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Timestamp: 2020-01-29 18:16:23+00:00

Document:
Registro Oficial. 26 de DICIEMBRE del 2002
Jueves, 26 de diciembre del 2002 - R. O. No. 732
23-945	Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley "Escudo Nacional de la República del Ecuador\n de la Unión Regional"
23-946	Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley\n para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización\n del Banano.
23-947	Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley\n 73 para formulación, fabricación, importación,\n comercialización y empleo de plaguicidas y productos afines\n de uso agrícola, publicada en el Registro Oficial 442\n de 22 de mayo de 1990.
CONSEJO\n NACIONAL DE REMUNERA-
\n CIONES DEL SECTOR PUBLICO:
155	Modificase la Resolución\n NO 145 del CONAREM, publicada en el Registro Oficial NO 573 de\n 10 de mayo del 2002.3
160	Apruébase para los servidores del\n Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n CONSEP, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n que laboran en jornada completa, la escala de sueldos básicos,\n gastos de representación y bonificación por responsabilidad
013-2002-AA Acéptase la demanda\n de inconstitucionalidad presentada por el Cbos. de Policía\n Segundo David Achote Cano
019-2002-AA\n Deséchase\n la demanda presentada por el señor Iván Pierre\n Bourgeat Miño y dispónese el archivo del expediente
029-2002-HD\n Confirmase la\n resolución expedida por la Jueza Trigésima Primera\n de lo Civil de Guayaquil en relación al recurso de hábeas\n data propuesto por el Lcdo. Félix Javier Gárate\n Chang
030-2002-HD Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el hábeas data propuesto\n por Santiago Rivadeneira Troya10
043-2002-HC Confirmase la resolución\n dictada por el Alcalde del cantón Morona Santiago y niégase\n el hábeas corpus solicitado por Galo Shakai Taijint
244-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n solicitada por el ingeniero Rafael Wong Naranjo y otro
419-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional propuesto\n por la licenciada Mariana Graciela Muñoz Orellana
422-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional planteado\n por el señor Vidal Alberto Leones Rodríguez
435-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional solicitado\n por el señor Wilter Zenón Chica Bazurto.
439-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional presentado\n por el ingeniero Miguel Alonso Loayza Valarezo
467-2002-RA\n Confirmase la\n resolución del Juez de instancia y concédese el\n amparo constitucional propuesto por Abraham Elías Dáger\n Flores.
468-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción dé amparo\n constitucional solicitada por la doctora Angela Mercedes Murillo\n Almache, por improcedente
469-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n solicitado por el señor Jorge Paredes Villacís.
470-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n planteado por el señor Ingeniero Neptalí Salvador\n Villacís Portero y otro
477-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por el\n economista Humberto Patricio Caicedo Lara.
481-2002-RA Confirmase la resolución\n expedida por el Juez Tercero de lo Civil de Pichincha y niégase\n la acción de amparo constitucional propuesta por el señor\n Luis Abelardo Correa Fernández
512-2002-RA Revócase la resolución\n expedida por el Juez Noveno de lo Civil de Pichincha y niégase\n la acción de amparo constitucional propuesta por el señor\n Gabriel Enrique Toapanta Yanchapaxi
515-2002-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n planteado por Juan Vicente Yumbla Salinas.
528-2002-RA\n Confirmase la\n resolución subida en grado y niégase el amparo\n constitucional propuesto por Gabriel Alfonso Alvarez Granja y\n otra.
543-2002-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por la señora Maria Teresa Curillo Orellana\n
548-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y deséchase el amparo solicitado por la\n señora Lucy Mercedes Alvarez
559-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional planteado\n por Teddy Tandazo Granda
580-2002-RA Confirmase la resolución\n del Jaez de instancia y niégase el amparo constitucional\n solicitado por el señor Segundo Marcial Mayaguare Remache.
588-2002-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el doctor Carlos Humberto\n Carrera Armas
591-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por el ingeniero Juan Manuel Palacios Veintimilla
595-2002-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por la señora Graciela\n Sper Saud
618-2002-RA No admitir por improcedente\n la acción de amparo planteada por el señor Germán\n Naranjo Olaya y otros.
674-2002-RA No admitir por improcedente\n la acción de amparo planteada por el señor Edgar\n Ramiro Alulema Centeno
Gobierno\n Municipal del Cantón Guaranda - Bolívar: De constitución\n de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado\n \n
NOMBRE:	"REFORMATORIA A LA LEY\n "ESCUDO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DE LA UNION\n REGIONAL.".
CODIGO:	23-945.
AUSPICIO:	H. FRANCISCO	TAMARIZ CRESPO.
INGRESO:	12-12-2002.
\n A COMISION:	16-12-2002.
Nuestro Escudo representa lo que a través de la historia\n se ha caracterizado como identificación plena de nuestra\n nacionalidad, en donde está representado desde el nevado\n Chimborazo hasta el río Guayas.
