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Timestamp: 2020-08-06 16:17:53+00:00

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Acceso a la información y seguridad para periodistas son algunos de los temas que se discutirán la semana del 15 al 19 de julio 2019 en Estados Unidos. Fundamedios y Voces del Sur participarán en distintos foros y conferencias que impulsarán la revisión de diversas aristas relacionadas a estos temas, en espacios creados para debatir y discutir los retos que enfrenta la prensa regional en estos aspectos.
El martes 16 de julio, profesionales internacionales participarán de la conferencia: ¿Cómo reportar las agresiones a la prensa? La experiencia Voces del Sur en Latino-américa y el Caribe, en Nueva York. César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, hablará sobre las prácticas de la organización, junto a él estarán: Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua) y Leslie Lafuente, de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. El objetivo también es reflexionar en torno a mejores prácticas, oportunidades, garantías para hacer periodismo y defender Derechos Humanos.
En el marco del Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible a llevarse a cabo en Nueva York, el 17 de julio 2019, se discutirá por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr los ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello. En este panel participarán organizaciones asociadas a Voces del Sur, como IPYS (Venezuela) con la representación de su directora ejecutiva, Nela Balbi y Artículo 19, representada por Sebastián Salamanca, manager del programa de Protección y Defensa de la organización. Además, intervendrán como panelistas Kerry Paterson, directora de Comunicación y Defensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Owais Aslam Ali, director ejecutivo de la Fundación de Prensa de Pakistán.
Además, en Washington D.C, el jueves 18 de julio, se realizará la conferencia sobre Monitoreo de la libertad de los medios en América Latina y cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS) está impulsando el compromiso de la sociedad civil. A lo largo del último año, la región ha sido testigo de cambios bruscos en el estado de la libertad de los medios de comunicación, desde una disminución abrupta en Nicaragua hasta destellos de mejora en Ecuador. Pero, ¿puede el monitoreo y la revisión ofrecer lecciones para mejorar y reformar? Un nuevo informe de una iniciativa regional destaca las posibilidades de la sociedad civil para aprovechar dichos procesos, desde socios a nivel nacional hasta el Examen de Alto Nivel de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Algunos de los líderes de esta iniciativa discutirán las oportunidades disponibles para que la sociedad civil aproveche estos procesos para mejorar el entorno general para la libertad de expresión en la región.
Estos eventos cuentan con el apoyo e impulso de la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Lituania, Misión Permanente de las Naciones Unidas en Francia, la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Grecia, el Group of Friends for the Protection of Journalists, UNESCO, Artículo 19, IFEX, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el Centro para la Asistencia Internacional de los Medios (CIMA), National Endowment for Democracy (NED), la Fundación de Desarrollo Panamericano (PADF), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), IPYS Venezuela, IPYS Perú y CAinfo (Uruguay).
Informe Sombra ODS 16.10.1
CIDH analiza medidas cautelares para Director de Fundamedios
El pasado 5 de julio, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, solicitó medidas cautelares y de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos de opinión y expresión, lo cual le ha valido una sentencia privativa de la libertad de 15 días. La condena incluye además una indemnización y la obligación de pedir disculpas públicas a un exfuncionario público.
El 08 de julio, respondió señalando que se encontraba en estudio de las medidas.
Ricaurte apeló a este recurso amparándose en los artículos 13, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, Derecho a las Garantías Judiciales, y Protección de la Honra y la Dignidad, respectivamente.
Puntualmente, Ricaurte solicita a la CIDH que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria por el daño irreparable que tendría en sus derechos a la vida, la integridad personal, dignidad, libertad personal, derechos políticos. Además, que le otorgue medidas de protección para evitar agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que pongan en riesgo su integridad física y la posibilidad de tener un proceso justo en el futuro.
