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Timestamp: 2017-12-16 05:18:01+00:00

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Sentencia A.P. Guadalajara 110/2010 de 19 de mayo. Comunidad de Propietarios. Acción de responsabilidad decenal y contractual. Responsabilidades - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Guadalajara 110/2010 de 19 de mayo
Comunidad de Propietarios: Acción de responsabilidad decenal y contractual. Ordenación de la edificación: Responsabilidad de la promotora por los defectos constructivos y condena a su reparación. Agentes de la edificación: Responsabilidad. Intervención provocada de terceros: Llamada al proceso del arquitecto superior, de la constructora y del contratista.
SENTENCIA: 00110/2010
Domicilio: PASEO FERNANDEZ IPARRAGUIRRE NUM. 10
Telf: 949-20.99.00
Fax: 949-23.52.24
Modelo: SEN00
N.I.G.: 19130 37 1 2010 0100114
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 101/2010
Juzgado procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de GUADALAJARA
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 655/2006
RECURRENTE: GEPROLAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.
Procurador/a: MARTA MARTINEZ GUITIERREZ
Letrado/a: ARGIMIRO GOMEZ LOPEZ
RECURRIDO/A: CDAD. PRIOS. AVENIDA000, NUM000 (NUM001 - NUM002), Javier, Marcial, Carlos Manuel, Jesús María Y Pedro Francisco (CDAD. BIENES DIRECCION000)
Procurador/a: ROCIO PARLORIO DE ANDRES, JOSE LUIS MARINA SERRANO, TERESA LOPEZ MANRIQUE, ANTONIO
ESTREMERA MOLINA
Letrado/a: M.ª ANGELES CAÑAS GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL SANCHEZ CARO, MIGUEL SOLANO RAMIREZ, ELISA M.
IÑIGUEZ DE LA TORRE
D.ª ISABEL SERRANO FRIAS
D. MANUEL EDUARDO REGALADO VALDES
D. JOSE AURELIO NAVARRO GUILLEN
SENTENCIA N.º 110/10
En Guadalajara, a diecinueve de mayo de dos mil diez.
VISTO en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de GUADALAJARA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 655/2006, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 de GUADALAJARA, a los que ha correspondido el Rollo 101/2010, en los que aparece como parte apelante GEPROLAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. representado por la Procuradora D.ª MARTA MARTINEZ GUITIERREZ, y asistido por el Letrado D. ARGIMIRO GOMEZ LOPEZ, y como parte apelada CDAD. PRIOS. AVENIDA000, NUM000 (NUM001 - NUM002), representado por la Procuradora D.ª ROCIO PARLORIO DE ANDRÉS y dirigido por la Letrada D.ª ÁNGELES CAÑAS GUTIÉRREZ, D. Javier, representado por el Procurador JOSE LUIS MARINA SERRANO y asistido por el Letrado D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CARO, D. Marcial, representado por la Procuradora D.ª MARIA TERESA LÓPEZ MANRIQUE y asistido por el Letrado D. MIGUEL SOLANO RAMÍREZ; D. Carlos Manuel, D. Jesús María Y D. Pedro Francisco (CDAD. BIENES DIRECCION000) representados por el Procurador D. ANTONIO ESTREMERA MOLINA, y asistidos por la Letrada D.ª ELISA M. IÑIGUEZ DE LA TORRE, sobre acción de responsabilidad decenal y contractual, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL EDUARDO REGALADO VALDES.
