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Timestamp: 2019-10-18 15:46:37+00:00

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Conformidad premial y procedimiento de Jurado - El Derecho
Conformidad premial y procedimiento de Jurado
Reforma de la LECrim y la Ley del Jurado
Foro 01-04-2013 Coordinador: Gemma Gallego
En el año 1995, la LO 5, de 22 mayo -EDL 1995/14191-, vino a establecer el Tribunal del Jurado que anunciaba la Constitución española en su art. 125 -EDL 1978/3879-, disponiendo en el artículo 1.2º cuáles eran los delitos cuyo enjuiciamiento y fallo, debía seguir este procedimiento: Su extenso ámbito de aplicación y las sucesivas pautas de desarrollo hasta la sentencia que pone fin al acto de juicio, han sido ampliamente criticados por "excesivos".
Por otra parte, la Ley 38/2002 de 24 octubre -EDL 2002/41133-, vino a modificar los Procedimientos Especiales del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulando los llamados "juicios rápidos", y estableciendo un procedimiento para el enjuiciamiento de determinados delitos, con la llamada conformidad "premial", es decir, la rebaja en un tercio de la pena, que se establece en el art. 801 LECrim -EDL 1882/1-.
La cuestión que hoy se plantea, está en la línea de una reforma ya anunciada, no sólo de la Ley de Enjuiciamiento (EDL 1882/1) -cuyos primeros apuntes conocemos ya- sino también de la Ley del Jurado... y versa sobre la posibilidad de establecer la conformidad privilegiada ante el Juzgado de Instrucción, en los supuestos en que los hechos fueran constitutivos de un delito que, comprendido entre los relacionados en el citado art. 1.2 LOTJ -EDL 1995/14191-, estuviera castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el art. 801 LECrim.; por ejemplo, en un supuesto de allanamiento de morada.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de abril de 2013
La LOTJ 5/1995, de 22 mayo, en su capítulo III regula el procedimiento para ...
La LOTJ 5/1995, de 22 mayo, en su capítulo III regula el procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, estableciendo en su art. 24 -EDL 1995/14191 que u0022cuando de los términos de la denuncia o (...), y tan pronto como de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, (...) procederá el Juez de Instrucción a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado (...), añadiendo en su apartado 2º que u0022La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1 será supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente leyu0022. De igual modo, dicha LOTJ en su art. 50 regula los supuestos de conformidad en el ámbito de dicho procedimiento.
Por su parte, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos que se ubica dentro del Título IV de la LECrim. -EDL 1882/1 bajo la rúbrica u0022de los procedimientos especialesu0022, en su art. 795, a la hora de establecer su ámbito de aplicación, contiene la prevención de que dicho procedimiento conocido como u0022juicio rápidou0022 se aplicará u0022sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especialesu0022, entre los que cabe incluir, pese a regularse de forma autónoma en la mencionada LOTJ -EDL 1995/14191-, el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Dicho artículo excluye de forma expresa la posibilidad de enjuiciamiento por sus trámites de aquellos delitos conexos no comprendidos en su ámbito de aplicación, estableciendo asimismo la aplicación supletoria de las normas relativas al Procedimiento Abreviado, lo que nos lleva al art. 760 párrafo 2º, que a su vez nos remite al 309 bis de la LECrim., artículos ambos, que de forma imperativa disponen que cuando nos encontremos ante un delito competencia del Tribunal del Jurado procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su Ley reguladora, o a su inmediata acomodación a dichos trámites, según los casos.
De la lectura comprensiva de dichos preceptos, y pese a que en ninguno de dichos cuerpos legales se excluye de forma expresa tal posibilidad, a mi entender solo cabe concluir que con la regulación vigente, cuando nos encontremos ante uno de los delitos cuyo enjuiciamiento conforme a lo dispuesto en el art. 1.2 LOTJ -EDL 1995/14191 corresponda al Tribunal del Jurado, resulta preceptiva la inmediata incoación del procedimiento diseñado por la LOTJ, con exclusión de cualquier otro, sin posibilidad, por tanto, de incoar el procedimiento de juicio rápido, pese a que muchos de los delitos enumerados en el art. 1.2 LOTJ, atendida su penalidad en abstracto, cumplirían los estándares exigidos en el art. 795 LECrim. -EDL 1882/1 para su tramitación por los cauces del juicio rápido y permitirían el dictado de una sentencia de conformidad por los cauces del art. 801 LECrim.
