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Timestamp: 2019-10-16 18:12:46+00:00

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Mundo Tributario Venezuela: DECRETO 8331 CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS G.O 39.715 DEL 18-07-2011
Artículo 3º—Sujetos de Aplicación. Se tendrán como sujetos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que, con ocasión del desempeño de sus actividades dentro del territorio nacional, produzcan, importen o comercialicen bienes, o presten servicios, por lo cual reciban una contra prestación pecuniaria que satisfaga su intercambio.
Artículo 4º—Fines. Los fines del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley serán materializados a través del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios. Tales fines son los siguientes:
1. Establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan.
2. Identificar los agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas de productos, fijan precios excesivos.
3. La fijación de criterios justos de intercambio.
4. Propiciar la implementación de precios justos a través de mecanismos que permitan sincerar costos y gastos.
5. Promover el desarrollo de prácticas administrativas con criterio de equidad y justicia social.
6. Incrementar la eficiencia económica como factor determinante en la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas.
7. Continuar elevando el nivel de vida del pueblo venezolano.
8. Favorecer la inserción de la economía nacional en el área regional e internacional, promoviendo y favoreciendo la integración latinoamericana y caribeña, defendiendo los intereses económicos y sociales de la nación.
9. Proveer las herramientas para la captación de información que sirva a la formulación de criterios técnicos que permitan hacer efectivas las reclamaciones de los consumidores ante las conductas especulativas y otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso a bienes y servicios.
Artículo 5º—Principios. En la interpretación y aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberán ser observados los principios económicos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes de la República y, en especial, los establecidos en el presente capítulo.
Artículo 6º—Principio de Desarrollo Socioproductivo. El Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios se orienta al logro del desarrollo socioeconómico, armónico endógeno, garantizando de esta manera el vivir bien de la sociedad Venezolana.
Artículo 7º—Principio de Equidad. El Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios promueve el uso de la planificación, y el control de los costos empresariales que coadyuvan a la generación y construcción de precios justos.
Artículo 8º—Principio de Dinamismo. El Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios se organiza y funciona de acuerdo a las nuevas tendencias, necesidades y cambios que ocurren dentro de la estructura económica y las relaciones socioproductivas de la Nación, en observancia a la Construcción Nacional y demás leyes vigentes.
Artículo 9º—Principio de Simplicidad Administrativa. La Prestación de servicios y el cumplimiento de la función pública a través del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios deben concentrar y establecer los trámites administrativos indispensables, para reducir, según la utilidad, el número de requisitos y recaudos, que permitan la correcta y oportuna evaluación y procesamiento de los trámites inherentes al Sistema.
De igual manera, deben proporcionar mecanismos ágiles y sencillos para procesar las consultas, propuestas, opiniones, denuncias; sugerencias y quejas que realicen los usuarios y usuarias sobre los servicios prestados.
Artículo 10.—Obligatoriedad de inscripción. Los sujetos a los cuales resulte aplicable el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el cual estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
Artículo 11.—Régimen del Registro. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios dictará las normas mediante las cuales se establezca el régimen del Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, relativas a su creación, organización, funcionamiento, condiciones, requisitos, deberes, procedimiento, procesamiento y uso de la información y, en general, todos los aspectos que resulten necesarios para la obtención y administración de la información por el mencionado Registro.
Artículo 12.—Recursos contra la negativa de inscripción. Contra la negativa de inscripción por parte del Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el interesado, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, podrá interponer, a su elección, el Recurso de Reconsideración, o el Recurso Jerárquico.
DE LA CATEGORIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SEGÚN LA DETERMINACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS.
Artículo 13.—Categorización de bienes y servicios. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer la categorización de bienes y servicios, o de sujetos, atendiendo a los criterios técnicos que estime convenientes, pudiendo establecer distintos regímenes para bienes y servicios regulados, controlados o no sujetos, en función del carácter estratégico de los mismos y en beneficio y protección de los ciudadanos y ciudadanas que acceden a ellos. Para los sujetos de las distintas categorías determinadas en aplicación del presente artículo, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá disponer distintos requisitos, condiciones, deberes o mecanismos de control, en función de las características propias de los bienes o servicios, del sector que los produce o comercializa, o de las personas que acceden a ellos.
