Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-10454.htm
Timestamp: 2017-12-15 02:39:17+00:00

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B.O.E. Nº 147 de 21/06/2005
REAL DECRETO-LEY 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daÃ±os producidos en el sector agrario por la sequÃ­a y otras adversidades climÃ¡ticas.
La evoluciÃ³n climÃ¡tica del actual aÃ±o agrÃ­cola se ha caracterizado por un acusado dÃ©ficit de precipitaciones, de tal manera que en muchas zonas del territorio nacional se registrÃ³ la mÃ¡s baja pluviometrÃ­a conocida en muchos lustros. Esta situaciÃ³n de sequÃ­a especialmente intensa ha afectado, en muchos casos, a la nascencia y el normal desarrollo de los cultivos de secano, asÃ­ como a los cultivos de regadÃ­o de las zonas afectadas bien por insuficiencia del agua embalsada para atender la demanda de riego, bien por la fuerte reducciÃ³n de las reservas en los acuÃ­feros que proporcionan el agua de riego. TambiÃ©n la falta de precipitaciones tuvo efectos nocivos en los cultivos leÃ±osos, que se han sumado en muchas Ã¡reas a los ya ocasionados por las heladas. Particularmente desfavorable es la incidencia de esta adversidad climÃ¡tica en la ganaderÃ­a extensiva, en la que la ausencia de lluvia impidiÃ³ el desarrollo de los pastos que constituyen la base de su alimentaciÃ³n, por lo que se ha tenido que recurrir a la compra de alimentos sustitutivos, piensos y forrajes, y, en determinadas zonas, al transporte de agua para el ganado, lo que ha incrementado de manera notable los costes de producciÃ³n. Es preciso seÃ±alar que la insuficiente floraciÃ³n derivada de la sequÃ­a estÃ¡ teniendo una singular incidencia en la apicultura que, con mayores gastos de alimentaciÃ³n, tendrÃ¡ descensos acusados de producciÃ³n de miel y de polen, en unas circunstancias de mercado especialmente desfavorables para estos productos. Las extremadas condiciones climÃ¡ticas que viene padeciendo este aÃ±o el sector agrario espaÃ±ol amenazan la viabilidad econÃ³mica de muchas explotaciones agrarias y su propia pervivencia como unidades productivas, lo que afectarÃ­a seriamente a la economÃ­a de las comarcas agrarias y al desenvolvimiento de otros sectores de actividad econÃ³mica relacionados con la agricultura. En consecuencia, para posibilitar la continuidad de la actividad productiva de las explotaciones agrarias que han sufrido los efectos de la sequÃ­a, el Gobierno considera necesario adoptar un conjunto de medidas, con carÃ¡cter urgente, destinadas a paliar los efectos de esta importante adversidad climÃ¡tica, en el marco de la necesaria cooperaciÃ³n con las comunidades autÃ³nomas afectadas. Si bien es cierto que el Plan de seguros agrarios combinados, subvencionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n y, en su caso, por las Administraciones autonÃ³micas, constituye la referencia obligada en la lucha contra las adversidades climÃ¡ticas, la extraordinaria incidencia de esta sequÃ­a aconseja la adopciÃ³n de medidas, a tÃ­tulo excepcional, que complementen la acciÃ³n de los seguros agrarios en orden a minorar los serios quebrantos ocasionados en la economÃ­a de las explotaciones agrarias afectadas. En este orden de ideas, se establece una lÃ­nea de prÃ©stamos de mediaciÃ³n del Instituto de CrÃ©dito Oficial (ICO) con dos modalidades, una de intereses bonificados, y otra reservada a situaciones de excepcional gravedad en Ã¡mbitos territoriales y producciones agrarias limitados, en la que se prevÃ©n, ademÃ¡s, subvenciones a las amortizaciones de principal. Asimismo, se establecen medidas dirigidas a adecuar las cargas tributarias a la capacidad adquisitiva de los titulares afectados y a flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones de pago a la Seguridad Social, asÃ­ como a eximir a los titulares de las explotaciones de regadÃ­o afectadas por la sequÃ­a de los pagos derivados de la utilizaciÃ³n del agua de riego. Con el fin de reducir el impacto negativo de la sequÃ­a en los regadÃ­os y mejorar las condiciones de aprovechamiento y gestiÃ³n del agua, se prevÃ© la realizaciÃ³n urgente de determinadas obras hidrÃ¡ulicas para la modernizaciÃ³n y mejora de regadÃ­os existentes que posibilitarÃ¡n considerables ahorros en las dotaciones de agua necesaria para los regadÃ­os. A tal fin, se declaran de interÃ©s general