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Timestamp: 2019-10-14 18:46:54+00:00

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﻿ Sentencia T-639 de agosto 17 de 2012
SENTENCIA T-639 DE 17 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:SUPRESIÓN DE UN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. LA SUPRESIÓN DE UN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA PUEDE DARSE LEGÍTIMAMENTE, ENTRE OTRAS SITUACIONES POR: I) FUSIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA RESPECTIVAII) REESTRUCTURACIÓN DE LA MISMAIII) MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONALIV) RECLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOSV) POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, CON EL FIN DE HACER MÁS EFICAZ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICOVI) CONTROL DEL GASTO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MUNICIPIO, CONCURSO DE MÉRITOS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
Sentencia T-639 de agosto 17 de 2012
Ref.: Expediente T-3407511
Bogotá, D.C., diez y siete de agosto de dos mil doce.
Juan Carlos Ardila Chacón incoó acción de tutela en mayo 26 de 2011, contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, aduciendo violación de los derechos “al debido proceso, al acceso a la recta administración de justicia, a la libre asociación y fuero sindical, al desconocimiento del principio de favorabilidad... a los derechos de carrera administrativa y la no aplicación del artículo 147 del Decreto Reglamentario 1572 de 1998 de la Ley 443 de 1998 de Carrera Administrativa”, según los hechos que a continuación son resumidos.
1. El actor expuso que fue empleado de la alcaldía de Bucaramanga, desde abril 14 de 1994 hasta marzo 15 de 2000, en carrera administrativa, siendo retirado del cargo de “auxiliar administrativo código 55010 grado 10, sin haber obtenido el permiso judicial correspondiente conforme lo exigía el artículo 147 del Decreto Reglamentario 1572 de 1998 de la Ley 443 de 1998 de Carrera Administrativa”.
2. Afirmó que estaba amparado con la garantía de fuero sindical, por ser fundador de la “Asociación Sindical, Asociación Santandereana de Empleados Públicos ASTDEMP Subdirectiva Bucaramanga con registro sindical G:012 del 29 de febrero del 2000 de la dirección Regional del Ministerio del Trabajo”.
3. Aseveró que la supresión de dicho cargo se dio mediante Decreto 20 de febrero del 2000, “sin razón valedera, al no realizarme el Estudio técnico en el sitio de trabajo como correspondía, sin estar desempeñando las funciones propias del cargo del cual había sido nombrado en propiedad... por encontrarme en una supuesta comisión... al estar desempeñando funciones que no eran propias del cargo Auxiliar Administrativo Código 55010 grado 10”, comisionado al Instituto Municipal de Cultura.
4. En mayo 10 de 2000 presentó demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Santander, que luego de instar al actor para que precisara los actos demandados, ante una posible indebida acumulación de pretensiones; al decidir en primera instancia, determinó declararse inhibido “para conocer las acciones de fuero sindical” y denegar las demás pretensiones de la demanda, argumentando que “el acto administrativo que suprimió el empleo del demandante goza de presunción de legalidad... le correspondía a aquel acreditar que con su desvinculación no se cumplieron los fines de mejoramiento del servicio, modernización de la entidad y disminución del gasto con base en los estudios técnicos efectuados, sino que se incurrió en vicios de ilegalidad tales como falsa motivación”, anotando que no se allegó al expediente “probanza alguna que permitiese atribuir vicio de ilegalidad a los actos enjuiciados”.
5. Interpuesto recurso de apelación, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, decidió confirmar la providencia del a quo, entre otras consideraciones porque:
“... el acto supresor que modificó la situación particular y concreta del demandante fue el Decreto 20 de 29 de febrero de 2000, mediante el cual suprimió, entre otros todos los cargos de Auxiliar Administrativo... de acuerdo con los artículos 1º y 4º. Sobre esta decisión, tenía pleno conocimiento el actor, pues como ya se vio el oficio de 14 de marzo de 2000, expedido por el gerente del proceso de reestructuración, expresamente le informó...
... para demostrar los vicios de violación a la ley de carrera, falta motivación y falta de competencia de la actuación administrativa referente a la supresión de su cargo, resultaba indispensable demandar aquel decreto...”.