Artículo 14.—Participación popular en la categorización. A los efectos de la categorización a que refiere el artículo anterior, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer mecanismos de participación de las comunidades organizadas, o grupos de consumidores, para que los mismos aporten su conocimiento y experiencia en el acceso a determinados bienes y servicios.
Artículo 15.—Órgano rector. La determinación o modificación de precios sobre los cuales se regirá el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, será competencia de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Artículo 16.—Procedimientos. Se tendrán por determinados o modificados los precios que componen el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios:
1. Cuando el sujeto los hubiere determinado previo a la vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, informándolos oportunamente a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, sin que dicho órgano hubiere efectuado la modificación de oficio del mismo. Salvo que se que se (sic) tratase de bienes o servicios sometidos a regulación de precios por el Ejecutivo Nacional.
La Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer a cargo de los sujetos de regulación mediante el presente Decreto Ley la obligación de colocar en sus listas de precios, o en el marcaje de los productos, una leyenda que indique que los precios han sido registrados, determinados o modificados de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Artículo 17.—Componentes del Precio. Para la determinación del precio justo de bienes y servicios el órgano o ente competente podrá fundamentarse en:
Artículo 18.—Cálculo. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer lineamientos para la planificación y determinación de los parámetros de referencia para la determinación de precios justos. Dichos lineamientos pueden tener carácter general, sectorial, particular, o ser categorizados según las condiciones vinculantes o similares entre grupos de sujetos.
Artículo 19.—Relación de costos. Los costos y gastos informados al Sistema Automatizado de Administración de Precios no podrán exceder a los registrados contablemente.
Artículo 20.—Uso de modelos económicos. La determinación o modificación de precios, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, se efectuará mediante modelo de análisis estadístico seleccionado por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios considerando la data registrada en el Sistema Automatizado de Administración de Precios.
Artículo 21.—Solicitud de modificación de Precios. En los casos que el interesado manifieste su desacuerdo con el precio determinado por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios de conformidad con el presente Capítulo, podrá presentar su solicitud de evaluación de ajuste en la oportunidad, condiciones, y cumplidos los requisitos, que establezca la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
Artículo 22.—Incorporación de bienes y servicios. Cuando alguno de los sujetos regulados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deba incorporar nuevos bienes o servicios, en adición a aquellos que hubiere informado previamente a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, deberá seguir el procedimiento establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley para la determinación del precio justo del bien o servicio, previo a su oferta.
DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO
Artículo 23.—Órganos y entes del Sistema. Conforman el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en calidad de órgano rector, así como los Ministerios del Poder Popular y los entes descentralizados funcionalmente con competencia en las materias afines a la determinación de precios y costos de bienes y servicios en todo el territorio nacional.
Artículo 24.—Órganos auxiliares. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, serán órganos auxiliares del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, los cuales estarán obligados a prestar su colaboración cuando les sea solicitada por los Órgano y entes del Sistema.
Artículo 25.—Información que compone el sistema. También forman parte del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, toda la información aportada por los sujetos del presente Decreto Ley y los entes y órganos públicos, así como los costos y precios informados y registrados de conformidad con las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Artículo 26.—De la cooperación interinstitucional. El Instituto para la Protección de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio Público, de acuerdo a sus funciones y de conformidad con el presente Decreto ley, apoyarán a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en materia de administración y control de precios.
Artículo 27.—Participación Popular. La comunidad organizada apoyará coordinadamente a los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, a fin de lograr la eficacia en el control social los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios estarán obligados a crear las condiciones necesarias a fin de lograr esta coordinación.
Artículo 28.—Naturaleza de la Superintendencia. Se crea la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, la cual forma parte de la estructura de la Vicepresidencia de la República, correspondiéndole ejercer la rectoría del Sistema, sobre la base de la aplicación de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
La Superintendencia gozará de autonomía en los términos previstos en el presente Decreto Ley y en el ordenamiento jurídico vigente gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario y procesal, que la ley otorga a la República.
Artículo 29.—Estructura, organización y funcionamiento. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios, mediante su Reglamento Interno, establecerá una estructura organizativa racional que le permita ejercer con eficacia sus funciones.
Artículo 30.—Patrimonio de la Superintendencia. El patrimonio de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios estará conformado por:
1. Las rentas, recursos, bienes y derechos que le asigne el Ejecutivo Nacional de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.
