Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201714385045426.HTML
Timestamp: 2019-06-18 09:03:09+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1438/2017
Comenzamos la sesión dando la bienvenida a la señora ministra, al señor subsecretario y a todo el equipo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con quienes abordaremos el inciso 14.
Seguramente nuestros invitados ya saben el mecanismo de funcionamiento de la comisión, por lo que los exhortamos a hacer una breve introducción general para luego dar lugar a las interrogantes que deseen plantear los señores senadores.
Voy a tratar de ser lo más breve posible porque los temas que abordaremos son, en general, conocidos por todos.
Según lo actuado en 2016, hay alrededor de 261 viviendas nuevas en construcción distribuidas en cuatro departamentos: 20 en Rocha, 17 en Durazno y el resto en Maldonado y Montevideo. En el convenio celebrado con la intendencia de Maldonado tenemos 133 viviendas que están en construcción.
Durante el año pasado abrimos licitaciones para 625 viviendas en Canelones, Colonia, Florida, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó. A modo de adelanto quiero decir que en el transcurso de este año trataremos de llevar a cabo licitaciones por unas 600 viviendas nuevas más.
En cuanto a las viviendas para pasivos –que es otro de los programas importantes realizado en acuerdo con el Banco de Previsión Social– teníamos 300 unidades en construcción en cinco departamentos y, en 2016, abrimos licitaciones para 250 viviendas más en otros cinco departamentos.
Según el plan quinquenal de vivienda nos ubicamos por encima del avance de lo previsto para 2016; por lo tanto, pensamos que podremos cumplir con todo lo prometido y, en caso de obtener algún refuerzo para 2018, de pronto, podremos ampliar nuestra intervención.
En lo que respecta a las cooperativas –otro de los programas más importantes que tenemos–, en 2016 se finalizaron 79 cooperativas y casi 2500 viviendas en todo el país. Ello, representado en porcentajes, nos da un 30 % en Montevideo y el 70 % restante en todo el interior. Este es un programa sumamente importante para nosotros porque llega a un grupo de usuarios que es el verdadero cliente de nuestro ministerio.
Al 31 de diciembre de 2016 hay 182 cooperativas en construcción, con un total de 6136 viviendas en todo el país. Entre las que se encuentran en construcción, el mayor porcentaje está en Montevideo, con un 45 % y un 55 % en el interior.
En lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento se creó el Plan Nacional de Aguas –sobre el que se venía trabajando desde hace muchos años– y ahora estamos a la espera de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Este Plan Nacional de Aguas cuenta con diez programas con treinta proyectos y, una vez que se tenga el decreto correspondiente, llegará a conocimiento de los señores legisladores. Los principales objetivos de este plan son: el análisis del uso del agua para consumo humano; el acceso al agua potable y al saneamiento; el agua para el desarrollo sustentable –estamos hablando del desarrollo social y económico– y el agua con los riesgos asociados, como son los elementos extremos que estamos sufriendo por las inundaciones y sequías en todo el país.
En cuanto a medioambiente, los señores senadores están en conocimiento de todos los trabajos que se han realizado sobre la protección del agua y el monitoreo del agua potable. Se ha modernizado tremendamente la red de monitoreo. Nosotros hoy contamos con un observatorio nacional; esta es una información que ya transmitimos a la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Creo que eso va a brindar transparencia y participación a los usuarios, que es importante. También es muy importante decir que los monitoreos de los cauces de agua se realizan en todo el país; esto incluye la laguna Merín, el río Negro, el río Cuareim, etcétera. Se trata de un elemento fundamental para conocer cuál es la situación de nuestras aguas superficiales y subterráneas.
Hoy la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene un sistema de denuncias online que ha resultado muy positivo. Han aumentado tremendamente las denuncias.
También está el sistema de voluntariado, que ha logrado una gran reposición de monte nativo en Paso Severino, en la parte más difícil del río Santa Lucía.
Con el tema de áreas protegidas, tenemos como objetivo la unión de Paso Centurión y la Sierra de los Ríos, en Cerro Largo. Son 27.000 hectáreas y 37.000 hectáreas de un ecosistema. Sobre este tema ya hemos informado.
Estamos también trabajando en otro tema muy importante, especialmente porque el Uruguay más que duplicó su área de influencia marina. Me refiero a la planificación espacial marina que es muy importante. Se está recibiendo apoyo de Chile y es algo que tenemos por delante.
Con relación a la fauna, desde el 1.º de enero de 2016 el tema pasó del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al nuestro. En ese marco se aumentaron los controles y es de conocimiento público que se está tratando de fortalecer más ese sector, lo que nos llevó el año pasado a establecer una serie de premisas para hacerlo funcionar.
Está a aprobación del Parlamento el proyecto de ley de bolsas y el de delitos ambientales. Creo que los delitos ambientales son un aspecto muy importante del convenio que firmamos con la Fiscalía. Ya hay dos fiscales que tienen su especialidad en esta materia y estamos esperando que se apruebe el proyecto de ley, porque los delitos ambientales existen a lo largo y ancho del mundo y nosotros todavía no los tenemos determinados.
En cuanto a cambio climático, se aprobó la política nacional en esta materia. También tenemos un avance muy importante en este aspecto, porque se hizo un acuerdo con Argentina y Brasil sobre el tema. Esto fue el año pasado, en Marruecos. Por tanto, tenemos posibilidad de acceso al Fondo Verde del Clima para la región, porque este fondo colabora no solo con los países, sino fundamentalmente con las regiones. De manera que tenemos que coordinar con nuestros vecinos grandes en este aspecto. Ya hubo reunión de técnicos y el año pasado se firmó este acuerdo, que creemos que es muy importante.
Además, está a aprobación el compromiso de nuestro país para el Acuerdo de París. Ya fue aprobado por el Gabinete Ambiental y ahora está a disposición del público para opinar.
SEÑOR HEBER.- Damos la bienvenida a la señora ministra, al señor subsecretario y al resto del elenco.
La verdad es que ha sido muy difícil mirar las planillas, porque hubo cambios sustanciales en la forma de medición. Personalmente, suponía que la forma de presentación de la rendición de cuentas iba a ser igual a la que el mismo ministerio usó en el presupuesto –que hablaban del plan quinquenal de viviendas, de los resultados 2010-2014 y la proyección 2015-2019– y en función de eso se nos iban a dar los porcentajes de ejecución. Sin embargo, en el repartido que nos enviaron hay un cuadro del informe económico-financiero del Ministerio de Economía y Finanzas que es muy difícil de interpretar, por lo que muchas de las preguntas que tenemos para hacer son para que nos ayuden a entender estos cuadros y no saquemos conclusiones equivocadas.
El elemento más cercano a lo que se plantea en el comparativo del plan quinquenal es la memoria que remite el presidente de la república a la Asamblea General. Allí se presenta un cuadro que, si bien es distinto al que traía el ministerio como plan quinquenal, permite sacar algunas conclusiones si hacemos nuestros propios números. Sin embargo, esta planilla de la página 297 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es muy difícil de entender porque cambia los criterios. Ahora se habla de «Nuevas soluciones urbano habitacionales», que es algo que no existía antes. Suponemos que esto abarca la rehabilitación y consolidación urbano habitacional, los realojos, políticas de incentivo privado en vivienda de interés social y programas de actuación integral. Insisto, suponemos que esto es la continuidad de esos programas, pero no lo podemos saber y es una de las primeras preguntas que queremos formular para poder entender los números.
Lo cierto es que en función de los confusos datos que tenemos es realmente difícil hacer una evaluación. La idea no es solamente hablar de los nuevos artículos sino que haya una verdadera rendición de cuentas de lo que se hizo con los créditos que se votaron.
En el proyecto de ley de presupuesto 2015-2019 la señora ministra dijo que tenía una meta de 42.280 nuevas soluciones habitacionales para «la terminación del proceso anterior» –así figura en la planilla, no es una conclusión mía– que se discriminaba de la siguiente manera: 2400 del plan nacional de relocalización, 23.000 viviendas de rehabilitación y consolidación urbana, 3679 viviendas Mevir y 12.962 PIAI. Eso en cuanto al efecto arrastre, comprometido. Luego establecía que había 12.490 nuevas soluciones habitacionales, sin el efecto arrastre.
Aquí hay un rubro que nosotros no contabilizamos, que es la política nacional de alquileres, vivienda de interés social que, según esta planilla, no tenía ningún efecto de arrastre y que en el quinquenio 2015-2019 se ubica en 6000. Pero acá también estamos juzgando la capacidad de construcción del ministerio, la capacidad de hacer del ministerio.
Entonces, sacando la política nacional de alquileres para viviendas de interés social –que es una política y estamos de acuerdo con que se gaste en esto–, estaríamos en 48.000 soluciones habitacionales nuevas, sacando estas 6000 que se incluyen en el presupuesto y que no lo vemos en estas nuevas planillas. No vemos ninguna en la que esto figure. Hemos podido descubrir que hay 265 en esta política nacional de alquileres, pero como son planillas distintas, es muy difícil hacer un control y un trabajo para poder evaluar la gestión de la señora ministra.
Frente a esta situación y en función de lo que indica la memoria que envía el señor presidente de la república a la Asamblea General, esa planilla –que es una planilla diferente a la que tenían en el plan quinquenal y, a su vez, diferente a la que está en la rendición de cuentas; es una nueva que supongo habrá salido del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente– nos dice que terminadas en el año 2016 –estamos hablando de la rendición de cuentas del año 2016, por eso utilizo la memoria de una planilla que no está en la rendición de cuentas, pero que sí vino en el mensaje de la memoria del presidente de la república a la Asamblea General– tenemos el siguiente detalle: cooperativas, 1173 soluciones habitacionales nuevas; construcción de viviendas para el BPS, 32; autoconstrucción asistida, 654; viviendas en pequeñas localidades, 555; relocalizaciones, 366, y préstamos subsidios para adquisición –que no es la construcción de viviendas, pero lo incluyen como nuevas soluciones–, 500. Eso da un total de 3280 terminadas. Luego hay un capítulo de acciones sobre el stock, alquileres y programas de mejoramiento de barrios.
Frente a esta situación, las 3280 que nos presenta la memoria, no reflejan los mismos números que nos presenta la rendición. En esta planilla no tenemos las viviendas. Pero estas 3280 en el quinquenio –que, repito, algunas son de subsidios– son 16.400 nuevas soluciones habitacionales, si seguimos a este mismo ritmo. Si eso es así, no sabemos cómo podemos llegar a las 42.000 que presenta el presupuesto en el año.
Realmente, me gustaría que nos aclararan estas distintas planillas, que nos generan confusión, porque una habla de pesos, otra de viviendas y otra de proyección, terminación de proceso anterior y nuevas soluciones habitacionales.
