Source: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-estadistica-del-consejo-general-del-poder-judicial-muestra-que-en-el-ultimo-trimestre-de-2013-hubo-el-primer-descenso-interanual-de-concursos-de-acreedores
Timestamp: 2019-05-19 20:17:25+00:00

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En el último trimestre de 2013 hubo 2.419 concursos de acreedores, cifra que representa un 12,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Es la primera vez que se observa una disminución interanual negativa del número de concursos de empresas desde el cuarto trimestre del año 2010, tal y como resulta del informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
La estadística concursal que muestra el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial revela el comportamiento positivo de los concursos de acreedores, a pesar de que 2013 como año completo terminó con 10.949 concursos presentados en los tribunales españoles, cifra que representa el máximo histórico registrado en un año y un 6,4 % más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, visto por trimestres, el ultimo trimestre de 2013 vio 2.419 concursos de acreedores presentados, lo que implica un 12,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
Llegaron a la fase de convenio 445 y a la de liquidación 1.522. Además, se presentaron 420 expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.
Tal y como muestra el CGPJ, tomada la perspectiva autonómica, Cataluña es donde se ha presentado el número más elevado de concursos, tanto en el conjunto del año (2.114, el 19,3 % del total) como en el cuarto trimestre (516, el 21,3 %). Le siguen Madrid (el 15,9 % de los registrados en 2013), la Comunidad Valenciana (el 12,8 %) y Andalucía (el 11,6 %).
Los datos referidos a 2013 indican que el número de concursos declarados fue de 8.199 y el de declarados concluidos 895. Alcanzaron la fase de convenio 1.613 y la de liquidación 6.112 y se presentaron 1.782 expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal.
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, en proceso de ser aprobado como Proyecto de Ley modifica algunos aspectos concretos de la 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Impuesto de Sociedades, principalmente en lo relativo a la fase preconcursal; de manera que se evite la entrada en concurso y la posterior liquidación de estas empresas.
En concreto, se modifica el régimen de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, que podrán comprender quitas y capitalización de la deuda, además de aplazamientos ("esperas" en la jerga concursal).
Estos acuerdos de refinanciación homologados judicialmente podrán extender sus efectos a los acreedores disidentes cuando concurran las mayorías establecidas en cada caso. Se abordan además aspectos como el denominado fresh money.
Modificaciones concretas a la Ley Concursal
Se modifica el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, permitiendo que la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
También se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del correspondiente acuerdo de refinanciación. Quedan excluidos de la suspensión, en todo caso, los procedimientos que tengan su origen en créditos de derecho público. Se pretende de este modo que el artículo 5 bis fomente una negociación eficaz sin acelerar la situación de insolvencia del deudor por razón de una precipitada ejecución de garantías sobre determinados bienes.
También se acomete una modificación del artículo 56, para limitar los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. En este sentido, la Ley parte del razonamiento de que dentro de las facultades que tradicionalmente integran el derecho de propiedad (el ius utendi, el ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es necesario que concurran todas ellas para que un determinado bien quede afecto a la actividad empresarial: en determinados supuestos es posible separar la facultad de disposición de las de uso y disfrute, sin perjuicio alguno para la continuación de la actividad productiva pero con evidente ventaja para el acreedor que podrá movilizar antes su propia facultad de disposición y que por ello verá disminuidos los costes financieros necesarios para tal movilización, redundando ello en definitiva en mayores posibilidades de financiación para el deudor y en una revalorización de sus activos.
Así pues las ejecuciones son realmente obstativas de la continuación de la actividad empresarial cuando no pueda realizarse esa separación del derecho de disposición sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa. A modo de ejemplo, se introduce en el artículo 56 de la Ley Concursal un supuesto en el que dicha disociación puede hacerse con relativa facilidad sin perjuicio de la continuación de la actividad: se excluyen de la suspensión de las ejecuciones de acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación. Con ello se pretende facilitar la financiación de activos mediante estructuras y pactos que permitan la eventual realización del bien con conservación por parte del deudor de título suficiente, aunque sea meramente obligacional, para continuar su explotación.
