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Timestamp: 2018-02-22 18:53:42+00:00

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Concepto. 2. Competencia de extranjería. 3. Competencia de Estados extranjeros y diplomáticos. 4. Foro razonable. 5. Foro exorbitante. 6. Foro exorbitante en relaciones de consumo. 7. Foro de necesidad. 8. Foro no conveniente. 9. Forum shopping.
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1. Concepto. La jurisdicción internacional implica determinar un territorio y una autoridad que decidirá un conflicto privado. Tiene que ser en un espacio vinculado con el problema; por ejemplo, en materia contractual el lugar donde se celebró o debe cumplirse el contrato; en juicios de divorcio, el último domicilio de efectiva convivencia de los cónyuges o el domicilio del cónyuge demandado; en responsabilidad extracontractual, donde se produjo el accidente o en el domicilio del demandado. Es decir, en lugares donde existan lazos con la problemática o causas o motivos razonables para que en ese territorio se juzgue.
Determinar la jurisdicción internacional, es un problema previo a precisar el Derecho aplicable que reglamentará la situación privada internacional1. En forma previa debe saberse qué Estado tiene aptitud para juzgar esos casos, luego, establecer la competencia interna, porque cada Estado organiza la administración de justicia de diferentes modos [por la materia, grado, territorio, calidad de las personas, valor del juicio, etcétera]. El juez establecido, es quien declarará el derecho internacional privado que regulará la situación privada internacional.
La directiva es, que los aspectos de competencia interna, son privativos de cada Derecho nacional, que en nuestro país por el artículo 108 de la Constitución Nacional, es una función le corresponde al Poder Judicial ejercido por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación2.
Claudio Kiper señala que la jurisdicción es la facultad de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia3. Esa potestad, no puede ser restringida o cercenada, caso contrario se produce privación o denegación de justicia; que según Germán Bidart Campos, se tipifica en cuatro supuestos:
(a) cuando el tribunal se niega a fallar;
(b) cuando el tribunal demora irrazonablemente o indefinidamente su sentencia;
(c) cuando el justiciable no encuentra tribunal competente para que le resuelva su pretensión, y
(d) cuando los tribunales no se hallan en condiciones de dictar sentencias eficaces, que rindan utilidad4.
De Los Santos, dice que la palabra jurisdicción, tiene cuatro acepciones: a) como ámbito territorial donde el Estado ejercer su soberanía; b) como sinónimo de competencia; c) como conjunto de poderes o autoridades de ciertos órganos del poder público [que incluye a la jurisdicción administrativa y aún la legislativa] y d) como función pública de hacer justicia, en su sentido preciso y técnico5.
En Derecho internacional privado, la noción de jurisdicción, se considera esencialmente como: (a) ámbito territorial donde el Estado ejerce soberanía -pues cada país es soberano en juzgar casos internacionales y (b) un sinónimo de competencia.
La jurisdicción internacional de los tribunales argentinos, surge en primer término de tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción, caso contrario se atribuye conforme a las reglas del Derecho nacional que fueren de aplicación.
De Los Santos define a la jurisdicción, como la función pública del Estado, realizada a través de sus órganos judiciales para administrar justicia en un caso concreto, dirimiendo conflictos y controversias mediante decisiones que adquieren calidad de cosa juzgada y que son eventualmente ejecutables6. Diego P. Fernández Arroyo indica que “cuando se habla genéricamente de jurisdicción internacional […] se hace referencia a la potestad que corresponde a los jueces y tribunales de un Estado para conocer y resolver casos de Derecho internacional privado (DIPriv) es decir, respecto a las relaciones jurídicas de carácter privado que están vinculadas con dos o más ordenamientos jurídicos7. En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I, como Derecho judicial sostiene que, la jurisdicción internacional es, el poder que tiene un país, derivado de su soberanía, para resolver un caso de derecho privado con elementos extranjeros, o caso mixto, con el cual el Estado que se la atribuye considera que tiene una relación relevante a esos efectos y que no debe ser confundida con la distribución de la competencia interna por razones de territorio8.
En suma: Jurisdicción internacional es la facultad soberana que tiene un Estado para someter ante sus autoridades situaciones privadas internacionales.
2. Competencia de extranjería. El extranjero, en nuestro país, tiene un foro especial que es la justicia federal y su fundamento normativo surge del art. 116 de la Constitución Nacional, el que dispone: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del Artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”9.
Esa regla constitucional, fue incorporada en la reforma de 1860 y de allí se mantiene como un privilegio para los extranjeros, que es renunciable, porque ha sido establecido en beneficio de esas personas10. La Corte federal - desde antiguo, tiene dicho que la norma que establece la competencia federal a favor de los extranjeros es un privilegio de ellos cuado litigan con un argentino11, pero que corresponde la justicia ordinaria y no la federal en casos entre dos extranjero12.
De acuerdo al art. 12 inciso 4 de la Ley 48, corresponde a los Tribunales federales las causas civiles en que sea parte un ciudadano nacional y un extranjero, aunque se entenderá prorrogada a favor de la provincial, si habiendo sido demandado el extranjero ante ese fuero, al contestar la demanda, no opone la excepción de declinatoria.
La prueba de la calidad de extranjero debe ser expresa y se concreta en los sujetos humanos con la incorporación de la partida de nacimiento dotada de los recaudos que autoricen su reconocimiento13 en el país o con pasaporte emitido por el Estado de nacionalidad del sujeto. En cambio, no es suficiente prueba de nacionalidad la partida de matrimonio14, ni la cédula de identidad del país de origen15 .
En cuanto a las personas jurídicas, tienen que acreditar que se encuentran inscriptas en el extranjero y presentar los documentos de registro debidamente legalizados; o que se encuentra matriculada en el país como sucursal en los términos del art. 118 de la ley 19550, ya que esa publicidad registral implica reconocer su condición de persona jurídica extranjera16; también emerge su extranjería por los exhortos diligenciados tanto para notificar la demanda como la producción de la prueba confesional17.
