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BOE.es - Documento DOUE-L-2009-81938
Documento DOUE-L-2009-81938
Reglamento (CE) nº 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2560/2001.
«DOUE» núm. 266, de 9 de octubre de 2009, páginas 11 a 18 (8 págs.)
DOUE-L-2009-81938
(1) Con vistas al buen funcionamiento del mercado interior y a fin de facilitar los intercambios transfronterizos en la Comunidad, resulta indispensable que las comisiones aplicadas a los pagos transfronterizos en euros sean las mismas que las de los correspondientes pagos en euros efectuados en el interior de un Estado miembro. Este principio de igualdad de comisiones está establecido en el Reglamento (CE) n o 2560/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, sobre los pagos transfronterizos en euros ( 4 ), y se aplica a los pagos transfronterizos en euros y en coronas suecas por un importe de hasta 50 000 EUR, o su equivalente.
(2) El informe de la Comisión de 11 de febrero de 2008 sobre la aplicación del Reglamento (CE) n o 2560/2001 relativo a los pagos transfronterizos en euros, confirmó que la aplicación de dicho Reglamento ha logrado reducir las comisiones sobre las operaciones transfronterizas de pagos en euros hasta el nivel de las comisiones aplicadas a escala nacional, y que el Reglamento ha movido al sector europeo de servicios de pago a realizar el esfuerzo necesario para implantar una infraestructura de pagos de ámbito comunitario.
(3) El informe de la Comisión examinó los problemas de índole práctica generados en relación con la aplicación del Reglamento (CE) n o 2560/2001. Como conclusión, se propuso introducir en dicho Reglamento una serie de modificaciones destinadas a resolver los problemas detectados en el proceso de examen. Se trata del problema que supone la perturbación del mercado interior de pagos por las divergencias existentes en lo que atañe a las obligaciones de información estadística, los problemas que plantea el control de la observancia del Reglamento (CE) n o 2560/2001 ante la indeterminación de quiénes son las autoridades nacionales competentes, la inexistencia de organismos extrajudiciales para la resolución de los litigios derivados de dicho Reglamento y el hecho de que este no se aplique a los adeudos domiciliados.
(4) La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior ( 5 ), proporciona un fundamento jurídico moderno para la creación de un mercado interior de pagos de ámbito comunitario. En aras de la coherencia jurídica entre ambos actos jurídicos, resulta oportuno adaptar las pertinentes disposiciones del Reglamento (CE) n o 2560/2001, en particular las definiciones.
(5) El Reglamento (CE) n o 2560/2001 se aplica a las transferencias transfronterizas y a las operaciones de pago electrónico transfronterizo. De acuerdo con el objetivo de la Directiva 2007/64/CE, que consiste en hacer posibles los adeudos domiciliados transfronterizos, procede ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n o 2560/2001. No es oportuno aplicar, en la fase actual, el principio de igualdad de comisiones a los instrumentos de pago que se materializan principal o exclusivamente en soporte papel, como los cheques, pues, por su propia naturaleza, no permiten un tratamiento tan eficiente como los pagos electrónicos.
( 2 ) DO C 21 de 28.1.2009, p. 1.
( 4 ) DO L 344 de 28.12.2001, p. 13.
(7) A fin de evitar la fragmentación de los mercados de pagos, resulta oportuno aplicar el principio de igualdad de comisiones. Para ello, cada categoría de operaciones de pago transfronterizo ha de hacerse corresponder con un pago nacional de iguales o muy similares características.
Para determinar la equivalencia entre el pago nacional y un pago transfronterizo deben poder utilizarse, entre otros, los siguientes criterios: el canal utilizado para iniciar, ejecutar y terminar el pago, el grado de automatización, toda garantía de pago, categoría de cliente y relación con el proveedor de servicios de pago o el instrumento de pago utilizado, tal y como se define en el artículo 4, punto 23, de la Directiva 2007/64/CE. Estos criterios no deben considerarse exhaustivos.
