Source: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Jaime_Castro_Derecho_de_peticion_frente_referendo-Uribe-2002_enero2003.htm
Timestamp: 2019-03-23 05:38:55+00:00

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﻿ Derecho de Peticiõn de Jaime Castro frente al Referendo Uribe
http://www.andiarios.com/documentosjuridicos/SENTENCIAS/Sentencias_Corte_Constitucional/T-1075-03.rtf.
El artículo 23 constitucional establece que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.” En desarrollo de esta norma constitucional, el Código Contencioso Administrativo contempla, en su artículo 25. De las norma se desprenden varias características referentes al derecho a formular consultas: a. La consulta se debe hacer con respecto a materias de la competencia del consultado. b. El plazo para responderlas es de 30 días. c. Las respuestas a éstas no son vinculantes. d. Las respuestas no comprometen la responsabilidad de la entidad que las atiende. En virtud del principio hermenéutico del efecto útil se debe entender que este derecho a formular consultas implica algo diferente a la solicitud de información - aunque en la resolución de la consulta ésta puede ser suministrada- y a la expedición de copias - aunque también la absolución de ésta pueda comprender el suministro de copias de algunos documentos -. Se diferencia también de la petición en interés particular para el reconocimiento de un derecho en virtud de que mientras éste tiene una respuesta que sí vincula a la administración por constituir un acto administrativo, la consulta, como la norma lo dispone, no tiene carácter vinculante. Establecida esta diferencia se puede afirmar que en ejercicio del derecho de consulta se puede solicitar a la administración que exprese su opinión, desde el punto de vista jurídico, sobre determinado asunto de su competencia, recalcando siempre que estos conceptos no son vinculantes, puesto que no se configuran como actos administrativos.
La administración, se ve eximida de la carga de dar una respuesta de fondo si la impredictibilidad del sentido correcto de la respuesta hace altamente complejo dar contestación precisa de dicha petición. Por ejemplo en el caso de las consultas sobre la futura política legislativa del Gobierno, o la ulterior política de Gobierno en términos generales. Esto se debe determinar en cada caso por parte del funcionario y estará sujeto al control del juez de tutela, o el juez de lo contencioso administrativo, el cual podrá evaluar si, en efecto, la naturaleza de tal consulta hacía muy compleja una respuesta de fondo. La Sala de revisión denegará la tutela al derecho de petición toda vez que (i) si bien ejerció legítimamente su derecho fundamental, (ii) la naturaleza de lo consultado hace que la no respuesta de fondo del Ministro a varias de sus consultas se encuentre legitimada y no constituya violación de los derechos fundamentales del accionante.
DERECHO DE PETICION-Su ejercicio implica cumplimiento de requisitos
Posteriormente, el doctor Londoño respondió que eran múltiples las posibilidades que podía plantear el legislador para la sanción y que “le parec[ía] inoportuno e improcedente anticipar[se] con suposiciones a la decisión que entonces se tomará.”
‘2º Que se me informe por qué razones o motivos el Gobierno retiró la citada propuesta’
‘La carta que dirigí a los Presidentes de las Comisiones Primeras del Congreso el día 7 de octubre de 2002, se explica por sí sola. Así que en ella encontrará las razones por las cuales, siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, propuse que a los Ministros del Despacho no se les congelara el salario por más de dos años. Más adelante, dentro del amplio poder discrecional que el Gobierno tiene en esta materia, retiré de la consideración de las Comisiones el documento que le acompaño en copia’.
2. En escrito del 13 de enero de 2003, con radicación No 0286, el accionante preguntó ‘... por qué el referendo repite decisiones constitucionales adoptadas hace pocos meses, que no han tenido tiempo de aplicarse y ponerse a prueba y que Álvaro Uribe, como aspirante presidencial apoyó cuanto –sic- fue invitado por el Senado de la República a pronunciarse sobre su contenido y alcance’
‘2. ¿Quién las cancelará?¿ La Nación?¿ La Respectiva entidad territorial?’.
‘Ignoro el monto preciso, pues no podrá definirse sino al momento de la determinación de cada contratro de trabajo. Si usted se digna repasar con cuidado la Ley, verá que en ella está puntualmente resuelta su pregunta. Las indemnizaciones las pagarán las entidades territoriales y sólo después de pagarlas dedicarán los ahorros de esa saludable supresión a las finalidades también previstas en la Ley’.
