Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/123/001.html
Timestamp: 2020-02-26 08:35:52+00:00

Document:
BOC Nº 123. Viernes 27 de Junio de 2014 - 2823
2823 LEY 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
61 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 992.85 Kb.
BOC-A-2014-123-2823. Firma electrónica - Descargar
En el periodo 2008-2012 más de 10.000 personas o familias han sufrido el lanzamiento judicial de sus viviendas en Canarias a causa de un proceso de ejecución hipotecaria. En consecuencia, el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna cobra todo su sentido en las circunstancias actuales e impone a los poderes públicos la obligación de actuar.
El derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna viene muy condicionado en la actualidad por las dificultades de tipo económico para hacerlo efectivo, que están muy relacionadas con la mala situación económica de las familias (altas tasas de desempleo, precariedad laboral, reducción de las retribuciones ...) y con los problemas para acceder a la financiación necesaria, cuando se trata de adquirir en propiedad la vivienda. Quiere ello decir que las dificultades económicas tienen una incidencia negativa desde dos perspectivas distintas: por un lado, muchas personas y familias tienen serias dificultades para mantener las viviendas que ya ocupan (impago de rentas y de cuotas de préstamos hipotecarios) y, por otro, muchas otras no tienen posibilidades reales de acceder a una vivienda en alquiler o propiedad por la falta de rentas o de financiación.
El objetivo primordial es introducir modificaciones en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, que permitan a las administraciones de las islas poner en marcha medidas adecuadas a las circunstancias actuales para promover la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna.
Como ha reconocido el Tribunal Constitucional "... el derecho a la propiedad privada que la Constitución reconoce y protege tiene una vertiente institucional, precisamente derivada de la función social que cada categoría o tipo de bienes sobre los que se ejerce el señorío dominical está llamado a cumplir, lo que supone, como ya sabemos, la definitiva incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular en la propia definición de cada derecho de propiedad o, si se prefiere, en la delimitación concreta de su contenido. Como es lógico, esta delimitación no se opera ya solo en la legislación civil, sino también en aquellas otras leyes que cuidan principalmente de los intereses públicos a los que se vincula la propiedad privada" (STC 37/1987, de 26/mar).
La referencia constitucional a la función social del derecho de propiedad "pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una concepción abstracta de este derecho como puro ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por ello, la fijación del «contenido esencial» de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a este subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo".
Ahora bien, en la situación actual, con un considerable stock de viviendas vacías -se estima que más de 130.000 en Canarias- y con evidentes dificultades para tener salida en el mercado inmobiliario, no parece lógico que las políticas públicas en materia de vivienda sigan básicamente centradas en la vivienda protegida. Se hace necesario, más bien, arbitrar políticas y medidas que incidan sobre el mercado de la vivienda libre, favoreciendo la efectiva ocupación de las mismas para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población, pues solo en lo que respecta a viviendas protegidas en Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda tiene censados más de 32 mil demandantes.
Una de las consecuencias que conlleva la aprobación de la presente ley es la configuración, pues, de un estatuto jurídico del derecho de propiedad de la vivienda que incorpora deberes de naturaleza asimétrica, sin que ello suponga vulneración del principio de igualdad entre personas físicas y jurídicas, dado el distinto alcance de su potencial social y económico de estas últimas respecto de las primeras. Por ello, la garantía de igualdad no puede entenderse como absoluta, sino relativa o proporcional a las circunstancias, tratando desigualmente a los desiguales. En relación precisamente con el derecho de propiedad que reconoce el artículo 33 de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene señalado que el título del artículo 149.1, regla 1ª de dicha Norma Fundamental no habilita para establecer una regulación uniforme de la propiedad privada y de su función social, ni esa pretendida uniformidad puede servir de pretexto para anular las competencias legislativas que las Comunidades Autónomas tienen sobre todas aquellas materias en las que entre en juego la propiedad, por lo que la invocación de ese título competencial no puede impedir que la Comunidad Autónoma de Canarias establezca en su territorio aquellas disposiciones singulares en las que proyecte una determinada política en materia de vivienda, para cuya eficacia se instrumentan las medidas y técnicas que considere convenientes, máxime cuando los objetivos perseguidos entroncan con los designios constitucionales sobre el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.