(12) Para poder ejecutar una operación de adeudos domiciliados, la cuenta del beneficiario debe ser accesible. Por lo tanto, a fin de fomentar la adopción con éxito de los adeudos domiciliados de la SEPA es importante que todas las cuentas de los beneficiarios sean accesibles cuando este sea ya el caso en relación con los adeudos domiciliarios nacionales existentes denominados en euros, ya que, en caso contrario, el beneficiario y el ordenante no estarán en condiciones de beneficiarse de las ventajas del cobro de los adeudos domiciliarios transfronterizos.
En caso de que la cuenta del ordenante no sea accesible en el marco del sistema de adeudos domiciliados de la SEPA, el ordenante (deudor) y el beneficiario (acreedor) no estarán en condiciones de beneficiarse de las nuevas oportunidades de pago de los adeudos domiciliados. Este punto reviste una importancia particular cuando el beneficiario inicia el cobro de los adeudos domiciliados por lotes, por ejemplo con periodicidad mensual o trimestral en el caso de las facturas de la electricidad y de otros servicios, y no como un cobro independiente por cliente.
Si los acreedores no pueden acceder a todos sus deudores en una sola operación será necesaria una intervención manual adicional, que es probable que incremente los costes. Por consiguiente, si la accesibilidad del proveedor de servicios de pago del beneficiario no es obligatoria, no se potenciará totalmente la eficacia de la recaudación de adeudos domiciliados y la competencia a nivel europeo seguirá siendo limitada. Sin embargo, teniendo en cuenta las características específicas de los adeudos domiciliados entre empresas, esto se aplicará exclusivamente al sistema central de adeudos domiciliados de la SEPA y no al sistema interempresarial de adeudos domiciliados de la SEPA. La obligación en materia de accesibilidad incluye el derecho de un proveedor de servicios de pago a no ejecutar una operación de adeudo domiciliado de conformidad con el sistema de adeudos domiciliados en relación, por ejemplo, al rechazo, la negativa o la devolución de operaciones. Además, la obligación en materia de accesibilidad no debe aplicarse a los proveedores de servicios de pago que han sido autorizados a facilitar y ejecutar operaciones de adeudos domiciliados pero que no se dedican a estas actividades de forma comercial.
(18) Extender la aplicación del presente Reglamento a otras monedas distintas del euro aportaría ventajas claras, especialmente por lo que atañe al número de pagos cubierto.
Así pues, a fin de que los Estados miembros que no tengan el euro como moneda puedan incluir en la aplicación del presente Reglamento los pagos transfronterizos denominados en su moneda nacional, ha de establecerse un procedimiento de notificación. Sin embargo, ha de garantizarse que los Estados miembros que ya hayan cumplido con ese procedimiento de notificación no deban presentar una nueva notificación.
(19) Resulta oportuno que la Comisión presente un informe sobre la conveniencia de suprimir la obligación nacional de informar sobre los pagos. Resulta asimismo oportuno que la Comisión presente un informe sobre la aplicación del presente Reglamento en el que valore, en particular, el uso del IBAN y del BIC para facilitar los pagos dentro de la Comunidad, así como la evolución del mercado en relación con la aplicación de las disposiciones sobre operaciones de adeudos domiciliados. En el contexto del desarrollo de la SEPA, también resulta deseable que dicho informe evalúe la adecuación del umbral de 50 000 EUR, que se aplica actualmente al principio de igualdad de comisiones.
(20) En aras de la seguridad y la claridad jurídica, debe derogarse el Reglamento (CE) n o 2560/2001.
