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Timestamp: 2017-10-17 00:03:53+00:00

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Sentencia A.P. Valencia 159/2010 de 1 de junio. Propiedad intelectual. SGAE. Legitimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Valencia 159/2010 de 1 de junio
Propiedad intelectual: La SGAE formula demanda contra el Ayuntamiento de una localidad reclamando la cantidad correspondiente por la difusión no autorizada del repertorio que gestiona la actora con ocasión de las fiestas patronales. Se alega que el Ayuntamiento está legitimado para soportar la reclamación dado que hizo dotación presupuestaria para tales festejos. La gratuidad de las actuaciones no es obstáculo alguno para la estimación de la demanda pues se trata de actos lúdicos. No es necesario para que la SGAE obtenga el cobro de las tarifas que entregue el catálogo de las obras musicales, porque no tiene la consideración de cesionaria de los derechos de los autores y editores sino de la administración de la explotación de estos, la que realizan de forma tutelada y controlada por las distintas Administraciona Públicas.
SENTENCIA NÚM.: 159/10
En Valencia a uno de junio de dos mil diez.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA, el presente rollo de apelación número 000230/2010, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000190/2009, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como demandada apelante a AJUNTAMENT DE LLOSA DE RANES, representada por la Procuradora de los Tribunales doña HERMINIA ARNAU ARNAU, y asistida de la Letrada doña LUCIA ARANDIGA PEREZ, y de otra, como demandante apelada a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), representada por la Procuradora de los Tribunales doña TERESA PEREZ ORERO, y asistida del Letrado don ANTONIO JESUS MARTINEZ BODI sobre propiedad intelectual, en virtud del recurso de apelación interpuesto por AJUNTAMENT DE LLOSA DE RANES.
Primero.-La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 11 de diciembre de 2009, contiene el siguiente FALLO: Que estimando como estimo parcialmente la demanda promovida por el Procurador Sra. Pérez Orero en la representación que ostenta de su mandante SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES debo declarar y declaro a todos los efectos procedentes en Derecho que el Ajuntament de Llosa de Ranes ha venido haciendo uso sin autorización, del repertorio musical gestionado por la SGAE, con ocasión de las festividades patronales y populares que ha venido organizando o auspiciando desde 2000, sin haber atendido los devengos economicos correspondientes por derechos de autor. En su virtud debo condenar y condeno al Ajuntament de Llosa de Ranes a estar y pasar por la anterior declaración, y al cese de la actividad ilicita consistente en la comunicación publica de las obras del repertorio de la SGAE en cualquiera de los actos que organice o promocione el citado Ayuntamiento, así como a la prohibición de reanudarla, condenandole al pago de la suma de 9.699,69.- euros de principal, con más los intereses legales de la misma desde el dia 23 de enero de 2009 y hasta el completo pago de la deuda, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales..
Segundo.-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por AJUNTAMENT DE LLOSA DE RANES, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil 1 de Valencia, con fecha 11 de Diciembre de 2009 estimaba parcialmente la demanda interpuesta por l SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES DE ESPAÑA contra el Ayuntamiento de Llosa de Ranes, con fundamento en la difusión, que se reputa no autorizada de programas musicales del repertorio gestionado por aquella, con ocasión de las fiestas patronales de la indicada localidad, durante los años 2000 y sucesivos, así como con ocasión de otras festividades en los mismos años. La parte actora había admitido la certeza de la prescripción planteada, renunciando a sostener la reclamación respecto de la factura -documento 15-, argumentando la sentencia la inviabilidad de confusión entre la legitimatio ad processum y ad causam, considerando que la entidad actora se hallaba legitimada para plantear la reclamación deducida, que existió auténtica comunicación pública, y que ha de estimarse, igualmente, que concurre legitimación pasiva de la Corporación demandada, aludiendo a la certificación de la Intervención del Ayuntamiento demandado, informando de la dotación presupuestaria para las fiestas patronales y subvenciones a las comisiones de fiestas, estimando que tampoco es de aplicación el artículo 38 LPI, al no tratarse de actos oficiales de la Administración Local, ni de ceremonias religiosas, y, en consecuencia, declaró que el Ajuntament de Llosa de Ranes ha venido haciendo uso, sin autorización, del repertorio musical gestionado por la SGAE, con ocasión de las festividades patronales organizadas o auspiciadas desde 2000, sin atender los devengos correspondientes por derechos de autor, condenando, en consecuencia, al Ayuntamiento demandado a abonar la suma de 9.699'69 Euros, más los intereses legales correspondientes desde el día 23 de Enero de 2009, y hasta el completo pago de la deuda, todo ello, sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas. Frente a dicha resolución recurrió en apelación la parte demandada, que ciñó su discrepancia con la sentencia recurrida a los siguientes aspectos:
a)Errónea valoración de la cuestión relativa a la legitimación ad causam del Ayuntamiento demandado, pues no ha sido organizador ni promotor de festejo alguno, siendo terceras personas -miembros de la Associació de Festers del Poble quienes organizaron, por su cuenta, tales eventos, por lo que la obligada a abonar tales derechos de autor es el propio empresario del espectáculo.
