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Timestamp: 2020-08-06 21:12:30+00:00

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Sentencia de Unificación nº 717/98 de Corte Constitucional, 25 de Noviembre de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43562233
Sentencia de Unificación nº 717/98 de Corte Constitucional, 25 de Noviembre de 1998
Debido proceso. Acceso a la administracion de justicia. Falta de legitimacion en la causa. Demanda de constitucion de parte civil. Sindicato de e.a.a.b. Carencia de objeto. Negada.
Acción de tutela contra la Unidad de F.D. ante los Tribunales de S. de Bogotá y Cundinamarca por una presunta violación de los derechos al debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia.
Actor: M.A.C.
S. de Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su presidente V.N.M., y los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, A.B.S., E.C.M., J.G.H.G., H.H.V., A.M.C., F.M.D. y C.G.D., este último en calidad de ponente,
ANTECEDENTES Se transcribe a continuación la primera parte del proyecto considerado por la Sala Plena en la sesión del 25 de noviembre de 1998, del que fue ponente el Magistrado E.C.M..
M.A.C., presidente y representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B), interpuso acción de tutela contra la Unidad de F.D. ante los Tribunales de S. de Bogotá, D.C., y Cundinamarca, por cuanto estimó que ésta vulneró sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia cuando rechazó, mediante la resolución del 10 de junio de 1997, la demanda de constitución de parte civil presentada por el Sindicato dentro del proceso adelantado contra el gerente de la E.A.A.B.
2.1. El 26 de junio de 1996, el actor, quien es el presidente y representante legal del sindicato de la E.A.A.B., presentó denuncia penal contra el gerente de la empresa, A.D.P., bajo la consideración de que conductas de éste habían violado "la necesaria transparencia e imparcialidad que debe caracterizar a los individuos que participan en la prestación de servicios y destinación de bienes públicos". Luego de la práctica de algunas pruebas, el 29 de octubre de 1996, la Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública reasignó a la Fiscalía Seccional 195 el conocimiento "del proceso e investigaciones en los que se hallen afectados intereses de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá".
2.2. El 7 de febrero de 1997, el señor C. solicitó ser admitido como parte civil dentro del proceso contra el gerente de la E.A.A.B., en representación del sindicato de la empresa. El día 13 del mismo mes, la Fiscalía Seccional 195 admitió la demanda de constitución en parte civil, bajo el entendido de que cumplía con los requisitos del artículo 46 del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, el 8 de abril, la Fiscalía Seccional 195 resolvió la situación jurídica del señor A.D.P. y le dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria por el presunto delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
2.3. El 10 de junio, la F.D. ante los Tribunales Superiores de S. de Bogotá y Cundinamarca resolvió los recursos de apelación instaurados contra las dos providencias, las cuales revocó.
La F.D. sostuvo que "la presencia de la parte civil en el proceso penal estriba en la búsqueda de una indemnización pecuniaria por la causación de un concreto perjuicio, así sea éste de carácter colectivo". Los artículos 88 de la Constitución Política y 43 del Código de Procedimiento Penal están relacionados, y de acuerdo con el último es "requisito para la constitución de parte civil popular para el resarcimiento de daños y perjuicios colectivos, que dicha acción sea promovida por la representación de la sociedad (Ministerio Público) o por el actor popular cuando se afecten los derechos colectivos".
De otro lado, para la F.D. "es indudable que ni la más mínima prueba ha sido aportada sobre la legitimación en causa que pueda alegar el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como actores populares para pretender el reconocimiento como parte civil en este proceso y menos aún ha demostrado que como persona jurídica, haya sido perjudicada con el presunto delito denunciado". Agrega que si bien el sindicato ostenta la calidad de denunciante, ella no es suficiente para que sea considerado como víctima o persona perjudicada con el hecho punible y, por consiguiente, beneficiaria de indemnización. Expresó que son perjudicados todos aquellos "que hayan sufrido desmedro patrimonial con el hecho punible".
