Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015s/se201531018.html
Timestamp: 2020-04-06 18:00:48+00:00

Document:
se201531018
Expediente : 064/2015-CA
Demandante : Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de
Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz (GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 19 a 25 vta., interpuesta por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 de 29 de diciembre, el decreto de admisión (fs. 29), la contestación a la demanda de fs. 62 a 66 vta., los memoriales de réplica y duplica, decreto de autos para sentencia de fs. 77, los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar, y:
I.1. Antecedentes administrativos del proceso
La Administración Tributaria en uso de sus atribuciones conferidas por Ley, a través de Orden de Fiscalización Nº 13990100033 de 7 de mayo de 2013, debidamente notificada al contribuyente AXS Bolivia S.A., dio inicio a la fiscalización con alcance al Impuesto sobre Utilidades del a Empresas (IUE), formulario 500, correspondiente a la gestión fiscal diciembre 2008; llevado a cabo un procedimiento de determinación, se estableció que el contribuyente no cumplió con sus obligaciones tributarias conformé a ley, girándose la Vista de Cargo Nº 32-0026-2014 de fecha 5 de mayo de 2014, que fue notificada el 13 del mismo mes y año, dando a conocer un reparo pendiente de pago de Ufv’s 8.147.568.- (ocho millones ciento cuarenta y siete mil quinientos sesenta y ocho Ufv’s), equivalentes a Bs. 15.801.966.- (quince millones ochocientos un mil novecientos sesenta y seis 00/100 bolivianos) al 2 de mayo de 2014, por concepto de IUE omitido en periodo fiscal de diciembre 2008, mantenimiento de valor, intereses, sanción por la conducta calificada preliminarmente como omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales correspondiente a los periodos fiscales noviembre 2008, octubre 2013 y enero 2014. El contribuyente AXS Bolivia S.A. el 12 de junio de 2014 presento descargos, que luego de ser valorados por la Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0282-2014 de 27 de junio, determinando intimar al contribuyente AXS Bolivia S.A. para que deposite la suma de UFV’s 6,810,692.- (Seis millones ochocientas diez mil seiscientas noventa y dos unidades de fomento a la vivienda) equivalentes a Bs.13,333,629.- (Trece millones trescientos treinta y tres mil seiscientos veintinueve 00/100 bolivianos), por concepto del IUE, remesas al exterior por actividades parcialmente realizadas en el país formulario 550, IUE formulario 530 beneficiarios del exterior e IUE formulario 570 retenciones, intereses, sanción por omisión de pago por los periodos enero a diciembre de 2008; y, multas por incumplimiento de deberes formales de los periodos fiscales noviembre-2008, octubre-2013 y enero-2014.
El contribuyente AXS Bolivia S.A., en fecha 18 de julio de 2014, interpuso Recurso de Alzada en contra de esta Resolución Determinativa, que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0746/2014 de 13 de octubre, revocando parcialmente Resolución Determinativa Nº 17-0282-2014 de 27 de junio, determinando “…se mantiene firme y subsistente la inexistencia de adeudo tributario por el IUE Form. 500, correspondiente a la gestión fiscal 2008, se confirma la multa por incumplimiento de deberes formales en la suma de 7.500.- UFV’s; y, se deja sin efecto legal la determinación del adeudo tributario de IUE-BE Form-550, IUE-BE Form-530 y IUE-R Form-570”; ante esta decisión de la Resolución de Alzada señalada, GRACO La Paz del SIN interpuso recurso jerárquico, resolviendose el mismo por la Autoridad General de Impugnación Tributaria se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 de 29 de diciembre, en la cual resuelve anular la Resolución de Recurso de Alzada referida, “…en consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/VC/00027/2014 (32-0026-2014), inclusive a objeto que la Administración Tributaría emita una nueva Vista de Cargo, que sea congruente con el alcance establecido en la Orden de Fiscalización Nº 13990100033…”; determinación que, según el recurrente, lesionaría sus legítimos intereses, por lo que interpone la presente demanda Contencioso Administrativa.
