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Documento DOUE-L-2009-82439
Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias.
«DOUE» núm. 331, de 16 de diciembre de 2009, páginas 17 a 23 (7 págs.)
DOUE-L-2009-82439
Visto el Tratado por el que se establece la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61, letra c), leído en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, y apartado 3, párrafo primero,
(1) La Comunidad Europea está trabajando en la creación de un verdadero espacio judicial común basado en el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.
(2) El Reglamento (CE) n o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 2 ), establece que la ley aplicable a las obligaciones alimenticias se determinará con arreglo al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias (en adelante, «el Protocolo») en los Estados miembros vinculados por ese instrumento.
(3) El Protocolo contribuye de forma valiosa a garantizar una mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los acreedores y deudores de pensiones alimenticias. La aplicación de disposiciones uniformes a la determinación de la legislación pertinente permitirá la libre circulación de las resoluciones en materia de obligaciones alimenticias en la Comunidad, sin ningún tipo de control en el Estado miembro en el que se solicita su ejecución.
(4) El artículo 24 del Protocolo permite a las organizaciones de integración económica regional tales como la Comunidad firmar, aceptar, aprobar o adherirse al mismo.
(5) La Comunidad dispone de competencia exclusiva en todas las materias reguladas por el Protocolo. Ello no afecta a las posiciones de los Estados miembros que no están vinculados por la presente Decisión ni sujetos a su aplicación, como se recoge en los considerandos 11 y 12.
(6) La Comunidad debe, por ello, aprobar el Protocolo.
(7) El Protocolo debe ser aplicable entre Estados miembros a más tardar el 18 de junio de 2011, fecha de aplicación del Reglamento (CE) n o 4/2009.
(8) A la vista de la estrecha relación entre el Protocolo y el Reglamento (CE) n o 4/2009, las normas establecidas en el Protocolo deben aplicarse en la Comunidad con carácter provisional a partir del 18 de junio de 2011, fecha de aplicación del Reglamento (CE) n o 4/2009, si antes de esa fecha no hubiere entrado en vigor el Protocolo. Debe hacerse una declaración unilateral a tal efecto al ratificar el Protocolo.
(9) Las normas establecidas en el Protocolo deben determinar la ley aplicable a las obligaciones alimenticias para que puedan reconocerse y ejecutarse las decisiones al respecto en virtud de las normas relativas a la abolición del exequátur establecido en el Reglamento (CE) n o 4/2009. Con objeto de garantizar que la misma norma de conflicto de leyes se aplique en la Comunidad a las demandas de pensiones alimenticias relativas a un período anterior, así como posterior, a la entrada en vigor o aplicación provisional del Protocolo en la Comunidad, las normas establecidas en el Protocolo deben aplicarse asimismo a las demandas relativas a un período anterior a la entrada en vigor o aplicación provisional del Protocolo, sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 22. Debe hacerse una declaración unilateral a tal efecto al ratificar el Protocolo.
(10) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda participa en la adopción y aplicación de la presente Decisión.
(11) En aplicación de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Decisión, la cual no vinculará ni se aplicará al mismo
( 1 ) Dictamen de 24 de noviembre de 2009 (aún no publicado en el Diario Oficial).
( 2 ) DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
(12) Con arreglo a los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado por el que se establece la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión la cual no vinculará ni se aplicará a la misma.
Se aprueba en nombre de la Comunidad Europea el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias.
Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona o personas facultadas para firmar el Protocolo con el fin de obligar a la Comunidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Protocolo, al ratificar este la Comunidad hará la siguiente Declaración:
«En virtud de las disposiciones del artículo 24 del Protocolo, la Comunidad Europea declara que ejerce su competencia en todas las materias reguladas por el Protocolo. Sus Estados miembros estarán vinculados por él en virtud de su firma por la Comunidad Europea.
A los efectos de esta declaración, el término “Comunidad Europea” no incluye a Dinamarca, en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ni al Reino Unido, en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda, adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea».
1. Dentro de la Comunidad, las normas establecidas en el Protocolo se aplicarán con carácter provisional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Decisión, a partir del 18 de junio de 2011, fecha de aplicación del Reglamento (CE) n o 4/2009, si el Protocolo no hubiere entrado en vigor antes de esa fecha.
