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Timestamp: 2020-04-04 14:06:14+00:00

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Respuestas a la lista de cuestiones (CCPR/C/ARG/Q/4) que deben abordable al examinar el cuarto informe periódico del gobierno de Argentina (CCPR/C/ARG/4) *
Marco general de las causas judiciales
Acciones desarrolladas en el ámbito del Poder Judicial
También, según fuentes oficiales, los miembros de la Corte Suprema se encuentran analizando la posibilidad de convocar a jueces de otras jurisdicciones para acelerar las causas.
Colaboración del Poder Ejecutivo Nacional en la búsqueda de la verdad y justicia
Protección de querellantes y testigos
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres Oficina de Violencia Doméstica
CCPR/C/ARG/Q/4/Add.1
Respuestas a la lista de cuestiones (CCPR/C/ARG/Q/4) que deben abordable al examinar el cuarto informe periódico del gobierno de Argentina (CCPR/C/ARG/4)*
Marco Constitucional y jurídico en el que se aplica el Pacto
En relación al lugar que ocupan los derechos enunciados en el Pacto en la jerarquía del derecho interno se recomienda remitirse al los párrafos 1 al 15 del IVo Informe Periódico de la Argentina (CCPR/C/ARG/4), incluyendo el Anexo I del mismo.
Luego de que se declarasen insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2003, se abrió la posibilidad de llevar a juicio a los responsables por graves violaciones de derechos humanos. Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Simón” declaró la inconstitucionalidad de aquellas leyes logrando despejar el camino para la reapertura de más de mil causas por violaciones a los derechos humanos y proceder a cientos de detenciones.
Se destaca en tal sentido, por ejemplo, el proceso judicial al represor Miguel Etchecolatz, y la posterior sentencia de condena, dado que por primera vez un tribunal nacional calificó de “cuadro de genocidio” a hechos sucedidos en su propio territorio. Esta referencia fue reiterada por la justicia en otras causas reabiertas que han tenido alta repercusión en la opinión pública, tal es el caso de la sentencia de condena contra Christian von Wernich (Sacerdote católico que oficiaba de capellán de la Policía Federal Argentina) a la pena de reclusión perpetua por homicidios, tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, hechos que, a decir del Tribunal Oral que lo condenó, “son delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre los años 1976 y 1983”.
El 13 de julio de 2007 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto el indulto dictado en 1990 por el entonces Presidente Carlos Menem al ex Comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros. En ese sentido, cabe señalar que si bien en el citado fallo la Corte se pronuncia sobre un caso puntual, el efecto se podrá proyectar sobre otros indultos a militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad, en la medida en que sienta un precedente importante de cara al futuro, para cuando lleguen a estudio de la Corte expedientes referidos a casos análogos.
Con la citada decisión la Corte cierra una etapa que se inició hace seis años, cuando ese Tribunal declaró que los asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones cometidos en el marco del terrorismo de Estado no prescriben. En efecto, uno de los casos de mayor relevancia ha sido el de “Arancibia Clavel”, dictado el 24 de agosto de 2004, en el que la Corte resolvió que dichos delitos debían ser considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, según lo establecido por la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad.
Según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento especializada en violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal, el número de denuncias presentadas en contra de los responsables por violaciones graves de derechos humanos durante la dictadura asciende a 1.200 en todo el país.
En el informe que elaboró dicha Unidad en julio de 2009, se destaca que de la totalidad de las causas en trámite a nivel nacional, 588 personas se encuentran procesadas. De este universo se resalta un subconjunto de 230 imputados que ya cuentan con al menos una causa transitando la etapa de juicio; un subconjunto de 120 imputados que alcanzarían en lo inmediato ese estadio procesal, dado que el Ministerio Público ya ha formulado los correspondientes requerimientos de elevación a juicio. Además, se advierte que de las 120 personas que transitan la etapa intermedia del proceso y que ingresarán próximamente a la fase de juicio oral, 75 lo harán por primera vez.
