Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20180808s00263627192.html
Timestamp: 2020-08-09 02:17:47+00:00

Document:
26ª Sesión Ordinaria del 8 de agosto de 2018
N.º 26 - TOMO 584 - 8 DE AGOSTO DE 2018
26.ª SESIÓN ORDINARIA
–	El señor senador Cardoso solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Alimentación, a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia de todo el país, a todas las juntas departamentales, al Congreso Nacional de Ediles, a la Asociación de Funcionarios del INDA (AFINDA) y a la Unión de Trabajadores del Mides (UTMIDES-COFE), relacionada con los programas de alimentación por parte del Estado.
6)	María Irene Olarreaga de Armstrong. Su fallecimiento
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los familiares de María Irene Olarreaga, a los integrantes de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas «María Irene Olarreaga Gallino», a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación y a las comisiones homólogas a nivel departamental.
7)	Escuela n.º 319, República Popular China
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Embajada de la República Popular China; al Ministerio de Educación y Cultura; al Codicén; a las diecinueve juntas departamentales; a la Escuela n.º 319, República Popular China; a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y a su homóloga de la Cámara de Representantes.
8)	Código del Proceso Penal
–	Por moción del señor senador Carrera, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se le introducen modificaciones.
9)	Uso sustentable de bolsas plásticas
– Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.
10)	Señor Alberto Leopoldo Fajardo Klappenbach. Designación como embajador
–	Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlo en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Chile.
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Delgado y Larrañaga.
–	Quedan convocados los señores senadores Draper y López Villalba.
12)	Ejercicio Atlasur XI
–	Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 04 General Artigas de la Armada nacional, con su plana mayor, un helicóptero embarcado A-071 Esquilo y una tripulación compuesta por ciento cuarenta efectivos.
13)	Efectivos militares caídos en el cumplimiento de misiones de paz
–	Proyecto de ley por el que se dispone la erección de un monumento en su memoria.
14)	Suministro de agua potable a la localidad brasileña de Serrilhada
–	Proyecto de ley por el que se autoriza, en los términos dispuestos por el numeral 4.º del artículo 47 de la Constitución de la república.
15)	Responsabilidad de arquitectos y constructores
–	Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil y se derogan los artículos 35 y 36 de la Ley n.º 1816.
16)	Doctoras Adriana Fátima Rocha Baldi y Cecilia María Irigoyen Ibarburu. Designación como fiscalas letradas
«Montevideo, 7 de agosto de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 8 de agosto, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se declara de interés general el uso sustentable de bolsas plásticas.
Carp. n.º 635/2016 - rep. n.º 684/18 y anexo I
2.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Chile al señor Alberto Leopoldo Fajardo Klappenbach.
Carp. n.º 1115/2018 - rep. n.º 687/18
3.º) por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 04 General Artigas de la Armada nacional, con su plana mayor, un helicóptero embarcado A-071 Esquilo y una tripulación compuesta de 140 efectivos, a efectos de participar en el ejercicio Atlasur XI, a llevarse a cabo en la República de Sudáfrica en el período comprendido entre el 14 de agosto y el 2 de octubre de 2018;
Carp. n.º 1135/2018 - rep. n.º 689/18
4.º) por el que se dispone la erección de un monumento en memoria de los ciudadanos caídos en el cumplimiento de misiones de paz;
Carp. n.º 1106/2018 - rep. n.º 676/18
5.º) por el que se autoriza, en los términos dispuestos por el numeral 4) del artículo 47 de la Constitución de la república, el suministro de agua potable a la localidad brasileña de Serrilhada;
Carp. n.º 1132/2018 - rep. n.º 688/18
6.º) por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil y se derogan los artículos 35 y 36 de la Ley n.º 1816, de 8 de julio de 1885, sobre responsabilidad de arquitectos y constructores.
Carp. n.º 726/2016 - rep. n.º 686/18
7.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar:
– en calidad de fiscala letrada adjunta (escalafón N), a la doctora Adriana Fátima Rocha Baldi;
Carp. n.º 1112/2018 - rep. n.º 683/18
– en calidad de fiscala letrada departamental (escalafón N), a la doctora Cecilia María Irigoyen Ibarburu.
Carp. n.º 1095/2018 - rep. n.º 662/18
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Cardoso, Carrera, Coutinho, De León, Delgado, García, Garín, Heber, Iturralde, Lacalle Pou, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé, Pintado, Vellozas y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, Bianchi, Camy, Castillo, Larrañaga, Mujica y Tourné.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se aprueba la Enmienda al Protocolo de Kioto de conformidad con su artículo 3, párrafo 9 (Enmienda de Doha), adoptada por la Decisión 1/CMP.8, de 8 de diciembre de 2012, de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes en el Protocolo de Kioto.
El señor senador Juan Castillo remite nota comunicando que no hará uso de la licencia solicitada para el día jueves 9 de agosto del corriente.
El señor senador José Carlos Cardoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Alimentación, a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia de todo el país, a todas las juntas departamentales, al Congreso Nacional de Ediles, a la Asociación de Funcionarios del INDA (AFINDA) y a la Unión de Trabajadores del Mides (UTMIDES-COFE), relacionada con los programas de alimentación por parte del Estado.
–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS».
Se va a votar si se remite a los destinos indicados la exposición escrita presentada por el señor senador Cardoso.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 7 de agosto no se registraron inasistencias.
6) MARÍA IRENE OLARREAGA DE ARMSTRONG. SU FALLECIMIENTO
SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: el pasado miércoles 1.º de agosto falleció la señora María Irene Olarreaga de Armstrong, destacada personalidad salteña, muy conocida y querida en el departamento por su intensa actividad social y cultural.
María Irene nació el 18 de setiembre de 1920. Era hija única de Narciso Olarreaga Pelegrín y María Gallino Solari. Contrajo matrimonio con Luis Armstrong, con quien vivió en el hogar de la familia, situado en la calle principal de Salto y conocido como el Palacio Gallino. Durante el gobierno del arquitecto Armando Barbieri, el 8 de diciembre de 1963, tras el fallecimiento de su madre, el matrimonio decide donar este lugar, lleno de recuerdos y valor afectivo, al patrimonio público con el fin de instalar allí el Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas. El 5 de octubre de 1999, el Poder Ejecutivo declaró monumento histórico nacional al destacado edificio.
Por la manera de ser activa que la caracterizaba y siguiendo su ideal, la donación de la propiedad fue para María Irene solo el primer paso, ya que luego continuó con la misión de que esta hermosa casa céntrica se mantuviera en perfecto estado para cumplir con el fin que se le había dado. Por este motivo, tuvo la iniciativa de crear la Comisión Honoraria Amigos del Museo, integrada por amantes de la cultura. Esta comisión contó siempre con su apoyo y su colaboración, y llevó adelante su trabajo con la responsabilidad y el entusiasmo de su impulsora, no solo en lo que hace a la conservación y funcionamiento del edificio, sino en la preocupación por la búsqueda de los medios necesarios para su renovación e intentando que fuera una gran demostración viva y dinámica de la cultura.
En este museo se realizan exposiciones, conferencias, talleres y cursos de arte. María Irene dio al departamento de Salto la posibilidad de contar con un gran museo.
En 2003, al cumplirse cuarenta años de su donación, el entonces intendente del departamento, Eduardo Malaquina, como demostración del permanente agradecimiento de todos los salteños, decreta que ese museo lleve su nombre. En octubre de 2013, convencido de sus sobrados méritos por sus aportes sociales, el Gobierno que nos tocaba encabezar envió a la Junta Departamental de Salto la iniciativa para que se la declarara como una de las primeras ciudadanas ilustres, lo que fue aprobado por unanimidad.
Quienes trabajaron junto a ella la recuerdan por su dinámica, por cómo se involucraba y por su trato amable, que hacían que fuera muy difícil negarse a sus solicitudes. Los más allegados la recuerdan por su dulzura, optimismo, generosidad y bajo perfil, pero también por su personalidad y carácter decidido, los que siempre le permitían hacer frente a todas las situaciones.
Hoy queremos rendir homenaje a esta gran persona, a esta mujer activa, cuyo apoyo a la cultura y a la sociedad fueron permanentes. Diría que es un modelo de persona a seguir, valorar e imitar, a fin de tener una sociedad con los valores que queremos promover para lograr un futuro mucho mejor.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a sus familiares, a los integrantes de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas «María Irene Olarreaga Gallino», a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación y a las comisiones departamentales homólogas.
7) ESCUELA N.º 319, REPÚBLICA POPULAR CHINA
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: quiero hacer referencia a dos hechos vinculados a la Escuela n.º 319, República Popular China, ubicada en el barrio Casavalle de Montevideo, que adquieren una gran significación.
En primer lugar, quiero manifestar que, días pasados, en el Centro Cívico Luisa Cuesta, se hizo la presentación del proyecto de obra de la nueva escuela de tiempo completo, la que una vez construida podrá recibir a más de trescientos niños. La obra será realizada en virtud del apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la donación efectuada por el Gobierno de la República Popular China. Esto se materializará en la construcción de 1600 metros cuadrados, con doce aulas, lo que insumirá una inversión de USD 2:000.000. Ello se complementa con importantes obras de refacción en el local donde funciona la actual Escuela República Popular China, particularmente en las áreas de pintura, electricidad, sanitaria y cerrajería. Sin duda alguna, estas obras van en la dirección de brindar igualdad de oportunidades a nuestros niños de ese populoso barrio de Montevideo, tanto en el plano educativo como en el de construcción de ciudadanía. El aporte chino pondrá a este centro educativo en un excelente nivel material.
En segundo término, quiero agregar que el próximo viernes partirán hacia Beijing cinco alumnos de la escuela República Popular China, junto a su maestra, en un viaje de intercambio cultural. Ellos visitarán el Colegio Chino Internacional de Beijing, la Gran Muralla, el barrio histórico, la Ciudad Prohibida, el ex Palacio Imperial, la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, la Radio Internacional de China, parques y otros lugares de la gran capital china.
La visita durará ocho días y es parte de un proyecto que no finalizará con el viaje, pues a través de los ojos de los niños que concurrirán a China, el conocimiento de nuevas realidades se proyectará y multiplicará en los compañeros que quedan en Montevideo. Sabemos que este viaje se ha transformado en una gran actividad colectiva en la escuela, ya que los compañeros de los viajeros, todos de 6.º año, han apoyado y ayudado a preparar a la delegación en historia y cultura china. Estamos ante una gran delegación que representará a los niños de la escuela pública uruguaya, lo que consideramos una gran oportunidad.
En mi calidad de integrante del Senado de la república y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de esta cámara, y en nombre de la bancada de senadores del Frente Amplio, quiero expresar el agradecimiento al Gobierno de la República Popular China por su cooperación y solidaridad con Uruguay, en particular con la escuela pública y los niños del barrio Casavalle.
Todo ello no hace más que confirmar los lazos de amistad permanente entre nuestro país y la República Popular China.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita al Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Embajada de la República Popular China; al Ministerio de Educación y Cultura; al Codicén; a las diecinueve juntas departamentales; a la Escuela n.º 319, República Popular China; a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y a su homóloga de la Cámara de Representantes.
8) CÓDIGO DEL PROCESO PENAL
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del orden del día.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mociono para que se declare la urgencia y se trate de inmediato el proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al Código del Proceso Penal. Carpeta n.º 1092/2018». (Firma el señor senador Carrera).
Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen modificaciones al Código del Proceso Penal (Carp. n.º 1092/2018 - rep. n.º 690/18 y anexo I)».
En este caso se trata de una discusión única, ya que este proyecto de ley regresa de la Cámara de Representantes con modificaciones.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: como es de conocimiento del Cuerpo, el pasado 4 de julio votamos modificaciones al Código del Proceso Penal. El miércoles 1.º de agosto la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, pero le realizó algunos cambios que podríamos decir que son de técnica legislativa.
En efecto, allí se modificó el numeral 50.1 del artículo 50 que figura en el artículo 2.º del proyecto de ley. El 50.1 hacía referencia al «artículo anterior» y ahora se alude al «artículo 49».
El artículo 6.º comenzaba con el verbo «Agréguese» y ahora se cambió por «Agrégase».
Con el artículo 7.º ocurre algo similar, ya que se cambia el término «acogiendo» por la expresión «en caso de acoger». A su vez, se hacía una referencia al «artículo siguiente» y ahora se alude al «artículo 224».
