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República Dominicana – Observación Comité Discriminación Racial/2013 | observatoriointernacional.com
13º y 14º de la República Dominicana, aprobadas por el Comité en su 82º período de sesiones (11 de febrero a 1 de marzo de 2012)
1. El Comité examinó los informes periódicos 13º y 14º de República Dominicana, presentados en un único documento (CERD/C/DOM/13-14), en sus sesiones 2223ª y 2224ª (CERD/C/SR.2223 y 2224), celebradas los días 22 y 25 de febrero de 2013. En sus sesiones 2231ª y 2232ª (CERD/C/SR.2231 y 2232), celebradas los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2013, se aprobaron las siguientes observaciones finales.
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación de los informes periódicos, el diálogo y las respuestas proporcionadas por la delegación de alto nivel de República Dominicana.
3. El Comité celebra la activa participación de los representantes de la sociedad civil en la consideración de los informes.
4. El Comité felicita las siguientes medidas legislativas e institucionales:
a) La reforma de la Constitución (2010) que otorga rango constitucional a los derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo y al recurso de amparo; establece el Tribunal Constitucional; e incorpora la no discriminación (art. 39);
b) La tipificación de la discriminación en el Código Penal (arts. 336 y 337), Código Procesal Penal (art. 11) y Código Civil (art. 13);
c) La creación de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de la Cancillería;
d) La creación de la Unidad de Derechos Humanos en la Procuraduría General;
e) La entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional;
f) La creación de la Comisión Interinstitucional de Combate de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito;
g) La política cultural del Ministerio de Cultura para 2008, reivindicando el aporte africano en el país, y su apoyo a la Campaña para la Tolerancia y la Coexistencia Pacífica (2011) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que presentó las positivas contribuciones de los migrantes en la sociedad dominicana;
h) Las medidas de mejoramiento de los bateyes adoptadas entre 2009-2010, tales como la construcción de escuelas y centros de salud; y de obras de infraestructura, transporte y bienestar social;
i) La supresión de la clasificación como indio-oscuro o indio-claro en los nuevos documentos de identidad;
j) La iniciativa tendiente a modificar la ley electoral que permitiría a los dominicanos identificarse bajo la categoría “negro, mulato”.
5. El Comité reconoce la oportuna solidaridad de la República Dominicana para con su vecino país de Haití así como las aportaciones económicas brindadas, en especial con ocasión de los desastres naturales que han afectado a Haití y a su población, en particular el terremoto de 2010.
C. Factores que limitan la aplicación de la Convención en el país y medidas para su superación
6. El Comité toma nota de la herencia colonial y las limitaciones estructurales y económicas de la República Dominicana. No obstante, los derechos y libertades de la Convención deben protegerse. Asimismo, la respuesta de los Estados a las crisis económicas no debe incrementar la pobreza, la cual puede generar un auge de la discriminación racial por color (Recomendaciones generales del Comité N.° 20 [1996] sobre implementación no discriminatoria de los derechos y libertades y N.° 33 [2009] sobre el seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban).
7. Al Comité le preocupa la firme negación del Estado parte, reiterada también durante su diálogo con el Comité, de la existencia de discriminación racial, especialmente contra la población afrodescendiente de color oscuro, lo que constituye un obstáculo en el compromiso del Estado parte por la lucha contra el racismo y la discriminación racial. El Comité observa que las denominaciones “indio-claro” e “indio-oscuro”, que aún persisten, no reflejan la realidad étnica del país e invisibilizan a la población afrodescendiente de color oscuro.
8. Tomando en cuenta las explicaciones del Estado parte sobre la composición multirracial y multicultural de República Dominicana, el Comité recuerda que el mestizaje y la integración de los afrodescendientes de color oscuro al trabajo informal no son indicadores suficientes para evaluar los niveles de inclusión e igualdad. El Comité recuerda el estrecho vínculo entre pobreza y racismo y que la discriminación estructural contra los afrodescendientes de color oscuro se manifiesta en que éstos constituyen uno de los grupos poblacionales más pobres entre los pobres (Declaración y Programa de Acción de Durban, y Recomendación General Nº 34 [2011] del Comité sobre discriminación racial contra afrodescendientes).