6. De tal manera, el demandante pidió tutela para sus derechos fundamentales ante reseñados y, en consecuencia, ordenar “al Consejo de Estado y/o Tribunal Administrativo de Santander el restablecimiento de los derechos vulnerados por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, para que esta me reincorpore a un cargo igual o superior categoría”.
1. Certificaciones que acreditan la inscripción y la constitución del sindicato, donde el actor figura “en la lista de socios fundadores de la Asociación Santandereana de Empleados Públicos ‘ASTDEMP’ Sub Directiva Seccional de Bucaramanga” (fls. 20 a 45 cdno. inicial).
2. Diligencia de posesión en el cargo de técnico de archivo, grado 10 (abr. 14/94, fls. 46 y 47 ib.).
3. Resolución 805 de 1994, que inscribe en el escalafón de la carrera administrativa al accionante (fl. 48 ib.).
4. Resoluciones y posteriores prórrogas, entre abril de 1998 y mayo de 1999, comisionando al señor Ardila Chacón para realizar un estudio técnico que se requería en el Instituto Municipal de Cultura (fls. 49 a 61 ib.).
5. Comunicación de supresión del cargo, informando que “al estar inscrito en el escalafón de la Carrera Administrativa debe optar por percibir la indemnización cuya cuantía determina la última de las normas citadas o recibir un tratamiento preferencial para ser incorporado en un empleo equivalente al que ocupa que se encuentre vacante, o que de acuerdo con las necesidades del servicio se cree dentro de los empleos contemplados en la nueva planta de personal” (mar. 14/2000, fl. 62 ib.).
6. Certificación expedida por el Instituto Municipal de Cultura, donde consta que el actor laboró “del 15 de abril de 1998 al 15 de marzo de 2000” (fls. 63 y 64 ib.).
7. Decreto 20 de febrero 29 de 2000 (“Por el cual se globaliza la planta de cargos de la administración central”) y resoluciones efectuando nombramientos provisionales en la alcaldía de Bucaramanga (fls. 67 a 75 ib.).
8. Carta presentada por el accionante, solicitando “el reintegro al cargo que venía desempeñando y de cual fui destituido de manera ilegal” (fl. 76 ib.).
9. Corrección y adición de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentada contra el municipio de Bucaramanga (fls. 77 a 112 ib.).
10. Sentencia proferida en mayo 14 de 2009 por el Tribunal Administrativo de Santander, donde se resolvió “declararse inhibida esta jurisdicción para conocer de las acciones de fuero sindical... deniéganse las demás pretensiones de la demanda” (fls. 113 a 126 ib.).
11. Fallo emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, confirmando la decisión del a quo (fl. 128 a 139 ib.).
C. Respuesta del Tribunal Administrativo de Santander.
Mediante escrito presentado en junio 20 de 2011, la Magistrada ponente en primera instancia, después de un análisis detallado solicitó negar las pretensiones, argumentando finalmente que
“no se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales aludidos, en consideración que el tutelante ha contado con todas las herramientas jurídicas para controvertir las decisiones proferidas dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a las normas legales y rituales que rigen el proceso, y es que tanto esta corporación como el... Consejo de Estado decidieron denegar las pretensiones de la demanda en consideración a que el accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la cual se encuentran revestidas las actuaciones de la administración..., no pudiendo alegar en esta instancia la vulneración de sus derechos por parte de las autoridades judiciales que decidieron sus peticiones conforme a derecho” (fls. 151 a 157 ib.).
D. Respuesta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
“... que esta circunstancia fue esbozada por el actor en su demanda y abordada desde la primera instancia, en donde se declaró la falta de jurisdicción respecto de la protección del fuero sindical solicitada, en razón que la Ley 712 de 2001, se encuentra consagrada la acción tendiente a que el empleado sindicalizado y despedido sin autorización judicial, obtenga el reintegro.
Sobre este aspecto, esta Sección ha sido enfática en señalar, que si bien debe tenerse en cuenta el mandato Constitucional establecido en el inciso 4º del artículo 39 de la Carta Política, también es claro que dicho mandato no prohíbe la supresión de empleos desempeñados por personal aforado, ni se constituye una garantía absoluta que impermeabilice al funcionario que goza de tal prerrogativa, por lo que puede ser restringida en cumplimiento de intereses jurídicos de carácter general, como son la adecuada prestación del servicio.