b)No ha quedado acreditada la contratación, ni la organización de las fiestas por parte del Ayuntamiento, y así resulta de la testifical practicada. Las actuaciones se contratan al margen de la subvención recibida del Ayuntamiento, que no se conoce en este momento, como declaró la propia asociación de Festers, en la persona de D.ª Flora.
c)La sentencia se basa en la certificación de la Intervención del Ayuntamiento, cuando salvo en dos actuaciones que se reclaman los derechos de autor, el Ayuntamiento no ha subvencionado nada del resto de actuaciones. Además las subvenciones se conceden en forma genérica, siendo los mismos miembros de la asociación quienes deciden a posteriori a qué destinar aquella.
d)No se ha delegado la labor de organizar las fiestas, sino que es la asociación de Festeros la que se encarga de tal cometido, y debe, por ello, absolverse al Ayuntamiento, pues los mismos organizadores lo han reconocido así. Resulta además desproporcionado que se reclamen derechos de autor a la Corporación Municipal, que se limita a destinar una partida para fiestas, siendo su destino concreto decisión de otros y, por ello, destinarse a actividades que no generen el pago de derechos de autor.
Solicitó, en consecuencia, la revocación de la sentencia de primera instancia, y la desestimación de la demanda, oponiéndose la parte actora, que interesó la confirmación de la resolución recurrida, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.
Segundo.-La Sala acepta la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, en la que se incidirá, seguidamente, teniendo en cuenta los motivos de recurso concretamente planteados en esta segunda instancia, como impone el artículo 456,1 LEC.
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, precedentemente, en supuestos similares al aquí examinado, respecto de la legitimación pasiva que discute el Ayuntamiento demandado, y hoy recurrente, entre otras, en sentencia de 27-4-07 en que se afirmaba, sobre dicha cuestión, lo que sigue:
"Como segundo motivo del recurso de apelación se alegaba por la parte recurrente infracción del derecho y jurisprudencia aplicado, al no ser el Ayuntamiento el que contrató u organizó las actuaciones por las que se están reclamando las tarifas de la SGAE, habiéndose limitado a ceder el auditorio -TAMA- a las distintas asociaciones o colectivos ciudadanos, que son los que organizan las actuaciones gratuitas en el mismo.
No obstante tales alegaciones, nada de ello resulta de la prueba practicada en autos -carga de la prueba que correspondía a la parte demandada conforme a lo establecido en el artículo 217 de la LEC -, pues como se indica en la sentencia de la instancia los trípticos que contienen los distintos programas de actuaciones objeto del procedimiento tiene en su anverso el anagrama del Ayuntamiento de Aldaia, debiendo añadirse ahora que, además, ninguna mención se hace en los trípticos a cualquier otro eventual organizador o gestor que sean "asociaciones o colectivos ciudadanos", habiendo admitido el Ayuntamiento demandado en prueba de interrogatorio de parte, emitida por vía de informe según consta a los folios 80 y 81 de autos, que la citada Corporación Pública es la titular del TAMA y que es el propio Ayuntamiento, a través del Àrea de Participació i Desenvolupament (Servei dZArts Escéniques) quien gestiona la programación del Teatro Auditori.