Resulta incomprensible que cuando se habla de la Unión\n Regional, vemos en nuestro Escudo Nacional representada La Sierra\n y la Costa, sin que consten las regiones Oriental e Insular;\n simplemente no a parecen, como si el Ecuador fuera solamente\n Costa y Sierra.
El Ecuador que todos queremos ver es el Ecuador del presente,\n el Ecuador del futuro, no el del pasado, aquella época\n en que se pensaba que el Oriente era un mito o las Islas Encantadas\n o Galápagos no eran nuestras.
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIN POLTICA
NOMBRE:	"REFORMATORIA\n A LA LEY PARA ESTIMULAR Y CONTROLAR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIN\n DEL BANANO.".
CODIGO:	23-946.
AUSPICIO:	H. FULTON SERRANO BATALLAS.
COMISION:	DE LO ECONMICO, AGRARIO, INDUSTRIAL Y\n COMERCIAL.
Frente a la grave situación del sector bananero por\n el incumplimiento de las exportadoras de pagar su justo precio,\n es deber del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución\n y las leyes de la República.
Conscientes de la realidad social y económica que afecta\n no solo al sector bananero sino también a los trabajadores\n que, en sus diferentes formas laboran en este sector, es conveniente\n que se expida una ley a fin de regularizar y dar concordancia\n tanto a la Ley para Estimular y Controlar la Producción\n y Comercialización del Banano como al reglamento de esta\n ley.
La Ley Reformatoria a la Ley para Estimular y Controlar la\n Producción y Comercialización del Banano, penaliza\n el incumplimiento de la presente ley por parte de los exportadores.\n
NOMBRE:	"REFORMATORIA\n A LA LEY 73 PARA FORMULACION, FABRICACION, IMPORTACION, COMERCIALIZACION\n Y EMPLEO DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS AFINES DE USO AGRÍCOLA,\n PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO 442 DE 22 DE MAYO DE 1990.".
CODIGO:	23-947.
AUSPICIO:	H. MARIO MOREIRA.
COMISION:	DE LO ECONÓMICO, AGRARIO, INDUSTRIAL\n Y COMERCIAL.
La actividad agropecuaria del país debe gozar de la\n garantía de integridad de los diferentes productos de\n uso agrícola y pecuario, referente a su calidad, composición\n química y cualidades terapéuticas, declaradas por\n sus fabricantes, importadores y distribuidores.
El Estado debe dictar las disposiciones legales que permitan\n la regulación efectiva para el control de la formulación,\n importación, comercialización y uso de plaguicidas\n y otros productos afines o de uso veterinario, incluyéndose\n la promoción y uso de genéricos para la actividad\n agropecuaria del país.
Es oportuno fortalecer y dinamizar la principal actividad\n agrícola y pecuaria del país, entregando los medios\n idóneos a quienes hacen patria labrando la tierra en condiciones\n adversas por falta de créditos y de ayuda gubernamental.
\n DEL SECTOR PUBLICO
Que, el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público,\n CONAREM mediante Resolución No 145, publicada en el Registro\n Oficial N° 573 de 10 de mayo del 2002, estableció\n un bono mensual de ochenta dólares para los profesionales\n amparados por leyes de Escalafón y Sueldos Propios; y,\n Ley Reformatoria a la Ley de Federación de Abogados del\n Ecuador; que prestan sus servicios en las instituciones pertenecientes\n a la Administración Pública Central;
Que, el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público,\n CONAREM mediante Resolución N° 153, publicada en\n el Registro Oficial N° 594 de 11 de junio del 2002, estableció\n un bono mensual de ochenta dólares para los profesionales\n con título universitario terminal, no amparados por leyes\n de Escalafón y Sueldos Propios; que prestan sus servicios\n en las instituciones pertenecientes a la Administración\n Pública Central;
Que, varias instituciones han requerido criterio respecto\n del alcance del contenido de los incisos primero del artículo\n uno de las citadas resoluciones para una correcta aplicación;
Que, de acuerdo a lo prescrito en las leyes para la Reforma\n de las Finanzas Públicas; y, de Transformación\n Económica del Ecuador, es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público CONAREM,\n determinar y fijar la política remunerativa de los servidores\n públicos de las instituciones del Estado; y.
Art. 1.- Sustituir el texto del Art. 1 de la Resolución\n N° 145 del CONARFM, publicada en el Registro Oficial N°\n 573 de 10 de mayo del 2002 por el siguiente:
Establecer un Bono Mensual de ochenta dólares (US 80,00)\n para los profesionales amparados por Leyes de Escalafón\n y Sueldos; y, Ley Reformatoria a la Ley de Federación\n de Abogados del Ecuador, que presten sus servicios en las instituciones\n de la Administración Pública Central.
El pago de este beneficio, se efectuará a los profesionales\n amparados por Leyes de Escalafón y Sueldos, independientemente\n de que se encuentren o no escalafonados; y. perciban o no el\n sueldo básico escalafonario; siempre y cuando las funciones\n de los puestos que ocupan estén en relación directa\n con el título profesional correspondiente.