En este estado de cosas, y por razones de justicia material, sería aconsejable bien abordar una reforma legal que regule de forma unívoca el instituto de la conformidad, haciéndolo aplicable, con iguales consecuencias penológicas, a todo tipo de procedimientos, sin distinción alguna, -solución que al parecer es la acogida por el Proyecto de Código Procesal Penal actualmente en ciernes que se ha elaborado por la comisión de expertos-; o cuanto menos, introducir en nuestra Lecrm un mecanismo que de forma análoga a la prevista en el art. 779.1.5ª LECrim. -EDL 1882/1 para el Procedimiento Abreviado, permitiera en los casos de reconocimiento de los hechos en delitos competencia del Tribunal de Jurado que cumplan los requisitos del art. 801 LECrim., acomodar dicho procedimiento a los trámites previstos para los juicios rápidos o incluso incoar directamente dicho procedimiento. De este modo se conseguiría, que cualquier acusado dispuesto a reconocer los hechos, con independencia del proceso al que se encontrara sometido, pudiera beneficiarse de una misma consecuencia jurídica, cual es la rebaja penológica del tercio prevista en dicho art. 801, situándolos en un plano de igualdad.
La competencia que nuestro ordenamiento otorga al Tribunal del Jurado viene e...
La competencia que nuestro ordenamiento otorga al Tribunal del Jurado viene establecida, en primer lugar y de manera directa, en el art. 1 de la Ley que regula esa Institución -EDL 1995/14191-, enumerando los delitos cuyo enjuiciamiento se atribuye al Tribunal de legos. Para determinar la competencia del Tribunal del Jurado la LOTJ sigue un doble criterio: en primer lugar, mediante la determinación genérica de diversos tipos delictivos a través de su nomen iuris general y, en segundo término, citando concretamente los tipos delictivos con mención incluso de los artículos en los que están contenidos.
Entrando en el fondo de la cuestión, en cuanto a la posibilidad de transformar en los términos establecidos en el art. 779.1.5ª LECrim. -EDL 1882/1 el procedimiento regulado por LOTJ -EDL 1995/14191 en Diligencias Urgentes, o incluso antes de incoarse la causa, la respuesta, a nuestro juicio debe ser negativa. Puesto que la determinación de la competencia para juzgar un determinado delito, no sólo afecta al concreto órgano jurisdiccional que deba conocer del enjuiciamiento, sino a la asignación de éste a órganos de tan diferente naturaleza como el Tribunal profesional o jurado, con la concurrencia de trámites específicos en cada uno de los casos, diferentes regulaciones contenidas en normas distintas e, incluso, específicas opciones en orden a los Recursos que puedan ejercitarse en uno y otro supuesto.
No estaríamos, por consiguiente, ante un simple problema de asignación a uno u otro órgano de similar o parecido carácter dentro de la Jurisdicción penal, sino a una verdadera alteración de la clase de enjuiciamiento prevista para cada caso por el Legislador, que no es posible incumplir, máxime cuando ello afecta de manera tan sustancial al derecho fundamental al Juez legalmente predeterminado constitucionalmente consagrado.
La predeterminación legal del Juez significa que la Ley, con generalidad y con anterioridad al caso, ha de contener los criterios de determinación competencial cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer el caso. El ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (art. 117.3 CE -EDL 1978/3879-), pero, como es obvio, no a cualquiera de ellos en cualquier caso, sino, en cada uno de éstos, a aquel órgano judicial que resulte predeterminado por las Leyes, «según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan» (art. 117.3 CE). Si se sustrae la competencia al Órgano al que la ley lo atribuye para su conocimiento, estaríamos u0022manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad, como señala la Sentencia 35/2000, del Tribunal Constitucional, de 14 febrero -EDJ 2000/1151-, recogiendo lo ya expresado en el ATC 262/1994, de 3 octubre -EDJ 1994/9196-u0022 (STS de 11 julio 2001 -EDJ 2001/15483-).
