naturalización sin que tuvieran que registrarse como extranjeros.
El proyecto enviado al Congreso les da un plazo de 90 días para inscribirse en el libro de extranjería y luego y otro de sesenta (60) días para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Solo después de dos años podrán optar por la “naturalización ordinaria” Todo ello sujeto a un reglamento por definirse.
Fuentes bien informadas indican que el presidente Medina tuvo que hacer concesiones en el proyecto original que fue denunciado por la Fuerza Nacional Progresista, cuyo líder, Vincho Castillo, habría planteado la ruptura de su alianza con el partido gobernante, con lo que consiguió el apoyo del expresidente Leonel Fernández, quien a su vez negoció y logró el endurecimiento de las condiciones para la naturalización de los no registrados, que son de los más pobres del país, y cuyo número podría superar el de los descendientes de extranjeros que tienen registro de nacimiento.
Quedan excluidas de la validación las actas de nacimiento que configuren el delito de falsedad de escritura cuando el hecho “le sea imputable directamente al beneficiario”, lo que tendría que someterse a un tribunal. Los de la naturalización deberán demostrar haber nacido en el país y tener arraigo social en el mismo.
Posted in: 2014, Análisis, Económico-social	| Tagged: ACNUR, Cámara de Diputados, CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Danilo Medina, desnacionalizados, Dominicanos de ascendencia haitiana, Encuesta Gallup-Hoy, Gallup, Haití, Haitianos, ilegales, indocumentados, Inmigrantes, JCE, Junta Central Electoral, OEA, ONU, Organización de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, Participación Ciudadana, Plan de Regulariación, Víctimas
Hay que ayudar al Presidente
febrero 16, 2014 septiembre 16, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
Más allá del discurso ultranacionalista que pretende reivindicar una soberanía limitada por múltiples tratados internacionales, en muchos ámbitos del Gobierno y de su partido, como de diversos sectores sociales, existe la convicción de que la República Dominicana tiene que encontrar un camino que le permita revertir el creciente aislamiento internacional en que la ha colocado la desnacionalización masiva de descendientes de extranjeros nacidos en el país, dictada por el Tribunal Constitucional.
Es asombroso que gente de influencia reconozcan el daño que sufre la imagen del país en el mundo globalizado y en privado se muestren partidarios de una solución al escandaloso conflicto, pero no se atrevan a formularla en público. Ahora que la encuesta Gallup ha ratificado que la mayoría de la población (58.5 por ciento), considera que las víctimas de la Junta Central Electoral y de la sentencia 168-13 son efectivamente ciudadanos dominicanos, contradiciendo lo que se daba por cierto, debería motivar a muchos a salir del silencio y la indiferencia.
Son muchos los que entienden que el presidente Danilo Medina es el más consciente de la necesidad de conjurar el escándalo, primero al escuchar a representantes de los afectados y tras recibir personalmente las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas en el país y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de sus funcionarios esperan una fórmula salvadora y algunos hasta alientan las propuestas.
Ya es tiempo de que dirigentes del partido gobernante y los líderes de opinión vean con serenidad la situación y reconozcan que el costo de mantener esa exclusión será causa de incesantes denuncias internacionales y, por la jurisprudencia establecida, de una sentencia revocatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, integrado por más de 400 personalidades de todos los sectores sociales, y que desde su constitución se ha propuesto un discurso inclusivo y un debate racional y respetuoso, entregó esta semana un ante proyecto de ley que buscaría saldar la situación.
La propuesta, de la que prometieron hacerse cargo varios de la veintena de diputados a quienes se les presentó, había sido enviada previamente al presidente de la nación, después de una extensa conversación en la que se le sugirió, junto a la alternativa de la “opinión consultiva” prevista en el estatuto que ampara la CIDH que podría ser el camino más institucional, puesto que la misma es parte del sistema constitucional dominicano que la reconoce como última instancia en derechos humanos.
