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Timestamp: 2018-02-24 01:57:35+00:00

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Mentira y error de Estado nº83
Mentira y error de Estado
1. UNA SESION DEL CONGRESO EN 1995
Después de las atrocidades cometidas en su cuartel general de Albacete y otros pueblos de la región, la primera Brigada Internacional, que era la XI Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, había recibido órdenes del mando superior de la defensa de la capital el general en jefe don José Miaja Menant, y del jefe de Estado Mayor, teniente coronel don Vicente Rojo Lluch de trasladarse desde el sector de Vallecas, que le habían encomendado, al sector exterior de la Casa de Campo (Puente de los Franceses, meseta de la Ciudad Universitaria, inmediaciones de Pozuelo de Alarcón), porque, según la orden de operaciones capturada en la noche del 7 de noviembre a un oficial enemigo de carros, el ataque principal del Ejército de Africa, que ya había penetrado en la Casa de Campo, iba a desencadenarse al día siguiente a lo largo de ese sector extramuros del gran parque madrileño situado al otro lado del Manzanares, desde el Puente de los Franceses hasta Pozuelo. La Primera Brigada Internacional desfiló sobre el mediodía del 8 de noviembre por la Gran Vía de Madrid para entrar en fuego esa misma noche en la defensa del sector asignado. Sus batallones fueron tomando posiciones en el ancho frente que les correspondía, pero su primera acción contra el enemigo no resultó especialmente gloriosa. Las unidades que desde la Gran Vía torcieron a la derecha sobre los desmontes que cerraban en aquella época el paso hasta la llamada antes (y después) de la Princesa pasaron necesariamente ante la cárcel Modelo, donde el día anterior, 7 de noviembre, aniversario de la Revolución soviética de 1917, había tenido lugar la primera gran saca de presos destinados a las zanjas de Paracuellos, y ese mismo día 8 se había producido desde la misma cárcel la segunda y la tercera saca, con los presos despojados de sus pertenencias y atadas las manos con bramante, hasta el caz del Soto de Aldovea en Torrejón de Ardoz. Desde la madrugada del 6 al 7 de noviembre había iniciado sus funciones como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid el joven comunista -ingresado en el PCE durante la tarde del día 6- Santiago Carrillo Solares quien ante la Junta de Defensa recabó su exclusiva responsabilidad en las sacas y traslados de presos, que había sugerido perentoriamente el delegado personal de Stalin en Madrid, Mikhail Koltsov, y ejecutaban las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia a las órdenes de Carrillo. Todas estas afirmaciones están probadas por testimonios y documentos definitivos en mi libro Carrillo miente1.
Cuando las unidades de la XI Brigada Internacional entraron en la cárcel Modelo el 8 de noviembre para explorar el edificio, como habían recibido orden de hacerlo en todos los de la zona de cuya defensa iban a encargarse, los presos partidarios de la España nacional estaban, ante las sacas de ese día y la víspera, aterrados como se puede suponer. Era la primera vez que los Internacionales tomaban contacto con el enemigo, pero era un enemigo inerme y encerrado. Mi amigo Cayetano Luca de Tena estaba allí y en plena efervescencia del entusiasmo de la España reconciliada con el homenaje a los Internacionales de 1996 me describía su brillante actuación frente a las celdas abarrotadas de la Modelo aquel 8 de noviembre de 1936. «Abrían las puertas, nos miraban con odio desbordante y llamándonos a voz en grito «fascistas» nos hacían la señal de cortarnos el cuello.» Luego se fueron a sus puestos de combate frente al Ejército de Africa, muy orgullosos, sin duda, de su primera acción en la guerra de España. No fue, desde luego, la primera de sus atrocidades. Pero sí la más cruel y cobarde, ante unos prisioneros aterrorizados e indefensos. El homenaje demencial de 1996, sobre todo el voto favorable del Partido Popular a ese homenaje, debe interpretarse a la luz de la escena espantosa que acabo de evocar. Sin duda para premiarla, junto a las demás hazañas de los Internacionales, el Congreso de los Diputados se acordó el 28 de noviembre de 1995 del artículo 11 de nuestra Constitución, que dice así: «La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley».
Y según el experto constitucionalista profesor Manuel Fraile Clivillés, esa ley no puede ser sino el Código Civil y la ley 51 de 1982, de 13 de julio:«Artículo 21. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales»2.
