Source: http://www.oscarlondero.com.ar/proc20.htm
Timestamp: 2018-01-18 01:58:07+00:00

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RESOLUCIONES JUDICIALES (Segundo Parcial)
La resolución judicial es el acto efectuado por el órgano jurisdiccional en ejercicio durante un debido proceso. El código clasifica y caracteriza estos actos. La falta de cumplimiento de cada uno de los requisitos hace incurrir en defecto pasible de nulidad.
Art. 157º: Providencias Simples.- Las providencias simples solo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del juez o presidente del tribunal, o del secretario, en su caso.-
Art. 158º: Sentencias Interlocutorias.- Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso.
Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:
1. Los fundamentos.
2. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
3. El pronunciamiento sobre costas.-
Art. 159º: Sentencias Homologatorias.- Las sentencias que recayesen en los supuestos de los artículos 293º, 296º y 297º, se dictarán en la forma establecida en los artículos 157º y 158º, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.-
Art. 160º: Sentencia Definitiva de Primera Instancia.- La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:
1. La mención del lugar y fecha.
2. El nombre y apellido de las partes.
3. La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.
4. La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.
5. Los fundamentos y la aplicación de la ley.
Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones.
6. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.
La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.
7. El plazo que se otorgase para su cumplimiento si fuere susceptible de ejecución.
8. El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del artículo 31º, inciso 6.
9. La firma del juez.-
Art. 161º: Sentencia Definitiva de Segunda o Ulterior Instancia.- La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en los artículos 264º y 267º, según el caso.
Las sentencias de cualquier instancia podrán ser dadas a publicidad salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad.-
Art. 162º: Monto de la Condena al Pago de Frutos, Intereses, Daños y Perjuicios.- Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación.
Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determinará en proceso sumarísimo.
La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.-
Art. 163º: Actuación del Juez Posterior a la Sentencia.- Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.
Le corresponderá, sin embargo:
1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 33º, inciso 6. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia.
2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.
3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes.
4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.
5. Proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.
6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 243º.
7. Ejecutar oportunamente la sentencia.-
Art. 164º: Retardo de Justicia.- Los jueces y tribunales que, por recargo de tareas u otras razones atendibles, no pudieren pronunciar las sentencias definitivas dentro de los plazos fijados por este código y otro tanto más, deberán hacerlo saber al Superior Tribunal, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquellos. El superior, si considerare admisible la causa invocada, señalará el plazo en que la sentencia debe dictarse, por el mismo juez o tribunal o por otro, cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren.
El juez o tribunal que no remitiere oportunamente la comunicación a que se refiere el párrafo anterior y no sentenciare dentro del plazo legal más otro tanto, o que habiendo cursado la comunicación no pronunciare el fallo dentro del plazo que se le hubiese fijado, perderá automáticamente la jurisdicción para entender en el juicio, y deberá hacerlo saber al Superior Tribunal para que éste determine el juez o tribunal que deba intervenir.
Será nula la sentencia que se dicte con posterioridad.
En los tribunales colegiados, el juez que hubiere incurrido en pérdida de jurisdicción deberá pasar de inmediato el proceso a quien le sigue en orden de sorteo, en cuyo caso
aquellos se integrarán de conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica del Poder Judicial.
Las disposiciones de este artículo sólo afectan la jurisdicción del juez titular y no a la que se ejerza interinamente por sustitución, en caso de vacancia o licencia del titular.
Al hacerse cargo del juzgado, luego de un período de vacancia, aquél podrá solicitar una ampliación general de los plazos, proporcionada al número de causas pendientes.-
Art. 165º: Causal de Mal Desempeño.- La pérdida de jurisdicción en que incurrieren los jueces de primera instancia o de cámara, conforme a lo establecido en el artículo anterior, será causal de acusación ante el jurado en los términos de la ley de enjuiciamiento para magistrados si se produjere tres veces dentro del año calendario.-
CONCLUSION DE LA CAUSA PARA SENTENCIA.
Los requisitos a cumplir antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva, en el juicio ordinario, dependen de las actitudes que adopte el demandado en oportunidad de contestar la demanda. Así, cuando media allanamiento, corresponde que el juez falle la causa sin más trámite, cuando el demandado admite los hechos en que se funda la demanda, pero les asigna un sentido jurídico distinto al pretendido por el actor, procede declarar la causa como de puro derecho, en cuyo caso el proceso queda concluido para sentencia definitiva. Pero de existir hechos controvertidos que den origen a la apertura de causa a prueba, cumplida ésta se deben recorrer los pasos del Art. 468 CPCCER.
Art. 467º: Alternativa.- Cuando no hubiese mérito para recibir la causa a prueba, deberá procederse con arreglo a lo establecido en el artículo 345º, en lo pertinente.
Art. 468º: Agregación de las Pruebas. Alegatos.- Producida toda la prueba ordenada, el secretario, sin necesidad de gestión alguna de los interesados, o sin sustanciarla si se
hiciere, ordenará que se agregue al expediente.
Cumplido este trámite el secretario pondrá los autos en secretaría para alegar; esta providencia se notificará por cédula y una vez firme se entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de seis (6) días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyesen conveniente el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común.
Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviese perderá el derecho de alegar sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común.
Art. 469º: Llamamiento de Autos.- Sustanciado el pleito en el caso del artículo 467º, o transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho agregando los alegatos si se hubiesen presentado. El juez, acto continuo, llamará autos para sentencia.
Art. 470º: Efectos del Llamamiento de Autos.- Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiese en los términos del artículo 33º, inciso 4. Estas deberán ser ordenadas en un solo acto.-
Art. 471º: Notificación de la Sentencia.- La sentencia será notificada de oficio, dentro del tercer día. En la cédula se transcribirá la parte dispositiva. Al litigante que lo pidiere, se le entregará una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario o por el jefe de despacho.-
El alegato es el acto mediante el cual cada una de las partes expone al juez, por escrito, las conclusiones que les sugieren las pruebas producidas en el proceso. No procede, pues, que en él los litigantes introduzcan cuestiones o defensas que no fueron propuestas en oportunidad de la demanda, contestación o reconvención, debiendo limitarse a destacar el mérito o poder de convicción de los elementos probatorios, siempre en función de los hechos que fueron objeto de la litis, los cuales quedan definitivamente fijados en aquellas oportunidades.
El plazo para presentar el alegato reviste carácter común, es decir, que vence para todas las partes el mismo día. De allí que el actor pueda diferir su presentación hasta que venza el plazo acordado al demandado (o sea al vencimiento de los doce días). Pero es menester distinguir entre el plazo para presentar el alegato y el plazo durante el cual cada una de las partes tiene el derecho de retener el expediente en su poder para consultarlo. Este último corre individualmente para cada una de las partes, y si vencido el plazo el expediente no es devuelto, la parte que lo haya retenido perderá el derecho de alegar sobre la prueba, sin necesidad de intimación previa.
La demora en que puede incurrir el actor en devolver el expediente, afectará, naturalmente, y aún podrá absorber, el plazo que la ley acuerda al demandado para tenerlo a su vez en su poder. Por ello se ha decidido que, en tal caso, el demandado debe solicitar la suspensión del plazo para alegar hasta tanto el
expediente sea devuelto, debiendo correrle aquél desde que se le notifica que el expediente se encuentra en secretaría a su disposición. En caso de litisconsorcio, finalmente, deben computarse tantos plazos de seis días cuantos sean los litisconsortes (si, por Ej., actúan en el juicio cuatro litigantes, el plazo será de veinticuatro días), salvo que haya mediado unificación de personería, pues en tal caso, como dice el art. 482, los litisconsortes se consideran como una sola parte.
Transcurrido el plazo para la presentación de los alegatos, el secretario, sin petición de parte, debe poner el expediente a despacho y agregar los alegatos que se hubiesen presentado. Acto continuo, el juez debe dictar la providencia llamando autos para sentencia (CPN, art. 483).
Una vez dictada dicha providencia queda cerrada toda discusión y no procede la presentación de nuevos escritos ni la producción de más pruebas, salvo aquéllas que el juez dispusiere diligenciar de acuerdo con la facultad que le acuerda el art. 36, inc. 2o. Sin embargo, estas pruebas deben ser ordenadas en un solo acto (CPN, art. 484).
El juez debe pronunciar sentencia en el proceso ordinario, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta días contados desde que queda firme el llamamiento de autos En caso de ordenarse prueba de oficio, no cabe computar los días que requiera el diligenciamiento de dicha prueba (art. 34, inc. 3o, subinc. e]). Por consiguiente, se trata de un supuesto de suspensión de plazo
PROCESO SUMARÍSISMO: No procede, en este tipo de proceso, la presentación de alegatos (CPN, art. 498, inc. 5o), y el juez debe pronunciar sentencia dentro de los veinte o diez días de quedar el expediente a despacho según se trate, respectivamente, de los supuestos contemplados en los incs. Io y 3o y 2o del art. 321.
CLASIFICAION DE LAS RESOLUCIONES Según la Doctrina.
SENTENCIAS DECLARATIVAS Y CONSTITUTIVAS.
SENTENCIAS DE CONDENA.
SENTENCIAS DE CONDENA A UNA PRESTACION FUTURA.
REQUISITOS FORMALES DE LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS.
La sentencia definitiva, como acto decisorio que pone fin a las cuestiones de fondo planteadas en el proceso, puede ser caracterizada desde distintos puntos de vista. Se habla, así, de sentencias de primera y de segunda o ulterior instancia, atendiendo al órgano del cual emanan y a las formalidades específicas que las rodean; de sentencias estimatorias o desestimatorias de la demanda; de sentencias que adquieren fuerza de cosa juzgada en sentido material o en sentido formal; etcétera.
Pero la clasificación que mayor difusión ha alcanzado en la doctrina es aquella que, atendiendo al contenido específico de las sentencias, las divide en declarativas, de condena y determinativas. Ellas serán analizadas seguidamente.
SENTENCIAS DECLARATIVAS
a) Se llaman sentencias declarativas, o de mera declaración, a aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. La declaración contenida en este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa: es positiva cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor; es negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte.
b) En realidad toda sentencia contiene una declaración de certeza como premisa necesaria de la decisión principal, pues tanto para pronunciar una condena cuanto para determinar las condiciones o modalidades de una relación jurídica, es necesario que el juez declare la existencia, en el caso particular, de las de un documento, el alcance de una cláusula contractual, la adquisición de la propiedad por prescripción, etcétera. Una modalidad de las sentencias declarativas se encuentra configurada por las llamadas sentencias constitutivas, a las que cuadra definir como aquellas que, insustituiblemente, producen los efectos precedentemente mencionados (declaración de incapacidad, de adopción, de divorcio, de nulidad de matrimonio, etc.).
