Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1173063
Timestamp: 2018-03-24 23:40:24+00:00

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Por este motivo se aprobó el Decreto 288/2015, de 30 de octubre , por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo social para contingencias y se aprueba la primera convocatoria para 2015 (DOE n.º 214, de 6 de noviembre), viniendo a complementar y reforzar las políticas de acción social en Extremadura, a fin de paliar o superar las situaciones de emergencia social sobrevenidas en que pudieran encontrarse sus ciudadanos.
Posteriormente, en el DOE n.º 89, de 11 de mayo de 2016, se publicó el Decreto-Ley 1/2016, de 10 de mayo , de medidas extraordinarias contra la exclusión social, que fue convalidado por la Asamblea de Extremadura en la sesión plenaria celebrada el 26 de mayo de 2016. De conformidad con su artículo 2, las acciones previstas en dicho decreto-ley se articulan, entre otras, mediante la puesta en marcha de medidas excepcionales destinadas a cubrir situaciones de emergencia social, a las que alude el título IV de la ley.
Del decreto-ley citado se deriva la Ley 7/2016, de 21 de julio , de medidas extraordinarias contra la exclusión social, con la que se pretende dar cumplimiento al compromiso de la Junta de Extremadura contra la exclusión social. Esta ley, inspirada en los principios de igualdad y solidaridad, pretende que la ciudadanía no sea discriminada por situaciones que les vengan impuestas por la desigualdad, la marginación y la pobreza, y trata de facilitar las condiciones objetivas y los medios que mejoren su calidad de vida. Se contempla así un régimen jurídico que trata de lograr esta finalidad a través de diferentes mecanismos, entre los que se incluyen las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias en los artículos 12 y 13 de la ley citada.
A la luz de la experiencia adquirida desde la entrada en vigor del Decreto 288/2015, de 30 de octubre , en la búsqueda del sistema de gestión más eficaz para la consecución de la finalidad pretendida, que exige una respuesta ágil a la situación de urgente necesidad detectada, se requiere la colaboración de las entidades locales de Extremadura para la tramitación de estas ayudas, financiándose por el gobierno regional, sin olvidar no obstante que debe darse un tratamiento uniforme a todos los ciudadanos, regulándose así un mínimo común normativo para garantizar un trato igualitario independientemente de la localidad de residencia.
En cuanto al ámbito local, la Ley 14/2015, de 9 de abril , en su artículo 35.1.a), atribuye a los municipios de Extremadura la competencia sobre los servicios sociales de atención social básica, proporcionando el equipamiento y personal suficiente y adecuado que se establezca reglamentariamente. Y de otra parte, el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, redactado por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo”; añadiendo en su apartado 2, letra e) que “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
Atendiendo a lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, la cooperación financiera entre las distintas Administraciones Públicas se instrumentalizará preferentemente a través de convenios de colaboración o cualquier otra figura prevista en el ordenamiento jurídico, a fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público de Servicios Sociales. A tales efectos, además del convenio de colaboración se podrán utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que por ello se vean afectadas en ningún caso ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos. Por ello, existiendo competencias compartidas de ejecución, a la colaboración entre la Administración autonómica y local les sería plenamente de aplicación la regulación contenida en la Ley 6/2011, de 23 de marzo , de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Atendiendo a lo establecido en el Decreto 265/2015, de 7 de agosto , por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Decreto 221/2008, de 24 de octubre , por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, corresponde a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales la planificación, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución, entre otras, en materia de política social, con especial dedicación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y las políticas ante la emergencia social.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 23.h) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema- dura, a propuesta del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, DISPONGO:
e) Gastos destinados a una necesidad crítica previstos en el artículo 4.1, apartado f):
Para determinar el tramo de población a que pertenece cada entidad local se atenderá a os datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística existentes a la fecha de aprobación de la orden de convocatoria respectiva.
Artículo 14. Informe social
c) La descripción de la situación económica, las condiciones de la vivienda habitual y del equipamiento, la situación sanitaria, educativa, laboral, socio-familiar y red de apoyos relevantes para la ayuda solicitada, así como otras prestaciones o ayudas concedidas a los miembros de la unidad familiar.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
La convocatoria de las ayudas de apoyo social para contingencias recogida en la disposición adicional única del Decreto 288/2015, de 30 de octubre , se regirá por lo dispuesto en él.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente decreto y, en especial, el Decreto 288/2015, de 30 de octubre , por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo social para contingencias y se aprueba la primera convocatoria para 2015.

References: artículo 2
 artículo 35
 artículo 25
 artículo 44
 artículo 23
 artículo 4

Artículo 14