Source: https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513/5?fecha_vigencia=1958-04-25
Timestamp: 2019-07-23 09:24:02+00:00

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Estado: Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 25 de Abril de 1958 hasta 07 de Agosto de 1958
La ley reconoce dos clases de matrimonios: el canónico y el civil.
El matrimonio habrá de contraerse canónicamente cuando uno al menos de los contrayentes profese la religión católica.
Se autoriza del matrimonio civil cuando se pruebe que ninguno de los contrayentes profesa la religión católica.
Los esponsales de futuro no producen obligación de contraer matrimonio. Ningún Tribunal admitirá demanda en que se pretenda su cumplimiento.
Si la promesa se hubiere hecho en documento público o privado por un mayor de edad, o por un menos asistido de la persona cuyo consentimiento sean necesario para la celebración del matrimonio, o si se hubieren publicado las proclamas, el que rehusare casarse, sin justa causa, estará obligado a resarcir a la otra parte los gastos que hubiese hecho por razón del matrimonio prometido.
La acción para pedir el resarcimiento de gastos, a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrá ejercitarse dentro de un año, contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.
Está prohibido el matrimonio:
Primero. Al menor de edad no emancipado por anteriores nupcias que no haya obtenido la liencia de las personas a quienes corresponde otorgarla.
Segundo. A la viuda durante los trescientos un días siguientes a la muerte de su marido, o antes de su alumbramiento, si hubiese quedado encinta, y a la mujer cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, en los mismos casos y términos a contar desde su separación legal.
Tercero. Al tutor con las personas que tenga o haya tenido en guarda hasta que, cesado en su cargo, se aprueben las cuentas del mismo, salvo el caso de que el padre de la persona sujeta a tutela hubiese autorizado el matrimonio en testamento o escritura pública.
Coresponde otorgar la liencia para el matrimonio de los hijos legítimos al padre: faltando éste o hallándose impedido, en orden sucesivo, a la madre, al abuelo paterno, al materno, a las abuelas paterna o materna y en su defecto al Consejo de Familia.
Si se tratare de hijos naturales reconocidos o legitimados por concesión real, la licencia deberá ser pedida a los que los reconocieron y legitimaron a sus ascendientes y al Consejo de Familia, por el orden establecido en el artículo anterior.
Si se tratare de hijos adoptivos, se pedirá la licencia al adoptante. En su defecto, si la adopción es plena, se solicitará al Consejo de familia; si es menos plena, antes que a éste se pedirá a las personas de la familia natural a quienes corresponda.
Los demás hijos ilegítimos obtendrán la licencia de su madre cuando fuere legalmente conocida; la de los abuelos maternos en el mismo caso, y a lfalta de unos y otros la del Consejo de Familia.
A los jefes de las Casas de Expósitos corresponde prestar la licencia para el matrimonio de los educados en ellas.
Antes de la celebración del matrimonio, los contrayentes habrán de acreditar que obtuvieron la licencia.
En ambas clases de matrimonios, bastará para ello documento que halla autorizado un Notario o el encargado del Registro Civil del domicilio del solicitante.
Cuando se trate de matrimonio canónico, podrá ser también autorizado el documento por el párroco o por un Notario eclesiástico.
Ninguno de los llamados a otorgar la liencia está obligado a manifestar las razones en que se funda para concederla o negarla.
No obstante, si la licencia fuera negada, el matrimonio podrá celebrarse si se autoriza por el Ordinario del lugar o por el Presidente de la Audiencia Territorial, según fuere canónico o civil. a Todos los efectos la autorización equivaldrá a la licencia.
El Pesidente de la Audiencia, oido el Ministerio Fiscal, adoptará su resolución en expediente que se instruirá por el Juez encargado del Registro Civil del domicilio del solicitante en el que se oirá a los padres y a las personas que juzgue conveniente.
