Source: http://laolmos.blogspot.com.ar/2013/
Timestamp: 2017-07-22 14:52:38+00:00

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La Olmos: 2013
El haber que perciben 8 de cada 10 jubilados cubre la mitad de sus necesidades
El haber mínimo que hoy cobra el 75 % de los jubilados, cubre la mitad de la canasta para la tercera edad, calculada en $ 4.885 por mes. Así lo estableció el octavo reporte de la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. En el caso de un matrimonio, ambos jubilados, el costo de la canasta ronda los $6.000 mensuales por lo que dos jubilaciones mínimas -de ambos cónyuges- no cubren el costo de esa canasta.
Los haberes de los últimos doce meses aumentaron más que los precios de la canasta (31,8 % y 23% respectivamente). Sin embargo no llegan a cubrir las necesidades básicas de la tercera edad, calculada por la Defensoría en $4.885 mensuales o $ 162 diarios.
Los ajustes de haberes se hacen cada semestre y por este motivo la mejora se relativiza porque los precios aumentan semana a semana, sin que se compense la inflación que se va dejando atrás.
Para calcular la canasta de la tercera edad, la Defensoría a cargo de Semino tiene en cuenta las necesidades básicas de la gente mayor — que tiene una estructura de consumo propia— y no como “sinónimo de pobreza”.
En esa canasta pesan más los gastos de alimentación y salud y menos los de transporte o recreación.
No se incluyen los gastos de internet, celulares, medicamentos costosos o extras de salud, vacaciones, regalos a nietos, festejos, movilidad especial ni tampoco dietas especiales o alimentos para mascotas.
Así, la canasta contiene los bienes imprescindibles de una persona de tercera edad, además valuados a precios por debajo de la media de comercios y negocios, incluidos supermercados chinos.
De esa canasta surge que el jubilado necesita gastar en alimentos $ 1.805 por mes ($ 60 por día) y $ 320 en vestimenta.
Los gastos de vivienda –alquiler o las expensas y tasas, más gas, luz, teléfono y cable– es de $ 1.587 y en salud el gasto asciende a $ 219 porque no incluye los gastos de tratamientos complejos y supone que cuenta con la cobertura de la obra social y no requiere de personal o en su casa de una persona.
El gasto en transporte suma $ 218, los artículos de limpieza $ 561 y los de recreación -$ 157– toma en cuenta una sola salida al cine, una comida en una pizzería y la cuota de un centro de jubilados.
Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, se sumó al reclamo de diversas organizaciones de jubilados y pensionados y pidió al Gobierno que a partir de diciembre otorgue un reajuste de $ 900 a 5,9 millones de los jubilados y pensionados nacionales y a 1,4 millón de pensiones asistenciales o no contributivas.
Con este monto, la jubilación mínima, que hoy es de $ 2.477, se elevaría a $ 3.300 que es el valor del salario mínimo, vital y móvil. Y las pensiones no contributivas que rondan los $ 1.700 mensuales pasarían así a $ 2.600 por mes.
“Dicho reclamo es consonante con el de las Organizaciones del sector tales como la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y pensionados, Jubilados de la Central de trabajadores de la Argentina CTA, Parlamentos de la Tercera de edad de la República Argentina, entre otras”, dijo Semino.
Semino fundamentó su pedido en la suba de los precios de los alimentos que castiga con más fuerza los sectores de menores ingresos. Los alimentos y los gastos de salud -que tuvieron un fuerte incremento en los últimos meses- son los que más inciden en la canasta de los jubilados.
También sostiene que el incremento de los haberes puede ser afrontado con el superávit de la ANSeS. El Presupuesto 2014 dice que la ANSeS tendrá un resultado positivo de $ 44.077 millones.
¿Más cerca o más allá de Keynes o de Marx?: Las expectativas de política económica en la Argentina por Julio C. GambinaAcaban de designar a Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía de la Argentina. La medida está acompañada de cambios, entre otros, en la titularidad del BCRA y de la Jefatura de Gabinete, ahora a cargo del gobernador chaqueño Jorge Capitanich. También renunció Moreno como Secretario de Comercio. Son mutaciones resultado del nuevo escenario político emergente de las elecciones legislativas de medio turno. Es una forma de recomponer la política de gobierno hacia al fin del periodo en diciembre del 2015.
¿Solo cambio de nombres o correcciones en la política? ¿En qué sentido, para satisfacer las demandas de quiénes? Grandes productores y exportadores piden devaluación. Los trabajadores activos y pasivos, incrementos de sus ingresos, mejoras en las condiciones de trabajo, empleo los desocupados, regularización los precarios. En las próximas horas se le irá viendo la pata a la sota, más allá de pergaminos históricos que puedan esgrimir los nuevos protagonistas de la gestión gubernamental de CFK.
Las informaciones sobre Kicillof (AK) remiten a la experiencia de gestión desde el 2009, sea en Aerolíneas Argentinas, en la representación de los Directorios de empresas, caso de Techint, y más recientemente en la orientación de política económica desde el vice ministerio de economía. En este sentido destaca el involucramiento directo en materia energética con la gestión estatal de YPF y el acuerdo con Chevron, como con el plan de viviendas Pro.Cre.Ar. Se trata de una imagen orientada a la producción, en un momento donde lo principal del titular anterior del Ministerio estaba enfocado en negociar y cancelar deuda pública, lo que define el destino de Hernán Lorenzino al frente de la “Unidad especial de negociación de deuda” que compartirá con el cargo de embajador ante la Unión Europea.
Pero también remiten a los antecedentes académicos de AK, de más larga trayectoria, con formación y referencia en dos grandes teóricos de la Economía Política: Carl Marx (CM) y John Maynard Keynes (JMK). Algunos pretenden fundir a uno con otro, desconsiderando épocas diferentes de actuación y propósitos opuestos de uno y otro. Vale comentar que el británico JMK se destacó por sus análisis teóricos y sugerencias de políticas de intervención pública para superar la crisis de los años 30 del siglo pasado. Fue y es considerado un intelectual orgánico que intervino en la teoría y práctica del salvataje del capitalismo en crisis. Hay que pensar que hoy, el salvataje de bancos y empresas constituye una de las orientaciones principales de los hacedores de políticas en el capitalismo mundial contemporáneo, sean de culto neoliberal u heterodoxos, incluso neo-keynesianos. Por su parte, CM fue y expresa hoy al teórico y político asociado a los destinos de la clase obrera, que cimentó la teoría y práctica de la crítica al capitalismo, promoviendo la superación socialista.
Es cierto que siempre hay izquierda y derecha, o posiciones relativas en ese sentido. Siempre se podrá estar a la izquierda de Alzogaray, de Cavallo, o de López Murphy, por solo nombrar algunos históricos referentes de ese espectro económico. Ello no amerita expresar pensamiento o práctica política y social de izquierda. Algunos quieren significar en la designación de AK un giro a la izquierda, y los “mercados” responden en ese sentido, con bajas en las cotizaciones bursátiles. Al mismo tiempo escamotean la mención al nuevo Jefe de Ministros, ex funcionario de Duhalde y hombre del Partido Justicialista (PJ).
¿Cuál de las designaciones expresa el sentido principal del rumbo a seguir? Es prematuro quizá el pronunciamiento, pero insistamos, todo se agota en conocer qué reivindicaciones se atienden. Si se ataca la inflación, habrá que considerar que precios se sincera. ¿Será el alza de los ingresos populares y efectivas medidas contra el monopolio productivo y de comercialización? ¿Seguirán la demanda de ajuste y achicamiento del gasto público social? ¿Se frena la salida de divisas suspendiendo el pago de la deuda, investigándola y haciendo cumplir las sentencias judiciales en ese sentido (Juez Ballesteros, del año 2000 y otras acciones en la Justicia)? ¿Se desdobla el mercado financiero favoreciendo depreciaciones o devaluaciones solicitadas por el poder económico?
Son demasiados interrogantes que los cambios por si solos no definen y más que esperar, la presión social debe ser mayor que la presión ideológica de los viejos nuevos referentes de las clases dominantes que vuelven a poblar los medios de comunicación solicitando ajuste, reducción del gasto, aumento de tarifas, liberación del comercio de divisas y seguridad jurídica de las inversiones externas. Cómo hemos sostenido en varias ocasiones, el gran interrogante es qué presión se ejerce con más fuerza. Una de ellas es la jornada de movilización de la CTA del 20 de noviembre, por cambios en la política económica que satisfagan las necesidades de los trabajadores y de los de abajo.
Hemos dicho hasta el cansancio que la economía es política y que los interrogantes que hoy pueblan las especulaciones mediáticas solo se resuelven en la correlación de fuerzas de la confrontación de intereses. No existe el bienestar general, sino la satisfacción de las necesidades de los sectores más desfavorecidos o las demandas del poder dominante, la rentabilidad del capital, la concentración y la extranjerización de la economía.
Por las trabas, vuelven a denunciar faltantes de insumos médicos
Cuando se agudiza la salida de divisas, se agudizan las trabas a
las importaciones. Pero la desesperación de Guillermo Moreno llega al punto de complicar el ingreso de algunos insumos vitales como los destinados al sector de la Salud. Es una denuncia que comenzó en 2012, se reiteró a mediados de este año y ahora los faltantes más problemáticos están relacionados con tratamientos oncológicos. Un relevamiento de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), determinó que las importaciones de insumos para hospitales, clínicas, y pacientes del sector de la salud público y privado no superan los US$1.000 millones.
