Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc913.html
Timestamp: 2018-12-16 13:55:48+00:00

Document:
Proceso 913
Editorial Los "asesores" de los diputados
Política La prensa nacional y los intereses nacionales
Sociedad Otros 100 días para Héctor Silva
Región Centroamérica durante el primer semestre del año
Derechos Humanos Pinochet ante las justicia (I)
Antes de las recién finalizadas vacaciones de agosto, los principales medios de comunicación destaparon el caso de los "asesores" contratados por diputados de la Asamblea Legislativa. Cosas absurdas salieron a la luz pública: que varios de los asesores estaban cursando estudios universitarios; que por lo general eran parientes cercanos de los diputados; que sus atribuciones laborales no estaban claramente definidas... Así, los medios pusieron en evidencia otro de los tantos vicios de los diputados salvadoreños: el nepotismo. No cabe duda que a los medios de comunicación que realizaron la pesquisa les va bien aquello de "vicios privados, virtudes públicas". Y ello porque lo que estaba detrás del interés de los medios en estas particulares prácticas de los diputados —la práctica de contratar como asesores a sobrinos, sobrinas, primos, primas y ahijados— no era el bien público, sino vengarse de aquéllos por los obstáculos que han puesto en el recinto legislativo a las labores periodísticas.
De no haber existido estos obstáculos, es probable que los medios no hubieran armado tal alboroto por una práctica que, después de todo, no es reciente y sobre la cual ellos ya debían haber sabido bastante desde mucho antes de hacerla pública. No cabe duda de que los medios de comunicación, al informar sobre el nepotismo prevaleciente en la Asamblea Legislativa, han prestado un servicio a la sociedad. Pero de ahí no se sigue que la contribución al bien público haya sido el elemento motivador fundamental de la acuciosidad mostrada en el caso. Sería un grave error creer esto, puesto que ello podría sugerir una identificación de los intereses de las grandes empresas mediáticas con los intereses de la sociedad, lo cual no ha sido así en pasado ni lo es tampoco ahora.
En El Salvador, los grandes medios de comunicación van a lo suyo: obtener ganancias millonarias en concepto de publicidad e influir en las decisiones gubernamentales con el propósito de resguardar determinados intereses económicos. La generación de informaciones que contribuyan a la creación de una opinión pública crítica y consciente de sus derechos es algo secundario y subordinado a los dos objetivos señalados. Los intereses de los sectores mayoritarios de la sociedad van en otra dirección: la preocupación cotidiana por subsistir en un contexto adverso, caracterizado por la inseguridad, la pobreza y la violencia. La agenda de la gente es una; la agenda de los grandes medios de comunicación es otra. La trampa de estos últimos consiste en hacer creer que su agenda informativa es la de la sociedad, con lo cual ellos terminan convirtiéndose en los protagonistas de la dinámica nacional; terminan imponiendo su visión no sólo de lo que es importante y de lo que conviene discutir, sino de lo que no puede (o no merece) ser discutido públicamente. Puestas así las cosas, es claro que con los medios hay que andarse con cuidado; que hay que sospechar críticamente de lo que dicen (y de cuándo y cómo lo dicen) y de lo que callan. Hay que tener claro también que existen problemas sociales que exceden el marco (y el filtro) ofrecido por los medios de comunicación para su expresión.
Volviendo al caso de los "asesores" de los diputados, es innegable que los medios hicieron, como ya se dijo, un servicio importante a la sociedad. Sin embargo, es preciso insistir en algunos aspectos de la situación que no han sido suficientemente puntualizados. Una de las primeras cosas que hay que decir es que, en principio, no está mal ni que los diputados tengan asesores que los ayuden en el desempeño de sus funciones ni que los mismos sean contratados con fondos públicos. No hay que perder de vista que, a lo delicado de las decisiones que deben tomar, se une la incapacidad notoria de una buena mayoría de ellos. Unos asesores competentes pueden ayudar a que los diputados sorteen no sólo las dificultades intrínsecas al tema sobre el que tienen que decidir, sino aquellas derivadas de sus propias limitaciones personales. Y ello puede traducirse en decisiones más fundamentadas y menos costosas para los ciudadanos.
Ahora bien, si los asesores son contratados con recursos del Estado, se convierten ellos mismos en servidores públicos, es decir, en servidores de la ciudadanía y no en empleados personales de tal o cual diputado (o de tal o cual o cual partido). Adicionalmente, para poder ser contratado como asesor, no sólo se deberían cumplir unos requisitos profesionales determinados —que capaciten técnica y académicamente para ocupar el cargo—, sino que cualquier ciudadano podría desempeñarse como tal, siempre y cuando reuniera los méritos necesarios. Los diputados han violentado flagrantemente las condiciones señaladas: con recursos públicos, no sólo contrataron personas incompetentes, sino que también cerraron la posibilidad a que otros ciudadanos con las debidas capacidades pudieran acceder al cargo.
Algunos diputados han defendido las capacidades intelectuales de sus asesores; puede ser que las tengan, pero para ello tienen medirlas con las capacidades de otros ciudadanos, algo que no se hizo. Otros diputados adujeron que habían contratado personas de "confianza", lo cual es otra forma de decir que éstas tenían la misión de cubrirles las espaldas, como si la función de los asesores, en su calidad de servidores públicos, fuera la proteger a los diputados y no ayudarles a hacer mejor su trabajo. Desde el interés público, lo menos conveniente es que se contraten asesores so pretexto de ser personas de confianza de los diputados, pues ello significaría que la sociedad está pagando a determinados empleados para que encubran la corrupción, las trampas y los tratos sucios de los diputados. Desde el interés público, lo más conveniente son unos asesores competentes, críticos, comprometidos con el bien común y con la suficiente ética para no prestarse al juego sucio de los diputados.
¿Pueden los diputados rodearse de personas de confianza, parientes y amigos? Claro que pueden, pero deben hacerlo fuera del recinto legislativo, pues los edificios públicos son lugares de trabajo, no casas de habitación para los empleados que ahí laboran —y los diputados son, aunque a menudo lo olvidan, unos empleados públicos. ¿Pueden contratar a personas que les cuiden las espaldas? Por supuesto que pueden —cualquiera lo puede hacer—, pero el empleo de estas personas debe ser puertas afuera de la Asamblea Legislativa y, obviamente, los costos tienen que correr por su cuenta (o la del partido), pues se trataría de contrataciones que el diputado haría a título personal.
En la actual coyuntura salvadoreña, la prensa nacional desempeña un papel de gran importancia sobre el cual conviene una reflexión profunda, para determinar los alcances y límites de la influencia de los periodistas en la vida del país. A este respecto, puede ser de mucha ayuda tomar en cuenta algunos puntos esenciales que marcan la presencia e influencia de la prensa en la realidad nacional. En primer lugar, en una sociedad de postguerra, los medios de comunicación parecen estar llamados a desempeñar un papel de primera línea para favorecer la democratización de las instituciones públicas y ayudar a la sociedad en su lento y duro camino de reconciliación.
