Source: http://www.consejosdederecho.com.ar/193.htm
Timestamp: 2018-11-15 06:43:16+00:00

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LA DESHEREDACIÓN. LA INDIGNIDAD PARA SUCEDER. LAS CAUSALES. NECESIDAD DE DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA. CAUSALES QUE PUEDEN SOLICITAR TERCEROS. CAUSALES QUE SÓLO PUEDEN PEDIR LOS FAMILIARES DEL DIFUNTO. INCAPACIDADES PARA SUCEDER. DIFERENCIAS ENTRE INDIGNIDAD Y DESHEREDACIÓN.
La capacidad especial instituida para suceder.
Tipo de Incapacidades.
¿Se puede desheredar de oficio por el juez cuando la causal de incapacidad para suceder se presenta?.
Daños y Perjuicios mencionados en el Código por los actos del indigno para suceder.
Los terceros ajenos a la sucesión.
¿Puede un tercero a la sucesión del causante aducir, en su interés la incapacidad para suceder de una persona con vocación hereditaria?- ¿Se trata de incapacidades específicas y objetivas las de indignidad?. ¿Puede el tercero aducir la causal de desheredación?. Primera respuesta: Concerniente a la indignidad para suceder. ¿Cuáles son las incapacidades para suceder por indignidad?
Más sobre la legitimación activa y pasiva. ¿Quiénes pueden demandar las exclusiones por incapacidad por indignidad?
El heredero instituido no pariente ¿Puede invocar la incapacidad para suceder de otro heredero?
¿Tiene relación el vínculo afectivo con la incapacidad para suceder?. ¿Qué son las incapacidades para suceder?. ¿Cuáles son?. ¿Tienen carácter objetivo o están vinculadas a situaciones familiares?
Causales de indignidad para suceder.
Desheredación e Indignidad. Diferencias. La subjetividad en la desheredación y la relación afectiva. ¿Invocabilidad por terceros en la desheredación.?. ¿Se puede representar al desheredado?.
Los efectos de la incapacidad por indignidad.
Causales y efectos.
Cuestiones familiares. Legitimación de terceros, y herederos no forzosos.
Desheredación invocada en testamento. ¿Necesidad de un beneficiario?.
Causales de desheredación.
El derecho de representación y la desheredación. La representación en vida del desheredado.
Efectos de la desheredación y de la indignidad para suceder.
Sucesión del fisco.
Efectos que provienen sólo de la desheredación.
Desheredación con respecto al beneficio de competencia propios y exclusivos de la las causales de desheredación.
Como se ha visto, los herederos son aquellos instituidos por la ley, por lo tanto legitimarios, que pueden ser excluidos, por testamento o legado. Hay al respecto libertad testamentaria conforme se ha expresado ( clic aquí )
Ahora bien, dentro de los herederos legitimarios, o sea aquellos llamados por la ley a suceder al causante, se encuentran, en especie, dentro de ese género, a los herederos forzosos.
Estos herederos no pueden ser excluidos de la porción del acervo hereditario que les corresponde aún por voluntad del testador.
Sin embargo, se le permite al testador variar ciertas proporciones. ( hacer clic aquí ).
Se habla de desheredación entrando en un concepto relativo a los herederos legítimos y a su vez forzosos. El concepto “desheredación” suele confundirse con la incapacidad para suceder al causante en todos sus bienes, por la llamada “indignidad” para suceder.
Esa porción, de la cual, el testador no puede torcer, y que constituye un porcentual variable según el pariente, se llama legitima del heredero forzoso.
Por tal motivo se ha señalado que “La denominada desheredación testamentaria conforme lo previsto arts. 3744 y 3745 del Código Civil se refiere a los herederos forzosos que pueden ser privados de la legítima por efecto de la desheredacion. Ahora bien, solamente los herederos forzosos o legitimarios pueden ser desheredados, mientras que los demás herederos - colaterales hasta el cuarto grado - el causante los puede excluir libremente, sin necesidad de fundamentar la exclusión. No existiendo herederos forzosos es libre de disponer de sus bienes como mejor le parezca. Si los herederos carecen de legítima no cabe aplicarles la figura de desheredación. No obstante si el testador expresa su voluntad de excluir a determinados parientes esta voluntad debe ser respetada, incluso cuando haya mención expresa de los beneficiarios.” (Sumario Nro. 22976 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil). Expte. Nº: 28153/2010 DUPUIS, CALATAYUD, RACIMO. E623608 PERAZZO, Juan Carlos s/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA. forzosos y colaterales. Interpretación. 26/08/13 CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. Sala E. UTSUPRA: A00383140307.-
La indignidad para suceder, en cambio, se refiere a cualquier tipo de sucesor, ya sea a título de legado o de sucesor universal en los bienes del causante, incluidos los herederos forzosos.
Suele señalarse, que una determinada persona, por disposición testamentaria “deshereda” a quienes no son herederos forzosos.
Las causales por las cual cualquier sucesor, forzoso o no, puede ser desheredado son mucho más amplias que las de desheredación propiamente dichas.
“La capacidad para suceder es la aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa. Es necesario distinguirla cuidadosamente de la vocación sucesoria. La primera es una aptitud de carácter general, que abre la posibilidad de ser sucesor de un difunto y que, como hemos de verlo, tiene toda persona visible o jurídica. La segunda es el llamamiento a la herencia, que surge del parentesco o de la voluntad del testador; es un derecho concreto, referido a una determinada sucesión y que requiere, como condición previa, la existencia de capacidad”. ( Borda, Tratado de Derecho Civil, Sucesiones, Tomo II, 1119/68, núm. 68 ).
a) A condición resolutoria: los que concebidos no nacieren ( art. 3290 del Código Civil. Si nacieren muertos se considerará que jamás han tenido existencia. El art. 74 del Cód. Civil señala justamente: “Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubieran existido”. De manera que, aunque sea persona desde el momento mismo de la concepción, y, por ende, con vocación hereditaria, conforme art. 70 del Código Civil, al señalar que Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos, si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre. Si bien la vocación hereditaria se posee, la misma se pierde con el fallecimiento. Mientras perdure su vocación hereditaria, los actos de sus representantes, respecto de los bienes relictos, quedan supeditados al nacimiento efectivo.
b) A condición declarativa judicial: Conforme al art. 3291 del Código Civil: Son incapaces de suceder como indignos, los condenados en juicio por delito o tentativa de homicidio contra la persona de cuya sucesión se trate, o de su cónyuge, o contra sus descendientes, o como cómplice del autor directo del hecho. Esta causa de indignidad no puede ser cubierta, ni por gracia acordada al criminal, ni por la prescripción de la pena. El mencionado artículo los denomina incapaces de suceder “como indignos”, por lo que, todas las causales de indignidad quedan incluidas dentro de este concepto de incapacidad.
Algunos autores, como Borda, ob. citada, señalan que “En substancia, la indignidad no es otra cosa que una desheredación pronunciada de oficio por la ley). Lo demuestra la circunstancia de que el causante puede perdonar al indigno (art. 3297 Cód. Civil), y lo corroboran otras disposiciones, tales como el artículo 3298, según la cual la indignidad queda purgada por tres años de posesión de la herencia; el artículo 3299 , que niega a los deudores el derecho a oponer la indignidad; el artículo 3309, que reconoce validez a los actos de disposición hechos por el indigno, aunque fuera a título gratuito, a menos que hubiera concierto fraudulento con los terceros adquirientes (art. 3310 ). Nada de ello se concebiría si se tratase de una incapacidad de derecho, que supone una falta de aptitud para adquirir los bienes, mientras que en nuestro caso sólo media un impedimento para conservarlos; y que se opera de pleno derecho, mientras que la indignidad requiere una sentencia judicial que la pronuncie (nota al art. 3291).” ( Borda Tratado, ob citada, 1119/71, núm 71 ).
La redacción del autor es confusa. No hay declaración oficiosa por la ley.
Lo mismo que la anulabilidad de los actos jurídicos confirmables, es necesaria la investigación judicial. Nadie es indigno de suceder por la ley misma. Ni mucho menos de oficio. Tampoco se trata de un impedimento para la conservación de los bienes. Una cosa son los bienes relictos, y otra muy distinta es la incapacidad. Por cuanto los bienes relictos podrían no existir, y no forman parte del concepto sucesorio mortis causa. Los bienes relictos, por otro lado pueden ser potenciales, como los frutos y productos ( El art. 3441 señala en el inciso 1º. “El heredero aprovecha todos los beneficios venidos a la herencia desde que la sucesión se abrió, y soporta todas las pérdidas. Le pertenecen todas los frutos y rentas de los bienes heredados, como si hubiese aceptado la herencia en el momento que se abrió la sucesión. Toma la sucesión entera, tal como estaba el día que se abrió, con sus cargas y beneficios.”