5. Las demás rentas, bienes e ingresos que obtenga por cualquier concepto.
Artículo 31.—Atribuciones de la Superintendencia. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanción por parte del Estado, a los agentes económicos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Teniendo las siguientes atribuciones a su cargo:
1. Dictar su reglamento interno y demás normativa sobre estructura y funcionamiento.
2. Dictar su estatuto de personal.
3. Dictar la normativa necesaria para la implementación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley referida a mecanismos, metodología, requisitos, condiciones y demás aspectos necesarios para la determinación de costos y precios justos, así como para el control y seguimiento de los mismos.
4. Diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de aplicación, control y seguimiento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
5. Implementar mecanismos de control que permitan supervisar las desviaciones de los sujetos de la presente ley que favorezcan las ganancias excesivas en proporción a los costos de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan.
6. Fijar Precios Máximos de Venta al Público (PMVP) o Rangos de precios de bienes y servicios, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población.
7. Fijar los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio justo de bienes y servicios, así como la determinación de sus precios y la ponderación de los costos que los componen.
8. Proveer asesoría y recomendaciones técnicas a los órganos y entes competentes a los efectos de la fijación de precios de los productos y servicios que, por su importancia económica o su carácter estratégico, así lo requieran, en beneficio de la población.
9. Establecer mecanismos y parámetros técnicos uniformes que permitan a los organismos públicos competentes determinar niveles excesivos en los precios de bienes o servicios, así como conductas especulativas o de boicot.
10. Emitir criterios sobre la utilización de métodos de gastos, de utilidades, así como de las capacidades instaladas y depuración de costos, a los fines de su uso en procedimientos administrativos y judiciales.
11. Diseñar, implementar y supervisar los mecanismos para la captación de información que sirva al cumplimiento de los fines del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
12. Formular y emitir criterios técnicos que permitan hacer efectivas las reclamaciones de los consumidores ante las conductas especulativas y otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso a bienes y servicios.
13. Proveer al Ejecutivo Nacional de la información y recomendaciones necesarias para el diseño e implementación de políticas dirigidas a la disminución del nivel de precios, bien en determinados sectores, actividades, o en general.
14. Crear el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, establecer su normativa, administrarlo y ejercer las funciones de seguimiento y control sobre éste.
15. Solicitar a los sujetos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley la información que estime pertinente a los fines del ejercicio de sus competencias y, en especial, de las atribuciones de control y fiscalización que le han sido otorgadas por este Decreto-Ley.
16. Requerir a las entidades sometidas a la regulación y control de la Superintendencia, cuando fuere necesario y dentro del límite de las funciones que le confiere la ley, los datos, informes o documentos sobre sus actividades, así como certificar la colaboración o falta de ésta por parte del sujeto investigado.
17. Realizar la inspección y fiscalización de los sujetos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o de terceros relacionados con éstos, a los fines de la aplicación del mismo.
18. Efectuar los procedimientos para la determinación de ilícitos sancionados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley e imponer las sanciones administrativas a que haya lugar.
19. Prestar, a su discreción, servicios a entes públicos o privados, en el marco de las materias que le están atribuidas, y establecer las tarifas de dichos servicios.
20. Las demás, establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 32.—Facultades de Inspección. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios tendrá las más amplia facultades de inspección y fiscalización en el ejercicio de las competencias que le han sido otorgadas mediante el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o le correspondieren de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Para la realización de, actividades de verificación y otras actividades materiales de simple ejecución que sirvan a los fines de las fiscalizaciones e inspecciones, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá celebrar convenios con la comunidad organizada, con otros organismos públicos o con entes privados, encomendándoles determinadas tareas. Las actuaciones materiales realizadas en ejecución de dichos convenios tendrán valor probatorio en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, siempre que la información y documentos recabados, así como los actos ejecutados, observen el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 33.—Atribuciones especiales de inspección y fiscalización. En el ejercicio de las funciones de inspección y fiscalización otorgadas a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios por el artículo anterior, podrá:
9. Notificar al Ministerio Público sobre las presunciones de delitos cometidos por las entidades sometidas a la regulación y control de La Superintendencia.
Artículo 34.—Superintendente Nacional. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios estará a cargo del Superintendente o la Superintendente Nacional de Precios y Costos Justos, cuyo nombramiento y remoción compete al Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 35.—Requisitos. Para desempeñar el cargo de Superintendente Nacional de Precios y Costos Justos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Ser venezolano por nacimiento;
c) Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles;
d) No estar incurso en alguna de los supuestos de incompatibilidad comprendidos en el artículo 38 de este Decreto ley.
