Source: http://democratanortedemexico.blogspot.mx/2010/06/
Timestamp: 2017-09-21 03:23:51+00:00

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Demócrata Norte de México: junio 2010
Juan Francisco Rodríguez fue acribillado junto con su esposa en el interior de un negocio de servicio de Internet
CHILPANCINGO.-El reportero Juan Francisco Rodríguez Ríos fue baleado anoche junto con su esposa María Elvira Hernández Galeana en el interior de un negocio de servicio de Internet, en el municipio de Coyuca de Benítez, informó la policía estatal.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Civil, los hechos ocurrieron a las 21:30 horas, en un negocio de "Cíber", ubicado en la colonia Centro, propiedad de los hoy occisos.
Se señaló que en el lugar fueron localizados los cuerpos de dos personas, quienes fueron ultimados por dos sujetos desconocidos que portaban armas de fuego cortas.
Etiquetas: periodista asesinado en Guerrero
PAN, PRD y Convergencia, lo acusan en su propio despacho de violar la Ley Electoral, Ley de Transparencia, desvío de recursos públicos, así como del uso faccioso de la fuerza pública
Junio 27 del 2010
Durango, Durango.- Como si no bastaran los miles de litros de sangre desparramados en todo el estado a consecuencia de los millares de duranguenses asesinados de forma violenta; como si no fuera suficiente la deuda ilegal que encubrió al ex gobernador, Ángel Sergio Guerrero Mier, quien dejó un débito de aproximadamente 3 mil millones de pesos y, que ahora él mismo extenderá hasta los 8 mil millones de pesos, según acusó la coalición “Durango, nos une”; Ismael Hernández Deras, fue denunciado por “ violar la Ley electoral, a favor de la campaña de los candidatos del PRI(Sic)”, lo que “ por hechos relacionados con su gobierno que pueden desembocar en una crisis de gobernabilidad(Sic)”, según asienta un documento en poder de Demócrata Norte de México; acusación que el pasado sábado 26 de junio, le fue leída en cara al gobernador de Durango, Ismael Hernández, por los miembros de la coalición “Durango, nos une”, en voz de José Ramón Enríquez Herrera, presidente de Convergencia por la Democracia.
Según José Ramón Enríquez, la exposición duró 20 minutos, tiempo en que Hernández Deras, permaneció en estado catatónico, escuchando las inculpaciones sin responder nada. Sólo el secretario de gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, acompañó al aun gobernador.
Las imputaciones señaladas por los presidentes del PRD, PAN y Convergencia; Soledad Ruíz Canaán, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, así como el citado José Ramón Enríquez; abarcan desde la falta de transparencia en el ejercicio presupuestal, uso ilegal de la fuerza pública, hasta el financiamiento con recursos gubernamentales de las campañas proselitistas de los candidatos del PRI, incluso, el patrocinio del candidato a la alcaldía de Durango, por el Partido del Trabajo, Alejandro “Gonzalo” Yáñez “El Tirantes”.
El escrito afirma que, “hace más de dos meses se le solicitó vía transparencia: los montos contratados y empresas proveedoras de encuestas, asesoría en mercadotecnia y comunicación, producción de publicidad, impresos, etc. Y hasta ahora, no ha respondido (Sic)”.
También los dirigentes partidistas, miembros de “Durango, nos une”, aseveraron que los apoyos sociales, se están entregando a los duranguenses afines a las candidaturas del PRI, “en por lo menos 12 de los 39 municipios y está originando enfrentamientos”, entre vecinos.
En un ambiente electoral que se calienta, conforme se acerca día de las votaciones, el próximo 4 de julio, “la Procuraduría de Justicia y la fuerza pública”, han detenido, “injustamente a cuando menos a 12 miembros de la coalición (Sic)” acusan los dirigentes partidistas.
Las inculpaciones de ilegalidad contenidas en el alegato, remarca el desvío de dinero público a favor de la campaña del candidato del PT, “Gonzalo” Yáñez “El Tirantes”, según descubrió Gabino Martínez, ex candidato del PT a la gubernatura, quien dimitió a favor de José Rosas Aispuro Torres “El Güero”, abanderado de “Durango, nos une”.
Según los presidentes de los partidos de la coalición opositora, Ismael Hernández Deras, no refutó nada, pero tampoco resolvió nada.
Únicamente escuchaba, “alisándose las mangas del traje tocado con una corbata roja, tirándole a sangre o vino”, dijo Enríquez Herrera, a Demócrata Norte de México, “de manera que seguramente no resolverá nada, como ha sido su estilo de gobierno”.
En el documento, los líderes opositores solicitaron compromiso público de parte de Hernández Deras, de guardarse de entregar “apoyos sociales hasta una vez pasadas las elecciones”, así como “abstenerse de usar la fuerza pública de manera injustificada y facciosa en contra de la coalición Durango Nos Une (Sic)”.
Luego de exigir la entrega de la información solicitada por transparencia, así como, “un informe detallado de los programas sociales y recursos presupuestales entregados al PT”, los líderes de los partidos asientan que, “Considerando que Durango es el segundo Estado más violento del país, gestionar que sea el Ejército Mexicano o la PFP los garantes de la seguridad y vigilancia durante la jornada electoral y no la policía local (Sic)”.
Sin embargo, Ismael Hernández, sólo permaneció impávido, delegando la respuesta al secretario de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar.
Pese a que José Ramón Enríquez, dio lectura y explicó a los mediosde la ciudad, afuera del despacho de Ismael Hernández Deras, el contenido del documento entregado; la versión registrada en los medios duranguenses e incluso en El Siglo de Torreón, fue el boletín emitido por la oficina de Comunicación social del gobierno del estado, que dejó en un “Hernández Deras llama a partidos a la civilidad”, como cabeceó el Siglo de Torreón, en nota firmada por Diana González.
De acuerdo a la nota de la reportera torreonense, la reunión fue un llamado hecho por el gobernador,” para que prevalezca el diálogo e impere la armonía y la civilidad política”.
Mientras esta versión oficial circulaba, “la armonía” que prevalece en el estado arrojó ese día 26 de junio, 13 muertos, 9 heridos en menos de dos horas en la ciudad de Gómez Palacio, mientras se seguían repartiendo miles de despensas a los ciudadanos para que voten por el PRI, a la vez que en la Colonia Fidel Velázquez, conocida como “Chapala”, se entregaban mil pesos por credencial comprometida a sufragar por los candidatos priistas, Jorge Herrera Caldera, Rocío Rebollo y Sergio Uribe, el próximo 4 de julio.
Etiquetas: Durango nos une, Ismael Hernández Deras, José Ramón Enríquez
VALLE HERMOSO, TAMPS.- El silencio es más hondo que una tumba. Cualquiera sabe lo que pasa, pero nadie dice nada. Pueblos enteros tomados durante días por el cártel del Golfo o por Los Zetas; casas y negocios quemados y saqueados; ataques relámpago a instalaciones policiacas o casas de seguridad; combates que duran toda la noche y matanzas a plena luz del día que no dejan otra huella que muros y vehículos acribillados, sangre en las aceras, porque las víctimas más tardan en morir que en desaparecer sus cadáveres; amenazas por doquier contra quienes no se conforman a la primera; secuestros, asaltos y cobro de cuotas a quien se deje, y todos se dejan para llegar a mañana como se pueda. La vida controlada en las comunidades disputadas mediante retenes y volantas en las calles y avenidas principales, lo mismo si rondan el medio millón de habitantes, como Reynosa y Matamoros, que si no llegan a 5 mil, como Burgos.
Trasladarse de un punto a otro del estado es un volado que nadie quiere perder. En los retenes militares las preguntas de rutina son pocas: ¿De dónde viene? De Victoria ¿A dónde va? A Valle Hermoso ¿Es de Tamaulipas? Sí, señor. ¿A qué se dedica? Soy profesor. Las respuestas y el tono adecuados reciben un lacónico "Pásele". Viajar en un sedán polvoso ayuda.
Etiquetas: Elecciones Tamaulipas
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Como algunos esperan que en Puebla haya un empate técnico entre los candidatos a la gubernatura por parte del PRI y del PAN con sus respectivas alianzas –Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle–, las acusaciones salpicadas de vulgaridad y bajeza que ambos se han lanzado –relacionadas con la corrupción, la homofobia, el aborto, la discriminación–, hacen temer que el proceso electoral desemboque en violencia
PUEBLA, PUE.- "Yo sí creo en Dios. Tengo principios y valores", se ufanó el candidato priísta a gobernador de Puebla, Javier López Zavala, en el debate con su rival de la coalición opositora, Rafael Moreno Valle, contra quien enseguida descargó un arsenal homofóbico que llevó al clímax la disputa por quién de los dos es más conservador, mentiroso y corrupto.
"Seguramente es cierto que hay funcionarios que cambian de coche, de casa y mujer, aunque yo sigo con la misma (esposa) y la misma casa, pero hay otros que cambian de partido y cambian de sexo", embistió López Zavala a Moreno Valle, quien dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para convertirse en senador panista y busca gobernar Puebla como su abuelo que, en 1972, fue depuesto tras una matanza de campesinos.
La estrategia de López Zavala de exhibir sistemáticamente la supuesta preferencia sexual de Moreno Valle, así como de señalar que pretende legalizar el aborto y la adopción de niños por personas del mismo sexo –como lo hizo en el debate del miércoles 16 de junio–, es consistente con la agenda de derecha que ha impulsado como funcionario del gobierno de Mario Marín, quien lo impuso como candidato a sucederlo.
Por ejemplo, junto con Marín le arrebató al Partido Acción Nacional (PAN) el proyecto de penalizar el aborto en Puebla que aprobó el Congreso, en marzo de 2009, a iniciativa de los diputados priístas José Othón Bailleres y Pablo Fernández del Campo, con lo que se inició una ofensiva para conseguir reformas análogas en 16 estados del país.
Secretario de Gobernación los primeros dos años de Marín, cuando se produjo la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho por la denuncia que contra ella presentó el empresario Kamel Nacif, López Zavala se convirtió en un secretario de Desarrollo Social estrechamente vinculado a los sectores religiosos, a los que dotó de recursos para construir y remodelar templos católicos y evangélicos.
"Entrego este recurso porque yo, al igual que ustedes, también creo en Dios", dijo el funcionario en una de las muchas entregas de toneladas de cemento del programa Unidos para Progresar y, haciendo ostentación de sus creencias, participó en procesiones y oficios religiosos que halagaron al arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.
La ostensible relación del priísta con el arzobispo alarmó a Moreno Valle y al candidato de la coalición a la alcaldía de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, sobre todo después de que, el 9 de marzo, López Zavala fue recibido por Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, a quien le solicitaron también una cita, el 28 de abril.
"Fue sólo una visita donde hubo un acercamiento privado del candidato a gobernador y del candidato a presidente municipal con la intención muy clara de platicar el trabajo que hemos venido realizando con Puebla", declaró Rivera Pérez.
Pero López Zavala y Moreno Valle no sólo compiten por demostrar quién es el más conservador, en un torneo de vulgaridades y bajezas –que ya alcanzó al gobernador Mario Marín–, sino quién es el más mentiroso y el más corrupto.
López Zavala, candidato de la coalición Puebla Avanza –PRI y Partido Verde–, llama "candidato de las mentiras" a Moreno Valle, respaldado por la alianza Compromiso con Puebla, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia.
El priísta, con documentos, aseguró que Moreno Valle no es doctor, sino sólo licenciado; que no fue vicepresidente del Dresdner Bank, como se ha ufanado, y que además, como secretario de Finanzas de Puebla –entre 1999 y febrero de 2003–, causó un quebranto al presupuesto estatal por mil 500 millones de pesos.
Este episodio, conocido como el "hoyo financiero", ha salpicado a priístas y miembros de la coalición opositora que encabeza Moreno Valle, porque éste lo cometió cuando era funcionario priísta de Melquiades Morales, y por ello el PAN lo explotó políticamente en la campaña por la gubernatura de hace seis años.
Ahora los panistas y sus socios del PRD disculpan el monumental quebranto financiero, y los priístas se lo reprochan a Moreno Valle, pese a que en su momento lo convalidaron: El candidato López Zavala; el presidente estatal del PRI, Alejandro Armenta, y el presidente de ese partido en la capital, Carlos Meza Viveros, aprobaron como diputados la Cuenta Pública de Melquiades y, por lo tanto, la gestión de Moreno Valle.
A la acusación de mentiroso y corrupto que le endilga López Zavala a Moreno Valle, éste le ha respondido con desprecio por su origen chiapaneco, y personeros de la coalición difundieron, a través de la agencia Notimex, una copia de nacimiento, falsificada, que hacía guatemalteco al priísta.
Y en respuesta a la acusación del priísta de que su padre estuvo preso en Italia, por fraude, Moreno Valle derrumbó, con datos, el "mito" de que su rival es una persona de vida modesta, porque –acusó en el debate– posee un vasto patrimonio inmobiliario que puso a nombre de sus padres.
