Source: https://www.scribd.com/document/218847805/Articulo-delitos-contra-m-ambiente
Timestamp: 2017-06-28 19:35:44+00:00

Document:
Artículo delitos contra m. ambienteUploaded by victor1191Related InterestsCriminal LawFelonyRegulationEuropean UnionPollutionRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: © All Rights ReservedList price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentLOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTEEsperanza Vaello Esquerdo Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Alicante
1. INTRODUCCIÓN Desde diversas instancias se viene alertando del grave problema que tiene la humanidad ante los incesantes ataques medioambientales que sufre el globo terráqueo1. La comunidad internacional, a través de convenciones internacionales en el marco de la Naciones Unidas, así como la Unión Europea, mediante la llamada técnica de la armonización, están llevando a cabo esfuerzos por salir al paso del tema, si bien los Estados no siempre adaptan adecuadamente su legislación para cumplir con el mandato comunitario, bien por no trasponer en el plazo fijado la correspondiente directiva o por hacerlo de forma inadecuada. El objetivo perseguido es promover el desarrollo sostenible, entendido como una política y una estrategia de desarrollo económico y social continuo que no vaya en detrimento del medio ambiente ni de los recursos naturales de cuya calidad depende la continuidad de la actividad y del desarrollo de los seres humanos. Se trata, pues, de satisfacer las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En esta ingente tarea, en la que debemos comprometernos todos, el Derecho participa de manera decisiva. Lúcidamente el profesor MARTÍN MATEO, uno de los más prestigiosos especialistas en la materia, hace algunos años ya señalaba -tras advertir que la legislación ambiental existente era una respuesta tardía, e insuficiente aún a los desmanes producidos por el industrialismo libérrimo- que el Derecho constituye la única alternativa posible2. Ahora bien, el asunto crucial en el ámbito jurídico es determinar qué mecanismos de protección cabe utilizar en cada caso, dejando diáfanas y bien coordinadas las competencias de las distintas administraciones. Sin querer restar importancia a la intervención del Derecho Penal en la tutela del medio ambiente3, hay que descartar que, dadas sus características, esté en condiciones
En la Séptima Conferencia de Biodiversidad, celebrada en Kuala Lumpur en febrero de 2004, se han puesto de relieve datos tan sumamente preocupantes como el siguiente: cada hora desaparecen tres especies, al tiempo que 34.000 especies de plantas y 5.200 de animales, de las que la mayor parte son aves, están en vías de extinción. Precisamente, el objetivo que se ha propuesto en dicha conferencia la comunidad internacional -representada por asistentes de 190 países- es el de frenar en pocos años (hasta 2010) ese ritmo de extinción. 2 MARTÍN MATEO, R., La revolución ambiental pendiente, Universidad de Alicante, 1999, págs. 19-20. 3 Dadas las críticas de que es objeto, se habla de la crisis del Derecho Penal del medio ambiente, pero, como señala ALASTUEY DOBÓN, se da la paradoja de que actualmente el escepticismo sobre la posibilidad de que el Derecho Penal cumpla las funciones para las que fue creado y la necesidad de su
de desempeñar un papel protagonista. Por otro lado, la solución a los distintos problemas requiere, en cualquier caso, una toma de conciencia colectiva que se manifieste en cambios de comportamientos individuales –a través de la oportuna educación- así como nuevas normativas municipales, autonómicas, estatales, europeas y globales. En definitiva, se trataría de no perder de vista el lema ecologista que propone “pensar globalmente y actual localmente”, habida cuenta que los atentados medio ambientales, aparte de afectar en primera instancia al lugar donde se producen, a medio o largo plazo y en mayor o menor medida, repercuten en el resto del planeta. Hoy todavía tenemos una cuestión clave pendiente de resolver y es la relativa a qué se puede entender realmente por medio ambiente, dado que se trata de un concepto jurídico indeterminado, que da lugar a concepciones amplias o estrictas del mismo, objeto, a su vez, de diferentes matices. Mientras que las primeras abarcan aspectos tanto naturales (recursos humanos, flora, fauna, etc.) como artificiales (ordenación del territorio o patrimonio cultural, por ejemplo); las segundas, sin embargo, restringen el medio ambiente a los medios naturales, si bien tienen distinto alcance según entiendan que acoge sólo elementos abióticos (aire, agua, suelo) o también biológicos (flora y fauna).4 Nuestra Constitución –gestada y aprobada en la década del siglo XX en que se extiende la idea de la necesidad de tutela penal del medio ambiente, ante los graves ataques de que venía siendo objeto en las sociedades desarrolladas- y en la línea de otras cartas magnas, incluye en el capítulo referido a los principios rectores de la política social y económica el artículo 45, cuyo contenido es el siguiente: 1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Si bien ciertos autores le quieren conferir mayor amplitud al precepto, la mayoría de ellos lo refieren al ambiente natural, pues entienden que se identifica con los recursos naturales, esto es, el suelo, el aire y el agua, así como la flora y la fauna que en ellos habitan, quedando excluidos, por tanto, de su contenido el medio artificial o
existencia se mencionan conjuntamente (El delito de contaminación ambiental (artículo 325.1 del Código penal), Ed. Comares, Granada, 2004, pág. 8. 4 Exponente de concepción estricta es la ofrecida por MARTÍN MATEO, para quien el medio ambiente se integra por “los elementos naturales de titularidad común y de características dinámicas: en definitiva, el agua y el aire, vehículos básicos de trasmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del hombre sobre la tierra” (Tratado de Derecho Ambiental, vol. I, Madrid, 1991, pág. 86). Una concepción más amplia, sin embargo, sería la de BACIGALUPO ZAPATER: “mantenimiento de las propiedades del suelo el aire y el agua, así como de la fauna y la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales” (“La instrumentación técnico-legislativa de la protección penal del medio ambiente”, en Estudios penales y criminológicos, Vol. V, Santiago de Compostela, 1981, págs. 200-201).
conservación del patrimonio histórico. Tirant lo blanch. El contenido de este título ha sido objeto de críticas. Ed. pues. en el entendimiento
.).aspectos culturales o sociales del entorno. pág. Tampoco falta quien lo censura desde perspectivas de política criminal. en CARMONA SALGADO. la regulación que de la materia efectúa más tarde el vigente texto punitivo de 1995 supone un importante paso adelante. entre otras razones. en capítulos aparte. de Reforma del Código Penal de 1973. pero deficiente e insatisfactoria. C. Madrid. pág.. LA PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE 1. 2000. COBO DEL ROSAL. págs. por la técnica legislativa que. recoge un concepto del primero como conjunto de condiciones geofísicas. La inoperatividad del mismo. Generalidades La protección penal del medio ambiente en España tiene su origen en el transcrito artículo 45 de nuestra Constitución. fue unánimemente puesta de relieve por la doctrina. 582 y ss. por entender que se conculca el principio de intervención mínima del Derecho Penal 6. que distingue claramente entre medio ambiente y calidad de vida. 323 del Código Penal de 1995. 6 Así. sobre el patrimonio histórico (II). pues las referencias al “desarrollo de la persona” y a la mejora de “la calidad de la vida” parecen poner de relieve la vinculación entre la protección ambiental y los intereses del hombre. 223-224) sostiene que la agrupación de los delitos llevada a cabo en el Título XVI merece una lectura positiva. que posibiliten una vida humana digna.. pese a que durante su vigencia las agresiones ecológicas fueron incesantes. a raíz del mandato contenido en su tercer párrafo. 2002. Granada. QUINTANAR DÍEZ. vivienda digna. en términos generales. ecológicas. Ed. De este concepto excluye otras condiciones de desarrollo social o tecnológico. pero generalmente se destaca que es moderadamente antropocéntrico. Valencia. Marcial Pons. emplea el legislador al configurar los tipos mediante numerosas normas penales en blanco y con gran número de elementos normativos no penales. DEL ROSAL BLASCO. la Ley Orgánica de 23 de junio de 1983.
Por ejemplo.5 Avalaría esta última tesis el tratamiento diferenciado que la Constitución presta a los distintos elementos: medio ambiente natural (artículo 45). intelectual y moral. 2ª ed. los delitos sobre la ordenación del territorio (I). cultural y artístico (artículo 46) y ordenación del territorio (artículo 47)
II. como educación. 1999. Comares. (Causalidad de los delitos contra el medio ambiente. acorde con las características y necesidades del hombre dentro de su medio natural. o psíquico. Ante este estado de cosas.. Compendio de Derecho Penal español (Parte Especial). se ocupa de la materia. CARMONA SALGADO. DE LA CUESTA AGUADO sostiene que la Constitución. incorpora a ese texto punitivo un precepto (artículo 347 bis) que por primera vez de forma específica. Análisis del art. si bien presenta una serie de inconvenientes de los que iremos dando cuenta según avancemos en su análisis. MORILLAS CUEVA. SEGRELLES DE ARENAZA. No existe acuerdo doctrinal respecto a si el concepto constitucional de medio ambiente tiene una dimensión más ecocéntrica o antropocéntrica. naturales. etc. 59). etc. así como los delitos relativos a la protección de la flora y fauna (IV). RENART GARCÍA (El delito de daños al patrimonio cultural español. En un mismo título (XVI) -bajo la rótulo “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”recoge. Ed. que obligan al intérprete a acudir continuamente a una exhaustiva regulación extrapenal. contra los recursos naturales y el medio ambiente (III). GONZÁLEZ RUS.
J. mientras que otros la consideran correcta (PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ. Comentarios al nuevo Código Penal. Aranzadi. así como una severa crítica a la concepción antropocéntrica. A su vez.M.. considera que el concepto de medio ambiente aludido en la rúbrica del título XVI y en su capítulo III constituye el objeto genérico de protección de los tipos delictivos y en general de todo el Derecho ambiental. hacia la protección de bienes jurídicos individuales. no existe acuerdo a la hora de valorar si en la regulación del Código Penal predomina la óptica ecocéntrica o la antropocéntrica y. La versión moderada y mayoritaria defiende la protección del medio ambiente por las funciones que cumple para el desarrollo de la vida humana en la tierra. la integridad física y la salud.a la protección de bienes jurídicos individuales. Cfr. sin referencia antropocéntrica alguna. partiendo de la idea de que los bienes jurídicos colectivos no han de tener protección penal autónoma y tras admitir que el medio ambiente es un bien jurídico merecedor de tutela penal. Por lo que respecta a nuestro derecho positivo. en Revista Penal.descender a la precisión de estos conceptos y a la
. 10 ALASTUEY DOBÓN apelando a la necesidad de distinguir entre el objeto genérico de protección (lo que en ocasiones se denomina “bien jurídico categorial”) y el bien jurídico de cada figura delictiva.. Una cuestión crucial en la determinación del bien jurídico que se protege en el Derecho Penal del medio ambiente tiene que ver con el protagonismo que se le dé –o se le niegue. G.cuya evanescencia le resta virtualidad para servir de guía en la interpretación de los tipos 10. sino de la ineficacia de los criterios tradicionalmente empleados para delimitar unidades lesionables. págs. orientan el Derecho Penal del medio ambiente. las concepciones ecocéntricas defienden la consideración del medio ambiente como un bien jurídico colectivo que presenta autonomía respecto de determinados bienes jurídicos individuales. DE LA CUESTA ARZAMENDI justifica la rúbrica del capítulo III sobre la base de que no todos los tipos allí albergados van referidos a la afectación de recursos naturales (“Cuestiones dogmáticas relativas al delito de contaminación ambiental”. desde luego. 9 Por ejemplo. mientras que la más radical defiende la protección del medio ambiente por sí mismo. digamos de forma esquemática que se distingue entre concepciones antropocéntricas o ecocéntricas8. o en otros lugares del Código Penal. arrojan demasiada luz para que quede clara la idea de medio ambiente que sustenta el legislador penal. SOTO NAVARRO La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna. 1594. en la que desarrolla la tesis de que el verdadero problema a que se enfrentan los bienes jurídicos colectivos es su déficit de concreción. en mayor o menor medida. en su caso. agrupación con delitos urbanísticos y sobre el patrimonio histórico-. pág. Comares.Ni la rúbrica del capítulo7 –que alude al medio ambiente y a los recursos naturales. 8 Un análisis con carácter general de estas concepciones y sus distintas vertientes.. Ed. pág. se puede ver en ALASTUEY DOBÓN. 15 y ss. se critica el
de que los ilícitos allí ubicados responden a la misma idea de defender determinados bienes comunes que son necesarios porque facilitan la existencia de los seres humanos. págs.). (coord. fundamentalmente la vida. Las primeras de ellas. destacando que la indeterminación de los mismos no deriva de su propia naturaleza. 611-612).. la distribución que de las tipicidades se efectúa en el título XVI –protección separada de la flora y la fauna. 2003.. Mª C. Pero se requiere –añade. Buena parte de la doctrina considera que se trata de un bien jurídico de carácter colectivo -difuso. Por otro lado. 2001. para CARMONA SALGADO merece censuras la renuncia que hace el tipo básico a las referencias antropocéntricas (Compendio. 31). entendiendo que éstos forman parte de lo primero. En atención a tal criterio. cit. Granada.ni. asimismo. en QUINTERO OLIVARES. (dir)/VALLE MUÑIZ. la interesante monografía de S. nº 4. 2ª ed. qué sería mejor 9. cit. 7 En tanto que algunos consideran inexplicable distinguir entre medio ambiente y recursos naturales. El delito de contaminación ambiental.
es que su relación con los bienes jurídicos individuales no se limita a aquellos de los que son portadores las generaciones actuales. 14 ALASTUEY DOBÓN sostiene que el legislador de 1995 optó por una concepción ecocéntrica del bien jurídico en los tipos de los artículos 325 a 331. Tirant lo blanch. en ZUGALDÍA ESPINAR.. nota 21). que se concreta en la dimensión de futuro. de modo que éste no pueda ya destinarse al uso pretendido (págs.).J. J. de ahí que postule su concreción mediante la identificación de las funciones ecológicas asignadas por el sistema social a cada recurso natural. por entender que lo coherente hubiese sido llevar su protección al capítulo III “De los delitos contra la salud pública” del título XVII 12. Parte General. con algunos que otros matices13. 1 afirma que afronta la protección del bien jurídico colectivo que puede denominarse “medio ambiente”.hecho de que se empleen diferentes fórmulas para designar la misma realidad 11.. el elemento clave en la concreción de los bienes jurídicos protegidos en materia ambiental es el uso o usos ecológicos a que se destine cada recurso natural. al que se concede autonomía respecto de bienes jurídicos individuales o incluso de otros bienes jurídicos colectivos de claro referente individual. es una protección adelantada de la vida y salud de las personas (Causalidad.en la jerarquía de bienes jurídicos supraindividuales. sin los cuales no es posible hacer uso de ningún otro bien jurídico (El delito de contaminación ambiental.)/PÉREZ ALONSO. Valencia. teniendo en cuenta que se trata de asegurar los fundamentos de la existencia del ser humano. La protección penal de los bienes colectivos. Trotta. El presente trabajo se centrará en el análisis del capítulo III –el que parece destinado directamente a proteger el medio ambiente. 39)
. que trasciende de la vida y la salud humanas y se materializa en los distintos elementos que integran el ambiente natural. 54). afirma que si el medio ambiente es un bien jurídico protegido lo es en la medida en que su destrucción puede afectar gravemente a la propia supervivencia del ser humano.. Respecto del artículo 325. cit. J. S. 12 TERRADILLOS BASOCO. en última instancia. pág. cit.en un puesto relevante –si no en el primer puesto. 52). tras sentar que es partidaria de un concepto personalista y monista de bien jurídico. pág. Según esta autora la función social de los bienes jurídicos colectivos permite conceptuarlos de forma autónoma. 2002. Madrid. sino que trasciende a las futuras generaciones. si bien advirtiendo que existen dispersos en el
diferenciación de los distintos aspectos que pueden verse englobados bajo dichos enunciados para obtener lo que realmente interesa: el específico objeto de protección de cada delito (El delito de contaminación ambiental.M.. E. 11 El vigente Código Penal emplea diferentes formas para denominarlo: medio ambiente. le sitúa –dice. sin perjuicio de aceptar que al proteger tales elementos se tutela de forma mediata a los propios individuos 14. como la salud pública (p. Ed.. como propone. podría afirmarse que la opinión mayoritaria. 479. En este mismo sentido de entender que los bienes jurídicos colectivos no están desvinculados de los intereses de los individuos. 13 DE LA CUESTA AGUADO. 273 y 274). En términos generales. “Delitos relativos a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente” en Derecho penal del medio ambiente (edición de Juan Terradillos Basoco). respecto al medio ambiente (prefiere emplear la expresión “ambiente natural”) considera que concretar el bien jurídico en el mantenimiento del ecosistema resulta demasiado genérico. la lesión del bien jurídico estribará en la perturbación de la función ecológica del recurso natural concreto. pág. admite un ecocentrismo moderado en base al cual se entiende el medio ambiente como un bien jurídico colectivo. Asimismo. así como que la salud y la vida de las personas aparezcan junto a bienes jurídicos colectivos ambientales en los artículos 328 y 350. ed. por ejemplo. pág. 1997. cit. 43. equilibrio de los sistemas naturales en el 325. sino que los delitos de peligro son un instrumento para la protección mediata de los bienes jurídicos individuales. Derecho Penal. en el artículo 350.y en especial de los que llamamos atentados genéricos al medio ambiente. ZUGALDÍA ESPINAR. por lo que. equilibrio ecológico. (coord. Esa cualidad. que lo distingue sustancialmente de los demás bienes jurídicos colectivos. en el 339. Críticamente respecto a la interpretación de los delitos de peligro abstracto en relación con bienes jurídico colectivos de “referente individual” y respecto a la tesis de los delitos con bien jurídico intermedio: SOTO NAVARRO. págs. (dir. Su conclusión es que si. 179 y ss. cit. destaca que lo verdaderamente específico del medio ambiente como bien jurídico.
