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Timestamp: 2019-10-15 06:50:13+00:00

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STC 140/2003, 14 de Julio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 186155
STC 140/2003, 14 de Julio de 2003
Número de Recurso: 1982-2000
En el recurso de amparo núm. 1982-2000, promovido por don I.J., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Elena Beatriz López Macías y asistido por el Letrado don José Luis Navarro Pérez, contra el Auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 3 de marzo de 2000, que desestima el recurso de súplica contra el Auto de 19 de enero de 2000, por el que se declara la imposibilidad material de ejecución de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 766/94 seguido a instancias del demandante y se fija una indemnización al amparo del art. 105.2 LJCA que asciende a la suma de 500.000 pesetas. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de abril de 2000, el Letrado don José Luis Navarro Pérez, en nombre y representación de don I.J., formuló demanda de amparo contra los Autos reseñados en el encabezamiento, solicitando por otrosí que le sea designado a su representado Procurador de oficio, por tener reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Al recurrente, de nacionalidad paquistaní, le fue comunicada la extinción de su relación laboral con fecha 12 de septiembre de 1984 por la empresa para la que prestaba servicios como minero en Linares (Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A., actualmente Empresa Nacional Adaro, S.A., en liquidación), por no habérsele concedido la renovación del permiso de trabajo por la Dirección Provincial de Trabajo de Jaén (al igual que otros compañeros de su misma nacionalidad). La Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 2 de Jaén de 14 de noviembre de 1984 (autos núms. 1372/84 a 1377/84, acumulados) desestimó la demanda por despido. Interpuesto recurso de casación por infracción de ley contra dicha Sentencia (recurso núm. 80/85), fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1985.
Paralelamente, el recurrente impugnó en vía contencioso-administrativa las resoluciones sobre denegación de la renovación de su permiso de trabajo (Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Jaén de 7 de septiembre de 1984, confirmada en reposición por Resolución de 3 de octubre de 1984), siendo estimado parcialmente su recurso por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada de 19 de febrero de 1987 (recurso núm. 1074/87), que declaró el derecho del recurrente a la renovación del permiso laboral. Dicha Sentencia quedó firme al ser declarado desierto el recurso de apelación interpuesto contra la misma por Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1987. Con apoyo en esta Sentencia, el recurrente interpuso de nuevo demanda por despido ante la jurisdicción social, que fue desestimada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Jaén de 2 de febrero de 1988 (autos núm. 1535/87), apreciando la excepción de cosa juzgada opuesta por la empresa y absolviendo a ésta de los pedimentos deducidos en su contra. Interpuesto recurso de casación contra esta Sentencia, la Sala de lo Social dictó Auto el 24 de abril de 1989 declarando que el recurso procedente era el de suplicación y ordenando en consecuencia remitir los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó Sentencia de 24 de enero de 1990 desestimando el recurso de suplicación (núm. 2549/89).
Con fecha 6 de febrero de 1991 el recurrente presentó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, solicitando una indemnización de 20 millones de pesetas (más intereses legales desde la reclamación) por los daños sufridos como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo por la indebida denegación de la renovación de su permiso de trabajo, siendo declarada la inadmisión de la reclamación por Resolución del Ministro de Trabajo y Seguridad Social de 1 de julio de 1994, de conformidad con lo dictaminado por el Consejo de Estado (por ejercicio extemporáneo de la reclamación). Contra esta resolución interpuso el ahora demandante de amparo recurso contencioso-administrativo (núm. 766/94), que fue estimado por Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 9 de octubre de 1996.
