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Timestamp: 2019-10-14 04:44:51+00:00

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Tema consideraciones generales
I. Concepto y terminología.
1. Normativa nacional.
2. Convenios multilaterales.
3. Directivas Comunitarias.
III. Naturaleza del derecho de autor.
IV. Características del derecho de autor.
El derecho de propiedad intelectual como “derecho de propiedad”. Se encuentra amparado por el artículo 33.1 CE. Para el Código también es un derecho de propiedad, como se desprende de su ubicación sistemática (arts. 428 y 429 CC).
La cuestión terminológica: “propiedad intelectual” o “derecho de autor”. En nuestra tradición histórica se opta decididamente por la primera denominación: las leyes de 1847 y 1879 ya se denominaban de propiedad intelectual.
Propiedad intelectual y Constitución. ¿Debería revestir la LPI rango de ley orgánica por constituir un desarrollo del artículo 20.1.b) CE? Propiedad intelectual y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: el caso “Pablo Serrano”.
I. DERECHO INTERNO.
Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Con posterioridad, fue modificada por la Ley 20/1992, de 7 de julio. Al margen de la LPI, se publicaron las siguientes leyes:
Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.
Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.
Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.
La Disposición final 2ª de la Ley 27/1995 autorizó al Gobierno para que, antes del 30 de junio de 1996, aprobara un texto que refundiese las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando los textos que hubieran de ser refundidos. Al amparo de esta norma, y en cumplimiento de ella, se dictó el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, pues han sido derogadas tanto la Ley 22/1987 como las leyes posteriores que se han mencionado antes. El Real Decreto Legislativo 1/1996 es el texto actualmente vigente en materia de propiedad intelectual. Fue modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de bases de datos. Esta sucesión normativa de leyes sobre propiedad intelectual plantea a veces delicados problemas de Derecho transitorio. Finalmente, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que entrará en vigor el 8 de enero de 2001 modifica en su Disposición final 2ª los artículos 25.20, 103, 143 y 150 del texto refundido de la LPI.
Las Directivas aprobadas en el marco de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual son las siguientes:
Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.
Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de bases de datos.
Existen en fase de proyecto dos Directivas:
Directiva relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.
Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. Bastante avanzada y de enorme importancia para el futuro de la propiedad intelectual.
El Convenio internacional por excelencia en materia de propiedad intelectual es el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886, que ha sufrido varias revisiones desde su aprobación, la última de ella en París en 1971. Además del Convenio de Berna, están:
Convención Universal sobre los Derechos de Autor (24 de julio de 1971).
Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (29 de octubre de 1971).
Recientemente, en el marco de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), se han aprobado dos Tratados en materia de propiedad intelectual que no se encuentran todavía en vigor; en concreto, España no los ha ratificado aún, aunque sí la Unión Europea (Decisión 2000/278/CE, de 16 de marzo de 2000):
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (Ginebra, 2-20 diciembre 1996)
Tratado de la OMPI sobre Intepretación o Ejecución y Fonogramas (Ginebra, 2-20 diciembre 1996)
Por último, hay que tener en cuenta el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994. El Anexo 1C del Acuerdo constitutivo de la OMC es el llamado abreviadamente Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), también conocido por su abreviatura inglesa: TRIP’s ó TRIPS. El Acuerdo constitutivo de la OMC y todos sus Anexos fueron ratificados por España por Instrumento de 30 de diciembre de 1994 (BOE nº 20, de 24 de enero de 1995).
Naturaleza del derecho de autor. Distinción entre derecho de autor (Libro I de la LPI) y otros derechos de propiedad intelectual (Libro II de la LPI: “De los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección sui generis de las bases de datos”). Esos otros derechos de propiedad intelectual son los siguientes: derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes (arts. 105-113 LPI); derechos de los productores de fonogramas (arts. 114-119 LPI); derechos de los productores de grabaciones audiovisuales (arts. 120-125 LPI); derechos de las entidades de radiodifusión (arts. 126-127 LPI); protección de las meras fotografías (art. 128 LPI); protección de determinadas producciones editoriales (arts. 129-130 LPI); y derecho sui generis sobre las bases de datos (arts. 133-138, procedentes de la Ley 5/1998, de 6 de marzo).
