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Timestamp: 2014-04-16 16:39:31+00:00

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Número 6 - Septiembre 2005
Depósito Legal: AS-2115-99 ISSN: 1576-4729
Electronic Journal of Constitutional History
Number 6 - September 2005
Copyright: AS-2115-99 ISSN: 1576-4729 NACIONALIDAD Y CIUDADAN�A: UNA APROXIMACI�N HIST�RICO-FUNCIONAL
Dr. Benito Al�ez Corral
I. Necesidad jurídico-funcional de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía
II. Nacionalidad y ciudadanía: la dialéctica funcional exclusión/inclusión.
1. Ciudadanía y nacionalidad en los ordenamientos preestatales
1.1. El nacimiento de la ciudadanía en la Grecia clásica
1.2. La ampliación de la ciudadanía y el establecimiento de las bases jurídicas de la nacionalidad en el mundo romano.
2. La cuasi-desaparición de la ciudadanía y la emergencia de la moderna nacionalidad con el nacimiento del Estado-nación.
2.1 La transformación de la ciudadanía en sujeción.
2.2 El establecimiento de las bases políticas de la nacionalidad.
3. Las revoluciones liberal-democráticas: de la diferenciación funcional a la confusión entre nacionalidad y ciudadanía.
3.1 La diferenciación funcional entre nacionalidad y ciudadanía. 3.2 La vinculación entre nacionalidad y ciudadanía: los círculos concéntricos. 3.3 La ethno-culturalización de la nacionalidad y la ciudadanía.
a) La etno-culturización de la nacionalidad en el constitucionalismo español del XIX.
b) La nacionalización de la ciudadanía en el constitucionalismo español del XIX.
4. Nacionalidad y ciudadanía en el proceso de socialización y democratización del Estado constitucional. 4.1 Mantenimiento de cierta vinculación formal pero renacimiento de la distinción funcional entre nacionalidad y ciudadanía.
4.2 Vinculación y diferenciación de la nacionalidad y la ciudadanía en el constitucionalismo español del siglo XX.
a) El tránsito hacia una concepción más universalista de la nacionalidad.
b) Hacia una más precisa ampliación material y personal de la ciudadanía
I. NECESIDAD JUR�DICO-FUNCIONAL DE LOS CONCEPTOS DE
El an�lisis de la relaci�n existente hoy en d�a entre dos
instituciones jur�dicas como la nacionalidad y la ciudadan�a exige
historiografiar ambos conceptos -y no tanto las expresiones ling��sticas
que los designan, no siempre coincidentes con un solo significado- [1]
a la luz de la funci�n jur�dica que los mismos puedan haber desempe�ado
hasta su plena integraci�n y democratizaci�n en el Estado constitucional,
obviando otras perspectivas del an�lisis por importantes que puedan ser.
Para ello, se abordar�n las expresiones en las que se plasman los
conceptos de nacionalidad y ciudadan�a (lenguaje objeto) con un marco
ling��stico-conceptual (metalenguaje) [2]
que los ponga en contacto a trav�s de su funci�n jur�dica, con
independencia de que el sistema jur�dico a�n no estuviese suficientemente
diferenciado. Y se har� tanto en Esta breve explicaci�n metodol�gica
resulta especialmente importante para entender por qu� en la actualidad
los conceptos se corresponden, por lo menos en algunos ordenamientos
jur�dicos como el nuestro, con dos expresiones ling��sticas diferenciadas,
lo que no ha sido siempre as�, desde un punto de vista hist�rico, y
explica la confusi�n terminol�gica que a�n persiste en otros sistemas
jur�dicos. As�, mientras en algunos ordenamientos como el alem�n y el
espa�ol es m�s com�n manejar el t�rmino nacionalidad (Staatsangeh�rigkeit)
y que el de ciudadan�a (Staatsb�rgerschaft) no aparezca o lo haga
de una forma parcialmente sin�nima, en otros por el contrario, como el
franc�s, el italiano, el ingl�s o el norteamericano, la tendencia es
justamente la opuesta a precluir el t�rmino nationality/nationalite/nazionalit�
y a que el t�rmino citoyennete/cittadinanza/citizenship absorba el
significado de ambas categor�as.
Antes de aproximarnos a la historia jur�dico-funcional
de ambos institutos es necesario, con car�cter previo, fundamentar su
necesidad jur�dica. Sin duda que para realizar este an�lisis se ha de
partir de unos conceptos previos de lo que puedan ser una y otra, que nos
permitan reconstruir anal�tica y cr�ticamente tanto las diversas
concepciones que se ha tenido de ellas a lo largo de la historia, como
despu�s, a la luz de un concepto constitucionalmente adecuado, el
tratamiento normativo que tienen en los textos constitucionales
contempor�neos, y en particular en nuestra Constituci�n de 1978. Pero no
es menos cierto que tambi�n es necesario, como parte del proceso
discursivo de reconstrucci�n te�rico-funcional de ambas categor�as,
plantearse la posibilidad de su inexistencia en el sistema jur�dico. En
este sentido, ya Hans Kelsen [3],
desde una concepci�n espacio-temporalmente unitaria del derecho, lleg� a
la conclusi�n de que el ordenamiento jur�dico constituye una unidad
(preferentemente a partir de la supremac�a del derecho internacional), y
se construye �nicamente a partir de s�bditos por lo que, en pura teor�a,
no necesitar�a ni nacionales ni ciudadanos. Desde esta perspectiva, la nacionalidad
y la ciudadan�a ser�an institutos jur�dicos meramente contingentes, y su
presencia en el ordenamiento jur�dico depender�a exclusivamente de la
voluntad del legislador. En el caso de la nacionalidad su existencia
depender� de que la unidad del ordenamiento no se construya sobre la base
del derecho internacional, sino sobre la base del derecho constitucional
de cada Estado que delimita su �mbito personal de aplicaci�n permanente en
atenci�n a sus previsiones de eficacia general; mientras que, por su
parte, la existencia de la ciudadan�a depender� de que cada concreto
ordenamiento estatal reconozca un cierto acervo participativo en el
ejercicio del poder pol�tico a todos o a parte de sus s�bditos.
Ciertamente, la progresiva unificaci�n de los ordenamientos territoriales
tiende a restar funcionalidad a las categor�as de la nacionalidad y la
ciudadan�a, que s�lo tiene sentido en relaci�n con un Estado soberano,
due�o de la competencia sobre las competencias. En efecto, los procesos de
integraci�n pol�tica supraestatal tienden a restar trascendencia
jur�dico-constitucional a la nacionalidad y la ciudadan�a estatal previas,
que, como consecuencia del proceso de asimilaci�n e igualaci�n en derechos
y deberes, derivado de la integraci�n pol�tica y la creaci�n de una
nacionalidad o ciudadan�a superior (federal), quedan reducidas a meras
diferenciaciones administrativas sin mayor trascendencia sobre el destino
de la comunidad pol�tica supraestatal. Si el fen�meno se extendiese hasta
la creaci�n de una gran federaci�n planetaria, un gran Estado mundial que
poseyese la competencia de las competencias y sobre cuyas normas supremas
descansase la validez del resto de subordenamientos estatales, la
nacionalidad y la ciudadan�a de cada Estado perder�an su importancia jur�dica
por su desvinculaci�n de una soberan�a democr�tica que ahora residir�a en
esa gran federaci�n y por tanto, pasar�a a ser definible solo a trav�s del
ejercicio de los derechos que componen esa ciudadan�a cosmopolita. Con todo, la insuperable dificultad, aun hoy existente,
de fundar la unidad del ordenamiento en la supremac�a del derecho
internacional, y la correlativa necesidad de que dicha unidad tenga que
sustentarse en ordenamientos estatales o supraestatales como el de la Uni�n Europea [4],
circunscritos a una determinada comunidad humana, conduce a que el
instituto de la nacionalidad se haga necesario desde la perspectiva de la
coexistencia de los diversos ordenamientos estatales [5].
Parece dif�cil imaginar, por razones meramente f�cticas, que un ordenamiento
jur�dico tenga la pretensi�n de ser aplicable a todo sujeto y en todo
lugar, y mucho menos que pueda llegar a ser m�nimamente eficaz urbi et
orbe. Lo habitual es que el ordenamiento cree un �mbito personal de
aplicaci�n permanente (aunque no sea el �nico) en el que concentrar la
eficacia de sus normas que coincida con la poblaci�n que m�s contacto
posee con un territorio sobre el que ejerce eficazmente el poder p�blico
(siguiendo la teor�a de los tres elementos del Estado de Georg Jellinek) [6].
Precisamente ese v�nculo que define cu�l es el Pueblo de un Estado, sobre
el que se aplica la protecci�n diplom�tica en el derecho internacional
p�blico, y que determina la aplicaci�n personal y no solo territorial del
ordenamiento jur�dico �especialmente en el derecho internacional privado,
pero tambi�n en el derecho fiscal, o en excepcionalmente en el derecho
penal-, ser� lo que se denomine nacionalidad [7],
y hace que esta instituci�n jur�dica sea por el momento necesaria desde el
mero punto de vista de la funcionalidad del sistema jur�dico.
Por otro lado, la capacidad de participaci�n del
individuo como miembro de pleno derecho de la comunidad estatal a la que
est� sometido, esto es la ciudadan�a [8],
ha ido recuperando en este proceso hist�rico su autonom�a respecto de la
nacionalidad, a la que aparece unida desde las revoluciones liberal
democr�ticas para representar el punto de encuentro entre el ejercicio del
poder por el individuo y la atribuci�n de la soberan�a a un sujeto
colectivo [9].
Desde el momento en el que para la legitimidad democr�tica del
ordenamiento jur�dico, se hace necesario que los s�bditos se conviertan en
�soberanos� [10],
la ciudadan�a pasa a ser el instituto jur�dico imprescindible que recoge
las condiciones subjetivas necesarias para esa conversi�n, as� como el haz
de derechos en los que se ha de plasmar la participaci�n en el ejercicio
del poder de una comunidad.
De todo ello se deduce que, se les atribuya uno u otro
significado, la nacionalidad y la ciudadan�a son hoy por hoy �mientras no
exista un �nico ordenamiento global en todo nuestro planeta- instituciones
jur�dico-funcionalmente necesarias, a las que procede dar un sentido
constitucional adecuado a la estructura democr�tica de nuestro Estado.
Adem�s, como se ver� seguidamente, se trata de dos categor�as cuyo
mantenimiento pasa por adecuar su formal vinculaci�n hist�rica como
categor�as del Estado liberal-democr�tico, y su diferente especializaci�n
jur�dico-funcional, a las estructuras b�sicas de un sistema jur�dico
democr�tico plenamente diferenciado como subsistema social. Con ello no se
quiere decir que la nacionalidad y la ciudadan�a solo tengan sentido all�
donde existe un ordenamiento jur�dico estatal plenamente positivizado y
autorreferente, ni siquiera donde exista un Estado moderno [11].
Todos los ordenamientos jur�dicos necesitan un sustrato personal, m�s o
menos estable y permanente, sobre el que verter su aplicaci�n, y todos
articulan una integraci�n m�s o menos intensa de los individuos en la
comunidad pol�tica. Pero solo desde el momento en que ese proceso de
diferenciaci�n funcional del ordenamiento jur�dico estatal se acelera
vertiginosamente �lo que ocurre con el advenimiento del Estado
liberal-democr�tico moderno y, particularmente, en ordenamientos y
sociedades altamente complejos como los actuales- [12]
la nacionalidad y la ciudadan�a despliegan su funcionalidad jur�dica de
forma n�tida y diferenciada. Y ello es lo que hace necesario el an�lisis
hist�rico que permita deslindar el origen funcional de uno y otro
instituto y ver las diferencias que a ese respecto ha marcado la evoluci�n
hist�rica del ordenamiento. No se trata de un an�lisis hist�rico-funcional
exhaustivo de uno y otro instituto, sino simplemente de centrar la
atenci�n en la funci�n que uno y otro han ido desempe�ando a lo largo de
la evoluci�n de los ordenamientos jur�dicos para entender mejor la funci�n
que han de desempe�ar hoy en d�a en ordenamientos jur�dico-positivos
plenamente diferenciados y democratizados. Para realizar dicho an�lisis,
se partir� de los ordenamientos preestatales, y en particular de los
grecolatinos cl�sicos en los que se gesta la noci�n de ciudadan�a, y se
llegar� hasta los ordenamientos constitucional-democr�ticos
contempor�neos, pasando por el nacimiento del Estado-naci�n y los
movimientos revolucionarios liberal-democr�tico como hitos especiales en
la formaci�n de la nacionalidad y la ciudadan�a modernas. Y todo ello se har�
con una atenci�n especial a la plasmaci�n que de una y otra categor�a han
hecho los textos de� nuestro constitucionalismo hist�rico.
II. NACIONALIDAD Y CIUDADAN�A: LA DIAL�CTICA FUNCIONAL EXCLUSI�N / INCLUSI�N En contra� de lo que se ha sostenido habitualmente, la
evoluci�n hist�rica de la nacionalidad y la ciudadan�a nos demuestra que
no ha existido un n�tido y est�tico reparto de funciones entre una y otra,
particularmente, que la ciudadan�a no� siempre ha sido una categor�a
incluyente y la nacionalidad excluyente, como lo son hoy en d�a [13].
Ciertamente, esas son las funciones en las que se han ido especializando
estos dos institutos en el ordenamiento jur�dico moderno. Pero no lo es
menos que los avatares hist�ricos han deparado un intercambio de papeles
contradictorio con este resultado funcional que es preciso tener en cuenta
para entender correctamente el actual reparto. El desarrollo hist�rico de
las funciones incluyente o excluyente que han desempe�ado una y otra
instituci�n ha estado marcado por el contexto social (demogr�fico,
econ�mico, pol�tico y jur�dico) en el que se han desarrollado [14],
y en el que un elemento decisivo ha sido la progresiva diferenciaci�n del
sistema jur�dico de otros subsistemas sociales y la importancia que ello
confiere a la nacionalidad y la ciudadan�a como categor�as
jur�dico-constitucionales. Se ha recorrido un largo camino en el
desarrollo hist�rico-funcional de una y otra categor�a [15]
hasta llegar a atribuir a la ciudadan�a una funci�n incluyente,
que hace de ella un instrumento que el ordenamiento constitucional
democr�tico utiliza para, a trav�s del reconocimiento de derechos y
libertades fundamentales, permitir al mayor n�mero posible de individuos
la m�xima integraci�n y participaci�n en las distintas esferas de
comunicaci�n social jur�dicamente regladas, especial aunque no
exclusivamente en la pol�tica; y hasta llegar a conferir a la nacionalidad
una funci�n excluyente dentro de un mundo a�n segmentado en Estados
nacionales, que permite al ordenamiento jur�dico distinguir un conjunto de
s�bditos por su m�s intensa, estable y permanente sujeci�n, a los que,
merced a su vinculaci�n con la ciudadan�a, les atribuye el n�cleo esencial
pol�tico-participativo de �sta. Un tracto hist�rico jur�dico que es el
espejo del tr�nsito de unos ordenamientos preestatales muy poco
diferenciados tanto externa como internamente, en los que la posici�n del
individuo viene determinada por circunstancias socio-econ�micas distintas
de su condici�n pol�tica de nacional o extranjero, hacia unos
ordenamientos estatales modernos desarrollados en torno a la
diferenciaci�n externa primero (con la nacionalidad) e interna despu�s
(con la ciudadan�a), lo que explica la relevancia que pasa a tener la
condici�n de nacional y de ciudadano, frente al extranjero y al no
Ciertamente, a diferencia de la nacionalidad, el
instituto de la ciudadan�a, con origen grecolatino [16],
se concibe primero como un v�nculo filos�fico-espiritual y despu�s legal
de pertenencia a una determinada cultura pol�tica, propia de una comunidad
humana. En efecto, la pertenencia tanto a la polis griega como a la
civitas romana se caracterizaba en buena medida, como se ver�
despu�s, por la atribuci�n a ciertas clases de individuos de la plena
capacidad de participaci�n en la comunidad pol�tica, con independencia de
su concreta identidad cultural [17].
Las exigencias democr�ticas modernas de libertad, igualdad y pluralismo
estaban ausentes de la definici�n del status de ciudadano [18],
del que quedaban excluidos, dada la preordenaci�n natural o teol�gica de
la sociedad, amplios colectivos humanos por raz�n de sexo, raza o
pertenencia a otra comunidad pol�tica [19].
Sin embargo, algunos elementos definitorios de aquella hist�rica
configuraci�n del instituto de la ciudadan�a siguen teniendo plena
aplicabilidad en los procesos actuales derivados de la globalizaci�n y de
los movimientos migratorios. As�, al igual que en la Grecia cl�sica la ciudadan�a expresaba la capacidad de participaci�n pol�tica del individuo
en el gobierno de la comunidad, el n�cleo esencial de la ciudadan�a
moderna sigue vinculado a esa participaci�n pol�tica, aunque sus
presupuestos y su contexto sean radicalmente diferentes y se extienda
tambi�n a la capacidad de actuaci�n en diversas situaciones sociales. De
igual modo que en el per�odo latino la ciudadan�a sufri� un proceso de
formalizaci�n que sirvi� para crear un v�nculo jur�dico de pertenencia a
la comunidad pol�tica en beneficio de individuos que resid�an m�s all� de
la urbe, esto es, constituy� la expresi�n jur�dica de un movimiento
centr�fugo de extensi�n de las fronteras de la cultura pol�tica m�s all�
de Roma, la moderna relaci�n entre el individuo y el Estado, se ha
construido tambi�n hoy a partir del v�nculo jur�dico formal de la
nacionalidad y del v�nculo jur�dico-pol�tico de la ciudadan�a que, al
contrario que en el mundo latino cl�sico, tienden a convertirse en la
expresi�n de un movimiento centr�peto integrador de los inmigrantes
extranjeros en la cultura pol�tica de cada Estado.
Con todo, como se ver� seguidamente, una y otra
categor�a nacieron con una preponderante funci�n pol�tica, opuesta a la
funci�n jur�dica que tienen atribuida en la actualidad. As�, por ejemplo,
la ciudadan�a nace con una funci�n pol�tica excluyente [20],
justo lo contrario de la funci�n jur�dica incluyente que desempe�a en la
actualidad, mientras que el primer antecedente funcional de la
nacionalidad (la ciudadan�a romana) pretend�a la inclusi�n, con
finalidades pol�tico-econ�micas, del m�ximo n�mero de individuos sometidos
al ordenamiento romano mediante la extensi�n y desnaturalizaci�n de la
ciudadan�a romana, lo que se encuentra en abierta contraposici�n a la funci�n
jur�dica excluyente que desempe�a la nacionalidad moderna. La funci�n
excluyente de la ciudadan�a e incluyente de la nacionalidad responde al
an�lisis de ambos institutos como instrumentos al servicio del sistema
pol�tico, lo que hist�ricamente coincide con las fases de una menor
diferenciaci�n funcional del sistema jur�dico y una menor autonom�a de
�ste respecto de la pol�tica o de la moral. Por el contrario, la
atribuci�n a la ciudadan�a de una funci�n incluyente y a la nacionalidad
de una funci�n excluyente responde a su comprensi�n como categor�as
jur�dicas, lo que hist�ricamente se corresponde con una etapa en la que la
diferenciaci�n del sistema jur�dico y su especializaci�n funcional camina
hacia su plenitud en los Estados occidentales. En este sentido, es f�cil
entender por qu� en momentos hist�ricos -como los correspondientes a la
denominada etapa preestatal- en los que la validez del derecho positivo
ven�a condicionada por elementos externos de naturaleza religiosa y
moral-, la ciudadan�a y la nacionalidad (se conociesen o no con estos
precisos t�rminos) desempe�aban aquella funci�n pol�tica o moral. De igual
modo, es tambi�n comprensible que en momentos como los actuales, de un
alto grado de especializaci�n y diferenciaci�n funcional del sistema
jur�dico, en los que �ste trata de autonomizarse de cualesquiera otros
sistemas de su entorno, incluido el pol�tico, los institutos de la
nacionalidad y la ciudadan�a cobren una funci�n jur�dica propia, y las
funciones pol�ticas sean accesorias, cuando no distorsionadoras [21].
Pero veamos esta evoluci�n hist�rico-funcional [22]
con un poco m�s de detalle, deteni�ndonos especialmente en los textos de
nuestro constitucionalismo anterior a la vigente Constituci�n espa�ola de
1. Ciudadan�a y nacionalidad en los
ordenamientos preestatales 1.1. El nacimiento de la ciudadan�a
en la Grecia cl�sica Si se hace abstracci�n de las radicales diferencias
existentes entre el mundo griego cl�sico y el mundo del Estado moderno en
lo que se refiere la concepci�n de la sociedad y de la comunidad pol�tica,
resulta f�cil comprobar c�mo la ciudadan�a constituye en la Grecia cl�sica la v�a para la participaci�n del individuo en la comunidad pol�tica [23].
S�lo son acreedores de ella aquellos individuos virtuosos, que por sus
cualidades y posici�n social (de superioridad e independencia econ�mica)
se hallan en disposici�n de participar directamente en la gesti�n de los
asuntos p�blicos [24].
Dado que la teor�a pol�tica del momento no concibe la preexistencia de una
libertad e igualdad naturales a todos los hombres (libertad de los
modernos), sino que, muy al contrario, concibe la posesi�n de libertad
como una virtud que convierte al individuo en un instrumento para la
realizaci�n de un determinado orden social predeterminado moralmente, no
cabe considerar a la ciudadan�a como un mecanismo de inclusi�n pol�tica o
social de las personas, que s�lo pueden ser libres para participar en la
medida en que sus capacidades naturales les hagan dignos de semejante
virtud. La ciudadan�a aparece, as�, como un instrumento pol�tico de
exclusi�n social que permite diferenciar a aquellos sujetos, los
ciudadanos, cuya funci�n pol�tica es la de participar en la definici�n de
la voluntad de la comunidad pol�tica, de aquellos otros individuos
(esclavos, mujeres, ni�os, sirvientes dom�sticos, trabajadores manuales,
extranjeros, etc�) [25],
que desempe�an funciones socio-econ�micas (productivas, educativas, etc�)
en la comunidad y por ello se ven excluidos de la virtud c�vica. En otras
palabras: unos individuos eran sujetos pol�ticos (ciudadanos), mientras
otros eran meramente sujetos econ�micos, reproductivos o educativos. Y
ello con independencia de si el resultado de dicha participaci�n terminaba
siendo la satisfacci�n del bien com�n, como era moralmente debido, o la
�inmoral� satisfacci�n del inter�s particular de los participantes; con
independencia de si participaba la mayor�a, una minor�a aristocr�tica o
uno solo; esto es, con independencia del concreto r�gimen adoptado, que
cobra su sentido como consecuencia de la identificaci�n entre ciudadan�a y
participaci�n en el gobierno de la polis que realiza la Constituci�n de cada ciudad-estado, al definir la mayor o menor extensi�n personal de la
cualidad de ciudadano [26]. Esta concepci�n de la ciudadan�a y su naturaleza
eminentemente excluyente [27],
tanto hacia dentro (respecto de los individuos de la comunidad que no eran
ciudadanos) como hacia fuera (respecto de otras ciudades-Estado), se
deriva, precisamente, de la peculiar concepci�n del individuo y de la
sociedad que tiene la teor�a filos�fico-pol�tica preestatal. Aunque no se
est� lugar adecuado para un desarrollo detallado de dicha teor�a, baste
ahora mencionar c�mo la comunidad pol�tica se concibe como algo natural
del mismo modo que lo es la divisi�n funcional y jer�rquica de la
sociedad. Las diferencias naturales existentes entre los individuos
justificaban las distintas funciones sociales que unos y otros hab�an de
desempe�ar. La ciudadan�a ven�a a ser la� categor�a pol�tica que
certificaba la existencia de ese orden natural y su razonabilidad
filos�fica, incluyendo en �l a aquellos individuos dotados de la capacidad
para gobernar la comunidad, por lo que se convert�an en ciudadanos, y
excluyendo -lo que es m�s importante- aquellos otros, metecos e idiotes,
carentes de aqu�lla y sin derecho a conseguirla [28].