El Decreto 1572 de 1998, reglamentario de la Ley 443 de 1998 y del Decreto-Ley 1567 de 1998, en su artículo 147, preceptúa:
‘ART. 147.—Para el retiro del servicio de empleado de carrera con fuero sindical, por cualquiera de las causales contempladas en la ley, debe previamente obtenerse la autorización judicial correspondiente’.
... es de advertir que la trasgresión del citado artículo 147, no compromete de ninguna manera la validez del acto supresor del cargo”.
Igualmente indicó que la legislación contempla específicamente una acción “en favor del trabajador, consagrada en el artículo 118A del Código de Procedimiento del Trabajo, adicionado por el artículo 49 de la Ley 712 de 2001, para obtener el reintegro cuando el fuero sindical ha sido desconocido por el empleador”, la cual se interpone ante la jurisdicción ordinaria, sometida a un término de prescripción de 2 meses y “se tramita por un procedimiento especial para proteger efectivamente a la asociación sindical en los procesos de retiro del servicio de sus miembros amparados, circunstancia que justifica la exclusión de los trámites y ritualidades que debe agotar un proceso ordinario”.
En consecuencia, no puede el actor solicitar el reintegro alegando vicios cuyo conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni puede invocar el desconocimiento de las normas de rango superior en que debió fundarse el acto, relativas al fuero sindical (fls. 158 a 160 ib.).
E. Respuesta del municipio de Bucaramanga.
En junio 29 de 2011 el municipio de Bucaramanga señaló, mediante apoderada, que
“el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado no solo consideraron la excepción del fuero sindical, ellos también analizaron de fondo las pretensiones del demandante es por ello que dentro de sus considerandos se hace mención de la necesidad de demandar el acto administrativo que realmente afecta al interesado por ello tanto las corporaciones anteriores como el Ministerio Público recalcar (sic) el error del demandante en solicitar la nulidad de la Resolución 55 de 29 de febrero de 2000 por medio de la cual se crea una planta transitoria y no del Decreto 20 de 29 de febrero 2000 el cual realmente suprimió entre otros, todos los cargos de Auxiliar Administrativo..”.
Además, el tribunal examinó
“las pruebas aportadas por el municipio de Bucaramanga como el Estudio técnico, el convenio interadministrativo suscrito con la Universidad Industrial de Santander UIS, la comunicación al servidor público, entre otros, deduciendo que la Administración obró conforme a derecho pues notificó la supresión del cargo y le correspondía al accionante informar a la administración sobre cuál de las dos opciones le favorecía más y, como no lo hizo, se entendió que optó por la indemnización”.
Por ello, estima que el actor
“contó con las garantías jurídicas frente a la acción instaurada, tanto así que... hace uso de los recursos establecidos en la ley”.
F. Sentencia de primera instancia en la acción de tutela.
Así mismo, indicó que “en el presente caso no existe un daño inminente y grave que justifique la procedencia transitoria del amparo constitucional” (fl. 230 ib.).
En escrito presentado en noviembre 4 de 2011, el actor impugnó la decisión, ubicando su desacuerdo en que
“la única pretensión de la acción de tutela siempre ha sido y lo será que el juez de conocimiento de esta, se pronunciara sobre la legalidad del fallo inhibitorio de primera instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, confirmado por el de segunda instancia (Consejo de Estado), a su vez reclamar la protección inmediata de mis derechos fundamentales constitucionales”.
“el tribunal de primera instancia y el juez de tutela, no resolvieron de manera integral, las pretensiones de la demanda, es decir, nada concluido, definido y menos que se pudiera considerar, meritorio y de cosa juzgada. Dejando fenecer el término previsto para la resolución de fondo del asunto planteado” (fls. 247 ib.).
H. Sentencia de segunda instancia en la acción de tutela.
Mediante fallo de febrero 2 de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, modificó la decisión recurrida y decidió
“rechazar por improcedente la tutela”,
“en la situación fáctica que el actor expone no se advierte trasgresión... lo que se evidencia es que el tutelante en realidad controvierte el criterio hermenéutico de las autoridades judiciales en el que fundaron su decisión de negar las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra el municipio de Bucaramanga”.