La prerrogativa del fuero federal, no la posee el extranjero cuando acciona contra un estado provincial o municipal, con fuente en Derecho público local, pues en este caso la Corte federal tiene declarado que “Si bien la competencia federal ratione personae procede cuando es parte un ciudadano extranjero, esto es así siempre que se trate de una causa civil, ya sea que éste litigue contra un vecino argentino o contra una provincia (arts. 1°, inc. 1°, y 2°, inc. 2°, de la ley 48 y art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58) y no cuando se demanda a ésta por un pleito que se rige sustancialmente por el derecho público local, supuesto en que la distinta nacionalidad cede ante el principio superior de la autonomía provincial”18.
En consecuencia, la competencia es federal cuando se juzga situaciones privadas internacionales, salvo:
(a) cuando el extranjero es quien demanda ante un tribunal provincial, porque traduce una renuncia tácita al fuero federal. En el supuesto de ser reconvenido no podrá oponer la excepción de competencia por su extranjería, en virtud que de manera previa consintió el fuero provincial;
(b) cuando es demandado en los tribunales provinciales y no opone excepción de incompetencia, actitud reveladora de su aceptación implícita;
(c) cuando son extranjeros ambas partes y
(d) cuando la materia se rige por Derecho público local.
3. Competencia de Estados extranjeros y diplomáticos. Según el art. 117 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación originaria y exclusivamente, el conocimiento y la decisión de "...los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros...". Esa norma está reglamentada por el art. 24 del Decreto 1285/58 que dispone: “La Corte Suprema de Justicia conocerá: 1°) Originaria y exclusivamente, en todos los asuntos que versen entre […] un (1) Estado extranjero; de las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de su familia, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público”.
“No se dará curso a la demanda contra un (1) Estado extranjero; sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio”.
En la última parte del artículo 24, se incluye la denominada cláusula Gronda. Esta estipulación establece el supuesto de retorsión por reciprocidad contra un Estado extranjero cuando su actuación fue someter jurisdiccionalmente a la República Argentina ante sus tribunales. Es decir, si un Estado extranjero impone al país ante sus tribunales, la República Argentina someterá al Estado extranjero ante los suyos. Concretamente, la cláusula Gronda, expresa: […] “el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un (1) país determinado la falta de reciprocidad a los efectos consignados en esta disposición, por decreto debidamente fundado. En este caso, el Estado extranjero, con respecto al cual se ha hecho tal declaración, queda sometido a la jurisdicción argentina. Si la declaración del Poder Ejecutivo limita la falta de reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del país extranjero a la jurisdicción argentina se limitará también a los mismos aspectos. El Poder Ejecutivo declarará el establecimiento de la reciprocidad, cuando el país extranjero modificase sus normas al efecto”.
La instancia originaria de la Corte federal, para conocer temas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos, tiene su fuente inspiradora en la Constitución de Estados Unidos19 y, su fundamento es asegurar el respeto y la mutua consideración entre los Estados, lo que lleva a que si algún miembro de la delegación extranjera deba efectuar algún procedimiento judicial sea el máximo tribunal del país quien tenga a su cargo esa misión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “el art. 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas consagra que el agente diplomático gozará "de inmunidad de jurisdicción civil" […] Este privilegio no ha sido reconocido en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los estados (v. párrafo 4° del Preámbulo). De ahí que sea una facultad del estado acreditante la de renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes20”
Beatriz Areán indica, que la interpretación judicial de las personas comprendidas es amplísima, incluyendo al consejero de la delegación de la Comunidad Económica Europea; agregado comercial; agregado militar; encargado de negocios; hijo del agregado de una embajada; cónyuge del primer secretario de una embajada; consejero de asuntos científicos de una embajada, entre otros.
El fundamento de extender la protección a la familia del diplomático radica en el art. 24, inc. 1° in fine del Decreto - ley 1285/58, norma que menciona a las causas "...que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia, al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático...”21.
En mi opinión, los diplomáticos están amparados por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas22, del 18 de abril de 1961 (en vigor desde el 24 de abril de 1964) donde se reconocen inmunidades y privilegios, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados. En tal sentido el artículo 1 establece que “A los efectos de la presente Convención: (a) por "jefe de misión", se entiende la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal; (b) por "miembros de la misión", se entiende el jefe de la misión y los miembros del personal de la misión; (c) por "miembros del personal de la misión", se entiende los miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión; (d) por "miembros del personal diplomático", se entiende los miembros del personal de la misión que posean la calidad de diplomático; (e) por "agente diplomático", se entiende el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión; (f) por "miembros del personal administrativo y técnico", se entiende los miembros del personal de la misión empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión; (g) por "miembros del personal de servicio", se entiende los miembros del personal de la misión empleados en el servicio doméstico de la misión; h. por "criado particular", se entiende toda persona al servicio doméstico de un miembro de la misión, que no sea empleada del Estado acreditante; …”.
La Corte federal declara que los titulares del privilegio de la competencia originaria, son los agentes extranjeros que estén acreditados en nuestro país en algún cargo que le confiere el status de diplomático en los términos del art. 1 inciso e) de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas23 y esa calificación incluye a los diplomáticos argentinos que desempeñen funciones para la República, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios designados conforme el art. 5 de la ley 20.957 que regula el Servicio Exterior de la Nación24.
4. Foro razonable. Un Estado puede situar ante sus tribunales una situación privada internacional si tiene vinculación o contacto con el país. Caso contrario debe abstenerse de juzgar, porque no sería lícito determinar competencia internacional ante circunstancias donde no presenten nexos que lo justifique.
