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Timestamp: 2019-04-21 14:30:56+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 137, de 15/06/2017
Sesión celebrada el jueves, 15 de junio de 2017
Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. 621/000003 proyecto de ley; explosivo GOBIERNO
Pregunta sobre los motivos del fallecimiento de una persona el día 25 de octubre de 2016 en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Pamplona/Iruña (Navarra). 681/000449 BERNAL LUMBRERAS, IGNACIO (GPPOD) VILLANUEVA RUIZ, IDOIA (GPPOD)
Pregunta sobre el grado de información del Gobierno y las investigaciones y actuaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con la campaña de injurias y calumnias emprendida por una web contra un ciudadano vasco herido de gravedad en el atentado yihadista sucedido en Berlín (Alemania) el día 19 de diciembre de 2016. 681/000517 IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta sobre las personas detenidas durante los cinco últimos años por haber realizado comentarios supuestamente delictivos en las redes sociales. 681/000523 IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta sobre el número de personas detenidas por haber enaltecido el terrorismo de Estado, por haber humillado a las víctimas del terrorismo de Estado y por haber vertido amenazas contra representantes políticos, con indicación de las fechas de detención, provincias y, en su caso, partidos políticos. 681/000524 IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta sobre el número de personas detenidas por delitos de enaltecimiento del terrorismo durante los diez últimos años. 681/000548 IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con la propuesta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para facilitar el ejercicio del derecho de asilo en las oficinas consulares de Nador (Marruecos). 681/000527 IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta sobre el expediente administrativo a través del cual el Grupo Yabarra Alimentación resultó adjudicatario de los regalos navideños realizados por el Ministerio del Interior, con indicación del coste de la compra y de los destinatarios. 681/000533 IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta sobre la población reclusa en el Estado español. 681/000539 IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta sobre si el Gobierno tiene establecido algún mecanismo de coordinación y cooperación con las entidades locales y autonómicas que mostraron interés por implicarse activamente en el proceso de recepción de refugiados, con detalle del mismo, en su caso. 681/000697 BILDARRATZ SORRON, JOKIN (GPV)
Pregunta sobre la existencia de presos vascos encarcelados en cárceles españolas que tengan enfermedad grave con padecimientos incurables. 681/000699 BILDARRATZ SORRON, JOKIN (GPV)
Pregunta sobre las conclusiones extraídas por el inspector de servicio desplazado al centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), tras la visita realizada por la Defensora del Pueblo a dicho centro los días 9 y 10 de marzo de 2015, para revisar varios casos de denuncias de malos tratos. 681/000841 MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta sobre las instrucciones impartidas por la administración penitenciaria al centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), en relación con el papel de los servicios médicos respecto a las personas internas a las que se les apliquen medidas coercitivas, a que se refieren las sugerencias realizadas por la Defensora del Pueblo en el mes de mayo de 2015, tras su visita al centro los días 9 y 10 de marzo de 2015. 681/000845 MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta sobre las indicaciones realizadas por la administación penitenciaria al centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), en relación con la inmovilización de internos, a que se refieren las sugerencias realizadas por la Defensora del Pueblo en el mes de mayo de 2015, tras su visita al centro los días 9 y 10 de marzo de 2015. 681/000847 MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta sobre las instrucciones impartidas por la administación penitenciaria al centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), en relación con la sujeción mecánica de internos con trastornos mentales graves, a que se refieren las sugerencias realizadas por la Defensora del Pueblo en el mes de mayo de 2015, tras su visita al centro los días 9 y 10 de marzo de 2015. 681/000848 MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta sobre cómo se ha llevado a cabo el recordatorio al personal del centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), de la sugerencia realizada por la Defensora del Pueblo en el mes de mayo de 2015, tras su visita al centro los días 9 y 10 de marzo de 2015, en relación con la aplicación de la sujeción mecánica de los internos, así como su grado de cumplimiento. 681/000850 MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta sobre las conclusiones extraídas tras la revisión del empleo de la sujeción mecánica con correas de carácter regimental que se realiza en el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla). 681/000851 MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta sobre si el Gobierno tiene constancia de denuncias por "bullying" a alumnos de la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) durante el curso 2015/2016, con indicación, en su caso, de las medidas adoptadas o previstas para esclarecer los hechos. 681/000588 fuerza de naturaleza militar; acoso moral; instrucción militar GONZÁLEZ CABAÑA, FRANCISCO (GPS)
Pregunta sobre la forma en la que el Ministerio del Interior aborda la sucesión de suicidios entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 681/000885 suicidio; funcionario; policía; fuerza de naturaleza militar GARCÍA MAÑÁ, LUIS MANUEL (GPS)
Pregunta sobre el número de solicitudes de asilo correspondientes a ciudadanos de nacionalidad venezolana, con indicación de las resueltas positiva y negativamente y de las pendientes de resolver, así como de los motivos de la resolución negativa. 681/000886 asilo político; Venezuela; extranjero DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta sobre el número de solicitudes de asilo pendientes de resolver, con indicación del motivo. 681/000887 derecho de asilo DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior para evitar que se produzcan situaciones de caos como las acontecidas el pasado fin de semana, fruto de las aglomeraciones por la entrada en funcionamiento del nuevo control de pasaportes en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. 681/000901 aeropuerto; Barcelona (Barcelona); pasaporte MONTILLA AGUILERA, JOSÉ (GPS)
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos
Damos comienzo a la sesión convocada para el día de hoy. Son dos los puntos que tenemos que tratar, además de la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento).
PROYECTO DE LEY SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. 621/000003 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día, que es la designación de la ponencia en relación con el Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.
Como saben todos ustedes, el pasado día 8 tuvo entrada en la Cámara el Proyecto de Ley de precursores de explosivos y fue publicado ese mismo día. Disponemos, por tanto, de dos meses para la tramitación de dicho proyecto y, teniendo en cuenta los meses de julio y agosto, el plazo terminaría el día 9 de octubre. El plazo de enmiendas y propuestas de veto finalizaría —si no hay petición de prórroga— el día 20 de junio; si hubiera prórroga, según los términos establecidos reglamentariamente, es decir, a petición de veinticinco senadores, el plazo terminaría el día 26 de junio.
En este momento procede designar la ponencia encargada de tramitar este proyecto, para lo cual pido a los grupos parlamentarios la propuesta de sus respectivos grupos. La práctica acordada y habitual es de dos miembros el Grupo Popular, dos miembros el Grupo Socialista y un miembro el resto de los grupos.
Pregunto al Grupo Mixto ¿A quién designan?
El señor IÑARRITU GARCÍA: Yo mismo, Jon Iñarritu García.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Vasco?
El señor BILDARRATZ SORRON: Victoriano Gallastegui.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana damos por designado al miembro de la comisión, don Xavier Castellana Gamisans.
¿Por Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
La señora MORA GRANDE: El señor Comorera Estarellas.
El señor GARCÍA MAÑÁ: Luis Manuel García Mañá y don Antonio Casimiro Gavira Moreno.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Auxiliadora Pérez Díaz y yo mismo, José Cruz Pérez Lapazarán.
El señor PRESIDENTE: Habiendo acuerdo entre todos los grupos, podemos dar por integrada la ponencia por los senadores que han sido propuestos. ¿De acuerdo? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la contestación del Gobierno a preguntas pendientes de tramitación. Para ello, está con nosotros el secretario de Estado de Seguridad, don José Antonio Nieto Ballesteros.
Bienvenido nuevamente, señor secretario de Estado. Gracias por acudir por segunda vez a dar respuesta a las preguntas que tramita esta Comisión de Interior sobre materias de su competencia.
Son muchas preguntas, por lo que sería una sesión extensa si no fuéramos capaces de ajustarnos a los tiempos marcados, pero espero que lo hagamos. Repito los tiempos que tenemos acordados: en las preguntas individuales, las que no están agrupadas, dos minutos para formular la pregunta y dos minutos para la contestación, más un minuto para réplica y uno para dúplica. En las preguntas agrupadas —que alguna hay también— doblamos el tiempo: cuatro minutos para la formulación de las preguntas, cuatro minutos para la contestación, dos minutos para réplica y dos minutos para dúplica.
El señor PRESIDENTE: La primera pregunta, de don Ignacio Bernal Lumbreras y doña Idoia Villanueva Ruiz, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los motivos del fallecimiento de una persona el día 25 de octubre de 2016 en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Pamplona/Iruña (Navarra) ha sido retirada.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda pregunta, individual también, de don Jon Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el grado de información del Gobierno y las investigaciones y actuaciones realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en relación con la campaña de injurias y calumnias emprendida por una web contra un ciudadano vasco herido de gravedad en el atentado yihadista sucedido en Berlín (Alemania) el día 19 de diciembre de 2016.
Para su formulación, tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia.
Como es sabido, en los últimos años se está produciendo una ola de atentados yihadistas, especialmente en Oriente Medio, pero también en Europa. Hace doce días ha habido un atentado en Londres en el que fallecieron 8 personas, y aprovecho esta comparecencia para enviar un recuerdo y un abrazo caluroso a la familia de Ignacio Echeverría, un ciudadano del Estado que murió de manera heroica intentando frenar a estos salvajes.
De igual forma, quería recordar —entrando ya en materia— que en un atentado que se produjo en Berlín el pasado 19 de diciembre, donde también fallecieron 12 ciudadanos y 56 resultaron heridos, uno de esos ciudadanos era vasco y sobre el cual, tras saberse que era vasco y que supuestamente era simpatizante de la izquierda soberanista vasca, se produjo contra él una campaña de mensajes amenazantes, de humillación, incluso de enaltecimiento del atentado que había sufrido. Por eso, viendo la especial dedicación del Ministerio del Interior a seguir mensajes de este tipo, preguntamos al ministerio sobre cuáles habían sido los procedimientos, cuántos de los artículos o comentarios de carácter delictivo se habían encontrado en las webs y redes sociales y a cuántas personas se había investigado.
El Gobierno respondió de manera parcial a esta pregunta señalando que no había visto comentarios que pudieran ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo contemplados en el artículo 578. Querría un poco más de información, viendo que algunos de los comentarios y de los mensajes eran fuertes, por decirlo de alguna manera, sobre qué procedimientos de investigación hubo, a cuántas personas se investigó y cómo fueron todos los procedimientos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iñarritu.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Seguridad para contestar a su pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Iñarritu.
Me parece muy oportuna su pregunta. Le agradezco el planteamiento tanto en su formulación escrita como la que ha realizado verbalmente en esta comisión.
Efectivamente, se produjo una investigación de esos hechos, y quiero decir aquí que me parece absolutamente lamentable que las redes sociales sirvan para amparar a personas que manifiestan un absoluto desprecio por los derechos más básicos de cualquier persona y, especialmente, de quien ha sido víctima de un atentado terrorista, como es el caso por el que usted solicita información.
Sobre este y sobre cualquier otro tipo de manifestación aberrante, denigrante o que pretenda enaltecer un atentado terrorista o humillar a una víctima que ha sufrido un atentado terrorista se ocupa el Cuerpo Nacional de Policía de realizar la investigación oportuna. Esta investigación se realiza siguiendo unos criterios fijados por la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para la interpretación del artículo 578 del Código Penal, y sobre esos criterios y sobre esos parámetros se determinó en su día, y le reitero ahora, que no se consideró que los comentarios que se habían vertido tuviesen la capacidad probatoria o estuviesen incluidos en el tipo que se recoge en ese artículo 578 del Código Penal. Esto no quiere decir que sean igualmente lamentables y condenables —yo lo hago aquí, y le aseguro que también lo hacen los responsables de la Policía Nacional—. El argumento o la razón por la que se entiende eso es porque la amenaza está más en el ámbito del desiderátum que en el del establecimiento de un dolo o de una vinculación con los hechos objetivos que se recogen en el artículo 578. E igual que ha ocurrido en otros casos, en este se consideró, desde el punto de vista de la investigación policial, que no encajaban en ese tipo.
Le digo y le traslado también que ha ocurrido igual en otros casos con planteamientos diferentes, en los que víctimas del terrorismo han sido —con otro perfil distinto al que estamos hablando hoy— atacadas a través de redes sociales por personas que tienen una posición ideológica opuesta y con otros planteamientos. ¿En muchos de esos casos se ha considerado igual? No encajan en el tipo del 578, pero se ha producido una denuncia particular o una reacción de la Fiscalía que ha permitido que, de una manera diferente al criterio que había seguido la Policía, se pudieran iniciar acciones penales o, por lo menos, si no se ha producido condena, sí la existencia de un procedimiento a ese efecto.
En esa dirección, le quiero remarcar que sigue abierto. Nuestro procedimiento judicial lo permite. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el propio Código Penal permiten que, a pesar de que la Policía, de oficio, no estime que exista delito, se pueda reclamar por parte de la víctima, o de cualquier otra persona que tenga capacidad jurídica, la existencia de ese delito o bien una reacción del Ministerio Fiscal en esa medida, que si lo hiciera y si se produjera alguna condena, créame que me parecería que estamos trabajando en la línea correcta.
El señor IÑARRITU GARCÍA: No me ha respondido a lo que le preguntaba, que era cuántos procedimientos de investigación y a cuántas personas se había investigado referente a estos comentarios.
Solamente quiero citar tres comentarios, y perdonen si las palabras son malsonantes y no son propias de esta Cámara: «Qué pena que no te remataron, subnormal; jódete. La próxima vez, a ver si hay suerte; llévate a tu familia». «Viva la lucha armada. Espero que te quedes sin piernas, cabrón». «Menudo golpe —por no decir la palabra que pone de verdad— de realidad y de karma». Estos son tres de entre los numerosos comentarios que se realizaron contra esta persona.
Yo creo que en otros casos, si esta víctima hubiera sido de violencia de ETA, se hubiera actuado de otra manera, porque si algo se ha visto es que ha habido doble vara de medir en el caso del Gobierno.
Por eso yo, en este caso, sí le solicitaría los datos de investigación propios que se solicitaron en la pregunta y que le he formulado al comienzo.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor senador.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Gracias, presidente. Gracias, señor Iñarritu.
Sus preguntas son muy extensas, y tiene derecho a que se le contesten, pero lo que no tengo es tiempo para poder hacerlo con el detenimiento que merecerían. Por eso he querido hacer una respuesta más genérica.
En este caso, sí le doy algún dato. No fueron tres, sino cuatro las líneas de investigación que se abrieron sobre mensajes que podíamos interpretar que estaban próximos a esa tipificación del 578. La Policía ha hecho un número elevado de investigaciones en relación con manifestaciones similares en redes sociales. Insisto en que esos datos se los voy a hacer llegar por escrito para que los pueda contrastar.
Sí quiero insistir en que la práctica nos lleva a no persistir en líneas que ya hemos contrastado anteriormente que no tienen éxito posterior en su tramitación judicial porque no se interpreta de esa misma forma por sus señorías, por los jueces que tienen que valorar la existencia o no del tipo del que estamos hablando y por la reacción que en muchos de estos casos también ha tenido la propia Fiscalía.
No obstante, quiero reiterar que está abierta la vía para que se pueda producir la denuncia por parte de la víctima o por parte de otra organización o de algún particular. Y le trasladaré los datos —creo que casi todos, si no todos— que tenemos referentes a la pregunta que usted formulaba.
El señor PRESIDENTE: A continuación, también del senador Iñarritu García, tres preguntas agrupadas: una, sobre las personas detenidas durante los cinco últimos años por haber realizado comentarios supuestamente delictivos en las redes sociales; otra, sobre el número de personas detenidas por haber enaltecido el terrorismo de Estado, por haber humillado a las víctimas del terrorismo de Estado y por haber vertido amenazas contra representantes políticos, con indicación de las fechas de detención, provincias y, en su caso, partidos políticos; y la tercera, sobre el número de personas detenidas por delitos de enaltecimiento del terrorismo durante los diez últimos años.
Para su formulación, tiene la palabra el senador Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias de nuevo, señor presidente.
Estas tres preguntas están ligadas, en cierta manera, con la anterior. Simplemente quería solicitar los datos exactos de cuántas personas han sido detenidas por delitos de enaltecimiento tipificado en el artículo 578 del Código Penal, porque, por alguna razón, en una de las respuestas se me contestaba con las personas detenidas por apología del terrorismo, que está tipificado en el artículo 18 del mismo código. Quería saber esos datos exactamente. Y para ver si es cierto que existe hipocresía o doble vara de medir o si se investigan más unos delitos que otros, también quería saber qué tipo de enaltecimiento por banda u organización terrorista a la que se ha supuestamente enaltecido, porque, de igual forma, hemos visto en los últimos años que ha habido mensajes amenazantes o incluso de enaltecimiento del terrorismo de Estado. Yo mismo he recibido algún mensaje de esos en las redes sociales, a los que no he dado mayor importancia, pero sí he visto que en otros casos, con mensajes similares o incluso menores, sí que se ha actuado con severidad e incluso se han realizado operaciones de detención —las operaciones araña—, y por eso quería conocer los datos exactos que se han producido relativos a este delito.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Señor Iñarritu, estas preguntas, efectivamente, están relacionadas con la anterior. Digamos que son continuación de la anterior, una continuación también de otras preguntas que usted ha realizado por escrito, a las que hemos tratado de dar respuesta, y que, ante la petición de alguna aclaración o alguna ampliación, también hemos querido ampliar.
A mí me gustaría, además de reiterarle que le vamos a dar —si quiere en este momento o al terminar mi exposición— el cuadro completo con la información que solicita, realizar algunas manifestaciones y algunas aclaraciones para el conjunto de los miembros de esta comisión.
Usted sabe que, en relación con esas preguntas, es conveniente precisar que la tipología penal objeto de estas preguntas, enaltecimiento del terrorismo, en el que se le aportaron algunas series de datos, se incluyó en el sistema estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior en el año 2016. No existían datos anteriores, no estaban dentro de esa precisión.
Se han extraído los datos desde el año 2016, y yo, si quiere, se los puedo dar. En esos dos años, y en concreto en ese tipo, se ha producido una detención en el año 2016, en Vizcaya; en Castilla-La Mancha una en el año 2017; en Madrid una en el año 2016 y una en el año 2017; y en la Comunidad Foral de Navarra una en el año 2016.