1) «pago transfronterizo», la operación de pago tratada por medios electrónicos, iniciada por un ordenante o por un beneficiario, o por mediación de este último, en la que tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el del beneficiario estén situados en diferentes Estados miembros;
2) «pago nacional», la operación de pago tratada por medios electrónicos, iniciada por un ordenante o un beneficiario, o por mediación de este último, en la que tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el del beneficiario estén situados en el mismo Estado miembro;
3) «ordenante», la persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autorice una orden de pago a partir de dicha cuenta o, en caso de que no exista una cuenta de pago, toda persona física o jurídica que dé una orden de pago;
4) «beneficiario», la persona física o jurídica que sea el destinatario previsto de los fondos que hayan sido objeto de una operación de pago;
5) «proveedor de servicios de pago», cualquiera de las categorías de personas jurídicas contempladas en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE, y las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 26 de esa Directiva, con exclusión de las entidades enumeradas en el artículo 2 de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio ( 1 ) que se benefician de una exención concedida por un Estado miembro en virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2007/64/CE;
6) «usuario de servicios de pago», la persona física o jurídica que haga uso de un servicio de pago, ya sea como ordenante, como beneficiario, o ambos;
7) «operación de pago», la acción, iniciada por un ordenante o por un beneficiario, o por mediación de este último, consistente en depositar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre ambos;
8) «orden de pago», la instrucción cursada por un ordenante o un beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago; 9) «comisión», la comisión cobrada por un proveedor de servicios de pago al usuario de dichos servicios, y directa o indirectamente relacionada con una operación de pago; 10) «fondos», los billetes y monedas, el dinero escritural y el dinero electrónico con arreglo al artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades ( 2 );
( 2 ) DO L 275 de 27.10.2000, p. 39.
11) «consumidor», la persona física que actúe con fines distintos de su actividad comercial, empresarial o profesional; 12) «microempresa», la empresa que, en la fecha de celebración del contrato de servicios de pago, responda a la definición de empresa del artículo 1 y del artículo 2, apartados 1 y 3, del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas ( 1 );
13) «tasa de intercambio», la tasa pagada entre los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario por cada operación de adeudo domiciliado;
14) «adeudo domiciliado», el servicio de pago destinado a efectuar un cargo en la cuenta de pago del ordenante, cuando la operación de pago sea iniciada por el beneficiario sobre la base del consentimiento dado por el ordenante al beneficiario, al proveedor de servicios de pago del beneficiario o al proveedor de servicios de pago del ordenante; 15) «sistema de adeudos domiciliados», un conjunto común de reglas, prácticas y normas acordadas entre los proveedores de servicios de pago para ejecutar operaciones de adeudos domiciliados.
Medidas para facilitar la automatización de los pagos 1. El proveedor de servicios de pago deberá comunicar, cuando corresponda, al usuario de los servicios de pago el IBAN del usuario de los servicios de pago y el BIC del proveedor de servicios de pago.
1. Los Estados miembros que no tengan el euro como moneda y decidan ampliar a su moneda nacional la aplicación del presente Reglamento, a excepción de los artículos 6, 7 y 8, remitirán la notificación correspondiente a la Comisión. Esta notificación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La ampliación de la aplicación del presente Reglamento surtirá efecto a los catorce días de dicha publicación.
2. Los Estados miembros que no tengan el euro como moneda y decidan ampliar la aplicación de los artículos 6, 7 o 8, o de una combinación de estos artículos, a su moneda nacional remitirán la notificación correspondiente a la Comisión. Esta notificación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La ampliación de la aplicación de los artículos 6, 7 y 8 surtirá efecto a los catorce días de dicha publicación.
3. Los Estados miembros que, a 29 de octubre de 2009, hayan cumplido con el procedimiento de notificación establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) n o 2560/2001, no estarán obligados a efectuar la notificación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
Queda derogado el Reglamento (CE) n o 2560/2001 a partir del 1 de noviembre de 2009.
los arts. 1, 2, 3 y 15 y SE AÑADE los arts. 3bis y 3ter, por Reglamento 2019/518, de 19 de marzo (Ref. DOUE-L-2019-80519).
por Reglamento 260/2012, de 14 de marzo (Ref. DOUE-L-2012-80471).
DEROGA Reglamento 2560/2001, de 19 de diciembre (Ref. DOUE-L-2001-82782).

References: resolución 
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 9