Una de las consideraciones plantea “que se torna imperioso encontrar una solución nacional, jurídicamente consistente y humanamente respetuosa de la dignidad y los derechos de las personas, a la situación que se ha suscitado en el país con la nacionalidad de decenas de miles de personas, que a la vez sustraiga el caso de los ámbitos de las negociaciones bilaterales y de las jurisdicciones internacionales reconocidas por la Constitución de la República”.
El anteproyecto se justifica en una veintena de consideraciones, partiendo como fundamental del numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de la República que proclama como dominicanos a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Otros han hablado de una ley de amnistía, o de propuestas que desconozcan solo las actas de nacimiento fraudulentas por la acción del mismo beneficiario. Cada día parece haber más convicción de que la simple ley de naturalización que desconozca los derechos adquiridos, como se ha propuesto, deja viva la violación de derechos humanos que rechaza la comunidad internacional y sus consecuencias.
Cualquier fórmula que resuelva el conflicto, que se traduzca en reconocimiento de los derechos ciudadanos, incluyendo el anteproyecto de ley propuesto, debe ser objeto de atención y razonable ponderación. Hay que ayudar al presidente Medina a despejar el panorama.
Posted in: 2014, Artículos, Económico-social	| Tagged: Ayuda al Presidente, CIDH, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Danilo Medina, Derechos Humanos, desnacionalizados, Dominicanos de ascendencia haitiana, ilegales, indocumentados, JCE, Junta Central Electoral, Migración haitiana, Nacionalistas, Plan de regularización, Sentencia 168-13, Tribunal constitucional, Ultranacionalistas, Víctimas
Exaltación del nacionalismo lleva al aislamiento de RD
febrero 2, 2014 septiembre 16, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
El acontecimiento político de enero fue el discurso del presidente Danilo Medina en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) con el que se inscribió en la exaltación del nacionalismo y la soberanía nacional como justificación del despojo de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas.
Al mismo tiempo el discurso afianzó el camino al aislamiento internacional del país, especialmente del vecindario caribeño, y lo expone a cuestionamientos y hasta condenas de organismos mundiales, especialmente de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Exaltación nacionalista. El enfático tono y las medias verdades con que el presidente Medina respondió en la CELAC los cuestionamientos a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a decenas de millares de dominicanos descendientes de extranjeros, satisfizo el nacionalismo de amplios segmentos nacionales y probablemente le ganó algunos puntos de popularidad al mandatario.
Pero el escenario escogido pareció equivocado ya que sus planteamientos, aunque satisfacen a los más exaltados nacionalistas dominicanos, no están llamados a obtener el mínimo apoyo internacional que le ha faltado en el debate, pero sí a afianzar el aislamiento con la comunidad del Caribe, que ya le dio un portazo a la petición de ingreso a Caricom, cuyos jefes de Estados constituían la mitad del auditorio, incluyendo a Venezuela y Cuba que diplomáticamente han expresado solidaridad con Haití.
El licenciado Medina abandonó su discurso original que pedía excusa a los afectados por la sentencia desnacionalizadora, cuestionaba su retroactividad y privilegiaba una solución humanitaria y se adscribió a los planteamientos del hecho cumplido que exalta un soberanismo hace tiempo limitado por múltiples tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. Adoptó el discurso de que “no es cierto que en República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a alguien. Yo no le puedo quitar lo que no tenían algunas personas”, con lo que concuerda una apreciable proporción de los dominicanos, no así la mayoría de los expertos constitucionalistas y juristas que se han pronunciado al respecto.
La posición oficial se fundamenta en una ley de naturalización que ofrecería diversas opciones a los dominicanos declarados extranjeros sin corregir la violación del derecho fundamental a la nacionalidad, instituido en pactos internacionales y en la Constitución de la nación.
