Source: https://boe.vlex.es/vid/ley-22-2018-6-747553877
Timestamp: 2019-04-22 13:55:55+00:00

Document:
Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 747553877
Marginal: BOE-A-2018-16342
Título I. De la Inspección General de Servicios y de la colaboración con otros órganos y entidades.
Capítulo I. Competencia, principios de actuación y estructura.
Capítulo II. De la coordinación y colaboración con otras instituciones y órganos de control.
Título II. Actuaciones de prevención e investigación de la Inspección General de Servicios.
Capítulo I. Sistema de alertas.
Disposición transitoria única. Curso específico de formación.
TÍTULO I. De la inspección general de servicios y de la colaboración con otros órganos y entidades
CAPÍTULO I. Competencia, principios de actuación y estructura - arts. 3 a 9
CAPÍTULO II. De la coordinación y colaboración con otras instituciones y órganos de control - arts. 10 a 16
TÍTULO II. Actuaciones de prevención e investigación de la Inspección General de Servicios
CAPÍTULO I. Sistema de alertas
CAPÍTULO II. Del procedimiento de investigación - arts. 30 a 36
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 37 a 40
CAPÍTULO II. Infracciones y sanciones - arts. 41 y 42
Título I De la Inspección General de Servicios y de la colaboración con otros órganos y entidades.
Capítulo I Competencia, principios de actuación y estructura.
Capítulo II De la coordinación y colaboración con otras instituciones y órganos de control.
Título II Actuaciones de prevención e investigación de la Inspección General de Servicios.
Capítulo I Sistema de alertas.
Sección primera Elementos del sistema de alertas, adscripción e instrumentos de gestión del riesgo.
Sección segunda Características técnicas y funcionales del sistema.
Título III Régimen sancionador.
Disposición adicional primera Sistema de prevención en la gestión de fondos europeos.
Disposición adicional segunda Código de buenas prácticas.
Disposición adicional cuarta Comunicación de ilícito penal.
Disposición transitoria única Curso específico de formación.
TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículos 1 a 42
Establecer la competencia, funciones y principios de actuación de Inspección General de Servicios.
Crear el sistema preventivo de alertas dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, en el ámbito de la gestión pública de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
Establecer las relaciones de colaboración con el resto de órganos e instituciones de control, tanto internas como externas.
TÍTULO I De la inspección general de servicios y de la colaboración con otros órganos y entidades Artículos 3 a 16
CAPÍTULO I Competencia, principios de actuación y estructura Artículos 3 a 9
Artículo 3 Competencia de inspección general de los servicios.
La competencia de inspección general de los servicios comprende esencialmente:
Con carácter complementario, la competencia de inspección general de los servicios puede comprender otras actuaciones en relación con los proyectos y planes de mejora de la calidad de los servicios públicos, en los términos y con el grado de participación que se establezca en cada caso.
El ejercicio de esta competencia será independiente de aquellas otras competencias atribuidas, de manera legal y reglamentaria, a diferentes órganos de inspección o control de los servicios pertenecientes a diferentes ámbitos departamentales o sectoriales, sin perjuicio del control interno sobre la gestión económico-financiera que corresponde a la Intervención General de la Generalitat.
El personal inspector de servicios, y aquel que ocasionalmente pueda colaborar en el ejercicio de la función inspectora, actuará con independencia e imparcialidad en el ejercicio de su función respecto de las autoridades de las que dependan los servicios y del personal objeto de inspección, y con plena autonomía. Asimismo, velará siempre por el interés general desde la más estricta neutralidad en el cumplimiento de las funciones de prevención y control de los riesgos de irregularidades y malas prácticas administrativas.
El personal de inspección de servicios y el que ocasionalmente pueda colaborar en el ejercicio de la función inspectora, guardará secreto y confidencialidad respecto de las investigaciones que se lleven a cabo y de los asuntos que conozcan por razón de su puesto, así como sobre los datos, en especial los de carácter personal, informes, origen de las denuncias o antecedentes a los que tenga acceso durante el desempeño de sus funciones. Dicha obligación subsistirá aun después de finalizada la relación con la inspección de servicios. Este mismo deber de secreto y confidencialidad será exigible al personal de apoyo a la inspección de servicios. Asimismo, se desarrollarán reglamentariamente los mecanismos necesarios para proteger la intimidad y privacidad de las personas que presenten denuncias o comuniquen hechos con apariencia de irregularidad, tales como la disociación de datos, ocultación de la identidad en todas las comunicaciones formales e informales, así como en los archivos y bases de datos. Del mismo modo, se regulará reglamentariamente la protección de aquellas personas que intervengan en la comprobación de los hechos investigados.
En las actuaciones que se desarrollen se adoptarán las medidas y cautelas necesarias para garantizar todos los derechos de las personas que sean o puedan ser investigadas, y particularmente el derecho a la presunción de inocencia, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la protección de datos de carácter personal, así como los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, ni realizarse actuaciones o exigencias que, en el ámbito jurisdiccional, requerirían autorización judicial, salvo que esta exista.
En las actuaciones de investigación que lleve a cabo la Inspección General de Servicios se actuará en todo caso de acuerdo con el principio de proporcionalidad, por lo que solo se llevarán a cabo las actuaciones adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los hechos que se investiguen, y sólo se requerirán aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.