Bien está que los Internacionales se beneficien de la amnistía decretada por el general Franco en 1969 para preparar los caminos del Príncipe y borrar toda responsabilidad penal en delitos y crímenes cometidos durante la guerra civil. Bien está que les afecten las amnistías de nuestra transición a la democracia. pero de ahí a premiarles colectivamente con el más alto honor que puede conceder el Estado español, el otorgamiento de la nacionalidad, a quienes así se comportaban contra españoles indefensos en 1936 corre todo un torrente de aberración y de ridículo. Los Estados Unidos concedieron la nacionalidad norteamericana al marqués de Lafayette a fines del siglo XVIII y a Wiston Churchill, hijo además de madre americana, al término de la segunda guerra mundial. Concurrían en ellos, sin duda, circunstancias excepcionales. pero conceder la nacionalidad española a un nutrido grupo, varios centenares al menos, de supervivientes de ciertas unidades político-militares que vinieron a España a las órdenes de Stalin para convertirla en un satélite de Stalin, en una «democracia popular» como reconocía la Pasionaria al hablar de una mentira histórica colosal; y debo proclamarlo aquí con las propias palabras de los culpables, para perpetua ignominia.
Contengamos, aunque sea difícil, la indignación y el sarcasmo. Vayamos fría y serenamente a los hechos. El homenaje de 1996 no fue una improvisación. Fue un hecho totalmente premeditado un año antes y orquestado a lo largo de todo ese año por una campaña de prensa y otros medios que sólo puede calificarse como impúdica.
El proceso de la parcialidad y la ignominia empezó unos días antes del 10 de noviembre de 1995, cuando se creó -a eso, naturalmente, no me opongo- la Asociación de amigos de las Brigadas Internacionales. Unos días más tarde, ese 10 de noviembre, poco antes de la trágica sesión que voy a reconstruir, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, vascos (PNV) y socialistas del Congreso presentaron una proposición no de ley sobre reconocimiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los brigadistas internacionales. Esta proposición fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes serie D número 292 de 10 de noviembre de 1995. La toma en consideración se debatió en la sesión del martes día 28 de noviembre, y figura en el Diario de Sesiones número 186 de 1995. Que la proposición la presentaran los comunistas es natural y corresponde a su historia. Los socialistas poco tuvieron que ver con las Brigadas Internacionales en España; estaban divididos en procomunistas (Negrín) y anticomunistas (Largo Caballero) pero sus relaciones con las Brigadas, fuera de la presencia en ellas de algunos socialistas extranjeros como Pietro Nenni, fueron mínimas. Más inexplicable aún es el apoyo del PNV a la proposición no de ley. Los Internacionales no lucharon en el País Vasco fuera de alguna excepción individual. El delegado del PNV en el Madrid rojo, Jesús de Galíndez, escribió un libro sobrecogedor sobre los crímenes comunistas en el Madrid rojo, que los actuales líderes del PNV deberían aprenderse de memoria; si lo hubieran conocido no habrían presentado la famosa proposición. Vayamos, pues, a la reseña de la sesión más disparatada de las Cortes españolas desde aquella de 1910 en que el jefe del PSOE en aquella época, don Pablo Iglesias, proclamó y encima insistió en que contra el expresidente del Gobierno don Antonio Maura era comprensible el atentado personal.
Presidía un socialista respetable, don Félix Pons, que sin duda conocía relativamente bien la Historia de España porque en cuanto vio el segundo punto del orden del día se levantó y se marchó del hemiciclo dejando la presidencia a otro socialista que por lo visto conocía peor esa Historia, el señor Bevía Pastor, que dio la palabra a la diputada de Izquierda Unida, señora Maestro Martín.
