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Timestamp: 2020-01-20 22:04:39+00:00

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Constitución Política de la República Dominicana | Estado (política) | Constitución
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CAPÍTULO III DEL TERRITORIO NACIONAL SECCIÓN I DE LA CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo
y en las normas de Derecho Internacional;
2) El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes. La extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona económica exclusiva
y la plataforma continental serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas, en los términos más favorables permitidos por el Derecho del Mar;
SECCIÓN II DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y DESARROLLO FRONTERIZO
SECCIÓN III DE LA DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO IV DE LOS RECURSOS NATURALES
Párrafo.- Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos,
lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas.
Se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional;
Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales;
CAPÍTULO V DE LA POBLACIÓN
Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución;
condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes;
Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.
Condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma;
Aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo;
Violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada.
No pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para el ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen;
Tienen la obligación de registrarse en el Libro de Extranjería, de acuerdo con la ley;
CAPÍTULO VI DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y DEL DERECHO INTERNACIONAL
SECCIÓN I DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado;
Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial;
Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional;
SECCIÓN II REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR ANTE PARLAMENTOS INTERNACIONALES
distinciones hereditarias;
3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la
discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;
4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres
y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;
El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y
hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias
dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y
los organismos de control del Estado.
Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;
Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;
Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;
Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;
No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;
Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;
Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;
A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;
Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica;
internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.
Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos;
SECCIÓN II DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada;
No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas;
5) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público,
así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;
El Estado garantizará la protección de la familia. El bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley;
establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales;
La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley;
La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo;
El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales;
El Estado garantizará, mediante ley, políticas seguras y efectivas para la adopción;
Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo.
Se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social;
Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta.
1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades,
asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad;
La organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes;
Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora;
La ley dispondrá, según lo requiera el interés general, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad del trabajo humano. El Estado facilitará los medios a su alcance para que las y los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor;
Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad;
La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura;
La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores;
El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley;
El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando. Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales;
Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales;
El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los
centros y universidades públicos, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra;
Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos, de conformidad con la ley;
La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas;
Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantiza servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos incorporarán el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley;
El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley;
SECCIÓN III DE LOS DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
Establecerá políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e
internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas
y populares de la cultura dominicana e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales;
El Estado asume el deporte y la recreación como política pública de educación y salud y garantiza la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo, conforme a la ley;
2) La ley dispondrá los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del
deporte para todos y todas, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, a los programas y actividades deportivas en el país
SECCIÓN IV DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE
La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora;
El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes;
CAPÍTULO II DE LAS GARANTÍAS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial
efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:
El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;
El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;
Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia;
Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad
pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
CAPÍTULO III DE LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES
No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza;
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado;
CAPÍTULO IV DE LOS DEBERES FUNDAMENTALES
Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades
establecidas por ellas;
Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo;
Prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con lo establecido por la ley;
Prestar servicios para el desarrollo, exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los dieciséis y veintiún años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de veintiún años. La ley reglamentará estos servicios;
Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana;
Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente;
Asistir a los establecimientos educativos de la Nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria;
Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano;
Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
TÍTULO III DEL PODER LEGISLATIVO
CAPÍTULO I DE SU CONFORMACIÓN
Artículo 76.- Composición del Congreso. El Poder Legislativo se ejerce en
nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y
Cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la cámara correspondiente escogerá su sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló;