La modificación más sustantiva aparece en el artículo 8.º y es la siguiente. Antes se hacía referencia al «Homicidio y sus agravantes» y ahora se habla del «Homicidio agravado»; a su vez, se suprime la mención al artículo «310 - BIS» –igual que en el literal g) del artículo 10–, porque mientras el Senado aprobó las modificaciones al Código del Proceso Penal, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a una ley que agravó la pena del homicidio, pasándola de veinte meses de prisión a dos años de penitenciaría. Además, se estableció una agravante muy especial en el homicidio de ciertos empleados públicos de relevancia como policías, jueces y fiscales.
Asimismo, se hizo una modificación de técnica legislativa en el artículo 11.
Es cuanto tengo para informar, señora presidenta, y solicito al Cuerpo que le dé sanción definitiva al proyecto de ley en consideración, porque en lo sustancial no modifica la norma que oportunamente habíamos aprobado.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: compartimos lo que expresaba el señor senador Carrera, y efectivamente nos parece importante tratar en forma urgente esta iniciativa para que de una vez por todas se convierta en ley.
Además de los ajustes formales que se señalaban, quizás la modificación más relevante es que se acentúa la precaución que tuvimos en el Senado en el momento de aprobar el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal. Me refiero a la certeza de que el tribunal no está obligado a establecer la prisión preventiva, sino que lo debe hacer el fiscal. Como se decía en la versión original, ahora se establece que el tribunal «podrá» decretar la prisión preventiva. A su vez, en el artículo 7.º del proyecto de ley, que modifica el artículo 223 de la Ley n.º 19293, que decía: «La resolución del tribunal, acogiendo la solicitud», ahora se expresa: «La resolución del tribunal, en caso de acoger la solicitud». De esta forma, se acentúa esa preocupación por no establecer por vía legislativa una obligación al Poder Judicial, lo que no sería pertinente.
Es así que con gusto vamos a acompañar las modificaciones que se proponen.
SEÑORA PRESIDENTE.- Como ya señalamos, se trata de una votación única, ya que corresponde al Senado pronunciarse acerca de si acepta las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.
9) USO SUSTENTABLE DE BOLSAS PLÁSTICAS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se declara de interés general el uso sustentable de bolsas plásticas. (Carp. n.º 635/2016 - rep. n.º 684/18 y anexo I)».
También en este caso se trata de una discusión única, ya que este proyecto de ley regresa de la Cámara de Representantes con modificaciones.
SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: este proyecto de ley fue aprobado en primera instancia en el Senado, pero durante su consideración en la Cámara de Representantes, se le hicieron algunas modificaciones. Se trata, fundamentalmente, de ajustes de redacción sobre su alcance, tendientes a facilitar la clarificación de algunos artículos, pero no se plantean cambios sustanciales en cuanto a su esencia y a lo que se buscó cuando se discutió en esta primera cámara.
Tal como se expresa en su primer artículo, el proyecto de ley de uso sustentable de bolsas plásticas tiene como objetivo principal declarar de interés general la prevención y reducción del impacto ambiental derivado de la utilización de bolsas plásticas, mediante acciones para desestimular su uso, promover su reúso, reciclado y otras formas de valorización.
Entendemos que esta iniciativa plantea un proceso de transición y busca pasar de las bolsas plásticas conocidas como «bolsas camiseta», que se usan en los supermercados y surgen de la industria petroquímica, a bolsas elaboradas con materiales biodegradables que se puedan compostar. Se intenta lograr un proceso de transición tendiente a que en el futuro no se utilicen bolsas plásticas, que debería ser el objetivo principal.
Deberíamos enmarcar esta iniciativa –que ya habíamos aprobado y que vamos a volver a votar en el día de hoy con las modificaciones propuestas en la Cámara de Representantes– en un proyecto muy importante que hace algunas semanas ingresó a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y que refiere a la gestión integral de los residuos. Lo ideal habría sido que este tema se hubiera tratado dentro de ese proyecto más general e integral, pero de cualquier manera entendemos que se trata de un avance muy importante.
El proyecto de ley de uso sustentable de bolsas plásticas es una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero ha tomado como base un proyecto presentado en su momento por el señor senador Bordaberry. Para su elaboración se contó con la participación de delegaciones del Poder Ejecutivo, de las intendencias, de municipios de la zona metropolitana, de asociaciones empresariales, de Cambadu y de la Asociación de Recicladores de Plásticos del Uruguay.
Sin lugar a dudas, se trata de un tema importante por todo el impacto que genera el uso de estos materiales, no solo a nivel general –es conocido que en algunos océanos se han formado islas en las que se han concentrado plásticos de manera muy significativa–, sino también a nivel local, barrial y domiciliario, ya que son muy grandes las cantidades de bolsas plásticas que se utilizan en el país. Solo en Montevideo hay dos mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de basura, y aproximadamente el 10 % –alrededor de doscientas toneladas– está constituido por estas bolsas. Por lo tanto, creemos que este es un avance muy importante.
Obviamente hay aspectos sociales vinculados a estos temas. No desconocemos que hay mucha gente trabajando en todo lo que tiene que ver con la clasificación y el reúso de estos materiales, pero ese tema se va a resolver y a manejar con esos sectores. Hay un capítulo entero de la iniciativa –que ya comenzamos a tratar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado– relativo a la gestión integral de residuos que trata sobre la inclusión de los clasificadores. Allí se abordan aspectos vinculados, obviamente, a la inclusión, al registro de clasificadores, a la certificación de competencia, a estimular la creación de empresas y a acciones de apoyo –fundamentalmente, a partir de instituciones y organismos del Estado– a ese colectivo de gente que está vinculada con todo este tema de la clasificación.
Reitero: en este proyecto de gestión integral de residuos sobre el que se ha comenzado a trabajar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la república, van a estar contemplados muchos de estos aspectos que señalamos. Quiere decir que este proyecto de ley es una transición que compartimos porque significa un avance que va a permitir, por un lado, prohibir, en esta etapa de transición, la fabricación, importación, distribución, venta y entrega de todos estos materiales que se han venido utilizando hasta ahora –hablamos de las bolsas que utilizan, fundamentalmente, las grandes superficies y los comercios–, para ir sustituyéndolos por materiales compostables y biodegradables.
Por lo tanto, estamos recomendando la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: es con mucho gusto que estaremos aprobando el proyecto de ley de uso sustentable de bolsas plásticas. En principio, que el Uruguay comience a decir «No, gracias» a las bolsas plásticas es un alivio. Hago mías las palabras de Andrés Carvajales, biólogo, que escribió una columna que dice: «¿Bolsas plásticas? No, gracias», y señala algunas cosas que me parece importante dejar registradas en la versión taquigráfica de la discusión de este proyecto de ley, aunque, como dijo el senador De León, es necesario tener una ley integral de residuos –que el Uruguay se debe como país–, de la cual este proyecto forme parte.
En el artículo mencionado, dice Carvajales: «… el proyecto establece acciones que buscan desestimular el uso, promover la reutilización, impulsar el reciclado y habilitar otras formas de valorización de las bolsas plásticas». Afirma que no es «una ley de talante prohibicionista que busque llevarse puestos costumbres, negocios, o fuentes de trabajo, sino el producto de la constatación de que la llamada Edad del Plástico llegó para quedarse y que Uruguay no puede permanecer quieto a un costado del camino».
En esta columna señala que «el proyecto sí excluye la posibilidad de fabricar, importar, distribuir, vender o entregar bolsas que no sean compostables o biodegradables; […] obliga a los titulares de puntos de venta de bolsas a un conjunto de acciones orientadas a disminuir los impactos asociados a su uso y establece que el Ministerio de Industria, Energía y Minería habrá de organizar un plan de reconversión de la industria nacional de bolsas plásticas».
Recuerda la campaña ¡Sacá la bolsa del medio! del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ya que en nuestro país, señora presidenta, se usan, en promedio, la friolera de mil doscientos millones de bolsas de plástico por año. Y señala: «...un aporte nada despreciable al ciclo geológico de este material, si tenemos en cuenta los 500 mil millones de bolsas que se utilizan anualmente en todo el planeta».
Virtudes de la ley: está fuertemente identificada con el medioambiente. El mismo Andrés Carvajales señala que para la izquierda, que hizo de la cultura y la ciudadanía del trabajo una creación política, crear una ciudadanía y una cultura del ambiente está entre sus debes.
También el proyecto ayuda a criticar la sociedad de consumo en que vivimos y cito: «De todos los residuos que generamos» –dice Zac Goldsmith, quien es citado por Carvajales– «las bolsas plásticas son quizás el mayor símbolo de la sociedad del use y tire. Se utilizan y se olvidan, dejando tras de ellas un legado terrible».
«La política –dice Carvajales– […] supone jugarse por ideas con otros mundos en mente», y también señala que aunque cualquier llamado a construir marcos que ordenen la libre determinación de nuestras vidas es visto como una amenaza, esto no debe ser así y «esta ley toma partido». Continúa diciendo: «Junto a la Ley para la Gestión Integral de Residuos […] se generan aquí condiciones para considerar de forma integral esas otras aristas socioambientales, cuidando a todos y lo que es de todos».
Incluye una cita –que me gustó– de Jeremy Davies en El nacimiento del Antropoceno, que dice que los ambientalistas «deben considerarse atrapados en la transición entre dos intervalos geológicos [el Holoceno y el Antropoceno] y su tarea es negociar un camino que la atraviese», y afirma que «esto implica abandonar el objetivo absurdo de lograr una “sustentabilidad indefinida”». También señala: «El Antropoceno, como tal, no es negociable, y lo que toca más bien es actuar para salvaguardar y reconstruir la pluralidad en las formas de relacionarnos con la naturaleza, en contra de la tendencia simplificadora y homogeneizante de la sociedad capitalista actual».
–Es cierto, señora presidenta, lo que dice Carvajales de que desde que empezó la Revolución Industrial, estamos generando una cantidad gigante de desperdicios, y se refiere también a la primera reacción de la sociedad frente a este modelo de producción generador de desperdicios.
SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores senadores que hagan silencio para poder escuchar a la señora senadora.
Puede continuar, señora senadora Moreira.
SEÑORA MOREIRA.- Al tema del ambiente parece que no se lo considera muy relevante, señora presidenta, pero lo es, y queremos llamar la atención por la vieja forma en la que nos empezamos a separar de los residuos, con posterioridad a la Revolución Industrial, basada en la lógica higienista, que es apartarse de la amenazante masa de residuos que genera el hiperconsumo capitalista, y eso fue por los impactos que genera en la salud.
Más adelante este biólogo señala: «Pero, como diría Barry Commoner en una de sus célebres 4 Leyes de la Ecología, “en la Naturaleza, todo va a dar a algún lugar” […] Si se tienen dudas de lo anterior basta con tomarse un 109, bajarse en Camino Carrasco y Felipe Cardoso, caminar unas cuadras y admirar el sitio de disposición final de la Intendencia, cuyas montañas de residuos ya son de los sitios más altos de la capital luego del Cerro de Montevideo».
¿Qué podemos esperar de la aprobación de estas leyes?, se pregunta Carvajales, y responde que algo más que mucho menos plástico en las ciudades. Se trata de impulsar una cultura y una ciudadanía ambiental y considerar los temas ambientales como el centro de los problemas del desarrollo.
Era esto lo que quería decir, planteando un reconocimiento a este biólogo que, con su columna, nos hace reflexionar más allá de las bolsas de plástico.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: me voy a referir brevemente al tema.
Creo que, efectivamente, será muy importante la votación final que estaremos haciendo de este proyecto de ley.
Desde el período legislativo 2000-2005 no producimos, en este tema, un marco legal. En aquella ocasión fue la ley de envases. Se ha generado la posibilidad de instrumentar políticas públicas, pero sin duda que los marcos legales son imprescindibles y, dados los excesos que se cometen con el tema del plástico, cuando intentamos una modificación legal siempre surgen dudas, diferencias y críticas. Como decía el miembro informante, muchas de ellas tienen cabida en esa ley de gestión integral de residuos que la comisión –lo tiene claro– debe producir en los tiempos legislativos que nos quedan, porque Uruguay requiere de un avance normativo imprescindible en este tema, con los dos parámetros: la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social, porque estamos un poco atrasados en la materia, aspecto en el que muchos otros países han avanzado significativamente.