Segundo.-En fecha 31 de julio de 2009 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda deducida por la Procuradora D.ª Rocío Parlorio de Andrés en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de la AVENIDA000 n.º NUM000 (NUM001 - NUM002) Guadalajara, contra la entidad Geprolar promociones Inmobiliarias S.L. (anteriormente Geprovi SL) y en su virtud condeno a que realice las obras de reparación y subsanación de los defectos constructivos de la referida comunidad que se recogen en el Fundamento Jurídico Tercero en concreto: 1.- De las fisuras en la unión entre la pared y el techo que se aprecian en la planta cubierta del Portal A y en la planta baja del Portal B; 2.- De las fisuras existentes en el solado del rellano, en el techo y paramentos coincidentes con la trayectoria de las juntas de dilatación, de las plantas cuarta, tercera, segunda, primera y baja del portal A y plantas cuarta, tercera, segunda, primera y baja del Portal A y plantas cuarta, tercera, segunda, primera y baja del Portal B y Exteriores Portal B y A; 3.- de las humedades en paramentos verticales (muros) y en el techo del sótano común a los dos portales A y B.= Las soluciones que se adopten en la reparación habrán de tener en consideración que los arreglos serán los estrictamente imprescindibles para solventar las patologías existentes y racionalmente acordes con la naturaleza de la edificación, sin dotarla de mejoras o calidades superiores a las que tenía, ni de servicios, prestaciones o requerimientos técnicos de los que carecía o que no resultaran exigibles en la fecha en que se construyó; debiendo ajustarse en lo posible a los materiales, normas y exigencias constructivas propias de la antigüedad y características del inmueble.= Igualmente deberá abonar 1.430 euros IVA incluido por los honorarios del informe pericial aportado.= No se realiza ningún pronunciamiento condenatorio ni absolutorio respecto de los terceros intervinientes D. Javier, D. Marcial y D. Carlos Manuel, D. Jesús María y D. Pedro Francisco como comuneros de la Comunidad de bienes DIRECCION000 lo cual no significa que esta sentencia no pueda tener consecuencias frente a dichos terceros pues, en virtud de esa intervención procesal, deben quedar vinculados por las declaraciones en que ella se han hecho, y no podrán ser discutidos en un posterior y eventual proceso, sin perjuicio de las posteriores acciones de repetición a que hubiere lugar por parte de la constructora contra ellos.= En cuanto a las costas procesales, son impuestas a la entidad Geprolar Promociones Inmobiliarias S.L. (anteriormente Geprovi S.L.) tanto las causadas a la actora como a los terceros intervinientes".
Tercero.-Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de GEPROLAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L., se interpuso recurso de apelación contra la misma; admitido que fue, emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, se sustanció el recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la deliberación y fallo del mismo el pasado día 18 de mayo.
Cuarto.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del plazo para dictar sentencia.
Primero.-Se aceptan y dan por reproducidos, para evitar reiteraciones innecesarias, los acertados fundamentos de la resolución apelada.
El adecuado entendimiento de la cuestión que se nos somete en esta alzada exige que señalemos, siquiera sintéticamente, los antecedentes que propiciaron que el litigio haya alcanzado estado de resolución del recurso que nos compete. Así, presentada demanda en ejercicio de acciones de responsabilidad decenal, contractual y extracontractual y emplazada la parte demandada, por ésta se solicitó la intervención provocada de terceros en el proceso al amparo de lo prevenido en el artículo 14 apartado segundo de la ley procesal civil. Comparecidos éstos, realizadas las alegaciones que tuvieron por conveniente, señalada la audiencia previa y el juicio, se dictó Sentencia que, en lo aquí interesa, condena a la constructora demandada, no realiza pronunciamiento alguno (ni absolutorio ni condenatorio) en relación con los terceros intervinientes en el proceso llamados a éste por la parte demandada, e impone las costas causadas a la demandante y a los terceros intervinientes, a la demandada que resultó condenada. Frente a dicho pronunciamiento se alza la constructora por medio del recurso de apelación, interesando las restantes partes la confirmación de la resolución recurrida.
