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Timestamp: 2017-09-24 03:11:04+00:00

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¿Podrá Guillermo Lasso cumplir sus propuestas de campaña?
Home/Comentario y crónica, Segunda vuelta/Razones legales que demuestran lo difícil que sería para Guillermo Lasso cumplir sus propuestas
Las cinco promesas principales del candidato del movimiento CREO dependen del apoyo de una asamblea y organismos de control correistas que le impedirían lograr cualquier cambio trascendental que ha dicho que hará como Presidente.
¿Qué opciones tiene el candidato opositor para poder cumplirlas?
Por Santiago Bucaram, Martín Mejía y María Victoria Vergara | 24 de marzo de 2017 |
Los ecuatorianos se enfrentan a dos alternativas de gobierno con más semejanzas que diferencias. La percepción generalizada es que tenemos dos candidatos diametralmente opuestos (el de la derecha y el de la izquierda) pero si se analizan las promesas y comportamientos electorales, ambos son muy similares. En el caso específico de Guillermo Lasso, el electorado ha encontrado en él la posible salida del régimen autoritario actual. Sin embargo, el candidato de CREO no ha logrado esclarecer la viabilidad de sus propuestas. Lo que sí queda claro es que si estas llegasen a hacerse realidad lo convertirían en la evocación mitológica del héroe que el pueblo ecuatoriano habría esperado por una década. Para evocar una imagen mitológica, Lasso ha fundamentado su plataforma política en estas promesas electorales: 1) eliminación de 14 cargas tributarias, 2) recorte del exceso de instituciones públicas (entre las que se destacan la Senescyt y la Secretaría del Buen Vivir), 3) eliminación de la Ley Orgánica de Comunicación, 4) Convocatoria a consulta popular para cambios en funcionarios de control (Contralor General del Estado, Fiscal General de la Nación, Procuraduría y Consejo Nacional Electoral) y 5) llamado a Asamblea Constituyente. Sin embargo estas cinco propuestas no se podrán cumplir si él llegase a ser Presidente. El mito que Lasso nos vende, al parecer, es cuento. Y para demostrarlo, analizaremos las propuestas enfocándonos exclusivamente en la factibilidad operativa de cada una (si legalmente se pueden implementar o no) y no su coherencia dentro del escenario económico y social actual.
Eliminación de 14 cargas tributarias
Como una panacea para la economía ecuatoriana, Lasso propone la eliminación de 14 cargas impositivas. Independiente del tipo de impuestos que desea eliminar, esta es una hazaña que de acuerdo a la Constitución no podrá hacerla sin el apoyo de una substancial fuerza legislativa. El artículo 135 establece que quien ostente el cargo de Presidente podrá presentar iniciativas de ley para crear, modificar y eliminar cargas impositivas pero la aceptación o no del proyecto de ley tributario no dependerá de su voluntad sino el órgano legislativo. Específicamente, el artículo 120 dice que el organismo que tiene como atribución suprimir, modificar o crear cargas impositivas es la Asamblea Nacional. En otras palabras, si Lasso decide intentar bajar impuestos, su vía de acción estaría limitada a proponer un proyecto de ley de carácter económico urgente. Lo que significa que su aprobación recaería nuevamente sobre los hombros de una asamblea dividida, en la que Lasso podría contar con los 62 asambleístas (o menos, depende de cuántos se alineen) que no pertenecen al partido oficialista Alianza País, según los resultados de los comicios de febrero de este año.
Aunque parezca increíble los impuestos creados por el oficialismo a través de su periodo fueron aprobados en su gran mayoría por mecanismos legales, por eso solamente pueden ser eliminados de la misma forma. El presidente Rafael Correa es el autor intelectual de la amplia gama de impuestos creados en la última década pero siempre fue la Asamblea Nacional quien aprobó e impuso el régimen de ejecución, puesto que estas leyes tributarias siguieron el proceso regular de creación de leyes.
La odisea para la creación de una norma legal en el sistema ecuatoriano es así: primero, el Presidente envía la iniciativa de ley a la Presidencia de la Asamblea Nacional para su revisión por las comisiones pertinentes y posterior sometimiento a debate. Después de un informe favorable o desfavorable de la Asamblea este proyecto de ley regresa a manos del ejecutivo para que emita su sanción con la aprobación y cambios que haya realizado el órgano legislativo. En caso de que dicho informe cuente con el sí del Presidente, pasará a publicarse en el Registro Oficial y así entrará en vigencia como ley, conforme a lo establecido en los artículos 136, 137 y 138 de la Constitución.