Por otro lado el art. 3309 del Código Civil que cita el autor señala que “Las ventas que el excluido por indigno de la sucesión hubiere hecho, las hipotecas y servidumbre que hubiere constituido en el tiempo intermedio, como también las donaciones, son válidas y sólo hay acción contra él por los daños y perjuicios”
Al conceder la acción por daños y perjuicios, que se otorga a los que tienen un interés en la sucesión – que la mantienen aunque el Código nada dijera al respecto – estamos hablando de una investigación judicial, pero que no emerge de la ley, ni necesita de una sentencia judicial que decida sobre la capacidad. No la tiene, puesto que la ley no se la concede, pero los legitimados para el pronunciamiento judicial declarativo son los sucesores, quienes, pueden reconocer herederos o rechazarlos ( art. 736 CPCC Provincia de Buenos Aires semejante al 701 de la Nación: “Admisión de herederos. Los herederos mayores de edad que hubieren acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos que no lo hubiesen justificado, sin perjuicio del impuesto a la herencia y sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. Los herederos declarados podrán, en iguales condiciones, reconocer acreedores del causante.” ).
De donde surge que, tal reconocimiento o desconocimiento de la causal de incapacidad, es inoponible a terceros legítimamente interesados, al igual que los actos anulables de nulidad relativa.
En efecto, la nulidad, en sus especies son dos: la manifiesta y la que necesita de investigación judicial. Al respecto, el art. 1038 del Código Civil señala que “La nulidad de un acto es manifiesta, cuando la ley expresamente lo ha declarado nulo, o le ha impuesto la pena de nulidad. Actos tales se reputan nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada” No es el caso.
El art. 1043 que no distingue sobre anulabilidad y nulidad manifiesta señala con acierto “Son igualmente nulos los actos otorgados por personas, a quienes por este código se prohíbe el ejercicio del acto de que se tratare”
La prohibición es de derecho en la incapacidad para suceder por indignidad, sólo que requiere una sentencia judicial declarativa de lo que llamamos anulabilidad.
El concilio fraudulento del que habla el autor, me da la razón en cuanto a los legitimados para solicitar la incapacidad por indignidad. Los actos realizados en perjuicio de terceros, son impugnables por los mismos ( art. 1109 del Código Civil ).
Así se ha declarado que: “La función del fisco Nacional, en los juicios sucesorios, se limita a su actuación como presunto heredero hasta que se declare válido el testamento o se dicte declaratoria y posteriormente a la percepción del impuesto que corresponda tributar por la transmisor gratuita de bienes. No se puede reconocérsele calidad de tercero litigante, ni menos con facultades extraordinarias, sin perjuicio de que en un caso concreto entable la acción ordinaria impugnando los actos en fraude a su derecho actuando como cualquier litigante” (del fallo de 1 instancia) (CNCiv., Sala A, Diciembre 10 1970). ED, 38-671
Por lo tanto la acción por daños y perjuicios, es enteramente reconocible a quien ha sufrido un daño ( art. 1109 Cód. Civil: “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil” ).
Ergo, la incapacidad no es un concepto familiar, ni relativo a sucesores exclusivamente.
Y en cuanto a la concesión del derecho a pedir los daños y perjuicios ocasionados, no debemos olvidar que se trata de un juicio universal, y que si no hay perjuicio a terceros ni a sucesores que habrían actuado de buena fe, nada impide la retroacción propia de la nulidad. El mismo codificador lo señala que el indigno: ·Está obligado igualmente a satisfacer intereses de todas las sumas de dinero que hubiere recibido, pertenecientes a la herencia, aunque no haya percibido de ellas intereses algunos.
En efecto, la protección de los derechos de terceros de buena fe, también se concede de manera universal.
Por ello es permisible la acción subrogatoria del art. 1197 del Código Civil al decir: “Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona”. Como no son inherentes a la persona del causante, pueden ser invocadas por terceros interesados. El concepto de sucesión por continuación de la persona ya ha sido superado, siendo tal, el ser vivo que presente signos característicos de humanidad (El art. 51 del Código Civil señala que “Todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible. ), no sucede así con los fallecidos. No son personas, es decir, no son sujetos pasibles de ejercerse respecto de ellos imputaciones de derecho.
Lo que ocurre es que el codificador se aparta en este sentido del criterio romanista, donde hasta los derechos humanos elementales pasaban por la relación de causa – efecto, sucesoria, con la ficción consistente en que el heredero continuaba la persona del difunto. Los romanos fueron los primeros en instaurar la muerte civil, por sostener este criterio, del que se aparta Vélez, pues es persona, conforme a su criterio, aunque no tuviese padre ni madre, aquel que presente signos característicos de humanidad.
El criterio de hoy día es pragmático, no tiene sentido hablar de sucesión mortis causa sin acervo hereditario siquiera hipotético o potencial. Nadie abre un proceso sucesorio mortis causa, sin esa situación, por la cual se transmiten bienes y derechos.
Podrá el lector sostener que es chocante que un tercero, pueda aducir la incapacidad para suceder, pero no está obligado a sufrir un daño que puede acreditar, pues la incapacidad para suceder, ha sido elaborada en abstracto, desde un orden legal, y no a título procesal.
No se trata ya de un concepto familiar, sino que tenemos que tener bien presente que en todos los casos, la regla no es la legítima de herederos forzosos, sino la libertad testamentaria a cualquier persona. Por ello se habla de “juicio universal” ( así, por ejemplo, intervienen no sólo los legatarios, los instituidos herederos por testamento, sino también los acreedores, quienes pueden invocar la incapacidad para suceder ).
Por lo expuesto, y por ejemplo, un legado con carga de alimentos, no cumplida ésta, nadie está obligado a sufrir un perjuicio en una condición no cumplida ).
Zanoni señala que existe una deficiencia terminológica en el Código Civil, señalando: . “se refiere a la incapacidad para suceder en los arts. 3290 a 3310 y a los incapaces para recibir por testamento en los arts. 3733 a 3743.
En realidad, solo las previstas en los arts. 3664, 3686, 3734, 3736, 3738 (derogado tácitamente por la ley 11.357), 3739 y 3740 son incapacidades, pues resultan de normas prohibitivas que invalidan la institución que pudiere hacer el testador, como se explico (ver § 63). En cambio, las normas de los arts. 3290 a 3310 no establecen incapacidades. La primera de esas normas plantea supuestos en que, por inexistencia del sucesor en el momento de la apertura de la sucesión, obviamente, la herencia no podrá deferírsele (ver § 67). Los restantes artículos se ocupan de la indignidad que, como hemos dicho, resuelve la vocación y, por lo tanto, la adquisición.
Es prudente anticipar, pues, que el Código asimiló indebidamente los supuestos de ineficacia de la vocación a la noción de incapacidad. Esta, si bien es causa de ineficacia, no agota sus fundamentos posibles, que pueden originarse también en un llamamiento o vocación resoluble, como ocurre en los casos de indignidad”. ( Zanoni, Manual de las Sucesiones, ).
Ahora, del examen de estas normas resulta:
Derogado por la ley 17.711 el art. 3664 que señalaba “Aunque la sucesión corresponda a un menor de edad o a un incapaz, el tutor o curador debe hacer la declaración ordenada en el artículo anterior, y si no la hiciere, debe satisfacer a los acreedores de la sucesión los daños y perjuicios que su omisión les causare.” y su derogación obedeció al art. 3663 que obligaba a aceptar la herencia siempre sin beneficio de inventario, es decir, respondiendo con bienes propios. Hoy la situación es inversa, y como sabemos, el beneficio de de inventario debe ser aceptado. Por lo cual, el sucesor responde sólo con los bienes relictos, salvo que exprese voluntad en contrario.
El art. 3686 del Código Civil señala que “Son nulos los legados hechos en testamento marítimo a los oficiales del buque, si no fuesen parientes del testador” Pero aquí se trata sólo de una cuestión de orden marítimo. El Código menciona a la nulidad como solemne en su forma, pues hay una relación de subordinación, siendo impropio legar al oficial del buque con el que se posee esa relación, no siendo pariente.
Por lo demás, el concepto de nulidad, ya surge de la norma mencionada, y el acto puede ser nulo de la especie anulable, es decir, de necesitar una investigación para la determinación de esta cuestión. Lo que incrementa mis razones en el sentido que la nulidad por incapacidad sucesoria por indignidad es plenamente aplicable, mientras no se perjudiquen derechos de terceros de buena fe.
El art. 3734 refiere a que “No pueden adquirir por testamento las corporaciones no permitidas por la ley”. Justamente aquí no se habla de nulidad, sino falta de vocación sucesoria ( no pueden: “bajo ningún concepto” o “no pueden nunca”, no hay incapacidad, hay falta de vocación sucesoria ).
