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Timestamp: 2019-06-17 16:02:24+00:00

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Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. | SEGURIDADPUBLICA.es
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La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 25 de mayo de 1996, configuró un nuevo sistema de penas y medidas de seguridad.
La reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, supone una revisión parcial de dicho sistema, de la que pueden destacarse, entre otros aspectos, la desaparición de la pena de arresto de fin de semana, la creación de la pena de localización permanente y la nueva regulación de la sustitución de las penas privativas de libertad y de la ejecución de las medidas de seguridad Por otro lado, y al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, la Administración penitenciaria se encuentra obligada a hacer efectivo el cumplimiento de las penas en ejecución de las correspondientes resoluciones judiciales.
En el capítulo IV se regula el procedimiento de control y seguimiento, realizado por la Administración penitenciaria a través de los servicios sociales penitenciarios, de los deberes y obligaciones impuestas como condición de la suspensión de ejecución de penas privativas de libertad que acuerden los jueces y tribunales sentenciadores.
Se prevé la elaboración de un plan individual de intervención y seguimiento que será aprobado por dichos órganos judiciales y que se irá modificando en atención al cumplimiento de las obligaciones y deberes a los que está sujeto el penado.
1. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración penitenciaria, que a tal fin podrá establecer los oportunos convenios con otras Administraciones públicas o entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública. En este caso, estas Administraciones o entidades podrán asumir las funciones de gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados, sin perjuicio de la supervisión de la Administración penitenciaria.
2. El penado podrá proponer un trabajo concreto que será valorado, en informe previo, por la Administración penitenciaria, atendiendo a la extensión y ámbito de los convenios en vigor y al número de plazas disponibles. En este caso, la Administración penitenciaria, tras analizar la propuesta ofrecida por el penado, emitirá un informe al juzgado de vigilancia penitenciaria en el que valorará la propuesta y, en especial, si cumple los requisitos establecidos en el Código Penal y en este Real Decreto, a fin de que adopte la decisión correspondiente.
Artículo 5. Entrevista y selección de trabajo.
1. Los servicios sociales penitenciarios, una vez recibidos el testimonio de la resolución y los particulares necesarios, entrevistarán al penado para conocer sus características personales, capacidad laboral y entorno social, personal y familiar, para determinar la actividad más adecuada. En esta entrevista se le ofertarán al penado las distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que debería realizarlo y, en los supuestos a los que se refiere el artículo 4.2, se escuchará la propuesta que el penado realice.
2. Una vez que el penado haya prestado su conformidad con el trabajo que se le propone, los referidos servicios sociales penitenciarios elevarán la propuesta de cumplimiento de la pena al juzgado de vigilancia penitenciaria para su aprobación o rectificación.
3. La no conformidad con el trabajo concreto propuesto o la imposibilidad de llevarlo a cabo por razones personales, sociales o familiares será comunicada por los servicios sociales penitenciarios al juez de vigilancia penitenciaria a los efectos oportunos.
Artículo 6. Jornada, horario e indemnizaciones.
3. La realización del trabajo no será retribuida, pero el penado será indemnizado por la entidad a beneficio de la cual sea prestado el trabajo por los gastos de transporte y, en su caso, de manutención, salvo que estos servicios los preste la propia entidad, respetando, en todo caso, los términos del convenio con la Administración penitenciaria.
1. Durante el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones que reciba del juez de vigilancia penitenciaria y de los servicios sociales penitenciarios y las directrices de la entidad para la que preste el trabajo.
2. Los servicios sociales penitenciarios comprobarán con la periodicidad necesaria el sometimiento del penado a la pena, así como el cumplimiento efectivo del trabajo impuesto; a tal fin, mantendrán contactos periódicos con la entidad en que se lleve a cabo y adoptarán, en su caso, las medidas procedentes.
Artículo 9. Información general y particular.
Artículo 10. Informe final.
Artículo 12. Comunicación de la resolución judicial.
Artículo 15. Informe final.
Artículo 16. Comunicación de la resolución judicial.
Artículo 17. Elaboración del plan de intervención y seguimiento.
Artículo 18. Remisión al centro o servicio específico.
Artículo 21. Comunicación de la resolución judicial.
Artículo 22. Elaboración del plan de intervención y seguimiento.
Artículo 23. Remisión al centro o servicio específico.
Artículo 24. Seguimiento y control.
Artículo 25. Informes.
Artículo 26. Órganos penitenciarios competentes.
Artículo 27. Coordinación en casos de penas o medidas de seguridad impuestas por juzgados de violencia sobre la mujer.
Artículo 28. Informes requeridos por autoridades judiciales y por el Ministerio Fiscal.
Artículo 29. Traslados de expedientes.
Artículo 30. Certificaciones de cumplimiento.
Artículo 31. Comisión técnica de apoyo y seguimiento.
1. La Administración penitenciaria podrá crear una comisión técnica de apoyo y seguimiento, conformada por personal de los servicios sociales penitenciarios y de los servicios centrales, para que realice funciones de 15664 Sábado 7 mayo 2005 BOE núm. 109 información, propuesta y apoyo técnico en aquellas tareas de implementación del sistema de ejecución de las penas desarrolladas en este Real Decreto.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero
Artículo anteriorLey Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
Artículo siguienteRESOLUCIÓN 690 de 1974, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, declaración sobre la Policía.

References: Real Decreto 

Artículo 5
 resolución 
 artículo 4

Artículo 6

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12
 resolución 

Artículo 15

Artículo 16
 resolución 

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 21
 resolución 

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31
 Real Decreto