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Timestamp: 2020-02-21 07:32:46+00:00

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Las aguas vuelven a su cauce (Funcionarios interinos y Policía Local: Reflexiones de urgencia sobre la STC de 19-IX-2019) - Hay Derecho
Las aguas vuelven a su cauce (Funcionarios interinos y Policía Local: Reflexiones de urgencia sobre la STC de 19-IX-2019)
29 septiembre, 2019 /5 Comentarios/en Blog /por Rafael Jimenez Asensio
Hace unos pocos meses en este mismo Blog publiqué un breve comentario en el que censuraba la interpretación literal y descontextualizada del artículo 92.3 LBRL que llevó a cabo la Sala de lo Contencioso-Administrativo a través de la STS 828/2019, en relación con la prohibición de nombrar funcionarios interinos para la Policía Local . En ese comentario también advertía de los “daños colaterales” que esa interpretación podía causar al colarse de rondón la consecuencia (no querida, presumo) de que, a partir de esa doctrina jurisprudencial y en el caso de que se asentara, sus efectos sobre las interinidades existentes en la función pública local serían demoledores y establecerían una suerte de régimen excepcional básico (prohibición de la figura del funcionario interino) aplicable solo a la Administración Local y no al resto de administraciones territoriales.
Algunas semanas después de dictar aquella Sentencia, el Tribunal Supremo (STS 2087/2019) conoció un recurso de casación que se planteaba, concretamente, en relación con la normativa balear en esa misma materia. En ese caso, el Tribunal Supremo fue más prudente y, a mi juicio acertadamente (aunque no siguiera la polémica doctrina del TC recogida en sus SSTC 102/2016 y 204/2016, especialmente en esta última sobre la aplicación de la cláusula de prevalencia por los tribunales ordinarios),remitió la solución final a lo que en su día estableciera el Tribunal Constitucional al considerar que se debía plantear una cuestión de inconstitucional sobre el alcance del artículo 92.3 LBRL que según la Sentencia del TSJ vedaba la figura del funcionario interino en el ámbito de la policía local al quedar (pretendidamente) la normativa autonómica desplazada por el legislador básico.
Pues bien, la STC de 19 de septiembre de 2019 (aún sin numerar) resuelve definitivamente un problema aparente y, hasta cierto punto, inexistente (o creado artificialmente). Y la importancia que tiene tal pronunciamiento es evidente, pues restaura el cauce desbordado de una interpretación escasamente convincente y poco coherente en términos de análisis del ordenamiento jurídico en su integridad, así como restablece la confianza en los tribunales de justicia.
No me interesa en estos momentos plantear todos los antecedentes del caso, que se pueden consultar en la Sentencia que se adjunta al presente comentario, sino solo resaltar el hilo argumental, conciso y preciso, que el Tribunal Constitucional lleva a cabo para concluir algo que a muchos nos parecía obvio, pero no así al Tribunal Supremo o a algunos Tribunales Superiores de Justicia: la expresión que emplea el artículo 92.3 LBRL relativa a “funcionarios de carrera” no puede implicar en ningún caso la exclusión de la figura de los funcionarios interinos para el ejercicio de funciones de autoridad o de potestades públicas. Pues tal interpretación sería sencillamente absurda e incoherente. Y ello lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional a través de un trazado argumental que en grandes líneas es el siguiente:
El dilema al que se enfrenta el Tribunal Constitucional está bien planteado:
“Si este precepto se interpreta como una reserva absoluta de determinadas funciones a los funcionarios ‘de carrera’, con exclusión de los interinos, la norma autonómica cuestionada será inconstitucional, pues regula un procedimiento de selección de funcionarios interinos para el ejercicio de una de estas funciones reservadas, en concreto “funciones públicas que implican el ejercicio de autoridad”.
“Por el contrario, si el art. 92.3 LBLR se interpreta como una reserva de esas funciones públicas, entre las que encajan las de la policía local, simplemente a los funcionarios, sin excluir a los interinos, los preceptos autonómicos serán constitucionales.”
