Source: https://www.lupicinio.com/269457/
Timestamp: 2020-02-17 21:06:42+00:00

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SANCIONES INTERNACIONALES 2019 | Lupicinio International Law Firm
En esta newsletter, resumimos y analizamos las últimas actualizaciones en torno a la imposición de sanciones internacionales por Estados Unidos y la Unión Europea.
Las principales por sus efectos han sido:
El 6 de marzo de 2014 los Estados Miembros de la Unión Europea condenaron enérgicamente la violación no provocada de la soberanía e integridad territorial ucraniana por parte de Rusia y pidieron a la Federación de Rusia que retirara inmediatamente sus fuerzas armadas del país. Se declaró que cualquier medida adicional de Rusia para desestabilizar la situación en Ucrania tendría consecuencias adicionales y de gran alcance para las relaciones en una amplia gama de ámbitos económicos.
Dada la gravedad de la situación, el 31 de julio de 2014 el Consejo de la Unión Europea adoptó medidas restrictivas en respuesta a las acciones de Rusia que desestabilizaban la situación en Ucrania. Consistían en medidas comerciales (prohibición de exportar productos de doble uso, productos y tecnología enumerados en la Lista Común Militar, así como productos y tecnología destinada a la prospección y producción de petróleo) y medidas financieras (se limita el acceso a los mercados primario y secundario de capitales de la Unión Europea para cinco importantes entidades financieras rusas).
El 30 de agosto de 2014 el Consejo Europeo condenó la creciente afluencia de combatientes y armas desde el territorio de Rusia hacia Ucrania oriental y la agresión de las fuerzas armadas rusas en territorio ucraniano.
El 8 de septiembre de 2014 el Consejo de la Unión Europea adoptó nuevas medidas restrictivas en respuesta a las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
El 19 de marzo de 2015 el Consejo Europeo acordó que la duración de las medidas restrictivas debía estar claramente vinculada a la plena aplicación de los acuerdos de Minsk, firmados el 5 de septiembre de 2014, para poner fin al conflicto en el este de Ucrania. El acuerdo fue firmado por Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk.
El 22 de junio de 2015 el Consejo de la Unión Europea renovó dichas medidas restrictivas por otros seis (6) meses para que el Consejo pudiera evaluar la aplicación de los acuerdos de Minsk.
El 21 de diciembre de 2015 el Consejo de la Unión Europea constató que los acuerdos de Minsk no se aplicarían plenamente antes del 31 de diciembre de 2015 y prorrogó las medidas restrictivas por otros seis (6) meses para que el Consejo pudiera seguir evaluando la aplicación de dichos acuerdos.
En marzo de 2016 el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordó cinco principios rectores para las relaciones UE-Rusia:
La aplicación del Acuerdo de Minsk como condición clave para cualquier cambio sustancial en la postura de la Unión Europea hacia Rusia.
Refuerzo de las relaciones con los socios orientales de la Unión Europea y otros vecinos, en particular en Asia Central.
Reforzar la resistencia de la Unión Europea (por ejemplo, seguridad energética, amenazas híbridas o comunicación estratégica).
Necesidad de un compromiso selectivo con Rusia sobre cuestiones de interés para la Unión Europea.
Necesidad de establecer contactos personales y apoyar a la sociedad civil rusa.
El 27 de junio de 2019 el Consejo de la Unión Europea ha prorrogado las sanciones económicas dirigidas a sectores específicos de la economía rusa hasta el 31 de enero de 2020. Las mencionadas sanciones están establecidas en el Reglamento (UE) 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (“Reglamento 833/2014”). En virtud de este Reglamento se imponen las siguientes medidas restrictivas:
Sanciones Comerciales:
Según lo dispuesto por el artículo 2.1 del Reglamento 833/2014, se impone una prohibición de exportar productos de doble uso, bien para uso militar, bien para usuarios militares finales en Rusia, en los siguientes términos:
“Queda prohibido vender, suministrar, transferir o exportar, de modo directo o indirecto, productos y tecnología de doble uso, independientemente de que sean originarios o no de la Unión, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en Rusia o para su utilización en Rusia, si dichos productos están destinados o pueden estarlo, en su totalidad o en parte, a uso militar o a usuarios finales que tengan carácter militar.
En los casos en que el usuario final sea el ejército ruso, cualquier producto o tecnología de doble uso que adquiera se considerará de uso militar”.
Asimismo, el artículo 2.1 bis añade lo siguiente:
“Queda prohibido vender, suministrar, transferir o exportar, de modo directo o indirecto, los productos y tecnología de doble uso incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) no 428/2009, independientemente de que sean originarios o no de la Unión, a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos en Rusia que figuren en la lista del anexo IV del presente Reglamento”.
Por último, el apartado 2 del mencionado artículo 2.1 bis prohíbe “prestar asistencia técnica, servicios de intermediación u otros servicios en relación con los productos y tecnología” indicados en el apartado 1 (artículo 2.2 bis a)), así como “proporcionar financiación o asistencia financiera, (…) en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación para cualquier operación de venta, suministro, transferencia o exportación de dichos productos y tecnología” (artículo 2.2 bis b)).
El artículo 3 del Reglamento 833/2014 también restringe el acceso de Rusia a determinados productos y tecnología destinada a la prospección y producción de petróleo.
Finalmente el artículo 4 del ya mencionado Reglamento 833/2014 establece otras prohibiciones en relación con los productos y la tecnología enumerados en la Lista Común Militar.
Sanciones financieras:
En el artículo 5 del Reglamento 833/2014 se imponen determinadas sanciones financieras que limitan el acceso a los mercados primario y secundario de capitales de la Unión Europea para cinco (5) importantes entidades financieras rusas, con participación mayoritaria del Estado, y para sus filiales, también con participación mayoritaria estatal, establecidas fuera de la UE, así como para tres (3) importantes empresas rusas del sector de la energía y otras tres (3) de defensa.