Pedradas al más chiquito. No hay dudas de que el presidente tenía que responder “discursos como los que se han pronunciado aquí”, como comenzó diciendo, lo que implica que no fue sólo al primer ministro de San Vicente-Granadinas, Ralph Gonzalves. Se refirieron también al conflicto, directamente la presidenta de Caricom y primera ministra de Trinidad, e indirectamente el mismo presidente de Cuba y anfitrión, Raúl Castro, cuando volvió a pedir el entendimiento entre Haití y República Dominicana, afectado por la sentencia excluyente, lo que también ha movilizado a Venezuela. Los jefes de Estado de estas dos naciones han expresado recientemente su solidaridad con Haití.
En términos dominicanos, Medina “mandó a freir tuzas” a Gonzalves, “cogiendo piedras para el chiquito”, individualizando los cuestionamientos de todo el Caricom, con un chivo expiatorio del rechazo que ha tenido el genocidio civil dominicano en múltiples organismos internacionales, del gobierno de Estados Unidos, de personalidades y de la prensa mundial. Todavía no ha aparecido un apoyo exterior. San Vicente-Granadina es un país de 103 mil habitantes, casi la centésima parte de los dominicanos y 389 kilómetros cuadrados, que caben 123 veces en el territorio nacional.
El problema es que estos cuestionamientos se hicieron en una cumbre regional, transmitidos por televisión y en presencia del mandatario dominicano, lo que le obligaba a responder. Pero lo que allí se dijo no dista nada de lo expresado por el secretario general de la OEA, por diversas agencias de las Naciones Unidas o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita al país en diciembre, cuyo informe planteó que “la sentencia conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad” y que “tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes, priva de la nacionalidad retroactivamente y genera apatridia”…
Debilidades del discurso
El discurso presidencial tuvo acierto en resaltar la solidaridad dominicana con Haití tras el terremoto del 2010, la convivencia entre los nacionales de ambos países y en rechazar el calificativo de racistas, así como al señalar el proceso de diálogo bilateral, la positiva disposición al respecto del presidente haitiano, y el plan de regulación de la inmigración, defendido como derecho del país, lo que debió satisfacer al auditorio, no así el enfático tono con que respondía los cuestionamientos allí expresados.
La improvisación condujo a errores, como afirmar que el país nunca ha sido sentado en el banquillo por violación de derechos humanos, cuando acumula dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sobre el mismo tema de la nacionalidad de dominico-haitianos y tiene allí otro caso sobre el cual hubo audiencia en octubre en México, unos 48 casos sobre los que la Comisión Interamericana ha celebrado dos audiencias en Washington, y múltiples en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que precisamente sesiona el miércoles 5 de febrero en Ginebra para conocerlos. En la agenda ya tiene cuestionamientos al genocidio civil.
El presidente cuantificó en un millón los haitianos que trabajan en el país, cuando su propio gobierno entregó el año pasado una encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas que los estimó en 458 mil. Serían 668 si se convierten en haitianos los 209 mil descendientes nacidos en el país. Le sacaliñó que reciben servicios de salud y educación, (muy limitados y con exclusiones los domínico haitianos) como si fuera un regalo, cuando admitía que son el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas y de la construcción. Sin ellos esos dos sectores fundamentales de la producción entrarían en crisis, pero el mandatario no reconoció que los inmigrantes haitianos aportan el 5.4 por ciento del valor agregado de la economía nacional, 115 mil 920 millones de pesos, de acuerdo a un estudio reciente de la Unión Europea y el Fondo de Población de la ONU.
Aislamiento internacional. Si algo demostró la cumbre de la CELAC es las serias dificultades internacionales del Gobierno, que deplora el propio presidente Medina, a quien muchos ven como víctima de un temerario desaguisado alentado por ultranacionalistas e intereses políticos que no son los suyos, cuya posición inicial en el conflicto no fue respaldada por su propio partido y apenas por sus más cercanos funcionarios.