Las actuaciones se desarrollarán con la mayor diligencia posible para potenciar su acción preventiva y garantizar su eficacia en favor del interés general, siguiendo siempre los principios de celeridad y economía procedimental.
El personal inspector de servicios y aquel que de manera extraordinaria realice temporalmente la función inspectora actuarán de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el cumplimiento de sus funciones y en el uso de los recursos públicos a su disposición.
Artículo 5 Estructura de la Inspección General de Servicios.
Para el desarrollo de las competencias y funciones atribuidas, la Inspección General de Servicios, contará con la siguiente estructura:
Excepcionalmente, cuando el volumen de trabajo lo aconseje o resulte conveniente por la especial naturaleza de las áreas o materias objeto de inspección o control, el órgano directivo que ostente la competencia de inspección general de los servicios podrá solicitar la oportuna colaboración de otros departamentos para que personal de estos pueda participar en la inspección, siempre bajo la dirección del personal de inspección de servicios y con la autorización de la subsecretaría u órgano equivalente de la Conselleria o entidad de la que dependa el personal. Quienes desarrollen esta colaboración serán designados temporalmente personal inspector con carácter extraordinario, mediante cualquiera de los sistemas de provisión de puestos de trabajo previstos por la normativa vigente que permita la asignación temporal de funciones al personal funcionario.
Todo ello sin perjuicio de la dependencia de los órganos superiores o directivos que en cada caso se establezca a este respecto en el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria que tenga atribuida esta competencia.
Artículo 6 Provisión y formación del personal de la Inspección General de Servicios.
El sistema de provisión de los puestos de inspector o inspectora de servicios se ajustará a lo establecido en las normas reguladoras de la función pública.
De acuerdo con lo que disponen las normas reguladoras de la función pública, el personal inspector de servicios, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos a través de su participación en las actividades formativas, deberá asistir a las actividades específicamente programadas, con el fin de adquirir los conocimientos, habilidades o destrezas adecuados para el cumplimiento de las funciones propias de la actuación inspectora y para la implementación y gestión del sistema de alertas. En estas actividades podrá participar también el personal inspector designado temporalmente con carácter extraordinario. Las actividades formativas deberán ser evaluadas y actualizadas periódicamente.
Artículo 7 Atribuciones del personal de inspección de servicios.
El personal inspector de servicios tendrá la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y podrá solicitar la colaboración de cualquier otra autoridad que necesite, estrictamente y con el único fin de apoyar su actuación inspectora. Como autoridad, este personal gozará de la protección y de las facultades previstas en el ordenamiento jurídico, respetando en todo caso los derechos de las personas afectadas por las actuaciones. El personal inspector de servicios no podrá realizar actuaciones que, en el orden jurisdiccional, requieran autorización judicial, salvo que esta exista.
En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector de servicios tendrá las siguientes atribuciones:
Las atribuciones recogidas en los apartados a, c y d se ejercerán asimismo respecto a los supuestos previstos en el artículo 30.4 de la presente ley.
Artículo 8 Deberes del personal de inspección de servicios.
Con independencia de los deberes que le son exigibles con carácter general por las normas reguladoras de la función pública, el personal al servicio de la Inspección General de Servicios guardará la máxima corrección en el ejercicio de sus funciones y evitará, en la medida de lo posible, perturbar el normal desempeño de las actividades de las personas que prestan servicio en la unidad inspeccionada. En todo caso, velará para que se respeten los derechos que asisten a denunciantes y denunciados.
Cuando este personal pueda ver comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones inherentes a su cargo o responsabilidad en el servicio público por razones familiares, afectivas, de afinidad, de interés económico o de cualquier otra índole, se deberá abstener de intervenir en el procedimiento correspondiente, de acuerdo con lo que se dispone sobre el deber general de abstención de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas en la legislación de régimen jurídico del sector público, sin perjuicio de la posibilidad de que se formule recusación en los términos legalmente previstos.
Artículo 9 Informe anual de evaluación.
La Inspección General de Servicios dará cuenta anualmente al Consell de la gestión realizada en desarrollo de su plan de actuación, mediante la remisión, por parte de la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de inspección general de servicios, del informe anual de evaluación. En dicho informe se incluirá una valoración del grado de seguimiento y eficacia de las recomendaciones previamente formuladas en las actuaciones llevadas a cabo, así como de los problemas de funcionamiento detectados en los órganos y unidades objeto de control.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos así lo aconsejen, la Inspección General de Servicios podrá presentar en cualquier momento comunicaciones o informes extraordinarios al Consell, a través de la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de inspección general de servicios.
El informe descrito en el apartado 1 se remitirá anualmente a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
Una vez se dé cuenta del informe anual de evaluación al Consell, se remitirá a Les Corts y se presentará en la comisión parlamentaria que corresponda por razón de la materia. El informe se publicará también en el portal de transparencia de la Generalitat.
