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Timestamp: 2018-10-24 03:46:37+00:00

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SENTENCIA 2004-00228 DE 28 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CON OCASIÓN DE ACTUACIÓN MATERIAL DE APREHENSIÓN. LA CARENCIA DE UN DAÑO QUE NO SE ESTÉ EN EL DEBER JURÍDICO DE SOPORTAR EVIDENTEMENTE IMPIDE QUE SURJA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ES DECIR, NO ES POSIBLE ENDILGARLE A LA ENTIDAD ESTATAL DEMANDADA LA OBLIGACIÓN DE RESARCIR UN MENOSCABO QUE SE DETERMINA QUE NO EXISTE PUES CARECE DE SENTIDO Y FUNDAMENTACIÓN. ES CLARO DESDE ESA PERSPECTIVA DUAL DEL DAÑO ALUDIDA, LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO COMO OBLIGACIÓN DE RESARCIR NO PUEDE CONFIGURARSE SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DE AMBOS DETRIMENTOS, QUE SON EL DAÑO O DAÑO EVENTUAL Y EL PERJUICIO O DAÑO CONSECUENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ACREDITACIÓN DEL DAÑO SUFRIDO, PRUEBA DEL DAÑO SUFRIDO
Sentencia 2004-00228/32665 de mayo 28 de 2015
Rad. 250002326000200400228 01
Exp.: 32665
Actor: Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en Liquidación
Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2015
9 La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía(5), tiene vocación de doble instancia.
9.1 Asimismo, teniendo en cuenta que el petitum y la causa petendi de la demanda establecen un primer marco de la competencia del operador judicial para proferir una decisión de fondo de conformidad con el principio de congruencia que rige la actuación judicial —ver artículo 305(6) del CPC—, según el cual se imposibilita la expedición de un fallo extrapetita o ultrapetita, conviene precisar que si bien en el libelo introductorio se manifestó en un acápite distinto al de pretensiones que, con ocasión del tiempo que tardó la retención del automotor objeto de la demanda la sociedad demandante incurrió en gastos adicionales para ponerlo en condiciones de funcionamiento y, que el procedimiento administrativo correspondiente le produjo costos de representación en el proceso administrativo a través de un abogado, lo que a partir de una interpretación integral y lógica de la demanda podría conllevar a colegir que igualmente se solicitó la indemnización de esos detrimentos pese a que no se formularon pretensiones expresas al respecto así como tampoco se hubiera determinado la cuantía a la cual debían ascender los resarcimientos respectivos(7), lo cierto es que esa ausencia de precisión sobre las pretensiones que contiene el escrito inicial fue clarificada por la misma accionante en su medio de impugnación, al señalar que no estaba de acuerdo con que el Tribunal de primera instancia abordara únicamente el estudio de la configuración del lucro cesante cuya reparación deprecó manifiestamente, sino que también se tenía que estudiar la reparación de los gastos en que incurrió por el pago del abogado que la representó en el trámite adelantado ante la DIAN, sin hacer mención alguna al supuesto dinero destinado para la reparación del vehículo —ver párrafos 1.6 y 6.3—.
9.2 De esta manera, de conformidad con el recurso de apelación en virtud del cual conoce esta Corporación el presente asunto, la parte demandante estuvo conforme con que se desestimara lo relativo al desembolso para el funcionamiento del tractocamión que le fue aprehendido, pero no con que se excluyera la indemnización por los honorarios de su representante en el procedimiento administrativo respectivo, de tal forma que en virtud de una interpretación integral y armónica de la demanda, pero sin desconocer el medio de impugnación interpuesto que además fija los linderos de la competencia de esta Sala en segunda instancia —con excepción de los asuntos que constitucional, convencional o legalmente se deban dilucidar de oficio, o los aspectos implícitos de los argumentos que se esgriman en la impugnación respectiva o que su mención resulte ilógica—, el presente pronunciamiento abarcará, en relación con los perjuicios solicitados en la demanda, únicamente el lucro cesante cuya indemnización fue diáfanamente solicitada, así como la reparación de los gastos de defensa que lógicamente se puede inferir de la misma, reconociendo así los límites que establece el recurso aludido a partir de la interpretación jurisprudencial que ha hecho esta Corporación del artículo 357(8) del C.P.C. En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló:
“3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(9), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: ‘la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante’, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(10), ‘una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso’.