Y tras un análisis “integral” del marco jurídico en vigor, que supera la interpretación exageradamente literal y descontextualizada que llevara a cabo el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional concluye de forma diáfana:
“En la interpretación del art. 92 LBRL a los efectos de este proceso constitucional, debe tenerse presente que en el seno de la LBRL, la expresión “funcionarios de carrera” se utiliza como equivalente a la de funcionario público, sin exclusión de los interinos.
Ninguna de estas referencias específicas a los funcionarios “de carrera” ha sido interpretada nunca, desde la entrada en vigor de la LBRL en 1985, como una expresa prohibición de nombramiento de funcionarios interinos en la Administración local. Al contrario, esta clase de personal ha seguido existiendo y a ellos se refiere, por ejemplo, el art. 128.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL),
Y el Tribunal Constitucional pone, asimismo, de relieve los (absurdos) “daños colaterales” que una interpretación como la pretendida generarían, lo cual es determinante:
Por otra parte, la amplitud de las funciones reservadas en este art. 92 a los ” funcionarios de carrera”, que incluye no solo las señaladas en el art. 9.2 TRLEEP, sino en general todas aquellas que lo precisen “para la mejor garantía de objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función” (art. 92.3 in fine), implicaría que una interpretación del mismo como norma prohibitiva del nombramiento de funcionarios interinos para todas esas funciones reservadas impediría no solo el nombramiento de funcionarios interinos para los cuerpos de policía local, sino en general para cualquier cuerpo o escala de las entidades que integran la Administración local, aunque esos cuerpos no ejerzan funciones de las estrictamente reservadas a funcionarios en el art. 9.2 TRLEEP.
Por consiguiente, problema resuelto. Tras el enorme desconcierto y grave confusión (así como, peor aún, con altas dosis de inseguridad jurídica añadida) que abrió la STS 828/2019 citada, las aguas vuelven a su cauce. La tempestad provocada por los tribunales no debería haber acabado nunca en el Tribunal Constitucional, pues los daños colaterales han sido cuantiosos y el daño institucional evidente. Los tribunales ordinarios tendrían que haber canalizado antes el problema por el arte (pues algo o mucho de ello tiene) de la interpretación jurídica en términos razonables, ya que allí realmente no latía una antinomia entre legislación básica y legislación autonómica, sino una interpretación de un enunciado legal en el marco del ordenamiento jurídico en su conjunto.
Aunque hay que agradecer, sin duda, la temprana reacción del Tribunal Constitucional a la hora de resolver esta cuestión de inconstitucionalidad, lo que al menos indica que ha sido muy sensible en este caso a la urgencia que el problema tenía e intentar paliar, así, los destrozos causados. Hay, que congratularse, por tanto, de que funcionen los mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes y normas jurídicas con rango de Ley y, por tanto, el Estado Constitucional de Derecho.
Pero, con todos mis respetos, lo que deben evitar los tribunales de justicia son interpretaciones planas, literales o carentes de integración en un sistema normativo que tiene sus reglas, pero también sus principios. Los jueces, en determinados contextos, pueden (es más, deben) perfectamente llevar a cabo una interpretación razonable de las leyes y de su conformidad con la Constitución, siempre que tales interpretaciones estén bien construidas y sean razonables, ahorrándose en lo posible el planteamiento (siempre dilatorio) de cuestiones de inconstitucionalidad, al menos en cuestiones tan obvias como esta. Pues al fin y a la postre, la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo que analizó inicialmente el problema ya identificó con precisión que llevando “una lectura integrada” (y cabal, añado) del ordenamiento jurídico era meridianamente obvio que la expresión “funcionario de carrera”recogida sorpresivamente en el artículo 92.3 por la reforma local no podía excluir el nombramiento de funcionarios interinos para el ejercicio de funciones de autoridad o de potestades públicas en las Administraciones Locales, pues ello era tanto como decir que esos niveles de gobierno solo podrían cubrir esos puestos de trabajo con funcionarios de carrera, dejando así “en mantillas” (por no ser más gráfico) decenas de miles de interinos que tienen los gobiernos locales. Las interpretaciones pegadas a la literalidad y fuera de contexto pueden producir efectos devastadores. Al menos esta se ha corregido. Y hay que aplaudirlo. Aunque ello no exime del tirón de orejas que da el Tribunal Constitucional a un legislador ciertamente chapucero, que más que aclarar lo complica todo. A veces lo más sencillo lo transformamos en complejo. Asunto zanjado. Las aguas vuelven a su cauce natural, de donde nunca debieran haber salido.