Si, a pesar de la prohibición del art. 45, se casaren las personas comprendidas en él, su matrimonio será válido, pero los cónyuges quedarán sometidos a las siguientes reglas:
1ª.- Se entenderá contraído el casamiento con absoluta separación de bienes, y cada cónyuge retendrá el dominio y administración de los que le pertenezcan, haciendo suyos todos los frutos, si bien con la obligación de contribuir proporcionalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio.
2ª.- Si uno de los cónyuges fuera menor no emancipado, no recibirá la administración de sus bienes hasta que llegue a la mayor de edad. Entre tanto, sólo tendrá sobre dichos bienes derecho a alimentos.
3ª.- En los casos del número tercero del artículo cuarenta y cinco, el tutor cersará en su cargo, perdiendo la administración de los bienes de la persona sujeta a tutela dese que se celebre el matrimonio.
No producirá efectos civiles el matrimonio canónico o civil cuando cualquiera de los cónyuges estuviese ya casado legítimamente.
El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.
Sección Tercera De la prueba del matrimonio
Los matrimonios celebrados antes de regir este Código se probarán por los medios establecidos en las leyes anteriores.
Los contraídos después se probarán sólo por certificación del acta del Registro civil, a no ser que los libros de éste no hayan existido o hubiesen desaparecido, o se suscite contienda ante los Tribunales, en cuyos casos será admisible toda especie de prueba.
En los casos a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, la posesión constante de estado de los padres, unida a las actas de nacimiento de sus hijos en concepto de legítimos, será uno de los medios de prueba del matrimonio de aquéllos, a no constar que alguno de los dos estaba ligado por otro matrimonio anterior.
El casamiento contraído en país extranjero, donde estos actos no estuviesen sujetos a un registro regular o auténtico, pueden acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho.
Sección Cuarta De los derechos y obligaciones entre marido y mujer
El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido.
La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia. Los Tribunales, sin embargo podrán con justa causa eximirla de esta obligación cuando el marido traslade su residencia a Ultramar o a país extranjero.
El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario y lo dispuesto en el art. 1.384.
Si fuere menor de diez y ocho años, no podrá administrar sin el consentimiento de su padre; en defecto de éste, sin el de su madre; y a falta de ambos, sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.
En ningún caso, mientras no llegue a la mayor edad, podrá el marido, sin el consentimiento de las personas mencionadas en el párrafo anterior, tomar dinero a préstamo, gravar ni enajenar los bienes raíces.
El marido es el representante de la mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de procurador.
No necesita, sin embargo, de esta licencia para defenderse en juicio criminal, no para demandar o defenderse en los pleitos con su marido, o cuando hubiere obtenido habilitación conforme a lo que disponga la ley de Enjuiciamiento Civil.
Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir, por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley.
Son nulos los actos ejecutados por la mujer contra lo dispuesto en los anteriores artículos, salvo cuando se trate de cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo ordinario de la familia, en cuyo caso las compras hechas por la mujer serán válidas. Las compras de joyas, muebles y objetos preciosos hechas sin licencia del marido, sólo se convalidarán cuando éste hubiese consentido a su mujer el uso y disfrute de tales objetos.
Podrá la mujer sin licencia de su marido:
1º Otorgar testamento.
2º Ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspondan respecto a los hijos legítimos o naturales reconocidos que hubiese tenido de otro, y respecto a los bienes de los mismos.
La mujer gozará de los honores de su marido, excepto los que fueren estricta y exclusivamente personales, y los conservará mientras no contraiga nuevo matrimonio.
Solamente el marido y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia o autorización competente.
Lo establecido en esta sección se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Código sobre ausencia, incapacidad, prodigalidad e interdicción del marido.
La mujer que se proponga demandar la separación o nulidad de su matrimonio puede pedir que se le separe provisionalmente de su marido y que se le confíen, con igual carácter, los hijos menores de siete años, se le señale un domicilio y si es menor de edad, la persona bajo cuya custodia haya de quedar, así como los auxilios económicos necesarios a cargo de su cónyuge, medidas que quedarán sin efecto si en los treinta días siguientes no se acreditara la interposición de la demanda o en cuanto se justifique la inadmisión de ésta.