El 6 de marzo de 2014 los Estados Miembros de la Unión Europea condenaron enérgicamente la violación no provocada de la soberanía e integridad territorial ucraniana por parte de Rusia. En su reunión de los días 20 y 21 de marzo de 2014, el Consejo Europeo condenó enérgicamente la anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación Rusa y subrayó que no la reconocerá. El Consejo Europeo consideró que deberían proponerse determinadas restricciones económicas, comerciales y financieras en relación con Crimea para su rápida aplicación.
El 27 de marzo de 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 68/262 sobre la integridad territorial de Ucrania, afirmando su compromiso con la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, subrayando la invalidez del referéndum celebrado en Crimea el 16 de marzo e instando a todos los Estados a no reconocer ninguna alteración del estatuto de Crimea.
El 23 de junio de 2014 el Consejo de la Unión Europea consideró que debía prohibirse la importación en la Unión Europea de mercancías originarias de Crimea o Sebastopol, a excepción de las mercancías originarias de Crimea o Sebastopol a las que el Gobierno de Ucrania había concedido un certificado de origen. El 30 de julio de 2014 el Consejo de la Unión Europea adoptó medidas adicionales para restringir el comercio y la inversión en Crimea.
El 18 de diciembre de 2014 el Consejo restringió aún más la inversión en Crimea. Así, se restringió el comercio de bienes y tecnología para su utilización en determinados sectores de Crimea. También se prohibieron los servicios en los sectores del transporte, las telecomunicaciones, la energía o la prospección, exploración y producción de petróleo, gas y recursos minerales, así como los servicios relacionados con las actividades turísticas en Crimea, incluido el sector marítimo.
El 19 de marzo de 2015 el Consejo Europeo concluyó que no reconoce y sigue condenando la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y que seguirá comprometido a aplicar plenamente su política de no reconocimiento.
El 19 de junio de 2015 el 17 de junio de 2016 y el 19 de junio de 2017 se renovaron las medidas restrictivas.
Este régimen de medidas restrictivas forma parte de una política comunitaria más amplia de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol.
Prórroga de las sanciones a Ucrania (limitadas al territorio de Crimea y Sebastopol)
El 20 de junio de 2019 el Consejo de la Unión Europea ha prorrogado hasta el 23 de junio de 2020 las medidas restrictivas en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia. Estas sanciones se encuentran reguladas en “Reglamento (UE) 692/2014 del Consejo, de 23 de junio de 2014, relativo a restricciones respecto de la importación en la Unión de mercancías originarias de Crimea o Sebastopol, como respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol” (“Reglamento 692/2014”).
En virtud de este Reglamento se imponen las siguientes medidas restrictivas:
Se prohíbe en su artículo 2 “importar a la Unión Europea mercancías originarias de Crimea o Sebastopol”, así como “proporcionar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera, seguros y reaseguros, relacionados con la importación de las mercancías” (artículo 2 b).
Asimismo, el artículo 2 quinquies tampoco permite “prestar servicios turísticos relacionados directamente con actividades turísticas en Crimea y Sebastopol (…) y, en particular, queda prohibido para todo buque que ofrece servicios de crucero, entrar o efectuar escala en cualquier puerto situado en la península de Crimea inscrito en la lista que figura en el anexo III” del citado Reglamento 692/2014.
Por último, el artículo 2 ter prohíbe exportar determinados bienes y tecnologíasa empresas de Crimea o para ser utilizados en Crimea en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, y en relación con la prospección, exploración y producción de petróleo, gas y recursos minerales. Tampoco pueden prestarse asistencia técnica ni servicios de intermediación, construcción o ingeniería relacionados con la infraestructura en estos sectores (artículo 2 quater).
Se prohíbe en su artículo 2 bis invertir en la región de Crimea y Sebastopol, concretamente:
“Adquirir toda nueva propiedad, o ampliar toda participación en la misma, de bienes inmuebles situados en Crimea o Sebastopol.
Adquirir toda nueva propiedad de bienes inmuebles o ampliar toda participación en la propiedad o el control de una entidad situada en Crimea o Sebastopol, incluida la adquisición total de tal entidad y la adquisición de acciones y valores de índole participativa de la misma.
Otorgar o formar parte de toda disposición para otorgar cualesquiera préstamos o créditos, o proporcionar de otro modo financiación, incluido capital propio, a una entidad situada en Crimea o Sebastopol, o con la intención declarada de financiar a tal entidad.
Crear cualquier empresa en participación en Crimea o Sebastopol o con una entidad de Crimea o Sebastopol”.
Prórroga de las sanciones individuales a determinadas personas físicas y jurídicas por razón de la situación en Ucrania
Hasta la fecha, 170 personas y 44 entidades han sido objeto de medidas de inmovilización de bienes y prohibición de viajar por actos que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, adoptadas en virtud de la siguiente legislación:
Reglamento (UE) 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.
Reglamento (UE) 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (“Reglamento 269/2014”)
Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
Estas medidas se han prorrogado por última vez en septiembre de 2019 hasta el 15 de marzo de 2020. Concretamente las prórrogas acordadas a lo largo del año 2019 han sido las siguientes:
El 4 de marzo de 2019 el Consejo de la Unión Europea ha dictado el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/352 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 5 de marzo de 2019, que prorroga hasta el 6 de marzo de 2020la inmovilización de bienes contra doce (12) personas consideradas responsables de malversación de fondos públicos ucranianos o de abuso de poder causante de pérdida para los fondos públicos ucranianos. Sólo se ha eximido de la prórroga de las medidas restrictivas a una (1) persona. La decisión se basa en la revisión anual de las medidas.
