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Timestamp: 2020-02-27 07:26:39+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1092 DE NOVIEMBRE 6 DE 2008
SENTENCIA T-1092 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN EN FUNCIONARIO JUDICIAL. EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA PENSIONARSE NO OBLIGA EL RETIRO DEL FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE DECIDA RETIRARSE VOLUNTARIAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RETIRO FORZOSO DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARA LA RAMA JUDICIAL
Sentencia T-1092 de noviembre 6 de 2008
Sentencia T-1092 de 2008
Ref.: Expediente T-1.931.865
Accionante: Bertha Lucía del Socorro González Zúñiga
La Caja Nacional de Previsión dio cumplimiento al fallo y dictó la Resolución 21563 del 12 de noviembre de 2003.
Mediante Resolución PSAR 07-641 del 21 de diciembre de 2007, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura retiró del servicio a la accionante y dispuso que dicho retiro operaría a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados.
La accionante considera que la decisión adoptada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el sentido de retirarla del servicio, lesiona sus derechos fundamentales al trabajo, la igualdad, el debido proceso, el mínimo vital y la honra, toda vez que, de una parte, las normas que sustentaron la decisión no le eran aplicables y, de otra, al no haber cumplido la edad de retiro forzoso, su desvinculación solo era procedente conforme a su manifestación de voluntad.
Preliminarmente, la actora aduce que la acción formulada es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que es inminente y grave, comoquiera que la firmeza de la decisión de la autoridad demandada la compele a retirarse del servicio contrariando su voluntad, y que debe ser conjurado de forma urgente e impostergable, por cuanto la remisión a las resultas de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho conduciría al escenario en el que, no obstante un fallo favorable, fuera imposible reintegrarse a su cargo porque alcanzaría la edad de retiro forzoso.
De esta forma, considera que erró la entidad demandada al aplicar el parágrafo 3º del artículo 9ºº de la Ley 797 de 2003 que dispone que es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos contenidos en dicho artículo para tener derecho a la pensión.
Según la actora, el estatuto que le era aplicable es la ley estatutaria de administración de justicia en cuyo artículo 149 se regulan las causales del retiro del servicio, dentro de las que se encuentra la de retiro con derecho a pensión de jubilación, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, en el entendido de que aquella se refiere únicamente a los eventos en los que el trabajador, habiendo cumplido con los requisitos legales para obtener su pensión de jubilación, ha decidido voluntariamente su retiro por haber llegado a una edad o a unas condiciones laborales que ameritan su reemplazo.
Así, comoquiera que no se ha configurado ninguna de las causales contenidas en el artículo 149 de la Ley estatutaria y no habiendo llegado a la edad de retiro forzoso, se configura en su cabeza el derecho a que la desvinculación proceda únicamente por su propia voluntad.
Por otro lado, si bien el acto de retiro del servicio se basó, entre otros argumentos, en una sentencia del Consejo de Estado en la que se negó la nulidad del Acuerdo 1911 de 2003 por el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentó la aplicación del parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ello solo confirma la facultad del legislador para crear una nueva causal de retiro del servicio sin que se defina su alcance frente a una norma especial como la estatutaria de administración de justicia.
En relación con los alcances del artículo 9ºº de la Ley 797 de 2003, la actora cita un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 29 de marzo de 2006 que establece que dicha norma solo se dirige a quienes se pensionen por vejez de acuerdo con los requisitos señalados en el mismo artículo, de manera que no es justa causa para dar por terminada la relación legal y reglamentaria de un servidor de la rama judicial que se beneficie del régimen de transición por haber cumplido los requisitos para acceder a la pensión conforme a régimen anterior.
Conforme a lo anterior, la accionante considera vulnerado su derecho al trabajo porque el retiro del servicio la priva injustificadamente del derecho de ejercer las funciones propias de su cargo. Adicionalmente estima lesionado su derecho al mínimo vital por cuanto la pensión de jubilación reconocida equivale a $ 3’297.852,75 (1) que no garantiza su mínimo vital en atención a que su salario era muy superior. Igualmente estima vulnerado su derecho a la honra, por cuanto la desvinculación se ha prestado para una serie de especulaciones sobre las causas del retiro que han afectado su dignidad personal. Finalmente, considera afectado su derecho a la igualdad por cuanto otros funcionarios judiciales a pesar de cumplir con los requisitos para la pensión, no la han solicitado y no han sido retirados del servicio.