Segundo.-En el primero de los motivos del recurso esgrime la apelante la falta de aplicación por la juzgadora de instancia de la previsión contemplada en la disposición adicional séptima de la LOE, al no haber dictado pronunciamiento condenatorio contra los terceros intervinientes en el proceso. Toda vez que en el desarrollo del motivo incluye el impugnante referencias a la indebida imposición de las costas de tales terceros a la recurrente, examinaremos aquí ambas cuestiones, no sin antes sentar la postura de esta Audiencia Provincial ante supuestos como el que se nos somete. Tal es la incorporación al proceso de terceros en mérito a lo prevenido en la disposición adicional séptima de la LOE, contra los que sin embargo la parte actora no dirige pretensión de condena, siendo la cuestión debatida si pueden o no ser condenados. El planteamiento se recoge en los siguientes términos en la SAP de Asturias de fecha 23 de noviembre del año 2.005, aunque discrepemos de la conclusión final a la que se llega. Allí se afirma que "La resolución de la precedente cuestión no resulta pacífica ni en la doctrina ni en los Tribunales, y así en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 2-05-03 se consideró que el tercero llamado al proceso debía ser tenido como parte demandada y, por tanto, debía figurar en la parte dispositiva de la sentencia, y "debe ser alcanzado por todos sus pronunciamientos incluido el que verse sobre las costas". Diversamente, la Audiencia Provincial de Burgos, en la sentencia de 29-12-03, se decantó por la opinión contraria. Al igual que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 18-09-02. Esta Sala estima que si se tratara de la aplicación estricta del art. 14 de la L.E.C, a la vista de la dicción del precepto y confrontando el mismo con el tenor del art. 13 de la Ley Procesal Civil reguladora de la intervención voluntaria, se observa que mientras en este último caso el tercero se convierte en parte demandante o demandada por así disponerlo expresamente la norma, en el caso del art. 14 no se produce tal situación, pues ni el artículo lo dispone así expresamente, ni puede obviarse que una vez acordado el llamamiento, el legislador continúa distinguiendo en el precepto entre las partes y "el tercero ", a salvo el supuesto de sucesión procesal regulada en el art. 18 de la L.E.C. En suma, cabría estimar que en el caso de intervención provocada lo que se produce con la llamada del tercero es que éste conozca la existencia de un procedimiento que versa sobre cuestiones que de alguna manera le afectan y de cuyo resultado dependerá su propia responsabilidad, de ahí que una vez llamado se le permita defender su propio interés como coadyuvante del demandado, pero sin alterar su carácter de tercero, y de ser ello así no cabría hacer pronunciamiento respecto a sus costas, pues éstas de conformidad con el art. 394 de la L.E.C se imponen a quien sea "parte" en la litis. Ahora bien, el tema presenta caracteres distintos cuando la llamada al proceso de ese tercero se produce, como es el caso, con base a la Disposición Adicional 7.ª de la Ley de Ordenación de la Edificación, pues en esta norma se dispone que el demandado puede solicitar, dentro del plazo que la L.E.C. concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a otro u otros agentes que también hayan intervenido en el proceso edificatorio. La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento de los demandados e incluirá la advertencia expresa a los llamados al proceso de que en el supuesto de que no compareciesen, la sentencia que se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos. Como es sabido la Ley de Ordenación de la Edificación se publicó antes que la L.E.C. 1/2000, y si partimos, como es el caso, que esta última no derogó la referida disposición adicional nos encontramos con que ésta añade un efecto muy relevante, que no se compadece con la declaración de coadyuvante del tercero interviniente del art. 14 de la L.E.C, cual es el que "la sentencia que se dicte sea oponible y ejecutable frente a ellos". La interpretación de este inciso, cuya redacción ha sido muy criticada, no puede ser, a juicio de la Sala, que tal oponibilidad y ejecutibilidad se produce sólo si el tercero no comparece, pues no se vislumbra qué sentido tiene que la sentencia sólo le fuera oponible y ejecutable al tercero llamado si éste decide no comparecer y no si lo hace, pues ello supondría que la norma tiene un efecto exclusivamente sancionador, lo que carece de toda lógica. En semejantes términos, S.A.P. de Santa Cruz de Tenerife de fecha 20 de diciembre del año 2.004 y Sentencia de la A.P. de Baleares de fecha 2 de mayo del año 2.003 ".
