Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221272.htm
Timestamp: 2019-03-21 22:35:03+00:00

Document:
201208-Sala Civil-1-272
Auto Supremo: 272/2012
Sucre: 20 de agosto de 2012
Expediente: CB-46-12-S
Partes: Daniel Soriano Lea Plaza y Ana María Cortes de Soriano c/ Gobernación del Departamento de Cochabamba por la ex CORDECO-UCF y Banco de Cochabamba en Liquidación.
Proceso: Nulidad por error esencial.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 966 a 971, interpuesto por Daniel Soriano Lea Plaza y Ana María Cortés de Soriano, contra el Auto de Vista Nº 72, cursante de fs. 956 a 958, emitido el 30 de marzo de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre Nulidad de Contrato por error esencial seguido por los recurrentes en contra del Banco de Cochabamba en Liquidación y contra ex Corporación de Desarrollo de Cochabamba; la concesión de fs. 973; el dictamen fiscal de fs. 981 a 983; los antecedentes del proceso; y:
El Juez de Partido Octavo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba el 13 de octubre de 2010 pronunció la Sentencia cursante de fs. 885 a 890 vlta., declarando improbada en todas sus partes la demanda de fs. 68, modificada y ampliada a fs. 411 y 419, referida a la Nulidad de los Contratos de Préstamo contenidos en la Escritura Pública Nº 42 de 22 de agosto de 1986 y en la Escritura Pública Nº 26 de 23 de enero de 1987. Declaró probadas las excepciones perentorias de improcedencia, ilegalidad, falsedad, falta de acción y derecho en los actores opuesta contra la demanda a fs. 425. con costas en contra de los actores.
Contra esa Sentencia la parte demandante interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 30 de marzo de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 72, cursante de fs. 956 a 958, confirmando la Sentencia, con costas.
Resolución de Alzada recurrida en casación por la parte actora.
1.- La parte recurrente señaló que el Auto de Vista recurrido omitió considerar la prueba aportada y, desconoció el valor que la Ley le asigna a la prueba testifical, pericial y documental, a través de la cual habría demostrado la veracidad y la procedencia de su demanda; al respecto manifestó que se ignoró los informes periciales elaborados por técnicos de los financiadores, las declaraciones testificales de personas idóneas, y demás prueba, aspecto que conllevaría la violación de los arts. 190, 192-2) 397-I, 399, 401, 430, 476, 477-II del Código de Procedimiento Civil y 1283-I, 1285, 1286, 1289, 1290, 1305, 1330, 1331 del Código Civil.
2.- Manifestaron que el Tribunal de alzada en el punto 4) del Auto de Vista recurrido, omitió considerar que si bien los co demandantes Lessin Méndez Maldonado y Gabriela Mendizábal de Méndez, desistieron de la demanda, lo hicieron en virtud a la liquidación de obligaciones por dación de pago, acordado con el Banco de Cochabamba en Liquidación mediante Escritura Pública Nº 14/1994 de 4 de enero de 1994, que fue la única prueba adjuntada por la parte demandada y, que en su cláusula tercera indica: "que los deudores reconocen adeudar dicho monto, encontrándose en total estado de morosidad ante la imposibilidad de pagar por los conflictos con las entidades financiadoras y el inminente fracaso de la floricultura objeto de los créditos"; declaración que, en criterio de los recurrentes, constituiría una confesión judicial espontánea que fue deliberadamente omitida en franca violación de lo previsto por los arts. 404-II, 339 y 401 del Código de Procedimiento Civil y, 1286 del Código Civil.
Por otro lado señaló que el Auto Supremo Nº 80, de 8 de febrero de 2007, anuló obrados hasta fs. 790 vlta., es decir hasta que se pronuncie de inmediato nueva Sentencia, la cual sin embargo fue dictada recién el 13 de octubre de 2010, con un retraso de tres años y ocho meses, desobedeciendo la disposición asumida por la entonces Corte Suprema de Justicia.
