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Timestamp: 2018-03-19 07:00:07+00:00

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DR. GUSTAVO ARAMBURU: abril 2011
DESPIDO FUNDADO EN LA DISCRIMINACION - PRUEBA
En la causa “R. R. M. A. c/ B. H. S.A. s/ despido”, el actor inició la demanda contra B.H. S.A. en procura del cobro de unas sumas de dinero a las que se consideraba acreedor en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.
El actor explicó que la demandada lo había despedido por haber abierto una caja de ahorro a favor de su hermana menor de edad, señalando el actor que si bien ello no se encuentra permitido por la normativa, era usual que lo hicieran todos los empleados, debiendo para ello modificar la fecha de nacimiento.
El actor sostuvo que tal argumento fue una excusa de la empleadora para despedirlo, señalando que en realidad su despido se debió a que había informado a sus compañeros sobre su condición sexual y que era portador de HIV.
La sentencia de primera instancia consideró que el despido resultó legítimo, siendo tal decisión apelada por el actor.
La Sala VII señaló al analizar el presente caso que “la demandada tuvo a su cargo la prueba de los extremos denunciados como causa del despido: esto es que el actor violó la normativa del Banco al abrir una caja de ahorros a favor de su hermana –menor de edad- hecho gravísimo que impedía la continuidad del vínculo”.
Teniendo en cuenta los dichos de los testigos propuestos por la parte actora, en cuanto a que era frecuente hacerlo, engañando al sistema, los camaristas consideraron que tales declaraciones “constituyen prueba testifical idónea de que, si bien se encontraba prohibido por la normativa bancaria, en realidad había como un virtual consentimiento por parte de la empleadora de que se abrieran cajas de ahorro en las condiciones descriptas, por lo que no parece ajustado a derecho despedir al actor por esa misma causa”.
Los jueces entendieron que en realidad el actor “fue despedido por su condición sexual y por su enfermedad, es decir que se trató de un despido discriminatorio”.
Según los camaristas “procesalmente deberá tenerse en cuenta la existencia de indicios que puedan conducir a los hechos o al hecho que hay que acreditar”, agregando que “los indicios son indicadores o conductores que en el marco de pequeñas acciones guían a los hechos sometidos a prueba”.
Tras resaltar que “existen en autos más que indicios de la discriminación”, los magistrados determinaron que “como consecuencia de la existencia de esos indicios antes indicados corresponde la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, denominado así por la doctrina procesal moderna”, el cual se expresa “a través de un conjunto de reglas excepcionales de distribución de la carga de la prueba, que hace desplazar el onus probandi del actor al demandado, o viceversa según el caso apartándose de las reglas usuales para hacerlo recaer sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva”.
En la sentencia del 31 de marzo pasado, los camaristas concluyeron que en el caso bajo análisis, “la dificultad del tema en estudio hace que la demandada estuviera en mejor posición para demostrar que no hubo discriminación, a pesar de los indicios”, por lo que ella ”debió demostrar que el despido del actor, no obedeció a su condición sexual y a su enfermedad”, ya que quedó descartada la causal relativa a la apertura de una cuenta a favor de una persona menor de edad.
Al determinar que la demandada no logró demostrar que no discriminó al actor, los jueces estimaron que el actor resulta acreedor de todas las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo para el despido incausado, más una indemnización por daño moral con fundamento en el artículo 1º de la ley 23.592 fijada en 60 mil pesos.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:49 No hay comentarios:
Al hacer lugar a una demanda por cobro de diferencias remuneratorias fundadas en la discriminación salarial originada en la categorización, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sostuvo que si bien no puede privarse al empleador de su derecho de premiar a quienes revelen méritos para ello, ello no puede llegar hasta el límite de caer en la arbitrariedad.
La actora apeló la sentencia de primera instancia que rechazó su reclamo tendiente al cobro de diferencias remuneratorias, basado en una supuesta discriminación salarial originada en la categorización dispuesta por la demandada, y a la que calificó como arbitraria.
En la causa “Alvarez Maria cristina c/ Telam S.E. s/ despido”, la empresa demandada había aprobado en el año 1994 una nueva estructura escalafonaria, en la que se previó la existencia de distintos tramos dentro de una misma categoría, y en encuadramiento de cada empleado dentro, a su vez, de cada tramo, se realiza teniendo en cuenta las efectivas funciones y responsabilidades.
