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Timestamp: 2017-04-24 01:38:55+00:00

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Héctor Zarauz López, Petróleo mexicano, Revolución mexicana y dialéctica de imperios (2), El Catoblepas 71:4, 2008
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org El Catoblepas • número 71 • enero 2008 • página 4
Petróleo mexicano, Revolución mexicanay dialéctica de imperios (2): el casodel petróleo durante el gobiernode Álvaro Obregón
«Le hemos puesto precio a nuestro reconocimiento; hemos marcado condiciones que ningún Gobierno debía pedir a otro, y a los cuales ningún Gobierno independiente puede acceder. Nosotros queremos abusar de las ventajas que las dificultades de nuestro vecino nos proporcionan para forzarlo a que admita bases ilegales y serviles. En vez de disminuir nuestras demandas, queremos hacer naufragar a un Gobierno que ha empezado su labor con la mejor buena fe, incitamos contra él la rebelión, y estamos dispuestos a hacerle la guerra.» John Kennet Turner, The Nation, Nueva York, Junio 1 de 1921, ‘Por qué no ha sido reconocido el gobierno de Obregón’.
Iniciamos la presentación de esta segunda colaboración invitada del historiador Héctor Zarauz López, con la cita del periodista norteamericano John Kennet Turner –que en el cuerpo del propio texto aparece– para marcar, así, el tono del análisis de Zarauz con el que complementa su interesante primera aproximación a la geopolítica del petróleo y la Revolución mexicana.
En esta segunda entrega –primera de 2008–, se ofrecen los pormenores en los que tal dialéctica geopolítica condicionó y determinó el curso de la política interna en la que, en la cresta de la revolución, y con una constitución, la de 1917, en plena vigencia histórica, el general Álvaro Obregón hubo de maniobrar en torno del petróleo mexicano y el artículo 27 constitucional de recientísimo cuño para obtener el reconocimiento de Estados Unidos hacia su gobierno.
A la postre, Estados Unidos fungió siempre como variable independiente en la política interna de México, al grado de que, de hecho, según nos lo permite advertir Zarauz, propició e intervino en la rebelión de Adolfo de la Huerta, miembro del gabinete de Obregón, contra Obregón mismo.
El General Álvaro Obregón fue presidente de la república de 1921 a 1924. Del 24 al 28 lo sucedió Plutarco Elías Calles. En 1928 mismo, Obregón, habiendo sido reelecto gracias a una modificación constitucional previa que así lo permitió, fue asesinado por un fanático católico (por un cristero).
En marzo de 1929, Calles creaba el Partido Nacional Revolucionario (PNR, hoy PRI). El Partido Comunista Mexicano era ilegalizado y el primer gran fraude electoral del siglo XX mexicano, orquestado contra José Vasconcelos, tuvo lugar, estando llamado, además, a sentar jurisprudencia. Diez años después, en 1938, Lázaro Cárdenas nacionalizaría la industria petrolera, cerrando así, según algunos, como Luís Cabrera, el «período largo» de la revolución mexicana (1910 a 1938).
En 2008 se cumplen, así, 70 años de la nacionalización petrolera mexicana orquestada por el general Lázaro Cárdenas del Río. Con esta medida, los perfiles externos de la nación política mexicana adquirieron su más alto grado de consistencia y definición. El siglo XX, en buena medida, fue, para México, el siglo de Lázaro Cárdenas y del cardenismo.
Entregas sucesivas de Los días terrenales, a lo largo de este 2008 que inicia, y en conmemoración de esos 70 años, estarán dedicadas al análisis histórico, político e ideológico del petróleo en México.
El petróleo fue en el México de la Revolución (entre 1911 y 1920), una cuestión de suma importancia en diversos aspectos: en lo económico, debido a los aportes que hacía esta industria a los ingresos de la federación; en el rubro legislativo por las reformas taxativas, leyes, decretos y demás que se emitieron en torno a esta industria; por otra parte la agenda de las relaciones exteriores del país (en particular con los Estados Unidos e Inglaterra) se vio determinada en buena medida por la cuestión petrolera, e incluso en lo militar se percibió la importancia de este asunto debido a las rebeliones armadas que se gestaron y asentaron en la disputa por el petróleo mexicano.
A partir del inicio del régimen de Francisco I. Madero y hasta la muerte de Carranza, las relaciones entre los gobiernos mexicanos y las compañías petroleras cambiaron el tono terso y amigable que se había dado durante el porfiriato por uno de disputa y, por momentos, de plena confrontación. Este cambio se inició con un proceso por fiscalizar y legislar sobre la industria petrolera, que hasta entonces había tenido manos libres para explotar ese recurso.
De esta forma Madero, en junio de 1912, emitió un par de Decretos referentes al pago del impuesto del timbre, mientras que Victoriano Huerta duplicó el monto de esta taxación. Sin embargo, las señales más decididas por establecer un nuevo sistema de cobro de impuestos se daría bajo el gobierno de Venustiano Carranza. Para abrir boca, cuando el gobierno constitucionalista estaba todavía recluido en Veracruz, por el embate de villistas y zapatistas a la ciudad de México, Carranza signó un Decreto el 7 de enero de 1915, que adjudicaba al gobierno la facultad de inspección y autorización de obras petroleras y añadía que en caso de desacato, dichas obras podrían ser destruidas.{1} Dos meses más tarde, el 19 de marzo, el mismo Carranza determinó la formación de una Comisión Técnica del Petróleo, que se haría cargo de todo lo referente a hidrocarburos y luego en abril del mismo año se ampliaron las atribuciones de las Inspecciones de Petróleo.
Estas medidas vendrían acompañadas de nuevas reglamentaciones, que se intentaron aplicar en estos años. Algunas de ellas fueron las siguientes: el Impuesto Especial del Timbre (13 de abril de 1917), que permitió a Carranza recaudar $1,374,541.47 entre mayo y junio de ese año. Luego se estableció el Impuesto sobre terrenos petrolíferos (19 de febrero de 1918), que pretendía hacer cobros sobre los terrenos y los contratos petroleros establecidos antes del 1° de mayo de 1917, equivalente al 5% de la producción, además de una renta anual de $5.00 por hectárea. Como es de suponerse, las compañías se resistieron sistemáticamente a tales disposiciones, según reconoció el propio Carranza en su informe presidencial de 1918.