6. En escrito del 13 de enero de 2003, radicado con el No 0290, el accionante preguntó ‘... cuáles sanciones propondrá el Gobierno ...’ para el hecho punible relacionado con el consumo y porte de sustancias alucinógenas en cantidad de dosis personal.
No consta respuesta a la reiteración de la pregunta
7. El 16 de enero, mediante escrito radicado No 0291, el peticionario, al hacer referencia al artículo transitorio de la pregunta 6 del Referendo, sostiene que esta norma prevé la elección de asambleas, concejos y juntas administradoras locales en el año 2003 y que la pregunta 17 del mismo referendo elimina esas elecciones. Por tanto, pregunta ‘...cómo se aplicarán las dos normas citadas, si ambas son finalmente aprobadas, o si se equivocó el Congreso cuando incorporó textos que son opuestos o contradictorios y que no pueden regir simultáneamente’
‘Si el pueblo soberano elimina las elecciones locales previstas hoy para el año 2003, quedarán eliminadas. Es la única y bien sencilla explicación que le cabe a esa contradicción, apenas aparente.”
8. En escrito presentado el 16 de enero de 2003, radicado 0292, luego de aducir que la normatividad vigente no regula todas las situaciones a que dan lugar las votaciones que se celebren con motivo del referendo convocado por el Congreso y luego de explicar que se refiere a situaciones distintas o solo comparables a las que tienen lugar en un ‘.. proceso electoral pero que no son tratables de acuerdo con las disposiciones del Código Electoral porque la interpretación de éste no puede hacerse analógicamente o por vía de extensión’, el accionante le pregunta al accionado, lo siguiente:
’Si mi apreciación es válida, quién llenará el vacío anotado y mediante qué clase de acto?
10. En escrito del 16 de enero de 2003, radicado 0293, el peticionario solicita que se le informe ‘... qué departamentos, en virtud del referendo convocado por el Congreso y según las proyecciones de población del país, podrán perder más del 33 % de su representación actual en la Cámara’.
Añade: ‘También agradeceré se me informe si la fórmula de la curul adicional se aplicará a Bogotá en caso de que la pérdida referida se produjere en la representación que hoy tiene la ciudad en la Cámara. Lo pregunto porque el parágrafo transitorio del art. 176 propuesto no cita el Distrito Capital’
‘Es un problema de matemática electoral que habrá de examinarse a la luz de esa ciencia. Al parecer, los departamentos de Quindío y Meta, podrían estar afectados por ese sacrificio extraordinario de representación’.
‘No veo la razón para que la norma no se aplicare, si fuere el caso, al Distrito Capital, la única circunscripción territorial para la Cámara distinta de las departamentales”.
11. En escrito del 16 de enero de 2003, radicado No 0294, el peticionario al aducir que, según el Referendo, el servidor público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas a cambio de la aprobación de un proyecto de acto legislativo, ley, ordenanza o acuerdo, solicita se le informe ‘... qué sanción se aplica cuando las cuotas o prebendas burocráticas se ofrecen a cambio de no realizar un debate, no votar una moción de censura o votar por determinado candidato en las elecciones que haga la respectiva corporación pública’
12. En escrito del 16 de enero de 2003, radicado No. 0295, indica el accionante que según la pregunta 7, parágrafo 2º inciso final, se faculta al Presidente de la República para que adopte las disposiciones contenidas en ese artículo. Posteriormente, el doctor Castro pregunta por el significado y alcance de la ‘.. expresión adopte las disposiciones contenidas en el presente artículo’ en el entendido de que adoptar no puede significar reglamentar toda vez que una norma constitucional sólo puede ser reglamentada por el Congreso y la norma no establece una excepción expresa para que sea el Gobierno quien reglamente.
Mediante escrito del 24 de enero de 2003, el Ministro respondió que :
13. En escrito del 16 de enero de 2003, radicado No 0296, el peticionario, al referirse al texto de la pregunta 6 del referendo, indaga acerca de cuáles ‘.... normas se aplicarán en las elecciones que tengan lugar después del año 2006, es decir en los años 2010, 2014 y siguientes?. Entiendo que el Congreso expida y el pueblo disposiciones que solo rijan temporalmente, o por una sola vez, pero no creo que para lograrlo se deba crear, simultáneamente, un vacío normativo en temas tan importantes como los que tratan los nuevos arts. 171 y 176 de la Constitución’.
‘En el mismo art. Transitorio se le da carácter permanente a las normas citadas que tienen que ver con las asambleas, los concejos y las juntas administradoras locales. La pregunta es: si son normas permanentes por qué se incluyen en un texto transitorio?’
