Source: http://heinerantonioriverarodriguez.blogspot.com/2012/
Timestamp: 2017-10-23 18:51:30+00:00

Document:
heiner antonio rivera rodriguez: 2012
EXPEDIENTE: 03569-2012-0-1501-JR-LA-02 JUNIN, El plazo de prescripción para interponer una demanda de reposición es de 10 años, ya que no hay plazo de caducidad, y apartamiento del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2012
EXPEDIENTE Nº 03569-2012-0-1501-JR-LA-02
Huancayo, 21 de diciembre de 2012.
En los seguidos por RAMOS MENDOZA ANALI MILAGROS contra TELEFÓNICA DE SERVICIOS COMERCIALES SAC, sobre excepción de caducidad, en el marco de la nueva Ley 29497 Procesal del Trabajo (en adelante sólo NLPT), la 2da. Sala Mixta de Huancayo ha expedido en segunda instancia el:
AUTO DE VISTA N° - 2012
I.1 Viene en grado de apelación la Resolución Nº 2 del 15 de Octubre de 2012, a páginas 185 y siguientes, que resuelve declarar: Fundada la Excepción de Caducidad planteada por la Empresa demandada.
Agravio de la Apelación
La Sentencia venida en grado, ha sido apelada por la demandante, a páginas 191 y siguientes, cuyos agravios se resumen en indicar lo siguiente:
I.2 El despido fraudulento no tiene plazo de caducidad, al haber sido creado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según las sentencias recaídas en los Exps. N° 976-2001-AA/TC y 0206-2005-AA/TC; pues, el artículo 36 del DS N° 003-97-TR, introduce que el plazo de caducidad es para el “despido arbitrario” que define el 2do. Párrafo de su artículo 34.
I.3 Por ende, al haber omisión de norma específica de caducidad para el despido incausado, es de aplicación la más favorable, es decir, la más extensa posible, en este caso, la que fija la Ley 27321, por ser la específica, por tanto, estamos ante el plazo prescriptorio.
II.1 Determinar si corresponde o no aplicar el plazo de caducidad de la acción, o en caso contrario, algún plazo de prescripción extintiva de la acción.
II.2 Causas de extinción del contrato de trabajo
En principio, recordemos las causales extintivas de la relación laboral, contempladas en el artículo 16° del Texto Único Ordenado del D. Leg. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante sólo la LPCL), destacando la causal sub materia, a saber:
II.3 El despido arbitrario en la Ley
Por su parte el Artículo 34º de la LPCL, en su segundo párrafo, establece que: Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38º, como única reparación por el daño sufrido. De este modo, queda definido los casos de despido arbitrario en esta Ley.
II.4 Los despidos inconstitucionales
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) crea nuevos casos de despidos inconstitucionales, a través de su jurisprudencia, y ante ellos brinda al trabajador despedido, el restablecimiento en el ejercicio del derecho al trabajo o reposición ante un despido inconstitucional (incausado, fraudulento o nulo); según las tres emblemáticas sentencias recaída en los siguientes: Exp. Nº 1124-2001-AA/TC; Exp. Nº 976-2001-AA/TC y Nº 0206-2005-PA/TC.
II.5 Es así que, en el Exp. Nº 1124-2001-AA/TC, establece el criterio siguiente: “Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 34° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece que frente a un despido arbitrario corresponde una indemnización “como única reparación”. No prevé la posibilidad de reincorporación. El denominado despido ad nutum impone sólo una tutela indemnizatoria. Dicha disposición es incompatible con la Constitución, a juicio de este Tribunal, por las siguientes razones: a) El artículo 34°, segundo párrafo, es incompatible con el derecho al trabajo porque vacía de contenido este derecho constitucional. En efecto, si, como quedó dicho, uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo es la proscripción del despido salvo por causa justa, el artículo 34°, segundo párrafo, al habilitar el despido incausado o arbitrario al empleador, vacía totalmente el contenido de este derecho constitucional. (…) c) La forma de protección no puede ser sino retrotraer el estado de cosas al momento de cometido el acto viciado de inconstitucionalidad, por eso la restitución es una consecuencia consustancial a un acto nulo. La indemnización será una forma de restitución complementaria o sustitutoria si así lo determinara libremente el trabajador, pero no la reparación de un acto ab initio inválido por inconstitucional.”