2. Al adherirse al Protocolo, la Comunidad hará la siguiente Declaración para tener en cuenta la posible aplicación provisional a que se refiere el apartado 1.
«La Comunidad Europea declara que aplicará las normas establecidas en el Protocolo con carácter provisional a partir del 18 de junio de 2011, fecha de aplicación del Reglamento (CE) n o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 1 ), si dicho Protocolo no hubiere entrado en vigor en esa fecha de conformidad con su artículo 25, apartado 1.».
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 22 del Protocolo, las normas establecidas en el Protocolo también determinarán la ley aplicable a las obligaciones alimenticias reclamadas en un Estado miembro relativas a un período anterior a la entrada en vigor o aplicación provisional de dicho Protocolo en la Comunidad cuando, en virtud del Reglamento (CE) n o 4/2009, se hayan incoado procedimientos, ratificado o dictado resoluciones judiciales o hayan sido establecidos instrumentos auténticos a partir del 18 de junio de 2011, fecha de aplicación del Reglamento (CE) n o 4/2009.
2. Al ratificar el Protocolo, la Comunidad hará la siguiente Declaración:
«La Comunidad Europea declara que aplicará las normas que establece el Protocolo también a las obligaciones alimenticias reclamadas en un Estado miembro relativas a un período anterior a la entrada en vigor o aplicación provisional de dicho Protocolo en la Comunidad cuando, en virtud del Reglamento (CE) n o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( 1 ) se hayan incoado procedimientos, ratificado o dictado resoluciones judiciales y hayan sido establecidos instrumentos auténticos a partir del 18 de junio de 2011, fecha de aplicación del citado Reglamento.
( 1 ) DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias
Deseando modernizar el Convenio de La Haya de 24 de octubre de 1956 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias respecto a menores y el Convenio de La Haya, de 2 de octubre de 1973, sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias,
Deseando desarrollar normas generales sobre la Ley aplicable que puedan constituir un complemento útil del Convenio de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia,
Norma general sobre la ley aplicable
b) de personas distintas de los padres a favor de personas que no hayan alcanzado la edad de 21 años, con excepción de las obligaciones que derivan de las relaciones a que se refiere el artículo 5, y
Norma especial relativa a los cónyuges y ex cónyuges
Medio de defensa especial
Designación de la ley aplicable a los efectos de un procedimiento específico
Designación de la legislación aplicable
d) la ley elegida por las partes para regir su divorcio, separación de cuerpos o la ley efectivamente aplicada a tal divorcio o separación.
5. A menos que en el momento de la designación las partes fueran debidamente informadas y conscientes de las consecuencias de la ley designada, esta no se aplicará cuando conlleve consecuencias manifiestamente injustas o no razonables para cualquiera de las partes.
«Domicilio» en lugar de «nacionalidad»
Un Estado que utilice el concepto de «domicilio» como factor de conexión en materia de familia podrá informar a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado que en los asuntos presentados ante sus autoridades, la palabra «nacionalidad» de los artículos 4 y 6 se sustituirá por la palabra «domicilio» tal como se defina en dicho Estado.
La ley aplicable a una obligación alimenticia determinará en particular:
b) la medida en que el acreedor puede solicitar alimentos retroactivamente;
c) la base para de cálculo de la cuantía de los alimentos y de la indexación;
En el Protocolo, el término «ley» significa el Derecho en vigor en un Estado, con exclusión de las normas de conflicto de leyes.
La aplicación de la ley determinada conforme al Protocolo solo podrá rechazarse en la medida en que sus efectos fueran manifiestamente contrarios al orden público del foro.
Determinación de la cuantía de los alimentos Aunque la ley aplicable disponga algo distinto, para determinar la cuantía de los alimentos se tomarán en cuenta las necesidades del acreedor y los recursos del deudor, así como cualquier compensación concedida al acreedor en lugar de un pago periódico de alimentos.
No aplicación del Protocolo a conflictos internos 1. Un Estado contratante en el que se apliquen diferentes sistemas jurídicos o conjunto de normas en materia de obligaciones alimenticias, no estará obligado a aplicar las normas del Protocolo a los conflictos que impliquen únicamente a estos diferentes sistemas jurídicos o conjunto de normas.