El 18 de diciembre de 1998 el recurrente instó la ejecución de la Sentencia, cuantificando la indemnización a percibir en 6.738.037 pesetas, tomando como criterio para el cálculo las reglas del despido improcedente, a razón de cuarenta y cinco días de salario por año trabajado en la empresa, más prorrata de pagas extraordinarias y salarios de tramitación desde la fecha de extinción de la relación laboral (12 de septiembre de 1984), sumando a todo ello el incremento del índice de precios al consumo (IPC) desde 1985 a 1998. El Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se opuso a la liquidación propuesta por el recurrente, alegando que el recurrente debe acreditar, mediante el correspondiente certificado de empresa, los ingresos anuales obtenidos en 1984, último año en el que estuvo trabajando para la empresa, siendo esta la cantidad que ha de tomarse como base para cuantificar la indemnización, deduciendo de la misma los salarios de tramitación percibidos desde la fecha del despido hasta la Sentencia de Magistratura de Trabajo de 14 de noviembre de 1984 y la indemnización percibida por el cese, así como los ingresos que hubiera podido obtener como trabajador autónomo o por otras causas; en cuanto a las cantidades que hubiera podido percibir de continuar al servicio de la empresa, no puede aplicarse el IPC de los años sucesivos, sino que ha de atenderse a los incrementos retributivos que efectivamente se aplicaran en la empresa en dichos años, lo que deberá acreditarse con la correspondiente certificación empresarial; además se alega que el cómputo de la indemnización debe finalizar el 9 de octubre de 1996, fecha en que se dictó la Sentencia que se ejecuta; y se rechaza la cuantificación de intereses legales de demora porque son incompatibles con la pretendida actualización conforme al IPC y además no se cumplen los requisitos legales para su exigibilidad, al no existir aún cantidad líquida.
La Sala, mediante providencia de 9 de junio de 1999, acordó dar traslado por diez días al recurrente del informe de la Abogacía del Estado para que aportase la documentación a que dicho informe se refiere. El recurrente presentó escrito de alegaciones rechazando haber recibido indemnización por su cese ni tampoco salarios de tramitación, y solicitando que, dado el tiempo transcurrido, se requiriese a la Abogacía del Estado, como representante de la empresa pública para la que prestaba servicios el recurrente, para que aportase la documentación a la que se refería aquel informe, así como otra documentación que señala el recurrente relacionada con su reclamación (nóminas de los últimos seis meses, libro de matrícula, etc.); asimismo aportaba copia de la resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se deniega la prestación por desempleo al recurrente. Mediante providencia de 15 de julio de 1999 la Sala acordó rechazar la petición de requerimiento a la empresa para que aportase la documentación solicitada, por tratarse de documentos a los que se refiere el art. 602 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Contra dicha providencia interpuso el recurrente recurso de súplica, que fue desestimado por Auto de 8 de octubre de 1999, toda vez que la ejecución es a instancia de parte, siendo a ésta a quien corresponde aportar los documentos en que funde su derecho, documentos que han estado a disposición del ejecutante, sin que la circunstancia de que los haya extraviado pueda hacerse recaer sobre la Administración, y debiendo aplicarse el art. 504.3 LEC, en cuanto a que los documentos obrantes en archivo público deben ser solicitados en el momento de instar la ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, a instancias del recurrente y mediante providencia de 2 de diciembre de 1999, la Sala requirió al liquidador de la Empresa Nacional Adaro, S.A., para que aportase la documentación obrante en sus archivos sobre el recurrente, en cuanto a los salarios e indemnizaciones que pudiera haber percibido de dicha empresa, así como sobre los incrementos salariales acordados después de que el recurrente cesó en la misma. Mediante escrito de 3 de enero de 2000, el liquidador contestó al requerimiento manifestando que dada la antigüedad de los datos interesados y la normativa mercantil sobre plazo de conservación de la documentación, los archivos de dicha empresa no contienen antecedente documental alguno referente al recurrente.
Por Auto de 19 de enero de 2000 la Sala acuerda declarar la imposibilidad material de ejecución de la Sentencia, fijando la indemnización en 500.000 pesetas, conforme al art. 105.2 de la vigente Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). La Sala razona, remitiéndose a la fundamentación del Auto de 12 de enero de 2000 dictado en el recurso núm. 133/91 sobre cuestión idéntica, que, a la vista de la prueba practicada, no se pueden determinar las remuneraciones percibidas de la empresa, al haber desaparecido la documentación de dicha empresa correspondiente a los años a que se refiere la reclamación y tampoco se ha acreditado que el recurrente no haya obtenido otros ingresos durante ese periodo, por lo que no resulta posible calcular la indemnización con arreglo a las bases fijadas en la Sentencia. Interpuesto recurso de súplica contra este Auto, fue desestimado por Auto de 3 de marzo de 2000, por los mismos fundamentos, a los que añade, dando respuesta a lo alegado por el recurrente en este sentido, que el hecho de que otros litigantes en parecida situación a la del recurrente hayan obtenido mayores cantidades en concepto de indemnización no es relevante, pues las circunstancias de cada recurso contencioso-administrativo son distintas.