Algún sector de la doctrina, tratando de diferenciar a las sentencias constitutivas de las meramente declarativas, observa que mientras que estas últimas se limitan a reconocer o hacer explícita una situación jurídica existente con anterioridad, las primeras establecen un estado jurídico nuevo (inexistente con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia). Pero también se ha observado que toda sentencia, como norma jurídica individual, constituye siempre la fuente de una nueva situación jurídica, en tanto sólo a través de ella existe la concreta realidad de sus efectos (PODETTI; STROHM). Por ello otros autores, con mayor exactitud, entienden que únicamente puede hablarse de sentencia constitutiva toda vez que el ordenamiento jurídico condicione la existencia legal de una situación determinada a su previa declaración por un órgano judicial, pues en tales casos —como señala COUTURE—, "los interesados no podrán lograr por acto privado, ni aun de absoluto acuerdo, los efectos jurídicos deseados". En este orden de ideas, la distinción entre las sentencias constitutivas y las declarativas no debe buscarse en un plano esencial, sino que debe remitirse a lo que en cada caso haya dispuesto el legislador. Es decir, que cabrá hablar de sentencia constitutiva siempre que la ley condicione insustituiblemente a una declaración judicial la eliminación de la incertidumbre respecto de la existencia, validez, etcétera, de una declaración o estado jurídico. Por lo mismo, tampoco es admisible destacar, como nota distintiva de este tipo de sentencias, la circunstancia de que sólo produzcan efectos a partir del momento en que pasan en autoridad de cosa juzgada, pues existen muchas sentencias constitutivas (como la que declara la nulidad de un matrimonio contraído de mala fe), que retrotraen sus efectos hacia el pasado.
SENTENCIAS DE CONDENA
a) Son sentencias de condena aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación (de dar, hacer o no hacer).
b) Además de declarar la existencia del derecho a una prestación y el incumplimiento de ésta por parte del obligado, las sentencias de condena aplican la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento, y crean, por ello, a favor del titular del derecho, la acción tendiente a obtener su ejecución coactiva. "No siempre —dice CALAMANDREI— la obligación de prestación que la sentencia de condena impone al demandado se cumple voluntariamente, por solo obsequio al mandato contenido en la condena, por el obligado; y en todos aquellos casos en que la sentencia de condena no tiene la virtud de inducir al condenado a la ejecución voluntaria, la fase de cognición asegura al vencedor, en lugar de la satisfacción inmediata y final de su derecho, solamente un medio para pasar a una fase procesal ulterior, en la que se sustituya a la ejecución voluntaria, por obra del Estado, la ejecución coactiva".
c) Las leyes procesales modernas admiten la posibilidad de que se dicten sentencias de condena sin que medie la lesión actual de un derecho, con la finalidad de asegurar al actor el goce de un beneficio en una época determinada o de prevenir la eventual insolvencia del demandado. Se trata de las denominadas sentencia de condena a una prestación futura sobre cuyos presupuestos ilustran elocuentemente los siguientes casos enumerados por el Anteproyecto mexicano de Código de procedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales, redactado en el año 1948:
1o) Cuando se pida la entrega de una cosa o cantidad de dinero o el desalojamiento de un fundo, casa o local, pactadas para un día determinado..., siempre que se solicite que la sentencia no pueda ejecutarse sino al vencimiento de la prestación (Art. 668 CPCCER).
2°) Cuando la acción verse sobre prestaciones periódicas y se hubiere faltado al cumplimiento de alguna de ellas, para el efecto de que la sentencia se ejecute a sus respectivos vencimientos;
3o) Cuando se trate de obligación condicional y el obligado impida voluntariamente el cumplimiento de la condición; cuando después de contraída la obligación resulta el deudor insolvente, salvo que garantice la deuda; cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido, o cuando por acto propio hubieran disminuido aquellas garantías después de establecidas, o cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras igualmente seguras y, en general, cuando se trate de impedir un fraude.
Algunos códigos argentinos, como los de Mendoza (art. 399) y Santa Fe (art. 518), admiten asimismo la interposición de la demanda de desalojo aun cuando no hubiera vencido el plazo convencional estipulado. Caso del Art. 688 CPN.
En la misma línea se halla ubicado el CPCCER, cuyo art. 668 dispone que la demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquél. Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse a la demanda, cumpla con su obligación de desocupar oportunamente el bien o devolverlo en la forma convenida.
Art. 668º: Condena de futuro.- La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquél.
Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de haberse allanado a la demanda, cumpliere su obligación de desocupar oportunamente el inmueble o de devolverlo en la forma convenida.-
SENTENCIAS DETERMINATIVAS O ESPECIFICATIVAS
Son aquellas mediante las cuales el juez fija los requisitos o condiciones a que deberá quedar subordinado el ejercicio de un derecho. Complementan o integran, por lo tanto, ciertas relaciones jurídicas cuyos elementos o modalidades no se encuentran determinados por completo. Ejemplos de este tipo de sentencias son las que fija el plazo de cumplimiento de una obligación en los términos de los arts. 618 y 751 Cód. Civ.; la que establece la forma en que deben dividirse bienes comunes (CPCCER, art. 659); etcétera.
Art. 659º: Trámite.- La demanda por división de cosas comunes se sustanciará y resolverá por el procedimiento del juicio ordinario o sumarísimo, lo que determinará el juez atendiendo a las circunstancias del caso, cuya decisión será irrecurrible.
La sentencia deberá contener, además de los requisitos generales, la decisión expresa, cuando fuere posible, sobre la forma de la división, de acuerdo con la naturaleza de la cosa.-
Clasificación de las sentencias según el ordenamiento procesal:
FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA
Al referirse al contenido de la sentencia definitiva de primera instancia, el art. 160 CPCCER enuncia dos requisitos que son comunes a todas las resoluciones judiciales. Tales son los referentes a la mención del lugar y fecha del pronunciamiento y a la firma del juez. A tales requisitos la norma mencionada agrega otros que se han de analizar agrupándolos dentro de las tres partes en que, tradicional mente, se divide el contenido de las sentencias definitivas, o sea: los resultandos, los considerandos y la parte dispositiva o fallo propiamente dicho.
Los resultandos detallan "el nombre y apellido de las partes" y "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio", es decir, la mención de los hechos alegados por las partes en sus escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación de ésta, así como del objeto y de la causa de la pretensión o pretensiones deducidas. Es costumbre, además, que entre los resultandos se incluya una breve relación de los trámites sustanciales cumplidos en el expediente.
Los llamados considerandos disponen que la sentencia debe contener "la consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior" (es decir, de las cuestiones litigiosas) y además exige consignar en el pronunciamiento "los fundamentos y la aplicación de la ley", agregando que "las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica".
La ley 22.434 introdujo finalmente a dicho inciso un párrafo en cuya virtud "la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones". Esta norma, que reconoce como antecedente directo el art. 116 del código procesal italiano, otorga el carácter de argumentos de prueba a las conclusiones que el juez puede extraer de la conducta observada por las partes durante el desarrollo del proceso. Entre otros casos, tales argumentos pueden inferirse de la negativa a exhibir documentos, de la resistencia opuesta a un reconocimiento corporal o de las respuestas dadas por las partes cuando son citadas a fin de suministrar explicaciones sobre el objeto del pleito.
Los considerandos constituyen la parte más importante de la sentencia, pues en ella el juez debe exponer los motivos o fundamentos que lo determinan a adoptar una u otra solución para resolver la causa. En este tramo del pronunciamiento el juez debe remitirse a los hechos nivelados por las partes, confrontarlos con la prueba que se haya producido, apreciar el valor de ésta y aplicar, finalmente, la norma o normas jurídicas mediante las cuales considera que debe resolverse el pleito. No está obligado, sin embargo, a hacerse cargo de todas las pruebas producidas ni a analizar todas las cuestiones propuestas por las partes, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes. Interesa recordar, por lo demás, que en lo concerniente a la determinación de las normas aplicables, el juez debe atenerse exclusivamente a su conocimiento del orden jurídico vigente, hallándose por lo tanto facultado para prescindir de las argumentaciones de orden legal formuladas por las partes (iura novit curia).
Asimismo, no siempre constituye requisito indispensable la mención explícita de la norma o normas que rigen el caso. La omisión de citas legales, en efecto, resulta excusable cuando la solución acordada al pleito encuentra apoyo en doctrina jurisprudencial o en principios de derecho, se halla implícitamente referida a determinados preceptos, o lo discutido en el pleito tiene predominante carácter fáctico.
La parte dispositiva o fallo exige que la sentencia contenga "la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso, en todo o en parte".
La ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujetos, objeto y causa). Se trata de una aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y que reconoce, inclusive, fundamento constitucional, porque como lo tiene reiteradamente establecido la Corte Suprema comportan agravio a la garantía de la defensa (CN, art. 18) tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito (citra petita), como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso. En este último supuesto la sentencia incurre en el vicio llamado extra petita. También puede darse el caso de que el juez emita pronunciamiento ultra petita, el cual es igualmente violatorio de la mencionada garantía y tiene lugar cuando el fallo excede el límite cuantitativo o cualitativo de las peticiones contenidas en la pretensión o la oposición, concediendo o negando más de lo reclamado por las partes. Desde el punto de vista cualitativo ello sucede, por ejemplo, si frente a una pretensión de rescisión de contrato la sentencia declara la rescisión y condena, además, a pagar una indemnización por daños y perjuicios, y cuantitativamente el vicio aludido se configura cuando la sentencia condena al pago de una suma que excede de la pedida por el actor en el escrito de demanda, salvo que concurra la hipótesis prevista en el art. 318, párr. 2o CPCCER.
“La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal.
La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas”.-
La sentencia, por consiguiente, debe guardar estricta correlación con lo pretendido en la demanda o reconvención en su caso. Lo cual no obsta a que, si durante el curso del proceso ocurren hechos que extingan o consoliden el derecho de las partes (como son el pago, el cumplimiento de la obligación o la extinción del plazo), el juez pueda hacer mérito de esos hechos sobrevivientes para rechazar o admitir la demanda. De allí que el CPCCER agregue, como segundo párrafo Art. 160 inc. 6o, que "la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados como hechos nuevos".
"Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios —dice el art. 162, CPCCER— fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación".
La norma transcripta supone:
Io) Que la parte interesada haya practicado la estimación de esos rubros;
2o) Que exista prueba tanto sobre la existencia de esos rubros como de su monto.
En el supuesto de tratarse de frutos o intereses, si la fijación de su importe no fuese posible en razón de haberse omitido la correspondiente estimación, aquéllos deben ser determinados por el trámite del proceso sumarísimo (art. 162, párr. 2º CPCCER).
La sentencia, finalmente, debe fijar el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resulte justificado su monto (art. 162, párr. 3o).
"Pronunciada la sentencia—expresa el «rt. 163, párr. 1° CPCCER—concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla". La norma agrega que le corresponderá, sin embargo:
Io) Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el art. 33, inc. f. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aun durante el trámite de ejecución de sentencia.
2o) Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Este inciso contempla el llamado recurso de aclaratoria.
3o) Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes.
4o) Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.
5o) Proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.
6o) Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el art. 243.
7o) Ejecutar oportunamente la sentencia.
La sentencia debe ser notificada de oficio, dentro de tercer día, transcribiéndose en la cédula la parte dispositiva. Al litigante que lo pida, debe entregársele una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario o por el prosecretario administrativo (Art. 471 CPCCER).
SENTENCIA DE SEGUNDA O ULTERIOR INSTANCIA
a) Las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia, o en las instancias extraordinarias, se hallan sujetas a los requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales (redacción por escrito, idioma, fecha y firma), y deben contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos con respecto a las de primera instancia. Difieren de éstas, sin embargo, en ciertas formas que se analizarán seguidamente.
b) Si se trata de sentencias de segunda instancia a dictarse con motivo de un recurso concedido libremente, aquéllas deben contener el voto individual de los jueces que integran el tribunal respectivo. Con carácter previo se procede al sorteo de los expedientes entre los miembros de la cámara, quienes deben instruirse personalmente de ellos antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia (CPCCER arts. 260).
c) Las sentencias de las cámaras se pronuncian previa celebración de los llamados "acuerdos", que deben tener lugar los días que el presidente o el tribunal señale y que constituyen las reuniones destinadas a la determinación de las cuestiones a resolver y a la discusión verbal de los asuntos. En la práctica, por regla general, dado que las cuestiones ya han sido acordadas en oportunidad del sorteo del expediente, y cada uno de los jueces ha formulado su voto por escrito, la reunión de éstos es innecesaria.
Con esa inteligencia debe interpretarse el art. 263 CPCCER en tanto dispone que "el acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal y del secretario. La votación se hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá al de otro. La sentencia se
dictará por mayoría y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios".
Las cuestiones de hecho y de derecho a que se refiere la norma son examinadas conjuntamente, en forma de respuesta al siguiente interrogante que encabeza el acto: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? (sin perjuicio de que, en su caso, la primera pregunta se halle referida a la posible nulidad de la sentencia). A continuación cada uno de los jueces de la cámara expone sus argumentos acerca de cada una de las cuestiones que fueron materia de agravios, y concluye votando por la afirmativa o la negativa, es decir por la confirmación o revocación (total o parcial) de la sentencia impugnada. No es necesario, sin embargo, que todos los componentes del tribunal enuncien sus propios fundamentos, siendo admisible, como la norma transcripta lo establece, que los jueces que votan en segundo o en tercer término adhieran al voto del juez preopinante.
d) La exigencia del voto individual rige únicamente si se trata de sentencias definitivas dictadas en procesos ordinarios y sumarios. Las sentencias interlocutorias de la cámara, así como las recaídas con motivo de recursos concedidos en relación, deben ser redactadas en forma impersonal.
e) Las decisiones de las cámaras de apelaciones o de sus salas se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que las integran, siempre que éstos concordaran en la solución del caso. Si hubiese desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría de opiniones. Cuando no se logre esa mayoría, las cámaras nacionales de apelaciones deben integrarse.
f) El art. 264 CPCCER prescribe que concluido el acuerdo, debe ser redactado en el libro correspondiente, suscripto por los jueces del tribunal y autorizado por el secretario, y que, inmediatamente, se pronunciará la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizado también por dicho funcionario. En la práctica, figuran en el expediente tanto el original del acuerdo, suscripto por el secretario, como el fallo propiamente dicho, firmado por los jueces del tribunal, incorporándose al libro correspondiente una copia de ambos actos, el primero suscripto por los jueces y el segundo por el secretario. Se puede pedir aclaratoria en un plazo de cinco días.
g) Las sentencias de la Corte Suprema , finalmente, deben redactarse en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado. El original de la sentencia se agrega al expediente y una copia de ella, autorizada por el secretario, es incorporada al 1 ibro respectivo (CPN, art. 281).
INOBSERVANCIA DE LOS PLAZOS.
Sobre el tema el CPCCER es muy claro en su Art. 164 y siguiente.
LAS CONDENACIONES ACCESORIAS. COSTAS. ARANCELES. PACTO DE CUOTA LITIS. INTERESES.
EFECTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA
Mediante la sentencia el juez crea una norma individual (lex specialis) que constituye una nueva fuente reguladora de la situación jurídica controvertida en el proceso, y que, como manifestación trascendente que es del ejercicio de la función jurisdiccional, debe ser acatada por las partes y respetada por los terceros. El efecto natural de toda sentencia consiste, por consiguiente, en su obligatoriedad o imperatividad, pues si así no fuese es obvio que ella carecería de objeto y de razón de ser.
Junto a ese efecto natural, existen efectos particulares que resultan del contenido de la sentencia: quedará así eliminada la incertidumbre sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico si se trata de una sentencia meramente declarativa (incluyendo su modalidad constitutiva); nacerá un título ejecutivo a favor del vencedor en el supuesto de que el sujeto pasivo de una sentencia de condena no se avenga a cumplir la prestación que aquélla le impuso y quedará integrada la correspondiente relación jurídica si se trata de una sentencia determinativa.
Algunos autores consideran que también constituye un efecto de la sentencia la extinción de la competencia del juez con respecto al objeto del proceso. Se trata, sin embargo, de un efecto relativo, pues el juez que dictó la sentencia tiene atribuciones para conocer del recurso de aclaratoria, decretar medidas cautelares, decidir los incidentes que tramitan por separado.
Aparte de los mencionados, la sentencia produce efectos secundarios o indirectos, a los cuales caracteriza el hecho de ser consecuencia directa de algún efecto principal o del simple pronunciamiento del fallo. Tales son, por ejemplo, la facultad de pedir el embargo preventivo (o cualquier otra medida cautelar) en el caso de obtenerse una sentencia favorable y la imposición de las costas al vencido.
EFECTOS TEMPORALES
a) La clase de sentencia de que se trate determina el alcance temporal de sus efectos. Las sentencias declarativas, como principio, proyectan sus efectos hacia el momento en que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales versa la declaración de certeza: declarada, por ejemplo, la nulidad absoluta de un acto jurídico, la declaración judicial se retrotrae a la fecha en que aquél se celebró (Cód. Civ., arts. 1038 y 1047). Las sentencias constitutivas sólo producen efecto, como principio, hacia el futuro. Pero la regla, como antes se advirtió, no es absoluta, y en cada caso, por consiguiente, será necesario atenerse a lo que dispongan las pertinentes prescripciones legales.
b) Si se trata de sentencias de condena, el tema de los efectos temporales reviste importancia a los fines de determinar la fecha desde la cual corresponde abonar los intereses y frutos. En lo que atañe a los intereses, que deben ser necesariamente reclamados en la demanda, cabe distinguir según se trate de obligaciones derivadas de contratos o de hechos ilícitos. En el primer caso, si las obligaciones son a plazo, los intereses se devengan desde el vencimiento de aquél, pues la mora se produce de pleno derecho; y si, en cambio, el plazo no estuviere expresamente convenido pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, los intereses corren desde que se formuló la interpelación extrajudicial (para la cual, como es sabido, no son exigibles formas determinadas) o, en su defecto, desde la notificación de la demanda (interpelación judicial) (Cód. Civ., art. 509, aps. Io y 2o).
En el segundo caso, los intereses deben liquidarse desde la fecha en que se produjeron los perjuicios sobre que versa la reparación. Con respecto a los frutos, el art. 2433 del Cód. Civ. prescribe que ellos deben restituirse desde la fecha de notificación de la demanda. Finalmente, importa señalar que la mayor parte de los precedentes judiciales se orienta, actualmente, en el sentido de que es procedente la aplicación de intereses aunque la suma reclamada fuere ilíquida, en cuyo caso aquéllos deben correr desde la fecha de notificación de la demanda.
c) Las sentencias determinativas sólo producen efectos hacia el futuro, ya que la integración de la respectiva relación jurídica se opera con motivo del fallo. Tal es, v.gr., el supuesto contemplado en el art. 509, apartado 2o del Cód. Civ., con relación a las obligaciones sin plazo. Este, en efecto, debe ser fijado por el juez en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las pretensiones de fijación de plazo y cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada en la sentencia para el cumplimiento de la obligación.
CONCEPTO, REQUISITOS E IMPORTANCIA CONSTITUCIONAL
a) La cosa juzgada significa, en general, la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla. No constituye, por lo tanto, un efecto de la sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca (LIEBMAN).
b) De lo dicho se sigue que la cosa juzgada supone, fundamentalmente, la inimpugnabilidad de la sentencia, o, lo que es igual, la preclusión de los recursos que procedan contra ella (tanto por no haberse deducido cuanto por haberse consumado la facultad de deducirlos). Al operarse tal preclusión, que obsta al ataque directo de la sentencia, se dice que ésta adquiere autoridad de cosa juzgada en sentido formal. Cuando en cambio la sentencia, aparte de ser insusceptible de ese ataque directo mediante la interposición de un recurso, también lo es de ataque indirecto a través de la apertura de un nuevo proceso, se dice que aquélla goza de autoridad de cosa juzgada en sentido material. Existe, por consiguiente, cosa juzgada en sentido formal, cuando no obstante ser inimpugnable la sentencia dentro del proceso en el cual se dictó, existe la posibilidad de obtener, en un proceso posterior, un resultado distinto al alcanzado en aquél. Tal lo que ocurre, v.gr., en el juicio ejecutivo, en el cual cualquiera que haya sido el contenido de la sentencia, queda a salvo al vencido, con ciertas limitaciones, el derecho de promover un proceso de conocimiento tendiente a obtener su modificación (CPN, art. 553) y, en general, en los procesos sumarios propiamente dichos (posesorios, interdictos, etc.). Existe cosa juzgada en sentido material cuando, a la irrecurribilidad de la sentencia, se agrega la imposibilidad de que en cualquier circunstancia y en cualquier otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo decidido por aquélla. Como señala ROSENBERG, la cosa juzgada en sentido material comporta la normatividad del contenido de la sentencia: es decir, de la afirmación de la existencia o inexistencia de la consecuencia jurídica pretendida por una de las partes y expresada por el fallo, para todo procedimiento en que se cuestione la misma consecuencia jurídica. De lo expuesto se desprende, asimismo, que la cosa juzgada en sentido material presupone la cosa juzgada formal; y que esta última, por consiguiente, puede existir con independencia de la primera.
c) Como arbitrio destinado a preservar la inmodificabilidad que es propia de la cosa juzgada en sentido material, la ley acuerda la llamada excepción de cosa juzgada, aunque corresponde recordar que la existencia de cosa juzgada puede ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa (CPCCER, art. 333, infine).
d) Para que una decisión judicial adquiera autoridad de cosa juzgada, es necesario que se haya dictado en un proceso contradictorio y con carácter final. De allí que no sean susceptibles de adquirir aquella calidad los pronunciamientos dictados en los procesos de jurisdicción voluntaria.