El art. 3736 tiene el mismo sentido, al decir: “Los tutores de los menores de edad, no pueden recibir cosa alguna por el testamento de los menores que mueran bajo su tutela. Aun después que hubieren cesado en la tutela nada pueden recibir por el testamento de los menores, si las cuentas de su administración no están aprobadas.” No tienen vocación sucesoria, por cuanto si sus cuentas se encontraran aprobadas, temporalmente no estarían cumpliendo funciones de tutelaje. Es el tutelaje en sí el que impide la vocación sucesoria, no el tutelaje que se produce de manera alterna: se suspende, y se reinicia. Cuando se suspende por cuanto el tutor tiene aprobadas las cuentas judicialmente, por ese momento, no es tutor. El tutor es una persona designada por un juez para representar a un incapaz, pero si un juez aprobó la tutela realizada, en ese intervalo. No hay función propia del tutelaje. Por ende, de esto dependerá o no la vocación sucesoria, no la incapacidad.
El art. 3739: señala que “Son incapaces de suceder y de recibir legados: los confesores del testador en su última enfermedad; los parientes de ellos dentro del cuarto grado, si no fuesen parientes del testador; las iglesias en que estuviesen empleados, con excepción de la iglesia parroquial del testador, y las comunidades a que ellos perteneciesen”. Como puede advertirse el Código habla de nulidades e incapacidades. Refiriendo lo primero a la nulidad manifiesta, y a la incapacidad como acto anulable. En todos los casos, la incapacidad o falta de vocación hereditaria, genera la propia nulidad del acto jurídico de última voluntad, se trate de actos manifiestos o no.
La misma observación se impone para el art. 3640: “Tiene la misma incapacidad el ministro protestante que asiste al testador en su última enfermedad.”. No cabe otra interpretación, que la nulidad por anulanilidad a la que se quiso referir el codificador.
Cita que no es propiamente una incapacidad la establecida por el codificador en el art. 3290, al decir: “El hijo concebido es capaz de suceder. El que no está concebido al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, no puede sucederle. El que estando concebido naciere muerto, tampoco puede sucederle.”.
Por lo contrario, el no concebido no tiene existencia, ni por ende vocación hereditaria, y como hemos visto, el codificador estableció la condición de nacer con vida para llegar a la condición de que ese ser vivo, que es una persona, en el vientre materno, llegue a nacer. Por lo tanto, hay vocación hereditaria de parte del concebido y capacidad para suceder, pero sujeto a la condición de nacer. Por lo tanto, verdaderamente se trata de una capacidad o incapacidad, pues la vocación hereditaria, la tiene condicionándosele, la efectividad de recibir la herencia, a la sobrevivencia.
En el sentido expuesto el autor Dr. Martín Andrés Font, en su “Derecho de Sucesiones” de Editorial Estudio S.A,. 4a ed. - Buenos Aires : 2007, en página 19, sostiene que esas causales no son de incapacidad, por los siguientes motivos que cita respecto a las mismas que enumera:
a) las personas que no estuvieren concebidas en el momento de la muerte del autor de la sucesión (art. 3290 C.C).
Crítica: el no concebido no hereda no porque fuera incapaz sino porque no existe al momento de la apertura de la sucesión, es decir, todavía no es persona. Autor citado.
b) las personas que estando concebidas nacieran muertas (art. 3290 C.C).
Crítica: desde que la persona es concebida tiene capacidad, lo que ocurre es que si llegara a nacer muerta se extinguen los derechos con efecto retroactivo,
es decir, la muerte actúa como una condición resolutoria. Autor citado.
d) los que no pueden suceder por testamento por ser:
- tutores (salvo que sean ascendientes);
- sacerdotes (y sus parientes dentro del 4° grado, las Iglesias, parroquias y comunidades a las cuales pertenecen) que asistieren al causante en su úlltima
enfermedad; - escribano o testigos que hubieren intervenido en el testamento por acto público;
- oficiales del buque a bordo del cual se hizo el testamento marítimo.
Critica de este autor con el cual estoy de acuerdo en los motivos de la incapacidad. Dice: “En ninguno de estos supuestos puede haber incapacidad ya que si cualquiera de ellos fuera llamado a recibir la herencia por la ley (sucesión ab-intestato) podría recogerla sin problemas. Lo que hay aquí es una norma tendiente a evitar la captación de la herencia por quienes han podido influir indebidamente en la voluntad del causante al momento de testar.
En síntesis, toda persona física o jurídica existente al momento de la muerte
del causante es capaz”. ( obra citada página 20 ).
Son ciertos los motivos legales, pero la incapacidad sucesoria no se basa en los motivos legales, sino en la forma, de otra manera el codificador hubiese señalado la cuestión de todo aquel, que se encuentre de manera tal de captar la voluntad del testador, tema que ya hemos tocado y lo dominan las normas relativas a las nulidades testamentarias, tema que ya hemos analizado en otro lugar ( clic aquí ). Se señaló en ese segmento de nuestras obras que "Los anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción declarada por el juez, existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados.
Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer, haya habido o no sentencia de incapacidad, contra contratantes de buena fe y a título oneroso".
Respecto de la demencia, la misma se trata siempre para cada acto jurídico en particular. Esto es sabido. El Código Civil, menciona a los dementes por los actos particulares, no por una continuidad de conducta. Esto si bien es perogrullesco en nuestro Código, aclara la especificidad de la demencia. La captación de una voluntad, es un acto de sin razón, la persona actúa en ese momento sin razonar, de lo contrario no se entendería cómo el codificador permitiría la anulación de todos los actos jurídicos que fueron celebrados todos los momentos en los cuales no hay discernimiento. Es el concepto dinámico de Vélez Sársfield. Lo señala en varias notas y artículos. Un ejemplo claro, lo constituye la nota al TITULO I
Nota:(a) En esta sección se verán generalizados los más importantes principios del derecho, cuya aplicación parecía limitada a determinados actos jurídicos. La jurisprudencia en mil casos deducía sus razones de lo dispuesto respecto de actos que, en verdad, no eran siempre semejantes. Si el vicio, por ejemplo de violencia o intimidación debía anular los contratos, ¿por qué no anularía también el reconocimiento de un hijo natural, la aceptación de una letra, la entrega al deudor del título de crédito, etc,? Por qué no diríamos en general que los actos que crean o extinguen obligaciones, se juzgan voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad, generalizando así los principios, y generalizando también su aplicación?
Esas disposiciones susceptibles de una aplicación común, que en todos los códigos han sido particularizadas a los contratos y testamentos, son las que ahora en su carácter propio, se han reunido en esta sección.
Dice la nota a este artículo 3615:
“Se dirá que es inútil este artículo, porque para los actos jurídicos la persona debe estar en su perfecta razón; pero por una doctrina general los actos ejecutados por una persona que no está en su completa razón, no pueden ser anulados después de su muerte, cuando la incapacidad de esa persona no ha sido declarada en juicio. El artículo, pues, hace una excepción al principio decidiendo de una manera absoluta que los dementes no pueden testar, así aunque el testador hubiese muerto sin estar juzgado como demente, sus disposiciones testamentarias podrían ser atacadas como hechas por un demente; porque el ejercicio de las facultades intelectuales debe exigirse con más rigor en las disposiciones gratuitas que en los actos a título oneroso.”
Nos aproximamos bastante al concepto que las incapacidades por indignidad son las reales incapacidades. En página 24 del mencionado autor Dr. Martín Andrés Font, señala:
“La indignidad no opera de pleno derecho, es decir, para que una persona sea considerada 'indigna', no alcanza con que su conducta encuadre en alguna de las causales ya enumeradas, sino que es necesario que alguien legitimado interponga una demanda ante el juez de la sucesión y que éste declare la indignidad a través de una sentencia en un juicio ordinario.”
LEGITIMACIÓN ACTIVA: ¿Quiénes pueden intentar la acción? Únicamente los herederos (sean declarados por la ley o por testamento) que deberían heredar a falta del indigno o en concurrencia con él.
“Si bien el Código autoriza sólo a los 'parientes' (art. 3304), esto no tiene aplicación ya que también están legitimados para accionar tanto el cónyuge como los herederos testamentarios que no fueran parientes, sostiene el autor.
No pueden intentar la acción ( señala el autor ):
a) los legatarios;
b) el Fisco -el Dr. Zannoni, a diferencia de la mayoría, considera que el Fisco está legitimado para accionar cuando, por la indignidad, la herencia quedara vacante-;
c) los acreedores o deudores de la sucesión;
d) los acreedores de otros herederos -es decir, es una acción no subrogable-.
LEGITIMACIÓN PASIVA: ¿Contra quiénes puede intentarse la acción? Contra todos los sucesores, tanto herederos (sean declarados por ley o por testamento) como legatarios, excepto contra personas jurídicas.