Los medicamentos oncológicos serían los más afectados.
Se repite la noticia: Las trabas a las importaciones vuelven a generar trastornos en la Salud. El año pasado los faltantes de insumos básicos para atender a los enfermos se reportaron en varias provincias. Incluso cirugías programadas en el Hospital Infantil de Córdoba se tuvieron que aplazar por los faltantes. Ahora, con la fuga de divisas otra vez en niveles altos, vuelven a reportarse problemas especialmente en los medicamentos oncológicos.
Ya en mayo pasado, Miguel Bus,
Secretario de la Cámara de Droguerías e Insumos Médicos de Rosario explicó que las trabas a las importaciones impuestas por el Secretario de Comercio Guillermo Moreno hacen que la llegada de las partidas de insumos hospitalarios tarden más de lo normal. De no solucionarse advirtió que sólo quedaban insumos para los próximos 60 a 90 días.
Ahora, según un relevamiento que empezó a elaborar la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), las importaciones de insumos para hospitales, clínicas, y pacientes del sector de la salud público y privado no superan los US$1.000 millones.
En comparación con otros rubros, esas cifras se multiplican casi 10 veces de las que requieren los centros de salud, como el automotriz (US$8.000 millones), la energía (US$8.000), o el turismo (US$9.300 millones).
"Estos valores no mueven el amperímetro en términos de divisas y se está poniendo en riesgo la salud de nuestra gente”, enfatizó el gerente de Relaciones Institucionales de la cámara, Miguel Ponce.
Según el diario El Cronista, los faltantes
más problemáticos están relacionados con tratamientos oncológicos, utilizados para la detección de mielomas, el estudio de los carcinomas y
neoplasias y el análisis de los posibles tratamientos. Son insumos y reactivos que están instalados en una docena de hospitales nacionales.
Entre los establecimientos afectados, están los hospitales de Pediatría Juan Garrahan, Ricardo Gutiérrez y Sor
María Ludovica de La Plata; el Cosme Argerich, HIGA Presidente Perón, HIGA Evita de Lanús, Tornú, Penna de Bahía Blanca y el Ramos Mejía. Además, el desabastecimiento alcanza al Instituto Roffo, la Unidad Milstein (ex hospital Francés) y el Sanatorio Julio Méndez, entre otros tantos.
Hay demoras de la Secretaría de Comercio Interior en aprobar las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
(DJAI). También afecta a las películas destinadas a realizar radiografías y mamografías, análogas y digitales, así como también relevadores y fijadores (químicos) de estas películas.
De estos productos, entre el 60 y el 70% se destinan al abastecimiento de centros de salud públicos, mientras que
el resto es para los privados. Faltan, además, software y programas de aplicación, así como también reactivos para pesquisas neonatales y prenatales y material plástico para laboratorios.
Otros productos que escasean son anestesias, agujas gingiva les para la aplicación de anestesias, insumos
para blanqueamiento dental, guantes de latex para examinación y dientes
de acrílicos para confección de prótesis.
BarricK: con B de Bachelet y K de Kirchner por Javier Llorens - Lázaro LlorensPara salvar el proyecto Pascua - Lama Barrick Gold lleva adelante una audaz estrategia a ambos lados de la cordillera, consistente en efectuar modificaciones “progresistas” en la Constitución de Chile y el Código Civil de Argentina.Recientemente Barrick Gold, la megaminera multinacional, anunció el cese temporal de su proyecto binacional Pascua Lama, ubicado en Chile y Argentina, sobre la cordillera de Los Andes, en etapa de construcción. La noticia la dio el presidente de Barrick Jamie Sokalsky, mediante un comunicado en el que informó: “Hemos determinado que el rumbo prudente en esta etapa es suspender el proyecto, pero naturalmente mantendremos nuestra opción de reanudar la construcción y culminar el proyecto cuando se logren mejoras en los desafíos actuales. La decisión de retomar el ritmo de construcción dependerá de mejores condiciones económicas para el proyecto, las perspectivas para el precio de los metales y una menor incertidumbre asociada a asuntos legales y otros requerimientos regulatorios en Chile.”¿Concretamente a qué se debe este cierre temporal de Pascua Lama, uno de los yacimientos más grandes del mundo, donde Barrick Gold, vinculada al grupo Rockefeller, preveía obtener no menos de 30 mil millones de dólares en oro, plata, cobre y otros metales? ¿Cuáles son los “desafíos actuales” e “incertidumbres” a los que alude Sokalsky CEO de Barrick? Al respecto se puede decir que la explotación del yacimiento binacional Pascua Lama, ubicado en la región de Acatama (Chile) y San Juan (Argentina) pende literalmente de un delgado hilo, por fallos judiciales adversos, nuevas leyes ambientales, y reclamos sociales. Tanto que solo un profundo cambio en las leyes de ambos países pueden salvarlo.En Chile, la situación está al límite. El 26 de septiembre del 2013 la Corte Suprema de Chile, ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que ordenó suspender temporalmente las obras de Pascua Lama, a raíz de la contaminación y destrucción de los glaciares y contaminación de las aguas perpetrados por la Barrick, hasta tanto la empresa tenga un adecuado sistema de manejo del agua, y del polvo levantado por sus maquinarias. Las pruebas son tan abrumadoras que la propia multinacional, reconoció los hechos, luego de negarlos durante años. “La empresa Minera Nevada (subsidiaria de Barrick Gold) ha reconocido que ha cometido infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental por lo tanto, creemos que el fallo se ajusta a derecho”, informó la empresa a través de su abogado José Antonio Urrutia. Quien consideró el fallo adverso un triunfo, porque la Corte no había dispuesto la revocación a la Resolución de Calificación Ambiental, que hubiese deparado la cancelación definitiva del proyecto.Este pronunciamiento de la Corte surgió de una demanda presentada por cuatro comunidades diaguitas de Chile, que habitan en el norte del país, en la provincia del Huasco, en Atacama, una de las regiones más secas del mundo. Donde las empresas mineras desde hace años vienen perpetrando todo tipo de estragos. Dichas comunidades denunciaron que la puesta en marcha de Pascua Lama había afectado seriamente los ríos y glaciares del lugar, alguno de los cuales fueron dinamitados o cubiertos de polvos.Esto no parece haber sido casual, dado que la Barrick había propuesto nada menos que trasladar los glaciares de modestas dimensiones que existen en Chile en esa región, para poder explotar los metales preciosos diseminados en la roca que están debajo de ellos, lo que fue denegado de plano por las autoridades chilenas. No obstante la Barrick parecería haber optado por acelerar su desaparición, al no tomar precaución alguna en el manejo del polvo levantado por la operación de las descomunales maquinas que hacían el destape del tajo a cielo abierto, pese las previsiones del caso. El cual al depositarse sobre los glaciares aceleraron su derretimiento, por efecto de que su opacidad no refleja la radiación solar, sino que la absorbe. Echándole empero la culpa de ello al cambio climático, tal como hizo Barrick ante la justicia chilena.En Chile el agua vale más que el oroPero la cuestión no acaba allí. A estos fallos judiciales adversos, Barrick le tiene que añadir el complejo sistema legal existente en Chile respecto el uso del agua, que se rige bajo un esquema absolutamente mercantilista y privatista, dando lugar a un disputado “mercado del agua”, entre mineras y agricultores. Situación que llevó a la Barrick Gold a romper el cerco, y traspasar la frontera hacía Argentina en busca de agua. “El líder en la industria del oro”, como se autotitula Barrick, cuando ve al oro no lo detiene ningún obstáculo, ni siquiera fronterizo. Ni tampoco legal, como se verá seguidamente.Diseñado por los “Chicago Boys”, el “Código de Aguas” chileno fue aprobado por el ex dictador Augusto Pinochet en 1981, luego de una reforma constitucional. Se caracteriza por la compra y venta de agua sin intervención alguna del Estado, sólo por operadores privados, que ofertan cupos de agua mediante un sistema de licitaciones. Que ante la carestía crónica de ella en el norte chileno, ha hecho al agua más valiosa que el oro, con una gran cantidad de conflictos que derivan en una alta litigiosidad judicial.“El problema central del Código de Aguas es que la parte regulatoria es demasiado débil. Para graficarlo: en Estados Unidos los derechos de propiedad del agua no son muy distintos a la fórmula chilena, pero van de la mano con una regulación pública fuerte, una autoridad legal por parte del Estado para imponer restricciones al ejercicio de los usos de los derechos privados, ya que se entiende que es necesario un equilibrio” dice al respecto, el investigador norteamericano Carl Bauer, autor del libro “Cantos de Sirena”, desde donde aborda el marco legal del manejo del agua en Chile.Precisamente, son estas restricciones que impone el Código de Aguas chileno, destacadas por Bauer, lo que motivó a la empresa Barrick Gold a realizar un audaz emprendimiento minero binacional mundial, único en el mundo, incorporando a la Argentina para obtener de este país el agua que escasea en Chile. De allí el nombre Pascua - Lama. Así figura claramente expuesto en su proyecto publicado en su sitio web http://barricksudamerica.com/pascua-lama/. En el cual la multinacional del oro prevé: dinamitar la montaña en Chile, en la zona de Pascua; moler allí la roca, para lo cual necesita una mínima cantidad de agua para humectarla; y transportarla por un túnel hasta Argentina en la zona de Lama, para procesarla químico industrialmente y extraer de ella los metales nobles y preciosos.El mismo se efectúa rociando la roca chilena molida, con millones de metros cúbicos de agua argentina, mezclada con cientos de miles de metros cúbicos de cianuro, para separar el mineral de la roca en forma de líquido, y recuperarlos después como sólidos en la planta fabril que