Source: https://tc.vlex.es/vid/1-64-24-c-u-2-3-as-4-15034612
Timestamp: 2019-10-22 16:42:54+00:00

Document:
STC 86/1984, 27 de Julio de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034612
Fecha de Resolución: 27 de Julio de 1984
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 263/1983
1. Se reitera la doctrina sentada en las anteriores Sentencias 9/1981, 63/1982, 22/1983, 48/1983, 102/1983, 117/1983, 4/1984, 8/1984, 19/1984, 52/1984 y 74/1984, sobre el sentido del artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a la luz de lo dispuesto en el art. 24.1 de la C.E., según la cual este último precepto exige que los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo emplacen a todos aquellos a cuyo favor deriven derechos o intereses legítimos del acto impugnado, siempre que resulten identificados de los datos del escrito de interposición del recurso, del expediente administrativo, o incluso de la demanda, sin que la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» pueda sustituir el emplazamiento personal y directo. 2. En el presente caso, igual que el contemplado por la Sentencia 63/1982, aun cuando el proceso contencioso comenzó a tramitarse antes de la Constitución, con posterioridad a la misma se hallaba todavía en una fase inicial, que permitía perfectamente emplazar personalmente a quienes aparecieran en las actuaciones administrativas como titulares de derechos e intereses legítimos. 3. Como se indicó ya en la Sentencia 48/1983, la indefensión por falta de emplazamiento no queda eliminada por la actuación del Abogado del Estado en defensa de la legalidad del acto impugnado, ya que el derecho al emplazamiento no tiene otra finalidad que la de permitir ejercer el derecho a ser oído directamente en el proceso, al margen de que las alegaciones que puedan hacerse en el mismo coincidan o no, entera o parcialmente, con las de cualquiera de las demás partes. 4. El art. 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no es en sí mismo inconstitucional, aunque la falta de previsión del legislador, en orden a salvaguardar la tutela judicial efectiva de los posibles codemandantes y coadyuvantes, debe ser integrada por el mandato implícito contenido en el art. 24.1 de la C.E., consistente en promover la defensa, en la medida de lo posible, mediante la correspondiente contradicción.
En el recurso de amparo núm. 263/1983, promovido por «Estación de Servicio Apeadero, S. L.», representado por el Procurador de los Tribunales don Luis P. . S., bajo la dirección del Abogado don Andrés E. T.á, contra las Sentencias de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 1980, dictada en el recurso núm. 20.698 y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1982, en el recurso de apelación núm. 36.957, confirmatoria de la anterior, por las que se anularon los acuerdos dictados por la Delegación del Gobierno en CAMPSA de 15 de julio de 1976 por el Subsecretario del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1977 sobre concesión de una estación de servicio en el kilómetro 59,200 de la carretera C-223 del término municipal de Onda (Castellón) a don Ernesto G. S. y don Juan M. O., como Sociedad a constituir, hoy «Estación de Servicio Apeadero, S. L.», desde el 25 de septiembre de 1976, en solicitud de que pronuncie Sentencia estimatoria declarando nulas las Sentencias impugnadas y ordenando se retrotraigan las actuaciones procesales de los Autos en que se dictó la Sentencia de la Audiencia Nacional al momento inmediatamente posterior a la interposición del recurso contencioso-administrativo y que se emplace personalmente a la recurrente. En el recurso de amparo han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, así como don Vicente O. A., don Vicente F. N., don Vicente O. S. y don Pascual M. C., siendo Ponente el Magistrado don Rafael G. F. M., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Con fecha de 15 de julio de 1976, la Delegación del Gobierno en CAMPSA otorgó una concesión a los señores G. S. y M. O. para explotar una estación de servicio en el kilómetro 59,200 de la carretera C-223 en el término municipal de Onda (Castellón). Dicho acuerdo fue impugnado en alzada por los señores O. A., F. N., O. S. y M. C., que habían comparecido en el período de información pública oponiéndose a la concesión. Por resolución de 20 de octubre de 1977 el Subsecretario de Hacienda desestimó el referido recurso.
