Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-c-b-241982
Timestamp: 2019-09-18 05:03:55+00:00

Document:
STC 3/2005, 17 de Enero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 241982
Número de Recurso: 5771-2001
Sentencia citada en: 2878 sentencias, 8 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 5771-2001, promovido por doña Apolonia C.B., representada por el Procurador de los Tribunales don Isacio Calleja García y asistida por el Abogado don Santiago Sabrina, contra Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2001 desestimatorio del recurso de queja interpuesto contra el Auto de 25 de mayo de 2001 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que, a su vez, desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el Auto del mismo Tribunal de 17 de abril 2001, que acordó no tener por preparado recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra Sentencia dictada por la misma Audiencia el 10 de marzo de 2001, mediante la que se desestimaba el recurso de apelación planteado contra la Sentencia de 3 de marzo de 2000 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Laguna, dictada en juicio de menor cuantía 368/99 sobre filiación paterna extramatrimonial. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 8 de noviembre de 2001, doña Apolonia C.B. interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento de la Sentencia.
La Sra. Barreto planteó demanda solicitando que los demandados, que son la viuda y herederos de don Lázaro Cabrera Expósito cuya identificación y domicilio constaban en la demanda, fueran condenados a reconocer su filiación extramatrimonial respecto del citado Sr. Cabrera Expósito, demanda que dio lugar al juicio de menor cuantía 368/99 del Juzgado de Primera Instancia núm.1 de La Laguna, que dictó Sentencia el 3 de marzo de 2000 desestimando la pretensión de la actora porque no había acreditado el hecho en que fundamentaba su pretensión.
Durante la tramitación del juicio la representación procesal de la Sra. Barreto, entre otros medios, propuso la práctica de una prueba biológica para la determinación de su paternidad, a cuyo efecto solicitó la exhumación del cadáver de quien decía que era su padre. Mediante Auto de 15 de diciembre de 1999 dicha prueba fue denegada por considerarla el Juzgador impertinente "teniendo en cuenta el respeto debido al descanso eterno del fallecido", si bien en la Sentencia dictada posteriormente por este mismo Juzgado se argumentaba la inadmisión de la prueba pericial biológica "por el respeto que el descanso eterno del fallecido nos merece y porque los datos relativos a su ADN los habría obtenido igual de alguno de sus familiares directos".
Contra dicha denegación interpuso la Sra. Barreto recurso de reposición en el que ya se alegó, además de la infracción de los artículos 565 y 566 LEC, 39 CE y 135 CC, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 CE porque, pretendiendo probar su filiación extramatrimonial, si se denegaba la práctica de la prueba biológica sería prácticamente imposible acreditar los hechos en que sustancialmente se fundamentaba su pretensión. El recurso fue desestimado por Auto del Juzgado de 10 de enero de 2000 por las mismas razones expuestas en el Auto precedente, por lo que planteó contra dicha resolución el correspondiente recurso de apelación que fue admitido en un solo efecto acordándose en la resolución que lo admitió que se tramitara junto con el recurso que, en su caso, pudiera interponerse contra la Sentencia, lo que efectivamente aconteció al ser recurrida ésta por la parte que ahora pide amparo, lo que dio lugar a que se remitieran a la Audiencia las actuaciones practicadas en el Juzgado para la tramitación de dichos recursos.
Durante la tramitación de los recursos la Sra. Barreto propuso la práctica, entre otras, de dos pruebas periciales biológicas para acreditar quién era su padre: 1) la exhumación del cadáver para recoger muestras y cotejar el ADN, que ya había sido denegada en primera instancia; 2) con el mismo objeto de la determinación del ADN de quien presumía era su padre, proponía también que por parte del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife se remitiese el informe correspondiente a una biopsia realizada al mismo antes de su fallecimiento, haciendo constar en el escrito de proposición que la existencia de la biopsia en el hospital citado era un hecho de influencia indudable en el pleito del que no había tenido conocimiento con anterioridad.
De las dos pruebas periciales propuestas la Audiencia Provincial, por Auto de 27 de noviembre de 2000, denegó la que se proponía practicar con el informe de biopsia al no haber sido propuesta en instancia y no concurrir las circunstancias previstas en el artículo 862 LEC. No obstante admitió la otra pericial siempre que los familiares más cercanos del Sr. Cabrera Expósito, viuda y, en su defecto, hermanos o sobrinos, no se opusieran a la exhumación de su cadáver para la recogida de las muestras que contuvieran el ADN necesario para la realización de la prueba, sin perjuicio de la valoración a realizar sobre las consecuencias que se pudieran derivar para la resolución del recurso de la eventual negativa a consentir dicha exhumación.