Es cierto que el art. 3304 señala: “Las exclusiones por causa de incapacidad o indignidad, no pueden ser demandadas sino por los parientes a quienes corresponda suceder a falta del excluido de la herencia o en concurrencia con él.”. Sin embargo la mencionada norma legal, los autoriza en el interés propio de los sucesores, y no está admitiendo daños a terceros. Hay que diferenciar, en el caso, las meras cuestiones familiares, de las que conciernen al entorno social.
Zanoni, en parcial concordancia con el precitado autor señala: “Dispone el art. 3304 que "las exclusiones por causa de incapacidad o indignidad, no pueden ser demandadas sino por los parientes a quienes corresponda suceder a falta del excluido de la herencia o en concurrencia con él". La concepción de la norma advierte un criterio restrictivo. Al mencionar a los parientes llamados a suceder a falta del indigno o en concurrencia con él, pareciera limitar la acción solo a los herederos legítimos, cuya vocación ab intestato hace la ley basándose en el vínculo de parentesco. Sin embargo, entendemos que también están legitimados todos los que, en concurrencia o con exclusión del indigno, tienen vocación hereditaria: así, el cónyuge supérstite, si es heredero; el heredero instituido en testamento, desde que, aun cuando su vocación encuentra fundamento en un acto de última voluntad del causante, independientemente del vinculo de parentesco, goza -como lo dispone el art. 3713- tanto respecto de terceros como respecto de los coherederos "de los mismos derechos que los herederos legítimos" y "pueden ejercer todas las acciones que podría ejercer un heredero legitimo". “En cuanto al cónyuge, si bien no es, como explicita el art. 3304, pariente, lo cierto es que dentro del orden sucesorio excluye a los colaterales (arts. 3572 y 3585): resultaría infundado no asimilarlo, pues, a los legitimados para promover la acción de indignidad.”
Borda, sostiene “La indignidad no se opera de pleno derecho; requiere un pronunciamiento dictado por el juez civil. Es la solución que se desprende claramente del artículo 3304, Código Civil, que confiere el derecho de pedirla a ciertos herederos, con carácter exclusivo; lo que significa que si ellos no la piden, la indignidad no surte efectos ni aun cuando existiera condena criminal” ( ob. citada, numero 1119/118 ), pero sostiene seguidamente:
“Se trata, por tanto, de un derecho excepcional, que la ley confiere únicamente a los parientes interesados desde el punto de vista patrimonial en la exclusión del indigno. Los restantes parientes no pueden promover la acción so color de la defensa de la memoria del difunto. La ley ha supuesto que si aquéllos, que son los más allegados al causante, prefieren guardar silencio, no debe facultarse a los demás para remover cuestiones tan íntimas. Es claro que si el pariente de grado anterior es también indigno o renuncia a la herencia, el que le sigue puede interponer la acción.
Aunque la ley habla solamente de pariente y aunque, en rigor, el cónyuge no lo es, no cabe duda de que también él tiene la acción, desde que su unión afectiva con el causante es por cierto más íntima que la de cualquier otro pariente; sería absurdo excluirlo.”
“De igual modo, pensamos que debe reconocerse la acción al heredero instituido no pariente. Debe suponerse que en él confluyen el afecto hacia el causante y el interés patrimonial de los parientes; es tan heredero como éstos. Ello explica que VÉLEZ haya equiparado en otras normas ambas situaciones; así, por ejemplo, en el artículo 3430 (texto original, hoy modificado) la palabra pariente está tomada como sinónimo de heredero; la revocación de las donaciones por ingratitud del donatario, puede ser reclamada tanto por el heredero legítimo como por el testamentario del donante (art. 1864, Cód. Civil); la analogía de este problema con el de la indignidad es obvia. Por último, quizá no sea del todo inútil decir que CHABOT, fuente de nuestro artículo, acordaba esa facultad a ambos.”
Del examen de los arts. 3290, en consecuencia, a 3310 se habla de capacidades, es decir, de nulidades, que, por lo general, necesitan de una investigación, o dicho de otra manera, de actos anulables.
Los actos anulables o la incapacidad para suceder.
Señala Borda: “La vocación hereditaria surgida del parentesco o de la voluntad del causante supone un vínculo de afecto, consideración y solidaridad entre el causante y el sucesor. Pero, a veces, la conducta de éste lo hace indigno del beneficio; la ley lo excluye entonces de la herencia.” (1119/74)
No estoy de acuerdo con esa consideración subjetiva, las cuestiones afectivas, nada tienen que ver con las especificidades objetivas establecidas en el Código Civil. Tampoco con el autor Zanoni, que señala que lo dispuesto en los arts. 3664, 3686, 3734, 3736, 3738 son las incapacidades para suceder.
Las incapacidades para suceder, las menciona Vélez Sarsfield señalando tales en las causales de indignidad y en las causales de desheredación.
El mismo lo señala, que son incapaces para suceder “como indignos” ( art. 3291 Cód. Civil ).
La diferencia entre mi posicionamiento y el de Zanoni y Borda reside en la invocabilidad de la causal por terceros en tanto éstos no están obligados a sufrir un daño por causales que nada tienen que ver con lo afectivo ni forman parte de la dinámica familiar. En las causales de incapacidad por indignidad no hay duda que los terceros que sufren perjuicios, pueden invocar el impedimento. Veamos
Causal de indignidad número 1.
Art. 3291 Código Civil: “Son incapaces de suceder como indignos, los condenados en juicio por delito o tentativa de homicidio contra la persona de cuya sucesión se trate, o de su cónyuge, o contra sus descendientes, o como cómplice del autor directo del hecho. Esta causa de indignidad no puede ser cubierta, ni por gracia acordada al criminal, ni por la prescripción de la pena.”
Las discrepancias de los autores respecto a la condena, queda superada por la misma noción que ellos expresan, en cuanto a que las causales son de interpretación restrictiva. No se trata de “sanciones legales” como expresan. Se trata de causas de exclusión, tampoco del poder de conservación de los bienes relictos.
La persona debe ser condenada, no pudiéndose alegar causales como “procesamiento”, acusación fiscal, etc.
SALAS, citado por Borda, con razón sostiene: “Se ha sostenido que el fundamento de la indignidad sería otro: la sanción legal se impondría, no en homenaje a la presunta voluntad del causante, sino al buen orden y a la moral sociales. SALAS, que sostiene esta opinión, hace notar en su favor que el Código exige la existencia de una condena (arts. 3291 y 3294 ), lo que indica que la ley ha tenido en cuenta más la moral pública que los sentimientos del causante que no podrían variar por la existencia o no de la sentencia condenatoria; y que hay motivos de indignidad que no permitirían al causante desheredar al culpable, tal como el atentado contra su cónyuge, lo cual demuestra que no se trata de una desheredación presumida por la ley. El argumento de que el indigno puede ser rehabilitado por el ofendido no sería, a su juicio, decisivo, porque también el perdón de la víctima en ciertos delitos extingue la pena (art. 69 , Cód. Penal), sin que por ello ésta deje de tener carácter de tal y de responder a un fundamento de orden social” ( Borda, Tratado, 1119/76 ).
Precisamente la nota al art. 3291 del Código Civil, me da la razón. Dice: “La gracia remite la pena, mas no hace que la condenación no haya tenido lugar. Ella, por lo tanto, no tiene ninguna influencia sobre la indignidad que es el resultado necesario de la condenación. La gracia no es una reprobación de la sentencia de los jueces que la han pronunciado, y no debe producir ningún efecto sobre las condenaciones civiles de otros derechos adquiridos por los interesados.
Cuando un individuo ha sido condenado por haber dado o intentado dar muerte a otro, la prescripción de la pena que se le ha impuesto debe hacerlo considerar como si ya la hubiese sufrido, "prescribens solventi similis". El culpable se encuentra, pues, libre respecto de la sociedad; pero esto no basta para extinguir la acción juzgada de indignidad. No estando esta acción limitada por ninguna disposición excepcional, debe ser regida por el derecho común. Véase MALPEL, "Sucesiones"núms. 43 y 44.