Al actor, quien se desempeñaba bajo las órdenes de la demandada desde 2003, se le asignó en el año 2003 la categoría de jefe de sección “B” dentro de la gerencia periodística de coordinación operativa, pero sostiene que le corresponde la calificación de jefe de sección “A”, ya que todos cumplen idénticas funciones pero no se les abona el mismo salario, en función de esa subdivisión impuesta por la empresa dentro de cada categoría escalafonaria, por lo que fundamenta su petición en lo normado en el art.81 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los jueces de la Sala I remarcaron en primer lugar que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes son iguales ante la ley”, y el artículo 14 bis consagra el principio de igual remuneración por igual tarea, mientras que el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que “el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones”.
Los camaristas remarcaron que si bien ello quedo librado a la prudente discrecionalidad del empleador, esto “no puede llegar hasta el límite de caer en la arbitrariedad, ya que el poder de dirección debe ser ejercido conforme a los principios de buena fe, diligencia y solidaridad”.
Según entendieron los jueces, en el presente caso “la demandada no explicó ni acreditó cuáles serían, a su entender, los fundamentos por los cuales la empleada fue incluida en la subcategoría "B" de la categoría que ostentaba, en lugar de la "A", a la cual le corresponde un salario básico superior, siendo que las tareas de una y otra clasificación eran las mismas”.
En la sentencia del 4 de marzo pasado, los jueces concluyeron que “ha mediado un obrar arbitrario, calificándoselo como tal frente a la orfandad de explicaciones, razones o fundamentos que la llevaron a remunerar a la actora sin razones objetivas, por debajo de otros trabajadores que cumplían la misma tarea”, a la vez que la demandada “no demostró el fundamento objetivo que la llevó a encuadrar a la actora en la subcategoría cuestionada”.
Consideran Delito Federal la Violación de un Correo Electrónico
La Sala IV de la Cámara del Crimen porteña resolvió que la violación de un correo electrónico es un delito de competencia federal, al considerar que “el presunto acceso ilegítimo a una cuenta de correo electrónico podría configurar una violación de correspondencia, cuestión de exclusiva competencia del fuero de excepción”.
Al resolver un conflicto de competencia entre los titulares de los Juzgados de Instrucción Nº 37 y Federal Nº 12, la Cámara del Crimen sostuvo que según la legislación y la jurisprudencia vigentes, un correo electrónico resulta equivalente a una carta enviada por el correo convencional.
En el marco de la causa “N.N. Dam. G., S. D. s/ competencia”, una persona había denunciado que desconocidos habrían accedido ilegítimamente a su casilla de email, cambiando su contraseña particular y eliminando archivos personales.
El Juzgado de Instrucción Nº 37 había declinado el conocimiento del sumario a favor del fuero de excepción por entender que la reforma introducida al art. 153 del Código Penal de la Nación ha equiparado la violación del correo electrónico a la de correspondencia tradicional, lo cual no fue aceptado por el Juzgado Federal Nº 12, quien consideró que no se advertía en el presente caso la vulneración de normas federales ya que se trataba de un conflicto entre dos personas físicas.
En la sentencia del 23 de octubre de 2010, los camaristas concluyeron que “es la Justicia de excepción quien deberá continuar a cargo de la investigación pues, luego de la reforma introducida por la Ley 26.388, sancionada con anterioridad al evento estudiado, ninguna duda cabe que efectivamente ha quedado comprendida esa conducta en la norma citada”.
VIOLENCIA DE GENERO PRISION EFECTIVA
Procede Despido Indirecto Ante Falta de Ingreso de los Fondos de Seguridad Social por Parte del Empleador
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró ajustado a derecho el despido indirecto en que se colocó el trabajador a raíz de la falta de ingresos de los fondos de la seguridad social por parte del empleador, al considerar que ello configura una obligación contractual.
En la causa “Martinez, Walter Agustín c/ Carvalsa Sociedad de Hecho y otros s/ despido”, la sentencia de primera instancia había considerado ajustado a derecho el despido indirecto en que se colocó el trabajador como consecuencia del incumplimiento de la obligación por parte del empleador de ingresar los fondos de seguridad social.
Ante la apelación de los demandados, los jueces de la Sala VII explicaron que “la obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configura una obligación contractual (artículo 80 LCT)”.