II.1. Contenido de la demanda contenciosa administrativa
De la revisión de la menciona demanda, se extraen los siguientes agravios:
a) Alega que, existe una vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, porque no se valoraron argumentos señalados en la respuesta negativa al recurso de alzada (la aceptación tácita de los reparos establecidos en la Vista de Cargo); ya que, la AGIT considera que existe un vicio en el procedimiento de fiscalización, que sería el alcance de la Orden de Fiscalización, misma que habría delimitado la fiscalización parcial sola al IUE formulario 500, periodo diciembre 2008; empero, en la Vista de Cargo Nº 32-0026-014 se estableció preliminarmente reparos por el IUE-BE formulario 500, IUE-BE formulario 530 e IUE formulario 570, aspecto que pondría en indefensión al contribuyente, en razón de que se establecieron reparos fuera del alcance de la Orden de Fiscalización.
Señala que la AGIT, al momento de anular la Vista de Cargo señalada, no considero el hecho que el contribuyente haya presentado descargos a esta Vista de Cargo, por los reparos en el IUE-BE formulario 500, IUE-BE formulario 530 e IUE formulario 570, lo que indica, que aparte de tener pleno conocimiento de dichos reparos, pudo ejercer su derecho a la defensa respecto de los mismos; habiéndose convalidado el supuesto vicio de nulidad señalado por la AGIT, así señala la SCP 1380/2013 de 16 de agosto, que indica que la nulidad no puede ser dispuesta por la nulidad misma, ni para cumplir pruritos formales, que se debe cumplir una serie de requisitos para su declaratoria, que se encuentran citados y descritas en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que son: la finalidad, la transcendencia, la especificidad y la convalidación, resaltando esta última, al referir que toda nulidad se convalida por el consentimiento, y la misma de debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos y medios que la ley procesal establece como idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad; además, si no se realizó un reclamo oportuno dejo precluir su derecho para ello, indicando que al haber presentado los descargos correspondientes el acto se encuentra plenamente consentido y convalidado.
Así también, señala la SCP 0536/2014 de 10 de marzo, que determina los requisitos para poder dar curso a la nulidad, ya referidos en la SCP 1380/2013 de 16 de agosto, y ampliando indica condiciones para que un vicio procesal sea considerado por el administrador de justicia, “1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad”; añade que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales tienen un carácter vinculante, y al haber presentado el contribuyente descargos contra los reparos establecidos en contra del IUE-BE formulario 500, IUE-BE formulario 530 e IUE formulario 570, convalido los supuestos vicios de nulidad.
Arguye también que, la ARIT emitió un fallo incongruente, por no pronunciarse respecto a los descargos presentados a la Vista de Cargo, como una aceptación tácita, y la propia AGIT no se habría pronunciado sobre este argumento expuesto en el recurso jerárquico interpuesto, y que solo se habrían pronunciado sobre el alcance de la Orden de Fiscalización, y no así, sobre la aceptación tácita de los reparos señalados ante la presentación de descargos para los mismos por parte del contribuyente fiscalizado, incurriendo en una incongruencia citra petitum.
b) Argumenta que, al haberse dispuesto la revocatoria parcial de la Resolución Determinativa Nº 17-0282-2014 en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0746/2014, se impugno esta decisión solicitando la nulidad de la misma o en su defecto la revocatoria parcial; sin embargo, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 se determina la nulidad hasta la Vista de Cargo Nº 32-0026-2014, decisión que vulneraria el principio del reformatio in peius, puesto que solo GRACO La Paz del SIN interpuso el recurso jerárquico, y no podría la AGIT en su resolución perjudicar al único recurrente. Así lo señala el art. 63 del la Ley 2341 en su parágrafo II, vulnerando el debido proceso porque en ningún caso las resoluciones que se emitan pueden perjudicar a la única parte recurrente; señala lo dispuesto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 80/2014 de 6 de junio, que respecto a este principio indico: “En ese sentido cabe señalar, qué se entiende por principio non reformatio in peius, al respecto al jurisprudencia constitucional en la SC 0606/2013-L de 03 de julio señala: ‘…Eduardo Couture dice: «la reforma en perjuicio (reformario in peius) consiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario. El principio de la reforma en perjuicio es, en cierto modo un principio negativo: consiste fundamentalmente en una prohibición, no es posible reformar la sentencia apelada en perjuicio del único apelante». Juan Monroy Gálvez concibe que: «Ese es el nombre, en latín (prohibición de la reformatio in peius), de una institución de considerable importancia en el tema del recurso de apelación. Se trata de lo siguiente: si una parte recurre en apelación de una resolución, el superior solo podrá reformar la resolución a su favor, jamás en su contra»’”; asimismo, arguye que la propia AGIT hace mención a este principio en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero, señalando: “con respecto al argumento del recurrente en sentido de que no se puede dejar sin efecto la prescripción de las multas por incumplimiento a deberes formales ni la multa por mora, en aplicación del principio de la reformatio in peius que establece que no se puede fallar modificando las resoluciones en perjuicio de la única parte recurrente; cabe señalar que la Administración Tributaria, ante esta instancia jerárquica no interpuso recurso jerárquico contra los aspectos resueltos en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ-RA 524/2010, evidenciándose su conformidad con la decisión de dicha resolución…”, y habiendo sido la Administración Tributaria la única parte que recurrió de recurso jerárquico, no podría obtener un fallo en mayor perjuicio del que impugno.
