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Timestamp: 2019-05-19 19:12:43+00:00

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﻿ SENTENCIA 2005-02666/41449 DE JULIO 6 DE 2017
SENTENCIA 2005-02666 DE 06 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:CULPA DE LA VÍCTIMA EN LA PRIVACIÓN INJUSTA DE SU LIBERTAD POR EXTRALIMITARSE EN SUS FUNCIONES COMO AGENTE DE POLICÍA. QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE LA POLICÍA, FUE DETENIDO CON OCASIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PROFERIDA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL ADELANTADA EN SU CONTRA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL PUNIBLE DE SECUESTRO EXTORSIVO. LO ANTERIOR, POR CUANTO SE DEMOSTRÓ QUE EL AGENTE RETUVO A UN PARTICULAR QUE ERA ACUSADO POR VARIAS PERSONAS DE ESTAFARLOS, EN LAS INSTALACIONES DE UN CAI SIN REGISTRAR LA NOVEDAD EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA, CUANDO ES UNA OBLIGACIÓN HACERLO, Y ADEMÁS DE ESTO, HIZO PRESENCIA EN LA RESIDENCIA DEL MISMO RETIRANDO LOS ELEMENTOS SIN QUE HAYAN ESTADO AUTORIZADOS POR SUS SUPERIORES NI ESTUVIERAN CUMPLIENDO GESTIÓN ALGUNA. ASÍ SE DIO UNA EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES POR PARTE DEL ACTOR, EN EL MARCO DE LOS HECHOS POR LOS QUE FUE PROCESADO, PUES EN ESTOS CASOS SU FUNCIÓN ES LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ES DECIR, FUNCIONARIOS DE POLICÍA JUDICIAL PARA QUE DESPLEGARAN TODAS LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A VERIFICAR LA POSIBLE COMISIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLEEMPERO LO CONSTITUCIONALMENTE CORRECTO NO ACONTECIÓ, EL SEÑOR HINCAPIÉ MOLINA PASÓ POR ALTO LAS PREVISIONES DE LOS ARTÍCULOS 6° Y 121 DE LA CARTA A CUYO TENOR LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE DEBEN CIRCUNSCRIBIR AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, LO QUE COMPORTA, ADEMÁS, COLABORAR CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESPETAR EL DERECHO AJENO. POR TANTO, SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA QUE NEGÓ LAS PRETENSIONES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, CULPA DE LA VÍCTIMA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, AGENTE DE POLICÍA, EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES
Sentencia 2005-02666 de julio 6 de 2017
Expediente: 41449
Radicación: 250002326000200502666 01
Actor: C.H.M. y otros
Demandados: Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación
Descriptor: Responsabilidad extracontractual del Estado por privación de la libertad. Dolo y culpa grave por omisión o extralimitación de funciones.
Bogotá, seis de julio de dos mil diecisiete.
1. Presupuestos procesales de la acción
1.1. Competencia.
Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en proceso de doble instancia, fallado por el Tribunal Administrativo de XXX, Sección Tercera, Subsección A, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta de la naturaleza del asunto, en los términos de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, tal como lo definió la jurisprudencia de esta corporación.
En efecto, sobre el particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta corporación.
1.2. Caducidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
En el presente caso, la pretensión resarcitoria tiene que ver con la privación de la libertad que afectó al señor C.H.M. entre el 18 de diciembre de 2002 y el 7 de febrero de 2003. En la jurisprudencia de esta corporación es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe computarse desde el día siguiente a “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”. Para el caso concreto, se tiene que la resolución mediante la cual se precluyó la investigación a favor del señor H.M. quedó ejecutoriada el 10 de diciembre de 2003(1) y la demanda fue presentada el día 21 de noviembre de 2005, esto es en el término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
2.1. El señor C.H.M. es: (i) cónyuge de M.L.B.A. y (ii) padre de J.S.H.B. (copias de registros civiles de matrimonio y nacimiento —fl. 3 y 4, cdno. pbas.).
2.2. El 25 de noviembre de 2002, la Fiscalía XXX Especializada Antiextorsión y Secuestro de XXX resolvió la situación jurídica de los señores C.H.M., N.P.M., J.A.M.O. y M.V.Z.C., sindicados del punible de secuestro extorsivo, con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y dispuso que se libraran las diferentes órdenes de captura (providencia nov. 25/2002 —fl. 5-17, cdno. pbas.). Se consignó en la providencia —se resalta—:
Esta providencia resulta a todas luces clara y muy oportuna para este asunto, en el cual tanto la defensa material como técnica han sostenido que sólo se trató de una obligación a cobrar y que el deudor voluntariamente canceló. No. Aquí se retuvo durante varias horas a una persona en dos centros policiales, un CAI (Centro de Atención Inmediata) y una Estación de Policía, con la finalidad de lograr un propósito económico: el pago de una deuda.
