Source: https://es.scribd.com/document/56843285/Caso-Martin-Rivas-Violacion-de-Derechos-Humanos
Timestamp: 2017-06-25 10:43:58+00:00

Document:
Caso Martin Rivas. Violacion de Derechos Humanos
Caso Martin Rivas. Violacion de Derechos HumanosCargado por Patrizio CorCoRelated InterestsConstitutional RightRes JudicataProcedural LawConstitutionHuman RightsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentEXP. N.° 679-2005-PA/TC LIMA SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS
inciso 13. el Tribunal aprecia que si bien se ha alegado la afectación de diversos derechos fundamentales –y algunos que no son derechos.
De otro lado. considera pertinente su aplicación. 4. la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la resolución apelada. el principio de seguridad jurídica y los derechos al debido proceso y a la amnistía (sic).1.
4. a propósito de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. en relación con las resoluciones judiciales dictadas al amparo de una ley de amnistía. el demandante ha alegado que las resoluciones judiciales cuestionadas lesionan el derecho a la cosa juzgada. a través de la cual se declaró improcedente in límine la demanda. nada obsta para que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo.. mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2004.. por cuanto la tutela jurisdiccional significa la obligación que tiene el 3
.) no sólo comprende la admisión de demandas o denuncias. 3. existiendo los recaudos necesarios para ello. Sobre la supuesta afectación del derecho a la cosa juzgada.) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales”– del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. por lo que este Tribunal es competente para resolver el fondo del asunto.
§3. Al respecto. resulta pertinente el pronunciamiento en tal sentido.. Que en efecto. y dada la trascendencia del caso por las cuestiones que él conlleva. En efecto. Por lo tanto. en su demanda. Análisis constitucional del caso concreto 3. a la vez que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados –quienes han participado a través del Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar. el "derecho a la amnistía" y del principio de seguridad jurídica 5. en aplicación del artículo II –“[s]on fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”– y del tercer párrafo del artículo III –“(. sino además la protección de la parte durante todo el proceso y el cumplimiento de resoluciones que han alcanzado el carácter de cosa juzgada.. particularmente en lo relativo a la comprensión y delimitación del artículo 139. como la amnistía–. 5. los agravios expuestos por el recurrente están relacionados esencialmente con la violación del derecho a la cosa juzgada.
3. Como se ha precisado en el primer fundamento de esta sentencia. de la Constitución.de su aplicación vulneración alguna de los derechos procesales del demandante. el recurrente sostuvo que éste último derecho
) concediendo el Derecho de Amnistía a las personas civiles. folios 34-35 del cuaderno principal.. folios 40 del cuaderno principal. 8.
9. A su juicio. 7. 26479 y 26492. considerando la legislación supranacional citada y las atribuciones del Congreso para dictar las leyes de Amnistía. En su opinión. pronunció sentencia el 09 de MAYO-1997. 6. pues además de sustentarse en el Derecho Internacional Humanitario. al amparo de su Ley Orgánica.º 26479 y N. Escrito de Demanda.º 157-V-93 (La Cantuta) dictada al amparo de las leyes de amnistía Nos.º 26492.
Sostiene que las referidas leyes de amnistía. 3[3] Escrito de Demanda. son conformes a lo previsto en el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El demandante sostiene que el órgano emplazado dejó sin efecto la resolución de archivo definitivo de la Causa N. Recuerda que en base a la Constitución y al Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. relativo a conflictos armados sin carácter internacional. ellos habrían sido lesionados como consecuencia de que no se observara la calidad de cosa juzgada que habrían adquirido las resoluciones que dispusieron la aplicación de las leyes de amnistía N.
A) Alegatos del demandante 7. ya que
Escrito de demanda. en mi caso el respeto de la Ejecutoria Suprema de Archivo Definitivo por Amnistía.
. la cual fue desestimada alegándose que dichas leyes habían sido declaradas incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos en la sentencia sobre el Caso Barrios Altos.
(. por lo que ésta produce todos los efectos legales por imperio de la misma Ley Orgánica del Tribunal Constitucional(... declarando Improcedente la Acción de Inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. solicitó su nulidad. 8..). dichas leyes de amnistía no son incompatibles con la Convención.
Lo mismo sucede en relación con el supuesto "derecho a la amnistía" o con el respeto del principio de seguridad jurídica. militares o policías comprendidos o simplemente relacionados en la aludida lucha interna o conflicto armado sin carácter internacional2[2].
Por otro lado..1[1] 6.Estado de proteger al ciudadano en todo lo que la ley como derecho le otorga. fue objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal. señala que una vez que se enteró de que se había declarado la nulidad de la resolución judicial dictada al amparo de las leyes de amnistía.) Pleno (. 9.... el Congreso dictó las referidas leyes. cuyo
(.)3[3]. folios 34 del cuaderno principal. al amparo de la cual se expidieron las resoluciones judiciales cuyo restablecimiento solicita.
). El Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia Militar alega que las leyes de amnistía Nos.(.. 4º inciso 6 de la Convención sí permite a los Estados conceder el derecho de amnistía.. (. 26479 y N. relativo a conflictos armados sin carácter internacional (.) argumento falaz [de]que el art. B) Alegatos del Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia Militar 12. el indulto y otros para los condenados a muerte que son los más graves violadores a los derechos humanos como por ejemplo los terroristas y traidores a la patria. entonces estos derechos están permitidos para todos los demás casos. 68 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala la obligatoriedad de cumplir con las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana.