II.6 Ante el modelo asumido por el Código Procesal Constitucional respecto al amparo, que como tal a partir de la vigencia del mismo, es el residual conforme así lo establece su artículo 5.2, el TC procedió a establecer cuándo es que debía transitarse por el proceso de amparo en materia laboral privada. Esta sentencia ratifica lo expresado en el Exp. Nº 976-2004-AA/TC., respecto al despido incausado, fradulento y nulo, indicando: “En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.”
II.7 Además, el TC en dicha Sentencia, respecto al despido fraudulento precisa que: “cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, sólo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos.” desterrándose así la posibilidad de transitar por el amparo cuando en realidad corresponde dilucidar la existencia o no de la falta y si esta ameritó o no el despido, mediante pruebas de actuación mediata. También, precisó sobre el despido nulo que: “cuando se formulen demandas fundadas en las causales que configuran un despido nulo, el amparo será procedente por las razones expuestas considerando la protección urgente que se requiere para este tipo de casos, sin perjuicio del derecho del trabajador a recurrir a la vía judicial ordinaria laboral, si así lo estima conveniente”.
II.8 Finalmente la sentencia expresa, qué materias no deben transitar por el amparo, sino por el proceso ordinario laboral, quedando claro que una demanda de amparo por violación al derecho al trabajo procede en aquellos casos de despidos incausados y fraudulentos, para obtener el restablecimiento del derecho al trabajo (reposición) y nulos, siempre y cuando así lo determine y decida el trabajador despedido por una causa inconstitucional. Es la jurisprudencia del TC la que estableció que ante un despido nulo, por inconstitucional (incausado, fraudulento y nulo), cabe el restablecimiento del derecho al trabajo, es decir, la reposición o reinstalación en el trabajo.
II.9 Pleno Jurisdiccional Supremo
El Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral 2012, estableció que en el marco de la NLPT, los Jueces de Trabajo están facultados para conocer de la pretensión de reposición en casos de despido incausado o despido fraudulento, en el proceso abreviado laboral, siempre que la pretensión sea planteada como pretensión única.
II.10 En los distritos judiciales en las que está en vigencia la NLPT, y atendiendo al primer Pleno Jurisdiccional Laboral Supremo, el cual acuerda que, los jueces de trabajo están facultados para conocer de la pretensión de reposición en caso de despido incausado o despido fraudulento, en el proceso abreviado laboral, siempre que la reposición sea planteada como pretensión única, y que ha criterio de este Colegiado, debe entenderse como pretensión principal única, ya que nada obsta para que puedan acumularse pretensiones accesorias, como las remuneraciones y beneficios caídos, se presenta la falta de normativa procesal específica, que establezca plazo de prescripción o caducidad, para interponer tal demanda de reposición.
II.11 Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2012
Ante ello, se llevó a cabo en la ciudad de Lima, los días 28 y 29 de setiembre de 2012, el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral, que en su tema 3, acordó por mayoría: No existe plazo prescriptorio, sólo plazo de caducidad de treinta (30) días naturales de producido el despido. Por los fundamentos siguientes:
a) La caducidad es la figura mediante la cual, ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos y no lo hace dentro de un lapso perentorio, pierde el derecho a entablar la acción correspondiente. Esto es, se compone de dos aspectos: La no actividad y el plazo.
b) El artículo 36º del Texto Único Ordenado del Derecho Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, establece lo siguiente: “El plazo para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad caduca a los treinta naturales de producido el hecho”.
c) Entonces si la demanda es de reposición al centro de trabajo, conlleva implícito a una pretensión de impugnación o nulidad de despido, ante un despido incausado cuyo derecho y acción está regido por el plazo de caducidad que prevé el citado artículo 36º, por tanto el plazo para accionar judicialmente en los casos de reposición por despido incausado y fraudulento, en el proceso abreviado laboral de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, caduca a los treinta días naturales de producido el despido.
II.12 Casación Laboral N° 857-2012-Arequipa
Sin embargo, tal acuerdo colisiona con el criterio jurisprudencial establecido en la Casación Laboral N° 857-2012-Arequipa , en el cual se distingue entre el plazo de caducidad que corresponde para accionar por despido arbitrario o nulo y el que concierne para impugnar un despido incausado o fraudulento, esto son, las tipologías de despido creados por TC, que tienen una naturaleza propia, distinta de los establecidos en la LPCL, consecuentemente, no cabe aplicárseles el mismo plazo de caducidad, por lo que casa la resolución y dispone que se emita una nueva resolución según tales criterios.