Por otra parte, el demandado señala que la solicitud de tutela es improcedente por cuanto persigue la inaplicación o anulación de actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, esto es, los acuerdos 1911 de julio 16 y complementarios, que gozan de presunción de legalidad, respecto de los cuales, según expresa disposición del artículo 6º numeral 5º del Decreto 2591, la acción de tutela es improcedente.
De otro lado, el demandado pone de presente que en relación con la Resolución PSAR07-641, que retiró del servicio a los funcionarios que adquirieron el derecho a la pensión, se garantizó la oportunidad para formular los recursos de la vía gubernativa procedentes. En efecto, la actora formuló recurso de reposición contra la decisión aludida, el cual se encuentra en trámite y será decidido por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura una vez se levante la medida provisional de suspensión de dicho acto administrativo, con lo que solo hasta entonces quedará en firme el acto de retiro de servicio y tendrá plena fuerza ejecutoria. Conforme a este argumento debe desatarse desfavorablemente la acción porque el acto censurado no está en firme y la actora cuenta con la vía gubernativa para defenderse.
En relación con las normas que regulan la terminación del contrato de trabajo y la relación laboral de los servidores de la rama judicial, el demandado señaló que según el artículo 125 constitucional, el retiro de los servidores de carrera se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. El legislador, en desarrollo de esta facultad, expidió la Ley 797 de 2003 en cuyo artículo 9º parágrafo 3º se establece como causal para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, el reconocimiento o notificación de la pensión, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en el entendido de que debe notificarse debidamente la inclusión en la nómina de pensionados correspondiente.
El demandado alega que no se viola el principio de favorabilidad al aplicar el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 y no el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, porque según ha dicho el Consejo de Estado, lo dispuesto en esta última norma no impide al legislador establecer otras causales de retiro del servicio.
Finalmente, señala que de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado, la causal de retiro del servicio consagrada en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, es aplicable de manera general a los servidores judiciales incluidos los del régimen de transición, dado que estos se incorporaron al sistema general de seguridad social a partir del 1º de abril de 1994.
— Certificación del cargo y salario de la accionante (fl. 18).
— Registro civil de nacimiento de la actora (fl. 19).
— Copia de la Resolución 21563 del 2 de noviembre de 2003 por medio de la cual se reliquida la pensión de vejez de la accionante en cumplimiento de un fallo judicial (fls. 21 a 25).
— Copia de la Sentencia 121 del 19 de mayo de 2003 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca (fls. 27 a 38).
— Constancia de inclusión en nómina de pensionados del 22 de febrero de 2008 (fl. 43).
— Copia de la Resolución PSAR07-641 del 21 de diciembre de 2007 por medio de la cual se retira del servicio a la accionante (fls. 44 a 47).
— Acuerdo PSAA06-3360 de 2006 y acuerdo que lo adiciona (fls. 48 a 51).
— Acuerdo 1911 de 2003 (fls. 52 a 53).
— Copia de la constancia de inclusión en nómina de la accionante (fl. 140).
— Copia de la Sentencia S10-031 del 27 de marzo de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 145 a 156).
Para tal efecto, afirmó, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional que (i) el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 no modificó, en punto de las causales de retiro del servicio, la ley estatutaria de administración de justicia que es de rango superior; (ii) dicha norma tampoco desconoció lo preceptuado en el parágrafo del artículo 150 de la Ley 100 de 1993, porque el legislador está facultado para regular otras causales de retiro del servicio; y (iii) el Acuerdo 1911 de 2003 es aplicable a los funcionarios judiciales que estén en régimen de transición.
Sin embargo, el juez de primera instancia considera que de la jurisprudencia constitucional se desprende que la causal de retiro del servicio objeto de controversia solo es aplicable en los eventos en que el acto de reconocimiento de la pensión se ajuste a la ley y no comprometa la dignidad personal del trabajador.
En este orden de ideas, del análisis de los hechos concretos, el juez considera que la pensión otorgada por valor de $ 3’297.852,75 se encuentra muy lejos de alcanzar el tope del 75% del salario más alto devengado en el último año de servicios por la actora, esto es $ 13’528.825, tal como lo preceptúa el Decreto-Ley 546 de 1971. Ello demuestra que la decisión de retiro adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura pone a la actora en situación de desamparo, pues se le obliga a subsistir con una suma muy inferior a la que legalmente le corresponde, lo cual constituye un perjuicio grave e irreparable.