. 10. C) Consideraciones del Tribunal Constitucional Derecho a la cosa juzgada
Escrito de Demanda.)4[4]. de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia de interpretación de fondo.. refiere que la Justicia Militar se inhibió de conocer el caso La Cantuta y dispuso que éste se enviara al fuero común. Concluye que en la medida en que las leyes de amnistía fueron
dictadas conforme al ordenamiento constitucional e internacional. el Tribunal militar emplazado recurrió al
(. Recuerda. las decisiones cuestionadas violan su derecho a la cosa juzgada así como el principio de seguridad jurídica. que para desestimar su solicitud de
nulidad. sino a que: `Los Estados Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte´.. además. 10... 12.. se cumple el apotegma jurídico: EL QUE PUEDE LO MÁS PUEDE LO MENOS).) si el Derecho de Amnistía está reconocido por el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra... 11. folios 38. resulta falaz el argumento de incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención (no olvidar que el Art. de 3 de setiembre de 2001. la misma que tiene efectos generales. En cumplimiento de ella. 11..º 26492 han sido declaradas incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana mediante la sentencia del 14 de marzo de 2001 (Caso Barrios Altos). cuando) el citado artículo e inciso no se refiere a interpretación alguna de la Convención. y como ya se ha dejado dicho el proceso Cantuta no fue para un caso sujeto a competencia contenciosa de la Corte para que ésta ejerza función jurisdiccional sino para que emita su simple OPINIÓN CONSULTIVA (.
14..) 13. y. Esa eficacia negativa de las resoluciones que pasan con la calidad de cosa juzgada.
17. en primer lugar.
Cosa juzgada constitucional y resoluciones judiciales dictadas al amparo de leyes de amnistía 16. 13. 14. incluso. 15. en la misma STC 4587-2004-AA/TC. de la Ley Fundamental reconoce el
derecho a la cosa juzgada. 17. En la STC 4587-2004-AA/TC este Tribunal destacó que su
(. a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios. sea por actos de otros poderes públicos. 15. la primera cuestión que debe abordarse es la indagación sobre la legitimidad constitucional de una ley de amnistía al amparo de la cual se haya dictado una resolución judicial. (FJ 38). configura lo que en nuestra jurisprudencia hemos denominado el derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo fundamento (ne bis in ídem) (FJ 46). Igualmente. no pueda ser dejado sin efecto ni modificado. a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición. es preciso que la ley de amnistía no sólo debe ser válida sino también constitucionalmente legítima. Según éste. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla. de la Constitución. el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. de terceros o. inciso 13. Es evidente que el derecho a la cosa juzgada también se configura a partir de resoluciones judiciales dictadas en aplicación de una ley de amnistía. el indulto. en segundo lugar..
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (.) garantiza el derecho de todo justiciable. este Tribunal
(. Por tanto. según el artículo 139...) uno de los efectos que se deriva de haberse alcanzado dicha autoridad de cosa juzgada es la prohibición de que por los mismos fundamentos se pueda volver a juzgar a la misma persona.. inciso 13. sin embargo. 16. donde se invocó el carácter de cosa juzgada de una resolución judicial dictada por un tribunal militar que no era
. a su vez. El artículo 139. Una ley puede ser válida pero no necesariamente legítima desde la perspectiva de la Constitución. de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó..13. La amnistía. Para ello. Un criterio semejante fue expuesto por el Tribunal en la STC
4587-2004-AA/TC.
con cita de la sentencia dictada en el Caso Almonacid Arellano y otros. párrafo 153. Nº. 131. nota 6. con cita de las sentencias dictadas en el Caso Almonacid Arellano y otros. Serie C No. 117. constitutiva de una infracción al derecho internacional. Perú. 154. Mediante ellas el legislador establece que determinados hechos. S/Res/955. 8 de noviembre de 1994. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 10. inciso 6. o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales 6[6]. párr.
Este mismo criterio ha sido adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso La Cantuta vs. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. dejaron de serlo. nota 6. Perú. párrafo 153. con excepción de los de orden civil. S/Res/827. considerados originariamente ilícitos. Doc. 1993. Serie C No.N. 17 de julio de 1998. Art. Art. párr. Siendo ello así.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 20. Por tanto. cancela todos sus efectos penales. art. La consecuencia del olvido de la responsabilidad penal es la renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal (extinción) así como a la ejecución de la pena. Perú. A/CONF. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. entre las
atribuciones del Congreso de la República se encuentra la de dictar leyes de amnistía. 18. En dicho caso. recientemente la Corte precisó que el principio non bis in ídem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos. 98.
18. suspende a éste en cualquier estado en el que se encuentre y. U.
. de la Constitución. 154 y referencia a ONU. 20. corresponde al Tribunal precisar los criterios
generales de legitimidad constitucional de las leyes de amnistía.183/9.
20. y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. párr. Según el artículo 102. J. si se hubiera dictado sentencia condenatoria. y Caso Carpio Nicolle y otros. F. Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. párr. la entrada en vigencia de una ley de amnistía impide la iniciación de un proceso penal. Allí la Corte Interamericana señaló:
Específicamente en relación con la figura de la cosa juzgada. 73 y 74. 132. 9. Caso La Cantuta vs. este Tribunal expuso que una resolución judicial emanada de un proceso seguido ante un órgano jurisdiccional incompetente no formaba parte del ámbito normativo del derecho fundamental a la cosa juzgada y a la prohibición del ne bis in ídem5[5]. a efectos de determinar cuándo una resolución judicial dictada al amparo de aquellas configura cosa juzgada constitucional. ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta7[7]. 19.competente ratione materiae.