Ese mismo día, 27 de noviembre de 2000, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife libró exhorto dirigido al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Laguna otorgando expresamente para la práctica de la prueba un plazo máximo de treinta días "los cuales finalizarán el próximo día 19 de enero de 2001". Como forma de remisión del exhorto se establece la siguiente: "con portador al que se faculta ampliamente para su diligenciado". El 11 de diciembre de 2000 se notifica y entrega el exhorto a la Procuradora doña Carmen Blanca Orive Rodríguez mientras que al resto de partes comparecidas tan sólo se les notificó el mismo.
Por diligencia de ordenación de 31 de enero de 2001 la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declaró "finalizado el periodo probatorio acordado" y ordenó que pasasen "los autos al ponente para instrucción por plazo 6 días".
El 7 de febrero se registra y el 8 de febrero de 2001 se recibe por el Juzgado de la Laguna núm. 1 el exhorto de la Audiencia Provincial y, en esta misma fecha, dicho Juzgado manifiesta expresamente lo siguiente: "por recibido el anterior exhorto el cual se acepta con la cualidad ordinaria sin perjuicio. Regístrese. No pudiendo ser cumplimentadas las diligencias solicitadas en el exhorto habida cuenta de que no consta en este Juzgado quiénes sean los familiares más cercanos -viuda, o en su defecto hermanos sobrinos- del difunto don Lázaro Cabrera Expósito, por no constar ningún antecedente en este Juzgado respecto de dichas personas, siendo imposible por tanto practicar la prueba y traslados solicitados, se acuerda la devolución del presente por conducto de su recibo, previa baja en el libro de exhortos. Esta diligencia es revisable de oficio o a instancia de parte."
El 15 de febrero de 2001 la recurrente en amparo presentó escrito ante la Audiencia Provincial que estaba conociendo del recurso de apelación para que reprodujera el exhorto acordando la práctica de la prueba y a tal efecto facilitaba el nombre y domicilio de la viuda del Sr. Cabrera.
Por providencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 22 de febrero de 2001 se declara que "no ha lugar a lo solicitado en dicho escrito al constar finalizado el periodo probatorio acordado en el presente rollo y citadas las partes para Sentencia y señalada la vista para el próximo día 5 de marzo del corriente año". Se indicaba que cabía recurso de reposición que no consta interpuesto.
La apelación de la Sentencia de instancia se vio ante la Audiencia Provincial el 5 de marzo de 2001 en cuyo acto la apelante fundamentó su recurso en la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el valor de la negativa a practicar la prueba biológica para la determinación de la paternidad que reclamaba y en la infracción de los artículos 610 LEC 1881 y 127 CC por haberse negado la práctica de dicha prueba pericial, solicitando al propio tiempo que su realización se acordase como diligencia para mejor proveer con exhumación del cadáver.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de 10 de marzo de 2001 desestimó el recurso de apelación. Por lo que respecta al primer motivo de impugnación, la Audiencia lo rechaza por entender que no habiéndose negado la persona frente a la que se reclama la paternidad a someterse a la práctica de la prueba pericial biológica, por haber fallecido la misma con anterioridad, no puede haberse vulnerado la doctrina jurisprudencial sobre la valoración de dicha negativa al tratarse de una doctrina no extrapolable a las personas fallecidas. Respecto al segundo motivo de impugnación, también es rechazado por entender la Audiencia que no era procedente acordar la práctica de dicha prueba pericial biológica al no existir indicios serios de la conducta que se pretendía acreditar, pues si bien es cierto que junto con la demanda y para superar el trámite de admisión de la misma se presentó un acta de manifestaciones susceptible de considerarse como un principio de prueba de dicha conducta, ésta no resulta corroborada por ninguna de las demás pruebas practicadas en instancia.
Contra dicha Sentencia la solicitante de amparo preparó, al amparo de la regla 3 del apartado 1 de la disposición final decimosexta LEC 2000, recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, invocando los motivos previstos en los artículos 469.1.4 y 477.2.3 LEC 2000 pues, en su opinión, se había producido, por una parte, una indefensión proscrita por el artículo 24.1 CE por haberse vulnerado su derecho a utilizar los medios de la prueba pertinentes al negarse la prueba pericial biológica para la determinación de la paternidad y, por otra, por considerar que ello es contrario "a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias 18 de noviembre 1991 (RJA 71970) y de 8 de mayo de 1992 (Rec 883/92) referentes a casos de pruebas admitidas y no practicadas por causas no imputables a la parte que las propuso".
