Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212260.htm
Timestamp: 2019-03-23 00:32:33+00:00

Document:
201210-Sala Penal Segunda-2-260
AUTO SUPREMO Nº 260/2012-RRC
Sucre, 18 de octubre de 2012
Expediente : Chuquisaca 9/2012
Parte imputada : Luís Fernando Palacios Guerra
Por memoriales presentados el 11 y 12 de septiembre de 2012, que cursan de fs. 2179 a 2188 y de fs. 2192 a 2194, el Ministerio Público y Juan Carlos Muñoz Rosas, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto de 2012, cursante de fs. 2161 a 2172, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Luís Fernando Palacios Guerra, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación pública de fs. 13 a 26 y acusación particular formulada por Juan Carlos Muñoz Rosas y Roxana Muruchi Pereira de fs. 38 a 41 vta. y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 07/2012 de 4 de mayo, leída íntegramente el 7 del mismo mes y año, que cursa de fs. 1081 a 1130, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Luís Fernando Palacios Guerra autor de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, siendo condenado a la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas, daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de sentencia.
2) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Luís Fernando Palacios Guerra formuló recurso de apelación restringida conforme consta de fs. 2086 a 2110 de obrados, siendo resuelto por Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto de 2012 (fs. 2161 a 2172), que declaró procedentes los motivos del recurso y en aplicación del art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), anuló totalmente la Sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro tribunal, motivando la interposición de los recursos de casación que son motivo de autos.
De los memoriales de fs. 2179 a 2188 y de fs. 2192 a 2194, se extraen los siguientes motivos de los recursos de casación:
I.1.1.1. Recurso de casación del Ministerio Público
Acusa la existencia de defecto absoluto en el Auto de Vista ahora impugnado, debido a la contradicción e incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto, pues concluyó en el tercer considerando que respecto a las apelaciones incidentales del imputado contra los Autos Interlocutorios 91/2011, 24/2012 y 31/2012, correspondía sean declarados improcedentes; sin embargo, en la parte dispositiva o resolutiva, contradictoria e incongruentemente se declaró probados los motivos del recurso, sin aclarar cuál o cuáles motivos de apelación eran procedentes y que motivos de apelación correspondían en concordancia con la parte considerativa ser declarados improcedentes.
Con estos antecedentes, se sostiene que esta decisión, vulnera el art. 370 inc. 8) del CPP, el derecho al debido proceso, en su componente a la seguridad jurídica, constituyendo un defecto absoluto a tenor de lo señalado en el art. 169 inc. 3) del CPP, recalcando que estas contradicciones llevan a confusiones creando inseguridad jurídica en lo que concierne a no tener certeza de la decisión asumida por el Tribunal de alzada, en contradicción con el Auto Supremo 340 de 28 de agosto de 2006, que en supuestos fácticos análogos, hubiese considerado como defecto absoluto cuando el tenor del Auto de Vista es contradictorio, incongruente e incompleto.
Señala que el imputado al interponer el recurso de apelación, señaló tres motivos de apelación incidental y cinco motivos de apelación restringida; sin embargo, el Auto de Vista recurrido señaló que los primeros motivos debían ser declarados improcedentes, pero extrañamente resolvió sobre siete motivos de apelación restringida, cuando el recurrente sólo refirió cinco, introduciendo de esta manera de oficio, otros dos motivos de apelación restringida, en violación al derecho de igualdad de las partes, seguridad jurídica y certeza en las decisiones judiciales.
Previo desglose de la doctrina asumida en el Auto Supremo 020/2012-RRC de 14 de febrero, referida al debido proceso, expresa que en el caso presente el imputado interpuso cinco motivos de apelación restringida, que fueron observados por decreto de 28 de junio de 2012; empero, de la revisión del memorial de 26 de ese mes y año, con la suma "subsana observación", se tiene que el imputado incumplió con la citada providencia, por lo que correspondía que el Tribunal de alzada rechace el recurso por inadmisible sin ingresar al fondo, pues ante el apercibimiento para que en el plazo de tres días subsane el recurso en todos los motivos, lejos de hacerlo, el imputado hizo mención a numerosas normas adjetivas y sustantivas como inobservadas o violadas, sin identificar el fundamento para aquello o referirse a la aplicación que pretendía de cada norma en particular, reiterando lo mismo en los diversos motivos de apelación, por lo que el recurso incumplió los presupuestos exigidos en el art. 408 del CPP.