Anotó además que
“la alegación no recae en que las providencias judiciales desconozcan su derecho de acceso a la administración de justicia o el de defensa, sino únicamente porque está en desacuerdo con el sentido de los fallos que... denegaron las súplicas de la demanda” (fls. 269 a 283 ib.).
3. Por regla general, la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
Esta Corte mediante sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los arts. 11 y 12 ibídem), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que terminen un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en la Constitución Política, esta corporación determinó que el juez de tutela no puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso(1).
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (C.P., arts. 86 y D. 2591/91, art. 8º). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.
Del mismo fallo C-543 de 1992, refréndese que
“si la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”(2).
Igualmente, con fundamento en que el constituyente estableció jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser desconcentrado, en ese fallo se indicó que
“no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas” (no está en negrilla en el texto original).
En la jurisprudencia de esta corporación se ha venido desarrollando así, desde 1993 hasta sus más recientes pronunciamientos, la noción de la vía de hecho(3), al igual que, especialmente en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de procedencia y, sobre todo, causales especiales de procedibilidad. Con todo, es preciso tener en cuenta que la acción de amparo se encuentra reservada para aquellos eventos en los cuales se presente una verdadera conculcación de un derecho fundamental, lo cual suele traducirse en actuaciones arbitrarias, ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de requerirse la intervención del juez de tutela como única vía para su restablecimiento, pues de otra forma ese instrumento consignado en el artículo 86 superior habría de convertirse en un mecanismo especial de enmienda de las decisiones judiciales, interpretación que resulta por completo ajena a la especial naturaleza con la cual ha sido concebida la acción de tutela.
En este sentido, es oportuno añorar el contenido del inciso final del parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que por esa decisión fue declarado inexequible:
“La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas”.
Sobre el tema expuso en esa ocasión esta corporación que
“no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia” (no está en negrilla en el texto original, ni en las transcripciones siguientes).
Empero, luego de esos categóricos raciocinios, en la citada providencia fueron compilados los denominados “requisitos generales de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”(5), siendo catalogados los primeros de la siguiente manera:
Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales, merece también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer
4.1. Atañe a esta Sala definir si los derechos fundamentales invocados por el señor Juan Carlos Ardila Chacón fueron violados por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, que mediante fallos de primera y segunda instancia, dictados respectivamente en mayo 14 de 2009 y noviembre 25 de 2010, el primero pronunció y el segundo confirmó inhibición “para conocer las acciones de fuero sindical” y denegó las demás pretensiones, supuestamente sin haber tenido en cuenta que el accionante se encontraba en carrera administrativa y amparado con fuero sindical, por ser fundador de la “Asociación Sindical, Asociación Santandereana de Empleados Públicos ASTDEMP”.
4.2. Como se indicó en precedencia, la acción de tutela, por regla general, no procede contra decisiones judiciales que cierran un proceso, salvo en aquellos eventos en los cuales el funcionario judicial contravino de manera palmaria el ordenamiento constitucional, incurriendo en ostensible arbitrariedad, que es lo que en este caso se reprocha al Tribunal Administrativo de Santander y al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Así, deviene necesario estudiar de fondo el asunto, para igualmente dilucidar si lo pretendido es imponer, a manera de instancia adicional, una particular forma de interpretar normas, u otra apreciación probatoria, o remplazar al juez ordinario en las funciones que le son propias.
4.3. En primer lugar, el demandante Juan Carlos Ardila Chacón censuró la forma como el Tribunal Administrativo de Santander declaró “inhibida esta jurisdicción para conocer de las acciones de fuero sindical”, reproche que se descarta al constatar que esa corporación consignó, con suficiencia, los fundamentos fácticos y jurídicos necesarios para concluir, recibiendo la subsiguiente confirmación del respectivo superior jerárquico, que el asunto planteado resultaba ajeno a su ámbito jurisdiccional. Denotó, al efecto, que “cuando se trata de una de las dos acciones a las que refiere la Ley 712 de 2001 (antes 362/97) en las condiciones señaladas, esta jurisdicción no es competente para conocer y decidir de fondo la controversia... no obstante corresponde asumir el conocimiento de fondo en lo que corresponde, a la vulneración de normas de carrera administrativa”.
