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Timestamp: 2019-10-20 22:25:15+00:00

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﻿ SENTENCIA C-529 DE JULIO 3 DE 2003
SENTENCIA C-529 DE 03 DE JULIO DE 2003
CONTENIDO:LA PROHIBICIÓN DE LUCES EXPLORADORAS TRASERAS. LA EXCLUSIÓN DE LAS ZONAS RURALES DE LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ESAS DEFENSAS RÍGIDAS ES INCONSTITUCIONAL, SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "POR LAS VÍAS URBANAS" Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 30 Y EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 769 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:TERRENO BALDÍO RURAL, RESTRICCIONES PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PARTICULAR
Sentencia C-529 de julio 3 de 2003
SENTENCIA C-529 DE 2003
Ref.: Expediente D-4362
Actores: Édgar Henry Ortiz Ricaurte y Yelinda Rincón.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 30 (parcial) y 86 (parcial) de la Ley 769 de 2002.
Bogotá, D.C., julio tres de dos mil tres.
EXTRACTOS: «II.Del texto objeto de revisión
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.893, y se resalta el aparte acusado:
“LEY NÚMERO 769 DE 2002
PAR.—Ningún vehículo podrá circular por las vías urbanas, portando defensas rígidas diferentes de las instaladas originalmente por el fabricante.
PAR.—Ningún vehículo podrá portar luces exploradoras en la parte posterior”.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los parágrafos de los artículos 30 y 86 de la Ley 769 de 2002, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de una ley de la República.
Un asunto procesal previo: posible inhibición frente al parágrafo del artículo 86, por ausencia de cargo.
2. La vista fiscal y una de las intervinientes solicitan a la Corte que se inhiba de conocer de la demanda contra el parágrafo del artículo 86 de la Ley 769 de 2002, por ausencia de cargo. Comienza pues la Corte por examinar esa solicitud.
3. A pesar de que la acción de inconstitucionalidad es pública e informal, el demandante tiene unas cargas mínimas que cumplir para que pueda adelantarse el control constitucional ejercido por esta Corte. En particular, es deber del ciudadano formular un cargo concreto de naturaleza constitucional contra la disposición acusada (1) . Por consiguiente, si el actor se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de lo motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, la demanda es inepta, pues la falta de concreción del cargo impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
(1) Al respecto ver la Sentencia C-447 de 1997. En el mismo sentido Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico 1.4, C-24 de 1994, Fundamento Jurídico 9.1.c, C-509 de 1996 y C-236 de 1997.
Esta Corte ha señalado entonces que sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes (2) . Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
(2) Ver Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento 3.4.2. En el mismo sentido ver Sentencia C-1256 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
4. En tal contexto, aunque la Corte coincide con la vista fiscal y la interviniente en que la demanda adolece de defectos técnicos, sin embargo es posible señalar un cargo básico, y es que los actores consideran que la prohibición de portar luces exploradoras en la parte posterior de los vehículos afecta la seguridad y el derecho a la vida de las personas, ya que con dichas luces podrían gozar de mejor visibilidad. Además, los demandantes consideran que esa restricción vulnera el libre desarrollo de la personalidad, pues impide que quien así lo desee, incorpore a su vehículo dichas luces exploradoras. Por ello, y a pesar de los defectos de la demanda, la Corte considera que los actores sustentaron un cargo básico contra las disposiciones acusados. Esta corporación se pronunciará entonces de fondo, aplicando el principio pro actione, según el cual el examen que se haga de las demandas de inconstitucionalidad debe favorecer el ejercicio de esta acción pública por los ciudadanos, y por ello no puede ser tan exigente que llegue al punto de enervar la efectividad de este derecho político (3) .
(3) Sobre el alcance del principio pro actione en los procesos de constitucionalidad, ver, entre otras, las Sentencia C-228 de 2002, C-155 de 2002 y C-1052 de 2001, C-896 de 2001 y C-538 de 1994.
