Source: https://www.scribd.com/doc/117601773/Fallo-Segovia
Timestamp: 2016-02-07 07:18:42+00:00

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Fallo Segovia
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Nros. 5564 caratuladas: “SEGOVIA, MARIO ROBERTO S/ INF LEY 22.415”, Tribunal, del en registro relación de a la la Secretaría situación Nro. 1 de de este Mario
Roberto Segovia (38 años de edad, soltero, argentino, nacido el 17 de junio de 1974 en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, comerciante y piloto de avión, con domicilio real en la calle ……………... ……………….. nro. …. …., de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, aunque actualmente se
encuentra detenido en el Complejo Federal Nro. 1 de Ezeiza, a
disposición conjunta del Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 2 y el Tribunal Oral Federal Nro. 4 de San Martín, domicilio Roberto constituido Jacinto y en Elsa Tucumán Ester 1424, Bravo piso (f), 10, hijo de
..........); D. A. E. (xx años, xxxxxx, Argentina, nacida el xx de xxxxxxx de xxxx en San Martín, Pcia. de Buenos Aires, niñera, domicilio real en xxx xxxxxxx xxx, piso x, depto
“x”, y constituido en Lavalle 1536, piso 2, oficina 5, ambos de Capital Federal, hija de xxxxx xxxx xxxxxxx y xxx xxxxxx xxxxxx, DNI Nro. xx.xxx.xxx) y S. N. J. (xx años, xxxxxx, Argentino, nacido el x de xxxxxxxxx de xxxx en Capital
Federal, xxxxxxxx xx xxxxx, domiciliado en xxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxxxx, Provincia de Buenos Aires y domicilio
constituido en Av. Roque Sáenz Peña 651, piso 3, depto 57/60, hijo de xxxxxxxx xxxxxx y xxxx xxxxxx xxxxxx, DNI
xx.xxx.xxx). Y CONSIDERANDO:
actuaciones, comprende el presunto delito de contrabando de importación de la mercadería, amparada en las destinaciones aduaneras Nros. 06001 IC04097703T, 06001IC04082648V, 06001IC04081069R, y 06001IC04112562K, apócrifa
06001IC04084269W, 06001IC04076012J, utilizando para
06001IC04099003Y, 05073IC01000324H ello documentación
necesaria para cumplimentarlos. En tal dirección, se utilizó la inscripción presuntamente falsa como importador/exportador ante la Aduana, a nombre de H. G. B. y se habría consignado – falsamente- como importador a H. G. B., a los efectos de inducir a error a las autoridades aduaneras sobre el
importador real. Aunado presuntamente a ello, N° se presentaron por un las valor facturas de U$S
48371,
7.205,00 (operación 06001IC04081069R); N° 48412, por un valor de U$S 7.120,00 (operación 06001IC04084269W); N° 48508, por un valor de U$S 7.154,00 (operación 06001IC04099003Y); N° 48492, por un valor de U$S 7.239,00 (operación
06001IC04097703T) y N° 48406, por un valor de U$S 7.205,00 (operación 06001IC04082648V); habida cuenta que, el
exportador “Ming Yi Corp” que las debió emitir, resultaría una empresa inexistente y en las cuales se habría consignado falsamente como comprador a H. G. B..Por otro lado, en el despacho de importación N°06001IC04112562K, se consignó que la mercadería importada al país consistía en “ladrillos refractarios”, y a cuyo fin se presentó la factura presuntamente apócrifa N° 48652, del exportador “Ming Yi Corp” y en la cual se asentó la venta de mercaderías por un valor de u$s 7.290,00 y se señaló como
comprador a H. G. B. (con domicilo en la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina). Sin embargo, al realizarse la verificación física de los
enseres, en la Terminal Portuaria nro. 4, se comprobó que diferían sustancialmente en su calidad, cantidad, valor y especie con las declaradas, ya que –en realidad- se trataban de 188.400 CD-R marca Illusion, 612.600 CD-R marca Infinity y 180.000 dvd marca Illusion, que tenían el siguiente valor: los CDS de U$S 204.255 y los DVDS de U$S 95.472, según el
acta de verificación y aforo de fs. 8/9. Asimismo, salvo en el despacho de importación 05073IC01000324H en el cual la factura sería de la empresa
06001IC04076012J,
factura pertenecería a la empresa “M Hadeh”, el resto de los documentos de venta corresponden a la firma “Ming Yi Corp”. Además, en todos los despachos aquí
investigados, se consignó como importador de la mercadería a H. G. B., con domicilio en la calle Entre Rios 1031, piso 1 de la ciudad de Rosario, Pcia de Santa fe. A su vez, en las operaciones 06001IC04112562K, 06001IC04099003Y, 06001IC04097703T, 06001IC04082648V y
06001IC04084269W, intervino la despachante D. A. E., mientras que en las destinaciones actuó el aduaneras despachante 06001IC04081069R S. J. y en y la
06001IC04076012J
05073IC01000324H J.e D. A. Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la verificación efectuada por personal aduanero, el día 17 de agosto de 2006, respecto de la mercadería que se hallaba en el interior del contenedor GLDU 221107-1, documentada por el Despacho de importación nro. 06001IC04112562K, la cual
difería sustancialmente en su calidad,
cantidad y especie
con la declarada -como “cerámicos refractarios”- por un valor de u$s 7.290,00,pero de la verificación física de dicho
contenedor se determinó que en realidad se trataba de 188.400 CDs-R marca Illusion; 612.600 CDs-R marca Infinity y 180.000 DVDs marca Illusion, contenidos en cajas con la inscripción “Expert PC”. A fs. 7/8, obra agregada un acta labrada por personal de Aduana de la cual surge que en oportunidad de realizar la verificación de la mercadería amparada por el Despacho de importación nro. 06001IC04112562K, conjuntamente con el verificador J.e D. y la Despachante de Aduana A. E., se detectó que la mercadería como se no consistía declarado, en “ladrillos que se
refractarios, trataba de
188.400 CDs-R marca Illusion; 612.600 CDs-R marca
Infinity y 180.000 DVDs marca illusion, que tenían un valor en plaza de U$S 204.255 para el caso de los CDs y U$S 95.472 para el caso de los DVDs. A fs. 14, este Tribunal ordenó que se
corrobore el domicilio del importador y que se informen las operaciones de la despachante y B.. De este modo, a fs. 18/20, la División Sumarios de Prevención remitió el
resultado de las tareas de investigación
domicilio de la calle Entre Ríos 1031, primer piso de la ciudad de Rosario y en relación a H. G. B.. De las mismas surge que en el domicilio antes citado no era conocido el nombrado y, en los padrones, registraba domicilio en la calle Berlín y Paysandú, Merlo, Pcia. de Buenos Aires. En este sentido, a fs. 20, personal de la División Sumarios de
Prevención de la AFIP DGA, se constituyó en este domicilio, no pudiendo obtener ningún dato sobre B.. A fs. 21, la AFIP DGA informó que se había realizado una búsqueda de las operaciones del importador H. G. B., resultando un total de seis operaciones en la Aduana de Buenos Aires y dos en la Aduana de Ezeiza. A su vez, se informó que, de las primeras
cinco, tramitaron por canal de selectividad Rojo y una por canal verde. A fs. 47/49, se encuentra agregada la denuncia penal efectuada por Betina Maggi, de la División Sumarios de Prevención de la AFIP DGA.
A fs. 52/53, la AFIP DGA remitió el resultado de tareas de investigación, mediante las cuales se pudo
constatar que en las oficinas del primer piso de la calle Entre Ríos 1031, de la Ciudad de Rosario, trabajaba H. B.. Asimismo, también a fs. 55, se solicitó a la División Sumarios de Prevención de la AFIP DGA, que por su intermedio y a través de las autoridades de Taipei, TaiwanHong Kong, se solicite a la empresa Ming Yi Corp, -la cual sería la empresa vendedora de la mercadería-, que informe en relación a la validez de la factura Invoice Nro. 48652, así como también otras operaciones en las cuales interviniera el exportador B. y/o la despachante de aduana A. E.. Específicamente, se requería que la empresa
MING YI CORP se expida sobre la cancelación del pago de la operación comercial atinente a la factura invoice 48652 de fecha 08/06/2006; denuncie otras operaciones realizadas por el importador argentino H. G. B.; precise cuál era el rubro y/o rubros comerciales a los cuales se dedicaba, precise
desde cuando se encontraría vinculado comercialmente con el importador argentino y se expida sobre el tipo, calidad y cantidad de la mercadería amparada en aquella factura. Sin embargo a fs. 240, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán hizo saber a las autoridades argentinas que no existían constancias en sus registros de la empresa MING YI CORP, ni tampoco se había podido localizar la dirección postal que figuraba impresa en la factura 48652, que se les había remitido en la solicitud efectuada por este Tribunal. A fs. 68, este Tribunal ordenó el allanamiento de las oficinas de la calle Entre Ríos 1031 de la Ciudad de Rosario, piso 1 y a fs. 96/97, se agregaron copias del acta de dicho allanamiento, cuyos originales están agregados a fs. 108/125, funcionaba oportunidad la firma en la cual se constató SH y que donde allí se
secuestró un “reglamento de servicios abonados mensuales”, una solicitud de abonos y una copia de DNI nro. 27743643, todo a nombre de H. G. B.. También se secuestró un sobre de NEXTEL a nombre de ese individuo y cinco fojas manuscritas con algunas anotaciones relacionadas a B.. Asimismo, se le informó al personal que realizó el allanamiento que el Sr. B. nunca ocupó fisicamente la oficina, sino que sólo recibía llamadas y correspondencia, aportando sus teléfonos de
contacto XXXXXXXXX y XXXXXXX. A fs. 130, tal como ordenó el Tribunal a fs. 55, la AFIP DGA remitió las fichas de despachante de aduana y de importador/Exportador de H. G. B. y A. E..
En relación a las líneas telefónicas que
fueron aportadas por el personal de la oficina de la calle Entre Ríos 1031, de Rosario, como las que utilizaría B., las empresas telefónicas, a fs. 151/152 (Personal) y 153/154
(Claro) informaron que el abonado XXXXXXX se encontraba a nombre de XXXXX XXX y la línea XXXXXXXXX, a nombre de XXXXXXX XXXXX. A fs. 234, el Tribunal tuvo por parte
querellante a la AFIP DGA, en virtud de lo solicitado por dicho organismo a fs. 232/233. A fs. 282, la AFIP informó que tanto H. G. B. como A. E., se encontraban activos como importador/exportador
y Despachante de Aduana, respectivamente. A fs. 329/331, A. E. realizó un descargo, en el cual expresó, que a la época de los hechos, como ella se encontraba sin trabajo, su pareja por aquél entonces, le
presentó a XXXXXX XXXX XXXXXX, quien en la entrevista de trabajo que tuvieron le contó que él, junto con XXX XXXXXXX, tenían su oficina en la calle Venezuela XXX, tel XXXX-XXXX, donde funcionaba ocasión, la le firma Felbear que en a ni el Import él ni Export su 2005, para SRL. En
eran la que
despachantes. imputada, la
Aproximadamente, misma comenzó
contaban con diferentes clientes, siendo los nombrados los que le pagaban los honorarios. Continuó expresando que, con los documentos
entregados por C. R., la nombrada documentó la destinación en cuestión (refiriéndose al DI 06001IC04112562K). Dijo también, que R. y Z. eran los representantes del importador y quienes se encargaron de la parte operativa, dado que ella nunca se
presentó en las marítimas, ni al banco, ni manejó dinero alguno referido a las destinaciones. En relación al hecho investigado, expresó que recibió un llamado de Z. para que concurra ante los
inspectores aduaneros, y así lo hizo. A su vez, manifestó que un despachante de aduanas en el trámite habitual y rutinario de una destinación simple, como la aquí investigada, nunca tomaba contacto con la mercadería previo a documentarla. A fs. 451/460, la parte querellante solicitó la ampliación del objeto procesal en relación a los restantes despachos documentados a nombre de H. G. B., en los que intervinieron los despachantes A. E., S. J. y J.e De A. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a fs. 462, informó al Tribunal que, según lo expresado por la
Oficina Comercial y Cultural en Taiwán, la empresa CHING YI CORP, se encontraba instalada en el domicilio de la calle 2FL-7, NO16, SEC.1, CHANG AN E. RD.TAIPEI y el dueño de la firma, Sr. Chiu, expresó que no tenía negocios con
importadores argentinos. En este punto, se debe señalar que la empresa “Ching Yi Corp” figura como expedidor en los conocimientos de embarque Nros. correspondientes a los despachos de importación IC04084269W,
IC04081069R,
IC04097703T,
IC04099003Y,
IC04112562K.A fs. 475/482, la AFIP remitió información
relativa a las operaciones realizadas por A. E.. A fs. 746 bis, este tribunal amplió el objeto procesal investigado por las destinaciones Nros.