19. Caso Gutiérrez Soler. Caso La Cantuta vs.
STC 4587-2004-AA/TC.
) exige concebir a la Constitución como un todo plenamente armónico e internamente coherente (. 25. lo que impide que. teniendo presente que. sino a partir del pleno respeto del principioderecho de dignidad humana. En la medida en que la expedición de las leyes de amnistía
constituye el ejercicio de una competencia jurídico-constitucional.. 21. 23..
A diferencia de este último.
(. las leyes de amnistía deben respetar el principio-derecho de igualdad jurídica.
22. y de la observancia cabal de los principios constitucionales y los derechos fundamentales. 24. inciso 6. debe observar los criterios de generalidad y abstracción exigidos por el artículo 103 de la Constitución.21. Una ley de amnistía se encuentra sujeta tanto a límites
El artículo 102. conforme hemos recordado. Este principio. puesto que la legitimidad del ejercicio del poder del Estado y. Con respecto a la primera cabe señalar que el dictado de una ley de amnistía es que ésta sólo puede formalizarse en virtud de una ley ordinaria. su ejercicio se encuentra sujeto a límites constitucionales. de la Constitución no prevé expresamente cuáles son los límites a los que se debe sujetar el dictado de leyes de amnistía.). además de respetar los principios constitucionales que informan el procedimiento legislativo. por ende. Sin embargo. Igualmente. Estos dos primeros límites distinguen a la amnistía del indulto. Se trata de una competencia constitucionalmente conferida al titular de la política de persecución criminal del Estado y cuyo ejercicio. incluyendo las que habilitan de competencias a los órganos del Estado. el legislador pueda brindar un tratamiento diferenciado que no satisfaga las exigencias que impone el principio de proporcionalidad8[8]. 22. todo precepto constitucional se encuentra orientado a proteger los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1 de la Constitución) (STC 2730-2006PA/TC).
23. Por tanto.. en última instancia.
. por tanto. la determinación de sus alcances y límites debe realizarse bajo los alcances del principio de unidad. En la medida en que forma parte de la Ley Fundamental. Por ello.. una ley de amnistía no puede comprender en sus alcances a una persona o un grupo de
Cf. previsto el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. el de sus órganos constitucionales no se justifica de por sí. últimamente. ello no significa que estos no existan. este Tribunal ha recordado que ninguna disposición
24. debe realizar dentro del marco de la Constitución Política del Estado. la STC 00045-2004-PI/TC.
25. puede ser interpretada aisladamente. constitucional.
en la realidad. sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia. párrafos 166-168. cualquiera que sea la competencia constitucional
de que se trate. Este último comporta la obligación de no afectar dichos derechos y su fundamento se encuentra en el reconocimiento específico de cada uno de ellos. La obligación de garantizar los derechos fundamentales. esto es. del derecho conculcado y. Sentencia de 29 de julio de 1988. Sin embargo. desde el punto de vista constitucional. 28. la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.
. además. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir.. investigar y sancionar toda violación de los derechos (. Serie C. su ejercicio debe estar orientado a garantizar y proteger los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1 de la Constitución) y a servir a las obligaciones derivadas del artículo 44 de la Ley Fundamental. en su caso.) y procurar. 4. una vez que estos
Corte Interamericana de Derechos Humanos. se
encuentra en el referido artículo 44 de la Constitución. Las leyes de amnistía tampoco pueden expedirse en oposición a las obligaciones internacionales derivadas de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Su fundamento. Caso Velásquez Rodríguez. 26.. de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.personas en particular. 27. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación.. de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (énfasis añadido)9[9]. el restablecimiento. con exclusión de otras que se encuentren en los mismos supuestos que motivan su expedición. en general. todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. 167. De conformidad con el primero. Este deber no es semejante al deber de respetarlos. La capacidad de los tratados sobre derechos humanos para limitar materialmente las leyes de amnistía se funda en el artículo 55 y en la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución.
cambio. supone el deber
(. si es posible.. Tampoco la amnistía puede fundarse en un motivo incompatible con la Constitución.) de organizar todo el aparato gubernamental y. 28.
26. No. garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. La Ley Fundamental es una norma lo suficientemente abierta para que dentro de ella el legislador pueda elegir entre las diferentes opciones de política de persecución criminal.
STC 2488-2002-AA/TC. de conformidad con el Derecho Internacional. En atención al mandato contenido en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. pero también de la jurisprudencia
internacional sobre derechos humanos10[10]. 29. étnicos. de conformidad con el Derecho Internacional. como cuando se declara. etc. prostitución forzada. por tanto. deportación o traslado forzoso de población. STC 8377-2005-HC/TC. crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
29. los tratados sirven en el proceso de delimitación del ámbito constitucionalmente garantizado de los derechos fundamentales. son inderogables y respecto de los cuales el Estado se ha obligado internacionalmente a sancionar su afectación. de género u otros motivos universalmente reconocidos como contrarios a los principios universales que garantizan el pleno respeto de los derechos humanos con arreglo al derecho internacional. no pueden ser amnistiados. embarazo forzado. 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. exterminio. esclavitud sexual. nacionales.son ratificados. etc. violación. 30. esclavitud. raciales. es posible identificar los derechos fundamentales garantizados definitivamente por los derechos que pudieran resultar comprometidos con la expedición de una ley de amnistía (v. desaparición forzada de personas. persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. en positivo. STC 05374-2005-HC/TC. tortura. STC 1230-2002-HC/TC. el haz de facultades que confiere el derecho a su titular. el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos11[11] y el derecho a la verdad12[12]). 31. Entre dichos ilícitos destacan los delitos de genocidio y
crímenes de lesa humanidad recogidos en los artículos 6. en negativo. religiosos. vinculan a los poderes públicos. esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. culturales. STC 0959-2004-HD/TC. qué tipo de injerencias sobre el derecho se encuentran prohibidas. Cf. forman parte del Derecho nacional y.