Se ha decidido, asimismo, que aun tratándose de procesos contenciosos, no cabe invocar la defensa de cosa juzgada sobre la base de lo decidido en un proceso anterior tramitado en rebeldía de una de las partes, porque en tal caso la rebeldía adquiere proporciones desmesuradas e injustas, incompatibles con la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Tampoco adquieren autoridad de cosa juzgada las sentencias interlocutorias, pues éstas sólo producen preclusión acerca de las cuestiones procesales sobre que versan, y carecen de efectos extraprocesales.
e) En su acepción constitucional, la palabra "propiedad" no se refiere solamente al dominio de las cosas materiales, sino que comprende, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación citando un concepto enunciad por el supremo tribunal estadounidense, "todos tos intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad".
En ese orden de ideas, la Corte Suprema ha expresado, a través de numerosos precedentes, que el derecho reconocido por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada constituye un bien que queda incorporado al patrimonio del interesado, y del cual no puede ser privado sin mengua del precepto constitucional que consagra la inviolabilidad de la propiedad.
Por aplicación de ese principio, se ha resuelto, entre otros casos, que incurre en violación del art. 17 de la Constitución Nacional el fallo que deja sin efecto una sentencia consentida so pretexto de haber sido dictada por error; la resolución que modifica arbitrariamente una sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada y cumplida por el demandado, para privar a dos de los actores del derecho a la indemnización reconocido en ella; el fallo que declara la nulidad total de una sentencia de primera instancia que había quedado firme respecto de los codemandados; que consentida la sentencia incondicionada de desalojo y resuelto por fallo plenario, en la misma causa y otras situaciones.
TEORÍAS ENUNCIADAS ACERCA DE SU FUNDAMENTO
a) Constituye una antigua preocupación doctrinaria la de hallar una justificación racional al principio de la inmutabilidad de los pronunciamientos jurisdiccionales definitivos.
b) Así, SAVIGNY, por ejemplo, sostuvo que toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada queda a cubierto de eventuales impugnaciones por cuanto representa una ficción de la verdad, creada frente a la conveniencia de promover la estabilidad de las relaciones jurídicas. Esta teoría—cuyo fundamento político parece claro— es susceptible de objeción si se considera que el esclarecimiento de la verdad, en su faz objetiva, no constituye más que una meta ideal del proceso civil, y que, por lo tanto, no es necesario recurrir al arbitrio de la ficción para salvar aquellos casos en que esa verdad no se logra. Por otra parte, el criterio enunciado prescinde —como observa COUTURE— de los supuestos en que la sentencia no constituye una ficción de la verdad, sino la verdad real.
c) Mayor difusión alcanzó la teoría enunciada por POTHIER en el sentido de que la autoridad de la cosa juzgada responde a la presunción absoluta de verdad de la sentencia. Esta concepción fue recogida por el Código Napoleón y por el Código civil italiano de 1856, que ubicaron a la cosa juzgada entre las presunciones legales. Como observa UGO ROCCO, esta tesis parte de una hipótesis opuesta a la de la ficción de la verdad, pues mientras esta última trata de legitimar el error posible de la sentencia, aquélla se funda en la probabilidad de que la sentencia no contiene error, transformando esa mera probabilidad en una presunción iuris et de iure. Según señala CHIOVENDA, tal conclusión es tributaria de la formación escolástica de los glosadores y postglosadores anteriores al siglo XIV, quienes al centrar su atención en el elemento lógico de la sentencia, la concibieron como la conclusión de un silogismo que debía ser necesariamente verdadera aun cuando no fuesen verdaderas las premisas, las que adquirirían aquel atributo a los efectos jurídicos y en virtud del simple razonamiento efectuado por el juez. Al criticar esa concepción, expresa el autor citado que la fuerza de la cosa juzgada reside en un acto de voluntad del Estado, con prescindencia del razonamiento judicial contenido en la sentencia. Como todo acto humano, la sentencia también supone un razonamiento, del que se da la explicación en los motivos, para garantía de los ciudadanos; pero lo que le acuerda fuerza imperativa y vinculante es el hecho de emanar del juez, que representa la voluntad del Estado. "Alcanzada, al hacerse definitiva la sentencia, la declaración de certeza de la voluntad de la ley, el ordenamiento jurídico rompe y olvida el aparato lógico que sirvió para alcanzarlo, como el artista rompe y olvida la arcilla de la que primero se sirvió para la representación de su idea. Desaparece a los ojos del derecho el razonamiento y toda huella de sus posibles errores. Y es lo que eleva al juez del nivel de un lógico cualquiera a la suprema dignidad del magistrado".
d) Muchas otras teorías se han enunciado aparte de las expuestas. Así, ARTURO ROCCO entiende que la cosa juzgada deriva de la necesidad de la certeza judicial, que equivale, en el orden humano, a la verdad objetiva; PAGENSTECHER sostiene que aquélla equivale a los efectos del contrato de declaración, mediante el cual dos personas obtienen la certeza jurídica con respecto a un derecho subjetivo, aun cuando en ello mediase un error; CARNELUTTI considera que, en virtud del comando complementario que el juez ejerce, y cuya autoridad es la misma que la de la ley general (lex generalis), la sentencia comporta una lex specialis provista de una eficacia semejante a la de aquélla; etcétera.
e) La cosa juzgada, sin embargo, no constituye un atributo esencial y necesario de la sentencia, sino una simple creación del ordenamiento jurídico, que puede o no acordar tal autoridad a los pronunciamientos judiciales definitivos sin que con ello quede afectado principio lógico u ontológico alguno. Como dice IMAZ, la cosa juzgada no es más que la "duración de la vigencia de las sentencias judiciales —en verdad, de cualquier norma jurídica— originada en la prohibición impuesta normativamente a los órganos de la colectividad de derogarlas por medio de otras normas jurídicas posteriores". De allí la inutilidad de cualquier teoría que pretenda justificar la institución de la cosa juzgada fuera de un criterio estrictamente axiológico. Y en ese orden de ideas, parece obvio que son valoraciones de seguridad y de orden —más que de justicia estricta— las que sustentan su mantenimiento en el orden jurídico.
LÍMITES OBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA
a) El problema de los límites objetivos de la cosa juzgada ha sido tradicionalmente encarado desde dos puntos de vista. Uno, que es fundamentalmente procesal, atiende a la parte o partes de la sentencia que adquieren fuerza de cosa juzgada; el otro se refiere a la determinación de las cuestiones litigiosas que se hallan amparadas por esa fuerza.
b) En relación con el primero de los aspectos mencionados, ha sido ampliamente debatido por la doctrina el problema consistente en determinar si la autoridad de la cosa juzgada comprende a la sentencia considerada como una unidad jurídica, es decir, tanto a los fundamentos como a la parte dispositiva, o si, por el contrario, es sólo esta última la que puede alcanzar aquella autoridad. SAVIGNY se encuentra entre los principales defensores de la primera tesis.
Consideraba que la comprensión del pensamiento del juez impone la necesidad de examinar los motivos en que se funda la decisión, pues de lo contrario la excepción de cosa juzgada deducida en un proceso posterior no podría ser aceptada ni rechazada. Ejemplo de tal imposibilidad es, en general, el de la sentencia absolutoria: si el demandado ha opuesto diversas excepciones y el juez lo absuelve sobre la base de que una de ellas es fundada, la parte dispositiva se limita a declarar la absolución e impide determinar cuál es la excepción que ha prosperado y cuáles son las que han sido rechazadas si la pretensión del actor es rechazada en razón de prosperar una defensa temporaria, el examen exclusivo de la parte dispositiva de la sentencia, que sólo contiene la absolución del demandado, impediría al actor intentar la misma pretensión en un proceso posterior, no obstante que, como es sabido, aquellas defensas carecen de efectos extintivos sobre la pretensión y únicamente impiden, mientras perduren las circunstancias en que se fundan, un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
También puede mediar dicha imposibilidad en el caso de las sentencias condenatorias: si, por ejemplo, a la demandada por cobro de una obligación el demandado opone la compensación, y el juez la rechaza, la parte dispositiva de la sentencia sólo contiene la condena al pago y no expresa, por lo tanto, que la cantidad que fundó la compensación no era debida ni líquida ni suficiente en los términos en que la ley admite dicha excepción. El autor mencionado formula, además, una distinción entre los motivos que determinan la decisión: los objetivos, a los que define como los elementos constitutivos de las relaciones jurídicas invocadas por las partes, y los subjetivos, que son los móviles que influyen sobre el espíritu del juez llevándolo a afirmar o a negar la existencia de aquellos elementos (argumentos corroborantes, presunciones, etc.); siendo solamente los motivos objetivos los que pueden alcanzar autoridad de cosa juzgada.