Artículo 36.—Atribuciones del Superintendente. Son atribuciones del Superintendente:
1. Ejercer las atribuciones y funciones de la Superintendencia o distribuir dichas atribuciones y funciones mediante el reglamento interno de la Superintendencia.
2. Dirigir y coordinar la administración, organización y funcionamiento de la Superintendencia.
3. Dictar el reglamento interno de la Superintendencia.
4. Dictar las regulaciones y normativa encomendadas por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley a la Superintendencia, necesaria para la aplicación e implementación de este Decreto Ley.
5. Dictar y coordinar las políticas de regulación y control de la Superintendencia.
6. Presentar al Presidente o Presidenta y al Vicepresidente o Vicepresidenta de la República informe anual del desempeño de la Superintendencia.
7. Celebrar convenios con bancos e instituciones financieras a los fines de su actuación como oficinas receptoras de los fondos administrados por la Superintendencia por concepto de recaudación de multas o prestación de servicios.
8. Las demás que le sean atribuidas por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o por el reglamento interno de la Superintendencia.
Artículo 37.—Supuestos de incompatibilidad. Son incompatibles con el ejercicio del cargo de Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos, así como de los demás cargos o empleos públicos de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios:
Artículo 38.—Para el mejor ejercicio de sus funciones, Superintendencia Nacional de Costos y Precios contará con el Sistema Automatizado de Administración de Precios, constituido por la plataforma tecnológica, integrada por software y hardware, telemática, telefonía y satelital, que facilitan la actividad de los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios.
Artículo 39.—Del portal web. El Sistema Automatizado de Administración de Precios deberá contar con un portal web, en el cual esté disponible toda la información de los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, así como el Registro de los sujetos del presente Decreto Ley.
Así mismo, el portal web deberá tener contenidos inherentes a la materia de costos y de precios, a la vez de ser un medio interactivo idóneo para la educación de la sociedad en materia de regulación.
Artículo 40.—Del libre acceso de los ciudadanos y ciudadanas. Todo ciudadano y ciudadana tendrá libre acceso al portal, teniendo como único requisito el registro correspondiente en el link de usuarios y usuarias del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios.
Artículo 41.—Confidencialidad de Información. La información que se proporcione a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, con destino al Sistema Automatizado de Administración de Precios, así como la requerida con ocasión de procedimientos administrativos incoados en dicho organismo, tendrá carácter confidencial.
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PRESENTE DECRETO
CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
Artículo 42.—Infracciones al presente Decreto Ley. Para los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entenderán como infracciones aquellas cometidas por las personas naturales o jurídicas que supongan el incumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto Ley, su Reglamento y normas dictadas por la Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo.
Artículo 43.—Tipo de sanciones. Las sanciones aplicables a las infracciones al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, son las siguientes:
a) Multa, la cual será calculada sobre la base de determinado número de salarios mínimos urbanos vigentes para el momento de la comisión de la infracción.
b) Inhabilitación temporal del ejercicio del comercio, la actividad o profesión.
c) Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos.
En el caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, el tiempo en que se mantenga la medida, el infractor continuará pagando los salarios a las trabajadoras o trabajadores y demás obligaciones laborales y de la seguridad social.
Para la imposición de las sanciones se tomarán en cuenta los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad, considerándose a estos efectos la gravedad de la infracción, la dimensión del daño, los riesgos a la salud y la reincidencia del infractor.
La imposición de alguna de las sanciones previstas en el presente capítulo no impide ni menoscaba el derecho de los afectados o las afectadas de exigir al infractor o infractora las indemnizaciones o el resarcimiento de los daños que le hubiere ocasionado, conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
Artículo 44.—Infracciones genéricas. Serán sancionados con multa de quince (15) salarios mínimos urbanos los sujetos que cometan las siguientes infracciones:
1. No inscribirse en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios o inscribirse fuera de los plazos establecidos.
2. No informar a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios las modificaciones de estructuras de costo o de precios de los productos o servicios que comercializa el sujeto.
3. No permitir u obstaculizar la actuación de los funcionarios competentes de las Superintendencia Nacional de Costos y Precios, o no prestar la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, durante los procedimientos de inspección y fiscalización.
4. No suministrar información o suministrar información falsa o insuficiente a la Superintendencia, o no remitir la información requerida en el tiempo estipulado.
