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Timestamp: 2020-07-05 04:47:53+00:00

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En estos días de regreso de las vacaciones casi todos los medios de comunicación nos recuerdan “la vuelta al cole” de los peques de la casa, el inicio del curso escolar, el comienzo del curso universitario etc. Efectivamente toda la comunidad educativa regresa en estas fechas a los colegios y con ello también vuelven las rutinas a nuestros hogares, comprar y forrar libros, revisar los uniformes de años anteriores, preparar las nuevas mochilas, libros y carpetas, comprar zapatos y ropa, etc. Pero no solo los niños retoman en septiembre sus obligaciones si no que todos los trabajadores que hayamos estado de vacaciones en verano, lo hacemos. En mi sector, por ejemplo, el día 1 de septiembre se inició el nuevo año judicial que abarcará hasta el próximo mes de julio y yo aunque ya tengo una edad y más de 22 años de ejercicio profesional, cuando regreso al despacho en septiembre siento la misma sensación de vértigo que tuve la primera vez, por eso hoy quiero dedicar mi artículo a todos y cada uno de los profesionales liberales que al terminar las vacaciones nos volvemos a poner sólos frente al precipicio. A todos los que no cobramos nóminas a fin de mes, a todos los que no tenemos pagas extraordinarias en julio y en diciembre, a todos los que si nos duele la barriga vamos a trabajar, si nos duele la cabeza vamos a trabajar, si nos muere un familiar vamos a trabajar, a todos los que hoy no sabemos si tendremos trabajo mañana, a todos los que dependemos de que suene nuestro teléfono, de que alguien llame a la puerta, a todos los que ponemos cada día una sonrisa para no perder ese cliente que puede mañana ser de otro, a todos los que no tenemos horario, a todos los que tenemos que pagar las facturas aunque a nosotros nos las deban nuestros clientes.
A todos los valientes que un día decidieron ser emprendedores y que llevan días, meses o años saltando obstáculos y remando sin descanso para llegar a una orilla que parece que no llega….os deseo lo mismo que pido para mi, que tengáis y tengamos salud y que no nos falte trabajo que afrontemos con serenidad y profesionalidad y nos permita poder cumplir con todas nuestras obligaciones.
Mayo y junio son meses típicos de celebración de Primeras Comuniones y por eso hoy voy a dedicar mi artículo, que no será el primero, a la falta de acuerdo en progenitores divorciados o separados respecto de que un hijo reciba un sacramento religioso. Primeramente debemos explicar que esta decisión se incardina en el ámbito de la Patria Potestad y por tanto deben de tomarla ambos progenitores por consenso y en caso de desacuerdo someter su discrepancia a la autoridad judicial mediante un proceso llamado “jurisdicción voluntaria” en el que el juzgador tendrá en cuenta las circunstancias concretas del caso, si los padres se han bautizado, si han recibido su primera comunión, si se han casado por la Iglesia o han celebrado un matrimonio civil, etc. y en función de todos los antecedentes personales y familiares decidirá si autorizar o no la celebración del sacramento que se discute.
A continuación voy a plasmar el brillante fundamento de una resolución en la que sí autorizaron un bautismo que yo solicité para el hijo de una clienta por si puede servir de ayuda a quien como yo tenga que redactar una demanda con esta solicitud.
Se considera de aplicación preferente la siguiente normativa legal:
En el ámbito procesal la nueva ley de Jurisdicción Voluntaria establece en su artículo 86 Ámbito de aplicación, competencia y legitimación
1. Se aplicarán las disposiciones de esta sección cuando el Juez deba intervenir en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad ejercitada conjuntamente por los progenitores. También serán de aplicación en los casos en que esté legalmente prevista la autorización o intervención judicial cuando el titular de la patria potestad fuere un menor de edad no emancipado y hubiere desacuerdo o imposibilidad de sus progenitores o tutor.
2. Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del hijo. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores hubiera sido establecido por resolución judicial, será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que la hubiera dictado.
3. Están legitimados para promover este expediente ambos progenitores, individual o conjuntamente. Si el titular de la patria potestad fuese un menor no emancipado, también estarán legitimados sus progenitores y, a falta de éstos, su tutor.”