Cuando ha habido una condenación a una pena menor que la ordinaria, algunos escritores enseñan que el llamado a la sucesión no podrá ser excluido de la herencia. CHABOT, sobre el art. 727, núm. 7. DURANTON, t. 6, núm. 93. MARCADE, sobre el art. 727. Pero a juicio de otros basta que haya habido una condenación por homicidio, para que el autor de la muerte sea excluido de la sucesión, aunque por circunstancias atenuantes se le imponga menor pena que la ordinaria. VAZEILLE, sobre el art. 727. MALPEL, "Sucess.", núm. 42, ZACHARIAE, § 355, nota I. MERLIN, "Indig.", núm. 2. FAVARD. "Rep. verb. Indig.". Esta opinión es la que seguimos en el artículo. La ley citada de Partidas, dice:"Si el testador fuese muerto por obra o por consejo, o, por 'culpa', del heredero". La L. 3, tít. 9, lib. 34, Dig. dice también: "Qui manifestissime comprobatus est id egisse ut per negligentiam et culpam suam mullier, a qua hoeres instituebat moreretur ". Véase DEMOLOMBE, t. 13, núms 220 y 221, en cuanto a la última parte del artículo. ZACHARIAE, § 355. CHABOT, sobre el art. 727, núm. 9, VAZEILLE, ídem, núm 9 DURANTON, t. 6, núm 109. En contra MALPEL, "Sucesiones", núm. 62.
Los romanos hacían una gran diferencia entre el indigno y el incapaz. El indigno era capaz de recibir la sucesión; pero no podía retenerla porque el fisco se la quitaba. El incapaz no podía recibir la herencia; de donde resultaba que la disposición a favor del indigno, valía en sí misma, y él era privado de la propiedad de la herencia, y en ella era sustituido el fisco.
No me caben dudas que la causal objetiva, no es confirmable. Cualquier declaración de herederos, caería en nulidad absoluta y sería perseguible por terceros interesados en el acervo hereditario por los daños ocasionados. Obviamente deben demostrar ese interés económico, al igual que lo que sucede con los artículos que permiten el reconocimiento de herederos y acreedores en la sucesión, de los Códigos Procesales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires respectivamente.
Borda, sostiene, bajo el mismo número “Las razones expuestas no nos parecen convincentes. La exigencia de la condena se explica por la muy simple razón de que los jueces civiles no pueden admitir la existencia de un delito sin sentencia del juez competente que así lo declare. Tampoco tiene valor el argumento fundado en que existen causas de indignidad que no permiten desheredar; la solución es lógica, puesto que la desheredación está pronunciada por la ley; basta con el silencio del causante para que se opere el efecto deseado por él, que es la exclusión del indigno. Menos importante aún nos parece la consideración fundada en que la pena en los delitos privados se extingue por el perdón de la víctima. Es bien sabido que estos delitos constituyen una categoría anormal dentro del derecho penal, puesto que la acción queda reservada exclusivamente a las víctimas, quienes tienen además el derecho del perdón. Es evidente que en tales casos la pena, más que por razones sociales, se impone con el propósito de resguardar intereses personales”. No advierto eso de la lectura del artículo, me parece una apreciación muy subjetiva, me quedo con el criterio de SALAS.
Conforme Salas – Trigo Represas, en su “Código Civil Anotado” Tomo 3, de ed. Depalma, pág. 24 de su tomo III, en este caso “Para que se configure la causal de Indignidad prevista en este artículo es imprescindible que medie una sentencia penal condenatoria, por lo que aquella no existe, si el procesado muere antes que dicten sentencia los tribunales represivos” ( con cita a Cámara Civil, sala C, del 30/09/54, L.L. 77-40 y; Cámara Civil sala “D”, J.A., 1953-IV-161 ).
El autor señala en la mima página “La gracia remite la pena, mas no hace que la condenación no haya tenido lugar. Ella, por lo tanto, no tiene ninguna influencia sobre la indignidad que es el resultado necesario de la condenación. La gracia no es una reprobación de la sentencia de los jueces que la han pronunciado y no debe producir ningún efecto sobre las condenaciones civiles de otros derechos adquiridos por los interesados”.
Señala, asimismo, que la prescripción de la pena, mediando condenación, tampoco tiene efectos.
Señala seguidamente un debate, con las circunstancias atenuantes de la pena, que la haga menor que la ordinaria ( señala las fuentes que harían que el sucesor no sea excluido: Charot, Duranton, tomo IV, número numero 93 y Marcade, en contra Vazaille, Mapei, Sucesiones número 42, Zacharariae, número 355, nota 1 y Merlin, Indignidades, número 2, entre otros.
Concluye “Esta opinión es la que seguimos en el artículo. La ley citada de Partida dice: “Si el testador fuere muerto por obra o por consejo o por culpa del heredero”, donde Mapei, ya se pone en contra a ese extremo.
La ley dice “homicidio”. Vale la pena distinguir entre el culposo, doloso, o preterintencional.
Considero que está excluida la forma culposa, no las demás atenuantes, a no ser que de la atenuación no exista condena.
No me caben dudas que la forma culposa está excluida de la causal, pues el artículo habla de “delito” en el concepto civil, no se dirige directamente al homicidio. Dice “Delito o tentativa de homicidio” seguidamente expresa que igual suerte seguirán los cómplices. De la letra del artículo, se sigue que la disyunción, “o”, implica que el legislador ha señalado que la forma del homicidio debe ser delictiva, cosa llamativa, si no es que se ha referido al dolo. Delito en la forma civil, como sabemos, es la intencionalidad del daño.
Causal segunda: Surge del art. 3292: “Es también indigno de suceder, el heredero mayor de edad que es sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión y que no la denuncia a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes o descendientes, marido o mujer, o hermanos del heredero, cesará en éste la obligación de denunciar”.
Aquí lo que se reprocha es la falta de denuncia. Es la justicia la que determinará la forma culposa, dolosa o preterintencional de esa muerte violenta.
Vale decir que si se actúa de oficio, no hay necesidad de denunciar. El Código claramente lo expone. El mes, es el acto prudente para que actúe la justicia penal.
Se trata de otra incapacidad para suceder por indignidad. El Código habla de la “muerte violenta”. Obviamente por muerte violenta se define por exclusión de los demás modos de fallecimiento. Por lo que queda fuera la enfermedad. La muerte es la violenta, no se reprocha al ataque violento, sino a la falta de denuncia de ese tipo de muerte. Es decir, la muerte se produce al instante. No se trata como muchos piensan de un ataque violento, sino de una muerte veloz producida por un ataque de cualquier clase de parte de otra persona, sea el ataque violento o no. El legislador, interpreta que los obligados a denunciar, son por su calidad de legos y la necesidad de investigación de la justicia. Nadie puede establecer una muerte súbita o violenta por ataque de un tercero, si no se establece judicialmente el mecanismo. De allí la obligación de denunciar.
Esta causal también es objetiva, y se trata, la declaración de heredero del sabedor de la muerte violenta, es un acto anulable. Ello dependerá de las circunstancias, en el sentido de que surge necesariamente de la investigación judicial.
El tercero perjudicado por los bienes relictos, como se ha dicho, puede invocar esta causal para promover la incapacidad para suceder. Priman al respecto las consideraciones de orden público que señaló el autor SALAS quien, sostiene también, que no existe necesidad de determinar al autor, ni al cómplice, bastando con denunciar.
Esta establecida en el art. 3294 del Código Civil al decir: “Es igualmente indigno el condenado en juicio por adulterio, con la mujer del difunto.”
Siempre que el delito existiere, es necesaria la condena. La norma no distingue entre la condena penal o la civil Solamente habla de la condenación en juicio.
La condena es un dato objetivo procedente de una sentencia. No tiene importancia el distingo, ya que la cosa juzgada civil hace a la penal y viceversa. Si el delito de adulterio existe o no, es una cuestión secundaria. Adúltero, no lo puede ser en sede civil y no en la penal, o viceversa. Basta en consecuencia con una sola condena, aunque, como prescriba la acción penal. Cabe señalar que el delito de adulterio, en el Código Penal, no tiene ya más existencia desde año 1995, pues la ley 24.453, suprimió el delito de adulterio del Código Penal argentino, siendo solo causal de divorcio y separación personal.
No pueden caber dudas que se trata de matrimonio, ya que el adulterio lo necesita como requisito para su configuración. Por lo que la palabra “mujer” se refiere al cónyuge. La ley de matrimonio igualitario, involucraría a la pareja masculina, ya que, es producto del pensamiento legislativo en torno a la discriminación. Dado ello y lo dispuesto por el art. 2 de la ley 26.618 que señala, que, “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.”. y al referirse el legislador, con la palabra mujer, al cónyuge, es inexcusable el sexo para poder eximirse de la causal de indignidad.
Como hemos visto hasta ahora, son todas cuestiones objetivas, que no surgen sino de sentencias judiciales, sí en cambio las causales de desheredación. Por lo expuesto, el interés de los terceros, por los daños sufridos por éstos, no puede ser soslayado. No se trata de un “espionaje del tercero” con respecto a las relaciones del causante con los sucesores, se trata de cuestiones objetivas procedentes de sentencias. Y por lo tanto admisible la medida que el tercero, económicamente interesado, pueda tomar, sea sucesor o no, pariente o no pariente, como hemos visto, pues la familia no ha sido concebida como caparazón para resistir los perjuicios. Es que si el art. 3299 señala que los deudores de la sucesión: "no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o de indignidad”, tampoco los acreedores pueden ser víctimas de esa situación. Mención aparte y debate se abre en torno a los no parientes pero herederos. Hay posiciones opuestas. No así en cuanto a los herederos instituidos por testamento, donde el tema es debatido en cuanto no siendo parientes podrían llevar adelante una acción cuyo objeto sea excluir de la sucesión al indigno.
