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Timestamp: 2020-02-25 02:58:19+00:00

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﻿ SENTENCIA C-739 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2002
SENTENCIA C-739 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 114 DEL DECRETO LEY 2150 DE 1995.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD
Sentencia C-739 de septiembre 10 de 2002
Ref.: Expediente D-4037
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 114 (parcial) del Decreto Ley 2150 de 1995.
Bogotá D.C. diez de septiembre de dos mil dos.
A continuación se transcribe, subrayado lo demandado, el texto de la disposición objeto de proceso:
“DECRETO NÚMERO 2150 DE 1995
“ART. 282.—Las personas naturales que contraten con el Estado en la modalidad de prestación de servicios no están obligados a acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones previstos en esta ley, siempre y cuando la duración de su contrato sea igual o inferior a tres meses”.
Por otro lado, la Corte debe precisar si con la disposición objeto de juicio se desconocen los principios de universalidad y solidaridad propios de la seguridad social.
3. La supresión de trámites, finalidad del Decreto 2150 de 1995.
"ART. 83.—De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública. En ejercicio de dichas facultades no podrá modificar códigos, ni leyes estatutarias u orgánicas.
La facultad que por dicha norma se confiere tiene un indudable carácter legislativo, ya que, conforme a los artículos 26, 84 y 334 de la Carta Política, es al legislador a quien corresponde establecer —y por ende reformar y suprimir— los requisitos, formalidades, procedimientos y trámites que puedan exigirse a las personas para el ejercicio de sus actividades, tanto en el campo de profesiones y oficios y en la esfera de la iniciativa privada y la empresa, como en lo relativo a las gestiones y asuntos propios de las múltiples relaciones entre los particulares y el Estado (1) .
(1) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-340 del 1º de agosto de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
El artículo 282 de la Ley 100 de 1993 que fue reformado por el artículo 114 ahora impugnado decía: “ninguna persona natural podrá prestar directamente sus servicios al Estado, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, sin afiliarse a los sistemas de pensiones y salud previstos en la presente ley”.
4. Los contratos de prestación de servicios. Su finalidad y su celebración tanto por personas jurídicas como por personas naturales.
Los contratos de prestación de servicios están definidos en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así:
"ART. 32.—(...).
3. Contrato te prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
Conforme a lo anterior el trato diferente que reciben unos y otros se justifica por la existencia de una razonable diferencia dada por el carácter independiente y autónomo de los contratistas frente a la dependencia y subordinación de los trabajadores y empleados públicos (2) .
(2) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-056 del 22 de febrero de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
La vigencia del contrato de prestación de servicios es, por su naturaleza, temporal y sólo podrá celebrarse por el término estrictamente indispensable para ejecutar el objeto convenido. Y, en caso contrario, como lo ha dicho la Corte “será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente (3) ".
(3) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-154 de 1997, ya citada.
Con tal medida se pretende evitar el denominado por el actor “carrusel contractual”, figura que, conforme al ordenamiento jurídico y a la propia naturaleza del contrato de prestación de servicios, no es admisible. En caso de que, como lo afirma el impugnante, la entidad estatal de manera irregular disfrace una relación laboral bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, esto sería una situación de hecho que escapa al control de constitucionalidad por parte de esta Corte.
Es importante señalar que el actor no manifestó a la Corte cuáles eran las otras modalidades de contratación a las que se refiere en su libelo y con las cuales pretende realizar una comparación con los contratos de prestación de servicios. No obstante lo anterior, hay que decir que la corporación en reiteradas oportunidades se ha pronunciado sobre las diferencias existentes entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios (4) .
(4) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
4. Irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social. Los principios de universalidad y solidaridad no resultan vulnerados con la norma acusada.
El objeto del Decreto 2150 de 1995 es la supresión de trámites.
En el marco del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio destinado a hacer efectivas unas condiciones de vida digna. En otras palabras, es un “conjunto de medios de protección institucionales frente a los riesgos que atentan contra la capacidad y oportunidad de los individuos y sus familias para generar los ingresos suficientes en orden a una subsistencia digna” (5) . Es un servicio prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.
(5) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-116 del 26 de marzo de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara.
Las personas jurídicas son titulares de una amplia gama de derechos, dentro de los cuales también los hay fundamentales, en cuanto están estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece. La naturaleza propia de las personas jurídicas, la función especifica que cumplen y los contenidos de sus derechos constitucionales conducen necesariamente a que no todos los que se enuncian o se derivan de la Carta en favor de la persona humana les resulten aplicables (6) .
(6) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-182 del 10 de mayo de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
Dentro de los principios que rigen la seguridad social están los de universalidad y solidaridad, que son los que el actor ha indicado en su demanda como violados. El primero de ellos hace relación a que todas las personas, sin discriminación alguna, tienen derecho a acceder a la seguridad social y que el Estado es responsable de garantizar que las entidades de la seguridad social, ya sean públicas o particulares, estén dispuestas en todo momento a brindar la atención que demanden los usuarios, en forma oportuna y eficaz (7) .
(7) Ver sentencias T-111 del 18 de marzo de 1993. Sala Quinta de Revisión, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-406 del 24 de septiembre de 1993. Sala Séptima de Revisión, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
El principio de solidaridad implica que todos los que participan en el sistema tienen el deber de contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban, en general, cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino para preservar el sistema en su conjunto (8) .
(8) Ver Sentencia C-126 del 16 de febrero de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
También ha dicho esta corporación que tal principio “permite que el derecho a la seguridad social se realice, si es necesario, a través de la exigencia de prestaciones adicionales por parte de las entidades que han cumplido con todas sus obligaciones prestacionales, conforme a lo establecido en las leyes” (9) .