Por este motivo, afirma que correspondía la aplicación del segundo párrafo del art. 399 del CPP; sin embargo, de manera oficiosa y supliendo las deficiencias y omisiones del recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada admitió el mismo y se pronunció sobre el fondo del recurso declarando incongruentemente la procedencia de los puntos del recurso de
apelación restringida, sin señalar cuál o cuáles de los formulados, vulnerando el derecho de igualdad de las partes en el proceso, dictando una Resolución que violenta la seguridad jurídica, así como la uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que la Resolución impugnada debió circunscribir su fundamento al petitum y al derecho, pero lejos de hacerlo resolvió apartándose del petitum, incurriendo en vicio de incongruencia que materializa un desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que la parte formuló su pretensión, ya que la concesión de más, menos o cosa distinta a lo pedido, implica que el órgano judicial incurra en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium, tal cual refiere la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 207 de 28 de marzo de 2007.
En ese contexto, señala que la Resolución impugnada es contraria al Auto Supremo 437 de 15 de octubre de 2005, que con similares razonamientos a los Autos Supremos 419 de 10 de octubre de 2006 y 124 de 24 de abril de 2006, estableció el deber que tiene el Tribunal de apelación de dar cumplimiento al art. 399 del CPP.
También cita como precedente el Auto de Vista 125/12 de 20 de abril de 2012, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que rechazó por inadmisible el recurso de apelación restringida que fuera interpuesto ante la falta de cumplimiento a las observaciones formales, pese a la otorgación del plazo previsto por el citado art. 399 del CPP.
I.1.1.2. Recurso de casación de Juan Carlos Muñoz Rosas
Señala que a tiempo de resolver cada uno de los motivos del recurso, el Auto de Vista estableció que con relación a los motivos 1 y 2 de la alzada, relativos a la "errónea aplicación de las normas sustantivas" el acusado y condenado en primera instancia reclamó que debía aplicarse el art. 251 del CP y no así el art. 252 en sus inc. 2) y 3); es así, que el Tribunal encontró que, efectivamente existió errónea aplicación de la ley sustantiva bajo el argumento de que no existiría prueba que haya acreditado los incisos 2 y 3 del art. 252 del CP; empero, olvidaron que en el recurso se exigía la aplicación de otra ley penal por lo que correspondía que el Tribunal, advertida la errónea aplicación de la ley sustantiva, aplique directamente la norma penal omitida teniendo en cuenta que el mismo recurrente fue quien de forma expresa reconoció la comisión de otro delito; pero, el Tribunal a sabiendas del costo que significa un nuevo juicio decidió de forma arbitraria anular todo el juicio, sin pronunciarse sobre la petición del propio acusado, que reconociendo su culpa pretendió la aplicación preferente y favorable del art. 251 del CP, pero sin la anulación del juicio.
En consecuencia, bajo el principio de disposición, la competencia y la propia congruencia de la resolución, conforme el art. 413 del CPP, se advierte que el Tribunal de alzada tenía todos los elementos para adoptar una reparación directa en el marco del art. 398 del CPP, sin conllevar una ruptura a ninguna regla sustancial del proceso penal.
Cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004, enfatizando que se halla vinculado al hecho de la reparación directa que está facultado a hacer un Tribunal de alzada en el recurso de apelación.
La representación del Ministerio Público solicitó la admisión del recurso y analizando el fondo, se deje sin efecto el Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto de 2012, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, debiendo pronunciar nuevo Auto de Vista en observancia a la doctrina legal que corresponda pronunciar en el caso de autos; en tanto, que el acusador particular, impetró la admisión de su recurso, sea declarado procedente y se disponga la aplicación de doctrina legal que establezca la reparación directa de la sentencia, cuando se trata de error de calificación jurídica o aplicación errónea de la ley, sin necesidad de nuevo juicio oral, dado el principio de celeridad procesal y la garantía de justicia oportuna a favor de las partes.
Mediante Auto Supremo 228/2012-RA de 27 de septiembre, cursante de fs. 2201 a 2203, este Tribunal, admitió ambos recursos de casación, ante el cumplimiento de las previsiones contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP.