Piénsese que toda persona tiene Derecho a la jurisdicción o efectiva tutela de justicia, previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional y art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto lo lógico es que cada Estado atribuya jurisdicción con eficacia, donde tenga acceso a una justicia efectiva, que no se daría si se fija una competencia alejada a su domicilio o residencia o de algún lugar territorial donde no pueda exponer sus argumentos, ofrecer prueba al respecto, obtener una decisión fundada y recurrir la sentencia adversa. Por lo tanto, el espacio donde se concreten esos Derechos tiene que guardar relación con la situación privada internacional, tanto para poder ser sujeto activo de una demanda como pasivo para defenderse.
El presupuesto, para que un foro sea razonable es, que permita hacer efectivo el debido proceso legal y en ese sentido la Corte federal siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el debido proceso es el "conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier [...] acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y otros -Excepciones preliminares, sentencia del 2 de febrero de 2001 [Serie C No. 72, párr. 124]25; Caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú -interpretación de la sentencia de fondo (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos) sentencia de 6 de febrero de 2001 [Serie C No. 74, párr. 102]; Caso del Tribunal Constitucional Aguirre Roca, Rey Terry y Revorero Marsano vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001 [Serie C No. 71, párr. 69]26; Garantías judiciales en Estados de Emergencia, opinión consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, [Serie A No. 9, párr. 27])27.
El Derecho a la jurisdicción o tutela efectiva de justicia trae como consecuencia el debido proceso legal, la reglamentación procesal sólo será razonable –en palabras de Paula María All, “cuando el caso regulado presenta una vinculación suficiente con el Estado al que pertenecen los tribunales a los que se atribuye jurisdicción”28. La directiva, que se puede seguir para calificar al foro razonable es, cuando cumple con el índice de proximidad, expuesta por Lagarde y significa que el caso regulado presente vinculación suficiente con el foro29. Un juez debe juzgar cuando existan elementos que tengan cercanía o conexión con las circunstancias del acto sometido a su potestad jurisdiccional.
La razonabilidad, de jurisdicción, en los países latinoamericanos responde a las siguientes directivas:
(a) las acciones personales deben interponerse ante los tribunales del domicilio o de la residencia habitual del demandado, o el lugar de cumplimiento de la obligación reclamada;
(b) en las acciones reales sobre inmuebles, ante el lugar de su situación;
(c) en el lugar del Derecho aplicable (Teoría del paralelismo);
(d) los tribunales elegidos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, siempre que la elección guarde conexión con la situación privada internacional (por ser lugar de celebración, de algún cumplimiento de prestaciones, de garantía constituida, de domicilio o residencia de alguna parte, de asiento del establecimiento, etcétera);
(e) en las acciones de nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, en el lugar de su constitución o sede social;
(f) en las acciones que versen sobre prestación alimentaria, ante los tribunales del domicilio o residencia habitual del acreedor alimentario;
(g) en acciones derivadas de responsabilidad extracontractual, las del lugar del domicilio del demandado o donde se produjo el accidente.
La jurisdicción es razonable cuando muestra una inmediación entre la administración de justicia y la cuestión a resolver.
La manera idónea de obtener foros razonables es celebrar tratados entre los Estados, donde se acuerden distribuir jurisdicciones. En primer lugar atendiendo el criterio que el acceso jurisdiccional es un Derecho fundamental de todo sujeto, tanto físico como jurídico. En segundo lugar, se brinda más eficiencia al proceso y una vez logrado el veredicto, facilita el reconocimiento o ejecución de la sentencia. Por último, ajustar competencias internacionales brinda mayor seguridad jurídica30, ya que es una garantía de previsión por parte del sistema internacional.
5. Foro exorbitante. Lo contrapuesto al foro razonable es el foro exorbitante. Según Paula Maria All, se presenta cuando se carece de razonabilidad y se atribuyen a tribunales de un Estado un volumen de competencias judiciales internacionales desmesuradas, a límites de beneficiar a los nacionales de ese Estado o la posición del mismo Estado. La razonabilidad o no de un foro tiene que ver con el cumplimiento del principio de proximidad, de vinculación del caso con el foro31.
El Estado que somete una situación privada internacional a su jurisdicción, a pesar que carezca de vínculos importantes para justificar esa atribución, lo que produce es un incumplimiento al principio de proximidad, que genera su descalificación para ser reconocida en el extranjero como sentencia. Es decir, será una sentencia ineficaz porque el resto de los Estados se negará a reconocerla por irrazonable por afectar la tutela de justicia y por ende importar denegación de justicia efectiva.
Si bien la jurisdicción es atributo de la soberanía, también es, limitación de la justicialidad32. Dos son los fundamentos que sirven de respaldo para impedir que se establezcan reglas exorbitantes en materia de jurisdicción internacional:
(a) como garantía esencial del sujeto. Desde el punto de vista activo cada persona tiene Derecho a recurrir a una jurisdicción que guarde vinculación con la relación que se juzga, y
(b) porque hay que lograr sentencias eficaces internacionalmente. Que se puedan ejecutar en el extranjero y, para ello, el juez foráneo que reciba el pedido de ejecución, verificará la jurisdicción que se atribuyó el juez sentenciante y de ser excesiva o exorbitante la desconocerá, le negará su reconocimiento.
Márcia Cristina Xavier de Souza, señala que la ausencia de límites en la jurisdicción internacional trae inconvenientes de orden práctico, inclusive repercusiones contra la pacífica convivencia internacional, pudiendo conducir a conflictos con más jurisdicciones de otros Estado o un desprestigio de la función judicial del Estado que dicta la decisión33.
Existe una tendencia, en algunos países, de establecer reglas de jurisdicción internacional fuera de la media razonable aceptada, pues consagran competencias en supuestos que un extranjero contraiga obligaciones con un nacional (art. 14 Código Civil francés, última parte) o cuando se carezca de domicilio en el país se considerará que tiene residencia (art. 23 Código Civil japonés). En los sistemas anglosajones que fijan jurisdicción en base al foro del emplazamiento y atribuyen competencia a los jueces del Estado en el cuál el demandado recibe la cédula que lo emplaza al juicio o le notifican la demanda a pesar que la presencia del sujeto sea motivada por casualidad (vacaciones, estancia por un negocio determinado, etcétera). En el derecho estadounidense, se admite inclusive el foro de los negocios (doing business) que otorga jurisdicción a los jueces de un Estado en que el demandado realiza actividad económica34.
