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Nulidad indultos a Videla y a Massera, texto completo de la sentencia. | Filatina
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Nulidad indultos a Videla y a Massera, texto completo de la sentencia.
Nulidad indultos
Arg – La Cámara Federal resuelve la nulidad de los indultos al Gral. Videla y al Almte. Massera.
i) Texto de la sentencia de nulidad de los indultos a Gral. Videla y al Almte. Massera con relación a la condena en la Causa 13/84.
Causa nº 13/84 “Incidente de inconstitucionalidad de los indultos dictados por el decreto 2741/90 del Poder Ejecutivo Nacional”. Registro de la Secretaría General n°02/07/P
II.a. Una presentación similar a la que ahora motiva la formación del presente incidente fue realizada en estas actuaciones por Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide el 19 de febrero de 1991. En la ocasión, y con base en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emergente de Fallos 307:1457 y 313:1392, este Tribunal rechazó la solicitud de Fernández Meijide pues “no resultan admisibles los planteos articulados por particulares damnificados contra decretos de indulto del Poder Ejecutivo Nacional” (fojas 32.299 del principal).
En el marco de actuaciones regidas por el Código de Justicia Militar los particulares damnificados se encuentran sometidos a las normas del procedimiento que tal ordenamiento impone. Éstos sólo pueden, según la interpretación que el Alto Tribunal argentino realizó de los artículos 100 bis y 146 de ese cuerpo legal, “…indicar medidas de prueba, solicitar que se les notifique la sentencia o la radicación de la causa en la Cámara Federal y, en la medida en que cumplieran con este último requerimiento, interponer el recurso previsto por el art. 445 bis ante la Cámara Federal”. La Corte también consideró “…que podrían pedir que se los notificase de la sentencia a dictarse, lo que importaría su legitimación para recurrir ante ésta por la vía del artículo 6° de la ley 4055, de mediar razón para ello” (considerando 4° de Fallos 313:1392, antes citado).
Por lo expuesto, más allá de la legitimación procesal de los resentantes para hacer este tipo de planteos, habida cuenta del alcance que la Corte Interamericana le ha otorgado a la obligación internacional de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1 y 2 de dicho Tratado), lo cierto es que este Tribunal, en tanto órgano alcanzado por la obligación a la que se sujetó el Estado argentino, debe conocer en el asunto como forma de hacer cesar un eventual incumplimiento del deber internacional señalado.
b. Aceptada entonces la obligación de erradicar todo eventual incumplimiento del deber de garantía que le asiste al Estado argentino, vale aclarar ahora -aunque sea mínimamente- por qué es este el Tribunal que debe conocer en el caso para cumplir con tal objetivo. En este sentido, e independientemente de lo que en definitiva vaya a decidirse a lo largo de este pronunciamiento respecto de la ley procesal a la que corresponde sujetar estas actuaciones de aquí en adelante, lo cierto es que el hecho de haber asumido el conocimiento y dictado sentencia en este proceso (de acuerdo con las facultades que confiere el último párrafo del artículo 10 de la ley 23.049) es la circunstancia a partir de la cual debe concluirse que es competencia de esta Cámara efectuar el análisis constitucional del decreto de indulto que impidió el completo cumplimiento de las penas se le impusieron a los condenados de autos.
En efecto, en la sentencia con la cual culminó la investigación desarrollada en esta actuaciones (fojas 28.270/29.848 del principal) esta Cámara afirmó que “…la estructura legal y operativa montada de acuerdo con el sistema de normas reseñado precedentemente permite afirmar que el gobierno constitucional contaba, al momento de su derrocamiento, con los medios necesarios para combatir al terrorismo”.
Como fundamentos de tal decisión se dijo que “…la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional… realice una última contribución para afianzar el proceso de pacificación en que están empeñados los sectores verdaderamente representativos de la Nación….” y “…crear las condiciones y el escenario de la reconciliación, del mutuo perdón y de la unión nacional…”.