No es entonces apropiado que el actor pretenda luego resarcir, por vía de amparo, no haber acudido a la jurisdicción laboral ordinaria para obtener el reintegro por el presunto desconocimiento del fuero sindical, que emanaría de su figuración “en la lista de socios fundadores de la Asociación Santandereana de Empleados Públicos ‘ASTDEMP’ Sub Directiva Seccional de Bucaramanga” (fls. 20 a 45 cdno. inicial).
Es pertinente recordar que el fuero sindical es una garantía reconocida en la Constitución (inc. 4, art. 39) y en instrumentos internacionales, dirigida a proteger la estabilidad laboral de quienes han decidido asociarse para fundar y/o hacer parte de una organización sindical, de manera que el empleador no pueda terminarles unilateralmente la relación laboral, trasladarlos o desmejorar sus condiciones de trabajo, sin acudir previamente a la autoridad competente, a fin de que ella califique la causa de la decisión, revisando su concordancia con el ordenamiento vigente.
Los trabajadores aforados, de conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo(15), tienen establecida a su favor la acción de reintegro por fuero sindical, cuyo conocimiento atañe a la jurisdicción laboral ordinaria(16).
Reitérase, de otra parte, que según consolidada jurisprudencia de esta Corte, la acción de tutela no es vía idónea para obtener el reintegro laboral, que “debe tramitarse en primera instancia ante los jueces ordinarios, que son los encargados de resolver tales pretensiones en el marco de procesos expresamente diseñados para ello”; esta misma providencia(17) señala además (no está en negrilla en el texto original):
En este orden de ideas, las pretensiones que están dirigidas, por ejemplo, a obtener el pago de salarios, el reconocimiento de prestaciones sociales, el reconocimiento o reliquidación de pensiones, la sustitución patronal, el reintegro de trabajadores y, en fin, todas aquellas prestaciones que derivan su causa jurídica de la existencia de una relación laboral previa, en principio, no están llamadas a prosperar por vía de la acción de tutela, en consideración al criterio de subsidiaridad que reviste la protección constitucional”.
“... la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de solución de controversias por el uso indiscriminado e irresponsable de la acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2º Superior)(18) y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada en qué consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez natural (juez especializado) y la transformación de los procesos ordinarios que son por regla general procesos de conocimiento (no sumarios)”(19).
Siguiendo lo expuesto, esta Corte ha expuesto: “... la justicia constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe procurar una coordinación entre éstos, con el fin de que no ocurran interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el Constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo”(20).
La subsidiariedad propia de esta acción está matizada desde el mismo artículo 86 superior, que dispone la procedencia excepcional del amparo en los eventos en que, pese a existir un mecanismo común de defensa judicial, resulta imperioso evitar la concreción de un perjuicio irremediable a través de tal actuación, que es sumaria, informal y especial. La protección a la asociación sindical no ha sido excepción a esta regla, como puede observarse en la sentencia T-695 de julio 22 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra:
“... la tutela no es mecanismo judicial idóneo para afrontar los problemas de reintegro por vulneración de fuero sindical, sólo en casos extremos, cuando se verifique la existencia de un perjuicio irremediable, podría el juez de tutela asumir conocimiento del caso en estudio. El mecanismo transitorio invocado, sólo es viable en materia de tutela cuando se encuentre fehacientemente comprobado el perjuicio irremediable por parte de los accionantes, que ostente el carácter de inminente al encontrarse en una grave situación que requiere de medidas urgentes y cuya protección es impostergable”.