30. A partir de los tratados. FJ 9-14. se recurre a los tratados que han cristalizado la proscripción absoluta de aquellos ilícitos que. asesinato. Ello sucede tanto cuando se determina. en tanto contravienen los estándares mínimos de protección a la dignidad de la persona humana. STC 02730-2006-AA/TC.g. Cf. excarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho internacional.
31. que comprenden los siguientes actos: los delitos de ejecución extrajudicial. Las obligaciones asumidas por el Estado peruano con la
ratificación de los tratados sobre derechos humanos comprenden el deber de garantizar aquellos derechos que.
. De conformidad con el segundo.
En consecuencia. Los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva. HRI/GEN/1/Rev.
. Esas obligaciones surgen.7 at 225 (2004). 32. 7). Doc. la falta de sometimiento a la justicia de los autores de esas violaciones podía de por sí constituir una violación separada del Pacto. para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas13[13].º 2014[14]] y las inmunidades e indemnizaciones jurídicas anteriores. 7). como la tortura o los tratos crueles.
Cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia en el párrafo 15 revelan violaciones de determinados derechos del Pacto.
32. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y. asunto que causa una constante preocupación al Comité. inhumanos o degradantes similares (art. incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible" [párrafo 15]. Doc. Además.7 at 173 (1992)]. los Estados Partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal. de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro. puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones. 31. los Estados Partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia. 44º período de sesiones.
Comité de Derechos Humanos. cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto a que se hace referencia en el presente párrafo. como ha ocurrido con determinadas amnistías [véase la Observación general N. HRI/GEN/1/ Rev. U. la ejecución sumaria y arbitraria (art.Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles. ninguna posición oficial justifica que personas que pueden ser acusadas de responsabilidad por esas violaciones queden inmunes de responsabilidad jurídica. en particular. En realidad. con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al derecho interno o al derecho internacional. 20" [Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos. inhumanos o degradantes. La prohibición de amnistías para delitos de esa envergadura
también ha sido advertida por la jurisprudencia de los órganos y tribunales internacionales sobre derechos humanos. esas violaciones del Pacto son crímenes de lesa humanidad (véase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 7 . Al igual que sucede con la insuficiencia a la investigación. el problema de la impunidad con relación a esas violaciones. Así. Cuando se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil.N.grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Observación General No. La índole de la obligación jurídica general impuesta. párrafo 18. art.N. 6). 14[14] En la "Observación General No. U. el Comité de Derechos Humanos señaló que "Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos. 80º período de sesiones. por ejemplo. Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos. frecuentemente.
en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas como miembro de dicho Sistema. la Corte Interamericana ha destacado que
(. verificar si las leyes de amnistía N.33. 34. sino su armonización e integración. 33.
. extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.º 26492 son compatibles con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y con la Constitución.º 26479 y N. la amnistía decretada de conformidad con los
diversos límites a los que se encuentra sujeta.
36. esto es. sino a partir de su integración. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. párrafo
41. las ejecuciones sumarias.. Sentencia Caso Barrios Altos. en virtud del cual no resulta aceptable fijar una competencia de competencias privativa. 36. Ello es así por cuanto es necesario entender al Derecho internacional como un Derecho de integración sobre la base de la responsabilidad internacional de los Estados.º 26492 35. por el contrario. pues. No cabe. en caso de conflicto con sus obligaciones en el plano internacional. la determinación de si estas leyes son compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución. ni el desconocimiento de estas últimas en el orden nacional. en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho constitucional nacional. Por tanto. no es un asunto que deba resolverse de manera aislada. y confiere a sus beneficiarios la titularidad del derecho fundamental reconocido en el inciso 13) del artículo 139 de la misma Constitución. ahora. sino establecer la voluntad del Estado peruano. 34. las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura. todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos15[15]. la Constitución y las leyes de amnistía N. La primera cuestión. Serie C. Corresponde. Así. en función de dicha responsabilidad no se postula la derogación automática de las normas internas. asumir una tesis dualista de primacía del
Derecho internacional sobre el Derecho interno y a la inversa.. N°.) son inadmisibles las disposiciones de amnistía. En el ámbito del sistema regional de protección de los
derechos humanos. se requiere. 35. 75. siendo
Corte Interamericana de Derechos Humanos.º 26479 y N. una solución integradora y de construcción jurisprudencial. Se precisa de un sistema de articulación competencial entre las jurisdicciones internacional y constitucional. otorga la calidad de cosa juzgada constitucional a las resoluciones judiciales que se hubieran dictado en aplicación de ella.