Conforme a un voluminoso paquete de documentos, distribuidos por personeros de la coalición que encabeza Moreno Valle –que en Puebla apenas si se publicaron–, los padres de López Zavala, Reynaldo López Cruz y Lilia Zavala Cruz, pasaron de la inopia a la prosperidad inmobiliaria.
En efecto, con base en la información, se identificaron 28 propiedades, entre terrenos y casas, con una superficie de un millón 783 mil 865 metros cuadrados, 26 de las cuales fueron adquiridas a partir del año 2001, cuando López Zavala era ya servidor público.
Pero, al final, gane quien gane, el sucesor de Mario Marín será un priísta y, además, conservador… (APRO)
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Etiquetas: Elecciones Puebla
La muerte y el narco marcaron las campañas electorales en el estado. Su sombra desdibujó a partidos políticos y candidatos, incluido César Duarte, el abanderado del PRI a la gubernatura.
Flagelado por la violencia creciente y las imparables ejecuciones del narcos y ante una oferta política precaria de los candidatos a gobernar Chihuahua, los ciudadanos de este estado fronterizo están listos para emitir su sufragio en unos comicios que serán desangelados, según admiten las propias autoridades electorales
CHIHUAHUA, CHIH.- Impotentes, al inicio del proceso electoral que culmina el próximo domingo 4 de julio, el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el gobierno estatal recomendaron a los partidos abstenerse de realizar campaña en municipios como Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero debido a la violencia sin tregua de los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
Duarte y seis de sus correligionarios, aspirantes a diputados, tuvieron que realizar sus actos proselitistas escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. No era para menos: el 19 de mayo asesinaron al tío de Francisco Salcido, candidato del PRI a diputado por el distrito 11, el 22 de ese mismo mes un brigadista de la campaña de Duarte también cayó; poco después un vehículo de su comitiva fue baleado accidentalmente por un soldado.
Y 10 días antes de que cerrara su campaña, Jaime Galván, uno de los empresarios chihuahuenses que lo financiaba, fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
Desde antes del arranque formal de las campañas y de que los candidatos César Duarte del PRI, y su contrincante del PAN, Carlos Borruel Baquera, solicitaran protección por la violencia desatada por los cárteles, meses después, ya en plena proceso electoral, tras detectar que 15% de los ciudadanos empadronados (2 millones 612 mil electores) optaron por cruzar la frontera para proteger a sus familias y que otro tanto perdieron su credencial o no actualizó sus datos, el IEE decidió instrumentar una estrategia de seguridad.
El 9 de enero, el presidente de instituto, Fernando Herrera Martínez, giró un oficio al gobierno del estado en el que solicitó apoyo logístico para los candidatos. Al final sólo la aceptó el candidato Duarte.
Entre las medidas, se mencionaba que el personal siempre portara uniforme y los vehículos tuvieran sus rótulos de identificación, pero sobre todo que empleados o colaboradores de los candidatos realizaran trabajo de campo después de las seis de la tarde. Además, con excepción de Juárez, Delicias, Parral, Casas Grandes y Chihuahua, a las demás asambleas municipales electorales se les pidió concluir labores a más tardar a las siete de la tarde.
Herrera Martínez comenta que el domingo 4 de julio se disputarán la gubernatura, 22 diputaciones locales y la renovación de 67 alcaldías. Para ello se instalarán 5 mil casillas en todo el estado en las que participarán 35 mil 28 ciudadanos capacitados ex profeso por las autoridades electorales locales.
Los pronósticos de participación pesimistas, sobre todo si se considera que en 2007 sólo votó 37.5% del electorado, 7.5% menos que en 2004, cuando José Reyes Baeza ganó la gubernatura.
Al iniciar su campaña, el priísta César Duarte hizo varios compromisos: transformar el marco judicial del estado para atacar las estructuras de la delincuencia organizada, recuperar la tranquilidad de los chihuahuenses. Y remató: "Daré mi vida por rescatar Ciudad Juárez".
El panista Carlos Borruel no se quedó atrás: "Yo pondré a los delincuentes de rodillas", se ufanó.
Los meses siguientes, ambos candidatos se tomaron muy en serio la recomendación del IEE para que se abstuvieran de realizar campaña en los municipios dominados por el narco. Además, en sus alocuciones omitieron hablar es ese asunto, hasta que, presionados por la prensa local que los acusó de "sacarle la vuelta" al Valle, visitaron dos de los municipios más violentos.
Duarte acudió a las oficinas de la Unión Regional Ganadera, ubicada en el kilómetro 59 de la carretera Ciudad Juárez-Porvenir para hablar ante los habitantes de los dos municipios. Borruel realizó dos actos: uno en Praxedis G. Guerrero, donde habló de apoyos en infraestructura, pero omitió el de la violencia generada por el narco, y otro en Guadalupe Distrito Bravos.
En la plaza de Guadalupe, el panista declaró: "A pesar de que hubo quienes me recomendaron no visitar esta población, la decisión de estar en Guadalupe es firme… Esta lucha no es sólo de los panistas; es de todos… Está en juego el destino de sus hijos, el destino de los jóvenes que quieren vivir en paz".
Uno de los discursos más fuertes de Borruel fue el del martes 22, frente a 450 maestros: "El tema de la inseguridad no sólo se resuelve con policías; en las escuelas (también) se generan delincuentes. Por eso propongo un esquema de escuelas de tiempo completo para que los niños anden menos tiempo en las calles. En el estado hay 350 mil niños y jóvenes sin escuela y en Juárez 12 mil. Creo que debemos de atacar la inseguridad con educación, no sólo construyendo cárceles y comprando armamento".
Al día siguiente le tocó a Duarte. En Juárez se reunió con el sector de la CTM en el cual al viejo estilo caciquil, los agremiados le rindieron pleitesía. Por la tarde, tuvo un encuentro con los integrantes del Poder Judicial del estado, en el que el juez VI en materia penal presentó una ponencia sobre la Ley de extinción de dominio, creada para afectar la economía del crimen organizado y las amenazas de que son víctimas los magistrados por parte de los cárteles:
"Todos los integrantes del Poder Judicial estamos dispuestos a aplicarla, sólo que requerimos capacitación que nos lleve a la creación inmediata de un tribunal especializado, con el fin de evitar la incertidumbre causada por la entrada en vigor de la ley…"
En el mismo evento, Patricia Martínez, juez IV de lo Familiar, expuso que la gran mayoría de los delincuentes provienen de familias desintegradas.
Y mientras a los 6 mil ejecutados de marzo de 2008 a la fecha en Juárez cada día se suma más sangre de personas que mueren a causa de la guerra entre los cárteles de la droga, las medidas para garantizar la seguridad ciudadana para el domingo 4 de julio son escasas.