El demandante de amparo alega que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE). Entiende el recurrente que los Autos impugnados lesionan su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, pues declaran la imposibilidad de ejecutar la Sentencia en los términos de su fundamento de Derecho tercero, fijando como indemnización una cantidad irrisoria, cuando la misma Sala y Sección en un asunto idéntico, en el recurso contencioso-administrativo núm. 895/93, seguido a instancia de otro súbdito paquistaní, don Mohammed Fayyaz, dictó Sentencia de fecha 21 de julio de 1997, que se aporta como término de comparación, en la que se reconoció una indemnización por un importe muy superior (2.304.672 pesetas), partiendo de los hechos declarados probados en las Sentencias de la jurisdicción social en cuanto al salario que percibía el recurrente a la fecha de su cese y aplicando las reglas de la legislación laboral para la indemnización en caso de despido improcedente. Solicita por ello que se dicte Sentencia otorgando el amparo y declarando que la indemnización a la que tiene derecho el recurrente debe calcularse conforme a las reglas del despido improcedente e incrementada con los intereses legales y el índice de coste de vida desde la fecha del despido.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 10 de abril de 2000 se acordó librar despacho al Colegio de Abogados de Madrid para que designase Procurador de oficio al recurrente en amparo y requerir al Letrado del recurrente, don José Luis Navarro Pérez, para que aportase en plazo de diez días escrito de renuncia a la percepción de honorarios, en los términos del art. 27 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Acreditada la renuncia de honorarios por el Letrado del recurrente y efectuada la designación de Procurador de oficio, que recayó a favor de la Procuradora de los Tribunales doña Elena Beatriz López Macías, mediante diligencia de ordenación de 5 de junio de 2000 se confirió plazo de diez días a la referida Procuradora para que dentro de dicho término suscribiese la demanda de amparo presentada, lo que efectivamente tuvo lugar mediante escrito presentado con fecha 20 de junio de 2000. Con fecha 16 de diciembre de 2000, la Procuradora del recurrente presentó escrito al que acompañaba el Auto de 18 de octubre de 2000, dictado por la misma Sala y Sección en ejecución de la Sentencia dictada el 28 de septiembre de 1994 en el recurso contencioso-administrativo núm. 136/91, seguido a instancia de otro súbdito paquistaní, don Mohammed Akran I, sobre asunto idéntico y en la que se fijaban las mismas bases para determinar la indemnización en ejecución de sentencia. En dicho Auto se procede a fijar la indemnización en la suma 2.278.494 pesetas, correspondiente a los ingresos que el actor hubiera podido obtener en la empresa y que la Sala declara acreditados por el actor y aceptados por el Abogado del Estado, sin que proceda ningún tipo de descuento, al no quedar acreditado que haya percibido otros ingresos, ni tampoco incrementarla conforme al IPC ni aplicar intereses legales, pues no está previsto en las bases de la Sentencia para la cuantificación de la indemnización.
Por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal de 25 de febrero de 2002 se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y requerir, de conformidad con el art. 51 LOTC, a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para que en el plazo de diez días remitiesen, respectivamente, testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. 766/94, y del expediente administrativo en que recayó la resolución impugnada en dicho recurso, interesándose al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, a fin de que pudieran comparecer en este proceso constitucional en término de diez días, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada. Asimismo se acordó notificar esta providencia al Abogado del Estado, sirviendo la misma de emplazamiento para que en el plazo de diez días pudiera comparecer en el presente proceso de amparo, personación que tuvo lugar con fecha 7 de marzo de 2002.
Por diligencia de ordenación de la Sala Primera de 14 de junio de 2002 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Subdelegación del Gobierno de Jaén, así como por efectuados los emplazamientos, teniéndose por personado y parte al Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, la Sala acordó dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a la representación procesal del recurrente, para que dentro de dicho plazo pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.