Asimismo. además. 2. . Pero es que.Establecimiento de depósitos o vertederos (artículo 328). incluso. duraderos y graves al medio ambiente natural”. . . Quizá lo que más llame la atención son las figuras contenidas en el capítulo siguiente (artículos 332-337). y el artículo 327. tanto de zonas forestales como no forestales. cuya comisión supone también agresiones al citado objeto jurídico. la existencia de notables divergencias penológicas y múltiples problemas de orden concursal. manipulación. que los 353 ó 356 aludan a diferentes efectos nocivos para factores medioambientales. lo que origina. tal es el caso de los delitos regulados en los artículos 348 a 350 (relativos. donde se contienen unas disposiciones comunes al título y a las que haremos referencia en los lugares oportunos. fijemos nuestra atención en el capítulo III. como hemos dicho. Si procediésemos a hacer un estudio comparativo de todas los ilícitos citados comprobaríamos la falta de coordinación que se evidencia en su configuración. como lo demuestran las expresas referencias al “habitat” y al “equilibrio biológico”. Incluso en el título XXIV. el objetivo del presente trabajo es mucho más concreto. que incrimina la comisión de los hechos previstos en el capítulo cuando se cometan por imprudencia grave. entre los que se incluyen los bióticos (flora y fauna). los relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (artículos 341 y siguientes) guardan parentesco con el tema. al que. dentro de los delitos de riesgo catastrófico.Atentados genéricos al medio ambiente (artículos 325 y 326). Todo ello. dedicado a los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna.texto punitivo una serie de delitos. en el que. a la manipulación o transporte de explosivos y tóxicos. que regula la posibilidad de que el juez o tribunal pueda imponer unas determinadas consecuencias accesorias a las empresas responsables de las conductas tipificadas en los artículos 325 y 326. en el que se regulan los delitos contra la Comunidad Internacional. entre otras conductas. Otros tipos que tienen relevancia en este campo son los incendios (artículos 351 y siguientes). se prevén una serie de preceptos específicamente dedicados a la materia. Pues bien. el artículo 610 contiene una figura que toma en cuenta la posible causación de “daños extensos. bajo la rúbrica “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. siendo así que la protección medioambiental implica la de los distintos recursos. hay otros ilícitos claramente vinculados también con el referido bien jurídico.Responsabilidad penal de los funcionarios públicos (artículo 329). Además de estas tipicidades dolosas. sin perder de vista el capítulo V. algunos de ellos mencionan explícitamente. por ejemplo. en el capítulo se da cabida a otros preceptos: el artículo 331. lo que explica.
. pero. entre otros inconvenientes.Daño grave a elemento de espacio natural protegido (artículo 330). De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente Una vez esbozado el panorama de tipicidades existentes. los diferentes tipos ubicados en el capítulo III podrían quedar esquematizados así: . transporte o tenencia de organismos y realización de determinadas obras).
resultan ser exponente de una tendencia que se aprecia últimamente y que se concreta en la creación de delitos de peligro para bienes colectivos. contenidas en el número 1 y de cuya relación trataremos más adelante.1 Atentados genéricos al medio ambiente. Ed. (coord. contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. además de una primera asistencia facultativa. vertidos. superficiales o subterráneas en cantidad que produzca en alguna persona la muerte o enfermedad que. en los espacios transfronterizos. 2ª ed. sino que atiende a consideraciones de afectación general. El artículo 325 recoge tres modalidades diferentes. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas. cit. Los dos primeras tipicidades. tierra o aguas marítimas. Civitas. El que dolosamente libere. Las cuestiones que plantea la expansión del Derecho Penal a través de la creación de delitos de peligro en la denominada “sociedad de riesgos” son objeto de análisis en varios trabajos contenidos en el libro Crítica y justificación del Derecho Penal en el cambio de siglo. 121 y ss. al tiempo que sostiene la conveniencia de una “penalización del Derecho Administrativo” en el sentido de una aproximación del Derecho Administrativo al Derecho Penal de tal modo que aquél asuma todos los modelos de imputación y el sistema de garantías de éste (en ZUGALDÍA ESPINAR. de 25 de noviembre. 196. emita o introduzca radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire. ZUGALDÍA ESPINAR considera como un fenómeno positivo el cambio que se está produciendo en el actual Derecho Penal de asumir la protección de nuevos bienes jurídicos y adelantar la protección de los clásicos. 2001. págs. Parte General.J. ARROYO
. en tanto en cuanto esta rama jurídica asume la forma de razonar basada en la lesividad global derivada de acumulaciones o repeticiones. no se rige por criterios de lesividad o peligrosidad concreta. ruidos. marítimas o subterráneas. así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. con la prisión de dos a cuatro años. en contraste con los modelos clásicos de delitos de lesión de bienes individuales. el suelo. estadística. requiera tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas irreversibles. lo que determina que a partir del 1 de octubre de 2004 –fecha en que entra en vigor esta ley orgánica. E.. ha sido introducida por la Ley Orgánica 15/2003. radiaciones. (dir. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años. provoque o realice directa o indirectamente emisiones. Madrid. aterramientos. extracciones o excavaciones.2. El segundo. o las aguas terrestres.) A su vez. pág. con incidencia. Este cambio de perspectiva. inyecciones o depósitos. será castigado.)/PÉREZ ALONSO. el subsuelo. tradicionalmente propia del Derecho Administrativo sancionador15. El primero persigue proteger bienes concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad concreta y de imputación individual de un injusto propio. continentales. la última de ellas. J. además de con la pena que corresponda por el daño causado a las personas. M. Derecho Penal. la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.
Destaca SILVA SÁNCHEZ que la finalidad del Derecho Penal y del Derecho Administrativo son diferentes. de ahí que no tenga que ser tan estricto en la imputación (La expansión del Derecho Penal. que integra el número 2. según algunos. incluso. multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que. provoca en las sociedades postindustriales lo que denominan una “administrativización” del Derecho Penal.. vibraciones. en tanto persigue ordenar de modo general sectores de actividad. El análisis crítico de la Escuela de Frankfurt (coordinadores: L. en la atmósfera. revisada y ampliada.). 2.la literalidad del precepto es la que sigue: 1.
pág. El delito de contaminación ambiental. consideran que la mera alteración del estado anterior del ecosistema no bastaría para considerar lesionado el bien jurídico y sostienen que el desequilibrio de los sistemas naturales se dará cuando se produzca un menoscabo de su capacidad de regeneración 18. es eminentemente circunstancial (STS 24 de febrero de 2002. 67. el aire y el suelo. Ed. Colección Estudios. Tampoco el término “gravemente” resulta fácil de delimitar. También críticamente..2. Valencia. al constituir un elemento normativo que presenta problemas de interpretación no sólo aquí. cit. aluden a cada una de las unidades funcionales básicas en que podemos dividir la Biosfera y constituida por un medio físico-químico y por el conjunto de organismos que en ella habitan (El delito ecológico.. es decir.
. que el agua. una ladera.1 Tipo básico (primer inciso del artículo 325.-M. A la hora de perfilar el sentido de la expresión DE LA CUESTA AGUADO (Causalidad. Delitos contra el medio ambiente. 80. pág. Se dice que la ambigüedad de la expresión “sistemas naturales” no se ajusta adecuadamente a la exigencia de seguridad jurídica que deriva de la taxatividad de los tipos penales. 82. 2003.. pág. Considera. algunas resoluciones hablan del conjunto de relaciones biológicas o ecológicas que han permitido la aparición y subsistencia de la especie humana... pág. HUERTA TOCILDO. tendrá o no lugar la subsunción de la conducta en el tipo16. verter. J. 49.1) Para referirse al bien jurídico este párrafo habla del “equilibrio de los sistemas naturales”.. pág.implica un juicio de valor y.1. etc. dado lo difícil que resulta que estas hipótesis se presenten en la realidad. 1999.. según que se tome como referencia un ecosistema más extenso y complejo (una cuenca hidrográfica) o un sistema más pequeño y simple (un arroyo). en Revista Penal. Mª C. 16 SILVA SÁNCHEZ. entre otros. a pesar de ser el objeto de la acción. elementos naturales sobre los que recae la acción de emitir. incluso muy reducida: un río. En la determinación de si está presente la nota de la gravedad habrá que tener presente. 2000. no constituyen al mismo tiempo el objeto material del delito o substrato del bien jurídico (pág. sino cada vez que el Código Penal lo utiliza para la configuración de diferentes delitos. otros. 247) entiende por sistema natural cada microsistema. o hábitat concreto de una especie o de una zona. por tanto. NIETO MARTÍN). En la tarea de determinar el sentido del término “equilibrio” hay que descartar la idea de que el equilibrio se corresponda con el estado ideal del ecosistema o en una situación de total inalterabilidad. asimismo. proceden a una comparación entre el antes y el después de la situación del ecosistema17. 17 SILVA SÁNCHEZ. Cedecs Editorial.M.. J. SAP Barcelona 5 de junio de 2000). La autora recuerda que la capacidad de recuperación de un sistema natural –que en Ecología se denomina “resilencia”. 64). 2001. en la medida en que no ayuda demasiado a delimitar lo que resulta penalmente típico pues. cit. criterios como la extensión del espacio afectado o la intensidad de la afectación. Ello explica que a la hora de apreciar si concurre o no tal nota. Cuenca. En alusión al bien jurídico. Para perfilar tal extremo algunos autores se refieren al statu quo de los sistemas naturales antes de la intervención cuya relevancia jurídico-penal se considera. los tribunales
ZAPATERO. S. “Principios básicos del Derecho penal y artículo 325 del Código Penal”. En resoluciones jurisprudenciales de diversas instancias se dice que la determinación de tal gravedad -entendida como aquello que produce o puede producir importantes consecuencias nocivas. cit. PRAT GARCÍA/SOLER MATUTES. sin embargo. nº 8. 18 ALASTUEY DOBÓN. Barcelona. U. pág. 37). una zona de litoral. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tirant lo blanch. Delitos contra el medio ambiente. NEUMANN y A.hace referencia a la rapidez con que un ecosistema vuelve a su estado anterior después de haber sido perturbado.
acudiendo a otra u otras disposiciones del ordenamiento jurídico. 1º Infracción de la norma extrapenal. Ed. incluso. El tipo queda configurado como una norma penal en blanco. aprecia peligro pero no grave y. Esta última. DOVAL PAIS. El caso de las leyes en blanco.19 ya que se exige que la conducta contaminante se realice “contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente”. que podrán tener carácter municipal. Valencia. en su caso. conforme al artículo 149. entre otros factores. con el consiguiente riesgo para la certeza y seguridad jurídicas. cfr. Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. Ello obliga a tener en cuenta una ingente cantidad de normas extrañas al Derecho Penal. absuelve por vertidos de detergente a río deteriorado en el que la única forma de vida que había eran bacterias y microorganismos. La variadísima reglamentación administrativa resulta.: A. en cuyo caso estaríamos ante el tipo agravado del artículo 326 e). a las que remite expresamente la propia norma penal. la situación del medio en que incide la conducta (SAP Barcelona 5 de noviembre de 2001). la extensión espacial o la potencialidad lesiva de los vertidos y la frecuencia de las inmisiones (STS 24 de octubre de 2003). El delito que nos ocupa tiene una estructura típica de indiscutible complejidad al estar anclada sobre unos elementos de difícil exégesis. las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias para la gestión en materia de protección del medio ambiente. pues.por considerar que resulta un peligro para el principio de legalidad y la reserva de ley. Lo que parece claro es que en esta modalidad típica el riesgo de perjuicio para los sistemas naturales no ha de suponer un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas -pues de ser así. estatal o autonómico (a tenor del artículo 148. Sobre las remisiones normativas en general y sobre la categoría más específica de las leyes penales en blanco.
. A saber: 1º Infracción de una norma extrapenal 2º Realización de ciertas actividades sobre determinados elementos naturales mediante las que se pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. por ejemplo.
Conceptúo como tal aquella que consta de sanción y de un supuesto de hecho pendiente de completar. entraría en juego la modalidad contenida en el segundo inciso del artículo 325. comunitarias. se le oponen serios reparos –especialmente en los casos en que la remisión se hace a normas de carácter reglamentario. reservándose la legislación básica para el Estado. por tanto.9 de la Constitución. 1999.1. Tirant lo blanch. así como a la magnitud de la lesión previsible en atención a la prolongación en el tiempo (SAP Albacete 31 de octubre de 2001).23ª) e.ni un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. A esta técnica de legislar mediante leyes penales en blanco.1.atiendan. a la mayor o menor probabilidad de lesión. ya que si se actúa dentro del ámbito de lo autorizado administrativamente no entraría en juego la presente modalidad delictiva. en aspectos no esenciales. decisiva para la integración del tipo. que tiene de positivo no tener que estar modificando el Código Penal según vayan cambiando las circunstancias o condiciones ecológicas.
entre otras. vertidos. además de señalar la pena. que inexcusablemente deben regir en materia penal. presenta el inconveniente de que generaría la atipicidad de la conducta. Esta última opción. La doctrina se muestra dividida en relación a si cabría entender realizado el tipo penal por el mero hecho de no haber obtenido la autorización ambiental correspondiente para la actividad de que se trate.El Tribunal Constitucional ya salió al paso de la posible inconstitucionalidad de las normas penales en blanco. Sin embargo. otros 20 responden negativamente en el entendimiento de que. entre otras). en el cual funda una causa de justificación.. teniendo en cuenta que la realidad criminológica de la delincuencia ambiental se vincula a un complejo entramado de decisiones en el seno de personas jurídicas. pág. un sector doctrinal entiende que la autorización administrativa opera como fuente de un derecho subjetivo relevante. en contra. sino a los participes (accesoriedad). Lo que resultaría inconstitucional es que se encomendase al reglamento la definición de dicho núcleo esencial. También aluden como causas supralegales de exención de responsabilidad a los casos en que la justificación de la conducta se sustenta en normas jurídicas extrapenales (Derecho Comunitario) y a la debatida eficacia jurídico-penal de la de la adecuación social. 20.como un error de tipo. que exige un plus ajeno a dicha normativa (El delito de contaminación ambiental. la remisión a los reglamentos mediante la utilización de las normas penales en blanco siempre que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido. y durante dicho período aceptar la vigencia de la tolerancia toda vez que dicha actuación
. SAP León 17 de febrero de 1997 y STS 29-9-01. 51) 21 PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ plantean si una autorización irregular (nula o anulable) si bien lícitamente obtenida tiene relevancia para invocar una causa de justificación (art. Este tribunal admite. independientemente de la vulneración de las normas administrativas protectoras del medio ambiente. cit. los citados autores rechazan la anterior solución y sostienen que sí afecta a la reprochabilidad del sujeto en relación con su conocimiento de la antijuridicidad. Otros. lo que afectaría no sólo al autor. los elementos esenciales de la conducta quedan perfectamente descritos. según los casos). ya que de esa forma se habilitaría a la Administración para legislar en materia penal. contenga el núcleo esencial de la prohibición (STC 15 de junio de 1998. se castigaría como delito ecológico una mera desobediencia administrativa. Mientras algunos se decantan por la solución afirmativa a partir de la aceptación de la llamada integración mediata de los tipos penales en blanco... al sentar que la reserva absoluta de ley en materia penal no cabe entenderla como una radical exclusión de toda remisión a normas extrapenales. de lo contrario. de ahí que acudan al error de prohibición (vencible o invencible. aparte de que la ley penal. Cuando la actividad contaminante no
PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ.. Recuerda ALASTUEY DOBÓN que la dependencia del Derecho Penal de medio ambiente respecto del Derecho Administrativo que se consagra en el artículo 325. ello no resulta suficiente para que surja tal ilícito. Según ellos. en la medida que la misma se acoja a un plan de reconversión ambiental. radiaciones. cit. que pueden carecer de error en su comportamiento.. 1 es sólo relativa. En esta misma línea. que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. al exigirse en el propio texto punitivo que se “provoque o realice directa o indirectamente emisiones. de ahí que aunque la existencia de un ilícito penal requiere la previa infracción de la normativa administrativa. caracterizan estas hipótesis -que consideran error sobre los elementos normativos. Al respecto. en ningún caso la autorización formal contraria a leyes o disposiciones de carácter general puede servir para convertir en lícita una conducta típica y antijurídica (STS 19 de enero de 2002) 21. pág. lo que resulta incompatible con el principio de legalidad y la reserva de ley. así. cabe hablar de “tolerancia administrativa” en relación con una determinada industria. Por otro lado.7). Comentarios. Todo lo anteriormente exigido se ha declarado que concurre en el presente caso: aunque el precepto contiene una remisión a las “leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente”. 1559.