No me extraña lo que dijo, era natural y nunca me ensaño con lo natural. La diputada comunista explicó que lo que se pretendía era pagar a los Internacionales una «deuda histórica del pueblo español frente a decenas (sic, seguramente quiso decir decenas de miles) de jóvenes, hombres y mujeres, de todos los continentes que arriesgaron su vida y su seguridad (la diputada no lo sabía pero vinieron hombres solos; las mujeres no rebasarían esa decena, ahora sin errata, que acababa de apuntar) y vinieron a nuestro país a luchar en un momento en que el fascismo se cernía sobre el mundo». La causa de la España nacional no era el fascismo; eso es lo que decían los comunistas y su inspirador Stalin, pero es inútil explicárselo incluso ahora. «Son los llamados -seguía la señora Maestro- voluntarios de la libertad, los miembros de las Brigadas Internacionales». Rumores, anotan los taquígrafos. Supongo que serían rumores en las filas del centro-derecha, que no se tragaban, de momento, eso de llamar a las legiones de Stalin «voluntarios de la libertad», ese nombre que se atribuyeron, no sin cierta exageración, los miembros de la milicia nacional, brazo armado del Partido Liberal-Progresista en la España del siglo XIX, para luchar contra «la reacción». La señora Maestro sabía, pero no quería reconocer, que llamar «voluntarios de la libertad» a las hordas de Stalin era admitir que venían a defender la libertad de Stalin, que precisamente en ese mismo año 1936 estaba iniciando la era de sus purgas frenéticas, en la que perdieron la vida decenas de miles (ahora sí, por no decir centenas) de ciudadanos deÊla Unión Soviética que se permitían criticar o disentir del zar rojo; e incluso comunistas auténticos, revolucionarios de 1917 simplemente por celos, odios o envidias del zar rojo. Después de los rumores continúa la diputada comunista: «Vinieron a nuestro país de cincuenta naciones diferentes, neozelandeses, cubanos, vietnamitas, árabes». Escoge la señora Maestro las naciones más exóticas; y tiene de la «nación árabe» el mismo concepto que tuvo el coronel Lawrence de Arabia. Enumera después otros contingentes, se arma un pequeño lío con la Olimpíada Popular en Barcelona, se arma un lío mayor con la represión del alzamiento en Barcelona, donde fueron asesinados tantos militares españoles (otra excelente justificación de la nacionalidad), confunde a las Brigadas Internacionales con las del POUM, que nunca fueron Internacionales aunque admitieron algunos voluntarios extranjeros sueltos y además eran enemigas a muerte de los comunistas. Entra en el espinoso problema del armamento en la guerra civil: «pocas armas había en España». No ha leído el libro definitivo del general Salas Los datos exactos de la guerra civil; cuando lo haga, sabrá que en España había en 1936, antes de la llegada de las armas soviéticas, muchas armas y casi todas estaban en poder de la República. Describe la presencia de las Brigadas Internacionales «en la sierra norte de Madrid», donde no hubo ni una; también las ve en Euskadi, donde no hubo una sola de estas unidades, dígame cuál. «Intentaron empujar a la Historia en su sentido más favorable a la democracia y a la libertad». Eso quería de boquilla y en apariencia el jefe supremo de las Brigadas, señor Stalin, el demócrata liberal que pedía en su carta famosa al jefe del Gobierno de la República, don Francisco Largo Caballero, a fines de diciembre de 1936, que diera a su régimen al menos una apariencia de vida parlamentaria, a lo que replicó airado el líder socialista que en su zona no había un solo español que deseara un régimen parlamentario. Tal respuesta es del 6 de enero, y la señora Maestro la puede ver en cualquier libro de Historia, por ejemplo en España, de don Salvador de Madariaga, autor demócrata si los hay. En su lista de muertos de las Brigadas los aumenta un cincuenta por ciento largo. Después niega la retirada de los voluntarios italianos de la zona nacional; están todos los documentos, todas las fotografías. Dice que los moros combatieron en el Ejército Nacional reunidos en un tercio; ha alabado a los «árabes de las Brigadas Internacionales» pero se opone a que vinieran moros al otro lado y además los encuadra en un «tercio» y cree que la mayoría de la Legión era extranjera. Cree también que el abandono de la República española lo deciden en Munich las potencias occidentales que para nada hablaron del caso; el abandono de la República lo decide como saben hasta los historiadores comunistas, Stalin en persona cuando ya estaba preparado su pacto nefando con Hitler, de lo que la señora Maestro no dice una palabra. Cita, no faltaba más, la soflama con que la Pasionaria despide a los Internacionales, a los que describe como un ejército pluralista; pues no, señora Maestro, fueron un ejército comunista con algunos pocos compañeros de viaje. A toda esta sarta de disparates llama la señora Maestro «inevitable ejercicio de memoria histórica necesario en nuestro país». Luego termina con el poema célebre de Rafael Alberti, que ni los albertianos más fervientes se han atrevido a repetir en esta ocasión; y la inconcebible perorata termina con aplausos y ya sin ningún rumor. La leyenda rosa, falsa y absurda de las Brigadas Internacionales había quedado expuesta sin que ninguno de los diputados presentes dijera nada.
