Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-27351230
Timestamp: 2020-05-31 07:56:18+00:00

Document:
STC 62/2007, 27 de Marzo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 27351230
STC 62/2007, 27 de Marzo de 2007
Número de Recurso: 1623-2002
Recurso de amparo 1623-2002. Promovido por doña A.M. respecto a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) que, en grado de apelación, desestimó su demanda contra el Servicio Andaluz de Salud sobre reasignación de funciones en el matadero de Coria del Río. Vulneración del derecho a la integridad física: asignación de una actividad peligrosa a una funcionaria en avanzado estado de embarazo omitiendo los deberes de prevención de riesgos laborales. Voto particular.
Sentencia citada en: 194 sentencias, 29 artículos doctrinales
STC 62/2007, de 27 de marzo de 2007
En el recurso de amparo núm. 1623-2002, interpuesto por doña A.M., representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Ignacio Valverde Cánovas y asistida por la Abogada doña Sonia de la Rosa Guerra, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) de 3 de diciembre de 2001, que estimó el recurso de apelación núm. 117-2001, interpuesto por el Servicio Andaluz de Salud contra la Sentencia núm. 56/2001, de 7 de febrero de 2001, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 446-2000, seguido a instancias de la ahora recurrente en amparo contra la Resolución de 2 de agosto de 2000 del Servicio Andaluz de Salud. Han intervenido el Servicio Andaluz de Salud y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante demanda que registró en este Tribunal el 15 de marzo de 2002, el Procurador de los Tribunales don Juan Ignacio Valverde Cánovas interpuso recurso de amparo en nombre y representación de doña A.M. contra la Sentencia citada en el encabezamiento.
Doña A.M., que venía prestando servicios como funcionaria interina para el Servicio Andaluz de Salud como coordinadora veterinaria del distrito sanitario de Sevilla Este-Sur, recibió instrucciones de la Dirección del indicado distrito el día 2 de agosto de 2000 para que, a partir del siguiente día 3, asumiera las funciones de seguimiento, control e inspección veterinaria del matadero de la Zona Básica de Coria del Río. Se desprende de las actuaciones que el día 3 de agosto de 2000 la Sra. Hidalgo Laguna acudió al matadero de Coria del Río a realizar las nuevas funciones que se le habían asignado, y que el 4 de agosto de 2000 obtuvo la baja por incapacidad temporal, sin que en el parte médico correspondiente se hiciera constar su causa. En esa misma fecha el Servicio Andaluz de Salud nombró un sustituto para ocupar el puesto de coordinador veterinario.
El 7 de agosto de 2000, ya en situación de incapacidad temporal, la demandante Sra. Hidalgo Laguna dirigió un escrito, que calificó de “reclamación previa”, a la Dirección del distrito sanitario, en el que, tras indicar que desde el día 4 anterior se encontraba de baja médica “debida a complicaciones en mi avanzado estado de gestación”, mostraba su disconformidad con la reasignación de funciones realizada dado que, de una parte, el seguimiento, control e inspección veterinaria del matadero de la zona básica de Coria del Río no era tarea propia de su puesto de coordinadora veterinaria y, de otra, porque la realización de forma directa de las nuevas funciones suponía un especial peligro para su salud y la de su futuro hijo, y ello por cuanto se encontraba en avanzado estado de gestación (seis meses) y existía “un evidente riesgo potencial de contagio de enfermedades” que, en su estado, podían resultar “fatales”. Solicitó a la mencionada Dirección de distrito sanitario que se tuviera por presentado el escrito “con valor de reclamación previa, por hechas las manifestaciones que contiene, las acepte, y, en su virtud, disponga la no procedencia de la reasignación de tareas efectuada en su comunicación de 2/8/00, y, por ello, proceda a restituirme a mi situación anterior, ejerciendo las funciones propias de mi cargo como Coordinadora Veterinaria del Distrito”.