2. El presente artículo no se aplicará a una Organización Regional de Integración Económica.
Sistemas jurídicos no unificados de carácter territorial
b) cualquier referencia a las autoridades competentes u organismos públicos de dicho Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a las autoridades competentes u organismos públicos autorizados para actuar en la unidad territorial pertinente;
c) cualquier referencia a la residencia habitual en ese Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a la residencia habitual en la unidad territorial pertinente;
Sistemas jurídicos no unificados de carácter personal
Coordinación con otros instrumentos
1. El presente Protocolo no deroga otros instrumentos internacionales de los que los Estados contratantes sean o serán Partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el Protocolo, salvo declaración en contrario de los Estados partes de tales instrumentos.
Revisión del funcionamiento práctico del Protocolo
El presente Protocolo no se aplicará a los alimentos reclamados en un Estado contratante por un período anterior a su entrada en vigor en dicho Estado.
1. Una Organización Regional de Integración Económica constituida únicamente por Estados soberanos y que tenga competencia sobre algunas o todas las materias reguladas por el presente Protocolo, podrá igualmente firmar, aceptar, aprobar o adherirse al Protocolo. En tal caso, la organización regional de integración económica tendrá los mismos derechos y obligaciones que un Estado contratante en la medida en que dicha Organización tenga competencia sobre las materias reguladas por este Protocolo.
2. En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, la Organización Regional de Integración Económica notificará por escrito al depositario las materias reguladas por el presente Protocolo con respecto a las cuales los Estados miembros han transferido su competencia a la Organización. La Organización notificará por escrito al depositario, con prontitud, cualquier modificación de su competencia especificada en la última notificación que se haga en virtud del presente apartado.
3. En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, una Organización Regional de Integración Económica podrá declarar, de conformidad con el artículo 28, que ejerce competencia para todas las materias reguladas por el Protocolo y que los Estados miembros que han transferido su competencia a la Organización Regional de Integración Económica con respecto a dichas materias estarán obligados por el Protocolo en virtud de la firma, aceptación, aprobación o adhesión de la Organización
4. A los efectos de la entrada en vigor del Protocolo, un instrumento depositado por una Organización Regional de Integración Económica no será computado, salvo que esta haga una declaración de conformidad con el apartado 3.
5. Cualquier referencia realizada en el presente Protocolo a un «Estado contratante» o a un «Estado» se aplica igualmente, en su caso, a una Organización Regional de Integración Económica que sea Parte en el mismo. Cuando una Organización Regional de Integración Económica haga una declaración de conformidad con el apartado 3, cualquier referencia en el Protocolo a un «Estado contratante» o a un «Estado» en el Protocolo se aplicará igualmente, en su caso, a los Estados miembros de la Organización pertinentes.
1. El Protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, previsto en el artículo 23.
b) para las unidades territoriales a las que se haya extendido el Protocolo de conformidad con el artículo 26, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación de la declaración prevista en dicho artículo.
Declaraciones relativas a sistemas jurídicos no unificados
2. Toda declaración de esta naturaleza se comunicará al depositario de ella y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Protocolo será aplicable.
4. El presente artículo no se aplicará a una Organización Regional de Integración Económica.
1. Las declaraciones previstas en los artículos 24, apartado 3, y 26, apartado 1, podrán hacerse en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en cualquier momento posterior, y podrán modificarse o retirarse en cualquier momento.
2. Las declaraciones, modificaciones y revocaciones serán notificadas al depositario.
3. Una declaración hecha en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión surtirán efecto simultáneamente a la entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado respectivo.
4. Una declaración hecha posteriormente, así como cualquier modificación o revocación de una declaración, surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario.
1. Un Estado parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a algunas unidades territoriales de un Estado que tenga un sistema jurídico no unificado a las que se aplique el Protocolo.
2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. Cuando en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, esta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, que se contará a partir de la fecha de la recepción de la notificación por el depositario.
c) las declaraciones previstas en los artículos 24, apartado 3, y 26, apartado 1;
Contiene Protocolo de 23 de noviembre de 2007, adjunto a la misma.
Aplicación provisional 18 de junio de 2011.
CITA Reglamento 4/2009, de 18 de diciembre de 2008 (Ref. DOUE-L-2009-80018).

References: artículo 61
 artículo 300
 artículo 24
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 5
e contrario
 artículo 28
 artículo 23
 artículo 26