5. No comparecer sin causa justificada a las citaciones que les hiciere la Superintendencia.
6. No cumplir las órdenes o instrucciones emanadas de la Superintendencia, o cumplirlas fuera del plazo establecido para ello.
Artículo 45.—Aumento arbitrario de precios. Será sancionado con multa de quince (15) a treinta (30) salarios mínimos urbanos, más el cien por ciento (100%) del monto total de productos comercializados o servicios prestados, quien aumente el precio de un bien o servicio sin la autorización de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en los casos que así se requiera.
Artículo 46.—Especulación. Serán sancionados con ocupación temporal del almacén, depósito o establecimiento, hasta por noventa (90) días, más multa de diez (10) salarios mínimos urbanos a cincuenta (50) salarios mínimos urbanos, quienes vendan bienes o presten servicios por precios superiores a los que hubieren informado a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, o los que hubiere determinado dicha Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su reglamento, y la normativa dictada al efecto.
Artículo 47.—Protección del afectado. Los usuarios o usuarias que denuncien, notifiquen y comprueben haber pagado con exceso a los precios establecidos podrán, una vez ejercidas las actuaciones respectivas, exigir al infractor la devolución del monto pagado en exceso. El infractor está obligado a la devolución de la diferencias sin perjuicio de su responsabilidad civil, penal y administrativa que correspondiere.
Artículo 48.—Aplicación preferente. Cuando la Superintendencia Nacional de Costos y Precios inspeccione o fiscalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y, en su caso, conozca la aplicación de las sanciones correspondientes, se sujetará a los procedimientos establecidos en el presente Capítulo.
Artículo 49.—Principios. Los procedimientos contemplados en el presente Capítulo se rigen, entre otros, por los siguientes principios:
1. Publicidad: Los interesados, interesadas y sus representantes tienen el derecho a transcribir, leer o fotocopiar, cualquier documento contenido en el expediente, así como solicitar certificación del mismo.
2. Dirección e impulso de oficio: El funcionario o funcionaria que sustancia y dirige el proceso debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión.
3. Primacía de la realidad: El funcionario o funcionaria debe orientar su actividad en la búsqueda de la verdad e inquirirla por todos los medios a su alcance. En sus decisiones prevalecerá la realidad sobre las formas y apariencias.
5. Lealtad y probidad procesal: Los interesados, interesadas, sus apoderados, apoderadas, abogados y abogadas deben actuar en el procedimiento con lealtad y probidad. En este sentido, se podrán extraer conclusiones en relación al interesado o interesada atendiendo a la conducta que éste asuma en el procedimiento, especialmente cuando se manifieste notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios o con otras conductas de obstrucción. Dichas conclusiones deben estar debidamente fundamentadas.
6. Notificación única: Realizada la notificación del interesado o interesada queda a derecho, sin necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del procedimiento, salvo los casos expresamente señalados en la ley.
Artículo 50.—Publicidad del expediente. De todo procedimiento se abrirá expediente, el cual recogerá todo documento, informe, tramitación e incidencia del asunto sometido a consideración del funcionario competente.
Artículo 51.—De la acumulación de expedientes. Cuando un asunto tenga relación íntima o conexión con cualquier otro asunto que se tramite en otra unidad administrativa de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, o en otro órgano o ente público, el funcionario competente para el conocimiento del asunto podrá requerir lo actuado y proceder a la acumulación de expedientes.
Artículo 52.—Confidencialidad de documentación. La máxima autoridad del órgano o ente que lleva a cabo el procedimiento podrá calificar como confidenciales los documentos que considere conveniente para el mejor desarrollo del procedimiento, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto.
Artículo 53.—A los efectos de la determinación de las personas naturales responsables ante la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, respecto de la aplicación de los procedimientos establecidos en el presente capítulo, se observarán las siguientes reglas:
1. En el caso de personas naturales: son responsables del cumplimiento del procedimiento por sí mismas o por representantes legales o mandatarios.
2. En el caso de personas jurídicas debidamente registradas o inscritas: por sus representantes legales de conformidad con el respectivo instrumento de creación o sus estatutos.
3. En las entidades o colectividades que, sin haber llenado las formalidades de inscripción y registro, constituyan una unidad productiva, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional: el cumplimiento estará a cargo de la persona que administre los bienes y, en su defecto, de cualquiera de los integrantes de la entidad.
