Source: https://tc.vlex.es/vid/sstc-24-52-l-j-126-p-27-1993-15354709
Timestamp: 2019-10-14 08:12:15+00:00

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STC 35/1999, 22 de Marzo de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 15354709
STC 35/1999, 22 de Marzo de 1999
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 163/1995
1. A la vista de nuestra doctrina (SSTC 38/1998 y 145/1998, entre otras), la cuestión referente a si existe base legal en la normativa rectora del proceso para la exigencia de un determinado requisito procesal, cuyo necesario cumplimiento condiciona la posibilidad de obtener una resolución sobre el fondo del asunto, sin perjuicio de su primario carácter de cuestión de legalidad ordinaria, adquiere una indudable relevancia constitucional. Si no existe en la ley el requisito, y al exigirlo sin base legal se cierra el paso a la jurisdicción, el derecho del art. 24.1 C.E. resulta sin duda lesionado, según hemos declarado en nuestras SSTC 38/1994 y 163/1993; de modo que la existencia de la lesión viene condicionada a la del cuestionado requisito legal. Nuestro control está así justificado, sin que ello suponga invasión de la competencia atribuida a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, la pura afirmación en la Sentencia impugnada de la existencia de un requisito legal que ha dejado de existir por la derogación de la ley que lo establecía es por sí sola constitutiva de una vulneración del art. 24 C.E. en su contenido referido al acceso a la jurisdicción. 2. Habida cuenta que los arts. 52 L.J.C.A. de 1956 y 126 L.P.A. fueron derogados por la disposición derogatoria única.2 c) y b), respectivamente, de la Ley 30/1992, que entró en vigor el día 27 de febrero de 1993, según su disposición final, cumplidos los tres meses desde su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", es claro que, cuando el recurso contencioso-administrativo se interpuso, que es el momento temporal de referencia de los requisitos procesales que lo rigen, había desaparecido ya de su normativa rectora el recurso de reposición y el requisito procesal a él referente. Se ha de concluir, en consecuencia, que se ha producido sólo por ello la vulneración del referido derecho del actor, lo que conduce a la estimación del recurso de amparo. 3. Resta tan sólo precisar el contenido del fallo, dada la discrepancia existente sobre el particular entre la solicitud del demandante y la del Ministerio Fiscal. Ambas coinciden en la de anulación de la Sentencia recurrida, consistiendo la diferencia en que, mientras el demandante pide que la Sala "a quo" dicte la Sentencia que corresponda sobre el fondo, el Ministerio Fiscal pide que aquélla dicte otra, que no consista en la inadmisión por falta de interposición del recurso de reposición; petición esta última que puede o no coincidir en la práctica con la del demandante, pero que estimamos más respetuosa con las competencias de dicha Sala, por lo que este debe ser el sentido de nuestro fallo estimatorio.
Sentencia citada en: 550 sentencias, 13 artículos doctrinales
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente; don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 163/95, promovido por don Benito M. P. G. representado por el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández Novoa y asistido por el Letrado don Rafael Pérez-Moreno Serrano, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 3 de diciembre de 1994, dictada en el recurso núm. 624/94. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, la Diputación General de Aragón, representada por su Letrado, y ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de enero de 1995, don Juan C. E. F. N. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Benito M. P. G. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 3 de diciembre de 1994, dictada en el recurso núm. 624/94
a) El demandante de amparo, don Benito M. P. G. es propietario de una explotación ganadera y fue sancionado por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón con una multa de 520.000 pesetas por haberse detectado la presencia de substancias prohibidas (clembuterol) en reses de su propiedad.
c) En el texto de la Orden se indicaba que frente a ella se podía interponer recurso de reposición de conformidad con los entonces vigentes artículos 126 de la L.P.A. y 52 y 53 de la L.J.C.A. de 1956. Estos preceptos configuraban dicho recurso como preceptivo y previo a la vía contencioso-administrativa. Sin embargo, en el escrito de notificación de fecha 4 de marzo se indicaba que el recurso de reposición era meramente potestativo antes de acudir a los Tribunales y se aludía expresamente a la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses: «De acuerdo con lo establecido en los arts. 52 y 53 de la L.J.C.A. y el art. 126 de la L.P.A., contra esta orden podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses o previamente, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al que reciba esta notificación».
7. En su escrito de 14 de agosto de 1995 la Diputación General de Aragón solicitó la desestimación de la demanda por entender que la eventual discrepancia entre la expresión de los recursos procedentes es una cuestión de mera legalidad ordinaria (determinación de la norma -L.P.A. o L.R.J.A.P.- aplicable al caso), y además y en todo caso la Resolución impugnada -no así el escrito mediante el cual se notificaba ésta- sí señalaba correctamente el cauce procesal a seguir (obligatoriedad de la reposición). En cuanto al proceder de la Sala de Zaragoza consistente en inadmitir el recurso sin haber dado el trámite de subsanación, considera el representante de la Administración autonómica que la Sentencia se basa en una causa legal cierta de inadmisibilidad y que la exclusión de la subsanación está bien fundamentada toda vez que es plasmación de una conocida línea jurisprudencial del Tribunal Supremo según la cual la subsanación por interposición a posteriori de la reposición sólo procede si el recurso contencioso administrativo se ha interpuesto dentro del primero de los dos meses de plazo, es decir, si el recurso de reposición todavía podía interponerse en plazo.