9. El Comité lamenta la ausencia de información concreta sobre la implementación de sus anteriores recomendaciones (CERD/C/DOM/CO/12) y es consciente de la necesidad de explorar nuevos caminos de diálogo con el Estado parte, que favorezcan la adecuada atención de sus recomendaciones y las de otros mecanismos internacionales que reiteradamente han expresado su preocupación respecto a la discriminación racial, xenofobia y demás formas conexas de intolerancia que afecta particularmente a la población afrodescendiente de color oscuro de origen dominicano y haitiano, y a la población haitiana en situación migratoria irregular.
a) Instituir una comisión transitoria que, con la participación de todos los sectores estatales y la sociedad civil, analice las implicaciones de la trata transatlántica de personas y la esclavización a fin de establecer su valor histórico en la construcción de la identidad nacional, la vigencia de sus consecuencias y los desafíos que aún persisten, incluidas las manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y demás formas conexas de intolerancia, en especial contra la población afrodescendiente de piel más oscura de origen dominicano o haitiano; e identifique las barreras que limitan el desarrollo equitativo de dichas poblaciones;
b) Instaurar un mecanismo de seguimiento y monitoreo que desarrolle herramientas eficaces para la efectiva implementación de todas las recomendaciones del Comité y otros mecanismos internacionales, relativas a los derechos humanos de los afrodescendientes de color oscuro y de los migrantes haitianos irregulares;
c) Realizar una encuesta nacional de percepción y autopercepción sobre identidad cultural, racismo, discriminación racial, xenofobia y demás formas conexas de intolerancia;
d) Implementar la política del Ministerio de Cultura orientada a reivindicar el aporte africano en el país e impulsar una educación intercultural en las escuelas (art. 7).
10. El Comité lamenta que tras más de una década de promulgada la Ley Nº 19-01 (2001), aún no ha sido nombrado el Defensor del Pueblo (art. 2).
El Comité reitera su recomendación de nombrar al Defensor del Pueblo; incluir en dicha institución una sección especializada en asuntos de racismo, discriminación racial, xenofobia y demás formas conexas de intolerancia; y garantizar la conformidad de la Defensoría del Pueblo con los Principios de París (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 10).
11. Al Comité le preocupa que el artículo 39 de la Constitución no contemple la prohibición de la discriminación por motivos de raza, y que los artículos 336 y 337 del Código Penal y la propuesta de enmienda al Código Penal, no dispongan de una definición de discriminación racial conforme con la Convención (arts. 1, 2, 4 y 5).
Reiterando sus recomendaciones previas, el Comité insta al Estado parte a que promulgue una ley específica contra la discriminación racial compatible con la Convención; y asegure que las medidas legales y políticas sobre migración no discriminen por motivos de raza, color u origen nacional (CERD/C/DOM/CO/12, párrs. 9 y 11).
12. El Comité felicita el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2030) y otros planes y medidas en materia de salud, educación y equidad de género. No obstante, observa que los instrumentos de planificación pública no contemplan medidas específicas para combatir la discriminación racial y la discriminación múltiple de las mujeres afrodescendientes de color oscuro, y que no existe un plan nacional de derechos humanos (art. 2).
13. El Comité lamenta que el último censo de población realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (2010) no recabara información sobre etnia y color de la población, no disponiéndose aún de datos estadísticos desagregados por etnia, y que las cifras oficiales sobre la población haitiana en territorio dominicano son notoriamente dispares.
El Comité recomienda al Estado parte reunir datos estadísticos desglosados por etnia, color, origen nacional, género y situación socioeconómica de la población con el objeto de definir políticas eficaces contra la discriminación racial (Recomendaciones generales del Comité Nº 30 [2004] sobre discriminación contra los no ciudadanos y Nº 34 [2011]).
