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Timestamp: 2018-09-22 19:37:24+00:00

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﻿ SENTENCIA C-595 DE AGOSTO 18 DE 1999
SENTENCIA C-595 DE 18 DE AGOSTO DE 1999
CONTENIDO:PROPIEDAD O DERECHO DOMINIO. LA PROPIEDAD ESTÁ LIMITADA Y NO PUEDE SER EJERCIDA AL ARBITRIO DEL TITULAR. DECLARA EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES: "NO SIENDO CONTRA LEY O CONTRA DERECHO AJENO" CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 669 DEL CÓDIGO CIVIL E INEXEQUIBLE EL ADVERBIO: "ARBITRARIAMENTE" DE ESA MISMA DISPOSICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:BIEN, PROPIEDAD, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, CÓDIGO CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:335 DE NOVIEMBRE DE 1999, PÁG.2058
Sentencia C-595 de agosto de 1999
SU EJERCICIO NO ES ARBITRARIO SINO LIMITADO
Ref: Expediente Nº 2292
Demanda de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 669 del Código Civil.
“ART. 669.—El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución, corresponde a esta corporación decidir definitivamente, sobre la constitucionalidad de las expresiones demandadas del artículo 669 del Código Civil.
B. El asunto sometido a examen
1. Un antecedente jurisprudencial. El problema que ahora le presenta a la Corte Constitucional el demandante, se le planteó también a la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución anterior, cuando ese tribunal tenía a su cargo “la guarda de la integridad de la Constitución”.
Los argumentos que hoy se invocan, transcritos más arriba, son esencialmente iguales a los que sirvieron de sustento a la demanda anterior presentada ante la Corte Suprema. Esa corporación, en 1988, con seis importantes salvamentos de voto, declaró la exequibilidad de la norma acusada (C.C., art. 669), pero la sentencia en que así lo dispuso, no constituye hoy cosa juzgada, pues mientras en ese momento la confrontación hubo de hacerse con la Constitución de 1886 y sus correspondientes reformas, hoy ha de hacerse frente a la nueva normatividad superior de 1991 que, en la materia bajo examen, ofrece una significativa diferencia, como luego se verá.
Aunque en el referido fallo se cita otro precedente ya lejano (una decisión de la misma Corte en 1927, en idéntico sentido), no tiene él la misma significación, por haberse producido antes del Acto Legislativo Nº 1 de 1936, que introdujo notables innovaciones al concepto de propiedad, necesariamente tomadas en cuenta en la sentencia del 11 de agosto de 1988.
Lo que sí es digno de registrarse es el hecho de que aun bajo la vigencia de la Carta de 1886 existieran fundadas incertidumbres acerca de la validez que pudiera conservar, en la tercera década del Siglo XX (después de las utopías socialistas del manifiesto comunista y de célebres documentos de la doctrina social de la iglesia), una noción formulada en la época clásica del derecho romano.
Tanto en los casos anteriores como en el que hoy se examina, el blanco de censuras lo constituye, especialmente, el adverbio arbitrariamente, referido a las posibilidades de goce y disposición de la cosa, atenuadas, eso sí por la expresión “no siendo contra ley o contra derecho ajeno”.
2. Tres momentos en el constitucionalismo colombiano
a) La Constitución de 1886 no contenía una referencia explícita a la propiedad. Quedaba comprendida, como es evidente, dentro de los derechos adquiridos cuya protección se consignaba en el artículo 31 en los siguientes términos:
Es importante observar que la disposición, en su integridad, contiene un concepto de propiedad más próximo a la institución diseñada por el derecho romano positivo que a la descripción que de ella hizo la doctrina, fundada especialmente en los glosadores y postglosadores, si nos atenemos a autores tan confiables por su rigor y por su documentación como Fritz Schulz quien, apoyado en las fuentes originarias, dice: “La propiedad es un derecho sobre una cosa corporal que confiere por principio a su titular, un pleno poder de la cosa, aunque este poder puede estar sujeto a variadas limitaciones”(1). En síntesis, no era la institución del dominio tan absoluta como la sintetizó la doctrina. Por cierto, los juristas romanos con su marcado espíritu pragmático, eran reacios a definir, actividad eminentemente teórica que cumplieron luego sus sucesores occidentales, especialmente los canonistas, y la escuela de los glosadores y postglosadores.