Le vamos a acompañar también una serie de información amplia sobre el número de detenciones de investigados por hechos cometidos a través de medios asociados a nuevas tecnologías, en redes sociales no solo en esta materia —nos lo ha solicitado también y creo que a efectos comparativos puede ser muy útil—, para que pueda ver el número de actuaciones que se han producido con relación malos tratos en ámbito familiar utilizando redes sociales como medio de esos malos tratos, amenazas a grupo étnico, cultural o religioso; coacciones, trato degradante, acoso laboral o funcionarial; malos tratos habituales en el ambiente familiar; descubrimientos, revelación de secretos, calumnias, injurias, discriminación, adoctrinamiento, adiestramiento, capacitación del terrorismo y vejaciones leves.
Esas son, en un rango más amplio, las iniciativas que se han adoptado por delitos que llevaban asociado el uso de nuevas tecnologías y redes sociales. El número es importante a lo largo de esos ejercicios, pero, insisto, el tipo concreto al que usted se refiere solo se incorporó a esa estadística en el año 2016; por tanto, le podemos dar los datos concretos que nos ha solicitado de un ejercicio y medio.
Espero que con la información global que le aportaré ahora esa posibilidad de comparar los delitos le permita ver que no existe ningún tipo de trato de favor o de escoramiento de la actividad policial en función de cuál sea el tipo de amenaza. Se actúa exactamente igual. Pero, además, le tengo que decir una cosa, y es que, en su caso, tiene otra ventaja: en su territorio, en el País Vasco, hay una policía específica que tiene funciones exactamente iguales en esta materia y las puede ejercer con todo su derecho. Estoy seguro de que lo habrá hecho de la misma manera que la Policía Nacional y habrá podido comprobar que, en ese caso o en otros, existen unos tipos que están perfectamente definidos, donde la capacidad de reacción de la policía también está limitada.
El señor PRESIDENTE: Señor Iñarritu, tiene la palabra.
En primer lugar, le agradezco que ahora me vaya a facilitar esa información, pero ¿por qué no me la han facilitado antes? He preguntado hasta en tres ocasiones por esta información y no se me ha facilitado.
En segundo lugar, me sorprende que no se tengan datos anteriores a 2016, independientemente de que no se hayan introducido en este sistema estadístico, porque estamos en un Estado miembro de la Unión Europea, hay medios informáticos y se puede consultar cuántas personas han sido detenidas y por qué delitos.
Vuelvo a insistirle en que lo que deseo conocer es cuántas personas han sido detenidas en relación con el artículo 578 y por qué tipo de enaltecimiento, es decir, no solo cuántas han sido detenidas, sino qué han enaltecido o a qué víctimas o de qué violencia o terrorismo han humillado. Simplemente le pido esa información. Es cierto que en algún artículo periodístico he encontrado datos en los cuales se señala que se detiene a muchas más personas por enaltecimiento del terrorismo en este momento que cuando ETA estaba activa, y es sorprendente. Por eso, yo quería los datos estadísticos año por año y, si es posible —creo que sí—, saber si ha habido unas diligencias y una investigación antes de detener a una persona.
Es cierto que en mi territorio actúa una policía propia, como es la Ertzaintza, pero en referencia a estos delitos siempre es la Guardia Civil la que detiene a personas por haber cometido supuestos delitos en las redes sociales, como han sido las sucesivas operaciones araña.
Simplemente le solicito los datos por los que le he preguntado sobre el 578 y a qué tipo de terrorismo se ha enaltecido.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Ya le digo que va a recibir esa información.
Tenemos la obligación de comparecer aquí y responder a las preguntas que ustedes nos hacen, pero, a veces, las preguntas que nos hacen no tienen una fácil respuesta y, a veces, las preguntas que nos hacen no tienen ninguna respuesta porque están muy dirigidas a una respuesta que no existe. En este caso, la actuación habitual en esta materia está muy vinculada al trabajo que está haciendo en redes sociales la Policía Nacional, también la Guardia Civil, pero no es exclusivo. Usted me ha preguntado por un presunto delito dentro del tipo del 578, que se podía haber producido contra un ciudadano vasco, y su policía está perfectamente habilitada para haber actuado en esa materia. Si no lo ha hecho, o si lo ha hecho y ha estimado que no existe delito, es porque entiende que no responde a las características de ese tipo penal.
No le puedo dar los datos de quién es la persona. Usted verá que en esas informaciones periodísticas a las que aludía, como mucho aparecerán las iniciales de las personas que han cometido presuntamente ese delito. Vivimos en un Estado de derecho y están protegidas las identidades de las personas que cometen un delito, no pierden todos sus derechos. Una cosa es que se pueda condenar a una persona, incluso con privación de libertad, y otra cosa es que no estén protegidos ciertos derechos y, entre otros, esa protección de su identidad en algo que, evidentemente, le perjudica.
Creo que los datos que le hemos dado son suficientes e importantes. Espero que se completen con los que le voy a incorporar, pero, créame, sobre el hecho de que no se cumpla su presunción, que las cosas no sean como usted cree que son, no quiere decir que yo no le esté respondiendo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora, otra vez, a tramitación individual. Pregunta de Jon Iñarritu García, sobre la valoración del Gobierno en relación con la propuesta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para facilitar el ejercicio del derecho de asilo en las oficinas consulares de Nador, en Marruecos.
Tiene la palabra, señor Iñarritu.
Cambio de temática, pero los datos vuelven a ser objetivos, no hay que hacer presunciones. En las dos ciudades autónomas, tanto en Ceuta como en Melilla, conocen de primera mano el fenómeno migratorio y, tras la llamada crisis de refugiados, también están llegando potenciales solicitantes de asilo a estas dos ciudades. Tras la masacre de Tarajal, en 2014, se instalaron dos puestos de asilo en frontera. Creo que fue una iniciativa positiva; ahora bien, no están siendo lo operativas que podrían ser. ¿Por qué razón? Porque, por un lado, hay cientos de refugiados sirios que están llegando a estas dos ciudades, pero para poder acceder al paso de frontera han tenido que comprar pasaportes falsos en Marruecos o bien sobornar a mafias parapoliciales del reino marroquí; pero, por otro lado, se encuentra el problema de los subsaharianos, que no tienen esa capacidad de acceder a los puestos de asilo en frontera porque se lo impiden las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes.
Acnur decía que el 80 % de las personas subsaharianas que se encuentran cerca de estas dos ciudades son potenciales solicitantes de asilo. Aun así, la única manera que tienen de poder solicitar asilo en Europa es o bien saltando la valla, bien introduciéndose de manera escondida en vehículos por las fronteras, o bien llegando en patera o a nado. Ante la dificultad de estas personas de no tener esa capacidad de solicitar asilo en los puestos habilitados, CEAR hizo una propuesta muy interesante, y es que se desarrollase el reglamento de la Ley de asilo para que, como está previsto, se pudiera solicitar asilo en los consulados españoles en Marruecos, por ejemplo, en el de Melilla; esto es, abrir vías seguras para que no tengan que fallecer personas jugándose la vida para poder pedir asilo, o bien, se tengan que encaramar a vallas y poder resultar heridos o fallecer, como ha ocurrido en el transcurso de estos intentos de salto. Por eso, yo le quería preguntar por esta iniciativa que tanto CEAR como otras organizaciones propusieron y es que se facilitaran esas vías seguras y, en este caso, que fueran los consulados en Marruecos, mientras no se consiga hablar con Marruecos —ese gran país amigo del Estado español— para que todas las personas que puedan tener esa capacidad y derecho de solicitar asilo lo puedan hacer.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, cambiamos de tercio y pasamos a un punto que, si bien no está dentro del ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado, yo no tengo inconveniente en responderle y decirle que el artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, establece que es en el reglamento de la Ley de asilo donde se determinarán, expresamente, las condiciones de acceso a las embajadas y consulados de los solicitantes. Sabe también que sobre esta materia hay un debate abierto en el seno de la Unión Europea. La política de migración es una política común y España no puede fijar un criterio diferente, distinto o contrario al que se fije en el seno de la Unión Europea.
Me gustaría que usted me dijera cuántos consulados conoce de países de la Unión Europea que hagan lo que usted nos pide que hagan los consulados españoles; cuántos consulados o embajadas en Marruecos, en este momento, dan ese servicio que usted nos pide que hagan las embajadas o los consulados españoles, ya que sería muy interesante que el conjunto de los senadores y senadoras que componen esta comisión lo supiera, porque creo que estamos en esa línea y en ese objetivo.
Usted nos plantea una serie de críticas —está en su derecho—, pero responden más a actuaciones que realizan las autoridades marroquíes que las que realizan las autoridades españolas y, por lo tanto, yo no estoy en condiciones de poder responderles.
Sí estoy en condiciones de decirle que la colaboración con el Gobierno marroquí es muy positiva y está actuando de una forma responsable en la gestión de esos flujos de inmigración y en la persecución de las mafias que trafican con personas; no esas mafias paramilitares o parapoliciales a las que usted se refiere, sino —insisto— las mafias que trafican con personas, que han convertido en un negocio el tráfico de personas, que las utilizan para obtener un beneficio y que presionan de una forma muy importante, utilizando su necesidad, sus aspiraciones y sus anhelos de mejorar, para obtener un rédito económico. CEAR, aunque no de forma tan prolija como critica a organismos públicos, también cuestiona, critica y condena la actuación de ese tipo de mafias.
Creo que estamos en la línea de poder mejorar esa atención. Usted ha dicho que las oficinas de asilo que se abrieron en los pasos fronterizos están permitiendo un avance importante. Sabemos lo complejo, lo difícil que es hacer una gestión de fronteras y de flujos migratorios en la situación que vivimos ahora mismo, pero creo que debemos organizar las cosas teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos. Somos parte de la Unión Europea en lo bueno y en lo mejor, y eso significa que nos debemos a los acuerdos que adoptamos con nuestros socios de la Unión, y en esa materia también estamos trabajando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Iñarritu.
Por una mera cuestión de procedimiento quien responde a las preguntas aquí no soy yo, es usted.
Yo tampoco conozco ningún país que, tras el acceso de personas a su territorio, las expulse de manera sumaria, sin cumplir la ley internacional ni la ley europea. Por eso, ante estos sucesos, que no ocurren en otros Estados de esta zona de Europa, sí le pregunto cuál es la razón por la que Marruecos no deja acceder a los puestos de frontera a personas de origen subsahariano; o cuál es la razón por la que se permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado marroquí entrar en el perímetro de la valla para expulsar a personas a Marruecos; o por qué la Guardia Civil, una vez que hay personas que de manera irregular han accedido a territorio español, no cumple el procedimiento policial, por qué no son identificados de la manera que la normativa dice.
Este no es un asunto policial, es un asunto humanitario. Porque si bien es cierto que España tiene derecho a defender sus fronteras como cualquier otro Estado, también tiene la obligación de cumplir con la legislación europea e internacional, y por ello yo le pregunto por qué, mientras siguen cometiéndose estos atropellos, no se facilita, como está previsto, que se pueda poner en marcha con voluntad política el reglamento, para que todos aquellos potenciales solicitantes de asilo no se tengan que subir a una patera, no se tengan que encaramar a una valla ni tengan que entrar escondidos en un vehículo.
Señor Iñarritu, la pregunta al Gobierno marroquí la tiene que contestar el Gobierno marroquí. Yo estoy aquí para contestar preguntas y para pedirle que me diga en qué comparamos las peticiones que usted hace al Gobierno de España. Y se lo he preguntado porque sí le puedo asegurar que España es probablemente, si no el mejor ejemplo de gestión de la inmigración irregular en la parte que nos toca, teniendo como tiene una presión muy importante, sí de los mejores; cumple escrupulosamente los derechos humanos y reconoce y cumple los tratados internacionales que hay sobre la materia.
Yo no le puedo reconocer ese tipo de actuaciones que usted denuncia, entre otras cosas, porque si pudiera acreditar lo que denuncia, estaríamos hablando de otra cosa, que no sería para un debate en una comisión, sino probablemente para una causa judicial. Y no es así. Por eso creo que tenemos la obligación de tener un mínimo respeto a la realidad y a las cosas que ocurren. Si uno puede probar ese tipo de acusaciones, hace bien en defenderlas, y probablemente no solo aquí, sino también en otros sitios. Pero si no se tienen pruebas de ese tipo de acusaciones, creo que tenemos que usar otro lenguaje, porque de lo contrario estaremos acusando falsamente a personas que hacen bien su trabajo en unas condiciones de tensión muy importantes, que están siendo un ejemplo de buena atención humanitaria hacia las personas que cruzan esa valla y llegan a nuestro país de forma irregular, es cierto, pero a las que se atiende cumpliendo absoluta y escrupulosamente todos los tratados internacionales vigentes sobre esta materia.
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, también del senador Iñarritu, sobre el expediente administrativo a través del cual el Grupo Ybarra Alimentación resultó adjudicatario de los regalos navideños realizados por el Ministerio del Interior, con indicación del coste de la compra y de los destinatarios.
Este asunto más que en esta Cámara podría estar en un tribunal, como el caso anterior, que ya está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por tres causas diferentes. Puede parecer anecdótico o quizá gracioso, pero el pasado 24 de diciembre el ministro del interior escribía un tuit diciendo lo siguiente: Con este regalo de Navidad, aparte de ser de excelente calidad, contribuimos a ayudar al Grupo Ybarra después del incendio de su fábrica. Y en el mismo mensaje adjuntaba dos fotos con botellas de aceite de la citada marca.
Que se ayude a empresas que han sufrido una desgracia como la que sufrió este grupo es positivo, y para ello debe haber políticas públicas y del Estado que ayuden tanto a estas empresas como a estos trabajadores, pero un simple repaso en un buscador de internet nos da fe de que ha habido numerosos incendios, ha habido numerosas desgracias en diferentes empresas del Estado, también en empresas aceiteras. Y qué casualidad que sea una empresa de Sevilla, de donde el ministro del Interior es originario, la que reciba este encargo del regalo navideño del ministerio.
De por sí choca el mensaje del ministro, que yo creo que está fuera de la neutralidad que debe mantener en su cargo, porque tiene un tono publicitario que no se corresponde y habrá algunas otras empresas aceiteras a las que no les haga mucha gracia, pero, además, yo solicitaba el expediente —tiene que haber uno—, y no se me ha facilitado. Por eso no he retirado la pregunta, porque ha habido un gasto de dinero público y hay unos indicios que no se corresponden con lo que debería ser la actitud de un cargo público. Así pues, más allá de lo anecdótico y ante la falta del expediente, yo le pido que me lo facilite.
Este es también un asunto que corresponde más a la parte de gestión del ministerio, a la Subsecretaría, pero no tengo ningún inconveniente en darle respuesta en esta comisión.
El expediente —que no existe, porque no es necesario, pues se trata de un suministro— fue gestionado por la Oficialía Mayor del Ministerio del Interior, y no consta participación directa del ministro en él. Al ser un gasto de protocolo, no es necesario tramitar procedimiento de contratación alguno, pues se hace mediante el procedimiento de libramiento de caja. Hay una factura —esta que les muestro y que le dejaré si así lo desea— y un certificado de conformidad. A este respecto el coste ha sido de 1707,55 euros, IVA incluido. Según la factura, se compraron 84 cajas, cada una de las cuales incluía 6 botellas de medio litro a un coste unitario por caja de 18,48 euros más IVA.
Y en cuanto a quienes fueron las personas que recibieron el regalo, por las que también preguntaba en el texto escrito de su pregunta, como usted sabe no se lo puedo facilitar aunque me lo siga pidiendo, porque la Ley de protección de datos también establece que no se aporte a no ser que exista una infracción del carácter que sea, penal o administrativa, lo que en este caso evidentemente no se produce.
En el periodo indicado no consta la tramitación de ningún expediente, que es lo que usted pide. Lo que hay es, y se lo vuelvo a decir, dentro de los gastos de un ministerio, que tiene un presupuesto cercano a los 8000 millones de euros, un gasto de 1707,55 euros.
El señor IÑARRITU GARCÍA: La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo.
A mí me sorprende verdaderamente que no haya un expediente. Es cierto que no es una gran cantidad de dinero, pero no me negará usted que hay indicios para pensar que algo no se ha hecho correctamente. Ver a un ministro del Interior haciendo un anuncio publicitario el día de Navidad con una determinada marca que, justamente —¡qué casualidad!—, es la de su provincia de origen, es sospechoso.
Antes hablábamos de compararnos con otros Estados europeos. Yo no me imagino ver en Francia al ministro del Interior haciendo un anuncio de este tipo ni tampoco en Alemania. Ya sé que Spain is different, pero yo creo que hay indicios para pensar que algo no se ha hecho bien.
Me da igual que sea un negociado sin publicidad: no entiendo que no haya un expediente. Viendo el dinero de que se trata, ha habido una actuación administrativa y algo tiene que haber. Por eso yo seguiré insistiendo, más allá de lo anecdótico, para que se esclarezca este asunto.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Gracias, presidente.
Señor Iñarritu, este asunto está esclarecido; que usted no lo vea o no lo quiera ver... No hay expediente porque no es necesario, hay una factura que yo le he enseñado y se la doy. Hay un gesto que a usted le puede gustar más o menos. El hecho de que el ministro pusiese ese tuit no es porque fuera una empresa sevillana, le puedo asegurar que hay más empresas en Sevilla, y si usted quiere le puedo enseñar alguna. Lo hizo porque esa empresa sufrió un gravísimo accidente que puso en peligro muchos puestos de trabajo en una tierra donde no hay tantos. A veces, ese tipo de gestos, que —insisto— le pueden gustar o no, hay que hacerlos para apoyar a quien ha sufrido un percance de ese tipo.
Que se produzcan contrataciones teniendo en cuenta esa situación y que se pueda ayudar... si fuera una factura de 1 700 000 euros me parecería mal, pero si es de 1700 euros y está dentro de las competencias que el propio oficial mayor del ministerio puede realizar sin necesidad de hacer ningún tipo de expediente ni de contratación, lo entiendo.
¿Usted no cree que si analizáramos los contratos que realiza cualquier Administración, por ejemplo la de su territorio, habría un porcentaje muy alto de empresas de ese territorio, o no? ¿No cree que tienen mayores posibilidades de competir las empresas que están más cercanas al lugar donde se hace la contratación? Yo creo que sí. En este caso, no se trata de eso; se trata simplemente de un gesto de apoyo, igual que se hizo en otros territorios y, probablemente, igual que se haría con un caso similar en el País Vasco. Pasó también cuando se produjo el incendio de la empresa Campofrío en Burgos. Hubo una serie de gestos de distintas administraciones para apoyarla. Ese no es un caso para ver en un juzgado ni es algo que haya que esclarecer. Está muy claro, pero usted no lo quiere ver.
