Source: http://contrahegemoniaweb.com.ar/reorganizacion-conflicto-y-transformacion-ideologica-en-el-gremialismo-docente-contrapunto-entre-la-situacion-bonaerense-y-nacional-1983-1986
Timestamp: 2019-07-23 12:39:17+00:00

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por | Lorenzo Labourdette
Este trabajo analiza la relación entre conflicto y organización sindical docente nacional/bonaerense durante las primeras huelgas sectoriales a la dictadura en 1983 y la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) en agosto de 1986. Sostenemos, mediante una cronología basada en fuentes orales y hemerográficas, que ese proceso se caracteriza por un profundo cambio identitario en el perfil ideológico del gremialismo docente, tendiente hacia el centro político democrático-burgués. En él, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) desde la izquierda, y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) desde la derecha, proyectaron un punto de encuentro inviable para la década previa, posibilitado por el marco del post-genocidio. Asimismo, articulamos este desarrollo empírico con la investigación desarrollada para la década de 1970, mediante una matriz analítica que, referenciándose teóricamente tanto en perspectivas marxistas como en la obra de Daniel Feierstein, nos permite finalmente arribar en nuestras conclusiones a una conceptualización de largo plazo para el fenómeno al que nos abocamos.
Este trabajo analiza la relación entre conflicto y organización sindical docente nacional/bonaerense durante las primeras huelgas sectoriales a la dictadura en 1983 y la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) en agosto de 1986. Sostenemos, mediante una cronología basada en fuentes orales y hemerográficas, que ese proceso se caracteriza por un profundo cambio identitario en el perfil ideológico del gremialismo docente, tendiente hacia el centro político democrático-burgués. En él, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) desde la izquierda, y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) desde la derecha, proyectaron un punto de encuentro inviable para la década previa, posibilitado por el marco del post-genocidio. Asimismo, articulamos este desarrollo empírico con la investigación desarrollada para la década de 1970, mediante una matriz analítica que, referenciándose teóricamente tanto en perspectivas marxistas como en la obra de Daniel Feierstein, nos permite finalmente arribar en nuestras conclusiones a una conceptualización de largo plazo para el fenómeno al que nos abocamos. 1.a. Antecedentes históricos: los setenta… El proceso de politización luego de 1969 condensó en el ámbito educativo bonaerense en una ola de sucesivas fundaciones de sindicatos (distritales, por ramas, por escuelas, etcétera) y generó en simultáneo fractura/expulsiones en la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Ello contrastó con la situación nacional donde en 1970 se creó, tras un largo proceso, el Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes (ANND), experiencia de unidad gremial que en 1973 cristalizó en la fundación de CTERA (Balduzzi-Vázquez 2000). Sin embargo, ambas experiencias (fragmentación bonaerense/centralización gremial nacional) se nutrieron de formas organizativas en las cuales las instancias deliberativas se impusieron a las ejecutivas en las tomas de decisiones, modelo que perduró hasta fines de los años ochenta (Labourdette 2013, 2014). En los pequeños sindicatos bonaerenses de CTERA los espacios resolutivos eran las asambleas o cuerpos de delegados, en tanto en la organización nacional fueron los consejos confederales, instancias resolutivas (vigentes entre 1973-1976 y 1983-1988) en la cual los delegados de las entidades de base votaban medidas computándose su presencia en función de la cantidad de afiliados de su sindicato. El doble proceso de fragmentación en Buenos Aires (fundaciones/fractura FEB) dejó como saldo la presencia de más de ochenta sindicatos docentes entre 1970 y 1976 (Labourdette 2015a y b). El nuevo emergente sindical vinculado al ANND (luego CTERA) generó las condiciones para que se repliquen en el ámbito provincial las veintiuna huelgas nacionales desarrolladas en el período, enfrentando así la táctica negociadora de la FEB (y entidades relacionadas). Si bien existieron diversas experiencias de unidad en el territorio (en 1975 la Comisión Coordinadora para la Unificación Docente -entidades del conurbano bonaerense-, la Junta Coordinadora Docente de La Plata-Berisso-Ensenada, y en octubre, confluencia de ambas, el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires) no llegaron a solidificar al ser interrumpidas por el golpe de Estado. Un hecho destacable radicaba en la incapacidad de estas pequeñas entidades para desarrollar acciones huelguísticas autónomas sin el paraguas nacional (una gran diferencia con otras provincias). En este escenario, en 1974 las contundentes huelgas nacionales alcanzaron gran fortaleza en el territorio provincial lo cual marcó un fuerte contraste con la situación de mayor debilidad huelguística (nacional y provincial) acontecida luego de julio de 1975. Sucedía que, en el marco de intensificación de la lucha de clases, la fracción de docentes alineados en la CTERA había asumido conciencia, acciones y relaciones político/gremiales que la incluyó en la fuerza social de izquierda comportando la estrategia[1] gremial sentido político contra la fuerza social del régimen, a favor del socialismo. Ésta última, al fracasar el intento de resolución política/institucional del conflicto social, recurrió en su ofensiva a la implementación de la práctica genocida orientada a la reorganización política, social e identitaria del grupo nacional (Feierstein 2008, 2012). En educación, se identificó el sujeto social a exterminar (construcción simbólica del docente subversivo), se lo hostigó (legal y físicamente, aislándolo en términos políticos) y luego de 1976 se avanzó con el aniquilamiento masivo (Labourdette 2016a). El entramado represivo orientado a la desarticulación social incluyó a la vez el encarcelamiento, la censura, la delación y el exilio. En el orden nacional la política educativa dictatorial complementó la represión con racionalización y descentralización, lo cual se tradujo en una drástica reducción del presupuesto educativo[2] y la transferencia de escuelas primarias nacionales a las provincias sin apoyo económico (Gudelevicius 2012). En el campo gremial, sindicatos como UDA fueron intervenidos en tanto la Asociación de Maestros de Enseñanza Técnica (AMET) y la CTERA mantuvieron acciones mínimas. Esta última, fuertemente reprimida y sin personería gremial[3], articuló políticamente con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)[4] logrando en conjunto la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1979) y, luego, la conformación de la base de datos utilizada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (Gudelevicius 2012). La CTERA se reconstruyó a partir de 1981 a través de Jornadas Educativas Regionales y participó, junto a UDA, en la histórica movilización del 30 de marzo de 1982. Tras la derrota en Malvinas, el conflicto docente se reactivó en diversas provincias en un escenario en el cual la Confederación General del Trabajo (CGT) desplegaba su propio repertorio de acciones. En Buenos Aires, la normativa más modificada fue la que regulaba el trabajo docente (Estatuto y régimen de licencias). Ello, entre otras cuestiones, facilitó la designación arbitraria de directivos, restringió licencias, suprimió la representación docente en los Tribunales de Clasificación y la estabilidad en el cargo (habilitando cesantías políticas/gremiales y disponibilidades por cierre o fusiones de curso). También se promovió el control social escolar, el fortalecimiento de la moral católica y la argentinidad a través de diversos mecanismos que pretendieron (con escaso éxito) involucrar al cuerpo docente (Rodríguez 2012). Si bien la transferencia de escuelas primarias nacionales a Buenos Aires tuvo poco impacto (el grueso se había producido en 1969) sí se avanzó con la descentralización hacia “los gobiernos locales en la gestión educativa” (Rodríguez 2012: 55). Por su parte, la racionalización atravesó al conjunto del sistema impactando negativamente sobre las condiciones pedagógicas y laborales, a lo cual se sumaba la falta de maestros por jubilaciones compulsivas, represión/persecuciones/cesantías y magros salarios. 1.b. Reorganización gremial docente en Buenos Aires: fragmentación y experiencias diversas En torno a 1980 comienza la reconstrucción gremial en Buenos Aires, contabilizándose más de cuarenta sindicatos docentes entre 1983 y 1986 de los cuales veintinueve habían preexistido al golpe de Estado siendo el resto fundaciones nuevas. De los que tenían existencia previa continuaron funcionando durante la dictadura la FEB que amplió servicios (co-seguro médico) y extendió su zona de influencia, produciéndose la normalización gremial en 1985 (Aguilar 2010). También lograron continuidad el Centro de Profesores Diplomados de Enseñanza Secundaria (CPDES), la Asociación de Maestros (AM) con actividad en su biblioteca, la Corporación de Maestros (CM), el Centro de Docentes Jubilados/Pensionados Nacionales (CDJyPN) y la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de Buenos Aires (AEJyRBA). Ninguna de estas entidades había articulado con el espacio gremial de CTERA antes de 1976, salvo la AM que lo había hecho a través de una fluida relación con las entidades ceteristas de la región bonaerense de La Plata. De las que sí lo hicieron solo lograron continuidad la Asociación de Educadores Secundarios de Buenos Aires (AESBA) y las Uniones de Educadores (UDE) de La Matanza, Morón y San Martín-Tres Febrero (SM-TF). Las tres últimas combinaron actividades administrativas, cursos, reclamos individuales y denuncias públicas (SUTEBA 2006), iniciando afiliaciones y la re-institucionalización de los espacios deliberativos desde 1981. A la vez, por esa época, comenzaban las reorganizaciones de otros sindicatos como la Agremiación Docente Unificadora (ADU La Plata), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Lomas de Zamora (ATELZ), la Asociación de Educadores de Berazategui (AEB), la UDE Quilmes-CTERA, etc. En estos espacios confluían políticamente partidos burgueses (Partido Justicialista -PJ-, Unión Cívica Radical -UCR-, Partido Intransigente -PI-, etc.), de izquierda (Movimiento al Socialismo -MAS-, Partido Obrero -PO, Partido Comunista Revolucionario -PCR- y Partido Comunista -PC-) e izquierda no orgánica a partidos políticos, variando las correlaciones de fuerzas de lugar en lugar.
Reorganizados y en conflicto: el intenso enfrentamiento en el último año de la dictadura (1983)
2.a. El conflicto nacional: convocatorias de la CGT y sindicatos docentes En el orden nacional el ciclo lectivo comenzó con diversos conflictos provinciales, destacando como problema la creación (ley 22.804/83) de una nueva Caja Complementaria (del haber jubilatorio) que reemplazó a la creada en 1975 por iniciativa de UDA[5]. La entidad perdió su influencia sobre la administración al quedar ésta en la órbita del Ministerio de Educación, iniciativa apoyada por varios sindicatos (CPDES, AMET, CDJyPN, etcétera) por el carácter universal de la nueva cobertura que incluía al conjunto de los jubilados (no sólo a los que accedieron al beneficio luego de 1975), a la enseñanza oficial/privada y a todas las provincias e instituciones educativas. A pesar de contar con el respaldo político de la CGT-Brasil, la Confederación de Gremios de Trabajadores Estatales (CGTE) y el PJ, el recurso de amparo interpuesto por UDA fue rechazado aunque la elección de nuevas autoridades quedó pospuesta por años en virtud de una nueva intervención de la entidad. Otras demandas nacionales presentes en cada uno de los conflictos desarrollados tanto por CTERA como por UDA tenían que ver con la exigencia de lograr un nomenclador único nacional (que iguale la relación sueldo/cargo en cada provincia), conformación de una comisión salarial, plena vigencia del Estatuto del Docente y restitución de su Artículo 52[6] (sistema previsional), bonificación por antigüedad (120% a los 20 años), aumento salarial en “valor índice”[7] y defensa de la escuela pública. Referiremos a estas exigencias como reivindicaciones nacionales permanentes. En 1983 las dos huelgas convocadas por las centrales obreras (28 de marzo y 4 de octubre) tuvieron la adhesión de sindicatos docentes nacionales (CTERA, UDA y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares -SADOP-), sin embargo la información sobre la participación docente es escasa (en la región de La Plata fue plena la adhesión en la segunda jornada). El conflicto nacional docente tuvo su primer episodio con la semana de movilización y esclarecimiento (18 al 25 de mayo) realizada por la CTERA en virtud de visibilizar las reivindicaciones nacionales permanentes. Acto seguido, UDA, en su oposición a la nueva Caja Complementaria y en coincidencia con la recientemente fundada CGTE (estatales), realizaba la primera huelga docente a la dictadura el 15 de junio con el respaldo político de ambas CGT (la mayoría de los gremios de la CGTE afiliados a la CGT-Azopardo y UDA a la CGT-Brasil). Si bien la CTERA se solidarizó con la medida, Domingo Solimano (secretario general de UDA) afirmaba que el 80% de adhesión demostraba “el poder de convocatoria de nuestra organización, que muchos sectores negaban” y acusaba a la CTERA “de apoyar al Ministro de Educación” y de no adherir por presuponer que los “trabajadores iban a deponer su lucha” (Clarín, 16/6/1983). El acatamiento fue dispar con amplia repercusión en Buenos Aires (El Día, 16/6/1983) donde contó con la adhesión de sindicatos regionales como ATELZ. El congreso de la FEB, con presencia del gobernador, decidió no asumir la huelga. Un nuevo paro fue realizado el 6 de julio por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CTE: integrada por doce sindicatos, entre ellos UDA) que se movilizó junto a la CGTE, nucleamiento que a la vez convocaba a parar nuevamente los días 13 y 14. La CTERA (en plenario con 31 entidades de 15 provincias) asumió el plan de lucha pero con una movilización independiente de 1500 docentes (capitalinos y del conurbano) al Ministerio de Trabajo, adicionando a los reclamos preexistentes el pedido de reincorporación de cesantes y prescindibles. La primera etapa, también contó con la adhesión del sector católico y privado nucleado en la Federación de Asociaciones Gremiales de Educadores (FAGE). En Buenos Aires fueron a la huelga las entidades de base de la CTERA[8], la UDA Buenos Aires (UDABA) y la Asociación Gremial de Educadores (afiliada a FAGE) siendo contundente la adhesión (oficialmente 95% de adhesión) a pesar de no haber participado la FEB ni la AM. En ese contexto, UDE Matanza y Morón se movilizaron a La Plata con reclamo propio (reincorporación de prescindibles, restitución de la ley provincial de jubilaciones derogada en 1980 y licencias por maternidad para suplentes e interinos) en lo que sería el inicio de una dinámica gremial autónoma. Como respuesta, la cartera educativa nacional anunció el “complemento compatibilizador no bonificable por concepto” (decreto 1.625/83) para docentes de escuelas nacionales, ayuda financiera a las provincias orientada a la equiparación salarial y el descuento por huelga. En aporte a la “unidad nacional y al tránsito hacia la democracia”, y tras ser anunciada su integración en la comisión de recomposición salarial para la administración pública, UDA suspendió las 48 horas de huelgas proyectadas, instancia del plan de lucha ratificado por CTERA ante la destrucción del sistema de “índices” con sumas “no bonificables” y la irresolución del resto de los reclamos (Clarín, 11/7/1983). El paro de CTERA (13 y 14 de Julio) fue masivo en el interior con “marchas o concentraciones” (Clarín, 15/7/1983) y, aunque relativo en Capital Federal, la movilización del Congreso Nacional al Ministerio de Educación contó con 2.500 maestros (gran presencia de La Matanza, Morón y Lomas de Zamora). En el acto, Alfredo Bravo (CTERA) disparó en contra del “proyecto político” de la dictadura. En Buenos Aires tuvo gran acatamiento en La Plata y en el conurbano. Durante la segunda jornada, UDE Matanza y Morón se movilizaron en San Justo con la participación de delegaciones de “Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría” (Clarín, 15/7/1983). En este escenario UDA (que había suspendido la medida) denunciaba dilación en la Comisión de Política Salarial y acusaba al subsecretario de Educación de mentir cuando “anunció (…) la firma del decreto de equiparación” (Clarín, 14/7/1983). En lo inmediato, el gobierno nacional reajustaba el “complemento compatibilizador no bonificable” (Clarín, 17/7/1983) y CTERA, en un contexto de intensificación de conflictos provinciales, exigía integrar dicha comisión mientras realizaba en agosto otra semana de “movilización y esclarecimiento” (El Día, 2/8/1983). Esta huelga significó un punto de inflexión; en adelante la iniciativa en el desarrollo del conflicto estuvo a cargo de la CTERA. Ésta convocó las dos últimas huelgas nacionales en virtud de las reivindicaciones permanentes. La primera, realizada el 1 de septiembre, tuvo la adhesión de UDA y FAGE que reclamaban, respectivamente, la devolución de la Caja Complementaria y el pago de sueldos atrasados. En Buenos Aires, la FEB decretó su huelga en coincidencia y las entidades de la CTERA fueron a la huelga nacional, movilizándose a La Plata el recientemente creado Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires (FGDBA) (El Día, 2/9/1983). A la masiva adhesión de los maestros el gobierno nacional interpuso una amenaza de descuentos y el provincial la propuesta de extensión de los días de clases. Complementariamente, el subsecretario de educación, apelando a la práctica de hostigamiento simbólico de la década anterior, negaba la “representatividad en las bases por responder ‘a ideologías extrañas al magisterio’” (Clarín, 2/9/1983), lo cual fue negado en los hechos y repudiado por la CTERA y la UDA que, como novedad histórica, se expresaron “favorablemente sobre la viabilidad de la unidad” (Clarín, 3/9/1983). El giro ideológico de ambas entidades (desde la izquierda y desde la derecha) hacia el centro democrático burgués, condición de posibilidad configurada por el genocidio, hacía posible lo impensado durante el tercer gobierno peronista. Un testimonio grafica el perfil político/ideológico del peronismo en ascenso en el sindicalismo docente bonaerense vinculado a la CTERA: “de nosotros se dijo que éramos montoneros y que éramos del Comando de Organización. No éramos la derecha ni la JTP”[9]. En idéntico sentido las declaraciones de Solimano (UDA) al referirse a la “la vocación de unidad que anida en los dirigentes de UDA y CTERA, excepto algunos grupos minoritarios con proyectos de extrema izquierda y derecha” (El Día, 10/7/1984). Más tarde, en el marco de la normalización sindical de la UDA Buenos Aires (UDABA), la lista Azul Unidad era presentada como la expresión de “un significativo marco de pluralismo ideológico que plasmó el equipo conducido por el profesor Solimano, a pesar de la dura lucha interna sostenida con la vieja dirigencia enrolada en el peronismo ortodoxo” (El Día 20/11/1984). Días más tarde, en un contexto de ocho provincias en conflicto y de retracción/estancamiento de los niveles primarios y secundarios en el sistema educativo (El Día, 5/9/1983), la CTERA exigía una audiencia a Reynaldo Bignone (presidente de facto) con el objeto de expresarle las reivindicaciones permanentes y la oposición a los descuentos por paro. En términos políticos, amplió consensos a través de reuniones con ambas CGT (Clarín, 8/9/1983) y con el Equipo de la Pastoral Social que finalmente medió en el conflicto. Por su parte, UDA apelaba a la unidad de “los trabajadores de la educación a través de un sindicato nacional integrado a la CGT-RA” (Clarín, 7/9/1983). Sin respuestas oficiales, ambas entidades fueron a la huelga el 13 de septiembre con la adhesión de AMET, del 90% de los educadores (aún de escuelas privadas a pesar de no contar con el llamado de FAGE) y con 4.000 manifestantes en Plaza de Mayo. En Buenos Aires la huelga fue total al adherir las entidades de CTERA y convocar su paro en “coincidencia” la FEB. De manera autónoma, el Frente Gremial extendió la medida de 24 a 48 horas, proponiendo una modalidad activa en plazas locales (UDE Matanza esperaba 4.000 maestros en Ramos Mejía). Tras la demostración de fuerza, el presidente exigió “colaboración al gabinete para ‘evitar un desorden social’” (Clarín, 15/9/1983) y negaba la extensión del ciclo lectivo. 2.b. El conflicto en la provincia de Buenos Aires En el período analizado los problemas vinculados a la racionalización atravesaron la provincia. Ello se manifestó en aspectos específicos (por ejemplo, la resolución 138/83 que restringió a un día la designación de maestros suplentes dificultando la cobertura y vida escolar) o generales (con particular incidencia en el conurbano). Estos últimos, se relacionaban al analfabetismo, deserciones, fusiones de cursos, sobrecarga de alumnos, turnos reducidos, falta de docentes, bibliotecarios, auxiliares, bibliotecas, elementos didácticos e insuficiencia en los comedores lo cual significaba, según una editorial, “no ya la diferencia entre un buen y un mal alumno, sino entre en niño vivo y uno muerto” (El Día, 3/5/1983). A lo cual se agregaba el problema salarial y previsional relacionado (apropiación por parte del Instituto de Previsión Social -IPS- del primer mes de incremento de sueldo), el de las cesantías y la restricción de derechos para suplentes y provisionales. A estos problemas llamaremos reivindicaciones bonaerenses permanentes. Ante esta situación, y tras algunas demandas públicas de la FEB y UDABA, UDE Matanza daba un paso más y definía el estado de alerta en virtud de lograr, además, la equiparación salarial con Capital Federal[10], pago completo de vacaciones a suplentes y extraordinario a directivos por trabajos extras en “escuelas de verano”, presupuesto educativo y derogación de leyes dictatoriales contrarias al Estatuto (Clarín, 25/4/1983). Más tarde, junto a UDE Morón fueron a la huelga el 1 de junio ante la inmovilidad de la FEB (caracterizada como “cómplice de los milicos”) y especulando con que “iba a desatar la reorganización en la provincia de Buenos Aires”.[11] El conjunto de las agrupaciones participó en la construcción de la medida: “salimos a hacer pintadas, pegatinas, volanteadas” expresan ex militantes del PC y del PI.[12] El acto, se realizó en la plaza de Ramos Mejía y contó con la participación del secretario general de la CGT-Matanza y de docentes de Morón que asistieron en una improvisada movilización interdistrital. También adhirió la comisión provisoria de UDE General Sarmiento y de Berazategui (que en ese contexto empezaba a relacionarse con La Matanza, Florencio Varela y Lomas de Zamora). La medida (en el marco de acciones en otras provinciales) condujo al gobierno nacional a prometer “rápida respuesta a la situación salarial de los docentes” (Clarín, 3/6/1983). En términos de organización la huelga significó el principio de articulación entre distritos, y su valor simbólico radicó en la doble virtud de haber sido la primera realizada por docentes bonaerenses a la dictadura y, en perspectiva histórica, haber sido la primera acción huelguística convocada con autonomía de una iniciativa nacional del ANND/CTERA o provincial de la FEB. Producto de ello el enorme caudal de acumulación política/gremial para estas conducciones distritales dirigidas por sectores del peronismo, en un escenario general caracterizado por las profundas transformaciones sociales e identitarias producidas por la implementación de la violencia genocida. Complementariamente, en UDE Matanza el cambio electoral en 1983 había permito a la alianza encabezada por el peronismo (con María -Mary- Sánchez como secretaria general) ocupar la totalidad de la conducción dejando al PC con el 38% de los votos sin representación alguna.[13] Sin embargo, ello no significó per se alteración del modelo democrático participativo que en la época atravesaba a estos sectores gremiales. A la vez, la realización de la conferencia de prensa desde la CGT-Brasil, liderada por Saúl Ubaldini, evidenciaba el principio de un vínculo político que perduró en el tiempo. En el otro ángulo gremial, la FEB, interpelada por el conflicto nacional y bonaerense, fue la huelga el 12 de julio, apoyada por la AM pero solo parcialmente por la docencia (50% en el conurbano y 70% en el interior). La medida fue cuestionada y calificada como “divisionista” por entidades de CTERA que iban, como vimos, a la paralización de tareas los días 13 y 14 de julio. Semanas más tarde, mientras la FEB acordaba con el gobierno provincial la conformación de una comisión sectorial orientada al análisis de la situación educativa, UDE Matanza decretaba una nueva huelga para el 25 de agosto. En ese contexto, en el club Los Andes de Lomas de Zamora, ocho gremios distritales (UDE Matanza, San Isidro, G. Sarmiento, Morón, E. Echeverría, ATEAB, ATELZ y AEB) construían el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires (FGDBA) con el objetivo de integrar “un sindicato único provincial y luchar por las reivindicaciones” del sector (El Día, 22/8/1983). El nuevo escenario potenció la huelga del 25 de agosto involucrando a “40 mil maestros” (Clarín, 25/8/1983) del conurbano bonaerense. En adelante, a pesar de su heterogénea composición política, fue el canal por el cual el peronismo pudo consolidar posiciones en el sindicalismo docente de esa provincia. Ejemplos de esta situación fueron los casos de UDE San Martín-Tres de Febrero y UDE Merlo, sindicatos conducidos por el PC que privilegiaban como política gremial alternativa la integración a la FEB, lo cual llevó al primer caso a toparse con una situación en la cual “gente que había estado con nosotros empezó a estar del otro lado, porque eran los que luchaban… nosotros luchábamos con CTERA pero no era lo mismo”.[14] En 1984 ésta propuesta del PC encontró su límite al fracasar un intento de unidad entre la FEB, el FGDBA y otras entidades de CTERA. La barrera infranqueable había sido impuesta por la primera entidad que rechazaba la presencia de Sánchez en la mesa de negociación.
Educación y conflicto en los primeros años de Raúl Alfonsín (1984-Agosto 1986)
3.a. 1984: La corta paz en el campo educativo… Una de las primeras definiciones políticas de CTERA en 1984 giró en torno a la iniciativa radical de reordenamiento sindical. La entidad, con sectores del PC[15] y de la UCR en la conducción, legitimó el proyecto con el argumento de respetar “en su propia organización la representación proporcional” y convalidó la intervención de la Justicia Electoral “hasta la asunción de los dirigentes electos” (El Día, 18/2/1984). En simultáneo la entidad se vio atravesada por la incorporación de Bravo al gobierno como Subsecretario de Actividad Docente del Ministerio de Educación y Justicia (MEyJ) y la modificación de su perspectiva acerca del rol de los maestros y la acción sindical: “tienen la responsabilidad de reconstruir el sistema educativo argentino y no buscar sumergirse en un conflicto gremial que comprendería a 600.000 docentes” (Clarín, 18/6/1984). En el nuevo marco institucional un primer logro se relacionó con la reincorporación de 149 docentes prescindibles por razones político/gremiales durante la dictadura[16], para los cuales CTERA exigió (sin éxito), a través de una jornada de protesta y solidaridad en abril, el pago de los salarios caídos y el reconocimiento de derechos (antigüedad y años para la jubilación). En junio, el XVI consejo confederal (32 sindicatos en representación de 15 provincias) decretó el estado alerta y movilización por las reivindicaciones nacionales permanentes. En lo político resolvía dar continuidad a la iniciativa de la década previa de acercar posiciones con la CGT, apoyar la democracia, rechazar la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adherir a la movilización contra la dependencia convocada por las juventudes políticas. En simultáneo, también la UDA declaraba el estado de alerta. Tras la movilización de un millar de docentes, dispuesta por CTERA para el 15 de julio, y ante la insatisfactoria reunión concretada con Alfonsín, la entidad realizó una Jornada de Protesta el 28 de agosto, a la cual adhirió la UDA, consistente en un paro de dos horas por turno orientado a esclarecer en las escuelas las demandas sectoriales e incluyó una concentración en la plaza de los Dos Congresos que contó con dos mil concurrentes. Santa Fe, Chacho y Buenos Aires transformaron la jornada en paro activo. En el último caso, el Frente Gremial se movilizó a la casa de la Provincia en Capital Federal incorporándose luego a la movilización de CTERA. Otras entidades bonaerenses como AESBA asumieron la medida nacional pero se opusieron a una huelga atribuida “a sectores minoritarios que por su accionar merecieron el repudio de la docencia y del pueblo” (El Día, 27/8/1984). Del conjunto de reivindicaciones bonaerenses permanentes, en 1984 se logró continuidad para suplentes y provisionales durante las vacaciones de verano, un régimen de licencias que posibilitó a las maestras embarazadas el acceso a cargos con goce de licencia por maternidad y, en marzo, la reincorporación de 91 docentes prescindibles. Sin embargo, el resto de las reivindicaciones continuaba sin perspectivas de solución en un momento en el cual el responsable de la Dirección General Escuelas (DGE), José Dumón, advertía sobre la “herencia” militar en tanto ponderaba la legitimidad democrática de su gobierno. En este contexto, el 3 de septiembre la CGT realizó su primera huelga general al nuevo gobierno. Si bien CTERA expresó su solidaridad no adhirió a la medida y reclamó a la central obrera la participación en las decisiones y al gobierno la inclusión en la “concertación económico-social”. En cambio, UDA, en oposición a las presiones del FMI, asumió una medida que tuvo muy poca repercusión entre los docentes. Días más tarde, el 26 de septiembre, en el marco de conflictos provinciales, la CTERA paralizó las tareas con la adhesión de UDA y SADOP. Las contradicciones internas en el gobierno impedían el acuerdo: los ministerios de Educación y de Trabajo hacían propuestas salariales que eran rechazadas luego por el de Economía, lo cual se relacionaba con lo que Aruguete (2006:420) caracteriza como la “gestión autocrática” (con prescindencia de negociaciones sectoriales) del ministro Bernardo Grinspun. La medida fue contundente y el ministro de educación, Carlos Alconada Aramburu, se comprometió a mejorar la situación salarial, conformando comisiones mixtas para el análisis salarial y previsional. En Buenos Aires no adhirió la FEB ni la AM, sí los sindicatos de base de CTERA en un escenario en el cual el FGDBA amenazaba con juicios al Estado por considerar ilegales las retenciones a favor del IPS, y ADU denunciaba las nuevas distorsiones salariales realizadas en diciembre de 1983 y julio de 1984 con renovadas sumas no bonificables. Es difícil discernir el alcance de la medida en la provincia por coincidir con la realización de una Jornada de Revisión del Estatuto. En este marco, el gobernador promovió una ley de “reparación laboral y moral del personal docente” prescindible que facultaba a la DGE a dar resolución a todos los pedidos (El Día, 13/9/1984), enumeraba logros docentes en su gestión (fundamentalmente derechos) y confrontaba la relación huelga/recuperación de la democracia. Al no concretarse las promesas oficiales, la CTERA convocó a una nueva huelga para el 16 de octubre con el fin de lograr la actualización de salarios rezagados (preceptores, profesores maestros de especialidades y taller), incrementos del presupuesto educativo y normalización de la Obra Social Para La Actividad Docente (OSPLAD) en un escenario en el cual el gobierno nacional no solo rechazaba en diputados el proyecto de ley de restitución del Artículo 52 sino que también dictaba la conciliación obligatoria por veinte días. En las reuniones de conciliación primaron los desacuerdos entre el gobierno y la CTERA (por la insistencia en transformar los “montos fijos” a “puntos” y no a “índice”) y entre Educación y Economía. En este conflictivo escenario, diputados bonaerenses aprobaban un proyecto de ley que bajaba la edad jubilatoria docente (de 49 años en 1985 a 45 en 1989) y eliminaba progresivamente las retenciones al IPS. Sin embargo, no se registraron avances en el período. Finalmente, la CTERA concretó el 15 de noviembre un contundente paro que contó con la movilización de 1.500 docentes y con la adhesión de UDA, SADOP y el recientemente fundado Frente Unificador Docente de Acción Gremial (FUDAG) que nucleaba entidades nacionales de educadores privados. En Buenos Aires lo hicieron las entidades de base de CTERA, convocando en “coincidencia” la FEB y la AM. Ubaldini expresó el apoyo de la CGT y, significativamente, hacía un “cálido llamado a la unidad orgánica del sector, como paso previo a la integración fraterna en el seno del movimiento obrero organizado” (Clarín, 13/11/1984). Sin resolución de las reivindicaciones nacionales permanentes, y denunciando el intento de dividir el movimiento gremial a través de la redistribución de puntos por cargos (con lo cual se favorecía a maestros postergando al resto de los docentes), la CTERA fue a una nueva huelga el 28 y 29 de noviembre que fue masiva en el interior, nula en Mendoza y San Juan, y relativa en Capital Federal. En Buenos Aires adhirieron las entidades de CTERA, AGEBA, AMET y UDABA, de ahí lo relevante de la medida en el conurbano bonaerense, Mar del Plata y región de La Plata. 3.b. 1985: Conflicto, normalización y unidad sindical Conflictos provinciales, reivindicaciones nacionales permanentes y la recomposición salarial de los sectores postergados en 1984 condujeron a las dos huelgas masivas realizadas por CTERA y UDA los días 2, 10 y 11 de abril (el FUDAG adhirió solo a esta última). La medida fue inexistente en Mendoza (afectada por un terremoto) y parcial en Entre Ríos y Capital Federal donde la influencia del radicalismo (al igual que en la provincia cuyana) y la mejor situación salarial del magisterio capitalino pueden ponderarse como factores explicativos. El conflicto estuvo atravesado por renovadas contradicciones en el gobierno, denuncias de desestabilización golpista y un nuevo ministro de economía, Juan Sourrouille, cuya política proyectaba el peso del ajuste económico sobre los trabajadores. De ahí la “economía de guerra” sentenciada por Alfonsín. En este escenario la CTERA diferenció “la protesta ‘de los grupos reaccionarios pro golpistas’” (Clarín, 10/4/1985) y la UDA, en sintonía con CTERA, rechazó “un plan económico impuesto por los acreedores de la argentina” (Clarín, 8/4/1985). Sin embargo, ambos sindicatos suspendieron la tercera etapa del plan de lucha (huelga del 16, 17 y 18 de abril) tras recibir una nueva propuesta salarial que incrementaba el valor índice y modificaba el sistema de puntos favoreciendo esta vez a los profesores (continuaban postergados los maestros de taller, especiales, preceptores y directores). La UDA lo planteaba como “una contribución al afianzamiento de la democracia” (El Día, 17/4/1985). En términos de organización gremial nacional fue sugerente la propuesta del dirigente ceterista Benito Brusser, realizada en el acto de plaza de Mayo (el 10 de abril), a favor de la unidad con estatales y de participar el día 23 en el encuentro de secretarios generales de la CGT “saltando por sobre cualquier problema reglamentario” (Clarín, 11/4/1985). También lo fue la participación, históricamente novedosa, de la UDA como oyente en el confederal de CTERA. Esta última, dilataba su afiliación (pedida en marzo) pero debía incorporarla si pretendía ingresar a la CGT: “nos pone contentos que los muchachos de CTERA hayan entendido la importancia de concurrir a las reuniones de los gremios estatales y de la Confederación General del Trabajo, pero primero se tiene que conformar la unidad del sector, para llegar luego a la unidad de los trabajadores”, expresaban desde el área de prensa de la UDA (Clarín, 12/4/1985). En tanto, los nuevos posicionamientos de Bravo (ex dirigente de CTERA) dejaban traslucir los lineamientos en política educativa. El funcionario, a la vez que justificaba la política salarial del gobierno (“permite vivir dignamente”) y el déficit en perfeccionamientos (por falta de presupuesto), enfatizaba en una política educativa centrada en la democracia y en los Derechos Humanos (DDHH) en un contexto en el cual “el autoritarismo, la censura y la autocensura afectaron a toda la sociedad en su conjunto”. De ahí, la reincorporación de más de “500 docentes…segregados por razones políticas y gremiales” y la reconstrucción de “los centros de estudiantes en los niveles secundarios y terciario” (El Día, 28/5/1985). Sin embargo, la democratización educativa (cuyo símbolo de época fuera el II Congreso Pedagógico Nacional[17]) se desarrollaba en un escenario (simbolizado con el Plan Austral) de precarización salarial, pedagógica y laboral que la impugnaba. En Buenos Aires, sobre la base de las reivindicaciones bonaerenses permanentes y la falta de perfeccionamiento (ADU denunciaba su privatización), la huelga nacional del día 2 fue masiva ya que la FEB decretó su paro “en fecha coincidente”. Al no darse esta última situación en la jornada del 10 y 11 de abril, la medida fue contundente en la región de La Plata y en el conurbano, no en el interior provincial. El conflicto continuó con movilizaciones a la DGE por parte de la Asociación de Docentes de Educación Artística (ADEA) y ADU, pero fundamentalmente con la huelga del Frente Gremial (15 de mayo) que contó con un acto en Rivadavia y General Paz, lugar en el cual “termina el privilegio [capitalino] y comienza la marginación [bonaerense]” (Clarín, 15/5/1985). Una medida, según Sánchez (UDE Matanza), que contó con la “adhesión de otros distritos docentes que no están nucleados en el frente” (El Día, 16/5/1985). Para Dumón (DGE) el paro fue “político”, en tanto una FEB interpelada resolvía ser solidaria con las próximas medidas nacionales. Entre los logros cabe mencionar la reincorporación de 72 docentes cesanteados (163 en total) y la creación del Consejo de Educación con representación docente. Sin embargo, en un escenario de enormes déficits en el sistema educativo provincial el Poder Ejecutivo proponía favorecer económicamente a los dueños de escuelas privadas con subsidios (de hasta 100% de los aportes patronales) para qué incorporen a sus docentes en el IPS. Más allá de la oposición unánime a los subsidios, las reacciones gremiales ante la propuesta fueron diversas. En la nación, CTERA continúo sus acciones con una jornada (a determinar por las entidades de base) por mayor presupuesto para educación (exigía el 25% del presupuesto nacional frente al 8,3 asignado para 1985) y por la reactivación del Consejo Federal de Educación que, interrumpido en marzo, había dejado pendiente la resolución del nomenclador salarial único docente y la provisión de fondos federales para sueldos. A pesar de este escenario de enfrentamiento, la segunda huelga de la CGT (23 de mayo), que contó con la adhesión de la CTERA y de la UDA (movilizadas junto a la central obrera), tuvo un acatamiento de maestros muy inferior al registrado en las huelgas sectoriales. Un hecho curioso se experimentó un poco más tarde cuando un confederal de CTERA realizado el 17 de junio decidió ir al paro el día 26, lo cual fue suspendido en otro cónclave (25 de junio) por “amplia mayoría (...) en virtud de la evidente ausencia de consenso en las bases de la docencia” (Clarín, 25/5/1985). Una serie de factores pueden explicar la decisión: 1) el débil acatamiento docente al paro de la CGT en el mes anterior; 2) la decisión de la UDA de realizar el 26 un paro con presencia en el lugar de trabajo (contrario a la resolución de la CTERA); 3) la negociación entre la CTERA y el gobierno por la personería gremial (el mismo 26 de junio la CTERA exigía su pronta asignación)[18] y, el impacto social ante el anuncio del Plan Austral. En este contexto, la UDA volvió a participar del confederal pero su incorporación plena se posponía (seguramente por su posible influencia en el congreso normalizador de la CTERA). Semanas más tarde, un nuevo paro general de la CGT (29 de agosto) repitió en educación el mismo escenario que la medida anterior, sin embargo, fue la primera acción realizada tras la integración de la UDA a CTERA, sucedida en el marco del III Congreso Ordinario y II Extraordinario de la entidad, realizados en agosto de 1985 con el fin de alcanzar la normalización sindical. En este punto, conviene caracterizar la relación orgánica entre la CTERA y Buenos Aires. Como señalan Vázquez et.al. (2007), el Estatuto de CTERA de 1973 fijaba para los congresos un sistema de representación que permitía a las entidades pequeñas contar con más congresales, de ahí que Buenos Aires en 1985, con 16 sindicatos (20.000 afiliados) participara con 90 congresales y Córdoba con un sindicato (18.000 afiliados) lo hiciera con diecisiete. Sin embargo, ello no necesariamente implicaba “mayor poder de decisión dentro de CTERA” (p. 287) como sostienen los autores, ya que en la provincia predominaba la diversidad de proyectos entre entidades, ligados a la heterogénea presencia de corrientes políticas que las atravesaban.[19] De hecho, en este período el consenso en la provincia giraba en torno a la unidad gremial (votada en el mismo congreso) y no en privilegiar o defender esta representación, expresándose las diferencias en las diversas propuestas de cada alineamiento político acerca del tipo de organización (federación o sindicato único), de representación (proporcionalidad D’Hont, simple de minorías o lista completa) y modelo de democracia sindical (participativa/representativa). Por otra parte, en nuestro recorte histórico las resoluciones de CTERA se asumieron en los (al menos) 12 confederales realizados, cuyo sistema de votación al privilegiar la cantidad de afiliados por entidad anulaba el peso que pudiera adquirir el fragmentado escenario bonaerense. La normalización de CTERA se produjo a través del voto secreto de 509 congresales (53 entidades) y la presentación de tres listas: la Blanca con 230 votos (radicales, comunistas, socialistas, intransigentes e independientes); la Celeste 190 (peronismo e intransigentes); y la Naranja 23 (MAS y PO). El sistema D’Hont permitió que la lista Blanca obtuviera 13 cargos y la Celeste 10, quedando como secretario general el rionegrino y radical Wenceslao Arizcuren (Blanco) y como adjunto el mendocino y peronista Marcos Garcetti (Celeste). Se sellaba un doble proceso político: se consolidaba el peronismo a través de la construcción y su importante presencia de la Lista Celeste (lugar en el cual acumuló la dinámica del Frente Gremial de Buenos Aires) y se afianzaba en el sindicato la estrategia reformista burguesa (con hegemonía en disputa entre radicales, peronistas y comunistas). En el Congreso Extraordinario finalmente se produjo la incorporación de la UDA a la CTERA y el voto a favor de la integración de ésta a la CGT. El año concluyó a nivel nacional con un acto “contra el golpismo” organizado por la CTERA y otros gremios. La entidad docente convocaba “en repudio de la ola de amenazas en las escuelas y en defensa de la democracia” (Clarín, 7/11/1985). La columna se dirigió de la sede sindical al Congreso Nacional donde se incorporó a la marcha de las comisiones sindicales de diferentes gremios y de los organismos de DDHH, acompañada por partidos políticos. La Federación de Estudiantes Terciarios (FETER) y Secundarios (FES) aportaron importantes columnas en ambas convocatorias, exigían el desmantelamiento del aparato represivo y se pronunciaban en contra del autoritarismo en los colegios. Más de 10.000 personas manifestaron por la democracia. Mientras tanto, en Buenos Aires el ciclo lectivo concluía con denuncias de ADU contra el “presentismo docente” (impuesto en 1984 y vigente en 1986), considerado contrario al “derecho constitucional de huelga” y violatorio del “Reglamento de Licencias” (El Día, 23/11/1985), y del Frente Gremial sobre irregularidades en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) (venta de bonos, horarios, cierre de delegaciones, etc.). 3.c.1986 (enero a agosto): huelgas, articulaciones políticas y grandes movilizaciones Las huelgas de la CGT realizadas el 25 de marzo y 13 de junio fueron acatadas por la CTERA (UDA) que adscribía a las demandas de la central obrera a la vez que proyectaba sus propios reclamos, entre ellos las reivindicaciones nacionales permanentes y el cumplimiento de la tercera etapa de recomposición salarial para los cargos postergados (maestro de taller, bibliotecarios, maestros especiales y preceptores). Ambas medidas fueron parcialmente acatadas (50% de adhesión en las escuelas) en un escenario en el cual desde el gobierno se buscó imprimir la idea de la amenaza a la estabilidad democrática. De ahí que la CTERA decretara para la jornada del 24 de marzo el “estado de alerta y de memoria” (Clarín, 25/3/1986) en resguardo de la institucionalidad y en favor de los derechos humanos. Esta última preocupación era compartida por las entidades de base, por ejemplo ADU (cuyos cuadros de conducción participaban activamente en la APDH), meses atrás había convocado a movilizarse en Capital Federal “contra la impunidad y por el juicio y castigo a todos los culpables” (El Día, 2/8/1985). Por otro lado, la relación orgánica con la CGT no se terminaba de definir ya que a pesar de haber participado la CTERA en su plenario del 7 de marzo, en el marco de la huelga de junio se continuaba exigiendo la plena incorporación. La primera huelga sectorial de la CTERA en el año se realizó el 17 de abril al no ser recibida por el Poder Ejecutivo en un momento en el cual se exigían “definiciones políticas” (Clarín, 18/4/1986). A las reivindicaciones permanentes se agregaban, entre otras, la devolución de descuentos por paros, titularizaciones, normalización de la Caja Complementaria y de OSPLAD. Comenzaba un proceso de construcción de solidaridades (con trabajadores universitarios, del ministerio de educación, judiciales y estatales) y articulaciones políticas que fortalecieron el marco de futuras acciones. La medida fue considerada masiva por los gremios y minimizada por el gobierno, en tanto la movilización desde la CTERA al Congreso Nacional sumó más de 2000 maestros capitalinos y del conurbano bonaerense. En la provincia de Buenos Aires la FEB no adhirió a la huelga. Un nuevo confederal profundizó el conflicto a través de diversas acciones por presupuesto educativo (inferior aún al de 1985) y en defensa de la “educación pública”, a la vez que definió profundizar las relaciones con la central obrera (CGT) y de estatales (CGTE), participar en el Congreso Pedagógico, en el Consejo Federal de Educación y en las comisiones salariales/previsionales. Ante el fracaso en las gestiones de audiencias y la dilación en la conformación de dichas comisiones, se realizó una nueva huelga los días 28 y 29 de mayo que contó con la participación de SADOP y de la Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMyP). La medida fue masiva en el interior del país aunque tuvo una adhesión parcialmente menor en Capital Federal. Sin embargo, la masiva movilización de 15.000 manifestantes al Congreso Nacional durante el segundo día, que contó con la participación de estudiantes (FES, FETER y la Federación Universitaria de Buenos Aires -FUBA-) y personal universitario, y con el apoyo de la CGT, partidos políticos y organismos de derechos humanos, fue caracterizada por la prensa como “‘inédita’, al confluir por primera vez en una marcha los distintos organismos de la comunidad educativa por reclamos específicos del área” (Clarín, 30/5/1986). En Buenos Aires, el anuncio de reducción al 50% de los descuentos a favor del IPS y de un nuevo Estatuto del Docente no impidió al Frente Gremial extender el plan de lucha nacional. Lo iniciaron el lunes 26 de mayo con una marcha de antorchas a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, movilizándose el martes, junto con otras entidades bonaerenses de CTERA, desde Florencio Varela a la Plata (donde confluyeron encabezados por dirigentes de CTERA y de UDE Matanza - Sánchez- y San Martín Tres de Febrero -Ángela Descalzo- con docentes de la región, para acercarse a la DGEyC y a Casa de Gobierno sin ser recibidos por responsables políticos. El paro nacional (28 y 29 de mayo) fue contundente en la región de La Plata, en el conurbano bonaerense y, a pesar de no haber convocado la FEB, en distritos del interior como “Pigüe, Brandsen, Baradero, Carhué y Tandil” (Clarín, 30/5/1986). En junio, la UDA denunció una caída salarial del “300% desde la asunción del gobierno democrático” (Clarín, 28/6/1986) y la CTERA, en el confederal, definió un plan de lucha con paros de una hora (17 y 18 de junio), dos horas (23 y 26) y 72 horas (1, 2 y 3 de julio). Aunque la entidad caracterizó como significativa la adhesión a las medidas por hora la información periodística relativizó su alcance. En Buenos Aires, las entidades de la CTERA (ahora en Plenario de Secretarios Generales, nueva instancia de coordinación pro congreso de unidad gremial) convocaron a los paros parciales promoviendo la realización de asambleas escolares lo cual fue respondido con una circular que prohibió “hacer propaganda política o proselitismo de ninguna clase” amenazando con “actuaciones sumariales pertinentes” (El Día, 5/7/1986). La medida de fuerza tuvo poca repercusión en las escuelas. Finalmente, el paro de 72 horas quedó en suspenso tras concretarse una audiencia con Alfonsín el 30 de junio en un escenario donde Julio Rajneri reemplazaba a Alconada en la cartera educativa. Oficialmente se propuso recomponer los cargos “postergados” y un nomenclador salarial único en dos etapas sin “cifras concretas”, en un contexto en el cual el presidente afirmaba que “no se van a pagar los días de huelga” (Clarín, 1/7/1986). Tras calificar a la reunión como “decepcionante” se realizó la huelga el 2, 3 y 4 de julio. Rajneri acusó a CTERA de cerrar el diálogo y Bravo hablaba de “mala voluntad de los dirigentes” a la vez que ponderaba “la situación económico-financiera del país” (Clarín, 1/7/1986) y argumentaba a favor de los descuentos por huelga. Sin bien la adhesión (para el gobierno inexistente, para la CTERA de 90%) fue menor a otras oportunidades la significativa movilización de 15.000 manifestantes (entre ellos estudiantes -FES, FETER y FUBA) al Congreso Nacional y a Casa de Gobierno, en reclamo de mayor presupuesto, daba cuenta de la incipiente pero gran articulación política-gremial de la entidad. En este contexto, Buenos Aires asistía el 31 de agosto a la creación del SUTEBA punto de inflexión en la provincia que amerita un capítulo aparte. Conclusiones En Buenos Aires pudimos advertir que la avanzada represiva no alteró el nivel de fragmentación gremial preexistente a la dictadura aunque sí logró reducir la cantidad de entidades a la mitad. Otro punto de continuidad, tanto en CTERA como en los sindicatos de base bonaerenses, tuvo que ver con la recuperación militante de la práctica democrática participativa experimentada en la década anterior cuyo rasgo esencial fuera la preeminencia de instancias deliberativas por sobre las ejecutivas en la toma de decisiones. Un modelo de organización interna sindical que confrontaba con el representativo dado en otros espacios gremiales en los cuales la mesa ejecutiva se imponía a los espacios de deliberación, por ejemplo en la UDA. Una novedad histórica en la provincia vino dada por la capacidad y decisión política de algunos de estos espacios gremiales de convocar acciones huelguísticas autónomas independientes de medidas nacionales o de la FEB. A la vez, al igual que en la situación previa a la dictadura, la fragmentación generó las condiciones de posibilidad para replicar en la provincia el conflicto planteado en el orden nacional por CTERA, aportando importantes columnas en las movilizaciones nacionales realizadas en Capital Federal. En este marco, la provincia estuvo atravesada por diversas convocatorias que generaron un intenso nivel de conflicto docente. En el último año dictatorial fueron once las acciones huelguísticas que afectaron la provincia (convocadas por UDE Matanza-Morón, FGDBA, FEB, UDA, CTERA, CGT) con el enorme logro de impugnar abierta y políticamente el autoritarismo genocida pero sin alcanzar alteraciones significativas en el escenario de precarización laboral y pedagógica que caracterizaba a la política educativa. En el período democrático (1984 - agosto1986) fueron diecisiete. Entre ellas, las cinco convocadas por la CGT, con adhesión de las entidades docentes nacionales, contaron con menor acatamiento que las realizadas exclusivamente por el sector. En estos últimos casos la situaciones fueron diversas: cuando la convocatoria era del Frente Gremial la medida repercutía con fuerza en los distritos convocantes pero también era realizada en otros; cuando el llamado era de la CTERA repercutía con fuerza en toda la provincia con elevados niveles de acatamiento en el conurbano y en la región de La Plata si no paraba la FEB, y masivas en el conjunto provincial si ésta decretaba su propio paro en “coincidencia” (lo cual sucedió en dos oportunidades en 1983 y en tres luego). A través de este conflicto, los maestros bonaerenses lograron del gobierno constitucional reivindicaciones relacionadas a derechos (reincorporación de cesantes durante la dictadura, derechos para provisionales y suplentes, etcétera) pero no pudieron trascender la precarización salarial expresada en bajos salarios, sumas no bonificables y adicionales por presentismo (resistido desde 1983), ni las precarias condiciones en las cuales se desenvolvía la relación laboral y pedagógica. Finalmente, fue postergada la posibilidad de integrar una comisión salarial entre partes y solo parcialmente se logró eliminar el descuento a favor del IPS de cada aumento salarial hacia el final del período. El conflicto huelguístico docente en el orden nacional también alcanzó relevante intensidad con una huelga convocada por UDA (la primera a la dictadura), quince por CTERA (con adhesión de UDA y otros sindicatos nacionales) y siete huelgas de la CGT con acatamiento docente (dos en dictadura y cinco en el marco constitucional). Las medidas masivas fueron las convocadas por CTERA con la participación de UDA y otras entidades nacionales, teniendo menos repercusión las convocadas por la CGT a pesar de la participación de las entidades docentes. Fue destacada, a la vez, la coordinación de acciones con los estudiantes (secundarios, terciarios y universitarios) desde noviembre de 1985 y la articulación con organismos de DDHH, partidos políticos y la CGT en los conflictos de 1986, lo cual importó en la práctica la ampliación de sujetos de la comunidad educativa en las movilizaciones de CTERA que llegaron a convocar entre 10.000 y 15.000 manifestantes: una significativa novedad histórica. Sin embargo, el intenso nivel de conflicto, al igual que en Buenos Aires, no logró revertir la política de ajuste económico sobre el sistema educativo (reflejada en los cada vez más bajos presupuestos para el área) ni la de precarización salarial, tampoco logró la implementación de un nomenclador único salarial nacional ni la restitución del derogado Artículo 52 del Estatuto del Docente. En cambio sí se logró la reincorporación de cesantes durante la dictadura y la imposición de un freno a la intensificación de la precarización laboral/pedagógica. A la vez se configuró la CTERA (junto a la UDA) como un espacio de oposición a la política económica del Plan Austral y a la relación del gobierno con el FMI. En este escenario se produjeron las confluencias con la UDA y con la CGT. Esto último se relacionaba con una de las transformaciones más importantes experimentada en el campo gremial docente en la post dictadura, cuando un nuevo perfil político e ideológico se empezaba a desarrollar en CTERA, y en las entidades de base de la provincia de Buenos Aires, lo cual era acompañado por una correspondiente alteración de la estrategia gremial de esta fracción de trabajadores. Reconfiguración identitaria producto de la implementación de la tecnología de poder basada en el ejercicio de la práctica genocida (Feierstein 2008), cuya ejecución modificó el marco general de las fuerzas sociales tras producir la desarticulación de lo que fuera en la década previa la fuerza social de izquierda (en la cual acumulaba políticamente CTERA), operándose de esta manera una afección que transformó en su conjunto al grupo nacional argentino (Feierstein 2012). El renovado escenario político/ideológico generó las condiciones para que incrementen su influencia en el gremialismo docente los partidos de la burguesía (UCR y PJ) en su nueva proyección política desarrollada en el nuevo marco de “ciudadanización” de los trabajadores que implicaba el desplazamiento de las demandas de clase por otras democráticas (Bonnet 2008: 84-96). En Buenos Aires, la principal expresión de este proceso estuvo relacionada con las primigenias iniciativas de UDE Matanza y Morón (conducidas por el peronismo) y su tracción hacia la unidad de acción de varias entidades del conurbano que inmediatamente dieron forma al Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires, vehículo a través del cual el peronismo acumuló fuerza gremial y política. Diezmada y desarticulada la fuerza social de izquierda insurgente/revolucionaria la nueva estrategia gremial docente en el territorio bonaerense circuló en torno al reformismo burgués en su versión peronismo/radicalismo, con un PC que en el período aparecía como aliado táctico de la UCR. En escala nacional el nuevo ascendente político de la burguesía sobre el gremio docente tuvo su mayor expresión en el Congreso Normalizador de CTERA de 1985 no solo por la importante presencia de estos partidos en los cuadros de conducción elegidos (también del PC como aliado menor de la UCR en el orden nacional), sino también en la construcción y consolidación de la Lista Celeste (peronismo). Así el cambio más significativo de la entidad en la post dictadura, al igual que en Buenos Aires, se relacionó con la nueva estrategia gremial basada ideológicamente en el reformismo burgués. Sin embargo, esta acumulación política a fuerzas y proyectos de la burguesía no significó subordinación sectorial lo cual tuvo su reflejo en el intenso nivel de conflictividad. Este giro ideológico/estratégico permitió la aproximación política entre la CTERA y la UDA, y la materialización de la unidad gremial de ambas entidades, un prerrequisito para el ingreso de la primera a la CGT, lo cual se concretó a final del período analizado. Así, la drástica transformación en la correlación de fuerza entre clases sociales producida mediante la violencia genocida generó las condiciones necesarias para la reestructuración capitalista, momento inicial de la firme reconfiguración de la hegemonía socio/política de dominación que se expresará más tarde (Bonnet 2008: 154). En este proceso hay que inscribir los cambios estratégicos/ideológicos operados entre las fracciones organizadas de los trabajadores de la educación de la CTERA. En un escenario en el cual la desarticulación de “las capacidades ofensivas de la clase trabajadora no consiguió anular sus capacidades defensivas (…) lo que puede verse en su constante insubordinación” (Massano 2015). De ahí el intenso nivel de conflicto docente desarrollado en el período analizado. Bibliografía Aguilar, Susana (2010). Federación de educadores bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento. FEB 50 años. La Plata: Federación de Educadores Bonaerenses. Aruguete, Eugenia (2006). “Lucha política y conflicto de clases en la posdictadura. Límites a la constitución de alianzas policlasistas durante la administración Alfonsín”. En: Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?. Buenos Aires: Siglo XXI. Bonnet, Alberto (2008). La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001. Buenos Aires: Prometeo. Balduzzi, Juan y Silvia Vázquez (2000). De apóstoles a trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente. 1957-1973. 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Funcionarios y políticas educativas en la provincia de Buenos Aires (1976-1983). Rosario: Prohistoria Ediciones. SUTEBA (2006) SUTEBA 20 años de lucha, pasión y proyectos. 1986-2006. “Banderas en tu corazón”. Buenos Aires: SUTEBA. Vázquez, Ana et.al (2007). Uemepé. Historia del sindicalismo docente porteño. Buenos Aires: UTE. [1] Asumimos el concepto en los términos utilizados por Carrera 2012. [2] La evolución del presupuesto educativo nacional en relación al presupuesto general fue la siguiente: 1974, 15,7%; 1975, 13,1%; 1976, 6,9%; 1977, 7,3%; 1978, 9%; 1979, 10,3%; 1980, 13%; 1981, 11,6%; 1982, 10,5%; 1983, 8%; 1984, 10%; 1985, 8,3% y 1986, 7%. (El Día 25/3/1983 y 17/4/1986, Clarín 25/6/1985). [3] Si bien fue la entidad más representativa desde su fundación (con más de 200.000 afiliados a las 128 organizaciones de base) en el marco de la disputa política en los años setenta la personería gremial había sido otorgada por el gobierno peronista a la recreada UDA en noviembre de 1974 (en 1983 contaba con 60.000 afiliados). [4] Alfredo Bravo fue secretario general de CTERA y co-fundador de la APDH. Militante de la Confederación Socialista Argentina, Bravo había sido hostigado simbólicamente (al igual que el resto de conducción de CTERA) en los años setenta, detenido en 1977, desaparecido, torturado, legalizado y, finalmente liberado en 1979. [5] Creada por Resolución 1231/75 del Ministerio de Bienestar Social pautaba que seis de los ocho miembros del directorio serían designados por UDA. Un análisis exhaustivo, conceptual y empírico, del régimen de previsional social (jubilación) docente de jurisdicción nacional desde fines del siglo XIX a principios del XXI pude seguirse en Labourdette 2016b. Para la especificidad del lugar previsional en el conflicto docente entre 1970 y 1976, y la relación CTERA-UDA en ese escenario, ver Labourdette 2017. [6] El Artículo 52 del Estatuto para Docentes de jurisdicción nacional fue derogado en 1969 y fijaba el acceso jubilatorio a los 25 años de servicios, sin límite de edad y con un haber del 82% móvil. [7] Estatutariamente cada cargo escalafonario tenía cierta cantidad de puntos y cada punto un valor índice -monto en dinero-. Si el incremento salarial era sobre el valor índice (valor monetario del punto) se daban dos situaciones: 1) vigencia de la proporcionalidad pautada en el escalafón; y 2) vigencia de las bonificaciones (por desfavorabilidad, antigüedad, ruralidad, etc.). Cuando las sumas eran no bonificables se suprimía el segundo aspecto, pero cuando eran asignadas a través de la redistribución de puntos por cargos se destruía la proporcionalidad generándose importantes retrasos salariales por sectores: por ejemplo, si se otorgaban más puntos a los maestros y menos a preceptores, los primeros actualizaban su salario mientras los segundos quedaban rezagados (afectando a la vez la el derecho proporcional a bonificaciones). [8] Bloque de entidades de CTERA en Buenos Aires (algunas entidades se sumaron antes, otras más tarde): ADU (La Plata-Berisso-Ensenada). UDE de diferentes distritos: Morón, Quilmes, Matanza, San Martín-Tres de Febrero, Merlo-Marcos Paz-Las Heras, Esteban Echeverría, Moreno, General Sarmiento, San Isidro-zona norte y Salto. Centro de Educadores del Oeste, DASEBA (sudeste), Asociación de Trabajadores de la Educación de Ramallo (ATER), de Carmen de Patagones (ATEP), de Alte Brown (ATEAB) y del Norte de Bs. As. (ATENBA). ATELZ, Movimiento Docente del Sur (MDS), AEB, AESBA, Comisión pro agremiación de Varela, Asociación de Docentes y Técnicos de Enseñanza Diferenciada (ADyTED). Asociación de Docentes de Pilar (ADP), de Zona Oeste (ADZO), de Educación Física (ADEF), de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS) y de Educación Técnica de Bs. As.(ADETBA). No significa que hayan articulado acciones más allá de adherir a las huelgas de CTERA ya que entre entidades existían acuerdos y diferencias político/ideológicas. [9] C.M., entrevista del autor, 3/2/16, ciudad de Buenos Aires. [10] Gudelevicius (2012) señala que los docentes porteños tuvieron los salarios más altos durante la dictadura (p. 262). De ahí que su pauta salarial fuera la referencia en los conflictos. [11] C.M., Op.Cit. [12] D.A. y A.B., entrevista del autor, 31/3/12, La Matanza. [13] D.A. y A.B., Op.Cit. [14] S. K., entrevista del autor, 10/2/14, San Martín. [15] Sobre el posicionamiento al respecto del PC y del conjunto de los partidos de izquierda ver en este volumen el trabajo de Leandro Molinaro. [16] En ningún caso los reclamos consideraban docentes dejados cesantes por razones político/gremiales durante el tercer gobierno peronista a pesar de los quince mil casos denunciados en 1975. [17] Inaugurado por Alfonsín en abril de 1986 las discusiones concluyeron en 1988. Ver Krichesky y Benchimol (2008). [18] Carlos de la Torre (secretario adjunto) explicaba que se contaba “con personería jurídica y desde el mes de julio del año pasado también con inscripción gremial, pero que ‘vencidos ampliamente todos los plazos legales’ se dilata el otorgamiento de nuestra personería gremial” (Clarín, 26/6/1985). CTERA era la entidad más representativa desde su fundación. [19]Ello se manifestó en la presentación de listas en el mismo congreso: la Naranja era encabezada por Oscar Castro (MAS) dirigente de ATELZ, mientras que en la Celeste estaba María Sánchez (peronismo) de UDE Matanza, ambos en el Frente Gremial de Buenos Aires, pero con proyectos políticos/ideológicos enfrentados. Otro ejemplo, “La Blanca sostenía el mantenimiento de los principios organizativos con los que se había formado la CTERA (…) una Confederación de Federaciones de sindicatos provinciales. La Celeste proponía la representación por sindicato únicos por provincia” (Vázquez et al. 2007: 289). A la vez la Naranja, en este punto, compartía criterio con la Blanca. Así, las discusiones principales (al menos en este congreso -único del período-) estaban atravesadas por los proyectos político y sindicales de los diferentes alineamientos internos y no por discusiones llevadas desde la jurisdicción. *Articulo extraido con el permiso del autor de: Lorenzo Labourdette (2018) “Reorganización, conflicto y transformación ideológica en el gremialismo docente. Contrapunto entre la situación bonaerense y nacional (1983 -1986)” en Alejandro Schneider (Comp.) Trabajadores de la historia argentina reciente: reestructuración, transformación y lucha. Buenos Aires: Imago Mundi.

References: resolución 
 Artículo 52
 resolución 
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 Artículo 52
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 Artículo 52
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 Artículo 52