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Timestamp: 2017-10-23 02:38:38+00:00

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El Blog de Fred L. Alvarez: 21 enero 2010
Rabinos nacionalistas
Los rabinos nacionalistas/Abraham B. Yehoshua, escritor israelí, impulsor del movimiento Paz Ahora. Traducción: Sonia de Pedro
LA VANGUARDIA, 21/01/10;
Publicado por Fred Alvarez en 1/21/2010 No hay comentarios.:
Ene 10 21 Obama, año II/ José M. de Areilza Carvajal, decano de IE Law School
Publicado en ABC, 21/01/10
La caída a lo largo de este año de la inmensa popularidad inicial del presidente está ligada por supuesto a la situación económica de EEUU, todavía difícil aunque claramente en vías de recuperación. Sin embargo, dicha pérdida de confianza ciudadana también está relacionada con la manera de hacer política del presidente y no tanto con el contenido de sus decisiones. Hace tiempo que Obama se ha movido al centro desde la izquierda demócrata, al ser muy consciente de que la población de EEUU se sitúa de forma mayoritaria en el centro-derecha y de que el partido demócrata debe moderarse para gobernar «it’s not easy bein’ blue», en frase de John Meacham. El modo de actuar de Obama es el propio de un político puro, volcado en el control del proceso, sin encasillamientos ideológicos, un actor consumado que representa su papel con naturalidad, mientras tiene muy presente las reglas del juego y los contextos y audiencias de cada momento. Pero su liderazgo se basa a estas alturas en un exceso de carisma individual, a pesar de que se ha rodeado de profesionales muy destacados y ha fomentado la meritocracia en el poder ejecutivo. Es decir, sigue siendo un líder algo enigmático y demasiado solitario, como corresponde a su condición de jugador o «risk taker», bien probada a lo largo de su interesante trayectoria vital. De este modo, tras graduarse en Harvard Law School, eligió integrarse en la comunidad afro americana de Chicago y dedicarse a la política desde lo más abajo, sin otros apoyos que los que iba consiguiendo con su capacidad de tejer redes de modo instrumental y sistemático y de seducir voluntades con cálida autenticidad.
Jueces en Los Pinos
Sin 300 mdp fracasará la reforma penal: Corte
Aseguran que no han recibido un solo peso, ni siquiera para tratar los juicios orales
Milenio Diario, 2010-01-21
Magistrados y jueces federales y del orden común, encabezados por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, demandaron al presidente Felipe Calderón a que aporte los recursos económicos que se comprometió para echar a andar la reforma constitucional en materia penal, o de lo contrario se traducirá en el mayor fracaso de su administración y de la justicia en los últimos 100 años.
Los juzgadores, quienes forman parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), dijeron –después de reunirse con el primer mandatario— que no basta con las modificaciones a la ley, pues no han recibido un solo peso ni siquiera para tratar los juicios orales, o los casos relacionados al narcomenudeo o justicia para menores.
Pusieron como ejemplo que para poner en marcha esta reforma, en una entidad con dos millones de personas, sería necesario contar con al menos 300 millones de pesos.
En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes los representantes en cada materia de justicia del país, el magistrado Rodolfo Campos Montejo, quien preside dentro de la AMIJ la Comisión Nacional de Tribunales de Superiores de Justicia, expresó:
“En cuanto al tema presupuestario, sobre ello giró la plática, de que es necesario que no puede quedar en una reforma jurídica, exclusivamente, la reforma constitucional penal; no basta con que en la Constitución en su artículo 20 ya se establezca los juicios orales, sino que junto, derivado de ello, se requiere serios y muy importantes recursos económicos para poder echar a andar esta reforma, si no está condenada a ser el fracaso más importante de esta administración.
“Si no se le invierte a los juicios orales, la administración que preside el presidente Calderón, y en donde vamos inmersos todos los que estamos en este periodo al frente de nuestros órganos de impartición de justicia, nos quedaremos señalados como el fracaso más importante que ha tenido la justicia en los últimos 100 años. De ese tamaño es el problema y es un problema de recursos económicos que al día de hoy, aprovecho para decirlo, no nos han asignado un solo peso…”
Acompañado por los magistrados Xóchitl Raquel Pérez Cruz y Jaime del Río Sauceda, quienes integran las asociaciones de tribunales de lo Contencioso y Administrativo, y tribunales, salas superiores y regionales, además del doctor de la AMIJ, Rolando de Lassé Cañas, Campos Montejo explicó que el dinero se necesita para la contratación de nuevos jueces.
Se requiere una plantilla nueva de personal y capacitación, en la que se deben involucrar las universidades, las procuradurías, peritos, abogados y el Poder Judicial Federal y del fuero común.
Evo Morales fue ungido líder espiritual de los indígenas
Un día antes de asumir su segundo mandato, el presidente de Bolivia participó del ritual en la ciudad preincaica de Tiwanaku.
De la mano de una centenaria mujer aymara, el presidente Evo Morales fue ungido hoy como líder espiritual de los indígenas de Bolivia en la ancestral ciudadela preincaica de Tiwanaku, un día antes de asumir su segundo mandato hasta 2015.
El complejo de Tiwanaku, 70 kilómetros al oeste de La Paz y enclavada a 3.800 metros de altura en los Andes bolivianos, fue el escenario de la ceremonia religiosa en favor de Morales, el primer indígena en llegar a la presidencia del país desde su fundación en 1825. La pirámide de Akapana ("desde aquí se mide", en lengua aymara), la construcción lítica más grande de Sudamérica, y el templete religioso de Kalasasaya ("lugar de las piedras verticales"), fueron los dos lugares elegidos, donde el mandatario pidió a sus dioses andinos sabiduría para gobernar.
