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Timestamp: 2018-02-23 12:09:29+00:00

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Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 35 - JURI-DILEYC
Posted by Juridi-NEWS | May 22, 2017 | Juridi-News | 0 |
Comercio internacional: Minerales en conflicto
Nuestra selección del DOUE (semana del 16 al 22 de mayo de 2017)
Jurisprudencia TJUE: Acuerdo internacional; Agentes comerciales independientes; Ayudas de Estado; Derechos fundamentales; Fiscalidad; Libre prestación de servicios; Política económica; Propiedad intelectual o industrial; Régimen del tránsito comunitario externo
Lectura: Construcción del derecho privado en la Unión Europea (Roberto Cippitani)
COMERCIO INTERNACIONAL: MINERALES DE CONFLICTO
© Sasha Lezhnev/Enough Project
Cumplimiento por parte de los importadores de la Unión de las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro (art. 3)
Obligaciones relativas al sistema de gestión (art. 4)
Obligaciones en materia de gestión de riesgos (art. 5)
Obligaciones en materia de auditoría externa (art. 6)
Obligaciones de comunicación (art. 7)
Reconocimiento de los programas de diligencia debida de la cadena de suministro (art. 8)
Lista de fundiciones y refinerías a escala mundial responsables (art. 9)
7. A más tardar el 10 de junio de 2019, los Estados miembros comunicarán a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM), establecida por el Reglamento (UE) n.° 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo si han limitado la identificación de los accionistas a los accionistas que posean más de un determinado porcentaje de acciones o de derechos de voto de conformidad con el apartado 1 y, en tal caso, el porcentaje aplicable. La AEVM publicará esa información en su sitio web.
a) la información que la sociedad debe facilitar al accionista para permitirle ejercer los derechos derivados de sus acciones y que vaya dirigida a todos los accionistas titulares de acciones de esa categoría, o
b) cuando la información contemplada en la letra a) esté a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad, un aviso que indique dónde se puede encontrar esa información en el sitio web de la sociedad.
a) el intermediario adopta las disposiciones necesarias para que el accionista o un tercero nombrado por él pueda ejercer por sí mismo los derechos;
b) el intermediario ejerce los derechos derivados de las acciones según la autorización y las instrucciones expresas del accionista y en beneficio de este.
a) los inversores institucionales y los gestores de activos desarrollarán y pondrán en conocimiento del público una política de implicación que describa cómo integran la implicación de los accionistas en su política de inversión. Esta política describirá cómo hacen el seguimiento de las sociedades en las que invierten en lo referente a cuestiones pertinentes, incluidos la estrategia, el rendimiento financiero y no financiero y los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental y el gobierno corporativo, desarrollan diálogos con las sociedades en las que invierten, ejercen los derechos de voto y otros derechos asociados a las acciones, cooperan con otros accionistas, se comunican con accionistas importantes de las sociedades en las que invierten y gestionan conflictos de interés reales y potenciales en relación con su implicación;
b) los inversores institucionales y los gestores de activos revelarán públicamente con carácter anual cómo se ha aplicado su política de implicación, incluidos una descripción general de su comportamiento de voto, una explicación de las votaciones más importantes y el recurso a los servicios de asesores de voto. Publicarán el sentido de su voto en las juntas generales de las sociedades en las que poseen acciones. Dicha publicación podrá excluir los votos que son insignificantes debido al objeto de la votación o a la dimensión de la participación en la sociedad.
a) cómo el acuerdo con el gestor de activos incentiva al gestor de activos a adaptar su estrategia y sus decisiones de inversión al perfil y la duración de los pasivos del inversor institucional, en particular de los pasivos a largo plazo;
b) cómo ese acuerdo incentiva al gestor de activos a adoptar sus decisiones de inversión basándose en evaluaciones del rendimiento financiero y no financiero a medio y largo plazo de la sociedad en la que se invierte y a implicarse en las sociedades en las que se invierte con objeto de mejorar su rendimiento a medio y largo plazo;
c) cómo el método y el horizonte temporal de la evaluación del rendimiento del gestor de activos y la remuneración por los servicios de gestión de activos son conformes con el perfil y la duración de los pasivos del inversor institucional, en particular los pasivos a largo plazo, y tienen en cuenta el rendimiento absoluto a largo plazo;
d) cómo el inversor institucional controla los costes de rotación de la cartera en que ha incurrido el gestor de activos y la manera en que define y controla la rotación o el intervalo de rotación de una cartera específica;
e) la duración del acuerdo con el gestor de activos.