Esta primera formulaci�n excluyente de la ciudadan�a respond�a, as�, a la
funci�n de diferenciaci�n por nacimiento que aporta hoy el instituto de la
nacionalidad entre nacionales y extranjeros, pues a estos �ltimos se los
considera tambi�n ajenos a la comunidad pol�tica [29].
Ciertamente, en sus or�genes, que se pueden datar en la
reforma pol�tica llevada a cabo por Cl�stenes en la segunda mitad del
siglo VI a.C., la ciudadan�a sirvi� para una cierta desetnificaci�n de la
divisi�n tribal de las peque�as ciudades-Estado atenienses, y para la
integraci�n en las nuevas unidades organizativas �deme- de los
inmigrantes residentes que no descend�an originalmente de ninguna de las
tribus preexistentes [30].
Sin embargo, el contexto social y pol�tico de la Grecia cl�sica en el que se desarrolla el nacimiento de la ciudadan�a, esto es, la
preordenaci�n natural de las comunidades pol�ticas as� como el reducido
tama�o territorial y poblacional de las ciudades-estado, explica que el principal
criterio utilizado en la construcci�n del v�nculo de la ciudadan�a despu�s
de Cl�stenes vuelva a ser el de la descendencia (ius sanguinis) y
no el consentimiento expresado con la residencia voluntaria (ius
domicilii) [31].
No bastaba, pues, la residencia, que se presupon�a para el correcto
ejercicio de los cargos p�blicos a que daba derecho la ciudadan�a, so pena
de su p�rdida. Adem�s era necesaria la adquisici�n de aquella virtud por
la descendencia de una familia de ciudadanos y la educaci�n en el seno de
los valores de �sta, que eran el reflejo de un orden natural o teol�gico,
del que el derecho consuetudinario o positivo ven�an a ser una mera
concreci�n procesal necesaria para su puesta en pr�ctica [32].
Tanto los naturales de la polis que no eran ciudadanos (mujeres,
esclavos, trabajadores manuales, ni�os, etc�), como los extranjeros,
quedaban fuera del gobierno de la comunidad pol�tica, aunque estaban
sujetos a la aplicaci�n de sus leyes escritas o no escritas [33].
Como regla general no exist�a un mecanismo ordinario de concesi�n de la
ciudadan�a a qui�n no la ten�a originariamente por nacimiento, pero
excepcionalmente a partir del siglo V a.C. se otorg� en Atenas por motivos
pol�ticos �principalmente para incrementar la poblaci�n- una ciudadan�a
honoraria o limitada en derechos a individuos aislados o a grupos
reducidos de extranjeros combatientes a favor de la polis [34].
1.2. La ampliaci�n de la ciudadan�a
y el establecimiento de las bases jur�dicas de la nacionalidad en el mundo
En un principio, la ciudadan�a romana tambi�n se
construye a partir de un conjunto variable de derechos y deberes de
participaci�n pol�tica y socio-econ�mica (ius munus et honorum, ius
sufragii, ius conubii, ius commercii o ius actionis), [35]
atribuidos como privilegio a un n�mero reducido de individuos, los
ciudadanos romanos [36].
En este sentido, la noci�n sigue desempe�ando en sus inicios una funci�n
eminentemente excluyente. El mundo romano sentar� las bases del primer
gran paso en el desarrollo del sistema jur�dico y ello ser� el origen de
la moderna distinci�n entre nacionalidad y ciudadan�a: la presencia de un
sentido d�bil y un sentido fuerte de la ciudadan�a, ya estaban impl�citas
en la noci�n aristot�lica de ciudadan�a. El sentido fuerte har�a hincapi�
en el elemento activo-participativo, en mandar; mientras que el sentido
d�bil, por su parte, en el elemento pasivo, en ser mandado. Y hacia este
�ltimo sentido es hacia el que acabar� orient�ndose la noci�n romana de
ciudadan�a como consecuencia de su progresiva extensi�n legislativa a cada
vez m�s individuos sometidos al poder de Roma [37].
En efecto, la r�pida evoluci�n del contexto
sociopol�tico (expansi�n territorial) en el que se desarrolla la
civilizaci�n romana conduce hac�a un uso pol�tico de la ciudadan�a como
mecanismo de integraci�n y asimilaci�n jur�dica de los cada vez m�s
numerosos pueblos conquistados o federados con Roma. Ello tiene el coste
de devaluar su contenido pol�tico-participativo y permitir la creaci�n
legal de diversas clases de ciudadan�a, que ser�n la antesala del
nacimiento del moderno concepto de nacionalidad por el mayor hincapi� que
terminan haciendo sobre el v�nculo jur�dico que une al individuo con el
Estado como consecuencia de su sometimiento al derecho romano [38].
Pero tambi�n, en lo que aqu� interesa, convierte a la ciudadan�a en un
instrumento jur�dico de inclusi�n m�s que de exclusi�n, aun a costa de
desvirtuar su inicial significado activo participativo y hacer de ella un
mecanismo de diferenciaci�n jur�dica de los s�bditos del Imperio Romano, pues
permite la inclusi�n dentro de su orbe jur�dico de culturas y modelos
sociales diversos, aportados por los nuevos tipos de ciudadanos. Se pasa,
as�, de una etapa inicial en la que �nicamente exist�an ciudadanos romanos
(romanii), a conceder la ciudadan�a romana a grupos de individuos
federados o aliados de Roma (latinii), e incluso a extend�rsela, a
trav�s del edicto del a�o 212 del Emperador Caracalla (Constitutio Antoniniana), a todos los s�bditos libres
del Imperio (peregrini), con excepci�n de aquellos pueblos
conquistados y sometidos a Roma que por diversas razones no ten�an
reconocido ning�n Derecho propio (dediticii) [39].
Dado que esta extensi�n masiva de la ciudadan�a en ning�n caso era plena,
sino que solamente se atribu�a a los nuevos ciudadanos una parte de su
contenido jur�dico-facultativo (el socio-econ�mico y casi nunca el
pol�tico-participativo), ello en la pr�ctica acab� por privarle casi de
significado pol�tico activo y por caracterizarla con un significado
mayoritariamente pasivo y legal [40], mucho
m�s coincidente con lo que ser� la moderna instituci�n de la nacionalidad [41].
En otras palabras, del ciudadano-gobernante del mundo griego cl�sico, se
pasa al ciudadano-s�bdito del Imperio, que ser� el elemento en el que se
apoye la filosof�a pol�tica en el nacimiento del Estado moderno para
sentar las bases pol�ticas de la nacionalidad [42].
Este significado termina por impregnar a la ciudadan�a,
d�ndole una apariencia muy distinta de la que ten�a en el mundo griego, en
el que su validez y su contenido se derivaban de los valores metapositivos
que ordenaban la sociedad y la ciudad-estado. Sin perjuicio de que el orden
jur�dico se encuentre todav�a predeterminado por la realizaci�n de valores
morales -como la justicia-, la ciudadan�a pasa ahora a ser una instituci�n
preponderantemente legal, esto es, derivada del derecho positivo romano [43],
lo que pone de relieve el valor de este primer paso en la diferenciaci�n
funcional del sistema jur�dico. La ciudadan�a termina, as�, cumpliendo una
funci�n jur�dica de inclusi�n, distinta de la excluyente que desempe�a la
nacionalidad en Estado moderno [44],
aunque se asemeje a esta �ltima en su caracterizaci�n como v�nculo legal
formal que une a distintos pueblos con diversas costumbres y culturas bajo
el manto de un solo ordenamiento (el romano), con independencia de que su
contenido material o sustantivo pase ahora a estar formado por una
pluralidad de derechos con diversos niveles de garant�a. Nada que ver con
la tradicional vinculaci�n que se quiere ver entre el t�rmino moderno
nacionalidad y el t�rmino romano natio, descriptivo de aquellos
pueblos y tribus no organizados en comunidades pol�ticas [45].
Congruentemente con el proceso aludido, los mecanismos
de atribuci�n de la ciudadan�a cambian con respecto a los simples mecanismos
de la descendencia que hab�a utilizado la politeia griega. Junto al
ius sanguinis aparecen tambi�n, con cada vez mayor habitualidad, la
manumisi�n por parte de un ciudadano romano, el matrimonio, la
naturalizaci�n en compensaci�n por servicios militares prestados o la
naturalizaci�n en masa concedida por Edicto imperial [46].
Y en un per�odo tan largo de tiempo como el de la civilizaci�n romana, con
movimientos pol�ticos de progresiva extensi�n de la ciudadan�a a grupos
ingentes de s�bditos del Imperio romano, se pasa de que la descendencia de
padres ciudadanos sea el criterio cuantitativamente principal en la
atribuci�n de la ciudadan�a, a que lo sean los criterios de adquisici�n
derivativa de la ciudadan�a, especialmente los dos �ltimos, con la
consiguiente desnaturalizaci�n de �sta como instituci�n
pol�tico-participativa y su correlativa aproximaci�n funcional a la
moderna nacionalidad, al determinar el �mbito personal de aplicaci�n de un
extenso ordenamiento jur�dico romano.
2. La cuasi-desaparici�n de la ciudadan�a y la
emergencia de la moderna nacionalidad con el nacimiento del Estado-naci�n.
2.1. La transformaci�n de la
ciudadan�a en sujeci�n
La atomizaci�n del poder pol�tico y el retroceso en el
proceso de diferenciaci�n del sistema jur�dico alcanzado por el derecho
romano se dejan notar en la configuraci�n de la nacionalidad y la
ciudadan�a durante la Edad Media y el Renacimiento. Las� caracter�sticas
sociales y econ�micas que contextualizan la organizaci�n pol�tica y
jur�dica medieval condicionan el sentido del t�rmino ciudadano,
universalizado en su orbe territorial por el imperio romano. La
sustituci�n de las recompensas pol�ticas y econ�micas (materiales) por
recompensas espirituales que propugna el cristianismo [47]
priva a la ciudadan�a de los dos elementos que la hab�an caracterizado en
el per�odo grecolatino: su car�cter de privilegio pol�tico participativo
excluyente durante la civilizaci�n griega, y su car�cter de status
legal pasivo incluyente al final de la civilizaci�n romana. Este per�odo medieval se caracteriza tambi�n por un
culto hacia la vida contemplativa en detrimento de la actividad [48],
destinada s�lo a aqu�llas fuerzas productivas motor econ�mico de la
sociedad, pero no a la formaci�n cultural o la erudici�n de aqu�llos que
debieran participar en el gobierno de la comunidad. Ello explica que la
ciudadan�a, cuando no se utiliza como t�rmino descriptivo del conjunto de
personas que habitan las incipientes ciudades (B�rger, civis,
etc�), se perfile como un t�rmino pol�tico (pocas veces o nunca se utiliza
como un concepto jur�dico diferenciado al modo y manera del derecho
romano), m�s sin�nimo de s�bdito que de individuo gobernante [49].
En otras palabras, la ciudadan�a se decanta a�n m�s hacia su sentido d�bil
aristot�lico, haciendo hincapi� en el elemento de sujeci�n pol�tica a un
se�or feudal o a un Monarca [50],
y no en el elemento pol�tico-participativo [51].
Con ello, se sientan las bases pol�ticas del moderno concepto de
nacionalidad subsiguiente a la concentraci�n del poder pol�tico en manos
de monarca -en detrimento de los se�ores feudales o de la Iglesia-, esto es, con el nacimiento del moderno Estado-naci�n.
En contraposici�n al mundo grecolatino el ciudadano en
el medioevo lo es m�s por lo que consigue (seguridad a cambio de su
sujeci�n), que por lo que hace [52].
El car�cter pol�tico cl�sico de la ciudadan�a deja paso a un contenido
eminentemente socio-econ�mico en el que al habitante de la ciudad se le
otorgan una serie de privilegios econ�micos y sociales [53].
En otras palabras, la ciudadan�a se convierte en mera sujeci�n porque
describe fundamentalmente los beneficios econ�micos y sociales, pero no
pol�ticos [54],
que se derivan de habitar permanentemente un determinado territorio y, con
ello, estar sometido a una determinada jurisdicci�n local, lo que explica
que se excluya a los extranjeros no naturalizados del acceso a las
magistraturas locales de las ciudades medievales, pero no de los m�s altos
cargos p�blicos de los incipientes reinos [55].
Pero si algo caracteriza la posici�n del individuo en el medioevo es su
atomizaci�n en correspondencia con la atomizaci�n del poder pol�tico, de
modo que ser ciudadano deja de conferir al hombre libre un status
filos�fico-pol�tico general, como en el per�odo grecolatino, y �nicamente
caracteriza algunas de sus relaciones sociales: las de habitante de la
ciudad (civis) o la de s�bdito del reino (subditus), que
coexisten y no absorben a muchas otras como las de fiel (fidelis) o
persona (homo) [56],
esta �ltima, sobre todo, en la etapa bajo medieval y renacentista. De ah� que las funciones que desempe�an la nacionalidad
y la ciudadan�a cambien con respecto a las que se les hab�an atribuido
hasta el momento. La ciudadan�a pr�cticamente desaparece al reducirse al
m�nimo los mecanismos de participaci�n de los hombres libres en el
gobierno de la comunidad [57],
y la misma deja de desempe�ar una funci�n pol�tica excluyente. Adem�s, como
se ver� seguidamente, bajo el manto de la categor�a de s�bdito,
considerada durante buena parte del per�odo medieval sin�nima del viejo
t�rmino romano �civis� [58],
se sientan las bases pol�ticas de la moderna nacionalidad entendida como
ciudadan�a en sentido d�bil, lo que lleva a sustituir la funci�n jur�dica
incluyente que hab�a adquirido en el Bajo Imperio Romano, por una nueva
funci�n pol�tica excluyente en el reparto de los s�bditos entre los
nacientes Estados-naci�n [59].
2.2. El establecimiento de las bases
pol�ticas de la nacionalidad
A pesar de que el Renacimiento trata de rescatar, por
lo menos parcialmente, la visi�n y el patrimonio filos�fico-cultural
grecolatino para aplicarlos sobre todo en las ciudades-Estado italianas,
lo cierto es que este per�odo de tr�nsito sirve mucho m�s a la
concentraci�n del poder en manos del monarca y la superaci�n� de la
atomizaci�n medieval mediante el nacimiento del Estado nacional, que a la
recuperaci�n de la ciudadan�a como categor�a pol�tico-participativa. A
estos efectos, resultaba mucho m�s �til el sentido d�bil de la ciudadan�a
que hab�a explotado para su expansi�n universalista el imperio romano, que
el sentido fuerte y activo de las peque�as y descentralizadas
ciudades-Estado griegas [60]. Por todo ello, el t�rmino ciudadano se ti�e cada vez
m�s del sentido que le corresponder� al concepto moderno de nacionalidad,
esto es, de ser la expresi�n del v�nculo legal que une al individuo con un
determinado poder o autoridad soberano [61],
el poder del emergente Estado-naci�n [62],
al que adem�s se reviste de la cualidad pol�tica primero, y jur�dica
despu�s, de la soberan�a [63].
La pertenencia a la comunidad pol�tica implica en el Estado absoluto
convertirse en un tipo especial de s�bdito [64],
el sujeto pasivo del poder p�blico que se beneficia del status de
protecci�n que le presta el monarca [65].
A cambio de esa protecci�n, el s�bdito presta al soberano un juramento de
lealtad perpetua del que no puede liberarse [66],
y que se transmite por el nacimiento en el territorio sobre el que ejerce
su jurisdicci�n el monarca (ius soli), pero tambi�n por la
descendencia sangu�nea de un s�bdito de aqu�l (ius sanguinis) [67],
esto es, eminentemente por �naturaleza� [68],
de ah� que se discurran casi paralelamente la conformaci�n de las Naciones
como cuerpos pol�ticos de s�bditos y, en muchos caso, el nacimiento de sus
correspondientes Estados [69]. Sin embargo, la formaci�n del Estado-naci�n a trav�s de
la concentraci�n del poder en manos del monarca y su extensi�n a los diversos
grupos humanos que pueblan un determinado territorio se diferencia
notablemente del proceso antes referido de extensi�n del poder imperial
romano, por lo menos en lo que se refiere al sentido que adquiere la
incipiente nacionalidad. De un lado, el proceso de concentraci�n del poder
tiene una trascendencia personal mayor hacia dentro del territorio del
Estado que hacia fuera (donde lo importante no es tanto afirmar el poder
sobre unos sujetos, cuando sobre un territorio) [70],
lo que explica que se utilice m�s el t�rmino s�bdito del reino (regnicole,
Untertan, subject) que el de nacional. Incluso, hacia dentro, la
igualaci�n como s�bditos permanentes que poseen los nacionales no
desplegar� todo sus efectos hasta que, con los movimientos revolucionarios
liberal-democr�ticos no se introduzca la generalidad de las leyes,
expresiva de que todos, en tanto, ciudadanos nacionales, deben estar
sometidos a unas mismas leyes. No se trata, pues, de que en el Antiguo R�gimen no se
utilizase el t�rmino nacional, o que el mismo no sirviese para distinguir
al s�bdito del reino del extranjero residente, sino s�lo que, dada la
estructura a�n estratificada y desigual formalmente de las comunidades
pol�ticas, era mucho m�s importante para el individuo, desde un punto de
vista social, estar integrado en uno de los grupos sociales estamentales
que su condici�n de extranjero o de natural (espa�ol franc�s, brit�nico,
etc�) [71]. De
otro lado, adem�s, mientras que la extensi�n del poder imperial romano
conllev� una cierta �multiculturalidad�, pues trataba de integrar bajo el
poder de Roma a pueblos y culturas muy diversas sin pretender asimilarlos
a la cultura romana -lo que explica la existencia de muy diversas f�rmulas
de ciudadan�a con contenidos facultativos muy distintos-, la extensi�n del
poder regio y su consolidaci�n durante las monarqu�as absolutas europeas
supuso, por regla general, la imposici�n, o cuando menos la preeminencia,
de una cultura -la del territorio dominante a partir del cual el monarca
lleva a cabo su expansi�n territorial- sobre las dem�s, que se ven
paulatinamente arrinconadas y en ese sentido sometidas a un proceso de
asimilaci�n cultural [72]. Y ello afecta a la funci�n de la nacionalidad y a los criterios
de atribuci�n de �sta. Ya no se puede hablar, como en el mundo griego, de
que la nacionalidad (ciudadan�a en sentido d�bil) trate de recrear el mito
de una gran familia (la de la ciudad-estado), sino que ahora quedan
patentes, tanto cuantitativamente -por la extensi�n personal y territorial
del Estado- como cualitativamente -por las diferencias culturales
existentes que tratan de ser erosionadas por la acci�n de un �nico poder
regio y de la asimilaci�n cultural que conlleva-, las dificultades para construir
ese mito de un tronco cultural com�n y la necesidad de utilizar el poder
del Estado para su imposici�n [73].
En este sentido, el principal criterio de atribuci�n de la condici�n de
nacional es el de la vecindad feudal del ius soli, que vincula al
individuo en atenci�n a su nacimiento en el territorio sobre el que el
monarca trata de consolidar el poder, aunque se ve completado por el ius
sanguinis grecolatino o incluso por el tambi�n feudal del ius
domicilii en la naturalizaci�n de los extranjeros residentes, pues es
el m�s adecuado para garantizar esa nueva funci�n pol�tica de la
nacionalidad, basada en la extensi�n personal de un poder eminentemente
territorial. Se otorga, as�, a la nacionalidad una funci�n pol�tica
excluyente, delimitativa del sustrato subjetivo del Estado-naci�n, aunque
sea mediante criterios atributivos de la condici�n de nacional lo m�s
inclusivos posible, en la creencia, adem�s, de que una Naci�n altamente
poblada era una Naci�n fuerte [74].
Con ello se ponen tambi�n de forma indirecta las bases jur�dico-pol�ticas
de la homogeneizaci�n cultural (e incluso la recreaci�n del mito de una
unidad �tnico-cultural) del pueblo del Estado [75].
Esta funci�n pol�tica delimitativa de la nacionalidad es muy semejante a
la funci�n jur�dica que desempe�a en la actualidad, tambi�n delimitativa y
segmentadora de los ordenamientos estatales. Se diferencia de su
caracterizaci�n posterior revolucionaria, no solo en los t�rminos
objetivos con los que pretende construir a la Naci�n pol�tica [76],
sino tambi�n en su falta de vinculaci�n con una ciudadan�a activa
pr�cticamente inexistente y basada en la participaci�n estamental con
cierta independencia de la nacionalidad. En efecto, la nacionalidad no se
convierte de forma absoluta en un requisito previo al ejercicio de los
pocos derechos de participaci�n estamental que reconoc�a el Antiguo
R�gimen, siendo frecuente que unos pocos extranjeros, sobre todo del
estamento de la nobleza, fuesen electores y elegibles a los parlamentos
estamentales, o que incluso fuesen encomendados por el monarca con el
ejercicio de alg�n cargo p�blico [77].
Y del mismo modo, el estatus socio-econ�mico de los individuos no ven�a
definido en los albores del siglo XIX por la nacionalidad �ni siquiera por
la prohibici�n de heredar que impon�a a los extranjeros el droit
d�aubaine-, sino por la estratificaci�n socio-econ�mica de una
poblaci�n en la que en torno al 80% de los individuos viv�an en la pobreza
y no eran propietarios, con lo que de poco les serv�a el reconocimiento de
su aptitud legal para serlo [78].