Además de las disposiciones federales, los gobernadores de Veracruz (debemos tomar en cuenta que en ese estado se concentraba la mayor parte de la producción petrolera del país), primero Cándido Aguilar y después Adalberto Tejeda, tomaron algunas iniciativas en el sentido de cobrar impuestos estatales y municipales a las compañías petroleras. Algunos ejemplos son el Decreto del 3 de agosto de 1914, en el cual se establecía que no se podían ceder, arrendar o hipotecar terrenos, sin la autorización del gobierno estatal;{2} otro Decreto fue el de Enajenación y Arrendamiento de terrenos petrolíferos, del 15 de enero de 1916. Un ejemplo más lo tenemos en el Decreto del 15 de diciembre de 1917, también emitido por Cándido Aguilar, mediante el cual se establecía que:
«[…] el Estado de Veracruz y los municipios del mismo estado, recobran todos los derechos del subsuelo de todos los terrenos que por cualquier título les correspondan a puedan corresponderles, y todos los demás derechos de cualquier especie (…) a los señores S. Pearson and Son Limited.»{3}
Esto sin contar las multas a que se hicieron acreedoras las compañías por no sujetarse a las nuevas disposiciones.{4}
Desde luego, las principales reformas legales se dieron en la nueva Constitución de 1917, al introducirse los derechos obreros y establecerse la posesión y explotación de las materias del subsuelo en función del bien de la nación. Dichas reformas se concentraron en los artículos 3, 27, 123 y 130. Por ejemplo, en la fracción IV del artículo 27 se establecía la separación entre la propiedad del suelo y la del subsuelo, restituyéndose la última a la nación y anulando en consecuencia las disposiciones asumidas por los regímenes anteriores. Entonces las compañías impugnaron la retroactividad de la ley al considerarla confiscatoria, por lo cual se pospuso la aplicación de la misma hasta 1925.
Estas disposiciones tenían una doble intención, por una parte, la obvia de proveer de recursos al erario, a partir de una de las industrias más lucrativas y sin control que había en México. Pero, además de ello, estas medidas también tendían a la recuperación de la rectoría "real" del estado sobre este importante recurso natural.
Ante los intentos de control del nuevo gobierno, las compañías iniciaron un proceso de enfrentamiento y resistencia a las nuevas disposiciones gubernamentales. Una situación tal era inédita, en particular para la británica "El Aguila", cuyo dueño, Weetman Pearson, había sido uno de los inversionistas favoritos del régimen porfirista.
A partir de entonces, las compañías petroleras ensayaron diversas tácticas para mantener sus privilegios. Esto incluyó desde la negociación con el gobierno mexicano, el reclamo por la vía diplomática, la morosidad en los pagos de impuestos, una campaña de descrédito en contra del gobierno en la prensa, la interposición de amparos, hasta la amenaza.{5} Por otra parte, era común la práctica de impedir el acceso de los inspectores a las instalaciones petroleras, o se les negaba información real sobre producción presentando datos falsos.
Además, para protegerse, las compañías formaron la Asociación de Productores de Petróleo en México, en 1918, la cual agrupaba a varias de las principales compañías petroleras, para así actuar en bloque y enfrentar al gobierno mexicano y sus medidas nacionalistas.
Toda esta resistencia, tuvo como efecto que los decretos carrancistas no fueran aplicados plenamente, pues las compañías contaban además con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, el cual, entre otras acciones, envió una nota de inconformidad contra la legislación petrolera, el 28 de diciembre de 1918.
Sin embargo, el ejemplo más claro del conflicto se observó cuando las compañías financiaron movimientos armados en contra del gobierno carrancista con la intención de, por una parte, sustraer al control militar del gobierno los campos petroleros y, así, evitar controles y fiscalización, y, por otra, crear una situación de inestabilidad, lo cual servía de argumento a los reclamos de las compañías, además de mantener bajo control a grupos armados que de cualquier manera realizarían actos de pillaje.
El ejemplo más notable de esta situación fue el de Manuel Peláez en los límites de Tamaulipas y Veracruz, pero también el de Cástulo Pérez en el sur veracruzano. Estos rebeldes actuaban simulando ataques a las instalaciones petroleras y poblaciones circunvecinas obteniendo cuantiosos botines, aunque en realidad el objetivo de estos grupos era impedir que las tropas federales tuvieran el control sobre el territorio ocupado por las compañías, o bien que otros grupos rebeldes atacaran las propiedades petroleras. Su misión final era asegurar que la explotación del petróleo, bajo ninguna circunstancia, se viera detenida.
Mientras tanto, las compañías fingían haber sido forzadas a otorgar préstamos y proveer de bienes diversos a los rebeldes, cuando era un secreto a voces que existía un acuerdo de beneficio mutuo.
Por si todo ello no fuera suficiente, las compañías instigaron al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas más drásticas, tales como la de enviar tropas de resguardo, e incluso a proceder a la invasión con el fin de deponer al gobierno revolucionario.
Esta disputa entre gobierno mexicano y compañías extranjeras tenía como telón el desarrollo de la I Guerra Mundial, que había conferido un carácter estratégico al petróleo. Para entonces, los mantos petrolíferos de Rumania (por la invasión alemana) y de la Unión Soviética (debido a la Revolución bolchevique) habían quedado sustraídos del mercado mundial, mientras que nuestro país se había convertido en el segundo productor mundial, ello hacía de México y su petróleo una pieza fundamental en el resultado de la contienda europea.
Bajo el régimen de Alvaro Obregón (1920-1924), algunas circunstancias del contexto petrolero persistieron, pero también se dieron algunos cambios, sobre todo en el ámbito internacional gravitaron nuevas situaciones.
Para empezar, el conflicto armado en Europa había concluido desde los finales de 1918. El fin de la guerra había propiciado que el petróleo mexicano dejara de tener un carácter vital para las potencias, por lo menos en términos militares. Sin la presión del abasto energético para ganar la contienda, las potencias, en particular Inglaterra y Estados Unidos, se abocaron a buscar nuevas fuentes de este recurso en lugares con situaciones políticas menos complicadas que la mexicana, en donde las compañías se sentían asediadas por las legislaciones nacionalistas de los nuevos gobiernos, mismas que consideraban totalmente confiscatorias. De esta forma se hicieron exploraciones que resultaron exitosas en lugares como Arabia o Venezuela, que se convertirían en proveedores del combustible.
Al perder el petróleo mexicano su carácter de estratégico, el gobierno de Obregón careció de un elemento de negociación ante las compañías, con el que sí había contado Carranza.
La misma finalización de la I Guerra Mundial, permitió a los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos concentrarse en asuntos diplomáticos, que habían quedado de lado por la cuestión de la guerra, como por ejemplo la pugna de las compañías petroleras en México.
En la nueva presión que ejercerían las compañías y sus gobiernos, influyó el hecho de que en Estados Unidos la administración había sido asumida en 1921 por Warren Harding, del Partido Republicano, tradicionalmente más conservador y que mostraba poca simpatía hacia los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana.
La situación para Obregón se complicaba en este plano pues no contaba con el aval diplomático de los Estados Unidos. Por ello, el gobierno mexicano se empeñó en obtener el reconocimiento estadounidense que le daría prestigio internacional, pero que sobre todo consideraba una vacuna ante posibles contendientes dispuestos a desafiarlo, como se vio en diciembre de 1923 con la rebelión de Adolfo de la Huerta.{6}
A partir del momento en que Obregón asumió el poder, las presiones de las compañías petroleras y del gobierno de los Estados Unidos se incrementaron. En los siguientes cuatro años, la política petrolera de México quedaría marcada por los reclamos de las compañías en materia legislativa, esto definiría buena parte de las relaciones con el exterior, y los retrocesos de nuestro país en esa materia fueron claros.
Así pues, la cuestión diplomática no era menor y su solución pasaba por un arreglo con las compañías petroleras, que se mostraban más que inconformes con la nueva legislación. El gran problema para el gobierno mexicano era que acceder a tales demandas significaba una política fiscal y legislativa inversa a la que se había planteado hasta ese momento, lo cual sería una contradicción al discurso revolucionario.