14. El Comité felicita las medidas de mejoramiento desarrolladas en los bateyes. No obstante, siguen siendo preocupantes las difíciles condiciones de vida de los migrantes de origen haitiano, especialmente en los bateyes, dado el aún limitado acceso a los servicios de salud, vivienda, saneamiento, agua potable y educación [art. 5 e), incs. iv) y v)].
El Comité recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos dirigidos a garantizar el acceso progresivo a la salud, saneamiento, agua potable y educación de la población, en especial la afrodescendiente de color oscuro; y continuar mejorando los niveles de vida en los bateyes (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 18).
15. El Comité manifiesta su inquietud por el racismo estructural y generalizado de la sociedad dominicana, especialmente la discriminación basada en el color y origen nacional, lo que se manifiesta, entre otros, en la discriminación en el acceso a lugares destinados al uso público [art. 5 f)].
Tomando en cuenta sus Recomendaciones generales Nº 7 (1985) relativa a la aplicación del artículo 4 de la Convención (legislación para erradicar la discriminación racial) y Nº 15 (1993) relativa al artículo 4 de la Convención (violencia organizada por motivo de origen étnico), el Comité reitera sus recomendaciones de introducir disposiciones prohibiendo la discriminación en el acceso a los lugares destinados al uso público y la discriminación practicada por personas, grupos u organizaciones; emprender campañas públicas contra el racismo, xenofobia e intolerancia; y asegurar que los medios de comunicación no promuevan prejuicios raciales y adopten un código de conducta que respete la identidad cultural de los afrodescendientes de color oscuro (CERD/C/DOM/CO/12, párrs. 8 y 12).
16. Al Comité le preocupa el requisito de “buena presencia” frecuentemente exigido para acceder a un puesto de trabajo cualificado, concepto que por su ambigüedad puede dar lugar a prácticas discriminatorias. El Comité también expresa su preocupación por la explotación laboral de los migrantes irregulares, quienes, por la falta de documentación, trabajan con contratos verbales o en el sector informal, tienen limitado acceso a los beneficios de la Seguridad Social y no ejercen sus derechos por temor a ser despedidos o deportados [art. 5 d) i].
El Comité recomienda poner fin a la discriminación contra los afrodescendientes de color oscuro, incluidos los migrantes irregulares, en el ámbito laboral (Recomendación general Nº 34 [2011] del Comité); y aplicar el Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958.
17. Al Comité le preocupan las dificultades que enfrentan las mujeres dominicanas afro-descendientes de color oscuro para acceder a trabajos cualificados, garantías sociales y representación política, y lamenta la ausencia de información sobre las medidas adoptadas al respecto [arts. 2, 5 d i) y 5 e iv)].
Tomando en cuenta su Recomendación General Nº 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género, el Comité recomienda que el Estado parte incluya la perspectiva de género en los planes y políticas de desarrollo y empleo, y adopte medidas especiales que faciliten su acceso a empleos cualificados, de conformidad con la Recomendación general Nº 32 (2009) del Comité, sobre el significado y alcance de las medidas especiales de la Convención (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 19).
18. El Comité felicita la puesta en funcionamiento de la Unidad de Declaraciones Tardías, de Unidades Móviles para declaraciones tardías de nacimiento, de Centros de Cedulación y de varias Delegaciones de Oficialías del Registro Civil, con el ánimo de combatir la indocumentación. No obstante, al Comité le preocupa el grave subregistro en el sistema de registro civil, que afecta en mayor medida a la población más pobre.
19. Al Comité le preocupa: a) la negativa de expedir duplicados de actas de nacimiento, cédulas y pasaportes a dominicanos de ascendencia haitiana; b) la imposibilidad de los jóvenes, que cumplieron 18 años a partir de 2007, de acceder a una cédula de identidad debido a la aplicación retroactiva de la Ley de Migración 285-04; c) la negativa de expedir actas de nacimiento a hijos de dominicanos de ascendencia haitiana. Las situaciones anteriores desembocan en situaciones de apatridia [art. 1, párr. 3, y art. 5 d) iii)].