Por otra parte, es ampliamente aceptado que una sociedad democrática y respetuosa de las leyes no se puede edificar sin el derecho a la libertad de prensa y sin un compromiso firme de parte de los medios de comunicación a favor de la democracia, el fomento del respeto a las leyes y de la diversidad de opiniones. En esta medida, una sociedad democrática exige una prensa comprometida con los valores democráticos en una simbiosis donde los valores de la sociedad son asumidos, protegidos, cuestionados —y a la vez respetados— por los profesionales de la comunicación. De esta manera, la prensa es reflejo y expresión de los valores que asume una sociedad, a la par que crítica de las inconsistencias observadas. Pero, ¿están los actores sociales conscientes de este rol de vanguardia que debe desempeñar la prensa nacional en la defensa y protección de los principios democráticos que hoy necesita el país?
A juzgar por las declaraciones y tomas de posición generadas en el ambiente acerca de la discusión sobre el papel de los medios de comunicación en El Salvador democrático a construir, se puede convenir fácilmente que los diversos actores sociales están conscientes de este nuevo papel de la prensa. De hecho, ningún político aceptaría que hay que restringir el trabajo de los profesionales de la comunicación; al contrario, se precian de tener una buena relación con los mismos. Por su parte, la población reconoce y avala esta nueva realidad. Es común escuchar denuncias de toda índole a través de los medios de comunicación.
Los periodistas, entre tanto, están conscientes de su influencia en la vida nacional. Así lo indican las diversas reacciones en torno a las últimas decisiones de la Asamblea Legislativa de restringir el acceso de los periodistas a los debates parlamentarios, lo cual, según han revelado fuentes de la Asamblea, tendría el objetivo de garantizar "la objetividad y evitar falsas noticias". En este marco, los políticos han sido cuestionados sobre su transparencia; de paso, ello constituye una pequeña muestra de cómo funcionan las instituciones estatales en cuanto a la facilidad con la que se puede obtener la información deseada. La Prensa Gráfica presentó un pequeño muestreo de consulta de información a diversas dependencias estatales. En todos los casos, se ha comprobado que hay una reticencia a permitir el acceso a la información. Así, han salido a la luz pública diversas noticias sobre el manejo de la cosa pública y la actitud hostil de los funcionarios estatales, quienes bloquean sistemáticamente el acceso a la información.
Lo último ilustra perfectamente la diferencia entre la realidad y el discurso de los diferentes actores de la vida nacional. Los principales medios de comunicación escritos y televisivos han tratado extensamente el tema y han exteriorizado su rechazo a lo que consideran como prepotencia y retroceso en el proceso de democratización de El Salvador. Algunos medios han insistido en que el bloqueo a la información por parte de los funcionarios estatales hace necesaria una legislación a la altura de la de otros países, una legislación que consagre el derecho a la información y la obligatoriedad de abrir las instituciones públicas al escrutinio de los profesionales de la comunicación
El anterior argumento se basa en la idea de que la prensa es el ojo fiscalizador de la población. Por medio del libre acceso a la información no sólo se garantiza la libertad de prensa y comunicación —libertades consagradas por la Constitución de la República—, sino que también se puede fiscalizar el trabajo de los funcionarios y el manejo que hacen del dinero de los contribuyentes. En este sentido, la prensa se presenta como defensora de la libertad de expresión y de los intereses del pueblo frente a la corrupción endémica de la burocracia estatal. En definitiva, la prensa debe ser vista como baluarte de la democracia y uno de los paladines más efectivos en contra de la corrupción. Lo cual quiere decir que su contribución es irreemplazable si se quieren evitar abusos de poder y de autoridad.
Sin embargo, en este ambiente, nadie se pregunta por el profesionalismo de los periodistas nacionales, ni mucho menos se habla de la democratización de los medios y de los intereses que defienden. En consecuencia, se hacen ineludibles las siguientes preguntas: ¿quién controla a los medios? ¿La agenda de los medios coincide con la agenda de la población? ¿Cuáles son los intereses que defienden los medios? En general, son interrogantes sobre las que los periodistas no suelen reflexionar; peor aún, cuando se pone en tela de juicio su profesionalismo, ética y compromiso con la verdad en el tratamiento de algunos hechos noticiosos, cierran filas para evitar todo cuestionamiento. En este sentido, si bien no se puede negar la importancia de un libre acceso a la información —pues es imperioso que los funcionarios públicos se dejen escrutar—, los medios no pueden evadir su propia fiscalización por parte de la población; demasiadas veces son escenarios de intereses nada comprometidos con la causa democrática. Desinformación, verdades a medias y amarillismo son algunos ejemplos de las fallas recurrentes de buena parte de los medios de comunicación nacionales.
Por otra parte, la falta de ética profesional y la desenvoltura con la que algunos medios nacionales tratan los temas más relevantes del país sugieren la gravedad del problema y lo mucho que falta por hacer a fin de evitar los abusos de algunos comunicadores. En muchos casos es demasiado obvio su parcialidad: muchas veces ni siquiera dan muestra de respetar la dignidad de las personas, mucho menos si son sospechosas de algún delito. De hecho, en el editorial del presente número de Proceso se señala la hipocresía con la que los medios han tratado el tema del nepotismo en la Asamblea Legislativa. Si no fuera porque se les negó el acceso a la información en un momento determinado, probablemente no hubieran insistido tanto en el problema. En este caso, parecen movidos más por un revanchismo que por un verdadero deseo de informar a la población.
En fin, la realidad muestra que los grandes medios de comunicación siguen prestando importantes servicios al poder establecido, concretamente a los grandes empresarios nacionales. En este sentido, su tratamiento de las noticias continúa siendo influenciado por la preferencia y vinculación de sus dueños con los grupos de poder económico. Por ejemplo, llama la atención el silencio total de los grandes medios acerca de la celebración del vigésimo aniversario del asesinato de monseñor Romero. Además de pasar de largo sobre las diversas manifestaciones religiosas, culturales y políticas desarrolladas con el motivo de esta celebración —que movilizó a una parte significativa de la población salvadoreña— algunos medios se dieron a la tarea de desprestigiar y desinformar sobre un hecho histórico ampliamente conocido. Ello pone de manifiesto que no existe necesariamente una coincidencia entre la agenda e intereses que defienden los grandes medios de comunicación y los intereses de la población. Mientras la sociedad está deseosa de participación, reconciliación y democracia social y económica, los medios más influyentes de la opinión nacional defienden los intereses del gran capital, sin importar la injusticia social y económica que generan o los valores antidemocráticos que encarnan.
