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Timestamp: 2020-03-31 11:09:00+00:00

Document:
iurix.pdf | Caso de ley | Corte de justicia europea
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1 IURIS&LEX
Capital que viene
Calculadora en mano | P4
escasa cuanta:
20 de diciembre de 2013 | N 99
El reportaje | P12
Claves de la fiscalidad
del juego en
el ltimo ejercicio
El informe de la semana | P14
Las 10 leyes ms polmicas
que deja 2013
La Ley antidesahucios, las tasas judiciales o
la reforma penal, alarman a los ciudadanos |
El prximo nmero de Iuris&Lex
saldr el prximo 3 de enero
y la revista pasar a ser quincenal
2 IURIS&LEX
Iuris&Lex cumple 100 nmeros e
inicia la andadura de una nueva poca
ras nada menos que 99 nmeros, desde la revista digital Iuris&Lex nos preparamos para una
nueva etapa. El cambio de ao, y el alcance del nmero 100 nos han servido de acicate para darle un nuevo
impulso y poder seguir aportando nuestro pequeo
granito de arena a la ardua tarea de entender mejor el
mundo de las leyes, a veces tan oscuro y enmaraado.
Con este mismo espritu, el proyecto que hemos diseado ampla contenidos, con nuevas secciones dirigidas a profundizar, an ms, en la informacin y el
anlisis de todas las reas del Derecho. Por ello, a partir de 2014, Iuris&Lex pasar a tener periodicidad quincenal, coincidiendo con el nuevo ao.
Adems, la semana pasada, el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco Jos Navarro Sanchs, pionero en esto de arrojar luz -y una luz ms que experta- sobre leyes y sentencias, dej nuestras
pginas cerrando as una etapa que empez, nada menos que en el ao 2008, cuando naca la
revista. Recoge el testigo el abogado tributarista Esa Alarcn, al que se sumarn, tras las fiestas, otras importantes firmas de todas las disciplinas.
Como broche a este ao de idas y venidas
en el mundo de la Justicia, aprovechamos la
ocasin para hacer un balance de este ao
que abandonamos y que, no podemos obviar que en materia de leyes, deja un sabor
Otra vez, quedar en nuestra memoria
un ejercicio cargado de normas polmicas y convulsas que, en la
prctica, poca solucin parecen haber dado a quienes
siguen sin empleo o han perdido sus casas, cada vez ms llenos de escepticismo en eso de
que la cosa mejora, que tanto
nos repiten los de arriba.
La lista de novedades legislativas
que han disparado todas las alarmas
Tras nada menos que 99 nmeros, desde la revista digital
Iuris&Lex nos preparamos para una nueva etapa. El cambio de ao, y el alcance del nmero 100 nos han servido de
acicate para darle un nuevo impulso y poder seguir aportando nuestro pequeo granito de arena a la ardua tarea
de entender mejor el mundo de las leyes, a veces tan oscuro y enmaraado. La nueva etapa que hemos diseado
ampla contenidos, con nuevas secciones dirigidas a profundizar, an ms, en la informacin y el anlisis de todas
las reas del Derecho. Por ello, a partir de 2014,
Iuris&Lex pasar a tener periodicidad quincenal,
coincidiendo con el nuevo ao.
Edita: Editorial Ecoprensa S.A. Presidente de Ecoprensa: Alfonso de Salas Director Gerente: Julio Gutirrez
Director Comercial: Juan Ramn Rodrguez Relaciones Institucionales: Pilar Rodrguez
Subdirector de RRII: Juan Carlos Serrano Jefe de Publicidad: Sergio de Mara
El tributarista Esa Alarcn recoge el testigo del magistrado
Navarro Sanchs y estrena tribuna en nuestras pginas
La nueva etapa ampla contenidos y secciones por lo que
a partir de 2014 pasaremos a una periodicidad quincenal
entre todos los sectores jurdicos, los ciudadanos, e incluso de las instancias europeas, es ms
que contundente: desde la polmica Ley antidesahucios, con la que el Gobierno pretenda frenar
los desalojos pero que, en la prctica, ha quedado en papel mojado; pasando por la efectiva
puesta en marcha de las tasas judiciales, denostadas por todos los sectores jurdicos que han
visto en la norma una medida que crea una Justicia a dos velocidades: una para los ricos y otra
Todo un entramado normativo que ha despertado la preocupacin e insatisfaccin de una ciudadana castigada por los recortes y el paro y cada vez ms cansada de esperar para ver algo de
luz al final del tnel.
A todas estas leyes se suma la ltima gran propuesta del ao que nos deja el Gobierno: la
nada pacfica Ley de Seguridad Ciudadana, que persigue sancionar con multas millonarias conductas como los escraches, el botelln o las manifestaciones ante el Congreso.
Y lo ms preocupante, deja fuera del esquema a los jueces y magistrados, de modo que sancionar, administrativamente, conductas que el Cdigo Penal recoga como faltas, pero dndoles un castigo econmico mucho mayor y sin las garantas que, hasta ahora, otorgaba un juicio
para el ciudadano. Lo cierto es que en los ltimos meses, los jueces han venido dando sistemticamente la razn a los ciudadanos tanto en las manifestaciones no autorizadas cerca
del Congreso como en los escraches contra polticos.
Con todo esto en las manos, la necesidad de un verdadero ejercicio de reflexin es acuciante. El respiro navideo y el estreno de un nuevo ao cargado de buenos
A todas estas leyes se suma la ltima gran propuesta del
que nos gobierao que nos deja el Gobierno: la nada pacfica Ley de
Seguridad Ciudadana que persigue sancionar con multas
nan recapaciten
millonarias conductas como los escraches, el botelln o
e ideen nuevas
las manifestaciones ante el Congreso. Con todo esto en las
manos, la necesidad de un verdadero ejercicio de reflexin
de verdad, sirvan
es acuciante. El respiro navideo y el estreno de un nuevo
para algo. Desde
ao cargado de buenos propsitos puede ser la oportuniIuris&Lex animamos
dad para que los que nos gobiernan recapaciten e ideen
a todos a que as
nuevas propuestas que, de verdad, sirvan para algo. Desde
sea y os deseamos
Iuris&Lex animamos a todos a que as sea y os deseamos
una Feliz Navidad. Nos vemos el ao que viene.
Nos vemos el ao
Editor: Gregorio Pea Director de elEconomista: Amador G. Ayora
Director de Iuris&Lex: Xavier Gil Pecharromn Diseo: Pedro Vicente y Alba Crdenas
Infografa: Nerea Bilbao Fotografa: Pepo Garca Redaccin: Teresa Blanco y Luca Sicre.
[Cuando me paro a contemplar]
Una bala en la recmara
El Supremo dio carta de naturaleza a la posible reiteracin
de actos anulados por Hacienda
Los tres votos particulares y la opinable exgesis de la posicin
mayoritaria, hacen presumir que el tiro nico no ha muerto
POR ESA ALARCN Jurista y profesor de la Universidad Abat Oliba CEU
o puedo empezar esta columna peridica sin
agradecer la dedicacin de mi antecesor a la
herclea tarea de remover, semanalmente, las turbias
aguas del Derecho Tributario desde una posicin nada
fcil: la de miembro de la judicatura. Continuar esa
machadiana senda permitindome recordarle que
como nos ensea Saint-Exupry en su Principito: Lo
esencial es invisible para los ojos, de modo que lo
que hace importante una obra -como la de Navarro
Sanchs- es el tiempo que uno ha perdido en ella.
Comienzo mi andadura tratando uno de esos ssifos tributarios capaces de reaparecer, de forma cclica, como discusin irresoluble: la posibilidad de que,
anulado un acto administrativo por una resolucin judicial, la Administracin Tributaria pueda proceder de
nuevo a practicar una liquidacin sobre la misma obligacin tributaria.
A tal efecto, debe partirse de dos aspectos que resultan pacficos como son (i) que la reiteracin
de actos administrativos no cabe cuando el derecho a liquidar hubiera prescrito, ni cuando la
estimacin descanse en la declaracin de inexistencia o extincin sobrevenida de la obligacin
tributaria liquidada y (ii) que la oportunidad de reiterar la liquidacin queda limitada a una
segunda tentativa -el doble tiro- cuando lo que se anula es una valoracin defectuosamente
motivada por la administracin.
Siendo ello incontrovertido, en el ao 2010 y en resolucin unificando criterio, el Tribunal
Econmico-Admistrativo Central (Teac) se sum a una lnea jurisprudencial seguida, destacadamente, por el Tribunal de Justicia de Valencia, que interpretaba que tampoco cabra ordenar la
retroaccin de actuaciones en caso de vicios materiales, esto es, vicios que no fueran formales
o de procedimiento, pues en tal caso lo nico pertinente sera la pura anulacin del acto. Es la
doctrina conocida como del tiro nico.
La posicin del Tribunal Administrativo dur poco, pues en una resolucin posterior contradijo su propia doctrina al sealar que si existen defectos materiales, en caso de previa anulacin de la liquidacin, la Administracin conserva la accin para practicar liquidacin, con los lmites a su actuacin derivados de la prescripcin y de la reformatio in peius.
Siguiendo la evolucin de esta doctrina el Supremo, en sentencia de 19 de noviembre de
2012, y en recurso en inters de ley, llega a idntica conclusin, lo que dio carta de naturaleza a la posible reiteracin de actos anulados por parte de Hacienda. Doctrina del cargador ilimitado.
Podra parecer que ello zanjaba la discusin de forma definitiva, pero tanto la existencia de
tres votos particulares en contra, como la opinable exgesis de la posicin mayoritaria, hacen
presumir que el tiro nico no ha muerto y que, jubilaciones mediante, no se descarta un cambio de criterio dentro del prximo lustro, si es que algn contribuyente tiene la posibilidad de llegar al Alto Tribunal.
No puedo empezar esta columna peridica sin agradecer
la dedicacin de mi antecesor a la herclea tarea de remover las turbias aguas del Derecho Tributario desde una
posicin nada fcil: la de miembro de la judicatura.
Comienzo mi andadura tratando uno de esos ssifos tributarios capaces de reaparecer como discusin irresoluble:
la posibilidad de que, anulado un acto administrativo por
resolucin judicial, la Administracin tributaria pueda proceder de nuevo a practicar una liquidacin sobre la misma
obligacin. En el ao 2010 y en resolucin unificando criterio, el TEAC se sum a una lnea jurisprudencial seguida,
destacadamente, por el Tribunal de Justicia de Valencia.
En cualquier caso, lo que s es noticiable es que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia no
da la batalla por perdida y, de ello, es clara muestra su sentencia del pasado 7 de junio, en la que
llega a la conclusin -con un voto particular en contra- de que la posibilidad de reiterar actos administrativos no rige en el mbito sancionador, tanto cuando la anulacin procede de defectos de
fondo, como cuando la misma deriva de aspectos formales.
As, continuando con esas expresiones metafricas que se han venido introduciendo, el contribuyente mantendra una bala en la recmara en caso de anulacin de la liquidacin tributaria pues,
segn esa doctrina, la Administracin no podra reiterar la apertura de un expediente sancionador
por los mismos hechos ya enjuiciados.
Con esta postura, el Tribunal valenciano no contrara la tesis de su superior jerrquico, pues el
Supremo no tuvo a bien entrar en este punto en la predicha resolucin, aunque tena material en
el expediente para ello. De esta manera, nos encontramos con un nuevo foco de conflictos, de incierta evolucin futura.
No es nada desdeable la posicin del TSJ valenciano que, desde posiciones vistas como heterodoxas por parte de la doctrina ms tradicional, siempre aporta un germen para el debate de riqueza inigualable.
Adems, no podemos olvidar que, dadas las cuantas para la casacin ordinaria y lo abultado de
las tasas judiciales, los TSJ pueden llegar a convertirse, junto a la Audiencia Nacional, en la ltima
-y primera!- instancia judicial para el comn de los contribuyentes, lo que si bien resulta criticable
dada la atomizacin hermenutica que comporta, no deja de significar una potenciacin de la trascendencia de los criterios que dichos tribunales adoptan en sus resoluciones.
En la resolucin mencionada, la justificacin que da el rgano judicial se basa en los principios de presuncin de inocencia -en caso de existencia de defectos de fondo, como sera la falta
de motivacin- y de tutela judicial efectiva, en caso de defectos de fondo, que sufrira un vaciamiento prctico de su contenido, teniendo en cuenta adems el efecto disuasorio que sobre el
obligado tributario ejerce la posibilidad de que la administracin tributaria mantenga indefinidamente el conflicto jurdico pese a haber sido vencida en un primer
La justificacin que da el rgano judicial se basa en los
principios de presuncin de inocencia y de tutela judicial
No es una conclusin descabellada, teniendo en
efectiva, en caso de defectos de fondo, que sufrira un
cuenta la identidad ontolgica indiscutible entre ilcito
vaciamiento prctico de su contenido, teniendo en cuenpenal y administrativo y que, en el orden punitivo
ta adems el efecto disuasorio que sobre el obligado tribupenal, el mero transcurso del tiempo entre la comisin
tario ejerce la posibilidad de que la administracin tributadel delito y la condena supone la aplicacin al penado
ria mantenga indefinidamente el conflicto jurdico pese a
de una atenuante muy cualificada. Si a la mera latenhaber sido vencida en un primer proceso judicial. No es
cia sub iudice del expediente durante un plazo excesiuna conclusin descabellada, teniendo en cuenta la idenvamente dilatado en el tiempo, le aadimos la aplicatidad ontolgica indiscutible entre ilcito penal y adminiscin de las garantas constitucionales del mbito santrativo y que, en el orden penal, el transcurso del tiempo
cionador penal, su anulacin debera resultar definitiva
supone aplicar al penado una atenuante muy cualificada.
sin posibilidad de reinicio alguno. La solucin, como no
poda ser de otra manera, en prximos captulos.
[Calculadora en mano]
Incluye las recomendaciones de la Comisin de Expertos
La futura norma dota de nuevas responsabilidades al consejo de administracin y a la junta general y mejora las reglas de gobierno corporativo
XAVIER GIL PECHARROMN
l Ministerio de Economa y Competitividad ha puesto en audiencia pblica un anteproyecto de Ley
que modifica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo fin es mejorar el gobierno corporativo, que
recoge la prctica totalidad de las recomendaciones de la Comisin de Expertos, presidida por
Elvira Rodrguez, presidenta de la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este grupo entreg el pasado mes de octubre sus recomendaciones a Economa con el fin de
ajustar la normativa a las deficiencias que ha puesto de manifiesto la crisis sobre gobierno corporativo, as como la falta de transparencia y los problemas en gestin de riesgos. Las modificaciones de esta norma inciden, sobre todo, en las sociedades cotizadas, aunque tambin se introducen novedades de calado en todas ellas.
Cambios en las reglas de votacin
Las normas que afectan a las sociedades annimas introducen que la junta imparta instrucciones de gestin, salvo que los estatutos sociales dispongan lo contrario. Adems, ser obligatorio
votar separadamente las propuestas de acuerdo para aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes y se propone extender a todas las sociedades la prohibicin de voto del socio
que resulte beneficiado en determinados casos muy claros de conflicto de inters, como autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restriccin legal o estatutaria, excluirle de la sociedad, liberarle de una obligacin o concederle un derecho y facilitarle cualquier tipo
de asistencia financiera, incluida la prestacin de garantas a su favor o dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad acordada.
Se incluye un nuevo artculo con las facultades indelegables del consejo, con el fin de reservar al consejo de administracin las decisiones correspondientes al ncleo esencial de la gestin
y supervisin de la sociedad. En las sociedades cotizadas, a estas facultades se unen otras nuevas como la poltica de control y gestin de riesgos.
La remuneracin de los administradores deber ser razonable, acorde con la situacin econmica
de la sociedad ycon las funciones yresponsabilidades que les sean atribuidas. El sistema de remuneracin deber estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el
largo plazo. Tambin, se clarifica el rgimen de retribuciones por el ejercicio de facultades ejecutivas de los consejeros. En esos casos se deber firmar un contrato con el consejero, que incluir
Cuando los cargos de presidente y consejero ejecutivo recaigan en una misma persona, el
nombramiento del presidente del consejo requerir el voto favorable de los dos tercios de los
miembros del consejo. Adems se deber nombrar entre los independientes un consejero coordinadora que se faculta para solicitar la convocatoria del consejo, ampliar el orden del da, coordinar a los consejeros no ejecutivos y dirigir la evaluacin del presidente.
El consejo de administracin deber realizar una evaluacin anual de su funcionamiento y el
de sus comisiones; los consejos de administracin debern, de forma imperativa, constituir una
comisin de nombramientos y retribuciones. El periodo mximo de cada nombramiento no podr
exceder los cuatro aos, frente a los seis actuales.
En los dems casos de conflicto de inters distintos, los socios no estarn privados de su de-
recho de voto. No obstante, cuando el voto del
socio o socios incursos en conflicto haya sido decisivo para la adopcin del acuerdo, corresponder,
en caso de impugnacin, a la sociedad y, en su
caso, al socio o socios afectados por el conflicto, la
carga de la prueba de la conformidad del acuerdo
al inters social. Al socio o socios impugnantes les
corresponder la acreditacin del conflicto de inters. De esta regla se exceptan los acuerdos relativos al nombramiento, revocacin y exigencia de
responsabilidad de los administradores y cualesquiera otros de anlogo significado en los que el
conflicto de inters se refiera exclusivamente a la
posicin que ostenta el socio en la sociedad.
Informacin a los socios
Con respecto a la impugnacin de acuerdos sociales, desaparece la distincin entre acuerdos nulos
y anulables. No proceder la denegacin de informacin cuando la solicitud est apoyada por
accionistas que representen, al menos, el 25 por
ciento del capital social.
Los estatutos podrn fijar un porcentaje menor,
siempre que sea superior al 5 por ciento del capital social. Adems, se ampla el plazo de impugnacin desde 4 das a un ao. Y, en cuanto a la legitimacin, se exige, al menos, el 1 por ciento del capital para poder ejercer la accin de impugnacin,
lo que impone una importante seleccin. Se tipifican de forma ms precisa los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que se deberan
seguir en caso de conflicto de inters.