El ritual comenzó luego de que el jefe de Estado fue investido con un "uncu" blanco (manta rectangular) de lana de llama y un "chucu" (gorro de cuatro puntas) que representa la unión de los puntos cardinales. Morales, acompañado por amautas (sabios indígenas) varones y mujeres, comenzó su peregrinación primero por Akapana, donde en la cima se colocaron mesas rituales que servían de puntos de referencia y para clamar la sabiduría de los dioses andinos: el "Padre Sol" (Viracocha) y la "Madre Tierra" (Pachamama).
En cada punto, el jefe de Estado juntaba las manos, en una suerte de oración, mientras los chamanes aymaras realizaban un sahumerio, para que la energía de sus ruegos se le impregnen, en las puertas del inicio de su segundo gobierno. Luego se dirigió a Kalasasaya, donde el presidente recibió de dos niños aymaras dos bastones de mando que representan la dualidad entre lo racional y lo intuitivo, y lo masculino y lo femenino.
Allí, bajo un clima frío y ventoso y ante miles de personas, entre indígenas bolivianos y de otros países americanos, más invitados de Gobierno, el jefe de Estado proclamó el fin de la vieja república y el nacimiento del "Estado Plurinacional". Para el mandatario, este 22 de junio es una suerte de segunda independencia del país. En su discurso, también aprovechó para atacar al sistema capitalista que él pretende reemplazar en el país en una suerte de "socialismo comunitario".
"Los pueblos del mundo de pie, nunca de rodillas al capitalismo", arengó Morales ante miles de personas y luego acotó: "Este es un proceso sin retorno, irreversible (porque) los pueblos han decidido liberarse del imperialismo norteamericano". El mandatario, que en sus cuatro años de gobierno aplicó una política con contenido indígena y estatista, comenzará mañana su segundo mandato, con un acto oficial que se realizará en La Paz, sede de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional.
Carta de derechos de los usuarios de la justicia
Fue entregada al Presidente de la República por la AMIJ en la reunión de este miércoles 20 de enero en Lo Pinos
En el contexto de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho y en el ejercicio de la función jurisdiccional, los juzgadores tienen el deber de procurar que la justicia se imparta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, y con respeto a la dignidad de las personas que requieran acceder a la justicia.
La sociedad mexicana demanda una justicia más abierta, moderna y previsible, que sea capaz de dar servicio a las personas, con mayor agilidad, calidad, eficiencia y transparencia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. En este contexto, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) propone, como una de las vías de solución a esta problemática, la adopción de la presente Carta de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios de Justicia.
Esta Carta constituye un instrumento a través del cual los órganos encargados de impartir justicia en México informan a los usuarios sobre las funciones que tienen encomendadas y los compromisos de calidad en su prestación, así como los derechos y obligaciones de los usuarios en relación con estos servicios y, finalmente, sobre el compromiso que adquieren los órganos impartidores de justicia para hacer efectivos los derechos que en ella se consignan.
La Carta forma parte de un Plan permanente de la AMIJ, conformado por acciones encaminadas a la mejora en la calidad del servicio que prestan los órganos jurisdiccionales y se centra en dar respuesta, optimizando los medios disponibles, a las necesidades y expectativas de los usuarios; sin embargo, es necesario establecer un compromiso mutuo entre los órganos del Sistema de Justicia en México y sus usuarios; compromiso que se recoge en este documento.
La AMIJ asume que mejorar la calidad de los servicios que prestan los órganos que imparten justicia en México, implica tener una filosofía de trabajo orientada a la superación de las tareas y labores cotidianas; por esta razón, adquiere el compromiso de revisar esta Carta cada dos años, tomando en consideración los comentarios de los usuarios de la justicia como parte de un proceso de mejoramiento y evolución.
Con el propósito de conseguir una justicia moderna y abierta para las personas, esta Carta establece, en el primer capítulo, su finalidad y destinatarios y, en el segundo, desarrolla los derechos y obligaciones de los usuarios de la actividad jurisdiccional.
El tercer capítulo se centra en la necesidad de destacar la responsabilidad de los órganos impartidores de justicia en relación con el cumplimiento de los derechos consignados en ella, concluyendo con una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia; de este modo, se procura la consecución de los derechos reconocidos y su vinculación con los titulares de los órganos que imparten justicia y, en general, con aquellos servidores públicos involucrados en el proceso de impartición de justicia en México.
Finalmente, en el último capítulo se contempla el mínimo de información particular que corresponda a cada órgano jurisdiccional.
Es importante destacar, que ni los derechos ni las obligaciones consignados en esta Carta, ni su exigibilidad, interfieren o se relacionan con las resoluciones que toman los órganos que imparten justicia en los casos sometidos a su conocimiento.
La presente Carta tiene como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia, la cual debe ser moderna, abierta y capaz de servir a los usuarios con prontitud, calidad, eficiencia y transparencia.
Los órganos encargados de impartir justicia en México deberán informar a los usuarios sobre las funciones que tienen encomendadas y los compromisos de calidad en su prestación, los derechos y obligaciones de los usuarios en relación con estos servicios, así como los medios para hacer exigibles los derechos consignados en esta Carta y lograr que sea un instrumento para la defensa activa de los derechos de las personas.
Serán destinatarios de la presente Carta:
a) Los usuarios de la justicia en México, entendidos como los que requieran acceder a la impartición de justicia a fin de hacer uso de sus servicios, entre otros, los que tengan el carácter de partes en un juicio de cualquier naturaleza, las víctimas de un delito, los testigos, los acusados en un proceso penal, quienes soliciten información relacionada con la administración de justicia, los medios de comunicación, los abogados litigantes, debidamente acreditados y autorizados conforme a la legislación mexicana, y los terceros que tengan un interés legítimo.
b) Todos los servidores públicos adscritos a los diversos órganos impartidores de justicia en nuestro país y quienes, con cualquier carácter, actúen en auxilio de la función jurisdiccional.