De la revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis de los recursos, se establece lo siguiente:
II.1 Por requerimiento conclusivo de 26 de marzo de 2010 (fs. 13 a 26), el Ministerio Público acusó a Luís Fernando Palacios Guerra, la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 2) del CP, con el argumento de que Natalia Muñoz Muruchi, fue victimada la madrugada del 8 de marzo de 2009, en ocasión en la que el imputado, la llevó cerca de su domicilio, a la altura del barrio San Juan de Dios, por un puente, donde sostuvo una discusión emergente del rompimiento de la relación sentimental que existió entre ambos, habiendo propinado un golpe de puño en el ojo derecho y posteriormente empujado y haberla hecho rodar por el puente a unos 50 m de la carretera, abandonando inmediatamente el lugar en el vehículo en que se encontraba.
II.2. Por acusación particular de 8 abril de 2010 (fs. 38 a 41 vta.), Juan Carlos Muñoz Rosas y Roxana Muruchi Pereira, acusaron a Luís Fernando Palacios Guerra por la comisión del delito de asesinato en su agravante alevosía, con similares fundamentos fácticos que la acusación fiscal.
II.3. Por Sentencia 07/2012 de 4 de mayo, leída íntegramente el 7 de mayo de 2012 (fs. 1081 a 1130), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Luís Fernando Palacios Guerra, autor de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, siendo condenado a la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto,
con costas, daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de sentencia.
II.4. El 31 de mayo de 2012 (fs. 2086 a 2110), el imputado interpuso apelación incidental respecto a los Autos 91/2011, 24/2012 y 31/2012, así como recurso de apelación restringida respecto a la Sentencia dictada en su contra.
II.5. Por providencia de 28 de junio de 2012 (fs. 2132), se concedió al imputado el término de tres días para que subsane su apelación, bajo apercibimiento de rechazo, ante la falta de cita de la norma sustantiva o adjetiva presuntamente violada o inobservada y la aplicación pretendida, respecto a los cinco primeros motivos del recurso.
II.6. El 26 de julio de 2012 (fs. 2134 a 2141), el imputado presentó memorial con la suma "subsana observación", en el que se indica de acuerdo a los motivos del recurso, la norma violada o erróneamente aplicada y la aplicación pretendida.
II.7. Por decreto de 30 de julio de 2012 (fs. 2142), se radicó la causa, señalándose audiencia de fundamentación oral complementaria.
II.8. Por Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto de 2012 (fs. 2161 a 2172), la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró procedentes los motivos del recurso y en aplicación del art. 413 del CPP, anuló totalmente la Sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro tribunal, al concluir que el Tribunal de Sentencia incurrió en errores que no podían ser corregidos.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON PRECEDENTES INVOCADOS EN LOS RECURSOS
Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, se ingresa a resolver la problemática planteada en los recursos formulados por el Ministerio Público y el acusador particular en los siguientes términos:
III.1 Recurso de Casación del Ministerio Público
Teniendo presente que el recurso formulado por la representación del Ministerio Público contiene distintas temáticas, se pasa a resolver en el orden de motivos identificados en el acápite I.1.1.1. de la presente Resolución.
III.1.1 En cuanto a la denuncia de contradicción e incongruencia en el Auto de Vista impugnado
En el caso presente, se sostiene como primer motivo, que el Tribunal de alzada pese a concluir que respecto a las apelaciones incidentales del imputado contra varios Autos Interlocutorios, correspondían ser declarados improcedentes, en la parte dispositiva declaró probados los motivos del recurso, sin aclarar cuál o cuáles motivos de apelación eran procedentes y que motivos de apelación correspondían ser declarados improcedentes.
Al efecto el Ministerio Público invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 340 de 28 de agosto de 2006, que estableció como doctrina legal aplicable que: "Se considera defecto absoluto, cuando el tenor de la resolución (Auto de Vista) es contradictorio, incongruente e incompleto traduciéndose en "defecto absoluto" no convalidante de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 3) del Código de Procedimiento Penal porque deja en indefensión a las partes así como viola el Derecho Constitucional a la Seguridad Jurídica establecida en el artículo 7 Constitucional"; añadiendo que: "El juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, consecuentemente el Tribunal de alzada velando por su observancia y la economía procesal, debe emitir sus fallos fundadamente y en forma clara que pueda comprender el texto un ciudadano común así como debe proceder a anular el proceso cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista error in judicando el mismo que no influya en la parte dispositiva del fallo recurrido debe proceder a su rectificación directa sin necesidad del reenvío del proceso a otro Tribunal lo contrario significaría incurrir en incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal".