c) los procedimientos implantados para garantizar la calidad de las investigaciones, asesoramientos y recomendaciones de voto y la cualificación del personal destinado a esa función;
d) si, y en tal caso cómo, tienen en cuenta las condiciones del mercado, jurídicas, normativas y específicas de la sociedad nacionales;
e) las características esenciales de las políticas de voto que aplican a cada mercado;
f) si mantienen diálogos con las sociedades que son objeto de sus investigaciones, asesoramientos o recomendaciones de voto y con los interesados de la sociedad, y, en tal caso, su alcance y su naturaleza;
g) la política relativa a la prevención y a la gestión de conflictos de intereses potenciales.
a) la remuneración total desglosada en sus componentes, la proporción relativa de la remuneración fija y variable, una explicación de la forma en que la remuneración total cumple la política de remuneración adoptada, en particular cómo contribuye al rendimiento a largo plazo de la sociedad, e información sobre la manera en que se han aplicado los criterios de rendimiento;
b) la variación anual de la remuneración, de la evolución del rendimiento de la sociedad y de la remuneración media sobre una base equivalente a tiempo completo de los trabajadores de la sociedad distintos de los administradores durante al menos los cinco ejercicios más recientes, presentadas de manera conjunta de modo que resulte posible establecer comparaciones;
c) toda remuneración procedente de cualquier empresa perteneciente al mismo grupo según se define en el artículo 2, punto 11, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;
f) información sobre toda desviación del procedimiento para la aplicación de la política de remuneración a que se refiere el artículo 9 bis, apartado 6, y toda excepción que se aplique de conformidad con el artículo 9 bis, apartado 4, incluida la explicación del carácter de las circunstancias excepcionales y la indicación de los componentes específicos que son objeto de excepción.
a) la influencia que la información sobre la operación pueda tener en las decisiones económicas de los accionistas de la sociedad;
b) el riesgo que la operación entraña para la sociedad y sus accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios.
a) las operaciones celebradas entre la sociedad y sus filiales, siempre que estas sean íntegramente de su propiedad, que ninguna otra parte vinculada de la sociedad tenga intereses en la empresa filial, o que el Derecho nacional prevea una protección adecuada de los intereses de la sociedad, de la filial y de sus accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios, en dichas operaciones;
b) tipos claramente definidos de operaciones para las que el Derecho nacional exige la aprobación de la junta general, siempre que la normativa de que se trate aborde de manera concreta y ampare adecuadamente el trato justo a todos los accionistas y los intereses de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios;
d) las operaciones celebradas por entidades de crédito basándose en medidas destinadas a la salvaguardia de su estabilidad, adoptadas por la autoridad competente responsable de la supervisión prudencial en el sentido del Derecho de la Unión;
9. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las normas sobre difusión pública de la información privilegiada establecidas en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Los objetivos generales del Año Europeo serán fomentar y apoyar la labor realizada por la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, en colaboración con el sector del patrimonio cultural y con la sociedad civil en sentido amplio, para proteger, salvaguardar, reutilizar, realzar, valorar y promover el patrimonio cultural de Europa. En particular, el Año Europeo deberá:
a) contribuir a promover el papel del patrimonio cultural de Europa como elemento fundamental de la diversidad cultural y del diálogo intercultural. Con respeto pleno de las competencias de los Estados miembros, debe poner de relieve los mejores medios para garantizar la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Europa, así como su disfrute por parte de un público más amplio y diversificado, incluidas medidas para llegar a un público más amplio y acciones educativas en materia de patrimonio, promoviendo así la inclusión y la integración sociales;
b) potenciar la contribución del patrimonio cultural europeo a la sociedad y a la economía merced a su potencial económico directo e indirecto, que comprende la capacidad para apoyar a los sectores culturales y creativos, incluidas las pequeñas y medianas empresas, e inspirar la creación y la innovación, así como para fomentar el desarrollo y el turismo sostenibles, mejorar la cohesión social y generar empleo a largo plazo;
c) contribuir a promover el patrimonio cultural como elemento importante de las relaciones entre la Unión y terceros países, partiendo del interés y de las necesidades de los países socios y de la experiencia de Europa en materia de patrimonio cultural.