Causal cuarta: Surge del art. 3295 del Cód. Civil al decir: “Lo es también el pariente del difunto que, hallándose éste demente y abandonado, no cuidó de recogerlo, o hacerlo recoger en establecimiento público.”
Nota: 3295. Las leyes de Partida hablan sólo de los hijos y descendientes y aplican la herencia al extraño que recogió y cuidó al demente; pero en esto mismo se ve el espíritu de ellas, pues no dan la herencia a los parientes.
Nuevamente estamos hablando de una causal objetiva. No se trata de recogerlo y nada más, sino de recogerlo e introducirlo en un establecimiento público”
Se trata de un demente abandonado. No de un abandonado simplemente. Como puede advertirse, el Codificador no entra en cuestiones subjetivas, como el simple abandono o la calidad de abandonado. Se trata de un demente abandonado. Ciertamente, como indica la jurisprudencia, nadie lo es hasta que una sentencia se dicte declarando la demencia.
De la abundante jurisprudencia de un mismo sentido, cito sólo un fallo: “El art. 140 del C.C. siento como principio básico que sólo están afectados de incapacidad por demencia los que hayan sido tenidos por dementes en virtud de una sentencia que declare la interdicción (arts. 14; 54:3ø y 52 del C.C.). Sin embargo esto es sólo exacto para darle un representante necesario y privarle de su capacidad general para obrar; pero para los casos en que hubiese celebrado actos jurídicos en estado de perturbación mental podrá probarse la demencia y tenérselo por demente aunque no se lo haya declarado previamente. Aquellos actos serán anulables, requiriendo que quien solicita la nulidad pruebe que la demencia existía públicamente a la época en que se realizó el acto impugnado (arts. 473 y 474 del C.C.).”
Colantonio, María Elena c/ Erasun, Rolando J. y Ot. s/ Anulación de Acto Jurídico y Daños y Perjuicios”, SCJBA N° 71683 y CCI Art. 14 ; CCI Art. 54 Inc. 3 ; CCI Art. 52 ; CCI Art. 140 ; CCI Art. 473 ; CCI Art. 474
CC0000 NE 2384 RSD-6-98 S 16-3-1998 , Juez LOCIO (SD)
Ahora bien, no se trata de cualquier demencia. Debe ser notoria, visible y observable por cualquier persona. Pues el Código habla de hallarlo, “demente y abandonado”
Nadie halla a un demente con tanta simplicidad. Más allá que la justicia determine una demencia no visible que haga a los actos anulables, como indica este fallo, no queda sujeta la cuestión a opinión de especialistas, como puede observarse.
Por ende, vuelvo a insistir, que la causal no es subjetiva y nada tiene que ver con las relaciones afectivas, ya que “hallar” no es propio de una relación afectiva ni entra en subjetividades.
Al respecto, no es necesaria una sentencia judicial condenatoria respecto de quien hizo el “hallazgo”. Se trata como señalé antes, de un motivo que hace a la moral social, como señalé citando a SALAS.
La prueba objetiva se obtiene probando la demencia notoria, y el abandono notorio. El abandono se configura por razones de urgencia, en atención directa, o recurriendo a la justicia. Por cuanto, de otra manera, podría interpretarse que se pudiera hallar y recoger en un establecimiento público a cualquier persona a quien se considere demente. Si dicha urgencia no ocurriera, menester es, luego, poner a consideración de la justicia la internación del insano, ya que nadie, como se ha señalado, puede ser tenido como demente sin una sentencia judicial que así lo avale.
Por lo expuesto, no existe una causal que tenga relación con cuestiones afectivas, sino notorias, y los medios de prueba, también van a seguir la misma suerte: en nada pueden influir los testigos sobre la base de la relación afectiva, o de la relación del sucesor con respecto al causante en general. Bastará con probar que esta condición notoria para cualquier testigo, y la omisión del sucesor, respecto del cual, lo ha visto en esa condición, omitiendo una forma de actuar que impone la ley para suceder. Con la prueba de tales extremos, es suficiente. Nada tienen que ver las relaciones de familia, no se basan en esas cuestiones ni las afectivas, aunque pueden aportar indicios de cuestiones objetivas, ajenas a esas relaciones. El sucesor, debe ser pariente para este caso. La solución es lógica, pues es previsible para el pariente ser sucesor. Ni tampoco se impone a la sociedad ya que, para esos efectos existe la policía, la obligación que impone esta ley a los parientes para poder suceder al difunto.
Adviértase que el codificador menciona la palabra “hallazgo” como concepto.
Lo central es la demencia, y no el estado de abandono, Se trata de una persona incapaz de cuidar de sí misma, de cuidar de sus bienes, de ser peligroso para sí o para terceros. Nada más: de otra forma entramos en una cuestión alimentaria simplemente.
Borda sostiene que “La ley se refiere a los parientes, sin especificar grados. Sin embargo, en principio, sólo deben considerarse comprendidos los parientes en grado sucesible, pues más allá, el deber moral de asistencia no es mayor del que pueda tenerse respecto de cualquier prójimo no pariente; a menos que hubiese sido instituido heredero o legatario por un testamento anterior a la insania y conocido por el beneficiario, en cuyo caso consideramos que aun los parientes más lejanos deben reputarse indignos. En cambio, los no parientes, aun cuando hubiesen sido instituidos herederos por testamento conocido por ellos, no incurren en indignidad. Es una omisión de nuestra ley, pues el nivel moral de asistencia no sólo deriva del parentesco, sino también de la gratitud por los beneficios recibidos.
Aunque estrictamente el cónyuge no es pariente, debe con tanta mayor razón que éstos, ser reputado indigno en la hipótesis del artículo 3295, puesto que el deber de asistencia es uno de los primordiales del matrimonio. De cualquier modo, el abandono supone al menos una separación de hecho sin voluntad de unirse, que hace procedente la exclusión hereditaria (art. 3575 ).” Borda, obra citada, número 1119/106.
En lo que respecta a los parientes en grado sucesible, el artículo, como dice el autor, no distingue grado, por lo cual, el pariente no sucesible, pero instituido como tal en un testamento, no sería una persona capacitada para ser declarada heredera. Era habitual, a la época del Codificador, testar a parientes, incluso en grado no sucesible.
Zanoni, en la obra citada, en página 85, número 89 opina como el suscripto señalando: “Dos observaciones en torno de esta causal de indignidad. En primer lugar, que el término parientes empleado por la ley no solo alude a quienes gozan de vocación legítima en carácter de tales a la sucesión del causante. También podría deducirse la acción contra el heredero instituido que incurrió en abandono. Se produce aquí, como varias veces en el Código Civil, la sinonimia accidental a que alude Rebora entre el termino pariente con el termino heredero (de igual modo que similar sinonimia se produce entre causante y testador).
La segunda observación: el abandono a que alude el art. 3295 no es solo el del demente interdicto, sino en general, el abandono frente a quien se encuentra afectado en sus facultades mentales de modo que, siendo notoria la carencia de discernimiento, la circunstancia de no haber promovido la correspondiente denuncia de la insania (art. 144, inc. 2°, Cód. Civil), haya expuesto al insano a su propio perjuicio. Por eso la doctrina concuerda, en general, en considerar que si el heredero cuidó del enfermo, aunque no promoviera el juicio de insania, no está alcanzado por la causal de indignidad que estudiamos.”
Solamente me permito hacer una observación a lo que concuerdo con Zanoni, que lo que se refiere a “cuidar” al demente.
Nadie cuida de un demente, con un conocimiento lego. Debe tratarse de una persona con conocimientos suficientes para dicho cuidado, y sólo en situación de emergencia, siendo obligación o carga, poner el hecho a conocimiento de la justicia. No estoy señalando que debe promover el juicio de insania, pues, hasta el Ministerio Público Fiscal, puede hacerlo, alcanza con poner en marcha el mecanismo judicial. De otra manera se incurre en incapacidad para suceder.
Es que la ley habla de establecimientos públicos. Los establecimientos públicos pueden ser todos los autorizados por la ley, incluyendo los de las medicinas prepagas, pues el Estado es el titular de esos servicios públicos, quien delega y regula a las prepagas y Obras Sociales, siendo siempre la responsabilidad final la del Estado ( para ver en detalle el tema desarrollado haga clic aquí ).
De otra manera se convalidaría la situación por la cual, un demente, puede estar privado de su libertad y de sus bienes sin intervención judicial.