6. Foro exorbitante en relaciones de consumo. En las relaciones de consumo, la República Argentina ha concretado en el ámbito del MERCOSUR el Protocolo de Santa María35, que contempla aspectos de jurisdicción internacional donde se protege a la parte contractual más débil. La regla general es el foro del domicilio del consumidor.
Este convenio internacional, si bien no esta vigente porque el art. 18 del acuerdo suspende su aplicación hasta tanto apruebe el Consejo del Mercado Común, el Reglamento Común para la Defensa del Consumidor, es una directiva exorbitante cuya justificación radica en el amparo o tutela especial que reciben aquellos sujetos que son destinatarios finales del proceso de producción y servicios36.
El Derecho del consumidor en la República Argentina carece de normas que atribuyan jurisdicción37, de allí que la regla general prevista en el artículo 1215 (lugar de cumplimiento de la obligación) y artículo 1216 (lugar del domicilio del demandado) del Código Civil consideradas como leyes análogas para determinar competencia internacional. Esa analogía para completar la laguna legal no deja satisfechos los Derechos del sujeto débil de la relación de consumo, pero ante la ausencia de reglas de jurisdicción es la previsión formativa más acorde38.
7. Foro de necesidad. Cuando un tratado no distribuya jurisdicción, ni la ley interna la atribuya, los tribunales de un Estado no pueden juzgar una situación privada internacional. Lo expresado es una directiva que tiene una excepción. Es cuando la problemática revela que se encuentren amenazados o vulnerados Derechos humanos y la afectación es clara, manifiesta y presenta características de urgencia para restituirlos o peligro grave que se agrave en la dignidad del sujeto afectado.
En ese contexto de afectación, los tribunales de un Estado pueden intervenir con la finalidad de evitar denegación de justicia. El motivo tiene que ser demostrable y justificada la imposibilidad de iniciar la demanda en el extranjero por una urgencia o peligro inminente. Al mismo tiempo, la situación que se ampare tiene que exhibir algún vínculo con el país y que con la actuación judicial se va a garantizar, también, el derecho de defensa en juicio a la parte contraria, demostrando que ha sido debidamente notificada del proceso, brindándole tiempo suficiente para comparecer en el juicio.
La doctrina española concibe, esta situación, bajo la denominación de foro de necesidad, como un supuesto de un derecho prestacional basado en una privación de protección39; por lo tanto, los motivos deben ser suficientemente graves para que se recepte una acción a pesar de falta de competencia. Los tribunales argentinos, pueden intervenir con la sola finalidad de evitar la denegación de justicia, pero siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero y en tanto el caso;
(i) presente contacto suficiente con el país;
(ii) garantice el derecho de defensa en juicio;
(iii) tenga en cuenta que se debe lograr una sentencia eficaz.
La jurisprudencia Argentina aplicó el foro de necesidad en el caso “Vlasof”. Es un fallo de la Corte federal40 y su plataforma fáctica es la siguiente:
(a) La Señora E. C. de Vlasof, demandó a su esposo, A. Vlasof, por divorcio y separación de bienes41, invocando las causales de abandono voluntario y malicioso del hogar, adulterio e injurias graves.
(b) El matrimonio se celebró el 26 de setiembre de 1925 en Rumania, y en 1941, los cónyuges fijaron su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, donde, después de habitar por algún tiempo en un hotel, alquilaron un departamento en la Avda. del Libertador General San Martín. El Señor Vlasof viajaba al extranjero permanentemente e hizo su último viaje a Europa en 1952, fecha a partir de la cual no regresó a Buenos Aires.
(c) Ante la demanda, el Señor Vlasof opuso excepción de incompetencia de los tribunales argentinos sosteniendo, que desde el año 1949 había establecido su domicilio en Génova (Italia) suplantando el que tenía en Buenos Aires; y que, desde 1952/53 había instalado allí el núcleo familiar, con excepción de la Señora de Vlasof que se negó a radicarse en aquel lugar, no obstante todos los requerimientos que le dirigió con tal fin. Afirmó, que el rompimiento definitivo se produjo en 1954, con motivos de la disminución de la cuota que el demandado le pasaba para sus gastos. Por lo tanto, consideraba que en virtud de lo dispuesto por los arts. 104 y 53 de la ley de matrimonio civil (Ley 2393) y art. 90, inc. 9° del Código Civil los tribunales argentinos eran incompetentes, porque la mujer casada tenía el domicilio del marido.
(d) Al contestar el traslado de la excepción de incompetencia, la Señora Vlasof señaló que el demandado consintió la jurisdicción del juzgado en un proceso anterior de alimentos y que el domicilio conyugal quedó establecido en Buenos Aires desde 1941, donde subsistía, pues no fue cambiado desde entonces en forma alguna. Invocó expresamente, lo dispuesto en los arts. 93 y 94 del Código Civil (prevalece el domicilio familiar sobre el de los negocios) afirmando que la familia está constituida únicamente por ella y el Señor Vlasof, ya que el matrimonio no tuvo hijos y no corresponde incluir en ella a los que cada cónyuge tuvo de otra unión, los cuales a su vez contrajeron matrimonio y se independizaron, habitando siempre un lugar distinto al de las partes.
(e) Tanto la sentencia de 1ª instancia, como los dictámenes fiscales, de 1ª y 2ª instancias, desestimaron la excepción de incompetencia de jurisdicción, fundado en que el último domicilio común de los cónyuges estuvo en la Argentina, Avda. del Libertador General San Martín, y entendieron que ese determinó la jurisdicción. Por el contrario, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal admitió la excepción de incompetencia por falta de jurisdicción y revocó la sentencia de 1ª instancia.