El Comité recomienda que el Estado parte elimine los obstáculos administrativos para expedir documentos de identidad a los dominicanos de ascendencia haitiana y restituya los documentos de identidad confiscados, anulados o destruidos por las autoridades; asegure que los dominicanos de origen haitiano no sean privados del derecho a la nacionalidad; y adopte políticas no discriminatorias con respecto a los documentos de identificación, garantizando el debido proceso (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 16).
20. El Comité lamenta que el marco constitucional sobre migración, traducido en el artículo 18 de la Constitución, no responda plenamente a los estándares internacionales en materia de nacionalidad y que, no obstante lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Constitución y el artículo 150 de la Ley de Migración 285-04, la normativa en materia de nacionalidad se aplique retroactivamente, en detrimento de dominicanos de origen haitiano y migrantes haitianos [art. 1, párr. 3, y art. 5 d) iii)].
El Comité recuerda que el alcance de la soberanía nacional en materia de nacionalidad tiene sus limites en el respeto a los derechos humanos, específicamente en el principio de no discriminación, e invita a República Dominicana a que implemente las recomendaciones formuladas por varios mecanismos de derechos humanos; respete el principio de no discriminación en el acceso a la nacionalidad, de conformidad con la Recomendación General N° 30 (2004) del Comité; y ponga en marcha el Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración 285-04, priorizando a los residentes de larga duración (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 14).
21. Al Comité le preocupan las denuncias recurrentes de deportaciones masivas indiscriminadas y arbitrarias que afectan a personas de origen haitiano, vulnerando el Protocolo vigente con Haití y las garantías del debido proceso previstas en la Ley de Migración 285-04, así como la ausencia de cifras oficiales sobre las deportaciones [arts. 5 a) y 6].
El Comité recuerda su recomendación previa y su Recomendación general Nº 30 (2004) de asegurar que las leyes de deportación no discriminen entre los no ciudadanos por motivos de “raza”, color u origen étnico o nacional, y solicita que los no ciudadanos no estén sujetos a deportaciones masivas y sin las debidas garantías; se dé un nuevo impulso a la comisión mixta bilateral entre República Dominicana y Haití; y se recopilen datos oficiales sobre el número de deportados, desagregados por género y origen nacional o étnico (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 13).
22. El Comité toma nota del proyecto “Mejora del acceso a la justicia penal en la República Dominicana” pero ve con inquietud la ausencia de querellas de discriminación racial ante los tribunales de justicia. El Comité recuerda que la falta de denuncias no implica la inexistencia de discriminación racial sino que puede revelar la presencia de lagunas en el ámbito de la justicia (art. 6).
El Comité invita al Estado parte a tomar nota de la Recomendación General Nº 31 (2005) del Comité sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia y recomienda establecer mecanismos y recursos efectivos para investigar las conductas discriminatorias de funcionarios públicos y particulares; adoptar un sistema eficaz de sanciones; garantizar reparaciones adecuadas para las víctimas; y dar a conocer a la población sus derechos y recursos jurídicos disponibles para casos de discriminación racial (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 20).
23. Al Comité le preocupa que la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al Caso de las Niñas Yean y Bosico no haya sido cumplida en su totalidad.
El Comité invita al Estado parte a dar efectivo cumplimiento a dicha Sentencia.
24. El Comité ha recibido información sobre la débil aplicación de la la Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la insuficiencia de fondos para aplicar el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, la ausencia de investigaciones de casos de trata de personas y la falta de medidas de rehabilitación y protección de las víctimas [art. 5 e) i)].