En resumen, el poder de modificación de la política tributaria no está contemplado entre las atribuciones del poder Ejecutivo sino que es potestad exclusiva del órgano Legislativo. Como consecuencia, en el caso de que el candidato de CREO llegase a la Presidencia, lo máximo que podría hacer es invocar el artículo 140 de la Constitución para solicitar la aprobación de un proyecto derogatorio y a través de este lograr la eliminación de los impuestos en un periodo de 30 días, pero condicionado, nuevamente, a la aceptación de la Asamblea Nacional. De ahí que, bajo ninguna circunstancia el Presidente de Ecuador puede eliminar tributos de oficio. Lo que sí contempla las funciones del ejecutivo, es la creación de reglamentos tributarios que no contravengan lo establecido por la ley creadora de la carga impositiva. Esto último no le permitiría eliminar la carga impositiva pero podría modificar el impacto inmediato en los hogares que asuman esta carga.
Suprimir instituciones
En caso de llegar a Carondelet, Lasso podrá eliminar a su antojo las secretarías y ministerios que considere necesario, pero esto no es suficiente porque las funciones de varias de estas instituciones están establecidas por la Constitución. Así, por ejemplo, si bien pudiera eliminar la Senescyt el mismo día de su posesión, si el objetivo es permitir el acceso libre de los estudiantes a las universidades públicas la eliminación de esta institución no lograría dicho objetivo ya que el marco regulatorio para el acceso a las universidades públicas está amparado por la sección de Buen Vivir de la Constitución, específicamente los artículos contenidos en el título VII, capítulo primero, sección primera (entre los que se destaca el 356), lo que significaría que con o sin Senescyt, el proceso actual de selección de estudiantes universitarios para las universidades públicas seguiría igual. Lo único que permitiría eliminar estos requerimientos legales es una reforma constitucional, la cual es imposible de conseguir ya que para que se efectivice dependerá del poder legislativo y en cierta medida de la Corte Constitucional, ambas instituciones con mayoría del correísmo.
Al ser una ley orgánica, ocupa un alto puesto en la jerarquía normativa nacional, justo por debajo de la Constitución. Lo que se traduce en que si Guillermo Lasso llegase a la presidencia tampoco podría derogar o modificar estas normas de oficio. Para ello necesitaría revisar el proceso por el que fue expedida la norma para poder modificarla por el mismo medio, como lo establece el artículo 138. Una vez más, el Presidente tendría que enviar la petición al legislativo y esperar su aprobación lo cual es muy poco probable de acuerdo a la estructura política actual de la Asamblea Nacional.
Cambio de nombramientos de funcionarios
El candidato a la Presidencia por CREO también ha ofrecido llamar a consulta popular para analizar la destitución de las autoridades de control recientemente nombradas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esto se debe a que las principales dignidades de varios organismos de control del Estado que han sido nombradas actualmente no serían sujetos de “confianza” para Lasso. La desconfianza se extiende desde los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (posesionados en julio de 2015 y con un periodo de duración de 5 años) hasta el actual Fiscal General y Contralor General de la Nación designados a mediados de marzo del 2017. Por esta razón lo más probable es que en el caso de que llegue a la presidencia, Lasso deberá coexistir en buena parte de su mandato con todos estos funcionarios, en su mayoría fieles al correísmo.
Al igual que en los casos mencionados, la ley limita al Presidente en sus intenciones de remoción de funcionarios de entidades de control. Los nombramientos de los funcionarios de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General pueden ser auditados: revisar el concurso por el cual fueron elegidos y si y solo si se detecta vicios de nulidad en dichos concursos, podrían ser removidos. Solo esto último daría cabida a una nueva elección de funcionarios.
En última instancia, otra forma de eliminar a estos funcionarios es mediante juicio político de acuerdo al artículo 131 de la Constitución. No obstante, si se sigue esta vía, el Presidente seguirá limitado a proponer, mas no a participar, en la decisión final del juicio y caerá nuevamente en las manos de una Asamblea dividida bajo la mayoría del correísmo. Adicionalmente, bajo el supuesto de que satisfaga todas las exigencias de ley, ¿qué cargos podría imputárseles a estos funcionarios si su periodo de acción ha sido mínimo y el proceso de concurso es aparentemente legal?
