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Timestamp: 2017-11-24 09:27:43+00:00

Document:
8fu21-11
EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS LABORALES (PARTE 2, CONCLUYE)
Una última propuesta era que se diera el derecho de voz y voto ante el Consejo Universitario al Secretario General del Sindicato, como lo tenían los presidentes de las federaciones de profesores y de alumnos.
Durante los días 29 de octubre al 2 de noviembre se realizó el Congreso Constituyente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, con la participación de 40 sindicatos. Su lema era “Por una sociedad sin clases”.
El 2 de noviembre el secretario general del SEOUAM, Luis Santos Orlaineta, le envió un escrito al Presidente Cárdenas solicitándole que se abriera una investigación para esclarecer los "motivos que tiene la Universidad para burlar (los) Decretos Presidenciales, relativos a salario mínimo, pago (del) séptimo día y jornada de 8 horas. Que están cesando (a los) miembros del Sindicato por el hecho de serlo. Que (los) estudiantes reaccionarios se están organizando para agredirlos y que el mismo Rector (Gustavo Baz) los amenazó con cesar al Comité Ejecutivo (si) se oponían a su absolutismo". Ese escrito fue turnado por el oficial mayor de la presidencia al Jefe del Departamento del Trabajo, por instrucciones del Gral. Cárdenas.
El 15 de noviembre, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México dio a conocer un dictamen que fue elaborado por el Frente Socialista de Abogados sobre "La Posición Jurídica de la Universidad". En lo relativo a si ¿Deben los trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de México, considerarse sujetos a la Ley Federal del Trabajo?, ahí se concluía lo siguiente:
"I.- Que no siendo la Universidad Autónoma de México un establecimiento público, no debemos considerar a sus trabajadores como servidores del Estado;
II.- En cuanto que es la Universidad un establecimiento de utilidad pública, debe considerarse a sus servidores como trabajadores privados;
III.- Como consecuencia de ser trabajadores privados, están sujetos a la Ley Federal del Trabajo; por último,
IV.- Pero aún en el caso de que se les considere como trabajadores del Estado, porque se piense que se trate de un verdadero establecimiento público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8o. de los Estatutos de los Servidores de los Poderes de la Unión, deben regirse por la citada Ley Federal del Trabajo". Ese dictamen lo hacían los licenciados Valentín Rincón y Alfonso Avitia Arzapalo.
El 5 de diciembre el gobierno del Gral. Cárdenas promulgó el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El 20 de diciembre de 1938, se publicó un boletín del SEOUAM, en el que se comentaba que recientemente se había promulgado el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de la Unión, que se mencionaba "Todos los empleados de la Federación cuentan con amplias garantías por lo que toca a su derecho de sindicalización y huelga. Todos los demás asalariados de la República, al servicio de las empresas privadas, se amparan por la Ley Federal del Trabajo y aún los servidores de las instituciones que están clasificadas como de utilidad pública pero que, por diversas razones, quedan comprendidas en la designación de organismos de derecho público descentralizado, gozan de las mismas garantías. Solo los trabajadores de la Universidad Autónoma de México han encontrado trabas para que se les conceda su derecho de asociación, llegándose hasta el extremo de negar sofisticadamente que están comprendidos dentro de la Ley Federal del Trabajo o del Estatuto de Ley de los Servidores del Estado".
Criticaban además a los trabajadores apáticos o a los que trataban de congratularse con sus jefes para formar un sindicato blanco.
El 26 de abril, el comité ejecutivo le envió un escrito al rector Gustavo Baz comunicándole que por acuerdo de asamblea se solicitaba "la reposición en su puesto de Daniel Bravo Chávez, cesado durante la administración del Sr. Lic. Chico Goerne por defender a sus compañeros dentro de un terreno estrictamente sindical y por señalar una serie de inmoralidades que se estaban cometiendo en aquella época".
Con fecha 10 de octubre de 1939, el SEOUAM publicó un boletín en el que se informaba acerca de una serie de triunfos logrados, entre los que se mencionaban: la reinstalación de varios trabajadores que habían sido despedidos, la derrota de un grupo de antisindicalistas que con el pretexto de una supuesta unión pretendían la desaparición del sindicato, hacían un reconocimiento a dos funcionarios honestos, el licenciado Mario de la Cueva, Secretario General, y el doctor José Torres Torija, Oficial Mayor de la Universidad, el haber logrado, después de una ardua lucha y una campaña de prensa y perseverantes trámites que el Departamento del Trabajo definiera jurídicamente a la Universidad como "PATRON", "por ser una empresa privada que, aunque presta un servicio público, actúa en nombre propio y persigue sus propios objetivos, con independencia respecto del Estado, quedando, por lo tanto, sus servidores dentro de las garantías que los asalariados particulares concede la Ley Federal del Trabajo".
Esto significó un triunfo puesto que se pretendía incluir a los trabajadores en un estatuto especial en el que quedarían limitados sus derechos. Se informaba, finalmente, que el rector Gustavo Baz firmaría el contrato colectivo de trabajo, debido a las buenas relaciones del sindicato con la rectoría y a la demanda contra la Universidad ante el Departamento del Trabajo (por la firma de un contrato colectivo de trabajo). Asimismo, informaban que pensaban desarrollar un programa para el futuro:
En julio de 1940, por medio de un volante que se distribuyó entre los trabajadores, afiliados o no, se difundían los objetivos de "PORQUE LUCHAMOS", y enumeraban los siguientes puntos:
1.- Por lograr la estabilidad en el empleo de los servidores de la Universidad.
2.- Porque se respete el Escalafón y no se sigan atropellando los derechos de los trabajadores.
3.- Porque se jubile a los ancianos que por razón de su edad ya no tengan energías para seguir trabajando, así como a todos aquellos que hayan prestado sus servicios durante veinticinco años consecutivos a la Institución.
4.- Porque se suministre servicio de médico y medicinas en forma gratuita y eficaz a todos los empleados y obreros que contraigan algún padecimiento y durante el tiempo que dure su enfermedad.