El parlamentario del PNV señor González de Txabarri fue, por fortuna, más breve. Dijo que las Brigadas Internacionales eran una «asignatura pendiente de la transición quizá para ponernos todos rojos». Eso, sin duda, se pretendía; aquella jornada el Parlamento se puso rojo. Cita al ministro vasco señor Irujo como partícipe del Gobierno rojo, pero no cita los terribles telegramas que envió el señor Irujo a la Junta de Defensa de Madrid como protesta por las atrocidades cometidas en ese Madrid que defendían las Brigadas Internacionales. Afirma que la señora Maestro ha disertado «con rigor histórico». Reconoce, contra el rigor histórico de la señora Maestro, que en «Euskadi no existieron propiamente las Brigadas Internacionales», quizá por eso no propone para ellas la nacionalidad vasca; y matiza que las Brigadas «creían justa» su causa, porque él sabe muy bien que no lo era. Tiene el acierto de no meterse en líos ni hablar de la historia de las Brigadas. Y se calla.
En nombre del Grupo Socialista interviene la señora Pelayo Duque, que dice haber sentido pocas veces tan alta satisfacción como en este caso. Reconoce, con Andreu Castells, que la historia de las Brigadas Internacionales está por escribir; se ve que los magistrales estudios del general Ramón Salas y el coronel Martínez Bande no le parecen suficientes. Insiste en las mujeres Internacionales; es un gran descubrimiento de las Cortes españolas. Insiste en que el Gobierno rojo era el Gobierno legítimo de la República y en que las Brigadas defendían las ideas de libertad y de justicia. No vinieron, dice, por una propaganda organizada; las campañas de Muenzenberg, de Tito y de todos los partidos comunistas del mundo debieron de ser pancartas de piquetes informativos, no propaganda organizada. Insiste en que el sistema español de 1936 era democrático, aunque su jefe del Gobierno dijera tajantemente que no, como acabo de indicar. Llamó a aquello «epopeya», refiriéndose seguramente a la cobardía de la XIII Brigada Internacional en Brunete, por lo que hubo de ser diezmada y disuelta. Cita entre los precedentes legislativos el decreto que fija las condiciones para obtener la medalla al Mérito Constitucional; si las Cortes hubiesen confirmado aserto tan peregrino mañana mismo devolvería esa medalla que nadie me concedió por matar españoles en nombre de la libertad de Stalin. No se mete en la historia de las Brigadas porque indudablemente la desconoce; se queda en leyes inaplicables y ajenas al caso, se mece en las nubes de una retórica sin fundamento histórico.
Deja paso al representante del Grupo catalán CIU, señor Carrera, que interviene fuera de concurso, dice que votará sí y explica, por fortuna, que las Brigadas Internacionales vinieron a España «en un momento de clara amenaza de los totalitarismos». Utiliza el plural; evidentemente se le ha escapado incluir al totalitarismo comunista, el de Stalin, en servicio del cual llegaron a España las Brigadas Internacionales. Menos mal que, aunque fuera involuntariamente, se dejó notar en las Cortes un soplo de lucidez.
Sin embargo, el argumento principal que exhibieron los oradores en apoyo de la concesión de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales lo había formulado el señor Gómez de Txabarri y lo había ampliado la señora Pelayo. El primero afirmó que la diputada comunista había citado la promesa del jefe de Gobierno de la República, doctor Negrín, a los Internacionales con motivo de su despedida en Barcelona; la promesa consistía en que podrían recabar la nacionalidad española; pero la señora Maestro no había dicho tal cosa en su ardiente discurso. La señora Pelayo fue más lejos y presentó la actual concesión como cumplimiento de la promesa del doctor Negrín. Pero en la reseña del acto de Barcelona por el historiador Castells, miembro de las Brigadas Internacionales, no hay ni rastro de esa promesa de Negrín, que sólo existió en la desbordada imaginación de uno de los oradores de 1938, cuando dijo a los Internacionales: «España es vuestra patria». Pues bien, las Cortes de 1995 aceptaron sin pestañear que, según dos portavoces del grupo parlamentario, se disponían a cumplir una promesa del doctor Negrín, con el que nada tenía que ver la legalidad española actual; una promesa que además jamás se había formulado. O peor aún, se disponían las Cortes a hacer realidad una hipérbole de la Pasionaria. Más o menos como si algún diputado de derechas, que los había, propusiera dar cumplimiento en 1996 a una charla sevillana del general Queipo de Llano o alguna decisión pendiente del general Franco, de cuyo régimen, por lo demás, proviene el régimen actual por reforma y no por ruptura.