c) Concluye solicitando que se declare probada la demanda contenciosa administrativa en todas sus partes, y en consecuencia; se resuelva anular la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 de 29 de diciembre, para que se emita una nueva de manera fundamentada, motivada y respetando el derecho al debido proceso; o en su caso, se revoque totalmente la resolución señalada, debiendo mantenerse firme y subsistente la decisión asumida en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0746/2014 de 13 de octubre.
II.2. Admisibilidad
Mediante decreto de 2 de abril de 2015, cursante a fs. 29, ésta Sala admitió la demanda conforme a los arts. 327, 379 y 380 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y el art. 2. 2) de la Ley Nº 620 de 31 de diciembre de 2014, y se corrió traslado al demandado a efectos de su citación ordenándose se libre las provisiones citatorias y encomendando su ejecución al Presidente de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; también se ordenó la notificación al tercero interesado AXS Bolivia S.A.
II.3. Citación al demandado y al tercero interesado
En fecha 29 de julio de 2015, a horas 10:40, la autoridad demandada fue citada según consta la diligencia a fs. 55; en la misma fecha a horas 15:50, se citó a la empresa AXS Bolivia S.A., como tercer interesado.
II.4. Argumentos de la contestación a la demanda
Corrida en traslado la demanda, la AGIT responde negativamente a la demanda contenciosa administrativa presentada por GRACO La Paz del SIN mediante memorial presentado en fecha 20 de agosto de 2015, considerando que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 de 29 de diciembre, se encuentra claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, e indica que la Administración Tributaria demandante basa su fundamento en una vulneración al debido proceso en su elemento de congruencia por no resolver un aspecto impugnado en la respuesta negativa al recurso de alzada, como en la interposición del Recurso Jerárquico de su parte; señalando y puntualizando que esa instancia jerárquica señalo de manera correcta y precisa como una cuestión previa argumentos de forma y de fondo, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, indicando que previamente se analizaran los vicios de forma denunciados, y solo en caso de no se evidente los mismos se analizaran los aspectos de fondo que se plantearon; que se habría verificado lo señalado en el memorial de interposición de Recurso de Alzada presentado por el sujeto pasivo el 18 de julio de 2014, cursante de fs. 138 a 156 vta. del anexo 1, como también los expuesto en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada presentado el 11 de agosto de 2014 por GRACO La Paz, cursante de fs. 187 vta. del mismo anexo.
Señalando que no es evidente que esa instancia jerárquica no se haya pronunciado sobre los aspecto señalados en la respuesta al recurso de alzada, ya que la ARIT La Paz en su resolución emitió pronunciamiento únicamente sobre el agravio referido a la nulidad por incumplimiento del alcance de la Orden de Fiscalización; empero, no se pronunció respecto al argumento dela presentación de descargos de implicaría una convalidación del vicio, llegándose a determinar una vulneración al principio de congruencia en la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, por lo que, esa instancia jerárquica habría cumplido con la amplia jurisprudencia señalada entre ellas, la SCP 532/2014 de 10 de marzo, que exige que las resoluciones estén motivadas y fundamentadas de forma congruente, como una asimilación del principio, derecho y garantía del debido proceso; en ese sentido si la instancia de Alzada no se pronunció sobre la presentación de descargos que implicarían una supuesta convalidación del vicio, no podría esa instancia jerárquica pronunciarse al respecto, por lo que, correspondió disponer la anulación de obrados, con la finalidad que la instancia de alzada se pronuncie sobre este argumento omitido, ya que al existir doble instancia en los actos de administración tributaria, como los recursos de alzada y jerárquico, la instancia jerárquica está impedida de emitir un pronunciamiento único, -en cuanto a la convalidación del vicio, a través de los descargos presentados- debiendo previamente la instancia de alzada emitir su consideración sobre dicho aspecto.