Nota Adicional:Sí es cierto que esa solución jurídica tal vez no resuelva, como acertadamente me comenta Javier Cuenca, otros “nudos” prácticos u operativos del problema, derivados muchos de ellos del caótico marco regulador de las policías locales y de algunas prácticas existentes más que discutibles. Es cierto que en la Guardia Civil, Policía Nacional o en las propias policías autonómicas la interinidad no existe. Pero en el mundo local, con su alambicado sistema de fuentes y de reparto de competencias en esta materia,el problema ha pasado por distintas fases (negación, aceptación y vuelta a la negación, hasta acabar de nuevo en la aceptación), siempre objeto de controversia. La interinidad, mal definida normativamente, mal gestionada o torticeramente aplicada por una política escasamente responsable, puede generar problemas de inestabilidad de plantillas y evidente vulnerabilidad de tales agentes públicos, más aún en temas de seguridad pública. La preferencia por la condición de funcionario de carrera y el fortalecimiento de la profesionalización en ese ámbito debiera de ser un objetivo claro, y la interinidad la excepción debidamente acreditada y tasada para supuestos puntuales. Pero ya se sabe: del dicho al hecho va un trecho. Soluciones para resolver el problema pueden ser, aparte de modificar el marco normativo básico en esta materia,la aprobación de normativas autonómicas exigentes que, sin menoscabo de la autonomía local, salvaguarden los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la condición de personal interino, organizando la selección a través de programas comunes y otros requisitos (habilitación previa al nombramiento como interinos mediante Escuelas o Institutos de Formación de Policías Locales), así como en el establecimiento de unas exigencias comunes de superación de programas formativos selectivos impartidos en tales instituciones o entidades. La Comunidad Valenciana ha dado pasos en esa dirección. Pero, en el comentario anterior nuestra única pretensión era llevar a cabo unas reflexiones de urgencia sobre el problema jurídico planteado en los términos que la cuestión de inconstitucionalidad lo hiciera y en que el debate interpretativo se enmarca. Sin ir más lejos.
Etiquetas: Administraciones Públicas, Derecho Constitucional, Función Pública
https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2019/09/placa-policía.jpg 1500 1124 Rafael Jimenez Asensio https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Rafael Jimenez Asensio2019-09-29 00:03:152019-09-28 18:03:43Las aguas vuelven a su cauce (Funcionarios interinos y Policía Local: Reflexiones de urgencia sobre la STC de 19-IX-2019)
29 septiembre, 2019 en 21:58
És fantástico que el TC haya sido tan rápido, pero hay daño que ya está hecho. Mi marido, que es funcionario de carrera en una población, estaba como funcionario interino en otra, esperando que saliese la oposición para la plaza que estaba ocupando. Por culpa de la sentencia del TS, a mi marido no le renovaron, todo y llevar 5 renovaciones de contrato de tres meses cada una. Esta vez no le renovaron y se lo dijeron dos días antes de finalizar el contrato. A la puta calle, sin paro, evidentemente y teniendo casi que suplicar en su anterior ayuntamiento, que lo cojan, pues resulta que casi, casi hay que volver a opositar para volver a a “tu supuesta plaza” y eso siempre y cuando haya una plaza libre. INCREÍBLE. Tenemos 4 hijos, y no sabemos cuándo volverán a cogerle en el anterior ayuntamiento. Lo peor de todo, es que la Generalitat se ha dedicado a mandar cartas a los Ayuntamientos diciéndoles que no renueven que los interinos.