No es controvertida la titularidad y ejercicio conjunto de la patria potestad sobre el referido menor por ambos progenitores en virtud de sentencia de Juicio Verbal nº
1518/2015 de fecha 7-3-2017.
Como aspecto inherente a la patria potestad y dado que ambas partes mantienen el ejercicio conjunto de la patria potestad, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 154 y 156 del Código Civil deben comunicarse todas las decisiones que con respecto a su hijo adopten en el futuro, así como todo aquello que conforme al interés prioritario de su hija deban conocer ambos padres y por ende deben establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo.
Ambos padres debe participar además en las decisiones que con respeto al hijo común tomen en el futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en relación a la residencia de la menor o las que afecten al ámbito escolar o al sanitario y los relacionados con celebraciones religiosas.
Asimismo los dos padres deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten a su hijo y concretamente tienen derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho a obtener información a través de las reuniones habituales con los tutores o servicios de orientación del centro escolar tanto si acuden los dos como si lo hacen por separado. De igual manera tienen derecho a obtener información médica de sus hijos y a que se les faciliten los informes que cualquiera de los dos soliciten.
El progenitor que en cada momento se encuentra en compañía del hijo sólo puede adoptar decisiones respecto al mismo sin previa consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias, poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida con un menor puedan producirse.
En caso de total e irresoluble discrepancia de ambos progenitores por tanto corresponde al juez atribuir en cada caso y de manera individualizada y especifica la facultad de decisión a uno u otro progenitor debiendo ponderar a tal efecto el INTERES PRIMORDIAL DEL MENOR.
La libertad religiosa es un derecho reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española a “los individuos y comunidades”.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias de 18 de Julio de 2001 (STC 154/2002) y 29 de Mayo de 2000 (STC 141/2000 ), ha declarado que los menores de edad son titulares del derecho a la libertad religiosa.
El derecho a la libertad religiosa comprende también el derecho a no profesar religión o creencia alguna, y así lo recuerdo el Tribunal Constitucional en la Sentencia 46/01, de 15 de Febrero de 2002.
En la Convención de Derechos del Niño se señala que: “la libertad de religión del niño es sin perjuicio de “los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades” (art. 14.2).
El art. 1 de la LO 7/80 de 5 de Julio de libertad religiosa establece: “La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:
a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas….
c) elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
El Artículo 6 de la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia establece de forma específica que:
“1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión….3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral”.
La libertad religiosa de los menores es, sin perjuicio de los deberes y derechos de los padres, de guiar al menor en el ejercicio de su derecho conforme a la evolución de sus facultades, de modo que contribuya a su desarrollo integral.
La decisión sobre la profesión o no de una creencia religiosa, sobre la educación religiosa o moral, así como sobre la guía del niño en el ejercicio del derecho a libertad religiosa y de culto constituye, sin duda, una de las decisiones de patria potestad, por lo que, en caso de desacuerdo de los padres que tengan atribuida el ejercicio conjunto de la misma, “cualquiera de los dos podrá acudir al Juez”
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156, párrafo 2º del Código Civil , “quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre”.
La audiencia del menor conforme dispone el artículo 158, párrafo segundo del Código Civil, el artículo 9 de la ley Orgánica 8/2015 sobre Protección a la infancia y a la adolescencia y en general toda normativa relativa a los menores, prevé con carácter obligatorio la audiencia del menor a partir de los 12 años, y respecto de los menores de esa edad si tuvieran suficiente madurez, supuesto ajeno al de autos dada la edad del hijo común .
Atendiendo el tenor de las posiciones de cada parte cabe señalar inicialmente que tanto la solicitud de la madre como la petición del padre son opciones muy respetables y tanto una como otra pueden ser absolutamente compatibles con la protección del interés del menor.