Si la señora ministra o el director nacional de vivienda nos explica estos cuadros, podríamos tomar nota, por lo menos para saber de qué se trata y llegar a ese subtotal del total del plan quinquenal, que se decía que era de 54.770 nuevas soluciones habitacionales.
No hablamos de reestructura de deudas, de refacciones, del Banco Hipotecario, del convenio que el ministerio tiene con OSE ni del resto de las soluciones habitacionales. Sí nos parece importante tener claro cuántas nuevas soluciones habitacionales hay, cuántas llaves estamos entregando, admitiendo la política nacional de alquileres de vivienda de interés social, que da préstamos o subsidios para adquisición de viviendas. Si no admitimos eso, llegaríamos a 2780 viviendas para el 2016 y a 2774 para el 2015. Si eso es así, con esa proyección, no estaríamos en 16.000 viviendas nuevas, sino en 14.000.
Nos parece importante poder entendernos, pero nunca lo hemos podido hacer cuando los planillados cambian. Lo más lógico sería que la rendición de cuentas se pusiera como una columnita del 2016 agregada al plan quinquenal, para poder entender –si se quiere que entendamos– y llevar un control de cómo se viene trabajando en el ministerio en materia de viviendas. 1173 cooperativas es un número importante, pero el que se mantiene –según los datos que nos presentan– es Mevir, para el que en el 2016 disminuye la partida de dinero que se venía gastando. Según esta planilla, en el 2015 se gastó $ 773:000.0000 y en el 2016, $ 748:000.000. Hay una variación del 3 % entre ambos años y quisiéramos saber a qué se debe. ¿Esto estaba previsto o es parte de la política de quien cambia sustancialmente los números? Digo esto porque las viviendas de Mevir terminadas en el 2015 son 863 y en el 2015 se nos decía que había 784 en ejecución. ¿Las viviendas en pequeñas localidades pueden contemplar esta situación o es diferente?
No entendemos las planillas y nos gustaría que nos ayudaran a hacerlo para poder hacer un juicio de valor. No puedo decir si esta información está bien o está mal, pero no puedo entender estas planillas –que son diferentes, que cambian, que tienen modificaciones– que naturalmente generan confusión a quienes no estamos todos los días en el tema, porque tenemos un día –de los 45 días con los que cuenta el Parlamento– para hacer un juicio de valor que daremos en el Plenario en oportunidad de informar sobre nuestro trabajo en comisión.
SEÑORA AVIAGA.- Le doy las buenas tardes a la señora ministra y a su equipo.
Tenemos un informe que, a solicitud de la Ursea, realizó una consultora –lo recibimos hace un mes–, denominado «Informe de situación de las medidas que se están implementando para el aseguramento de la potabilización del agua del sistema de abastecimiento de Montevideo y Laguna del Sauce», en el que se analizan las medidas tomadas sobre la cuenca del Santa Lucía y Laguna del Sauce.
A nuestro juicio este informe es preocupante porque si bien dice que el ministerio está tomando acciones tendientes a cumplir con esas medidas, lamentablemente hay ciertas falencias que impiden avizorar avances respecto a la calidad del agua dulce para potabilizar. Dice esta consultora que dentro de las falencias está la ausencia de un objetivo medible respecto a cómo contrastar los avances a fin de verificar el resultado de los planes como ocurre con el fósforo, sobre el que no tienen decidido cuál es el nivel aceptable. También dice que OSE ha asumido los sobrecostos generados por estos planes y que obviamente se trasladan a los usuarios.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería –esto también figura en el informe– a través de sus políticas ha promovido que se internalice el costo de los planes, lo que conlleva a la reconversión de muchas industrias problemáticas en la cuenca; no ocurre lo mismo con las políticas seguidas en materia de territorio y que son responsabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
La señora ministra debe preguntarse por qué le hago este planteo. Sucede que en teoría es el Ministerio de Vivienda el que tendría la tutela del accionar para que las medidas se cumplan. Con respecto a este informe que no es tan extenso como intenso, me gustaría saber cuáles son las acciones que van a tomar respecto a las recomendaciones para la cuenca del Santa Lucía, en pos de que cuando se potabilice el agua para Montevideo, siga siendo de buena calidad para el usuario, y qué acciones van a tomar respecto a las recomendaciones para la Laguna del Sauce, porque sería muy triste que de no revertirse esta situación terminemos pensando que la mejor solución es tener una planta desalinizadora, y darla por perdida.
Después de haber leído estas recomendaciones, pregunto a la señor ministra cuáles son las acciones que está tomando el ministerio a nivel de su cartera, y también transversalmente para los que tienen responsabilidades en el tema.
El otro tema al que me quería referir es el relativo a la fauna, que desde el año pasado –si no me equivoco– está bajo la órbita de este ministerio. El otro día tuve el agrado de participar en una jornada organizada por el ingeniero Nario, cuya temática era la caza, la fauna autóctona y cómo buscar un equilibrio en lo que está sucediendo. Sinceramente, los felicito por esa iniciativa, pues me parece que es muy necesario tener ese diálogo y trabajar en ese sentido. En ese momento pregunté, y lo reitero ahora, sobre qué planes está trabajando el ministerio para enfrentar el nuevo paradigma que está afrontando nuestra fauna autóctona, que es la sobrevivencia al uso de los agroquímicos en el territorio, que en su gran mayoría tienen efectos residuales tóxicos. Esto lo vemos a nivel de las forestaciones, cuando se están empezando a plantar nuestras sierras, pues no hay un animalito de Dios que camine por allí y no caiga desparramado, no por la acción de un cazador sino por la toxicidad de los agroquímicos. Obviamente esto sucede también en la horticultura, en los monocultivos y en la citricultura. Es muy preocupante lo que está pasando, pues no solamente no están quedando pájaros, sino que tampoco hay peces ni ranas, lo que produce un desequilibrio ecológico importante. Por ejemplo, no hay ranas suficientes para comerse los mosquitos y después tenemos problemas con esos insectos.
Quisiera saber, entonces, qué tipo de planificación en la materia se está haciendo; sé que se está trabajando al respecto y que este tema recién lo han tomado, pero preocupa en todo el país.
SEÑORA MINISTRA.- Quisiera contestar sobre algunos aspectos y luego ceder el uso de la palabra al señor director de vivienda y también de Dinama y Dinagua, ya que los temas que se abordaron también preocupan a nuestro ministerio. Me gustaría aclarar que los temas de agua, de protección de nuestros recursos naturales y demás trascienden a nuestra cartera y por eso el ministerio de ganadería, el de industria, e inclusive una empresa pública como OSE, deben estar integrados en cuanto a su tratamiento.
Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado. Hemos conversado mucho con la senadora en la comisión sobre estos temas y hemos tratado de mostrarles todo lo que estamos haciendo. Sin embargo, debemos recordar que estamos frente a una contaminación que lleva más de 100 años en este país, a una erosión provocada por el uso y abuso de la tierra y por una mala forma del laboreo. Hay que tener en cuenta todos los inconvenientes que se han dado en la cuenca del río Santa Lucía, en la cuenca de la laguna del Cisne y en la laguna del Sauce. Recién en el año 2013 se comenzó con estas medidas y nosotros las hemos intensificado, fundamentalmente aumentando las multas y facilitando las denuncias, porque es imposible estar en todos lados a la vez. En todo este sistema trabajan conjuntamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad civil, que es de gran ayuda en todas estas situaciones.
Creo que es clara la duda que plantea el senador. Aclaro que yo recién ahora estoy viendo estas planillas por primera vez. Creo que no son contradictorias; tienen diferentes miradas y, fundamentalmente, espacios que se analizan, que no son exactamente iguales. Pero eso no quiere decir que no podamos transparentar los números. Entiendo que el ministerio es responsable de su plan quinquenal de vivienda, que forma parte de la ley de presupuesto y, por tanto, ese avance es el que usamos como meta clara. Además, eso está basado en un presupuesto que se ajusta bimensualmente, que es nuestro Fondo Nacional de Vivienda. Obviamente, a veces es difícil entender los números, entre las inversiones y los arrastres. Todos sabemos que cualquier programa de vivienda lleva dos –un año y medio los más rápidos–, tres y hasta cuatro años. Eso significa que es muy difícil acotar que tal año se van a hacer tantas viviendas, se las empieza y se las termina. No; normalmente no es así. A veces es difícil entenderlo por parte de quienes no están en el tema de la construcción. En nuestro ministerio estamos obligados a cumplir con este plan quinquenal; este es el plan quinquenal al que nos comprometemos y respecto del cual acabo de afirmar que vamos superando la inversión por encima del tiempo que llevamos. Por tanto, es probable que necesitemos –no sé si va a poder ser así– refuerzo de rubro porque pudimos ejecutar más de lo que pensábamos, especialmente –como dijimos– las cooperativas, las viviendas nuevas. En este grupo no considero las viviendas promovidas o las de interés social porque se trata de una inversión privada y no son recursos del fondo de viviendas. Cuando rindo cuentas tomo en cuenta el fondo de viviendas que nosotros administramos.
Con respecto a los alquileres, a modo de información hace algo más de un año que le estamos poniendo la lupa específicamente la garantía de alquiler. Las garantías de alquileres han resultado mucho más importantes de lo que nosotros pensábamos. Los señores senadores saben que para dar garantías, la Contaduría General de la Nación o cualquiera de los otros sistemas generalmente piden bastante; no salen gratis ni son baratas. Hoy tenemos miles de garantías de alquileres y las vamos a asimilar. Como sabrán, se llegó a la ley para el subsidio, que era algo que pedían las cooperativas y que se aprobó en el Parlamento. Creemos que los alquileres con la posibilidad de subsidio conforman un sistema muy importante, no solo para las viviendas promovidas sino, en general, para cualquiera de los sistemas que nosotros aplicamos.
Entiendo que toda esta situación puede no resultar fácil de entender. De todos modos, el director de vivienda puede seguirles explicando, si a los señores senadores les parece bien. Asimismo, después me gustaría que intervinieran el director de agua y el de Dinama para contestarle a la senadora Aviaga.