El 15 de marzo de 2019 el Consejo de la Unión Europea ha dictado los Reglamentos de Ejecución 2019/408 y 2019/409, mediante los cuales se aplica el Reglamento (UE) 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
Mediante los mencionados Reglamentos de Ejecución se añaden los nombres de ocho (8) funcionarios de nacionalidad rusa a la lista de personas y entidades que figuran en el Anexo I del Reglamento 269/2014 y sobre las que se imponen restricciones de viaje y la inmovilización de sus bienes.
Asimismo, se prorroga la validez de las medidas restrictivas previstas en el Reglamento 269/2014 hasta el 15 de septiembre de 2019.
El 11 de septiembre de 2019 el Consejo de la Unión Europea ha dictado el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1403 del Consejo de 12 de septiembre de 2019 por el que se aplica el Reglamento (UE) 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 12 de septiembre de 2019. Mediante el mencionado Reglamento de Ejecución se prorrogan por otros seis (6) meses, hasta el 15 de marzo de 2020, las medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además se modifica la información relativa a 21 personas y 19 entidades que figuran en el Anexo I del Reglamento 269/2014 y sobre las que se imponen restricciones de viaje y la inmovilización de sus bienes.
El 13 de noviembre de 2017 el Consejo de la Unión Europea adoptó medidas restrictivas ante el continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Por ello el marco normativo vigente impone determinadas medidas restrictivas, tales como restricciones de viaje y congelación de activos, medidas que pueden imponerse a los responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, así como a aquellos cuyas acciones, políticas o actividades socavan de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.
Estas medidas restrictivas tienen por objeto fomentar un proceso creíble y significativo que pueda conducir a una solución negociada pacífica. Las mismas pueden revertirse en función de la evolución de la situación en el país, en particular la celebración de negociaciones creíbles y significativas, el respeto de las instituciones democráticas, la adopción de un calendario electoral completo y la liberación de todos los presos políticos.
Marco jurídico actual y novedades 2019
Las sanciones de la Unión Europea a Venezuela se configuran a través determinadas medidas restrictivas impuestas por las siguientes normas:
Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.
Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.
Entre las medidas que se incluyen en esta reglamentación se encuentran las siguientes:
Embargo de armas y equipos destinados a la represión interna
Prohibición de viajar y la inmovilización de bienes a25 personas físicas, incluidas en el Anexo I del Reglamento 2017/2063, que ocupan cargos oficiales y son responsables de violaciones de los derechos humanos o de socavar la democracia y el estado de Derecho en Venezuela.
El 11 de noviembre de 2019 el Consejo de la Unión Europea ha dictado el Reglamento (UE) 2019/1889 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas, habida cuenta de la situación en Venezuela, y la Decisión (PESC) 2019/1893 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas, habida cuenta de la situación en Venezuela, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 12 de noviembre de 2019.
Mediante la mencionada normativa se prorrogan por un año, hasta el 14 de noviembre de 2020, las medidas restrictivas impuestas por el ya mencionado Reglamento 2017/2063 y la Decisión 2017/2074.
Además, se modifica la información relativa a 8 personas que figuran en el Anexo I del Reglamento 2017/2074 y sobre las que se imponen restricciones de viaje así como la inmovilización de sus bienes.
El 14 de octubre de 2019 los Estados miembros de la UE han reafirmado su plena solidaridad con la República de Chipre y acordaron que debía establecerse un nuevo marco de medidas restrictivas contra las personas físicas y jurídicas responsables o implicadas en la actividad de perforación no autorizada de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental. En línea con ello, el Consejo estableció un nuevo marco de medidas restrictivas el 11 de noviembre de 2019.
Este marco permite a la UE imponer medidas restrictivas específicas, incluidas la congelación de activos y la prohibición de viajar contra determinadas personas físicas o entidades responsables, implicadas o que presten asistencia en actividades de perforación que no hayan sido autorizadas por la República de Chipre, en su mar territorial o en su zona económica exclusiva o en su plataforma continental.
Esto incluye, en los casos en que la zona económica exclusiva o la plataforma continental no se haya delimitado de conformidad con el derecho internacional con un Estado que tenga una costa opuesta, las actividades que puedan poner en peligro u obstaculizar la concertación de un acuerdo de delimitación.
El Consejo de la Unión Europea ha dictado el Reglamento (UE) 2019/1890 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental (Reglamento 2019/1980).
En virtud de este Reglamento 2019/1980 se permite imponer medidas restrictivas (inmovilización de fondos y prohibición de entrar y transitar por el territorio de la Unión Europea) a determinadas personas físicas y jurídicas enumeradas en su Anexo I, tal y como se establece en su artículo 2.1:
“Serán inmovilizados todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I”.
Asimismo, el Reglamento 2019/1980, en su artículo 1, apartados d) y g) define los términos “recursos económicos” y “fondos”, respectivamente:
“«recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios (…)
«fondos»: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza, entre ellos los incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:
valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos y obligaciones, pagarés, warrants, obligaciones sin garantía y contratos de derivados,
documentos que atestigüen una participación en fondos o recursos financieros “;
Las personas que se podrán incluir en el Anexo I son las descritas en el artículo 2.3 del Reglamento 2019/1980:
“3.El anexo I incluirá a aquellas personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a quienes el Consejo, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, y el artículo 2, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2019/1894, considere:
Responsables de llevar a cabo, en particular mediante la planificación, preparación, participación, dirección o asistencia, actividades de perforación relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos, o la extracción de hidrocarburos derivada de dichas actividades, o implicados en dichas actividades, que no hayan sido autorizadas por la República de Chipre, dentro de sus aguas territoriales o de su zona económica exclusiva o en su plataforma continental; se incluirán, en los casos en que la zona económica exclusiva o la plataforma continental no se hayan delimitado de conformidad con el Derecho internacional respecto de un Estado cuya costa esté situada enfrente, aquellas actividades que puedan poner en peligro u obstaculicen las posibilidades de llegar a un acuerdo de delimitación;
implicados en el apoyo financiero, técnico o material de actividades de perforación relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos, o la extracción de hidrocarburos derivada de dichas actividades, mencionadas en la letra a);
asociados con las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refieren las letras a) y b)”.