Llegados a este punto, cabe pues la posibilidad de examinar la responsabilidad que hayan podido tener en los hechos los terceros intervinientes por vía del artículo 14 apartado segundo de la LEC, lo cual no significa que frente a ellos pueda dictarse pronunciamiento absolutorio o de condena, pues dicha eventualidad dependerá de la actitud procesal que haya mostrado frente a los mismos la parte actora en el proceso toda vez que si la accionante no dirige su acción frente a dichos terceros, el único efecto de la declaración de responsabilidad se proyectará en un hipotético ejercicio futuro de acciones de repetición por parte de la aquí demandada, mas no en la ejecución de esta resolución contra esos terceros, pues mal puede ejecutarse un pronunciamiento que no contempla condena por no interesarse por el único que se encuentra legitimado para ello, a saber, la parte demandante. Efectivamente y dependiendo de la actitud que la parte demandante adopte frente a los terceros llamados al proceso la resolución que se dicte será, bien únicamente oponible frente a esos terceros (sería el supuesto en el que la parte demandante no interesa la condena de los mismos), bien oponible y ejecutable (caso en el que la actora expresamente interesa dicha condena). Así lo entiende también la Sentencia de fecha 10 de abril del año 2.006 de la A.P. de Madrid cuando señala " la Sala comparte el criterio reiteradamente expuesto por la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales como las de Cádiz en sentencia de fecha 18 de abril de 2005, la de Murcia en Sentencia de fecha 14 de mayo de 2004 y la de Burgos en Sentencia de fecha 5 de noviembre de 2003, en el sentido de que la denominada intervención provocada, tal como viene regulada en el art. 14 de la LEC, no le convierte por esa sola llamada en parte, sino que deberá tenerse en cuenta en concepto de qué o para qué ha sido llamada y a la vista de la acción aquí ejercitada su posición le configura más como coadyuvante que como parte pues ni puede ser condenado al no haber sido demandado por el actor, ni está vinculado por lazos de litisconsorcio con el demandado, y por otro lado, para que pueda ser tenido como parte debería haber sido llamado " en lugar del primitivo demandado" y ocupar su posición en lugar de él, para lo cual se requiere un trámite procesal específico -el de los artículos 14.2.4.ª y 18 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -, y nada de ello ocurre en el caso presente en el que ni se acordó la sustitución del primitivo demandado por la entidad llamada como tercero ni se siguió el trámite expresamente previsto para ello en los últimos preceptos indicados". En semejantes términos, la SAP A Coruña de 3 de enero de 2006 señala que no cabe la condena del tercero interviniente so pena de incurrir en incongruencia si no ha sido interesada en momento alguno por la parte actora, salvo en el caso de la extromisión aceptada del art. 18 LEC, y destaca que el interviniente no es demandado, pues cosa diferente es que, personado en el proceso, se le confieran los mismos derechos procesales que las partes, si bien quedará vinculado por los efectos del proceso, en el sentido de que luego no podrá alegar que el mismo es una res inter alios iudicata, sentencia que cita a continuación las SSTS de 11 de octubre de 1993 y 5 de mayo de 1997 relativas al ejercicio de la acción de saneamiento por evicción en la compraventa. En muy similares términos se pronuncia la SAP A Coruña de 30 de junio de 2005, y también la SAP Baleares de 19 de abril de 2005, ésta ya relativa a un supuesto de intervención provocada al amparo de la Disposición Adicional Séptima LOE, en la que el Tribunal sostiene que el tercero, aunque disponga de las mismas facultades de actuación que la Ley concede a las partes, no ostenta la condición de demandado, y, por consiguiente, no cabe que el fallo de la sentencia contenga ningún pronunciamiento, ni condenatorio ni absolutorio frente al mismo, lo cual no significa que esta sentencia no pueda tener ninguna consecuencia frente a dicho tercero, pues, en virtud de esa intervención procesal que le ha permitido defender sus propios intereses como parte, debe quedar vinculado por las declaraciones que en ella se hagan, y no podrán ser discutidas en un posterior y eventual proceso, y concluye que en este sentido debe ser entendida e interpretada la expresión contenida en la Disposición Adicional Séptima LOE de que la sentencia que se dicte "será oponible y ejecutable" frente a aquellos otros agentes de la construcción, llamados al proceso, en el supuesto de que no comparecieren. También en relación con la Disposición Adicional Séptima LOE se pronuncia la SAP Sevilla de 19 de enero de 2005 al señalar que sólo pueden ser consideradas partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso conforme al art. 10 LEC, y en consecuencia sólo puede ser considerado legítimamente como tal aquel contra quien la parte actora dirija su pretensión, conforme al art. 218 de dicho texto legal, y sólo éste puede ser condenado, incurriendo en incongruencia la sentencia que se pronuncie sobre personas contra las cuales el actor no haya formulado pretensión alguna. Por tanto, considera el Tribunal que no cabe la condena del tercero que intervenga en el proceso si contra el mismo no se formula pretensión alguna en la demanda ni se realiza ninguna reclamación en el litigio, ya que para que un tercero llamado al proceso por el demandado ocupe la posición de demandado es preciso o bien que se amplíe la demanda contra el mismo, o bien que ocupe el lugar del demandado en el proceso, lo que sólo puede ocurrir previa petición expresa de éste que sea aprobada judicialmente en los términos del art. 18 LEC. Dicha sentencia consideró incongruente la dictada por el Juzgado al absolver a los demandados y condenar a terceros que no eran parte legítima en el proceso y contra los que no se había dirigido nunca la demanda.