1. Acceder y recibir un servicio gratuito, imparcial y sin ningún tipo de discriminación por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Se tratará por igual a todos los usuarios.
2. Recibir información pública general y actualizada sobre el funcionamiento de los órganos que imparten justicia en México, de acuerdo con los procedimientos y las normas que se prevean para tal efecto, sin que pueda aducirse la falta de estos procedimientos como sustento de la negativa para el acceso a la información.
3. Conocer el contenido y estado de los procesos en los que se acredite un interés legal. En este caso, los usuarios tendrán acceso a documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter de reservados por disposición legal; así mismo podrán utilizar los medios electrónicos que permitan el acceso al contenido de los procesos; la autoridad determinará la procedencia de la solicitud de conformidad con las normas aplicables en cada caso.
4. Que en los actos de comunicación, como son, notificaciones, citaciones, emplazamientos y, en general, aquellos requerimientos que le formule cualquier órgano jurisdiccional, así como en las visitas y comparecencias, se utilice un lenguaje claro que, respetando las exigencias técnicas del caso, resulte comprensible para las personas, evitando el uso de elementos intimidatorios innecesarios. En igual sentido, los usuarios tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de forma que, sin perder el rigor técnico, sean accesibles para los usuarios de los órganos que imparten justicia, especialmente tratándose de procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de abogado.
De igual forma tienen derecho a que se les informe sobre el contenido de la legislación local, federal e internacional, relacionada con la materia del órgano jurisdiccional que corresponda.
5. Ser atendidos de forma respetuosa. La autoridad deberá procurar que las actuaciones judiciales en las que comparezcan se lleven a cabo con el máximo respeto y puntualidad posibles; de no ser así el funcionario judicial deberá informar las razones del retraso o suspensión de cualquier actuación procesal.
6. Formular las reclamaciones, quejas y sugerencias que considere procedentes, relativas al funcionamiento de los órganos impartidores de justicia, y recibir respuesta oportuna a sus solicitudes.
7. Conocer el tipo de conductas de los servidores públicos que puedan actualizar responsabilidad penal o administrativa y las vías posibles para presentar las denuncias respectivas.
8. Cuando se trate de las víctimas de un delito tienen derecho a ser informadas con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso. Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de aquellas resoluciones que afecten su seguridad, sobre todo en casos de violencia familiar; en su comparecencia personal ante un Juzgado o Tribunal, tendrán derecho a que se respete y preserve su dignidad e intimidad y se garantice su seguridad.
9. El testigo o el que colabore con el órgano jurisdiccional tiene derecho a ser adecuadamente protegido en las instalaciones del órgano jurisdiccional de que se trate.
10. El menor de edad que tenga necesidad de ocurrir ante los órganos impartidores de justicia con motivo de la consecución de un proceso, tendrá derecho a que su comparecencia se desahogue en forma adecuada a su condición particular, para lo cual se podrán utilizar los elementos técnicos que se consideren adecuados; el juzgador deberá privilegiar, en todo momento, el interés superior del menor, así como evitar su comparecencia reiterada.
Se deberá asegurar que las actuaciones judiciales en las que intervenga el menor se realicen de manera que se garantice la comprensión de su contenido, así como la secrecía de las mismas.
11. Los edificios que alberguen órganos jurisdiccionales deberán estar provistos de aquellas medidas y servicios que faciliten tanto el acceso, como la estancia de las personas que acudan, especialmente de las que sufran de alguna discapacidad.
Las personas con discapacidad deberán comparecer ante la autoridad jurisdiccional sólo en los casos en que así lo exija la ley y tendrán el derecho a la utilización de un intérprete o de aquellos medios que permitan obtener, de manera comprensible, las actuaciones procesales y cualquier otra información pública que requieran.
12. Se garantizará el uso de un intérprete traductor cuando el usuario de la justicia sea un indígena y se asegurará, además, que comprenda el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervenga, respetando sus tradiciones culturales; así mismo se establecerán los mecanismos de resolución de conflictos acorde con el Derecho Consuetudinario de las poblaciones indígenas; los juzgadores velarán, en todo momento, por el cumplimiento de este derecho.
En el caso de los procesos penales, se garantizará además, la actuación de un defensor de oficio bilingüe y que conozca los usos y costumbres del pueblo indígena al que pertenezca el inculpado.
13. Exigir a los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Carta.
14. Los órganos jurisdiccionales adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos consignados en esta Carta.
1. Otorgar un trato respetuoso al servidor público que les atiende y comportarse de manera adecuada.
2. Contar con un medio adecuado de identificación, tanto para ingresar a las instalaciones que albergan los órganos jurisdiccionales como para, en su caso, exigir sus derechos.
3. Llegar con la puntualidad debida en el caso de que se tenga previsto el desahogo de una actuación judicial.
4. Cooperar con las medidas de seguridad que, en su caso, estén previstas en las oficinas de los órganos jurisdiccionales.
5. No dañar las instalaciones, el equipo y mobiliario afectos al órgano jurisdiccional.
6. Abstenerse de ofrecer gratificaciones a los servidores públicos y denunciar a quien o quienes las soliciten.
7. No utilizar los medios legales previstos para retardar, injustificadamente, los procesos.
8. Utilizar, en la medida de lo posible, una redacción concisa y comprensible, procurando expresar con claridad su pretensión.