Manifestaron que la Sentencia declaró probadas las excepciones perentorias opuestas por CORDECO a fs. 425, aspecto que no fuese evidente, toda vez que dichas excepciones fueron opuestas por memorial de fs. 423, pues, a fs. 425 correría memorial de respuesta. Puntualizó que las excepciones opuestas por CORDECO que ilegalmente fueron declaradas probadas en la Sentencia, son la de impersonería de CORDECO, oscuridad y contradicción en la demanda, mismas que ya habrían sido resueltas por Auto de 11 de junio de 1992, que declaró probada la excepción de falta de personería e improbadas las de oscuridad y contradicción, resolución que en apelación fue confirmada en cuanto a la impersonería, determinación que fue casada por la entonces Corte Suprema que mediante Auto Supremo Nº 591 de 4 de noviembre de 1994 declaró improbada la referida excepción de impersonería; preguntándose en consecuencia los recurrentes ¿qué excepción fue declarada probada por la Sentencia? , si todas fueron declaradas improbadas en la sustanciación del proceso.
3.- Señalaron que, el Auto de Vista impugnado, realizó una innecesaria consideración de otras causales de nulidad (ilictud de causa y de motivo), que resultan ajenas al caso, posteriormente citó al tratadista Carlos Morales Guillen, en sentido de que el error esencial fuese la creencia contraria a la realidad que impediría la formación del consentimiento debido a que las partes están de acuerdo sobre la naturaleza o identidad del objeto, de tal manera que hacen sus respectivas manifestaciones de voluntad pensando que celebran contratos diferentes o bien que se refiere a cosas distintas, lo que impide que se forme el contrato; al respecto los recurrentes señalaron que esa sola consideración bastaba para revocar la Sentencia, en virtud a que habrían firmado los contratos en la convicción nacida de las ofertas de los financiadores de que el proyecto de exportación de flores era un excelente negocio, que les permitiría cómodamente pagar los bienes recibidos, aspecto que jamás sucedió. Al respecto manifestaron que la aplicación del sano criterio resultaba suficiente para que los vocales advirtieran que nadie firmaría un contrato para perder dinero y menos para perder lo que tenían antes de firmarlo.
Cuestionaron la determinación asumida por el Tribunal de alzada en sentido de dar por bien hecha la valoración de la prueba, toda vez que el Juez A quo no valoró la prueba, es más ni siquiera la habría mencionado, lo que evidenciaría el incumplimiento de deberes y la grave irresponsabilidad del Tribunal de Alzada.
4.- Señalaron que la Sentencia fue dictada de manera mecánica, sin que hubiese existido ningún análisis ni consideración de la prueba aportada; refirieron que para la procedencia de la nulidad del contrato por error, resulta irrelevante la violencia física, como al parecer entendió el Juez A quo, quien se aferró en sostener la validez de los contratos por haber sido suscritos estos de manera libre.
5.- Reiteraron que el juzgador ignoró la consideración de los medios de prueba.
6.- Sostienen haber demostrado la causal de nulidad de contrato, al respecto hacen referencia a la documental de fs. 31 a 35, referida al Informe General de Evaluación Financiera de Explotación de Flores, elaborado el 1988 por el encargado de USAID, que estableció la inviabilidad de la explotación "El Escudaño", destacando las siguientes razones fundamentales: 1) el elevado costo de inversión, originada en el desconocimiento de costos de inversión alternativa e inadecuado asesoramiento en cuanto a la racionalidad de la inversión y; 2) prolongado período de desembolsos e inversiones, que determinó el retraso de la producción y percepción de ingresos, que a su vez ocasionó el pago por inversiones ociosas antes de iniciarse la producción de flores; 3) desfase en la llegada de los componentes importantes y llegada de las plantas de rosa en época inapropiada; 4) niveles de producción y precios inferiores a los contemplados en el estudio de mercado de los proyectos de factibilidad considerados y evaluados por la UCF CORDECO; 5) falta de asesoramiento técnico en la producción de flores y en el manejo administrativo; 6) falta de acceso al mercado internacional; y otras causales no atribuibles a los floricultores.
Manifestaron que el informe de fs. 39 a 51 referido al estado financiero del plantel Florícola "El Escudaño", de manera detallada explicaría las causas del desastre y confirmaría el error esencial en el que habrían sido inducidos por los financiadores.
Igualmente manifestaron que a fs. 52 cursa carta enviada por el entonces Ministro de Finanzas al Director de la Unidad de Proyectos de los financiadores en la que le manifiesta su preocupación por la falta de una solución integral al proyecto de floricultura del Departamento de Cochabamba. Indicaron que de fs. 53 a 59 cursa la deliberación y conclusiones de la mesa redonda de Serviflor que demostraría los problemas que enfrentaron por impericia e improvisación de los financiadores, aclarando que el proyecto consensuado con USAID era definitivamente inviable por varias razones tales como la falta de oportunidad de desembolsos y el análisis del mercado, entre otros.