Por último se ha de indicar que la gratuidad de las actuaciones tampoco es obstáculo al pronunciamiento estimatorio de la demanda, al no encontrarnos ante supuesto previsto en el artículo 38 de la Ley de Propiedad Intelectual que establece la no necesidad de autorización de los titulares de los derechos que regula la Ley cuando se trate de ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las Administraciones públicas y ceremonias religiosas, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en las mismas intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación o ejecución en dichos actos. No concurren al caso los requisitos establecidos en dicho precepto, por cuanto el Ayuntamiento demandado gestiona y organiza actos lúdicos -no se trata al caso de actos oficiales-, ocupando locales de titularidad municipal, en los que se da audiencia y comunicación pública de un repertorio musical cuyos derechos de autor gestiona la entidad demandante apelada, y para cuya difusión pública es necesaria la preceptiva autorización. Como ya dijera esta Sala en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006 (Pte. Sr. Caruana), "El artículo 17 de la Ley establece el derecho en exclusiva del autor de explotación de su obra y en concreto el derecho de comunicación pública que no puede ser realizado por tercero sin su autorización y el artículo 20 2 a), cataloga como tales actos las representaciones o ejecuciones públicas de representaciones dramáticas o musicales. Por consiguiente la obligación del Ayuntamiento... de obtener autorización previa del autor para comunicar públicamente las obras musicales tiene fuente legal en cuanto organizadora de tales actuaciones o representaciones públicas en las que se difunden o comunican tales obras musicales,... el Juez no hace mas que aplicar la fuente legal de la obligación que conforme al artículo 1089, 1090 y 1091 del Código Civil han de cumplirse en sus propios términos". Y añadíamos en dicha resolución, y cabe reproducir en ésta, que: "La parte apelante hace mezcolanza entre relaciones contractuales para liberarse de esa obligación legal, cuando las mismas son absolutamente independientes y diferenciadas entre sí. No puede confundirse la relación negocial entre autor y ejecutor (intérprete) y por otro lado la del Ayuntamiento organizador con el intérprete o bien con su empresario musical, pero es esta última en cuanto el consistorio organiza la comunicación pública de las obras musicales en actos, espectáculos y lugares dispuestos por el Ayuntamiento quien costea con sus fondos, por ende explota la mentada obra musical, la que genera la obligación de respeto al uso de los derechos de autor, pues se aprovecha de ellos para la celebración de dichos acontecimientos públicos".
Igualmente, en sentencia de 11-11-09, que cita, a su vez, la de 15-12-08, en relación con un supuesto en el que - como ahora - la SGAE había ejercitado la acción contra una corporación municipal que había venido haciendo uso, sin autorización, del repertorio musical gestionado por la SGAE con ocasión de las festividades patronales y populares organizadas o auspiciadas por el mismo, así como con ocasión de otros actos culturales, dijimos que:
"...Alega la parte recurrente que la SGAE, conforme a lo establecido en el artículo 217 de la LEC, tiene que identificar las obras que supuestamente se reprodujeron en los desfiles de moros y cristianos y en las fiestas de discomóviles y orquestas y que generas el derecho el cobro, a los efectos de comprobar si dichas obras están o no dentro del repertorio de la SGAE, tesis ésta que no puede ser admitida por la Sala. El artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual (Texto Refundido por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), establece que "Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente". (Precepto redactado por Disposición Final 2.ª 4 Ley 1/2000 de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil). En el caso de autos, acompaña la parte actora a su demanda inicial la copia de sus estatutos y la certificación acreditativa de su autorización administrativa, documentos de los que resulta que dicha entidad, SGAE, se dedica a la gestión de los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública -en el sentido de la Ley- de las obras musicales (con o sin letra), siendo que por razón de tal gestión dirigió su demanda contra el Ayuntamiento de Alaquás, en tanto por el mismo se habían realizado distintos actos de comunicación pública de las obras sin la preceptiva autorización y sin pagar las tarifas al efecto establecidas. Por tanto, conforme a los Estatutos y la correspondiente autorización administrativa, la SGAE gestiona los indicados derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras musicales (con o sin letra), sin que al efecto de la reclamación en este procedimiento formulada sea necesario -en contra de lo manifestado por la parte recurrente- que dicha entidad acredite las concretas obras o autores cuyas obras gestione, pues como ya dijimos para un supuesto similar en sentencia de fecha 4 de noviembre de 2005 (R.A 721/05), "... si bien es cierto que la parte recurrente no cuestionó la falta de legitimación activa de la SGAE, sí pretende que su obligación de pago por razón de la comunicación pública de las obras musicales venga fijada en atención a la circunstancia de que previamente se facilite por aquélla entidad el repertorio o catalogo de las obras musicales que gestiona, extremo éste directamente relacionado con la legitimación activa. Como indicaba esta misma Sala en sentencia de fecha 6 de mayo de 2005 (R.A 213/05), "ya en las SSTS de 29/10/1999 -n.