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Timestamp: 2019-12-06 01:36:26+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 680, de 15/12/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 680
- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Número de expediente 127/000002.) ... (Página 2)
- Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000255.) ... (Página 2)
- Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Presentada por los grupos parlamentarios Grupo Parlamentario Socialista y Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000255.) ... (Página 2)
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. (Número de expediente 127/000002.)
El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, damos comienzo a la reunión de la Comisión Constitucional con el orden del día que ustedes conocen. El primer punto es la ratificación de la ponencia designada para informar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de da Comunidad Autónoma de Extremadura. ¿Se ratifica por la Comisión la composición de la ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000255.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto es otra ratificación de la ponencia designada para el estudio de la modificación de la Ley Orgánica 5/1985.
¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.
El señor PRESIDENTE: Entramos en el tercer punto que es la posibilidad de emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De acuerdo con el otro grupo enmendante, hemos establecido que sea el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el que comience el debate. El señor Llamazares tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervendré muy brevemente para mantener todas nuestras enmiendas -toda vez que no ha sido admitida ninguna de ellas por parte de los grupos ponentes de esta ley- y, por otra parte, para defenderlas de manera muy rápida porque al mismo tiempo estamos en otras dos comisiones, Pacto de Toledo y Exteriores.
Consideramos que la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura es una oportunidad perdida. En la madurez se pasan varias etapas, una de ellas es reafirmar la propia identidad a través de la diferencia. Tenía la impresión de que ya con el nivel de desarrollo de los estatutos esa etapa la habíamos pasado y que ahora los estatutos intentaban reflejar de alguna manera sus propias necesidades y también sus propias identidades sin buscar la diferencia con otros. El Estatuto de Extremadura de nuevo vuelve al punto de partida. Es un estatuto secante que pretende presentarse como alternativa al Estatuto de Cataluña y es un estatuto unitario frente a un supuesto peligro de confederalización. Por ello, pierde la oportunidad de centrarse en lo importante y de mejorar el entramado o andamiaje institucional de su comunidad autónoma. En ese sentido, se podría decir que nadie echará de menos o considerará de más la existencia de este estatuto porque, en mi opinión, añade muy pocas cosas al estatuto existente en Extremadura y pierde la oportunidad de abordar temas muy importantes que han sido motivo de debate en otros estatutos de autonomía.
Por eso, hemos presentado una serie de enmiendas para que este estatuto alejase de sí el peligro de la búsqueda de la identidad en la confrontación y en la diferencia con otros. En ese sentido, consideramos que varios aspectos de la exposición de motivos son muy desafortunados en relación con otros estatutos de autonomía, en concreto con el Estatuto de Cataluña. También pretendíamos que este estatuto aprovechase la oportunidad para mejorar el soporte institucional de la comunidad autónoma, para constitucionalizar o estatutizar de alguna manera ese soporte institucional. Por otro lado, también pretendíamos que se desarrollasen en este Estatuto de Extremadura los derechos y los deberes de los extremeños; más ahora cuando incluso el propio Tribunal Constitucional considera que es perfectamente legítimo el desarrollo de derechos y deberes propios en el marco estatutario. Por otra parte, algunos aspectos que aparecen en otros estatutos de autonomía y que significan la descentralización de algunas instituciones, el Poder Judicial o la reforma del sistema electoral y la existencia de una sola provincia en la comunidad autónoma -que en nuestra opinión son avances también desde el
punto de vista democrático e institucional para la comunidad autónoma extremeña-, serían una aportación para que este estatuto no pasase desapercibido, no fuese casi el Estatuto de Extremadura existente.
Eso es lo que pretendíamos con nuestras enmiendas a la reforma del estatuto. No hemos tenido fortuna con ellas. No ha sido aceptada ninguna.
Lo sentimos y mantendremos estas enmiendas y defenderemos nuestra posición en el Pleno. Nuestra posición en la toma en consideración fue abierta al diálogo y a la negociación; ahora ya no lo puede ser, porque no ha habido tal diálogo ni tal negociación por parte de los grupos proponentes. Por tanto, emitiremos un voto contrario a la reforma del Estatuto de Extremadura por ser una oportunidad perdida.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, nos anuncia el mantenimiento de las enmiendas para el Pleno. Como sabe, tienen un plazo para comunicarlo que, en este caso, termina el viernes a las ocho de la tarde.
Hay otra enmienda del señor Jorquera. La señora doña Uxue Barkos la defiende.
La señora BARKOS BERRUEZO: Seré muy breve por cuanto que intervengo en nombre del ponente de esta ley por parte de mi grupo, el Grupo Parlamentario Mixto, que es el señor Jorquera del Bloque Nacionalista Galego. Efectivamente, mantiene la enmienda que había presentado a este proyecto de ley y pasará por tanto, a Pleno. Quiero anunciar también en su nombre -y así lo mantendremos a lo largo de la sesión- el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Mixto a este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Interviene ahora la señora doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Desde Convergència i Unió queremos expresar nuestro máximo respeto a la vocación de autogobierno de Extremadura, al igual que deseamos que sea respetada también la vocación de autogobierno de Cataluña. Ahora bien, también queremos poner de manifiesto nuestra sorpresa. Nos sorprende enormemente el acuerdo del Grupo Socialista y del Grupo Popular en asuntos que en su momento crearon gran controversia en la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. A título de ejemplo puedo citar los apartados referentes a derechos y deberes, los correspondientes a la tipología competencial, la disposición adicional referente a la inversión durante siete años o también el capítulo referido a la relación fronteriza con Portugal. Dicho esto, expresado nuestro máximo respeto por esa vocación de autogobierno y también nuestra enorme sorpresa, anuncio en este momento que votaremos favorablemente a dicho proyecto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mariano Gallego Barrero.
El señor GALLEGO BARRERO: El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha conformado con la voluntad del cien por cien de las fuerzas políticas de Extremadura, es decir por unanimidad. Es cierto que el texto inicial ha sufrido alguna pequeña rectificación, pero lo ha sido también con el acuerdo previo de los grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura; dicho de otra forma, se ha llevado a cabo de manera pacífica y democrática. Por otra parte, su contenido no es dudoso, puesto que responde exquisitamente a los postulados de la Constitución y tiene perfecto encaje en la misma. En definitiva, el proyecto que se presenta y el texto que se someterá a votación es el Estatuto de Extremadura; no de un partido, no de una ideología, sino de todos los extremeños, el que quieren y necesitan los extremeños.
Dadas estas premisas, podemos entender que por parte de los diferentes grupos de este Parlamento se han adoptado tres posturas. La primera es la de aquellos que han entendido que nuestra función es exclusivamente el examen de su constitucionalidad y que, supuesta esta, deben aceptar la propuesta en sus propios términos, puesto que la Asamblea de Extremadura es competente y autónoma para adoptar esta decisión con el solo requisito del respeto a los principios de la Carta Magna. En este grupo se encuentran incluidos los dos partidos mayoritarios, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, puesto que, si bien han presentado algunas enmiendas al texto inicial, lo han hecho consensuándolas con los representantes del Parlamento extremeño y de acuerdo con él, por lo que en principio podríamos afirmar que tan solo se ha ratificado aún más el contenido del proyecto elaborado por la Asamblea de Extremadura. También se encuentran en esta posición numerosos grupos que no han presentado enmienda alguna al texto, de cuya actitud solo puede desprenderse una consecuencia lógica: su absoluta y total conformidad con el mismo, el convencimiento de su adecuación a los preceptos constitucionales y el respeto exquisito a la voluntad de los extremeños expresada libremente por sus representantes. Hemos de dar las gracias a Convergència i Unió, al Partido Nacionalista Vasco y a la mayor parte de los componentes del Grupo Mixto, que han adoptado la postura descrita y cuyo silencio interpretamos como respetuosa aquiescencia al texto propugnado, a pesar de las palabras que se han pronunciado aquí esta tarde que en ningún modo alteran lo que estoy diciendo en este momento.
Un segundo supuesto está constituido por la señora Díez que ha presentado una enmienda a la totalidad, enmienda que, si bien ha sido ya rechazada en el debate previo, me gustaría analizar muy someramente en un último intento de que el presente Estatuto sea el resultado de la voluntad conjunta también de este Parlamento nacional. Basta una somera lectura de esta enmienda para comprobar que todos su razonamientos se fundamentan en su diferente concepción de la forma en que
debiera haberse abordado la reforma global del proceso
autonómico mediante la reforma de la Constitución, en lugar de hacerlo de un movimiento inicial capitaneado por las fuerzas políticas nacionalistas y seguido miméticamente por otras entidades autonómicas que ante este hecho se veían en la necesidad de adaptar también sus normas estatutarias a las nuevas circunstancias. Elegir este o el otro camino ha sido una decisión política con la que otros muchos tampoco estábamos de acuerdo, pero lo cierto es que tales decisiones obtuvieron en su momento las mayorías necesarias que, incluso a día de hoy, aun cuando solamente sea parcialmente, tienen el aval del Tribunal Constitucional. Al final de la enmienda, la señora Díez apunta tímidamente, para justificarla, algunas materias que, a su entender, también en este Estatuto vulneran la lealtad constitucional, pero que en el fondo y, sobre todo, tras la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, carecen ya de base para fundamentar nada menos que una enmienda a la totalidad. Quiero recordar el contenido de mis palabras y del resto de los intervinientes en el momento de la toma en consideración. Era tal nuestro deseo de exquisito respeto a la Constitución que instábamos a los demás grupos a que pusiesen de manifiesto aquellos supuestos de dudosa constitucionalidad ya que estábamos dispuestos a subsanarlos de inmediato. Bien es cierto que ningún grupo ha hecho caso de estas sugerencias en tal sentido, por lo que en principio debemos entender su conformidad. No obstante, les ruego examinen detenidamente las veintisiete enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, y podrán observar que, motu proprio, hemos modificado todo aquello que representase la más mínima sombra al respecto. Este es el Estatuto de un pueblo que quiere ser extremeño y español y del que, al parecer, el partido de la señora Díez pretende obtener representación en el futuro.