Jorge Rafael Videla, por su parte, se encuentra actualmente detenido, con prisión domiciliaria, a disposición del Juzgado Federal nº 7. En tales actuaciones se investiga la responsabilidad penal que pudo haberle cabido al nombrado en el denominado “Plan Cóndor”.
Adentrándonos al fondo de la cuestión, de inicio debe recordarse que constituyeron un antecedente importante previo a la sanción de la ley 25.779 -por la que se declararon insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final-, aquellas decisiones judiciales de primera y segunda instancia que, en la necesidad de adoptar el ordenamiento jurídico interno a las exigencias de la comunidad internacional en materia de derechos humanos, declararon de ningún efecto las leyes de impunidad (c. 8686/00, “Simón Julio y otro s/ sustracción de un menor de diez años”, rta. el 6/3/01, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de esta ciudad y c. 17.889, “Incidente de apelación de Simón Julio”, rta. el 9/11/01, reg. 19.192 de la Sala II de este Tribunal).
A su vez, y con posterioridad a la sanción de la ley 25.779, ambas Salas de esta Alzada declararon la irregularidad constitucional de indultos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, de similares características al presente (ver en tal sentido Causa nº 36.773 “Suarez Mason y otros s/inconstitucionalidad de indultos Dec. 1002/89 y 2746/90”, Reg. nº 228 del 1/04/05, de la Sala 1ra. y Causa nº 22.544 “Vañek, Antonio y Torti, Julio s/inconstitucionalidad”, Reg. nº 23.944 del 8/07/05 de la sala 2da.).
Esta Cámara ha dicho en reiterados pronunciamientos que los delitos cometidos por los agentes estatales en el contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar que usurpó el poder en el período 1976-1983, a la luz del derecho de gentes, deben ser considerados como crímenes contra la humanidad (cfr. Sala I, causas nro. 30.514, “Massera s/excepciones”, Reg. 742 , del 9 de septiembre de 1999; nro. 33714 “Videla, Jorge R. s/procesamiento”, Reg: 489, del 23 de mayo de 2002, y sus citas, n° 36.253 “Crespi, Jorge Raúl y otros s/ falta de acción y nulidad”, Reg: 670, del 13 de julio de 2004;y Sala II Causa Nro. 17.889, del 9 de noviembre de 2001, Reg: 19.192 y sus citas).
De tal modo, y si bien la Constitución Nacional reformada en el año 1994 dispuso expresamente que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22), ello ya había sido reconocido con anterioridad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar en el caso “Miguel Angel Ekmekdjian c. Gerardo Sofovich” (Fallos 315:1492). En el considerando 17 del voto de la mayoría se dijo: “Que un tratado internacional constitucionalmente celebrado, incluyendo su ratificación internacional, es orgánicamente federal, pues el Poder Ejecutivo concluye y firma tratados (art. 86, inc. 14, Constitución Nacional), el Congreso los desecha o aprueba mediante leyes federales (art. 67, inc. 19 Constitución Nacional) y el Poder Ejecutivo Nacional ratifica los tratados aprobados por ley, emitiendo un acto federal de autoridad nacional. La derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso violenta la distribución de competencias impuesta por la misma Constitución Nacional, porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal de la celebración de un tratado. Constituiría un avance inconstitucional del Poder Legislativo Nacional sobre atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien conduce, exclusiva y excluyentemente, las relaciones exteriores de la Nación (art. 86, inc. 14 Constitución Nacional)”. También la Corte utilizó otro argumento derivado directamente del derecho internacional: “Que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados –aprobada por ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980– confiere primacía al derecho internacional sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno” […] “Esta convención ha alterado la situación del ordenamiento jurídico argentino contemplada en los precedentes de Fallos: 257:99 y 271:7, pues ya no es exacta la proposición jurídica según la cual ‘no existe fundamento normativo para acordar prioridad’ al tratado frente a la ley. Tal fundamento normativo radica en el art. 27 de la Convención de Viena, según el cual ‘Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado'” (considerando 18°).