Aquí la situación es concreta: se retuvo y privó de la libertad de locomoción a una persona, por un tiempo, con el ánimo y el propósito de obtener un pago. La libertad se logró cuando el deudor canceló la obligación. Entonces, este comportamiento lo reprocha la ley penal, pues ninguna persona está autorizada para retener a su semejante, salvo que se encuentre cobijada por mandato Constitucional y legal.
En efecto: del expediente se desprende que B.R.D.T. fue retenido en el vehículo en que se transportaba y dejado en libertad, como lo afirmó el sub-teniente de la Policía en su declaración, entonces, resulta lógico que si fue dejado en libertad fue porque estuvo privado de la misma tanto en el CAI, como en la sexta estación, luego, ello respalda la afirmación que sobre el particular ha hecho el denunciante. Y, también, de la injurada rendida por los agentes de la policía cuando sostienen que el implicado iba en un taxi, fue requisado y llevado a las instalaciones del CAI porque en su contra existían denuncias (…).
Por otro lado, llama la atención el que no se haya registrado la novedad en el Centro de Atención Inmediata ni en la Estación XXX, cuando es una obligación hacerlo, sin embargo los agentes implicados están en todo el tiempo con el retenido, la abogada y Mantilla, hasta el extremo de hacer presencia en la residencia del denunciante y prestarse para retirar los elementos sin que hayan estado autorizados por sus superiores ni estuvieran cumpliendo gestión alguna (…).
2.3. El 6 de febrero siguiente, en sede de apelación, la unidad de fiscalías delegadas ante el Tribunal Superior de XXX revocó la resolución del 25 de noviembre de 2002 (fl. 35-47, cdno. pbas.), porque no existía mérito suficiente para mantener privado de la libertad preventivamente a los sindicados. El 21 de noviembre de 2003 la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro precluyó la investigación a favor de los señores C.H.M., N.P.M., J.A.M.O. y M.V.Z.C. (fl. 48-59, cdno. pbas.). Como fundamento de la decisión, se consideró:
De acuerdo al desenvolvimiento fáctico sintetizado en precedencia, estimamos que el comportamiento denunciado nunca existió y que la incriminación a los cosindicados deviene de un acervo probatorio inconsistente e irreal, surgiendo el desconocimiento de los cargos sobre la base de su incertidumbre, pues las referencias sobre el presunto secuestro del señor D.T. en ningún momento pueden considerarse enteramente válidas para darlo por acreditado.
Recordemos que la problemática que se ventila en las presentes diligencias remite a una deuda de $ 3.329.250, contraída por el señor B.R.D.T. con la empresa XXX S.A., de propiedad del señor J.M. el 31 de agosto de 2000 por la compra de mercancías varias, que quedó de cancelar los días octubre 3 y octubre 15 del mismo año, entregando como garantía dos cheques del Banco XXX y de XXX que a la postre resultaron ser de chequeras robadas.
Se destaca en apoyo de lo dicho y porque así lo revela la realidad procesal que los agentes de la Policía desplegaron su procedimiento a la vista de todas las personas que de una u otra forma fueron actores de los hechos y fundamentalmente de sus superiores e iguales, sin que se tenga noticia de observación o glosa a su actuación, lo que lleva a considerar que no existió malicia o interés malsano en ellos.
(…). De acuerdo a lo manifestado por el policial C.H.M., el arribo del señor B.R.D.T. a las instalaciones del CAI del XXX se produjo en circunstancias distintas a las indicadas en la denuncia, pues se refiere que cuando varias personas se acercaron a ese CAI a informar las estafas ejecutadas por D., este casualmente pasaba por allí en un taxi con su esposa, por lo cual el policial haciendo uso de las facultades preventivas propias de su cargo lo abordó y lo informó de tal situación, por lo que D. de manera voluntaria descendió del taxi y se acercó al CAI a dialogar con esas personas que en su integridad eran representantes de la empresa XXX entre ellas el subgerente y algunos vendedores que al unísono referían haber sido víctimas de estafa por parte de ese individuo. De tal manera que las circunstancias en que el denunciante D.T. ingresó al CAI y además dialogó con sus acreedores distan mucho del relato acomodado y tendencioso que brindó bajo juramento pues refulge que en ningún momento fue constreñido o coaccionado para ingresar o permanecer en las instalaciones policiales, como tampoco medió la intimidación para llegar a una fórmula de arreglo en los términos en que él quiso, dentro de los cuales ofreció en pago algunos electrodomésticos de su propia residencia, es decir tuvo total libertad de conciliar la acreencia siendo extraño por cierto entonces que aduzca que sus denunciados ingresaron a su residencia y le hurtaron algunos electrodomésticos. Cuando lo que indican las sumarias es que él y solo él fue quien dispuso a su antojo de los muebles de su casa, descartándose rotundamente las afirmaciones alusivas a un posible hurto.