El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre la población reclusa en el Estado español, también del senador don Jon Iñarritu García. Tiene la palabra, señor senador.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias.
Hay otra cosa que no está nada clara, como en la anterior. En esta pregunta con varias subpreguntas, quince en total, me voy a centrar solamente en cuatro, porque, visto el tamaño de la pregunta, sería imposible abordarlo con cierto rigor. Se trata de saber —pregunta número 6, porque no me respondieron— cuál es el número de personas presas en España que en este momento padecen enfermedades incurables; cuáles son esas enfermedades divididas entre número de afectados, y cuál es el pronóstico de vida que tienen.
De igual forma, me gustaría saber si tiene el ministerio algún plan para tratar la gran mortalidad que se produce en las cárceles españolas. Datos facilitados por su mismo ministerio indican que cerca de 1000 personas han fallecido en los últimos diez años por enfermedades incurables, más de 400 en los últimos cinco años. Querría saber si van a abordar esta situación de alguna manera especial para evitar que sigan muriendo personas en las cárceles del Estado.
En relación con las personas con VIH, me gustaría saber si van a abordar algún programa especial, porque más de 160 personas han fallecido en los últimos diez años por esta grave enfermedad y me gustaría saber si eso está ligado —pregunta número 12— con la reducción de personal sanitario que ha habido en algunos centros, y si piensa el ministerio que eso puede tener consecuencias en la población reclusa de los centros afectados.
Al igual que en el caso anterior, cuando se realiza una pregunta tan extensa es muy complicado que al final usted no tenga un argumento para decir que no le he respondido a algo, pero es que no tengo tiempo para responderle a todo. De hecho, si le respondiera a todo, necesitaríamos varios días de comisión. No tengo inconveniente en hacerlo, pero el resto de senadores y senadoras, probablemente, sí lo tendrían. No obstante, no se preocupe porque le voy a hacer llegar con el resto de documentación todo lo que se refiere a este tema.
Me gustaría hacerle algunas precisiones en esta materia que me parece que son importantes. El trabajo que se hace en los centros penitenciarios, sobre todo en materia sanitaria, no solo es similar al de cualquier comunidad autónoma para cualquier ciudadano de nuestro país, es que le puedo asegurar que en dotación y en personal es mejor o es mayor que el que se hace en cualquier comunidad autónoma. No hay ningún servicio de salud en ninguna comunidad autónoma que tenga los ratios de cobertura de personal y de atención por individuo que se tiene en los centros penitenciarios. Entre otras razones, porque tenemos que velar especialmente por las personas que están privadas de libertad para que esa atención sanitaria sea la correcta y porque la prevalencia en materia de riesgo de enfermedades es mayor en los centros penitenciarios que fuera de ellos. Las personas que ingresan en los centros penitenciarios suelen tener una serie de hábitos, de entornos y de circunstancias personales que agravan esos riesgos y que, evidentemente, se tienen que tener en cuenta y se tienen que valorar.
Como he dicho antes, le pido que me haga la comparación con cualquiera país de la Unión Europea y me diga en qué situación está España en relación con esos países en atención sanitaria, en respuesta a las necesidades sanitarias de los presos y respecto a las muertes en centros penitenciarios del tipo que sea. Le puedo asegurar que España está bien en esa materia. Se hace un buen trabajo en los centros penitenciarios y están razonablemente bien dotados.
Le digo más, no paro de enviarles escritos a los consejeros y consejeras de Sanidad de todas las comunidades autónomas para cumplir lo que el Senado, el Congreso y la mayoría de las cámaras autonómicas han solicitado, que es la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Todavía está por ver la primera que acepta esa negociación. Ninguna lo ha hecho. Y le puedo asegurar que ninguna comunidad autónoma va a sufrir ningún perjuicio económico ni ninguna merma de sus recursos por asumir esa petición. Nosotros estamos encantados de hacerlo, pero hay un mandato legal y un mandato parlamentario para que se produzca esa transferencia.
Le voy a dar los datos, como le decía anteriormente, pero le puedo asegurar que se está cumpliendo, con un nivel altísimo de los profesionales sanitarios en los centros penitenciarios, con esas necesidades de cobertura.
Si nosotros, en esa población de riesgo alto, que es la población reclusa, hablamos de 400 fallecimientos en cinco años, ¿de verdad cree que estamos hablando de un dato preocupante? Fallecimientos se producen en los centros penitenciarios y fuera de ellos. Se producen en personas que sufren una enfermedad, desgraciadamente, con toda la atención que le pueda dar un sistema de salud de primerísimo nivel como es el español, fuera y dentro de los centros penitenciarios. En una población de riesgo como esta de la que estamos hablando, que en los últimos diez años, sobre una población reclusa que ha oscilado entre los 80 000 y los 90 000 internos, haya 160 fallecidos por VIH es una desgracia, pero no me parece un número escandaloso, señor Iñarritu, de verdad.
En su labor de control y fiscalización al Gobierno hay muchos campos. Creo, sinceramente, que en este lo que tenemos que hacer todos es valorar el trabajo y la profesionalidad de los funcionarios de prisiones y de los profesionales sanitarios de prisiones en nuestro país y sentirnos legítimamente orgullosos del trabajo que se ha hecho por distintos gobiernos a lo largo de los últimos treinta años, porque se ha producido una modernización muy importante de la atención que reciben los internos en los centros penitenciarios en nuestro país.
Yo le aceptaría el reto, pero esa es justamente una pregunta que yo le hecho a su ministerio: cuál es la media de mortalidad en prisión en el conjunto de la Unión Europea en 2016, por países, y cuál es la media en el Estado. No me la han facilitado porque no la saben, y si no la saben ustedes, yo tampoco se la puedo facilitar. Pero sí hay datos objetivos del Consejo de Europa, no míos, que no ponen al Estado español entre los más punteros en políticas penitenciarias y en sistema penitenciario.
La transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas a mí me parece perfecto. De igual forma, me parece perfecto que transfieran de una vez por todas la competencia de prisiones, que algunas comunidades tienen recogida en sus estatutos, así como que las personas que cumplen prisión en otras regiones, en algunos casos muy alejadas, cumplan pena en las prisiones de su nación o región.
Sobre los datos de enfermedades que no me ha facilitado y que me dice que me los va facilitar por escrito, les pedía la previsión de vida que tienen esas personas, ya que hay una instrucción que hemos conocido recientemente que dice que no se pondrá en libertad a aquellas personas cuyo fallecimiento no esté previsto con razonable certeza a muy corto plazo, y que el ministerio en una respuesta parlamentaria cifraba en dos meses de vida. Si se cifra así el corto plazo, ¿cuántas personas se pueden encontrar en ese estado? Y también se tiene que saber cuáles tienen previsto un plazo de vida un poco mayor. Si no, la instrucción no tiene mucho sentido. Por eso le preguntaba si va a haber alguna medida más precisa para evitar que esas personas que tienen enfermedades incurables fallezcan en prisión. No podré entrar en casos particulares por falta de tiempo, pero hay un colectivo de presos, como el colectivo de presos vascos, condenados por haber sido de ETA o acusados del famoso Todo es ETA, a los que se les aplican todas las medidas de excepcionalidad que pueda haber, como el alejamiento y el aislamiento. Y los hay con enfermedades muy graves, como es el caso de Ibon Iparragirre, que un médico ha determinado que está en fase terminal, que siguen cumpliendo penas en prisión. En el País Vasco, en el Parlamento Vasco y 300 médicos que han hecho un informe, lo ven como un sinsentido. ¿Van a tomar alguna medida, ya no solamente por aspectos de legalidad, sino de humanidad, para que fallezcan menos personas en prisión?
Señor Iñarritu, ha dicho que 300 médicos han hecho un informe; ¿300 médicos han visto al enfermo? Yo creo que no. ¿Cómo se puede hacer un informe para determinar si un enfermo está terminal sin verlo? ¿Me puede explicar cómo se hace eso? (El señor Iñarritu García: Si me dan otro turno...). Yo no tengo inconveniente. Renuncio al mío. Si usted me puede explicar cómo se puede determinar si una persona va a fallecer en dos meses sin verlo, yo renuncio a mi turno. ¿Le puedo ceder la palabra, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Continúe usted, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): De verdad que no podemos frivolizar con estos temas, porque son muy delicados.
En nuestro país existen garantías que permiten que una persona que esté en situación terminal —lo recoge la ley, pero lo recoge también la práctica— reciba un tratamiento especial, diferenciado, precisamente por tener esa enfermedad, con el objetivo de que no fallezca en el centro penitenciario, y con unos límites. Si no, nos podríamos encontrar con una vía, basada en informes médicos que hacen médicos que no ven al paciente, para eludir la estancia en prisión y el cumplimiento de una condena. Evidentemente, eso no se puede hacer. Creo que usted, y cualquier persona a la que se le pueda explicar, lo entienden.
Un informe médico exhaustivo, elaborado por un médico que atiende al paciente, que lo reconoce y tiene a mano las pruebas necesarias, determina que hay un periodo que se entiende de dos meses, pero luego la medicina no son matemáticas, y no son dos meses. Hay casos que usted y todos nosotros conocemos en los que esos dos meses se convierten prácticamente en dos años, y habrá casos en que esos dos meses se conviertan en tres semanas. No son matemáticas; la ciencia médica no tiene ese nivel de precisión y no se lo podemos exigir.
Cuando se produce el diagnóstico de una enfermedad terminal, se aplica el procedimiento del artículo 104.4 del Reglamento penitenciario, que establece de manera inmediata la posibilidad de ser clasificado en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal. A partir de ahí, en función de los criterios que marque el juez de vigilancia penitenciaria, hay un grado muy importante de aplicación de esa medida, incluido el no cumplimiento de la parte que le reste de la condena cuando la inminencia de ese desenlace fatal se puede certificar o por lo menos se puede garantizar desde el punto de vista médico. En esa línea se ha trabajado, y la prueba es que no se ha producido ningún caso. Se han producido casos en los que los dos meses se convierten en dos años, pero no se han producido casos en los que los dos meses se conviertan en menos. (El señor Iñarritu García: El de Galindo, veinte años). Le digo que no se ha producido. Usted no me podrá poner un ejemplo en el que se haya dicho que la fecha posible de fallecimiento era de dos meses y no se haya actuado, o que se haya producido la muerte por una enfermedad grave de una persona con el perfil de interno al que usted se refería en un centro penitenciario. No se ha producido, señor Iñarritu. Por tanto, estamos especulando, no ofreciendo datos objetivos sobre esta materia.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la pregunta que formula el senador don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco, sobre si el Gobierno tiene establecido algún mecanismo de coordinación y cooperación con las entidades locales y autonómicas que mostraron interés por implicarse activamente en el proceso de recepción de refugiados, don detalle del mismo, en su caso.
Tiene la palabra el señor Bildarratz para formular la pregunta.
Señor secretario de Estado, bienvenido a esta comisión, aunque tampoco sea la mía. Nos congratulamos también de que ayer estuviera precisamente en Vitoria en la Junta de Seguridad que, tras años, al menos consiguió reunirse, y entiendo que en un clima positivo y de acuerdo. Quiero mostrarle mi alegría en ese sentido.
Es evidente que hay una preocupación en la sociedad española en general por la situación que viven los refugiados. Día a día estamos viendo una serie de noticias que verdaderamente nos preocupan y alarman a todos los que tenemos responsabilidades institucionales y, cómo no, a la sociedad en general. En primer lugar, por la cantidad de muertes que se han producido. Es cierto que en Grecia, en Italia y en Turquía están viviendo una serie de condiciones de las que ahora hablaremos, pero el número de muertes ha sido alarmante.
Si repasamos los datos, podemos ver que en el año 2015, 856 723 personas llegaron a Grecia por mar. Son datos de CEAR. En el año 2016, consecuencia del acuerdo Unión Europea-Turquía, el número de llegados disminuyó a 156 728, aunque desgraciadamente esto no supusiera un descenso en el número de muertes en el Mediterráneo, sino todo lo contrario. Estas imágenes permanecen vivas en nuestras retinas, y cada uno de nosotros tendrá diferentes imágenes de refugiados, personas emigrantes muriendo en diferentes condiciones, pero no podemos negar que han llegado de una manera viva a la sociedad.
Esto ha supuesto que la sociedad civil se haya movilizado, además de la desidia o el escepticismo con que la sociedad observa al Gobierno español por no cumplir con los compromisos que había adquirido. La sociedad civil se ha movilizado. Usted ha sido alcalde, igual que yo, y nosotros vivimos de cerca la realidad municipal, la realidad de la sociedad civil. Los diferentes niveles de gobierno, tanto ayuntamientos como diputaciones y gobiernos autonómicos, han mostrado su preocupación, y no solo su preocupación, sino sus ganas de ayudar y de colaborar de manera conjunta para poder dulcificar o solventar este problema.
La pregunta sería, ¿hay algún plan estratégico que coordine, que sirva de norte para el trabajo presente y futuro, en colaboración, en coordinación, con todas las administraciones?
Tiene la palabra, señor secretario de Estado.
Señor Bildarratz, efectivamente voy a dedicar unos segundos para decir que me siento, no sé si decir orgulloso, pero por lo menos satisfecho de que ayer se pudiera celebrar esa Junta de Seguridad. Desde que tomé posesión de mi cargo, la primera medida que nos pusimos a impulsar fue la celebración de esa Junta de Seguridad. Han sido muchos meses de negociación, no siempre fácil, siempre compleja, pero al final ha llegado a buen puerto y la celebramos ayer con quince puntos importantes en el orden del día.
Fue una de las reuniones más extensas y va a servir para mejorar la seguridad y las condiciones de vida de los ciudadanos que viven en el País Vasco y de quienes forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que realizan su función en ese territorio.
En segundo lugar, insisto, no está en el ámbito de mi responsabilidad la gestión de asilo, como ustedes saben, pero la conozco bastante bien. Tengo que decirle que la responsabilidad del Ministerio del Interior en relación con el asilo tiene que ver con el conocimiento, con la documentación, con el procedimiento que se exige a nivel internacional, pero no con la integración de esas personas en la vida cotidiana de nuestro país. Eso se hace a través del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, donde le podrán dar datos más rigurosos que los que yo le pueda proporcionar en este momento.
Voy a aprovechar su pregunta para decir que no es justo que se extienda esa sensación de país incumplidor que algunos quieren trasladar de España. No es así. España está haciendo un trabajo importante en esta materia para equipararse con países como Dinamarca, Alemania o Austria, que no tienen fronteras. Nosotros sí tenemos fronteras, por tanto, tenemos que ocuparnos también de casos propios que no tienen que ver con lo que viven esos otros países que no tienen frontera exterior. Cuando se habla de solidaridad y se trata de hacer un reasentamiento con una distribución de refugiados como la que se ha planteado en algunas instituciones, se debe tener en cuenta que nuestra situación es diferente a la de otros países. Eso es lo que ha defendido España. A pesar de ello, España ha asumido una importante responsabilidad en esta materia.
¿Qué está ocurriendo en este momento? Lo que voy a decir a continuación lo pueden certificar tanto Acnur como CEAR o como otras organizaciones, porque nos ayudan en la labor que se está realizando sobre el terreno en Grecia, Italia o Turquía. Pues que a las personas que están en esta situación se les ha transmitido una idea errónea, en algunos casos muy manipulada, en la que prácticamente solo hay un final en su carrera en la búsqueda de superar la situación que han vivido, y ese final es Alemania, Dinamarca o algunos países similares, donde creen que va a estar la solución a todos sus problemas. En consecuencia, son muy reacios a que se les asile en otros países como España. Así nos lo trasladan y así aparece reflejado en los informes que se han realizado. Por este motivo, resulta más complejo que en otros casos. Evidentemente —he sido alcalde y lo sé—, en el trabajo posterior, en la integración de estas personas en nuestro país, es fundamental la colaboración con las comunidades autónomas y, especialmente, con los ayuntamientos. Así se lo hemos trasladado al Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, y estoy seguro de que así se llevará a cabo de manera inminente y de forma coordinada por ese ministerio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
La semana pasada, algunos diputados y senadores que formamos parte de la Comisión Mixta de la Unión Europea y de la Comisión de Economía tuvimos la oportunidad de visitar las diferentes instituciones de la Unión Europea. Uno de los temas que tocamos fue este. Los responsables de la Comisión Europea nos dieron dos mensajes que están relacionados con la respuesta que usted me ha dado. Primero, en cuanto a si España cumple o no, calificaron a España como una de las mayores incumplidoras de los compromisos adquiridos respecto a los refugiados, y nos dieron el dato. España tenía el compromiso de reubicar a 9323 personas. La semana pasada —esta no sé—, estaban reubicadas 886 personas. Es más, nos dijeron que solo Portugal —creo que no podemos comparar la dimensión de ambos Estados— ha reubicado a más personas que España. En este sentido, el ejemplo de reubicación está en los países bálticos. Por tanto, primera reflexión, de 9323 personas, solo se han reubicado 886. Y segunda reflexión, eso de que los refugiados no quieren venir a España es un mito. Nos lo dijeron los responsables de la Unión Europea, funcionarios que estaban a pie de obra trabajando con los refugiados y decidiendo con ellos el lugar al que podían dirigir sus pasos.
Como usted ha dicho, el asilo es competencia del Gobierno central. Podríamos hablar de cómo se están gestionando los expedientes, pero no es el objeto de la sesión. Las personas que son merecedoras del derecho de asilo tienen que ser integradas en una sociedad de acogida, es decir, en el sistema educativo, sistema de salud, asistencia social, promoción, empleo, alojamiento... Son cuestiones que hay que coordinar muy bien con todas las instituciones competidas. En ese sentido, lo que me trasladan, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, es que, primero, no se está recibiendo respuesta por la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno español y, segundo, que hay otra serie de líneas de trabajo que pueden ser sugerentes, tanto para el Gobierno como para las comunidades autónomas, que, además, evitarían un peligro a los refugiados que arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo: los visados humanitarios. Los visados humanitarios pueden ser una solución inteligente, segura y más rápida para muchas personas.
En conclusión, le animamos a coordinarse, a cumplir con los compromisos que España ha adquirido con la Unión Europea en cuanto a reubicar a los refugiados. Hay que ser conscientes de que el tema de los refugiados no se va a acabar este año, ni el año que viene, ni el siguiente, sino que, dado cómo está la política internacional y la realidad demográfica de los diferentes países del mundo, los refugiados vienen a quedarse y debemos gestionar este asunto de una manera segura para todas las personas.