Se ampla el alcance de la sancin, ms all del resarcimiento del dao causado, incluyendo
la devolucin del enriquecimiento injusto. Se facilita la interposicin de la accin social de responsabilidad al reducir la participacin necesaria (del 5 al 3 por 100 en cotizadas) y permitiendo su interposicin directa (sin esperar a la junta) en caso de infraccin del deber de lealtad.
En el caso de las sociedades cotizadas, se atribuye a la Junta General, la decisin las operaciones en las que el volumen supere el 25 por 100 del total de activos del balance. Se reduce del
5 al 3 por ciento el capital social necesario para que el socio pueda ejercer los derechos de mino[CONTINA]
El sistema de remuneracin del consejo de administracin
deber estar orientado a la rentabilidad de la sociedad
En las sociedades cotizadas se propone reducir el plazo
mximo de informacin a los accionistas
Cuando presidente y consejero sean la misma persona, la
eleccin se llevar a cabo por dos tercios de los votos
La autorizacin podr ser otorgada por el consejo siempre que
quede garantizada la independencia de los miembros
ra. Tambin, se reduce el nmero mximo de acciones exigibles para poder asistir a la junta
desde el 1 por 1.000 a 1.000 acciones. Las entidades que acten por cuenta de diversas personas podrn fraccionar y delegar el voto, como es el caso de inversores extranjeros que efectan sus inversiones a travs de una cadena de intermediarios financieros que actan como titulares fiduciarios por cuenta del inversor ltimo.
Finalmente, en este captulo, se propone rebajar el plazo mximo en el que los accionistas
pueden solicitar informacin de 7 a 5 das antes de la celebracin de la junta y se establece la
inscripcin de las asociaciones de socios su inscripcin en un registro especial en la Comisin
Nacional del Mercado de Valores y el cumplimiento de una serie de obligaciones contables y de
Las remuneraciones debern ser aprobadas por la junta, previo informe de la Comisin la remuneracin total a los consejeros por su condicin de tales; el sistema de remuneracin de los
consejeros ejecutivos: descripcin de los componentes, cuanta global de la retribucin fija anual
y su variacin en el periodo de referencia, los parmetros de fijacin de los restantes componentes y todos los trminos y condiciones de sus contratos como primas, indemnizaciones, etctera. El consejo de administracin de la sociedad decidir la distribucin individual siempre dentro
de la poltica de remuneraciones.
siones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas y, en particular, aquellas que tengan por objeto autorizar las operaciones previstas en el artculo 230.
Remuneracin de los administradores
En la sociedad annima, cuando el sistema de remuneracin de los administradores incluya la
entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las
acciones deber preverse expresamente en los estatutos sociales y su aplicacin requerir un
El acuerdo de la junta general de accionistas deber incluir el nmero mximo de acciones
que se podrn asignar cada ejercicio a este sistema de remuneracin, el precio de ejercicio o el
sistema de clculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duracin del plan.
Cualquier modificacin requerir aprobacin de la junta y no podr realizarse pago alguno
mientras no haya sido aprobado por sta. Seguir siendo sometido a voto consultivo de la junta
el Informe anual sobre remuneraciones; pero, en caso de voto negativo, deber realizarse una
nueva propuesta de poltica de remuneraciones.
La accin de impugnacin caducar en el plazo de un ao. Quedan exceptuados de esta regla
los acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden pblico, que no caducan ni prescriben. El plazo de caducidad previsto en el apartado anterior se computar desde la fecha de adopcin del acuerdo y, si fuese inscribible, desde la fecha de su publicacin en el Boletn Oficial del Registro Mercantil
En el mbito de las decisiones estratgicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estndar de diligencia de un ordenado empresario se entender cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin inters personal en el asunto objeto de decisin, con
informacin suficiente y en el marco de un procedimiento de decisin adecuado.
No se entendern incluidas dentro del mbito de discrecionalidad empresarial aquellas deci-
Ventajas a los directivos y lealtad
El rgimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infraccin es imperativo. No
sern vlidas las disposiciones estatutarias que lo limiten. No obstante la sociedad podr dispensar las
prohibiciones contenidas en el artculo anterior en
casos singulares autorizando la realizacin por parte
de un administrador o una persona vinculada de una
determinada transaccin con la sociedad, el uso de
ciertos activos sociales, el aprovechamiento de una
El Banco de Espaa (BdE) aprobar, al menos una vez al
concreta oportunidad de negocios o la obtencin de
ao, un programa supervisor para todas las entidades de
una ventaja o remuneracin de un tercero.
crdito sujetas a su supervisin. El programa prestar
La autorizacin deber ser necesariamente acordaespecial atencin a aqullas entidades cuyos resultados en
da por la junta general cuando tenga por objeto la dislas pruebas de resistencia o en el proceso de revisin
supervisora y de evaluacin, indiquen la existencia de riespensa de la prohibicin de obtener una ventaja o regos significativos para su solidez financiera o revelen el
muneracin de terceros, afecte a una transaccin por
valor superior al 10 por ciento de los activos sociales y,
posible incumplimiento de la normativa de solvencia; a las
en el caso especfico de la sociedad de responsabilientidades que supongan un riesgo sistmico para el sistedad limitada, cuando se refiera a la prestacin de cualma financiero; a cualesquiera otras que, a juicio del Banco
quier clase de asistencia financiera, incluidas garande Espaa, requieran una consideracin especial en el BdE
tas de la sociedad a favor del administrador o cuando
deber tener en cuenta al establecer su programa supervise dirija al establecimiento con la sociedad de una resor la informacin recibida de las autoridades de otros
lacin de servicios u obra.
Estados miembros en relacin con las sucursales all estaEn los dems casos, la autorizacin tambin podr
blecidas de entidades de crdito espaolas. A estos misser otorgada por el rgano de administracin siempre
mos efectos,el texto determina que tendr tambin en conque quede garantizada la independencia de los miemsideracin la estabilidad del sistema financiero de dichos
bros que la conceden respecto del administrador disEstados miembros. Al menos una vez al ao, el BdE sometepensado. En todos los casos ser preciso asegurar la
r a pruebas de resistencia a las entidades de crdito que
inocuidad de la operacin autorizada para el patrimosupervisa, a fin de facilitar el proceso de revisin y evaluanio social o, en su caso, su realizacin en condiciones
cin previsto en este artculo.
de mercado y la transparencia del proceso.
La obligacin de no competir con la sociedad slo
podr ser objeto de dispensa en el supuesto de que no
quepa esperar dao para la sociedad o el que quepa esperar se vea compensado por los beneficios que prevn obtenerse. La dispensa se conceder mediante acuerdo expreso y separado
En todo caso, a instancia de cualquier socio, la junta general resolver sobre el cese del administrador que desarrolle actividades competitivas cuando el riesgo de perjuicio para la sociedad haya devenido relevante.
El programa de inspeccin anual
y las pruebas de resistencia
6 IURIS&LEX
Aunque se inadece a la realidad del mercado inmobiliario
El Supremo avala la expropiacin de una
casa en base a un valor catastral obsoleto
Determina la vigencia de las ponencias catastrales si no ha
transcurrido el tiempo mximo de validez que prev la ley
Ve insuficiente la mera inadecuacin a lo que cada uno
considera como el autntico nivel de precios del mercado
as ponencias catastrales no pierden su vigencia por el hecho de que se inadecen a los precios
de mercado, segn ha aclarado el Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de septiembre de
2013. La cuestin no es balad. Y es que, partir de uno u otro valor a la hora de fijar el justiprecio que corresponde por la expropiacin de una vivienda puede significar en la prctica diferencias de cientos de miles de euros.
As ocurri en el caso concreto que enjuicia el Supremo: la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Catalua fij el justiprecio por la expropiacin de una vivienda -para la ejecucin del
Plan General Metropolitano sobre reordenacin del Primer Cinturn de
Barcelona- en la cantidad de 90.495
euros en funcin de las ponencias catastrales.
El recurrente, entenda, sin
embargo, que las ponencias
eran inaplicables por inadecuadas y que estaban manifiestamente desfasadas con respecto a la realidad del mercado
inmobiliario y de ah que deba
atenderse al valor real del mercado. De ah que el justiprecio
que corresponda a la expropiacin en concepto de suelo era,
en su opinin, de 636.437 euros.
El Supremo, aclara ahora que la interpretacin hecha por el TSJ, para el
que no haba expirado el plazo mximo de la vigencia de las ponencias,
es la correcta. Asegura el ponente, el
magistrado Dez-Picazo, que la prdida de vigencia de las ponencias catastrales a que se refieren los artculos 27 y 28 de la Ley del Suelo y Valoraciones (LSV) debe entenderse en sentido formal. De ah que la prdida de vigencia slo se produce cuando concurre alguna de las dos circunstancias expresamente previstas en dichos preceptos. A saber, el
transcurso del plazo mximo de validez de la valoracin catastral -que actualmente es de 10
aos- o, en su caso, la existencia de una modificacin sobrevenida del planeamiento urbanstico
que fue tenido en cuenta para efectuar la mencionada valoracin catastral.
Y dicho esto, asegura que an prescindiendo de las eventuales dificultades prcticas para determinar la existencia y la magnitud de las posibles discrepancias entre valor catastral y valor de
mercado en cada momento, el artculo 25 de la LSV es tajante al ordenar que el suelo se valorar conforme a su clasificacin urbanstica y situacin.
En supuestos de delito fiscal
El TSJ da va libre a cobrar interses
de demora a los defraudadores fiscales
LUCA SICRE
A pesar de algunas vacilaciones en su jurisprudencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba
de fijar que, en caso de delito fiscal, y a pesar de lo controvertido de la naturaleza de la responsabilidad civil en los delitos contra la Hacienda Pblica, se deben cobrar intereses de demora civiles ante el
impago de la multa impuesta. En un reciente fallo, el Alto Tribunal asegura que el delito fiscal tiene carcter de norma penal parcialmente en blanco que debe completarse en el mbito sustantivo por remisin
a la normativa tributaria. Por tanto, si esa remisin debe ser aplicada para la determinacin de la cuota
tributaria defraudada, es lgico que deba igualmente aplicarse a la hora de determinar el inters que el
defraudador debe abonar desde el vencimiento de la deuda tributaria impagada. La sentencia, de la que
es ponente el magistrado Conde-Pumpido Tourn, argumenta adems que no cabe apreciar razn alguna por la que los delincuentes fiscales deban resultar privilegiados en el abono de los intereses de su
deuda tributaria respecto de cualesquiera otros deudores tributarios, que pese a no haber cometido delito alguno, estn legalmente obligados al abono de los intereses de demora. Se trata de un caso en que
se conden al recurrente por un delito contra la Hacienda Pblica, as como por falsedad documental,
incluyendo en ambos casos penas de multa. El condenado y su mujer vendieron un paquete de acciones,
ocultando parte de la plusvala obtenida con la operacin mediante transacciones complejas con apariencia de ventas y reventas, as como un prstamo y un arrendamiento simulados, todo ello a travs de
una empresa de su propiedad. En total se defraudaron ms de un milln de euros. En este contexto, el
defraudador pretenda con su recurso ante el Supremo la exclusin de los intereses de demora del mbito de la responsabilidad civil en sus delitos contra la Hacienda Pblica. (TS, 24-10-2013)
Ello significa, contina el fallo, que la valoracin del suelo a efectos expropiatorios est sometida a mtodos legales, lo que se vera defraudado si se admitiese que el deber de aplicar las ponencias catastrales para la valoracin del suelo urbanizable y urbano puede ceder por consideraciones distintas de las legalmente previstas. En tal caso, concluye el magistrado Dez-Picazo,
se dara subrepticiamente entrada a una libertad estimativa que el artculo 25 expresamente excluye.
De ah que concluya que la mera inadecuacin material a lo que, muy a menudo con escasa
objetividad, cada uno considera como el autntico nivel de precios del mercado inmobiliario, no
constituye una causa de prdida de vigencia de las ponencias catastrales a efectos de los citados artculos 27 y 28 de la LSV. (TS, 17-09-2013)
7 IURIS&LEX
[Panorama del Derecho Laboral]
y periodo de prueba
Esta disposicin, por la que se establece este periodo de
un ao, ha sido y sigue siendo objeto de debate jurdico
Para el Supremo el tiempo establecido da la posibilidad
de un desistimiento libre que encubre un despido improcedente
POR MANUEL FERNNDEZ-LOMANA Magistrado de la Audiencia Nacional
l artculo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
cre, como parte de las medidas de fomento de la contratacin indefinida y de la creacin de empleo, el denominado contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a las
emprendedores, el cual pueden concertar las empresas
que tengan menos de 50 trabajadores -artculo 4.1- .
Dicho contrato se celebrar por tiempo indefinido y a
jornada completa, y se formalizar por escrito en el modelo que se establezca -artculo 4.2-. Se le aplicar, con carcter general, el rgimen jurdico establecido en el Estatuto de los Trabajadores (ET) y en los convenios colectivos,
con la nica excepcin de la duracin del perodo de prueba a que se refiere el artculo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que ser de un ao en todo caso.
Esta disposicin por la que se establece un periodo de prueba de un ao ha sido y es objeto
de debate jurdico. Y ello, pese a que la Disposicin Transitoria Novena de la Ley 3/2012, establece el carcter transitorio de la medida, al disponer que estos contratos slo podrn celebrarse hasta que la tasa de desempleo en nuestro pas se site por debajo del 15 por ciento.
Nuestro Tribunal Supremo todava no ha tenido ocasin de pronunciarse sobre la nueva norma,
pero sha podido hacerlo en relacin con el establecimiento de un periodo de prueba de un ao en
un Convenio Colectivo. Siendo conveniente recordar que el artculo 14.1 del Estatuto dispone que,
al regular el periodo de prueba, podr concertarse por escrito () con sujecin a los lmites de
duracin que, en su caso, se establezcan en los Convenios Colectivos.
En concreto, en la STS de 20 de julio de 2011 (Rec. 152/2000) se analiz un caso en el que
el Convenio Colectivo estableca un periodo de prueba de un ao para el personal del grupo de
ventas. Habiendo sido contratada la trabajadora el 11 de febrero de 2008, fue cesada el 6 de
febrero de 2009, es decir, antes de que transcurriese un ao. Lo cual, en principio, podra hacerse por la empresa, pues durante la vigencia del perodo de prueba cualquiera de las partes
puede desistir de la relacin laboral -artculo 14.2 ET-.
Ahora bien, para enjuiciar la legalidad de lo establecido en el Convenio Colectivo, el Tribunal
Supremo analiza la finalidad del periodo de prueba, la cual no es otra que permitir a las partes
su conocimiento mutuo y la experimentacin prctica de su relacin.
Pues bien, partiendo de esta idea, el Tribunal sostiene la ilegalidad del establecimiento de un
perodo de prueba de tan larga duracin pues no parece razonable admitir que el empresario
necesite de un periodo de prueba tan largo para advertir la capacitacin profesional en una actividad de estas caractersticas -la captacin de clientes para anunciarse en una gua telefnica, que en principio no presenta -ni se describen- circunstancias tan particulares como para necesitar un perodo de prueba tan prolongado.
En consecuencia, la Sala sostiene que el periodo de prueba establecido, en realidad, constituye la posibilidad de un desistimiento libre durante un ao, por lo que considera que el cese
El artculo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
cre, como parte de las medidas de fomento de la contratacin indefinida y de la creacin de empleo, el
denominado contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a las emprendedores, el cual pueden concertar las empresas que tengan menos de 50 trabajadores -artculo 4.1- . Esta disposicin ha sido y es
objeto de debate jurdico. Y ello, pese a que la
Disposicin Transitoria Novena de la Ley establece el
carcter transitorio de la medida, hasta que la tasa
de desempleo se site por debajo del 15 por ciento.
encubre un despido improcedente. Ciertamente, la
doctrina del caso no sera aplicable al contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, pues en este caso es la propia ley la que establece el periodo de prueba de un ao. Pero explica perfectamente la razn por la que algunos piensan que el
establecimiento general de un periodo de prueba de
un ao no es lcito.
Que la cuestin est siendo objeto de debate lo demuestran dos recientes resoluciones judiciales. La primera a la que haremos referencia es la STSJ de Catalua de
6 de junio de 2013 (Rec. 1868/2013). En esta sentenTHINKSTOCK
cia, el Tribunal elude con habilidad enfrentarse con el problema jurdico al razonar que, de ser inconstitucional el
artculo 4 de la Ley 3/2012, se aplicara el artculo 14.1
del ET, lo que implicara estar a lo establecido en el Convenio Colectivo. Pues bien, como el perodo de prueba establecido en el Convenio es de 45 das y se
desisti del contrato antes del transcurso de dicho plazo, aun cuando fuese inconstitucional el tan repetido artculo 4, el desistimiento de habra producido en plazo. Por lo tanto, el cese es correcto.
La segunda sentencia es la del Juzgado de lo Social n 19 de Barcelona, de 19 de noviembre
de 2103 (426/2013). En este caso, el desistimiento se produce superado el perodo de prueba
establecido en el Convenio pero antes del transcurso del ao establecido en el artculo 4 de la
Ley 3/2012. Pues bien, en una extensa sentencia, la magistrada sostiene que la indicada norma
es contraria al artculo 4.4 de la Carta Social Europea y, en consecuencia, inaplica la Ley 3/2012,
declarando que el desistimiento realizado supone en realidad un despido improcedentes.