Admitidas las demandas de nulidad o de separación de matrimonio, el Juez adoptará, durante la sustanciación del proceso, las medidas siguientes:
1ª.- Separar los cónyuges en todo caso.
2ª.- Determinar cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda común, teniendo en cuenta, ante todo, el interés familar más urgentemente necesitado de protección, así como las ropas, objetos y muebles que podrá llevar consigo el cónyuge que haya de salir de aquélla.
3ª.- Fijar discrecionalmente en poder de cuál de los cónyuges han de quedar todos o alguno de los hijos, y quién de aquéllos ejercerá la patria potestad.
En casos excepcionales se podrán encomendar los hijos a otra persona o institución adecuada que asumirá las funciones tutelares, correspondiendo las del Protutor y Consejo de Familia a la autoridad judicial.
El Juez determinará el tiempo, modo y lugar en que el cónyuge apartado de los hijos podrá visitarlos y comunicar con ellos.
4ª- En cuanto al régimen económico matrimonial, se seguirán las siguientes reglas:
El marido conservará la administración y disposición de sus bienes.
Se transferirá a la mujer la administración de los parafernales que hubiese entregado al marido, pero necesitará autorización judicial para los actos que excedan de la administración ordinaria.
Se mantendrá en cuanto a los bienes dotales el régimen anterior a la presentación de la demanda salvo que el Juez estime conveniente transferir a la mujer la administración de los bienes de la dote inestimada.
El Juez, atendidas las circunstancias del caso, podrá excepcionalmente, conferir a la mujer la administración de los bienes gananciales o de alguno de ellos.
Será necesaria licencia judicial para los actos que excedan de la mera administración de los gananciales cualquiera que sea el cónyuge que los administre.
Se precederá con criterio análogo al señalado en esta regla cuarta cuando el régimen económico matrimonial sea distinto del de gananciales.
5ª.- Señalar alimentos a la mujer, y en su caso al marido, así como a los hijos que no queden en poder del obligado a dar alimentos sin que éste pueda optar por prestarlos en la propia casa.
6ª.- Acordar, si procede, el abono de litis expensas determinando la cuantía y la persona obligada al pago.
5ª.- Dictar las medidas necesarias para evitar que el marido que hubiese dado causa al divorcio, o contra quien se dedujere la demanda de nulidad del matrimonio, perjudique a la mujer en la administración de sus bienes.
El matrimonio contraído de buena fe produce efectos civiles, aunque sea declarado nulo.
Si ha intervenido buena fe de parte de uno sólo de los cónyuges, surte únicamente efectos civiles respecto de él y de los hijos.
La buena fe se presume si no consta lo contrario.
Si hubiere intervenido mala fe por parte de ambos cónyuges, el matrimonio sólo surtirá efectos civiles respecto de los hijos.
La ejecutoria de nulidad del matrimonio producirá los siguientes efectos:
Los hijos mauores de siete años quedarán al cuidado del pare, y las hijas a cuidado de la madre, si de parte de ambos cónyuges hubiese habido buena fe.
Si la buena fe hubiese estado de parte de uno solo de los cónyuges quedarán bajo su poder y cuidado los hijos de ambos sexos.
Si la mala fe fuere de ambos, el Tribunal resolverá sobre la suerte de los hijos en la forma que dispone el párrafo segundo del número segundo del artículo setenta y tres.
Los hijos e hijas menores de siete años estarán, hasta que cumplan esta edad, al cuidado de la madre.
Sin embargo de lo establecido en estas normas, si el Tribunal que conoció sobre la nulidad del matrimonio hubiese, por motivos especiales, proveído en su sentencia acerca del cuidado de los hijos, deberá estarse en todo caso a lo decretado por él.
Por análogos motivos, y en lo que no haya dispuesto la sentencia de nulidad, el Juez que haya de ejecutarla podrá también aplicar su criterio discrecional, según las particularidades del caso.
Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo anterior no tendrá lugar si los padres de común acuerdo, proveyeren de otro modo al cuidado de los hijos dejando siempre a salvo lo establecido en los dos últimos párrafos del mismo artículo.
La sentencia firme de nulidad producirá, respecto de los bienes del matrimonio, los mismos efectos que la disolución por muerte, pero el cónyuge que hubiera obrado de mala fe no tendrá derecho a gananciales.
Si la mala fe se extendiera a ambos, quedará compensada.
La ejecución de separación producirá los siguientes efectos:
1º La separación de los Cónyuges.
2º Quedar o ser puestos los hijos bajo la potestad y protección del cónyuge inocente.
Si ambos fueren culpables, el Juez, discrecionalmente podrá proveer de tutor a los hijos conforme a las disposiciones de este Código. Esto no obstante si al juzgarse sobre la separación no se hubiese dispuesto otra cosa, la madre tendrá a su cuidado en todo caso a los hijos menores de siete años.
A la muerte del cónyuge inocente volverá el culpable a recobrar la patria potestad y sus derechos, si la causa que dio origen a la separación no afectare a laformación moral de los hijos. En otro caso se les proveerá de tutor. La privación de la patria potestad y de sus derechos no exime al cónyuge culpable del cumplimiento de las obligaciones que este Código le impone respecto de sus hijos.
Sin embargo de lo anteriormente establecido si al juzgarse sobre la separación se hubiera por motivos especiales, proveído acerca del cuidado de los hijos, deberá estarse en todo caso a lo decretado.
Por análogos motivos, en lo que no se haya proveído el Juez encargado de la ejecución podrá también aplicar su criterio discrecional, según las particularidades del caso.
3º Perder el cónyuge culpable todo lo que hubiese sido dado o prometido por el inocente o por otra persona en consideración a éste, y conservar el inocente todo cuanto hubiese recibido del culpable, pudiendo además reclamar desde luego lo que éste le hubiera prometido.
4º La separación de los bienes de la sociedad conyugal, teniendo cada uno el dominio y administración de los que le correspondan.
5º La conservación por parte del cónyuge inocente y pérdida del culpable del derecho a los alimentos.
6º El cónyuge inocente, el tutor de los hijos o el Ministerio Fiscal podrán pedir hipoteca legal suficiente sobre los bienes del culpable retención de sueldos y salarios, depósito de valores y cuántas medidas cautelares sean necesarias para que pueda cumplirse lo estatuido en el párrafo segundo del artículo 1434.
La reconciliación pone término al juicio de divorcio y deja sin efecto ulterior lo en él resuelto, pero los cónyuges deberán poner aquélla en conocimiento del Tribunal que entienda o haya entendido en el litigio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior subsistirán en cuando a los hijos los efectos de la separación cuando ésta se funde en el conato o la connivencia del marido, o de la mujer, para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas: caso en el que, si aún los unos y las otras están bajo la patria potestad, los Tribunales adoptarán las medidas convenientes para preservarlos de la corrupción o prostitución.
CAPÍTULO II Del matrimonio canónico
El matrimonio canónico en cuanto se refiere a su constitución y validez y, en general, a su reglamentación jurídica, se regirá por las disposiciones de la Iglesia Católica.
El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico produce desde su celebración plenos efectos civiles.
Para que éstos sean reconocidos bastará con la inscripción del matrimonio en el Registro Civil.
Cuando la inscripción se solicite una vez transcurrico cinco días desde la celebración, no perjudicará los derechos legítimamente adquiridos por terceras personas.
Están obligados a promover la inscripción del matrimonio en el Registro Civil los propios contayentes. A este fin pondrán por escrito en conocimiento del Juez encargado del Registro competente, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar del acto. El Juez encargado dará recibo de dicho aviso y asistirá por sí o por delegado, a la celebración del matrimonio canónico al solo efecto de verificar la inmediata inscripción en el Registro Civil.
Si el matrimonio se celebrase sin la asistencia del Juez encargado, a pesar de haber dado el aviso los contrayentes, se hará a costa de aquél la inscripción del matrimonio.