Desde lo precedente hemos de convenir con la juzgadora en que no resultaba procedente la condena de los terceros llamados al proceso por la originariamente demandada, frente a los que la parte actora no dirige pretensión de condena, afirmación la dicha que necesariamente genera el perecimiento del motivo por desestimación de las diferentes alegaciones que lo integran. Resulta irrelevante que, en cuanto al fondo, no fuera de aplicación la LOE y sí el CC y así lo pone de manifiesto la juez "a quo" cuando señala que respecto de la intervención provocada de terceros, ésta ha tenido lugar por aplicación retroactiva de la disposición adicional séptima de la LOE, sin que se haya establecido controversia jurídica al respecto. Esto es, a pesar de que el derecho sustantivo aplicado fue el contenido en el CC, sí es de aplicación la disposición adicional tantas veces repetida. En su consecuencia no resulta acorde con lo que se razona por la juzgadora " a quo", afirmar como hace el recurrente que no ha recaído pronunciamiento condenatorio contra los intervinientes por no haberse aplicado la disposición adicional séptima, pues hemos de insistir que precisamente aplicando dicha disposición se concluye la improcedencia de dictar pronunciamiento (absolutorio o de condena), contra esos terceros intervinientes. A mayor abundamiento diremos que la condición de demandados en un proceso no viene determinada por la circunstancia de que una determinada resolución interlocutoria les asigne, con mayor o menor acierto, dicha condición sino por el hecho de que efectivamente se pretenda del órgano judicial por quien está legitimado para ello (parte actora o demandada-reconviniente), una resolución de condena. No se comparte en absoluto en esta alzada (tercera de las alegaciones del primer motivo impugnatorio), que la conducta de la actora haya supuesto un desistimiento en relación con los intervinientes, pues mal puede desistirse de quien no ha sido demandado.
Finalmente y en lo relativo al pronunciamiento en cuanto a costas (imposición a la actora de las generadas a los intervinientes), se tacha de ilógico el razonamiento de instancia pues al decir del recurrente, de mantenerse el mismo, la intervención provocada sólo sería útil en relación con un proceso ulterior llevando aparejada siempre la sanción de las costas. Creemos entender que lo que sostiene el recurrente es que sería absurdo interesar la intervención provocada de terceros, si como consecuencia de la misma y comparecidos esos terceros en el procedimiento, las costas devengadas se imponen al solicitante. La alegación se desestima. Dejando a un lado las indudables consecuencias que respecto de esos terceros tienen los razonamientos contenidos en la sentencia en relación con el eventual ejercicio de acciones por parte de la condenada, lo cierto es que la ley no ofrece una respuesta concreta al supuesto que se nos plantea. Así las cosas, toda vez que la intervención ha sido provocada por la parte demandada, ciertamente en el ejercicio de un derecho; que la actora no ha pretendido pronunciamiento de clase alguna en relación con los terceros y, en fin, que lógicamente dicha intervención les ha generado unos gastos por asistencia de profesionales, la consecuencia no puede ser otra que la imposición de las costas devengadas a quien ha sido el causante de que hayan tenido que valerse de dichos profesionales para comparecer en el procedimiento y realizar alegaciones. Ya hemos dicho que se trata de un derecho de la parte demandada- no, por cierto, de una obligación-, pero ello no obsta a que tenga que asumir las consecuencias de su ejercicio pues hemos de insistir en que no se trataba de una obligación, y a falta de disposición específica, habrá de ser dicha parte demandada la que peche con las costas causadas a esos terceros.