se encuentra ad hoc en Lama. Quedando todos los desechos industriales contaminantes del lado argentino, en los famosos “diques de cola”, y vertederos de roca inerte, mientras la tributación quedará en Chile. Como síntesis, según el estudio de impacto ambiental que presentó Barrick Gold, por cada gramo de oro extraído en Pascua Lama, se precisará remover 4 toneladas de roca, consumir 380 litros de agua, 43,6 KWh de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio) 2 litros de gasolina, 1,1 kilogramos de explosivos, y 850 gramos de cianuro de sodio.Pero la concreción de ese faraónico proyecto binacional, consistente en emplear masivamente recursos de ambos lados de la cordillera, no se pudo finiquitar porque estando en una avanzada etapa de construcción del orden del 80%, fue frenada primero por la Corte de Apelaciones de Copiapó, y luego por la Corte Suprema de Chile. “Ya se encuentran edificadas en Argentina y en Chile la mayor parte de sus obras, entre las cuales cabe mencionar: los campamentos, el muro corta fugas, la planta de drenaje ácido, las piscinas de acumulación de agua, la planta de procesamiento de minerales, el edificio de molienda, los equipos de montaje, el equipo de ensamblaje, el túnel para el transporte de mineral hacia Argentina y el camino minero de acceso al rajo, entre otros”, detalló Barrick Gold ante la justicia chilena. La cual por los daños ocasionados a los glaciares y a las cuencas hídricas, ordenó no obstante a principios de este año el cese inmediato en el avance del emprendimiento.Barrick con B de BacheletSi hay algo que caracteriza a las multinacionales succionadoras de recursos naturales como la Barrick Gold, es su intrepidez, tenacidad, y adaptabilidad. Haciendo honor al aserto minero que dice que en la minería del oro, las reglas las pone el oro. A la par que la Corte Suprema de Chile emitía su falló ratificando el de la Corte de Copiapó, la Barrick como último recurso, ya habría impulsado a través del partido de la Concertación y su candidata Michel Bachelet, favorita en las encuestas, un audaz plan de salvataje de Pascua Lama. Que consistiría en esencia en una reforma de la Constitución Nacional y el Código de Aguas, dos cuestiones que según el programa de gobierno de Bachelet serán prioridades en su gobierno (http://michellebachelet.cl/programa/)“La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales. Se declara las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” promete Bachellet en caso de acceder a la presidencia. Dejando entrever empero su hilacha pro megaminería en esa promesa, al hablar solo del derecho a las tradicionales regalías para el estado, cuando ante el agotamiento de los recursos naturales, ahora en el mundo se habla de contratos de participación.Los encuestadores dan por descontado el arribo de Bachelet a la presidencia, dudando solo si será por nocaut en la primera vuelta, o en la segunda vuelta. A la par que su competidora Evelyn Matthei, candidata del partido oficialista, la acusa de recibir una enorme cantidad de financiamiento electoral de orígenes inciertos. Mientras que otros competidores opinan que su programa electoral es “ambiguo, poco progresista, y busca mantener el sistema neoliberal en el país”. Y por su parte el candidato del Partido Humanista Marcel Claude reprocha que “el problema no es la señora Bachelet ni la señora Matthei, sino quienes están detrás de ellos. Monsanto, Barrick Gold, las AF(J)P”. Todas ellas vinculadas al mega grupo Rockefeller.Lo concreto es que el programa de gobierno “progre” de Bachelet, le apunta precisamente a donde le aprieta el zapato a la Barrick Gold. En él la candidata afirma: “El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las aguas como bien nacional de uso público. La actividad minera debe ajustarse a las nuevas exigencias socio-ambientales y debemos mostrar al mundo que nuestra vocación por la sustentabilidad nos impulsa a establecer los mejores estándares. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá establecer los lineamientos de política para hacerse cargo de este objetivo”.Respecto las modificaciones del cuestionado Código de Aguas de Pinochet, como en un mensaje entre líneas para la Barrick Bachellet asegura, que “hay un tema súper importante: el Agua. Ese es un tema que se ha instalado entre los principales desafíos de Chile y lo tenemos que enfrentar seriamente. Nombraremos un delgado presidencial para que se dedique exclusivamente a desarrollar soluciones en cada región para la escases de agua”. Y como para que no quedaran dudas de la profunda imbricación entre la megaminería y el agua, en el proyecto de reforma de la Constitución, en el capítulo del “Programa Económico”, Bachelet los pone juntos a ambos. Como si se tratara de hermanos siameses, mostrando así la pata de la sota prominera; y como si el agua nada tendría que ver con la vida humana, ni otras formas de vida.http://michellebachelet.cl/wp-content/uploads/2013/10/Miner%C3%ADa-y-Recursos-H%C3%ADdricos-72-75.pdfAl respecto la Barrick Gold y el partido de la Concertación, han construido una relación que se fue haciendo cada vez más estrecha. Cuando fue candidata a presidenta en el 2005, refiriéndose al proyecto Pascua Lama, Bachellet aseguró que no iba permitir la destrucción de los glaciares e iba a legislar para protegerlos. Sin embargo, como denuncian al unisonó las organizaciones ecologistas de Chile, en el 2006 apenas asumió como presidenta, Bachellet no solo no aprobó ninguna ley de protección de glaciares, sino que aprobó el estudio de Impacto Ambiental de Barrick Gold (Nevada Minera) para Pascua Lama. El mismo que según constató la justicia chilena, había sido incumplido enteramente por dicha compañía.Para llevar adelante esa tarea pro Barrick, Bachellet designó como ministra de minería a la periodista y master en relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, Karen Poniachik. Cuyo único antecedente era haberse desempeñado como directora de Programas Empresariales en el Council of the Americas (1995-2000) la mega cámara de empresarios multinacionales creada y presidida por el banquero David Rockefeller. Se trató de una curiosa designación, dado que Poniachik y su afortunada familia se habían exilado a Estados Unidos durante el gobierno de Allende, para regresar recién con el golpe de estado pinochetista.Gracias a los buenos oficios de Poniachik, luego de una reunión privada entre la presidenta Bachellet y los ejecutivos de Barrick Gold en la Casa de la Moneda de Chile, la actual candidata a presidente chilena ratificó el polémico Acuerdo Tributario entre Chile y Argentina. "En ese acuerdo tributario, Argentina resigna el derecho esencial de un Estado a recaudar impuestos al ceder (el 75 %) la potestad tributaria en favor de Chile, en realidad en favor de la Barrick" sintetiza al respecto el periodista y ex diputado Miguel Bonasso, autor del libro “El Mal. El modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina".Por esas delicadas faenas en beneficio de la Barrick Gold, pocos días antes de terminar su mandato, Bachellet fue agasajada en New York y premiada por Barrick Gold con la “Insignia de Oro de la Americas Society”. El evento se hizo en mayo del 2009, en una cena organizada por el “Council of the Americas”, de la cual su ministra Poniachik había sido directora. La cena fue auspiciada por Barrick Gold y Chevron, dos empresas vinculadas al grupo Rockefeller, esta última socia de YPF en el yacimiento argentino de Vaca Muerta. Esa noche acompañando a Bachellet, en medio de trajes de confección a medida y alta gastronomía, estuvo Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile y socio político de Bachellet.Ambos compartieron la mesa con el magnate David Rockefeller, dueño indirecto de la Barrick, cuya familia desde 1892 tiene puesta la pata sobre Chile, con la Anaconda Copper y el yacimiento de cobre a cielo abierto “Chuquicamata”, el más grande del mundo. Que pertenecía a Bolivia hasta antes de la Guerra del Pacífico, acaecida dos años antes. ”Luego de que las organizaciones contrarias a Pascua Lama se enteraron de que Bachelet iría a recibir la Insignia de Oro a Nueva York, el mayor reconocimiento que entregan ambas instituciones, se supo que ya había asistido en el 2005, antes de asumir” apuntó el periodista chileno Javier Karmy, quien resaltó que en realidad, “todos los presidentes posteriores a Pinochet conocieron a David Rockefeller”.Barrick con K de KirchnerSi en Chile las cosas no marchan nada bien para la Barrick, en Argentina no andan mucho mejor. En el 2008 el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, que fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el 2010, en medio de una fuerte polémica, el Congreso ratificó dicha ley, hoy vigente (N° 26.639). Al resguardar a los glaciares y la zona periglaciar como reservas de agua, ella puso en jaque el faraónico proyecto de Pascua - Lama de Barrick Gold; dado que por esa norma la empresa minera tiene prohibido realizar cualquier tipo de manejo en los glaciares, la zona periglaciar, y cursos de aguas adyacentes. Justamente lo que la empresa había venido ansiosamente a buscar a Argentina, en reemplazo de lo que le faltaba en Chile.Por esta razón, apenas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley, Barrick Gold impulsó dos medidas cautelares ante el juez federal de la provincia de San Juan, Miguel Ángel Gálvez. Solicitando que no se apliquen los seis principales artículos de ella en los emprendimientos Pascua Lama y Veladero que tiene Barrick en la provincia de San Juan, por considerarlos inconstitucionales. Referidos a la realización de un inventario de glaciares, y auditorías ambientales en los proyectos mineros en marcha; y las sanciones a aplicar en caso de constatarse daños en los glaciares, etc.Esos pedidos fueron resueltos en cuestión de horas a favor de la Barrick por el juez Gálvez. Quien sin ningún empacho, plagiando los mismos argumentos que la presidenta Fernández de Kirchner había usado para el veto de la primera ley de protección de glaciares, rápidamente aceptó el pedido de la cuestionada empresa. Que empecinadamente se negaba a acatar una ley dictada y ratificada por el Congreso con amplia mayoría. Demostrando así esto la inusitada capacidad de lobby que tiene Barrick Gold a ambos lados de la cordillera, y la importancia de esa ley que puso un palo en la rueda a sus proyectos mineros.Contó para ello con el total apoyo del gobernador kirchnerista de San Juan, José Luis Gioja, impulsor como presidente de las comisiones de Minería en el Congreso, de las leyes a favor de las megamineras durante la década indigna de los ’90. Quien a su vez en supuesta defensa del federalismo, hizo que la Legislatura sanjuanina aprobara una ley exprés de protección de glaciares de su autoría, escrita con nombre y apellido, al eliminar en ella todo lo que molestaba en la ley nacional a la Barrick Gold. Incurriendo así en una manifiesta ilegalidad, dado que conforme las previsiones constitucionales, las leyes nacionales ambientales fijan un piso o requisitos mínimos, que las provincias están obligadas a respetar.