Con independencia de lo discutible de esta ltima decisin, lo que parece claro es que la norma establecida en
el artculo 4 de la Ley 3/2012, est siendo objeto de un
En nuestra opinin, los temores del legislador han
interesante debate jurdico al que, probablemente, slo
contribuido a enturbiar el debate. En efecto, como
podr poner fin el Tribunal Constitucional. En nuestra opise infiere de la Disposicin Transitoria Novena, lo
nin, los temores del legislador han contribuido a enturque en realidad ha querido el legislador es establebiar el debate. En efecto, como se infiere de la Disposicer una medida coyuntural que permita la creacin
cin Transitoria Novena, lo que en realidad ha querido el
de empleo. Pero en lugar de llamar a las cosas por
legislador es establecer una medida coyuntural que persu nombre, el legislador ha querido disimular la reamita la creacin de empleo. Pero en lugar de llamar a las
lidad del libre cese durante el primer ao, ocultncosas por su nombre, el legislador ha querido disimular la
dola bajo el instituto del perodo de prueba, lo cual
realidad del libre cese durante el primer ao, ocultndola
resulta difcilmente conciliable con la finalidad de la
bajo el instituto del perodo de prueba, lo cual resulta difigura. Habr que esperar a que el Constitucional
fcilmente conciliable con la finalidad de la figura. Habr
resuelva los recursos de inconstitucionalidad.
que esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva los
8 IURIS&LEX
El Supremo reconoce la maternidad
compartida a dos mujeres no casadas
La falta de liquidez justifica
dar la indemnizacin a plazos
A pesar de que el artculo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) prohbe el
pago a plazos de la indemnizacin por despido de los empleados, si la empresa
acredita una dificultad de liquidez, la posicin de la empresa de ofrecer un aplazamiento en los pagos, con aportacin de garantas y el abono de una indemnizacin
superior, no puede considerarse irrazonable. As, se establece en una sentencia de
la Audiencia Nacional, de la que es ponente el magistrado Fernndez Lomana, y en
la que rechaza el recurso de la representacin laboral que alegaba falta de voluntad negociadora de la empresa al proponer el pago de la compensacin en 24
meses. Para la Aduencia las dificultades de liquidez justifican que no se pactase el
abono inmediato de la indemnizacin. Establece la sentencia que si bien el ET establece que el trabajador tiene derecho a que, simultneamente a la entrega de la
carta de despido, se ponga a su disposicin una indemnizacin de 20 das por ao
de servicio con un mximo de 24 mensualidaded, si como consecuencia de la
situacin econmica no se pudiera poner a disposicin del trabajador la indemnizacin, el empresario, hacindolo constar, podr, por excepcin, no hacerlo, sin
perjuicio del trabajador a exigir su abono cuando tenga efectividad la decisin extintiva. (AN, 19-11-2013)
La justicia europea ve ilegal obligar
a las telecos a conservar datos
La Directiva 2006/24, que obliga a las telecos a conservar durante dos aos los datos personales de sus clientes para poder ponerlos a disposicin sin demora a las autoridades
competentes, constituye una injerencia especialmente caracterizada en el derecho al respeto de la vida privada y resulta en su conjunto, incompatible con la Carta de los Derechos
Fundamentales. As lo determina el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)
Pedro Cruz Villaln, quien ha puesto en entredicho, a travs de unas conclusiones, la legalidad de la norma a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) y del propio Tratado de la Unin Europea (TUE). La Directiva en cuestin se aprob en
marzo de 2006 como respuesta a los atentados terroristas del 11-M en 2004 y del 7-J en
Paga extra del personal estatutario
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n 2 de Santander, el magistrado-juez Lpez Crcamo, ha desestimado el recurso presentado por dos empleados pblicos con rgimen de personal estatutario de los servicios de salud que solicitaban la devolucin de parte de la paga extraordinaria de Navidad del pasado ao
2012. Estos trabajadores solicitaban la devolucin de la parte proporcional de la
El Supremo ha analizado por primera vez un caso de reclamacin de filiacin por
posesin de estado entre dos mujeres casadas considerando el consentimiento
como ttulo de atribucin de la filiacin, reforzado en el caso por la posesin de estado, por el inters de los menores y por la estabilidad de la unidad familiar. La sentencia, de la que es ponente el magistrado Seijas Quintana, considera que, en atencin a la proteccin integral de los hijos ante la Ley, la filiacin no puede quedar
subordinada a un requisito formal como el del consentimiento previo ante el encargado del Registro Civil, debiendo atenderse a la acreditacin del consentimiento y la
voluntad concorde de las partes para concebir un hijo. As, diferencia los distintos
principios en los que se apoya el Cdigo Civil y la Ley de Tcnicas de Reproduccin
Asistida (LTRA), siendo en esta ltima la voluntad de las partes y no la verdad biolgica el principio inspirador que sirve de ttulo para atribuir la filiacin, permitiendo
la coexistencia de dos filiaciones a favor de personas del mismo sexo, declarando
adems que no es necesario impugnar la filiacin determinada al no ser contradictoria con la establecida por ley. Y asegura que la remisin a las leyes civiles realizada por la LTRA posibilita la reclamacin de maternidad por posesin de estado que
refuerza el consentimiento como ttulo de atribucin de la filiacin. (TS, 05-12-2013)
Londres en 2005, armonizando en toda la UE las obligaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones electrnicas de conservacin de determinados datos generados o
tratados por ellos. El fin era garantizar que toda la informacin acumulada estuviera disponible con fines de investigacin, deteccin y enjuiciamiento de delitos graves cuando las
autoridades lo requieran, dejando al libre albedro de cada Estado determinar quines son
esas autoridades. El abogado general pone en duda la validez y sobre todo la proporcionalidad de la Directiva. Cruz Villaln considera que la acumulacin de estos datos provoca un
sentimiento difuso de vigilancia, ya que su explotacin puede permitir determinar de
manera tan fiel como exhaustiva una parte importante de los comportamientos de una persona pertenecientes estrictamente a su vida privada, o incluso un retrato completo y preciso
de su identidad. Tambin resulta de dudoso encaje legal que los datos recabados puedan
almacenarse por parte de empresas de Estados no europeos, lo que puede incrementar el
riesgo de su posible uso ilcito. En definitiva, el rgimen protector de la informacin que ofrece la Directiva resulta insuficiente. (TJUE, 12-12-2013)
paga extraordinaria que se abona en diciembre correspondiente al mes de junio y
los 14 primeros das de julio, dado que la ley que elimin esta paga entr en vigor el
15 de julio del mismo ao. El juez concluye que no es preciso que la Ley especifique el carcter retroactivo de la norma que, asegura, deja bien claro que en diciembre del ao 2012 el personal funcionario y estatutario de los servicios de salud no
percibe cantidad alguna en concepto de paga extra, lo que claramente excluye la
consecuencia, en forma de derecho a percibir la parte proporcional de la paga.
(Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n 2 de Santander, 09-12-2013)
STS de 5-9-2013 y leasing:
Salir del bucle habra exigido declarar de oficio la nulidad de
las actuaciones que se acomodaron a dicho preceptos
No es posible sustraerse a la idea de que la disputa sigue mal
cerrada y que exigira una intervencin expresa del legislador
omo es sabido, el encaje del leasing en nuestra
legislacin concursal ha sido desde la promulgacin de la Ley 22/2003 un rompecabezas de extrema
dificultad. En atencin a la funcin econmica de garanta que cumple el leasing, como frmula extendida de
financiacin en la compra de bienes, nuestro legislador
incluy al arrendador financiero entre los acreedores
con privilegio especial -artculo 90.1.4 de la Ley
Concursal (LC)-. Tambin lo equipar al titular de una
garanta real en cuanto concierne a la paralizacin por el
concurso de las acciones tendentes a la recuperacin
de los bienes objeto del arriendo financiero -artculo 56
de la LC-.
Sin embargo, no lo excluy de la aplicacin de las previsiones que la Ley Concursal dedica a los contratos y
aqu surgieron las dudas: la ms acuciante, determinar si el leasing es o no un contrato con obligaciones recprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes a la declaracin de concurso.
Responder afirmativamente a esta cuestin supone que la obligacin debida por el concursado
debe ser atendida con cargo a la masa y abre la aplicacin de los artculos 61.2 de la LC -desistimiento unilateral en inters del concurso-y 62 de la LC -resolucin porincumplimiento-. En caso contrario -el leasing es un contrato con obligaciones pendientes slo para el arrendatario insolvente-,
viene en aplicacin la consecuencia jurdica prevista en el artculo 61.1 de la LC, por lo que procede incluir el crdito del arrendador en la masa pasiva del concurso, quedando excluida la va del artculo 61.2 de la LC y la del artculo 62 de la LC.
Tras varios titubeos de las Audiencias ylas sesudas reflexiones de rigorde los jueces mercantiles, que
cristalizaron en el Encuentro de la Especialidad celebrado en Bilbao en octubre de 2010, en este ao
que ahora se cierra la Sala Primera del Tribunal Supremo pareca haberconsolidado porfin la siguiente doctrina -sentencias de 12, 19 de febrero y 11 de julio de 2013-: la pregunta sobre la procedencia
de la calificacin del contrato de leasing como un contrato con obligaciones recprocas pendientes
de cumplimiento para ambas partes a la declaracin de concurso no puede obtener respuesta
mediante un anlisis abstracto o dogmtico de la naturaleza del contrato, sino slo tras un examen
de su concreto clausulado. De tal modo que, cuando el tenordel propio contrato excluya que el arrendadorfinancierotengapendienteningunaobligacinasucargotraslaentregadelbien,elcrditoque
dicho arrendador ostentar por las cuotas debidas ser un crdito concursal con privilegio especial.
Cuando la situacin pareca definitivamente zanjada, una resolucin reciente del Tribunal Supremo, de fecha 5-9-2013, parece conceder a los arrendadores financieros renovadas esperanzas,
abriendo de nuevo la herida. La resolucin trae causa de un incidente del artculo 61.2 LC y la Sala
Primera concluye que las cuotas debidas al arrendador financiero tras la declaracin de concurso y
hasta la extincin del contrato deben ser calificadas como crdito contra la masa, en esencia porque el trmite procesal elegido -el desistimiento unilateral en inters del concurso- presupone que,
para el concursado, haba obligaciones pendientes de cumplimiento para ambas partes a la decla-
Como es sabido, el encaje del leasing en nuestra legislacin concursal ha sido desde la promulgacin de la Ley
22/2003 un rompecabezas de extrema dificultad. En atencin a la funcin econmica de garanta que cumple el leasing, como frmula extendida de financiacin en la compra
de bienes, nuestro legislador incluy al arrendador financiero entre los acreedores con privilegio especial. Tambin lo
equipar al titular de una garanta real en cuanto concierne
a la paralizacin por el concurso de las acciones tendentes a
la recuperacin de los bienes objeto del arriendo financiero.
Sin embargo, no lo excluy de la aplicacin de las previsiones que la Ley Concursal dedica a los contratos.
racin de concurso. Haciendo una crtica fcil a la doctrina que parece extraerse de esta resolucin,
el artculo 1089 del Cdigo Civil establece que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y
cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilcitos. No nacen portanto de la falsa creencia que pueda
tener el arrendatario financiero de que existen a su cargo obligaciones posteriores a la declaracin
de concurso, ni menos an de que esas inexistentes obligaciones le facultan para desistir unilateralmente del vnculo contractual al amparo del artculo 61.2 de la LC; mucho menos pueden nacer
del error en la aplicabilidad del cauce procesal del artculo 61.2 de la LC, que se supone que el Juzgado Mercantil debera haber enmendado de oficio, si no era el adecuado.
Si se examina sin embargo ms de cerca la cuestin y se considera con un poco ms de rigor la
situacin procesal a la que se enfrenta la Sala Primera en este recurso, se advertir que para la resolucin del caso no quedaba otra salida que la adoptada por el Alto Tribunal. Salir del bucle del artculo de la 61.2 de la LC habra exigido declarar de oficio la nulidad de las actuaciones que incorrectamente se acomodaron a dicho precepto; lo cual, al margen de la dificultad de apreciar los requisitos sustantivos que justificaran la adopcin de tan extrema decisin, vendra vedado por el artculo 227.2 de la LEC, que impide declarar con motivo de un recurso una nulidad no pedida por las
partes. En consecuencia: que no cunda el pnico! No hay razones para afirmar que el Tribunal Supremo haya abjurado de su anterior jurisprudencia en esta cuestin, en los trminos que antes
En todo caso, no es posible sustraerse a la idea de que la disputa concursal en torno al leasing
sigue mal cerrada y probablemente exigira una intervencin expresa del legislador. Y ello porque la
calificacin del leasing como contrato con obligaciones recprocas pendientes slo para el arrendatario y el consiguiente coto a los remedios previstos por el artculos 61.2 y 62 de la LC: a) incentiva
que el arrendatario insolvente retenga la posesin de los bienes arrendados gratis et amore durante la fase comn del procedimiento, que puede prolongarse en el tiempo incluso aos; b) puede
propiciar el retraso en la solicitud de apertura de liquidacin, con riesgo de acarrear serios perjuicios para la masa pasiva; y c) puede derivar en una depreciacin severa de los bienes arrendados que, cuando
lleguen a la liquidacin, a duras penas podrn satisfacer
Razones de justicia material parece que exigiran que, al
una parte nfima del crdito del arrendador.
inicio del concurso, fuera obligado adoptar con celeridad
Razones de justicia material parece que exigiran
una decisin sobre la intencin de adquisicin del bien
que, al inicio del concurso, fuera obligado adoptar con
arrendado -en cuyo caso, las cuotas s deberan ser
celeridad una decisin sobre la intencin de adquisicin
atendidas contra la masa: artculo 155.2 de la LC-;
del bien arrendado -en cuyo caso, las cuotas sdeberan
o bien sobre su inmediata restitucin, siempre que el
ser atendidas contra la masa: artculo 155.2 de la LC-; o
arrendador la quiera, reconociendo a este ltimo el crdito
bien sobre su inmediata restitucin, siempre que el
concursal que corresponda por las cuotas impagadas.
arrendador la quiera, reconociendo a este ltimo el crArticular una respuesta legal coherente para esta
dito concursal que corresponda por las cuotas impagacompleja situacin se nos antoja una necesidad
das. Articular una respuesta legal coherente para esta
mucho ms urgente que la mediacin concursal
compleja situacin se nos antoja una necesidad mucho
y otras milongas por el estilo.
ms urgente que la mediacin concursal y otras milongas por el estilo.
10 IURIS&LEX
Un repaso a la actividad legislativa
Las 10 leyes ms polmicas que deja 2013
El ao que ahora acaba deja atrs toda una batera de reformas que han provocado el descontento de los ciudadanos y su salida a las calles
T. BLANCO / L. SICRE
l ao que ahora acaba ha venido cargado de novedades legislativas de gran calado
en toda clase de materias, con un punto en comn muy poco alentador: el descontento generalizado que provocan en los sectores afectados.
Desde la polmica Ley antidesahucios hasta el desarrollo de las nuevas Tasas
Judiciales que el sector jurdico al completo rechaza frontalmente, pasando por la
recin revelada Ley de Seguridad Ciudadana o por la extensa y polifactica Ley de
Emprendedores, la actividad del Gobierno -que vuelve a utilizar de forma laxa la
herramienta excepcional del Real Decreto-ley- ha dejado mal sabor de boca en
muchos sectores, sacando a la calle a miles de personas para exigir mayor consenso y meditacin sobre algunas de las medidas aprobadas.
Pero, cules son las razones de fondo que llevan a los ciudadanos a arremeter
contra el legislador? En este ltimo nmero del ao, Iuris&Lex repasa las diez leyes
ms polmicas de 2013.
1 Ley antidesahucios
La llamada Ley antidesahucios ha sido una de las normas ms criticadas por ciudadanos, juristas y grupos polticos, especialmente por no incorporar la dacin en pago
o las medidas de segunda oportunidad que se recogan en la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que inspir la norma, y que cont con el apoyo de casi un milln y
medio de firmas. El texto sali adelante con el nico apoyo del PP: en total, 142 votos
a favor, 94 en contra y dos abstenciones. Y ello, a pesar de que haban presentado
nada menos que 275 enmiendas y 3 vetos a la Ley.
Entre otras cuestiones, la norma contempla la renegociacin de la hipoteca, la
suspensin de los desalojos durante dos aos y la posibilidad de la dacin de la vivienda en pago de la deuda para aquellas familias que se encuentren en situacin
de especial vulnerabilidad social. Un paraguas, sin embargo, que establece unos estrictos requisitos que hacen que el colectivo que pueda beneficiarse de esta frmula quede, en la prctica, reducido al mnimo. Por ello, a excepcin del Gobierno, ni la
oposicin parlamentaria ni los ciudadanos consideran que la norma ha sido eficaz
para dar solucin al drama de los desahucios.
1. Una de las pancartas de la manifestacin de Stop
Desahucios del pasado 18 de enero en Madrid. 2. Los jueces tambin se manifiestan contra las nuevas tasas judiciales. 3. Manifestarse ante el Congreso podra pasar a costar
hasta 600.000 euros de multa. 4. Los estudiantes protestan
contra la reforma educativa. ELECONOMISTA/AGENCIAS
2 Ley Seguridad Ciudadana
Recientemente, y como broche del ao, el Gobierno nos ha presentado otra norma
nada pacfica: La Ley de Seguridad Ciudadana, an en fase de anteproyecto. Poco
hay que explicar cuando, a los pocos das de ver la luz, ya haba sido bautizada como
la Ley de la patada en la boca, Ley anti15M o Ley antiprotesta. Y es que, hay quienes han visto que bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos, en verdad lo que se trata de proteger es a la clase poltica de las protestas sociales ante los recortes.
De salir adelante la propuesta del Ejecutivo, se considerar como infraccin muy grave -cuya
multa puede alcanzar hasta los 600.000 euros- convocar una manifestacin no autorizada. Y es
ms, conductas como el botelln, llevar pancartas ofensivas contra Espaa o contra una comu-
nidad autnoma a un partido de ftbol ser constitutivo de una infraccin por ofensas a Espaa y supondrn una sancin grave, sancionables con hasta 30.000 euros. Los escraches ante
las casas de los polticos, la oposicin violenta a un desahucio o las manifestaciones ante el
Congreso o ante las Cmaras autonmicas, estn tambin entre las conductas que el Ejecutivo
quiere criminalizar.