Entre 1921 y 1924 se dieron tres encuentros formales, y varias señales de carácter fiscal, que tenían como fin destrabar la cuestión del reconocimiento diplomático y de los reclamos petroleros.{7}
En enero de 1921, Alberto J. Pani (entonces ministro de Relaciones Exteriores), se habría reunido en Estados Unidos con un Comité presidido por el Senador Albert Fall con la intención de interpretar los artículos de la Constitución Mexicana, lo cual era una deferencia hacia los norteamericanos, por decir lo menos.{8} El gobierno mexicano aportó además otra prueba de sus deseos de entendimiento y ese mismo mes se concedieron nuevos permisos para que continuaran las perforaciones de pozos, que el Gobierno de Carranza había suspendido.
Las compañías no quedaron del todo satisfechas y se reunieron en Galveston, en marzo de ese año (1921), para discutir la situación legislativa de México. La Asociación de Productores de Petróleo en México, acordó rechazar la posibilidad de reconocimiento diplomático a México, pues según ella no había plenas garantías para los ciudadanos norteamericanos y porque no aceptaba la aplicación del artículo 27.{9} Rápidamente, los petroleros pasaron del campo de las declaraciones a las acciones: se ampararon contra los impuestos de producción y arrendamiento, y cancelaron sus pagos, de manera que para el mes de abril las compañías ya adeudaban 15 millones de pesos.{10}
Para avivar la disputa, el gobierno mexicano emitió un Decreto el 21 de mayo (1921) que establecía un impuesto a la producción ad valorem del 10%. Esto desde luego no ayudaba a encontrar un ambiente de concordia.
Para buscar una "salida" al problema, los Estados Unidos propusieron el 27 de mayo la firma de un Tratado de Amistad y Comercio en el cual prácticamente se proponía que se hiciera inaplicable el artículo 27, sosteniendo la tesis de que todas las propiedades petroleras adquiridas antes de que entrara en vigor la Constitución de 1917, deberían seguir rigiéndose por la Constitución de 1857.
Quedaba más que claro, desde entonces, que el reconocimiento diplomático estaba sujeto a las seguridades que debía otorgar el gobierno mexicano a la industria petrolera, pero también a otras cuestiones como el pago de bonos de deuda a banqueros americanos, el detenimiento de la reforma agraria y los pagos a ciudadanos norteamericanos por daños ocasionados por la Revolución. Así, la cuestión del petróleo y el reconocimiento diplomático se convirtieron en una gran presión para Obregón.
En principio, el gobierno mexicano se negó a firmar tal propuesta hasta que no se diera el reconocimiento diplomático primero, además, la propuesta norteamericana contravenía el nuevo orden constitucional.
Aún más, Obregón pareció pasar al ataque y el 7 de junio de 1921 emitió un Decreto que establecía un impuesto de exportación del petróleo.{11} Este nuevo impuesto propició la inconformidad de los petroleros; enseguida vinieron las presiones: las empresas organizaron paros, realizaron despidos masivos y elevaron una protesta ante el Departamento de Estado en su país.
En respuesta, el gobierno mexicano hizo público su rechazo al Tratado de Amistad y se ratificó, con inusitada vehemencia, que el impuesto de exportación no sería derogado. El propio Presidente Obregón insistió, una y otra vez, que se respetaría el impuesto de exportación petrolera.{12} Incluso el presidente envió un Acuerdo a la Secretaría de Gobernación, a fin de dirigir un mensaje a los gobernadores de Veracruz y Tamaulipas, en el sentido de defender a los obreros despedidos injustamente por las compañías petroleras.{13}
A fin de encontrar una solución al problema se dio una segunda reunión entre los productores norteamericanos y el gobierno mexicano en el mes de agosto. Los delegados petroleros eran Walter C. Teagle de la Standard Oil Co., H. F. Sinclair de la Sinclair Oil Co., Edward L. Doheny de la Mexican Petroleum Co., Amos Beaty de la Texas Pet. Co. y J. W. Van Dyke de la Atlantic Refining Co., acordando no derogar el impuesto y hacer los pagos de manera trimestral; por su parte el gobierno mexicano concedía en que continuaran los trabajos petroleros y suspender los procedimientos de embargo, mientras la aplicación del artículo 27 quedaba en suspenso, según se supo por la prensa.{14}
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a resolver los amparos promovidos por las empresas petroleras revirtiendo las disposiciones del gobierno carrancista. En este sentido fue muy importante el caso de la Texas Oil y otras cuatro compañías petroleras, resuelto el 30 de agosto de 1921, pues ahí se fijó la interpretación del artículo 27, en el sentido de que no era retroactivo.
Por si fuera poco, el gobierno mexicano, en un afán de congraciarse con los Estados Unidos, había propiciado revertir la incautación de los bancos de emisión, intervenidos por el gobierno de Carranza, y además se habían hecho arreglos para realizar el pago de la deuda contraída con esos bancos. Otra muestra de la «buena fe» mexicana fue la ampliación del plazo para recibir las reclamaciones por daños ocasionados durante la Revolución. Pero todas éstas no fueron consideradas como prueba suficiente y los petroleros volvieron a la carga cuando se planteó la cuestión del reconocimiento diplomático al gobierno mexicano.
En esos días se dio un ejemplo del tipo de disputa legal que se llevaba a cabo al conocerse la propuesta de Ley Reglamentaria del Artículo 27, que la Cámara de Diputados había presentado. Esta propuesta, aunque establecía que los mantos petrolíferos eran un bien de la nación, también señalaba, en su artículo 5°, que en aquéllos terrenos sobre los que se hubieran realizado trabajos o manifestado deseos de realizarlos hasta el 1 de mayo de 1917, se mantendría la concesión.{15} Esto, en la práctica, hacía inaplicable el artículo 27 en la mayor parte de los terrenos petrolíferos, sin embargo los Estados Unidos continuaron sin otorgar el reconocimiento diplomático.
En su calidad de Secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta intentó una vez más de coadyuvar a la solución del problema al viajar a Estados Unidos (en mayo de 1922) para reunirse con los petroleros por tercera ocasión. En esta oportunidad, se trató la cuestión de ampliar las exploraciones petroleras y la disminución en el pago de impuestos, llegando a algunos acuerdos. De esta forma se convino que las empresas pagarían sus impuestos tomando como base el petróleo «bunker» de Nueva York y que se fijarían cuotas mínimas de impuestos como garantía para el gobierno mexicano. Asimismo se había acordado una disminución del 18% en el pago de los impuestos, lo cual auguraba un arreglo entre ambas partes.{16}
Podemos considerar que otro encuentro relativo a la cuestión petrolera, se dio entre mayo y junio (1922) en Nueva York. Este se conoció como convenio De la Huerta-Lamont, en el cual el gobierno mexicano atendería las solicitudes de pago de adeudos con el gobierno y los banqueros de los Estados Unidos. Se aceptó entonces pagar a los banqueros los bonos de la deuda en su valor nominal (es decir al 100%) aunque en el mercado se cotizaban por debajo de la mitad, pero también se estipulaba que el producto total de los derechos de exportación pagado por las compañías petroleras, sería entregado como pago de los bonos de deuda bancaria a medida que fuera recaudado.{17} Con ello se intentaba que los banqueros presionaran a favor del pago de los impuestos petroleros.{18} La idea era que los petroleros pagaran sus impuestos al gobierno mexicano, para que éste pagara a los banqueros los bonos de deuda.