Características del derecho de autor. Fundamentalmente el de su temporalidad: la LPI fija plazos de protección, transcurridos los cuales el derecho desaparece. En cambio, algunos de los llamados derechos morales de autor no son temporales (otros sí)
Tema 1-A: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 9 de diciembre de 1985, y Sentencia del Tribunal Constitucional 35/1987, de 18 de marzo.
Ideas clave: Concepto de derecho moral de autor; protección del derecho moral de autor antes de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987; eficacia en el Derecho español del Convenio de Berna de 1886; el derecho de autor como derecho fundamental; protección constitucional del derecho de autor; retroactividad de la Constitución en materia de derechos fundamentales.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 9 de diciembre de 1985
MARGINAL: RJ 1985\6320
RESOLUCION: SENTENCIA de 9-12-1985
Derechos Fundamentales de la Persona: Protección Jurisdiccional, Derecho Fundamental a la producción y creación artística, inadecuación de procedimiento.
PONENTE: Excmo. Sr. D. JOSE BELTRAN DE HEREDIA Y CASTAÑO
Ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de los de Madrid, fueron vistos los autos incidentales promovidos por D. Pablo S. A., contra «Industrias Turísticas, S. A.», sobre protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona; siendo también parte el Ministerio Fiscal.
El Juez de Primera Instancia dictó sentencia, por la que, estimando la excepción de competencia de jurisdicción por inadecuación de procedimiento y sin entrar en el fondo del asunto, desestimó en la instancia la demanda formulada por D. Pablo S. A., contra Industrias Turísticas, S. A. (INTUSA), absolviendo a la demandada en la instancia; sin hacer expresa imposición de costas. Apelada la sentencia por la parte demandante, la Audiencia la confirmó, sin efectuar expresa condena en costas en el recurso.
La representación del actor, interpuesto recurso de casación por infracción de ley.
El T. S. declaró no haber lugar al recurso interpuesto con imposición a la parte recurrente de las costas del recurso y a la pérdida del depósito constituido.
VOTO PARTICULAR: El Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Rodríguez formuló voto particular que basa en los fundamentos de derecho que se publican, de los que basa el FALLO que también se publica.
CONSIDERANDO: Que el presente recurso y el pleito de que trae causa, derivan de otro anterior -terminado con Sentencia de este Tribunal Supremo de veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y cinco (RJ 1965\3670)- interviniendo las mismas personas, en la misma calidad, las mismas cosas y la misma causa de pedir con arreglo a la legislación y al procedimiento vigentes a la sazón, relacionado con una obra escultórica intitulada «Viaje a la luna en el fondo del mar», realizada por el ilustre escultor que en los dos pleitos figuró como demandante, para ser instalada en el hall del hotel «Las tres carabelas» (propiedad de la empresa «Industrias Turísticas, S. A.») de la localidad de TORREMOLINOS, donde una vez cumplido el encargo -con materiales y mano de obra suministrados por la empresa referida- y pagado su importe, fue efectivamente instalada, aunque por poco tiempo pues la empresa propietaria, alegando que lo realizado «no se ajustaba al boceto elegido» y contrastaba con la decoración del hotel, ordenó desmontarla, guardando sus elementos componentes en un almacén, ante la negativa del artista a que fuese instalada en ningún otro lugar; su pretensión, como demandante, se basaba en el derecho moral de autor, de carácter personalísimo, que le otorgaba la paternidad de la obra, que le permitía poder impedir que se deforme o mutile, con la facultad de reproducción e incluso de retirarla de la circulación, con base en lo cual solicitaba una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a su propiedad artística, que habrían de ser fijados en período de ejecución de sentencia; pretensión, a la que se opuso el comprador de la obra, alegando su derecho de propiedad, sólo limitable por la ley o la voluntad de las partes, decidiéndose la disputa en instancia y en casación, en favor de lo segundo, con apoyo en la legalidad aplicable a cuyo tenor el artista puede reproducir su obra y exponer la reproducción, pero no disponer del ejemplar concreto adquirido por quien lo compra, al que no se puede obligar a ser desposeído de lo que adquirió, sin que pueda deducirse otra cosa del Convenio de BERNA de 1886 (NDL 25065), ni de las Conferencias de ROMA de 1928 (RCL 1932\996 y NDL 25080) y de BRUSELAS de 1948 (RCL 1951\957 y NDL 25092), ratificados por ESPAÑA, pero que no tuvieron el necesario desarrollo positivo en nuestro país, donde continuaba rigiendo la vieja Ley de diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve, que no permitía una solución diferente, en relación con el artículo mil novecientos dos del Código Civil, que fue el alegado en apoyo de la pretensión ejercitada por la vía procedimental permitida.
