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Timestamp: 2017-10-17 08:01:35+00:00

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The South Centre • South Unity, South Progress | South Bulletin 92, (4 ago. 2016)
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El mundo hace frente actualmente a graves problemas de salud pública: desde el surgimiento y resurgimiento de enfermedades infecciosas y el costo exorbitante de los nuevos medicamentos hasta la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos. Estas y otras cuestiones se abordaron en mayo en Ginebra (Suiza) durante la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud.
Articulos del South Bulletin 92 disponibles en español.
La 69. ª Asamblea Mundial de la Salud abordó las crisis inminentes de salud para las que el mundo no está preparado y adoptó resoluciones para tomar medidas al respecto.
Martin Khor, director ejecutivo de Centro del Sur. Contacto: director@southcentre.int
El Consejo de Derechos Humanos aprueba resoluciones históricas sobre el acceso a los medicamentos
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso dos importantes resoluciones en las que reafirma que el acceso a los medicamentos y el fomento de la creación de capacidad en el ámbito de la salud pública son elementos fundamentales para el pleno ejercicio del derecho a la salud. Los miembros convinieron celebrar mesas redondas durante los próximos períodos de sesiones.
En marzo de 2017 el Consejo de Derechos Humanos tratará en una mesa redonda durante su 34º período de sesiones la cuestión del acceso a los medicamentos. En el 35º período de sesiones, que tendrá lugar en junio de 2017, se debatirá la cuestión del fomento de la capacidad en el ámbito de la salud pública.
Por Viviana Muñoz-Téllez y Adriano José Timossi
La aprobación por consenso de dos resoluciones durante el 32º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que tuvo lugar entre junio y julio en Ginebra (Suiza) constituye un hito en materia de salud y derechos humanos.
La resolución 32/L.23 titulada «El acceso a los medicamentos en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental» fue presentada por el Brasil, China, Egipto, Haití, la India, Indonesia, el Paraguay, el Perú, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica y Tailandia. La resolución contó con el apoyo de 72 copatrocinadores.
Uno de los resultados más significativos de la resolución es la decisión del Consejo de celebrar durante su 34º período de sesiones una mesa redonda para intercambiar opiniones sobre las buenas prácticas y las principales dificultades respecto al acceso a los medicamentos como uno de los elementos fundamentales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, teniendo en cuenta todos los informes pertinentes, y que el debate debe ser totalmente accesible para las personas con discapacidad.
La mesa redonda constituirá asimismo una oportunidad de examinar los resultados del trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamento creado por el secretario general de Naciones Unidas, que serán presentados en los próximos meses. Al aprobar por consenso esta resolución, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos han convenido promover el acceso a los medicamentos como un elemento fundamental para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud.
Durante los últimos diez años el Consejo de Derechos Humanos ha tenido en cuenta el problema del acceso a los medicamentos en sus resoluciones e informes mediante diferentes iniciativas. La última resolución (23/14 en 2013) fue aprobada por 31 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones. La aprobación de esta resolución por consenso revive el buen espíritu de trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre esta cuestión, y contribuye así a fomentar las actividades relacionadas con el acceso a los medicamentos.
También es un momento oportuno para volver a tratar el tema en el Consejo, teniendo en cuenta los progresos recientes en otros foros y la necesidad de continuar las discusiones y los debates sobre las mejores prácticas para hacer valer la primacía de los derechos humanos, como el derecho a la salud, sobre el comercio, los derechos de propiedad intelectual y otros acuerdos e intereses económicos. Igualmente importante es que en la resolución se reafirma la capacidad de los países de aprovechar las flexibilidades previstas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) para promover el acceso a los medicamentos, al reconocer que las patentes pueden ser usadas para fijar precios altos para los medicamentos.
La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Objetivo 3 de desarrollo sostenible en el ámbito de la salud, así como el foro social de 2015 dedicado al «acceso a los medicamentos en el contexto del derecho a la salud», también han dado ímpetu al fomento del acceso a los medicamentos. Además de estos acontecimientos recientes, cabe destacar la contribución de las resoluciones anteriores aprobadas por el Consejo y el trabajo actual del Relator Especial sobre el derecho a la salud y el Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamento creado recientemente por el secretario general de las Naciones Unidas.
En la resolución se reafirma la importancia del acceso a medicamentos seguros, asequibles, eficaces y de calidad para todas las personas como uno de los derechos humanos fundamentales y se recalca que le mejora de ese acceso podría salvar millones de vidas cada año. También se hace un llamamiento a los Estados miembros y a otras partes interesadas para que creen condiciones propicias en los planos nacional, regional e internacional a fin de garantizar el disfrute pleno y efectivo del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Se recuerda asimismo en esta resolución que la Declaración Ministerial de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC confirma que el Acuerdo no impide ni debe impedir que los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adopten medidas para proteger la salud pública. También se exhorta a los Estados a promover el acceso de todas las personas a los medicamentos, entre otras cosas mediante el pleno aprovechamiento de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que ofrecen flexibilidad a ese efecto, reconociendo la importancia de la protección de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos, así como la preocupación que suscitan los efectos de esa protección en los precios.
La embajadora Regina Maria Cordeiro Dunlop de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas en Ginebra, presentó el proyecto de resolución a nombre del grupo de Estados impulsores y recordó que para millones de personas en todo el mundo el disfrute pleno del derecho humano a la salud sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos una tercera parte de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos, afirmó. La embajadora señaló asimismo que no deben escatimarse esfuerzos para hacer efectivo este derecho para todas las personas y que la salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el disfrute de muchos otros derechos humanos y necesario para vivir una vida digna.
La embajadora Cordeiro Dunlop también explicó que la resolución tiene por objeto reafirmar el acceso a los medicamentos como un elemento fundamental para el ejercicio del derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y destacó el apoyo y el compromiso de todas las delegaciones durante las consultas informales y las contribuciones constructivas que ayudaron a allanar el camino hacia un entendimiento común sobre el acceso a los medicamentos como un elemento fundamental del derecho a la salud.
El embajador Ajit Kumar, Representante Permanente de la India ante las Naciones Unidas en Ginebra, también presentó una declaración como miembro del grupo de Estados impulsores de la resolución sobre el acceso a los medicamentos y señaló que los problemas del acceso a los medicamentos ya no solo afectan a los países en desarrollo ni a las llamadas enfermedades desatendidas. También afectan a las personas de los países desarrollados, exprimen los presupuestos sanitarios de todos los Gobiernos y repercuten en el tratamiento de enfermedades comunes como la hepatitis o el cáncer, dijo.
El embajador Kumar indicó asimismo que el marco mundial actual no favorece la repartición equitativa de los frutos de la innovación médica, en particular para quienes más lo necesitan, y los modelos de innovación que prosperan en el sistema actual no han logrado satisfacer las necesidades de los países en desarrollo en materia de investigación y desarrollo (I+D) en el ámbito de la salud. Una muestra patente de ello, indicó, es la falta de nuevos medicamentos y vacunas para enfermedades infecciosas conocidas desde hace tiempo como la tuberculosis y el paludismo, que siguen siendo importantes problemas de salud pública.
También mencionó que el Consejo de Derechos Humanos ha hecho varias contribuciones trascendentales reconociendo que el acceso a los medicamentos es un componente fundamental del derecho a la salud. El embajador señaló que varias resoluciones del Consejo han reafirmado el derecho de los Estados miembros a dar primacía a la salud pública sobre cuestiones comerciales y de propiedad intelectual tal como se consagra en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. Pese a esto, los obstáculos para el aprovechamiento pleno de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC no han hecho más que aumentar, añadió. El embajador afirmó igualmente que la tendencia a imponer normas más estrictas que las normas previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC amenaza aún más el pleno ejercicio del derecho a la salud de millones de personas al erigir mayores obstáculos para el acceso a los medicamentos.
También manifestó que es necesario que el aspecto de los derechos humanos del acceso a los medicamentos vuelva a ocupar un lugar central en los esfuerzos por crear condiciones propicias en los planos nacional, regional e internacional para garantizar el disfrute pleno del derecho a la salud y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Añadió que el proyecto de resolución actual se basa en anteriores resoluciones del Consejo en la materia.
El embajador Kumar observó que en la resolución el Consejo aprecia la decisión del secretario general de crear un Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamentos con el mandato de formular propuestas para subsanar la incoherencia de las políticas en el ámbito de la salud pública, el comercio, los derechos legítimos de los inventores y los derechos humanos en el contexto del acceso a los medicamentos y la innovación, y destacó la participación activa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el grupo consultivo de expertos que presta apoyo al Grupo de Alto Nivel. Así pues, el señor Kumar manifestó que sería oportuno que el Consejo tenga en cuenta los progresos recientes y mantenga un debate constructivo sobre cómo los Estados miembros y otras partes interesadas pueden superar algunas de las barreras para el acceso a los medicamentos y logren la tan necesaria coherencia de las políticas de derechos humanos, propiedad intelectual, comercio e inversión reafirmando la importancia de los derechos humanos al examinar la cuestión del acceso a los medicamentos.
También fue aprobado por consenso otra resolución (32/L.24) titulada «Promoción del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental mediante la mejora del fomento de la capacidad en el ámbito de la salud pública». El proyecto de resolución, presentado por China con el respaldo de numerosos copatrocinadores, reconoce la necesidad de fomentar la capacidad de la salud pública.
En la resolución se reafirma que fortalecer los sistemas de salud pública es esencial para el desarrollo de todos los Estados miembros y que el desarrollo económico y social se ve beneficiado por las medidas que mejoran el fomento de la capacidad de la salud pública, que incluyen la formación, contratación y retención de suficiente personal de salud pública, así como los sistemas de prevención de las enfermedades infecciosas y de inmunización contra ellas.
En la resolución también se reconoce la importancia de aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la formación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, sobre todo en los países menos adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral.
En esta resolución el Consejo dispone la convocación de una mesa redonda con la participación de Estados, organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, miembros del mundo académico y expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG), con el objetivo de intercambiar experiencias y prácticas en lo que respecta a la realización del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental mejorando el fomento de la capacidad de la salud pública. También se solicita al Alto Comisionado que prepare un informe resumido sobre la mesa redonda y lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 36 º período de sesiones.
En ambas resoluciones se acoge con beneplácito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluido su objetivo 3, que pone de relieve la importancia de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, y se recuerda ese respecto la aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud, el 28 de mayo de 2016, de su resolución WHA69.15 titulada «La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». Los Estados miembros también acogieron con beneplácito los esfuerzos de la OMS, en cooperación con los Estados miembros, para mejorar la creación de capacidad de la salud pública mundial y lograr las metas especificadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.
La aprobación por consenso de ambas resoluciones se da en un buen momento ya que actualmente tienen lugar las celebraciones del 30º aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en la que se reconocen tanto el derecho a la salud como el acceso a los medicamentos y la salud pública como elementos fundamentales para el ejercicio del derecho a desarrollo.
Viviana Muñoz-Téllez, coordinadora, Programa de Desarrollo, Innovación y Propiedad Intelectual (DIIP) del Centro del Sur y Adriano José Timossi, administrador superior, Programa de Gobernanza Mundial para el Desarrollo (GGDP) del Centro del Sur.
Reflexiones sobre los elementos del programa futuro de la OMPI relativo a las patentes y a la salud
El Centro del Sur organizó una reunión paralela en el marco de la vigesimocuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la OMPI. El panel discutió diferentes elementos en materia de patentes y salud pública que podrían formar parte del programa de trabajo futuro de la OMPI. A continuación presentamos un informe de la reunión.
Por Viviana Muñoz Téllez
Con ocasión de la vigesimocuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Centro del Sur organizó una reunión paralela que tuvo lugar el 29 de junio de 2016 en la sede de la OMPI en Ginebra (Suiza). El panel reflexionó sobre diferentes elementos que podrían incluirse en el programa de trabajo futuro de la OMPI en materia de patentes y salud pública. El SCP es un foro idóneo para debatir temas relacionados con el sistema internacional de patentes y su vínculo con el cumplimiento del objetivo de política pública de garantizar el acceso a los medicamentos para todas las personas. El panel examinó la manera de lograr este objetivo de política, de conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (Declaración de Doha).
La presidenta del panel, Viviana Muñoz Téllez, coordinadora del Programa de Desarrollo, Innovación y Propiedad Intelectual (DIIP) del Centro del Sur, comenzó el debate afirmando que el SCP de la OMPI se encuentra actualmente definiendo su plan de trabajo futuro y que un plan de trabajo equilibrado debería incluir la cuestión de la salud pública y las patentes. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMPI tiene por mandato contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre los que se encuentra el ODS 3 que atañe a la salud. La compleja interrelación entre cuestiones de salud pública, propiedad intelectual, innovación y fomento de capacidad industrial local, comercio y derechos humanos es objeto de discusión en numerosos foros internacionales y los ODS constituyen un marco para lograr una mayor coherencia entre las políticas. La secretaría de la OMPI ha emprendido iniciativas sobre propiedad intelectual y salud pública como proyectos de cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC); publicación de documentos y organización de seminarios. Aún así, hace falta una mayor orientación por parte de los Estados miembros. Los Estados miembros deben impulsar las iniciativas de la OMPI en el ámbito de la salud pública y requieren de un espacio para la discusión y la creación de un entendimiento común, en particular en torno al acceso a los medicamentos. El SCP es un foro idóneo para tratar la interrelación entre el sistema de patentes y la salud pública.
La OMPI puede elaborar investigaciones y análisis más factuales y con base empírica, así como instrumentos que aporten información para la formulación de políticas nacionales, debates internacionales y actividades de asistencia técnica. El trabajo de la OMPI debería incluir trabajos empíricos sobre el efecto de las patentes y de otras formas de propiedad intelectual en las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y en el precio de los nuevos productos médicos. También debería abordar sus efectos en la innovación incremental y en la producción y disponibilidad de productos médicos genéricos a bajo costo y el papel de las flexibilidades dentro del sistema de patentes en la promoción del acceso a productos médicos asequibles. La propuesta del Grupo Africano en el SCP va en la buena dirección.
La primera secretaria de la Misión Permanente de Nigeria ante las Naciones Unidas en Ginebra, Chichi Umesi, señaló que Nigeria es el actual coordinador del Grupo Africano en la OMPI. Durante la decimosexta sesión del SCP en 2011, el Grupo Africano y el Grupo de la Agenda para el Desarrollo presentaron una propuesta con el fin de mejorar la capacidad de los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) de adaptar sus regímenes de patentes y hacer pleno uso de las flexibilidades previstas en el sistema internacional de patentes para abordar las prioridades de política pública relacionadas con la salud. El Grupo Africano presentó una propuesta actualizada (documento SCP/24/4) en la vigesimocuarta sesión del SCP en junio de 2016 que tiene en cuenta el problema persistente del acceso a los medicamentos. La falta de acceso y los elevados precios de los medicamentos afectan tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo y a los PMA.
En la propuesta revisada se tiene en cuenta la evolución de la situación desde 2011 como por ejemplo, la concesión del Consejo de los ADPIC de la OMC de una prórroga del período de transición para los PMA que supone que estos países no están obligados a conceder patentes de productos farmacéuticos al menos hasta 2033. Lo anterior constituye un importante reconocimiento de que la aplicación de la protección mediante patente de los productos farmacéuticos en los PMA va en detrimento de la salud pública al convertirse en un obstáculo para garantizar el acceso a los medicamentos asequibles.
El programa de trabajo propuesto pretende mejorar las capacidades de los Estados miembros y en particular, de los países en desarrollo y los PMA, para adaptar sus regímenes de patentes a fin de hacer pleno uso de las flexibilidades disponibles en el marco del sistema internacional de patentes y promover las prioridades de política pública relacionadas con el acceso a la asistencia sanitaria. El Grupo Africano solicita apoyo para incorporar las cuestiones de las patentes y la salud en el plan de trabajo futuro del SCP y en las actividades específicas propuestas en el documento SCP/24/4.
Hu Yuan Qiong, asesora jurídica y en materia de políticas de la campaña para el acceso a los medicamentos de Médecins Sans Frontières (MSF), explicó que MSF ve el acceso a los medicamentos desde dos perspectivas: el acceso a los medicamentos existentes y el desarrollo de nuevos medicamentos y el acceso a estos. La representante de MSF explicó que los aspectos principales del acceso y la innovación son la asequibilidad, la disponibilidad y la idoneidad. Dijo además que existen numerosos obstáculos para el acceso y la innovación como por ejemplo, los que suponen las patentes en la nueva Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS, la perpetuación de patentes (evergreening) y las disposiciones más estrictas que las del Acuerdo sobre los ADPIC que son perjudiciales para salud pública; las restricciones a las medidas relativas a la concesión voluntaria de las licencias, presiones políticas sobre las leyes y políticas nacionales, y un modelo de incentivos a la I+D de nuevos medicamentos que ya no funciona.
También señaló que las investigaciones de MSF demuestran que el aumento de la competencia influye en la disminución de los precios, como se ha visto en el caso de la combinación de medicamentos de primera línea para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). El precio de los tratamientos más recientes con medicamentos de tercera línea es 14 veces mayor que el tratamiento con medicamentos de primera línea recomendado, debido al retraso de la entrada de la competencia de medicamentos genéricos causado por las patentes, dijo la representante de MSF. MSF recomienda que los estudios de la OMPI sean factuales y tengan una base empírica. MSF ha presentado un informe detallado sobre un estudio reciente de la OMPI basado en patentes relativo a la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS de 2013. El informe de MSF concluye que el estudio de la OMPI no tuvo en cuenta la tendencia de la carga de morbilidad y en la ampliación de la lista de medicamentos esenciales, utilizó una metodología cuestionable, contenía datos equivocados y poco útiles para la toma de decisiones en materia de salud pública y presentaba conclusiones engañosas.
Thiru Balasubramaniam, representante de Knowledge Ecology International en Ginebra, afirmó que la función del sistema de patentes es servir el interés público. Dijo asimismo que los países desarrollados cuentan con varios mecanismos en sus legislaciones nacionales de patentes para limitar el ejercicio de los derechos de patente que están en conformidad con sus obligaciones internacionales y que se aplican regularmente, lo que pone de manifiesto la preocupación por el elevado costo de los medicamentos así como los efectos anticompetitivos de los monopolios de patentes. Hay numerosos ejemplos que permiten ilustrar cómo se utilizan estos mecanismos en los países desarrollados: el uso de licencias obligatorias como recurso para las prácticas anticompetitivas en los Estados Unidos y en Europa; la posible utilización de licencias obligatorias para importar medicamentos genéricos más baratos y limitaciones al pronunciamiento de decisiones por motivos de interés público, entre otros. El SCP debería tener esto en cuenta, dijo por último el representante.
K. M. Gopakumar, asesor jurídico e investigador superior de la Third World Network (TWN), observó que los países en desarrollo y los PMA hacen frente a múltiples problemas en relación con el acceso a los medicamentos. Entre estos se encuentran los obstáculos reglamentarios que plantean los sistemas de patentes para su capacidad de adoptar medidas y políticas con el fin de garantizar el acceso a los medicamentos, añadió. Si bien los PMA no están obligados a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC y los países en desarrollo pueden hacer uso de las flexibilidades previstas por el Acuerdo para tener margen de maniobra en materia de políticas en el derecho de patentes, los obstáculos de carácter político y práctico para que no recurran a estas flexibilidades son reales, como la presión constante de los países desarrollados en los acuerdos de libre comercio o en mecanismos bilaterales, como la lista de la sección especial 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos. La OMPI no ha logrado crear un programa de trabajo efectivo sobre el uso de las flexibilidades y las herramientas para ayudar a los países a este respecto, afirmó K. M. Gopakumar, y esto se debe a la renuencia de los países desarrollados. Por último, señaló que el SCP debería establecer un programa de trabajo concreto sobre patentes y salud pública que promueva el uso de las flexibilidades disponibles en el sistema de patentes y ampliar las herramientas disponibles para que los responsables de la formulación de políticas puedan recurrir a estas flexibilidades.
Viviana Muñoz-Tellez, coordinadora del Programa de Desarrollo, Innovación y Propiedad Intelectual (DIIP) del Centro del Sur .
El Centro del Sur y el G-15 refuerzan su cooperación
Las secretarías del Centro del Sur y del Grupo de los 15 (G-15) firmaron un memorando de entendimiento en Ginebra (Suiza) el 16 de junio de 2016.
La firma de un memorando de entendimiento entre las secretarías del Centro del Sur y el Grupo Cumbre de Consulta y Cooperación Sur-Sur o Grupo de los 15 (G-15), tiene por objeto promover la labor de ambas instituciones con miras a fortalecer la capacidad de los países en desarrollo de coordinar mejor sus intereses y puntos de vista en los foros nacionales, regionales y multilaterales.
El acuerdo de cooperación comprende áreas y medidas básicas como la asistencia mutua en las actividades de fomento de la capacidad, la organización conjunta de talleres, simposios y sesiones de capacitación sobre cuestiones temáticas, la elaboración de publicaciones conjuntas y la suma de esfuerzos para aumentar las oportunidades de cooperación Sur-Sur.