No obstante lo ominoso del acuerdo, De la Huerta lo evaluaría como positivo según informaría en una reunión de ministros al presidente Obregón:
«El éxito conseguido con los petroleros fue éste: Nos dejaron los puntos de principio a nosotros, que México tomara las formas legales que quisiera; querían ellos no perder [el control de la producción petrolera], es todo lo que piden. Tengo telegramas firmados por el Presidente de la Standard Oil y por el Presidente de la Huasteca, en los que dicen: ‘Ya sabe Ud. que nosotros no nos preocupamos por la cuestión legal, nos preocupamos por la cuestión comercial, que comercialmente no perdamos en nuestras inversiones en México’.»{19}
En todas estas discusiones, los petroleros habían postulado el desconocimiento y derogación del artículo 27, pero la estrategia seguida por los funcionarios mexicanos había consistido en pasar la discusión del área legislativa a la comercial, otorgando en ese sentido amplias garantías a los petroleros y banqueros.
Sin embargo, como los Estados Unidos habían percibido en todos estos encuentros la debilidad de Obregón, pospusieron la regularización diplomática hasta que se realizaron las conferencias en Bucareli.{20}
En cuanto a los ingleses, en 1922 se formó una Comisión que evaluaría los casos de reclamaciones británicas para el periodo 1910 a 1920, comprometiéndose el gobierno mexicano a realizar los pagos correspondientes, aunque persistía el problema en la negativa a aceptar el pago del préstamo de bonos, hecho a Victoriano Huerta.{21}
En octubre (1922), la situación de rechazo al proyecto de Ley Petrolera continuaba, por ello (en un acto de sumisión) el texto fue entregado por el propio Pani al encargado de negocios de Estados Unidos, Mr. Summerlin. Más aún, el gobierno federal, a través de Miguel Alessio Robles, Secretario de Industria y Comercio, determinó declarar ilegal el impuesto de 2% a la producción que se cobraba en el estado de Veracruz, inhabilitando además a los gobiernos de los estados para establecer taxaciones a refinerías o de otra naturaleza, pero de nuevo las compañías se manifestaron insatisfechas.{22}
Sin embargo, Summerlin se comunicaría con Pani en noviembre de 1922 para informarle que el proyecto de Ley era considerado por su gobierno como «enteramente inadecuado para la protección de los derechos legalmente adquiridos por los ciudadanos americanos.» Ante tal actitud, Pani contestaría que, por instrucciones del Presidente, consideraba «que el decoro y la Soberanía de la nación lo incapacitan absolutamente para aceptar que las leyes –que son de la exclusiva competencia del Poder Legislativo federal– reciban censura previas de gobiernos de otros países.»{23}
Como se puede observar, los contactos entre petroleros estadounidenses y el gobierno mexicano fueron difíciles y no solucionaron el problema de fondo. Sin embargo, las compañías parecían ganar terreno en algunas cuestiones como lo demuestra el conflicto por el predio Juan Felipe. Consistió éste en la disputa por un terreno en la huasteca entre Doheny y un grupo de campesinos mexicanos, y cuyo fallo fue en favor del estadounidense. Otro ejemplo fue la solución de manera más o menos violenta de una huelga petrolera en Veracruz. A cambio de tantos beneficios, Doheny aceptó hacer préstamos por cinco millones de dólares a cuenta de futuros impuestos.{24} Tratando de aprovechar el "buen ambiente", en diciembre se emitió la Circular N° 49 mediante la cual se disponía que los adeudos del impuesto de exportación debía liquidarse en oro nacional en el Banco Nacional de México.{25}
Sin embargo, hacia 1923 la situación no había cambiado del todo. No obstante las concesiones y acuerdos logrados, las compañías no quitaban el dedo del renglón en lo que consideraban lo fundamental, es decir la anulación de la Ley Petrolera y el reconocimiento diplomático. Por ello seguían reteniendo el pago de impuestos como forma de presión.
El 26 de abril, después de un intenso proceso de encuentros y desencuentros con los petroleros, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que en su artículo 5° confirmaba los derechos de los petroleros adquiridos con anterioridad a 1917, pero se cambiaban los títulos por concesiones de 50 años; el proyecto pasó al Senado, lo cual alarmó más a la Asociación de Productores de Petróleo en México. Esto sucedía de manera paralela a las conferencias de Bucareli, lo cual influyó definitivamente para congelar la iniciativa.
Cabe considerar que el gobierno de Obregón habría buscado una salida al dilema del reconocimiento y la legislación petrolera, sobre todo a través de Pani y De la Huerta entre 1921 y 1923. Insistentemente, Pani argumentó en el sentido de que el gobierno mexicano no aplicaría el artículo 27 de una manera confiscatoria y retroactiva, añadiendo que bajo el gobierno de Obregón la producción petrolera había aumentado un 57.7% sin que la legislación hubiera sido un obstáculo.{26} Sin embargo, hasta entonces los resultados habían sido más bien magros.
No obstante que la belicosidad de las compañías había disminuido con respecto al gobierno de Carranza, éstas siguieron considerando una «opción cero» ante las "negativas a transigir" del gobierno mexicano, y que, claro es, se centraban en una invasión armada. Así, de acuerdo a Josephus Daniels, Secretario de Marina, en enero de 1921, Doheny insistió ante Washington en la necesidad de invadir México.
Posteriormente se supo que los petroleros habrían intentado provocar un incidente armado a través de un jefe rebelde como Daniel Martínez Herrera, quien finalmente fue disuadido por el General Guadalupe Sánchez, y el General Chao.{27}
Por otra parte, se decía que el grupo llamado «Big Five» (de cinco compañías petroleras), estaban en disposición de apoyar un movimiento armado que tendría al General Pablo González a la cabeza, o bien un movimiento con Esteban Cantú comandándolo en Baja California y otro con Manuel Peláez quien había estado en Estados Unidos en julio de 1921.{28} Al terminar 1921, la situación se distendió cuando Obregón reiteró que respetaría los derechos de los petroleros, entonces éstos fueron más moderados y desecharon la posibilidad de una intervención armada o la de financiar abiertamente a grupos rebeldes.
En este mismo plano, el representante inglés, Mr. Cummins, mencionaba desde 1921 la necesidad de una invasión. No por nada, entre agosto y octubre de ese año, el gobierno mexicano solicitó que el diplomático fuera retirado de nuestro país.
Sin embargo, un viejo conocido de "El Aguila", el rebelde Cástulo Pérez, que entre 1916 y 1920 había mantenido una relación casi comercial con la compañía, se levantó en armas de nuevo hacia mediados de 1922 en el sur de Veracruz. Dada una cierta inercia en su relación con "El Aguila", Pérez obtuvo recursos y ayuda de carácter logístico (aunque ciertamente no como antes). Esta nueva aventura del rebelde terminó con su muerte pocos meses después.