CONSIDERANDO: Que el nuevo planteamiento, se basa en el cambio de legislación producido en ESPAÑA a partir de la promulgación de la Constitución política de mil novecientos setenta y ocho (RCL 1978\2836) y de las leyes que, en este punto, la complementan, especialmente de la de veintiséis de diciembre del mismo año (RCL 1979\21) llamada de «Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona» que se estima no afectan al principio de cosa juzgada respecto de la Sentencia de este Tribunal Supremo, antes citada de veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y cinco, afirmando que ésta tiene un límite cronológico inmanente que deriva de que la desestimación del recurso anterior se produjo por no existir disposición que, específicamente, sancionase o amparase el derecho que se pretendía y teniendo la Constitución una eficacia directa y aplicativa inmediata, se explica que una situación jurídica lícita, con anterioridad, pueda transformarse en otra ilegítima e inconstitucional desde el momento de la entrada en vigor de la Norma Suprema y justifica que se pueda ejercitar una pretensión distinta de amparo de un derecho fundamental, cual es el de la creación y producción artística del artículo veinte, uno, apartado, letra b) de la Constitución, pues la obra discutida fue sólo desmontada -no destruida- continuando como estaba, por lo que subsiste el efecto del acto y consiguientemente, la posibilidad de hecho, de que el artista la recree de nuevo, la modifique o incluso la retire, utilizando para ello, el procedimiento jurisdiccional nuevamente creado; pretensión que fue desestimada en las dos instancias, donde se acogió la excepción formulada de contrario, de incompetencia de jurisdicción, por inadecuación de procedimiento, contra la que se alza el motivo primero del recurso, que, por el cauce del número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento, denuncia defecto en el ejercicio de la jurisdicción, con infracción de los veinticuatro, uno y cincuenta y tres, dos de la Constitución, de la disposición transitoria segunda, dos, de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional de tres de octubre de mil novecientos setenta y nueve ( RCL 1979\2383) y del artículo once, en sus dos números, de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho; preceptos, los citados, a los que sirven de cobertura genérica los constitucionales, siendo de recordar que el veinticuatro, uno, proclama que «las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión»; y, a su vez, el cincuenta y tres, dos, dispone «cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo catorce y la Sección primera del Capítulo segundo, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional»; en consonancia con lo cual y en virtud del principio rogado de la jurisdicción, el demandante en su día, dedujo su pretensión por el cauce del procedimiento que creyó pertinente, al que se opuso la contraparte, justo en uso de su derecho, alegando la excepción referida, con base en las razones que consideró oportunas, dentro del único procedimiento en que podía hacerlo, que era el elegido por la parte actora para que se tramitase la pretensión, lo que priva de validez al reproche que el recurso formula en este sentido, contra los Juzgadores de instancia, de seguir un procedimiento que después califican de inadecuado.
CONSIDERANDO: Que el derecho que se alega como perjudicado en este caso, se pone en relación con el artículo veinte de la Constitución, apartado uno, letra b), a cuyo tenor «se reconocen y protegen los derechos... a la producción y creación... artística», precepto que está incluido en la Sección primera (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas), del Capítulo segundo (Derechos y libertades) del Título primero (De los derechos y deberes fundamentales); siendo de observar que lo que se consagra como fundamental, es un derecho genérico e impersonal, a producir o crear obras artísticas, pues no toda persona crea o produce arte, viniendo a proclamar la protección de una facultad; cuando se produce o crea, entonces lo que se protege es el resultado, que hace surgir un derecho especial, el derecho de autor, que no es un derecho de la personalidad porque asimismo carece de la nota indispensable de la esencialidad, pues no es consustancial o esencial a la persona, en cuanto que no toda persona es autor; y, conlleva la necesidad de la exteriorización, puesto que se crea o produce arte, para ser exteriorizado, lo que implica el nacimiento de otro derecho en favor de aquéllos a los que se exterioriza -público, adquirente, receptores- el primero de los cuales tiene por objeto un «bien inmaterial», mientras que en el segundo es un «bien material»; lo cual plantea una serie de problemas de coordinación de ambos derechos, que supone la de los respectivos intereses que entran en juego que surgen, no con la persona, sino como consecuencia de una actividad de ésta, cuya solución es difícil, que se intentó resolver en Derecho comparado sin resultados plenamente satisfactorios y a veces chocantes con las soluciones prácticas de la aplicación jurídica, que en ESPAÑA se acometió con el reciente intento de que se tiene noticia, de elaboración de un Proyecto de Ley, en tramitación; pero que la Constitución no sólo no resuelve, sino que ni siquiera intentó resolver instaurando una nueva normativa, pues, tiene buen cuidado, respecto de éste y de los demás derechos que consagra, en dejar las peculiaridades de cada uno de ellos, a la regulación especial que les corresponda, según se establece en el apartado cuarto del artículo veinte al hablar de «los preceptos de las leyes que lo desarrollen», y en el apartado primero del artículo cincuenta y tres, donde se añade que «sólo por ley, que, en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos».
