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Timestamp: 2020-08-09 18:35:27+00:00

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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1990-29990
Documento consolidado BOE-A-1990-29990
«BOIB» núm. 141, de 17/11/1990, «BOE» núm. 297, de 12/12/1990.
BOE-A-1990-29990
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/1990/10/23/10/con
Modificación publicada el 30/05/1992
Texto inicial publicado el 17/11/1990
Norma derogada, con efectos de 29 de mayo de 2014, por la disposición derogatoria única.1.a) de la Ley 2/2014, de 25 de marzo. Ref. BOE-A-2014-6438.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien dictar la siguiente
1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con lo que dispone el artículo 10 de su Estatuto de Autonomía, tiene competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio y de urbanismo.
2. Esta Ley pretende conseguir los objetivos de protección en la legalidad urbanística vigente y el establecimiento de una eficaz disciplina en el ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a las Administraciones Públicas y a los particulares.
Sección 1.ª Actos sujetos
6. a) Las obras de construcción de infraestructura civil, tales como presas, viario público y privado, defensa y corrección de cauces públicos, puertos, diques, etc., excepto que estos actos hayan sido detallados y programados como obras a ejecutar en un Plan especial o Plan territorial o Plan director sectorial debidamente aprobado o autorizado.
15. La colocación de carteles y vallas de propaganda aunque no sean vistales desde la vía pública y siempre que no estén en locales cerrados.
Sección 2.ª Competencias, normativa de aplicación, procedimiento y caducidad de licencias
2. Cuando, por tratarse de actos de edificación y uso del suelo y otros previstos en la presente Ley realizados por particulares en terrenos de dominio público sea necesario otorgar concesión o autorización por parte del ente titular de este dominio, el particular no podrá obtener licencia ni el órgano competente concederla hasta que no se otorgue dicha concesión o autorización. En estos casos, los plazos a los que hace referencia el artículo 4.º de esta Ley comenzarán a computar desde el momento del otorgamiento.
2. La normativa de aplicación a las modificaciones en el transcurso de las obras mencionadas en el apartado anterior, será la vigente en el momento de concesión de la licencia, siempre que no se haya sobrepasado el plazo fijado para la ejecución de las obras.
1. El proyecto técnico en base al que se solicite la licencia deberá disponer del correspondiente visado colegial, excepto los proyectos redactados por la Administración; deberá tener un grado suficiente de definición de las obras que permita que un facultativo distinto del autor pueda dirigir las obras o trabajos correspondientes; irá necesariamente cumplimentado con una Memoria urbanística como documento específico e independiente en el que se indicará la finalidad y el uso de la construcción o actuación proyectada, razonándose su adecuación a la ordenación vigente. La Memoria desarrollará los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de lo que preceptúa el artículo 73 de la Ley del Suelo, y se acompañará de los correspondientes planos de situación a escala 1:10.000 ó 1:2.000, según se trate de terrenos rústicos o urbanos y de cualquier otra información gráfica que resulte precisa en orden a apoyar su contenido, con expresa indicación de la clasificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y ordenanzas aplicables.
Memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificativas de las soluciones adoptadas.
Planos generales a escala y acotados de plantas, alturas y secciones.
Presupuesto con estimación global de cada capítulo, oficio o tecnología.
Memoria de cimentación, estructura y oficios.
Planos de cimentación y estructura; planos de detalle; esquemas y dimensionamiento de instalaciones.
Pliego de condiciones técnicas generales y particulares.
Presupuesto obtenido por aplicación de precios unitarios de obra.
4. Si el Ayuntamiento detectara, transcurrido el plazo de un mes, alteraciones de las determinaciones del proyecto básico de acuerdo con las cuales se otorgó la licencia, se ordenará la paralización inmediata de las obras y la iniciación del expediente de modificación del proyecto, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5 de esta Ley.
5. Una vez presentado ante el Ayuntamiento el proyecto técnico, adquiere el carácter de documento oficial, y de la exactitud y veracidad de los datos técnicos en él consignados responde el autor a todos los efectos.
6. En todo procedimiento de concesión de licencia, es preceptiva la emisión de informes técnicos y jurídicos o de legalidad por los servicios municipales correspondientes. Cuando el Ayuntamiento esté falto de servicios técnicos y/o jurídicos adecuados, dichos informes deberán ser solicitados al Consejo Insular correspondiente.
9. El acta por la que se concede la licencia deberá de consignar expresamente, además de cualesquiera otras especificaciones requeridas por las disposiciones vigentes o que el órgano otorgante considere oportuno incluir, los siguientes extremos:
1. Toda licencia, de acuerdo con la normativa urbanística municipal, deberá prever un plazo para comenzar las obras proyectadas y otro para acabarlas. Este último no será superior a veinticuatro meses.