Otros autores, en cambio, consideran que la autoridad de la cosa juzgada reside en la parte dispositiva de la sentencia. Tal, por ejemplo, la opinión de CHIOVENDA, quien llega a esa conclusión tras afirmar que el juez no representa al Estado cuando razona sino cuando decide y que, por lo tanto, en el estudio de la cosa juzgada debe prevalecer la afirmación de voluntad que cierra el proceso sobre el razonamiento lógico que la precede. Sin embargo, dicho autor restringe el alcance de la tesis al expresar: "Esta exclusión de los motivos de la sentencia por la cosa juzgada no debe entenderse en sentido formalista, en el sentido de que pase como cosa juzgada sólo lo que ha sido escrito en la parte dispositiva de la sentencia. Por el contrario, para determinar el alcance de la cosa juzgada es necesario, generalmente, remontarse a los motivos para poder identificar la acción con la causa petendi. Pero es objeto de la cosa juzgada la conclusión última de los razonamientos del juez y no sus premisas, el último e inmediato resultado de la decisión y no la serie de hechos, de relaciones o de estados jurídicos que en la mente de juez constituyeron los presupuestos de aquellos resultados".
De lo expuesto se desprende, sin embargo, que no se trata de tesis irreconciliables. Lo demuestran particularmente la opinión de los autores alemanes, que pese a sostener, sobre la base de un texto explícito de la Ordenanza Procesal Civil, que la autoridad de la cosa juzgada se circunscribe a las conclusiones expresadas en el dispositivo acerca de la existencia o inexistencia de las consecuencias jurídicas pretendidas, en modo alguno desechan el valor de los fundamentos como factores interpretativos de la sentencia. Dice, en efecto, ROSENBERG: "El que sólo sea susceptible de cosa juzgada la resolución sobre la pretensión planteada, pero no la declaración sobre sus presupuestos de hecho y de derecho y sobre las excepciones del demandado, se expresa a veces diciendo que no participan de ella los fundamentos de la sentencia, y se concluye que la parte dispositiva (el fallo) de la sentencia llegará a cosa juzgada. Ambas cosas son por lo menos engañosas. Ciertamente, puede extraerse la medida del reconocimiento o desconocimiento de la pretensión ejercitada sólo de la parte dispositiva de la sentencia; pero en lo restante deben investigarse la extensión y el objeto de la cosa juzgada mediante interpretación de toda la sentencia, es decir, también del relato de los hechos y de los fundamentos". Y GOLDSCHMIDT, por su parte, expresa que "el objeto de la fuerza de cosa juzgada se induce no sólo por regla general del fallo, sino con ayuda de los fundamentos de la sentencia". La doctrina rioplatense de derecho procesal ha asumido generalmente frente a este problema una actitud conciliadora. JOFRÉ y ALSINA, por ejemplo, entienden que cuando la parte dispositiva no se basta a sí misma, procede examinar los motivos a fin de precisar o interpretar su alcance, agregando, el segundo de los autores nombrados, que tal recurso es incluso válido para rectificar algún error material del dispositivo, cuando con ello no se altere la sustancia de la decisión. COUTURE considera que si bien como regla las premisas o considerandos del fallo no hacen cosa juzgada, por excepción adquieren esa autoridad cuando lo dispositivo se remite a ellos en forma expresa o cuando constituyen un antecedente lógico absolutamente inseparable (cuestión prejudicial) de lo dispositivo.
La jurisprudencia, en general, se ha orientado en sentido concordante al de las conclusiones precedentemente enunciadas.
En un exhaustivo trabajo sobre el tema que se analiza, IMAZ ha precisado el alcance de las tesis tradicionales, demostrando que ninguna de ellas reconoce fundamento en la esencia de la institución, pues no es esencial, ni por lo tanto inevitable, la privación ni la extensión de la autoridad de cosa juzgada a las enunciaciones contenidas en los considerandos de la sentencia, aunque, por razones de carácter axiológico, referidas principalmente al valor seguridad, parezca preferible la segunda posibilidad. Y sobre la base de que el consistir de la sentencia es ser una norma individual, llega a la conclusión —acertadamente expuesta— de que el límite procesal de la cosa juzgada debe determinarse con referencia al contenido de la norma individual creada en cada caso concreto y en la medida en que su constitución sea requerida para la solución del litigio de que se trate, con prescindencia del lugar del pronunciamiento en el cual se enuncia la decisión.
c) En cuanto al segundo de los aspectos antes señalados, rige el principio de que la autoridad de la cosa juzgada se extiende a todas aquellas cuestiones que han sido debatidas en el proceso y decididas por la sentencia. Pero ello requiere ciertas aclaraciones que se formularán seguidamente. Interesa destacar, en primer lugar, que la cosa juzgada cubre incluso aquellas cuestiones que, pudiendo haber sido objeto de debate entre las partes, no lo fueron (tantum iudicatum quantum disputatum vel quantum disputan debebat). Si, v.gr., a una demanda por cumplimiento de una obligación el demandado opone la excepción de pago, y no la de prescripción, el pronunciamiento que hace lugar a la demanda adquiere fuerza de cosa juzgada también con respecto a la segunda. Tampoco podría invalidarse la cosa juzgada sobre la base de una prueba que no fue ofrecida en el primer proceso. En cambio, no adquieren autoridad de cosa juzgada los meros argumentos corroborantes (tales, v.gr., los que puede formular el juez acerca del derecho de propiedad en un proceso que, como el de interdicto, versa exclusivamente sobre la posesión o la tenencia), ni las declaraciones incidentales que no sean requeridas para la solución del pleito. Pero, mediando esta última condición, también las decisiones implícitas son susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada. De allí que, v.gr., se hizo lugar a la excepción de cosa juzgada en un juicio por consignación de alquileres en razón de que en otro juicio se había declarado implícitamente que la consignación era improcedente por cuanto se consideraron no probados los términos de un contrato de locación. Consiguiente, no puede beneficiar ni perjudicar a los terceros que han sido ajenos al proceso (res ínter alios iudicata aliis ñeque prodesse ñeque nocere potest). Por partes debe entenderse no sólo a los sujetos activo y pasivo de la pretensión procesal sino también a todas aquellas personas que, en las condiciones previstas en la ley, se han incorporado voluntariamente al proceso o han sido citadas para intervenir en él, y a quienes la sentencia afecta "como a los litigantes principales". La misma regla rige en materia de sustitución procesal.
b) A los efectos de determinar los límites subjetivos de la cosa juzgada es menester atenerse a la identidad jurídica de las partes. En ese orden de ideas la cosa juzgada no se extiende a quien, habiendo actuado en el primer proceso por derecho propio, lo hace en el segundo como representante legal o convencional de un tercero; ni a quien reclama como heredero beneficiario en un proceso y como acreedor hipotecario en otro; etcétera. Por el contrario, no obstante el cambio de personas físicas, la cosa juzgada alcanza a los sucesores universales de quienes intervinieron en el proceso como partes.
c) El principio enunciado en a) admite, sin embargo, algunas excepciones fundadas en las vinculaciones jurídicas existentes entre las partes y terceros. Tratándose de obligaciones solidarias, v.gr., la cosa juzgada es invocable por los coacreedores que no participaron en el proceso, así como por los codeudores contra el coacreedor que fue parte en el juicio (Cód. Civ., art. 715, párr. 2o); la sentencia obtenida por el usufructuario tanto en el juicio petitorio como en el posesorio beneficia al nudo propietario para la conservación de los derechos sobre los cuales debe velar (Cód. Civ., art. 2877), etcétera.
LA COSA JUZGADA EN LAS SENTENCIAS DE ESTADO
a) Tanto la jurisprudencia como la doctrina aceptan generalmente la regla de que las sentencias dictadas en cuestiones de estado, cualquiera que sea su naturaleza, adquieren autoridad de cosa juzgada no sólo respecto de quienes han intervenido en el respectivo proceso, sino erga omnes. El fundamento de tal conclusión suele enunciarse con referencia al carácter indivisible que reviste el estado civil de las personas y al principio de orden público que se halla comprometido en todas las cuestiones que afecten a la organización de la familia.
b) No se trata, sin embargo, de un principio absoluto. Es indiscutible la autoridad de cosa juzgada erga omnes que reviste la sentencia de estado dictada frente a los legítimos contradictores primarios, o sea, a los sujetos directos de la relación jurídica controvertida, como serían, en un juicio de filiación, el padre y el hijo. Pero no ocurre lo mismo cuando el juicio se ha sustanciado con la intervención de legítimos contradictores secundarios, como serían, en materia de filiación, los parientes del supuesto padre. El interés de éstos, en efecto, queda desplazado por el de los legítimos contradictores primarios, pero, entre sí, gozan de una legitimación de igual grado y, como consecuencia de ello, su actividad procesal no puede afectar el ejercicio de los derechos pretendidos por los restantes legitimados que se encuentren en su misma posición. En otras palabras, como dice LIEBMAN, si la sentencia fue pronunciada frente a un legítimo contradictor secundario, la cosa juzgada es oponible a todos los terceros, menos a los otros legítimos contradictores secundarios, porque éstos tienen, en comparación con quien fue parte en el juicio, un interés y un derecho igual. Si se admitiese la cosa juzgada en estos supuestos, se consagraría la injusticia de hacer recaer, sobre los que demandaron posteriormente, las consecuencias de la actuación negligente o deficiente de los que primero lo hicieron.
EFECTOS DE LA COSA JUZGADA PENAL EN MATERIA CIVIL Y VICEVERSA
a) "Después de la condenación del acusado en el juicio criminal —expresa el art. 1102 Cód. Civ.— no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del demandado".
De conformidad con los términos de esta norma, la sentencia penal condenatoria hace cosa juzgada en el proceso civil. En consecuencia, los jueces intervinientes en la causa civil sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de un delito sancionado en sede penal, no se hallan habilitados para rever lo allí decidido acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad del acusado, aunque ello no impide que en el juicio civil pueda probarse la existencia de culpa concurrente de la víctima. La jurisprudencia tiene incluso resuelto que, por ser el art. 1102 una norma de orden público, puede ser aplicada de oficio por los tribunales civiles.
b) "Después de la absolución del acusado —agrega el art. 1103 Cód. Civ.— no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiere recaído la absolución".
Esta norma contempla el caso de que la sentencia penal haya declarado que el hecho imputado no existe o que, aun habiendo existido, el acusado no fue su autor. No es aplicable, en cambio, cuando el pronunciamiento absolutorio, no obstante declarar la existencia del hecho y la autoría del acusado, resuelve que aquél no constituye delito; o cuando, reconociendo la existencia de un delito, no aplica la pena por concurrir una eximente legal (Cód. Penal, art. 34). Ello es así, en el primer caso, porque un hecho puede no ser un delito del derecho penal y serlo, en cambio, del derecho civil (Cód. Civ., art. 1073 y sigs.); y, en el segundo caso, porque la exención de responsabilidad penal no obsta a que el acusado deba resarcir los daños ocasionados por su culpa o negligencia (Cód. Civ., arts. 1108 y sigs).