Cabe advertir que todavía no ha sido incluida ninguna persona en el mencionado Anexo I.
En el Consejo Europeo del 21 de enero de 2019 los Estados miembros de la Unión Europea condenaron el silenciamiento de los opositores políticos, los medios de comunicación independientes y la sociedad civil, así como el uso de leyes antiterroristas para reprimir las opiniones discrepantes en la República de Nicaragua.
En vista de las continuas violaciones de los derechos humanos y de las libertades civiles en la República de Nicaragua, así como para contribuir a una salida pacífica y negociada de la crisis actual, el Consejo estableció un nuevo marco de medidas restrictivas el 14 de octubre de 2019.
Este marco permite a la Unión Europea imponer medidas restrictivas específicas, incluidas la prohibición de viajar y la congelación de activos, contra personas, entidades u organismos responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en la República de Nicaragua, así como contra personas asociadas con ellos.
Es posible establecer excepciones a las medidas restrictivas, incluida la entrega de ayuda humanitaria.
El pasado 14 de octubre se ha dictado el Reglamento (UE) 2019/1716 del Consejo, de 14 de octubre de 2019, relativo a medidas restrictivas, habida cuenta de la situación en Nicaragua, y la Decisión (PESC) 2019/1720 del Consejo, de 14 de octubre de 2019, relativa a medidas restrictivas, habida cuenta de la situación en Nicaragua. Mediante este nuevo marco jurídico se imponen medidas restrictivas sobre las personas físicas y jurídicas que se incluyan en su Anexo I y a las que se considere como responsables de violaciones de derechos humanos y de represión de la sociedad civil en Nicaragua, tal y como se establece en el artículo 2.3 del Reglamento 2019/1716:
“3. El anexo I incluirá a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos con respecto a los cuales el Consejo haya señalado, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, y el artículo 2, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2019/1720, que:
sean responsables de violaciones graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua;
menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua;
estén asociados con las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refieren las letras a) y b)”.
El mismo artículo 2 dispone en su apartados 1 y 2 la inmovilización de los fondos de las personas incluidas en el Anexo I:
“1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en el anexo I.
Ningún tipo de fondos o recursos económicos se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en su beneficio”.
Como sucede en el caso de las recientes sanciones a Turquía impuestas por el mencionado Reglamento 2019/1980, tampoco se han incluido aún personas o entidades en el Anexo I del Reglamento 2019/1716.
El 7 de abril de 1993 la Unión Europea decidió imponer un embargo de armas al Zaire (actual República Democrática del Congo, “RDC”).
El 28 de julio de 2003 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1493 (2003) por la que se impone un embargo de armas contra la República Democrática del Congo.
El 18 de abril de 2005 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1596 (2005) por la que se imponen también medidas restrictivas específicas. El 21 de diciembre de 2005 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1649 (2005) por la que se amplían las medidas restrictivas a los dirigentes políticos y militares de los grupos armados extranjeros que operan en la RDC que impiden el desarme y la repatriación voluntaria o el reasentamiento de los combatientes pertenecientes a dichos grupos, así como a los dirigentes políticos y militares de las milicias congoleñas que reciben apoyo del exterior de la RDC y, en particular, a los que operan en Ituri, que impiden la participación de sus combatientes en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración.
El 31 de julio de 2006 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1698 (2006) por la que se amplían las medidas restrictivas a los dirigentes políticos y militares que reclutan o utilizan a niños en conflictos armados, con violación del Derecho internacional aplicable, y a las personas que cometen violaciones graves del Derecho internacional dirigidas contra los niños en situaciones de conflicto armado, incluidos los asesinatos y mutilaciones, la violencia sexual, el secuestro y el desplazamiento forzado.
El 17 de octubre de 2016 la Unión Europea expresó su profunda preocupación por la situación política en la RDC. Condenó enérgicamente los actos de violencia extrema que tuvieron lugar los días 19 y 20 de septiembre de 2016 en Kinshasa y señaló que esos actos exacerbaban aún más el estancamiento del país al no haber convocado las elecciones presidenciales antes de la fecha límite constitucional del 20 de diciembre de 2016. La UE subrayó que, para crear un clima propicio al diálogo y a la celebración de elecciones, el Gobierno de la RDC debe comprometerse claramente a garantizar el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho y a poner fin a toda utilización del sistema judicial como instrumento político. También pidió a todas las partes interesadas que rechazaran el uso de la violencia. La Unión Europea ha adoptado medidas específicas contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, los que promueven la violencia y los que intentan obstaculizar una solución consensuada y pacífica de la crisis que respete la aspiración del pueblo de la RDC a elegir a sus representantes.
Existen excepciones a las medidas restrictivas, como la entrega de ayuda humanitaria.
El 9 de diciembre de 2019, el Consejo de la Unión Europea ha dictado el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2101 del Consejo, de 9 de diciembre de 2019, por el que se aplica el artículo 9 del Reglamento (CE) 1183/2005, por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 10 de diciembre de 2019. Mediante el mencionado Reglamento de Ejecución se mantienen las medidas restrictivas individuales contra determinadas personas y entidades de la RDC.