3. Por providencia de 18 de mayo de 1983, la Sala acordó admitir a trámite la demanda formulada por «Estación de Servicio Apeadero, S. L.», sin perjuicio de lo que resultase de los antecedentes, y por personado y parte al Procurador señor P. . S. en nombre y representación de la citada Entidad, así como requerir la remisión de las actuaciones o testimonio de las mismas al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional y el emplazamiento por dichos órganos judiciales a quienes fueron parte de los correspondientes procedimientos para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Por providencia de 29 del mismo mes, la Sala acordó tener por recibidas las actuaciones reclamadas y por personado y parte al Procurador don Juan C. y L. V., en la representación que acredita de don Vicente O. A., don Vicente F. N., don Vicente O. S. y don Pascual M. C. -este último como administrador gerente de Repost, S. L.-, así como al Abogado del Estado, y dar vista de tales actuaciones a la recurrente, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y demás partes personadas, a fin de que evacuaran las oportunas alegaciones, las que formularon todos ellos dentro del plazo concedido.
c) La representación procesal del señor O. A. y de los otros tres comparecidos en el presente proceso solicita de este Tribunal la desestimación del amparo con imposición de costas a la Sociedad mercantil recurrente. A tal efecto, argumenta aquélla que la ahora solicitante de amparo fue correctamente emplazada a través del anuncio de interposición del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y que no ha existido violación de derechos susceptibles de amparo, supuesto que la Sentencia de la Audiencia Nacional aplicó rectamente el derecho vigente defendiendo por igual los derechos de la Administración -que era el único demandado directo- y del administrado, Sentencia que, habiendo sido recurrida precisamente por el Abogado del Estado, fue confirmada íntegramente por el Tribunal Supremo, habiéndose, pues, agotado todos los recursos admisibles, tanto en defensa de los inatendibles derechos de la mercantil recurrente como de la Administración. Termina su escrito la referida representación añadiendo que el presente recurso es una simple maniobra dilatoria que, conjugada con la suspensión acordada por este Tribunal, permite a la recurrente continuar con su establecimiento abierto en una carretera saturada de estaciones de servicio y perjudicando directamente los legítimos intereses y derechos de sus mandantes.
7. Por providencia de 15 de febrero de 1984, la Sección, al amparo de lo dispuesto en el art. 85 de la LOTC, en conexión con el art. 84 de la misma, acordó requerir a la representación de la parte actora -«Estación de Servicio Apeadero, S. L.»- para que dentro del plazo de diez días presentase el documento o documentos que acreditasen la legitimación con que la actora se presenta en el recurso de amparo, dado que la estación de servicio fue concedida a don Ernesto G. S. y don Juan M. O. -«Sociedad a constituir»-, por acuerdo de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, de 15 de julio de 1976, confirmada por resolución del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1977, objeto de impugnación en la vía contencioso-administrativa, en la que recayeron las Sentencias impugnadas en amparo. Igualmente, dispuso la Sección que una vez recibida la documentación, se procedería de acuerdo con lo establecido en el art. 84 de la LOTC.
8. Por providencia de la misma fecha la Sección acordó tener por recibidos los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal, Abogado del Estado y de los Procuradores señor P. . S. y C. L. V., respectivamente, así como, al amparo de lo dispuesto en el art. 88 de la LOTC, requerir a la Delegación del Gobierno de CAMPSA, para que remitiera a este Tribunal, dentro del plazo de diez días, el expediente relativo al acto de 15 de julio de 1976, por el que acordó otorgar a don Ernesto G. S. y don Juan M. O., «Sociedad a constituir», la concesión de una estación de servicio en el punto kilométrico 59.200 de la carretera C-223, término municipal de Onda, y zona de influencia de Castellón; y, asimismo, al Ministerio de Economía y Hacienda (Subsecretaría de Economía y Hacienda -Subdirección General de Recursos-), para que remitiera a este Tribunal el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto contra el mencionado acto de la Delegación del Gobierno de CAMPSA, por don Vicente O. A., don Vicente O. S., don Vicente F. N. y R., S. L., resuelto por el Subsecretario de Hacienda en 20 de octubre de 1977 (recurso 332/1976), dentro del mismo plazo de diez días.