Sea bienvenida, pero debe comenzar aceptando la voluntad conjunta de todos los actuales representantes del pueblo extremeño, ya que carece de fundamentos de entidad para mantener su postura de oposición frontal y total al nuevo proyecto. Le insto, por tanto, a que se sume a quienes consideramos adecuado el contenido y vote favorablemente ahora el informe y posteriormente, en su día, el texto definitivo en el Pleno. Sin embargo, si la señora Díez decidiera presentar un recurso de inconstitucionalidad, debe saber que ni mi grupo ni, estimo, los representantes de Extremadura se lo censurarán, ya que nosotros entendemos que el ejercicio de las acciones y los mecanismos que la propia Constitución pone a nuestra disposición para la defensa de nuestras convicciones no solamente son un derecho sino que constituyen una obligación legal y moral, y nunca puede considerarse, como dolosamente se nos ha imputado, una fórmula para poner obstáculos a legítimas aspiraciones de todo un pueblo. Es un engaño consciente e inadmisible en el que nosotros no vamos a incurrir.
Por último, está la posición conformada por el señor Jorquera, del Grupo Parlamentario Mixto, que solicita el reconocimiento oficial de a fala y del portugués de Olivenza. Es evidente que el señor Jorquera desconoce la realidad de los extremeños. Debe saber que, además de a fala del Valle del Salama, tenemos otras singularidades como el castuo, el extremeño antiguo, etcétera. Por eso los proponentes, con buen criterio, han hecho alusión global a todas las peculiaridades lingüísticas de Extremadura que jamás han representado ni representarán ningún problema para nosotros; incluso en las localidades que cita (Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno) podrá comprobar cómo, por ejemplo, debajo de los nombres de las calles en castellano se consigna también su denominación, en la que el señor Jorquera señala como variante del gallego portugués, signo evidente de la protección de que están siendo objeto. Creo que los extremeños hemos sabido estimar en su justa medida estos valores, no de forma exacerbada. Le rogamos al señor Jorquera que nos deje con nuestros errores, que nos permita que nos equivoquemos, que deje que seamos nosotros los que estimemos la justa medida de las cosas; por lo menos la justa medida de nuestras cosas. Le rogaría que retire su enmienda y que a vote favor del texto. Ya se nos ha dicho aquí esta tarde que se votará favorablemente, y se lo agradecemos. Nosotros pretendemos huir de posiciones que salgan de lo que, a nuestro entender y respetando a todos los demás, es una actuación racional, proporcionada, prudente y que huye de crear problemas donde no los hay. Es por ello por lo que desde el agradecimiento o por sus deseos de aportación vamos a rechazar esa enmienda que formula.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta una batería de enmiendas, diecisiete nada menos, por su portavoz a estos efectos, don Gaspar Llamazares, cuya finalidad no es matizar la constitucionalidad o no del proyecto, a mi entender nuestra función principal en este ámbito, sino que pretende dirigir y modificar de forma sustancial el texto consensuado por unanimidad a nivel de la comunidad autónoma. Me va a permitir, señor presidente, que aunque no esté presente el señor Llamazares, le denomine por su nombre como si lo estuviera, porque me imagino que leerá posteriormente esta ponencia y quiero dirigirle brevemente unas palabras.
Debo recordarle que el grupo al que él pertenece propugnó y exigió que se respetase íntegramente el Estatuto que saliese de Cataluña, fuese el que fuese, basándose en una desafortunada promesa del presidente del Gobierno. Es cierto que su formación no ha intervenido en el debate directo en la Asamblea de Extremadura, pero tengo conocimiento de que se le ha solicitado su aportación y que se han valorado extraparlamentariamente sus opiniones. Estimo respetuosamente que el señor Llamazares no puede intentar ahora alterar el texto original al no obtener ese resultado en su origen, máxime cuando la mayoría de sus enmiendas persiguen una motivación, no de mejora del texto del Estatuto o de mayor adecuación a los dictados constitucionales, sino a obsesivas propuestas en beneficio de su partido, que han tenido permanente rechazo en esta Cámara en
materia de régimen electoral y así como de provincia única, y que representan una notable pérdida de representación a la ya exigua de nuestra comunidad autónoma en las Cortes Generales. No obstante, creo que es necesario que nos detengamos brevemente en algunas de ellas. La enmienda número 13, a la que aquí se ha hecho mención esta tarde, propone nada menos que la supresión total del preámbulo del texto. Las palabras del señor Llamazares nos parecen no las de un diputado nacional que carece de representación en el Parlamento extremeño, sino más bien las propias de Catón el censor o de un corrector de estilo. Es cierto, señor Llamazares, que nosotros no tenemos que hacer ninguna descripción de nuestro devenir histórico, sencillamente porque nosotros como comunidad no hemos tenido ni tenemos ningún devenir histórico. Por tanto, no tenemos que hacer ninguna relación de esa naturaleza. No hemos tenido tampoco historiadores que conformasen una historia a nuestra medida, ni hemos tenido conciencia de nación, ni de pueblo independiente, sino formando parte de una gran nación de España. No estaría de más el reconocimiento a un pueblo, el extremeño, que por voluntad propia, sin necesidad de acudir a dudosas legitimidades históricas, a partir de la Constitución de 1978 y con base exclusivamente en su propia voluntad y en el Estatuto de Autonomía decidió abordar el futuro, convirtiéndose en una nueva entidad, en una zona que partía de cero y quedaba determinada ex novo. Le invito a que valore el hecho de que ese preámbulo, que hace referencia a la historia noble de las gentes que han vivido en el territorio que hoy constituye nuestra propia comunidad, pese a su grandilocuencia, que es lo que él critica, no crea ni ha creado ningún problema con el resto de los pueblos de España ni con el conjunto de la nación española; valore positivamente ese aspecto y no su particular visión de los requisitos formales que debe reunir la introducción al proyecto. Su enmienda número 4, relativa a la formación de una comunidad uniprovincial, carece por completo de encaje constitucional, es más, es abiertamente inconstitucional, por lo que no podemos en forma alguna admitirla, ni tampoco todas aquellas que traen causa de esta, como son la 8, la 13, la 14 y la 19. Respecto a la enmienda número 6, hemos reiterado hasta la saciedad que no pretendemos crear derechos y deberes nuevos. Los extremeños tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que tienen todos los españoles y que tienen su amparo y protección en la Constitución de todos. Nosotros no pretendemos crear cartas de derecho, por tanto vamos a mantener la propuesta tal como figura en la ponencia.
Respecto a la número 8, relativa al establecimiento de una circunscripción electoral única, he de recordar al señor Llamazares que todas las cuestiones electorales se hallan reguladas en una ley extremeña, que se puede intentar modificar mediante los mecanismos que le confiere el propio Estatuto, pero no es este el que debe regular esa materia. La 10 se interesa por que solo dos diputados puedan conformar grupo, y es también una materia reservada, como muy bien sabe el señor Llamazares, al Reglamento de la Asamblea de Extremadura, por lo que le hago el mismo razonamiento de la enmienda anterior. La enmienda número 15 es coherente; trata de garantizar el perjuicio económico que pueda derivarse para las entidades locales de la elaboración de una norma nueva por la comunidad autónoma, pero creemos que con la redacción dada al texto quedan suficientemente previstas ambas situaciones, la de que existan mayores gastos o menores ingresos. Créame, señor Llamazares, que nuestro principal objetivo, nuestra máxima aspiración en estos momentos es conseguir un estatuto de consenso, que para Extremadura se pacte una norma perdurable en el tiempo y que el proyecto de estatuto no responda a proyectos ideológicos sino que constituya un marco en el que puedan desarrollarse o tengan cabida los diferentes proyectos políticos o ideológicos. Sin embargo, debe reconocer que sus enmiendas no han buscado el acercamiento sino que postulan propuestas, por una parte, imposibles, como la uniprovincialidad, extravagantes, en el sentido de estar fuera del contenido lógico de un estatuto de autonomía, como son la materia electoral, con la configuración de los grupos políticos en la asamblea, o bien fuera de contexto, como es el conjunto de cuestiones de carácter ambiental, agrario, etcétera, que son más propias de una legislación auxiliar, complementaria o derivada de la norma básica que es el Estatuto, y esa posibilidad la prevé precisamente el texto que nosotros sometemos a su consideración. Es cierto también que, aun cuando esté dentro de las atribuciones de los diferentes grupos de esta Cámara plantear cuantas cuestiones estimen convenientes, la mayor parte de los grupos han entendido que si las normas que contienen este tipo de textos son acordes con la Carta Magna lo lógico es respetar el contenido que proceda del órgano legislativo de la comunidad autónoma respectiva. Este es el objetivo, el motivo por el cual respetamos el texto y por el que no podemos aceptar alguna propuesta aislada presentada por el señor Llamazares, que bien podría ser una alternativa a las existentes pero que por las razones expuestas no vamos a aceptar, máxime teniendo en cuenta que aun careciendo de representación en la Asamblea de Extremadura nos consta que con mucho esfuerzo, loable -entendemos que el señor Llamazares por su intensa actividad en esta Cámara es un gran trabajador-, las ha hecho llegar a la Asamblea de Extremadura y que previamente allí ya han sido analizadas y rechazas, por lo cual sería un gran contrasentido que nosotros precisamente aquí en este momento las estimásemos.