En tal sentido, los magistrados explicaron que si bien dicha Sala había realizado una distinción razonable “para el juzgamiento en cada caso de la procedencia de despidos indirectos fundados en la omisión de depositar los aportes y contribuciones, cuando el empleador se ha acogido a regímenes de regularización, moratorias y afines”, en el presente caso, los apelantes no habían indicado ni probado que esto hubiese ocurrido con anterioridad a la denuncia del contrato por el trabajador para excluir la existencia de injuria.
En tal sentido, los magistrados remarcaron que el juez de primera instancia “puso en evidencia que la empledora, ante la intimación del actor, no brindó explicación y que, además, la firma no depositaba los aportes con destino a la seguridad social desde noviembre de 2006, fecha que surgía de los propios recibos de haberes, incumplimiento que al momento del despido subsistía”.
Tras resaltar que “medió violación del deber de ingresar íntegra y oportunamente los fondos en cuestión”, en la sentencia del 15 de febrero pasado, los jueces resolvieron confirmar el pronunciamiento apelado a la vez que condenaron a la empleadora al pago del incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2 de la Ley Nacional 25.323.
PROYECTO DE ELEVACION DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
Con el fin de incrementar las indemnizaciones en los casos de despido sin justa causa dispuesto por el empleador o de despido indirecto, en la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley que busca elevar el tope salarial para realizar el cálculo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y la base de cálculo de la indemnización por despido.
La iniciativa presentada por el diputado oficialista Edgardo Llanos pretende convertir en ley el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Vizotti c/ AMSA s/despido”, en la que el Máximo Tribunal determinó la inconstitucionalidad del tope establecido en el artículo 245, al considerar en dicho caso, que resultaba confiscatorio debido a la gran diferencia entre el tope de convenio y lo que realmente ganaba el empleado.
El proyecto pretende que el artículo 245 de la ley 20.744 establece que “en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo mediado o no preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”.
A su vez, el artículo establecería que “dicha base no podrá exceder el equivalente de cinco veces el importe mensual del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas de cada Convenio Colectivo de Trabajo”.
Resaltan Cuándo Corresponde Restringir el Acceso del Padre al Contacto con su Hijos
Al rechazar un pedido de la madre quien solicitaba que fueran sus hijas las que pudieran decidir estar o no con su padre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que el derecho del padre a tener contacto con sus hijas es amplio, y sólo corresponde su restricción cuando medien causas de extrema gravedad que pongan en peligro la salud o la seguridad de las niñas.
En los autos caratulados “V. L. M. D. R. y P. F. M. s/ divorcio art. 215 CCiv.”, la resolución de primera instancia que homologó lo convenido por las partes sobre el régimen de visitas fue apelada por la Sra. M. d R. V. de L., quien sostuvo que dicha sentencia, en aras de respetar el derecho y deber del progenitor, no contempló el derecho que le asiste a las niñas de ser oídas, ni a que sea considerada su opinión al momento de arribar a una resolución que las afecte.
En tal sentido, la recurrente propicia la revocatoria en ese sentido, con el fin de que se les permita decidir estar o no con su padre para evitar situaciones de fuerza que aprecia como inevitables.
Los jueces de la Sala G confirmaron el pronunciamiento apelado al considerar que el criterio adoptado en la instancia anterior “se orienta a evitar que por el solo arbitrio -vgr.simple oposición o antojo- pueda verse frustrado el derecho del padre a mantener contacto con las hijas, a la vez de sortear eventuales obstáculos que puedan -de manera infundada- oponerse a la fluidez de los encuentros”.
Los magistrados resaltaron que “el derecho del padre al contacto con su descendencia es amplio, y sólo corresponde que se restrinja cuando medien causas de extrema gravedad que pongan en peligro la salud -física o moral- o la seguridad de las niñas”.
En la sentencia del 5 de noviembre pasado, los magistrados remarcaron que “en la especie no se halla en juego el derecho de las niñas a ser oídas, ni a que se tenga en cuenta su voluntad (art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño), pues en la medida que se trata de circunstancias -vgr. la negativa de las niñas a ver a su padre- aún no acontecidas, no ameritan su consideración a priori”.
Al confirmar la resolución apelada, los camaristas aclararon que “frente la existencia de causas que lo justifiquen y ante el requerimiento de la parte interesada, podrán adoptarse las medidas del caso, ya sea en punto la modalidad que quepa implementar o su conveniencia”.

References: artículo 1
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 81
 artículo 2
 artículo 245
 artículo 245
 artículo 245
 resolución 
 resolución 
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