El Comité sugiere al Estado parte que recopile datos oficiales sobre víctimas de trata de personas, desglosados por género, edad, color y origen nacional; intensifique la lucha contra la trata de seres humanos, mediante la efectiva implementación de la Ley 137-03; retome las reuniones del Comité Interinstitucional para Prevenir el Tráfico y la Trata de personas y del Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer Migrante; investigue los casos de tráfico de personas y sancione a los responsables; y adopte medidas de protección de las víctimas (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 17).
25. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para expedir documentos a refugiados haitianos. No obstante, a algunos refugiados haitianos no se les ha renovado su documentación, poniéndolos en riesgo de deportación y en dificultades para acceder a los servicios básicos, y algunas solicitudes de asilo siguen pendientes de decisión por parte de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE).
26. El Comité alienta al Estado parte a ratificar los tratados internacionales de los que aún no es parte, en especial, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), Convención para reducir los casos de apatridia (1961) y Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954).
27. El Comité recomienda que el Estado parte ratifique la enmienda al párrafo 6 del artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada el 15 de enero de 1992 en la 14ª reunión de los Estados Partes en la Convención y que hizo suya la Asamblea General en su resolución 47/111, de 16 de diciembre de 1992. A este respecto, el Comité recuerda las resoluciones de la Asamblea General 61/148, 63/243 y 65/200, en las que la Asamblea instó encarecidamente a los Estados partes en la Convención a que aceleraran sus procedimientos internos de ratificación de la enmienda de la Convención relativa a la financiación del Comité y notificaran con prontitud por escrito al Secretario General su aceptación de la enmienda.
28. El Comité insta al Estado parte a estudiar la posibilidad de formular la declaración facultativa prevista en el artículo 14 de la Convención.
29. A la luz de su Recomendación general Nº 33 (2009), el Comité recomienda al Estado parte que, al aplicar la Convención en su ordenamiento jurídico interno, en particular por lo que se refiere a los artículos 2 a 7 de la Convención, tenga en cuenta la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como el Documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico incluya información concreta sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción en el ámbito nacional.
30. El Comité recomienda que el Estado parte consulte ampliamente a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos humanos, en particular en la lucha contra la discriminación racial, en relación con la preparación del siguiente informe periódico.
31. El Comité recomienda que el Estado parte ponga sus informes a disposición del público en general desde el momento mismo de su presentación y que de igual manera lo haga también para las observaciones finales del Comité, difundiéndolas en los idiomas oficiales y, si procede, en otras lenguas de uso común en el Estado parte.
32. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 65 del reglamento, el Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, le presente información sobre el curso dado a las recomendaciones que figuran en los párrafos 11, 19 y 21.
33. El Comité desea asimismo llamar la atención del Estado parte sobre la particular importancia de las recomendaciones especiales que figuran en los párrafos 9, 15 y 16 y pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas concretas que adopte para aplicarlas.
34. El Comité invita al Estado Parte a presentar su documento básico de conformidad con las directrices armonizadas de presentación de informes correspondientes a tratados de derechos humanos, en particular las relativas al documento común básico aprobadas en la quinta reunión de los comités, que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 2006 (véase el documento HRI/GEN/2/Rev.4).
35. El Comité recomienda al Estado parte que presente sus informes periódicos 15º a 17º en un solo informe combinado, a más tardar el 24 de junio de 2016, teniendo en cuenta las directrices relativas al documento específicamente destinado al Comité, aprobadas por éste en su 71º período de sesiones (CERD/C/2007/1), y que en dicho documento se aborden todas las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales. El Comité también insta al Estado parte a que respete el límite de 40 páginas establecido para los informes de los órganos de tratados y de 60 a 80 páginas para el documento básico común (véanse las Directrices armonizadas para la preparación de informes que figuran en el documento HRI/GEN.2/Rev.6, párr. 19).
Comité, Derechos humanos, Discriminación racial, Observaciones Finales, República Dominicana

References: artículo 39
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 151
 artículo 8
 resolución 
 artículo 14
 artículo 65