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Timestamp: 2019-10-16 17:08:58+00:00

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TUCUMAN – Ley de Defensa del Consumidor | ecofield
VISTO la Ley Provincial N° 8.365, promulgada en fecha 22 de octubre de 2010, mediante la cual se establece el procedimiento para la defensa de los derechos y garantías de los consumidores y usuarios; y
Que por el artículo 42° de la referida ley se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la misma;
Que en consecuencia, se hace necesario proceder a su reglamentación con el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello; y de conformidad con lo dictaminado por Fiscalía de Estado a Fs. 20 (Dictamen N° 1956/11),
Art. 1° – Reglaméntase la Ley Provincial N° 8.365, promulgada en fecha 22 de octubre de 2010, conforme se establece en el Anexo Único que forma parte integrante del presente instrumento.
Art. 2° – El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Seguridad Ciudadana y firmado por el Sr. Secretario de Estado de Servicios al Ciudadano.
Art. 3° – Comuníquese, etc.
Artículo 2°: La Dirección de Comercio Interior, actúa como autoridad de aplicación del Procedimiento para la Defensa de los Derechos y Garantías de los Consumidores y del Usuario, aprobado por la Ley N° 8.365.Facúltese al Director de Comercio Interior para dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la Ley8.365 y este reglamento.
Artículo 3°: El órgano competente dirigirá el procedimiento procurando:
a) Tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en estado de resolver.
b) Proveer en una sola resolución todos los trámites que, por su naturaleza, admitan su impulsión simultánea y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes.
c) Subsanar de oficio o por pedido del interesado dentro del plazo razonable, disponiendo de la misma manera las diligencias que fueren necesarias para evitar nulidades.
d) Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes interesadas, sus representantes legales o apoderados para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y aun para reducir las discrepancias que pudiere existir sobre cuestiones de hecho o de derecho, labrándose la correspondiente acta. En la citación se hará constar concretamente el objeto de la comparecencia.
Artículo 6°: El inspector actuante dentro de las 24 horas de realizado el procedimiento deberá dar ingreso al original y duplicado del acta, por la mesa de entradas y salidas del organismo. La primera de ellas servirá para la confección del expediente correspondiente y la segunda para el archivo en el libro de protocolo que al efecto llevará la autoridad de aplicación. Las actas serán archivadas conforme el orden de ingreso por mesa de entradas y salidas. El libro de protocolo de actas deberá ser intervenido y rubricado anualmente por el Director de la repartición.
Artículo 7°: En los supuestos en que deban extraerse muestras, de productos o elementos, para determinar la existencia de alguna presunta infracción, el lote o partida respecto del cual se extrajeron las mismas podrá ser secuestrada cuando existiendo fundada sospecha de la infracción, su verificación pueda frustrarse por la demora o por la acción del presunto responsable o de terceros. Si debido ala voluminosidad o cantidad resultare dificultoso el secuestro, se procederá a individualizar el lote o partida, colocar las fajas de intervención y designar al inspeccionado como depositario fiel de la misma con la responsabilidad penal que ello implica.
Artículo 9°: Verificada la existencia de la obstrucción de procedimiento, quienes la hayan cometido serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor. La aplicación de la sanción por obstrucción de procedimiento abarca a todos los que hayan cometido la conducta comisiva u omisiva y al titular del establecimiento en donde se debía efectuar la inspección.
Artículo 11: Denuncia. El denunciante no es parte en el procedimiento sumarial. Su intervención se agota con la instancia conciliatoria, salvo la participación que la autoridad de aplicación considere pertinente a los fines de mejor proveer, y sin perjuicio de lo que se establezca en relación al resarcimiento del daño directo que solicite.
La autoridad de aplicación informará al denunciante, que éste puede solicitar el resarcimiento del daño directo que pudiera habérsele ocasionado, debiendo hacerlo de manera expresa, explicando los motivos por los que considera que ha existido el daño directo, estimar su cuantía y aportar todas las pruebas que posea de ello.
La omisión de solicitud de resarcimiento por daño directo por parte del denunciante no obsta a que la autoridad de aplicación determine su procedencia.
Artículo 13: Para el caso que los intervinientes, avanzada la audiencia conciliatoria, no logren arribar a un acuerdo, el funcionario actuante podrá formular una propuesta de acuerdo, que signifique una justa componenda de intereses. Dicha proposición podrá ser efectuada dentro de los 30 días subsiguientes a la audiencia de conciliación. Dicho plazo podrá ser prorrogado mediante decisión fundada.
Los planteos de incompetencia, falta de legitimación activa o pasiva, de existencia de una denuncia ante otro organismo que presente identidad de objeto, sujeto y causa, o cualquier planteo que deba ser resuelto previamente o que por su carácter impida la tramitación de las actuaciones, deberá ser interpuesto previo a la primera audiencia de conciliación o durante su celebración, debiendo adjuntar con los mismos toda documentación probatoria de la que intente valerse. La falta del planteo oportuno o la falta de sustento probatorio hará decaer el derecho a deducirlo posteriormente.