La Resolución judicial referida fue emitida al constatarse en el caso que fuera sometido a análisis, la existencia de incoherencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista, toda vez que en su contenido se hizo referencia a otro proceso penal con diferentes actores que nada tenían que ver con el caso, por lo que el fallo recurrido era incongruente y confuso. Además, se constató el incumplimiento a los requisitos exigidos por el art. 413 del CPP, en su parte resolutiva, al declararse únicamente la "procedencia del recurso" sin especificar en qué sentido era procedente, si anulaba la Sentencia condenatoria o si aumentaba o disminuía la pena impuesta, por lo que evidentemente la Resolución era contradictoria e incompleta.
En el caso de autos, se constata que el 31 de mayo de 2012, el imputado Luís Fernando Palacios Guerra, invocando reserva del derecho de recurrir, formuló recurso de apelación incidental respecto a las Resoluciones Judiciales 91/2011, 24/2012 y 31/2012, así como apelación restringida con relación a la Sentencia 07/2012; motivando que el Tribunal de alzada, a través del Auto de Vista ahora impugnado, considere en primer término la primera de las apelaciones para concluir que las peticiones vinculadas a ese recurso eran absolutamente incongruentes al haber finalizado el juicio, por lo que debían ser declarados improcedentes. Seguidamente, el Tribunal de alzada, ingresó a analizar los puntos contenidos en la apelación restringida, para concluir que el Tribunal de Sentencia incurrió en errores in procedendo e in iudicando, por la indebida valoración probatoria, por haber basado la Sentencia en hechos no acreditados, por incurrir en error in iudicando respecto a la subsunción del hecho al tipo penal acusado y por incongruencia entre la parte considerativa entre sí y entre ésta con la parte resolutiva, denotando errores de magnitud que no podían ser corregidos por el Tribunal de alzada; en consecuencia, declaró procedentes los motivos
llevados a ese Tribunal de apelación, disponiendo en aplicación del art. 413 del CPP la anulación total de la Sentencia, así como la reposición del juicio por otro tribunal.
Efectuada esa precisión de antecedentes y considerando que de acuerdo al art. 416 in fine del CPP, se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; se tiene en el caso presente, que el Auto de Vista recurrido no incurre en contradicción con el precedente invocado por la representante del Ministerio Público, al no concurrir situaciones fácticas similares, pues no se advierte que se haya hecho referencia a otro proceso penal con diferentes actores, menos se haya omitido especificar en qué sentido era procedente el recurso; por el contrario, del contenido de la Resolución impugnada se comprenden claramente las razones por las cuales resultaban improcedentes los motivos de impugnación respecto a varios autos interlocutorios y los motivos por los cuales se declaró la procedencia del recurso, todos vinculados a la apelación restringida formulada por la parte imputada; además, de haberse precisado con absoluta claridad el sentido en que era procedente el recurso interpuesto por el imputado, por lo que resulta insostenible alegar que el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, lleve a confusiones por falta de certeza en la decisión como erradamente sostiene la parte recurrente.
III.1.2 Respecto a la denuncia de inclusión de oficio de parte del Tribunal de alzada de dos motivos de apelación restringida y la falta de aplicación del segundo párrafo del art. 399 del CPP
El segundo motivo del recurso de casación de parte del Ministerio Público se refiere a que pese a que el imputado alegó sólo cinco motivos en la apelación restringida, el Tribunal de alzada resolvió siete, introduciendo de oficio en criterio de la fiscal recurrente, otros dos motivos; además, de no haber rechazado el recurso de apelación por inadmisible conforme el segundo párrafo del art. 399 del CPP, debido al incumplimiento de los presupuestos exigidos en el art. 408 del citado Código.