(f) Mediante interposición de un recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toma intervención porque entendió que era materia federal la declaración de incompetencia cuando se declaran competentes jueces extranjeros. Fundamenta, además, que era necesario evitar privación o denegación de justicia y distingue el domicilio procesal del domicilio marital. Es decir, aplica la tesis diferencial del domicilio.
El tribunal señaló que, “en el ordenamiento jurídico argentino, la efectiva privación de justicia a que puede dar lugar la decisión de problemas de competencia autoriza el conocimiento de esta Corte en la causa en que ello ocurra. Tal intervención resulta, por otra parte, consecuencia de la función por la que se mantiene la primacía constitucional. Según lo dicho, la privación de justicia puede configurarse, ya a raíz del planteamiento meramente formal de contiendas de competencia en los términos de los arts. 46 y siguientes de la Ley 50; ya en situaciones de conflicto que equivalgan en esencia a aquéllas (conf. causa: "Giannoni, E. A.", sentencia del 2 de diciembre próximo pasado) ya en caso de declinatoria, si lo decidido afecta sustancialmente la garantía de la defensa”. Declara que “el concepto de privación de justicia puede ser referido a las circunstancias en que se lo invoca, en cuanto de ellas resulte que lo decidido y apelado prive al ejercicio del derecho en debate de toda razonable utilidad”.
En esa situación, se encontraba la Señora Vlasof y para ello lo funda en: (1) el demandado estaba ausente del país; (2) la edad del Señor Vlasof era de 81 años en el año 1958, cuando se dictó la sentencia de Cámara; (3) la dificultad que importaba la radicación del juicio en el extranjero, porque Vlasof desenvolvía sus negocios en centros financieros, industriales y comerciales más importantes del mundo; (4) por su carácter de naviero, cuyos barcos pertenecen a matrículas inglesa, italiana, panameña y griega, podía desplazarse por esos diversos lugares; (5) la actitud adoptada ante la iniciación del juicio, pues a más de 5 años de presentada la demanda -lo fue el 18 de mayo de 1954- ella aún no había sido contestada; (6) la posibilidad siempre presente de cuestionar la competencia de cualquier tribunal extranjero ante el cual la causa se radique -máxime cuando la sentencia de Cámara no indica concretamente a qué tribunal italiano correspondería intervenir y (7) la imprevisibilidad de la sentencia del tribunal extranjero sobre su jurisdicción la que, de ser negativa, escaparía a toda revisión por parte de la Corte.
Además de esos argumentos, la Corte federal menciona que, la solución adoptada por la sentencia en recurso no se aparta de su jurisprudencia, ya que “tiene establecido reiteradamente y desde antiguo (Fallos, t. 242, p. 507 y sus citas) que son competentes para conocer en el juicio de divorcio los jueces del último domicilio conyugal anterior a la separación de los esposos. Se trata del último lugar de efectiva convivencia indiscutida de los cónyuges, sin que importe a los fines de la competencia la calificación de su separación y, menos aún, la oportunidad en que sobrevino a ella el quebrantamiento definitivo de la armonía conyugal” (tesis diferencial del domicilio).
Werner Godschmidt aprobó la sentencia, a la que calificó de revolucionaria. Decía el recordado maestro: “La sentencia que tenemos a la vista, mantiene que el fallo recurrido produce una privación de justicia. Tal actitud constituiría un ataque a la garantía del debido proceso en su aspecto adjetivo. Es cierto que cuando se alude a la garantía del debido proceso, no se suele mencionar la denegación de justicia sino, por lo menos principalmente, entorpecimientos de la defensa en juicio; y no lo es menos que la denegación de justicia constituye una entidad distinta de las conductas de cercenamiento de la defensa en juicio. Tampoco sería lícito confundir la denegación de justicia con la sustracción de las partes a sus jueces naturales: Substraer a las partes de sus jueces naturales supone no sólo el resultado negativo de la sustracción, sino también el hecho positivo de su sumisión a jueces ad hoc”…. “la denegación de justicia constituye la máxima violación de la garantía del debido proceso. Si el art. 18 de la Magna Carta ya se resiente por meros entorpecimientos de la libre defensa, ¿cómo no va a reaccionar contra su total y absoluta abolición ("argumentum e fortiori")?. Así se explica que en un supuesto de denegación de justicia la Corte, además de ser asequible por medio de recursos de otra índole, también puede resolver sobre la competencia por vía del recurso extraordinario”.
Luego agrega: “La Corte, en efecto, se adentra en un estudio de varias circunstancias concretas del caso y llega al resultado de que, si se impidiese a la actora pleitear en la República, prácticamente no podría perseguir judicialmente sus derechos en ningún otro país del mundo. De este estado internacional del asunto deduce la Corte el derecho de la actora a litigar en la República, puesto que, en caso contrario, se produciría una denegación de justicia. Dejando aparte lo convincente de la argumentación en cuanto se refiere a los diversos hechos fácticos (edad de las partes) y jurídicos (dificultad de pleitear en Italia) que pudieran obstaculizar la vía procesal en el extranjero, lo que importa es lo siguiente: El fallo no se ocupa sólo del hecho de que las partes dispongan de un tribunal competente, si según el Derecho argentino se diese la jurisdicción internacional de sus tribunales, sino que contempla también la situación internacional en su totalidad y se preocupa del hecho de que las partes tengan a su disposición un tribunal argentino, aunque tal vez no se dé la jurisdicción internacional argentina de acuerdo al Derecho de la República, con tal que tampoco haya jurisdicción internacional viable en otro país de la comunidad internacional y las partes o por lo menos una de ellas tengan un contacto indudable con la Argentina. En otras palabras, la nueva jurisprudencia enfoca los casos de jurisdicción internacional también como gestora de las naciones unidas y se atribuye la misma, si en caso contrario existe el peligro de una efectiva denegación internacional de justicia. He aquí el fenómeno del "desdoblamiento funcional": La Corte Suprema actúa como tribunal nacional en cuanto afirma la jurisdicción internacional argentina en base al Derecho argentino y determina en su virtud al tribunal territorialmente competente; al contrario, la Corte Suprema procede como órgano de la comunidad internacional en cuanto examina el panorama internacional en su conjunto y confiere jurisdicción internacional a los tribunales argentinos a causa de un estado de necesidad e inclusive en defecto de una regla argentina, con el sano propósito de que no se produzca una denegación de justicia en la comunidad internacional”.