El próximo 10 de agosto se cumplirán 100 días más para la administración edilicia de Héctor Silva y su parcialmente renovado Concejo Municipal. Luego de derrotar por un buen margen de votos a sus contrincantes en los comicios electorales de marzo pasado, las intenciones del edil eran, tal y como lo sostuvo entonces, familiarizarse con el trabajo realizado durante el tiempo que dedicó a su campaña y preparar la sucesión de los miembros del concejo que lo acompañó durante los tres años anteriores. Así, los primeros días de la nueva administración no deberían suponer mayores problemas. Bastaba con emprender de lleno los planes trazados, completar aquellos que ya estaban en marcha y trabajar para despejar el polvo levantado en contra de la transparencia y profesionalidad del equipo municipal precedente. 100 días era una meta no muy lejana y el camino que se seguiría para alcanzarla estaba prácticamente allanado por la experiencia previa que pesa sobre los hombros de Silva.
Sin embargo, y pese a que el ambiente convulsionado de las elecciones prácticamente acabó tras conocerse los resultados, todavía quedan algunos puntos pendientes para la administración Silva que, a la larga, pueden convertirse en obstáculos para su gestión. ¿Dónde se pueden ubicar esos posibles tropiezos? Pues no precisamente en los adversarios políticos que sobrevivieron a las elecciones. En términos generales, la participación de los demás candidatos no implicó un obstáculo serio, no sólo por el poco atractivo que despertaron entre los votantes capitalinos, sino porque sus promesas de campaña no pudieron superar las líneas de acción trazadas por Silva y su equipo durante sus primeros tres años de trabajo. Hasta su más cercano rival, el arenero Luis Cardenal, tuvo que retomar los grandes temas que, gracias a la gestión de Silva, se habían convertido en referentes obligados para determinar el grado de adecuación de las propuestas políticas frente a los grandes problemas de la ciudad.
En todo caso, estas exigencias propias de la campaña no terminaron con las elecciones. A pocas semanas de haber asumido sus cargos, Silva y su nuevo concejo presentaron a los citadinos un renovado plan de gobierno municipal en el que incorporaban muchos de los elementos que durante la campaña les hizo falta atender o, al menos, profundizar. Así, en dicho plan de gobierno se retomó la necesidad de convertir al municipio en un área en la que coexistan múltiples centros de desarrollo, para lo cual se recurriría a la división distrital iniciada en noviembre de 1998. Además, se le presta la atención debida a la problemática del transporte urbano y al mejoramiento de la red de drenajes, ambos temas prácticamente inexistentes en la propuesta original. Algunos de estos puntos fueron tratados por los mismos contrincantes de Silva durante la campaña electoral —Cardenal hablaba de “polos de desarrollo”, por ejemplo. Pero el aporte fundamental para este refinamiento de la propuesta municipal de Silva tal vez se deba más a la enriquecedora discusión que sobre las problemáticas urbanas ha despertado la administración edilicia actual, ya sea por los aciertos o por los yerros detectados durante los tres años anteriores.
De esta forma, y al menos al inicio de su trabajo, Silva y su equipo enviaron un mensaje muy positivo a los habitantes de San Salvador: las soluciones a sus problemas no estarían únicamente en manos de los funcionarios edilicios, sino que estos tendrían la paciencia y disposición para atender las contribuciones de la sociedad civil en general. Con este comodín bajo el brazo, Silva y su concejo han avanzado con relativa tranquilidad durante estos últimos 100 días. Afortunadamente, del gobierno de Flores, aunque no les ha ofrecido todo el apoyo que se esperaría, tampoco han tenido que soportar ataques u hostigamientos infundados. Esto ha permitido que la prioridad de la nueva gestión sea darle continuidad a los logros heredados del trabajo del trienio anterior: el rescate del Centro Histórico, la política de manejo de desechos sólidos, la modernización administrativa y la desconcentración municipal, así como el trabajo en el área de desarrollo humano. Dado que los obstáculos han sido prácticamente los mismos —los ataques de una derecha política que no titubea en armar pataletas frente a cada palabra del edil—, el reto es no bajar el ritmo de trabajo seguido hasta ahora.
Y esta es, precisamente, una de las implicaciones que no debe perder de vista el edil si en verdad pretende dejar algo más que plazas remozadas y calles ordenadas a sus sucesores. Todavía existen varios aspectos en los que la municipalidad no ha podido pasar del mero planteamiento a los hechos concretos. La tan divulgada política de participación ciudadana en la que trabajó el anterior concejo no ha dado los frutos esperados, simplemente porque muchos de los mecanismos ideados para su puesta en marcha ni siquiera han sido inaugurados. Asimismo, hasta la fecha, no existe una estrategia bien definida que permita visualizar a los distritos municipales como verdaderos motores del desarrollo local. Lo mismo ocurre con los planes para descontaminar el aire de la capital, para procurar la autosostenibilidad financiera del municipio y para rehabilitar las áreas críticas (barrios y comunidades en zonas deprimidas). En todos estos casos la práctica no se corresponde con los planes preliminares que manejan las autoridades edilicias, pese a que estos ofrecen mucho.
Por otra parte, Silva y su equipo deben trabajar por resolver un aspecto muy importante si desean aprovechar al máximo su influencia sobre la vida del municipio: la necesaria definición y diferenciación de atribuciones entre la alcaldía y otras entidades públicas. Puede que por ahora a las autoridades edilicias les esté yendo bien al ocuparse de problemas como la seguridad pública y el ordenamiento del tránsito urbano. El hecho es que ese relativo éxito se debe, en buena medida, a que existen las ambigüedades legales que les permiten actuar a la par de otras instituciones en el tratamiento de diversas problemáticas que afectan a la capital. Esta situación no obsta, empero, que en algún momento Silva tenga que lidiar con problemas cuyas dimensiones excedan sus capacidades y herramientas como alcalde. De ser así, lo más probable es que el edil y su equipo estén en camino de presenciar verdaderos fracasos en la planeación de sus metas a mediano y corto plazo.
Finalmente, merece especial atención los conflictos más recientes que se han producido al interior del FMLN, uno de los institutos políticos que más apoyo ha ofrecido al edil durante sus últimos años de carrera política. Raúl Mijango, dirigente del partido de izquierda, ha iniciado su “batalla privada” por obtener la candidatura a la alcaldía de San Salvador para las elecciones del 2003. Aunque por el momento esto no afectaría ni la imagen ni el trabajo de Silva, lo cierto es que la jugada de Mijango se inscribe dentro de las constantes luchas de poder que se producen dentro del FMLN. ¿Hasta qué punto esas luchas podrán llegar a trastocar el apoyo que Silva recibe, casi incondicionalmente, de parte de todas las tendencias del Frente? Habrá que determinar qué tanto influirá la auto-postulación de Mijango en la inevitable búsqueda de un sustituto para la carismática figura de Silva dentro de las filas del partido. Entre tanto, el edil y su equipo deben preocuparse por seguir manteniéndose lo más ajenos posible de todas aquellas situaciones en las que estén en juego más los intereses políticos que la transparente administración de la vida de San Salvador.