Se sostuvo, además: “…la necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27” (consid. 19).
Tales prescripciones sobre los deberes de “respeto” y “garantía”, por una parte, y la existencia de “remedios efectivos” como medios para asegurarlos, por otra, se han reconocido como el fundamento de la obligación de la persecución de las violaciones a los derechos humanos (ver en similar sentido, causas “Suarez Mason…” y “Vañek…”, antes mencionadas, con cita de Ambos, Kai, “Impunidad y Derecho Penal Internacional”, Ad. Hoc, Buenos Aires, 1999, pág. 75 y ss.).
Sobre la obligación de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos protegidos por la Convención, se ha afirmado: “La segunda obligación de los Estados Partes es la de ‘garantizar’ el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Velázquez Rodríguez”, sentencia del 19 de julio de 1988, Serie C, nº 4, párrafos 166 y 167).
Asimismo, en cuanto a los alcances de las obligaciones derivadas de la Convención, es menester señalar que la Corte Interamericana sostuvo que “el deber general del estado incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías […]. En el Derecho de Gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber general de cada Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio effect utile). Esto significa que el estado debe adoptar las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2º de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La última tentación de Cristo”, rta. el 5/02/2001, serie “C”, nº 73, parágrafos 85 y 87, citado por la Sala I del Tribunal en causa nº 36.253 “Crespi y otros s/falta de acción y nulidad” reg. 670 del 13/7/2004).
Por otra parte, en cuanto al deber de sancionar toda violación a los derechos humanos, la Corte sostuvo: “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho Internacional de los Derechos Humanos” (caso “Barrios Altos”, sentencia del 14 de marzo de 2002).
Dicho organismo, reiteró el alcance de la obligación que emana del artículo 2 de la Convención en el caso “Bulacio”, afirmando que el cumplimiento del deber allí establecido implica la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a los derechos y garantías que resguarda el tratado, y además, la promoción de normas y prácticas que guíen a cada Estado Parte hacia el cumplimiento cabal de la Convención (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Bulacio vs. Argentina”, fallado el 18/09/2003).
En este mismo sentido, con respecto a la amnistía general dictada en Chile -a través del decreto ley n° 2191- que alcanzó a todos los responsables de “hechos delictuosos” (entre los que se encuentran delitos de lesa humanidad) cometidos desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, la Corte recientemente explicó que, dada su naturaleza, tal norma “…carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos… ni para la identificación y castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile” (Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia del 26 de septiembre de 2006, serie C, n° 154).
Al respecto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló: “… se deriva del artículo 7º, leído juntamente con el artículo 2º del Pacto, que los Estados deben asegurar una protección efectiva a través de algún mecanismo de control. Las quejas por mal trato deben ser investigadas efectivamente por las autoridades competentes. Quienes sean culpables deben ser considerados responsables y las víctimas deben tener a su disposición los recursos efectivos, incluyendo el derecho a obtener una compensación” (HRC, General Comment nº 7, Doc. ONU. CCPR/C/21 (19/5/1989), y reiterado en General Coment nº 20, par. 13 y ss.. Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add. 3 [7/4/1992]).
Por otra parte, dicho Comité manifestó: “El Comité nota que los compromisos hechos por el Estado parte con respecto a su pasado autoritario reciente, especialmente la ley de Obediencia Debida y la ley de Punto Final y el indulto presidencial de altos oficiales militares, son contrarios a los requisitos del Pacto”(ver “Human Rights Committee, Comments on Argentina, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.46 [1995], en inglés el original).