CONSIDERANDO: Que como complemento de cuanto antecede, es de señalar que el tratamiento jurisdiccional de la figura, no ha sido alterado ni en su aspecto penal, ni sobre todo, por lo que aquí interesa, en el aspecto civil, pues no está comprendida en la ley, que se dice infringida, de veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho de «Protección jurisdiccional de los derechos de la persona», en cuyo artículo primero, apartado uno, se dice que «el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, gozarán de las garantías jurisdiccionales que en la misma se establecen»; no son todos los llamados derechos fundamentales, sino sólo los comprendidos en ella que son, específicamente, los señalados en el apartado segundo del precepto, sin perjuicio de lo establecido en su Disposición final, que son los siguientes: libertades de expresión, reunión, asociación, libertad y secreto de la correspondencia, libertad religiosa y la de residencia, la garantía de la inviolabilidad del domicilio, la protección jurídica frente a las detenciones ilegales y en general frente a las sanciones impuestas en materia de orden público»; el artículo once (primero de la Sección tercera dedicada a la «garantía jurisdiccional civil») establece, en su apartado primero que «las reclamaciones por vulneración o desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona comprendidas en el ámbito de esta ley», añadiendo en el apartado segundo que «las disposiciones de esta Sección serán aplicables, en todo caso, cuando las leyes reguladoras de los derechos fundamentales de la persona a que se refiere esta Ley establezcan alguna reclamación de orden civil»; y la Disposición final referida, insiste en este ámbito restringido al decir que «dentro de los dos meses desde la entrada en vigor de la Constitución y entre tanto se regula definitivamente el procedimiento judicial de amparo o tutela de los derechos reconocidos en la misma, el Gobierno, por Decreto legislativo, previa audiencia del Consejo de Estado, podrá incorporar al ámbito de aplicación de esta ley, los nuevos derechos constitucionalmente declarados que sean susceptibles de ella»; en cumplimiento de lo cual, se promulgó solamente, el Real Decreto de veinte de febrero de mil novecientos setenta y nueve (RCL 1979\575) (número trescientos cuarenta y dos) cuyo artículo único disponía que «quedan incorporados al ámbito de la protección de la Ley de veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, la libre circulación por el territorio nacional, la entrada y salida de ESPAÑA en los términos legales, la libertad de cátedra y la libertad sindical».
CONSIDERANDO: Que, complementando, a su vez, el referido Real Decreto, se aprobó la Ley Orgánica de cinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos (RCL 1982\1197), en cuyo artículo primero se reduce el ámbito de su aplicación al «derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución» y dentro del Capítulo segundo, dedicado a la «protección civil» de los expresados derechos, el artículo nueve establece que «la tutela judicial de los derechos a que se refiere la presente ley, podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución»; disponiéndose en la Disposición transitoria primera que «en tanto no se promulgue la normativa prevista en el artículo dieciocho, cuatro de la Constitución, la protección civil del honor y la intimidad personal y familiar se regulará por la presente ley»: y de su parte, en la Disposición transitoria segunda se establece que «en tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo cincuenta y tres, dos de la Constitución, sobre establecimiento de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la tutela judicial de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, se podrá recabar, con las peculiaridades que establece esta ley... por cualquiera de los procedimientos establecidos en las Secciones II y III de la Ley de veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho»; referido todo ello, a estrictos derechos de la personalidad, a los que no puede equipararse el derecho de autos cuestionado, que el legislador, con toda justeza y acierto jurídico, no equiparó.