Los candidatos del PRD pidieron permiso a su partido para realizar campaña en los municipios de Praxedes G. Guerrero, Guadalupe y Ascensión, pero desde la ciudad de El Paso, Texas. Sus directivos tuvieron que reemplazarlos.
"Aquí, el poder fáctico lo representan los grupos de narcotraficantes. Ellos han sembrado el terror con tanto asesinato y amenazas de muerte. Y en los casos de la sierra, también han impuesto la agenda y el discurso de los candidatos. Les prohibieron tocar el tema de la inseguridad y el narcotráfico. Por ello optaron por no postular candidatos en municipios como Urique y Uruachi", asegura Miguel Vargas Loya, presidente del Comité Directivo Estatal perredista. (APRO)
Etiquetas: Elecciones Chihuahua
El PRI y su disidencia vestida de oposición se disputan el gobierno de Sinaloa, que nunca ha estado fuera de la órbita tricolor. La ecuación es compleja en la entidad: un aspirante que despide un fuerte olor a narco es repudiado por sus viejos padrinos políticos; el otro, sin abandonar su militancia, obliga a varios grupos a rearmarse detrás de él a toda prisa. Pero hay más: Jesús Vizcarra Calderón, el priísta, y Mario López Valdez, el opositor, no sólo contienden por el derecho a despachar desde Culiacán: se convertirán, se dice, en un experimento que definirá quién dentro del PRI tiene fuerza suficiente para buscar el camino a Los Pinos
Las elecciones para gobernador, 40 diputados locales y 18 alcaldías serán un laboratorio de los aspirantes a la candidatura presidencial priísta, especialmente del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, pero también de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
A una semana de la elección hay un virtual empate entre el priísta Jesús Vizcarra Calderón, candidato de la alianza Para Ayudar a la Gente –PRI, Nueva Alianza y Partido Verde– y el aún priísta Mario López Valdez, Malova, candidato de la coalición opositora El Cambio es Ahora en Sinaloa, integrada por PAN, PRD y Convergencia.
La elección se complicó para el PRI desde que a fines del año pasado el ex gobernador Juan S. Millán se opuso a la candidatura de su antiguo ahijado político, Jesús Vizcarra, y promovió a otra de sus hechuras, el senador con licencia Mario López Valdez, a quien hizo presidente municipal de Ahome entre 2001 y 2004.
En 2006, López Valdez fue compañero de fórmula del senador y ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Dueño de la cadena ferretera Malova, el ahora candidato opositor quedó registrado con ese acrónimo con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de tratarse de una marca comercial.
Las disputas entre las coaliciones por el uso del acrónimo derivaron en la quema de siete millones de boletas impresas con restricciones en el uso de la marca comercial y en las que ya se habían gastado dos millones 300 mil pesos.
Juan Guerra Ochoa, representante del PRD en la coalición opositora y ex diputado federal, dice que Millán "no aceptaba la candidatura de Vizcarra más que querer la de Malova. Lo considera un traidor. Hay mucha gente en el PRI que cree que Aguilar Padilla debe preocuparse porque Vizcarra es tan ambicioso que no tarda en deshacerse de él. En su círculo cercano manejan que va para presidente. Ya se sueña allá".
Millán intentó llevarlo hasta la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial; pero cuando estaba en campaña, el entonces corresponsal de Proceso y columnista de El Noroeste, Ismael Bojórquez, reveló las relaciones de Vizcarra con el narcotraficante José Inés Calderón Quintero, su primo en cuarto grado asesinado en 1998.
Vizcarra y Aguilar Padilla rompieron con Millán. En 2005 ya en el gobierno de su compadre y socio en el Grupo Viz, el ahora candidato a gobernador fue secretario de Desarrollo Económico. En 2008 pasó a la alcaldía de Culiacán de donde salió para competir por el gobierno del estado.
El diputado federal panista por Sinaloa Manuel Clouthier Carrillo asegura que en lugar de guardarle lealtad a Millán, Vizcarra se alió con Aguilar Padilla: "Buscó las relaciones con el futuro y Millán le representaba las relaciones con el pasado. Vizcarra y Aguilar Padilla sacaron a Millán de la jugada".
En marzo pasado la PGR arraigó a Pérez acusado de lavado de dinero. La justicia federal lo liberó, pero el ex funcionario se fue del país, asegura Alejandro Higuera, candidato del PAN a la alcaldía de Mazatlán.
El mayor lastre de Vizcarra son sus alegadas relaciones con el narcotráfico. Primero con su primo y luego con "El Mayo Zambada", con quien se le achaca una relación de compadrazgo que no se ha atrevido a negar. Ni siquiera en los debates con su opositor y menos ante los insistentes señalamientos del PAN en el Congreso, que en las sesiones recientes ha colocado letreros con la pregunta: "¿Y el compadre apá?"
"Todos sabemos que Jesús Vizcarra es compadre del Mayo. Sabemos que su hijo mayor es el ahijado. Tiene todavía una hija más grande. El mismo chamaco es el que lo dice y presume al padrino cada vez que se emborracha. Ya hubo necesidad de sacarlo del estado. Lo tienen en Guadalajara", dice Manuel Clouthier.
Desde su precampaña Vizcarra ha sufrido otros golpes relacionados con la delincuencia organizada. El 22 de diciembre del año pasado fue asesinado el secretario de Turismo del estado, Antonio El Güero Ibarra, a quien la prensa local señala como lavador de dinero de José Inés Calderón y "El Mayo Zambada".
La baja más reciente fue apenas el pasado lunes 14, cuando mataron a Enrique El Gallo Mendívil Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y de la Federación de Propietarios Rurales de Sinaloa y quien, además, figuraba en la lista de candidatos a regidores de la alcaldía de Culiacán por la coalición en la que participa el PRI.
Señalado también como pieza de "El Mayo Zambada", "El Gallo Mendívil", de 60 años, ya había sido regidor en la capital sinaloense durante la gestión municipal de Aarón Irízar López, ahora diputado federal del PRI y antecesor de Vizcarra en la presidencia municipal de Culiacán. (APRO)
Etiquetas: Elecciones Sinaloa
Ausencia de estado en 982 zonas del país
MÉXICO, DF.- México está registrando un incipiente proceso de "afganización", o de ausencia de Estado, en 982 bolsones territoriales en donde los carteles del narcotráfico han desestabilizado o capturado gobiernos municipales, afirmó Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el tema de crimen organizado.
En entrevista telefónica desde la frontera de Paquistán con Afganistán donde realiza trabajo de campo, Buscaglia indicó que México todavía no ha llegado a la desestabilización del Gobierno Federal, pero sí a la captura de los gobiernos municipales y en algunos casos de los gobiernos estatales.