El 29 de abril de 2008, el demandado impugnó la decisión del a quo y señaló, en relación con la presunta violación del debido proceso, que si bien no se había resuelto el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de retiro del servicio, ello obedecía a que en Auto 39 del 9 de abril de 2008 el juez de primera instancia había decretado su suspensión provisional.
Por otro lado, el accionado aduce que no es competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura fijar el monto de la pensión de jubilación sino que, por el contrario, solo está dentro de sus competencias legales realizar las cotizaciones obligatorias y trasladarlas al fondo de pensiones elegido por el trabajador. En este orden de ideas, resulta extraño que el juez de tutela exija una colaboración armónica entre el empleador y el fondo de pensiones en materia de la reliquidación de la pensión, con el fin de legitimar la aplicación de la causal de retiro del servicio consagrada en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.
En providencia del 13 de mayo de 2008, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del a quo al considerar que la pretensión de suspender provisionalmente la Resolución PSAR 07-641 del 21 de diciembre de 2007 era improcedente toda vez que no ha quedado en firme al haber un recurso pendiente por resolver y que la actora cuenta con las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin que sea procedente el amparo como mecanismo transitorio, toda vez que no se vislumbra la inminencia de un perjuicio irremediable en atención a que la actora sigue ocupando su cargo y tiene reconocida a su favor una pensión de $ 6’297.852,75.
De acuerdo con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de autoridad pública, se encuentra legitimada como parte pasiva en el presente proceso.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela procede en los eventos en que la persona, cuyos derechos constitucionales fundamentales se encuentren amenazados o vulnerados, no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece que la existencia de los recursos o medios de defensa judiciales alternativos será apreciada en concreto, en relación con su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Esta corporación ha establecido que la regla constitucional referida informa el principio de subsidiariedad de la acción de tutela en el sentido de que esta solo es procedente en los eventos en que no exista otro mecanismo judicial idóneo y eficaz dispuesto para el amparo de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados (2) , o en aquellos en los que no obstante la disponibilidad de otros medios defensa judicial, se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
“De este modo, lo ha señalado esta corporación, “aunque en principio la existencia de otros medios de defensa judicial hace improcedente la acción de tutela, la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada” (3) . En realidad, para poder determinar cuál es el medio adecuado de protección, se hace imprescindible que el juez constitucional entre a verificar si, cumplidos ciertos condicionamientos, “las acciones disponibles protegen eficazmente los derechos de quien interpone la acción o si, por el contrario, los mecanismos ordinarios carecen de tales características, evento en el cual el juez puede otorgar el amparo (4) ” (5) .
En efecto, en la actualidad a la actora le ha sido reconocida una pensión de jubilación por valor inferior al 50% del salario que devengaba, por lo que resulta evidente la amenaza que la ejecutoria del acto administrativo acusado representa sobre su mínimo vital. Adicionalmente, si al término del proceso contencioso administrativo se encontrara que el acto de retiro del servicio es nulo, probablemente el restablecimiento del derecho no podría traducirse en la reincorporación al cargo del cual se desvincula, comoquiera que para esa época la actora podría haber alcanzado la edad de retiro forzoso, de suerte que el perjuicio que se cierne sobre su derecho al trabajo es de carácter irreparable, lo que activa la competencia del juez constitucional para conocer de fondo el asunto planteado.
Corresponde a la Corte Constitucional determinar si la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso administrativo de la accionante, como consecuencia de haberla retirado del servicio con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, sin dar aplicación al artículo 149 de la ley estatutaria de administración de justicia, conforme al condicionamiento establecido por la Corte Constitucional. Para tal efecto, la Sala estudiará las normas presuntamente aplicables a la actora, la jurisprudencia constitucional sobre la materia y los pronunciamientos del Consejo de Estado en relación con las mismas.
Según ha referido la jurisprudencia constitucional, el constituyente sometió dichas materias a la reserva de ley estatutaria con el fin de “dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de estas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad” (6) .
“La configuración, por el constituyente, de un proceso legislativo especialmente calificado para regular, a través de leyes estatutarias, las materias por él indicadas, se explica por la importancia que estas tienen para la vida en comunidad. En efecto, se trata de temas nucleares atinentes al desarrollo de los atributos que se reconocen como inherentes a la persona humana, del sistema de justicia al que se han de someter los conflictos suscitados, del régimen de los partidos y movimientos políticos, de los mecanismos de participación ciudadana y de las condiciones bajo las cuales debe regir el derecho constitucional de excepción. Como puede advertirse, ámbitos tan trascendentes como estos distan mucho de la índole de las labores que ordinariamente ocupan al legislativo y su regulación está llamada a tener una profunda incidencia en el resto del ordenamiento jurídico” (7) .
Así, por vía de ilustración, en el caso de los derechos fundamentales, esta corporación ha establecido que “las leyes estatutarias no pueden encargarse de desarrollar en forma exhaustiva todos los aspectos que de una forma u otra se relacionen con un derecho fundamental, ni tampoco, por otra parte, toda ley o norma que se refiera a alguno de los derechos fundamentales ha de considerarse como estatutaria” (8) . En este orden de ideas, solo aquellas materias que se encuentren en relación cercana con el núcleo esencial de los derechos fundamentales deben ser reguladas por ley estatutaria (9) .
Por el contrario, respecto de las funciones electorales, la Corte Constitucional ha señalado que el espectro de materias sometidas a reserva de ley estatutaria es más amplio. Sobre el particular se ha sostenido que: “a diferencia de lo que ocurre con los derechos fundamentales, en el caso de las funciones electorales, la ley estatutaria debe regular no solo los elementos esenciales de las mismas sino todos aquellos aspectos permanentes para el ejercicio adecuado de tales funciones por los ciudadanos, lo cual incluye asuntos que podrían en apariencia ser considerados potestades menores o aspectos puramente técnicos, pero que tienen efectos determinantes en la dinámica electoral, (...). Por su propia naturaleza, la ley estatutaria de funciones electorales es entonces de contenido detallado. Esto no impide que de manera excepcional ciertas materias electorales puedan ser reguladas mediante leyes ordinarias” (10) .
Sobre el particular, la Corte refirió que: “[Una ley estatutaria de administración de justicia] debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento (...) [pues] (...) no todo aspecto que de una forma u otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer parte de una ley estatutaria” (11) .
Esta posición fue reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia C-670 de 2001 (12) , en la que señaló que la necesidad de una ley estatutaria en materia de administración de justicia tiene un sentido específico por lo que solo las disposiciones que afecten su estructura general, que establezcan y garanticen la efectividad de los principios que le son inherentes o que desarrollen sus aspectos sustanciales, se encuentran sometidos a la reserva de dicha ley especial.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado aún más el ámbito de competencia del legislador ordinario en materia de administración de justicia. En efecto, inicialmente en la providencia C-037 de 1996 (13) y, luego, en la Sentencia C-658 de 2000 (14) , esta corporación señaló, en punto de la carrera judicial, que al Congreso de la República le es dado expedir una ley ordinaria que se ocupe de los aspectos que no fueron regulados en la ley estatutaria sobre administración de justicia, sin que aquella pueda tener el alcance de modificar, adicionar, reemplazar o derogar las normas contenidas en la ley especial, en atención al régimen jerárquico que las vincula.
“De acuerdo con los artículos 125 y 150-23, le corresponde al legislador, a través de disposiciones de carácter ordinario, regular los aspectos propios del régimen de carrera en sus diferentes modalidades: administrativa, judicial, diplomática, etc. En lo que atañe a la carrera judicial, la Corte ha sostenido en la presente providencia que es propio de una ley estatutaria sobre administración de justicia encargarse de regular algunos aspectos básicos de dicho régimen, principalmente en lo que se refiere a los principios y criterios que deben imperar respecto de la vinculación, ascenso y retiro de funcionarios y empleados de la rama judicial. Con todo, lo anterior no significa, ni puede significar, que sea el proyecto bajo examen el encargado de regular en forma íntegra todos los aspectos del sistema de carrera, pues para ello el Constituyente ha delegado esa responsabilidad en el legislador ordinario (C.N., arts. 125 y 150-23). Significa lo expuesto, entonces, que para esta corporación el Congreso de la República sí puede expedir una ley ordinaria sobre carrera judicial que se ocupe de los aspectos que no fueron regulados en la ley estatutaria sobre administración de justicia , aunque, atendiendo el régimen jerárquico de las leyes, las disposiciones ordinarias que se expidan no podrán modificar, adicionar, reemplazar o derogar las normas contenidas en esta ley estatutaria, pues para ello deberá someterse la respectiva ley al trámite previsto en los artículos 152 y 153 de la Carta Política” (15) (subraya fuera de texto).