Por último, quisiera comentar las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Quiero hacer una referencia a las enmiendas que se corresponden con los números 20 a 47 y que ya se hallan incorporadas a la ponencia. Estos dos grupos mayoritarios se corresponden respectivamente con los dos únicos grupos que tienen representación a nivel de la Asamblea de Extremadura y se han llevado a efecto de acuerdo con los proponentes. En resumen, podríamos afirmar globalmente que se trata de un grupo de enmiendas que constituyen exclusiva
mente modificaciones de aspectos formales que representan mejores técnicas sistemáticas, gramaticales y formales. Consideramos también hacer alguna ligera reflexión, por ejemplo a la enmienda número 45, que es la referente a asignaciones complementarias como fuentes excepcionales de financiación para hacer frente a las circunstancias excepcionales de Extremadura y que intenta actualizar lo señalado en la disposición adicional segunda del antiguo Estatuto de 1983, estableciendo un corto periodo de tiempo para su actualización. También es necesario destacar entre las enmiendas introducidas conjuntamente la principal, la que ha sido motivo de cierta discordia, que es la correspondiente a la disposición adicional segunda y que ha motivado una cierta demora en la tramitación. En síntesis, la enmienda establece: Mientras el PIB extremeño no se iguale al nacional, cada año y por un periodo de siete el Estado quedaría obligado a invertir el 1 por ciento del PIB regional, que con arreglo a los datos actuales sería alrededor de unos 200 millones de euros. Respecto a esta disposición se han manifestado opiniones diversas en el sentido de considerar que la misma no es constitucional, como consecuencia de que el Estatuto no puede obligar al Estado a cumplir con una obligación de esta naturaleza. Nosotros entendemos que la Constitución debe ser acorde con la racionalidad, y no hay nada más racional que una disposición de esta naturaleza para salvaguardar el principio de solidaridad que debe impregnar todo el texto. Es más, me atrevo a afirmar que debería ser una cláusula implícita en todos los estatutos de autonomía, ya que no se halla expresamente establecido con carácter general en la Constitución y que naturalmente entraría en vigor cuando el PIB de cualquiera de las comunidades estuviese por debajo de la media. Sobre la base de lo anterior nos ratificamos en el informe de la ponencia, con la inclusión de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y el Grupo Socialista. No aceptamos las propuestas presentadas por otros grupos políticos, dando a todos ellos las gracias, bien por su aquiescencia con el texto o bien por sus deseos de colaborar con sus aportaciones. Asimismo, quiero dar las gracias a los demás miembros de la ponencia, a mi compañero aquí presente don Arturo García Tizón y a los compañeros de la Asamblea de Extremadura -alguno de ellos está aquí en representación de ella-, que estimo que han hecho un trabajo sensato, prudente y extraordinario. Y por su paciencia muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Esteban quería intervenir.
El señor ESTEBAN BRAVO: Brevemente. No podía dejar de utilizar este turno para hablar de un asunto importante como el que nos ocupa. Me disculpo por no haber podido estar al inicio de la Comisión. Era obligada nuestra intervención también, pero unas palabras breves y de cortesía no deben considerarse como un menosprecio hacia el tema que nos ocupa, sino todo lo contrario. En estos momentos quienes asumen el protagonismo del desarrollo de este Estatuto y de la aprobación del dictamen son aquellos partidos que tienen una representación en la Cámara parlamentaria extremeña, y eso me parece lógico. De ahí que nosotros no hayamos presentado enmienda, entendiendo que era la propuesta del propio Parlamento y de los partidos que también están representados aquí y presentes en ese Parlamento quienes debían llevar la iniciativa. No sé si todas las previsiones de este Estatuto se cumplirán, porque también algunas declaraciones públicas ha habido en ese sentido por parte de algunos representantes políticos, pero, en cualquier caso, si desde los organismos y desde las instituciones extremeñas se considera importante y necesario, que así conste, aunque luego no se vayan a desarrollar; a nosotros nos parece correcto. Tampoco sé si al final todas las previsiones económicas y de financiación que se están produciendo en uno y otro Estatuto, muchas de ellas al menos análogas, serán cohonestables; no lo sé, pero tampoco es una responsabilidad que tenga que tener mi grupo político, sino que creo que hay otros en esta Cámara, que tienen su presencia a lo largo y ancho de la geografía española y en todos los parlamentos autonómicos, a quienes les corresponde valorar esta circunstancia.
También quiero dejar muy claro que respeto -quiero señalarlo específicamente- que los extremeños y las instituciones extremeñas tienen el derecho a redactar el preámbulo que les plazca; claro que sí. En ese sentido, es absolutamente respetable para nosotros la autodefinición que ellos han dejado reflejado y cómo se sientan los representantes de cada una de las comunidades autónomas y cómo sientan a su propia tierra. Esto se lo quiere decir un representante de una circunscripción de una comunidad autónoma que, como en la suya, no tuvo historiadores que le escribieran su historia ni le hicieran una historia a la medida, sino que durante siglos le han estado escribiendo la historia; ahora eso sí, es una comunidad autónoma que no tiene ninguna duda, absolutamente ninguna duda, de la legitimidad histórica para reclamar determinados derechos.
En ese sentido de acuerdo con mis palabras quiero, por un lado, felicitar al pueblo extremeño por este nuevo Estatuto y, en segundo lugar, manifestar que el dictamen contará con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista doña María Antonia Trujillo.
La señora TRUJILLO RINCÓN: Señorías, hoy estamos dando un paso más en la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Hoy nos gustaría aprobar en esta Comisión con el mayor consenso posible, visto que la unanimidad no es posible, el dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto extremeño. La ponencia que informó esta propuesta se constituyó el pasado día 1 de diciembre y los miembros del
Grupos Socialista que hemos formado parte de la misma
hemos sido los diputados señor Madina, señor Aranda y quien les habla en este momento. A los dos quiero agradecer el tiempo dedicado y el trabajo realizado a lo largo de estos meses y también deseo expresarles el honor que representa para mí por múltiples razones, como pueden imaginar sus señorías, intervenir por el Grupo Socialista en este debate. Nos acompaña como invitado en esta Comisión el portavoz socialista de la Asamblea de Extremadura, el señor Sánchez Amor. Le quiero dar la bienvenida y felicitarle por el trabajo que se ha hecho y por los resultados que se han obtenido.
Como conocen sus señorías la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura se registró en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2009. Tras el debate de totalidad celebrado en sesión plenaria de noviembre de ese año, se abrió el plazo de presentación de enmiendas que tras sucesivas ampliaciones se cerró en junio de 2010.
Desde el registro de la propuesta de reforma del Estatuto ha pasado tiempo, algo más de un año, pero estamos dentro de la media de tramitación del resto de reformas estatutarias que han pasado por esta Cámara. Podría mencionar muchos aspectos destacables de esta propuesta de reformas, señorías, pero me quedo con una. La propuesta de reforma no solo ha llegado consensuada desde Extremadura sino que ha conseguido también el consenso en Madrid. Los grupos Socialista y Popular del Parlamento territorial la votaron por unanimidad en la sesión plenaria correspondiente y hoy el consenso de ambos grupos en las Cortes Generales es definitivo. En mi opinión, señorías, Extremadura ha colaborado en ese proceso de reforma de los estatutos de autonomía iniciado en la pasada legislatura, que obvio es decirlo ha avanzado con paso firme consolidando la capacidad de nuestro modelo constitucional y autonómico para adaptarse a nuevos retos y necesidades. Señorías, en mi opinión Extremadura ha cumplido porque tenemos la convicción de que una propuesta de reforma elaborada desde el consenso y desde la lealtad y respeto al resto de comunidades autónomas que han decidido o no reformar sus respectivos estatutos y al marco constitucional sirve al interés general y al interés de Extremadura; esto es, sirve al interés de todos. Lealtad y consenso pidió el presidente del Gobierno al inicio de la pasada legislatura para reformar los Estatutos de Autonomía y esto es lo que Extremadura ha conseguido y ofrece al Estado constitucional y autonómico.
Señorías, con esta reforma estamos ejerciendo una vez más el autogobierno que nos otorga la Constitución y estamos renovando además la lealtad de los extremeños al proyecto común español, pero no hay nada más; como decía en el debate plenario de totalidad, no caben comparaciones con otros estatutos porque no copiamos ni calcamos ningún estatuto reformado.
La propuesta de reforma se ha hecho mirando hacia dentro, mirando a muchos años de praxis estatutaria y a los aciertos y errores cometidos desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de 1983.