8. El Ministerio Fiscal, por escrito de 18 de septiembre de 1995, se mostró favorable a otorgar el amparo. Tras realizar ciertas consideraciones sobre las consecuencias que para el procedimiento sancionador de que ahora se trata tuvo la entrada en vigor de la L.R.J.A.P. en febrero de 1993, analiza del modo siguiente los comportamientos tanto de la Administración como de la Sala. Por un lado la Administración hizo una indicación de recursos acertada en el texto de la Orden (procedencia de la reposición), pero a la hora de notificarla, ya vigente la L.R.J.A.P., aplicó esta nueva Ley y señaló la reposición como meramente potestativa. De este segundo dato se habría desdicho la Administración al afirmar en la contestación a la demanda -es decir, ya en sede jurisdiccional- que la reposición era obligatoria. Todo ello, a juicio del Fiscal, «introdujo al ciudadano en un laberinto legal, lo cual bastaría para patrocinar el amparo por indefensión». Pero es que además la Sala de Zaragoza había realizado una interpretación rigorista de la subsanación regulada en el art. 129.3 de la L.J.C.A. de 1956, y además no se habría percatado de que el art. 52 de la misma Ley, que exigía la reposición previa al contencioso, se hallaba derogado en el momento de interponerse el recurso contencioso-administrativo (mayo de 1993). De este modo el órgano jurisdiccional habría aplicado una causa de inadmisión que ya no estaba vigente. Este error patente ha privado al demandante de amparo del derecho al acceso a los Tribunales para revisar la actividad administrativa y por ello ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.).
1. El presente recurso de amparo se interpone contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 3 de diciembre de 1993, que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el hoy demandante contra la Orden de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Diputación General de Aragón, por la que se le imponía una sanción de 520.000 pesetas, «por no haber interpuesto el preceptivo recurso previo de reposición».
Para el Ministerio Fiscal, en fin (aunque no por este orden) la vulneración constitucional deriva de: a) que se ha aplicado una causa de inadmisión que había desaparecido del Ordenamiento jurídico por la derogación del art. 52 L.J.C.A. 1956 por la Ley 30/1992, lo que, a juicio del Fiscal, hace innecesario examinar si las consecuencias extraídas por la Sala a quo del art. 129.3 L.J.C.A. son adecuadas o excesivas; b) que se le indicó al recurrente el recurso de reposición como meramente potestativo, introduciéndole en un laberinto legal por la diferente indicación del carácter del recurso en la Orden sancionadora y en su notificación, sin duda debido a la interpretación por la Administración de los efectos de la modificación de la Ley 30/1992, en relación con un procedimiento concluido antes de la vigencia de ésta, y por ello bajo el imperio de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (en adelante, L.P.A.), y cuya resolución, no obstante, se notifica cuando ya está en vigor la reforma.
3. A la vista de esas posiciones enfrentadas la cuestión a resolver es si se ha vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva del actor, al imponérsele en la Sentencia impugnada el cumplimiento del requisito procesal que se le exigió, con la consecuencia de la inadmisibilidad de su recurso. La solución de tal cuestión reclamaría el análisis de: a) la existencia legal del requisito; b) la corrección constitucional del rigor aplicado en su exigencia, sin excusa por error al que se indujo al recurrente en la notificación de la resolución recurrida, y c) la corrección constitucional de la interpretación del art. 129.3 L.J.C.A., al negar al demandante la posibilidad de subsanar la falta del requisito omitido.
Un resumen esclarecedor de nuestra doctrina se contiene en el fundamento jurídico 2. de la Sentencia de 30 de junio de 1998 (STC 145/1998), que es oportuno transcribir aquí:
«En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha declarado que, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E. comprende el derecho de acceso a la actividad jurisdiccional, y a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, al tratarse de un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador, razón por la cual también se satisface el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se obtiene una resolución que deja imprejuzgada la acción o la pretensión ejercitada en el proceso, si está fundada en la falta de algún requisito o presupuesto procesal legalmente establecido que impida entrar en el fondo del asunto (SSTC 69/1984, 6/1986, 100/1986, 55/1987, 57/1988, 124/1988 y 42/1992, entre otras muchas).
Conforme con la anterior doctrina, este Tribunal ha declarado también que los órganos judiciales deben llevar a cabo una adecuada ponderación de los defectos, que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando la debida proporcionalidad entre el defecto cometido y la sanción que debe acarrear, procurando siempre que sea posible la subsanación del defecto a fin de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial efectiva . En dicha ponderación debe atenderse a la entidad del defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida, y su trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso, así como a la voluntad y grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal omitido o irregularmente observado (SSTC 41/1992, 64/1992 y 331/1994, por todas). Además, debe tenerse en cuenta que el derecho de toda persona a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una primera decisión judicial, al ser un derecho que nace directamente de la Constitución y un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., la subsanación de los defectos o irregularidades procesales que eventualmente puedan presentarse en la demanda o en el procedimiento seguido en la instancia que puedan ser obstáculo de la decisión de fondo de la pretensión ejercitada en el proceso, debe estar presidida por el principio pro actione que debe actuar en esta fase con toda su intensidad (STC 37/1995, por todas).»