Entre sus “Principales Temas de Preocupación” el Comité incluyó: “El Comité reitera su preocupación sobre la Ley 23.521 (Ley de Obediencia Debida) y la Ley 23.492 (Ley de Punto Final) pues niegan a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante el período del gobierno autoritario de un recurso efectivo, en violación de los artículos 2 (2,3) y 9 (5) del Pacto. El Comité ve con preocupación que las amnistías e indultos han impedido las investigaciones sobre denuncias de crímenes cometidos por las fuerzas armadas y agentes de los servicios de seguridad nacional incluso en casos donde existen suficientes pruebas sobre las violaciones a los derechos humanos tales como la desaparición y detención de personas extrajudicialmente, incluyendo niños. El Comité expresa su preocupación de que el indulto como así también las amnistías generales puedan promover una atmósfera de impunidad por parte de los perpetradores de violaciones de derechos humanos provenientes de las fuerzas de seguridad. El Comité expresa su posición de que el respeto de los derechos humanos podría verse debilitado por la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos humanos”.
Ante tal circunstancia, e insistimos, cuando ya se ha despejado toda duda en torno al carácter de graves violaciones a los derechos humanos que detentan los delitos por los que se responsabilizó a Videla y a Massera, la medida aquí cuestionada estaría generando la “atmósfera de impunidad” expresada con preocupación por los organismos internacionales.
En este sentido, sostiene Marcelo Ferrante que “…la afirmación de que las leyes de ´Punto Final´y ´Obediencia Debida´y los indultos presidenciales violaron los deberes de garantía surgidos de la CADH y del PIDCP no importa asignar a sus cláusulas valor retroactivo: la materia de lo ilícito -en el sentido de contrariedad con las disposiciones de estos tratados- es, pues, esa retracción del poder punitivo y no las lesiones cuyos autores se beneficiaron con la impunidad concedida” (ob. cit., pág. 419, y en sentido similar, Marcelo A. Sancinetti, “Derechos Humanos en la Argentina Post-Dictatorial”, Lerner Editores, Buenos Aires, 1988, pág. 129, -específicamente- nota n° 47).
En tal sentido, al dar tratamiento a los recursos extraordinarios interpuestos en estas actuaciones, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Petracchi y Bacqué, expusieron en el considerando 6) de su voto, que: “… el art. 29 de la Constitución Nacional sanciona con una nulidad insanable aquellos actos que constituyan una concentración de funciones, por un lado, y un avasallamiento de las garantías individuales que nuestra Carta Magna tutela, por el otro. La finalidad de la norma ha sido siempre impedir que, alegando motivos de urgencia o necesidad, el Poder Ejecutivo asuma facultades extraordinarias y la suma del poder público, lo que inevitablemente trae aparejada la violación de los derechos fundamentales del hombre libre, que la propia Constitución Nacional garantiza. El gobierno llamado Proceso de Reorganización Nacional, invocando razones de aquellas índole, usurpó el poder y subordinó la vigencia de la Constitución Nacional al cumplimiento de sus objetivos” (Fallos 309:1689).
Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 234:16) que una ley de amnistía que en su contenido comprendiera el delito previsto por el artículo 20 (ahora 29) de la Constitución Nacional carecería de validez dado que sería contraria a la voluntad superior de la propia Constitución (ver en igual sentido Sala I causa “Suarez Mason…”, ya citada, y Sala II, Causa nº 21.961 “Incidente ordenado por la Cámara Nacional de Casación Penal en Causa nº 8686/00, Reg. 23.243 del 16 de diciembre de 2004, ambas con cita del dictamen del entonces Procurador General de la Nación, Sebastián Soler).
Ello por cuanto la prohibición contenida en el citado artículo 29, está dirigida a la protección del individuo contra el ejercicio totalitario del poder derivado de la concentración de funciones (En igual sentido ver causa “Suarez Mason…”, con cita de causas nro. 8.057, “Fernández, Marino A. y Argemi, Raúl s/tenencia de arma de guerra”, Sala I, fallada el 4 de octubre de 1984; y nro. 3438, “Rolando Vieira, Domingo Manuel y otros s/infracción arts. 189 bis y 292 del Código Penal”, Sala II, fallada el 6 de marzo de 1985).