énfasis añadido. no es vinculante para el Estado peruano al haber sido expedido absolviendo una opinión consultiva. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú [énfasis agregado]17 [17] . por tanto. 26479 y 26492 son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y.. 38. el Estado peruano sólo pidió una OPINIÓN CONSULTIVA a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la compatibilidad entre las leyes de amnistía Nº. Igualmente.) las leyes de amnistía Nos. El Tribunal observa que en la Sentencia de 14 de marzo de
(. ha sostenido que el pronunciamiento de la Corte. mediante el cual se declara que las leyes de amnistía carecen de efectos generales. 39. que establece:
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado..
38.. que el Tribunal analice tales objeciones. 37. carecen de efectos jurídicos [ordinal 4 de la parte resolutiva de la Sentencia]. En sus palabras. El recurrente ha sostenido que lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos no era aplicable a los hechos del denominado Caso La Cantuta.. párrafo 44. dada la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos. en consecuencia. 39. las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables. de conformidad con el artículo 1 de la Constitución. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. y declaró que
(.que la confluencia teleológica.
. 64 inciso 2 de esta Convención16[16]
Corresponde. 26479 y 26492 con la Convención Americana de conformidad con el art. determina esta relación de cooperación entre ambas jurisdicciones. bajo los parámetros de una tesis de la
coordinación corresponde a este Colegiado analizar la legitimidad de dichas leyes de amnistía. Sentencia Caso Barrios Altos.
Escrito de demanda.) es de precisar que. sostuvo que. En ese sentido. 37. folios 37. la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado peruano en el denominado Caso Barrios Altos. Igualmente.
. Perú..
Corte Interamericana de Derechos Humanos. alcance general o se limita solamente al caso indicado?18[18]. Caso La Cantuta vs. 19[19] Corte Interamericana de Derechos Humanos. párrafo 167. Se solicitó a la Corte Interamericana absolviese la siguiente pregunta:
[¿]Tiene la Sentencia en el caso Barrios Altos.40. sentencia de 29 de diciembre de 2006. sino que comprende a los casos en los que su aplicación impidió que se juzgaran y sancionaran graves violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana. Perú. 83. 41. párrafo 18. De lo expuesto se colige que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha declarado que las leyes de amnistía aludidas carecen de efectos jurídicos y que lo resuelto. 83. Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. y en esos términos debe ser resuelto el interrogante formulado en la demanda de interpretación presentada por la Comisión [énfasis añadido]19[19].. al amparo del artículo 67 del Pacto de San José de Costa Rica... Siendo así.. Serie C No. por tanto.) lo resuelto (. 43.] y.
recientemente resuelto por la Corte Interamericana. Perú. párrafo 14.. carecen de efectos jurídicos. 41.) la Corte ya analizó el contenido y los alcances de las leyes de amnistía Nos. 40.
. la Corte respondió: La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado. dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía No. Perú. Caso Barrios Altos vs. Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. La Corte interpretó la Sentencia de fondo dictada en ese caso en el sentido de que (. Caso Barrios Altos vs. Perú. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 20[20] Corte Interamericana de Derechos Humanos. en cuya Sentencia de fondo (.) tiene efectos generales. 26479 y No. El Tribunal toma nota asimismo de que. lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales. Sentencia de 3 de septiembre de 2001.. 26479 y 26492 en el Caso Barrios Altos vs. la Corte considera que. como el Caso La Cantuta. 42. En consecuencia. en la que se volvió a recordar que
(. mediante Sentencia
del 3 de septiembre de 2001. El mismo criterio se ha expuesto en el Caso La Cantuta c.) declaró que las mismas son `incompatibles con la Convención Americana [.. tiene efectos generales. en consecuencia. la Corte Interamericana absolvió una solicitud de interpretación de la sentencia de fondo formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante lo cual. 42. dicho pronunciamiento no sólo es de aplicación a los hechos que suscitaron el Caso Barrios Altos.. 26492. Serie C No. 26479 y 26492 con la Convención Americana.20[20] 43. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. con referencia a la incompatibilidad de las leyes Nos.
. Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de notificación del fallo. 45. como lo ha sugerido el recurrente. 9.
. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). expedida por la Corte Interamericana.) En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo. ella vincula a las partes en los términos del artículo 68. El ejercicio de la competencia consultiva se realiza sin que existan partes
(. Caso Godínez Cruz. 47.. no es vinculante porque se trata de una opinión consultiva.. 26. 48. Caso Velásquez Rodríguez. sino sobre la base del artículo 67 del mismo instrumento internacional...1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.. 46. la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. 22[22] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 47. de acuerdo con las consideraciones de la misma (. párrafo. referida a la legitimación para solicitar opiniones consultivas [como también lo ha sugerido el recurrente]. 44. 10. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art. que prevé:
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión del texto de los puntos resolutivos del fallo. una vez que esta se expide. el Tribunal Constitucional observa que la solicitud de interpretación de la sentencia de fondo del Caso Barrios Altos no fue solicitada por el Estado peruano. Opinión Consultiva OC 15/97. 46. En cambio.