5. Las disposiciones acusadas establecen limitaciones a ciertos equipos que pueden llevar los automóviles. Una de ellas señala que en las vías urbanas, ningún vehículo puede circular portando defensas rígidas diferentes de las instaladas originalmente por el fabricante, mientras que la otra prohíbe que los automotores porten luces exploradoras en la parte posterior. Según los actores, esas prohibiciones vulneran el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de movimiento, pues impiden que las personas coloquen ciertos dispositivos de seguridad en sus autos. Y en esa medida, según su parecer, dichas interdicciones afectan el derecho a la vida, pues protegen únicamente a los peatones, y no a los ocupantes de los vehículos, y terminan siendo discriminatorias, pues establecen distinciones injustificadas entre la circulación urbana y la rural.
Por el contrario, los intervinientes y la vista fiscal consideran que las prohibiciones acusadas se ajustan a la Carta, pues constituyen un ejercicio legítimo de la facultad del legislador de regular el tránsito, con el fin de salvaguardar los derechos de las personas, ya que el desplazamiento en vehículos automotores configura una actividad peligrosa. Además, según su parecer, la diferente regulación en zonas rurales y urbanas se encuentra plenamente justificada, debido a las características diversas de ambas zonas, en términos de densidad poblacional y circulación de automotores.
6. Conforme a lo anterior, el problema constitucional que suscita la presente demanda es entonces si las prohibiciones previstas por las disposiciones acusadas son discriminatorias o vulneran el derecho a la vida, o la libertad de circulación, o el libre desarrollo de la personalidad. Para resolver ese interrogante, la Corte comenzará por recordar algunos criterios básicos sobre la facultad reguladora que tiene el legislador sobre el transporte y la circulación automotriz, para luego estudiar si las prohibiciones impugnadas son proporcionadas y razonables.
Tránsito terrestre, derechos constitucionales y poder de policía
7. El tránsito automotor es una actividad que es trascendental en las sociedades contemporáneas pues juega un papel muy importante en el desarrollo social y económico, y en la realización de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la libertad de movimiento y circulación (C.P., art. 24) se encuentra ligada al transporte automotor, y el desarrollo económico depende también, en gran medida, de la existencia de medios adecuados de transporte terrestre. Sin embargo, la actividad transportadora terrestre implica también riesgos importantes, por cuanto los adelantos técnicos permiten que los desplazamientos se realicen a velocidades importantes, con vehículos que son potentes y pueden afectar gravemente la integridad de las personas. Por todo lo anterior, “resulta indispensable no sólo potenciar la eficacia de los modos de transporte sino garantizar su seguridad (4)” , lo cual supone una regulación rigurosa del tráfico automotor. Ha dicho al respecto esta corporación:
(4) Ver, entre otras, la Sentencia C-66 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y Fabio Morón Díaz. Fundamento 4.
“El tránsito automotriz está rodeado de riesgos. No en vano se ha establecido que la conducción de vehículos constituye una actividad de peligro. Así mismo, los accidentes de tránsito representan una causa importante de mortalidad y de daños en las sociedades modernas. Por consiguiente, el Estado tiene la obligación de regular la circulación por las carreteras, de manera tal que se pueda garantizar, en la medida de lo posible, un tránsito libre de peligros, que no genere riesgos para la vida e integridad de las personas. Con este propósito, se han expedido normas e instituido autoridades encargadas de su ejecución” (5) .
(5) Sentencia T-258 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 7. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias T-287 de 1996, C-309 de 1997 y C-66 de 1999.
8. La importancia y el carácter riesgoso del tránsito vehicular justifican entonces que esta actividad pueda ser regulada de manera intensa por el legislador, quien puede señalar reglas y requisitos destinados a salvaguardar la vida e integridad de las personas, así como a proteger los bienes y propiedades. Por ello esta Corte ha resaltado que el tránsito es una actividad “frente a la cual se ha considerado legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de garantizar el orden y proteger los derechos de las personas” (6) . El control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito debe entonces ser dúctil, a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración y de las facultades del legislador para regular el tránsito, debido a su carácter riesgoso. Con esos criterios entra entonces la Corte a estudiar los cargos contra los parágrafos acusados.