La rapidísima evolución de la tecnología en esta materia ha condicionado el avance legislativo. Debemos ser capaces de incorporar esa dinámica y saber que hay una serie de elementos a tener en cuenta, y que seguramente estas no sean leyes que puedan perdurar eternamente, sino que tendrán que adaptarse a las realidades de los imprescindibles avances científicos.
El día del medioambiente de este año, 2018, estuvo determinado por el tema de la contaminación de los plásticos, y la acción pretendía que se reconociera la importancia que los Gobiernos y Parlamentos tenemos en políticas públicas y marcos legislativos para poder avanzar en ese sentido. La responsabilidad que nos toca a los políticos es innegable, pero el cambio cultural que implica el uso responsable de este material involucra a toda la ciudadanía. Los ciudadanos debemos ser conscientes de que el camino del plástico, como un producto revolucionario que generó esta producción irresponsable y un consumo con desperdicios excesivos, debe tener fin. Por suerte, nuestro continente, el más diverso en materia de biodiversidad, se pone a la vanguardia en la lucha contra los plásticos –hablo de América Latina y el Caribe–, porque creemos que tenemos esa responsabilidad todavía multiplicada justamente por esa biodiversidad.
Las cifras son alarmantes: alrededor de trece millones de toneladas de plástico se descargan en los océanos. La producción mundial de plástico –si no legislamos– se disparará en las próximas décadas, proyectando que en 2030 llegue a 619:000.000 de toneladas. No hay ambiente que resista un embate de esta dimensión. ¿Qué han hecho los países de nuestro continente al cual hoy sumamos esta acción legislativa? Básicamente, han seguido dos caminos: mejorar el tipo de material y la prohibición. Si bien esta ley no es prohibicionista, tiene un horizonte. Reduzcamos su utilización, porque no tiene sentido que tengamos esa acción dispendiosa con el plástico, sea cual sea su final en materia de degradación. Además, se ha implementado un costo para los usuarios, mecanismo comprobadamente desestimulante.
Esta ley faculta al Poder Ejecutivo. Parte de la discusión que se generó entre una y otra cámara fue si ya se debía incorporar el costo o si lo mejor era lo que habíamos entendido inicialmente en la primera cámara, es decir, facultar al Poder Ejecutivo para su implementación. Creo que cuando vemos la necesidad de avanzar en la gestión integral de residuos, es porque algunas cosas tienen que preceder y otras tendrán que venir después con el ciclo de recorrido que estos materiales generan, sabiendo que, justamente, la evolución científica nos abre muchas posibilidades en esta tarea. A su vez, la economía verde y la economía circular tienen que ser aspectos en los que incorporemos más decididamente la gestión.
Me siento muy contenta de que hoy estemos culminando este marco legal porque nos va a permitir dirigir toda la energía hacia la gestión integral de residuos. Uruguay se merece un salto significativo en la calidad de sus marcos legales para el tema de todo lo que desechamos cotidianamente en este mundo tan consumista que, además, no guarda relación con la responsabilidad que debemos tener como personas que habitamos este planeta tan contaminado.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que es muy buena la coincidencia que tenemos hoy, ya que todos vamos a votar este proyecto de ley. No se trata de una cuestión de ideologías, ni de izquierda y derecha, ni de arriba o abajo. Me parece que eso es lo bueno de este tema.
Hay un libro –que ya tiene unos años– de Yuval Harari denominado Sapiens. De animales a dioses, cuya lectura recomiendo fuertemente. Es una breve historia de la humanidad y habla de lo que estamos haciendo los Homo sapiens hoy en el mundo. Fue uno de los libros que tuve en cuenta cuando propuse este proyecto de ley a principios de la legislatura. Por suerte, este proyecto se vio enriquecido por el trabajo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del Poder Ejecutivo y de todos quienes concurrieron a la Comisión de Medio Ambiente.
Este proyecto de ley es solo un paso más de otros pasos que tenemos que dar. La preocupación por el medioambiente no comenzó en este período de gobierno ni en el anterior ni en el anterior. Si queremos poner una fecha, podemos ir al año 1990, durante el gobierno del doctor Lacalle, cuando se aprobó la Ley n.º 16112 y se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El primer ministro de Medio Ambiente fue Raúl Lago. El tema siguió en el año 1997, durante el gobierno del doctor Sanguinetti, con el Decreto n.º 257/97 y las facultades expresas que se le dieron a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y al propio ministerio relativas al control y avance de este deterioro que se está dando. En el año 2000, en el gobierno del doctor Batlle, se aprobó la Ley n.º 17283, que profundizó las facultades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el control que debe hacer. En el período pasado continuó tratándose el tema con otro proyecto de ley que creó el Observatorio Ambiental Nacional, y ahora sigue con el que estamos considerando hoy.
Si miramos hacia atrás es solo para tomar impulso y ver hacia dónde debemos ir en el futuro. Creo que en este momento debemos hablar de qué es lo que se viene. Sin lugar a dudas, sería bueno que se tratara rápidamente el proyecto de ley de envases que se viene anunciando desde hace ya largo rato.
Recordarán los señores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente que cuando se presentó este proyecto de ley de bolsas plásticas, al comienzo de esta legislatura, lo primero que se hizo, lógicamente, fue citar a la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, quien dijo que el proyecto de ley era poco ambicioso y que quería incluirlo dentro de un proyecto mayor de envases. Entonces, se detuvo el análisis del proyecto de ley, pero pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis meses; pasó un año, y el proyecto no llegó. Volvimos a citar a la señora ministra, y nos dijo que iba a apoyar este proyecto y que en un mes enviaría el suyo, pero pasaron uno, dos, tres, cuatro y cinco meses y el proyecto tampoco llegó. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Uruguay? Cada año que demoramos son millones de bolsas que están yendo al medioambiente, y seguimos dañándolo por la falta de movimiento del propio sistema político. Al final, nos pusimos a trabajar con base en el proyecto de ley ya presentado y le avisamos a la señora ministra. Fue así que envió un proyecto que tenía algunos cambios –aunque no muchos–, que es el que hoy estamos aprobando.
En esta evolución, no debemos olvidar aquel intento de sacar el tema del medioambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente porque algunos veían el tema ambiental, la actuación de la Dinama y la exigencia del cumplimiento de las normas ambientales como una traba al desarrollo, como si este fuera incompatible con el cuidado del ambiente, pero no lo es. Por suerte, eso no siguió adelante. Se quería llevar el control del medioambiente a la Presidencia de la República, analizando las inversiones junto con el medioambiente, cuando lo mejor es que quien aplica las normas ambientales tenga total independencia. Eso sí, que las aplique rápidamente, porque la traba aquí no es aplicar la norma, sino la demora que muchas veces lleva obtener los permisos y las autorizaciones. De todas maneras, nuestra ley es sabia porque cataloga los proyectos en A, B y C, y establece que los proyectos A no necesitan autorización, los B son más sencillos, y en el caso de los C hay que presentar una cantidad de información y estudios. Por lo tanto, es sabia en cuanto va delimitando y atiende lo importante. Pensando en el futuro, sin lugar a dudas está pendiente la aprobación de la ley de envases, aunque este de hoy es un gran paso.
Quiero recordar que cada uruguayo utiliza, promedialmente, quinientas bolsas por año; cuando España llegó a las trescientas cincuenta se declaró en emergencia, y nosotros estamos en quinientas. Ya llevamos tres años tirando al medioambiente quinientas bolsas por cada uruguayo. En esta época, luego de las crecidas y las inundaciones en el interior, cuando baja el nivel de los arroyos vemos que quedan bolsas colgando de los árboles, perjudicando el medioambiente porque puede llevar de cien a doscientos años en degradarse.
Hoy quiero levantar una bandera por la formidable tortuga laúd; mide más de un metro y medio y rara vez viene a la costa. En una ocasión me tocó liberar una, con el recordado Carlos Páez Vilaró, en Casapueblo, que había llegado a la costa en una red; estaba lastimada y la liberamos. Es un animal enorme, lindísimo, que ni siquiera vemos que está ahí. ¿Qué come la tortuga laúd? Aguavivas; buena razón para cuidarla, ¿no? Encima, es solidaria con nosotros porque se come las aguavivas. ¿Qué está pasando con la tortuga laúd? Confunde las aguavivas con las bolsas de plástico. Entonces, empezamos a verlas cuando aparecen en la costa atragantadas con plástico porque las confundieron con aguavivas. Ahí está el Homo sapiens –del que hablaba Harari en su libro Sapiens. De animales a dioses–, viendo cómo sigue extinguiendo a otras especies por no cuidar el ambiente. ¡Vaya si este es un buen paso! Repito: también debe serlo, sin lugar a dudas, la ley sobre envases.
Quizás el gran desafío que tenemos ahora, señora presidenta, no sea solamente aprobar leyes, sino aplicarlas; ese es el gran tema de hoy. Este proyecto de ley es sabio porque establece una autorización previa, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para la importación de bolsas de plástico, que deben ser biodegradables o compostables. También es sabio para alguien que quiera producir bolsas porque obtendrá el certificado, pero hay que controlar. Hoy el gran tema es que esto no pase a ser solamente una linda ley por la que todos nos felicitamos y pensemos que solo con aprobarla vamos a dar una respuesta a esta problemática; el gran desafío está en el control de su aplicación.
Hay otra iniciativa que nos tiene muy preocupados, relativa a los desechos industriales. Sabemos que se han realizado inversiones muy importantes en materia de desechos industriales, incluso creo que la Cámara de Industrias del Uruguay elaboró un proyecto con el Banco República y hay entes públicos –¡entes públicos!– que no llevan muchos de sus residuos al lugar de disposición final donde tienen que dejarlos. Es desde ese punto de vista que me parece que tenemos que empezar a ver el tema, desde el control de la aplicación de las leyes, y desde los incentivos para el cuidado del medioambiente. Pensar que vamos a lograr que no se afecte el medioambiente exclusivamente con tareas de control semipolicíaco es ser ilusos. Acá el gran camino no es solo el de la educación –que lo es– sino también el incentivo a aquel ciudadano que cumple con las normas medioambientales. Ese debiera ser el camino y me parece –así lo espero– que este proyecto de ley lo recorra.
SEÑORA PRESIDENTE.- Es un cambio cultural profundo.
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: toda introducción de nuevas políticas públicas tiene un impacto en la sociedad; toda introducción de iniciativas –y esta tiene un fin loable de preservación del medioambiente– puede afectar en algunos aspectos a la sociedad. En este caso, algunas familias cuya fuente de ingresos proviene del reciclaje y de la clasificación de residuos se han acercado a manifestarnos su preocupación y su intención de regularizar su trabajo, para no quedar en la informalidad y poder ingresar en este engranaje de forma adecuada.
De todas maneras, ante esta inquietud, en comisión se dijo que se daría solución a la situación de estos recicladores –que nuclean, según sus propias estimaciones, a unas cinco mil personas con sus respectivas familias–, que será considerada en la ley de gestión integral de residuos, como muy bien lo ha manifestado hace unos minutos el señor senador De León, quien calificó este proyecto como de transición.
Por lo tanto, debemos procurar ser responsables, como gobernantes, al introducir nuevas políticas y pensar en el impacto que generan en el resto de la sociedad. Esta es una cuestión de medioambiente que atiende al ser humano, es una preocupación por el medioambiente, no solo como objeto de tutela, sino como instrumento del ser humano y no a la inversa. Es por la conciliación de ambos intereses que acompañamos esta iniciativa.
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: la verdad es que uno esperaba un tratamiento más rápido de confirmación de lo que se votó en la Cámara de Representantes, como lo informó el señor senador De León. En fin, de todas maneras, se nos ha dado la oportunidad de plantear una pequeña reapertura del debate que tuvimos en su momento.
Lo que estamos planteando es un cambio de cultura. Para nosotros este proyecto de ley es un paso en el tema que podríamos llamar del combate a las bolsas plásticas. Creemos que abre un gran camino, pero la aprobación del proyecto solo es el primer paso; espero que esto nos comprometa a todos quienes formamos parte del Parlamento nacional para salir a convencer a la gente, a lo largo y ancho del país, sobre lo que está detrás de este primer pequeño paso, que es la aprobación de este proyecto de ley. Esto no lo estamos haciendo solo por la dimensión higiénica –que aquí se ha mencionado– o la dimensión ambiental sino, esencialmente, por la dimensión humana y en especial por los impactos sociales que este proyecto va a generar.