Los hechos que motivan la sentencia ocurrieron el 6 de julio de 2018, cuando Ricaurte ingresó a un supermercado de Quito y se percató que en la caja se encontraba Jorge Jurado, exsecretario nacional de Agua y exembajador del gobierno de Rafael Correa en Alemania, muy conocido por estigmatizar y perseguir a grupos sociales que opinaban en contraposición al régimen de esa época.
“Mira ahí está un correísta blanqueado”, le advirtió a su esposa, quien lo acompañaba. Posteriormente, siguió su camino y Jurado lo pecheó luego de gritos e insultos. Tras un enfrentamiento verbal y físico, Ricaurte -en su defensa- empujó a Jurado, quien cayó al piso. Curiosamente, el Tribunal de segunda instancia de la Corte Provincial de Pichincha juzgó a Ricaurte no por la agresión física, que pasó a un segundo plano, sino por su expresión de “correísta blanqueado”.
Lo culpa de haber cometido una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra” será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Este artículo, también señala que “la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto”.
Según el Presidente de FUNDAMEDIOS, sus derechos de pensamiento, expresión, libertad personal, garantías judiciales, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, fueron mancillados con esta sentencia, violando las garantías al debido proceso. A su criterio, se trata de un caso de carácter político con el cual se intenta acallar las expresiones sociales de legítima crítica y reprobación social a un exfuncionario público.
“Con mi juzgamiento y sentencia se intenta enviar un mensaje a la sociedad de que no se admitirán las expresiones de repudio público a los personeros del anterior gobierno”, mencionó Ricaurte.
Sobre el debido proceso, asegura que no se atendió la petición de suspender el procedimiento y elevarlo a consulta a la Corte Constitucional dado que el procedimiento establecido en el COIP no garantiza la debida defensa, tal como lo establece el artículo 428 de la Constitución. También se presentaron pruebas sin la cadena de custodia y no se valoró su derecho a defenderse de una agresión de la que estaba siendo objeto.
El Director de la organización ha trabajado por más de una década defendiendo los derechos de opinión y expresión en Ecuador y soportando humillación, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de partidarios y simpatizantes del expresidente, Rafael Correa.
Incluso estas aseveraciones son documentadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Ilustre Comisión en un informe preliminar, tras una visita que realizó a Ecuador.
“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana”, menciona el documento.
FUNDAMEDIOS mira con preocupación el peligro que correría César Ricaurte en prisión a riesgo de sufrir agravios que afecten su integridad física. Cabe indicar que el sistema carcelario ecuatoriano, actualmente, vive una crisis de seguridad que no ha podido ser frenada por el Gobierno Nacional. Incluso, el pasado 17 de mayo se declaró el Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario, ante una serie de asesinatos, motines y peleas entre bandas delincuenciales al interior de las cárceles.
Más de 100 organizaciones de la red mundial IFEX rechazan amenazas en contra de Director de Fundamedios
IFEX, la red global conformada por más de 100 organizaciones avocadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información, insta a Ecuador a garantizar la seguridad de César Ricaurte, director de FUNDAMEDIOS, tras sufrir una sucesión de amenazas y descalificaciones luego de conocerse la sentencia a 15 días de prisión en su contra por increpar al exembajador Jorge Jurado en un lugar público.
A través de un comunicado, la organización internacional reconoce la labor de César Ricaurte como defensor de la libertad de expresión, así como de la organización que lidera por más de una década, la cual “ha apoyado a medios de comunicación y periodistas”. FUNDAMEDIOS ha sido miembro de IFEX desde 2011 y su rol ha sido fundamental para denunciar las agresiones contra la libertad de expresión, especialmente, en la década pasada.
“Estamos alarmados por las amenazas de las que ha sido víctima luego de emitida la sentencia el 27 de junio por el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha y vemos con preocupación la posibilidad de que se emita una orden de captura en contra de César Ricaurte”, señala el documento.