La terna será sometida a la cámara donde se haya producido la vacante dentro de los treinta días siguientes a su ocurrencia, si estuviere reunido el Congreso y, en caso de no estarlo, dentro de los primeros treinta días de su reunión. Transcurrido el plazo señalado sin que el organismo competente del partido someta la terna, la cámara correspondiente hará la elección;
Los cargos de senador y diputado son incompatibles con otra función o empleo público, salvo la labor docente. La ley regula el régimen de otras incompatibilidades;
Artículo 79.- Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senadora o
senador se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles
y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación
territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos. En
Las senadoras y senadores electos por una demarcación residirán en la misma durante el período por el que sean electos;
Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula;
Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes;
Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los presentes;
Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen
obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución;
1) Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación;
Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes;
CAPÍTULO II DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS
El Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados tendrán, durante las sesiones, poderes disciplinarios y representarán a su respectiva cámara en todos los actos legales;
Cada cámara designará sus funcionarios, empleados administrativos y auxiliares de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa del Congreso Nacional;
CAPÍTULO III DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
b) Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de
dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal d);
CAPÍTULO IV DE LA FORMACIÓN Y EFECTO DE LAS LEYES
Artículo 96.- Iniciativa de ley. Tienen derecho a iniciativa en la formación de las
Artículo 101.- Promulgación y publicación. Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo
constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas y el Presidente de la cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará.
Artículo 108.- Encabezados de las leyes. Las leyes y resoluciones bicamerales se encabezarán así: ˝ El Congreso Nacional. En nombre de la República ˝ .
Artículo 109.- Entrada en vigencia de las leyes. Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen
conocidas en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO V DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CONGRESO
CAPÍTULO VI DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE AMBAS CÁMARAS
Vicepresidenta o Vicepresidente de la República;
Proclamar a la o al Presidente y Vicepresidente de la República, recibirles su juramento y aceptar o rechazar sus renuncias;
Ejercer las facultades que le confiere la presente Constitución y el reglamento orgánico.
Recibir el mensaje y la rendición de cuentas de la o el Presidente de la República y las memorias de los ministerios;
TÍTULO IV DEL PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO I DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Presidente de la República se requiere:
e) Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo. Fijar el
contingente de las mismas y disponer de ellas para fines del servicio público;
caso de que, por cualquier circunstancia, no pudiese hacerse tal
convocatoria, la Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho, inmediatamente, para llevar a cabo la elección en la forma indicada precedentemente;
CAPÍTULO II DE LOS MINISTERIOS
SECCIÓN I DEL CONSEJO DE MINISTROS
CAPÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SECCIÓN III DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
SECCIÓN IV DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SUS FUNCIONARIOS O AGENTES
TÍTULO V DEL PODER JUDICIAL
Párrafo II.- Para ser designado juez del Poder Judicial, todo aspirante debe someterse a un concurso público de méritos mediante el sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura que al efecto establezca la ley y haber aprobado
satisfactoriamente el programa de formación de dicha escuela. Sólo estarán exentos de estos requisitos los miembros de la Suprema Corte de Justicia que sean de libre elección.
CAPÍTULO I DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener más de treinta y cinco años de edad;
Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;
CAPÍTULO II DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá;
Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares;
Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley;
La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial;
El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia;
La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial;
La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial;
Las demás funciones que le confiera la ley.
CAPÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL
SECCIÓN I DE LAS CORTES DE APELACIÓN
Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios;
SECCIÓN II DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
SECCIÓN III DE LOS JUZGADOS DE PAZ
Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;
SECCIÓN I DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes:
Las demás atribuciones conferidas por la ley.
SECCIÓN II JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS
CAPÍTULO V DEL MINISTERIO PÚBLICO
SECCIÓN I DE LA INTEGRACIÓN
Párrafo II.- La función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el
ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista.
SECCIÓN II DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PÚBLICO
SECCIÓN III DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO
Un Procurador General de Corte de Apelación elegido por sus pares;
Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público;
La administración financiera y presupuestaria del Ministerio Público;
Ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República;
Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran;
Trasladar a representantes del Ministerio Público, provisional o definitivamente, de una jurisdicción a otra cuando sea necesario y útil al servicio, con las
condiciones y garantías previstas en la ley, con excepción de las y los procuradores adjuntos del Procurador General de la República;
CAPÍTULO VI DE LA DEFENSA PÚBLICA Y LA ASISTENCIA LEGAL GRATUITA
TÍTULO VI DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
El Presidente de la República, quien lo presidirá y, en su ausencia, por el Vicepresidente de la República;
TÍTULO VII DEL CONTROL CONSTITUCIONAL
Artículo 189.- Regulación del Tribunal. La ley regulará los procedimientos
TÍTULO VIII DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
TÍTULO IX DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CAPÍTULO I DE LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
SECCIÓN I DE LAS REGIONES Y LAS PROVINCIAS
Párrafo II.- Los partidos o agrupaciones políticas, regionales, provinciales o
municipales harán la presentación de candidaturas a las elecciones municipales y de distritos municipales para alcalde o alcaldesa, regidores o regidoras, directores o directoras
y sus suplentes, así como los vocales, de conformidad con la Constitución y las leyes que
rigen la materia. El número de regidores y sus suplentes será determinado por la ley, en proporción al número de habitantes, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco para
el Distrito Nacional y los municipios, y nunca menos de tres para los distritos municipales.
Serán elegidos cada cuatro años por el pueblo de su jurisdicción en la forma que establezca
SECCIÓN III MECANISMOS DIRECTOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL
CAPÍTULO III DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA
TÍTULO X DEL SISTEMA ELECTORAL
CAPÍTULO I DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES
Artículo 208.- Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser
obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto.
Las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos;
No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada;
Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara.
CAPÍTULO II DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES
Artículo 211.- Organización de las elecciones. Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su
dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.
Artículo 212.- Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria
y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.
Párrafo III.- Durante las elecciones la Junta Central Electoral asumirá la dirección
y el mando de la fuerza pública, de conformidad con la ley.
Párrafo IV.- La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se
realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas
y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para
reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a
Artículo 215.- Integración. El Tribunal estará integrado por no menos de tres y no más de cinco jueces electorales y sus suplentes, designados por un período de cuatro años
por el Consejo Nacional de la Magistratura, quien indicará cuál de entre ellos ocupará la presidencia.
CAPÍTULO III DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
TÍTULO XI DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS
CAPÍTULO I DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
SECCIÓN I PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 219.- Iniciativa privada. El Estado fomenta la iniciativa económica privada, creando las políticas necesarias para promover el desarrollo del país. Bajo el principio de subsidiaridad el Estado, por cuenta propia o en asociación con el sector
privado y solidario, puede ejercer la actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos y promover la economía nacional.
CAPÍTULO II DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
SECCIÓN I DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
asignaciones que correspondan a las diferentes instituciones del Estado.
Artículo 241.- Estrategia de desarrollo. El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos, elaborará y someterá al Congreso
Nacional una estrategia de desarrollo, que definirá la visión de la Nación para el largo plazo. El proceso de planificación e inversión pública se regirá por la ley correspondiente.
CAPÍTULO III DEL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS
SECCIÓN I DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECCIÓN II DE LA CÁMARA DE CUENTAS
Artículo 250.- Atribuciones. Sus atribuciones serán, además de las que le confiere
patrimonio del Estado;
TÍTULO XII DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA
CAPÍTULO I DE LAS FUERZAS ARMADAS
Su misión es defender la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República;
Artículo 253.- Carrera militar. El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los cuales la separación o retiro haya sido realizada en violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, previa investigación y recomendación por el ministerio correspondiente, de conformidad con la ley.
Artículo 254.- Competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario. La jurisdicción militar sólo tiene competencia para conocer de las infracciones militares
previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar.
CAPÍTULO II DE LA POLICÍA NACIONAL
CAPÍTULO III DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA
Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes;
ocasionados por desastres naturales y tecnológicos.
TÍTULO XIII DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN
El derecho a la vida, según las disposiciones del artículo 37;
El derecho a la integridad personal, según las disposiciones del artículo 42;
La libertad de conciencia y de cultos, según las disposiciones del artículo 45;
La protección a la familia, según las disposiciones del artículo 55;
El derecho al nombre, según las disposiciones del artículo 55, numeral 7;
Los derechos del niño, según las disposiciones del artículo 56;
El derecho a la nacionalidad, según las disposiciones del artículo 18;
Los derechos de ciudadanía, según las disposiciones del artículo 22;
La prohibición de esclavitud y servidumbre, según las disposiciones del artículo
disposiciones de los artículos 43 y 55, numeral 7);
12) Las garantías judiciales, procesales e institucionales indispensables para la protección de estos derechos, según las disposiciones de los artículos 69, 71 y
Todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción;
Los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades a las autoridades y demás servidores del Estado;
La declaratoria de los estados de excepción y los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control constitucional;
suspenderse los siguientes derechos reconocidos por esta Constitución:
j) Las libertades de asociación y de reunión, establecidas en los artículos 47 y
TÍTULO XV DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
Artículo 273.- Géneros gramaticales. Los géneros gramaticales que se adoptan en
la redacción del texto de esta Constitución no significan, en modo alguno, restricción al
principio de la igualdad de derechos de la mujer y del hombre.
Artículo 276.- Juramento de funcionarios designados. La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes,
y de desempeñar fielmente los deberes de su cargo. Este juramento se prestará ante funcionario u oficial público competente.
Decimoprimera: Las leyes observadas por el Poder Ejecutivo, que no hayan sido decididas por el Congreso Nacional al momento de la entrada en vigencia de esta Constitución, deberán ser sancionadas en las dos legislaturas ordinarias siguientes a la
proclamación de la presente Constitución. Vencido este plazo, las mismas se considerarán como no iniciadas.
DADA Y PROCLAMADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en el Palacio del Congreso Nacional, sito en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hoy día veintiséis (26) del mes de enero del año dos mil diez (2010); años 166 de la Independencia y 147 de la Restauración.
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL REVISORA:
Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez Representante del Distrito Nacional
Rubén Darío Cruz Ubiera Representante de la Provincia Hato Mayor
Dionis Alfonso Sánchez Carrasco Representante de la Provincia Pedernales
Gladys Sofía Azcona de la Cruz Representante de la Provincia Santo Domingo
Cristina Altagracia Lizardo Mézquita Representante de la Provincia Santo Domingo
Lucía Medina Sánchez Representante de la Provincia San Juan
Diego Aquino Acosta Rojas Representante de la Provincia Bahoruco
Pedro José Alegría Soto Representante de la Provincia San José de Ocoa
Luis René Canaán Rojas Representante de la Provincia Hermanas Mirabal
Antonio de Jesús Cruz Torres Representante de la Provincia Santiago Rodríguez
José Ramón de la Rosa Mateo Representante de la Provincia San Juan
César Augusto Díaz Filpo Representante de la Provincia Azua
Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito Representante de la Provincia Santiago
Tommy Alberto Galán Grullón Representante de la Provincia San Cristóbal
Wilton Bienvenido Guerrero Dumé Representante de la Provincia Peravia
Charlie Noel Mariotti Tapia
Representante de la Provincia Monte Plata
Juan Olando Mercedes Sena Representante de la Provincia Independencia
Félix María Nova Paulino Representante de la Provincia Monseñor Nouel
Francisco Radhamés Peña Peña Representante de la Provincia Valverde
Prim Pujals Nolasco Representante de la Provincia Samaná
Juan Roberto Rodríguez H

References: Artículo 69

Artículo 72

Artículo 76

Artículo 79
 artículo 83
 artículo 128

Artículo 96

Artículo 101

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 189

Artículo 208

Artículo 211

Artículo 212

Artículo 215

Artículo 219

Artículo 241

Artículo 250

Artículo 253

Artículo 254
 artículo 37
 artículo 42
 artículo 45
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 18
 artículo 22

Artículo 273

Artículo 276