El señor PRESIDENTE: No he hecho un llamamiento individual para que se ajusten a los tiempos porque, hasta ahora, todos los hemos excedido. Por favor, ruego que nos atengamos a los tiempos marcados porque son muchas las preguntas que hay en el orden del día y todavía nos quedan bastantes por tramitar. Les recuerdo los tiempos: para las preguntas individuales, dos minutos para formulación y contestación, un minuto para réplica y otro minuto para dúplica. Una cierta generosidad, vale, pero insisto en que hay que atenerse a los tiempos.
Voy a intentar cumplir escrupulosamente con los tiempos, pero es complicado porque se tocan muchos temas.
La Comisión Europea sirve para una cosa y la contraria. A nosotros nos dice lo contrario. No sé con qué parte de la Comisión Europea ha hablado usted y con qué parte hablamos nosotros. Le voy a dar los datos. España, en este momento, es el séptimo país en reubicaciones. Solo hay seis países que tienen más personas reubicadas que nosotros. Lo que no quiere decir que no se acabe resolviendo en un tiempo razonable y que España supere a algunos de estos países que están por delante, que son Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia y Noruega. Portugal está prácticamente en la misma cifra que España. Y si hablamos de reasentamientos, nuestro país ocupa en este momento el número 11 de un total de 32 países comprometidos. ¿Es el puesto que nos gusta ocupar? No, y se va a mejorar considerablemente esa cifra. Pero sí le animo a que contrastemos esa información y a conseguir algo que resulta muy complicado cuando se hacen este tipo de críticas, porque tiene que ser alguien de la Comisión Europea quien nos lo comunique por escrito, esto no se hace así. Mensualmente se celebra el Consejo de Ministros de Justicia e Interior donde se analizan estos datos. Y, créame, no hay una crítica a España por esta gestión. Nosotros estamos tratando de acelerar los plazos. No hay ningún problema en cumplir los objetivos y los compromisos que tenemos asignados. Además, una vez que estén en nuestro país, hay buena voluntad en la gestión posterior gracias a esa colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas en el trabajo que han de realizar. Las personas reubicadas o reasentadas siempre van a estar en un municipio, en una comunidad autónoma, en un territorio, lo que nos va a obligar a colaborar y a cooperar con esas administraciones.
Y, de verdad, créame, el Gobierno de España tiene la mejor voluntad de colaborar en esa estrategia europea. Lo que sí queremos es que en el seno de la Unión Europea también se entienda que la situación de España no es comparable a la de otros países que no tienen la presión migratoria que tenemos nosotros. Fíjese que entre los países donde se producen reasentamientos no están ni Grecia ni Italia, a los que no solo no se envían refugiados, no se reubican personas, sino que se les ayuda a sacarlos de allí. España está en la misma situación, pero ha gestionado mejor el flujo migratorio y creemos que no es justo que se nos trate igual que a esos otros países que no tienen la misma presión que el nuestro.
El señor PRESIDENTE: Insisto, por favor, en que nos ajustemos a los tiempos; si no, se va a dilatar muchísimo la comisión y tenemos muchas preguntas.
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta también es del senador don Jokin Bildarratz Sorron, sobre la existencia de presos vascos encarcelados en cárceles españolas que tengan enfermedad grave con padecimientos incurables. Tiene usted dos minutos.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Vayan por adelantado mis disculpas.
La página web del Ministerio del Interior contiene un texto que me ha gustado y se lo voy a leer: «La entrada en prisión no puede suponer que el derecho se detenga a las puertas de la misma; es por ello que el interno conservará sus derechos como ciudadano, salvo los expresamente limitados por el fallo condenatorio, la ley penitenciaria y el sentido de la pena impuesta». Los presos fallecidos en la cárcel suponen la visión más extrema relacionada con la salud de un preso o presa. Las asociaciones que se han puesto en contacto con nosotros, con el Partido Nacionalista Vasco, nos informan de que los presos fallecidos en la cárcel ascienden a 18 durante las últimas décadas. Los presos fallecidos al poco tiempo de salir de la cárcel ascienden a 10. En mi calidad de senador autonómico elegido por el Parlamento vasco, le pregunto: ¿hay presos vascos encarcelados en prisiones españolas que tengan enfermedad grave con padecimientos incurables?
Voy a intentar responderle con el mismo rigor y la misma rapidez. Señor Bildarratz, en este momento no consta que ningún interno que reúna los requisitos legales para ser excarcelado por enfermedad se mantenga en prisión; ni vasco, ni de cualquier otra comunidad autónoma española, ni de cualquier otro país distinto al nuestro. Esto quiere decir —por responder a la parte más extrema de su pregunta— que en la actualidad no hay ninguna persona que esté en un centro penitenciario a la que no se le haya ofrecido la posibilidad de acogerse a ese tipo de medidas extraordinarias por razón de su salud.
De los presos vascos por los que usted pregunta, le puedo comunicar que en los centros penitenciarios españoles no hay ningún caso en el que su estado de salud, en los términos expuestos en la legislación penal y penitenciaria, sea determinante para iniciar un procedimiento que conlleve su excarcelación anticipada. Están atendidos —y bien atendidos— en materia sanitaria. Lo que ocurre es que hay algún preso —y eso sí se lo tengo que decir— que renuncia o no acepta esa atención sanitaria en los términos que le ofrecen los especialistas de salud en los centros penitenciarios. Aquellos presos que en estos momentos padecen algún tipo de enfermedad, están recibiendo la asistencia sanitaria precisa a través de la red sanitaria pública y están sometidos a los pertinentes controles médicos para valorar si su evolución deriva en situaciones que exijan iniciar un procedimiento de excarcelación anticipada, como se ha hecho siempre y como se va a seguir haciendo en el futuro de acuerdo con nuestra legislación.
En ninguno de los casos se ha detectado que el grado de enfermedad que padecen revista la suficiente entidad como para poner en marcha el mecanismo de la anticipación de su libertad, ni mucho menos que esa enfermedad esté en un estadio cuyo peligro evidencie un riesgo de muerte inminente. Por eso, tanto la legislación penitenciaria como la penal, contemplan fórmulas para que los internos penados que sufran enfermedades graves con padecimientos incurables puedan acceder a la libertad condicional mediante la suspensión de la condena por esta circunstancia cuando, obviamente, cumplan esos requisitos y se acrediten con una certificación médica que así lo recoja. Así figura en el artículo 104.4 del Reglamento y en el propio artículo 90 del Código Penal, en la línea que ustedes conocen y que he mencionado en alguna intervención anterior.
Los datos que yo tengo no son acordes con la información que usted me transmite. Por eso mismo, me voy a atrever a darle el informe que una de las organizaciones o colectivos, que en este caso es SARE, me ha hecho llegar para que ustedes, al menos, puedan contrastar esta información, porque estamos hablando de un caso extremo, de situaciones graves. Probablemente, si yo le hubiera hecho esta pregunta hace unos años, su respuesta habría sido la misma. Pero la cuestión es que, tal y como le he dicho, ha habido 18 personas, más otras 10 que han fallecido al poco tiempo de haber salido de la cárcel. Y no son personas que hayan fallecido de una manera natural por la edad. No. Son personas de 25, 27, 33, 30, 58, 40, 29, 41, 22, 35 años, etcétera.
Usted ha hecho referencia al caso de los enfermos que se niegan a recibir atención sanitaria. Yo, por motivos obvios, por respeto a la Ley de protección de datos, no voy a incidir en ninguna persona en concreto. Conozco el caso al que creo que usted se ha referido, pero hay que ver cuál es la situación psicológica de esa persona y también la enfermedad que padece.
El señor PRESIDENTE: Señor Bildarratz, termine, por favor.
El señor BILDARRATZ SORRON: Sí, perdón.
Le aseguro que el informe que me trasladan sus familiares —aunque no lo haya visto ninguno de esos 300 médicos— está elaborado por un médico con criterio, y la enfermedad es grave, es incurable. Creo que hay casos a los que se les puede aplicar el artículo 90 del Código Penal. Por tanto, no corramos riesgos innecesarios y cerremos esta reflexión de la misma manera en que la abríamos: con el texto de la página web del Ministerio del Interior, porque, a fin de cuentas, los presos también tienen sus derechos. Trabajemos por ellos.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias. Intervendré con mucha brevedad.
Usted ha hablado de décadas, pero no me ha dicho cuántas. Ha dicho que en las últimas décadas ha habido 18 personas que han muerto en prisión y 10 que han muerto al poco tiempo de salir de prisión. ¡Hombre!, pues depende de cuántas sean esas décadas. Le vuelvo a decir que me parece una desgracia que eso ocurra, pero no me parece una cifra escandalosa. Si en décadas hemos conseguido que se reduzcan a 18 las personas que fallecen en un centro penitenciario, creo que se está avanzando. Ojalá no fuera ninguna. Ojalá no existiera ningún caso, pero algunos son inevitables; un ataque al corazón, un ictus..., es algo que puede pasar en un centro penitenciario, en una oficina o en casa, y, por desgracia, es prácticamente imposible que se pueda evitar.
Usted sabe que hay una vía que se ha utilizado en algunos casos. El artículo 90.7 del Código Penal permite que se acuda directamente al juez de vigilancia penitenciaria, que sea el juez de vigilancia penitenciaria el que solicite los informes médicos a quien considere oportuno y, sin intervención de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se adopte la resolución pertinente. En esa línea, se ha acudido en reiteradas ocasiones al juez de vigilancia penitenciaria, que ha ido en la misma dirección que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, porque tenemos un régimen de garantías, un régimen de derechos que funciona bien y que está al alcance de cualquier persona privada de libertad, pero que, evidentemente, conserva un gran número de derechos en nuestro país. Le animo a eso. Y, fíjese, de esas 18 muertes que se han producido en prisión en las últimas décadas —no sé a cuál se refiere individualmente, pero estoy seguro de que lo veré después cuando usted me deje el informe—, creo que ninguna responde al perfil del enfermo que usted me describía y sobre el que se ha interesado especialmente en el día de hoy. Eso también es un dato positivo que tenemos que valorar.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que formula doña María Isabel Mora Grande, sobre las conclusiones extraídas por el inspector de servicio desplazado al Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, tras la visita realizada por la defensora del pueblo a dicho centro los día 9 y 10 de marzo de 2015, para revisar varios casos de denuncias de malos tratos.
Tiene la palabra la senadora Mora.
La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario de Estado, por comparecer para responder a nuestras preguntas.
Formulé esta pregunta porque estaba muy interesada en conocer los resultados de esa inspección que realizó el inspector de servicio en esta prisión en concreto. La respuesta es prácticamente nula, porque me viene a decir que sí hubo una inspección y que remitieron las conclusiones al Defensor del Pueblo. Me parece estupendo que envíe a la Defensoría del Pueblo las conclusiones, pero la pregunta la realizaba yo. Preguntaba cuáles eran las conclusiones y no me las han remitido.
Me preocupa especialmente —entiendo que también al ministerio— cualquier situación de malos tratos o posibles malos tratos dentro de las prisiones; malos tratos que deben ser erradicados y se deben poner todos los medios para que eso no suceda. De hecho, en el último informe de la Coordinadora para la prevención de la tortura se recogen 48 denuncias en las prisiones españolas. Aprovecho esta primera intervención para decirle que de todas la preguntas que planteo a todos los ministerios, instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, quizás sea el organismo que menos me responde o que me responde con evasivas —se lo quiero decir, porque es real— y, por este motivo, más preguntas tengo que reconvertir en orales. En este caso, realmente no me ha dado ninguna información. Yo me pregunto si es una información que están ocultando y por qué, cuando en realidad es interesante que todos podamos conocer estas investigaciones para, entre todos, erradicar este problema.
Por otra parte, este asunto tiene interés, porque, como sabe, precisamente las ocho condenas que tenemos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre malos tratos y tortura están dirigidas a que no se investiga lo suficiente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Gracias, presidente.
Señora Mora, voy a intentar responder, aunque no sé si será satisfactoria la respuesta. Estoy dispuesto a que hagamos la ampliación que usted considere oportuna, pero, de entrada, sí le quiero decir que es complejo. Yo he tenido varias conversaciones con compañeros suyos de su mismo grupo político en las que me reprochan que no se esté protegiendo adecuadamente a los funcionarios de prisiones frente a acusaciones que se realizan contra ellos y frente a una mala dirección que se produce en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Me lo han hecho llegar de forma reiterada y he visto también en redes sociales su apoyo a los funcionarios de prisiones. Al mismo tiempo, usted hace planteamientos según los cuales parece que tenemos una red de funcionarios que se dedican a agredir a los internos, que vulneran las normas y que torturan a quienes tienen la desgracia de haber perdido la libertad. Créame que cuesta mucho trabajo buscar un equilibrio en esas actitudes. Yo me siento orgulloso del trabajo que realizan los funcionarios de prisiones. Me siento orgulloso, en primer lugar, porque están haciendo una labor encomiable en muchos ámbitos, fundamentalmente, para reconducir la vida de una persona que, por algún hecho, ha perdido la libertad y está en un centro penitenciario. Le ayudan, como establece nuestra Constitución, a reiniciar su vida y a reinsertarse en la sociedad. Y, en segundo lugar, por el trabajo fantástico que han hecho en la lucha contra el terrorismo y por el trabajo que hacen ahora mismo con las personas condenadas por su vinculación al terrorismo yihadista. Creo que se está haciendo un trabajo francamente positivo. ¿Pueden existir errores? ¿Puede haber personas que no hagan ese trabajo con la profesionalidad y con el cumplimiento y el rigor que se debe? Pueden existir. Todos tenemos la obligación de no arrojar sospechas sin pruebas y de realizar un trabajo riguroso, con la suficiente discreción para que, si se produce, se aplique la ley con todo el rigor, pero no generemos una sensación de amenaza de modo que parece que todo el sistema es corrupto y todos los funcionarios de prisiones son torturadores. Eso no lo puedo admitir.
Se realizó, como se viene haciendo habitualmente, una inspección en el centro al que usted se refiere, Sevilla II, en junio del año 2015. Se revisaron siete presuntos casos de malos tratos, concluyendo que la actuación del personal penitenciario fue correcta y proporcionada. Se investigó con el rigor necesario y se consideró que eso era así, teniendo en cuenta, evidentemente, los datos a los que pudo tener acceso esa inspección. En todos los supuestos se realizó con el detalle que exigen las normas y dando traslado a quien se tiene que dar, al juez de vigilancia penitenciaria, al juzgado de guardia, así como a quien se había interesado por ello: la defensora del pueblo. Seis de las investigaciones por malos tratos llevadas a cabo por la inspección penitenciaria están archivadas, tanto en vía administrativa como en vía judicial, y en cuanto a al caso restante, la autoridad judicial no ha comunicado por el momento su resolución.
De las investigaciones llevadas a cabo, así como de su resultado, se informó —como ya le he dicho— a la oficina del Defensor del Pueblo y, una vez concluyan y estemos en condiciones de dar un dato cierto, no una sospecha, no una inspección o tramitación parcial, se le trasladarán a usted, que lo ha solicitado personalmente, y a quien quiera conocer el alcance de esa inspección.
Señora Mora, tiene la palabra.
La señora MORA GRANDE: Gracias.
Comprenderá, señor secretario de Estado, que si le pregunto por el resultado de una inspección, me sienta un poco molesta porque la respuesta que se me dio por escrito a una pregunta escrita era que se remitía a la Defensoría del Pueblo. No me parece una respuesta correcta. Ahora tampoco me ha dado muchos datos de la inspección que se realizó.
Lo que sí tengo que decirle es que en ningún caso he vertido ninguna manifestación contra los funcionarios en general. Y creo que la mejor manera de defender a los funcionarios y la labor que desarrollan dentro de las prisiones es, precisamente, atajar a los pocos que realizan una actividad contraria a la ley. Una de las peores cosas que pueden cometer los funcionarios en un Estado de derecho son los malos tratos o la tortura, y no he ido por ahí, así que, por favor, no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho.
Cuando se pone en el punto de mira una prisión —hay más, pero preguntaba en concreto por esta—, es que algo sucede, por lo que sería de interés tener unas conclusiones sobre estos hechos. No solamente la defensora del pueblo señaló esa prisión, sino que también señalan esa prisión el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, los colectivos sociales y el Colegio de Abogados de Sevilla. O sea, algo pasa ahí y tendremos que entrar a ver qué es lo que pasa, pues entiendo que tendrá interés en saberlo.
En cuanto al resultado de los procedimientos judiciales, ya sabemos que la verdad judicial no se corresponde, no tiene nada que ver, con la verdad material. No estoy diciendo que existan o no, pero demostrar los malos tratos es algo complicado. La función que tiene que realizar la Administración de manera tajante es intentar que no haya ninguna sombra de duda, y si hay cosas que no se están haciendo bien, que se corrijan, y cuando tanta gente está señalando un centro, obviamente algo pasa.
Si tanto interés tienen en la prevención y la lucha contra los malos tratos para erradicarlos, tengo que decirles que en los presupuestos que estamos tramitando han dedicado 1 millón de euros a medios coercitivos y, sin embargo, no se ha destinado absolutamente ninguna partida para la formación de los funcionarios en resolución pacífica de conflictos y mediación, cosa que es supernecesaria y que le ha indicado la Defensoría del Pueblo que debía realizar. Me parece que las partidas deberían ser diferentes si realmente queremos luchar contra un mal funcionamiento de la Administración en hechos que pueden ser bastante graves.
Señora Mora, creo que no he entendido bien y seguro que ha sido que yo he entendido mal algo que usted ha dicho bien. Es el momento de aclararlo. Usted me dice que la verdad judicial y la verdad real no siempre coinciden, pero que nosotros tenemos que hacer una labor ajena a la verdad judicial. O sea, nosotros tenemos que actuar aunque no tengamos pruebas, aunque no tengamos la posibilidad de acreditar la comisión de una tortura, aunque no tengamos la posibilidad de acreditar que se han producido malos tratos. (La señora Mora Grande: Yo no he dicho eso). Estoy seguro de que no ha dicho eso, pero como se ha podido entender, o como yo he podido entenderlo así, quería decir que usted no ha dicho eso, por si alguien ha entendido que de sus palabras se podía desprender eso.
Yo no puedo, en nombre del ministerio, actuar contra un funcionario porque presuma que ha hecho algo que no puedo probar o porque alguna organización acuse al centro de hechos que no se han podido acreditar. Usted sabe que no lo puedo hacer. Usted es abogada y sabe que tenemos unos límites. Hay unos derechos de los internos y de los funcionarios. Sabe que se realizan inspecciones y controles y que se establecen garantías para que la ley se cumpla escrupulosamente en cada uno de los centros penitenciarios. ¿Que puede haber errores, fallos o incumplimientos? Seguro que sí, pero se trabaja para que eso no ocurra.
