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Timestamp: 2020-06-06 17:38:55+00:00

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VEOLINARES | Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 30 de marzo de 2020
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 30 de marzo de 2020
30 marzo, 2020 Servicios	No hay comentarios en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 30 de marzo de 2020
► Acuerdo sobre los recursos asistenciales en cada prov incia andaluza ante el escenario de llegar a los 9.000 pacientes positivos por Covid-19
► Decreto Ley por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito económico y social ante el Covid-19
► Acuerdo sobre las recomendaciones de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para garantizar la ayuda a domicilio
► Acuerdo por el que se toma conocimiento del Plan de Medicalización de Establecimientos para la atención a pacientes con coronavirus
► Acuerdo por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del Covid-19
► Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la incidencia del Covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de Andalucía
► Acuerdo sobre las medidas económicas y de flexibilización destinadas al Programa de ayudas económicas familiares con motivo del estado de alarma
► Informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre las medidas puestas en marcha en materia de voluntariado
► Acuerdo sobre medidas económicas para Centros de Día para Mayores, Centros de Día y Centros Ocupacionales para Personas con Discapacidad
► Informe de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre la distribución del Fondo Social Extraordinario
► Acuerdo con la Mesa del Tercer Sector por el que se crea un grupo de trabajo para proponer medidas en relación con la situación por el Covid-19
► Informe de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en materia de turismo sobre el Covid-19
► Acuerdo por el que se adoptan medidas en materia de Administración de Justicia con motivo del Covid-19
► Informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre los efectos en la calidad del aire de las medidas adoptadas
► Acuerdo por el que se adoptan medidas para el abastecimiento de agua de consumo humano y saneamiento de aguas residuales
► Acuerdo para el ingreso en la Policía Local del alumnado del Curso de Oficiales 2020 y de quienes han superado la primera fase de la selección
► Acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio de helicópteros para transporte sanitario aéreo por importe de 20,34 euros, IVA exento
► Acuerdo sobre subvenciones para desarrollo industrial, mejora de la competitividad, transformación digital y creación de empleo en 2017-2020
►Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba
► Acuerdo por el que se declaran de emergencia las actuaciones de reparación de daños en las carreteras en término municipal de Córdoba
La Junta concreta el plan de contingencia para un escenario de 9.000 contagios en Andalucía
El Consejo de Gobierno toma conocimiento de esta previsión que calcula los recursos asistenciales en las ocho provincias andaluzas
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la actualización del estudio sobre recursos asistenciales elaborado por la Consejería de Salud y Familias ante un posible escenario de 9.000 pacientes afectados por Covid-19 en Andalucía. Según este estudio, la comunidad autónoma registraría un total de 3.384 hospitalizaciones y 616 pacientes en la UCI; ante esta situación todas las provincias estarían preparadas para asumir dicha carga asistencial con distintos planes de contingencia elaborados en función de los recursos de cada zona.
Estas previsiones se han calculado de acuerdo con la proyección epidemiológica que se está produciendo en Andalucía, al igual que las tasas actuales de hospitalización y UCI en cada provincia. Además, se ha introducido como nueva variable el porcentaje de ocupación por pacientes no Covid-19, tanto en las unidades de hospitalización como en UCI.
En un análisis más detallado, en Almería se contempla un escenario de 145 hospitalizaciones y 27 pacientes en UCI. De este modo, con un índice del 40,3% de pacientes no contagiados ingresados habría disponibilidad de 846 camas de hospitalización y con un índice de ocupación del 20,3% de pacientes no contagiados habría disponibilidad de 37 camas UCI públicas. A todo ello, se sumarían la disposición de 99 dispositivos de respiración asistida. En resumen, llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia.
En Cádiz se contempla un escenario de 290 hospitalizaciones y 51 pacientes en UCI. De este modo, con un índice del 50,2% de pacientes no contagiados ingresados habría disponibilidad de 895 camas de hospitalización y con un índice de ocupación del 31,2% de pacientes no contagiados habría disponibilidad de 52 camas UCI públicas. A esto se sumarían la disposición de 224 dispositivos de respiración asistida. En resumen, llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia.
En Córdoba se contempla un escenario de 393 hospitalizaciones y 51 pacientes en UCI. De este modo, con un índice del 44,6% de pacientes no contagiados ingresados habría disponibilidad de 860 camas de hospitalización y con un índice de ocupación del 28,5% de pacientes no contagiados habría disponibilidad de 45 camas UCI públicas. A esto se sumarían la disposición de 88 dispositivos de respiración asistida. En resumen, llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia. Además, en este caso se activaría la transformación del 15% de las camas de reanimación (UPAR) en camas de UCI.
En Granada se contempla un escenario de 755 hospitalizaciones y 120 pacientes en UCI. De este modo, con un índice del 39,7% de pacientes no contagiados ingresados habría disponibilidad de 1.124 camas de hospitalización y con un índice de ocupación del 37,9% de pacientes no contagiados habría disponibilidad de 62 camas UCI públicas. A esto se sumarían la disposición de 171 dispositivos de respiración asistida. En resumen, llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia. Además, en este caso se activaría la transformación del 50% de las camas de reanimación (UPAR) en camas de UCI.
En Huelva se contempla un escenario de 132 hospitalizaciones y 30 pacientes en UCI. De este modo, con un índice del 43,6% de pacientes no contagiados ingresados habría disponibilidad de 571 camas de hospitalización y con un índice de ocupación del 15,3% de pacientes no contagiados habría disponibilidad de 41 camas UCI públicas. A esto se sumarían la disposición de 58 dispositivos de respiración asistida. En resumen, llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia.
En Jaén se contempla un escenario de 400 hospitalizaciones y 76 pacientes en UCI. De este modo, con un índice del 35,4% de pacientes no contagiados ingresados habría disponibilidad de 872 camas de hospitalización y con un índice de ocupación del 27,1% de pacientes no contagiados habría disponibilidad de 32 camas UCI públicas. A esto se sumarían la disposición de 64 dispositivos de respiración asistida. En resumen, llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica. Además, en este caso se activaría la transformación del 40% de las camas de reanimación (UPAR) en camas de UCI. También se contaría con la disponibilidad de camas UCI y de reanimación UPAR de centros privados.
En Málaga se contempla un escenario de 724 hospitalizaciones y 152 pacientes en UCI. De este modo, con un índice del 61,9% de pacientes no contagiados ingresados habría disponibilidad de 953 camas de hospitalización y con un índice de ocupación del 45,7% de pacientes no contagiados habría disponibilidad de 114 camas UCI públicas. A esto se sumarían la disposición de 281 dispositivos de respiración asistida. En resumen, llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica. Además, en este caso se activaría la transformación del 40% de las camas de reanimación (UPAR) en camas de UCI.
Por último, en Sevilla se contempla un escenario de 545 hospitalizaciones y 109 pacientes en UCI. De este modo, con un índice del 54,3% de pacientes no contagiados ingresados habría disponibilidad de 1.629 camas de hospitalización y con un índice de ocupación del 40,4% de pacientes no contagiados habría disponibilidad de 132 camas UCI públicas. A esto se sumarían la disposición de 337 dispositivos de respiración asistida. En resumen, llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica.
Luz verde a un decreto ley con actuaciones administrativas urgentes económicas y sociales, que engloba a cinco consejerías
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19, unas medidas que engloban a cinco consejerías, en concreto, las de Presidencia, Administración Pública e Interior; de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; de Educación y Deporte; de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
Ampliación de la garantía alimentaria
La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado la garantía alimentaria al alumnado escolarizado en centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa durante el periodo de crisis provocado por el Covid-19. Esta medida, también incluida en el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Gobierno, beneficiará a 1.861 escolares en riesgo de exclusión social que utilizan el servicio de comedor de 19 centros concertados.
Para las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación y Deporte en régimen de concurrencia competitiva a estos centros para facilitar la permanencia en el sistema educativo de los alumnos escolarizados, mediante la prestación del servicio de comedor escolar, no se considerará causa legal de incumplimiento y no dará lugar a modificación de las correspondientes resoluciones de concesión de subvenciones el hecho de que el servicio de comedor escolar no se preste en el propio centro docente.