Se modifica el Anexo I del Reglamento 1183/2005 y se eliminan del mismo a dos (2) personas anteriormente sancionadas.
Hay que recordar que en virtud del Reglamento 1183/2005 se bloquean los fondos y recursos económicos de las personas incluidas en su Anexo I (artículo 2.1 del Reglamento 1183/2005) y se prohíbe prestar “asistencia técnica o servicios de intermediación relacionados con los bienes y la tecnología enumerados en la Lista Común Militar de la Unión Europea, o relativos al suministro, fabricación, mantenimiento y uso de los bienes incluidos en dicha lista, a cualquier entidad no gubernamental o persona que opere en el territorio de la República Democrática del Congo” (artículo 1 bis a)).
El 21 de febrero de 2011 el Consejo de la Unión Europea declaró su disposición a apoyar la transición pacífica y ordenada hacia un gobierno civil y democrático en Egipto basado en el Estado de Derecho, con pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a apoyar los esfuerzos para crear una economía que mejore la cohesión social y promueva el crecimiento. Además se impusieron medidas restrictivas contra las personas identificadas como responsables de la apropiación indebida de fondos del Estado egipcio y que, por lo tanto, están privando al pueblo egipcio de los beneficios del desarrollo sostenible de su economía y su sociedad, así como socavando el desarrollo de la democracia en el país. El objetivo de las medidas es recuperar los activos desviados de Egipto.
El 21 de marzo de 2019 el Consejo de la Unión Europea ha dictado el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/459 del Consejo, de 21 de marzo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) 270/2011 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto, así como la Decisión (PESC) 2019/468 del Consejo, de 21 de marzo de 2019, por la que se modifica la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto, publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, con fecha 22 de marzo de 2019. Mediante la mencionada Decisión se prorrogan las medidas restrictivas establecidas por el Reglamento 270/2011 hasta el 22 de marzo de 2020 y mediante el mencionado Reglamento 270/2011 se inmovilizan todos los capitales y recursos económicos de las personas incluidas en su Anexo I. Entre estas se incluyen al expresidente de Egipto Mohamed Hosni Elsayed Mubarak y varios de sus familiares.
Asimismo, está prevista una nueva prórroga de estas sanciones.
CUBA/LEY HELMS-BURTON:TÍTULO III
Las sanciones del Gobierno de Estados Unidos a Cuba se han venido imponiendo a través de órdenes presidenciales/ejecutivas (“Executive Orders”) basadas en diversas leyes cuyo propósito es proteger a Estados Unidos contra países y poderes considerados “enemigos” del país. El Poder Legislativo se ha unido a esta finalidad y su ejemplo más importante es la “Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996”, también conocida como “Ley Helms-Burton”.
El mencionado Título III es el de más notoriedad debido a los últimos acontecimientos habidos este año. Su aplicación había sido suspendida desde la entrada en vigor de la Ley Helms-Burton en el año 1996, suspensión que ha sido dejada sin efecto por el Gobierno de Estados Unidos desde el pasado 1 de mayo de 2019 y que por tanto determina la plena aplicabilidad del Título III.
Esta notoriedad del Título III se debe principalmente al contenido de su sección 302, la cual establece que “cualquier persona que, tres meses después de la promulgación de esta ley y en adelante, trafique con propiedades confiscadas por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959, será responsable ante cualquier ciudadano estadounidense que exija una indemnización por esa propiedad”.
Sobre esta sección 302 cabe destacar los siguientes distintos aspectos.
Ámbito subjetivo/legitimación activa
La acción que se establece en el Título III permite a las personas, físicas o jurídicas, de nacionalidad estadounidense, y que hubieran sido titulares de propiedades o activos que resultaron nacionalizados, expropiados o confiscados por el Gobierno de Cuba desde 1959, dirigirse contra las personas que “trafiquen” -concepto definido más adelante- con estas propiedades o activos “confiscados”, como se les denomina.
Tienen legitimación activa para interponer una demanda en virtud del Título III:
Los ciudadanos estadounidenses que tuvieron su reclamación certificada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero (“CLR”);
Los ciudadanos estadounidenses que adquirieron la nacionalidad estadounidense después del último período de certificación de la CLR; o
Quienes hereden reclamaciones certificadas.
No tienen legitimación activa quienes, pudiendo haberlo hecho, no certificaron su demanda dentro del plazo estipulado por la CLR, ni quienes solicitaron certificar su reclamación pero cuya solicitud fue denegada por la misma.
Es importante destacar aquí que los posible reclamantes no tienen que haber sido ciudadanos o entidades de Estados Unidos en el momento que ocurrió la confiscación o nacionalización de sus propiedades, sino sencillamente haberse convertido en “United States national” después de ese momento o tener herederos que lo sean.
Ámbito objetivo ; Significado de los términos “tráfico” y “propiedad confiscada”
El significado del término “tráfico” se establece en la sección 4 “Definitions”, subapartado 13, de tal forma que, a los efectos del Título III, se considera que alguien “trafica” con propiedades confiscadas cuando, a sabiendas e intencionalmente, y sin la autorización de un nacional de Estados Unidos que haya presentado una reclamación de esa propiedad:
“Vende, transfiere, distribuye, reparte, cambia, administra o enajena de otro modo una propiedad confiscada o compra, arrienda, recibe, posee, controla, administra, usa o adquiere de otro modo una propiedad confiscada o posee interés en ella;
Participa en una actividad comercial en que utilice una propiedad confiscada o se beneficie de otro modo de ella o;
Promueve o dirige el tráfico (descrito en los apartados i) o ii)) realizado por otra persona o participa en él o se beneficia de él o, de otro modo, se involucra en dicho tráfico (descrito en los apartados i) o ii)) por mediación de otra persona”.