4. En el caso de las comunidades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, sucesiones y fideicomisos, por sus representantes, administradores, albaceas, fiduciarios o personas que designen los componentes del grupo y, en su defecto, por cualquiera de los interesados.
Artículo 54.—Inicio y notificación. Toda inspección o fiscalización dará inicio mediante instrucción impartida por el funcionario competente, bien de oficio o con fundamento en denuncia que hubiere sido interpuesta ante la oficina a su cargo.
Cuando la inspección o fiscalización verse sobre documentos que se encuentran en poder del órgano o ente competente o respecto de circunstancias o hechos que reposan en los archivos o expedientes de éste, el procedimiento podrá iniciarse en la sede del órgano o ente competente, levantando el acta correspondiente, en la cual se indicarán las circunstancias y hechos verificados y se dará la instrucción correspondiente para el Inicio del procedimiento.
La instrucción mediante la cual se de inicio al procedimiento deberá constar por escrito, constituyendo el auto apertura al procedimiento. Dicho auto será notificado al interesado con las formalidades establecidas en el presente capítulo.
Artículo 55.—Notificación. La notificación deberá ser personal y se efectuará en alguna de los responsables indicados en el artículo 54 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Artículo 56.—Acto de Inicio. En el auto de inicio, el funcionario competente identificará al funcionario autorizado y los aspectos sobre los cuales versa la inspección o fiscalización, ordenando el inicio del procedimiento, la apertura del expediente administrativo y su sustanciación.
Artículo 57.—Ejecución de la inspección o fiscalización. En la inspección o fiscalización el funcionario actuante, por todos los medios a su alcance, ejecutará las actividades materiales o técnicas necesarias para determinar la verdad de los hechos o circunstancias que permitan conocer la conformidad o incumplimiento de los deberes impuestos por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los responsables, el grado de responsabilidad y, de ser procedente, el daño causado.
Artículo 58.—Levantamiento de acta. De toda inspección o fiscalización procederá a levantarse un acta, la cual deberá ser suscrita por el funcionario actuante y la persona presente en la Inspección a cargo de las actividades o bienes objeto de inspección.
Artículo 59.—Verificación de conformidad. Si de los hechos y circunstancias objeto de inspección o fiscalización, el funcionario actuante constatare que no existen incumplimientos por parte del sujeto fiscalizado, al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o que la denuncia que se hubiere interpuesto carece de fundamentos fácticos o jurídicos, indicará tal circunstancia en el Acta de Inspección o Fiscalización, a los efectos de dar por concluida la investigación.
Artículo 60.—Medidas preventivas. Si durante la Inspección o fiscalización el funcionario actuante detectara indicios del incumplimiento de las obligaciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto medidas preventivas destinadas a impedir la continuidad de los incumplimientos que pudieran derivarse del procedimiento.
Dichas medidas preventivas podrán consistir en:
Artículo 61.—Sustanciación de las medidas preventivas. La sustanciación de las medidas preventivas se efectuará en cuaderno separado, debiendo incorporarse al expediente principal los autos mediante los cuales se decreten o se disponga su modificación o revocatoria.
Artículo 62.—Ejecución de las medidas preventivas. La ejecución de las medidas preventivas indicadas en el presente capítulo se hará constar en un acta a suscribirse entre el funcionario actuante y los sujetos sometidos a la medida.
El funcionario actuante procederá a realizar Inventario físico del activo, y ejecutará las acciones necesarias a objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio y la conservación o correcta disposición de los bienes.
Artículo 63.—De la oposición a las medidas preventivas. Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a aquel en que ha sido dictada la medida preventiva, o de su ejecución, cualquier persona interesada podrá solicitar razonadamente su revocatoria, suspensión o modificación por ante la funcionaria o el funcionario que la dictó, quien decidirá dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud.
Artículo 64.—Guarda de bienes. En el caso de retención de bienes u otros efectos con ocasión de la aplicación de alguna de las medidas preventivas indicadas en el presente capítulo, el funcionario actuante expedirá a la presunta infractora o el presunto infractor la correspondiente acta de retención en la cual se especificarán las cantidades, calidades y demás menciones de lo retenido.
Artículo 65.—Apertura del procedimiento sancionatorio. Cuando del procedimiento de inspección o fiscalización se determine la concurrencia de hechos o circunstancias de los cuales se presuma la trasgresión de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el funcionario competente ordenará la apertura del correspondiente procedimiento sancionatorio.