‘De manera que me ha entendido usted mal, o acaso no fui claro en mis respuestas ante la prensa, de lo que no estoy convencido, pero en todo caso le insisto en que el Gobierno no financiará ninguna conducta encaminada a violar deberes ciudadanos’.
El 31 de enero de 2003, el peticionario allegó una petición, radicado No 0804, en la cual complementaba la presentada el 13 de enero preguntando “ por qué cuando se tramitó el referendo en el Congreso, no se establecieron en la misma ley o en otra diferente, las sanciones que se aplicarían a quienes violen ese deber ciudadano?(...)”
‘2. Para la atención de las funciones nuevas que se les asignan, se incrementarán las asignaciones presupuestales de la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación?. Cuánto puede valer esos incrementos en los próximos 5 años?.
‘En valores actuales, las entidades a las que usted se refiere cuestan más de $250.000 millones de pesos al año. No está previsto, en principio, el aumento de los presupuestos de las entidades del orden nacional que las suplirán. La Ley manda que llenarán esas funciones trabajando con ‘austeridad y eficiencia’. El Gobierno y el Congreso han estimado que tales entidades, especialmente la Contraloría y la Procuraduría, tienen grandes posibilidades de aumentar el ámbito de sus funciones sin esfuerzos fiscales adicionales’.
17. En escrito del 16 de enero de 2003, radicado 0300, el peticionario solicitó se le informara ´cómo debe leerse y entenderse “las -sic- frase inicial (‘la adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación pública se hará ..’) que propone el referendo convocado por el Congreso y que haría parte del nuevo art. 263 de la Constitución Nacional’.
‘No creo que el tema lo deba definir la ley porque la Carta vigente y el referendo constitucionalizan lo referente a los sistemas electorales. Tampoco creo que se pueda acudir al parágrafo transitorio del propuesto nuevo artículo 171 porque ese parágrafo se refiere a la elección de minorías políticas en el senado y estamos hablando de la elección de representantes en circunscripciones especiales’.
‘El tema lo definirá el Congreso por Ley de la República. ‘Si transcurrido un año de vigencia de la presente reforma constitucional, el Congreso no hubiere aprobado la Ley para la elección de minorías políticas, el Presidente de la República la expedirá por decreto en los tres meses siguientes’. Esta norma, suficientemente explícita, que se incluyó al final del artículo 171, no pareció oportuna repetirla para el artículo 176. Esta vez el legislador consideró que diciendo las cosas una sola vez, basta’.
19. En escrito del 17 de enero, radicado con el número 0302, afirmó el peticionario:
‘b)Si en virtud del principio de legalidad el Congreso debe definir qué se entiende por ‘indebida destinación de dineros públicos’ y ‘tráfico de influencias’ o si esos hechos los evalúa y califica el Consejo de Estado cada vez que debe resolver los casos llevados a su conocimiento’.
‘c) Si en virtud del principio de culpabilidad la pérdida de la investidura solo se puede decretar cuando el servidor investigado haya actuado con dolo o culpa grave o gravísima’.
‘d). Si en virtud del principio del debido proceso se puede o debe establecer la doble instancia (primera en una de las secciones y segunda en sala plena del Consejo de Estado) tal como algunos lo han solicitado’.
El Ministro, en escrito del 24 de enero de 2003, respondió en los siguientes términos :
20. El 17 de enero de 2003, luego de consignar que como en el referendo se dispone que para la asignación de curules en las corporaciones públicas, distintas del Senado, se aplicará el sistema de la cifra repartidoras que obtengan al menos el 50% del respectivo cuociente electoral, el peticionario, pretende que se le aclare lo que ocurriría ‘... cuando una sola de las listas obtiene mas del 50% del cuociente electoral definido de idéntica manera en la Constitución actual y el referendo. Pregunto si a esa lista se le adjudicarán todas las curules’
‘1º. Qué ocurre en los casos de maternidad?. Durante la semanas anteriores y posteriores al parto se produce vacancia de hecho que no será llenada o suplida por nadie?. Quién determina la duración de esa vacancia? La persona interesada?. El medico?
‘4º. En los casos de renuncias voluntarias que no dan lugar a que sean ocupadas las curules, el quórum para sesionar y/o deliberar, se continúa determinando con base en la composición inicial de la corporación’.