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó Auto de 17 de abril de 2001 por el que tuvo por no preparados los recursos anunciados. Contra dicho Auto se interpuso recurso de reposición que fue denegado por Auto de 25 de mayo de 2001.
Contra el conjunto de resoluciones judiciales referidas interpone la recurrente demanda de amparo por vulneración de su derecho la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) desde la perspectiva del derecho a utilizar los medios de prueba, por denegarse de manera reiterada y sin motivación relevante suficiente la prueba propuesta, lo que le ha producido indefensión.
Por diligencia de ordenación de 10 de octubre de 2002, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, antes de entrar a resolver sobre la admisibilidad del recurso, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Laguna, a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a fin de que a la mayor brevedad posible remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de menor cuantía 368/99, rollo de apelación núm. 522-2000 y recurso de queja núm. 1864-2001, respectivamente.
Por providencia de 1 de noviembre de 2002 la Sección Tercera de este Tribunal acordó dar vista de las actuaciones recibidas y de conformidad con lo dispuesto en el 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formularan las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda (artículo 50.1.c LOTC).
El Ministerio Fiscal en escrito registrado el 5 de diciembre de 2002, interesó la admisión de la demanda pues considera que en el fondo de la cuestión planteada existe sin duda una vulneración del derecho a la prueba y de la tutela judicial efectiva en que ésta se enmarca si bien entiende que previamente han de superarse ciertos óbices procesales.
Entrando en el fondo de la vulneración alegada, el Ministerio Fiscal entiende que existe vulneración constitucional y que la actitud procesal de la recurrente, pese a plantear algunas dudas, no resulta relevante para la producción de las vulneraciones que se denuncian. En concreto señala que en principio se aprecian dos omisiones que cabe atribuir a la parte demandante: a) la omisión de interponer recurso de súplica contra la decisión de la Audiencia sobre la proposición de la prueba en segunda instancia y por condicionar su práctica al consentimiento de los familiares; y b) su aquietamiento durante la tramitación del recurso de apelación con la decisión de la Audiencia de denegar la práctica de la prueba por haber expirado el periodo probatorio.
Por providencia de 18 de marzo de 2004 la Sala Segunda de este Tribunal acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda presentada, acordando dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales que habían ya remitido testimonio de las actuaciones para comunica la admisión a los efectos oportunos. Asimismo se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Laguna a fin de que en plazo que no excediera de diez días emplazase, con excepción de a la parte recurrente en amparo, a quienes hubieran sido parte en el mencionado procedimiento a fin de que pudieran comparecer en el plazo de diez días en el presente recurso.
Por diligencia de ordenación de 8 de julio de 2004 la Sala Segunda de este Tribunal acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes conforme determina el artículo 52.1 LOTC
El 8 de septiembre de 2004 el Ministerio Fiscal registró escrito de alegaciones interesando la denegación del amparo.
Por escrito registrado el 10 de septiembre de 2004 la parte recurrente se ratifica en el contenido constitucional de la demanda y argumenta en relación con los óbices procesales alegados por el Ministerio Fiscal en el trámite de admisión de la misma. En concreto se alega que es doctrina constitucional la relativa al derecho a utilizar cuantas acciones y recursos se consideren útiles para la defensa de los intereses y de los derechos constitucionales por lo que no puede exigirse al litigante que renuncie a un recurso asumiendo el riesgo de lo que razonablemente pudiera suponer posteriormente una falta de agotamiento de la vía judicial previa (SSTC 120/1986, 67/1988, 120/1986, 289/1993, 352/1993), por lo que entiende que tal y como ha precisado este Tribunal se ha de aplicar restrictivamente el concepto de recurso improcedente. En el presente caso entiende que el Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para llegar a su conclusión de inadmisión debió realizar una exégesis de variados preceptos de la LEC 2000como nueva legislación procesal. Tal necesidad de exégesis pone de manifiesto que la inadmisión del recurso de casación no procedía de manera terminante y clara e inequívoca del propio texto legal suscitando suficientes dudas que tuvieron que ser resueltas por el propio Tribunal Supremo con un criterio interpretativo de manifiesta dificultad. Argumentación que se esgrime igualmente para el segundo óbice de procedibilidad aducido por el Ministerio Fiscal por cuanto, además, en todo caso se trataría de defectos de carácter formal no pudiéndose imputar a la parte ahora recurrente de amparo la producción de las vulneraciones de derechos fundamentales que ante este Tribunal se esgrimen al no existir una aquietamiento de esta parte en ningún momento.