En México, explicó, se observan 982 bolsones territoriales de ingobernabilidad, similares a Afganistán, en donde no hay autoridad formal del Estado y la autoridad es el grupo criminal, o bien el gobierno municipal trabaja o forma parte del grupo criminal.
"El proceso de ‘afganización’, o sea de ausencia total del Estado, en esas 982 zonas, se ha ido expandiendo a lo largo de los últimos tres años. En el 2007 contabilizamos solamente 353, en 2009 eran 650 y ahora son 982. Las cifras indican que está aumentando el número de regiones donde hay una total ausencia del Estado o están capturadas por el grupo criminal, a eso se le llama un proceso de ‘afganización’", detalló el también catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). (El Universal)
Etiquetas: Mexico sin Estado
El diario Noticias del Sol de la Laguna y TELEVISA, tiroteados en menos de tres días
Junio 25 del 2010
Torreón, Coahuila.- Una nueva moda empieza a cobrar fuerza en La Laguna; balear las instalaciones de los medios de comunicación.
En menos de de tres días, los establecimientos del periódico Noticias del Sol de la Laguna, así como las oficinas administrativas de TELEVISA Laguna, sufrieron los embates de hombres armados quienes con rifles de alto poder de uso exclusivo del ejército, intentan amedrentar el ejercicio periodístico.
Hoy viernes poco después de las 14 horas, un comando armado percutió cuando menos 100 veces armamento de calibre 223, contra TELEVISA reportándose saldo blanco. Se contaron 40 impactos sobre el edificio.
El martes 22 de junio, en el periódico Noticias del Sol de La Laguna, propiedad de los hermanos Vázquez Raña, fue baleada una recepcionista, cuando otro grupo armado rafagueó al diario.
Como siempre sucede, hasta el lugar, ubicado sobre el Bulevar Río Nazas, se presentó el Ejército Mexicano, elementos de la Procuraduría de la República, la Policía del estado, así como miembros de la dirección de Seguridad pública municipal.
Publicado por ..democratanortedemexico.. en 14:47 No hay comentarios:
Etiquetas: Medios de La laguna baleados
Está corriendo el término de 15 días hábiles para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República acepten (total o parcialmente) o rechacen la recomendación que les dirigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza. La CNDH sostiene, al cabo de una investigación propia, que fueron soldados quienes dispararon contra las víctimas y sus familiares y no, como dijo el procurador de justicia militar, que perdieron la vida en un enfrentamiento. El ombudsman, que dio a conocer la recomendación el 16 de junio, añade que militares alteraron la escena de los acontecimientos para hacer creíble su versión.
A la difusión pública de la recomendación siguió una conducta inusual de las autoridades. Lo normal es que los órganos a quienes se dirigen esos documentos de la CNDH no se manifiesten en torno de los mismos sino en el momento de aceptar o rechazar las recomendaciones. En esta ocasión, sin embargo, el gobierno federal se apresuró a descalificar la indagación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El secretario de Gobernación, reducido o elevado, ya no se sabe qué, a la condición de vocero de las Fuerzas Armadas en cuanto apuro generan, dijo dos días después de emitido el documento que la indagación que le dio pie no fue exhaustiva, y que la comisión no incluyó en la suya elementos que constan en otras investigaciones. Se refirió así a la averiguación previa que el Ministerio Público militar está realizando y que en efecto no está disponible ni siquiera para la CNDH.
Enseguida, de manera extraoficial, "fuentes militares" no identificadas examinaron la recomendación y en vez de responderla formalmente pretendieron también denigrarla, pretendiendo que no resultó de una investigación rigurosa y que contiene contradicciones. Se trata de evitar que queden en cuestión las afirmaciones en torno del delicado asunto que expresó el procurador militar, general José Luis García, el 30 de abril, casi un mes después de ocurridos los hechos en que, según la versión del matrimonio de Martín y Cinthia Almanza Salazar, sus hijos fueron asesinados por militares que dispararon sin causa contra el vehículo en que 14 personas viajaban hacia la playa de Matamoros, Tamaulipas. Es la misma actitud que el Ejército y el resto del gobierno federal han asumido en torno de la muerte de los estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, donde se pretendió fingir que las víctimas eran sicarios caídos en el combate que les enderezó el Ejército. El secretario de Gobernación ofreció mostrar a la institución afectada y al público en general un video donde se apreciaban los hechos y ésta es la hora, luego de tres meses, en que esa exhibición no ha ocurrido.
Este blindaje a las Fuerzas Armadas, para que no queden en entredicho, está siendo completado en los días que corren por varias medidas de publicidad y de relaciones públicas tendientes a presentar la mejor imagen de los militares o a lavar la cara a una institución que no acaba de ser eficaz en el combate a la delincuencia organizada y en cambio entra en problemas con la sociedad civil. Está al aire por radio y televisión una pauta que pondera las virtudes del Ejército como instancia protectora de la comunidad. Se anuncia la pronta puesta al alcance del público de los acervos, en trance de digitalización, del archivo histórico de la Sedena y el propio presidente Calderón anticipó que el Ejército entregará 20 millones de banderas a otras tantas familias, en un paquete de celebración del bicentenario. Junto con las banderas, aptas para ser colocadas en los domicilios de los destinatarios, se regalarán también la letra del Himno Nacional y folletos informativos, supongo que sobre las acciones militares en casos de desastre o sobre su sistema escolar.
En esta línea acaba de ser creada, por un acuerdo del titular de la Defensa Nacional, una Dirección de Vinculación Ciudadana, que estará a cargo de un general y dependerá directamente del general secretario y tendrá por objeto "generar los acercamientos necesarios para la solución de conflictos entre el Ejército y la Fuerza Aérea y la sociedad en general, ocasionados con motivo de la presencia militar en las calles, desarrollando una metodología para establecer, articular y mantener una adecuada y efectiva comunicación entre los citados interlocutores".
La exposición de motivos de este acuerdo reconoce que la participación militar en el combate a la delincuencia organizada "ha generado la necesidad de establecer vínculos de comunicación con la sociedad civil, con el propósito de intercambiar puntos de vista e información relacionada con este quehacer militar". Allí mismo se informa de la realización de 24 foros donde se ha desarrollado ese intercambio, lo cual indica que crear esta dirección de vinculación es en cierto modo la culminación de una política o por lo menos de una actitud de acercamiento entre el personal militar y los ciudadanos.
Como ocurrió antes con la Dirección General de Derechos Humanos en la Sedena, no basta la creación de un órgano administrativo para construir o modificar una actitud de la organización castrense ante la población civil. La misión de allanar conflictos entre militares y civiles no puede ser cumplida al margen de la ley, sino como complemento de la aplicación de ésta, a lo que inducen las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las que se debe responder, no descalificar.