Tercero.-En el segundo de los motivos del recurso se censura la responsabilidad que en la instancia se atribuye a la constructora respecto de las humedades en los paramentos verticales y en el techo del sótano común a los dos portales A y B. Afirma la apelante que la responsabilidad por tales desperfectos corresponde únicamente al arquitecto superior, según se desprende de lo razonado en la propia Sentencia recurrida cuando afirma que las humedades en paramentos verticales y en el techo del sótano común, producidas por filtración del agua por capilaridad ante la falta de impermeabilización o deficiencias o insuficiencia de la misma, trae causa de no haberse previsto en el proyecto ni el sistema de impermeabilización a utilizar en la cara externa de los muros del sótano en contacto directo con el terreno, ni en el techo del mismo no cubierto por el resto de la edificación, sin que se haya previsto tampoco red de drenaje, ni aislamiento de soleras, ni el sellado en el encuentro entre solera y muros, cuestionando la constructora sin embargo el argumento contenido en la sentencia apelada para apreciar responsabilidad de dicha constructora, a saber, que en su condición de profesional de la construcción debe ejecutar la obra conforme a la "lex artis" y poner de manifiesto a la dirección facultativa para su subsanación, aquellas omisiones en el proyecto o en la ejecución que sean evidentes para el profesional de la construcción. El motivo se desestima.
El contratista, nos dice la STS de fecha 8 de febrero del año 1.994, "como profesional que es en el ramo para el que ha sido contratado, debe indicar las consecuencias perjudiciales que se pueden seguir de determinadas órdenes y direcciones en la ejecución de una obra, salvando su responsabilidad, siempre que por su profesión pueda conocerlas, no requiriéndose para ello otros conocimientos. Lo que no puede es escudarse en la simple y socorrida excusa de que hace lo que le mandan, pues de lo contrario sobraría su mención entre los responsables de los daños que enuncia el art. 1.591 del Código Civil: siempre estaría en su mano huir de la responsabilidad pretextando las órdenes recibidas de los técnicos". En igual sentido la STS de fecha 26/12/1995, añadiendo la de 22 de Septiembre de 1986 también del Alto Tribunal - que el constructor, por su carácter técnico, debió o no realizar la obra, no aceptarla, o bien advertir de las consecuencias que tendría hacerla de la manera proyectada, todo lo cual comporta la desestimación, también, del segundo de los motivos del recurso de apelación.
Cuarto.-En el mismo motivo del recurso se reprocha que la instancia no haya apreciado responsabilidad con relación a los integrantes de la comunidad de bienes traídos al procedimiento mediante la solicitud de intervención provocada. Parece sostenerse que la responsabilidad de dichos demandados deriva del hecho de haber intervenido, ejecutando determinados trabajos, en el inmueble en el que aparecen las humedades. No es tal la conclusión que se obtiene por la juzgadora " a quo" y que nosotros compartimos. Lo que allí se dice con argumentos que permanecen incólumes en esta alzada por no haber sido eficazmente combatidos por el recurrente, es que en su condición de subcontratista, la actuación de la comunidad de bienes consistía en ejecutar unas obras en el bloque NUM000 consistentes en impermeabilización de acera con láminas de PVC y colocación de geotextil, siendo sin embargo que no se aprecia su responsabilidad pues constando que sólo ejecutó 10 m² de acera, no ha resultado probado sin embargo que la zona en la que aparecen las humedades se corresponda con el lugar donde fueron ejecutados sus trabajos. Se niega en suma la relación de causalidad, habiendo de insistirse por esta Audiencia en que el recurrente no desvirtúa aquel razonamiento ofreciéndonos argumentos probatorios que demuestren el error de la juzgadora y en concreto, que el origen de las humedades se corresponde con el lugar donde la comunidad de bienes ejecutó sus trabajos.
Por todo lo anterior en su conjunto considerado, desestimaremos el recurso de apelación y confirmaremos la sentencia recurrida.
Quinto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 en relación con el artículo 394, ambos de la ley procesal civil, las costas de esta alzada se impondrán a la apelante.
Desestimando el recurso de apelación interpuesto, debemos confirmar y confirmamos la Sentencia de fecha 31 de julio del año 2009 dictada por el actual JPI N.º 2 de esta Capital, con imposición de las costas causadas en esta alzada al apelante.
Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 398
 artículo 394