2. LA HAZAÑA DEL DIPUTADO POPULAR
El presidente de las Cortes seguía ausente. El vicepresidente da la palabra al señor Bueso Zaera, diputado del partido Popular por Teruel. No sé de dónde ha salido el señor Bueso Zaera. No sé si sabe que las Brigadas Internacionales no estuvieron en Euskadi pero sí en Teruel. No sé si sabe lo que hicieron allí. Pero el gesto y el discurso del señor Bueso Zaera, la votación favorable de los miembros presentes del Partido Popular, la responsabilidad del portavoz titular, que sí conoce bien el problema, y sobre todo la del señor Aznar, no ya por coherencia histórica sino por respeto a su idolatrado don Manuel Azaña, que aborrecía cordialmente a las Brigadas Internacionales, debería haber hecho a su Grupo las oportunas advertencias, me impulsan a reproducir de forma íntegra la alocución roja del señor Bueso Zaera, que dijo lo que viene a continuación:
Las citas al artículo 11 de la Constitución y al artículo 17 del Código Civil, que coincide exactamente con la ley de 1982 que ya he citado, demuestran que el señor Bueso Zaera no actuó por sorpresa sino con previa consideración de lo que iba a hacer.
«El señor vicepresidente (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Bueso.
El señor Bueso Zaera: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta proposición no de ley.
El artículo 11 de la Constitución española en su primer apartado señala que «la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la Ley». A este respecto, el Código Civil regula en sus artículos 17 y siguientes la situación de los españoles y extranjeros, recogiendo una serie de normas sobre la adquisición de la nacionalidad. La nacionalidad es una institución bifronte que puede definirse como el título jurídico que atribuye a una persona el «status» o condición de nacional de un determinado Estado. Las de la adquisición de la nacionalidad pueden dividirse en dos grandes grupos: adquisición originaria, que se produce por el hecho del nacimiento en un país determinado, y derivativa, por un hecho posterior. Esta, a su vez, puede subdividirse en adquisición por opción, por carta de naturaleza y por residencia.
En cuanto a la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, que es la que nos lleva a esta proposición no de ley, el Código Civil establece en el artículo 21 que se podrá otorgar discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias especiales. La carta de naturaleza tiene un remoto abolengo en el Derecho español. Ya en los siglos XVI y XVII dio lugar a protestas de las Cortes en los distintos reinos peninsulares, basadas en que el naturalizado por carta podía gozar de oficios y beneficios en España, lo que motivó la intervención de las Cortes en la concesión de las de primera y segunda clase, lo que explica que la Constitución de Cádiz atribuyese su concesión al Poder Legislativo, pero el silencio de constituciones posteriores motivó que fuesen concedidas por el Gobierno.
Dado el carácter discrecional con que se ejerce la concesión de carta de naturaleza, parece que no existen en su otorgamiento limitaciones impuestas por el Derecho Internacional. De Castro entiende que la más corrientemente señalada por los tratadistas de no naturalizar a un extranjero que no resida en el país queda a salvo al exigirse la comparecencia en un registro dentro del territorio. El Reglamento del registro Civil señala que la concesión de carta de naturaleza revestirá la forma de Real Decreto dictada a propuestas del Ministerio de Justicia.
Desde un punto de vista jurídico, no existe obstáculo alguno para admitir esta posibilidad de concesión de la nacionalidad motivada por circunstancias excepcionales, como es la proposición no de ley presentada en esta Cámara por los grupos proponentes respecto a los brigadistas internacionales, como justo reconocimiento a su labor en aras de la libertad. Desde un punto de vista político, nuestro Grupo entiende que hay que cerrar heridas y hay que demostrar la madurez del pueblo español y ser ejemplo para generaciones futuras de convivencia, de libertad y de responsabilidad.
Desde la serenidad de la distancia histórica, hacemos la siguiente reflexión. El Grupo Popular cree en una sociedad democrática, libre y responsable, puesto que las sociedades democráticas proporcionan a los individuos de todo el mundo las mejores condiciones de la libertad política y personal, igualdad de oportunidades y desarrollo económico bajo el imperio de la ley.
Creemos en una sociedad abierta, donde el poder está distribuido ampliamente entre instituciones libres, dedicadas a crear unas condiciones que permitan a cada individuo alcanzar plenamente su potencial y llevar a cabo sus responsabilidades para con sus ciudadanos, y donde la tarea principal del Gobierno es la de servir a la persona y la de defender y promover la libertad personal. Sólo un sistema político de democracia pluralista puede realizar aquellos valores que, basados en la persona, hacen posibles su libertad y su realización individual y social, en un plano de igualdad para todos. Ni siquiera una decisión mayoritaria puede vulnerar los derechos humanos básicos y las libertades públicas proclamadas por nuestra Constitución y reconocidas por los convenios internacionales suscritos por España. Tales derechos y libertades son consustanciales a todo sistema democrático. La convivencia halla su marco propio en la paz social y en la supremacía de la ley democráticamente elaborada, aplicada con independencia por los jueces y ejecutada con corrección por todas las administraciones.