4.4. En segundo lugar, el actor presentó demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, atacando la supresión del cargo en la alcaldía de Bucaramanga para el cual había concursado, que acaeció en virtud del Decreto Nº 020 de febrero del 2000, pretensión que fue negada por el Tribunal accionado y también confirmada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en cuya sustentación se expuso (fl. 122 cdno. inicial):
“... obra copia del convenio interadministrativo Nº 4 de 1999, celebrado entre el municipio de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander, donde su objeto es la ‘Elaboración del diagnóstico y del plan de reforma económica territorial PRET’, para el municipio accionado, con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas por el Consejo de Bucaramanga mediante Acuerdo 23 de mayo 19 de 1999... al alcalde de Bucaramanga, que culminaron con la elaboración del estudio técnico administrativo del proyecto de restructuración del municipio de Bucaramanga, con lo cual queda plenamente acreditado el cumplimiento del primer requisito exigido por la Ley 443 de 1998...
Revisado el Decreto 20 del 29 de febrero de 2000, por medio del cual se globaliza la planta de cargos de la administración central, aclarado y complementado por la Resolución 55... acto administrativo que delimita la supresión de los cargos... relacionados en el Decreto 218 de 1998, donde aparece registrado el cargo desempeñado por el actor...
... tiene motivación que los actos administrativos que modificaron la situación del actor al suprimir su empleo, se fundaron buscando la racionalización y optimización de la estructura central del ente territorial, lo que permite inferir que su motivación se circunscribe a las razones expuestas en el estudio técnico de reestructuración administrativa para el municipio... estudio que contiene la descripción del problema, el pronóstico, cual es el objetivo de la restructuración, su justificación, análisis de procedimientos y cargas laborales, acciones correctivas y la respectiva propuesta; esta motivación es suficiente para el proferimiento del decreto y la resolución en cuestión...
Adicionalmente el tercer requisito exigido por el artículo 41 de la Ley 443 de 1998, consistente en la existencia de una fundamentación del acto administrativo en necesidad del servicio o en razones de modernización de la administración...”.
“al suprimirse el cargo que venía desempeñando... se le reconocieron sus derechos de carrera administrativa y por ello se procedió, de acuerdo con... el Decreto-Ley 1568 de 1998, art. 44 y siguientes, y en la Ley 443 de 1998 art. 39, a darle la oportunidad de escoger entre la opción del derecho preferencial de ser incorporado a un empleo equivalente al que venía desempeñando y fue suprimido, o... ser indemnizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 137 del Decreto 1572 de 1998, para lo cual otorgó un término de 5 días hábiles siguientes al recibo de la correspondiente comunicación..”..
“debía informar a la administración sobre cuál de las dos opciones le favorecía más y, como no lo hizo, se entendió que optó por la indemnización, ya que solo el día 15 de mayo de 2000..., presentó oficio solicitando el reintegro a su cargo y de paso agotando la vía gubernativa, estando ya por fuera del tiempo que refiere la norma”.
La jurisprudencia constitucional, tanto en control abstracto como en concreto(21), ha reiterado que el sistema de provisión de cargos mediante concurso de méritos responde a tres objetivos(22): i) la concreción del óptimo funcionamiento del servicio público, que garantice condiciones de igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; ii) la protección del derecho fundamental a acceder a las posiciones públicas mediante concurso de méritos, en condiciones de igualdad, en virtud de lo establecido en los artículos 13 y 40 de la Constitución; y iii) la protección y el respeto de los derechos subjetivos de los servidores del Estado relacionados con el principio de estabilidad en el empleo, con los derechos referidos al ascenso, la capacitación profesional y el retiro de la carrera y con los demás beneficios derivados de la condición de escalafonados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 125 y 209 de la carta política y como lo ha manifestado esta corporación(23), la administración pública tiene la facultad de adecuar su funcionamiento a las necesidades del servicio; por tanto puede crear, modificar, reorganizar y suprimir cargos de su planta de personal, cuando las necesidades públicas o las circunstancias económicas y sociales lo impongan, sin que ello implique un menoscabo ilegítimo del derecho a la estabilidad laboral inmanente a los trabajadores inscritos en la carrera administrativa.
Así, en fallo T-374 de marzo 31 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, se indicó:
“Igualmente, no hay duda de que la pertenencia a la carrera administrativa implica para los empleados escalafonados en ella la estabilidad en el empleo, sin embargo, esa sola circunstancia no obliga al Estado a mantener los cargos que éstos ocupan, por siempre y para siempre, pues pueden existir razones y situaciones que justifiquen la supresión de los mismos. La estabilidad, como tantas veces se ha dicho, ‘no significa que el empleado sea inamovible’”.