El término “trafica” no incluye:
“El envío de señales de telecomunicaciones internacionales hacia Cuba;
El comercio ni la tenencia de títulos comerciados o tenidos públicamente, a menos que dicho comercio se realice por o con una persona que el Secretario del Tesoro haya decidido que es un nacional designado especialmente;
La transacción y el uso de propiedades que se relacionen con viajes lícitos a Cuba, en la medida en que tal transacción y uso de propiedades sean necesarios para la realización de dichos viajes o;
La transacción y el uso de propiedades por una persona que sea ciudadana cubana y residente de Cuba y no sea funcionario del Gobierno cubano ni del partido político gobernante de Cuba”.
El subapartado 4 de la mencionada sección 4 “Definitions” entiende por “confiscación”:
“La nacionalización, expropiación u otro tipo de apropiación de la propiedad o del control de ésta por el Gobierno cubano al 1º de enero de 1959, o después, :
Sin que se haya devuelto la propiedad ni pagado una indemnización adecuada y eficaz; o
Sin que la reclamación de la referida propiedad haya sido resuelta de conformidad con un acuerdo internacional de solución de reclamaciones;
2. El repudio, la omisión o el incumplimiento por el Gobierno cubano al 1º de enero de 1959, o después, del pago de:
Una deuda de cualquier empresa que haya sido nacionalizada, expropiada o tomada de otro modo por el Gobierno cubano;
Una deuda imputable a una propiedad nacionalizada, expropiada o tomada de otro modo por el Gobierno cubano; o
Una deuda contraída por el Gobierno cubano para atender o liquidar la reclamación de una propiedad confiscada”.
Por otra parte, el subapartado 12 de la sección 4 “Definitions” define el término “propiedad” de la siguiente manera:
“El término “propiedad” significa toda propiedad (incluso cualesquiera patentes, derechos de autor, marcas comerciales y cualquier otra forma de propiedad intelectual), trátese de bienes inmuebles o muebles o de una combinación de ambos y, con respecto a tales bienes, cualquier derecho, título u otro interés presente, futuro o contingente, incluido cualquier interés de arrendamientos.
2. A los efectos del título III de esta Ley, el término “propiedad” no incluye ningún bien inmueble utilizado con fines residenciales a menos que, en la fecha en que se promulga esta Ley:
Un nacional de Estados Unidos tenga en su poder la reclamación de la propiedad y esa reclamación haya sido certificada con arreglo al título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949; o
Dicha propiedad se encuentre ocupada por un funcionario del Gobierno cubano o del partido político gobernante en Cuba”.
En virtud de la mencionada sección 302 se puede exigir una indemnización por la propiedad confiscada que motiva la acción “por un monto igual a la suma de la cantidad que sea mayor entre las siguientes:
La tasación presentada al demandante por la CLR, sujeta al “International Claims Settlement Act” de 1949, más intereses;
El valor determinado de acuerdo con la Sección 303 de esta ley más intereses;
El justo valor de mercado de esa propiedad, determinado por la cantidad que sea mayor entre el valor actual de la propiedad en el mercado o la suma del valor de la propiedad cuando fue confiscada más intereses.”
Deberán sumarse además “los gastos procesales y los honorarios razonables de los abogados de los demandantes”.
Asimismo, la sección 302 prevé una responsabilidad agravada, en el sentido de una mayor indemnización, en los siguientes supuestos:
“La reclamación fue certificada por la CLR; o
Si el demandante notifica a:
La persona contra la cual se entabla una demanda, o
Una persona a la que se debe incorporar al procedimiento en calidad de demandada, por lo menos 30 días antes de iniciar la acción o de incorporar a dicha persona como demandada, según sea el caso, y si al concluir dicho período de 30 días contados a partir de la fecha de notificación, dicha persona trafica con la propiedad confiscada objeto de la demanda”.
En cuanto a la indemnización que corresponde en estos supuestos, es la suma de:
“Tres (3) veces la cuantía de la responsabilidad por “tráfico”.
Las costas y honorarios de abogados”.
Plazo de interposición de la demanda
La sección 305 establece que:
“No podrá entablarse una acción en virtud de la sección 302 transcurridos dos (2) años después de haber cesado el tráfico que dio origen a dicha acción”.
Demandas presentadas hasta la fecha
Desde la entrada en vigor del Título III se han presentado veinte (20) demandas ante los Tribunales de Distrito de Estados Unidos contra más de cuarenta (40) demandados, algunos de los cuales están implicados en más de un procedimiento.
Entre las demandadas se encuentran ocho (8) sitios de Internet relacionados con viajes, cinco (5) líneas de cruceros, cinco (5) compañías operadas por el Gobierno de la República de Cuba, dos (2) compañías hoteleras, dos (2) aerolíneas, y un (1) banco.
Entre las demandas cabe destacar importantes empresas del sector turístico tales como Meliá, Iberostar, Expedia, Booking, Cruceros Carnival Corporation, Trivago, Barceló y el banco Societé Générale.
Hasta la fecha hay cincuenta y un (51) demandantes, incluyendo a los demandantes nombrados en las demandas colectivas. El número exacto de demandantes es imposible de determinar porque las cinco (5) demandas colectivas entabladas representan a numerosos demandantes anónimos cuyo número podría exceder con creces el de los pocos demandantes designados como representantes de otras personas que se encuentran en una situación similar dentro de la demanda colectiva (class action).
Los demandantes actuales y potenciales incluyen individuos, pequeñas empresas y grandes entidades internacionales. En las veinte (20) demandas ya presentadas, los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios que oscila entre doscientos ochenta (280) y setecientos noventa y dos (792) millones de dólares.