La doctrina y la jurisprudencia discrepan en cuanto a si el sobreseimiento definitivo debe equipararse a una sentencia absolutoria a los efectos de la norma analizada. Por la negativa se vienen pronunciando los tribunales de la Capital Federal a partir del fallo plenario de las cámaras civiles registrado en J.A., 1946-1-803, en el cual se estableció la doctrina de que el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria del procesado recaída en el juicio criminal, no hacen cosa juzgada en el proceso civil; el primero en absoluto, y la segunda respecto de la culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en cambio, con mayor acierto, ha decidido que el sobreseimiento definitivo dictado por los tribunales represivos no obsta a la acción por el resarcimiento de los daños, en tanto no se haya fundado en la inexistencia del hecho o en que el procesado no intervino en su producción.
c) Con excepción de los casos en que medien cuestiones prejudiciales, la sentencia del juicio civil sobre el hecho no influye en el juicio criminal, ni impide el ejercicio de ninguna acción criminal posterior, intentada sobre el mismo hecho, o sobre otro que con él tenga relación (Cód. Civ., art. 1105). Pero cualquiera que sea la sentencia posterior sobre la acción criminal, la sentencia anterior dada en el juicio civil pasada en autoridad de cosa juzgada, conserva todos sus efectos (Cód. Civ., art. 1106).
Otras formas de terminar los procesos
a) Frente a la sentencia definitiva que constituye, como se destacó oportunamente, el modo normal de terminación de todo proceso, existen diversos actos y situaciones que producen el mismo resultado, aunque algunos de ellos no afectan al derecho sustancial que puede asistir a las partes y posibilitan, por lo tanto, la reproducción de la pretensión en un proceso posterior.
b) Cuatro de esos modos anormales de terminación de los procesos constituyen manifestaciones expresas de voluntad de las partes. Son ellos el allanamiento, el desistimiento, la transacción, y la conciliación. Con excepción del desistimiento de la pretensión (o del proceso), los restantes componen definitivamente el litigio e impiden, por lo tanto, su ulterior renovación. De allí que CARNELUTTI los haya denominado "equivalentes jurisdiccionales", expresión que, sin embargo, no se adecúa estrictamente al alcance de estos actos, pues ellos se complementan, como principio, mediante un acto decisorio del juez. El allanamiento, en efecto, como se señaló oportunamente, no excluye la necesidad de una sentencia, y los restantes requieren, para perfeccionarse jurídicamente, una resolución homologatoria.
c) Otro modo anormal de terminación de los procesos es la caducidad de la instancia, que no reviste, como los antes mencionados, el carácter de acto procesal, y se funda en la voluntad presunta de abandono del proceso por parte del litigante a quien incumbe la carga de impulsar la marcha de la instancia, sea ésta principal o incidental. En principio, además, la caducidad de la instancia no impide la renovación de la pretensión.
d) La mediación, por último, tal como se halla regulada en la ley 24.573, si bien puede culminar con la realización de un acto provisto de la misma eficacia de la transacción y la conciliación, actúa no ya como medio anormal de terminación del proceso, sino como medio de evitar su promoción. No obstante,
en virtud de su parcial coincidencia con la transacción y la conciliación, será examinada en el presente capítulo luego de esta última.
DESISTIMIENTO - CONCEPTO, CLASES Y EFECTOS
a) No es posible enunciar un concepto unitario del desistimiento como institución procesal, por cuanto él reviste características autónomas y nítidamente diferenciables según sea la finalidad que persiga. Existen, en efecto, dos clases de desistimiento: de la pretensión (o del proceso) y del derecho. El desistimiento de la pretensión es el acto mediante el cual el actor manifiesta su voluntad de poner fin al proceso sin que se dicte una sentencia de fondo respecto del derecho material invocado como fundamento de aquélla. Esta clase de desistimiento sólo comporta, pues, el expreso abandono del proceso y la consecuente desaparición de su objeto (pretensión), pero no afecta al derecho material que pudiere corresponder al actor. De allí que no impide el planteamiento de la misma pretensión en otro proceso ulterior, de idéntico contenido, salvo, naturalmente, que se haya operado la prescripción (el art. 3987 Cód. Civ. dispone, al respecto, que la interrupción de la prescripción, causada por la demanda, se tendrá por no sucedida si el demandante desiste de ella). Como consecuencia del desistimiento de la pretensión (que el art. 292 CPCCER denomina desistimiento del "proceso") quedan sin efecto los actos procesales cumplidos; pero las pruebas incorporadas al proceso que mediante él se extingue pueden ser utilizadas —como ocurre en el caso de operarse la caducidad de la instancia— en el proceso posterior que se promueva.
Formulado el desistimiento de la pretensión, y cumplidos los requisitos que luego se examinarán, el juez debe disponer la extinción del proceso y el archivo de las actuaciones, imponer las costas en la forma que corresponda y practicar las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes.
b) El desistimiento del derecho, como su nombre lo indica, es el acto en cuya virtud el actor abdica del derecho material invocado como fundamento de la pretensión. Como señala DE LA PLAZA , constituye un acto paralelo al allanamiento pues consiste, esencialmente, en la declaración formulada por el actor de que su pretensión es infundada. El desistimiento del derecho trae aparejado, asimismo, el desistimiento de la pretensión, pues no cabe concebir la subsistencia de una pretensión despojada de su fundamento sustantivo.
La institución se halla contemplada en el art. 293 CPCCER cuando éste se refiere al desistimiento "del derecho en que (el actor) fundó la acción (pretensión)".
El efecto de esta clase de desistimiento consiste en que "en lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa".
El desistimiento del derecho, por consiguiente, produce efectos equivalentes a los de la cosa juzgada, pues constituye un impedimento a la discusión posterior del derecho material que el actor invocó como fundamento de su pretensión.
Debe señalarse, sin embargo, que el desistimiento del derecho no vincula necesariamente al juez, pues éste tiene la facultad de desestimarlo, no dictando la correspondiente resolución homologatoria, en el supuesto de que aquél versare sobre derechos indisponibles (cfr. CN Apel. Trab., IV, L.L., 102-265, respecto de la ineficacia del desistimiento del derecho formulado en un juicio sobre indemnización por accidente de trabajo; ClaCC, Mercedes, JA., 955-III-7, con relación al proceso de insania, etc.)- Por ello el art. 293 CPCCER dispone que "el juez debe limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio". En el caso de homologarse el desistimiento, la resolución que da por terminado el juicio debe contener pronunciamiento sobre las costas y en ella se deben, también, practicar las regulaciones de honorarios que correspondan.
REQUISITOS SEGÚN SE TRATE DE DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN O DEL DERECHO
a) "En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia —dice el art. 292 CPCCER— las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez, quien, sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones".
Esta norma se refiere al desistimiento de la pretensión por acto bilateral de las partes, el que configura un verdadero convenio procesal.
El segundo apartado del mismo precepto contempla, en cambio, la hipótesis del desistimiento unilateral en los siguientes términos: "Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa". Del texto de la norma transcripta surge claramente que antes de la notificación de la demanda no cabe requerir la conformidad de la contraparte, es decir, del demandado, siendo ineludible, en cambio, el cumplimiento de tal requisito, cuando ya ha sido notificada la demanda.
La diferencia apuntada, que resulta de la oportunidad en que se formula el desistimiento de la pretensión, se explica fácilmente si se tiene en cuenta que, al no impedir aquel acto la renovación de la misma litis en un ulterior proceso, parece razonable suponer que el demandado, ya en conocimiento de la demanda como consecuencia de su notificación, puede tener interés en que el proceso continúe hasta obtener una sentencia final que dilucide el conflicto y, eventualmente, lo favorezca, autorizándolo, asimismo, a valerse de la excepción de cosa juzgada. Como dice FAIRÉN GUILLEN: "La idea de la bilateralidad del desistimiento es lógica: séanos permitido decir aquí, prima facie, que con el desistí- miento del actor (renuncia a una sentencia de fondo) se produce la desaparición por parte del demandado de su expectativa de obtenerla igualmente; por lo cual es lógico que se le dé oportunidad procesal para meditar sobre ello y posibilidad de oponerse a que se le desposea de dicha expectativa; es decir, de solicitar que continúe el proceso por tener interés en que se llegue a una sentencia definitiva que en su momento quede firme".
El art. 292 CPCCER prescribe asimismo que si media oposición (del demandado), el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa. Es preciso aclarar que, en este caso, no incumbe al demandado la carga de justificar o fundamentar su oposición; basta que ella se formule para que el proceso no pueda tenerse por extinguido. Podría, no obstante, desestimarse la oposición en el supuesto de que el demandado hubiese adoptado alguna actitud procesal incompatible con ella, como ocurriría, por ejemplo, si hubiera deducido alguna excepción dilatoria, pues éstas —al igual que el desistimiento que se analiza- tienen por objeto lograr la extinción de la pretensión, sin afectar el derecho.
b) A diferencia de lo que ocurre con el desistimiento de la pretensión, el desistimiento del derecho no requiere la conformidad de la contraparte. La razón de esta diferencia reside en la circunstancia de que no siendo posible, en este caso, renovar el litigio en un proceso posterior, no se concibe el interés que podría tener el demandado en deducir oposición.
La solución legal resulta aparentemente contradictoria con la adoptada por el art. 868 Cód. Civ., que condiciona la '"renuncia de los derechos del acreedor" a la aceptación del deudor. Sin embargo, aparte de la circunstancia de que las pretensiones procesales no siempre se hallan coordinadas a la satisfacción
de un derecho creditorio (como sucede en el caso de las meramente declarativas), parece claro que una cosa es la renuncia a un derecho material cuya existencia no está en tela de juicio, y otra distinta es el desistimiento del derecho, institución típicamente procesal que involucra un litigio en el cual se discute la existencia misma de ese derecho.
Corresponde agregar que el desistimiento del derecho puede revocarse hasta tanto recaiga sobre él pronunciamiento judicial (CPCCER, art. 294).
La capacidad para desistir, en general, coincide con la capacidad procesal, o sea, con la aptitud para ejecutar actos procesales válidos. En el ámbito de la representación convencional, el desistimiento de la
pretensión no requiere facultad especial contenida en el mandato. En cambio, para desistir del derecho es necesario poder especial cuando él comporta la renuncia gratuita de un derecho (Cód. Civ., art. 1881, inc. 4o).