Esta actuación estará condicionada a que el centro suministre los alimentos al alumnado beneficiario de la prestación del comedor escolar para su consumo fuera del centro, bien mediante servicio de catering o bien con medios propios.
La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado también el número de alumnos beneficiarios del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil que garantiza las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) a alumnos de Infantil y Primaria de centros públicos tras los nuevos informes emitidos por los servicios comunitarios en el marco de la crisis del Covid-19. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta ampliación del servicio, que pasa de 18.000 a 19.000 escolares en riesgo de exclusión social.
La Consejería, en coordinación con los ayuntamientos y las empresas responsables de la distribución de los menús, ya ha iniciado el reparto de comida por los distintos municipios a los alumnos acogidos a este programa
El programa de Refuerzo de Alimentación Infantil está coordinado por las consejerías de Educación y Deporte y de Salud y Familias.
Ampliación de plazos para justificar subvenciones de IDEA
En el ámbito económico, el Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación de los plazos para que puedan justificar sus inversiones y el mantenimiento de empleo las empresas beneficiarias de subvenciones de los programas de desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, así como la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial gestionados por la nueva Agencia IDEA.
Por otra parte, tanto las empresas beneficiarias de ayudas para desarrollo industrial como las beneficiarias del programa de apoyo a la I+D+i, podrán solicitar, a partir de la fecha de entrada en vigor de estas medidas, la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas y del plazo de justificación de las ayudas, si estos plazos venciesen en el presente año. La ampliación del plazo de ejecución no podrá superar los 15 meses.
También se recoge en el decreto, el desarrollo normativo de la línea de garantías de créditos concedidos por entidades financieras para circulante en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces, presupuestada con 20 millones de euros con cargo a la línea ‘Andalucía, financiación empresarial’ del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, gestionado a través de IDEA.
Agilización de contrataciones en la Administración
Por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se ha aprobado la agilización de las contrataciones para hacer frente a la pandemia y al desarrollo de las medidas de apoyo aprobadas por el Consejo de Gobierno. La evolución de la emergencia sanitaria ha colocado en situación crítica determinados servicios públicos esenciales que precisan de una atención ineludible e inaplazable, y se hace necesario reforzar las medidas que hagan frente a esta situación y aseguren la necesaria presencia de personal en los centros que los prestan.
Por ese motivo, se modifica el artículo 13 del Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, tanto para contemplar fórmulas adicionales de selección de personal funcionario interino y laboral temporal, así como en la agilización del procedimiento de nombramiento o contratación, posponiendo determinados trámites que en esta situación extraordinaria y excepcional pueden llegar a ocasionar retraso en la cobertura inmediata de los puestos de trabajo.
En este sentido, se señala que, cuando no resultase posible la selección de personal entre quienes figuren incluidos como disponibles en las diferentes bolsas de aspirantes a nombramientos de personal funcionario interino, la selección se realizará dentro de la bolsa que por cada cuerpo, especialidad u opción existe, integrada por el personal que ha cesado como funcionario interino, en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente decreto ley.
En el caso del personal laboral, se efectuará en las bolsas complementarias creadas por Acuerdo de la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de 2014, y, a continuación, en las listas de sustituciones que se encuentren vigentes en cada ámbito provincial.
El decreto acuerda que, mientras dure la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, con las personas que hayan presentado solicitud de participación en el procedimiento de selección previsto en este apartado, se conformará una bolsa a la que se acudirá si vuelve a surgir la necesidad para la cobertura de puestos en la misma localidad del cuerpo, especialidad u opción, en el caso del personal funcionario, o de la categoría profesional, en el caso del personal laboral.
Mesas de coordinación para situaciones de extrema vulnerabilidad
De otro lado, también se ha incluido en el decreto ley la creación en el seno de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Mesa autonómica de Coordinación ante Situaciones de Extrema Vulnerabilidad Social, ante la crisis ocasionada por el Covid-19. También se creará también una Mesa provincial de coordinación en cada una de las delegaciones territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Serán destinatarias de estas medidas de coordinación las situaciones grupales o colectivas de personas en extrema vulnerabilidad constatadas por los servicios sociales comunitarios o por entidades integradas en la Mesa del Tercer sector, que no hayan podido ser resueltas en sus respectivos ámbitos. Se sumarán aquellas que requieran de una actuación inmediata que, en el caso de no contar con una intervención, podrían sufrir un grave deterioro o agravamiento en su estado de vulnerabilidad y desprotección, con especial atención al colectivo sin hogar.
Los recursos que pueden ser destinados para atender las situaciones de extrema vulnerabilidad social que se planteen son los disponibles tanto por las administraciones públicas como por las entidades integradas en la Mesa del Tercer sector.
De forma específica se podrá contar con recursos como los centros residenciales (centros de acogida, viviendas tuteladas, albergues para personas trabajadoras temporeras); la Red de Albergues juveniles gestionados por Inturjoven; residencias de estudiantes y residencias de tiempo libre; o alojamientos turísticos que hayan sido declarados servicios esenciales por el órgano competente.
También figurarán instalaciones deportivas o de índole similar siempre que puedan ofrecer los servicios de pernoctación, salas de estancia diurna, atención social, atención sanitaria, alimentación, higiene personal y de ropa y enseres, previsión de actividades individuales de ocupación del tiempo en confinamiento prolongado, así como aislamiento y cuarentena de los casos de personas afectadas que revisten menor gravedad.
Igualdad reconfigura los contenidos de atención y las actuaciones según las prioridades de una prestación con financiación asegurada
Dependiendo de la autonomía personal de cada usuario, de su estado de salud y de su red de apoyos, los profesionales de los servicios domiciliarios establecerán uno de los cuatro niveles de la cobertura de atención: Apoyo especial en situación de aislamiento; apoyo intenso continuado para el mantenimiento de necesidades básicas; apoyo parcial en caso de ausencia de red familiar; y apoyo sustituible por medios telemáticos, garantizando siempre vías de contacto proactivas.
Las dotaciones de personal y de horas liberadas en función de estas reconfiguraciones pasarán a disposición de la bolsa de horas individuales de atención a la dependencia que gestione la entidad local competente. De esta forma, se podrán habilitar nuevas modelaciones del servicio de ayuda a domicilio, así como realizar tareas de seguimiento proactivo de los casos, ya sea de manera presencial o telefónica.
Los ayuntamientos y diputaciones, entidades prestadoras del servicio de ayuda a domicilio, deberán garantizar la prestación del servicio cubriendo las necesidades de personal que se deriven de esta situación mediante los mecanismos de contratación que cada entidad disponga. Para ello, el Gobierno ya ha establecido que podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes.
En todo caso, los trabajadores auxiliares de ayuda a domicilio recibirán las retribuciones previas a esta situación extraordinaria, manteniéndose en alta y a disposición del servicio, ya sea con nuevas personas usuarias o como retén en previsión de posibles bajas.
Demostrado que el coronavirus incrementa su letalidad sensiblemente en personas mayores con patologías previas y puesto que el aislamiento domiciliario es el único remedio aplicable en estos momentos para evitar su expansión, el servicio de ayuda a domicilio supone un instrumento fundamental para el bienestar de las personas mayores y/o en situación de dependencia. Es decir, el aislamiento recae sobre muchas personas para las que tiene unos efectos devastadores si no se arbitran medidas de compensación inmediatas como se pueden llevar a efecto a través de esta prestación.
Por este motivo, durante el periodo que duren las medidas excepcionales adoptadas para contener el Covid-19, la Consejería de Igualdad ha garantizado la financiación del servicio de ayuda a domicilio mediante el pago, como mínimo, del equivalente a las liquidaciones correspondientes al mes de febrero de 2020.
Además de la asunción íntegra de los criterios de actuación establecidos en el documento técnico de recomendaciones de actuación desde los servicios sociales de atención domiciliaria del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 en lo referente a protección, cooperación, planificación, autocuidado y convivencia, el Gobierno andaluz ha establecido estas nuevas recomendaciones con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención a las necesidades básicas de las personas usuarias.
De todas formas, si algún usuario renunciase temporalmente al servicio de forma voluntaria, se verificará que la persona queda debidamente atendida de otra manera. Asimismo, se revisarán los casos que estaban siendo atendidos en centros de día por si precisa de algún tipo de apoyo externo, para lo que se podría movilizar personal de dichos centros.