Artículo 14: La incomparecencia injustificada del denunciado dará lugar a la imposición de una sanción de multa de $50 (pesos cincuenta) a $10.000 (pesos diez mil), la que se graduará conforme a las pautas establecidas en la Ley N° 24.240.La incomparecencia deberá ser justificada por escrito dentro del término de 5días posteriores a la realización de la audiencia de conciliación. Con el mismo deberá presentarse la documentación que acredite la existencia de motivos fundados de su inasistencia.
La imposibilidad personal de un representante legal, cuando existieren varios, no constituirá eximente para justificar la inasistencia a la audiencia de conciliación.
La incomparecencia injustificada del denunciante, no obstará a la prosecución oficiosa de las actuaciones en caso de que la autoridad de aplicación lo estime procedente.
Artículo 15: Instructores: Los instructores deben ser abogados matriculados en el Colegio de Abogados de Tucumán. Tienen a su cargo la total tramitación de las actuaciones y gozan de las más amplias facultades instructorias y ordenatorias.
En especial les corresponde lo siguiente:
-Formular las imputaciones de cargos, rectificarlas y/o ampliarlas, en caso de corresponder.
-Proveer los descargos y ofrecimiento de prueba.
-Ordenar vistas y traslados.
-Recibir la causa a prueba, ordenar o denegar la producción de la prueba ofrecida, ordenar todas aquellas medidas probatorias que estime conducentes para el esclarecimiento del caso en estudio, así como el control y seguimiento durante la totalidad de la etapa probatoria.
-Llevar adelante todas las medidas que sean pertinentes a los fines de la sustanciación de la etapa sumarial (intimaciones, apersonamientos, audiencias ad hoc, solicitud de informaciones, etc.)
-Recomendar la suspensión y posterior archivo de las actuaciones en los casos establecidos por la ley.
-Iniciar las actuaciones sumariales correspondientes ante los casos de denuncia de incumplimiento de los acuerdos conciliatorios convenidos en la etapa de conciliación.
-Las demás funciones que le atribuya la autoridad de aplicación.
La conclusión de procedimiento por desestimación de la denuncia y posterior archivo de las actuaciones deberá efectuarse por simple providencia, debiendo estar precedido de dictamen jurídico.
Concluida la instrucción del sumario, las actuaciones deberán ser remitidas a asesoría letrada, a los fines de que se efectúe el análisis técnico jurídico correspondiente.
Artículo 19: Con el descargo, el sumariado deberá acompañar toda la prueba documental que estuviere en su poder. Si no la tuviere la individualizará debidamente, indicando su contenido, el archivo, la oficina, el lugar, la persona que la posea, debiendo requerirse su remisión.
Los plazos se ampliarán 10 días cuando el sumariado tenga domicilio legal en otra jurisdicción, no existiere sucursal en la provincia y no haya constituido domicilio en la provincia.
Artículo 20: Personería: El mandato se acreditará por medio de instrumento público correspondiente o con carta poder, con firma del otorgante certificada por autoridad policial o judicial o por escribano público. Se considerará autoridad policial al Comisario o Sub Comisario.
Podrá también otorgarse mandato mediante simple acta poder certificada por la autoridad de aplicación. La misma deberá establecer la identidad y domicilio del mandante y la designación, identidad, domicilio y firma del mandatario e individualizarse el expediente respecto del cual se lo otorga el mandato.
Constitución de Domicilio Especial: El denunciado o sumariado constituirá en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio especial dentro del radio urbano de San Miguel de Tucumán. Se lo hará en forma clara y precisa indicando calle y número, o piso, número o letra del escritorio o departamento. No podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero si en su domicilio real o legal, siempre que éste último esté situado en el radio urbano del asiento de la autoridad de aplicación.
Si no se constituyere domicilio, no se lo hiciere de acuerdo a lo dispuesto precedentemente, o si el que se constituyere no existiera o desapareciera el local o edificio elegido o la numeración indicada, se intimará al denunciado o sumariado en su domicilio real para que constituya domicilio en debida forma, bajo apercibimiento de cursar las subsiguientes notificaciones al domicilio real o legal de acuerdo a la base de datos del Padrón Electoral o los organismos fiscales nacionales o provinciales.
El domicilio constituido producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se reputara subsistente mientras no se designe otro.
Artículo 25: Será competente para entender en los recursos contra la resolución que dispone medidas preventivas, y según los dispuesto por el artículo 66° de la Ley N° 6.238, los jueces contravencionales que por turno corresponda al Centro Judicial Capital.
Artículo 27: Sin reglamentar.
Artículo 29: Sin reglamentar
Artículo 30: Por aplicación del artículo 66°, inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia corresponde a los jueces contravencionales que por turno corresponda al Centro Judicial Capital.