En los Gobiernos Seccionales Autónomos y sus Empresas,\n Entidades Autónomas, creadas por Ley, e instituciones\n que disponen de regímenes especiales de remuneraciones,\n podrán aplicar esta bonificación a los indicados\n profesionales, siempre y cuando cuenten con recursos propios\n de carácter permanente.
Exceptúase de este beneficio a los profesionales sujetos\n a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio\n Nacional, Ley de Escalafón para Médicos; Ley de\n Escalafón y Sueldos de los Ingenieros Civiles los profesionales\n que vienen percibiendo la denominada Bonificación Médica\n Mensual; y, los trabajadores amparados por el Código de\n Trabajo y Contratación Colectiva
Art. 2.- Sustituir el texto del Art. 1 de la Resolución\n N° 153 del CONAREM publicada en el Registro Oficial N°\n 594 de 11 de junio del 2002, por el siguiente:
"Establecer a partir del 1 de enero del 2003 un Bono\n Mensual de ochenta dólares (USD 80,00) para los profesionales\n con título universitario terminal, no amparados por leyes\n de Escalafón y Sueldos y Ley Reformatoria a la Ley de\n Federación de Abogados del Ecuador; que prestan sus servicios\n en las Instituciones de la Administración Pública\n Central, cuyos puestos pertenecen al Sistema Nacional de clasificación\n de Puestos del Servicio Civil; y, para aquellos que se encuentran\n bajo el Nuevo Sistema de Gestión Organizacional y de Recursos\n Humanos, desarrollado por la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, OSCIDI.
El indicado Bono se hará efectivo de la siguiente manera:\n cuarenta dólares mensuales (USD 40,00) a partir del 1\n de octubre del presente año; y, cuarenta dólares\n mensuales (USD 40,00) adicionales, a partir del 1 de enero del\n 2003.
El pago de este beneficio, se efectuará a los servidores\n que ostenten Títulos de Ingenieros o Doctores, conferidos\n por universidades o escuelas politécnicas legalmente reconocidas;\n siempre y cuando, las funciones de los puestos que ocupan, estén\n en relación directa a su correspondiente título\n universitario.
Exceptúase de este beneficio a los servidores sujetos\n a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio\n Nacional, Leyes de Escalafón y Sueldos de Profesionales,\n Ley Reformatoria a la Ley de Federación de Abogados del\n Ecuador, los profesionales que vienen percibiendo la denominada\n Bonificación Médica Mensual; y, los trabajadores\n amparados por el Código del Trabajo y Contratación\n Colectiva".
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los seis días del mes de noviembre del dos mil dos.
f.) Ing. Francisco Arosemena Robles, Ministro de Economía\n y Finanzas, Presidente del CONAREM.
f.) Tito Herrera Vinueza. Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional. Secretario del CONAREM.
Certifico, es fiel copia del original.
f.) Tito Herrera Vinueza, Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional. Secretario del CONAREM.
Quito. 13 de diciembre del 2002.
Que, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas, CONSEP, ha concluido con el Proceso de\n Reestructura bajo el Nuevo Sistema de Gestión Organizacional\n y de Recursos Humanos antes referido y aprobado por la Oficina\n de Servicio Civil y Desarrollo Institucional OSCIDI, mediante\n Resolución N° OSCIDI -2002 -036 de 14 de octubre\n del 2002;
Que, el Art. 10 del Decreto Ejecutivo N° 1221, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial N° 265 de 13 de febrero\n del 2001, exceptúa de las Normas de Restricción\n y Austeridad en el Gasto Público a las instituciones que\n concluyan con el proceso de aplicación de la Nueva Estructura\n y Gestión Organizacional, y se reestructuren e implanten\n acorde con el Nuevo Sistema y Políticas de Gestión\n de Recursos Humanos antes señalados;
Art. 1.- Aprobar para los servidores del Consejo Nacional\n de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.\n CONSEP, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n que laboran en jornada completa, la escala de sueldos básicos,\n gastos de representación y bonificación por responsabilidad,\n establecida por el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector\n Público CONAREM, para las entidades reestructuradas del\n sector público, mediante resoluciones Nos. 046 y 047,\n publicadas en el Suplemento del Registro Oficial N° 224;\n y, Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 234 de 14\n y 29 de diciembre del 2000, respectivamente.
Art. 2.- La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional OSCIDI, como Organismo Rector de los Recursos Humanos\n y Organizacionales del Sector Público, aprobará\n mediante resolución, la lista de asignaciones del Consejo\n Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n CONSEP, elaborada conforme a la Norma Técnica de Ubicación\n Inicial de los Servidores Públicos en el Desarrollo de\n la Carrera, sujeta a la escala de sueldos básicos determinada\n en el Art. 1 de la presente resolución y remitirá\n al Ministerio de Economía y Finanzas y a la institución,\n para su correspondiente implementación.
