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Timestamp: 2013-05-21 08:43:15+00:00

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INFORME DE FEBRERO DE 2010 PARA LA OFICINA NOTARIAL.
www.notariosyregistradores.com INFORME DE FEBRERO DE 2010 PARA LA OFICINA NOTARIAL
RESUMEN DE LA PAGINA PRINCIPAL DEL MES DE FEBRERO
� Arag�n, Voluntades Anticipadas
� Arag�n Promoci�n Lenguas propias de Arag�n
� Prevenci�n Riesgos Laborales
� Arag�n Medidas Tributarias
� Navarra, Medidas Tributarias
� Normas Forales Fiscales
� Galicia, Cajas de Ahorro.
� Procedimiento Administrativo
� TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
� Recurso Inconstitucionalidad respecto de recursos contra calificaci�n de Registradores
� Recurso Inconstitucionalidad Ley Cajas de Ahorro de Galicia
� Aplazada Demarcaci�n Registral en Catalu�a RESOLUCIONES PROPIEDAD � ON no precisa licencia primera ocupaci�n
� Normativa aplicable a ON, no necesidad licencia primera ocupaci�n
� Licencia no certificada por Secretario, diferencia entre superficie construida y computable.
CASOS PR�CTICOS SEMINARIOS BILBAO
� Base Fiscal en ON
� Retracto en adjudicaci�n tras subasta desierta
� Cancelaci�n carga de alimentos.
� Afecci�n a liquidaci�n cuenta de urbanizaci�n.
� JURISPRUDENCIA FISCAL
� IRPF deducci�n gastos de adquisici�n de vivienda
� IAJD renuncia aplazamiento cuotas en subrogaci�n
� Renuncia exige NIE o NIF
� Aportaci�n a gananciales con dinero ganancial � NOTAS DE INTER�S PARA LA OFICINA NOTARIAL.
� Antonio Ripoll Soler: "Hacia un Derecho Civil Valenciano" � ALGO M�S QUE DERECHO
� Marco Tulio Cicer�n, Catilinarias.
ARAG�N. Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Ley
6/2002, de 15 de abril, de Salud de Arag�n, en lo relativo a voluntades anticipadas. La declaraci�n podr� hacerse ante notario o, sino, deber� de realizarse ante dos testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales, uno no puede tener relaci�n de parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculado por relaci�n patrimonial con el otorgante. PDF (BOE-A-2010-1709 - 2 p�gs. - 167 KB) Otros formatos
ARAG�N. Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protecci�n y promoci�n de las lenguas propias de Arag�n. El castellano es la lengua oficial en Arag�n. Junto con ella, el aragon�s y el catal�n son lenguas propias originales e hist�ricas de Arag�n. Los instrumentos notariales podr�n redactarse en cualquiera de las lenguas propias o modalidades ling��sticas de Arag�n en los supuestos y con las condiciones previstas en la legislaci�n civil aplicable (art. 32).
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PREVENCI�N DE RIESGOS LABORALES. Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptaci�n de la legislaci�n de Prevenci�n de Riesgos Laborales a la Administraci�n General del Estado.
PDF (BOE-A-2010-2161 - 13 p�gs. - 260 KB) Otros formatos
ARAG�N. Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Aut�noma de Arag�n. ITPYAJD. Se modifican los arts 121 y 122 del
Texto Refundido en materia de Tributos Cedidos:
- Bonificaci�n de la cuota tributaria en los arrendamientos de determinadas fincas urbanas. En los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda del sujeto pasivo, siempre que la renta anual satisfecha no sea superior a 9.000 euros, se aplicar� una bonificaci�n del 100 por 100 sobre la cuota tributaria. Los contribuyentes no tendr�n obligaci�n de formalizar ni de presentar la correspondiente autoliquidaci�n.
- Bonificaci�n de la cuota tributaria en la cesi�n de derechos sobre viviendas de protecci�n oficial.
La cesi�n total o parcial a un tercero de los derechos sobre una vivienda de protecci�n oficial en construcci�n, antes de la calificaci�n definitiva, tendr� una bonificaci�n del 100 por 100 por el concepto �transmisiones patrimoniales onerosas�.
- Bonificaci�n de la cuota tributaria en determinadas operaciones de modificaci�n de pr�stamos y cr�ditos hipotecarios. Las primeras copias de escrituras que documenten la modificaci�n del m�todo o sistema de amortizaci�n y cualesquiera otras condiciones financieras de los pr�stamos y cr�ditos hipotecarios a que se refiere el apartado IV) del punto 2 del art�culo 4 de la
Ley 2/1994, de 30 de marzo.
ISD. Se modifica el art 132 del
Texto Refundido en materia de Tributos Cedidos, a�adiendo dos p�rrafos:
- Cuando la donaci�n se efect�e como consecuencia de un proceso de separaci�n o divorcio, no ser� necesaria su formalizaci�n en escritura p�blica, siempre que conste en el convenio regulador aprobado judicialmente, que deber� presentarse junto a la correspondiente autoliquidaci�n. - En los contratos de seguros sobre la vida, en los que el titular efect�a aportaciones a favor del c�nyuge o de los hijos, ser� suficiente la presentaci�n de la p�liza o documento contractual de cobertura del riesgo.
Reclamaciones tributarias. Se modifica la Ley
1/1998, de 16 de febrero, sobre Reclamaciones Tributarias en la Comunidad Aut�noma de Arag�n.
Anexos. Se incluyen 5 anexos, de los que cabe destacar los siguientes:
- Anexo I. Texto actualizado de las disposiciones dictadas por la Comunidad Aut�noma de Arag�n en materia de Tributos Cedidos.
- Anexo IV. Texto actualizado de la Ley de Tasas y Precios P�blicos. - Anexo V. Texto actualizado de la Ley de Revisi�n administrativa en materia de Tributos propios y otros Recursos de Derecho p�blico.
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DESEMPLEO. Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la pr�rroga del programa temporal de protecci�n por desempleo e inserci�n, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. Se prorroga por seis meses, entre el d�a 16 de febrero de 2010 y el d�a 15 de agosto de 2010, ambos inclusive, la aplicaci�n de lo establecido en la Ley
14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protecci�n por desempleo e inserci�n, a los trabajadores en situaci�n de desempleo que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en dicha ley, y que, dentro del per�odo de pr�rroga antes indicado extingan por agotamiento la prestaci�n por desempleo de nivel contributivo, o los subsidios por desempleo.
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NAVARRA. Ley Foral 17/2009, de 23 de diciembre, de modificaci�n de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
- Se a�aden nuevas rentas exentas al art�culo 7, tales como las subvenciones p�blicas para la adquisici�n de veh�culos autom�viles, de ordenadores port�tiles, de aparatos de televisi�n, de electrodom�sticos y de descodificadores para la recepci�n de la televisi�n digital terrestre, as� como las ayudas p�blicas para la mejora del aislamiento t�rmico de viviendas y para la sustituci�n de sistemas de calefacci�n el�ctricos por calderas de alto rendimiento.
- Se incrementa el gravamen de las rentas del ahorro a partir de los 6.000 euros. Hasta esta cantidad el tipo seguir� en el 18 por 100 y desde los 6.000,01 euros en adelante el tipo de gravamen ser� del 21 por 100.