Artículo 31: El incumplimiento del deber de publicación, hará pasible alinfractor de una multa de $100 (Pesos cien) a $10.000 (Pesos diez mil). La autoridad de aplicación emitirá el correspondiente certificado de deuda, a efectos del cobro de la multa para su ejecución, en el cual será incluido el costo de la publicación efectuada por la autoridad.
Artículo 32: La rectificación publicitaria deberá ser difundida por el infractora su exclusiva costa dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada la sanción. Su divulgación se realizará en el mismo medio en que hubiere sido cometida la infracción, por idéntico período de tiempo y deberá contener:
a) El aviso publicitario original y el respectivo mensaje contra-publicitario modificado conforme a derecho. En este sentido, deberá mencionarse en forma precisa y detallada el alcance de las inexactitudes u omisiones que oportunamente motivaron la infracción.
b) La indicación expresa de las disposiciones que ordene la sanción de contra publicidad. El incumplimiento de la rectificación publicitaria o contra-publicitaria, hará pasible al infractor de una multa de $100 (Pesos cien) a $10.000 (Pesos diez mil).
Artículo 33: La autoridad de aplicación hará saber la opción del pago voluntario en la parte resolutoria de la resolución que imponga la sanción de multa.
El importe correspondiente a las multas, obtenido tanto por el pago voluntario, como a través de ejecución fiscal, deberá ser depositado mediante efectivo o cheque en la cuenta que se establezca en la disposición sancionatoria.
Artículo 35: La copia certificada por la autoridad administrativa de la resolución que impone sanción u obligación de reparación en concepto de daño directo, una vez firme la misma, será título ejecutivo. En la copia de resolución, extendida a solicitud del interesado, deberá hacerse constar expresamente que la misma se encuentra firme.
Artículo 38: Destino de las Multas: El cincuenta por ciento (50%) de lo percibido en concepto de multas y penalidades impuestas por la autoridad de aplicación deberá ser asignado a un fondo especial destinado a la educación y difusión de los derechos de los consumidores y usuarios, los gastos relativos a: publicidad, propaganda, folletería, capacitación, equipos educacionales y recreativos, proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, y todo otro tipo de equipo necesario para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo reglamentado.
Se imputará al cincuenta por ciento (50%) restante, a las prestaciones de asistencia social al personal y/o retribuciones extraordinarias, refrigerio, costo de comida, almuerzos o cenas de trabajo, uniformes, repuestos y accesorios para implementos y mobiliarios de oficina, computadoras, teléfonos, fax, mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias, capacitación del personal, adquisición de sistemas informáticos, recepciones, homenajes, cortesía, agasajosa personalidades extranjeras, nacionales, provinciales, municipales, equipos de transporte, transmisores, receptores de radio y todo tipo de insumo, equipo y maquinaria necesario para el funcionamiento de la repartición.
Artículo 39: Sin reglamentar.
Artículo 40: Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Tucumán, deberán inscribirse ante el Registro que al efecto funcionará en la Dirección de Comercio interior de la Provincia de Tucumán, que tengan su sede dentro del territorio provincial y no tenga filiales en otras jurisdicciones provinciales o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicha inscripción habilitará a las asociaciones para actuar a nivel provincial, de acuerdo a lo normado por los artículos 55° y 56° de la Ley Nacional N° 24.240.
La solicitud de inscripción, deberá contener la siguiente información:
a) Nombre de la Asociación, forma jurídica que reviste, domicilio legal, domicilio de la sede principal y de las filiales dentro del territorio provincial.
b) Cantidad de socios y adherentes registrados.
c) Conformación de la Comisión Directiva.
d) Origen de los recursos con que cuenta para su financiamiento. Junto con la solicitud de inscripción deberá presentarse la siguiente documentación:
1) Copia del otorgamiento de la personería jurídica, del estatuto vigente, de la composición del órgano directivo en funciones y de la memoria y estados contables del último ejercicio o balance de inicio, certificadas por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia.
2) Publicaciones editadas y cualquier otra información o documentación que acredite las actividades desarrolladas o a desarrollar en pos de la defensa, información y educación del consumidor, y las requeridas por la autoridad de aplicación.
La omisión o defecto respecto de la información y/o documentación requerida en los artículos anteriores, no subsanada dentro de los treinta días de intimado a hacerlo, provocará el rechazo de la solicitud.
Las asociaciones inscriptas en el Registro deberán comunicar todo cambio producido en sus estatutos y en la composición del órgano directivo, dentro de los quince días de aprobados por la Dirección de Personas Jurídicas, mediante la documentación pertinente emanada de dicho organismo. Anualmente deberán presentar constancia expedida por la Dirección de Personas Jurídicas que de cuenta del normal funcionamiento de la asociación y de los cambios producidos si los hubiere. La falta de cumplimiento de estos recaudos, y vencido el término de diez días contados a partir de su intimación a hacerlo, producirá la eliminación de la Asociación del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Tucumán.
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