“Evidentemente la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares afectaba los intereses de aquellas empresas mineras que se encuentran operando en zona glacial y periglacial en la cordillera de los Andes” dijo al respecto la ex Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolloti. Quien denunció que debió renunciar a su puesto de secretaria durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por haberse empeñado en controlar ambientalmente a las empresas mineras. “Tanto Veladero como Pascua Lama no cumplen con la normativa ambiental y minera generando serios y peligrosos impactos para el ambiente y la salud humana” dijo Picolloti, titular de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CDHA).De esta manera, gracias a las cautelares dictadas por el juez Gálvez, durante un año la Barrick prosiguió imperturbable con sus emprendimientos en Veladero y Pascua Lama. Hasta que en julio del 2012 la Corte Suprema de Justicia argentina, dejó sin efecto las cautelares, y ratificó la plena aplicación de la ley nacional de protección de glaciares. De esta manera la resolución de la Corte, volvió a poner en la cornisa el proyecto Pascua Lama de la Barrick Gold. Cuya esencia del lado argentino es el uso masivo de agua, para poder concretar el procesamiento químico industrial sobre la roca metalífera obtenida en Chile.El nuevo Código Civil hecho con viejas trampasEstos tropiezos no parecen haber amilanado a la tenaz Barrick Gold. Por el contrario, la multinacional del oro habría operado y estaría operando para relativizar los efectos de ley de protección de glaciares que pende sobre su cabeza, mediante el dictado del nuevo Código Civil y Comercial. Cuyo anteproyecto recibió súbitamente el año pasado un fortísimo impulso por parte de la presidenta Fernández de Kirchner, y está actualmente tratándose en las comisiones del Congreso Nacional, donde existen acusaciones de que está redactado para favorecer a las empresas mineras. Debiéndose apuntar al respecto que en la pirámide jurídica, un código es una ley superior que viene inmediatamente después de la constitución, al que deben sujetarse las leyes inferiores.El ante proyecto, en el que intervinieron los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Higton, y otros juristas destacados del país, entre otras cuestiones establecía en su artículo 241, que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, al que “todos los habitantes tienen garantizado su acceso para fines vitales”. Sin embargo, según denuncian los legisladores de la oposición, para resguardar los intereses de las empresas mineras, al elevar el proyecto al Congreso, la presidenta Fernández de Kirchner habría introducido sustanciales cambios al texto, borrando de un plumazo la redacción de ese artículo 241, entre otras cosas.“La eliminación del artículo 241 sobre derecho al agua potable en el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional junto con el derecho a reclamar daños de incidencia colectiva no parece casual dentro de un contexto en donde en los últimos meses han surgido conflictos relacionados con la actividad de la megaminería metalífera a cielo abierto, que tiene al agua, como principal insumo", dijo el senador socialista Rubén Giustiniani, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta.Giustiniani hacía referencia así a otra modificación introducida en el artículo 240 del anteproyecto original, donde se fijan “Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”. En el cual también el Poder Ejecutivo efectúo mutilaciones y agregados muy sugestivos. Se establece en el mismo que el ejercicio de los derechos individuales, “debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva”. Pero a ese párrafo el Ejecutivo le mochó su terminación en el texto original, que agregaba que ello debía ser “en los términos del artículo 14” del mismo código, referido a los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”.En reemplazo de ello, el Poder Ejecutivó agregó que el ejercicio de esos derechos individuales “debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público”. Y en consonancia con esto, también mochó el párrafo que establecía que “los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial.” Apartando así de un plumazo a los ciudadanos particulares a intervenir directamente en las cuestiones ambientales que pueden perjudicarlos.A su vez para disimular el hachazo dado al artículo 241 original, referido a la garantía irrestricta al derecho al agua potable, al último párrafo del art 240 del texto original, el Poder Ejecutivo lo transformó en el art 241 que dice: “Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.”Sin embargo el manoseo por parte del Ejecutivo en la esencial cuestión ambiental y del agua no acabó allí, ya que también la emprendió contra el mencionado artículo 14 “Derechos individuales y de incidencia colectiva”. Al que mochó severamente, al eliminar enteramente el inciso b) referido a los “derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común”, respecto la responsabilidad civil en que incurriría un contaminador. Y casualmente este el mismo derecho que esgrimieron las comunidades diaguitas en Chile, que lograron que la Justicia suspendiera la ejecución del emprendimiento en Pascua Lama de la Barrick; por lo que se podría decir que esta que se quemó con leche, cuando ve una vaca llora.El Ejecutivo también mochó el inciso “c) derechos de incidencia colectiva que son indivisibles y de uso común” del mismo artículo. En la parte que decía “el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”. Desplegando así el Poder Ejecutivo sucesivas omisiones u obstáculos, para impedir o dificultar que particulares damnificados puedan emprender acciones judiciales contra la Barrick Gold y otras depredadoras ambientales (o de otra índole) que pudieran poner en peligro el accionar y lucro de estas.Además en el anteproyecto se ratificaron ambiguas disposiciones del Código Civil de Vélez Sarsfield, de 150 años atrás, cuando no existía conciencia de la existencia de glaciares, zonas periglaciares, y nivología, y menos por parte de habitantes de la pampa húmeda. Dejando así una grieta abierta por la cual se pueda escurrir el agua que tanto necesita la Barrick Gold, para obtener su ansiado oro. Uno es el artículo 238, “Bienes de los Particulares”, que estipula que “los bienes que no son del Estado nacional, provincial o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos”.El otro es el artículo 239, “Aguas de Los Particulares”, que establece que “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”. El artículo se refiere al agua que mana de la tierra, y ese es el efecto que produce el derretimiento de los glaciares y zonas periglaciares. De tal manera esta agua también sería del dueño particular, que según la Real Academía, es el que tiene el dominio de la cosa.Por lo tanto el alcance lato de este artículo, bien se podría entender como una privatización del agua de los glaciares, a favor de quienes tengan un dominio minero donde ellos se encuentran. Como es el caso de la Barrick Gold en Veladero y Pascua – Lama. Cuya obtención podrían acelerar de la misma manera que hizo la Barrick Gold en Chile, cubriendo de polvo los glaciares, echándole a la par la culpa al cambio climático, como hizo la Barrick en Chile. Y si hubiera algún reparo en cuanto a los alcances de la palabra dueño, la Barrick Gold con la ayuda del clan ultramegaminero Gioja, bien puede terminar comprando las cumbres de los Andes, a cambio de unas monedas, dado que no tendrá competencia alguna para ello.Paradojalmente, para solucionar los problemas de la Barrick Gold en el lado chileno, donde el agua escasea enormemente, e impedir su litigiosidad judicial que ha paralizado sus emprendimientos, Michelle Bachellet propone la estatización total del agua, incluidos los glaciares. Por su parte Cristina Fernández de Kirchner en el lado argentino, donde el agua es mucho más abundante, propone una privatización implícita del agua de los glaciares. Desplegando a la par preventivamente una batería de obstáculos, con el objeto de obstar que los particulares damnificados ambientalmente por la Barrick Gold, puedan emprender acciones judiciales que impidan o paralicen sus proyectos. Tal como le sucedió en Chile. De tal manera entre los “revisores” del anteproyecto de nuevo Código Civil, parecen encontrarse principalmente la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) el Mining Club, y la Barrick Gold.La traducción de “rock feller” es “talador de roca”. Haciendo honor a ese nombre, el grupo Rockefeller como un conquistador moderno, parece estar empeñado en llevar a cabo esa tarea a toda costa. Para la que necesita apoderarse del agua, y así poder llevarse puesto el oro diseminado en la cima de la cordillera de Los Andes. Contando para ello con la indispensable ayuda a ambos lados de la cordillera, de Michelle y Cristina, gobernantas que parecen ser dos Malinches modernas.