estas obras que se realizarÃ¡n en el marco de previsiones del Plan nacional de regadÃ­os aprobado por el Real Decreto 329/2002, de 5 de abril. Para atender las necesidades de agua de las explotaciones ganaderas en rÃ©gimen extensivo, en las que se hayan agotado sus fuentes de suministro habituales, se prevÃ© la construcciÃ³n de abrevaderos o puntos de suministro de agua y, en su caso, la mejora de los realizados con motivo de anteriores sequÃ­as. Por el Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, se adoptaron medidas urgentes para paliar los daÃ±os ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005. Posteriormente, la repeticiÃ³n de las bajas temperaturas a lo largo del mes de febrero y en los primeros dÃ­as del mes de marzo obligÃ³ a ampliar el Ã¡mbito temporal de cobertura de las medidas inicialmente previstas, ampliaciÃ³n que se llevÃ³ a cabo a travÃ©s del Real Decreto Ley 6/2005, de 8 de abril. En uso de la habilitaciÃ³n contenida en la disposiciÃ³n final primera del Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, se dictÃ³ la Orden TAS/899/2005, de 5 de abril, para la correcta aplicaciÃ³n de las medidas anteriormente mencionadas en los aspectos referentes a la moratoria y exenciÃ³n en el pago de cuotas a la Seguridad Social en los meses afectados. Sin embargo, la intensidad y singularidad de los perjuicios causados por las bajas temperaturas exige la adopciÃ³n de nuevas medidas excepcionales de carÃ¡cter urgente para restablecer lo antes posible la normalidad econÃ³mica en las zonas afectadas por las heladas. Esa situaciÃ³n excepcional propiciÃ³ el acuerdo de 25 de abril de 2005 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Federaciones Agroalimentarias de la UniÃ³n General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, con objeto de paliar los efectos de dichas inclemencias meteorolÃ³gicas. Estas medidas excepcionales urgentes son de dos tipos: por una parte, la magnitud y peculiaridad de los daÃ±os producidos por las heladas ha puesto de manifiesto la necesidad de extender las medidas laborales y de Seguridad Social a subsectores directamente vinculados con el sector agrario, como son los de manipulado y transformaciÃ³n de los frutos y productos agrÃ­colas, en los que aquellos daÃ±os ocasionados en las explotaciones agrarias propiamente dichas por la extrema climatologÃ­a adversa se han traducido, de forma simultÃ¡nea y paralela, en la reducciÃ³n o paralizaciÃ³n de la actividad productiva y laboral con igual rigor que en el sector agrario. Por otra parte, la importancia de los daÃ±os ocasionados por las heladas dificulta gravemente la consecuciÃ³n del nÃºmero mÃ­nimo de jornadas reales cotizadas precisas para acceder a los subsidios por desempleo y a la renta agraria de los trabajadores eventuales del RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en las Comunidades AutÃ³nomas de AndalucÃ­a y Extremadura, lo que hace necesario facilitar con carÃ¡cter urgente y transitorio el cumplimiento de los requisitos exigidos a los trabajadores eventuales agrarios de dichas comunidades autÃ³nomas que residan en los territorios afectados por las heladas para acceder a esas prestaciones asistenciales en los Reales Decretos 5/1997, de 10 de enero, y 426/2003, de 11 de abril. En su virtud, en uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, EconomÃ­a y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Medio Ambiente y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 17 de junio de 2005,
1. Este real decreto ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo y, en su caso, la concesiÃ³n de ayudas a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los Ã¡mbitos territoriales afectados por la sequÃ­a en el presente aÃ±o agrÃ­cola, que hayan sufrido pÃ©rdidas de producciÃ³n bruta en los cultivos o en los aprovechamientos ganaderos de, al menos, un 20 por ciento de la producciÃ³n normal en zonas desfavorecidas, y de un 30 por ciento en las demÃ¡s zonas, de conformidad con los criterios establecidos por la UniÃ³n Europea.
2. Por orden conjunta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n y de Medio Ambiente, oÃ­das las comunidades autÃ³nomas y las organizaciones representativas del sector, se delimitarÃ¡n los Ã¡mbitos territoriales afectados en orden a la aplicaciÃ³n de las medidas previstas.