Las animosidades de las compañías petroleras no terminaron del todo, no obstante las garantías obtenidas por parte del gobierno obregonista. En más de un sentido aspiraban a volver al viejo régimen de manos libres sobre los recursos petroleros.
Una nueva ocasión de poner en práctica la opción cero se dio a partir de diciembre de 1923 cuando dio inicio la rebelión delahuertista. Las compañías petroleras, en especial "El Aguila", estaban deseosas de que Adolfo de la Huerta triunfara pero el gobierno estadounidense había dado amplias garantías a Obregón. De tal manera, las compañías se vieron obligadas a mostrarse públicamente en apoyo del gobierno, pero en privado deseaban, e incluso apoyaron, tibiamente, a los rebeldes.
Durante la rebelión, la compañía "El Aguila" no estuvo ajena del todo, y, aunque trató de ocultar su participación, no pudo ni quiso sustraerse.
La presencia de los ingleses se dio sobre todo en el proveimiento de combustible, incluso de manera gratuita, a los rebeldes en el sur de Veracruz. Uno de los ejemplos fue el envío de 15,000 barriles de combustible para el ferrocarril que ofreció el superintendente de marina de "El Aguila", y que fueron transportados en el barco «San Antonio». Un nuevo envío, de 1,000 cajas de gasolina se haría en el pailebot «Armandito» hacia Frontera.{29}
Asimismo facilitó la transportación de tropas rebeldes en la flota petrolera. Por el contrario, "El Aguila" no cooperó en el traslado de los gobiernistas, como le sucedió al general Belmar a quien se negó un navío para movilizar tropas por el río Coatzacoalcos, mientras los rebeldes tenían a su disposición los vapores «San Leonardo», «San Antonio», «Cernícalo» y «Coloso». Incluso se consideró que la compañía llegó a proporcionar fondos monetarios a los jefes rebeldes.{30} Una prueba de ello es que los rebeldes habían solicitado dinero a "El Aguila" para el pago de tropa, lo cual fue aceptado bajo el argumento de que de cualquier forma tomarían el dinero.{31}
Con todo, los petroleros cooperaron con el gobierno de Obregón al adelantar el pago de impuestos, sin embargo, debe entenderse que esta ayuda de las compañías se daba obligada por las circunstancias.
Al concluir la rebelión, en marzo de 1924, se inició una investigación sobre la participación de "El Aguila" en el conflicto, y el propio Obregón lanzó una acusación contra la compañía por tráfico de armas, transportación de rebeldes y obstrucción a los funcionarios gubernamentales. Tal fue el caso del barco "Egma" que aparentemente llevó pertrechos a los rebeldes en Coatzacoalcos.{32} Entonces las acusaciones de Obregón fueron concluyentes:
"El gobierno posee datos suficientes para demostrar que los principales jefes de la compañía de petróleo El Aguila, han prestado franco y decidido apoyo al movimiento rebelde que encabezó don Adolfo de la Huerta."{33}
El subdirector de la compañía, Robert D. Hutchison, pidió entonces audiencia con el Presidente para esclarecer los hechos,{34} y después el gerente general, Mr. Deterding, dio una explicación a Alvaro Obregón, en el sentido de que si algún trabajador de la compañía se había inmiscuido en la rebelión, éste sería cesado.{35}
No obstante las explicaciones, Alvaro Obregón aprovechó las evidencias en contra de El Aguila y la Gran Bretaña, para ajustar cuentas; fue así que Mr. Cummins, tan largamente estorboso en las relaciones diplomáticas anglo-mexicanas, debió salir del país. Luego vendría la expulsión de Arthur Roddick, superintendente de la marina de El Aguila en Coatzacoalcos.{36}
Propaganda y cabildeo. Lobbying in the States
Además de las reuniones diplomáticas y el sistema de prebendas, Obregón ensayó otra táctica a fin de obtener el reconocimiento diplomático y quitarse la presión de las compañías petroleras, ésta consistió en propiciar la división entre las compañías petroleras.
De tal forma, Obregón hizo un movimiento a través de J. F. Guffey, quien controlaba la Atlantic Gulf and West Indies, y que repetidamente hizo declaraciones contrarias al resto de las empresas, a cambio de generosas concesiones.{37} La campaña orquestada con compañías medianas incluyó protestas de varios productores norteamericanos ante el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos por su intervencionismo en México. Por su parte, la Link Oil Corporation apoyó la aplicación de los impuestos de exportación establecidos por Obregón.{38}
El gobierno mexicano, además, llevó a cabo una campaña de cabildeo y de prensa en los Estados Unidos, que incluyó entrevistas a Obregón para la cadena de periódicos de Hearst, así como algunos libros de Dillon y Woolsey, que denunciaban la política imperialista del gobierno norteamericano y las compañías petroleras. Entre los periodistas contratados por el gobierno mexicano figuraban Joseph De Courey del New York Times, Julio Trens de la cadena Hearst, Alfredo Hart del London Times.{39}
Algunos de los argumentos más inteligentes y críticos fueron los expresados por John Kenneth Turner, señalando el ventajismo e injusticia en las posiciones norteamericanas, así como los intereses de banqueros y petroleros que estaban atrás del Senador Fall y la posición oficial de los Estados Unidos. Turner decía:
«…Le hemos puesto precio a nuestro reconocimiento; hemos marcado condiciones que ningún Gobierno debía pedir a otro, y a los cuales ningún Gobierno independiente puede acceder. Nosotros queremos abusar de las ventajas que las dificultades de nuestro vecino nos proporcionan para forzarlo a que admita bases ilegales y serviles. En vez de disminuir nuestras demandas, queremos hacer naufragar a un Gobierno que ha empezado su labor con la mejor buena fe, incitamos contra él la rebelión, y estamos dispuestos a hacerle la guerra».{40}
La campaña incluyó a las Cámaras de los Estados Unidos; por ejemplo, el gobierno mexicano contaba con el apoyo del Senador Republicano y ex gobernador de Dakota del Norte, Mr. E. F. Ladd y el Senador Borah. En ese tenor, se otorgaron recursos a Ladd para que pronunciara un discurso en el Senado, mismo que había sido redactado en la embajada mexicana y pronunciado en la sesión del 19 de julio de 1922; por si fuera poco, se imprimieron 20 mil ejemplares de ese texto que se repartió en embajadas, consulados, bibliotecas, universidades y en la prensa. Como se puede imaginar, el escrito constituye una apología del régimen obregonista y una justificación a su reconocimiento diplomático.{41} También el ex Senador de Arizona, Mr. Schleimer, solicitó el reconocimiento para Obregón.
La propaganda mexicana incluyó a las cámaras de comercio, incluso se habría hecho un contrato con Fox Film Corporation para hacer una serie de películas que promocionaran la imagen de México mostrando la industria nacional así como sitios arqueológicos, para transmitir un ambiente de estabilidad.{42}
Sin embargo, este recurso tampoco pareció tener demasiado efecto.