Continúa señalando que, la propia administración tributaria vulneraria el principio de congruencia cuando expone un argumento en su demanda contenciosa administrativa que no se encuentra en su recurso jerárquico, y al no haber sido reclamado en su oportunidad como expreso el ahora demandante es un acto consentido. Añade que el demandante no demostró o estableció de forma indubitable, una errada interpretación de la AGIT, solo se limita a realizar afirmaciones generales, sin exponer razonamientos de carácter jurídico, porque cree que su pretensión no fue valorada correctamente, no pudiendo suplir esa carencia de carga argumentativa al momento de emitirse sentencia en el presente proceso.
Finalmente, solicita se declarare improbada la demanda contenciosa administrativa que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 de 29 de diciembre.
II.5. Argumentos de la réplica
Señala que la AGIT no desvirtuó los argumentos de la demanda contenciosa administrativa, solo señalo que esa instancia jerárquica no puede pronunciarse sobre el vicio consentido (la presentación de descargos a la Vista de Cargo por parte del contribuyente), en razón de que la Autoridad Regional no se pronunció sobre esta temática en la Resolución de Recurso de Alzada; empero, existe una contradicción al indicar que se anularían obrados para que en la instancia de alzada se pronuncien sobre el consentimiento del vicio advertido -argumento omitido-, y así pueden en revisión, en caso de existir un recurso jerárquico, pronunciarse al respecto; sin embrago, no solo se anuló la resolución de Recurso de Alzada, sino hasta la Vista de Cargo, quedando un aclara contradicción en la respuesta al a presente demanda contenciosa administrativa.
Argumenta que la AGIT no desvirtuó el principio reformatio in peius, ya que se habría agravado la situación del recurrente, por haberse anulado obrados hasta la Vista de Cargo Nº 32-0026-2014, a diferencia del recurso de Alzada que revoco parcialmente la Resolución Determinativa impugnada, y siendo la Administración Tributaria la única recurrente se vulneraria este principio; señalando que la AGIT solo reitero como argumentos de su respuesta los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquica. Indica también que las Resoluciones que emite la AGIT no pueden considerarse como vinculantes, al respecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0463/2014 de 24 de marzo, señalo: “…se debe puntualizar que las Resoluciones de Recursos Jerárquicos emitidos por esta instancia jerárquica, no se constituyen en precedentes administrativos tengan el carácter vinculante y de aplicación obligatoria para casos análogos por parte de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria…”, siendo así, los precedentes administrativos efectuados por la AGIT en su respuesta negativa a la demanda son impertinentes para la resolución de la presente litis. Ratificándose en el petitorio de la demanda contenciosa administrativa interpuesta.
II.6. Argumentos de la dúplica
La AGIT presenta dúplica señalando que no puede ni debe apartarse del contenido y alcances de la Resolución Jerárquica que constituye el pronunciamiento definitivo a momento de impartir justicia tributaria, y las alegaciones de la presente demanda deben se uniformes, encuadernarse y guardar coherencia con el acto impugnado, y si esa instancia jerárquica se apartaría de los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico para la respuesta a la demanda instaurada, se incurriría en incoherencia e inconsistencia, en tal caso, la pretensión de la parte demandante de hacer ver que en la respuesta negativa solo existe una reiteración de los argumentos de la Resolución que impugnan, es ilógica.