El Ministerio Fiscal interesó el otorgamiento del amparo solicitado mediante escrito registrado el día 10 de julio de 2002. Comienza el Ministerio Fiscal señalando que si bien la demanda de amparo alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, la queja debe reconducirse al primero de ellos, en cuanto integra el derecho a la ejecución de las sentencias firmes en sus propios términos, desechando la relativa al segundo, al menos como motivo independiente. En todo caso, la invocada lesión del art. 14 CE debe descartarse, pues la Sentencia aportada no constituye término de comparación adecuado, al ser de fecha posterior a la dictada en el proceso en que se han dictado los Autos de ejecución que se impugnan en amparo. Entiende el Ministerio Fiscal que los Autos recurridos, que declaran la imposibilidad de ejecución de la Sentencia recaída en el proceso, lesionan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto en cuanto basta la lectura de la Sentencia de la entonces Magistratura de Trabajo núm. 2 de Jaén de 14 de noviembre de 1984 para comprobar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional parte en unos casos de premisas falsas, mientras que en otros atribuye al demandante las consecuencias negativas de una carencia de documentación que no necesariamente le correspondía conservar, y en otros, finalmente, viene a exigir al reclamante una auténtica probatio diabolica, cuando algunos extremos podían haber sido objeto de prueba por otros medios. En efecto, la indicada Sentencia de la Magistratura de Trabajo incluye en su declaración de hechos probados las circunstancias laborales del hoy demandante de amparo, incluyendo el tiempo que trabajó para la empresa demandada y el importe de su última nómina, constituyendo, por tanto, una prueba plena que debió ser asumida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y que, en consecuencia, constituía la base inicial esencial para la determinación de la indemnización procedente. La lectura de dicha Sentencia evidencia asimismo que el despido no supuso indemnización alguna, y que, al declararse procedente el despido, no hubo lugar a la percepción de salarios de tramitación, según se desprende de los artículos 55.4 y 56.1 b) del Estatuto de los trabajadores, y 276 y siguientes de la Ley de procedimiento laboral, que sólo los imponen en caso de declararse improcedente el despido, y se abonan en ejecución de sentencia. En segundo término, aunque la Empresa Nacional Adaro, S.A., se haya desprendido de la documentación procedente por autorizárselo así la legislación mercantil, ello no puede significar el traslado de la carga de la prueba al demandante, menos aún cuando la Sentencia de la Magistratura de Trabajo incluye expresamente los datos básicos que permitían la cuantificación de la indemnización: únicamente hubiese podido trasladarse al recurrente la carga de la prueba de extremos parciales que no constasen en dicha Sentencia y por los que pretendiese una mayor indemnización, pero tal supuesto no constituye una imposibilidad material de ejecución de Sentencia, sino una simple desestimación parcial de determinados conceptos incluidos en la pretensión de aquél. Finalmente, la Sala parece exigir una probatio diabolica al recurrente, pues éste aporta certificaciones negativas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como medio de acreditar que no ha realizado en España trabajo alguno durante los años siguientes al despido, y la Sala se limita a declarar apodícticamente que "eso no puede interpretarse como que no desarrollase actividad laboral alguna y ello pues unos ingresos mínimos siempre son necesarios para la subsistencia. Además la Sentencia que se trata de ejecutar exige tomar en consideración dichos ingresos para fijar la indemnización". De este modo la Sala olvida que si el demandante tenía denegado el permiso de trabajo no pudo realizar ninguno en España, al menos hasta que se revocó la decisión administrativa; por ello, aunque en principio la valoración de las pruebas es competencia exclusiva de los Tribunales, la lesión del derecho fundamental se produce al imponer al recurrente una prueba prácticamente imposible de practicar, por tratarse de un hecho negativo: la lógica del sistema se traduce en que, aportado un importante indicio de falta de trabajo durante el período indicado, constituya una carga de la otra parte -la Administración del Estado que, a través de sus diferentes organismos, puede obtener la prueba pertinente en contrario- demostrar que sí ha realizado algún trabajo, y, en su caso, las cantidades percibidas por el mismo. En consecuencia, se concluye interesando la nulidad de los Autos impugnados en amparo por vulnerar el art. 24.1 CE, con retroacción de actuaciones para que la Sala proceda a liquidar la indemnización correspondiente al recurrente con los datos suficientes existentes en las actuaciones.