Para comprender el alcance de lo afirmado, válido es traer a colación lo expuesto por la doctrina al respecto: “Cualesquiera que fuesen los límites del art. 29 de la Const. Nacional en su relación con el más estrecho art. 227 del Cód. Penal -en lo que se refiere a la descripción y punición de la ‘conducta típicamente prohibida’-, en cualquier caso el Congreso carecería de facultades para amnistiar el ejercicio de la suma del poder público, el ejercicio en definitiva del poder tiránico, en la medida en que en este ejercicio fueran cometidos delitos por los que ‘la vida, el honor y la fortuna de los argentinos quedaran a merced de los gobiernos o persona alguna’, Por ende, cuando los actos ejercidos por el poder omnímodo fuesen delictivos conforme a la ley penal por su propia configuración (homicidios, asesinatos, torturas, privaciones de la libertad, etcétera) sería imposible amnistiarlos” (Sancinetti, Marcelo A. y Ferrante, Marcelo, “El derecho penal en la protección de los derechos humanos”, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pág. 282/3).
Lo afirmado, se sustenta en la doctrina de Fallos 247:387, conforme a la cual “… corresponde declarar que los beneficios de la ley 14.436 no son extensivos a delitos como el que motiva las presentes actuaciones, ya que el art. 29 de la Const. Nacional -que categóricamente contempla la traición a la patria- representa un límite infranqueable que el Congreso no puede desconocer o sortear mediante el ejercicio de su facultad de conceder amnistías”. La mencionada ley concedía una amnistía amplia y general para todos los delitos políticos, comunes conexos o militares conexos, cometidos hasta la promulgación de la misma, que comprendía los actos y los hechos realizados con propósitos políticos o gremiales, o cuando se hubiera determinado que bajo la forma de un proceso por delito común, se encubrió una intención persecutoria de índole política o gremial.
Finalmente, no está demás aclarar que todo lo dicho respecto de las limitaciones de facultad legislativa de dictar amnistías es trasladable a la prerrogativa presidencial de indultar. En este sentido, vale nuevamente traer a colación lo afirmado sobre el punto por Sancinetti: “… de resultas de la doctrina de Fallos, 234:16 y de la de fallos, 247:387, los delitos cometidos como derivación del ejercicio de la suma del poder público -por los que ‘…la vida el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna’ (art. 29 Const. Nacional)- son insusceptibles de amnistía. Y si el Congreso Nacional no puede amnistiar tales hechos por el contenido material de los hechos mismos, entonces, mucho menos podrá indultarlos el Poder Ejecutivo. Este, en efecto, no podrá indultar ni la concesión de la suma del poder público concretada por los legisladores, ni los delitos cometidos por el Ejecutivo en el ejercicio de tal poder proscrito…” (ob. cit., págs. 282/3).
Con relación a esta última afirmación, en el fallo “Simón”, el juez Zaffaroni manifestó que el artículo 29 constitucional es un caso de delito constitucionalizado y su integración analógica siempre es violatoria del art. 18 de la misma Constitución. Los riesgos de tal analogía, expresó textualmente, son que “una mayoría parlamentaria coyuntural podría imponer la responsabilidad y la pena correspondientes a los infames traidores a la Patria a cualquier opositor”.
Consecuentemente, con la prohibición de analogía que propuso sostuvo que las amnistías otorgadas por el Congreso Nacional a través de las leyes de “Obediencia debida” y “Punto final” configuran una hipótesis no contemplada por el texto del artículo 29 de la Constitución Nacional.
La ley 23.049, por su parte, modificó el Código de Justicia Militar. En concordancia con el Decreto 158/83, el artículo 10 de la mencionada ley reglamentó el procedimiento sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En el marco de tal reglamentación se previó un “recurso ante la Cámara Federal que corresponda con los mismos requisitos, partes y procedimientos del establecido en el artículo 445 bis” del Código de Justicia Militar. A su vez, se estipuló la asunción al conocimiento del proceso por parte de la Cámara Federal para el caso en que “advirtiese una demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio”.