Efectivamente, en esta disposición se aborda la regulación del segundo gran objetivo de la presente ley: evitar el lanzamiento de familias con especiales dificultades como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria. Como se ha dicho, se trata de una medida ya acogida en las legislaciones andaluza y navarra. En este caso, se configura como una expropiación no plena y limitada temporalmente, que en ningún caso afectará al derecho de propiedad, sino al derecho de usufructo de las viviendas, dejando incólume el derecho de nuda propiedad de las viviendas en manos de las personas jurídicas. Es decir, se afecta solo a "facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos", como la define el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de modo que se mantiene en la entidad expropiada una titularidad nuda plena.
La enumeración de supuestos de expropiaciones no plenas que se hace en el artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa "tiene carácter enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos", como precisa igualmente el artículo 1.1 del Reglamento. Además, el citado artículo 2 del Reglamento dispone que en estas expropiaciones no plenas la aplicación de su legislación especial resultará prioritaria, sin perjuicio de los contenidos básicos de la legislación expropiatoria común.
Artículo 1.- Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias.
3. El ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadoras en materia de vivienda se constituye en garantía legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada".
"Artículo 2.- Principios rectores.
g) Simplificar y racionalizar la actuación administrativa sobre vivienda".
Tres.- Se añade un artículo 2-bis con la siguiente redacción:
"Artículo 2-bis.- Deber de colaboración.
3. El deber de colaboración previsto en el presente artículo deberá ajustarse, en todo caso, a las previsiones de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal".
Cuatro.- El artículo 4 pasa a tener la siguiente redacción:
"Artículo 4.- Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
j) Cuantas otras competencias no hayan sido atribuidas a otras administraciones públicas".
Cinco.- El apartado 3 del artículo 6 pasa a tener la siguiente redacción:
"3. Los ayuntamientos controlarán las condiciones de habitabilidad de las viviendas y su adecuación a la normativa reglamentaria que con tal fin establecerá el Gobierno de Canarias".
Seis.- Se modifica el artículo 8, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 8.- Competencias y funciones.
o) Cualquier otra función ejecutiva que, en materia de vivienda, le encomiende el Gobierno de Canarias".
Siete.- Se modifica la letra g) del apartado 7 del artículo 18 y se añade un nuevo apartado 8 en los siguientes términos:
"g) Cualesquiera otros recursos ordinarios o extraordinarios que pueda recibir incluidos los intereses y los recargos, de las fianzas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas y suministros complementarios a las mismas, así como las cantidades recaudadas en el ejercicio de la potestad sancionadora regulada en esta ley, las provenientes de las multas coercitivas y los importes que se ingresen en concepto de contribución al pago de justiprecios en las expropiaciones de uso de las viviendas por las personas beneficiarias de las mismas.
8. Los recursos obtenidos por el Instituto Canario de la Vivienda a los que se refiere la letra g) del número anterior, se destinarán a sufragar las expropiaciones de uso que se realicen en los procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a las medidas de fomento para propiciar el alquiler de viviendas deshabitadas y a la rehabilitación del parque público de vivienda".
Ocho.- Se modifica el apartado 2 del artículo 24, cuya redacción pasa a ser la siguiente:
"2. La Comisión de Vivienda está formada por un máximo de dieciséis miembros en representación de las administraciones públicas canarias, de los promotores y constructores de viviendas y de los dos sindicatos más representativos y de otros movimientos sociales o entidades asociativas que desarrollen actividades vinculadas con la vivienda o con la protección de los derechos de las personas afectadas por el impago de una hipoteca, que serán designados en la forma que reglamentariamente se determine. Ostentará la presidencia la persona que ejerza la dirección del Instituto y su secretario el que lo sea del Consejo de Dirección".
Nueve.- Se modifica el artículo 32, que queda con esta redacción:
"Artículo 32.- Concepto.
Se entiende por vivienda protegida aquella que cumple unas determinadas condiciones de uso, destino, calidad, precio máximo establecido y, en su caso, superficie y diseño, así calificadas por la consejería competente en materia de vivienda".
Diez.- Se añade un artículo 32-bis, con la siguiente redacción:
"Artículo 32-bis.- Ocupación efectiva de las viviendas.
La administración deberá velar por la efectiva ocupación de las viviendas protegidas por las personas legítimamente seleccionadas para su uso y disfrute".