No fueron arbitrarias ni gratuitas, entonces, las acciones de inconstitucionalidad dirigidas contra el artículo 669 (hoy de nuevo acusado), pues aún bajo la vigencia de la Constitución de 1886, resultaba razonablemente cuestionable la posibilidad jurídica del propietario de usar y disponer arbitrariamente de la cosa objeto de dominio, ya que dicha potestad estaba morigerada al circunscribirse a los límites de la ley y al derecho ajeno;
b) La reforma constitucional de 1936 comportó un cambio notable en el sistema político colombiano, en la concepción de las funciones que al Estado incumben, en la injerencia posible y legítima de éste en el campo económico, en el compromiso con una distribución más racional de la riqueza y en la acción dirigida a mitigar la situación de los grupos sociales más pobres, y material y formalmente más desamparados.
A esta tendencia política, asimilada a menudo al “socialismo de Estado”, prestó un servicio invaluable la teoría solidarista del jurista bordelés León Duguit, que sustituyó a la noción tradicional de derecho subjetivo la de función social. Expuesta de manera bastante simplificada para el propósito que hoy persigue la Corte, puede sintetizarse así: el orden jurídico encuentra su fundamento en un hecho social: la solidaridad. Eso significa que, en las relaciones de convivencia, fatales por la naturaleza social de las personas, lo que afecta a uno trasciende a los demás. Por eso, la modalidad normativa originaria del derecho es la obligación o sea el deber jurídico. El concepto de derecho subjetivo no puede construirse sin presuponer una jerarquía de voluntades que no puede sustentarse en el hecho de la solidaridad. La voluntad del titular de un derecho subjetivo aparece supraordinada a la de aquél que debe cumplir la prestación, y tal supraordinación resulta injustificada, a no ser que se establezca en función de una voluntad superior por naturaleza, dato que no es posible encontrar en el hecho social fundante del derecho. A su positivismo sociologista repugna un presupuesto de esa naturaleza, sólo entendible desde una perspectiva metafísica, incompatible con un análisis científico del derecho. La conclusión, sin duda desconcertante es ésta: “los derechos subjetivos no existen”, pues no hay voluntades particulares a las que una tal superioridad sea inherente.
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
Con todo, el legislador, por motivos de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”. Acto Legislativo Nº 1, agosto 5, 1936, artículo 10. (Subrayas fuera del texto).
“La disposición acusada, artículo 669 del Código Civil, se caracteriza precisamente por darle preponderancia al carácter absoluto del dominio restringiendo al máximo sus limitaciones, reducidas a la no violación de la ley o del derecho ajeno.
[No obstante], [e]l carácter de función social del dominio en la Constitución del 86, consagró una fórmula más concisa y de más claros contornos jurídicos que la actual al disponer que “cuando se hallaren en conflicto el interés privado y el público, aquél cederá ante éste”.
Luego, en la misma providencia se añadió:
“[E]s indudable que en el texto constitucional se descarta la teoría individualista y se le da un contenido eminentemente social al dominio, lo cual permite a la ley imponerle limitaciones para colocarlo de esta manera, al servicio del interés comunitario y la solidaridad social, siendo por tanto ilícitos los actos que impliquen ejercicio anormal de tal derecho, o sean contrarios a los fines económicos o sociales del mismo, o aquellos que sólo tiendan o se determinen por el deseo (sic) de dañar a terceros sin interés verdadero para el propietario.
Es claro que todas estas restricciones o limitaciones estaban implícitamente establecidas en la definición misma del dominio según los términos de la disposición materia de la presente censura constitucional”(2).
Para concluir, de modo sorprendente, declarando exequible el artículo demandado, y
c) La Constitución de 1991 reconstituyó a Colombia como un “Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria... fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Como lógico corolario, la configuración del derecho de propiedad (reiterativa de la inconsistencia anotada a propósito de la reforma de 1936), se hizo atenuando aún más las connotaciones individualistas del derecho y acentuando su función social; agregó además el constituyente que al derecho de propiedad le es inherente una función ecológica y creó, con el mandato de que sean protegidas y promovidas, formas asociativas y solidarias de propiedad. Es pertinente transcribir en su totalidad el artículo 58 de la nueva Carta, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de 1999, que abolió la posibilidad de expropiación sin indemnización, subrayando las expresiones más indicativas del nuevo rumbo.
“ART. 58.—Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio”.