5.- Porque se aumente el sueldo de los trabajadores en virtud de ser de absoluta justicia, dada la crónica y paulatina carestía de los artículos de primera necesidad."
El 2 de diciembre renunció el doctor Gustavo Baz a la rectoría de la Universidad por haber sido designado Secretario de Asistencia Pública en el gabinete del Presidente Ávila Camacho; el Consejo Universitario designó al doctor Mario de la Cueva como Rector, a quien se consideraba como el mejor especialista en Derecho Laboral. Las materias que impartía eran Introducción al Estudio del Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Derecho del Trabajo y Derecho Constitucional.
El 10 de enero de 1941, los trabajadores al servicio del Estado realizaron un mitin en la Plaza de Armas para defender el Estatuto Jurídico que Ávila Camacho quiso derogar. A principios y fines de febrero se llevaron a cabo dos mítines en el mismo sentido.
Para ese año, el SEOUAM había dejado de ser miembro de la FSODF (que al parecer había desaparecido) y se afilió a la Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF) y a su vez a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
El 18 de marzo se llevaron a cabo elecciones en el interior del SEOUAM, resultando reelecto el Comité Ejecutivo que hasta entonces existía, dirigido por el secretario general Luis Santos Orlaineta.
El 11 de junio, por medio de un oficio, se informó al rector Mario de la Cueva que el 18 de marzo se habían llevado a cabo las elecciones y que las personas arriba mencionadas eran los representantes de la organización, solicitándole "se digne atender a los mencionados secretarios, cuando en el ejercicio de sus funciones tengan algún asunto con esa Rectoría; en la inteligencia de que agradeceremos las atenciones que se les dispensen, así como las facilidades que se les den para desarrollar sus actividades sindicales".
El 14 de agosto se realizó una asamblea del SEOUAM en donde se analizó el emplazamiento que se había hecho a la Universidad, por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), ante la Junta Central de Conciliación del Departamento Federal del Trabajo, cuyo jefe era el licenciado Ignacio García Téllez (ex rector de la UNAM).
En el proyecto del CCT se asentaba: “El Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México es una agrupación de resistencia que controla en su seno al personal que presta sus servicios en la Universidad Autónoma de México, por mayoría absoluta. El Sindicato antes mencionado tiene acreditada su personalidad jurídica ante las autoridades correspondientes o sea la Junta Central de Conciliación y Arbitraje.
“El Sindicato se encuentra representado legalmente por un Comité Ejecutivo, cuyos componentes tienen acreditadas sus personalidades como tales, tanto en la empresa como ante las autoridades competentes.
“‘La Universidad’ estará representada por el C. Lic. Mario de la Cueva, Rector de dicha Institución y ‘El Sindicato’ por su Secretario General, (el) C. Luis Santos Orlaineta.”
En el artículo 7 se establecía que “La Universidad y el sindicato convienen en que los salarios que deberán pagarse a los trabajadores, a partir de la firma de este contrato, serán los mismos que se están pagando en la actualidad, más un aumento de un peso diario a cada uno de ellos siempre y cuando ganen un sueldo de nueve pesos diarios.”
En el artículo 18 se asentaba que “La Universidad queda obligada a hacer las deducciones del salario de los trabajadores por cuotas ordinarias y extraordinarias sindicales que la organización solicite por escrito, así como un centavo diario por cada empleado y obrero pertenecientes a esta agrupación, cuya cantidad será cobrada directamente por la Central Obrera a la que se halla adherida la misma y que en este caso es la Federación de Trabajadores del D.F”.
En el proyecto de contrato se anotaron los nombres de quienes lo deberían firmar: el rector Mario de la Cueva como representante de la Universidad, Luis Santos Orlaineta, Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México, y Jesús Yurén por la Federación de Trabajadores del Distrito Federal.
El 14 de noviembre, la rectoría dio como respuesta a la petición sindical sobre de “la demanda de la firma del contrato colectivo de trabajo presentada por el SEOUAM, (que) no era de su competencia resolverla debido al carácter del trabajo que se realiza en la Universidad”.
Podríamos considerar que al no firmarse el contrato colectivo de trabajo y la rescisión del Secretario General del SEOUAM, esto hizo que la organización sindical perdiera fuerza y se diluyeran los esfuerzos que hasta entonces se habían hecho para que se resolviera esta situación que se había originado desde el año de 1929. En adelante, durante algunos años sólo la representación que se tenía ante el Consejo Universitario sería la única alternativa para demandar de la Universidad la solución al conflicto.
El 15 de octubre de 1942 se presentó ante el Consejo Universitario un "Proyecto de Reglamento del artículo 79 que será adicionado al Estatuto de la Universidad Nacional de México". Lo elaboraron los profesores Eduardo Llera, doctor Faustino Ibarra C., Emilio Pineda y señor Carlos Yáñez, representantes del personal administrativo ante el Consejo Universitario. El artículo 79 hacía referencia a que "los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México estarán regidos por un reglamento aprobado por el Consejo Universitario".
Afirmaban que estaría registrado en el Departamento del Trabajo, y que además no podría "adherirse a ninguna Central Obrera o Campesina, excepto a aquellas que les sean afines en cuanto a las actividades docentes que desarrollen”; el artículo 237 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe formar sindicatos a aquellas personas que estén sujetas a reglamentos especiales. "No pueden formar sindicatos las personas a quienes la ley prohíbe asociarse, o sujete a reglamentos especiales". Es decir, que trataban de hacerlos volver a empezar todo por lo que se había combatido desde 1929.
En 1942 se dio una reforma a la fracción XXXI del artículo 123, que establecía: "La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones", no es asunto de las juntas centrales de Conciliación y Arbitraje juzgar las cuestiones de trabajo que se suscitan en un órgano descentralizado del Estado.
El 14 de diciembre, el rector licenciado Brito Foucher informó ante el Consejo Universitario sobre sus ideas para mejorar la situación de empleados y profesores enfermos.