06001IC04097703T,
06001IC04082648V,
06001IC04084269W,
06001IC04099003Y, 05073IC01000324H. A fs. 762/764, Claro S.A. informó que B. 06001IC04081069R, 06001IC04076012J y
figuraba como titular de las líneas 3415994214 y 3415994213, habiendo dado como teléfono de referencia el Nro.
03414475199, con domicilio en la calle Entre Ríos 1031 de Rosario. En reiteradas oportunidades, prestaron
declaración testimonial, los choferes de los camiones que surgieron aduanera, despachos
formularios la
primaria por los
06001IC04097703T, 06001IC04099003Y;
06001IC04082648V, 06001IC04081069R,
06001IC04076012J y 05073IC01000324H investigados en la causa, a excepción del finalizado en 06001IC04112562K, en las
cuales, algunos de ellos reconocieron haber llevado ladrillos refractarios a un depósito de Tigre, pero no recordaban los nombres de las personas y firmas que los habían contratado, así como tampoco conocían los nombres de los imputados en la causa(vide fs. 874/75, 1068, 1259, 874/75, 1068, 1259;
876/77; 879/80, 882/83 y 1069) A fs. 1024/1025, se agregaron dos copias de artículos periodísticos de donde surge que H. G. B. estaba relacionado con la causa de conocimiento público del “triple crimen de Campana”, donde se investigaba también el delito de contrabando de efedrina y las conexiones con el narcotráfico mexicano. A operaciones fs. 1088/90, por Bactssa DI informó que las y
06001IC04084269W
06001IC04081069R, fueron abonadas por la firma HARD DEALER;
mientras que la operación amparada por el DI 06001IC04099003Y por H. G. B.. A fs. 1133, la AFIP DGA remitió la ficha de inscripción como Despachante de Aduana de S. N. J., cuya copia cetificada se agregó a fs. 1132. A fs. 1184/1209, el Banco Santander remitió copias de cheques librados contra la cuenta nro. 118362795/8 a nombre de H. G. B.. En base a ello, se solicitó a las empresas que surgían de los mismos, información en relación a quién habría entregado los cartulares. A fs. 1329, obra una nota de la titular de Expert PC en Taiwán, Sra. Joy Hsu, de donde surge que su empresa no estaba en la posición de exportadora ni vendedora, en relación a los (DI Conocimientos de Embarque Nros. (DI
06060058KEEBUE
06001IC04112562k), 06050001KEEBUE 06001IC04082648V),
06040089KHBUE
06001IC04081069R), 06040137KAOBUE (DI
(DI06001IC04084269W), 06050020KAOBUE (DI
06001IC04097703T) Y 060050051KAOBUE (DI 06001IC04099003Y). Al respecto, la Sra. Hsu explicó que su empresa estaba encargada como comisionista y solamente hizo la inspección de calidad, no contando con documentación relacionada a esas operaciones. Asimismo, a fs. 1330, obra una nota firmada por la titular de la firma, Sra. Hsu, quien expuso que el comprador de la mercadería era Industrias Cipriano Pérez y el contacto era Javier Bálsamo. A comienza con el fs. 1481, la de SIDE informó de que: “Segovia de
materias primas, proceso de fabricación, inyección y formato del disco óptico DVDR y CD…” “…La denominación social de la empresa en formación sería: BURN & PLAY TECNOLOGIES SA cuyo
fundador y director titular resultaría ser: Mario Roberto Segovia…” “… y Director suplente: Osvaldo H. Blanco…” A relativa a la fs. firma 2033, Burn la & AFIP Play, remitió la cual documentación se encuentra
agregada a fs. 2076/2092. A fs. 2052/2072, se agregaron copias de la causa 422/08, caratulada: “Euromav SRL s/ inf ley 22.415” del registro del Juzgado el Nro. 6 del fuero, de en la cual se de
efedrina con destino a Estados Unidos Méxicanos, en el que estaba imputado Mario Roberto Segovia, entre otros. A fs. 2180/2236, obra un informe del BCRA, en
Hipotecario, tenían entre sus clientes a Industrias Cipriano Pérez, a sus integrantes y/o Burn & Play SA. En este sentido, a fs. 2240, el Banco Galicia remitió la documentación
correspondiente a la apertura de la cuenta corriente a nombre de Mario Roberto SEGOVIA y, a fs. 2284, la misma entidad remitió los comprobantes correspondientes a una operación de comercio exterior realizada por Segovia. A fs. 2315/2353, se agregaron copias de las piezas procesales de fs. 1487/89 y 1666/1700 de la causa 5587 “Actuaciones por Separado formadas en causa Segovia Mario Roberto, Excell Import s/contrabando”. A testimonial Rubén fs. 2387/2390, G., prestó declaración que el
emprendimiento que Mario Roberto Segovia quería iniciar se trataba de venta de CD y DVD. Lo conoció a Segovia, en la década del 90, debido a que los dos eran rosarinos, y en aquel momento Segovia vendía celulares y el testigo se los
compraba. Aclaró que, en una oportunidad, Segovia le comentó que quería emprender un proyecto respecto a la fabricación de CDs y DVDs en la Argentina y que destinaría un predio de grandes dimensiones en un pueblo a 30 km de la ciudad. En esa ocasión, Segovia le pidió asesoramiento para la importación de maquinarias para la fabricación de dichos CDs y DVDs y le dijo que él era la única persona que en la Argentina iba a intervenir en dicho emprendimiemto. Continuó explicando que, a H. G. B. no lo
conocía y que a su entender era una figura de fantasía. Y que había más de una persona que utilizaba ese nombre, como D. S., L. G. y D. H.. A fs. 2399/2488, se agregaron copias
certificadas pertenecientes a la causa 8483, del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Campana. A fs. 2530/2534, la SIDE remitió el resultado de las tareas de investigación realizadas en el marco de la causa 8483 del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Campana y en relación al análisis de las casillas de correo de Mario Roberto Segovia. En el mismo sentido, la SIDE informó -a fs. 2594que realizaron una búsqueda en las computadoras
secuestradas en el marco de la causa que tramitaba ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, con algunas palabras claves vinculadas a la presente investigación cuyos resultados obran a fs. 2535/2593. A fs. 2613/2623, se agregó la peritación Nro. 54.711, relativo al análisis de equipos informáticos, del cual se obtuvo información de interés, que fue grabada en 3 DVDs y reservada en Secretaría.
En la misma línea de ideas, a fs. 2663/2673, se agregaron copias de la resolución dictada en el marco de la causa 8483 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, mediante la cual oportunamente se dispuso cursar orden de allanamiento en la vivienda de la calle Álvarez Condarco 472 bis de la ciudad de Rosario, Pcia de Santa Fe. A fs. 2691/2702, Roberto SEGOVIA realizó una presentación, mediante la cual expresó, entre otras cosas, que el DNI de H. G. B. no lo había usado él en este caso, sino que se lo había prestado a otra persona, llamada Darío I., pero que ésta circunstancia nunca había sido investigada por ningún juzgado.
Aclaró, que su única relación con CDs y DVDs era la instalación de una fábrica, que se encontraba montando en la localidad de Rosario bajo el nombre Burn & Play. Por otra parte, expuso que la despachante E. habría actuado en nombre y representación de B., pero sin las previsiones dispuestas por el art. 38 de la ley 22.415. Expresó también, que nadie había visto a B. o a quien habría usurpado su identidad, y que la única
vinculación de B. es que su nombre fue cargado al sistema MARÍA como el importador de la mercadería infraccionaria de la ley. Según Segovia, del domicilio de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, no surgió ningún elemento de
importancia para la causa, ni se habría secuestrado nada que sirva para la investigación. Por último, el imputado mencionó que José Z. y C. R. parecerían ser los “…personajes centrales de la ílicita maniobra investigada en autos…”.
2704/2708,
extraída de las computadoras que le fueron secuestradas a Segovia en el marco de la causa 8483/08 de Campana. A fs. 2742, este Tribunal ordenó, en base a los dichos de Segovia y G., que se practiquen tareas de inteligencia, a efectos de profundizar la búsqueda de
información que vincule a D. Rubén I., L. G., L. S., Rubén G. y D. S. con el hecho investigado en autos. En este sentido, a fs. 2813/2824 y
fs.2850/2861, la SIDE envió información relativa a D. I., L. S., Rubén G., D. S. y L. G.. A fs. 2748, Guillermo Martino, Apoderado de Expert Pc, remitió al Juzgado una contestación de Expert PC Estados Unidos de América, de la cual surge que la firma no había mantenido Pérez ninguna S.A. en operación el comercial que con Industria el año
2005/2006; que ninguno de los Bill of lading que se les remitieron en copia pertenecían a Expert Pc; que desconocían a las personas involucradas y que el único vínculo con la empresa Industria Cipriano Pérez S.A., fue a través de José Bruno Giorgi en el año 2007/2008. A fs. 2765/2771, se agregó la ampliación del estudio pericial de análisis informático, cuyo contenido fue volcado en DVDs y reservado en Secretaría. A transcripción de fs. una 2798/2799, conversación la por SIDE SKYPE, aportó en la una cual
SEGOVIA hablaba con su primo en relación al documento de B. y, a fs. 2805/06, aportaron un gráfico de entrecruzamiento telefónico entre las líneas cuyo titular resultó ser
Industrias Cipriano Pérez SA.