Por ende, la supresión de un cargo de carrera administrativa puede darse legítimamente, entre otras situaciones por(24): i) fusión o liquidación de la entidad pública respectiva; ii) reestructuración de la misma; iii) modificación de la planta de personal; iv) reclasificación de los empleos; v) políticas de modernización del Estado, con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público; vi) control del gasto público.
Sin embargo, la ley(25) ha previsto medidas que buscan garantizar la estabilidad laboral o resarcir a quienes se encuentren en carrera administrativa y su cargo es suprimido, como la incorporación, la reincorporación(26) y la indemnización, propiciándoles que sigan desempeñándose, o se les repare pecuniariamente, como en efecto se hizo en el caso del acá demandante, Juan Carlos Ardila Chacón.
1. MODIFICAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2012 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en su momento modificó la dictada el 18 de julio de 2011 por la Sección Cuarta de la misma corporación.
2. NEGAR la tutela solicitada por el señor Juan Carlos Ardila Chacón, contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, por haber dictado las sentencias de mayo 14 de 2009 y noviembre 25 de 2010, respectivamente, al decidir la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el mencionado señor.
(1) Cfr. sentencias T-133 de febrero 14 de 2010 y T-383 de mayo 16 de 2011, ambas con ponencia de quien ahora cumple igual función.
(2) No está en negrilla en el texto original.
(3) La Corte Constitucional ha abordado el tema de la tutela contra providencias judiciales en un gran número de pronunciamientos, pudiendo destacarse, entre muchas otras, las sentencias T-079 y T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-492 y T-518 de 1995, T-008 de 1998, T-260 de 1999, T-1072 de 2000, T-1009 y SU-1184 de 2001, SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, SU-540, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-210, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009; T-024, T-105de 2010, T-337, T-386 de 2010, T-892 de 2011, T-105, T-256 y T-390 de 2012.
(4) Cfr., sobre este tema, entre muchas otras, las sentencias T-008 de enero 22 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-357 de abril 8 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería y T-952 de noviembre 16 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(5) Las clasificaciones consignadas en las consideraciones del fallo C-590 de 2005, relacionadas con los “requisitos generales de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, han sido reiteradas entre muchas otras en las sentencias SU-813 de octubre 4 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-555 de agosto 19 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-549 de agosto 28 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-819 de noviembre 18 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-268 de abril 19 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(6) “Sentencia T-173/93”.
(12) “Sentencia T-522/2001”.
(13) “Cfr. Sentencias T-462/2003; SU-1184/2001; T-1625/2000 y T-1031/2001”.
(14) T-518 de noviembre 15 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en la T-1036 de noviembre 28 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(15) Código Sustantivo del Trabajo, artículo 408 en concordancia con el artículo 118 Código de Procedimiento Laboral.
(16) Código de Procedimiento Laboral, arts. 1º y 2º.
(17) T-768 de julio 25 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería. Cfr. también, entre otras, T-029 de enero 22 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(18) “Cfr. T-249 de 2002”.
(19) T-514 de junio 19 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(20) T-575 de noviembre 10 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(21) Cfr. C-079 de febrero 7 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-204 de marzo 24 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
(22) El artículo 27 de la Ley 909 de 2004, señala: “Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna”.
(23) Cfr. C-527 de noviembre 18 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(24) Cfr. T-574 de julio 27 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(25) Artículo 44 de la Ley 909 de 2004[25], en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1227 de 2005.
(26) En fallo T-700 de agosto 22 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se anotó que la incorporación es inmediata y debe darse en la misma entidad, mientras que en la reincorporación se procura “un trabajo de carrera igual o equivalente que esté vacante o provisto mediante encargo o nombramiento provisional”.

References: artículo 147
 artículo 147
 Resolución 
 artículo 39
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 118
 artículo 49
 Resolución 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 86
 artículo 40
 artículo 86
 Resolución 
 resolución 
 artículo 41
 artículo 137
 artículo 408
 artículo 118
 artículo 27
 Artículo 44
 artículo 87