- Se modifica la
deducci�n por trabajo para suprimir la llamada �deducci�n de los 440 euros� para los trabajadores activos con rendimientos netos del trabajo superiores a 17.000 euros.
- Se disminuyen los tipos de gravamen a las peque�as empresas para los periodos impositivos que se inicien a partir de 2010. Si el importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo anterior fue inferior a nueve millones de euros, el tipo de gravamen desciende del 28 al 27 por 100. Si fue igual o inferior a un mill�n de euros, pasa del 23 al 20 por 100.
- Se incrementa en un 30 por 100 la deducci�n por creaci�n de empleo para los periodos impositivos que se inicien durante los a�os 2010 y 2011. Los sujetos pasivos beneficiados por esta medida ser�n los que tengan la consideraci�n de peque�a empresa (con importe neto de la cifra de negocios inferior a nueve millones de euros) y las personas f�sicas que realicen actividades empresariales o profesionales, determinen el rendimiento neto por estimaci�n directa y cumplan el mismo requisito en cuanto al importe neto de la cifra de negocios.
- Se regulan las nuevas infracciones y sanciones relacionadas con las operaciones entre personas o entidades vinculadas entre s�.
- En la exenci�n por reinversi�n, se reduce de diez a cinco a�os el plazo para que los elementos patrimoniales objeto de la reinversi�n permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones del sujeto pasivo, salvo autorizaci�n expresa del Departamento de Econom�a y Hacienda.
- Se establece una pr�rroga del plazo para materializar la inversi�n en cuanto a la exenci�n por reinversi�n o en cuanto a la Reserva Especial para Inversiones. En la disposici�n adicional segunda se establece que los sujetos podr�n efectuar dotaciones a la Reserva Especial para Inversiones con cargo a los beneficios obtenidos en los dos primeros ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2010.
- La disposici�n adicional primera establece los coeficientes de correcci�n monetaria respecto de los per�odos impositivos que se inicien durante el a�o 2010. ISD. Se introduce una nueva exenci�n en cuanto a la adquisici�n a t�tulo gratuito ��nter vivos� de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades.
ITPAJD. Entre otras medidas, se incorpora la exenci�n para los actos de emisi�n, transmisi�n, reembolso y cancelaci�n de las c�dulas, bonos y participaciones hipotecarias.
- Se introducen dos nuevos tipos de infracciones simples: - por una parte, la presentaci�n en formato papel de las declaraciones tributarias que deban hacerse obligatoriamente por v�a telem�tica; y, - por otra, el incumplimiento de la obligaci�n de suministrar datos o antecedentes relacionados con el cumplimiento de las propias obligaciones tributarias del sujeto pasivo.
- Se recoge una nueva infracci�n grave en el art�culo 68.c): solicitar indebidamente devoluciones tributarias mediante la omisi�n de datos relevantes o la inclusi�n de datos falsos en autoliquidaciones o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido. Catastro. Se da una nueva redacci�n al art�culo 34.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra (Ponencias de Valoraci�n).
PDF (BOE-A-2010-2630 - 29 p�gs. - 517 KB) Otros formatos
NORMAS FORALES FISCALES. Ley Org�nica 1/2010, de 19 de febrero, de modificaci�n de las leyes org�nicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Para justificar esta pol�mica Ley Org�nica -denominada coloquialmente como del 'blindaje' del Concierto vasco-, la Exposici�n de Motivos parte de la disposici�n adicional primera de la Constituci�n que ampara y respeta los derechos hist�ricos de los territorios forales.
El art�culo 3 del Estatuto de Autonom�a para el Pa�s Vasco reconoce a cada uno de los territorios hist�ricos la facultad de conservar y actualizar su organizaci�n e instituciones privativas de autogobierno. El propio Estatuto hace reserva expresa a los �rganos forales de un n�cleo competencial exclusivo (art�culo 37.2), en el que ni siquiera el Parlamento Vasco puede entrar. Dentro de este n�cleo est� el sistema fiscal, que es propio de cada uno de los territorios y se regula mediante el sistema foral tradicional del concierto econ�mico o convenios.
As� pues, las Juntas Generales de cada territorio son quienes tienen la competencia para establecer y regular los distintos tributos que nutren la hacienda foral, regulaci�n que realizan mediante la aprobaci�n de normas forales, que tienen naturaleza reglamentaria, ya que s�lo el Parlamento Vasco puede dictar normas con rango de ley.
Por su naturaleza meramente reglamentaria, eran recurribles ante los tribunales de la jurisdicci�n contencioso-administrativa, mientras que las normas fiscales del Estado, que tienen rango de ley, s�lo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional.
Se alega que existe una discriminaci�n respecto de Navarra en cuanto al sistema de recursos, cuando el fundamento constitucional de protecci�n de los derechos forales es el mismo (disp. Adicional primera). Tambi�n se observa que las normas forales reguladoras de los distintos impuestos concertados, o de los recargos, arbitrios y recursos provinciales que puedan establecerse sobre ellos,
no desarrollan ni complementan ley alguna, sino que suplen a las leyes estatales. De ah� se deduce que deben tener un r�gimen procesal de impugnaci�n equivalente al de aqu�llas.
Por otra parte, se interpreta que la protecci�n de los derechos hist�ricos de los territorios forales entra�a una cuesti�n constitucional, por lo que se intenta arbitrar una v�a de defensa legitimando a las instituciones forales para acudir al Tribunal Constitucional en los supuestos en que el legislador, estatal o auton�mico, invada sus competencias exclusivas. En consecuencia, se modifican:
- La Ley Org�nica del Poder Judicial, art. 9.4, precepto que define el �mbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el que incluye el conocimiento de �las disposiciones generales de rango inferior a ley�, lo que comprende las normas forales. Ahora a�ade esta excepci�n: �Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Hist�ricos de �lava, Guip�zcoa y Vizcaya, que corresponder�n, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los t�rminos establecidos por la disposici�n adicional quinta de su Ley Org�nica.
- La Ley Org�nica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a la que se a�ade una nueva disposici�n adicional quinta:
1. Corresponder� al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de �lava, Guip�zcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposici�n adicional primera de la Constituci�n y reconocidas en el art�culo 41.2.a) del Estatuto de Autonom�a para el Pa�s Vasco�
3. Las normas del Estado con rango de ley podr�n dar lugar al planteamiento de conflictos en defensa de la autonom�a foral de los Territorios Hist�ricos de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco, constitucional y estatutariamente garantizada.
Est�n legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Hist�ricos de �lava, Bizkaia y Gipuzkoa, mediante acuerdo adoptado al efecto��
- La Ley de la
Jurisdicci�n Contencioso Administrativa, art�culo 3, al que se a�ade una modalizaci�n a su alcance en cuanto a las Normas Forales fiscales (nueva letra d).
Conocer�n (los Tribunales del orden contencioso-administrativo) tambi�n de las pretensiones que se deduzcan en relaci�n con:�
�d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Hist�ricos de �lava, Guip�zcoa y Vizcaya, que corresponder�n, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los t�rminos establecidos por la disposici�n adicional quinta de su Ley Org�nica.�
Se indica que la Ley es pol�mica, porque algunos gobiernos de otras Comunidades Aut�nomas, como la de
La Rioja, planean recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
PDF (BOE-A-2010-2739 - 4 p�gs. - 179 KB) Otros formatos
GALICIA. Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificaci�n del Decreto legislativo
1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia.