El Abogado del Estado presentó sus alegaciones el 10 de julio de 1992. En ellas manifiesta que los capítulos indemnizatorios de la pretensión de ejecución deducida por el recurrente nada tienen que ver con los reconocidos en la Sentencia que se pretende ejecutar. La Sentencia fija como bases para calcular la indemnización los ingresos que el recurrente hubiera obtenido en la empresa de la que fue despedido y los que haya podido obtener como trabajador autónomo o por otras causas, así como de la incidencia de la situación nacional de empleo. El recurrente eludió la más mínima justificación de los datos mandados tener en cuenta por la Sentencia para la liquidación de la indemnización, lo que explica el tenor de los Autos dictados en ejecución, que fijan una indemnización a tanto alzado de 500.000 pesetas. La supuesta lesión de los arts. 14 y 24.1 CE, fundada en el diferente trato recibido por el recurrente respecto de otro trabajador paquistaní en su misma situación, que obtuvo una indemnización superior, merced a que la Sala aplicó para el cálculo de la misma las reglas indemnizatorias del despido improcedente según la normativa laboral, no es tal, pues el término de comparación propuesto no es idóneo, ya que se pretende establecer una comparación entre dos resoluciones judiciales de distinta naturaleza, esto es, una Sentencia, la ofrecida como contraste (que fija directamente la indemnización que corresponde al actor), y un Auto, dictado en ejecución de Sentencia que fija las bases para el cálculo de la indemnización. O, desde otra perspectiva, no existe tampoco término válido de comparación, porque las circunstancias probatorias fueron diferentes en uno y otro proceso. En el caso invocado como término de contraste el importe indemnizatorio pudo ser liquidado en la sentencia, mientras que en el caso ahora enjuiciado se preciso de una actividad complementaria para su liquidación en ejecución de sentencia, que no tuvo lugar por causa del propio recurrente. En fin, alega el Abogado del Estado que la Sentencia que el recurrente pretendía ejecutar ni siquiera debió resolver la pretensión indemnizatoria deducida en el proceso, puesto que la misma ya había sido deducida y rechazada por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada de 19 de febrero de 1987, de suerte que lo que solicita el recurrente contradice la cosa juzgada.
La Procuradora de los Tribunales Sra. López Macías, en nombre y representación del recurrente, presentó su escrito de alegaciones el 11 de julio de 2002, en el que reitera que los Autos impugnados han lesionado el derecho del recurrente a la igualdad en la aplicación de la Ley, por cuanto, ante las dificultades probatorias, el órgano judicial ha fijado una indemnización a tanto alzado de 500.000 pesetas, cuando debió aplicar las reglas de cálculo de la indemnización por despido improcedente, partiendo del salario reconocido en la Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 2 de Jaén de 14 de noviembre de 1984, como hizo en los casos de otros súbditos paquistaníes en su misma situación, don Mohammed Fayyaz (recurso núm. 895/93) y don Mohammed Akran I (recurso núm. 136/91).
Por providencia de 12 de junio de 2003, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el recurrente imputa a los Autos que impugna en amparo, dictados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación jurisdiccional de la ley (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Se alegó que las resoluciones judiciales recaídas en el incidente de ejecución de la Sentencia de 9 de octubre de 1996, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 766/94, se fundan en la ausencia de elementos probatorios que permitan liquidar la indemnización que se pretende conforme a las bases establecidas en dicha Sentencia, fijando una indemnización a tanto alzado en una cuantía netamente inferior a la determinada por el mismo órgano judicial para otros dos ciudadanos paquistaníes en la misma situación que el recurrente.
Como quiera que el recurrente invoca tanto el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) como el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), su queja puede ser abordada tanto desde la perspectiva de la pretendida lesión de este último derecho, en lo que se hace especial hincapié en su demanda de amparo y su escrito de alegaciones, como desde el punto de vista de la eventual vulneración, como postula el Ministerio Fiscal, del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos que, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, como tiene declarado la jurisprudencia de este Tribunal (por todas, SSTC 144/2000, de 29 de mayo, FJ 6; 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4; y 146/2002, de 15 de julio, FJ 3).
Antes de entrar en el fondo de la demanda de amparo debemos sin embargo dar respuesta al óbice planteado por la Abogacía del Estado en sus alegaciones. El Abogado del Estado pretende que la pretensión de amparo sea denegada subsidiariamente acogiendo la excepción de cosa juzgada, porque entiende que la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 9 de octubre de 1996 en el recurso contencioso-administrativo núm. 766/94, de la que traen causa los Autos impugnados, desconoció la eficacia de la cosa juzgada material, toda vez que la pretensión indemnizatoria deducida en el proceso ya había sido deducida y rechazada por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada de 19 de febrero de 1987.
Pasando, pues, al examen de las quejas del recurrente, debe comenzarse por recordar que para que pueda entenderse vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) es necesaria la concurrencia de varios requisitos que ha codificado este Tribunal en reiterada doctrina.