5. Derecho a la pensión como causal de retiro del servicio en la carrera judicial.
La Corte Constitucional, en desarrollo del control previo y automático que ejerce sobre los proyectos de ley estatutaria, condicionó la exequibilidad del numeral sexto (16) del artículo en cita, al entendido de que dicha causal se refiere únicamente a aquellos eventos en que el trabajador, habiendo cumplido con los requisitos legales para obtener su pensión de jubilación, ha decidido voluntariamente su retiro por haber llegado a una edad o a unas condiciones laborales que ameriten su reemplazo.
Respecto del numeral 6º, debe entenderse que la disposición se refiere únicamente a aquellos eventos en que el trabajador, habiendo cumplido con los requisitos legales para obtener su pensión de jubilación, ha decidido voluntariamente su retiro por haber llegado a una edad o a unas condiciones laborales que ameriten su reemplazo” (17) .
5.2. Posteriormente, el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, relativo a los requisitos para obtener la pensión de vejez, incluyendo en el parágrafo tercero, como justa causa para dar por terminada la relación de trabajo pública o privada el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a la pensión.
“ART. 33. PAR. 3º—Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones. // Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. // Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones”.
En la Sentencia C-1037 de 2003 (18) , la Corte Constitucional consideró que dicha disposición se enmarcaba dentro de la libertad de configuración legislativa otorgada al Congreso por el artículo 125 de la Carta Política y que no contrariaba los principios, valores y derechos superiores, comoquiera que era razonable prever la terminación de la relación laboral de un trabajador particular o de un servidor público que hubiera laborado durante el tiempo necesario para obtener la pensión, de suerte que se garantizara su mínimo vital, al tiempo que se creara la posibilidad de que el cargo que ejercía fuera ocupado por otra persona.
Sin embargo, la exequibilidad de la norma fue condicionada a que el retiro del servicio solo podía operar con la previa notificación al trabajador de su inclusión en la nómina de pensionados, con el fin de que no existiera solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos.
5.3. El 16 de julio de 2003, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo 1911 “Por el cual se reglamenta la aplicación del artículo 9º, parágrafo 3º de la Ley 797 de 2003”.
En dicho acuerdo, bajo la consideración de que la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria regulada en la Ley 797 de 2003 desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política y los artículos 149 y 173 de la Ley 270 de 1996 y resulta aplicable a todos los servidores públicos, sean de carrera o de libre nombramiento y remoción, incluidos los funcionarios y empleados judiciales. El Consejo Superior de la Judicatura acordó (i) levantar un censo general de los servidores en carrera que tuvieran reconocida pensión de jubilación o que hubieran cumplido los requisitos para tal efecto, (ii) comunicar a los servidores judiciales su situación administrativa, y (iii) ejercer la facultad de ordenar el retiro de los servidores judiciales que se encuentren incursos en la causal referida, de acuerdo con el plan de desvinculación que se establezca.
El 15 de marzo de 2006, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSAA06-3360 “Por el cual se adopta el programa de retiro de los servidores judiciales vinculados por el régimen de carrera judicial que cumplen los requisitos para obtener su pensión de vejez”, en el que definió las autoridades competentes para expedir el acto de retiro y el trámite que se debía adelantar para dar aplicación a la causal de retiro consagrada en el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.
5.5. En sentencia del 27 de octubre de 2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado denegó la pretensión de nulidad de la norma censurada. En general, el Consejo de Estado consideró que el acuerdo objeto de litigio no era contrario a la ley ni a la Constitución Política, entre otras razones, (i) porque si bien consagraba medidas que comportaban la afectación de la intimidad personal y familiar de los trabajadores, ello se encontraba justificado por la persecución de propósitos de interés general como son el mantenimiento de un adecuado servicio de justicia mediante el arribo de nuevos funcionarios y la preservación de los derechos pensionales de quienes cumplen los requisitos pertinentes; y (ii) toda vez que el derecho al trabajo puede ser razonablemente limitado, siempre que ello no constituya una afectación desproporcionada de los intereses del trabajador (19) .