En el informe de la Rectoría denominado "Balance de la labor realizada por la actual administración universitaria durante un año, 1943", se mencionaba que se había hecho el "financiamiento de todos los gastos del Consultorio para Empleados de esta Universidad, que hasta antes de que tomara posesión la actual administración universitaria, había atravesado por mil pobrezas y dificultades".
El 10 de marzo de 1944, ante el Consejo Universitario, el rector Brito Foucher informó sobre la situación económica de la Universidad y el subsidio que recibe la misma en el año de 1944, la necesidad de aumentar las cuotas, sobre los descuentos en sueldos de profesores faltistas para completar el presupuesto de egresos y sobre un aumento de sueldos de los empleados antiguos.
La Ley Orgánica de 1945
La promesa del estatuto a los empleados y definición del marco laboral en la UNAM. El primer STUNAM
El 22 de noviembre, el rector informó ante el Consejo Universitario sobre el anteproyecto de Ley Orgánica y el día 24 de noviembre se inició su discusión en el Consejo. En el anteproyecto existía un apartado en el que se hacía mención sobre las "Relaciones de la Universidad con sus empleados", con las siguientes consideraciones:
"Es un principio general, reconocido por la Suprema Corte de Justicia en México, que los funcionarios y empleados de los establecimientos o corporaciones públicos, pueden estar sometidos, sin quebranto de ningún texto constitucional, a un régimen extra-contractual, estatutario. En años recientes, cuando por consideraciones diversas el Gobierno ha atribuido a ciertas empresas el carácter de corporaciones públicas, resulta explicable que se haya sometido a ciertos grupos de trabajadores de tales empresas a un régimen contractual. Pero la Universidad no es una empresa; no organiza los elementos de la producción para persecución de ningún propósito lucrativo; nunca ha tenido, no tiene ni se propone tener provechos en sentido económico; es como antes se dijo ya, una comunidad de cultura. Por estas razones, el anteproyecto que ha vuelto a definir el carácter público de la Universidad, acoge en cuanto al problema de las relaciones entre la Universidad y su personal docente o administrativo, una solución que no es nueva, sino que hace más de diez años fue establecida por la Suprema Corte de Justicia.
“Conviene, sin embargo, dejar bien claro que el hecho de que las relaciones entre sus servidores tengan un carácter estatutario y no contractual, no será obstáculo para que, como el proyecto lo indica, un reglamento del Consejo otorgue a los profesores y a los empleados universitarios todos los derechos y prestaciones de orden social que, a estas horas deben considerarse ya incorporados definitivamente al orden jurídico en que vivimos, como elementales exigencias de la civilización contemporánea".
En el Senado hubo una discusión interesante, en la que participó Fernando Amilpa en su carácter de Secretario General de la CTM, ya que dio su punto de vista en favor de la aprobación de la Ley Orgánica, aunque viendo el beneficio de los trabajadores de la UNAM.
Ahí, el senador Amilpa, luego de hablar acerca de la libertad de cátedra, hizo las siguientes afirmaciones: "Pero no solamente estas cuestiones de orden político pudiéramos decir, estas preocupaciones de orden filosófico, son las que a nosotros nos dieron tema, al hacer el estudio de este proyecto, para expresar ante ustedes nuestras ideas; tenemos, por el paso nuestro a través de los tribunales del Trabajo, experiencia de lo que significa el estado de irresponsabilidad en que frente a sus trabajadores quiso colocarse, desde el principio, desde que surgieron las primeras dificultades, la Universidad Nacional Autónoma.
“Siempre que se destituía a un trabajador de la Universidad, esta institución, por medio de su representante jurídico alegaba ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje su irresponsabilidad legal, en virtud de que se trataba –decía– de una institución de cultura y de ninguna manera de una institución patronal, que, dedicarse al lucro, tuviera que caer bajo la jurisdicción de los tribunales del Trabajo.
“Diversos litigios liquidaron en las Juntas de Conciliación, y por ser éstos, algunas veces, desfavorables a las autoridades y, otras veces a la Universidad, tuvieron que resolverse, por último, en la Suprema Corte de Justicia.
“En la Suprema Corte de Justicia se ha establecido una jurisprudencia cambiante; algunas veces se han protegido los intereses de los trabajadores y, otras, se han protegido los intereses de la Universidad.
“De manera que ya encarrilada la Universidad dentro de esta situación en la que la ha colocado la protección generosa del señor Presidente de la República, de todas maneras existía para los trabajadores universitarios una situación de indecisión, indefinida, mediante la cual nosotros pensamos que no podría adquirirse para la Universidad el estado de tranquilidad y regularidad que reclaman sus labores.
“De esta suerte, nosotros pensamos que si el Estado, que si la Revolución, que si el señor Presidente, se preocupan por reforzar el patrimonio de la Universidad dándole más dinero todavía del que se le ha dado hasta la fecha –que son considerables cantidades– no era justo que se le dejara sin atender las necesidades del personal que sirve a la Universidad.
“En la Universidad hay profesores, empleados, contadores, en fin, gente que no vive más que del salario, y sería injusto que se dejara a estos compañeros en una situación de desamparo total por que no se definiera cuáles son sus derechos y cuáles los medios para liquidarlos en sus disputas con la Universidad.
“Producto de esta experiencia y de la lectura del proyecto de ley fue la intervención que ayer tuvimos oportunidad de tomar en el seno de la comisión, la que gentilmente nos atendió. Le expusimos a la comisión todas las dudas que nos despertara el Artículo Trece (que) dice (leyendo):
"Las relaciones entre la Universidad y su personal de investigación, docente y administrativo, se regirán por estatutos especiales que dictará el Consejo Universitario. En ningún caso los derechos de su personal serán inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo.
"En primer lugar, el artículo es impreciso; se habla de que los derechos, las relaciones entre la Universidad y su personal de investigación, docente y administrativo, se regirán por estatutos especiales. No dice cuándo ni dentro de qué tiempo, por una parte; por otra (leyendo) "En ningún caso los derechos de su personal serán inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo.
"Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece el derecho de no trabajar más de las ocho horas; establece el derecho de adquirir salario mínimo; establece el derecho de gozar de indemnización en caso de despido injustificado; establece el derecho de gozar de indemnización por riesgos profesionales; establece el derecho de sindicalización; establece el derecho de obtener un contrato colectivo de trabajo, y, para defender los derechos que otorga la ley y lo que se hayan conseguido a través de los sindicatos, consignados en los contratos de trabajo, establece el derecho de huelga.
"Nosotros ¡encantados de que a los trabajadores de la Universidad se les hubieran otorgado esta clase de derechos! Pero si no se trata de una institución privada, sino, como dice el proyecto de ley (leyendo): ‘... la Universidad Nacional de México es una institución, una corporación pública, un organismo descentralizado del Estado...’, pues llegamos a la conclusión de que esta última parte del Artículo Trece iba a crear falsas ilusiones para los compañeros. Porque, si se les dice que sus derechos no serán inferiores a los que establece la Ley Federal del Trabajo, ellos tienen que pensar que estos derechos les corresponden en su totalidad.
"Guiados por un error, constituirían su sindicato de trabajadores; en pliego de peticiones, pedirán un contrato de trabajo y ante la negativa, indudablemente que se irían a la huelga, huelga que tendría que perder dentro de las setenta y dos horas, desde el momento que estallara, por virtud de que la Junta no podría votar por la existencia legal de una huelga contra una institución pública descentralizada, contra una institución que, como dice la comisión, es una institución del Estado propiamente dicha.
"Por consiguiente, nosotros pensamos que, hablando con la comisión, podrían reducirse estas dudas, y aún tuvimos oportunidad de recibir la visita del señor Rector, quien, tratando de disiparlas, contestando nuestras interpelaciones en una forma cortés, dejó las cosas planteadas en esta situación. En primer lugar, la Universidad no se opone a que se expidan los estatutos especiales dentro de un plazo razonable; seis meses, por ejemplo, a partir de la vigencia de la ley; pero no aceptaba la Universidad que los trabajadores quedaran, en ausencia de estatutos especiales, como yo le pedí al rector que quedaran: bajo la jurisdicción del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado; y esto lo hizo el señor rector en una forma, es verdad que cortés, pero apasionada porque fundamentalmente lo que le preocupó fue defender el principio de autonomía de la Universidad, y, de tal suerte, decía; Si nosotros vamos a estar bajo la jurisdicción del Estatuto Jurídico en nuestras diferencias con nuestros trabajadores, vamos a adquirir la fisonomía de una Secretaría de Estado. Entonces –pensaba yo–, prácticamente todas las intrigas que se han esbozado en contra de esta ley van a dar pie para combatirla en la forma injusta en que se estaba haciendo.
"De manera que quiero expresar a ustedes que la representación obrera en el Senado de la República, en holocausto a una necesidad vital indeclinable, de la Universidad, se ha visto en el caso de tener que aceptar que no es posible que se sometan las diferencias de sus trabajadores a los tribunales de la materia.
"Por otra parte, al no insistir que se liquiden las diferencias entre la Universidad y sus trabajadores por medio de los tribunales del Trabajo, estamos prácticamente colocados dentro de una situación de ductilidad; porque, si se trata de una institución pública, de una institución del Estado, descentralizada, nosotros, consideramos que no podrían siquiera liquidarse estas diferencias en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
“Por consiguiente, sólo queremos expresar a ustedes que esta actitud nuestra obedece a una necesidad de orden político, a nuestro deseo de no entorpecer los buenos propósitos que se han alentado en la expedición de esta ley, tanto por parte de los señores universitarios que son autores de ella, que han contribuido a su elaboración, como por parte del señor Presidente (Ávila Camacho), inspirado en los más generosos anhelos; y de ninguna manera lo que voy a decir se tome como dirigido a soliviantar a los trabajadores afectados.
"Nosotros consideramos que, dada la situación política que guardan en el presente la Universidad, el Estado y las personas interesadas en la vida de la misma, es indispensable despachar esta ley; pero si mañana sus trabajadores tuvieran otro concepto de sus derechos y de los medios de que deberían disponer para liquidar las diferencias que tengan con la Universidad, será una cuestión de ellos.
“En instancia final, los Tribunales del Trabajo dirán si son o no de su competencia los problemas que se deriven de la falta de cumplimiento de las obligaciones que establecen los estatutos especiales de la Universidad, y, en última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirá la última palabra sobre el particular.
"Señores senadores: hemos querido expresar ante ustedes cual es nuestro pensamiento respecto de esta situación especial; hemos querido, en homenaje a la autonomía de la Universidad, aceptar las sugestiones del señor rector, quien se ha comprometido, por carta que ha enviado a la comisión, y cuya copia tengo aquí, a que los estatutos especiales se elaborarán dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la ley; a que, dentro de esos estatutos, se establecerá en los organismos especiales por medio de los cuales los trabajadores harán la defensa de sus intereses, y velarán por el cumplimiento de sus contratos de trabajo y de los estatutos especiales que rijan sus relaciones."
El 6 de enero de 1945 se promulgó la Ley Orgánica, al ser publicada en el Diario Oficial.
El 9 de noviembre de ese año, luego de un proceso de arduo trabajo entre los trabajadores universitarios, “Bajo el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México quedó constituida una agrupación sindical, integrada con los trabajadores que prestan sus servicios en la citada institución”.
En el artículo 3° de sus Estatutos se estableció que “Este Sindicato tiene por finalidad la defensa de los derechos de sus asociados, en los asuntos relacionados con el trabajo de acuerdo con la ley, la equidad, la justicia y el mejoramiento económico y social del trabajador, sin distinción de nacionalidad y sexo”.
Ahí se eligió al Comité Ejecutivo que estaba dirigido por el secretario general Hugo Martínez Moctezuma. Se impuso como lema que su lucha era "Por el mejoramiento del trabajador universitario". Se acordó que no se efectuarían descuentos a los trabajadores para el sostenimiento del sindicato.