Si se trata de representantes legales, toda vez que no pueden renunciar a los derechos de sus pupilos o curados, ni aun con autorización judicial (Cód. Civ., art. 450, inc. 6o), carecen de facultades para desistir del derecho judicialmente invocado en nombre de aquéllos.
Tanto el desistimiento de la pretensión como el del derecho no se presumen. Deben por consiguiente ser expresos, correspondiendo interpretar en forma restrictiva los actos procesales que los produzcan. Cabe, sin embargo, la posibilidad de que se formulen con carácter parcial (v.gr. en el caso de acumulación de pretensiones).
CURSO DE LAS COSTAS
Como principio general (Art.70 CPCCER), las costas se impondrán a quien desiste, pero exceptúa el caso de que el desistimiento obedezca exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se lleve a cabo sin demora injustificada. Como se advierte, el CPCCER contempla además los cambios de legislación que pudieran haberse producido con posterioridad a la deducción de la demanda. El citado art. 70 deja a salvo, en todos los casos, lo que, en materia de costas, las partes hubieren acordado en contrario. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que si el desistimiento se produce de común acuerdo y las partes nada estipulan acerca del pago de las costas, éstas deben pagarse en el orden causado.
La transacción constituye uno de los modos de extinción de las obligaciones, al que el art. 832 Cód. Civ. define como "un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas". Comporta, a su vez, uno de los modos anormales de extinción del proceso.
"Si la transacción versare sobre derechos ya litigiosos —dispone el art. 838 Cód. Civ.—, no podrá hacerse válidamente sino presentándola al juez de la causa, firmada por los interesados. Antes que las partes se presenten al juez exponiendo la transacción que hubiesen hecho, o antes que acompañen la escritura en que ella conste, la transacción no se tendrá por concluida y los interesados podrán desistir de ella".
El art. 296 CPCCER, a su vez, prescribe que "las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez". Como se advierte, la ley procesal reproduce sustancialmente la exigencia formal contenida en el art. 838 Cód. Civ., añadiendo sólo la posibilidad —implícitamente comprendida en dicho artículo— de que la transacción se documente en acta judicial. Conviene recordar, asimismo, que el texto de las normas citadas no autoriza a concluir que la presentación del convenio en el expediente deba hacerse conjuntamente por ambas partes, pues el plural que ellas contienen debe interpretarse, razonablemente, en el sentido de que cualquiera de las partes, en conjunto o no, puede pedir la agregación al proceso del respectivo documento.
"La transacción —dice el art. 850 Cód. Civ.— extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada".
En cuanto al momento en que ese efecto se produce, ya se ha visto que tratándose de derechos litigiosos, el Cód. Civ. lo fija en el de la presentación de la transacción ante el juez de la causa e, implícitamente, en el de su celebración verbal en presencia del juez.
Sin embargo, no puede desconocerse a este último la facultad de examinar la capacidad y la personería de quienes realizaron el acto, así como también la transigibilidad de los derechos de que se trate, en los términos de las distintas normas contenidas en el Cód. Civ. (éste prohibe, por ejemplo, transigir sobre cuestiones de validez o nulidad de matrimonio, sobre cosas que están fuera del comercio, sobre derechos eventuales a una sucesión, etc.), ni por consiguiente, la facultad de desechar la transacción presentada en el caso de que se hayan transgredido tales requisitos.
Por lo tanto, sin perjuicio de que la transacción surta sus efectos desde el momento de la presentación del escrito o de la suscripción del acta ante el juez, ella se integra, procesalmente, mediante la homologación judicial. En ausencia de resolución homologatoria el proceso no se extingue, y tampoco cabe la posibilidad de obtener el cumplimiento de la transacción por la vía de la ejecución de sentencia.
De acuerdo con lo expuesto, el CPCCER prescribe que una vez presentado el convenio o suscripta el acta ante el juez, "éste se limitara a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio" (art. 296 CPCCER).
CONCILIACIÓN - CONCEPTO Y FORMA
a) La doctrina no ha logrado aún enunciar un concepto inequívoco acerca de la conciliación como modo anormal autónomo de terminación de los procesos. ALSINA se limita a decir que "la conciliación no importa una transacción, aunque ésta pueda ser a veces la consecuencia de aquélla". PODETTI expresa que la conciliación "no se refiere al derecho que ampara la pretensión o la resistencia, sino al aspecto de hecho de ambas posiciones. El que concilia —agrega— no renuncia a un derecho subjetivo, acepta o reconoce que los hechos en los cuales se funda la pretensión eran equivocados o exagerados, haciendo posible un reajuste de lo pretendido". AYARRAGARAY, por su parte, sostiene que la diferencia fundamental que existe entre la conciliación y la transacción reside en la circunstancia de que mientras esta última sólo cabe en materia de intereses pecuniarios (Cód. Civ., arts. 846 y 847), la conciliación puede comprender otro género de pretensiones jurídicas, como podrían ser, por ejemplo, las referentes a la residencia de los cónyuges durante el juicio de divorcio o a la tenencia de los hijos.
Corresponde concluir, no obstante, que si cabe hablar de la conciliación como de un medio anormal amónoino de terminación de los procesos, sólo puede serlo en el sentido de que ella supone la iniciativa y la intervención del juez en la celebración del acto. En lo que concierne a su contenido, debe estimarse
que la conciliación es susceptible de participar, eventualmente, de las características de los restantes modos anormales de conclusión del juicio, pues mediante ella las partes pueden concretar un desistimiento, una transacción o un allanamiento, o una figura compleja que presente, al mismo tiempo, notas comunes a esas instituciones.
b) Entre las facultades ordenatorias que el CPCCER acuerda a los jueces figura la de "disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación..." (art. 33, inc. b).
La tentativa de conciliación, en consecuencia, no se halla instituida, por la norma transcripta, corno un trámite previo y obligatorio, sino como una facultad cuyo ejercicio queda librado al arbitrio judicial y no se encuentra subordinado a ninguna limitación de orden temporal, pues los jueces pueden disponer la citación de las partes, con ese objeto, en cualquier momento del proceso. No obstante, con referencia a los procesos de conocimiento, el art. 346, inc. Io del CPCCER, de acuerdo con la reforma que le introdujo la ley 9.776, eleva a la tentativa de conciliación a la categoría de un acto que el juez debe realizar obligatoriamente en oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar.
c) Presupuesto de la conciliación es, en todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 346 CPCCER la citación de las partes a la audiencia que el juez fije a tal efecto. Fuera del supuesto previsto en el art. 623, la incomparecencia al acto no autoriza la aplicación de sanciones de ninguna naturaleza. Si las partes se encuentran presentes el día fijado, la solución a que eventualmente pueden llegar para dirimir el pleito debe quedar documentada en el acta que se levante; pero su validez y eficacia depende de la aprobación judicial exteriorizada en la resolución homologatoria.
a) Concretado el avenimiento el juez debe, como regla general, verificar la capacidad de los intervinientes en el acto o la suficiencia del mandato de sus representantes, así como la disponibilidad de los derechos sobre los que aquél versó, y dictar, en caso afirmativo, la correspondiente resolución homologatoria, la cual debe contener, además, la regulación de honorarios por los trabajos realizados por los profesionales. Dispone el art. 297 CPCCER que "los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez, y homologados por éste, tendrán autoridad de cosa juzgada".
a) La caducidad o perención de la instancia constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando en él no se cumple acto de impulso alguno durante los plazos establecidos por la ley.
b) Una de las características del principio dispositivo reside en el hecho de que el proceso civil no sólo se promueve, sino que, además, avanza y se desarrolla en sus distintas etapas a expensas de la voluntad particular. De allí que la parte que da vida al proceso (o a una de sus etapas o instancias incidentales), contrae la carga de urgir su sustanciación y resolución, carga que se justifica tanto porque no es admisible exponer a la contraparte a la pérdida de tiempo y de dinero que importa una instancia indefinidamente abierta, cuanto porque media interés público en que el
Estado, después de un período de inactividad prolongada, libere a sus propios órganos de la necesidad de proveer a las demandas, así como de todos los deberes derivados de la existencia del proceso.
c) El fundamento de esta institución estriba, desde un punto de vista subjetivo, en la presunción de renuncia de la instancia que comporta el hecho de la inactividad procesal prolongada, y en la consiguiente conveniencia de que, en tales circunstancias, el órgano judicial se desligue de los deberes que la subsistencia de la instancia le impone. Apreciada en cambio la caducidad desde un punto de vista objetivo —que es el que primordialmente interesa— parece claro que su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales.
PRESUPUESTOS DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Constituyen presupuestos de la caducidad:
a) la existencia de una instancia, principal o incidental;
b) la inactividad procesal;
c) el transcurso de un plazo;
d) una resolución judicial que la declare operada.
a) Debe entenderse por instancia el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de una demanda, la petición que abre una etapa incidental del proceso o la concesión de un recurso, hasta el dictado de la sentencia o resolución que se persigue mediante tales actos. Se verá más adelante, sin embargo, que aun hallándose abierta la instancia hay casos en que ella no es susceptible de caducidad.
b) La inactividad procesal que es presupuesto de la caducidad significa la paralización total del trámite judicial útil, o sea, el no cumplimiento de acto idóneo alguno por ambas partes, por el juez o tribunal, o por los auxiliares de unos y otros. Pero es preciso aclarar que la caducidad no se produce cuando los juicios están pendientes de alguna resolución, y la demora en dictarla es imputable al órgano judicial. Por consiguiente, cualquier petición de las partes o actuación del tribunal o de los mencionados funcionarios que sea adecuada para impulsar el desarrollo del proceso y que se verifique antes del vencimiento de los plazos pertinentes, tiene por efecto la interrupción de la caducidad y determina la iniciación del curso de un nuevo plazo, resultando neutralizado el tiempo transcurrido con anterioridad.
c) Los períodos de inactividad procesal que deben transcurrir para que se produzca la caducidad se encuentran establecidos en el art. 298 CPCCER dichos plazos son los siguientes: Io) de seis meses, en primera o única instancia; 2o) de tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes; 3o) en el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente (v.gr. el caso previsto en el Cód. Civ., art. 4041); 4o) de un mes en el incidente de caducidad de instancia. "La instancia —aclara finalmente el art. 298- se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia".
d) En el caso de litisconsorcio, finalmente, el impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficia a los restantes (CPCCER, art. 300).