Vale decir, que ese cuidado, al que refiere el autor, debe ser relacionado a una cuestión de emergencia o rescate.
Causal quinta: Establecida en el art. 3296 del Código Civil que expresa: “Es incapaz de suceder el que estorbó por fuerza o por fraude, que el difunto hiciera testamento, o revocara el ya hecho, o que sustrajo éste, o que forzó al difunto a que testara”.
Se entiende que el testamento es a favor de un tercero, por cuanto si fuera para sí, quien estorbó por la fuerza o fraude, entraríamos en las nulidades de los actos testamentarios y de las nulidades de los actos jurídicos en general.
Como señala Zanoni: “En general puede decirse que el fundamento de esta causa de indignidad se encuentra en el fin primordial perseguido por la ley respecto de la manifestación libre y espontanea de la última voluntad del causante. Todas las hipótesis suponen, de un modo u otro, el interés por parte de quien estorbo por fuerza o mediante maniobras dolosas para que el causante testara, revocara el testamento, o lo sustrajo para captar en su beneficio la herencia.” ( ob. citada, pág. 85 a 86 número 91 ).
La única observación que me merece el autor, es que no surge del texto legal que el testamento haya tenido como objetivo el beneficio de quien ejerce el acto turbatorio de la voluntad, la fuerza o el fraude.
Se trataría de esta manera de nulidades en general.
Para lo que concierne a incapacidad para recibir la herencia, sólo puede tratarse de un tercero, o a provecho de un tercero, que no sea el autor, y que no le concierna un beneficio económico en la desviación de la voluntad. Entonces, y sólo entonces, será indigno específicamente.
Se impone para este supuesto la más amplia investigación judicial, la necesidad de una demanda, o de una denuncia. No siendo que los terceros no parientes puedan tener perjuicio, o deban sufrirlo, no me caben dudas que cualquier interesado económicamente puede instar la acción.
Y toda vez que la causal menciona actos ilícitos, delictivos, es necesario el pronunciamiento judicial.
Por lo tanto, como se ha dicho, los parientes o los terceros que han sufrido daños, y no parientes pueden instar la acción, siendo altamente posible un concierto fraudulento especialmente.
Es importante, dado que la legítima es de orden público, determinar los hechos, al autor, al cómplice y al instigador. Todos estos colaboraron en el ilícito que trata la norma y forman parte de una sola conducta.
Borda se explaya en este concepto sintetizado atribuyendo la misma incapacidad para el instigador, autor y cómplice ( ob. citada 1119/112 en adelante ).
Sin embargo simplifico los términos de la causal: se trata de una sola conducta que se logra materializar, no necesitándose otro resultado que la turbación.
Es claro que se precisa de un pronunciamiento judicial, por lo que la causal es objetiva, y los interesados pueden promover el respectivo incidente de indignidad para suceder.
Causal sexta: Establecida en el art. 3296 bis del Código Civil que señala: “Es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna”
Este artículo ha sido agregado por la ley 23.264 en su art. 10.
La primera causal es objetiva, y se demuestra fácilmente. La segunda, no lo es, se trata de un agregado al Código Civil, de orden subjetivo familiar. No es posible invocar esta causal por terceros que puedan verse afectados, dañados económicamente. Ya que la cuestión alimentaria, forma parte de las múltiples relaciones que conforman una cuestión afectiva, a no ser que haya un pronunciamiento judicial en ese sentido.
Borda sostiene que es una solución “moralizadora” ( ob. citada 1119/11680 ).
El concepto de moral es bastante subjetivo en las cuestiones afectivas. Sin un pronunciamiento judicial, aunque no medie condena, no se objetiviza. La acción es pública, por lo que los interesados podrían acudir a la justicia penal. De otra manera ingresaría como causal de desheredación, donde los legitimados son solamente los parientes como hemos visto, aunque para gran parte de la doctrina, también los herederos, incluso, los instituidos en testamento.
La desheredación es la exclusión del heredero, que realiza el testador por injurias graves contra su persona.
La diferencia entre ambas figuras consiste en que la indignidad abarca a todos los sucesores, mientras que la desheredación afecta exclusivamente a los herederos legitimarios o forzosos. Difieren también, por la forma de operar: la indignidad se produce por la declaración judicial, y en tanto no exista ese pronunciamiento el indigno es heredero o legatario. La desheredación nace por voluntad del testador y actúa de pleno derecho: el desheredado no tiene vocación y aunque se necesita la contienda judicial, el juez sólo debe comprobar la veracidad de la causa invocada por el testador.
Pero, también tenemos que tener en cuenta que, si no existe pronunciamiento judicial en materia alimentaria, desde la sucesión, sólo sería viable la impugnación por quienes están legitimados para promover la desheredación, esto son solamente los herederos del causante: “Los herederos del testador deben probar la causa de desheredación, expresada por él y no otra, aunque sea una causa legal, si la causa no ha sido probada en juicio en vida del testador” ( art. 3746 del Código Civil ). Zanoni agrega, en la representación particular que se le concede al desheredado, aún en vida del mismo, a los descendientes del desheredado. Indica que: También pueden accionar quienes, en virtud de la exclusión, actualizan su vocación por derecho de representación (art. 3749), es decir, los nietos del causante que desheredo a su padre. Finalmente, también podrán accionar los herederos instituidos. ( ob. citada, pág. 103 ). Se ha fallado que “Los hijos del desheredado pueden entrar en la sucesión de su abuelo, dado que, de acuerdo a lo previsto en el art. 3749 primer párrafo del Cód. Civil -modificado por la ley 17.711-, heredan a través de un derecho de representación "sui generis", que opera aun en vida del representado, y tienen derecho a la legítima que éste hubiera tenido de no haber sido excluido.” CCI Art. 3749 // LEY 17711 CNCI I, CAPITAL FEDERAL, 13-10-2005, Kipperband, Pinchos PUBLICACIONES: LL 30-11-05, 11-109731 // ED 8-3-06, 5-53885 UTSUPRA: A00130842476.-
Por ende quedan, dentro de este punto de vista, fuera los terceros interesados por sus daños económicos. El juicio se ventilará con cualquier heredero, aún a título testamentario. Si se considera a la causal como de indignidad, entonces, los terceros, no herederos, podrían reclamar por sus daños económicos.
Los terceros no herederos, deberán obtener una prueba objetiva, procedente de una sentencia judicial.
Pero tomando la causal como de indignidad, entonces los restantes herederos, precisarán, un dato bastante objetivo para oponerla al juez de la sucesión, ya que las relaciones afectivas pueden tener múltiples aristas.
Están establecidos en el art. 3305 del Código Civil: “El indigno que ha entrado en posesión de los bienes, está obligado a restituir a las personas a las cuales pasa la herencia por causa de su indignidad, todos los objetos hereditarios de que hubiere tomado posesión con los accesorios y aumentos que hayan recibido, y los productos o rentas que hubiere obtenido de los bienes de la herencia desde la apertura de la sucesión.”
Como hemos visto, también tienen acción por los daños y perjuicios, pero el art. 3309 extiende la responsabilidad a los daños y perjuicios, diciendo “Las ventas que el excluido por indigno de la sucesión hubiere hecho, las hipotecas y servidumbre que hubiere constituido en el tiempo intermedio, como también las donaciones, son válidas y sólo hay acción contra él por los daños y perjuicios”
Obviamente esa acción también la tienen los terceros afectados, e incluso, según la doctrina que equipara a los parientes con los herederos, incluidos los testamentarios, ellos también.
La desheredación versa sobre los herederos forzosos y no solamente legítimos o testamentarios (“El heredero forzoso puede ser privado de la legítima que le es concedida, por efecto de la desheredación, por las causas designadas en este título, y no por otras aunque sean mayores” – art. 3744 Código Civil -. ) y debe estar expresada en testamento y sólo puede ser válida por las exclusivas causas instituidas por la ley ( art. 3745 ).
Es por demás elocuente el codificador en cuanto a las causales y efectos.
Art. 3747 – “Los ascendientes pueden desheredar a sus descendientes legítimos o naturales* por las causas siguientes: 1ª Por injurias de hecho, poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente. La simple amenaza no es bastante; 2ª Si el descendiente ha atentado contra la vida del ascendiente; 3ª Si el descendiente ha acusado criminalmente al ascendiente de delito que merezca pena de cinco años de prisión o de trabajos forzados.
Art. 3748 - El descendiente puede desheredar al ascendiente por las dos últimas causas del artículo anterior.
Nota importante al 3748. Hemos querido limitar en lo posible la causa de desheredación. GOYENA, en la nota del art. 672, hace un prolijo estudio de las causas de la desheredación por las leyes romanas de España y de los códigos modernos.