También en esta propuesta de reforma se refleja el sentimiento de un territorio de seguir siendo una comunidad autónoma dentro de la nación española. Señorías, a un Estatuto corto, de 91 artículos, se han presentado 47 enmiendas, una fue de totalidad y el resto al articulado.
En la única sesión que hemos celebrado de la ponencia acordamos por mayoría incorporar al informe las enmiendas 20 a 47 presentadas de forma conjunta por el Grupo Socialista y el Grupo Popular. También acordamos incorporar otras tres nuevas enmiendas de mejora técnica relacionadas con la responsabilidad social, empresarial, del artículo 7.5; la segunda con la seguridad pública, y la tercera parar modificar el apartado 2 de la disposición adicional segunda sobre las inversiones complementarias.
Señor presidente, apreciado un error en el informe de la ponencia sería conveniente, si lo estima conveniente, proceder a que desaparezca el párrafo 14 del artículo 11.1 y a rubricar la nueva disposición adicional séptima con el título de seguridad pública. Como digo, son errores técnicos apreciados en el informe de la ponencia.
También en esa ponencia acordamos seguir trabajando para alcanzar en estas dos semanas pasadas el consenso más amplio posible con la incorporación de otras enmiendas. Créanme, señorías, si les digo que muchas de las enmiendas presentadas por los otros dos grupos parlamentarios están recogidas con otra redacción en la propuesta de reforma en su redacción original con las enmiendas que se han firmado conjuntamente por los dos grupos mayoritarios. Por ejemplo, la enmienda de adición del señor Jorquera con quien he hablado, aunque no he podido hacerle entrar en razón constitucional, autonómica y sobre todo lingüística, sobre el reconocimiento oficial de a fala y del portugués de Olivenza ya aparece en el artículo 7.2 de la propuesta de reforma. Qué le voy a decir yo al señor Jorquera de la protección que desde la Junta de Extremadura desde distintos frentes y desde hace décadas se está haciendo de este rasgo lingüístico de nuestra comunidad autónoma no conocido por muchas personas. Como qué le voy a decir también al señor Jorquera y al resto de sus señorías de la enseñanza del idioma portugués en una comunidad autónoma fronteriza con Extremadura, por no hablar de otras cuestiones en este momento, como la enseñanza del portugués en las escuelas oficiales de Extremadura, número de alumnos que estadísticamente están estudiando portugués en España, o el uso que se hace del portugués por muchos extremeños.
Pasando a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, también he hablado con el señor Llamazares, que está ausente en este momento porque hay muchas comisiones celebrándose simultáneamente. Son enmiendas de supresión, enmiendas de modificación, de adición, afectan al todo y a la parte, afectan a lo sustantivo y a lo formal. Como decía antes he hablado con el diputado señor Llamazares. Alguna de las enmiendas, por motivos ya mencionados anteriormente, no se han
podido aceptar: la supresión del preámbulo del Estatuto
de Autonomía, la comunidad uniprovincial, etcétera. Otras se corresponden, aunque no literalmente, con determinados preceptos de la propuesta de reforma o están recogidas en normas estatales, por ejemplo, las que hacen referencias a principios generales que ya están incluidos en otras normas que vinculan a los textos estatutarios o, por ejemplo, las que se refieren a derechos que están recogidos en otro tipo de leyes extremeñas e incluso leyes orgánicas que son obligatorias en todo el territorio nacional: igualdad de género, protección contra la violencia de género, protección de la familia, de los menores, de los mayores, testamento vital, muerte digna, educación, salud y también alguna de las enmiendas que hacen referencia a deberes que también están previstos en la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico. Nosotros hemos considerado que los derechos fundamentales de los extremeños son los establecidos en la Constitución española, y además se podrán ejercer -en lugar de solicitar como aparecía en la propuesta originaria de reforma del Estatuto de Autonomía-, frente a los poderes públicos regionales aquellos otros derechos contenidos en el Estatuto o en la legislación, de acuerdo con una de las enmiendas que hemos presentado, una enmienda conjunta.
Por tanto, se ha decidido no incluir una carta de derechos individuales, pero también entendemos que caben otras opciones, de las que han hecho uso otros estatutos de autonomía, pero la opción extremeña es la que nos separa en relación con los derechos de los de otros estatutos, y hay argumentos de fondo para haber optado por esto. En primer lugar, porque hay jurisprudencia constitucional que ha puesto de manifiesto el reconocimiento específico de derechos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, aunque no estén nominativa y expresamente recogidos por la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico; y, en segundo lugar, en relación con los derechos, porque crear una carta de derechos en los estatutos puede confundir a los ciudadanos, pensando que sus derechos derivan del estatuto y no de la Constitución española. Tenemos derechos no por ser extremeños o gallegos o asturianos sino por ser españoles. Esto no quiere decir que otros derechos -por ejemplo, de naturaleza social- no pudieran desarrollarse por no estar incluidos en el texto del estatuto, al contrario; como de acuerdo con lo aconsejado por el Tribunal Constitucional se ha recogido un listado de principios rectores de los poderes públicos extremeños, los derechos que se quieran ampliar podrán desarrollarse por una ley que se aprobará en la Asamblea de Extremadura.
Finalmente, otras enmiendas de Izquierda Unida se refieren a las instituciones, a la asamblea, relacionadas con el número de diputados de la asamblea, los criterios de representación formal, la circunscripción electoral, el porcentaje mínimo de votos para obtener representación parlamentaria, el número mínimo de diputados para constituir grupo, la organización territorial en Extremadura; se refieren también a la economía y a la hacienda de la comunidad autónoma en relación con el sector agrario, el medio ambiente, los medios de comunicación social.
Pero creemos que la mayoría de todas estas enmiendas se refieren a aspectos que ya están incorporados de una u otra forma a la propuesta de reforma a lo largo de su articulado; por ejemplo, en lo que se refiere al modelo de desarrollo sostenible, a la preservación y mejora de la calidad medioambiental y a la biodiversidad de la región -haciendo especial referencia a ecosistemas específicos de Extremadura como la dehesa-, la apuesta por la generación de energías renovables, por el agua, el crecimiento demográfico, la lucha contra la despoblación de las zonas rurales. Es decir, todas estas enmiendas ya las tenemos recogidas en el Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Para terminar, señorías, y como decía al principio, el Grupo Socialista y el Grupo Popular en esta Cámara hemos hecho un gran esfuerzo de acercamiento para que el consenso que acompañaba a esta propuesta en Extremadura se mantuviera en Madrid. De acuerdo con esto, ambos grupos hemos firmado conjuntamente un conjunto de enmiendas -valga la redundancia-, las enmiendas 20 a 47. Hemos mantenido numerosas reuniones y contactos para conseguir firmar ambos grupos estas enmiendas. No hay ninguna discrepancia. Hemos tardado algo, pero lo hemos conseguido, y creo que eso, en definitiva, es lo importante: que el Grupo Socialista y el Grupo Popular puedan pactar la España autonómica. Es lo más importante. La mayoría de las enmiendas que se han incorporado han sido de mejoras técnicas, sistemáticas, gramaticales y formales. Teniendo en cuenta que la propuesta de Extremadura traza unas líneas de reforma que son también comunes a las de otras comunidades autónomas -no hay que ignorarlo ni obviarlo- que ya han recorrido todo el trámite parlamentario, hemos aprovechado todos esos precedentes a lo largo de los últimos años. Nos hemos beneficiado y hemos aprendido de otras reformas, y además hemos aprendido de la última jurisprudencia constitucional. Y ha sido útil, señorías. Está quedando un estatuto técnicamente impecable, comprensible para la ciudadanía, que es de lo que se trata cuando se elaboran leyes, y que además ha sido resultado del intenso trabajo de los diputados autonómicos y españoles, en Extremadura y en Madrid. Se han hecho muchas aportaciones a lo largo de estos meses y muchas de ellas se han recogido en las enmiendas que se han presentado conjuntamente. Por todo ello, señorías -y finalizo-, les pediría una última reflexión y el apoyo de todos los grupos políticos al dictamen de esta Comisión sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
El señor PRESIDENTE: No hay más intervenciones, no hay enmiendas transaccionales y han sido planteadas dos correcciones técnicas por la representante del Grupo Socialista de las que se tomarán nota. Hemos terminado el debate y pasaremos al siguiente punto del orden del día para votar conjuntamente cuando acaben los dos debates.
El señor PRESIDENTE: Punto 4.º del orden del día: proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Hay unas enmiendas del Grupo Mixto, del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Grupo Vasco, PNV.
La señora Barkos tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas.
La señora BARKOS BERRUEZO: Empezaré por dar por defendidas las enmiendas presentadas por mi compañera de grupo, la señora Díez, de las cuales se retira la número 28. Se mantendrían, por lo tanto, vivas de cara al Pleno las números 25, 26, 27 y 29. Estas eran las enmiendas presentadas por mi grupo junto con las presentadas por mi coalición, por Nafarroa Bai, en cuya defensa lógicamente me detendré, por tanto, con un poco más de hondura. Es un número importante de enmiendas a esta reforma que nos proponen Partido Socialista y Partido Popular. Todas ellas llegan vivas de la ponencia, por cierto, si no la totalidad, prácticamente la totalidad de las presentadas por los no proponentes, lo cual es un dato expresivo de cuál ha sido la vocación y la voluntad de esta reforma y, por lo tanto, la vocación y la voluntad de encuentro político de los dos grupos que antes señalaba, de los proponentes, de los grupos parlamentarios Popular y Socialista: la de no escuchar las reticencias en algunos casos y la oposición clara y contundente en otros a esta reforma.