En todo caso, y sin perjuicio de las sanciones en que incurran por su culpa o negligencia los particulares y funcionarios obligados a promover o practicar la inscripción del matrimonio canónico, ésta podrá hacerse en cualquier momento, aún fallecidos los contrayentes, a petición de cualquier interesado y mediante copia auténtica del acta sacramental o de certificación eclesiástica acreditativa del matrimonio.
La inscripción en el Registro deberá ser comunicada al párroco.
Los que contrajeren matrimonio canónico «in articulo mortis» podrán dar aviso al encargado del Registro Civil en cualquier instante anterior a la celebración y acreditar de cualquier manera que cumplieron este deber.
Las sanciones impuestas a los contrayentes que omitieren aquel requisito no serán aplicables al caso del matrimonio «in articulo mortis» cuando conste que fue imposible dar oportunamente aviso.
El matrimonio secreto de conciencia celebrado ante la Iglesia no está sometido a lo dispuesto en el artículo 77.
Para los efectos civiles, basta su inscripción en el Registro especial que se lleva en la Dirección General de los Registros, pero no perjudicará los derechos adquiridos legítimamente por terceras personas, sino desde su publicación en el Registro Civil correspondiente, la cual se practicará a petición de los cónyuges de común acuerdo del sobreviviente si el otro hubiere fallecido o del Ordinario en los casos en que cesa para él la obligación canónica del secreto.
El conocimiento de las causas sobre nulidad y separacón de los matrimonios canónico, sobre dispensa del matrimonio rato y no consumado y sobre uso y aplicación del privilegio Paulino corresponde exclusivamente a la jurisdicción eclesiástica, conforme al procedimiento canónico, y sus sentencias y resoluciones firmes tendrán eficacia en el orden civil, a tenor del artículo 82.
Incoada ante el Tribunal eclesiástico una demanda de divorcio o de nulidad de matrimonio, corresponde al Tribunal civil dictar, a instancia de parte interesada, las disposiciones referidas en el art. 68.
La jurisdicción civil promoverá la inscripción y ejecutará en todo lo demás relativo a efectos civiles las sentencias y resoluciones firmes dictadas por la jurisdicción eclesiástica sobre nulidad o separación de matrimonio canónico y sobre dispensa de matrimonio rato no consumado o aplicación del privilegio Paulino. La ejecución se llevará a cabo en virtud de comunicación canónica de las sentencias o resoluciones o a instancia de quien tenga interés legítimo y presente el oportuno testimonio.
CAPÍTULO III Del matrimonio civil
Sección Primera De la capacidad de los contrayentes
1º Los varones menores de catorce años cumplidos y las hembras menores de doce, también cumplidos.
Se tendrá, no obstante, por revalidado ipso facto, y sin necesidad de declaración expresa, el matrimonio contraído por impúberes, si un día después de haber llegado a la pubertad legal hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez, o si la mujer hubiera concebido antes de la pubertad legal o de haberse entablado la reclamación.
2º Los que no estuvieren en el pleno ejercicio de su razón al tiempo de contraer matrimonio.
3º Los que adolecieren de impotencia física, absoluta o relativa, para la procreación con anterioridad a la celebración del matrimonio, de una manera patente, perpetua e incurable.
4º Los ordenados in sacris y los profesos en una Orden religiosa canónicamente aprobada, ligados con voto solemne de castidad, a no ser que unos y otros hayan obtenido la correspondiente dispensa canónica.
5º Los que se hallen ligados con vínculo matrimonial.
1º Los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad legítima o natural.
2º Los colaterales por consanguinidad legítima hasta el cuarto grado.
3º Los colaterales por afinidad legítima hasta el cuarto grado.
4º Los colaterales por consanguinidad o afinidad natural hasta el segundo grado.
5º El padre o madre adoptante y el adoptado; éste y el cónyuge viudo de aquéllos; y aquéllos y el cónyuge viudo de éste.
6º Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado, mientras subsista la adopción.
7º Los adúlteros que hubiesen sido condenados por sentencia firme.