Esta semana el país volverá al banquillo de los acusados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, mientras se celebrará mañana la segunda ronda del nuevo diálogo con Haití, montado como tabla de amortiguamiento del escándalo de la sentencia, donde tienen pendiente el tema urticante, en tanto el jueves el presidente de Haití, Michel Martelly, será recibido en la Casa Blanca de Washington por el único presidente norteamericano de ascendencia africana. En marzo próximo viene la audiencia en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las casi 4 mil denuncias de violación de derechos humanos que recibió durante su visita al país.
En el escenario de Ginebra chocarán las visiones de los grupos sociales dominicanos que han enviado cuatro delegados y la misión oficial que encabezará el Ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul, que no será tan extensa como los 22 miembros que asistieron al anterior período de sesiones del Consejo de Derechos humanos en diciembre del 2009, cuando se comprometieron a responder decenas de recomendaciones. Varios países europeos ya han avanzado cuestionamientos que deberán ser respondidos sobre la sentencia 168-13.
La posición adoptada por el presidente Medina en la cumbre de Cuba remite el conflicto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, donde la jurisprudencia proyecta una condena revocatoria del genocidio civil, y entonces habrá que ver si los gritos nacionalistas y argumentos soberanistas serán suficientes para desafiar el dictamen, lo que agravaría la imagen y el aislamiento internacional de la nación, y si entonces bastarán los gritos del cardenal arzobispo de Santo Domingo que denuncia un acoso internacional.
Por de pronto el boche de Medina a Gonsalves, extensivo a todos los cuestionadores de la sentencia, afianza el aislamiento del país del bloque de 14 naciones de la propia región del Caribe, con capacidad para hacerse sentir no sólo en el hemisferio, sino también en la muy extensa comunidad de naciones africanas. Un grave retroceso en las relaciones internacionales de la nación dominicana.-
Posted in: 2014, Análisis, Económico-social	| Tagged: CELAC, CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Danilo Medina
El genocidio civil no podrá sostenerse
enero 5, 2014 septiembre 16, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
Los informes disponibles permiten afirmar que el gobierno del presidente Danilo Medina y el liderazgo de su partido, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, juegan al paso del tiempo con la esperanza de que baje la marea nacional e internacional que rechaza el genocidio civil decretado por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sin embargo lo ocurrido en el período navideño y las perspectivas internacionales lo que auguran es un mayor daño a la imagen del país, incluyendo la posibilidad de medidas cautelares a corto plazo y luego una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin tregua navideña. En los ámbitos gubernamentales hubo la esperanza de que el período navideño bajaría la marea de rechazo nacional e internacional de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que avala el genocidio civil que de forma administrativa venía ejecutando la Junta Central Electoral (JCE) desde el 2007. Se llegó a pedir que se pasara ya la página del conflicto para que la sociedad se aboque a otros problemas, pero no hubo tregua navideña y las perspectivas apuntan a un incremento del rechazo.
Ya en vísperas de Navidad el Gobierno se vio precisado a reanudar las conversaciones con Haití, bajo la presión de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom) y de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro, llegó a decir que “somos hermanos incondicionales del pueblo de Haití, y quien se mete con el pueblo de Haití, se metió con el pueblo venezolano”. El cerco caribeño parece haber incluido a Cuba, cuando el presidente Raúl Castro en discurso del primero de enero, quiso “reiterar al hermano pueblo haitiano y a su gobierno, que los cubanos jamás los abandonaremos y que siempre podrán contar con nuestra modesta colaboración”.
El gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda preocupación” por las implicaciones humanas de la sentencia, instando al dominicano a proseguir conversaciones internacionales y con la sociedad civil para abordar el problema con prontitud, mientras prometía continuar el diálogo que ya había iniciado.
El cardenal arzobispo de Boston, y miembro del Consejo de ocho asesores designados por el Papa Francisco para que le ayuden a gobernar la Iglesia y reformar la Curia Romana, se inscribió en la oleada navideña de rechazo a la sentencia y reclamó al Gobierno dominicano que preserve los derechos de los afectados. Mientras diarios como The New York Times y Boston Globe, publicaban nuevos reportajes sobre el conflicto.