ArtÃ­culo 2. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden ministerial que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este real decreto ley, y conforme a las previsiones contenidas en el apartado 4.1 del artÃ­culo 35 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, podrÃ¡ autorizar, con carÃ¡cter excepcional, la reducciÃ³n de los Ã­ndices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden EHA/3902/2004, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el aÃ±o 2005 el mÃ©todo de estimaciÃ³n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y el rÃ©gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
ArtÃ­culo 3. Medidas laborales y de Seguridad Social.
1. Los expedientes de regulaciÃ³n de empleo que tengan su causa en los daÃ±os producidos por la sequÃ­a de la que se hace menciÃ³n en el artÃ­culo 1 tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de provenientes de una situaciÃ³n de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artÃ­culos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La TesorerÃ­a General de la Seguridad Social podrÃ¡ exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto mientras dure el periodo de suspensiÃ³n, y se mantendrÃ¡ la condiciÃ³n de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinciÃ³n del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrÃ¡n a cargo del Fondo de GarantÃ­a Salarial, con los lÃ­mites legalmente establecidos.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensiÃ³n de contratos o la reducciÃ³n temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrÃ¡ autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el tÃ­tulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en la sequÃ­a, no se compute a efectos de consumir los periodos mÃ¡ximos de percepciÃ³n establecidos. Igualmente, podrÃ¡ autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los periodos de cotizaciÃ³n necesarios para tener derecho a ellas. 2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequÃ­a, incluidos en cualquier rÃ©gimen de la Seguridad Social, podrÃ¡n solicitar y obtener, previa justificaciÃ³n de los daÃ±os sufridos, una moratoria de un aÃ±o sin interÃ©s en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2005 a febrero de 2006, ambos inclusive, asÃ­ como en el pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes al mismo periodo. 3. Los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social, como trabajadores por cuenta propia, o en el RÃ©gimen de Trabajadores AutÃ³nomos, en la actividad de agricultura, ganadera, caza y silvicultura, en las zonas afectadas por la sequÃ­a en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 1, asÃ­ como las cooperativas agrarias, podrÃ¡n solicitar y obtener una reducciÃ³n del 50 por ciento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondientes a los meses de julio de 2005 a febrero de 2006, ambos inclusive, con derecho a devoluciÃ³n de las reducciones de las cuotas ya abonadas. La disminuciÃ³n de ingresos en la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social como consecuencia de la aplicaciÃ³n de las reducciones reguladas en este apartado serÃ¡ compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 4. Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones, a la moratoria o a las reducciones de que se trate podrÃ¡n pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los recargos y costas correspondientes. Si el que tuviera derecho a la devoluciÃ³n fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros periodos, el crÃ©dito por la devoluciÃ³n serÃ¡ aplicado al pago de deudas pendientes con la Seguridad Social en la forma que legalmente proceda.
ArtÃ­culo 4. ExenciÃ³n de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua para riego.
En el ejercicio 2005, para las explotaciones agrarias de regadÃ­o a que se refiere el artÃ­culo 1.2, se conceden las siguientes exenciones: a) La cuota de la tarifa de utilizaciÃ³n del agua y del canon de regulaciÃ³n establecidos en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
b) Las aportaciones correspondientes a los gastos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de conducciÃ³n de las aguas incluidos en los pÃ¡rrafos b) y c) del artÃ­culo 7.1 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulaciÃ³n del rÃ©gimen econÃ³mico de la explotaciÃ³n del acueducto Tajo-Segura.
Los sujetos pasivos de las exacciones seÃ±aladas que hubieran satisfecho total o parcialmente las cuotas correspondientes tendrÃ¡n derecho a pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas.
ArtÃ­culo 5. PrÃ©stamos de mediaciÃ³n del ICO.
1. Se instruye al ICO, en su condiciÃ³n de agencia financiera del Estado, para establecer una lÃ­nea de prÃ©stamos de mediaciÃ³n por importe global de 750 millones de euros, que podrÃ¡ ser ampliada por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, en funciÃ³n de la evaluaciÃ³n de los daÃ±os y de la demanda consiguiente.