Sin que el Servicio Andaluz de Salud hubiese resuelto sobre lo pedido en el escrito de “reclamación previa”, el 12 de septiembre de 2000 doña A.M. interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos de la persona “contra la desestimación presunta de la reclamación previa presentada … el día 7/8/00 contra la resolución del Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.) … de fecha 2/8/00 en la que me comunica la reasignación de las funciones a desempeñar como Coordinadora Veterinaria del Distrito Este-Sur de Sevilla”. En la súplica del escrito de interposición del recurso jurisdiccional pidió la demandante que se tuviera “por interpuesto en tiempo y forma recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos de la persona, contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 2/8/00”.
Correspondió conocer del recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, ante el que la representación de doña A.M. formalizó oportunamente la demanda, en la que alegó que la circunstancia de que estaba embarazada era conocida por el organismo demandado, pues en el momento de los hechos se encontraba en su sexto mes de embarazo y prestaba servicios en la sede del distrito, asesorando casi diariamente a su Director, resultando que, pese a dicho conocimiento, se procedió a asignarle las nuevas funciones en el matadero de Coria del Río, poniendo claramente en peligro no sólo su propia salud sino también la vida del hijo que esperaba, dado que en dichas instalaciones se encontraban animales portadores de enfermedades peligrosas para una gestante, como la tuberculosis o la brucelosis, a lo que debía añadirse el hecho de que las nuevas funciones conllevaban un esfuerzo físico en absoluto aconsejable para una mujer en su estado. Denunció que la actuación de la Administración, y su inactividad posterior no subsanando la decisión lesiva, vulneraba tanto el derecho a la vida de su futuro hijo como su derecho a la integridad física y moral, consagrados ambos por el art. 15 CE, así como su derecho a la salud, reconocido en el art. 43 CE, por lo que era aplicable lo dispuesto en el art. 62.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC), “en lo referente a la nulidad de pleno derecho de la Resolución recurrida”.
El Servicio Andaluz de Salud contestó a la demanda alegando la falta de acción de la recurrente, puesto que ésta se encontraba en situación de incapacidad temporal cuando presentó la reclamación previa, no habiéndose incorporado a su puesto de trabajo desde entonces, y careciendo de sentido, en consecuencia, adoptar medida alguna, al no perseguirse un interés concreto por no haber una lesión actual del interés propio, en los términos expresados por la doctrina del Tribunal Constitucional. Alegó también la Administración que la decisión se adoptó por necesidades del servicio y que, en todo caso, no supo que la demandante se encontraba embarazada porque ésta no lo había comunicado y porque en origen no se opuso a la orden recibida, presentándose incluso en su puesto de trabajo el día 3 de agosto de 2000, teniéndose noticia únicamente del hecho del embarazo cuando, ya dictada la resolución impugnada, interpuso la reclamación previa, sin que se hubiera podido producir vulneración alguna del derecho fundamental invocado puesto que desempeñó sus nuevas funciones un solo día. Por su parte, el Fiscal, tras precisar que el derecho a la salud (art. 43 CE) invocado en la demanda contencioso-administrativa no era susceptible de tutela en el procedimiento especial promovido, sostuvo, con cita de jurisprudencia constitucional, que la pasividad de un juez ante una conducta empresarial que pusiera en peligro la vida o integridad física de los trabajadores podría vulnerar el derecho fundamental del art. 15 CE. Alegó igualmente que el art. 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), impone a las Administraciones públicas el deber de protección de la salud del personal a su servicio y que el art. 26 contiene normas especiales de protección de las trabajadoras embarazadas para evitar su exposición a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, determinando, incluso, el desempeño de un puesto de trabajo diferente compatible con su estado. En opinión del Fiscal, por todo lo expuesto, habría que estimar la pretensión anulatoria esgrimida si en la fase de prueba la actora lograba acreditar efectivamente que el nuevo puesto de trabajo comportaba un peligro cierto de transmisión de enfermedades de las que son portadores los animales sacrificados en el matadero y que éstas podían incidir muy negativamente en su embarazo, como parecen sugerir —concluía— sendos informes redactados por dos facultativos que se han presentado con la demanda.