SEÑOR SCHELOTTO.- Señora presidenta: en relación a las consultas que realizaba el senador Heber, me costó entender un poco de dónde provenía la información que se comentaba, pero la encontramos. Está en la página 297 del proyecto de rendición de cuentas. Ahí se está dando cuenta de la ejecución en términos financieros; los valores que allí figuran no son unidades físicas sino millones de pesos a valores corrientes. Lo que se determina es que lo ejecutado en relación al año 2015 tuvo un incremento del 24 %. Llega al 94 % del crédito presupuestal. Estamos hablando de $ 8.197:000.000, sobre $ 8.697:000.000 –que significó el crédito incrementado bimensualmente, como planteaba la señora ministra–, que es la fórmula de ajuste de acuerdo con el decreto y la ley respectiva. Ese es un cuadro que hay que tener como referencia. El otro cuadro, que probablemente están repartiendo, tiene que ver con las metas del plan quinquenal de vivienda 2015 – 2019, que es uno de los anexos a la ley presupuestal y fue aprobado por un artículo de dicha norma, que dice: «Apruébase el plan quinquenal de vivienda 2015 – 2019». Ahí sí hay metas en unidades físicas y en cantidad de soluciones habitacionales.
Con respecto al tema de la cantidad de soluciones habitacionales, me gustaría abrir un paréntesis para decir que este es un conjunto heterogéneo, ya que se habla de diferentes tipos de intervenciones y, concretamente, este tipo de intervenciones en el sistema habitacional está organizado en 3 grupos: las que corresponden al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que alcanzan un total de 48.770 para el quinquenio; las que corresponden al Banco Hipotecario del Uruguay, que son créditos hipotecarios y llegan a las 10.000, y las que corresponden a la Agencia Nacional de Vivienda, que presentan diferentes líneas de acción e incluyen refacción, préstamos, reestructuras y que alcanzan un número importante, de alrededor de 6.000 viviendas promovidas en el marco de la Ley n.º 18795. Esos tres conjuntos para el quinquenio se expresan en una meta complexiva de 88.460 soluciones habitacionales. Esto no significa 88.460 llaves o unidades nuevas de vivienda que se incorporan al stock, sino que estamos hablando de diferentes programas y líneas de intervención, que incluyen vivienda nueva, mejora del stock y también, como decía el señor senador, soluciones válidas y reales para la necesidad de vivienda, que implican, por ejemplo, un programa de garantía de alquileres, que es muy exitoso y tiene una buena repercusión en la población.
Con relación a la ejecución financiera del año 2016, que es de lo que estamos hablando, es preciso ver la memoria de Presidencia de la República, que es otro elemento con el que ya cuenta el señor senador. En esa memoria está presentada la relación del total de soluciones del ministerio –es decir, de las tres que mencioné anteriormente del plan quinquenal, refiere solo al primer grupo, al que está financiado por el presupuesto nacional, por el Fondo Nacional de Vivienda– que hay que comparar con las 48.770. En la memoria de presidencia, hablando de unidades físicas, se suma un total de 11.292 soluciones terminadas y en ejecución 20.365.
Si el señor senador lo desea, podemos aportar información más desagregada, pero en el material que entregamos manejamos los tres cuadros que mencionamos. Precisamente, en ellos, uno de los aspectos que vale la pena destacar es que hay algunos programas que han ido ejecutando a una mayor velocidad y con un mayor cumplimiento de metas, lo que nos tiene muy conformes; me refiero al caso de las cooperativas. En ese sentido, en el año 2016 se terminaron 1173 unidades, pero lo más interesante es que hay 6136 en construcción. En estos momentos, estamos haciendo dos sorteos anuales de vivienda para adjudicar cupos en cooperativas. Esto significa que en los meses de julio y diciembre, aproximadamente, se realizan entre 700 y 800 nuevas adjudicaciones de cupos de préstamos para iniciar obras de cooperativas. Se trata de un ritmo más que interesante porque inmediatamente eso se traduce en la presentación de los proyectos, en la firma de los préstamos y en el inicio de las obras; en definitiva, si logramos mantener el ritmo de inversión y de adjudicación de préstamos, la meta va a estar incluso por encima de las 10.000 unidades nuevas.
En términos de construcción de vivienda nueva –lo que en el ministerio se llama venta de vivienda con crédito hipotecario de la cartera a través de la Agencia Nacional de Vivienda–, tenemos una ejecución más baja, lo mismo que en construcción de vivienda para el Banco de Previsión Social, porque son obras por contrato con empresas constructoras. En estas obras no tenemos un arrastre del período anterior, sino que arrancan los procesos licitatorios, básicamente a fines del año 2015 y principios del 2016, y han adquirido un ritmo muy importante en el último trimestre del 2016 y en lo que va del 2017, lo que nos va a permitir mantener un ritmo de ejecución importante –porque se prepararon los proyectos, los pliegos, los llamados y las adjudicaciones– en los años 2017, 2018 y 2019.
En términos de subsidios para alquiler para pasivos –al igual que en el caso de la construcción–, eso forma parte de viviendas para beneficiarios del BPS dentro del sistema que nos vincula con esa institución.
Un programa que tiene una ejecución muy importante, por encima incluso de las previsiones –estamos llegando prácticamente por arriba de la meta–, es el de autoconstrucción asistida. Es un programa relativamente nuevo en el ministerio porque comenzó entre los años 2013 y 2014. Este programa se denomina también como de autoconstrucción en terreno privado, propio, aportado por la familia, en el cual hay asistencia técnica –por eso se le denomina de autoconstrucción asistida– y existe aporte de las intendencias en lo relativo a los planos económicos y a la exoneración de tasas de los permisos de construcción. A su vez, existe una ayuda del Banco de Previsión Social porque exonera del pago de los aportes a la industria ya que se considera mano de obra benévola porque se trabaja con la familia y allegados. Este programa es muy exitoso en algunos departamentos; ahora estoy pensando en Salto, Artigas, Treinta y Tres y Cerro Largo. En el año 2016 se terminaron 654 viviendas y hay 1325 en ejecución. O sea que con las viviendas terminadas más las que están en ejecución ya estamos en la meta del quinquenio, y la vamos a superar porque el programa ha tenido una demanda muy importante –es por goteo y no por llamados, o sea, se presentan las familias en las oficinas locales del ministerio en todos los departamentos– y, de alguna manera, su ejecución tiene una continuidad.
Lo que pueden observar en la planilla como vivienda en pequeñas localidades corresponde, efectivamente, a Mevir. De alguna manera, dentro del esquema de trabajo que se ha trazado estratégicamente el sistema público de vivienda, hay una división de trabajo y Mevir no solo atiende a la población rural dispersa, sino también a la población rural nucleada en las pequeñas localidades de menos de 5000 habitantes. En ese sentido, la presidenta de Mevir está en sala y puede dar mayor detalle de los programas ejecutados y en ejecución, como también de la planificación. De todas maneras, tenemos que decir que la ejecución está en el orden de lo planificado y de las metas proyectadas en el plan quinquenal. En el año 2016 se terminaron 555 viviendas y estaban en ejecución 1026, y este año tenemos un nivel de ejecución muy importante. Obviamente, los números no están cerrados, pero la meta es llegar a 3000 en el quinquenio.
En cuanto a préstamos para adquisición de viviendas, hay una importante ejecución. En el ministerio esto se llama préstamo para compra de vivienda usada, es decir, adquisición de vivienda.
El programa relocalizaciones tiene un menor ritmo de ejecución porque depende de acuerdos con terceros. Esto se diseñó, específicamente, para atender la relocalización imperiosa de aquellas poblaciones que están asentadas en lugares de riesgo ambiental o de otro tipo, ya sean áreas inundables o, principalmente, terrenos contaminados. Su cumplimiento está asociado a proyectos que se coejecutan junto con las 19 intendencias. Tenemos convenios de ejecución con las 19 intendencias, pero sus ritmos son variables porque uno de los grandes temas o restricciones de este programa es la disponibilidad de suelo para relocalización. Los lugares en los que se radiquen las familias en estos programas deben estar efectivamente fuera de las áreas de riesgo y contar con todas las infraestructuras y los servicios correspondientes, responsabilidad que es compartida entre el ministerio y las intendencias. El ministerio financia la ejecución de las viviendas, y en algunos casos financia parcialmente los costos de las infraestructuras, mientras que las intendencias ponen los terrenos. A veces financian las infraestructuras, los servicios y los proyectos, pero además licitan y ejecutan las obras.
En cuanto a las acciones sobre el stock, esto también se ejecuta fundamentalmente a través de las intendencias departamentales, en convenio y por distintas modalidades. Por un lado están las oficinas de rehabilitación –que otorgan microcrédito para rehabilitación y mejora de viviendas, ya sea en forma individual o en complejos habitacionales– y, por otro, las acciones que nosotros también llamamos de mitigación: la construcción de núcleos mínimos habitacionales para complementar viviendas precarias.
Lo mismo ocurre con la mejora habitacional en hogares de extrema vulnerabilidad. Nos referimos a la reorientación del Plan Juntos, un programa que fue muy importante en el quinquenio anterior –y que hoy sigue teniendo un presupuesto, incluso incrementado–, que en este caso trabaja con las situaciones de precariedad, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y particularmente con algunos de sus programas de proximidad específicos, focalizados en situaciones de extrema vulnerabilidad y pobreza. No son programas exclusivamente de vivienda, sino sociohabitacionales, que trabajan con las familias agrupadas, en polígonos de intervención, en áreas de precariedad. Además de refaccionar o complementar sus viviendas –en algún caso aportando vivienda nueva– con su trabajo, estas familias también cumplen tareas en proyectos en común y rutas de salida.
También tenemos viviendas para el BPS, que son mejoras sobre el stock. Aquí tenemos una intervención que es por encima de la meta, en tanto se terminaron 4381 viviendas en 2016, cuando teníamos 4500 como meta quinquenal. En este caso la meta probablemente se subestimó en relación a la enorme cantidad de demanda sobre conjuntos que ya tiene el Banco de Previsión Social, algunos de los cuales son muy antiguos. También tenemos reparaciones de viviendas en pequeñas localidades, que responden a una línea nueva de Mevir. Por lo tanto, tenemos no solamente la construcción de vivienda nueva, sino también la mejora de un stock que está muy envejecido, pero que también es importante.
Para cerrar las soluciones habitacionales del ministerio, queremos mencionar las garantías de alquiler. Se suscribieron 1920 garantías nuevas –un número muy alto– y estamos llegando aproximadamente a las 11000 garantías firmadas desde que este programa comenzó. Se trata de un número importante de soluciones de vivienda, que son muy válidas y reales.
Por último tenemos el programa de mejoramiento de barrios. En este caso el cómputo de los beneficiarios no tiene que ver con unidades de vivienda, porque es un programa básicamente de infraestructura y servicios. Este programa, que anteriormente se llamaba PIAI, cofinanciado con recursos de contraparte local –del presupuesto nacional, del Fondo Nacional de Vivienda–, pero con aporte financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, está en su tramo 2 de ejecución. Este tramo beneficiará a algo más de 8000 familias. La idea es terminar unas 3570 en el período.