En otras palabras la ciudadan�a no constituye un privilegio del nacional
con respecto al extranjero porque el reconocimiento de derechos pol�ticos
o de derechos civiles no forma parte de �sta durante el Antiguo R�gimen,
con lo que tambi�n la mayor�a de los nacionales se ven excluidos de una
igualdad civil y pol�tica que la ciudadan�a no les garantiza [79].
liberal-democr�ticas: de la diferenciaci�n funcional a la confusi�n entre
3.1. La diferenciaci�n funcional entre nacionalidad y ciudadan�a
La transformaci�n de la sociedad medieval en una
sociedad moderna, el nacimiento de la mano del concepto de soberan�a de un
orden de poder desvinculado de las ataduras morales y religiosas de
anta�o, no trajeron consigo el cambio de una sociedad jer�rquica a una
sociedad et�rquica, ni la nacionalidad sirvi� a esa finalidad de inclusi�n
e igualaci�n social. Los diversos estratos sociales (aristocracia, clero y
estado llano) perviv�an bajo el v�nculo de la soberan�a del monarca, con
lo que segu�a estando presente el riesgo de desintegraci�n de unos grupos
humanos mucho m�s numerosos que los de las ciudades-estado griegas, puesto
que aquella concepci�n metapositiva del individuo y la sociedad ya no
vinculaba al soberano. No era suficiente la cohesi�n del corpus pol�tico
del pueblo del emergente Estado-naci�n que ven�a de la mano del proceso de
asimilaci�n cultural, al que contribu�an los criterios de atribuci�n de la
nacionalidad manejados por el Antiguo R�gimen.����������� Era precisa una
revoluci�n filos�fico-pol�tica que, sin deshacer la diferenciaci�n
funcional del poder pol�tico, pusiese coto a los efectos que tra�a consigo
su institucionalizaci�n como un poder absoluto, y que no s�lo hacen
referencia a su posible abuso e injusticia, sino tambi�n al imperialismo
cultural y social que produc�a. Como es sabido, esa revoluci�n se produjo
durante los siglos XVII a XIX de la mano del pensamiento
liberal-democr�tico [80].
En este contexto, la ciudadan�a participativa va a recuperar el protagonismo
perdido tras la ca�da del Imperio Romano y se va a especializar
funcionalmente al servicio de los fines pol�ticos que trataban de alcanzar
esos movimientos revolucionarios. Aunque en principio se distingue de la
nacionalidad, llamada equ�vocamente ciudadan�a (nacional), despu�s se
vincula a �sta hasta el punto de llegar a confundirse total o parcialmente
con aqu�lla en una sola categor�a, de id�ntico o diverso nombre seg�n las
tradiciones constitucionales. Veamos con un poco m�s de detalle c�mo sucede
esto sobre todo en la Francia revolucionaria. Las bases de esta nueva funci�n pol�tico-incluyente de
la ciudadan�a se sientan con la aparici�n de las nociones
filos�fico-pol�ticas de estado de naturaleza y de contrato social a partir
de los cuales se construye la idea de Estado y se le dota de la finalidad
de garantizar los derechos y libertades que de forma natural disfrutaban
los individuos. La igualdad natural, consustancial a esta visi�n del
individuo, era incompatible con los privilegios y jerarqu�as
sociopol�ticas del Antiguo R�gimen y su concepto de nacional, pero tambi�n
en cierta medida con la existencia de fronteras territoriales nacionales [81].
Una forma de superarlos era construir un concepto de sujeto colectivo
(Pueblo/Naci�n) [82]
que agrupase a todos aqu�llos que, por ser parte del contrato social, se
integraban plenamente en la comunidad pol�tica a la que pertenec�an
mediante la apertura a los mismos de un igual disfrute de los derechos
civiles y una potencial capacidad de participaci�n pol�tica, reservada
durante siglos a unas minor�as aristocr�ticas y eclesi�sticas [83].
La ciudadan�a va a desempe�ar, sobre todo en el pensamiento revolucionario
anglosaj�n y franc�s [84],
una funci�n incluyente como virtud c�vica que permite unir a los
individuos a trav�s del reconocimiento de unos derechos civiles y de
participaci�n pol�tica m�s all� del mero v�nculo legal de sujeci�n que
hab�a generado la nacionalidad para el Estado absoluto. El ciudadano, en
otras palabras, comienza a ser identificado con el individuo integrante de
la Naci�n o del Pueblo, y para ello tiene que ser igual a los dem�s por lo
menos en su titularidad abstracta de la soberan�a �cuando no tambi�n en su
concreta capacidad de ejercer por s� mismo una fracci�n de la misma-.
La ciudadan�a revolucionaria pone de nuevo al hombre en
relaci�n con la comunidad pol�tica [85],
pero de un modo bien distinto a como lo hab�a hecho la tradici�n griega
cl�sica. Mientras que para esta �ltima esa relaci�n ten�a una naturaleza
objetiva y moral, derivada de una concreta ordenaci�n natural o religiosa
del mundo, lo que hac�a de ella m�s una obligaci�n que un derecho, en la
filosof�a del Estado liberal-democr�tico la ciudadan�a se deriva de la
necesidad de garantizar la libertad y la propiedad naturales del hombre,
por lo que depende de su voluntad racional de integrarse en una
determinada comunidad pol�tica, as� como de la voluntad de �sta de
aceptarlo (en el caso de integraci�n posterior al pacto originario), esto
es, depende de la voluntad de ambos (individuo libre y sociedad) de ser
partes en el contrato, por lo que su caracterizaci�n es eminentemente
facultativa y no obligatoria [86].
La titularidad del poder, y por tanto la plena pertenencia a la comunidad
pol�tica, corresponde a los individuos integrantes de la Naci�n y la otorga precisamente la ciudadan�a. Aparecen as� dos significados pol�ticos distintos de la
ciudadan�a que dar�n lugar a la imagen moderna que poseen los institutos
de la nacionalidad y la ciudadan�a. De un lado, est� el sentido de miembro
de la Naci�n soberana meramente pasivo (ciudadano pasivo), que designar�
al colectivo del que emanan y al que van dirigidas las normas creadas en
el seno de la comunidad pol�tica. Este sentido coincide, grosso modo,
con la comprensi�n moderna de la nacionalidad, cuyo antecedente era la
condici�n de s�bdito del Antiguo R�gimen en el sentido de ser un v�nculo
jur�dico entre el individuo y la comunidad pol�ticamente organizada, pero
diverge respecto del s�bdito del Estado-naci�n, pues lo incluye dentro del
sujeto colectivo de la soberan�a en su condici�n pol�tica de representado y
de titular de iguales derechos civiles [87].
De otro lado est� el sentido de miembro de la Naci�n activo (ciudadano activo), revestido de los derechos-funci�n de participaci�n pol�tica, necesarios para
extraer la voluntad de la Naci�n como un todo y expresarla mediante la
creaci�n de normas jur�dicas [88].
Este sentido coincide tambi�n grosso modo con lo que hoy se
entiende por ciudadan�a [89],
aunque tambi�n diverge en la extensi�n personal de los habilitados para el
ejercicio de los derechos pol�ticos de ciudadan�a activa. Esta dualidad entre
nacionalidad y ciudadan�a, que producen los movimientos revolucionarios
liberal-democr�ticos americano o franc�s, es bien distinta de la que est�
presente en la formaci�n del Estado alem�n unificado durante el siglo XIX.
El �nico texto constitucional decimon�nico de la Alemania unificada que se inserta en esta tradici�n revolucionaria es la frustrada
Constituci�n del (I) Reich alem�n de 1849, que contiene un amplio
cat�logo de derechos de ciudadan�a (Reichsb�rgerrechte) de los
integrantes del pueblo alem�n. En efecto, la centralizaci�n del poder
conseguida en los diferentes Estados alemanes durante los siglos XVIII y
XIX culminar� con la creaci�n de un Estado nacional, el (II) Reich
alem�n en 1871, que bajo el manto de un v�nculo federal entre los
pr�ncipes alemanes dotar� de unidad al ordenamiento jur�dico,
centralizando buena parte del poder pol�tico y, sobre todo, permitiendo al
legislador recrear a trav�s del v�nculo jur�dico de la nacionalidad
federal o estatal (Bundesangeh�rigkeit o Staatsangeh�rigkeit)
un concepto �tnico-cultural de Naci�n preexistente (v�ase la Ley de 1 de junio de 1870 sobre nacionalidad federal y nacionalidad estatal), y aglutinar
diversas unidades pol�ticas [90].
Se trata de una figura que integra al individuo en el colectivo de
s�bditos del monarca acreedores de unos derechos civiles otorgados por
aqu�l, y que hallan su antecedente en los conceptos de Indigenat�
-contemplado en las Constituciones otorgadas en Baviera (1818), Baden
(1818) y Hesse (1820), Staatsb�rger� en la Constituci�n otorgada de W�rttemberg (1819), Eigenschaft eines Preussen en la Constituci�n otorgada de Prusia (1848). Todos ellos hac�an referencia a la condici�n de
ciudadano pasivo (b�varo, baden�s, prusiano, etc�) y ten�an su correlativo
desde el punto de vista de la ciudadan�a en los Staatsb�rgerrechte
(derechos de ciudadan�a), que inclu�an derechos civiles, algunos derechos
sociales y algunos derechos de participaci�n pol�tica para cuyo disfrute
era condici�n indispensable la pertenencia al Indigenat, la
condici�n de prusiano o la pertenencia al Pueblo alem�n [91].
La nueva Constituci�n de 1871 cre�, a partir de dichas figuras y del Indigenat
de la Constituci�n del Norddeutscher Bund (1867), un Indigenat
alem�n com�n (art. 3) que, al modo y manera de una nacionalidad federal,
permiti� la uni�n de las nacionalidades de los distintos Estados miembros,
atribuyendo una igualdad de trato y un m�nimo de derechos y deberes
civiles a los habitantes del nuevo Reich alem�n, con independencia
de su Estado de origen. Semejante nacionalidad federal com�n de car�cter
pasivo se ve�a completada con una muy reducida ciudadan�a pol�tica-activa
(Staatsb�rgerrechte) de la que eran acreedores los nacionales que,
adem�s, reuniesen ciertos requisitos capacitarios [92].
Con todo, all� donde impera el movimiento
liberal-democr�tico revolucionario no se utilizaba el t�rmino nacionalidad [93],
seguramente por sus implicaciones hist�ricas y �tnico-culturales excluyentes,
que se hab�an puesto de manifiesto en el proceso de formaci�n de la nacionalidad
en el Antiguo R�gimen. En efecto, la pasividad propia de la sujeci�n, y la
integraci�n cultural y no pol�tica que conllevaba, resultaban poco compatibles
con la participaci�n en el pacto social y plena pertenencia a la comunidad
pol�tica soberana, propios de la filosof�a revolucionaria [94].
De ah� que muchos de los textos constitucionales del contexto
revolucionario optasen por utilizar el t�rmino ciudadano para referirse al
nacional -en el sentido de ciudadano pasivo- [95],
y as� evitar las reminiscencias que la palabra nacional (natural) pudiera
tener con el vasallaje feudal o la sujeci�n al monarca absoluto del
Antiguo R�gimen [96].
Y de ah� que predominasen criterios de atribuci�n o adquisici�n de la
nacionalidad abiertos a la integraci�n de todo aqu�l s�bdito que tuviese
voluntad (expresa o presunta) de formar parte del cuerpo pol�tico
soberano, particularmente el ius soli o el ius domicilii,
aunque tambi�n el ius sanguinis [97],
permitiendo tambi�n a los naturalizados participar como ciudadanos activos
cuando reuniesen ciertos requisitos de capacidad y hubiesen prestado su
voluntad de pertenecer a la Naci�n francesa y de fidelidad a la Constituci�n y al ordenamiento (juramento c�vico) [98].
Se trataba, en buena medida, de los mismos criterios de atribuci�n de la
nacionalidad que manejaba el Antiguo R�gimen pero con una base
filos�fico-pol�tica diferente, que, al vincular aqu�lla a la ciudadan�a y
hacerlas cumplir una funci�n de cohesi�n pol�tica de la Naci�n soberana, bien distinta a la que desempe�aban bajo el Antiguo R�gimen, exig�an al
presencia del ius domicilii tanto en la naturalizaci�n como en la
atribuci�n de la condici�n de miembro de la Naci�n por nacimiento.
La ciudadan�a (activa) aparece, a su vez, vinculada a
dos elementos, uno conocido y otro desconocido en su tradici�n hist�rico-funcional.
El elemento conocido hace referencia a la capacidad de participaci�n en el
gobierno de la comunidad, aunque, por razones derivadas del diferente
contexto social, se busquen para su puesta en pr�ctica f�rmulas de
democracia representativa alejadas de la democracia directa de la Grecia cl�sica. Al estar presente en la ciudadan�a este elemento pol�tico activo, ello le
permite en principio diferenciarse funcionalmente de la nacionalidad, que
sigue conservando el sentido pasivo que hab�a adquirido con la creaci�n de
los Estados absolutos. As�, mientras que esta �ltima sigue manteniendo,
aunque sea involuntariamente, su funci�n excluyente y diferenciadora en
relaci�n con los nacionales del resto de los Estados, aquella otra
desempe�a una funci�n incluyente del m�ximo de ciudadanos activos que, perteneciendo
a aqu�l sujeto colectivo de la soberan�a, posean la capacidad necesaria
para ser titulares y/o ejercer el poder pol�tico [99].
El elemento desconocido, por su parte, hace referencia
a una presunta y parcial igualdad natural de los individuos, que se
transmite a la comunidad pol�ticamente organizada y que obliga a la igual
titularidad y, en su caso, igual capacidad de ejercicio del contenido
participativo de la ciudadan�a por parte de aqu�llos que se hagan
acreedores de ella [100].
La concepci�n revolucionaria francesa de la ciudadan�a trae consigo la
eliminaci�n de las diferencias hist�ricas de acceso al sufragio por raz�n
de credo, propiedad, educaci�n o clase social, pero no elimina todas las
diferencias [101].
El per�odo revolucionario se aparta pues, aunque sea formalmente, del
modelo de ciudadano propietario y se inclina por el individuo-ciudadano
igual [102].
Sin embargo, permanecen dos l�neas fronterizas delimitadoras, una interior
y otra exterior, que el propio pensamiento revolucionario no contempla
como desigualdades sociales sino meramente naturales o pol�ticas [103].�
De un lado, el de la frontera interior, quedan fuera de la ciudadan�a las
mujeres, los ni�os, los incapaces e, incluso un conjunto de individuos
varones mayores de edad que no poseen la involucraci�n econ�mica
suficiente como para hacerse acreedores de las funciones pol�ticas y
extraer racionalmente la voluntad general de la Naci�n (mendigos, vagabundos, sirvientes dom�sticos, etc...) [104].
De otro lado, el de la frontera exterior, se excluye tambi�n de la
ciudadan�a a los extranjeros, esto es, a los que no forman parte del
sujeto colectivo de la soberan�a [105],
pero en un sentido diverso al que tendr� modernamente esa exclusi�n,
puesto que son excluidos por no prestar su consentimiento expresa o
t�citamente al pacto social y no integrarse como nacionales en dicho
sujeto colectivo soberano. Con todo, la antes mencionada falta de
utilizaci�n por los textos constitucionales revolucionarios del concepto
de nacionalidad, y su sustituci�n por el de ciudadan�a, es fuente de
alguna confusi�n respecto al sentido normativo de ambas categor�as y al
car�cter excluyente del ejercicio de los derechos de ciudadan�a, que aqu�
se le ha atribuido a la nacionalidad [106].
As�, por ejemplo, es habitual invocar el art. 4 de la Constituci�n francesa de 24 de junio de 1793, como manifestaci�n de atribuci�n de la
ciudadan�a a los extranjeros (mayores de 25 a�os, domiciliados en Francia
y con v�nculos socioecon�micos con la Naci�n) [107],
cuando en realidad, los mismos hab�an de ser considerados unidos a la Naci�n por el v�nculo jur�dico de la nacionalidad (atribuida por la Constituci�n o el Decreto de 30 de abril de 1790 de forma autom�tica) [108],
aunque proviniesen como extranjeros de una Naci�n distinta, pues la teor�a
revolucionaria no parece admitir la condici�n de ciudadano activo sin ser
al mismo tiempo ciudadano pasivo, esto es, la de elector o representante
sin ser al mismo tiempo representado [109].
3.2. La vinculaci�n entre nacionalidad y ciudadan�a: los c�rculos conc�ntricos
Si llegados a este punto la diferenciaci�n funcional
entre nacionalidad (sujeci�n) y ciudadan�a (pertenencia o participaci�n) parec�a
conceptualmente clara, �por qu� terminaron, entonces, confundi�ndose en
una sola categor�a? �Por qu� termin� vincul�ndose la ciudadan�a a la
posesi�n de la nacionalidad, contradiciendo con ello, de forma parad�jica
la finalidad incluyente del concepto revolucionario de ciudadan�a, que se
ve condicionado por la previa funci�n excluyente de la primera? El
antecedente jur�dico-constitucional de este proceso de subordinaci�n,
primero, y de confusi�n despu�s, hay que verlo en la distinci�n entre ciudadan�a
activa y ciudadan�a pasiva como dos caras del sujeto colectivo al que se
imputa la soberan�a [110].
Buena parte de los primeros textos constitucionales revolucionarios
franceses, a pesar de afirmar que la soberan�a pertenece al Pueblo o la
Naci�n [111],
distingu�an entre los miembros de la Naci�n que s�lo eran titulares abstractos
de ese poder pero no pod�an participar en su concreto ejercicio, a los que
se denomina doctrinalmente ciudadanos pasivos, y los miembros que estaban
investidos constitucionalmente con los derechos de participaci�n pol�tica
y, por tanto, con el ejercicio de la soberan�a, o ciudadanos activos [112],
e incluso dentro de �stos a�n a los que pod�an ejercerlos como electores [113].
Precisamente esta distinci�n entre ciudadanos pasivos y
ciudadanos activos, adem�s de ser muy �til para la implantaci�n y
predominio del sufragio censitario durante el siglo XIX [114],
permite que el t�rmino ciudadano (en el sentido activo) se vea absorbido
por el t�rmino nacional (en el sentido pasivo) [115].
La cualidad de nacional acaba siendo requisito necesario para la de
ciudadano [116],
porque para ser ciudadano activo se requiere previamente ser ciudadano
pasivo y, adem�s, reunir una serie de requisitos adicionales de edad,
sexo, capacidad, etc�. Y la condici�n de ciudadano pasivo coincide en sus
requisitos con la de nacional, como muestran el art. 2 de la Constituci�n francesa de 1791 y, por lo que se refiere a la naturalizaci�n de los
extranjeros, el Decreto de 30 de abril de 1790 sobre condiciones de
naturalizaci�n de los extranjeros redientes en Francia. Con ello se rompe
la tradici�n del Antiguo R�gimen de permitir a los extranjeros el
ejercicio de algunos derechos pol�ticos, salvo los municipales, que son
los �nicos que se permitir� ejercer al extranjero, dado que se considera
que a trav�s de ellos no se ejerce la soberan�a colectiva. Los extranjeros
han de integrarse en el colectivo de ciudadanos pasivos (nacionales) para
poder, si re�nen los requisitos de ciudadano activo- ejercer los derechos
de participaci�n pol�tica [117].
En lo que se refiere a nuestro constitucionalismo
hist�rico, la Constituci�n de 1812, primera hija hisp�nica del movimiento revolucionario
liberal-democr�tico [118],
es la pionera en nuestro pa�s en definir jur�dico-pol�ticamente el
conjunto de individuos que, como nacionales, conforman la Naci�n espa�ola, y, al mismo tiempo, atribuir a algunos de ellos la capacidad para participar
en la definici�n de la voluntad de aqu�lla [119].
Y lo hace siguiendo los principios revolucionarios antes aludidos, no sin
ciertos compromisos con los criterios del Antiguo R�gimen. En todo caso,
el modelo gaditano parte de que la nacionalidad espa�ola expresa la
pertenencia del individuo a la Naci�n soberana, mientras que la ciudadan�a
pone de relieve la capacidad de algunos de los integrantes de aqu�lla para
expresar su voluntad racional a trav�s de los diversos mecanismos de
participaci�n pol�tica.
Por tanto, la Constituci�n de 1812, de forma semejante a sus equivalentes francesas de finales del siglo XVIII, concibe nacionalidad y
ciudadan�a como dos c�rculos subjetivos conc�ntricos referidos a los
ciudadanos pasivos y activos integrantes de la Naci�n espa�ola [120].
No se conciben, pues, como dos c�rculos secantes, que coinciden en un conjunto
de personas mayores de edad y capacitados para el ejercicio del derecho de
sufragio con independencia de su nacionalidad, pero divergen respecto del
resto de nacionales carentes de nacionalidad (mujeres, menores o
incapaces). Si bien esta �ltima parte de la proposici�n es cierta, no lo
es la primera, toda vez que de los arts. 19 ss. del texto constitucional
no se desprende que los extranjeros a los que se confiere derechos de
ciudadan�a �particularmente el derecho de sufragio- sean distintos de los
extranjeros que previamente han adquirido la nacionalidad espa�ola al
amparo del art. 5 del mismo texto y que, por tanto, son espa�oles [121].
Unos derechos de ciudadan�a de los que ser�an meros titulares, puesto que
para el correcto ejercicio de algunos de ellos se requerir�n condiciones
adicionales a las gen�ricamente derivadas de los supuestos de p�rdida de
la condici�n de ciudadano de los arts. 24 y 25 [122],
como por ejemplo la posesi�n de una determinada edad m�nima para el
ejercicio del derecho de sufragio que, sin embargo, no viene
constitucionalmente fijada sino que se sobreentiende puede ser fijada por
el legislador [123].
A favor de esta interpretaci�n juegan argumentos tanto
dogm�tico-constitucionales como sistem�ticos y textuales. Entre los
primeros se encuentra la congruencia de su comprensi�n como c�rculos conc�ntricos
con la idea revolucionaria de una Naci�n consensual, de la que formen
parte quienes por nacimiento o por residencia manifiesten una voluntad
presunta o expresa de pertenecer a la comunidad pol�tica nacional, con
independencia de que el ejercicio de los derechos de participaci�n se
confiera s�lo a aqu�llos integrantes de la Naci�n m�s capacitados para expresar la voluntad racional de �sta. Entre los sistem�ticos se encuentra que
dentro de la Constituci�n de 1812 no puede haber reconocimiento de derechos
pol�ticos para los extranjeros, porque s�lo los espa�oles integran la Naci�n conforme a lo dispuesto en los arts. 1 y 4,� y solo a �sta corresponde el ejercicio de
la soberan�a conforme al art. 3, no existiendo, adem�s, una distinci�n
expresa �como s� suced�a en el Estatuto de Bayona de 1808- entre derechos
de todas las personas y derechos de los espa�oles (arts. 126, 127, 141) [124].