(9) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-1187 del 13 de septiembre de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
El régimen contributivo, al cual pertenecen las personas que se encuentran vinculadas laboralmente mediante un contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados, así como los trabajadores independientes con capacidad de pago; y el régimen subsidiado, al cual se afilia la población más pobre del país (L. 100/93, arts. 157 y 201).
En este orden de ideas, la norma impugnada no desconoce los principios de solidaridad ni universalidad y mucho menos el carácter irrenunciable de la seguridad social. Bajo el control, dirección y coordinación del Estado se encuentra la seguridad social, y el objetivo primordial de ésta es garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes gozan de una relación laboral o tienen capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema o a los diversos grupos humanos de la población que hacen parte del régimen subsidiado, o garantizar los servicios sociales complementarios (10) .
(10) Ver Sentencia C-714 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
La norma acusada no está imponiendo al particular que va a recibir ingresos por parte del Estado que no se afilie al sistema y que no cumpla con una obligación constitucional, sino simplemente está suprimiendo el requisito de acreditar tal afiliación cuando se vaya a contratar por un período igual o inferior a tres meses. El legislador, en este caso el extraordinario, podía suprimir tal requisito con el fin de reformar la regulación existente sobre la materia y eliminar trámites innecesarios ante la administración.
El fin de la norma era ese y no otro, eliminar un trámite que se consideraba engorroso para el particular que deseara contratar con el Estado por un período mínimo, el de tres meses, pues debe entenderse que si la entidad estatal requería los servicios de una persona por ese término es porque necesitaba atender una insuficiencia específica, urgente y de rápida realización.
5.El derecho a la igualdad no se vulnera si el trato diferenciado tiene una justificación razonable.
La igualdad —ha señalado la Corte— se traduce en el derecho que tiene los individuos a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (11) y que “el núcleo del principio de igualdad queda establecido en términos de la razón suficiente que justifique el trato desigual” (12) .
(11) Cfr. Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Sentencia T-432 del 25 de junio de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(12) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-022 del 23 de enero de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Corresponde a esta corporación hacer la evaluación de la justificación de un trato desigual. O, en otras palabras, determinar si existe o no una razón suficiente que justifique el trato diferente que el legislador extraordinario da a los contratistas de prestación de servicios cuando contraten por un período igual o inferior a tres meses y a aquellos que lo celebren por un tiempo superior.
“Una simple aproximación a la idea de igualdad, como concepto, como principio, o como derecho reconocido al interior de un ordenamiento jurídico, revela inmediatamente que se trata de una noción que no responde a un sentido unívoco (13) sino que admite múltiples acepciones aplicables de acuerdo con las particularidades de cada caso. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la igualdad se manifiesta como un derecho relacional (14) que involucra usualmente, cargas, bienes o derechos constitucionales o legales, y cuya efectiva garantía, no se traduce en la constatación de una paridad mecánica y matemática (15) , sino en el otorgamiento de un trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto.
(13) Cfr. Sentencia C-410 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(14) Cfr., entre otras, la Sentencia T-352 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(15) Cfr. Sentencia C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
La aplicación efectiva de la igualdad corresponde, entonces, al juicio que se hace sobre una determinada circunstancia, de tal forma que resulta indispensable tomar en consideración las condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los miembros de una comunidad jurídica y el entorno en el que se desenvuelven. Así, puede decirse que la vigencia del derecho a la igualdad no excluye necesariamente la posibilidad de dar un tratamiento diferente a personas y hechos que, de acuerdo con sus condiciones, hacen razonable (16) la distinción” (17) .
(16) Sobre la razonabilidad, como criterio de valoración y aplicación del derecho a la igualdad, es un asunto sobre el que la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada desde los inicios de su labor. Cfr., entre otras, la Sentencia C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(17) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-090 del 31 de enero de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Sobre el criterio de razonabilidad, en Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993, señaló la Corte que el mismo “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.
Por otra parte y en cuanto a la petición del accionante, en el sentido de que la Corte declare la constitucionalidad condicionada de la expresión “con el Estado”, utilizada por la disposición acusada, es pertinente anotar que conforme a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, que regula los principios y procedimientos que rigen los contratos de las entidades estatales, para efectos de la contratación hay que remitirse a la definición que sobre entidades estatales contempla el artículo 2º, numeral 1º ibídem. Por tal motivo la Corte no entrará a definir nuevamente cuáles entidades son las destinatarias de la norma.
Finalmente, la Sala no entrará a estudiar la razón de inconstitucionalidad planteada por el Procurador General de la Nación, consistente en el exceso de las facultades extraordinarias por parte del Presidente de la República. Ello en razón a que dicho argumento no fue formulado por el actor y atendida su propia naturaleza, en la medida en que se refiere al exceso de facultades, y ello implica confrontar el decreto con la ley habilitante (18) .
(18) Sobre las facultades extraordinarias y el estudio que debe hacer la Corte en ese punto, se pueden consultar las sentencias C-292 del 6 de marzo de 2001. M.P Jaime Córdoba Triviño, C-670 del 28 de junio y C-758 del 17 de julio de 2001. M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
Declarar EXEQUIBLE, pero sólo por los cargos estudiados en esta sentencia, el artículo 114 del Decreto-Ley 2150 de 1995.

References: ARTÍCULO 114
 artículo 114
 artículo 150
 artículo 282
 artículo 114
 artículo 32
 artículo 122
 artículo 2
 artículo 114