No se puede dejar de lado que a este ambiente de enorme presión por parte de las compañías y el gobierno de Estados Unidos, así como la limitada aplicación de las legislaciones petroleras, también había contribuido el hecho de que el propio Obregón estaba comprometido fuertemente con las compañías petroleras, pues éstas en parte lo habían financiado, y como hoy bien sabemos, este tipo de dádivas suelen cobrarse ampliamente.
El 15 de mayo de 1920, Alvaro Obregón habría recibido fuertes cantidades de dinero por parte de las compañías petroleras, en la inteligencia que ese dinero sería aplicado al futuro pago de impuestos.
La «aportación» se había dado en el siguiente contexto. Un día antes, el 14 de mayo, se efectuó una reunión entre las compañías petroleras (T. J. Ryder y Luis Riba por parte de "El Aguila"), para comentar el ambiente político y los requerimientos económicos del General Obregón, quien solicitaba a través de los Senadores Reynoso e Hidalgo, un préstamo para cubrir las necesidades de pago de tropa.
En la propia reunión, el Lic. Castelazo, representante de la Huasteca, manifestó que su compañía proporcionaría 100 mil pesos en efectivo, pues lo consideraba conveniente en función de sus intereses. Mientras tanto, el resto de las compañías se reservaron la decisión de hacer la aportación hasta haber hecho las consultas pertinentes.
Fue entonces que Riba y Ryder acordaron, ante la evidencia de que Obregón sería el nuevo Presidente de la República, hacer una aportación directa por $200,000 por parte de "El Aguila" para Obregón, obviando la intermediación de Hidalgo y Reynoso y duplicando en consecuencia el ofrecimiento de la Huasteca Petroleum Co., a quienes, además, se adelantaría en la entrega del dinero.
Al día siguiente, el sábado 15 de mayo el propio Ryder se entrevistó con Alvaro Obregón por la mañana. Durante esa entrevista Ryder dijo que El Aguila hacía esa aportación deseosa de contribuir al establecimiento de un Gobierno serio y fuerte que diese amplias garantías a los intereses petroleros. Ryder agregó que hacía el ofrecimiento exclusivamente a nombre de su compañía.
El Caudillo, a quien debieron haber brillado los ojos, (¿quién podía resistir un cañonazo de 200 mil pesos?), aceptó gustoso el ofrecimiento; manifestó entonces que era su deseo arreglar los problemas de la industria petrolera, pues consideraba trascendental para el país estimular y proteger al capital extranjero sin afectar los intereses nacionales.
Como notara nervioso a Ryder, confirmó que no asumiría una política radical y que su gobierno, si resultaba electo, «llegaría a un perfecto acuerdo con todos los buenos elementos del país, y especialmente con la industria petrolera,» además quería cambiar la mala imagen proyectada al exterior por Carranza.
Más tranquilo entonces, Ryder entregó un cheque del Canadian Bank of Commerce a Obregón en propia mano. El Caudillo se mostró complacido, reiteró sus deseos de mantener buenas relaciones con los petroleros y esperanzas de que todo lo que suscitara la legislación petrolera en el futuro llegaría a un feliz acuerdo para ambas partes.
Como ese día Obregón andaba de suerte, recibió por la tarde a los señores Castelazo y Charles quienes, a nombre de la Huasteca, le aportaron $100,000.00, sin que el General mencionara el encuentro con los emisarios de El Aguila.
Pero la exitosa jornada no había terminado ahí, pues Mr. Moore, de la Standard Oil, se comunicó con Ryder para informar que el resto de las compañías estaban animadas a proporcionar a Obregón hasta $1.000.000,00.
Un mes más tarde, se dio otra reunión entre Obregón y El Aguila, en esta ocasión representada por el Sr. Montes, quien comentó que los militares a cargo de las zonas petroleras seguían pidiendo dinero a las compañías, como Peláez que había recibido 200 mil dólares. Obregón se puso furioso al saber de tales extorsiones.
El Caudillo se tranquilizó un tanto cuando fue informado que José Inés Novelo, Presidente del Partido Liberal Constitucionalista, había pedido ayuda para financiar la campaña presidencial del propio Obregón. Aunque desestimó los procedimientos de Novelo (tal vez temiendo algún desvío de fondos), reconoció que cualquier ayuda al Partido sería una prueba de estima a su persona.{43}
Tales nexos y compromisos adquiridos por Obregón con las compañías, son también parte de la explicación de las limitaciones que se dieran durante su gobierno en materia petrolera.{44}
La presión sobre Obregón por el reconocimiento diplomático aumentó en 1923, cuando se empezó a ver que la sucesión presidencial ocasionaría un resquebrajamiento hacia el centro del gobierno; entonces, Obregón estuvo urgido de obtener el aval de los Estados Unidos y más dispuesto a ceder a sus pretensiones.
En ese marco se inscribieron las conferencias de Bucareli, que se desarrollaron entre marzo y agosto de 1923. En ellas se discutió la cuestión petrolera, y, como se sabe, los Estados Unidos propusieron la inhabilitación de la aplicación del artículo 27.
Después de las discusiones de rigor, los Estados Unidos, representados por Mr. Warren y Mr. Payne, accedieron a que los títulos de propiedad absoluta sobre el petróleo fueran convertidos en concesiones confirmatorias, en cambio, Obregón, a través de sus representantes, aceptaba que el artículo 27 no tendría carácter retroactivo en materia de petróleo, y también se aceptó de manera muy amplia la consideración del "acto positivo", esto es la validez de los denuncios petroleros anteriores a 1917. Además, se aceptaron como trabajos petroleros (lo que confería la no retroactividad de la Ley), la sola intención de realizarlos, más no necesariamente su ejecución. Por si fuera poco, también se acordó que el reparto agrario no tocaría los intereses extranjeros.{45}
Para el gobierno mexicano la principal funcionalidad de los acuerdos de Bucareli se mostró pocos meses después, durante la rebelión delahuertista, cuando el gobierno obregonista recibió todo el apoyo de armamento y tránsito de tropas mexicanas por territorio estadounidense.
Una vez logrados estos acuerdos, se reanudaron las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, luego de haber estado interrumpidas por más de tres años. A Obregón sólo le quedaría conservar el discurso revolucionario, cuajado de nacionalismo y demagogia, pues sabía que era imposible, en esas condiciones, llevar a cabo un programa mínimamente revolucionario o nacionalista en materia petrolera.{46}
La accidentada cuestión de la legislación petrolera y el reconocimiento diplomático, constituyó un pasaje delicado de nuestra historia contemporánea, en el cual el estado posrevolucionario, en plena consolidación, mostró todavía su debilidad al verse asediado por intereses extremadamente fuertes.
Resolver estos problemas, como se puede ver, resultó de lo más complejo. Las determinaciones tomadas por el gobierno mexicano no siempre fueron las más nacionalistas o autónomas, y, por el contrario, parecieron estar supeditadas a los intereses de las compañías extranjeras y sus gobiernos. Sin embargo, es importante considerar que las opciones que se le presentaron a Alvaro Obregón fueron muy limitadas, con un contexto internacional adverso y condiciones políticas internas de mucho riesgo.