Once.- Se modifica el apartado 3 del artículo 34, en los siguientes términos:
"3. Se entiende que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando no permanezca desocupada durante más de seis meses en el período de un año, salvo que medie justa causa, determinada reglamentariamente".
Doce.- Se modifica el artículo 35, que queda como sigue:
"Artículo 35.- Calidad.
Las viviendas protegidas deberán cumplir las normas técnicas, de tipología, de diseño y de calidad que se fijen reglamentariamente. En todo caso les será de aplicación lo establecido con carácter general en la normativa reguladora de la eficiencia energética de las edificaciones".
Trece.- Se adiciona al final del subapartado a), del apartado 3 del artículo 38 el siguiente texto, de manera que la configuración final del precepto pasa a tener el siguiente tenor:
"Artículo 38.- Financiación.
c) Avales o cualquier otra clase de ayuda que facilite la financiación del precio de la vivienda protegida".
Catorce.- Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 39 en los siguientes términos:
"3. Con carácter general, las viviendas protegidas no podrán ser objeto de transmisión intervivos, ni de cesión de uso por cualquier título durante la vigencia de su régimen legal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 salvo que, previa autorización y justa causa, determinada reglamentariamente, se reintegre la totalidad de las ayudas y de los beneficios fiscales recibidos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con sus intereses legales, siempre que no hayan trascurrido diez años a partir de la calificación definitiva.
3º. Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere el 3 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)".
Quince.- Se adicionan tres nuevos subapartados f), g) y h), al apartado 1 del artículo 44 de la ley con el siguiente tenor:
"f) La adquisición de viviendas o lotes de viviendas adquiridas por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, como consecuencia de la ejecución de una garantía crediticia o su transformación en tal como consecuencia del impago de una deuda, y ello en los términos y condiciones que fije el Plan de Vivienda al que dicha actuación esté adscrita.
h) El asesoramiento a familias y personas en situación de amenaza de pérdida de su vivienda por ejecuciones hipotecarias o como consecuencia de impago de las rentas de alquiler por incapacidad económica sobrevenida".
Dieciséis.- Se adiciona en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 47 una frase y se añade un nuevo subapartado f) en el mismo precepto, de forma que la configuración final del mismo pasa a tener el siguiente tenor:
"1. La adjudicación de viviendas protegidas se realizará de acuerdo con los principios de justicia, equidad y solidaridad, de forma que se favorezca el acceso a las mismas a las familias necesitadas, necesidad que queda acreditada con la inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, constituyendo este uno de los instrumentos para contribuir a la consecución de los principios citados.
f) Necesidades especiales de la unidad familiar, tales como tener el reconocimiento de la condición de familia numerosa, o tener a su cargo personas dependientes o con discapacidad, personas mayores o víctimas de violencia de género".
Diecisiete.- Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 48 y se añade un nuevo apartado 6, en los siguientes términos:
"4. El Gobierno de Canarias con relación a las viviendas de promoción pública y a las de régimen especial en alquiler, que se adjudiquen por el mismo procedimiento que las anteriores, podrá establecer subvenciones o ayudas a la adquisición y arrendamiento de las mismas, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de las personas adjudicatarias. En ningún caso, la cantidad mensual a abonar en concepto de alquiler de vivienda sin anejo vinculado podrá exceder del 12% de los ingresos mensuales de la unidad familiar de acuerdo a la tabla de relaciones de ingresos y cuota que se apruebe reglamentariamente. En atención a las circunstancias socioeconómicas de aquellas personas, en especial en caso de desempleo, la administración pública competente podrá conceder bonificaciones al pago de la renta e, incluso, autorizar la interrupción del pago de la misma, en las condiciones y con las garantías que se fijen reglamentariamente.
6. Reglamentariamente se determinará en qué momento una promoción de viviendas, en la que una parte de las personas adjudicatarias ha accedido a la propiedad mediante el otorgamiento de escrituras públicas de compraventa, deberá entenderse calificada en régimen de venta, al objeto de establecer el régimen jurídico aplicable a aquellas viviendas de la promoción que estuviesen sometidas a la prórroga prevista en la legislación de arrendamientos urbanos y las que pudiesen ser susceptibles de una nueva adjudicación".
