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Timestamp: 2018-06-19 07:01:21+00:00

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Las imputaciones de los abogados de la minera Peña Colorada contra el asesor legal de la comunidad nahua de Ayotitlán, Eduardo Arturo Mosqueda García, están plagadas de inconsistencias, por lo que es factible que recupere su libertad en los próximos días. La semana pasada, el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Colima, declaró inconstitucional el auto de formal prisión dictado contra Mosqueda por el juez Primero de lo Penal de la capital colimense, Abel Jaime Ramírez Ayala, y le ordenó dictar otra resolución.
COLIMA, COL.– Al resolver el juicio de amparo 1173/2015, el Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad exhibió las inconsistencias cometidas en la consignación y encarcelamiento de Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, asesor de la comunidad nahua de Ayotitlán, y declaró inconstitucional el auto de formal prisión dictado en su contra por el juez Primero de lo Penal de esta ciudad, Abel Jaime Ramírez Ayala.
La autoridad judicial federal ordenó al juzgador del fuero común dejar insubsistente el auto de formal prisión y dictar otra resolución, atendiendo los lineamientos de la nueva sentencia, que fue notificada el miércoles 7, pero las partes tendrán un plazo de 10 días hábiles para interponer algún recurso de revisión. Si esto no ocurre, el acusado deberá ser puesto en libertad en las 72 horas siguientes.
Mosqueda, preso durante más de dos meses en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, fue detenido el 22 de julio anterior acusado de la “autoría intelectual” de los delitos de privación ilegal de la libertad, despojo y robo, supuestamente ocurridos luego de que cientos de habitantes de Ayotitlán paralizaron los trabajos de la mina Peña Colorada, en demanda del pago de regalías por la extracción de hierro de sus tierras.
Integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), el joven de 26 años fue aprehendido durante un operativo en el que participaron granaderos y agentes de la Procuraduría General de Justicia de Colima, y recibió auto de formal prisión sin derecho a fianza, a diferencia de 33 campesinos indígenas detenidos en las mismas circunstancias. Sin embargo, ellos obtuvieron la libertad bajo fianza, pues sólo fueron acusados del delito de despojo.
En su momento, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta de Idea, consideró que la retención de Mosqueda fue producto de “una confabulación” de los gobiernos de Colima y Jalisco para irse contra los defensores de los derechos humanos que asesoran a la comunidad indígena, situación que afecta los intereses de la minera Peña Colorada (Proceso Jalisco 562).
Se deshace la confabulación
En la sentencia de amparo, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en funciones de juez, Nancy Adriana Salazar López, echó por tierra el auto de formal prisión al concluir que con el material probatorio reseñado por el juez responsable no se acredita la probable responsabilidad de Mosqueda en la “autoría intelectual” de los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo.
Expuso que el juez Ramírez Ayala “indebidamente tuvo por acreditada la probable responsabilidad” del defensor de los nahuas, además de que para dictar el auto de formal prisión el juzgador del fuero común “seleccionó discrecionalmente aquellas pruebas o segmentos de éstas que perjudican al indiciado, lo que evidenció una verdad inclinada del contexto real de los hechos, con el único propósito de justificar su conclusión, lo que desde luego violenta en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales tutelados a través de las garantías individuales”.
En relación con las denuncias presentadas por la representante legal de la minera Peña Colorada y por tres trabajadores y un particular por los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y robo calificado, la juez federal determinó que resultan imprecisas, “dado que los ofendidos no proporcionan elementos que puedan presumir que el aquí quejoso fue quien a título personal llevó a cabo las conductas que se le reprochan, pues si bien coinciden en que (…) estuvo presente en ese lugar, acompañando a un grupo de personas que forman parte del comisariado ejidal del municipio (sic) de Ayotitlán, Jalisco, no existe señalamiento alguno en el que vincule directamente al quejoso con los ilícitos en estudio en la forma en que lo expresó la responsable en la resolución reclamada”.
Y abundó: “La circunstancia de conocer o investigar los nombres de las personas que se encontraban el día del evento delictivo es insuficiente para realizar un señalamiento en contra de ellos y afirmar que cometieron un delito, pues bien se pudo haber mencionado a otras personas, pero de igual manera es menester contar con otros elementos para estimar comprobada la probable responsabilidad de una persona”.
La juez federal también sostuvo que, “contrario a lo aseverado por el juez responsable” de las declaraciones ministeriales de otros testigos, “no se desprende señalamiento alguno en contra del hoy quejoso en la comisión de los delitos que le atribuyen”.
La sentencia de amparo hace notar además que Mosqueda ofreció diversas documentales durante el periodo constitucional, pero éstas no fueron valoradas por el juez responsable al momento de dictar la resolución reclamada.
Los argumentos de la resolución del juicio de amparo se encuentran expresamente sustentados en los principios de mayor beneficio en materia penal y de presunción de inocencia que se desprenden de la interpretación de varios artículos constitucionales, así como en el postulado “pro persona”, que “implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre”, como se encuentra considerado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la propia Constitución Política de México.
En entrevista con Proceso Jalisco, el director general del Instituto de Derecho Ambiental, Carlos Valentín Veyna Martínez, señala que la resolución del juicio de amparo a favor de Mosqueda “viene a poner fin a un proceso penal que estuvo indebidamente manejado por las autoridades del gobierno de Colima”.
En la sentencia de este caso en particular, añade, quedaron claras “las irregularidades que nosotros advertimos de primera mano, que eran evidentes, manifiestas y que siempre estuvieron latentes; hay una manifestación de la poca seriedad que le dieron al caso, no entendieron el concepto de las comunidades indígenas, de los territorios, de los conflictos de límites; es decir, pasaron por alto muchos elementos que eran puntualmente evidentes y que eran del conocimiento tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial y que no fueron suficientes para evitar que Eduardo estuviera más de dos meses en prisión”.
Desde el primer momento, comenta, “hubo una cierta carga, un sesgo que se le quiso imponer a nuestro compañero”, quien era asesor del ejido Ayotitlán, y de acuerdo con su testimonio fue privado de la libertad por el procurador; fue subido a una tanqueta, posteriormente aislado dentro de los separos de la propia procuraduría en un espacio alejado de las demás personas, y todavía ahora en el Cereso estaba en una área específica de máxima seguridad.
Veyna dice desconocer si lo anterior fue directamente motivado porque Mosqueda es parte del equipo de trabajo de Idea, “por los intereses que estábamos tocando del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, que tiene muchos recursos con dos grandes socios, pero no obstante eso no queremos manifestarnos por la cuestión política, sino por el uso incorrecto e indebido de la imagen y del poder que tiene el propio consorcio en el estado de Colima; nos parece que ese es el sesgo que se marcó”.
A juicio del director de Idea, la resolución del juzgado federal es apegada a la ley, a la justicia y a los valores de los derechos humanos, pues hizo una valoración justa de los medios de prueba y de todas las inconsistencias que se generaron desde la Procuraduría de Justicia de Colima, que persistieron en el Juzgado Primero de lo Penal y fueron determinantes para que Mosqueda permaneciera en prisión.
–¿Quedaron exhibidas todas las irregularidades que se cometieron? –se le pregunta.
–La juez federal hizo una valoración exacta de lo que prevé el artículo 17 de la Constitución y desmenuzó cada una de las pruebas que había dentro del procedimiento de la averiguación previa y manifestó que no son concluyentes ni determinantes para sujetarle a un proceso penal por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo. Entonces, para nosotros sí es una forma de poner a la luz de la opinión pública lo que ha ocurrido en este caso de Eduardo.
Paralelamente al juicio de amparo sobre el caso de Mosqueda, el Idea interpuso otra demanda de garantías por el caso de los 33 campesinos nahuas liberados bajo fianza, pero todavía sujetos a proceso penal por despojo, bajo el número de expediente 1202/2015, también ante el Juzgado Primero de Distrito. Para este juicio se encontraba prevista la audiencia constitucional para el jueves 8.
Carlos Valentín Veyna refiere que en este asunto el propósito de la defensa es que el juez federal valore el plano de dotación del ejido que actualmente tiene 36 mil hectáreas, que comprende parte de la superficie que actualmente detenta el consorcio minero.
“Al final del día –estima– ese juicio de amparo nos va a dar un poquito de más luz y certeza en cuanto a la identidad de los terrenos y que efectivamente los integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán estuvieron siempre en terrenos del ejido, no del consorcio, y por lo tanto debe de proceder el amparo a su favor.”
Concluye que la lección en el caso Mosqueda es que todas las personas que se dedican a la protección de los derechos humanos lo sigan haciendo; “sabemos que hay descalabros como el que nos ha ocurrido, sin embargo con el uso de las mismas herramientas judiciales es que se puede salir adelante”. l
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 artículo 17