Indica que, según los antecedentes -ingresando al fondo- la Administración Tributaria notifico el inicio de la fiscalización con alcance delimitado al IUE que se declara en el formulario 500, por el periodo fiscal diciembre de 2008; sin embargo, en la Vista de Cargo se estableció reparos por el referido impuesto, mas reparos por el IUE-BE e IUE-R que se declara en los formularios 550,530 y 570 por los periodos de enero a diciembre de la gestión 2008, excediendo el alcance de fiscalización delimitado por la Orden de Fiscalización; vulnerando los derechos del sujeto pasivo al debido proceso y a ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización acerca de la naturaleza y alcance de la misma. En ese contexto correspondía anular obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, la Vista de Cargo, a objeto que la Administración Tributaria emita una nueva vista de Cargo que sea congruente con el alcance establecido con la Orden de Fiscalización. Reiterando su petitorio de declarar improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta y mantener firme y consistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/1730/2014 de 29 de diciembre.
II.7. Decreto de autos para sentencia
Concluido el trámite del proceso, se decretó Autos para Sentencia mediante providencia de 7 de octubre de 2015, cursante a fs. 77.
Que al haberse utilizado el derecho de réplica y dúplica previsto en el art. 354. II del CPC, corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354. III del cuerpo legal citado.
Que, una vez analizado el contenido de la demanda, la respuesta, los actos y resoluciones administrativas resolución de alzada y jerárquica y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, se procede revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos:
Conforme al art. 74 numeral 1 del Código Tributario Boliviano (CTB), los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del Derecho Administrativo, estos se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas en dicho código, de tal forma que a los procedimientos tributarios administrativos (conjunto de formalidades de orden jurídico que se establecen para poder emitir una resolución o acto administrativo tributario por parte de la autoridad administrativa tributaria), son aplicables los principios del derecho administrativo, esos principios se encuentran previstos en el art. 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA), que entre otros prevé la verdad material y jerarquía normativa.
Ahora, el Estado ejerce su potestad a través de sus diferentes niveles, siendo una de ellas la potestad sancionadora de la administración pública, esta no está al margen de los principios y garantías constitucionales en la tramitación de los procesos, no debiendo constituirse aquellos principios en simples enunciados formales como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales, ya que debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales adjetivos y sustantivos; en otras palabras, la prevalencia de la verdad material sobre la verdad formal, al respecto la SCP 0180/2013 de 27 de febrero, entre otras indicó que: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desglosa del valor supremo justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Democrático de Derecho y que se encuentra establecido por el art. 8.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en cuyo mérito los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la Norma Fundamental que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de la ‘verdad material’, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional. En este sentido, debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal ineficaz que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos…”; en ese sentido, se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la CPE, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos, con especial relevancia en el ámbito administrativo, por lo que, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que impidan su materialización, siendo precisamente uno de los principios rectores del derecho administrativo, el de informalismo, bajo esa premisa todo administrado tiene derecho a una justicia material y si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social, evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; empero, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales accediendo a una justicia material y verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello, con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento.
En ese orden de ideas, es evidente que la AGIT en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 de 29 de diciembre, no se pronunció sobre una posible convalidación del contribuyente al vicio detectado por esa instancia jerárquica (una Vista de Cargo que establece reparos fuera del alcance de la Orden de Fiscalización), al haber presentado descargos de todos los reparos establecidos en la Vista de Cargo Nº 32-0026-2014 de fecha 5 de mayo; ya que la misma, estableció preliminarmente reparos por el IUE-BE formulario 500, IUE-BE formulario 530 e IUE formulario 570, aspecto que pondría en indefensión al contribuyente, en razón de que se establecieron reparos fuera del alcance dela Orden de Fiscalización; esta falta de consideración es aceptada por la AGIT en su respuesta de la presente demanda contenciosa; señalando que no pudo pronunciarse sobre esta