Dieciocho.- Se modifica el apartado 1 del artículo 50 en los siguientes términos:
"1. Las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública asumirán los deberes de conservación y uso de las mismas establecidos con carácter general por esta ley para las viviendas libres, así como, los que se derivan de la legislación urbanística, de arrendamientos urbanos y legislación fiscal, estableciéndose en el contrato que suscriban la asunción por parte de los mismos del abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, la tasa por recogida de basura y la tasa por la entrada de vehículos por la vía pública y, en su caso, los deberes que se deriven de las ordenanzas municipales.
No obstante, en caso de arrendamiento y en la forma que se determine reglamentariamente, podrán ser subvencionados o pagados por la administración autonómica de vivienda".
Diecinueve.- Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 52 con el siguiente tenor:
"3. El acceso a financiación cualificada por los beneficiarios de las modalidades de promoción privada, deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 38 relativos a la inclusión de cláusulas abusivas o contrarias al ordenamiento jurídico".
Veinte.- Se modifica el apartado 2 del artículo 69, que queda como sigue:
"2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 68.1, letra a), se requerirá a la persona arrendataria o adjudicataria para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que la persona arrendataria o adjudicataria haya dado lugar a decretar el referido desahucio.
En cualquier caso, la consejería competente en materia de políticas sociales, en coordinación con los servicios sociales municipales del ayuntamiento en que esté sita la vivienda, adoptará las medidas oportunas para garantizar que las personas afectadas por el desahucio administrativo no queden en situación de exclusión social".
Veintiuno.- Se modifica el artículo 74, que pasa a tener esta redacción:
"Artículo 74.- Contenido.
6. El Plan establecerá medidas para garantizar que, si en los dos ejercicios posteriores a la recepción de suelo cedido por terceros, no fuera posible urbanizar o edificar, se promuevan acuerdos de colaboración público-privada o convenios con otras administraciones públicas que lo hagan viable".
Veintidós.- El artículo 77 queda redactado como sigue:
"Artículo 77.- Concepto.
A los efectos de esta ley se entiende por vivienda libre toda edificación destinada a morada o habitación, permanente o por temporada, promovida por persona física o jurídica, pública o privada, que no esté acogida a los regímenes de protección pública de la vivienda y cumpla los requisitos que exija la normativa vigente".
Veintitrés.- Se añade un artículo 77-bis con la siguiente redacción:
"Artículo 77-bis.- Ocupación efectiva de las viviendas.
Las administraciones públicas canarias velarán para que la vivienda libre reúna los requisitos de habitabilidad, calidad y seguridad legalmente exigibles y para que se destine de manera efectiva al uso habitacional que le corresponde de acuerdo con la función social del derecho de propiedad".
Veinticuatro.- Se modifica la letra f) del artículo 78, que queda con la siguiente redacción:
"f) Uso habitacional efectivo, conservación y rehabilitación adecuados".
Veinticinco.- Se suprime la redacción actual del artículo 80.
Veintiséis.- Se sustituye el actual título VIII por uno nuevo, denominado: "Medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas" y con el siguiente contenido:
Artículo 80.- Del ejercicio efectivo del derecho a una vivienda.
Artículo 81.- Definición de viviendas deshabitadas.
Artículo 82.- Indicios de no habitación.
Procedimiento contradictorio para la declaración
de una vivienda deshabitada
Artículo 83.- Ámbito.
Artículo 84.- Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las compañías suministradoras de servicios.
Artículo 85.- Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de los ayuntamientos.
Artículo 86.- Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, y entidades inmobiliarias.
Artículo 87.- Plazo para la remisión de las comunicaciones.
Artículo 88.- No interrupción del plazo de prescripción de las infracciones.
Artículo 89.- De la competencia para la tramitación del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada.
Artículo 90.- Tramitación del procedimiento.
Artículo 91.- Incoación del procedimiento.
Artículo 92.- Instrucción del procedimiento.
Artículo 93.- Medios de prueba.
Artículo 94.- Propuesta de resolución.
Artículo 95.- Resolución declarativa de vivienda deshabitada.
Artículo 96.- Plazo de resolución del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
Artículo 97.- Del Registro de Viviendas Deshabitadas.
DE LAS ACTUACIONES DE FOMENTO PARA EVITAR LA EXISTENCIA
DE VIVIENDAS DESHABITADAS
Artículo 98.- Políticas y actuaciones de fomento para promover el uso social de las viviendas propiedad de las personas físicas.