Alarma creciente. En los ámbitos internacionales es creciente la alarma producida por el genocidio civil que ya afecta a miles de personas. Se da por hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abordará la situación en una reunión que tiene convocada para finales de enero en Ginebra. Lo mismo haría una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a sesionar en los mismos días en La Habana.
Cuatro días en Washington fueron suficientes para comprobar el alto nivel de rechazo que tiene la desnacionalización de los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país desde 1929. En los ambientes de la Organización de Estados Americanos se le considera la más grave violación de derechos humanos en la historia de la organización. Se atribuye a su secretario general José Miguel Insulza haber dicho que la solución del conflicto es prioridad número uno para el 2014.
Dirigentes de la sede en Washington del Consejo Nacional de Iglesias (Evangélicas), del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, de la Fundación Robert Kennedy, y de American University, así como pastores anglicanos vinculados a la defensa de derechos humanos, nos contactaron interesados en conocer más a fondo la situación. Algunos se muestran dispuestos a participar en acciones contra el país, incluso de repercusiones económicas, lo que se les advirtió que podría ser contraproducente y dañino hasta para el empleo.
Dominicanos que trabajan en organismos internacionales, incluyendo diplomáticos, testimonian el amplio rechazo que recibe la sentencia. Algunos se quejan incluso de haber sido considerados racistas simplemente por ser dominicanos, sin que hayan defendido la exclusión.
De la Comisión a la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país a principio de diciembre y rindió un informe preliminar de radical rechazo al genocidio civil, trabajará ahora en la elaboración de su informe final. Tiene previsto sesionar en marzo para recibir reacciones del gobierno dominicano y de cualquier interesado. Luego lo remitiría al Consejo Permanente de la OEA.
No se descarta que en el ínterin pueda solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para cautelar los derechos de miles de afectados. En su visita al país la Comisión recibió casi 4 mil denuncias, pero desde hace más de dos años es depositaria de instancias elevadas por unos 48 de los primeros afectados por la medida administrativa de la JCE.
De lo que no hay dudas es que si el Estado dominicano no revierte la apatridia en que la sentencia deja a decenas de miles de personas, como recomendó la Comisión Interamericana, la Corte será apoderada del caso y allí no habrá compasión con el despojo retroactivo de la nacionalidad, dada la jurisprudencia que estableció con su sentencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico, nacidas en el país.
Hay quienes cuentan con la lentitud de los trámites de la Comisión y la Corte, pero como este caso afecta a miles de personas podría ser acelerado, lo que ya solicitaron abogados del Centro de Asistencia Jurídica Internacional (Cejil), durante la sesión de la Corte en México en octubre pasado, cuando conoció el caso de un grupo de deportados hacia Haití pendiente de fallo, y ahora afectados por la sentencia 168-13.
El juego de Leonel y Danilo. Tanto el presidente Medina como su antecesor Fernández están plenamente informados del cerco internacional que confronta la nación, y ambos han coincidido en reconocer la improcedencia del despojo retroactivo de la nacionalidad así como de la necesidad de encontrar una salida institucional al conflicto. La Comisión Interamericana no sólo lo puso por escrito, sino que sus titulares hablaron con Medina y “con la mayor franqueza” le dijeron que esa sentencia no será aceptada en ningún organismo internacional, porque vulnera derechos fundamentales universales.
El Gobierno luce atrapado cuando el ministro de Interior y Policía y su consultor jurídico proclaman que el conflicto de la sentencia no está en la agenda de la reanudación del diálogo con Haití programada para el martes 7, y que sólo tratarán de migración, regularización de extranjeros, medio ambiente y comercio, mientras para el canciller de Haití el tema número uno es la desnacionalización de los descendientes de haitianos. Se quiere ignorar la razón por la que Venezuela “auspicia” el diálogo, que ahora tendrá de observadores a Caricom, Unión Europea y otras instituciones.