CONSIDERANDO: Que otro tanto sucede con la regulación y aplicación en materia estrictamente constitucional, alegada por el recurso como infringida; en efecto: la Disposición transitoria segunda, dos, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de tres de octubre de mil novecientos setenta y nueve lo que literalmente determina es que «en tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución, para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales, se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo, será la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda de la ley de veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho sobre Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos, el ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artículo cincuenta y tres, dos de la Constitución»; disposición que, contrariamente a cuanto se sostiene en el recurso, lejos de desvirtuar lo hasta aquí expuesto, viene a confirmarlo: en primer lugar, porque la referencia que hace el precepto constitucional, debe ponerse en relación con el apartado uno del mismo, en cuyo segundo inciso se dispone que «sólo por ley... podrá regularse el ejercicio de tales derechos», lo que significa que habrá que estar a lo que legalmente se establezca justo para ese ejercicio, en la forma que quedó expuesta; en segundo término, porque la única vía de que se habla -con carácter previo al recurso de amparo- es la contencioso-administrativa, en las dos variantes de ordinaria y de la configurada en la Sección segunda de la ley de veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho (también contencioso-administrativa) a cuyos efectos, única y exclusivamente se extiende el ámbito de la ley; y en tercer lugar, porque la extensión generalizada, que pretende el recurso, sería contraria a la normativa legal de estos derechos, cuyas posibilidades de ejercicio procedimental, no puede ser alterada de la forma indirecta que se intenta.
CONSIDERANDO: Que tampoco puede considerarse infringida la Jurisprudencial recogida en las resoluciones del Tribunal Constitucional que cita el recurso en apoyo de su interpretación pues las Sentencias de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y dos ( RTC 1982\67) y veintidós de junio de mil novecientos ochenta y tres (RTC 1983\55), se refieren las dos a unos recursos de amparo, como consecuencia de sendos procesos laborales, partiendo evidentemente de la equiparación de los mismos a la jurisdicción contencioso-administrativa que, como se dijo, está expresamente admitida en el ámbito de las posibilidades legales; el Auto de cinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos hace relación a los derechos de igualdad y libertad, respecto de un pleito seguido por un fotógrafo al que una Asociación profesional se negó a admitir como miembro, derechos de los que trae causa, sin duda comprendidos en la enumeración del apartado segundo del artículo primero de la Ley de veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho; y la Sentencia de doce de junio de mil novecientos ochenta y cuatro (RTC 1984\71) que se limita a proclamar que «los derechos fundamentales tienen en la Ley de mil novecientos setenta y ocho, una triple protección, correspondiendo a la civil, el carácter de ordinaria y plena para el conocimiento de las reclamaciones que se formulen respecto de los bienes en los que el autor tenga la condición de particular» donde se proclama un principio general indiscutible pero que, forzosamente tiene que atemperarse a los supuestos concretos que la ley establece, en la forma y con el procedimiento que en la misma se determine, sin que se haga referencia al supuesto que se examina.
CONSIDERANDO: Que todo cuanto antecede está poniendo de manifiesto que la fórmula genérica del artículo veinte, uno b) del texto constitucional, no fue producto de la imprecisión sino introducida conscientemente, de la que se mantuvo la única línea lógicamente posible, tanto en cuanto a la configuración del instituido «derecho de autor», como sobre todo, por lo que respecta al procedimiento jurisdiccional para su ejercicio que ha quedado intocado, pendiente, como también es lógico, de su estructuración legislativa propia y específica, que no es misión que corresponda al Juzgador, limitado por ley a la interpretación y aplicación del Derecho; y asimismo, pone de relieve la falta de fundamento del primer motivo del recurso, que no puede ser acogido, al no justificar debidamente que el procedimiento seguido era el adecuado, lo que impide el examen del segundo, referente al fondo del asunto y supone la desestimación del recurso en su totalidad, con los preceptivos pronunciamientos del último párrafo del artículo mil setecientos quince de la Ley de Enjuiciamiento, respecto de las costas causadas en este trámite y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

References: artículo 33
 artículo 20
 Real Decreto 
 Real Decreto 
sui generis
sui generis
e contrario
 Real Decreto