2. Esta lÃ­nea de prÃ©stamos se destina a los titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino, equino y porcino en rÃ©gimen extensivo o de explotaciones apÃ­colas, para afrontar los costes adicionales de la alimentaciÃ³n del ganado y otros ocasionados por la sequÃ­a, asÃ­ como a los de explotaciones agrÃ­colas de secano, afectadas por la sequÃ­a en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 1, o de regadÃ­o que hayan tenido reducciones en las dotaciones de agua de riego de, al menos, el 20 por ciento de las dotaciones habitualmente disponibles y se hayan visto afectadas en su producciÃ³n en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 1. 3. Los titulares de las explotaciones ganaderas en rÃ©gimen extensivo anteriormente citadas y de las explotaciones agrÃ­colas de secano deberÃ¡n comprometerse a suscribir el correspondiente seguro que incluya la cobertura de riesgo de sequÃ­a para la prÃ³xima campaÃ±a para ser beneficiarios de estos prÃ©stamos. El incumplimiento de este compromiso darÃ¡ lugar a la pÃ©rdida de las bonificaciones o, en su caso, subvenciones vinculadas a los prÃ©stamos. 4. Las condiciones de los prÃ©stamos serÃ¡n las siguientes:
a) Importe mÃ¡ximo: segÃºn baremos determinados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n.
b) Plazo: cinco aÃ±os. En su caso, podrÃ¡ incluirse un aÃ±o de carencia para el pago del principal. c) Intereses: el tipo de cesiÃ³n del ICO a las entidades financieras colaboradoras serÃ¡ fijo e igual al establecido por el ICO para los prÃ©stamos de tipo fijo en las mismas condiciones de plazo y carencia. d) Margen de intermediaciÃ³n: hasta un 0,75 por ciento. e) Vencimientos de pago: anuales para los intereses y para las amortizaciones del principal. f) Vigencia de la lÃ­nea: hasta el 31 de diciembre de 2005.
5. El Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n bonificarÃ¡ con cargo a sus presupuestos el tipo de interÃ©s anual nominal hasta en dos puntos porcentuales, sin superar el 50 por ciento del tipo de interÃ©s que resultarÃ­a para el beneficiario sin computar subvenciones.
6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n podrÃ¡ subvencionar el coste de los avales de la Sociedad AnÃ³nima Estatal de CauciÃ³n Agraria, en el caso de que fueran necesarios para la obtenciÃ³n de los prÃ©stamos, en las condiciones y hasta los lÃ­mites que se determinen. 7. En casos de incidencia especialmente grave de la sequÃ­a en los sectores de ganaderÃ­a en rÃ©gimen extensivo y de la apicultura, en determinados Ã¡mbitos territoriales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n podrÃ¡ subvencionar parcialmente el importe de amortizaciones de principal de los prÃ©stamos en las condiciones que determine este departamento ministerial. 8. Las subvenciones vinculadas a estos prÃ©stamos serÃ¡n compatibles con las que puedan regular las Administraciones autonÃ³micas, tanto para reducir el tipo de interÃ©s al beneficiario como, en su caso, para minorar el pago de amortizaciones de principal. 9. El Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n podrÃ¡ modular las bonificaciones de intereses y, en su caso, las minoraciones de amortizaciones de principal, con cargo a sus presupuestos, segÃºn criterios objetivos que priorizarÃ¡n a los asegurados en el Plan de seguros agrarios combinados y podrÃ¡n tener en cuenta, tambiÃ©n, la dedicaciÃ³n y procedencia de las rentas de los titulares, las orientaciones productivas de las explotaciones y el rÃ©gimen de afiliaciÃ³n a la Seguridad Social. 10. A los efectos de acreditar la condiciÃ³n de beneficiario de esta lÃ­nea de prÃ©stamos, asÃ­ como el importe mÃ¡ximo del prÃ©stamo correspondiente, la bonificaciÃ³n del tipo de interÃ©s y, en su caso, las subvenciones para minorar el principal, se requerirÃ¡ la presentaciÃ³n de una certificaciÃ³n de reconocimiento de derechos expedida por la AdministraciÃ³n competente.
ArtÃ­culo 6. ConstrucciÃ³n de abrevaderos o puntos de suministros de agua para la ganaderÃ­a extensiva.