Por su parte, con los intereses, el valor actual aproximado de todas las reclamaciones certificadas es de ocho mil quinientos (8.500) millones de dólares. Hay que destacar que, en las casi seis mil (6.000) reclamaciones certificadas, las cantidades son muy dispares: desde sólo un (1) dólar hasta reclamaciones multimillonarias de aproximadamente doscientos sesenta y siete (267) millones de dólares. En todo caso, el Título III requiere que un bien debe tener un valor de cincuenta mil (50.000) dólares cuando fue expropiado por la República de Cuba, lo que limita las reclamaciones certificadas recuperables a sólo novecientos trece (913).
Alguna de las demandas presentadas por ahora incluye también reclamaciones no certificadas (cinco (5) de las cuales han sido presentadas como demandas colectivas). Sin embargo se estima que el número de reclamaciones no certificadas puede alcanzar hasta 200.000, cada una de las cuales puede convertirse en la base de una demanda en virtud del Título III.
PROTECCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: LEGISLACIÓN “ANTÍDOTO”
La Unión Europea se ha protegido frente al alcance extraterritorial de las sanciones impuestas por Estados Unidos. A tal fin, se dictó el Reglamento (CE) Nº 2271/96, de 22 de noviembre, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella, adoptado por el Consejo de la Unión Europea el 22 de noviembre de 1996, conocida como “normativa antídoto”, que establece lo siguiente en referencia a la aplicación de la Ley Helms-Burton:
La obligación de notificar a la Comisión Europea todas aquellas situaciones en que los intereses económicos o financieros de aquéllas se vean afectados, directa o indirectamente, por las leyes de efecto extraterritorial.
Prohibición de reconocer o ejecutar las sentencias de tribunales y las decisiones de autoridades administrativas ubicadas fuera de la Unión Europea.
Derecho a dirigirse contra los que les hubieran demandado en Estados Unidos para obtener una reparación íntegra.
Esta “normativa antídoto” brinda así protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de tales disposiciones (y contra las acciones basadas en o derivadas de ellas) a las personas que define como “operadores de la Unión Europea” y que se dediquen al comercio internacional, al movimiento de capitales o a actividades comerciales entre la Unión Europea y terceros países.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China se desató el 8 de Marzo de 2018, a raíz de la imposición por el Presidente Donald Trump, sin previa consulta al Congreso de Estados Unidos, del primer arancel relativo al acero y el aluminio, que asciende al 25% en el caso de la importación de acero y al 10% en el caso del aluminio.
El 3 de Abril de dicho año EE.UU publicó una lista de 1.300 bienes chinos, afectando a sectores de mecánica, equipos eléctricos o químicos, alcanzando dichas importaciones los 500.000 millones USD., cuya importación sería gravada con un arancel del 25%. Dicha lista tuvo respuesta del Gobierno chino al día siguiente con la imposición de aranceles del 25% a un centenar de productos procedentes de EE.UU, entre los que se encontraba la soja y los automóviles.
El 11 de julio de dicho año se impuso un nuevo gravamen a productos importados de China del 10% por valor de 200.000 millones de USD.
El 27 de Agosto de 2018 China denunció a Estados Unidos ante la OMC con motivo de los diversos aranceles impuestos.
El acuerdo alcanzado en Buenos Aires, el 1 de Diciembre de 2018, tras la reunión del G-20, pospuso las acciones adicionales durante 90 días. Por su parte, China se comprometió a realizar concesiones arancelarias y promesas de mayor compra de bienes a Estados Unidos. Además se puso como fecha límite el 1 de Marzo de 2019 para llegar a un acuerdo comercial.
El 10 de mayo de 2019, rompiendo la tregua iniciada en Diciembre, el arancel a la importación de más de 5.000 productos chinos se incrementó un 15%.Cinco (5) días después se declaró el país en emergencia nacional, prohibiendo a las compañías del país usar equipos de telecomunicación de empresas chinas, argumentando que se realizaba espionaje con dichos empresas. Además se paralizó la comercialización de productos de la compañía Huawei.
El 30 de Junio de 2019, tras la reunión del G-20 en Osaka, se reestablecen las conversaciones paralizadas en Mayo, permitiendo Estados Unidos comerciar con Huawei a empresas estadounidenses y decidiendo no imponer nuevos aranceles.
El 2 de Agosto de 2019 Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 10% a importaciones chinas valoradas en 300.000 millones USD. La respuesta China se dio 3 días después con la depreciación del Yuan a nivel de 2008, provocando la bajada de las bolsas del mundo.
Actualidad / Acuerdo
El 14 de Diciembre de 2019, China y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para reducir los aranceles existentes. También se ha paralizado el arancel contra China por valor de 156.000 USD.
Se ha acordado además reducir a la mitad el gravamen del 15% a las importaciones, lo que equivale a 120.000 millones USD.
China, por su parte se ha comprometido a comprar más productos de EE.UU por valor de 50.000 millones de USD y proteger más los derechos de propiedad intelectual.
Sanciones a Rusia por el supuesto envenenamiento del ex agente de inteligencia ruso Serguéi Skripal
El 8 de Agosto de 2018 se sancionó a Rusia por el intento de asesinato del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, con el uso de la sustancia Novichok.
Se sancionó la exportación de productos y tecnología de doble uso de Estados Unidos a Rusia, exigiendo a su vez, en 90 días desde la emisión de la Orden Ejecutiva (“OE”) 13849, garantizar no estar utilizando armas químicas o biológicas.
Al no hacerlo, Estados Unidos volvió a sancionar a Rusia por el caso Skripal mediante la O.E 13883, de 1 de Agosto de 2019.