º 888/99 y 889/99- se establece la interpretación que ha de darse a lartículo 135 LPI (actual 150), entendiendo que la expresión "derechos confiados a su gestión" se refiere no a los concretos derechos individuales encomendados por mor de contratos con los titulares, sino en relación con los derechos a que se extiende su actividad. En este mismo sentido la STS de 18 de octubre de 2001, y la mas reciente de 31 de enero de 2003en la que se indica, con remisión a la sentencia de 24 de septiembre de 2002, que "La cuestión de la legitimación activa de la recurrente que determinó que la demanda no prosperase, ha sido resuelta por esta Sala en dos sentencias de fecha 29 de octubre de 1999 -que precisamente casaron las pronunciadas por la Audiencia que dictó la que nos ocupa (así como la que es objeto de este recurso, añadimos)-, y en las que se viene a declarar, interpretando el art. 135 de la Ley, que los derechos confiados de gestión que refiere para hacerlos valer las entidades de gestión autorizadas en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos comprende aquellos derechos cuya gestión "in genere" constituye el objeto de su actividad, de acuerdo con los estatutos que las rigen y no los concretos derechos individuales, en virtud de contratos con los titulares o acuerdos con otras organizaciones en idéntica finalidad y de este modo la SGAE está asistida de legitimación necesaria para poder defender en juicio los derechos a que se extiende su actividad. Aquí quedó demostrado que la recurrente cumplió los requisitos exigidos por los arts.s. 132 y 133 de la Ley (1987) en cuanto a haber obtenido la correspondiente autorización del Ministerio de Cultura (Orden de 1 de junio de 1988 que aprobó sus Estatutos) y en este sentido las referidas sentencias resultan contundentes al sentar que a la recurrente le basta para la defensa judicial de los derechos discutidos en el litigio con la aportación de la documentación que se deja dicha, al cumplirse de esta manera con las exigencias del art. 503.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (1881)". Por tanto, y dados los términos en los que se viene a reconocer la legitimación activa, no es necesario que la SGAE concrete o determine las concretas obras que sean usadas sin la debida autorización pues, como indica la SAP Almería de 22/05/2002 (EDJ 2002/41870), partiendo de la consideración de que "las entidades de gestión, no son cesionarias de los derechos de los autores y editores, sino de la administración de la explotación de estos, la que realizan de forma tutelada y controlada por las distintas Administraciones Públicas, las cuales... en uso de sus facultades aprueban y revocan su autorización como entidades aptas para gestionar y asimismo controlar el contenido de su actividad e igualmente el régimen tarifario propuesto por éstas, ya que de otro modo no se comprende la obligatoria comunicación de las tarifas generales que impone El artículo 154.3del Texto Refundido de la LPI (actual art. 157), derivándose de todo ello una vez obtenido tales autorizaciones y permisos, la legitimación para actuar procesalmente en defensa de tal gestión, posición ante la cual aparece como intrascendente el número general y particular de autores y editores adscritos a las mismas".
De todo ello se colige que la entidad SGAE para obtener el cobro de las tarifas correspondientes a la comunicación pública de las obras musicales, no viene obligada a la previa entrega del catalogo de las obras musicales pues, como se ha indicado, los derechos de gestión confiados comprende aquellos derechos cuya gestión "in genere" constituye el objeto de su actividad, de acuerdo con los estatutos que las rigen, y no los concretos derechos individuales en virtud de contratos con los titulares o acuerdos con otras organizaciones en idéntica finalidad, a lo que debe añadirse la consideración de que las tarifas aplicables eran plenamente conocidas por el Ayuntamiento de Alaquás demandado, pues consta en autos que dicha entidad local se adhirió en el año 2001 al Convenio suscrito en fecha 10 de abril de 2000entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la SGAE, y en el que, como Anexo III del mismo figuran las tarifas a abonar por la utilización de los derechos de autor y como remuneración por las autorizaciones concedidas.
Por otra parte, y en relación con la alegación relativa al pago que el Ayuntamiento haya hecho a los grupos musicales contratados, de lo que la recurrente infiere la ausencia del derecho al cobro por parte de la SGAE respecto de tales actuaciones, basta señalar para su desestimación que, como decíamos en sentencia de 30 de abril de 2006 (Pte. Sr. Caruana), "No puede confundirse la relación negocial entre autor y ejecutor (interprete) y por otro lado la del Ayuntamiento organizador con el interprete o bien con su empresario musical, pero es ésta última en cuanto el consistorio organiza la comunicación pública de las obras musicales en actos, espectáculos y lugares dispuestos por el Ayuntamiento quien costea con sus fondos, por ende explota la mentada obra musical, la que genera la obligación de respeto al uso de los derechos de autor, pues se aprovecha de ellos para la celebración de dichos acontecimientos públicos".
Siendo tales razonamientos aplicables al supuesto de hecho que ahora se somete a nuestra decisión, no cabe sino la desestimación de los motivos de apelación articulados por el Ayuntamiento demandado contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia, que, en todo caso, vienen a confluir en la cuestión analizada, procediendo la confirmación de dicha sentencia por las razones que resultan de la misma en relación con cuanto se ha expuesto en el párrafo precedente. Asimismo, cabe puntualizar que no obsta a tal conclusión el hecho, admitido, de que, en el presente supuesto, era la asociación de Festeros -de cada anualidad- la encargada de obtener fondos y contratar los festejos, puesto que, en primer lugar, tal y como reseña la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Noviembre del 2006 (ROJ: STS 7273/2006) la declaración de la pertinencia de la acción entablada se produce tanto si el propio demandado por sí, o bien "a través de una Comisión para organizar los festejos antes indicados, hizo uso del repertorio musical de autores cuyos derechos son gestionados por la "S.G.A.E.", lo que, indudablemente, comporta la irrelevancia de disociar la asociación de festeros con el propio Ayuntamiento.
En este concreto supuesto, además, no cabe apreciar dicha falta de legitimación porque:
a)Se trata de la organización de las fiestas patronales de la localidad, que comprenden actos distintos de la propia contratación de espectáculos musicales o de cantantes, y que, obviamente, se realizan con el soporte técnico y autorización y en espacios cedidos por la propia Corporación Municipal, lo que comporta la directa intervención de la misma, que queda plenamente adverada por la certificación de la Intervención municipal relativa al destino de fondos municipales para las fiestas locales -directamente o mediante la asignación de subvenciones que, concretamente, se distribuyen después por la asociación de festeros-.
b)Todos los testigos coinciden en que la designación de los "festeros" es anual y auspiciada por el Ayuntamiento, donde se lleva la lista y el turno de los que, en cada anualidad, realizarán las tareas concretas de organización, siendo igualmente destacable que el Concejal de Fiestas esté presente siempre en la reunión inicial, proporcionando las líneas genéricas de actuación -aunque se minimice tal intervención por el propio edil en declaración prestada al efecto-
c)El testigo Sr. Pineda, representante local de la SGAE indica que el programa de fiestas normalmente es solicitado al Ayuntamiento, que, a veces, lo facilita y en otras ocasiones ha de conseguirse por otra vía; afirmó que siempre se ha dirigido al Ayuntamiento, que nunca le ha remitido a otra entidad y que, incluso, mantuvo una reunión, años atrás, con la Secretaria del Ayuntamiento para el abono de tarifas y aunque al principio encontró buena disposición, nunca llegaron a atenderle, lo que viene a incidir en las conclusiones anteriores.
Procede, por lo expuesto, considerar que el Juzgador no ha valorado erróneamente la prueba practicada, procediendo, en consecuencia, con desestimación del recurso planteado, la confirmación de la resolución recurrida.
Tercero.-Procede expresa imposición de las costas causadas al recurrente, conforme el artículo 398,1 LEC.
Vistos los preceptos legales citados, demás concordantes y de general aplicación,
SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por AJUNTAMENT DE LLOSA DE RANES contra la sentencia dictada el 11-12-09 por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia en autos 109/09 de dicho Juzgado que SE CONFIRMA, con imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente. No ha lugar a efectuar declaración en orden al depósito para recurrir, no constituido en este caso.

References: artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 456
 artículo 217
 artículo 38
 artículo 17
 artículo 20
 artículo 1089
 artículo 217
 artículo 150
 Real Decreto 
 artículo 154
 resolución 
 artículo 398