Me ha dicho que no se dedican fondos a formación. Sí hay fondos para formación. No hay una partida específica y concreta que usted pueda definir, pero sabe que hay una partida genérica con recursos para formación. El objetivo fundamental en materia de instituciones penitenciarias para el próximo ejercicio es poner en marcha una vieja aspiración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: tener un centro de formación adecuado, esto es, un centro de formación central para todos los funcionarios de prisiones. Es necesario y, por razones económicas o porque no se consideró oportuno por este y por otros Gobiernos, todavía no se ha llevado a cabo. Espero que en los próximos presupuestos usted tenga la oportunidad de ver reflejada la puesta en marcha del centro de formación.
Le puedo asegurar —créame, se lo pido de corazón— que se trabaja mucho y con muchos recursos para garantizar que no se vulnere la ley en ningún centro penitenciario. Y cuando se aprecia que se ha vulnerado la ley y se puede acreditar —si no, no podemos actuar—, se procede con mucho rigor contra aquellos que vulneran la ley, precisamente para preservar el buen nombre de los funcionarios de prisiones.
Tengo que insistir nuevamente en que estamos sobrepasando ampliamente los tiempos que tenemos acordados para formular y contestar la pregunta. Aún quedan bastantes preguntas que tramitar. Pido que hagan un esfuerzo, tanto el senador que formula la pregunta como el secretario de Estado que la responde, para aliviar un poco el denso orden del día que tenemos.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, también de doña María Isabel Mora Grande, sobre las instrucciones impartidas por la Administración penitenciaria al centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, en relación con el papel de los servicios médicos respecto a las personas internas a las que se les apliquen medidas coercitivas, a que se refieren las sugerencias realizadas por la defensora del pueblo en el mes de mayo de 2015, tras su visita al centro los días 9 y 10 de marzo de 2015.
Le formulo esta pregunta porque en este centro penitenciario, tras la inspección que realizó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura —en una respuesta que ya me dio dice que no saben muy bien a qué me refiero—, en la ficha de control —que además está colgada en la web, es pública— dice que hay que iniciar una investigación sobre algunas prácticas habituales de los facultativos en este centro y respecto a las normas deontológicas referidas a la práctica de la contención mecánica en cuanto a los malos tratos que se estaban inspeccionando.
Yo le pregunto por el papel de estos servicios médicos, porque se detectan irregularidades. Esto es importante, porque es precisamente en el aislamiento cuando se producen más muertes. De hecho, según los datos facilitados por su propio ministerio, se producen el doble de suicidios dentro de los módulos de aislamiento que entre las personas que no están en esa situación.
No me ha dado ninguna respuesta a las preguntas que le he formulado a este respecto. Tampoco me ha respondido a algo muy importante que me parece fundamental a la hora de controlar cosas que no se hacen bien. En el seguimiento que han podido realizar ¿cuál ha sido la comprobación del grado de cumplimiento de las instrucciones?
Señora Mora, todas las sugerencias que indica fueron inmediatamente transmitidas al director del centro, al que se instó específicamente a velar por el cumplimiento riguroso de las previsiones normativas en materia de aplicación de sujeción mecánica.
En julio de 2015, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitió un escrito al centro indicado incidiendo en determinados aspectos de su regulación a fin de mejorar la praxis que se venía haciendo en su aplicación. Desde entonces se realizan oportunos seguimientos de la aplicación de la medida, normalmente uno al semestre. Conforme se informó a la defensora del pueblo en escritos con fecha 15 de agosto de 2015 y 26 de enero de 2016 por los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se impartieron las indicaciones oportunas a la dirección del centro penitenciario sobre las condiciones en que debían ser utilizadas las sujeciones mecánicas regimentales; se excluía explícitamente su uso con carácter punitivo y se regulaba su aplicación en aquellos supuestos en que el interno presentase un trastorno mental, caso en que están especialmente desaconsejadas, como usted ha apuntado también en su pregunta. Asimismo, se está procediendo paulatina y escalonadamente a la instalación de cámaras en aquellas celdas de los centros penitenciarios destinadas a la aplicación de la medida de sujeción mecánica para facilitar su seguimiento por el personal penitenciario y también para tener constancia de si se produce alguna infracción de la normas legales existentes o de las instrucciones que se dan por la secretaría general.
En cuanto a la revisión del empleo de la sujeción mecánica con correas de carácter regimental, se llevó a cabo por el servicio de inspección. Las conclusiones extraídas han sido participadas también a la defensora del pueblo en el escrito de 28 de febrero de 2017. Se le ha dado traslado y se ha contactado con la Defensoría para corroborar y contrastar esa información.
El procedimiento a seguir en la sujeción mecánica está regulado. Hay una Instrucción, la 3/2010, de la secretaría general, que prevé la utilización de esposas únicamente para inmovilizaciones marcadas por su temporalidad reducida y la sujeción con correas homologadas para aquellas que se prevea que pueden prolongarse, bien por razones regimentales, bien por razones médicas, cuando son precisamente los facultativos los que recomiendan este tipo de actuación.
Señor secretario, me está leyendo la respuesta que me dio por escrito y en la que no me contesta. Le da la contestación que le estoy pidiendo a la Defensoría del Pueblo, que me parece muy bien, pero quiero saber cuáles son las conclusiones, qué han comprobado, cuál es el seguimiento y su resultado, cuáles son las instrucciones concretas que se dieron. Facilíteme esa información, porque no lo ha hecho. Esa es la pregunta que yo le hacía. Es de bastante interés ya que todas estas instrucciones que daba la Defensoría del Pueblo tienen que ver con un control médico en situaciones que son bastante delicadas, cuando alguien está en aislamiento.
Ha sacado a colación el tema de las enfermedades mentales graves. La Defensoría había detectado que se estaba aplicando el aislamiento en estos casos, cuando no debería ser así. Le traigo a colación preguntas de los anteriores senadores para decirle que precisamente en aislamiento se producen muertes. Es algo delicado y de vital importancia el control de las enfermedades cuando se está en aislamiento. Esto lo recalcaba mucho la Defensoría. Además, no es cierto que no sepan quiénes tienen enfermedades mentales grave; lo saben.
Le voy a recordar los datos de su ministerio relativos a las personas con enfermedades mentales graves que han muerto dentro de prisión durante los últimos años, personas que tenían que haber sido excarceladas porque sabían que su enfermedad provocaba el fallecimiento en un periodo muy corto de tiempo. Según los datos, durante los tres últimos años, 24 personas han muerto dentro de prisión por cáncer y 21 por sida y cirrosis. Ustedes sabían que esas personas debían ser excarceladas y, sin embargo, murieron dentro. Se lo traigo a colación a raíz de esto.
Contésteme, por favor, a la pregunta que le he planteado, porque no me ha contestado.
Señora Mora, en este caso ocurre lo mismo que sucedió anteriormente. Ustedes plantean una pregunta o solicitan datos, se le responde a esa pregunta o se le facilitan esos datos, pero resulta que esos no son los datos o la pregunta que ustedes querían conocer. Ha ocurrido exactamente lo mismo anteriormente.
Usted sabe que existe una especial dificultad, un especial problema respecto a los internos con trastornos mentales graves. ¿Sabe cuál es el problema? Que se han eliminado las instituciones que atendían a las personas con trastornos mentales graves, que, con cierta frecuencia, por ese trastorno, cometen alguna actuación delictiva. El problema es que, en lugar de permanecer en un centro donde la prioridad sea el tratamiento de su enfermedad, se les deriva a un centro penitenciario, donde resulta especialmente complejo atender, con las mismas medidas que se utilizan para cualquier interno, a personas que se encuentran en estas circunstancias. Además, con bastante frecuencia, a estos enfermos se les aplican medidas de reducción de las penas y se les pone en libertad, pero reinciden en un periodo corto de tiempo y tienen que volver a entrar en un centro penitenciario. Compruebe el dato de la reincidencia en este tipo de internos y comprobará que lo que le estoy diciendo es absolutamente cierto.
Este es un problema que no se reduce solo al ámbito penitenciario —y usted lo sabe—, es un problema de carácter asistencial. A estas personas se les saca del sistema de atención sanitaria y se las limita a ser atendidas en centros penitenciarios, donde no deberían estar, porque en muchos casos se trata de personas que precisamente delinquen porque carecen de la atención médica o asistencial necesaria.
He tratado de responder a su pregunta. Pero, insisto: prácticamente a todos los intervinientes de esta comisión les vamos a dar una respuesta ampliada, porque ahora estoy incumpliendo lo que me ha pedido el presidente de que sea breve en la respuesta, pero es que son preguntas muy abiertas y resulta prácticamente imposible responderlas en el tiempo marcado.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la tramitación agrupada de cuatro preguntas de la senadora María Isabel Mora Grande, relacionadas con determinados aspectos de la inmovilización y sujeción mecánica de los internos en el centro penitenciario Sevilla II.
Para formular las preguntas de forma agrupada, tiene la palabra la señora Mora.
Con estas preguntas tengo el mismo problema que con las anteriores, y es que le solicito una información que no me da, algo que sería fácil, pues la respuesta que yo quiero la tienen ustedes por escrito y se la han remitido a la defensora del pueblo. Ya que se la mandan a ella, y que se la solicito yo, dentro de mis funciones constitucionales de control al Gobierno, le pediría que me resumiera o mandara esas comunicaciones con toda la información que le solicito. No digo que me den una copia de la información que han mandado a la defensora del pueblo, pero sí el contenido. El contenido es lo que le estoy pidiendo. Le agradecería que me lo facilitara, porque esa es la pregunta que le he formulado dentro de mis funciones de control. En esta pregunta le he pedido todas las sugerencias que se realizan respecto a la sujeción mecánica y el grado de cumplimiento o no que han observado en el seguimiento que han realizado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias.
Señora Mora, ya hemos respondido en parte a su pregunta en anteriores intervenciones mías, el día de hoy y en respuestas por escrito. Al final, tenemos la sensación de una duplicación de esfuerzos permanente. Tengo la sensación de que hay muchos senadores que lo que quieren es que se les pase toda la información que se le da al Defensor del Pueblo, pero, sinceramente, creo que ese no es el trabajo que tiene que hacer un senador, una senadora o un representante de los ciudadanos; para eso ya está el Defensor del Pueblo. Ustedes tienen acceso a esa información. Yo no tengo inconveniente en hacerle llegar la información que usted me pide, pero —al igual que ha ocurrido anteriormente con otros senadores— esa información se encuentra en la página web del Ministerio del Interior, está a su alcance, la pueden buscar y no tienen que esperar a que les demos una respuesta, que además nos les gusta porque no coincide con lo que ustedes buscan. El dato que quieren está publicado. El Ministerio del Interior hace un esfuerzo y un ejercicio de transparencia muy importante, y se quiere ampliar en esa materia. Ustedes nos preguntan por datos de otros ministerios que no estamos en condiciones de responder. También nos preguntan por datos de otros países, que tampoco estamos en condiciones de responder. No obstante, intentaremos seguir en esa línea. Yo me comprometo a hacerle llegar el resumen que usted me pide y espero que sea suficiente para responder a su pregunta.
Sin embargo, creo que debemos asimilar algo importante: en España disfrutamos de un Estado de derecho sano y pleno, con instituciones que velan por el cumplimiento de las normas desde distintas perspectivas. Y una cosa es el control parlamentario y otra diferente es el trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo, que tiene una función distinta que no podemos sustituir, porque, al final, o sobra el Defensor del Pueblo o sobra el trabajo que se hace en el Parlamento, que tiene un campo para poder desarrollarlo.
¿Usted quiere que le traslademos ese resumen? Le trasladaremos el resumen de lo que se ha remitido a la defensora del pueblo y espero que de esa forma podamos solventar esta pregunta. Si lo que usted plantea es que se le haga un resumen y se le pasen todos los documentos que se remiten al Defensor del Pueblo, creo que no es una tarea útil ni adecuada para el funcionamiento de las Cámaras.
La señora MORA GRANDE: Señor secretario de Estado, soy senadora y tengo una función constitucional. Creo que no me debe usted decir cuál es mi función. Mi función viene recogida en la Constitución y es de control al Gobierno. La Defensoría del Pueblo es un comisionado de las Cortes Generales, es decir, nosotros. En cuanto a mi función de control, soy yo la que decide en cada momento cuándo realizo preguntas. En ningún momento le he pedido por escrito que me envíe la información que le mandó al Defensor del Pueblo. Le estoy pidiendo cosas concretas de investigaciones que ha realizado la inspección de servicio. Eso está dentro de mis funciones, y creo que su obligación es facilitármelo, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la Constitución.
También dentro de sus obligaciones está la transparencia. Precisamente comencé mi intervención diciéndole que, de todos los ministerios a los que yo formulo preguntas, su departamento —se lo digo para que lo sepa— es el que más se escaquea en las respuestas. Hay otros departamentos que dan contestaciones más detalladas. Por ejemplo, usted me ha llegado a negar, diciendo que no son públicas, copias de instrucciones. Si fueran públicas y estuvieran en una web, no se las pediría. De hecho, la Constitución otorga a los senadores y diputados unas prerrogativas diferentes a las de cualquier ciudadano precisamente para acceder a la información mientras no sea reservada. Esa es la forma normal de funcionar de su ministerio. Por tanto, perdóneme, pero creo que mi función de control está definida en la Constitución. No me la limite usted, porque no debe.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Señora Mora, yo no le voy a dar ninguna lección de cuáles son sus derechos y cuáles son los míos —que también tengo alguno—. Pero sí le digo que usted me ha dicho aquí —y lo hemos oído todos—: Es muy fácil. Lo que yo he pedido es un resumen de lo que han mandado al Defensor del Pueblo. (La señora Mora Grande: Si lo tiene por escrito, pásemelo).
Usted ha planteado una serie de preguntas a mi departamento, en este caso a Instituciones Penitenciaras, a las que se le ha respondido. Usted considera que no se le ha respondido. Es su opinión. Nosotros hemos cumplido con la obligación de responder y usted entiende que esa información que se le ha trasladado no es suficiente, y está en su derecho.
Señora Mora, tenemos funciones diferentes, y usted también puede acceder a la información que tiene la defensora del pueblo. (Denegaciones de la señora Mora Grande).
Sí, sí, claro que puede acceder. Es su comisionado, como usted acaba de decir ahora. ¡Cómo no va a tener acceso a esa información, si depende de esta Cámara y del Congreso! (La señora Mora Grande: Se la estoy pidiendo a su ministerio).
El señor PRESIDENTE: Señora Mora, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): ¿Me va a decir que no tiene usted acceso a un órgano que depende de las Cámaras? Señora Mora, ¡por favor! Creo que hay una confusión importante respecto a las funciones.
Usted ha hecho una pregunta y nosotros se la hemos respondido. Usted considera que no es suficiente y nos ha pedido que le traslademos el informe que se le ha dado al Defensor del Pueblo, y, como le he dicho, no tengo inconveniente en que se haga un resumen y se le traslade, pero no pongamos en cuestión cuáles son las funciones que tiene cada uno. Las suyas —también las he disfrutado yo como diputado y las voy a defender siempre— no son las mismas que las del Defensor del Pueblo, no son una copia. Es controlar al Gobierno y tener acceso a la información, que usted tiene derecho a pedir y que el Gobierno le traslada y que considera que es suficiente. Usted está en su derecho de entender que no es suficiente, y en ese caso tendremos que arbitrar las medidas que establezcan si el ministerio está respondiendo de forma correcta o no. Yo creo que está respondiendo de forma correcta. Le vuelvo a decir: no tengo inconveniente en realizar ese resumen y trasladárselo.
Hasta aquí las preguntas escritas que fueron reconvertidas en orales.
PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE CONSTANCIA DE DENUNCIAS POR "BULLYING" A ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL DE BAEZA (JAÉN) DURANTE EL CURSO 2015/2016, CON INDICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS O PREVISTAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS. 681/000588 GONZÁLEZ CABAÑA, FRANCISCO (GPS)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las preguntas orales en comisión. En primer lugar, la que formula don Francisco González Cabañas, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno tiene constancia de denuncias por bullying a alumnos de la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) durante el curso 2015/2016, con indicación, en su caso, de las medidas adoptadas o previstas para esclarecer los hechos.
Para su formulación, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Señor presidente, me gustaría, en primer lugar, además de agradecer la presencia del secretario de Estado para contestar a las preguntas, pedir que esta comisión traslade sus condolencias a los familiares del policía local de La Línea fallecido en acto de servicio estos días atrás, como bien conoce el secretario de Estado.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Muchas gracias.
Mi pregunta la voy a transformar en la lectura de una carta que un alumno guardia civil dirigió al ministro y que yo tuve el honor de poderle entregar en mano el día que vino a la comparecencia para explicar las líneas generales de su departamento.
Dice el guardia civil alumno: «Estimado señor ministro del Interior, me dirijo a usted para hacerle llegar la situación que estoy viviendo como consecuencia de haber sufrido un acoso en la academia de la Guardia Civil de Baeza. Voy a explicárselo de la forma más clara posible para que esto no vuelva a ocurrir y nadie tenga que sufrir lo que yo estoy sufriendo.
En el año 2015 logré entrar en la academia con el número 18 del escalafón a nivel nacional. Ya una vez dentro tenía parte de mi sueño en mis manos después de tanto sacrificio y esfuerzo. Entré en la academia el 14 de octubre con todas mis ganas e ilusión llevando al día todos mis servicios y actividades, además de un servicio voluntario de sanitario. Todo iba estupendo, disfrutando de mis clases y mis compañeros, hasta que llegó mi pesadilla, que fue un acoso reiterado hacia mi persona, y todo debido a mis notas, ya que a final de enero mis compañeros de camareta me pidieron copiar en los exámenes y yo me negué. Es a partir de este momento cuando empiezan a hacerme la vida imposible, machacándome psicológicamente con insultos y molestándome continuamente con acciones hacia mi persona a través de mis pertenencias: deshaciéndome la cama, cambiando mis cosas de sitio, escondiéndome las lentillas y un sinfín de cosas, detalladas en mi denuncia interpuesta en el tribunal togado.