posible convalidación del contribuyente, porque en la Resolución de Recurso de Alzada no se la considero; empero, en aplicación de los principios precedentemente referidos, y el principio de eficacia procesal previsto en el art. 180 parágrafo I de la CPE en actual vigencia, que ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; en ese sentido, es evidente que si bien la Vista de Cargo Nº 32-0026-014 estableció preliminarmente reparos por el IUE-BE formulario 500, IUE-BE formulario 530 e IUE formulario 570, cuando la Orden de Fiscalización Nº 13990100033 de 7 de mayo de 2013, solo dio inicio a la fiscalización con alcance al IUE, formulario 500, correspondiente a la gestión fiscal diciembre 2008; el contribuyente AXS Bolivia S.A. presento descargos en fecha 12 de junio de 2014, contra todos los reparos señalados en la Vista de Cargo referida, sin que medie reclamo al respecto antes de la Resolución Determinativa Nº 17-0282-2014; al contrario presento descargos por sobre todos los reparos señalado en la Vista de Cargo, convalidando el vicio de nulidad que existiría, porque para que proceda la nulidad deben cumplirse ciertas condiciones para que el vicio sea y tenga que ser considerado por el administrador de justicia, en una búsqueda de una eficacia procesal, condiciones señaladas en la SCP 0536/2014 de 10 de marzo, que determina requisitos para poder dar curso a la nulidad: “1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad”; en el caso de autos, el sujeto pasivo no estuvo en un verdadero acto de indefensión, ya que después de tener conocimiento de la Vista de Cargo, presento descargos sobre todos los reparos, y no realizo reclamo al respecto de ninguno, siendo ese el momento oportuno para hacer notar a la Administración Tributaria, que algunos de los reparos establecidos en la Vista de Cargo estaban fuera del alcance de la Orden de Fiscalización, convalidándose el acto de la Vista de Cargo con la presentación de descargos sobre todos los reparos, no pudiendo ser una causal de anulación este fundamento de la AGIT, que solo alargaría aún más la búsqueda de una solución a la controversia de autos.
Respecto a la vulneración al principio reformatio in peius, que refiere a la prohibición de reformar en peor, la resolución que se emita en revisión de otra, cuando se trate de apelante único; es preciso entonces determinar la naturaleza, protección y el espíritu de dicho postulado, pues bien, la prohibición de la reformatio in peius se torna en un principio con carácter de derecho fundamental para el apelante único, en sana lógica, es evidente que quien recurre una decisión, solo lo hace en los aspectos que le resultan perjudiciales, y la situación del apelante o recurrente puede mejorarse pero nunca hacerse más gravosa, pues se supone que el que impugna o cuestiona una decisión plasmada en una resolución, recurra únicamente de lo perjudicial, y es precisamente, ese agravio, el que determina el interés para recurrir; en tal sentido, no puede emitirse una resolución más gravosa a los intereses de quien plantea un único recurso, brindando de esta manera seguridad jurídica a los administrados, pues al ser el único apelante, trasciende en la conformidad del fallo impugnado por la contraparte, que decidió no recurrir de la decisión asumida, y de ninguna forma puede ser la decisión asumida en revisión más desfavorable a la Resolución impugnada, cuando existe un único apelante.
Bajo ese contexto, en el caso de autos GRACO La Paz del SIN, fue la única parte que interpuso recurso jerárquico, contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0746/2014 de 13 de octubre, no pudiendo ser más gravosa su situación con las determinación que se asuma en la Resolución del Recurso Jerárquico que se emita; empero, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 de 29 de diciembre, dispuso anular la Resolución de Recurso de Alzada, y además, hasta la emisión de la Vista de Cargo, resultando más desfavorable la resolución emitida en revisión que la resolución impugnada, por un único apelante; vulnerando así el principio reformatio in peius, y lo determinado en el art. 63. II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que señala: “la resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso”, y habiendo sido la Administración Tributaria la única parte que recurrió de recurso jerárquico, no podría obtener un fallo en mayor perjuicio del que impugno.
Que, conforme los fundamentos desarrollados supra, se acredito mala aplicación de la norma citada (art. 63. II de la LPA), vulneración al principio procesal reformatio in peius; y, en aplicación del principio de verdad material y de eficacia procesal, corresponde determinar lo siguiente;
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2.2) de la Ley No 620 de 31 de diciembre de 2014, arts. 779 y 781 del CPC, impartiendo justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, en representación de GRACO La Paz del SIN contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); y en su merito DEJA SIN EFECTO la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1730/2014 de 29 de diciembre, manteniendo firme y consistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0746/2014 de 13 de octubre de 2014, cursante a fs. 269 a 278 vta. del anexo 1, expediente AGIT/1506/2014/LPZ-0475/2014.
Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamentales

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