Ahora bien, con la sanción de la ley 24.556 (18/10/1995) se aprobó la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas -cuya jerarquía constitucional fue establecida mediante la ley 24.820-. El primer párrafo del artículo 9° de la Convención establece que “Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar…”.
En la oportunidad, el Dr. Petracchi dijo “…que la atribución de la competencia a los órganos permanentes del Poder Judicial, establecida en forma general para todos los casos de similar naturaleza, no reúne ninguna de las características de los tribunales ex profeso que veda el artículo 18 de la Constitución Nacional. …[L]a garantía del juez natural no impide la inmediata vigencia de la restricción constitucional a la competencia militar derivada de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas…” (este criterio fue reafirmado por la C.S.J.N. en el precedente “Videla, Jorge Rafael s/ incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada”, V. 34. XXXVI, del 21 de agosto de 2003).
Descartada, entonces, toda posibilidad de que tribunales militares conozcan los hechos que centran esta investigación, y eliminada también toda afectación a la garantía del “juez natural”, el presente caso deberá ser sometido al procedimiento y a la actuación de los jueces que la ley procesal común vigente establece.
Ello es así, en primer término, desde que las disposiciones procesales “resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite [siempre] que su recepción en juicio no afecte la validez de actos ya cumplidos de conformidad con leyes anteriores (Fallos: 200:180 y sus citas; 246:183)” (Fallos 321:532). El presente caso no se encuentra dentro de las excepciones que quitan fuerza imperativa al principio señalado.
Por otra parte, tampoco resulta aplicable al particular la disposición del artículo 12 de la ley 24.121, a través de la cual se estableció que “Las causas actualmente en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal….proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción”.
La aplicabilidad del Código Procesal Penal de la Nación a hechos cometidos con anterioridad a su vigencia fue dispuesta por este Tribunal en reiteradas ocasiones (15/5/00, reg. 6/00-P; 6/10/01, reg. 9/01-P; 6/3/02, reg. n° 1/02-P y 19/6/03, reg. n° 1/03-P; causa n° 30.579, Sala I, “Acosta J. s/ competencia”, rta. el 9-9-99, reg. 746; causa n° 30.311, Sala I, “Videla J. R.”, rta. el 9-9-99, reg. 735; causa n° 16.071, Sala II, “Astiz, Alfredo s/ nulidad”, rta. el 4-5-00, reg. n° 17.491; causa n° 17.196, Sala II, “Landa Ceferino s/excepción de falta de jurisdicción”, rta. el 28-11-00, reg. 18.216, entre otras).
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Una respuesta to “Nulidad indultos a Videla y a Massera, texto completo de la sentencia.”
Jueves, mayo 3, 2007 en 6:11 pm | Responder
– Perdonar, amnistiar, indultar, suprimir o disminuir las penas por delitos de LESA HUIMANIDAD es una barbaridad propia de quien la cometió, no teniendo nombre que se hiciera.
– Volver a imponer las penas ahora es algo tardío, pero necesario.
– Deberían servir para ejemplificar a las próximas generaciones, pero aun hay quienes reivindican la represión, como si fueran sordos, ignorantes, interesados o cómplices de los desmanes, atropellos, actos de cobardía, robos sistemáticos de identidades y bebés, apropiación indebida de recursos ajenos, torturar personas indefensas, atacar sexualmente a mujeres, torturas reiteradas, alevosía al torturar hasta la muerte, desaparicion forzada de pesonas, asesinatos multitudinarios, violencia injustificada ante prisioneros rendidos, tirar prisioneros indefensos y atados al río, y una serie de barbaridades más.
– No se justifica la violencia de la guerrilla, por otro lado, pero nada tiene que ver eso con la represión ilegal desde el terrorismo de estado.

References: artículo 6
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 10
 artículo 445
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 12