No son pocos los casos en la administración pública y en la política mexicana en que un funcionario o un representante que llega a una responsabilidad en pésimas condiciones no sólo no se legitima en el desem- peño sino que empeora el talante con el que arribó. Pero el de Héctor Osuna es excepcional: fue elegido miembro del órgano directivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en un cínico ejercicio de pago de favores. Motor en el Senado de la Ley Televisa, que dotó a ese consorcio del marco legal que necesitaba (aunque luego el instrumento quedó mellado), completó el juego siendo el regulador que los poderes fácticos necesitaban. Y ahora se va sin rendir cuentas al frente de la Comisión ni encarar a Purificación Carpinteyro, que ha mostrado tener más gallardía y entereza que quien se retira de la Cofetel presionado por sus obligaciones insatisfechas.
El periodista Juan Monrreal López, pide aplicación de la Ley contra el presidente del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, y Acción Popular contra el alcalde de Gómez Palacio
*Por primera vez en la historia de Durango, sucede esto
*Mario Calderón, podría ir a la cárcel
María Álvarez T.
Durango, Durango.- Este 22 de junio, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, el priista Jorge Herrera Delgado, fue denunciado en la Oficialía de Partes del Congreso duranguense y en su propia oficina, así como también se demandó Acción Popular en contra del alcalde sustituto de Gómez Palacio, Mario Calderón Cigarroa, quien acumula desviaciones millonarias en la Cuenta Pública municipal, pero también rompimiento de la ley en las licitaciones de obras públicas, así como asignaciones ilegales de contratos a proveedores.
Las denuncias para que se apliquen la Ley de los servidores públicos del estado y los municipios, así como el Artículo 117 de la Constitución de Durango, fueron presentadas por el Director de la Revista Demócrata Norte de México, el periodista Juan Monrreal López, una vez que Jorge Herrera, transgredió el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 5 de la Constitución de Durango, referentes al derecho de petición.
En cuanto al alcalde sustituto, Mario Calderón Cigarroa, existen suficientes evidencias de conductas ilícitas en su administración, pruebas que pueden usarse para que la Acción Popular, pueda aplicarse, tal como lo estipula el Artículo 117 de la Constitución d uranguense. La figura constitucional de Acción Popular, podría llevar a Calderón Cigarroa a la cárcel.
Como se recordará, el periodista Juan Monrreal fue levantado el pasado 15 de septiembre del 2009, por dos supuestos policías quienes lo pasearon, y amenazaron tratándolo de intimidar porque “habla muy mal del alcalde Mario Calderón”, una vez que el reportero analizó la cuenta pública de Gómez Palacio, en el Canal 2 de Televisión de Torreón, Coahuila, demostrando serias irregularidades.
Con desconfianzas ciertas, el pasado 27 de octubre, Monrreal López, solicitó la protección del Congreso del estado, apoyado en el Artículo 45 de la Carta Magna duranguense, encontrando oídos tapiados del presidente de la Gran Comisión, Jorge Herrera Delgado, un diputado al servicio del PRI y parte del manto de impunidad que cubre a los funcionarios públicos del actual gobierno encabezado por Ismael Hernández Deras.
El periodista fue recibido por el propio Herrera Delgado, una vez que fue enterado de la denuncia en su contra, cuando la propia mañana del 22 junio, se manejó que no se encontraba en el recinto parlamentario.
Jorge Herrera Delgado, dijo desconocer la petición presentada por el reportero el pasado 27 de octubre del 2009, pese a ser el presidente de la Gran Comisión del Congreso, comprometiéndose con el director de Demócrata Norte de México, en entregarle una respuesta, el próximo viernes 25 de junio.
A continuación se presenta la denuncia íntegra en contra de Mario Calderón Cigarroa, Jorge Herrera delgado y la Comisión estatal de los Derechos Humanos de Durango.
Gómez Palacio, Durango, Junio 22 del 2010
De nueva cuenta, respetuosamente me dirijo a usted, en su carácter de presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, en la presente LXIV Legislatura, con el objeto de denunciar ante este H. poder Constitucional, la violación de mis Derechos Constitucionales de parte del diputado de extracción priista, Jorge Herrera Delgado, quien funge como presidente de la Gran Comisión de la LXIV Legislatura, ante quien el pasado 27 de octubre del 2009, presenté la denuncia por el secuestro del que fui objeto, cometido por supuestos agentes de policía que me privaron de la libertad ilegalmente, el pasado 15 de septiembre del 2009, en la ciudad de Gómez Palacio, por “hablar mal del alcalde” sustituto, Mario Alberto Calderón Cigarroa; esto, según dijeron los agentes apócrifos, por ser mi persona un “encargo del regidor priista Carlos Sonora Martínez”.
Ante estos hechos, y evidencias reales que hacen temer por mi seguridad personal y la de mi familia, decidí apoyarme en el Artículo 45 de la Carta Magna estatal, que específica, “Los diputados son defensores de los derechos sociales de los habitantes que representan en el Congreso del Estado”, así que acudí aquel 27 de octubre del 2009, buscando la protección de esta H. LXIV Legislatura, encontrando oídos sordos del presidente de la Gran Comisión, el diputado, Jorge Herrera Delgado, mismo que no se tomó la molestia de responder mi petitoria, tal como lo obliga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Articulo 8 que dice:
Por si fuera poco, la Constitución de Durango asienta en su Artículo 5 en su segundo párrafo:
“A toda petición deberá recaer un acuerdo de autoridad, a quien se haya formulado, en el que ésta expresará, motivada y fundadamente, si concede o niega lo solicitado. La autoridad tiene obligación de notificar su resolución al peticionario dentro del término que señalan las leyes aplicables y que en ningún caso excederá de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud”.
Han transcurrido alrededor de 240 días, y aun sigo esperando respuesta de Jorge Herrera Delgado, quien funge como presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango en LXIV Legislatura.
Por ello, de nueva cuenta concurro a esta LXIV Legislatura del estado, pues a mi entender, el diputado Jorge Herrera Delgado, no ha actuado conforme a derecho, haciéndose merecedor a las sanciones correspondientes que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, ya que nadie se encuentra por encima de la Ley, según reza nuestra Constitución.
Este ciudadano duranguense, de oficio periodista, creyente de la República, así como en el espíritu de Legalidad y de Justicia que debe regir en el H. Congreso del estado de Durango, se presentó al recinto parlamentario esgrimiendo los derechos que posee de acuerdo a la Constitución de Durango, que estipula en su Artículo 3; “En el estado de Durango, toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad personal”.