El 7 de febrero de 2001 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla dictó Sentencia por la que estimó el recurso interpuesto. Tras rechazar la cuestión previa sobre la falta de acción, razona el juzgador que la LPRL consagra en su art. 14 el deber de protección de la salud del personal a su servicio que incumbe a las Administraciones públicas, y contiene en su art. 26 normas especiales de protección de las trabajadoras en situación de embarazo para evitar su exposición a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, determinando incluso el desempeño de un puesto de trabajo diferente, compatible con su estado. Por tanto, dice la Sentencia, “la asignación de un trabajo que por las circunstancias de la persona pueda serle perjudicial para su salud, entraña una infracción del ordenamiento jurídico por incumplimiento de ese deber de protección de aquélla, de manera que, remontándonos a la fecha en que se produjo la desestimación presunta y teniendo en consideración por las razones ya expuestas, que la decisión de la Administración no debía quedar condicionada a la situación de baja, así como que de los informes médicos aportados junto con el escrito de demanda ... resulta que el trabajo en un matadero no le era aconsejable a la Sra. Hidalgo Laguna por el sobreesfuerzo que conlleva y el riesgo de transmisión vertical de antropozoonosis, hay que concluir que la desestimación de la reclamación previa formulada por la recurrente vulneró el derecho a la vida e integridad, ya que, si bien no consta que se produjera como consecuencia del acto administrativo ningún tipo de lesión física o de cualquier otra índole, (no se acredita en virtud de documento alguno la existencia del correspondiente nexo causal y el trabajo, únicamente se desempeñó durante un día), sí es vulnerado el citado derecho desde la perspectiva de la capacidad potencial del acto impugnado para infringirlo”. En el fallo se declaró la nulidad del acto administrativo impugnado.
El Servicio Andaluz de Salud interpuso recurso de apelación contra la Sentencia. Alegó que cuando el día 2 de agosto de 2000 ordenó a la demandante que asumiera nuevas funciones en su puesto de trabajo ignoraba su estado de gravidez, por lo que no infringió la LPRL, y que si no dictó resolución expresa sobre la reclamación previa fue porque aquélla se encontraba entonces de baja por incapacidad temporal, esperando por ello al retorno de la interesada a su actividad laboral, ya que hasta que esa reincorporación no se produjese no tenía sentido la adopción de medida de prevención alguna.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) dictó Sentencia en fecha de 3 de diciembre de 2001, estimatoria del recurso de apelación y desestimatoria del recurso contencioso-administrativo que había promovido la demandante de amparo. Declara la Sentencia que la cuestión relevante es si, como consecuencia de la asignación de los nuevos cometidos, se vulneró el derecho a la vida y a la integridad física de la Sra. Hidalgo. Razona, en primer lugar, que no se ha probado que la recurrente hubiera comunicado verbalmente o de otra forma su estado a las personas del entorno laboral, no pudiéndose tampoco presumir que un embarazo de seis meses sea un hecho que se conozca siempre a simple vista. Por ello, concluye, “Ante la negativa de la Administración, la actora debió aportar alguna prueba que ratificase sus afirmaciones, lo que no ha hecho”, razón por la que “ha de compartirse la tesis de la apelante y afirmar que no se infringió, con el acto impugnado, el ordenamiento jurídico”.
La demanda de amparo denuncia la vulneración del derecho fundamental a la vida y a la integridad física (art. 15 CE) de la recurrente y del hijo que esperaba, así como del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), solicitando que se otorgue el amparo y se declare la nulidad de las resoluciones recurridas.
Por providencia de 17 de noviembre de 2003 la Sección Segunda de este Tribunal admitió a trámite el recurso de amparo y, conforme a lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requirió al Servicio Andaluz de Salud, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla y a la Sección Primera de la Sala de ese orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) para que, en el plazo de diez días, remitiesen certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes, así como para que aquel órgano judicial procediese al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente de amparo, para su comparecencia en este proceso constitucional.