Antonio Boggiano, también certifica la doctrina judicial del caso Vlasof, porque señala que conjuga admirablemente el principio de Derecho internacional público que proscribe la denegación internacional de justicia con el principio de Derecho constitucional argentino de la defensa en juicio42.
Los conceptos privación de justicia y denegación de justicia no deben ser calificados con igual sentido y alcance. El primero refiere a toda demora, entorpecimiento, restricción o limitación para un acceso y libre desarrollo de la acción de peticionar a las autoridades, en el caso de recurrir a la justicia frente a un “caso judicial”. Desde esta perspectiva, por ejemplo, es privación de justicia la demora en dictar sentencia o resolución. En cambio, denegación de justicia se presenta cuando hay falta de tutela; verbigracia porque no existen tribunales a los cuales acceder, o que estos estén situados en lugares extremadamente alejados de donde se debe interponer una demanda, o que frente a pretensiones de reparación de daños a la persona no se contemple un adecuado resarcimiento y se lo haga de manera insignificante.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia del 11/05/2007, caso Bueno Alves c. Argentina) falló en contra del Estado argentino por la causal de denegación de justicia porque atribuyó responsabilidad internacional respecto de la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los arts. 5.1, 5.2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el art. 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de una persona extranjera que sufrió torturas en sede policial y no recibió respuesta judicial alguna vinculada a tal hecho. Dispuso, en consecuencia pagar una indemnización en concepto de gastos futuros de tratamiento y atención médica-psicológica a la persona que fue objeto de torturas en sede policial y que luego sufrió la denegación de justicia en relación a ese hecho.
El foro de necesidad tiende a evitar la denegación de justicia y es una jurisdicción excepcional43, que el Derecho comparado recepta en limitados casos donde se encuentren vulnerados Derechos humanos. De allí que los motivos deben ser precisos, evidentes, manifiestos y la cuestión tiene que presentar vínculo suficiente con el país.
8. Foro no conveniente. Cuando un tribunal tiene jurisdicción, pero advierte que otro tribunal también la posee [concurrente] y que puede acceder a un mejor esclarecimiento de los hechos o precisar más eficazmente el daño, debe declinar su competencia a favor del foro más próximo a esas circunstancias. La plataforma fáctica, o sea las cuestiones de hecho, indicaran cuál es la conexión más estrecha con uno u otro tribunal y en conocimiento de ello quien se encuentra más cercano de las cuestiones esenciales de la situación privada internacional.
Antonio Boggiano44 dice que las razones de la elección son (a) procesales: la proximidad de las partes, de las pruebas, los gastos, las dificultades de comunicación y (b) sustanciales, por ejemplo, mejor posibilidad de ponderar el valor de los daños, de las costas, etcétera45. En el primer supuesto, si los testigos se domicilian en su mayoría en un país, donde además se deben realizar las pericias – por ejemplo accidentológicas o psicológicas a la víctima o sus herederos – estas circunstancias dejan ver la conveniencia de radicar el proceso en un territorio. En el segundo, si el dañado tiene residencia o domicilio en un país, requiriendo una asistencia de salud especial será necesario que la sentencia tenga en cuenta el precio que demande el tratamiento para la mejoría del sujeto, en consecuencia en virtud de la naturaleza de la lesión experimentada, un solo juez podrá analizar más eficientemente estos elementos.
El foro no conveniente (forum non conveniens) debe ser alegado y acreditado por el demandado en la oportunidad que conteste la demanda, a esos efectos tiene que interponer excepción de incompetencia. También, deberá mostrar que el otro foro que propone tiene jurisdicción internacional y que de ventilarse la cuestión ante los tribunales de ese país, presumiblemente ese tribunal extranjero no se declarará incompetente o porque estará disponible para entender en la disputa46 en virtud que las normas procesales designan jurisdicción para juzgar la situación.
De allí, que debe: (a) demostrar la conveniencia que el caso sea juzgado en una jurisdicción que presenta vínculos más estrechos o estima que las autoridades de otro estado son mas adecuadas para resolver el litigio y (b) acreditar que ese foro estará utilizable; es decir, no se declarará previsiblemente incompetente.
La doctrina española47 señala, que es un mecanismo en cuya virtud, los tribunales de un país, pese a disponer de competencia judicial internacional para conocer de un litigio, rechazan conocerlo por estimar que existe otra jurisdicción extranjera mejor situada para conocer la cuestión. Es una figura jurídica nacida en el Derecho escocés y aplicada en países anglosajones como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, pues allí la proximidad que tenga el juez con los hechos es fundamental.
9. Forum shopping. La traducción de foro shopping permite pensar, que es salir a comprar una competencia judicial. En este caso, ese significado no es correcto. Se presenta, cuando en virtud de la autonomía de la voluntad se elije una jurisdicción internacional que no tiene nexo o vínculo con aspectos personales de los sujetos (domicilio, residencia, nacionalidad) ni con el lugar donde se realizan las prestaciones (lugar de celebración o cumplimiento, sea entrega de la mercadería o pago del precio). Es decir, es un sitio desvinculado, extraño, ajeno de la convención jurídica.
Pablo Slonimsqui, dice que forum shopping es, la posibilidad en virtud de la cual el actor puede elegir unilateralmente, al momento de demandar, al juez competente para su caso, y por esta vía, nada menos que el derecho aplicable que más favorezca al fondo de su pretensión. De ahí que la doctrina anglosajona defina esta práctica de un modo particularmente ilustrativo: «salir de compras de un Tribunal» o «salir de compras de una Ley»48.