El recurrente aporta en su demanda de amparo como término de comparación una Sentencia de fecha 21 de julio de 1997 dictada por la misma Sala y Sección en el recurso contencioso-administrativo núm. 895/93, que declara el derecho de otro ciudadano paquistaní, en atención a los mismos presupuestos fácticos determinantes de la responsabilidad de la Administración del Estado, a percibir una indemnización en cuantía de 2.304.672 pesetas, más la que resulte de aplicar a dicha cantidad el incremento anual del índice de precios al consumo y el interés legal del dinero hasta la fecha de la sentencia. Sin embargo, como señalan el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, esta Sentencia no constituye un término de comparación idóneo en que poder sustentar el juicio de igualdad.
Rechazada la supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, debemos abordar seguidamente la queja del recurrente desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de derecho a la ejecución de las sentencias firmes en sus propios términos. En este punto es obligado recordar la doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos, sobre los criterios con que han de interpretarse los fallos para proceder a su debido cumplimiento y sobre el alcance del control que corresponde realizar a este Tribunal con respecto a la función de hacer ejecutar lo juzgado que corresponde a los Juzgados y Tribunales (art. 117.3 CE).
Ya se ha expuesto que el fallo de la Sentencia que resolvió el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don I.J. contra la Resolución del Ministro de Trabajo y Seguridad Social de 1 de julio de 1994, que inadmitió la reclamación por responsabilidad patrimonial deducida por el demandante, anuló dicha resolución y declaró el derecho de aquél a ser indemnizado "de acuerdo con las bases determinadas en el último fundamento de Derecho de esta Sentencia", hallándose dichas bases en el fundamento de Derecho 3, en donde se afirmó que "la indemnización correspondiente se cuantificará en ejecución de Sentencia, partiendo de los ingresos que el interesado hubiera obtenido en la empresa de la que fue despedido y los que haya podido obtener como trabajador autónomo o por otras causas, así como de la incidencia de la situación nacional de empleo, con el límite máximo en que cifra su pretensión".
En tal sentido, lo primero que debe observarse en cuanto a la base de cálculo relativa a "los ingresos que el recurrente hubiera obtenido de la empresa de que fue despedido", es que la Sentencia no establece que dicha cantidad deba ser objeto de incremento alguno por aplicación del índice de precios al consumo ni del interés legal de demora, así como tampoco determina que deban seguirse para el cálculo las reglas de indemnización del despido improcedente. Por otra parte, aunque la remisión que efectúa el Auto impugnado de 19 de enero de 2000 a la fundamentación (que transcribe) de otro Auto dictado en un asunto similar puede inducir a confusión (como se advierte que efectivamente ha sucedido así en las alegaciones del Ministerio Fiscal) sobre la circunstancia de si el recurrente ha aportado nóminas de su relación laboral y certificados negativos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo cierto es que el recurrente no ha aportado documentación alguna al respecto (el único documento aportado es una copia de una Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se le deniega la prestación por desempleo). Por otra parte, tampoco obra en poder de la Administración demandada (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) documentación relativa a la relación laboral del demandante con la Empresa Nacional Adaro, S.A., para la que éste prestaba servicios, extremo lógico si se tiene en cuenta que el Ministerio de Trabajo no era el empleador del recurrente, y sin que dicha documentación haya podido ser facilitada tampoco por el liquidador de la Empresa Nacional Adaro, S.A., al no conservarse dado el tiempo transcurrido, sin que sea exigible a esta empresa pública ni a su liquidador la conservación de dicha documentación más allá del plazo sexenal que establece la legislación mercantil (art. 30 del Código de comercio). En efecto, la obligación de conservar la documentación relativa al negocio durante seis años desde el último asiento (cinco antes de la reforma introducida por la Ley 19/1989, de 25 de julio), rige igualmente para las empresas privadas y las públicas, pues ha de tenerse en cuenta que en nuestro ordenamiento las antes denominadas empresas nacionales y actualmente sociedades estatales, se rigen por el Derecho privado, salvo en lo relativo, fundamentalmente, a la aplicación de legislación presupuestaria y contable, como por otra parte ya recodara nuestra STC 14/1986, de 31 de enero, FJ 8. No estamos, pues, ante un supuesto de deficiencias y carencias en el funcionamiento de un órgano administrativo, que no deben repercutir en perjuicio del solicitante de amparo, porque a nadie es lícito beneficiarse de su propia torpeza, como viene señalando nuestra doctrina (por todas, SSTC 227/1991, de 28 de noviembre, FJ 3; 140/1994, de 9 de mayo, FJ 4; 116/1995, de 17 de julio, FJ 1; y 61/2002, de 11 de marzo, FJ 3), sino ante un supuesto en que ni el demandante ni la empresa pública para la que prestaba servicios conservan documentación relativa a esa relación laboral, sin que la empresa venga obligada a conservar esa documentación por haber transcurrido con creces el plazo establecido al efecto en la legislación mercantil.