CAPÍTULO II De la coordinación y colaboración con otras instituciones y órganos de control Artículos 10 a 16
Artículo 10 Colaboración de otros órganos administrativos.
La persona titular del órgano que tenga atribuidas las competencias en materia de inspección general de los servicios podrá recabar directamente del órgano correspondiente de la administración de la Generalitat o del sector público instrumental el asesoramiento jurídico e informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones.
Las personas titulares de los diferentes órganos y departamentos están obligadas a prestar su colaboración y a facilitar los antecedentes y documentos que sean necesarios, en cualquier tipo de soporte que les sean requeridos, así como cualquier asistencia que se les solicite, incluida la asignación temporal de medios personales prevista en el apartado 2 del artículo 5 en los términos previstos en la normativa de función pública. Las medidas de colaboración que se soliciten deberán ser compatibles con el funcionamiento ordinario de los órganos o departamentos correspondientes y respetar el estatuto y derechos del personal empleado público al que pueda afectar.
La obstrucción o la falta de colaboración que impida o dificulte el ejercicio de la función inspectora se debe poner de manifiesto ante el superior jerárquico del órgano o persona responsable al efecto de que se exijan las responsabilidades correspondientes, siempre con total respecto a los derechos y garantías que prevé el ordenamiento jurídico.
Artículo 11 Coordinación y colaboración con instituciones y órganos de control.
La Conselleria competente en materia de inspección general de servicios, como responsable del sistema de alertas y de la inspección general de todas las actividades, centros y servicios, mantendrá las necesarias relaciones de colaboración o coordinación, con el resto de departamentos competentes en materia control e inspección, tanto internos como externos, de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.
Con la finalidad de evitar que se produzcan interferencias o invasión de competencias que puedan generar disfunciones entre los órganos de control, se podrán establecer los protocolos de colaboración necesarios, tanto con los órganos de control internos como externos, y se establecerán los canales adecuados para compartir la formación, la información y la experiencia adquirida.
Corresponde a la Inspección General de Servicios la coordinación de los órganos y unidades administrativas de inspección y control interno sectoriales, existentes en los diferentes departamentos, que tengan como objeto supervisar el funcionamiento correcto de servicios y unidades dependientes de los departamentos respectivos.
Artículo 12 La Comisión Interdepartamental para la Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas.
La Comisión Interdepartamental para la Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas es un órgano colegiado y transversal de la Generalitat dirigido a promover la coordinación y colaboración de los diferentes departamentos del Consell en el estudio y seguimiento de los riesgos de irregularidades y malas prácticas en la gestión administrativa.
Entre las personas que formen parte de la comisión interdepartamental, que deberá ser paritaria, estarán como mínimo las personas titulares de las subsecretarías de la Presidencia y de las Consellerias de la administración de la Generalitat, la persona titular del órgano directivo del que dependa la Inspección General de Servicios, si es distinta de las anteriores, así como la persona titular del órgano competente en materia de seguimiento y evaluación del sector público instrumental de la Generalitat. Sin perjuicio de la composición que se establezca, la comisión podrá requerir la presencia puntual de altos cargos o de autoridades o funcionarios que estime convenientes para informar sobre aspectos concretos que les sean consultados.
Corresponden a la comisión interdepartamental, además de las funciones que se le asignen reglamentariamente, las siguientes:
Para un mejor desarrollo de las funciones asignadas, contará con el apoyo de la Comisión Técnica de Coordinación, que estará integrada, entre otros, por personal de la Inspección General de Servicios, de las inspecciones sectoriales, de la abogacía de la Generalitat, de la Intervención General de la Generalitat y de la unidad administrativa responsable en materia de seguimiento y evaluación del sector público instrumental de la Generalitat.
La composición y régimen de funcionamiento de la comisión interdepartamental se desarrollará reglamentariamente.
Artículo 13 Inhibición a favor de la Intervención General de la Generalitat.
Artículo 14 Inhibición a favor de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana y de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
Cuando en el curso de una actuación se detecten indicios de posible fraude o corrupción, se dará traslado del asunto a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunitat Valenciana, y se pondrá a su disposición toda la información obtenida durante el desarrollo de la actuación investigadora. La Inspección General de Servicios podrá consultar a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunitat Valenciana la conveniencia de suspender o coordinar las actuaciones. En caso de que se trate de asuntos que sean competencia de la agencia, la Inspección General de Servicios se inhibirá en favor de esta y le proporcionará el apoyo necesario.
En el caso de que en las irregularidades advertidas se detecte la existencia de indicios de conflictos de interés, se dará traslado del asunto a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses poniendo a su disposición toda la información obtenida durante el desarrollo de la actuación investigadora.
Artículo 15 Comunicación a la Sindicatura de Comptes.