CENTROAMÉRICA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
A continuación se exponen algunos elementos que permiten tener una visión general de la situación política, económica y social de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica durante el primer semestre del año. Para ello, se han tomado en cuenta los informes de los principales periódicos y de algunas instituciones gubernamentales de cada país, así como de informes emanados de distintos organismos internacionales.
La sociedad guatemalteca arrancó el año 2000 con un panorama expectante hacia el rumbo que imprimiría el nuevo gobierno del presidente Alfonso Portillo. El año 1999 había dejado una economía con cifras preocupantes, como en el caso de la mayoría de economías centroamericanas. En el ámbito social, la violencia e inseguridad ciudadana son los principales problemas que se perfilan como desafío para los guatemaltecos; a esto se suma la división de la sociedad guatemalteca luego de 36 años de guerra y el consiguiente desgaste de una base de apoyo necesaria para la democratización.
El mayor reto que ha tenido que enfrentar Alfonso Portillo, que asumió la Presidencia en enero del presente año, es el cumplimiento de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de conflicto. En ese sentido, el mandatario se comprometió a respetar las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y a reconvertir el Ejército y subordinarlo al poder civil. Sin embargo, a escasos meses de mandato presidencial, algunos sectores de la población empezaron a cuestionar el acercamiento del Presidente Portillo con el secretario general del partido FRG, Efraín Ríos Montt. En efecto, el general Ríos Montt, quien actualmente funge como presidente del Congreso guatemalteco, goza de una gran popularidad en ese país, pero a la vez es uno de los políticos más cuestionados, sobre todo por organizaciones de Derechos Humanos (Proceso, 900). La campaña electoral dejó claro, además, el favoritismo de los medios de comunicación —especialmente de la TV— hacia los partidos mayoritarios (FRG y PAN) y el evidente monopolio de la televisión.
En otro orden, el Banco de Guatemala anunció que 1999 había dejado la economía nacional en shock debido a las condiciones internacionales desfavorables, sobre todo por la caída de los precios de productos de exportación tales como el café, banano y azúcar. Dar impulso al crecimiento económico es uno de los pilares que el Presidente Portillo prometió al iniciar su mandato; no obstante, el gobierno ha tenido que enfrentar una gran reducción en el volumen y valor del comercio exterior, el aumento del gasto público y del déficit fiscal. Aun así, un gran logro para el país es haber firmado un Tratado de Libre Comercio con México, lo cual augura la generación de más fuentes de empleo.
Las desigualdades económicas en Guatemala han sido algo común desde hace décadas. Sin embargo, cuando a la pobreza se suma la marginación, el bajo desarrollo humano, la violencia, la delincuencia, amenazas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos, la situación para la mayoría de los guatemaltecos se vuelve crítica. Frente al elevado índice de delincuencia y al deficiente rendimiento del sistema judicial, la población ha tomado la justicia en sus manos y se han producido, en lo que va del año, nuevos casos de linchamiento; además, las bandas de secuestradores y narcotraficantes son un desafío para las autoridades. Otra situación preocupante es el acoso y las amenazas de que son objeto algunos dirigentes de organizaciones de derechos humanos; ello ha provocado que la población se abstenga de denunciar alguna violación a sus derechos. Finalmente, Guatemala, con 12.3 millones de habitantes para 1999, presenta el más bajo Indice de Desarrollo Humano (IDH) de la región, según el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicándose en la posición 120 para el presente año.
Honduras, durante 1998, fue el país centroamericano más castigado por el Huracán Mitch, lo cual influyó grandemente en la crisis económica que siguió de 1999 a la fecha. En ese sentido, la gestión gubernamental del Presidente Carlos Flores ha dependido, en gran parte, de la ayuda internacional para la reactivación económica y la reducción de la deuda externa, así como también para hacer frente a la pobreza y fomentar el desarrollo humano.
De los tres poderes del Estado en Honduras, el más débil y vulnerable es el Judicial. El sistema judicial adolece de graves deficiencias, sobre todo en lo referido a la pronta y equitativa aplicación de justicia a los ciudadanos. Honduras tiene un grave problema de hacinamiento en los centros penales, con una gran población de reos sin condena debido a la lentitud de los procesos judiciales. A esto se suma la corrupción resultante de la injerencia de los políticos en el sistema judicial, lo cual ha creado un desprestigio y falta de confianza a nivel nacional e internacional. No obstante lo anterior y pasando al Ejecutivo, uno de los principales logros del Presidente Carlos Flores es haber logrado la firma de un TLC con México y la ampliación de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Pese a que Honduras trabajó junto a Guatemala y El Salvador para lograr un TLC con México, se ha quejado de que aquellos dos países lo están excluyendo del proceso de integración regional.
La economía hondureña fue muy golpeada por el Huracán Mitch, especialmente en sus exportaciones. Según datos del Banco Central de Honduras, las exportaciones —principalmente de banano, café, madera, carne y metales— decrecieron en un 20.8%, mientras que las importaciones crecieron 9.1% para 1999, situación que podría mantenerse para el presente año. El gobierno hondureño ha decidido apostarle al turismo como principal pilar de la economía, aprovechando el gran potencial que tiene ese país. Por otra parte, ante la firma del TLC que hicieran Guatemala, El Salvador y Honduras con México, los empresarios hondureños expresaron su temor por la disparidad de las economías; el argumento de los empresarios se centra en la desequilibrada balanza comercial, pues, mientras México exporta a Honduras unos 40 millones de dólares anuales, éste exporta sólo unos 7 millones. Otro importante logro para Honduras fue la ampliación de los beneficios que Estados Unidos brindó a los países de la Cuenca del Caribe —en la que ese país centroamericano logró la más alta cuota (25.19%)— y que permite exportar a EE.UU. productos textiles con beneficios arancelarios. Asimismo, el BM y el FMI anunciaron en julio la ayuda a Honduras para reducir la deuda externa, siempre y cuando el gobierno se comprometa a combatir la pobreza.
La concentración de capital y el desarrollo no sólo en la ciudad capital, sino también en San Pedro Sula es un fenómeno interesante en Honduras; pero, una vez fuera de esas dos ciudades principales y aproximándose a las zonas más remotas en el interior del país, la situación de los pobladores roza la precariedad. Esta realidad ha desencadenado una creciente emigración, sobre todo hacia Estados Unidos y, junto con Guatemala y El Salvador, Honduras es de los países del área con más inmigrantes. Lo anterior contribuye a la generación, entre otras cosas, de altos índices de trabajo infantil, prostitución y delincuencia. Esto se agrava con la poca prevención de enfermedades como el SIDA, de tal modo que este país registra el mayor índice de personas infectadas con el VIH en el área.
La situación nicaragüense es particularmente contrastante en los ámbitos económico y social; en efecto, Nicaragua teniendo el mayor crecimiento económico de Centroamérica registra los más altos índices de pobreza del área y el menor desarrollo humano. Por otra parte, en lo político, la gestión del presidente Arnoldo Alemán ha sido tema de discusión de algunos círculos académicos y políticos inconformes con el rumbo en que se está encaminando el país.
La política nicaragüense ha caído, en los últimos años, en el riesgo del bipartidismo. Así, el partido que llevó a Alemán a la Presidencia, Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ha alcanzado grandes cuotas de poder en la Asamblea Nacional, seguido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como principal opositor. Al respecto, desde principios de este año se ha estado formando un frente político para combatir ese bipartidismo. Como ya se mencionó, la gestión presidencial de Alemán ha sido cuestionada, tanto interna cono externamente. En ese sentido, se critica, por un lado, que los avances en materia macroeconómica no hayan llegado a concretizarse en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Por otro lado, la opinión pública maneja la idea de que Alemán no ha aprovechado la ayuda internacional y que, por el contrario, se ha enfrentado abiertamente a algunas ONGs que podrían brindar ayuda a ese país. Asimismo, fue cuestionable el intento del Presidente de anular las elecciones generales del 2001 y conformar una Asamblea Constituyente que eligiera un presidente provisional.
En general, la economía nicaragüense durante 1999 fue la más dinámica de la región y presentó cifras muy alentadoras, a pesar de los efectos negativos que dejó a su paso el Huracán Mitch. El gobierno impulsó una serie de medidas para hacer frente a la caída de los precios de los productos agrícolas de exportación. Así, según el informe del Banco Central de Nicaragua, los cultivos de exportación incrementaron en un 7.3%, mientras que el valor de las exportaciones de dichos productos cayó en un 23.2% respecto a 1998. De igual manera, el PIB creció un 7%. Con todo, según datos oficiales, Nicaragua tiene el peor salario mínimo del Istmo, con 62.6 dólares mensuales, mientras en el otro extremo se encuentra Costa Rica con 226 dólares.
De acuerdo al informe de Amnistía Internacional (AI) para 1999-2000, Nicaragua es uno de los países en donde se practica el exceso de fuerza pública para enfrentar protestas populares; además, la corrupción gubernamental y el pacto político entre el PLC y el FSLN han provocado violaciones a los Derechos Humanos en general. Cuando algún ciudadano denuncia la corrupción gubernamental, simplemente es ignorado o desvirtuado, tal como sucedió con Agustín Jarquín, ex contralor general de la república. Otro fenómeno que las autoridades no han podido detener es la emigración de nicaragüenses hacia la vecina Costa Rica donde encuentran mejores condiciones de vida, pero, a la vez son víctimas de explotación y discriminación. Cabe señalar que Nicaragua es uno de los países más asistidos por la cooperación internacional y que podría obtener los beneficios directos de la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC).
Costa Rica ha vivido, en lo que va del año, una serie de hechos y transformaciones en el ámbito político y social que vuelven la situación muy diferente a la de años anteriores. En efecto, la sociedad costarricense ha vivido un proceso de desestabilización que contrasta con la aparente calma que marcó la historia reciente de ese país, en una clara ventaja política, social y económica sobre sus vecinos centroamericanos.
El gobierno del Presidente Miguel Ángel Rodríguez ha impulsado a lo largo de su gestión una política de descentralización y modernización del aparato estatal y para ello anunció, desde el inicio de su mandato, una serie de medidas orientadas a generar mayor eficiencia y combatir la corrupción. Por ejemplo, a principios del presente año, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte anunció que daría en concesión a la inversión privada la ejecución de proyectos en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Pero estas medidas no son bien vistas por los costarricenses, que no están de acuerdo con la política de privatizaciones que impulsa el gobierno. Tal es el caso del proyecto de modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aprobado por la Asamblea Legislativa y que tuvo que ser aplazado debido a las protestas populares. Lo cierto es que un 33% de la población considera que el trabajo de la Asamblea es malo, según una encuesta de la firma internacional Unimer. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia enfrenta una mora judicial de unos 2 millones de expedientes, para lo cual se proyectó nombrar unos 200 nuevos jueces en el presente año.
En general, la situación económica costarricense es la más favorable en Centroamérica. Costa Rica ha tenido un alza en las exportaciones y la inversión extranjera desde 1999, debido a la instalación de la compañía norteamericana Intel. Asimismo, ese país es el principal destino de los turistas que visitan la región, lo cual genera una significativa cantidad de divisas. Sin embargo, el problema que encuentra la inversión extranjera en Costa Rica es el entrampamiento en las oficinas gubernamentales. No obstante lo anterior, superar la pobreza es uno de los problemas que la gente señala debe ser una prioridad del gobierno.
De acuerdo a una encuesta de la Universidad Nacional, las clases bajas, medias y altas de Costa Rica no creen que el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez pueda solucionar los problemas que aquejan la sociedad, tales como la basura, el desempleo, las necesidades de vivienda, seguridad ciudadana, la crisis económica y el mal estado de las calles, entre otros. La población, en gran parte, acusa al gobierno de no superar esos problemas. En el ámbito de la seguridad ciudadana, por ejemplo, los índices de delincuencia se han incrementado, especialmente en lo relativo a los secuestros y el narcotráfico. De igual manera, un problema que preocupa a las autoridades costarricenses es el incremento de la población inmigrante nicaragüense, que constituyen la mayoría. Finalmente, las protestas populares no han faltado en lo que va del año, sobre todo por la conmoción que causó la aprobación del proyecto de modernización del ICE y por las huelgas en la Caja Costarricense del Seguro Social.
PINOCHET ANTE LA JUSTICIA (I)
En abril de 1999, cuando la discusión sobre el destino del general crecía, tuvimos la suerte de asistir a un evento organizado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM). Ahí escuchamos un planteamiento interesante e ilustrativo que, a partir de entonces, lo retomamos cada vez que podemos. Una de las participantes en el evento, chilena por cierto, dijo que la imaginación era algo central en la lucha contra la impunidad. Por un lado, los victimarios —se refería, en especial, a quien en su país ya lo apodaban“el paciente inglés”— que nunca se imaginaron alcanzados por la justicia; y del otro las víctimas, insustituibles seres para el avance de la historia, quienes tuvieron que imaginar una y mil formas el cómo reivindicar a sus familiares. Para que las víctimas salvadoreñas de la impunidad durante la guerra y en lo que va de esta “paz” se animen a desarrollar su imaginación, en aras de lograr el triunfo de su lucha, reproducimos lo que consideramos medular del fallo emitido por el pleno de la Corte Suprema de Chile el 8 de agosto del presente año.