La F.D. concluyó que no había prueba de que la conducta investigada hubiera ocasionado un perjuicio al sindicato de la E.A.A.B., que lo legitime para reclamar indemnización, ni tampoco de que exista un perjuicio colectivo. Por lo tanto, revocó la decisión que admitió como parte civil en el proceso al representante del sindicato de la E.A.A.B. Igualmente, la F.D. ordenó la libertad del gerente de la mencionada empresa.
El señor M.A.C., P. y representante legal del Sindicato de Trabajadores de la E.A.A.B., interpuso acción de tutela contra la Unidad de F.D. ante los Tribunales de S. de Bogotá y Cundinamarca, con el objeto de que se aceptara la demanda de constitución de parte civil presentada por el sindicato.
El 22 de enero de 1998, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá denegó la tutela solicitada.
Concluyó el Juzgado que no se vulneraron los derechos fundamentales del sindicato, porque la revocatoria de la decisión que reconoció la constitución de parte civil se produjo por falta de legitimación en la personería sustancial. Además, existe otro mecanismo de defensa judicial dentro del mismo proceso, pues el sindicato puede todavía allegar las pruebas que acrediten el perjuicio que le habría ocasionado la acción del señor D., todo de acuerdo con lo señalado en el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal.
La Corte Constitucional es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de S. de Bogotá en el trámite del presente proceso, de acuerdo con los artículos 86 y 241 de la Carta Política; en esta oportunidad, la Sala Plena adopta la correspondiente sentencia de revisión, según lo previsto en el reglamento interno.
Reiteración de la jurisprudencia sobre la parte civil.
En la sentencia C-293/95 M.P.C.G.D., por medio de la cual esta Corte juzgó exequible el artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 "Artículo 45. Oportunidad para la constitución de parte civil. La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento, a partir de la resolución de apertura de instrucción y hasta antes de que se profiera sentencia de segunda o única instancia"., se consideró la naturaleza de la acción civil dentro del proceso penal en los siguientes términos:
El titular indiscutido de la acción penal -al menos hasta ahora y superadas ciertas etapas a cuyo retorno no aspiran las gentes civilizadas- es el Estado. Es a él, entonces, a quien compete verificar cuándo se dan los presupuestos necesarios para que el proceso penal surja, y en aras de esa competencia es preciso (y hasta deseable) deponer los deseos de venganza privada, no siempre armonizables con los propósitos de una recta justicia
El ejercicio de la acción popular para el resarcimiento de daños y perjuicios individuales y colectivos está prevista en el ordenamiento y, en el caso de los delitos contra la administración pública, no existe vacío legal alguno, puesto que la Ley 190 de 1995 señaló, en su artículo 36, que es obligatoria la constitución en parte civil de la persona de derecho público perjudicada; ninguna otra persona, natural o jurídica, puede arrogarse la titularidad del derecho de perseguir por esa vía el resarcimiento de los perjuicios individuales y colectivos que se hayan causado con el hecho punible a la persona de derecho público perjudicada, o a la comunidad a la que ésta sirve, que está representada en el proceso penal por el agente del Ministerio Público. En este sentido, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia por medio de la sentencia SU-624/96 M.P.J.A.M. y A.B.C.:
Es inaceptable que alguien se constituya parte civil en este proceso, alegando ser representante de la comunidad, es decir, de toda la sociedad, sin que nadie le haya conferido esa representación o ese mandato, y actuando sólo por su propia voluntad. En el proceso, por mandato expreso de la Constitución y de la ley, interviene el Procurador General de la Nación, a quien corresponde 'Defender los intereses de la sociedad' e 'Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales'. Si alguien estima que incurrió en falta en el cumplimiento de su gestión, debe acusarlo ante las autoridades competentes. Pero tampoco es el proceso de tutela el medio idóneo para examinar este asunto. Diferente sería si en uno de estos procesos una persona perjudicada por el delito que se le imputa al funcionario investigado, se constituyera parte civil para probar sus propios perjuicios y obtener su indemnización. Aquí la legitimidad de personería se originaría en la relación directa entre el delito y los perjuicios sufridos por quien se constituyera parte civil. También es diferente la situación jurídica cuando una comunidad determinada, que no es toda la sociedad, ha sido ostensiblemente perjudicada por un hecho ilícito, y esa específica comunidad no está representada en el proceso. En este caso hay unas personas determinadas, o determinables, perjudicadas por el delito; y hay, también, la posibilidad de avaluar los perjuicios sufridos por cada una de las personas que forman la comunidad