Aunque las empresas prestadoras del servicio son las encargadas de proporcionar los equipos de protección individual (EPI) y ante las dificultades para la provisión de los mismos, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha facilitado un formulario ‘online’ a estas entidades para, a su vez, trasladar dicha petición a la Consejería de Salud y Familias y esta, posteriormente, al Ministerio de Sanidad.
En este sentido, se prioriza la disponibilidad de equipos para el personal que atiende a usuarios de grado III de dependencia y, posteriormente, se facilitarán al resto del personal en función de la disponibilidad y el reparto que realicen las autoridades encargadas de ello.
Por otra parte, la Consejería de Salud indica que cualquier persona con diagnóstico confirmado o probable de ser un caso de Covid-19 o con infección respiratoria aguda diagnosticada deberá ser aislada. Este aislamiento se hará en una habitación individual, a ser posible con baño interior y ventilación exterior; y se le proveerá de mascarilla quirúrgica, durante un periodo mínimo de 14 días. Así se recoge en un informe presentado al Consejo de Gobierno, mediante el cual se indica la forma de proceder del servicio de ayuda a domicilio.
Para evitar entradas innecesarias, en aquellas personas aisladas que sean autónomas y puedan realizar solas las actividades de la vida diaria, se facilitará a la entrada de la habitación, todo aquello que sea necesario para que la persona pueda realizarse su autocuidado: baño, higiene, alimentación y medicación habitual prescrita. Además, es conveniente que la persona pueda disponer de un teléfono para poder comunicarse con los convivientes o con el personal sanitario o auxiliar si lo precisa. Si hubiese que entrar, bajo circunstancias muy justificadas, se realizará la higiene de manos y con material de protección.
En el caso de que las personas en aislamiento sean dependientes, para las actividades de la vida diaria, se intentará en la medida de lo posible limitar las entradas, a las mínimas necesarias y restringir al mínimo posible, el número de personas que entran en la habitación para sus cuidados.
En ambos casos, la protección se colocará antes de entrar en la habitación. Una vez utilizada se eliminará dentro de la habitación. Se realizará una correcta higiene de manos justo después de retirar la protección, evitando el contacto con cara, ojos, nariz y boca. La mascarilla tras su periodo de uso y los guantes desechables se deben colocar en el cubo con tapa y bolsa que cierra con facilidad y deben ser desechados en los contenedores de basura habituales.
Además de hoteles, se habilitarán residencias de tiempo libre y albergues para facilitar el aislamiento de pacientes leves
La Consejería de Salud y Familias habilitará hoteles, residencias de tiempo libre y albergues como espacios asistenciales para atender a pacientes afectados de coronavirus como medida de contención y de mitigación de dicha pandemia. El objetivo, además de incrementar el número de camas disponibles en hospitales, será facilitar el aislamiento de pacientes, normalmente en estado leve, afectados de Covid-19 y que tengan imposibilidad de llevar a cabo el aislamiento domiciliario.
Para la habilitación de dichos espacios, el primer paso será identificar, en colaboración con las consejerías competentes, aquellos hoteles, residencias de tiempo libre o albergues juveniles que se han ofrecido para colaborar cediendo sus instalaciones; posteriormente se visitarán por personal técnico experto en hospitales para valorar su idoneidad en función de su capacidad, proximidad a centros hospitalarios y condiciones de accesibilidad.
Cada establecimiento que se habilite para prestación de asistencia sanitaria se adscribirá al hospital público más cercano. De este modo, al igual que en cualquier centro hospitalario, para su puesta en funcionamiento se organizarán los servicios generales y los servicios de apoyo directo a la asistencia sanitaria. De igual modo, como regla general, todos los servicios que se presten en dicha instalación dependerán del hospital al que esté adscrito.
Todas estas instalaciones consideradas idóneas serán ordenadas por el nivel de idoneidad, y se pondrán en funcionamiento de forma escalonada en función del porcentaje de ocupación que vayan teniendo.
Referente a la habilitación de espacios de asistencia sanitaria se creará un control de enfermería, se habilitará un lugar para la colocación y retirada de EPI por parte de profesionales, se pondrá en marcha un área de trabajo y sala de estar del personal y un área de farmacia.
En cuanto al equipamiento asistencial y de material sanitario se realizará en función del número de pacientes ingresados y el personal sanitario incluirá todas las categorías profesionales necesarias para la completa asistencia de los mismos.
El objetivo es ajustar la oferta a la demanda, garantizando en todo momento la movilidad derivada de las actividades autorizadas
El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento de la orden de 28 de marzo por la que se adoptan nuevas medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del Covid-19. Estas medidas versan sobre la reducción adicional de los servicios de transporte regular de viajeros de uso general y el comercio.
En materia de transporte, el criterio general es el ajuste de la oferta a la demanda, garantizando en todo momento la movilidad obligada derivada de las actividades autorizadas en el real decreto de declaración del estado de alarma, con especial atención a los servicios que cubran centros de asistencia sanitaria.
Además, se deberá prestar especial atención a la limitación de la capacidad máxima de los vehículos de transporte colectivo establecida en 1/3, así como las filas de protección del conductor para aquellas que no tengan mamparas. Deberán realizarse refuerzos en los intervalos en los que esa ratio sea superada.
Ante las limitaciones de la libertad de circulación de las personas establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, se ha producido un descenso significativo en la demanda del transporte regular de viajeros en Andalucía (en torno al 95%), lo cual precisa ajustes adicionales de la oferta para atender a la demanda real.
Así, se establece que, en el transporte interprovincial y provincial, dado que en general no atiende a una movilidad obligada, se admite una reducción de servicios de hasta el 70% en la oferta diaria, de forma que al menos se garantice un servicio de ida y vuelta al día suficientemente espaciados. En aquellas relaciones entre núcleos que dispongan de una única expedición al día, se permitirá la aplicación de los porcentajes de reducción en el cómputo semanal.
En el ámbito metropolitano se fijan tres franjas horarias en días laborables, denominadas intervalos de garantía de transporte público para la movilidad autorizada. Son de 7.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 15.30 y de 19.00 a 21.00 horas.
El intervalo de la tarde (19.00-21.00) podrá ser adaptado a la demanda particular de cada línea de transporte, con especial atención a aquellas líneas que atiendan a centros sanitarios.
Los sábados, domingos y festivos no dispondrán de intervalos de garantía de transporte público para la movilidad obligada, salvo las excepciones contempladas en la orden. Además, se reducirá la oferta hasta el 50% en los intervalos de garantía de transporte, manteniendo siempre al menos uno de los servicios preexistentes en cada intervalo.
Fuera de los citados intervalos se permitirán reducciones de hasta el cien por cien de la oferta salvo en los casos que la concesión contemple servicios durante los sábados, domingos y festivos, que deberá mantenerse al menos una expedición de ida y vuelta al día por núcleo suficientemente espaciadas.
Con independencia de todo lo anterior, las líneas que cubran centros sanitarios no reducirán los servicios que se aprobaron tras la aplicación de la Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la comunidad andaluza. Así, se mantendrá al menos el 50% en los servicios interprovinciales y el 60% en los servicios provinciales, mientras que en los metropolitanos se mantendrá al menos el 70% en los intervalos de garantía y al menos el 25% en el resto de intervalos respecto de los servicios habituales.
Con carácter excepcional, en aquellas relaciones entre poblaciones en las que la demanda sea significativamente insuficiente para mantener los porcentajes citados, se podrán autorizar, previa justificación por el operador, otras propuestas de servicios que, en todo caso, deberán garantizar la comunicación entre las poblaciones y la atención a la movilidad autorizada de los ciudadanos. También se podrá autorizar la conversión de líneas de transporte regular a líneas de transporte a la demanda.
En materia de comercio, se suspenden los efectos de las resoluciones por las que se declaran zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales durante el periodo de vigencia del estado de alarma por la situación de crisis sanitaria.
Del mismo modo, podrán permanecer abiertos al público durante los próximos días 9 y 10 de abril (Jueves y Viernes Santo) los establecimientos comerciales minoristas de alimentación y productos y bienes de primera necesidad recogidos en el listado que se incluye en el apartado 1 conforme a la clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009).