Vale la pena recordar que tras la vuelta de Pinochet a Chile, a principios de marzo del 2000, siete abogados solicitaron se le despojara de su inmunidad parlamentaria para que pudiera ser investigado por la desaparición de diecinueve personas. Esa operación criminal, ocurrida en octubre de 1973, fue y es conocida como la "Caravana de la Muerte". En junio del 2000, la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforó; de esa forma, el ex dictador quedó situado como cualquier otro ciudadano chileno ante la ley. Sus defensores apelaron de ese fallo ante la Corte Suprema y el resultado de dicha acción es, a partir del 8 de agosto, conocido por el mundo entero. Veamos, a continuación, parte del texto original.
IV. En cuanto a los requisitos que hacen procedente la declaración de desafuero
51.) Que por lo que se refiere a la tipificación de los delitos de secuestro, se ha sostenido en estrados por la defensa del senador Pinochet, que ellos no podrían entenderse configurados porque lo que consta en autos es que las supuestas víctimas de tales ilícitos habrían sido "sustraídas" de los lugares en los cuales se encontraban privadas de libertad y no "encerradas" o "detenidas" como lo exige el tipo contenido en el artículo 141 inciso primero del Código Penal.
Pero tal argumento no puede ser aceptado pues, en verdad, para ser "encerradas" o "detenidas" las víctimas de un secuestro tienen usualmente que ser "sustraídas" del lugar en que previamente se encontraban; de suerte que entre la conducta de "sustraer" y las de "encerrar" y "detener" no existe contradicción alguna sino, por el contrario, una sucesión lógica de antecedente a subsecuente.
52.) Que mucho menos puede sostenerse, como también se ha insinuado, que las víctimas de los delitos a que nos estamos refiriendo no podrían haber sido "detenidas" o "encerradas" porque se encontraban privadas de libertad antes de que desplegaran su actividad los procesados en estos autos; pues con esa alegación se ignora que, si bien las víctimas estaban efectivamente detenidas, lo estaban " legítimamente", pues su privación de libertad obedecía a una orden de autoridad que, por lo menos formalmente, contaba en ese momento con la facultad de disponerla; en cambio, aquella a que los someten los procesados lo es sin derecho, como precisamente lo exige el artículo 141 inciso primero del Código Penal.
De aceptarse el criterio aquí impugnado se daría el absurdo de que si una banda de delincuentes sustrajera de un establecimiento penal en que está cumpliendo una condena al integrante de un grupo rival para hacerlo desaparecer, el hecho tampoco podría calificarse de secuestro, ya que la nueva privación de libertad sólo prolongaría aquella a que ya estaba sujeto. Tal cosa implica suponer que cuando el bien jurídico de la libertad ambulatoria de un sujeto ya se encuentra afectado, está irremisiblemente perdido y cualquiera puede disponer de él a su antojo; algo que, por supuesto, es inadmisible.
53.) Que tampoco ha de acogerse el punto de vista según el cual, como al momento de ejecutarse los hechos a que se refiere el caso "sub-lite" todos los implicados en ellos eran empleados públicos, no podrían haber cometido secuestros, ya que tales funcionarios sólo podrían incurrir en detenciones ilegales del artículo 148 del Código Penal.
Esa afirmación carece de todo fundamento y, para convencerse de ello, basta pensar en que con arreglo a tal criterio, si un militar se apoderara de una persona perteneciente a una familia acaudalada y la mantuviera encerrada esperando obtener por ella un importante rescate, su conducta tendría que calificarse de detención ilegal.
Nos parece que nadie estará dispuesto a suscribir un resultado tan absurdo. Lo que sucede, en verdad, es algo muy distinto: el delito de detención ilegal sólo puede cometerlo un empleado público, siempre, naturalmente, que se mantenga dentro de los límites trazados por el tipo del artículo 148 inciso primero del Código Penal; pero dicho empleado también cometerá un secuestro del artículo 141 inciso primero del Código Penal, si su comportamiento cae fuera de los márgenes establecidos por la figura cualificada de la detención ilegal. Por lo demás, para lo que aquí interesa, y prescindiendo de la considerable diferencia de penalidad entre ambos delitos, la distinción es irrelevante porque, contra lo que en alguna ocasión se ha sostenido, tanto el de detención ilegal como el de secuestro son permanentes, de manera que su consumación se prolonga durante todo el tiempo en que se mantiene la privación de libertad.
54.) Que también se ha argumentado reiteradamente que el delito cometido respecto a las personas desaparecidas con ocasión de los hechos a que se refiere el proceso no puede ser el de secuestro agravado, pues nadie cree que ellas estén todavía con vida, privadas de libertad, y, por el contrario, todo el mundo piensa que fueron muertas. Aunque esto último pudiera ser verdad, nada dice en contra de la posibilidad de configurar el secuestro, pues lo que no se ha probado en autos es que esas víctimas hayan sido ultimadas inmediatamente después de haberlas sustraído sin derecho de los lugares en que se encontraban detenidas y, lo que es más importante, que su deceso haya sido anterior a la fecha en que se dictó el Decreto Ley Nº 2191 sobre amnistía, único caso en el que los procesados podrían intentar invocar esta última. Por lo demás, vale la pena enfatizar que no es esta la etapa procesal adecuada para pronunciarse en definitiva sobre la calificación jurídica de los hechos perseguidos en la causa.
55.) Que aunque los hechos investigados en el proceso rol 2.189 de la I Corte de Apelaciones de Santiago, actualmente considerados como secuestros agravados, calificación provisional, como corresponde a la de un auto de procesamiento, fueren en definitiva estimados como homicidios, y las muertes de detenidos ocurridas en Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama también lo fueren de igual manera, y ellos hubieren ocurrido en las fechas y oportunidades en que las declaraciones de los procesados y otros antecedentes pudieran determinarlo exactamente, y en todo caso, en Octubre de 1973, tal situación tampoco impediría o sería obstáculo para el desafuero, teniendo presente las causales de extinción de responsabilidad criminal contenidas en el artículo 93 del Código Penal.
56.) Que, por de pronto, no cabe duda que todo aquello que se refiera a la determinación precisa y exacta del hecho o hechos punibles investigados en dicha causa y la participación que en ellos pudiera haberle correspondido a determinadas personas, escapan, ciertamente, a la competencia de esta Corte, en la gestión en que se encuentra, y corresponden propiamente a los jueces del fondo. A la I Corte de Apelaciones, y en su caso, a esta Corte en el conocimiento de un desafuero sólo les corresponde examinar —como se enunció en los ocho primeros fundamentos de este fallo— si los hechos imputados presentan los caracteres de delito y si existen sospechas fundadas para reputar autor, cómplice o encubridor a una persona determinada (Art.255 del Código de Procedimiento Penal) protegida por el fuero que se pretende quitar, como se establece en el artículo 612 del mismo Código antes citado, que exige para actuar de esa manera "datos que podrían bastar para decretar la detención de un inculpado".