9. Conducirse con verdad en toda diligencia practicada por los órganos jurisdiccionales.
10. Asumir, frente a las sentencias definitivas, desde que se presenta la demanda, una actitud de respeto, hacia la contraparte en juicio, el órgano impartidor de justicia en cuestión, así como los juzgadores y los servidores públicos que intervinieron en el juicio.
Eficacia de la Carta: compromiso de los órganos que imparten justicia
A. Compromiso de los órganos que imparten justicia: buzón del usuario.
Los órganos que imparten justicia en México, aglutinados en la AMIJ, se comprometen a respetar y a que se hagan respetar los derechos y obligaciones contenidos en esta Carta. Con tal fin y en aras de asegurar el cabal cumplimiento de los derechos consignados en ella, los órganos que imparten justicia deberán establecer un buzón de quejas o sugerencias en un lugar visible, para que el usuario manifieste su inconformidad o si lo prefiere, la haga llegar vía correo ordinario o vía electrónica, a las direcciones establecidas para ello.
Para lograr la eficacia de los derechos que se consagran en la presente Carta, cada órgano jurisdiccional asignará a un servidor público el seguimiento y evaluación de las quejas y sugerencias del usuario, para dar respuesta a las mismas.
Información particular de cada órgano
Finalmente, como información complementaria, cada órgano de impartición de justicia deberá señalar claramente en el documento que adopte de manera particular como su Carta, lo siguiente:
a) Lugares y horarios de atención, expresando con claridad aquellos otros lugares en los que se puede efectuar la recepción de promociones en días u horas hábiles.
b) Teléfono de la institución y, en su caso, correo electrónico oficial y qué tipo de consultas pueden hacerse a través de estos medios.
c) En su caso, si cuenta con página de Internet, expresando con claridad si ofrece algún servicio a través de este medio.
d) Nombre del servidor público responsable de la atención a los usuarios.
Fuente: AMIJ
Comunicado de AMIJ
Fecha: 20 de Enero de 2010 a las horas
El día de hoy en la Residencia Oficial de Los Pinos tuvo lugar un encuentro del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) con el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. El evento tuvo como propósito mantener la cercanía de la AMIJ con el titular del Ejecutivo, en el ánimo de comunicarle los esfuerzos que se hacen en los Tribunales del país; en el marco del compromiso que han asumido por reformar y modernizar la impartición de justicia de nuestro país, se habló del resultado en los avances y logros de los últimos dos años en los proyectos que opera la AMIJ, así como en los beneficios que se han percibido por parte de los diversos apartados en participar de manera activa de los trabajos que en la AMIJ se desarrollan.
Se destacaron los diversos proyectos de modernización y fortalecimiento en los cuales se está participando, destacando de entre ellos, como uno de gran relevancia la “Carta de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios de los Servicios de Justicia en México”, la cual constituye uno de los instrumentos más importantes para un efectivo acceso a la justicia de los mexicanos que se ven en la necesidad de acudir en busca de justicia en nuestro país.
Esa Carta está en proceso de adopción en los diversos órganos de impartición de justicia de la AMIJ, con el objetivo de que los usuarios de estos servicios tengan en mente que gozan de derechos y obligaciones para un efectivo y más cercano acceso a la justicia.
La “Carta de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios de los Servicios de Justicia en México” fue entregada al Presidente de la República, como parte de los logros alcanzados por la Asociación, y puede ser consultada en la página www.amij.org.mx.
Al evento de esta mañana en Los Pinos asistieron el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, así como los representantes de cada uno de los once Apartados que integran el Comité Directivo de la AMIJ. También se contó con la distinguida presencia del Consejero Jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, Ministro José Ramón Cossío Díaz, entre otros.
La AMIJ es una asociación civil en donde participan todos los Órganos Impartidores de Justicia en México representados por Ministros, Magistrados y Jueces de la República Mexicana. Su misión es articular e implementar la agenda de reformas del poder judicial a través de proyectos de innovación y mejora enmarcados dentro de la reforma judicial.
La fuente de financiamiento de los proyectos proviene de la aportación económica que realizaron el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal en un fideicomiso denominado Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia en México, conocido como Fondo Jurica.
Excélsior, 21-Ene-2010
De acuerdo con la misma nota, la intolerancia religiosa en San Juan Chamula ha “dejado más de 30 mil desplazados desde los años setenta”. Y es que los católicos tienen la costumbre de agredir físicamente a los evangélicos para correrlos de sus comunidades. Así comenzó este año. Otra nota de Proceso del mismo reportero da cuenta de ello: “Indígenas católicos tradicionalistas de la comunidad Los Llanos, en el municipio de San Juan Chamula, quemaron cinco casas y al menos ocho galeras y cocinas que pertenecían a 13 familias evangélicas”. Al parecer, los protestantes cometieron el “pecado” de negarse a “la exigencia de los católicos de convertirse a su religión y cooperar para las fiestas de la comunidad. Con marros y picos, los católicos se dirigieron a cinco de las casas para derribarlas y luego les prendieron fuego”. Ante las amenazas de muerte, los evangélicos abandonaron la comunidad.
Yo me pregunto: ¿hasta cuándo durará el conflicto de intolerancia religiosa en San Juan Chamula? ¿Acaso es irresoluble? ¿Qué están haciendo el gobierno federal y el del estado para asegurar la convivencia armónica de dos comunidades que creen en el evangelio de Cristo? ¿No deberían intervenir las autoridades de la Iglesia católica a fin de procurar la concordia con sus hermanos cristianos? ¿Qué han hecho los maestros de las escuelas públicas para enseñarles a los niños del municipio el valor de la tolerancia religiosa? ¿Dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un caso de flagrante violación a la libertad de religión? ¿No deberíamos los medios de comunicación reportar y analizar más este caso de intolerancia religiosa que parece más del siglo XVI que del XXI?