Es por ello que Obregón y su gabinete se dieron a la tarea de fortalecer al Estado posrevolucionario a través de lo siguiente: leyes (como de hecho lo había intentado Venustiano Carranza), la obtención del reconocimiento diplomático del extranjero y también mediante la movilización social, como lo haría de manera más enfática Plutarco Elías Calles poco después.
En este sentido, es un momento en el que el gobierno mexicano trata de solidificar nuevas premisas legislativas que permitiera construir una base económica, y forjar un tejido político y social propio. No por nada éste es considerado como una etapa de reconstrucción.
Queda solamente considerar que, en este periodo se dio una coyuntura adversa para avanzar en la obtención de la soberanía nacional en materia petrolera; para que ello se diera, habría que esperar a 1925 cuando se dio la aplicación de la Ley petrolera y, finalmente, a 1938, cuando se efectuó la expropiación de esta industria con un enorme apoyo popular, marcando un nuevo rumbo en la historia de México.
Bassols, Narciso. El Pensamiento político de Alvaro Obregón. México, Editorial Nuestro Tiempo, 1967.
La Cuestión Internacional Mexicano-Americana durante el gobierno del General don Alvaro Obregón. México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1926.
De la Huerta y los Tratados de Bucareli, México, Editorial Porrúa, 1957.
García, Arturo F. Convenio De la Huerta-Lamont. Informe del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público al C. Presidente de la República y artículos relativos al convenio. México, Talleres Tipográficos, 1922.
Hall, Linda. Bancos, política y petróleo. Estados Unidos y el México posrevolucionario. México, Conaculta, 2005.
Legislación Petrolera. Leyes, decretos y disposiciones administrativas referentes a la industria del petróleo. 1783-1921, México, SEP, 1922.
Meyer, Lorenzo. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942, México, El Colegio de México.
La Verdad sobre la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. México, 1940.
Boletín de Valores Petroleros.
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
Archivo Fernando Torreblanca, Fondo Alvaro Obregón.
Archivo Fernando Torreblanca, Secretaría Particular.
Archivo General de la Nación, Fondo Obregón Calles.
Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos.
Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Public Record Office, Foreign Office.
{1} Ver el Boletín de Valores Petroleros, México, D.F., 13 de febrero de 1915, página 1.
{2} En Boletín de Valores Petroleros, México D.F., 19 de septiembre de 1914, página 1.
{3} En Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Córdoba, 22 de diciembre de 1917, páginas 1-2.
{4} Por mencionar sólo una tenemos que a finales de 1916 El Aguila fue multada varias veces por realizar trabajos en la refinería de Minatitlán sin la autorización correspondiente. Ver «Fuertes multas a la Compañía de Petróleo El Aguila», en El Pueblo, México D.F., 14 de enero de 1917. Sin embargo estos intentos locales por fiscalizar la actividad de las compañías, fueron nulificados por la legislación federal de Carranza.
{5} En ese sentido J.S. Hutchinson, cónsul británico, comunicaba desde enero de 1915 al encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores: «Sírvase comunicar al Gral. Carranza, mi más ardiente esperanza de que los rumores que llegan hasta mí de supuesta acción arbitraria contra la propiedad extranjera en los campos petrolíferos no sean ciertos; pues tal acción sería un gran golpe a la alta confianza que en su justicia y moderación habían concebido los súbditos británicos y crearía la más penosa impresión en Inglaterra.» En el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en lo sucesivo ARE), Exp. 16-14-26.
{6} El gobierno de Obregón obtuvo el rápido reconocimiento de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, España, Japón, China, &c., pero no el de Estados Unidos. Ver ARE, Exp. L-E-1573.
{7} Al respecto se puede consultar el libro de Linda Hall, Bancos, política y petróleo. Estados Unidos y el México posrevolucionario. México, Conaculta, 2005.
{8} Ver el New York Times del 7 de enero de 1921. También las notas de El Universal: «Cómo quiere Mr. Harding que se solucione el problema de México» y «El Gobierno no hará aplicación retroactiva del artículo 27», del 8 y 9 de enero de 1921 respectivamente. Era claro que los norteamericanos querían asegurar la no aplicación retroactiva del artículo 27.
{9} Ver «Lo que quieren pedir a México los petroleros» en Excélsior, México D.F., 20 de marzo de 1921, página 1.
{10} El amparo tramitado por los petroleros sería denegado por la Suprema Corte. Ver «15 millones adeudan las C. Petroleras», en Excélsior, México D.F., 10 de abril de 1921, página 1.
{11} Consistía este Decreto de una modificación de las tarifas de exportación, pues en los Considerandos se señalaba que los costos de producción eran demasiado bajos y para reanudar el servicio de la Deuda Pública. Ver: Legislación Petrolera. Leyes, decretos y disposiciones administrativas referentes a la industria del petróleo. 1783-1921, México, SEP, 1922, página 216.
{12} Ver «¡México no acepta!», en El Universal, México D.F., 9 de junio de 1921, página 1.
{13} Ver «Un grupo de compañías petroleras de Estados Unidos protesta por el Decreto que grava la exportación de aceite mexicano», en Excélsior, México D.F., 12 de junio de 1921, página 1. Como los productores ingleses no fueron requeridos y se sintieron marginados de las decisiones en ese respecto, pidieron se les informara de los detalles acordados. El propio Obregón ratificó las causas del impuesto de exportación, ver «Declaraciones del ciudadano presidente» y la entrevista concedida por el Presidente, en El Universal del 24 de julio y 18 de agosto de 1921.
{14} Ver en el Archivo General de la Nación, Fondo Obregón Calles (AGN-FOC), Exp. 104-P1-P-15. También la nota en Excélsior, "Las dificultades con los petroleros han terminado; el General Obregón será reconocido por Estados Unidos", México, D.F., 4 de septiembre de 1921.
{15} En Excélsior, México D.F., 1 de septiembre de 1921, páginas 1 y 4.
{16} Ver «Los Petroleros llegaron a un acuerdo» en Excélsior, México D.F., 4 de mayo de 1922, página 1. También «De la Huerta in New York confering on oil matters» en The Oil and Gas Journal del 22 de junio de 1922, página 40 y «En principio, el Sr. De la Huerta y los petroleros han llegado a un acuerdo», en Excélsior del 23 de junio de 1922, página 1.
{17} Ver García, Arturo F. Convenio De la Huerta-Lamont. Informe del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público al C. Presidente de la República y artículos relativos al convenio. México, Talleres Tipográficos, 1922, página 13. Paralelamente el Lic. Zubarán, Secretario de Industria y Comercio se manifestaba públicamente por no aplicar la ley de manera retroactiva. Ver el Diario de los Debates, del 26 de octubre de 1921, página 12.
{18} Al respecto Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942, México, El Colegio de México, 1981, página 184.
{19} Esto de acuerdo a la minuta de una reunión de Consejo de Ministros, efectuada el 4 de noviembre de 1922, para discutir la Ley Reglamentaria del Petróleo. Ver Archivo Fernando Torreblanca, Fondo Alvaro Obregón, Fondo 11, Exp. 137, Exp. Ley del Petróleo, Serie 040100, Inv. 4673, Leg 1/3, Fs. 16-17.