22 El precepto habla en plural de emisiones. vertidos. que han de ser respetados en todo caso. de modo que la superación de los valores-límite no convierte automáticamente una conducta en típica. ya que son de directa aplicación. pues a los problemas que plantean aquellas en general se une la infracción de principios como el de uniformidad de la legislación penal. 2º) Realización de ciertas actividades sobre determinados elementos naturales. Al
. Al tener las Comunidades Autónomas facultades para establecer normas adicionales de protección medioambiental (artículo 149. igualdad y uniformidad de las condiciones de vida.)22 y los
tiende a garantizar finalidades de mejora de la calidad ambiental. extracciones.supera los valores-límite reglamentaria o legalmente definidos (con autorización o sin ella) la conducta no es típica para el Tribunal Supremo. aunque se haya creado un peligro. considerando que la pluralidad de vertidos constituye un solo delito. al reconducir a límites aceptables la actividad de la industria (Comentarios. Y por otro lado. vertidos. sosteniendo que la legislación básica del Estado no cumple una función de uniformidad relativa. sino que el mismo estaría renovado en cada acción (Comentarios. sino más bien de ordenación de mínimos. sostiene que las normas penales en blanco que remiten a disposiciones autonómicas son inconstitucionales.sólo se podrían tomar en cuenta por el tribunal español siempre que no resultase perjudicial para el individuo.. ya que la norma de trasposición deja de tener naturaleza comunitaria. sin embargo. según PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ. 1584). se puede dar el caso de que un mismo hecho cometido por dos ciudadanos en diferentes territorios autonómicos constituya delito en un sitio y en el otro no.. págs. las hipótesis en que se ha procedido a la trasposición de la correspondiente directiva no presentan problemas. el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de leyes autonómicas con niveles de protección más altos que los estatales. La respuesta a esta cuestión es que no habría problema que así fuera tratándose de reglamentos de la Unión. no se daría un dolo unitario (requisito del delito continuado). cabe entender que ya prevé una pluralidad de acciones en la realización de la conducta típica. en el supuesto de las directivas. geográficas.23ª) y dichas normas complementarias no ser coincidentes en las distintas comunidades. radiaciones. Respecto a si esta hipótesis infringe el principio de igualdad. Como hemos visto. en el caso de que la conducta sobrepase los valores-límite.). aunque se admita el efecto directo -caso de no haber sido traspuestas por el Estado en el plazo establecido. Naturalmente. Un sector doctrinal. cabe plantearse la posibilidad de que normas de Derecho Comunitario puedan integrar la norma penal en blanco del artículo 325 para delimitar la conducta punible.1. cit. sin embargo. radiaciones. pág. porque no se ha cumplido el elemento normativo del tipo.. etc. lo que de por sí descartaría la continuidad delictiva. Dado que la Unión Europea también asume competencias en materia medioambiental. mediante las que se pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. por lo que. La SAP Barcelona 16 de julio de 1996 rechaza la continuidad delictiva. por existir diversos grados de protección a la vista de sus distintas peculiaridades climáticas. 1577 y ss. pero en modo alguno para fundamentar la responsabilidad penal a través de la integración del tipo penal. si se considera que cada vertido contaminante ya constituye delito. A su vez. el párrafo inicial del artículo 325 lleva a cabo una prolija enumeración de actividades (emisiones. así como las SSTS 11 de febrero de 2003 y 12 de diciembre de 2000. el juzgador tendrá que comprobar que es peligrosa.. etc. cit.
induce a pensar que el legislador ha tenido presente que los delitos ecológicos se suelen realizar en el seno de empresas y que los autores materiales de los hechos muchas veces no se corresponden con los auténticos responsables. directa o indirectamente emisiones. La realización de tales actividades sólo tendrá trascendencia a los efectos del delito ecológico siempre que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. La forma en que viene concebida la acción típica. 2003 p.. pero que son un comportamiento previo (12 de diciembre de 2000).. esto es. 386)..”. S. el subsuelo.. puede realizarse a través de los artículo 27 y siguientes del Código Penal (Comentarios. cit. de aplicarse las reglas generales de intervención delictiva. En la alusión a estos últimos lugares parece que hayan pesado los casos de la llamada “lluvia ácida” y todos aquellos en que la acción contaminante se extiende a lugares distantes de donde se ha producido. págs. con la inclusión del término provocar se pretendería elevar a la condición de autores a quienes. así como espacios transfronterizos.siendo así que dicha individualización. 44).A. si bien parece venir referido a quienes lleven a cabo actos no directamente contaminantes. Ediciones Francis Lefebvre. en La Ley de 23 y 24 de mayo de 2002 (números 5550 y 5551). serían cooperadores necesarios. aunque impropiamente hable de “medidas”. es decir. aparte de que la amplitud de los términos típicos permite la consideración como delitos de conductas que no constituyen vertido. por su parte. exigiendo que el sujeto “provoque o realice. aunque estemos en presencia de una organización social. Obsérvese que el artículo 327. FEIJOO SÁNCHEZ..”. STS 5 de octubre de 2003 en relación al artículo 347 bis del Código Penal de 1973. pero con efectos nocivos secundarios. cit. facilita la realización directa (MEMENTO PRÁCTICO FRANCIS LEFEBVRE: Penal de Empresa 2004-2005 (coord. Al respecto. Delitos contra el medio ambiente. las aguas terrestres.: B. provoca el vertido.medios que pueden verse afectados por ellas son la atmósfera. da lugar a que se realicen las emisiones. 1591-1593). de modo que realizar es tanto como ejecutar y provocar es facilitar o ayudar (“Delitos relativos a la protección. De los dos verbos utilizados es el primero. cit. Empresa y delitos contra el medio ambiente.Mª. vid.J. probablemente. el superior que da la orden. sostiene que la interpretación de los verbos provocar y realizar es la puramente gramatical. y realiza indirectamente. J. el que presenta mayores dificultades de interpretación. pues éstos no son fácilmente individualizables. Así podría considerarse que realiza directamente el vertido. Doctrinalmente se admite la posibilidad de que el delito se presente en fase intentada. el operario que abre la compuerta por donde se vierte. pág. etcétera Así. Para individualizar responsabilidades en estos casos resulta muy útil la teoría del dominio del hecho a través de la que se intenta analizar quién o quiénes ostentan en la empresa el verdadero poder de decisión en materia medioambiental 23. prevé unas determinadas consecuencias accesorias aplicables a empresas. sostiene SILVA SÁNCHEZ que “provoca” el que. el suelo. Sobre la problemática que gira en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ámbito. J. como es una persona jurídica. vertidos. sin realizarlos efectivamente. Hay quien sintetiza la cuestión afirmando que mientras que los verbos provocar y realizar abordan el problema de la inmediatez o no del autor. pág. 24 SILVA SÁNCHEZ. a intervenciones mediatas sobre el medio ambiente. sin duda. vid.-M. 35.. En este sentido. la realización directa o indirecta abordan el de la inmediatez respecto de la acción contaminante. TERRADILLOS BASOCO). quien con su colaboración. dada las complejas estructuras verticales y horizontales que presentan muchas sociedades. TERRADILLOS BASOCO. sin necesidad de producir un perjuicio determinado y específico (STS 13 de marzo de 2000). marítimas o subterráneas.. Madrid...
tratarse de un delito de peligro se consuma por la creación del riesgo mediante la realización de algunas de las conductas descritas en el tipo. independientemente de que se trate de personas físicas o jurídicas. vertidos..
. 23 PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ critican el hecho de que la jurisprudencia invoque en estos casos con cierta frecuencia el artículo 31 -pensado para solventar problemas de atribución de responsabilidad en los delitos especiales. sujetos sin dominio (ni siquiera funcional) del hecho 24.
de 17 de noviembre. 27 de enero de 1999 y 29 de septiembre de 2001 así lo hacen. La alusión a las extracciones o excavaciones pretende incluir en el tipo conductas destinadas a un aprovechamiento irracional de los recursos naturales. parece que se refiere a las ionizantes. la posibilidad de su comisión por omisión. págs. al agua o al suelo) y los segundos son residuos generados por actividades industriales. Como hemos dicho. las SSTS de 30 de noviembre de 1990. a aquellas que. del Ruido. entre otras. la Ley 7/1997. que el Tribunal Supremo y parte de la doctrina científica admiten. En otras resoluciones se establece que no puede aceptarse la realización de vertidos de forma omisiva. de 25 de junio de 2002. a su paso por la materia. Las radiaciones. en tanto que otros encuentran la diferenciación en el medio en el que se realizan las conductas: las emisiones en la atmósfera y los vertidos en el agua o en la tierra. urbanismo y medio ambiente por el hecho de que durante dos años. resulta aceptable o no la exigencia de un resultado y. en tanto que los aterramientos consistirán en depositar y cubrir una determinada porción de suelo con tierra. aunque no se especifica. de Protección contra la Contaminación Acústica o la Ley 7/2002. sin embargo. Tratado de Derecho ambiental. de Protección contra la Contaminación Acústica en Galicia.
. según se establece en su artículo 1. 147 y ss. emitir o introducir radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire. incorpora al artículo 325 un nuevo tipo -de no fácil explicación. en algunos casos. entre otros. En los últimos años. de la Generalitat Valenciana. tierra o aguas marítimas. vigilar y reducir
En función de la clase de delito de peligro en que se le catalogue. lo que es inadmisible en Derecho Penal (SSAP Barcelona 22 de febrero de 2002 y 30 de marzo de 2001). es decir. de trasponer al Derecho interno dicha directiva se elabora una norma general de ámbito estatal27: la Ley 37/2003. con el objetivo. al concejal de obras y servicios y al concejal de obras públicas.Los distintos términos empleados en la descripción típica25 no siempre son interpretados de igual manera. puesto que ello supondría forzar la interpretación del tipo y realizar una interpretación extensiva en perjuicio del reo. por tanto. dentro del título dedicado a los delitos contra la seguridad colectiva. Así. es prevenir. tomo IV(actualización). continentales superficiales o subterráneas. como luego veremos. sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. de 28 de junio. existen otros tipos específicos de riesgo catastrófico relativos a la energía natural y a las radiaciones ionizantes (artículos 341 a 345). la Ley 16/2002 de la Generalitat de Cataluña. de Protección contra la Contaminación Acústica. sus bienes26. dando lugar a la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 26 No hay que olvidar que la Ley Orgánica 15/2003. Por ejemplo. de 25 de noviembre. R.en el que se recogen conductas relacionadas con el hecho de liberar.. vid: MARTÍN MATEO. Precisamente. Sobre el régimen jurídico del ruido. de 11 de agosto. de 3 de diciembre. 2003. Así. conociendo el deficiente funcionamiento de la depuradora y el gravísimo deterioro medioambiental producido por los vertidos de aguas residuales. Madrid. pues durante demasiado tiempo no se le prestó a la contaminación acústica la atención que requería. 27 En el seno de las Comunidades Autónomas ya existían normas reguladoras del tema. Esta última hace responder por esta categoría dogmática al alcalde. incumplieran las obligaciones propias de su cargo para impedirlo. la Unión Europea se ha preocupado de la cuestión. si bien en tales delitos se exige poner en peligro la vida o la salud de las personas o. cuyo objeto y finalidad. La inclusión de los ruidos y las vibraciones mereció críticas favorables. convierte la sustancia en radiactiva. la diferenciación entre emisiones y vertidos hay quienes la encuentran en el hecho de que las primeras suponen expulsión de materiales (al aire.
a su vez. o a la de los de peligro abstracto. para el caso de que el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas. Tal estructura típica resulta especialmente compleja. del Parlamento Europeo y del Consejo. por cierto. entre las infracciones que relaciona incluye entre las muy graves “la superación de los valores límite que sean aplicables. A su vez. por todos.
. págs. deberían provocar una desecación total o parcial. unánimemente se reconoce que se trata de un delito de peligro. podrían entenderse comprendidas en las extracciones. relacionándolas incluso con la construcción. suponga un peligro grave para el equilibrio de los ecosistemas29. para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana. al que se le asigna mayor pena. los bienes o el medio ambiente28. en los que se atiende a la peligrosidad de la acción en sí misma considerada. “Los delitos de peligro hipotético. como sería el caso de las inyecciones de cemento. O si. TORÍO LÓPEZ. A su vez. aunque algunos hablan de inyecciones de líquidos o semovientes en el suelo. En lo que respecta a la naturaleza de este delito ecológico. 2 b) y 3 a). portuarias y aeroportuarias. A.. que. el último inciso del precepto contiene un tipo diferente. (Esta previsión. que. en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales XXXIII (1981). ferrocarriles. La conducta alusiva a los depósitos.2). lo que se traduce en una notable falta de sintonía por parte de la doctrina y jurisprudencia en la interpretación del precepto y ciertas dosis de inseguridad en su aplicación. maquinaria y equipos. se le encaja entre los llamados delitos de peligro hipotético (o delitos idóneos). tal como la defectuosa redacción legal parece sugerir). comerciales.la contaminación acústica. sin requerir un peligro efectivo para el bien jurídico. 825 y ss. ferroviarias. así como actividades industriales. dentro de este grupo. las captaciones de aguas. Los primeros mayoritariamente se consideran delitos de resultado. pero el disenso aparece cuando se quiere perfilar. aeronaves. (Contribución al estudio diferencial de los delitos de peligro abstracto). cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas”. para cuya realización resulta necesario probar la efectiva puesta en peligro del bien jurídico
En esta ley los emisores acústicos se clasifican en vehículos automóviles. por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. infraestructuras viarias. Por otro lado. Las inyecciones parecen tener como objeto de referencia el subsuelo. en la medida en que existe el tipo del artículo 328 –que tipifica el establecimiento de depósitos o vertederos. obras de construcción de edificios y de ingeniería civil. a qué categoría pertenece: si a la de delitos de peligro concreto (que implican la creación de una efectiva situación de peligro para el bien jurídico). deportivo –recreativas y de ocio (artículo 12. en última instancia. una nueva categoría que se sitúa entre las anteriores30. mientras que cataloga entre las graves dicha superación si no concurre gravedad en el daño o en el peligro (artículo 28.: Directiva 2000/60/CE.. de 23 de octubre de 2000.genera problemas de delimitación que abordaremos cuando analicemos el citado precepto. resulta clave para descartar la opción de que la posibilidad de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales quede vinculada exclusivamente a la hipótesis de captación de aguas. quizá. 29 Cfr. Es una exigencia expresa de esta primera modalidad que las actividades enumeradas -llevadas a cabo con infracción de normas protectoras del medio ambientepuedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. 30 Vid.