11 IURIS&LEX
La llamada Ley antidesahucios ha sido criticada por limitar la
dacin en pago a un grupo muy reducido de deudores
La norma de Seguridad Ciudadana ha despertado crticas en el
propio Consejo de Europa por la cuanta de sus multas
3 Ley de Tasas Judiciales
La Ley de Tasas Judiciales, tampoco ha estado exenta de recelos. Si bien esta norma se aprob
ya en 2012, se desarroll por Real Decreto-ley 3/2013, que vena a suavizarla en un tmido intento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardn, por calmar a sus detractores. El ministro no
convenci, y hace unas semanas, coincidiendo con la celebracin de un ao de la entrada en
vigor de la norma, la Plataforma Justicia Para Todos, que agrupa a la abogaca, sindicatos, funcionarios y consumidores, adems de a la Interasociativa de Jueces y Fiscales y a varias asociaciones de secretarios judiciales, volvi a acudir a los medios para denunciar que el Ministerio
de Justicia haba incumplido su compromiso de que su importe se destinara a mejorar la asistencia jurdica gratuita. Adems, volvieron a convocar concentraciones en todas las sedes judiciales espaolas para insistir en la derogacin de una Ley que, aseguran vulnera el derecho de
acceso a la justicia de miles de ciudadanos y hace una Justicia para ricos y otra para pobres.
4 Reforma del Cdigo Penal
La reforma del Cdigo Penal, en plena tramitacin, es tan polmica como extensa, y ha despertado crticas en frentes tan dispares como la prisin permanente revisable, la introduccin de la
custodia de seguridad o la tipificacin de la actividad de las web de enlaces a contenidos ilegales, actividad esta ltima que podr castigarse con hasta 6 aos de crcel en los subtipos agravados. La norma tambin introducir cambios en materia de delitos econmicos: los relativos a
la propiedad, los agravantes de la estafa, la administracin desleal, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, las insolvencias punibles, la corrupcin privada, la malversacin y la
corrupcin de agentes pblicos extranjeros son algunas de las teclas que toca el futuro texto.
5 Ley de Emprendedores
La primera gran falta de la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalizacin es su fecha
de llegada: Rajoy la anunci para marzo de 2012 y no vio la luz hasta septiembre de este ao.
Cambios fiscales bsicos como el IVA de caja, que tantas empresas pudo salvar durante ese
tiempo, quedaron pospuestas sin razn aparente y se aplicarn ya en 2014. La Ley salt a los
medios por la posibilidad de vender la residencia a cambio de inversiones en el pas, pero tambin ha despertado crticas por aprobar un procedimiento extraconcursal para pymes con algunas lagunas legales, as como nuevas figuras societarias que, en la prctica, segn sus detractores, no resultaran de utilidad por presentar pocas ventajas y excesivas obligaciones.
6 Ley de Educacin
La sptima reforma educativa de la democracia y apuesta solitaria del ministro de Educacin,
Cultura y Deporte, Jos Ignacio Wert, ha despertado polmica en todos los frentes posibles: la
falta de dilogo con los actores afectados, la vuelta a la religin en las aulas, los problemas de
ndole lingstico -y, por ende, poltico- y la nueva vuelta de tuerca a la estructura de cursos y exmenes en educacin primaria y secundaria, son slo algunas de las cuestiones ms polmicas
de la norma, que contempla un sistema de revlidas y la expulsin de facto de que quienes no
La Ley de Tasas Judiciales ha puesto en pie de guerra a todo el
sector judicial por limitar el acceso a los tribunales
La reforma del CGPJ ha sido tachada de partidista y
errnea por los distintos grupos del mundo de la Justicia
superen 3 de la ESO hacia la formacin profesional. Adems, desaparece la selectividad como
tal, siendo universidad la que fije, a su libre albedro, sus propios criterios de admisin.
7 Reforma del CGPJ
La reciente renovacin del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el
pasado 24 de septiembre, ya ha sido tachada de partidista y errnea por los sectores del
mundo de la Justicia y por algunos partidos polticos, que incluso han advertido que recurrirn el
acuerdo ante el Tribunal Constitucional. Mientras PP y PSOE, que sorprendieron a todos con un
acuerdo in extremis, defendan el prestigio y excelencia de los vocales designados, las crticas
llegaron de casi todos los frentes. Los jueces criticaron una distribucin partidista, y han llegado
a decir que la institucin est herida de muerte. Otros han visto en el sistema de designacin
un reparto de cuotas que convierte al CGPJ en un miniparlamento y en una pantomima.
8 Reforma de las pensiones
La reforma de las pensiones ya cuenta con el visto bueno del Pleno del Congreso y entrar en
vigor a partir del 1 de enero de 2014. Fruto de la necesidad de adaptar su clculo a la realidad
sociodemogrfica del pas, se trata de una norma que no contenta a los ciudadanos, que se preparan para ver devaluada su prestacin por jubilacin. Desde el ao prximo, la revalorizacin
de las cuantas que cobran los jubilados no se atendr a la inflacin, sino que se introduce un
nuevo factor de revalorizacin que tiene en cuenta tanto la evolucin del IPC como los ingresos
y gastos de la Seguridad Social durante un plazo de once aos -cinco previos, el de ejecucin y
las proyecciones de cinco futuros-, de manera que se eviten cadas o incrementos bruscos.
Una de las pocas leyes que s cont con el beneplcito de la mayora cuando empezaba a idearse por el Gobierno ha sido la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Buen
Gobierno. Finalmente, slo la primera parte ha entrado en vigor, dejando el Ejecutivo para dentro de un ao la ejecucin de las disposiciones que obligarn a las Administraciones a poner a
disposicin de los ciudadanos toda la informacin relativa a la organizacin, informacin institucional o de relevancia econmica. La norma da, igualmente, a los rganos de las comunidades
autnomas y a las entidades locales un plazo de dos aos para adaptarse a la Ley.
10 Ley Anticorrupcin
Este paquete de medidas acaba de ver la luz y, de momento, la mayor crtica que se le achaca
es que llega tarde. Entre las previsiones que contiene el tan anunciado plan se incluye que la
banca no pueda condonar deuda a los partidos polticos, o la obligacin para todos los partidos
de presentar sus nmeros ante el Tribunal de Cuentas. Se prohben las donaciones de personas
jurdicas partidos polticos -hasta ahora podan con un lmite de 100.000 euros anuales-, aunque
nada se dice sobre las de personas fsicas. Adems, se crea un nuevo delito por financiacin ilegal de los partidos, se prev la inhabilitacin para los corruptos y se endurecen las penas por prevaricacin. El tiempo dir si se trata de medidas eficaces, o si quedarn en papel mojado.
12 IURIS&LEX
Propuesta de modificacin de los reglamentos vigentes
Procesos de escasa cuanta: un reto de la UE
La Comisin propone cambios para impulsar un sistema que, actualmente, es de uso y conocimiento limitado y adolece de serias deficiencias
a Comisin Europea acaba de presentar dos significativos documentos en materia
de los procesos europeos de escasa cuanta y el monitorio. El primero de ellos es un
informe en el que denuncia el desconocimiento y, en consecuencia, la escasa eficacia de los procesos. El segundo, que lo complementa, es una propuesta de modificacin tanto del Reglamento 861/2007 por el que se establece un proceso europeo
de escasa cuanta -es decir, para aquellos casos en que la cuanta de la demanda
no supere los 2.000 euros- ascomo del Reglamento 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo.
Los principales elementos de la revisin propuesta son variados y numerosos. As,
entre otros extremos, la Comisin propone extender el mbito de aplicacin del
Reglamento 861/2007 a las demandas transfronterizas por importe de hasta
10.000 euros; mejorar el uso de la comunicacin electrnica, incluida la notificacin de determinados documentos; obligar a los rganos jurisdiccionales a utilizar
los sistemas de videoconferencia, teleconferencia y otros medios de comunicacin
a distancia para la celebracin de las vistas y la prctica de la prueba; o establecer
unas tasas judiciales mximas para la tramitacin del proceso y que aquellas pueGETTY
dan abonarse a travs de medios de pago a distancia.
Y es que el Informe de la Comisin sobre la aplicacin del Reglamento evidencia,
como principal problema, que ni las autoridades nacionales, ni las empresas ni los
ciudadanos parecen conocer bien el proceso. As, si bien asegura que el Reglamento ha mejorado, simplificado y acelerado en general la tramitacin de las demandas de escasa cuanta en
los litigios transfronterizos, que han reducido hasta un 40 por ciento sus costes y su duracin ha
disminuido de dos aos y cinco meses a una media de cinco meses, tambin reconoce serias deficiencias: para la Comisin el Reglamento adolece de desconocimiento y, en algunos casos, no
se ha aplicado correctamente. Adems, dice la Comisin que no se dispone en la actualidad de
informacin sobre varias cuestiones que varan considerablemente de unos pases a otros: informacin sobre las tasas judiciales y sus medios de pago, los procesos nacionales de revisin de
conformidad, o la prestacin de asistencia gratuita a los ciudadanos.
Un perjuicio para las pymes
Uno de los principales obstculos que aprecia la Comisin, es que el umbral de 2.000 euros limita seriamente el acceso al proceso especialmente a las pequeas y medianas empresas
(pymes), cuyos litigios transfronterizos con otras empresas ascienden a unos 39.700 euros de
media. En este sentido, slo el 20 por ciento de las demandas empresariales son inferiores a
2.000 euros, mientras que las demandas entre 2.000 y 10.000 euros representan aproximadamente el 30 por ciento de todas las demandas empresariales transfronterizas. As, para tramitar
estas demandas las empresas recurren a los procesos nacionales de menor cuanta o al proceso civil ordinario, lo que genera unas costas procesales desproporcionadas y largos procesos.
Y es ms, denuncia que el 45 por ciento de las empresas con litigios transfronterizos no acuden a la Justicia porque las costas procesales no guardan proporcin con la cuanta de la demanda, mientras que el 27 por ciento no lo hace porque el proceso judicial llevara demasiado tiem-
po. Por ello, propone elevar el umbral a los 10.000 euros para permitir a las partes someter a litigio un nmero mucho mayor de asuntos.
Por otra parte, recuerda la Comisin que los Estados miembros deben proporcionar determinada informacin necesaria para el funcionamiento del proceso de escasa cuanta. Sin embargo,
lamenta que no se dispone en la actualidad de informacin sobre varias cuestiones que varan
considerablemente de unos pases europeos a otros y que debido a esta falta de transparencia,
los consumidores y las empresas pierden tiempo buscando informacin sobre los costes y no
pueden decidir con conocimiento de causa si utilizar o no el proceso. Y es que, asegura la
Comisin, ni los ciudadanos ni los rganos jurisdiccionales estn todava bien informados sobre
el proceso europeo de escasa cuanta.
Lo cierto es que los datos indican que la difusin de informacin no ha sido eficaz. El Eurobarmetro 395 muestra que el 86 por ciento de los ciudadanos nunca han odo hablar del proceso. Y como consecuencia, los posibles demandantes, en particular los consumidores, no interponen sus demandas o las tramitan a travs de los procesos nacionales. En cuanto a los rganos
jurisdiccionales, segn los datos barajados por la Comisin, casi la mitad nunca han odo hablar
del proceso, mientras que la otra mitad no est plenamente informada de sus detalles.
Tambin es problemtica la desproporcin de las tasas judiciales en algunos casos, la falta de
medios de pago online en algunos Estados miembros.
13 IURIS&LEX
El 45% de las empresas no acuden a la Justicia porque
consideran que las costas procesales no son proporcionadas
El 86% de los ciudadanos y casi la mitad de los rganos
jurisdiccionales europeos nunca han odo hablar del proceso
Segn la Comisin deben considerarse desproporcionadas las
tasas judiciales superiores al 10% de la cuanta de la demanda
Impone a juzgados y tribunales la obligacin de hacer uso de
medios de comunicacin a distancia para celebrar las vistas
Asimismo, explica el Informe que las tasas judiciales pueden tener que pagarse por adelantael certificado de ejecucin del formulario D por un traductor jurado en la(s) lengua(s) del Estado
do cuando se presenta la demanda, lo que puede disuadir a los demandantes de acudir a la
miembro de ejecucin. Y slo unos pocos Estados miembros aceptan el formulario D en lenguas
Justicia. Adems, las tasas varan entre los Estados miembros en funcin de los mtodos de cldistintas de la propia de modo la obligacin de traducir el formulario impone unos costes inneculo vigentes -fijas o en proporcin a la cuanta de la demanda o una combinacin de ambas-.
cesarios. Para la Comisin slo debera traducirse su seccin 4.3 (fondo de la sentencia). Y es
Y es ms, se han notificado a la Comisin algunas dificultades prcticas en relacin con el
que, lamenta que para la parte que desea ejecutar la sentencia, los gastos innecesarios consipago de las tasas. Y es que, los medios de pago difieren consideraguientes, sumados a otros costes, pueden desincentivar la presenblemente entre los Estados de modo que mientras que la mayora
tacin de la demanda o la solicitud de ejecucin de la sentencia.
de los Estados miembros prevn al menos un medio de pago electrnico -tarjeta de dbito/crdito para el pago en lnea o transferenEl uso limitado de las nuevas tecnologas
cia bancaria-, y en otros est permitida la transferencia telegrfica,
Otros problemas se deben, en opinin de la Comisin, a deficienen unos pocos pases europeos, sin embargo, se requiere el pago
cias procesales derivadas de la prioridad otorgada a la notificacin
en persona de las tasas judiciales en las dependencias judiciales o
por correo y la escasa utilizacin de los medios de comunicacin a
Tambin denuncia la Comisin que el Reglamento slo se aplica
el pago a travs de un abogado o con cheques, que no son de uso
distancia. En concreto, el problema es que el proceso europeo es,
en la actualidad a los litigios en los que al menos una de las parcorriente en muchos pases. En la prctica, en esos pases, las parprincipalmente, escrito, con el objetivo de evitar a las partes la
tes est domiciliada o reside habitualmente en un pas de la UE
tes incurren en gastos de viaje o contratar a un abogado en el Esdistinto del Estado miembro del rgano jurisdiccional que cononecesidad de viajar, ahorrando as tiempo y dinero. No obstante, el
tado miembro de que se trate para poder pagar las tasas judiciales.
ce del asunto. Sin embargo, los litigios entre partes domiciliargano jurisdiccional puede, si as lo considera necesario, celebrar
das en el mismo Estado miembro con un importante componenRespecto de las tasas, la Comisin lo ve claro: deben considerarvistas, y podr hacerlo por videoconferencia u otros sistemas de
te transfronterizo y que, por lo tanto, podran beneficiarse del
se desproporcionadas las superiores al 10 por ciento de la cuanta
comunicacin. Y es aqu donde se haya otro de los grandes escode la demanda. Adems, recuerda la Comisin que en muchos pallos: en muchos Estados miembros la utilizacin de las nuevas tecproceso simplificado europeo quedan fuera de su mbito de
ses existen ya tasas mnimas para desalentar las acciones judicianologas comunicacin, como las teleconferencias o el uso de equiaplicacin. Tal es el supuesto de que el lugar de ejecucin del
les frvolas o abusivas, siendo la tasa judicial mnima media de 34
pos tipo skype, de muy bajo coste, son limitadas o nulas. La consecontrato est situado en otro pas europeo: por ejemplo, un coneuros. En este sentido, la propuesta de modificacin de los Reglacuencia prctica es que afrontan costes innecesariamente elevatrato de arrendamiento de un alojamiento de vacaciones situado
mentos no armoniza las tasas judiciales en los Estados miembros,
dos cuando se les solicita su presencia fsica en las vistas ante los
en otro Estado miembro; o cuando el lugar en que se produce el
si bien s prev el establecimiento de unas tasas judiciales mxirganos jurisdiccionales de otro Estado de la UE.
hecho daoso est situado en otro pas de la UE, como puede
mas para las demandas, calculadas como un porcentaje de la
As, la modificacin propuesta impone a los rganos jurisdiccioser en el caso en que las partes se ven envueltas en un accidencuanta de la demanda por encima del cual se considerarn desnales la obligacin de hacer siempre uso de los medios de comunite de coche en una regin fronteriza situada en otro pas europroporcionadas.
cacin a distancia, como videoconferencia o teleconferencia, para
peo. Por ello, la Comisin propone abrir el proceso europeo de
Pero adems, la propuesta pretende obligar a los Estados miemcelebrar las vistas. Eso s, con el fin de garantizar los derechos de
escasa cuanta a todos los asuntos con un elemento transfronbros a poner en funcionamiento medios de pago a distancia, como
las partes, se establece una excepcin para la parte que solicite exterizo, incluidos aquellos en los que sean parte terceros pases.
mnimo las transferencias bancarias y los sistemas de pago online
presamente estar presente en el juicio.
Ello, asegura, redundara en una simplificacin y reduccin de
con tarjetas de crdito o dbito. Es probable, vaticina la Comisin,
Y lo mismo ocurre con la notificacin por correo a la que el Relas costas y de la duracin del litigio del mismo modo que facique aumente con ello la eficiencia global del sistema judicial, ya
glamento da prioridad, de modo que la electrnica nicamente se
litara la ejecucin de las sentencias.
que las partes ahorrarn tiempo y costes.
utiliza si la primera no es posible. Se trata, asegura la Comisin, de
una disposicin que en el momento de la adopcin del Reglamento fue muy avanzada, en tanto que suprima los trmites de notifiCostes innecesarios de traduccin
cacin. Sin embargo, transcurrido el tiempo, hay pases que han implantado medios de comuniOtra de las propuestas de la Comisin pasa por eliminar los costes innecesarios de traduccin
cacin electrnica en sus procesos nacionales y, sin embargo, las partes en el proceso europeo
en la fase de ejecucin de la sentencia. Indica la Comisin en su Informe que se han sealado
de escasa cuanta no pueden beneficiarse debido a la norma que otorga prioridad a la notificaalgunos problemas de ejecucin a los centros europeos de los consumidores, por ejemplo en lo
cin por correo. Por ello, la propuestas establece el uso indistinto de la notificacin por correo o
que respecta a la necesidad de traduccin y la falta de informacin sobre los procedimientos de
electrnica, salvo en las comunicaciones menos importantes entre las partes y los rganos jurisejecucin o los datos de contacto de los agentes de ejecucin en los distintos pases.
diccionales en que establece la electrnica como norma, sujeta al acuerdo entre las partes.