La prohibición de las defensas rígidas en zonas urbanas, la protección de derechos de terceros, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad.
9. El parágrafo del artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Terrestre establece que “ningún vehículo podrá circular por las vías urbanas, portando defensas rígidas diferentes de las instaladas originalmente por el fabricante”. Esta prohibición, como bien lo indican varios intervinientes y la vista fiscal, tiene un propósito protector evidente, puesto que esas estructuras rígidas pueden tener, en caso de que ocurra una colisión, efectos muy graves sobre la integridad física de terceros, trátese de peatones, o de los ocupantes de otros automotores. Y es que, como lo señala una de las intervinientes, esos aditamentos hacen que las fuerzas de una eventual colisión sean transmitidas en forma más directa a los cuerpos de los ocupantes del otro automotor ya que se anula el poder absorbente de fuerzas que tiene el conjunto delantero de los vehículos, cuyo diseño en fábrica busca amortiguar parcialmente los efectos de una colisión. Las defensas rígidas incrementan entonces notablemente los riesgos de un accidente de tránsito.
Esta consideración aparece clara en los debates legislativos. Así, la prohibición de las defensas rígidas fue introducida por la ponencia para primer debate en el Senado de la República. La ponencia señaló que se había incorporado ese parágrafo que prohíbe las defensas rígidas, “en razón a que el Instituto de Medicina Legal ha realizado investigaciones, entre ellas en 1997, sobre 1.030 casos, en la que se concluyó que el efecto de las estructuras rígidas es mortal” (7) .
(7) Ver ponencia para primer debate de los proyectos acumulados sobre Código Nacional de Tránsito Terrestre en Gaceta del Congreso 224 de 2000, pág. 5.
10. Esta breve descripción es suficiente para concluir que la prohibición acusada pretende reducir los riesgos de los accidentes de vehículos y proteger así la seguridad y los derechos de terceros, con base en consideraciones empíricas razonables, por lo que es un desarrollo legítimo de la libertad de configuración del legislador en materia de regulación del tránsito. Y esto es suficiente para desestimar los cargos del actor en contra de dicha prohibición.
11. Así, esa prohibición no vulnera el derecho a la seguridad de los ocupantes de los vehículos que desean tener esas defensas rígidas, pues la protección de la integridad personal propia no puede realizarse utilizando dispositivos que ponen en riesgo la seguridad y la integridad personal de otros. Por ello bien puede la ley prohibir el uso de ciertos dispositivos de seguridad, si dichos mecanismos implican a su vez amenazas para terceros. Y tal sucede precisamente con el empleo de las defensas rígidas, ya que éstas agravan los peligros de las colisiones, por lo que bien podía la ley prohibir su uso.
12. De otro lado, y directamente ligado a lo anterior, esa prohibición tampoco vulnera el libre desarrollo de la personalidad, puesto que ese derecho encuentra su límite en los derechos ajenos (C.P., art. 16). Por ello nadie puede invocar el respeto a su autonomía y a su libre desarrollo de la personalidad para realizar comportamientos que afecten o pongan en riesgo los derechos de los otros.
13. En ese mismo contexto, la prohibición acusada tampoco desconoce la libertad de movimiento. Así, es cierto que todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional (C.P., art. 24) pero también la ley puede establecer limitaciones razonables y proporcionadas, a fin de salvaguardar intereses y valores superiores. Y eso es precisamente lo que hace el parágrafo acusado, al prohibir el empleo en las zonas urbanas de un dispositivo que incrementa los riesgos para las otras personas.
14. La Corte concluye entonces que los cargos de la demanda sobre vulneración del derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad o a la libertad de movimiento carecen de sustento. Entra pues esta corporación a examinar si la prohibición acusada vulnera o no la igualdad, al prever que ésta no se aplica a las defensas instaladas originalmente por el fabricante ni en las zonas rurales.