En contradicción aparece también el expresidente Fernández, a quien el digital Acento le reprodujo una charla en American University, donde llega a proclamar que Juliana Deguis, por quien se pronunció la histórica sentencia, es dominicana, como muchos otros que “culturalmente están integrados a la nación dominicana”. En un artículo, el lunes 30 en el Listín Diario, Fernández vuelve a plantear la necesidad de “una solución, que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional, satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Se ilusiona con que eso sea posible con el Plan de Regularización de Inmigrantes, aunque termina pidiendo “soluciones inteligentes, pragmáticas y viables que nos permitan, al mismo tiempo, proteger nuestra soberanía nacional y rescatar nuestro prestigio internacional”, lo que es un reconocimiento del cerco externo.
Reos de ultranacionalistas
Los líderes del PLD lucen como reos de una minoría ultranacionalista aliada, que en las campaña electorales hace los peores papeles, a la que complacieron con la sentencia y ahora no encuentran forma de convencer de que renuncien al espacio que le regalaron y que le ha permitido aparecer liderando el Gobierno, el partido y la mayor parte de su amplio aparato mediático. Todos se comprometieron sin medir las consecuencias internacionales y ahora quieren pretender que hay una soberanía absoluta, por encima de los tratados que reconoce hasta la Constitución Nacional. Los nacionalistas han formulado advertencias chantajistas al gobierno y a Fernández.
El escenario de solución debería ser el nacional, como ha planteado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, no la negociación con Haití. Tampoco debe esperarse mayores daños al país. El camino más institucional de solución, sin desconocer la sentencia, es que el Estado pida una opinión consultiva a la Corte, última instancia en la materia, (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), evitando que le impongan medidas cautelares o un dictamen revocatorio.
Una alternativa sería una ley que interprete artículos constitucionales como el 18.2 que reconoce la nacionalidad dominicana a todos los que la disfrutaban hasta el 2010; el 74.3 que otorga jurisdicción privilegiada a los pactos y convenciones sobre derechos humanos; el 74.4 que proclama el Principio de la favorabilidad en derechos humanos; y el 110 que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de las personas, pero la justifica cuando implique beneficios. Lo han planteado expertos constitucionalistas. Danilo Medina y Leonel Fernández tienen capacidad para hacerlo, pero se desconoce si sus distancias les han permitido hablar sobre esta grave crisis.-
Posted in: 2014, Análisis, Económico-social	| Tagged: Cardenal arzobispo de Boston, Caricom, CEJIL, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuba, Danilo Medina, Derechos Humanos, desnacionalizados, Dominicanos de ascendencia haitiana, Estados Unidos, Haití, Haitianos, ilegales, indocumentados, JCE, Junta Central Electoral, Leonel Fernández, Migración haitiana, Nicolás Maduro, OEA, ONU, Plan de regularización, PLD, PNRE, Raúl Castro, Roberto Rosario, Sentencia 168-13, Social, The Boston Globe, The New York Times, Tribunal constitucional, Víctimas
Incoherente política inmigratoria
marzo 25, 2007 noviembre 9, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes han vuelto a denunciar la política que mantiene el gobierno dominicano sobre la inmigración haitiana, caracterizada por la incoherencia y la irracionalidad. Denunciamos el desproporcionado ingreso de ciudadanos haitianos mientras persiste un tráfico de visas y el cobro de peaje en los puestos militares de control.
Se ha demostrado hasta la saciedad que la algarabía antihaitiana y la descalificación de los denunciantes no son suficientes para cambiar la negativa imagen que proyecta el país en el ámbito internacional. Tampoco basta la reinterpretación que hemos hecho de la Constitución para definir quiénes tienen derecho a la nacionalidad, hasta que se cambie el artículo que la garantiza a todo el que nace en el país. Y cuando eso ocurra ningún organismo internacional aceptará que tenga carecer retroactivo.
La sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pesará contundentemente en los ámbitos internacionales por más bulla que aquí pretendamos hacer para restarle legitimidad. Aunque esta semana el gobierno dió el primer paso a su cumplimiento al pagar la indemnización a que fuimos condenados.
Todavía son muchos los dominicanos, aún de buena fé, que no han entendido el fundamento de esa sentencia. Es que nos agarraron con una grave discriminación. Se les había negado la nacionalidad a dos niñas nacidas en Sabana Grande Boyá, hijas de dos mujeres oriundas también del mismo municipio, que aunque hijas de haitianos, habían sido dotadas de la ciudadanía décadas atrás cuando no predominaba la nueva interpretación del principio del jus soli. Y aún cuando las niñas tenían hermanos mayores reconocidos como dominicanos.
Tanto el Servicio Jesuita para Refugiados como Amnistía Internacional persisten en denunciar como discriminatoria y racista la política dominicana sobre los inmigrantes haitianos. Ambas son instituciones reconocidas y de prestigio. Amnistía abrió una campaña pidiendo reclamar al presidente Leonel Fernández el cumplimiento de las convenciones sobre derechos humanos y especialmente de migrantes.
Nadie discute racionalmente que el Estado dominicano tiene derecho a limitar la desproporcionada inmigración haitiana como la de cualquier otro origen. Lo que se pide es que se haga con pleno respeto de los derechos humanos.
Para comenzar a implementar una nueva política, que reduzca el flujo haitiano y saque el país de los informes internacionales sobre violación de derechos humanos, lo primero que tenemos que lograr es extirpar el tráfico de esos inmigrantes practicado y estimulado por empresarios que los explotan y por autoridades militares y consulares que obtienen del mismo pingües beneficios.
Basta recordar la reciente denuncia del obispo de Mao-Montecristi, monseñor Diómedes Espinal, sobre el peaje que cobran en los puestos militares de la región fronteriza para permitir el tráfico de inmigrantes haitianos, sobre lo cual no ha habido una explicación de las jerarquías, y los informes de las últimas semanas sobre tráfico de visas a ciudadanos de la vecina nación. Informes de organismos de seguridad, como la Dirección Nacional de Investigaciones, publicados recientemente por el diario electrónico Clave Digital, hablan hasta de consulados
clandestinos, de venta de visas de cortesía y del uso de ciudadanos haitianos como buscones para expedir visas en el consulado de Juana Méndez.
Uno de esos informes, publicado esta semana, sostiene que en 14 meses se expidieron 67 mil 696 visas en los consulados dominicanos en Haití. Es decir 4 mil 835 por mes, y 210 por día laborable. A un promedio de 100 dólares por cada visa, -las de un solo ingreso por 56 pesos y la múltiples por 175- se tiene un ingreso de 6 millones 769 mil dólares.
Según el informe, de esos 67 mil ingresados, 29 mil 445, el 43.5 por ciento, se habrían quedado ilegalmente en el país, casi 6 mil más que los deportados en el mismo período, con métodos rechazados por los defensores de los derechos humanos.
La expedición masiva de visas es un negocio viejo. Ya en el anterior gobierno del presidente Fernández, el embajador Silvio Herasme suspendió a dos cónsules por tráfico de visas, incluyendo a la esposa del actual incumbente del consulado en Juana Méndez, Rafael Cheché Luna, lo que muestra la persistencia hasta de los mismos actores en ese drama de incoherencia y contradicción.
Urge una nueva política migratoria. O siquiera un mínimo de coherencia y racionalidad.
Posted in: 2007, Artículos, Económico-social	| Tagged: CIDH, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Derechos Humanos, Haití, Haitianos, ilegales, indocumentados, Migración haitiana, Política Migratoria, Tráfico de visas, Víctimas
No, un gobierno tramposo no
octubre 1, 2006 noviembre 17, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
Aunque muchos no lo crean estoy absolutamente convencido de que es por olvido que el gobierno del presidente Leonel Fernández no ha cumplido la sentencia dictada hace casi un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso de las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bósico, dominicanas de ascendencia haitiana. El próximo sábado 7 de octubre se cumple el plazo de un año otorgado al país para cumplir la sentencia que requirió del Estado dominicano una reforma del sistema del registro de nacimiento, garantizar la educación a todos los niños y niñas residentes en el país, independientemente de su ascendencia u origen, realizar un acto público de desagravio a las niñas discriminadas, pagar una indemnización de 22 mil dólares y publicar la sentencia.