Así las cosas, es claro que el ingreso y permanencia de D. a las dependencias policiales y el arreglo económico a que llegó con sus acreedores fue el producto de su libre determinación, sin mediar ninguna circunstancia exógena que viciara su voluntad y por ello se proclama la inexistencia del hecho.
2.4. El señor C.H.M. estuvo privado de la libertad, entre el 18 de diciembre de 2002 y el 7 de febrero de 2003, en la Estación de Policía de XXX (certificación suscrita por el técnico judicial XXX del despacho XXX de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de XXX —fl. 64, cdno. pbas.).
Corresponde a la Sala determinar —en función de los hechos probados— si la Nación-Fiscalía General está obligada a reparar la privación de la libertad que padeció el señor C.H.M. Para el efecto, se resolverán las pretensiones a la luz de los artículos 6º, 83, 90 y 95 de la Carta Política, al igual que de los artículos 65, 68 y 70 de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia.
4. Análisis de responsabilidad.
De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que el señor H.M. estuvo privado de su libertad, a órdenes de la Fiscalía General de la Nación durante un mes y diecinueve días, hasta que la medida de aseguramiento que pesaba en su contra fue revocada, para luego ser favorecido con resolución de preclusión de la investigación.
En el estado actual de la jurisprudencia no se discute la antijuridicidad del daño, cuando se impusieron restricciones a la libertad personal que no se tendrían que soportar; con absoluta claridad, en los casos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es, cuando (i) el hecho no existió, (ii) el encartado no lo cometió y/o (iii) la conducta no es típica.
Inclusive, no se discute la responsabilidad estatal en los casos antes referidos cuando se trata de hechos ocurridos una vez la referida norma fue derogada por las disposiciones correspondientes de la Ley 270 de 1996; ello, en aplicación de los artículos 90, 83 y 95 superiores, en cuanto la Constitución Política impone a los asociados deberes de convivencia, respeto de los derechos ajenos, no abuso de los propios y colaboración, con las autoridades, en particular con la administración de justicia.
Así las cosas, en aplicación del precedente vigente(2), la Sala entiende que así se mantenga la presunción de inocencia incólume, no en todos los casos procede la indemnización, sin que ello se traduzca en un menoscabo al derecho fundamental a la libertad, dada la autonomía del juicio de responsabilidad, esto es, de la reparación, al margen de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad ya definidas por el juez penal en ejercicio de su competencia, en cuanto presupuestos que probados conjuntamente y con certeza judicial, a toda prueba, no lograron desvirtuar la presunción de inocencia.
Es que la cláusula general de responsabilidad del Estado en todos los casos exige que la víctima no abogue por su propia culpa, misma que, si bien no comprometió su responsabilidad penal, deviene en insuficiente para exigir del Estado reparación, en tanto su conducta no responda a los estándares mínimos de corrección que exige la convivencia, pues sabido es que, a la par de los derechos, los asociados tienen deberes entre los que se debe destacar el de mantener un comportamiento de respeto por los derechos ajenos y no abuso de los propios, relacionados uno y otro con el deber de colaborar con la administración de justicia (art. 95 ibíd.). Esta última encargada de garantizar la convivencia y el imperio de un orden justo con el concurso de los asociados (art. 2º ejusdem).
Es de anotar que, dado que se trata de preservar el derecho fundamental a la libertad, las tradicionalmente denominadas causales de fuerza mayor y hecho exclusivo y determinante de un tercero no tendrían que exonerar a la administración, pues, no se entiende que alguien pueda ser privado de la libertad por fuerza mayor o por obra de un tercero(3) y que, si lo fue, deba soportarlo.