L. Tirant lo blanch. Bienes jurídicos intermedios delitos de peligro. 486. J.. p.. consideran. J. otro se inclina por considerarlo como un delito de peligro hipotético. ZUGALDÍA ESPINAR. si lo entendemos como delito de peligro abstracto o hipotético. CONDE-PUMPIDO TOURÓN. N.. De ser considerado delito de peligro concreto. Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. R. El delito ecológico. Libro II del Nuevo Código Penal de 1995”. como los denominados delitos de peligro hipotético. T. 471. M. MATA Y MARTÍN. Valencia. por ejemplo. Cabría citar. A. 1998. a un ecosistema 31. BOIX REIG. en general. R. pág. que estamos ante un delito hipotético o de aptitud: DE LA CUESTA AGUADO. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: Capítulo III.. al tiempo que dan cuenta de las distintas tesis mantenidas al respecto.conforme a la cual un comportamiento se castiga en base a la presunción de que el mismo entraña un peligro. la parte acusadora sólo tendrá que probar la idoneidad de la conducta para poner en peligro. si bien no empleando siempre la misma terminología ni atribuyéndole el mismo sentido33. En relación al primer inciso del artículo 325 del Código Penal. Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. ed. 1993. DE VICENTE MARTÍNEZ.). Praxis.S. CARBONELL MATEU. sin que sea precisa la constatación de la peligrosidad en el caso específico. Comares. Ed. E. 1997. pág. Tirant lo blanch. hay otras modalidades. 30.. 1998. como sucede en los delitos de peligro concreto./SOLER MATUTES. Ed. ya que. T. pág. pág.). cit. 40. Barcelona. 1999.J/JAREÑO LEAL. cit. ORTEGA ALVÁREZ. 33 La estructuración y clasificación de los delitos de peligro presenta gran complejidad lo que da lugar a múltiples puntos de vista y gran diversidad terminológica. Doctrina y Jurisprudencia (dir..
PRAT GARCÍA/SOLER MATUTES. DE LA CUESTA ARZAMENDI. pues. precisando acto seguido que se trata de un delito de aptitud para la producción de un daño o un delito de peligro hipotético. Derecho Penal. pág.M. 1994... J. Delito ecológico. así como la relación causal entre la conducta y el resultado peligroso. La opción por una u otra naturaleza tiene importantes consecuencias en el ámbito de la prueba. Delitos de peligro. si bien advirtiendo
.. pág. Lex Nova. Título XVI. GARCÍA RIVAS. cit. J. P. C. las siguientes monografías: CORCOY BIDASOLO. Se caracterizan.)/PÉREZ ALONSO.Mª. J. cit. M. Valencia. pág. (coord. junto a la tesis tradicional de peligro abstracto -equivalente a peligro estadístico.. La segunda categoría es más problemática. 136 y 137. dolo e imprudencia.L.. Por el contrario. Universidad Complutense/Ministerio de Justicia. en Código Penal.. con carácter general. que sostiene que se trata de un delito de peligro concreto32.. 642.C. por lo que respecta a la bibliografía publicada en España. que advierte que esta categoría (respecto de la que sugiere que podría hablarse de “delitos de peligro suficiente”) nace de la búsqueda de soluciones razonables a los problemas que la prueba del nexo causal entre acción y peligro concreto plantea en los delitos de resultado (lesión o peligro concreto). RODRÍGUEZ MONTAÑÉS.3ª ed.. “Derecho Penal del medio ambiente”. “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”.J. págs. CONDE PUMPIDO FERREIRO. Universidad Complutense/Ministerio de Justicia.. le corresponde a la acusación probar el resultado (puesta en peligro concreto del equilibrio de los sistemas naturales) y el nexo causal entre la conducta típica y el riesgo concreto causado en ese caso específico.. Estructura y aplicación judicial. El delito ecológico. Madrid. ALASTUEY DOBÓN. C. en Actualidad Penal. 1999. Madrid.protegido. puestas de manifiesto últimamente en numerosos trabajos. tomo II. atendidos los principios acusatorios y de presunción de inocencia que rigen en el proceso penal. Madrid. PRAT GARCÍA. Frente a un sector científico. 1998. 1997. Por su parte. evitando las críticas doctrinales a los tradicionales delitos de peligro abstracto (Causalidad de los delitos. ed. 135 y ss. GONZÁLEZ CUSSAC. también acepta que presenta la estructura de un delito de peligro abstracto. MÉNDEZ RODRÍGUEZ. Derecho Penal. en VIVES ANTÓN. 294. Granada./ BOIX REIG.. Ed. 3233. Valladolid.). (dir. Parte Especial. sino que basta con que la acción realizada sea idónea para ponerlo en peligro. en los que no es necesario que se constate la producción de un resultado peligroso para el objeto directamente protegido. porque el tipo describe una acción peligrosa. en los que los autores toman partido por opciones bastante distantes unas de otras. en Lecciones de Derecho del medio ambiente (dir. E. ORTS BERENGUER. J. L. Parte General.
(coord. lo que debería exigirse es probar la idoneidad del acto de contaminación para poner en peligro el citado equilibrio. pág. pág. después de censurar que en este caso la tutela medioambiental se haya desvinculado respecto a la puesta en peligro concreto de la salud de las personas. C. SILVA SÁNCHEZ –después de excluir expresamente la opción de hacer del delito contra el medio ambiente un delito de peligro presunto. a medio camino entre los delitos de peligro abstracto y concreto. ed. en una consideración objetiva ex ante. 48. originándose irreversibles problemas de yuxtaposición de normas e ilícitos. Tirant lo blanch. Ed.. También considera que estamos ante un delito de peligro abstracto TERRADILLOS BASOCO. 612). 34 PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ.. págs. 562. asimismo. Madrid. que se ponga especial cuidado en la exigencia de que el comportamiento examinado en concreto sólo sea considerado típico si. reclamando. ya que esta se produce con posterioridad a la realización del acto de contaminación. sin que la idoneidad quepa presumirla por el mero hecho de haber quedado probado el acto de contaminación. advierte acto seguido que el impacto medioambiental de las acciones descritas en el artículo 325 tiene también un carácter de lesión perfectamente identificable y que ya de por sí lo puede caracterizar como delito de lesión.Por ejemplo.afirman que estamos ante un delito de resultado doble: lesión integrada por un acto de contaminación y peligro para el equilibrio de los ecosistemas.. eso sí. 928. pag. Parte Especial. Derecho Penal. 35 MUÑOZ CONDE. Valencia. 78.
que estas dos últimas categorías no siempre se identifican plenamente (El delito de contaminación ambiental. 107-108). También MUÑOZ CONDE habla de un delito hipotético. que persiguen los delitos de peligro. la conducta debe presentar. Por su parte. Entiende que con esta opción se adelanta de una forma exagerada y realmente desproporcionada las barreras de protección penal y se invade desmesuradamente el ámbito y las competencias administrativas de actuación en esta materia. cit. como son el de legalidad o el de intervención mínima. (dir. insistiendo a continuación en que el tipo está configurado como delito de peligro en la medida en que atiende al daño potencial global que se puede producir 35. en el que si bien no es necesario demostrar una situación de peligrosidad concreta.) Comentarios al Código Penal. A. es idóneo para producir el resultado lesivo (“Delitos relativos a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. o incluso de lesión. cit. PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ –aparte de que consideran que hubiera sido preferible la descripción de un resultado de lesión y pese a que entienden que se trata de un delito de aptitud. 1573 y ss. cit. 2002. sostiene que la utilización de la técnica de ley penal en blanco y el empleo de elementos normativos da pie a la eventual vulneración de principios fundamentales. e insisten en la idea de que más que acreditarse la existencia del peligro.la formulación de un delito de peligro abstracto para un bien jurídico así configurado puede requerir la constatación de resultados de peligro concreto. en los que se requiere la idoneidad lesiva de la conducta. pág. al modo de lo que ocurre en la práctica de muchos juzgados y tribunales con el ilícito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. al menos. De igual opinión: SUÁREZ GONZÁLEZ.)/JORGE BARREIRO. en RODRÍGUEZ MOURULLO. CARMONA SALGADO (Compendio.. págs. Sin embargo.
. 36 Los delitos contra el medio ambiente. Pero –añade. pág. dado que se trata de una labor interpretativa basada en una prognosis 34. Comentarios. una aptitud lesiva que la cualifique frente a las simples infracciones administrativas. F. cit. de determinados objetos (elementos del ecosistema correspondiente) 36. cit. Civitas. Además. Critican.. llega a la conclusión que el artículo 325 es un delito de mero peligro abstracto. que la configuración del peligro en este caso no cumple con la finalidad político-criminal de anticipar la intervención penal. G.sostiene que el delito es de peligro abstracto respecto al equilibrio de los sistemas naturales. 1997.
especialmente. lo que explica que sea en este ámbito en donde se fundamenten la mayoría de las sentencias absolutorias. Cuestión de gran complejidad e íntimamente vinculada con cuanto venimos diciendo respecto a la naturaleza del presente ilícito. Los modelos causales tradicionales no resultan demasiado adecuados para este tipo de delito. lo que
Vid. generalmente se viene entendiendo como un delito de contaminación. 5 de noviembre de 2001. cit. SAP Guadalajara 21 de mayo de 2001. en su caso. SAP Palencia 9 de noviembre de 2000. en cierta manera. sino bastará que se ponga en peligro grave el equilibrio de los sistemas naturales. aunque sí debe garantizar que éstos cumplan su cometido jurisdiccional sin traspasar la frontera de lo razonablemente previsible al interpretar la norma aplicada.
. valorando la intensidad con que se ha realizado la acción. 39 DE LA CUESTA AGUADO sostiene que para calificar una acción como idónea habrá que conjugar tres diferentes elementos: un criterio cualitativo. pág. 24 de febrero de 2003. que hará referencia a las “propiedades” de la sustancia emitida o vertida. no pudiendo tildarse de extravagante el razonamiento efectuado por aquélla. En esta resolución se recalca la idea de que el Tribunal Constitucional no puede invadir esferas de competencias que sólo los tribunales ordinarios tienen atribuidas.que la interpretación en un sentido u otro es competencia exclusiva de los órganos judiciales. el carácter genérico de las normas y su inserción en un sistema normativo relativamente complejo. los problemas de causalidad. 38 SSTS 25 de octubre de 2002. Precisamente. y un criterio temporal. Tal limitada función de control del derecho a la legalidad penal por el Tribunal Constitucional deriva del hecho de que toda norma penal admite variadas interpretaciones como consecuencia natural de la vaguedad del lenguaje. SSAP Barcelona 24 de enero de 2000. 18 de julio de 2001. SAP Valencia de 13 de noviembre de 2001. ya que mientras que algunas sentencias lo han entendido como un delito de peligro concreto37. 30 de enero de 2002. añade que si bien la configuración del delito contra el medio ambiente del artículo 325 permite eludir. SAP Ciudad Real de 30 de abril de 2002. es la relativa a la prueba. otras resoluciones se vienen decantando por considerarlo un delito de peligro abstracto38. un criterio cuantitativo. La STS 24 de febrero de 2003 justifica la opción que elige apelando al argumento literal y. sin embargo. Acto seguido. Rechazó así la pretendida vulneración del principio de legalidad penal. entre otras. SSTS 17 de diciembre de 2001. atendiendo a la duración o permanencia de la acción o sus efectos (Causalidad de los delitos contra el medio ambiente. sí que resulta imprescindible la rigurosa comprobación de que la conducta desarrollada ha resultado adecuada e idónea para poner en peligro el equilibrio de los sistemas naturales. entre otras. dictaminó -respecto a la opción de delito de peligro abstracto que había acogido la Audiencia y que era rechazada por el recurrente por entender que se trataba de un peligro concreto. en la convicción de que dicha interpretación redunda en una mayor eficacia en la protección del medio ambiente. al teleológico.. 1 de abril de 2003. en el entendimiento de que la interpretación del delito ecológico realizada por la Audiencia se asentaba en una de las interpretaciones lógicamente posible. el Tribunal Constitucional.. en sentencia de 22 de marzo de 1999 y con motivo de resolver un recurso de amparo. en torno a la consideración del artículo 347 bis del anterior Código Penal de 1973. 239). Hay que insistir en que la afectación al bien jurídico no puede consistir en la destrucción del medio ambiente o cualquier elemento medioambiental.Esa misma falta de consenso respecto a la naturaleza del ilícito se detecta desde hace tiempo en la jurisprudencia. de la relación de causalidad entre la acción típica y la creación de un riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales o para constatar la idoneidad de la acción 39. al tener que exigirse tan sólo la comprobación del carácter peligroso de la acción y no la producción de un verdadero resultado de peligro. En la práctica.
aterramiento. Cabría entender que tales supuestos constituyen problemas de imputación y no de causalidad que deberían resolverse en el sentido de no incriminarlos 43 . etc) sino que. más allá de la prueba de un eventual peligro. farmacología. que consistirá en la alteración perjudicial o menoscabo del elemento medioambiental afectado.. cuando los efectos conocidos se ven multiplicados o potenciados al unirse con otras sustancias o cuando no se pudieron probar por imposibilidad física los niveles de concentración de sustancias. pág.significa que. pero que por efectos de acumulación o sinergia (interacción de efectos derivados de la combinación de sustancias) han derivado en la posibilidad de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. págs. cit. realizar un juicio normativo de imputación a dicho resultado físico-natural del peligro grave para el equilibrio de los ecosistemas. se requiere probar la existencia de una lesión real: la contaminación. en el ámbito jurídico-penal el tribunal sentenciador debe considerar probada la relación causal cuando obtiene la certidumbre subjetiva de que existe un alto grado de probabilidad. Otro tema que cabría plantearse es el relativo a aquellos casos en que el resultado es consecuencia de varias intervenciones simultáneas o sucesivas que. El recurso a esta ley estadística en sentencias relacionadas con el artículo 325 no es expreso y se oculta bajo el concepto de certidumbre subjetiva41. advierte SILVA SÁNCHEZ que no se pueden equiparar
Tratando de aclarar estos extremos SILVA SÁNCHEZ (Delitos contra el medio ambiente. 386 y 387. en primer lugar. como sucedería.
. 42 Los delitos de contaminación ambiental. etc. pág.) podría considerarse consumado el tipo del artículo 325 (STS 14 de febrero de 2001). Respecto a este problema.. cuando no se conocen todavía los efectos reales de una sustancia nueva. emisión. Se denuncia al respecto que esto supone la admisión de la ley estadística como ley causal. cit. etc. no hubiesen dado lugar al mismo. Delitos contra el medio ambiente. consideradas aisladamente. por el contrario. establecer una relación de causalidad entre la conducta de que se trate y el resultado físico-natural de vertido. como lo exigirían las ciencias de la naturaleza (medicina. En torno a los cursos causales anómalos (aquellos no susceptibles de comprobación científico-natural en todos sus términos o procesos intermedios) el Tribunal Supremo considera que la relación de causalidad no requiere de una absoluta comprobación excluyente de toda duda en contrario o certeza matemática. En esta tarea se distingue entre daño concreto al medio que sufre la acción (río que recibe el vertido) y peligrosidad general (para el medio ambiente)40. ALASTUEY DOBÓN previene sobre la cuestión cuando insiste en que para poder afirmar que un concreto vertido es apto para causar un grave daño al equilibrio de los sistemas naturales. págs. 43 Cfr. SILVA SÁNCHEZ. la investigación científica ha debido constatar previamente que bajo determinadas circunstancias es posible establecer una relación causa-efecto entre un vertido con la composición que presenta aquél sobre cuya idoneidad se indaga y esos menoscabos en el equilibrio de los sistemas naturales. Sólo cuando exista esa peligrosidad general (porque las aguas puedan extender la contaminación.Mª. J.. 25) propone. que acaba por operar con las características propias del Derecho Administrativo sancionador. cit. y en segundo término. 125. 41 En tal sentido: MEMENTO PRÁCTICO FRANCIS LEFEBVRE. porque se puedan ver afectados acuíferos.. por ejemplo.. ruido. sin que baste una mera probabilidad estadística y mucho menos una mera sospecha 42. lo que permite la intervención del Derecho Penal en supuestos que de otra forma serían atípicos. Esta forma de proceder se explicaría por la denominada por algunos “administrativización del Derecho penal”. cit. 46.
cit. tras negar que este tipo sea un “delito de contaminación”. los problemas para la determinación del nexo causal son ciertamente notables47. es el fenómeno del comportamiento masivo. 1997.. en tanto que en los supuestos de delitos de acumulación no se puede hablar de un único hecho sobre el que se proyectan varias aportaciones. pág. Téngase en cuenta. J.: DE LA CUESTA AGUADO. etc. cit. “Estructura típica de peligro en el delito ambiental”. que se proyecta sobre un determinado objeto de la acción. que estos delitos son considerados mayoritariamente como delitos de resultado -cifrado en la creación de una situación de peligro derivada de la aptitud peligrosa o de la idoneidad lesiva de la conducta-. ALASTUEY DOBÓN parte de la idea de que el vertido. Delitos contra el medio ambiente. págs. pág. Alaba esta autora la evolución jurisprudencial en el sentido de ya no requerir.se realice también por otros sujetos y el conjunto de comportamientos sí vaya a acabar lesionando el correspondiente bien jurídico.) 45 Añade este autor que la dispersión en el espacio y en el tiempo de las conductas integradas en la relación de acumulación impide hablar razonablemente de un único hecho y de un único riesgo al que se habría contribuido. en los casos de acumulación nos hallamos ante una especie de autoría accesoria universal de un hecho global y permanente. págs. Dando por buena –por lo menos así lo considero yo.M. habida cuenta que la atribución a una conducta de la capacidad de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales requiere un detallado conocimiento de las leyes de experiencia aplicables (algo muy difícil en lo relativo al medio ambiente) y de las concretas circunstancias del caso sobre cuya base formular un juicio ex ante de peligro 48. VALLE MUÑIZ.. 355. Así. sólo realizan el tipo cuando alcanzan un determinado nivel que coincidirá con el momento en que sea posible afirmar la no absoluta improbabilidad de que de la modificación del elemento natural se derive un perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales46. 246). cit.