Art. 3.- La Subsecretaria de Presupuestos del Ministerio\n de Economía y Finanzas, sobre la base de la disponibilidad\n de recursos propios de carácter permanente del Consejo\n Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n CONSEP, efectuará las regulaciones correspondientes en\n el distributivo de sueldos y presupuestos
Art. 4.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de la fecha en que se expida la resolución\n de la nueva lista de asignaciones por parte de la Oficina de\n Servicio Civil y Desarrollo Institucional.
Dado en la ciudad de Guayaquil, a los seis días del\n mes de noviembre del dos mil dos.
Quito, 13 de diciembre del 2002.
No 013-2002-AA
Vocal ponente: Dr. Carlos Helou Cevallos
CASO N° 013-2002-AA
En el caso No. 013-2002-AA, el señor Segundo David\n Achote Cano, con informe favorable del Defensor del Pueblo, comparece\n ante el Tribunal Constitucional y expresa: Que el 11 de mayo\n del 2001, el H. Consejo de Clases y Policía, mediante\n Resolución No. 2001-334-CCP, solícita al Comandante\n General de la Policía Nacional proceda a darle de baja\n de la institución policial, por haberse establecido en\n su contra mala conducta profesional de conformidad con el Art.\n 66, literal i) en concordancia con el Art. 53, inciso cuarto\n de la Ley de Personal de la Policía Nacional. Que el\n 6 de junio del 2001, mediante Resolución No. 334-CCP se\n procedió a darle de baja de las filas policiales, la misma\n que fue publicada en la Orden General No. 107-6-VI-O1. Que se\n ha violado el Art. 24, numeral 13 de la Carta Magna, Ley Suprema\n frente a las normas secundarias como son la Ley de Personal de\n la Policía Nacional, por esta razón la resolución\n carece de valor jurídico. Que en uno de los considerandos\n de la Resolución dictada por el H. Consejo de Clases y\n Policías se manifiesta que no se ha probado responsabilidad\n en su contra pero sin embargo no se desvanecen las presunciones\n de participación en las irregularidades cometidas en el\n Servicio de Tránsito de Sucumbíos, lo cual es contradictorio.\n Que para demostrar su inocencia y ninguna participación\n en el hecho investigado acompaña la sentencia dictada\n por la Primera Corte Distrital de la Policía Nacional\n el 2 de mayo del 2000, en la cual se dicta el auto de sobreseimiento\n definitivo. Por lo expuesto y fundamentado en lo dispuesto por\n los Arts. 276, numeral 2 y 277, numeral 5 de la Constitución\n Política de la República en concordancia con el\n Art. 23, literal e) de la Ley del Control Constitucional solícita\n se declare la inconstitucionalidad del acto administrativo emitido\n en su contra.- El Comandante General de la Policía Nacional\n niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho\n contenidos en la acción presentada. Que de las constancias\n procesales no se establece que el Consejo de Clases y Policías\n de la Policía Nacional haya violado la Constitución\n como alega el actor, por el contrario se deduce la existencia\n del principio de la seguridad jurídica. Alega improcedencia\n en el fondo y en la forma de la demanda propuesta; falta de legitimo\n contradictor, por cuanto debía citarse a los vocales del\n Consejo de Clases y Policías; y, falta de personería\n del actor para demandar. Que existe violación de trámite\n y procedimiento para proseguir este juicio, por no ser la vía\n procedente. Que no existe acto u omisión que viole o pueda\n violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado internacional o reglamentos institucionales.\n Que en cumplimiento con las disposiciones de los Arts. 52, 53\n y 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional se\n inició la correspondiente investigación sumaría\n teniendo como antecedente la denuncia presentada por la señora\n Guadalupe Castelo Checa en contra de los miembros de la Jefatura\n de Tránsito de Sucumbíos por una presunta matriculación\n ilegal de vehículos. Que concluida la etapa de investigación\n se dio lectura en el Consejo de Clases y Policías del\n informe jurídico correspondiente. Que el actor fue recibido\n en comisión general, conjuntamente con su abogado, quien\n en uso de su legítimo derecho a la defensa y al debido\n proceso expuso el hecho investigado. Que la baja publicada en\n la Orden General No. 107 de 6 de junio del 2001, se basó\n en lo que dispone el Art. 60, literal i) de la Ley de Personal,\n por tanto el acto administrativo impugnado se dictó en\n estricto derecho y enmarcado en las disposiciones e informe pertinentes\n apegados a la ley y a los reglamentos respectivos. Con fundamento\n en lo expuesto, solícita se deseche por improcedente la\n demanda de inconstitucionalidad presentada.