II.13 Criterio que adopta el Colegiado
En ese sentido, el Colegiado en aplicación supletoria del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se aparta del criterio mayoritario del acuerdo del Tema 3 del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2012, y se adhiere al criterio establecido por la Casación Laboral N° 857-2012-Arequipa. En razón a que, no corresponde aplicar supletoriamente el plazo de caducidad que alude el acotado artículo 36, ya que la ley que restringe derechos no se aplica por analogía, según prevé el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, de igual modo, sus artículos 2000 y 2004, establecen que los plazos de prescripción y caducidad los fija la ley, por ende, no los puede fijar la jurisprudencia, menos dicho Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral.
II.14 Por otro lado, el plazo prescriptorio de 4 años que establece la Ley 27321, para interponer las acciones por derechos derivados de la relación laboral, se computa desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral. Es decir, el supuesto de hecho es la extinción del vínculo laboral, lo que no sucede con el despido incausado y fraudulento, que sólo produce, en realidad, la suspensión imperfecta del vínculo laboral. Entonces, si aplicamos esta norma legal, estaríamos aceptando que dichos despidos extinguirían el vínculo laboral, lo que es contrario a la pretensión de la demanda de reposición en la NLPT. Motivo por el cual, el argumento que expresa a favor de esta posición, la apelante, debe desestimarse.
II.15 En consecuencia, observando el principio iura novit curia (el Juez pone el derecho) contemplado en el artículo VII del Código Procesal Civil , de aplicación supletoria al presente proceso, debemos señalar que, el sistema jurídico presenta una laguna siempre que un caso concreto no pueda ser resuelto de ningún modo sobre la base de normas pre existentes en el sistema. Lo que no es el caso, ya que el plazo de prescripción de 10 años correspondiente a la acción personal que alude el art. 2001, numeral 1, viene a suplir tal ausencia de norma procesal especial, respecto a la pretensión de reposición sea planteado en el proceso ordinario laboral o en el abreviado de la NLPT.
II.16 Conclusión
En consecuencia, se concluye que no existe plazo de caducidad para interponer demandas de reposición en la NLPT. Empero, ante el vacío normativo especial, debemos aplicar el plazo prescriptorio general de 10 años correspondiente a la acción personal, que establece el artículo 2001, numeral 1, del Código Civil. Motivo por el cual, debemos revocar la apelada y reformándola declarar infundada la excepción de caducidad.
De acuerdo a estos fundamentos, la Sala ejerciendo justicia a nombre de la Nación RESUELVE: REVOCAR la Resolución Nº 2 del 15 de Octubre de 2012, a páginas 185 y siguientes, que resuelve declarar: Fundada la Excepción de Caducidad planteada por la Empresa demandada. REFORMÁNDOLA la declararon infundada. ORDENARON que el Juez de la demanda continúe conociendo el presente proceso. NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.
Publicado por heiner antonio rivera rodriguez en 10:00 No hay comentarios:
CASACION LABORAL 857-2012 AREQUIPA, PLAZOS PARA ACCIONAR REPOSICION LABORAL
CAS. LAB.N° 857-2012 AREQUIPA, Lima seis de agosto del dos mil doce – LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.-
VISTA: La causa número ochocientos cincuenta y siete- dos mil doce; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Magistrados Supremos Acevedo Mena, Presidente, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina :Yrivarren Fallaque y Torres Vega; con el informe oral de la señor Mayli Velásquez Apaza abogada de la parte demandante; producida la votación con arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente resolución……
I.MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ciento treinta por la demandante Maxsimiliana Huallpa Huayta, contra la resolución de vista obrante a fojas ciento siete, de fecha catorce de noviembre del dos mil once, expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmado la resolución apelada de fecha treinta y uno de marzo del dos mil once, obrante a folios cincuenta, declara improcedente la demanda.
II.CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha veintisiete de abril del dos mil doce, obrante a fojas cincuenta del cuadernillo formado por esta Sala Suprema, por las denuncias de infracción normativa: I) Se ha vulnerado los artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, argumentando que se esta atentando contra la búsqueda de tutela de la demandante ante el órgano jurisdiccional, al no tener en consideración que mediante Resolución N° Uno de fecha cuatro de febrero del dos mil once, recaída en el expediente N° 206-2011 (PROCESO DE AMPARO) se resolvió entorno a una reconducción, dejar a salvo el derecho de acción de la demandante para qué lo haga valer en la vía pertinente, es decir el derecho de acción de la suscrita continuaba latente a la espera de tutela jurisdiccional pile:14, en el presente caso el órgano jurisdiccional creo la figura jurídica reconducción al momento de emitir la resolución en mención - circunstancia clara pero que al no ser tomada en cuenta vulnero el “derecho constitucional y fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. 11) No se ha tenido en cuenta lo dispuesto por los artículos III y IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Señalando que en todo proceso laboral los jueces deben privilegiar el fondo sobre la forma e interpretar los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso así como que la interpretación debe realizarse según los principios y preceptos constitucionales; así pues el justiciable concibe y se somete a las limitaciones contenidas en el derecho de acción, a su vez entendió (bajo los propios argumentos de la Resolución N° Uno de fecha cuatro de febrero del dos mil once- proceso de amparo) que su derecho de acción, continuaba viva en base a la reconducción que el propio considerando tercero de la resolución de la resolución en mención preciso y que , además por ser este proceso uno de índole laboral – constitucional se debió subordinar e interpretar el aspecto meramente legalista y formalista al aspecto garantista de la protección de los derechos fundamentales, considerando también el principio de razonabilidad. Se ha realizado una aplicación indebida del articulo 36 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, señalando que dicha norma al ser de índole laboral se encuentra sometida a una adecuación e interpretación acorde a los principios y preceptos constitucionales, ello en merito a la reciente aplicación de la Ley N° 29497, nueva Ley Procesal de Trabajo.
PRIMERO: En el examen del recurso casatorio cabe precisar que previamente corresponde se efectué el análisis de la denuncia de infracción normativa de normas de derecho procesal, ya que por sus efectos nulificantes resultaría innecesario emitir pronunciamiento sobre el agravio de los preceptos de orden material, también declarados procedentes.
SEGUNDO: El derecho al debido proceso , asegura los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú , dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que se de oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro del plazo preestablecido en la Ley Procesal.
TERCERO: El debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantizan al justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una persona razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del articulo 139 de la constitución política del estado garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y ala Ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa.
CUARTO: La contravención del derecho al debido proceso es sancionada ordinariamente con la nulidad procesal, y se entiende por esta aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de los elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos que potencialmente lo coloca en la situación de ser declarado judicialmente invalido.
QUINTO: De la demanda interpuesta a fojas treinta y tres se aprecia que la actora pretende la reposición a su centro de labores por habérsele despedido, vulnerando derechos constitucionales (articulo 2 inciso 17, 22, 23,26 y 27 de la Constitución Política del Perú) y ejecutorias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 1124-2001-AA/TC,0976-2001-AA/TC, 01089-2001-AA/TC y 001944-2002-AA/TC.
SEXTO: Mediante resolución N° uno de fecha treinta y uno de marzo del dos mil once, obrante a fojas cincuenta , el Juez del Segundo Juzgado Mixto del modulo básico de Justicia de Mariano Melgar califica la demanda declarándola improcedente aplicando el articulo 36 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, norma que establece: “El plazo para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad caduca a los treinta días naturales de producido el hecho”.
SEPTIMO : La Sala Superior al confirmar la apelada reitera el criterio asumido por el Juez de primer grado sobre la aplicación del articulo 36 del Decreto Supremo N° 003-97-TR; añadiendo un supuesto no contenido en la demanda omitiendo la pretensión de la demandante, esto es, que la demandada es por despido violatorio de normas constitucionales y de las ejecutorias expedidas por el Tribunal Constitucional; sin tener en cuenta que el derecho de la demandante a la tutela jurisdiccional efectiva (trámite de la demanda) viene dado por imperio constitucional que otorga tutela restitutoria ante la invocación de hechos lesivos a los derechos fundamentales (derecho al trabajo) alegado por la trabajadora afectada.
OCTAVO: En efecto, si bien la Sala Superior concluye en la posibilidad de tramitarse ante el órgano jurisdiccional laboral pedidos de restitución- reposición- en el centro de labores ante supuestos de despidos incausados y fraudulentos (3) y respecto de esta extremo despliegue un desarrollo argumentativo vasto y claro ; lo cierto es que no hace lo propio en relación con la decisión de declarar la improcedencia de la demanda en la aplicación de una norma que establece un plazo de caducidad especifico para el despido arbitrario. En este sentido, si bien la construcción jurisprudencial del Tribunal Constitucional a lo largo de los años informa que las distintas tipologías de despido prima facie contravienen en modo directo la norma constitucional, no obstante en ello, no puede predicarse que estos sean similares y /o provengan de una categoría (como lo es el despido arbitrario), fundamentalmente porque cada tipo de despido, sea incausado, fraudulento, nulo incluso arbitrario contiene en su propia terminología una naturaleza distinta originada en los hechos que las producen; en este sentido, el razonamiento del Tribunal Ad quo debió - como exigencia mínima – esbozar un desarrollo argumentativo suficiente y atendiendo a los principios que informan el Derecho del Trabajo, así como aquellos cuya vocación de favorecimiento a la dispensa de tutela jurisdiccional efectiva, prefieren la continuación del proceso por sobre su conclusión; máxime si , en el presente caso , y especialmente al alegarse la existencia de un despido incausado, se pone en conocimiento al órgano jurisdiccional laboral la evidencia potencial de vulneración al derecho al trabajo, que tiene no solo reconocimiento en nuestra Carta Magna(4) si no también en instrumentos internacionales ratificados por el Perú.
NOVENO; De la misma manera, de la lectura de la resolución admisoria mediante la cual se declara improcedente la demanda, obrante a folios cincuenta, este Supremo Tribunal en modo alguno constata el cumplimiento de la exigencia constitucional a la motivación mínima e indispensable, sobre todo al tratarse del rechazo liminar de la demanda; fallo que, en el marco de los hechos alegados por la demandante (existencia de despido incausado ) requeriría de parte del juez de trabajo, dispensar un desarrollo argumentativo adecuado y que atienda principalmente a los hechos suscitados previamente, esto es, la existencia previa de un proceso de amparo y las implicancias de este en el posterior proceso laboral interpuesto.
DECIMO: En consecuencia, el auto de vista y el auto apelado deben ser declarados nulos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171º y 176º del Código Procesal Civil, a fin de que el Juez del proceso como Juez Constitucional emita nueva resolución, analizando- para tal efecto- específicamente la tipología de los despidos, para lo cual sumamente ilustrativos los fallos emitidos tanto a nivel de la Corte Suprema como a nivel del Tribunal Constitucional, a estar de la especial consideración planteada por los hechos invocados en la demanda.
IV.RESOLUCION: Por estos fundamentos: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento treinta por la demandante Maxsimiliana Huallpa Huayta; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fojas ciento siete, de fecha catorce de noviembre del dos mil once e INSUBSISTENTE el auto apelado de folios cincuenta, su fecha treinta y uno de marzo del once; DISPUSIERON se expida nueva resolución, calificando la demanda con arreglo a ley; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por la parte recurrente contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, sobre reposición; y ,los devolvieron – Vocal ponente: Torres Vega.- SS. ACEVEDO MENA, CHUMPITAZ RIVERA, VINATEA MEDINA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA.
(1) En los términos de Alberto Hinostroza:…… La principal garantía establecida por el derecho al debido proceso legal al acceso de tutela judicial efectiva o eficaz, se grafica en el acceso pleno e irrestricto con las obligación que la ley señala taxativamente, a los jueces y tribunales para la determinación del derecho de las personas o de las incertidumbres jurídicas con la relevancia jurídica, pues lo contrario, la negación del acceso a la justicia implica hacer caer al ciudadano en indefensión, y alejarse de las soluciones pacificas de controversia que la Constitución prevé explícitamente en beneficios de estos y de la comunidad social…? (JURISPRIDENCIA Procesal Civil comentada, primera edición, pag 14)
(2)En los términos del Tribunal Constitucional es un derecho de contenido complejo que persigue garantizar la eficacia de las situación jurídicas, posibilitando a las personas entre otros- el libre e igualitario acceso a la jurisdicción para la tibia de sus derechos y , de esta torera, se debía eliminar todas las barreras que limiten, restrinjan o impidan este acceso libre e igualitario a los órganos jurisdiccionales (STC Nº 3072-2006-PARC del 27.02.2008).
(3)Conclusión que además es respaldad por el Acuerdo Plenario adoptado en el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de julio de 2012.
(4)El artículo 22º señala que “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de / apersone. Por su parte, el articulo 23º prescribe que .. el trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de atención mimitada del Estado(…) Ninguna relación laboral puede fintar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajarle dignidad del trabajador (…) Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 23), Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7), entre otros.”
Publicado por heiner antonio rivera rodriguez en 9:52 No hay comentarios:
Publicado por heiner antonio rivera rodriguez en 13:23 No hay comentarios:

References: Resolución 
 artículo 36
 artículo 34
 artículo 16
 Artículo 34
 Artículo 38
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 5
 artículo 36
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 artículo 36
 artículo 2001
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22