Concordantemente con lo expuesto, se apunta que a diciembre del 2007 se contaba con 349 procesados. En el año 2008 se procesaron a 200 personas nuevas. Esto en términos aritméticos implica que se ha producido un incremento de más del 57% con respecto al año anterior. Además, es posible establecer una relación en iguales términos que la anterior entre los procesados durante el primer semestre de 2009 y los procesados durante el año 2008, que arroja como resultado un total de aproximadamente 65 personas que fueron procesadas por primera vez en el transcurso del año 2009.
A su vez se indica que desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida se ha condenado a 44 imputados. Hasta diciembre de 2008, se había condenado a 36 personas, 28 de ellas en juicios que se desarrollaron ese mismo año. Por cierto que este número excluye a aquellas condenas dictadas por sustracción de menores y supresión de identidad, ya que dichos supuestos no fueron obstaculizados por las citadas leyes.
Corresponde destacar que los tres poderes del Estado han llevado a cabo acciones para avanzar en la investigación, juicio y sanción de los responsables de las violaciones ocurridas en el período en que asoló el Terrorismo de Estado.
Así, el artículo 9 de la Ley Nº 26.371 faculta a la Cámara de Casación en lo Penal a reasignar las causas en trámite ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, tanto con asiento en la Capital Federal como en las provincias, a fin de establecer una carga equitativa en las tareas y una distribución racional de las causas.
Para resolver el congestionamiento de causas radicadas ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Durante el Terrorismo de Estado ha efectuado un requerimiento a la Presidencia de la Cámara de Casación, tendiente a que se reasignen las mismas a otros tribunales. Dicho requerimiento fue resuelto de modo favorable con fecha 31 de marzo del corriente año a través de un acuerdo extraordinario.
Por su parte, la Cámara de Casación Penal resolvió mediante acuerdo de Superintendencia del 3 de marzo pasado requerir a todos los tribunales orales en lo Criminal Federal del país que le informen cuántas causas tienen en trámite, qué porcentaje de esas causas corresponde a violaciones a los derechos humanos y si tienen o no detenidos.
A su vez, el Ministerio Público Fiscal, informó que una característica de los actuales procesos penales por crímenes de lesa humanidad es la demora para resolver la etapa de instrucción.
El titular del Ministerio Público Fiscal instruyó a los fiscales de todo el país a que promuevan la elevación de juicios de las causas en las que cuales el procesamiento del acusado haya quedado firme o haya sido confirmado por la Cámara de Apelaciones respectiva. También determinó que los fiscales que hicieron las investigaciones en primera instancia participen en los juicios orales, algo que ya ocurre aunque no en todos los casos. Por último instó a los fiscales a que identifiquen aquellos recursos que dificultan el tránsito a la etapa oral, controlen los tiempos que demandan la resolución de los mismos y se opongan a todo planteo que tenga carácter evidentemente dilatorio, por parte de los defensores de los inculpados, para demorar la elevación a juicio.
Asimismo, en la órbita de la Corte Suprema de la Nación, se creó en diciembre pasado (Acordada 42/08) la “Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad”. Dicha unidad se encuentra realizando un relevamiento de las causas en trámite y posee facultades de requerir información relacionada con el avance de los procesos y con las dificultades operativas que puedan demorar la realización de los juicios en un tiempo razonable. A tales efectos, mediante Acordada 04/09, el Máximo Tribunal nombró un coordinador a cargo de la unidad especial.
A su vez, mediante la Acordada 42/08, la Corte recordó a los jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad "el deber de extremar los recaudos para acelerar el trámite" de los expedientes y los exhortó a que "evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad del trámite".
En ese sentido, se ha oficiado a todas las cámaras federales de apelaciones para que eleven los informes respectivos de las causas con procesamientos dictados que tramitan en cada jurisdicción y del tiempo probable para completar la instrucción.
En la misma dirección, el Poder Judicial decidió convocar a una Comisión Interpoderes integrada por el Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Senadores y Diputados y al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de considerar los problemas que plantea el desarrollo de estos procesos y las soluciones que es necesario aportar.