No se puede jugar así con el trabajo y con pan de las personas.
30 septiembre, 2019 en 15:07
Pues yo no acabo de entender el reproche a quien interpretó que “funcionario de carrera” significa funcionario de carrera. Un tribunal no puede ir contra el tenor claro de la ley, o se viene abajo el Estado de Derecho
Sería está idea de aplicación a cuerpos de bomberos
LOPEZ LERA Dice:
11 octubre, 2019 en 20:24
Excelente articulo, pero con todos mis respectos no estoy de acuerdo.
En primer lugar debemos tener en cuenta, ¿quién nombra a los miembros del Tribunal Constitucional? y ¿de qué ámbitos provienen?.
En segundo lugar, dónde queda la seguridad jurídica si donde dice “casa” luego decimos que lo que quiere decir es “campo”.
Y ya entrando más en materia, con todos mis respetos, creo que el TC lo que ha venido a decir, en el ámbito policial, es que no hay problema que existan funcionarios interinos, eso no lo voy a discutir, el problema radicaba que esos funcionarios no podrán realizar funciones de la Policía Local se llevan aparejado autoridad de manera directa o indirecta, dicho lo cual, podrán hacer funciones: de control en los ayuntamientos, mirar cámaras de seguridad, contestar al teléfono de urgencias, estar en la radio policial, labores administrativas o labores de educación vial en los colegios, trabajos de mantenimiento; como se pude apreciar no son pocas y para las cuales no es necesario ejercer autoridad de manera directa o indirecta.
Pero hay un pero a lo anterior, ¿para qué quiero un policía si no puede ser policía?. Esa es la pregunta que se habrá hecho el TS y con sentido común, sentencio que no pude existir la figura del funcionario interino en la Policía Local, porque sería como ir con toga y puñetas pero no puedo dictar sentencias.
El TC, con todos mis respetos, no es quien para analizar lo que pensaba el legislador, sólo debe verificar la constitucionalidad de una norma de acuerdo con la Constitución y creo que está ocasión ha obviado la propia Constitución en relación a la separación de poderes y algún que otro artículo, como por el ejemplo el 103, artículo que el TS ha tenido en cuenta para dictar la sentencia.
Posiblemente este equivocado, pero es lo creo y he sido funcionario interino en la policía local, no es de recibo que que exista policías locales que tenga un 50% de interinidad, en primer lugar porque se crean guardias pretorianas que no van a discutir ninguna orden ilegal porque les va en ello el empleo y además, tampoco, van actuar con la contundencia e imparcialidad con los infractores porque saben que mañana pueden no ser funcionarios interinos y tienen que volver a conseguir un empleo.
Es cierto que el TC ha visto que la sentencia del TS puede provocar un maremoto, pero no en la Policía Local, sino en los puestos del Grupo A ocupados de manera interina: secretarios, interventores, arquitectos, etc; la “elite” de los funcionarios, muchos de ellos cooperadores, por acción u omisión, de la existencia de la corrupción galopante de las administraciones locales.
Pido perdón si alguien se ha sentido ofendido, no era mi intención.
11 octubre, 2019 en 20:29
Estoy muy de acuerdo con ello.
eso que concluye el TC de que funcionario=funcionario de carrera=funcionario interino es una atrocidad lógica y hasta funcional pues ¿para qué denominar de tres modos distintos lo que es de una única naturaleza?
Recomendaciones de lectura: A short history of Brexit, Kevin O’Rourke, Pe... Buscando luz en el laberinto territorial

References: artículo 92
 artículo 92
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 artículo 92