Por providencia de 13 de enero de 2005, se acordó para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año.
La demandante de amparo imputa a las decisiones impugnadas la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE) al haberse denegado inicialmente una prueba que, pese a ser más tarde admitida en apelación, no fue practicada por causas ajenas a su conducta procesal e imputables de modo exclusivo a los órganos judiciales.
El examen de la presente demanda de amparo debe comenzar por los óbices procesales alegados por el Ministerio Fiscal ya que, de concurrir éstos, la demanda debiera ser inadmitida en esta fase procesal pues, como hemos declarado en otras ocasiones, "los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida, de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede siempre abordarse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte" (entre muchas, SSTC 53/1983, de 20 de junio, FJ 2; 90/1987, de 3 de junio, FJ 1; 50/1991, de 11 de marzo, FJ 3; 107/1995, de 3 de julio, FJ 2; 77/1999, de 26 de abril, FJ 2; 208/2001, de 22 de octubre, FJ 2; 69/2003, de 9 de abril, FJ 2).
En relación con la tacha de extemporaneidad de la demanda de amparo, el análisis debe partir de una serie de circunstancias concurrentes al momento de la interposición de los recursos de casación y el extraordinario de infracción procesal que presentan relevancia desde la perspectiva del plazo máximo de caducidad de veinte días establecido en el art. 44.2 LOTC y de la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC
En el contexto expuesto, no es posible apreciar el óbice procesal al que hace referencia el Ministerio Fiscal pues no cabe calificar como manifiestamente improcedente la interposición por la recurrente del recurso extraordinario de infracción procesal y de casación pues, a la luz de nuestra doctrina, los recursos que, por manifiestamente improcedentes, provocan una ampliación artificial del plazo de veinte días para recurrir en amparo son únicamente aquéllos en los que la improcedencia "sea evidente", esto es, "constatable prima facie sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar por medio de criterios no absolutamente indiscutibles, ya que el respeto debido al derecho de la parte a utilizar cuantos recursos considere útiles para la defensa de sus intereses, impide exigirle que se abstenga de emplear aquellos cuya improcedencia sea razonablemente dudosa y, en consecuencia, que asuma el riesgo de incurrir en una falta de agotamiento de la vía judicial previa que determinaría la inadmisión del recurso de amparo por incumplimiento del requisito prevenido en el art. 44.1
LOTC" (por todas, 267/2000, de 13 de noviembre, FJ 2 y las que cita).
El segundo óbice planteado por el Ministerio Fiscal es el del posible incumplimiento del requisito procesal de agotar todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC] porque la demandante de amparo ha visto frustrados por su propia impericia el recurso de casación por interés casacional y el extraordinario de infracción procesal.
En esta ocasión, dado que el artículo 479.4 LEC dispone literalmente que "cuando se pretenda recurrir una Sentencia al amparo de lo dispuesto en el número 3 del apartado 2 del artículo 477, el escrito de preparación deberá expresar, además de la infracción legal que se considere cometida, las Sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria en que se funde el interés casacional que se alegue"; la exigencia de que el razonamiento sobre la vulneración de la doctrina por la resolución recurrida debía contenerse en el momento de preparación sin esperar al momento de interposición fue una interpretación jurisprudencial novedosa al tiempo de la fecha de preparación de los recursos por la demandante de amparo (consecuencia inicial de la interpretación en materia de recursos realizada por la Junta General de Magistrados el día 12 de diciembre de 2000), cuyo ajuste constitucional, desde la perspectiva del derecho de acceso al recurso, planteado ante este Tribunal Constitucional, fue resuelto con posterioridad al recurso intentado por el recurrente en la STC 46/2004, de 23 de marzo, por lo que debemos entender cumplido el cuestionado requisito de agotamiento de los recursos utilizables en la vía judicial [art. 44.1
LOTC] en una adecuada aplicación del principio pro actione que viene informando nuestra jurisprudencia sobre objeciones procesales a la demanda de amparo.
Despejados los óbices procesales únicamente por las excepcionales circunstancias temporales e interpretativas que concurrían cuando se interpusieron por la demandante de amparo los recursos extraordinarios antedichos, debemos proceder a abordar el fondo de la vulneración que en la demanda de amparo se dice cometida.
Este derecho es un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse el ejercicio de este derecho, de tal modo que, para entenderlo lesionado, será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de las normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda.
Este derecho no tiene, en todo caso, carácter absoluto o, expresado en otros términos, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquéllas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho en caso de denegación o inejecución imputables al órgano judicial cuando se inadmiten o inejecutan pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna o mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado, fallando en consecuencia, sin que este Tribunal pueda entrar a valorar las pruebas, sustituyendo a los Jueces y Tribunales en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.1 CE.