A nombre de todos los miembros de la red global, la directora ejecutiva de IFEX, Annie Game, exige a las autoridades ecuatorianas que investiguen las amenazas que ha recibido Ricaurte luego de conocerse el fallo y le proporcionen las medidas de seguridad para resguardar su integridad física.
Los socios de FUNDAMEDIOS al país
Según el Tribunal, Ricaurte cometió una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que en su acápite 4 señala que será sancionado con 15 a 30 días de prisión la persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.
Ricaurte encontró a Jurado la tarde de un sábado en el supermercado cuando ambos hacían compras. Admite que cuando lo vio comentó a su esposa en voz alta: «ahí está un correísta blanqueado». Según las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, que se han difundido en las redes sociales, Jurado se acercó a Ricaurte a reclamarle por lo dicho, y al llegar a tocar con su cuerpo el de Ricaurte, este reaccionó empujándolo, lo que provocó su caída al suelo.
Los argumentos de la defensa de César Ricaurte fueron desechados completamente por el Tribunal de Alzada. De acuerdo al Acta de la Audiencia, el tribunal consideró que no se había violado la cadena de custodia del video que circula en redes. La defensa de Ricaurte tiene razonables dudas de que el video no haya sido manipulado y alterado. El video fue usado como prueba por el presunto agraviado.
La defensa de Ricaurte dijo que había actuado en defensa propia y que se trató de un acto de intimidación, luego del cruce de palabras. En el video se ve cómo Jurado se acerca de modo amenazante e intimidatorio, por voluntad propia, pero el tribunal señaló que no había motivo “racional” para que Ricaurte haya empujado a Jurado.
Como socios de FUNDAMEDIOS lamentamos este incidente y las consecuencias legales que se han derivado del mismo. Consideramos que las resoluciones del Tribunal, al no tomar en cuenta los razonables argumentos de César Ricaurte, ha terminado dando la razón a quien también actuó de manera agresiva e intimidatoria.
Los socios de FUNDAMEDIOS rechazamos la sentencia que ordena prisión en contra de César Ricaurte y las medidas adicionales dictadas por este tribunal. César Ricaurte ha sido gran defensor de la libertad en la década pasada, víctima él mismo de la persecución del correísmo, y ha sido condenado a prisión por empujar en un supermercado a uno de los símbolos de la persecución que sufrió.
Su labor frente al equipo de FUNDAMEDIOS fue fundamental para que Ecuador resista a los atropellos del correísmo y recupere la senda del respeto a la libertad de expresión. Por ello, frente a este incidente, lamentamos la decisión del Tribunal y nos solidarizamos con César Ricaurte y su familia.
Mauricio Alarcón Juan Carlos Calderón Carlos Jijón Ana Karina López Monica Almeida Christian Zurita Simón Espinosa Diego Araujo Sandra Garcés Tania Tinoco
Yadira Aguagallo Verónica Manosalvas Stephan Kuffner Miguel Rivadeneira Jean Cano
Este 27 de junio de 2019 se ha dado un severo golpe a la posibilidad de ejercer plenamente la libertad de expresar críticas, desacuerdos contra funcionarios públicos, incluso si éstas son injustas o excesivas, tal como dictan los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.
En la fecha antes señalada, un Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha integrado por los jueces Patlova Guerra Guerra, Paulina Grijalva Chacón y Henry Cáliz Ramos, dictaron una resolución que constituye un atentado al derecho a la libertad de expresión, pues el Tribunal establece que decir en un lugar público, en voz alta: “mira a un correísta blanqueado” constituye una ofensa, una provocación de tal magnitud, que justifica represalias y agresiones, ante las cuales, un ciudadano, además, debe permanecer inactivo, con los brazos abajo y dejándose someter. Tal como sucedió durante el Régimen autoritario y violador de Derechos Humanos de Rafael Correa, cuando desde la misma caravana presidencial se ordenaba apresar a ciudadanos que se atrevían a hacer algún gesto que el Caudillo consideraba ofensivo.