45. el sentido y la finalidad de la resolución. párrafo 26. en relación con el argumento de que la sentencia
del 3 de septiembre de 2001. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art.44. párrafo 25. Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. Nº. Serie C No. En la medida en que la finalidad de la facultad de interpretar el
sentido o los alcances del fallo no es otra que la de esclarecer lo decidido por la sentencia de la Corte Interamericana. de 14 de noviembre de 1997. Igualmente observa que dicha solicitud de interpretación no
fue realizada al amparo del artículo 64 del Pacto de San José de Costa Rica. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). que autoriza que
(. 15. Serie C No. La interpretación de una sentencia de fondo difiere en sus
efectos de la que es propia de una Opinión Consultiva. 48. El único propósito de la función consultiva es `la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos´21[21]. sino también la determinación del alcance.) y no existe tampoco un litigio a resolver. Serie A. Por otro lado.)22[22]. sino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art.
el Tribunal juzga que las resoluciones jurisdiccionales dictadas a su amparo no adquieren la calidad de cosa juzgada constitucional y. 49. el Tribunal observa que. independientemente de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin
embargo. mediante dicha sentencia. además. careciendo de efectos jurídicos las leyes de amnistía
señaladas. 49. que el cumplimiento de las
51. N°.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y. 52.) corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado. párrafo 61. Por tanto.. de modo que las resoluciones judiciales que se dictan en aplicación de leyes de amnistía constitucionalmente legítimas dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional. inciso 13. como ya ha señalado esta Corte y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Competencia. el Tribunal declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad promovida contra las leyes aludidas. respaldado por la jurisprudencia internacional. que el Tribunal Constitucional haya confirmado su constitucionalidad. 51. En efecto. de 28 de abril de 1997. de la Constitución. Caso Baena Ricardo y otros vs. por tanto. por mayoría. 50. al no haber existido un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda.
. sin embargo. El control de las leyes de amnistía. Serie C. en modo alguno. dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida23[23].
52. Como ya se señaló. 104. parte de la presunción de que el legislador penal ha querido actuar dentro del marco de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales. El Tribunal recuerda. la expedición de leyes de amnistía
constituye una competencia jurídico-constitucional del Congreso de la República. el recurrente ha argumentado que las referidas leyes de amnistía fueron declaradas constitucionalmente válidas por el Tribunal Constitucional mediante la STC 00013-1996-AI/TC. por razones de orden interno.Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. no se ha afectado el derecho reconocido en el artículo 139.. Lo expuesto sería suficiente para desestimar la pretensión. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. 50. no pueden. Lo que no significa. Panama.
Caso La Cantuta vs. del Congreso de la República (párrafo 109 del escrito de la demanda). 53. allí se reconoció que] "Los hechos reconocidos por el Estado comprenden: (.. Tal fue la situación en la que se desenvolvieron las actividades delictivas del denominado Grupo Colina... También ha sido considerado como un hecho probado por la
..º 26. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 29 de noviembre de 2006. además de sus remuneraciones como oficiales y sub-oficiales del Ejército. No opera.. 55.. Éste era un grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. párrafo 40. Así lo ha reconocido el Estado peruano. Tenía una estructura jerárquica y su personal recibía... los actos posteriores de intervención de tribunales militares (párrafos 106.º 26.. de 21 de julio de
2006.).)sus miembros participaron en los hechos del
presente caso (. a través de su agente designado para el Caso La Cantuta ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos..492 (párrafo 116 del escrito de la demanda) y promulgación de esas leyes de amnistía por parte del Poder Ejecutivo. por tanto. [Entre otras cosas. el legislador penal pretendió encubrir la comisión de delitos de lesa humanidad.) f) la vulneración de las garantías judiciales y de la protección judicial. 109 y 110 del escrito de la demanda). el Estado peruano sostiene que
[. En su escrito de contestación de la demanda.. 54. El Grupo Colina cumplía una política de Estado consistente en la identificación. después de considerar probada la existencia del denominado Grupo Colina. señaló: (. el
Cf.479 por el Congreso (párrafo 113 del escrito de la demanda) y de la Ley N. si bien no se dice en forma expresa en el texto de la demanda´. 111 y 112 del escrito de la demanda). la que. dinero para gastos operativos y retribuciones económicas personales en carácter de bonificación. al que pertenecía el recurrente. Tampoco cuando el ejercicio de dicha competencia se utilizó para “garantizar” la impunidad por graves violaciones de derechos humanos.
54.] efectuó un allanamiento y reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por determinadas violaciones alegadas por la Comisión (.)24[24]. Perú.). g) La existencia del denominado `Grupo Colina´(. aprobación de la ley de amnistía N.. dicho sucedáneo cuando se comprueba
que mediante el ejercicio de la competencia de dictar leyes de amnistía. 55. decisión de la Corte Suprema de Justicia (párrafos 108.53. Estos hechos se manifestaron en los actos de investigación iniciales (párrafos 90 a 105 del escrito de la demanda).
Sobre esto el Tribunal Constitucional estima pertinente hacer
algunas precisiones sobre el valor jurídico para los tribunales nacionales de los hechos probados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. asesinatos selectivos. 5-9-M/49. porque de lo que se trata. Perú.. ya en la STC 4587-2004-AA/TC este Tribunal
había advertido la existencia de un plan sistemático para promover la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. su dignidad y sus derechos humanos. (iii) El retiro (nulo) de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha conocer a dicho órgano supranacional mediante la entrega de la Nota Nº.) 85. 56.
(. lo constituyen: 82.
57. tomando en cuenta el contexto en que se dictaron. Y si bien éstas no se aplicaron al primer proceso penal que se le seguiera al recurrente. sino una solución integradora y de construcción jurisprudencial en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho constitucional nacional.. Caso La Cantuta vs.