Artículo 66.—Inicio y notificación. Efectuada la apertura del procedimiento sancionatorio, el funcionario competente ordenará la notificación a aquellas personas a que hubiera lugar, para imponerlas de los hechos por los cuales se da Inicio al procedimiento, a los fines que aleguen sus razones y exhiban las pruebas que consideren pertinentes, dentro de un plazo no menor de ocho (8) ni mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha en la (sic) hubieren sido notificados.
Artículo 67.—Audiencia de descargos. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación a que refiere el artículo anterior, se fijará mediante auto expreso el día y hora para que tenga lugar la audiencia de descargos, dentro de un plazo no menor de cinco (5) ni mayor de doce (12) días hábiles siguientes al vencimiento de aquel, según la complejidad del asunto.
Artículo 68.—Acta de conformidad. Si durante la audiencia de descargos el funcionario competente para conocer del asunto, sobre la base de los argumentos expuestos por la presunta Infractora o el presunto Infractor, o de las pruebas exhibidas por éste, estimase que los hechos o circunstancias no revisten carácter ilícito o no le fueren imputables, se levantará Acta de Conformidad, la cual podrá extenderse en presencia del interesado o su representante, o enviarse por correo público o privado con acuse de recibo. Dicha acta de conformidad pondrá fin al procedimiento.
Artículo 69.—Aceptación de los hechos. Si en la audiencia de descargos la presunta infractora o el presunto infractor aceptare todos los hechos que le son imputados, el funcionario competente para conocer del asunto, procederá a dejar constancia de ello, imponiendo en el mismo acto las sanciones a que hubiere lugar conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
El acto dictado conforme lo establecido en el presente artículo pondrá fin al procedimiento.
Artículo 70.—Descargo parcial. Cuando de la audiencia de descargos resulte la admisión parcial de los hechos o, la funcionaria o funcionario competente declare la conformidad parcial sobre algunos de ellos, procederá a emitir un acta de descargo parcial, en la cual diferenciará con claridad los hechos reconocidos por la presunta infractora o el presunto infractor, así como aquellos respecto de los cuales declara su conformidad.
Artículo 71.—Lapso probatorio. Cuando en la audiencia de descargos se produzca la admisión parcial de los hechos atribuidos, su rechazo por parte de la presunta infractora o del presunto infractor, o éste no comparezca a la audiencia de descargos, el procedimiento continuará con la apertura de un lapso probatorio de diez (10) días hábiles, el cual se entenderá abierto y emplazada la presunta infractora o el presunto infractor, en la misma audiencia, sin necesidad de notificación alguna.
Vencido el plazo a que refiere el encabezado del presente artículo, o el de su prórroga de ser el caso, el funcionario o funcionaria actuante podrá ordenar la preparación o evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de los hechos.
Artículo 72.—Reglas sobre pruebas. En el procedimiento establecido en el presente capítulo podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho conforme al ordenamiento jurídico vigente, observando en particular las siguientes reglas:
No se valorarán las pruebas manifiestamente impertinentes o ilegales, las que deberán rechazarse al decidirse el acto o recurso que corresponda. No podrán promoverse el juramento y la confesión de empleados públicos cuando ello implique la absolución de posiciones por parte de la Administración.
Cuando se trate de pruebas de laboratorio; el órgano o ente administrativo competente notificará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las acciones necesarias para la realización de las pruebas de laboratorio que hubieren sido admitidas.
Artículo 73.—Nuevas medidas preventivas. Modificación o levantamiento de las existentes. En cualquier grado y estado del procedimiento, el funcionario que conoce del respectivo asunto podrá decretar las medidas preventivas establecidas en el capítulo anterior cuando, a su juicio, exista un riesgo fundado de que la decisión que resuelva dicho asunto no pueda ser ejecutada.
Artículo 74.—De la terminación del procedimiento. Vencido el plazo establecido para el lapso probatorio, el funcionario competente dispondrá de un plazo de diez (10) días continuos para emitir la decisión, prorrogable por diez (10) días más si la complejidad del asunto lo requiriera.
Artículo 75.—Acto conclusivo. Terminado el procedimiento, el funcionario competente dictará su decisión mediante un acto redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni transcripciones de actas, ni documentos que consten en el expediente, y en el cual deberá indicarse:
2. Identificación del sujeto o los sujetos que constituye parte en el procedimiento.
4. Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas.