Lamentablemente en el Ecuador de “las libertades y los derechos”, el mismo espíritu de control y castigo sigue vigente; especialmente en las cortes de justicia, donde en lugar de proteger a los ciudadanos o a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, se los condena por ejercer el justo derecho a la crítica.
En mi caso, debo dejar establecido con absoluta claridad los hechos: El día 6 de julio, ingresé al Supermaxi con mi esposa para hacer unas compras. Vi que en una caja estaba Jorge Jurado, uno de los más conspicuos funcionarios del Régimen de Correa, un sujeto que se daba el lujo de perseguir a exiliados ecuatorianos en la República Checa y que, en su calidad de Embajador de Correa en Alemania, acudía a foros dónde críticos al Régimen presentaban sus casos (Yasunidos, por ejemplo) para descalificarlos a viva voz.
Comenté a mi esposa, en voz alta: “mira ahí está un correísta blanqueado” y seguí mi camino. Acto seguido, Jorge Jurado se abalanzó encima mío y de mi esposa con todo el peso de su humanidad y nos increpó con gritos e insultos, que para mí, eran inentendibles.
De una vez por todas, debemos establecer que el agredido fui yo. Jurado se abalanzó encima mío y para ello sorteó unos cinco metros que nos separaban, con toda agilidad. De ninguna forma, la supuesta discapacidad que tiene le impidió moverse de esa manera. Cuando logré ver esto, regresé y lo enfrenté. Forcejeamos, me pecheó y yo simplemente puse las manos en frente para repeler la agresión y el funcionario se tumbó al suelo. Es claro que yo nunca tuve el ánimo de provocar su caída, solo quería separarlo de mí y de mi esposa. Obviamente, lamento que el voluminoso señor Jurado haya caído y se haya golpeado levemente, pero esto fue consecuencia de su propia actitud agresiva al haberse abalanzado encima mío.
Estos hechos, que serían una anécdota sin importancia, por obra y gracias de los jueces que han conocido el caso, se ha convertido en un terrible precedente y en un mensaje contra la libertad de expresión. Luego de sufrir este largo, penoso y surrealista proceso, me queda claro que la justicia correísta está plenamente vigente y que los jueces que me juzgan nunca me van a perdonar la “ofensa” de llamar a un funcionario reciclado “correísta blanqueado”, es decir un correísta en fase de hipocresía total solo para conservar un puesto y sus privilegios.
Que se trata de un castigo a la expresión y no a una supuesta agresión, inexistente de mi parte, se demuestra cuando en las sentencias, se busca obligarme a “pedir disculpas a través de un medio de circulación nacional”, medida que solo cabría si fuera un proceso en un juicio por un delito contra el honor. Con esta medida abusiva y absurda queda expuesto que estamos ante un caso de libertad de expresión, en toda regla.
Estoy convencido de que si hubiera dicho “ahí está un correísta corrupto” o “correísta ladrón”, este caso no habría prosperado. Sin embargo, al haber señalado con el dedo la hipocresía del sistema, se me condena de una forma absurda y delirante.
En todo caso, los jueces y la justicia correísta plenamente vigente y dispuesta a fallar contra la libertad de expresión de los ciudadanos, debe saber que estoy dispuesto a dar todas las batallas y acudir a todas las instancias legales para proteger el derecho a expresarse libremente, porque no me van a callar jamás, como nunca pudieron hacer durante los 10 años en que gobernó su Caudillo de forma autoritaria y violenta.
¿Qué papel juegan los periodistas en este momento histórico del país?
¿Cómo queda internamente el periodismo ecuatoriano después de 10 años de persecución y acoso? ¿Qué tan afectado o fortalecido? César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, planteó la pregunta. La interrogante fue el inicio del debate en torno a ética, transparencia y rendición de cuentas.