Ahora bien, en casos como el sub-judice, el análisis de la responsabilidad necesariamente debe hacerse en los términos de la Ley 270 de 1996 y particularmente en aplicación de los artículos 2º, 6 83 y 95 constitucionales, a efectos de descartar la culpa grave o el dolo civil. Bajo ese entendido, el análisis de la mayor o menor diligencia del privado de la libertad respecto de sus deberes de convivencia social y, sobre todo, en relación con los límites que le impone el ordenamiento jurídico en lo que refiere al ejercicio de sus funciones como agente de la Policía Nacional, deviene en imperativo, en tanto no se comprende la exigencia de responsabilidad del Estado sin considerar la conducta de la víctima, lo que no se traduce en volver sobre las actuaciones de esta en razón de la conducta delictiva por la que fue absuelta, dada la autonomía del juicio de responsabilidad y el imperativo de no volver sobre lo decidido por el juez penal, único autorizado para resolver sobre la conducta punible.
De conformidad con las disposiciones de los artículos 28 y 250 constitucionales, la privación de la libertad procede por hechos imputables que revistan las características de delito, siempre que suficientes motivos y circunstancias fácticas indiquen su existencia, conforme un juicio de regulación y competencia estricta y excluyente, sin que de esto se siga que los deberes de corrección se agoten o subsuman en acciones típicas, antijurídicas y culpables.
En esas circunstancias, aunque el daño consiste en la privación y la antijuridicidad tiene que ver con lo injusto de la medida, vulneraría el principio de juez natural, el non bis in ídem y la presunción de inocencia volver sobre lo decidido en sede penal, sin que por ello se tenga que disponer la reparación de todas maneras; como si la víctima de la privación fuese un ser aislado de la comunidad política, autorizado para extralimitar sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias o para desconocer deberes que se erigen como imperativos de la vida en sociedad.
Nótese que se trata de un juicio ajeno al que dio lugar a la absolución y, siendo así, resulta contradictorio volver sobre el mismo para sostener que la víctima no puede ser indemnizada en la medida que dio lugar a la privación. Además, porque la presunción de inocencia impone al Estado el deber de desvirtuarla, sin que la actuación de la víctima cuente.
Siendo así, la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad se estructura a la luz de un juicio autónomo, complejo, sobre una misma unidad fáctica, en cuanto, a partir de la investigación penal considerada en su conjunto y al margen de la configuración del delito que no es objeto del proceso de reparación, al juez de la responsabilidad patrimonial le corresponde determinar si i) la investigación en la que se impuso la medida de aseguramiento invocada como fundamento de la reparación demandada concluyó con decisión favorable a la víctima porque el Estado, en ejercicio del ius puniendi, no logró desvirtuar la presunción de inocencia y ii) si los hechos o actuaciones que comprometieron en esa investigación a quien demanda en reparación se enmarcan en culpa grave o dolo civil, con entidad suficiente para negar la reparación.
En esas circunstancias, comoquiera que la causa petendi de la reparación del daño comprende particularmente la privación de la libertad, los juicios no se confunden. Ello es así, en tanto la unidad fáctica sobre la que se estructura la responsabilidad por la privación injusta de la libertad, con la investigación penal, se limita a los hechos o actuaciones que comprometieron al actor en reparación.
Esto es así porque, acorde con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, acreditada la culpa grave o el dolo civil de la víctima, es claro que se impone al juez de la responsabilidad proferir sentencia adversa a sus pretensiones, al margen de la presunción de inocencia y los imperativos de legalidad, juez natural, favorabilidad y non bis in ídem.
En ese orden de ideas, para efectos de la reparación, es menester considerar también i) el descuido o negligencia del encartado en el cumplimiento de los deberes, en la vigilancia, cuidado o pericia, en los que no habrían incurrido las personas negligentes o de poca prudencia en sus actuaciones —culpa grave, equivalente al dolo— y ii) “…la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (C.C., art. 63), al margen de los elementos que configurados legitiman la pérdida de la libertad, habida cuenta que se trata de la culpa o el dolo de quien reclama como víctima y no del infractor de una conducta típica, antijurídica y culpable. Casos en los que, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, “…se exonerará de responsabilidad al Estado”.
Juicio en el que, inclusive, le corresponde al juez de lo contencioso administrativo adelantar, al margen de que la demandada no haya formulado en su defensa la excepción, el análisis respectivo de la conducta de quien alega el daño, en tanto el imperativo constitucional y legal así lo indican.
Lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 90 y 95 constitucionales, 65, 68 y 70 de la Ley 270 de 1996 que sujetan la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad, no solo a la absolución o preclusión con que se favoreció al privado de la libertad, sino también a la exigencia de que la víctima no haya actuado de manera dolosa o gravemente culposa —entendido, como es natural, desde una perspectiva netamente civil—. De donde no es dable que se sujete esta última a las exigencias procesales de la excepción o que su análisis sea abordado desde una perspectiva fundada en la imputabilidad, comoquiera que lo relevante tiene que ver con que, al tenor de las disposiciones especiales que, desde la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Justicia, disciplinan la materia, no resulta posible recibir indemnización al margen de la culpa grave o dolo.
Se concluye entonces, sin hesitación, que, a partir de la normatividad bajo análisis, en materia de privación injusta de la libertad la culpa grave o el dolo, son elementos sustanciales de la responsabilidad patrimonial del Estado. Esto es, le está vedado al juez de lo contencioso administrativo declarar esa responsabilidad al margen de lo dispuesto por el artículo 70 de la ley estatutaria.
Es así como la Sala ha determinado que, cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión del 18 de febrero de 2010 sostuvo(4):
Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [C.C., art. 63] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo —se resalta—.
De igual modo, la jurisprudencia de esta corporación ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo como los elementos determinantes de la responsabilidad del agente estatal, convocado a la acción de repetición(5). Esto último también considerado por la Corte Constitucional con ocasión de los cargos de inconstitucionalidad formulados contra los artículos 77(6) y 78(7) del Código Contencioso Administrativo, y contra la Ley 678 de 2001(8). En efecto, se señaló que(9):
(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó [la Corte Constitucional] que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política(10) y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.
Así, retomando el caso en estudio y con las aclaraciones antes señaladas, vale poner de presente la extralimitación de funciones por parte del actor, en el marco de los hechos por los que fue procesado. Esto es así porque, si bien para la Sala es claro que la conducta delictiva no es objeto de análisis, sí lo es el comportamiento asumido por el señor H.M., en su condición de agente de la Policía Nacional, frente al requerimiento de los acreedores del señor B.R.D.T. Se trata de destacar la especial exigencia que frente a los servidores públicos contiene el artículo 6º constitucional, conforme a la cual su responsabilidad emerge por omisión o extralimitación de sus funciones.
Al efecto, vale poner de presente el siguiente aparte de la resolución del 25 de noviembre de 2002, donde se hace referencia a la versión libre rendida por el señor N.M.P., agente de Policía quien en compañía del señor H.M. atendió el requerimiento de los acreedores del señor D.T. (fl. 5-17, cdno. ppal.) —se resalta—:
Por su parte, N.P. en versión libre acepta que interceptaron el taxi donde se transportaba el denunciante. En injurada (fls. 29 y ss.) sostiene que ante el requerimiento de unas 12 personas para el cobro de unos cheques de chequera robada, procedió, en compañía de H. a prender la moto y parar el taxi, requisar a las personas que allí se encontraban, incluido B. y que este acudió al CAI voluntariamente, en compañía de los policiales.
Llama la atención la actitud asumida por los agentes, comoquiera que lo procedente ante la presencia de varias personas que se decían afectadas patrimonialmente por un individuo, tenía que ver con recibir la denuncia por presunta estafa. Esto es, las diligencias de los servidores públicos, se relacionaban con la remisión de la información a las autoridades competentes, es decir, funcionarios de policía judicial que desplegaran todas las actividades tendientes a verificar la posible comisión de una conducta punible; empero lo constitucionalmente correcto no aconteció, el señor H.M. pasó por alto las previsiones de los artículos 6º y 121 de la Carta a cuyo tenor los servidores públicos se deben circunscribir al cumplimiento de sus funciones, lo que comporta, además, colaborar con la administración de justicia y respetar el derecho ajeno. Lo anterior se advierte de lo considerado por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de XXX al revocar, en sede de apelación, la medida de aseguramiento impuesta contra los señores J.M. (gerente de XXX) y M.V.Z. (apoderada del primero) (fl. 18-34, cdno. pbas.):
Recordemos que es el mismo O.R. [empleado de XXX] quien asegura que una vez se tuvo la confirmación de que uno de los cheques recibidos provenía de chequera robada, el procesado J.M. le pidió el favor de ir a la casa del deudor con G.C. [también empleado de XXX] y en el camino fue el propio C. quien opinó que no debían ir solos sino que fueran al CAI del barrio XXX para que unos agentes de Policía los acompañaran y que al llegar a casa del denunciante observó que allí se encontraba la doctora Z. con el señor M. y tras verificar que allí no se encontraba D., recibieron una llamada donde les informaba C. que el deudor se encontraba en las instalaciones del CAI del barrio El XXX constatando que efectivamente se hallaba en dicho lugar y les dijo que no se afanaran, que él pagaba ofreciendo incluso que podría darles unos electrodomésticos que tenía en su casa, agregando que en el lugar había otros acreedores con algunos de los cuales hizo un arreglo entregándole dinero en efectivo que estaba libre de todo apremio, que dialogaba libremente con sus familias y todos los allí presente.