Para atender las necesidades de agua de las explotaciones ganaderas de rÃ©gimen extensivo en las que la sequÃ­a haya agotado sus fuentes de suministro habituales, se autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n para realizar, con carÃ¡cter de emergencia, las obras necesarias para construir puntos de suministro de agua o mejorar los existentes, previo informe favorable emitido por el Ministerio de Medio Ambiente en el plazo mÃ¡ximo de 10 dÃ­as, de los que serÃ¡n beneficiarios los municipios afectados. Estas obras tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de las previstas en el artÃ­culo 61.a) y concordantes de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y se financiarÃ¡n con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n hasta un importe mÃ¡ximo de cinco millones de euros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, en coordinaciÃ³n con las comunidades autÃ³nomas, articularÃ¡ la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior.
ArtÃ­culo 7. Obras hidrÃ¡ulicas urgentes para la mejora y modernizaciÃ³n de regadÃ­os existentes.
1. Se declaran de interÃ©s general las obras de mejora y modernizaciÃ³n de regadÃ­os que figuran en el anexo.
2. Las obras incluidas en el anexo llevarÃ¡n implÃ­citas las declaraciones siguientes:
a) La de utilidad pÃºblica a los efectos previstos en los artÃ­culos 9, 10 y 11 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
b) La de urgencia a los efectos de la ocupaciÃ³n de los bienes afectados a que se refiere el artÃ­culo 52 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa.
3. Esta declaraciÃ³n de interÃ©s general permitirÃ¡ las expropiaciones forzosas requeridas para dichas obras y la urgente ocupaciÃ³n de los bienes afectados.
ArtÃ­culo 8. UtilizaciÃ³n de infraestructuras de conexiÃ³n intercuencas.
Las infraestructuras de conexiÃ³n entre el embalse del NegratÃ­n y el de Cuevas de Almanzora podrÃ¡n ser utilizadas, durante los aÃ±os 2005 y 2006 para las transacciones reguladas en la secciÃ³n 2.Âª del capÃ­tulo III del tÃ­tulo IV del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 69.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, el rÃ©gimen econÃ³mico financiero aplicable a estas transacciones por el uso de las infraestructuras serÃ¡ el establecido en las normas singulares que regulan la citada transferencia.
ArtÃ­culo 9. RÃ©gimen de contrataciÃ³n.
PodrÃ¡n tener la consideraciÃ³n de emergencia, a los efectos previstos en el artÃ­culo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, las obras realizadas al amparo de este real decreto ley, asÃ­ como las actuaciones derivadas de la declaraciÃ³n de las situaciones excepcionales reguladas en el artÃ­culo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, cualquiera que sea su cuantÃ­a.
ArtÃ­culo 10. Convenios de colaboraciÃ³n.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n y el ICO suscribirÃ¡n el oportuno convenio de colaboraciÃ³n para determinar las condiciones de concesiÃ³n de los prÃ©stamos de la lÃ­nea ICO previstos en este real decreto ley y el pago de las subvenciones vinculadas a estos. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n podrÃ¡ suscribir un convenio de colaboraciÃ³n con la Sociedad AnÃ³nima Estatal de CauciÃ³n Agraria para establecer las condiciones de concesiÃ³n de los avales que resultaran necesarios para la obtenciÃ³n de los prÃ©stamos de la lÃ­nea ICO y el pago de las subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n al coste de estos avales.
ArtÃ­culo 11. CoordinaciÃ³n de actuaciones.
Los Delegados del Gobierno en las comunidades autÃ³nomas coordinarÃ¡n con los departamentos ministeriales, las comunidades autÃ³nomas y los entes locales afectados el seguimiento y ejecuciÃ³n de las medidas adoptadas en relaciÃ³n con la sequÃ­a.
El valor de las ayudas concedidas en aplicaciÃ³n de este real decreto ley no podrÃ¡ superar, en ningÃºn caso, la diferencia entre el valor del daÃ±o producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos pÃºblicos, nacionales o internaciones, o correspondieran en virtud de la existencia de pÃ³lizas de aseguramiento.
La financiaciÃ³n de las actuaciones que realice el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, en aplicaciÃ³n de lo dispuesto en este real decreto ley, se realizarÃ¡ con cargo a crÃ©ditos del propio departamento, a cuyos efectos se realizarÃ¡n las transferencias de crÃ©dito que sean necesarias sin que resulten de aplicaciÃ³n las limitaciones contenidas en el artÃ­culo 52.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la realizaciÃ³n de transferencias de crÃ©dito desde operaciones de capital a operaciones corrientes.