Llamar a Asamblea Constituyente
En declaraciones recientes realizadas del candidato opositor ha dicho que no descarta la posibilidad de llamar a comicios para la formación de una Asamblea Constituyente, de acuerdo con el artículo 444 de la Constitución en vigencia. El poder que se le confiere a este nuevo órgano legislativo supremo, sí le permitiría cumplir con las promesas de su campaña anteriormente mencionadas pues en un principio debían pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa para su puesta en marcha, y ahora estas se aplicarían de inmediato por la Constituyente. En otras palabras, el proceso se simplifica pero si y solo si CREO llega a tener mayoría en el órgano de poder constitutivo: con mayoría plena en la Asamblea Constituyente todas las promesas del candidato Lasso que inicialmente parecían imposibles de cumplir se aprobarían inmediatamente por mandato constituyente. Esta sería la alternativa ideal para viabilizar el cumplimiento de las promesas de campaña del candidato de CREO, aun cuando ello implique aplicar medidas extremas como es el caso de la muerte cruzada de acuerdo al artículo 148 de la Constitución.
Bajo el panorama presentado, la muerte cruzada se vuelve una opción muy tentadora para Guillermo Lasso, sin embargo, esto no le garantiza la posibilidad de cumplimiento de los ideales propuestos amparándonos por supuesto en que ese nuevo poder Constitutivo le garantice gobernabilidad, pues no solo necesita convocarlo sino ganar elecciones y tener mayoría en dicho órgano. En el supuesto de que la estructura de la Constituyente sea similar a la estructura legislativa actual, Lasso pondría nuevamente en bandeja de plata al país para el correísmo. Eso no es todo, una vez terminado el proceso constituyente nada le garantiza el regreso al poder ejecutivo en los comicios presidenciales posteriores, más aún cuando en esas elecciones el presidente Correa ya estaría habilitado a participar en dicha contienda electoral.
Es evidente que la forma de presentarse de Guillermo Lasso a través de su partido CREO en estos años, coincide con la estructura de una historia mitológica, épica y heroica por lo cual sus propuestas analizadas se convierten en ideales y anhelos sociales difíciles de creer en la práctica. El comunicador político argentino Mario Riorda compara a estas prácticas en la política al libro del escritor estadounidense Joseph Campbell, El camino del Héroe, donde el personaje principal realiza una travesía (Guillermo Lasso y su trabajo desde corta edad), que se convierte en un viaje de autodescubrimiento y realización personal (empresario exitoso), llena de pruebas titánicas por superar (cambiar el Ecuador), poblada de monstruos (Alianza País), enemigos (PSC, PSP) y aliados (SUMA) que lo obligan a sobrepasar los propios límites (candidatizarse tras no confiar en los políticos) a fin de renacer como un hombre superior (ganar las elecciones).
Más allá del mito, el cuento pudiera transformarse en realidad mediante la aplicación del artículo 444 de la Constitución. Sin embargo, hay que recalcar que no es fácil ya que esto implica llamar nuevamente a elecciones populares de todas las dignidades, redactar una nueva constitución, volver a ganar las elecciones y encontrar un mayor equilibrio en los poderes del Estado que le permitan hallar un camino hacia el cumplimiento de sus propuestas. Pero si cual héroe, diera un salto de valentía a lo desconocido (muerte cruzada) él dejaría la imagen mitológica sobre la cual se ha hecho esta comparativa, pues se demostraría su desinterés hacia el poder y que su verdadero propósito es el de un Ecuador de cambio, libre de tiranía.
Comparto la opinión en que las propuestas de los candidatos son absolutamente demagógicas; sin embargo todas las que tienen que ver con leyes en el caso de Lasso son legalmente viables. Basta que Lasso (en caso de ganar la presidencia) las mande como leyes urgentes y orgánicas y no importa lo que apruebe la Asamblea, las puede vetar haciendo las modificaciones del caso y Alianza País no tiene los suficientes votos para cambiar el veto.
Hola José, la probación de la asamblea es vital, en el proceso por el cual se manejan las iniciativas de ley con caracter económico urgente,el periodo de revisión de la asamblea se reduce a 30 días. En el caso de que no se llegara a revisar, entra en vigencia de forma directa. Es importante distinguir el proceso necesario para una ley orgánica del que funciona para las iniciativas económico urgentes. En el momento en el que esto llega a debate, es a mayoría de los asambleistas quienes deciden el futuro del proyecto por medio de un informe favorable que será sometido a sanción presidencial previa su publicación en Registro Oficial. Si no llega a haber un informe favorable para sancionar , el proyecto no se publica ni entra en vigencia.
Que tal si simplemente sigue la receta de su antecesor y destituye a todo legislador que se oponga a una virtual asamblea constituyente? Facil no? Que opinan queridos co-lectores?