PDF (BOE-A-2010-2889 - 18 p�gs. - 310 KB) Otros formatos
*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentaci�n de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administraci�n General del Estado, la expedici�n de copias de documentos y devoluci�n de originales y el r�gimen de las oficinas de registro. Este Real Decreto adapta la presentaci�n de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administraci�n General del Estado, la expedici�n de copias de documentos y devoluci�n de originales y el r�gimen de las oficinas de registro a la
ley de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos y a la Directiva
2006/123/CE, a trav�s de la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, donde se establece el principio general de limitaci�n de los reg�menes de autorizaci�n para acceder a una actividad de servicios, siendo suficiente una comunicaci�n o una declaraci�n responsable del prestador, salvo cuando no sean discriminatorios, est�n justificados por una raz�n imperiosa de inter�s general y sean proporcionados.
PDF (BOE-A-2010-3033 - 3 p�gs. - 171 KB) Otros formatos
Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisi�n de la comunicaci�n a los interesados prevista en el art�culo 42.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. Dice el art. 42.4 LRJAPYPAC: 4. Las Administraciones p�blicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicaci�n de los plazos m�ximos de duraci�n de los mismos, as� como de los efectos que produzca el silencio administrativo.
Este Real Decreto adapta el desarrollo de este punto de la
Ley 30/1992 a la
ley de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos, a la Directiva
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley �mnibus.
Plazo m�ximo. Ser�n diez d�as, pero en los procedimientos iniciados a trav�s de la ventanilla �nica, la comunicaci�n deber� realizarse en un plazo m�ximo de cinco d�as.
Lugar. 2. La comunicaci�n se remitir� al lugar que el interesado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir notificaciones y, preferentemente, por el medio se�alado en la misma.
PDF (BOE-A-2010-3034 - 3 p�gs. - 174 KB) Otros formatos
Dada la extensi�n de algunas de las normas anteriores, se debe acudir a la p�gina general de la WEB para un examen m�s profundo de las mismas, ya que aqu� se recogen aspectos parciales
*CALIFICACI�N CATALU�A. Recurso de Inconstitucionalidad n� 1017-2010, en relaci�n con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Catalu�a 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificaci�n negativa de los t�tulos o las cl�usulas concretas en materia de derecho catal�n que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Catalu�a. Este recurso, presentado por el Presidente del Gobierno, es ejecuci�n de lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el 5 de febrero de 2010. La impugnaci�n cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, despu�s de que el grupo de trabajo designado por la Comisi�n Bilateral Generalitat-Estado y compuesto por representantes de ambas administraciones, haya finalizado sus trabajos sin llegar a una soluci�n satisfactoria.
El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional los art�culos 3.4 y 7.2, y, por conexi�n, los art�culos 1 y 3.3. Esta impugnaci�n se fundamenta en que el contenido normativo de los preceptos citados excede las competencias atribuidas a la Comunidad en su Estatuto y vulnera las competencias exclusivas del Estado sobre legislaci�n civil y de ordenaci�n de los Registros e Instrumentos P�blicos.
Motivaci�n del recurso El art�culo 3.4 de la Ley catalana atribuye a la Generalitat la potestad de resolver recursos cuando �recurriendo varios interesados con diferentes recursos contra una misma calificaci�n negativa, uno cualquiera de ellos se fundamente en normas de derecho catal�n o en su infracci�n�. Sobre este precepto, el Gobierno entiende que el Estatuto catal�n en ning�n caso atribuye al Ejecutivo catal�n la competencia para resolver recursos, ni parte de recursos, que no se fundamenten estrictamente �en la calificaci�n de los t�tulos o las cl�usulas concretas en materia de derecho catal�n, que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles en Catalu�a�.
En este sentido, el Gobierno sostiene que los art�culos 1 y 3.3., por el mismo motivo desde el punto de vista de distribuci�n de incompetencias, son inconstitucionales.
Adem�s, se recurre la regulaci�n de las consultas efectuada por el art�culo 7.2, que dispone el
car�cter vinculante de las respuestas a las consultas planteadas a la Direcci�n General de Derecho y Entidades Jur�dicas de la Generalitat para todos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. La atribuci�n de dicha potestad carecer�a de suficiente cobertura, dada la condici�n de Cuerpos Nacionales de los Notarios y Registradores, y su dependencia jer�rquica de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, �nico �rgano que, como superior jer�rquico, puede dictar instrucciones de obligado cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.
Est� suspendida la vigencia y aplicaci�n de los preceptos impugnados desde la fecha de interposici�n del recurso Ver resumen de la Ley.
PDF (BOE-A-2010-3154 - 1 p�g. - 151 KB) Otros formatos
CAJAS DE AHORROS GALICIA. Recurso de Inconstitucionalidad n� 1065-2010, en relaci�n con diversos preceptos de la Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificaci�n del Decreto legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia.
Se impugnan:
-El art�culo 2, apartados tres, cinco, siete, diez, once, trece y quince dedicados a: Situaci�n de d�ficit patrimonial, Registro de �rganos de gobierno y de altos cargos, Asamblea General, sus funciones, convocatoria y realizaci�n; funciones del Consejo de Administraci�n, nombramiento, causas de inelegibilidad e incompatibilidades
- El art�culo 3, apartados cuatro y cinco: Dotaciones de las obras sociales y destino de la acci�n social.
- Y la disposici�n transitoria primera: Adaptaci�n de los �rganos de gobierno.
El Gobierno central estima que los preceptos se oponen a la LORCA, la Ley estatal de �rganos Rectores de Cajas de Ahorros sobre la que deben basarse las auton�micas en esta materia, atribuy�ndose la Comunidad competencias estatales.
Igualmente, est� suspendida su vigencia. PDF (BOE-A-2010-3155 - 1 p�g. - 153 KB) Otros formatos
*APLAZADA EJECUCI�N DEMARCACI�N REGISTRAL EN CATALU�A. Orden de 2 de febrero de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se aplaza la ejecuci�n de la demarcaci�n registral prevista para el a�o 2009 en la Orden de 23 de octubre de 2007, por la que se dictan normas para la ejecuci�n del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcaci�n de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
El aplazamiento es hasta el mes de diciembre de 2010 y afecta a 15 Registros previstos en el
Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero. Seg�n la
Orden de 23 de octubre de 2007, por la que se dictan normas para su ejecuci�n, ten�an que haber salido en 2009.
La medida se justifica en la situaci�n econ�mica general del Estado y la de Catalu�a en particular, la cual �ha variado sustancialmente respecto de la que propici� la modificaci�n de la demarcaci�n registral aprobada el a�o 2007, ya que los par�metros y los indicadores que sirvieron para dimensionar la demarcaci�n registral no tienen referente en la actualidad ni responden al tr�fico civil y mercantil de los �ltimos seis meses.�
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*21. OBRA NUEVA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR NO PRECISA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACI�N.
