Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321281L.html
Timestamp: 2019-03-19 04:16:49+00:00

Document:
as201321281L
Auto Supremo: Nº 281
Expediente: T-26-08-S
Procesos: Cesación de Uso Indebido y otros
Partes: Carlos Gutiérrez Gutiérrez c/ Santos Remy Guerrero G. y Otros
1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Imar Fredy Jiménez Carrazana, de fojas 521 a 527 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 84 de 23 de julio de 2008, de fojas 515 a 517 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Tarija, en el proceso ordinario doble de cesación de uso indebido, lesivo y no autorizado de nombre, seguido por Carlos Gutiérrez Gutiérrez, en representación de la Asociación de Transporte Libre de Pasajeros Micros y Colectivos de Servicio Local e Interprovincial “GRAN CHACO (La rapidita) en contra de Santos Remy Guerrero Gutiérrez y Otros, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia de fecha 12 de abril de 2008, de fojas 471 a 483 de obrados, se declara sin lugar a las excepciones planteadas por los demandados, con lugar la demanda de fojas 97 a 100, con lugar en parte las demandas reconvencionales de fojas 184 a 190, 192 a 198, 204 a 2010 y 214 a 220 y en su mérito dispuso el cese del uso indebido del nombre de la Asociación de Transporte de pasajeros en micros y colectivos de servicio local e interprovincial “Gran Chaco” (La rapidita), por parte de los demandados como organización paralela a la Asociación; condenó a los demandados al pago de daños y perjuicios por uso indebido del nombre, cuyo quantum mandó a establecerse en ejecución del fallo; sin lugar a declarar la legalidad del Directorio de la Asociación de Transporte “Gran Chaco” (La rapidita) elegida en fecha 9 de junio de 2005 donde resultaron elegidos Secretario General Santos Remy Guerrero Gutiérrez, Secretario de Actas Dionisio Andrés Narváez Ramos, Secretario de Hacienda Deimar Adrián Mamani S., Secretario de Transporte Imar Jiménez Carrazana; declaró nula la convocatoria a elecciones de Directorio de fecha 8 de junio de 2005 de fojas 13 y en consecuencia ilegal el nombramiento y posesión de la Directiva de fecha 13 de julio de 2005, conformada por Carlos Gutiérrez-Secretario General, Basilio Guerrero-Secretario de Hacienda, Manuel Márquez-Secretario de Transporte; declaró la nulidad de la resolución de Asamblea extraordinaria de Directorio de fecha 1º de junio de 2005, de fojas 44 a 45 que expulsa a los socios Remy Santos Guerrero, Rogelio Gallardo, Jhony Nina, Eugenia Isnado, Imar Jiménez, Adrián Mamani, Andrés Dionisio Narváez y Deterlino Aguilar del seno de la Asociación de Transporte de Pasajeros en Micros y Colectivos Local e Interprovincial “Gran Chaco”; dispuso sin lugar a la rendición de cuentas, salvando a la vía legal y dispuso que en ejecución de sentencia se publique el fallo en un medio de prensa escrito y la notificación mediante oficio y extensión de fotocopias a las autoridades del ramo; el cierre de las oficinas paralelas y prohibición de actividades de transporte no autorizadas por la Directiva original vigente; la vigencia de todos los derechos de los socios ilegalmente expulsados: Remy Santos Guerrero, Rogelio Gallardo, Jhony Nina, Eugenia Isnado, Imar Jiménez, Adrián Mamani, Andrés Dionisio Narváez y Deterlino Aguilar, en todas las actividades de la Asociación; y que se convoque a Asamblea General de Socios, para la designación de Comité Electoral y posterior elección del Nuevo Directorio de la Asociación de Transporte Libre de Pasajeros en Micros y Colectivos Local e Interprovincial “Gran Chaco” (La Rapidita), en el término de 15 días.
Que, en grado de apelación, interpuesto por Imar Fredy Jiménez Carrazana, de fojas 487 a 495 de obrados, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Tarija, por Auto de Vista Nº 84 de 23 de julio de 2008, se confirma la sentencia apelada.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 521 a 527, Imar Fredy Jiménez Carrazana, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, que se compendia a continuación.
En cuanto a la casación en el fondo esgrime las siguientes denuncias:
Acusa al Tribunal ad quem de interpretación errónea del artículo 226 del Código de procedimiento Civil al haber sostenido que las providencias son irrecurribles, lo que considera incorrecto ya que es posible recurrir de reposición bajo alternativa de apelación como prevé el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, por lo que al sostener la irrecurribilidad se habría violado también el artículo 213 del Código Adjetivo Civil que reconoce la recursividad de las resoluciones judiciales.