Es claro que el paso dado por el constituyente de 1991 aleja aún más al ordenamiento jurídico colombiano, y ahora sí de modo inocultable y considerable, de la noción marcadamente individualista (aunque con innegables atenuantes) contenida en el artículo 669 del Código Civil, particularmente enfatizada por el adverbio arbitrariamente , así se hagan imposibles intentos hermenéuticos para restarle fuerza a esa palabra.
“Lo primero que debe ser advertido es que el término “social” ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado”(3).
“Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrada por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y funcionamiento de la organización política” (subraya fuera del texto)(4).
Se crea así, un nuevo horizonte valorativo que guía no sólo a los ciudadanos en el ejercicio y reivindicación de sus derechos, sino que ante todo compromete y obliga a los órganos del Estado a proteger y hacer efectivas las garantías constitucionales. Al respecto, ha dicho esta Corte:
“La cláusula del Estado Social de Derecho (C.P., art. 1º), tiene el poder jurídico de movilizar los órganos públicos en el sentido de concretar, en cada momento histórico, un modo de vida público y comunitario que ofrezca a las personas las condiciones materiales adecuadas para gozar de una igual libertad. En este orden de ideas, tras este objetivo la Constitución consagra derechos sociales, económicos y culturales...”(5).
“El desarrollo económico y social es el responsable último de la mutación del concepto y del sentido que la sociedad colombiana tiene y asigna a la propiedad privada. Las leyes expedidas a partir de los años treinta, se inscriben bajo el signo de la sociabilidad como lo atestiguan sus textos y la copiosa jurisprudencia que se ha ocupado de las mismas, que remiten incesantemente a las categorías del interés social y de la función social de la propiedad. El alejamiento de la matriz subjetivista del Código Civil es notorio y denuncia con elocuencia un cambio de la base económica y del fundamento mismo del derecho de propiedad, que se conserva y garantiza, pero a partir de los postulados constitucionales del interés social y de la función social. En este sentido, la afectación legislativa expresa de actividades e importantes ámbitos de la propiedad privada al interés social, ha permitido sustentar medidas expropiatorias tendientes a fortalecer y facilitar programas de desarrollo social y económico, a través de los cuales se han articulado políticas de justicia distributiva. Por su parte, en términos generales, la vinculación intrínseca de la propiedad privada a la función social, ha querido subordinar la garantía de la misma a los requerimientos de la producción y la generación de riqueza”. (Subrayas fuera del texto)(6).
“Como lo reconoció la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y lo ha venido sosteniendo la doctrina de esta Corte, desde la reforma constitucional de 1936 y, con mayor razón, a partir de la vigencia de la Carta de 1991, que caracterizó a nuestra organización política con el significativo e ineludible concepto de Estado Social de Derecho, la propiedad privada ya no puede reclamar para sí el atributo de la arbitrariedad ni el carácter absoluto que en tiempos ya superados constituyeron elementos inherentes a ella” (subrayas fuera del texto)(7).
“La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad”(8).
“Las formas de economía solidaria son considerados no sólo como una eficaz alternativa para satisfacer las necesidades colectivas apremiantes mediante una distribución democrática de los excedentes, que excluye el afán indiscriminado de lucro, sino también, lo que no es menos valioso, como una pedagogía contra los excesos del individualismo.
Estas propuestas encontraron amplia resonancia no sólo en sectores comprometidos tradicionalmente con el movimiento cooperativo, sino también en otros, como el de los indígenas, cuya presencia en la vida política ha sido vista con especial complacencia, como quiera que constituye el carácter pluricultural y pluriétnico de la Nación colombiana y valioso aporte en el enriquecimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Igualmente se ha sugerido que la solidaridad se constituye en un elemento propio y característico de algunas formas de propiedad, lo cual en verdad no es nada distinto a reconocer la existencia de este fruto natural de la función social...
En virtud de lo anterior, lo que ahora se busca, es pues, darle carta de ciudadanía a una nueva Constitución, al menos en igualdad de condiciones con otras formas de organización económica destinadas también a satisfacer necesidades sociales”(9).
C. La solución del problema a la luz de la Constitución actual.
El asunto que debe ahora abordar la Corte es el siguiente: ¿Qué importancia y que significación tiene dejar intacto el artículo 669, tantas veces mentado, o retirar de él aquellas partes que hoy lo hacen incompatible con la Constitución? Este problema puede aclararse aún mejor si se pregunta: ¿qué alcances tiene el mencionado artículo?