Las defensas originales y la posible vulneración de la igualdad
15. La Corte considera que la ley podía diferenciar entre si esos dispositivos habían o no sido colocados originariamente por el constructor del carro, por la sencilla razón de que, como bien lo señala una de las intervinientes, las defensas rígidas instaladas por personas o talleres distintos del fabricante no obedecen a ningún diseño previo que haya considerado factores de seguridad, mientras que la producción de los vehículos por las correspondientes fábricas tienen la obligación de tomar en consideración esas exigencias de seguridad y de eventual afectación de derechos de terceros. Por ello esa diferenciación es en principio legítima pues es una distinción proporcionada, que persigue un propósito legítimo, dentro de la amplia libertad de configuración que tiene el legislador en este campo.
16. Con todo, aunque en general la instalación de esas defensas por empresas distintas a las fábricas originarias no garantiza usualmente las especificaciones de seguridad que eviten el agravamiento de las colisiones, existen sin embargo empresas idóneas que fabrican esos implementos con las especificaciones técnicas requeridas. En tal caso, la diferenciación entre las defensas rígidas originales y aquellas elaboradas técnicamente con las mismas especificaciones del fabricante originario pierde su sentido, pues no asegura una mayor protección de la vida y seguridad de las personas. Por ello, la Corte condicionará la constitucionalidad de la prohibición acusada, y precisará que esas defensas pueden ser reemplazadas por otras que sean técnicamente similares a las originales.
La irrazonabilidad de la distinción entre zonas rurales y urbanas
17. La interdicción demandada regula de manera distinta las zonas urbanas y las rurales, puesto que establece que los vehículos no pueden circular con las defensas rígidas en las zonas urbanas, por lo cual se entiende que, contrario sensu, podrían hacerlo en zonas rurales. Según los demandantes, esa distinción es discriminatoria, pues no existe una razón clara para regular de manera distinta la prohibición del uso de esas defensas rígidas en zonas rurales y urbanas. Por el contrario, la vista fiscal y varios intervinientes consideran que esa regulación diversa se ajusta a la Carta, por cuanto existen obvias diferencias entre las zonas rurales y urbanas en materia de tránsito automotor. Entra pues la Corte a examinar la razonabilidad del trato distinto establecido por el parágrafo acusado.
18. En principio esa diferenciación parece razonable pues, como bien lo señalan varios intervinientes y la vista fiscal, la situación en materia de tránsito entre las zonas rurales y urbanas es diverso. Así, las zonas urbanas suelen ser más pobladas y tienen más tránsito vehicular, por lo cual son más altas las probabilidades de una colisión, que destruya bienes o ponga en riesgo a los peatones o a los ocupantes de otros automotores. Por el contrario, las zonas rurales tienen las características inversas, esto es tienen menos densidad poblacional y el tránsito de vehículos es menor, por lo cual es menos probable que existan accidentes entre automotores o que se atropelle a un peatón. En cambio, en esas zonas rurales es posible que el vehículo tropiece con semovientes u otros obstáculos semejantes. En tales circunstancias, parece razonable que el legislador, dentro de su libertad de configuración, prohíba el uso de las defensas rígidas únicamente en las zonas urbanas, puesto que estas zonas tienen mayor densidad poblacional y vehicular, lo cual incrementa el riesgo de accidentalidad. En cambio, en las zonas rurales, el empleo de esas defensas rígidas presenta menos peligros y brinda protección en caso de colisión con árboles caídos, semovientes o similares. La distinción entre zonas urbanas y rurales parece entonces estar justificada.