ARTÍCULO 3749 - * “Los descendientes del desheredado, heredan por representación y tienen derecho a la legítima que éste hubiera tenido de no haber sido excluido. Pero el desheredado no tendrá derecho al usufructo y administración de los bienes que por esta causa reciban sus descendientes.
ARTÍCULO 3750 – “La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido quita el derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha”.
Ya podemos apreciar algunas diferencias, la desheredación tiene como sujeto pasivo al heredero forzoso, y al ascendiente como sujetos pasivos. Existen cuestiones de hecho, no necesariamente vinculadas con sentencias judiciales, así las injurias graves, en una redacción que deja mucho que desear por parte del codificador, hay derecho a la legítima por perdón del ofendido – otra diferencia – y como estriba la cuestión entre herederos forzosos, es de concluir que ninguna otra persona puede invocarla como fundamento de un derecho propio, ya que se trata de una dinámica familiar: se trata de herederos forzosos. Dentro de este contexto no habría invocación por parte de terceros, cualquiera fuere la clase.
De conformidad a la ley, la desheredación debe estar invocada en testamento. Como el testamento es un acto jurídico de disposición de bienes de última voluntad, merecería conforme a los conceptos vistos en materia testamentaria ( para verlos clic aquí ) que exista un beneficiario testamentario.
Interesante es la opinión de Borda, en su tratado, que juzga injusta a esta solución. Señala “Hemos dicho que el problema de la desheredación sólo se presenta respecto de los herederos forzosos, pues no teniendo este carácter, el causante puede disponer libremente de sus bienes. Pero cabe preguntarse si para privarlos de la herencia basta que el testamento exprese la voluntad de que tales o cuales parientes no hereden o si, para evitar que los bienes vayan a manos de los parientes desheredados, debe designar expresamente a los beneficiarios. Por esta última solución se pronunció la Suprema Corte de Buenos Aires. Estamos en desacuerdo con tal jurisprudencia. En esta materia lo esencial es el respeto de la voluntad de la causante, claramente manifestada. Creemos que si el testamento no contiene actos positivos de disposición, los bienes corresponderán a los parientes que sigan en orden de prelación a los excluidos, y si no los hay, al Fisco”.
Se trataría, y ningún cimiento jurídico se tambalearía, en el caso, de un acto negativo a suceder, que sería admisible.
No cabría en a hipótesis de la desheredación la acción subrogatoria.
Los acreedores, en consecuencia y todos los que tienen un interés económico en resolver deberán ir contra los bienes relictos, sin poder invocar causal de desheredación alguna, tampoco el Fisco.
Se seguirá el orden sucesorio que hemos estudiado, para el incremento de la transmisión de bienes por causa de muerte ( para verlo clic aquí ), o se reputará vacante la herencia para el supuesto de no existir personas con vocación hereditaria.
Las injurias de hecho.
Borda sostiene “Por injurias de hecho, poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente; la simple amenaza no es bastante (inc. 1º). La ley quiere las vías de hecho; no bastan las amenazas ni las injurias verbales, ni aun la difamación pública. Hay que admitir que esta solución carece de toda lógica. Muchas veces un golpe, una bofetada, pueden ser la consecuencia de una ofuscación, de la que quizá el primer arrepentido sea el propio ofensor; pero la difamación persistente y pública, tal vez hecha en órganos de la prensa de vasta difusión, es un agravio mucho mayor. No se explica, por tanto, la limitación a las ofensas, traducidas en violencias físicas”.
“Todo agravio de este tipo puede dar origen a la desheredación; no sólo los golpes o malos tratamiento hechos con animus injuriandi, sino también el secuestro, la violación y, de una manera general, toda ofensa física.” (1119/156 ).
La jurisprudencia, sin embargo, sólo alude a la agresión física.
“El alcance de la expresión "injurias de hecho", en la cláusula del testamento por el que se deshereda a una hija, no tiene sino una directa y £nica referencia a la agresión física, incluso por la propia determinación del inc. 1 del art. 3747 del Código Civil que precisa que las injurias de hecho lo ser n poniendo el hijo las manos sobre el ascendiente” (CNCiv., Sala D, Diciembre 3 1976). ED, 73-449.
Conforme a la jurisprudencia la misma no se transmite mortis causa. Se a señalado: “El beneficio de pensión es un derecho personalísimo que no se adquiere a título de herencia sino iure propio. Acude como pauta informadora la propia naturaleza sustitutiva de la prestación pensionaria, que no es otro que el sustento alimentario. Asimismo, del modo anticipado, se encuentra diferenciado el concepto del campo del derecho sucesorio, ante la separación de hecho, robusteciendo la tesis apuntada, pues la exclusión de la herencia por haberse los cónyuges separados sin voluntad de unirse nuevamente, no importa la exclusión del derecho a pensión toda vez que la situación lo fue "sin imputación de culpa". La ley sólo excluye del cobro de la pensión "en los casos de indignidad para suceder o por desheredación". SCBA, B 58220 S 27-12-2006, Juez GENOUD, Butti, Myriam Nelly c/ Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Miranda, Odelicia Juana s/ Demanda contencioso administrativa OBS. DEL FALLO: Dictado por mayoría de fundamentos MAG. VOTANTES: Pettigiani-Soria-Negri-Roncoroni-de Lázzari-Hitters-Kogan-Genoud-Domínguez UTSUPRA: A00204015179.-
Conforme dispone el art. 3749 “Los descendientes del desheredado, heredan por representación y tienen derecho a la legítima que éste hubiera tenido de no haber sido excluido. Pero el desheredado no tendrá derecho al usufructo y administración de los bienes que por esta causa reciban sus descendientes.”
Esta solución aparece como contradictoria con la consagrada en el 3553 que dice: “No se puede representar a aquel de cuya sucesión había sido excluido como indigno o que ha sido desheredado.”
Sin embargo, se trata de un derecho de representación muy especial, sui generis, como dice la jurisprudencia, pues, se representa al desheredado, en vida del mismo. Al respecto se ha fallado lo siguiente:
“Los hijos del desheredado pueden entrar en la sucesión de su abuelo, dado que, de acuerdo a lo previsto en el art. 3749 primer párrafo del Cód. Civil -modificado por la ley 17.711-, heredan a través de un derecho de representación "sui generis", que opera aun en vida del representado, y tienen derecho a la legítima que éste hubiera tenido de no haber sido excluido”. CNCI I, CAPITAL FEDERAL, 13-10-2005, Kipperband, Pinchos PUBLICACIONES: LL 30-11-05, 11-109731, // ED 8-3-06, 5-53885 UTSUPRA: A00130842476.-
Cabe preguntarse qué ocurre en los casos de incapacidad para suceder antes vistos tratándose de herederos forzosos.
Entiendo que corresponde la misma solución, pues el referido artículo no habla de la causal en sí misma, sino del efecto: la desheredación, por lo que existe para mi entender el derecho de representación del incapaz para suceder, en la lista de incapacidades del Código Civil.
ARTÍCULO 287 - * El padre y la madre tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matrimoniales, o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su autoridad, con excepción, de los siguientes:
ARTÍCULO 293 - * Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, con excepción de los siguientes:
Nota: 293. L. 5, tít. 17, Part. 4ª. Cód. sardo, art. 231. El Cód. francés, art. 389, de Holanda, art. 362, y el de Nápoles arts. 291 y 311 ponen la cláusula: "durante el matrimonio". Según el artículo y el Cód. sardo, el padre ni por enviudar, ni por contraer segundas nupcias pierde la administración de los bienes de los hijos menores de edad.
Nota de Actualización: * Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: El padre es el administrador legal de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, aun de aquellos bienes de que no tenga el usufructo.
ARTÍCULO 3588 - A falta de los que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto anteriormente, los bienes del difunto, sean raíces o muebles, que se encuentren en el territorio de la República, ya sea extranjero o ciudadano argentino, corresponden al Fisco, provincial o nacional, según fueren las leyes que rigieren a este respecto
ARTÍCULO 373- Cesa la obligación de prestar alimentos, si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes, cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados.
Señala el Código en su art. 799: “Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores, para no obligárseles a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna.” Pero agrega en el art. 800 que “El acreedor está obligado a conceder este beneficio”
1º. A sus descendientes o ascendientes no habiendo éstos irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación;
2º. A su cónyuge no estando divorciado por su culpa;
3º. A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes;
Aquí el código específicamente está refiriendo a las causales de desheredación, no a las de incapacidad para suceder, como en los artículos anteriores que hemos visto.

References: artículo 3298
 artículo 3299
 artículo 3309
 artículo 3615
 artículo 3304
 artículo 3430
 artículo 3295
sui generis

ARTÍCULO 3749

ARTÍCULO 3750
sui generis
sui generis

ARTÍCULO 287

ARTÍCULO 293

ARTÍCULO 3588

ARTÍCULO 373