Dicha O.E. obligó a las instituciones financieras internacionales a oponerse, de acuerdo con la sección 701 de la International Financial Institutions Act, a la extensión de cualquier préstamo o asistencia financiera a determinadas empresas u organizaciones rusas.
Además se prohibió a entidades bancarias de los Estados Unidos otorgar préstamo o crédito al Gobierno de Rusia, excepto préstamos o créditos para la compra de alimentos u otros productos agrícolas.
Sanciones a banca rusa por sus operaciones con la compañía estatal petrolera venezolana PDVSA
El 11 de Marzo de 2019 la OFAC ha añadido a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (“Lista SDN”) a Evrofinance Mosnarbank, bloqueando todas las propiedades e intereses, propiedad de esta entidad, y obligando a informar de la situación de las mismas. También ha bloqueado las de cualquier entidad que sea propiedad al 50%, directa o indirectamente, de esta entidad, y que esté en los Estados Unidos o en posesión o bajo control de personas estadounidenses.
La OFAC argumenta que el banco, con sede en Moscú, es de propiedad conjunta de empresas estatales rusas y venezolanas. Por ello la califican como institución financiera que ha apoyado, materialmente o financieramente, a PdVSA, empresa venezolana que fue también incluida en la Lista SDN el 28 de enero de 2019.
La participación de Venezuela se realizó a través del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (FONDEN), adquiriendo una participación del 49% de Evrofinance.
La mencionada Lista SDN incluye a individuos, grupos y entidades, tales como terroristas y narcotraficantes. Colectivamente, tales individuos y compañías son denominados como “Nacionales Especialmente Designados” o “SDNs”. Sus activos están bloqueados y, por lo general, se prohíbe a las US Persons tratar con ellos.
Sanciones a seis (7) personas de nacionalidad rusa por intentar influir en las elecciones estadounidenses de 2018
El 12 de septiembre de 2018, se dictó la O.E 13848, que inmoviliza los activos de cualquier persona o entidad si se considera que ha “participado directa o indirectamente en, patrocinado, ocultado, o ha sido cómplice de la injerencia extranjera en unas elecciones en Estados Unidos”.
El pasado 30 de septiembre de 2019 se han impuesto las primeras sanciones bajo esta O.E 13848, dirigida a los actores rusos que intentaron influir en las elecciones de 2018 en Estados Unidos. Esta O.E aumenta las sanciones sobre una persona previamente incluida en la Lista SDN, dirigiéndose a cuatro entidades de su propiedad. También se incluye en la Lista SDN a siete personas físicas asociadas con la Agencia de la Investigación de Internet (compañía rusa).
La mencionada Agencia de la Investigación de Internet ya fue incluida en la Lista SDN de conformidad con la O.E 13694, del 15 de Marzo de 2018.
El 8 de Marzo de 2015 se imponen las primeras sanciones contra Venezuela por el Gobierno de Barack Obama, mediante la O.E 13692 que provocó la congelación de bienes y cuentas bancarias de siete (7) altos funcionarios del Gobierno de Venezuela.
Tales sanciones aumentaron en 2018 con la llegada de Donald Trump a la presidencia, con la publicación por la OFAC de seis (6) O.E, referidas a distintos altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y al comercio de determinadas empresas vinculadas al Gobierno de Venezuela, destacando la petrolera estatal PdVSA.
Marco jurídico y novedades 2019
En 2019 entran en vigor las O.E 13857, de 25 de enero de 2019, y 13884, de 5 de Agosto de 2019 por las cuales se busca bloquear los ingresos de PdVSA.
En concreto, la O.E. 13884 amplía notoriamente el ámbito objetivo de las sanciones en tanto que también congela activos a personas que no son US Persons, siempre y cuando el Departamento del Tesoro considere que han asistido de cualquier manera al Gobierno de Venezuela.
El pasado 11 de diciembre de 2019, una Comisión del Senado de EE.UU. ha respaldado un proyecto de ley con la finalidad de imponer sanciones sobre Turquía debido a su adquisición de un nuevo sistema de misiles S-400 de origen ruso. Se prevé que este proyecto de ley se someta a votación en el senado de EE.UU. próximamente.
Anteriormente, en octubre de 2019, EE.UU. había anunciado sanciones por razón de la ofensiva turca en el noreste de Siria, ocupando territorios previamente guarnecidos por tropas kurdas y estadounidenses. Estas medidas iban a imponerse a los Ministerios de Defensa Nacional y de Energía y Recursos Naturales del Gobierno de Turquía, así como a los Ministros de Defensa Nacional, de Energía y Recursos Naturales y del Interior. Asimismo, también se designaba como objeto de sanciones a cualquier institución financiera extranjera, es decir, que no fuera US Person, que facilitase cualquier transacción financiera significativa para o en nombre de las personas sancionadas. Sin embargo, el 24 de octubre de 2019, EE.UU anunciaba que se levantaban estas últimas sanciones tras anunciar Turquía el cese de sus operaciones militares en la región y el comienzo de un alto el fuego.
El 7 de Noviembre de 2019 la OFAC ha realizado una actualización de la Lista SDN, incluyendo a los siguientes individuos: Tres (3) altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua que han sido vinculadas a “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”.
El 12 de Diciembre de 2019 la OFAC también actualizó la Lista SDN incluyendo al hijo de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y a “dos compañías que controla, usadas para el blanqueo de capitales del Régimen de Ortega”.
De conformidad con la OE 13851, se bloquean y deben ser comunicadas a la OFAC las propiedades de estos individuos y cualquier propiedad que esté participada, directa o indirectamente, al 50% o más, por dichos individuos, las cuales estén en Estados Unidos o controladas o poseídas por US Persons.
En Madrid, a 13 de Enero de 2020
On 13 enero, 2020 / Sin categoría
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