En todo caso, los establecimientos comerciales minoristas de alimentación y productos y bienes de primera necesidad habilitados que no tengan libertad horaria de acuerdo con lo dispuesto en artículo 20 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, permanecerán cerrados al público los domingos y festivos no autorizados. Se excluyen de esto los servicios de entrega a domicilio o de recogida de la compra en las zonas habilitadas para ello, siempre que se hayan realizado utilizando medios electrónicos y observando las medidas necesarias de salud e higiene entre empleado y cliente.
Salud y Familias informa de las medidas para garantizar la atención a los centros residenciales
Estas actuaciones están enfocadas al seguimiento proactivo, la medicalización de la atención y los sistemas de evacuación
La Consejería de Salud y Familias ha informado en el Consejo de Gobierno de las medas puestas en marcha para garantizar la adecuada atención a los centros residenciales de Andalucía. Desde el inicio del estado de alerta, se ha implementado un sistema de seguimiento y apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.
Medicalización de la atención residencial
Por otro lado, la Consejería de Salud y Familia y el Servicio Andaluz de Salud han planificado la organización y coordinación de los servicios para garantizar la adecuada atención a las necesidades de salud de las personas de los centros residenciales. Esta reorganización de servicios asistenciales se activa ante la presencia de casos, facilitando todos los medios profesionales y materiales necesarios para garantizar la asistencia efectiva.
La Consejería de Salud y Familias ha previsto también la habilitación de zonas de evacuación cuando en una residencia puedan existir dificultades estructurales para organizar los aislamientos, exista falta de personal para desarrollar los cuidados y prevenir problemas de salud o cuando se produzcan situaciones clínicas específicas debidas a un control clínico insuficiente que puede mejorarse evacuando a los residentes.
En 2019, estas ayudas sirvieron para atender a más de 16.000 familias y 29.000 menores en Andalucía
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de incrementar el presupuesto destinado al programa de Ayudas Económicas Familiares hasta los 15.291.608 millones de euros, lo que supone un incremento de un 20% para el ejercicio 2020, así como las medidas a implementar para la agilización de su gestión frente a la situación de emergencia social dada en Andalucía con motivo de la pandemia por Covid-19.
El crédito de estas ayudas, que proviene de los presupuestos de la Junta de Andalucía y del fondo del Ministerio competente en materia de infancia, sirvió para atender en 2019 a más de 16.000 familias y más de 29.000 menores andaluces. Por una parte, el Gobierno andaluz incrementa su partida hasta los 5.105.368 millones de euros. Por otra parte, sobre el crédito procedente del Ministerio, se destinan 10.186.240 euros, lo que supone la inversión total de más de 15 millones, es decir, 3 millones más que el año anterior.
Ante la situación excepcional que vive actualmente la comunidad andaluza, resulta imprescindible dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades que puede presentar la población más vulnerable como es la infancia. Teniendo en cuenta que las ayudas económicas familiares son una herramienta de lucha contra la pobreza infantil, se quiere incentivar la concesión de estas prestaciones en favor de las familias con hijos e hijas que puedan necesitarlas. Además, se trata de una ayuda que es compatible con la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMSI), por lo que se pueden conceder simultáneamente.
Las ayudas económicas familiares, reguladas mediante el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, suponen un conjunto de acciones dirigidas a la prevención de situaciones de exclusión social o a la atención de las necesidades alimentarias más urgentes de la sociedad andaluza.
De esta forma, se regula la gestión de estas ayudas mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales de su territorio para la adecuada atención de las necesidades básicas de los menores, especialmente de alimentación y de provisión de leche de continuidad.
Enmarcadas en el sistema de financiación de los servicios sociales comunitarios de diputaciones y ayuntamientos, son complementarias de los medios destinados a cubrir necesidades relacionadas con la integración social. Por este motivo, sus criterios técnicos establecen la falta de recursos económicos con unos límites de ingresos del conjunto de las personas integrantes de la unidad familiar, sobre la base del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) vigente en 12 mensualidades y las familias que han de ser atendidas prioritariamente.
En la actualidad, hasta 77 entidades locales se encuentran gestionando el Programa de Ayudas Económicas Familiares, a las que se ha procedido a realizar una serie de indicaciones sobre flexibilización en la gestión que, dentro del marco jurídico establecido, permitan contribuir a la celeridad y agilización en la tramitación durante este periodo de crisis ocasionado por el Covid-19.
Entre estas medidas, se contempla la posibilidad de iniciar el procedimiento de oficio, la agilización de documentos y primando el informe social que motive la necesidad de estas ayudas. Así como priorizar esta ayuda en la concesión cuando concurra con la Renta Mínima por el componente preventivo de las mimas y la atención a las relaciones familiares positivas.
La consejera de Igualdad presenta un informe y la memoria económica de las medidas acordadas en materia de voluntariado
Un total de 2.849 personas y 68 entidades se han registrado desde el pasado 18 de marzo en la herramienta informática que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha en su web con el objetivo de coordinar el trabajo de voluntariado en Andalucía ante la situación provocada por el coronavirus: Estos datos han sido aportados por la consejera Rocío Ruiz en un informe sobre las medidas puestas en marcha en materia de voluntariado presentado este lunes al Consejo de Gobierno.
Rocío Ruiz ha informado que se establecerá una conexión entre el “Programa de acción voluntaria organizada destinado a personas vulnerables frente al COVID-19” y las “Comisiones provinciales de emergencia social” ya creadas, a fin de que éstas tengan acceso a la información necesaria para los supuestos en los que la asignación de recursos corresponda a una Entidad de voluntariado que, por su especialización y capacitación puedan dar un servicio suficiente y se pueda dictar una resolución conjunta con dicha entidad de voluntariado para la declaración de situación de emergencia social.
Para ello, se comunicará a cada “Comisión Provincial de Emergencia Social”, los datos de contacto de las diferentes plataformas provinciales de voluntariado, y a través de éstas el listado de entidades inscritas para el desarrollo del programa de acción voluntaria en cada provincia.
Por otra parte, se cuenta con la disponibilidad de tres líneas telefónicas con posibilidad de ampliar, a través de un Convenio de Colaboración firmado por la
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con la Fundación Cajasol, como primera línea de atención a la ciudadanía en materia social.
Por último, se está llevando a cabo la elaboración de un “Cuestionario con preguntas y respuestas más frecuentes” para que tanto los ciudadanos y ciudadanas, como las plataformas y entidades de voluntariado puedan dar respuesta a las múltiples consultas que diariamente se producen a lo largo del territorio andaluz.
Seguimiento domiciliario de personas mayores y con discapacidad por personal de centros de día
Igualdad garantiza la financiación de estas plazas si las entidades gestoras mantienen el empleo de sus trabajadoras
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la decisión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre las medidas económicas adoptadas para los centros de día para personas mayores y los centros de día y ocupacionales para las personas con discapacidad a raíz de la crisis sanitaria y social por la pandemia de Covid-19 en Andalucía. De esta forma, la garantía del abono del 80% de la plaza queda vinculada al compromiso de la entidad prestadora del servicio de mantener el empleo mientras esté vigente el estado de alarma y a la realización de tareas de seguimiento proactivo de los casos de mayor vulnerabilidad, ya sea de manera presencial o telefónica.
Se trata de una medida económica encaminada a la promoción de la continuidad del servicio dentro de las especiales condiciones de confinamiento actualmente vigentes mientras permanezca activa la situación de estado de alarma. A ello se une la suspensión del copago, es decir, de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de día.
El pasado 13 de marzo, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación determinó el cierre temporal de los centros de día (antes unidades de estancia diurna) para personas mayores y los centros de día y ocupacionales para personas con discapacidad, lo que conllevaba la suspensión inmediata y restricciones de acceso de todas las actividades de la red de centros como medida específica de contención con el objetivo fundamental de disminuir el contacto entre las personas para evitar el riesgo de transmisión del coronavirus.
Estas medidas se suman al refuerzo de personal que ha realizado la Consejería de Igualdad para asegurar la prestación de sus servicios con la incorporación de 427 efectivos como medida para paliar la demanda, tanto en la cantidad como en la intensidad, de los colectivos a los que atiende, con énfasis en el de las personas mayores por ser la población más vulnerable al Covid-19.