El 10 de diciembre, ante el Consejo Universitario, el licenciado Mario de la Cueva, que era considerado como el mejor especialista en Derecho del Trabajo en la UNAM, declinó ser propuesto para elaborar el reglamento de los empleados universitarios, que establecía el artículo 13 de la Ley Orgánica. Quedaba así pendiente, una vez más, la situación jurídico-laboral del personal universitario.
En diciembre de 1946, el Consejo Universitario aprobó un Reglamento de Jubilación que no benefició a la gran mayoría de los trabajadores y profesores.
En 1946, se inició la ardua labor de Roberto Ramos Vigueras a fin de lograr la reincorporación del personal universitario al Régimen de Pensiones.
En 1949, el STUNAM solicitó a la Secretaría del Trabajo su registro, como ya lo tenía el SEOUAM desde 1933, pero les fue negado con base en las reformas al Artículo 123 que se habían hecho en 1942.
En 1950, por parte del sector docente se constituyó la Asociación de Profesores Universitarios de México (APUM), con el objeto de constituir una agrupación de maestros universitarios que pugnara por el mejoramiento de las condiciones de vida del personal docente de la Universidad Nacional y, consecuentemente, por la superación de la propia institución y para defender los derechos de los profesores y lograr la promulgación del Estatuto del Personal Académico que estaba pendiente desde 1945.
El 5 de octubre de 1950, Roberto Ramos Vigueras entregó al Consejo Universitario un anteproyecto del Estatuto del Personal Administrativo que él elaboró.
En junio de 1952, luego de una muy intensa labor del Consejero Universitario Roberto Ramos Vigueras, se logró la reincorporación del personal docente y administrativo de la Universidad a la Ley de Pensiones Civiles y de Retiro, de la que había quedado al margen desde el año de 1929, consiguiendo también que lo que no se había pagado de cuotas fuera cubierto por parte del gobierno federal.
En 1953, el Consejero Ramos Vigueras informaba que se había logrado de las autoridades que se pagara por primera vez una gratificación de una quincena para fin de año como el que se pagaba a los trabajadores al servicio del Estado; es el antecedente del aguinaldo.
Ante la inexistencia de instrumentos de protección a los empleados, se constituyó un Seguro del Empleado Universitario que poco después se transformó en la Mutualidad de los Empleados de la Universidad, que les descontaba a los socios un día de salario para ser entregado a los familiares de los fallecidos.
Al volver a ser sujetos de la Ley de Pensiones comenzaron a poder obtener algunos departamentos que se construían para los trabajadores al servicio del Estado.
En septiembre de 1959, las demandas del Consejo Sindical del STUNAM eran: a).- Acordar la manera en que se iba a pagar el incremento salarial y que no debía de ser inferior al que se les pagara a los empleados federales, sin excluir a los trabajadores supernumerarios; b).- Que se establezca la denominación literal de las categorías en el Presupuesto General de la Universidad, pues en la actualidad ha desaparecido. c).- Que se haga una retabulación general de sueldos y categorías, de tal manera que una categoría en Ciudad Universitaria tenga el mismo sueldo en la Ciudad de México, como se hace en el Gobierno Federal, mediante el Tabulador respectivo, a fin de evitar la anarquía que en materia de sueldos existe en la Universidad. d).- La aprobación por el H. Consejo Universitario de un Reglamento de Escalafón, cuyo proyecto fue presentado al señor Rector de la Universidad por el Comité Ejecutivo anterior. e).- La aprobación también por el H. Consejo Universitario de un Reglamento de Estímulos y Recompensas para los trabajadores de la Universidad.
El resultado fue que se logró que una serie de peticiones fuera resuelta de manera positiva. Se destaca que al personal que hasta 1958 estaba como supernumerario a partir de ese momento pasaba, en el nuevo presupuesto, como de planta con todos los derechos que implicaba su nombramiento.
Se incrementó el presupuesto para atención médica y necesidades hospitalarias e intervenciones quirúrgicas de los trabajadores universitarios; se consiguió que la partida se incrementara de 77 mil pesos a aproximadamente medio millón de pesos, así como el acuerdo para que se construyera un centro de salud en Ciudad Universitaria, además de la construcción de una guardería infantil.
El 31 de diciembre de 1959, en virtud de la su publicación en el Diario Oficial, se creó el ISSSTE y se derogó la Ley de Pensiones Civiles de Retiro que estaba vigente desde 1925.
Pasó algún tiempo para que se les volviera a dar servicio y se expidiera la transferencia del personal docente y administrativo y sus familiares al ISSSTE.
En agosto, durante el Banquete del Día del Trabajador Universitario, se le agradeció al Rector Carrillo Flores su ofrecimiento de que antes de concluir su periodo se expediría el Estatuto de los Trabajadores Administrativo; ya habían transcurrido quince años que se les había prometido. Sin embargo, al pasar el tiempo y no haber avances el Consejo Sindical del STUNAM decidió formar una Comisión que elaborara un proyecto del Estatuto. El proyecto no fue aceptado por las autoridades.
El SEOUNAM
El 16 de febrero de 1963, el Consejo Sindical de Representantes del STUNAM resolvió cambiar el nombre de la organización con el fin de retomar el registro sindical que había tenido la organización a partir de 1933. Por lo anterior, se realizó la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Empleados y Obreros de la UNAM, o sea rescatar el nombre para facilitar la obtención del registro.
Sin embargo, esto no fue posible debido a la legislación restrictiva que en 1942 limitó los derechos de los trabajadores universitarios y las autoridades laborales lo utilizaban a su conveniencia, porque al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social sí le permitieron obtener su registro y su contrato colectivo de trabajo y también a los trabajadores ferrocarrileros. Se les volvió a negar a los trabajadores de la UNAM el registro que hubiera solucionado la situación de la regulación laboral.
Por otra parte, en el sector académico el Consejo Universitario expidió el Estatuto del Personal Docente en 1963, en el que se estableció una serie de requisitos para los profesores; de ahí se derivó que todos los profesores que daban clases deberían estar titulados. Esto afectaba a varios docentes de la Escuela Nacional Preparatoria y de algunas otras escuelas y facultades, a lo que se inconformaron y se inquietaron al grado de que comenzaron a organizarse y realizaron asambleas en las que se tomaron algunas medidas para que no se les rescindieran sus contratos.
El resultado fue que se decidió constituir el Sindicato de Profesores de la UNAM, el 29 de septiembre de 1964, y lograron detener esas medidas que los perjudicaban. Incluso solicitaron su registro ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 12 de abril de 1965, sin lograrlo.
La ATAUNAM
El 20 de diciembre de ese año, en el Consejo Universitario se expidió el Estatuto de Trabajadores Administrativos de la UNAM, que estaba pendiente desde 1945, aunque incluía algunos aspectos que no se consideraban aceptables como eran la imposición de la manera en que debían organizarse los trabajadores y hasta el nombre, ya que en el artículo 55 se estableció que debería ser la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNAM (ATAUNAM).
El Comité Ejecutivo se vio en la necesidad de aceptarlo así, porque de no hacerlo se hubiera pospuesto de nuevo la solución de la regulación de las relaciones laborales de los trabajadores administrativos. La constitución de la ATAUNAM se realizó el 25 de abril de 1966, dándose así las condiciones establecidas en el Estatuto mencionado.
Aunque la mayoría de las autoridades no respetaba la aplicación del Estatuto, era un avance importante en la solución del problema. Casi paralelamente a la formación de la ATAUNAM se desarrolló un conflicto estudiantil que derrocó al Rector Ignacio Chávez. En su lugar se eligió al ingeniero Javier Barros Sierra.
En junio de 1968 se dio un nuevo conflicto entre las autoridades universitarias y el personal académico, porque no se aprobaba un incremento salarial desde hacía tiempo, por lo que realizaron un paro durante cinco días, al término de los cuales se decidió el incremento del 10%.
Al mes de eso se inició el conflicto estudiantil por la represión ejercida en contra de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de una preparatoria particular en el centro de la Ciudad de México. El movimiento se prolongó y el gobierno aumentó la represión.
Se creó la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, a la que se sumó la ATAUNAM. Por desgracia, el movimiento culminó con la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Muchos de los estudiantes que participaron en ese conflicto pasaron a ser profesores en la UNAM, especialmente al crearse el Colegio de Ciencias y Humanidades.
El STEUNAM
Luego de que durante algunos años continuaran las violaciones al Estatuto del Personal Administrativo, a pesar del reconocimiento formal de las autoridades a la ATAUNAM, se tomó la decisión de crear una nueva organización que resolviera definitivamente las relaciones laborales entre los trabajadores administrativos y la Universidad Nacional. Por lo que se decidió la formación de un sindicato, mediante una transición de los afiliados de la ATAUNAM al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, (STEUNAM), que se constituyó el 12 de noviembre de 1971.
Inmediatamente solicitó su registro a las autoridades laborales, el cual le fue negado. Ante esa situación, se decidió emplazar a la Universidad de hecho por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo y el reconocimiento del Sindicato.
Al concretarse la idea propuesta por Nicolás Olivos Cuellar de la realización del Primer Encuentro de Dirigentes, en el mes de marzo de 1972 se constituyó la Federación de Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (FASTSUIERM)
Luego de varias pláticas en las que no se llegó a un acuerdo entre el STEUNAM y las autoridades universitarias, el 25 de octubre de 1972, a las 12 horas, se inició una huelga que tendría una duración de ochenta y tres días concluyendo el 15 de enero de 1973, con la que se logró la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT); que igual era violado, por algunas autoridades, pero ya con posibilidad de realizar movilizaciones por no acatar lo acordado.
El STEUNAM se convirtió en ejemplo para otros trabajadores que solicitaron su asesoría en diversas universidades del país, apoyado por la Federación. En esa época se constituyeron aproximadamente 45 sindicatos en las universidades del país.
En 1974, en el sector académico se siguió el ejemplo de los trabajadores administrativos y habían estado avanzado en su organización, sobre todo participando en el Consejo Sindical, que fue el antecedente de lo que vendría más tarde. Así, el 13 de julio se decidió como fecha para constituir el Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM).
Durante los días 16 al 24 de julio se realizó una huelga en demanda de la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo para los académicos. Lo que se obtuvo fue no un contrato sino la integración en el Estatuto del Personal Académico de una adición del Título de las Condiciones Gremiales del Personal Académico.
También en ese aspecto las diversas autoridades lo violaban constantemente, especialmente acosando a los académicos que se afiliaban al SPAUNAM, rescindiéndolos o no renovándoles su contrato. En cambio, las autoridades apoyaban a las organizaciones blancas que siempre se opusieron a la formación de sindicatos académicos.
El 1º de noviembre de 1975, el STEUNAM llegó a estallar una huelga que terminó a las 19 horas del día 2, al conseguirse un incremento salarial del 20%.
El 1º de febrero de 1976, el SPAUNAM estalló una huelga que duró cinco horas, logrando un incremento salarial del 18%.
En agosto de 1976, el rector Soberón envió al Presidente de la República, Luis Echeverría, una propuesta para adicionar al Artículo 123 Constitucional un Apartado “C” que se aplicaría a los trabajadores de las universidades. El objetivo era restringir el derecho a huelga y la huelga por solidaridad. Ese proyecto fue derrotado políticamente por los sindicatos de un gran número de universidades y no llegó a aprobarse; el STUNAM tuvo una gran participación en ello.
En 1976, el STEUNAM y el SPAUNAM tuvieron fuertes enfrentamiento con las autoridades universitarias; incluso en la revisión salarial de ese año se le impuso al STEUNAM un incremento de tan sólo 5.5%, lo que provocó divisiones al interior de la organización. Con respecto, al SPAUNAM se preveía que el golpe iba a ser muy agresivo, buscando deshacerlo.