No podemos permitir la coexistencia de dos países en México. Un México moderno donde la libertad de religión es una realidad y un México atrasado donde un pastor no puede predicar o una familia tiene que abandonar su comunidad por sus creencias religiosas. No puede justificarse la intolerancia porque esos son los usos y costumbres de una comunidad.
Dice el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por México: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. Universal significa “que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos”, incluido, por supuesto, San Juan Chamula.
Iglesia católica y PRD
Coumna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 21 de enero de 2010
CIUDAD DE MÉXICO, jueves 21 de enero de 2010 (ZENIT.org-El Observador).- La Iglesia no viola la laicidad del Estado cuando se opone a las uniones del mismo sexo, aclaran los obispos de México; más bien, ofrece su propia contribución a un Estado laico y democrático.
El papabile Tarcisio Bertone
Papa confirma en su cargo al número dos del Vaticano, Tarcisio Bertone
El papa Benedicto XVI confirmó en su cargo al número dos del Vaticano, el secretario de Estado cardenal Tarcisio Bertone, informó este jueves el diario de la Santa Sede.
Bertone permanecerá en su puesto a pesar de haber superado en diciembre la edad de jubilación para los cardenales que trabajan en la Curia Romana, que es de 75 años.
El diario del Vaticano, L'Osservatore Romano, publica la carta del pontífice al cardenal, con fecha 15 enero, con la que Benedicto XVI le renueva su confianza como uno de sus colaboradores más cercanos.
"Siempre he admirado su 'sensus fidei' (sentido de la fe), su preparación doctrinal y canónica y su 'humanitas' (humanidad)'', escribió el Papa en su misiva.
"Por todas esas cualidades tomé la decisión de designarlo secretario de Estado en el verano del 2006 y por esas mismas razones, hoy en día y también en el futuro, no quisiera renunciar a su preciosa colaboración'', escribió.
Un "Tefilim"
Nueva York, Estados Unidos (21 enero 2010).- Un artículo religioso que portaba un pasajero causó alarma este jueves en un vuelo, lo que provocó que la aeronave aterrizara en el aeropuerto de Philadelphia para descartar que se tratara de una bomba.
El "tefilim" de un pasajero, elemento religioso de los judíos ortodoxos compuesto por dos pequeñas cajas de cuero ligadas a largas correas que se colocan en la frente y en el brazo, alarmó a otra persona que viajaba en el avión.
"Hubo un malentendido entre la tripulación y un pasajero religioso que llevaba objetos de culto y rezaba en voz alta", señaló una fuente de servicios de seguridad.
"La tripulación consideró que sus acciones y esos objetos eran sospechosos y decidió desviar al avión a Philadelphia".
El avión de la aerolínea Chautauqua Airlines, que opera para US Airways y otras aerolíneas de Estados Unidos, despegó de Nueva York con destino a Louisville, Kentucky.
"Alguien en el avión interpretó el elemento como una especie de dispositivo", informó Christine O´Brien, portavoz del Departamento de Policía de Philadelphia.
El cuerpo policiaco informó que no se arrestó a nadie por el incidente, no obstante, estas declaraciones contradijeron a las vertidas por el FBI.
"Hay un individuo en custodia", señaló el FBI en la ciudad de Pennsylvania.
En tanto, un vocero de US Airways posteriormente señaló que el incidente no tuvo mayores consecuencias.
"El avión aterrizó sin incidentes en Philadelphia y los pasajeros y la tripulación regresaron a la terminal aérea y están siendo colocados en otros vuelos", comentó Morgan Dunnant, vocero de la aerolínea.
Iniciativa para reforma al código penal
Sesión de la Comisión Permanente, 20 de enero de 2009
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Asimismo, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su venia, presidente. Un joven originario de Sinaloa, Víctor Javier Serrano Galván, apodado el G-1, al ser detenido por la unidad especializada en contra de la delincuencia, herido en un pie, declaró ante el Ministerio Público que desde hace cinco años empezó a relacionarse con gente que se dedicaba a actividades ilícitas, a sabiendas que era menor de edad. Dijo que lo hacía porque siempre deseó pertenecer al crimen organizado porque le gustaban mucho los corridos y cuando los escuchaba siempre soñó con que a él le hicieran uno.
Al joven G-1, al momento de su detención se le encontró en su poder una ametralladora Barret, conocida como "la tumba aviones"; soñaba derribar helicópteros de la seguridad pública, participó en la ejecución de más de 30 personas y ordenó ejecutar a sus enemigos, la mayoría de cédulas con menores de edad.
Me refiero en esta iniciativa a la apología del delito. Raúl Corona Sesma, coautor de esta iniciativa y consejero jurídico del ayuntamiento, manifestó que los narcocorridos y las narcopelículas se toman ya por la sociedad como simpáticas, agradables, intrascendentes, inofensivas, y es literalmente todo lo contrario.
El abogado señaló que para poder salir del clóset y darse a conocer a la sociedad los delincuentes necesitan crear antivalores que los adulen, los admiren, los veneren y glorifiquen.
En ese sentido, estamos proponiendo una iniciativa que reforma el artículo 208 del Código Penal Federal, y el 194, en donde estamos retomando lo que dice acerca de la apología del delito. Dice: Al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de éste o de algún vicio se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que corresponda por su participación en el delito.