16 de mayo de 2017: L 123; C 152; C 153
17 de mayo de 2017: L 124; C 154
18 de mayo de 2017: L 125; L 126; L 127; C 155; C 156
19 de mayo de 2017: L 128; L 128 I; L 129: L 130; C 157; C 158; C 159
20 de mayo de 2017: L 131; L 132; C 160
22 de mayo de 2017: L 133; C 161
AGUAS MARINAS. Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se establecen los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, así como especificaciones y métodos normalizados de seguimiento y evaluación, y por la que se deroga la Decisión 2010/477/UE (DOUE L 125, 18 de mayo de 2017)
INVERSIÓN. Acuerdo en virtud del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1291/2013 y (UE) n.° 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DOUE L 128, 19 de mayo de 2017)
REFORMAS ESTRUCTURALES. Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 1305/2013 (DOUE L 129, 19 de mayo de 2017)
Información sobre la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook (DOUE L 131, 20 de mayo de 2017)
Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal (DOUE L 131, 20 de mayo de 2017)
Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución (DOUE L 131, 20 de mayo de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/822 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 343/2011, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión para los vinos originarios de Bosnia y Herzegovina (DOUE L 123, 16 de mayo de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/830 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.° 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación o cuya explotación queda sujeta a restricciones dentro de la Unión (DOUE L 124, 17 de mayo de 2017)
Decisión (PESC) 2017/824 del Consejo, de 15 de mayo de 2017, relativa al Estatuto del personal del Centro de Satélites de la Unión Europea (DOUE L 123, 16 de mayo de 2017)
Decimoctavo informe anual con arreglo al artículo 8.2 de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DOUE C 153, 16 de mayo de 2017)
Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre especímenes elaborados en el marco de la normativa de la UE sobre el comercio de especies silvestres (DOUE C 154, 17 de mayo de 2017)
Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas (DOUE L 125, 18 de mayo de 2017)
Comunicación de la Comisión — Documento orientativo — Régimen de la UE que regula el comercio dentro de la UE y la reexportación de marfil (DOUE C 154, 17 de mayo de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/838 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 889/2008 en lo que se refiere a los piensos destinados a determinados animales de la acuicultura ecológica (DOUE L 125, 18 de mayo de 2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/863 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por la que se actualiza la licencia EUPL de los programas informáticos de fuente abierta para seguir facilitando el intercambio y la reutilización de los programas desarrollados por las administraciones públicas (DOUE L 128, 19 de mayo de 2017)
Reglamento Delegado (UE) 2017/849 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los mapas que figuran en el anexo I y a la lista del anexo II de dicho Reglamento (DOUE L 128 I, 19 de mayo de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/812 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de marzo y el 29 de junio de 2017, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (DOUE L 126, 18 de mayo de 2017)
Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establece un programa de la Unión para apoyar actividades específicas de fomento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros durante el período 2017-2020 (DOUE L 129, 19 de mayo de 2017)
Reglamento (UE) 2017/827 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, que modifica el Reglamento (UE) n.° 258/2014 por el que se instituye un programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-2020 (DOUE L 129, 19 de mayo de 2017)
Reglamento Delegado (UE) 2017/867 de la Comisión, de 7 de febrero de 2017, sobre los tipos de disposiciones que deben protegerse en una transmisión parcial de activos conforme al artículo 76 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 131, 20 de mayo de 2017)
Reglamento (UE) 2017/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.° 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Ucrania) (DOUE L 133, 22 de mayo de 2017)
ACUERDO INTERNACIONAL. En su forma actual, el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur no puede ser celebrado exclusivamente por la Unión Europea (Dictamen 2/15, 16 de mayo de 2017).
DERECHOS FUNDAMENTALES. Los tribunales de un Estado miembro pueden controlar la legalidad de las solicitudes de información fiscal dirigidas por otro Estado miembro (TJUE, Berlioz Investment Fund, 16 de mayo de 2017, C-682/15).
POLÍTICA ECONÓMICA. El Tribunal General de la UE desestima el recurso del Landeskreditbank Baden-Württemberg contra su sujeción a la supervisión directa del BCE (Tribunal General, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, 16 de mayo de 2017, T-122/15).
El artículo 11, apartado 1, segundo guion, de la Directiva 86/653 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «circunstancias atribuibles al empresario» no sólo hace referencia a las causas jurídicas que hayan conducido directamente a la ruptura del contrato celebrado entre el empresario y el tercero, sino a todas las circunstancias fácticas y jurídicas atribuibles al empresario que hubieran dado lugar a la inejecución del contrato (TJUE, ERGO Poist’ovňa, a.s. contra Alžbeta Barlíková, 17 de mayo de 2017, C‑48/16).