Que la Sala es competente para conocer y resolver el caso\n conforme dispone el Arts. 276, numeral 2 de la Constitución\n y el Art. 62 de la Ley del Control Constitucional; Que habiéndose\n observado todas las disposiciones constitucionales y legales\n determinadas para la tramitación de esta demanda, la causa\n es válida y así se la declara;
Que la demanda de inconstitucionalidad de un acto administrativo\n se refiere a que la declaración de voluntad de la administración\n pública, mediante la cual se crea, modifica o extingue\n un derecho del administrado ha sido expedido contrariando una\n norma expresa contenida en la Constitución;
Que en el presente caso, se impugna por inconstitucional la\n Resolución No. 2001-061-CS-PN de 1 de febrero del 2001,\n dictada por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional,\n con la que se procede a dar la baja de la institución\n policial al Cabo 2do de Policía Segundo David Achote\n Cano por haberse establecido en su contra mala conducta profesional\n de conformidad con el Art. 66, literal i) en concordancia con\n el Art. 53, inciso cuarto de la Ley de Personal de la Policía\n Nacional;
Que previo a la expedición del citado acto administrativo,\n el Delegado de la Unidad de Asuntos Internos del Primer Distrito\n de la Policía Nacional, por delegación expresa\n del Inspector General de la Policía Nacional, inició\n una investigación sumaría teniendo como antecedente\n la denuncia presentada por la señora Guadalupe Castelo\n Checa en contra de los miembros de la Jefatura de Tránsito\n de Sucumbíos por una presunta matriculación ilegal\n de vehículos, entre los cuales se encuentra involucrado\n el accionante;
Que el Art. 53, inciso tercero de la Ley de Personal de la\n Policía Nacional dice: "Quien haya sido colocado\n en situación a disposición, permanecerá\n en ella, hasta por sesenta días, tiempo durante el cual\n la Inspectoría General debe investigar y presentar las\n pruebas pertinentes y se practicarán las diligencias solicitadas\n por el investigado, que permitan a los respectivos Consejos resolver\n si el inculpado incurrió o no en mala conducta profesional.";\n
Que sin embargo de lo precisado por esta disposición\n de ley, el informe de la Unidad de Asuntos Internos del Primer\n Distrito de la Policía Nacional, fundamento de la Resolución\n del H. Consejo Superior de la Policía Nacional, es contradictorio.\n Por una parte concluye que no se ha probado responsabilidad en\n contra del inculpado y por otra menciona que no se desvanecen\n las presunciones de su participación en las irregularidades\n cometidas en el tránsito de Sucumbíos;
Que no obstante la investigación sumaria realizad a\n por la Unidad de Asuntos Internos del Primer Distrito de la \n Policía Nacional, la Presidencia de la Primera Corte Distrital\n de la Policía Nacional, en razón de que en los\n hechos denunciados se encuentra involucrado un Mayor de Policía\n que goza de fuero de Corte Distrital, con fecha 2 de mayo del\n 2000, conoció el caso y resolvió, en mérito\n a las pruebas practicadas en el sumario, que no se ha probado\n indicios de responsabilidad en contra del Cbos. Segundo David\n Achote Cano y de acuerdo alo prescrito por el Art. 160 del Código\n de Procedimiento Penal de la Policía Nacional dictó\n auto de sobreseimiento definitivo a su favor;
Que en definitiva, de los actos procesales practicados por\n la Unidad de Asuntos Internos del Primer Distrito y por la Presidencia\n de la Primera Corte Distrital de la Policía Nacional,\n al tenor de lo dispuesto por la Ley de Personal y el Código\n de Procedimiento Penal de la Policía Nacional, no se\n ha encontrado indicio de responsabilidad en contra del Cbos.\n
Segundo David Achote Cano que demuestre que incurrió\n en mala conducta profesional. En consecuencia, el acto administrativo\n impugnado en esta causa viola los derechos fundamentales del\n accionante contenidos en el Art. 23, numerales 8 y 26 y en el\n Art. 24, numeral 7 de la Constitución Política\n de la República. Por lo expuesto, la SEGUNDA SALA DEL\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
1.	Aceptar la demanda de inconstitucionalidad presentada por\n el Cbos. de Policía Segundo David Achote Cano, declarar\n inconstitucional el acto administrativo contenido en la Resolución\n N° 2001.061.CS-PN de 1 de febrero del 2001, expedido por\n el H. Consejo Superior de la Policía Nacional y dejarlo\n sin efecto; y,
2.	Publicar la presente resolución en el Registro Oficial\n Notifíquese.
f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.
f.) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal, Segunda Sala.
f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.
Razón: Siento por tal que la resolución que\n antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n el veintitrés de septiembre del dos mil dos.- Lo certifico.
f.) Francisco Morales Andrade, Secretario Segunda Sala (E).
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 12 de diciembre del 2002.
No 019-2002-AA
Vocal ponente: Doctor Guillermo Castro\n Dáger
CASO No 019-2002-AA
Quito, D.M., 15 de noviembre de 2002.
En el caso No. 019-2002-AA, el señor Iván Pierre\n Bourgeat Miño, con informe favorable del Defensor del\n Pueblo, comparece ante el Tribunal Constitucional y expresa:\n Que el 1 de octubre de 1989, ingresó en calidad de Cadete\n de la Escuela Superior de Policía, siendo ascendido el\n 21 de agosto de 1992, al grado de Subteniente de Policía\n y el 29 de agosto de 1996, a Teniente. Que durante el tiempo\n que permaneció en las filas de la institución policial\n y como se desprende de su hoja policial ha realizado varios cursos\n en Colombia y Estados Unidos, por lo que recibió los certificados\n por su excelente labor policial, otorgados por la Oficina Antinarcóticos\n de la Embajada de Estados Unidos. Que el Jefe de la Unidad Canina\n Antinarcóticos de la provincia del Guayas eleva un parte\n informativo a la Superioridad, dando a conocer que en el aeropuerto\n de Miami, se había procedido a la aprehensión de\n droga en la compañía aérea de carga ARROW\n AIR procedente de la ciudad de Guayaquil. Que el día anterior\n personalmente procedió a verificar e inspeccionar la carga\n en la referida compañía aérea, la que consistía\n en cajas de pescado fresco que Cosemar remitía a la ciudad\n de Miami, sin que haya detectado anomalía o irregularidad\n alguna, autorizando la salida del avión. Que posteriormente,\n la superioridad de la institución ordenó su arresto\n y se lo colocó a disposición del Ministro de Gobierno,\n mientras se realizaba la investigación, iniciándose\n en forma paralela el enjuiciamiento penal en el Juzgado Tercero\n del Cuarto Distrito de la Policía Nacional en la ciudad\n de Guayaquil dictándose el sobreseimiento que fue elevado\n a consulta a los ministros, de la Corte Distrital de la Policía\n Nacional. Que los ministros de la Corte Distrital contestan la\n consulta en el sentido de que se trata de un delito común\n y por tanto debe ser ventilado en uno de los juzgados de lo Penal\n del Guayas. Que el Fiscal Primero del Guayas lo acusó\n de coautor del delito tipificado y reprimido en el Art. 62 de\n la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n siendo llamado a juicio plenario. Que presentó la apelación,\n la que no fue aceptada, dictando la Quinta Sala de la H. Corte\n Superior de Justicia de Guayaquil en aplicación de lo\n dispuesto en el Art. 242 del Código de Procedimiento Penal,\n el sobreseimiento a su favor. Que mediante Resolución\n No. 2000-204-CS-PN de 21 de junio del 2000, publicada en la Orden\n General No. 129 de 6 de julio del 2000, los miembros del Consejo\n Superior de la Policía Nacional lo califican con Mala\n Conducta. Que la referida resolución viola expresas disposiciones\n constitucionales, legales y estatutarias, privándolo del\n legitimo derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que\n interpuso recurso de apelación. Que el H. Consejo Superior\n sin tomar en consideración sus alegatos ni las pruebas\n aportadas, con Resolución No. 2000-443-CS-PN de 30 de\n noviembre del 2000, publicada en la Orden General No. 001 de\n 2 de enero del 2001, se ratifica en el contenido de la Resolución\n No. 2000-204-CS-PN. Que el Presidente de la República\n con fundamento en la Resolución 2000-443-CS-PN del H.\n Consejo Superior de la Policía Nacional, en el pedido\n del Ministro de Gobierno realizado mediante oficio No. 037-SPN\n de 5 de enero del 2001 y el oficio No. 937-DGP-PN de 27 de diciembre\n del 2000, suscrito por el Comandante General de la Policía\n Nacional y en uso de las atribuciones que le confiere el Art.\n 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional decretó\n su baja por haberse comprobado mala conducta profesional, de\n conformidad con el inciso cuarto, primera parte del Art. 53 de\n la Ley de Personal de la Policía Nacional. Que al habérselo\n separado de las filas de la institución policial, sin\n que se haya probado en forma legal los argumentos que sirvieron\n de base para la misma, se han violado los Arts. 16; 23, numerales\n 2, 3 y 8; 24, numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,13 y 16; 97 y 192\n de la Constitución Política de la República;\n 28 de la Ley de Modernización del Estado; 54 y 57 de la\n Ley de Personal de la Policía Nacional, por lo que fundamentado\n en las disposiciones legales contenidas en los Arts. 276, numeral\n 2 y 278 de la Carta Magna solícita se declare la inconstitucionalidad\n del acto administrativo constante en la Resolución No.\n 2000-204-CS-PN, ratificada con Resolución No. 2000-443-CS-PN,\n dictadas por el Consejo Superior de la Policía Nacional\n y del Decreto Ejecutivo No. 1155 de 23 de enero del 2001, disponiendo\n se le reincorpore a las filas de la institución policial,\n reconociéndole como válido el tiempo que permaneció\n fuera de las mismas y se disponga el pago de todos los haberes\n que acorde al grado, antigüedad y tiempo de servicio, le\n corresponde recibir y no le han sido cancelados. Comandante General\n de Policía y Presidente del Consejo Generales de la \n Policía Nacional, niega los fundamentos hecho y de derecho\n contenidos en el escrito inicial i accionante. Manifiesta que\n existe improcedencia de la acción en el fondo y en la\n forma; alega falta de legítimo contradictor pasivo, toda\n vez que el accionante reclama inconstitucionalidad de actos administrativos\n contenidos en Resolución No. 2000-204-CS-PN adoptada por\n el Consejo Superior de la Policía Nacional el 21 de\n junio del 2000 publicada en Orden General 129 de 6 de julio\n del 2002, por cual se declara la mala conducta profesional del\n Tnte. Policía Iván Pierre Bourgeat Miño;\n Resolución No. 2000-44 es-PN de 7 de diciembre del 2000,\n del Consejo Superior la Policía Nacional; y, Decreto\n Ejecutivo No. 1155 de 23 enero del 2001, por el cual el Presidente\n Constitucional de República da de baja de las filas policiales\n al accionante, actos administrativos en los que el Comandante\n General de Policía no ha participado como suscriptor.\n Que la actuación del acta es ilegal, irregular y antirreglamentaria,\n la que en su momento ha provocado la adopción de medidas\n y la instauración trámites previstos en la ley,\n que han concluido con declaratoria de mala conducta profesional,\n reglamentada e los Arts, 52, 53 y 54 de la Ley de Personal de\n la Policía Nacional. Que los actos administrativos son\n emanados d organismos competentes, que tienen como sustento de\n s accionar, la Constitución Política del Estado,\n la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de\n Personal de la Policía Nacional y Reglamento para el\n funcionamiento del Consejo Superior Que la Resolución\n No. 00-372 CGPN .de 3 de octubre de 2002, adoptada por el Consejo\n de Generales de la Policía Nacional y que no ha sido impugnada,\n se encuentra el vigencia y es obligatoria. Por lo expuesto solícita\n se desecha la demanda por ilegal, infundamentada e improcedente.
Que la Sala es competente para conocer y resolver la demanda\n de inconstitucionalidad formulada de conformidad con k dispuesto\n en el numeral 2 del Art. 276 de la Constitución Política\n de la República.
Que habiéndose observado todas las disposiciones Constitucionales\n y legales determinadas para la tramitación de esta demanda,\n la causa es válida y así se la declara.
Que la demanda de inconstitucionalidad de un acto Administrativo\n se refiere a que la declaración de voluntad de la administración\n Pública, mediante la cual se crea, modifica o extingue\n un derecho del administrado ha sido expedido contrariando una\n norma expresa contenida en la Constitución.
LOS actos administrativos que se impugnan, son los contenidos\n tanto en la Resolución No. 2000-204-CS-PN de 21 de junio\n del 2000 del H. Consejo Superior de la Policía Nacional,\n publicada en la Orden General No. 129 de 6 de julia del 2000\n por el que se declara la mala conducta profesional del Teniente\n de Policía Iván Pierre Bourgeat Miño como\n en la Resolución No. 2000-443-CS-PN del Consejo Superior\n de la Policía Nacional, Decreto Ejecutivo No. 1155 de\n 23 de enero del 2001 suscrito por el Presidente Constitucional\n de la República (fs. 12 a 14) con la que se le da la baja\n de las filas policiales al indicado accionante. Al respecto,\n es necesario destacar que tales actos fueron adoptados por autoridad\n competente y se encuentran sustentados en el principio de legalidad\n establecido en el Art. 119 de la Carta Política que obliga\n a las instituciones del Estado, a sus organismos, dependencias\n y a los funcionarios públicos a no ejercer otras atribuciones\n que las consignadas en la Constitución y en la ley, debiendo\n anotarse también que no se han violado disposiciones constitucionales\n que protejan derechos del accionante en la aplicación\n de sanciones como aduce en su demanda. Por las consideraciones\n que anteceden, la SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en ejercicio\n de sus atribuciones,
Desechar la demanda presentada y disponer el archivo del expediente.-\n Notifíquese.
Razón: Siento por tal que la resolución que\n antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n a los quince días del mes de noviembre de dos mil dos.-\n Lo certifico.
f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria,\n Segunda Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 12 de diciembre del 2002.- f.) Secretario\n de la Sala.
Nº 029-2002-HD
Vocal ponente: doctor Luis Mantilla\n Anda
CASO N° 029-2002-HD
Quito, D.M., 28 de noviembre del 2002.