¿Qué pretendemos con esta iniciativa? Diferenciar ahora y sancionar la simple apología del delito, sin necesidad de que se lleve a la ejecución. No debemos escribir en el aire. Es de suma importancia crear esta figura autónoma jurídica mediante la cual los delincuentes instigan públicamente a la sociedad a que se cometa un delito y no existe ninguna sanción al respecto.
¿La realización del delito protege a quién? A la persona que en este momento lo incita; es decir, no hay ninguna sanción penal, solamente una sanción administrativa.
Nosotros tenemos la obligación de evitar el deterioro del tejido social, salvaguardando la integridad y seguridad en todo ámbito de la ciudadanía. Es primordial impedir la deformación de nuestros valores, evitando la violación de la norma mediante actos reprobables, condenando sobretodo y sancionando penalmente esta exaltación de los antivalores.
Por lo tanto, se propone esta iniciativa que dice lo siguiente:
Artículo 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Se reforma el párrafo primero del Código Penal para quedar como sigue:
Artículo 208. Al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de uno a tres años de prisión y hasta cincuenta días de multa, si el delito no se ejecutare; en caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.
La sanción prevista en este párrafo anterior, se agravará en la mitad, tratándose de los delitos previstos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada y se utilicen medios masivos de comunicación.
La siguiente iniciativa se refiere a las excluyentes que tenemos de encubrimiento el día de hoy. No es posible que el día de hoy los que tengan algún lazo de amistad en el tema de delincuencia organizada, las personas que tengan ascendencia o descendencia, no se les pueda llamar a declarar porque la ley así lo prevé.
Debemos avanzar, porque la delincuencia así lo ha hecho, en los términos de que la familia, los amigos, las personas con lazos sentimentales, se fundamentan en estos artículos para no proceder a declarar. Igualmente los que auxilian la administración de justicia a veces aportan pruebas falsas para efectos de sacar al delincuente.
En esos términos el jurista Sodi, dice: "No se puede concebir sin que el responsable de la falsedad tengan un propósito criminal, un fin de antemano perseguido, del que la falsedad es simplemente un medio que se sirve para alcanzar su realización, por medio de ella se pueden atacar los bienes, la honra, la reputación, etcétera."
Por tanto estamos sometiendo ante esta Comisión Permanente, el siguiente proyecto de iniciativa que reforma el párrafo primero y se adiciona el numeral 248 Ter del Código Penal Federal y se adicionan los numerales 6 Bis, 41 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Artículo primero?
Artículo 248 Ter. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio o realice cualquier otro acto tendiente a inducir en el error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrá de 6 meses a 6 años de prisión y de 50 a 250 días de salario de multa. Si el beneficio es el de carácter económico, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Este delito se perseguirá de oficio cuando la cuantía o monto no exceda de 5 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho o se realice dentro de un proceso en materia de delincuencia organizada.
Artículo segundo. Se adiciona el numeral 6 Bis y 41 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
Artículo 6 Bis. Las excusas previstas en los incisos a), b) y c) del numeral 400 del Código Penal Federal, no procederán tratándose de delincuencia organizada.
Me refiero a las excluyentes de encubrimiento.
Artículo 41 Bis. La excepción prevista en el numeral 243 del Código Federal de Procedimientos Penales no procederá, tratándose de delincuencia organizada.
Presidente, solicito que el texto íntegro se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Asimismo, las iniciativas se turnan a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Ambas a la misma Comisión.
El presidente de la SCJN, en sutitución del Presidente
El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) manifestó que ante una absoluta ausencia del presidente de la República debe ser el titular de la SCJN quien sea el sucesor automático para ocupar el cargo como titular del Ejecutivo.
El legislador presentó una iniciativa ante el Pleno de la Comisión Permanente para reformar la Constitución Política a fin de que cuando exista algún tipo de ausencia del presidente electo, asuma el titular el presidente de la SCJN.
Zamora Jiménez propuso que esta sucesión se dé cuando el presidente electo no acuda a tomar posesión, no se haya calificado la elección el día de asumir el cargo, o bien, si los comicios no resultan válidos.
Asimismo, si el Presidente de la República tiene algún impedimento de salud, física o mental, se registra alguna desaparición, ausencia o abandono de su cargo, así como muerte o renuncia.
En su opinión, la desaparición política es muy delicada para la vida nacional, bien sea porque el mandatario haya renunciado o abandonado su cargo, “porque es en estos casos cuando la ingobernabilidad se manifiesta con todas sus consecuencias”.
Es por ello, que la propuesta se enfoca en que sea el titular de la SCJN quien sustituya al presidente por un periodo de 10 meses, los primeros seis para convocar y realizar elecciones para el próximo representante nacional definitivo.
“También se requiere de dos meses más para calificar y declarar el resultado definitivo de la elección, y dos meses para los ejercicios y trabajos de transición”.
Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Uno de los temas constitucionales más olvidados a lo largo de muchas décadas ha sido el de la sustitución presidencial, la sustitución del presidente de la república; es decir, el procedimiento para su suplencia en caso de ausencia total.
Existen en la normatividad actual 10 supuestos por los cuales se debe sustituir al presidente de la república. Ahora bien, en el mundo existen dos sistemas básicos de sustitución presidencial: el automático y el electivo. El primero se subdivide en vicepresidencial y en no vicepresidencial; y el electivo, a su vez, se subdivide en cerrado y en abierto. Así, México tiene un sistema de sustitución electiva que en ciertos supuestos operan la modalidad de abierta y en otros supuestos en modalidad de cerrada.
En nuestro país cuando ocurre la falta de presidente durante los dos primeros años del sexenio, de inmediato el Congreso de la Unión designa un presidente llamado provisional y se convoca a elecciones generales para que la ciudadanía elija a un presidente llamado sustituto, el cual concluirá el sexenio. Si el presidente faltara durante los últimos cuatro años, entonces el Congreso de la Unión procederá directamente a elegir al presidente sustituto que concluirá el periodo incompleto.