En ese mismo sentido refirieron que a fs. 61 cursa informe sobre la situación financiera de la Asociación Boliviana de Floricultores, identificando entre las causas de ineficiencia de la inversión: a) el prolongado período de desembolsos e inversiones que generó retraso en la producción; b) extemporaneidad en la recepción de los componentes de importación; niveles de producción y precios muy bajos.
Pruebas que no habrían sido objetadas por la parte contraria y a partir de la cual consideran haber demostrado más allá de toda duda razonable el error esencial sobre la naturaleza y el objeto de los contratos cuya nulidad demandan, por cuanto el fracaso del proyecto florícola "El Escudaño" no fuese atribuible a ellos como productores, que creyeron que el proyecto era rentable porque así aseguraron los financiadores.
7.- Acusaron que los Tribunales de instancia no mencionaron la prueba testifical, que, en criterio de los recurrentes, resultaba trascendental por tratarse de declaraciones de personas que conocían la problemática de los floricultores.
8.- Señalaron que la prueba aportada era suficiente para que el Juez declare probada la demanda.
Acusaron que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre las pretensiones deducidas en el proceso y que fueron oportunamente reclamadas ante los tribunales inferiores.
Por las razones expuestas solicitaron que el Tribunal Supremo de Justicia, con mejor criterio dicte Auto Supremo de casación por existir violación, interpretación errónea, aplicación indebida de la ley, error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y omisión de pronunciamiento sobre sus pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente y, deliberando en el fondo aplique correctamente las leyes conculcadas, declarando la nulidad por error esencial de los contratos contenidos en las Escrituras Públicas Nº 42 de 22 de agosto de 1986 y Nº 26 de 23 de enero de 1987.
Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde en principio resolver el recurso de forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas se fallaría anulando obrados, lo que, como es lógico, imposibilitaría la consideración de fondo del recurso.
Establecido lo anterior corresponde precisar que los recurrentes de manera muy general acusaron que el Auto de Vista recurrido no se pronunció respecto a sus pretensiones deducidas en el proceso y que fueron oportunamente reclamadas ante los Tribunales inferiores; entendiendo éste Tribunal que, lo que los recurrentes pretenden cuestionar es la aparente falta de pertinencia en la resolución de alzada por considerar que la misma no se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación; siendo así, a los recurrentes les correspondía precisar el o los motivos de su apelación que no habrían sido resueltos por el Tribunal de Alzada y no limitarse, como en el caso concreto lo hicieron, a la simple referencia general y abstracta de la aparente falta de pronunciamiento, reclamo que no concreta de manera precisa el motivo impugnado que no mereció respuesta por parte del Tribunal de apelación; deficiente planteamiento que motiva la improcedencia del recurso de casación en la forma.
En el marco del recurso y de la revisión de antecedentes se arriba a las siguientes consideraciones:
1.- De fs. 1 a 9, cursa Testimonio de la Escritura Pública Nº 402, de 22 de agosto de 1986, referida a un contrato de préstamo refinanciado de dinero de la línea MPC/USAID-CORDECO y obligación de pago con garantía hipotecaria, suscrito entre el Banco de Cochabamba S.A. y Daniel Soriano Lea Plaza, en virtud al cual el Banco concedió un préstamo refinanciado y supervisado a favor del deudor, con fondos refinanciados en la línea MPC/USAID/CORDECO, por la suma total de 125.504 $us., de acuerdo al siguiente detalle: 2.1 aporte de PL480- Título III para capital de inversión de 46.291 $us. , y para capital de operación. 2.2 aporte de AID Nº 511-T-064/W-065, para capital de inversión 74.213 $us. Suma que el deudor recibiría con sujeción al cronograma de inversiones y en el caso del aporte AID, especificado en el punto 2.2 cancelado directamente a los proveedores del exterior del país mediante órdenes de pago.