En la misma línea de conformidad con el derecho de tutela judicial efectiva de las decisiones de inadmisión y de obligada cautela en ellas, por exigencia del principio pro actione, hemos dicho en la Sentencia de 17 de febrero de 1998 (STC 38/1998), fundamento jurídico 2.:
«Constituye un criterio reiteradamente mantenido por la jurisprudencia constitucional el de que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface también con una respuesta de inadmisión, si bien ésta ha de estar fundada en una causa legal apreciada razonablemente por el órgano judicial. El control constitucional de las decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa cuando aquéllas determinan la imposibilidad de obtener una primera respuesta judicial (SSTC 118/1987, 216/1989, 154/1992, 55/1995, 104/1997, 112/1997, entre otras). El principio pro actione opera en este caso sobre los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen desproporcionadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida.
Dicho principio, como dijimos en la STC 88/1997 y hemos reiterado en las posteriores 150/1997 y 184/1997, "si bien no implica, a pesar de su ambigua denominación, la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan" sí debe entenderse que impone "la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican".»
5. A la vista de esta doctrina la cuestión referente a si existe base legal en la normativa rectora del proceso para la exigencia de un determinado requisito procesal, cuyo necesario cumplimiento condiciona la posibilidad de obtener una resolución sobre el fondo del asunto, sin perjuicio de su primario carácter de cuestión de legalidad ordinaria, adquiere una indudable relevancia constitucional. Si no existe en la ley el requisito, y al exigirlo sin base legal se cierra el paso a la jurisdicción, el derecho del art. 24.1 C.E. resulta sin duda lesionado, según hemos declarado en nuestras SSTC 38/1994 y 163/1993; de modo que la existencia de la lesión viene condicionada a la del cuestionado requisito legal. Nuestro control está así justificado, sin que ello suponga invasión de la competencia atribuida a los órganos de la Jurisdicción ordinaria, lo que nos lleva directamente al análisis de la primera de las cuestiones que enunciábamos en el fundamento jurídico 2.
6. Entrando, pues, en el análisis de esa inexistencia en el presente caso, se ha de resaltar que el recurso contencioso-administrativo se interpuso el día 8 de mayo de 1993, y que la Resolución recurrida se notificó al recurrente el 10 de marzo anterior, según se afirma en la demanda de amparo y en la propia Sentencia impugnada (fundamento de derecho 2
Habida cuenta que los arts. 52 de la L.J.C.A. de 1956 y 126 de la L.P.A. fueron derogados por la disposición derogatoria única, 2 c) y b), respectivamente, de la Ley 30/1992, que entró en vigor el día 27 de febrero de 1993, según su disposición final, cumplidos los tres meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1992, es claro que, cuando el recurso contencioso-administrativo se interpuso, que es el momento temporal de referencia de los requisitos procesales que lo rigen, había desaparecido ya de su normativa rectora el recurso de reposición y el requisito procesal a él referente.
Se ha de concluir en consecuencia, que se ha producido sólo por ello la vulneración del referido derecho del actor, como sostiene el Ministerio Fiscal, lo que conduce a la estimación del recurso de amparo, sin que sea preciso que abordemos los otros dos apartados del cuestionario enunciado en su momento, según entonces se advirtió.
7. Resta tan sólo precisar el contenido del fallo, dada la discrepancia existente sobre el particular entre la solicitud del demandante y la del Ministerio Fiscal. Ambas coinciden en la de anulación de la Sentencia recurrida, consistiendo la diferencia en que, mientras el demandante pide que la Sala a quo dicte la Sentencia que corresponda sobre el fondo, el Ministerio Fiscal pide que aquélla dicte otra, que no consista en la inadmisión por falta de interposición del recurso de reposición, petición esta última que puede o no coincidir en la práctica con la del demandante; pero que estimamos más respetuosa con las competencias de dicha Sala, por lo que éste debe ser el sentido de nuestro fallo estimatorio.
Otorgar el amparo solicitado por don Benito M. P. G. y, en consecuencia:
1. Reconocer que se ha lesionado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión
2. Restablecerle en su derecho, y a este fin declarar la nulidad de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el día 3 de diciembre de 1994, en el recurso núm. 459 del año 1993.
3. Retrotraer las actuaciones en dicho pleito al momento procesal anterior al de dictar Sentencia para que la referida Sala emita resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Dada en Madrid, a veintidós de marzo de mil novecientos noventa y nueve.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Julio Diego González Campos.-Tomás S. Vives Antón.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Guillermo Jiménez Sánchez.-Firmados y rubricados.
SAP Barcelona 171/2006, 23 de Marzo de 2006
STSJ Navarra 310/2010, 24 de Junio de 2010
STSJ Galicia , 8 de Octubre de 1997

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