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Timestamp: 2018-11-16 01:49:19+00:00

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Educación Archives - Profesores en acción
El curso pasado vino marcado por la firma, en enero, de un Acuerdo Sectorial que abría el camino de la recuperación de las condiciones laborales y los derechos perdidos por los docentes madrileños durante los años de crisis, y la aplicación de un nuevo modelo de calendario escolar que incluía, como principal novedad, el adelanto de los exámenes de septiembre a junio y que, sin duda, no ha sido del agrado de muchos.
El inicio del curso ha sido, y sigue siendo,
intenso en lo sindical e interesante en lo profesional
Por su parte, el inicio del curso 2018-2019 ha sido, y sigue siendo, intenso en lo sindical e interesante en lo profesional. Son muchos los frentes abiertos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, donde estamos negociando, en diferentes Mesas Técnicas de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario, cuestiones como:
Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2019. Tasa de reposición y de estabilización.
Proyecto de decreto por el que se regula la ordenación y organización de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid.
Oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación. Se convocarán en octubre 48 plazas, con la intención de que la primera prueba se celebre antes de Navidad y que todo el proceso selectivo esté finalizado en el mes de abril.
Convocatoria de Cátedras en Centros Superiores de Música y Danza.
Flexibilización del periodo de prácticas en caso de maternidad, bajas de larga duración por incapacidad temporal o circunstancias especiales.
Líneas prioritarias de formación del profesorado. Convocatoria de seminarios, proyectos de formación en centros y aulas europeas. Planes de formación de los centros de la Red de Formación del Profesorado.
Constitución de los Comités de Seguridad y Salud en las Direcciones de Área Territorial.
Constitución de la Subcomisión de Igualdad del personal funcionario docente.
Desde ANPE-Madrid hemos solicitado, además, la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Sectorial para que la Administración informe de la distribución de los cupos adicionales, correspondientes a este curso, para atención a la diversidad, apoyos, desdobles, refuerzos, reducción de carga lectiva, etc.; y de la convocatoria de promoción a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
Como muchos se temían y ya vaticinaron en su momento, el Pacto Educativo consumó su fracaso sin llegar a ningún tipo de acuerdo. La razón fue económica, pero podía haber sido cualquier otra que enmascarara la falta de interés por sentar las bases de la ansiada y verdadera reforma educativa. De nuevo nos olvidamos de nuestros alumnos y, por ende, del futuro de nuestra sociedad.
Han pasado casi dos años desde que el Pleno del Congreso ratificara la creación de la Subcomisión encargada de buscar un Pacto de Estado Social y Político para una Ley Básica de Educación. Por aquel diciembre de 2016, un halo de esperanza se vislumbraba entre el profesorado, cansado de los vaivenes educativos a que nos sometía la clase política. Por fin, parecía que todo el mundo era consciente de la importancia de una estabilidad en el sistema educativo que impidiera la utilización de la educación con fines electoralistas. Durante sus casi dos años de existencia, unos 80 expertos expusieron sus puntos de vista sobre los aspectos que debía contemplar una nueva legislación educativa, comenzando con la comparecencia de nuestro presidente nacional, Nicolás Fernández Guisado.
El proyecto de ley contribuye aún más a la desvertebración
del sistema educativo y a las diferencias
entre comunidades autónomas
Cuando todos nos creíamos que la educación sería aparcada hasta la proximidad de las futuras elecciones, las distintas fuerzas políticas se descuelgan con diferentes y sorprendentes propuestas que no pusieron encima de la mesa durante todo este largo proceso de negociación. Por desgracia, entre ellas no se encuentran las tan necesarias y reivindicadas por ANPE, ley de la profesión docente y el estatuto del profesorado.
Así, para derogar algunas de las medidas del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que afectaban gravemente a la calidad del sistema educativo y a su profesorado, el actual Gobierno presentó este pasado mes la llamada Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia. Este proyecto de ley permite que sean las comunidades autónomas, y no el Ejecutivo central, las que determinen el número de horas de clase que debemos impartir los docentes, contribuyendo aún más a la desvertebración del sistema educativo y a las diferencias entre las comunidades autónomas ya palpables, por ejemplo, a nivel salarial a pesar de ser cuerpos funcionariales de carácter estatal. Por ello, la permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó dos propuestas de ANPE: por un lado, que el horario máximo lectivo sea de 18 horas en Secundaria y de 23 horas en Infantil y Primaria, y por otro, que las ausencias del profesorado sean atendidas desde el primer día en este curso escolar.
“La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para preguntar sobre la presunta discriminación lingüística a los castellanohablantes en los centros educativos de la región, a raíz de una queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe. (24-4-18)”
Como vemos llueve sobre mojado, sin que los gobiernos españoles hayan querido poner el paraguas. Desde 2015 hay sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como del Tribunal Supremo de que, en aras al equilibrio lingüístico, al menos el 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano. A ver si desde Europa hacen entrar en razón al Gobierno español, se consigue que se cumplan las sentencias y colateralmente se corrige otra injusticia, que no es otra que la vulneración del principio constitucional de IGUALDAD, en el acceso a la función pública docente, al establecer como requisito el idioma cooficial de la región convocante del proceso selectivo.
Si una plaza se ha obtenido con una concurrencia 1/5,
no se puede equiparar en el futuro a la obtenida
en el mismo proceso con una concurrencia 1/25
El artículo 23.2 de nuestra Constitución dice: “Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.”
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 55 relativo al acceso al empleo público dice: “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico”. Trasladado al empleo docente, nos regimos por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, que dentro de sus principios rectores nos vuelve a decir en su artículo 2: “Todos los procedimientos regulados en este Reglamento se realizarán mediante convocatoria pública y en ellos se garantizarán, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”.
El Real Decreto es de aplicación en toda España, al ser norma básica, y conforme al mismo se hacen las convocatorias de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades que hacen las distintas administraciones educativas, al estar trasferidas las competencias en materia educativa. El baremo de méritos regulado en la norma estatal es igual para todas las administraciones, con un pequeño margen de competencia autonómica de dos puntos, sobre diez, en el apartado de otros méritos. De igual forma, el desarrollo de las pruebas está sujeto a los mismos temarios y con un estrecho margen de variación en el proceso, dentro de unos límites básicos.

References: artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 55
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto