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Timestamp: 2020-01-23 04:51:35+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 138, de 26/06/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 138
- Sobre la financiación de la Comunitat Valenciana. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000705) ... (Página2)
- Sobre los afectados por las hipotecas de Badia del Vallés. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000566) ... (Página5)
- Sobre el catálogo de regulaciones administrativas de carácter económico de las comunidades autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000173) ... (Página9)
- Relativa a la modernización del Estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000390) ... (Página12)
- Relativa a la reducción de las cargas administrativas en las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000391) ... (Página15)
- Relativa a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000714) ... (Página18)
- Relativa a la modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales con el fin de facilitar la colaboración público privada en la financiación de la gestión y promoción de los centros comerciales urbanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000478) ... (Página20)
- SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000705).
Antes de comenzar, voy a proponer un cambio en el orden del día. Se ha solicitado que la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 5, sobre afectados por las hipotecas de Badia del Vallés, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, sea debatida en segundo lugar. Si no hay inconveniente, adelantamos al segundo punto del orden del día la proposición no de ley de La Izquierda Plural. (Pausa). Siendo esto así, vamos a comenzar. Recuerdo que el grupo proponente tendrá un turno de diez minutos y el resto de los grupos de cinco. Los grupos intervendrán de menor a mayor. Procuraremos ir con agilidad suficiente, pero para su organización, dado que la Comisión coincide hoy con otras muchas y hay muchos diputados que participan en ellas, les anuncio que no votaremos en ningún caso antes de la una.
Para defender la proposición no de ley sobre financiación de la Comunidad Valenciana, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor PUIG FERRER: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta iniciativa sobre financiación de la Comunidad Valenciana porque la situación es insostenible. A algunos les puede parecer una propuesta extemporánea, dado que la profunda crisis que atravesamos pone en serias dificultades todo el conjunto de nuestras administraciones, pero si la situación de nuestro país es grave, la de la Comunidad Valenciana es peor, ya que afrontamos esta crisis con menos recursos que otras comunidades autónomas que están en mejor situación económica. Con todo respeto, no hay ningún motivo para justificar que cada valenciano reciba 657 euros menos al año que un ciudadano de La Rioja, 441 euros menos que un ciudadano de Aragón, 274 euros menos que un catalán o 112 euros menos que un madrileño para financiar los mismos servicios, y todo esto con una renta per cápita 12 puntos por debajo de la media, soportando un esfuerzo fiscal mayor que la media y una tasa de paro superior a otras comunidades con mejor financiación.
Permítanme que haga un poco de memoria para ver cómo hemos llegado a esta situación. Como saben, el traspaso de las competencias de la Administración central a las comunidades autónomas se hizo con el sistema de coste efectivo de los servicios transferidos, pero en el caso de la Comunidad Valenciana -y ahí es donde está el origen del problema- partíamos de un menor tamaño del sector público y desde entonces ningún sistema de financiación ha afrontado el déficit estructural inicial. El anterior modelo de financiación, el que hicieron el señor Aznar y el señor Zaplana, otorgaba a la Comunidad Valenciana una financiación por habitante 8 puntos por debajo de la media. Además, al no existir la obligación de efectuar una revisión de las cifras de población, el modelo ignoró que la población de la Comunidad Valenciana crecía más que en otras comunidades; incluso cuando el modelo entró en vigor, el 1 de enero de 2002, ya había 260.000 valencianos inexistentes para el sistema, una cifra que continuó creciendo hasta alcanzar casi el millón en el año 2009. Tras las elecciones de 2008, el Gobierno socialista negoció un nuevo modelo, que supuso más recursos para la Comunidad Valenciana y reconoció a ese millón de valencianos que eran invisibles
en términos de financiación; es más, si no se hubiera modificado, si hubiéramos continuado con el modelo anterior, en 2009 hubiéramos recibido una financiación aún peor del 85% de la media, 15 puntos por debajo. Con todo, el nuevo modelo, a pesar de ser mejor que el anterior, mantiene a la Comunidad Valenciana por debajo de la media de la financiación por habitante. En resumen, la aplicación prolongada de la financiación autonómica ha consolidado las desigualdades en el despliegue de servicios públicos fundamentales entre los habitantes de diferentes territorios previas a la descentralización y en muchos casos se ha perpetuado la distribución territorial de recursos que se aplicaba en el Estado predemocrático. A todo esto -a la crisis económica, que ha producido un descenso notable de ingresos fiscales; a la baja inversión del Estado en la Comunidad Valenciana durante treinta años, prácticamente siempre, en todos los años, por debajo de nuestra población, y al propio sistema de financiación insuficiente- hay que añadir además un factor propio de la Comunidad Valenciana, en el que no voy a entrar hoy por responsabilidad, que es la deficiente gestión de recursos públicos basada fundamentalmente en un modelo de crecimiento, de despilfarro y de corrupción. En definitiva, la suma de todos estos factores ha llevado a la Hacienda pública de la Comunidad Valenciana al borde del precipicio, con una deuda respecto al PIB del 21,5% y las puertas cerradas, absolutamente cerradas, en los mercados financieros.
En este contexto, en esta tormenta perfecta de las cuentas de la Generalitat, es cuando debatimos una iniciativa que quiere trasladar a esta Cámara el acuerdo aprobado por unanimidad en las Cortes Valencianas; una propuesta que resulta imprescindible para la sanidad y la educación, para las universidades, para los farmacéuticos que no cobran hacen meses, para las empresas que trabajan para la Generalitat, que tampoco cobran, para los empleados públicos, que esperan cobrar sus nóminas con regularidad y, en definitiva, para la esperanza de 5 millones de valencianos y valencianas. Así, todos los grupos de les Corts y el Grupo Socialista del Congreso, al cual agradezco su sensibilidad y su apoyo, instamos al Gobierno a que, mientras no se revise el actual modelo, se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que la Comunidad Valenciana alcance la media en financiación por habitante de las comunidades autónomas de régimen común y se rebaje esa brecha incomprensible que convierte hoy por hoy, en términos de financiación, a los valencianos en españoles de segunda. Si la Comunidad Valenciana recibiera lo mismo que la media de las comunidades autónomas, tendría unos ingresos adicionales anuales de más de 1.000 millones de euros. Señorías, el Grupo Socialista ha hecho suyas las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana y de les Corts Valencianes. No es momento de regate corto, no es momento más que de que se empiece a corregir una situación de déficit histórico con la Comunidad Valenciana. Necesitamos un sistema de financiación justo para impulsar crecimiento, crear empleo y garantizar la sanidad y la educación. No se trata hoy ni ahora de buscar culpables, se trata de que la Comunidad Valenciana disponga de los mismos recursos que otras comunidades para afrontar esta terrible crisis. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Si la Comunidad Valenciana ha sido históricamente -y lo ha sido- solidaria con el conjunto de España, ahora España debe ser solidaria con la Comunidad Valenciana. Eso será tan bueno para nuestra comunidad como para toda España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por lo que seguimos el orden ordinario. No hay ningún portavoz del Grupo Mixto ni tampoco del Grupo Vasco. Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra su portavoz, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, es evidente que en la Comunidad Valenciana existe un problema de financiación, un déficit. Nosotros queremos solucionarlo, pero no queremos hacerlo de la forma que nos cuenta aquí hoy el Grupo Socialista. Si me permiten, la forma en esta ocasión es esencial, sin que sirva de precedente, porque la forma en la que se han estudiado y otorgado las financiaciones a las comunidades autónomas de este país, esa manera de hacer que hemos tenido hasta ahora es la responsable de una gran parte de las dificultades económicas por las que estamos pasando.
Ahora mismo, en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular se queja de la financiación, un poco como excusa para explicar el derroche y el gasto que nos ha hipotecado a los valencianos durante varias generaciones, y el Partido Socialista hoy, probablemente para lucimiento de su nueva estrella local, nos trae aquí una propuesta que uno no se explica suficientemente bien por qué precisamente ahora y desde aquí. De lo que nosotros querríamos hablar no es de la financiación de la Comunidad Valenciana, querríamos hablar de la financiación de todas las comunidades autónomas en general. En primer lugar, estamos a favor de un Estado federal cooperativo basado en la igualdad, y ese es el debate que nos parece que deberíamos traer aquí, no propuestas a destiempo sabiendo que no van a ser aprobadas, como hace el PSOE, ni quejándonos de la mala financiación que nos va a dejar hipotecados durante varias generaciones, como esta haciendo el Partido Popular. De lo que nos gustaría hablar es de lo siguiente: Los problemas de la financiación de la Comunidad Valenciana, entre otras cosas, se deben a la sobrefinanciación que tienen algunas comunidades como el País Vasco y Navarra. Ustedes, señores del Partido Socialista, apoyan esa financiación, ese privilegio fiscal que existe en el País Vasco o en la comunidad de Navarra, que es a la vez el responsable de que tengamos un déficit de financiación en la Comunidad Valenciana. Los valencianos estaríamos muy interesados en saber por qué ustedes apoyan esa sobrefinanciación,
este privilegio fiscal en Navarra y en el País Vasco, y sin embargo vienen aquí a llorar un déficit, que es cierto que existe, en la Comunidad Valenciana. Sobre esto es sobre lo que hay que hablar, señores del Partido Socialista, y no de unas cuentas que no nos salen, que crean desigualdad. Hay que acabar con los privilegios fiscales y hay que estudiar un nuevo sistema de financiación, pero global. No vamos a volver a caer en el error de ir comunidad autónoma por comunidad autónoma, como ustedes están queriendo hacer junto con los señores del Partido Popular ahora con Cataluña. Ese es el sistema que nos ha traído al desastre económico que estamos viviendo en este país. Soy valenciano y soy español y soy responsable y no quiero que mi país ni mi Comunidad Valenciana sigan teniendo la situación económica que están sufriendo ahora. Esa situación económica en gran parte se debe a lo que han hecho ustedes, señores del Partido Socialista, y ustedes, señores del Partido Popular, con la financiación de las comunidades autónomas. Es esto de lo que debemos hablar aquí. Hay que crear un cambio global, hay que hablar de todas las comunidades autónomas y, sobre todo, hay que garantizar la igualdad. La otra forma, la que ustedes proponen aquí ahora, la que desde otros lugares nos propone también el Partido Popular, es la responsable del desastre económico que vivimos ahora.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Valoramos positivamente la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre la financiación de la Comunidad Valenciana. Entendemos que determinadas comunidades autónomas quieran una revisión del actual modelo de financiación autonómica, pues realmente el actual sigue sin corregir un grave problema, que es la falta de un criterio explícito de nivelación fiscal. La Comunidad Valenciana, la de les Illes Balears y otras padecen algunos problemas de financiación que también padece Cataluña, como un sistema de financiación que castiga precisamente a las comunidades autónomas con más economía productiva. En consecuencia, con independencia de que Convergència i Unió, en defensa de los intereses de Cataluña, no pretende priorizar la revisión del actual modelo de financiación autonómico, sino reivindicar un modelo de financiación singular para Cataluña que esté fuera del sistema común de la Lofca y de la negociación multilateral, nos solidarizamos plenamente con los planteamientos formulados en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, he de manifestar, en nombre del Grupo Popular, una reacción de sorpresa, sorpresa por la forma, por el fondo y por los plazos. Voy a empezar por lo más sencillo, por los plazos. Conceden ustedes al Gobierno de España un plazo no superior a tres meses -lo dicen textualmente su proposición- para resolver la financiación de la Comunidad Valenciana. Según tengo entendido, en las dos legislaturas anteriores los problemas derivados de la financiación de la Comunidad Valenciana se debatieron a lo largo de siete u ocho años. El proponente parece haberse visto animado a establecer tres meses, sabiendo que el Grupo Popular, el Gobierno de la nación, está acometiendo con diligencia reformas, a un ritmo bastante rápido, para resolver los múltiples problemas que la situación económica y financiera de nuestro país atraviesa. En ese sentido, le doy las gracias por la confianza en el plazo de tres meses.
En cuanto a la forma, también sorprende, porque en la proposición no de ley se dice textualmente que lo que se quiere es reforzar políticamente el acuerdo que se ha adoptado en las Cortes Valencianas. El acuerdo aprobado en las Cortes Valencianas por unanimidad de todas las fuerzas políticas se publicó el 1 de junio y ustedes vienen a proponer en el Congreso de los Diputados, con fecha 5 junio, reforzar la voluntad. Creo que las Cortes Valencianas reforzaron suficientemente la voluntad.
Aclarado el plazo y la forma, voy a ir al fondo, porque es aún peor y lo es por lo siguiente. La proposición no de ley, en primer lugar, se aparta del acuerdo que adoptaron las Cortes Valencianas, porque las Cortes Valencianas lo que aprobaron fue que se iniciaran las negociaciones para estudiar las ponderaciones que habría que aplicar a la realidad demográfica para modificar el sistema de financiación -se reconoce el carácter multilateral de estas negociaciones y se acuerda que se inicien unos estudios- y que se iniciaran también las negociaciones para los cambios legislativos. Cambios legislativos y multilateralidad: aceptable. Pero sorprendentemente, la proposición no de ley del Grupo Socialista, en su punto primero, dice textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, mientras no se plantee una revisión del actual modelo de financiación autonómica, a poner en marcha los mecanismos de corrección necesarios para ajustar el modelo. Señores del Grupo Socialista, si no se modifica el sistema de financiación ni el Gobierno de España puede poner en marcha mecanismos de corrección ni el Congreso de los Diputados debe instar al Gobierno de España a que adopte mecanismos que no están definidos en la ley, que están fuera del sistema de financiación y que son legal y políticamente inaceptables. En cuanto al acuerdo de las Cortes, un acuerdo multilateral y con cambio legislativo, se podría examinar. Lo de los mecanismos puestos sobre la marcha en tanto se apruebe el sistema de financiación es legalmente inaceptable, porque todo acuerdo de cambio de una norma necesita un determinado consenso, pero en este caso especial del que estamos hablando, el sistema de financiación de las comunidades
autónomas, es especialmente importante. ¿Por qué es especialmente importante y por qué creo que el consenso podría ser imprescindible? Lo es porque en el reparto de los fondos Estado- comunidades autónomas estamos repartiendo el dinero de todos para todos. Es decir, en su doble condición como contribuyente, que aporta estos fondos, y como destinatario de los servicios públicos, el ciudadano tiene que sentir que ese reparto se hace con equidad, con justicia, con transparencia y con eficacia -eso solo puede conseguirse a través de los mecanismos legales previstos al efecto-, con la modificación de la norma, si se estima oportuno hacer una revisión -les recuerdo que ustedes revisaron recientemente el modelo de financiación, en diciembre de 2009- y, por supuesto, con carácter multilateral, porque la financiación de una comunidad autónoma y la ponderación de los parámetros afecta al resto de las comunidades autónomas, nos afecta a todos; todos para todos. También le tengo que dar un dato, un dato que es importante, y es que precisamente en 2012 la Comunidad Valenciana ha alcanzado la media de financiación per cápita, de acuerdo con la comunicación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho a la Comunidad Valenciana. Este dato también es importante. La financiación per cápita se ha alcanzado concretamente en abril de 2012 y la Comunidad Valenciana conoce ya la existencia de este dato. También quiero recordarles que la realidad demográfica es un dato importantísimo para el reparto de los fondos de financiación del Estado y las comunidades autónomas. Son tenidos en cuenta en la población ajustada, población ajustada que es el resultado de aplicar a la población total una serie de variables, que son: población de cero a dieciséis años, población superior a sesenta y cinco años, población protegida, dispersión, insularidad y tamaño de la comunidad autónoma. Todos estos factores se computan en el Fondo de garantía de servicios esenciales y también en los dos fondos de convergencia, en el de competitividad y en el de cooperación. Es precisamente en el Fondo de competitividad donde ya se prevé que si alguna comunidad autónoma recibiera por debajo de la media, de acuerdo con los recursos de la población ajustada y de acuerdo con los mecanismos de este fondo, se le incrementarían los recursos hasta alcanzar la media. No voy a entrar en mayores tecnicismos, solo quiero insistir en el carácter multilateral y en la necesidad de consenso para ponderar los elementos que es necesario aplicar a la población para hacer un reparto justo y equitativo de los recursos que todos aportamos al sistema financiero.
La segunda de sus propuestas -esta sí es copia literal de lo que acordaron las Cortes Valencianas- consiste en solicitar la compensación de acuerdo con la igualdad constitucional y el desarrollo armónico previsto en el artículo 2 de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Se prevé que en el seno de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, donde se deben solventar todos los problemas que hoy analizamos, se repartan quinquenalmente todas aquellas modificaciones que en el ámbito tributario se produzcan entre el Estado y las comunidades autónomas, tanto al alza, como a la baja, con lealtad institucional, igual que los gastos. Es decir, aquellas elevaciones o bajadas con origen tributario o el incremento de los gastos se modificarán quinquenalmente en el seno de la Comisión de Política fiscal y Financiera para el quinquenio posterior y las claves de este reparto de elevación de ingresos o de gastos se establecerán a través de un comité específico, un comité técnico. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha repetido dos veces que este comité técnico se va a reunir precisamente para resolver los problemas derivados del principio de solidaridad institucional para el próximo quinquenio, con lo cual la legislación resuelve este punto. Y también lo resuelve la acción administrativa derivada de la propia legislación. Con esto término, señor presidente. (Aplausos).
- SOBRE LOS AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS DE BADIA DEL VALLÉS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000566).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura en el número 5 del orden del día, presentada por el Grupo de La Izquierda Plural. A esta proposición se han presentando dos enmiendas, una de Convergència i Unió y una del Grupo Socialista, que intervendrán en primer lugar. A continuación intervendrán el resto de los grupos para fijar posición. Tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: A mi grupo le gustaría no tener que presentar esta proposición no de ley, porque detrás de ella está el drama humano de decenas de familias en Badia del Vallés.
Voy a remontarme un poco al origen. Nos gustaría no tener que presentarla, porque eso querría decir que nuestro sistema financiero no habría abusado de una legislación demasiado permisiva. Aquí estamos hablando precisamente del último eslabón de esa cadena de despropósitos de una mala legislación hipotecaria, que por cierto todavía sigue vigente. Badia del Vallés es la consecuencia de esa mala legislación, pero también de fraudes y abusos por parte de entidades financieras. Esta tarde, en el Pleno del Congreso se va a debatir precisamente una proposición de ley para cambiar esa Ley Hipotecaria, para poner fin al sobreendeudamiento privado y a los excesos de las entidades financieras, que han tenido consecuencias para muchas familias, que nos han llevado al desastre económico en nuestro país y a que el señor De Guindos esté hoy mismo hablando de rescate financiero.
Entrando en el tema concreto, esta proposición no de ley, que nos gustaría no tener que debatir, intenta administrar el fracaso de unas políticas y de una legislación, pero también las consecuencias de un fraude concreto en el que están implicados desde notarios hasta entidades financieras. Les pongo en antecedentes. Badia del Vallés, que es el municipio con la renta per cápita más pobre de toda Cataluña, es el típico municipio dormitorio que surge en los años setenta para albergar a las personas que desde todos los puntos de España vienen a trabajar a Barcelona. Se configuró como una ciudad muy particular, donde la mayor parte de las viviendas eran de protección oficial. Aquí partíamos de una legislación de protección de viviendas a muy corto plazo -se cambió cuando entramos en el Gobierno de la Generalitat- y, por tanto, con una capacidad de liberalizar y vender a un precio distinto y desprotegido con el tiempo. ¿Qué paso? Que con la llegada del bum inmobiliario un gran número de viviendas de protección oficial fueron vendidas como si fueran de propiedad y por encima del valor fijado en el contrato. Aquí tenemos ejemplos de lo que son realmente auténticas barbaridades. Hablamos, por ejemplo, de pisos de 70 metros cuadrados en este municipio, que a lo mejor habían costado 40.000 euros, vendiéndose hasta cinco veces por encima de su valor.
¿Qué hacían el banco y varias entidades financieras? Firmar dos hipotecas: una para la Administración, que era la que constaba oficialmente, y una segunda hipoteca por otro valor para la transmisión. La persona que adquiría ese piso tenía que hacer frente a las dos hipotecas, pero la Administración solo tenía conocimiento de una. En el fraude se encuentran implicados tanto entidades financieras como las personas que, en un momento de necesidad de acceder a una vivienda, necesitaban ese crédito a cualquier precio, que era lo que empujaba precisamente a esta situación. Claro que podemos hablar de irresponsabilidades compartidas, pero en algún caso más que en otro, por lo que aquí hay que diferenciar. ¿Qué pasó? Que muchas de estas personas eran insolventes y con la llegada de la crisis y el aumento del paro -Badia del Vallés precisamente es de los lugares con mayor paro de toda Cataluña-, no han podido hacer frente a esos intereses ni a esas hipotecas por encima del valor. Las administraciones han tenido que hacerse cargo de ese drama y de ese fraude. Tras evaluar la situación, con el municipio y la Generalitat de Catalunya, se llegó a un acuerdo con alguna entidad financiera, que así lo dispuso, para que las familias pudieran ejercer la dación en pago y durante cinco años, con un alquiler módico, pudieran vivir en esa vivienda. Se ha podido acordar con la Generalitat y con el propio ayuntamiento el pago de los impuestos municipales, pero ahora es Hacienda, la Agencia Tributaria, la que les pide a esas familias que se hagan cargo del incremento del valor patrimonial.
¿De qué trataba precisamente ese acuerdo? La Generalitat de Catalunya reconoció que el precio de esas viviendas era superior para que las familias pudieran hacer la dación en pago de acuerdo con la entidad financiera. No era la solución más deseable, pero es la única que se encontró para hacer frente a ese drama de casi 300 familias que se veían desahuciadas en un municipio que tiene ya unas condiciones de vida muy complicadas. En ese convenio con las entidades financieras, de acuerdo con el propio municipio y con la Generalitat, se reconoció el valor al alza de esas viviendas. Ahora Hacienda, para poder hacer esa dación en pago, pide que las personas que están en el paro, que han tenido que dar la vivienda en pago a la entidad financiera, además tengan que pagar por un incremento no real, sino ficticio de su valor, cantidades que van entre 10.000 y 25.000 euros en concepto de IRPF. Los impuestos -aquí no tenemos que perder la noción- tienen que gravar un incremento de renta real, y aquí estamos hablando de personas en paro, que no tienen esos ingresos ni esa capacidad ni ese poder adquisitivo. Además estamos hablando de un incremento ficticio para resolver una cuestión concreta y dar una salida a esas familias. Pedimos hoy singularizar, dar respuesta y que Hacienda sea responsable ante esta situación, ante el fraude, porque ahora las administraciones públicas también tienen que responder ante estas familias. Pedimos algo muy concreto, que el Real Decreto-ley 6/2012, que ha aprobado el Gobierno para proteger precisamente a deudores hipotecarios sin recursos, incluya a estas familias; que estén exentos de pagar el IRPF del incremento de valor por las daciones en pago, porque en este caso se trata de un incremento de valor que no responde a la realidad. Pedimos sensibilidad y que se repita el acuerdo y el consenso que se ha obtenido en Badia del Vallés. Todo el mundo ha dado apoyo a esa petición de exención fiscal, porque saben que es la única salida que les queda a estas familias. Exigimos al Partido Popular especialmente, que es el grupo mayoritario, que sea coherente con lo que ha votado y defendido en el propio municipio de Badia del Vallés y sobre todo que sea sensible con la situación que hay.
Nos hubiera gustado tener una legislación distinta, tener una respuesta diferente, pero llegados al cabo del camino donde estamos ahora, es la Administración del Estado la que tiene que ser responsable. Lo ha hecho la Generalitat, lo hecho el ayuntamiento y pedimos un mínimo de sensibilidad. No se trata de personas que se han enriquecido, sino todo lo contrario, pues están en la ruina. Hacienda no puede exigir ese IRPF. Le pedimos sensibilidad, menos hipocresía y que mantengan lo que se ha defendido en Badia del Vallés en esta Comisión.
Me posiciono sobre las enmiendas. En el caso de que el Grupo Parlamentario Popular acepte la proposición no de ley, la mantendríamos en sus términos. En caso contrario, si no van a votarla favorablemente, aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista que incorpora ya parte de la enmienda de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra para defender su enmienda el portavoz de Convergència i Unió.
El señor PICÓ I AZANZA: Coincidimos con la portavoz del Grupo de La Izquierda Plural y queremos poner de manifiesto sobre todo la singularidad del municipio de Badia del Vallés, un municipio en que la mayor parte de sus viviendas son de protección oficial y que registra la mayor tasa de paro de Cataluña, repito, un municipio de gran singularidad. Nuestro grupo parlamentario, cuando ha leído la proposición no de ley, como ya hizo el grupo municipal de Convergència i Unió en Badia del Vallés, dio su apoyo a las medidas y a los acuerdos de la Generalitat de Catalunya con Catalunya Caixa. Puso el acento, que vale la pena remarcar, en que en este proceso debía de darse la cancelación de todas las deudas vinculantes a la compra de la vivienda. En este supuesto, como ha dicho también la portavoz de La Izquierda Plural, el ayuntamiento otorgó la exención de la plusvalía, no real, que se hizo efectiva. Por otra parte, había el incremento de patrimonio que suponía esta operación en el IRPF. Como hemos podido ver es un caso muy singular, pero que especialmente pone de manifiesto el problema más amplio que significa la dación en pago por sus consecuencias fiscales.
La enmienda presentada por este grupo parlamentario a esta proposición no de ley amplia el supuesto y no solo en línea con la exención fiscal del IRPF por el incremento del valor patrimonial de la transmisión por la dación en pago de la vivienda. El Real Decreto-ley 6/2012, en su artículo 3, establece un umbral de exclusión, que en este sentido no es aplicable al supuesto de Badia del Vallés ni a muchos otros. Valdría la pena ampliarlo y dar una exención en el IRPF por el incremento de valor que se da por las daciones de pago de viviendas.
Por otro lado, esta es una enmienda de adición a la proposición no de ley, en la que pedimos la inversión del sujeto pasivo en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal, por la cual haríamos efectivo que la entidad financiera que adquiere el inmueble sería la que se haría cargo de este impuesto municipal y no se debería exigir al contribuyente, al que se le da la vivienda en dación, el importe de las subvenciones tributarias satisfechas. Coincidimos plenamente con la proposición no de ley en el caso de Badia del Vallés -nuestro grupo municipal así lo hizo-, pero debe ampliarse a otros muchos supuestos que por desgracia, y por la coyuntura económica, se están dando en la realidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Hemos presentado a esta iniciativa una enmienda. Tal como planteaba la señora Ortiz, estamos hablando de un pueblo, para que se hagan una idea real, de 14.500 habitantes, con 5.370 viviendas de protección oficial. Esto da una buena imagen del problema del que estamos hablando aquí. Como decía la portavoz, es un pueblo de trabajadores donde las administraciones, los notarios, los bancos, todos han mirado para el otro lado y han permitido que estas viviendas de protección oficial se vendieran a precios desorbitados y sin ningún límite ni control. Ahora nos encontramos con que estas personas que han comprado un piso, en las condiciones que decía la señora Ortiz, tienen un problema, se quedan sin vivienda, se han quedado sin trabajo y encima Hacienda les reclama una cantidad que ronda los 20.000 euros.
El ayuntamiento y la Generalitat han hecho un esfuerzo por buscar una solución. No sé si se dieron cuenta o el problema vino después. El acuerdo firmado entre la Generalitat de Catalunya, Adisa, como empresa responsable, con La Caixa, que al quedarse con la vivienda pudiera valorarla. Ese problema que ahora tenemos son los bancos, que han valorado las viviendas como las han valorado. Se produce además por obligación que cambien de módulo. El cambio de ese módulo significa incremento de patrimonio, pero no es tal incremento de patrimonio. El ayuntamiento evidentemente no ha cobrado esas plusvalías, la Generalitat tampoco las ha cobrado, pero Hacienda les reclama a esos trabajadores ese incremento. Repito que estamos hablando de cantidades que normalmente un trabajador no gana en un año. Tengan presente que son unas personas que están en el desempleo. Somos un poco responsables todos: esta situación es fruto de una ley que elaboró el Partido Popular con una mayoría absoluta, el Partido Socialista que tardó demasiado en pinchar esa burbuja y la Generalitat de Catalunya no ejerció el control que tenía que ejercer cuando estaba permitiendo que pisos de protección oficial se vendieran con el descontrol con que se estaban vendiendo. No puede ser que en un momento en el que acabamos de pedir un rescate para la banca, para solventarles este problema, a unas personas afectadas por él les demos la espalda y no encontremos una solución que alivie a estas familias.
Seguramente el Grupo Popular va a votar en contra. En democracia hay que respetarlo todo. (Rumores). Hay que respetar que cada uno vote lo que quiera. Si no es votando hoy aquí esta iniciativa, que sería la fórmula más rápida de hacerlo y más segura para los afectados, lo que tendríamos que hacer entre todos los grupos es pedirle a Hacienda que tuviera una sensibilidad de por lo menos tratar individualmente a cada una de estas familias de forma que no reciban la reclamación de las cantidades que de entrada saben que no van a poder pagar ni este año ni el que viene ni a lo mejor en muchos años. El Grupo Socialista, consciente de esta situación, ha presentado la enmienda porque tampoco van a ser los únicos afectados, puede haber mucha más gente afectada por esta situación. En función de cómo se haga la dación en pago podíamos encontrarnos con más situaciones como esta. Es un deber moral de todos dar solución a
este problema al que en el fondo todos hemos contribuido: unos lo han hecho posible con la legislación de la Ley del Suelo del Partido Popular, otros por falta de control y otros por tardar un poco más de lo que debíamos en pinchar esa burbuja. Es un deber de todos hoy aquí dar solución a esas familias y esta sería que no tuvieran que tributar por algo que no tienen ni van a tener, que es un incremento del patrimonio. Porque no tienen patrimonio alguno, se han quedado sin el mismo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora JORDÀ I ROURA: Señorías, se ha explicado suficientemente la problemática que sufren muchas personas de Badia del Vallés. La portavoz de la iniciativa y los diferentes grupos que han presentado enmiendas lo han detallado en profundidad. Esquerra Republicana va a apoyar la propuesta por una razón muy simple, aunque les sorprenda, no sé si todo el mundo lo aplica hoy y es que lo que se pide en ella es absolutamente justo. Tenemos ante nosotros una más de las injusticias de esta crisis, una mezcla de avaricia -si se me permite-, de mala fe, para conseguir el objetivo incluso con fraude de ley. Que las entidades bancarias dieran hipotecas por pisos que tenían un coste muy por encima del coste que se podía escriturar en pisos de protección, a nuestro entender, es un ejemplo más de la falta de ética que ha imperado durante la burbuja inmobiliaria.
El caso de Badia podría servir perfectamente para ilustrar una historia de avaricia, una historia de engaños, de abuso a los más necesitados, como siempre, incluso de falta de escrúpulos. La crisis resumida en una ciudad, que paradójicamente tiene la forma de España, y sería un ejemplo de lo que nos ha llevado hasta aquí. El caso que nos ocupa no deja de ser un ejemplo de la situación en la que nos encontramos ahora. Cuando parece que los ciudadanos han encontrado una semisolución, cuando parece que los ciudadanos han arreglado de manera precaria la situación, Hacienda decide cobrarles por unos trámites, porque se ha duplicado el valor, para normalizar una situación altamente anómala. A pesar de que acaben perdiéndola, se les obliga a pagar. Vamos a defender la propuesta, porque por mucho dinero negro con el que pagaran los trabajadores que compraron estos pisos, no sería nada al lado de la amnistía fiscal que se ha propuesto para las grandes fortunas. Esto lo queremos decir alto y claro. Como decíamos al principio, es evidentemente una medida justa. Tienen hoy una oportunidad para demostrar que la crisis no la pagan siempre los mismos, que no la pagan siempre las clases más bajas. Para poner una excepción a un modelo que los ciudadanos ya dan por hecho, donde los verdugos salen indemnes y las víctimas reciben una llamada de Hacienda para pagar el IRPF.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Serrano.
El señor SERRANO CORONADO: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural relativa a la ampliación de la exención fiscal en el IRPF del incremento del valor patrimonial contemplado en el Real Decreto-ley 6/2012 a los afectados por las prácticas hipotecarias, supuestamente anómalas, seguidas durante años en el municipio barcelonés de Badia del Vallés, hemos de señalar que el artículo 10 del citado real decreto-ley, en vigor desde el pasado mes de marzo, ha incorporado en la Ley 35/2006 una nueva disposición adicional trigésima sexta, cuyo título es La dación en pago, que establece literalmente que estará exenta de este impuesto la ganancia patrimonial que se pudiera generar en los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma. En consecuencia, los supuestos a los que queda limitada la anterior exención son los correspondientes a las daciones en pago acogidas a lo previsto en el anexo 3 del citado real decreto-ley y a deudores situados en el umbral de exclusión y cuya definición se concreta en el propio texto. Sin embargo, la proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural pretende ir más allá, pretende la extensión de la exención a todos los supuestos de la dación en pago de la vivienda del contribuyente a la entidad financiera acreedora en pago del préstamo hipotecario contratada para su adquisición, si bien en el caso de la proposición no de ley limitándolo geográficamente al municipio de Badia del Vallés. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que en relación con dicha propuesta no puede quedar limitada al caso específico al que se refiere la proposición no de ley, no pareciendo justificado que la exención quede condicionada a circunstancias geográficas o relativas a las circunstancias correspondientes a la adquisición de la vivienda, que puedan ser ajenas a la capacidad económica del contribuyente, al existir situaciones similares que no afectan a viviendas de protección oficial o que afectan a deudores hipotecarios de otras localidades.
A nuestro entender, la proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural es una respuesta fácil a un problema complejo que carece de una mínima reflexión jurídica y política, que únicamente pretende quedar bien ante un colectivo concreto de afectados, aparentando que tienen el monopolio de la sensibilidad a las dificultades y problemas que atraviesan muchos de nuestros ciudadanos. Pero sepan sus señorías que esa preocupación por los problemas de los ciudadanos también la tienen el Gobierno y este grupo parlamentario. No son los únicos que tienen el monopolio de la sensibilidad a los problemas por los que atraviesan nuestros conciudadanos.
Ustedes saben muy bien que es un problema muy complejo y, en realidad, su proposición no de ley ni es ni puede ser la respuesta a este problema concreto cuya solución podría ser más una cuestión de interponer acciones judiciales ante los tribunales que de orden político. Por tanto, sorprende que a día de hoy, y salvo error, ni el Ayuntamiento de Badia ni la Generalitat hayan interpuesto las correspondientes acciones judiciales en defensa de los afectados.
El planteamiento que hace la proposición no de ley no responde a los necesarios principios de igualdad, generalidad y abstracción que deben imperar en toda norma jurídica, pues la modificación, en los términos planteados por el Grupo de La Izquierda Plural, deja fuera supuestos similares o idénticos al referido en la propuesta, lo que implica de forma evidente, tal como he señalado anteriormente, una posible quiebra de los principios de igualdad, generalidad y abstracción que debe perseguir toda norma jurídica. No obstante, aun cuando la proposición no de ley ampliara su marco geográfico o acogiera otros supuestos parecidos, tampoco podemos pasar por alto la actual coyuntura económica en relación con la posible ampliación de los límites actuales de la exención y el impacto presupuestario que ello podría tener. Dicha ampliación, de producirse, debería ponderarse teniendo en cuenta las prioridades presupuestarias, dado el carácter forzosamente restrictivo de las exenciones en el IRPF y que en última instancia queda condicionado por los objetivos de política fiscal, económica o social, así como por la situación actual de disminución de los ingresos públicos y que se trata además de un beneficio fiscal que afectaría a las comunidades autónomas, pues tienen cedido el 50% de la recaudación. En definitiva, este grupo parlamentario entiende que la proposición no de ley presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, respecto a la ampliación de supuestos de exención en el IRPF, no solo incumple las prioridades presupuestarias, sino que además supondría una quiebra de los principios de igualdad, generalidad y abstracción que deben reinar en toda norma jurídica, ya que el supuesto planteado en la proposición no de ley deja fuera supuestos parecidos o incluso idénticos y no parece razonable que no pudieran beneficiarse de esa misma exención. Por todo lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario, por responsabilidad, no puede apoyar la proposición no de ley presentada y votaremos en contra de la misma.
El señor PRESIDENTE: A partir de las palabras iniciales de la portavoz de La Izquierda Plural entiendo que se acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y no la presentada por Convergència i Unió, porque está integrada en la del Grupo Socialista. ¿Es así? (Pausa).
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Sí, pero la primera enmienda de Convergència i Unió también la acepto, así como la enmienda socialista que recoge el contenido de la de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Cuando pasemos a las votaciones será votada en esos términos.
- SOBRE EL CATÁLOGO DE REGULACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000173).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el catálogo de regulaciones administrativas de carácter económico de las comunidades autónomas y para defenderla tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, mientras en el Pleno de esta tarde, tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista defenderán una mayor integración fiscal y bancaria europea en España, los Gobiernos de sus comunidades autónomas y de los nacionalistas han creado una maraña legislativa que hace que a veces sea más difícil vender en Paris que en Valencia, por poner un ejemplo, y más fácil transitar por los diferentes de la Unión Europea que por nuestras comunidades autónomas. Dentro de una semana la Unión Europea va a apostar por una mayor integración a todos los niveles y nos parece que aquí estamos yendo en sentido contrario. Cualquier autónomo, cualquier empresario, podrá decirles a ustedes las dificultades que conlleva el sistema actual. Para solucionarlo, diré muy brevemente que UPyD quiere diagnosticar el problema y para eso insta al Gobierno a elaborar al menos un catálogo, en seis meses, para analizar las necesidades de armonización normativa y así evitar cargas burocráticas a los empresarios. Eso es todo. Para ser más competitivos, para facilitar el trabajo a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos debemos homogeneizar nuestras legislaciones. En vez de poner trabas, hemos de trabajar para facilitar y, sobre todo, garantizar la igualdad. Europa nos enseña que la solución a nuestros problemas pasa por más Europa, no hagamos en España lo que se ha demostrado ineficiente en Europa.
El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta proposición no de ley que avanzo ya que merecerá el voto en contra y lo será por las razones que muy brevemente intentaré exponer.
En primer lugar, porque esta proposición no de ley parte de una visión política de la realidad española y de la realidad económica en nuestra opinión más que discutible. Hace tiempo ya que en la economía del siglo XXI no se piensa que la Administración tenga que estar supeditada al mercado. Esta es la primera de las ideas a la que uno se aproxima tan pronto lee esta proposición no de ley. Al contrario, la crisis actual nos ha puesto de manifiesto que si hace falta algo hoy en día es la regulación de los mercados y no su desregularización. Además, la iniciativa es mucho más sutil en términos políticos y pretende vendernos la lógica de la sociedad industrial, la cultura del fordismo, como algo contemporáneo y adecuado a la realidad de la España y de la Europa del siglo XXI.
Cuando ya sabemos que hoy no vivimos en la sociedad industrial, donde la razón y la cadena de montaje llevaban a la idea de producción, sino de una sociedad de redes, donde el elemento clave de la competencia y de la riqueza, lo que genera sinergias, se llama diversidad. El trabajo en red, el trabajo estructurado en focos distintos de mercado que son capaces de competir entre sí y generar nuevos elementos de riqueza, no solo dentro de los países, sino también a escala global. De aquella idea de pensar en global y trabajar en local, todos sabemos hoy que lo que hay que hacer es pensar en local, aportar al mundo las identidades y las riquezas que uno tiene y trabajar en global. Trasladar esa lógica económica, pasada de época, a la teoría del Estado es todavía más curioso en nuestra opinión. Porque ese discurso económico lleva a una visión recentralizadota de los Estados en este momento y nos hace olvidar que son precisamente los países federales, desde Estados Unidos hasta Alemania, Austria o los que están actualmente creciendo Brasil, India, Argentina, Sudáfrica, con rendimientos de crecimiento enormes para los que son Estados federales, cuyas cláusulas regulatorias respecto de la unidad de mercado son mucho más limitadas que las que tenemos en Europa en todos los Estados. Dicho con otras palabras, produce más inconvenientes al tráfico económico mercantil la cláusula de la Constitución norteamericana, la cláusula de comercio -y todo lo que ha tenido que decir el Tribunal Supremo sobre la misma-, que el sistema que tenemos en España o en Europa, donde la unidad de mercado está garantizada por los propios tratados fundacionales de la Unión. Si en algún espacio la unidad de mercado es operativa con las limitaciones administrativas y sus regulaciones es precisamente en la Europa que estamos viviendo, frente a otros países donde esas limitaciones son mucho mayores y, a pesar de eso, tienen crecimientos muy intensos y su economía funciona.
¿Por qué? Porque no se debe confundir nunca la igualdad con la uniformidad. Porque no se debe pensar que la uniformidad es causa de desarrollo económico, más bien lo contrario a día de hoy. Porque es precisamente la economía pensada para las personas y no solo pensada para un PIB, como han hecho algunas multinacionales a escala global, la que garantiza la felicidad de los pueblos. Es importante decir todo esto, porque ese discurso recentralizador es absolutamente incompatible con los postulados de nuestra Constitución. Es bueno decirlo y subrayarlo. No hay riesgo para la unidad de mercado en nuestro país, mejores principios que los tratados de la Unión, que son parte de nuestro derecho positivo, imposible, y estamos de acuerdo, por supuesto, en que hay que suprimir donde existan duplicidades administrativas, hay que racionalizar nuestro sistema burocrático y de administración, sin duda. Pero nuestra Constitución nos dice dónde y cómo se hace. Eso se llama conferencias sectoriales entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso se llama colaboración institucional. Se llama federalismo cooperativo, y reitero aquí la palabra, en colaboración precisamente con los sectores implicados y no un sistema de imposición desde el centro a las comunidades autónomas, como es paradójicamente lo que en esta proposición no de ley se nos presenta.
Una vez realizado esta especie de desnudo ideológico de la proposición, voy a entrar en los elementos concretos que nos propone. En primer lugar, hacer un catálogo, dice, de todas las actividades de las comunidades autónomas -leo textualmente- que se refieran a actividades agrarias, energéticas, industriales y de servicios, a la actividad laboral de los trabajadores o a cualquier otra materia que tenga incidencia económica. Ese catálogo prácticamente ya existe. Basta con coger los boletines oficiales de las comunidades autónomas, sacar la parte de nombramientos y otro tipo de actos y todas sus resoluciones, para observar que prácticamente todas las disposiciones de carácter general y las leyes tienen que ver o están relacionadas y tienen incidencia económica. En consecuencia, con este solo criterio es imposible avanzar. Pero hay algo más que decir, que es lo verdaderamente sorprendente, y es que todo este catálogo se hace para que el Ministerio de Hacienda tenga que elaborar un dictamen que determine qué materias tienen que ser armonizadas a través de la ley. Esto es volver a la historia de este país, al artículo 150.3, a la Ley de armonización.
Como consecuencia de esta iniciativa, tuve la oportunidad de poder leer la sentencia de la Loapa y de volver a disfrutarla, por tanto, de comprobar no solo la imposibilidad de la utilización de este instrumento para los fines que se pretenden sino también su inutilidad constitucional. Como todos sabemos, el artículo 150.3 permite al Estado armonizar por ley los principios. ¡Pero si los principios ya están armonizados en la Unión Europea, ya están armonizados en nuestra propia Constitución que garantiza todo ello! No cabe hablar de armonizar principios, y si se va a hacer esto, ¿por qué vamos a la legislación del artículo 150.3? Pero, además, lo más asombroso de esta iniciativa -por ello vale detenerse, señor presidente, brevemente, unos segundos-...
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, señor Caamaño.
El señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: El ar-tículo 149.1ª de la Constitución reconoce como competencia básica del Estado -por tanto, no es que el Estado dicte principios sino que dicta la legislación básica, con toda la intensidad que considere oportuno- materias como la legislación laboral, la Hacienda general, las bases y la coordinación de la planificación y de la actividad económica, el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el régimen minero y energético, etcétera. Por tanto, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, utilizando la legislación básica y sus competencias del artículo 149.1ª, si en algún punto es necesario establecer criterios de simplificación e imponerlos imperativamente a las comunidades autónomas, pueden hacerlo, porque sin duda existen elementos vinculados a la lógica de mercado que nuestra Constitución, la jurisprudencia y el Tribunal Constitucional permiten.
Desde el punto de vista práctico, más allá del ropaje ideológico con el que se pretende vestir, esta proposición no de ley, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es absolutamente estéril y no aporta ningún beneficio específico (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: El Grupo Parlamentario Popular también va a votar en contra de esta proposición no de ley -que no es nueva, puesto que ya se debatió en esta Cámara el 30 mayo del año 2008 en los mismos términos- que se preocupa y ocupa de un problema ya viejo en España como es la unidad de mercado; tan viejo como que el propio Felipe V ya dictaba normas en el sentido de intentar conseguir esa unidad. Todas las constituciones, la de Bayona, la de Cádiz, tan celebrada este año, y la propia Constitución de 1978 apelaban y contienen principios de unidad de mercado. El Grupo Popular va a votar en contra por planteamientos radicalmente diferentes a los que ha expuesto el Grupo Socialista. Es verdad que en España en estos momentos hay un problema en lo que afecta a la distorsión de la unidad de mercado que incluso ha sido estudiado por distintos organismos, entre ellos por la Confederación de Empresarios. Este problema también ha preocupado en Europa, al extremo de que se encargó el famoso informe Cecchini Report, en el que se evidencia algo fundamental para el debate que hoy tenemos en esta Comisión, que es que el exceso de normas -en este caso de comunidades autónomas- en Europa está llevando a que por esa distorsión de mercado en estos momentos en términos económicos haya una pérdida del 4,5% del producto interior bruto. Si eso lo extrapolamos a España hablamos de 45.000 millones de euros, que es una cifra nada desdeñable y que hace que el Grupo Popular desde el primer momento se haya tomado esta cuestión con mucho interés. En el año 2008 esto ya figuraba en un programa del Partido Popular, de la misma manera que figuró en un programa del Partido Popular en 2011 que había que caminar hacia una mejora de la unidad de mercado, evitando esos efectos de distorsión.
Decía que vamos a votar en contra por motivos radicalmente diferentes. He escuchado la brillante exposición del señor Caamaño, tengo que decirlo, que no ha sido nada convincente, porque al final ha dado argumentos que ya se manejaban en el año 2008 y el resultado, cuatro años después, es que no se ha avanzado absolutamente nada. En aquella ocasión -y este ha sido el discurso del Grupo Socialista, hilándolo con las posiciones mantenidas en esta misma Cámara-, la postura del Grupo Socialista era que había otros mecanismos, y entonces se apeló a que la trasposición de la directiva de servicios, la Bolkestein, iba a solucionar los problemas. Ya se ha visto que no los soluciona, fundamentalmente por una mala trasposición que ha permitido que las comunidades autónomas tomen con cierta ambigüedad los términos económicos, lo que nos lleva a normas que distorsionan el mercado. También se dijo que se había puesto en marcha un impulso de mejora de reglamentación y reducción de cargas administrativas, con muy escasos resultados, porque se ha hecho muy poco. La tercera de las medidas por las que abogaba el Grupo Socialista -hablo del año 2008- era sorprendentemente: un programa de calidad de normas reguladoras de la actividad económica. Eso sí, había que ponerlo en marcha en el año 2012. Estábamos en el año 2008, cuando se nos venía una crisis encima, pero en esa mecánica del anterior presidente del Gobierno de España de no querer entrar en un discurso en contra de las comunidades autónomas, en esa mecánica del buenismo, al final no se hizo prácticamente nada.
Creemos que esta propuesta, que, insisto, se planteó en el año 2008 y que el Grupo Popular votó a favor, no es la que corresponde en este momento. ¿Por qué no? Fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas es porque esta proposición no de ley tiene un desarrollo en el tiempo que este país en este momento no se puede permitir, puesto que no podemos perder el tiempo. Además, creemos que, dada la gravedad del problema, el mecanismo no es hacer compilaciones legislativas para luego crear grupos de trabajo, por cierto, con un alto coste económico que tampoco nos podemos permitir. Es evidente que el Gobierno de España se ha puesto las pilas en esta cuestión. No entendemos muy bien que esta proposición no de ley se haya residenciado en esta Comisión cuando es público y notorio que el ministro de Economía ha creado un grupo de trabajo con distintos ministerios, que, lógicamente, están afectados, como son el de Industria, el de Hacienda, en lo que afecta a la Seguridad Social, etcétera, en definitiva, todos aquellos que tienen que ver con el mercado, para presentar en próximas fechas un proyecto de ley. Este proyecto de ley huye, y es verdad, de la armonización y opta fundamen
talmente por otros mecanismos que actualmente habilita el ordenamiento jurídico español. Creemos que el Estado tiene mecanismos suficientes para dictar legislación básica, incluso legislación estatal, que tiene competencia plena para corregir este problema de distorsión de unidad de mercado. Además, no debemos olvidar el otro gran mecanismo, que es la coordinación que posibilita el artículo 149.1.13.ª de la planificación general de la actividad económica, que otorga, insisto, esta competencia al Estado.
Dada la complejidad que tiene -acabo ya, señor presidente- y las dificultades por las que pasa en estos momentos la economía española, creemos que lo que necesitamos es una ley que ponga orden en la distorsión de la unidad de mercado. En eso está el Gobierno y, por tanto, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición no de ley (Aplausos).
- RELATIVA A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000390).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al debate de la proposición no de ley que figura en tercer lugar en el orden del día, relativa a la modernización del Estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado, de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: El Grupo Popular en el Congreso considera de vital importancia un correcto funcionamiento de los servicios públicos prestados por las administraciones en todo el territorio nacional. Para prestar estos buenos servicios es de sumo interés tener una política correcta de la Función pública; esto es, desarrollar una Función pública basada en la profesionalidad, en la independencia, en la eficacia y en la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y en la calidad del servicio a los ciudadanos; una Función pública donde se garanticen los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a la misma; que potencie la carrera profesional y facilite la formación y la movilidad de los empleados públicos entre las diferentes administraciones; que ejerza como control y garantía de la legalidad y las buenas prácticas en las administraciones públicas. Igualmente, es importante que se desarrolle un marco jurídico que dé cobertura a la función directiva que actualmente se viene prestando en las administraciones públicas, que es imprescindible para garantizar una organización eficiente.
Señorías, el Estatuto básico del empleado público, aprobado por la Ley 7/2007, establece en su artículo 6 que las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán en el ámbito de sus competencias las leyes reguladoras de la función pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Pues bien, han transcurrido cinco años desde la aprobación de esta ley y se ha podido constatar la inoperancia del anterior Gobierno socialista que no desarrolló en la Administración General del Estado lo previsto en el Estatuto básico del empleado público. Esta falta de desarrollo del estatuto ha provocado que muchos de los aspectos contenidos en el mismo no hayan podido producir efectos prácticos. Hoy vemos que el Grupo Socialista del Congreso ha presentado una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley, en la que básicamente dice lo mismo, es decir, que se desarrolle por ley el Estatuto básico del empleado público en relación con la Administración General del Estado, pero incluye una cláusula sorprendente, que es meter prisa al actual Gobierno. Que yo recuerde, el Grupo Socialista del Congreso ni en 2008 ni 2009 ni 2010 ni en 2011 se preocupó de instar al Gobierno socialista a que trajera con celeridad esta ley al Congreso de los Diputados. Tengo que decir que precisamente el martes pasado, a través del secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Gobierno constató ante esta Comisión que el desarrollo de esta ley es una de sus prioridades.
Estamos de acuerdo en que es necesario acometer el desarrollo legislativo previsto en el Estatuto básico de 2007, y en este sentido se debe establecer un desarrollo para la Administración General del Estado a través de una nueva Ley de la Función Pública. Se trataría, señorías, de una ley que, respondiendo a su título, tendría por objeto modernizar la función pública de la Administración General del Estado, entendiendo esta en su conjunto. Además, esta ley debería ser acorde con una Administración del siglo XXI, es decir, moderna, tanto en su lenguaje como en los factores modernizadores que introduciría, ágil en su funcionamiento, sostenible y que contara con unos profesionales capaces de servir a los intereses generales y de contribuir a satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración. En cuanto a los destinatarios de la misma, estos deben ser básicamente los funcionarios públicos de la Administración General del Estado. Apostamos por una Función pública en la que el personal básico sean los funcionarios. Con ello, damos respuesta a lo expresado por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, que entiende que la Función pública debe ser desempeñada fundamentalmente por funcionarios. Vuelvo a recordar lo que dije el martes pasado. No es de recibo que en el conjunto de las administraciones públicas solo el 61% de los empleados públicos sean funcionarios. Durante los últimos años se ha producido una grave distorsión que hay que corregir y seguir apostando por una carrera profesional de funcionarios. Se trataría, además, de una ley de ordenación y organización de la Función pública. En este contexto, se debería apostar por favorecer una política de flexibilidad de los recursos humanos que aunque con la vocación de permanencia permitiera una
planificación de las políticas de recursos humanos, atendiendo a entornos cambiantes. Es evidente que la actual legislación peca de rigidez, y que para la eficiencia y la eficacia, así como para la buena prestación de los servicios públicos, la Administración debe tener las herramientas que permitan la planificación de las políticas de recursos humanos, y a ello debemos colaborar desde el Congreso, aportando los instrumentos necesarios para ello. La planificación de estrategia de recursos humanos no solo debe ordenar el volumen del personal del que se dispone sino también prever los mecanismos necesarios para mejorar el acceso a la función pública. No podemos seguir permitiendo que a la Función pública se entre de cualquier manera; se tiene que entrar acreditando los méritos y la capacidad mediante un proceso selectivo, suficientemente publicitado y, por tanto, cumpliendo los principios que establece la Constitución. En la Administración General del Estado serán menos, pero en la Administración local son legión los empleados públicos que han entrado en fraude de ley y que ahora mismo se encuentran en una situación laboral indefinida, cuestión a la que habría que dar una respuesta. Sería necesario desarrollar legislativamente, como antes he dicho, la figura del directivo público profesional, que actualmente está en un limbo jurídico que genera problemas en la contratación de este personal. En su selección debería atenderse a criterios de idoneidad, orientado a resultados y evaluado por la consecución de los mismos.
El Grupo Popular en el Congreso debe mostrar su satisfacción porque el martes pasado, en esta misma Comisión, el secretario de Estado de Administraciones Públicas coincidió básicamente con el objetivo de esta proposición no de ley. El secretario de Estado anunció, además, dos iniciativas legislativas. En primer lugar, una ley de Función pública de la Administración General del Estado -que es la que estamos pidiendo en nuestra proposición no de ley y cuya aprobación decía que era una prioridad del Gobierno-, que desarrollaría el Estatuto básico del empleado público aprobado en 2007. En segundo lugar, la ley del Estatuto del directivo público, como antes he dicho, para clarificar, ordenar y regular el vacío jurídico que existe en la contratación de este personal por parte de las administraciones. A la vista de todo lo expuesto, consideramos que esta proposición no de ley debería contar con un amplio consenso entre los grupos políticos de esta Cámara, pues tiene el objetivo de mejorar la función pública, garantizar la independencia, un acceso cumpliendo los principios constitucionales, y garantizar y mejorar la eficacia en la prestación de los servicios.
El Grupo Catalán de Convergència i Unió ha presentado una enmienda y estamos negociando con ellos una transaccional para mejorar y clarificar lo que se solicita en esta proposición, así como fijar qué principios generales debe contener la futura ley remitida por el Gobierno. Para finalizar, quiero decirles que no podemos olvidar que a todos los grupos, a todos los diputados nos compete trabajar para crear las bases legales necesarias para fomentar una Función pública de máxima calidad al servicio del conjunto de los ciudadanos. Si trabajamos en esta iniciativa legislativa, facilitaremos las herramientas necesarias para suprimir los evidentes abusos políticos que sobre la función pública han existido, a cuya erradicación debemos colaborar todos (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Se han presentado enmiendas por parte del Grupo Catalán de Convergència i Unió y del Grupo Socialista.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: No quiero abundar mucho más en lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Ciertamente, después de haber aprobado esta Ley el 9 de abril de 2007, dado el tiempo transcurrido podría haberse promovido ya una ley de Función pública. Eso es lo que hace esta proposición no de ley, instar al Gobierno a promover la ley de modernización del Estatuto de personal funcionario de la Administración General del Estado. Quiero que esto quede muy claro: el mandato de esta proposición se circunscribe a la modernización del personal funcionario de la Administración General del Estado -repito que quiero que quede muy claro-; así lo ha entendido mi grupo parlamentario y así se deduce también de la intervención del Grupo Parlamentario Popular en la defensa de esta iniciativa. Se ha referido al artículo 6 del Estatuto básico del empleado público, que mandata tanto a las Cortes como a los parlamentos autonómicos a realizar una ley de la Administración General del Estado para sus respectivos cuerpos de funcionarios. Las comunidades autónomas tienen las competencias para la aprobación de leyes relativas a la Función pública, de forma que estaremos atentos al desarrollo legislativo que se lleve a cabo para que no se invadan competencias, evitando que con esta reforma se lleve a cabo de forma encubierta un proceso recentralizador de competencias. En Cataluña estamos trabajando en este sentido. El punto 7 del plan de Gobierno de la Generalitat habla textualmente de reformar la Función pública de las administraciones públicas de Cataluña mediante un nuevo marco normativo integral. Asimismo, en Cataluña tenemos un mandato parlamentario por el cual debe presentarse antes del 31 de julio de 2013 una reforma de la Ley de la Función Pública.
Consideramos que la medida es necesaria también a nivel estatal, siempre que se respeten, como he dicho, las competencias y que se apliquen unos ciertos criterios y principios. Por ahí va la enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley, en la que pedimos una mayor concreción. Quiero resaltar una serie de principios, porque el proponente los ha especificado y creo que nuestra enmienda los recoge, como son: una mayor eficiencia en la Administración; mayores cotas de movilidad en los empleados públicos; implantar progresivamente la carrera profesional en las administraciones públicas; incluir la evaluación de competencias; cumpli
mientos de objetivos y retribución variable. Entiendo -y de hecho se deriva de la intervención del Grupo Popular- que podían aceptarse todos estos principios como base de la futura ley de modernización del Estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado.
A la espera de la negociación que podamos cerrar, mi grupo se reserva su intención de voto.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Todos sabemos que las administraciones públicas han experimentado un gran desarrollo, han asumido nuevas funciones y han reforzado y extendido algunos servicios, lo que ha supuesto un incremento notable de los recursos y de sus efectivos. Fue en septiembre de 2004 cuando se constituyó la comisión para el estudio y preparación del Estatuto básico del empleado público con la finalidad de llevar a cabo los análisis y estudios previos, así como la redacción de un documento que sirviera de base para la posterior elaboración del anteproyecto de dicho estatuto. En sus trabajos, la comisión siguió un esquema participativo, contando con la opinión de representantes de comunidades autónomas, de la Administración local y de organizaciones sindicales, entre otros. El informe de la comisión de expertos para el estatuto fue la base para la elaboración del anteproyecto de ley. El proyecto de ley del Estatuto básico del empleado público fue aprobado en el Congreso el día 29/3/2007; el Boletín Oficial de las Cortes Generales lo publicó el 9 de abril de 2007; finalmente, el 13 de abril el Boletín Oficial del Estado publicó la ley, que entró en vigor un mes después. Después de casi treinta años y un sinfín de normativas al respecto, se daba cumplimiento a uno de los mandatos tradicionales de la Constitución española de 1978, que en su artículo 103.3 establece que la ley regulará el Estatuto de los funcionarios públicos. Los principios de igualdad, mérito y capacidad y la interpretación que el Tribunal Constitucional ha efectuado sobre ellos, constituyen el eje central de la regulación efectuada por el Estatuto básico del empleado público. Se trata de un marco básico, es decir, es la hoja de ruta que ha de seguirse, ya que constituye el común denominador para la totalidad de los empleados públicos, funcionarios estatutarios o personal laboral, lo cual no debe entrar en confrontación con las competencias asumidas por las diferentes administraciones territoriales. La regulación básica del estatuto hace especial hincapié en garantizar la imparcialidad, profesionalidad y especialización de la Función pública en general y de sus profesionales, los funcionarios, en particular. Respecto a estos últimos, se amplía el abanico de derechos, añadiendo a los ya tradicionales el respeto a la intimidad personal, especialmente en lo relativo al acoso sexual o moral, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Elaborar un estatuto general como el presente ha sido una tarea difícil, muy complicada. Se ha hecho con un Gobierno del Partido Socialista y ha contado con la participación activa de todos los actores, las distintas administraciones públicas, sindicatos, partidos políticos, etcétera. Las retribuciones de carácter básico, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, la negociación colectiva, la jornada de trabajo, permisos y vacaciones, así como la formación, son los puntos fuertes del articulado del estatuto. También marca lo que podríamos llamar la hoja de ruta, como he dicho antes, de las reformas a realizar; es decir, por ejemplo, creación de la función directiva profesional, que ya se ha comentado; introducción de las carreras horizontales; aplicación de sistemas de evaluación del desempeño; mayor diversidad retributiva en función de las características del puesto y del rendimiento individual y colectivo, etcétera. Si se llega a realizar esta reforma razonablemente bien conseguiremos un sistema de empleo público más eficiente y más justo, que es algo que en todo momento, y en este en particular, necesita el país. Para ello hace falta altura de miras. Es verdad, y solo hay que mirar los presupuestos, que el Gobierno está castigando al trabajador público. Aparte de la reducción en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha recortado 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad. En Educación, se han recortado unos 3.000 millones de euros, lo que supone que ahora mismo se están yendo a la calle muchos profesores. El recorte en Sanidad, aparte del efectuado en los Presupuestos Generales del Estado, es de 7.000 millones de euros, lo que provocará, lo está provocando ya, un rápido despido masivo de médicos, enfermeros y enfermeras y de otros profesionales sanitarios. Se ha hecho una reforma laboral que además de destruir empleo en las empresas y no crear ni un puesto de trabajo -por cierto, el Gobierno prevé más de 600.000 despidos este año- está permitiendo expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas, que están despidiendo a laborales. Un servidor, que es diputado por la circunscripción de Albacete, tuvo el desgraciado privilegio de observar cómo la Diputación Provincial realizaba el primer expediente de regulación de empleo, acogiéndose a la nueva reforma laboral. (El señor Martín-Toledano Suárez: Y la de Ciudad Real.- La señora Madrazo Díaz: El PSOE también hace un ERE). Esto no es redimensionar, como decía el secretario de Estado, el señor Beteta, sino recortar servicios sociales y empleo público.
Por esta razón el Grupo Socialista lo que quiere es que esto se haga de la manera más ágil posible (Rumores). Sí, sí, el Grupo y el Gobierno socialista, después de treinta años, elaboraron en un tiempo récord un estatuto contando con todos. Pero ahora el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a que apruebe el proyecto de ley de desarrollo del Estatuto básico del empleado público y que lo presente en el Congreso de los Diputados lo antes posible; y lo antes posible es durante el próximo periodo de sesiones. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Martín-Toledano, a efectos de votación, le agradecería que expresara la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor MARTÍN-TOLEDANO: Votaremos en contra de la del Grupo Socialista. Respecto a la enmienda de CiU, estamos negociando y seguramente llegaremos a una transaccional que presentaremos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Antes de la votación solicitaremos el texto para que todos los grupos lo conozcan.
- RELATIVA A LA REDUCCIÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000391).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley, que figura como punto cuarto del orden del día, relativa a la reducción de las cargas administrativas en las administraciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Señorías, el objeto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular no es otro que instar al Gobierno a impulsar en el seno de las administraciones públicas las medidas tendentes a la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, mediante la reducción de las cargas administrativas que recaen sobre las empresas, así como a eliminar la burocracia innecesaria que obstaculiza el crecimiento y, lo más importante, la creación de empleo. Es un objetivo que creo que compartimos todos y un objetivo de la Unión Europea. El Consejo Europeo de primavera de 2007 hizo suya la propuesta de reducir un 25% la carga administrativa en la Unión Europea y en el ámbito de los Estados miembros en el horizonte 2012. Con este compromiso se iniciaba una senda para aplicar dicho programa, para que la Comisión y los Estados miembros midieran las cargas administrativas, tanto en la legislación comunitaria y su respectiva trasposición a los Estados miembros como en la propia legislación interna, y elaborarán propuestas concretando dichos compromisos y sus objetivos nacionales antes del año 2008. Fruto de esos compromisos asumidos por España en el seno de la Unión Europea y en la pasada legislatura, el anterior Gobierno, en el Consejo de Ministros del 4 de mayo de 2007, acordaba elaborar un plan de acción para la reducción de cargas administrativas en un 25%, que debería presentarse antes de que concluyera ese ejercicio. El desarrollo de dicho plan, elaborado por un grupo de trabajo de alto nivel, fue aprobado en junio de 2008 por el Consejo de Ministros, ampliando el objetivo de reducción de cargas en el horizonte del año 2012 del 25 al 30%, mediante acuerdo suscrito con cámaras de comercio, CEOE y Cepyme, dotando una normativa que se aprobara antes de enero de 2009. En la actualidad, el Gobierno, además de rendir cuentas a la Comisión Europea por las actuaciones realizadas en la legislatura anterior, se propone intensificar las acciones de reducción de cargas administrativas. Se trata de priorizar la eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, colocando de verdad al ciudadano como eje de su actividad, de forma que se logre una reducción real en términos de costes, trámites y plazos.
El impulso que pretende este grupo con esta PNL es un compromiso electoral del Grupo Popular y una de las líneas de actuación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como pudimos comprobar el pasado 26 enero, cuando el propio ministro, en su comparecencia, manifestó su decidida apuesta por la reducción de cargas administrativas para todos, para las familias, pero especialmente para las empresas, entendiendo que no se podían dedicar tantos recursos a atender requerimientos administrativos, que a la postre son barreras que impiden el desarrollo económico y la creación de empleo. El Grupo Popular es consciente de esta apuesta del Gobierno por la reducción de la burocracia administrativa, en la que queremos que se siga avanzando. Esta medida se contempla ya en el programa nacional de reformas del Reino de España, aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012. En su medida 78 se propone reducir el peso burocrático de la Administración, eliminando trabas e incrementando la simplificación y mejora procedimental, para facilitar la tramitación administrativa a ciudadanos y empresarios. Sabemos que el Gobierno, durante el ejercicio 2012, prevé la aprobación del Plan estratégico de reducción de gastos y mejora de los servicios públicos, un plan al que hace referencia una enmienda del grupo Convergència i Unió, que vamos a aceptar, porque estamos trabajando en ese plan con la idea de impulsar la simplificación administrativa de forma coordinada con el resto de las administraciones públicas, para establecer la unidad de mercado -que preocupaba al Grupo UPyD- en España, para promover la autoevaluación sistemática y periódica -como pide la enmienda de Convergència i Unió- por parte de los organismos públicos con vistas a la simplificación normativa, para velar por la relación de los ciudadanos con la Administración por medios electrónicos y conseguir que el 50% de los ciudadanos y el 80% de las empresas utilicen de forma habitual la Administración electrónica, así como para fomentar la participación ciudadana en el diseño de los servicios públicos y reducir en un 20% los procedimientos en los que se exigen a los ciudadanos datos y documentos que ya obran en poder de la Administración.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas está centrando los esfuerzos en mejorar la reducción de las cargas administrativas, efectuada hasta ahora por el anterior Gobierno, para cumplir el compromiso adquirido por dicho Gobierno de reducirlas en un 30%. En este sentido, hay una enmienda del Grupo
Socialista. ¿Cómo no va a cumplir este Gobierno un compromiso plasmado por el anterior en un programa presentado ante la Unión Europea? Sin embargo, no podemos aceptarla porque ese compromiso se limita a un 30% y, como he dicho, en nuestro plan de reformas, en el próximo programa que se traerá aquí, queremos ampliar mucho más ese límite. De hecho, como prueba, les diré que, en términos de ahorro, un 30% supone 15.000 millones de euros anuales; en la actualidad, a fecha de hoy, se han reducido costes por más de 12.600 millones de euros, con 2.500 iniciativas al efecto, que han supuesto 8.000 millones para las empresas y más de 4,5 millones para los ciudadanos. El ministerio también está llevando a cabo la firma de nuevos convenios de colaboración, como se pedía, con organizaciones públicas y privadas, especialmente con CEOE, Cepyme y el Consejo Superior de Cámaras, para la reducción de cargas administrativas soportadas especialmente por microempresas y autónomos, con mucho énfasis en el sector turístico, que es clave para la economía y el empleo español. Este objetivo ya se ha plasmado en varios reales decretos. El Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio, ha puesto en marcha la llamada licencia exprés, lo que todos conocemos como licencia 24 horas, que elimina las licencias de apertura al comercio minorista en todo el territorio nacional para locales de hasta 300 metros cuadrados. El pasado 15 junio, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del transporte terrestre, sustituyendo las más de ocho autorizaciones y licencias actuales por una sola y de tramitación telemática, pasando de tardarse meses a tardarse horas. Asimismo, el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno tiene entre otros objetivos lograr que los destinatarios de las normas puedan participar a través de procesos de consulta en el contenido de las mismas.
En definitiva, el Grupo Popular en el Congreso, con esta PNL, insta al Gobierno a continuar en la senda reformista ya iniciada, en la eliminación de trabas administrativas. Es algo que llevamos en el ADN político del Grupo Popular, algo que estaba en nuestro programa, algo a lo que se comprometió el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Somos muy conscientes de que en esta situación económica el 90% del empleo lo crean pymes y autónomos. Tenemos que ayudarlos, eliminando sobrecostes de tiempo y dinero que al final disuaden, cuando no cansan a los emprendedores e inversores, lo que finalmente repercute de forma negativa en la creación de empleo. Pedimos el voto favorable de todos los grupos presentes en esta Comisión, ya que somos conscientes de los beneficios que supone para la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Entendemos que es una labor que debe partir del consenso. Al incidir sobre normativa tanto autonómica como local, la cooperación, el diálogo y la lealtad son fundamentales para su puesta en marcha, con el fin de sumar esfuerzos al objetivo común, que es la creación de empleo. No podemos admitir, como ya he dicho, la enmienda del Grupo Socialista, aunque sí la de Convergència i Unió, porque la del Grupo Socialista pone un límite inferior al objetivo de este Gobierno, que es mucho más ambicioso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para defender su enmienda, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Evidentemente, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la reducción de cargas administrativas, cuenta con el beneplácito de nuestro grupo parlamentario. ¿Cómo podemos no estar de acuerdo? Evidentemente, y más cuando hablamos de cargas que soportan las empresas y no solamente las empresas. Les pongo los ejemplos que estamos desarrollando en Cataluña en este sentido. Durante el primer año del actual mandato de la Generalitat de Cataluña hemos aprobado tres leyes ómnibus de agilidad, simplificación y promoción de la actividad económica, que modificaban 90 leyes, que eliminaban barreras burocráticas a la actividad económica y que fomentaban dicha actividad. Otro dato: En este primer año de legislatura se derogaron 350 disposiciones administrativas que habían quedado obsoletas. Tenemos muchas normas de carácter administrativo, tenemos muchas cargas administrativas, que deben soportar no solo las empresas, sino también los ciudadanos, y debemos actuar.
En ese sentido, quería resaltar que en Cataluña, en el marco de la Administración de Justicia, disponemos del primer juzgado de todo el Estado, el Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona, que funciona con un sistema que reúne, entre otros tratamientos y funciones, el expediente electrónico, la firma digital, la interoperabilidad con otros sistemas, el tratamiento de imágenes y gráficos, la explotación estadística de datos y la digitalización de documentos, es decir, no únicamente podemos avanzar en el marco económico, sino también en otras sedes administrativas y, evidentemente, debemos hacerlo.
Nuestra enmienda especifica más la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a través de un plan de simplificación y reducción de los trámites administrativos de la Administración General del Estado, fijando objetivos anuales de reducción de cargas administrativas e incluyendo un programa de implantación de la Administración electrónica, a la que se refería la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, quiero recalcar que el anterior Gobierno aprobó diversos planes de reducción de cargas administrativas en la anterior legislatura. Por ejemplo, recuerdo el Plan de reducción de cargas administrativas de las empresas, aprobado por el Consejo de Ministros, no recuerdo en qué fechas en estos momentos. Con él se pretendía reducir un 30%, antes de 2012, las cargas derivadas de la normativa vigente; evitar nuevas cargas
en la normativa que se aprobase a partir de enero de 2009 y marcar áreas prioritarias importantes, como el derecho de sociedades, legislación fiscal, estadísticas, contratación pública, medio ambiente o entorno laboral y relaciones laborales. En este sentido, el plan era positivo, pero desconocemos cuáles son los resultados que han tenido estas medidas. Deberíamos hacer una evaluación de estos planes que se proponen y saber en qué medidas debemos continuar avanzando en esta reducción de cargas administrativas. Por ello, la enmienda formulada por mi grupo parlamentario solicita que anualmente el Gobierno elabore un informe que enumere y evalúe los objetivos alcanzados.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz.
El señor PRADAS TORRES: Señorías, la exposición de motivos de esta proposición que plantea el Grupo Popular se remonta al año 2006 para hablar de la aspiración de la Unión Europea a reducir las cargas administrativas del sector público. Yo iría más allá. Este es un discurso permanente en la Administración pública. Llevo muchos años escuchando hablar de la necesidad de coordinación entre administraciones, de simplificación, de ventanilla única -hubo épocas en las que creamos hasta 10 o 15 ventanillas únicas, cosa que parece un contrasentido-, de informatización y de Administración electrónica. Es decir, esto es una constante en los últimos años. Sin embargo, a pesar de esa necesidad, hemos asistido a un proceso cada vez más departamentado, donde cada departamento ha creado sus propios procedimientos, algunas veces de forma razonable y otras no tanto. En algunas ocasiones se han creado procesos tortuosos y duplicidades sin sentido y eso, efectivamente, complica la creación de una empresa. Lamentablemente, ahora mismo hay motivos mucho más potentes para que no se creen empresas. El país está sumido en una depresión económica y la gente no monta negocios porque no hay clientes y porque no hay crédito. Posiblemente en épocas de expansión, montar sus instalaciones ha sido de verdad un auténtico tormento para empresas que tenían clientela y tenían crédito y tardaban mucho tiempo en hacerlo, pero no sería justo decir que en todos estos años no se ha tomado conciencia de ello ni se ha hecho nada. Por algunos discursos que escuchamos al Grupo Popular parece que el Estado moderno lo están creando ellos. Algunas veces creo que les traiciona el subconsciente, porque ellos han gobernado ocho años este país y gobiernan muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos. No podemos decir que en treinta años no hemos hecho nada para simplificar los procedimientos administrativos y para intentar aliviar a los ciudadanos y a los empresarios su trabajo. El legislador ha tomado medidas y ha concretado acciones en las dos últimas legislaturas; lógicamente, yo voy a hablar de lo que corresponde a mi Gobierno. Concretamente, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos es una muestra de ello. Tan es así que algunos de los ejemplos que se ponen en la exposición de motivos, como la no obligatoriedad por parte de los ciudadanos de tener que aportar documentos que ya estaban aportados a la Administración, vienen existiendo desde hace cinco o seis años, pues se recogió en la Ley de Contratos del Estado y en un montón de ordenanzas de los ayuntamientos. Eso por no hablar de la Directiva de Servicios, que también se ha descalificado, porque se dice que no ha tenido efecto, pero yo he visto a muchos alcaldes del Partido Popular en los últimos días poner en valor ordenanzas que se aprobaron en los años 2010 y 2011, precisamente como consecuencia de la Directiva de Servicios, apuntando el tanto a este Gobierno, que lleva cinco o seis meses. Por tanto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso por no hablar de todos los procesos puestos en marcha fundamentalmente por los ayuntamientos en materia de Administración electrónica, con el apoyo de diputaciones, de comunidades autónomas, etcétera. Tenemos que ser justos.
Voy a destacar el programa de mejoras y reducción de cargas administrativas, que ha puesto en valor la propia señora Romero. Dicho programa, lejos de meras declaraciones, fija un objetivo, efectivamente, de un 30%. Cuando la Unión Europea lo estableció en el 25%, el Gobierno fue más allá en sus aspiraciones estableciendo 5 puntos por encima. Fue un objetivo que se concretó en un plan de acción que se aprobó en Consejo de Ministros el 20 de junio del año 2008 y que se ha desarrollado en seis acuerdos del Consejo de Ministros. Estos acuerdos ponen en pie 283 iniciativas dirigidas a la reducción de cargas administrativas en todos los ámbitos de la Administración. La señora Romero ha calculado esta reducción en 8.000; yo era más modesto, porque había cogido un informe de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que lo valora en torno a los 6.000 millones de euros, distribuidos entre las medidas que afectan directamente al ciudadano y las que afectan directamente a las empresas. Hablamos de logros concretos, como gestiones ante la Seguridad Social, ante la Agencia Tributaria, en materia de riesgos laborales, solicitudes de subvenciones financieras o comunicaciones a la Hacienda pública, que ahora estamos haciendo todos nosotros todos los días. Si a esto le añadimos los convenios que se han firmado tanto con las cámaras de comercio como con las asociaciones de empresarios, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, podemos estar hablando de una cantidad aún mayor de los 10.700 millones de euros, lo que supone un 50% de ahorro. Si vamos más allá de ese objetivo que nos fijamos del 30 %, como se recoge en la proposición, mucho mejor, pero tenemos que reconocer que no partimos de la nada, que no estamos inventando la pólvora, sino que estamos empezando a concretar acciones que en un futuro se pueden concretar todavía más. En ese sentido va nuestra enmienda. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, entiendo que acepta la enmienda de Convergència i Unió y no la del Grupo Socialista. (Asentimiento). Muchas gracias.
- RELATIVA A LA OFICINA PRESUPUESTARIA DE LAS CORTES GENERALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000714).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Traemos hoy una proposición no de ley tendente a reiterar la necesidad de creación de la oficina presupuestaria las Cortes Generales, un tema del que se ha debatido en esta Cámara a lo largo de muchas legislaturas. Por hacer un poquito de historia, en 1980 fue la primera vez que se habló de ello, en una interpelación urgente del CDS. En 1990, a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, se incluyó una disposición adicional que creaba la oficina, pero nunca se llegó a poner en marcha. Finalmente, la pasada legislatura se aprobó, por unanimidad de todos los grupos, la ley por la que se creaba la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Esa ley, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en noviembre de 2010, establecía que por acuerdo de las cámaras y a propuesta del presidente del Congreso se nombraría un director y una resolución de ambas cámaras regularía la organización y funcionamiento de esa oficina. Esa resolución de las cámaras se publicó en julio de 2011. En los presupuestos de 2011 y en el proyecto de presupuestos de 2012 aparecía una partida de otro personal, que suponemos que podría estar dirigida a la creación de la oficina. Sin embargo, como en Cortes Generales no hay memoria de objetivos, no hemos podido ver si iba dirigida a eso.
Me pregunto qué tiene que pasar para que se cree, para que se nombre un director y para se ponga en marcha, con las dos unidades establecidas para trabajar el presupuesto. Todos los países de nuestro entorno tienen oficina presupuestaria, incluso muchas comunidades autónomas de nuestro país la tienen. La Unión Europea ha reiterado en directivas la necesidad de que los países tengan estos instrumentos independientes para analizar y controlar los presupuestos. Por citar las más recientes, les recordaré la Directiva 85/2011, que lo propone; el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, que propone que en los países existan instrumentos independientes para controlar y seguir el presupuesto, y -ya especialmente dirigida a España- la recomendación del Consejo sobre el programa nacional de reformas de 2012 en España, que dice literalmente, en su artículo primero: Establecer una institución presupuestaria independiente, que realice funciones de análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria y estime los efectos de la legislación propuesta sobre el presupuesto. La tardanza en poner en funcionamiento esta oficina ya no se entiende. No estamos en un momento en el que nos podamos permitir que la Unión Europea o los mercados desconfíen de nuestras actuaciones. Por eso esta proposición no de ley, que ya se debatió y obtuvo el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, pretende que el Congreso de los Diputados se pronuncie una vez más acerca de la necesidad de poner en funcionamiento este instrumento independiente de seguimiento y control presupuestario. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no se han presentado enmiendas. Señor Picó, ¿quiere tomar la palabra? (Denegación). En ese caso, tiene la palabra el señor Merino, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MERINO LÓPEZ: Señoría, viendo esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, uno cada vez entiende más las críticas que hace don Tomás Gómez a la política del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Es increíble, señora Vázquez Morillo, la intervención que usted ha hecho ahora. Es tan increíble que ahora le voy a demostrar sus contradicciones y usted se va a responder a usted misma. Usted, con sus palabras de otras legislaturas, se va a responder a usted misma las preguntas que ha formulado en voz alta. Mire usted, en la VIII Legislatura, 2004-2008, en octubre de 2004, el Grupo Popular presentó una proposición de ley para crear la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Esta proposición fue debatida el 28 de febrero de 2006. En esos momentos, el ilustre señor Fernández Marugán dijo textualmente: Por el contenido y por el instrumento jurídico en el que se apoya no es el vehículo más adecuado. Y continuaba su intervención afirmando con rotundidad: Los temas del Parlamento deben ser por él resueltos y a él le corresponde abordar esta situación. El Grupo Socialista rechazaba así la creación de la oficina presupuestaria. Pero no solo eso, en el año 2008, el Grupo Popular volvió a proponer la creación de la oficina de control presupuestario, y el Partido Socialista, con sus votos y los de sus compañeros, votó en contra. Esquerra Republicana presentó también una proposición de ley que se aprobó con modificaciones. El 19 de julio de 2011, después de ocho años de gobernar ustedes, hay una resolución de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado. Pero no solo es eso, en agosto de 2008 el Grupo Popular presentó otra proposición de ley sobre la creación de la oficina presupuestaria, que se debatió el 29 de marzo del año 2009 y que volvió a ser rechazada por el Grupo Socialista, señoría, con su voto en contra. En ese momento, por el Grupo Popular intervino el señor Posada, el actual presidente del Congreso de los Diputados, que afirmó: Quién diga que para hacer la oficina presupuestaria hay que reformar el Reglamento es que lisa y llanamente quiere decir que no quiere oficina presupuestaria. Como queremos algo que
se pueda utilizar en el año 2015 o en el 2020 y probablemente estaremos, lo cual es lógico y deseable, en posiciones diferentes en el futuro -estaba hablando en el año 2009-, se trata de buscar un consenso global que nos sirva a todos. Y se decía, señora Vázquez: Los costes de personal -escuche atentamente- que son necesarios para poner en marcha una organización como esta, para que pueda realizar tan ingente cantidad de trabajo, y las infraestructuras físicas que requeriría esta estructura conllevarían un incremento del gasto público que no es aconsejable en estos momentos de austeridad, sobre todo porque se crean órganos de información y control que van a hacer trabajos repetitivos y de dudosa rentabilidad para los diputados y las diputadas y cuando pidiéramos asesoramiento igual estarían muy ocupados haciendo informes. Estas palabras, señora Vázquez, son sus palabras, en el "Diario de Sesiones". (La señora Vázquez Morillo: Sí, pero era su oficina). Señora Vázquez, quién la ha visto y quién la ve. (La señora Vázquez Morillo pide la palabra). Estoy leyendo el "Diario de Sesiones". Señora Vázquez, no vaya a pedir alusiones, porque estoy aludiendo precisamente a sus palabras. Su incongruencia no tiene límites, su incoherencia no tiene límites. Usted se cambia la chaqueta según esté en el Gobierno o en la oposición. (Rumores.-Un señor diputado: Mira quien lo dice). Esto lo dice usted en el año 2009, señora Vázquez. Esto lo dice usted en el año 2009. (La señora Vázquez Morillo: Sí que lo digo). Y yo le pregunto, señora Vázquez: ¿La situación de crisis del año 2009 era muy distinta a la situación de crisis del año 2012? ¿Los costes de personal que lo hacían imposible en el año 2009 ahora, en el año 2012, ya son posibles? ¿Estos técnicos, que no podían prestar servicios a los diputados y diputadas de la anterior legislatura, pueden prestárselos a los diputados y diputadas de esta legislatura? Señora Vázquez, antes de presentar esto por lo menos debería haberse leído lo que usted misma dijo. (Risas). Simple y llanamente. (Rumores.-El señor Saura García: Pero, ¿qué vas a votar?). No se pongan nerviosos. Tranquilos, tranquilos. (Rumores). Tranquilos, tranquilos. (Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor. Ruego a todos los diputados de esta Comisión que guarden silencio para que terminemos de escuchar al portavoz.
El señor MERINO LÓPEZ: Comprendo, señorías del Grupo Socialista, que ustedes tienen ansiedad por intentar buscar un hueco. Yo comprendo todas sus situaciones, todos sus conflictos internos, todas sus demagogias, todas sus incoherencias, pero quiero decirles que este grupo parlamentario es coherente y lo mismo que en el 2004, en el 2008, en el 2009 pedía oficina presupuestaria, hoy pide no al Gobierno, porque no es a él a quien corresponde, sino a las mesas de las Cámaras que se cree la oficina presupuestaria, por coherencia. Por esa incoherencia que ustedes tienen, nosotros les planteamos la coherencia. Y nosotros vamos a votar a favor, claro que sí, pero, señora Vázquez Morillo, esto es un acuerdo de la Mesa. Comprendo que usted quiera tener su momento de gloria, su momento de lucimiento, sus dos minutos en los medios de comunicación (Rumores), pero usted trae a esta Comisión algo que corresponde a las mesas del Congreso y del Senado. Nosotros, en nuestro espíritu de generosidad, de diálogo y de coherencia (Risas.-Varios señores diputados: Ya, ya, ya.), la aceptamos, la debatimos y además la vamos a votar a favor. (Aplausos.-La señora Vázquez Morillo pide la palabra).
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor Merino, esas palabras...
El señor PRESIDENTE: No abra el debate. (Rumores).
¿Por qué ha pedido la palabra?
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Un minuto. (El señor Merino López: El artículo, el artículo. Que no reabra el debate).
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Un minuto para reconocer que efectivamente dije esas palabras. (Varios señores diputados: ¡Oh!-Un señor diputado: Cállese, hombre, deje hablar a la gente). La Cámara, excepto el Grupo Popular, votó en contra de su proposición no de ley porque la oficina que proponían era inmensa. (El señor López-Amor García: ¡Hala!). Eso no se podía hacer. Después votamos y debatimos, el Grupo Popular incluido, la proposición de Esquerra Republicana per Catalunya, con el presidente, don Jesús Posada, en su defensa, porque la que ustedes proponían era sencillamente imposible de crear y ustedes mismos lo reconocieron. (El señor López-Amor García: ¡Hay alusiones!). Vengo a reiterar que las cámaras se pronuncien y pongan en marcha la oficina que aprobamos por ley todos los grupos. No he venido a tachar al Grupo Popular ni a su Gobierno de nada. (Rumores.-Varios señores diputados: Ya, ya, ya.-El señor López-Amor García: ¡Alusiones, alusiones!). He venido a decir que cumplamos la ley que ustedes votaron y votaron la de Esquerra Republicana per Catalunya. La suya era una barbaridad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señora Vázquez, comprendo su desasosiego en estos momentos. (La señora Vázquez Morillo: No comprende nada). Señora Vázquez, ¿por qué no le dijo esto al señor Bono? Esto mismo
que usted acaba de decir ahora mismo, ¿por qué no se lo dijo al señor Bono, que era el presidente de la Cámara? (La señora Vázquez Morillo: Porque se adelantaron las elecciones). Señora Vázquez, vuelvo a reiterarle, ustedes en este desquiciamiento político que tienen están intentando buscar hueco. (La señora Vázquez Morillo: No es verdad). Este Gobierno y este grupo parlamentario es transparente y siempre ha estado a favor de la oficina presupuestaria, cosa que ustedes no pueden afirmar. Lo que tenía que hacer su portavoz, la señora Rodríguez, era plantearlo en las mesas de la Cámara. Ustedes lo traen a esta Comisión para buscar ese momento de gloria porque quieren ser más transparentes que nadie. Tuvieron ocho años para hacerlo. Recuerde que de treinta años de democracia ustedes han gobernado veintidós años, que es tiempo. Ha hecho referencia al año 1980, pero ya le podía haber dicho a Felipe González que la hubiera puesto en marcha. No pasa nada. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.-Risas). Este Gobierno y estas mesas de la Cámara que preside el Grupo Parlamentario Popular lo pondrán en marcha, en aras de la transparencia y de la eficacia. Estoy convencido de que esa oficina que se monte prestará un magnífico servicio a todas las diputadas y a todos los diputados, porque nosotros, como bien ha dicho antes mi portavoz de Función pública, confiamos plenamente en la Función pública y en los funcionarios públicos. (Aplausos).
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES CON EL FIN DE FACILITAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN LA FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES URBANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000478).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el último punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a la modificación de la Ley reguladora de Haciendas Locales con el fin de facilitar la colaboración público privada en la financiación de la gestión y promoción de los centros comerciales urbanos, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para defenderla tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: La proposición no de ley que mi grupo formula hoy en esta Comisión tiene por objetivo potenciar y desarrollar la actividad comercial sobre la base de la reactivación de la actividad comercial a través de las diferentes asociaciones de comerciantes que hemos catalogado como aquellas asociaciones que desarrollan todos aquellos establecimientos o centros comerciales abiertos, los CCA, o los centros urbanos comerciales, los CUC, que no dejan de ser buenas ideas que se han puesto en marcha en países anglosajones, concretamente en Canadá, en Estados Unidos y en Inglaterra, entre otros. Estas asociaciones, que se denominan en el argot internacional business improvement district, los BID, son mecanismos que fomentan la colaboración público privada, que se facilita a través de estas asociaciones que desarrollan los centros comerciales abiertos o los centros urbanos comerciales y dotan a las asociaciones de comerciantes que estimulan dichas actividades comerciales de mecanismos financieros importantes para poder desarrollar sus actividades de gestión y promoción en centros urbanos para que puedan competir también con las grandes superficies.
Para saber un poco cuál es el número de estas figuras que estamos hablando, en España actualmente existen entre 250 y 350, con una media de 200 a 300 asociados por centro. Estamos hablando de un mecanismo que tiene cierta importancia en el entramado actual. La dinámica del funcionamiento de estas figuras se basa en la corresponsabilidad, la colaboración de los agentes públicos y privados y la gestión común y profesionalizada. La fuente de financiación de estos modelos viene determinada por las cuotas voluntarias de los mismos empresarios asociados, por la obtención de ayudas y subvenciones públicas y por la obtención de ingresos por prestación de servicios que pueden realizar estas organizaciones.
En la actualidad se presentan algunos problemas de gran importancia que ponen en peligro el funcionamiento de este modelo tan necesario para la población, para la mejora del entorno del negocio y para la creación de áreas comercialmente competitivas. El primero de ellos afecta a los propios comerciantes. Una parte de los operadores comerciales optan por no contribuir económicamente con los gastos asociativos, si bien se benefician de las acciones de comunicación, promoción y mejora del entorno, gestionados y financiados con las contribuciones del resto de asociados. El segundo problema hace referencia a la reducción de las ayudas públicas y subvenciones de la Administración, sobre todo local, a dichas asociaciones, en consonancia con los criterios de austeridad hoy mayoritarios en las administraciones, lo cual exige buscar vías más eficaces de colaboración público privada para la promoción de las zonas comerciales urbanas.
Este es el objetivo de la proposición no de ley que formula mi grupo parlamentario hoy. Para dar mejor respuesta a ambos problemas una opción sería otorgar instrumentos a la Administración local de colaboración con el tejido empresarial de las áreas comerciales para la promoción de las mismas. La fórmula jurídica que proponemos se puede instrumentar a través de una modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales para permitir que estas administraciones públicas, las administraciones locales, puedan establecer recargos finalistas en determinados impuestos locales aplicables a los establecimientos comerciales situados en las zonas que hemos hablado, en los centros comerciales abiertos o en los centros urbanos comerciales, cuya recaudación
íntegra estaría destinada a la gestión de dichas áreas a través de sus propias asociaciones o entidades gestoras. Sería un mecanismo que fomentaría la colaboración público privada, que se facilitaría a través de estas asociaciones que desarrollan los centros comerciales abiertos o los centros urbanos comerciales y dotarían a las asociaciones de comerciantes de un estímulo de dichas actividades comerciales, de mecanismos de financiación importantes para poder desarrollar sus actividades de gestión y promoción.
Voy a acabar. El objetivo de la proposición no de ley puede ser fácilmente compartible por todos los grupos parlamentarios y es incrementar las actividades comerciales; estimular el incremento de las actividades económicas en los ejes comerciales urbanos y potenciar y promocionar esta colaboración público privada, que no deja de ser un instrumento eficaz para que los emprendedores, los futuros comerciantes, los futuros empresarios que se quieren dedicar al mundo del comercio, tengan instrumentos para que sus negocios finalmente obtengan buenos resultados. Estos objetivos, que es lo que persigue al final esta proposición no de ley, nos permitirían fomentar unos centros urbanos, unos centros comerciales abiertos importantes, y hacer una labor fundamental de promoción económica de los mismos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz.
El señor RANGEL TARRÉS: Intervengo para fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley que presenta el Grupo de Convergència i Unió. Podríamos estar bastante de acuerdo en el diagnóstico del problema. Ciertamente es importante que desde la Administración local se hagan todas las iniciativas necesarias para impulsar la actividad económica y, en este caso, la actividad comercial. De hecho, desde la Administración local tradicionalmente se vienen llevando a cabo actuaciones encaminadas a ese objetivo, pero entendemos que la terapia que plantean en su proposición no de ley no es precisamente la más adecuada. En realidad, que puede existir un problema en ese tipo de asociaciones por el impago de los socios, de la misma manera que sería necesario resolver problemas de otro tipo de actividades también relacionadas con el comercio o con la gestión de polígonos industriales. La Ley reguladora de las Haciendas Locales intenta dar respuesta al principio constitucional de insuficiencia financiera de las entidades locales mediante los recursos propios que la propia ley regula, así como la participación en los ingresos del Estado.
En estos momentos estamos en un debate que va a configurar seguramente el marco competencial de las entidades locales y, en consonancia, deberíamos tener también claro cuál es el marco que garantiza la suficiencia financiera para que, en virtud de la potestad que les corresponde, tengan los recursos para hacer frente a las competencias. En la misma proposición no de ley se dice que por la falta de recursos de las corporaciones locales las subvenciones que iban encaminadas a ese fin de promoción de la actividad comercial han disminuido. Se trata de resolver el problema de fondo y ver de qué forma y manera cada uno de los ayuntamientos tiene los recursos suficientes para atender correctamente sus competencias, entre ellas también las de promoción de la actividad económica, ya sea comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que se pueda desarrollar en el municipio. Una ley que ha sido tan modificada como la Ley reguladora de las Haciendas Locales para un tema puntual, más que oportuno nos podría parecer incluso oportunista en relación con ese colectivo, y lo que nosotros pretendemos y defendemos, en este caso, es que se aborde la reforma integral de la financiación local y que se generen los recursos para que, en virtud de su autonomía, las corporaciones puedan dedicar los recursos financieros a dar cumplimiento a sus obligaciones, que son sus competencias. La propuesta no se ajusta a la solución ideal para el problema que se plantea y votaremos en contra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para defender su posición, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Debatimos hoy una proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió en la que solicitan mejorar la financiación de los centros comerciales abiertos y los centros comerciales urbanos mediante una modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, proponiendo un recargo sobre los tributos locales que pagarían aquellos establecimientos comerciales ubicados en estos centros comerciales abiertos. Como sus señorías saben, se entiende por centro comercial abierto o centro comercial urbano una fórmula de organización comercial con una imagen y estrategia propias, con una concepción global de oferta comercial, turística, cultural y de ocio y que nacen con la intención clara de revitalizar el comercio en las ciudades y especialmente en los cascos históricos para impulsar y aumentar la competitividad del pequeño comercio.
En primer lugar, coincidimos plenamente en la importancia de potenciar el comercio urbano, no solo como fuente de riqueza y generación de empleo, sino también como elemento dinamizador y atractivo turístico de nuestras ciudades. La mayoría de estos centros comerciales han sido promovidos por asociaciones de comerciantes, pero también han sido potenciados desde las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos han contribuido a dinamizar estos centros comerciales otorgando subvenciones y ayudas públicas para su mantenimiento. Como bien se explica en la exposición de motivos, prácticamente la totalidad de estos centros comerciales abiertos o centros comerciales urbanos cuentan con un modelo de financiación mixto. Se financian a través de las cuotas de sus asociados, de
los comerciantes que pertenecen a esos centros urbanos, y también a través de subvenciones públicas y de otros ingresos procedentes de patrocinios y de espónsores. Somos conscientes de las dificultades económicas que actualmente atraviesan estas organizaciones comerciales, fruto sin duda de la fuerte crisis que padecemos y que han hecho que muchos comerciantes hayan tenido que darse de baja de estas asociaciones y han dejado de colaborar con la aportación de las cuotas. Por otro lado, el necesario ajuste y consolidación fiscal que están llevando a cabo las administraciones públicas y especialmente los ayuntamientos, han hecho necesariamente reducir las subvenciones y ayudas públicas que se establecían para esta finalidad. Por ello, coincidimos con Convergència i Unió en la necesidad de buscar fórmulas alternativas de colaboración público privada.
La propuesta que nos hacen de modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales no nos parece jurídica y fiscalmente viable por las razones que les voy a exponer. Estamos plenamente convencidos de que las asociaciones de comerciantes realizan una encomiable labor en la promoción y gestión de estas áreas comerciales y, por ello, han contado tradicionalmente con las ayudas y subvenciones de las distintas administraciones, especialmente los ayuntamientos, pero consideramos que el principio de no afectación de los ingresos a determinados gastos públicos impide destinar un ingreso público, en este caso el recargo de los tributos locales, a un fin determinado, ya que la totalidad de los ingresos debe financiar el conjunto de los gastos públicos. Por otro lado, tampoco consideramos deseable, como hemos manifestado en distintas ocasiones, incrementar en estos momentos aún más la presión fiscal de los emprendedores y de los autónomos, que están haciendo ya un esfuerzo considerable, un esfuerzo titánico, por mantener sus negocios abiertos y por mantener sus puestos de trabajo.
Desde el punto de vista de técnica tributaria no consideramos adecuada, como les decía, la modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales ya que, aunque se habla en su proposición de recargos sobre tributos locales ya existentes, propiamente se trataría de nuevos impuestos. ¿Por qué? En primer lugar, porque estos recargos se aplicarían exclusivamente sobre los comercios integrados en estos centros urbanos comerciales y centros comerciales abiertos y no sobre otros comercios ubicados en las ciudades y, en segundo lugar, porque los recargos tendrían un carácter finalista, ya que la recaudación se destinaría íntegramente a asociaciones de naturaleza privada, lo que plantea serias dudas locales. Por último, señorías, el recargo propuesto podría afectar a la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, lo que como saben es contrario al principio de libre circulación, sancionado en el artículo 139 de la Constitución y en el propio artículo 6 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Voy concluyendo. Desde el Grupo Popular consideramos muy necesario buscar fórmulas para apoyar a los centros comerciales abiertos y a los centros urbanos comerciales. Por ello, el Gobierno ha impulsado la constitución de un grupo de trabajo con la Confederación Española de Comercio, del que se esperan propuestas concretas para impulsar el desarrollo, comercio-ciudad, así como medidas de apoyo en áreas comerciales urbanas, especialmente en centros históricos que necesitamos potenciar. Sin embargo, como les he expuesto desde el Grupo Popular, consideramos que la modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que proponen no es la mejor opción desde un punto de vista jurídico-fiscal y mucho menos desde un punto de vista de política económica, al aumentar la carga tributaria de los comerciantes, un sector que está siendo especialmente castigado por la crisis económica actual. Por todo ello, y en tanto en cuanto no tengamos listas las conclusiones y propuestas de este grupo de trabajo, consideramos más adecuado continuar con el modelo actual de contribuciones voluntarias a las asociaciones de comerciantes, por lo que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Dado que se está ultimando una transaccional, paramos estrictamente un minuto y votamos. (Pausa). Estamos ya en condiciones de proceder a las votaciones. Vamos a realizarlas en el orden que figura en el orden del día. Vamos a votar, en primer lugar, la proposición no de ley que figura como punto 1 del orden del día, sobre la financiación de la Comunitat Valenciana, planteada por el Grupo Parlamentario Socialista y sobre la que no existen enmiendas.
Vamos a continuar con el punto 2, proposición no de ley sobre el catálogo de regulaciones administrativas de carácter económico de las comunidades autónomas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38.
En tercer lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la modernización del Estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. En este caso existe una transaccional adoptada entre el Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió y el Grupo Socialista y, si ningún grupo parlamentario se opone, se votará en los términos de esta transaccional. (Pausa). Así se vota.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 1.
A continuación votamos la proposición no de ley relativa a la reducción de cargas administrativas en las administraciones públicas. En este caso votamos el texto original del Grupo Parlamentario Popular que incorpora la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A continuación votamos el punto 5 del orden del día, proposición no de ley sobre afectados por las hipotecas de Badia del Vallés, del que es autor el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Recuerdo que se incorpora la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Votamos a continuación la que figura como punto 6 del orden del día, proposición no de ley relativa a la oficina presupuestaria de las Cortes Generales, del Grupo Parlamentario Socialista.
En último lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales con el fin de facilitar la colaboración público privada en la financiación de la gestión y promoción de los centros comerciales urbanos, que ha planteado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34; abstenciones, 3.

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 6