Las subvenciones se instrumentarán a través de los programas contenidos en los planes de vivienda, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar subvenciones de carácter excepcional cuando se acrediten razones de emergencia social, económica o humanitaria que dificulten su convocatoria y siempre con los requisitos que establece la normativa de aplicación. En cualquier caso, se adoptarán las medidas normativas necesarias para asegurar que las subvenciones otorgadas a las personas propietarias minore en una cuantía equivalente la renta de alquiler a abonar por las personas arrendatarias".
Veintisiete.- Se añade un nuevo título, el IX, con la siguiente redacción:
Artículo 99.- Finalidad.
Artículo 100.- De las potestades de inspección.
Artículo 101.- Planificación de la función inspectora.
Artículo 102.- Plan de inspección en materia de viviendas.
Artículo 103.- Seguimiento y evaluación del plan.
Artículo 104.- Infracciones leves.
Artículo 105.- Infracciones graves.
Artículo 106.- Infracciones muy graves.
Artículo 107.- Sujetos responsables.
Artículo 108.- Responsables solidarios.
Artículo 109.- Responsables subsidiarios.
Artículo 110.- Muerte de personas físicas o extinción de las personas jurídicas o entidades responsables de las infracciones.
Artículo 111.- Locales y edificaciones complementarias.
Artículo 112.- Sanciones pecuniarias.
Artículo 113.- Sanciones accesorias.
Artículo 114.- Graduación de las sanciones.
Artículo 115.- Medidas complementarias.
Artículo 116.- Publicidad de sanciones y medidas complementarias.
Artículo 117.- Procedimiento.
Artículo 118.- Medidas de carácter provisional y cautelares.
Artículo 119.- Plazo de resolución.
Artículo 120.- Competencia.
Artículo 121.- Ejecutividad.
Artículo 122.- Vía de apremio.
Artículo 123.- Ejecución subsidiaria.
Artículo 124.- Multa coercitiva.
Artículo 125.- Reconocimiento de la infracción cometida.
Artículo 126.- Prescripción.
Artículo 127.- Caducidad.
5. Las actuaciones válidas realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados, en trámite y no caducados, en relación con el mismo interesado".
Veintiocho.- Se añade un nuevo título X con la siguiente redacción:
Artículo 128.- Obligación de ocupación de las viviendas protegidas.
Artículo 129.- Registro de Viviendas Protegidas.
2. Tendrán acceso a este registro las resoluciones de cualquier administración pública canaria o entidad pública empresarial canaria que determinen la calificación de una vivienda como vivienda protegida de promoción pública o de promoción privada, así como las que determinen su primera y sucesivas ocupaciones y la transmisión de su titularidad, debiendo ser notificadas por aquellas al mismo en el plazo de un mes o inscritas de oficio en el mismo plazo en el supuesto de las viviendas titularidad del Gobierno de Canarias".
Veintinueve.- Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional tercera, que queda redactado como sigue:
"1. Los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto, la potestad de desahucio administrativo y la potestad sancionadora, reguladas en la presente ley, son de aplicación a cuantas viviendas estén sujetas a un régimen de protección pública, sean viviendas protegidas o viviendas sujetas a la legislación de viviendas de protección oficial, cualquiera que haya sido el momento de su calificación, siempre que concurran los presupuestos que esta ley exige en cada caso para su ejercicio. Respecto a las viviendas libres, las potestades administrativas serán las previstas por la presente ley y demás normativa que resulte de aplicación".
Treinta.- Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2003, introducida por la Ley 4/2012, de 25 junio, de medidas administrativas y fiscales, en los siguientes términos:
"2. La solicitud de regularización dirigida al Instituto Canario de la Vivienda deberá presentarse en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición, ante cualquiera de los registros del citado organismo, sin perjuicio de la posibilidad de presentación en cualquiera de los lugares a los que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Autorización otorgada al órgano competente para tramitar la solicitud, para efectuar cuantas gestiones y actuaciones sean necesarias realizar para la comprobación o verificación de los requisitos exigidos".
Treinta y uno.- Se crea una nueva disposición adicional con el siguiente tenor:
"Disposición adicional decimosexta.- Acreditación de ingresos de la unidad familiar.
2. Reglamentariamente, el Gobierno podrá determinar otros documentos para acreditar la realidad económica de los solicitantes en el momento de cursar su solicitud".
Treinta y dos.- Se crea una nueva disposición adicional con el siguiente tenor:
"Disposición adicional decimoséptima.- Viviendas adjudicadas a la Hacienda Pública Canaria.