Asimismo, en el Artículo 9 que asienta, “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Por si fuera poco, y de acuerdo a las amenazas proferidas por los supuestos policías, el levantón obedeció esencialmente a la intención de callar mi ejercicio periodístico, pues los aparentes agentes insistieron reiteradamente que mi levantón obedecía a “un encargo del regidor Carlos Sonora Martínez, por hablar mal del alcalde” de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa, ya que por esos días, 5, 9 y 12 del mes de septiembre, analicé en el Canal 2 de Televisión, la cuenta pública del Municipio de Gómez Palacio, ejercida por la actual administración.
En la investigación periodística, demostré serias irregularidades existentes en el presupuesto de egresos, del municipio de Gómez Palacio, Durango, consistentes en desvíos de recursos públicos por varios millones de pesos, lo que a mi entender fue el motivo central de la privación ilegal de mi libertad, que de acuerdo al Código Penal de Durango, se tipifica como secuestro.
A mi entender, los derechos violentados son castigados por varios Artículos del Código Penal vigente: Artículo 20; fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; Artículo 51, fracción IV; Artículo 61 con relación al a los Artículos 162, 167, 205, 362,378 y 399.
Como si el marco legal no bastara, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, defiende la Libertad de Expresión en su Artículo 7 que estipula:
Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Al igual, la Constitución del estado de Durango, en su Artículo 5, que a la letra expone:
“La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.
En Durango existe la Ley de fomento y protección al periodismo del estado de Durango, pese a toda esta guarnición legal, la denuncia que interpuse el pasado 27 de octubre del 2009, pareciera no existir, contrario al desgarro de vestiduras del propio presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, quien en ocasión de celebrarse el Día de la Libertad de Expresión el pasado 7 de junio, externó que, “En Durango hay libertad de expresión, ya que es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta el Estado democrático, por ello ratificamos el compromiso de continuar impulsando la libre manifestación de las ideas y la garantía del derecho a la información”.
“En Durango, hay libertad de expresión, simplemente hay que ejercerla y hacerla valer, es una garantía enmarcada en nuestra Constitución”.
Con toda esta retórica, Jorge Herrera Delgado, fue incapaz de dar respuesta a este reportero, quien apegado a la Ley, presentó su denuncia el ya lejano 27 de octubre del 2009, cuando solicitó la intervención y protección del Congreso duranguense.
Ya en otras ocasiones, un discurso similar se escuchó en los medios electrónicos e impreso en medios.
El gobernador de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, aun con el cuerpo insepulto del reportero Bladimir Antuna, declaró que en la entidad “existen las garantías suficientes para que los periodistas ejerzamos nuestra labor”.
Esta perspectiva de las autoridades preocupa en demasía; toda vez que Durango es el estado donde más periodistas fueron asesinados durante el año 2009, pero también el estado donde los comunicadores vieron saqueados sus domicilios, además de los atentados a sus personas.
En el año 2009, el ejercicio informativo, costó la vida de 4 periodistas en el estado durante 2009.
Por último, quiero dejar constancia ante esta H. LXIV Legislatura, el triste papel desempeñado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, que preside Carlos García Carranza, ante quien el 27 de octubre del 2009, también enderecé mi queja por el levantón y secuestro del que fui objeto.
En aquellos días hice entrega del mismo documento depositado en la Oficialía de partes del Congreso, pero nunca recibí respuesta, pese haber acudido a las oficinas de la Segunda Visitaduría de esta comisión con domicilio en Gómez Palacio.
No es intención de este ciudadano de oficio periodista, abundar que fue hasta el 11 de Febrero del presente año, que tuve que responder a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) en largo alegato de 10 páginas- el que será entregado como anexo a esta H.LXIV Legislatura de Durango-, para fundamentar a mi favor en contra de las falsedades que entregó por escrito el occiso director de policía municipal, Roberto Torres Salinas,- por cierto ejecutado por un comando armado-, el pasado 23 de noviembre del 2009, fecha en que por vez primera se conocieron los supuestos agentes de la policía municipal, Salvador Alejandro Puentes Saucedo y Juan Manuel Valles Trejo, que levantaron y secuestraron a este reportero el pasado 15 de septiembre.
En mi alegato entregado a la CEDHD pedí como exigencia, - siempre de acuerdo a derecho-, que la comisión citara a declarar al alcalde sustituto Mario Calderón Cigarroa, quien sin duda, era y es, el primer interesado en amilanar a este periodista, una vez que hice y sigo haciendo del dominio público, los desvíos millonarios de recursos públicos, una violación en sí de los Derechos Humanos de los habitantes del municipio de Gómez Palacio, Durango, en la medida que el dinero desviado de los propósitos etiquetados en la Cuenta Pública, cancela el desarrollo de la ciudad, a la vez que suprime las posibilidades de llevar los servicios básicos a los ciudadanos en pobreza patrimonial.
Pese a mi petitoria, la CEDHD se desentendió de acatar la Ley, y ahora el 11 de junio, pidió que me careara con los supuestos policías que me levantaron y secuestraron, a pesar de que el ejecutado director de policía había entregado ya, un documento lleno de contrasentidos y falacias.
A más de 100 días de que presenté mi respuesta a la CEDHD, sigo esperando que se cite a declarar al alcalde sustituto Mario Calderón Cigarroa; o cuando menos que la mencionada comisión responda mi solicitud,-a todas luces apegada a derecho-, el porqué la llamada primera autoridad de la ciudad de Gómez Palacio, no ha sido citada.
Por último, quiero dejar asentado que producto de mi trabajo, he ido recabando y publicando las suficiente pruebas documentales y físicas, para aseverar que el alcalde sustituto de Gómez Palacio Mario Alberto Calderón Cigarroa, es punible de acuerdo al Artículo 117 de la Constitución de Durango, por lo que pido como exigencia se le aplique el procedimiento de Acción Popular, recurso constitucional al que tenemos derecho cualquier ciudadano.
Por ello en derecho pido y exijo:
1.- Que ante evidente violación de mis derechos cometida por el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, se le apliquen las sanciones correspondientes, estipuladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
2.-Exijo la aplicación de la Acción Popular, asentada en el Artículo 117 de la Constitución de Durango, toda vez que existen las suficientes evidencias de conductas ilícitas del alcalde sustituto de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa, y sólo espero que se me instruya que Comisión de esta H. LXIV Legislatura, para entregar las pruebas de las ilegalidades de este alcalde.
3.-Se exija a la CEDHD, se apegue a la Constitución de la República, a la Constitución del estado de Durango, a su propia Ley Orgánica, olvidando los tintes a favor de las autoridades priistas, por tanto, que Mario Alberto Calderón Cigarroa, comparezca ante esta comisión.