TORNO A UN INFORME DEL GEENAP SOBRE LA DEUDA PÚBLICA.
pasados la agencia Telam distribuyó una noticia relativa a la
reducción de la deuda pública según un Informe del Grupo de Estudio de Economía
Nacional y Popular (GEENaP).
nota, que se reproduce en la página web del GEENaP, correspondería a los datos
de su último informe – que es de Octubre 2013 – y toma por base los datos oficiales del
Ministerio de Economía (MECON) al 30.6 de este año.
propósito de este breve trabajo es señalar algunas omisiones, inexactitudes o
informaciones engañosas que surgen del citado informe en lo relativo a la Deuda Pública
DEL STOCK DE LA DEUDA.
asumir el gobierno Kirchner en 2003 la Deuda Pública en cabeza del Estado Central era de
unos 175.000 MD[1].
Durante la década completada en 2012 - según la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner (CFK)[2]
– se pagaron 173.700 MD. Pero el stock de la deuda es actualmente de 207.600 MD
(al 30.6.2013).
saldo de la Deuda
Pública aumentó 14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en 2012, para
2013 se previó originariamente un aumento de otros 10.800 MD y según el
Presupuesto aprobado para 2014 se prevé un nuevo aumento de 12.700 MD durante
ende, no es cierto que la
Argentina se esté des-endeudando.
EXTERNA PÚBLICA.
nota citada sobre el Informe del GENAaP se refiere sólo a la Deuda Externa del
Estado Central, mencionando su reducción con respecto al PBI.[3]
se dice que "la deuda nominada en dólares a diciembre de 2012 representó
solamente 13,7 por ciento del Producto Bruto", lo que equivalía a unos
60.200 MD, calculados sobre un PBI estimado a esa fecha de 440.000 MD. A
este total corresponde sumarle 11.500 MD de Bonistas que no entraron en el
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, lo que elevaría el monto a 71.700 MD. La
era así - tomando por base las cifras oficiales – aproximadamente un tercio de la Deuda Total (209.000
MD). EL
ÍNDICE DEUDA/PBI.
presentación de cifras de la
Deuda Pública como porcentaje del PBI conlleva una forma
imprecisa y engañosa de la solvencia fiscal.
autoridades se jactan de tener hoy una relación Deuda/Producto del orden del 44
% (al 30.6.2013) pero este indicador no refleja debidamente la verdadera
capacidad de repago del Estado:
1. Como problema
técnico de concepto, el índice compara dos magnitudes de naturaleza diferente:
un numerador – la Deuda
– que constituye una obligación financiera cierta y con perfil de vencimientos determinado
contra un denominador – el PBI – que constituye una magnitud económica estimada
de la producción de bienes y servicios del país en un año.
2. Dentro de su
forma de cálculo este índice no toma en cuenta una importante masa de Deuda no
Registrada que contiene obligaciones de pago concretas: fundamentalmente pago
de intereses futuros por 72.200 MD y pago de Cupones PBI por otros 15.000 MD.
Si se agrega este subtotal de 87.200 MD y la deuda con los Holdouts (11.500 MD),
que no está considerada, el ratio Deuda/PBI pasa al 65 % (295.000/450.000 MD).
de la fórmula de cálculo es asimétrica: si se toma como denominador el PBI
Nacional en el numerador debiera computarse la Deuda también Nacional y no sólo la del Estado
Central, es decir, debe agregarse también la deuda de Provincias/Municipios,
empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios, la Deuda cuasi-fiscal del Banco
Central (BCRA) y las deudas por juicios contra el Estado con sentencia en
gobierno Kirchner no solo no toma sino que ni siquiera informa estos datos, de
los que apenas se conocen algunas cifras muy parciales y/o desactualizadas[4], pero es muy posible que, si se toman también
las deudas no registradas y las diversas deudas oficiales de todo el país el
coeficiente Deuda/PBI sea hoy del orden del 100 %.
decir, que además de las reservas de concepto pueden añadirse las objeciones
específicas a la forma de cálculo del índice.[5] CONCLUSIONES.
engañoso ratio Deuda/PBI – con o sin los vicios citados en la forma de
calcularlo – es parte de la metodología internacional fijada por el FMI y se
presenta normalmente como la principal variable de monitoreo seguida por el
establishment financiero internacional pese a que – como lo hemos explicado en
el punto 1 – el mismo no constituye un indicador confiable de la solvencia
fiscal.[6] En
el caso argentino, durante la administración Kirchner se logró la reducción de
una parte significativa de la deuda en moneda extranjera que estaba en manos de
acreedores privados cancelando dichas obligaciones con Deuda intra-Estado
(fundamentalmente ANSES, BCRA, BNA y Agencias varias del Sector Público).
esta manera, el stock de la
Deuda Pública en su conjunto no bajó sino que las
obligaciones fueron traspasadas al propio Estado, con la importante
particularidad que esa deuda no tiene capacidad demostrada de repago.
“desagotado” así una parte del endeudamiento externo con terceros ahora se
afianza nuevamente la idea de volver a tomar deuda en el mercado internacional
el regreso a la idea neo-liberal de la
Deuda como forma de financiamiento estructural del Estado y a
la toma de obligaciones sin garantía de solvencia que luego revierten en una
retro-alimentación del sistema de Deuda Perpetua.[7] El
cable de Telam sobre el informe del GEENaP remarca justamente que la aducida
disminución de la Deuda
Externa Pública “permite pensar en un nuevo esquema de
financiamiento externo”.[8]
planteo está en línea con la Hoja
de Ruta Boudou - que se encuentra en curso - que contempla liquidar el problema
de los juicios de holdouts/arbitrajes ante el CIADI con nuevos bonos y llegar a
un arreglo de la Deuda
Externa con los países del Club de París para poder retornar
al Mercado, esto es, para volver a endeudarse.- Lic.
Héctor L GIULIANO
Aires, 23.12.2013
GIULIANO ARTICULO 2013 12 23 DP Y GEENAP
[1] Las abreviaturas MD/M$ corresponden a Millones de
Dólares/Pesos respectivamente y están expresadas siempre con redondeo, por lo
que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos. [2] En su discurso
del 26.8.2013, CFK dijo que el gobierno había pagado 173.700 MD en el decenio.
Las autoridades no han suministrado ninguna información desagregada sobre esta
cifra, aunque se supone que incluye pagos por intereses y cupones PBI pero
también amortizaciones de capital que fueron canceladas con nueva deuda
(fundamentalmente con Deuda intra-Estado). [3] A los fines del presente artículo se usan
indistintamente las abreviaturas PBI o PIB para indicar Producto Interno Bruto.
[4] Una reconstrucción parcial de estas deudas sólo se
tiene para el BCRA (unos 25.000 MD al 30.11.2013) y para el conjunto de las
Provincias (unos 30.000 MD al 31.12.2012), tratándose en ambos casos de deudas
en pesos y en moneda extranjera.
Aproximadamente el 50 % de la
Deuda consolidada de las Provincias está contraída con el
No se tiene, en cambio, referencia alguna sobre el total de la Deuda Pública
Indirecta - Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios –
que pudieran constituir el “agujero negro” de la deuda pública no sumada a la
deuda del Estado Central.
[5] Cabe agregar aquí una observación muy importante planteada
por Javier Llorens, de Córdoba, que tiene particular relevancia en el actual
caso argentino y es el problema del PBI Aparente, esto es, la distorsión del
quantum del Producto derivado del retraso cambiario: porque el PBI, calculado a
precios corrientes, resulta obviamente
más alto cuando se lo convierte a dólares al tipo de cambio oficial - que conlleva un fuerte atraso cambiario - y
consecuentemente el ratio Deuda/PBI resulta artificialmente más bajo. [6] Ejemplo: cuando la Argentina entró en
cesación de pagos en Diciembre de 2001 el coeficiente Deuda/PBI era de “sólo”
un 54 % del PBI (145.000/270.000 MD).
[7] El concepto de Deuda Perpetua deriva de la
contracción de obligaciones que luego, al no poder ser pagadas, tienen que ser
inexorablemente refinanciadas en forma constante, como ocurre con los Bonos del
Estado y las deudas con los Organismos Financieros Internacionales (Banco
Mundial, BID y CAF).
[8] El párrafo completo dice: "ello permite pensar
en un nuevo esquema de financiamiento externo orientado hacia el desarrollo
productivo de sectores estratégicos de la economía nacional, y no a la
valorización financiera".
Por un lado, no se entiende que significa tomar deuda para “la
valorización financiera”: todas las reestructuraciones de Deuda – incluso la
actualmente en curso por la administración Kirchner – fueron siempre
presentadas a la opinión pública como formas de refinanciación convenientes y
exitosas pero luego fracasaron porque no se pudieron pagar con recursos
normales, como el caso del Megacanje 2005-2010.
Por otro lado, la idea de financiamiento externo para proyectos
productivos – aún en la hipótesis de casos excepcionales y fundadamente
demostrados en su capacidad de repago - suena siempre muy bien para los
anuncios oficiales pero luego – como regla histórica de cumplimiento invariable
hasta la fecha – terminan siendo el argumento para endeudar al país en
proyectos tan cuestionables en cuanto al destino de los fondos como en cuanto a la verdadera necesidad de uso de los
préstamos que se requieren en moneda extranjera.