Asimismo, a fs. 2887/2888, prestó declaración testimonial Miguel Ángel Caffaro, quien fuera designado
perito especialista en informática en la causa, quien informó que su tarea consistió en visualizar la información con los programas de búsquedas y recuperación de datos con los que contaba la división especializada. A fs. 2954/55, se agregó una certificación de la causa 1208 del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana. A fs. 2980, existe una nueva constatación del domicilio de Berlín y Paysandú, el cual fue registrado por H. G. B., donde vecinos del lugar dijeron que residían allí
hacía 11 años y que la casa había sido comprada a la familia B.. A fs. 2987/3209, se agregaron copias de las constancias de la causa 2560 del registro del Tribunal Oral Federal Nro. 4 de San Martín, caratulado: “Martínez Espinoza, Juan Jesús y otros s/inf ley 23737 y Código Aduanero”, en las que se hacía alusión a la presunta explotación de
comercialización de CDs y DVDs por parte de Mario Roberto SEGOVIA. A fs. 3423/3424, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina, informó que Mario Roberto
Segovia tenía registrada la marca Burn & Play hasta el año 2019 y que H. G. B. no aparecía entre sus registros. En el mismo sentido, la SIDE a fs. 3451 aportó información sobre la empresa “BURN & PLAY”. A fs. 3453/3474, se agregó el estudio pericial caligráfico conclusiones que fuera que ordenado no era oportunamente, posible cuyas la
participación o no de Mario Roberto SEGOVIA sobre las firmas indicadas en la totalidad de los conocimientos de embarque que conforman el objeto procesal de la presente causa. A fs. 3497/3499, la SIDE informó que de las computadoras o pen drives secuestrados a Segovia en el marco de la causa 8483/88 del registro del Juzgado Federal de
Campana y de lo incautado en la causa 422/08 del registro del Juzgado Nro. 6 del fuero, se habían hallado dos archivos con el nombre “hoerr Racing Products”. Por último a fs. 3559/3568, prestó declaración indagatoria D. A. E., a quien se le atribuyó haber
participado, como despachante de aduana, en la tentativa de contrabando de importación de las mercaderías amparadas por las destinaciones Nros° 06001IC0411562K, y 06001IC04082648V, 06001IC04084269W
06001IC0409903Y
(oficializadas ante el servicio aduanero por A. E., los días 16/08/2006, 20/06/2006, 16/08/2006, 20/07/2006 y 22/06/2006, respectivamente) tratamiento al haber y intentado someterlas al a un les
correspondía, agravado por la utilización de documentación apócrifa necesaria para cumplimentarlo. En aquella oportunidad, ratificó los dichos de su presentación efectuada a fs. 329/331 y agregó que la
documentación para confeccionar los despachos investigados se la había dado a R., ya que era éste quien tenía el contacto con el cliente. A su vez expresó, que luego que se enteró de los hechos por estar presente en la verificación, trató de comunicarse con R. pero él sólo le dio respuestas evasivas. Por otra parte, a fs. 3574/3582, prestó
declaración indagatoria Mario Roberto Segovia, a quien se le
imputó haber participado, con pleno conocimiento, en la
tentativa de contrabando de importación de las mercaderías amparadas por las destinaciones 06001IC04112562K, 06001IC04097703T, 06001IC04081069R días y
06001IC04076012J, 06001IC04099003Y, 05073IC01000324H 6/06/2006,
06001IC04082648V, 06001IC04084269W, (oficializadas 16/08/2006, los
16/08/2006, 22/06/2006,
15/06/2006 y 31/10/2005, respectivamente), al haber intentado someterla a un tratamiento aduanero y fiscal diferente al que les correspondía, agravado por la utilización de
documentación apócrifa necesaria para cumplimentarla. Al respecto, se le hizo saber al imputado que
su participación en los hechos mencionados radicó en que, cuanto menos, posibilitó –con pleno conocimientoque en
todas esas operaciones de importación mencionadas se utilice la matrícula de importador y exportador apócrifa realizada por el propio Segovia- a nombre de H. G. B. (C.U.I.T. 2027743643-5) ante la Dirección General de Aduanas. No obstante ello, también se le atribuyó haber sido el verdadero
importador de las mercaderías amparadas por esos despachos de importación, en los que se consignó como domicilio la oficina de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario (provincia de Santa Fe), que el imputado Mario Roberto Segovia utilizaba en ese entonces, y que había alquilado bajo la identidad de H. G. B.. En aquella oportunidad, Segovia expresó que
prefería declarar primero en el Tribunal Oral Federal Nro. 4 de San Martín y que despúes declararía en esta sede. En este sentido, a fs.3795/3805 y 4039/4047 prestó nuevamente declaración indagatoria, oportunidad en la cual
declaró que no tenía nada que ver con los hechos que aquí se investigaban; que el autor y/u operador intelectual fue Rubén D. I., que a él lo unió una amistad hasta meses antes de su detención. Aclaró también, que I. actualmente tiene una
fábrica de cds y dvds llamada Bronway en Rosario. Expresó que su distanciamiento con I. tuvo que que ver con unos
ciudadanos chinos, amigos de I., que quisieron ser socios del imputado en su emprendimiento de la fábrica de cds y dvds. Asimismo, desconoció a los otros imputados en la causa. Por último, expresó que a I. lo conoció a través de G. en el año 2001/2002, en esa época I. necesitaba una firma inscripta en Aduana para operaciones comerciales y le propuso que cree una y se inscriba, así es que crea la firma MRS, CUIT 20-
23716616-8. En relación a la ficha de B., I. le había pedido una foto para hacerlo socio del club de tiro “Guillermo Tell” pero despúes con esas fotos confeccionó las copias del DNI de B.. Luego de ello, le llevó unas fichas con algunas
inscripciones que él ni leyó y le pidió que las firmara, y afirmó, que si bien no puede asegurar que I. le haya hecho firmar una ficha de importador/exportador a nombre de B., sí puede afirmar que nunca firmó una ficha con otro nombre
sabiendo que estaba haciendo eso. Por último, señaló que las oficinas de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario fueron
alquiladas por I.. Del mismo modo, a fs. 3586/3594, prestó declaración indagatoria S. N. J., a quien se le atribuyó haber
intervenido en los hechos investigados mediante la confección de los despachos Nros. 06001IC04081069R y 06001IC04076012S (oficializadas respectivamente) el al día haberlas 15/06/2006 sometido a y un 06/06/2006, tratamiento
aduanero agravados necesaria expresó y fiscal la diferente utilización al de Al que les correspondía, apócrifa descargo se le que una
por para que, las la
documentación efectuar operaciones dado donde una su que
cumplimentarlo. relación se a las
imputaban, trabaja en
mismas calle
había 112,
oficina de Comercio Exterior. Como aquél tenía su oficina en la calle Venezuela 110, de tanto entrar y salir, conoció a José Z. que era quien trabajaba en Venezuela 112, junto con C. R.. También refirió que fue Z. quien le ofreció, alrededor del año 2002/2003 que le firmara los despachos y desde allí comenzó a firmárselos. En relación a la modalidad de trabajo,
J. expresó que Z. le entregaba toda la documentación y él confeccionaba el despacho y volcaba los datos en el Sistema MARÍA. Que Z. o alguien de su oficina se ocupaba de pagar los gastos y, una vez hecho esto, ya se estaba en condiciones de oficializar la operación. Luego, J. le entregaba la carpeta a Z.. Expresó también que Z. era quien le pagaba los honorarios y que cuando eran operaciones dadas por esa persona, el
imputado no se presentaba a las verificaciones ya que iba alguien trabajar enviado con él por en Z.. el Por año último, expresó que dejó hubo de una
disminución del trabajo, aunque sabe que Z. sigue trabajando en aquella oficina, pero a R. hace rato que no lo veía. Por su parte, surge de la causa 5587, la cual tramitó también ante este juzgado, y en la cual fue procesado Mario Roberto SEGOVIA por considerarlo delito prima facie autor de
penalmente importación
responsable agravado por
apócrifa para cumplimentarla y por tratarse de sustancias
que, por su naturaleza y características, podrían afectar la salud pública, que a fs. 1562, de esa causa, la firma Nextel remitió la documentación original de la solicitud de servicio de H. G. B. (D.N.I. 27.743.643), de fecha 15 de junio de 2006, oportunidad en la que el nombrado brindó como domicilio Entre Ríos 1031 de Rosario y teléfono 341 4475209. De fueron agregadas la a mentada fs. documentación de -cuyas copias se
1536/1561
desprende que el cliente aportó, entre otras cosas, copia de la ficha de inscripción de B. como importador/exportador ante la Dirección General de Aduanas; fotocopia del D.N.I.
27.743.643 a nombre de H. G. B.; constancia de inscripción del nombrado ante la A.F.I.P.; constancia de la cuenta
corriente del Banco Río y un contrato de locación de la oficina de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, suscripto por una persona, en calidad de locatario, que se identificó como H. G. B.. En el mismo sentido, a fs. 1702/1709 de la causa antes mencionada, se encuentra agregado el peritaje caligráfico Javier realizado (de por la el segundo comandante Gustavo de la
Gendarmería Nacional), en el que concluyó que: “a) a excepción del número “15515589” y la palabra “B.”, la firma y las demás grafías obrantes en la solicitud de adhesión a las oficinas de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, suscripta con fecha 06 de junio de 2005,
corresponden a la autoría de Mario Roberto Segovia; b) pertenecen a la autoría del nombrado Segovia las firmas y grafías obrantes en la solicitud de servicios N°
1099056 y en la constancia de términos y condiciones de la firma Nextel, a nombre de H. G. B.; c) las firmas que lucen trazadas en la constancia de inscripción a nombre de H. G. B. ante la Dirección General de Aduanas, también pertenecen a la autoría de Mario Roberto Segovia; d) a pesar de existir una importante similitud morfológica entre las firmas obrantes en las constancias
identificadas como fs. 627 y 1440, y a su vez entre éstas y las indubitadas de Mario Roberto Segovia, por tratarse las primeras de copias fotostáticas (fotocopias), no es posible atribuirlas categóricamente a una misma autoría escritural;
e) aún cuando existe similitud morfológica, no es posible establecer una relación de autoría categórica entre las grafías obrantes en las constancias de fs. 634 y 645 y las indubitadas de Segovia, por tratarse las dubitadas de impresiones fotostáticas (fotocopias).” Por su parte, a fs. 1710/1721, de la causa 5587, obra el estudio pericial efectuado por el alférez Ezequiel Ignacio Jacquemain (de la División Huellas y Rastros de la Gendarmería fotográfica Nacional), inserta en quien la concluyó fotografía que del la imagen N°
27.743.643, a nombre de H. G. B., que fue secuestrada en el allanamiento realizado en las oficinas de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, presenta similares características
morfológicas respecto de las nueve imágenes aportadas como indubitadas y de las insertas en el legajo a nombre de Mario Roberto Segovia.
contrabando de importación de la mercadería amparada por la destinación 06001IC04112562K (oficializada el día
16/08/2006), al haber intentado someterla a un tratamiento aduanero y fiscal diferente al que le correspondía, agravado por la utilización de documentación apócrifa necesaria para cumplimentarla. presuntamente En falsa efecto, como se utilizó la inscripción ante la
Aduana, a nombre de H. G. B. a los efectos de inducir a error a las autoridades aduaneras sobre el verdadero sujeto
importador. A su vez, en el mencionado despacho, se
consignó que la mercadería importada al país consistía en “ladrillos refractarios”, y a cuyo fin se presentó la factura presuntamente apócrifa N° 48652, habida cuenta que, el
exportador “Ming Yi Corp” que las debió emitir, resultaría una empresa inexistente y en la cual se asentó la venta de mercaderías por un valor de u$s 7.290,00 y se señaló como comprador a H. G. B. (con domicilo en la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina). Sin embargo, al realizarse la verificación
física de los enseres, en la Terminal Portuaria nro. 4, se comprobó que difería sustancialmente en su calidad, cantidad, valor y especie con la declarada, ya que –en realidad- se trataba de 188.400 CD-R marca Illusion, 612.600 CD-R marca Infinity y 180.000 dvd marca Illusion, que tenían el
siguiente valor: los CDS de U$S 204.255 y los DVDS
95.472, según el acta de verificación y aforo de fs. 8/9. También se investiga en la causa, el ingreso al país de las mercaderías amparadas por las destinaciones
06001IC04076012J, 06001IC04099003Y, 05073IC01000324H 06001IC04082648V, 06001IC04084269W, (oficializadas los 06001IC04097703T, 06001IC04081069R días y
20/06/2006, 16/08/2006, 20/07/2006, 22/06/2006, 15/06/2006 y 31/10/2005, documentación cumplimentarlas. En tal dirección, se utilizó la inscripción presuntamente Aduana, a falsa de como H. G. importador/exportador B. y se habría ante la – respectivamente) presuntamente utilizando apócrifa para ello para
falsamente- como importador a H. G. B., a los efectos de inducir
importador real. Aunado a ello, se presentaron las facturas
presuntamente apócrifas N° 48371 por un valor de U$S 7.205,00 (operación 06001IC04081069R); N° 48412 por un valor de U$S 7.120,00 (operación 06001IC04084269W); N° 48508 por un valor de U$S 7.154,00 (operación 06001IC04099003Y); N° 48492 por un valor de U$S 7.239,00 (operación 06001IC04097703T) y N° 48406 por un valor de U$S 7.205,00 (operación 06001IC04082648V); habida cuenta que, el exportador “Ming Yi Corp” que las debió emitir, resultaría una empresa inexistente y en las cuales se habría asignado falsamente como comprador a H. G. B..-
2.-Calificación Investigado. Los encontrarían “prima hechos facie”,
precedentemente adecuación
descriptos, en las
disposiciones de los artículos 863, 864, inc b) y 865, inc f) del Código Aduanero, en grado de tentativa en relación a la
operación consumado
amparada en
06001IC04112562K
06001IC04082648V, 06001IC04084269W,
06001IC04099003Y,
06001IC04081069R, 06001IC04076012J y 05073IC01000324H. El primero de los artículos, dispone: “Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerden al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones”. Al respecto, corresponde por sostener que el
delito de contrabando se caracteriza omisiones que transgreden la
aquellos hechos u del Estado para
controlar, en ejercicio de su poder de policía de las leyes y reglamentaciones, dificultando la las importaciones, impidiendo o
acción del organismo aduanero.Asimismo, se ha sostenido que “... el bien
jurídico tutelado, excede el de la integridad de la renta aduanera, ya que está constituido por el adecuado ejercicio de la función de control del tráfico de las mercaderías
asignadas a las aduanas...” (Conf. “Comentarios al Código Aduanero”, Dr. Pedro Fernández Lalane, Ed. Guía del
Exportador e Importador, págs. 53 y sgtes).Por otro lado, se ha considerado que “... la acción u omisión para ser punible debe tener cierta entidad como para dificultar (Conf. o impedir el control H. del servicio
aduanero...”
Tomo VII-A, pág. 130 y sgtes).Por su parte, el inc. b) del art. 864 del Código Aduanero, establece: “Será reprimido con prisión de
DOS (2) a OCHO (8) años el que:… inc. b) “Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación”. Es decir que, dicho inciso sanciona a todo aquel que someta a la mercadería, producto de importación o exportación, a un tratamiento aduanero o fiscal diferente al que le correspondía.Este supuesto se encuentra acreditado en las presentes mercadería actuaciones, que se ello así ya que en principio, la la
06001IC04112562K, oficializada el día 16.08.2006, se trataba
de CDS y DVDS cuando lo que se había declarado eran cerámicos refractarios. Atento a lo antes descripto, corresponde
expresar que para ingresar aquella mercadería al territorio nacional, se habría simulado que lo que se ingresaba eran cerámicos refractarios, tributando de esta manera derechos aduaneros, declarada, por en un vez valor de correspondiente por el a la mercadería de la
operación, logrando de esta manera afectar el correspondiente control aduanero. Por su parte, el art. 865, inc f), prevé: “Se impondrá prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando: …f) se cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera…” Al “... lo respecto, del resulta injusto oportuno del destacar no es que la
falsificación o adulteración del documento en sí, sino su uso o utilización presentándolo ante el organismo fiscal con
conocimiento de los vicios de que el mismo adolece y la voluntad de burlar, mediante esa presentación, el control que el servicio aduanero ejerce sobre una determinada operación de importación sea o exportación. determinante para Se la exige que dicha de la
incriminación principal ...”. (cfr. Pablo Medrano, “Delito de contrabando y comercio exterior”, pág 400 y sgtes).Ahora bien, corresponde a partir de aquí
analizar separadamente las conductas de Mario Roberto Segovia y los despachantes de Aduana E. y J.. Todas las figuras delictivas enrostradas a los imputados, resultan susceptibles de analizarse desde una
óptica objetiva y una subjetiva, comenzaremos el análisis de la conducta desplegada por Mario Roberto Segovia. Resumiendo, con respecto a la operación
06001IC04112562K, el comportamiento de Mario Roberto Segovia encuadra prima facie en el delito de tentativa de contrabando de importación, por haber intentado someter a las mercaderías a un tratamiento aduanero y fiscal diferente al que les
correspondía, agravado por la utilización de documentación apócrifa necesaria para cumplimentarla, respecto al cual
deberá responder en carácter de autor (arts. 863; 864, inc. “b”; y 865, inc. “f”, del Código Aduanero). Asimismo, los hechos correspondientes a las operaciones Nros. 06001IC04082648V, 06001IC04084269W, 06001IC04097703T, 06001IC04081069R,
05073IC01000324H y 06001IC04076012J constituyen prima facie los delitos de contrabando, agravados por la utilización de
documentación apócrifa necesaria para cumplimentarlas, por
los que Mario Roberto Segovia deberá responder en calidad de autor (arts. 863 y 865, inc. “f”, del Código Aduanero) 3.-SITUACIÓN ROBERTO SEGOVIA; Aspecto atribuidas al imputado. En principio, corresponde aseverar que la faz objetiva se encontraría completa, en relación a SEGOVIA, por cuanto el ardid o engaño al que se hace referencia en el art. 863 de la ley 22.415 para dificultar las facultades de Objetivo de las figuras penales PROCESAL DEL IMPUTADO MARIO
control aduanero, se hallaría representado por los motivos
que se explicarán a continuación. Se puede destacar que, el despacho de
importación N° 06001IC04112562K habría dos ardides tendientes a engañar al servicio aduanero, que se encontrarían
debidamente acreditados, tal como se explica a continuación: El primero se refiere a la calidad, cantidad, valor y especie de la mercadería que habría sido declarada falsamente –como “ladrillos refractarios”- para afectar las funciones aduaneras de control sobre las importaciones. En efecto, la verificación física de la
mercadería efectuada permitió demostrar, la presunta falsedad consignada en el permiso de embarque, habida cuenta que se determinó que –en realidad- se trataba de 188.400 CD-R marca Illusion; 612.600 CD-R marca Infinity y 180.000 DVD marca Illusion. A su vez, la verificación y aforo de la
mercadería amparada por esa destinación demuestra la rotunda diferencia entre los valores declarados (U$S 7.290) y los
reales de las mercaderías importadas (los CDs de U$S 204.255 y los DVDs de U$S 95.472, según se determinó a fs. 8/9). En consecuencia, se aprecia claramente que la maniobra engañosa desplegada –y que fuera sustentada en una factura presuntamente apócrifa- pretendieron afectar la correcta valoración realizada por el servicio aduanero, al impedirle importadas. En este sentido, se considera apropiado conocer el precio real de las mercaderías
recordar que para que se configure el delito de contrabando debe frustrarse el adecuado ejercicio de las funciones
legales que las leyes le atribuyen al servicio aduanero, para controlar las importaciones y exportaciones de mercaderías con la finalidad de lograr –entre otras cosas- la correcta recaudación de los tributos (C.S.J.N., en el conocido caso “Legumbres”). Al respecto, deben traerse a colación las palabras de D. Zolezzi, cuando explicó que la veracidad de la
declaración del importador tiene por fin que la Aduana ejerza el control de la correcta valoración de la mercadería, que incide directamente en el tratamiento tributario que ella recibe (Revista de Estudios Aduaneros, N° 19, pág. 134). En conclusión, queda debidamente demostrado que la presunta falsedad en la declaración del tipo y valor de la mercadería, habría procurado reducir indebidamente la base imponible sobre la que se calculaban los impuestos que debía tributar. El segundo ardid se refiere a la simulación del verdadero sujeto importador, puesto que se demostró, que en
realidad, H. G. B. no habría intervenido en la operación de importación. Basta con reparar, al respecto, que el nombrado H. G. B. aparecía consignado –falsamente- como comprador en la factura N° 48652 y como importador en el respectivo despacho. A su vez, en la maniobra se utilizó la falsa inscripción de H. G. B. (C.U.I.T. N° 20-27743643-5) como importador y
exportador ante la Dirección General de Aduanas. En este sentido, debe recordarse que, en realidad, H. G. B. se encontraba detenido al momento de su supuesta inscripción como importador ante la Dirección General de
Aduanas y a la época del hecho objeto de pesquisa, tal como
lo demuestran las fotocopias obrantes a fs. 891/909, 912/929 y 1068 de la causa N° 5587 del registro de este tribunal. Sobre este aspecto, resulta preciso mencionar que la simulación del verdadero sujeto importador constituye otra forma de impedir –mediante ardid- el debido control aduanero. En abono de la postura sostenida, se entiende
preciso recordar que la Cámara del Fuero ha establecido que: “por el artículo 863 del Código Aduanero no se tutelan,
únicamente, las funciones de control del organismo aduanero sobre las mercaderías importadas o exportadas, sino también, como es el caso de autos, sobre las personas que efectúan operaciones de importación o exportación” (Sala B, reg.
245/2007; en igual sentido, este tribunal en causa N° 5570 del registro de la Secretaría N° 1). Sentado cuanto precede, corresponde señalar que en los restantes despachos de la de importación (Nros. que conforman el
06001IC04081069R, 05073IC01000324H y 06001IC04076012J), no se habría podido determinar debidamente el primero de los
ardides indicados, pero sí el segundo. En efecto, con los elementos de prueba reunidos no ha podido demostrarse la mendacidad de las declaraciones
realizadas en esos despachos de importación, en lo referido a la calidad, cantidad, valor y especie de la mercadería
importada, que hubieran provocado que la Aduana realice una incorrecta clasificación y/o valoración de las mercaderías. En el caso de la destinación aduanera N°
05073IC01000324H, la correspondencia entre lo declarado y lo realmente importado se desprende de la coincidencia entre la factura que fuera presentada en el despacho de importación y
el original de la factura que envió la empresa estadounidense exportadora “Hoerr Racing Products”, a instancias de lo
requerido por este tribunal. Por su parte, debe recordarse que, con excepción del mencionado despacho 05073IC01000324H, todas las demás
operaciones investigadas tuvieron canal de selectividad rojo, o sea, que las mercaderías importadas fueron sometidas al control físico por parte de diferentes verificadores
aduaneros, que no realizaron objeción alguna. A juicio del tribunal, aquellas circunstancias
resultan determinantes e impiden sostener que –en realidadse hubieran ingresado otras mercaderías diferentes a las
consignadas en las facturas Nros. 48.371, 48.412, 48.508, 48.492, 48.406 y 48.652, aún cuando se hubiera informado que la empresa Ming Yi Corp era inexistente (fs. 240) y que en los conocimientos de embarque madre se consignara que se transportaban “abrasiv discs” (ver conocimientos de embarque
Nros. 06060058KEEBUE, 06040089KAOBUE, 06050001KEEBUE,
06050020KAOBUE, 06040137KAOBUE, 06050051KAOBUE). En efecto, las sospechas que generan estas
circunstancias no alcanzarían para neutralizar los resultados de la revisión física de la mercadería amparada por los
06001IC04097703T, 06001IC04081069R y
06001IC04099003Y, 06001IC04076012J.
En consecuencia, al no haberse acreditado que la mercadería calidad, declarada cantidad, en valor esos y despachos especie) difería la (en su
importada, es que no puede tenerse por demostrada –en esas
operaciones- el supuesto del art. 864, inc. B) del C.A. Sin embargo, debe señalarse que –del mismo modo que ocurrió con la operación 06001IC04112562K- en la totalidad de los despachos de importación investigados, se habría
consignado falsamente como importador a H. G. B., utilizando para ello la falsa inscripción como importador/exportador del nombrado B.. A su vez, en los despachos de importación Nros. 06001IC04082648V, 06001IC04084269W, 06001IC04097703T, 06001IC04081069R además 06001IC04099003Y, se utilizaron
facturas presuntamente apócrifas de venta, habida cuenta que la empresa que debió emitirlas resultaría inexistente. De este modo, queda evidenciada –en todas las
operaciones reprochadas- la simulación del verdadero sujeto importador, que, como antes se dijo, constituye una forma de impedir –mediante ardid- el debido control aduanero. Al respecto, es apropiado adelantar que existen
pruebas suficientes para sostener que Mario Roberto Segovia
importación investigadas, habida cuenta que se utilizó la matrícula de importador y exportador presuntamente apócrifa que habría sido confeccionada por el propio Segovia- a nombre de H. G. B. (C.U.I.T. 20-27743643-5) y presentada ante la Dirección General de Aduanas. La tipicidad objetiva de la figura prevista en el art. 865, inc. “f”, exige la presencia de tres requisitos: a) presentación dolosa ante el servicio aduanero de determinada documentación; b) que esa documentación este adulterada o sea falsa; c) que esa documentación sea idónea para cumplimentar la operación aduanera. En primer lugar, resulta apropiado mencionar que se encuentra aduanero demostrada de la de la presentación ante el servicio a las
documentación importación
correspondiente Nros.
06001IC04097703T, 06001IC04099003Y,
06001IC04084269W, 06001IC04076012J,
05073IC01000324H
06001IC04112562K, que se investigan en la presente causa, como así tambíen que en aquellos despachos se consignara como importador a H. Gérman B., valiéndose para ello de la
inscripción como importador/exportador presuntamente apócrifa del nombrado B., que habría sido confeccionada Roberto Segovia.En veracidad y segundo término, en las y pese a la obligación aduaneras, de se por Mario
demostró que en todas las operaciones investigadas se declaró falsamente a H. G. B. como importador, a los efectos de simular al verdadero importador.
En tal dirección, se tiene por acreditado que la ficha de inscripción como importador/exportador a nombre de H. G. B., sería apócrifa, ello habida cuenta que habría sido confeccionada por Mario Roberto Segovia (ver peritaje
caligrafico de fs. 1702/1709) En el caso de la operación 06001IC04112562K, además se exteriorizó en la factura presuntamente falsa N° 48652, la compra de “Cerámicos refractarios” por un valor de u$s 7.290, pero la verificación física permitió comprobar que la mercadería difería sustancialmente en su calidad, cantidad, valor y especie con la declarada, ya que –en realidad- se trataba de 188.400 CD-R marca Illusion; 612.600 CD-R marca
Infinity y 180.000 DVD marca Illusion, que, según el acta de verificación y aforo de fs. 8/9, tenían el siguiente valor: los CDs de U$S 204.255 y los DVDs de U$S 95.472. Como se indicó, en la operación 06001IC04112562K, no sólo se habría simulado el verdadero importador, sino que también se habría declarado falsamente la calidad, cantidad, valor y especie de la mercadería importada, con el objeto de someter a esos bienes a un tratamiento aduanero y fiscal diferente al que les correspondía, afectando las funciones aduaneras de control sobre las importaciones. Asimismo, 06001IC04082648V, en las destinaciones aduaneras
06001IC04084269W, 06001IC04081069R, y 06001IC04112562K, las Facturas resultarían apócrifas, habida cuenta que la empresa exportadora que debió emitirlas sería inexistente. En tercer lugar, cuadra mencionar que las facturas presuntamente aprocrifas a de las compra de las mercaderías aduaneras
06001IC04082648V, 06001IC04084269W, constituyen
06001IC04097703T, 06001IC04081069R, necesaria y
06001IC04099003Y, 06001IC04112562K concretar las
operaciones de importación A aduaneras su vez, en la en totalidad autos, se de las operaciones consignado
falsamente que el importador sería H. G. B., utilizando para perfeccionar la maniobra, la presunta falsa inscripción como importador/exportador del nombrado B. que habría sido
confeccionada por Mario Roberto Segovia. Ello, permite concluir, a su vez, que la
presentación de las facturas presuntamente apócrifas habría sido el medio utilizado para engañar al servicio aduanero, habida cuenta que la empresa exportadora(en los casos de las destinaciones aduaneras 06001IC04082648V, 06001IC04097703T, y
06001IC04099003Y, 06001IC04112562K),
06001IC04084269W, que debió
06001IC04081069R, emitirlas,
inexistente. Asimismo, se consignó en la totalidad de los despachos de importación, como el supuesto importador, a H. G. B., y ello permitió ocultar a la autoridad aduanera al verdadero sujeto importador, utilizando para ello la falsa inscripción como importador/exportador del nombrado B..En consecuencia, a criterio del tribunal, no quedan dudas de la idoneidad del ardid desplegado para inducir a error a las autoridades aduaneras, ya que las declaraciones falsas (pese a fueron la obligación de expedirse con con elementos objetivos, veracidad) ser las
mentadas facturas presuntamente apócrifas y la utilización de la inscripción como importador/exportador presuntamente falsa a nombre de H. G. B..
Tentativa consumación.
Resulta preciso señalar, que las maniobras se consumaron en el caso de las operaciones Nros.
06001IC04082648V, 06001IC04084269W, 06001IC04076012J,
06001IC04097703T, 06001IC04081069R, habida cuenta
06001IC04099003Y, 05073IC01000324H que las y
declaraciones falsas realizadas -y avaladas con documentación supuestamente apócrifahicieron incurrir en error a las
autoridades aduaneras sobre el verdadero sujeto importador, burlando las funciones legales de control sobre las personas
que efectúan operaciones de importación. Por el contrario, la operación
06001IC04112562K quedó en grado de tentativa, debido a la oportuna intervención de los funcionarios aduaneros que
realizaron la verificación física del contenedor GLDU 2211071, ocasión en la que constataron que la mercadería declarada difería sustancialmente en cuanto a su calidad, cantidad, valor y especie Mario con la que realmente que habría se intentado de la
presuntamente falsa inscripción de H. G. B. como importador y exportador.
Aspecto analizadas.-
Entrando a considerar la faz subjetiva, las normas analizadas requieren una modalidad dolosa referente al conocimiento de la falsedad de la documentación que se
presenta y la voluntad del agente dirigida a alcanzar el resultado típico. 35
resultado típico se habría presentado como querido por el imputado, en la modalidad del dolo directo, que es el
previsto por los tipos penales analizados.Al respecto, se ha entendido que: “... el que usa el documento debe tener un conocimiento actual acerca de su adulteración o falsedad y de que lo está utilizando según su finalidad probatoria al presentarlo para su
registración ante el servicio aduanero...”. (Medrano, Pablo, “Delito de contrabando y comercio exterior”, Lerner Libreros, Buenos Aires, 1991, pág. 401.).En relación al artículo 865, inc. “f”, se ha sostenido que “lo determinante del injusto del hecho no es la falsificación o adulteración del documento en sí, sino su uso o utilización presentándolo ante el organismo fiscal con conocimiento de los vicios de que el mismo adolece y la voluntad de burlar, mediante esa presentación, el control que el servicio aduanero ejerce sobre una determinada operación de importación o exportación…”. Pues, “el que usa el
documento debe
tener un conocimiento actual acerca de su
adulteración o falsedad y de que lo está utilizando según su finalidad probatoria al presentarlo para su registración ante el servicio aduanero” (Medrano, Pablo, “Delito de contrabando y comercio exterior”, Lerner Libreros, Buenos Aires, 1991, pág. 400 y sgtes.). En el presente caso, se satisfacen los
elementos requeridos por la tipicidad subjetiva de la figura. En inferir que el efecto, las pruebas actuó reunidas con dolo permiten directo,
puesto que habría tenido pleno conocimiento de la utilización
de la ficha de inscripción presuntamente apócrifa como
importador/exportador a nombre de H. G. B., habida cuenta que aquella habría sido confeccionada por el nombrado Segovia y presentada ante la ADUANA, brindando para ello los datos de H. G. B.. En esta inteligencia, se debe destacar que la ficha de inscripción presuntamente apócrifa como
importador/exportador a los fines de
a nombre de H. G. B. resultó necesaria las destinaciones aduaneras
investigadas.A ello, debe aunarse que en las destinaciones aduaneras
06001IC04097703T, 06001IC04081069R, y
06001IC04112562K, las facturas alli incorporadas, resultarían apócrifas, habida cuenta que, el exportador “Ming Yi Corp” que las debió emitir, resultaría una empresa inexistente, como así también de las falsedades asentadas en la
documentación correspondiente a la totalidad de los despachos de importación investigados (se consignó que el comprador era H. G. B.) con el propósito de engañar al servicio aduanero
sobre el verdadero sujeto importador. Es que, como se demostró, Segovia habría sido el destinatario de las mercaderías amparadas en los despachos 06001IC04082648V, 06001IC04084269W, 06001IC04097703T, 06001IC04081069R, 06001IC04099003Y, 05073IC01000324H,
06001IC04076012J y 06001IC04112562K, y habría posibilitado su ingreso, mediante la utilización de la ficha de inscripción como importador a nombre de H. G. B.. Aún cuando se demostró que sus firmas y
grafías no estaban en la documentación correspondiente a esas
3453/3474),
dudas que Segovia conocía acabadamente la falsedad de la inscripción como importador/exportador a nombre de H. G. B., habida cuenta que aquél habría confeccionado aquella
inscripción, para que luego se presentada ante la Dirección General de Aduana. Aunado conocimiento de la a ello, de también las tenía pleno que se
presentaban para avalar la adquisición de las mercaderías, ya que en ellas también se indicaba como comprador a H. G. B. y, como domicilio, se consignaba la oficina de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, que el propio Segovia habría alquilado bajo la falsa identidad de H. G. B.. Incluso, debe recordarse -entre otras cosas- que en la operación 05073IC01000324H se incluyó una de sus presuntas casillas de correo electrónico; que en el permiso
06001IC04076012J se hizo alusión a la firma Excel (que se encontraría ligada a Mario Segovia) y que en los despachos 06001IC04081069R, 06001IC04097703T, 06001IC04084269W, 06001IC04082648V y 06001IC04099003Y, 06001IC04112562K se
aportó como referencia la oficina de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario (que Segovia efectivamente utilizaría en esa
época); circunstancias que, valoradas a la luz de la sana crítica junto con las demás pruebas coincidentes, permiten sostener ingreso que de el las nombrado Segovia habría posibilitado de la el
inscripción que habría realizado aquél
a nombre de B. y
habría sido el destinatario de las mercaderías. A su vez, en la operación 06001IC04112562K (en la que importaba 188.400 CD-R marca Illusion; 612.600 CD-R marca
Infinity y 180.000 DVD marca Illusion), también habría tenido conocimiento que se declaraba falsamente la calidad,
cantidad, valor y especie de la mercadería declarada. Finalmente, desconocer que en Mario las Roberto Segovia no podría nros.
06001IC04084269W, 06001IC04081069R, y 06001IC04112562K, las facturas cuenta alli el incorporadas, exportador resultarían “Ming Yi apócrifas, que las habida debió
Corp”
emitir, resultaría una empresa inexistente. Por su parte, el art. 864, inc. “b”, del Código Aduanero –que se le atribuye con respecto a esa operaciónUSO OFICIAL
además requiere un elemento subjetivo distinto al dolo, que es el “propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere” (en el
mismo sentido, CNPENECO, Sala A, in re “Roncal de Sallo, R. Y.”, rta. el 1/3/2006). En el caso, también se satisface ese elemento
requerido por la tipicidad subjetiva de la figura. Pues bien, no quedan dudas que la maniobra dolosa desplegada –de declarar falsamente la clase y valor de la mercadería- tuvo el inequívoco propósito de someter a las mercaderías distinto importadas que le a un tratamiento sino fiscal no sólo más
correspondía,
favorable, al reducir la base imponible de los tributos que debía afrontar. Además, de lo ya resaltado en los párrafos que
anteceden, si bien es cierto que no se pudo constatar si la mercadería del resto de los despachos coincidía o no con la declarada, existen otros elementos de prueba que permitirían
inferir que Segovia habría intervenido en las operaciones conociendo que con su actuar se burlaría el debido control aduanero, tales como el archivo que se encontró en una de las computadoras secuestradas a Segovia con el nombre “FW:
Invoice From Hoerr Racing Productos” del 29 de octubre de 2005, coincidiendo con la fecha de la operación amparada por el DI 05073IC01324H, el cual fuera oficializado el 31 de octubre de 2005 y contenía la factura invoice de “HRD” nro. 25491 y la guía aérea nro. 2051599 donde el nombre de la compañía era “Hoerr Racing Products” y el consignatario “B.
H. G.” y su domicilio “Entre Ríos 1031”, de la ciudad de Rosario”. Asimismo, podemos decir que, en relación al DI 06001IC04099003Y, la Terminal 5 BACTSSA informó que el contenedor fue el TTNU 238581-0, y que habría sido abonado el servicio, mediante depósito en el HSBC, por H. G. B. el 20/07/06. Además, no se debe perder de vista que el mismo Segovia a fs. 2691/2702, admite ser socio de una
fabrica de CDs y DVDs, cuya denominación social sería “Burn & Play”. Las circunstancias referidas en los párrafos anteriores, permitirían sostener que el requisito exigido por el aspecto subjetivo de las figuras penales analizadas se hallaría acreditado, respecto por de, cuanto la SEGOVIA, de habría la poseído de
inscripción como importador/exportador presentada, a fin de realizar las operaciones de comercio exterior, como también, sobre la falsedad de la mercadería declarada y de la
utilización de facturas supuestamente apócrifas que habrían sido emitidas por una empresa que sería inexistente. En esa misma línea argumental, resulta
oportuno destacar que “...no debiendo dejarse de lado que, aún en el hipotético caso en que el imputado no hubiera intervenido en la confección de la documentación ni firmado documentación documentación alguna, ni presentado para ante la la Aduana la
mercadería…ni
retirado…de la Aduana, la tramitación de aquella importación se habría efectuado bajo el dominio funcional de aquél, dado que sobre la base de su decisión se habría dispuesto el envío y el ingreso posterior al país de la mercadería…circunstancia
para la cual habría…provisto la documentación necesaria a quien se encargaría de la tramitación correspondiente para que la importación se efectivice, por lo que el imputado habría consentido y respaldado la formalización de los
trámites específicos ante el servicio aduanero, los cuales resultaban necesarios, indefectiblemente, para lograr el
ingreso de la mercadería mencionada…” (CPECON. Sala B, Reg. 174/2006. “MIXSER S.R.L. s/Av. de Contrabando” Juz 4/7).4. Participación Criminal En relación al grado de participación del
encausado Mario Roberto Segovia en los hechos investigados en el sumario -y conforme se desprende de los elementos
probatorios incorporados al proceso y que fueran materia de análisis en párrafos anteriores-, corresponde precisar que
el nombrado habría intervenido en los delitos de
en calidad de autor (Artículo 886, inc. 1ro. de la Ley 22.415 y art 45 del CP).
mantiene en sus manos, abarcado por el dolo, el curso causal del hecho típico, y por ende el dominio del hecho lo tendrá
quien pueda impedir o hacer avanzar, a su albedrío, el hecho hasta su resultado final (confr. MAURACH, Reinhart, GOSSEL, Karl y ZIPH, HEINZ, Derecho Penal Parte General, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, pag. 517). En la misma línea, corresponde puntualizar que dicho aspecto formal-objetivo, no resulta suficiente para
definir la autoría, sino que aquél debe completarse con un criterio material, puesto que revestirá tal condición quien “tiene el dominio final del hecho”, situación que no se
verificará en el caso de los partícipes. Pero, además, desde el punto de vista objetivo el dominio acontecer del hecho consiste en tener en las manos el
típico, es decir la posibilidad fáctica de dirigir
en todo momento la configuración típica y se podría reconocer el dominio del hecho a todo aquel que pueda inhibir, dejar correr o bien desde el interrumpir la realización del resultado. Pero de vista subjetivo que se analizará a
continuación, resultará necesario que el autor tenga dolo de autor, esto es la voluntad del dominio fáctico del hecho, y quien actúa y no sabe que tiene el dominio del hecho no es autor en ese sentido. Aplicando las anteriores consideraciones al caso en cuenta las
particular del encausado SEGOVIA, y teniendo
constancias probatorias recolectadas hasta el momento, podría válidamente colegirse que el nombrado habría posibilitado el ingreso de la mercadería y habría sido el verdadero
destinatario de aquella.
En operaciones principio, investigadas debe en señalarse autos fueron que todas las a
nombre del importador H. G. B. (C.U.I.T. N° 20-27743643-5), con domicilio en la calle Entre Ríos 1031 de Rosario. Al inscripción respecto, como debe señalarse que de la H. ficha G. B., de en
realidad, habría sido confeccionada por el imputado Mario Roberto Segovia, según se determinó mediante el peritaje
caligráfico obrante a fs. 1702/1709 de la causa N° 5587 de este tribunal. También se encuentra debidamente demostrado que la oficina de la calle Entre Ríos 1031 -primer piso- de Rosario,
en ese entonces sería utilizada por Mario Roberto Segovia, quien la habría alquilado bajo la identidad de H. G. B. (según se desprende del peritaje caligráfico obrante a fs. 1702/1709 de la causa 5587, que demostró que pertenecían a Segovia la firma y las grafías obrantes en la solicitud de adhesión suscripta para alquilar dicha oficina). Asimismo, al realizar el allanamiento de ese inmueble se incautaron
evidencias que corroboran que la oficina efectivamente sería utilizada por Segovia, como ser, la fotocopia del D.N.I. N° 27.743.643 a nombre de H. G. B. (cuya fotografía correspondía a Mario Roberto Segovia, según se estableció en el estudio pericial de fs. 1710/1721 de la causa N° 5587). A su vez, ese domicilio no sólo se declaró en los permisos de embarque investigados como dirección del
importador, sino que también surge de las facturas de venta Nros. 48.371, 48.412, a 48.508, las 48.492, 48.406 y 48.652
(correspondientes 06001IC04084269W,
06001IC04081069R, 06001IC04097703T,
06001IC04082648V mientras que en
06001IC04112562K, la factura
respectivamente), del permiso
06001IC04076012J surgía el número de teléfono instalado en el domicilio de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario. Tales circunstancias, sumadas a las
particularidades que a continuación se enuncian, permitirían sostener que de Mario las Roberto Segovia habría sido a el los
despachos que se le imputaron. En primer lugar, y en lo concerniente a la
operación 06001IC04076012J, debe repararse que de la propia factura surge que el consignatario era H. G. B. (Excel), teléfono: (341) 447-5199. Al respecto, debe recordarse que se encontraría
debidamente acreditado el vínculo de Mario Roberto Segovia con la firma Excel Import & Export. En efecto, en el registro realizado en el domicilio particular de Segovia, se incautó una hoja con membrete de la firma Excel Import & Export, suscripta con la falsa identidad de H. G. B., en la que se consignaba el domicilio de la calle Entre Ríos 1031, piso 1°, de Rosario y se mencionaba que su teléfono era el número 4475199. No debe soslayarse que, sugestivamente, ese abonado telefónico se consignó como referencia en la factura de venta correspondiente al permiso de embarque 06001IC04076012J. Al que el respecto, se encuentra debidamente se acreditado encontraba
341-447-5199,
oficina que Mario Roberto Segovia habría
alquilado –con la falsa identidad de H. G. B.- en la calle Entre Ríos 1031, piso 1º, de Rosario. A su vez, debe
mencionarse que ese mismo teléfono y dirección también
habrían sido utilizados por Segovia, por ejemplo, cuando los consignó en la ficha de inscripción como importador y
exportador que el nombrado habría posibilitado su trámite con la identidad de H. G. B. (según el estudio caligráfico de fs. 1702/1709 de la causa N° 5587) y cuando se habría contactado con el labortaorio Latoxan de Francia para adquirir las
sustancias aconitina y ricinina que habría importado al país bajo la identidad de H. G. B., en calidad de presidente de la firma Excel Import & Export (hecho por el cual Segovia fuera condenado por el delito de contrabando, según surge de fs. 4062).
En suma, el hecho que se utilizara la ficha de inscripción como importador/exportador de B. (que habría sido confeccionada por Segovia); que se indicara el teléfono de destino de la mercadería el abonado 341-4475-5199 (que
correspondía a la oficina que habría alquilado Segovia), como así tambíen que surgiera el domicilio de la calle Entre Ríos 1031 de la ciudad de Rosario, y que se hiciera alusión a la empresa Excel (ligada al propio Segovia), permite deducir, fundadamente, que Mario Roberto Segovia habría posibilitado el ingreso de la mercadería y había sido el destinatario de aquella. En segundo término, y con respecto a la operación 0573IC01000324H, factura (enviada Unidos N° por resulta de la importante empresa destacar Hoerr que de la
25.491 la
Racing de los
Products Estados por el
propia a
exportadora de lo
juzgado) surge –entre los datos del comprador- el nombre de H. G. B. y posteriormente se encontró un archivo con el
Hoeerr
computadora personal de Segovia, de fecha 29 de octubre de 2005 (según informe de fs. 3497/3499), que llamativamente coincide con la operación amparada por el despacho de
importación 0573IC01000324H, que fuera oficializada el día 31 de octubre de 2005 y contenía la factura invoice de la
empresa Hoerr Racing Products N° 25.491. En este mismo sentido, de la factura citada también surge la dirección de mail “solovideitos@hotmail.com, coincidiendo esto con el dato que surge de la impresión de pantalla de fs. 3497, confeccionado por la SIDE en
oportunidad de analizar las computadoras de Segovia, y cuyo asunto resulta ser también “FW: Invoice From Hoeerr Racing Products”. El hecho que se desconozca el contenido de ese archivo, que no pudo ser visualizado por el personal
especializado de la Secretaría de Inteligencia –según fs. 3504-, no impide concluir que no tuviera relación con esa operación aduanera, máxime cuando la guía aérea consignaba como domicilio del comprador, el ya referido de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario. Con respecto a la operación 06001IC04112562K, corresponde señalar –en tercer lugarque en autos se
demostró que en la época de los hechos investigados, Mario Roberto Segovia se encontraría con DVDs, preparando la tal un gran y los
emprendimiento comercialización
vinculado de CDs y
fabricación como surge de
informes de fs. 1481, 1984/85, 2075/2102, 2530/2534 y 3451. Incluso, el nombrado ya había formalizado la sociedad “Burn & Play”, cuyo objeto social consistía en el
diseño, producción, fabricación, transformación o elaboración y distribución de toda clase de productos y en especial de DVDR y CD y cualquier otro soporte informático de datos, (fs. 2087) e incluso Segovia habría registrado la marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (fs.3423/3424). En este mismo sentido, la SIDE en el informe agregado a fs. 2530/2534, indicó, en base a los datos
obtenidos en las causas que tramitaban en la localidad de Campana y en el juzgado Penal Económico Nro. 6, que se pudo constatar unos email entre Tantucci, quien sería un amigo de Segovia y “Tom” y “Antonio” por el pago de unos cds en Ciudad del Este, República del Paraguay. Según el informe, “Tom” y
“Antonio” querían ser socios en Play & Burn. En uno de los correos electronicos, Tantucci les dice que iban a suspender “…el negocio de los 1080000 DVD lo voy a tener que dejar por ahora pendiente a causa de que se me complicó el ingreso de la mercadería a Argentina…” Esas circunstancias, sumadas a que en la
factura de venta surgía como domicilio del comprador en la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, persuaden al suscripto para afirmar que Mario Roberto Segovia habría sido el destinatario de los 188.400 CD-R marca Illusion; 612.600 CD-R marca
Infinity y 180.000 DVD marca Illusion, que habría intentado ingresar al país al amparo del despacho 06001IC04112562K. A criterio de este juzgado, el hecho que no pertenezcan estampadas a Mario se Segovia las firmas en el y grafías de allí fs.
3453/3474), no impide sostener que no haya sido el nombrado el destinatario de esas mercaderías, tal como se demostró con el resto de las evidencias mencionadas ut supra.
Al respecto, debe recordarse que en todas esas facturas se consignó como domicilio del comprador el inmueble de la calle Entre Ríos 1031 de Rosario, que, como antes se señaló, en ese entonces sería utilizado por Mario Roberto Segovia, que lo habría alquilado bajo la falsa identidad de H. G. B.. Como se observa, la contundencia del plexo
probatorio desvirtúa y deja carente de sustento el descargo realizado por Mario Roberto Segovia (en el escrito de fs. 2691/2702 y en las declaraciones indagatorias de fs.
3795/3805 y 4039/4047), cuando negó su intervención en los hechos que se le imputaban en autos, manifestando que otras personas utilizaban la identidad de H. G. B.. Todas los elementos colectados, persuaden al tribunal para sostener la intervención en los hechos de Mario Roberto Segovia, quien habría posibilitado el ingreso de las mercaderías y habría sido el destinatario de aquellas
correspondientes a los despachos objeto de pesquisa. En consecuencia, valorados en conjunto los
diversos elementos probatorios incorporados al legajo en esta instancia convicción procesal, requerido podría para sostenerse, esta etapa con el grado de
(confr. la
Artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación), intervención
culpable, con carácter de autor (confr. Art. Código Aduanero) de
886, inc, 1ro. de la Ley Nro. 22.415 SEGOVIA en el delito previsto
y reprimido en el artículo
863, 864, inc. B y 865, inc f, de la Ley Nro. 22.415 (Código Aduanero), consistente en el contrabando de CDs y DVDs,
mediante la entrega de una ficha de exportador/importador que
habría sido solicitada por el nombrado ante la ADUANA,
brindando para ello los datos falsos de H. G. B..
Medidas cautelares Procedencia del dictado de prisión preventiva. En primer lugar he de indicar que el artículo 1ro. de la Constitución Nacional Argentina dispone que La Nación Argentina adopta para su gobierno lo la “... forma la
presente Constitución...”. Por republicano
como uno de los pilares de la forma de gobierno,
permite luego sustentar el desarrollo del mismo, a través del esquema de distintos órganos basados en el sistema de frenos y contrapesos, también llamado sistema de división de
poderes, dentro del cual a cada uno de los distintos órganos compete una misión específica. En relación a la misión que a cada uno de los órganos compete, cabe recordar que en el Poder Legislativo Nacional se deposita la soberanía del pueblo, dada ella a través de la representación política, la cual se materializa a través de la existencia de dos Cámaras que regulan el
dictado de las leyes tanto en sentido formal como en sentido material. El Poder Ejecutivo Nacional se ejerce a través de la figura del Presidente en forma exclusiva, quien tiene a su cargo la función específica de la administración general del país (artículo 99, inciso 11, “in fine” del texto
Finalmente, al Poder Judicial de la Nación se le atribuye la tarea de la función jurisdiccional, la cual se ejerce por intermedio de un acto complejo: el conocimiento de los hechos a través de las normas, la elección de una de las variantes del plexo normativo y la toma de una decisión
aplicando el derecho válido para el caso concreto. Siguiendo la citada línea argumental, las
normas dictadas por el Poder Legislativo Nacional, por el solo hecho de haber emanado del órgano adecuado y dictadas siguiendo el procedimiento constitucional, gozan por regla general de una presunción de razonabilidad en cuanto a su contenido, resultando que solo excepcionalmente carecen de dicho atributo para el supuesto que se probara la existencia de arbitrariedad de la norma. La razonabilidad expuesta debe ser entendida como la adecuación de sentido en que se tienen que encontrar todos los elementos de acción para crear el derecho: los motivos común (circunstancias (plexo del de caso), los que fines, lo el sentido y los
integran)
medios (aptos para conseguir los fines). Ello, surge prístinamente del contenido del
artículo 28 de la Constitución Nacional Argentina que dispone que “... Los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio...”. La regla de razonabilidad exige, reitero, que el medio escogido para alcanzar un fin guarde proporción y aptitud suficiente con ese fin o que haya una razón valedera para fundar una decisión “...si hay razonabilidad en la
limitación a un derecho no existe violación constitucional al
mismo...” Derecho (confr. BIDART CAMPOS, Argentino Tratado Tomo de Elemental Nueva de
ampliada y pag. 805).
actualizada al 1999-2000, Editorial EDIAR - 2000,
Ahora bien, el artículo 18 de la Carta Magna dispone que “...Nadie puede ser... arrestado sino en virtud de orden escrita emanada de autoridad competente...”.
Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 7, inciso 21
dispone que “...nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por
Convención, luego de la reforma de la Constitución Nacional acaecida en 1994, fue incorporada mediante el dictado del art. 75, inciso 22 al texto constitucional y goza de una jerarquía superior a las leyes de derecho interno.De general lo expuesto por las se desprende, que la regla es la
libertad ambulatoria aplicable a los imputados en un proceso penal, la cual además se completa con las disposiciones del art. 14 del texto de citado los que reconoce: derechos “...Todos conforme los las
Leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: ... de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino...”. Sin embargo, tal regla general no debe ser entendida como un derecho absoluto, porque dentro del esquema normativo
planteado por el legislador constituyente, no hay derechos absolutos sino que la propia Constitución Nacional contempla
legales. En idéntico sentido, el art. 32, inciso 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “... los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por la justas exigencias del bien común, en una sociedad
democrática...”.Por ende, los textos normativos antes
indicados contemplan la posibilidad de restringir la libertad ambulatoria, cumplimiento sujetando de las tal extremo a la procedencia del caso. del
conlleva a considerar el encarcelamiento preventivo como modo válido de restricción de la libertad ambulatoria.En relación a la función que cumple el
encarcelamiento preventivo, tal instituto debe aplicarse a fin de permitir asegurar los resultados de la investigación y la persona del la sospechoso, y a efectos de que éste no
previo y el cumplimiento de lo que en él se resuelva (confr. CAFFERATA NORES, José, La excarcelación, pag. 23 y sgtes. Editorial Depalma, 1988 segunda edición). Es decir, que la aplicación de la prisión preventiva está dirigida a dos
finalidades: el aseguramiento de la presencia del imputado durante el proceso con la consiguiente evitación de
obstaculizar el accionar de la justicia y la garantía del cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria.En tal inteligencia, puede afirmarse que las normas reguladas en el Código Procesal Penal de la Nación en los arts. 280 y 312 obedecen al cumplimiento del mandato
constitucional de los arts. 14, 18 de la Carta Magna y 7, inciso 2do y 32, inciso 2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos. parte del
Por tal motivo, es que la imposición por
Juzgador de la prisión preventiva en los casos en una
los cuales tal instituto sea procedente, no resulta
regla discrecional de aplicación al caso concreto, sino más bien el acatamiento a las normas de derecho internacional y de derecho interno que conforman el plexo normativo que debe aplicar el juzgador a cada caso en particular. En libertad conclusión, excluir no el puede el respeto derecho a de la la
sociedad de adoptar todas las medidas de precaución que sean
investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga perjudicando el orden público.En otro orden de ideas, la fundamentación de la prisión preventiva que considero que debe recaer sobre el aquí imputado, debe ser evaluada a la luz de la directriz jurisprudencial establecida por la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario Nro. 13 Acuerdo 1/08 “DIAZ BESSONE, Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabilidad de la ley”.En primer lugar, he de adelantar que conforme a las disposiciones previstas en el art. 10 de la ley 24.050, la aplicación de los criterios jurisprudenciales de la citada Cámara son obligatorios y vinculantes para los tribunales que de ella dependan, motivo por el cual este juzgador se ceñirá para merituar la pertinencia del dictado de la prisión
preventiva en las directivas impartidas por el Alto Tribunal. Las mismas imponen como doctrina plenaria que “... no basta
en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una
pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma
conjunta con otros parámetros
tales como los establecidos en
el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal...”.Para determinar, entonces, los casos en que se fuerza hasta el máximo tolerable el principio de inocencia y se viabiliza el encierro preventivo de una persona, habrá que atender las siguientes circunstancias. Primeramente, probabilidad de que el debe existir haya -al un menoshecho
punible. Esto es, previo a toda otra circunstancia, deben existir elementos probatorios en la causa que sitúen al juez próximo a la certeza de que el imputado ha cometido el hecho que se le endilga. También riesgo de que el debe poder se inferirse fugará o que existe el la en y
entorpecerá está, de la ponen verdad
investigación. riesgo la
(averiguación
aplicación de la ley sustantiva). Ello así, en tanto: a) no hay proceso penal posible sin la presencia del imputado -dado que no se concibe el proceso penal en contumacia en nuestro país-; y b) no se alcanza la verdad -y en consecuencia no puede actuar
correctamente la ley sustantiva- si se destruyen u ocultan elementos probatorios.
A su vez, debe descartarse la posibilidad de que otros medios menos lesivos de derechos fundamentales del imputado (tales como, también prisión por ejemplo, los En cauciones que de se o le tal
inhabilitaciones) reconocen a la
garanticen preventiva.
fines caso
posibilidad exista, queda excluida la aplicación del encierro preventivo dado que -a la luz del carácter excepcional de la restricción provisional de la libertad- debe aplicarse la medida cautelar que, con el menor sacrificio, permita
alcanzar las metas procesales antes señaladas. Finalmente, la aplicación del encierro
preventivo se encuentra supeditada a que la pena con que se
delito de la
menos sufre
preventivamente. En resumen, que la Constitución Nacional
consagre categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria e imponga el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una
sentencia firme, es el motivo para descartar toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso que no
contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales concretos; esto es, peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Por esos mismos motivos, también resulta
inapropiada esta medida cautelar cuando no guarda proporción con la pena en expectativa o cuando existen medios menos lesivos para alcanzar los mismos objetivos. En un sentido similar se pronunció la Cámara Nacional de Casación Penal
“Macchieraldo
inconstitucionalidad”, del 22/12/04, reg. 841, entre otros). En virtud del esquema constitucional
anteriormente detallado, las prescripciones -ya de carácter legalde los artículos 316 y 317 del CPP, no pueden
representar más que un parámetro relevante para evaluar la existencia de riesgos procesales. No obstante, pueden haber circunstancias que permitan descartar esos riesgos aún frente a una elevada amenaza de pena. Por ello en consideración a los principios
fundamentales que establece la ley procesal, plasmados en los arts. 2 y 280 es que se pone en cabeza del juez la
obligación, por un lado, de asegurarse de que la privación de la libertad sea el último recurso para garantizar la acción de la justicia y por el otro, de fundamentar suficientemente la decisión de encarcelamiento anticipado (ver c. 37.788
“Paez, G.”, Reg. n( 345 del 29/04/05). Si bien se exige la motivación de todas las resoluciones principio gobierno, (cfr. art. 123 de toda C.P.P.), como de derivación los efecto actos sea del de una
constitucional en especial,
publicidad medida
restricción de la libertad debe ser producto de un análisis integral de las circunstancias ut supra apuntadas que el
magistrado está obligado a exteriorizar. En este caso en particular, corresponde dejar asentado que teniendo en cuenta la escala penal del delito imputado a Segovia, y que la pena máxima para el mismo supera los ocho años de prisión y la pena mínima supera los tres, sumado a las dos condenas ya dictadas por el Tribunal Oral Federal Nro. 4 de San Martín y del Tribunal Oral en lo Penal
Económico Nro. 2, (no firmes, a la fecha), es que se estima que, de recaer condena por el delito aquí imputado, ésta no sería de cumplimiento condicional, ello en virtud de lo
previsto en el art. 312 del CPPN, con lo cual corresponde dictar la prisión preventiva del nombrado. En este sentido, la Sala “A” de la Excma
Cámara de Apelaciones del fuero tiene dicho que: “…a fin de establecer si corresponde el dictado de la prisión preventiva cabe estimar si respecto del delito atribuido procederá
condena de ejecución condicional antes de analizar si existen motivos de cautela que la justifiquen…” (Sala “A”, reg.
904/2005).
Asimismo, procesal impone al
juez…estimar
imposibilidad de una futura imposición de pena privativa de libertad superior o a ocho años de de prisión una o, en su caso, de
ejecución condicional…” (Sala “A”, Reg. 837/2002). Por último, la Sala de Feria conformada en
enero de 2003, citó un fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, “Pereyra”, en el cual, el Dr. Tragant en su voto expresó: “…no se advierte como podrían influir las
atenuantes de carácter personal –falta de antecedentes del procesado, hipotético arraigo de pena comprobadode para revertir efectivo, el juicio todo
cuando el mínimo de la pena privativa de la libertad que cabría imponer al acusado…supera los tres años de
prisión…límite este último precisamente previsto por el art. 26 del Código Penal de la Nación para la suspensión de la pena” (Sala de Fería, Reg. 39/2003).
Monto del Embargo En este punto, corresponde indicar que el auto de procesamiento dictado respecto de Mario Roberto Segovia, deberá incluir un embargo sobre los bienes del nombrado en cuantía suficiente y como garantía de sus eventuales del hecho
responsabilidades civiles y/o penales resultantes
investigado en las presentes, conforme lo normado por los artículos 530 y sgtes del CPPN. Que en cuanto al embargo a fijarse en este decisorio, es de considerar que la esencia del mismo está dada por su “... finalidad de asegurar efectivamente el
resultado del proceso, ante la eventual imposición de una pena ... de índole civil, al acceder a una acción
resarcitoria por el daño ocasionado por el delito ...” (cfr. Rubianes; Justamente, Derecho el Procesal 518 del Penal, Tomo III, pág. que el 173). juez
deberá embargar “en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas”.
Específicamente, las costas comprenden: 1) el pago de la tasa de justicia 2) los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos y 3) los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa (art. 533 del
C.P.P.N.). Cada uno de estos aspectos debe ser evaluado para llegar finalmente al monto específico y respecto del cual las partes puedan formular impugnaciones si es que lo consideran pertinente.Esto nos permite pensar, que la medida del embargo está dada por el monto del daño causado,
conjuntamente con las costas del proceso.
En consecuencia, y señalando que el embargo debería orden garantizar el cumplimiento de la eventual pena de aplicable al hecho investigado y que
aquélla pena sería la de multa prevista en el artículo 876, inc. c) de la Ley Nro. 22415 (Código Aduanero), la medida cautelar real será determinada en base a la escala de la pena y el valor de la mercadería secuestrada.En este sentido, si se tiene en cuenta que por el artículo 876, apartado, 1 inc. c) de la Ley Nro. 22.415 (Código Aduanero) se prevé: “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873, 874, además de las penas privativas de libertad, se aplicarán las siguientes
sanciones “...Una multa de 4 a 20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito que se impondrá en forma solidaria...” y dado que el valor que podría tener la
mercadería importada sería de doscientos noventa y nueve mil setecientos convertida veintisiete a moneda dolares nacional (U$S 299.727), a un la cual millon
cuatrocientos mil pesos ($ 1.400.000), considera el suscripto que el monto del embargo decretado sobre los bienes de
MARIO ROBERTO SEGOVIA, deberá millones, aquélla seiscientos para mil
fijarse en la suma de cinco ($ 5.600.000), resultando la pena
suficientemente eventualmente
pecuniaria imponerse.-
Esta suma surge de multiplicar 1.400.000 por cuatro, que es el mínimo de multa, establecido por el art. 876 del C.A. SITUACIÓN PROCESAL DE D. A. E. Y S. N. J..
Ahora bien, entrando a analizar la presunta intervención investigación, incorporados al de los habré encausados de no en el hecho los el materia de
adelantar permiten
que -por
dictado de un auto de procesamiento (art. 306 del CPPN) ni tampoco de sobreseimiento (art. 335 del CPPN),
correspondiendo por ello la adopción del remedio procesal previsto en el art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación.Cabe descartar la expresar que, de los para poder corroborar E. y J., o es
necesario efectuar una serie de medidas previas Por lo tanto, la necesidad de ordenar la
realización de otras medidas, impide por el momento, dictar una resolución en los términos de los arts. 306 o 335 del C.P.P.N, decretándose por ende, la falta de mérito para
ordenar el procesamiento o el sobreseimiento de aquéllos en relación a los hechos por los cuales fueran indagados, en los términos del art. 309 del C.P.P.N., prosiguiéndose con la investigación.Por “...La falta de último, mérito mérito sobreseer, resulta oportuno recordar que
no cierra el proceso, solo declara para por ordenar el procesamiento y ello deja abierta la
que no existe tampoco para
instrucción por el término establecido por la ley para seguir investigando. En este período, el Juez tratará de recoger
las pruebas que hagan al sobreseimiento del imputado o contar con elementos que justifican su procesamiento. La falta de mérito no causa estado y es revocable y modificable de oficio ...” (Conf. Código Procesal Penal de la Nación, Raúl
Washington Avalos, Tomo II, pag. 710 Ediciones Jurídicas
Cuyo, Año 1994).Asimismo, la Sala “B” de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones del fuero expresó “...que el auto que decreta la falta de mérito para procesar o sobreseer al
imputado, es de carácter provisional y revocable en cualquier momento de la instrucción, haciendo no concluye que se la causa ni con la la
instrucción de la causa y, si se reúnen los elementos de convicción suficiente, se pueda disponer posteriormente el auto de procesamiento o el sobreseimiento del imputado...” (Cf. Sala B, Reg. 1078/98 y 405/01 “B., REINALDO AMADEO”).USO OFICIAL
En ese orden, en atención a
que deberán realizarse y a las demás constancias agregadas a la causa, considero la el oportuno en de este las estado de la
investigación, probatorias con
realización objeto de
siguientes la
formulada contra E. y J.: En efecto, a los fines de recolectar mayores elementos probatorios y determinar si R., Z. o Segovia les efectuaron pagos, por los servicios como despachantes, a E. y J., como así también si los primeros efectuaron
transferencias de dinero a los exportadores de la mercadería, es que corresponde: Solicitar al Banco Central de la República Argentina, que se sirva circularizar a los a intermediarios los efectos
que componen el sistema financiero nacional,
que informen al Tribunal (solo en caso afirmativo) si los nombrados (R., Z., Segovia, en E. y J.), poseían cajas de
ahorro, cuentas corrientes,
financieras, las entradas y salidas de dinero desde y hacia el exterior, transferencias para bancarias, cartas los de años crédito, 2005 y
financiación 2006.
Peticionar a la AFIP DGA que indique, en el término de 5 días, las operaciones de comercio exterior en las cuales intervino el despachante S. J. durante el período agosto de 2005 a octubre 2006, tipo de mercadería, importada, nombre del importador y del exportador. Asimismo, se deberá remitir un listado de las personas dependientes de los despachantes J. y E.,
autorizados y/o comisionistas con quienes habrían realizado operaciones aduaneras, todo ello durante el período
contemporáneo a los hechos investigados.Requerir a la SI 10 días, si existen a R. que informe, en el plazo de entre los teléfonos
comunicaciones, (4201-6087,
1549869561,
54*176*2985,
54642298, 50199929, y Z. (1549869568, 54*176*2986, 4342-9207 y 1149869561) y los despachantes E. (54819894) y J.
1136360296, 60972168 y 49949195). Si bien los imputados fueron contestes al
indicar que los despachos fueron firmados y confeccionados por ellos, a pedido de C. Omar R., en el caso de E. y José Z. en el caso en de la a J., quienes, de a la según calle ambos despachantes, 112, que a
trabajaban ninguno
oficina B. ni
Venezuela que se
verificar que los datos del importador, que les entregaban o R. o Z., coincidieran en el Sistema MARÍA y que el mismo estuviera habilitado a tal fin, lo cierto es que dicho
extremo, no los exime de responsabilidad.
Cabe aclarar, que es deber de los despachantes extremar los recaudos al momento de confeccionar un despacho de importación, y que no basta con constatar en el sistema MARÍA que el importador esté habilitado. En este caso, podemos observar que las
facturas serían presuntamente apócrifas, como ya se ha dicho en el análisis, tanto en la declaración del contenido como la empresa exportadora Ming Yi Corp, la cual sería inexistente. Pero además, se puede observar que si bien en los despachos de importación 06001IC04099003Y, 06001ICO4112562K,
0600IC04097703T,
06001IC04081069R, se declaró que lo que se importaba eran
ladrillos refractarios, lo cierto es que, en las facturas, estaba declarado “Articles with graphite and carbide” y en los bill of Ladin “Abrasiv disc”, que la empresa exportadora “Ming Yi Corp” sería inexistente y que se consignó “Ching Yi Corp” en los conocimientos de embarque de las destinaciones aduaneras Nros. IC04081069R, no IC04097703T, con IC04099003Y, la empresa
IC04084269W,
IC04112562K
exportadora, con lo cual se advierte que existen diferencias que los despachantes deberían haber notado y al menos haber pedido alguna explicación a quien les entregó la
documentación, supuesto que en el caso, no habría sucedido, teniendo en cuenta que, según los dichos de los imputados, se habrían limitado a constatar que el importador estuviese
habilitado. En este sentido, la Sala “B” de la Excma. Cámara de Apelaciones del Fuero tiene dicho: “…La importación no sólo genera responsabilidades que para en los el funcionarios mismo, sino del que
titular de la importación y para quien documenta (declara) ante la aduana aquellas operaciones. Esta circunstancia
surge, inequívocamente, mediante las disposiciones del Código Aduanero que se vinculan con quienes hayan intervenido en una operación de importación de mercaderías…”. (CPECON. Sala B, Reg. 379/2011 24.06.2011 EUGENIO RIMASA, DOMINGO EDUARDO de
FURGIUELE,
s/Contrabando,
apelación del procesamiento). Si bien a lo largo de la recolección de prueba no se obtuvieron indicios que vinculen a los despachantes con Segovia (vide listados de llamadas a nombre de los mismos de fs. 3784 y 3788, y del resultado del informe confeccionado por la SIDE a fs. 3778, el cual concluye que ninguno de los abonados que utilizaría SEGOVIA se comunicaba con los
despachantes de aduana), lo cierto es que en sus funciones como despachantes de Aduana, deben extremar los recaudos al confeccionar un despacho de importación y presentarlo ante el Servicio Aduanero, y no los exime de responsabilidad, que hubieran preparado y las destinaciones que les aduaneras habrían con la
aportado,
respectivamente, R. y Z.. Con lo hasta aquí reseñado, podríamos concluir que hasta el momento no se cuenta con el grado de certeza necesario para resolver en forma definitiva la situación
procesal de J. antes enumeradas.
y E., correspondiendo ordenar
Por tal motivo, es que se procederá a dictar la falta de mérito respecto de D. A. E. y S. N. J. (art. 309 del C.P.P.N.).
Por todo ello, es que; RESUELVO: I. PREVENTIVA, de DECRETAR MARIO EL PROCESAMIENTO, SEGOVIA, de CON las PRISIÓN demás
condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie autor del delito de contrabando de CDs, DVDs y cerámicos refractarios, amparados por los DI Nros. 06001
IC04097703T, 06001IC04099003Y,
05073IC01000324H, y 06001IC04112562K
(art. 863, y 865, inc.
f) de la ley 22.415) mediante la utilización de facturas en las cuales se consignó falsamente como importador a H. G. B.
y una ficha de importador/exportador a nombre de H. G. B., presuntamente apócrifa, como así tambíen se utilizara en las destinaciones aduaneras 06001 IC04097703T, 06001IC04082648V, 06001IC04084269W, 06001IC04099003Y, 06001IC04081069R y
06001IC04112562K facturas presuntamente apocrifas. Asimismo, la destinación aduanera 06001IC04112562K tambíen recibe
calificación legal en los términos del art. 864, inc.b de la ley 22.415. Se deja constancia que el hecho relativo al DI 06001IC04112562K documentados fue consumado, los mientras DI que los hechos
06001IC04099003Y, (art.
871 del CPPN), fueron en grado de tentativa. A tal fin, hágase saber al Servicio
Penitenciario Federal, que se deberá anotar al imputado a disposición de este Tribunal y causa, en forma conjunta con
el Tribunal Oral Federal Nro. 4 y del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 2 II. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de Mario Roberto Segovia hasta cubrir la suma de cinco millones seiscientos mil ($5.600.000) -arts. 518 y sigs. del C.P.P.N.III. DECLARAR LA FALTA DE MÉRITO, para ordenar el procesamiento o dictar el sobreseimiento respecto de D. A. E. (cédula de identidad de la República Oriental del Uruguay Nro. x.xxx.xxx-x, y cuyas demás condiciones obran ut supra),y S. N. J. (DNI xx.xxx.xxx), con respecto a los hechos por los cuales fueran indagados. IV. Solicitar al Banco Central de la República Argentina, que se sirva circularizar a los a intermediarios los efectos
que componen el sistema financiero nacional
que informen al Tribunal (solo en caso afirmativo) si R., Z. o Segovia poseían cajas de ahorro, cuentas corrientes, tales entidades bancarias y financieras, las en
salidas de dinero desde y hacia el exterior, transferencias bancarias, cartas de crédito, financiación para
importaciones, durante los años 2005 y 2006. V.Peticionar a la AFIP DGA que indique, en el término de 5 días, las operaciones de comercio exterior en las cuales intervino el despachante S. J. durante el período agosto de 2005 a octubre 2006, tipo de mercadería, importada, nombre del importador y del exportador. Asimismo, se deberá remitir un listado J. y de E., las personas dependientes de los con
quienes habrían realizado operaciones aduaneras, todo ello durante el período contemporáneo a los hechos investigados.-
VI.Requerir a la SIDE plazo de 10 días, si existen a que informe, en el entre los
comunicaciones, R. (xxx-xxxx, y Z.
pertenecientes xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxx,
xx*xxx*xxxx,
xx*xxx*xxxx, xxxx-xxxx y xxxxxxxxxxx) y los despachantes E. (xxxxxxxx) y J. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx y xxxxxxxx). VII. C.P.P.N.). Sin Costas (Art. 530 y sgtes. del
cedulas. Conste.-
se notificó la Sra. Fiscal y firmó.Conste.-

References: resolución 
 artículo 863
 artículo 865

Artículo 306
 artículo
863
 artículo 1
in fine

artículo 28
 artículo 18
 artículo 7
 artículo 876
 artículo 876
 resolución