9. Por escrito de 22 de marzo pasado la representación procesal de la solicitante de amparo señala que acompaña escritura de constitución de sociedad de «Estación de Servicio Apeadero, S. L.», debidamente liquidada del Impuesto de Sociedades e inscrita en el Registro Mercantil, en la que aparecen como socios don Ernesto G. S. y don Juan M. O., los mismos a los que, como Sociedad a constituir les fue autorizada la estación de servicio sita en Onda con el núm. 31.475, situación que -dice- es usual en este tipo de concesiones, en las que una o más personas solicitan autorización para instalar una estación de servicio de carburantes, con el compromiso de constituirse en Sociedad si se les otorga la concesión solicitada, lo que verifican dentro del plazo que se les concede a tal efecto después de la concesión. Añade la misma representación procesal que, de hecho, se producen impugnaciones y recursos en vías administrativa y jurisdiccional contra tales concesiones, cuando todavía los concesionarios no se han constituido en Sociedad mercantil, de lo cual es un ejemplo el presente caso. Dicha escritura fue otorgada en 25 de septiembre de 1976 ante el Notario de Castellón don Emilio L. S..
10. Por providencia de 4 de abril siguiente la Sección acordó tener por recibido el aludido escrito del Procurador señor P. . S. con la escritura notarial que le acompaña, así como las actuaciones remitidas por la Delegación del Gobierno en CAMPSA y la Subsecretaría de Economía y Hacienda, y a tenor de lo dispuesto en el art. 88.1 de la LOTC conceder un plazo común de diez días, con vista de las actuaciones recibidas, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a los Procuradores señores P. . S. y C. L. V., éstos en las representaciones que ostentan, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran, lo que hicieron el Abogado del Estado y el Procurador señor P. . S..
a) El acuerdo de la Delegación del Gobierno en CAMPSA de 15 de julio de 1976, por el que se aprueba la propuesta de autorización a don Ernesto G. S. y don Juan M. O., «Sociedad a constituir», para construir una estación de servicio en Onda (Castellón), quedando condicionada la concesión a que en el plazo de seis meses se presenten determinados documentos, fue comunicada a los destinatarios mencionados -C. de Enmedio, número 42, Castellón de la Plana-, mediante carta certificada de 21 de julio de 1976, constando en la misma, entre otros extremos, que la aprobación queda condicionada a que en el plazo de seis meses presenten documento de constitución de la Sociedad (anexos 93 y 94 del expediente de CAMPSA).
b) La escritura de constitución de la sociedad «Estación de Servicio Apeadero, S. L.» (anexo 105 del propio expediente) se otorga por los señores G. S. y M. O. en 25 de septiembre de 1976, cuyo domicilio figura en la misma. Ambos aportan a la Sociedad -cada uno la mitad indivisa- la autorización administrativa o concesión otorgada por CAMPSA, y se fija el domicilio social en la carretera C-223, de Viver al Puerto de Burriana, kilómetro 60, Hm. 2 (Tramo Villarreal-Onda), del término de Onda (Castellón).
c) En 30 de diciembre de 1977, CAMPSA dirige carta a «Estación de Servicio Apeadero, S. L.» (don Ernesto G. y don Juan M.ú), comunicándole que con la presentación de la escritura de constitución de la Sociedad queda cumplimentada la condición figurada en la autorización (anexo 109 del mismo expediente).
e) Interpuesto recurso de alzada por don Vicente O. A. y otros contra el acuerdo de la Delegación del Gobierno en CAMPSA de 15 de julio de 1976, se dio traslado a don Ernesto G. S., quien por escrito de 19 de noviembre de 1976 formuló las alegaciones convenientes en su propio nombre y derecho y también en interés de «Sociedad a constituir» (folios 18 y 19 del expediente del recurso). Dicho recurso fue desestimado por resolución del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1977 (folios 30 a 35 del expediente del recurso).
f) Contra dicha resolución del Ministerio de Hacienda, don Vicente O. A. y otros interpusieron recurso contencioso-administrativo en 10 de diciembre de 1977, publicándose el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio de 1978. Después de tramitar la solicitud de los demandantes formulada en escrito de 9 de octubre de 1978, de que se completara el expediente administrativo correspondiente al acto impugnado con el relativo a la concesión de autorización, por providencia de 23 de abril de 1979 se alzó la suspensión del plazo para formular la demanda, que los actores presentaron en 16 de mayo de 1979. En las actuaciones remitidas por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional -de las que se extraen los datos anteriores- ante la que se seguía el recurso contencioso, no consta que se efectuara emplazamiento personal alguno a los señores G. S. y M. O., ni tampoco a la entidad «Estación de Servicio Apeadero, S. L.»; tampoco consta que les fuera notificada la Sentencia dictada en 6 de junio de 1980.