8º Los que hubiesen sido condenados como autores, o como autor y cómplice de la muerte del cónyuge de cualquiera de ellos.
El Gobierno, con justa causa, pueden dispensar, a instancia de parte; el impedimento comprendido en el número 2º del art. 45; los grados tercero y cuarto de los colaterales por consanguinidad legítima; los impedimentos nacidos de afinidad legítima o natural entre colaterales, y las que se refieren a los descendientes del adoptante.
Sección Segunda De la celebración del matrimonio
Los que con arreglo al art. 42 pretendan contraer matrimonio en forma civil presentarán en el Registro Civil de su domicilio una declaración firmada por ambos contrayentes en que conste:
1º Los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio o residencia de los contrayentes.
2º Los nombres, apellido, profesión, domicilio o residencia de los padres.
Acompañarán a esta declaración la prueba de nacimiento y del estado civil, la licencia si procediere, y la dispensa cuando sea necesaria.
Asimismo, presentarán la prueba de no profesar la religión católica.
El matrimonio podrá celebrarse personalmente o por mandatario a quien se haya conferido poder especial; pero siempre será necesaria la asistencia del contrayente domiciliado o residente en el distrito del Juez que deba autorizar el casamiento.
Se expresará en el poder especial el nombre de la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, y éste será válido si antes de su celebración no se hubiera notificado al apoderado en forma auténtica la revocación del poder.
Si el Juez municipal escogido para la celebración del matrimonio no lo fuere a la vez de ambos contrayentes, se presentarán dos declaraciones, una ante el Juez municipal de cada contrayente, expresando cuál de los dos Jueces han elegido para la celebración del matrimonio, y en ambos Juzgados se practicarán las diligencias que se establecen en los artículos siguientes.
El Juez municipal, previa ratificación de los pretendientes, mandará fijar edictos o proclamas por espacio de quince días, anunciando la pretensión con todas las indicaciones contenidas en el art. 86, y requiriendo a los que tuviesen noticia de algún impedimento para que lo denuncien. Iguales edictos mandará a los Jueces municipales de los pueblos en que hubiesen residido o estado domiciliados los interesados en los dos últimos años, encargando que se fijen en el local de su audiencia pública por espacio de quince días, y que transcurridos éstos, los devuelvan con certificación de haberse llenado dicho requisito y de haberse o no denunciado algún impedimento.
Los militares en activo servicio que intentaren contraer matrimonio estarán dispensados de la publicación de los edictos fuera del punto donde residan, si presentaren certificación de su libertad expedida por el Jefe del Cuerpo armado a que pertenezcan.
Si los interesados fueren extranjeros, y no llevaren dos años de residencia en España, acreditarán con certificación en forma, dad por Autoridad competente, que en el territorio donde hayan tenido su domicilio o residencia durante los dos años anteriores, se ha hecho con todas las solemnidades exigidas en aquél, la publicación del matrimonio que intentan contraer.
En todos los demás casos, solamente el Gobierno podrá dispensar la publicación de los edictos, mediando causas graves, suficientemente probadas.
No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el Juez municipal autorizará el matrimonio del que se halle en inminente peligro de muerte, ya esté domiciliado en la localidad, ya sea transeúnte.
Este matrimonio se entenderá condicional, mientras no se acredite legalmente la libertad anterior de los contrayentes.
Los Contadores de los buques de guerra y los Capitanes de los mercantes autorizarán los matrimonios que se celebren a bordo en inminente peligro de muerte. También estos matrimonios se entenderán condicionales.
Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable a los Jefes de los Cuerpos militares en campaña, en defecto del Juez municipal, respecto de los individuos de los mismos que intenten celebrar matrimonio in articulo mortis.
Transcurridos los quince días a que se refiere el artículo89 sin que se haya denunciado ningún impedimento, y no teniendo el Juez municipal conocimiento de ninguno, procederá a la celebración del matrimonio en los términos que se previenen en este Código.
Si pasare un año desde la publicación de los edictos sin que se efectúe el casamiento, no podrá celebrarse éste sin nueva publicación.