En caso de enajenación, los recursos derivados de la misma se destinarán a la financiación del Plan Canario de Vivienda".
Treinta y tres.- Se modifica la disposición final primera, que quedará redactada de la siguiente manera:
"Disposición final primera.- Autorización al Gobierno.
3. Se faculta al Gobierno para ampliar los extremos a los que debe ceñirse la fiscalización previa limitada prevista en el artículo 19.5 y para modificar el porcentaje máximo de los ingresos de la unidad familiar que pueden fijarse como renta a abonar por los arrendatarios de viviendas de promoción pública o de régimen especial en alquiler que se adjudiquen por el mismo procedimiento que las anteriores".
NORMAS REGULADORAS DEL DEPÓSITO DE LOS IMPORTES DE LAS FIANZAS DERIVADOS
DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS Y DE LOS SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS A LOS MISMOS
Artículo 2.- De la obligación del depósito del importe de las fianzas.
Artículo 3.- Cuantía de los depósitos.
Artículo 4.- Naturaleza y afectación de los ingresos constitutivos del depósito.
Artículo 5.- Régimen general de constitución y gestión de los depósitos.
Artículo 6.- Régimen concertado.
Artículo 7.- Requisitos del régimen concertado.
Artículo 8.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de depósito.
Artículo 9.- Devolución de las cantidades depositadas.
Artículo 10.- Inspección.
Artículo 11.- Deber de colaboración.
Artículo 12.- Registro de Fianzas.
Artículo 13.- Régimen sancionador.
Artículo 15.- Multas coercitivas.
Artículo 16.- Intereses y recargos.
Primera.- Responsabilidades derivadas de los contratos.
Segunda.- Tramitación electrónica del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada.
Para las personas jurídicas, las actuaciones previas y la tramitación del procedimiento para la declaración de vivienda deshabitada se realizarán a través de la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda. Todas las comunicaciones, notificaciones y requerimientos se harán de manera obligatoria en la sede electrónica en la forma y condiciones que se determinen por orden de la consejería competente en materia de vivienda.
Tercera.- Información por parte de las entidades financieras.
1. Las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, vendrán obligadas a comunicar a la consejería competente en materia de vivienda, a través de la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda, un inventario de las viviendas protegidas, que integren su balance, radicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, con indicación de su ubicación, precio y fecha de adquisición y situación administrativa.
Cuarta.- Declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.
3º. Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere en 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, pudiendo el Gobierno elevar este límite reglamentariamente.
1º. Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.
2º. Últimas tres nóminas percibidas.
3º. Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
4º. Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas y las entidades locales.
5º. En caso de trabajador por cuenta propia, se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.
6º. Autorización a la administración actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los registros y administraciones competentes.
7º. Alternativamente a la presentación del conjunto de documentación citada en los números anteriores, la persona interesada podrá limitarse a presentar autorización a la administración actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los registros y administraciones competentes.
c) Acreditativa del número de personas que habitan la vivienda: 1º. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho. 2º. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
1º. Certificados de titularidades expedidos por el registro de la propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar o, alternativamente, declaración responsable y autorización de consulta a la administración actuante para solicitar los datos catastrales y del registro de la propiedad.
2º. Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.
Quinta.- Ayudas públicas y otras medidas de fomento.
Primera.- Calificación en régimen de venta de viviendas de promoción pública.
4. Conjuntamente con la petición de acceso a la propiedad, se podrán solicitar los beneficios que en materia de subvención al precio de la vivienda, se establezcan en el decreto, de los mencionados en el párrafo primero, aplicables a la promoción de que se trate, de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.
Segunda.- Notificación al Registro de Viviendas Protegidas.
Tercera.- Primera reunión de la Comisión de Vivienda.
Primera.- Derogación normativa específica.
Segunda.- Derogación normativa general.
Primera.- Desarrollo reglamentario y atribución de facultades.
Segunda.- Texto refundido de la Ley de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
Tercera.- Aprobación de modelos normalizados.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2014.

References: artículo 33
 artículo 149
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2

Artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 24
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 54
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 52
 artículo 38
 artículo 69
 artículo 68
 artículo 74
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 78
 artículo 80

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 Resolución 

Artículo 96
 resolución 
 resolución 

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129
 artículo 38
 artículo 19

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16