Por ello, aunque la STS 1328/2011 vislumbre, de manera difusa, la posibilidad de u0022declarar aplicable a este tipo de procesos los demás supuestos de conformidad, por virtud de la supletoriedad proclamada en el art. 24.2 LOTJ -EDL 1995/14191 ... con la finalidad de evitar el trámite riguroso de la constitución del Juradou0022, si efectivamente lo que se procura es asegurar la celeridad procesal, quizás sería conveniente reflexionar acerca de si es adecuado mantener alguno de los tipos delictivos incorporados en el art. 1 de la LOTJ.
Una hipotética reforma legislativa en ese sentido resulta mucho menos inconveniente que alterar las normas de procedimiento o de competencia, poniendo en cuestión el contenido del derecho reconocido en el art. 24.2 CE -EDL 1978/3879-.
Se nos plantea si un detenido por delito competencia del Jurado, respecto del...
Se nos plantea si un detenido por delito competencia del Jurado, respecto del que se abre juicio oral y se presenta escrito de acusación en el Juzgado de guardia, puede prestar conformidad en el propio juzgado de guardia y en consecuencia el juez de guardia dictar sentencia si se dan los requisitos del art. 801 LECrim. -EDL 1882/1 aunque se trate de una causa competencia del Jurado.
Como argumento en contra tendríamos La interpretación sistemática y literal. El art. 801 -EDL 1882/1 (conformidad del acusado en el juzgado de guardia) se incardina sistemáticamente en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (arts. 795 y ss. LECrim.). Su ámbito de aplicación se restringe a determinados delitos (art. 795.2 LECrim.) que no son los de competencia del Jurado (art. 1.2 LOTJ -EDL 1995/14191-).
La Ley del Jurado solo regula la conformidad en el art. 50 LOTJ -EDL 1995/14191-, para indicar que, ante la conformidad del acusado, procede la disolución del jurado (lógico, pues ya no hay que valorar prueba alguna) y que la sentencia la dicta el magistrado-presidente.
El silencio de la ley respecto a una posible conformidad en sede de instrucción puede ser un argumento más para negar tal posibilidad.
A favor y de forma extensiva tendríamos una Interpretación finalista. La conformidad del acusado tiene como finalidad acortar el proceso; evitar trámites innecesarios y costosos cuando no hay discusión entre las partes; eso sí, con ciertos límites y controles por parte del juez puesto que estamos ante una cuestión de orden público.
Conformidad con las calificaciones provisionales. No hay inconveniente en que el acusado muestre eficazmente su conformidad con el escrito de calificación provisional al evacuar el escrito de defensa (ante el juzgado de instrucción). La LOTJ no menciona tal posibilidad en el art. 29.2 -EDL 1995/14191-, pero tampoco hay nada que lo impida.
Durante la «incoación e instrucción complementaria» (arts. 24 a 29 LOTJ -EDL 1995/14191-), la LECrim es supletoria (art. 24.2 LOTJ). Y la LECrim. prevé la posibilidad de conformarse en el cruce de los escritos de calificación provisional (arts. 655 y 787 -EDL 1882/1-) incluso formalizándose conjuntamente con la acusación del fiscal (art. 784.3). La aplicación de estos preceptos en las causas ante el TJ no supone ninguna contradicción interna; antes bien, su contenido suple alguna de las muchas carencias de la LOTJ, integrando y completando en cierta medida la institución de la conformidad. En estos casos podía evitarse la costosa e innecesaria constitución del Jurado.
Una interpretación similar puede acoger la posibilidad de mostrar eficazmente la conformidad el acusado en el juzgado de guardia para que sea este juez quien dicte sentencia:
1) La conformidad en el juzgado de guardia puede tomarse como una modalidad autónoma, una conformidad singular, aplicable siempre que se den los presupuestos del art. 801, con independencia de quién pudiera ser competente para la celebración de un juicio oral (Juzgado de lo penal, AP o TJ) que no se va a celebrar.
2) La finalidad de la conformidad ante el juzgado de guardia es «premial», por su carácter transaccional. El acusado renuncia a su presunción de inocencia, al juicio oral y a las pruebas y debates, a cambio de una sustancial reducción de pena (1/3). No permitir al acusado que, dándose los requisitos del art. 801 LECrim. -EDL 1882/1-, pueda acceder a ese beneficio premial por razón de que el delito sea o no competencia del Jurado (amenazas frente a coacciones) provoca una discriminación injustificada.