Es cierto que en la última fase de aprobación de este proyecto de ley nos ha visitado un conjunto de ciudadanos que trabajan en el reciclado de residuos, y las bolsas plásticas son parte de los materiales que ellos valorizan para el reciclaje. Esa comparecencia nos hizo tomar contacto con una realidad que muchas veces esta casa tiene bastante distante, sabe que existe, pero no se involucra o no se interioriza de sus problemas. Interiorizándonos del tema –lo digo en primera persona–, hemos empezado a visitar esas plantas de reciclaje, que muchas veces son como una cosa que hay en la sociedad, pero a la que cuesta ingresar. Hemos visitado esos lugares y pudimos comprobar que mucha gente vive de la tarea del reciclaje de los residuos, donde las bolsas plásticas son una parte –por cierto– muy minoritaria de esa cadena de valor. También hemos sabido que en el volumen de lo reciclado las bolsas plásticas son menos del 10 % y en valores, en comparación con otros materiales que se reciclan, el porcentaje es mucho menor. Afortunadamente, ya tenemos disponible el proyecto de ley relativo a la gestión integral de residuos y nos hemos comprometido a abordarlo rápidamente –espero que tengan asidero algunas de las expresiones que hemos escuchado–, que abarca no solo el tema de los residuos domiciliarios sino también el de la limpieza de los espacios públicos, los residuos sanitarios, los industriales, los de la construcción, etcétera. Hay que avanzar en este sentido y seguir mejorando en el cumplimiento de nuestro compromiso con el medioambiente.
Por otra parte, debo insistir en que ya hay muchas políticas públicas que se están impulsando a fin de colaborar con la preservación del medioambiente. Se han mencionado, por ejemplo, la biodiversidad y la creación de una institucionalidad, pero no puedo olvidar las políticas que se están llevando a cabo con respecto a la gestión y el uso sustentable de los suelos –un recurso natural extremadamente valioso–, por las cuales nos han reconocido hasta a nivel internacional. Ni que hablar de lo que se ha hecho a nivel de las cuencas hídricas, sin perjuicio de que, seguramente, todo lo hecho puede ser mejorado.
Para volver al tema de las bolsas plásticas, quiero decir que espero que este proyecto de ley nos ayude, en primera instancia, a crear condiciones para que el impacto social que genera el reciclado se pueda canalizar mejor. Realmente, soy de los que esperan que esos cinco mil o diez mil puestos de trabajo que hoy existen en torno al reciclaje de los residuos puedan transformarse muy rápidamente y de manera drástica.
Cuando se trató este tema en la comisión recibimos a algunos recicladores y pudimos ser testigos de las imágenes que ellos trajeron para mostrar la cantidad de personas que iban a perder su trabajo debido a este proyecto de ley, que va a prohibir las bolsas de polietileno. Lo cierto es que esas imágenes mostraban a la gente trabajando encima de montañas de basura, y frente a eso uno no puede menos que pensar que no quiere ni uno más de esos trabajos, ni uno más. Me gustaría encontrar el mecanismo por el cual ese trabajo se pudiera hacer en condiciones laborales dignas y saludables, por ejemplo, como las que disponen las plantas de reciclaje, a pesar de que el material con que se trabaja siempre tiene sus riesgos. ¡Ojalá que este proyecto de ley nos coloque en la antesala de la generalización de este tipo de tareas! Es necesario valorizar los métodos de trabajo con los residuos para que quien tenga que hacerlo –en la medida en que sigan existiendo– lo haga en condiciones dignas. No quiero que haya más gente recuperando materiales sobre montañas de basura.
Asimismo, me gustaría plantear la inquietud de que mediante la prohibición de las bolsas plásticas de polietileno y la consiguiente necesidad de empezar a utilizar materiales biodegradables y compostables para la construcción de las bolsas que usamos en los comercios para llevar nuestras compras, como propone la iniciativa, podamos incorporar la cultura de la clasificación de basura en los domicilios para empezar a generalizar ese proceso. Nos consta que a nivel de la enseñanza se están haciendo enormes esfuerzos de educación a los niños y sabemos que hay un importante avance en su comprensión de la necesidad de reciclar la basura. En el caso de los niños es algo que se va incorporando como un hábito natural.
Ojalá este proyecto de ley sea el primer paso para ir avanzando en ese cambio cultural que tanto anhelamos. Es necesario que los residuos, que muchas veces son inevitables, empiecen a ser el soporte para mejorar la calidad de los procesos de valoración de esos residuos y especialmente para seguir apostando a disminuir la llegada de productos indeseables a nuestro medioambiente, que tanto lo erosionan y tantos dolores de cabeza nos provocan.
Para finalizar, quiero señalar que me parece una muy buena oportunidad para dar trámite y aprobar este proyecto de ley relativo a las bolsas plásticas. Es necesario que nos preparemos para dar los pasos que siguen, a fin de que en todo el territorio de nuestro país se comprenda la importancia de este pequeño proyecto para empezar a hacer un cambio cultural en lo que respecta a la gestión de nuestros residuos.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: no es perfecto, pero es un buen proyecto de ley. No he integrado la comisión –como sí lo hizo la señora senadora Asiaín–, pero he acompañado este proceso y puedo decir que con los años que llevo en esta casa pocas veces he visto la expresión de tanto interés particular –aunque legítimo– haciendo saber su opinión al respecto. Insisto: en mi experiencia parlamentaria nunca había notado que hubiera tanta gente movilizada detrás de una iniciativa, defendiendo intereses legítimos, pero particulares.
Me parece muy bien que se apruebe este proyecto de ley porque va exactamente en el sentido contrario al del corporativismo, exactamente contrario; acá prevalece el interés general. Seguramente, esto no va a dejar conforme a ninguno de los intereses particulares que durante el transcurso del debate dieron a conocer su opinión de todo tipo y forma –legítimos todos, pero particulares–, que defienden el interés de unos y muchas veces postergan el de otros.
Reitero que este es un proyecto de ley anticorporativo y me alegro mucho de que el Senado y el sistema político legislen de esta manera.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Como los señores senadores saben, se trata de una única votación ya que corresponde al Senado pronunciarse acerca de si acepta o rechaza las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.
10)SEÑOR ALBERTO LEOPOLDO FAJARDO KLAPPENBACH. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Chile, al señor Alberto Leopoldo Fajardo Klappenbach. (Carp. n.º 1115/2018 - rep. n.º 687/18)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: en este caso el Poder Ejecutivo solicita venia para acreditar al señor Alberto Leopoldo Fajardo Klappenbach en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Chile. Esta solicitud llega de acuerdo con la norma de estilo, es decir, el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución, y con ello se cubre la legalidad de esta designación.
En lo que respecta al concepto de idoneidad que, a juicio del Poder Ejecutivo, el señor Fajardo posee de acuerdo con su historia curricular, que consta en la carpeta, cabe destacar que el primer elemento que encontramos allí es el beneplácito del Gobierno de Chile por la acreditación que se promueve.
El segundo elemento que presenta la carpeta es el currículum del señor embajador Fajardo. Tiene una excelente historia profesional, y cabe señalar que además de sus profundos estudios y doctorados universitarios que ha obtenido en nuestro país y en el exterior, este sería el tercer cargo que va a desempeñar como embajador de nuestro país, porque ya lo ha hecho en la Federación de Rusia, en Australia, en Nueva Zelanda y en Timor Oriental.
El embajador Fajardo nos trajo muy buena documentación, presentó el perfil económico-comercial de Chile –que fue la base de su exposición– y también trajo el acta de la segunda reunión de trabajo entre la Dirección de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Uruguay en aquel país, que es un documento importante que está a disposición de los señores senadores.
En la propia comparecencia hizo un elaborado informe del que simplemente voy a citar los titulares de lo abordado: el área política, el área económico-comercial, el comercio bilateral de Chile con Uruguay, las inversiones chilenas –que son importantes– en el Uruguay y los servicios a la comunidad dentro de lo que es el área consular. Por supuesto que trajo temas específicos, como la nueva política migratoria chilena y su implicancia para la gestión de la residencia en Chile, el reconocimiento de la licencia de conducir, la devolución de fondos de las AFAP chilenas, la autorización de viajes para menores, el incumplimiento de Chile del acuerdo sobre profesionales liberales del año 1916 en cuanto al reconocimiento de los títulos médicos uruguayos. También abordó el área de la cooperación entre ambos países.
Creo que fue una comparecencia importante por todo lo que expresó el señor Fajardo.
Obviamente, esta iniciativa fue aprobada por unanimidad. No como es tradición, sino como hacen todos los futuros embajadores, sean profesionales o políticos: que vienen con un proyecto de trabajo importante porque van a representar a la república, y eso constituye una vara muy alta. Por lo tanto, Fajardo está en ese nivel, al igual que otros embajadores que hemos votado en esta legislatura.
Señora presidenta: a raíz de examinar nuevamente la versión taquigráfica de la sesión de la comisión y de comentarios hechos por el embajador Fajardo, voy a hacer un planteo. Al inicio de su presentación, dijo: «Ahora intentaré seguir la labor de alguien que conozco desde hace muchos años,» –se refería a Octavio Brugnini, el embajador saliente– «ya que trabajé en la parte comercial con él. Propongo» –en el trabajo que estaba presentando– «dar continuidad a su trabajo, porque no es cuestión de llegar y tratar de inventar todo cuando se ha hecho un buen trabajo».
Creo, señora presidenta, que algunas discusiones que hemos tenido en esta sala en los últimos tiempos se han enfocado en si el embajador es político o de carrera –sabiendo, además, que el político tiene un límite–, cuando en realidad deberíamos discutir sobre su gestión, si fue aceptable, si tuvo beneficios para la república, para el comercio y para la ciudadanía en general. Considero que el Senado debería hacer alguna gestión para que, a partir de esta legislatura, el Senado y particularmente la Comisión de Asuntos Internacionales reciban un informe de gestión del embajador saliente, de modo de hacer nuestras tareas objetivamente y no caer en evaluaciones que son absolutamente carentes de objetividad. Honestamente, esto que estoy diciendo no solo es respecto de los políticos, sino también de los profesionales. Yo no sé cuál ha sido la gestión de los profesionales que he votado como embajadores. ¡Esa es la verdad! No me alcanza solamente con que me digan que son profesionales porque el Senado es el que concede la venia. Si no la concediera, se podrían dejar pasar los sesenta días, pero sería necesario –para dar transparencia, profundidad y, diría, ecuanimidad a las valoraciones que se hacen sobre personas que van a representar a la república– tener este documento que avale la gestión. Todas han sido excelentes, porque yo no voy a poder juzgar de manera negativa, pues a veces en los temas comerciales y diplomáticos hay cosas que se pueden hacer, otras en las que se avanza un tanto y algunas que realmente no se pueden hacer porque son proyectos de trabajo internacional, sujetos al relacionamiento bilateral.
Esta es una idea que se me ocurrió a raíz de la excelente observación que hizo el embajador Fajardo, que proponía dar continuidad a la gestión del embajador saliente. Pero ¿qué sucede? El senador que vota esto no sabe exactamente en qué consiste la continuidad porque le falta ese cierre de gestión del embajador saliente. Creo que sería muy buena cosa para el Parlamento tener esa información, porque, sin lugar a dudas, va a enriquecer la vida del Senado.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Una de las principales preocupaciones que tengo es el Parlamento. Entonces, creo que va en demérito del Senado manejar los temas sin objetividad. De pronto, se podría mantener una conversación con el ministro Nin Novoa para ver si en el futuro se podría ir encaminando esta iniciativa, a los efectos de que el Parlamento, en este caso la Cámara de Senadores, obtuviera mayor información sobre temas que son vitales para la república.
Vuelvo al tema, que es la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designar al señor embajador Fajardo. Su proyecto fue muy rico y, al evaluarlo, la comisión lo aprobó con su pláceme. Le auguro éxitos –con seguridad los tendrá– y, por supuesto que hoy, en nombre de la Comisión de Asuntos Internacionales, recomiendo al Cuerpo su aprobación.
Antes de finalizar, concedo la interrupción que me solicitó en su momento el señor senador Pintado.
SEÑOR PINTADO.- Gracias, señor senador.
Señora presidenta: en realidad, he pedido la palabra para respaldar lo expresado por el señor senador Martínez Huelmo, pero pretendo ir un paso más adelante.