En relación con uno de los cargos formulados contra el Acuerdo 1911 de 2003, consistente en que este viola el artículo 149 de la Ley 270 de 1996, al establecer una situación de retiro forzoso y no voluntario del servicio como se requiere merced al condicionamiento que la Corte Constitucional introdujo al artículo en cita, el Consejo de Estado señaló que si bien efectivamente el legislador consagró una modalidad de retiro del servicio con derecho a la pensión de jubilación, que según la jurisprudencia constitucional debe respetar la voluntad del interesado, ello no es óbice para que se establezcan nuevas causales de retiro o de cesación definitiva de las funciones como es el caso del retiro del servicio por voluntad de la administración cuando el servidor público cumple los requisitos para obtener la pensión de vejez.
“Efectivamente en el sentido indicado por la actora declaró la Corte Constitucional la exequibilidad condicionada del artículo 149, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996. Sin embargo el hecho de que el legislador hubiese consagrado una modalidad determinada de retiro del servicio, la de “Retiro con derecho a pensión de jubilación” que, según la sentencia de constitucionalidad de la Corte (20) , debe respetar el elemento de voluntariedad, no inhibe su facultad para establecer una nueva causal de retiro o de cesación definitiva de las funciones, el retiro del servicio por voluntad de la administración cuando el servidor público cumple los requisitos de pensión de jubilación.
En consecuencia, el Acuerdo 1911 del 16 de julio de 2003 no contraviene lo dispuesto por el artículo 149, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996 pues mientras de las causales establecidas en el artículo 149, se sigue lógicamente la cesación definitiva de las funciones, en el evento de la ocurrencia de la causal prevista por la Ley 797, artículo 9º, parágrafo 3º, que fue desarrollada por el Acuerdo 1911 de 2003, no sobreviene necesariamente la cesación definitiva de funciones sino el surgimiento de una facultad, que puede ser ejercida o no, en cabeza de la administración, para retirar del servicio a determinados empleados y funcionarios de la rama judicial. Como al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, se le confió la administración de la carrera y la reglamentación de la misma, la aplicación, vía reglamento, de la causal de retiro de la carrera establecida en la Ley 797, artículo 9º, parágrafo 3º, no contraviene la ley estatutaria de la administración de justicia” (21) .
5.6. No obstante que el Consejo de Estado consideró, en la providencia referida, que la causal de retiro del servicio consagrada en el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, aplica a los funcionarios judiciales, esta Sala advierte que a dicha conclusión se arribó sin reparar en los problemas de competencia del legislador ordinario que se suscitaban con ocasión de la regulación que sobre la misma materia había realizado previamente el Congreso de la República en la ley estatutaria de administración de justicia.
De esta forma, la Sala considera pertinente aclarar el alcance que, respecto de los funcionarios de la rama judicial, tiene el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, toda vez que el numeral 6º del artículo 149 de la Ley 270 de 1996 consagra la causal de retiro del servicio con derecho a pensión, de suerte que debe precisarse si las normas en comento regulan la misma causal o consagran situaciones de hecho diferentes.
5.6.1. El artículo 149 de la ley estatutaria de administración de justicia consagra el retiro del servicio con derecho a pensión como causal de cesación definitiva de las funciones, mientras que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, establece como justa causa para dar por terminada la relación laboral que el trabajador público o privado cumpla con los requisitos para tener derecho a pensión de vejez.
El Consejo de Estado en providencia del 27 de octubre de 2007 consideró que las disposiciones aludidas no son incompatibles, comoquiera que en la Ley 270 de 1996 se definió una causal de la que “se sigue lógicamente la cesación definitiva de las funciones”, mientras que en la Ley 797 de 2003 se contempló una “facultad, que puede ser ejercida o no, en cabeza de la administración, para retirar del servicio a determinados empleados y funcionarios de la rama judicial”.
En este orden de ideas, al tratarse de una misma causal de retiro del servicio con diverso mecanismo de aplicación, el artículo 149 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, para el caso de los funcionarios de la rama judicial, resultan incompatibles, por lo que, ante la imposibilidad de que una ley ordinaria derogue a otra de raigambre estatutario, fuerza concluir que para que opere el retiro del servicio de un servidor judicial con derecho a pensión, deberá mediar su consentimiento, según fue establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996.