3) Ventajas de la interpretación extensiva:
a) Resulta innecesario continuar con la investigación al ser reconocidos los hechos por el imputado.
b) Se evita la audiencia preliminar y la constitución del Jurado.
c) No es preciso citar testigos ni peritos.
d) Evita que la víctima y perjudicados tengan que revivir el hecho delictivo o sus consecuencias.
e) No se provocan suspensiones de vistas o señalamientos.
En suma, para integrar el contenido del art. 801 -EDL 1882/1 en los procesos por jurado hay que apartarse del tenor literal de algunas normas y acudir a su interpretación teleológica del instituto de la conformidad, juntamente con una interpretación generosa de la supletoriedad predicada en el art. 24.2 LOTJ -EDL 1995/14191-. Las mismas razones por las que el legislador reguló un procedimiento de conformidad rápido para determinados delitos menos graves y cuya instrucción fuera sencilla, son trasladables a determinados delitos que se enjuician por el jurado (no a todos).
En resumen, yo me inclinaría por una interpretación extensiva del artículo 801 LECrim. al amparo de la supletoriedad prevista por el art. 24.2 LOTJ -EDL 1995/14191-: «La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley». La conformidad u0022premialu0022 del art. 801 no se opone a ningún precepto de la LOTJ (sencillamente no se prevé, pero tampoco puede decirse que se prohíba). La conformidad premial se instauró para delitos menos graves y de fácil instrucción, características que se dan en algunos de los delitos competencia del TJ, en los que concurre la misma razón para aplicar esta singular conformidad (ubi eadem est ratio, eadem est o debet esse iuris dispositio). La conformidad premial aplicada al proceso por jurado supone un mayor ahorro de trámites que en el proceso abreviado o en el enjuiciamiento rápido: en estos no es necesario constituir y convocar al jurado. Negar la posibilidad de aplicar en las causas de jurado la conformidad premial, dictando el juez instructor la sentencia con la correspondiente rebaja de pena, llevaría a soluciones rechazables:
1. Sería necesario convocar inútilmente a un Jurado que no tendría ninguna función, puesto que el acusado se ha conformado.
2. Se produciría un agravio del acusado (a quien no se le habría rebajado un tercio la pena, pese a que trató de colaborar y evitar la prosecución del proceso desde el primer momento).
Hemos de tener presente que la conformidad del acusado es una misma institución, sea cual fuere el proceso en que se desarrolle. Por eso, las normas sobre la conformidad tienen vocación integradora y extensiva, siempre que no contraríen flagrantemente la singularidad de un determinado proceso, cosa que aquí no ocurre. En cualquier caso, si se entiende que hay un obstáculo legal en ello, urge reformar la legislación para facilitarlo como sea y no hacer de peor condición a ningún encartado.
En el sistema procesal español, la norma común de determinación de la comp...
En el sistema procesal español, la norma común de determinación de la competencia objetiva, tal y como resulta del art. 14 LECrim. -EDL 1882/1- es el criterio de la gravedad del delito, criterio que por su carácter general, cede ante los otros dos criterios de carácter especial de determinación de la competencia objetiva, a saber, la naturaleza del delito y la condición de la persona imputada.
Dentro de los Procedimientos Especiales establecidos en el Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Título III regula el Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos, procedimiento para cuya aplicación, tal y como establece el art. 795 LECrim. -EDL 1882/1-, deben concurrir una serie de requisitos, entre ellos, un límite penológico, cinco años para las penas privativas de libertad y diez si se trata de penas de otra naturaleza, y que se trate bien de delitos flagrantes, bien de una serie de delitos que se relacionan (hurto, robo, robo o hurto de uso...), bien de delitos cuya instrucción es presumiblemente sencilla. Dentro de la regulación de este Procedimiento, el art. 801 LECrim. regula una conformidad privilegiada ante el Juez de Instrucción, de tal manera que el acusado, siempre que no haya acusación particular, se puede conformar con la calificación del Ministerio Fiscal siempre que el delito por el que se le acuse esté castigado con pena de hasta 3 años de prisión o con pena de otra naturaleza cuya duración no exceda de diez años.