Es el último caso, el de una oposición sin ninguna duda a la reforma de la Loreg, el de la coalición a la que yo represento, Nafarroa Bai. Hemos expresado -y lo hemos hecho con nuestras enmiendas- este desencuentro con la reforma que se nos propone por cuanto que viene derivada de la Ley de Partidos Políticos, un texto al que todos los partidos que conforman la coalición a la que yo represento se han opuesto, ya que lo seguimos considerando -si me permiten la expresión- como una medida ramplona en la dimensión honda, en la dimensión de hondura de un sistema democrático y, por lo tanto, no podemos apoyar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General derivada de este texto inicial. Es una oposición de pura cautela y coherencia política.
No todas las enmiendas presentadas se refieren estrictamente a la reforma, sino que hemos aprovechado la ocasión que nos brindaban los proponentes para revisar la primera reforma de la Loreg derivada de la ley que se hizo con posterioridad al mes de diciembre de 2002 y, por lo tanto, para volver en estos aspectos conjuntos al debate o al texto inicial, al texto anterior a la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
Tengo poco más que decir, solamente que nos hubiera gustado, más allá de tener alguna posibilidad de encuentro, no tanto que se llegara a un encuentro con quienes nos oponemos absolutamente a esta reforma, sino con quienes si acaso muestran reticencias en, cuando menos, una expresión de voluntad política que fuera más allá del encuentro de los dos grandes partidos políticos que conforman esta Cámara en un tema, de nuevo, tan sensible y tan especial.
Nos decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el punto anterior que el Grupo Socialista y el Grupo Popular pueden pactar la España autonómica, y añado yo -ya en el punto del orden del día que ahora acometemos-: y también la política. Sinceramente, y si me lo permiten, es una pena que no sean capaces de pactar la España eficaz ante la crisis económica.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, don Aitor Esteban tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Es evidente que de un examen de nuestras enmiendas cualquier observador, sin que sea muy avezado, se dará cuenta de que lo que estamos planteando es no llevar adelante la proposición de ley orgánica que se ha presentado y que supone una vuelta de tuerca más a la Ley de Partidos Políticos, ley que se menciona expresamente en la propia exposición de motivos, pero que sigue ahondando, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca y de Navarra, en una representación inexacta con mucho de las realidades sociales y políticas de esas comunidades, encontrándonos con lo que el propio fiscal general del Estado en su momento calificaba como la posibilidad de que se produjera un Guantánamo electoral entre 100.000 y 150.000 votos, y es cierto que ahí tenemos ese problema y ese hándicap.
Nos oponemos a los artículos que se presentan ahora a través de esta proposición porque crean una inseguridad jurídica absoluta, una inseguridad jurídica que además se prolonga a lo largo del tiempo. No es solo que hasta la proclamación de candidaturas se puedan presentar recursos para ilegalizar un determinado partido político, sino que una vez proclamadas las candidaturas esto es también posible a lo largo de la campaña electoral, y no solo esto sino que incluso después de conocidos y proclamados los resultados ahora lo que se posibilita también es una suspensión de los mismos, sabiendo que la legislación electoral nos aboca a dar determinados pasos incluso para constituir, por ejemplo, instituciones, y sin embargo se puede producir una suspensión automática.
La resolución de los tribunales sobre la ilegalización o no de esa candidatura concreta puede llevarnos mucho tiempo y después encontrarnos con que efectivamente se haya excedido quien haya presentado el recurso, pero desde luego las consecuencias de lo que se haya ido produciendo en el ínterin serían muy difíciles de corregir. Por lo tanto, insisto, crea una inseguridad jurídica importante. Porque esto es así, también existe el riesgo de un uso partidista
de estos instrumentos para asegurar determinadas mayorías. Desde luego, el ejemplo de hace tres años en las últimas elecciones municipales no fue muy edificante, porque no se entendía que se presentaran recursos contra algunas candidaturas cuando los nombres que aparecían en esas listas no habían sido presentados por ningún otro partido político en otras elecciones, y, sin embargo, en otros casos en los que sucedía lo contrario no se presentaba el recurso. Lo cual hace generar al menos la duda -yo diría que la sospecha- de que lo que se está haciendo es una utilización que va más allá de los loables objetivos que se dicen defender en la exposición de motivos de la propia Ley de Partidos antes y ahora de esta proposición que nos presentan, que es ese añadido.
Nos preocupa también, y en esto creo que se ha pasado un auténtico Rubicón, esa incompatibilidad sobrevenida. La interpretación que todos hemos hecho de la Constitución española hasta ahora y que la jurisprudencia constitucional y los tribunales en general venían haciendo era que, una vez proclamado un candidato y habiendo tomado posesión de su cargo, ese cargo le correspondía a él, ni siquiera el partido político podía obligar a esa persona a que renunciara a ese cargo, a pesar de que su partido pudiera haber sido ilegalizado. Lo hemos visto, hasta ahora ha ocurrido así, ha habido personas cuyo partido ha sido ilegalizado pero que, ocupando ya una determinada responsabilidad pública, efectivamente porque la legislación lo afirmaba así, la jurisprudencia lo afirmaba así, han seguido manteniendo sus responsabilidades. Sin embargo, ahora se da un paso más allá y se dice: no, esto es perfectamente revocable. Con esto sí que damos absolutamente un vuelco a cómo habíamos entendido hasta ahora esa faceta del derecho constitucional en el Estado español. No es un asunto que preocupe solo a mi grupo parlamentario; obviamente a otros grupos políticos también, como se ha puesto de manifiesto, pero creo que a buena parte de la doctrina jurídica española también le preocupa esto, y el uso que se vaya a hacer de ese instrumento, todavía más. Sobre todo también cuando vemos que es exigible una declaración expresa a una persona que, habiendo ocupado un cargo público y que nunca ha estado envuelto en acciones violentas ni relacionado con la violencia, ha cumplido el ordenamiento jurídico a rajatabla que tenga que manifestarse públicamente, que haya una mancha de sospecha automática sobre esas personas, para mí, sinceramente, es muy dudoso que podamos hacer esto.
Pero no solo eso, sino que incluso si hiciera una declaración expresa de defensa de los principios democráticos y de rechazo de la violencia, si a posteriori esto pudiera ser contestado por algún gesto subjetivo o alguna actuación que pudiera tomar, pero que evidentemente en la ley no se puede definir de manera tajante a qué nos estamos refiriendo, nos encontramos con que esta persona podría ser despojada de su cargo. Es más, podría serlo sin necesidad de que intervengan los tribunales, sino que directamente implicamos en la proposición que se nos presenta a la Administración electoral, a la Junta Electoral Central, para que tome de oficio estas decisiones. La verdad es que sinceramente nos parece grave e irregular. Es, al fin y a la postre, mantener una espada de Damocles sobre los electos, pero también en general sobre todos los grupos políticos y el sistema político sobre cómo están constituidas determinadas instituciones, cómo pueden quedar constituidas y en qué momento puede haber determinados movimientos. No nos parece que esto sea serio ni bueno para el sistema político, aparte de otros asuntos que nos parecen también de difícil compensación como, por ejemplo, si se prevé una denuncia contra determinada lista que se ha presentado a las elecciones, que no se entregue el censo a esa formación cuando puede resultar que del fallo se deduzca que la denuncia o el recurso ha ido más allá de lo permisible y de que verdaderamente esa lista había cumplido absolutamente la legislación vigente, con lo cual va a ser imposible reparar esa ausencia de determinados instrumentos que todos los grupos políticos utilizan en una campaña electoral. En definitiva, creemos que es una propuesta que genera muchas dudas, en algunos ámbitos en general de dudosa constitucionalidad, pero en un ámbito concreto creo que de una rotunda inconstitucionalidad, como es la peor o mejor denominada incompatibilidad sobrevenida, que no va a redundar en una mejora de lo que todos queremos, una normalización de la situación política, sino todo lo contrario. En cualquier caso, esto desde luego a nosotros nos preocupa desde un punto de vista absolutamente democrático. Últimamente se están descolgando los representantes del mundo de la izquierda abertzale en ruedas de prensa diciendo que van a cumplir la Ley de Partidos Políticos a rajatabla. Desde luego, lo que estamos planteando aquí es desde un punto de vista absolutamente democrático, de los principios sobre los que todos creíamos que nos estábamos rigiendo y desde la jurisprudencia que parte de la propia entraña de la Constitución en la que luego se fue basando toda la estructura electoral e institucional del Estado. En ese sentido, por lo tanto, va la presentación de nuestras enmiendas. Anuncio -ya sé que tenemos que presentar el escrito formal para que así sea- que, aunque hoy salgan derrotadas, serán mantenidas para su defensa en el próximo Pleno.
El señor PRESIDENTE: Aprovecho para decirles que como seguimos el procedimiento del trámite de urgencia, el plazo terminará mañana a las ocho.
El Grupo de Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya tiene una enmienda, la 24. El señor Ridao puede defenderla.
El señor RIDAO I MARTÍN: Le agradezco que me permita hacer uso de mi turno ahora porque he llegado tarde a la Comisión por otras ocupaciones.