En la comisión ya se ha planteado la necesidad de considerar tan importante como el informe inicial de lo que se pretende hacer, el informe final de lo que se hizo o no. Entonces, tendríamos que conversar con la Cancillería para establecer parámetros, porque ¿qué es lo que se evalúa para que algo sea bueno o malo? Hay que evaluar los objetivos propuestos –que para cada destino son diferentes– y, en función de ello, ver si se cumplió o no satisfactoriamente. Eso hay que desarrollarlo en ítems que puedan ser cuantificables de la mejor manera y evaluables lo más objetivamente posible, sabiendo que en una misión diplomática hay cuestiones cuantitativas y cualitativas, y que las misiones, de por sí, no son todas iguales. Un destino que pensamos explorar y que no tiene potencialidad comercial pero sí política, hay que evaluarlo en función de los objetivos que nos proponemos.
Por lo tanto, comparto la iniciativa del señor senador Martínez Huelmo. Creo que esta es una cuestión que debería aplicarse metodológicamente y establecerse casi como una obligación, es decir, por cada uno que regrese de una misión tiene que venir un informe de la Cancillería respecto a qué objetivos se tenían y nosotros también tener el archivo de los objetivos propuestos cuando los votamos para apoyarlos en un destino. Así que me parece muy atinada la propuesta.
En lo demás, comparto lo que se dijo. No voy a abundar en mayores comentarios porque la intervención del señor Fajardo fue muy extensa en Chile. La verdad es que tiene una experiencia muy vasta. A veces algunos con menos experiencia tienen mucho éxito, así que todo depende de los objetivos planteados y de los resultados que se obtengan en función de esos objetivos que, obviamente, son siempre diferentes.
Así que agradezco al señor senador Martínez Huelmo la posibilidad de apoyarlo por la vía de esta interrupción y, obviamente, vamos a respaldar la propuesta que la comisión ha hecho por unanimidad.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Chile al señor Alberto Leopoldo Fajardo Klappenbach».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 8 de agosto de 2018
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 9 de agosto del corriente.
Por la presente solicito al Cuerpo, por motivos personales, se me otorguen tres días de licencia a partir del 14 de agosto.
Se comunica al Cuerpo que los señores Heber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf, Adriana Peña y Daniel Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
12) EJERCICIO ATLASUR XI
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 04 General Artigas de la Armada nacional, con su plana mayor, un helicóptero embarcado A-071 Esquilo y una tripulación compuesta de ciento cuarenta efectivos, a efectos de participar en el ejercicio Atlasur XI, a llevarse a cabo en la República de Sudáfrica en el período comprendido entre el 14 de agosto y el 2 de octubre de 2018. (Carp. n.º 1135/2018 - rep. n.º 689/18».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- La Comisión de Defensa Nacional del Senado recomienda, por unanimidad, aprobar este proyecto por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 04 General Artigas de la Armada nacional, con su plana mayor, un helicóptero embarcado A-071 Esquilo, y una tripulación compuesta por ciento cuarenta efectivos, a efectos de participar en el ejercicio Atlasur XI, a llevarse a cabo en la República de Sudáfrica, en el período comprendido entre el 14 de agosto y el 2 de octubre de 2018.
Se trata de un ejercicio internacional combinado que se realiza bianualmente, alternando el escenario marítimo de la costa atlántica de Sudamérica y África con la participación preferentemente de Argentina, Brasil, Uruguay y Sudáfrica. Este ejercicio tiene origen en el año 1992 –como bien se dice en la carpeta–, cuando la fragata ROU General Artigas realizara la primera visita oficial a la República de Sudáfrica y operara con sus buques de superficie y submarinos, en una armonía operativa que dio comienzo a las tratativas que permitieron la operación combinada de fuerzas navales de los países del área marítima del Atlántico sur.
Tengo entendido que este año –según artículos de prensa que he leído– en el ejercicio no va a participar la delegación argentina, pero –obviamente– estarán las naves de Brasil, de Sudáfrica y las nuestras en un rol militar de las Armadas para mejorar la capacidad de interoperabilidad de las unidades participantes. Al mismo tiempo, lo harán en un rol diplomático en esta oportunidad, que procura fomentar la amistad, el entendimiento mutuo entre las Armadas participantes, acrecentando las relaciones cordiales de cooperación y amistad existentes entre estas fuerzas de mar.
Como dije, nuestro país ha participado en absolutamente todos los ejercicios –son once– desde el año 1992 a la fecha. Entendemos que es necesario estar presentes en este tipo de ejercicios, sin lugar a dudas, porque los países costeros del Atlántico sur tienen organizaciones navales para cuidar la seguridad y, obviamente, la soberanía de cada Estado costero.
También debo decir, señora presidenta, que me alegra mucho que el Ministerio de Defensa Nacional envíe un proyecto de ley muy bien fundamentado, explicando en varias páginas el sentido de estas maniobras y me parece muy bueno que el Senado esté informado al dedillo de todas estas actividades tan importantes para la república.
Por lo tanto, la comisión recomienda la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Se autoriza la salida del país del Buque ROU 04 “General Artigas” de la Armada Nacional, con su Plana Mayor, 1 (un) helicóptero embarcado “A-071 Esquilo” y una tripulación compuesta de 140 (ciento cuarenta efectivos), a efectos de participar en el Ejercicio “ATLASUR XI”, a llevarse a cabo en la República de Sudáfrica en el período comprendido entre el 14 de agosto y el 2 de octubre de 2018».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se dispone la erección de un monumento en memoria de los ciudadanos caídos en el cumplimiento de Misiones de Paz. (Carp. n.º 1106/2018 - rep. n.º 676/18)».
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: el proyecto de ley que tenemos en consideración tuvo origen en la Cámara de Representantes; fue presentado por el señor diputado Gustavo Penadés y creo que fue aprobado unánimemente. Tiene una connotación muy particular y es que este Senado, a pesar de que el proyecto se originó en la Cámara de Representantes, no está exento porque durante este período ya tuvimos dos sesiones extraordinarias vinculadas a las misiones de paz. Una de ellas fue cuando terminó la misión en Haití y la otra hace un par de meses, cuando con la señora senadora Ayala volvimos de participar en la misión de paz en el Congo. Así que no es un tema lejano a esta cámara. La decisión que seguramente vamos a concretar es de enorme justicia.
Desde finales de los años veinte y principios de los treinta del siglo pasado, Uruguay participa en misiones de paz, desde el Chaco Boreal, básicamente con observadores. Después tuvo un despegue muy importante en la década de los noventa con nuestra participación en Haití –ahí sí, ya masiva– y posteriormente en el Congo. Desde el inicio de nuestras misiones de paz hasta hoy, han sido treinta y dos uruguayos los que han fallecido fruto de su participación en ellas, treinta de ellos pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas y dos, a la Policía nacional.
Por lo tanto, que haya un lugar donde se reconozcan estos hechos es, sin duda, un homenaje muy especial y directamente vinculado, no a características o a desempeños llevados adelante en temas relacionados con la defensa del país, sino básicamente ligados a su política exterior. Como todos sabemos, cuando nuestros soldados participan en el exterior en misiones de paz, lo que hacen es instrumentar decisiones en materia de política exterior, no en materia de defensa. Así que es de enorme justicia recordar a quienes viajaron muy lejos de aquí para cumplir una misión de servicio al país en algo tan fundamental como es la política exterior, a través de su desempeño profesional como soldados.
También quiero decir que no es un tema menor desde el punto de vista político y del país que este sea el primer monumento que se va a erigir después de la Dictadura a integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto habla de la maduración que estamos teniendo como sociedad. Si bien el artículo 1.º del proyecto de ley dice: «Dispónese la erección de un monumento en memoria de los ciudadanos caídos en el cumplimiento de Misiones de Paz», a nadie escapa que treinta de estos treinta y dos ciudadanos son integrantes de las Fuerzas Armadas y dos son policías. Desde el año 1985 a la fecha, es decir, desde que recobramos la libertad en el país, esta será la primera vez –que yo recuerde– en la que, institucionalmente, en el Poder Legislativo, se hace un homenaje a las Fuerzas Armadas. Independientemente de las diferencias que existen y seguirán existiendo, me parece un gesto muy importante, que habla de superación de diferencias y de caminos de reconciliación. Esto se hace a través de esta vía, y es válido. Hay una comisión que va a disponer lugares y tipos de monumentos que se van a erigir, teniendo en cuenta los aspectos artísticos, etcétera, pero, en definitiva, la decisión política de la creación hay que destacarla y yo la recalco porque surge con el apoyo de todo el sistema político.
Es cuanto queríamos informar del proyecto a consideración, señora presidenta.
SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: hace muchos años que nuestro país contribuye con las tareas desarrolladas por la comunidad internacional dirigidas al mantenimiento de la paz. Bajo el marco institucional de las Naciones Unidas, desde 1952 nuestro país ha participado con total éxito en operaciones en diferentes partes del mundo. Su desempeño es distinguido permanentemente por su profesionalismo, así como por la calidad humana, tanto de integrantes militares como civiles. Para los uruguayos, esa participación se ha transformado en un orgullo de nuestra política exterior. La importancia de nuestras tropas para contribuir a la paz mundial es muy clara. Basta con recordar cuando el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon visitó la Escuela Nacional de Operaciones de Paz de Uruguay, en junio de 2011, y destacó el compromiso asumido con la paz y seguridad mundial que tiene nuestro país.
En el transcurso de tantos años, que son tan significativos, hemos lamentado la pérdida de treinta y dos integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía nacional. Es por ese motivo que creemos y compartimos que su trabajo, su sacrificio, su entrega a la causa y su valentía deben ser recordados por toda la sociedad, convirtiendo este monumento en la demostración de los más altos valores que se pregonan.
Por lo tanto, señora presidenta, desde la bancada de senadores del Partido Colorado apoyamos este proyecto de ley; consideramos que es un justo reconocimiento a quienes nos representan con honor, con sacrificio, con humildad y con espíritu de cuerpo. Son parte de nuestra identidad nacional y de nuestro orgullo.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: nos sentimos representados por el informe que, en nombre de la comisión, ha brindado el miembro informante, señor senador García.
Simplemente quiero decir que consideramos justo este homenaje, que va en el sentido de que las personas caídas aportan a la paz mundial por Uruguay, porque esa es la verdadera misión que encomienda las Naciones Unidas. Como dijo el senador García, pues, este es un homenaje importante.
Quiero agregar que el proyecto fue aprobado con el voto conforme de los senadores del Frente Amplio que integran la Comisión de Defensa Nacional, senadores De León, Ayala, Mujica y quien habla. Aprobamos esta iniciativa en comisión con el respeto que merece este homenaje que, además, contaba ya con el voto unánime de la Cámara de Representantes.
SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR GARCÍA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se autoriza, en los términos dispuestos por el numeral 4) del artículo 47 de la Constitución de la república, el suministro de agua potable a la localidad brasileña de Serrilhada. (Carp. n.º 1132/2018 - rep. n.º 688/18)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: este asunto llega de la Comisión de Asuntos Internacionales.
Se trata de un proyecto importante, pues persigue solucionar el suministro de agua potable a la localidad brasileña de Serrilhada, Rio Grande do Sul, que limita con su homóloga, Cerrillada, del departamento de Rivera, a ciento veinte kilómetros de la capital departamental.
Cuando este proyecto ingresó a nuestra consideración, no tenía conocimiento de que existiera una localidad llamada de esa forma de ambos lados de la frontera; es una de esas cosas que uno ignora, quizás por no conocer el mapa del Uruguay en todos sus detalles. Obviamente se trata de una pequeña localidad, separada físicamente por una calle, que totaliza una reducida población: del lado uruguayo habitan ciento trece compatriotas, según el censo de 2011 –en 2004 eran ciento treinta–, y del lado brasileño viven entre treinta y dos y cincuenta familias. El principal medio de vida de todas las familias está dado por las actividades rurales y, sin duda, es menester que para llevarlas a cabo, en tan alejados confines, se tenga acceso a los servicios que los Estados brindan.