Si antes de celebrarse el matrimonio se presentare alguna persona oponiéndose a él y alegando impedimento legal, o el Juez municipal tuviere conocimiento de alguno, se suspenderá la celebración del matrimonio hasta que se declare por sentencia firme la improcedencia o falsedad del impedimento.
Todos aquéllos a cuyo conocimiento llegue la pretensión de matrimonio, están obligados a denunciar cualquier impedimento que les conste. Hecha la denuncia, se pasará al Ministerio fiscal, quien, si encontrare fundamento legal, entablará la oposición al matrimonio. Sólo los particulares que tengan interés en impedir el casamiento podrán formalizar por sí la oposición, y en uno y otro caso se sustanciará ésta conforme a lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil, dándole la tramitación de los incidentes.
Si por sentencia firme se declararen falsos los impedimentos alegados, el que fundado en ellos hubiese formalizado por sí la oposición al matrimonio, queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios.
Se celebrará el casamiento, compareciendo ante el Juez municipal los contrayentes, o uno de ellos y la persona a quien el ausente hubiese otorgado poder especial para representarle, acompañados de dos testigos mayores de edad y sin tacha legal.
Acto seguido, el Juez municipal, después de leídos los artículos 56 y 57 de este Código, preguntará a cada unos de los contrayentes si persiste en la resolución de celebrar el matrimonio, y si efectivamente lo celebra; y, respondiendo ambos afirmativamente, extenderá el acta de casamiento con todas las circunstancias necesarias para hacer constar que se han cumplido las diligencias prevenidas en esta sección. El acta será firmada por el Juez, los contrayentes, los testigos y el Secretario del Juzgado.
Los Cónsules y Vicecónsules ejercerán las funciones de Jueces municipales en los matrimonios de españoles celebrados en el extranjero.
Sección Tercera De la nulidad del matrimonio
Son nulos:
1º Los matrimonios celebrados entre las personas a quiénes se refieren los artículos 83 y 84 salvo los casos de dispensa.
2º El contraído por error en la persona, o por coacción o miedo grave que vicie el consentimiento.
3º El contraído por el raptor con la robada, mientras ésta se halle en su poder.
4º El que se celebre sin la intervención del Juez municipal competente, o del que en su lugar deba autorizarlo, y sin la de los testigos que exige el art. 100.
La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio fiscal y a cualesquiera personas que tengan interés en ella.
Se exceptúan los casos de rapto, error, fuerza o miedo, en que solamente podrá ejercitarla el cónyuge que los hubiere sufrido; y el de impotencia, en que la acción corresponderá a uno y otro cónyuge y a las personas que tengan interés en la nulidad.
Caduca la acción y se convalidan los matrimonios, en sus respectivos casos, si los cónyuges hubieran vivido juntos durante seis meses después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo, o si, recobrada la libertad por el robado, no hubiese éste interpuesto durante dicho término la demanda de nulidad.
Los Tribunales civiles conocerán de los pleitos de nulidad de los matrimonios celebrados con arregle a las disposiciones de este capítulo, adoptarán las medidas indicadas en el art.68, y fallarán definitivamente.
La separación produce la suspensión de la vida común de los casados y los demás efectos previstos en el artículo 73.
Las causas legítimas de separación son:
1ª El adulterio de cualquiera de los cónyuges.
2ª Los malos tratamientos de obra las injurias graves o el abandono de hogar.
3ª La violencia ejercida por un cónyuge sobre el otro para obligarle a cambiar de religión.
4ª La propuesta del marido para prostituir a su mujer.
5ª El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, y la connivencia en su corrupción o prostitución.
6ª La condena del cónyuge a reclusión mayor.
La separación sólo puede ser pedida por el cónyuge inocente.
Lo dispuesto en el art. 103 será aplicable a los pleitos de separación y a sus incidencias.

References: resolución 
 artículo 1434
 artículo 77
 artículo 82
 artículo89
 resolución 
 artículo 73