.. pero finalmente se llega a ese nivel porque con posterioridad otras personas realizan otros vertidos.M. DE LA CUESTA AGUADO. la emisión..imposible de abarcar como tal en los límites de un proceso penal. dado que en los casos de esta última estamos ante un único hecho. 77. 3) que por vertidos anteriores se haya alcanzado la intensidad para causar el mencionado daño. en La protección jurídica del medio ambiente (coord. concluye afirmando que en los casos de acumulación lo decisivo.no deberían ser nunca delitos que llevasen aparejada una pena privativa de libertad (La expansión del Derecho penal. 128-131). que no tiene que ver con la autoría accesoria (La expansión del Derecho Penal. Pamplona.. además. 46 En base a ese presupuesto distingue varias hipótesis que. en suma..la tesis de considerarlo un delito de peligro hipotético. 225 y ss. de manera que el vertido objeto de atención sólo eleve aquella intensidad (El delito de contaminación ambiental. Para este autor los delitos regidos por la lógica de la acumulación –lógica que se adapta bien a las características del Derecho Administrativo. en atención a diversos extremos. 135). si se cuenta con la posibilidad cierta de que dicha conducta –per se no lesiva..-Mª. sostiene que una conducta será idónea o adecuada para lesionar cuando un observador imparcial.). A su vez. Causalidad de los delitos contra el medio ambiente.. 2) el vertido produce la modificación en el medio natural apta para causar el daño al equilibrio de los ecosistemas porque anteriormente se habían efectuado otros vertidos. vid. resuelve a través de la incriminación como delito consumado o intentado –en versión dolosa o imprudente. con los mismos conocimientos que el autor pudiera considerar que era “previsible” que de tal conducta derivase una lesión (La causalidad en los delitos. P. pág. pero hay quienes los consideran delitos de mera actividad en los que la idoneidad es un elemento de la acción y respecto de los que no cabe hablar del nexo causal (MORALES PRATS. cit. pág. De esta forma.
Los delitos de acumulación permiten sancionar penalmente una conducta individual aun cuando ésta no sea por sí misma lesiva del bien jurídico (ni lo ponga por sí misma en peligro relevante).los delitos de acumulación 44con la estructura dogmática de la autoría accesoria. cit.y que vienen referidas a los siguientes casos: 1) El sujeto realiza un vertido que no alcanza el nivel exigido en el tipo.. 131 y ss. J. cit. 48 SILVA SÁNCHEZ. 47 Sobre los problemas que presenta la relación de causalidad en los delitos de idoneidad lesiva. págs. sino de una pluralidad de hechos que constituyen un fenómeno global45.. F.
Entiendo que la complejidad se acrecienta debido a la heterogeneidad de conductas contenidas en el primer párrafo del artículo 325 y. el juez debe evitar el criterio mecanicista de simple reducción cuantitativa de la pena pecuniaria y proceder a hacer una valoración conjunta de la parte de injusto ya sancionada administrativamente y la que queda subsistente. entienden que no se respetan las exigencias propias del principio de proporcionalidad. que. de este modo. desde luego. Es decir. se acudirá a esta. si es la Administración la primera en imponer la sanción. la cosa juzgada impide una posterior actuación administrativa. En tales casos. 250). un acto de contaminación previa y concluye afirmando que ya no es necesario ni siquiera que se constate un peligro concreto unido causalmente a la acción típica (pág. ello no impide la posterior actuación y sanción del juez o tribunal penal. De lo contrario. A propósito de esta cuestión. 50 Comentarios al Código Penal. El principal problema. De ahí. identidad absoluta de los sujetos y que el fundamento de las sanciones sea también idéntico. pero no al revés. pero en relación a esta materia parece que el fundamento de ambos ilícitos es coincidente. 1590-1591
. El Tribunal Constitucional tiene sentada doctrina en el sentido de que hay que excluir la doble condena si se dan los siguientes requisitos: identidad absoluta de los hechos.. pues no resulta fácil imaginar acciones de contaminación acústica con suficiente potencialidad para perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. sobre todo. ya que tutelan un mismo bien jurídico: el medio ambiente. si recae condena penal la cuestión queda zanjada. Precisamente. deriva tácitamente del propio principio de legalidad. debiendo suspenderse el procedimiento administrativo hasta que concluya el proceso penal.
como ocurría inicialmente. respetándose los hechos declarados probados por el órgano jurisdiccional. mientras que si la sentencia es absolutoria seguirá adelante el procedimiento administrativo. cabe preguntarse si son acumulables las sanciones correspondientes al ilícito penal y al ilícito administrativo sin que se vulnere el principio ne bis in idem. se paralizará el procedimiento administrativo sancionador que eventualmente se hubiese iniciado y. 49 Por ejemplo. En este sentido se afirma que cuando un acto ilícito haya sido ya castigado por los Tribunales de Justicia. estriba en comprobar el tercero de los requisitos. que desde el momento en que se tenga conocimiento de que los hechos pueden ser constitutivos de delito. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional tienen reiteradamente declarado que la colisión entre una actuación jurisdiccional y otra administrativa se resuelve a favor de la primera. dada la prioridad de la vía penal. la SAP Albacete de 31 de octubre de 2001 considera el mayor o menor grado de prolongación en el tiempo como criterio de delimitación entre el delito y la infracción medioambiental. cit. El hecho de que exista una sanción administrativa previa -argumentan PRATS CANUT/MARQUÉS Y BANQUÉ 50. a la inclusión entre ellas de los ruidos y vibraciones. págs. la exigencia del posible perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales es la característica diferenciadora entre el delito ecológico y la simple infracción administrativa49. aunque no se halla recogido de forma expresa en la Constitución.no debe vedar absolutamente el acceso a la jurisdicción penal.
Con la introducción de un nuevo elemento a tener en cuenta. pero si puede ser constitutiva de delito deberá acordar la suspensión del procedimiento iniciado y remitir el expediente a la Fiscalía o a la Autoridad judicial. La senda iniciada por la anterior sentencia. para que suspenda el procedimiento administrativo. la STC 177/ 1999.En estos casos estamos en presencia de un conflicto jurisdiccional entre los órganos de la Administración Pública y los de la jurisdicción penal. ya que se procedió a descontar la multa administrativa y la duración de la privación del carné de conducir. no ha sido seguida. estaría cerrando el camino a una posterior actuación penal sobre los mismos hechos. si la misma integra únicamente un ilícito administrativo seguirá adelante con el procedimiento sancionador. o ponerlo en conocimiento de la Policía Judicial especializada. eso sí. Si no actúa así e impone una sanción administrativa. al abordar un supuesto similar. . También en contra del punto de vista mantenido por la sentencia 177/1999. no podrá invocar la vulneración del principio de legalidad (ne bis in idem) que con su actuación ha consentido. En apoyo de su tesis. por ejemplo. complementaria de su derecho a no ser sancionado dos veces por unos mismos hechos y nunca como una circunstancia limitativa de la garantía que implica el derecho fundamental del no bis in idem. que ha merecido juicios críticos de diferente signo. Si no lo hace. por la STC 152/2001. el Tribunal Constitucional recalca las siguientes ideas: -La preferencia de la jurisdicción penal sobre la potestad administrativa sancionadora ha de ser entendida como una garantía del ciudadano. niega el amparo a quien por unos mismos hechos fue sancionado administrativamente y posteriormente condenado en un proceso penal. que debe resolverse con arreglo a criterios de prevalencia de uno u otro poder público. en esta ocasión no se dio tal circunstancia. ni menos aún de la eventual inobservancia por parte de la Administración de la legalidad aplicable. de 2 de julio. que está obligado a manifestar a la Administración la apertura de una procedimiento penal. que se hubiese producido la vulneración del ne bis in idem si se hubiese desconocido la cosa juzgada. por el mismo hecho.otorga amparo por admitir infracción del principio ne bis in idem en un supuesto de vertidos contaminantes en que se sancionó administrativamente a una empresa y luego se condenó al representante legal de la misma por un delito ecológico. en el que el sujeto que demandaba amparo había sido sancionado administrativamente por una infracción de tráfico y posteriormente condenado. Declara que la garantía material de no ser sometido a bis in idem tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada. de 16 de enero. Según esta resolución. de 11 de octubre –aprobada por mayoría y con algún voto particular discrepante. no concede el amparo en el caso de duplicidad de sanciones atendiendo al dato de la actitud del recurrente. Para ello anula las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial. Advierte. efecto que es
. la STC 2/2003.En contra de la anterior doctrina. como responsable de un delito contra la seguridad del tráfico. -El citado derecho fundamental no puede depender del orden de preferencia que normativamente se haya establecido entre los poderes legitimados para el ejercicio del derecho punitivo y sancionador del Estado. cuando la Administración Pública tenga conocimiento de una conducta infractora e inicia un procedimiento sancionador.
pero no la identidad de fundamento o calificación jurídica.: B. respectivamente) 53. el artículo 327 contiene una nueva muestra del reconocimiento por parte del legislador de que el delito ecológico se suele llevar a cabo en el seno de las personas jurídicas. Esta sentencia se ha pronunciado sobre el alcance del artículo 133 de la Ley 30/1992. a diferencia del proceso civil en el que la aplicación de la excepción de cosa juzgada requiere la triple identidad de sujeto. Idéntico criterio sobre la eficacia de la cosa juzgada judicial se asume en la STS 1765/1999. El primero de ellos contiene una agravación. incluido el conocimiento de la idoneidad de la conducta para lesionar el bien jurídico. de 11 de enero de 2000. STS 9 de octubre de 2002 y SAP Madrid 20 de septiembre de 2000. 53 Sobre las distintas posibilidades de interpretar el contenido del artículo 327 en relación con el artículo 129. Aparte de la anterior previsión. 52 El que esté presente la nota de la gravedad. Delitos contra el medio ambiente. Recordemos que el artículo 331 tipifica la comisión de este ilícito mediante imprudencia grave52. vid. cit. FEIJOO SÁNCHEZ. así como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título. sólo podríamos estar ante una simple infracción administrativa.son los artículos 338 y 340. multa e inhabilitación que se establecen en el primer inciso del artículo 325. sin más. al no efectuarse un control judicial posterior por la jurisdicción contencioso-administrativa. determina la existencia de un ilícito penal. el artículo 339. cuya dificultad de precisar es innegable. pues señala que se impondrán las penas superiores en grado a las
Cfr. ordenen la adopción. Vid. Sobre los problemas que presenta la imputación subjetiva y los posibles efectos del error. a cargo del autor del hecho. En el caso concreto. motivadamente. donde se dice que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente. hecho y fundamento. En cuanto al elemento subjetivo de la tipicidad del artículo 325 que venimos comentando. prevé la posibilidad de que los jueces o tribunales. cabe decir que requiere dolo.predicable tan sólo de las resoluciones judiciales. sobre el particular. por el mero hecho de un cambio de perspectiva acusatoria. ya que unos mismos hechos de los que resulta absuelto en firme el acusado no pueden ser objeto de una nueva acusación en otro proceso. Respecto a las consecuencias jurídicas que derivan de la comisión de este delito. cit. de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado. 88-95. en el proceso penal las únicas identidades exigibles son la subjetiva y la objetiva (identidad de hecho). pues.. Empresa y delitos contra el medio ambiente. al facultar al juez para que acuerde alguna de las consecuencias previstas en las letras a) o e) del artículo 129 (clausura o intervención de la empresa.J. ubicado en el capítulo relativo a las disposiciones comunes a todo el título. págs. de lo contrario. hecho y fundamento.. la resolución administrativa carece de efecto de cosa juzgada. que deberá abarcar todos los elementos de la descripción típica. Normalmente será dolo directo de segundo grado o eventual51. además de las penas de prisión. vid. de 26 de diciembre.: SILVA SÁNCHEZ. pues no parece muy lógico realizar actividades dirigidas.
. Según esta resolución. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. en los casos en que se aprecie identidad del sujeto. STS 19 de mayo de 1999. Otros preceptos que afecta a la penalidad –albergados asimismo entre las disposiciones comunes. a contaminar.
al tiempo que mantiene la tesis de que en la determinación de la gravedad han de valorarse dos variables distintas: la entidad de la lesión y el número de personas afectadas. cit. pág. Algunos intérpretes. págs. págs. sino para cualquier persona55. sin embargo.. 30 de enero de 2002.1.respectivamente previstas. A su vez.
. no para una persona en concreto. En primer lugar.
2. entre otros. se decantan por su entendimiento como delito de peligro abstracto. SAP Valencia 11 de diciembre de 2000). como DE LA CUESTA AGUADO. 55 Causalidad. pero de peligro abstracto (El delito de contaminación ambiental. Sin embargo. Mayoritariamente se considera esta modalidad como un supuesto agravado en relación al tipo básico54. C. lo consideran un delito de peligro concreto para la salud de las personas en el que el juez. el artículo 340 admite la posibilidad de rebajar la pena cuando el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado. 620. En tales casos los Jueces y Tribunales impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas. existe discusión respecto a si se trata de un delito de peligro concreto o abstracto.. junto al artículo 328. que recoge el capítulo III. por ejemplo. otorgándole un especial efecto atenuante a la reparación en el ámbito ambiental. 56 Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Para esta autora es la única figura de peligro concreto..podría llevar a que se impusiese la pena inferior en dos grados (artículo 66. además de constatar la peligrosidad abstracta del vertido para lesionar o menoscabar la salud de las personas. en relación a la circunstancia 5ª del artículo 21. repárese en el hecho de que una sola circunstancia genérica atenuante apreciada como muy cualificada -siempre que no concurra agravante alguna. Hay quienes. En su entendimiento se presentan también varias cuestiones polémicas. Este precepto consagra un supuesto específico de reparación del daño. cit.2 Grave riesgo para la salud de las personas (segundo inciso del artículo 325. DE LA CUESTA ARZAMENDI 56 o SILVA SÁNCHEZ 57. no regirá respecto del tipo descrito en el artículo 330 por el principio de inherencia (artículo 67 CP) y el respeto al no bis in idem (SSTS 26 de junio de 2001. dado que el concepto introduce criterios de difícil cuantificación para el intérprete.