Con relación a los motivos del recurso de apelación restringida.-
Se hace menester revisar prolijamente los antecedentes del proceso, verificándose que una vez pronunciada la Sentencia 07/2012 de 4 de mayo de 2012, el imputado por memorial de 31 de mayo del mismo año, interpuso apelación incidental respecto a tres autos interlocutorios; además, de apelación restringida argumentando los siguientes motivos:
Sentencia basada en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP.
Este punto a su vez tiene un primer motivo, sustancialmente bajo los argumentos que debió haberse demostrado la concurrencia de los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP, que ante la existencia de oscuridades, la duda debió favorecerlo y que los indicios no podían fundar una sentencia condenatoria.
El segundo motivo relativo a la conclusión del Tribunal de que hubiese asestado un golpe a la víctima sin medir consecuencias, lo que implica que no hubo planificación ni mediado fuerza, por lo que en su caso el imputado sostuvo que: "el tribunal si quería debió considerar el Art. 251 del C.P., a efectos de realizar una correcta adecuación de la conducta al tipo penal" (sic).
Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, art. 360 inc. 6) del CPP.
El imputado incluye en este segundo punto un primer motivo referido a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, exponiendo seis aspectos.
El segundo motivo se refiere a que la Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba, destacando en este motivo y en once puntos supuestas contradicciones en distintas declaraciones, prueba documental y falta de asignación de valor probatorio a dos pruebas.
Falta de fundamentación en la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria art. 370 inc. 5) del CPP.
Sentencia basada en la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, art. 370 inc. 11) del CPP.
Sentencia basada en contradicción entre la parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, art. 370 inc. 8) del CPP.
Ahora bien, verificado el contenido del Auto de Vista impugnado, se constata que el Tribunal de alzada en el acápite destinado a la apelación restringida, identificó siete motivos del recurso, los cuales fueron resueltos en el orden de su planteamiento, cuando de la relación precedente el imputado planteó su recurso en cinco puntos, aspecto que en términos numéricos aparentemente acreditarían la denuncia de la parte recurrente; empero, no es menos cierto que los dos primeros puntos alegados por la parte imputada, contenían cada uno de ellos dos motivos distintos, que sumados a los restantes alcanzaron a siete como fueran debidamente identificados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; motivo por el cual, no se tiene acreditado que de forma oficiosa haya introducido motivos al recurso, lo que supone en consecuencia no ser evidente que se hubiese vulnerado el derecho de igualdad de las partes, a la seguridad jurídica y a la certeza de las decisiones judiciales como alega el Ministerio Público; por el contrario, se concluye que la citada Sala Penal, ajustó su actuación a los términos previstos en el art. 398 del CPP, que establece que: "Los
tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución".
En cuanto a la supuesta inobservancia del art. 399 del CPP
Con relación a la segunda parte de la temática planteada, la representación del Ministerio Público, invoca como primer precedente el Auto Supremo 437 de 15 de octubre de 2005, que estableció como doctrina legal aplicable que: "El Tribunal de Apelación se encuentra en el deber de cumplir el mandato del artículo 399 del Código de Procedimiento Penal de otorgar los tres días computables a partir de su notificación a los recurrentes para que enmienden los defectos o corrijan los errores de sus recursos de apelación restringida, si los recurrentes no cumplen con dicho mandato, el Tribunal de Alzada rechazará los recursos o si han sido subsanados y/o corregidos los errores abrirá su competencia según manda el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal", doctrina que fue establecida ante la falta de concesión del término de tres días para que los recurrentes corrijan los errores o subsanen los defectos de sus recursos de apelación restringida.
En la misma línea, el Auto Supremo 124 de 24 de abril de 2006, señaló que: "Que el espíritu de la nueva normativa procesal penal, en consonancia con la doctrina contemporánea sobre la apelación restringida, enseña que el propósito de los requisitos de forma exigidos por los artículos 407 y 408 del Nuevo Código de Procedimiento Penal radican en facilitar a la autoridad el conocimiento cabal y objetivo de la pretensión impugnatoria del recurrente, por lo que, para lograr ese propósito, el artículo 399 de la Ley Nº 1970 obliga al tribunal de alzada a conminar al recurrente para que subsane los defectos u omisiones de forma que contiene su recurso, bajo apercibimiento de rechazo; por lo que en ningún caso el tribunal está facultado a rechazar el recurso in limine sin el cumplimiento de tal exigencia, es decir sin haber concedido al apelante la oportunidad de subsanar las formalidades extrañadas", así como el Auto Supremo 419 de 10 de octubre de 2006, que reiteró que el Tribunal de alzada en caso de encontrar omisiones y/o defectos de forma en el recurso de apelación restringida, de oficio, debe hacer conocer de dichos aspectos al recurrente, otorgándole tres días computables a partir de su notificación para que amplié o corrija el recurso de apelación y de no hacerlo declarará inadmisible el recurso aludido sin pronunciarse sobre el fondo.