En circunstancias como las del litigio principal, el acuerdo de una sociedad cuyo titular mayoritario es un Estado miembro de aceptar, para la extinción de un crédito, una dación en pago de un activo del que es propietaria otra sociedad cuyo único accionista es dicho Estado miembro y de pagar un importe para saldar la diferencia entre el valor estimado de ese activo y el importe del citado crédito puede constituir una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, cuando:
ese acuerdo constituya una ventaja conferida directa o indirectamente mediante fondos estatales y es imputable al Estado;
Si un órgano jurisdiccional nacional califica de ayuda de Estado el acuerdo de una sociedad cuyo titular mayoritario es un Estado miembro de aceptar, para la extinción de un crédito, una dación en pago de un activo del que es propietaria otra sociedad cuyo único accionista es dicho Estado miembro y de pagar un importe para saldar la diferencia entre el valor estimado de ese activo y el importe del citado crédito, las autoridades de tal Estado miembro están obligadas a notificar tal ayuda a la Comisión antes de su ejecución, en aplicación del artículo 108 TFUE, apartado 3 (TJUE, Fondul Proprietatea SA contra Complexul Energetic Oltenia SA, 18 de mayo de 2017, C‑150/16).
El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en su versión modificada por la Directiva 2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida fiscal establecida por el Estado miembro de una sociedad matriz, como la controvertida en el litigio principal, que prevé la percepción de un impuesto con ocasión de la distribución de dividendos por la sociedad matriz y cuya base imponible está constituida por los importes de los dividendos distribuidos, incluidos los procedentes de filiales no residentes de esta sociedad (TJUE, Association française des entreprises privées (AFEP) y otros contra Ministre des finances et des comptes publics, 17 de mayo de 2017, C‑365/16).
La libertad de establecimiento debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa fiscal de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual tanto una sociedad no residente que ejerza una actividad económica en dicho Estado miembro por medio de un establecimiento permanente como una sociedad residente, incluida la filial residente de una sociedad no residente, están sujetas a un impuesto con las características del fairness tax cuando dichas sociedades distribuyan dividendos que, a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional, no se reflejen en su resultado imponible definitivo, a condición de que el método de determinación de la base imponible de dicho impuesto no lleve, de hecho, a tratar a esa sociedad no residente de manera menos ventajosa que a una sociedad residente, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.
El artículo 5 de la Directiva 2011/96/UE, del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa fiscal de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, que establece un impuesto con las características del fairness tax, al que están sujetas las sociedades no residentes que ejerzan una actividad económica en dicho Estado miembro por medio de un establecimiento permanente y las sociedades residentes, incluida la filial residente de una sociedad no residente, cuando distribuyan dividendos que, a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional, no se reflejen en su resultado imponible definitivo.
El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96, puesto en relación con el apartado 3 de dicho artículo, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición se opone a una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, en la medida en que esa normativa tiene como consecuencia, en el supuesto de que los beneficios percibidos de su filial por una sociedad matriz sean distribuidos por esa sociedad matriz con posterioridad al ejercicio en el que los percibió, someter esos beneficios a un gravamen que rebasa el límite máximo del 5 % fijado en la referida disposición (TJUE, X contra Ministerraad, 17 de mayo de 2017, C‑68/15).
El artículo 314 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro denieguen a un sujeto pasivo, que ha recibido una factura en la que figuran unas menciones relativas tanto al régimen del margen de beneficio como a la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA), el derecho a aplicar el régimen del margen de beneficio, aun cuando de una inspección posterior llevada a cabo por dichas autoridades resulte que el sujeto pasivo revendedor que suministró los bienes de ocasión no había aplicado efectivamente dicho régimen a la entrega de esos bienes, a menos que las autoridades competentes acrediten que el sujeto pasivo no actuó de buena fe o no adoptó todas las medidas razonables en su poder para asegurarse de que la operación que efectuaba no le conducía a participar en un fraude fiscal, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente (TJUE, UAB „Litdana“ contra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 18 de mayo de 2017, C‑624/15).
La negativa a entregar un dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada virtual de los abogados), opuesta por las autoridades competentes a un abogado debidamente inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro, por el mero hecho de no estar inscrito en un colegio de abogados del primer Estado miembro en el que desea ejercer su profesión como libre prestador de servicios en aquellos casos en los que la Ley no impone la obligación de actuar de acuerdo con otro abogado, constituye una restricción de la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 4 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, interpretado a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, párrafo tercero. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta del contexto en el que se inscribe, dicha negativa responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que podrían justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos (TJUE, Jean-Philippe Lahorgue contra Ordre des avocats du barreau de Lyon y otros, 18 de mayo de 2017, C‑99/16).