57.) Que tratándose de causales de extinción de responsabilidad penal, entre las que cabe mencionar la amnistía (Art.93 N° 3) y la prescripción (Art.93 N° 6), que podrían permitir la dictación de un sobreseimiento definitivo o una sentencia definitiva de carácter absolutoria, tales causales no son de aplicación automática, y por de pronto, en la primera hipótesis, se exige que la investigación criminal, que debe conducir el Juez de la instancia, esté concluida y "agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona del delincuente", como lo dispone el artículo 413 del Código de Enjuiciamiento Criminal, estableciéndose por el inciso 2° del mismo artículo, que "si en el sumario no estuvieren plenamente probadas las circunstancias que eximen de responsabilidad o los hechos de que dependa la extinción de ella, no se decretará el sobreseimiento sino que se esperará la sentencia definitiva";
58.) Que en su caso, la aplicación de la ley de amnistía contenida en el D.L. 2191, atendido su tenor literal, exige que las personas a quienes se pueda aplicar estén determinadas y acreditada su participación en el hecho punible, en cualquiera de las hipótesis que plantea el artículo 14 del Código Penal. Y bajo otro aspecto, cabe tener presente que la amnistía no extingue el delito o hecho punible, sino que, como lo dispone el N°3 del artículo 93 del Código Penal, "extingue por completo la pena y todos sus efectos", o sea, debe estar determinado completamente el delito y la persona del delincuente y su responsabilidad en alguna de aquellas calidades;
59.) Que cabe señalar a este respecto que la conclusión antes mencionada tiene el sólido fundamento de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, pues de las Actas de la Comisión Redactora ( Manuel de Rivacoba, "Código Penal de la República de Chile y Actas de las Sesiones de la Comisión Redactora") al analizarse en la Sesión N°22 el texto de los artículos 125 y 126, hoy 91 y 92 del Código Penal, a continuación se redactaba un nuevo artículo sin individualización pero que debería corresponder al actual 93, que en su numeral segundo disponía: "La amnistía produce el efecto de borrar el delito, dejando a su autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido", pero en la Sesión N°139, de 19 de Mayo de 1873, el Comisionado Sr. Rengifo, encargado en la sesión anterior de redactar un texto que comprendiera "no sólo la prescripción sino todos los modos como termina la responsabilidad criminal", presentó el actual texto del artículo 93, que fue aprobado unánimemente. De esta forma queda en evidencia que la amnistía no "produce el efecto de borrar el delito", sino que se transforma en una causal de extinción de responsabilidad penal, la que es personal y debe ser otorgada a un individuo determinado, responsable del ilícito y siempre que en el proceso se acrediten los presupuestos para que ella opere.
60.) Que en lo que se refiere a la prescripción, que también es una causal de extinción de responsabilidad penal contenida en el N°6 del artículo 93, deberá tenerse presente que ella tampoco es de aplicación automática, pues junto con el cumplimiento del tiempo necesario para que la acción prescriba, de acuerdo a la gravedad del delito, deberá acreditarse previamente la responsabilidad del imputado, pues la prescripción se aplica al responsable del ilícito, en una investigación agotada, como lo establece el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, y siempre que se cumplan los demás requisitos, v.gr., que no haya existido interrupción de la prescripción por la comisión o ejecución de otros crímenes o simples delitos o que ella se haya suspendido, como lo establece el artículo 96 del Código Punitivo, o que el reo no se haya ausentado del país, como lo dispone el artículo 100 del mismo cuerpo legal.
61.) Que todo lo expuesto revela que aunque los hechos investigados en los autos en que incide este desafuero quedaren comprendidos en la figura del homicidio u otras hipótesis planteadas en las querellas, pero no en el del secuestro agravado, tal situación exigiría que fuera el Juez respectivo y no la I Corte o este Tribunal en esta gestión de desafuero, quien pudiera determinar si corresponde aplicar la amnistía y/o la prescripción. Según se ha hecho notar anteriormente en este fallo, en el actual trámite de desafuero no se ventila la posible responsabilidad criminal del parlamentario afectado, sino la facultad del tribunal que conoce del respectivo proceso o el derecho de los querellantes en el mismo, a que se dirija esa causa criminal en contra de un congresal determinado.
ZAFRA. El ingenio El Carmen, considerado el octavo en importancia en la producción azucarera del país, no recibirá los siete millones de colones como parte de un crédito pendiente de desembolso prometido por el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) en 1999. Funcionarios de la institución financiera estatal argumentaron que una serie de incumplimientos contractuales por parte del ingenio han sido motivo para retener los fondos. "La decisión que la junta directiva ha tomado, está basada en el incumplimiento a las condiciones contractuales, tanto del contrato de línea de crédito rotativa, como del contrato de interventoría de caja", afirmó el presidente del BFA, Guillermo Funes. Por su parte, Enrique Rais, director ejecutivo del ingenio, dijo que el desembolso de 7 millones era el último que completaría los 42 millones que el BFA otorgó a El Carmen en 1999. Rais aseguró que se necesitan los fondos para preparar la maquinaria del ingenio para ser utilizada en la próxima zafra y amenazó con demandar al banco por no entregarle el dinero. A juicio de Rais, el BFA tiene intenciones de llevar a la quiebra al ingenio. Por otra parte, el presidente del BFA anunció la reorientación de la política financiera de la institución, lo cual será posible gracias a la inyección de 400 millones de colones que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa. Según Funes, el banco estatal destinará a los pequeños productores agropecuarios y microempresarios del país unos 50 millones de colones (LPG, 02.08.00, p.24; EDH, 08.08.00, p.20; EM, 08.08.00, p.6).
AUDITORIA. "Hoy más que nunca urge una auditoría", afirmó el diputado Jorge Villacorta, del CDU, al referirse a las presuntas anormalidades dentro de la Corte de Cuentas de la República. Dicha institución no ha sido auditada desde 1995, fecha en que se emitió su ley orgánica. Sin embargo, la Asamblea Legislativa debe cumplir el Artículo 112 de la Ley de la Corte de Cuentas y hacer una auditoría al ente contralor. El diputado Villacorta denunció recientemente que algunos expedientes que contienen información sobre la Corte han desaparecido dentro de la comisión de Hacienda; por ejemplo, Villacorta citó que ha desaparecido la pieza de correspondencia que él presentó en 1998, en la cual exige a la Asamblea cumplir con la referida auditoría. En efecto, en 1998 hubo un intento de auditoría pero la licitación que hizo la Asamblea se declaró "desierta", ya que sólo una empresa internacional —Horworth International— se presentó. Para el diputado y secretario general del PDC, René Aguiluz, la única solución es que la licitación esté abierta a empresas auditoras extranjeras. Igual opinión tiene la diputada Ileana Rogel, del FMLN. "El FMLN no tiene impedimentos para contratar a una firma extranjera", señaló la parlamentaria. No obstante, el ex presidente de la Corte de Cuentas y actual jefe de fracción del PCN, Francisco Merino, consideró la posibilidad de auxiliarse de las contralorías de otros países, ante la inexperiencia de las empresas nacionales en auditorías gubernamentales (EDH, 09.08.00, p.6; 10.08.00, p.19).