Por todos..2ª). Al margen de que la efectividad de la previsión puede ser más que dudosa en aquellos casos en que los perjuicios causados son de una dimensión tal que no sería factible una verdadera reparación del daño. pág. asimismo. deberá haber constatado que se ha producido un riesgo real. la pena de prisión se impondrá en su mitad superior. ALASTUEY DOBÓN. cuando las conductas definidas en el Título afecten a algún espacio natural protegido. cit. Destaca. Compendio. entiende que estamos ante una modalidad agravada. 157 y ss.1.1) El último inciso del número 1 del artículo 325 contiene un nuevo tipo. Así opinan. que el legislador concreta diciendo que si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas. cit. 293. Naturalmente. que viene configurado como una segunda modalidad básica. así como en torno a la vinculación que tiene con la anterior tipicidad. 74 y 108). los problemas que se presentan a la hora de determinar la gravedad del perjuicio para la salud de las personas. CARMONA SALGADO.
cit. En el caso de que el peligro se actualice. difícilmente tendrían cabida en el tipo las contaminaciones acústicas. en el caso de que se viesen afectados el equilibrio de los sistemas naturales y la salud. por entender que conduce a consecuencias equivocadas desde el punto de vista del bien jurídico protegido en este delito. cit. DE LA CUESTA AGUADO (Causalidad. a tenor del artículo 331. Entre otros argumentos. la doctrina se inclina por la apreciación de un concurso ideal. que no tienen que concurrir los elementos del tipo que le precede (por ejemplo. ya que. A las razones que esgrime a favor de la autonomía del párrafo que comentamos añadiría y haría especial hincapié en el siguiente argumento: si para apreciar esta segunda modalidad fuese necesario que las conductas pudiesen perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. la STS de 24 de febrero de 2003. así. cit. 74 y ss. 1 como un tipo autónomo. 59 Acude al ejemplo de una emisión contaminante de humos de una fábrica que pone en peligro la salud de unas decenas de personas que viven o trabajan en las cercanías y que seguramente no incide en los sistemas naturales. cit. se afecte al equilibrio de los sistemas naturales) y el hecho de que en la práctica se puedan producir acciones contaminantes idóneas para producir un grave perjuicio para la salud de las personas sin que tengan capacidad para poner en peligro el citado equilibrio 59. entendiendo. ALASTUEY DOBÓN. parece inscribirse la SAP Palencia de 9 de noviembre de 2000. Si el segundo inciso del artículo 325.. págs. Desde luego.Respecto a la relación que guarda con la modalidad que le antecede. págs. por todos. comparto la tesis de este autor. asimismo. la exigencia de afectar al equilibrio de los sistemas naturales).. págs. con la consiguiente satisfactoria conclusión de que. confirma la condena por delito ecológico 60. 96 y ss.. las consecuencias que derivan de su toma de posición: apreciación de un concurso ideal en el caso de que estemos en presencia de una acción idónea para perjudicar tanto el equilibrio de los ecosistemas como la salud de las personas y la posibilidad de cometer por imprudencia esta segunda modalidad. STS 11 de marzo de 2002: si el peligro o el posible perjuicio se actualizan estaremos ante delitos de lesión que se castigarán separadamente. 1 fuese considerado como un tipo agravado. 96-99). la concurrencia de todos los elementos de la modalidad anterior (incluida la capacidad de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales) y. el último de los autores citados sostiene con sólidos argumentos su autonomía (ciertamente relativa. en la que el fundamento de la condena del administrador y representante legal de una sala de fiestas descansa exclusivamente en las alteraciones que la salud de los vecinos del inmueble sufrieron a raíz del excesivo ruido a que estaban sometidos los fines de semana. sin embargo.. según ella. 60 En esta interesante y polémica resolución se abordan importantes cuestiones en relación con la contaminación acústica. aduce SILVA SÁNCHEZ en apoyo de su punto de vista razones gramaticales (este segundo inciso del número 1 del artículo 325 no exige que.. dándose lugar a un resultado de muerte o lesiones. Cfr. además de la salud de las personas. 71 y ss. El autor pone de manifiesto.). al compartir con el inciso primero los medios comisivos). Planteado recurso de casación sobre la misma. no obstante. En esta misma línea. de modo que. cabría apreciar un concurso de delitos 58. en tanto que el delito de riesgo tiene un alcance colectivo y el de lesión o resultado un alcance individual o específico. si bien modifica en algo la pena impuesta. Vid. la puesta en peligro imprudente de la salud de las personas se castigaría más que si se tratase del equilibrio de los sistemas naturales (Delitos contra el medio ambiente. aludiendo que en esos casos están en juego los derechos de protección de la
. págs. se manifiesta en contra de la idea de interpretar este segundo inciso del artículo 325.
Delitos contra el medio ambiente. tal hipótesis no podría ser objeto de punición. en ambos incisos es idéntico el objeto de protección: el equilibrio de los sistemas naturales (El delito de contaminación ambiental. por tanto. sería necesaria. para su apreciación.
Vid. que era aplicable la Ley 38/1972. El recurrente alegaba que la multa impuesta carecía de cobertura legal. Da la impresión de que tanto su ubicación como su configuración se ha efectuado de forma irreflexiva. según la cual “contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo. de 24 de mayo. el suelo o las aguas.2. con la prisión de dos a cuatro años. la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario. aparte de una pena de prisión con idéntico límite máximo.las medidas necesarias para que sean tipificadas como infracciones penales en su Derecho interno. STC 16/2004. sobre protección del medio ambiente atmosférico. Se considera así el ruido como una forma de energía. tierra o aguas marítimas. donde se establece una relación de conductas respecto de las que cada Estado miembro tiene que adoptar –antes del 27 de enero de 2005. introduce en el artículo 325 el apartado 2. Jiménez de Parga. Otro tanto sucede con los delitos relativos a la energía nuclear y a
salud. donde se regula un nuevo tipo relativo a la acción dolosa de liberar. pues algunos aspectos del tipo encuentran difícil explicación. sobre el particular. además de una primera asistencia facultativa. llegaremos a la conclusión de que se trata de un tipo privilegiado. empezando por la propia pena que se le asigna. que es una interpretación extensiva de la ley. se establece que tales conductas serán castigadas. de 25 de noviembre.
. superficiales o subterráneas en cantidad que produzca en alguna persona la muerte o enfermedad que. desestima el recurso de amparo interpuesto por el propietario de un pub de Gijón que en 1998 fue multado por infringir la ordenanza municipal sobre contaminación acústica. 2). en su voto particular discrepante. se incluye en la letra a) el vertido. requiera tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas irreversibles. pese a la gravedad de los hechos que incrimina. de 23 de febrero. por mayoría y gracias al voto de calidad de su presidente. naturalmente. con el primer número 1 del artículo 325 (en cuyo ámbito se incluyen las radiaciones). que parece venir determinada por la Decisión Marco 2003/80/JAI del Consejo de 27 de enero de 2003 relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal 61. continentales. emisión o introducción de radiaciones ionizantes u otras sustancias (artículo 325. lo que tres de los seis miembros de la Sala sostienen. La incorporación de esta nueva modalidad. 61 En el artículo 2 de esta Decisión del Consejo de la Unión Europea. Así ocurre. sin perjuicio de apreciar el correspondiente concurso de delitos en el caso de muerte o producción de resultados lesivos para la salud). emitir o introducir radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire. además de con la pena que corresponda por el daño causado a las personas. La Ley Orgánica 15/2003. el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos así como el equilibrio de los sistemas naturales. que incluía un catálogo de infracciones y atribuía a los alcaldes la competencia para sancionar. sin embargo. resulta sumamente desconcertante.. y en este caso ponente. por ejemplo. En orden a su punición. que establecía la ley de 1972.1. constitucionalmente vedada por perjudicar al sancionado. en la que se declara que la saturación acústica puede afectar a la intimidad en el ámbito domiciliario y a la integridad física y moral (derechos fundamentales consagrados en los artículos 15 y 18 de la Constitución). Esta sentencia. confirma la interpretación judicial. ya que no existía ninguna norma con rango de ley que tipificara las infracciones por contaminación acústica. Si contrastamos la sanción prevista para este delito con las que acarrean la comisión de otros ilícitos de menor trascendencia y relacionados con las mismas actividades. partiendo de la doctrina expuesta en STC 119/2001. daño o molestia grave para las personas y bienes”.3 Liberación. la emisión o la introducción de una cantidad de sustancias o de radiaciones ionizantes en la atmósfera. respecto del que se prevé. El Tribunal Constitucional. que causen la muerte o lesiones graves a las personas. entendiendo que la saturación acústica puede estar comprendida en la definición de “contaminación atmosférica”. una multa y la inhabilitación especial para profesión u oficio (todo ello. El juez consideró.
cuando de la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente.las radiaciones ionizantes (artículos 341 y 343. no cabría. como se señala en el propio artículo. dada la exigencia expresa de dolo.4 Conductas agravadas (artículo 326). respectivamente). Pero es que además el precepto carece de precisión cuando alude. ya por agravación del riesgo relativo al bien jurídico de que se trate. b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código. junto a las radiaciones ionizantes a “otras sustancias”. sosteniendo que en su totalidad son tipos exclusivamente dolosos. estableciendo que se impondrá la pena superior en grado. tras de todas y cada una de las circunstancias cualificantes del artículo 326 deben hallarse elementos que denoten una mayor gravedad de la incidencia de la conducta sobre el medio ambiente. principalmente). 2. que. sino que aparecen transcurridos años desde que se llevaron a cabo las acciones típicas. sobre el tema SILVA SÁNCHEZ (Delitos contra el medio ambiente. Por cierto. cit. llevan aparejadas importantes penas privativas de libertad y privativas de derechos. o cuando entre los efectos cita la producción de “secuelas irreversibles”. 63 BOIX REIG/ JAREÑO LEAL rechazan la tesis del concurso de delitos en relación con los apartados b). el hecho de la desobediencia o la actividad
. A todo ello cabe añadir el dato de su más que dudosa efectividad. Vid. Una cuestión nada pacífica es la relativa a si estamos ante tipos cualificados o ante meras agravaciones con una fundamentación exclusivamente formal62. d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. pues las que afecten a otros bienes jurídicos se castigarán separadamente. El artículo 326 contiene una relación de conductas agravadas. sobre todo en los casos en que los efectos nocivos no se producen de forma inmediata. Por tanto. e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. c) y d). en caso de que por negligencia grave se diese lugar a los resultados detallados en el tipo. por ejemplo. ¿no sería entre ellos donde hubiese encontrado mejor acomodo el nuevo tipo? A lo anterior cabría añadir que. págs. aun tratándose de delitos de peligro. se inclina por la primera opción en la inteligencia de que los incrementos de pena deben asociarse necesariamente a agravaciones del injusto penal. siguiendo las reglas del concurso de delitos63. que entrasen en juego los preceptos que sancionan esa modalidad de imprudencia en los correspondientes grupos de delitos (artículos 331 y 344. ya por afectación a otro bien jurídico penal. c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma. sino en la realización de la información falsaria. 123-124). Entiende que el
Otra cuestión controvertida es la relativa a su posible comisión imprudente.. según él. f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.1. SILVA SÁNCHEZ. dado que la razón de la agravación no reside en un incremento del bien medio ambiente.
pues. 3) la actividad que carece de autorización específicamente relacionada con el medio ambiente. 21 de diciembre de 2001. Defienden. A saber: 1) actividades realizadas de modo oculto. 30 de enero de 2002.
. cit.. AP Barcelona 22 de marzo de 2002. En concreto... después de analizar todas las condiciones de la industria o de valorar su impacto
obstaculizadora.denominador común de los tres primeros números sería un incremento del riesgo para el medio ambiente por la vía de la neutralización o interrupción de cursos causales salvadores del bien jurídico promovidos por la Administración medioambiental. mientras que la relacionada en la letra e) atendería al mayor desvalor de resultado (MEMENTO PRÁCTICO. para evitar lagunas de punibilidad. la exégesis del término “clandestinamente” resulta muy problemática. 391). cit. 102-103. 644). habiéndose propuesto diversas interpretaciones del mismo. No bastaría. lo que provocaba problemas de aplicación respecto de otras actividades no vinculadas a procesos industriales. que asimilan la clandestinidad al hecho de que la industria funcione sin haber pedido u obtenido la debida autorización. págs. no debería dar lugar a la agravación de responsabilidad 64. 64 Delitos contra el medio ambiente. 931. entre otras).el Código Penal de 1973 sólo hablaba del funcionamiento clandestino de la industria. como las actividades agropecuarias. cit. Sin embargo. 65 Comentarios al Código Penal. pues ningún supuesto de los enumerados –salvo el de la letra e). así. tras la que no quepa hallar este elemento de interrupción de los citados cursos causales. así como vertidos de aguas residuales. 24 de septiembre de 2002. no es suficiente con una autorización genérica de funcionamiento. Puntos de vista diferentes encontramos en otros lugares en que se distinguen dos grupos de agravantes. por ejemplo. 2) la actividad de industrias que carecen de la autorización de funcionamiento por parte del Ministerio de Industria y de la preceptiva licencia municipal de actividades industriales. para eliminar la clandestinidad la existencia de una autorización genérica realizada a través de la correspondiente licencia municipal.. De ahí que. Aunque existen resoluciones contradictorias. pág. la que mayores dudas de interpretación presenta. 24 de mayo de 2003. de modo que la pura infracción formal. en función de su mayor desvalor de acción o de resultado: las cuatro primeras y la última se integrarían en el primer grupo. La STS de 23 de octubre de 2002 resulta clarificadora al respecto cuando recalca que “para contar con las preceptivas autorizaciones administrativas. etc. ya que si la industria es potencialmente contaminante es necesario que exista una autorización específica que. SUÁREZ/GONZÁLEZ sostiene que no son tipos cualificados. pág. la existencia de un concurso de leyes en el que habría que aplicar el artículo 326 por razón de especialidad (Derecho Pena. a) Funcionamiento clandestino de la industria o actividad En relación con esta primera agravación –sin duda.incrementan el desvalor de acción o de resultado del tipo básico 65. cit. Parte Especial. con lo que quedan incluidas las de carácter agrícola o ganadero. la última de las opciones es por la que parecen inclinarse recientes sentencias. 17 de septiembre de 2001. sino circunstancias agravantes específicas. pág. el vigente texto punitivo haya añadido el término “actividad”. de manera que ni los ciudadanos ni la Administración tengan constancia de su existencia. aprobación o licencia que se prevé en las distintas normas ambientales (SSTS 12 de diciembre de 2000. 23 de noviembre de 2001.
pág. que entienda que en aquellos casos en que el administrado ha solicitado la autorización.
Hay que tener en cuenta que no puede concederse licencia de apertura de las instalaciones o actividades contaminantes que precisen de una evaluación de impacto ambiental. 564). tras sostener que el fundamento del tipo cualificado reside en la sustracción al control formal de la administración competente que supone un mayor riesgo para el medio ambiente. sin exigir previamente la de vertidos. cuando la normativa sectorial condiciona lo uno a lo otro). Considera.. conocimiento formal de la actividad de que se trate. Real Decreto Legislativo 1302/1986. se pronuncia en el sentido de asimilar la clandestinidad a la falta de autorización administrativa. de ahí. 67 MUÑOZ CONDE. 68 Cfr. de Evaluación de Impacto Ambiental y Real Decreto 1331/1988. un entendimiento no formalista del concepto de autorización unido a una interpretación teleológica de la norma inducen a decantarse por la solución contraria 68 . aboga también por interpretaciones restrictivas desde perspectivas sistemáticas y teleológicas. 18 de julio de 2001). de haberse solicitado la autorización.. de 28 de junio. SILVA SÁNCHEZ. por ejemplo. pág. a rechazar la clandestinidad sobre la base de dos datos ciertos: la ausencia de sustracción al control de la Administración y la disminución progresiva del riesgo para el medio ambiente (Delitos contra el medio ambiente. o bien la Administración tiene por otras vías. cit. tras considerar que la cualificación no se vincula al injusto del hecho. 17 de septiembre de 2001. sin que previamente se haya aprobado dicha evaluación. Para algunos. a través de una interpretación teleológica. en otras resoluciones. por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución. Comentarios al Código Penal. la Administración tolera el funcionamiento de la industria o actividad y aquellos otros en los que faltando la autorización. aquellos en los que no mediando una autorización formal. pese a la falta de autorización. cit.
b) Desobediencia de órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de actividades. SSAP Barcelona 7 de mayo de 2001. la existencia de clandestinidad en los casos de mera ausencia de autorización de vertidos (siempre que la industria o actividad industrial tenga aprobadas por la administración competente sus instalaciones) o de autorización nula (se concede la licencia de actividades. C. se sostiene lo contrario. 109 y ss. que comporta la dificultad de control de la actividad por parte de la Administración (Derecho Penal. conceda la licencia específica para dicha industria” 67. Respecto a los supuestos de tolerancia administrativa en relación al tema de los planes de descontaminación gradual. de 30 de septiembre. Excluye. cit. En tanto que algunas sentencias aplican la agravación (SSTS 12 de diciembre de 2000.ambiental66 y de exigir la instalación de todas las cautelas a las que nos hemos referido. Sin embargo.). La doctrina trata de ofrecer respuesta a determinados casos problemáticos como. 643). así como que. pues. sino a la mera situación de irregularidad administrativa.. sin embargo. Parte Especial. que clandestinidad es sustraer a la Administración el conocimiento formal de las actividades de que se trate. Jurisprudencialmente la cuestión relativa a si hay clandestinidad cuando. Parte Especial. la iniciación o prosecución de ésta no puede reputarse clandestina. Cfr. cit.: SUÁREZ GONZÁLEZ.. pág. Barcelona 22 de febrero y 15 de noviembre de 2000). asimismo. ésta se hubiese obtenido de haberse solicitado. impidiendo o dificultando la intervención de aquélla como garante del medio ambiente.