Recuerda el Informe que en esta fase, la parte que solicita su ejecucin debe hacer traducir
Abrir el procedimiento europeo a
todos los asuntos transfronterizos
14 IURIS&LEX
[El informe de la semana]
Anuario del juego en Espaa
Un sistema tributario para el
juego con grandes desequilibrios
La tendencia es a imponer ms impuestos al juego presencial
que al online, pese a que ambos ofrecen los mismos juegos
Catalua, Madrid y la Comunidad Valenciana han introducido
figuras impositivas sobre el juego por Internet
a progresiva complicacin se ha convertido en una caracterstica estructural del sistema fiscal que gravita sobre el juego, y 2012 y el primer trimestre de 2013 han dejado constancia de ello. Se trata de un periodo agitado, en el que se han mezclado la
necesidad de las Administraciones de reducir su dficit con la subida de impuestos y
el invento de alguno que otro de nuevo cuo. Todo ello a pesar de la presin de la
industria de cara a reducirlos por su situacin econmica.
As lo recoge el Anuario del juego en Espaa que acaba de publicar la Fundacin
Codere, y que recoge la actividad del juego, sus cifras y sus datos socioeconmicos.
Los resultados de la tensin, segn el informe, han sido varios: de un lado, ha desaparecido el gravamen sobre los premios de sorteos y loteras de Selae, Once, Cruz Roja
y entidades similares europeas; de otro, varias comunidades han reducido su presin
fiscal sobre el juego, ya sea corrigiendo escalas, reduciendo tipos o introduciendo
bonificaciones, normalmente asociadas al mantenimiento del empleo. Ejemplos de
ello son Aragn, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla yLen, Extremadura,
Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.
A ello se suma que se han establecido, en algunas comunidades, tipos fiscales
suavizados, deducciones o bonificaciones vinculadas al mantenimiento del empleo,
sobre todo en el sector de casinos. Algunas de esas bonificaciones surgieron en 2011
para las mquinas de hostelera y bingos. Esta reduccin impositiva condicionada ha
sido, seala Codere, la va utilizada por varias comunidades para dar salida a la tensin entre dficit pblico y rentabilidad de la industria.
Por otro lado, en algunas autonomas, los impuestos sobre el bingo y las mquinas estn evolucionando tomando como bases imponibles la diferencia entre las cantidades jugadas y los premios (Gross Gaming Revenue, o GGR), en vez de los cartoGETTY
nes vendidos o cuotas fijas. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en establecer un impuesto de este tipo para las mquinas conectadas.
El informe tambin seala que han aparecido situaciones de provisionalidad legislativa, como la reserva de disminucin de la presin fiscal sobre los casinos prevista
para la puesta en funcionamiento de los Centro Integrales de Desarrollo (CID) en la Comunidad de
Madrid por la previsin, hoy abandonada, de la puesta en marcha de Eurovegas. Algo similar ha
ocurrido en Catalua, con el anuncio del proyecto de Ley que rebajara el impuesto sobre los casinos en esta comunidad. Se trata de un anuncio de la Generalitat del 13 de junio de 2013.
Catalua, Madrid y Valencia, por otro lado, han regulado impuestos sobre el juego por Internet
o por medios telemticos, definiendo la base imponible a travs del GGR. En Catalua y Madrid, el
tipo es del 10 por ciento, mientras que en la Comunidad Valenciana se ha ido bastante ms all,
al exigir un tipo del 25 por ciento por este tipo de juego.
Por lo dems, las bases que fundamentan el sistema fiscal especial sobre el juego siguen vigentes. El discurso que domina en las Administraciones y textos legislativos sigue considerando al
juego gestionado por empresas privadas lindante con actividades potencialmente nocivas para la
sociedad, y considera a sus clientes como consumidores que requieren sistemas de proteccin reforzados. As, el hecho de que haya otras actividades cuyos costes sociales sean mayores o que,
para la inmensa mayora de los jugadores, el juego slo
sea un pasatiempo, son factores que se soslayan.
Como contrapunto, la inclusin de los casinos como
actividad integrante de los CID de la Comunidad de Madrid, ha introducido en la legislacin espaola al juego
como una industria que contribuye a la promocin econmica, favoreciendo la creacin de empleo y la atraccin de turismo. Se trata de un precedente que, aunque abandonado, sienta un antes y un despus en la
concepcin de la actividad.
Adems de este panorama general, el informe se
detiene en los puntos clave de la imposicin a esta industria, por ejemplo, en lo que respecta al juego online
o a los problemas que genera la exencin del IVA.
Cambios en el juego online
Con los cambios introducidos en 2012/13 en la estructura del sistema tributario sobre el juego, han aparecido novedades relacionadas con los individuos premiados, el gravamen sobre premios de loteras, los impuestos sobre premios en bingos, la compensacin de prdidas y ganancias en juego en IRPF, las empresas operadoras de juego, as como sobre tributos como el
Impuesto sobre Sociedades, el IRPF, el Impuesto sobre
Actividades Econmicas, el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, el IVA, los Impuestos especiales sobre el
juego (tasa sobre el juego), la Tasa fiscal sobre el juego
-cedida a las comunidades, para casinos, bingos y
mquinas-, y los impuestos cedidos a las comunidades -apuestas- o los que generan un rendimiento que se transfiere a las comunidades -juego online-.
Sobre el juego online, en 2013, segn el informe, parece empezar a configurarse una doble va
impositiva para los juegos por Internet o por va telemtica. Por un lado, la legislacin del Estado, a travs de la Ley 13/2011, que estableci de hecho un sistema fiscal para el juego en este
mbito. Por otro lado, varias comunidades estn desarrollando figuras impositivas para gravar el
juego desarrollado por Internet o por medios telemticos (Catalua, Madrid y Comunidad Valenciana).
Los juegos online quedaron tcitamente sujetos a un rgimen fiscal especfico del Estado a travs de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulacin del juego, al establecer en su artculo 48,
un impuesto sobre las actividades de juego, que en realidad se cie al juego online, an refirindose a la autorizacin, celebracin u organizacin de juegos, rifas, concursos, apuestas y actividades de mbito estatal esto es, las actividades de juego cuando la actividad desarrollada tenga
15 IURIS&LEX
La va elegida para establecer el nuevo subsistema del juego
online resulta complicada, asegura Codere
La exencin del IVA acta en contra de los operadores de
la industria, al quedar excluidos de la cascada del impuesto
Conviven dos formas de estimacin de bases imponibles
-ingresos brutos o netos- con cinco tipos impositivos
El informe denuncia desigualdades muy pronunciadas en las
tasas sobre el bingo, los casinos o las mquinas recreativas
mbito estatal, as como las actividades de juego transfronterizas, es decir, las realizadas por
personas fsicas o jurdicas radicadas fuera de Espaa que organicen u ofrezcan actividades de
juegos a residentes en Espaa.
En la prctica, las nicas actividades de juego de mbito estatal, salvo las loteras y quinielas
de Selae y los sorteos de la Once, sern las que se organicen online bajo licencia y, tambin, a las
que se puedan acceder desde Espaa, aunque sea sin licencia.
La va elegida para establecer este nuevo subsistema fiscal es complicada, asegura Codere,
y combina dos tipos de bases imponibles en funcin del tipo de apuesta -mutua, de contrapartida o cruzadas- y adems distintos tipos tributarios en funcin de si son apuestas deportivas, hpicas, rifas, concursos, otros juegos o combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales. De este modo, conviven dos formas de estimacin de bases imponibles, como ingresos brutos o como ingresos netos; junto con cinco tipos impositivos (7, 10, 15, 20 y 25 por ciento). Algunos autores han sealado que hubiera sido preferible una mayor simplificacin del sistema. Para
Codere, resulta llamativa esta complejidad y tratamientos diferenciados en contraste con la Ley
danesa de fiscalidad sobre el juego online, de 2010, que establece un tipo nico del 20 por ciento sobre el GGR -apuestas totales deducido el importe destinado a premios-. En todo caso, tanto
en Dinamarca, por seguir con el ejemplo, como en Espaa, la tendencia es a imponer ms impuestos al juego presencial que al online, pese a que ambos ofrecen exactamente los mismos juegos.
La citada Ley introduce tambin una nueva tasa para financiar las actuaciones regulatorias
realizada por la Comisin Nacional del Juego sobre las actividades de juego desarrolladas por los
operadores habilitados y sujetas a la supervisin de la entidad, destinadas a sufragar los gastos
que se generen por la citada Comisin (artculo 49.2.f), que consistir en el 1 por 1.000 de los
ingresos brutos, sin que pueda descender del 0,75 por mil.
Por su parte, Catalua, Madrid y Valencia han introducido figuras impositivas sobre el juego por
Internet o desarrollado por medios telemticos, que operan como un porcentaje sobre el GGR.
otras empresas ni de descontarlos en sus declaraciones trimestrales. Ni en la legislacin ni en la
doctrina o la jurisprudencia se encuentra una justificacin a esta exclusin del juego de la cascada del IVA, segn Codere.
El informe tambin apunta hacia el IVA como problema para las empresas del sector. La normativa sobre el tributo al consumo por excelencia excluye expresamente el juego de las actividades
que constituyen hechos imponibles -Directiva 2006/112CE, artculo 135.1.i-. En la transposicin
del IVA a Espaa, Ley 30/1985, de 2 de agosto, se trat de justificar esta exencin, y en su prembulo se afirma que, puesto que una parte relevante de los juegos de azar son explotados directamente por organismos pblicos en rgimen de monopolio y las actividades de esta naturaleza
explotadas por particulares estn sujetas ordinariamente a una tasa fiscal, razones econmicas y
tcnicas justifican su exoneracin del Impuesto, para evitar la doble imposicin y reducir la presin
fiscal indirecta. Sin embargo, esta excepcin, pese a lo que pudiera pensarse a priori, acta en
contra de los operadores de la industria del juego, segn seala Codere.
Al quedar excluidos de la cascada del IVA, se convierten de hecho en consumidores finales de
los bienes y servicios necesarios para su actividad -compra o alquiler de locales, adquisicin y
mantenimiento de mobiliario, consumos convencionales: agua, gas, electricidad, comunicaciones,
etc.-, de modo que tienen que integrar el IVA en sus costes, sin posibilidad de repercutirlos sobre
Desigualdades en las distintas autonomas
El informe tambin denuncia desigualdades muy pronunciadas en las distintas tasas que gravan el juego a
nivel autnomo. Tal es el caso de la tasa sobre casinos,
donde puede decirse que aunque el sistema de tributacin de los casinos conserva vestigios de la matriz
comn definida en 1977 la evolucin dispar de la legislacin de las comunidades en la ltima dcada introduPara Codere, el sistema tributario del juego en Espaa crea
un problema al distinguir distintas modalidades de juego ciendo cambios en las escalas, tipos, tipos reducidos y
el online se regula a parte- asignndoles figuras tributarecargos han creado un sistema que, aunque an conrias diferentes, tanto en lo que se refiere a la estimacin de
serva elementos que lo hacen reconocible, en sus
la base imponible como en los tipos aplicables. Esta tenresultados finales produce desigualdades muy considedencia se sigui tambin en la reciente Ley 13/2011.
rables, que no parecen justificables por la situacin
Segn seala el informe, no hay justificacin objetiva
econmica objetiva de los sujetos pasivos.
Lo mismo se aplica a la tasa fiscal aplicada a los binalguna para tales diferencias, y da la impresin de que
gos, que va deformndose tambin poco a poco, adfuera una tendencia que se inici un da y que ha quedado
quiriendo unas diferencias difcilmente justificables a
incardinada en los engranajes de la Administracin
partir de la realidad socioeconmica de las distintas coTributaria. Dicho de otra forma, el sistema fiscal vigente
munidades. Algo similar ocurre con la tasa a las msobre el juego parece inspirado en una visin del juego
quinas recreativas, donde tambin operan diferencias
presencial obsoleta, que no se corresponde con la realisustanciales en las definiciones de cada tipo de mquidad. La fiscalidad que soporta el juego est muy por encina. En cuanto a las apuestas, rifas y tmbolas, tambin
ma de la que soportan otras actividades. Adems, el texto
la oscilacin es importante: Madrid es la comunidad
concluye que, mientras que en la Unin Europea se tiende a
la unificacin fiscal, el caso del sistema tributario espaol
con los tipos ms elevados, del 45,50 por ciento, mientras que lo normal suele ser el 15 por ciento -Castilla y
sobre el juego constituye un ejemplo de explosin creatiLen, Extremadura, Murcia, La Rioja-, descendiendo al
va, innovando y multiplicando impuestos, formas de esti10 por ciento en Galicia.
mar bases imponibles, escalas y tipos, con las consiguienEl panorama de las apuestas es complicado. El Estes fragmentacin y oscuridad del sistema.
tado las ha regulado con carcter general, aplicando un
tipo del 10 por ciento al importe global de los boletos
vendidos, y un 1,50 a las apuestas traviesas -entre jugadores en frontones-. Las comunidades que han regulado la imposicin sobre apuestas han
mantenido el tipo general del 10 por ciento, menos Murcia (15 por ciento), Madrid (13 por ciento),
y, a la baja, Galicia (8,50 por ciento). Las comunidades han regulado adems otros tipos de apuestas: deportivas (en general un 10 por ciento), hpicas (3 por ciento es lo normal), candromos y las
de deportes tradicionales, aplicando tipos diferentes y, en algunas ocasiones, tarifas por da dependiendo de la relevancia y regularidad de la competicin.
Un sistema fragmentado, oscuro
y con diferencias sin justificar
16 IURIS&LEX
[El urbanismo del siglo XXI]
La ocupacin no es un modo
Se trata de dilucidar si es constitucional el acuerdo que aprobaba
la ocupacin de terrenos para desarrollarlos como espacios libres
Segn el Constitucional el Estado es competente para
establecer las garantas mnimas que son aplicables
POR FERNANDO ACEDO-RICO HENNING Registrador de la Propiedad*
os diferentes modos de adquirir el dominio aparecen regulados en nuestro Cdigo Civil en sus artculos 609 y siguientes: La propiedad se adquiere por
la ocupacin. La propiedad y los dems derechos
sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley,
por donacin, por sucesin testada e intestada, y por
consecuencia de ciertos contratos mediante la tradicin. Pueden tambin adquirirse por medio de la prescripcin. En cuanto a lo que se refiere al modo de
adquirir el dominio por la ocupacin el artculo 610 del
Cdigo Civil establece que: Se adquieren por la ocupacin los bienes apropiables por su naturaleza que
carecen de dueo, como los animales que son objeto
de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas.
Dicho esto me gustara comentar la sentencia del Tribunal Constitucional 183/2013, de 23 de
octubre de 2013, en la que se plantea la cuestin de inconstitucionalidad en relacin al artculo
141.1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenacin urbanstica de Andaluca.
Competencias en materia de expropiacin forzosa: constitucionalidad del precepto legal autonmico que no incluye la necesidad de acuerdo con el propietario previo a la ocupacin directa de
terrenos dotacionales (STC 61/1997).
En la citada sentencia se trata de dilucidar si es inconstitucional el acuerdo por el que se
aprobaba un expediente de ocupacin directa de unos terrenos para el desarrollo de los mismos como espacios libres, alegando que era aplicable el artculo 141 de la Ley 7/2002, que regula la ocupacin directa, sin que en dicha regulacin se haga mencin alguna a la necesidad
del consentimiento por los titulares afectados.
El planteamiento de la cuestin de inconstitucionalidad se sustenta por parte de la comunidad autnoma implicada, en la consideracin de que el artculo 141.1 de la Ley 7/2002, al no
contemplar la necesidad del consentimiento del expropiado para el pago en especie en el caso
de proceder a la ocupacin directa de los terrenos, se separa del rgimen de garantas expropiatorias establecido en la regulacin estatal, invadiendo al regular una ocupacin directa la
El fiscal general del Estado y la letrada de la Junta consideran que la regulacin de la ocupacin directa se incardina en la materia de expropiacin forzosa, pero no obstante la interpretacin que hacen sobre la doctrina establecida en otras sentencias es muy distinta. La letrada de
la Junta entiende que el Estado es competente para establecer las garantas mnimas y considera que la garanta del artculo 37 Ley del Rgimen del Suelo y Valoraciones (LRSV), es aplicable a la ocupacin directa.
Por otro lado el fiscal general del Estado, afirma que la propia previsin legal de la tcnica de
la ocupacin directa corresponde al Estado y que al no haberlo hecho as la Ley 6/1998, de 13
de abril, la figura carece, desde la derogacin del artculo 203 del texto refundido de la Ley
Los diferentes modos de adquirir el dominio aparecen regulados en nuestro Cdigo Civil (CC): La propiedad se adquiere por la ocupacin. La propiedad y los dems derechos
sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por
donacin, por sucesin testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradicin. Pueden
tambin adquirirse por medio de la prescripcin. En lo que
se refiere al modo de adquirir el dominio por la ocupacin el
artculo 610 del CC establece que: Se adquieren por la ocupacin los bienes apropiables por su naturaleza que carecen
de dueo, como los animales que son objeto de la caza y
pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas.
sobre Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana de
1992, de cobertura normativa, por lo que la regulacin autonmica es directamente contraria al artculo
149.1.18 CE. El Fiscal duda de que la ocupacin directa deba equipararse plenamente a la expropiacin
forzosa formal y que le resulte de aplicacin el artculo 37 de la LRSV y, en todo caso, considera que, si as
fuera, cabra una interpretacin de conformidad del
precepto normativo.