Por eso no puede darse una solución generalizada, sino que ha de analizarse ponderadamente las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta los previos usos sociales o familiares y en su caso la existencia de acuerdo entre ambos progenitores , incluso las propias valoraciones que cada uno haga de la cuestión ; en similar sentido cabe citar el Auto de la A.P. Burgos sección 2 del 09 de febrero de 2017 ROJ:
AAP BU 200/2017 ECLI:ES:APBU:2017:200ª Sentencia: 38/2017
Recurso: 391/2016 Ponente: ARABELA CARMEN GARCIA ESPINA Y Auto de la A.P Coruña sección 6º 6 del 27 de junio de 2017 ROJ: AAP C 831/2017 ECLI:ES:APC:2017:831A Sentencia: 71/2017
Recurso: 159/2017 Ponente: LEONOR CASTRO CALVO. En el caso de autos en base al interrogatorio de partes y a la prueba documental practicada se estima acreditados los siguientes datos objetivos relevantes que permiten estimar la solicitud deducida, como apunta la representante del Ministerio Fiscal, valorando de manera relevante -en ausencia de acreditación de acuerdo previo inequívoco de las partes al respecto – sus propios actos previos , sus antecedentes personales y ,además, la entidad de los argumentos enunciados en la actualidad por cada uno sobre esta particular cuestión , a saber:
1º.- Ambos progenitores se hallan bautizados hicieron la primera comunión y la confirmación, datos admitidos por ambos en el interrogatorio de partes .
La solicitante refirió ser católica pero no “muy” practicante.
No acreditò obviamente el demandado haber apostatado .
2º.- El demandado cursó EGB en un colegio religioso. El demandado no explicó de manera creíble por qué sin embargo ahora no acepta el criterio de la actual madre de su hijo sobre esta cuestión
3º.- El demandado es partidario de diferir la decisión a que el menor tenga suficiente edad y la solicitante sin embargo acepta diferir a la voluntad del menor la ulterior decisión sobre primera comunión y confirmación, mas no sobre el bautizo.
Debo estimar la solicitud deducida por la procuradora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxen nombre y representación de DOÑA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxasistida de la letrada Sra. SIERRA RODRIGUEZ frente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxasistido de la letrada Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxcon intervención de la representante del Ministerio Fiscal al concurrir hijo menor de edad y en consecuencia procede atribuir a la solicitante la facultad de decisión de la organización del bautizo del menor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhabido en común
En los llamados regímenes de visitas de los procesos de divorcio o ruptura en general, el juez dispone el tiempo en que los hijos deben de estar con el progenitor con el que no conviven habitualmente, es decir el que no ostenta la custodia. Es muy habitual que a medida que los hijos se hacen mayores aumenten sus obligaciones académicas, sus relaciones sociales y en definitiva que les apetezca mucho más salir por la tarde con los amigos que ver a su padre o a su madre y ahí surge el debate. ¿se debe de obligar a un menor de edad cercana a la mayoría a que cumpla un régimen de visitas en sus estrictos términos?
Recientemente un Juzgado establece ha dictado una sentencia en la que respeta la libertad de relación entre la hija de 16 años y la madre, a lo que esta última recurre. La Audiencia Provincial confirmó la resolución de instancia en base a que es una edad muy próxima a la mayoría, en la que resultaría enormemente difícil conseguir el cumplimiento del que habitualmente se considera como régimen de comunicación y visitas “ordinario” de fines de semana incluso afirmando que en los casos de hijos con edad cercana a la mayoría de edad que son reacios a esta forma de relación y contacto con el progenitor no custodio, no solo no les beneficiaria la exigencia del cumplimiento de la visita si no que podría perjudicar su relación con dicho progenitor.
Sin embargo, este tipo de decisión basado simplemente en la edad, próxima a la mayoría como un dato objetivo del que deriva una supuesta capacidad para decidir, es o puede ser completamente ajeno a la protección del interés del menor que es el principio rector que debe de presidir toda resolución de derecho de familia en la que hay menores involucrados.
En mi opinión una resolución de este tipo no debiera de basarse en la edad de los hijos ni mucho menos y en exclusiva en su voluntad porque en ocasiones difiere de lo que les resulta más beneficioso. En su lugar se debiera de fundamental el motivo por el que se considera mejor para ese hijo suspender el régimen de visitas que hasta ahora tenía con su madre o con su padre y en su lugar dejarlo a su libertad. Es decir fundamental cual va a ser el beneficio que va a obtener el hijo respecto de la situación anterior con independencia de que cumpla 15, 16 o 17 años.
Es evidente que a ser padres nadie nos enseña y seguro que todos hacemos infinidad de cosas mal pero qué duro me parece que en la vida de un adolescente haya tiempo para todo excepto para ver a ese progenitor que te espera con los brazos abiertos desde la visita anterior.
Tradicionalmente los juzgados venían otorgando a las madres la mayoría de las custodias de los hijos lo que llevó a una creencia de que “les pertenecían” por encima de los otros progenitores. Desde hace unos años la realidad social ha cambiado muy considerablemente en lo que se refiere a la interactuación de los padres en la vida de sus hijos y esto ha tenido un reflejo en la tendencia jurisprudencial que ha normalizado el reconocimiento de las custodias compartidas hasta el punto de considerarlas “lo deseable”. Pero además este cambio social y judicial tiene otras consecuencias que son “satélite” de la anterior, me refiero a la decisión de cambio de custodia que están adoptando jueces y Tribunales en situaciones de patrimonialización de hijos de los que un progenitor ostentaba la custodia exclusiva. Sirva como ejemplo la sentencia a la que a continuación me refiero que se ha dictado en un procedimiento de modificación de medidas y en la que el Juzgado transfiere la custodia del hijo al padre debido al comportamiento de la madre con sus continuas denuncias sin fundamento contra el padre, obstaculización del régimen de visitas y creación en la hija de una mentalidad contraria a su padre, entre otras situaciones valoradas en la resolución. El Juzgador considera que la madre ha generado graves factores convivenciales muy negativos a la hija lo que a mi entender es una forma de maltrato psicológico de su propia hija a quien inculca sentimientos de rechazo que dañan su estabilidad emocional y el óptimo rechazo de su personalidad.
Es decir la razón del cambio de custodia no es los incumplimientos de la madre, sino el interés de la menor (apartados 2 y 3 del vigente art. 2 de LO. de Protección Jurídica del Menor) a que su vida se desarrolle en un entorno familiar adecuado que no garantiza la madre por su imposibilidad de dejar a la hija al margen del conflicto entre las partes posicionándola en el mismo de un modo innecesario y carente de fundamento; La Audiencia Provincial ha confirmado la decisión del juzgado.
¿Cuantas veces hemos dicho o hemos escuchado la expresión que da título a este artículo?, en mi caso la utilicé en innumerables ocasiones cuando mis hijas o los hijos de mis conocidos fueron escolarizados en el colegio donde iniciaron sus estudios reglados. En principio se trata de un momento feliz y emocionante para los papás y para los pequeños que se enfrentan a una nueva etapa en su vida pero y ¿qué pasa en las ocasiones en que los padres están divorciados y no alcanzan un acuerdo al respecto de cual será el centro escolar al que debe de acudir el menor? pues como tantas veces y en tantas circunstancias debe de decidirlo un juez.
Lamentablemente cuando una pareja se rompe son demasiadas las ocasiones en las que mantienen “eternamente” levantada el “hacha de guerra” y cualquier decisión sobre sus hijos se convierte en un motivo de conflicto. Como dice la canción “tú dices blanco y yo digo negro” y bien por hacerse daño el uno al otro, bien por considerar que el otro siempre está confundido y no lleva la razón o bien por otros motivos que mi ignorancia en cuestiones psicológicas no alcanza a comprender, lo cierto es que si un progenitor dice colegio público el otro dice concertado, si uno dice concertado el otro dice privado y así sucesivamente.
Lo relevante ante esta circunstancia es saber que la decisión de la elección inicial o el cambio de colegio de nuestros hijos forma parte de la Patria Potestad que, salvo situaciones excepcionales, la ostentan conjuntamente los dos progenitores por lo que, con independencia de quien ostente la custodia de los menores, la citada decisión de elección del centro escolar le corresponde alcanzarla a los dos progenitores por consenso y a falta de acuerdo habrá que solicitar al juez que dirima la discordia mediante un auto que se dicta en el contexto de un procedimiento de jurisdicción voluntaria del artículo 158 del Código Civil.

References: resolución 
 artículo 86
 resolución 
 artículo 16
 Artículo 6
 artículo 156
 artículo 158
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 158