. analizados y probados ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.control y la eliminación de aquellas personas que se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes o contrarias al régimen del ex Presidente Alberto Fujimori. De otro lado.. (. es de garantizar el respeto pleno de la persona. (ii) La expedición en ese lapso de las leyes de amnistía 26479 y 26492. mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas.. Del mismo modo. como ya se dijo supra.18. en efecto. 56. como antes se ha dicho. Sentencia del 29 de noviembre de 2006. en el marco del orden jurídico nacional e internacional del que el Perú es parte. finalmente. de 24 de agosto de
Corte Interamericana de Derechos Humanos. particularmente. 57. y el propósito que las animaba. 83. párrafos párrafos 80. bajo este principio de integración los tribunales nacionales deben reconocer la validez jurídica de aquellos hechos que han sido propuestos.) Expresión de ese plan sistemático. de los cometidos por el Grupo Colina. el Tribunal Constitucional considera que ello demuestra palmariamente que sí hubo ausencia de una voluntad estatal destinada a investigar y sancionar con penas adecuadas a la gravedad de los delitos cometidos a los responsables de los hechos conocidos como "Barrios Altos".17 y 80. no se puede asumir una tesis dualista de primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno y a la inversa. (i) El deliberado juzgamiento de delitos comunes por órganos militares. lo que no exime de la facultad y el deber de los tribunales nacionales de realizar las investigaciones judiciales correspondientes. desapariciones forzadas y torturas25[25]. Al respecto.
Precisamente por esto. tortura y ejecución sumaria de personas. de efectos jurídicos. la justicia. el que se hace efectivo. tanto en conexión con el ejercicio de los derechos fundamentales de los particulares –derecho a la vida (artículo 2. por cuanto la legitimidad de la Constitución reposa en la defensa de la persona humana y en el respeto de su dignidad. 60. 59. según los artículos 102. Dicho acto tuvo el propósito de asegurar que también en el ámbito internacional el Estado no respondiese por las violaciones de derechos humanos y de esa forma se garantizase que sus autores no fueran sometidos a la acción de la justicia. es decir olvidar el delito cometido por determinadas personas. por ejemplo–. Por tanto. cabe señalar que si bien el Poder Legislativo
tiene la atribución de ejercer el derecho de amnistiar. de la Constitución. y 139. En su condición de resoluciones judiciales nulas. de la Constitución.º 26479 y N.2000. la verdad. de fecha 8 de julio de 1999. fomentándose la impunidad.
60. ab initio. como en el cumplimiento de las funciones de las autoridades estatales. inciso 6. ellas no dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional garantizada por los artículos 102. 58. de la Constitución) o el derecho a la justicia (artículo 139 de la Constitución )–. 58. también son nulas las resoluciones judiciales dictadas con el propósito de garantizar la impunidad de la violación de derechos humanos cometida por los integrantes del denominado Grupo Colina. y que fuera aprobada por la también nula Resolución Legislativa 3. inciso 6 y el artículo 139. inciso 13. lo que produce los efectos de la cosa juzgada. ya que el ejercicio del poder constituido no puede vulnerar los principios y valores constitucionales –como la dignidad de la persona humana. el Tribunal Constitucional. Por estos fundamentos. el Tribunal considera que las leyes de
amnistía N. según el artículo 1 de la Constitución. en la medida en que no existe conformidad con el orden objetivo de valores. En mérito de ello. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO
59. la facultad legislativa del Congreso no es ilimitada. inciso 13. inciso 1. entre otros– en que se funda la obra del poder constituyente.º 26492 son nulas y carecen. Este principio-derecho constituye una norma jurídica que
contiene un mandato obligatorio. Siendo ello así. con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitución consagra. como fin supremo de la sociedad y del Estado. la vida. ello no significa que el Congreso pueda cobijar en las leyes de amnistía a delitos de lesa humanidad –como el secuestro.
Declarar INFUNDADA la demanda. SS. LANDA ARROYO GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI
motivo por el cual no es un órgano jurisdiccional cuyas resoluciones puedan ser cuestionadas a través del proceso de amparo.° 679-2005-PA/TC LIMA SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS
En Lima. pronuncia la siguiente sentencia I. Gonzales Ojeda. a la cosa juzgada. Resolución de primer grado
Con fecha 2 de febrero de 2004. ANTECEDENTES 4. alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso. II. reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional. Manifiesta que en el año de 1995 la Sala de Guerra le concedió el derecho de amnistía por los hechos ocurridos en torno al denominado Caso La Cantuta (causa N. que declara improcedente la demanda de amparo de autos. Demanda El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Supremo de Justicia Militar. y b) la resolución de fecha 13 de octubre de 2003. de fojas 46 del segundo cuaderno. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santiago Enrique Martin Rivas contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. que declara improcedente la nulidad deducida contra la resolución de fecha 17 de octubre de 2001. con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini. su fecha 6 de octubre de 2004. mediante la cual –en aplicación de la Ley de Amnistía N. Vergara Gotelli y Landa Arroyo. a la amnistía y del principio de seguridad jurídica.° 157-V-93). N.° 26479– se anula la resolución que dispuso el archivo definitivo de su proceso. a los 2 días del mes de marzo de 2007 (vista la causa: 8-032005). la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que el Tribunal del Consejo Supremo de Justicia Militar es un órgano ajeno al Poder Judicial. Bardelli Lartirigoyen.EXP. García Toma.