La Sala, en la sentencia mediante la cual acogió la tesis señalada, reiteró en varios de sus apartes que el recurrente debía señalar los aspectos del fallo que a su juicio le resultaran desfavorables y solo estos podían ser objeto de revisión del juez ad quem. Se dijo en el fallo, por ejemplo, que: ‘el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados’ por el recurrente; por lo tanto, los demás aspectos del fallo que no fueron cuestionados por el apelante único no pueden ser revisados por el juez ad quem; ‘corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia’ y también que ‘en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior’ (se destaca).
3.2.2.3.2. En la sentencia a que se viene haciendo alusión, la Sala precisó, además, que la exigencia prevista en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo de sustentar el recurso de apelación, con el señalamiento de los aspectos que el impugnante considera lesivos para sus intereses y de las razones de su inconformidad, no constituye una simple formalidad irrelevante para el proceso sino el marco conceptual que delimita la competencia del ad quem. La sustentación, se añade, tiene como finalidad la garantía del derecho de contradicción, porque de esa manera, la otra parte, beneficiada con la decisión recurrida, puede exponer las razones que a bien tenga para solicitar al juez que mantenga dicha decisión”(11).
9.3 Asimismo, teniendo en cuenta que la parte demandante fue el único extremo del conflicto en apelar la decisión de primera instancia, también se debe aclarar que sin perjuicio de que inicialmente el análisis de la Sala se tendría que circunscribir a pronunciarse respecto de los puntos referidos en su medio de impugnación, no se puede perder de vista que el ordenamiento jurídico colombiano prevé ciertas excepciones a esa regla tal como se manifestó con anterioridad(12), una de las cuales se configura en el sub judice, a saber, la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de pronunciarse en la sentencia definitiva sobre todas las excepciones de fondo que se encuentren configuradas, sin importar que la parte demandada las hubiese formulado o no y, a pesar de que de las mismas no hubieran sido objeto de pronunciamiento alguno por parte del Tribunal a quo, siempre y cuando con ello no se afecte el principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31(13) de la Constitución Política. Al respecto, el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo dispone:
“En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus” (resaltado por la Sala).
9.4 Por consiguiente, en consideración a que en la sentencia de primera instancia se denegaron todas las pretensiones del libelo introductorio, situación que es apelada por la parte demandante, la Sala podrá pronunciarse de oficio sobre todas las excepciones de fondo que resulten procedentes pese a que las mismas no se encuentren comprendidas en el medio de impugnación referido, habida cuenta de que la ley la habilita para ello, en tanto es evidente que de prosperar alguna excepción de fondo que se oponga a la prosperidad de cualquiera de las peticiones del libelo introductorio no desmejora su situación como único apelante, puesto que se reitera, las mismas fueron completamente desestimadas.
10 De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:
10.1 El 3 de junio de 1994, la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. —que para esa fecha era una sociedad limitada y no se encontraba en liquidación de conformidad con el certificado de existencia y representación de la misma arrimado al expediente— le solicitó al Instituto Colombiano de Comercio Exterior —Incomex, entidad que posteriormente fue suprimida y cuyas funciones pasaron a ser asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior—(14) el desarrollo de un programa de “sistemas especiales de importación-exportación ‘Plan Vallejo’” de conformidad con el artículo 173 literal c) del Decreto-Ley 444 de 1967, programa que fue autorizado por dicha autoridad para efectos de que la sociedad aludida se constituyera en importadora de “bienes de capital y repuestos”, consistentes en “1 compactor, 1 montacargas y 22 tractocamiones” que serían “importados temporalmente” para perfeccionamiento activo y estarían en principio exentos del pago de los derechos aduaneros de la Nación, con la condición de que los mismos participaran “directamente en la explotación de minas de carbón para la exportación (...) y en uso en las instalaciones de la mina” cerrejón central de La Guajira, así como que se lograra la exportación de 140 000 toneladas del señalado material. El anterior programa fue identificado por el Incomex con el Nº BR-1093, y se le advirtió a la sociedad aludida que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 232 y siguientes del Decreto 2666 de 1984, los bienes que importara en desarrollo de ése plan únicamente causarían el impuesto al valor agregado —IVA— manteniéndose libre de los demás tributos, siempre y cuando cumpliese con la exportación de carbón y demás tareas respectivas y pretendiera su despacho para consumo de tal forma que quedaran para su libre disposición (original del certificado de existencia y representación de la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A., expedido el 12 de noviembre de 2003 por la Cámara de comercio de Bogotá, sede norte y copias auténticas de la Resolución 1135 del 10 de marzo de 1998, mediante la cual se declaró la terminación unilateral del programa de sistemas especiales de importación-exportación Nº BR-1093, por incumplimiento de la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A., del oficio 10053 del 16 de junio de 1994, por medio de la cual se autorizó el programa referenciado, del oficio del 10 de enero de 1997, elaborado por el jefe de investigaciones aduaneras y del registro de importación L19310012711143 efectuado por el Incomex; f. 1, 2, 70, 80-86, 131-134 c. pruebas 1).