En el encuentro, desarrollado la noche de este 23 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar, participaron Tomás Ciuffardi (Ecuavisa), Christian Zurita (Mil Hojas), Janet Hinostroza (Teleamazonas) y Juan Carlos Calderón (Plan V). Todos coincidieron en que este es un momento importante para mirar el oficio hacia adentro, para cuestionarlo.
¿Qué papel jugamos como periodistas en este momento histórico del país? Replanteó el Presidente del Directorio de Fundamedios. Calderón reconoció que en Ecuador existen reporteros que hacen activismo político. He ahí la importancia de entender que el valor del oficio es permanente: ¨el periodista es un mediador entre los hechos y la gente¨, sentenció.
¨Nos correízamos de una manera brutal: nos hemos convertido en lo que tanto odiamos¨, rechazó la conductora de Los Desayunos de 24 Horas. Hinostroza considera que durante el gobierno de Rafael Correa hubo censura, presión, imposición de temas; pero preocupa que ahora ¨los periodistas son quienes hacen eso: censuran, presionan y definen qué cubrir o no¨. Y dio detalles de su cobertura a la gestión de la excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidente de la Asamblea General en la ONU; cobertura que desató controversia entre quienes hacen periodismo.
El reportero de Visión 360 enfatizó en que hay historias que deben ser contadas, pero la crítica legítima que se debe recibir de la audiencia se ha transformado en un ¨circo tóxico de Twitter. Estamos en un circo tuitero en que un periodista que muestra la cabeza de un funcionario es un héroe y quien no lo hace es un cobarde. ¿Por qué los periodistas nos convertimos en noticia?¨, cuestionó Ciuffardi.
¨Los periodistas y los medios no están haciendo su trabajo, existen condiciones de autocensura que hacia 2007 no existía¨, indicó el coautor del libro El Gran Hermano. Para Zurita, el proceso de recuperar una agenda propia tomará todavía un buen tiempo.
Ricaurte concluyó que la ética no puede ser usada como una herramienta para juzgar a nadie, es una brújula que ayuda a enfrentar los dilemas diarios que comprende el oficio periodístico. Anunció que este será el primero de algunos encuentros de reflexión.
Se firma convenio para capacitación, asistencia técnica y publicaciones relacionadas al ámbito de la comunicación
Este 08 de mayo, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y FUNDAMEDIOS firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la coordinación de actividades de capacitación, apoyo con asistencias técnicas y colaboración en publicaciones relacionadas al ámbito de la comunicación.
Galo Cevallos Mancheno y César Ricaurte oficializaron este documento que permitirá la generación conjunta de espacios de debate, reflexión y sensibilización sobre el ejercicio de los derechos de la comunicación e información. Conversatorios, seminarios y paneles son parte de las acciones que se desarrollarán en beneficio de la ciudadanía.
El Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS explicó que este trabajo conjunto se enmarca en dos principios: el respeto al derecho humano de la libertad de expresión y aportar desde la sociedad civil para la creación de políticas públicas. Por su parte, el Presidente del Consejo enfatizó en que se fortalecerá la institución a partir de una experiencia que es testimonio de la resistencia ante las amenazas al sistema democrático.
En este marco, basado en las competencias que le determina la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el Consejo se compromete a disponer de los recursos logísticos y técnicos que estén a su alcance para cumplir con este acuerdo. Por su parte, FUNDAMEDIOS pondrá a disposición su equipo de especialistas y facilitadores para el desarrollo pertinente de las actividades convenidas.
Esta clase de convenios buscan aunar esfuerzos, entre entidades públicas y la sociedad civil, para avanzar en la profesionalización de los trabajadores de la comunicación y, en general, en la formación ciudadana en temas de derechos. Con esto se espera contribuir a mantener un ambiente de diálogo y participación donde la libertad de expresión sea pilar de un país en democracia.

References: Artículo 19
 Artículo 19
 artículo 396
 artículo 428
 artículo 396
 resolución