En el caso No. 029-2002-HD, el Lcdo. Félix Javier Gárate\n Chang, presenta ante la Jueza Trigésima Primera de lo\n Civil del Guayas, recurso de hábeas data contra la Rectora\n de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en los\n siguientes términos: Que ingresó a estudiar en\n la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Laica Vicente\n Rocafuerte en el periodo 1994 - 1995, habiendo cursado los cinco\n primero años de derecho. Que en el año 1998, recusó\n al catedrático Ab. Eduardo González 5., por una\n indebida calificación de su examen, recusación\n que fue aceptada por el Consejo Directivo de la Facultad, dando\n origen a una solicitud de recalificación, la que fije\n resuelta favorablemente, permitiéndole aprobar el cuarto\n año. En el año 2000 aprobó todas las materias\n del sexto año, excepto la asignatura de Práctica\n Laboral, dictada por el Ab. Eduardo González, por lo que\n el lO de octubre del 2000, volvió a solicitar su recusación,\n solicitud que pasó a conocimiento del Decano de la Facultad\n de Jurisprudencia, quien no dio el trámite oportuno, convocando\n a los cuarenta y un días a Consejo Directivo de la Facultad\n designando al Dr. Carlos Caicedo Moreira para que presente su\n informe sobre la procedencia de su solicitud, pese a saber que\n el mencionado profesional se encontraba fuera del país.\n Pasado varios días y ante su insistencia se designa a\n otro profesor, quien por ser miembro del Consejo Directivo se\n excusó del encargo. A los treinta y seis días se\n designa nuevamente al Dr. Caicedo, quien presentó el informe\n declarando procedente el pedido al igual que el Fiscal de la\n Facultad. Que el Consejo Directivo de Facultad, el 20 de febrero\n del 2001, resuelve receptar todos sus exámenes para el\n jueves 22 de febrero del .2001, resolución que no fue\n notificada, debido a que el Vicerrector Académico adujo\n que no procedía por ser extemporáneo, lo cual fue\n ratificado por la Rectora. Que se le ha impedido culminar sus\n estudios, violándose sus derechos consagrados en la sección\n sexta del Capítulo IV, Título III de la Constitución\n Política de la República, por lo que fundamentado\n en el Art. 94 de la Carta Magna y 34 y siguientes de la Ley del\n Control Constitucional, interpone recurso de hábeas data\n y solícita se requiera de la Rectora de la Universidad\n Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, copia certificada de todo\n el expediente relacionado con su recusación al profesor\n Ab. Eduardo González Salas, a partir de solicitud presentada\n el 10 de octubre del 2000, hasta la reconsideración de\n la resolución emitida por el Vicerrector Académico\n y la Rectora de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte.- El\n 4 de diciembre del 2001, a las 16h12, se realizó la audiencia\n pública en el Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil\n de Guayaquil, a la que compareció el abogado defensor\n de la Rectora de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, ofreciendo\n poder o ratificación, quien manifestó que de acuerdo\n al control de entrega de correspondencia interna, consta que\n el recurrente ha recibido respuestas a sus diferentes petitorios,\n así como copias de informes y de resoluciones de su interés.\n Que a pesar de lo expuesto hace entrega del cuaderno que contiene\n todo el expediente de revalidación y de recusación\n del actor, dando cumplimiento a lo requerido en la demanda.-\n El actor por intermedio de su abogado defensor, se ratifica en\n los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en su demanda.-\n El 14 de diciembre del 2002, a las 18h00, la Jueza Trigésima.\n Primera de lo Civil de Guayaquil, resolvió aceptar el\n recurso de hábeas data planteado y luego en providencia\n de 15 de marzo del 2002, a las 17h50 la amplia, en el sentido\n de que la resolución del Consejo Directivo de la Facultad\n de Jurisprudencia en Ciencias Sociales de la Universidad Laica\n Vicente Rocafuerte es inapelable.- Radicada la competencia en\n esta Sala por el sorteo de ley, para resolver se considera:
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver\n el recurso al tenor de lo dispuesto en los artículos 94\n y 276, numeral 3 de la Constitución Política de\n la República y los Arts. 12, numeral 3 y 34 y siguientes\n de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDO.- No se observa omisión de solemnidad\n que pueda incidir en la decisión final por lo que se declara\n la validez de la causa.
TERCERO.- El hábeas data es una garantía\n contenida en el Art. 94 de la Carta Política, y que ha\n sido concebida con gran amplitud, como el derecho a la información,\n pero también a guardar y preservar la intimidad, el honor,\n la honra, la buena reputación, la inviolabilidad de la\n correspondencia. La esencia del recurso de hábeas data\n es permitir a las personas acceder a documentos, bancos de datos\n e informes que sobre sí mismas o sobre sus bienes; obtener\n acceso directo a información, la que deberá ser\n proporcionada en forma completa, clara y verídica. Procede\n también el hábeas data, por mandato constitucional,\n para solicitar que el funcionario respectivo, actualice, rectifique,\n elimine o anule datos e información si ésta fuere\n errónea o afectare ilegítimamente sus derechos;\n y la Ley del Control Constitucional en su Art. 35, literal c)\n establece que uno de los objetivos del hábeas data es:
\n "Obtener de la persona que posee la información que\n la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros
CUARTO.- De la audiencia que consta de fs. 31 y 32\n del expediente, se establece que la parte accionada ha entregado\n la documentación solicitada por el ac

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