Es también doctrina reiterada de este Tribunal la de que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante. Y es que, en efecto, el dato esencial para que pueda considerarse vulnerado el derecho fundamental analizado consiste en que las irregularidades u omisiones procesales efectivamente verificadas hayan supuesto para el demandante de amparo una efectiva indefensión, toda vez que la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa, puesto que, de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta en el sentido de ser favorable a quien denuncia la infracción del derecho fundamental.
A la luz de esta doctrina debemos convenir que en el presente caso se vulneró el derecho alegado.
Tampoco la Audiencia Provincial salvaguardó finalmente el derecho a la prueba de la recurrente que había previamente admitido, por cuanto, como advierte el Ministerio Fiscal, los motivos contenidos en la Sentencia de apelación resultan contradictorios con los expresados en la resolución en la que la propia Audiencia admitió la práctica de dicha prueba pericial.
Máxime cuando la doctrina constitucional que sirve de apoyo a la resolución recurrida parte de un supuesto no homologable con el que ahora se enjuicia, pues en todas las que cita (SSTC 35/1989, de 14 de febrero, y 7/1994, de 17 de enero) y en posteriores dictadas por este Tribunal en esa misma línea, se trataba de pruebas biológicas, hematológicas, de personas no fallecidas en el momento de su práctica y en las que las consideraciones de este Tribunal se sustentaban en los problemas que genera una prueba cuya fuente se encuentra en poder de una de las partes del litigio (STC 95/1999, de 31 de mayo, con cita de la anterior doctrina) y que se dictaron a fin de que el reconocimiento hematológico no vulnerara el derecho del afectado a su intimidad y pudiera resultar lesiva para la integridad física o supusiera quebranto para la salud (STC 7/19994, de 17 de enero, FJ 3). Derechos a la integridad física, al honor y a la propia imagen, o de dignidad humana protegidos en ellos que, como decíamos en el ATC 149/1999, de 14 de junio, "son personalísimos y, en principio, intransferibles (ATC 242/1998, de 11 de noviembre)" por lo que el "titular de los mismos sólo puede serlo la persona humana viva (SSTC 53/1985, de 11 de abril, y 212/1996, de 19 de diciembre, entre otras)". Y aunque precisábamos que "sin duda, la persona ya fallecida, como realidad jurídicamente distinta, ha de ser objeto de una particular protección jurídica" por cuanto el derecho a la intimidad familiar podría en algún caso verse afectado, señalábamos igualmente que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del Código civil (CC), admitida la demanda si con ella se ha presentado un principio de prueba de los hechos en que se funda, "será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas". Pruebas biológicas que, "en la medida que conllevan la práctica de una intervención corporal, tan solo se justifican cuando sean indispensables para alcanzar los fines constitucionalmente protegidos" por lo que "?la medida judicial que ordena realizar las pruebas biológicas debe guardar una adecuada proporción entre la intromisión que conlleva en la intimidad y la integridad física o moral del afectado por ellas, y la finalidad a la que sirve (STC 37/1989, FFJJ 7.3 y 8, párrafos 3 a 5)? (STC 7/l994, FJ 3)" (ATC 149/1999, de 14 de junio). Desproporción que en dicho Auto no se consideró producida cuando, como en el caso que ahora se enjuicia, la prueba biológica se proponía como medio último o final ya que el allí demandante (y, en este caso, la aquí recurrente) ya había cumplido su obligación inicial de aportar un principio de prueba acompañando al escrito de demanda que fue el que permitió en su momento admitirla.
Estimar la demanda de amparo interpuesta por doña Apolonia C.B. y, en su virtud:
Declarar vulnerado el derecho de la recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva (arts. 24.1 y 24.2 CE).
Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular todas las resoluciones frente a las que se demanda amparo, incluida la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el 10 de marzo de 2001, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la misma, para que se pronuncie una nueva Sentencia en la que se respete el derecho fundamental lesionado.
STSJ País Vasco 727, 24 de Febrero de 2006
SAP Barcelona 147/2007, 15 de Marzo de 2007
ATS 1491/2016, 8 de Septiembre de 2016
SAP Barcelona 36/2009, 3 de Febrero de 2009
STSJ Comunidad de Madrid 1065/2004, 14 de Septiembre de 2004
ATC 99/2013, 8 de Mayo de 2013

References: artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 862
 resolución 
 artículo 24
 artículo 52
 artículo 479
 artículo 477
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución