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Timestamp: 2017-06-25 22:16:04+00:00

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[Sentencia T-0217-13] – Incremento 14% pensión de vejez
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I.	ANTECEDENTES EXPEDIENTE T – 3.714.054
–	Hechos
1.-	Como cotizante en el sector privado, y afiliado al Fondo de Pensiones de los Seguros Sociales – Seccional Atlántico, el accionante solicitó el reconocimiento económico por pensión de vejez, por cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales, reconoció la prestación pensional, mediante Resolución No. 001201 del quince (15) de febrero de dos mil seis (2006). 2.-	El señor Constante Gutiérrez elevó reclamación administrativa para obtener el incremento del 14 % de su prestación, el doce (12) de julio de dos mil diez (2010), por tener a cargo a su cónyuge, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, petición que se resolvió de forma desfavorable, el veintiséis (26) de julio del mismo año.
3.-	En consecuencia, promovió demanda ordinaria laboral contra el ISS, la cual conoció, por reparto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla. Esta autoridad judicial, en sentencia del ocho (8) de julio de dos mil once (2011), absolvió al ISS, decisión que confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012). 4.-	En consideración a lo anterior, el accionante, interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, al considerar que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, y solicitó al juez constitucional el reconocimiento y pago del incremento del 14% de su mesada pensional. 5.-	Mediante auto del seis (6) de agosto de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción de tutela y notificó a los intervinientes en el proceso ordinario promovido por el peticionario contra el ISS, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. Sin embrago, los interesados guardaron silencio.
6.-	Mediante sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negó el amparo deprecado, por cuanto consideró que la providencia del Tribunal se encuentra acorde con la normativa aplicable al caso, comoquiera que el derecho pensional se reconoció mediante Resolución 001201 del quince (15) de febrero de dos mil seis (2006), mientras que la reclamación administrativa se radicó el doce (12) de julio de dos mil diez (2010), de manera que, desde el reconocimiento pensional y la presentación de la solicitud del incremento pensional, transcurrieron cuatro (4) años, tres (3) meses y veintiséis (26) días, configurándose el fenómeno de prescripción, razón por la cual se declaró probada dicha excepción. 7.-	El peticionario impugnó la decisión de primera instancia, sin argumentar las razones de su disenso. 8.-	Mediante sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió la impugnación presentada y confirmó la decisión de primera instancia.
II.	ANTECEDENTES EXPEDIENTE T – 3.714.056
–	Hechos:
1.-	Mediante Resolución No. 001569 de 2005, el ISS reconoció la pensión de vejez al accionante, por ser beneficiario del régimen de transición, sin incluir el incremento del 14% correspondiente al auxilio por compañera permanente dependiente. 2.-	El ciudadano Salgado Herrera elevó reclamación administrativa para obtener el incremento del 14 % de su prestación el tres (03) de diciembre de dos mil ocho (2008), por tener a cargo a su compañera permanente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, petición que se resolvió de forma desfavorable.
3.-	En consecuencia, a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, la cual conoció, por reparto, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla quien, en sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez (2010), absolvió al ISS al declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada, decisión que confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011). 4.-	En consideración a lo anterior, el accionante, interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, al considerar que las autoridades judiciales incurrieron el un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, y solicitó al juez constitucional el reconocimiento y pago del incremento del 14% de su mesada pensional. 5.-	Mediante auto del diecisiete (17) de septiembre de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela, notificó a las autoridades accionadas y ordenó correr traslado al Instituto de Seguros Sociales, parte demandada dentro del proceso ordinario laboral en el que se profirió la providencia cuestionada, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. Sin embrago, los interesados guardaron silencio.
6.-	Mediante sentencia del veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negó el amparo deprecado, por cuanto consideró que en el presente caso no se cumplió con el principio de inmediatez, en la medida en que el fallo de segunda instancia, dentro del proceso ordinario laboral, fue proferido el veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011) y la acción de tutela se impetró transcurrido más de un año. Por último, resaltó el hecho de que el petente no argumentó ni demostró la ocurrencia de alguna situación excepcional e insuperable, que hubiera impedido la presentación de la acción de amparo dentro de un término razonable. 7.-	El peticionario impugnó la decisión de primera instancia, invocó un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional relativo al requisito de la inmediatez en materia de tutela, sin exponer las razones por las cuales la acción de tutela carece de interposición oportuna. 8.-	Mediante sentencia del primero (1) de noviembre de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió la impugnación presentada y confirmó la decisión de primera instancia.
1.-	Esta Sala es competente para revisar las providencias proferidas en el trámite de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.- En esta oportunidad la Sala conoce los casos de dos personas que solicitan el incremento pensional del 14% con base en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año. En los casos acumulados, el incremento del 14% sobre la mesada pensional ha sido negado porque, a juicio de las autoridades judiciales, en los casos objeto de revisión se configura el fenómeno de prescripción, razón por la cual se declaró probada dicha excepción. Por lo anterior, corresponde a la Sala de Revisión determinar si las providencias objeto de análisis constitucional, en los casos planteados, incurrieron en una causal específica de procedibilidad por defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial sentado por esta Corporación, al sostener que el reclamo de los incrementos del 14% sobre la pensión mínima legal, de que trata el inciso tercero del artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, que inciden en la cuantificación del derecho a la pensión, son objeto de prescripción, , y consecuentemente, en la vulneración de los derechos fundamentales de los actores a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y móvil y a la seguridad social en pensiones.
3.- La Constitución Política dispone en su artículo 86 que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario diseñado para la protección de los derechos fundamentales cuando no se cuenta con alguna otra vía judicial de defensa, o cuando existiendo ésta, se acuda a ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, en principio, la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales por tener un carácter residual y subsidiario. Sin embargo, de manera excepcional, cuando concurren todas las causales genéricas y por lo menos una de las específicas de procedibilidad, el amparo resulta procedente con el fin de recobrar la vigencia del orden jurídico y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales afectados.
En Sentencia C-590 de 2005 se sistematizaron las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, las cuales deben ser verificadas por el juez de amparo y en ésta quedaron consignadas de la siguiente manera: (i)	Que el asunto que se discuta implique una evidente relevancia constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes, exigencia que busca evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(ii)	Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios o extraordinarios excepto cuando lo que se pretende es evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
(iii)	Que se cumpla el requisito de la inmediatez, lo que significa que la tutela debe interponerse en un término razonable a partir del hecho que originó la vulneración. Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. (iv)	Si lo que se alega es la existencia de una irregularidad procesal, debe ser evidente que la misma tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y b) afecta los derechos fundamentales del accionante, salvo cuando se trate de una prueba ilícita obtenida con violación de esos derechos. (v)	Que el demandante identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado dentro del proceso judicial tal vulneración si ello hubiese sido posible.
(vi)	Que no se trate de fallos de tutela, de forma tal que se evite que las controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida. 4.- Una vez establecido el cumplimiento de los anteriores requisitos, el juez de tutela sólo podrá conceder el amparo cuando halle probada la ocurrencia de alguno(s) de los defectos constitutivos de las que han sido llamadas causales específicas de procedibilidad de la tutela contra sentencias, a saber:
5.- Conclusión ineludible de las consideraciones precedentes, es que la acción de tutela, como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede excepcionalmente para controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii) se advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las causales específicas, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que conlleva la amenaza o la vulneración de derechos fundamentales. 6.- La Corte Constitucional ha desarrollado esta jurisprudencia en numerosos casos y, específicamente respecto del defecto sustantivo en una decisión judicial, esta Corporación ha sostenido que se configura cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley (por haber sido derogada o declarada inexequible), (b) es inconstitucional, (c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución. Igualmente, se considera defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente; o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.
Se entiende que el precedente será pertinente, respecto de una sentencia previa, cuando: (i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trate de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional análoga y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que las autoridades judiciales están limitadas en su independencia y autonomía por la obligación constitucional de proveer igualdad de trato en la aplicación de la ley. Por lo anterior, los jueces tiene el deber de respetar y aplicar en situaciones análogas, aquellas consideraciones jurídicas cierta y directamente relacionadas que emplearon los jueces de mayor jerarquía y los órganos de cierre para resolverlos. De lo contrario, están en la obligación de expresar las razones que tienen para apartarse del precedente. En sentencia T-766 de 2008, la Corte, expuso las razones que fundamentan dicha obligación: i) el principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) la autonomía judicial no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; iv) los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior.
En resumen, el precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos. No podrá predicarse la aplicación de un precedente en ausencia de alguno de estos elementos. Igualmente, es necesario aclarar que, con base en el principio de supremacía constitucional, el deber de acatamiento del precedente judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que la normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración.
8.- Ahora bien, en materia pensional la Corte ha sentado un amplio precedente jurisprudencial respecto de la prescripción del derecho a reclamar prestaciones pensionales. En este sentido, esta Corporación ha reiterado el carácter irrenunciable e imprescriptible del derecho a la pensión.
Para la Corte, el carácter imprescriptible del derecho a la pensión se deriva directamente de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir a la sociedad, y además, se constituye en un instrumento para la especial protección que el Estado debe a las personas que por su edad, condiciones de salud y ausencia de alguna fuente de sustento, tienen mayor dificultad para subsistir, y de esta manera asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida digna. En este sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia C-198 de 1999 concluyó que la ley no puede consagrar la prescripción del derecho a la pensión como tal, aunque sí puede establecer un término temporal para la reclamación de las distintas mesadas, es decir, solo se podrá consagrar la prescripción extintiva de derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional, cuando dicho término sea proporcionado y no afecte el contenido esencial mismo.
La Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, en las sentencias C-230 de 1998 y C-624 de 2006, y en sede de control concreto, en las sentencias SU-430 de 1998 y T-274 de 2007, ha mantenido una posición uniforme en cuanto a considerar el derecho a la pensión como un derecho imprescriptible.
9.- En este sentido, en sentencia C-230 de 1998, la Corte desarrolló el carácter imprescriptible del derecho a la seguridad social, al declarar inexequible el parágrafo 2° del artículo 2° de la ley 116 de 1928. La disposición demandada establecía lo siguiente:
“Parágrafo. El derecho a solicitar pensiones prescribe a los treinta años.”
10.- Igualmente, así lo ha expuesto esta Corporación en la Sentencia SU-430 de 1998: “Se trata de un derecho adquirido por el trabajador; aquel que se causa a favor de la persona que ha reunido los requisitos elementales para acceder a la pensión de vejez, luego de haber realizado un “ahorro forzoso” durante gran parte de su vida, teniendo, en consecuencia, el derecho a recibir tal prestación, con el único fin de llegar a la tercera edad y vivir dignamente, acorde con su esfuerzo laboral pasado. Esta prestación no es gratuita ni menos una dádiva que generosamente da una entidad administradora, se trata de un verdadero derecho adquirido que protege la Constitución Política para que cuando el ser humano llegue a la edad de jubilación exigida por la ley, pueda descansar y, además, según el caso, seguir respondiendo a las necesidades de su familia. Por tanto, cuando los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas han pasado de simples expectativas a verdaderos derechos, no pueden ser desconocidos por normas posteriores o por simples decisiones emanadas de las empresas administradoras de pensiones, porque se desconocerían los derechos que ostentan los extrabajadores que han llegado a reunir los requisitos descritos, los cuales son imprescriptibles.”
11.- En conclusión, la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
En el siguiente asunto, la Corte resuelve la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Alfredo Constante Gutiérrez, contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Laboral de la misma ciudad.
El accionante solicita que se ordene al ISS el reconocimiento y pago del incremento del 14% de su mesada pensional con base en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año. Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad.
•	Relevancia constitucional.
•	b. Que se hayan agotado todos los mecanismos judiciales idóneos y adecuados, ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acción de tutela.
•	c. Requisito de inmediatez.
En múltiples ocasiones esta Corporación ha explicado que el establecimiento de un término perentorio para el ejercicio de la acción de tutela es inconstitucional, pues no puede ponerse término a la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha insistido en que la acción debe interponerse dentro de un plazo razonable.
En este caso, la sentencia que se controvierte fue proferida el veintinueve (29) de febrero de dos mil diez (2012), y la acción de tutela se interpuso el seis (6) de abril de dos mil doce (2012), es decir, aproximadamente 5 meses después del fallo. Así, considera la Sala que el tiempo transcurrido entre la sentencia presuntamente vulneradora de derechos fundamentales y la interposición de la tutela se ajusta al concepto de plazo razonable. Expediente T-3.714.056
Según la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el término de un (1) año y dos (2) meses basta para considerar que no se ha cumplido el requisito de inmediatez puesto que, en su opinión, “es indiscutible que si la demanda constitucional fue presentada el 12 de septiembre, luego de transcurrido más de un año contado desde la última citada, carece de interposición oportuna y razonable” Por lo anterior, considera esta Sala de Revisión necesario referirse al requisito de inmediatez en la acción de tutela con el fin de concretar la procedencia de la misma. Si bien el mecanismo de la acción de tutela no prevé un término de caducidad, a partir de la interpretación del artículo 86 de la Constitución Política, esta Corporación ha sido enfática en establecer que dicho mecanismo debe ejercerse dentro de un término justo, oportuno y razonable, toda vez que la misma debe ser un instrumento de reacción judicial eficaz frente a la violación o amenaza grave, actual y vigente de los derechos fundamentales. Esta situación obliga al juez de tutela a evaluar la razonabilidad del tiempo transcurrido, con los hechos de cada caso concreto, para determinar si el amparo resulta o no improcedente. Por lo anterior, la orden del juez de tutela “debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo”, condiciones que podrían verse desestimadas si el afectado ha dejado pasar un tiempo irrazonable para reclamar sus derechos. La exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales, toda vez que, la acción de tutela es una vía constitucional cuya potencialidad es considerablemente superior a la de otros medios de defensa judicial, vía que la normatividad superior ha definido de manera sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica acudir pronto a un procedimiento que, precisamente por ello, es preferente y sumario. La Corte constitucional ha establecido en su jurisprudencia que esta exigencia está encaminada a: i) proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable; ii) impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad jurídica; y iii) evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos. En sentencia T-328 de 2010, esta Corporación manifestó que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Constitución, en materia de tutela no se puede determinar un plazo a priori, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto. Es por ello que dependiendo de las particularidades de cada situación fáctica, se podría declarar la improcedencia de la tutela en un término de seis (6) meses de inactividad; pero, en otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela.
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneración a dicho derecho del señor Salgado Herrera persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negación al incremento de su mesada pensional por concepto de compañera permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso básico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna. En reiterados pronunciamientos, ésta Corporación ha sentado esta posición al declarar procedente la acción de tutela cuando se confirma que persiste la vulneración de derechos pensionales, a saber, la sentencia T-960 de 2010, en donde el actor interpuso la acción 21 meses luego de ser expedida la resolución que denegaba la solicitud de pensión de vejez, y en esa oportunidad esta Corporación la declaró procedente y fue concedida. De la misma forma, en la sentencia T- 164 de 2011, esta Corporación declaró procedente la acción de tutela de un ciudadano que solicitaba el reconocimiento de la indemnización sustitutiva luego de 10 años de haberle sido negada por parte de CAJANAL. Al respecto dijo, “En el presente asunto, puede determinarse que la vulneración al derecho a la seguridad social del señor Gerardo Segura persiste en el tiempo, por cuanto, la negación del reconocimiento de la indemnización sustitutiva, le restringe la posibilidad al actor de contar con un ingreso para satisfacer sus necesidades, por lo que no es conducente, como lo anotan los jueces de instancia, alegar la ausencia de este requisito.”