1. La cuestión que plantea el presente recurso es la de determinar si la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 1980, y la del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1982 -que desestima el recurso de apelación formulado contra la anterior-, han vulnerado el art. 24.1 de la Constitución, al haberse dictado sin que se produjera el emplazamiento personal de la Entidad solicitante del amparo. Pero, con carácter previo, hemos de decidir acerca de la legitimación con que la misma se presenta en el recurso de amparo, que no se ha puesto en duda por ninguna de las partes, habiendo sido suscitado este aspecto por la Sección, al advertir que los destinatarios del acto administrativo impugnado eran los señores G. S. y M. O., «Sociedad a constituir», y no la solicitante del amparo.
La respuesta a tal extremo ha de ser afirmativa. De la documentación aportada por la actora, y del propio expediente administrativo, resulta que la entidad «Estación de Servicio Apeadero, S. L.», ha sido precisamente la Sociedad constituida por los señores G. S. y M., a la que han cedido la autorización o concesión administrativa -según el tenor literal de los Estatutos-, habiéndose comunicado esta constitución a CAMPSA, que ha tenido por cumplida la condición que figura en la comunicación del acto de la Delegación del Gobierno en CAMPSA. Resulta por tanto, con claridad, que el destinatario del acto administrativo, una vez constituida la Sociedad, es la propia «Estación de Servicio Apeadero, S. L.», por lo que la Sala estima que se ha acreditado debidamente la legitimación con que la actora se presenta en el recurso de amparo. En consecuencia, la demandante está legitimada para interponerlo, de acuerdo con los arts. 162.1 de la Constitución y 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, interpretado este último, tal como ha entendido el Tribunal en supuestos como el aquí suscitado, en el sentido de haber podido ser parte en el proceso judicial correspondiente y no haberlo sido por causas ajenas a la propia voluntad de la solicitante del amparo.
La conclusión anterior no queda desvirtuada por la tesis sostenida por la representación de los señores O. y A. y otros, en relación a que la defensa de la legalidad del acto impugnado ha sido sostenida por el Abogado del Estado; pues como se indicó ya en la Sentencia 48/1983, antes citada, la indefensión por falta de emplazamiento personal cuando sea procedente no queda eliminada por la actuación del Abogado del Estado, ya que el derecho a ser emplazado personalmente no tiene otra finalidad que la de permitir ejercer el derecho a ser oído directamente en el proceso, al margen de que las alegaciones que puedan hacerse en el mismo coincidan o no, entera o parcialmente, con las de cualquiera de las demás partes que hayan comparecido.
En el presente caso, la aplicación de los preceptos mencionados, lleva, por un lado, a declarar la nulidad de las dos Sentencias impugnadas, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior al de la formulación de la demanda, pudiendo conservarse las actuaciones anteriores por no impedir el pleno ejercicio del derecho fundamental. Estas Sentencias son las dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 6 de junio de 1980, en el recurso contencioso núm. 20.698 interpuesto por don Vicente O. A. y otros, respecto de la resolución del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1977, y la Sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 27 de mayo de 1982, en el recurso de apelación interpuesto contra la anterior por el Abogado del Estado, núm. 36.957.
Por otra parte, procede reconocer el derecho de la entidad «Estación Servicio Apeadero, S. L.», a ser emplazada personalmente por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo núm. 20.698 interpuesto por don Vicente O. A. y otros, respecto de resolución del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1977.
a) Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 1980, recaída en el recurso contencioso núm. 20.698 interpuesto por don Vicente O. A. y otro, contra resolución del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1977, y, asimismo, de la Sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1982, en el recurso de apelación núm. 36.957 interpuesto contra la anterior por el Abogado del Estado; retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente posterior al de la presentación de la demanda en el recurso núm. 20.698, mencionado.
STS 404/2017, 9 de Mayo de 2017
SAP Murcia 539/2017, 14 de Septiembre de 2017

References: artículo 64
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