En el marco de las medidas adoptadas para lograr imprimir celeridad a los juicios por el accionar del terrorismo de estado, se tomaron además decisiones de índole presupuestaria. Así el Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, acordó el otorgamiento de una partida presupuestaria al Poder Judicial de la Nación de 36 millones de pesos destinados a la creación de 750 cargos judiciales.
La medida global adoptada consta de la autorización de partidas presupuestarias desde el ejecutivo nacional y la posterior creación de los cargos que dependerá de una ley del Congreso.
En igual sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido autorizando desde el año 2006 la contratación de personal para actuar exclusivamente en las causas abiertas en las distintas jurisdicciones del país y que se vinculan con delitos de lesa humanidad (más de 230 cargos).
Por otro lado, a través de la Ley Nº 26.374 se modifican varias disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación, a los efectos de acortar los tiempos del proceso, haciendo que los mismos sean más eficientes, eficaces y más sencillos.
En otro sentido, la Ley Nº 26.376 establece el procedimiento para la designación de jueces subrogantes en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los Jueces de Primera Instancia, Nacionales o Federales, y de las Cámaras de esa misma jurisdicción.
También desde el Poder Ejecutivo se han dictado una serie de disposiciones que coadyuvan a luchar contra la impunidad, a recuperar la memoria, a la búsqueda de la verdad y al reclamo por justicia.
En este entendimiento es que se dictó la Ley Nº 26.375 que crea en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos la “Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia”, cuyos objetivos son el de por un lado, recabar información útil que permita dar con el paradero de quienes hayan sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesarios, de hechos vinculados con delitos de lesa humanidad; por el otro el de coordinar con los fiscales de todas las jurisdicciones las estrategias de investigación para proceder a la captura de las personas buscadas; y por último el de colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de todas aquellas personas que hayan brindado la información que posibilitó la captura de las personas buscadas (v. art. 2º).
A su vez, prevé crear un Fondo de Recompensas destinado a abonar una compensación dineraria a los que brinden datos útiles para detener a las personas buscadas por la justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad (v. art. 1º).
Por Resolución Nº 1720/2008, del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se regula el funcionamiento de la citada Unidad. De la práctica adquirida hasta el momento puede afirmarse que dicho Fondo es una herramienta útil que ha posibilitado la identificación y detención de aproximadamente 4 responsables de la comisión de tales delitos.
La Secretaría de Derechos Humanos colabora activamente con la justicia en el proceso de lucha contra la impunidad. Uno de los ejemplos más recientes de lo expuesto, es el trabajo que se ha realizado de relevamientos fotográficos de los años 1976, 1977 y 1978 del Campo de Deportes de la Armada Argentina, que se ubica a pocos metros del ex Centro Clandestino de Detención “ESMA”. Ello se hizo como una primera medida para verificar si existen enterramientos clandestinos en el terreno mencionado.
Lo señalado dio motivo para que el juez que interviene en la causa judicial de los hechos ocurridos en la ESMA, dispusiese el inicio de las acciones de prospección del citado predio. En su resolución el magistrado encomendó la realización de los trabajos al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), recabando a tal fin la colaboración del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La medida comenzó a efectivizarse de acuerdo al plan de trabajo elaborado por el EAAF y dada la vastedad del terreno, no es estimable un tiempo definido para su ejecución global.
El trabajo constituye una de las líneas centrales de la "Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas", que desde 2007 impulsan conjuntamente el EAAF, con el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos para constituir un banco de sangre de todo el país que funciona en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como ya se informara en otras oportunidades, tanto las extracciones como las entrevistas se receptan bajo compromiso de confidencialidad, para brindar las máximas garantías de reserva sobre la información recabada.
Dentro de este marco de referencia, en el mes de junio de este año, el Secretario de Derechos Humanos junto con los responsables del EAAF, informaron la identificación de 42 personas desaparecidas, a través de la comparación de cadáveres exhumados de fosas comunes con muestras tomadas a familiares de las víctimas.