Efectivamente, señor presidente, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa tiene una sola enmienda a esta proposición de ley, enmienda que quiere expresar nuestro rechazo más frontal y total a esta proposición de ley por razones, en primer lugar, de oportunidad política que voy a intentar expresar y, en segundo lugar, por razones de muy dudosa constitucionalidad, coincidiendo en buena parte con los argumentos que ya ha expresado el portavoz del Grupo Vasco, PNV.
En primer lugar, insistiendo en algún argumento que en otra ocasión ya ha esgrimido este portavoz, nadie puede negar que en las últimas fechas se están produciendo en el entorno, como mínimo político, del terrorismo en el País Vasco y en Euskal Herria pasos significativos que apuntan a un cese de la violencia, a pesar, por cierto, del silencio sospechoso de la organización armada en estas últimas fechas. En cualquier caso, algunas declaraciones de ETA y de su propio entorno nos parecen pasos significativamente positivos que, además, entendemos que pueden mirarse con un cierto recelo y desconfianza, atendiendo a algunos antecedentes, a algunas treguas fallidas, a algunas esperanzas rotas, pero nos parecen, insisto, hechos significativamente positivos. Quizás sean demasiado lentos para la voluntad de muchos de los que estamos aquí, pero quiero recordar que tantos años de violencia estéril no son fáciles de cauterizar en poco tiempo, de un día para otro, y eso lleva implícito el reconocimiento del fracaso de la propia estrategia de la violencia. Por tanto, hay que tener todavía una cierta paciencia y constancia. Por ello, nuestro grupo cree que es un momento que exige una cierta altura de miras -y no sé si incluso de generosidad- para facilitar la culminación de este proceso de paz y, por tanto, el cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Este es un camino que, en nuestra opinión, pasa por las instituciones y las urnas, y tiene un momento destacado en las próximas elecciones municipales. Esta reforma de la Loreg va en un camino diametralmente opuesto a lo que acabo de expresar y a lo que exige este momento histórico que estamos viviendo, puesto que supone una vuelta de tuerca más sobre la Ley de Partidos y, además, lo hace en el momento menos propicio posible, todo ello con el único propósito de excluir a la izquierda abertzale de todas las instituciones, dejando a una parte muy significativa del pueblo vasco sin referente político, huérfano de presencia en las instituciones.
En segundo lugar, como decía, hay argumentos de orden jurídico de dudosa constitucionalidad que ya se han comentado. Esta es una iniciativa legislativa que permite despojar de la condición de cargo electo mediante una declaración de incompatibilidad sobrevenida a cargo de la Junta Electoral a quien haya concurrido a un proceso electoral bajo unas siglas que hayan sido ilegalizadas con posterioridad. Esa incompatibilidad, señorías, se da de oficio si no existe una declaración expresa e indubitada de rechazo por parte del cargo electo, por tanto, se presume con ello que pertenece o es afín a una organización o banda terrorista.
No se tiene en cuenta ni su pasado delictual ni su eventual o posible connivencia con la violencia, es decir, constituye un ataque en toda regla al principio constitucional de presunción de inocencia y, por tanto, no puede ser aceptado. Si ya de por sí, señorías, nos parece suficientemente grave que se pueda declarar a una persona como incompatible durante un proceso electoral, mucho más nos parece que pueda realizarse en un momento posterior al hecho de que el cargo electo asuma su condición y, además, que ello pueda realizarse mediante un simple procedimiento administrativo e incumbiendo en este proceso a la Administración electoral. Señorías, en nuestro sistema constitucional el voto y el cargo saben que pertenecen a la persona electa y no a la candidatura o las siglas con las que se presenta, por lo que este es un vínculo que establece esta proposición de ley que no nos parece para nada aceptable. Con ello lo que se pretende, de cara a próximos procesos electorales, es en buena parte adulterar los resultados electorales, vulnerar el principio de participación política de todos aquellos electores que hayan depositado su voto en una candidatura o persona electa determinada y, por tanto, nos parece un auténtico sinsentido que hoy estamos a punto de consumar en esta Comisión aprobando el dictamen en estos términos. Además, lejos de dar marcha atrás en estos presupuestos de la proposición de ley que se tomó en consideración hace algunos días en el Pleno del Congreso, lejos de suavizar en buena parte su contenido inicial, se han presentado distintas enmiendas como la 23, enmienda conjunta del Grupo Socialista y del Grupo Popular, en la que se declaran incompatibles incluso a aquellas personas electas que han concurrido a las elecciones mediante una agrupación de electores que se haya declarado vinculada a un partido político ilegalizado mediante resolución judicial.
Por tanto, se está dando una vuelta más de tuerca sobre lo que acabo de expresar. Se trata, nuevamente, de tapar cualquier resquicio por el que puedan llegar a ostentar cargo público personas que puedan simpatizar, en este caso, con el entorno político de la llamada izquierda abertzale.
Por todo ello, mediante nuestra enmienda 24 -y con ello acabo, señor presidente, señorías- proponemos una supresión de todo el texto articulado, de la parte dispositiva de esta proposición de ley, coincidiendo en buena parte por lo defendido por el Grupo Mixto, Nafarroa Bai y por el PNV. Evidentemente, solicito el voto favorable a nuestra enmienda, anuncio el voto favorable a sendas enmiendas de PNV y Grupo Mixto y dejo constancia de la voluntad de nuestro grupo de mantener esta enmienda en caso de no prosperar en este debate en Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Sin perjuicio de una más extensa valoración en la fase plenaria por parte de nuestro portavoz que en estos momentos está en otra Comisión y no puede asistir a esta, mantendré el posicionamiento de Convergència i Unió exponiendo muy brevemente lo siguiente. Nuestro grupo parlamentario discrepa de la incompatibilidad sobrevenida durante el mandato de los electos. Ello es así porque nos plantea serias dudas de constitucionalidad, tal y como han expuesto otros portavoces que me han precedido. También nos plantea caracteres de arbitrariedad y serias dudas en cuanto al método. Entendemos que incluso
puede ser contraproducente en cuanto a los objetivos perseguidos. A pesar de ello, podríamos compartir el resto de aspectos.
Por todo ello, solicitamos, si fuera posible, la votación separada de los siguientes apartados: 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.11, 1.12, 1.14 y 1.15, que podrían votarse conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede repetir, si es tan amable?
La señora SURROCA I COMAS: Sí, 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14 y 1.15.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: La ocasión merece que mi intervención sea un poco más prolija que la de anteriores portavoces.
Señorías, ayer el Pleno de la Cámara aprobó por abrumadora mayoría una moción muy trascendente, una moción que marcaba los elementos básicos, los pilares inamovibles que deben sustentar la política antiterrorista del Gobierno dirigida a un único objetivo, firme e irrenunciable, la derrota definitiva e incondicional de ETA. Ese es el mayor reto que tiene ahora nuestro Estado de derecho, y el Gobierno tiene ahora además un mandato claro para alcanzarlo. Y, señorías, uno de los pasos más importantes para lograr ese objetivo lo dimos los demócratas años atrás, cuando fuimos capaces de enfrentarnos al fenómeno terrorista en toda su extensión, desde los comandos hasta las tramas políticas, financieras o propagandísticas que le prestaban cobertura, soporte o justificación.
Desde la eficacia policial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, desde la justicia hasta la cooperación internacional, pero sobre todo con la ley, dotándonos de nuevos instrumentos jurídicos para el fortalecimiento de nuestra democracia, porque ETA estaba utilizando a entidades sociales y partidos políticos para entrar en el corazón de nuestro sistema, para entrar en las instituciones y desde dentro dedicarse a propagar su proyecto delirante y totalitario a todas luces incompatible con la democracia y los derechos humanos; desde dentro, atacar y destruir los valores democráticos y intimidar y a amenazar al resto de representantes de los ciudadanos. Por eso hicimos la Ley de Partidos, una ley plenamente constitucional, y en su aplicación se ilegalizaron partidos que en realidad no eran tales, sino meros instrumentos al servicio de la estrategia de una banda criminal, tal y como demostraron los tribunales de Justicia y tal como demostró y ratificó la propia sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde entonces ETA ha intentado de todas formas recuperar su brazo político y lo que debemos hacer los demócratas es justamente impedirlo.
Eso es precisamente lo que hemos hecho con esta proposición de ley, a la vista de la experiencia acumulada en estos años, defender la democracia, reforzar las garantías legales para impedir que quienes fueron judicialmente excluidos del juego democrático por justificar la violencia y el terror puedan encontrar el más mínimo resquicio legal para volver a las instituciones.
Lo hacemos en tres frentes. Primero, ampliando el plazo de recursos para impugnar candidaturas sucesoras de partidos declarados ilegales por sentencia judicial. Señorías, sabemos que ETA/Batasuna, con sus mil nombres, puede utilizar la artimaña de esconderse, de ocultar su verdadera cara hasta los últimos días de campaña. La vigente Ley Electoral solo permitía interponer recurso contra la proclamación de candidaturas sucesoras de Batasuna hasta el vigésimo noveno día posterior a la convocatoria de elecciones. Con nuestra propuesta este plazo se amplía en todos los supuestos hasta el cuadragésimo cuarto día, y en caso de partidos, coaliciones y federaciones de partidos, hasta la proclamación de electos, y hemos incluido en el trámite de ponencia un nuevo recurso contra agrupaciones de electores hasta dicha proclamación si se prueba su vinculación con partidos ilegales, de suerte que tanto el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como el ministerio fiscal van a tener más tiempo, todo el periodo electoral, para constituir la prueba y evitar que en fraude de ley, quienes tienen prohibido concurrir a las elecciones consigan su objetivo.