De la doctrina del Tribunal se extrae como conclusin que el Estado es competente para establecer las
garantas mnimas que son aplicables en el caso de
que se haga uso de la ocupacin directa como mecaGETTY
nismo para la obtencin de terrenos destinados a dotaciones pblicas; y que la garanta consiste en la necesidad de acuerdo con el afectado para el pago en
A estos efectos se deduce que la ocupacin directa y la expropiacin forzosa son distintas,
aunque estn estrechamente relacionadas entre s, ya que en la primera se mezclan elementos propios de la expropiacin forzosa y es por ello que las comunidades autnomas como el
Estado cuentan con competencia para su regulacin; y por otro lado al Estado no le corresponde prever la ocupacin directa, pues en su vertiente tcnica de gestin urbanstica, slo las comunidades autnomas son competentes para decidir si esta ha de forma parte de su modelo
El Tribunal Constitucional, en sus fundamentos jurdicos ya hace constar que en el presente
caso, con la nueva redaccin del citado artculo que
introduce el requisito necesario el acuerdo del propietario queda eliminada la duda de constitucionalidad
El Tribunal Constitucional ya hace constar que en el preque se ha planteado: Los terrenos destinados a dotasente caso, con la nueva redaccin del citado artculo que
ciones podrn obtenerse mediante su ocupacin diintroduce el requisito necesario el acuerdo del propietario
recta a cambio del reconocimiento del titular del derequeda eliminada la duda de constitucionalidad que se ha
cho a integrarse en una unidad de ejecucin con exceplanteado: Los terrenos destinados a dotaciones podrn
so de aprovechamiento objetivo. La ocupacin directa
obtenerse mediante su ocupacin directa a cambio del
requerir el acuerdo con el propietario, y la determinareconocimiento del titular del derecho a integrarse en una
cin del aprovechamiento urbanstico que le corresunidad de ejecucin con exceso de aprovechamiento
ponda y de la unidad de ejecucin en la que aqul
objetivo. La ocupacin directa requerir el acuerdo con el
deba hacerse efectivo.
* Fernando Acedo Rico-Henning es decano de Castilla-La Mancha
del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
Espaa, doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil y consejero
de la Revista Derecho Urbanstico
propietario, y la determinacin del aprovechamiento urbanstico que le corresponda y de la unidad de ejecucin en
la que aqul deba hacerse efectivo.
17 IURIS&LEX
[Al da]
Luz verde al estatuto del mediador
para unificar la maraa normativa
La inscripcin en el nuevo Registro de mediadores ser
voluntaria, excepto para los concursales
La norma fija requisitos mnimos de formacin, y obliga
a reciclarse con cursos al menos cada cinco aos
l pasado mes de marzo de 2012 entraba en vigor la Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediacin
en asuntos civiles y mercantiles, un texto que, adems de incorporar -con meses de retraso- las
bases mnimas que estableci la Directiva de 2008 sobre la materia, introdujo por primera vez
un marco general aplicable en toda Espaa, aglutinante de la dispersin normativa generada por
Ahora, tras ms de ao y medio de vaco, el Gobierno ha dado luz verde al Reglamento que completa la Ley, y que desarrolla cuatro aspectos clave: la formacin del mediador, la creacin de un Registro de Mediadores
-dependiente en el Ministerio de Justicia-, el aseguramiento
de su responsabilidad, y la promocin de un procedimiento
simplificado de mediacin por medios electrnicos.
Lo hace a travs de un Real Decreto que desarrolla determinados aspectos de la Ley, lo que se traduce en que la norma
no tendr que pasar por las Cortes, y slo resta su publicacin
en el Boletn Oficial del Estado (BOE) y el transcurso del plazo
de tres meses que fija el texto para su entrada en vigor.
mediacin, y se tratar de una base de datos de acceso gratuito a travs de la web del Ministerio
La inscripcin de los mediadores ser voluntaria -si bien este trmite permite acreditar automticamente tal condicin-, aunque en el caso de los mediadores concursales -que debern
cumplir los requisitos del artculo 27.1 de la Ley Concursal-, resultar obligatoria. Ello se traduce
en que hasta que el Registro est en pleno funcionamiento, la relacin de mediadores concursales -aptos para desarrollar el procedimiento de mediacin extraconcursal que cre la reciente Ley de Apoyo a los Emprendedores- se comunicar a partir de listas provisionales.
En todo caso, la inscripcin en el Registro no excluye la responsabilidad del mediador ni de la institucin de mediacin
respecto del cumplimiento de los requisitos que les son exigibles ni la que les corresponda en el ejercicio de su actividad.
Tambin podrn inscribirse mediadores reconocidos en
cualquier otro Estado miembro de la Unin Europea.
Cuestin de formacin
El Real Decreto aspira a no ser invasivo en materia de formacin, aunque s considera necesario fijar tres pautas mnimas:
los contenidos generales, la distribucin de horas prcticas y
tericas -al menos un 35 por ciento ser prctico-, y la duracin
mnima del curso -100 horas-. La formacin del mediador se
podr adquirir en uno o varios cursos y deber permitirle el
dominio de las tcnicas de mediacin y el desarrollo del procedimiento. As, ser necesario comprender, como mnimo, y en
relacin con el mbito de especializacin en el que presten sus
servicios, el marco jurdico, los aspectos psicolgicos, de tica
de la mediacin, de procesos y de tcnicas de comunicacin,
negociacin y de resolucin de conflictos. La enseanza
podr ser tanto pblica como privada, siempre que est autorizada para ello.
Adems, los mediadores debern realizar una o varias actividades de formacin continua en
materia de mediacin, de carcter eminentemente prctico, al menos cada cinco aos, con
una duracin mnima de 20 horas. Se trata, en cualquier caso, de una norma de mnimos, por lo
que se podrn mejorar las exigencias que prev.
Un registro para mediadores
En cuanto al Registro de Mediadores, ste depender de la Direccin General de los Registros y
del Notariado (DGRN), y comprender no slo a las personas fsicas, sino tambin a las instituciones dedicadas a ello. Su finalidad es dar a conocer los datos relevantes relacionados con la
La norma tambin obliga al mediador a contar con un seguro
de responsabilidad civil o equivalente, con el fin de cubrir los
posibles daos y perjuicios causados por su actuacin, y se
establece que la institucin de mediacin -que tambin deber estar asegurada- asumir solidariamente con el mediador la
responsabilidad derivada de su actuacin.
Por ltimo, la norma dibuja las lneas bsicas del procedimiento simplificado de mediacin por medios electrnicos, que
parte del artculo 24 de la Ley. Se aplica a asuntos donde la
cantidad reclamada no supere los 600 euros, establecindose
para estos casos siempre que no haya impedimentos para
alguna de las partes. Su duracin mxima ser de un mes, prorrogable, y permite la transformacin del procedimiento en otro de cualquier otro tipo si las partes lo acuerdan, as como la tramitacin presencial de partes de ste.
La posicin de las partes se fija a travs del formulario de solicitud, y en el de contestacin
que el mediador o la institucin pongan a su disposicin. As, la parte solicitante fijar la cantidad
reclamada en el formulario de solicitud de inicio, que se completar con los detalles de su pretensin. El formulario de contestacin, por su parte, permitir aceptar la cantidad reclamada, rechazarla o formular una contrapropuesta.
Adems, la norma obligar a las instituciones de mediacin a elaborar un informe anual sobre
su actividad, con el nmero de solicitudes y tipos de reclamacin, el nmero de procedimientos
por medios electrnicos, o la duracin media del proceso, as como los casos de acuerdo.
18 IURIS&LEX
Claves de la refinanciacin de
empresas en procesos concursales
La mxima vale ms prevenir que curar resulta de aplicacin
a todo el proceso de negociacin con los acreedores
Es importante negociar directamente con el deudor y su
administracin los trminos de la propuesta de convenio
POR CARLOS PAVN Carlos Pavn, director del Departamento Concursal de Iure Abogados
La anticipacin del convenio es una de las claves del xito
en la negociacin en sede concursal. La entrada en el proceso no debe dejarse a la improvisacin, de suerte que el
deudor debe haber planificado y medido sus objetivos. En
este sentido, la necesidad de solicitar la apertura del concurso voluntario vendr determinada por no haber alcanzado un apoyo unnime de sus acreedores en una fase preconcursal, si bien puede haber conseguido una mayora
considerable a apoyar un plan de pagos razonable cuya eficacia pueda revestirse a travs de un convenio. Para ello,
resultar fundamental garantizar la continuidad de la
empresa, a fin de poder cumplir con el plan de pagos.
arlos Pavn, director del Departamento Concursal
de Iure Abogados, expone unas claves que pueden
conduciral xito de la negociacin en sede concursal, permitiendo a la empresa deudora garantizarse su continuidad y evitar su entrada en liquidacin.
de los crditos, conllevar a generar la expectativa de cobro por parte del acreedor en torno a un porcentaje de su crdito y en un perodo de tiempo concreto. Esta previsin facultar al deudor a prever
el grado de inters de los acreedores concursales a apoyar su propuesta de convenio, en funcin de
las quitas y esperas que haya podido valorar presentar, conforme a su plan de viabilidad empresarial. En la prctica, la negociacin del convenio con los acreedores deber sustentarse en la mejora
a los acreedores de su expectativa de cobro en la liquidacin, conforme a las anteriores previsiones.
La prevencin es la clave
La mxima vale ms prevenir que curar resulta de aplicacin a todo proceso de negociacin con acreedores, de
suerte que no es lo mismo negociarcon anterioridad a los
impagos, que cuando stos ya se han consumado.
Adelantar la negociacin a una fase anterior al nacimiento de los impagos garantizar mayores perspectivas de
entendimiento con los acreedores. La negociacin preconcursal permitir eludir la entrada en proceso concursal del deudor, al permitir a los acreedores la negociacin singular de sus crditos sin las cortapisas
del convenio concursal.
La anticipacin del convenio
La entrada en un proceso concursal no debe dejarse a la improvisacin, de suerte que el deudordebe
haber planificado y medido sus objetivos. En este sentido, la necesidad de solicitar la apertura del
concurso voluntario de acreedores vendr determinada por no haber alcanzado un apoyo unnime
de sus acreedores en una fase preconcursal, si bien puede haber conseguido una mayora considerable a apoyar un plan de pagos razonable cuya eficacia pueda revestirse a travs de un convenio.
Para ello, resultar fundamental garantizar la continuidad de la empresa, a fin de poder cumplir con
el plan de pagos, de forma que la utilizacin de la figura del convenio anticipado de acreedores, frente al convenio ordinario, facilitar la consecucin de este objetivo. La presentacin de un convenio
anticipado exige la aportacin de unas adhesiones iniciales de acreedores que legitime su aportacin, para lo cual podrn hacerse valer los apoyos recibidos por ciertos acreedores durante la fase
preconcursal.
La expectativa del acreedor como motor de la negociacin
Cualquier negociacin con acreedores en sede concursal parte de la premisa de la existencia de dos
escenarios posibles para el pago de los crditos: el convenio o la liquidacin. De esta forma, las previsiones de cobro de los acreedores en el escenario de la liquidacin determinarn su grado de inters en el planteamiento alternativo que realice, en la prctica, el deudor a travs de la propuesta de
convenio. En este sentido, habr de analizarse el contenido del patrimonio del deudor, las cargas y
gravmenes que pesen sobre el mismo y la capacidad de realizacin, esto es, su convertibilidad en
dinero a corto plazo por la administracin concursal, en aras a determinar las previsiones de liquidez
que se obtendrn en el escenario de liquidacin concursal.
Tales previsiones, puestas en relacin con el pasivo concursal, atendiendo a la diversa graduacin
El apoyo del administrador concursal como incentivo a los acreedores
La propuesta de convenio concursal que presente el deudor a sus acreedores deber ser objeto de
anlisis por la administracin concursal, de forma que sta emitir un informe al respecto, pudiendo
pronunciarse de modo favorable o desfavorable al mismo. El resultado de este informe, si bien no es
vinculante para los acreedores, al poder valorar stos libremente el sentido de su voto o adhesin al
convenio, determinar el grado de credibilidad de la propuesta de convenio presentada por el deudor. Un informe desfavorable puede conducir a que los acreedores rechacen la propuesta, por considerar que el planteamiento del deudor no resultar realizable segn las advertencias de la administracin concursal, de igual modo que un informe favorable puede atraer su apoyo por parte de los
acreedores indecisos. Por ello, es importante que la propuesta de convenio se presente, con anterioridad a su formalizacin en el Juzgado, a la valoracin porparte de la administracin concursal al margen del proceso, esto es, negociando directamente el deudor y su administracin concursal los trminos ms adecuados de la propuesta, de cara a garantizarsu posteriorvaloracin favorable en sede
La proactividad y tramitacin escrita frente a la pasividad y la oralidad
Las normas concursales del convenio conducen a un proceso para la tramitacin del mismo que no
impiden favorecer su consecucin mediante actuaciones alternativas por el deudor en este sentido.
As, puede ocurrir en la prctica que un grupo importante
de acreedores no se encuentren personados en el proceso concursal del deudor y no lleguen a tener conocimienLas normas concursales del convenio conducen a
to de la existencia de una propuesta de convenio, siendo
un proceso para la tramitacin del mismo que no
por ello conveniente una actuacin proactiva del deudor
impiden favorecer su consecucin mediante actuaciones
en informar a tales acreedores de la existencia de la proalternativas por el deudor en este sentido. As, puede
puesta e incentivar su adhesin informando acerca de la
ocurrir en la prctica que un grupo importante de acreedoalternativa de la liquidacin. Asimismo, la celebracin de
res no se encuentren personados en el proceso concursal
Junta de Acreedores, a la cual acuden los acreedores a
del deudor y no lleguen a tener conocimiento de la
votar el convenio presentado, presenta la problemtica
existencia de una propuesta de convenio, siendo por
de desplazamiento, coste y tiempo que puede desincenello conveniente una actuacin proactiva del deudor
tivar a una mayora de acreedores relevante. Por ello, la
en informar a tales acreedores de la existencia de la
utilizacin de las adhesiones por escrito de los acreedopropuesta e incentivar su adhesin informando acerca
res facilitar alcanzar, en su caso, una mayora suficiente
de la alternativa de la liquidacin.
a efectos de cmputo del rgimen de mayoras para su
19 IURIS&LEX
Reestructuracin del Administrador
Se publica en el Boletn Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de
diciembre, sobre reestructuracin de la entidad pblica empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden econmico. Su
disposicin adicional segunda, en la que se regula la emisin de obligaciones y otros ttulos valores representativos de deuda por la entidad pblica empresariales ADIF-Alta
Velocidad, y en la que se establece: Las emisiones de obligaciones de ADIF-Alta Velocidad
se regirn por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, cuando dichas emisiones estn dirigidas exclusivamente a inversores institucionales o profesionales y se efecten bajo ley extranjera, se sometern exclusivamente a los requisitos fijados en dicha
legislacin. (BOE, 14-12-2013)
Convalidacin del Real Decreto-ley
sobre solvencia de entidades financieras
El Boletn Oficial del Estado (BOE) publica la Resolucin, de 12 de diciembre de 2013,
de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicacin del
Acuerdo de convalidacin del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptacin del derecho espaol a la normativa de la Unin Europea
en materia de supervisin y solvencia de entidades financieras. De conformidad con lo
dispuesto en el artculo 86.2 de la Constitucin, el Congreso de los Diputados, en su
sesin del pasado 12 de diciembre, acord convalidar el Real Decreto-ley 14/2013, de
29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptacin del derecho espaol a la normativa de la Unin Europea en materia de supervisin y solvencia de entidades financieras, publicado en el Boletn Oficial del Estado nmero 287, de 30 de noviembre de
2013. (BOE, 18-12-2013)
Presupuestos. Regin de Murcia
Precios medios en el mercado. Extremadura
Ley 11/2013, de 29 de noviembre, sobre modificacin de la Ley 13/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de la Regin de
Murcia para 2013, de regulacin del devengo de diciembre de 2013, de la paga adicional de junio de 2014. (BOE, 14-12-2013)
Orden de 4 de diciembre 2013 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados
bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autnoma de Extremadura, a
efectos de la liquidacin del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurdicos Documentados para los hechos imponibles que se devenguen
en el ao 2014, se establecen las reglas para su aplicacin y se publica la metodologa para su obtencin. (DOE, 13-12-2013)
Energa elica. Cantabria
Ley 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento elico en
la Comunidad Autnoma de Cantabria. (BOE, 18-12-2013)
Deuda Pblica. La Rioja
Proteccin de la naturaleza. Aragn
Decreto-Legislativo 2/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragn, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de creacin del Consejo de Proteccin de la
Naturaleza. (BOA, 13-12-2013)
Regulacin de la Comisin
Asesora de Libertad Religiosa
Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisin Asesora
de Libertad Religiosa. El primero de los objetivos de este Real Decreto es asignar a la
Comisin nuevas funciones que le permitan mejorar su actuacin dentro del marco legal
existente y la asuncin de nuevas obligaciones. El segundo de los objetivos es articular
mejor la composicin de la Comisin Asesora de Libertad Religiosa y hacer posible que
formen parte de la misma los representantes de las iglesias, confesiones, comunidades
religiosas o federaciones de las mismas que puedan alcanzar la declaracin de notorio
arraigo en Espaa, sin que ello exija una nueva modificacin legal. Adems, persigue
mejorar el funcionamiento de la Comisin Asesora de Libertad Religiosa que actuar en
Pleno, Comisin Permanente y Grupos de Trabajo. (BOE, 16-12-2013)
Orden n 17, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Orden 6/2013, de 12
de marzo, por la que se establecen las caractersticas de las emisiones de
deuda pblica de la Comunidad Autnoma de La Rioja que se lleven a cabo en
el ejercicio 2013. (BOR, 13-12-2013)
Correccin de las entidades adheridas
al Cdigo de Buenas Prcticas
El Boletn Oficial del Estado (BOE) hace pblica la Resolucin, de 5 de diciembre de
2013, de la Secretara de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa, por la que se corrigen errores en la de 3 de octubre de 2013, por la que se publica la lista de entidades
que han comunicado su adhesin al Cdigo de Buenas Prcticas de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social,
y la lista de entidades que han comunicado su adhesin voluntaria al Cdigo de Buenas
Prcticas para la reestructuracin viable de las deudas con garanta hipotecaria sobre la
vivienda habitual. En ella se aclara que se incluyeron por error en la lista de la primera
versin del Cdigo entidades que deberan haberse incluido en la segunda lista, por lo
que procede su correccin. (BOE, 18-12-2013)
20 IURIS&LEX
Constitucin de hipoteca y
NIF de la entidad acreedora
Depsito de cuentas y
limitaciones de la auditora
Determinacin del objeto
social: requisitos bsicos
La Direccin General de los Registros y del Notariado (DGRN)
discute, en una reciente resolucin, si debe constar en una
escritura en la que se constituye una hipoteca de mximo el
NIF-NIE de la entidad bancaria acreedora, teniendo en cuenta
que sta carece de establecimiento permanente en Espaa,
siendo de nacionalidad y domicilio luxemburgus. El recurrente aleg que ni afecta dicha exigencia del registrador al asiento a practicar, ni a la identificacin de las partes, ni es fiscalmente relevante, siendo de aplicacin el Real Decreto
1245/1995, de 14 de julio, que no contempla esa exigencia,
que por lo dems considera una traba administrativa contraria
al libre establecimiento en el territorio de la Unin Europea,
pues la legislacin especfica bancaria nada exige. La
Direccin, por su parte, desestima el recurso, asegurando que
el artculo 254.2 de la Ley Hipotecaria, en la redaccin que le
fue dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
de prevencin del fraude fiscal, fija que no se practicar ninguna inscripcin en el Registro de la Propiedad de ttulos relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren,
constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el
dominio y los dems derechos reales sobre bienes inmuebles,
o a cualesquiera otros con trascendencia tributaria, cuando no
consten en aquellos todos los nmeros de identificacin fiscal
de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representacin acten. Para la Direccin, el sector bancario no es excepcin a la aplicacin de la norma, e invocar la posible infraccin del derecho de establecimiento de las
entidades bancarias en el Derecho comunitario no puede considerarse adecuado. (DGRN, 11-12-2013)
La Direccin General de los Registros y del Notariado (DGRN) resuelve
un caso en el que se debate sobre el depsito de cuentas de una sociedad mercantil. En concreto, la cuestin hace referencia a la consideracin que ha de darse al documento de auditora presentado en el
Registro Mercantil, con ocasin del depsito de las cuentas anuales de
la sociedad recurrente correspondientes al ejercicio 2011, en el cual, el
auditor manifiesta que debido al efecto muy significativo conjunto de
las limitaciones al alcance de nuestra auditora (...), no podemos expresar una opinin sobre las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas.