En consecuencia, se concluye que en los casos en que se discuten derechos pensionales, la jurisprudencia constitucional en virtud del artículo 53 de la Constitución de 1991, establece que la inmediatez no puede ser entendida como un requisito de procedibilidad severo, ya que la vulneración de ese derecho subsiste en el tiempo por ser un derecho irrenunciable que no prescribe, por lo que es irrelevante el tiempo transcurrido entre la actuación que vulnera el derecho y el momento en el que se interpone la acción. En esos casos es deber del juez constitucional analizar el caso concreto teniendo en cuenta lo anterior. •	Que, en caso de tratarse de un problema procedimental, se haya alegado dentro del proceso ordinario.
•	Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela.
Los fallos controvertidos son sentencias que dirimen el conflicto de competencias entre Jurisdicción Ordinaria Laboral y Sistema Jurídico Nacional. Al no tratarse de sentencias de tutela, este requisito se encuentra acreditado en los dos casos. 13.- Examen de fondo de las sentencias controvertidas
La Corte Constitucional ha establecido el desconocimiento del precedente aplicable al caso como causal material de procedibilidad de la acción de tutela, en razón a que dicho defecto hace parte del defecto sustantivo. Así mismo, en las Sentencias SU- 640 de 1998, T- 462 de 2003 y T- 292 de 2006 se ha señalado que el juez de igual jerarquía debe vincularse al precedente horizontal y el juez de inferior jerarquía al precedente vertical en lo que atañe a la ratio decidendi de una jurisprudencia anteriorhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-002-12.htm – _ftn63. En estas sentencias se indica que cuando una instancia jurisdiccional se vaya a apartar del precedente anterior se debe justificar razonadamente su oposición. Esta vinculatoriedad del precedente se relaciona con los principios de seguridad jurídica e igualdad y por el deber que tienen los jueces de armonizar sus decisiones y que de esta manera no se vayan a producir fallos contradictorios cuando se trate de decidir sobre hechos similares. Por otra parte, en la sentencia T-1031 de 2001 esta Corporación decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”.
En el caso en cuestión, la Sala observa que las sentencias recurridas incurren un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido está por la Corte Constitucional, el cual estipula que el término de prescripción es predicable únicamente de las mesadas pensionales no reclamadas y deducido del contenido de las prestaciones, razón por la cual estima la Sala que en los casos analizados, dar aplicación a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, constituye una decisión que vulnera directamente los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad con sujeción a los cuales el Estado tiene la obligación de prestar el servicio público de la seguridad social. Por ello, esta Sala declarará que, los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad social de los ciudadanos Salgado Herrera Eduardo Enrique y Constante Gutiérrez Alfredo fueron vulnerados.
Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que la entidad accionada con su errada decisión, no solo comprometer el derecho a la igualdad de los actores, sino que igualmente vulnera sus derechos a la vida digna y a la seguridad social, pues el no reconocimiento del referido incremento a sus pensiones de vejez, tal y como el ordenamiento jurídico lo está autorizando, compromete las condiciones mínimas de vida de los accionantes. 14.- Alcance del amparo
Primero: REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por Alfredo Constante Gutiérrez contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor Alfredo Constante Gutiérrez.
Segundo: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor Alfredo Constante Gutiérrez contra el Instituto de Seguros Sociales. Tercero: ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, proferir una nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor Alfredo Constante Gutiérrez, en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia. Cuarto: REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por Eduardo Enrique Salgado Herrera contra el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor Eduardo Enrique Salgado Herrera.
Quinto: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla el veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor Eduardo Enrique Salgado Herrera contra el Instituto de Seguros Sociales. Sexto: ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, proferir una nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor Eduardo Enrique Salgado Herrera, en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia.
Séptimo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase. ALEXEI JULIO ESTRADA
Secretaria General Febrero 17, 2015

References: Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 53
 resolución 
 artículo 53
 artículo 36