En este sistema, que nosotros tenemos adoptado en la actualidad, se representan inconvenientes derivados de ciertas imprecisiones o imprevisiones normativas que son urgentes de solucionar. La más grave, es que la elección congresional requiere resolverse por una mayoría absoluta de los miembros presentes y puede darse el caso de que esta proporción no se lograra nunca o que se lograra al precio de una negociación que llegaría a ser muy lastimosa para el país.
Otras imprecisiones, desde luego, corregibles, tienen que ver con el tiempo en que comenzaría y cuánto duraría el encargo. Otra imprecisión es si la congresional es una verdadera elección y entonces no serían elegibles ni los diputados ni los senadores ni los funcionarios federales o locales ni los militares en activo, todos ellos por no haberse separado del cargo con la anticipación que dispone la Constitución.
Todas estas imprecisiones podrían provocar durísimas discusiones legales o incluso legaloides al momento de ponerse en operación.
Con ciertas composturas, el mexicano parece que es el sistema adecuado para nuestro país, pero el sistema automático finalmente nos asusta por la triste experiencia histórica acontecida a lo largo del siglo XIX.
El sistema mexicano vigente ya ha tenido lamentablemente que funcionar ?por fortuna en los dos momentos funcionó bien?, y es en el caso del asesinato del presidente Álvaro Obregón, en 1928, y el segundo con la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio, en el año 32.
Sin embargo, las circunstancias actuales de composición congresional no facilitan una elección presidencial sustituta, sobre todo porque ella tiene ingredientes de prisa, ingredientes de crisis y, en algunos casos, también pueden tener ingredientes de conmoción nacional.
Es por ello que la presente iniciativa considera que el sucesor automático y, desde luego, transitorio para la eventual ausencia del titular del Poder Ejecutivo, debiera ser el ciudadano que en ese momento estuviere en ejercicio de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las razones principales son de tres órdenes: la primera, la legitimidad; la segunda, la imparcialidad y, la tercera, la respetabilidad de este órgano del Estado mexicano.
El debate entonces, está sobre la mesa y es por eso que nos permitimos presentar la presente iniciativa de reforma a los artículos 73, fracción XXVI; 78, fracción VI; 83, 84 y 85, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:
A partir del artículo 84 la propuesta es la siguiente: en el caso de falta absoluta del presidente de la república, de inmediato asumirá el cargo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando no tenga ningún impedimento constitucional en cuyo caso asumirá el ministro decano de la Suprema Corte, sin más protocolo se rendirá protesta pública con el carácter de presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos y se procederá de la siguiente manera:
Si la falta absoluta ocurriere en los primeros cinco años del periodo respectivo, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, según el caso, expedirá en no más de cinco días la convocatoria para la elección de nuevo presidente. Ésta se celebrará en un plazo no menor de tres ni mayor de seis meses.
Para calificar la elección las autoridades dispondrán de un plazo máximo de un mes, todo ello a efecto de que el que haya resultado electo, asuma el día primero de diciembre. Si no fuere posible cumplir con la fecha mencionada, el presidente sustituto continuará en ejercicio por los días indispensables del nuevo periodo.
Si la falta absoluta ocurriere en el sexto año, la elección ordinaria surtirá sus efectos plenos sin necesidad de nueva convocatoria. Si ésta ocurre después de la elección ordinaria, el presidente sustituto concluirá el período respectivo sin convocar a nueva elección.
Si la falta absoluta fuera la del presidente electo, la elección no estuviere calificada o fuere declarada como nula, el presidente en funciones concluirá el periodo para el que fue electo y al término asumirá el presidente sustituto para proceder en los términos de la fracción I de este artículo.
Artículo 85. La falta absoluta del presidente de la república o de presidente electo, así como la falta de calificación electoral o de elección válida, requieren declaratoria del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, según sea el caso.
Los supuestos mencionados se dan cuando:
Primero. El presidente electo no se presente a tomar posesión.
Segundo. No se haya calificado la elección llegado el día de asumir el cargo.
Tercero. La elección haya sido calificada de inválida y se nulifique.
Cuarto. Por impedimento de salud física.
Quinto. Por impedimento de salud mental.
Sexto. Por desaparición o ausencia.
Séptimo. Por abandono del encargo.
Octavo. Por muerte.
Noveno. Por estar sujeto a prisión, de acuerdo a lo previsto por el artículo 108, y;
Décimo. Por renuncia al cargo, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 constitucional.
Único. Esta reforma iniciará su vigencia el día 1 de septiembre de 2012 por lo que concierne al presidente electo, y al día 1 de diciembre de 2012 por lo que concierne al presidente en funciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado.
El diputado Silvio Lagos Galindo (desde la curul): Quisiera adherirme a la propuesta del diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al señor diputado si está usted de acuerdo. Acepta el señor diputado. Los que deseen participar apoyando esta propuesta pasen a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.
El PRD y la arquidiócesi primada
Jesús Ortega, presidente nacional del PRD demandó al prelado no supeditar el diálogo porque, dijo, si se busca un encuentro poniendo condiciones, entonces, hay pocas posibilidades de materializarlo y de concretarlo. En tanto, Manuel Oropeza, líder perredista en el DF, aseguró que su partido no entrará en más discusiones sobre el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo y que defenderá esas reformas únicamente por la vía legal.
El Cardenal rompió prácticamente con el PRD el martes a través de un comunicado en el que establece dos condiciones inamovibles para reanudar el diálogo: que el diputado local Víctor Romo se disculpe públicamente por sus dichos en contra del extinto Cardenal Ernesto Corripio y que se retiren dos denuncias interpuestas en Gobernación contra el propio Rivera.