El artículo 97, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que una sociedad jurídicamente independiente establecida en un Estado miembro y que sea filial de segundo grado de una empresa matriz no domiciliada en la Unión Europea constituye un «establecimiento» de esa empresa matriz, en el sentido de dicha disposición, siempre que esa filial sea un centro de operaciones que disponga, en el Estado miembro en que esté situada, de algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se desarrolle una actividad comercial, y que se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de dicha empresa matriz (TJUE, Hummel Holding A/S contra Nike Inc. y Nike Retail B.V., 18 de mayo de 2017, C‑617/15).
El artículo 203, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, debe interpretarse en el sentido de que este precepto no se aplica en caso de que no se haya presentado el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo ante la aduana de destino establecida con arreglo a ese régimen debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente.
El artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 2913/1992, en su versión modificada por el Reglamento n.º 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo no se ha presentado en la aduana de destino establecida con arreglo a dicho régimen, debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente, tal situación, que constituye un incumplimiento de una de las obligaciones vinculadas al referido régimen, concretamente, la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino, origina, en principio, una deuda aduanera de importación por la parte de la mercancía que no se ha presentado en esa aduana. Corresponde al tribunal nacional comprobar si una circunstancia como el deterioro de un dispositivo de descarga cumple, en este caso, los criterios que caracterizan los conceptos de «fuerza mayor» y «caso fortuito», a efectos del artículo 206, apartado 1, del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 648/2005, esto es, si tal circunstancia resulta anormal en el caso de un operador que ejerce su actividad en el ámbito del transporte de sustancias líquidas y si es ajena a éste, y si sus consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada. Al realizar esta comprobación, el tribunal nacional debe, en particular, tener en cuenta la observancia, por parte de operadores como el obligado principal y el transportista, de las normas y los requisitos vigentes en lo que respecta al estado técnico de las cisternas y la seguridad del transporte de sustancias líquidas, como es el caso de un disolvente.
El artículo 2, apartado 1, letra d), y los artículos 70 y 71 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que este impuesto no se devenga por la parte totalmente destruida o irremediablemente perdida de una mercancía que se encuentra en régimen de tránsito comunitario externo.
Lo dispuesto en el artículo 96, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que el obligado principal es responsable del pago de la deuda aduanera originada por una mercancía en régimen de tránsito comunitario externo, aun cuando el transportista no haya cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 96, apartado 2, de este Reglamento, en particular la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino dentro del plazo establecido.
El artículo 96, apartados 1, letra a), y 2, el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, y el artículo 213 del Reglamento n.º 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.º 648/2005, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad aduanera de un Estado miembro no tiene obligación de exigir la responsabilidad solidaria del transportista que, junto al obligado principal, debe considerarse responsable de la deuda aduanera (TJUE, „Latvijas dzelzceļš” VAS contra Valsts ieņēmumu dienests, 18 de mayo de 2017, C‑154/16).
Resumen del libro: La tesis del presente libro es que la integración jurídica comunitaria está modificando las nociones y la sistemática del derecho privado en Europa. Por tanto se estudia la influencia que tiene la integración jurídica europea en los derechos y estatus de las personas, en el ámbito del derecho de familia, de la disciplina de los bienes, en la reglamentación de los contratos y de las obligaciones. Además se consideran las consecuencias del derecho comunitario en los temas «bioéticos», que están fuera del sistema tradicional del derecho privado y que hoy en día representan uno de los asuntos de mayor interés para los iusprivatistas, que cada vez más se ocupan de derechos fundamentales y de derechos personales. Por otro lado, se quiere comprender qué papel tienen estos cambios en la construcción no sólo del derecho civil, si no también del sistema jurídico comunitario en su conjunto. De hecho, los conceptos e instrumentos de derecho privado demuestran toda su fuerza y flexibilidad, simplemente desempeñando su función antigua que es la de proporcionar las herramientas lógicas para reglar las relaciones interindividuales, cualquier sea el tipo de sujeto involucrado (privados y también ente públicos o Estados). El derecho privado, disciplina antigua y por algunos aspectos inmutable, es capaz de superar el tiempo y de adaptarse a las exigencias de la sociedad y de la economía moderna. Hoy en día, en Europa, el derecho privado realiza la construcción del ordenamiento jurídico supranacional.
Juruá Editorial, 2017, 261 p., 33,28 €
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References: artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 8
 artículo 76
 artículo 11
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 314
 artículo 4
 artículo 97
 artículo 203
 artículo 204
 artículo 206
 artículo 2
 artículo 96
 artículo 204
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 204
 artículo 213