Acusa al Tribunal ad quem y al A quo de violación de los artículos 12 y 56 del Código Civil al dar curso a una acción defectuosamente planteada, invocando norma sustantiva errónea y causa petendi imposible, ya que si se demanda la protección de la razón social- propias de las personas jurídicas de la vida comercial- no se puede decir que la intención era la protección del nombre de la persona jurídica de la vida civil, ya que esa interpretación configura un exceso discrecional que modifica la pretensión original de la demanda. Agrega que resulta inadecuado la aplicación de los artículos 12 y 56 del Código Civil cuando se ha demandado protección a una razón social y que el error en la definición de la acción no puede ser subsanada por el poder judicial a título de interpretación integral de la misma.
Acusa que el Juez a quo habría interpretado erróneamente las normas internas, al sostener que los asociados no habrían hecho uso de sus derechos legales establecidos en los estatutos, y que la Convocatoria a Asamblea General de Socios para el 25 de mayo de 2005 solo fue convocada por los socios fundadores Santos Remy Guerrero Gutiérrez y Pedro Gallardo, no constituyendo el tercio de los asociados, lo que no sería evidente, pues la carta notariada de fojas 163 vuelta evidencia que la convocatoria se ha efectuado con once firmas y no solamente con las dos y que los estatutos no establecen ninguna distinción entre socios fundadores y no fundadores, demostrándose de esta manera que se dio cumplimiento al artículo 4 inciso g) del Régimen Interno de la Persona Jurídica, por lo que es legal la elección de su directiva, por lo que es falso y contradictorio lo sostenido por la Juez a quo en sentido de que los únicos que pueden convocar a elecciones es la Directiva de la Asociación de acuerdo al artículo 16 de los Estatutos, ya que dicha norma prevé que en la Asamblea General se organizará un Comité Electoral, que fue lo que ocurrió y se cumplió.
Con relación al Tribunal ad quem cuestiona lo que contiene en su considerando II en torno a que de acuerdo al artículo 16 del Estatuto Orgánico solamente la directiva podía convocar a la Asamblea para organizar el comité electoral y luego elegir a la Directiva, que es obvio que ante el abuso y la ilegal prolongación en funciones, surge como un medio alternativo de ejercicio de los derechos de Asociado que se pueda lograr la efectivización de la Asamblea General, que se dé aplicación al artículo 4 inciso g) del Régimen Interno, concluyendo que resulta absurdo y todavía ajeno a lo discutido en la causa lo que sostiene el Auto de Vista impugnado.
Acusan de violación a los artículos 1 en relación al 193 y 349 del Código de Procedimiento Civil por la indebida negativa del Juez a quo y el Tribunal ad quem en relación a la admisibilidad de la acción reconvencional de Rendición de Cuentas al sostener que se invadiría competencia ajeno al atenderse una cuestión de tipo voluntario dentro de una acción contenciosa, por lo que acusa a los jueces de instancia de pretender soslayar el fallo de fondo sobre la demanda reconvencional de rendición de cuentas aduciendo una tardía cuestión de competencia.
Con relación a la casación en la forma se efectúan las siguientes denuncias:
Acusa al Juez a quo y al Tribunal ad quem de haber violado el principio de congruencia, al haber emitido resoluciones extra petita y citra petita.
Afirma que el fallo de segunda instancia es extra petita al acoger la conducta de la Juez a quo, al expresar que sólo hubo un error de sinonimeidad y no de fondo en el mal planteamiento de la demanda, lo que sería incorrecto porque se está supliendo por los juzgadores de instancia de los defectos jurídicos de la demanda principal, ya que la mala demanda solo puede recibir una sentencia desfavorable. Que los jueces de instancia pese a no corresponder a lo estrictamente peticionado habrían modificado el derecho demandado como la pretensión de fondo, ya que a una acción de orden patrimonial o real como es la protección del nombre comercial, se le ha otorgado una protección jurídica propia de una acción personal, como es la que corresponde al nombre de las personas de la vida civil, por ello cuando el fallo en la pare considerativa asimila la pretensión procesal de una acción patrimonial y comercial a la de una personal o civil, el fallo es extra petita.
Acusa que tanto la sentencia cuanto el Auto de Vista son citra petitas, al no haberse pronunciado sobre la demanda reconvencional adicional, con argumentos inaceptables, pues el argumento de que al tratarse de un proceso voluntario en el que la contención no es atribuible a las partes sino al juez competente que conoce el proceso, vulnera el artículo 190 en relación al artículo 193, ambos del Código de Procedimiento Civil porque no es dable dejar de fallar en el fondo salvando los derechos de las partes para otro proceso, ya que ello se basa en que por determinación del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil en una misma demanda se pueden plantear todas las acciones que no fueran contrarias entre si y pertenecientes a la competencia del mismo juez y que bajo el aforismo de que la jurisdicción mayor arrastra a la menor y siendo plenamente conexas las acciones demandadas en la reconvención no se puede omitir pronunciamiento de un fallo sobre lo expresamente demandado. Que es inaceptable lo que sostiene el Tribunal ad quem de que no sea aplicable el aforismo frente a lo determinado en los artículos 640 y 687 del Código de Procedimiento Civil, error de procedimiento que pretende limitar el ejercicio de la acción de rendición de cuentas a que tenga que someterse en forma previa a un procedimiento voluntario y recién poderlo someter al proceso de conocimiento, afectando inclusive al principio de economía procesal, y que es infundado el razonamiento de que la admisión de la demanda reconvencional significa un conflicto de competencia.
Acusa que en apelación sostuvo que la Juez a quo deformo el contenido de la excepción perentoria para modificarla y asimilarla a una excepción de impersonería, separando la excepción en dos partes y tomar a cada una como una excepción distinta; empero el fallo de segunda instancia no contiene ningún pronunciamiento sobre este fundamento recursivo.
Finalmente pide que se case el Auto de Vista impugnado y que se declare probada la excepción perentoria de inviabilidad e ineficacia jurídica de la acción, que se declare improbada la demanda principal y se modifique la sentencia de primera instancia en sentido de complementar que a la nulidad de la Directiva encabezada por Carlos Gutiérrez Gutiérrez y se declare probadas las dos demandas reconvencionales dando mérito a que se declare la certeza de la legalidad de su Directorio y que se dé curso a la rendición de cuentas de toda la gestión administrativa, que será sometida a examinación y en su caso rechazo y consiguiente determinación de daños y perjuicios. Pide que se anule obrados hasta que se dicte nueva sentencia que cumpla con los principios de exhaustividad y congruencia o alternativamente hasta nueva dictación de autos.
Por razón de método se analiza en primer lugar la casación en la forma, pues en caso de acogerse la misma ya no corresponderá pronunciamiento sobre la casación en el fondo.
La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar si la resolución de instancia impugnada emergen de un debido proceso legal; por cuya razón se efectúan las siguientes disquisiciones legales:
El fallo resultaría extra petita cuando el Juez o Tribunal al emitir el fallo se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesta por las partes, es decir decide sobre algo que no fue discutido en el proceso por los justiciables, en consecuencia se aparta del thema decidendum.
En el caso en examen, el recurrente alega que los fallos de instancia han incurrido en incongruencia objetiva en la forma de extra petita porque habiéndose pedido la protección de la razón social, que resulta ser una acción de orden patrimonial o real, se ha otorgado una protección jurídica propia de acción personal como es la que corresponde al nombre de las personas de la vida civil, asimilando la pretensión procesal de una acción patrimonial y comercial a la de una personal y civil, lo que no es evidente, pues en el petitorio de la demanda se ha pedido la cesación del uso indebido, lesivo y no autorizado de “nombre o razón social” y se ha esgrimido como fundamento precisamente los artículos 12 y 56 del Código Civil, de lo cual resulta que no es verdad que la protección del nombre no haya sido peticionado en la demanda, consiguientemente tampoco es cierto que los fallos de instancia hayan resuelto sobre una pretensión no pedida. A esto debe añadirse que efectivamente la calificación jurídica es atribución de los jueces, tanto más si el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione compelen a reducir al mínimo los formalismos.
Con relación a la incongruencia objetiva en la forma de citra petita.- La incongruencia citra petita o infra petita se presenta cuando el fallo no se pronuncia sobre alguna de las pretensiones deducidas por las partes en los actos de constitución del proceso; por consiguiente se manifiesta como una omisión de pronunciamiento.
En el caso en examen, el recurrente alega que tanto el Juez a quo cuanto el Tribunal ad quem no se han pronunciado sobre su reconvención de rendición de cuentas. El recurrente junto con otros demandados, en su escrito de fojas 204 a 210 han interpuesto demanda reconvencional en la que han deducido, entre otras, la petición de rendición de cuentas; dicha reconvención ha sido admitida por decreto de fojas 210 y forma parte de los hechos controvertidos de la relación procesal, conforme se evidencia por el auto de calificación del proceso de fojas 251 y vuelta.
Conforme se evidencia de la sentencia de fojas 471 a 483, la Jueza a quo en realidad si ha resuelto sobre la rendición de cuentas, pues en la parte resolutiva consigna la decisión de declarar sin lugar a la rendición documentada de cuentas, lo cual implica que ha denegado el pedido. Y en la parte considerativa (considerando IV, punto VII), razona que el fundamento de la rendición de cuentas es el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, concluye que la directiva encabezada por Carlos Gutiérrez Gutiérrez no han rendido cuentas y que la gestión de la referida dirigencia no ha concluido; por ello se entiende que la salvedad que consigna la Jueza a quo se refiere a la rendición de cuentas que tendría que producirse a la conclusión de la gestión de la Directiva. Si bien es cierto que el Tribunal ad quem ha focalizado su atención en el procedimiento aludido por la Jueza a quo; sin embargo como se tiene dicho no es verdad que el fallo de primera instancia haya omitido pronunciamiento y tampoco que el Ad quem haya incurrido en dicha omisión, pues ha concluido que existe pronunciamiento sobre esa supuesta omisión.
Respecto a la incongruencia con relación al rechazo de la excepción perentoria.- No es verdad que el Tribunal ad quem haya incurrido en omisión de pronunciamiento con relación al rechazo de la excepción perentoria, pues dicho Tribunal se ha pronunciado con relación al agravio esgrimido por el recurrente aclarando que si bien los argumentos de la Jueza a quo tiene fundamentos diferentes, sin embargo coincide en la decisión de rechazo de dicha excepción. Esta claro que los tribunales se pronuncian sobre el fondo del pedido, por lo que no es evidente que el fallo de segunda instancia sea citra petita en esta parte.
Con relación a la supuesta interpretación errónea del artículo 226 del Código de Procedimiento Civil y violación del artículo 213 Ídem, el Tribunal Supremo no puede abrir su competencia, pues las resoluciones a las que se refieren no se encuentran comprendidas dentro de los casos previstos por el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto a la violación de los artículos 12 y 56 del Código Civil.- Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley (error sobre el alcance de la norma), mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella ( error de subsunción), imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga o las reglas de la sana crítica quebrantadas, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres incisos.
En el caso en examen, el recurrente asevera que tanto la Jueza a quo cuanto el Tribunal ad quem pretenden interpretar y aplicar los artículos 12 y 56 del Código Civil como el fondo de la causa cuando la demanda pretende que se dé curso a una acción defectuosa invocando una norma sustantiva errónea y causa petendi imposible, y luego reitera la distinción entre el nombre y la razón social y su tratamiento jurídico distinto, y sin embargo no aclara si está alegando al mismo tiempo la violación de dichas normas y su interpretación errónea, situación que son diferentes, como se tiene explicado, y menos concreta en que consistiría la violación y en que la interpretación errónea de dichas normas legales, tornando su recurso en defectuoso, pues el recurrente debe tener presente que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia, sino una demanda de puro derecho, en la que se enjuicia el fallo de segunda instancia.
Con relación al error de interpretación de normas internas, y respecto del fallo de segunda instancia, que es el que se examina en el recurso de casación en el fondo, el recurrente omite indicar y menos explicar en cuál de los casos previstos por el artículo 253 del Código de procedimiento Civil, se encuentra dicha denuncia, por lo cual en esta parte el recurso es manifiestamente defectuoso.
Respecto a la supuesta violación de los artículos 1º con relación a los artículos 193 y 349 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente olvida que la supuesta falta de pronunciamiento de los jueces de instancia respecto de alguna petición de las partes deducidas oportunamente constituiría un error de procedimiento y por lo mismo atacable por medio del recurso de casación en la forma y no así a través de la casación en el fondo como lo ha efectuado erróneamente el recurrente, por lo cual el recurso en esta parte resulta igualmente manifiestamente defectuoso.
4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, los artículos 41 y 42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 2), 272-1) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 521 a 527 de obrados, interpuesto por Imar Fredy Jiménez Carrazana, con costas.
Libro Tomas de Razón 281/2013

References: resolución 
 artículo 226
 artículo 216
 artículo 213
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 190
 artículo 193
 artículo 328
 resolución 
 resolución 
 artículo 687
 artículo 226
 artículo 213
 artículo 255
 artículo 253
 artículo 253
 artículo 253