La conclusin es la desestimacin del recurso, ya que no debe admitirse el depsito de las cuentas anuales de una sociedad mercantil con
informe de auditora no emitido por limitacin absoluta a su alcance,
denegacin que en ningn caso afecta al trabajo del auditor, sino a la
sociedad que pretende el depsito, que, en determinados supuestos,
puede ser la responsable de que el auditor se vea obligado a emitir un
informe de estas caractersticas. (DGRN, 12-12-2013)
En este supuesto, la Direccin General de los Registros y del
Notariado (DGRN) trata de determinar si puede formar parte
del objeto social de una sociedad la promocin, creacin y participacin en empresas y sociedades industriales, comerciales,
inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo. El registrador Mercantil afirm en su acuerdo negativo que dicha frase
implica el ejercicio indirecto de cualquier actividad, por lo que
existe falta de determinacin del objeto social, tratndose de
una cuestin de capacidad y no de objeto. El recurrente, por su
parte, entiende que la actividad de crear empresas y participar
en ellas es una actividad directa y perfectamente determinada,
por lo que puede formar parte del objeto social. La Direccin,
como respuesta, opta por estimar el recurso, asegurando que
no puede afirmarse que la clusula debatida implique una
extensin indirecta del objeto social a actividades no previstas
en el mismo, pues de la previsin de promocin, creacin y participacin en empresas y sociedades industriales, comerciales,
inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo no puede
inferirse, sin ms, que mediante esta actividad se pretenda
desvirtuar el contenido del resto de actividades que constituyen el objeto social. Tampoco puede afirmarse que exista una
indeterminacin del objeto social que deba ser excluida de los
libros del Registro, pues la actividad de promocin, creacin y
participacin de empresas constituye una determinacin suficiente, sin que sea preciso especificar las actividades concretas, que a su vez dichas empresas deban realizar. As, es cierto que existe alguna resolucin que exige una precisin mayor,
pero su carcter aislado y singular no desdicen lo que es doctrina reiterada. (DGRN, 11-12-2013)
Proteccin de Datos y Defensa de la Competencia
Sancin a Google por vulnerar gravemente los derechos de los ciudadanos
Incoado expediente sancionador contra siete entidades de certificacin
La Agencia Espaola de Proteccin de Datos, ha dictado una Resolucin que pone fin al procedimiento iniciado a la empresa Google en relacin con la compatibilidad de su poltica de privacidad y las condiciones de uso de sus servicios con la normativa espaola de proteccin de
datos. La Resolucin concluye declarando la existencia de tres infracciones graves de la Ley
Orgnica de Proteccin de Datos (LOPD), impone a Google una sancin de 300.000 euros por
cada una de ellas y requiere a la compaa para que adopte sin dilacin las medidas necesarias
para cumplir con las exigencias legales. En el marco de la investigacin realizada, la Agencia
Espaola de Proteccin de Datos ha constatado que Google recoge y trata ilegtimamente informacin personal, tanto de los usuarios autenticados (dados de alta en sus servicios) como de
los no autenticados, e incluso de quienes son meros usuarios pasivos que no han solicitado
sus servicios pero acceden a pginas que incluyen elementos gestionados por la compaa sin
explicitarlo, segn ha informado en un comunicado.
La Direccin de Competencia de la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
ha incoado un expediente sancionador contra un total de siete entidades de certificacin. El expediente, segn ha informado la CNMC, se ha incoado por posibles conductas anticompetitivas
prohibidas por el artculo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia consistentes, por
un lado, en un acuerdo de fijacin de los precios de las actividades de evaluacin necesarias para
la obtencin del reconocimiento a la excelencia del Club Excelencia en Gestin Va Innovacin; y,
por otro, en un reparto de mercado, al poder dirigir el Club Excelencia en Gestin Va Innovacin
las solicitudes de informacin o de reconocimiento que recibe de una organizacin cliente, a una
determinada entidad de certificacin. Las conductas tienen origen en las denuncias presentadas
por la empresa Servicios de Asistencia Mdica de Urgencia y por la Asociacin para la Defensa
de la Competencia Andaluza. La incoacin de este expediente no prejuzga el resultado final de la
investigacin. Se abre un periodo mximo de 18 meses para su resolucin por la CNMC.
21 IURIS&LEX
La Abogaca entrega los
La Conferencia Anual de la Abogaca, celebrada recientemente, sirvi de escenario para la entrega de los Premios Derechos Humanos,
con los que el sector ha premiado este ao en la categora de
Instituciones a Critas y Banco de Alimentos, por su labor social en
tiempos de crisis. En la categora de Personas, Iris Yassmn Barrios,
jueza y presidenta del Tribunal que conden por genocidio al general guatemalteco Efran Ros Montt -aunque luego esta condena fue
anulada-, ha sido la galardonada; as como Mnica Bernab en la
categora de Medios de Comunicacin, siendo la nica periodista
espaola que ha informado regularmente desde Afganistn donde
vive permanentemente desde hace seis aos y donde trabaja para
el diario El Mundo, realizando una impecable cobertura en zona de
conflicto, con especial atencin a los ms dbiles. El premio Nacho
de la Mata, creado el ao pasado por la Abogaca Espaola en
memoria del abogado que le da nombre para distinguir a las mejores iniciativas en defensa de los valores de la infancia y la inmigracin, recay en la Enrique Martnez Reguera, por su labor durante
50 aos en temas educativos y convivir con jvenes y nios marginados, a travs de su escuela de Educadores Especializados en
Marginacin, como respuesta a la necesidad de preparar personas
para afrontar los problemas de los nios y nias que viven en situacin de marginacin social. Asimismo, en el marco de la ceremonia
tambin se entreg el premio al ganador del V Concurso de
Microrrelatos sobre abogados, Javier de Pedro Peinado, se entregaron cuatro Medallas al Mrito en el Servicio a la Abogaca y se conmemoraron los 10 aos de la Fundacin Abogaca. Los presidentes
del CGPJ y el Tribunal Supremo y el Consejo General de la Abogaca,
presidieron la Conferencia Anual acompaados por la secretaria
general del Consejo General de la Abogaca, entre otros muchos.
El Colegio de Abogados de Ciudad Real
destina 18.000 euros a acciones solidarias
El Colegio de Abogados de Ciudad Real entreg en 2013
18.270 euros para acciones solidarias a diversas organizaciones, de los que 11.528 fueron entregados a Critas en el
marco del Proyecto Euro Solidario, iniciativa puesta en marcha por el Colegio a final de 2012 y por la que todos aquellos
colegiados que lo desean aportan 1 euro mensual que se
destina a Critas para la atencin de aquellas personas y
familias que se estn viendo ms afectadas por la actual
situacin de crisis econmica. Adems, 5.400 euros se
Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espaa. ELECONOMISTA
Los auditores temen las consecuencias
de la reforma de auditora de la UE
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espaa (ICJCE) ha sealado que el acuerdo
sobre la reforma de la prestacin de los servicios de auditora alcanzado en la Unin Europea
tendr importantes repercusiones en el sector, segn inform en un comunicado. La presidencia lituana de la UE y los negociadores de la Eurocmara han alcanzado esta semana un
acuerdo final sobre la norma cuyo objetivo es reforzar la independencia de las empresas de
auditora y potenciar la competencia en el sector, actualmente dominado por las Big Four
(Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers). El presidente del ICJCE, Mario
Alonso, seal que esta medida es mejor a la inicialmente propuesta por la Comisin Europea,
y aunque la rotacin tiene ms incovenientes que ventajas, ya que supone un incremento de
costes y una prdida de calidad, es un periodo suficiente para no hacer peligrar la calidad del
trabajo. Respecto a la posibilidad de ampliar el plazo si existe co-auditora, Mario Alonso explic que aunque es cierto que dos firmas pueden realizar un mejor trabajo, la labor auditora se
puede dificultar y tambin encarecer. El acuerdo, adems, contempla una lista de servicios
prohibidos a la empresa auditada distintos de la auditora, en particular los relacionados con la
asesora fiscal y los ligados a la estrategia financiera y de inversin.
entregaron con cargo a la partida presupuestaria del 0,7 por ciento que el Colegio destina anualmente a acciones solidarias. Las entidades que han percibido las ayudas econmicas del Colegio
de esta partida han sido Crean, para la acogida de nios ucranianos y atencin de la Casa de los
Nios en Kiev; Solman, para becas de estudios en el
Tercer Mundo; Banco de Alimentos, para la distribucin
de alimentos a familias sin recursos en la provincia;
Cruz Roja, para la atencin de los damnificados por el
tifn de Filipinas; Asociacin Espaola contra el
Cncer; Familias necesitadas de Ciudad Real, campaa de Navidad para la distribucin de alimentos a familias necesitadas y Fundacin del Consejo General de la
Abogaca Espaola para la Campaa No dejes que la
pobreza imponga su ley, cuyo objetivo es recaudar fondos para Banco de Alimentos y Critas.
22 IURIS&LEX
Clusulas suelo: devolver o no el dinero cobrado?
El Supremo confirma la
nulidad del ERE de Prisa
El Tribunal Supremo zanj el pasado 9 de mayo
muchas de las dudas legales que plantean las
llamadas clusulas suelo de las hipotecas,
aunque sembr polmica en un punto fundamental: el Pleno neg la devolucin del dinero
cobrado indebidamente al cliente durante
aos a pesar de la nulidad de la clusula,
basndose, entre otras cosas, en el posible
riesgo de trastornos graves con transcendencia en el orden pblico por las ingentes cantidades que la banca se vera obligada a devolEE
ver. Sin embargo, y a pesar de que el Pleno
neg la retroactividad que reclamaban los
clientes, se trata an de una cuestin abierta, ya que existen numerosas
sentencias posteriores de Audiencias Provinciales que contradicen este criterio. As lo asegur el pasado martes 17 de diciembre Luis Sanz Acosta,
magistrado de la Audiencia Provincial de Cceres, durante el Aula Frum
2013 sobre la Proteccin de los consumidores frente a las malas prcticas
bancarias, un evento organizado por Valentn Gallego Auditores y
Consultores y Frum Business Center, con la colaboracin de elEconomista.
Sanz coment adems su desacuerdo con este criterio: No oculto mi sorpresa con esta tesis, que, adems, casa mal con otras sentencias del
mismo Tribunal, coment. Sin embargo, se mostr convencido de que la
postura del Supremo sobre este asunto es inamovible y ser la que el
Tribunal defienda no slo con las demandas colectivas -cuyo importe econmico es ms importante-, sin tambin con las individuales. As, aunque
en Cceres se aplicaba el artculo 1303 del Cdigo Civil, con la devolucin
de dinero, en sentencias posteriores hemos decidido, con invocacin
estricta a las fuentes del derecho, no devolverlo. Eso s, Sanz asegur que
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que confirma la
nulidad del despido colectivo adoptado en Prisa Corporativa al
apreciar que dicha decisin no estuvo ajustada a derecho por no
cumplirse los acuerdos previos firmados entre la empresa y los
trabajadores en un proceso de mediacin que puso fin a una huelga en este grupo de comunicacin. La sentencia desestima el
recurso de casacin interpuesto por la empresa editora contra la
resolucin adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. La ponente del Supremo, la magistrada Rosa Mara
Virols Piol, confirma la condena a la empresa a indemnizar a los
23 trabajadores de Prisa Corporacin con 45 das por ao de servicio con un tope de 42 mensualidades. Esta indemnizacin es la
prevista en los pactos que la empresa no respet y que el Alto
Tribunal resuelve que estn vigentes. En su sentencia, de 30 de
octubre, seala que el despido colectivo decidido por la empresa
en septiembre de 2012 vulner dichos acuerdos, firmados el 20
de mayo de 2011 y el 14 de junio de 2011 entre el grupo de comunicacin y los sindicatos UGT y CCOO. En estos pactos ambas partes se comprometan a acometer cualquier proceso de reestructuracin que afectara al volumen de empleo a travs del dilogo y la
negociacin, con un mdulo indemnizatorio de referencia de 45
das por ao de servicio con un tope de 42 mensualidades. Para
este fin se cre una comisin de seguimiento de los compromisos
adquiridos que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2012.
Sin embargo, Prisa inst un despido colectivo dos meses antes, en
septiembre de 2012. Para el Supremo, tales pactos tienen la
misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo (...) y ostentan la naturaleza de acuerdos de desconvocatoria o fin de huelga,
y como tales han de desplegar plena eficacia.
si la sentencia no hubiera sido de Pleno -y, por tanto, no sentara jurisprudencia-, en la Audiencia Provincial de Cceres hubiramos seguido devolviendo las cantidades. Y es que el Supremo, apunt Sanz, ha hecho tambalearse el principio de restitucin recproca de prestaciones en caso de
nulidad del artculo 1303 del Cdigo Civil. Por su parte, Javier Yez
Evangelista, titular del Juzgado de lo Mercantil n 9 de Madrid y colaborador
de la revista Iuris&Lex, asegur que ahora se est planteando un cambio
de matiz en cuanto a las solicitudes de devolucin por clusulas suelo, tras
el criterio del Supremo. As, en algunos casos se pide la devolucin no con
carcter retroactivo desde el inicio del contrato, sino que se pide la devolucin slo a partir de la fecha de la reclamacin previa de la entidad. La idea
es sortear el criterio del perjuicio econmico en que se bas el Alto Tribunal,
reduciendo la suma que tendra que devolverse. Yez se detuvo adems
en las vas tiene el consumidor para lograr la nulidad de clusulas bancarias abusivas, y record que existen dos caminos posibles: la ausencia de
informacin, o el error en el consentimiento por falta de transparencia.
Fomento acepta crear un registro de viviendas protegidas
Las tasas cubrirn el coste extra de la justicia gratuita
El Ministerio de Fomento ha aceptado una serie de recomendaciones que le ha hecho el
Defensor del Pueblo en materia de vivienda, y las ha plasmado en su Plan Estatal sobre Vivienda
y Rehabilitacin 2013-2016. Segn ha informado el Defensor en un comunicado, el departamento de Ana Pastor trabaja en una base de datos con informacin suministrada por las comunidades autnomas, los ayuntamientos y otras fuentes, para constituir un Registro General Estatal de
Viviendas de Proteccin Oficial, que presente informacin desagregada segn los tipos de viviendas de proteccin oficial: tipo de promotor, si ha estado incluida en una autopromocin cooperativa, si estaban destinadas al alquiler o a la venta, si han sido ocupadas alguna vez, as como las
causas de la desocupacin. El plan del ministerio tambin admite la posibilidad de modificar la
calificacin provisional o definitiva de las viviendas protegidas inicialmente destinadas a venta,
como vivienda protegida en alquiler. Adems, contempla la opcin de cambiar la calificacin de
vivienda protegida en alquiler a vivienda protegida en venta.