Cuando en el curso de una actuación se detecten indicios de irregularidades que pudiera corresponder conocer al Tribunal de Cuentas, se dará traslado de los mismos a la Sindicatura de Comptes, poniendo a su disposición toda la información obtenida durante el desarrollo de la actuación investigadora. Cuando la Sindicatura de Comptes aprecie, en su caso, que se ponen de manifiesto hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad contable, los pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas. La comunicación de los antecedentes conllevará la suspensión de actuaciones por parte de la Inspección General de Servicios con relación a aquellos aspectos de la investigación que sean, en su caso, competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas.
Cuando se aprecie que las actuaciones realizadas pueden corresponder a ámbitos de intervención de la Sindicatura de Comptes contemplados en su plan anual de actuación, así como en las peticiones de informes, memorias o dictámenes previstos en la Ley de la Generalitat de la Sindicatura de Comptes, se le dará traslado de los resultados de las mismas, poniendo a su disposición toda la información obtenida durante el desarrollo de la actuación investigadora. En el supuesto de que se trate de actuaciones en curso, el departamento competente en materia de inspección de servicios podrá consultar a la sindicatura la conveniencia de suspender o coordinar actuaciones.
Artículo 16 Inhibición en favor de la fiscalía.
TÍTULO II Actuaciones de prevención e investigación de la Inspección General de Servicios Artículos 17 a 36
CAPÍTULO I Sistema de alertas Artículos 17 a 29
Sección primera Artículos 17 a 24
Artículo 17 Descripción del sistema.
El sistema de alertas se articulará a través de un conjunto de herramientas cuya interacción permite la detección de posibles irregularidades y malas prácticas administrativas, con carácter preventivo, a partir del análisis de la información obtenida y de la evaluación de factores de riesgo que potencialmente pudieran originarlas. El sistema de alertas será verificable o auditable de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.
Sin perjuicio de que puedan incorporarse nuevas herramientas al sistema, en función de la evolución práctica del mismo y del entorno normativo y tecnológico, el sistema estará integrado por:
También se podrán integrar en el sistema datos personales de personas o entidades que tengan o hayan tenido una relación directa con la administración de la Generalitat y su sector público instrumental referidos a expedientes administrativos relacionados con la contratación, con ayudas o subvenciones públicas, así como de las personas o entidades que mantengan o hayan mantenido una relación laboral o contractual con la administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
El personal adscrito a la Inspección General de Servicios llevará a cabo las tareas de seguimiento y mejora continua del sistema de alertas. Para garantizar un buen funcionamiento del mismo se dotará de los recursos personales y materiales necesarios. Todo el personal encargado de la explotación del sistema de alertas llevará a cabo el tratamiento de la información con estricto respeto a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Artículo 18 Bases de datos de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
Las bases de datos constituyen un sistema que almacena información, que se encuentra agrupada o estructurada, procedente del ejercicio de la actividad administrativa, alimentada por los órganos competentes por razón de la materia, que puede ser almacenada y recuperada por medios informáticos.
La información contenida en las bases de datos que sea necesaria para la detección de irregularidades o malas prácticas será incorporada al sistema de alertas y procesada para generar nueva información explotable por dicho sistema, respetando en todo caso las garantías y derechos fundamentales de las personas titulares de los datos.
Corresponde a la administración de la Generalitat, y a los entes incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, aportar y mantener actualizada la información de las bases de datos que tienen bajo su responsabilidad y que constituyen la base de funcionamiento del sistema de alertas.
La Conselleria responsable del sistema de alertas podrá proponer cambios en los sistemas de información, bases de datos y aplicaciones, con el fin de poder incorporar nuevos datos que se consideren de utilidad para la detección de irregularidades.
Todo lo expresado en los apartados anteriores se realizará en coordinación con el centro directivo que ejerza las competencias en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la Generalitat.
Artículo 19 Bases de datos externas.
El sistema podrá obtener información de las bases de datos de otros organismos y entidades, mediante la forma de colaboración que corresponda en cada caso, respecto a la actividad mercantil y financiera de contratistas, proveedoras de servicios y beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas, así como de las personas o entidades que mantengan o hayan mantenido una relación laboral o contractual con la administración de la Generalitat y su sector público instrumental. Esta información se podrá obtener, de acuerdo con las leyes reguladoras, siempre que los datos sean relevantes para la finalidad de esta ley y que quede garantizado que han sido obtenidos legítimamente por parte del cesionista de los mismos.
En aquellos supuestos en que exista un marco de colaboración en virtud del cual se prevea la cesión de bases de datos a la administración de la Generalitat o su sector público instrumental, para el ejercicio de sus competencias, dichos datos se podrán integrar en el sistema de alertas.
Artículo 20 El sistema lógico e informático de procesamiento de datos.
El conjunto de herramientas de software y la infraestructura de servidores y bases de datos con que funcionan.
El conjunto de datos obtenidos mediante procesos de extracción, transformación y carga a partir la información contenida en las bases de datos indicadas en los artículos 18 y 19 de esta ley.