DE GABINETE Y RE-ENDEUDAMIENTO PÚBLICO.
aparente tranquilidad de los mercados bursátiles y las noticias periodísticas
no se corresponde con la gravedad objetiva de la situación financiero-fiscal
la idea: no se corresponde a menos que los cambios y las medidas que se están
tomando a nivel de gobierno ya estén predeterminadas y en consonancia con los
intereses del establishment financiero - ligado esencialmente al negocio de la
deuda pública - en cuyo caso sí se explica la tranquilidad citada.
objeto de este trabajo es analizar la validez de esta hipótesis, que tiene
bases ciertas aunque hasta ahora no se cuenta con anuncios claros y concretos sobre
las acciones a seguir por parte de la administración Kirchner en esta nueva
etapa suya de gobierno.
DE SITUACIÓN.[1]
las últimas semanas se ha producido un cambio de clima político en la Argentina: la licencia
de la presidenta, los resultados electorales con el avance del para-oficialismo
Massa y el desistimiento de una posible re-reelección de CFK abrieron un
paréntesis en las tensiones económicas-financieras y políticas en el país.
reciente crisis policial y los saqueos producidos días pasados en varias provincias
han introducido un interrogante dentro de este cuadro pero, en principio, se
entiende que la situación pasaría a ser controlada, aunque gracias a
concesiones salariales que empeorarían más todavía el déficit fiscal de la
mayoría de las provincias y también el déficit creciente del Estado Central.[2] El
relajamiento relativo del ambiente político, sin embargo, no mejora el cuadro
de situación financiera del Estado Argentino, que sigue tanto o más
comprometido que antes en medio de una nueva Crisis de Deuda Pública: una crisis
estructural por iliquidez y por insolvencia que sigue siempre vigente pero de
la que nunca se habla como tal.
manejo controlado de la opinión pública ha venido ayudando mucho en el
ocultamiento de la gravedad de este panorama, lo que es producto - como siempre
- de la colaboración y complicidad conjunta de oficialismo de turno, partidos
con mayor representación parlamentaria y grandes medios de comunicación. Pero
lo concreto es que este “cambio de clima” no altera ninguno de los problemas
básicos o de fondo que arrastra el gobierno Kirchner y sobre los cuales
“alguien” tiene que “ponerle el cascabel al gato”, es decir, alguien tiene que
tomar decisiones concretas, por lo menos en tres ámbitos prioritarios:
1. Inflación y
retraso cambiario, que están íntimamente relacionados entre sí.[3]
2. Posición de
Reservas Netas del Banco Central (BCRA), que se encuentra en estado de “alerta
roja” frente al desequilibrio de la
Balanza de Pagos y, particularmente, frente al perfil de
vencimientos de la Deuda
Externa, Pública y Privada.[4] 3. Fin de los
superávits gemelos – fiscal y externo - que han pasado a un fuerte déficit
creciente del Estado y a una neutralización del saldo de la Balanza de Pagos.[5]
tres cuestiones planteadas están directamente vinculadas con la nueva Crisis de
Deuda que vive el país:
- La Inflación aumenta por emisión de dinero del BCRA para
sostener los servicios de la
Deuda Pública – vía Adelantos Transitorios al Tesoro,
impresión de billetes para compra de Reservas y rescate de dinero emitido a
través de Lebac/Nobac – y también aumenta por incapacidad del Gobierno para controlar
los aumentos de precios y servicios de la Economía.
- El atraso
cambiario relativo[6]
se mantiene como intento de “ancla inflacionaria” pero también – y muy
especialmente - como requisito de pago de los servicios de la deuda externa y
(tema conexo tanto o más muy importante hoy) como garantía de pagos futuros
para la contracción de nuevos créditos.
posición de reservas internacionales netas ha llegado así al límite de
seguridad financiera del BCRA después de haber utilizado sus divisas en gran
escala para el pago de la deuda externa con terceros – Organismos
Multilaterales de Crédito (OMC) y Acreedores Privados – y de haber permitido
salir miles de millones de dólares al exterior.[7]
son los problemas concretos básicos derivados del sistema de la Deuda Pública que
las autoridades tienen que afrontar en la actualidad.
una particularidad: que ninguno de estos problemas que afectan hoy al gobierno
– cualesquiera sean los antecedentes o cuestiones de arrastre en cada caso –
son imputables a “herencias” recibidas de otras gestiones sino productos
generados por las políticas de la propia administración Kirchner.[8] En
trabajos anteriores recientes ya hemos tocado y/o desarrollado la mayoría de estos
temas, por lo que acá sólo nos vamos a limitar a plantear algunas de las novedades
que se han producido hasta la fecha.
INFLACIÓN Y RETRASO CAMBIARIO. En
condiciones “normales” la devaluación monetaria se traslada al sistema de
precios y provoca inflación, a través de un proceso que se retro-alimenta.
más infrecuente, en cambio, que la inflación conviva con un retraso cambiario,
como es el caso de la
hace poco tiempo el ritmo inflacionario en la Argentina – la inflación
real, no la oficial del INDEC - era superior al ritmo devaluatorio, lo que
venía provocando una apreciación real del peso.
en los últimos tiempos – como hemos explicado - esta tendencia se ha revertido
y así hoy el ritmo de devaluación del peso es superior al de la inflación
anualizada (hablando siempre en términos de la inflación real).
mantenerse esta tendencia – al menos en el corto y mediano plazo – el gobierno
Kirchner pudiera estar aspirando a lograr una suerte de nueva “tablita
cambiaria” donde el tipo de cambio nominal se coloque en línea convergente con
la inflación real.
- en el caso de esta supuesta tablita - ¿a qué tipo de cambio nos estamos
refiriendo?[9]
las pocas noticias disponibles, se deduce que sería el dólar “contado con
liquidación”, que se usa para arbitrar la venta y compra de títulos en dólares
en la plaza local y en el extranjero: venta de bonos dolarizados en Buenos
Aires y compra simultánea de bonos en Nueva York. Un procedimiento que constituye
una de las vías legales más relevantes de salida de divisas.
contener y/o bajar el precio de este dólar implícito por arbitraje las
principales agencias del Estado – caso ANSES, BCRA y BNA – están vendiendo
parte de sus títulos públicos en cartera.
ventas de bonos significan traspasar Deuda intra-Estado a Deuda con Terceros (un
proceso inverso al que se venía siguiendo hasta ahora con la Política de pagos de la Deuda Externa con
Reservas internacionales del BCRA), desprendiéndose así el gobierno de los
mismos a precios comparativamente baratos. Esta
alternativa no constituiría una solución en sí misma del problema inflacionario
pero pudiera aspirar a cumplir la finalidad primaria de “estabilizar” el nivel
de la inflación para poder llegar otra vez a un patrón de referencia estable
peso-dólar (independientemente de la no convertibilidad del peso que rige en la
actualidad después de la modificación de la Ley 23.928 y la Carta Orgánica del
BCRA).
nueva paridad, en los hechos, deviene un requisito indispensable para poder
volver a colocar deuda en el mercado internacional de capitales.
ENCERRONA FINANCIERA FISCAL.
lo hemos destacado muchas veces, el mito del Modelo K – un eslogan de
“crecimiento con inclusión social” – terminó junto con la bonanza de los
superávits gemelos: fiscal y externo.
Argentina tiene déficit fiscal creciente y balanza de pagos
existen expectativas confiables de que el gobierno pueda revertir esta situación
a) En materia
fiscal, las autoridades vienen desarrollando un plan de ajuste encubierto, que
se da más por la vía de los ingresos – esto es, por aumento de la presión
tributaria directa (Nación, Provincias y Municipios), impuesto inflacionario,
retraso de los mínimos no imponibles e incremento de precios y tarifas de los
servicios públicos, con su alto componente impositivo – que por la vía de
reducción del Gasto Público (caso subsidios y salarios/jubilaciones, por
ejemplo); pero los resultados correctivos son notoriamente insuficientes frente
al alto crecimiento de los gastos – particularmente el pago de los servicios de
la deuda pública – que actúan como determinantes del déficit fiscal.
b) En cuanto al
Sector Externo, la Balanza
de Pagos presenta ahora un desequilibrio estructural porque el saldo comercial
favorable (menguado hoy por las importaciones energéticas) se neutraliza y
deviene negativo por efecto de la salida de divisas por servicios de la deuda
externa y por giro de utilidades privadas al exterior, además de las salidas
por Turismo y por la cuenta Capital/Financiera. Las
principales acciones inmediatas para contener la Inflación – según se
deduce de lo adelantado por el Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) Capitanich –
serían: 1. Convenio Gobierno-Empresas para frenar el ritmo de aumento de los
Precios de un centenar de bienes y servicios, 2. Acuerdo con los Sindicatos
para que éstos acepten en las próximas paritarias aumentos de Salarios por
debajo de la inflación real, en línea con una futura inflación esperada más
baja, y 3. Desarrollo de proyectos de obras públicas e infra-estructura con
financiamiento externo, para reactivar la Economía y el Empleo.
lograrse estos acuerdos de base, se confiaría en que la Tablita de convergencia
devaluación-inflación pudiera funcionar, aumentando gradualmente el ritmo
devaluatorio sin fuerte traslado a precios.