Revisión del régimen de homologación judicial
El Real Decreto-ley, así como hará la Ley, acomete una revisión del régimen de homologación judicial. En particular, se amplía el ámbito subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público.
Deudor con garantía real y deudor sin garantía real
En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se partía de una distinción entre deudor con garantía real y deudor sin garantía real, siendo el primero prácticamente inmune a los acuerdos homologados salvo en lo que pudiera afectar a esperas de duración limitada o suspensión de ejecuciones. Pero lo cierto es que no todos los acreedores con garantía real son de la misma condición.
A veces tal circunstancia es un puro nominalismo, puesto que la garantía de la que se dispone es de un rango posterior a otras preferentes o puede recaer sobre un activo de muy escaso valor que cubre una pequeña parte de la deuda, o pueden producirse ambas situaciones simultáneamente. Lo relevante en consecuencia no es tanto realizar una distinción subjetiva, sino una distinción objetiva entre la parte de deuda que está cubierta por el valor real de la garantía y aquélla que no lo está, anticipando en cierta medida lo que podría ocurrir en caso de liquidación concursal. De este modo, el concepto determinante es el de valor real de la garantía que se define de forma simple en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal en unos términos coherentes con la realidad jurídica y económica de la referida garantía. A partir de ahí el tratamiento de la parte de créditos no cubiertos por la garantía es el mismo que se atribuye a los acreedores sin garantía real.
La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinción que ya está configurada jurídicamente: aquella que se produce entre obligación principal y obligación accesoria. A veces se difumina dicha distinción, lo cual conduce también a una imperfecta regulación de los acuerdos de refinanciación.
Se prevé además la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez conoce directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal y en el que únicamente tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para acordar la homologación. En cualquier caso, y con el fin de no perjudicar el valor de la garantía en caso de incumplimiento por parte del deudor, se establecen reglas especiales de atribución del resultante al acreedor.
Sobreponderación artificiosa de determinadas participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación
Comportamiento de los concursos en el año 2013
Tomado el año 2013 en su totalidad, el número de concursos de empresas publicados en España en 2013 se ha incrementando un 20%, en comparación con 2012, hasta alcanzar las 8.716 insolvencias.
Para Enrique Bujidos, socio responsable de reestructuraciones de PwC, "la situación económica de gran apalancamiento de nuestro tejido empresarial y, en particular, la situación de falta de acceso al crédito y al dinero nuevo, siguen estando detrás del incremento de concursos de empresas en 2013. Sigue existiendo poco margen para la refinanciación de la deuda, Además, continua el incremento progresivo en los niveles de provisiones que contabilizan los bancos respecto del valor de sus activos, incremento que no invita a ayudar a sus clientes en crisis. La pérdida empieza a estar reconocida en los balances de los bancos, lo que hace pensar que podremos seguir viendo nombres de grandes empresas en concurso en los próximos meses".
En las dificultades de reflote de las empresas debería empezarse a ver mejora con el efecto del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que está en vías de trámite como proyecto de Ley en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, tanto por el lado de las compañías que llevan muchos meses continuados de deterioro de sus cuentas de resultados, como por el lado de las entidades financieras, que tienen serias restricciones para proporcionar dinero nuevo a las empresas.
El informe de PwC referente a 2013 destaca como buena noticia, por su parte, la modificación de la legislación concursal que se ha producido con la aprobación de la Ley 14/2013 de 27 de Septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En ella se prevé un nuevo acuerdo extrajudicial de pagos para los casos de menor cuantía, ya sean personas físicas o jurídicas y se modifica los efectos de la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en el caso de las personas físicas. Hoy más del 76% de los procedimientos concursales que se tramitan en los juzgados son de compañías con un pasivo menor a 5 millones de euros, casos que bien podrían resolverse fuera del marco concursal mediante el mecanismo de mediación si finalmente estos acuerdos extrajudiciales llegan a buen puerto.
El problema de los Administradores Concursales
El Boletín de las Cortes Generales del 24 de enero de 2014 reflejó la entrada de una proposición no de Ley de reforma de la Ley Concursal que incide en los siguientes puntos:

References: artículo 64
 artículo 64
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 56
 artículo 56