Para los que no recuerdan el caso, la condena se originó en un proceso llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y derivada por ésta a la Corte Interamericana, por habérsele negado la nacionalidad a las niñas Yean y Bósico, lo que les causó problemas para asistir a la escuela. En ambos casos eran niñas de ascendencia haitiana pero sus madres habían nacido en Yamasá, República Dominicana, habían vivido aquí siempre y en su tiempo no tuvieron problemas para que se les reconociera como dominicanas. Con más razón correspondía en el caso de sus hijas.
En el curso del proceso, que duró seis años, las autoridades dominicanas otorgaron el acta de nacimiento correspondiente a las dos niñas, pero tanto el Movimiento de Mujeres Domínico Haitiana como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, California, que impulsaron la instancia, decidieron mantenerla hasta el final, probablemente buscando establecer jurisprudencia.
La razón básica por la que creo que el incumplimiento de la sentencia se debe a un olvido, fruto de los múltiples problemas nacionales que han tenido que afrontar las actuales autoridades, es porque estoy convencido de que el régimen del doctor Leonel Fernández, un jurisconsulto con indiscutible vocación internacionalista, tiene deficiencias y hasta debilidades, pero no puede ser un gobierno tramposo.
Primero no podemos olvidar que fue el presidente Fernández, quien en su anterior gestión gubernamental, el 19 de febrero de 1999, aceptó de pleno derecho la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanas, lo que había quedado pendiente desde el 25 de diciembre de 1977 cuando el Estado dominicano suscribió la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Es decir, que no es posible que el jurista Fernández permita que se desafíe ahora la jurisdicción de una corte a la que él le reconoció calidad para dictaminar en materia contenciosa nacional.
Segundo, porque el 4 de junio pasado, durante una de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en esta capital, el canciller Carlos Morales Troncoso expresó la decisión del gobierno de cumplir la sentencia. Y lo hizo ante el secretario general José Miguel Insulza y los cancilleres de todos los países miembros del sistema interamericano, del cual la CIDH es instrumento fundamental.
Tercero, porque es casi seguro que esa promesa de acatamiento de la sentencia fue una condición previa para que la abogada dominicana Rhadys Abreu de Polanco fuera electa por esa misma asamblea como jueza titular de la CIDH.
Cuarto, porque salir ahora con un desacato no sólo dejaría mal empeñada la palabra y el crédito del gobierno, sino que pondría en penosa situación a la jueza Abreu de Polanco, quien por demás fue representante del Estado dominicano en el largo proceso del caso.
Y quinto, porque el desacato abriría una nueva campaña de denuncias internacionales contra el Estado dominicano, cosa que para nada necesita este gobierno empeñado en mejorar la situación del país en el concierto mundial, y que quedaría como tramposo al haberse comprometido a acatar la sentencia, y conseguido tener una jueza en la CIDH para luego desconocerla.
No, este gobierno tiene sus debilidades, pero tanto como tramposo no. Por eso seguro que esta semana dará los primeros pasos para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-
Posted in: 2006, Artículos, Económico-social	| Tagged: CIDH, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, desnacionalizados, Dilcia Oliven Yean, Dominicanos de ascedencia haitiana, Haití, Haitianos, ilegales, indocumentados, JCE, Junta Central Electoral, Roberto Rosario, Víctimas, Violeta Bósico

References: artículo 62
 artículo 74
 artículo 62
 artículo 62
 Resolución 
 artículo 74
 artículo 78
 artículo 18