Estas localidades cuentan con una infraestructura básica y los pobladores necesitan de la complementación de algunos servicios que tiendan a satisfacer necesidades comunes. Ese es el caso de los servicios eléctricos, que hace más de dos décadas son provistos para Cerrillada del lado uruguayo desde Bagé, en Rio Grande do Sul. Bagé provee la energía eléctrica que reciben tanto los uruguayos como los brasileños de ambas localidades fronterizas. Existe un acuerdo por el que la conexión llega a UTE, que es quien cobra los servicios eléctricos a la población uruguaya. Sin embargo, en cuanto al agua potable, solamente Cerrillada –del lado uruguayo– tiene acceso a este vital elemento, que llega a los domicilios por cañerías a partir de una unidad potabilizadora de agua de OSE. Mientras tanto, en Serrilhada –del lado brasileño–, a escasos veinte metros, las cosas son muy distintas para las familias allí asentadas: deben almacenar agua en tanques a partir de aljibes, debiendo pedir agua potable a sus vecinos uruguayos. Obviamente, el acceso al vital recurso es muy limitado y el panorama se agrava mucho más durante el verano, cuando llegan los duros períodos de sequía.
Ante estas necesidades, se fue apuntando hacia la búsqueda de una solución por parte de los Gobiernos. En los últimos tiempos se habían producido contactos entre autoridades, representantes de instituciones y la comunidad en general, con miras a dar respuesta a la situación que relaté. Un sinfín de gestiones y contactos fueron la etapa previa a las tratativas que han tenido como epicentros las ciudades de Bagé y de Rivera. Allí, importantes actores políticos y sociales han cumplido un rol de real importancia, muy destacable, para promover este asunto y hacerlo visible, en virtud de que siempre se entendieron las particularidades que se debían superar.
Señora presidenta: se trata de un departamento –nobleza obliga– bajo la administración del Partido Colorado. Su intendente, Marne Osorio, ha realizado una actividad muy grande para promover este asunto y hacerlo llegar a otros niveles, para que hoy pudiéramos tener aquí este proyecto. También debo decir que en la prensa de Bagé y de Rivera se destaca la presencia del diputado Tabaré Viera –a quien todos conocemos–, que junto con Marne Osorio ha trabajado mucho este tema en la región.
Como acertadamente explicó el cónsul uruguayo Mario Liori Sánchez en la prensa de Bagé, «hay leyes que necesitan ser cumplidas para que el intento sea conquistado»; obviamente, el cónsul se refería al artículo 47 de la Constitución de nuestro país.
En el mismo encuadre una figura pública de aquella zona expresó el estado de ánimo generalizado en esos lares fronterizos y dijo: «Estamos empeñados en realizar todos los trámites necesarios para que el agua esté disponible para el lado brasileño de la frontera», con lo cual sintetizó todos los trabajos previos en pos del vital elemento para Serrilhada.
Así fue que el tema llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en Itamaraty, Brasilia, para que por medio de su oficina de representación en Rio Grande do Sul se tomaran acciones, y a partir de allí el Gobierno federal de Brasil realizó el pedido formal a nuestra Cancillería.
Con fecha 8 de mayo, la Embajada de la República Federativa de Brasil, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, elevó a nuestra Cancillería la nota verbal n.º 213 del presente año –está en la carpeta; pueden observarla–, por la cual se formaliza la solicitud al Gobierno de Uruguay de proveer agua potable a la localidad de Serrilhada, del Estado de Rio Grande do Sul. La nota verbal, como ustedes saben, es una comunicación oficial dirigida por una misión diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor o viceversa, que en su origen recoge los términos de una conversación –de allí su nombre– y que frecuentemente era entregada al término de la misma. Precisamente, la nota verbal n.º 213 refiere a una reunión llevada a cabo en la Prefectura de Bagé el 19 de abril pasado, la que contó con la participación del cónsul de Uruguay en Bagé, representantes de la Intendencia de Rivera, autoridades federales, estaduales y municipales del lado brasileño.
Como ustedes ven, a nivel regional ya había una movida impresionante para lograr este beneficio para los escasos habitantes brasileños de Serrilhada.
El llamado «plebiscito del agua», del 31 de octubre del año 2004, instauró la reforma constitucional que puso en manos del Estado uruguayo la distribución del agua potable y el saneamiento, estableciendo además que el acceso a una y a otro constituyen derechos fundamentales según el artículo 47 de la Constitución de la república. Al mismo tiempo, se definió el principio por el cual la prestación de los mencionados servicios deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.
Previendo circunstancias como las descritas más arriba, el artículo 47 de la Constitución estipula en su numeral 4): «La ley, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando este se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad».
Quien habla, así como los integrantes de la comisión, coincidimos con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a que la aprobación del presente proyecto de ley es la autorización concreta a suministrar agua potable a un país vecino por motivos de solidaridad; en el caso concreto, suministrar agua al poblado de Serrilhada de Brasil.
Se entiende que los restantes detalles –conexión, contraprestación, duración de la ayuda, etcétera– son aspectos que podrían ser manejados administrativamente por los institutos especializados de nuestro Estado.
Se debe señalar que este es el primer caso en el que Uruguay recurre al artículo 47 de la Constitución ante requerimiento internacional de solidaridad, y en esta oportunidad se trata, nada más ni nada menos, que del norteño país hermano. En consecuencia, hemos entendido en la comisión que el presente asunto es de gran importancia en diferentes planos y que atiende definiciones de política y de solidaridad internacional consustanciales con los principios fundamentales de nuestra república.
Se agrega que, al tratarse de un socio del Mercosur, la aprobación del presente proyecto se ha de transformar en otro fuerte vínculo de amistad y hermandad con el pueblo de Brasil.
Por lo expuesto, señora presidenta, la comisión no dudó en acceder a lo propuesto por el Poder Ejecutivo, de modo de asegurar agua potable a la localidad brasileña de Serrilhada.
Es todo lo que tenía que informar, señora presidenta.
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero manifestar que con este proyecto de ley comenzamos a dar solución a una larga aspiración de los vecinos de una de esas zonas de frontera. También creo que damos una señal significativa al resolver temas que muchas veces son demandados por las características propias de las situaciones de frontera. Es inexplicable que se puedan generar diferencias en una comunidad que es única; sin embargo, por pertenecer a países diferentes, se transforman en dos subcomunidades. El caso de Serrilhada replica lo que muchas veces ocurre en otras localidades como Aceguá-Aceguá, Chuy-Chuí y otros tantos puntos de frontera, incluidos aquellos más emblemáticos o de más desarrollo, como los casos de Rivera-Santana do Livramento, Río Branco-Jaguarão o Artigas-Quaraí.
Está bueno que suceda esto, porque es un anhelo que viene de una larga historia. Recordemos que en el primer gobierno frenteamplista fue cuando realmente se desarrolló el proyecto de abastecimiento de agua potable a Cerrillada en Uruguay, un avance importante dentro de las políticas públicas. Es un galardón para nuestro país –construido desde larga data– ser el país de América Latina con mayor cobertura de agua potable para uso de la población. Esto ha sido una construcción permanente en Uruguay a partir de que tenemos un ente estatal que cumple ese rol. En este caso, el hecho de que se encuentre una solución para una comunidad que pertenece a otro país, pero –reitero– que integra una misma ocupación en un territorio, creo que es bien importante.
El otro elemento que también nos ayuda, como se señalaba en el informe, es la aplicación, por primera vez, del artículo constitucional incorporado en la reforma del 2004. Es también el imperio de nuestra Constitución, de una forma fuerte, sobre los temas de aguas.
El Parlamento tendrá que lograr mayorías especiales para aprobar este proyecto, que creo se inscribe en algo que nosotros también hemos desarrollado como país, que se ha ido afianzando en políticas de aguas, y que se consolida en el Plan Nacional de Aguas con el decreto del Poder Ejecutivo del año pasado. El principal objetivo en nuestra política de aguas es tener agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo de los seres humanos, y me parece que esto se inscribe fuertemente dentro de esa política. Está bueno tenerlo presente en momentos en que hay diversas discusiones y debates que atraviesan nuestra sociedad por el tema del agua. Esto nos ayuda a reafirmar que el principal objetivo sigue siendo generar agua en cantidad y de calidad para el consumo humano. En este caso lo vamos a hacer habilitando una norma para una comunidad del vecino país, Brasil.
Esto reafirma otro de los elementos que hemos defendido fuertemente en la política pública, y es que nuestro ente OSE genera para nuestras comunidades agua de calidad, habilitada para el consumo humano. Creo que es un hecho sustantivo que es bueno reafirmar a la hora de establecer una política pública como la que hoy tenemos la oportunidad de aprobar que, como bien decía el miembro informante, habilita a elaborar otros acuerdos complementarios para que se normalice y se efectivice.
De la misma manera, en este momento se está actuando sobre una política de saneamiento en Aceguá-Aceguá, en Cerro Largo, con la inversión que OSE está haciendo allí para el saneamiento del lado uruguayo y que tiene que ser complementada por Corsan del lado de Aceguá, Brasil, a fin de completar la interconexión con financiamiento del Focem.
Creo que estas son las soluciones a los problemas puntuales de frontera; realmente, pienso que está muy bueno que se vayan generando estos antecedentes y compromisos.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: voto con mucho gusto este proyecto de ley y suscribo este completo informe que ha hecho el señor senador Martínez Huelmo sobre la localidad de Serrilhada, que debe ser uno de los lugares más lindos que tiene el país. Se trata de dos pueblos, uno del lado uruguayo y otro del lado brasileño, en el que los pobladores han hecho sus casas a lo largo de la línea; los mojones están en el medio de la calle. Hay un cementerio, incluso, que no se sabe muy bien a qué país pertenece. En esa zona hay lugares muy hermosos, con árboles petrificados, que la actividad política nos ha dado la oportunidad de conocer en nuestro país; estamos hablando de los lugares más abandonados y lejanos del Uruguay.
Es correcto lo que decía el señor senador Pardiñas en cuanto a que hay un concepto que a veces es muy difícil de hacer entender a la gente, y es que estamos hablando de un solo pueblo y no de dos, porque allí viven parientes de un lado y de otro. En mi época de diputado por el departamento, el problema era la luz, ya que había luz del lado brasileño y oscuridad del lado uruguayo. Recuerdo que me daba mucha vergüenza, como oriental, el hecho de que del otro lado hubiera esos servicios y del nuestro, nada. Hoy es el Uruguay el que les está dando agua potable a los brasileños, y me da mucho orgullo que sea así.
Creo que es bienvenida esta iniciativa, que puede ser pequeña para el mundo, pero es grande para esta población. El informe habla de apenas unos cientos de habitantes de un lado y de otro. Realmente, no sé si esos censos son tan fidedignos; me parece que allí vive más gente, aunque tampoco mucha más. El hecho de que un país se preocupe por la gente, por más lejos que estén y por más pequeño que sea el lugar en el que vivan, habla muy bien del Uruguay; y que, además, se preocupe por las personas que viven del otro lado, habla mejor todavía de nuestro país.
Por lo tanto, celebro este proyecto, que fue informado con detalle por parte del señor senador Martínez Huelmo, quien mencionó todos los pasos que se fueron dando para concretar la iniciativa. En definitiva, no se trata de un tema que debamos dejar pasar. Serrilhada es una población muy pequeña de la que Uruguay y su Senado se ocupan, y creo que corresponde felicitar al Estado, a nivel departamental y nacional, por hacer esta inversión para suministrar agua potable.
Por otra parte, quiero decir que queremos respaldar a OSE, porque en materia de agua potable ha dado buenos resultados en el país, aunque pierde mucha agua y ese es un déficit que todavía se debe corregir. Se está tirando mucha agua potable y no hay que olvidar que se trata de un bien, de un tesoro que tiene nuestro país y que hay que cuidar. Asimismo, hay un gran déficit en cuanto a saneamiento y, quizás, este sea un tema de especial dedicación para el Uruguay del mañana, que deberá realizar una inversión a nivel nacional, a fin de concretar el saneamiento para muchas ciudades, pequeñas, medianas y grandes de nuestro país. Hasta el momento el organismo estatal no ha tenido las posibilidades de inversión necesarias para cumplir con esa deuda que tenemos con la población.
Quería señalar esto y aplaudir la iniciativa que hoy aprobamos, a la vez de manifestar mi alegría por ver que se mejoran las condiciones de vida, no solo de los pobladores de Cerrillada, sino también de los de Serrilhada, que es el pueblo que queda del otro lado de la línea, en uno de los lugares más lindos de nuestro país.
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: suscribo lo que decía el señor senador Heber. Simplemente quiero hacer algún aporte y manifestar una preocupación.