"De haberse demandado la tutela contra la Cámara aceptando, nuevamente en gracia de discusión, que fuera procedente la constitución de la parte civil, esta Corporación habría podido allanarse a la demanda de tutela y proceder a la revocación de las providencias que no admitieron la constitución de parte civil. Ello, porque en ese momento el proceso se encontraba en trámite, no había concluido. Como no se demandó a quien debía demandarse, en la oportunidad correspondiente, es claro que la demanda de tutela no podría presentarse hoy. Porque el proceso en el cual se intentó la constitución de parte civil, concluyó, y mal podría repetirse ahora sólo para que interviniera la parte civil. Podría decirse que el no haber demandado a la Cámara, representada por su P., y el no haber citado al proceso de tutela al agente del Ministerio Público, sujeto en los procesos que se adelantan ante el Congreso, implicaría la nulidad de la actuación cumplida a partir de la presentación de la demanda de tutela. El proceso, de tutela, sin embargo, no podría repetirse, por haber terminado el que se tramitó en la Cámara, y ser imposible ya intervenir en él"
Carencia de objeto.
Por orden de la Sala Tercera de Revisión de Tutelas, la Fiscalía 195 de la Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia, informó "que se calificó el mérito del sumario el 29 de diciembre de 1997, con preclusión de investigación; actualmente se encuentra ejecutoriada la resolución y archivado el expediente contra el señor A.D.P., sumario No. 274357" (folio 61).
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de S. de Bogotá el 22 de enero de 1998, por medio de la cual se negó la tutela solicitada por el representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Segundo. COMUNICAR esta providencia al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de S. de Bogotá, para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
"En relación con la adición introducida en el primer inciso del artículo, en lo que dice `perjuicios individuales o colectivos', obedece a la inquietud planteada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando al hacer las observaciones al proyecto de Código de Procedimiento Penal presentado por el Gobierno echó de menos las acciones populares consagradas en el artículo 86 (88) de la Constitución para la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando de la comisión de un hecho punible, se deriva su vulneración.
"El artículo 86 (88) de la Constitución extendió las acciones populares, actualmente consagradas para la defensa de los bienes de uso público, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y para evitar el daño contingente, a otros ámbitos de aplicación como la protección genérica del patrimonio público, la moral y la seguridad públicas. El Código Penal específicamente consagra una serie de conductas delictivas que vulneran bienes jurídicos de carácter colectivo, como los establecidos en el capítulo II, de los delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones y el capítulo III, de los delitos contra la salud pública, que se encuentran a su vez en el título V sobre delitos contra la seguridad pública de un lado además de los delitos contra el orden económico social establecidos en el título VII, llegando al punto de sancionar las conductas que afecten los recursos naturales. Todas estas conductas constituyen violaciones penales de los derechos colectivos, de ahí que atendiendo esa naturaleza se plantee la necesidad de dotar de acción popular a la comunidad afectada para obtener el restablecimiento del derecho o su reparación.
"Es lógico por tanto que si la acción civil individual tiene cabida para la reparación del daño individual también se dé lugar a la acción popular encaminada a la reparación del daño colectivo, convirtiéndose al ciudadano, a la vez, en un colaborador dinámico y eficiente en la persecución del delito contra intereses que desbordan el marco personal, como es el caso de los que menoscaban el patrimonio, la moral, y la seguridad públicas. El ciudadano se convierte en ejercicio de la acción popular, en un procurador cívico, en un contralor cívico, dándole concreción al artículo 318 inciso 2º. artículo 95, sobre deberes y obligaciones de la persona y del ciudadano. Este comentario se predica igualmente de todos los artículos de este capítulo en donde se introduce igual modificación (Gaceta Legislativa No. 38 del 27 de noviembre de 1991, páginas 11 y 12)".
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 27175 de 16 de Febrero de 2010

References: resolución 
 artículo 46
 artículo 45
 artículo 45
 resolución 
 artículo 36
 resolución 
 artículo 36
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 318
 artículo 95