2.- De fs. 10 a 11 vlta., cursa Testimonio de la Escritura Pública Nº 26, de 23 de enero de 1987, referida a un contrato de ampliación y modificación del préstamo anterior, en virtud al cual, debido al cambio de proveedor de flores a importarse de Israel en lugar de Brasil, el Banco otorgó una ampliación del crédito al deudor hasta la suma global de 150.000 $us.
3.- Los referidos contratos, se originaron en el Proyecto "Planificación para el desarrollo Rural MPC/USAID.B, con recursos de AID/B y la Secretaría de PL-480, destinados al financiamiento del cultivo de flores bajo invernadero.
4.- Por memorial de fs. 411 a 413 vlta., ampliado a fs. 419 y vlta., Daniel Soriano Lea Plaza y Ana María Cortés de Soriano, conjuntamente otras personas, quienes luego desistieron de su demanda, modificaron y ampliaron la demanda de fs. 68 a 71 vlta., y en mérito a ello demandaron la nulidad de los contratos señalados en el punto 1 y 2, por la causal prevista en el art. 549-4) del Código Civil, es decir por error esencial.
Al respecto, en lo sustancial, argumentaron su demanda que:
En diciembre de 1985, la Secretaría del PL-480, MPC-USAID/B (Ministerio de Planeamiento y Coordinación -USAID Bolivia) y CORDECO, acordaron el financiamiento de proyectos de desarrollo rural en Cochabamba.
Que, las referidas entidades, aprobaron las condiciones de los créditos para el Proyecto COC-016- "El Escudaño" de Daniel Soriano, figurando como financiadores el PL-480-título III (para capital de operación, AID Nº 511-T-064/W-065 (para capital de inversión) y el Banco de Cochabamba S.A., quedando establecidas las obligaciones y condiciones de desembolso que cada uno asumió en relación a los proyectos, mismas que no fueron cumplidas oportunamente, como evidenciarían los informes que adjuntaron, aspecto que generó varios desfases desde el inicio mismo del proyecto, al extremo de haberse vencido el plazo para el pago de los primeros intereses sin haber llegado a producir ni una sola flor, ni haber recibido todos los implementos necesarios, cuyo pago era de exclusiva responsabilidad de USAID.
Que, la aprobación de los proyectos, estableció como obligación del Banco de Cochabamba S.A. el desembolso de capital de operaciones, como requisito indispensable para el desarrollo de los proyectos, capital que sin embargo no fue desembolsado, lo que les obligó a contraer préstamos comerciales para sufragar la implementación y mantenimiento del proyecto, situación que les generó gravísimas consecuencias económicas.
Que, CORDECO no hizo nada para evitar los referidos incumplimientos, ni en el seguimiento y asesoramiento técnico, como le correspondía.
Que, las entidades financieras y de desarrollo involucradas, incluido el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, aprobaron los proyectos con las modificaciones que sus respectivos técnicos consideraron convenientes, en cuyos términos, condiciones y ventajas confiaron y aceptaron, pues les hicieron creer que la explotación de un plantel de 2.000 m.² de rosas cubriría cómodamente el financiamiento que se les otorgó, aspecto que resultó imposible debido a múltiples factores, no previstos por sus expertos, como ser: a) la aprobación de muchos proyectos iguales y simultáneamente, lo que ocasionó que el precio de la rosa cayera, por lo que no se podía cubrir ni siquiera el costo básico de cuidado y mantenimiento de los planteles: fumigado, fertilización, riego, electricidad, personal, etc...; b) que los proyectos estaban destinados específicamente a la exportación de flores, sin embargo los financiadores no proveyeron ningún mecanismo de apoyo, por lo que se vieron obligados a realizar gestiones personalmente, pero con resultados negativos, lo que motivó que después de dos años de iniciados los proyectos, USAID financiará la conformación de la Empresa de Comercialización SERVIFLOR, que también fue mal implementada lo que determinó su quiebra; c) los expertos de la entidades financiadoras y de desarrollo no informaron sobre la variedad de rosas más adecuada para la comercialización; d) falta de apoyo técnico; e) incremento de la tasa de interés al segundo año; f) nivel de producción por planta inferior al proyectado.
Que, esos y otros problemas fueron informados por la Asociación Boliviana de Floricultores a los financiadores quienes se mostraron indiferentes ante los problemas originados por los proyectos.