Viendo que esto no cesaba, acudí a mi oficial de compañía, que era nuestro tutor, para contarle lo que me estaba ocurriendo. A raíz de mi queja, el capitán de la compañía impartió una charla sobre bullying, concretamente en mi aula. Después de esta charla continuaron las acciones hacia mi persona, por lo que volví a acudir al oficial de compañía, ya que me costaba hasta dormir. El oficial dio una advertencia, cosa que tampoco sirvió para nada y continuaron molestándome. Un día, subiendo las escaleras de la compañía, uno de los implicados se dirigió a mí insultándome. Yo no podía más, por lo que me volví y le dije que no me volviera a llamar más así porque la íbamos a tener. Viendo que esto no paraba, decidí poner mi móvil grabando audio en el interior de mi taquilla para lograr saber quiénes eran exactamente los que me hacían la vida imposible. El día 4 de mayo escuché la primera grabación y descubrí que eran mis compañeros de camareta y varios compañeros de otras camaretas, por lo que me dirigí a ellos concretamente para advertirles de que los tenía grabados y que si no paraban acudiría de nuevo al oficial de la compañía. El compañero con el que tuve la discusión en la escalera, viendo que yo podía hacerle llegar al oficial las grabaciones, utilizó la discusión para decirle un mes después que yo lo había amenazado aquel día; todo para librarse de una posible sanción por lo que me estaban haciendo.
A raíz de todo esto, me abren una información reservada donde todos se ponen de acuerdo para ir en mi contra y descalificarme personalmente. Y me vi indefenso, porque solo llamaron para testificar a los implicados, no llamando al resto de los compañeros para contrastar información que los demás habían aportado. Después de haber cogido mi destino de prácticas en uno de los primeros lugares del escalafón y habiendo tenido en mis manos el título como apto en el curso académico, me abrieron un expediente disciplinario justo el día antes de la entrega de despachos, suspendiéndome y echándome a la calle, dejándome sin protección sanitaria ni recursos económicos. Todo ello hasta la resolución del expediente que, a día de hoy, se está tramitando.
Mi paso por la academia —termino, señor presidente— era para formarme y ser un buen profesional, pero con tan mala suerte, que me he cruzado con personas que no aceptaban mi forma de ser: respetuosa, disciplinada y trabajadora, que son los valores que me han enseñado desde pequeño. Puede preguntar mi trayectoria de vida donde quiera. He acudido a usted porque lo considero una persona justa y cercana —se refiere al ministro, no a mí— que puede ayudarme a salir de este sufrimiento y situación difícil por la que estamos pasando.
Yo lo único que pido es que me devuelvan mi trabajo, que es por lo que he luchado toda mi vida, para poder ayudar a mi familia y porque mi sueño es ser guardia civil. Espero que pueda ayudarme, señor ministro. Le estaría eternamente agradecido».
Señor González Cabañas, conozco esa carta, evidentemente. Sé que usted se la hizo llegar al ministro y hemos pedido información al respecto. Y le voy a trasladar lo que hemos recibido.
«Tenemos constancia de que el 15 de junio de 2016 un guardia alumno presentó una denuncia en el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, de Sevilla, en la que imputaba a siete guardias alumnos la presunta comisión de un delito contra la integridad moral, previsto en el artículo 173.1 del Código Penal Militar. Mediante auto de esta misma fecha, el referido juzgado decretó la incoación de las diligencias previas 21/05/2016. Posteriormente, dicho juzgado togado dictó un auto de fecha 20 de febrero de 2017, por el que acordó el archivo de las actuaciones al no considerar los hechos constitutivos de delito. Contra dicho auto, el denunciante interpuso recurso de apelación, que fue desestimado por el Tribunal Militar Territorial Segundo, de Sevilla, mediante auto de fecha 22 de marzo de 2017, contra el cual no cabe recurso alguno.»
Por tanto, el procedimiento se llevó a cabo en las instancias judiciales pertinentes, las que existen. Se realizaron —lo hemos constatado— las pruebas que solicitaron las partes. En este caso, se hace referencia a que no se tuvieron en cuenta pruebas que estimaba el recurrente, denunciante en su día, que se tenían que haber realizado y estamos tratando de ver si se solicitaron debidamente, ya que no consta en el expediente que fuesen solicitadas.
Me parece una situación desgraciada y, desde luego, si lo que se manifiesta en la carta es cierto, terriblemente desgraciada. Vivimos en un Estado de derecho que se rige por unas normas que tenemos que respetar, pero le puedo asegurar que tanto el ministro como yo mismo y como el director general de la Guardia Civil, estamos tratando de recabar todos los datos que nos puedan ayudar a que exista una resolución justa de esta situación.
Señor González, tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Le agradezco su conocimiento —no dudaba de que lo conociera porque, conociendo al ministro, sabía que se lo había trasladado— y la actitud positiva que parece desprenderse de sus palabras en relación con la búsqueda de la justicia en este caso.
Una cosa es la justicia militar... El guardia civil alumno, mal orientado en un principio, presentó una denuncia ante el togado en función de un ilícito penal que, lógicamente, no se produce según las apreciaciones del togado. Como usted sabe, el tribunal no niega que existieran estas vejaciones —por llamarlo de alguna manera—, puesto que en ese mismo auto al que usted se refería, señor secretario, se dice: «lo que lleva a considerar los hechos denunciados como puntuales y sin entidad delictiva». Repito: puntuales y sin entidad delictiva. Lo que no quiere decir que no haya ocurrido un supuesto caso de bullying, que es lo que les preocuparía —estoy seguro— a ustedes y a mí como portavoz de Interior de mi grupo. Por lo tanto, el propio togado viene a decir que existieron casos puntuales, lo que pasa es que no tienen naturaleza delictiva de delito penal. Eso es así.
Ahora estamos, como usted bien conoce, en la fase del expediente —al haber terminado el togado, se reanuda el expediente— de toma de declaración, en la que a la parte —la que yo conozco—, este guardia civil alumno, le ha vuelto el ánimo por cuanto ve que se están llevando a cabo en el expediente aportaciones y testimonios que no se dieron en la fase judicial. Lo que hay que agradecerle, señor secretario de Estado, y al propio ministro.
Aquí hay un testimonio importantísimo, que no se tomó en cuenta la vez anterior —y termino, señor presidente— de un compañero de promoción al que le preguntaron en este expediente de instrucción si se reafirmaba y ratificaba en su declaración prestada en el expediente de información reservada; él contestó que sí, que se ratificaba en su declaración. Y cuando le preguntaron si tuvo conocimiento de que los compañeros de camareta gastaron bromas al alumno Villarán como mover el contenido de la taquilla y si tales bromas le incomodaban, el guardia civil —ahora ya con destino— manifestó que tenía conocimiento a través de otros compañeros de la compañía, del aula, de que al compañero Villarán le movían la taquilla, le ataban las botas por la mañana, y que esas cuestiones le incomodaban. Por lo tanto, con respecto al expediente, que sí instruye ahora su ministerio y que el director de enseñanza tiene que resolver, me gustaría saber si existe un reconocimiento o si se ha tomado más interés que la justicia, por decirlo de alguna manera.
Por tanto, espero que el expediente tenga una resolución favorable y que este hombre, que ha trabajado durante muchos años de su vida para servir a los españoles como guardia civil, consiga su objetivo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Intervendré con mucha brevedad, tan solo para aclarar algún término.
Yo no quería entrar en esa profundidad; usted lo ha hecho, y me parece bien, porque sabe en qué situación está el procedimiento administrativo.
En cualquier caso, sí quiero hacer alguna matización porque no es exacto ni correcto que se esté llegando en la vía administrativa más lejos de lo que se llegó en la vía judicial. En la vía judicial hay que respetar los derechos que amparan a los denunciados, en el sentido de que las actuaciones solo se pueden adoptar a iniciativa de parte, desde la acusación, y si no se propone una determinada prueba, no se puede realizar. Sin embargo, usted sabe que en un expediente administrativo el instructor tiene mucho más margen a la hora de aportar iniciativas, pruebas, documentación y testimonios que puedan acreditar el objeto sobre el que tiene que resolverse en el expediente administrativo. Solamente quiero hacer ese matiz, porque no quiero que piense que no se actuado correctamente en el ámbito judicial, que creo que sí, pero es que no era el ámbito en el que se tenía que resolver esta situación.
PREGUNTA SOBRE LA FORMA EN LA QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR ABORDA LA SUCESIÓN DE SUICIDIOS ENTRE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. 681/000885 GARCÍA MAÑÁ, LUIS MANUEL (GPS)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la siguiente pregunta, que formula don Luis Manuel García Mañá, también del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la forma en la que el Ministerio del Interior aborda la sucesión de suicidios entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Para su formulación, tiene la palabra el señor García Mañá.
El señor GARCÍA MAÑÁ: Buenos días, señor presidente, señor secretario de Estado, señorías.
La muerte de cada hombre me disminuye, porque yo formo parte de la humanidad. He ahí por qué nunca pregunto por quién doblan las campanas. Es por mí. Así lo escribía el poeta metafísico John Donne.
Las frecuentes noticias que dan cuenta de la sangría trágica de suicidios de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado generan evidente alarma social por tratarse de profesionales relacionados con la seguridad; pertenecen a instituciones armadas y son poseedores de armas de fuego, con las que a menudo ponen fin a sus vidas. No olvidemos su condición de servidores públicos, y que los poderes públicos deben ayudarles a superar sus crisis. Recordemos que con frecuencia han de decidir, en fracciones de segundo, conductas de seguridad que otros, después, valorarán desde la tranquilidad de un despacho. Y esto produce estrés.
Por eso, hemos de ocuparnos de la mortalidad en esos colectivos, asociada a trastornos de salud mental, considerando que el diagnóstico precoz podría disminuir notablemente el número de casos producidos, detectando a tiempo conductas y patologías graves, como denuncian los distintos sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.
El Ministerio de Sanidad ha generado un protocolo o Estrategia nacional de salud mental que, en lo que se refiere al suicidio en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se ha incorporado de forma desigual y deficiente, a la vista de los resultados. Por ejemplo, en 2016, la Policía Nacional ha tenido 441 bajas psicológicas y carece de un observatorio del suicidio y de las bajas psicológicas; la Guardia Civil ha creado una unidad que no satisface a sus bases, que desean su profesionalización y atención por miembros externos al cuerpo. Desde el año 2000, más de 140 policías nacionales y 186 guardias civiles, un total de 326 personas, han puesto fin a sus vidas. El último, por cierto —al menos que yo conozca—, el domingo pasado; fue de un guardia civil en Barcelona.
Aunque es un dato voluble, la tasa de suicidios en España de miembros de la Policía Nacional fue de 8,4 por 100 000 habitantes, en 2014 y de un 18,1 en 2015, similar al 2016, y muy superior a la de la población civil. Ocurre lo mismo con la Guardia Civil. Por tanto, algo grave está ocurriendo.
Por eso deseo que aquí, en el Senado —parodiando a Hemingway—, redoblen las campanas por estos servidores públicos, para recordar que cada vez que la tragedia del suicidio les alcanza, está hiriéndonos a todos, y que no podemos quedar impasibles mientras los miembros de las dos instituciones más valoradas por los españoles, según el CIS, se desangran.
No deseo que se diga de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como en la canción de los Platters: del amor aquel, solo queda ya humo, y nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, a usted, señor García Mañá.
Señor García Mañá, muchas gracias por su pregunta, por su interés y por la manera en la que la elabora.
Voy a pedir disculpas por adelantado al presidente porque es imposible responder esta pregunta en dos minutos, como también ha resultado imposible que usted la formulara en otros dos. Además, creo que la importancia del tema que tenemos que abordar exige una cierta prerrogativa, y por eso le pido ese favor al presidente.
Sé que a usted le preocupa el suicidio de cualquier persona —de cualquier español— y, especialmente, como miembro de la Comisión de Interior, seguro que le preocupa la de cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como usted sabe que también le preocupa a este Gobierno, como le preocupó al Gobierno anterior y al anterior, y a todos los que han tenido alguna responsabilidad en este país. No puede ser de otra manera, y creo que les preocupa especialmente a los mandos de la Policía y de la Guardia Civil, que no quieren enfrentarse a esta situación y que, evidentemente, tienen y quieren abordar este problema de la forma más eficaz y eficiente posible.
No voy a argumentar las cifras porque no creo que sea un asunto que haya que afrontar de esta manera, pero sí le voy a mostrar suficientes argumentos que constatan la labor que realizamos desde hace años, incluyendo al Gobierno del Partido Socialista en su día, que inició algunos de los trabajos que le voy a citar.
Debemos ser conscientes de que las circunstancias profesionales, de edad o familiares son diferentes de la generalidad de la sociedad y que solo pueden compararse con los índices con los de otros colectivos de riesgos similares. Solo se puede ser policía o guardia civil a partir de una edad, por tanto todos los casos anteriores están excluidos, y solo se puede ser policía o guardia civil hasta una edad y, por tanto, todos esos otros casos también lo están. Simplemente, con tener en cuenta ese dato, ya las cifras varían.
La Guardia Civil y la Policía Nacional hacen una labor continua de análisis y estudio de las causas de estos suicidios, de las medidas para su prevención y de formación de su personal especializado para prevenir cualquier riesgo que pueda conducir a esta situación. Implementamos medidas de control y prevención interna junto con una política de información en línea con los argumentos esgrimidos por la Organización Mundial de la Salud a este respecto, que estamos siguiendo especialmente y, además, estamos intentando incluso ser una referencia internacional.
Tras años de trabajo y estudio, las conclusiones fundamentales de la investigación realizada sobre las causas de los suicidios reflejan que un 90 % de ellos lo fueron por causa claramente desvinculada de su actividad laboral y relacionada con los ámbitos personal, sentimental o familiar. En muchos de estos casos ni siquiera el arma reglamentaria fue la herramienta utilizada para llevar a cabo ese suicidio. Por lo tanto, de estos datos se infiere, por un lado, que el suicidio no tiene una causa unívoca y, por otro, que las condiciones laborales no tienen una relación directa, al menos en un porcentaje altísimo, con esas conductas suicidas.
Cuando los profesionales de la sanidad policial han detectado un riesgo suicida o un trastorno incompatible con la función policial, han propuesto a sus jefes la retirada cautelar del arma y la baja para el servicio activo; en algunos casos se han producido incluso bajas definitivas, por circunstancias que afectan a agentes de la Policía y de la Guardia Civil. Ni qué decir tiene que en los casos de intentos de suicidio ya comunicados, se han tomado las medidas clínicas pertinentes en aras de conseguir la cura o mejora del cuadro que dio lugar a dicha conducta; y, en caso de no remitir este, se ha propuesto un cambio de situación administrativa, jubilación o segunda actividad en prácticamente todas las ocasiones.
También me gustaría indicar qué medidas concretas se han adoptado en cada uno de los cuerpos. En Policía Nacional está en marcha el Plan preventivo de la vigilancia de la salud psicológica, que se ocupa, evidentemente, de esta materia. Se llevó a cabo la elaboración de un protocolo que va a implementar y reforzar varios ámbitos de actuación, como la formación, concienciación de la vida sana y saludable, así como la de articular mecanismos de detección, tratamiento y seguimiento de estas conductas en las que estén implicados tanto el área sanitaria como el servicio de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía. Lo están haciendo de una forma activa ya que se han incrementado los medios en los 2 últimos ejercicios, a pesar de que el número de agentes no solo no se ha incrementado sino que ha decrecido. Se han puesto en marcha nuevos mecanismos de valoración psicológica también en esta dirección: en los reconocimientos médicos profesionales realizados en la Policía Nacional, los especialistas en medicina del trabajo realizan preguntas para detectar índices de angustia que puedan ser indicativos de que el funcionario sufra algún episodio de tipo depresivo, que es la causa de la inmensa mayoría de los suicidios. Por otro lado, el cuestionario sobre la escala de depresión de Goldberg, que se usa prácticamente en todos los países y en todas las profesiones de cierto riesgo, tiene por objeto determinar los niveles de ansiedad y depresión del funcionario reconocido, con el objeto de prestar atención psicológica a aquellos en los que se detecte algún indicio de desequilibrio en este ámbito; y, en caso afirmativo, se deriva al área sanitaria de la división de personal para un tratamiento específico y singularizado. Además, el gabinete psicológico contará con la creación de unidades básicas sanitarias y unidades de atención psicológica en prevención de suicidios, que próximamente se aprobarán en la Comisión de seguridad y salud laboral de la policía, con el procedimiento 1400 del sistema de gestión de la prevención, que determina la forma de realizar la vigilancia de la salud en la Dirección General de la Policía, señalando, entre otras cuestiones, el desarrollo de las unidades básicas sanitarias encargadas de la medicina del trabajo, donde se incluyen los gabinetes psicológicos.
La Guardia Civil cuenta con el Plan preventivo de asistencia psicológica desde el año 2002, usted se ha referido a él. (El señor García Mañá: 2005). Todo es mejorable, todo debe mejorarse, hemos recibido aportaciones de algunas asociaciones de guardias civiles, también de mandos y responsables sanitarios de la Guardia Civil y en esa línea se va a trabajar. La última versión a la que usted se refiere es del año 2010, pero se viene trabajando desde el primero, desde 2002. En el último se establecen 3 niveles de atención: prevención primaria, cuyo objetivo es controlar y prevenir la aparición de factores de riesgo en los guardias civiles, con medidas en los procesos de selección, así como a través de la formación y divulgación de contenido de interés. Fíjese, muchos aspirantes han presentado recursos derivados de su exclusión cuando se han detectado determinadas conductas o riesgos en la fase de selección de personal. En cualquier caso, es necesaria la prevención desde el origen y creo que esa tarea, más allá de que sea polémica, debe realizarse. La prevención secundaria se encarga de detectar y evaluar al personal que se encuentra en situación de riesgo mediante mecanismos que permitan el diagnóstico precoz; y en esta materia es en la que más se va a trabajar, ya se lo digo desde ahora, en los próximos ejercicios. Y la prevención terciaria, cuyo objetivo es adoptar medidas preventivas y paliativas una vez realizada una tentativa de suicidio, consumado o no, tanto en el ámbito personal como familiar o profesional. Aquí sí le puedo decir que hay un nivel de éxito muy alto y que marca una línea que debemos continuar en el futuro. De ello se da puntual cuenta en el consejo de la Guardia Civil, donde se realizan las aportaciones de las asociaciones, muchas muy positivas y muy bien orientadas, a través de los correspondientes informes que se elaboran con carácter trimestral.
Por tanto, insisto en que reconozco su preocupación. Creo que es importante que se formulen preguntan de este tipo y podamos unir esfuerzos en esta materia, pero créame que se está trabajando razonablemente bien para luchar contra algo que es tremendamente complejo de detectar, de tratar y de resolver.