Además, entre las ocho provincias andaluzas, se ha reasignado personal de la propia Consejería de Igualdad. Se trata de 38 efectivos que se encontraban prestando servicio en los Centros de Participación Activa y que, tras el cierre de los mismos, han pasado a ocuparse de otro tipo de tareas. Igualmente se ha procedido con personal de cocina y mantenimiento que desarrollaba su trabajo en centros educativos y que estaban adscritos a la Consejería de Educación y Deporte. En este caso, 97 trabajadores y trabajadoras.
Por otra parte, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad y que presta el Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT), ha reforzado este con la incorporación 66 trabajadores y trabajadoras: 45 en el centro de Sevilla y 21 en el de Málaga. Este servicio resulta fundamental en estos momentos de expansión de la pandemia por coronavirus por tratarse de un recurso muy utilizado por las personas mayores y dependientes tanto para la solicitud de información como para atención personalizada.
Además, la ASSDA ha reforzado el personal de las Comunidades Terapéuticas de Almonte, Mijas, Cartaya y Tarifa.
El fondo asignado a Andalucía se repartirá entre las corporaciones locales (32 millones), la Consejería (17) y la ASSDA (2,5 millones)
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la distribución de los fondos llevado a cabo por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por valor de 51,7 millones de euros (51.718.498 euros) asignados a Andalucía por el Gobierno central. Esta cuantía tendrá como finalidad financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales, para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del Covid-19.
Dicha distribución será de 32.053.998,60 euros a las Corporaciones Locales, 17.107.770 euros a la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y 2.556.729,40 euros a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).
De la cuantía destinada a las Corporaciones Locales, más de 6,4 millones (6.423.188,60 euros) será para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, atender los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares que se hayan podido ver suspendidos en los centros de día, compra de EPI, y refuerzo de los servicios de respiro.
Por otra parte, 5 millones de euros se destinarán para reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, población en la que se dificulta la obligatoriedad del confinamiento decretado por el estado de alarma; más de 9,6 millones (9.630.810 euros) para reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales; y 11 millones para ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.
Con respecto al crédito que corresponde a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, un total de 4.602.800 euros se destinará para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario y compra de Equipos de Protección Individual (EPI), con la finalidad de atender las situaciones de emergencia social que se presenten ante la Comisión de Emergencia Social ya constituida; el servicio de comida a domicilio a los usuarios de Centros de Participación Activa que siendo titulares de la Tarjeta Sesenta y Cinco, en su modalidad oro (personas de extrema vulnerabilidad), han dejado de beneficiarse y tener el servicio por el cierre necesario de los propios centros; y para la compra de EPI para centros de gestión directa.
Además, más de 8,1 millones de euros (8.189.200 euros) será para reforzar las plantillas de centros residenciales de personas mayores, centros de personas con discapacidad y centros de protección de menores, titularidad de la Junta de Andalucía. También, más de 1,5 millones (1.535.370 euros) será para ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, que irá destinado a incrementar la partida destinada a las corporaciones locales para atender las ayudas económicas familiares.
Asimismo, se diseñará una herramienta informática con el objetivo de detectar aquellas personas mayores que están sin ningún tipo de soporte social o familiar que permita atender sus necesidades en relación con la recogida de fármacos. Esto permitirá mediante un sistema de verificación identificar aquellas personas mayores que están recogiendo con retraso sus prescripciones de fármacos, comprobando su situación social y sanitaria.
Creado un grupo de trabajo para situaciones de emergencia entre las personas vulnerables
Se reunirá, de forma ordinaria una vez a la semana y, de forma extraordinaria, tantas veces como sea necesario
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha dispuesto la creación de un grupo de trabajo, en el seno de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector, destinado a estudiar, proponer y debatir acciones y búsqueda de soluciones a los problemas derivados de la situación actual de crisis ocasionada por el Covid-19 para las personas en situación de vulnerabilidad social.
Esta propuesta fue planteada por la Mesa del Tercer Sector el pasado 24 de marzo en la Comisión Permanente de Diálogo, ante la necesidad de establecer un cauce Administración-Tercer Sector para tener la información rápidamente y poder entregar sus propuestas y debatirlas.
La situación social que ha originado el coronavirus y la limitación de la libertad de circulación de las personas recogida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, dificultan la cohesión social y requieren del esfuerzo coordinado de todos los poderes públicos, junto con las entidades integrantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, que por su trayectoria consolidada de intervención con la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, son agentes imprescindibles para crear las respuestas que se demandan para afrontar estas situación de crisis sanitaria.
Según el Acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno, este grupo de trabajo estará constituido por la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mª del Carmen Cardosa, que ocupará la dirección del grupo; la secretaria general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, Mª Lourdes Ballesteros; el director general de Servicios Sociales, Francisco José Vidal; la coordinadora de Servicios Sociales Comunitarios, Soledad Jiménez; Carmen Vélez, en representación del CERMI; Juan Luis Delcan, Presidente de la EAPN Andalucía; Mariano Pérez de Ayala, Presidente de Cáritas Regional de Andalucía, y Maria del Mar Pageo, Presidenta de Cruz Roja.
El grupo de trabajo se reunirá, de forma ordinaria, una vez a la semana y, de forma extraordinaria, tantas veces como sea necesario en función de las circunstancias puestas de manifiesto por la evolución de la situación actual de crisis, necesidad que podrá trasladarse por cualquiera de las personas que componen el grupo de trabajo a quien desempeña la dirección del mismo.
La Mesa del Tercer Sector de Andalucía es una entidad creada en 2013 y agrupa a las organizaciones más representativas de Andalucía con idea de defender el valor de lo social y los derechos sociales y favorecer la colaboración público- privada en beneficio de las personas más desfavorecidas. Su acción repercute directamente sobre más de 2 millones de personas en nuestra comunidad y está compuesta por más de 50.000 personas asalariadas y 150.000 personas voluntarias.
El vicepresidente informa al Gobierno de los 119 alojamientos hoteleros que se han ofrecido a reconvertirse en hospitales
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha presentado un informe al Consejo de Gobierno sobre la posible evolución del turismo en la comunidad para el año 2020, a partir del cierre de mercados y parón de la actividad provocada por la pandemia del coronavirus y el nuevo Plan de Acción que se ha diseñado para recuperar cuanto antes la fortaleza del destino.
La Consejería de Turismo ha elaborado tres escenarios posibles con la precaución que conlleva cualquier estudio en unas circunstancias de enorme incertidumbre ante una situación sin precedentes.
El primer análisis plantea una rápida recuperación en el momento en el que se permita, de nuevo, la libre circulación de personas por motivos de ocio hasta llegar a niveles anteriores en un breve periodo de tiempo. La estimación en este escenario cifra la llegada de turistas en 23,1 millones (9,3 millones menos que en 2019), lo que implicaría un descenso del 28,8% respecto al año pasado. Supondría volver a niveles similares de 2013 y 2014.
En este contexto, la menor actividad turística implicaría un retroceso de los ingresos de 6.700 millones de euros y la puesta en riesgo de 69.000 empleos en el sector.
En un escenario intermedio, los estudios de la Consejería dibujan una recuperación temprana del mercado nacional y una activación del internacional bajo las mismas pautas registradas en otros destinos turísticos tras el episodio de crisis sanitaria del Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) en Asia en 2003. Con este pronóstico, la estimación es que en 2020 lleguen a Andalucía 18,6 millones de turistas (13,9 millones menos que en 2019), lo que supondría un descenso del 42,8% respecto al año pasado.
Este retroceso, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, implicaría una pérdida en los ingresos por turismo de 10.000 millones de euros. Un freno que en el sector pondría en riesgo unos 103.000 puestos de trabajo.
El escenario más negativo plantea una recuperación tanto del mercado nacional como del internacional al mismo ritmo que en el episodio del SARS en 2003. Bajo este análisis, la estimación en llegada de turistas para 2020 sería de 14 millones (18,47 menos que en 2019), casi un 60% menos que el pasado año. El retroceso de la actividad implicaría 13.300 millones de euros menos de ingresos y la puesta en riesgo de 137.000 empleos en el sector.
La Consejería de Turismo ha rediseñado su Plan de Acción 2020 para poder abordar un plan de choque contra la crisis del coronavirus. El gran objetivo es alcanzar los mayores impactos posibles en los mercados objetivos con la intención de ayudar a reactivar la actividad turística andaluza, apoyando de esta manera a las miles de empresas turísticas existentes en Andalucía y por lo tanto, a los miles de empleados de este tejido empresarial, formado mayoritariamente por pymes y micropymes.