este logro es bastante incierto y tardío ante la actual realidad argentina.
algunos sectores empresarios tendrían que contener sus comportamientos
especulativos en el mercado (remarcaciones arbitrarias, cambios de envases,
invención de segundas marcas, desabastecimientos relativos, etc.) pero, sobre
todo, los gremios debieran aceptar niveles de incremento de remuneraciones
según expectativas de inflación y aumentos por productividad.
sector asalariado (formal e informal) y también el sector pasivo
(jubilados/pensionados), deberían afrontar así – en lo inmediato - una merma en
los ingresos reales, producto de la citada contención de salarios, del proceso
de devaluación de peso superior a la inflación interna y del aumento en curso
de la presión tributaria efectiva. Esta
descompresión de los ritmos de aumento en los ingresos trataría de frenar la
espiral precios-salarios y pudiera ser presentada como un período “transitorio”
de consensos económicos y sociales a la espera de una contrapartida dada por
incrementos en la
Producción y el Empleo bajo condiciones de relativa
estabilidad de mercado.
embargo, tal escenario económico es muy difícil de maniobrar políticamente,
carece de resortes gubernamentales propios de verdadera decisión y control, se plantea
bajo condiciones de precaria debilidad política de las autoridades y está marcado
por reacciones tardías e inoperantes. Teóricamente
un consenso de esta naturaleza sólo pudiera ser posible contando con el apoyo y
la benevolencia de los distintos sectores políticos, empresarios y sindicales
involucrados, pero a ello se contrapone el agravamiento cuasi-insalvable de las
restricciones derivadas de la nueva Crisis de Deuda que arrastra el gobierno
DEUDA Y RE-ENDEUDAMIENTO.
nueva crisis de deuda que vive la
Argentina es consecuencia del fracaso del Megacanje
Kirchner-Lavagna del 2005-2010.[10]
reestructuración de deuda – que fue presentada en su momento (y lo sigue siendo
hasta la fecha) – como un éxito de negociación[11] resultó, en cambio, un
fracaso, como todas las grandes operaciones de canje de títulos que la
precedieron (Megacanje De la
Rúa-Cavallo 2001, Plan Brady Menem-Cavallo 1992-1993,
Acuerdos de Nueva York Alfonsín-Sourrouille-Brodersohn 1985-1987, etc.).
amenazaba entrar nuevamente en cesación de pagos, la administración Kirchner –
bajo la gestión Boudou – apeló primero a la estatización de las AFJP (que es
plata de los jubilados) para poder atender los servicios de la Deuda y luego – sobre la
base del antecedente de pago efectuado al FMI de Enero 2006 y la autorización
análoga dada para con el Club de París en 2008 – pasó a utilizar en gran escala
las reservas internacionales del BCRA con la misma finalidad para el pago de
todas las deudas en moneda extranjera (salvo las que pasaban a formar parte de la Deuda intra-Estado).
llevó a la conformación de una muy importante Deuda intra-Estado[12], tan elevada como
impagable, que sirvió para desagotar o descongestionar deuda pública con
terceros – OMC y Acreedores Privados – a costa de la descapitalización del
BCRA, del desfinanciamiento de la
ANSES y del desvío de fondos de sus destinos específicos de
toda una serie de agencias del Estado (BNA, AFIP, FFRE, Lotería, PAMI, etc.).
lo venimos advirtiendo hace tiempo, la política de pago de la deuda externa con
reservas internacionales y de cobertura de vencimientos de la deuda en general
con Deuda intra-Sector Público estaba llegando a su límite de endeudamiento. Y
a ese tope, como era inevitable, ya se ha llegado.
consecuencia, la administración Kirchner ha entrado ahora en una nueva etapa de
conversión o “lavado” de deuda – es decir, cambio de obligaciones actuales ilegítimas, irregulares y/o directamente
contraídas sin capacidad de repago, por nuevos pasivos – lo que implica el
comienzo de un cambio o replanteo notable de la política declarada seguida
hasta el presente:
a) Pago de juicios
contra el Estado con títulos públicos
(reclamos ante el CIADI, negociaciones con los Holdouts y acuerdo con Repsol
por la expropiación de las acciones de YPF).[13]
b) Arreglo de la
deuda externa con los países del Club de París, que conlleva la normalización
de relaciones con el FMI (revisiones del artículo IV del Estatuto y
modificación de las estadísticas con el nuevo IPC Nacional).[14] c) Nuevos paquetes
de crédito con OMC: programas trienales de Estrategia de Asistencia al País del
Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – por unos 3.000
MD cada uno – y más proyectos con financiación de la Corporación Andina
de Fomento (CAF).
d) Paquete de
acuerdos con China – en curso de negociación - para el financiamiento de obras
públicas y de infraestructura por un monto total de 20.000 MD.
e) Utilización de
los bonos BAADE – originalmente habilitados sólo para el Blanqueo de Capitales
– como fuente de endeudamiento general (unos 500 MD).
f) Toma de nueva
deuda en Letras de corto plazo del BCRA (4-6 meses) para obtener adelanto de
divisas por parte de empresas cerealeras (por unos 2.000 MD).
g) Aumento del
endeudamiento “lateral” o indirecto del Estado a través de la toma creciente de
préstamos por parte de Empresas Públicas, Organismos Nacionales y Fondos
Fiduciarios (con YPF a la cabeza)[15], con avales del Tesoro
h) Aumento del
endeudamiento “lateral” de Provincias y Municipios – CABA, Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Chaco, etc. – también con autorización y garantía del Estado Central.[16]
i) Aceleración de
las expectativas y planes de colocación de nuevos bonos del Estado Argentino en
el Mercado de Capitales.
estos pasos están en línea con la instrumentación de la Hoja de Ruta Boudou, que
planteaba la necesidad de liquidar la cuestión de los holdouts y llegar a un
nuevo arreglo con el Club de París para poder volver al Mercado internacional
de Capitales, esto es, para volver a tomar más Deuda externa (que era, en
definitiva, el objetivo del fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005).
acelerar los pasos en esta dirección se dictó ahora el Decreto 1935, del 28.11.2013, que crea dentro del Ministerio de
Economía (MECON) la llamada Unidad de Reestructuración de la Deuda, que pasa a entender
en todas las renegociaciones de las obligaciones financieras del Estado, y que
estará a cargo del ex ministro Lorenzino
(quien desempeñará esas funciones con carácter “ad honorem”).
se tiene ninguna información sobre las gestiones en curso en esta materia porque las negociaciones de deuda son
secretas. CONCLUSIONES.
la actualidad, se habla de la apertura de una etapa de transición hasta el
2015, que es el fin del mandato CFK; pero ¿qué significa “transición”? o, para
decirlo en forma más simple: ¿transición de dónde a dónde?
Argentina se
encuentra inmersa hoy en una nueva y grave crisis de Deuda, una crisis por
iliquidez y por insolvencia del Estado frente a una Deuda Pública impagable. Una
deuda que este gobierno – como todos los anteriores – ha venido, soslayando y
ocultando pese al aumento de los montos y la concentración creciente de sus
que la administración Kirchner agotó virtualmente sus recursos extraordinarios
vía Deuda intra-Estado, o sea, traspasando al Sector Público – en sus distintas
agencias - la mayor parte de la deuda impagable.
que se habría llegado al límite del vaciamiento de reservas del BCRA, al tope
de la sustracción de fondos de la
ANSES, a la riesgosa acumulación de préstamos del BNA al
Tesoro y al desvío de disponibilidades de caja de las diversas agencias del
que el gobierno se quedó sin reservas netas y atado a compromisos externos
crecientes por vencimientos de capital, pago de intereses, pago de cupones PBI,
indexación de deudas en pesos, pérdida de juicios y arbitrajes en cadena, etc.
siguiendo la teoría de la “pera madura”, viene la etapa del re-endeudamiento:
el gobierno prepara la vuelta al Mercado de Capitales controlado por los
banqueros del Club de la
Deuda Pública que regresan así dispuestos a recoger el fruto
preparado por y durante la gestión de las actuales autoridades.
endeudamiento implica un nuevo paso dentro de la trampa de Deuda Perpetua donde
los vencimientos se cubren íntegramente con nuevas obligaciones y además se
toma más deuda.
se ha creado una falsa imagen de proximidad del fin de mandato presidencial
pero todavía faltan dos largos años de toma de decisiones hasta esa fecha; y la
nueva crisis de la Deuda
y los desequilibrios financieros que la misma conlleva (inflación, retraso
cambiario, aumento del gasto público, déficit fiscal, desbalance de pagos,
etc.) requieren medidas correctivas o de ajuste fiscal urgentes donde no se
dispone de mucho tiempo para la toma de esas decisiones oficiales.
posible así que, pese a los discursos exitistas, las declaraciones suficientes
y los anuncios periodísticos aperturistas, al gobierno K se le plantee en
realidad un angustioso período de prueba para “pasar el verano”, afrontando una
rápida fase de replanteos y de cambios en la política y en el discurso que ha
llevado hasta el presente.
administración debilitada es siempre proclive a mayores concesiones y el
gobierno Kirchner parece haber entrado en esa variante, en la cual el sistema de la Deuda conduce el “modelo” y
cuyos ejemplos paradigmáticos serían hoy YPF como nueva fuente de endeudamiento
público (pasivos heredados por 9.000 MD, necesidades de financiamiento por
37.000 y pago con bonos de las acciones de Repsol por unos 5 ó 6.000 MD) y el
propio Estado Central con su vuelta al Mercado de Capitales.