Señor García Mañá, tiene la palabra.
El señor GARCÍA MAÑÁ: Muchas gracias por su respuesta amplia.
Conozco esta cuestión por razones profesionales y, evidentemente, quiero destacar que los guardias civiles no están conformes con el trabajo que desarrolla ese gabinete psicológico, que está sometido, de alguna manera, al mando. En el caso de la Policía, he oído ahora el anuncio de creación de un gabinete que va a desempeñar esas funciones.
Creo realmente que falta transparencia, que faltan datos en este tipo de sucesos e incidentes y sobra silencio. Es frecuente aducir factores y causas personales, pero no es verdad; la verdad es que detrás del suicidio de un profesional de las fuerzas de seguridad hay un arma de fuego, porque la tiene muy cerca, porque la tiene a mano. He visto alguna estadística que indica que las armas de fuego son el elemento que se utiliza de manera más frecuente y, mayoritariamente, es el arma profesional, además de otras que puedan poseer. Igualmente, hay otras situaciones que se producen por el estrés, por aquello que anunciaba antes de la inseguridad física y jurídica de la propia profesión que genera, a veces, tensiones que llevan a situaciones límite a personas que ya padecen determinadas patologías; la falta de conciliación familiar, muchas veces; los regímenes disciplinarios que pueden llevar a absurdos, como el que hace un momento denunciaba mi compañero; o la soledad, próxima o lejana, que muchas veces sufren estos profesionales.
Por lo tanto, me alegro de que la sensibilidad vaya creciendo en este sentido, que nunca más se pueda ocultar o silenciar la tragedia que están viviendo los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que, de alguna manera, se pongan en marcha los cauces, los procedimientos y las unidades más eficientes y más objetivas, independientes del sentido corporativo o el que se le quiera dar en las administraciones pertinentes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Mañá.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Señor García Mañá, habíamos empezado bien y no quiero que acabemos mal, pero no estoy de acuerdo con algunas de sus manifestaciones en la réplica. Coincidimos en que hay que luchar contra esta plaga o este mal que se sufre cuando una persona llega a una situación límite que le lleva a suicidarse, pero no todo se tiene que utilizar en una rivalidad. Usted cree que se puede hacer más, y es legítimo, pero aunque probablemente se pueda hacer más, se está haciendo mucho.
Es posible que falte transparencia en muchas cosas, pero usted sabe, política y profesionalmente, que no puede haber más datos sobre un hecho de los que hay sobre el suicidio. No solo hay una investigación interna en cada uno de los cuerpos de seguridad cuando se produce, hay también una investigación judicial; una investigación exhaustiva de las circunstancias del suicidio, del entorno familiar y del entorno laboral que, además, tiene un control judicial. Se aportan todos los datos y, a partir de ese momento, los gabinetes correspondientes los analizan y determinan, según esos datos, cuál ha sido la causa —probablemente haya más de una—, aunque suele coincidir que hay un problema familiar asociado a un problema económico o a algún tipo de trastorno que lleva a esa situación, donde siempre hay un fenómeno de depresión que concluye en el suicidio.
El trabajo que se está haciendo, insisto, es bueno y no creo que sea positivo que empecemos a cuestionarlo. Usted ha dicho que se alegan causas familiares, económicas, etcétera, y que no es cierto porque son todas laborales. No es así y, además, si yo lo dijera tampoco serviría porque no tengo la capacidad para investigar, como están haciendo los responsables en cada uno de los cuerpos. En cualquier caso, le diré que si la razón fuese la presión laboral, el horario o la dificultad para conciliar, hoy estamos en mejores circunstancias que antes de 2005, porque las dos normas en materia de personal, tanto de la Guardia Civil como de la Policía, han mejorado considerablemente su situación laboral y su posibilidad de conciliación. Entre otras cosas, en la Guardia Civil se estableció un principio obligatorio de al menos dos días de descanso, que se ha convertido en una media de tres días y medio, para que los guardias civiles tengan hoy esa posibilidad de conciliar y mejoren sus relaciones laborales. Creo que en esa línea se ha mejorado.
¿Es una profesión de riesgo que obliga a llevar armas? Evidentemente es así, pero necesitamos que los policías y los guardias civiles lleven armas porque fíjese en lo que está pasando en Reino Unido, donde esa opinión no era tan compartida.
Es obvio que es una profesión con un riesgo importante. Ahora bien, que el riesgo exista, que haya presión, que se pueda generar cierto estrés no nos puede llevar al suicido como solución inmediata. Creo que no es así; creo que si se atiende de una forma adecuada se va a controlar y a reducir, y creo que eso será positivo para todos.
Señorías, hemos sido ampliamente generosos con el tiempo en esta pregunta debido a la importancia del tema tratado, pero les ruego que vuelvan a la normalidad. Y ello no quiere decir que los demás temas no sean importantes.
PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASILO CORRESPONDIENTES A CIUDADANOS DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, CON INDICACIÓN DE LAS RESUELTAS POSITIVA Y NEGATIVAMENTE Y DE LAS PENDIENTES DE RESOLVER, ASÍ COMO DE LOS MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA. 681/000886 DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Olivia María Delgado Oval, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de solicitudes de asilo correspondientes a ciudadanos de nacionalidad venezolana, con indicación de las resueltas positiva y negativamente y de las pendientes de resolver, así como de los motivos de la resolución negativa.
Tiene la palabra la señora Delgado.
La señora DELGADO OVAL: Buenos días, señor presidente, señor secretario de Estado, señorías.
Los canarios hablamos de Venezuela como de la octava isla. La histórica emigración canaria a Venezuela ha marcado una relación de ida y vuelta que hoy día está aún más vigente. La profunda crisis política, económica y social que vive Venezuela está haciendo que muchísimos descendientes de españoles estén regresando a España, pero también venezolanos sin raíces españolas se están viendo forzados a abandonar su país ante la persecución, la violencia y la muerte.
Según los datos de que dispongo, las peticiones de asilo batieron un nuevo récord en el año 2016, superando las 15 500, siendo las más numerosas precisamente las procedentes de Venezuela, que pasó de ocupar el quinto puesto en 2015 al primero en 2016. Se tramitaron un total de 10 250, de las que el 67 % fueron favorables y, de esas, el 90 % corresponden a ciudadanos procedentes de Siria. Los ciudadanos venezolanos son los que más solicitudes de asilo están presentando en el año 2016 y en los primeros dos meses de 2017.
Destaca que la CEAR ha denunciado que España ha limitado al máximo el derecho de asilo para quienes proceden de países diferentes a Siria. Son muchas historias vitales relatadas por personas procedentes de Venezuela, obligadas a abandonar su país porque denuncian haber sido perseguidas por el Gobierno venezolano; hay historias desgarradoras y nos están llegando los videos de personas que huyen porque entienden que su vida corre peligro. Por ello, quería saber el número de solicitudes de asilo correspondientes a ciudadanos de nacionalidad venezolana, con indicación de las resueltas positiva y negativamente y de las pendientes de resolver, así como de los motivos de la resolución negativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Delgado.
Señora Delgado, empiezo por decirle que comparto el 99 % de su argumentación y espero no contradecirla con parte de la respuesta que le tengo que dar.
El afecto, la vinculación y el cariño que desde Canarias, evidentemente, pero también desde cualquier punto de España se tiene a los venezolanos es algo que no debe ni reiterarse por sabido. Sin embargo, ese cariño y ese afecto que sentimos para con el pueblo venezolano no nos exonera de la obligación de cumplir las normas y de aplicarlas de acuerdo a como están establecidas.
Le voy a dar datos, pero en ese contexto quiero decirle, insisto, que comparto su visión, su cariño y la necesidad de transmitir ese afecto a la población venezolana. Usted sabe por muchas razones, y porque en esa labor hay muchas personas implicadas, con un prestigio y una trayectoria importante en la política española, que gran parte de las medidas que se adoptan en materia de asilo dependen de nuestra consideración para con el Gobierno del país de residencia de la persona que lo solicita. Y si no hay un conflicto armado así declarado o no hay un Gobierno que sea reconocido como una dictadura, con las características que justifican la declaración de asilo, las dificultades para realizar el proceso completo se multiplican.
En el año 2016 se recibieron 4195 solicitudes de protección internacional procedentes de ciudadanos venezolanos. De estas, prácticamente la mitad, 1833, llegaron en el último trimestre del año. Solo en el mes de noviembre se presentaron 785. Estas solicitudes de protección internacional se están instruyendo de forma individualizada y pormenorizada, sin que se pueda adoptar un criterio general para el conjunto de los solicitantes venezolanos, basándose en un criterio de nacionalidad. Ya le he dicho antes que no existe un conflicto armado y que el régimen de Venezuela no está dentro de los que permitirían ese criterio general. Pese a ello, en 2016 se elevaron 342 expedientes a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, a la CIAR, órgano correspondiente para emitir propuestas de resolución.
Con fecha de 15 de mayo de 2017 se han recibido en España 3755 solicitudes de protección internacional procedentes de ciudadanos venezolanos, aunque los datos son todavía provisionales.
Al mismo tiempo, y a medida que se va resolviendo la instrucción de expedientes anteriores, se han remitido ya 321 expedientes a las distintas sesiones de la CIAR celebradas desde ese momento. Dichas solicitudes se están instruyendo por esa razón de detalle que exige la tramitación de cada uno de estos expedientes, ya que no se puede fijar ese criterio general en la situación que hoy vive Venezuela.
Por último hay que destacar que en algunos casos se solicita protección internacional porque se entiende que la vía de asilo para acceder a la residencia en nuestro país es más sencilla que otras, y a veces resulta un problema. Hay vías más razonables, más fáciles, más ágiles y más al alcance de la sociedad venezolana para estar en nuestro país pero, desgraciadamente, se está optando por la más difícil, la más lenta y la que más exige a la hora de su acreditación.
Quiero insistir en nuestro afecto y cariño hacia los venezolanos. Esperamos que se resuelva la situación que vive ese país y que está provocando esa ola absolutamente lamentable de solicitudes de asilo en España.
La señora DELGADO OVAL: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Ha indicado que se han elevado 342 expedientes y, por tanto, se supone que hay indicios de que pudiera ser concedida esa protección internacional.
Si he preguntado ha sido porque me preocupa que esto pudiese tener alguna relación con las conclusiones recogidas en el Estudio sobre el asilo en España, de junio de 2016, elaborado por el Defensor del Pueblo, que dice textualmente: En la actualidad no existe una guía completa para la elaboración de estos informes de instrucción, aunque los instructores sí reciben órdenes concretas; por ejemplo, la de paralizar la resolución de determinadas nacionalidades.
Mientras el número de peticiones de ciudadanos venezolanos se multiplica, las resoluciones no avanzan, y nos gustaría saber si ha habido alguna instrucción de paralización de estos expedientes o si solo tiene que ver con la falta de recursos, ya que según indica el propio informe el número de expedientes asignado a cada instructor es de entre 120 y 150, y la duración media de resolución supera el año y medio.
Quiero hacer hincapié en que en los informes de los instructores se tienen en cuenta no solo los relatos del solicitante sino las pruebas aportadas y la información del país de origen. Para estos ciudadanos venezolanos, en muchas ocasiones, es muy difícil aportar pruebas y por ello es muy importante la formación sobre técnicas de entrevista y sobre el análisis de credibilidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Delgado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, señora Delgado.
Le puedo asegurar que no hay ninguna instrucción orientada a hacer difícil la obtención de ese derecho de asilo a los ciudadanos venezolanos. Incluso le diría que si dependiera de mí sería todo lo contrario, pero no se marcan instrucciones en esa materia.
La carga de trabajo que tienen las personas que tramitan estos expedientes no tiene que ver con que se reduzca el número de tramitantes, sino todo lo contrario, porque se ha duplicado en los últimos años. El problema es que se han multiplicado por más de 5 las solicitudes de asilo en un periodo de tiempo muy corto. En concreto, las realizadas desde Venezuela, como ya he dicho, han tenido un crecimiento geométrico en los últimos años, coincidiendo con la situación más difícil, que todos conocemos, que está viviendo nuestro país hermano.
Evidentemente, los criterios que se marcan son los que se establecen en los tratados que firma España, e insisto en que en esta materia de inmigración hay una política común, con muchas coincidencias también en materia de asilo, y se trata de mantener esa línea coherente con la del resto de socios de la Unión Europea.
Se está tratando de incrementar también la plantilla de personas que tramitan expedientes de asilo, pero todos conocemos los procedimientos administrativos, sabemos cómo se mueve la administración y lo que depende de la aprobación de los presupuestos, que está próxima, y espero que eso nos dé la oportunidad de incrementar el número de personas que tramitan expedientes de asilo.
PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASILO PENDIENTES DE RESOLVER, CON INDICACIÓN DEL MOTIVO. 681/000887 DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta, también de la senadora Olivia María Delgado Oval, es sobre el número de solicitudes de asilo pendientes de resolver, con indicación del motivo.
La señora DELGADO OVAL: Faltan muy pocos días para el 20 de junio, Día Mundial del Refugiado; sin embargo, falta mucho para cumplir nuestras obligaciones con todas estas personas que de la noche a la mañana tuvieron que salir de sus casas con lo puesto, porque de repente comenzaron, por ejemplo, a caer bombas. Escapan de la muerte, pero la muerte les acompaña a lo largo de su huida, y también les acompaña el miedo y el terror.
Aunque es verdad que la protección subsidiaria ha ido aumentando desde el año 2015 al 2016 y ha pasado de 800 a 6500, siendo la procedencia mayoritariamente de Siria, también es verdad que el número de solicitudes acumuladas pendientes de resolver supera las 20 000. El número de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares va en aumento y cada vez hay más, y todo apunta, y coincido con quien me precedió en el uso de la palabra, a que esto no va a mejorar, sino todo lo contrario.
La Comisión Europea ha tenido que adoptar planes de emergencia para reubicar a miles de personas con necesidad de protección internacional. España está muy lejos de cumplir con sus compromisos de acogida. Solo ha cumplido en un 10 % con sus compromisos de reasentamiento y reubicación y, además, en los Presupuestos Generales del Estado la partida que se destina es similar a la de 2016. Por lo tanto, no sé cómo van a incrementar esas plantillas de las que hablaba antes.
En esa línea, nos gustaría preguntar sobre el número de solicitudes de asilo pendientes de resolver y el motivo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Delgado.
Efectivamente, a 31 de mayo el número de solicitudes de asilo pendientes de resolver ascendía a 24 362. Nos preguntaba usted sobre cuál es el motivo por el que no se ha resuelto, y créame que no es por desidia ni del Gobierno ni de los responsables de la tramitación de esos expedientes. El incremento de solicitudes de asilo en los dos últimos años ha sido tremendo, y le garantizo que hemos tomado medidas para dar respuesta a esa demanda, pero le doy datos y así usted puede juzgar por sí misma. Se los he dado anteriormente y le he dicho el esfuerzo que se está haciendo doblando el número de tramitadores, pero le voy a dar algún otro dato más.
La Oficina de Asilo y Refugio, la OAR, ha recibido desde el inicio de la crisis migratoria del Mediterráneo oriental, en 2015, un gran número de solicitudes de protección internacional. En 2015 fueron 14 887, y en 2016 16 544, teniendo en cuenta que en el año 2014 —que nos sirve de referencia, justo el anterior, donde ya se había producido un incremento que doblaba la cifra de principios de esta década— se recibieron 5952 solicitudes, lo que ha supuesto un incremento del 150,12 %. Se produce un incremento del 150 % con respecto a 2014, de un año para otro, y tenemos que añadir un 11,13 % más en 2016 respecto del 2015, por lo que coincido con usted en que no solo no va a resolverse por sí solo, sino que, probablemente, durante algunos años se incrementará. Esto ha supuesto que se acumularan un gran número de solicitudes de protección internacional que se está procediendo a resolver. Ese tapón está dificultando la tramitación de los expedientes que llegan en los últimos meses y en los últimos años, porque no sería justo que se resolviesen primero los últimos en llegar sin resolver los que se habían solicitado en los años anteriores.
Una vez incorporados los 94 funcionarios interinos nuevos para realizar estas tareas, a finales del año 2015, principios de 2016, ya se ha superado la curva de aprendizaje y se ha dado un importante impulso a la resoluciones. Así, en el 2016 la OAR pudo resolver 11 570 expedientes. Y le doy un dato: en el año 2008 no llegaron a 1000, por lo que creo que ha habido un incremento francamente notable y que tenemos que agradecer.
Hablamos solo de protección internacional, pero si a esta cifra le añadimos los expedientes de apátridas y del Reglamento de Dublín, el número de expedientes resueltos en 2016 asciende a 19 571. Aun así, hemos de reconocer que los expedientes que están aún pendientes de resolución son más de los que nos gustaría, pero esperamos que el gran trabajo que se está desarrollando permita mantener el ritmo y podamos dar respuesta cuanto antes a esas solicitudes, incluyendo la ampliación del número de tramitantes, que espero que se pueda realizar próximamente.
Sé que su preocupación es sana, igual que la nuestra, pero créame que adaptarnos a esta demanda resulta francamente difícil cuando el resto de demandas que tiene el ministerio no solo no baja, sino que también se incrementa, con un nivel 4 de alerta, con una situación complicada en la atención de fronteras y con una obligación de mejorar la atención en fronteras en aeropuertos después de la aplicación, que luego comentaremos, del 7 de abril del Tratado de Schengen, pero creo que se está realizando de una forma razonable.
Señora Delgado, tiene la palabra.
La señora DELGADO OVAL: Siguiendo modelos de previsión de análisis matemático es posible hacer las predicciones, con escaso margen de error, sobre cómo van a evolucionar los números. Está claro que se debe mejorar mucho aún, que los procesos deben ser más ágiles y que es necesario que el Gobierno ponga en el lugar que corresponde en la agenda a la política de asilo y los programas de reubicación y reasentamiento, porque los hechos demuestran que la política de su Gobierno es poco creíble —discúlpeme, pero lo es— en esta materia tan sensible y que tanto impacto tiene en la vida de las personas que huyen del terror.
Le voy a decir por qué. Llevamos siete años de retraso en cuanto al desarrollo reglamentario de la Ley de asilo, y este hecho genera numerosos problemas. Además, estamos incumpliendo a la hora de trasponer normativa comunitaria importante en esta materia. Subrayo: evidentemente, hay falta de recursos, el presupuesto de este año es similar al del año 2016, a pesar de los compromisos europeos y a pesar de la evolución de las cifras en cuanto a personas que solicitan esta protección internacional, y cada vez se van acumulando más expedientes por resolver.