El Ministerio de Justicia se comprometi esta semana a pagar a las comunidades autnomas, a
travs de lo recaudado por tasas judiciales, el sobrecoste de la justicia gratuita originado tras los
cambios en la Ley para incluir a ms beneficiarios, a raz de la elevacin de umbrales y la incorporacin de vctimas especialmente vulnerables. As qued sentado ayer en la Conferencia
Sectorial de Justicia, en la que el Ministerio se dio cita con las distintas comunidades para evaluar los problemas a los que se enfrenta el sector. As, para garantizar un reparto homogneo y
equitativo, se sufragarn en todas las comunidades hasta el triple del porcentaje de variacin
media que registren las dependientes del Ministerio, segn inform el departamento que dirige
Ruiz-Gallardn. Los colectivos que han pasado a ser beneficiarios de la justicia gratuita, con independencia de su renta, han sido las vctimas de violencia de gnero; terrorismo; trata de seres
humanos; menores y discapacitados psquicos que hayan sido vctimas de abusos; y vctimas de
accidentes con secuelas permanentes.
23 IURIS&LEX
Tributacin de las prdidas generadas por el
canje de participaciones preferentes en acciones
La Direccin General de Tributos (DGT) se pronuncia sobre el tratamiento tributario que deben
recibir las prdidas fruto de la operacin de canje de participaciones preferentes por acciones
de la entidad bancaria. En concreto, la consultante suscribi en 2007 valores emitidos por una
filial de un banco espaol que tienen naturaleza de participaciones preferentes conforme a la
Ley 13/1985. En octubre de 2012, de acuerdo con las condiciones de emisin, se produjo la
conversin de dichos valores por acciones del propio banco, la cual le origin un rendimiento
negativo del capital mobiliario que comput en su declaracin del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fsicas correspondiente a dicho ejercicio, al ser el valor de cotizacin de las acciones en el momento de la conversin inferior a la inversin realizada. As, sobre la calificacin tributaria en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de la cantidad recibida del banco
en 2013 y el periodo impositivo al que debe imputarse, la Direccin aclara que la conversin de
los valores en acciones en 2012 habr generado un rendimiento del capital mobiliario que vendr determinado por la diferencia entre el valor de conversin, que ser el valor de cotizacin de
las acciones en el momento de la conversin, y el valor de adquisicin de los valores, el cual se
imputa al perodo impositivo en que sea exigible para el perceptor, exigibilidad que se produce
en el momento de la conversin. Por otra parte, la cuanta total satisfecha por la entidad de crdito, inferior a la inversin efectuada, no se ha realizado en un mismo momento, sino que primero se ha efectuado la conversin, entregndose las acciones y, posteriormente, en virtud de
reclamacin del cliente y a consecuencia de no haberse recuperado el importe total de la inversin, el banco le abona una cantidad adicional a la que deriva de la operacin de conversin. Por
tanto, esta cantidad adicional no forma parte del valor de conversin y conforme a lo previsto en
el apartado 2.b) de la disposicin adicional segunda de la Ley 13/1985, se califica de rendimiento del capital mobiliario, debiendo imputarse al periodo impositivo en que se haya producido su
exigibilidad, que en el caso objeto de consulta ser el ao en que se ha llegado al acuerdo con
la entidad de crdito, esto es, 2013. La Direccin se basa, para su respuesta, en el apartado 2.
b) de la disposicin adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de
inversin, recursos propios y obligaciones de informacin de los intermediarios financieros, y en
el artculo 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fsicas (BOE de 29 de noviembre). (DGT, 29-10-2013)
Ausencia de paga extra y sus consecuencias fiscales
En este supuesto, la Direccin General de Tributos (DGT) se centra en la tributacin en caso de
que, a pesar de que en el certificado de haberes del ao 2012 percibido por el consultante consta que ha cobrado 14 pagas, sin embargo, al ser una empresa pblica, y conforme a la legislacin vigente, an no se ha cobrado la paga extra de navidad de dicho ao. La Direccin contesta asegurando que, si se da la circunstancia que se indica en el escrito de consulta en el sentido que en dicha certificacin se han constatado cantidades que no se percibieron, el interesado
a efectos de cumplimentar la declaracin por el IRPF deber consignar las cantidades efectivamente percibidas, que cabe suponer estarn reflejadas en las correspondientes nminas del ao
2012. As, cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en periodos impositivos distintos a aqullos en que
fueron exigibles, se imputarn a stos, practicndose, en su caso, autoliquidacin complementaria, sin sancin ni intereses de demora ni recargo alguno. (DGT, 28-10-2013)
Indemnizacin por daos y perjuicios en el IRPF
En caso de obtener una sentencia por la que se reconozca al interesado una indemnizacin por
daos y perjuicios -en este caso, causados como consecuencia de su desvinculacin del cargo
de director de una entidad pblica en el ao 2005-, la tributacin de tal indemnizacin en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas se efectuar de forma que el consultante deber consignar el importe de la indemnizacin en la declaracin por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fsicas correspondiente al ao 2011, ao en el que la resolucin judicial ha adquirido firmeza (sentencia, de 23 de mayo de 2011 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo). La
Direccin recuerda que, como regla general, los rendimientos del trabajo se imputan al periodo
impositivo en que son exigibles por su perceptor. Ahora bien, junto con esta regla general recoge
la Ley del Impuesto, en su artculo 14.2, unas reglas especiales de imputacin temporal, reglas
de las que procede mencionar aqu la recogida en la letra a) que establece que cuando no se
hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolucin
judicial la determinacin del derecho a su percepcin o su cuanta, los importes no satisfechos
se imputarn al perodo impositivo en que aqulla adquiera firmeza. (DGT, 28-10-2013)
Doctrina de Hacienda
Remisin a la Hacienda canaria de la copia electrnica de las escrituras
Servicio de atencin en centro residencial y tipo del IVA aplicable
La Direccin General de Tributos de la Consejera de Economa, Hacienda y Seguridad del
Gobierno de Canarias acaba de hacer pblico, con fecha de 11 de diciembre de 2013, un anuncio por el que se somete a informacin pblica el proyecto de Orden por la que se regula la remisin por los notarios a la Administracin Tributaria Canaria de la copia electrnica de las escrituras y dems documentos pblicos, a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados. El texto del proyecto de
Orden al que se refiere el anuncio se puede consultar en el sitio web de la Administracin
Tributaria Canaria, en el apartado de Informacin Tributaria y la pgina Legislacin y Normas en
Tramitacin. Se podrn presentar en cualquiera de las sedes de la Direccin General de Tributos
las alegaciones que se estimen pertinentes en un plazo de quince das hbiles desde la publicacin del anuncio en el Boletn Oficial de Canarias (BOC n 243 del mircoles 18 de diciembre de
La Diputacin Foral de Vizcaya (DFB) resuelve las dudas de un organismo autnomo local que
tiene adjudicada a una cooperativa la prestacin durante 2013 del Servicio de atencin a los
usuarios del centro residencial y del Servicio de atencin a los usuarios del centro de da, a travs de sendos concursos administrativos. Segn afirma, el centro residencial en cuestin slo
atiende a personas dependientes, de modo que todos sus usuarios tienen esa calificacin. Nada
se dice expresamente sobre los usuarios del centro de da. La cooperativa adjudicataria de
ambos servicios factura mensualmente las prestaciones que realiza, repercutiendo el Impuesto
sobre el Valor Aadido al tipo reducido del 10 por ciento. Hasta el 31 de agosto de 2012 facturaba sus servicios al tipo del 8 por ciento. En este contexto, desea saber si los servicios descritos
se encuentran sujetos al tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Aadido del 10 por ciento, o
al tipo superreducido del 4 por ciento, a lo que se contesta afirmando que el tipo superreducido
ser el aplicable, aunque con ciertos requisitos. (DFB, 07-11-2013)
24 IURIS&LEX
Brasil condena a Coca-cola
Google da otro paso ms en
patentes a favor de Linux
Los acuerdos sobre patentes
qumicas crecen en la UE
La multinacional Coca-Cola ha sido condenada a pagar una indemnizacin por usar una camiseta parecida a la de la seleccin brasilea para un anuncio publicitario en 2009, segn una sentencia
divulgada el da 18 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia
de Brasil. En su sentencia, segn ha informado la agencia Efe, el
Tribunal brasileo desestim un recurso de la compaa Coca-Cola,
que aleg que la camiseta llevaba los colores de Brasil (amarillo y
verde) y que, por lo tanto, era de dominio pblico, y mantuvo la condena ya impuesta por el Tribunal de Justicia del estado de Ro de
Janeiro. Para el Tribunal Superior de Justicia, el argumento de la
multinacional no tiene validez, ya que la intencin era imitar a la
seleccin, explic el tribunal en un comunicado. Coca-Cola utiliz
una camiseta con los colores amarillo y verde, y visti con ella a
algunos exjugadores de la seleccin brasilea en un anuncio televisivo que se emiti durante las eliminatorias para el Mundial de
Surfrica 2010. La Confederacin Brasilea de Ftbol (CBF), propietaria de los derechos sobre la camisa de la seleccin, denunci
el anuncio publicitario a la Justicia y consigui que le dieran la
razn. El tribunal de Ro de Janeiro, en la decisin confirmada por
el Tribunal Superior de Justicia, entendi que la empresa de bebidas se lucr con el uso indebido, mediante la imitacin del uniforme y del distintivo de propiedad de la CBF, que es patrocinada por
otra marca competidora directa de Coca-Cola en Brasil. El Tribunal
Superior tambin mantuvo la decisin anterior para que sea nombrado un rbitro que decidir la cantidad que deber pagar finalmente Coca-cola a la Confederacin Brasilea de Ftbol. Por ahora,
no se conoce la cantidad que deber indemnizar la multinacional.
El Tribunal tambin mantuvo la decisin anterior para que sea nombrado un rbitro que decidir la cantidad.
la organizacin creada para promover la colaboracin y no agresin de patentes
en apoyo de Linux, Open Invention Network (OIN), acaba de anunciar la incorporacin de Google como miembro pleno. No obstante, el gigante de Internet llevaba tiempo involucrado con la organizacin. De hecho, en 2007 se convirti en
el primer usuario final licenciatario de OIN, como recoge ZDNet. A principios de
este ao, bajo la estrategia Open Patent Non-Assertion (OPN), Google prometi
no demandar a los usuarios, distribuidores o desarrolladores de
software libre que utilicen determinadas patentes suyas, a
menos que estos interpelen primero. El compromiso adquirido
por la compaa empez con un
conjunto de 10 patentes que en
agosto ampli a otros 79 ttulos
ms para poner sus licencias al
servicio del software de cdigo
abierto. Ahora, su incorporacin
completa a la Open Invention
Network reforzar esta estrategia. La OIN se form en 2005 por
IBM, Sony y Philips, adems de
distribuidores de Linux, Red Hat y
Novell. Con el tiempo empresas
como Cisco, Twitter y Dropbox se
han unido al grupo. En la actualidad, ms de 600 compaas se
han convertido en titulares de
licencias de patentes de OIN.
La Comisin Europea (CE) acaba de hacer pblico su IV Informe de
Monitorizacin de los Acuerdos sobre Patentes qumico-farmacuticas (referente a los meses de enero a diciembre de 2012), que
refleja un aumento de la resolucin de conflictos mediante pactos
entre compaas innovadoras y de genricos. En total, segn el
informe europeo fueron 183 los litigios iniciados a los que se puso
fin por la va del acuerdo, un dato que habra que relativizar, advierte el estudio, teniendo en cuenta que Portugal, el Estado que ms
casos aporta (un total de 58), aprob una ley en 2011 que obliga a
las compaas a acudir al arbitraje siempre que se pretende la
entrada de un nuevo genrico en el mercado. A este respecto,
seala tambin la Comisin Europea que el crecimiento experimentado en 2012, que responde en parte a la oleada de expiraciones
(patent cliff) que tuvo lugar el pasado ao, sucede a un alza continuada que comenz a darse en el ejercicio 2009 y que no ha cesado desde entonces. Una vez desglosados los datos, asegura que se
percibe adems una disminucin relativa de los acuerdos que han
limitado la entrada de un equivalente al mercado mediante la
transferencia de valor, monetaria o no, desde la compaa innovadora a la de genricos (categora B. II). En este sentido, seala el
informe de la Comisin que solo el 10 por ciento de los acuerdos
alcanzados (excluyendo a Portugal, por su particular ley) se sellaron
de esta forma, que es la que, a priori, supondra la violacin del
principio de libre competencia que rige en el seno de la Unin
Europea. Por ltimo, el estudio hace un anlisis por pases. De
este modo, asegura que Espaa fue el tercer pas ms afectado por
estos acuerdos, tras Portugal e Italia. Por detrs de Espaa se
sitan, segn los datos barajados por la Comisin, Holanda, Reino
Unido, Alemania o Dinamarca.
La Justicia de la UE cuestiona la Ley checa de derechos de autor
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unin Europeo (Tjue), Eleanor Sharpston, en
sus conclusiones presentadas el 14 de noviembre de 2013, ha abordado la adecuacin al
Derecho europeo del artculo 23 de la Ley sobre derechos de autor de la Repblica Checa, que
entiende por explotacin de transmisiones de radio o televisin de una obra la puesta a disposicin de la obra que se transmite por radio o televisin a travs de dispositivos tcnicamente
aptos para recibir transmisiones de radio o televisin. No obstante, la norma no incluye la puesta a disposicin deuna obra a pacientes en ele momento de la prestacin de la atencin sanitaria en los centros de salud. En concreto, la Sociedad para la proteccin de derechos de autor relativos a las obras musicales (OSA) denunci a un balneario en cuyas habitaciones se haban instalado aparatos de televisin y radio que ofrecan acceso a obras gestionadas por OSA. No obstante, el balneario no tena ningn contrato de licencia con dicha sociedad. Por ello, la OSA le
reclam cnones por importe de aproximadamente 21.000 euros, ms los intereses. Por su
parte, el balneario aleg que estaba amparado por la excepcin prevista en el artculo 23 de la
Ley sobre derechos de autor. Ahora, la abogada general, alinendose con el Gobierno checo y la
Comisin, sostiene que la comunicacin de una obra mediante un aparato de televisin o radio
situado en una habitacin de un balneario constituye una comunicacin al pblico. Unas circunstancias que, opina, se parecen a las de la sentencia Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), de 7 de diciembre de 2006, en la que el Tjue estim que la distribucin de una seal por
un establecimiento hotelero a los clientes alojados en sus habitaciones, efectuada por medio de
televisores, constitua un acto de comunicacin al pblico. De ah que, en opinin de
Sharpston, una excepcin por la cual se desautoriza la retribucin a los autores por la comunicacin de sus obras mediante receptores de televisin o radio a pacientes en las habitaciones
de balnearios que son sociedades mercantiles resulta contraria a lo dispuesto en la Directiva
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacin de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos
de autor en la sociedad de la informacin.
25 IURIS&LEX
ltimo de
eE eleconomista.es/
www.ecoley.es
www.ecosanidad.es
1 y 3 de
26 IURIS&LEX
Solicitud de inscripcin/baja. Registro de devolucin mensual
Solicitud aplicacin rgimen de deduccin comn para sectores
diferenciados para 2014
Convenio colectivo (III):
Renuncia o revocacin estimacin directa simplicada y estimacin
Renuncia o revocacin regmenes simplicado y agricultura,
econmicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones
de inversin colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos,
capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
Opcin o revocacin de la aplicacin prorrata especial para 2014
ganadera y pesca para 2014 y sucesivos
Opcin o revocacin por la determinacin de la base imponible
mediante el margen de benecio global en el rgimen especial
de los bienes usados, objetos de arte, antigedades y objetos de
coleccin para 2014 y sucesivos
Opcin o revocacin por la determinacin global de la base imponible
- Rgimen general
- Rgimen de consolidacin scal (grupos scales)
en el rgimen especial de las agencias de viajes para 2014 y sucesivos
Opcin tributacin en destino ventas a distancia a otros pases
de la Unin Europea para 2014 y 2015
Noviembre 2013. Rgimen general. Autoliquidacin
Noviembre 2013. Grupo de entidades, modelo individual
Noviembre 2013. Declaracin de operaciones incluidas en los libros
registro del IVA e IGIC y otras operaciones
Noviembre 2013. Declaracin recapitulativa de operaciones
Noviembre 2013. Grupo de entidades, modelo agregado
Noviembre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones
La revista jurdica Iuris&Lex contina analizando esta semana las
caractersticas del convenio colectivo y su negociacin.
objetiva para 2014 y sucesivos
Renuncia al rgimen de deduccin comn para sectores diferenciados
Comunicacin de alta en el rgimen especial del grupo de entidades
Opcin o renuncia por la modalidad avanzada del rgimen
especial del grupo de entidades
Comunicacin anual relativa al rgimen especial del grupo
Denunciado un convenio, en ausencia de regulacin distinta en los
convenios colectivos, se proceder del siguiente modo:
En el plazo mximo de un mes, a partir de la recepcin de la comunicacin, se proceder a constituir la comisin negociadora. La parte
receptora de la comunicacin deber responder a la propuesta de
negociacin y ambas partes establecern un calendario o plan de
La comisin negociadora quedar vlidamente constituida cuando
los sindicatos, federaciones o confederaciones y las asociaciones
empresariales a que se refiere el artculo anterior representen como
mnimo, respectivamente, a la mayora absoluta de los miembros de los
comits de empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios que ocupen a la mayora de los trabajadores afectados por el
La designacin de los componentes de la comisin corresponder a
las partes negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrn designar
un presidente y contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrn, igual que el presidente, con voz, pero sin voto.
En los convenios de mbito sectorial, el nmero de miembros en
representacin de cada parte no exceder de 15; en el resto de convenios, no exceder de 13.
Septiembre 2013. Grandes empresas (*)
Septiembre 2013. Grandes empresas
Noviembre 2013. Grandes empresas
Noviembre 2013 (*)
representantes scales y receptores autorizados (grandes empresas),
utilizarn para todos los impuestos el modelo
La comisin negociadora podr tener un presidente. En el supuesto
de que la comisin negociadora optara por la no eleccin de presidente, las partes debern consignar, en el acta de la sesin constitutiva de
la comisin, los procedimientos a emplear para moderar las sesiones y
firmar las actas que correspondan a las mismas, un representante de
cada una de ellas, junto con el secretario.
El reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisin negociadora se efectuar con respeto al derecho de todos los legitimados y
en proporcin a su representatividad.
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