De manera que a propuesta de los dirigentes de los trabajadores administrativos, a principios de 1977, el 6 de febrero se acordó establecer un Pacto de Unidad denominado Convenio Político Sindical para la unificación del STEUNAM-SPAUNAM. El CGR del STEUNAM y el CGH del SPAUNAM acordaron integrar un solo sindicato y luchar conjuntamente por conquistar un contrato colectivo único para los trabajadores académicos y administrativos.
Para ello, el SPAUNAM acordó posponer su emplazamiento a huelga que debería estallar el 7 de febrero por la firma de un contrato colectivo de trabajo e inscribir su demanda para el personal académico en el marco general de la lucha por la contratación colectiva única, dando por canceladas las negociaciones con las autoridades de la UNAM. También se fijaba como fecha el 13 de marzo (que luego se cambió para el 27) para realizar una Asamblea Constitutiva del nuevo sindicato que llevaría el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). Y en donde se aprobarían su Declaración de Principios, sus Estatutos, el proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo y el Plan de Acción.
El STUNAM
Así el 27 de marzo se realizó la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores de la UNAM en las instalaciones del Cine Internacional en la calle de Carmona y Valle 95. Una vez constituido el STUNAM, se inició un proceso individual de afiliación voluntaria y los consejos de representantes elaborarían los proyectos de Declaración de Principios, Estatutos y el Plan de Acción.
También se acordó integrar al nuevo sindicato a la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios (FSTU).
Días después de la Asamblea Constitutiva se emplazó a la Institución a huelga para el 20 de junio por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo que incluyera las relaciones laborales de académicos y administrativos y por el reconocimiento del Sindicato.
El 20 de junio se inició la huelga que los académicos y administrativos hicieron unidos por primera vez. Luego de poco más de dos semanas de intensas movilizaciones en las que el STUNAM recibió la solidaridad de los sindicatos progresistas como eran los de la Tendencia Democrática encabezada por Rafael Galván y del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. No tenía un registro sindical oficial, por lo que no había sido necesario entregar un emplazamiento a las autoridades laborales.
Sin embargo, las autoridades universitarias que habían intentado atacar por el lado de que se estaba haciendo una ocupación ilegal de las instalaciones por medio del delito de despojo y sabotaje, que no les estaba dando resultado, utilizaron la táctica de pedir la opinión de la Secretaría del Trabajo sobre si era legal o no la huelga. Claro, las autoridades laborales que no podían intervenir por no existir un registro laboral, dieron su opinión en el sentido de que ellas consideraban que no era legal. Por lo anterior, el Rector Soberón pidió al gobierno federal que desalojara a los trabajadores.
Así, en el amanecer del 7 de julio entraron 15 mil policías a romper la huelga, encarcelando a aproximadamente 500 trabajadores que se encontraban de guardia. Días antes se había detenido a varios de los miembros del Comité Ejecutivo del sector académico al finalizar una de las masivas manifestaciones en apoyo al STUNAM. Asimismo, se había rescindido a todos los miembros del Comité Ejecutivo.
En lo que respecta a la situación de la contratación colectiva única no se consiguió, y únicamente se logró el reconocimiento del STUNAM como Sindicato de Institución y el que se subrogaran los derechos del Contrato Colectivo de Trabajo del STEUNAM al STUNAM. Así se estableció en el Convenio que firmaron las autoridades universitarias y el STUNAM. La huelga se levantó el 10 de julio.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU, antes FASTSUIERM) llevó a cabo su V Congreso Nacional Ordinario los días 10 al 12 de febrero: allí se acordó iniciar los pasos para construir un sindicato nacional, y que se peleara por tener contratos colectivos en donde no lo hubiera e impulsar la creación de sindicatos únicos en donde no los hubiera.
En el mes de febrero de 1979 se celebró el VI Congreso Nacional Ordinario de la FSTU, en donde se discutieron las propuestas que existían hasta ese momento sobre legislación laboral y que afectaban a los trabajadores del sector.
Los días 13 y 14 de julio se reunió la Comisión Organizadora del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios, que se había formado en el anterior Congreso. Ahí los integrantes de veinte sindicatos universitarios acordaron que en un plazo de 90 días realizarían la asamblea constitutiva.
En esas fechas, los rectores de las universidades agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desencadenaron una campaña en contra de la formación de la organización nacional.
Todavía hubo un intento de crear confusión entre los trabajadores y la opinión pública; un grupo de “charros” también convocaron a la formación del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios con un pequeño grupo de sindicatos con líderes “charros”.
Finalmente, el 10 de octubre el Presidente José López Portillo envió un proyecto de ley al Congreso de la Unión, en la que proponía añadir una fracción al Artículo 3º Constitucional relativa a la Autonomía Universitaria en México. Se trataba de adelantarse al proyecto sindical.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitario
Por fin, el 12 de octubre de 1979, en el Gimnasio Juan de la Barrera, se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitario (SUNTU), con los integrantes de 33 sindicatos de trabajadores universitarios del país. Allí se acordó solicitar el registro a las autoridades laborales.
El 13 de diciembre, al discutirse en la Cámara de Senadores, es modificada nuevamente por lo que quedó establecido de la siguiente manera:
“VIII.- Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas: determinará sus planes y programas: fijarán los términos de ingreso y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio.- El ejercicio de los derechos laborales tanto del personal administrativo como académico se realizarán de acuerdo con las modalidades necesarias para hacerlo compatible con la autonomía y con la libertad de cátedra e investigación”. (A pesar de que ese había sido el acuerdo fue sino hasta el 3 de marzo de 1993, con Salinas de Gortari, cuando se publicó y entró en vigor).
En esa ocasión quedó pendiente la definición de lo referente a las relaciones laborales y se negó el registro al SUNTU, argumentando que no estaba establecido el marco legal respectivo.
En enero de 1980, la Secretaría del Trabajo le negó el registro al SUNTU. Por lo que los días 2 y 3 de febrero se realizó el I Congreso General Extraordinario del sindicato único, en el que se discutió la táctica a seguir por esa negativa. Incluso la posibilidad de solicitar su inclusión al Congreso del Trabajo.
El 9 de junio siguiente el Congreso de la Unión aprobó la reforma al Artículo 3º Constitucional en su fracción octava, y la reforma del Artículo 123 en la que se estableció la inclusión de los trabajadores universitarios en el Apartado “A” y en la Ley Federal del Trabajo.
El 21 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por López Portillo luego de que por primera vez se reformara una iniciativa presidencial, después de una agitada discusión.
Más adelante, el 20 de octubre, nuevamente en el Diario Oficial de la Federación se publicó el "Capítulo XVII del Título Sexto" de la Ley Federal del Trabajo, con las reformas finales después de varias discusiones.
Otorgamiento del registro sindical al STUNAM
Las reformas a la Ley permitieron que los sindicatos de las universidades autónomas pudieran tener la contratación colectiva para los dos sectores: académicos y administrativos. Esto llevó a que para determinar quién sería el titular del Contrato Colectivo del Personal Académico en la UNAM, se realizara un recuento entre el STUNAM y las AAPAUNAM, dando como resultado final 6572 y 8572, respectivamente.
Los días 13 y 14 de junio de 1981, tuvo lugar el I Congreso Nacional Ordinario del SUNTU, que se transformó en Asamblea Constitutiva de la Federación Sindical Unitaria Nacional de Trabajadores Universitarios (FESUNTU). Ahí se informó que 25 de las secciones ya habían obtenido su registro y 22 de ellas eran las titulares de contratos colectivos de trabajo.
Se llevó a cabo el IV Congreso General Ordinario del STUNAM durante los días 6 al 8 de agosto de 1982. Se acordó incrementar el número de carteras del Comité Ejecutivo de 13 a 17.
El 2 de septiembre de 1981 se otorgó el registro sindical número 4962 a la FESUNTU, por parte de la Secretaría del Trabajo.
Se realizó el III Congreso General Extraordinario del STUNAM los días 4 al 6 de marzo de 1983. Los días 22 al 24 de abril se desarrolló el I Congreso Nacional Ordinario de la FESUNTU.
V Congreso General Ordinario del STUNAM, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1983; se discutió ampliamente el ingreso al Congreso del Trabajo.
Huelga en 1988
El 1º de noviembre de 1988, se inició un movimiento de huelga en demanda de un incremento salarial del 50%. Solo se logró un aumento de 10%, que fue lo que desde un inicio se ofreció por parte de las autoridades universitarias. La huelga tuvo una duración de treinta y tres días.
Surgimiento de la FNSU
El 22 de enero de 1995 se tomó la decisión de transformar a la FESUNTU en Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU)
En abril de 1997 hubo elecciones en el STUNAM con el triunfo para Agustín Rodríguez Fuentes como Secretario General.
La FASUES
En junio de 1998, se reunieron las tres organizaciones nacionales existentes: la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios (CNSUES) y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y formaron el Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior (FASUES), que agrupa en total a 155 mil trabajadores de las universidades del país, para luchar por la defensa de todo lo concerniente a la Educación Media Superior y Superior del país; demandaban el derecho a ser escuchados y atendidos en la toma de decisiones y rechazaban todo intento de mutilación o modificación que tenga como finalidad atentar contra los derechos sociales de los trabajadores universitarios.
En la situación actual en que el gobierno federal por medio del Secretario del Trabajo, que intentaba colocarse como aspirante a la presidencia de la república, hace méritos ante los empresarios, por medio de la “Reforma Laboral” que va en contra de las conquistas ganadas por la clase obrera a partir de la Revolución Mexicana. Contra eso, el STUNAM tiene ante sí una tarea de defender las conquistas logradas a lo largo de más de ochenta años de lucha sindical.
La intención de la supuesta reforma es la de eliminar los avances reduciendo los derechos conseguidos incluso con sangre, persecuciones, aprehensiones, desapariciones, rompimiento de huelgas, desconocimiento de comités ejecutivos, negando la toma de nota de las mesas directivas legalmente electas, de los sindicatos que le son incómodos. Se apoya en cambio a organizaciones charras, como el sindicato petrolero o al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, otorgándoles todo lo que piden así sea sangrando los presupuestos que les corresponden a otros sectores sociales.
Como resultado de esa política, el STUNAM ya está tomando previsiones y ahora se aseguró que se le otorgara la “toma de nota”, como se le conoce al reconocimiento que hace la Secretaría del Trabajo a través de su Dirección de Registro de Asociaciones cuando se realizan elecciones en los sindicatos.
Lo anterior era una práctica común del Partido Revolucionario Institucional cuando era gobierno y que en la situación actual ha sido retomada por el Partido Acción Nacional, para agredir y desconocer a quien quiere, como han sido los casos de los mineros y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Existen, en cambio, cientos de sindicatos que no realizan asambleas ni elecciones (y si lo hacen es en forma disfrazada), no se conocen sus finanzas tampoco respetar sus estatutos.
La reforma laboral del gobierno pretende generalizar ese tipo de condiciones, siempre en beneficio de los patrones, que ellos decidan qué y cómo serán los contratos, los horarios, sin prestaciones, trabajo por hora y según él que agradezcan por tener un trabajo. Esa es la “reforma laboral” que pretende imponer el gobierno a través de su testaferro y recortar o eliminar a los contratos colectivos de trabajo y a las condiciones de trabajo de todo tipo.
Por todo lo anterior, el STUNAM debe fortalecerse por medio de la concientización de sus agremiados y reforzando sus acciones en pro de los trabajadores administrativos y reiniciar una campaña de afiliación entre el personal académico que lo lleve a pelear por la titularidad del Contrato Colectivo de ese sector, que a decir del abogado Néstor de Buen es el único Contrato que no tiene contenida la materia de trabajo.
El STUNAM debe afianzar su posición como parte de la comunidad universitaria y hacer propuestas que redunden en la democratización de la UNAM.
*Licenciado en Sociología, Director del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU) del STUNAM.

References: artículo 8
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 artículo 237
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 artículo 13
 Artículo 123
 artículo 55
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