Las disminuciones de ingresos que se produzcan en las Confederaciones HidrogrÃ¡ficas como consecuencia de las exenciones previstas en el artÃ­culo 4 de este real decreto ley serÃ¡n compensadas, en un 50 por ciento, con cargo al Fondo de contingencia de ejecuciÃ³n presupuestaria.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Anticipos de ayudas vinculadas a determinados prÃ©stamos para la mejora y modernizaciÃ³n de estructuras agrarias.
En los tÃ©rminos municipales afectados por la sequÃ­a, con carÃ¡cter preferente, podrÃ¡ efectuarse el pago anticipado del importe total de las ayudas de minoraciÃ³n de anualidades de amortizaciÃ³n del principal de los prÃ©stamos acogidos al Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernizaciÃ³n de las estructuras de producciÃ³n de las explotaciones agrarias, de aquellos expedientes de los que se disponga de la correspondiente certificaciÃ³n final de cumplimiento de compromisos y realizaciÃ³n de inversiones.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Condicionalidad de las ayudas.
La efectividad de las ayudas reguladas en este real decreto ley queda condicionada a la decisiÃ³n favorable de la ComisiÃ³n Europea sobre su compatibilidad con el ordenamiento jurÃ­dico comunitario.
DisposiciÃ³n adicional quinta. AmpliaciÃ³n del Ã¡mbito funcional de las medidas laborales y de Seguridad Social previstas en los Reales Decretos Leyes 1/2005, de 4 de febrero, y 6/2005, de 8 de abril.
1. Las medidas laborales y de Seguridad Social establecidas en el artÃ­culo 5 del Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daÃ±os ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005, con la extensiÃ³n temporal a los meses de febrero y marzo de 2005 establecida por el Real Decreto Ley 6/2005, de 8 de abril, y en el Ã¡mbito territorial establecido por la Orden APA/1109/2005, de 25 de abril, se aplicarÃ¡n, con el alcance temporal y territorial prescrito en dichas normas, a los daÃ±os ocasionados por las heladas en el volumen de actividad y trabajo en las actividades de manipulado y transformaciÃ³n de los productos agrÃ­colas.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, los expedientes de regulaciÃ³n de empleo que tengan su causa en los daÃ±os producidos en el sector agrario por las heladas durante los meses y en los territorios afectados, y su consiguiente repercusiÃ³n directa en las actividades de manipulado y transformaciÃ³n de los productos agrÃ­colas, se considerarÃ¡n provenientes de una situaciÃ³n de fuerza mayor cuando se acrediten las pÃ©rdidas de actividad y trabajo en las actividades referidas; en tales casos se aplicarÃ¡n las medidas establecidas en el artÃ­culo 5.1 del Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, en sus propios tÃ©rminos y con arreglo a las normas de desarrollo establecidas en materia de Seguridad Social por la Orden TAS/899/2005, de 5 de abril. 3. Las medidas de moratoria en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social previstas en el apartado 2, asÃ­ como los procedimientos de devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas a que se refiere el apartado 3, ambos del artÃ­culo 5 del Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, serÃ¡n de plena aplicaciÃ³n en el Ã¡mbito funcional establecido en el apartado 1 de esta disposiciÃ³n adicional, en los tÃ©rminos establecidos por la Orden TAS/899/2005, de 5 de abril.
DisposiciÃ³n adicional sexta. ReducciÃ³n del nÃºmero mÃ­nimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las heladas.
1. Los trabajadores por cuenta ajena de carÃ¡cter eventual incluidos en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social de las Comunidades AutÃ³nomas de AndalucÃ­a y Extremadura, que residan en el Ã¡mbito territorial afectado por las heladas a las que hacen referencia los Reales Decretos Leyes 1/2005, de 4 de febrero, y 6/2005, de 8 de abril, que se delimita en la Orden APA 1109/2005, de 25 de abril, podrÃ¡n ser beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o de la renta agraria que regula el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, aun cuando no tengan cubierto en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social el nÃºmero mÃ­nimo de jornadas reales cotizadas establecido en el artÃ­culo 2.1.c) o en el artÃ­culo 2.1.d) de los citados reales decretos, respectivamente, siempre que tengan cubierto en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social un mÃ­nimo de 25 jornadas reales cotizadas en los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la situaciÃ³n de desempleo, reÃºnan el resto de los requisitos exigidos y lo soliciten en los 365 dÃ­as siguientes a la entrada en vigor de este real decreto ley.