. a fin de que se deje sin efecto: a) la resolución de fecha 17 de octubre de 2001.
en virtud del principio de aplicación inmediata de las leyes procesales –Segunda Disposición Final– y no derivándose de su aplicación vulneración alguna de los derechos procesales del demandante. §2.6. la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara improcedente la demanda por considerar que las resoluciones cuestionadas han sido dictadas en el marco de un proceso regular. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto las resoluciones expedidas por el Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de octubre del 2003 y 17 de octubre del 2001.º 26479 y N. 5. §3. Cuestiones procesales previas 62. este Colegiado. se anuló la resolución que dispuso el archivamiento definitivo de los hechos investigados en la Causa Militar Nº. B) Alegatos del Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia Militar
. FUNDAMENTOS §1. 26479 y 26492.º 26492. Precisión del petitorio de la demanda 61. considera pertinente su aplicación. Resolución de segundo grado Con fecha 6 de octubre de 2004. 1. 157-V93.1. Sobre la supuesta afectación del derecho a la cosa juzgada. 2. el "derecho a la amnistía" y del principio de seguridad jurídica
Como se ha precisado en el primer fundamento de esta sentencia. el principio de seguridad jurídica y los derechos al debido proceso y a la amnistía. Análisis constitucional del caso concreto 3. Previamente a la resolución de la cuestión de fondo. A) Alegatos del demandante
64. el demandante ha alegado que las resoluciones judiciales cuestionadas lesionan el derecho a la cosa juzgada. III.
El demandante sostiene que el órgano emplazado dejó sin efecto la resolución de archivo definitivo de la Causa N. el Tribunal Constitucional estima pertinente señalar que si bien la demanda en el presente proceso constitucional ha sido interpuesta con anterioridad a la vigencia del Código Procesal Constitucional. 7. mediante las cuales.º 157-V-93 (La Cantuta) dictada al amparo de las leyes de amnistía Nos. en cumplimiento de las Leyes de Amnistía N.
35. de 3 de setiembre de 2001. SS. La Convención Americana sobre Derechos Humanos.º 26492 han sido declaradas incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana mediante la sentencia del 14 de marzo de 2001 (Caso Barrios Altos). 13. En la STC 4587-2004-AA/TC este Tribunal destacó que su
contenido constitucionalmente protegido Cosa juzgada constitucional y resoluciones judiciales dictadas al amparo de leyes de amnistía 68.º 26479 y N. 14.
66.º 26492 la
69. Constitución y las leyes de amnistía N. la determinación de si estas leyes
son compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución. 12. no es un asunto que deba resolverse de manera aislada. esto es. la misma que tiene efectos generales.
67. La primera cuestión. HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda. de la Ley Fundamental reconoce el
derecho a la cosa juzgada. Es evidente que el derecho a la cosa juzgada también se configura a partir de resoluciones judiciales dictadas en aplicación de una ley de amnistía. LANDA ARROYO GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI
. El artículo 139. inciso 13. de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia de interpretación de fondo. 16. de la Constitución.65. según el artículo 139. inciso 13. sino a partir de su integración. 26479 y N. El Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia
Militar alega que las leyes de amnistía Nos.
Recommended DocumentsDocumentos similares a Caso Martin Rivas. Violacion de Derechos HumanosSkip carouselDictamen 269-02- Derecho a la Eduación y la aplicación de los 200 DÍASLa educación Como Derecho SocialPacto de Convivencia Institucion Educativaderecho-iPotrillos House EstanciaEdad Avanzada y Protección Urgente de DerechosSTC Anicamaderechosd e los niños fundamentales.docxLa Cosa Juzgada Irrita Scarptati-Austral-2011-CtpCosa Juzgada en El Proceso Civil Chileno - Alejandro RomeroProyecto de InmediatezGarantías jurisdiccionales375742749Dialnet-LaTransaccionComoSistemaDeResolucionDeConflictosDi-3625355Cuando El TC Es Obligado a Ejecutar Una SentenciaSentencia TCosa JuzgadaDerecho Constitucional, Administrativo e InternacionalABORTOPRECEDENTE VINCULANTE najarExpediente CivilRevision de Sentencias FirmesLa Accion de TutelaTutela constitucional de derechos.docxDerechos de Ciudadanía y Empresa.pdfGARANTÍAS CONSTITUCIONALESgarantiasTrabajo Extra- Garantias IndividualesGarantias Individuales DerechoAccion de TutelaMás de Patrizio CorCoSkip carouselListe Des Pays Membres 2016Obesity35 MartinezCsarvallejo Se Canso de Estar MuertoCsarvallejo Se Canso de Estar Muertoaih_10_4_01220120130-Cesar Vallejo o La Escritura de Combate Premio Vallejo Madrid 1931 Jose Luis Corazon Ardura4478-9559-1-SM4478-9559-1-SM (1)35 Martinez4478-9559-1-SMGeneral i Dad EsInstalación de Aire de Precisión (1) PLANO CLARONuevo Plan TarifarioRESTAURANTEmodulo ceba cienciasCeviche de palometa

References: resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 139
 artículo 102
 resolución 
 resolución 
 artículo 103
 artículo 102
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 55
 Artículo 7
 artículo 139
 artículo 1
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 67
 artículo 64
 artículo 27
 artículo 139
 Resolución 
 artículo 139
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 139