En espera de su respuesta:
Email: jmonrreall@yahoo.com
c.c.p. Lic. Raúl Plascencia Villanueva
c.c.p Senadora Rosario Ibarra de la Garza
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en su LXI Legislatura
c.cp. Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en su LXI Legislatura
c.c.p. Lic. Daniel Garcia Leal
c.c.p. Diputado Noel Flores Reyes
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Durango en su LIV Legislatura c.c.p. Diputados del Partido Acción Nacional
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Etiquetas: Jorge Herrera Delgado, Mario Calderón Cigarroa
TORREÓN, Coah., 22 de junio (apro).- El periódico Noticias de El Sol de la Laguna fue blanco hoy de un ataque a balazos, en el que resultó herida la recepcionista del diario de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que el atentado se registró poco después de las 12: 00 horas en el cruce de las calles Constitución y Javier Mina, en la zona limítrofe de Torreón con Gómez Palacio, Durango.
De acuerdo el reporte de los peritos, la puerta principal del inmueble presentaba más de 50 disparos de arma de fuego.
El fiscal general, Jesús Torres Charles, afirmó que la mujer, que resultó herida en un brazo y la cabeza, está fuera de peligro.
Apenas el pasado viernes 18, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), lanzó una alerta por las nulas condiciones para ejercer el oficio periodístico en esa zona. Inclusive, afirmó que uno de los periodistas amenazados es Javier Adame, directivo de Noticias de El Sol de la Laguna.
Dijo que Adame y otros directivos de medios de comunicación de la zona, fueron amenazados para que se publicaran imágenes de decapitados.
RSF responsabilizó directamente a Los Zetas de los ataques contra periodistas en la región.
En mayo pasado, una balacera ocurrida en el bar "Juanas VIP", fue atribuida a la presunta relación de personal de El Sol de la Laguna con Los Zetas. Inclusive, se aseguraba que el bar era propiedad de un reportero apodado "El Junior", quien desde hace años había dejado de trabajar en ese diario.
Por medio de un comunicado, ese periódico rechazó tener vínculos con grupos delictivos.
Al concluir un evento en Saltillo, Torres Charles confirmó también que dos granadas fueron arrojadas el jueves pasado contra el periódico El Zócalo, de Piedras Negras.
En este caso, el funcionario dijo que actualmente se revisan publicaciones recientes, pero que existe una línea de investigación que apunta a problemas del personal del periódico.
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Ex diputada exige su renuncia luego de divulgarse un audio en el que Mario Marín conversa con una menor de edad con quien tuvo una relación.
PUEBLA, Pue.- Violeta Lagunes Viveros, ex diputada y ex delegada de la Secretaría del Trabajo, exigió al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres renuncie a su cargo y se investigue el caso con el que se ha visto involucrado, tras la aparición de un audio en el cual presuntamente es la voz del mandatario estatal quien sostiene una conversación con una menor de edad.
En entrevista con Notimex, Lagunes Viveros también dio a conocer que ya presentó su licencia al cargo como delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) , así como la suspensión temporal de sus derechos partidistas, con el objetivo de poder conformar la 'Red en contra de la Explotación Sexual de Mujeres como Botín de Políticos'.
Enfatizó que en el estado de Puebla se cometen injusticias en contra de las mujeres, sobre todo las que se refieren a la violencia sexual en sus diferentes matices, esto debido a que Marín Torres nuevamente permite la violación de los derechos de las mujeres.
"En esta ocasión hacemos referencia al caso de 'Jessica', donde el gobernador es el actor involucrado y se le atribuye que ha abusado del poder aprovechándose de la situación vulnerable de algunas menores de edad, explotándolas y usándolas sexualmente como es este el caso", sentenció.
Refirió que en los últimos días se han difundido audios en donde aparecen voces atribuidas al propio gobernador Mario Marín Torres con una joven de 17 años llamada Jessica, además de estar involucrado Valetín Meneses Rojas, actual secretario de Gobernación estatal.
La ex funcionaria mencionó que en un audio el mandatario estatal Mario Marín habla con Jessica con el fin de terminar la relación y le pide unas llaves, ante esto ella responde que le había jurado algo, pero él no se lo había cumplido.
Agrega que en la conversación Valentín Meneses llama a Jessica para que ella platique con Marín Torres y es quien le invita a tomar una copa, por lo que, la menor responde que no cumplió sus promesas.
Violeta Lagunes manifestó que, al parecer, al momento del rompimiento la menor tenía 17 años y que la relación habría iniciado en 1999 cuando Mario Marín Torres era alcalde de Puebla, de ahí que el delito que presuntamente pudo cometer es el de estupro con una menor que laboró como edecán de "Los Pericos" de Puebla.
Ante todos estos hechos, que podría ser acusado de abuso de autoridad, peculado y corrupción de menores -dice la funcionaria-, es que debe renunciar Mario Marín, así como el actual secretario de Gobernación del estado, Valentín Meneses, y ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.
Por otra parte, exhortó a los organismos como el Instituto Poblano de las Mujeres, a los sistemas para el Desarrollo Integran de la Familia (DIF) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que, dentro de sus atribuciones, coadyuven con la sociedad dentro de los procesos penales y administrativos del caso.
"Los demonios..." de Lidya Cacho
El 14 de febrero de 2006 fue dada a conocer una grabación donde José Kamel Nacif Borge, empresario mexicano de origen libanés, popularmente conocido como "El Rey de la Mezclilla" agradece a Mario Marín los favores realizados como protección al pederasta Jean Succar Kuri, ya que la periodista mexicana Lydia Cacho denuncio los hechos en el libro "Los Demonios del Edén" y la acción de aprehensión de la periodista "había servido para darle un coscorrón a esa pinche vieja".
En las grabaciones dadas a conocer en su momento, Kamel Nacif se refiere a Mario Marín con calificativos como "Gober precioso, "mi rey", "papá", "papito", "mi héroe".
Lydia Cacho saltó a la luz pública por la denuncia penal en su contra, por el delito de difamación que impuso Kamel Nacif en Puebla, y el posterior escándalo político que tuvo lugar al implicar al gobernador de Puebla y al empresario en una supuesta confabulación para violentar la ley en contra de la periodista.
Etiquetas: El Gober Precioso, Mario Marín Torres
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 Artículo 8
 Artículo 5
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 Artículo 45
 Artículo 45
 Artículo 5
 resolución 
 Artículo 3
 Artículo 9
 Artículo 20
 Artículo 51
 Artículo 61
 Artículo 7
 Artículo 5
 Artículo 117
 Artículo 117