En la providencia del 6 de febrero de 2003, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de XXX puso de presente lo acontecido (fl. 35-47, cdno. pbas.):
Aparece probado que el día de los hechos se acercó las instalaciones del CAI del barrio XXX, un grupo conformado por J.M., la abogada M.V.Z., representante legal y asesora de la empresa XXX, con el fin de poner en conocimiento de la autoridad la posible comisión de un delito en contra de los intereses de la empresa, consistente en una estafa mediante cheques e imputado a B.R.D.T., requerimiento que debieron asumir sus representados en cumplimiento del artículo 2º de la Constitución Política y procedieron a conducirlo al CAI en atención a que ocasionalmente pasaba por ahí y a facilitar el contacto con los quejosos con miras a lograr un acuerdo y como el mismo no se producía y por estar congestionado el ambiente en dicho CAI, de común acuerdo todos decidieron trasladarse a la Sexta Estación de Policía de donde depende el CAI.
Sin que para efectos de tener por demostrada la culpa grave en que, a la luz del Código Civil, incurrió el señor H.M., las incongruencias en las diferentes versiones y argumentos expuestos por los procesados en el trámite de la investigación penal, revistan trascendencia. Esto es, aunque para efectos de la responsabilidad penal no haya quedado claro si el señor D.T. fue conducido al Centro de Atención Inmediata de la Policía Nacional ubicado en el barrio XXX por solicitud de los representantes de XXX o por requerimiento previo de otras personas que también eran sus acreedores y que se estiman en un numero de doce; tampoco interesa la ausencia en las anotaciones de los libros de minuta tanto del mencionado CAI como de la Estación XXX de Policía sobre los hechos ocurridos. Nótese la naturaleza objetiva de la culpa civil, lo que difiere radicalmente de la certeza que debe acompañar el juicio penal.
Así las cosas, emerge con claridad que la conducta desplegada por el señor C.H.M. en su condición de agente de la Policía Nacional, si bien no constituyó una conducta típica, antijurídica y culpable, no responde al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales exigidos para acceder a la reparación deprecada.
En ese orden de ideas, advierte la Sala la configuración de culpa grave por parte del señor H.M. y así mismo negará las pretensiones incoadas, como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
De otro lado, vale poner de presente que mediante sentencia del 30 de marzo anterior(11), la Sala accedió parcialmente a las pretensiones incoadas por la abogada M.V.Z. por la privación de la libertad de que fue objeto con ocasión de los hechos ahora analizados, dado que su conducta no tenía que ajustarse al examen estricto, propio de un servidor público, en especial un agente de Policía.
La Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandante dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, la sentencia del 28 de abril de 2011 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de XXX, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se denegaron las pretensiones.
Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.»
1 Informe secretarial del 10 de diciembre de 2003, mediante el cual se informa que “la resolución de la referencia quedó en firme comoquiera que los sujetos procesales no interpusieron los recursos de ley” (fl. 63, cdno. pbas.).
2 Sentencias de esta misma Subsección, proferidas el 6 de abril de 2011 dentro del expediente 19.225, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, del 28 de mayo de 2015 dentro del expediente 33.907, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, del 2 de mayo de 2016, dentro del expediente 36.858, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, del 14 de diciembre de 2016, dentro del expediente 39.393, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, y del 30 de abril de 2014 dentro del expediente 27.414, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, sentencia de 24 de marzo de 2011, expediente 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
5 Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, expediente 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, expediente 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, expediente 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, expediente 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, expediente 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
6 Sentencia C-100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8 Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.
10 “[24] El artículo 83 Constitucional reza: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
11 Proferida dentro del expediente 42.426, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

References: artículo 129
 artículo 136
 artículo 136
 resolución 
 artículo 136
 resolución 
 resolución 
 artículo 414
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 63
 artículo 6
 resolución 
 artículo 2
 artículo 70
 resolución 
 artículo 83