. ésta se hubiese obtenido (Derecho Penal. se resuelve de manera dispar. BOIX REIG/JAREÑO LEAL descartan la equiparación entre “clandestino” con ausencia de autorización y sostienen que la idea de clandestinidad supone un plus. la Administración tiene conocimiento del desarrollo de la actividad o del vertido. aceptando que resulta indiferente que la Administración tenga o no conocimiento de la actividad o la tolere. sostiene que las diversas situaciones que se puedan producir deberían llevar. págs. pese a que una interpretación literal del precepto obligaría a considerar típicas ambas hipótesis. en el entendimiento de que no resulta afectada la capacidad fiscalizadora de la Administración (SSAP Madrid 16 de febrero de 2001. 931.
72 El dato de que no se exija el que el falseamiento o la ocultación recaigan sobre aspectos relevantes de cara a la evitación de la lesión del medio ambiente lleva a MUÑOZ CONDE a entender que se trata de una cualificación meramente formal (Derecho Penal.Para la aplicación de esta agravación tienen que concurrir los siguientes requisitos: . por ejemplo. así como su contenido. cuya resolución viene determinada en buena medida a partir de fundamento que se le atribuya a la cualificación. J. También la jurisprudencia parece inclinarse por la idea de que las agravaciones por su especialidad deben prevalecer sobre delitos genéricos como el de desobediencia. Delitos contra el medio ambiente. págs. de la adulteración de datos relativos a la contaminación en el estudio de impacto ambiental que debe acompañar todo proyecto de actividad que requiera esta clase de evaluación. Puede darse el caso de que la orden se refiera a una determinada actividad de la industria y no a esta en su integridad. pese a que sostiene que la cualificación no añade nada a la peligrosidad objetiva del hecho.: SILVA SÁNCHEZ.. lavado y venta de los mismos. Se suscitan problemas concursales con el delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal. sino en la simple desobediencia. Tal sería el caso. pág. a aportar datos que tiene que ver con aspectos ambientales de la actividad. De este modo. 71 Así.Que el sujeto conozca la orden. 564). optan por el concurso ideal de delitos 70. . 118 y 119. obligado legal o reglamentariamente. o no los aporta o los falsea. actividad que mantuvieron hasta que el juzgado que instruyó las causa ordenó su cese. En este caso se agrava la pena cuando el administrado. Parte Especial. c) Falseamiento u ocultación de información sobre los aspectos ambientales de la actividad.. Los que sostienen que debe conectarse a un mayor peligro para el medio ambiente..Que las órdenes sean expresas.. como la protección de puestos de trabajo o de los intereses de los acreedores). No se exige que el falseamiento o la ocultación recaigan sobre elementos esenciales72. defienden la solución del concurso de leyes 71. Parte Especial.
. 70 Cfr. mientras que los que entienden que la razón de la agravación no reside en un incremento de peligro del bien jurídico. como
La STS de 3 de diciembre de 2002 aprecia esta cualificación por el hecho de desobedecer las órdenes expresas de la autoridad competente en cuanto a la reposición de las cosas al momento anterior a cuando se cometió la infracción y por seguir desarrollando la actividad. cit. BOIX REIG/JAREÑO LEAL consideran que habría que aplicar los tipos agravados del artículo 326 por razón de especialidad (Derecho Penal. pág. pese a conocer también la prohibición del Ayuntamiento de suspender los actos de uso de suelo para extracción de áridos. Parte Especial. clasificación.Mª. cit. . 565). aboga también por el concurso de delitos (Derecho Penal. cit. MUÑOZ CONDE.Que procedan de órganos de la Administración con competencia medioambiental para ordenar la corrección o suspensión de la actividad. Desde luego. la causa que motiva la orden ha de ser la protección medio ambiental o de la salud de las personas (no otras órdenes que respondan a otros motivos. y que haga caso omiso de la misma 69. pág. 644). cuando se cree un peligro para el medio ambiente hay que aplicar prioritariamente los artículos 325 y 326 (STS 19 de mayo de 1999). cit.
con exclusión. de inspecciones fiscales.se postula una interpretación restrictiva de la misma. pág. que. no es fácil precisar el sentido de los términos irreversible y catastrófico. además.. bien para eludir medidas correctoras o suspensivas. 932). que se podría sostener que la incriminación de estas conductas. en la medida en que dan lugar a una sustancial agravación de la responsabilidad. en efecto. entendiendo.: MEMENTO. a la protección de intereses medioambientales.
SUÁREZ GONZÁLEZ aboga por una interpretación restrictiva en el sentido de entender que debe tratarse de información que la empresa tiene la obligación de dar a requerimiento de instancias administrativas (Comentarios al Código Penal.. etc. no vienen referidos al daño. cit. pues. no tratándose de meras resistencias a mostrar datos. Dada la amplitud con que viene concebida -ni siquiera se exige que la inspección se vea imposibilitada. cit. respecto a esta cualificación y la siguiente. Respecto a la problemática concursal con las falsedades (artículos 390 y ss). sino sólo el riesgo de deterioro irreversible.
. encaminadas a la protección de otros intereses. expreso y por escrito 74. pues. pág. También crítico. 74 Cfr.
e) Producción de un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico La dificultad de interpretación de este nuevo supuesto se acrecienta. lo que suscita dudas sobre su conformidad con la Constitución (Delitos contra el medio ambiente. Desde el momento en que no se exige el deterioro irreversible en sí. es trasladable –mutatis mutandis. y siempre que haya existido un requerimiento previo formal. para quien la ocultación de información sólo será relevante si se trata de informaciones respecto de las cuales concurra un deber de revelación. Parece que dichas conductas se podrán llevar a cabo bien para obtener la autorización.. exigiendo los siguientes requisitos: La inspección debe realizarla el órgano administrativo competente en materia medioambiental y dirigida. ni la finalidad que pueda perseguir el sujeto 73. A la hora de interpretar esta expresión se manejan. apresurémonos a advertir. por tanto. por ejemplo. la determinación de tal hipótesis resulta extremadamente difícil. 394. La actividad obstaculizadora debe ser grave. contraviene el derecho a no declarar contra uno mismo. Añade que la ocultación de información y la obstaculización de la labor inspectora constituyen actos de autoencubrimiento que no deben dar lugar a responsabilidad penal. 120).lo dicho en relación a la anterior agravación..tampoco se concreta la naturaleza de las instancias de que puede proceder la solicitud de información. sino al riesgo de deterioro. al contener elementos normativos cuyo alcance resulta especialmente problemático. cit. laborales. a veces. pág. se muestra SILVA SÁNCHEZ. de modo que cabría concretarlas en el hecho de que la actividad funcione con una autorización formal viciada por la ocultación de datos o por la falsedad de la información aportada por el sujeto cuando tenga obligación legal o reglamentaria de hacerlo. d) Obstaculización de la actividad inspectora de la Administración.
sostiene que existe deterioro irreversible cuando el daño en el medio ambiente que puedan ocasionar las emisiones o vertido contaminantes alcance tal profundidad
Los términos que aquí interesan son definidos en el Diccionario de la Real Academia Española del siguiente modo: “Irreversible”: Que no es reversible.. lo que puede suponer un recurso a la analogía prohibida. Derecho Penal. 76 Cfr. DE VICENTE MARTÍNEZ. escapa al control de su causante y. Valencia. o. Se trataría. En una línea más estricta y más respetuosa con la literalidad de la ley. Según algunos autores 76 cabrá apreciar el riesgo de deterioro irreversible en los supuestos en los que siguiendo el curso natural de los hechos. por su parte. ni por la actuación de los agentes naturales ni por la intervención correctora del hombre. mientras que lo catastrófico pone el acento en su gravedad cuantitativa.. Parte Especial. “Deteriorar”: Estropear. Para otros 77 . A su vez. 51. por un lado. 77 BOIX REIG/JAREÑO LEAL. Críticamente. pág. de ahí que añadan al anterior concepto el requisito de ineficacia de la actuación del sujeto activo para evitar las consecuencias dañosas. 78 MEMENTO. fundamentando la agravación más que en la entidad del resultado en la inmediatez de la lesión. 41. cit. “Catastrófico”: Relativo a una catástrofe o con caracteres de tal. 79 Cfr. la situación no puede volver a ser la misma a la existente con anterioridad a la conducta infractora. Universidad de Valencia.: TERRADILLOS BASOCO.. aunque la contaminación precise de un período mínimo de veinte años para conseguir la restauración del medio a su natural estado (SAP Barcelona 22 de febrero de 2000). que provocaría hacer inoperativa la agravación en gran número de casos. se puede deducir aplicando las leyes de la experiencia la inminencia de la lesión. esta identificación entre irreversible con naturalmente irrecuperable es considerado un criterio demasiado amplio. o el hecho de que no fuese suficiente la acción reparadora del sujeto activo Derecho Penal.. 1984. pág.. 565. “Catástrofe”: Suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. pág. entienden que riesgo irreversible sería aquél que. J. cit. MUÑOZ CONDE. incluso. Parte Especial. 121. pág. TERRADILLOS BASOCO propone aplicar la agravación siempre que la situación de riesgo que se crea lo sea de un perjuicio tal que. salvo intervenciones posteriores de terceros o de circunstancias imprevisibles o incontrolables para el autor 78. Delitos relativos a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.. tras reclamar al respecto una interpretación prudentemente rigurosa y exigente en base a la severidad de la pena que acarrea la admisión de la agravante y al peligro de vaciar prácticamente de contenido el tipo básico.: PERIS RIERA. Lecciones de Derecho del medio ambiente. Los pronunciamientos jurisprudenciales sobre este extremo se suelen inclinar por la no apreciación de la agravación en los casos en que el cese de la actividad contaminante permita recuperar la normalidad (SAP Barcelona 24 de enero de 2000). cit.conceptos de irreversibilidad que superan el tenor literal de la palabra 75. “Reversible”: Que puede volver a un estado o condición anterior... menoscabar. pág. cit. La STS 19 de enero de 2002. pág. pág. Delitos contra el medio ambiente.. J. cit. “Revertir”: Volver una cosa al estado o condición que tuvo antes.Mª. hay quienes. cit. SILVA SÁNCHEZ. sostiene que la irreversibilidad encuentra su referencia en la gravedad cualitativa del riesgo. se pueda recuperar la situación originaria 79. por tanto. J. Delitos contra el medio ambiente. por otro.. poner en inferior condición una cosa. 644. 396. señalando que para apreciar el carácter irreversible del daño habrá de acudirse a criterios valorativos como lo costoso o paulatino del proceso de reparación. 474. R.
. sin embargo. de un peligro concreto que irremediablemente devendría en lesión.
por la de prisión). al estar incluida en el tipo base del artículo 325 83. cit. 83 Cfr. aunque sea recuperable.
. denuncia que da lugar a consecuencias arbitrarias. Delitos contra el medio ambiente. cit. considerando que un riesgo catastrófico es más lesivo que un riesgo grave: porque puede tener efectos más extendidos. (La Ley Orgánica 15/2003 ha incidido en la respuesta punitiva en el sentido de rebajar la extensión que tenía la pena pecuniaria –que era de dieciocho a veinticuatro meses..: MUÑOZ CONDE. por afectar. 2. 106. la población humana afectada y la duración de los efectos de la actividad contaminante..y sustituir la de arresto fin de semana – que oscilaba también entre los dieciocho y veinticuatro fines de semana.. por las mayores dificultades de actuación preventiva. El alcance del precepto se presenta polémico. J. ya a un elevado número de personas. pág. Como en el resto de las modalidades que acabamos de ver. pág. además. cit. de ahí que el período de restricciones habrá de haber sido establecido formalmente por la autoridad administrativa competente. La STS 19 de enero de 2002 considera que existe deterioro catastrófico cuando el daño revista una intensidad y una extensión más que considerables por el número de elementos naturales destruidos. lo que. quien. sentando el contenido y alcance de las mismas 82. exige para apreciar la agravante que la extracción ilegal haya supuesto un incremento relevante del riesgo para el medio ambiente (Los delitos contra el medio ambiente. en Poder Judicial. ye sea a gran parte de los lugares donde el ecosistema se asienta. porque las dificultades de recuperación serían mayores y. me parece más preciso el concepto que da SILVA SÁNCHEZ cuando alude a la elevada magnitud del perjuicio para el medio ambiente que se produciría en el caso de que se realizara el riesgo 81. E. consecuente con su planteamiento. El artículo 328 castiga con las penas de prisión de cinco a siete meses y multa de diez a catorce meses a quienes establecieren depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas. Sin embargo. 567). 82 SILVA SÁNCHEZ. 121. La ilegalidad de la extracción supone infringir la normativa concreta de las restricciones que existan en el momento de la extracción. f) Extracción ilegal de aguas en períodos de restricciones. Por catastrófico se viene entendiendo todo suceso infausto.2 Establecimientos de depósitos o vertederos (artículo 328). según él. Parte Especial. al prever una pena sensiblemente inferior a la del 325. 81 SILVA SÁNCHEZ.: BELTRÁN BALLESTER. con recuperación larga y costosa 80. cit. muy grave y de gran trascendencia. DE LA CUESTA AGUADO sostiene que por catastrófico se entiende la producción de graves males o daños en vastas zonas. porque la inminencia de la lesión también ha de ser mayor (Causalidad de los delitos contra el medio ambiente.Mª.. 123). la presente agravante tiene su origen en los dilatados períodos de sequía que sufrió España en los años precedentes a la aprobación del texto punitivo. nº especial IV. y aquellos otros que encuentran
Cfr. 1988. pág. 168). tal vez. pág.. pues la doctrina se divide entre quienes entienden que la tipificación autónoma de esta conducta resulta redundante. deben estar presentes alguno de los riesgos para el medio natural o la salud de las personas a los que se alude en el artículo 325. Introducida por primera vez en el CP de 1995. “El delito ecológico”. pág.que no pueda ser remediado por la capacidad regeneradora de la propia naturaleza haciéndose necesaria una intervención activa del hombre. animales o plantas. se explica por un error que se produjo en el curso de su tramitación parlamentaria (Derecho Penal.
aparte de que deberá tratarse de instalaciones con cierta permanencia. A los anteriores argumentos añaden que las conductas tipificadas en el artículo 325 tienen asignada mayor pena porque son más graves que las del 328. que implican un acto de contaminación directo sobre el aire. pues ambas acepciones son admitidas en el Diccionario de la Real Academia. que no acaba de ser convincente. 624) y BOIX REIG/JAREÑO LEAL (Derecho Penal. 646).criterios diferenciadores de ambos ilícitos. emitir. preparar. tendrá que hacerse en lugares no autorizados. Cfr. es decir. por ejemplo). 398). los vertederos –sobre todo los de residuos líquidos.no prevé en la fijación de la pena el desvalor que supone el peligro para la salud humana. a resolver a través de la regla de la alternatividad.deben entenderse como líquidos que se encuentran en algún compartimento estanco (bidones.. págs. en tanto en cuanto lo define como “instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra”.. 1601. Estos autores otorgan. A su vez. sólida o gaseosa en el medio ambiente (verter. También SILVA SÁNCHEZ.la solventan entendiendo que estamos ante un concurso de leyes. 84 Comentarios al Nuevo Código Penal. pág. que opera como agravante. La relación concursal que se establece entre el 325 y el 328 –que consideran un injustificable tipo privilegiado. cit.: MEMENTO (cit. El Tribunal Supremo señala otro criterio diferenciador de ambos ilícitos. la existencia de un solapamiento entre ambos artículos CARMONA SALGADO (Compendio de Derecho Penal Español. Así. que refiere a quienes han establecido los depósitos o vertederos. Mientras los primeros son vertidos liberados. de Residuos. 127128). un distinto alcance a los conceptos “vertidos” del artículo 325 y “vertederos” del artículo 328. sistemáticos y teleológicos. el tipo del artículo 328 tiene integrado el desvalor de resultado (peligro para la salud humana) y equiparado penológicamente al peligro para el equilibrio de los sistemas naturales. asimismo.. vertidos y demás formas de comisión que se enumeran. el contenido esencial del tipo del artículo 328 se dirige al establecimiento de lugares en los que acumular basuras o residuos. aplicando el primero de los artículos.