Al respecto, Jesús Ortega aclaró que el representante eclesiástico canaliza mal sus demandas porque el diputado Romo se retractó en su momento de sus dichos sobre Corripio. "Además", continuó, "el PRD no interpuso ninguna queja en Gobernación ni recurrió a ningún Ministerio Público, pues en el primer caso fueron tres asambleístas y en el segundo un grupo de ciudadanos".
Por tro lado, las organizaciones civiles que presentaron una denuncia penal en contra del Cardenal rechazaron retirarla, y pidieron que sea la Procuraduría de Justicia del DF la encargada de resolver si hay o no un delito.
Los activistas Jaime López Vela y Lol Kin Castañeda consideraron que hay elementos para demostrar que el jerarca religioso ha incurrido en discriminación e incitado a la violencia contra los ciudadanos homosexuales por sus declaraciones de rechazo a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo y su posibilidad de adopción.
El diputado por el PRD David Razú, principal promotor de la reforma que permite las uniones gay, señaló que en ningún momento solicitará a las organizaciones civiles retirar la denuncia contra Rivera. "Nunca podría pedir a un ciudadano que deje de ejercer su derecho. No hay que olvidar que hay instituciones y que la libertad de expresión se debe ejercer dentro del marco de la ley", señaló el legislador.
Razú señaló que la solicitud de investigación y sanción contra los representantes de diferentes Iglesias que presentó en diciembre pasado ante la Secretaría de Gobernación, a la fecha no ha tenido respuesta. "Nos parece grave que la autoridad encargada de la política interior del País guarde silencio ante un tema tan importante", dijo el legislador.
Bendito misil
Columna Historias de reportero/ Caros Loret de Mola
El Universal, 21 de enero de 2010
Misiles bajo la sotana
Sin mencionar nombre, porque no hace falta ante referencias textuales, el Semanario Desde la Fe —que edita la Arquidiócesis de México y del que se hace responsable el padre Hugo Valdemar Romero Ascensión, vocero del cardenal Norberto Rivera Carrera— ataca a este reportero por la convicción de que deben permitirse los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por estas parejas
Sin mencionar nombre, porque no hace falta ante referencias textuales, el Semanario Desde la Fe —que edita la Arquidiócesis de México y del que se hace responsable el padre Hugo Valdemar Romero Ascensión, vocero del cardenal Norberto Rivera Carrera— ataca a este reportero por la convicción de que deben permitirse los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por estas parejas.
Sería para celebrar que esta facción de la Iglesia católica respondiera directamente si empleará argumentos y no evasivas y descalificaciones retóricas: en el debate, aunque defienden exactamente las mismas ideas, es muy distinto el tono arrogante y de confrontación del grupo del cardenal al más moderado y argumentado de la Conferencia del Episcopado Mexicano y los obispos identificados con la Teología de la Liberación.
En un texto llamado “Las verdaderas razones de la Iglesia para oponerse a que personas del mismo sexo adopten niños”, que firma “DLF Redacción” —o sea, el Padre Valdemar, considerando que en el directorio del semanario él es el único— se alude en sus últimos párrafos a lo expuesto en esta columna:
Primero, al referir el dato de que desde hace veinte años la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar enfermedad a la homosexualidad, la Arquidiócesis lejos de presentar alguna prueba en contrario, opta por descalificar a la OMS (y con ello a Naciones Unidas). Señala que “ha habido fuertes presiones de grupos homosexuales que no sólo han influido en la OMS” para que la homosexualidad deje de ser considerada como una desviación y “ahora la vea con naturalidad”. El grupo del cardenal Norberto, que responsablemente acató y reprodujo las recomendaciones de la OMS durante la pandemia de influenza, ahora irresponsablemente la tacha de debilucha, que cambia criterios en función de presiones políticas y no de la ciencia.
Segundo, y con más veneno: “El conductor de un noticiero dijo que tenía amigos homosexuales y afirmó que con los ojos cerrados les confiaría a sus hijos. Dijo bien. Habría que tener los ojos cerrados para confiar una criatura inocente y vulnerable a una pareja de homosexuales y no ver cómo será afectada”.
La respuesta más fácil y atractiva, intolerante también, justo en el tono retórico del Arzobispado nacional, sería señalar que más cerrados tendría los ojos quien entregara sus hijos a un sacerdote, considerando el historial de pederastia solapada y escondida por décadas en la Iglesia; y que cómo se atreve a dar recomendaciones para ser padre de familia cuando no tienen hijos, ¿o sí?
Esa sería un generalización falsa y difamatoria, como la que hace el semanario que dice que los homosexuales (se asume que los varones) “usan falda, maquillaje e invitan a otros hombres a dormir” y son una mala influencia para los niños. El problema de esos juicios simplificados es que no todos los homosexuales son proxenetas como tampoco todos los curas son pederastas; estos son estereotipos de minorías escandalosas que nublan el debate. No vale la pena instalarse ahí.
Y por cierto, yo encargaría mis hijos a varias parejas heterosexuales cercanísimas, a un par de sacerdotes entrañables y también a tres grandes amigos homosexuales.
SACIAMORBOS Perdón por el atraso, pero me enteré antier del ataque... andábamos en Haití cuando lanzaron el bendito misil.

References: artículo 20
 resolución 
 artículo 18
 artículo 208

Artículo 208

Artículo 208

Artículo 248
 resolución 

Artículo 6

Artículo 41
 artículo 84

Artículo 85
 artículo 108
 artículo 86