Creo que es importante comparar los niveles de ejecución incrementales que el presupuesto ha permitido en este primer año presupuestal. Mientras en el año 2015 se ejecutaron $ 6.591:000.000 –o sea, casi $ 6.600:000.000–, en el año 2016 se ejecutaron $ 8.197:000.000, es decir, casi $ 8.200:000.000. Este año estaremos por arriba de este nivel de ejecución. Como decía la señora ministra, al mes de agosto estamos prácticamente en un 65 % o 70 % del nivel de ejecución. Todos los que han estado en la Administración Central saben que el ritmo de ejecución no es parejo durante todo el año, sino que los últimos meses son los que tienen una mayor velocidad de desembolso y de compromiso, mientras que en los primeros se concentra el compromiso del gasto. Particularmente, en lo que tiene que ver con la industria de la construcción es conocido que en los primeros meses del año tiene su licencia, su interrupción y retoma las certificaciones de obra a mediados de febrero; lo mismo ocurre con las cooperativas.
Por último quiero decir que los criterios de registración y de cuantificación de viviendas terminadas y en ejecución no se han alterado, sino que son los mismos que mantiene la Dinavi desde el quinquenio anterior. Esto va a permitir comparar, justamente, las metas cuantitativas y su ejecución. En la memoria de presidencia, en el cuadro donde aparece el total de soluciones del MVOTMA y la cantidad por cada uno de estos renglones, hay una nota el pie en la que se explicitan algunos de esos criterios de registración y dice cuándo se marca el inicio de una intervención y cuándo se considera terminada.
SEÑOR HEBER.- Agradezco mucho al señor director por tratar de ayudarme a entender. Voy a descartar el comparativo del presupuesto que nos llegó oficialmente porque al parecer hubo variaciones. Entonces, vamos a usar la planilla de la que amablemente la señora ministra me acaba de facilitar una fotocopia para poder comprender. Según esos datos sí calzan las metas del plan quinquenal 2015-2019 –no era lo que teníamos nosotros– con la memoria que nos envió el señor presidente de la república el 1.º de marzo de 2017, que no figura en los cuadros de la rendición de cuentas. Ahora se empieza a aclarar el panorama.
Cuando se hace referencia a nuevas soluciones habitacionales, el programa –según esta nueva planilla– habla de 23.500, pero de acuerdo con los cuadros está incluido el tema de los préstamos y subsidios para adquisición de vivienda. Me parece que es más difícil de determinar si eso constituye una nueva solución habitacional, más allá de que sea un préstamo que sirve para comprar una vivienda. En todo caso, la cifra sería de 22.200 al restar los 1300. Comparando el nivel de ejecución vemos que las nuevas soluciones terminadas en 2016, de acuerdo con la memoria del señor presidente, serían 3280. En realidad, para tener una buena ejecución y llegar a las 23.500 del plan quinquenal, deberían haber sido 4700. Esto surge de una simple división: para llegar a las 23.500 en todo el período debería darse una ejecución anual de 4700 nuevas soluciones habitacionales, y no 3280. Naturalmente, la señora ministra podrá decirme que faltan las que se harán el año que viene. De acuerdo, pero ahora estamos considerando la rendición de cuentas de 2016, no la de 2017. ¡Ojalá en la rendición de cuentas que venga en 2018 me pueda decir: «¿Vio, senador Heber, que yo tenía razón y que el nivel de ejecución es mayor y vamos a superar las 4700 soluciones habitacionales, al punto que el déficit no solo lo absorbí en 2017, sino que lo superé?»! Está bien, pero los números son los números.
En materia de cooperativas se ha dicho que las soluciones habitacionales previstas para el quinquenio eran 10.000, o sea, 2.000 por año; sin embargo, el número de cooperativas terminadas que se ha presentado es 1.173.
En cuanto a las viviendas de Mevir, si bien la ejecución es bastante alta y hablan de 3.000 –aunque en la otra planilla el número era mayor–, el número debería ser de 600 por año y es de 555, pero, en fin, no haremos una crítica en este sentido porque no se está tan lejos. En cambio, en 1.173 cooperativas frente a las 2.000 por año que deberíamos tener para llegar a 10.000, vemos que hay una diferencia considerable.
¡Eso sí! Se mejoró en materia de préstamos y subsidios para adquisición de viviendas. La cifra que se maneja a este respecto es de 1.300 y, cuando deberían ser 260 por año, el número se superó, pues alcanzó los 500. Por lo tanto, préstamos y subsidios dieron. Ahora bien, se habla de 2.500 relocalizaciones, lo que nos daría 500 por año; sin embargo, en función de lo que han planteado son 366.
Entonces creemos que, por más que el nivel de ejecución sea este, no son buenos números.
Para poder llegar a las 23.500 soluciones habitacionales no podemos pensar en que todos sean préstamos porque, de esa forma, sí se podría llegar a la cifra deseada. El número aquí es de 22.200 nuevas viviendas pero, a este ritmo, de 2.780 por año, no llegamos a la meta. Y el hecho de no llegar a esa meta me merece el siguiente comentario final.
Según el censo de 2011, tenemos un déficit cuantitativo habitacional de 51.000 viviendas y, para el período 2015–2019, se calculó el aumento neto de hogares en 45.000. En la instancia del presupuesto hicimos una reflexión –y creo que cabe consultar sobre ello ahora – con respecto al tema de las viviendas llamadas «vacantes», las viviendas que están abandonadas y que se podrían reciclar, pero existe todo un proceso que es complicado. Se calcula que en el país hay 42.000 viviendas de esta naturaleza, y si las nuevas soluciones habitacionales son 22.200 y pudiéramos ocupar las 42.000 –algo que sabemos muy difícil, pero demos por buena esta posibilidad–, de igual manera tendríamos un déficit al final de 2019 de 32.000 viviendas necesarias para hacer. Si no ocupamos esas viviendas vacantes, el déficit de vivienda será enorme, pues estaríamos hablando de 74.000 viviendas necesarias en el país.
Es sabido que el tema de la vivienda es de alta sensibilidad, y si las metas son tan grandes, deberíamos apelar a todos los recursos para poder dar a mucha gente de nuestro país la posibilidad de tener el techo propio. Pero, a este ritmo, diría que los cálculos son muy lejanos como para poder resolver este déficit. ¿Será una utopía? Puede ser. En lo personal tengo la utopía de creer que el Estado, con sus recursos, puede llegar por lo menos a achicar enormemente este déficit a unos pocos miles, aunque no a decenas de miles, como tenemos hoy en el país. Este es el planteo. Los números no me cierran. La señora ministra me podrá decir que el año próximo van a venir con mejores números. Seguramente me dirá eso. Todos me dicen lo mismo: «El año que viene vamos a tener unos números bárbaros para poder mostrarle y taparle la boca al señor senador Heber». ¡Ojalá sea así! Ojalá que el año próximo la señora ministra venga con una planillita mejor que la que nos presentó hoy y me diga: «Mire, Heber. Cierre la boca. No hable más. Hemos cumplido». Pero de igual manera, aunque se cumpla con eso, va a haber un déficit muy importante en materia de vivienda.
Por lo tanto, habría que apelar a las viviendas abandonadas que existen en las principales capitales del país. Tendríamos que buscar accionar en ese sentido para solucionarle la necesidad de un techo a mucha gente. No digo que se utilicen las 42.000 viviendas abandonadas que se han censado, pero si pudiéramos llegar a 10.000 o 20.000, se achicaría mucho la brecha de deuda social que tenemos con mucha gente, a quienes el Estado no ha podido darles techo.
SEÑORA MINISTRA.- Sobre el tema de las viviendas abandonadas venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo con las diferentes intendencias, especialmente en la zona metropolitana; con la agencia, e incluso con la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.
Tenemos un esquema general de proyecto, pero uno de los grandes problemas para aprobar una ley que permita llegar a las viviendas u otros edificios abandonados o a las estructuras inconclusas, es la eventual inconstitucionalidad por el derecho a la propiedad. El tema es cómo se define un inmueble desocupado, degradado y abandonado. Ese es un tema jurídico, en el que se trabajó mucho, y más o menos estamos llegando a buen puerto.
Ahora bien, hay una creencia generalizada de que el número de inmuebles abandonados es mucho mayor que el real. La agencia hizo un estudio sobre 380 fincas abandonadas de Montevideo, que se identificaron a simple vista como tales, y solo el 30 % de ellas cumplían con las características exigidas, es decir, debían contribución, impuestos, etcétera, y no tenían consumo de luz ni de agua, por tanto, no había nadie que viviera allí. Es un tema que estamos trabajando con las intendencias y también con UTE y OSE con respecto a los consumos, pues queremos plantear al Parlamento un proyecto de ley para poder utilizar esas fincas abandonadas que esté, de alguna forma, blindado, ya que, insisto, la mayoría de las fincas que parecen abandonadas en realidad no lo están. Generalmente hay cinco o seis herederos que no se ponen de acuerdo y en las fincas hay usuarios ocupantes que a veces simplemente cuidan, pero es algo que no se ve. De modo que hay todo un tema al respecto, por lo que pediría a los señores senadores que tengan un poco más de paciencia hasta que mandemos ese proyecto de ley.
Me gustaría ceder el uso de la palabra al director Schelotto para que complete la información.
SEÑOR SCHELOTTO.- Con respecto a las consultas del senador Heber quisiera hacer algunos comentarios. El primero de ellos tiene que ver con el tema de las nuevas soluciones habitacionales. En lo personal, entiendo que el concepto de solución habitacional es controvertido y controvertible; no tiene que ver con el hecho físico de la vivienda, es decir con el hecho material, sino que está definido desde el punto de vista del acceso de la familia a una solución. Por ese motivo es un concepto que involucra un abanico muy grande de formas de alcanzar la denominada «solución». Y cuando se habla de «nuevas soluciones» se incorporan también los préstamos porque la familia accede a un determinado bien, en este caso la compra de una vivienda ya existente. Al respecto, la palabra «usada» no es la mejor, porque en realidad el préstamo permite a la familia adquirir una vivienda sin importar si es nueva o existente. Ese es el concepto, aunque mayormente son existentes. En ese caso, estamos hablando de que los recursos públicos –préstamos hipotecarios que se reintegran en plazos y que permiten revertir fondos al Fondo Nacional de Vivienda con el repago, lo que también es un elemento virtuoso– permiten vincular la oferta con la demanda, que es uno de los conceptos fundamentales. El stock habitacional existe, está ahí, pero hay problemas de acceso, lo que quizás sea tan o más importante que el problema financiero. Por ejemplo, estas 500 familias que accedieron a comprar una vivienda en el mercado no habrían podido hacerlo si no fuera por el programa que tiene el ministerio, dado que no son sujetos de crédito en el sistema bancario; entonces, realmente la única manera de acceder a una vivienda en propiedad es ésta.
Algo similar ocurre con las garantías de alquiler. Actualmente son provistas por organizaciones, empresas, o por el Estado para sus funcionarios. Entonces, el programa de garantía de alquiler es realmente revolucionario porque permite que familias de muy bajos ingresos, que tienen capacidad de pago de un alquiler, accedan a ello. Pueden estar en una situación de insolvencia desde el punto de vista del repago de otros créditos al consumo o estar afectados por otra situación, pero pueden acceder a un contrato de alquiler en el mercado formal, con todas las condiciones, con todas las garantías para los propietarios y también para las familias arrendatarias. Es decir que no estamos hablando solamente de vivienda nueva, de hechos materiales, sino de acceso a la vivienda, que es uno de los grandes temas que define el déficit habitacional. Y ahora paso a referirme a este punto.
El déficit habitacional está cuantificado desde el punto de vista de un criterio que adoptó el plan quinquenal de vivienda. Por supuesto, es un criterio técnico que puede ser discutido –hay otros criterios de medición del déficit–, pero básicamente habla de las condiciones que debe tener una vivienda y de la relación de «un hogar-una vivienda». Ese criterio normativo establece el número de hogares, el número de viviendas y si todos los hogares –muchas veces hay allegamiento u otras situaciones de tenencia irregulares– se computan para el déficit. En Uruguay, históricamente el déficit ha sido calculado con este criterio y establecido en base a dos subuniversos: el déficit cuantitativo, que es el número viviendas que habría que construir para que cada hogar tuviera una vivienda; y el déficit cualitativo, que tiene que ver con otros aspectos, entre ellos, las viviendas existentes que son insalubres, los hogares cuya composición no se corresponde con el número de dormitorios necesario para que la familia pueda desarrollarse en condiciones normales, las situaciones constructivas deficitarias, etcétera.
Por eso el plan trabaja también sobre el stock, trabaja sobre el déficit cualitativo, y todos sus programas trabajan sobre el stock. Por ejemplo, en el caso de Mevir, un elemento que me parece altamente positivo es la innovación en cuanto a que no solo trabaja en el déficit cuantitativo, es decir, incorporando más viviendas al stock, sino que también ahora está trabajando en la mejora, en la reparación, en la refacción de las viviendas de sus antiguos programas y de otras viviendas en pequeñas localidades con acciones de mitigación y de complementación.
Por otro lado, quisiera referirme a los números. Está claro que la distribución de cada uno de los programas a lo largo de un período de gobierno, de una administración, no es homogénea. Nosotros no distribuimos, no dividimos entre cinco todos los programas y los distribuimos. Entiendo que es una forma de medición y de cálculo que permite medir ciertas cosas. Por ejemplo, los programas de acceso a la compra de vivienda los concentramos en los primeros años del período porque –a diferencia de los programas de construcción, que se estiran en el tiempo– permiten ejecutar los recursos de una vez, ya que cuando se adquiere la vivienda se transfiere a la familia el 90 % del su valor –o sea que ese dinero tiene que depositarse en una única acción– y esa es una inversión concentrada en el tiempo. No es lo mismo que construir esa vivienda, que puede llevar 24 o 30 meses, como en el caso del programa de cooperativas o de construcción.
Por último, quisiera dar datos acerca de la ejecución al año 2017. Es de hacer notar que en lo que va del año tenemos medido hasta el mes de agosto. Teníamos como meta 4.910 viviendas terminadas para 2017 y 9.270 en ejecución, y ya vamos con una ejecución que proyectamos del orden de las 9.509. Quiere decir que estamos por encima de lo que estaba proyectado para este año, que es mayor a lo que ya rendimos al 31 de diciembre. Obviamente que esta rendición de cuentas que estamos haciendo es al 31 de diciembre. Simplemente queremos decir que este ritmo de inversión se ha sostenido, que el crédito que tiene el Fondo Nacional de Vivienda no es idéntico a lo largo del quinquenio sino que se va incrementando año a año como consecuencia de la actualización y también por la reversión al fondo de las cuotas de los préstamos hipotecarios, etcétera, de modo que va creciendo y aumentando la posibilidad de ejecutar año a año en forma moderada. Nosotros quisiéramos que se incrementara en mayor medida pero, en fin, lo cierto es que las posibilidades de ejecutar se incrementan cada año.
SEÑORA MINISTRA.- Solicito se autorice al señor Nario, director nacional de Medioambiente, a hacer uso de la palabra a fin de responder las preguntas formuladas por la señora senadora.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Nario.
SEÑOR NARIO.- Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos.
Pienso que lo primero que hay que tener bien claro –lo planteaba la señora ministra– es que esto es un proceso histórico, no solo el proceso de contaminación sino los procesos en los cuales la propia sociedad y el Estado van dando respuesta a determinadas situaciones.
Es claro que en el año 2013, cuando se dio el suceso de sabor y olor en el agua, se generó una conmoción social que da la sensación de que fue cuando comenzaron a instrumentarse las medidas. Pero si uno mira lo que venía haciendo el ministerio –ya con un convenio a través de JICA de varios años antes midiendo el río Santa Lucía–, es claro que se estaba siguiendo el proceso de ese río, pero no tenía un correlato en lo que era la percepción social.
Sin duda que en 2013, fruto del suceso que mencionamos anteriormente, se genera una situación que permite avanzar en medidas concretas, más allá de lo que el propio ministerio venía haciendo en mediciones sin identificar cuáles eran las causas y las fuentes que estaban generando el deterioro de la calidad de agua, básicamente, asociado a nutrientes. Ante esa situación, en 2013, se tomaron once medidas que, obviamente, obedecían al estado del arte a nivel internacional y también nacional. Algunas medidas se tomaron sin contar con la información suficiente. Un ejemplo de ello son las medidas de protección de la zona buffer o de amortiguación. Se adoptaron criterios generales en función de las distancias que se estaban tomando en el resto del mundo, pero eso muestra la evolución del conocimiento que ha habido desde ese momento al día de hoy.
Efectivamente, como planteaba la senadora, vimos el informe de la Ursea, que es consistente con los que nosotros veníamos haciendo sobre el estado y el seguimiento de las medidas. Es claro que hubo un enlentecimiento en algunas medidas asociadas al sector agropecuario, en particular al lechero, pero eso se debió, no a una decisión de no hacerlo sino a una situación económica del sector que es por todos conocida.
Sin embargo, estamos hablando de un sistema de trabajo en fuentes difusas, que es mucho más complejo que en industrias puntuales. Se trata de 23 industrias, que respondieron muy bien: es otro de los ejemplos exitosos en el que hubo una reconversión con una inversión de más de USD 30:000.000 del sector industrial. Hoy tenemos una industria nacional y gente formada en sistema de tratamiento terciario con reactores biológicos de primer nivel, cuando lo tradicional eran las lagunas. O sea que el Uruguay pasó a desarrollar un sistema de tratamiento que es referente en la región; incluso, muchos de los técnicos de las empresas regionales vienen a formarse en Uruguay para instrumentarlo en Brasil y Argentina.
También es claro –en eso coincidimos con el informe de la Ursea– que hoy en día es necesario evaluar el desempeño de ese plan e ir hacia una estructuración con objetivos de reducción más específicos. Actualmente tenemos conocimientos que no teníamos en su momento. Por ejemplo, no teníamos sistema de modelación de exportación de nutrientes en función de las actividades económicas, y hoy lo tenemos. Hemos contratado consultorías internacionales para asesorarnos y la calidad de las imágenes satelitales que actualmente tenemos nos permite hacer cosas que hace cinco o seis años eran impensables.
En definitiva, al día de hoy se está trabajando y tenemos un marco conceptual, que es el plan de aguas, que establecía una lógica de cómo abordar el tema en la cuenca del río Santa Lucía y demás cuencas con una visión más integral. Por lo tanto, ya se estuvo trabajando con ese marco conceptual en la comisión de cuenca. Luego el ingeniero Greif lo detallará, pero hace quince días tuvimos una reunión con la propia comisión de cuenca –que, como ustedes saben, es de amplia participación– haciendo lo que llamamos una revisión y nueva generación de medidas, sobre la base de las que ya existen. Por ejemplo, como decía hoy, respecto a la zona buffer hay lugares en los que quizás haya que ampliarla o haya que ir a cursos menores. Hay que empezar a pensar cómo es necesario tener corredores biológicos que, más allá de la propia protección asociada al fósforo, permitan conectar los sistemas fluviales con bosques y demás. Eso lo estuvimos viendo en la convención de biodiversidad de fines del año pasado y es el camino que se ha escogido.
Evidentemente, hay que entender las medidas y el contexto en el que se tomaron. Creo que las mediciones que estamos teniendo permiten afirmar que se ha llegado a una meseta en la concentración de fósforo, o sea que el proceso de desmejora se está revirtiendo, pero para llegar a los valores deseables se necesita un esfuerzo mayor, que, como país, estamos abordando. La idea es que también estén claros los esfuerzos económicos que significan esas medidas, el impacto que van a tener y los costos-beneficios. Eso permitiría tener un plan con todo el conocimiento y la información que se ha venido dando.
En lo que hace a la Laguna del Sauce en particular –en función de un convenio que firmó la señora ministra cuando visitó Alemania– la semana pasada estuvo participando un experto de primer nivel. Una de las cosas que queríamos era que nos dijera si en el mundo se están haciendo cosas distintas y, más allá de que nos quedó mucho para trabajar, nos dejó bastante satisfechos saber que el tipo de acciones que estamos tomando en Uruguay son las que se toman en todo el mundo. Eso nos da mucha tranquilidad. Este experto también participó en la comisión de cuenca para mejorar lo que tiene que ver con las medidas.
Tenemos algunos desafíos vinculados al ordenamiento territorial; en particular, en Laguna del Sauce había una cautelar de la Intendencia de Maldonado, que está en revisión y que habría que volver a instaurar. Creo que, desde ese punto de vista, Uruguay está trabajando bien.
Con respecto a los niveles de fósforo planteados en el informe de la Ursea, cabe recordar que en su momento la Mesa Técnica del Agua, conformada por todas las instituciones públicas asociadas a la medición y calidad del agua, consensuaron técnicamente el valor del fósforo a instrumentar en una nueva reglamentación. Actualmente se está trabajando en un plan nacional de monitoreo. Creo que la gran ventaja que tenemos hoy en día es el alto nivel de coordinación interinstitucional que existe para afrontar esos problemas complejos. Esa fue una premisa que puso el señor presidente de entrada, y así se ha venido coordinando.
En cuanto al tema de los agroquímicos, compartimos con la señora senadora la preocupación acerca de hasta dónde las externalidades negativas de los modelos de producción afectan o no nuestros ecosistemas y, en ese sentido, estamos estudiando el tema. Junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tenemos un proyecto con la FAO para incluir en el registro de plaguicidas, la visión ambiental y de salud. Y existen dos planes piloto, uno en Colonia Valdense y otro en Laguna del Cisne para ver cómo podemos compatibilizar la producción, que es tan necesaria para el país, con las garantías en cuanto a la calidad de vida y del ambiente de las personas que desean vivir en los ámbitos rurales. Este es un conflicto que está instalado en el país. Mucha gente está yendo a vivir a zonas rurales donde se realizan prácticas que históricamente se desarrollaron, y si a eso le agregamos la intensificación productiva que el país necesita para su desarrollo, hay que pensar que estamos abordando un gran desafío como ministerio y como Gobierno nacional.
SEÑOR GREIF.- Buenas tardes. Simplemente deseo agregar algo a modo de aclaración a lo que estaba planteando el señor Nario, asumiendo mi responsabilidad como director por no haber actualizado la información prestamente.
El Plan Nacional de Aguas ya tiene su decreto de aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Se trata del Decreto n.º 205, de 31 de julio de este año. De modo que ya tenemos aprobado el primer Plan Nacional de Aguas. Sin dudas, es un dato importante. El documento –del que en breve recibirán una copia– fue aprobado después del proceso de consulta que se desarrolló el año pasado, el cual fue resumido en múltiples aportes que fueron entregados al gabinete ambiental en el mes de marzo. Ciertamente, será una guía fundamental para el trabajo de aquí en más y habrá de orientarnos con una metodología de diagnóstico, de análisis de problemáticas, de prospectivas, de escenarios futuros, de objetivos que están planteados en la Ley de Política Nacional de Aguas de 2009, resumiendo y ordenando las distintas acciones a llevar a cabo para el logro de esos objetivos.
Obviamente, este plan va a implicar nuevas versiones como consecuencia de su revisión y ajustes periódicos, y tiene metas de corto, mediano y largo plazo que hoy ya están siendo implementadas a nivel de las distintas cuencas. Justamente, uno de los programas es cómo se implementa la gestión integrada de los recursos hídricos en cada una de las cuencas del país. En ese sentido ya se está trabajando –como decía el señor Nario– tanto en la cuenca de la Laguna del Sauce como en la cuenca del Río Santa Lucía. Hace un par de semanas estuvimos reunidos y logramos un buen avance en el plan de gestión de la cuenca. Y la semana pasada estuvimos reunidos con la Comisión de Cuenca del Río Tacuarembó, en Rivera, donde justamente empezamos a trabajar con esa metodología en la gestión la cuenca y a ver el resultado de esa labor sistemática.
Obviamente, ese trabajo se complementa con las medidas en el Río Santa Lucía, por ejemplo, donde el plan de acción del Poder Ejecutivo se inserta en un plan de gestión integrado de la cuenca, que es más vasto, más amplio y tiene otros tiempos, pero también otro nivel de participación de los actores de la sociedad y de los usuarios que trabajan en la cuenca, que hacen aportes a través de grupos de trabajo y de intercambio de información y conocimiento. Creo que eso es lo que va moldeando esa gestión integrada, que tiene múltiples desafíos –uno de los cuales es el de calidad–, y permite incorporar distintos instrumentos –tal como se plantea en el plan–, como el de los caudales ambientales o ecológicos, que es uno de los pasos que hay que ir dando en este camino para considerar el agua para los distintos usos y, sobre todo, para los ecosistemas.
Otros instrumentos para la gestión del agua son los económicos, que es algo que está planteado en la ley, que tiene su programa concreto en el plan y empiezan a desarrollarse, cumpliendo el mandato de la planificación para la gestión integrada y sustentable de las aguas.
Simplemente quería agregar eso para dar idea del escenario en el que estamos trabajando actualmente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tengo anotados a los señores senadores Heber y Camy, y quiero rogarles que sean breves, de manera que podamos ingresar a analizar el articulado.
SEÑOR HEBER.- Acepto la observación de la señora presidenta.
Antes que nada quiero agradecer la información al señor director, ya que nos permite empezar a aclarar los números. Sin embargo, hay un número que no ha mencionado y es el del déficit de viviendas. Él se refirió a que existía un estudio científico sobre la necesidad de los hogares, dividiéndolo en cualitativo y cuantitativo. Supongo que lo cualitativo debe ser muy grande. Pero le pido al señor director si se puede referir a lo cuantitativo, a fin de chequear si estamos en la misma sintonía en cuanto al esfuerzo que el Estado debe hacer para cubrir el déficit cuantitativo y cuánto para cubrir el déficit cualitativo. Simplemente quería consultar eso.
Las conclusiones al respecto las haremos en sala.
SEÑOR CAMY.- Es un gusto recibir a la señora ministra y a las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Quiero formular dos preguntas concretas, aprovechando la amplia delegación que nos visita.
Teniendo en cuenta la presencia de la presidenta de Mevir, Cecilia Bianco –quien siempre nos atiende con gran disposición cuando acudimos a buscar información o en distintas instancias en que hemos realizado reclamos por este gran programa que tiene el Uruguay–, quiero preguntarle si cree que es posible que en el presente quinquenio se concrete el plan que tiene proyectado Mevir para la ciudad de Rodríguez, en el departamento de San José.
Por otro lado, dentro de lo que es la línea de trabajo del plan quinquenal de mejoramiento del stock habitacional del ministerio de vivienda, me interesa mucho un programa pequeñito llamado rehabilitación urbana, de la Dirección Nacional de Vivienda, que me consta que ha funcionado muy bien en todo el país, particularmente en algunos departamentos como Colonia –allí se han ejecutado ya tres convenios, lo que habla de que efectivamente el fondo rotatorio ha tenido mucha eficacia, porque se empieza a regenerar a partir de los préstamos que fueron devueltos por los beneficiarios–, y que no solamente ha alcanzado a las ciudades de más de 5.000 habitantes, ya que sabemos, por ejemplo, que hace un par de meses se llevó a cabo en Florencio Sánchez, y creo que se hizo un par de veces en Juan Lacaze. Puntualmente, con respecto a ese programa, quería saber en cuántos departamentos del país y en cuáles se lleva a cabo –si tienen disponible en este momento la información–, y si existe alguno pendiente, es decir, si alguna intendencia lo ha solicitado y aún no ha accedido.
Esas son las dos preguntas, señora presidenta.
SEÑORA BIANCO.- Buenas tardes a todos.
Si la presidenta me lo permite, en primer lugar quiero agradecer al Senado –si bien aquí no están todos sus miembros presentes– porque hace un poquito más de un mes le hizo un homenaje a esta institución, que está cumpliendo 50 años. Así que, de parte de Mevir, ¡muchas gracias por ese homenaje!
Concretamente, respondiendo la pregunta del senador Camy, debo decir que tenemos aprobado ese plan para la ciudad de Rodríguez, y está planificado que sea ejecutado en el quinquenio. Tenemos algunas dificultades en lo que tienen que ver con el acceso a la tierra, pues la negociación es con un particular, pero esperamos poder cumplir con ese proyecto cuya ejecución, reitero, está planificada para este quinquenio.
SEÑOR SCHELOTTO.- Con respecto al tema del déficit de viviendas voy a mencionar un documento que los señores senadores –o cualquier persona que lo busque– pueden encontrar en el sitio web del ministerio.
En el texto del Plan Quinquenal hay un capítulo destinado a evaluar la situación habitacional, básicamente a partir de datos del censo 2011 y proyecciones al 2020. Esto empieza en la página 88 y llega aproximadamente hasta la página 100, con algunas estimaciones del déficit, tanto cuantitativo como cualitativo.
El déficit cualitativo se estima en algo más de 51.000 viviendas, y se compone de diferentes causas. Estamos hablando, grosso modo, de un 5 % de los hogares. En 14.000 de estos hogares residen ocupantes sin permiso; 9.000 son viviendas que tienen materiales deficitarios, y en 28.000 hay más de un hogar en la vivienda, por lo que hay una situación de hacinamiento. Ese es el déficit cualitativo.
El déficit cuantitativo, de acuerdo con estos datos, es de aproximadamente 160.000 viviendas, y también responde a diferentes motivos que tienen que ver con el tipo de tenencia de la vivienda, las condiciones materiales, etcétera.
Todo eso está detallado por departamento. En la página 97 hay un cuadro de resumen que acumula el déficit cuantitativo y cualitativo en los 19 departamentos, y también sin déficit, permitiendo evaluar la situación relativa de todos los departamentos. Por supuesto, también están los números del total del país.
SEÑOR BORDABERRY.- Quería preguntar sobre algo que es chico para el mundo pero grande para mí, como diría Elías Regules.
Leyendo la prensa veo que cada quince días, o una vez por semana, hay dos páginas de publicaciones legales de la Agencia Nacional de Vivienda y otras reparticiones, y la verdad es que siento que se está tirando el dinero, porque se trata de edictos muy largos, que tienen letra muy pequeña y que nadie lee; y todos sabemos lo que cuesta una página –o dos– en un medio de circulación nacional. Supongo que esto se hace en virtud de una obligación legal, pero como diría el fundador de Mevir, Don Alberto Gallinal, son ladrillos que le estamos sacando a las viviendas. Me gustaría saber si es así, y en ese caso vamos a presentar un aditivo a la señora ministra, para que podamos ahorrar unos pesos y así, de repente, construir una casa más o una pared más. Creo que vale la pena.
SEÑORA MINISTRA.- Lamentablemente, no está con nosotros el presidente de la agencia, pero es cierto lo que dice el señor senador, ya que esta es una obligación legal. Estamos hablando, en general, de las viviendas que quedan vacías, y lo mejor para el sistema es que se ocupen lo antes posible, porque de lo contrario entramos en el tema del cuidado, del mantenimiento, de la guardia, etcétera. Todo esto lo hemos conversado mucho con la agencia y, cuanto antes se pone en conocimiento de la sociedad ese stock, mejor es.
Como dije, la obligación es publicarlo, pero si hay otra forma de hacerlo que resulte menos onerosa y hay acuerdo, estamos dispuestos a cambiar, ya que entendemos que la simplificación siempre es lo mejor. Más allá de que la publicación aporta transparencia y seguridad jurídica, sin dudas implica un gasto.
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: había hecho una pregunta que no fue contestada, con respecto al plan de rehabilitación urbana. Al respecto, me gustaría saber en qué departamentos se han hecho convenios para ese plan y si hay alguna intendencia que lo haya solicitado y tenga pendientes dichos convenios.
SEÑOR SCHELOTTO.- Hay un número alto de departamentos en los que se aplica ese plan, ya que algunas intendencias han promovido este tipo de convenios, tal como decía el señor senador. En las reuniones que mantuvimos al comienzo de este Gobierno con todos los intendentes abrimos el abanico de posibilidades para realizar este tipo de convenios; algunos departamentos lo han tomado con mayor interés y celeridad, y otros todavía lo están pensando. Esto tiene una historia de dos períodos para atrás, por lo menos y, como bien se dijo, uno de los convenios que se están ejecutando en Colonia es muy importante.
Aquí tengo una planilla con la lista de departamentos que han firmado estos convenios; concretamente, se trata de Artigas, Canelones, Colonia, Flores –donde se han hecho tres convenios–, Florida –con cuatro–, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto y Treinta y Tres. Esto lo ejecutan directamente las intendencias; nosotros hacemos la transferencia de los recursos, el asesoramiento técnico y la supervisión, y las intendencias realizan las convocatorias, asignan los créditos y llevan a cabo la ejecución. Incluso, pueden formar un fondo rotatorio y con el recupero de esos créditos seguir funcionando.
Debo decir que si bien se trata de planes muy exitosos, requieren mucha gestión y, en algunos casos, eso ha enlentecido el avance del proyecto. Pero reitero que está abierto a todos los departamentos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde pasar a considerar el articulado.
SEÑOR GUERRERO.- En ocasión de enviar el proyecto de presupuesto, habíamos presentado varios artículos para modificar la ley de viviendas, así como la ley de cooperativas, pero en la Cámara de Representantes se optó por desglosarlos y ahora los está estudiando la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de ese Cuerpo.
Los artículos relativos a vivienda que fueron aprobados en esa cámara son solo tres. Me voy a referir a uno de ellos, y luego la contadora Rodríguez hará lo propio con los otros dos. A continuación, el director nacional de Medio Ambiente hará referencia a los artículos tienen que ver con medio ambiente.
El primer artículo que proponemos sustituye el artículo 161 de la Ley n.º 18407.
SEÑOR BORDABERRY.- Le solicitaría que citara el número del artículo aprobado por la Cámara de Representantes, para hacer mejor el seguimiento. En este caso, se está haciendo referencia al artículo 157.
SEÑOR GUERRERO.- Exactamente; el 157 es el primer artículo de nuestro inciso votado por la Cámara de Representantes. En él se propone sustituir el artículo 161 de la Ley n.º 18407, en una redacción dada por la Ley de Presupuesto del año 2010. No sé si quieren que lo lea pero, básicamente, le da a nuestro ministerio amplias facultades de investigación sobre la actuación de los denominados IAT –institutos de asistencia técnica–, que regulan y estudian las cooperativas de vivienda. El ministerio, con la ley vigente, tiene potestades para suspenderles la personería jurídica por un plazo que no puede exceder de un año, o para retirársela. También puede aplicarles una multa pecuniaria. En este artículo proponemos agregar que se disponga la inhabilitación para la suscripción de nuevos contratos. ¿Qué es lo que sucede? Hemos advertido que en algún caso, si le sacamos la personería jurídica al instituto de asistencia técnica, lo suspendemos por un tiempo o le aplicamos una multa pecuniaria, ello tiene un perjuicio para la cooperativa con la que ya firmó contrato. Entonces, lo que proponemos es que el ministerio pueda inhabilitarlo para la suscripción de nuevos contratos. Es decir, a los contratos que ya se están ejecutando no le sacamos la personería jurídica, de manera que puedan seguir trabajando. Se trata de un artículo muy largo pero, básicamente, establece lo que acabo de mencionar. En varias partes de los distintos incisos se agrega la expresión «inhabilitación del instituto».
En el inciso segundo se hace referencia a una multa, cuyo monto punitivo era de entre 10 U.R. y 10000 U.R., y ahora se fija el monto mayor en 1500 U.R.
Esas son las modificaciones que se establecen en este artículo.
Los artículos 158 y 159 serán explicados por la economista Sandra Rodríguez.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la economista Rodríguez.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Buenas tardes.
El artículo 158 propone incluir entre los recursos del Fondo Nacional de Vivienda todas aquellas multas que se deriven de sanciones aplicadas por la dirección nacional. Por ejemplo, las multas que surgen de las sanciones a los institutos de asistencia técnica –que se mencionan en el artículo anterior–, constituirían parte de los recursos de dicho fondo.
Me voy a referir ahora al artículo 159. Como ustedes saben, el Fondo Nacional de Vivienda se ajusta bimensualmente. En los últimos años de los quinquenios eso genera una diferencia importante entre lo que es el crédito inicial y el final, y esa diferencia a veces dificulta la gestión. Por lo tanto, se habilita al Ministerio de Economía y Finanzas a adelantar el ajuste del Fondo Nacional de Vivienda en el primer bimestre. Presumimos que esto va a generar una mejora en la gestión y una ejecución mucho más eficiente.
SEÑOR GUERRERO.- En tanto los artículos que siguen refieren a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, solicito a la señora presidenta le permita hacer uso de la palabra al ingeniero Nario.
SEÑOR NARIO.- El artículo 160 crea una línea presupuestal para promover el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental. La idea es poder contar con esa herramienta. Se establece una partida anual de $ 2:000.000, que en este caso serán destinados a la investigación científica en la Antártida –en colaboración con un laboratorio ambiental en la base antártica–, pero la idea es contar con esa línea presupuestal para otras investigaciones o desarrollos necesarios.
El artículo 161 modifica la norma que crea el Fonama, Fondo Nacional de Medioambiente, para que se puedan incluir los cánones no establecidos en su redacción original. Esto es simplemente para dar más flexibilidad.
Cabe indicar que los artículos 161 y 162 están orientados en el mismo sentido y digamos que están enganchados. Como dije, se trata de una modificación a la disposición que crea el Fonama para poder verter los cánones que se pudieran cobrar en el futuro en cuestiones ambientales.
El artículo 163 se justifica, básicamente, en la inclusión de reservas privadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy en día esto puede ser opcional, pero podrían ser complementarias e integrarse de manera total a ese sistema. Me parece interesante que emprendimientos privados que quieran tener áreas protegidas naturales en nuestro país puedan hacerlo. La idea es poder contar con ese aporte.
SEÑOR BORDABERRY.- Esto es una novedad. Creo que es bastante interesante que puedan existir áreas de conservación de reservas privadas a solicitud de los propietarios.
¿Hay algún tipo de reglamento? ¿Se ha previsto cómo será este proceso, cómo se integrarán al sistema y si es definitivo? El texto dice que lo pueden perder.
Supongo que este es el puntapié inicial. Me parece que es bueno, pero me gustaría saber qué están pensando respecto a esta incorporación.
SEÑOR NARIO.- La idea es que tengan un régimen similar al que rige para las actuales áreas protegidas, para las cuales, luego de incorporarse al sistema es necesario que exista un plan de manejo. ¿Por qué pueden perderlo? Porque si se comprometen a determinado tipo de manejo y después no lo llevan adelante, deberían dejar de tener los beneficios que se le otorguen –sean fiscales, o en algunos casos hasta económicos, por el cobro del ingreso al área protegida– como área protegida integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sería un área de protección a cargo de un privado, pero no dentro del sistema público.
Desde ese punto de vista, por un lado habría un decreto de incorporación al sistema, que establecería los objetivos de conservación y las reglas de juego más generales y, por otro, un plan de manejo específico que establecería cómo se desarrollarían las actividades dentro de esa área protegida. También estarán los compromisos que asuman tanto el privado como algún público, como podría ser la intendencia, el ministerio o el propio Mvotma.
SEÑOR BORDABERRY.- Se trata de reservas privadas como hay en otros países.
Obviamente uno ya conoce alguna, como la situada en el balneario Solís, bastante desarrollada y creo que muy bien cuidada. Ahora bien, creo que no tienen fundamento legal y se terminan convirtiendo en criaderos autorizados, para poder trabajar sobre la fauna y manejar las poblaciones.
La normativa para esto, ¿se dictará o ya está? ¿Se adoptará el otro criterio? Es decir, ¿cuáles son las condiciones para los privados que deseen integrarse al sistema?
Disculpe, señora presidente, pero quiero compartir mi experiencia. Un día, como ministro de turismo, intenté llevar turistas a la isla de lobos, pero fracasé con total éxito porque se dijo que los lobos iban a padecer estrés. ¡Estrés tenía yo porque no llegaban turistas al Uruguay!
Más allá de eso, me parece muy importante conocer las condiciones previas, la reglamentación para ser reserva. Si lo tienen que trabajar, ¡adelante!, me alcanza con esa respuesta y seguiré con el tema cuando este pronto.
SEÑOR NARIO.- Se aplicará el mismo sistema de la ley de áreas protegidas, que tiene distintos tipos de conservaciones e implica un análisis técnico. Hay una comisión nacional asesora integrada por variedad de organismos públicos, que evalúa los pedidos de ingreso y luego emite una resolución definiendo las condiciones y el tipo de protección. No olvidemos que existe la protección máxima, prácticamente prístina, hasta como sucede en los humedales de Santa Lucía, donde se permite producción y demás. Eso no cambia; entra en la normativa aplicable al sistema de áreas protegidas del Uruguay, que establece una serie de procesos formales y técnicos, así como condiciones para ser incorporada. En definitiva, implicará un decreto de incorporación al sistema y un plan de manejo aprobado que determinará qué se puede hacer y en qué condiciones.
El artículo 164 establece, básicamente, que se puede ingresar en áreas protegidas, en padrones privados, con fines de investigación, conservación e inspección asociadas a su manejo.
SEÑOR BORDABERRY.- Esta es una norma similar a la que existe en la ley de colonización, por lo que parece lógico que se ofrezca esa preferencia. De todos modos, me surge una duda, porque la redacción habla de zonas adyacentes. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica me cuesta determinar que haya que ofrecer zonas adyacentes. ¿Qué es una zona adyacente? ¿Es el potrero de al lado, tenga 500 o 1000 hectáreas? ¿Es todo el predio de al lado? ¿Es todo el padrón? ¿Qué es la zona adyacente? ¿Es donde llega la declaración? Me parece que hay un tema concreto en cuanto a determinar qué es la zona adyacente, que debiera tener cierta precisión puesto que, de otro modo, «adyacente» puede ser algo muy grande.
SEÑOR DELGADO.- Saludo a la ministra, al subsecretario y al resto de los directores.
En idéntico sentido que el señor senador Bordaberry, voy a hacer referencia a la misma terminología, pero en este caso vinculada al artículo 100 del inciso Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cuando hoy de mañana consultamos por esa norma se nos contestó que nos remitiéramos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Cambia la redacción del artículo 14 de la Ley n.º 17234 e incorpora algunas innovaciones. Por ejemplo, se habla de los propietarios –no solo de los administradores– de los padrones ubicados en áreas naturales protegidas o sus zonas adyacentes. Al respecto, se da la potestad al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los inspectores específicamente habilitados, para inspeccionar, incautar y demás. En concreto, también se utiliza la terminología de «zonas adyacentes» –que al parecer en el ministerio la tienen bien incorporada–, pero no está precisado a qué se refiere y por tal motivo aproveché la oportuna pregunta del senador Bordaberry.
SEÑOR NARIO.- Lo que se busca con este artículo es reglamentar y ordenar algo que ya está establecido en la ley de creación del sistema de áreas protegidas; se definía esa prioridad de compra para el ministerio pero no estaba clara la forma de hacerlo. Y dado que nos parecía que el Instituto Nacional de Colonización tenía una robustez y una historia de trabajo en la materia, aplicamos el mismo mecanismo.
La expresión «zona adyacente» está incorporada en el Sistema de Áreas Protegidas porque, cuando uno las define, advierte que hay una zona núcleo y una zona adyacente. Quedan claramente establecidos y delimitados los padrones que incorporan la zona núcleo y las zonas adyacentes. Jurídicamente tienen manejos diferentes: la zona núcleo es la de mayor protección y mayor inflexibilidad para algunas cosas, y las zonas adyacentes operan como un buffer donde se permite realizar algún nivel de actividad más pero con un cierto grado de conservación. Ya la ley establecía respecto de los padrones que estuvieran tanto en la zona núcleo como en la zona adyacente que el ministerio tuviera la prioridad de compra.
Por lo tanto, no estamos innovando respecto a lo de zonas adyacentes, pues ello ya está consagrado en la ley. Además, al momento de ingresar la zona al Sistema de Áreas Protegidas, perfectamente se establece cuáles son los padrones que integran la zona núcleo y cuáles la zona adyacente. A través de un decreto se establece padrón a padrón. Lo mismo sucede con respecto a lo que mencionábamos sobre el ingreso de los inspectores a las áreas protegidas, que no tienen necesidad de permiso explícito para realizar esas actividades concretas, pero no más allá de ello.
SEÑOR BORDABERRY.- Según el artículo 100 –al que hacía referencia el señor senador Delgado–, se puede ingresar a ese núcleo duro, llamado «área», cuando en realidad la resolución debería decir «declarado como área y zona adyacente». En fin, en la historia fidedigna de la sanción de esta norma y a la hora de hacer la interpretación correspondiente, se citarán para ello las palabras del señor Nario.
En el inciso segundo del artículo 14 se habla de que el personal que ingresa podrá disponer medidas cautelares de intervención y secuestro administrativo de los objetos o productos del ilícito, así como de los elementos empleados para la comisión del mismo. Esto es raro, porque el inciso primero no se refiere al ilícito sino al derecho –que es lógico que se tenga– de ingreso, inspección, etcétera. Realmente no me queda claro por qué en la primera parte del artículo no se habla de ilícito y sí en la segunda; de repente esto está previsto en la ley original y no lo advertí. Me llama la atención y no sé si en la norma no falta algo que precise lo que van a hacer. Porque las funciones del decomiso y del secuestro son importantes, más allá de que se establezca que es con información posterior de juez de paz, lo cual es una garantía.
SEÑOR NARIO.- Entiendo que sigue la lógica de la propia ley de áreas protegidas. Y en este caso les da la posibilidad a los guardaparques o a los funcionarios de las áreas protegidas a ingresar a padrones privados en el marco de sus competencias de contralor y así poder decomisar artes de caza, etcétera, que estuvieran usándose en cualquier actividad no lícita en el padrón.
Puedo consultarlo, pero entiendo que si bien el término «ilícito» queda descolgado en el artículo, viene del marco de la ley de áreas protegidas.
El artículo 165 modifica el plazo en el cual se debe presentar el plan de manejo. Luego de ingresados a un área, se establecía que los administradores de áreas naturales protegidas contaban con un año para presentar ese plan, pero en la práctica se ha observado que eso no se cumple. Entonces, como un plan de manejo incluye la participación de la población local, conocimiento sobre especies y demás y, en aras de explicitar esa experiencia adquirida, se propone pasar de un año a dos años.
El artículo 166 genera algunas modificaciones al Fondo de Áreas Protegidas con el fin de poder recabar recursos en aquellas áreas protegidas en que así se lo disponga. Como se ha visto en el mundo, se pueden cobrar determinados cánones de ingreso o servicios dentro de las áreas protegidas. Es una modificación menor.
En el artículo 167 se siguen algunos lineamientos que ya seguimos en la rendición de cuentas anterior y que tienden a unificar los regímenes de sanciones. Nosotros teníamos el Código de Aguas, la legislación de protección del ambiente y el Sistema de Áreas Protegidas con distinto tipo de sanciones, y lo que estamos haciendo es unificar el régimen administrativo y el tipo de sanción.
SEÑOR BORDABERRY.- En el caso del artículo 168, se multiplica por cinco el máximo de multa que se puede imponer.
SEÑOR NARIO.- Simplemente es un aumento del régimen sancionatorio, para tener mayor capacidad punitiva, y se fundamenta en la política que viene desarrollando el ministerio asociada a las sanciones.
SEÑOR BORDABERRY.- Siempre se sostiene que el aumento de las penas no soluciona nada, de manera que este aumento de 10.000 UR a 50.000 UR llama un poco la atención. Pero, bueno, el que se equivoque, que pague.
SEÑOR GUERRERO.- En el caso del artículo 169, creo que es el único nuevo; los otros son modificaciones.
Las infracciones administrativas que violan las normas de medioambiente hasta ahora no tenían término de prescripción. Entonces, cuando algún usuario se presentaba, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendía por analogía y tomaba el término de prescripción de ocho años que está en el Decreto n.º 500/991 o en el Estatuto del Funcionario Público con respecto a las faltas administrativas. Lo que aquí se propone es que las infracciones graves prescriban a los ocho años, siguiendo lo que dice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y las leves, a los cinco años, siguiendo lo que dice el Código Tributario. Y también se establece otro plazo de prescripción de cuatro años para las sanciones administrativas; es decir que después de que se aplica la multa, ese es el plazo para cobrarla.
SEÑOR NARIO.- El artículo 170 parte de algunos problemas que tuvimos en el pasaje del tema de la fauna del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al nuestro. En particular, no teníamos las competencias para el decomiso de las armas. Y la norma también está asociada a tener una mayor capacidad de acción en el control de la caza de fauna ilegal.
En el artículo 171 se establece una modificación a las sanciones para la circulación en la faja de defensa de costas. En la reglamentación anterior había un único monto de 24 UR y eso tenía varias deficiencias. Para empezar, no nos permitía diferenciar por porte de vehículo. No es lo mismo el ingreso de una moto que de un vehículo de gran porte. De esta manera podemos establecer esa diferenciación. Y a su vez tampoco tenía un régimen de gradualidad. En ese sentido estamos estableciendo que la reincidencia tenga una penalización adicional.
Básicamente es una herramienta para poder hacer la gestión en la defensa de la costa que estamos realizando. Nos parecía que, sobre la base de la experiencia que hemos tenido en estos años, necesitábamos pulir un poco esa herramienta.
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Quién es el infractor? ¿El propietario del vehículo o el que lo conduce? Los dos son responsables solidarios y al ministerio poco le importa quién es el infractor, porque les va a cobrar a los dos. Pero obviamente que desde el punto de vista jurídico tendrán que repartirse entre ellos quién es el culpable.
SEÑOR GUERRERO.- Sigue las normas comunes de las sanciones administrativas. Cuando la persona hace la defensa de la multa tiene todas las garantías. Esta multa es, por ejemplo, para la persona que anda por la duna o la arena con un cuatriciclo. En principio, se le pone la multa al que agarran en esa situación. El propietario podrá alegar que le robaron el cuatriciclo y el otro dirá que se lo prestaron, pero se le cobrará la multa a uno solo. Ese es el proceso administrativo de una multa; no se le puede cobrar a los dos. En definitiva, sigue las normas comunes.
SEÑOR BORDABERRY.- Quiero aclarar que estoy más que de acuerdo con esto, pero acá dice que son los dos responsables solidariamente y me parece que una cosa es ser el infractor y otra, el responsable solidario. Puede pasar que no le robaron el vehículo sino que se lo sacó un hijo y en ese caso tiene que pagar, pero de repente no sucedió así y puede ser hasta injusto. Si realmente se lo robaron y lo usaron, le estamos diciendo que de todas formas es responsable solidario.
Me parece que si se va a seguir el régimen general, deberíamos ponerlo en la norma que estamos creando, pero es una sugerencia que discutiremos después con nuestros compañeros de comisión.
SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 172.
SEÑOR NARIO.- Básicamente lo que hace este artículo es darle más competencias a los guardaparques para actuar. Había algún tipo de dificultad en el ejercicio de sus funciones, porque no podían requisar y confiscar, y ahora se les da esa herramienta.
Por su parte, también está orientado a tener una mayor capacidad de control en áreas positivas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si nadie hace uso de la palabra, pasamos al artículo 173.
SEÑOR GREIF.- Este artículo revisa el régimen sancionatorio y lo armoniza respecto a las distintas normativas vigentes actualmente. Por un lado, tenemos normas que vienen del Código de Aguas, que plantean un mínimo de 100 UR y un máximo de 5000 UR, y por otro, la ley de riego que plantea un mínimo de 10 UR y un máximo de 10.000 UR. Entonces, en la revisión que hicimos junto con la Dirección Nacional de Medio Ambiente proponemos ampliar los márgenes entre 10 y 1000 y establecer criterios para aplicar sanciones que tienen que ver con el beneficio ilícito, el lucro cesante, el daño y el riesgo ocasionado. También permite aplicar agravantes y atenuantes para evitar la tentación de pagar la multa y seguir con la infracción.
SEÑOR BORDABERRY.- Esa es más la posición tradicional que ha defendido el oficialismo de bajar las penas.
SEÑOR GREIF.- Busca ser coherentes y que se aplique, por ejemplo, la misma sanción si es por riego que si es por otros usos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Hemos finalizado con la consideración del articulado, por lo que agradecemos la paciencia de los integrantes del ministerio y el detalle en las respuestas.
(Son las 17:29).

References: artículo 161
 artículo 157
 artículo 161
 artículo 158
 artículo 159
 artículo 160
 artículo 161
 artículo 163
 resolución 
 artículo 164
 artículo 100
 artículo 14
 artículo 100
 resolución 
 artículo 14
 artículo 165
 artículo 166
 artículo 167
 artículo 168
 artículo 169
 artículo 170
 artículo 171
 artículo 172
 artículo 173