FORMAS EN QUE SE PRODUCE LA CADUCIDAD
El código dice:
Art. 304º: Modo de Operarse.- La caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 298º, pero antes que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. El secretario deberá informar al juez o tribunal sobre el transcurso de los plazos del artículo 298º.-
De ello se sigue que el CPCCER admite que la caducidad de la instancia se declare de oficio por los jueces o tribunales, pero no que aquélla se produzca de pleno derecho.
La particularidad que reviste el sistema reside en la circunstancia de que la caducidad se tiene por operada a partir del momento en que el juez o tribunal la declara, por lo que dicha resolución reviste carácter constitutivo. De allí que en el régimen actual no cabe declarar la caducidad, aun cuando haya transcurrido el plazo legal, si se activa el procedimiento en virtud de algún acto de impulso cumplido por cualquiera de las partes. Pero corresponde aclarar que esta norma sólo rige respecto del tribunal y no con relación a la parte interesada en la declaración de la caducidad, quien —como lo dispone el citado art. 303— puede pedir dicha declaración antes de consentir cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo correspondiente. En otras palabras: si bien la declaración de oficio no procede cuando aun vencido el plazo legal ha mediado un acto de impulso proveniente de cualquiera de las partes (incluso, por lo tanto, de aquella a quien incumbe la carga respectiva), la parte interesada en la declaración puede solicitarla cuando, habiendo vencido el plazo, tiene lugar una actuación del tribunal o de la otra parte, y dicha actuación no se encuentra consentida de la instancia.
LEGITIMACIÓN Y SUSTANCIACIÓN
a) La declaración de caducidad puede ser pedida, en primera instancia, por el demandado; en los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido; y en los recursos, por la parte recurrida.
b) La petición debe formularse, como se ha visto, antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo, y se sustancia únicamente con un traslado a la parte contraria siendo nula la resolución que se dicte omitiendo ese requisito. Dicho traslado debe ser notificado personalmente o por cédula.
c) Dispone CPCCER "el pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario, en el caso de que aquél prosperase". La solución es razonable, por cuanto siendo efecto de la caducidad de las instancias ulteriores a la primera el consistente en acordar fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida, el pedido de caducidad formulado por uno de los recurrentes con respecto a la instancia abierta por otros debe ser tenido como un desistimiento tácito de todos los recursos interpuestos.
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DE CADUCIDAD
a) Desde que la caducidad de la instancia supone el abandono voluntario del trámite procesal, los plazos se suspenden cuando por razones de fuerza mayor o en virtud de cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes, éstas se encuentran en la imposibilidad de activar la marcha del proceso. La suspensión comporta la extinción de los efectos del tiempo transcurrido mientras subsisten los hechos que la motivan, pero no priva de utilidad al lapso de inactividad anterior a esos hechos, el cual es nuevamente computable cuando éstos desaparecen.
b) Casos legales codificados de suspensión de los plazos pertinentes: uno se refiere al descuento de los lapsos correspondientes a las ferias judiciales, y el otro al del tiempo en que el proceso haya estado suspendido o paralizado por acuerdo de partes o por disposición del juez. Pero, sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha decidido que constituyen causales de suspensión de los plazos de caducidad, entre otras, el fallecimiento de alguno de los litigantes o de sus apoderados hasta tanto venza el plazo acordado a los herederos, o al mandante, respectivamente, para que comparezcan al juicio; el extravío del expediente siempre que se hubieren practicado las diligencias necesarias para su búsqueda o reconstrucción; la sustanciación de un incidente suspensivo de los procedimientos; la permanencia del expediente en la justicia de instrucción o fuera de la jurisdicción del juzgado, siempre que se haya activado su devolución y no resulte que ha permanecido en el juzgado requirente sin objeto alguno; etcétera.
INTERRUPCIÓN DE LOS PLAZOS DE CADUCIDAD
a) A diferencia de lo que ocurre en el caso de suspensión, la interrupción de la caducidad torna ineficaz el tiempo transcurrido con anterioridad al acto interruptivo, y comienza a correr, desde que él se verifica, un nuevo plazo de caducidad.
b) Como principio general constituyen actos interruptivos de la caducidad toda "petición de las partes, o resolución o actuación del tribunal, secretario u prosecretario administrativo que tuviese por efecto impulsar el procedimiento". Con arreglo a ese criterio, se ha resuelto que son actos interruptivos, entre otros, los siguientes: el pedido de notificación del traslado de la demanda; el pedido de nueva audiencia y la fijación de ésta; el escrito dándose por notificado de la providencia de apertura de la causa a prueba, siempre que vaya acompañado de la actividad necesaria para notificar a la otra parte; el pedido de búsqueda de un expediente extraviado; la presentación en secretaría de las cédulas necesarias para la notificación de una providencia; la providencia de prueba dictada de oficio con prescindencia de la notificación pertinente a las partes; un dictamen del ministerio público; los trámites realizados para obtener la concesión del beneficio de litigar sin gastos; el escrito en el cual se denuncia el domicilio de uno de los codemandados a los efectos de notificar el traslado de la demanda; el pedido de que se eleve el expediente a la cámara para que ésta conozca de un recurso; etcétera. No constituyen, en cambio, actos interruptivos, por carecer de idoneidad a los efectos señalados, el pedido de desglose de un poder; la constitución de un nuevo domicilio; la presentación de copias; el escrito por el cual el profesional renuncia al mandato, el pedido de medidas cautelares; las actuaciones relacionadas con los honorarios de los peritos; la mera solicitud de que el expediente se saque del legajo de paralizados para peticionar o de que el expediente sea devuelto al juzgado, si al mismo tiempo no se libra el oficio pertinente; en general, las peticiones extemporáneas o inoperantes; etcétera.
PROCESOS Y PERSONAS A LOS CUALES SE APLICA
a) Con excepción de los procesos que tramitan ante la jurisdicción de los tribunales del trabajo —en los que el impulso se halla confiado, primordialmente, a la actividad del órgano judicial— la caducidad se produce en toda clase de juicios, sean civiles, comerciales o contencioso-administrativos.
El art. 301 CPCCER dispone, sin embargo, que "no se producirá la caducidad: Io) En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se tratare de incidentes que no guardaren relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha; 2o) En los procesos sucesorios y, en general, en los voluntarios, salvo en los incidentes y juicios incidentales que en ellos se suscitaren; 3o) Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputábale al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al prosecretario administrativo; 4o) Si se hubiere llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiera prueba de oficio; cuando su producción dependiere de la actividad de las partes, la carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas tomaren conocimiento de las medidas ordenadas".
b) Esta disposición registra, a raíz de la reforma, diversas novedades. En primer lugar aclara cuáles son los incidentes que, suscitados durante el procedimiento de ejecución de sentencia, no son susceptibles de perimir. Para que esta contingencia se verifique es necesario que el incidente guarde estricta relación con la ejecución procesal forzada propiamente dicha, lo que sucedería, v.gr., si se produjere controversia acerca de la determinación del monto de los daños derivados del incumplimiento de una condena a hacer o a entregar alguna cosa. Cuando aquella relación no existe, en cambio, la caducidad es procedente, lo que ocurre, v.gr., con respecto al incidente de nulidad de la ejecución, o a los que se promuevan sobre intereses, honorarios, etcétera.
c) "La caducidad —dice el art. 302 CPCCER— se operará también contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Esta disposición no se aplicará a los incapaces o ausentes que carecieren de representación legal en el juicio".
Dentro del concepto de Estado (nacional, provincial y municipal) debe entenderse la actuación judicial de sus reparticiones centralizadas, descentralizadas y autárquicas. En lo que se refiere a los incapaces, la regia coincide, como se advierte, con la establecida por el art. 3966 Cód. Civ. en relación con la prescripción.
EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
a) Distintos son los efectos de la caducidad según que se opere en primera o en ulterior instancia. Con respecto al primer caso dispone el art. 306 CPCCER que "la caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquél". Del mismo modo que el desistimiento de la pretensión la declaración de caducidad de la primera o única instancia solamente produce la extinción del proceso, sin afectar el derecho material invocado como fundamento de la pretensión. Lógico derivado de ello es, asimismo, que una vez firme la resolución que declara la caducidad, corresponde el levantamiento de las medidas cautelares trabadas en el proceso perimido. Indirectamente, sin embargo, la caducidad de la instancia puede extinguir el derecho en el supuesto del art. 3987 Cód. Civ., pues esta norma dispone que la interrupción de la prescripción causada por la demanda "se tendrá por no sucedida", entre otros casos, "si ha tenido lugar la deserción de la instancia".
b) Agrega el citado art. 306 que "la caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida". Están incluidas, dentro de la norma, las instancias extraordinarias, es decir, las que se abren con motivo de los recursos extraordinarios ante la Corte y de inaplicabilidad de la ley ante las Cámaras en pleno.
c) Finalmente, el art. 306 dispone en su segundo apartado que la caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia principal. Por consiguiente, perimen con independencia del proceso principal las instancias abiertas, v.gr., por un juicio de alimentos deducido autónomamente con respecto al de divorcio; por un pedido de embargo preventivo; por una tercería; etcétera.
CURSO DE LAS COSTAS E IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA CADUCIDAD
a) El art. 70, que "declarada la caducidad de la primera instancia, las costas del juicio serán impuestas al actor". Éste, por lo tanto, debe soportar no sólo las costas correspondientes al incidente de caducidad (salvo que el juez lo haya eximido en los términos del art. 65, párr. Io CPCCER), sino también las del juicio perimido. En cambio, si la caducidad comprende a la demanda y a la reconvención, las costas deben imponerse en el orden causado. Por último, de las reglas generales contenidas en los arts. 70 y 71 y de lo prescripto en el art. 303 acerca de quiénes pueden pedir la declaración de caducidad, se infiere que, en los incidentes, las costas deben pagarse por la parte que los hubiese promovido, y en los recursos por el recurrente.
b) Respecto de la impugnación de la resolución que declara la caducidad la ley formula una distinción basada en la instancia de que se trate. En relación con la caducidad de la primera instancia el art. 305, párr. Io, prescribe que "la resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente". Por lo tanto, es irrecurrible la decisión que desestima el pedido de caducidad.
"En segunda o ulterior instancia —dice el citado precepto en su segundo párrafo— la resolución sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada de oficio". De lo cual se sigue que es irrecurrible la declaración de caducidad dictada a pedido de parte.
En desarrollo la unidad de Ejecucion de Sentencia.

References: resolución 
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 243
 artículo 345
 artículo 467
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 298
 artículo 298
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución