Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/62632
Timestamp: 2019-12-16 06:14:21+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1SPO-134/62632
Propone facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el andamiaje legislativo necesario que permita hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
It proposed to empower the National Council for Development and Inclusion of Persons with Disabilities with the legislative framework needed to enable implementation of the rights of persons with disabilities.
La suscrita, María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII, PASANDO LA ACTUAL A SER LA XVIII, AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:
En nuestro país no existe una cultura incluyente en materia de discapacidad, actualmente, a pesar de contar con múltiples leyes que protegen a estas personas aún no se ha podido generar conciencia en el resto de la sociedad, lo cual, impide que los discapacitados puedan gozar de una vida plena.
La población en general no presenta una actitud tendiente a asistir a las personas con discapacidad, ni siquiera en los escenarios donde evidentemente pueden requerir ayuda e incluso, muestra acciones discriminatorias en contra de ellos, por lo tanto, además de las barreras físicas a las que se enfrenta este grupo vulnerable, también se encuentran con diferencias en el trato personal.
Por otra parte, en muchas ocasiones, las mismas autoridades, dependencias e instituciones violentan los derechos de las personas con discapacidad y cometen acciones que generan exclusión, lejos de garantizar su incorporación a la comunidad y facilitar la ejecución de sus derechos fundamentales.
De esta manera, lamentablemente se generan diferencias tanto de los órganos de gobierno como de la población en general, que perjudican de forma directa o indirecta la accesibilidad de estas personas a su entorno o bien, son víctimas de malos tratos y actitudes ofensivas.
Por lo tanto, la comunidad internacional ha redoblado esfuerzos en los últimos años con el fin de lograr que los Estados homogenicen sus disposiciones con las recomendaciones de la ONU en la materia, con la finalidad de generar un marco jurídico que los dote de condiciones de igualdad de oportunidades.
Se debe reconocer que las personas con discapacidad son miembros de la sociedad que tienen los mismos derechos que los demás y por ende, merecen las mismas oportunidades que la población en general.
Debemos conseguir la aceptación de estas personas en sus entornos, para que puedan desarrollarse plenamente sin que sus discapacidades sean motivo de discriminación, reafirmando el compromiso por parte del Estado por defender los derechos fundamentales, la justicia social y la dignidad humana.
De acuerdo con el marco jurídico internacional plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, los Estados miembros han asumido la responsabilidad de crear legislaciones progresistas que no solo reconozcan los derechos de estas personas, ni que solo velen por mantener el principio de igualdad, sino que también articulen mecanismos eficientes, generen estrategias y programas que permitan el goce de estos derechos de una manera práctica.
En nuestro país, en el 2011, se publicó la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral, la participación e inclusión plena en nuestra sociedad de las personas con discapacidad, estableciendo obligaciones a gobierno y particulares para dar a esas personas oportunidades laborales, ayuda técnica para su desarrollo profesional, eliminar barreras arquitectónicas en inmuebles que facilitaran su acceso a los servicios y modificar el transporte público para su beneficio, entre otras muchas, sin embargo, a pesar del pasar de los años, aún falta una sociedad más consiente de las necesidades de estas personas, que no sea la causante de la discriminación.
De acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI, existen alrededor de 6 millones de discapacitados en México, por lo tanto, mientras no haya políticas públicas incluyentes, el derecho de vivir en un entorno sano, en comunidad y en igualdad de oportunidades de millones de personas se sigue violentando a diario.
Por lo tanto, es necesario que nuestro país asuma una postura de compromiso con estas personas y muestre la voluntad de garantizar los derechos humanos de toda su población de acuerdo con las disposiciones internacionales y lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política.
En esta dirección, esta iniciativa pretende facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el andamiaje legislativo necesario que permita hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
I. a XVI.
Artículo 42.Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
XVII. Garantizar el cumplimiento de las normas previstas en la presente ley; garantizando orientación jurídica para este sector de la población coadyuvando con los funcionarios y autoridades correspondientes en la aplicación de las normas respectivas, y
ÚNICO. Se ADICIONAuna fracción XVII, pasando la actual a ser la XVIII al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

References: artículo 71
 artículo 8
 ARTÍCULO 42
 artículo 1

Artículo 42
 artículo 42