Cuando el legislador define, hace lo que, en el análisis lingüístico, se conoce como un uso estipulativo de la palabra; es decir, prescribe lo que dentro de una comunidad ha de entenderse cuando se emplea el término definido. En ese sentido, formula una directiva acerca de lo que en un determinado contexto (el sistema jurídico, en este caso), hay que tener como el significado correspondiente a un concepto, independientemente de que el mismo, desde otra perspectiva extrasistemática, pueda significar otra cosa. No informa lo que algo es, en su esencia, sino manda que, para determinados propósitos, sea tenido por tal. A diferencia de lo que hace el jurista, cuya tarea si consiste en informar acerca del significado que a un término le ha asignado quien tiene competencia para hacerlo.
Las reglas definitorias no son obligacionales sino meramente conceptuales. Su desconocimiento no implica la infracción de un deber sino una falla técnica que desvía al sujeto de la finalidad perseguida, a saber, conocer y dar cuenta cabal del significado (dentro de un sistema) de un concepto jurídico o de una institución. En palabras de Von Wright, “sólo valen como reglas prácticas para aquellos que quieren lograr un resultado determinado”(10).
Pero no es así. De todo lo que anteriormente se ha expuesto se desprende con meridiana claridad que el concepto de propiedad que se consagra en la Constitución colombiana de 1991, y las consecuencias que de él hay que extraer (la doctrina de la Corte ejemplificada en las citas anteriores así lo confirma), es bien diferente del que se consignó en el Código Civil adoptado en 1887 y, por tanto, que el uso que allí se prescribe del concepto de propiedad, dista mucho de coincidir con el que ha propuesto el Constituyente del 91; por ende, se deduce que el contenido del artículo 669 del Código Civil según el cual, el propietario puede ejercer las potestades implícitas en su derecho arbitrariamente, no da cuenta cabal de lo que es hoy la propiedad en Colombia.
A más de lo anterior, es pertinente subrayar que ciertos conceptos jurídicos definidos por el legislador, cumplen una importante función simbólica, v. gr: libertad, responsabilidad, obligación, facultad, culpa, y, por tanto, suministran la clave de lo que el ordenamiento es, de la filosofía que lo informa; en este caso, queda claro que el artículo 669 no puede simbolizar de modo veraz lo que es hoy el dominio en Colombia, por mandato del estatuto soberano.
La Corte ha afirmado, en múltiples ocasiones, que la propiedad, en tanto que derecho individual, tiene el carácter de fundamental, bajo las particulares condiciones que ella misma ha señalado(11).
Justamente los atributos de goce y disposición constituyen el núcleo esencial de ese derecho, que en modo alguno se afecta por las limitaciones originadas en la ley y el derecho ajeno pues, contrario sensu, ellas corroboran las posibilidades de restringirlo, derivadas de su misma naturaleza, pues todo derecho tiene que armonizarse con las demás que con él coexisten, o del derecho objetivo que tiene en la Constitución su instancia suprema.
No se excluirán del artículo demandado las expresiones “no siendo contra ley o contra derecho ajeno”, como lo solicita el actor, porque ellas, precisamente, recuerdan que las potestades implícitas en la propiedad están limitadas, y no pueden por tanto, ser ejercidas según el arbitrio del titular.
Declarar EXEQUIBLES las expresiones “no siendo contra ley o contra derecho ajeno” contenidas en el artículo 669 del Código Civil e INEXEQUIBLE el adverbio “arbitrariamente” de esa misma disposición.
(1) Derecho Romano Clásico - Bosch, Barcelona 1960, pág. 325.
(2) Corte Suprema de Justicia. Sentencia 086, 11 de agosto de 1988.
(3) Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(5) Corte Constitucional. Sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(6) Corte Constitucional. Sentencia C-066 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(7) Corte Constitucional. Sentencia C-431 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(8) Corte Constitucional. Sentencia C-589 de 1995. M.P Fabio Morón Díaz.
(9) Corte Constitucional. Sentencia C-074 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
(10) Norma y acción, una investigación lógica, Tecnos, 1970.
(11) Sentencias T-506/92, T-284/94, T-554/94, T-310/95, T-440/95, T-477/96, T-245/97, T-413/97, T-414/97, T-554/98.

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 artículo 10
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 artículo 58
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