Resoluci�n de 9 de enero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don David M�rquez Botella, contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Torrox, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de declaraci�n de obra nueva y compraventa. En una declaraci�n de obra nueva terminada de una vivienda unifamiliar se plantean dos cuestiones: 1�.- Si la
legislaci�n aplicable, en cuanto a su constancia en escritura y posterior inscripci�n en el Registro, es la vigente en el momento de terminaci�n de la obra o la vigente en el momento de su constancia en escritura. La DGRN opta por lo segundo, puesto que la normativa dirigida a notarios y registradores (art�culo 19 de dicha ley) est� referida a los requisitos exigibles a las obras nuevas para su documentaci�n p�blica e inscripci�n y no a los controles administrativos exigibles en su terminaci�n. Por tanto, en el caso concreto, considera aplicable los requisitos exigidos por la Ley del Suelo 8/2007 a notarios y registradores, aunque la finalizaci�n de la obra fue anterior a la entrada en vigor de dicha ley.
2�.- Si es necesario acreditar al notario la Licencia de Ocupaci�n o no. Resuelve la DGRN que NO, por cuanto que la licencia de ocupaci�n no es requisito para edificar ni tampoco para la entrega de la edificaci�n a los usuarios. Hay que tener en cuenta que las exigencias legales a Notarios y Registradores en este punto tienen como finalidad acreditar la legalidad urban�stica de la obra nueva, la publicidad en el Registro de la mutaci�n jur�dico real de la propiedad y su incorporaci�n al patrimonio de su titular, y no directamente la protecci�n de los consumidores. (AFS)
PDF (BOE-A-2010-2710 - 4 p�gs. - 179 KB) Otros formatos
*22. NORMATIVA APLICABLE A LAS DECLARACIONES DE OBRA NUEVA. LA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR NO PRECISA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACI�N. . Resoluci�n de 14 de enero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de Armilla, do�a Mar�a Lourdes Quirante Funes, contra la negativa del registrador de la propiedad de Granada n� 6, a la inscripci�n de una escritura de disoluci�n de comunidad y divisi�n horizontal. Se plantea la cuesti�n de si es posible, en Andaluc�a, sin licencia municipal dividir horizontalmente en dos una vivienda que est� calificada de unifamiliar.
Considera la DGRN que NO precisa nueva licencia, puesto que, para que ello fuera as�, ser�a necesaria una norma con rango de Ley que restrinja el principio de libertad de dominio, el derecho del propietario a utilizar su propiedad de la forma m�s conveniente. El art�culo 53 del Reglamento de Inscripci�n de Actos de Naturaleza Urban�stica no es aplicable por s� solo, sino que ha de ponerse en relaci�n con una Ley que exija la licencia municipal. En el caso concreto de Andaluc�a, la normativa existente (art�culo 66 de la Ley 7/2002, reformado en 2005) proh�be las divisiones horizontales que impliquen parcelaciones. Es evidente que esa normativa est� dirigida a parcelas o terrenos, no a edificaciones, y adem�s que en el supuesto planteado no se produce una parcelaci�n ni existe posibilidad de formarse un nuevo n�cleo de poblaci�n, pues el terreno es urbano. Por otro lado la divisi�n horizontal no altera la unidad de la finca, pues sigue siendo com�n el derecho de vuelo, de la misma forma que, por ejemplo, en las urbanizaciones de viviendas adosadas. (AFS)
PDF (BOE-A-2010-2711 - 3 p�gs. - 175 KB) Otros formatos
*23. LICENCIA NO CERTIFICADA POR EL SECRETARIO. DIFERENCIA ENTRE SUPERFICIE CONSTRUIDA Y COMPUTABLE. Resoluci�n de 15 de enero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Carboneras, don Vicente Martorell Garc�a, contra la negativa del registrador de la propiedad de Moj�car, a la inscripci�n de una escritura de declaraci�n de obra nueva terminada. Se pretende inscribir una escritura de obra nueva y el registrador se�ala como defectos que no se acredita la licencia con certificaci�n del Secretario, y que la superficie total construida excede de la se�alada en la licencia. Resuelve la
DGRN que la acreditaci�n de la licencia de obra ha de hacerse por certificado del Secretario del Ayuntamiento o bien por comunicaci�n del Alcalde al notario.
En cuanto al segundo defecto, lo revoca, por cuanto considera que un concepto es la superficie construida total (que incluye la superficie bajo rasante) y otra la superficie computable a efectos de Licencia y de la normativa urban�stica, que normalmente solo lo es la superficie construida sobre rasante. Por otro lado el T�cnico ya ha certificado la legalidad de la descripci�n de la obra y su ajuste al proyecto y a la licencia. (AFS) PDF (BOE-A-2010-2712 - 4 p�gs. - 176 KB) Otros formatos
RESOLUCIONES MERCANTIL: No existen este mes.
Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el 26 de noviembre de 2009. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en
6. BASE FISCAL DE LA DECLARACI�N DE OBRA NUEVA. A efectos de la correspondiente comprobaci�n de valores, se plantea la base fiscal en la declaraci�n de obra nueva, en concreto si puede admitirse como base el coste de la ejecuci�n material o se ha de tener en cuenta el valor efectivo de la obra.
Como ha se�alado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de
11 de abril de 2008, en el gravamen de la declaraci�n de obra nueva por el Impuesto de AJD la base imponible es el �valor real de coste de la obra�, es decir, el coste de ejecuci�n de la obra, sin que proceda realizar la valoraci�n del inmueble como resultado final de la obra nueva puesta en el mercado.
Por tanto, es correcto excluir del valor fiscal los honorarios de los profesionales que elaboraron y dirigieron el proyecto, las licencias municipales, IVA y el beneficio industrial del contratista, sin que sea posible tomar como valor de la obra nueva el valor de la misma a efectos del seguro decenal. Ese mismo criterio queda recogido en el art. 68.1 del Decreto Foral
106/2001, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados del Territorio Hist�rico de Vizcaya/Bizkaia.
1. RETRACTO EN ADJUDICACI�N TRAS SUBASTA DESIERTA. Tras la resoluci�n de
10 de diciembre de 2007 que rechaza la posibilidad de que el Registrador pida la constancia de la notificaci�n al arrendador de la vivienda en caso de daci�n en pago de la misma, a los efectos del retracto del art. 25 LAU, se plantea si debe exigirse tal notificaci�n en caso de adjudicaci�n al acreedor del bien hipotecado cuando, conforme al art. 671 LEC, no haya habido postores en la subasta.
Los argumentos de la resoluci�n citada son que la compraventa y la daci�n en pago no pueden equipararse a todos los efectos, que las reglas de adquisici�n preferente en el arrendamiento urbano son de interpretaci�n estricta, por lo que dispuestas para la venta no cabe extenderlas por analog�a a la daci�n en pago.
Con todo, es dif�cil entender el fundamento de la resoluci�n ya que la decisi�n de la DGRN aparta del �mercado� a un potencial demandante de la vivienda, el arrendatario, con lo que el adjudicatario, casualmente una entidad de cr�dito, puede adquirir el bien por un procedimiento privilegiado, desvinculado del valor contractual de tasaci�n, por un precio nominal.
Por tanto, si el criterio de la DGRN es favorecer a las grandes corporaciones bancarias a costa del ciudadano, sea. En caso contrario habr� que estimar que el arrendatario conserva su derecho de adquisici�n preferente.
Pero la l�gica jur�dica presta limitado servicio para resolver el problema, cuyo tel�n de fondo es un conflicto entre clases distintas de intereses, los del inquilino que vive de su salario por una parte y los de la entidad de cr�dito, por la otra.
Cualquiera que sea la soluci�n a donde nos lleve la l�gica jur�dica, ya optemos por la entidad de cr�dito y le demos su adjudicaci�n por definitiva sin pasar por el filtro del derecho de adquisici�n preferente, ya optemos por el consumidor y le reconozcamos su opci�n, lo cierto es que la soluci�n pr�ctica ser� la misma: la entidad de cr�dito se quedar� con la vivienda a mitad de precio.
Porque �d�nde va a encontrar hoy el inquilino el cr�dito que necesita para dar curso a su nueva adquisici�n? S�lo en el raro supuesto de que �ste obtuviera dinero tiene visos de plantearse el problema. Entonces, el tenor de la resoluci�n nos dice que el inquilino no tiene derecho de adquisici�n preferente y no procede la notificaci�n, ya que el banco adquiere por adjudicaci�n en pago tras subasta desierta, que, desde luego, no es lo mismo que una compraventa, etc.
Habr� quien diga, que la privaci�n del derecho de adquisici�n al inquilino no perjudica su situaci�n arrendaticia. Es cierto, en lo �nico que le perjudica es en que se le cierra la v�a de acceso a la propiedad de la vivienda por un precio ventajoso. Y ya se sabe que en nuestro Estado social y democr�tico de Derecho, los inquilinos no tienen los privilegios de sus amos.
5. CANCELACI�N DE LA CARGA DE ALIMENTAR ESTABLECIDA EN DONACI�N. En el Registro consta inscrita una donaci�n con la carga de que el donatario alimente a la donante hasta su fallecimiento, que se ha producido recientemente. El donatario es hijo de la donante y tiene otros hermanos. Ahora quiere vender y se plantea el modo de proceder para cancelar la carga. Conforme al art. 647 CC, la donaci�n ser� revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aqu�l le impuso. Doctrina y jurisprudencia entienden que este precepto es tambi�n aplicable a los supuestos de incumplimiento de cargas.
Se plantea ahora si la acci�n de revocaci�n es personal�sima o transmisible. Conforme al art. 653 CC es transmisible salvo que el donante conociendo el incumplimiento de la carga no la haya ejercitado. Luego los hermanos herederos podr�n ejercitarla sobre la base del desconocimiento del donante, pero �en qu� plazo? La doctrina y jurisprudencia discute sobre ello pero parece adecuado preferir al plazo de cuatro a�os de la acci�n rescisoria, el breve de caducidad de un a�o del art. 652 CC, para limitar as� la incertidumbre sobre el ejercicio o no de la acci�n.
A partir de ah� cabe el recurso al art. 177 RH y proceder a la cancelaci�n si hubieran transcurrido cinco a�os desde el vencimiento del plazo de ejercicio del derecho, cifrado en un a�o desde el incumplimiento, a semejanza de lo que se�ala la resoluci�n de
6. AFECCI�N A LA LIQUIDACI�N DE LA CUENTA DE URBANIZACI�N. Sobre la finca de resultado de un proyecto de equidistribuci�n consta su afecci�n al pago del saldo de la liquidaci�n definitiva de la cuenta de urbanizaci�n. Por raz�n de la crisis inmobiliaria se dilatan los trabajos de urbanizaci�n, que no est�n terminados. El Ayuntamiento, transcurridos cinco a�os desde la constancia registral de la afecci�n, se plantea si puede solicitar la pr�rroga de la afecci�n a fin de mantener la garant�a sobre la finca de resultado o a qu� procedimiento puede acudir en garant�a de los gastos de urbanizaci�n por un plazo mayor a los siete a�os de caducidad de la afecci�n.
La afecci�n de las fincas de resultado en un proyecto de equidistribuci�n al pago del saldo de la liquidaci�n definitiva de la cuenta de urbanizaci�n se recoge en el art. 19 AURH y tiene una duraci�n de siete a�os conforme al art. 20.1, plazo que es de caducidad. El AURH no contiene norma que permita la pr�rroga de la afecci�n, que caducar�, por tanto, por el paso de los siete a�os reglamentarios.
Para extender la garant�a m�s all� de ese plazo deber� o bien obtener una hipoteca o al menos un aval del titular registral por el importe de los gastos de urbanizaci�n que se quieren garantizar, en caso contrario, pasados los siete a�os de la afecci�n el ayuntamiento perder� la prioridad derivada de la afecci�n.
Pero incluso en el caso de que obtenga esas nuevas garant�as la prioridad de las mismas operar� a partir de su nacimiento y respecto de la finca deber� soportar las cargas anteriores que subsistan tras la caducidad de la afecci�n.
Por tanto, si hay cargas posteriores y el ayuntamiento quiere asegurar su prioridad, deber� ejecutar por la v�a de apremio al amparo de la afecci�n antes de su caducidad, lo que dar� lugar a la correspondiente anotaci�n de embargo que ganar� la prioridad de la afecci�n.
Teniendo dicha anotaci�n una duraci�n de cuatro a�os, se plantea si caducada la afecci�n, perder� el embargo, la prioridad de la afecci�n, a lo que en principio hay que responder que no, ya que el embargo va dirigido a asegurar la eficacia de los pronunciamientos recogidos en la afecci�n, lo cual no se conseguir�a si caducada la afecci�n cambiara la prioridad del embargo.
A su vez, la anotaci�n de embargo, conforme al art. 86 LH, es susceptible de sucesivas pr�rrogas. Por tanto, la prolongaci�n de la garant�a v�a embargo requiere el recurso a la v�a de apremio por incumplimiento de la obligaci�n de pago de la liquidaci�n de la cuenta de urbanizaci�n, conforme al art. 19.3 AURH.
N� de Consulta: V2705-09.
Materia: Deducci�n de los gastos inherentes a la adquisici�n de una vivienda (Notar�a, Impuestos, Gestor�a, etc.) que han sido satisfechos con cargo al pr�stamo hipotecario suscrito para financiar dicha adquisici�n.
Dichos gastos ser�n deducibles a medida que se vaya devolviendo el principal y se abonen, en su caso, los correspondientes intereses y dem�s gastos inherentes al pr�stamo. �Por tanto, el importe correspondiente, por ejemplo, a los servicios notariales satisfechos mediante dinero procedente del pr�stamo, no podr� integrar la base de la deducci�n correspondiente al a�o en que se satisface, sino que ser� susceptible de deducci�n en la medida en que se amortice el pr�stamo hipotecario y en funci�n del porcentaje que represente dicho gasto sobre la totalidad del pr�stamo�. Si la cuant�a del pr�stamo obtenido es superior al importe que del valor de la adquisici�n de la vivienda se financia con el mismo, destin�ndose el exceso a cualquier otro fin (como pudiera ser arreglos y mejoras en el inmueble), este exceso no da derecho a deducci�n por adquisici�n de vivienda habitual�. �Por tanto, las cuotas de amortizaci�n del pr�stamo no podr�n disfrutar en su totalidad de los beneficios fiscales que establece la normativa del Impuesto, para la adquisici�n de vivienda habitual.
El consultante deber� desglosar en cada cuota de amortizaci�n (principal + intereses) la parte que corresponde al pago del valor de adquisici�n de la vivienda (precio + gastos + tributos) y la parte que corresponde a cualquier otro fin. Este reparto debe hacerse proporcionalmente al importe de cada una de estas partidas sobre el importe total del pr�stamo, y en cada una de las anualidades y dem�s pagos vinculados al pr�stamo.� Fecha: 09/12/2009.
Materia: Con motivo del divorcio de un matrimonio se disuelve el condominio existente sobre la vivienda habitual, gravada con una hipoteca, que es adjudicada a un c�nyuge sin compensaci�n econ�mica alguna, al ser equivalente el valor de la vivienda y el principal del pr�stamo hipotecario pendiente de amortizar, que asume �ntegramente el adjudicatario.
Declara la Direcci�n General de Tributos que lo anterior genera en el cedente una ganancia o p�rdida matrimonial.
Impuesto Afectado: Impuesto sobre Actos Jur�dicos Documentados.
Materia: Los consultantes otorgaron escritura p�blica de compraventa de vivienda y anejos -plaza de garaje y trastero- el d�a 27 de diciembre de 2007. En la cl�usula 2� de dicha escritura, titulada "Plazo y amortizaciones" se incluye un apartado titulado "Aplazamiento de cuotas", que permite a la parte prestataria solicitar a la prestamista el aplazamiento del pago de las cuotas correspondientes, como m�ximo, a un a�o, con determinados requisitos y condiciones. Actualmente, los consultantes pretenden subrogar en el pr�stamo a otra entidad financiera, a fin de obtener mejores condiciones financieras. Sin embargo, la existencia de la cl�usula descrita constituye un obst�culo para la obtenci�n de la oferta de subrogaci�n, por lo que los consultantes tienen la intenci�n de renunciar al derecho contenido en ella.
Si la escritura p�blica en las que se formalice la subrogaci�n de un pr�stamo hipotecario con una modificaci�n de las condiciones del plazo, consistente en la renuncia del prestatario a la facultad de solicitar el aplazamiento de cuotas puede tener derecho a la aplicaci�n de los beneficios fiscales regulados en los art�culos 7 y 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogaci�n y modificaci�n de pr�stamos hipotecarios (BOE de 4 de abril de 1994) o si la referida renuncia implica la p�rdida de los beneficios fiscales.
La conclusi�n de la Direcci�n General de Tributos es la siguiente:
�La escritura p�blica en que se formalice la subrogaci�n de un pr�stamo hipotecario en las condiciones y con los requisitos establecidos en los art�culos 1 y 2 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogaci�n y modificaci�n de pr�stamos hipotecarios, y una novaci�n modificativa consistente en la renuncia a la solicitud de determinados aplazamientos de pago, en tanto en cuanto constituye una modificaci�n referente a la alteraci�n del plazo del pr�stamo, estar� exenta de la cuota gradual de la modalidad de actos jur�dicos documentados, documentos notariales, del ITPAJD, conforme a lo dispuesto en los art�culos 7 y 9 de la referida Ley 2/1994
N� de Consulta: V2775-09.
Se responde que debe aportar el NIE o bien el NIF asignado por la Administraci�n Tributaria en virtud del art�culo 20 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 2 de septiembre de 2009, Recurso 530/2006.
Exenci�n de la aportaci�n de un bien privativo a la sociedad conyugal, aunque medie pago de dinero ganancial a favor del aportante. Dicho pago tambi�n est� exento, pues en �tal caso no hay sino un adelanto, al momento mismo de la aportaci�n, de la compensaci�n futura que se producir� a la disoluci�n y que tambi�n esta exenta�. Igual tesis ha sido sostenida por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 27 de marzo de 2006.
NOTAS DE INTER�S PARA LA OFICINA NOTARIAL.
Antonio Ripoll Soler: "Hacia un Derecho Civil Valenciano" Nota Previa: Antonio Ripoll Soler es notario de Alicante y Miembro de la Comisi�n de Codificaci�n Civil Valenciana. Forzado por la amistad que nos une, me ha autorizado a publicar, por su indudable inter�s, en esta web, lo que, personalmente, piensa en relaci�n con la evoluci�n del Derecho Civil Valenciano, lo que para m�, tiene un indudable inter�s, dado el puesto que ocupa y su preocupaci�n, que me consta, en relaci�n la nov�sima legislaci�n valenciana. Pese a que este trabajo, ha sido publicado tambi�n en la Revista �El Notario del Siglo XXI�, entiendo que como autor intelectual del mismo, es deseable su conocimiento a nivel general.
Texto del trabajo: Cuando pienso en la
conservaci�n, modificaci�n y desarrollo de los Derechos civiles, forales o especiales, all� donde existan a que se alude en el art�culo 149.1.8� de nuestra Constituci�n, me viene a la memoria el recuerdo de mis primeros d�as en la Facultad de Derecho, cuando al iniciar la formaci�n jur�dica se nos ense�aba en Derecho Romano la oposici�n del ius civile al ius gentium. As� el Derecho Civil, en oposici�n al Derecho de gentes, se nos presentaba como el Derecho propio de cada pueblo, era su arraigo a la conciencia social el que justificaba la existencia del mismo, aparec�a como un rasgo distintivo de una comunidad social frente a otra, de un pueblo y sus costumbres, frente a las que reg�an en la ordenaci�n de otro. La materia que nos ocupa, entiendo, no se puede comprender sin esa distinci�n, sin esa concepci�n del Derecho Civil. Las l�neas que siguen, son reflexiones meramente personales de quien las hace, en el cual concurre la doble condici�n de Notario y miembro de la Comisi�n de Codificaci�n Civil Valenciana.
De todos es sabido que el precepto constitucional citado es el punto de partida de la coexistencia actual de distintos ordenamientos civiles dentro de nuestro territorio nacional. A la mesa de la competencia civil se invit�, como miembros de gala a las autonom�as de Catalu�a, Arag�n, Baleares, Navarra, Galicia y Pa�s Vasco; su m�rito incuestionable: haber ganado la partida compiladora y tener texto legal a tal fin en la �poca preconstitucional; lo cual, por otro lado, era un justo refrendo de su pasado hist�rico. Ese club de selectos invitados fue cerrado a los intentos de acceder a las migajas competenciales, con todo lo que ellas conllevan, por parte de otras muchas autonom�as que en sus Estatutos correspondientes clamaban t�midamente, como con la boca peque�a, por si algo les tocaba. En ese panorama, como perteneciente a un tertium genus se encontraba la Comunidad Valenciana; en ella exist�a el pedigr� hist�rico para formar parte de ese notable club, pero, en cambio, hab�a perdido la documentaci�n de viaje de acceso al mismo, por un lado adolec�a de la tara, de haber recibido un trato distinto a los otros reinos hist�ricos en los Decretos de Nueva Planta; por otro le faltaba Compilaci�n. Lo cual no fue obst�culo, sin embargo, para que, tras la entrada en vigor de nuestra vigente Constituci�n, los legisladores estatutarios de la Comunidad Valenciana no renunciaran a la competencia civil, la cual reivindicaron en la primera versi�n del Estatuto y fue refrendada en la �ltima reforma del mismo; al tiempo que entre ambos textos estatutarios se hab�a tendido el puente de la LOTRAVA, en el cual se hab�an transferido competencias civiles a la Comunidad Valenciana. As�, el actual art�culo 49.1.2� del Estatuto se subraya de nuevo la competencia civil por parte de la Comunidad Valenciana. Al amparo de dicha competencia se aprueba la Ley de R�gimen Matrimonial Valenciano de 20 de marzo de 2007 y se inician los trabajos para la futura Ley de Sucesiones de la Generalitat Valenciana, esta �ltima es la que motiva estas l�neas. La Ley de R�gimen Matrimonial Valenciano motiv� un recurso de inconstitucionalidad en relaci�n a la misma, el fundamento de dicho recurso descansaba b�sicamente en el exceso competencial en materia civil que se hab�a cometido por parte de la Generalitat, lo cual, no dejaba de sorprender cuando, parad�jicamente, no se hab�a recurrido la norma estatutaria de la cual emanaba dicha competencia y, a destiempo, se atacaba y lloraba lo que en su d�a no se cuestion�. Ese ha sido el iter de la cuesti�n hasta llegar a la situaci�n actual. Sin embargo, con ser cierto todo lo anterior, me parece que no ser�a justo abordar el tema civil sin tener en cuenta otra perspectiva que, adem�s, enlaza con el punto de partida argumental de estas l�neas. En efecto, si bien es cierto que hist�ricamente los hechos son los que son y los acontecimientos se han producido como ha quedado expuesto, no es menos cierto que en los �ltimos tiempos ha tenido lugar una hipertrofia de la legislaci�n civil por parte de las Comunidades Aut�nomas que ten�an claramente reconocida dicha competencia. Paralelamente, se observa un anquilosamiento del legislador estatal. No es esta la sede adecuada para cuestionar las bondades del actual Estado de las Autonom�as en la que tener en cuenta a muchas voces a la vez impide remar en la misma direcci�n, un ejemplo de ello lo tenemos en el actual tema del almac�n nuclear. Las grandes decisiones, para no agraviar a nadie y no sacrificar la tajada electoral y consiguiente cuota de poder se aplazan sine die con todos los costes de oportunidad y de todo tipo que ello conlleva. En este panorama el poco margen de maniobra y la escasa capacidad de reacci�n del Parlamento estatal, motivada por el miedo a perder la cuota de poder, contrasta con la agilidad y voracidad de los Parlamentos auton�micos, donde se da la doble circunstancia de ser menores los costes pol�ticos y de necesitar justificar su existencia con dicha labor legislativa. Qu� duda cabe que si a nivel nacional se hubieran abordado con valent�a temas, en su d�a espinosos, como las uniones de hecho, la correcta sucesi�n de la empresa familiar o la actualizaci�n del r�gimen legitimario del C�digo Civil se hubieran evitado los excesos legislativos de muchas Comunidades Aut�nomas, tanto de las que tienen competencia en materia civil como de las que claramente carecen de ella; pero claro �qui�n estaba dispuesto a asumir los costes pol�ticos de las mismas?
Y, por otro lado, esa atomizaci�n del Derecho de Sucesiones por toda Europa, que todos los juristas conocemos y que nos parece tan enriquecedora contrasta con el sentido com�n de los sufridores del sistema: los ciudadanos a los que va dirigida la norma. En efecto, en los despachos notariales no siempre se entiende bien la coexistencia de reg�menes legales distintos en Espa�a, es algo desconocido por el p�blico en general. Estos d�as, unos se�ores polacos que otorgaron testamento en mi notar�a daban por hecho que la materia ten�a una regulaci�n igual en Espa�a que en Polonia, como consecuencia de la pretendida armonizaci�n legislativa que implicaba el manto de la Uni�n Europea. La cuesti�n, cuando menos, merece ser digna de reflexi�n. En mi Notar�a de Torrevieja, de nutrido color en cuanto a la procedencia de los otorgantes espa�oles, la cuesti�n del r�gimen de gananciales frente al de separaci�n de bienes se aborda sin distinci�n y dif�cilmente se ve como algo intr�nseco a una u otra Autonom�a, a cada pueblo, sino como algo impuesto, m�s bien por la l�gica de los tiempos sin distinci�n por los mismos, dif�cilmente se ve como algo intr�nseco a las costumbres de cada pueblo en la organizaci�n de la econom�a familiar, y tal vez, no les falte raz�n si nos comparamos con sociedades m�s modernas y abiertas como la inglesa, donde impera un r�gimen absoluto de separaci�n de bienes, o la alemana, que acoge el r�gimen de participaci�n. Centr�ndonos en el �mbito de la Ley de Sucesiones de la Comunidad Valenciana, en el a�o 2007 se encarga a la Comisi�n de Derecho Civil Valenciano la elaboraci�n de un texto sobre la materia; el viaje era largo y, al parecer, no se sabe por qu� motivo, el tiempo corto y los recursos nulos. Pol�ticamente se descarta implementar puntualmente legislaci�n civil sucesoria relativa a determinadas materias que clamaban una reforma en el C�digo civil y que pod�an suponer un digno banco de pruebas de lo que la sociedad valenciana realmente pretend�a, tales como las relativas al r�gimen legitimario o la sucesi�n intestada. Reciente est� la experiencia aragonesa que aborda la actualizaci�n de su r�gimen civil con una serie de leyes sectoriales hasta desembocar en los �ltimos textos m�s pr�ximos a un aut�ntico c�digo; o la catalana, donde su, al parecer, inexorable viaje hacia un C�digo civil catal�n ha conocido muchas etapas y leyes testadas socialmente. Los valencianos �ramos los �ltimos en llegar al club de la competencia pero, al parecer, deb�amos ser los primeros en tener un Derecho civil omnicomprensivo, con lo bueno y malo que ello conlleva. Pero sucede que en Derecho civil, como apuntaba Delgado Echeverr�a con ocasi�n de la actualizaci�n del r�gimen legitimario aragon�s, no caben movimientos pendulares. Las leyes civiles deben ser pausadas y sedimentadas, m�s vale quedarse corto para decidir el camino a tomar que emprender un viaje sin retorno hacia lo desconocido. La planificaci�n sucesoria de una persona, entiendo, alcanza toda su vida y est� sembrada de hitos temporales consustanciales al propio ciclo vital. En ese contexto, en la Comunidad Valenciana, se empieza a elaborar un texto omnicomprensivo de la materia sucesoria; un aut�ntico c�digo de sucesiones, que abarca desde las leg�timas �pretexto natural para empezar a legislar- hasta materias tales como los legados o la partici�n; pasando por un elenco de definiciones y naturalezas jur�dicas que distan mucho de ser pac�ficas. As�, en el seno de la comisi�n, frente a las voces de los que piensan que debe haber un debate jur�dico y social sobre la conveniencia y alcance de hacer tabula rasa con el sistema del C�digo civil y que se debe avanzar sosegadamente mirando hacia delante pero con vocaci�n de mejorar lo existente; se alzan las de aquellos que rinden tributo a la voluntad pol�tica de sacar un texto legal a cualquier precio y en el que vale m�s la oportunidad pol�tica que la responsabilidad hist�rica; un texto en el que el medio se vuelve en el fin, sin importar su calidad. En consecuencia por mor de las circunstancias, en julio de 2009, lo que no era m�s que un buen borrador de trabajo interno de la comisi�n en el que no obstante el debate jur�dico hab�a sido pr�cticamente inexistente; alcanza precipitadamente el rango de Borrador del anteproyecto de Ley, de la Generalitat Valenciana de Sucesiones; se cierra una etapa en la singladura pol�tica del texto legal y cuando no cabe marcha atr�s se circula por los distintos Colegios e Instituciones; como no pod�a ser de otro modo, las prisas son malas consejeras, y recibe duras cr�ticas de un amplio sector de los operadores jur�dicos y un desolador dictamen del Consejo consultivo. De aquellos polvos, estos lodos. Como se dijo el texto es omnicomprensivo de la materia sucesoria, no es �sta la sede ni el momento para analizar cada una de las normas del mismo. En �l, junto a materias necesitadas de actualizaci�n legislativa, tales como las relativas al r�gimen legitimario, coexisten otras que bien pod�an aparcarse temporalmente, tales como unas disposiciones generales en las que se redefinen conceptos, la materia de la sucesi�n contractual regulada al igual que las donaciones mortis causa; los legados, los albaceas o la partici�n. Destaca la regulaci�n que se realiza de la transmisi�n del patrimonio empresarial., la cual, se presenta como algo novedoso y ciertamente lo es; sin embargo, m�s all� de lo t�cnico, se ha convertido en una especie de marca pol�tica irrenunciable que ha dado lugar a la presentaci�n de un sistema complejo y de dudosa constitucionalidad desde un punto de vista competencial. El texto, de una manera o de otra ver� la luz, lo que es indudable es que por mucha voluntad pol�tica que exista debe madurarse y reflexionarse; de lo contrario, a corto plazo dif�cilmente pasar� el tamiz constitucional; lo cual es relativamente importante, si se compara con el escaso refrendo social que tendr� y con el semillero de pleitos que supondr�. ALGO M�S QUE DERECHO
MARCO TULIO CICER�N: PRIMERA CATILINARIA.
Biograf�a: Marco Tulio Cicer�n nace el 3 de enero de 106 a. C. en Arpinum (Arpino) - un municipio localizado a 110 kil�metros de Roma - en el seno de una familia plebeya elevada al ordo equester. Estudi� Derecho en Roma con los m�s importantes letrados del momento, como Esc�vola. Adem�s de Derecho, maestros como Fil�n de Larisa o Di�doto le brindaron una s�lida formaci�n filos�fica. Como todos los ciudadanos romanos, a los diecisiete a�os inici� el servicio militar a las �rdenes de Pompeyo Estrab�n y cuando termin� el conflicto, retom� los estudios (81 a. C.). Har�a su estreno como letrado ese mismo a�o con el Pro Quinctio - un problema sucesorio. En 79 a. C. pronunci� el Pro Roscio Amerino, en el que har�a un ataque impl�cito al dictador Sila.
La incre�ble actuaci�n del orador, que posibilit� que Roscio resultara libre, le llev� a determinar que lo m�s prudente era mantenerse apartado de la ira de Sila durante un tiempo, por lo que march� a Grecia (79-77 a. C.). Inici� su carrera pol�tica en 75.a. C., cuando alcanz� el cuestorado. No obstante en 70 a. C. es cuando comienza a ser reconocido a ra�z del proceso contra Verres; Cicer�n represent� a los sicilianos que acusaron a �ste, ex-administrador de la provincia, de estar implicado en m�ltiples casos de corrupci�n y en el robo de obras de arte. En 69 a. C. obtuvo el edilato y en 66 a. C. el pretorado. Finalmente obtuvo el Consulado, imponi�ndose en las elecciones a Catilina, a quien derrot� nuevamente en las elecciones consulares de 63 a. C., decidiendo �ste encabezar un golpe de Estado del que fue informado Cicer�n, quien denunci� a Catilina en su famosa primera Catilinaria (Wikipedia), destinada al Senado y pronunciada en el Templo de J�piter Estator, situado en el foro romano, pr�ximo al lugar donde se levantar�a el Arco de Tito.
Actualidad: En nuestra juventud cualquier estudiante espa�ol de bachiller y me atrever�a decir que europeo conoc�a al menos y hab�a traducido el inicio de esta primera Catilinaria, como una muestra de la oratoria cl�sica (y tambi�n probablemente el inicio en griego de la Il�ada de Homero), aunque la supresi�n, en general, en nuestros d�as, del estudio de lat�n y griego ha hecho que ya no suenen aquellas m�gicas palabras de Cicer�n: �Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?Nihil ne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum
ora voltusque moverunt?.�! Objeto de las Catilinarias: La finalidad de esta primera Catilinaria no s�lo consiste en la denuncia p�blica de la trama de la conspiraci�n, sino tambi�n pretende poner de manifiesto que �l, el c�nsul Cicer�n, dispone de medios no declarados que le permiten estar perfectamente enterado de las intrigas de los conjurados. Todo ello con el objetivo final de que Catilina, confundido e inseguro, abandonara Roma y se uniera al ej�rcito de Manlio, ya alzado en armas, declarando abiertamente de esa forma sus intenciones. Este hecho servir�a adem�s como autoinculpaci�n que suplir�a la escasez de pruebas; escasez que se colige de la p�blica presencia de Catilina en Roma y de su asistencia a las sesiones del Senado. El discurso incluye una etopeya de Catilina que insiste sobre el car�cter licencioso de sus actividades y una caracterizaci�n social de sus partidarios. Cicer�n consigui� el objetivo que se hab�a propuesto y Catilina abandon� Roma ese mismo d�a.
Repasando este discurso tomo los primeros p�rrafos:
��Hasta cu�ndo, Catilina, abusar�s de nuestra paciencia? �Cu�ndo nos veremos libres de tus insidias? �A qu� extremos te arrojar� tu desenfrenada audacia? �No te arredran ni la guardia nocturna del Palatino, ni la vigilancia diurna de la Ciudad, ni la alarma del pueblo, ni el acuerdo de todos los hombres honrados, ni este lugar donde se re�ne el Senado, ni las frases y semblantes de todos los senadores? �No comprendes que tus designios est�n descubiertos? �No ves que tu conjura fracasa por conocerla ya todos? �Imaginas que alguno de nosotros ignora lo que has hecho anoche y antes de anoche; d�nde estuviste, a qui�nes convocaste y qu� resolviste?
�Oh qu� tiempos! �Qu� costumbres! �El Senado sabe todo esto, lo ve el c�nsul y sin embargo Catilina vive! �Qu� digo vive? Hasta viene al Senado y toma parte en sus acuerdos, mientras que con la mirada anota a aquellos a quienes asigna la muerte. �Y nosotros, hombres fuertes, creemos satisfacer a la Rep�blica, previniendo los consecuencias de su furor y de su espada! Hace tiempo, Catilina, que por orden del C�nsul debiste ser llevado al suplicio para sufrir la misma suerte que contra todos nosotros maquinas...� .
Alicante marzo 2010 (JLN)
Visita n� desde el 10 de marzo de 2010.

References: Real Decreto 
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