2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de esta disposiciÃ³n adicional, se considerarÃ¡ acreditado un nÃºmero de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en:
a) El artÃ­culo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.
b) Los artÃ­culos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
3. En las solicitudes que se presenten en los 365 dÃ­as siguientes a la entrada en vigor de este real decreto ley en el Ã¡mbito territorial indicado en el apartado 1 de esta disposiciÃ³n adicional:
a) Para aplicar la disposiciÃ³n transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, se deberÃ¡ completar un nÃºmero mÃ­nimo de 25 jornadas reales, cotizadas, en la forma prevista en dicha disposiciÃ³n.
b) Para aplicar lo establecido en el apartado 2 de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, cuando se acredite un nÃºmero igual o superior a 25 jornadas cotizadas, se considerarÃ¡ acreditado un nÃºmero de 35 jornadas cotizadas.
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. RÃ©gimen de las cooperativas agrarias situadas en las zonas afectadas.
Las cooperativas agrarias con domicilio fiscal en los Ã¡mbitos territoriales a que se refiere el artÃ­culo 1 de este real decreto ley y el artÃ­culo 1 del Real Decreto Ley 1/2005, del 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daÃ±os ocasionados por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005, respecto de la operaciones realizadas por terceros no socios dentro del aÃ±o 2005, cualquiera que sea el inicio de los periodos impositivos que completen dicho plazo, tendrÃ¡n el siguiente rÃ©gimen: a) No serÃ¡ de aplicaciÃ³n el lÃ­mite mÃ¡ximo a que se refiere el apartado 4 del artÃ­culo 93 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, Cooperativas.
b) No serÃ¡ de aplicaciÃ³n el lÃ­mite mÃ¡ximo a que se refiere el apartado 10 del artÃ­culo 13 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre rÃ©gimen fiscal de las cooperativas, sin que ello determine la pÃ©rdida de la condiciÃ³n de cooperativa especialmente protegida, sin perjuicio de que estas operaciones determinen rendimientos extra cooperativos. c) Dichos lÃ­mites serÃ¡n aplicables para las operaciones cooperativizadas con terceros no socios realizadas durante el resto del periodo impositivo que, en su caso, no estÃ© comprendido dentro del aÃ±o 2005.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Solicitudes del subsidio por desempleo y de la renta agraria, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto ley, por los trabajadores eventuales incluidos en el RÃ©gimen Especial Agrario de la Seguridad Social de las Comunidades AutÃ³nomas de AndalucÃ­a y Extremadura que residan en el Ã¡mbito territorial afectado por las heladas.
Lo dispuesto en la disposiciÃ³n adicional sexta de este real decreto ley serÃ¡ tambiÃ©n de aplicaciÃ³n a los trabajadores referidos en Ã©l que hubieran presentado, entre el 1 de enero de 2005 y antes de la entrada en vigor de este real decreto ley, la solicitud del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o la renta agraria que regula el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, siempre que presenten una nueva solicitud a partir de la entrada en vigor de este real decreto ley.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. AmpliaciÃ³n y reapertura de plazos relativos a otras disposiciones.
1. Se amplÃ­a hasta el dÃ­a el 15 de noviembre de 2005 el plazo para la disposiciÃ³n de fondos de los prÃ©stamos del ICO establecido en el artÃ­culo 6.3.e) del Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daÃ±os ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005.
2. Con carÃ¡cter excepcional, se establece para 2005 un segundo plazo de la presentaciÃ³n de solicitudes de ayudas para el achatarramiento de tractores antiguos con adquisiciÃ³n de nuevos modelos, conforme a lo establecido en el Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero, por el que se regulan dichas ayudas. El periodo de presentaciÃ³n de las solicitudes quedarÃ¡ abierto desde el dÃ­a siguiente al de la publicaciÃ³n de este real decreto ley y finalizarÃ¡ en el plazo de un mes, contado desde la misma fecha, y serÃ¡ aplicable exclusivamente al presente ejercicio de 2005.
Este real decreto ley se dicta al amparo del artÃ­culo 149.1.1.Âª, 7.Âª, 13.Âª, 14.Âª y 17.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulaciÃ³n de las condiciones bÃ¡sicas sobre igualdad de derechos de los espaÃ±oles, bases y coordinaciÃ³n de la planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica y rÃ©gimen de la Seguridad Social.
El presente real decreto ley entrarÃ¡ en vigor el mismo dÃ­a de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».

References: Real Decreto 
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