10.2 De conformidad con la autorización del programa del “Plan Vallejo” reseñado, la sociedad aludida importó en la modalidad descrita múltiples máquinas para el cumplimiento de los compromisos que asumió con el Incomex y respecto de los cuales se le eximió del pago de los derechos aduaneros correspondientes, entre los que ingresó al territorio nacional un tractocamión marca Freightliner modelo 1987, de color blanco, identificado con el motor Nº 11421710, con el chasis Nº 1FUYYGYB3JH315163 y a la postre con las placas Nº SVA558 ante las autoridades de tránsito respectivas, bien que fue registrado bajo la propiedad de la aludida sociedad y amparado en la declaración de importación con el autoadhesivo Nº 06480010014750 del 2 de julio de 1994 (copias auténticas de la Resolución 1135 del 10 de marzo de 1998, mediante la cual se declaró la terminación unilateral del programa de sistemas especiales de importación-exportación Nº BR-1093, de la licencia de tránsito Nº 94-375531, perteneciente al tractocamión de placas Nº SVA558 y de la declaración de importación con autoadhesivo Nº 06480010014750 del 2 de julio de 1994, expedido por la DIAN; f. 64, 81-88, 125, c. pruebas 1).
10.3 El 10 de enero de 1997, el jefe del Departamento de Investigaciones Aduaneras de la División de Fiscalización Aduanera perteneciente a la DIAN le informó al coordinador de Información y Análisis del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación —CTI—, que en contra de la sociedad señalada se habían abierto tres investigaciones en relación con los bienes de capital que la misma había importado al país en virtud del programa del “Plan Vallejo” señalado, en consideración a que al parecer los había vendido y destinado para fines distintos a los permitidos, encontrándose finalizado ya uno de los tres procedimientos referidos de manera adversa a sus intereses, en tanto se decomisó la mercancía respectiva. De esta manera, le comunicó (copia auténtica el oficio Nº 102248 del 10 de enero de 1997, suscrito por el jefe de Investigaciones Aduaneras de la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN; f. 80, c. pruebas 1).
“Por parte de esta administración se han abierto tres expedientes que tienen que ver con importaciones de la firma Carreteras y Pavimentos; de los tres expedientes uno fue fallado en contra de dicha empresa y ya agotó la vía gubernativa ratificándose el decomiso de un tractocamión; los otros dos se encuentran en trámite.
Los tres expedientes se tramitan por violación al Plan Vallejo; que consiste en lo siguiente:
Se importó de manera temporal (5 años) bienes de capital para trabajar en la mina cerrejón central de la Guajira; dicha importación exige que los bienes importados no pueden enajenarse sin autorización, y tienen adicionalmente la limitación de no poderse destinar a un fin distinto para aquél a (sic) que fueron importados; transcurridos los cinco años deben realizar la importación definitiva o salir del país.
En los casos en comento se presentaron dos situaciones; en uno se vendió el bien, y se destinó a transporte de carga nacional; en los otros se destinó a un fin distinto al permitido”.