Los mecanismos de análisis de datos que, a través de indicadores de riesgo definidos para cada uno de los diferentes ámbitos de gestión administrativa sobre los que actuará el sistema, permitan la detección de situaciones irregulares susceptibles de investigación.
El estudio, diseño, definición, desarrollo, la explotación y el mantenimiento del sistema lógico e informático de procesamiento de datos para la prevención de irregularidades corresponde a la Conselleria competente en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Artículo 21 Evaluación de riesgos.
La evaluación es una forma de investigación aplicada, planificada, sistemática, y dirigida que permite obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante para identificar posibles factores de riesgo de que se produzca una irregularidad o una mala práctica.
Es un factor de riesgo cualquier hecho o circunstancia presente en el contexto jurídico, material, humano u organizativo de la tramitación de un procedimiento administrativo, que aumente las probabilidades de aparición de malas prácticas o irregularidades durante la tramitación del mismo.
Artículo 22 Mapa de evaluación de riesgos.
Para determinar los distintos niveles de exposición al riesgo de irregularidades en la gestión, se aprobará una propuesta de mapa de evaluación de riesgos por la comisión interdepartamental prevista en el artículo 12 de esta ley. La aprobación del mapa se hará por acuerdo del Consell, a propuesta de la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de inspección de servicios.
Para su elaboración y actualización se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
Los datos obrantes en el mapa de evaluación de riesgos de irregularidades servirán de base para proponer la designación de aquellos órganos y entidades que resulten obligados a confeccionar el plan individual de autoevaluación del riesgo de irregularidades, previsto en el artículo siguiente de esta ley.
Artículo 23 Planes individuales de autoevaluación del riesgo de irregularidades.
Los planes individuales de autoevaluación constituyen un instrumento de identificación, prevención y tratamiento de posibles riesgos asociados a departamentos o entes, en relación con determinados procesos, y elaborados por los gestores responsables de los mismos. Para el cumplimiento de su finalidad los planes se componen de los siguientes documentos:
Los planes se aprobarán por resolución de la persona titular del órgano directivo responsable de su implantación, previo informe favorable de la comisión interdepartamental prevista en el artículo 12 de la presente ley.
Artículo 24 Adscripción del sistema y obligaciones.
El sistema de alertas rápidas, estará adscrito a la Conselleria competente en materia de inspección general de servicios. Es responsabilidad de dicha Conselleria mantener y aplicar el sistema, asegurar su integridad y la fiabilidad de su funcionamiento. Asimismo, tendrá la consideración de responsable del tratamiento de datos de carácter personal.
Los departamentos y los entes incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 están obligados a colaborar en la aplicación del sistema, en los términos previstos en la presente ley.
Sección segunda Artículos 25 a 29
Artículo 25 Compatibilidad, desarrollo, explotación y mantenimiento del sistema informático.
El sistema lógico e informático de procesamiento de datos será compatible con los instrumentos de control existentes en su ámbito de actuación y se garantizará su interoperabilidad con los sistemas utilizados por el resto de departamentos, organismos o instituciones de la Generalitat con la misma finalidad.
Será responsabilidad de la Conselleria competente en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones a través de los servicios existentes para ello, asegurar el desarrollo, la explotación y el mantenimiento del sistema informático de alertas, su seguridad, interoperabilidad y compatibilidad informática. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el artículo 18.3 de esta ley.
Artículo 26 Garantías de seguridad de la información del sistema.
El sistema de alertas será sometido a revisión periódica con el fin de verificar el cumplimiento de la política de seguridad, de los procedimientos operativos establecidos y de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, prestando especial atención al cumplimiento de las previsiones sobre las medidas de seguridad que se definan para el sistema. El departamento responsable del sistema podrá definir cualquier otro ámbito de verificación que se estime necesario realizar a los efectos previstos en este precepto.
El sistema de alertas garantizará el control de acceso a la información, mediante mecanismos que permitan la identificación, autenticación y autorización de las personas usuarias, permitiendo el acceso a la información en función de los derechos asociados al perfil del mismo y mantendrá un registro de los accesos realizados, tanto para consulta, como para la actualización de información, en su caso, con la finalidad de gestionar la trazabilidad de los datos.
Artículo 27 Clasificación de riesgos y codificación de resultados.
Se desarrollará un sistema de indicadores con el objetivo de detectar la presencia de posibles irregularidades o malas prácticas, en cada uno de los ámbitos de gestión.
Los resultados de las actuaciones de investigación serán objeto de una codificación estandarizada, con la finalidad de que el sistema disponga de información estructurada que permita su retroalimentación.
La descripción de los indicadores y la codificación de los asuntos investigados estará sometida a una actualización periódica que garantice el mayor nivel de concreción posible, mediante la aplicación de la información y conclusiones derivadas de la propia puesta en práctica del sistema.
Los departamentos, organismos y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley propondrán, bajo la supervisión de la Inspección General de Servicios, sus propios indicadores en función de sus ámbitos de gestión y la identificación de los factores de riesgo asociados a sus procedimientos.
Artículo 28 Código de buenas prácticas y protocolos de actuación.
La Conselleria competente en materia de inspección general de servicios elaborará un código de buenas prácticas para la prevención y detección de irregularidades y promoverá la aprobación de protocolos de actuación y aplicación del sistema de alertas, cuando sea necesario para garantizar su eficacia.
Este código será de obligado cumplimiento por todo el personal al servicio de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental, entendido el mismo en los términos definidos en la legislación de la Generalitat reguladora del sector público, y se aprobará mediante un decreto del Consell.
Artículo 29 Evaluación periódica del sistema.
Para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema se realizará un análisis y evaluación del mismo con el objeto de corregir errores en las alertas, identificar y prevenir nuevos riesgos.
Anualmente la Inspección General de Servicios elaborará un informe sobre los aspectos referidos en el apartado anterior, que se integrará como un apartado del informe anual de evaluación de su plan de actuación, previsto en el artículo 9.
Las propuestas de mejora incluidas en el citado informe, que serán aprobadas mediante resolución de la persona titular del departamento competente en materia de inspección general de servicios, tendrán carácter obligatorio para los departamentos afectados.
El sistema podrá ser evaluado por organismos externos al mismo, con la finalidad de verificar su adecuado funcionamiento. En este sentido, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción podrá colaborar con la Inspección General de Servicios en la evaluación de la eficacia del sistema en relación con el cumplimiento de sus finalidades, sin perjuicio de que se puedan realizar otras auditorías externas relativas a la seguridad de la información, la protección de datos personales y otros elementos del funcionamiento del sistema de alertas.
CAPÍTULO II Del procedimiento de investigación Artículos 30 a 36
Artículo 30 Inicio y desarrollo de las actuaciones de investigación.
La actuación de investigación a desarrollar por parte de la Inspección General de Servicios podrá tener su origen:
El inicio de la actuación de investigación deberá ser comunicado a la persona titular de la subsecretaria del departamento afectado, así como a la persona responsable del ente u organismo del sector público instrumental, en su caso. No obstante, para garantizar el objetivo de la investigación, cuando la actuación se califique por la propia inspección como urgente o reservada, podrá no efectuarse esta comunicación previa.
Cuando la especialidad de la materia o las características de los hechos a investigar así lo aconsejen, previa petición de la Inspección General de Servicios, la persona titular del órgano directivo competente, o la persona responsable del ente u organismo del sector público instrumental, deberá elaborar un informe detallado de los hechos y de las cuestiones que le hayan sido planteadas por la inspección.
Las personas físicas o jurídicas que mantengan, o hayan mantenido, cualquier relación administrativa directa con la administración de la Generalitat y su sector público instrumental, como consecuencia de la cual hayan participado en aquellos procedimientos administrativos que sean objeto o estén íntimamente relacionados con la actuación investigadora, deberán colaborar con la Inspección General de Servicios, facilitando el acceso a toda la documentación e información de que dispongan en relación con los procedimientos aludidos.
Del mismo modo, estarán obligadas a colaborar las personas físicas o jurídicas que dispongan de información conexa que sea necesaria para confirmar la veracidad, coherencia e integridad de los datos obtenidos en la investigación, cuya colaboración resulte imprescindible para el esclarecimiento de los hechos, con los límites establecidos en el artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
La obligación de colaborar prevista en los apartados 4 y 5 no tendrá efecto cuando la revelación de la información solicitada atentara contra el honor o la intimidad personal o familiar o supusiera la comunicación de datos confidenciales de terceros de los cuales tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa.
Desde el momento en el que se inicie una actuación de investigación, esta deberá desarrollarse en el plazo de seis meses. En aquellos casos en que la complejidad o las circunstancias del asunto lo justifiquen, se podrá ampliar este plazo hasta un máximo de seis meses adicionales. Esta ampliación deberá motivarse expresamente y será notificada a quien haya facilitado la información y a la persona titular de la subsecretaría del departamento afectado o responsable del ente del sector público instrumental, salvo que concurra la circunstancia establecida en el apartado 2.
Artículo 31 Tramitación de las alertas por parte de la Inspección General de Servicios.
Cuando del tratamiento de datos efectuado por el sistema informático se genere una alerta, la Inspección General de Servicios calificará la alerta inicialmente dentro de una de las siguientes categorías:
Falso positivo: cuando se llegue a la conclusión de que se trata de una alerta infundada, derivada de un error en los datos.
Alerta sin riesgo: cuando se compruebe que no existe riesgo alguno. En este caso, no se realizará ninguna acción subsiguiente sin perjuicio que sea tenida en cuenta a los efectos de su reiteración posterior.
Alerta para seguimiento: en estos casos se podrá realizar una actuación de investigación de carácter simplificado que conllevará, en todo caso, la realización de una actuación de control al órgano afectado. En el supuesto de que tras ella se determine la existencia de un riesgo sustancial, se procederá en el modo previsto en el subapartado siguiente.
Alerta para investigación: se iniciará la actuación de investigación en la forma prevista en el artículo 30.
La información que genere el sistema lógico e informático de procesamiento de datos tendrá carácter reservado y únicamente podrá ser accesible para el personal adscrito a la Inspección General de Servicios que esté expresamente autorizado. No obstante, también se podrá facilitar a otros órganos de control internos o externos con los que se colabore en los términos previstos en esta ley, respecto a la información que sea materia de sus respectivas competencias.
Artículo 32 Protección de las personas alertadoras o denunciantes.
Se considerará persona alertadora o denunciante de posibles irregularidades o malas prácticas en actuaciones realizadas en el ámbito de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental cualquier persona física o jurídica sea o no empleada pública.
Cuando se formulen denuncias o alertas, la Inspección General de Servicios deberá aplicar el régimen de protección establecido en el artículo 14 de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana o, en su caso, un régimen más favorable.
A los efectos de facilitar la presentación de denuncias o alertas de irregularidades y malas prácticas, se establecerá un canal seguro y accesible que permitirá su formulación y que, en todo caso, garantizará la confidencialidad y la protección de quienes lo utilicen.
Artículo 33 Informes de resultados.
Una vez concluidas las actuaciones de investigación se emitirá un informe provisional de resultados por parte de la Inspección General de Servicios, que será trasladado al órgano directivo del que dependan los servicios o unidades afectados, con el fin de que puedan formularse alegaciones al contenido del mismo. A la vista de dichas alegaciones, se elaborará el informe definitivo. No obstante, de modo justificado, en función de los antecedentes y de las características del asunto o de la actuación investigadora, circunstancias que deberán quedar especificadas en el correspondiente expediente, se podrá emitir el informe de carácter definitivo omitiendo los trámites previstos anteriormente.
Los aspectos relativos al contenido mínimo de los informes, tramitación, clasificación y plazos se desarrollarán reglamentariamente.
Artículo 34 Efectos de los informes definitivos de resultados.
Cuando en los informes definitivos de resultado se haya constatado la existencia de debilidades de cualquier tipo o de irregularidades de carácter puntual, la Inspección General de Servicios efectuará recomendaciones de mejora.
La Conselleria o entidad a la que estén adscritos los servicios o actividades objeto de la actuación inspectora comunicará a la Inspección General de Servicios las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones formuladas en el informe final, especialmente aquellas que vayan dirigidas a corregir deficiencias o anomalías.
El personal inspector de servicios realizará un seguimiento de la efectiva adopción de las medidas comunicadas, cuando así se establezca en su plan de actuación. Si tras el seguimiento se considerase que tales medidas son insuficientes o resultan inadecuadas a los efectos de corregir las deficiencias advertidas, se elaborará un informe específico sobre esta circunstancia, con las nuevas recomendaciones que proceda efectuar.
Cuando en los informes de resultado se determine la posible existencia de responsabilidades de carácter disciplinario, se propondrá al órgano superior jerárquico competente la incoación del procedimiento correspondiente. El órgano competente estará obligado a comunicar el resultado de dicho procedimiento a la Inspección General de Servicios.
Cuando se detecte la posible existencia de activos económicos o patrimoniales de la Generalitat que hubiesen sido indebidamente obtenidos o utilizados y fuesen susceptibles de recuperación, se comunicará al órgano competente, al objeto de que se realicen las oportunas acciones de recuperación.
Cuando en los informes de resultados se detecte la existencia de irregularidades de carácter sistémico o de un número significativo de irregularidades puntuales, la Inspección General de Servicios podrá solicitar al órgano objeto de la actuación la presentación de un plan de mejora.
En el plan de mejora, de carácter obligatorio, se identificarán, como mínimo, los objetivos y las medidas a adoptar, su coste estimado, el calendario previsto para su ejecución y las personas responsables de su implementación. La Inspección General de Servicios podrá emitir valoraciones previas sobre las medidas propuestas en el plan y solicitar en cualquier momento información sobre el avance del mismo.
Si, no obstante todo lo anterior, tampoco se adoptaren las medidas oportunas, la inspección incluirá el asunto en el informe anual al Consell previsto en el artículo 9 de esta ley.
Artículo 35 Comunicación y publicidad de los informes definitivos de resultado.
Además de los datos que puedan ser comunicados en base a lo previsto en el artículo 31.2, cuando en los informes definitivos de resultados se determine la existencia de irregularidades que correspondan al ámbito competencial de otros órganos de la Generalitat, o de otras instituciones, se dará traslado a los mismos, de acuerdo con lo que se establece en el capítulo II del título I.
En el Portal de Transparencia de la Generalitat se publicará información básica sobre los resultados obtenidos en cada actuación inspectora que tenga su origen en los supuestos señalados previstos en el artículo 30.1, incluyendo un extracto de las conclusiones y recomendaciones efectuadas.
Artículo 36 Conservación y acceso a la documentación soporte de las actuaciones investigadoras.
TÍTULO III Régimen sancionador Artículos 37 a 42
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 37 a 40
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley se sancionará conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.
La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y régimen jurídico del sector público.
Las infracciones disciplinarias se regirán por los procedimientos previstos para el personal que resulten de aplicación en cada caso.
Cuando, como consecuencia de las actuaciones desarrolladas, se constaten incumplimientos susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en este capítulo y que pueda derivar en responsabilidad disciplinaria, se propondrá al órgano superior jerárquico competente la incoación del procedimiento correspondiente. El órgano competente comunicará el resultado de dicho procedimiento a la Inspección General de Servicios.
En el supuesto de infracciones imputadas a altos cargos adscritos al departamento competente en materia de inspección general de servicios, las competencias establecidas en los apartados 1.b y 3.b de este artículo serán ejercidas por el titular del departamento competente en materia de administraciones públicas. En caso de que coincida la titularidad de la competencia en las dos materias, las potestades de incoación, instrucción y resolución serán ejercidas por los órganos que determine la persona que ostente la Presidencia de la Generalitat en el ejercicio de las funciones de dirección y coordinación del Consell que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.
Artículo 40 Prescripción de las infracciones y las sanciones.
El plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las sanciones por la comisión de infracciones muy graves, de dos años para las infracciones graves y de un año para las leves.
Cuando la infracción se cometa por personal de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, el plazo de prescripción será el establecido en la normativa reguladora del régimen disciplinario que resulte de aplicación.
CAPÍTULO II Infracciones y sanciones Artículos 41 y 42
Artículo 41 De las infracciones y su clasificación.
A los efectos de esta ley, son infracciones las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta ley. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
A las infracciones imputables al personal al servicio de las entidades previstas en el artículo 2, se les aplicarán las sanciones que correspondan con arreglo al régimen disciplinario que en cada caso resulte aplicable.
Sanciones aplicables a las infracciones imputables a las autoridades y a los directivos del sector público instrumental:
Infracciones imputables a las personas físicas o jurídicas, externas a la administración de la Generalitat, cuando sea exigible, dentro de los parámetros de esta ley, su obligación de colaborar con las actuaciones de investigación:
Para la graduación de las sanciones el órgano competente se ajustará al principio de proporcionalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico del sector público. La aplicación de los criterios de graduación de las sanciones deberá ser justificada expresamente por el órgano sancionador. No obstante lo anterior, estos aspectos podrán ser objeto de desarrollo reglamentario.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el tratamiento de datos de carácter personal derivado de la aplicación de la presente ley se considera necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público cuyo fin es prevenir irregularidades y malas prácticas.
Cuando por necesidades del sistema se incorporen datos de carácter personal que estén amparados por la normativa de protección de datos, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en esta ley en relación a la finalidad del tratamiento, los tipos de datos a tratar y sus medidas de seguridad, únicamente se podrán limitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, en los términos que prevé el Reglamento (UE) 2016/679, cuando con su ejercicio se pretenda obstaculizar el cumplimiento de los fines de esta ley. El ejercicio de estos derechos se podrá denegar en aquellos casos en que suponga una limitación directa a la capacidad de actuación preventiva del sistema, o el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras.
No serán tratados por el sistema de alertas datos de categorías especiales, a excepción de aquellos que ya formen parte de las bases de datos internas, por estar vinculados a procedimientos administrativos que comporten el reconocimiento de derechos o la exigencia de obligaciones establecidas por la normativa vigente, tales como el grado de discapacidad o de dependencia reconocidos para la percepción de prestaciones, subvenciones u otro tipo de derechos asociados.
Los datos de carácter personal se conservarán en la aplicación del sistema de alertas durante el tiempo imprescindible para el tratamiento de los datos de conformidad con la finalidad de esta ley, siempre que se trate de datos relevantes y necesarios y sin que puedan ser utilizados para una finalidad distinta. En ningún caso los datos de carácter personal se podrán hacer públicos, salvo que previamente se anonimicen para poder servir a los fines previstos en la presente ley.
El Decreto 68/2014, de 9 de mayo, por el que se regula el ejercicio de la competencia y las funciones de inspección general de los servicios de la administración de la Generalitat, así como sus normas de desarrollo, mantendrán su vigencia en todo aquello que no se oponga a lo previsto en esta ley.
Se faculta al Consell para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
En el plazo de seis meses desde la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», el Consell aprobará el reglamento general de desarrollo de la misma.
Resolución de la Consejera de Innovación, Interior y Justicia por la cual se nombra al señor José Pablo Bolado Rodrigo como Registrador de Palma nº 6
Orden 68/2003, de 18 de julio, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Educador) (F.17/02)
Orden 119/2006, de 16 de octubre, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, por la que se modifica la orden 96/2006

References: Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 30

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 5

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 12

Artículo 23
 resolución 
 artículo 12

Artículo 24
 artículo 2

Artículo 25
 artículo 18

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 9
 resolución 

Artículo 30
 artículo 18

Artículo 31
 artículo 30

Artículo 32
 artículo 14

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 9

Artículo 35
 artículo 31
 artículo 30

Artículo 36
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Artículo 40

Artículo 41
 artículo 2
 artículo 6

Resolución