Hay errores constitucionales y legales en este análisis. De conformidad con el Art 444 de la Constitución, el presidente puede convocar directamente a una constituyente sin pasar por la Asamblea o la Corte Constitucional. Una constituyente, de plenos poderes, puede cesar a los funcionarios instalados por AP en le estructura del Estado y modificar las leyes de la República. Este es el único camino que existe para desmontar el rígido aparato correista. No hacerlo condenaría al Presidente a permanecer como un rehén de AP. En todo caso, las dificultades son más políticas que jurídicas
Te invito a leer el artículo hasta la conclusión, donde claramente este exhibe lo que planteas en tu comentario, ante el uso del artículo 444 de la Constitución como recurso del ejecutivo en caso de que Guillermo Lasso llegara a la presidencia.
De igual manera se plantea que evidentemente más allá de los recursos jurídicos, dependerá de la capacidad de maniobra que Lasso y su equipo de trabajo demuestren si son electos.
Adicionalmente, la eliminación de la Senescyt podría hacerse con un simple decreto ejecutivo. He escuchado al Sr. Lasso y no tiene intenciones de modificar las becas o la educación gratuita. Al contrario, entiendo por sus discursos que las fortalecería. La Senescyt es un órgano inconstitucional que tiene autoridad sobre el CES y el CEAACES, aunque los titulares de esos dos organismos insistan en negarlo. Hay que fortalecer e independizar de los gobiernos de turno a estos dos organismos y convertir a la Senescyt ( órgano supremo de la Ed. Superior, hoy en día) en una secretaría técnica que les brinde soporte y que respete la autonomía de las universidades
Es evidente que tus comentarios parcialmente reflejan una postura que compartimos en nuestro artículo, adicionalmente nos queda la duda si su lectura de nuestro escrito se realizó en su totalidad, ya que una vez más lo que expone su comentario se encuentra plasmado en nuestro artículo en el 6to párrafo bajo el título Suprimir instituciones.
Te agradecemos te todas maneras por tus comentarios.
No veo la relación entre Asamblea Constituyente y muerte cruzada. Por otro lado, no se requiere exclusivamente una mayoría de Creo; bien podría ser una plataforma compuesta por varias fuerzas políticas. Este es el escenario más probable, como ha ocurrido en todas las constituyentes. Además, el Presidente establece las reglas electorales en la convocatoria a Consulta. De esa forma, no habría sobrerrepresentación de AP gracias al método sesgado utilizado en las últimas elecciones. Por todo lo expuesto, resulta equivocado sostener, como lo hace el artículo, que el candidato Lasso no podrá cumplir con sus propuestas. Es un camino difícil difícil pero muy posible
Carlos, en el artículo se establecen dificultades encontradas conforme a la configuración partidista de la Asamblea Nacional de acuerdo con los resultados de las elecciones del mes pasado. Si, en el caso de llegar a la presidencia, existe la posibilidad de que Guillermo Lasso presente iniciativas de ley que lleguen a ser aprobadas, es perfectamente posible. Nosotros presentamos consideraciones que muestran lo poco probable que esto pueda llegar a darse.
Además, hemos tratado de ser cuidadosos con la distinción lingüística entre posible y probable. Para evitar malas interpretaciones.
Gracias Victoria. Con la composición legislativa resultante de las elecciones últimas, sería casi imposible aprobar leyes provenientes del ejecutivo. Por ello, creo que no hay otra salida que una Constituyente inmediata. Es la única forma de desmontar el aparato correista que, por ahora, permanece blindado
El máximo órgano de interpretación constitucional es la Corte Constitucional, no el Presidente de la República que tiene calidad de proponente. Lasso necesitaría pensar exactamente como la Corte interpretaría su planteamiento de “modificar, reformar o cambiar de constitución- constituyente- y eso es imposible. Olvidan los arts. 436 y 438.
No se descarta el hecho de que la Corte es el principal órgano de interpretación de las normas. Sin embargo, hay punga por oscuridad de la ley con respecto a la ley de garantías jurisdiccionales.
No se requiere definir nada en la LOGJCC. Las reglas del Art. 3 son suficientes, y en caso de duda el Art.427 de la misma Constitución. Quien se alejaría? El interés del proponente, quien decidiría al final? La Corte Constitucional.
me pueden decir las propuestas de lasso??????????????????

References: artículo 135
 artículo 120
 artículo 140
 artículo 138
 artículo 131
 artículo 444
 artículo 148
 artículo 444
 artículo 444