Finalmente argumentaron en su demanda que USAID contrató a la empresa RONCO CONSULTING, la que previa evaluación de los planteles determinó la inviabilidad de los proyectos, entre otras causas porque la extensión mínima necesaria para lograr rentabilidad debió ser de 8.000 m.² y no de 2.000 m.² como se estableció en el proyecto base de los contratos.
En base a esos fundamentos argumentaron que de haber conocido los errores, imprecisiones y falencias de los proyectos jamás hubieran contratado el préstamo que da forma a los proyectos para cuya aceptación habrían sido inducidos en error esencial sobre la naturaleza y el objeto y causa del negocio. Demandando por ello la nulidad de los referidos contratos.
Establecidos en detalle los fundamentos en base a los cuales los actores sustentan su demanda de nulidad por error esencial, corresponde precisar que, por definición, el error es un vicio de la voluntad y por ende del consentimiento porque afecta el proceso formativo de la voluntad, ya sea en el aspecto relativo a la voluntad interna, en cuyo caso se configura el denominado error-vicio, o en lo que se refiere a la exteriorización de la voluntad interna, en cuyo caso se configura el denominado error en la declaración.
Para el caso de autos nos interesa centrar nuestro razonamiento en el denominado error vicio, porque es el error propiamente dicho que afecta al proceso cognoscitivo del sujeto, dado que su voluntad interna se forma en base a un conocimiento equivocado o contrario a la realidad.
De lo manifestado precedentemente se establece que el error esencial -que es el argüido por la parte demandante para la nulidad de los contratos de préstamo- se da cuando éste recae sobre: a) la naturaleza del contrato; b) el objeto del contrato.
El error sobre la naturaleza del contrato se da cuando las partes creen celebrar contratos distintos, es decir cuando ambas tienen en mente negocios jurídicos distintos, ejemplo una tiene en mente la venta de un bien y la otra tiene en mente recibir el bien en donación, en ese caso las voluntades en lugar de integrarse se distancian pues ambas partes tienen en mente la celebración de un contrato distinto al que la otra concibe.
En ese sentido la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió el Auto Supremo No. 209 de 17 de junio 2010, a través del cual precisó que: "el error esencial es el concepto equivocado que se tiene de la realidad, consiste en creer verdadero lo que es falso, y viceversa. Atendiendo su gravedad y a los efectos que produce, los artículos 474, 475 y 476 del Código Civil, clasifican al error en: 1) esencial, 2) substancial y 3) de cálculo, respectivamente. Ciertamente el error esencial constituye causa de nulidad según establece el numeral 4) del artículo 549 del Código Civil, empero, éste debe recaer sobre la naturaleza del contrato o sobre el objeto del mismo; cuando una de las partes incurre en él, se dice que no hay acuerdo de voluntades. Cuando el error recae sobre la naturaleza del contrato, cada parte tiene en mira un negocio jurídico distinto, como cuando una entiende concurrir a un empréstito y la otra a una donación, o una entiende arrendamiento y la otra comodato, no hay ni empréstito ni donación, ni arrendamiento ni comodato, porque cada una de las partes ha querido algo diferente, razón por la cual sus voluntades no se han encontrado. En cambio, el error esencial sobre el objeto del contrato, es aquel que recae sobre la identidad del objeto, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra".
En el caso de autos, los fundamentos expuestos en la demanda que sustentan la pretensión de nulidad, no configuran el error esencial, como correctamente determinaron los Tribunales de instancia, toda vez que de los propios argumentos insertos en la demanda se establece que los mismos no se acomodan a los motivos que determinan la existencia de error esencial, vale decir a error en la naturaleza del contrato o en el objeto del mismo.
Al respecto corresponde precisar que la parte actora reconoció que su voluntad se formó en torno a la celebración de un contrato de préstamo para el financiamiento del desarrollo de un proyecto de floricultura en el departamento de Cochabamba, contrato que es precisamente el que ambas partes tuvieron en mente y sobre el cual recayó el acuerdo de voluntades (consentimiento), no existiendo en consecuencia error sobre la naturaleza del contrato.