Quiero destacar que somos conscientes del ingente trabajo y del esfuerzo que hacen las personas que están llevando la instrucción de estos expedientes, que tienen acumulados esas cifras de expedientes —en torno a 150— y que con los recursos que tenemos poco más pueden hacer, pero por eso pedimos implicación del Gobierno para aumentar y mejorar los recursos destinados a esta materia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Señora Delgado, si esto fuera un problema de predicciones matemáticas créame que hace mucho tiempo que estaría resuelto. Este es un problema de materializaciones presupuestarias, que es diferente. Un problema en el que hay una presión global sobre las necesidades que se tienen en este ministerio, que son las que yo conozco, y que impiden que podamos ordenar los recursos de acuerdo con las demandas y lo tengamos que hacer de acuerdo con las posibilidades presupuestarias de las que disponemos.
Se ha incrementado en 94 personas, pero en este momento tenemos una demanda, que habrá realizado en algún momento alguno de sus compañeros, para que incrementemos el personal en la oficina de documentación, porque hay un problema; para que mejoremos la dotación en examinadores de Tráfico, porque hay un problema; para que incrementemos la plantilla de Policía y Guardia Civil, porque hay un problema; para que dotemos adecuadamente las fronteras en los aeropuertos para que no haya colas, porque hay un problema; para que atendamos la operación Paso del Estrecho, donde van a pasar más de 3 millones de personas que van a algún país del Magreb o de África aprovechando las vacaciones viniendo de Europa, porque eso también es un problema. Tenemos que hacerlo con presupuestos ajustados como los que hay, porque había que pagar una deuda muy importante que heredó este Gobierno y que usted conocerá perfectamente bien.
No es un problema de predicción matemática, no es ese el problema. Se puede predecir matemáticamente casi todo, y créame que todos tenemos a nuestro alcance esa posibilidad de predecir matemáticamente. Pero tenemos que poder tener respuesta presupuestaria a esa predicción, que no siempre se tiene, y poder abordar de una forma razonable también ese equilibrio entre las distintas demandas que se tienen dentro de un ministerio. En esas circunstancias se ha incrementado en 94 el número de efectivos que tramitan expedientes de asilo. Ha sido un esfuerzo notable ¿Que nos gustaría que fuera más? Tenga la absoluta seguridad de que nos gustaría que fuera más, pero creo que ha sido un esfuerzo notable.
Una vez que se supere esa situación inicial, en la que la avalancha de expedientes coincidió con un número que estaba pensado para una realidad diferente y que no podía dar respuesta a esa avalancha que se produjo en los años 2014, 2015 y 2016, una vez que se resuelva ese tapón, créame que se va a normalizar con el apoyo que vamos a intentar, una vez que se apruebe el presupuesto, para tramitarlo de una forma adecuada.
PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN SITUACIONES DE CAOS COMO LAS ACONTECIDAS EL PASADO FIN DE SEMANA, FRUTO DE LAS AGLOMERACIONES POR LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CONTROL DE PASAPORTES EN EL AEROPUERTO DE EL PRAT, EN BARCELONA. 681/000901 MONTILLA AGUILERA, JOSÉ (GPS)
Pasamos a la siguiente y última pregunta, que formula don José Montilla Aguilera, también del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior para evitar que se produzcan situaciones de caos como las acontecidas el pasado fin de semana, fruto de las aglomeraciones por la entrada en funcionamiento del nuevo control de pasaportes en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.
Tiene la palabra el señor Montilla.
Señor secretario de Estado, haciendo un poco de historia, hace ahora casi dos años, en julio de 2015, el Ministerio del Interior inauguraba en el aeropuerto de El Prat, con todos los honores, el nuevo sistema automatizado de control fronterizo de pasajeros. Según la información que facilitó en aquel momento el ministerio, el llamado ABC System, desplegado en doce puestos de la terminal 1 y otros doce de la terminal 2 de ese aeropuerto, se implantó para agilizar el paso fronterizo de los viajeros, obviamente también para incrementar la seguridad y para facilitar la interconexión con otros sistemas de seguridad.
A comienzos de abril de este año, o sea, dos años más tarde, el ministerio informó de la entrada en vigor de una modificación del código de fronteras Schengen para mejorar los controles en todos los puestos fronterizos afectados y de que, cito literalmente, las autoridades españolas ya han tomado las medidas oportunas para reducir las molestias que pueda ocasionar la intensificación de estos nuevos controles, a través de la instalación de nuevos sistemas tecnológicos y el refuerzo del personal en los puntos de mayor intensidad de paso.
No sabemos en qué consistieron esas medidas oportunas, pero el hecho es que el inicio de la aplicación de esos nuevos controles generó en Semana Santa problemas muy considerables, con largas colas en las entradas y salidas de las terminales ante la evidente falta de información facilitada por las autoridades a los ciudadanos y también ante la notoria falta de medios para aplicar eficazmente estas medidas.
Con ocasión del puente del 1 de mayo se vivió —como usted sabe— en el aeropuerto de El Prat una situación de gran tensión ante el volumen de las colas generadas por los nuevos criterios de control y la ausencia de medidas paliativas adecuadas. No se trata, sin duda, de poner en cuestión la necesidad y la oportunidad de los nuevos criterios Schengen; se trata de saber si lo que ha ocurrido, como afirman algunas fuentes, es una falta evidente de planificación y una mala gestión de un conjunto de problemas que eran perfectamente previsibles, a nuestro modo de entender.
La cuestión es saber si han estado ustedes lo suficientemente diligentes en prever las consecuencias de la aplicación de los nuevos criterios establecidos por la Unión Europea. ¿Por qué se produjo esa avalancha de colas en el aeropuerto de El Prat? ¿Acaso desconocían ustedes el volumen del tráfico aéreo en esos días de implantación de las nuevas medidas? Lo dudo mucho porque ustedes, el Ministerio de Fomento y AENA tienen estas informaciones. ¿Acaso no hicieron ustedes estimaciones del volumen de carga de trabajo que implicaban esas medidas para los agentes? ¿No fueron ustedes capaces de imaginar que esos mayores controles que, repito, no discutimos, acarrearían importantes molestias para los ciudadanos? ¿No las podían ustedes haber evitado? Esas son las preguntas.
Nosotros no haremos el ridículo hablando de sabotaje a los intereses de Cataluña, como han hecho otras formaciones políticas, pero sí afirmamos con rotundidad que nos encontramos ante un hecho que demuestra falta de previsión, errores de gestión al intentar corregirla y, en definitiva, una cierta incompetencia, y usted disculpe. El riesgo es que durante los próximos meses, en los que se incrementará la llegada y salida de viajeros y turistas, el servicio se resentirá y la imagen de nuestro país también. Flaco favor a la marca España.
Finalizo, señor secretario de Estado. En definitiva, ¿qué medidas han tomado, están tomando y tomarán para solventar este problema?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Montilla.
Estaba preguntando porque en la cuestión que usted formula, entiendo que sería en ese momento, se pregunta sobre qué medidas piensa adoptar el Ministerio del Interior para evitar que se produzcan situaciones de caos como la acontecida el pasado fin de semana, fruto de las aglomeraciones. Esto sería aquel fin de semana, en el que se produjeron, pero estaba preguntando por si había ocurrido algo y no me había enterado. Evidentemente, no ha sido así, y no ha sido así porque se han tomado las medidas oportunas.
Voy a intentar, de una forma muy resumida pero muy clara, decirle qué ha ocurrido en relación con este problema. Desde hace ya varios años se observa —creo que todos lo percibimos— que las medidas de prevención en frontera en los distintos aeropuertos de Europa tenían una grieta, porque se habían redoblado las medidas para hacer un control exhaustivo de personas que llegaban desde determinados destinos a la Unión Europea, a todo el espacio Schengen, pero resulta que cuando se analizaban los atentados terroristas que se producían en este mismo territorio Schengen, ninguno, o muy pocos de los terroristas que habían participado en ellos provenían de países distintos al propio espacio Schengen, sino que eran nacionales de algunos de estos países, por lo que existía una grieta en la seguridad y una imposibilidad de realizar una trazabilidad de movimientos de estos terroristas que había que controlar, situación que había que resolver.
Para eso se propuso una modificación del Tratado de Schengen que consistía en volver a la documentación en frontera de los nacionales de los países Schengen que se movieran dentro de otro país firmante de este tratado. Eso ha supuesto tener la obligación de documentar a millones y millones de personas que se están moviendo, pero nos da la tranquilidad de poder, en un periodo de tiempo cortísimo, analizar datos que son tremendamente importantes para la seguridad de nuestros países, especialmente de aquellos que están viviendo una situación de riesgo mayor.
La medida se acuerda que entre en vigor el 7 de abril. Nosotros teníamos una cierta idea de cuándo se iba a producir, concretamente en el primer semestre del año 2017, pero no tuvimos la fecha exacta hasta pocos días antes de que se produjera. En ese momento podíamos tomar 3 decisiones: primera, pedir una moratoria y no introducirla de forma eficiente desde su inicio; segunda, aplicarla, pero con soluciones puntuales; o tercera —una medida en la que España había participado en la petición de que se introdujera—, aplicarla de forma rigurosa desde el inicio. Optamos por esta tercera vía. En la inmensa mayoría de los aeropuertos, y casi todos los días en casi todos los horarios, el funcionamiento ha sido correcto con las previsiones que se hicieron en un periodo de tiempo corto, con un esfuerzo notable que está realizando fundamentalmente el Cuerpo Nacional de Policía, también la Guardia Civil en lo que le corresponde y AENA. Y también con la comprensión de muchos viajeros, que antes no tenían que hacer ese control y ahora tienen que hacerlo. Ni siquiera es que se tenga que producir una cola, es que la mera molestia de tener que identificarse, cuando antes no teníamos que hacerlo, ya sabemos que supone una penalidad extra a la hora de viajar, pero creo que todos somos conscientes de que el riesgo que mueve a tomar esta medida hace que tengamos que asumir como un bien esa molestia que se está produciendo.
En el caso de El Prat, que ha sido el aeropuerto en el que más llamativas han sido esas colas, aunque también se han producido en otros aeropuertos de España y en casi todos los grandes aeropuertos de Europa, se han producido unas circunstancias especiales. Ha sido un aeropuerto que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que hace que las propias instalaciones estén al límite de la capacidad prevista de usuarios de ese aeropuerto. En segundo lugar, hay una serie de horarios, que son en los únicos en los que se han producido colas en dicho aeropuerto, en los que la llegada de vuelos que se acaban de incorporar a los servicios de las aerolíneas que operan desde el aeropuerto de El Prat supone una saturación difícilmente abarcable y previsible. Las mañanas de los domingos, desde las seis hasta las diez y cuarto, llegan a El Prat casi 12 000 viajeros. Calcule la gestión que se tiene que hacer con esas personas en las instalaciones que tiene El Prat y verá que resulta tremendamente complicado.
Se adoptaron medidas antes y durante porque sabíamos que iba a haber momentos en los que se iban a producir picos. La gestión ordinaria de los servicios aeroportuarios, desde el inicio, ha funcionado bien. Ha habido alguna deficiencia en la dimensión de los picos que se han producido, que es donde se ha actuado. Había un acuerdo con AENA para poner en marcha un plan que resolviera la gestión de picos, y se han adquirido ya 450 verificadores nuevos para todos los aeropuertos de España, de los cuales un número importante irá a El Prat. Asimismo, se ha incrementado la dotación puntual de plantillas para resolver no solo la llegada media de viajeros a los aeropuertos, sino también los picos en los que el contraste entre la llegada, la gestión y la salida pudiera ser mayor. Y se ha estandarizado ese funcionamiento. No hay una medida puntual por si se produce un pico, sino que ya conocemos —y está bastante monitorizada— la gestión de llegadas y salidas de todos los aeropuertos, en concreto en El Prat, y hay un plan permanente de refuerzo para las horas pico en las que las llegadas son más altas.
¿Se podría haber evitado? Seguramente sí. Volvemos a las predicciones matemáticas, pero seríamos los únicos que lo hubiéramos evitado. No ha habido ni un solo país de la Unión Europea en donde haya entrado en vigor el Tratado de Schengen que no haya tenido un problema de colas; no lo ha habido. Nos hubiera encantado que España hubiese sido la excepción a esa regla, pero difícilmente se puede producir una gestión perfecta sin utilizar mal los recursos. Si hubiésemos llevado a cabo un incremento de plantilla para todas las jornadas y todos los horarios, sin tener en cuenta que, en el caso de El Prat, además de esas cuatro horas que le he dicho anteriormente, solo hay dos o tres horas más en las que hay refuerzos, hubiésemos despilfarrado recursos que, desgraciadamente, no tenemos. Por eso creo que se ha hecho lo que se podía. Hemos pedido disculpas a quienes se hayan visto afectados. Estamos mirando por el bien de los ciudadanos. Y, créame, es mala imagen que se produzcan colas, estoy de acuerdo con usted, pero la peor imagen es que se produzca un atentado. Eso es lo que tenemos que intentar evitar. Si para ello tenemos que provocar alguna molestia, sincera y personalmente lo siento, pero vale la pena poner en marcha una iniciativa como esta, que supone más presión a mi departamento, mayor esfuerzo para los agentes de policía, pero más seguridad para los ciudadanos.
Tanto la pregunta como la respuesta han sido muy extensas, por lo que ruego que en este segundo turno sean lo más breve posible.
Nosotros no cuestionamos los nuevos criterios de Schengen: pensamos que son positivos. Lo que ocurre es que las cosas se pueden prever, se pueden planificar, sobre todo cuando se tiene la información. El Ministerio del Interior, y el Ministerio de Fomento a través de AENA, tienen la información de las colas, de cuándo se va a producir la llegada incluso en esas franjas horarias de las que usted habla.
El aeropuerto de El Prat tiene un crecimiento importante, tuvo 44 millones de pasajeros el año pasado. Es una infraestructura fundamental para la economía española y la catalana, y los hechos y la situación a la que me he referido han provocado molestias a los ciudadanos, pero también preocupación en el sector turístico, como usted sabe, deterioro de la imagen del aeropuerto y, por ende, del país. En la prensa internacional, también.
Las primeras medidas que se han tomado son paliativas, supongo que temporales, porque son un parche. De la comisaría de la ciudad de que fui alcalde se trasladaron, en concreto, 30 agentes al aeropuerto —no sé por cuántas horas, días o semanas—. Estas no son maneras.
El problema, brevísimamente, es la situación de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en Cataluña, que, como usted sabe, en estos momentos están en más de un 20 % vacantes. Ya se han despejado las incógnitas que había cuando ir de guardia civil o policía nacional a Cataluña con los mossos desplegándose aportaba inseguridad desde el punto de vista temporal, de la presencia en Cataluña. Eso hoy no es así. Es verdad que hay otros problemas, como la mayor carestía de la vivienda. Desgraciadamente, para los agentes, y para todo el mundo, alquilar una vivienda en Barcelona es mucho más caro que en otras capitales de provincia.
Lo importante es buscar soluciones al problema y no parches. Los verificadores, ¿cuándo llegarán? ¿Cuando hayan pasado las vacaciones? Esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta las previsiones de llegada de pasajeros y turistas estos meses.
El señor PRESIDENTE: Señor Montilla, debe ir terminando, por favor.
El señor MONTILLA AGUILERA: Acabo, señor presidente.
Por lo tanto, le ruego que cumplan con sus obligaciones. Los ciudadanos lo demandan, están en su derecho, y es su obligación. Actúen en la medida de sus posibilidades, pero siendo conscientes de la importancia que tiene esta infraestructura y su buen funcionamiento para la economía catalana y española.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Montilla.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Nieto Ballesteros): Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.
Las medidas que se han adoptado son definitivas. En el caso del aeropuerto de El Prat hay ya 15 verificadores nuevos que están funcionando. También ha habido un incremento de la dotación de agentes que fluctúa, dependiendo de los horarios y de los días, entre 40 y 50 más que se incorporan a prestar ese servicio. Asimismo, se va a incrementar el catálogo para que sea una adscripción definitiva en el futuro. Este no es un problema exclusivo de El Prat, sino que es un problema que afecta prácticamente a todos los aeropuertos de España. Ojalá tuviéramos al cien por cien el catálogo, pero se va a hacer de manera definitiva.
Se hizo un trabajo y una previsión muy exhaustivos. Nosotros sabíamos que en el primer semestre del año 2017 se iba a aplicar esta nueva norma, y se trató de establecer una previsión sobre el primer semestre del año 2016. Se controlaron todas las fechas y se distribuyó la plantilla dependiendo de las necesidades, teniendo en cuenta la situación de un año antes, que era la última referencia que teníamos de esas mismas fechas. En el mes de mayo de 2016, la llegada media que se produjo en el aeropuerto de El Prat en esa franja horaria de vuelos transoceánicos de Asia, América y Europa de larga distancia, fue 6700 pasajeros, aproximadamente; en 2017, 11 460.
Es muy difícil prever que los ciudadanos van a incrementar el uso de ese tipo de vuelos en un periodo tan corto, en apenas un año. Por tanto, se hacen las previsiones. Usted ha tenido muchas responsabilidades en la Administración local, autonómica y nacional, y sabe que no todo se puede prever, entre otras cosas porque el crecimiento económico, el mayor uso de viajes por avión o que un destino tenga un gran ritmo de crecimiento —como en el caso de Barcelona, por lo que tenemos que felicitarles—, es difícilmente previsible.
Insisto, creo que se ha trabajado bien; creo que hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los profesionales; y creo que no se tiene que particularizar en el aeropuerto de El Prat un problema que es general y cuya solución es para todos. Hoy tenemos aeropuertos más seguros que en abril. Espero que en el futuro nos demos cuenta de que, al igual que en Barcelona —cuando estuve allí se lo dije a los medios de comunicación—, se han adoptado medidas definitivas que están dando resultado, ya que llevamos prácticamente dos meses en los que no se ha producido ningún problema en el aeropuerto de El Prat. Espero que terminemos el verano sin ningún problema más.
Damos por concluido el orden del día. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a don José Nieto por su comparecencia y le emplazamos a una próxima sesión, porque todavía tenemos preguntas escritas reconvertidas en orales a las que tenemos que dar prioridad para su tramitación.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. ﻿Muchas gracias.

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 artículo 18
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 artículo 38
 artículo 104
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 artículo 90
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 artículo 173
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