5.6.2. Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera que las causales de retiro del servicio en consideración son sustancialmente diferentes, la Corte igualmente encuentra errada la conclusión a la que arribó el Consejo de Estado en el sentido de que el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 resulta aplicable a los funcionarios de la rama judicial.
Como se concluyó en acápite anterior de esta providencia, son de reserva de ley estatutaria las materias que regulen la estructura general y los principios esenciales de la administración de justicia y aquellas otras que guarden relación estrecha con estos asuntos y que hayan sido regulados integralmente por la ley estatutaria de administración de justicia.
En consecuencia, por la vía de tener como diferentes las causales de retiro del servicio consagradas en las leyes 797 de 2003 y 270 de 1996, tampoco es posible dar aplicación, en el caso de los funcionarios de la rama judicial, a aquella consagrada en la ley ordinaria que reformó el régimen general de seguridad social en pensiones, por cuanto, en la medida en que se trata de una nueva causal de retiro del servicio, solo podría adicionar las reguladas en la ley estatutaria de administración de justicia si a la norma que la consagra se le hubiera dado el trámite correspondiente de ley estatutaria, según los artículos 152 y 153 de la Carta Política.
De acuerdo con los hechos que reposan en el expediente de tutela, se tiene que la señora Bertha Lucía del Socorro González Zúñiga fue retirada del servicio mediante Resolución PSAR-07-641 del 21 de diciembre de 2007, proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a la facultad consagrada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, y reglamentada por el Acuerdo 1911 de 2003, emitido por la misma autoridad.
Si bien el Consejo de Estado ha establecido que la causal de terminación de la relación de trabajo consagrada en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 difiere de aquella consagrada en el artículo 149 de la Ley 270 de 1996, de manera que se trata de causales concurrentes que pueden ser aplicadas a los funcionarios de la rama judicial, la Corte Constitucional discrepa de tal aserto, por los motivos expuestos precedentemente. Habida cuenta que tanto el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, como el artículo 149 de la Ley 270 de 1996 consagran una causal análoga de retiro del servicio, fuerza concluir que tales normas resultan incompatibles y excluyentes.
De esta forma, para el caso de los funcionarios de la rama judicial, no es posible aplicar la causal de retiro del servicio por el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, consagrada en el régimen general de seguridad social porque, dado que hace parte de una ley ordinaria, no tiene el alcance de modificar aquella consagrada en una ley estatutaria.
Por los argumentos esgrimidos anteriormente, la Sala amparará los derechos constitucionales fundamentales vulnerados a la actora, y dejará sin valor ni efecto alguno la Resolución PSAR-07-641 del 21 de diciembre de 2007 proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar declarará que la accionante tiene derecho a seguir laborando como Magistrada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no obstante reunir los requisitos para obtener la pensión, hasta que decida retirarse voluntariamente o acaezca otra causal de retiro definitivo del servicio.
1. REVOCAR los fallos de tutela proferidos por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de tutela promovida por Bertha Lucía del Socorro González Zúñiga contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, en su lugar, TUTELAR los derechos al trabajo y al mínimo vital de la accionante, por las razones expuestas en esta providencia.
2. DECLARAR SIN VALOR NI EFECTO ALGUNO la Resolución PSAR07-641 del 21 de diciembre de 2007 “Por medio de la cual se retira del servicio a un servidor vinculado por el régimen de carrera judicial”, proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
3. DECLARAR que la accionante tiene derecho a seguir laborando como Magistrada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no obstante reunir los requisitos para obtener la pensión, hasta que decida retirarse voluntariamente o acaezca otra causal de retiro definitivo del servicio.
(1) Del expediente de tutela se desprende que la pensión efectivamente reconocida equivale a $ 6’297.852,75.
(2) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(6) Corte Constitucional, Sentencia C-425 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-162 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(8) Corte Constitucional, Sentencia C-381 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(9) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-877 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Reiterado en la Sentencia C-658 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(16) Artículo 149-6. Retiro con derecho a pensión.
(17) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(19) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005) con Radicación: 11001-03-25-000-2003-00393-01(4773-03), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
(20) Sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, M.P. Vladimiro Naranjo.
(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005) con Radicación: 11001-03-25-000-2003-00393-01(4773-03), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 125
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 150
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 150
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 149
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 125
 artículo 9
 artículo 125
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
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 artículo 9
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 149
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 artículo 33
 artículo 9
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 artículo 9
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 artículo 33
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 149
 artículo 9
 artículo 149
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