Señorías, hay múltiples ejemplos en el pasado que corroboran la conveniencia y la necesidad de ampliar este plazo de recursos. Se trata, no lo olviden, de que quienes tienen prohibido concurrir a las elecciones consigan su objetivo. Se trata de que se imponga el imperio de la ley frente a la trampa, la argucia o el fraude. Se trata de tapar todas las vías, incluyendo también la vía de las agrupaciones de electores. Y puesto que algunos tienen alguna duda, explico la última enmienda que hemos incorporado.
Las agrupaciones de electores, de acuerdo a su naturaleza jurídica, se caracterizan por dos elementos, la temporalidad y la espontaneidad.
Cuando pierden cualquiera de ellos, cuando se prueba que están vinculadas a partidos políticos, quedan desnaturalizadas y pasan a asimilarse a aquellos y por ello deberán correr su misma suerte, algo plenamente refrendado por la doctrina del Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo. La segunda vía que vamos a utilizar en las reformas es que puede que ETA/Batasuna no quiera utilizar partidos o agrupaciones de electores, sino la argucia de querer instrumentalizar solo algunas candidaturas de un partido legal. Pues bien, de demostrarse judicialmente dicho hecho, esas candidaturas contaminadas quedarán anuladas. Y, por último, si con posterioridad a la elección, un partido o una agrupación de electores vinculada a un partido y por tanto asimilada a éste es declarada ilegal, se introduce la previsión de que sus electos incurran en incompatibilidad para continuar en sus cargos, que solo podrán salvar si realizan de forma libre y voluntaria ante la Administración electoral permanente una declaración expresa de rechazo claro e indubitado de las causas que dieron lugar a la ilegalización del partido con el que
concurrieron en sus listas, incompatibilidad que se aplicará con carácter definitivo si en un momento posterior se retractaran de la misma o si por hechos, manifestaciones u omisiones la contradijeran. Todo ello con un procedimiento sometido a la tutela judicial efectiva. Sé que esta medida, y lo han puesto de manifiesto algunos portavoces, ha suscitado alguna duda jurídica, pero creo sinceramente que no tienen ninguna razón.
De las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que el método para conseguir fines políticos siempre, siempre, tiene que ser democrático. ¿Ustedes creen que nuestra Constitución ampara el derecho a apoyar la utilización de la violencia, la amenaza, la intimidación o la justificación del terrorismo y elegir representantes para ello? Yo creo que no. La Constitución ampara el pluralismo ideológico, pero el método tiene que ser siempre democrático. Y cuando las ideas están unidas a la violencia, la violencia contamina todo y convierte fines y medios en un todo incompatible con nuestra democracia. Para defender y justificar la violencia no se tiene derecho ni a tener representantes ni a ser representado para ello. Nada impediría, señorías, que por ley se obligara a todos los electos para tomar posesión que hicieran una declaración clara y nítida de asunción del método democrático, es algo que se presume de todos los representantes del pueblo. Pero cuando alguien forma parte de candidaturas, de formaciones declaradas ilegales o sucesoras de ilegales por connivencia con la violencia, lo lógico es que desaparezca esa presunción y que se exija al electo una declaración de sometimiento expreso al método democrático para mantener el mandato representativo.
Porque de lo contrario, señorías, los fines perversos de una banda terrorista o de quienes la apoyan tendrían su continuidad a través de sus electos, y eso la democracia no lo puede consentir. De ahí que entendamos que esa medida de incompatibilidad sobrevenida se ajusta plenamente a nuestra Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico.
Y no olvide, señor Esteban, que estas medidas están todas ellas sometidas a la tutela judicial efectiva, por lo que el argumento de que estas reformas generan inseguridad jurídica o indefensión (El señor Esteban Bravo: Yo he dicho inseguridad jurídica.) sencillamente creo que no se sostienen. En cuanto a la acusación que usted ha hecho de que los recursos contenidos en estas reformas se pueden utilizar a conveniencia con criterios electorales, imagino que el señor Benegas le contestará.
Pero es un juicio de valor que entenderá que yo no puedo admitir, si bien lo ha sostenido en un ejemplo del pasado sobre el que nosotros fuimos muy críticos. Sí, todo el mundo sabe que nuestro grupo siempre consideró, como luego, por cierto, demostramos en los tribunales, que Acción Nacionalista Vasca -y no solo una parte de sus candidaturas- era toda ella un instrumento al servicio y continuador de una organización declarada judicialmente ilegal y disuelta. Lo que queremos justamente con esta reforma es que esa circunstancia no se vuelva a repetir en el futuro.
En cuanto al censo, lo que pretendemos evitar es que los datos censales de los ciudadanos puedan caer en manos de formaciones sucesoras de ETA/Batasuna, y no necesito decirles para qué podrían utilizarlos. Se trata de una medida cautelar frente a la que cabe recurso ulterior de acuerdo con el artículo 21 de la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por lo que entiendo que es una medida también ajustada y que sirve a un fin plenamente democrático. De la misma manera pensamos que la ley en democracia nunca puede aplicarse a conveniencia o por criterios de oportunidad política. La ley es una garantía para todos en un Estado de derecho y tiene que aplicarse siempre.
Por último, en cuanto a las enmiendas de Unión, Progreso y Democracia, debo decirles que vamos a aceptar la número 26 y no vamos a aceptar las demás porque, o no guardan las garantías necesarias o en algún caso atenúan las consecuencias de lo reflejado en la Ley de Partidos y en eso nosotros desde luego no estamos de acuerdo.
Para ir ya terminando, solicitaría a la Mesa que tuviera en cuenta una corrección de estilo. En algunos preceptos de la reforma se hace referencia a la legitimación de la Abogacía del Estado o del ministerio fiscal para el ejercicio de alguna acción o recurso legal, cuando en realidad debería hablarse de la legitimación del Gobierno a través de la Abogacía del Estado y el ministerio fiscal, que es tal y como aparece en la propia Ley de Partidos y en algunos otros preceptos de la ley. Les rogaría que allí donde se haga referencia solo a Abogacía del Estado se dijera: El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, y el ministerio fiscal.
Termino. Señorías, el Estado de derecho no puede aceptar espacios de impunidad. Con esta propuesta la democracia se dotará de nuevos instrumentos legales para que ETA no alcance su objetivo de volver a las instituciones. Nuevos instrumentos, a nuestro juicio, plenamente constitucionales y además eficaces para lograr ese objetivo. Ahora le corresponde al Gobierno aplicarlos, en la línea además del mandato aprobado ayer en la Cámara. Señorías, a las amenazas en democracia se les contesta con más democracia, con la ley, desde la firmeza y la fortaleza en defensa de nuestros derechos y libertades. Por eso estas medidas legales son lícitas, son legítimas, son justas, pero sobre todo, y esto es lo más importante, son un nuevo instrumento para la defensa y fortalecimiento de nuestra democracia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro. Aunque luego tendrá ocasión de expresarlo, debo entender que pedirá petición separada de la enmienda número 26.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Sí, es correcto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benegas.
El señor BENEGAS HADDAD: Parto en esta intervención de la premisa y de las convicciones profundas que siento después de una trayectoria política en el partido al que pertenezco de lucha contra el terrorismo en el País Vasco de que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara estamos en contra de la violencia y el terrorismo y anhelamos el día en que podamos decir que en España no existe terrorismo político. La lucha contra ETA y contra la violencia terrorista en muchos momentos la hemos desarrollado juntos, haciendo incluso grandes pactos entre nosotros. Desde esta convicción, yo respeto las posiciones de los grupos que no comparten las reformas básicas que hoy presentamos a través de esta proposición de ley porque estas discrepancias no provienen exactamente de esta proposición de ley sino, como aquí se ha dicho por el representante de Nafarroa Bai, de la discrepancia en el momento en que se aprobó la Ley de Partidos; en ese momento hubo una discrepancia con los grupos que están en contra hoy de esta reforma. Debo decir también en nombre de mi partido que estas reformas que hoy presentamos tienen un carácter instrumental, son para conseguir, desde nuestro punto de vista, una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo y sus apoyos políticos y una mayor eficacia cuando podemos entender que estamos en el final de la violencia terrorista, por lo menos la violencia terrorista de ETA y la violencia terrorista que se ha desarrollado a partir de planteamientos independentistas desde el País Vasco.