En el presente caso, se tiene que interpuesto el recurso de apelación por parte del imputado y remitidos los antecedentes al Tribunal de alzada, por providencia de 28 de junio de 2012, se observó el recurso con el fundamento que los motivos primero al quinto, no contenían la cita de la norma sustantiva o adjetiva presuntamente violada o inobservada y la aplicación que se pretendía de cada una de ellas; a cuyo efecto, en cumplimiento al art. 399 primer párrafo del CPP, se concedió al imputado el plazo de tres días para la subsanación de las observaciones extrañadas bajo apercibimiento de rechazo; es así, que por memorial de 26 de julio de 2006, el imputado procedió a identificar las normas violadas o erróneamente aplicadas vinculadas a cada uno de los motivos de sus recursos, así como a exponer fundadamente la aplicación errónea y la aplicación pretendida, motivando el decreto de 30 de julio de 2012, por el cual se procedió a radicar el recurso y previo desarrollo de la audiencia de fundamentación, emitirse el Auto de Vista ahora recurrido que resolvió cada uno de los motivos alegados por el imputado a través del recurso de apelación restringida.
Esto implica, que el Tribunal de alzada, lejos de incurrir en contradicción con los precedentes invocados, sujetó su actuación a la doctrina legal aplicable contenida en las referidas Resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo, concediendo al imputado el término de tres días para que subsane los defectos formales, para luego ingresar al fondo del recurso de apelación restringida ante las correcciones efectuadas por el imputado.
Tampoco existe contradicción con el Auto de Vista 125/12 de 20 de abril de 2012, al constatarse que en el caso resuelto por la referida Resolución judicial, el apelante no procedió, pese al plazo concedido, con la indicación de la norma sustantiva o adjetiva que hubiese sido violada con sus fundamentos y cual la aplicación pretendida, situación distinta a la presente causa, en la que el imputado ante las observaciones formuladas a su recurso, previa individualización de los motivos de su recurso, procedió a identificar las normas violadas, así como la aplicación pretendida.
Por último, en consideración a que el Auto Supremo 207 de 28 de marzo de 2007, fue dictado ante la falta de pronunciamiento sobre los puntos apelados y estableció entre otros aspectos, como sostiene el Ministerio Público que: "La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia", y que: "El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium"; este Tribunal concluye en el presente caso y en mérito a todos los antecedentes procesales referidos precedentemente, que el Auto de Vista recurrido de casación, no incurre en contradicción con el citado precedente, pues conforme se destacara, el Tribunal de alzada observó las previsiones contenidas en el art. 398 del CPP y de modo alguno se apartó del petitum, pues conforme la pretensión del imputado, procedió a anular la Sentencia totalmente y a ordenar un nuevo juicio con otro tribunal, al concluir que los errores en los que incurrió el Tribunal de Sentencia no podían ser corregidos por el de alzada, pues lo contraria implicaría la vulneración del principio de inmediatez.
Todos los argumentos expuestos determinan que el recurso de casación formulado por el Ministerio Público devenga en infundado.
III.2 Recurso de casación de Juan Carlos Muñoz Rosas
En el caso presente, el recurrente sostiene en su recurso de casación, que el Auto de Vista impugnado, contradice el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004, correspondiendo en primer término identificar sus fundamentos a efecto de verificar si existe o no contradicción con los expuestos en el Auto de Vista impugnado.
En ese sentido, el precedente citado por el acusador particular estableció como doctrina legal aplicable: "Que, de acuerdo con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la substanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, se entiende por no requerir la práctica de prueba de ninguna naturaleza, podrá resolver directamente".