Tras la ceremonia de firma del memorando de entendimiento, Ravinatha Aryasinha, embajador y representante permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas en Ginebra, manifestó en calidad de presidente de los representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno del G-15, que el memorando de entendimiento formaliza la cooperación existente entre las dos instituciones y recordó los resultados positivos de las sesiones de información organizadas conjuntamente sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que tuvieron lugar recientemente y a la que asistieron numerosos representantes de las delegaciones en Ginebra y de expertos de las organizaciones internacionales. Cabe esperar que el memorando de entendimiento traiga consigo un aumento de las actividades que redundará en beneficio tanto de los Estados miembros de ambas organizaciones como del Sur en general, afirmó el embajador.
Martin Khor, director ejecutivo del Centro del Sur, rememoró la historia similar de ambas organizaciones y cómo han avanzado por caminos paralelos desde su creación. Afirmó asimismo que el memorando de entendimiento constituye un paso adelante para ambas secretarías en el fomento de la cooperación Sur-Sur. Por último, manifestó que los delegados de los países en desarrollo necesitan apoyarse en trabajos de investigación, reunirse para definir sus posiciones en los asuntos internacionales e intercambiar experiencias en el ámbito internacional en relación con sus políticas de desarrollo.
La importancia de definir un programa de acción de los países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia tributaria
Los países en desarrollo deberían tener voz en las discusiones y decisiones mundiales sobre cuestiones fiscales de las que suelen quedar excluidos. El Centro del Sur organizó una reunión para los responsables de la formulación de políticas fiscales y expertos de países en desarrollo a fin de examinar las cuestiones que revisten un interés particular para estos países y que deberían ser la base de un programa de acción mundial en materia tributaria. A continuación presentamos un informe sobre la reunión.
Los días 4 y 5 de febrero de 2016, 15 expertos y responsables de la formulación de políticas fiscales analizaron en una reunión organizada por el Centro del Sur en Ginebra (Suiza) los elementos que deberían integrar un programa de acción de los países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia tributaria.
Varios factores han puesto en evidencia recientemente la necesidad de crear un espacio para promover un programa de acción de los países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia de tributación. La conclusión de la reunión fue que ha llegado la hora de crear este espacio.
Durante la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada a mediados de julio de 2015 en Addis Abeba los países desarrollados bloquearon una propuesta para crear un órgano fiscal intergubernamental de Naciones Unidas que remplace al comité de expertos puramente consultivo que opera actualmente en las Naciones Unidas. Así, solo queda la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como organismo para fijar normas y reglas de cooperación en materia de tributación a nivel internacional. Al no ser miembros de la OCDE, los países en desarrollo no participan en la elaboración del programa de acción y no tienen el mismo peso que los miembros en la toma de decisiones.
Los resultados del proyecto titulado «erosión de la base imponible y traslado de beneficios» del Grupo de los 20 (G20) y la OCDE presentados en octubre de 2015 no respondieron a las cuestiones más urgentes de cooperación internacional en materia de tributación para los países en desarrollo como los métodos de reparto de utilidades entre la fiscalidad basada en la fuente y la fiscalidad basada en la residencia, la tributación de los servicios técnicos (servicios administrativos, servicios de gestión y soporte técnico) y el tratamiento de las empresas en las industrias extractivas, que son fundamentales para los países en desarrollo.
En la reunión que tuvo lugar en el Centro del Sur se examinaron estas y otras cuestiones esenciales para los países en desarrollo.
Un programa de acción de los países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia de tributación contribuiría a: 1) ayudar a las autoridades de los países a mejorar en el área de la investigación, a fomentar su capacidad nacional y a diseñar políticas fiscales eficaces propias; 2) fortalecer y coordinar mejor la participación de los países en desarrollo en las negociaciones en procesos internacionales en materia de tributación como los de la OCDE y el G20, en reuniones de la ONU sobre cooperación en materia de tributación y actividades regionales de cooperación en el marco de foros que operan en América Latina y en África pero no en Asia; 3) crear mecanismos internacionales de cooperación en materia de tributación entre las autoridades de los países en desarrollo que den lugar a normas acordadas y a medidas conjuntas.
Lo anterior, que no está en conflicto con los compromisos asumidos en la OCDE, en las Naciones Unidas o en otros foros internacionales, ayudaría a aumentar la influencia y las contribuciones de los países en desarrollo en otros procesos. El refuerzo de la cooperación Sur-Sur permitiría determinar qué tipo de políticas fiscales son más acordes a las necesidades de los países en desarrollo y resultan más eficaces en los contextos de estos países. Para que la cooperación Sur-Sur sea significativa, es importante que tenga lugar en un proceso constante, por ejemplo, en reuniones fijas anuales y no como es el caso actualmente, de manera ad hoc.