Estas reformas que planteamos también son fruto de la experiencia porque el carácter instrumental que hemos planteado en la lucha contra el terrorismo nos ha llevado a diferentes posiciones. Yo recuerdo ese gran pacto contra la violencia y contra el terrorismo que fue el Pacto de Ajuria Enea, que suscribimos partidos que están presentes aquí, en esta Cámara. Con el Pacto de Ajuria Enea lo que hacíamos era pedir a la supuesta izquierda abertzale que participara en las instituciones democráticas, que fueran a las instituciones democráticas. De esa manera lo hicieron pero nos encontramos con que la práctica política nos lleva a la conclusión de que iban a las instituciones democráticas tal y como se decía en el Pacto de Ajuria Enea pero seguían matando y seguían utilizando la violencia. Por lo tanto llegamos a una contradicción en la que los violentos utilizan la democracia, participan en las instituciones democráticas y sus planteamientos son totalmente antidemocráticos porque van contra el centro de la democracia. Esto es lo que nos lleva en un momento a determinados partidos, aun compartiendo con otros la lucha contra la violencia, a decir: hasta aquí hemos llegado. No se pueden utilizar las instituciones democráticas para aprovecharse de las mismas y al mismo tiempo seguir matando y violando los principios por los que debe regirse un Estado democrático, que parten del respeto al derecho a la vida y de la renuncia a la violencia, para defender ideas políticas. Así nace la Ley de Partidos y estamos tratando de evitar a través de la Ley Electoral algunos fraudes de ley que se han producido, después de la experiencia vista en los años de aplicación de la Ley de Partidos. Así nació la Ley de Partidos y ahí nos dividimos. Yo creo, en contra de lo que pueden pensar algunos otros grupos políticos, que la Ley de Partidos ha sido bastante eficaz o muy eficaz en la lucha contra la violencia y contra el terrorismo porque ha llevado por lo menos a una parte de los apoyos políticos de ETA a la convicción clara de que mientras no se abandone definitivamente la violencia y el terrorismo no va a haber participación democrática. Y hoy nos encontramos aquí con que una parte de ese sector que apoyó la violencia y el terrorismo está reclamando a la propia organización terrorista que abandone la violencia y la utilización de la violencia.
Se decía por parte del señor Ridao que era un momento de altura de miras.
En la experiencia de la lucha contra el terrorismo no podemos olvidar que el momento de altura de miras, de generosidad y de intento de ver si existía la posibilidad de un final dialogado lo tuvimos hace cuatro años.
A partir de la tregua de 2006, con un coste político bastante importante para el Partido Socialista y con la discrepancia del Partido Popular, intentamos ver si era posible, tal y como se decía en aquel entonces, lo mismo que ahora, que estamos en el final, si era posible llegar mediante la utilización del diálogo a un final de la organización terrorista, y la respuesta que obtuvimos haciendo un esfuerzo de generosidad, señor Ridao, fue el atentado de la T-4. A partir del atentado de la T-4 está claro que por lo menos mi grupo y el Gobierno al que apoya mi grupo no va a volver a intentar vías de diálogo porque no hay ninguna garantía de que lo que se dice al principio de una tregua sea de verdad lo que se piensa hacer al final. Le recuerdo a usted que en aquel entonces, en esa tregua, se hablaba también de alto el fuego permanente, que es uno de los lenguajes que se está utilizando ahora. Ese alto el fuego permanente termina con dos muertos y con el atentado de la T-4.
Por lo tanto, he dicho que estas reformas tienen para nosotros un carácter instrumental porque parten de la base de analizar cómo la autodenominada izquierda abertzale a partir de la entrada en vigor de la Ley de Partidos Políticos ha ido utilizando diferentes subterfugios legales, con mucha imaginación, para burlar la propia Ley de Partidos Políticos y hacer un fraude de ley, y tenemos ya experiencia de cómo lo han hecho. Se trata pues de ver si a través de estas reformas podemos impedir algunas de las vías que se han utilizado. Las ha señalado el diputado Bermúdez en el sentido de la incompatibilidad sobrevenida. La incompatibilidad sobrevenida está planteada para hacer frente a una situación que se ha producido recientemente y ante la que no hemos tenido una respuesta legal desde la democracia para evitarla, ha sido el caso de Mondragón, que es escandaloso, el del asesinato de Isaías Carrasco, en que nos encontramos con que una alcaldesa elegida a través de un partido que en su momento fue legal pero después de las elecciones fue ilegalizado no condena el atentado de un ex concejal ni permite que se reúnan los partidos para hacer un acto de homenaje a Isaías Carrasco en el consistorio. Eso es intolerable en una democracia, pero si estu
viera vigente esta reforma que queremos introducir eso no se habría podido producir porque a esa alcaldesa se le hubiera aplicado la incompatibilidad sobrevenida. Es el caso de un partido que es legal, que tiene electos, pero que posteriormente, después de las elecciones, es ilegalizado, sin embargo esos cargos electos pueden seguir defendiendo la violencia, pueden seguir apoyando el terrorismo, pueden seguir negando un ayuntamiento para que los compañeros de una persona asesinada puedan celebrar un acto de homenaje. Con esta reforma eso no va a pasar, por eso tiene un carácter instrumental, el carácter instrumental de la incompatibilidad sobrevenida.
Ha habido recientemente también declaraciones de partidos legales y democráticos de ofrecer la oportunidad de una participación en las listas electorales a quienes todavía no han condenado y rechazado con claridad la violencia. Pues con esta reforma no lo van a poder hacer porque la reforma permite ilegalizar una lista o anular una lista sin tener que ilegalizar a todo un partido si es un partido de trayectoria democrática.
Como había y hay una laguna en la Ley de Partidos Políticos sobre las agrupaciones electorales, cuando una sentencia judicial asimile una agrupación electoral a un partido político ilegalizado se le aplicará el mismo sistema que si fuera un partido político, una coalición o una federación de partidos. Estas son las reformas que pretendemos.
En estos momentos en que la democracia está ganando claramente la batalla a la violencia y al terrorismo lo que estamos haciendo con esta reforma es transmitir con claridad a los que han sido hasta ahora los apoyos políticos de ETA que no caben engaños, que no va a haber vías fraudulentas y que vamos a intentar taponar cualquier intento de participación democrática en unas elecciones si no hay un rechazo claro y contundente de la violencia o no hay un abandono de las armas por quienes hasta ahora han utilizado la violencia en la democracia contra nuestros compañeros, contra los ciudadanos, contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y contra tanta gente que ha perdido la vida por la violencia terrorista.
Creo que estas posiciones no van a impedir que los grupos a los que no les gusta esta reforma sigan luchando junto a nosotros contra la violencia y contra el terrorismo. Deben entender que hay razones importantes que abonan el que algunos grupos -desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular- hayan dado el paso hacia estas reformas, porque así podremos conseguir mayor eficacia para lograr el final de ETA y el final de la violencia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado las intervenciones. No hay enmiendas transaccionales. Hay una corrección técnica que ha sido planteada por el señor Bermúdez de Castro y les pido por asentimiento su aprobación.
Pasamos a las votaciones de los dos proyectos que hemos estudiado en esta sesión de la Comisión Constitucional. En primer lugar, el proyecto de propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No hay petición de votación separada de las enmiendas.
Hay una enmienda del señor Jonquera, del Grupo Parlamentario Mixto, y procedemos a su votación.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
No hay más enmiendas. Por tanto, pasamos a la votación del texto del proyecto de ley conforme al informe de la ponencia. Esta no es una votación de conjunto por ser ley orgánica; eso será en el Pleno de la Cámara, pero si no hay petición de votación separada, votamos el conjunto y luego el preámbulo. Votamos el texto del proyecto de ley conforme al informe de la ponencia.
Con ello hemos terminado la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (El señor Ridao i Martín pide la palabra.)
Sí, señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Es imperdonable y solamente lo digo a efecto de que conste en el "Diario de Sesiones". Pensaba que estábamos votando el dictamen de la LOREG. Quiero que conste en el "Diario de Sesiones" que mi intención era votar favorablemente. (La señora Surroca i Comas: Yo digo lo mismo.)
El señor PRESIDENTE: Ha entrado justo en el momento en que empezábamos la votación.
El señor RIDAO I MARTÍN: Ha ordenado la votación cuando estaba fuera y yo no me he dado cuenta. Pido disculpas.
El señor PRESIDENTE: Igual ocurre con el Grupo de Convergència i Unió. (La señora Surroca i Comas: Exactamente lo mismo. Me añado.) Constará en el "Diario de Sesiones", porque así se recogerá, que ustedes estaban a favor del estatuto.
Votamos ahora -pueden cambiar el voto ahora y votar a favor. (Risas.)- la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Hay una petición de votación separada de la enmienda número 26, de la señora Díez González.
Votamos las enmiendas de la señora Barkos del Grupo Parlamentario Mixto.
(La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
La señora BARKOS BERRUEZO: Discúlpeme, presidente. En defensa de los intereses de la señora Díez -que no en compartición de posiciones- a quien represento en calidad de Grupo Parlamentario Mixto, no hemos votado el resto de sus enmiendas.
El señor PRESIDENTE: La señora Díez tiene otras enmiendas que votaremos enseguida porque están en otra ordenación.
Votamos ahora las enmiendas de la señora Barkos.
Votamos ahora, como reclamaba la señora Barkos, las enmiendas que quedan de la señora Díez, que son la 25, 27 y 29, porque la 28 está retirada.
Votamos la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votamos ahora las enmiendas de la 1 a la 7, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Votamos ahora el texto del proyecto de ley conforme al informe de la ponencia. La señora Surroca ha solicitado la votación separada pero en conjunto del artículo 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14 y 1.15.
Estamos votando el texto del dictamen, pero no todo; solo la parte para la que nos ha pedido votación separada la señora Surroca.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los apartados.
Votamos ahora el dictamen completo salvo lo que acabamos de votar en este momento.
Por último, votamos el preámbulo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres; abstenciones una.
Con ello, hemos terminado. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos.

References: artículo 7
 artículo 11
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 1