Respecto a la identidad del objeto, ambas partes tuvieron en mente el préstamo para capital de operación y de inversión, resultante de dos fuentes de financiamiento identificadas en los puntos 2.1 y 2.2. de la cláusula segunda del contrato de préstamo contenido en la Escritura Pública Nº 402 de 22 de agosto de 1986 y la ampliación del monto de ese financiamiento contenido en el contrato inserto en la Escritura Pública Nº 26 de 23 de enero de 1987. Consiguientemente tampoco existe argumento alguno para entender que la voluntad de las partes, a tiempo de expresar su consentimiento para la celebración de los referidos contratos, estuvo dirigido a un objeto distinto, es decir que una tuvo en mente objeto distinto al de la otra.
Ahora bien, de los fundamentos expuestos en la demanda se concluye que la parte actora en principio fundamentó su demanda en el incumplimiento de las obligaciones y condiciones que los financiadores asumieron, en ese sentido argumentó que los desembolsos no fueron cumplidos oportunamente por parte de USAID, que tampoco había posibilitado la llegada oportuna de los implementos necesarios; que por su parte el Banco de Cochabamba S.A. no desembolsó oportunamente el capital de operaciones, lo que les obligó a contraer préstamos comerciales que les resultaron gravosos económicamente; asimismo CORDECO no les prestó su cooperación y asistencia técnica como le correspondía.
El incumplimiento de las condiciones y obligaciones por parte de los financiadores no configura error esencial ni respecto a la naturaleza del contrato ni respecto a su objeto, en todo caso el incumplimiento argüido constituiría causal de resolución del contrato, conforme prevé el art. 568 del Código Civil.
Respecto a que los proyectos de floricultura fueron aprobados con las modificaciones que los respectivos técnicos tanto de los entes de desarrollo como de los propios financiadores, en cuyos términos, condiciones y ventajas confiaron y aceptaron los demandantes y ahora recurrentes, pero que luego resultaron inviables debido a múltiples factores, tales como: a) la aprobación de muchos proyectos iguales y simultáneamente, que ocasionó que el precio de la rosa cayera; b) falta de mecanismos de apoyo para la exportación de las rosas; c) falta de información sobre la variedad o tipo de rosa más adecuada para la comercialización; d) falta de apoyo técnico; e) incremento de la tasa de interés al segundo año; f) nivel de producción por planta inferior al proyectado. Son aspectos que tampoco configuran error esencial, toda vez que si esos inconvenientes, no previstos en los proyectos, se presentaron y afectaron al desarrollo y resultado final de los mismos, la parte demandante podía pedir la resolución de los contratos, pues lo que en su demanda arguye es la existencia de circunstancias y acontecimientos imprevistos que tornaron excesivamente onerosa la obligación que contrajeron a través de los contratos de préstamo para la implementación de los proyectos de floricultura.
Es evidente que cuando las partes contratan lo hacen teniendo en mente una utilidad o ventaja de tipo patrimonial, sin embargo es posible que esa ventaja no se haga efectiva por múltiples factores, lo que de ninguna manera habilita la nulidad del contrato por error esencial, de lo contrario estaríamos frente a una figura que posibilite invalidar todos aquellos contratos en los que la utilidad económica que se esperaba conseguir o se tenía proyectada no se haga realidad, aspecto que, como es lógico, no resulta correcto, toda vez que quien contrata, dada su capacidad de previsión, lo hace sabiendo que en todo negocio existe un cierto riesgo en cuanto a la real consecución o logro de las utilidades económicas previstas.
Por las razones expuestas se establece que los Tribunales de instancia al haber desestimado la pretensión de la parte actora no han infringido ni violado las disposiciones legales acusadas por los recurrentes, y si bien no han realizado un análisis detallado de la prueba producida en el proceso, empero ese aspecto es justificable, toda vez que su consideración resulta intrascendente tomando en cuanta que ninguno de los hechos argumentados en la demanda se subsume a la causal de nulidad por error esencial, resultando por ello innecesario realizar mayor análisis de la prueba, en virtud a que en consideración de los hechos expuestos en la demanda resultaba manifiestamente improcedente la nulidad demandada por la causal de error esencial.
Por las razones expuestas corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, fallar en la forma prevista por los artículos 271-1) y 2) y, 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271-1) y 2) y, 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE en la forma e INFUNDADO en el fondo el recurso de casación interpuesto por Daniel Soriano Lea Plaza y Ana María Cortés de Soriano, contra el Auto de Vista Nº 72, de 30 de marzo de 2012. Sin costas por no haber respuesta oportuna al recurso.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 549
 resolución 
 resolución 
 artículo 42