2. Transcurrido cualquiera de los dos plazos, el Ayuntamiento iniciará el expediente de caducidad de la licencia otorgada.
4. Una vez declarada la caducidad de la licencia, las obras no se podrán iniciar ni proseguir, si no se solicita y no se obtiene una nueva licencia, ajustada a la ordenación urbanística aplicable a la nueva solicitud.
5. El interesado, previa la solicitud oportuna, tendrá derecho a la obtención automática de una prórroga de cualquiera de los plazos indicados en el apartado 1 de este artículo, por un período no superior a la mitad del plazo inicial. A estos efectos la normativa aplicable será en todos los casos la vigente en el momento de la concesión de la licencia que se prorroga, sin que le afecte la posible suspensión del otorgamiento de licencias.
El incumplimiento de esta exigencia por parte de las empresas suministradoras, dará lugar a que, por la Administración, se les imponga una sanción del doble al quíntuplo del importe de la conexión de servicio.
A los efectos de lo que se dispone en el artículo anterior, el organismo que haya cursado la orden de ejecución concederá al propietario un plazo acomodado a la envergadura de las medidas a adoptar para que proceda al cumplimiento de lo ordenado.Transcurrido el cual, si no lo hubiera ejecutado, podrá concederse un último e improrrogable plazo para la ejecución ordenada, que, si no se cumple, se llevará a efecto por el organismo requirente, a costa de lo obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se modifica por la disposición acicional 20 de la Ley autonómica 6/1999, de 3 de abril. Ref. BOE-A-1999-11707.
Texto original, publicado el 17/11/1990, en vigor a partir del 18/11/1990.
2. Las obras serán ejecutadas a cargo de los propietarios, si suponían un aumento de valor para el inmueble hasta donde éste alcance, y con cargo a los fondos de la entidad que lo ordene cuando se sobrepasen estos límites por razones de interés general.
3. El incumplimiento por quien corresponda de las obligaciones contraídas en general y de la realización de la urbanización en particular, con sujeción al plan de etapas del Plan correspondiente, facultará a la Administración actuante, previa la tramitación del expediente ordinario, para adoptar alguna o algunas de las medidas siguientes:
a) No se procederá a la parcelación urbanística, ni mediante un documento privado ni mediante un documento público, traslativo del dominio en el ámbito del Plan Parcial, hasta que no se haya obtenido la licencia de parcelación.
b) Mediante hipoteca de los terrenos susceptibles de edificación privada y comprendidos en el sector objeto de urbanización, a excepción del suelo objeto de cesión del 10 por 100 del aprovechamiento medio. Esta hipoteca se ha de posponer automáticamente a cualquier otra que se constituya con la finalidad de garantizar créditos destinados a financiar las obras de urbanización.
2. La constitución de la garantía se ha de realizar en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la notificación del requerimiento que con esta finalidad formule la Administración actuante, una vez adoptado el acuerdo de aprobación definitiva del Plan, y siempre será requisito previo a la ejecución de cualquier obra de urbanización y a la publicación del acuerdo de la aprobación definitiva.
4. La garantía se ha de constituir en la depositaria de fondos de la entidad pública correspondiente a disposición del Alcalde o del órgano competente.
2. El promotor se liberará de la obligación de conservación por la cesión al Ayuntamiento de las obras de urbanización, instalación y dotaciones en el plazo establecido por el Plan o por disposición de carácter general o por constitución de la correspondiente entidad urbanística de conservación si así lo prevé el Plan o los compromisos entre el promotor y los futuros propietarios.
3. Las garantías constituidas por el promotor se cancelarán o se retornarán cuando se acredite en el expediente la entrega de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria o gratuita, según el Plan, así como la cesión de las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones, el proyecto de urbanización si es sustituido en sus obligaciones por una entidad urbanística, colaboradora de compensación o de conservación, no se cancelarán ni se devolverán las garantías hasta que dicha entidad las haya constituido de manera conveniente.
1. Las licencias de parcelación no se pueden otorgar si antes no ha sido aprobado un Plan General o, en su defecto, el Plan Especial que lo desarrolle, cuando afecte a suelo urbano, o sin la previa aprobación del Plan Parcial del sector correspondiente en el caso de suelo urbanizable.
b) El Plan parcelario a escala adecuada que detalle tanto las parcelas divisibles como las indivisibles e indique la ubicación de zonas verdes, de espacios libres, de dotaciones de equipamientos, de servicios y de suelo correspondiente a la cesión de aprovechamiento medio del sector o en su caso, de los polígonos de actuación del Plan.