Esta falta de conexión nos lleva a preguntarnos ¿por qué se designó esa competencia internacional?. La respuesta surge de la siguiente reflexión: elegir un tribunal es determinar el derecho aplicable al caso, ya que el juez del foro aplicará su Derecho internacional privado que le indicará cuál es el Derecho regulador del caso y puede ser un Derecho conveniente para la parte con mayor poder de negociación. A esa situación se la designa: quien elige el juez elije la solución.
Para Inés Weinberg, el forum shopping es legal y legítimo en tanto no esté prevista la jurisdicción exclusiva de los tribunales de un estado determinado49. Boggiano, en cambio, en otra posición, la cual comparto, señala que la elección a un tribunal completamente ajeno a las previsiones razonables de las partes al momento de celebrar el negocio, atenta contra la garantía de defensa en juicio en materia procesal del demandado (por ejemplo, porque le puede resultar muy difícil trasladarse hasta la jurisdicción pactada) y con la garantía de defensa sustancial, esto es la posibilidad que le fuesen eficazmente tutelados sus Derechos subjetivos50.
1 CALVO CARAVACA, Alfonso Luís y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. Derecho Internacional Privado. Editorial Comares, Granada, 2005, sexta edición, p. 46.
2 En las provincias argentinas, existen directivas en igual sentido. Ver: KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída. Atribuciones de los Superiores Tribunales de Provincia. Derecho Público Provincial. Ediciones Desalma, Mendoza 1991, p. 483.
3 COLOMBO, Carlos J. y KIPER, Claudio M. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado. Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006, tomo I, p. 9.
4 Citado por Claudio Kiper, en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado, ob. cit. P. 11.
5 DE LOS SANTOS, Mabel. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dirección: HIGTHON, Elena I. AREÁN, Beatriz A.. Editorial hammurabi, Buenos Aires, 2004, tomo 1, pp. 1/2.
7 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. Aspectos generales del sector de la jurisdicción internacional. En obra colectiva: Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR. Editorial Zavalía, Buenos Aires, 2003, p. 137.
8 CNCiv, Sala I, sentencia del 21/11/2002, in re: S., B. I. c. C., V. y otro, en ED 201,153.
9 También se establece en la Ley 48 en su art. 2 inc. 2.
10 AREAN, Beatriz A. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dirección: HIGTHON, Elena I. AREÁN, Beatriz A, ob. cit., p.13.
11 Fallos: 55:135.
12 Fallos: 190:517.
13 CSJN, sentencia del 11/04/96. Fallos 319:422.
14 CSJN sentencia del 27/11/88. Fallos 311:2178.
15 CSJN sentencia del 14/03/95. Fallos 318:340.
16 CCiv y Com, Azul, Sala II, sentencia del 15/06/2004, in re: Agropecuaria La Ventana S.A. c. Clovis Internacional Corp, en LLBA 2005 (abril), 304. Idem: PALACIO, Lino y ALAVARADO VELLOSO. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Editorial Rubinzal Culzoni, t. 1, pp. 154 y 155.
17 TSJ Neuquén. Acuerdo Nº 12 de fecha 10/11/2008, autos caratulados: "QUIROGA, JOSÉ C/ SOLAR TURBINES Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 70 - año 2003).
18 CSJN, sentencia del 03/05/2005, in re: Rauhut, Oliver W. c. Provincia del Chubut, Fallos: 328:1231.
19 AREAN, Beatriz A. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ob. cit., p. 24.
20 CSJN, Fallos: 222:410; 321:3286 y 322:1277.
21 CSJN, Fallos: 241:43.
22 Decreto Ley 7672/63.
23 CSJN, sentencia de fecha 05/10/1995. “San José Fernández, María Yolanda vs. Luparelli, Raúl”. Fallos, 318:1823.
24 CSJN, sentencia de fecha 18/06/1998. “Lacrose de Fortabat, María Amalia Sara”. Fallos, 321:1771. El Servicio Exterior de la Nación estará comprendido en las siguientes categorías: A) Embajador extraordinario y plenipotenciario; B) Ministro plenipotenciario de primera clase; C) Ministro plenipotenciario de segunda clase; D) Consejero de embajada y cónsul general; E) Secretario de embajada y cónsul de primera clase; F) Secretario de embajada y cónsul de segunda clase; G) Secretario de embajada y cónsul de tercera clase.
25 LA LEY, 2001-D, 573.
26 LA LEY, 2001-C, 879.
27 Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 27/12/2005, in re: T., R.A., en LA LEY 2006-C, 231, con nota de Nicolás Diana - DJ 19/04/2006, 1053 - LA LEY 2006-B, 36.
28 ALL, Paula Maria. Las normas de jurisdicción internacional en el sistema argentino. En obra colectiva: Derecho del comercio internacional. Litigio judicial internacional, Buenos Aires, 2005, p. 424.
29 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego. Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, ob. cit., p. 153.