{20} Narciso Bassols señala bien que las intenciones de los Estados Unidos eran «vender a Obregón, lo más caro posible, el reconocimiento que éste anhelaba y que había dado, en octubre de 1915, al gobierno de facto de Carranza, a pesar de su intransigencia.» Ver El Pensamiento político de Alvaro Obregón. México, Editorial Nuestro Tiempo, 1967, página 55.
{21} Ver Public Record Office, Foreign Office (PRO-FO) 371, Vol. 7226, Fols. 101-205.
{22} Ver «Mexican taxation cuestion» en The Oil and Gas Journal, del 12 de octubre de 1922, página 10.
{23} En APEC, Exp. 147, Leg. 4/7, F. 226, Inv. 4490.
{24} Meyer, L. Op. cit, páginas 180-181.
{25} Diario Oficial, México D.F., 5 de diciembre de 1922, página 1297.
{26} Ver la correspondencia entre Pani y Summerlin, en La Cuestión Internacional Mexicano-Americana durante el gobierno del General don Alvaro Obregón. México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1926, página 109. Pani añadía que era la intención de Obregón suspender la vigencia de Decretos expedidos por Carranza que reglamentaban retroactivamente el artículo 27.
{27} Meyer, L. Op. cit, página 202. También en «No será derogado el impuesto sobre la exportación del petróleo», en El Universal del 16 de julio de 1921, página 1.
{28} Todo ello de acuerdo a la nota «Two vs Money groups in mexican plot», en New York American del 25 de enero de 1922. También debemos considerar que tal noticia era parte de la campaña de Obregón en Estados Unidos, pues éste era uno de los periódicos de Hearst. Este tipo de notas se prolongaron hasta marzo y en algunas de ellas se exigía el reconocimiento para Obregón. Ver el ARE, L-E-1574, F.221.
{29} Ver los informes enviados al general Guadalupe Sánchez, en Archivo Fernando Torreblanca (AFT), Secretaría Particular, Exp. 43, Leg. 6/15, F. 360; Leg. 8/15, F. 451; Leg 14/15, F. 814.
{30} Ver la carta de Alejandro Sánchez y Alberto Villa Corral a Alvaro Obregón, AFT, Exp. 28, Exp. Compañía de petróleo "El Aguila", Fondo 13, Serie 010214, Exp. 28,Inv. 1141, Fs. 6-7.
{31} Ver el informe de K. Dewar, capitán del «Capetown» en PRO-FO 371, vol. 9560, fols. 185-187.
{32} Ver carta de Alvaro Obregón a Amado Aguirre, Guadalajara el 23 de febrero de 1924, en AGN-FOC, Exp. 407-E-32. Para alimentar sus sospechas Obregón recibió el informe de Luis Lajous, inspector técnico del petróleo, quien reportaba que "El Aguila" otorgaba facilidades de transporte a los rebeldes, además los alzados habían incautado los vapores «San Leonardo» y «San Antonio», y los remolcadores «Coloso» y «Cernícalo», pero con la anuencia de "El Aguila" que además proporcionaba el combustible. En AGN-FOC, Exp. 101-R2-B-17.
{33} Véase la nota «Los petroleros norteamericanos y el gobierno de la Gran Bretaña no dieron ayuda a la última rebelión» en Excélsior, México, 16 de marzo de 1924, p.1.
{34} Véase «Charge against brittish firm», en The Times, Londres, 16 de marzo de 1924, «La compañía El Aguila rechaza todos los cargos» en Excélsior, México, 16 de marzo de 1924.
{35} Ver la correspondencia de Deterding y Obregón de marzo de 1924, en AGN-FOC; Exp. 407-E-32.
{36} Consúltese «Será expulsado del país un alto empleado petrolero» en Excélsior, México, 27 de marzo de 1924, p. 1.
{37} Meyer, L. Op. cit, página 162.
{38} Ver las cartas de J. H. Bass del 15 de junio de 1921, y la de J. W. Link del 15 de junio de 1921, a Obregón, ahí señala: «The great majority, however, of the oil producing people of the United States endorse your action fully, in placing this export tax upon oil», ambas en AGN-FOC, Exp. 104-P1-P-13.
{39} Meyer, L. Op. cit, página 187, y PRO-FO 371, Vol. 8470, Fs. 21-34. Algunos de los libros de Dillon son: President Obregón a world reformer y Mexico on the verge.
{40} Ver la nota «Por qué no ha sido reconocido el gobierno de Obregón», en The Nation, Nueva York, 1 de junio de 1921. La traducción del artículo se encuentra en APEC, Exp. 89, Leg. ¼, Fs. 51-54.
{41} Dicho impreso se puede consultar en ARE, Exp. 18-5-49.
{42} Ver el informe de Mr. Cummins, en PRO-FO 371, Vol. 8470, Fs. 21-34.
{43} Ver en el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, Caja 849, Exp. 1, Fs. 343-345, 402, 449-454.
{44} De hecho desde 1919 Obregón había mostrado una cara más amable hacia los petroleros al manifestar que era deseable posponer la discusión sobre la ley del Petróleo. Ver APEC, Exp. 1, F. 22, Inv. 755.
{45} Ver Bassols, Narciso. Op. cit, página 69. Rafael Trujillo, partidario de De la Huerta señala: «Obregón, pues, autorizó la firma de los Tratados de Bucareli; para opacar el éxito de De la Huerta que había gestionado el reconocimiento sin tratado previo; para restarle fuerza política; para impedir que los Estados Unidos le consideraran el eslabón de sus relaciones; para comprar con onerosas concesiones la alianza de las armas y el ejército americano cuyos barcos, aeroplanos y fusiles, le sirvieran en 1924 para sostenerse en el poder; y finalmente para asegurar la continuación de su hegemonía política.» En De la Huerta y los Tratados de Bucareli, México, Editorial Porrúa, 1957, página 181.
{46} Un ejemplo de la nueva demagogia revolucionaria está en una declaración del Caudillo al New York World del 27 de junio de 1921: «Hoy profesamos el principio de que los recursos naturales de la Nación pertenecen a la Nación. Jamás el pueblo mexicano tolerará un Gobierno que no esté apoyado en este principio. Esto no implica, de ningún modo, una política de aislamiento. México no es tan insensato para pensar que puede vivir o trabajar solo, ni tiene tal deseo; pero en lo futuro reclamará una participación equitativa en su desarrollo. Ya hemos terminado, para siempre, con la política de las dádivas, cohechos y sumisiones. Invitaremos al capital extranjero y le haremos justicia, pero no le concederemos privilegios exclusivos a costa de los derechos del pueblo. Establecido esto, permitidme declarar que en tal política no hay ni el menor asomo o intento de confiscación (….). Todos los derechos de propiedad privada adquiridos antes del 1° de mayo de 1917, fecha en que se promulgó la actual Constitución, serán respetados y protegidos. El famoso artículo 27, una de cuyas cláusulas declara propiedad de la Nación los mantos petrolíferos del subsuelo, no tendrá efecto retroactivo….». Citado en La Verdad sobre la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. México, 1940, página 40. © 2008 nodulo.org

References: artículo 27
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