Con respecto al tema del agua, se hacía referencia hace un rato a la reforma constitucional, que a mi modo de ver estaba bien inspirada. En mi sector en particular, recuerdo que con el hoy senador José Carlos Cardoso coincidíamos mucho en cuanto al cuidado de ese recurso, de ese bien, para la humanidad y para los uruguayos. Pero creo que en su momento se extralimitó esta reforma y como consecuencia negativa trajo la ausencia del servicio de agua potable, en primer lugar, en regiones donde existían cooperativas y donde los privados se habían organizado para su propio suministro de agua, y en segundo término –ante el impedimento de la extensión de ese impulso ciudadano–, por la falta de progreso de OSE en algunos lugares de nuestro país, varios de ellos muy cercanos, que hasta el día de hoy no tienen conexión.
Por otro lado, quiero referirme a lo que ha dicho el señor senador Heber en cuanto a la cantidad de agua potable que pierde nuestro país y que terminan pagando todos los uruguayos. Estamos haciendo un esfuerzo por potabilizar, entre otras cosas porque tenemos carencia de fuentes de agua, más allá de que hay planes como el de Arazatí y el del Santa Lucía, cerca de Casupá. Sin dudas, hay proyectos, pero hasta ahora estamos limitados en lo que respecta a la obtención de agua potable. Si a eso le agregamos que estamos perdiendo parte de ella, vemos que estamos ante un problema grave.
Además, quiero llamar la atención sobre el tema de la calidad del agua potable. Se han producido reclamos a lo largo y ancho de nuestro territorio, no solo en cuanto a la presión del agua, sino también con respecto a su calidad. Quiero mencionar, también, lo relativo al consumo del agua embotellada; creo que todos nos hemos criado tomando agua de la canilla, pero ahora eso no es una constante en el Uruguay, lamentablemente.
Quería dejar estas puntualizaciones con relación al recurso agua.
También quiero referirme al tema del Mercosur, Mercado Común del Sur, que todos sabemos como consecuencia de qué se inicia. Argentina y Brasil nos la venían jopeando, etcétera, etcétera, y se sueña con una zona de libre comercio y una unión aduanera, aunque por supuesto estamos ante una zona de libre comercio imperfecta. No obstante, hace años, sin haber logrado el efectivo cumplimiento de ese proyecto, se pasa a un estadio de Mercosur político, idea que nosotros no compartimos, entre otras razones porque cuando uno va al Parlasur comprueba que se trata de un buen lugar para hacer terapia, para hacer declaraciones, pero carece de poder coercitivo cualquier cosa que pase allí.
Pero en medio de este Mercosur económico y político, hay un «mercosur» que vivía y existía desde mucho antes de que la burocracia y los Gobiernos se sacaran una foto en la escalera de una casa de gobierno de alguno de nuestros países. Me refiero al mercosur social en el que se desarrolla la vida de frontera. En la frontera –sobre todo en la seca, pero también en las otras– hace muchísimos años que vive ese mercosur, y es la burocracia del Gobierno montevideano la que muchas veces complejiza las relaciones en la frontera. El ejemplo más tradicional es el del auto con doble chapa, pero se me ocurren varios casos que confirman lo que digo.
En Aceguá tenemos el tema de la salud; del Chuy podrían decirse muchas cosas, pero voy a destacar la acción policial de un lado y del otro del mojón, que de alguna manera está complejizando los procedimientos policiales. Y podríamos seguir. Ni que hablar del shock que puede sufrir nuestra frontera en estos días con la instalación final de las tiendas libres en Brasil y el mecanismo que van a aplicar.
Allá por octubre de 2015, presentamos al Gobierno un conjunto de medidas con respecto a la frontera. Eran ocho medidas sociales que no hacían al comercio, al mercado común, ni al Mercosur político, pero contribuían a reconocer que el uruguayo y el brasileño deambulan serenamente de un lado al otro de los mojones, porque estudian de un lado y viven del otro, o buscan salud de un lado y trabajan en el otro. Creo que tenemos que dimensionar y entender esta realidad, que se da hasta en el lenguaje, que es tan pintoresco.
Por eso me parece que este es un buen ejemplo, al que le estamos dando una enorme magnitud, quizás por lo extraordinario, pero que debería ser de todos los momentos.
También voy a apelar a un tema más que el señor senador Heber sobrevolaba en su exposición y que está en la esencia del ser gobernante. Me refiero a la preocupación por el individuo, no en racimos, no en tamaño, no en cifras ni porcentajes, sino por la persona, por una persona.
Agrego, además, que estamos viviendo en tiempos de globalización. Yo les digo a mis compañeros –un poco en broma, un poco en serio– que la globalización la debe haber inventado un uruguayo, porque si bien, como reza la canción, «árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal», la globalización es otra herramienta que tiene el país para poder afincar a los nuestros en su lugar, donde están sus afectos, donde está su modo de vida y su producción. Pero para que eso suceda, además de la globalización debe existir una actitud proactiva de los gobernantes en el acceso a las condiciones básicas para tener una vida digna y de progreso.
Por lo tanto, esto que se va a votar hoy acá, si bien puede ser pequeño, para mí es un hito importante, porque es la consolidación de la vida binacional, de la vida de frontera; la confirmación de que cuanto más lejos se esté, más cerca debe estar el Gobierno para que el individuo pueda quedarse en su pago y empezar a alterar esos movimientos demográficos que tanto preocupan al país y que hacen que quede desolado parte de nuestro territorio y demasiado densamente poblada la palangana, el sur, nuestra zona metropolitana.
SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: confieso que por un momento me confundí y tuve que leer nuevamente el articulado que estábamos considerando porque ya no sabía si estábamos discutiendo sobre la OSE, el Mercosur o algún otro tema, pues aun cuando estamos de acuerdo, si viene bien le pegamos un palo al Gobierno. Y si esto es así ahora, cuando en unos meses estemos más cerca de la campaña no me imagino lo que va a ser. Es una campaña que ya me tiene cansado porque se inició casi al principio de este Gobierno, pero ahora se va a incrementar.
De todos modos, si me remito al texto, apoyo esta iniciativa, porque tiene que ver con una idea de lo que en lo personal considero que debe ser la integración, y fue el pecado original. ¿De qué nos hablaban aquellos que, en el acierto, promovieron el ingreso al Mercosur? De un mercado de doscientos millones de personas. ¿Y cuál es, básicamente, el pecado original del Mercosur? Que estableció el libre tránsito de las mercancías; las personas seguimos con los obstáculos. Y estos proyectos de ley, que ayudan a que ciertos obstáculos para las personas se empiecen a romper, son los que empiezan a garantizar el éxito de cualquier proceso integrador.
Los procesos de integración son exitosos si la gente los siente como propios, los asume, los internaliza. Pero esto ha sido imposible; no lo hicieron y no lo pudimos hacer. Recientemente, varios señores senadores –y no voy a negar que el señor senador Bordaberry en ese caso tuvo una actitud proactiva– estuvimos con los hermanos argentinos en la isla Martín García, para tratar de levantar las objeciones del paso fronterizo. ¡Es inaudito que para ir a Argentina, Brasil o Paraguay tengamos que pasar documentos por la frontera! Es inconcebible que nosotros, que queremos fomentar el turismo, les obliguemos a hacer colas para identificación a ciudadanos que deben ser de la región. Y eso es por el pecado original: porque los enamorados del mercado siempre piensan más en las mercancías que en la gente.
Este tipo de proyecto de ley ayuda a que la gente sienta que los procesos de integración tienen algo más que ver con ellos que con las mercancías. Obviamente, allí hay trabajo uruguayo –yo no desprecio eso–, pero la gente que está todos los días conviviendo no siente que estemos integrados cuando para cruzar un río, para cruzar más allá de la frontera, tiene que presentar una documentación como si fuera de otro mundo. ¡Así no funcionan los procesos de integración! La Unión Europea hubiera fracasado si cada vez que los españoles que iban a Francia o a Portugal hubieran tenido que presentar la documentación. Nadie se sentiría ciudadano de Europa; seguirían sintiéndose españoles que van a Francia, por ejemplo. Sin embargo, ahora se sienten europeos y españoles, europeos y portugueses, etcétera.
Entonces, es en ese sentido que creemos que es muy buena la iniciativa, porque tiene que ver con las cosas que pasan en la vida real y va eliminando, erosionando el pecado original, que es el de siempre poner las mercancías por encima de la gente. Estamos llenos de ejemplos, en la Constitución y en el Código Penal, en los que siempre vale más el capital y el dinero que la vida de la gente.
Por lo tanto, vamos a apoyar este proyecto de ley y felicitamos al señor senador Martínez Huelmo por el informe realizado.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: mi intervención va a ser muy breve. En realidad, yo soy oriundo de esas tierras y apenas quisiera dejar una constancia.
La vida de la frontera es mucho más rica de lo que pensamos desde aquí sentados. Hay mucha más integración de lo que algunos manifiestan en lo que tiene que ver con la salud y con la educación. Básicamente este proyecto de ley, que vamos a votar con mucho gusto, se presenta porque se necesita de una autorización especial de este Cuerpo para dar cumplimiento a la carta. Pero lo que quiero destacar es que hay mucha más integración y vida de lo que pensamos.
Solo quería dejar esa constancia, señora presidenta.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Autorízase el suministro de agua potable a la localidad brasileña de Serrilhada en los términos dispuestos por el numeral 4) del artículo 47 de la Constitución de la República».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil y se derogan los artículos 35 y 36 de la Ley n.º 1816, de 8 de julio de 1885, sobre responsabilidad de arquitectos y constructores. (Carp. n.º 726/2016 - rep n.º 686/18)».
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: este proyecto de ley ha sido muy trabajado, viene de comisión votado por unanimidad, con algunas salvedades de tipo técnico formuladas por el señor senador Bordaberry, pero, en definitiva, cuenta con un gran consenso.
Si bien es un proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio, lo hicimos para darle estado parlamentario a una inquietud que tenía la Sociedad de Arquitectos del Uruguay acerca de la responsabilidad de los arquitectos, constructores y empresarios por vicios en las construcciones o edificios que, por su naturaleza, son de larga duración.
Es de hacer notar que este proyecto de ley –no sé si consta la fecha en el repartido– estaba a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación desde hacía aproximadamente dos años. Luego de idas y venidas, al final, se llegó a una redacción elaborada con aportes de todas las universidades, de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y de los integrantes de la comisión. Esta redacción no es la que aconsejaron las universidades e incluso la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, sino que es el texto al que se llegó tomando como base un borrador entregado por ellos e incorporando correcciones sugeridas por todos los senadores.
Cabe aclarar que, tal como lo manifestó el señor senador Mieres, se considera que esta es una disposición de orden público. Por tanto, si bien algunos aspectos pueden ser pactados por los actores, no es conveniente que permitamos pactar a las partes, sobre todo cuando estas pueden estar en desigualdad de condiciones, por ejemplo, cuando se trata de la venta de un edificio y se incluyen determinadas condiciones en letra chica. Por esa razón, como lo explicó en su momento el señor senador Bordaberry, es aconsejable incluir algunas cláusulas de pacto en contrario, a efectos de evitar cualquier responsabilidad civil o penal sobre los vicios de construcción.
En definitiva, cuando se construye un edificio, destinado por su naturaleza a ser de larga duración –no estamos hablando de una construcción precaria–, el arquitecto, el constructor y el empresario tienen una serie de responsabilidades, que las hemos acotado muy bien en el artículo 1.º. A propósito, cuando ingresemos a la discusión particular, en este artículo se deberá agregar la expresión «siendo esta disposición de orden público», que está omisa en el texto, no por responsabilidad de la secretaría de la comisión sino por un malentendido entre los legisladores.
El resto del articulado refiere al ámbito de aplicación de la ley. En los artículos 2.º y 3.º se establece quién las regulariza si se tratara de relaciones de consumo y, en el artículo 4.º, la derogación de los artículos 35 y 36 de la Ley n.º 1816, ya que son los que regían hasta ahora en cuanto a las responsabilidades que podía tener el arquitecto, el constructor o el empresario.
No es que la normativa que regía hasta ahora fuera mala, sino que el mundo cambió; por tanto, cambiaron las tecnologías, las formas de construcción y los materiales. Esto hace que sea necesario afinar las responsabilidades, ya que, a veces, se aplica un producto o una forma de construcción –querida naturalmente por quien pide la construcción de larga duración–, que se sabe que, si no recibe el debido mantenimiento o por la propia estructura, puede durar mucho menos que antes. Por eso se modifica la responsabilidad correspondiente de quien hizo la obra: arquitecto, constructor y empresario.
A partir de ello, señora presidenta, se modifica el artículo 1844 del Código Civil, tomando las responsabilidades del caso. Reitero que este asunto fue largamente discutido en comisión y que, luego de un acuerdo entre las universidades, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y con la inclusión de las correcciones propuestas por todas las bancadas, finalmente se llegó al texto que estamos considerando.
SEÑOR BORDABERRY.- Se podrá ver en el informe de la comisión que quien habla lo votó con salvedades. Considero que el texto que se aprobó en la comisión es mucho mejor que el que llegó y simplemente agradezco, sobre todo, el hecho de que hayan sido tenidas en cuenta las distintas posiciones.
La perspectiva con la que uno mira estos proyectos de ley siempre es desde el lado del consumidor, aquel que no tiene la posibilidad de venir a expresarse al Parlamento. Digo esto porque los arquitectos están nucleados en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y los constructores tienen su propio espacio, por lo que pueden venir y ser escuchados en el Parlamento, pero quien va a contratar para hacer construir una casa, el consumidor final, no tiene esa posibilidad.
Por tanto, si bien uno tiene que guardar distancia y ser imparcial, debe analizar no solo la perspectiva de quienes vienen al Parlamento, sino también la de quienes no son escuchados en este ámbito.
El artículo 1844 del Código Civil, que establece la responsabilidad decenal, que rige desde la década de 1860 –desde el comienzo del propio código–, refleja una de las preguntas clásicas de la materia Contratos, en la Facultad de Derecho: responsabilidad decenal del arquitecto, del constructor y del empresario. Obviamente, este artículo tiende a proteger al que construye, pues si el arquitecto o el constructor edifican una obra que tiene vicios, quien contrata el servicio no tiene las capacidades como para analizar y saber si se está construyendo bien. Pienso que esta norma ha tenido una repercusión en la calidad de la construcción en el Uruguay. Hemos tenido grandes arquitectos y grandes constructores y se han construido grandes viviendas, grandes edificios.
Entiendo que la aprobación de este proyecto de ley, con las modificaciones referidas, significa un cambio respecto a la responsabilidad decenal en todo sentido, aun por vicios o, como se expresa en el texto, defectos de terminación y acabado de las obras.
Por tanto, me parece una buena propuesta. La única duda que teníamos era respecto a que el nuevo plazo de prescripción que se establece es solamente de cuatro años a partir del momento en que se manifiesta el vicio en la vivienda. Obviamente, es un plazo de prescripción mucho más corto que el plazo general que se establece en el código. El fundamento planteado por los profesores que nos visitaron es que los plazos de prescripción son excesivamente largos. En eso tienen razón, pero me parece que en lugar de ir modificando los plazos de prescripción para cada instituto –en este caso, la responsabilidad decenal–, habría que establecer una modificación en general. Veinte años, en el mundo actual, parece mucho tiempo como para que sigan existiendo acciones pendientes, sobre todo cuando se da el caso de empresas que quieren comprar una compañía constructora o cualquiera de ese tipo y los encargados de hacer el due diligence tienen el problema de que no saben si tienen que ir diez, quince o veinte años para atrás a efectos de saber si existe algún vicio de construcción que pueda haberse manifestado. Eso, obviamente, quita certeza y seguridad jurídica.
Por otro lado, respecto a los acuerdos de limitación de responsabilidad, me parece muy bueno que en la comisión se haya llegado a un acuerdo para quitarlos, tal como se propuso en una de las sugerencias. Como es obvio, hablar de acuerdos de limitación de responsabilidad como válidos en estas situaciones significa hacerlos obligatorios, porque quien va a construir –arquitecto o constructor– lo primero que va a hacer es proponer y lograr ese acuerdo de limitación de la propiedad, con lo que, en definitiva, esta norma iba a ser letra muerta.
En síntesis, considero que es muy bueno que se apruebe este proyecto de ley y me alegro mucho del equilibrio final que se logró en el texto, entre todas las posiciones que se plantearon.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: quiero sumarme a las manifestaciones de los senadores Michelini y Bordaberry. Pienso que se ha hecho un trabajo de actualización de las normas de responsabilidad vinculadas con este sector de actividad –lo que era necesario–, discriminando, con criterio, de qué tipo de responsabilidad estamos hablando con respecto a la construcción de viviendas –en lo que tiene que ver con cuestiones más estructurales y de menor relieve– y estableciendo nuevos plazos de prescripción de la responsabilidad en función de cada una de esas circunstancias.
Decía el senador Bordaberry –y ciertamente lo tuvimos en cuenta– que este tipo de contratos de construcción son, por definición, asimétricos. La persona que contrata –en definitiva, el consumidor– está en una situación de desigualdad con respecto a la empresa constructora, al arquitecto, al empresario. Pero este punto quedó bien salvaguardado en el análisis del texto y, en particular, se tuvieron en cuenta varias apreciaciones que, en nombre de los consumidores, nos hizo llegar la doctora Dora Zafir que, como sabemos todos, es una persona que trabaja y milita en defensa de los derechos del consumidor. Probablemente no hayamos incorporado todas las sugerencias, pero sí varias de ellas, que lo que hacen es, justamente, escuchar a aquel que –como decía el señor senador Bordaberry– no tiene una voz organizada de defensa.
En síntesis, considero que el proyecto de ley es satisfactorio. Por tal razón, hemos acompañado las modificaciones que se incorporaron en un trabajo de la comisión que ha sido colectivo y, diría, muy positivo.
SEÑOR MICHELINI.- Pido a la Mesa que se lea el artículo 1.º –que sustituye el artículo 1844 del Código Civil– con la modificación propuesta. Luego pediré la supresión de la lectura, partiendo de la base de que es ese el texto que vamos a votar.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el artículo 1.º con la modificación sugerida por el señor senador Michelini.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1844 del Código Civil, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1844. El arquitecto, el constructor y el empresario de un edificio destinado por su naturaleza a tener larga duración, son responsables por espacio de diez años por los defectos o vicios que, ya sea en todo o en parte, afecten su estabilidad o solidez o lo hagan impropio para el uso pactado expresa o tácitamente o para el uso a que normalmente se destina, por vicio de la construcción o por vicio del suelo o una incorrecta dirección de la obra, defectos de cálculo o por la mala calidad de los materiales, haya suministrado estos o no el comitente y a pesar de cualquiera cláusula en contrario, siendo esta disposición de orden público. El arquitecto, el constructor o el empresario solo se exonerará de la responsabilidad regulada en el presente artículo si acredita causa extraña no imputable. No constituye causa extraña, el vicio de los materiales que hubieran sido provistos por el comitente y no hubieran sido rechazados por el arquitecto, el constructor o el empresario, aun cuando el daño se produzca durante la ejecución.
Todo ello, sin perjuicio y además de la responsabilidad directa de los subcontratistas y contratistas parciales de la obra, así como de los suministradores de materiales e instalaciones para la misma».
Si no se hace uso de la palabra se va a votar, en primer lugar, el artículo 1.º tal cual como vino de comisión.
En consideración el artículo 1.º con la modificación introducida en sala.
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del resto del articulado y se vote en bloque.
16) DOCTORAS ADRIANA FÁTIMA ROCHA BALDI Y CECILIA MARÍA IRIGOYEN IBARBURU. DESIGNACIÓN COMO FISCALAS LETRADAS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar:
– en calidad de fiscala letrada adjunta (escalafón N), a la doctora Adriana Fátima Rocha Baldi. (Carp. n.º 1112/2018 - rep. n.º 683/18);
– en calidad de fiscala letrada departamental (escalafón N), a la doctora Cecilia María Irigoyen Ibarburu. (Carp. n.º 1095/2018 - rep. n.º 662/18)».
SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión la carpeta n.º 1112/2018, por la que se solicita designar como fiscala adjunta (escalafón N), a la doctora Adriana Fátima Rocha Baldi.
SEÑOR CARRERA.- Corresponde que informe la venia de la doctora Adriana Fátima Rocha Baldi.
El Poder Ejecutivo se dirige a este Cuerpo a fin de solicitar la venia requerida al amparo del numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república.
En mérito a ello, el fiscal de corte y procurador general de la nación eleva a consideración del Ministerio de Educación y Cultura y del Poder Ejecutivo el nombre de la ciudadana que, habiendo concursado en debida forma, ha acreditado mediante sus méritos ser calificada e idónea para cubrir la vacante.
Por resolución del Poder Ejecutivo de 16 de marzo de 2004 se designó, entre otros, a la entonces secretaria letrada de la Fiscalía Letrada de Colonia, doctora Adriana Fátima Rocha Baldi, para ocupar el cargo de fiscal letrado departamental de Río Branco, para la cual la Cámara de Senadores concedió la venia requerida con fecha 11 de febrero de 2004.
Seguidamente, y por resolución de la Fiscalía General de la Nación n.º 871/2016, de 30 de noviembre de 2016, se dispuso un sumario administrativo a la doctora Adriana Fátima Rocha Baldi.
Por resolución de la Fiscalía General de la Nación n.º 110/2018, de 16 de marzo de 2018, se clausuró el sumario administrativo incoado, sancionando a la fiscala letrada departamental con el descenso a la categoría inmediata inferior.
En efecto, el fiscal de corte y procurador general de la nación propone la designación de la doctora Rocha Baldi para ocupar un cargo de fiscal letrado adjunto.
Cumplida la formalidad de estilo y controlada la documentación formalmente, lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente y al marco jurídico imperante.
Por tanto, la ciudadana propuesta reúne las aptitudes suficientes y necesarias, a los efectos de cumplir los objetivos y los cometidos funcionales inherentes al cargo a que se la destina.
Asimismo, es dable decir que la propuesta se ajusta adecuadamente a la normativa legal respecto a la provisión de cargos como órgano jerarca máximo en materia administrativa, el que tiene la responsabilidad de analizar la correspondencia legal de la designada, así como su oportunidad y mérito, a fin de enviar la solicitud de venia al cuerpo legislativo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Adjunto (Escalafón “N”) a la doctora Adriana Fátima Rocha Baldi».
En discusión la carpeta n.º 1095/2018, por la que se solicita designar como fiscala letrada departamental (escalafón N), a la doctora Cecilia María Irigoyen Ibarburu.
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Heber.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: corresponde que informe sobre la solicitud de venia para designar como fiscala letrada departamental a la doctora Cecilia María Irigoyen Ibarburu.
A los efectos de este otorgamiento, nosotros debemos informar al Cuerpo que se ha cumplido estrictamente con todas las instancias que la normativa vigente exige para el proceso de designación de magistrados fiscales, por lo que correspondería otorgar la venia solicitada al Poder Ejecutivo. Se ha cumplido porque: a) existe la vacante de fiscal letrado por la sanción de descenso del cargo aplicada a la señora fiscala departamental Adriana Rocha, emergente del sumario administrativo instruido por Resolución n.º 871, de 5 de diciembre de 2016; b) de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, se convocó a concurso de oposición y méritos con el fin de generar un orden de prelación para la provisión de la vacante; c) la integración del tribunal de concurso se efectuó correctamente; d) por Resolución n.º 326, de 6 de junio de 2017, se aprobó lo actuado por el tribunal de concurso y se homologó el orden de prelación ocupando la doctora Cecilia Irigoyen el 13.º lugar del mismo; e) los magistrados que ocuparon los puestos del 1.º al 12 ya fueron propuestos para ocupar los cargos de fiscal departamental, o sea, que del lugar 13.º quedó en el 1.º; f) del legajo funcional agregado en los folios 21 a 103 del concurso mencionado, surge que la doctora Cecilia Irigoyen tiene más que méritos suficientes para ser designada.
Por estos motivos, aconsejamos al Cuerpo que se vote afirmativamente la venia solicitada.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Departamental (Escalafón “N”) a la doctora Cecilia María Irigoyen Ibarburu».
(Así se hace, a las 11:59, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Alonso, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Cardoso, Carrera, De León, Garín, Heber, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Matiaude, Moreira, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Vellozas y Xavier).

References: artículo 47
 artículo 1844
 artículo 47
 artículo 1844
 artículo 3
 artículo 172
 artículo 50
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 223
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 168
 artículo 1
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 artículo 47
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 artículo 1844
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1844
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 artículo 1
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 artículo 168
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