PARO. Los agremiados a la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATP) y la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS) iniciaron, a partir del 09.08, un paro indefinido luego de retirarase de la mesa de negociación con el gobierno. Genaro Ramírez, presidente de AEAS, dijo que no negociarán más con el gobierno mientras la mesa sea presidida por los ministros de Economía y Obras Públicas. Sin embargo, no todas las gremiales de transporte apoyan el paro; así los empresarios de AEAS 2 y los microbuseros de FECOATRANS consideran que el paro no trae beneficios para el sector. Por su parte, el presidente Francisco Flores anunció duras sanciones a los transportistas que se sumen al paro. Según Flores, los empresarios solicitan un incremento de 40 millones de colones en el subsidio de diesel que reciben del gobierno. En 1999, el Estado pagó 217 millones de colones en concepto de subsidio, de acuerdo al informe de Casa Presidencial. La reacción de la ciudadanía es clara: un total rechazo a una medida que afecta directamente su derecho a movilizarse hacia sus trabajos y actividades cotidianas. El gobierno ha preparado un plan de emergencia para contrarrestar los efectos del paro; para ello destinó unos 160 camiones de la Fuerza Armada y el Ministerio de Obras Públicas que circularán desde los puntos más populosos de la capital y del interior del país. El primer día de paro costo al país, según datos del gobierno, unos 97 millones de colones y las acciones que realizó el Estado costaron 17 millones (EDH, 09.08.00, p.2 y 3; 10.08.00, p.2 y 3; LPG, 09.08.00, p.4, 5 y 6; 10.08.00, p.4 y 5).
DOCUMENTO. El proyecto de la emisión del Documento Unico de Identidad (DUI) programado para el 2001, a cargo del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), se perfila cada vez más lejano debido a la división de opiniones dentro de la Asamblea Legislativa. Aparte de este proyecto, está el del voto residencial, impulsado por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El FMLN apoya al TSE para la emisión de la nueva cédula de identidad y no al RNPN para así evitar que el Estado invierta dos veces por el mismo trabajo. En ese sentido, el Presidente Flores expresó públicamente su apoyo al proyecto del Tribunal Supremo Electoral. "Si la Asamblea Legislativa nos pide definir prioridades, nosotros diríamos que acercar la urna al votante es, en términos democráticos, más importante" acotó el mandatario. No obstante, Flores reconoció que no está determinada la disponibilidad de recursos financieros y la capacidad de ejecución para impulsar cualquiera de los dos proyectos. La división de los diputados en la Asamblea sigue latente, pues los partidos ARENA y PCN respaldan al RNPN y el DUI, mientras que el FMLN y PDC se inclinan por el voto residencial. El diputado Gerardo Suvillaga, de ARENA no concibe que el DUI sea sustituido por un carné. Por su parte, la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea solicitó una audiencia con Flores para que aclare el futuro de los dos proyectos; asimismo, los magistrados del TSE deberán explicar su proyecto detalladamente a los parlamentarios para tomar una pronta decisión (LPG, 09.08.00, p.12; 10.08.00, p.22; EDH, 09.08.00, p.14).
ASESORES. "No creo que sea pecado tener a mi hijo trabajando para mí. A él le tengo confianza". Así se expresó Tomás Mejía, jefe de fracción del PAN después de que se hiciera pública la contratación de su hijo como encargado de prensa de dicho partido en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, la Junta Directiva del Parlamento autorizó a los partidos que tengan la presidencia del mismo contratar a tres asesores de "alto nivel" que tendrán un salario de 26 mil colones mensuales cada uno, y se desempeñarán como ayudantes del funcionario que esté de turno. Sin embargo, mientras ARENA y FMLN no asuman la presidencia, los asesores trabajarán para la fracción con el mismo salario. Esto significa que los ciudadanos, con sus impuestos, financien más de un millón ciento noventa y dos mil colones mensuales para el sueldo de los asesores. Además, algunos de los asesores de "alto nivel", se encuentran trabajando a medio tiempo con un salario de 13 mil colones mensuales, y lo más sorprendente es su nivel académico, ya que algunos se encuentran estudiando entre segundo y tercer año de Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Schafik Hándal, diputado del FMLN, justificó las contrataciones: "considero que son pocos para la cantidad de diputados que, a diario, deben recibir apoyo para abodar diversos casos". Asimismo, Julio Gamero, de ARENA, insistió en que cada fracción es responsable de nombrar a las personas que necesita, y aseguró que "las contrataciones de 93 asesores no contradicen la austeridad recientemente anunciada en la Asamblea Legislativa" (EDH, 20.07.00, p.20; LPG, 20.07.00, p. 20 y 21).
ICC. El Congreso norteamericano, aprobó en mayo pasado la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y, durante los meses siguientes, se han realizado reuniones entre representantes de la industria textil de las naciones beneficiadas con la ICC, a fin de acordar el porcentaje de la cuota textil que les corresponde. Recientemente, El Salvador ganó la segunda cuota más alta de exportación textil, después de Honduras, correspondiente al 21.4% de los 250 millones de metros cuadrados de textiles que entrarán con beneficios arancelarios a EEUU. El único requisito es que los productos deben ser fabricados con tela regional e hilo estadounidense, según las estipulaciones de la ICC. Con dicho porcentaje el país tiene la posibilidad de exportar un total de 53.6 millones de metros cuadrados de textiles hacia el mercado estadounidense. En cuanto a la otra cuota contemplada en la ICC, correspondiente a los 4.2 millones de docenas de camisetas, El Salvador logró una cuota de 872 mil docenas. Sin embargo, la cuota textil asignada al país, tanto para la exportación de camisetas como para la de tejido de punto hecho con tela regional e hilo estadounidense, es insuficiente. El coordinador técnico de Fundatex, Alexander Soriano, manifestó al respecto que "mi apreciación es que las cuotas no son del nivel esperado, pero es lo que se logró para las telas regionales". A pesar de todo, el profesional rescata que las categorías de exportación creadas por la ICC para la tela regional no existían antes, por lo que deben aprovecharse (EDH, 20.07.00, p.46; EM, 19.07.00, p.3; 20.07.00, p.12).

References: artículo 141
 artículo 141
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 141
 artículo 93
 artículo 612
 artículo 413
 artículo 14
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 413
 artículo 96
 artículo 100
 Artículo 112