Sostienen. adecuar o abrir unas instalaciones destinadas a la realización de depósitos o vertidos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos. en base a criterios gramaticales. de tal suerte que al no estar liberados. pág. El tipo básico del delito ecológico –dicen. mientras que en el artículo 328 se acogería como equivalente a “lugar o recipiente donde se deposita”. según desprenden implícitamente del tipo. sino que también parece venir avalada por el concepto de vertedero que se ofrece en el artículo 3 de la Ley 10/1998. Parte Especial.. el agua o el suelo. el término “depósito” no habría obstáculo en entender que se emplea en el artículo 325 en el sentido de “cosa depositada”. a la vista de la estructura típica de ambos delitos. pues. pág. cit. donde se sugiere que podría afirmarse que mientras que el artículo 325 tipifica y sanciona conductas de introducción de sustancias nocivas en forma líquida. PRATS CANUT/MARQUÉS I BANQUÉ 84 sostienen que la conducta típica consiste en el establecimiento de vertederos que. cit. de modo que la conducta típica consistiría en fundar. pág. depositar).. La segunda opción doctrinal no sólo tiene la ventaja de que se trata de una interpretación más acorde con el principio de vigencia.
. sin perder su potencial lesivo. de 21 de abril. en la medida en que dichas conductas constituirían un acto preparatorio o una tentativa de participación en la realización de vertidos o depósitos en sentido estricto (Delitos contra el medio ambiente. Entiende que el precepto supone un anticipación de las barreras de protección penal. Así. cit. Por el contrario. si que éste se encuentra más alejado del que comporta la efectiva liberación de los mismos. y no a quienes realicen depósitos o vertidos. la STS 12 de diciembre de 2001 justifica la menor penalidad de este delito en relación al 325 en que en este último ha de concurrir junto con la realización de emisiones. justifica que el artículo 328 tiene su propio ámbito de acción.
pág.Mª. C. cit. en supuestos de establecimientos de depósitos o vertederos de sustancias o productos tóxicos o peligrosos cuyo tratamiento no haya sido objeto de regulación en normas de carácter administrativo 85. Comentarios al Código Penal. La autoridad o funcionario público que. sin embargo.Resolver o votar a favor de la concesión de licencias manifiestamente ilegales. . Aunque no se menciona expresamente la necesidad de infringir normativa extrapenal. además.131. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia. que se le conozca como un supuesto de prevaricación
Cfr. además. pág.
. 2. Delitos contra el medio ambiente.. con motivo de inspecciones. hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores. a sabiendas. El texto del artículo 329 es el siguiente: 1. 2.: SUÁREZ GONZÁLEZ.. cit.Informar favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores. se da mayor acuerdo.. 935. a sabiendas de su injusticia. resulta prácticamente imposible pensar. En tanto que suele discreparse sobre la clase de delito de peligro que es (si abstracto o concreto). mientras que en el 328 tal clase de contravención no es exigida. J. En el precepto transcrito se integran tres diferentes conductas que se concretan en: . Por todos: SILVA SÁNCHEZ.3 Prevaricación específica (artículo 329). . De ahí. la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general. o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y. con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses. a la hora de estimar posible la realización del tipo por imprudencia 86. Dado que el precepto circunscribe el ámbito de los posibles sujetos activos de dichas conductas a la autoridad o funcionario público –ya actúe por sí mismo o como o como miembros de organismos colegiados.la contravención de Leyes o disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses..nos encontramos ante un delito especial propio que se castiga con la pena prevista para la prevaricación de funcionarios públicos del artículo 404 (inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años) y.Silenciar.
descartando muchos la posibilidad del dolo eventual. como miembro de un órgano colegiado. F. cit. pág. vid. por ejemplo. cit. que es lo que exige el delito de prevaricación común 89. DE LA MATA BARRANCO. cit. pero su abstención o voto en contra es decisivo para que dicha resolución salga adelante 90.. 568. 30 de octubre de 2000). SILVA SÁNCHEZ. Pamplona.4 Daño grave a elemento de espacio natural protegido (artículo 330). ya que la emisión de informes no es equivalente a dictar una resolución. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz. tras inspeccionar una industria.Mª. de no existir. cabe denunciar que no abarca conductas que deberían estar reguladas. según la STS 30 de septiembre de 2003. equivale a la acción de “provocar”.. en El nuevo Derecho Penal español. 90 En relación con alguno de estos casos se sostiene por un sector doctrinal que se debería apreciar la realización del artículo 325 a través de la comisión por omisión. 91 Por todos. como advierte SILVA SÁNCHEZ. se propone por un sector doctrinal 88que si el dolo del funcionario permite afirmar que actúa como cooperador necesario o coautor. N. condena por comisión por omisión del artículo 329 –y no del 325. cuya respuesta punitiva es de mayor gravedad. Aparte de los problemas penológicos aludidos. quedando el artículo 329 sólo para supuestos residuales. incluida en el citado precepto... pág. ya que. La STS de 24 de mayo de 2003. 157). de no existir este precepto. cit..
Sobre el particular. 88 Entre otros. ed. Derecho Penal. no se podrían castigar algunas conductas merecedoras de pena.especial 87. también ATSJ Cataluña. 2. se aprecie un concurso ideal entre los artículos 325 y 404.del delito tipificado en el artículo 325. sin embargo. posibilita sancionar a terceros que participasen en tal emisión. Aranzadi. SILVA SÁNCHEZ. como la omisión total de inspecciones o la no revocación de autorizaciones. silencia la infracción de disposiciones normativas puede provocar (por omisión) la realización de vertidos contaminantes)..J.Mª. sino que supone un riesgo potencial o una agresión al medio ambiente. en el entendimiento de que el hecho de no inspeccionar o no revocar la autorización por parte de quien ha asumido un compromiso específico del control de los riesgos de la actividad. 89 La incriminación de las conductas de emisión de informes. perjudica no sólo el funcionamiento de la Administración Pública. Esta afirmación se explica por el hecho de que. no vota a favor de la resolución injusta.. como sería el caso de la primera modalidad. así como la acción de quien. págs. Por otro lado. en no pocas ocasiones respondería -en calidad de coautor o de cooperador necesario. por ejemplo. se considera que la condición de funcionario público tiene efectos atenuantes en relación a los delitos ecológicos. como inductores o cooperadores (Delitos contra el medio ambiente. 2001.al funcionario que permite llevar a cabo una conducta contaminante sin la oportuna autorización administrativa. que. Pese a ello.
. Delitos contra el medio ambiente. pág. que el funcionario que. “La construcción de tipos específicos a partir de la participación en un hecho ajeno: el ejemplo de las denominadas prevaricaciones especiales”. (En este sentido. MUÑOZ CONDE. (Piénsese. 162 y ss. J. J. se destaca que la incorporación al Código Penal de este precepto permite ampliar el ámbito de lo punible. 166. Parte Especial. Delitos contra el medio ambiente. págs. La exigencia de que las conductas típicas se realicen “a sabiendas” excluye la posibilidad de la comisión imprudente de este delito. Sobre la complejidad de las relaciones concursales del artículo 329 con los artículos 404 y 325. Para evitar este efecto perverso. 1227 y ss.. pese a que la cláusula de imputación imprudente del artículo 331 viene referida a “los hechos previstos en este capítulo” 91.
Resumidamente. El delito de daños al patrimonio cultural español. 451 y ss. págs. la fauna o la formación geomórfica 94 Sobre la relación concursal entre los artículos 323 y 330. entre otros. las marismas de Santoña y Noja. En el caso en que se realicen los hechos por imprudencia grave.El tipo contenido en el artículo 330 es un delito de lesión. como ocurre en la Comunidad Valenciana donde se incluyen también. sin que se aluda a la necesidad de infringir normas administrativas medioambientales. sino que elemento lo es el paisaje. la fauna.). etc.M. Pues bien. cit. dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo. cabe decir que los espacios naturales comprenden los parques (Doñana. El tipo del artículo 330 es un delito doloso. Tal elemento normativo de valoración jurídica plantea una serie de problemas ampliamente tratados por la doctrina 92. que evaluará el juez según las circunstancias del caso concreto. Madrid. existen espacios naturales designados a través de los convenios y tratados internacionales ratificados por España. el ecosistema. como.. el sitio de interés o la microrreserva vegetal. Lo relevante para la declaración de estas dos últimas categorías no es sólo su carácter de bien natural. vid. 138). en Cuadernos de Política Criminal. por “elemento” parece que deba entenderse especie animal. entrará el juego el artículo 331.: RENART GARCÍA.) las reservas naturales (la Cartuja y el Burgo de Ebro. La exégesis de este precepto exige acudir a legislación de carácter extrapenal para la determinación de lo que cabe entender “espacio natural protegido”. en un espacio natural protegido. Tablas de Daimiel. las cuestión más compleja que surge en torno a este tipo sea la relativa a los problemas concursales que se plantean con otras modalidades delictivas94
Al respecto. debiendo tener presente que en su configuración pueden intervenir normas estatales. Asimismo. Ordesa y Monte Perdido. págs. debiendo también constatar la existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado. Cabañeros. “El daño a los elementos de un espacio natural protegido: un nuevo ilícito penal”. la flora. los monumentos naturales (yacimientos paleontológicos o formaciones geológicas. pág.: CARRASCO ANDRINO. La gravedad del daño es un elemento valorativo. las zonas especialmente protegidas del Mediterráneo. los humedales o zonas húmedas. las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de espacios protegidos pueden fijar tipologías propias. las salinas de Ibiza. o las reservas de la bioesfera. F. el valle de Iruelas. Sierra Nevada.. por ejemplo. autonómicas e internacionales. etc. cit. no espécimen. vegetal o mineral. 93 Según SILVA SÁNCHEZ. La SAP Barcelona 29 de junio de 1999 establece sobre el particular que no se puede interpretar que cada árbol es un elemento. Mª. 295 y ss. el paisaje y la geomorfología 93. vid.
.. de modo que el daño grave al elemento requerirá algo más que la afectación a uno o varios ejemplares (Delitos contra el medio ambiente. sino también su condición de bien cultural). puesto que castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien. Con carácter general se incluyen entre dichos elementos a la flora. la conducta típica se integra por el hecho de “dañar gravemente alguno de los elementos” que hayan servido para que un espacio natural protegido haya merecido dicha calificación.. Aparte de las anteriores. por ejemplo) y los paisajes protegidos. nº 71. 2000. De ahí que podamos considerar este precepto como complementario del artículo 325. Posiblemente.
entre otras opciones. comprendido entre las disposiciones comunes del título.así como su relación con el artículo 338. pág. patrimonio histórico o delitos relativos a la ordenación del territorio. resuelve en el sentido de considerar que el artículo 330 es ley especial en relación a los artículos 325 y 326. Parte Especial. Por lo que respecta al artículo 325 se mantiene. al mismo tiempo parece apuntar al principio de consunción cuando señala que es evidente que el tipo descrito en el artículo 330 constituye un supuesto agravado respecto de los contenidos en los citados artículos 325 y 326. se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.: SILVA SÁNCHEZ. La SAP Alicante 21 de diciembre de 2003. y en el que se señala que cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido. págs.. así como con otros preceptos. F. cit. en la que se enjuician unos daños producidos en el Parque Natural del Marjal Pego-Oliva.Mª. Derecho Penal. 135-136. no es de aplicación al 330 por el principio de inherencia. Mª. 646. considerar que en el primer caso el artículo 330 absorbe la conductas del 325 95 o apreciar un concurso de delitos 96.
. si bien. 96 MUÑOZ CONDE. Derecho Penal. M. J. como todo delito de lesión o resultado lo es respecto de su correspondiente de peligro o aptitud (Fundamento de Derecho segundo). Lo que sí parece claro es que la agravación contenida en el artículo 338.: CARRASCO ANDRINO. cit. cit.. incendios.. Respecto a la relación concursal del artículo 330 con los delitos relativos a la protección de la flora y fauna. pág. cit. “El daño a los elementos de un espacio natural protegido”. vid.. Delitos contra el medio ambiente. Parte Especial. 570. 342 y ss.
BOIX REIG/JAREÑO LEAL. Sobre la relación del artículo 330 con el 338 .. pese a que viene referida a todas las conductas del título. págs. vid.
Recommended DocumentsDocuments Similar To Artículo delitos contra m. ambienteSkip carouselResumen Penal GeneralDiapositivas (Teoría de la Ley Penal)criminalisticaLos Rostros Del Derecho Penal- Winfried HassemercriminologiaAlegato de Ley en Omision a La Asistencia FamiliarDelito Acopio de ArmasANTEPROYECTO.docxCRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EN LA EMPRESA Y SU IMPACTO EN LOS VÍNCULOS LABORALES. POR JUAN RODRIGUEZ ESTEVEZ. (ARGENTINA)juridica_498Expo CriminalRossel Echagüe - 2008 - Crimen y costumbre en la sociedad mapuche contempoPolíticas de Reinserción en Adolescentes Unfractoresciencia-penitenciariaEnsayo Vigilar y CastigarCircular InformativaMedidas SocioX Jornadas UCABT32137.pdfMedidas Socio (3)MContreras Alguans Consideraciones Sobre La Autor a y Participaci n en Estructuras EmpresarialesDialnet-LaAutoriaMediata-1706963Resumen de Vigilar y CastigarCuestiones Fundamentales Del Derecho Penal EconómicoCurso de Der. Penal Especial-José Luís BustamanteExcepción de Improcedencia de AcciónPruebas y Temario Inspector de Policiacausales_del_principio_de_oportunidad_-_exposicion__rayo[1]Bien JuridicocesanoAbandono de PersonasMore From victor1191Skip carouselTeoría Del Comportamiento Organizacional2. Guia Didactica CastellanoTamaño Del Mercado y Estrategias de Negocio en La Base de PiramideZen Para La Vida Diaria y Los NegociosCapone Business Plan Workbook Span4-PlandeNegocio3. Escuela de Negocios Kiyosaki4-PlandeNegocioLa Crisis Impacto Futuro Economia Internacional Vf5- De La Sociedad Industrial a La Sociedad Post IndustrialDIAPOS CORRUPCIONDinamica de La Competencia InternacionalComercio InternacionalCultura y Negocios Internacionales10mo Ppio Los Negocios Contra La Corrupcin01-competitividadIntroduccion Al Derecho Penal Margot MariacaManual de Derecho PenalManual de Derecho Penal Jose Hurtado PosoIntroduccion Al Derecho Penal Margot MariacaGunther Jakobs Derecho Penal Del EnemigoDerecho Penal IEl Derecho Penal IIDerecho Penal Economico PetroneTecnicas de Comunicacion en La ConciliacionDelitos Contra El Medio AmbienteDerecho a Vivir en Un Medio Ambiente Libre de ContaminacionConsumo Sustentable Como Derecho Obligacion Para Disfrutar de Un Medio Ambiente SanoCurso Tecnico Derecho AmbientalDAÑO RESPONSABILIDAD Y REPARACION AMBIENTAL

References: artículo 45
 artículo 45
 artículo 325
 artículo 350
 artículo 327
 artículo 610
 artículo 331
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 149
 artículo 326
 artículo 148
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 27
 artículo 327
 artículo 347
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 325
 artículo 328
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 resolución 
 artículo 325
 artículo 347
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 327
 artículo 133
 artículo 327
 artículo 129
 artículo 331
 artículo 325
 artículo 339
 artículo 325
 artículo 129
 resolución 
 artículo 340
 artículo 328
 artículo 21
 artículo 325
 artículo 330
 artículo 325
 artículo 331
 artículo 325
 resolución 
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 2
 artículo 326
 artículo 326
 artículo 326
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 556
 artículo 326
 artículo 325
 artículo 328
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 328
 artículo 328
 artículo 328
 artículo 328
 artículo 3
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 328
 artículo 329
 artículo 404
 artículo 404
 resolución 
 artículo 325
 artículo 329
 artículo 329
 artículo 325
 resolución 
 artículo 329
 artículo 331
 artículo 330
 artículo 330
 artículo 331
 artículo 325
 artículo 338
 artículo 330
 artículo 325
 artículo 330
 artículo 330
 artículo 338
 artículo 330
 artículo 330