Restaría
sólo saber quién será, en definitiva, el piloto esta “transición” hacia el
re-endeudamiento público: si será la actual administración CFK, controlando la
situación y ofreciendo resultados durante el Verano, o si su fracaso en
controlar la nueva Crisis de Deuda dará lugar anticipadamente a que esta
transición la pilotee otro gobierno. Pero en uno u otro caso, el camino hacia
el re-endeudamiento argentino ya está marcado.- Lic.
[1] Las abreviaturas M$/MD significan
Millones de Pesos/Dólares respectivamente y están tomadas siempre con redondeo,
por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de
términos. [2] La mayoría de las provincias tienen
fuertes déficits fiscales y el Estado Central presenta también resultados
financieros negativos elevados y crecientes: 31.700 M$ en 2011, 55.600 M$ en
2012 y estimaciones privadas que lo hacen llegar hasta 100.000 M$ en 2013. [3] La inflación oficial del INDEC está
en el orden del 10.5 % mientras que prácticamente todas las consultoras
privadas que efectúan mediciones paralelas – compendiadas en el IPC Congreso –
estiman la inflación real entre 26 % anual o más, esto es, más del doble.
Igualmente, hay consenso generalizado – virtualmente total
- en que existe un notorio retraso cambiario, demostrado no solamente por la
evolución de las series estadísticas peso-dólar, sino también por el
desdoblamiento fáctico del mercado cambiario (reaparición del dólar paralelo) y
por el comportamiento lógico de los distintos actores en el mercado (adelanto
de importaciones, incremento del turismo hacia el exterior, aumento de la deuda
externa privada, etc.).
Con el agravante que la inflación real deriva en una
apreciación relativa del peso con respecto a las monedas extranjeras que no
están expuestas a elevadas inflaciones locales como la nuestra.
[4] Al 30.11.2013 las Reservas Brutas
del BCRA eran de 30.800 MD. Si a este monto le restamos 9.200 MD de Cuentas
Corrientes en Otras Monedas y 3.300 MD de Otros Pasivos por préstamos de
instituciones financieras al– un subtotal de 12.500 MD, que corresponden a
divisas que no son propias del BCRA – el nivel de Reservas Netas es de 18.300
MD (sin contar la presión del stock de Lebac/Nobac, que constituye siempre una
amenaza de convertirse a dólares).
De este importe hay que restar además lo que falta erogar
del Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA) previsto para el corriente año –
8.000 MD en total – y lo que está proyectado disponer por el mismo concepto
para el pago de Deuda Externa Pública según Presupuesto 2014, que son otros
10.000 MD.
El BCRA se encuentra así en niveles críticos de Reservas
Netas, lo que por un lado explica las medidas de emergencia cambiaria que se
están tomando (cepo cambiario, restricciones a las importaciones, recargos al
turismo, etc.) y por otro lado demuestran la necesidad y urgencia de recomponer
la posición de dichas reservas por vía de nuevas formas de endeudamiento. La gravedad de esta situación resulta real y potencialmente
agravada si se agrega además la necesidad de aprovisionamiento de divisas para
el pago de los servicios de la
Deuda Externa Privada, que es del orden de los 70.000 ND.
[5] Los resultados de la Balanza de Pagos son
negativos tanto en los saldos de Cuenta Corriente (3.900 MD en 2012 y 6.000 MD en el acumulado al Tercer Trimestre
de 2013) como en los saldos de la Cuenta Capital/Financiera (7.200 MD y 1.900 MD
respectivamente), lo que determina Variaciones relevantes de reservas
internacionales negativas (3.300 y 7.900 MD); según el último Balance Cambiario
del BCRA. [6] En los últimos meses – como es
público y notorio – el gobierno Kirchner ha acelerado el ritmo devaluatorio del
peso a través del BCRA.
Si este ritmo se mantuviera como está actualmente daría una
devaluación anualizada del orden del 40
ó 50 %, superior a la inflación real.
Esto se toma como un indicio de la voluntad de las
autoridades para reducir la brecha cambiaria y frenar la apreciación del peso,
pero no es seguro que tal ritmo se
mantenga porque las devaluaciones se transmiten inexorablemente al sistema de
precios internos y porque una devaluación significativa afecta la capacidad de
repago de las obligaciones en moneda extranjera.
Por otra parte, la aceleración devaluatoria que se está
produciendo pudiera explicarse no sólo por la intención de mejorar la
competitividad del tipo de cambio sino también por la necesidad de compensar la
situación frente a las devaluaciones que se están produciendo en toda
Iberoamérica, empezando por la del Real brasileño.
[7] La salida de divisas durante la
“década ganada” K ha sido de unos 90.000 Millones de Dólares. Estrictamente
hablando, no se trató de una “fuga de capitales” porque esas divisas salieron
“bajo las narices” del BCRA ya que se trataba de operaciones legales y
autorizadas por el Banco. Incluso se toleró dicha salida masiva con el
argumento que el exceso de divisas tendía a apreciar el peso argentino. [8] Son los casos citados de la
inflación real, el retraso cambiario, los déficits fiscales y de balanza de
pagos, etc.
Un ejemplo aclaratorio vale aquí también para la cuestión
de la Deuda Pública,
que la administración Kirchner cita siempre como pago de deuda “que no fue
contraída por este gobierno”:
los gobiernos democráticos – desde Alfonsín hasta la fecha – han vivido
lamentándose de la “herencia” de una deuda recibida pero, a la vez, todos han
aumentado el stock de la deuda contrayendo nuevas obligaciones, con el
agravante que ninguno de ellos (salvo el efímero intento de Rodríguez Saá) haya
objetado su ilegitimidad manifiesta.
administración Kirchner recibió en 2003 un saldo de deuda de unos 175.000 MD.
Según la presidenta – discurso del 26.8.2013 – se habrían pagado 174.000 MD
durante los 10 años de gestión K; pero el stock actual de la deuda es hoy (al
30.6.2013) de 208.000 MD (que si se le suman los intereses a pagar y los
cupones PBI llevan el total a 300.000 MD). El caso de la deuda es probablemente el mayor paradigma de
la distancia que media entre los discursos y la realidad.
[9] Al 4.12.2013 – para poner un
ejemplo – el tipo de cambio dólar computaba distintos valores de referencia:
oficial 6.19 $, blue 9.30, contado con liquidación 8.40, tarjeta 8.30, celeste
(inmuebles) 7.75 y soja 4.02 $ (diario La Nación). [10] El Gobierno, la Oposición Política
y la Prensa
cuidan escrupulosamente hablar del fracaso de este Megacanje Kirchnerista –
realizado bajo la gestión Lavagna/Nielsen - pese a que ya a poco de suscripto,
hacia 2008, nuestro país volvía a carecer de recursos normales para sostener su
capacidad de repago y comenzó a apelar a recursos extraordinarios para ello
(estatización de las AFJP, sub-indexación del CER, uso de reservas del BCRA,
aumento de la presión tributaria, etc.).
[11] El Jefe de Gabinete Capitanich dijo
recientemente que la renegociación de la Deuda llevada a cabo por el kirchnerismo fue “la
más exitosa de la historia de la humanidad” (La Nación, 3.12.2013).
[12] Según el último Informe de Deuda
Pública del MECON, la Deuda
intra-Estado constituye un 60 % del total de la deuda performing o en
cumplimiento (116.000 sobre 196.000 M$).
[13] Causas perdidas en el CIADI por 600
MD – las primeras de toda una serie de reclamos en curso – han sido acordadas
para su pago con bonos.
Un procedimiento análogo se está negociando con los
Holdouts que tienen fallos a su favor en los tribunales de Nueva York por unos
1.500 MD, ya sea en forma directa o por triangulación con otros fondos-buitre
(caso Gramercy).
El convenio con Repsol para la compra de sus acciones
expropiadas de YPF no se conoce (lo mismo que el contrato con Chevron) pero ha
trascendido bastante en firme que se abonará con títulos públicos por
5.000-6.000 MD, es decir, que también se pagará con más deuda del Estado.
En total, se estima que los reclamos contra la Argentina ante el CIADI
pueden sumar entre 10 y 20.000 MD; y los reclamos de los Holdouts, en Nueva
York y otros distritos del mundo, involucran oficialmente más de 11.000 MD. [14] El MECON reconoce una deuda con el
Club de París por 6.000 MD pero los reclamos totales contra la Argentina, sumando
intereses, gastos y punitorios, llegan hoy a los 9.500 MD.
[15] La Deuda Pública
Indirecta – Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios –
no es informada por el Gobierno pero puede constituir el principal “agujero
negro” del endeudamiento lateral o cuasi-fiscal del país.
Sólo YPF arrastra una Deuda Externa de 9.000 MD como
herencia de la administración Repsol-Eskenazi, genera necesidades de
financiamiento por más de 37.000 MD para el quinquenio 2013-2017 y agrega a
ello el importe del pago a Repsol por otros 5.000 MD.
[16] La Deuda consolidada de las Provincias al 31.12.2012
– última información oficial disponible (de un año atrás) – era de 147.100 MD
(equivalente a 30.000 MD), sin contar deuda flotante ni contingente. La mitad
de esta deuda está contraída con el Gobierno Nacional.
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