Por �ltimo, tambi�n un an�lisis textual de la Constituci�n de C�diz confirma esta misma conclusi�n, puesto que no cabe ninguna de las
categor�as de ciudadano enumeradas en los arts. 18 ss. sin poseer
previamente la condici�n de nacional espa�ol conforme a los arts. 5 ss. En efecto, la Constituci�n gaditana define como ciudadanos a los espa�oles que por ambas l�neas traen su origen de los dominios de Espa�a
en ambos hemisferios y est�n avecindados en cualquier pueblo de los mismos
dominios (art. 18), esto es, a los espa�oles por ius sanguinis,
conforme al art. 5.1., que posean el ius domicilii (la vecindad del
Antiguo R�gimen). Tambi�n son ciudadanos los extranjeros que gozando de
los derechos de espa�ol obtuvieren de las Cortes Carta especial de
ciudadano (art. 19).� Pero no se trata de aut�nticos extranjeros, pues s�lo
se puede gozar de los derechos de espa�ol si previamente se ha adquirido
la condici�n de espa�ol por naturalizaci�n de las Cortes (art. 5.2) o por
llevar diez a�os avecindado en Espa�a (art. 5.3). No se debe confundir la Carta de ciudadan�a con la Carta de naturaleza, pues la primera solo se otorga por estar casado
con espa�ola, tener comercio o industria apreciable en Espa�a, bienes
ra�ces por los que se pague una contribuci�n directa o haber prestado
servicios relevantes en defensa o bien de la Naci�n (art. 20). Los hijos leg�timos de extranjeros domiciliados en Espa�a que habiendo nacido tambi�n en
Espa�a no hubiesen salido nunca fuera sin licencia del Gobierno y, tras
alcanzar los 21 a�os, se hubiesen avecindado en nuestro pa�s ejerciendo
profesi�n o industria �til, tambi�n son considerados ciudadanos, pero es
evidente que han de ser espa�oles por nacimiento conforme al criterio del ius
soli establecido en el art. 5.1 para la atribuci�n de la nacionalidad
espa�ola. Por �ltimo, la restringida posibilidad de convertirse en
ciudadanos que otorga el art. 22 a los �castas� afecta a quienes ya son
espa�oles conforme al anterior criterio del ius soli (art. 5.1).
En el manejo de los t�rminos espa�ol y extranjero por la Constituci�n espa�ola de 1812 parece estar latente, tanto para la nacionalidad como para la
ciudadan�a, una cierta semejanza con la concepci�n revolucionaria francesa
de pacto [125],
conforme a la cual se considera extranjero a aqu�l ajeno al pacto [126]. Un pacto que se pod�a
suscribir de forma t�cita o expresa: t�citamente por nacimiento (ius
sanguinis o ius soli) y residencia (ius domicilii) en el
territorio sobre el que la Naci�n extiende su soberan�a (espa�oles por
nacimiento del art. 5) [127];
y de forma expresa en el caso de individuos que, habi�ndose expatriado de
otras Naciones, decidiesen voluntariamente pactar su incorporaci�n a la Naci�n espa�ola e integrarse en ella mediante unos v�nculos m�nimos con la misma (extranjeros
naturalizados o avecindados por m�s de 10 a�os, que adquieren la condici�n
de espa�oles conforme a los arts. 6 y 7). De ah� que se utilice la palabra
extranjero en el art. 19 (incluy�ndolos como ciudadanos espa�oles) o en el
art. 231 (excluy�ndoles del cargo de Consejeros de Estado) para referirse
no a aut�nticos extranjeros, sino a espa�oles que fueron extranjeros antes
de ser naturalizados por las Cortes o avecindarse. La Constituci�n se centra, pues en los derechos de los integrantes de la Naci�n, los espa�oles, y dentro de �stos, en los derechos de quienes son titulares de la
capacidad pol�tica, denominados ciudadanos espa�oles, olvid�ndose de la
persona en general, esto es, de quienes pueden habitar nuestro territorio
conservando su condici�n de extranjeros, lo que la mantiene lejos de la
moderna caracterizaci�n jur�dico-funcional de la ciudadan�a como mecanismo
de integraci�n de la persona en la comunidad. Ello no quiere decir que no
pudiesen tener derechos civiles, sino �nicamente que los mismos no fueron
considerados parte del C�digo pol�tico de la Naci�n, y su reconocimiento e igual regulaci�n con respecto a los derechos civiles de los espa�oles
hab�a de quedar relegada a la definici�n del legislador en el C�digo Civil [128].
Por tanto, el aut�ntico caballo de batalla de la
ciudadan�a gaditana no fue incluir a los extranjeros en el ejercicio de
los derechos civiles y pol�ticos. El disfrute de los primeros se lo deb�a
atribuir �aunque muy restringidamente- la ley civil [129],
mientras que para llegar a ejercer los �ltimos deb�an adquirir previamente
la condici�n de espa�oles, lo cual era relativamente sencillo con el uso
generoso del ius soli y del ius domicilii [130] como criterios de atribuci�n
de la nacionalidad por nacimiento, y despu�s cumplir una serie de
requisitos de integraci�n socio-econ�mica en la Naci�n espa�ola. E incluso poseyendo la Carta de ciudadano, los extranjeros naturalizados ten�an vedado el
acceso a cargos y funciones p�blicas �diputado a Cortes, Regente,
Secretario de Despacho, Consejero de Estado o Juez- (arts. 96, 193, 223,
231 y 251 de la Constituci�n de 1812), aunque pod�an ejercer el derecho de
sufragio activo a las Cortes. Los aut�nticos damnificados de la concepci�n
de la ciudadan�a en C�diz fueron los espa�oles americanos mestizos de
origen africano (�castas�) [131],
y en lo que se refiere a su ejercicio, todos aquellos hu�rfanos de una
propiedad e independencia econ�mica que acreditasen una capacidad
intelectual m�nima para la ex�gesis de la voluntad racional de la Naci�n, como ponen de relieve las causas de suspensi�n del ejercicio de la ciudadan�a del
art. 25 o las exigencias econ�micas para el ejercicio del derecho de�
sufragio pasivo del art. 92 [132].
En resumen, la nacionalidad se otorga generosa y democr�ticamente como
consecuencia del manejo prioritario de criterios como el ius soli y
el ius domicilii, mientras que la ciudadan�a se restringe tanto
fuera del c�rculo de nacionales como dentro de �ste, dadas las elevadas
condiciones impuestas para el ejercicio efectivo de los derechos de
participaci�n pol�tica y las diferenciaciones entre espa�oles de origen y
naturalizados que terminan estableci�ndose para el ejercicio de algunos derechos
de ciudadan�a [133].
3.3. La ethno-culturalizaci�n de la nacionalidad y la ciudadan�a
Aunque en un principio algunos movimientos
revolucionarios, como el franc�s, tuvieran un car�cter universalista y
desligasen el concepto de Naci�n de su sentido �tnico-cultural hist�rico,
en el momento en que los textos constitucionales, como consecuencia de los
efectos homogeneizadores que poseen los criterios utilizados para la
adquisici�n de la nacionalidad [134],
contribuyen a su etnificaci�n o culturalizaci�n [135],
se comienza a transmitir el efecto excluyente de �sta a la ciudadan�a
activa [136].�
La causa de la nacionalizaci�n de la ciudadan�a hay que verla, por tanto,
en la propia naturaleza del dogma de la soberan�a popular/nacional en la
que aqu�lla se apoya y que remite a un sujeto prejur�dico, cuyas caracter�sticas
homogeneizadoras han de estar natural y racionalmente predeterminadas y no
eran tanto la consecuencia cuando la causa de ser un sujeto unitario [137].
De ah� que, aunque los criterios de atribuci�n de la nacionalidad y la
ciudadan�a se distingan durante el per�odo revolucionario, su com�n ra�z
en la pertenencia a una comunidad pol�tica prejur�dica presuntamente
homog�nea, heredada del Antiguo R�gimen, permitir� en la pr�ctica su
paulatina aproximaci�n durante el siglo XIX, lo que llevar� a una
construcci�n no siempre democr�tica del sujeto nacional de la soberan�a. Y
ello no s�lo por la construcci�n �tnico-cultural de la nacionalidad, de la
que la ciudadan�a pasa a ser un c�rculo conc�ntrico sumamente reducido,
sino tambi�n porque, al reafirmarse su parcial vinculaci�n funcional, se
introducen nuevos criterios de exclusi�n del ejercicio de esta �ltima para
quienes ya son nacionales. En efecto, de un lado est�n los criterios de
atribuci�n u obtenci�n de la ciudadan�a pasiva (nacionalidad), y de otro
lado aparecen los requisitos de adquisici�n de la ciudadan�a en sentido
estricto (ciudadan�a activa) que conllevan exigencias adicionales a las
sentadas para la nacionalidad. Respecto de los primeros es preponderante
en la Francia revolucionaria el ius soli para la atribuci�n por
nacimiento y el ius domicilii m�s un juramento c�vico para la
adquisici�n posterior por naturalizaci�n [138].
A partir de su regulaci�n legal en el C�digo Civil Napole�nico de 1803
experimentan una etnificaci�n como consecuencia del predominio del ius
sanguinis, dulcificado solo con la reintroducci�n del ius soli
a partir de 1889, y del incremento de los requisitos para la
naturalizaci�n de los extranjeros. La capacidad de influencia en el resto
Europa de este proceso de etnificaci�n vendr� de la mano de la influencia
del proceso codificador franc�s [139].
Por su parte, los criterios de atribuci�n y adquisici�n de la ciudadan�a
se centran, una vez establecida la pertenencia pasiva a la Naci�n, en la posesi�n de unos requisitos capacitarios necesarios para desempe�ar los
derechos/funciones de participaci�n pol�tica activa, y que, tras un
movimiento restrictivo durante el siglo XIX, van quedando reducidos a la
edad, el sexo, la autonom�a volitiva y la nacionalidad. Ello explica la
confusi�n existente entre los requisitos de la nacionalidad y los de la
ciudadan�a. En los pa�ses anglosajones uno y otro instituto llegan,
incluso, a fundirse terminol�gicamente en uno solo, el de la ciudadan�a;
mientras que en los Estados Europeos, el termino ciudadan�a se ve
absorbido por el de nacionalidad, que lo engulle como c�rculo conc�ntrico
m�s amplio, convirti�ndose parcialmente en sin�nimos, y todo lo m�s se
distingue dentro de los nacionales, pero sin una denominaci�n jur�dica espec�fica,
a aqu�llos que pueden ejercer los derechos pol�tico-participativos y
aqu�llos que no pueden hacerlo por falta de la capacidad exigida. As�, por ejemplo, en Francia, a
pesar de que desde 1803 es el C�digo Civil el que define la condici�n de
franc�s, los textos constitucionales mon�rquicos o republicanos de 1814,
1839, 1848, utilizan indistintamente los t�rminos franc�s o ciudadano para
referirse al nacional y reglar sus derechos civiles (y en su caso tambi�n
pol�ticos). Los arts. 24 a 32 del Estatuto Albertino italiano de 1848 se
refieren al ciudadano como sin�nimo de nacional para reconocerle derechos
civiles. Los textos constitucionales espa�oles subsiguientes al de 1812,
siguen en cierta medida la tendencia de nuestros vecinos franceses, propia
de un predominante pensamiento liberal-conservador, consistente en
diferenciar las funciones de la nacionalidad y la ciudadan�a, centr�ndose
en la determinaci�n de la primera como instrumento de definici�n de los
integrantes de la Naci�n (el Pueblo del Estado), y olvid�ndose casi por
completo de la segunda, que queda relegada al legislador. Con todo, la
vinculaci�n entre una y otra sigue siendo la l�nea dominante, aunque ahora
la distancia intermedia entre los dos c�rculos conc�ntricos, que
representan uno y otro instituto, tiende a agrandarse como consecuencia de
que la ciudadan�a de los nacionales es definida en t�rminos cada vez m�s
restrictivos. Ello, a pesar de que el tama�o del c�rculo de la
nacionalidad tambi�n se reduce, puesto que los criterios utilizados
tienden a ser m�s excluyentes, sobre todo como consecuencia de una
creciente inmigraci�n que domina el siglo XIX, y a la que se responde con
el afianzamiento del criterio del ius sanguinis en detrimento del ius
soli. Todos los textos constitucionales que abarcan el per�odo
1837-1876 [140],
tienen en com�n los criterios de atribuci�n y adquisici�n de la
nacionalidad, pero difieren, en funci�n del tipo de constitucionalismo
predominante, en la manera de construir la ciudadan�a, regulando los
derechos de las personas y de los espa�oles, y, por tanto, su inserci�n
como miembros de la sociedad. En este sentido, la etnificaci�n y
culturizaci�n de los criterios de atribuci�n de la ciudadan�a permite a�n
la integraci�n en el colectivo nacional de extranjeros residentes, cuyo status
pol�tico, administrativo y social, tiende a diferenciarse del status
de los naturales de origen en proporci�n inversa a las necesidades de
poblamiento del pa�s, esto es, permite su parcial exclusi�n de cada vez
m�s �mbitos de participaci�n pol�tica.
a). La etno-culturizaci�n de la nacionalidad en el constitucionalismo espa�ol del XIX
La nacionalidad comienza a sufrir un proceso de
objetivaci�n (etno-culturizaci�n) que resulta apreciable en diversos
elementos y terminar� por separarla funcionalmente de la ciudadan�a, que
desaparece de los textos constitucionales aunque �stos la mantengan vinculadas
al exigir la posesi�n de una nacionalidad, cada vez m�s �tnico-cultural,
para el ejercicio de los derechos pol�ticos de la ciudadan�a. En efecto,
de un lado, desaparece de todos estos textos la exigencia del ius
domicilii para la atribuci�n de la nacionalidad por nacimiento, lo que
deja al ius sanguinis y al ius soli como �nicos criterios de
atribuci�n, en contra del pensamiento revolucionario pactista acogido por la Constituci�n de 1812, que requerir�a una voluntad expresa o t�cita de pertenencia a la Naci�n a trav�s de la residencia en el territorio y el sometimiento las leyes de �sta. Este
cambio de orientaci�n se cohonesta mucho m�s con la tradici�n hist�rica -desde
Las Partidas- de asimilaci�n cultural, conforme a la cual la mera
residencia, por muy continuada que fuese, permit�a al extranjero adquirir
la vecindad, pero no la nacionalidad (naturaleza), y por tanto tampoco m�s
derechos pol�ticos que los meramente municipales [141].
Adem�s, y a pesar de que a lo largo del desarrollo constitucional parezca que
uno y otro criterio de adquisici�n de la nacionalidad han sido
establecidos en t�rminos de igualdad, lo cierto es que su desarrollo
legal, tanto antes del C�digo Civil de 1889 como desde la entrada en vigor
de �ste, demuestra el predominio del criterio sangu�neo con respecto al de
nacimiento en territorio espa�ol, que pasa a tener un papel subordinado al
ejercicio del derecho de opci�n por parte del nacido en Espa�a de padres
extranjeros [142].
De otro lado, a partir de la Constituci�n de 1845, que autoriza al legislador a distinguir los derechos que hab�an de
disfrutar los nacionalizados por Carta de naturaleza o vecindad, se abre
la puerta a su diferenciaci�n respecto a los espa�oles de origen en todo
lo no dispuesto por los textos constitucionales sobre el r�gimen jur�dico
de la nacionalidad (procedimiento de adquisici�n, vecindad, p�rdida,
suspensi�n etc...) [143].
La funci�n de la nacionalidad se despolitiza, pues se desvincula de la
funci�n configuradora del sujeto de la soberan�a, seguramente por el
predominio durante este per�odo del constitucionalismo conservador que
atribuye la soberan�a de forma compartida al Rey y a las Cortes. Poco a
poco su funci�n se va orientando socio-econ�micamente a ser un instrumento
de control de los flujos migratorios [144],
as� como del tama�o y calidad de la poblaci�n que hab�a de componer la Naci�n espa�ola. La concepci�n pactista revolucionaria conceb�a la
pertenencia al sujeto colectivo nacional como el efecto cuasi-autom�tico
de la coincidencia de dos voluntades de igual valor. De un lado, estaba la
voluntad de la comunidad ya organizada pol�ticamente que se expresa en las
leyes sobre atribuci�n de la nacionalidad por nacimiento o sobre
naturalizaci�n. De otro lado, aparec�a la voluntad de quien, habiendo
nacido en el territorio del Estado o siendo hijo de padres integrantes de
la comunidad, manifiesta t�citamente su voluntad de integrarse en ella
mediante su residencia bajo sus leyes, y en el caso de provenir de otra
comunidad nacional a la que ya se encuentra adscrito, mediante su
residencia bajo aquellas leyes durante un per�odo de tiempo, su renuncia a
su nacionalidad anterior y el juramento de lealtad a la Constituci�n [145].
Sin embrago, la etno-culturizaci�n de la nacionalidad hace que dicha
pertenencia pase a ser, tanto en los casos de atribuci�n por nacimiento
como en los de adquisici�n derivativa por el extranjero residente, una
caracter�stica objetiva de un status que le atribuye
unilateralmente el Estado para recrear ciertas caracter�sticas
prejur�dicas comunes y que no depende de una coincidencia paritaria de
voluntades. Por ello, la intervenci�n gubernativa, sobre todo en el
expediente de adquisici�n derivativa de la nacionalidad espa�ola, pasa a
ser determinante y condicionante m�s all� de lo expresamente previsto por
los textos constitucionales o por el C�digo Civil [146].
As�, el Decreto de
6 de noviembre de 1916, derogado por Decreto de 29 de abril de 1931, exige
una previa inscripci�n en el Registro de ciudadan�a y vecindad civil para
que comience a contar el plazo de residencia con el que ganar la vecindad,
y niega la posibilidad de solicitar la nacionalidad espa�ola a los
extranjeros condenados o imputados por ciertos delitos. A pesar de que
constitucionalmente se mantenga el criterio del ius soli como
criterio (junto con el ius sanguinis) de atribuci�n de la
nacionalidad por nacimiento, se ha dado el paso decisivo en la
etnificaci�n y culturizaci�n del sujeto abstracto al que se imputa la
soberan�a, puesto que se eliminan de su formaci�n los elementos
voluntaristas que estaban presentes en la concepci�n revolucionaria
francesa y se deja bajo el dominio, aunque sea indirecto, de criterios de
atribuci�n objetiva por nacimiento que permiten una homogeneizaci�n
pol�tica y cultural del mismo [147],
tanto mayor cuanto m�s predomine el criterio sangu�neo.
b) La nacionalizaci�n de la ciudadan�a en el constitucionalismo espa�ol del XIX
En lo que se refiere a la ciudadan�a, �sta
desaparece formalmente como categor�a de los textos constitucionales,
aunque su contenido siga parcialmente presente en ellos. Se pueden
observar dos movimientos pendulares en la configuraci�n constitucional de
su contenido durante este largo per�odo decimon�nico. Por un lado, los
derechos civiles, cuya garant�a es imprescindible para una m�nima
integraci�n del individuo en la sociedad, pasan de estar
constitucionalmente atribuidos s�lo a los espa�oles en los textos de 1837,
1845 y 1856, a estarlo a todas las personas en los de 1869 y de 1876, lo
que permite dotarles del car�cter de estatuto de integraci�n en la vida
social de la Naci�n, e incluso permitir� politizarlos (pi�nsese en la
libertad de imprenta o en el derecho de asociaci�n) hasta el punto de convertirlos
en un mecanismo indirecto de participaci�n pol�tica. Adem�s, a pesar de la
decidida intenci�n de los constituyentes de excluir de los textos
constitucionales el n�cleo de los derechos de ciudadan�a, esto es, los
derechos de participaci�n pol�tica, por considerarlos cuesti�n mudable y
que debe quedar a la determinaci�n del legislador ordinario, algunos de
ellos terminan siendo acogidos en �l muy restrictivamente, como el derecho
de sufragio pasivo al Congreso y el Senado (arts. 23 y 17 de la Constituci�n de 1837 respectivamente), y su regulaci�n constitucional se va ampliando en los
sucesivos textos constitucionales al derecho universal y masculino de
sufragio activo, al derecho a acceder a los cargos y funciones p�blicas
(art. 16 y 27 de la Constituci�n de 1869), etc... Con todo, y ah� comienza el segundo movimiento pendular
restrictivo del contenido de la ciudadan�a, el art. 27 de la Constituci�n de 1869 y del Proyecto de Constituci�n de 1873, y el art. 2 de la Constituci�n de 1876 reintroducen una prohibici�n de ejercicio de cargos y funciones p�blicas
que lleven aneja autoridad o jurisdicci�n por parte de los extranjeros
naturalizados, parcialmente prevista, como se vio, por la Constituci�n espa�ola de 1812. Los textos constitucionales la concretan expresamente respecto
de ciertos cargos �como diputados y senadores- (art. 26 y 22 de la Constituci�n de 1876), y dejan esa concreci�n en manos del legislador respecto de otros
cargos �como diputados provinciales, alcaldes y concejales o jueces y magistrados-
(que establecen la Ley Provincial de 9 de agosto de 1882, la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, la Ley Org�nica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870). Con ello no se quiebran los supuestos excepcionales de ejercicio
de algunas funciones p�blicas por parte de los extranjeros, que hab�a
tolerado el derecho del Antiguo R�gimen (Nov�sima Recopilaci�n de las Leyes de Espa�a,
VI, II, 1) y la propia Constituci�n de 1812 (art. 23), y que recoge el
Real Decreto de extranjer�a de 17 de noviembre de 1852, vigente durante
todo el siglo XIX. El art. 27 de este �ltimo, aunque prohib�a el ejercicio
de derechos pol�ticos por parte de los extranjeros avecindados y no
naturalizados, les permit�a ejercer el sufragio municipal y obtener cargos
p�blicos municipales y estatales que no llevasen anejo el ejercicio de
autoridad o jurisdicci�n, siempre que renunciasen a su exenci�n del
servicio militar espa�ol y a la protecci�n del Estado extranjero del que
proced�an, tratando con ello de dar una falsa apariencia de ciudadan�a,
reconducible en buena medida al concepto medieval-renacentista de municipes.
Al mismo tiempo, la vecindad se va transformando en una condici�n que
discrecionalmente concede el Ministerio de Gracia y Justicia previo
expediente incoado al efecto, conforme a lo dispuesto por los arts. 2-9
del Real Decreto de 6 de noviembre de 1916, esto es, se orienta hacia ser
una circunstancia objetiva, tal y como hab�a sido prevista en la
legislaci�n hist�rica, y se aleja de su consideraci�n como una circunstancia
subjetiva, expresi�n de la voluntad de establecerse por parte del
extranjero, tal y como trat� de ser recogida por los diversos proyectos de
c�digo civil espa�ol decimon�nicos.
En contrapartida, a partir del texto constitucional de
1869 se amplia la garant�a constitucional de ciertos derechos civiles
(como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de
las comunicaciones o la propiedad) a los extranjeros, cuyo reconocimiento
ya no queda reducido exclusivamente a lo dispuesto por el legislador
civil, e incluso se les reconocen algunos derechos espec�ficos, como el
derecho a inmigrar y establecerse socio-econ�micamente en Espa�a (art. 26
de la Constituci�n de 1869, art. 27 del Proyecto de Constituci�n de 1873 y
art. 2 de la Constituci�n de 1876), expresi�n a�n de la necesidad de
repoblaci�n del pa�s. Su correlato es el derecho constitucional de los
espa�oles a emigrar sin sufrir la p�rdida de la nacionalidad o la
ciudadan�a, cuyas
obligaciones continuaban expresamente vigentes, como por ejemplo la de contribuir
a las cargas p�blicas y la del servicio militar (art. 26 de la Constituci�n de 1869, art. 28 del Proyecto de Constituci�n de 1873 y art. 9 de la Constituci�n de 1876). Pero del mismo modo, y por influencia de la etno-culturizaci�n de la
nacionalidad a que se hizo alusi�n antes, los textos constitucionales
permiten establecer una nueva distinci�n en el disfrute de los derechos de
ciudadan�a �no prevista en el pensamiento revolucionario liberal-,
referida a la condici�n de natural (originario) o naturalizado
(derivativo), del espa�ol que pretende ejercerlos. La Constituci�n de 1845 as� lo contempla en su art. 1 in fine y habilita al
legislador a determinar los derechos que deber�n gozar los extranjeros que
obtengan carta de naturaleza o hayan sido naturalizados por vecindad,
aunque afortunadamente nunca llegase a ser desarrollada [148].