José Antonio Ocampo, profesor de economía en la Universidad de Columbia y exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, abrió el debate destacando la destructiva competencia fiscal entre los países en desarrollo que buscan atraer la inversión extranjera entre otras cosas, mediante costosos incentivos fiscales para los inversores extranjeros. Según el exministro, un objetivo de cooperación Sur-Sur puede ser reforzar la cooperación y la coordinación (especialmente en la esfera regional) y aplicar otros medios para atraer la inversión extranjera. Con relación a las acusaciones por parte de los países de la OCDE de que las jurisdicciones de algunos países en desarrollo aplican el secreto fiscal, lo que debilita sus sistemas fiscales, Ocampo señaló que los más grandes y perjudiciales paraísos fiscales se encuentran en territorios al amparo de países desarrollados (como los territorios en la órbita del Reino Unido) y constituyen componentes indispensables de los centros financieros que albergan los países desarrollados.
Logan Wort, secretario ejecutivo del Foro Africano de Administración Tributaria (FAAT) con sede en Pretoria, hizo énfasis en que antes de preocuparse por el efecto positivo o negativo de la cooperación y los tratados en materia de tributación, es indispensable fortalecer las legislaciones fiscales internas.
Anita Kapur, ex presidenta del Comité Central de Impuestos Directos del Departamento de Ingresos del Ministerio de Hacienda de la India y Flavio Araújo, coordinador general de Relaciones Internacionales de la Secretaría Federal de Ingresos Públicos del Brasil), analizaron la labor de los administradores fiscales de los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). También intercambiaron planteamientos innovadores adoptados en sus respectivos países que, aunque podrían ser más eficaces para los países en desarrollo, no han sido reconocidos ni considerados compatibles con los planteamientos de la OCDE. Por ejemplo, el Brasil aplica diferentes impuestos de retención sobre las transacciones con una lista oficial que mantiene sobre los paraísos fiscales, con base en ciertos requisitos legales. Por su parte, la OCDE no ha logrado mantener ciertos países en su lista de «paraísos fiscales no cooperativos».
Los países del grupo BRICS también son exportadores de capitales, a diferencia de muchos otros países en desarrollo. Los países del grupo BRICS podrían ayudar aplicando el principio de «no hacer daño» a los intereses comunes de los países en desarrollo a fin de obtener mayores ingresos de la fiscalidad basada en la fuente.
Ignatius Kawala Mvula, director auxiliar de la Autoridad Fiscal de Zambia y miembro del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas, habló sobre los derechos impositivos sobre los servicios, como servicios administrativos, de gestión y servicios técnicos, prestados tanto por las filiales como por las sedes principales. El Comité de las Naciones Unidas sobre cuestiones de tributación ha dado un gran paso adelante con una propuesta de tratamiento diferente al planteamiento de la OCDE basado en el principio de una entidad separada y está a punto de promulgar un conjunto de recomendaciones de sus expertos. La incorporación de un nuevo artículo (el Artículo 14) en la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo marcaría un hito.
Eric Mensah, inspector jefe de impuestos de la Autoridad Fiscal de Zambia, habló sobre cómo desde que llegó a su fin el auge de los precios de los productos básicos los países en desarrollo, en particular los países africanos, han comenzado a intentar cambiar sus políticas para garantizar que sus países obtengan una parte justa de los beneficios de un auge de los precios de los productos básicos. Estos países también pretenden coordinar mejor sus políticas fiscales y de inversión de manera que los posibles inversores en el sector minero no pongan a los países a competir entre sí para obtener un trato favorable, afirmó.
Erika Siu, consultora independiente, habló de la fijación de precios de transferencia y de la imposición a las empresas multinacionales como una sola empresa. Afirmó que a los países en desarrollo puede traerles beneficios materiales recurrir a la imposición de las rentas con base en la fuente y no en la residencia. Las disciplinas relativas a las prácticas de fijación de precios de transferencia del sector privado son de interés capital para los países en desarrollo por los efectos de dichas prácticas sobre la base imponible en la fuente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que los países en desarrollo dejan de percibir 100 000 millones de dólares anuales de ingresos debido a la fijación errónea de precios de transferencia. Por su parte, la OCDE estima que para todos los países dejan de percibirse entre 100 y 240 000 millones por año.