Este entendimiento fue asumido al advertirse que el Tribunal de alzada, en el caso que sometido a análisis, se arrogó de manera errónea la calidad de tribunal de segunda instancia, ingresando a una nueva valorización de la prueba testifical y documental, producida durante la etapa de juicio, en vulneración del principio de inmediación; precisando esta Resolución entre otros fundamentos que el Tribunal de apelación pueda hacer uso de la facultad expresamente permitida por la última parte del art. 413 del CPP, para aquellos casos en los que puede resolver directamente, esto es, en los casos que resulta evidente la no realización del juicio de reenvío, cuando por ejemplo el error en la aplicación del derecho es tan evidente que no requiere prueba de ninguna clase para asumir la decisión en contrario.
En el caso de autos, el acusador particular sostiene que pese a que el imputado reconociendo su culpa pretendió la aplicación preferente y favorable del art. 251 del CP, el Tribunal de alzada advertida la errónea aplicación de la ley sustantiva, debió aplicar en forma directa la norma penal omitida y no anular arbitrariamente todo el juicio.
Ahora bien, a efecto de resolver la problemática planteada por el recurrente, es menester precisar que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a tiempo de considerar y resolver cada uno de los motivos alegados por el imputado en su recurso de apelación restringida, llegó a varias conclusiones que necesariamente deben ser destacadas; así se tiene, que respecto al primer y segundo motivo de la apelación, el Tribunal de alzada concluyó que las conclusiones arribadas por el Tribunal de Sentencia carecían de respaldo probatorio objetivo en base a elementos probatorios introducidos al juicio oral, al no advertirse cual el respaldo para concluir que el: "Acusado asediado por dichas circunstancias propinó a la occisa golpes de puño y pie en el rostro, cabeza y en toda su humanidad" (sic), que no explicó en base a que prueba llegó a la conclusión de que el acusado quitó la vida de la víctima, no se explicó como estableció la existencia de la "alevosía", ni como o de que forma el acusador actuó con ventaja y sobre seguro, para determinar la existencia de un comportamiento alevoso.
Otra conclusión relevante, es la asumida por el Tribunal de alzada al resolver el quinto motivo de la apelación restringida, al determinar que "La Conclusión Décima Cuarta" de la Sentencia, relativa a que la causa de la muerte de la víctima fue la caída que sufrió la misma, constituía un razonamiento conclusivo contradictorio a "La Conclusión Décima Séptima", en sentido de quien quitó la vida a la víctima fue el acusado y con las características inmersas en los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP; no menos relevante, es la conclusión del Tribunal de alzada respecto al sexto motivo del recurso, en la que precisó que se emitió una Sentencia condenatoria sin prueba suficiente vulnerando el art. 365 del CPP.
Es decir, el análisis lógico de este conjunto de conclusiones arribadas por el Tribunal de alzada, permiten a su vez concluir a este Tribunal, que aquel a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida formulada por el imputado, estaba impedido de reparar directamente la infracción de la ley, supuesto que conforme el entendimiento asumido por este Tribunal Supremo se da en aquellos casos en los que el error en la aplicación del derecho resulte tan evidente que no requiere prueba de ninguna clase; lo cual no concurre en el presente caso, considerando que todas las conclusiones destacadas y contenidas en el Auto de Vista impugnado están directamente vinculadas a la causa de fallecimiento de la víctima y de la probable participación del imputado en el hecho acusado.
En cuyo mérito, el Tribunal de alzada al establecer que los errores cometidos por el Tribunal de Sentencia eran de tal magnitud y que no podían ser corregidos directamente, por la indebida valoración probatoria, por haber basado la sentencia en hechos no acreditados, por incurrir en error in iudicando respecto a la subsunción del hecho al tipo penal acusado y por incongruencia entre la parte considerativa entre sí y entre ésta con la
parte resolutiva; no hizo sino observar la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo invocado por el acusador particular, ajustando su actividad jurisdiccional a las normas legales previstas en el art. 413 del CPP, por lo que el recurso deviene en infundado.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público y Juan Carlos Muñoz Rosas, cursantes de fs. 2179 a 2188 y de fs. 2192 a 2194, respectivamente.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 169
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 413
 Resolución 
 Resolución 
in fine
 Resolución 
 artículo 399
 artículo 398
 artículo 399
 Resolución 
 resolución 
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