Desestimar el presente recurso de amparo promovido por don I.J..
Voto particular que suscriben los Magistrados don Pablo García Manzano y doña María Emilia Casas Baamonde en relación con la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1982-2000.
Parece oportuno, ante todo, tener en cuenta que no es del todo exacta la afirmación contenida en el fundamento jurídico 7 de la Sentencia, de que nuestro control tiene por objeto determinar "si tal decisión [la contenida en los Autos de imposibilidad de ejecutar la Sentencia] constituye o no un apartamiento irrazonable, arbitrario o erróneo en relación con el significado y con el alcance de los pronunciamientos de la parte dispositiva de la Sentencia que se ejecuta", pues no se trata aquí de una discordancia entre los pronunciamientos del fallo y lo acordado en su ejecución, sino de si, al fijar la cuantificación de la indemnización resarcitoria no con arreglo a las bases establecidas en la propia Sentencia, sino partiendo de la imposibilidad material de ejecución con arreglo a una indemnización a tanto alzado, se produce o no la alegada lesión del derecho fundamental, en su núcleo más propio de efectividad, es decir, de que el derecho declarado y reconocido se traduzca en situaciones jurídicas reales, con la incidencia -en este caso, patrimonial- que determinó el órgano jurisdiccional en su pronunciamiento firme.
Debemos partir, por otro lado, de la completa inadecuación al caso del mecanismo procesal de sustitución invocado por la Sala, en fase de ejecución, y que llevó a fijar la indemnización sin atenimiento a las bases preestablecidas en la fundamentación de la Sentencia, acudiendo a lo que dice el art. 105.2 LJCA para los supuestos de concurrir "causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia", es decir, una indemnización sustitutoria o por equivalente económico, de lo declarado en el fallo judicial firme (como muy expresivamente señala el citado precepto, en su inciso final, "fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto -la ejecutoria- de cumplimiento pleno").
La Sentencia de la que discrepamos establece, de modo conclusivo, (en el párrafo penúltimo del FJ 7), que "No resulta infundado, pues, que ante las contradicciones reveladas en la fase de ejecución y la falta de prueba sobre los extremos fijados por la Sentencia para la cuantificación de la indemnización, el órgano judicial haya optado, de conformidad con el art. 105.2 de la vigente LJCA, por fijar como indemnización una cantidad a tanto alzado de 500.000 pesetas".
No cabe, con base en lo razonado, aceptar como ajustada a los datos fácticos obrantes en las actuaciones, y a los elementos y circunstancias puestas de relieve ante la Sala en el debate de la fase de ejecución, la conclusión que, por transcripción de la fundamentación de otro Auto anterior de 12 de enero de 2000, se plasma en la primera de las resoluciones judiciales impugnadas en este amparo, cual es la imposibilidad material de la ejecución, justificándola "por la desaparición material de la documentación que habría sido necesaria para el cálculo de la indemnización a la que debería tener derecho el ahora recurrente". Hemos, por el contrario, de entender que, como aduce con acierto el Ministerio Fiscal, los datos que aparecían en la declaración de hechos probados de las Sentencias dictadas por la jurisdicción del orden social ponían de manifiesto ante la Sala de la Audiencia Nacional una prueba más que suficiente para ser asumida por el órgano judicial en trance de concretar las bases, y llegar a la pertinente cuantificación de la indemnización reconocida.
Pues bien, la lesión del derecho a que las sentencias se ejecuten en sus propios términos, y en este caso a que la cuantificación de la indemnización dineraria se ajuste y acomode por entero a las determinaciones -bases- preestablecidas por el mismo órgano jurisdiccional, se produce no tanto porque el resultado final cuantitativo, fijado en fase de ejecución, sea una cantidad inferior a la que en rigor correspondiera al interesado con arreglo a las bases, sino lisa y llanamente porque el Tribunal sentenciador no se atuvo a éstas para la ulterior y definitiva concreción de la indemnización declarada a favor del demandante, quien vio de tal manera lesionado su derecho fundamental ex art. 24.1 CE.

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