Annette Oguttu, profesora de derecho en la Universidad de Sudáfrica, centró su discurso en las corrientes financieras ilícitas. Señaló que aumentar la transparencia, la cooperación internacional y el intercambio de información sobre los inversores son pasos importantes. Los países africanos intentan actualmente acordar unas normas de cooperación para hacer frente a estas corrientes y proteger sus ingresos públicos, indicó.
Dereje Alemayehu, coordinador de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, habló sobre competencia y cooperación en materia de tributación tras la adopción del proyecto «erosión de la base imponible y traslado de beneficios» y dijo que suponer que las medidas de este proyecto, si bien son numerosas y detalladas, responden a la lista de prioridades de los países en desarrollo, es un error. Aunque dicho proyecto se concluyó apresuradamente y es incompleto e insatisfactorio en muchos aspectos, actualmente se le está pidiendo su aplicación a la comunidad mundial. Las diversas presiones y maniobras de parte de los Estados miembros de la OCDE, en especial de los países más influyentes como los Estados Unidos, para dejar la adopción de decisiones sobre cooperación en materia tributaria en el ámbito de competencia de la OCDE van en contra de los intereses de los países en desarrollo que ya de por sí están en desventaja en este foro.
Alvin Mosioma, fundador de Tax Justice Network Africa, se refirió a los próximos pasos y a las prioridades en materia de promoción e investigación y determinó que entre las áreas prioritarias que se deben abordar se encuentran las siguientes: 1) la competencia tributaria y los incentivos fiscales; 2) la ineficacia de las normas vigentes sobre fijación de precios de transferencia; 3) los vacíos, la influencia internacional y la legitimidad del proyecto sobre la «erosión de la base imponible y traslado de beneficios»; 4) el desconocimiento en los niveles más altos de la formulación de políticas de las autoridades de los países en desarrollo sobre los vínculos entre las políticas y la cooperación fiscal con los objetivos generales de desarrollo; 5) la definición de las políticas fiscales eficaces y efectivas que son aplicables a los países en desarrollo; 6) la elaboración y la adaptación de propuestas más congruentes con las necesidades y prioridades de los países en desarrollo.
Parece haber consenso en que el aumento y la reglamentación de la cooperación en materia de tributación entre los países en desarrollo es un proyecto viable.
El debate al interior del grupo BRICS indica que la cooperación Sur-Sur es posible y productiva y que puede extenderse entre los países en desarrollo. Es importante reconocer las dimensiones políticas de la cooperación en materia de tributación, en particular, entre los países en desarrollo.
Todo programa de acción establecido entre y para países en desarrollo incorporará no solo cuestiones de interés común sino también cuestiones que susciten debates incómodos como la competencia tributaria. Todo foro de países en desarrollo debe tratar ambas clases de cuestiones y hacer frente a los problemas generados por las políticas de los mismos países en desarrollo. Por ello es importante crear un espacio fiable en donde los representantes de los países en desarrollo puedan discutir estas cuestiones con franqueza.
Un foro de países en desarrollo debe ser útil para los administradores y responsables de la formulación de políticas fiscales. Durante la reunión se indicaron varios ejemplos de políticas y prácticas fiscales que podrían ser interesantes para los administradores y expertos en políticas fiscales. Un foro de países en desarrollo debería servir para aprovechar los conocimientos especializados de estos países, por lo que documentar estas prácticas y que haya un intercambio entre los representantes de los países en desarrollo mediante publicaciones e informes sobre políticas sería de gran valor.
Una conclusión general fue el pleno apoyo de los participantes a nuevas actividades de seguimiento con miras a crear un foro de países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia de tributación que tenga lugar regularmente. Dicho foro podría servir de lugar de encuentro para aumentar la coordinación entre los países en desarrollo en lo que respecta a su participación en actividades internacionales que tienen lugar en el marco de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE. Un foro anual podría brindar el espacio para intercambiar experiencias y analizar regularmente las prácticas efectivas más adecuadas para superar los obstáculos a los que se enfrentan los países en desarrollo aunque estas prácticas no sean reconocidas por las autoridades fiscales de los países desarrollados.
Manuel F. Montes, asesor superior en materia de finanzas y desarrollo del Centro del Sur.

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 Artículo 14