Unos y otros elementos distorsionan la funci�n jur�dica
incluyente de la ciudadan�a y dan la sensaci�n de convertirla en una
v�lvula de escape del sistema pol�tico para mantener una m�nima apariencia
liberal, sin otorgar una real e igual capacidad de participaci�n a sus
s�bditos, como ponen de relieve la mayoritaria ausencia constitucional de
regulaci�n del derecho de sufragio activo y su configuraci�n como sufragio
censitario en la legislaci�n electoral [149],
los textos constitucionales liberal-conservadores de 1837, 1845, 1856 o
1876, respecto de los cuales los progresistas de 1869 y 1873 constituyeron
una excepci�n de vigencia ef�mera.
4. Nacionalidad y ciudadan�a en el
proceso de socializaci�n y democratizaci�n del Estado constitucional
4.1. Mantenimiento de cierta
vinculaci�n formal pero renacimiento de la distinci�n funcional entre
La idea democr�tica del autogobierno del Pueblo que
estaba impl�cita en los movimientos revolucionarios se desarrolla
plenamente durante el siglo XX de la mano de la consolidaci�n del Estado
constitucional democr�tico. Este desarrollo implic�, sin embargo, una
cierta desnaturalizaci�n y transformaci�n de aquella inicial concepci�n
liberal-democr�tica a ra�z de la rec�proca dependencia que pasa a
establecerse entre democracia y Estado de derecho: sin democracia no se
desarrolla plenamente el Estado de derecho, pero, al mismo tiempo, sin el
Estado de derecho es imposible concebir la idea de democracia. Esta
transformaci�n, de la que es m�xima representaci�n la soberan�a de la Constituci�n democr�tica [150],
va a afectar tambi�n a la funci�n y papel que han de desempe�ar la
nacionalidad y la ciudadan�a. En efecto, la consolidaci�n del Estado
constitucional democr�tico no solo trajo consigo el sometimiento pleno de
todos los poderes p�blicos al respeto de las libertades y derechos
constitucionalmente garantizados a los individuos (lo que en los EE.UU. se
hab�a conseguido de la mano de la Constituci�n de 1787), sino que, adem�s, provoc� un proceso de eliminaci�n sucesiva de los requisitos para el ejercicio
de los derechos de ciudadan�a, especialmente del derecho de sufragio, que
ya hab�a comenzado en el siglo XIX con la eliminaci�n de las exigencias de
capacidad econ�mica [151].
La posterior eliminaci�n de la distinci�n de sexo y la progresiva
reducci�n de la edad, as� como la espiritualizaci�n de los actos
simb�licos de juramento para acceder a los cargos p�blicos, son dos de los
ejemplos que hacen m�s patente el principio de igualdad democr�tica e
incrementan el n�mero de sujetos integrantes de la Naci�n que pueden participar en la formaci�n de su voluntad pol�tica. Dicho con otras
palabras, por lo que se refiere a la ciudadan�a (activa), la sucesiva
ampliaci�n del n�mero de nacionales (ciudadanos pasivos) a los que se
confiere la capacidad de ejercicio del poder es la expresi�n natural del
proceso de democratizaci�n del ordenamiento y de su necesidad de alcanzar
nuevas bases de legitimaci�n funcional. La plena consolidaci�n del Estado democr�tico de
derecho hace tambi�n necesaria la autonomizaci�n de su supremac�a
normativa, desvinculando su car�cter democr�tico de la idea de pacto
fundacional y de un presunto sujeto prejur�dico legibus solutus.
Todos, tambi�n los integrantes del Pueblo o la Naci�n, est�n sujetos al ordenamiento, por lo que aqu�l no puede ser sino una ficci�n jur�dica cuya finalidad
es, precisamente, reflejar algunas de las caracter�sticas del proceso de
creaci�n normativa democr�tica. Entre ellas se incluye sin duda la
ciudadan�a, o mejor dicho, las ciudadan�as en funci�n del grado de
pertenencia que la democracia exija otorgar a cada individuo en las
distintas esferas de comunicaci�n social, y cuya culminaci�n puede ser la
pertenencia a un sujeto colectivo nacional (Pueblo del Estado) que decide
democr�ticamente los aspectos m�s trascendentes de la regulaci�n jur�dica.
Pero para ello es preciso desvincular la pertenencia al Pueblo o a la Naci�n, esto es, la nacionalidad, tanto de una coincidencia �tnica, cultural o hist�rica,
como de un pacto pol�tico asociativo entre los integrantes de una
comunidad. No depende, pues, de un concurso de voluntades entre los
asociados o entre �stos y los nuevos aspirantes a integrarse, sino de la
voluntad del ordenamiento de configurarse democr�ticamente. El
ordenamiento democr�tico tiende a maximizar la igualdad, el pluralismo y
la participaci�n de los sometidos al poder en su ejercicio, lo que permite
crear diversos c�rculos o niveles de ciudadan�a en funci�n de la
afectaci�n de los individuos por cada sector del ordenamiento aplicable,
sin con ello caer en una democracia corporativa o de intereses. Adem�s, la
participaci�n ya no s�lo se centra en la integraci�n del individuo en
alguna de las fases representativas o directas de la creaci�n normativa,
sino que se extiende y se hace necesaria en el �mbito social, reformulando
democr�ticamente la mayor parte (si no todos) de los denominados derechos
civiles, que pasan, junto con los aut�nticos derechos de participaci�n
pol�tica (sufragio y acceso a los cargos o funciones p�blicas), a
convertirse en parte del contenido de la ciudadan�a [152].
As�, muchos ordenamientos democr�ticos, a los que el nuestro no es ajeno,
abren la participaci�n social a quienes no son nacionales y les extienden
tambi�n algunos derechos de participaci�n pol�tica en el �mbito local. Con
ello, la funci�n jur�dica de la nacionalidad tiende a quedar circunscrita
a delimitar exteriormente al Pueblo del Estado, y a vincularlo
interiormente al ejercicio de aqu�lla parte de la ciudadan�a que exige un
mayor grado de afectaci�n en la toma de decisiones por el �mbito material
y personal de �stas.
Junto a las dos transformaciones antedichas se produce,
adem�s, una tercera, la socializaci�n del Estado democr�tico, que conlleva
la inclusi�n de los derechos sociales entre los necesarios para la plena
pertenencia a la comunidad. En otras palabras, en el Estado social y
democr�tico de derecho para ser ciudadano no basta con que el ordenamiento
jur�dico garantice al individuo la participaci�n civil o pol�tica, es
necesario tener garantizado un status socio-econ�mico m�nimo que la
haga f�cticamente posible y generalizada. Para ello, los derechos sociales
han de pasar a formar parte del contenido facultativo de la ciudadan�a [153],
lo que permite reforzar y extender tambi�n su contenido obligatorio (sobre
todo de las obligaciones tributarias y sociales) a un n�mero de sujetos
cada vez mayor, que trasciende el colectivo de los nacionales. En efecto,
la capacidad de participaci�n del individuo en el ejercicio del poder
depende de que se le proporcionen los medios necesarios para disfrutar
real y efectivamente de la libertad e igualdad formales que son el
presupuesto de su participaci�n democr�tica. Ello tiene como consecuencia
que para integrarse plenamente como ciudadano en una comunidad pol�tica sea
precisa la garant�a prestacional por el Estado de los medios materiales
necesarios para formar parte de los distintos subsistemas sociales, y en
particular del sistema pol�tico, en condiciones de libertad e igualdad. A
tal efecto el ordenamiento garantiza a los individuos diversos derechos
sociales seg�n su nivel de sujeci�n, de entre los cuales uno de los m�s
relevantes es el derecho a la educaci�n, tanto por su conexi�n directa
como presupuesto material de una efectiva participaci�n pol�tica como por
su funcionalidad para una libre formaci�n de la voluntad del Pueblo del
Estado nacional. Dado que el cumplimiento por parte del Estado de
semejantes obligaciones prestacionales depende de su disponibilidad de los
medios materiales necesarios, el mismo solo� se consigue con un reparto
equitativo de las cargas p�blicas, para lo cual es necesario reforzar y
ampliar el c�rculo personal de los obligados a sostenerlas en proporci�n a
sus ingresos, incluyendo a los extranjeros residentes de manera
correlativa a su pretensi�n de ser incluidos como potenciales
beneficiarios de muchos de estos derechos sociales. Pi�nsese que en
sociedades envejecidas, como las occidentales democr�ticas, la mano de
obra inmigrante constituye una fuente de redistribuci�n de la riqueza
generada por �stos. Por ello no parece democr�tico �y mucho menos social-
que dichas personas, que contribuyen al sostenimiento material del Pueblo
del Estado, y est�n sujetos territorialmente a la mayor parte de su
ordenamiento, no puedan ser al mismo tiempo ciudadanos activos y
participar en la formaci�n de la voluntad pol�tica colectiva, posean o no
la nacionalidad del Estado.
Todo ello conduce a una autonomizaci�n de las funciones
que han de desempe�ar la nacionalidad y la ciudadan�a [154]. Mientras la primera puede ser
utilizada �nicamente para definir hacia el exterior las fronteras
personales del Estado-ordenamiento [155],
esto es, puede tener una funci�n jur�dica excluyente, la segunda ha de
servir como elemento para incrementar la diferenciaci�n funcional del
sistema jur�dico mediante mecanismos que permitan el intercambio de
papeles por parte de los individuos en los distintos sistemas sociales,
permitiendo la canalizaci�n de expectativas hacia el primero, esto es,
mediante la maximizaci�n material y personal de su inclusi�n en la
sociedad [156].
Un buen ejemplo actual de la regulaci�n constitucional diferenciada de
ambos institutos lo ofrece la vigente Constituci�n federal de M�xico, que
utiliza el t�rmino mexicanos para referirse a los nacionales, integrantes
de la Naci�n mexicana, regulando las condiciones de adquisici�n de dicha
condici�n en el art. 30 conforme a una mixtura de los criterios del ius
sanguinis y del ius soli para la adquisici�n por nacimiento y
del ius domicilii para la naturalizaci�n posterior; por el
contrario utiliza el t�rmino ciudadanos para referirse a un conjunto de
nacionales a los que confiere derechos y deberes de participaci�n en las
diversas esferas sociales, pero especialmente en la pol�tica, regulando
las condiciones de adquisici�n de esta segunda condici�n as� como el
concreto contenido facultativo y obligatorio que genera en el art. 34 ss.
Con todo, el sistema jur�dico democr�tico no consigue
librarse por completo de la herencia hist�rica que arrastran ambas
categor�as, de ah� que sigan manteni�ndose en buena medida vinculadas, con
distinta o con la misma denominaci�n [157].
En efecto, al amparo de las f�rmulas decimon�nicas de atribuci�n de la
soberan�a a un sujeto colectivo, a�n presentes en la mayor parte de los
textos constitucionales occidentales, se sigue vinculando buena parte,
cuando no toda, la participaci�n pol�tica a la pertenencia del individuo
al colectivo nacional soberano, lo que conduce a identificar falsamente la
ciudadan�a con una parte de los derechos que otorga la nacionalidad. La
identificaci�n se produce, no obstante, solo de forma parcial, pues muchos
ordenamientos estatales y supraestatales (como la Uni�n Europea) han independizado de la posesi�n de una nacionalidad amplios sectores de la
ciudadan�a, sobre todo los referentes a la participaci�n econ�mica y
social, e incluso algunos aspectos de la participaci�n pol�tica
(municipal), rindiendo as� tributo a las exigencias del Estado social y
democr�tico de derecho. As�, aunque en algunos casos extremos se excluye
del ejercicio de los principales derechos ciudadanos de participaci�n
pol�tica a los nacionales no residentes en el territorio del Estado (es el
caso antes visto de M�xico) [158],
en el otro extremo se encuentran Estados que incluyen en dicho ejercicio a
extranjeros residentes que no se han incorporado al colectivo de
nacionales (es el caso de Nueva Zelanda) [159],
hall�ndose la mayor�a en diversos puntos intermedios con una cierta
tendencia hacia este �ltimo polo de construcci�n de una ciudadan�a
postnacional [160].
Se sigue exigiendo, sin embargo, la nacionalidad para el ejercicio de los
principales derechos de participaci�n pol�tica, particularmente el acceso
a funciones p�blicas que conlleven jurisdicci�n o autoridad y el derecho
de sufragio activo y pasivo en las elecciones nacionales o estatales, esto
es, para todas aquellas funciones normativas que directa o indirectamente
inciden sobre el ejercicio de la �competencias de las competencias� [161].
Con todo, no es la vinculaci�n entre nacionalidad y ciudadan�a lo que pone
en peligro la legitimaci�n democr�tica del sistema jur�dico, sino el
desconocimiento, al llevarla a cabo, de la diferente funci�n que una y
otra desempe�an, y que se produce al hacer de la nacionalidad una
condici�n para el ejercicio del n�cleo de la ciudadan�a sin antes
democratizar los requisitos de adquisici�n o atribuci�n de la primera [162].
4.2. Vinculaci�n y diferenciaci�n de
la nacionalidad y la ciudadan�a en el constitucionalismo espa�ol del siglo XX
En lo que se refiere al constitucionalismo espa�ol del
siglo XX, anterior a la plena democratizaci�n y socializaci�n del Estado
que opera el vigente texto de 1978, cuyo an�lisis se obvia aqu� por
exceder el marco temporal de este trabajo, destacan el Anteproyecto de
Constituci�n elaborado en 1929 durante la dictadura del General Primo de
Rivera y la Constituci�n de 1931 debido a su especial forma de considerar la
nacionalidad y la ciudadan�a. Se deja a un lado los casi cuarenta a�os de
dictadura del General Franco, que suponen un par�ntesis en la
consideraci�n moderna de ambos institutos, y conllevan una vuelta a los
modelos historicistas medievales. Aunque se trata de dos textos muy distintos
entre s� en lo que se refiere a su vigencia y a sus caracter�sticas
estructurales [163],
tienen en com�n el renacimiento de la diferenciaci�n funcional de la
nacionalidad y la ciudadan�a desde bases te�ricas diversas, y el
mantenimiento de su vinculaci�n, subordinando el disfrute de la ciudadan�a
a la posesi�n de la nacionalidad. Ello se pone pl�sticamente de relieve en el art. 14 del
Anteproyecto constitucional de 1929, conforme al cual tanto la
naturalizaci�n privilegiada como la com�n confieren al naturalizado los
derechos y obligaciones inherentes a la nacionalidad espa�ola, incluidos
los de ciudadan�a en los t�rminos constitucionalmente previstos despu�s en
el art. 20. Sin embargo, ambos textos constitucionales difieren en la
forma de caracterizar formal y materialmente al sujeto nacional de la
soberan�a a cuya construcci�n contribuyen, en la medida en que el
Anteproyecto de Constituci�n de 1929 se basa en unos principios
estructurales bien distintos al principio democr�tico de la Constituci�n de 1931.
a) El tr�nsito hacia una concepci�n
m�s universalista de la nacionalidad
Por lo que se refiere a la nacionalidad, las
diferencias existentes entre el Anteproyecto constitucional de 1929 y el
texto republicano de 1931 respecto de la configuraci�n subjetiva de la Naci�n espa�ola se ven atenuadas por la necesidad de darle a aqu�lla un tratamiento
constitucional m�s extenso que el que hab�a recibido en los textos
decimon�nicos, atribuy�ndole, con ello, una funci�n pol�tica de control
del tama�o del Pueblo del Estado, en atenci�n a unos u otros valores
pol�ticos. El Anteproyecto constitucional de 1929 es claro a la hora de
decantarse por atribuir a la nacionalidad una funci�n nacionalista
excluyente en la configuraci�n de la Naci�n (art. 3), cuya composici�n
primaria se deriva ya en t�rminos �tnico-culturales de la descendencia
sangu�nea de padres espa�oles (art. 13.1), y solo secundariamente en
t�rminos voluntaristas del nacimiento o residencia continuada en
territorio espa�ol (arts. 13.3, 14, 15 y 16). En efecto, estas �ltimas
formas de adquisici�n de la nacionalidad en el caso de la vecindad del
extranjero inmigrado (ius domicilii) y de atribuci�n por nacimiento
en Espa�a� del hijo de extranjero (ius soli), se subordinan a la
coincidencia de dos voluntades: la del extranjero que solicita la vecindad
primero y la nacionalidad despu�s, opta o manifiesta expresamente su
voluntad de adquirir la nacionalidad espa�ola (naturalizaci�n
privilegiada), o pide la adquisici�n de la nacionalidad espa�ola por carta
de naturaleza (naturalizaci�n com�n); y la del Estado espa�ol que, con un
mayor o menor margen de discrecionalidad, realiza los actos jur�dicos
necesarios para el establecimiento del v�nculo de la nacionalidad. Se constitucionaliza as�, lo
que hab�a sido una tendencia legal desde finales del siglo XIX bajo el
Real Decreto de 6 de noviembre de 1916 y el art. 25 del C�digo Civil de
1889. Curiosamente, el margen de discrecionalidad era menor en algunos
supuestos de adquisici�n de la nacionalidad por naturalizaci�n
privilegiada, donde el art. 16 del Anteproyecto de Constituci�n impon�a al
legislador l�mites formales (taxatividad de los supuestos de rechazo) y
materiales (extraordinariedad y vinculaci�n a la seguridad p�blica u otro
inter�s nacional) para su denegaci�n m�s severos que en otros casos de
atribuci�n constitucional de la nacionalidad (extranjeros avecindados),
pues el silencio constitucional, combinado con la lista de requisitos y
exclusiones previstos en el Real Decreto de 6 de noviembre 1916, hac�a sumamente
dif�cil la integraci�n en la Naci�n espa�ola de muchos extranjeros residentes. Mientras, la adquisici�n de nacionalidad por carta de naturaleza
(naturalizaci�n com�n) alcanza su m�ximo margen de discrecionalidad
pol�tica en el art. 15 del Anteproyecto que concibe su libre otorgamiento
por parte del poder p�blico. Congruentemente con ello, la ciudadan�a se
atribuye preferente a los espa�oles de origen y a los naturalizados
privilegiadamente, en detrimento de los espa�oles por naturalizaci�n
com�n, a los que se exige una residencia adicional de cinco a�os para su
Al contrario, la Constituci�n republicana de 1931, inspirada por la transformaci�n antes aludida del principio democr�tico [164]
y por un universalismo ausente en la mayor parte del constitucionalismo
del siglo XIX, se sirve de la nacionalidad m�s para construir una
Naci�n espa�ola nueva que� para reconstruir una Naci�n hist�rica y
�tnico-cultural, previa y anterior al ordenamiento jur�dico. De ah�, que
se aleje del manejo de los criterios de atribuci�n y adquisici�n de la
nacionalidad utilizados por el Anteproyecto de 1929, le confiera a �sta una
funci�n universalista incluyente del m�ximo n�mero de individuos, aunque
ello no siempre sea plenamente congruente con el principio democr�tico. En
efecto, una primera medida adoptada por la Constituci�n de 1931 fue ampliar el �mbito de actuaci�n del ius soli como criterio de
atribuci�n de la nacionalidad espa�ola por nacimiento, concedi�ndosela a
los nacidos en Espa�a de padres desconocidos de forma autom�tica y a los
nacidos en Espa�a de padres extranjeros de forma latente, actualizable a
trav�s del ejercicio del derecho de opci�n en la forma que las leyes
determinasen (art. 23. 3 y 2). Y en lo que se refiere a la adquisici�n de
la nacionalidad espa�ola por residencia (ius domicilii), aunque el
art. 23.4 del texto constitucional no difiriese sustancialmente en su
dicci�n literal de lo que ven�a siendo norma com�n en nuestras
Constituciones decimon�nicas, el Decreto de 29 de abril de 1931 la convirti�
en una instituci�n que operaba casi autom�ticamente cuando se daban la
solicitud del extranjero residente y el cumplimiento del requisito de
vecindad. El citado Decreto elimin�, con una clara vocaci�n cosmopolita y
universalita, las exigencias de car�cter pol�tico y administrativo que
hab�a establecido el Real Decreto de 6 de noviembre de 1916, aunque requiriese en sus arts. 2 y 3
un per�odo de residencia bastante largo, de diez a�os si no concurr�an
circunstancias especiales (matrimonio con una espa�ola, establecimiento
empresarial en Espa�a, servicios importantes para la Naci�n, etc�), o de cinco a�os si concurr�an dichas circunstancias. La segunda v�a utilizada
por el texto constitucional para ampliar el tama�o de la Naci�n espa�ola, a�n con una finalidad incluyente, tuvo una incidencia menos coherente con el
principio democr�tico. Consisti� en reducir los supuestos de p�rdida de la
nacionalidad espa�ola a la p�rdida voluntaria, y en ampliar los supuestos
de doble nacionalidad con la finalidad de incluir entre los espa�oles a
los hijos de emigrados a las nuevas naciones americanas que hab�an
adquirido la nacionalidad de estos pa�ses [165].
Entre las causas de p�rdida de la nacionalidad (art. 24) se incluy� junto
a la naturalizaci�n en un pa�s extranjero, el hecho de entrar al servicio
de armas de un pa�s extranjero sin autorizaci�n del Estado espa�ol o
aceptar un cargo p�blico de un Estado extranjero que lleve anejo ejercicio
de autoridad o jurisdicci�n (ejercicio de la ciudadan�a), lo cual parec�a
razonable desde el punto de vista democr�tico, pues imped�a la
participaci�n simultanea en dos comunidades pol�ticas territoriales. Pero
se permiti� la conservaci�n de la nacionalidad espa�ola de aquellos
espa�oles que se nacionalizase en alguno de los pa�ses hisp�nicos de
Am�rica, con el correspondiente mantenimiento del ejercicio de la
ciudadan�a para quienes carec�an de la sujeci�n m�nima al ordenamiento
espa�ol que, desde un punto de vista democr�tico, les hiciese acreedores
de los derechos de participaci�n ciudadana.
b) Hacia una m�s precisa ampliaci�n
material y personal de la ciudadan�a
Este �ltimo aspecto conduce a un an�lisis, siquiera
sucinto, del tratamiento constitucional dado por el Anteproyecto de 1929 y
por el texto constitucional de 1931 a la ciudadan�a. Uno y otro coincidieron en diferenciar esta �ltima categor�a de la nacionalidad, haciendo
menci�n expresa de ambas en el texto constitucional �mucho m�s clara en el
Anteproyecto de 1929-. Sin embargo, divergieron en la forma de definir la
ciudadan�a, fruto de su diferente configuraci�n de la nacionalidad, y de
la vinculaci�n inescindible establecida entre una y otra. El Anteproyecto
constitucional de 1929 define la ciudadan�a en su art. 20 como la �capacidad
de ejercicio de los derechos pol�ticos y de los cargos que tengan aneja
autoridad o jurisdicci�n�, por lo que corresponde �nicamente a quienes
poseen capacidad de obrar (cumplimiento de la edad legal para su
ejercicio) y son espa�oles de origen (por atribuci�n constitucional de la
nacionalidad espa�ola) o extranjeros naturalizados privilegiadamente. Solo
se atribuye de forma diferida, a los cinco a�os de haber obtenido la
nacionalidad y residir habitualmente en Espa�a, a los naturalizados
com�nmente. Como se puede ver, la definici�n constitucional es precisa y
muy clara en comparaci�n con lo que hab�a sido usual en el largo per�odo
decimon�nico anterior, pero al mismo tiempo sumamente restrictiva en lo
relativo a quienes disfrutan de la ciudadan�a y a cu�l sea su contenido,
tambi�n en cierta consonancia con la tendencia reflejada por el
constituyente y por el legislador del siglo XIX de permitir un trato
diferencial de los extranjeros naturalizados respecto de los espa�oles de
origen. El disfrute de cualesquiera derechos pol�ticos, e incluso civiles,
por parte de los extranjeros s�bditos coloniales [166]
quedaba a merced del legislador (art. 21), con lo que se disolv�a la
constitucionalizaci�n de cualquier otra f�rmula de ciudadan�a. El
contenido de derechos ciudadanos a que hace referencia el art. 20 parece
referirse �nicamente al derecho de sufragio activo y pasivo (derechos
pol�ticos), y al acceso a cargos y funciones p�blicas (cargos que tengan
aneja autoridad o jurisdicci�n). Sin embargo, se ve completado
posteriormente por un contenido adicional -en el que se vuelve a hacer
menci�n al t�rmino ciudadan�a-, que confirma la cualidad pol�tica de los
derechos respecto de los cuales se utiliza, como las libertades de
expresi�n e informaci�n, asociaci�n, reuni�n, o en fin los derechos de
participaci�n en los asuntos p�blicos, que el art. 29 considera derechos
de los espa�oles en sus relaciones con sus conciudadanos. Fuera de
la ciudadan�a parecen quedar los derechos civiles o sociales (arts. 23
ss.), que el propio texto constitucional reconoce a todas las personas o a
los espa�oles seg�n los casos, y las obligaciones ciudadanas de los
espa�oles (art. 22).
A diferencia del Anteproyecto de 1929, la Constituci�n republicana de 1931 no contiene una definici�n de la ciudadan�a ni de su
vinculaci�n con la nacionalidad, sino que �nicamente utiliza de forma
aislada la palabra ciudadano, lo que ha llevado a algunos autores a
interpretar que el t�rmino ciudadano era m�s amplio que el de nacional
espa�ol e inclu�a a los extranjeros residentes, a los que de este modo se
habr�a reconocido tambi�n constitucionalmente el derecho de sufragio [167].
En nuestra opini�n, la Constituci�n espa�ola de 1931 no lleg� tan lejos. El
texto republicano garantizaba en su T�tulo III derechos de las personas,
de los espa�oles, e incluso de los extranjeros (como el derecho a
inmigrar� o las garant�as legales frente a la expulsi�n del art. 31), a
pesar de intitularse �de los derechos y deberes de los espa�oles� [168].
A los espa�oles se refer�a indistintamente con el t�rmino espa�oles,
cuando hac�a alusi�n a sus derechos civiles, o con el t�rmino ciudadanos,
cuando se refer�a a sus derechos pol�tico-participativos, tanto en el
T�tulo III (art. 36 respecto del derecho de sufragio, art. 37 respecto del
servicio civil o militar [169])
como fuera de �ste (art. 53 y 69 respecto del derecho de sufragio pasivo a
Cortes y a Presidente de la Rep�blica respectivamente). Pero inclu�a a los
ciudadanos dentro del c�rculo m�s extenso de los espa�oles, tal y como se
desprende a la luz de los siguientes argumentos de car�cter sistem�tico.
El primero, que el art. 24, al regular la doble nacionalidad, utilizaba
indistintamente los conceptos naturaleza y ciudadan�a respecto de los
espa�oles nacionalizados extranjeros (que no perd�an la nacionalidad
espa�ola) y respecto de los extranjeros de ciertos pa�ses iberoamericanos
naturalizados espa�oles (a los que tampoco se exig�a perder su
nacionalidad de origen) [170].
El segundo, que el art. 40 confer�a a los espa�oles un primigenio derecho
de ciudadan�a, el de acceso a cargos y funciones p�blicas [171],
y el art. 76 e), al regular como competencia del Presidente de la Rep�blica la de firmar determinados Tratados internacionales, inclu�a entre ellos los que
conlleven cargas individuales para los ciudadanos espa�oles, calificando
con ello de espa�oles a los ciudadanos, en la tradici�n de la Constituci�n de 1812. Con todo, las sucesivas abstracciones realizadas por un constituyente
democr�tico como el de 1931 llevan a que el c�rculo de los ciudadanos, aun
siendo m�s peque�o que el de los espa�oles, tienda a aproximarse en tama�o
a �ste, al suprimirse muchos de los requisitos capacitarios de ejercicio
de los derechos de ciudadan�a. Adem�s, el amplio reconocimiento
constitucional de derechos civiles y socioecon�micos de la persona,
algunos de los cuales son de clara vocaci�n pol�tico-participativa, como
las libertades de expresi�n (art. 34) o de reuni�n (art. 38), y los
silencios respecto de la posibilidad de atribuir el derecho de acceso a
cargos y funciones p�blicas que no lleven anejo el ejercicio de autoridad
o jurisdicci�n a los extranjeros, si bien no permiten reconstruir la
categor�a de la ciudadan�a en t�rminos jur�dicamente aut�nomos e
incluyentes, s� sientan las bases para el ulterior paso dado por el vigente
texto de 1978 de reformulaci�n y gradaci�n democr�tica de la ciudadan�a.
[1] Cfr. BRUNNER/CONZE/KOSELLECK,
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen
Sprache in Deutschland, Band I, Klett-Cotta, Stuttgart, 2004, p�g. XIX ss.
[2] Siguiendo la terminolog�a que
propone COSTA, Pietro, Il discorso della cittadinanza in Europa:
ipotesi di lettura, en Carlota Sorba (a cura di), Cittadinanza. Individui,
diritti sociali, collettivit� nella storia contemporanea. Atti del convegno
annuale SISSCO, Padova, 2-3 dicembre 1999, Pubblicazioni degli Archivi di
Stato, 2002.
[3] KELSEN, Hans, La naissance
de l�Etat et la formation de sa nationalite. Les principes leur application au cas
de la Tchecoslovaquie, Revue du Droit International, 1929, Vol II, p�g. 636; KELSEN,
Hans, Allgemeine Staatslehre, Max Gehlen, Bad-Homburg v.d. H�he,
1966 (Unver�nderter fotomechanischer Nachdruck der ersten Auflage 1925), p�g.
[4] Sobre el problema de la relaci�n
entre el ordenamiento internacional y el estatal cfr. ALAEZ CORRAL, Benito,
Soberan�a constitucional e integraci�n europea, Fundamentos, N� 1, 1998,
p�g. 519 ss.
[5] Como parece reconocer impl�citamente
el propio KELSEN, Hans, La naissance de l�Etat et la formation de sa
nationalite..., ob., cit., p�g. 636.
[6] JELLINEK, Georg, Allgemeine Staatslehre, 3. Auflage (f�nfter Neudruck), Julius
Springer, Berlin, 1929, p�g. 182 ss.
[7] En la tradici�n anglosajona se la
considera ciudadan�a nominal o formal y que se contrapone a la ciudadan�a
sustantiva o material (BAUB�CK, Rainer, Transnational citizenship,
Edward Elgar, Aldershot, 1994, p�g. 23 ss.; BOSNIAK, Linda, Constitucional
citizenhsip through the prism of alienage, Ohio State Law Journal, 2002,
Vol. 63, N� 5, p�g. 1299-1300, p�g. 1299-1300).
[8] Cfr. BRUBAKER, Rogers,
Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University
Press,� Harvard, 1992, p�g. 21-23.
[9] Cfr. EMERICH, Francis,
Ethnos und Demos, Berlin, 1965, p�g. 88 ss. En contra de atribuir al principio
democr�tico un car�cter inclusivo, cfr. BAUB�CK, Rainer, Transnational
citizenship, ob. cit., p�g. 197 ss.
[10] Cfr. BASTIDA FREIJEDO, Francisco,
La soberan�a borrosa: la democracia, Fundamentos, N�1, 1998, p�g. 389
[11] Como sostiene respecto de la
nacionalidad GRAWERT, Rolf, Staat und
Staatsangeh�rigkeit.Verfassungsgeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der
Staatsangeh�rigkeit, Duncker & Humblot, Berlin, 1973, p�g. 22. [12] Sobre la contribuci�n del concepto
liberal-democr�tico de Constituci�n y del Estado moderno a la diferenciaci�n
funcional del sistema jur�dico, como subsistema de comunicaci�n social, cfr. LUHMANN,
N., La Constitution comme acquis evolutionnaire, Droits 1995,
N� 22, p�g. 112-113.
[13] Cfr. HOLZ, Klaus, Citizenship:
Mitgliedschaft in der Gesellschaft oder differenztheoretisches Konzept?, en
Holz, Klaus (Hrsg.) Staatsb�rgerschaft. Soziale differenzierung und politische Inklusion,
Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2000, p�g. 195-196; KADELBACH, Stefan, Staatsb�rgerschaft
� Unionsb�rgerschaft � Weltb�rgerschaft, in Josef Drexl (Hrsg.),
Europ�ischen Demokratie, Nomos, Baden-Baden, 1999, p�g. 91 ss.
[14] En este sentido, cfr. DAVIDSON,
Alastair, From subject to citizen. Australian citizenship in the 20th
century, Cambridge University Press, Melbourne, 1997, p�g. 13-44.
[15] Un exhaustivo an�lisis hist�rico de
las nociones de nacionalidad y ciudadan�a en Europa desde la Edad Media hasta la �poca contempor�nea, recubiertas bajo el manto del t�rmino cittadinanza,
se puede ver en COSTA, Pietro, Civitas. Storia de la cittadinanza in
Europa, Vol. I-IV, Roma/Bari, Laterza, 1999-2001. [16] Sobre la aplicabilidad del sentido
esencial de la ciudadan�a romana a la transformaci�n de la ciudadan�a en el
Estado moderno, cfr. CRIFO, Giuliano, Civis. La cittadinanza tra
antico e moderno, Laterza, Roma-Bari, 2000, p�g. 27-28, 81-82.
[17] Cfr. CRIFO, Giuliano, Civis.
La cittadinanza tra antico e moderno, op. cit., p�g. 67 ss. Tambi�n se
lograba una cierta asimilaci�n cultural en la medida en que la forma originaria
(y principal durante buena parte del per�odo grecolatino) de atribuci�n de la
ciudadan�a era el nacimiento a partir de padres de ciudadan�a romana, de manera
semejante a como se adquiere la nacionalidad originaria hoy, con lo cual esa
adscripci�n natalicia produc�a ya una cierta inmersi�n cultural hereditaria.
[18] Sobre la moderna ciudadan�a (sobre
todo en los EE.UU.) como un status y su vinculaci�n la inclusi�n en la
comunidad pol�tica a trav�s de la posibilidad de ejercicio de del derecho de
sufragio, SHKLAR, Judith N., American citizenship. The Quest for inclusion, Harvard University
Press, Cambridge/London, 1991, p�g. 14 ss.
[19] Sobre la posici�n de los extranjeros
en la antig�edad en Espa�a, v�ase con car�cter general �LVAREZ-VALD�S Y
VALD�S, Manuel, La extranjer�a en la historia del derecho espa�ol,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1991, p�g. 67
[20] En este mismo sentido pero
manteniendo la funci�n excluyente de la ciudadan�a hasta la actualidad, como
consustancial a �sta, cfr. ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a y
democracia: una revisi�n del liberalismo democr�tico desde el pluralismo, la
autonom�a y la tolerancia, Tesis doctoral, Universidad Aut�noma de
Barcelona, Barcelona, 1997, p�g. 36.
[21] Se trata de un fen�meno, presente no
s�lo en �stos sino en muchos otros institutos jur�dicos, como el matrimonio, la
familia, la paternidad, o la propiedad. Sobre la incidencia de esta
diferenciaci�n en los distintos institutos jur�dicos, cfr. TEUBNER, G�nther,
Recht als autopoietisches System, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1989.
[22] Un breve an�lisis evolutivo de las
nociones de nacionalidad y ciudadan�a entremezcladas bajo este �ltimo t�rmino,
junto con una selecci�n de textos de cl�sicos pol�ticos y filos�ficos se puede
ver en RIESENBERGER, Peter, A history of citizenship: Sparta to
Washington, Krieger Publishing Company, Malabar, 2002.
[23] Aunque la mayor parte de estas
reflexiones sobre la ciudadan�a sean aplicables a la democracia ateniense,
muchas son trasladables al sistema pol�tico de Esparta, a�n m�s excluyente y
restrictivo en su atribuci�n y caracterizaci�n iusfundamental que la primera;
sobre el trato de los extranjeros en una y otra sociedad griega cl�sica en
general, PEREZ MART�N, E., Los extranjeros y el derecho en la antigua
Grecia, Dykinson, Madrid, 2001.
[24] Conforme a la formulaci�n m�s
perfilada de la misma que dio Arist�teles en su Politica. Un an�lisis
detallado de los distintas fases de construcci�n de este concepto en la Grecia cl�sica puede verse en ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a y democracia�.,
ob. cit., p�g. 37-.51 y en KLUSMEYER, Douglas B., Between consent and
descent: conceptions of democratic citizenship, Carnegie Endowment for
internacional peace, Washington D.C., 1996, p�g. 9-15
[25] PEREZ MART�N, E., Los
extranjeros y el derecho en la antigua Grecia, ob. cit., p�g. 145-146.
[26] Cfr. KLUSMEYER,
Douglas B., Between consent and descent�., ob. cit., p�g. 14-15, y DAVIDSON,
Alastair, From subject to citizen. Australian citizenship in the 20th century, ob. cit., p�g. 15-16.
[27] En este mismo sentido, sobre la
naturaleza excluyente de la ciudadan�a aristot�lica WALZER, Michael, Spheres
of justice. A defence of pluralism and equality, Basil Blackwell, Oxford, 1983, p�g.
[28] Cfr. DAVIDSON, Alastair, From
subject to citizen�., ob. cit., p�g. 15, para quien el ciudadano ateniense
lo es m�s por lo que la persona hace que por lo que la persona consigue.
[29] Sobre el car�cter excluyente de la
ciudadan�a respecto de los extranjeros (incluso los residentes) cfr. PEREZ
MART�N E., Los extranjeros y el derecho en la antigua Grecia, ob.
cit., p�g. 109 ss.
[30] Lo que dar�a a este embri�n de la
ciudadan�a un cierto car�cter inclusivo; sobre ello, cfr. KLUSMEYER, Douglas
B., Between consent and descent�., ob. cit., p�g. 10-11.
[31] En detalle sobre la transmisi�n de
la condici�n de ciudadano por descendencia en la Atenas cl�sica v�ase MACDOWELL, D. M., The law in classical Athens, Cornell
University Press, New Cork, 1978, p�g. 66 ss.
[32] De ah� que las normas jur�dicas
primarias sobre las que recae el proceso de positivizaci�n en las sociedades
antiguas, especialmente en la griega cl�sica, sean principalmente las de
procedimiento, y solo secundariamente las sustantivas que �nicamente reproducen
las normas metapositivas contenidas en el orden moral y religioso-; cfr GAGARIN,
M., Early greek law, University of California Press, Berkeley, 1986,
p�g. 12 ss., 143 ss.
[33] Sobre ellos pesaban deberes� y
prohibiciones variados (militares, tributarios, civiles, penales, etc�), tanto
m�s intensos cuanto m�s lo era la vinculaci�n del extranjero con el territorio
de la polis, esto es, mayores para los residentes que para los meramente
transe�ntes; cfr. con car�cter general MACDOWELL, D. M., The law in
classical Athens, ob. cit., p�g. 73 ss. , y m�s diferenciadamente,
distinguiendo la sociedad espartana y la sociedad ateniense, PEREZ MART�N,
E., Los extranjeros y el derecho en la antigua Grecia, ob. cit., 114
[34] Cfr. MACDOWELL, D. M.,
The law in classical Athens, ob. cit., p�g. 70 ss. Sobre su naturaleza m�s bien
excepcional, PEREZ MART�N, E., Los extranjeros y el derecho en la
antigua Grecia, ob. cit., p�g. 143.
[35] Sobre la variabilidad de este
contenido, sobre todo en el per�odo imperial, cfr. SHERWIN-WHITE, A.N., The
roman citizenship, Clarendon Press, Oxford, 1973, p�g. 265-265 ss.
[36] Cives iure optimo; cfr. CORDINI,
Giovanni, Elementi per una teoria giuridica della citadinanza,
Cedam, Padova, 1998, p�g. 49 ss., 57 ss.
[37] En este mismo sentido
cfr. SHERWIN-WHITE, A.N., The roman citizenship, ob. cit., p�g.
222 y KLUSMEYER, Douglas B., Between consent and descent�., ob.
cit., p�g. 20
[38] Sobre esa evoluci�n del concepto de
ciudadan�a en el mundo romano y sus diferencias con la ciudadan�a en la Grecia cl�sica, v�ase POCOCK, J.G. A., The ideal of citizenship since classical
times, en Ronald Beiner (Edit.), Theorizing citizenship, State University
of New York Press, Albany, 1995, p�g. 29 ss., para quien el ciudadano pasa de zoon
politikon a ser homo legalis, y con ello la ciudadan�a pasa de un
concepto pol�tico ideal, con Arist�teles, a ser un concepto jur�dico real, con
[39] Sobre las distintas finalidades
pol�ticas que se imputaron al Edicto del emperador Caracalla extendiendo la
ciudadan�a a los extranjeros, cfr. SHERWIN-WHITE, A.N., The roman
citizenship, ob. cit., p�g. 264 ss., 380 ss.
[40] Cfr. GAUDEMET, J., Les
romains et les �autres�, en La nozione di �romano� tra cittadinanza e
universalit�. Atti del
II Seminario Internazionale di Studi Storici �Da Roma alla terza Roma� 21-23
aprile 1982, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli, 1982, p�g. 8-9.
[41] Cfr. ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a
y democracia�., ob. cit., p�g. 57-58.
[42] Cfr. MURA, Virgilio, Sulla
nozione di cittadinanza, en Virgilio Mura (a cura di), Il cittadino e lo
Stato,� Franco Angeli, Milano, 2002, p�g. 18.
[43] Cfr. POCOCK, J.G. A.,
The ideal of citizenship since classical times, ob. cit., p�g. 34 ss. [44] Y parecida tambi�n a la que
desempe�a� la ciudadan�a europea en el proceso de integraci�n pol�tica de la Uni�n Europea, aunque en este caso se le haya querido dar m�s el sentido de un contenido
material iusfundamental que el de un v�nculo formal con un ordenamiento
soberano. En un sentido semejante, cfr. CRIFO, Giuliano, Civis. La
cittadinanza tra antico e moderno, op. cit., p�g. 81-83.
[45] Sobre la pluralidad de significados
hist�ricos del concepto natio, cfr. BRUNNER/CONZE/KOSELLECK, Geschichtliche
Deutschland, Band VII, ob. cit., p�g. 151 ss.
[46] KLUSMEYER, Douglas B., Between
consent and descent�., ob. cit., p�g. 18.
[47] ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a
y democracia�., ob. cit., p�g. 59
[48] ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a
y democracia�., ob. cit., p�g. 60.
[49] Sobre el significado del concepto �ciudadano� (�B�rger�) en este per�odo medieval, v�ase BRUNNER/CONZE/KOSELLECK, Geschichtliche
Deutschland, Band I, ob. cit., p�g. 676 ss.
[50] CORDINI, Giovanni, Elementi
per una teoria giuridica della citadinanza, ob. cit., p�g. 78 ss.
[51] BRUNNER/CONZE/KOSELLECK, Geschichtliche
Deutschland, Band I, ob. cit., p�g. 679-680, trata de poner de relieve c�mo
este significado del t�rmino ciudadano era un significado �vulgar� y en parte
de la filosof�a pol�tica alemana del siglo XVII dicho concepto retoma el
sentido activo de la ciudadan�a aristot�lica. [52] Cfr. DAVIDSON,
Alastair, From subject to citizen�., ob. cit., p�g. 15.
[53] ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a
y democracia�., ob. cit., p�g. 64. Sobre los beneficios socio-econ�micos de
los �naturales� del Reino de Espa�a tal y como los fij� la Real C�dula de Felipe II de 1565, cfr. DE CASTRO, Federico, La adquisici�n por vecindad de la nacionalidad espa�ola, Informaci�n Jur�dica, N� 37, 1945, p�g. 76.
[54] Parad�jicamente, como explica HAHN,
Alois, Staatsb�rgerschaft, Identit�t und Nation in Europa, en Holz,
Klaus (Hrs..), Staastb�rgerschaft�., ob. cit., p�g. 67-71, a los extranjeros se les permite participar en las sociedades premodernas, como la medieval y la
renacentista, en algunos puestos administrativos o militares, para asegurarse
su fidelidad a cambio de un beneficio, sin que ni la extranjer�a ni la
ciudadan�a est�n a�n generalizadas.
[55] Cfr. �LVAREZ-VALD�S Y VALD�S,
Manuel, La extranjer�a en la historia del derecho espa�ol, ob. cit.,
p�g. 106-107 ss, 302 ss.
[56] Cfr. CORDINI, Giovanni, Elementi
per una teoria giuridica della citadinanza, ob. cit., p�g. 81-82.
[57] Se reducen pr�cticamente al �mbito
municipal, donde no se puede prescindir por completo de la participaci�n de la
persona individualmente considerada; cfr. MURA, Virgilio, Sulla
nozione di cittadinanza, ob. cit., p�g. 19.
[58] Sobre la intercambiabilidad de los
t�rminos civis, municipes y subditus durante toda la Edad Media, cfr. RIESENBERG, P., Citizenship in the western tradition,
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1992, p�g. 143-145, 175.
[59] El monopolio del poder p�blico ad
extra explica que la funci�n de la emergente nacionalidad, sea precisamente
excluyente, de diferenciaci�n del Estado-naci�n respecto de su medio externo, y
no incluyente como propone BRUBAKER, Rogers, Citizenship and
Nationhood in France and Germany, op. cit., p�g. 53 ss. [60] En un sentido semejante, cfr. KLUSMEYER,
Douglas B., Between consent and descent�., ob. cit., p�g. 23-25.
[61] Sobre ello MURA, Virgilio, Sulla
nozione di cittadinanza, ob. cit., p�g. 19; COSTA, Pietro, La
cittadinanza: un tentativo di ricostruzione �archeologica�, en Danilo Zolo
(a cura di), La cittadinanza: appartenenza, identit�, diritti, Laterza,
Roma-Bari, 1997, p�g. 57.
[62] Cfr. BENDIX, Reinhard, Estado
nacional y ciudadan�a, Amorrortu, Buenos Aires, 1974, p�g. 78 ss. [63] Ello explica en buena medida las
diferencias terminol�gicas existentes en las diversas tradiciones jur�dicas,
continental/anglosajona, europea/americana, conforme a las cuales, las segundas
mantienen un �nico t�rmino, el de ciudadan�a, para hacer referencia a las dos
instituciones aqu� analizadas, la nacionalidad (ciudadan�a d�bil o formal) y la
ciudadan�a en sentido estricto (ciudadan�a fuerte o sustantiva);� sobre ello
v�ase GOSEWINKEL, Dieter, Untertanschaft, Staatsb�rgerschaft,
Nationalit�t, Berliner Journal f�r Soziologie, 1998, N� 4, p�g. 507 ss.
[64] Cfr. ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a
y democracia�., ob. cit., p�g. 66 ss. La mejor expresi�n de ello es que en
la teor�a del contrato social desarrollada por HOBBES, Thomas, Leviathan,
Cambridge University Press, Cambridge, 1991 (reimpresi�n de la 1� edici�n de
1651), p�g. 154-155, �ste en ning�n momento habla de ciudadanos sino s�lo de
s�bditos, esto es, s�lo refiere la posici�n pasiva del individuo frente al
poder del soberano, no su dimensi�n activa. Previamente BODIN, Jean, Six
Livres de la Republique, Scientia Aalen, 1961 (reimpresi�n fotogr�fica de
la edici�n de 1583), p�g.� 70 ss., aunque utiliz� el t�rmino ciudadano, se
refiri� a �l en este mismo sentido pasivo, como equivalente a s�bdito nacional;
cfr. LEFEBVRE-TEILLARD, Anne, Jus Sanguinis: L'�mergence d'un
principe (�l�ments d'histoire de la nationalit� fran�aise), Revue critique
de droit international priv�, 1993, p�g. 225-250ss.
[65] Cfr. CORDINI, Giovanni, Elementi
per una teoria giuridica della citadinanza, ob. cit., p�g. 94-95. Respecto de Francia, cfr. RAPPORT,
Michael, Nationality and citizenship in Revolutionary France: the treatment of foreigners 1789-1799, Clarendon Press, Oxford, 2000, p�g. 16-17 ss.
[66] La discusi�n acerca de si el
individuo puede liberarse de esa perpetual allegiance hacia su soberano
y convertirse en s�bdito de otro soberano, esto es, si la incipiente
nacionalidad es algo dependiente en alguna medida o totalmente independiente de
la voluntad subjetiva se pondr� de relieve por primera vez en las decisiones de
los jueces brit�nicos sobre la p�rdida de la ciudadan�a pasiva inglesa de los
colonos disidentes tras la guerra de independencia americana (v�ase la decisi�n
del juez Coke en el Calvin�s Case de 1608); cfr FAHRMEIR,
Andreas, Citizens
and Aliens. Foreigners and the law in Britain and the German States 1789-1870, Berghahn Books, New
York/Oxford, 2000, p�g. 12 ss.
[67] RAPPORT, Michael, Nationality and citizenship in Revolutionary France, ob. cit., p�g. 23.
[68] Sobre el manejo de uno y otro
criterio de formaci�n de la nacionalidad en los reinos integrantes de la Espa�a medieval y moderna, cfr. P�REZ COLLADOS, Jos� Mar�a, Una aproximaci�n
hist�rica al concepto jur�dico de nacionalidad (la integraci�n del Reino de
Arag�n en la monarqu�a hisp�nica), Instituci�n Fernando el Cat�lico,
Zaragoza, 1993, p�g. 31 ss.
[69] Lo que coincide con el paradigma
hobbesiano de que la condici�n de s�bdito se adquiere en un hipot�tico pacto
social por el que se sale del estado de naturaleza, y cuya causa real es el
inter�s racional del individuo de no perecer bajo el estado de naturaleza, y no
lo es la voluntad subjetiva ego�sta y aut�noma de los s�bditos; sobre ello y su
relaci�n con la ciudadan�a, cfr. BAUB�CK, Rainer, Transnational
citizenship, op. cit. p�g. 55 ss.
[70] Aunque uno y otro elemento est�n
vinculados, como pone de relieve el art. VI del Tratado de Westfalia de 1648,
que fija las bases poblacionales y territoriales del poder del Estado-naci�n.
[71] Sobre ello respecto de Francia, cfr.
NICOLET, Claude, Citoyennete fran�aise et citoyennete romaine: essai
de mise en perspective, en La nozione di �romano� tra cittadinaza e
universalita�., ob. cit., p�g. 148-149; RAPPORT, Michael, Nationality
and citizenship in Revolutionary France, ob. cit., p�g. 31 ss., y respecto
del Reino Unido FAHRMEIR, Andreas, Defining the Citizen. Citizenhsip law in the
Code Napoleon and its legacy, Paper presented to the Congress �Napoleon and the Empire�, University of Verona, 2004 (http://www.newcastle.edu.au/school/liberal-arts/news/napoleon2004/papers/Fahrmeir-DefiningTheCitizen.pdf).
Sobre el origen for�neo
de la noci�n de espa�ol, cfr. CASTRO, Am�rico, Sobre el nombre y el
qui�n de los espa�oles, Taurus, Madrid, 1973.
[72] Cfr. DAVIDSON,
Alastair, From subject to citizen�., ob. cit., p�g. 18. Un proceso muy lento, por supuesto,
que no es incompatible con la coexistencia inicial de diversas lenguas (aunque
una fuese la dominante) o diversas culturas y f�rmulas de organizaci�n social,
pero que en el fondo tend�a a la uniformizaci�n de las estructuras sociales y
pol�ticas b�sicas a trav�s de la igualaci�n legal de los individuos como
s�bditos del Estado. Como bot�n de muestra v�ase la funci�n del Allgemeines
Landrecht Prusiano a partir de 1794; sobre ello, BRUBAKER, Rogers, Citizenship
and Nationhood in France and Germany, op. cit., p�g. 61 ss. En nuestro pa�s
v�anse los Decretos de Nueva Planta de Felipe V (1707), por los que se extend�a
la organizaci�n pol�tica administrativa de la corona de Castilla a los dem�s
reinos de Espa�a excepto a Navarra y el Pa�s Vasco; sobre el proceso de
unificaci�n pol�tico-administrativa en Espa�a, en general, cfr. P�REZ
COLLADOS, Jos� Mar�a, Una aproximaci�n hist�rica al concepto jur�dico de
nacionalidad�., ob. cit., p�g. 233 ss.
[73] Cfr. DAVIDSON,
Alastair, From subject to citizen�., ob. cit., p�g. 19.
[74] John Locke, por ejemplo, se manifestaba
en 1693 a favor de una nacionalizaci�n masiva de los extranjeros residentes,
como pone de relieve RESNICK, David, John Locke and the problem of
naturalization, ob. cit., p�g. 374 ss.
[75] Sobre la extensi�n del poder r�gio
como base pol�tica de la construcci�n del pueblo del Estado, cfr. MARAVALL,
Jos� Antonio, Teor�a del Estado en Espa�a en el siglo XVII, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997 (2� edici�n), p�g. 111-112.
[76] No se debe creer, pues, como ha
hecho el grueso de la historiograf�a pol�tica sobre la materia, que el concepto
de Naci�n como corpus pol�tico nace por primera vez con los movimientos
revolucionarios liberal-democr�ticos, particularmente con el franc�s, sino que
ya durante los siglos XVII y XVIII est� presente ese proceso de formaci�n
cultural y pol�tica de la Naci�n. Pero tampoco se debe pensar que la concepci�n de Naci�n que surge en el pensamiento pol�tico del siglo XVIII est� vac�a
de elementos �tnico-culturales y se asemeja, con ello a la noci�n
revolucionaria, que se formular� posteriormente. Lo novedoso en la aparici�n
del concepto de Naci�n durante el XVIII es que la misma se considere el
sustrato personal sobre el que se asienta el Estado, y esto es lo que permite
verla como un cuerpo pol�tico, sin perjuicio de que el mismo estuviera siendo
construido a trav�s de un proceso de cierta asimilaci�n �tnico-cultural
consustancial a la concentraci�n de poder en las manos del Estado; sobre los
antecedentes de la noci�n pol�tica de Naci�n en el tiempo anterior a la Revoluci�n francesa, cfr. CHIARAMONTE, Jos� Carlos, Naci�n y Estado en Iberoam�rica. El lenguaje pol�tico en tiempos de las independencias, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2004, p�g. 31-38. [77] P�REZ COLLADOS, Jos� Mar�a, Una
aproximaci�n hist�rica al concepto jur�dico de nacionalidad, ob. cit., p�g.
194 ss., supravalora la influencia de la instituci�n de la reserva de oficios
de las Coronas de Castilla y Arag�n a los naturales de las mismas como un
mecanismo de integraci�n y de formaci�n de una conciencia nacional, que
coadyuva al proceso de formaci�n de la unidad pol�tica del Estado espa�ol. Por
su parte, DE CASTRO, Federico, La adquisici�n por vecindad de la
nacionalidad espa�ola, ob. cit., p�g. 76, se�ala c�mo en Espa�a los
extranjeros eran admisibles, conforme al derecho hist�rico recogido en la Nov�sima Recopilaci�n, respecto de los oficios que no fuesen los de Corregidor, Gobernador,
Alcalde Mayor, Regidor, etc�; respecto de la situaci�n en Francia v�ase RAPPORT,
Michael, Nationality and citizenship in Revolutionary France, ob.
cit., p�g. 84-85.
[78] En este sentido v�ase, FAHRMEIR,
Andreas, Defining the Citizen. Citizenhsip law in the Code Napoleon and
its legacy, ob. cit. [79] Sobre el trato de jur�dico civil de
los extranjeros en el derecho franc�s durante el antiguo r�gimen, cfr. BENHOER,
Hans-Peter, Le citoyen et l�etranger en droit romain et droit fran�ais,
en La nozione di �romano� tra cittadinanza e universalita�, ob. cit., p�g. 182
[80] Sobre ello y el reflejo de esas
limitaciones al poder y, con ello, de la construcci�n de un nuevo sentido de la
ciudadan�a, en las obras de Locke, Montesquieu, Rousseau o Kant, cfr. ZAPATA
BARRERO, Ricard, Ciudadan�a y democracia�., ob. cit., p�g. 74 ss
[81] Cfr. CORDINI, Giovanni, Elementi
per una teoria giuridica della citadinanza, ob. cit., p�g. 98-99.
[82] Se parte aqu� de lo que de
colectividad abstracta puedan tener la Naci�n o el Pueblo para el pensamiento
revolucionario, tal y como se plasm� en los documentos constitucionales
franceses,� y se dejan a un lado sus diferencias; sobre esos elementos comunes,
cfr. MA�Z, Ram�n, Los dos cuerpos del soberano: el problema de la
soberan�a nacional y la soberan�a popular en la revoluci�n francesa,
Fundamentos, N� 1, 1998, p�g. 173 ss. Ma�z trata, con ello, de matizar algunos
aspectos de la interpretaci�n cl�sica de CARR� DE MALBERG, Raymond, Contribution
a la Th�orie G�n�rale de l�Etat, Vol. II, Sirey, Paris, 1920-1922, p�g.
152-197, claramente diferenciadora de la naturaleza de uno y otro sujeto
colectivo; en contra de la existencia de dicha diferenciaci�n en la teor�a
pol�tica revolucionaria francesa de finales del XVIII, afirmando el car�cter
colectivo y concreto del sujeto de la soberan�a, con su consiguiente
composici�n a partir de ciudadanos activos, v�ase, BACOT, Guillaume, Carr�
de Malberg et l�origine de la distinction entre souverainet� du peuple et
souverainet� nationale, CNRS, Paris, 1985, p�g. 137 ss.
[83] La formas de realizar dicha apertura
fueron muy diversas y variaron, dependiendo del momento y del lugar, entre el
sufragio censitario y el sufragio universal masculino, entre la forma
asamblearia de gobierno y la parlamentaria representativa, pasando por la
presidencialista. Sobre las diversas formas de construir el ideal
liberal-democr�tico de ciudadan�a en las tradiciones inglesa, americana o
francesa, v�ase KLUSMEYER, Douglas B., Between consent and descent�.,
ob. cit., p�g. 29 ss.
[84] Cfr. DAVIDSON,
Alastair, From subject to citizen�., ob. cit., p�g. 27 ss..
[85] Cfr. ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a
y democracia�., ob. cit., p�g. 76 ss. Un buen ejemplo de ello es la
distinci�n que realiza la Declaraci�n de� Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789: al hombre le corresponden derechos meramente civiles que
requieren una actitud pasiva del Estado en relaci�n con la esfera privada del
individuo, mientras que al ciudadano se le atribuyen derechos de participaci�n
directa o indirecta en la formaci�n de la voluntad de la comunidad pol�tica,
esto es, en el ejercicio de la soberan�a.
[86] Esta comprensi�n voluntarista de la
integraci�n posterior al pacto fundacional en la comunidad pol�tica nacional ya
es posible verla en Locke, como pone de relieve RESNICK, David, John
Locke and the problem of naturalization, The Review of Politics, Vol. 49,
1987, p�g. 378 ss.
[87] Para TROPER, Michel, La
notion de citoyen sous la R�volution fran�aise, en Etudes en l�honneur du Georges Dupuis, LGDJ, Montchrestien, 1997, p�g. 304, sin embargo, la posesi�n de derechos civiles la otorga la nacionalidad ya en el Antiguo R�gimen, de modo que la nueva ciudadan�a (nacional) revolucionaria, m�s que atribuir a sus integrantes derechos civiles les atribuir� los derechos pol�ticos de ser representados (ciudadan�a pasiva) y, en su caso, de elegir y ser representantes (ciudadan�a activa), pues los derechos civiles ya se los atribuir�a la Declaraci�n de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 a todo hombre por el mero hecho de residir en
una comunidad pol�ticamente organizada como una Naci�n soberana. En mi opini�n,
Troper sobreestima el valor c�vico de la nacionalidad del Antiguo R�gimen, del
que en general se puede decir que habr�a sometido a los s�bditos nacionales a
un mismo poder pero no a unas misma reglas jur�dicas, aspecto esencial para que
la libertad y la igualdad naturales est�n garantizadas como derechos civiles,
que s� aportar�a la pertenencia a la Naci�n soberana revolucionaria (ciudadan�a nacional) ser� unos mismos e iguales derechos civiles.
[88] Cfr. CARRE DE MALBERG, R., Contribution
a la Theorie generale de l�Etat, Sirey, Paris, 1922, Tomo II, p�g. 170 ss.
[89] GRAWERT, Rolf, Staat und Staatsangeh�rigkeit, ob. cit., p�g. 174-175 ss., 193
[90] Cfr. BRUNNER/CONZE/KOSELLECK,
Sprache in Deutschland, Band VII, ob. cit., p�g. 302 ss.
[91] Sobre estos conceptos en
detalle, GRAWERT, Rolf, Staat und Staatsangeh�rigkeit, ob. cit.,
p�g. 123 ss.
[92] Sobre ello, en
detalle, v�ase GOSEWINKEL, Dieter, Einb�rgern und Ausschliessen. Die Nationalisierung der
Staatsangeh�rigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland,
Vandenhoeck & Ruprecht, G�ttingen, 2001, p�g. 67 ss.; GRAWERT, Rolf,
Staat und Staatsangeh�rigkeit, ob. cit., p�g. 156-157.
[93] Respecto de los textos
constitucionales franceses, cfr. TROPER, Michel, La notion de citoyen
sous la R�volution fran�aise, ob. cit., p�g. 304.
[94] En un sentido semejante RAPPORT,
Michael, Nationality and citizenship in Revolutionary France, ob. cit., p�g. 332-333.
[95] TROPER, Michel, La notion
de citoyen sous la R�volution fran�aise, ob. cit., p�g. 305, nota al pie n� 7, para quien se confunde con la ciudadan�a pasiva.
[96] Sobre la relaci�n con la soberan�a
de las nociones de s�bdito y ciudadano en el enciclopedismo ilustrado, cfr. MONNIER,
Raymonde, �La noci�n de ciudadano en Francia de la Ilustraci�n a la Revoluci�n: definiciones, normas y usos, Historia contempor�nea, N� 28, 2004, p�g. 299 ss.
[97]� Cfr. el art. 2 del T�tulo II de la Constituci�n francesa de 1791, conforme al cual son ciudadanos (pasivos) franceses, �los
nacidos en Francia de un padre franc�s, los nacidos en Francia de un padre
extranjero que haya fijado su residencia en el Reino, los nacidos en el
extranjero de un padre franc�s que se hayan establecido en Francia y hayan
prestado juramento c�vico, y los nacidos en el extranjero en cualquier grado de
un franc�s o francesa expatriados por motivos religiosos que se establezcan en
Francia y presten juramento c�vico�; y el art. 3 que permite adquirir la�
ciudadan�a (pasiva) francesa a los �extranjeros nacidos fuera del Reino de
padres extranjeros siempre que lleven cinco a�os domiciliados en Francia, hayan
adquirido inmuebles, contra�do matrimonio con una francesa o emprendido una
explotaci�n agr�cola o comercial y, adem�s, hayan prestado el juramento
c�vico�. Curiosamente, estos requisitos, a excepci�n de la expresi�n de
voluntad del extranjero residente que revela el juramento c�vico, coinciden con
los que hab�a fijado del Decreto de 30 de abril de 1790 para la naturalizaci�n
como franc�s.
[98] Cfr. el art. 2 del la Secci�n 2�, Cap. I del T�tulo III de la Constituci�n Francesa de 1791, conforme al cual los ciudadanos franceses por nacimiento o adquisici�n podr�n ser ciudadanos activos cuando hayan cumplido veinticinco a�os, lleven domiciliados en la villa o cant�n el tiempo determinado por la ley, paguen en cualquier lugar del Reino una contribuci�n directa por lo menos igual al valor de tres jornales de trabajo y presenten el recibo, no tengan la condici�n de sirvientes dom�sticos, se hayan inscrito en el municipio en el que tengan domicilio a los efectos del servicio militar, y hayan prestado juramento c�vico.
[99] Sobre el car�cter inclusivo de la
ciudadan�a durante la revoluci�n francesa, a trav�s de la extensi�n el derecho
de sufragio, cfr. ROSANVALLON, Pierre, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel
Editions Gallimard, Paris, 1992, p�g. 45 ss., 55 ss.
[100] Sobre ambos elementos y su
plasmaci�n sobre todo en Rousseau, cfr. ZAPATA BARRERO, Ricard, Ciudadan�a
y democracia�., ob. cit., p�g. 78 ss.
[101] Sobre la tendencia
inclusivo-democr�tica del derecho de sufragio, a partir de la revoluci�n, cfr. PRESNO
LINERA, Miguel Angel, El derecho de voto, Tecnos, Madrid, 2003, p�g.
[102] Cfr. ROSANVALLON, Pierre,
Le sacre du citoyen�., ob. cit., p�g. 55 ss.
[103] ROSANVALLON, Pierre, Le sacre du citoyen�., ob. cit., p�g. 110.
[104] Cfr. el art. 2 del la Secci�n 2�, Cap. I del T�tulo III de la Constituci�n francesa de 1791, antes mencionado. Para ROSANVALLON, Pierre, Le sacre du citoyen�., ob. cit., p�g. 105
ss., la exclusi�n de menores, incapaces o mujeres no resulta repugnante a la
concepci�n revolucionaria del principio de igualdad, toda vez que �ste se basa
en la igualdad racional de los individuos que poseen autonom�a de la voluntad,
y aqu�llos carecen de ella.
[105] ROSANVALLON, Pierre, Le sacre du citoyen�., ob. cit., p�g. 70 ss.
[106] Cfr. ROSANVALLON, Pierre, Le sacre du citoyen�.,
ob. cit., p�g. 73-74
[107] MASSO GARROTE, Marcos Francisco,
Los derechos pol�ticos de los extranjeros en el Estado nacional. Los
derechos de participaci�n pol�tica y el derecho de acceso a funciones p�blicas,
Colex, Madrid, 1997, p�g. 119-120.
[108] WEIL, Patrick, Qu�est-ce
qu�un fran�ais?.Histoire de la nationalit� fran�aise depuis la Re�olution, Grasset, Paris, 2002, p�g. 23-25.
[109] Cfr. TROPER, Michel, La
notion de citoyen sous la R�volution fran�aise, ob. cit., p�g. 312; WEIL,
Patrick, Qu�est-ce qu�un fran�ais?..., ob. cit., p�g. 26, nota al
pie n� 62.
[110] Tambi�n es de la opini�n que
nacionalidad y ciudadan�a se vinculan a partir de la revoluci�n francesa HEATER,
Derek, What is citizenship?, ob. cit.,� p�g. 95 ss.
[111] Con todo, la filosof�a pol�tica
ilustrada de los revolucionarios ten�a un car�cter universalista y no
nacionalista, lo que queda plasmado en los arts 4 y 7 de la Constituci�n francesa de 24 de junio de 1793, conforme a los cuales pod�an ejercer los
derechos de ciudadan�a tanto los franceses por nacimiento como los extranjeros
naturalizados bajo ciertas condiciones, constituyendo unos y otros el Pueblo al
que corresponde la soberan�a.
[112] Cfr. arts. 2 y 3 del T�tulo II y
art. 2 de la Secci�n 2�, Cap�tulo I, del T�tulo III de la Constituci�n francesa de 3 de septiembre de 1791, aunque en este caso utilizase la
denominaci�n de (simples) ciudadanos y ciudadanos activos respectivamente.
Textos constitucionales posteriores (como la Constituci�n francesa del a�o III �de 22 de agosto de 1795- o la Constituci�n francesa del a�o VIII �de 13 de diciembre de 1799-) utilizan �nicamente el
t�rmino ciudadano para referirse a los ciudadanos activos, obviando toda
referencia a los ciudadanos pasivos, que pasan a estar regulados a partir de
1803 como nacionales franceses en el C�digo Civil napole�nico (art. 9 y ss.).
[113] Conforme al art. 7 de la Secci�n 2� del Cap�tulo I del T�tulo I de la Constituci�n francesa de 1791, podr�n ser
electores los ciudadanos activos que, adem�s, deben reunir ciertas condiciones
de propiedad y capacidad econ�mica.
[114] Cfr. MURA, Virgilio, Sulla
nozione di cittadinanza, ob. cit., p�g. 22.
[115] A una conclusi�n semejante
llega GRAWERT, Rolf, Staat und Staatsangeh�rigkeit, ob. cit., p�g.