19. A pesar de lo anterior, la Corte considera que la exclusión de las zonas rurales de la prohibición de portar esas defensas rígidas es inconstitucional, pues resulta irrazonable, por afectar desproporcionadamente la vida y seguridad de los habitantes de esas zonas frente a los riesgos del tráfico automotor. Y la razón es la siguiente: el Estado tiene el deber de proteger la vida y seguridad de todos los habitantes del territorio colombiano, y en todas las porciones del territorio nacional (C.P., arts. 1º, 2º, 11 y 13). En desarrollo de ese mandato constitucional, es indudable que el Congreso puede o no prohibir ciertos dispositivos mecánicos en el tránsito automotor, pues dichas regulaciones hacen parte, dentro de ciertos límites, de la libertad de configuración del legislador en ese ámbito. Sin embargo, si el Congreso determina que el uso de un determinado dispositivo debe ser prohibido en el tráfico automotor, por cuanto pone desproporcionadamente en peligro la vida y seguridad de los peatones o de los ocupantes de otros vehículos, entonces en principio debe asegurar esa misma protección a todos las habitantes del territorio colombiano. Y es que si el Congreso juzga que esa interdicción es necesaria para proteger derechos de especial entidad, como la vida y la integridad individual, entonces la exclusión de cualquier sector poblacional de esa protección legislativa requiere una especial y rigurosa justificación, pues las autoridades tienen el deber de amparar igualitariamente la vida e integridad de las personas (C.P., arts. 1º, 2º, 11 y 13).
Ahora bien, en el presente caso, el Congreso concluyó que era necesario prohibir las defensas rígidas, debido a sus efectos mortales en múltiples accidentes. Y si bien es indudable que existen entre las zonas urbanas y rurales diferencias importantes en materia de tránsito automotor, como las señaladas en el fundamento anterior de esta sentencia, no encuentra la Corte que los debates legislativos, o las intervenciones en el presente proceso, muestren una justificación clara y evidente de la necesidad de excluir a las zonas rurales de esa prohibición. En tales condiciones, dicha exclusión, se torna inconstitucional al discriminar a las poblaciones rurales de la protección que quiso brindar el legislador al establecer la prohibición del uso de esas defensas rígidas. La expresión “por las vías urbanas” del parágrafo acusado del artículo 30 de la Ley 769 de 2002 será entonces declarada inexequible.
La constitucionalidad de la prohibición de las luces exploradoras traseras.
20. Por su parte, el parágrafo del artículo 86 de la Ley 769 de 2002 establece que ningún vehículo podrá portar luces exploradoras en la parte posterior. Como bien lo explican los intervinientes y la vista fiscal, las luces exploradoras o antitinieblas son dispositivos de alumbrado muy potentes y de gran alcance, que facilitan la visibilidad en zonas de niebla densa o en condiciones adversas de visibilidad. En esas circunstancias, la prohibición de portar esas luces en la parte posterior de los vehículos aparece claramente como un instrumento para reducir riesgos. Así, esa interdicción pretende evitar accidentes debido al encandilamiento que pueden ocasionar dichas luces al conductor del vehículo que transita detrás del automotor que porta ese aditamento. Y dicha prohibición, a su vez, no afecta la seguridad de los vehículos, pues el empleo de luces exploradoras en la parte posterior de los automotores no incrementa la visibilidad ni cumple ninguna finalidad clara.
21. La Corte concluye entonces que, al igual que la otra disposición acusada, la prohibición de las luces exploradoras traseras pretende también reducir los riesgos del tránsito, por lo que, es un desarrollo legítimo de la libertad de configuración del legislador en esta materia. Y esta consideración es suficiente para desestimar los otros cargos de la demanda pues, por razones semejantes a las señaladas en los fundamentos 11, 12 y 13 de esta sentencia, esta prohibición no vulnera la seguridad de las personas, ni el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni la libertad de movimiento. El parágrafo acusado será entonces declarado exequible.
1. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo acusado del artículo 30 de la Ley 769 de 2002, en el entendido que esas defensas pueden ser reemplazadas por otras que sean técnicamente similares a las originales, salvo la expresión “por las vías urbanas”, que se declara INEXEQUIBLE.
2. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo acusado del artículo 86 de la Ley 769 de 2002.

References: ARTÍCULO 30
 ARTÍCULO 86
 artículo 241
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 86
 artículo 30
 artículo 86