30 La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci enseña que la noción de seguridad jurídica, es pilar del sistema constitucional. Y agrega: “Recuérdese que en el año 1903, Ehrenberg, yerno de Ihering y continuador de las ideas de ese gran jurista, distinguió entre seguridad del tráfico (o seguridad dinámica) y seguridad de los derechos (o seguridad estática, o seguridad del derecho subjetivo) (Ehrenberg, Víctor, "Seguridad jurídica y seguridad del tráfico", trad. de Antonio Pau, Madrid, ed. Colegio de registradores, 2003). La distinción desde la oposición de ambas nociones permitiría plantear lo que se ha denominado "hipótesis de repelencia", o dicho de otra manera, "hipótesis de contradicción o conflicto" (Para esta terminología, ver García García, José Manuel, "La función registral y la seguridad del tráfico inmobiliario", en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, año LXX, 1994, N° 625, p. 2259; reproducida en el Número de la Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario conmemorativo de los 50 años de la reforma hipotecaria de 1944, p. 93). Desde esta visión, la seguridad estática o seguridad del derecho subjetivo, noción romana, exige que ninguna modificación ni perjuicio patrimonial de un derecho pueda ser admisible sin el consentimiento de su titular. Esta seguridad protege la relación que existe entre un sujeto y una cosa frente a las turbaciones o ataques de terceros que se inmiscuyen en esa relación. Por lo tanto, cualquier privación del derecho sin ese consentimiento debería producir el restablecimiento judicial del derecho. En cambio, la seguridad dinámica o seguridad del tráfico es una noción germánica; exige que ningún beneficio adquirido en el patrimonio de un sujeto se frustre por hechos o situaciones ajenas que no ha podido conocer; procura, pues, brindar protección a los terceros que se ven involucrados en al circulación de la riqueza. En otros términos, "la estática de los derechos subjetivos impone que ningún titular sea privado de ellos sin su consentimiento; la dinámica, que la adquisición de un derecho subjetivo no se frustre en razón de una causa que el adquirente no conoció o no pudo conocer al tiempo de la realización del negocio" (Diez Picazo, Luis, "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", 4ª ed., Madrid, Ed. Civitas, 1995, t. III, p. 289) (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, sentencia del 14/04/2008, Banco Francés en: Banco Río de la Plata c/Francisco Baeza y otros, en LLGran Cuyo 2008 (junio), 454).
31 ALL, Paula María. . Las normas de jurisdicción internacional en el sistema argentino… Ibidem, p. 425.
32 COLOMBO, Carlos J. y KIPER, Claudio M. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado. Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006, tomo I, p. 23.
33 XAVIER de SOUZA, Márcia Cristina. Competencia Internacional, en obra colectiva Curso de Derecho Internacional Contemporáneo. Editorial Forense, Río de Janeiro, 2003, p. 495.
34 WEINBERG de ROCA, Inés Mónica. Competencia internacional y ejecución de sentencias extrajeras. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1994, p.86, señala que en 1870 un tribunal inglés desconoció una sentencia francesa al no reconocerle competencia a Francia ante la previsión del art. 14 citado.
35 Decreto Nº 10/96 del 17/12/1996.
36 PEREYRA, Luís Cruz y URIONDO de MARTINOLI. Jurisdicción internacional en materia de relaciones de consumo. Algunas reflexiones sobre el Protocolo de Santa María. Ponencia XVIII Congreso Ordinario de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y XIV Congreso Argentino de Derecho Internacional “Dra. Berta Kaller de Orchansky”. Rosario, 13, 14 y 15 de 2005.
37 PERUGINI ZANETTI, Alicia M. Derecho Internacional Privado del Consumidor. Relato en Ponencia XVIII Congreso Ordinario de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, citado, pp. 40/67.
38 Recordemos que se trata del consumidor pasivo; es decir, sujetos que contratan desde su residencia o domicilio y lo hacen ante un proveedor que de cualquier medio ingresa a su mercado [por internet, folletos o revistas, etcétera) o nombra un representante o sucursal en el país o inducen al consumidor a trasladarse al extranjero para efectuar la compra del producto o servicio.
39 PÉREZ VERA, Elisa; ABARCA JUNCO, Ana Paloma; GONZALEZ CAMPOS, Julio D.; GUZMAN ZAPATER, Mónica; MIRALLES SANGRO, Pedro Pablo y VIRGÓS SORIANO, Miguel. Derecho Internacional Privado. Editorial Colex, Madrid, 2000, Volumen I, p. 318.
40 C. de V., E. c. V., A, sentencia del 25/03/1960, en La Ley 98-287, anotado por Werner Goldschmidt bajo el título La Jurisdicción Internacional Argentina en materia matrimonial y las Naciones Unidas. Esa doctrina judicial se ha mantenido en: Cano, Antonio F. - Corte Suprema de Justicia de la Nación - 2002-02-12 - Fallos: 325:157
41 Vlasof era un naviero de una fortuna similar o mayor a la de Aristóteles Onassis.
42 BOGGIANO, Antonio. Derecho Internacional Privado. Editorial LexisNexis – Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, Tomo I, p. 209.
43 Conceptos que los utilizo en un sentido intercambiable.
44 BOGGIANO, Antonio. Derecho Internacional Privado. Editorial LexisNexis – Abeledo Perrot, ob. cit., p. 282.
45 PÉREZ VERA, Elisa; ABARCA JUNCO, Ana Paloma; GONZALEZ CAMPOS, Julio D.; GUZMAN ZAPATER, Mónica; MIRALLES SANGRO, Pedro Pablo y VIRGÓS SORIANO, Miguel. Derecho Internacional Privado, ob. cit., p. 319.
46 GARRO, Alejandro. Forum non conveniens: disponibilidad y adecuación en los foros latinoamericanos desde la perspectiva comparada. Derecho del Comercio Internacional (DeCiTa) Litigio judicial internacional. Directores DREYZIN de KLOR, Adriana / FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. Editorial Zabalía, Buenos Aires, 2005, p. 174/206.
47 CALVO CARAVACA, Alfonso Luís y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. Derecho Internacional Privado, ob. cit., p. 127.
48SLONIMSQUI, Pablo Ultimas noticias sobre “forum shopping”. LA LEY 2009-B, 20. Para este autor la denominación forum shopping ha sido utilizada para definir un universo de casos muy distintos entre ellos (judge shopping, fiscal shopping, law shopping, etc.) cuyo punto de contacto reside, invariablemente, en el ejercicio de algún grado de manipulación sobre la jurisdicción.
49 WEINBERG, Inés. Derecho Internacional Privado. Editorial LexisNexis Depalma, Buenos Aires, 20004, p. 408.
50 BOGGIANO, Antonio. Derecho Internacional Privado. Editorial LexisNexis – Abeledo Perrot, ob. cit., p. 220.

References: artículo 108
 Artículo 75
 artículo 24
in fine
 artículo 1
 artículo 1215
 artículo 1216