‘5º. Qué ocurre en los casos de suspensión en el ejercicio de sus funciones de un miembro de corporación pública decretada, vgr. por un fiscal, un juez o la Procuraduría General?.
‘6º. Qué ocurrirá en los casos de secuestro que, desgraciadamente, se puedan presentar?. En estos casos, como en los previstos en la pregunta anterior, el quórum sigue siendo el anterior a esas vacancias de hecho o se modificará?’.
23. El 3 de febrero de 2003, dirige un escrito, radicado No 0794 que se relaciona con la pregunta 17 del referendo, a través de la cual el accionante requiere saber si el escrutinio de los votos que se depositen en relación con la misma, ‘... se realizará por separado, para cada uno de los distritos y municipios del país y con base en dicho escrutinio se decidirá en qué distritos y municipios se aprobó la prórroga y en cuáles no’
27. Libelo del 6 de marzo de 2003, radicación 1565, mediante el cual el accionante pregunta, en relación con la pregunta No 1 de le Ley 796 ‘.. cuáles son los delitos que afectan el patrimonio del Estado’, en la Legislación Penal vigente’ y, ‘... cuántas personas han sido condenadas en los últimos 20 años por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado’
‘A la primera de las preguntas le contesto diciendo que no hay en el Código Penal enumeración, ni ilustrativa ni taxativa, de los delitos que puedan afectar el patrimonio del Estado. No obstante, el patrimonio del Estado puede ser el sujeto pasivo en la comisión de muchos delitos, como peculados, cohechos, concusiones, prevaricatos y desde luego otros más. El legislador del Referendo no tuvo en consideración, entonces, al elaborar la pregunta a la que usted se refiere, a una especie particular de delitos, sino a todos los que puedan afectar el patrimonio del Estado.
‘A la segunda pregunta le contesto que no en –sic- estadística a mi disposición que me permita responderla”
Existe la obligación de dar respuesta cierta y precisa en todo caso. Naturalmente, hay ocasiones en que el alcance de la respuesta depende de la capacidad de la administración en las circunstancias del caso. Esto en virtud de que la pluralidad de factores que pueden influir en una consulta elevada a la administración, en determinadas ocasiones, hace complejo dar una respuesta cierta precisa y definitiva. Sin embargo, vale la pena dejar en claro que la administración no se exime de dar una respuesta en la cual señale que la naturaleza del tema consultado conlleva ciertas dificultades con repercusiones a la hora de dar contestación.
a. El artículo 23 constitucional indica que la petición debe presentarse en términos respetuosos. Este presupuesto se ve reforzado con el contenido del artículo 4 de la Carta Política según el cual “es un deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”
Con respecto a la finalidad , la Corte ha considerado que en lo referente al interés particular, no señala la Carta Política límite alguno. En ese sentido, ha encontrado como interés válido para ejercer el derecho de petición el de recopilar pruebas para la iniciación de un proceso, en el ejercicio del derecho de petición de información. [13]
(ii) No se vulneró el derecho de petición, porque en dos de las contestaciones generales del accionado –las cuales pretendían dar respuesta al cúmulo de peticiones presentadas- se señaló que, dentro de la medida de sus posibilidades y su competencia, había respondido en el mayor número de peticiones.
Así, en respuesta del 13 de febrero de 2003, el Ministro dijo: “después de examinar con todo cuidado mis respuesta iniciales, he llegado a la conclusión de que ellas contienen lo que era de mi competencia decirle.”. Posteriormente, en escrito del 25 de marzo de 2003 señaló el Ministro que había contestado puntualmente todos sus derechos de petición, o de acuerdo a su leal saber y entender; lo que equivale a afirmar que dentro del límite de sus posibilidades como funcionario de la administración había dado toda la respuesta posible y que no le era viable profundizar más en la contestación o dar una respuesta que el accionante considerara suficiente.
Como se estudió en la parte considerativas, hay ciertas consultas frente a las cuales la administración puede dar tal contestación, debido a la complejidad en la concreción de una respuesta.
[11] La noción de abuso del derecho hace alusión a ciertas situaciones en las cuales las normas jurídicas son aplicadas de tal manera que se desvirtúa el objetivo jurídico que persigue la norma. se requiere el uso anormal, malintencionado, imprudente, inconducente o excesivo en relación con la finalidad que legítimamente ofrecen las leyes En el ejercicio de derechos fundamentales también se puede incurrir en abuso del derecho.

References: artículo 23
 artículo 25
 resolución 
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 176
 artículo 23
 artículo 4