A su vez, dentro del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) cabe hacer especial mención del Archivo Digital. Este archivo, creado en el año 2003, se ocupa de digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos referidos a esta etapa cruel de la historia argentina. Asimismo, le corresponde crear una base de datos para analizar, clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos de manera que puedan ser consultados por los titulares de un interés legítimo, dentro del Estado y la sociedad civil.
Asimismo, cabe mencionar que se ha comenzado a elaborar un proyecto de “Registro Federal de Datos Sobre Derechos Humanos”. Dicho proyecto tiene por objeto la construcción coordinada entre las áreas estatales de derechos humanos de la Nación y las provincias de un sistema informatizado de datos sobre el terrorismo de Estado.
El proyecto tiene por finalidad la construcción cooperativa -entre el ANM y las secretarías de derechos humanos y comisiones provinciales de memoria provinciales- de un Sistema de Información Georreferenciado (SIG) interjurisdiccional que permitirá construir entre todas las partes un sistema o red común de datos y accesible a todas las jurisdicciones, con información confiable y actualizada sobre los más de 500 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en el país, que permitirá su utilización para diversos tipos de aplicaciones en investigación, memoria y educación.
Además, se podrá volcar toda la información geográfica en mapas interactivos de la Argentina, las provincias y todas las localidades del país, a través del DIG (Sistema de Información Geográfica) y la experiencia que pone a disposición del proyecto el área Mapa Educativo Nacional del Ministerio de Educación.
Adentrándonos en las acciones específicas que ha venido realizando el Estado en procura de otorgar protección a los mismos, se destaca el Programa de Protección de Testigos e Imputados a cargo de la Dirección Nacional de Protección a Testigos e Imputados -creada por Resolución 439/07 del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos- que interviene a requerimiento de la autoridad judicial, en investigaciones de carácter federal sobre secuestros, hechos terroristas o hechos vinculados a la ley de estupefacientes. En casos excepcionales, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos puede incluir otros casos, por ejemplo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional, o cuando la trascendencia e interés político lo hicieran aconsejable. Por otro lado, se informa que el Programa de la referencia puede incorporar casos previstos en la Ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas1.
El universo de testigos y/o víctimas y/o querellantes a los cuales otorga protección asciende a 4360 personas en todo el país, aunque dicho número varía de conformidad con el desarrollo de las causas judiciales.
Las modalidades de protección incluyen, de conformidad con la Ley Nº 25.764 que crea el programa, la relocalización y "cambio de identidad", la asignación de custodia y otras herramientas que se evalúan caso por caso.
Si bien el detalle de los mecanismos utilizados, así como otros aspectos vinculados a los procedimientos de protección, necesitan mantenerse bajo estricta confidencialidad -justamente para asegurar la finalidad para la que han sido diseñados-, se está en condiciones de afirmar que el Programa ha demostrado ser una herramienta eficaz para la protección de este grupo de personas.
Por otro lado, se destaca el Programa de Verdad y Justicia que -a través del Decreto Nº 598/98-, actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Sus objetivos son garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad.
Recientemente, a través de la Resolución Nº 328/09, modificada por Resolución 814/09, se transfirió al ámbito de este Programa el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado, creado por Resolución S.D.H. N° 003/07. 2
Los motivos para proceder a la unificación resultó ser la necesidad imperiosa de que no resintiera su eficacia y objetivamente diluyera la responsabilidad de los actores en juego, frente al cúmulo de causas que se avecinan.
El plan de acompañamiento y asistencia está dirigido a la contención dentro y fuera de la sala en el caso de los juicios orales y también al asesoramiento respecto de la causa en la que tienen que testimoniar.
Ahora bien, en lo que respecta a la cuestión referida a las directrices dirigidas a jueces y fiscales sobre las solicitudes de protección, se informa que éstas surgen de las disposiciones de carácter procesal que prevé la ley de aplicación para regular el modo de requerir el ingreso de un beneficiario al Programa de Protección.