162 ss.,
[116] Un an�lisis detallado de los
Archivos Parlamentarios de la Asamblea Constituyente francesa revolucionaria de 1789 puede verse en RAPPORT, Michael, Nationality and citizenship in
Revolutionary France, ob. cit., p�g. 84-85 ss.
[117] Cfr. TROPER, Michel, La
notion de citoyen sous la R�volution fran�aise, ob. cit., p�g. 301-322.
[118] El Estatuto de Bayona de 1808,
adem�s de ser un documento constitucional otorgado e impuesto por un monarca
extranjero, no se ocupaba de forma directa de la nacionalidad ni de la
ciudadan�a, sino solo de forma indirecta; respecto de la primera, en la medida
en que permit�a a los extranjeros que hayan sido o sean pol�tica o
econ�micamente �tiles para Espa�a adquirir el derecho de vecindad (art. 125),
derecho que ser� utilizado despu�s por la Constituci�n de 1812 como una de las v�as para la adquisici�n de la nacionalidad espa�ola, y que conforme a nuestra
legislaci�n hist�rica del Antiguo R�gimen ya les confer�a cierta capacidad de
participaci�n pol�tica municipal; y respecto de la segunda, en la medida en que
reconoce ciertos derechos civiles a todas las personas por el hecho de serlo
(arts. 126 y 127), aunque reserva los derechos de acceso a los cargos y
funciones p�blicas a los espa�oles naturales o naturalizados (art. 141).
[119] Una Naci�n soberana concebida en ese
sentido colectivo y abstracto diferenciado del de Pueblo, cfr. VARELA
SUANZES-CARPEGNA, Joaqu�n, El pueblo en el pensamiento constitucional
espa�ol, Historia Contempor�nea, N� 28, 2004, p�g. 208-209.
[120] GUERRA, Fran�ois-Xavier, El
soberano y su reino. Reflexiones sobre la g�nesis del ciudadano en Am�rica
Latina, en Hilda Sabato (Coord.), Ciudadan�a pol�tica y formaci�n de las
naciones. Perspectivas hist�ricas de Am�rica Latina, Fondo de Cultura
Econ�mica, M�xico, 1999, p�g. 44. [121] En un sentido diferente PRESNO
LINERA, Miguel Angel, El derecho de voto, ob. cit., p�g. 59-60, y MASSO
GARROTE, Marcos Francisco, Los derechos pol�ticos de los extranjeros en
el Estado nacional�., ob. cit., p�g. 119-120.
[122] En contra de lo que sostiene �LVAREZ
RODR�GUEZ, Aurelia, Nacionalidad y emigraci�n, ob. cit., p�g. 48
(nota al pie 152), recogiendo la STS de 10.02.1926, no supon�a la
p�rdida de la nacionalidad sino solo de la condici�n de ciudadano, necesaria
para el ejercicio de los derechos de participaci�n pol�tica.
[123] La exigua y tortuosa vigencia e la Constituci�n de 1812 no permiti� ese desarrollo legislativo para la celebraci�n de nuevas
elecciones a Cortes, pero sirvan como ejemplo del establecimiento de
condiciones de ejercicio del derecho de sufragio, superiores a las que se
establecen en el propio texto constitucional, las que para la elecci�n de
diputados a Cortes constituyentes fij� la Instrucci�n de la Suprema Junta de Gobernaci�n (Junta Central) de 1 de enero de 1810, entre
las que se encuentran, por ejemplo, ser parroquiano mayor de 25 a�os con casa
abierta y espa�ol de origen, con lo que para la elecci�n de las Juntas de
Parroquia, primer escal�n de la cadena electoral indirecta a las Cortes, no
eran electores los espa�oles naturalizados (art. 3).
[124] Con lo cual no est� del todo claro
que los constituyentes gaditanos considerase �como los franceses- que los
derechos civiles alcanzaban a todas las personas habitantes del territorio del
Estado, mientras que los pol�ticos a los ciudadanos pasivos y activos, como
sostiene respecto de la Constituci�n francesa de 1791 TROPER, Michel, La
[125] Sobre la convivencia en la Teor�a de la Naci�n plasmada por la Constituci�n de C�diz de elementos historicistas y de
elementos revolucionarios franceses, cfr. VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaqu�n,
La Teor�a del Estado en los or�genes del constitucionalismo
Hisp�nico (Las Cortes de C�diz), Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1983, p�g 175 ss.; FERN�NDEZ SARASOLA, Ignacio, La Constituci�n espa�ola de 1812 y su proyecci�n europea e iberoamericana,
Fundamentos, N� 2, 2000, p�g. 370 ss.
[126] Cfr. BAUB�CK, Rainer, Transnational
citizenship, op. cit. p�g. 59 ss. que analiza las teor�as pactistas de
Rousseau y Locke y su trascendencia para una formulaci�n voluntarista del
v�nculo de la ciudadan�a.
[127] Ciertamente, el art. 5 utiliza el
t�rmino vecindad como requisito para la atribuci�n o adquisici�n de la
nacionalidad, pero dicho t�rmino pose�a en la Constituci�n de 1812 un significado muy parecido al de domicilio, pues trataba de expresar la
relaci�n del individuo con el territorio de alguno de los municipios del Estado
espa�ol, esto es, su arraigo territorial, expresi�n de la tradici�n hist�rica
espa�ola desde Las Partidas. V�ase la vinculaci�n del concepto de vecindad con
el de domicilio y el de residencia en un pueblo de la Monarqu�a en los arts. 64 en relaci�n con el art. 52 del Proyecto de C�digo Civil de 1836, y
en los arts. 35-36 en relaci�n con los arts. 38-39 del Proyecto de C�digo Civil
[128] V�anse al respecto los arts. 26, 27
y 29 del Proyecto de C�digo Civil de 1821, en LASSO GAITE, Juan Francisco,
Cr�nica de la Codificaci�n espa�ola. 4. Codificaci�n Civil, Vol. II,
Ministerio de Justicia, Madrid, 1970, p�g. 30-31.
[129] As�, por ejemplo, no se preve�a
atribuirles el derecho de libre entrada y salida del territorio nacional, ni la
libertad de asociaci�n, manifestaci�n o expresi�n de car�cter pol�tico (art. 29
del Proyecto de C�digo Civil de 1821).
[130] M�s sencillo, como se ver�, que en
textos constitucionales posteriores a 1869, pero menos generoso, no obstante,
que su hom�loga francesa de 1791
[131] No es este el lugar ni el momento de
analizar esta cuesti�n con m�s detalle, pero, al igual que la masculinidad,
esta exigencia de pureza �tnica pone en tela de juicio la presunta
universalidad del sufragio. Sobre lo primero v�ase BLANCO VALD�S, Roberto,
El problema americano en las primeras Cortes liberales espa�olas (1810-1814),
en Pedro Cruz y otros, Los or�genes del constitucionalismo liberal en Espa�a e
Iberoam�rica: un estudio comparado, Junta de Andaluc�a, Sevilla, 1994, p�g.
78-79 ss.
[132] Aunque el propio art. 25.6 previese
que esa exigencia de capacidad intelectual (saber leer y escribir) que no deb�a
entrar en vigor hasta 1830 y el art. 93 suspendiese sine die la vigencia
del requisito de capacidad econ�mica; cfr. VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaqu�n,
El pueblo en el pensamiento constitucional espa�ol: 1808-1845, ob. cit.,
p�g. 214.
[133] No parece pues razonable la
conclusi�n a la que llegan FERN�NDEZ ROZAS, Jos� Carlos, Derecho
espa�ol de la nacionalidad, ob. cit., p�g. 67 y �LVAREZ RODR�GUEZ,
Aurelia, Nacionalidad y emigraci�n, ob. cit., p�g. 49 (nota al pie
153), acerca del car�cter nacionalista de nuestra Constituci�n de 1812,
producto de la confusi�n de nacionalidad y ciudadan�a en una misma categor�a,
por lo menos con base en las causas de p�rdida de la ciudadan�a. La emigraci�n
continuada como causa de la p�rdida de los derechos de ciudadan�a se puede
hallar plenamente justificada, por lo menos en lo que se refiere a los
fundamentos democr�ticos del Estado, debido a la ausencia de sujeci�n a un
ordenamiento eminentemente territorial que conlleva. [134] La Constituci�n francesa de 1791 atribu�a la nacionalidad a los nacidos en Francia o de un padre
franc�s, los nacidos en Francia de un padre extranjero cuando hayan fijado su
domicilio en Francia, los nacidos en el extranjero de un padre franc�s que se
establezcan en Francia y presten juramento c�vico, distinguiendo ya desde
finales del siglo XVIII entre atribuci�n (originaria por imperativo
constitucional o legal) y adquisici�n (derivativa) de la nacionalidad francesa,
aplicables respectivamente a los franceses por nacimiento y a los extranjeros naturalizados,
lo que conduce a una territorializaci�n y nacionalizaci�n de esa ciudadan�a
pasiva; cfr. LOCHAK, Danielle, La citoyennete: un concept juridique
flou, en Colas/Emeri/Zylberberg (dir.), Citoyennete et Nationalite. Perspectivas en France et au
Qu�bec, Presses Universitaires de France, Paris, 1991, p�g. 182.
[135] Una especie de liberalismo
nacionalista que recorre Europa de la mano, entre otros, del fil�sofo brit�nico
John Stuart Mill (cfr. KLUSMEYER, Douglas B., Between consent and
descent�., ob. cit., p�g. 61 ss.) y que tiene diversas causas
pol�tico-sociales, cuando no se trata de un retroceso conservador al
pensamiento absolutista prerrevolucionario, te�ido ahora de las crecientes
necesidades de unificaci�n y diferenciaci�n nacional, como en la Alemania del siglo XIX.
[136] Sobre los beneficios rec�procos que
desde el punto de vista de la consolidaci�n de los Estados-naci�n
experimentaron las instituciones pol�ticas de la nacionalidad y la ciudadan�a
como consecuencia de su rec�proca interacci�n durante el siglo XIX, cfr. HEATER,
Derek, What is citizenship?, ob. cit.,� p�g. 99 ss.
[137] En un sentido semejante, con una
magn�fica explicaci�n de las perniciosas implicaciones conceptuales que existen
desde un punto de vista entre el dogma liberal de la soberan�a popular/nacional
y el emergente nacionalismo a partir del siglo XIX, cfr. YACK, Bernard, Nationalism,
Popular Sovereignty and Liberal Democratic State, en Paul/Ikenberry/Hall
(Edit.), The Nation-State in Question, Princeton University Press, Princeton, 2003,
p�g. 29 ss., 39 ss.
[138] En oposici�n a los Estados �como
Alemania- en los que, desde presupuestos filos�ficos y necesidades pol�ticas
distintas, se forja un concepto �tnico-cultural de Naci�n y se tiende a primar
el ius sanguinis en la atribuci�n por nacimiento y a excluir o
dificultar profundamente la naturalizaci�n de los extranjeros con exigencias
ling��stico-culturales y m�s largos per�odos de residencia (cfr. los arts. 2-8
de la Ley de 1 de junio de 1870 de la Federaci�n del Norte de Alemania sobre nacionalidad federal y estatal); sobre la evoluci�n de uno y otro modelo, cfr. BRUBAKER,
Rogers, Citizenship and Nationhood in Germany and France, op. cit.,
p�g. 114 ss., aunque no muy acertado en lo que se refiere a su previsi�n del
desarrollo de la regulaci�n legal actualmente vigente en Alemania.
[139] Sobre su influencia en el resto de
Europa, v�ase con detalle FAHRMEIR, Andreas, Defining the Citizen. Citizenhsip law in the
Code Napoleon and its legacy, ob. cit. Y ello, a pesar de que en la pr�ctica en la propia Francia esa
concepci�n nueva, basada en la descendencia, que trata de introducir el C�digo
Civil de 1803, no tuviese la impronta que dej� en muchos pa�ses europeos, por
diversas razones que no procede analizar aqu�, y fuere de facto suplantada por los viejos criterios del Antiguo R�gimen (ius soli) que
en el cuerpo legal aparec�an solo como secundarios. [140] Se deja a un lado el texto del
Estatuto Real de 1834 porque el mismo carec�a de cualquier referencia a la
nacionalidad o la ciudadan�a, ni de forma expresa ni siquiera t�citamente a
trav�s de una Declaraci�n de derechos.
[141] As� lo constata criticando la
vinculaci�n revolucionaria de 1812 entre nacionalidad y vecindad, DE CASTRO,
Federico, La adquisici�n por vecindad de la nacionalidad espa�ola,
ob. cit., p�g. 81.
[142] Cfr. FERN�NDEZ ROZAS, Jos� Carlos,
Derecho espa�ol de la nacionalidad, ob. cit., p�g. 70-71 ss. Esta
tendencia legal se aprecia en los Proyectos anteriores al C�digo Civil de 1889,
como el Proyecto de C�digo Civil de 1851 (arts. 22 y 23), el Proyecto de C�digo
Civil de 1869 (arts. 24 y 25), el Proyecto de C�digo Civil de 1882 (arts. 16 y
17) y, posteriormente, el C�digo Civil de 1889 (art. 19).
[143] Al efecto v�ase el Proyecto de Ley
sobre naturalizaci�n de 1847, el art. 34 del Proyecto de C�digo Civil de 1836,
que se aparta incluso del requisito de vecindad, establecido por el Estatuto
Real de 1834, y de la forma de adquisici�n de la vecindad, fijada con car�cter
general por el propio Proyecto en su art 64; los arts. 35 y 36 del Proyecto de
C�digo Civil de 1851 y los arts. 37 y 38 del Proyecto de C�digo Civil de 1869,
que fijan plazos de residencia m�s extensos a los requeridos para los espa�oles
y requisitos adicionales (no previstos por los textos constitucionales) para
que un extranjero pueda obtener la vecindad y con ello naturalizarse espa�ol.
Sobre ello en general FERN�NDEZ ROZAS, Jos� Carlos, Derecho espa�ol
de la nacionalidad, ob. cit., p�g. 69.
[144] Sobre la relaci�n entre emigraci�n y
nacionalidad en el constitucionalismo espa�ol del siglo XIX, v�ase �LVAREZ
RODR�GUEZ, Aurelia, Nacionalidad y emigraci�n, ob. cit., p�g. 47 ss.
[145] V�ase el art. 25 del C�digo Civil de
1889, que tambi�n a�ade el requisito formal de la inscripci�n como espa�oles en
[146] Una valoraci�n muy positiva del
mismo es realizada por DE CASTRO, Federico, La adquisici�n por
vecindad de la nacionalidad espa�ola, ob. cit., p�g. 84-85.
[147] En particular, como demuestra B�S,
Matthias, The legal construction of membership: nationality Law in
Germany and the United States, op. cit., p�g. 24, ius sanguinis y ius
soli son mecanismos funcionalmente equivalentes, para la socializaci�n del
individuo en el seno de una comunidad pol�ticamente organizada. [148] El legislador ordinario trata de
establecer esa distinci�n, en la consideraci�n, cada vez m�s generalizada, de
que la nacionalidad y la ciudadan�a son materias que deben ser reguladas por el
C�digo civil y no por la Constituci�n; cfr. el art. 37 del Proyecto de C�digo
Civil de 1836, que excluye a los naturalizados por vecindad del ejercicio de
cualesquiera derechos pol�ticos nacionales (no los municipales que, siguiendo
la tradici�n hist�rica medieval pod�a ejercer al convertirse en vecino de un
municipio); y el art. 44 del Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, vigente hasta
1916, que reitera hasta 1931 la diferencia entre espa�ol de origen y espa�ol
naturalizado a los efectos del disfrute de los derechos de ciudadan�a previstos
en la Constituci�n de 1845.
[149] De ah� que el legislador electoral
se mueva durante todo el siglo XIX desde una consideraci�n censitaria del
sufragio activo (Ley de 28 de julio de 1837 y ley de 18 de marzo de 1846) hacia
una universalizaci�n del mismo (Decreto de 9 de marzo de 1869, confirmada por la Ley de 1890), no sin vaivenes (Ley de 20 de julio de 1877 que retorna al sufragio
censitario), para asentarse definitivamente en esta �ltima postura en la Constituci�n de 1931); cfr. PRESNO LINERA, Miguel Angel, El derecho de voto,
ob. cit., p�g. 66 ss.
[150] Haciendo buena la frase de KRIELE,
Martin, Introducci�n a la Teor�a del Estado. Fundamentos hist�ricos de la legitimidad del Estado constitucional democr�tico, Depalma, Buenos
Aires, 1980, p�g. 49 ss., �en el Estado constitucional no hay soberano�.
[151] Sobre la progresiva abstracci�n de
las condiciones para el ejercicio del derecho de sufragio, cfr. PRESNO
LINERA, Miguel Angel, El derecho de voto, ob. cit., p�g. 62 ss.
[152] ALAEZ CORRAL, Benito, Nacionalidad
y ciudadan�a ante las exigencias del Estado constitucional democr�tico,
Revista de Estudios Pol�ticos, N� 127, 2005, p�g. 143 ss.
[153] MARSHALL, Thomas
H., Citizenship and Social Class (1950),
Pluto Press, Chicago, 1992, p�g. 8 ss.
[154] Una muy clara exposici�n de su
diferente significado jur�dico y de la vinculaci�n existente entre ambos
conceptos la da KADELBACH, Stefan, Staatsb�rgerschaft �
Unionsb�rgerschaft � Weltb�rgerschaft, ob. cit., p�g. 91 ss.
[155] Cfr. HOLZ, Klaus, Citizenship:
Mitgliedschaft in der Gesellschaft oder differenztheoretisches Konzept?,
ob. cit., p�g. 195-196.
[156] Cfr. STICHWEH, Rudolf,
Zur Theorie politischer Inklusion, en Holz, Klaus (Hrsg.),
Staatsb�rgerschaft....., ob. cit., p�g. 166.
[157] Respecto de qui�nes forman parte del
conjunto de individuos unidos por el v�nculo legal de la nacionalidad con el
Estado, y de cu�l es el contenido iusfundamental que conforma la ciudadan�a,
incluso en ordenamientos que engloban los dos aspectos interrelacionados bajo
el concepto de ciudadan�a, cfr. BOSNIAK, Linda, Constitucional
citizenhsip through the prism of alienage, ob. cit., p�g. 1296 ss.
[158] Sobre ello, cr�ticamente, CARPIZO,
Jorge, El voto de los mexicanos en el extranjero: contexto, peligros y
propuestas, en CARPIZO/VALAD�S, El voto de los mexicanos en el extranjero,
Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, M�xico, 1988, p�g. 73 ss.
[159] Desde 1975 se permite a los
extranjeros residentes permanentes ejercer el sufragio activo �no el pasivo- en
las elecciones al Parlamento neozeland�s.
[160] SOYSAL, Yasemin
Nuhoglu, Limits of citizenship. Migrants and
postnational membership in Europe, University of Chicago Press, Chicago,
1994, p�g. 136 ss.
[161] Cfr. ALAEZ CORRAL, Benito, Nacionalidad
y ciudadan�a ante las exigencias del Estado constitucional democr�tico, ob.
cit., p�g.158 ss.
[162] Sobre� ello ya cr�ticamente, ALAEZ
CORRAL, Benito, Nacionalidad y ciudadan�a desde la perspectiva de la
soberan�a democr�tica, en Miguel Presno (Coord.), La situaci�n jur�dica y
socioecon�mica de los extranjeros en Espa�a, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004,
p�g.59.
[163] Sobre el Anteproyecto de
Constituci�n de 1929, v�ase, con car�cter general, GARC�A CANALES, Mariano,
El problema constitucional en la Dictadura de Primo de Rivera, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980; y sobre la Constituci�n de 1931 P�REZ SERRANO, Nicol�s, La Constituci�n Espa�ola (9 de diciembre de 1931). Antecedentes. Texto. Comentario. Ed. Revista. de Derecho Privado, Madrid, 1932.
[164] Esta democratizaci�n se observa no
s�lo en una mayor inclusi�n de los extranjeros residentes a trav�s del proceso
de naturalizaci�n, sino tambi�n en aspectos como la equiparaci�n entre el
hombre y la mujer en materia de nacionalidad, con la consiguiente quiebra del
principio de unidad jur�dica familiar; sobre ello, cfr. �LVAREZ RODR�GUEZ,
Aurelia, Nacionalidad y emigraci�n, ob. cit., p�g. 68-69.
[165] Sobre ambos elementos, cfr. �LVAREZ
RODR�GUEZ, Aurelia, Nacionalidad y emigraci�n, ob. cit., p�g. 67 ss.
[166] Con una cierta confusi�n, el
Anteproyecto constitucional habla de s�bditos coloniales espa�oles, lo cu�l
parece un contrasentido, salvo que con ello se quiera hacer referencia a los
espa�oles naturalizados com�nmente que todav�a no pueden ejercer los derechos
de ciudadan�a por no haber trascurrido el plazo de cinco a�os desde su
naturalizaci�n y por ello son s�bditos espa�oles pero no ciudadanos. Sin
embargo esta interpretaci�n ser�a contradictoria con la filosof�a nacionalista
del texto constitucional, pues permitir�a tratar mejor a los naturalizados de
pa�ses que no son colonias espa�olas y no se encuentran bajo la influencia
cultural de la metr�poli. M�s razonable parece la interpretaci�n seg�n la cual
el t�rmino har�a referencia a quienes, a pesar de haber nacido en territorio
espa�ol, de padre o madre espa�oles, no adquir�an la nacionalidad espa�ola
autom�ticamente, sino que todo lo m�s pod�an optar por ella a trav�s del
mecanismo de la naturalizaci�n privilegiada, manteniendo mientras tanto la
condici�n de extranjeros s�bditos de las colonias espa�olas, a los que el
Anteproyecto constitucional quiso permitir ejercer aquellos derechos de
ciudadan�a que en cada momento determinase el legislador ordinario. [167] Cfr, MASSO GARROTE, Marcos
Francisco, Los derechos pol�ticos de los extranjeros en el Estado
nacional�, ob. cit., p�g. 123.
[168] Sobre la inexactitud de la r�brica y
la heterogeneidad de su contenido v�ase P�REZ SERRANO, Nicol�s, La Constituci�n Espa�ola (9 de diciembre de 1931)�, ob. cit., p�g. 119 ss.
[169] Para P�REZ SERRANO, Nicol�s, La Constituci�n Espa�ola (9 de diciembre de 1931)�, ob. cit., p�g. 163, se plantea la duda de si el t�rmino ciudadano ha sido utilizado aqu� en sentido estricto y t�cnico o por el contrario es impreciso y permite imponer
cargas personales �como las impositivas-a los extranjeros residentes.
[170] Los toma como id�nticos P�REZ
SERRANO, Nicol�s, La Constituci�n Espa�ola (9 de diciembre de 1931)�, ob. cit., p�g. 117.
[171] Una interpretaci�n restrictiva de
los cargos que llevaban anejo el ejercicio de autoridad o jurisdicci�n se puede
ver en P�REZ SERRANO, Nicol�s, La Constituci�n Espa�ola (9 de diciembre de 1931)�, ob. cit., p�g. 169.
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