5. Fundamentos de la decisión.
6. Sanciones que correspondan, según los casos.
7. Recursos que correspondan contra el acto.
8. Identificación y firma autógrafa del funcionario competente que emite el acto, con indicación del carácter con que actúa.
Artículo 76.—Ejecución voluntaria de la sanción. Los actos administrativos dictados por el funcionario competente, que recaigan sobre particulares, se ejecutarán de manera voluntaria dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación.
Artículo 77.—Ejecución forzosa. Cuando la ejecución voluntaria a que refiere el artículo anterior no se realizare o su realización sea imposible, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, de oficio, procederá a su ejecución forzosa.
Cuando la decisión declare la sanción de comiso y éste haya sido ejecutado previamente como medida .preventiva, se considerará que ha operado la ejecución forzosa del acto, sin que sea necesario ordenar nuevamente su ejecución.
Artículo 78.—Normas para la ejecución forzosa. La ejecución forzosa de actos administrativos por parte del funcionario competente se llevará a cabo conforme a las normas siguientes:
2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado u obligada se resistiere a cumplirlos, se solicitará el auxilio de la fuerza pública para ejecutarlos, imponiéndosele a la, Infractora o el Infractor multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía y, en el caso de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que se le hubieran aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la Administración, para que cumpla lo ordenado.
Artículo 79.—Notificación de sanciones. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios deberá notificar a la infractora o el infractor la sanción impuesta de acuerdo a lo previsto en la ley que regula los procedimientos administrativos.
Artículo 80.—Recursos. Contra las decisiones mediante las cuales se impongan sanciones, el interesado podrá:
1. Interponer el recurso jerárquico dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto conclusivo, cuando la decisión no sea dictada por la máxima autoridad del órgano o ente competente,
Artículo 81.—Destino de los bienes objeto del comiso declarado con lugar. Cuando en el acto conclusivo se declare con lugar el comiso de productos estratégicos para la satisfacción de necesidades básicas humanas, sin que fuere ordenada su destrucción, éstos serán destinados a su distribución en las redes de distribución y comercialización estatales, sin que haya lugar a remate.
Artículo 82.—Comiso declarado sin lugar mediante acto definitivamente firme. Cuando el comiso haya sido declarado sin lugar en el acto conclusivo, o en el recurso administrativo ti judicial, y la decisión quedara definitivamente firme, el funcionario decisor ordenará la devolución al propietario de los bienes objeto de comiso, en el estado en que se hallaren.
Artículo 83.—Supletoriedad. Los vacíos legales en materia de procedimientos por aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán suplidos por Ley que regula los procedimientos administrativos.
Artículo 84.—Incorporación progresiva de la Superintendencia. Las competencias otorgadas por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrán ser asumidas progresivamente por dicho órgano, en función del carácter estratégico de su ejercicio.
Artículo 85.—Plazo para dictar el reglamento interno y creación del Registro. En el plazo máximo de noventa (90) días hábiles, contado a partir de la publicación del presente Decreto Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, deberá dictarse el reglamento interno de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y crearse el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios.
Artículo 86.—Interpretación de las Normas. En la interpretación de las disposiciones de esta Ley y de las mercantiles que tuvieren relación con ésta, así como de su reglamento, normativas o de los términos y actos mercantiles, se atenderá a su naturaleza mercantil, a los usos y costumbres comerciales y en su defecto, a principios de Derecho y de Economía, Administración o Contabilidad, razones de buen sentido y equidad.
Artículo 87.—Prescripción. La facultad para imponer las sanciones a que se refiere esta Ley, prescribirá a los tres (03) años, contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción. Si hubieren transcurrido más de cinco (05) años desde la fecha de inicio del trámite para conocer sobre una posible Infracción, sin haberse resuelto definitivamente al respecto, también prescribirá la acción, debiendo alegarla el interesado. Los funcionarios o empleados públicos responsables del retardo en la resolución serán sancionados de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 88.—Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia vencido el plazo de noventa (90) días hábiles contado, partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las normas contenidas en los artículos 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 y 37, las cuales entrarán en vigencia con la publicación del presente Decreto Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. .
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de julio de dos mil once. Años 201º de la Independencia, 152º de la Federación y 12º de la Revolución Bolivariana.
Publicado por MUNDO TRIBUTARIO VENEZUELA en 8:06 p. m.

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