Otro objetivo, especialmente importante desde el punto de vista del marketing turístico, es el de volver a posicionar la marca Andalucía en los distintos mercados emisores, situando a la región como un lugar preferido y prioritario respecto a sus competidores. En definitiva, volver a implementar medidas de marketing de destino, que ayuden a mejorar el posicionamiento, conocimiento y fortaleza del destino Andalucía en el imaginario de los potenciales turistas de los principales mercados emisores.
Por otra parte, Andalucía Lab, el centro de innovación turística de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de iniciativas para dar continuidad a su oferta de consultoría y formación a empresas y profesionales del sector durante este periodo de inactividad turística. En la actualidad ya se han recibido más de mil solicitudes para participar en estas actividades de manera telemática, que tienen lugar entre el 23 de marzo y el 30 de abril.
Por último, el consejero de Turismo ha dado a conocer en el Consejo de Gobierno el listado de 119 establecimientos ofrecidos por la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos para ser reutilizados como hospitales, en caso de que fuera necesario.
Por provincias son ocho en Almería, 18 en Cádiz, 10 en Córdoba, cuatro en Granada, dos en Huelva, siete en Jaén, 14 en Málaga y 56 en Sevilla.
A estos establecimientos, se suman los 48 que se han ofrecido para alojar a personal de primera necesidad o a personas que necesiten desplazarse para el cuidado de personas mayores, niños o dependientes.
Justicia eleva al Ministerio un listado de forenses voluntarios para ayudar en los centros sanitarios
El Consejo de Gobierno toma conocimiento de las medidas para garantizar la seguridad del personal y la prestación del servicio
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha remitido ya al Ministerio de Justicia un listado de personal médico forense de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) disponible para prestar servicios en los centros sanitarios y para realizar test de detección del Covid-19, en el supuesto de que fuera necesario y así lo considerasen las autoridades sanitarias.
Ésta es una de las medidas de las que ha tomado conocimiento el Consejo de Gobierno, junto con las últimas que se han puesto en marcha estos días por parte de la Consejería para salvaguardar el servicio público esencial y la seguridad de los funcionarios, tras las resoluciones dictadas por el Ministerio de Justicia que afectan al personal de la Administración de Justicia.
De esta forma, después de que el pasado 14 de marzo la Consejería estableciera los servicios esenciales para la Administración de Justicia, la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal ha dictado diversas resoluciones para adaptase a la del pasado 23 marzo de la Secretaría de Estado de Justicia, sobre el cálculo y distribución de estas dotaciones y la resolución del ministro de Justicia sobre medidas excepcionales para el Registro Civil durante la pandemia.
En este sentido, las medidas salvaguardan tanto el servicio público, como la integridad de los funcionarios de la Administración de Justicia dependiente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Por último, el Consejo Gobierno también ha tomado conocimiento de la instrucción dictada por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, tras la decisión del Gobierno de suspender todos los plazos administrativos. Una instrucción que acuerda no interrumpir los plazos de toma de posesión de los funcionarios que han participado en el concurso de traslado de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, resuelto el pasado 24 de enero de 2020, para evitar los consiguientes perjuicios económicos al personal afectado.
Mejora la calidad del aire al reducirse un 81% el dióxido de nitrógeno en Granada y un 58% el monóxido de carbono en Sevilla
La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha registrado una disminución de las concentraciones de algunos de los principales contaminantes marcadores del tráfico rodado (monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno) durante los primeros siete días del estado de alarma decretado en España con respecto a la última semana de actividad laboral habitual, según el informe que ha trasladado al Consejo de Gobierno la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
En concreto, se ha observado una reducción de hasta el 81% en dióxido de nitrógeno (NO2) en una de las estaciones utilizadas para recoger los datos en Granada y hasta el 58% en monóxido de carbono (CO) en otra estación de Sevilla en comparación con los datos registrados en un período de actividad normal.
Para realizar este análisis, los técnicos de la Consejería han utilizado la información precedente tanto de estaciones urbanas de tráfico (cercanas a las vías de elevada densidad) como de aquellas llamadas ‘de fondo’ (ubicadas en entornos urbanos pero alejadas de las carreteras con alta circulación) de la comunidad autónoma en períodos análogos a los de la primera semana de confinamiento. Aunque en ambos tipos se ha registrado la disminución de concentración de contaminantes, se observan diferencias más acusadas en las estaciones de tráfico, por estar más influenciadas por las emisiones de vehículos. De hecho, el estudio de los datos en función a los diferentes tramos horarios muestra las variaciones más significativas a primera hora de la mañana y a última de la tarde, coincidiendo con la disminución observada en los desplazamientos en horas puntas.
El control y vigilancia de la calidad del aire es uno de los servicios prestados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que ha sido declarado esencial en este estado de alarma. En función de esto, y a pesar de la situación de alarma sanitaria por Covid-19 (coronavirus), la evaluación, el seguimiento y el control de los niveles de calidad del aire en Andalucía continúan desarrollándose sin incidencias de consideración, gracias al esfuerzo y coordinación de los profesionales responsables de estas tareas y de aquellos que trabajan para garantizar su normal funcionamiento.
Análisis de los datos de Andalucía
Entre las primeras conclusiones que se extraen de los datos recabados durante la primera semana de aplicación de las medidas impuestas por el estado de alarma en el territorio andaluz, destaca la confirmación cualitativa de que se está produciendo una mejora significativa en la calidad del aire. Aún es pronto para ofrecer datos cuantitativos normalizados y verificados y disponer de secuencias temporales suficientes para elaborar un informe en profundidad. Sin embargo, tras el análisis inicial, todo parece indicar que los registros de contaminantes están descendiendo de forma generalizada.
Por ejemplo, el análisis de los datos obtenidos hasta el momento muestra bajadas de la concentración de dióxido de nitrógeno por encima del 60% en más de la mitad de las provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla) atendiendo a la información de máximos horarios; es decir, de la hora punta habitual del tráfico rodado. En concreto, el registro más bajo se ha detectado en la estación ‘Ciudad Deportiva’, en la provincia de Granada, con una disminución del 81% con respecto a semanas anteriores al estado de alarma.
En cuanto al monóxido de carbono, la mitad de los territorios (Almería, Granada, Huelva y Sevilla) registran reducciones de más del 40%. La estación de ‘Los Bermejales’ de Sevilla es, en este caso, la ubicación donde se produce una mayor diferencia en la información recogida, con una reducción del 58%.
La Consejería responsable en materia de Medio Ambiente está llevando a cabo un exhaustivo seguimiento de los datos recogidos por la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, con el objetivo de poder extraer conclusiones de relevancia en materia de movilidad, con el fin de plantear modelos de ciudades más sostenibles en el futuro. La información será de gran utilidad para la redacción de los Planes de Mejora de Calidad del Aire en los que ya había comenzado a trabajar el Gobierno andaluz antes de declararse la pandemia.
Disminución en otros territorios
A nivel mundial, los datos procedentes de satélites de observación de la contaminación atmosférica también parecen confirmar que determinadas emisiones están descendiendo significativamente en diversas partes del mundo donde se están adoptando medidas para luchar contra el coronavirus. Entre otros organismos de prestigio internacional, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea coinciden en esta afirmación inicial relativa, por ejemplo, a la reducción de los niveles de dióxido de nitrógeno.
Estas mismas fuentes apuntan a que el confinamiento de los ciudadanos en sus hogares decretado en países como Italia o España, y la consecuente reducción drástica del tráfico rodado y de parte de la actividad industrial, es la causa de un importante descenso de las partículas contaminantes presentes en la atmósfera.
Sistema de control andaluz
Andalucía cuenta con un sistema de control de calidad del aire compuesto por una Red de Vigilancia, con 99 estaciones y 988 analizadores de contaminación atmosférica repartidos por toda la comunidad autónoma, a la que se suman otras tres unidades móviles. Entre otros elementos, miden hasta un máximo de 15 contaminantes atmosféricos, entre gases y partículas y, en algunos casos, también determinados parámetros meteorológicos.
Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dispone de un laboratorio de calidad del aire y un centro de datos que, en este último caso, ofrece un servicio permanente 24 horas al día los 365 días del año.
La Junta de Andalucía, dentro de la estrategia de la Revolución Verde, impulsa ya 13 planes de calidad del aire en Andalucía y también está ya redactando seis planes de acción para las zonas en las que existen mayores problemas.
La Junta reclama al Gobierno ampliar la orden sobre abastecimiento y depuración de aguas
El texto actual no garantiza el agua necesaria para mantener la actividad de los sectores productivos durante el estado de alarma
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de la carta oficial que ha remitido a los ministerios de Sanidad y de Transición Ecológica y Reto Demográfico instando a la modificación de la orden de 22 de marzo por la que el Gobierno central adopta medidas relacionadas con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales urbanas durante el estado de alarma por Covid-19, ya que considera incompleta esta normativa.
El Ejecutivo andaluz está habilitado para dictar resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas relacionadas con esta normativa, pero no tiene competencias para extender su ámbito de aplicación, por lo que la Junta de Andalucía considera imprescindible que, de manera urgente, el Gobierno de España realice los cambios pertinentes para contemplar el resto de usos del agua relacionados, directa o indirectamente, con servicios esenciales para la sociedad y, en general, con el sostenimiento de los sectores productivos agrícola, pesquero y agroalimentario.
En concreto, el objetivo de esta solicitud es que se amplíe el ámbito de la orden para incluir también otros usos del agua fundamentales como, por ejemplo, el que realizan las industrias agroalimentarias, a las que se suman también las farmacéuticas o textiles. Éstas y otras empresas, cuya operatividad también debería quedar garantizada durante el estado de alarma, se dedican a la obtención de productos imprescindibles para ciudadanos y profesionales de diferentes sectores como alimentos, medicinas o equipos de protección individual, entre otros.
Todas estas actividades productivas requieren, por un lado, de recursos hídricos con las suficientes garantías de cantidad y calidad y, por otro lado, que se asegure la correcta recogida y tratamiento de sus aguas residuales para que no se produzcan vertidos al medio natural sin los debidos procesos de depuración.
Desde la Junta de Andalucía se alerta de que no contemplar estas actividades en la normativa podría suponer su paralización, que posiblemente tendría una repercusión negativa en el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública durante el estado de alarma decretado en el país para intentar frenar la propagación del coronavirus. De hecho, conscientes de su importante papel, el Gobierno autonómico incluyó expresamente el control y la vigilancia de la calidad del medio hídrico entre los servicios esenciales de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener esta pandemia.
Al recoger medidas dirigidas a garantizar el adecuado suministro de agua de consumo humano y el correcto saneamiento de aguas residuales, la Orden de
22 de marzo a la que hace referencia la solicitud de la Consejería de Desarrollo Sostenible otorga la consideración de ‘operadores de servicios esenciales’ a las empresas y entidades que llevan a cabo los procesos de tratamiento del agua necesarios para ofrecer estos servicios. Además, esta declaración permite que estos profesionales dispongan de los productos, sustancias y materiales higiénicos que precisan para garantizar que su labor se efectúa con las máximas garantías de éxito y cumpliendo con la normativa sanitaria aplicable a este tipo de aguas.
Por esta razón resulta imprescindible la ampliación del ámbito de la orden ministerial, que implicaría extender esta misma consideración a los demás usos del agua que son esenciales en estos momentos.
La situación actual lleva a flexibilizar determinados aspectos de los cursos de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública
El Consejo de Gobierno ha aprobado adoptar las medidas administrativas necesarias para facilitar la incorporación en las entidades locales del personal funcionario en prácticas de los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía correspondientes a las promociones XLV y XLVI, como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19.
Ante el estado generado por el coronavirus en Andalucía, se ha comprobado que existen entidades locales que no pueden disponer de las personas aspirantes a los Cuerpos de Policías Locales por no haber comenzado el curso de ingreso, en unos casos, o no haber finalizado el mismo, en otros.
Por ello, se hace necesario flexibilizar, de manera temporal durante la declaración del estado de alarma, determinados aspectos de los cursos de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. El objetivo es que 339 aspirantes correspondientes a las promociones XLV y XLVI se puedan incorporar a sus ayuntamientos como personal funcionario en prácticas de la manera más inmediata posible.
Así, resulta indispensable la adopción de las medidas administrativas necesarias para excepcionarles, durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, la aplicación de determinados preceptos de la Orden de 4 de marzo de 2004, por la que se regulan determinados aspectos del curso de ingreso para los funcionarios en prácticas de los Cuerpos de la Policía Local.
Autorizados 20,3 millones para la contratación de cinco helicópteros
El servicio incluye medios para Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz y Granada y uno adicional para la romería de la Virgen de la Cabeza
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) para la contratación, por 20,3 millones de euros, del servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicópteros medicalizados, tanto primario como secundario, de pacientes adultos, pediátricos o neonatos y de cualquier otra actividad en la que se requiera este medio de transporte.
El contrato, que será gestionado por EPES, permitirá la operación de cuatro helicópteros tipo ligero con base en las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, y un helicóptero tipo medio con base en la provincia de Granada. Asimismo, el servicio incluye la disponibilidad de un helicóptero adicional para la cobertura sanitaria anual de la romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén.
La duración de este contrato será de tres años, con posibilidad de prórroga por dos años más. El presupuesto base es de 20.344.380 euros, IVA exento, desglosado en cuatro anualidades. Su tramitación se ha efectuado por vía ordinaria y mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación basados en la calidad de los helicópteros, prestaciones, disponibilidad del servicio, antigüedad y equipamiento sanitario, entre otros.
El pasado mes de septiembre, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación por EPES del servicio de helicópteros para transporte sanitario aéreo, por 18.783.300 euros, IVA exento, a la que se presentó una única licitadora, que no cumplía con los requisitos, por lo que se declaró desierta.
Con el objetivo de continuar con la prestación del servicio cuando concluya el periodo de prórroga forzosa, el Consejo de Gobierno autoriza este expediente de gasto, que se ha incrementado en 1.561.080 euros.
El objetivo es que más empresas se presenten a la licitación del contrato e incluye un aumento en la repercusión de coste del helicóptero de reserva hasta un 75% de utilización anual para la cobertura de todas las aeronaves, con una subida de 200 horas principalmente, para dar cobertura a pacientes secundarios y mejoras solicitadas en el equipamiento electromédico en las distintas aeronaves.
La eliminación de trabas se suma al incremento de nueve millones acordado por el Consejo de Gobierno para facilitar el teletrabajo
Esta decisión encaminada a racionalizar y agilizar la tramitación de dicha línea de financiación pública se suma a la reciente ampliación de su presupuesto con nueve millones adicionales acordada por el Consejo de Gobierno, con el fin de facilitar el teletrabajo en el periodo de cuarentena.
Las modificaciones introducidas en la orden reguladora del programa afectan, fundamentalmente, a la obligación que tiene la empresa de demostrar su capacidad económica-financiera para afrontar el proyecto de inversión planteado en la solicitud. A partir de ahora sólo se solicitará la documentación acreditativa de dicha solvencia en la fase de análisis del proyecto, antes de la resolución de la ayuda.
Previamente, esa información se exigía, además de en esa ocasión, en la fase de justificación de la actuación que había realizado la empresa, justo al final del procedimiento. Incluso en ambos casos se pedía que el estado contable de la entidad empresarial fuera el mismo, lo que podía llegar a ser un impedimento para el pago de los incentivos públicos, teniendo en cuenta que, en la legislatura anterior, los procesos de tramitación y concesión se ralentizaron considerablemente.
Igualmente, se excepciona de la condición general de no encontrarse en situación de crisis para optar a los incentivos a las pequeñas empresas de nueva creación. Hasta ahora, ese requisito se exigía para todas las empresas, de acuerdo con lo establecido por la normativa de la Comisión Europea.
Con la modificación, quedan exentas las entidades que reúnan las siguientes características: una antigüedad no superior a cinco años, no superar los 50 trabajadores, poseer unos activos inferiores a 43 millones de euros y unas ventas inferiores a 50 millones. Además, tendrán que estar debidamente registradas e inscritas, no haber repartido beneficios y no haber formado parte de un proceso de concentración con otras pequeñas empresas.
Igualmente, la orden modificada elimina la obligación de estampillado de los documentos originales justificantes de los gastos.
La medida está en consonancia con los objetivos marcados por el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado en esta legislatura, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la intervención pública en la economía para promover el crecimiento, a través de la inversión productiva y la creación de empleo.
Este plan ya está teniendo sus resultados: el primero de ellos fue la aprobación a finales de 2019 de una batería normativa para favorecer la tramitación de los proyectos estratégicos en la comunidad. Esa iniciativa se ha completado con la aprobación reciente de una reforma legal de calado, puesto que agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas.
En ese conjunto de medidas presentado por el Gobierno andaluz, también se ha aprobado una línea de avales de 20 millones de euros, gestionada por la nueva Agencia IDEA y con la que se garantizará hasta el 80% de las cuantías de los préstamos solicitados por pymes, micropymes y autónomos. Con ello se busca paliar la falta de liquidez como consecuencia de la situación económica derivada del periodo de cuarentena.
La simplificación de esta línea de incentivos es otro paso más en el proceso de reestructuración y reactivación de la nueva Agencia, una intervención que ha posibilitado duplicar el ritmo de tramitación de las ayudas europeas gestionadas por dicho ente y dirigidas al desarrollo empresarial.
Así, a través de este programa se han aprobado y calificado positivamente 1.031 proyectos, lo que supone la concesión de 90,9 millones en ayudas, la generación de una inversión empresarial que supera los 285,5 millones y la creación y mantenimiento de 14.226 empleos.
Las cifras alcanzadas por esta línea de subvenciones implican que por cada euro público se facilitan más de tres euros de inversión privada. IDEA ha duplicado su ritmo de tramitación, pasando a gestionar una media de 100 proyectos mensuales frente a los 54 de la etapa anterior, y pasando a aprobar una media de 40 proyectos al mes frente a los 21 anteriores, lo que implica 2,1 millones de euros mensuales en incentivos, frente al millón de la legislatura anterior.
Nuevos estatutos de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba
La renovación busca adaptar la organización y el funcionamiento de la entidad a la realidad social, institucional y jurídica actual
El Consejo de Gobierno ha aprobado los nuevos estatutos de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, que sustituyen a los vigentes desde 1992 y con los que esta entidad pretende adaptar su organización y funcionamiento a la realidad social, institucional y jurídica actual.
El nuevo reglamento se estructura en un preámbulo, cinco títulos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. El título primero recoge el régimen jurídico de la entidad, el segundo regula el cuerpo académico, fijando las categorías de académicos numerarios, supernumerarios, académicos correspondientes con residencia en Córdoba capital, académicos correspondientes sin domicilio fijado en la capital cordobesa, pero con iguales derechos y obligaciones que los anteriores; los correspondientes no residentes en Córdoba y los académicos de honor.
El título tercero fija los órganos y cargos de la Real Academia; y el cuarto detalla las funciones académicas, concretando el desarrollo de las labores relacionadas con las publicaciones, investigaciones, conmemoraciones, excavaciones arqueológicas, conferencias, coloquios, cursos, conciertos, recitales, exposiciones o cualquier otro acto de índole cultural. Se incluye también un título adicional en el que se especifica el procedimiento para modificar los estatutos o disolver la academia.
Los nuevos estatutos incluyen, entre sus principales novedades, la introducción de la figura del académico correspondiente sin residencia fijada en Córdoba capital, categoría que ostentarán cinco personas. Igualmente, se realiza una actualización de los cargos de la Junta Rectora, que pasa a estar integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un bibliotecario. Anteriormente, estaba conformada por un director, un censor, un secretario, un depositario y un bibliotecario. Se introducen también limitaciones en los mandatos de este órgano, que durarán como máximo cuatro años y podrán renovarse, mediante proceso electoral, por un segundo. Tras la finalización de este periodo, los componentes no podrán volver a presentar la misma candidatura y el presidente no podrá volverse a presentar.
El nuevo documento exige para los nombramientos de académicos la condición de que sean propuestos por tres académicos numerarios. Asimismo, define el ámbito territorial provincial de actuación de la academia, concreta su domicilio social e introduce la perspectiva de género.
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba es una corporación de Derecho Público de naturaleza esencialmente cultural que tiene como finalidad principal el fomento de la investigación en las ramas que su título refleja y la difusión de las actividades científicas, históricas, literarias y artísticas que se desarrollan a través de su programación anual.
Fue creada en noviembre de 1810 por el canónigo penitenciario de la catedral de Córdoba Manuel María de Arjona y Cubas y se encuentra bajo el patrocinio de la Corona desde año 1915. Está vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales; e integrada en el Instituto de Academias de Andalucía desde 1985. Además, pertenece como academia asociada al Instituto de España desde 1990.
Esta institución académica se estructura en cinco secciones: Ciencias Morales y Políticas; Ciencias Históricas; Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales; Bellas Artes y Nobles Artes.
En Andalucía funcionan actualmente 27 academias de ciencias, artes y letras. De acuerdo con la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, las academias son corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica propia, dedicadas fundamentalmente al fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como, de forma específica, a promover y divulgar el conocimiento en cualquiera de sus formas. Según el articulado de dicha norma, los estatutos de estas instituciones han de ser aprobados por decreto del Consejo de Gobierno.
La Consejería de Fomento informa de estas actuaciones, que se iniciaron en enero en Castro del Río, Baena y Puente Genil
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha informado en el Consejo de Gobierno de las obras de emergencia que está ejecutando en las carreteras de Córdoba para reparar los desperfectos producidos por la DANA del pasado mes de septiembre por más de un millón de euros. Esta partida forma parte del montante de los 16 millones que el Consejo de Gobierno aprobó en septiembre para paliar los efectos del temporal en la red viaria de titularidad autonómica.
La obra de mayor importe es la de la carretera entre Montoro y Castro del Río (A-309), con un presupuesto de 783.428 euros. Las fuertes precipitaciones ocasionaron daños en la vía en las cercanías del municipio de Castro del Río como la rotura del firme y la formación de badenes. La solución adoptada ha sido el establecimiento de una red de drenajes profundos en el tramo afectado para que el agua se reconduzca hasta el río Guadajoz. Además, se saneará y repondrá el firme afectado y se sostendrá un talud con escollera. Las obras, que se iniciaron el pasado 6 de febrero, tienen un plazo de ejecución de ocho meses y generarán 36 empleos (16 directos y 20 indirectos).
También se han iniciado las obras de emergencia por daños en el drenaje longitudinal y transversal en la carretera A-318 a la altura de Puente Genil. Esta carretera forma parte de la Red Básica Estructurante y es un importante eje de comunicación al Sur de la provincia de Córdoba, que une Puente Genil, Lucena y Cabra.
En este caso, se inundó la calzada, por lo que los vehículos tenían que circular a velocidad reducida. Se detectaron daños importantes en la infraestructura, así como en taludes, cunetas aterradas en unos tramos y erosionadas en otros, cunetas revestidas con hormigón dañadas y obras de fábrica parcialmente colmatadas.
Los trabajos se centrarán en la reparación de los sistemas de drenaje. Para ello se prevé la limpieza y el arreglo de las cunetas afectadas. También se contempla la reparación del talud de terraplén dañado como consecuencia del paso del agua por encima de la calzada, entre los puntos kilométricos 24,850 y 25. Por último, se mejorará la obra de paso situada en el punto kilométrico 25,600. Las obras, que se iniciaron el pasado 27 de enero y cuentan con una inversión de 137.454 euros, han superado el 25 por ciento de ejecución. Además, supondrá la creación de 25 empleos (10 directos y 15 indirectos).
Por último, la Consejería de Fomento está llevando a cabo la reparación del talud en la carretera A-3125, de Cañete de las Torres a Baena, entre los puntos kilométricos 24,550 y 24,680. En paralelo a la A-3125 discurre un arroyo y los taludes se vieron gravemente erosionados por las lluvias, provocando varios deslizamientos, grietas e irregularidades en el firme, afectando a su seguridad vial. Las obras, que se iniciaron el 27 de enero, se han ejecutado al 75 por ciento, con la reconstrucción del muro de escollera existente, la ejecución de un nuevo muro de escollera y la construcción de diques de retención del cauce. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 114.142 euros, genera 13 puestos de trabajo (cuatro directos y nueve indirectos).

References: artículo 13
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 20
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
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