Se añade el apartado 4 por la disposición adicional 1.1 de la Ley autonómica 6/1997, de 8 de julio. Ref. BOE-A-1997-18197.
Última actualización, publicada el 15/07/1997, en vigor a partir del 16/07/1997.
[Bloque 29: #cunico]
1. El control de la legalidad urbanística y la función inspectora será desarrollada por los siguientes organismos en el ámbito de sus respectivas competencias:
Los Consells Insulares.
Se añade el apartado 2 por la disposición adicional 1.2 de la Ley autonómica 6/19997, de 8 de julio. Ref. BOE-A-1997-18197.
1. Los funcionarios en ejercicio de funciones inspectoras tendrán la consideración de agentes de la autoridad y en el ejercicio de éstos estarán facultados para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al planeamiento, comprobar y adecuar los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística aplicable y obtener la información necesaria para el desarrollo de estas funciones.
2. Las actas levantadas por los funcionarios relacionados en el apartado anterior, en el ejercicio de las competencias propias en materia de disciplina urbanística, darán fe en vía administrativa de los hechos que se reflejen en el mismo, excepto prueba en contrario. Estas actas deberán ser firmadas por el propietario, por el contratista, por los técnicos directores de obras, por su representante legal, o si se encontrasen ausentes, por quien se encuentre al frente de las obras, o, en último extremo, por cualquier dependiente. La negativa a firmar el acta no supondrá en ningún caso paralización o archivo de las posibles actuaciones siguientes motivadas por el contenido de dicha acta. La firma del acta no implica aceptar su contenido.
1. Cada Ayuntamiento deberá establecer su propio servicio de Inspección Urbanística, a no ser que mediante convenio con el Consell Insular acuerde que el servicio de inspección constituido a tal fin, con carácter exclusivo, se encargue del ejercicio de las funciones inspectoras en un determinado municipio.
2. Emitida el acta por el Servicio Insular de Inspección, se dará traslado de la misma al Ayuntamiento respectivo. Este, en el plazo de quince días desde que ha recibido la notificación, comunicará si ha incoado expediente sancionador por el mismo acto. Transcurrido dicho plazo, sin que el Ayuntamiento correspondiente comunique la apertura del expediente sancionador, se incoará y tramitará hasta su resolución dicho expediente por el órgano competente del Consell Insular.
Dicho plazo será de diez días en las presuntas infracciones tipificadas como muy graves por esta Ley.
Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en esta Ley, en la Ley del Suelo y en los Reglamentos de ésta, en los Planes, en los Programas, en las Normas y en las ordenanzas. Toda actuación que contradiga las normas o el planeamiento urbanístico en vigor dará lugar a:
1. En materia de edificación y uso del suelo.
Se añade el apartado 1.e) por el art. 16 de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se añade el apartado 3.i) por la disposición adicional 1.3 de la Ley autonómica 6/1997, de 8 de julio. Ref. BOE-A-1997-18197.
1. Cuando, con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística, se considere que de los documentos aportados o de la misma infracción se desprenden indicios del carácter de delito o falta de hecho, el órgano competente para imponer la sanción, por sí mismo o a propuesta del instructor del expediente, lo pondrá en conocimiento de los Tribunales de Justicia, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores.
Los técnicos directores de éstas.
3. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación del orden urbanístico vulnerado, sin perjuicio de las responsabilidades que aquéllas pudieran exigir a éstos.
f) El incumplimiento del artículo 73 de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, la contaminación de aguas o la destrucción de obras o conjuntos catalogados o histórico- artísticos. En estas circunstancias se aplicarán en el grado máximo las sanciones previstas en el capítulo V de esta Ley.
Se modifica por el art. 16.2 de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se añade el apartado 2 por la disposición adicional 1.5 de la Ley autonómica 6/1997, de 8 de julio. Ref. BOE-A-1997-18197.
El pago de las multas impuestas por los diferentes Organismos se realizará en metálico en las instancias de las respectivas Administraciones, en el plazo máximo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la notificación. Acabado el plazo sin que se efectúe el pago voluntario de la sanción, la Administración procederá al cobro por la vía de apremio.
Se deroga por la disposición derogatoria 1.g) de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se deroga por la disposición derogatoria 1.g) del Decreto-ley autonómico 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
Se deroga el apartado 1 por la disposición derogatoria 1.g) de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se deroga el apartado 1 por la disposición derogatoria 1.g) del Decreto-ley autonómico 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
Se modifica el apartado 1 por el art. 16.3 de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica el apartado 1 por el art. 15.1 del Decreto-ley autonómico 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
En materia de parcelación de terrenos, la sanción impuesta al propietario, al promotor, al constructor y al técnico de las obras será equivalente a la diferencia entre los valores inicial y en venta de los terrenos enajenados, calculados, el primero de acuerdo con la Ley sobre Régimen Urbanístico y Valoración del Suelo, y el segundo en función de los valores de mercado que se fijarán por la Administración, previo informe técnico motivado y audiencia al interesado.
c) Multa del 10 al 15 por 100 del valor en venta de los terrenos afectados a los que realicen parcelaciones del suelo urbano que contradigan las previsiones establecidas en el Plan General, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento o en los proyectos de delimitación de suelo urbano.
Sección 2.ª En materia del uso del suelo y edificación
Se modifica la letra f) y se deroga la e) por el art. 16.4 y disposición derogatoria 1.g) de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica la letra f) y se deroga la e) por el art. 15.2 y disposición derogatoria 1.g) del Decreto-ley autonómico 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
1. Se sancionarán con multa del 5% del valor de la obra ejecutada las infracciones que sean objeto de legalización y así lo haya solicitado la persona interesada en el plazo fijado por la Administración, a excepción de los casos previstos en el epígrafe g) del artículo anterior. Si la legalización se hubiese instado una vez finalizado este plazo, pero antes de la imposición de la sanción, ésta será del 5 al 10% del valor de la obra ejecutada.
Las infracciones que no puedan ser objeto de legalización o en que ésta comporte que se haya de demoler una parte de la edificación, se sancionarán con una multa del 5 al 10% del valor de la obra ejecutada cuando el infractor, antes de la imposición de la sanción, restituya la realidad física alterada a su estado anterior.
2. Se sancionará con multa de 10.000 pesetas por cada inspección en la que no se disponga a pie de obra de copia autorizada de la licencia municipal o del cartel indicador así como prevé el artículo 7.º, apartado 10 de esta Ley.
Se modifica el apartado 1 por el art. 16.5 de la Ley autonómica 7/2012 de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica el apartado 1 por el art. 15.3 del Decreto-ley autonómico 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
Serán sancionados con multa del 100 al 200 por 100 del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, aquellos que realicen en terrenos destinados por el planeamiento al uso público o a equipamientos públicos, en espacios protegidos, en edificios catalogados y de interés histórico-artístico, obras o instalaciones que impidan o perturben gravemente estos usos o condiciones.
Se deroga el párrafo segundo por la disposición derogatoria 1.g) de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se deroga el párrafo segundo por la disposición derogatoria 1.g) del Decreto-ley autonómico 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
Serán sancionados con multa del 25 al 50 por 100 del valor del edifico, planta local o dependencia, aquellos que alteren el uso al que están destinados por el Plan, Normas u Ordenanzas.
Aquellos que derrumben o desmonten total o parcialmente edificaciones, construcciones o instalaciones que sean objeto de una protección especial con carácter monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional, serán sancionados con multa del doble al triple del valor de lo destruido. En caso de que se trate de bienes de carácter monumental, artístico, histórico o arqueológico o catalogado, la determinación del valor de lo que se ha destruido se realizará por la Comisión a la que se refiere el artículo 78 de la Ley de Expropiación Forzosa .
[Bloque 68: #s3]
Sección 3.ª En materia de medio ambiente
2. Las talas y los abatimientos de árboles que infrinjan las disposiciones de aplicación en terrenos que constituyan masa arbórea o que la Ley haya declarado Área Natural de Especial Interés o que el Plan de Ordenación haya clasificado como espacio boscoso, bosque, forestal, arboleda, parque o área de especial protección que se haya de conservar, proteger o cerrar, estén o no sometidos al régimen forestal especial, serán sancionadas con una multa de 10.000 a 1.000.000 de pesetas. La multa se graduará en función de la mayor o menor trascendencia de la infracción en relación al uso previsto. Se podrá imponer una multa superior a 1.000.000 de pesetas en aquellos casos en que el beneficio obtenido haya sido superior, en cuyo caso podrá llegar a la cuantía de éste.
[Bloque 71: #s4]
Sección 4.ª En materia de gestión
Se sancionarán con multa de 100.000 a 10.000.000 de pesetas, las entidades de conservación legalmente constituidas que incumplan la obligación de conservar, mantener y entretener las obras de urbanización e instalaciones, y la cuantía de la multa será proporcional al grado de deterioro o abandono de las obligaciones asumidas.
Sección 1.ª De la Cédula de Habitabilidad
1. Para ocupar o alquilar una vivienda, edificio residencial o local de trabajo, será obligatorio que se disponga de la correspondiente Cédula de Habitabilidad en vigor.
Sección 2.ª Otras disposiciones
Los anuncios, los carteles, las vallas y los folletos publicitarios de las urbanizaciones han de indicar las fechas de aprobación definitiva del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización y han de recordar que el proyecto autorizado puede ser consultado en el Ayuntamiento o en la correspondiente Comisión Insular de Urbanismo. En un lugar preeminente de la urbanización se ha de fijar un cartel con los datos fundamentales del Plan y la fecha de aprobación. La publicidad no puede contener ninguna indicación disconforme con las prescripciones del acuerdo de aprobación definitiva del Plan susceptible de inducir a error a los adquirentes de parcelas sobre las cargas de urbanización y condiciones a las que se ha sujetado la aprobación.
1. Cuando los actos de edificación o uso del suelo estén amparados en licencia u orden de ejecución que de forma grave o muy grave infrinjan la normativa urbanística en vigor en el momento de la concesión o adopción, se dispondrá por el Alcalde, la suspensión inmediata de estos actos y, simultáneamente, se iniciará el procedimiento de revisión del acto administrativo, se dará traslado a la Sala de lo Contencioso- Administrativo competente, a los efectos del artículo 118 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Se modifica el apartado 1 por el art. 16.6 de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica el apartado 1 por el art. 15.4 del Decreto-ley autonómico 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
2. Transcurrido el plazo de dos meses, si el interesado no hubiese instado dicha licencia o, en su caso, no hubiese ajustado las obras a las condiciones señaladas en ésta, o en la orden de ejecución, el Instructor formulará propuesta de demolición o de reconstrucción de las obras a costa del interesado y propondrá lo procedente para impedir definitivamente los usos a los que hubiese dado lugar. De igual manera procederá si la licencia fuese denegada por ser el otorgamiento contrario a las prescripciones de la normativa urbanística o de las ordenanzas.
2. De la anterior resolución se dará cuenta al órgano urbanístico actuante, así como a las partes interesadas que denunciaron la realización de los actos de edificación o uso del suelo constitutivos de la infracción.
Cuando el Ayuntamiento competente por razón del territorio tuviera conocimiento de una infracción urbanística, de oficio, en virtud de denuncias de particulares, o a través de cualquier Organismo oficial y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24, y no hubiera iniciado el oportuno expediente sancionador y, si procede, el de demolición o reconstrucción de lo indebidamente demolido, en el plazo de un mes, a contar desde la denuncia o tuviera paralizado el expediente por plazo superior a los tres meses, el Consell Insular competente por razón del territorio se subrogará en la competencia para atender el asunto.
Se modifica por el art. 16.7 de la Ley autonómica 7/2012, de 13 de junio. Ref. BOE-A-2012-9374.
Se modifica por el art. 15.5 del Decreto-ley autonómico 2/2012, de 17 de febrero. Ref. BOIB-i-2012-90025.
[Bloque 102: #tv]
Se entenderá totalmente acabada la obra cuando así se acredite fehacientemente, por cualquier medio de prueba, habiendo de correr, en todo caso, la carga de ésta para quien la alega.
2. Las parcelaciones urbanísticas ilegales tendrán carácter de actividad continuada. El plazo de prescripción de la infracción será de ocho años. La fecha inicial del cómputo de prescripción será la de finalización de la actividad o la del último acto en que se consume la infracción.
[Bloque 105: #dt]
[Bloque 106: #primera]
[Bloque 107: #segunda]
Mientras los Ayuntamientos no adapten su normativa urbanística a lo que dispone el artículo 8.1 de esta Ley, el plazo máximo para comenzar las obras objeto de licencia será de seis meses y el plazo máximo para terminarlas, de veinticuatro meses.
[Bloque 108: #daunica]
[Bloque 110: #primera-2]
Se modifica por el art. único de la Ley autonómica 2/1992, de 6 de mayo. Ref. BOE-A-1992-14420.
Última actualización, publicada el 30/05/1992, en vigor a partir del 31/05/1992.
[Bloque 111: #segunda-2]
Palma de Mallorca, 23 de octubre de 1990.
Conseller de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares número 141, de 17 de noviembre de 1990)

References: artículo 27
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 5
 artículo 98
 resolución 
 artículo 73
 artículo 7
 artículo 78
 artículo 118
 resolución 
 artículo 24
 artículo 8