Con fecha 19 de diciembre de 2003 tuvo entrada en este Tribunal escrito de la Letrada del Servicio Andaluz de Salud doña Matilde Vera Rodríguez en el que se solicitaba se tuviera por personada en este procedimiento de amparo a dicha Administración. La posterior diligencia de ordenación de 30 de marzo de 2004 tuvo por recibidos los testimonios de las actuaciones administrativas y judiciales solicitados, y por personada y parte en el procedimiento a la Letrada del Servicio Andaluz de Salud en la representación que ostenta, concediendo asimismo el plazo de veinte días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que presentaran las alegaciones que estimaran pertinentes (art. 52.1 LOTC).
El Fiscal presentó sus alegaciones el día 5 de mayo de 2004. Considera que la actora más que denunciar una incongruencia lo que en realidad censura es que la Sentencia de apelación incurrió en un error patente en la identificación de la resolución administrativa impugnada, que sería no el inicial acto administrativo de 2 de agosto de 2000 sino el posterior acto presunto que conllevó la desestimación por silencio administrativo de la reclamación previa formulada. Si estuviéramos ante una queja por incongruencia debería inadmitirse la demanda de amparo por no haberse agotado la vía judicial previa, al no haberse promovido el incidente de nulidad de actuaciones recogido en el art. 241 LOPJ, pero lo cierto es que no nos encontramos —dice el Fiscal— ante un genuino vicio de incongruencia, pues la Sentencia dio respuesta a lo sostenido por la Administración apelante respecto de lo que constituía el eje central de la pretensión actora, que era la eventual vulneración de su derecho a la vida y a la integridad física como consecuencia del acto de la Administración que le había encomendado un servicio que suponía un grave riesgo de contagio de enfermedades, tanto para ella como para el hijo que esperaba.
La representación del Servicio Andaluz de Salud presentó sus alegaciones el 6 de mayo de 2004, solicitando que se denegara el amparo pedido por doña A.M.. En cuanto a la aducida vulneración del derecho a la vida e integridad física de la recurrente y del hijo que esperaba, indica que el acto administrativo que se impugnó prima facie fue la Resolución de 2 de agosto de 2000 de la Dirección del Distrito de Atención Primaria, indudable objeto de la litis, en cuya virtud se reorganizaban las funciones que tenía que desempeñar la recurrente por necesidades del servicio. El citado acto administrativo, según la representación del Servicio Andaluz de Salud, no incurrió en infracción alguna del ordenamiento jurídico, ni, especialmente, de la Ley de 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, pues cuando se dictó, asignando el seguimiento, control e inspección veterinaria del matadero de Coria del Río a la Sra. Hidalgo Laguna, se desconocía por la Administración el embarazo de la interesada, la cual se presentó con normalidad a su puesto de trabajo el día siguiente 3 de agosto de 2000, dándosele de baja por incapacidad temporal el día 4 de agosto de 2000. Señala el escrito de alegaciones, en ese sentido, que en el parte médico de baja por incapacidad no se hizo constar la causa de la misma, y que la baja por incapacidad temporal la obtuvo la recurrente, según ella misma expresó en su reclamación previa de 7 de agosto de 2000, por complicaciones en su estado de gestación y no por conocer el médico de cabecera su situación. Por otro lado, añade, tampoco la recurrente presentó con su reclamación previa informe médico alguno que justificara que no podía realizar todas o algunas de las funciones encomendadas. En dicha reclamación previa únicamente se pretendía la nulidad de la Resolución de 2 de agosto de 2000, dejando sin efecto la reasignación de funciones, con retorno a la situación anterior de manera automática.
La representación de la demandante de amparo dejó transcurrir el plazo concedido sin hacer uso de su derecho a presentar alegaciones.