Tanto el procedimiento regulado por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado -EDL 1995/14191 como el Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos, son procedimientos especiales, no derivaciones del procedimiento abreviado o del procedimiento ordinario, y por tanto entendemos que, con la regulación actual, no es posible aplicar el Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos a aquellos delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado.
En efecto, el art. 795 LECrim. -EDL 1882/1 comienza la regulación del Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos diciendo u0022Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales”, anticipando así la solución ante la posible concurrencia de otros procedimientos. Por su parte el art. 24.1 LOTJ -EDL 1995/14191 exige al Juez de Instrucción que cuando resulte contra una persona determinada la imputación de un delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa valoración de su verosimilitud, incoe el procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado. De igual modo, el art. 309 bis LECrim. dentro de las normas generales del procedimiento ordinario, realiza el mismo mandato al Juez de Instrucción, pudiendo el Ministerio Fiscal, las demás partes personadas y el imputado, instarlo así y acudir en queja ante la Audiencia Provincial si el Juez no resolviera la petición de incoar dicho procedimiento o la desestimare. El que en muchas ocasiones no se incoe directamente el procedimiento regulado por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado sino diligencias previas, no permite al Juez de Instrucción acudir al art. 779.1.5ª LECrim. para poder aplicar en su caso la reducción del tercio regulada en el art. 801 LECrim., sino que, como establece el art. 760 LECrim. deberá estar a lo dispuesto en el art. 309 bis LECrim.
No obstante lo anterior y al margen de la crítica que, en general, se podría hacer respecto de la selección de delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado, no entendemos las razones legislativas por las que, al menos en los supuestos en que los hechos fueran constitutivos de un delito que comprendido entre los relacionados en el art. 1.2 LOTJ -EDL 1995/14191-, castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el art. 801 LECrim. -EDL 1882/1 y el imputado, asistido de su letrado, hubiera reconocido los hechos, no se articule la posibilidad de transformar, en los mismos términos establecidos en el art. 779.1.5ª LECrim., el procedimiento regulado por la Ley del Jurado en diligencias urgentes o incluso, directamente, caso de que aquél no hubiera dado tiempo a incoarse. Esta posibilidad no sólo simplificaría la instrucción de algunos de los tipos del delito de allanamiento de morada o del delito de amenazas no condicionales, sino que permitiría al imputado beneficiarse de la conformidad privilegiada con la reducción de un tercio sobre la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, posibilidad no contemplada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
El art. 125 CE -
El art. 125 CE -EDL 1978/3879 consagra la institución del Jurado como aquella que permite a los ciudadanos participar en la Administración de Justicia u0022en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determineu0022.
Si confrontamos la solemne Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 mayo -EDL 1995/14191-, al instaurar el procedimiento del Jurado como la manifestación del derecho de participación de los ciudadanos en la función constitucional de juzgar, con la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002, de 24 octubre -EDL 2002/41133-, en la que el legislador justifica el Enjuiciamiento Rápido e Inmediato de Determinados Delitos y Faltas por razones de agilidad procesal, comprenderemos cómo en esta última Ley evite sustraer del conocimiento del Tribunal del Jurado ninguna de sus competencias, estableciendo en el artículo 760.2º LECrim. -EDL 1882/1-:u0022... Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto aparezca que el hecho podría constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea competencia del Tribunal del Jurado, se estará a lo dispuesto en el artículo 309 bis.u0022.
Carece de lógica la distinta regulación por razones de justicia material. Pues se priva al imputado por delito previsto en el art. 1 LOTJ -EDL 1995/14191 castigado con pena incluida en los márgenes de la conformidad privilegiada, del citado beneficio penológico.
Algunos autores han defendido la aplicabilidad de la conformidad privilegiada a aquellos delitos, porque u0022no se hizo el delito para el procedimiento, sino el procedimiento para el delitou0022, porque una interpretación distinta conculcaría el principio de unidad del sistema de justicia penal (principio proclamado por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias en materia de valoración de la prueba) y, en definitiva, porque se trata de una discriminación que carece de justificación, lo que se plasma con claridad en supuestos de conexidad en que no se aplica el procedimiento del jurado. Así se llega a la conclusión de que podría aplicarse el beneficio para evitar una discriminación que no se apoya en razones de justicia.
Sin embargo, parece difícil justificar dicha interpretación como un olvido del legislador, pues el legislador de 2002 no se olvidó, precisamente la redacción del art. 760.2º LECrim -EDL 1995/14191-, anteriormente referida, lo demuestra. En consecuencia, una aplicación analógica, aun basada en razones de justicia material, podría tacharse de interpretación contra legem. Por otro lado, no cabe desconocer que puede afectar al derecho al Juez Natural. A este respecto, recordemos que el propio Tribunal Supremo en la Sentencia 728/2009, de 26 junio -EDJ 2009/127318-, afirmó: u0022No estamos, por consiguiente, ante un simple problema de asignación a uno u otro órgano de similar o parecido carácter dentro de la Jurisdicción penal, sino a una verdadera alteración de la clase de enjuiciamiento prevista para cada caso por el Legislador, que no nos es dado incumplir, máxime cuando, como queda dicho, ello afecta de manera tan sustancial al derecho fundamental al Juez legalmente predeterminado constitucionalmente consagrado.u0022
Partiendo de lo anterior, no cabe ninguna duda de que lege ferenda se deberá otorgar unidad al sistema, lo cual no resultará difícil si, como se viene afirmando, el legislador no pretende realizar nuevas reformas, sino acometer una nueva regulación: un Código Procesal Penal.
EDL 1995/14191
La posibilidad concreta que plantea la cuestión, tiene una anunciada respuesta de los ponentes, que viene de lege data: "con la regulación actual, no es posible aplicar el Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos, a aquellos delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado".
No obstante ello, también la mayoría de aquéllas asume cómo "en ninguno de dichos cuerpos legales se excluye de forma expresa tal posibilidad".
El bien elaborado análisis de la cuestión acometido en las diferentes respuestas y que abarca desde la comparación de las respectivas Exposiciones de Motivos de las Leyes reguladoras de los diferentes Procedimientos, a los concretos preceptos legales, abunda en que la realidad de que "muchos de los delitos enumerados en el art. 1.2 de la LOTJ -EDL 1995/14191-, atendida su penalidad en abstracto, cumplirían los estándares exigidos en el art. 795 de la LECrim. -EDL 1882/1- para su tramitación por los cauces del juicio rápido y permitirían el dictado de una sentencia de conformidad por los cauces del art. 801 LECrim. ".
Esto explica la razón de que algunos autores hayan defendido "la aplicabilidad de la conformidad privilegiada a aquellos delitos, porque "no se hizo el delito para el procedimiento, sino el procedimiento para el delito", y porque una interpretación distinta, conculcaría el principio de unidad del sistema de justicia penal, principio proclamado por el Tribunal Supremo".
Con tales apuntes, y superando la interpretación puramente sistemática y literal se aboga, en la mayoría de las respuestas, por una suerte de "interpretación finalista... extensiva del art. 801 LECrim. -EDL 1882/1-"; tanto por entender que "las normas sobre la conformidad "premial"... tienen vocación integradora y extensiva, siempre que no contraríen flagrantemente la singularidad de un determinado proceso, cosa que aquí no ocurre", como de modo más genérico, por la "supletoriedad prevista por el artículo 24.2 LOTJ -EDL 1995/14191-: «La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley» ... y ello, a la vista de que no se opone a ningún precepto de la LOTJ (sencillamente no se prevé, pero tampoco puede decirse que se prohíba)".
También se aducen simples "razones de justicia material: "cualquier acusado dispuesto a reconocer los hechos, con independencia del proceso al que se encontrara sometido, debiera poder beneficiarse de una misma consecuencia jurídica, cual es la rebaja penológica del tercio prevista en dicho art. 801 -EDL 1882/1-, situándolos en un plano de igualdad".
Y concluyen todas las respuestas: "como ni siquiera la justicia material puede justificar cualquier interpretación contra legem... sería aconsejable bien abordar una reforma legal que regule de forma unívoca el instituto de la conformidad, haciéndolo aplicable, con iguales consecuencias penológicas, a todo tipo de procedimientos, sin distinción alguna".

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 801
 artículo 760
 artículo 309
 artículo 24