Asimismo, existen en diversas Provincias Programas de Protección que en general comparten los mismos lineamientos. A la fecha no existen convenios de cooperación referidos al tema, aunque la Ley N° 25.764 faculta al director del Programa a proponer su celebración. Sin perjuicio de ello, el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados colabora en forma mutua con los programas de las Provincias de Córdoba, Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires. También se ha prestado asesoramiento en el diseño de los programas que se están elaborando en las Provincias de Salta y Tucumán.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abrió sus puertas el 15 de septiembre de 2008. Esta Oficina ofrece a las víctimas del maltrato familiar un servicio directo durante las 24 horas, todos los días del año. Asimismo, brinda información, orientación y un primer asesoramiento legal, médico y psicológico a quienes lo requieran.
La existencia de esta Oficina, facilita el acceso a justicia de las personas afectadas por la violencia doméstica que actualmente desconocen las vías de entrada al sistema, racionalizando a la vez los recursos por la indudable mayor eficiencia que implican las oficinas comunes a diversos tribunales. Asimismo, trae aparejado un aprovechamiento y organización de los recursos materiales y humanos. Por otra parte, la elaboración de estadísticas y el análisis que de ellas se realice desde la autoridad máxima de uno de los poderes del Estado, servirá para apreciar la verdadera magnitud del fenómeno. Ello contribuirá para la posterior colaboración en el desarrollo de programas de prevención en la materia y será, asimismo, un elemento importante para modificar la percepción de esta clase de violencia y dejar de pensar que se trata de una cuestión que debe permanecer en el ámbito de lo privado.
Cabe destacar que desde el mes de febrero de 2009, desempeñan sus funciones en la sede de la OVD, dos abogados representantes de la Defensoría General de la Nación, quienes se ocupan de brindar asesoramiento y eventual patrocinio jurídico a víctimas mujeres de violencia doméstica.
Con respecto al presupuesto, la Acordada 18/05 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la primera Acordada en la que se incluyó a la Oficina y por eso en ella está detallado el monto asignado a la misma. Durante los años subsiguientes el presupuesto de la OVD se incluyó directamente en el presupuesto general del Poder Judicial3.
La Oficina cuenta con un edificio propio de tres plantas, propiedad del Poder Judicial, y se destinaron los recursos para la remodelación y acondicionamiento de esa sede (Lavalle 1250, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), además de los destinados al mobiliario y equipamiento.
Desde el 15 de Septiembre del año 2008 hasta el 15 de septiembre de 2009, se confeccionaron en la Oficina 5942 CASOS. El gráfico que se inserta a continuación muestra la cantidad de casos mes a mes, teniendo en cuenta que en los meses de septiembre de ambos años la muestra es quincenal.
El total de personas denunciadas es de 5896. De ellas, 841 son mujeres y 5055 son varones. Es decir, el 86% de las personas que ejercen violencia son varones y el 14% son mujeres.
El total de personas afectadas es de 7299. De ellas, el 82% (6021) son mujeres y el 18% (1278) son varones. De las mujeres afectadas, el 15% son niñas (0-18 años). De los varones afectados, a su vez, el 61% son niños (0-18 años). Se han tenido en cuenta para este apartado los casos en los que el sistema registra a las personas directamente afectadas (aquellas que se presentan personalmente en la sede de la OVD) como a aquellas a quienes se las califica como subafectadas (aquellas que no necesariamente se presentan en la Oficina pero a quienes se señala como víctima y sobre cuya situación el equipo interdisciplinario efectúa una evaluación de riesgo).
En el caso de las personas clasificadas como Terceras, a lo largo de este año, se han presentado 359. Son aquellas en que la persona denuncia un hecho de violencia sobre otra (por ej.: vecina/o, docente, médica/o).
Con relación a las derivaciones que se han realizado de los casos, la gran mayoría de casos fueron derivados a conocimiento del fuero civil (4907), también al fuero penal (3382), a asesoramiento jurídico (2248), al sistema de salud (1633) y algunos casos han quedado reservados en la Oficina (417). Esta última opción es la que corresponde a aquellos casos en los que la víctima fue informada, orientada, pero decidió no actuar. Aquí también las derivaciones pueden ser múltiples respecto de un mismo caso.

References: artículo 9
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