Por providencia de 2 de noviembre de 2006, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día de 6 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
Por Acuerdo de 12 de febrero de 2007, la Presidenta del Tribunal Constitucional, haciendo uso de las facultades que le otorga el art. 80 LOTC, en relación con el art. 206 LOPJ, designó como nuevo Ponente de este recurso de amparo al Magistrado don Javier Delgado Barrio.
Denuncia la demandante de amparo que el Servicio Andaluz de Salud ha vulnerado su derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 CE), así como el mismo derecho del hijo que esperaba, al asignarle funciones contraindicadas para su estado de embarazo, permaneciendo pasiva cuando conoció del mismo. Al no haber sido reparada tal vulneración por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) de 3 de diciembre de 2001 que, previa revocación de la dictada en primera instancia por el Juzgado del mismo orden jurisdiccional núm. 6 de Sevilla, desestimó el recurso contencioso-administrativo promovido por la demandante, también a aquella resolución judicial debe imputarse la lesión.
En la medida en que el objeto central del proceso judicial ha sido determinar si existía vulneración del derecho fundamental a la vida e integridad física consagrados en el art. 15 CE, agotada la vía previa este Tribunal podría por sí mismo reparar la lesión denunciada en el caso de que se hubiera producido. Por esa razón, la declaración de la eventual existencia de las lesiones del art. 24 CE denunciadas e imputadas a la Sentencia de apelación recurrida, sólo tendría un efecto retardatario para la efectiva tutela del derecho a la vida e integridad física. En consecuencia, dado que las lesiones procesales en este caso, aunque existieran, no impedirían el juicio de este Tribunal respecto de la lesión principal que sería inicialmente imputable a la autoridad administrativa, procederá en todo caso entrar de lleno en dicho juicio (por todas, STC 220/2005, de 12 de septiembre, FJ 2).
Y en el caso que ahora se examina, el Ministerio Fiscal ya pone de relieve que “no nos hallamos ante un genuino vicio de incongruencia porque la Sala sí da respuesta a lo sostenido por la contraparte en su recurso de apelación respecto a lo que constituía el eje central de la pretensión de la actora que era el de la eventual vulneración de su derecho fundamental a la vida y a la integridad física como consecuencia de los actos de la Administración sanitaria que habían destinado a aquélla a prestar un servicio de grave riesgo de contagio de enfermedades, tanto para ella como para el hijo que esperaba”. Sobre esta base, concluye entendiendo que lo ocurrido encaja en la calificación del error patente, en el que ha incurrido la Sala que dictó la Sentencia impugnada “al no haber delimitado con precisión el ámbito del recurso contencioso-administrativo y haber entendido que el objeto del mismo era la impugnación del inicial acto expreso de 2 de agosto de 2000, cuando lo que, en realidad, se recurría era la posterior desestimación presunta de la reclamación formulada contra el mismo”.
Procedente resulta así entrar en el fondo del asunto y, por tanto, analizar la alegada lesión del art. 15 CE atribuida a la Administración y no reparada por la Sentencia impugnada en amparo.
Pues bien, como se dijo, el elemento clave que se esgrime tanto por el Servicio Andaluz de Salud como por la Sentencia dictada en apelación y recurrida en este procedimiento constitucional, es el desconocimiento del hecho del embarazo cuando se adoptó la medida de cambio de funciones, que tuvo lugar por Resolución de 2 de agosto de 2000. Es cierto que no se declara probado el conocimiento del embarazo por la Administración en el momento en que dictó ese acto inicial, y que tampoco podemos presumir que este dato fuera de público conocimiento, pues no constan otros datos fácticos de los que derivar esa conclusión ni, por tanto, que tal noticia hubiera llegado a los rectores que tomaron el acuerdo litigioso, aunque la recurrente estuviera en el sexto mes de gestación.
En efecto, en las relaciones de trabajo nacen una serie de derechos y deberes de protección y prevención, legalmente contemplados, que reclaman una lectura a la luz de la Constitución, pues no cabe desconectar el nivel jurídico constitucional y el infraconstitucional en estas materias, toda vez que la Constitución reconoce derechos fundamentales como la vida y la integridad física (art. 15 CE), lo mismo que el derecho a la salud (art. 43 CE), y ordena a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2 CE). En relación con todo ello, la lectura de diversos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL) permite conocer la concreción legal que en el ámbito de la prestación de trabajo ha tenido la protección constitucional que impone esa tutela del trabajador, por virtud de las exigencias de diversos derechos constitucionales, entre ellos de los consagrados en el art. 15 CE.
Pues bien, ni la Sentencia recurrida ni la Administración demandada en el proceso judicialponen en duda la inadecuación objetiva de los servicios encomendados a la Sra. Hidalgo en su situación avanzada de embarazo, habiendo afirmado su inconveniencia e incompatibilidad el juzgador a quo, único que se ocupó de la cuestión sustantiva del riesgo. Queda de ese modo asegurado que quien demanda la tutela frente al peligro probó adecuadamente su existencia, evidenciando la relación directa entre las medidas impugnadas y las consecuencias nocivas que pretende evitar.
Las consideraciones que anteceden determinan la procedencia del pronunciamiento previsto en el art. 53 a) LOTC y sólo queda por determinar el alcance de las previsiones del art. 55 LOTC. En este sentido, bastará para restablecer a la demandante en la integridad de su derecho con anular la Sentencia de apelación impugnada, declarando la firmeza de la Sentencia de instancia, dado que de ella —hecho probado primero y texto de su fallo— deriva ya la nulidad de la desestimación presunta de la denominada reclamación previa del Servicio Andaluz de Salud, distrito sanitario de atención primaria Sevilla Este-Sur, de fecha 2 de agosto de 2000, en la que se comunicó a la recurrente la reasignación de funciones a desempeñar como coordinadora veterinaria.
Otorgar el amparo solicitado por doña A.M. y, en consecuencia:
Reconocer su derecho a la integridad física (art. 15 CE).
Anular la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), de 3 de diciembre de 2001.
Declarar la firmeza de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de los de Sevilla de 7 de febrero de 2001.
Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez a la Sentencia dictada el 27 de marzo de 2007, en el recurso de amparo 1623-2002.
La Sentencia de la mayoría parte de dos afirmaciones —una de hecho y otra de Derecho— de las que discrepo.
Es más determinante, sin embargo, la afirmación de Derecho en que se sustenta la Sentencia de la mayoría. En su ya citado fundamento jurídico 4 razona que con la llamada reclamación previa de 7 de agosto de 2000, se produjo el conocimiento por parte de la Administración del embarazo de la trabajadora y que fue “la inactividad administrativa a partir del conocimiento de dicho dato, permaneciendo pasiva desde aquella fecha sin ocuparse de anular el acto previo o de dictar uno que lo sustituyera en cumplimiento de la normativa aplicable” lo que produjo la lesión del derecho fundamental invocado.
En el escrito de interposición del recurso jurisdiccional, escrito en el que, con arreglo al art. 45.1 LJCA, la parte recurrente ha de citar el acto que impugna y solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, la demandante solicitó que se tuviera por interpuesto el recurso contencioso-administrativo precisamente “contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 2/8/2000”. En la demanda contencioso-administrativa insistió la recurrente en que el acto vulnerador de sus derechos fundamentales era la citada Resolución, dictada pese a que, según la demandante, la Administración conocía su situación personal. La vulneración de derechos fundamentales se imputó entonces inequívocamente a ese acto administrativo expreso, y se pidió que la Sentencia declarara “la nulidad de la Resolución recurrida”. Es claro que la Sentencia contencioso-administrativa tenía que enjuiciar exclusivamente la validez del acto de 2 de agosto de 2000 y tenía que hacerlo exclusivamente en atención a las circunstancias fácticas y jurídicas existentes en el momento en el que se dictó. Parece obvio que del mismo modo que no se dudaría de la validez originaria del acto administrativo si el embarazo de la demandante (y la consiguiente incompatibilidad sobrevenida de las funciones que aquél le encomendaba con su derecho a la salud) hubiese tenido lugar después de ese momento, no cabe reputar ilegítimo tal acto por una circunstancia también sobrevenida para la Administración como era el conocimiento del estado de la recurrente.
En la demanda de amparo, quizás para orillar la prohibición de que en el recurso de amparo se revisen los hechos probados [art. 44.1 b) LOTC], entre los que se cuenta, como he dicho, el desconocimiento por la Administración del embarazo de la recurrente, se pretende un inaceptable desplazamiento del debate desde el cuestionamiento de la validez originaria de la orden de 2 de agosto de 2000, que fue el punto en el que libremente lo situó la recurrente en la vía administrativa y en la vía judicial, a la discusión en esta sede de amparo, no sobre tal validez, sino sobre el proceder de la Administración una vez que la demandante le había dado a conocer su situación, lo que sucedió después de que se dictara el acto administrativo impugnado. Sobre tal proceder ni podían pronunciarse los órganos judiciales sin alterar lo expresamente pedido por la actora en su escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y en la posterior demanda, ni puede, en consecuencia pronunciarse el Tribunal Constitucional, al que no está permitido orillar la inexcusable exigencia del art. 43.1 LOTC de agotar la vía judicial procedente.
La Sentencia de la mayoría no sólo ha orillado la exigencia de agotar la vía judicial, sino que ha ido más allá de lo pedido en la demanda de amparo. En efecto, en ésta se dice que lo pretendido “no es la nulidad del acto de fecha 2/8/00”, sino que se declare que el Servicio Andaluz de Salud, “una vez conocido su embarazo a través de su reclamación previa de 7/8/00, y con su inacción vulneró, o lo que es igual, consintió que continuase la vulneración denunciada sobre su derecho a la vida y a la integridad física”. La Sentencia anula la Sentencia de apelación e, invadiendo el ámbito propio de la jurisdicción ordinaria, alcanza a declarar la firmeza (FJ 7 y fallo) de la Sentencia de instancia, “dado que de ella … deriva ya la nulidad de la desestimación presunta de la reclamación previa”; en definitiva si se anula la desestimación de un recurso administrativo se anula también el acto originario, esto es la resolución de 2 de agosto de 2000 a la que la demandante de amparo no dirige reproche constitucional alguno, según dice expresamente.
En el Voto particular que formulé a la STC 111/2003, de 16 de junio, manifesté (FJ 6) que, en mi opinión, la subsidiariedad del recurso de amparo comporta que deban ser los órganos de la jurisdicción ordinaria los llamados primariamente a resolver las violaciones de los derechos fundamentales y que únicamente se pueda abrir la vía de amparo ante nosotros cuando, utilizados en tiempo, forma y por su orden, los medios procesales adecuados no se obtenga el remedio a dichas violaciones. Pues bien, en el supuesto de que fuera posible prescindir de los condicionantes procesales expuestos —que a mi entender no lo es— tampoco podría entenderse vulnerado el derecho de la demandante a la integridad física por el silencio o inactividad de la Administración, enterada ya de la situación de la recurrente.
En fin, discrepo de la confusa afirmación, contenida en el último párrafo del fundamento jurídico 5, de que la Ley de prevención de riesgos laborales es “desarrollo de la tutela propia del derecho fundamental a la integridad física de la trabajadora embarazada (art. 15 CE)”. Concluyo haciendo mía una acertada observación del ATC 57/2007, de 26 de febrero (FJ 3), a cuyo tenor, “no puede aceptarse, sin banalizar el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 15 CE, que todo supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración del derecho fundamental a la integridad física”
STSJ Navarra 393/2009, 29 de Junio de 2009 (Empleo publico, Relacion de interinidad)
SAP Córdoba 68/2003, 10 de Febrero de 2003
STSJ Cataluña 2455/2006, 21 de Marzo de 2006

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución