Source: http://www.slideshare.net/gavidiacs/cuadro-comparativo-proceso-penal-venezolano
Timestamp: 2016-12-05 17:55:44+00:00

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APLICACIÓN DE LAS LEYES PROCESALES ...
by Angelcy Taipe de ...
Cuadro comparativo con las garantías contempladas en el proceso penal venezolano
ELABORAR UN CUADRO COMPARATIVO CON LAS GARANTÍAS CONTEMPLADAS EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO, INCLUYENDO SU CONTENIDO, BASE JURÍDICA Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍA CAUSAR SU INOBSERVANCIA EN EL PROCESOGARANTÍAS DE LA ACTIVIDAD DE 1. La igualdad de las partes: LAS PARTES El Art.21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los venezolanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero la Constitución no limita esta igualdad a las leyes llamadas sustantivas. La transposición procesal de este principio se traduce también en la garantía de las partes en su actividad procesal. La garantía no suele actuar aisladamente, sino que su infracción suele provocar algunas repercusiones procesales más. Desde el punto de vista estrictamente dogmático, las dos posturas procesales que se contraponen los intereses en todo tipo de enjuiciamiento deben ser absolutamente equivalentes en cargas y expectativas. Y así se recoge normalmente en las leyes de enjuiciamiento. Se atiende al posible resultado de indefinición cuando se situé a las partes en una posición de desigualdad, o si se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción. En definitiva, se trata de evitar un resultado aleatorio del juicio. El equilibrio en la dialéctica procesal no significa que no exista tratamiento diferenciado en cuanto a determinadas expectativas o cargas de la actividad procesal. Ciertamente algunas normas pueden conceder una cierta posición de ventaja inicial a una parte, en consideración a determinadas circunstancias pero ello es legítimo y no viola la igualdad, porque esta no puede predicarse de situaciones desiguales. La aplicación de la garantía no significa que el juez deba asumir la defensa de la parte más débil, porque se incurriría así en una desigualdad de signo contrario, igualmente 2.
prohibida.La garantía comprende también la igualdad de aplicación de la ley por los tribunales.Fundamentalmente exige igualdad de trato a los ciudadanos cuando los casos sometidosa la decisión sean iguales, aun proviniendo de órganos judiciales distintos, sin perjuiciode su respectiva independencia.2. La citación y notificación:Otras de las garantías básicas del juicio son la observancia de los principios de la citacióny notificación, que se complementan recíprocamente y las encontramos en el Art.49 Ord.1.Estas se reflejan en el vocablo latino nemoinauditusdamnaripotest, que supone que hayque dar oportunidad a cada parte de participar en cada una de las fases del juicio. Tantoes así, que la primera manifestación obvia es el derecho a ser notificado de la pendenciadel juicio. Las garantías no persiguen la presencia física de la parte ni su actividad encada trámite procesal, tan solo la presencia jurídica, que es lo que se asegura con lasgarantías.La manifestación específica de estas garantías es ese derecho a ser informado de laacusación, hecho que debe producirse desde el mismo momento en que formalmente serealiza la acusación.3. El derecho de defensa:La jurisprudencia se ha encargado de potenciar al máximo esta garantía, en laConstitución la encontramos en el Art.49 Ord.1. Además está íntimamente ligada a la deigualdad de partes.Desde un punto de vista positivo, la garantía significa ante todo el derecho a defenderse 3.
en el juego. Manifestaciones específicas de este aspecto de la autodefensa es el derechoal nombramiento de un intérprete si el demandado no conoce el idioma español.El contenido del derecho a defenderse por sí mismo no se extiende a la facultad deprescindir de la preceptiva defensa técnica.Por definición, la garantía supone el derecho a la prueba, entendida como actividadprobatoria dentro del juicio. En la fase de prueba del juicio la garantía comporta para laparte el derecho a utilizar todos los medios pertinentes para su defensa, entendida estareferencia a su postura procesal de parte, en el sentido de que solo podrán usarse losmedios probatorios previstos en la ley. Pero lo cierto es que la Constitución se refiere atodas las pruebas conducentes a la defensa. Por ello no debe de existir limitación algunaen cuanto a la cantidad y a la calidad de dichas pruebas.La garantía se proyecta sucesivamente en cada uno de los capítulos de la prueba, desdela admisión o denegación del medio de prueba. Un aspecto particular es el control deforma en que se obtienen las pruebas.El derecho a la asistencia de letrado viene a fortalecer el derecho a la defensa ya quesupone que la intervención de la defensa técnica proporciona al ciudadano el debidoasesoramiento para conducir a buen fin la defensa de sus intereses legítimos.La garantía presta defensa técnica mediante la asistencia de abogado, con libertad deelección o nombramiento de oficio.4. La presunción de inocencia:Esta garantía está consagrada en el Art.49 Ord.2 y 3, es una posición de ventaja que laConstitución atribuye al ciudadano que se encuentra en posición de parte demandada.Consiste en atribuirle de entrada la calidad de persona inocente y en no obligarle a hacernada para demostrarlo, por lo cual no tiene que preocuparse de probar su inocencia, le 4.
basta y le sobre la pasividad más absoluta.El terreno abonado de la presunción de inocencia es ciertamente la prueba. De hecho laDoctrina consolidada tras reiteradas resoluciones puede resumirse como sigue: Desvirtuar la presunción de inocencia exige ante todo una mínima actividad probatoria. Solo se considera actividad probatoria la que según la ley tiene carácter de tal. Ante todo no pueden considerarse como actividad probatoria las meras diligencias de instrucción, que solo tienen naturaleza de tales y no de actos de prueba. Sirven para fundar la acusación pero no para sentenciar. Solo las partes demandantes tienen la carga de probar la acusación, de suministrar en el momento procesal adecuado suficientes pruebas de cargo que puedan desvirtuar la presunción de inocencia. Si dichas pruebas de cargo no se llegan a producir, la presunción de inocencia se mantiene y procede la absolución del demandado. Si de haberse aportado dichas pruebas el Tribunal no resultase convencido también ha de fallar con el principio in dubio pro reo.Resulta por lo tanto, que la garantía cubre todos y cada uno de los momentos de laactividad probatoria y pugna por sobrevivir a los embates de la demanda. Solo laspruebas de cargo concluyentes hacen perder al ciudadano dicha posición de ventaja, trasel sometimiento a la disciplina del juicio.Se presumirá la inocencia del imputado, quien como tal será considerado durante elproceso, hasta que una sentencia firme declare su punibilidad.Ninguna autoridad pública presentara a un imputado como culpable o brindarainformación sobre el en ese sentido a los medios de comunicación social. 5.
solo se podrá informar objetivamente sobre la sospecha que existe contra el imputado apartir del auto de apertura a juicio.El juez regulara la participación de esos medios, cuando la difusión masiva puedaperjudicar el normal desarrollo del juicio o exceda los límites del derecho a recibirinformación.De momento, muy lejos está nuestra realidad del proceso penal de cumplir con estagarantía; la misma nos muestra, que más bien existe una presunción de culpabilidad, yque los procesados son tratados como culpables, que en muchas ocasiones por defectosde procedimiento, la sociedad “debe dejar salir” a pesar de que ya fueron condenados enla denuncia o por los medios masivos de comunicación.El fenómeno de los “presos sin condena” en prisión preventiva, de la utilización delproceso como método de control social, de las restricciones a la defensa, en especial a ladefensa publica , de la enorme cantidad de presunciones que existen en el procesopenal, de la utilización del concepto de carga de la prueba en contra del imputado , delmaltrato durante la prisión preventiva, del simple modo como los detenidos son paseadospor los pasillos de tribunales son signos evidentes que el principio de inocencia es unatarea pendiente.La primera derivación de esta garantía, es el mandato constitucional que nadie puede serconsiderado culpable sin una sentencia, obtenida en un juicio, que lo declare como tal.Por imperio constitucional, toda persona es INOCENTE Y ASI DEBE SER TRATADA,mientras no se declare en una sentencia judicial su culpabilidad. El juicio Previo y elprincipio de inocencia son dos caras de una misma moneda y por tal razón las destacamos como GARANTIAS BASICAS DEL PROCESO PENAL.El principio de presunción de inocencia o el derecho a ser tratado como inocente duranteel proceso, se origina históricamente en las ideas del Iluminismo. En la Declaración delos Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, se ha afirmado 6.
fundamentalmente que a todo hombre se lo presume inocente hasta que haya sidodeclarado culpable, Posteriormente se extiende el principio en la Declaración Universalde los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de Diciembre de 1948, enformulación análoga, la Convención Americana sobre Derechos Humanos la ratifica.La Constitución Nacional la garantiza en el art. 17 inc. 1ro. Este artículo proscribe eltratamiento procesal de un imputado como culpable y prohíbe a toda autoridad públicapresentarlo como tal.El Juez para condenar debe tener CERTEZA de la autoría y responsabilidad delimputado. Si sólo tiene un conocimiento probable del hecho que se investiga o de quienfue su autor, debe absolver, aun cuando no esté intimamente convencido de la inocenciadel imputado, pues éste goza del derecho a que se presuma ese estado jurídico. Si unovincula la obligación que tiene el Juez de averiguar la verdad con el estado jurídico de lainocencia, advierte claramente que si el órgano jurisdiccional no acredita el delito que sele recrimina al imputado, el estado jurídico de inocencia permanece inalterable, y porende, corresponde la absolución del mismo. POR TANTO, EN CASO DE DUDA DEBEESTARSE SIEMPRE A LO MÁS FAVORABLE AL IMPUTADO.El principio in dubio pro reo aplicado a la valoración de la prueba o a la construcción dela sentencia es una de las consecuencias directas y más importantes del principio deinocencia. La construcción o declaración de la culpabilidad exige precisión y estaprecisión se expresa en la idea de certeza.El imputado no tiene que probar su inocencia. tarea que corresponde a los órganos depersecución penal. El imputado no puede ser tratado como culpable, es una personasometida a proceso para que pueda defenderse Esto significa que no se le puedeanticipar la pena, que es la consecuencia directa de la comprobación de la culpabilidadUNICO PROCESO. NADIE PODRA SER PROCESADO NI CONDENADO SINO UNASOLA VEZ POR EL MISMO HECHO. NO SE PODRAN REABRIR LOS PROCESOS 7.
FENECIDOS, SALVO LA REVISION DE LAS SENTENCIAS EN FAVOR DELCONDENADO.El Estado no puede someter a proceso a un imputado dos veces por el mismo hecho,sea en forma simultánea o sucesiva. Esto significa que la persona no puede ser sometidaa una doble condena ni afrontar el riesgo de ello. Sin embargo, sí puede ser sometida aun segundo proceso si el objeto de este último consiste en revisar la sentenciacondenatoria de primera instancia para determinar si es admisible la revisión de lacondena o una absolución. LO QUE SE CONOCE COMO REVISION FAVORABLE. Loinadmisible es, no la repetición del proceso, sino una doble condena o el riesgo deafrontarla.En cuanto a los requisitos la doctrina es unánime en cuanto a EXIGIR LA TRIPLEIDENTIDAD O CORRESPONDENCIA. . Identidad de sujeto, objeto y causa. En primerlugar, debe tratarse de la misma persona. En segundo lugar, debe tratarse del mismohecho. En tercer lugar, debe tratarse del mismo motivo de persecución.EFECTOS CONCRETOS EN EL PROCESO PENALa.- imposibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado., la única revisiónposible es la favorable.b.- posibilidad de excepción de litis pendencia, una persona no puede estar sometida ados procesos por el mismo hecho y el mismo motivo.4.- Principio de Inviolabilidad de la Defensa. 8.
GARANTÍAS DE LA ACTIVIDAD 1. El juez predeterminado por la ley: JURISDICCIONAL Se recoge en el Art.49 Ord.4 la garantía del juez natural, garantía que preside la actuación de los Tribunales de Justicia y tutela al ciudadano en el momento de acceso a los mismos, reforzando los principios que rigen la organización de la jurisdicción en el Estado de Derecho. La garantía significa: El ciudadano tiene derecho a que su causa sea dirimida por un juez, o sea que dentro del estricto marco del proceso jurisdiccional. Quiere ello decir que se excluye la vigencia del referido derecho en los procedimientos no jurisdiccionales. El calificativo de natural no impide que los ciudadanos sean juzgados por un tribunal especializado o especial, ya que el ordenamiento jurídico no se opone a la exigencia de jurisdicciones y órganos especializados. Pero a lo que sí es contrario es que los ciudadanos sean juzgados por Tribunales de excepción, ya que están prohibidos expresamente por la Constitución. Es necesario que el Juez este predeterminado, predeterminación que afecta a la existencia del propio órgano judicial así como a su jurisdicción y competencia. Es preciso que se haya creado previamente el órgano judicial con generalidad y anterioridad al caso. Se quiere evitar así la existencia de jueces ad hoc o ex post facto. Además la determinación del órgano y de sus competencias tiene que estar delimitadas totalmente antes del caso. Lo que se trata de evitar con ello es que se cree un Tribunal expresamente para ese caso. 2. El derecho a obtener una resolución fundada en derecho o de lo contrario toda persona podrá solicitar al Estado el restablecimiento de la situación jurídica lesionada por error judicial: Esta garantía no es más que un recordatorio a la jurisdicción para que cumpla su papel 9.
en el juicio, desarrollando la actividad que le es propia. Se trata de asegurar a las partes una respuesta sobre el fondo respecto de las pretensiones planteadas en el pleito. Se espera pues de ella una solución definitiva a los problemas formulados expresamente por las partes Manifestación típica de esta garantía es el deber de motivación de las resoluciones judiciales, al que se le ha dado rango constitucional. El deber de motivación se satisface cuando la resolución judicial, de manera implícita o explícita, contiene razones y elementos de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamenten la decisión. La resolución fundada en derecho ha de ser congruente con los términos en que las partes han formulado sus pretensiones o con la acusación y la defensa. La armonía interna de toda resolución judicial exige la justa correspondencia entre pretensiones de las partes y el fallo. En cuanto a los daños por errores judiciales, se tiene que todo individuo tiene la facultad de solicitarle al Estado la reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificada; quedando a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas. Art.49 Ord.8 CNRBV.GARANTÍAS DEL JUICIO 1. El juicio con todas las garantías: Todos tienen derecho a un proceso con todas las garantías, según lo establecen los Arts.26 y 27 de la constitución. La redacción es bastante clara como para que no existan graves problemas de interpretación. Dada la amplitud de la expresión, no hay razón alguna para ser precavido en contra de 10.
su uso, ni menos puede adoptarse en criterio restrictivo en su interpretación.El problema principal radica en determinar qué es lo que se entiende por todas lagarantías. Desde luego son garantías del juicio todas las enumeradas en el propio textoconstitucional y que por razón de su preeminencia, se recogen expresamente en laConstitución. Pero no son solo estas, ya que también se deben respetar las normas deprocedimiento que se contienen en las leyes procesales.2. La tutela judicial efectivaFunción de la tutela judicial.A todas las personas se les reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces ytribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. De esta forma, seconsagra el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales para la defensa de lospropios derechos e intereses.En los sistemas de separación de poderes, el ejercicio de las facultades y deberesderivados del monopolio del uso legítimo de la fuerza se atribuye, con carácter general, alos órganos judiciales. De la atribución a un órgano, distinto del legislativo, del ejecutivo,del electoral y del ciudadano de la facultad de aplicar las leyes y dirimir los conflictos,surge el derecho de todas las personas a acceder a los juzgados y tribunales para queéstos resuelvan los conflictos en los que sean parte.Es en el momento final de juicio cuando precisamente se somete a prueba elfuncionamiento de las garantías procesales. La perspectiva del resultado que se obtienecomo consecuencia de una actuación procesal ha servido al Tribunal Supremo deJusticia para describir y confirmar muchas de las garantías fundamentales delinstrumento de tutela jurisdiccional. Entre estas, la que mayor número de ocasiones haservido de soporte al amparo constitucional es precisamente la de la tutela efectiva. Suvitalidad es tan extraordinaria que prácticamente todo el esquema de garantías 11.
constitucionales podría construirse sobre ella. Las manifestaciones más importantes deesta garantía podría resumirse en:a) Prohibición de indefensión: La garantía tiene ante todo una dimensión negativa enrelación con el juicio eficaz: la prohibición de indefensión. Pero ante todo, hay queseñalar que la indefensión no tiene que ver nada con el contenido favorable o adverso dela sentencia, sino con el camino seguido hasta llegar a ella. La indefensión se caracterizapor suponer una privación o limitación del derecho de defensa.b) Eficacia del juicio: Desde un punto de vista positivo, la garantía significa que el juicioha de ser eficaz y para que esto sea posible es necesario que se complete con otrosderechos que le ayuden a alcanzar tal eficacia: Libertad de acceso a los jueces y tribunales, debiendo ser este real y posible, y que no se vea frustrado antes de iniciar el juicio por imposibilidad de servirse del instrumento, o después por el deficiente funcionamiento de la institución procesal. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ya que para que el juicio sea eficaz debe de tener una duración razonable. Además se conecta a la expectativa que se ha de tener de que los tribunales funcionen con normalidad, estando dotados de los medio personales y materiales necesarios y haciendo eso de ellos, como corresponde a un servicio público. El derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, cualquiera que sea su sentido. La tutela judicial queda satisfecha cuando se obtiene una resolución de fondo que, de forma razonada y ajustada a derecho (motivada, razonable, no arbitraria y no infundada) estime o desestime las pretensiones instadas, siempre que en el proceso se hayan cumplido y observado todas las garantías recogidas en el Art.49 CNRBV. El derecho a que el fallo se cumpla (derecho a la ejecución de la resolución de 12.
fondo obtenida) es decir, el derecho de quien ha sido favorecido por la resolución de fondo a ser repuesto en sus derechos y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. El derecho a la tutela judicial incluye también el derecho a la revisión de la resolución siempre que ello esté legalmente previsto. Sólo cuando la Ley establece un recurso, el acceso al mismo se integra en el derecho a la tutela judicial precisamente con el alcance y en los términos previstos en el propio ordenamiento sin que la resolución pueda incidir en reformatio in peius.3. La publicidad del juicioAunque expresamente no está establecida en nuestra constitución, ésta sesobreentiende, además de que si se encuentra consagrada en el Código deProcedimiento Civil Venezolano como una formalidad de los actos procesales. Lapublicidad del juicio es una forma de disponer la actividad procesal que tiene diversosobjetivos: al ciudadano le permite que su causa sea vista a la luz pública y no aescondidas, y respecto a la administración de justicia, se traduce en la oportunidad deque los justiciables vean por sí mismos como se gestiona el servicio de justicia en elestado de derecho.El fundamento de esta garantía es doble. Por un lado, protege a las partes de una justiciasustraída al control público. Por otro, mantiene la confianza de la comunidad en losTribunales. Su contenido es de carácter meramente formal, pues se trata de una formade exteriorizar la actividad procesal.A todas vistas, la publicidad contribuye a ampliar el marco de resonancia de la funciónjurisdiccional. La ejemplaridad en la administración de justicia se fomenta en la medidaen que el público pueda tener acceso al santuario de los Tribunales. 13.
EL ART. 24 DE LA VIGENTE "Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentosCONSTITUCIÒN DE LA REPUBLICA internacionales, las leyes o la Jurisprudencia..." y nos da 17 reglas que gobiernan el BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Debido Proceso. ESTABLECE: De la lectura del Art. 24, puedo señalar que el Debido Proceso, es el más perfecto y sofisticado instrumento de resolución de disputas o conflictos de contenido o relevancia jurídica, pues el proceso tiene reglas que nos permiten llegar a una resolución justa debida. Es decir, para que el Estado pueda castigar penalmente se exige siempre la existencia del proceso, pero no de cualquier proceso, sino de uno en el que se respete las garantías constitucionales, esto es lo que permite calificar a un proceso como justo o debido. Como es de conocimiento general, existe en el Ecuador violación de los derechos ciudadanos; y, es así que quienes vivimos en el país, buscamos por los medios jurídicos a nuestro alcance que las garantías constitucionales que le son inminentes a su condición de ciudadanos nos sean respetados. Las garantías constituyen técnicas de protección diferentes a los derechos mismos; y, las garantías se encuentran específicamente detalladas en el Art. 24 de la Constitución. Las garantías constitucionales y su respeto Renace como instrumento de protección de la LIBERTAD del ciudadano; y, como principio limitativo del Poder del Estado; desde este punto de vista los Derechos y Garantías Constitucionales que se proclaman hoy se los conoce con el nombre de principios constitucionales, porque ellos emanan de la Ley Suprema que otorga fundamentos de validez al Orden Jurídico y conforman la base política que regula el Derecho Penal del Estado. Si bien se ha conferido al Estado el monopolio del Poder de decidir sobre los conflictos y 14.
de averiguar la verdad real, su ejercicio está rígidamente limitado por una serie dePrincipios cuyo objetivo común es de racionalizar el uso del Poder del Estado, evitando laarbitrariedad y procurando la seguridad jurídica del ciudadano, pues el Legislador haconsiderado que de poco sirve asegurar otros derechos sino se garantiza que losprocesos en los cuales esos derechos deberán hacen valer, van a ser a su vezrespetuosos de los derechos fundamentales, ya que si no se respetan estas garantíasconstitucionales, los habitantes del País quedan absolutamente desamparados.De este modo, podemos definir a las Garantías Constitucionales, como los mecanismosque la Ley pone a disposición de la persona para que pueda defender sus derechos,reclamar cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos; y, porúltimo obtener la reparación cuando son violados.De este modo Garantías Constitucionales, son los procesos de Instituciones cuyoobjetivo principal es proteger los Derechos Constitucionales y velar por el respeto delPrincipio de Supremacía de la Constitución Política.En el Ecuador de hoy, las garantías de Orden Procesal, han adquirido la mayorimportancia posible especialmente en el orden Procesal Penal, puesto que no podráexistir condena válida si el camino seguido para su imposición el Estado no ha respetadolas Garantías Constitucionales; y, estas garantías constitucionales deben ser respetadasdesde el primer momento en que la persecución criminal comienza hasta la ejecucióncompleta de la sentencia que se dicte en dicho juicio.Debe indicarse que las Garantías Constitucionales no constituyen un obstáculo para unacorrecta aplicación de la Ley Penal, pues es un remedio para prevenir la arbitrariedad yno como otras personas piensan que el Sistema Penal será más eficiente, cuanto másduro y represivo sea y cuantos menos derechos y garantías se reconozcan al acusado.El nuevo Código de Procedimiento PenalEl nuevo Código de Procedimiento Penal, es un Código Garantista de los Derechos de la 15.
persona, que sin pasar al absurdo de la impunidad, señala los parámetros mínimos quedeben observarse, esto es una justicia que se ufana de democrática como se supone quees nuestro país.El nuevo Código de Procedimiento Penal estimula la impunidad, esto no es así, porquela verdad es que todo depende del trabajo eficiente de la Policía y del Ministerio Públicoen el primer momento, en la recopilación de los elementos que permitan incriminar a unapersona como autora del hecho delictivo.Hay que señalar que el Debido Proceso quiere una justicia adecuada a la medida de ladignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres humanos y no la subordina anada, de tal modo que si finalmente se condena a alguien, se condena a una personaentera y no a un guiñapo humano.El Proceso Penal hoy en día con el nuevo Código se permite la protección de losDerechos Humanos, o sea se garantiza al ciudadano de la tutela de sus Derechosfundamentales, para que el proceso seguido en su contra concluya con el dictado de unasentencia fundada y en el fiel cumplimiento de los principios supremos que así lo exigeun Estado de Derecho.Si vivimos en un Estado de Derecho, debe el Estado orientarse hacia el GarantismoPenal y esto es justamente lo que hace el nuevo Código de Procedimiento Penal.Recalco que es objetivo central y más importante de este nuevo Código es lograr lavigencia efectiva de estas Garantías Constitucionales de contenido procesal, pues es unreconocimiento a la importancia de la persona y de sus derechos fundamentales comocentro del ordenamiento jurídico y del actual del Estado.Un justo proceso:La garantía del Sistema Procesal se encuentra regulada en los Arts. 23, numeral 17 y 24de la Constitución Política, esto es aquellas que se refieren al Debido Proceso con todas 16.
las garantías; y, esta es la piedra angular del proceso en general o sea no puede existir Garantía más importante que la de un JUSTO PROCESO. El nuevo Código trata de conseguir de este modo que en la tramitación de los procesos se respeten las garantías constitucionales de orden procesal, pues solo el respeto de todas esas garantías son las que permiten calificar de Justo o Debido a un determinado Proceso. El nuevo Código, recalco, constituye un verdadero sistema de Garantías, destinadas a limitar y encausar las posibilidades de que una persona sea castigada penalmente, pues hoy el nuevo Código tutela el Derecho a la LIBERTAD, eje sobre el cual gira toda la normatividad penal, para lograr de este modo al final una sentencia penal justa, siempre respetuosa de los principios y garantías constitucionales.INCONSTITUCIONALIDAD DE LA Debemos advertir ab initio, que la Suspensión Condicional Del Proceso como instituciónSUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL procesal no es inconstitucional. Su inconstitucionalidad no deviene por su naturaleza sino PROCESO de su regulación y normativa en el proceso actual. De hecho, su efectiva utilización en distintos ordenamientos jurídicos procesales penales latinoamericanos, ha permitido solidificar pilares y principios garantistas que fungen como presupuestos fundamentales de todo modelo procesal penal acusatorio. No es menos evidente que la figura en sí tiene como propósito fundamental - independientemente de que en la práctica su finalidad se cumpla efectivamente – el descongestionamiento de los establecimientos penitenciarios, procurando de esta manera la materialización efectiva de principios neurálgicos como el de Celeridad Procesal, Presunción de Inocencia y la Afirmación de la Libertad, sustentos teóricos fundamentales que inspiran de igual manera el nuevo proceso penal venezolano. En fin, el antecedente inmediato de la institución en examen ve reflejo en la figura del Sometimiento a Juicio, verdadero beneficio procesal,cuyo propósito era atemperar la rigurosidad e inclemencia de los jueces penales al momento decretar inclementes Autos de Detención contra cualquier indiciado o indiciado en la comisión de algún hecho punible bajo la vigencia del Código De Enjuiciamiento Criminal. Probablemente, el peor de los vicios del Sistema Procesal Inquisitivo, era el desconocimiento absoluto de principios como el de Presunción de Inocencia, garantía obvia cuyo reconocimiento constitucional le 17.
imprime mayor acento y principal sustento del sistema procesal acusatorio, complementado por diversos principios que fungen como sólido andamiaje garantista del hoy novísimo sistema. Estas palabras introductorias, reiteramos, pretenden alejar cualquier prejuicio contra el instituto en examen. De hecho, sus finalidades y propósitos son verdaderamente loables; su inconstitucionalidad no deviene por su mera y simple consagración legal, sino por una errónea regulación, que sin lugar a dudas, menoscaba principios elementales del sistema acusatorio, en cuanto a la protección del imputado y la seguridad jurídica que debe inspirar la administración de justicia en cualquier país. La Suspensión Condicional del Proceso supone - asombrosamente esta fue la última alternativa optada por el legislador en la reforma de 2001 - asumir responsabilidad penal por la comisión de un hecho punible cuyo esclarecimiento siquiera se ha asomado en tribunales. En pocas palabras, y sin pretender aserto exagerado alguno, la suspensión del proceso a prueba sugiere la inmolación de la presunción de inocencia, a cambio, de una libertad condicionada sobre la base de un absurdo e intolerable pronunciamiento previo, sin proceso declarativo de culpabilidad. Para ello, su estudio detallado patentiza y acentúa la disconformidad de la regulación vigente de la Suspensión Condicional del Proceso y el enfoque del sistema adoptado. El estudio exegético de cada una de las normas que desarrollan legalmente la institución in comento. ALGUNOS PRINCIPIOS Y Es un ejercicio obligatorioreferirse a un catálogo de principios y garantías, legales yGARANTÍAS PROCESALES EN EL constitucionales, que no solo inspiran el vigente proceso penal venezolano, sino que VIGENTE PROCESO PENAL merecen especial consideración, sobre todo, cuando se pretende examinar alguna VENEZOLANO. SUSTENTO institución en específico del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, es CONSTITUCIONAL. importante indagar sobre la inconstitucionalidad de la Suspensión Condicional del Proceso, esta figura del proceso penal no es inconstitucional per se, sino que su disconformidad con el marco constitucional actual es producto de algunas normas recién estatuidas, separadas sin lugar a dudas de principios neurálgicos del nuevo sistema. 18.
Esta parte en específico no pretende más que un nutrido paseo por máximas básicas delnovísimo enfoque adjetivo penal, paseo que no puede concluir ni limitarse a un simpleexamen del Código Orgánico Procesal Penal; tiene que ir más allá, procurando no soloun sustento teórico constitucional, sino consciente de que particulares presupuestospropios de la moderna dogmática penal, influyen notablemente en el contenido y esenciamisma del régimen procesal. En esta particular fase de nuestra investigación, sepretende, en un primer momento, hondear el contenido de la Constitución de 1999 y lasignificación de sus normas en el proceso. En realidad, son numerosas las normas quepodríamos etiquetar como "normas procesales constitucionales", o en otras palabrasmenos heterodoxas, discernimos sin óbice alguno, normas constitucionales de contenidoprocesal, sustento obvio de nuestro estatuto adjetivo vigente. Seguidamente, el CódigoOrgánico Procesal Penal, en su capítulo inicial, impregna de aroma garantista el sistemaactual. En efecto, a diferencia de la normativa derogada, el Código no vacila en prescribirab initio las directrices básicas del proceso penal. Principios como el de la oralidad,inmediación, publicidad y contradicción son la radiografía más fiel del sistema. Enprincipio, nadie, absolutamente nadie, por más indicios o elementos que puedancomprometerlo, puede ser sujeto de pena alguna sin mediar anticipadamente un juicioprevio con respeto de garantías procesales, mínimas y esenciales. La culpabilidadúnicamente puede ser atribuida en juicio, en debate oral, con plena oportunidad delacusado de argüir sus argumentos y materializar su legítimo Derecho a la Defensa.Por último, pero con idéntica significación, no se debe obviar un conjunto de principiospropios de la dogmática penal, que rigen la capacidad punitiva del Estado y fungen comolímites necesarios a su poder sancionador. El Derecho Penal se ve identificado de igualmanera por presupuestos rectores. Algunos de ellos nos interesa aprehenderlos en losucesivo. Es bien sabido, y repetido por todos, que el proceso penal supone larealización del derecho penal; se trata de dos ámbitos estrechamente ligados,inseparables. Sin uno, el otro no se materializa y viceversa. Así pues, es oportuno unanálisis dogmático penal, que ulteriormente asomará su trascendencia a la luz de lasconclusiones que se pretenden sostener. 19.
1. La Constitución y Principios de naturaleza procesal. Estudio hilvanado con el CódigoOrgánico Procesal PenalTarea de mayúscula importancia es examinar los principios procesales insertos en laConstitución. La Constitución es la Carta Política Fundamental de cualquier nación.Constituye su ley fundamental, producto del Poder Constituyente, y reflejo de lacapacidad de todo pueblo de convenir el sistema de gobierno deseado y las reglasbásicas de convivencia. En Venezuela, el orden jurídico es claramente jerarquizado. Lasnormas jurídicas ocupan distintos estatus, y algunas de ellas, las jerárquicamentesuperiores, influyen determinantemente en el contenido y en las condiciones de validezde las normas jurídicas de menor jerarquía. Como corolario de lo anterior, el artículo 7constitucional, no vacila en advertir sobre la supremacía de las normas constitucionales ysu preeminencia sobre las demás leyes del ordenamiento jurídico.Más sencillo aún escomprender, que una estructura jerárquica normativa persigue una coherencia delsistema, donde aquellas normas jurídicas inferiores que colidan con normas de mayorrango sean declaradas inválidas; invalidez que cuando es producto de la inarmonía conel marco constitucional, se le denomina inconstitucionalidad, y corresponde estrictamenteal Tribunal Supremo De Justicia pronunciarse sobre esa eventual incompatibilidad.El conocimiento del elenco de principios constitucionales, y a su vez, aquellos de índole ycontenido procesal, facilitan la compresión de los lineamientos que inspiran determinadoenfoque conceptual del proceso. Los principios del proceso penal son líneas maestrasque definen la dirección de proceso adoptado por el legislador de determinado país,situación que en nuestro caso, se inclina o responde a un sistema de corte acusatorio.El principio del Debido Proceso encuentra su consagración en el artículo 49 de laConstitución de 1999.En principio, nadie puede ser sometido a pena alguna sin serjuzgado previamente con sujeción y respeto a sus derechos esenciales. El DebidoProceso supone la observancia y respeto de todos los derechos y garantías procesalesprescritos en la propia Constitución, leyes, tratados, convenios y demás acuerdosinternacionales suscritos por el país. Con razón se ha dicho que el Debido Proceso es 20.
expresión de la Dignidad Humana. Hablar de incumplimiento del Debido Proceso esreferirse al desconocimiento absoluto de garantías básicas del proceso. La regla es queno debe aplicarse pena alguna sin el cumplimiento de las condiciones necesarias de unprocedimiento regular, ajustado a los presupuestos claramente establecidos en la ley.El principio del debido proceso es una prescripción vehicular en la que necesariamentedeben acarrearse otros principios del proceso penal, pues si no existe el uno no existiránlos otros, y viceversa. Éste es precisamente el sentido que confiere la Constitución de1999 al debido proceso, en su artículo 49, en el cual se lo articula con el derecho a ladefensa, el acceso a las actuaciones y a las pruebas, la legalidad de la prueba, lapresunción de inocencia, el derecho a la audiencia, el principio del juez natural, la noautoincriminación, la legalidad de los delitos y las penas, la única persecución, la cosajuzgada y la responsabilidad de los jueces".Lo anterior es precisamente el sentido teleológico del artículo 49 constitucional. Enidéntica dirección se perfila lo dispuesto en el artículo 1 del Código Orgánico ProcesalPenal, norma que vehemente prescribe: “Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo,oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial,conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos ygarantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República deVenezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por laRepública”. El Debido Proceso comporta la sujeción a un catálogo de normaspreviamente transcritas, garantes de la imparcialidad judicial y del respeto de lasgarantías inherentes al ser humano.No obstante, es una tarea obligada hilvanar la noción y contenido del principio al DebidoProceso con la explicación de otros derechos y garantías inscritos tanto en laConstitución de 1999, como en el Código Orgánico Procesal Penal. Así pues, comoprimer término al derecho a la defensa. La defensa consagra reconocimiento del derechode contradicción o como derecho de contraprestación. Tiende a interrumpir la seriación, acontra pretender, anular, modificar o aclarar hechos, incluso a oponerse por razones 21.
jurídicas a la actividad punitiva del Estado. Por su parte, está reconocido que es unainstitución vinculada al debido proceso de manera importante, ya que su ausencia implicala deslegitimación del juicio. Por ello, la Constitución, tanto la de otrora como la de ahora,jerarquiza en un primer orden el reconocimiento especial a esta actividad.El derecho a ladefensa es inviolable en cualquier estado y grado de la investigación y del proceso; así lodispone nuestra Carta Magna, y el Código Orgánico Procesal Penal no hace más queasentir completamente en lo anterior.La imposición de una pena merece la previa ypermanente participación del imputado para su efectiva defensa. El imputado tienederecho no solo a conocer los hechos y cargos que se le imputan, sino incluso, tenerpleno acceso a las pruebas y disponer de los medios y del tiempo necesario para ejercersu defensa. Por tanto, no puede existir sentencia condenatoria alguna que no hayacoincidido con la celebración de un juicio anterior, susceptible de brindar la oportunidad aaquél individuo vinculado con la comisión de un hecho punible, de defenderseplenamente, e intentar desvirtuar las imputaciones atribuidas por el órgano fiscal. Elimputado es la parte pasiva del proceso penal. Este se encuentra amenazado en sulibertad personal cuando se le imputa la comisión de un hecho delictivo, por la factibleimposición de una pena. Entonces, es obvio que la defensa opera como factor delegitimidad, pues el inculpado tiene derecho a repeler la agresión que se genera desde laacusación y que pone en tela de juicio los bienes jurídicos más preciados, sobre todo lalibertad.De igual manera, máxima cardinal del sistema lo es la Presunción de Inocencia del sujetoinvestigado durante el desarrollo del proceso. La Constitución no vacila cuando prescribe:"Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario" (artículo 49. 2constitucional. Comentado y anotado supra). En principio, todo individuo es inocentemientras no se demuestre lo contrario; obvia presunción iuris tantum, que funge comogarantía neurálgica del imputado, e implica el respeto absoluto de su dignidad y demásderechos que le son inherentes. La Presunción de Inocencia es la justificación ofundamento esencial del juzgamiento en estado de libertad. Es sobre la base de aquelprincipio, que la privación preventiva judicial de libertad opera como ultima ratio, comosituación excepcional, constituyéndose como genuina regla del sistema, la libertad del 22.
imputado durante el desenvolvimiento del proceso. No es mera coincidencia ni unainiciativa casual la prescripción simultánea de ambos principios en el Código OrgánicoProcesal Penal. Así pues, el artículo 8 del Código Adjetivo Penal dispone:“Artículo 8. Presunción de Inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de unhecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal,mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.Y seguidamente, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo, prescribe en su acápite: “Lasdisposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción dela libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional,sólo podrán ser interpretadas restrictivamente...”.Otra de las garantías no menos importante es la presunción de inocencia, cuyo contenidorefleja el estado de un ser deslastrado y abstraído de la responsabilidad criminal hastatanto se establezca, mediante los mecanismos procesales cónsonos, la culpabilidad,nace ante el gran poder que tiene el Estado el ejercicio de la represión en contra de losciudadanos (derecho penal en sentido subjetivo). De esta manera, el correctivo para elejercicio de la punición, se traslada de inmediato al ámbito probatorio, mediante elmecanismo de la inversión de la carga de la prueba.Otro punto medular tiene que ver con la finalidad de proceso; la Constitución no sedesentiende al respecto. El artículo 257 constitucional prescribe: "El proceso constituyeun instrumento fundamental para la realización de la justicia…”. Pues bien, es laconsecución de la justicia el fin inmediato que justifica la activación del poderjurisdiccional del Estado. El proceso tiene una finalidad esencial, ajena a la necesidad decerteza jurídica demandada por la emisión de una sentencia, y se reduce a laperentoriedad de materializar el derecho sustantivo (material) en pro de esclarecer laverdad de los hechos y de modo mediato alcanzar una justa resolución. El procesosupone reglas y principios, supone la realización del derecho sustantivo, suponeseguridad jurídica a través de un conjunto de formalismos, que hilvanados, conllevan a 23.
una decisión, con expectativas de justicia y ajustada a los requerimientos legales. Puesbien, el proceso no es un capricho y entiende una justificación; no es un fin en sí mismo,sino el medio más idóneo para procurar contradicción e igualdad entre las partes. Elproceso es ajeno a la arbitrariedad y a la anarquía. El Debido Proceso, tal y como se dijoen palabras anteriores, no solo es reflejo de sujeción a las garantías y derechos que elorden legal otorga, sino que es espejo de la justicia, de la verdad de los hechos poraplicación del derecho.Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Nadie está en la obligación de asumirresponsabilidad penal por la comisión de un hecho punible; incluso, el imputado, o elacusado se encuentra plenamente facultado de abstenerse a declarar, de omitirpronunciamiento. Si lo desea, podría no mencionar palabra alguna durante el proceso,literalmente mantenerse callado, y ello es naturalmente justificable en atención alprincipio de la Carga de la Prueba, que recae exclusivamente sobre los hombros delfiscal de Ministerio Público.El Código Orgánico Procesal Penal no hace mención en capítulo alguno de la confesión,y ello es plenamente entendible, con ocasión de las arbitrariedades y atrocidades quetuvieron nacimiento durante el sumario del ya derogado Código De EnjuiciamientoCriminal. La confesión se había erigido como prueba reina. En simples palabras, delenorme universo de expedientes que ingresaban en el sistema de justicia penal, solo unaínfima porción era resuelta, y la mayoría de dichas causas encontraban desenlace porobsequio de la confesión, confesión que demás está decir, era ilegalmente inducida porlos órganos de investigación criminal.En la práctica no se producen confesiones, y ante cualquier situación que pudieseasemejarse a ella, los juzgadores penales prefieren omitir su valoración y juzgar porcualquier otro medio de convicción que encuentren refugio en el expediente. Quienesescriben estas líneas tienen una posición muy particular al respecto. Estamosconvencidos que la confesión es un loable medio de prueba y plenamente admisible bajoel nuevo sistema. La licencia constitucional del artículo 49.5 es la justificación del aserto 24.
anterior, norma que adicionalmente fija los límites de la declaración (confesión), yentiende que debe efectuarse sin presión alguna, sin amenaza ni coacción, para quesurta plenos y válidos efectos.Al respecto, la Suspensión Condicional Del Proceso se traduce en una confesión porparte del imputado. No solo se trata de admitir la comisión de algún hecho, sino que lanorma se extiende, y supone asumir responsabilidad penal, es decir, culpabilidad ointención al momento de realizar aquel hecho previamente admitido. El imputado cede detal manera, que no solo se dirige al juez diciendo "yo fui quien realizó el hecho que se meimputa", sino que se excede, e incluso afirma "yo soy el responsable y culpable de esemismo hecho", negando de plano la oposición de cualquier excepción material o procesalque sea admisible en el referido juicio. Se trata de una confesión coaccionada y enconsecuencia, inconstitucional.por último, al principio de Progresividad de los Derechos Humanos. Éstos solo puedenser regulados para mejor. No son susceptibles de desmejora por parte del legislador sinoque su goce y provecho siempre debe ser para más. El artículo 19 de la Constitución de1999 dispone:"El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sindiscriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente delos derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del PoderPúblico, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanossuscritos Y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.Nuevamente es complicado no hacer algunas alusiones adelantadas sobre la SuspensiónCondicional Del Proceso y su inarmonía con el principio in comento. Durante todo loexpuesto supra hemos sostenido que el debido proceso es un principio neurálgico delvigente proceso penal. Su estudio se ve necesariamente hilvanado con el examen deotros principios procesales que lo complementan y dan íntegro contenido. Pero vamosmás allá; el debido proceso funge como garantía y línea orientadora del nuevo sistema, y 25.
a su vez, comparte la condición de derecho humano fundamental. Es un derecho humanoporque comporta el reconocimiento y sujeción de otros presupuestos elementales en todosistema garantista, donde el respeto por el individuo y su dignidad es norte constante delproceso. La Presunción de Inocencia no es susceptible de retroceso por el legislador ensu regulación. Lo mismo ocurre con la garantía del juicio previo y cualquier otro derechofundamental. Asumir responsabilidad penal sin sometimiento a un juicio previo, sinrespeto a las garantías mínimas, supone un antagonismo con el marco constitucional.El principio de legalidad, advierte que el delito debe encontrarse “expresamente previstoen una ley formal, previa, descrito con contornos precisos, de manera de garantizar laseguridad del ciudadano. Este principio va mucho más allá de la exigencia de una leyformal previa que establezca las conductas delictivas y sus penas, para exigir la certeza oprecisión de la ley penal, lo cual supone la determinación delos tipos penales, lareducción al mínimo de su contenido de elementos genéricos, equívocos, o librados a lalibre apreciación del juzgador.Del principio de legalidad se derivan, a su vez, un catálogode máximas fundamentales del Sistema de Justicia Penal, a saber: el principio de reservalegal, el principio de tipicidad, el principio de prohibición de retroactividad y el principio deprohibición de la analogía.Sobre el principio de culpabilidad, por el hecho realizado debe ser posible la formulaciónde un juicio de reproche de su autor, al cual pertenece al hecho, no solo materialmente,sinoespiritualmente. Sin culpabilidad, no hay delito, ni pena, y la responsabilidad penal nopuede descansar en la simple causación de un daño sin referencia alguna a la voluntaddel culpable.Así pues, la prescripción absoluta de la responsabilidad penal objetivaresulta una máxima del sistema. Nadie puede ser castigado por un hecho cuyarealización no ha deseado, o por lo menos, previsto. Sin embargo, sobre ello, lasuspensión condicional del proceso derrumba por completo el principio de culpabilidad, yprácticamente obliga al imputado al reconocimiento de una responsabilidad penal nodebatida en juicio, ajena a toda clase de garantías esenciales del proceso. El legisladorno se conforma con exigir la admisión de los hechos objeto de la investigación, sino quecondiciona la suspensión del proceso a prueba al reconocimiento expreso de la 26.
responsabilidad penal del imputado; el inculpado acepta culpabilidad sobre un hecho que probablemente no realizó, sin posibilidad de apelar a excepción material o procesal alguna que coadyuve con su defensa. El refugio constitucional de la garantía del imputado de abstenerse a declarar contra sí mismo lo encontramos en el artículo 49.5: "El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: ... 5. Ninguna persona podrá se obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubina o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza". Además de exigir un sustento o apoyo en otroras evidencias probatorias. Coacción que es producto del "chantaje" del Estado de otorgar la suspensión del proceso condicionada al cumplimiento de determinados presupuestos. La declaración del imputado contra sí mismo (confesión), no es libre, no es ajena de coacción (por lo menos psicológica), sino que su consecuencia inmediata es la omisión de juicio, de aminorar la carga del Estado, pero supone el desconocimiento grosero del derecho a la defensa, y la imposibilidad del imputado de materializar sus derechos en un juicio previo y debido proceso. Como la Presunción de Inocencia, el Derecho a la Defensa, la facultad de no declarar contra sí mismo, entre otros.INCONSTITUCIONALIDAD DE LA La Suspensión Condicional Del Proceso, como mecanismo e instituto procesal, no esSUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL inconstitucional. Verdaderamente se trata de un medio alternativo de prosecución delPROCESO EN EL SISTEMA proceso, de una manera alterna de eximirse de las penurias del proceso penal. Sus finesPROCESAL PENAL VENEZOLANO. son definitivamente loables; la celeridad procesal y el descongestionamiento carcelario, son anhelos que le dan legitimidad y razón de existir. Sin embargo, como corolario de lo expuesto en capítulos anteriores, los institutos procesales que alberga el Código 27.
Orgánico Procesal Penal no pueden desentenderse de los verbos rectores del sistemaacusatorio; son máximas indisponibles que inundan de contenido el novísimo modeloprocesal. La última reforma de nuestro Código Adjetivo deformó y desvirtúo el objeto desuspender el proceso condicionalmente.La mente inquisitorial del legislador, muyarraigada aún, se inclinó en aseverar los requisitos de procedencia de la suspensión, yadicionalmente, dispuso que el acuerdo de la medida ameritaba el reconocimiento previode responsabilidad penal, con el único objeto de eximirse de un eventual juicio en elsupuesto de incumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal. Tanto es así,que de ocurrir el desentendimiento del imputado del régimen de prueba impuesto,devendría automáticamente en una sentencia condenatoria, o en su defecto, lo quevirtualmente atempera lo nefasto del resultado, podría prorrogarse aún más el periodo deprueba dispuesto por el juzgador.La Suspensión Condicional Del Proceso es una excepción al principio de legalidadprocesal. El Ministerio Público está obligado a ejercer la acción penal salvo en lassituaciones excepcionales expresamente señaladas en la ley. Pues bien, una de lasmencionadas excepciones lo constituye la figura en comentario. Se trata de unaalternativa a la prosecución del proceso, es decir, no continúa el proceso, y ello con elúnico objeto de no activar el aparato judicial por la aparente comisión de cualquier hechopunible, sino reservar el impulso punitivo del Estado únicamente a aquellos hechos deconsiderable gravedad o que representen un mayor costo social. Existe una imposibilidadmaterial del Sistema de Justicia Penal para dar tratamiento a todos los hechos puniblesque al él ingresan. El legislador selecciona determinados hechos punibles, pondera losbienes jurídicos legalmente tutelados, y da cabida a determinadas alternativas queprocuran prescindir del inicio de un proceso penal. Entre ellas, la Suspensión CondicionalDel Proceso ocupa particular espacio. En Venezuela, conforme nuestra regulación, lamedida puede ser solicitada incluso en fase de investigación, no obstante, el momentoidóneo pareciera ser la audiencia preliminar, en fase intermedia, momento donde es depleno conocimiento del imputado los términos de la acusación penal, los hechos que sele imputan, y los pertinentes mecanismos de defensa al respecto. 28.
En principio, entendemos que se produce una paralización del proceso. Una paralización que no es gratuita, sino que comporta el cumplimiento de ciertas condiciones o exigencias legales, cuya fiel observancia al término del lapso de prueba supone la extinción definitiva de la acción penal. Se impide la realización total del proceso, ahorrando esfuerzos al aparato judicial y de investigación, para dedicarlos a delitos de mayor gravedad. La suspensión, tal y como venimos sosteniendo, es intraprocesal, opera dentro del mismo proceso, con el objeto de paralizarlo y ulteriormente extinguir por completo el ejercicio de la acción penal. Y ello nos hace abordar un tema de especial interés. Es una posición predominante en doctrina, tanto nacional como foránea, distinguir la Suspensión Condicional Del Proceso de la Probación. Esta última se asemeja en Venezuela al beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. La proba ción supone la existencia de una sentencia condenatoria. Hubo proceso, se produjo el debate o juicio oral, y ello devino en una decisión condenatoria, y en consecuencia, la imposición de una sanción. Pues bien, sobre la base de determinados criterios, el legislador admite someter al condenado a un régimen de prueba, un catálogo de condiciones, con el propósito justificado de descongestionar los establecimientos carcelarios y otorgar una nueva oportunidad de reinserción y adaptación social al responsable del hecho punible. La suspensión condicional del proceso recaería sobre quienes no son siquiera sino meros imputados, en otros términos, actuaría a favor de personas contra las cuales todavía no se ha pronunciado una decisión que ordene su procesamiento, a favor de quienes se reputan inocentes, en tanto que la suspensión condicional de la ejecución de la pena beneficiaría al que por sentencia condenatoria firme ya ha sido considerado responsable, culpable de la comisión de un hecho delictivoLA INOBSERVANCIA DE LAS Los derechos y garantías procesales contenidos en la Constitución, los adoptados por GARANTIAS ratificación de instrumentos internacionales, consagrados en este nuevo código, son verdaderos límites al uso arbitrario del poder juzgador, y por tanto, no pueden hacerse valer en perjuicio de los sujetos de tales derechos. El Estado a través de la Administración de Justicia no debe destruir al ciudadano, sino 29.
protegerlo y brindarle garantías, y para ello debemos efectuar un cambio radical yrevolucionario de mentalidad. Estamos hablando de una revolución cultural en cuanto atodo el sistema penal, un cambio de mentalidad y una nueva actitud frente al derecho.Los principios y garantías previstos por el código orgánico procesal penal serán observados en todoprocedimiento a consecuencia del cual pueda resultar una sanción penal o cualquier resolución.La inobservancia de un principio o garantía no se hará valer en perjuicio de aquel a quien ampara.Tampoco se podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, sobre la base de la violación deun principio o garantía previsto en favor del imputado, salvo cuando el lo consienta expresamente. Recommended
APLICACIÓN DE LAS LEYES PROCESALES CIVILES Y PENALES

References: in dubio
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