Por toda esta serie de consideraciones, el Grupo Popular va a votar favorablemente esta proposición no de ley. Nada más y muchas gracias.
El señor vicepresidente (Beviá Pastor): Gracias, señor Bueso.»
Casi no me siento con fuerzas para comentar los disparates históricos y políticos del ocasional portavoz del Partido Popular. Las consideraciones jurídicas y políticas que adujo son absolutamente extempóreas y nada tienen que ver con la realidad de las Brigadas Internacionales. Ya que evoca los siglos XVI y XVII podría haberse alargado hasta el XIX y evocar también la profecía de Donoso Cortés sobre la futura presencia de soldados del Imperio ruso en Madrid. El señor Bueso, el Partido Popular y en consecuencia su presidente, don José María Aznar, que no dijo una palabra sobre el caso ni tuvo un solo comentario negativo para el aquel día portavoz del grupo a que pertenece, se atrevieron a mostrarse de acuerdo, por acción u omisión, como acaba de ver el lector, «con la proposición no de ley presentada en esta Cámara por los grupos proponentes respecto a los brigadistas internacionales, como justo reconocimiento a su labor en aras de la libertad. Desde un punto de vista político nuestro Grupo entiende que hay que cerrar heridas y hay que demostrar la madurez del pueblo español y ser ejemplo para generaciones futuras de convivencia, de libertad y de responsabilidad». Convertir a los Internacionales en españoles es, para el Grupo al que representa el señor Bueso Zaera, «cerrar heridas». Cerrarlas con falsedad, el agravio a gran parte de españoles y por supuesto a todos los votantes del Partido Popular. Escribo un libro por esa intervención parlamentaria inconcebible, que seguiría sin creerme de no tener delante el original del Diario de Sesiones.
No me preocupa ni me extraña la actitud de los comunistas en este asunto, ni tampoco la de los socialistas. Me extraña, por las razones aducidas, el voto afirmativo del PNV y de Convergencia i Unió, entonces aliados de los socialistas, hoy del Partido Popular. Debo terminar, con las cifras heladas y sarcásticas, la narración de la escena en el Congreso. El señor presidente, don Félix Pons, que no había asistido al debate, regresó para la votación. Se emitieron 286 votos. No se registró ninguno negativo, sólo dos abstenciones. Votaron a favor 284 diputados. El Diario de Sesiones no cita las ausencias, ni me interesan; ninguno de los ausentes protestó. Algún tiempo más tarde la ministra de Educación y Cultura, doña Esperanza Aguirre, expuso en la Academia de la Historia la necesidad de que los españoles aprendan la historia de España. Habría que organizar unos urgentísimos cursillos de Historia esencial de España para el presidente del Gobierno, señor Aznar, sus asesores y el grupo parlamentario del Partido Popular en pleno. Pobre Historia de España, pobre España, que por ignorar su Historia me temo que ya está condenada a repetirla.
Un gran político de nuestro tiempo, el profesor Fernando Suárez, absurdamente marginado después de su contribución decisiva a la reforma política de 1976, está creando, con Juan Ramón Calero y otros políticos hartos de ambigüedades, una derecha sin complejos en España. Y a mediados de diciembre, mientras critica con toda razón al señor Aznar por inventarse nuevas nacionalidades regionales, añade un altísimo sarcasmo:«En todos estos años la única vez que se ha mencionado la nacionalidad española ha sido para concedérsela a las Brigadas Internacionales». Toda la Historia está con él.
Fiel al unánime mandato del Congreso, el Gobierno socialista aprobó el 19 de enero de 1996 un Real Decreto, el 39/1996, que transcribo a continuación. El Real Decreto está firmado, naturalmente, por el rey don Juan Carlos I y refrendado por el ministro de Justicia e Interior, J.A. Belloch.
«Es de justicia reconocer la labor en pro de la libertad y de la democracia llevada a cabo por los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales durante la guerra civil española de 1936 a 1939. Los supervivientes de la contienda merecen ver de un modo patente la gratitud de la Nación y para ello nada más justo que entender que se dan en ellos las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 21 del Código Civil a los efectos de la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza. JUAN CARLOS R.»

References: artículo 11
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 21