10.4 Para el 16 de enero de 1998, luego de múltiples requerimientos no contestados por parte de la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A., el Incomex tuvo conocimiento que desde el 11 de noviembre de 1994 aquella había enajenado y transferido la propiedad de varios de los tractocamiones que importó en función del programa de sistemas especiales de importación-exportación Nº BR1093 —muy poco tiempo después del inicio del mismo— sin haber tramitado su libre disposición y circulación, en contravención de lo establecido en el artículo 236 del Decreto 266 de 1984 y el artículo 11 del Decreto 631 de 1985, razón por la cual, mediante la Resolución 1135 del 10 de marzo de 1998, resolvió declarar terminado unilateralmente la totalidad del programa aducido por incumplimiento de las obligaciones que aquella sociedad había asumido, y ordenó que se hicieran efectivas las garantías de cumplimiento constituidas así como que se le comunicara a la DIAN de lo sucedido para efectos de que actuara de conformidad con su competencia e investigara la posible evasión de impuestos que se podía derivar de lo expuesto, decisión que fue confirmada mediante la Resolución 3693 del 12 de junio de 1998. En ese orden de ideas, el Incomex consideró (copias auténticas de la Resolución 1135 del 10 de marzo de 1998 y la dos últimas hojas de la Resolución 3693 del 12 de junio de 1998, expedidas por el Incomex; f.81-88, c. pruebas 1):
“Que de acuerdo con los siguientes registros de importación, aprobados por la Dirección Regional del Incomex, Cundinamarca, Santafé de Bogotá, y las correspondientes declaraciones de importación, ingresaron al territorio nacional 22 tractocamiones de carretera, en aplicación del programa de sistemas especiales de importación-exportación Nº BR-1093.
Que se verificó por parte de la División de Control y Seguimiento, que los valores consignados en los registros de importación de sistemas especiales que amparan la importación de los 22 tractocamiones no corresponden a los valores registrados en las declaraciones de importación con las cuales se efectuó el levante del mencionado equipo automotor.
Que la División de Control y Seguimiento del Incomex mediante oficios 9831 de abril 29 de 1996 solicitó a la empresa Carreteras y Pavimentos MG Ltda. Caypa Ltda., los siguientes documentos:
— Copias de las tarjetas de propiedad correspondientes, y
Que mediante comunicación 013644 de junio 4 de 1996, la División de Control y seguimiento reiteró la solicitud de remitir las tarjetas de propiedad y las copias al carbón de los equipos de transporte internados al país en desarrollo del programa mencionado.
Que mediante oficio 016087 del 26 de junio de 1996, la División de Control y Seguimiento reiteró el objeto de la solicitud contenida en el oficio 009831 de abril 29 de 1996 y comunicó la suspensión del registro de importaciones con cargo a dicho programa.
Que mediante comunicación 021508 del 10 de septiembre de 1997, remitida por el gerente general de Carreteras y Pavimentos M.G. Ltda. Caypa Ltda. se adjuntaron fotocopias de 21 tarjetas de propiedad o licencias de tránsito correspondientes a los tractores de carretera internados en aplicación del programa BR1093, de acuerdo con la siguiente relación:
Número Placa
92-1590256 SKG-238
92-1393822 SKG-491
92-1593819 SKG-488
92-1575583 SKG-177
92-1593821 SKG-490
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 236 del Decreto 2666 de 1984, “Los bienes de capital y repuestos importados en desarrollo de los artículos 173, literal c) y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, no podrán enajenarse ni destinarse a fin diferente del autorizado antes de estar en libre circulación, lo cual ocurrirá una vez se hayan cumplido totalmente los compromisos adquiridos”.
Que la División de Control y Seguimiento del Incomex solicitó mediante oficio 029583 de octubre 2 de 1997 a la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor del Ministerio de Transporte, reportar si la información contenida en las fotocopias de las tarjetas de propiedad o licencias de tránsito allegadas por la empresa Carreteras y Pavimentos M.G. Ltda. Caypa Ltda., habían sido objeto de eventuales traspasos; con el fin de verificar que los bienes de capital adquiridos por la empresa (...) se habían enajenado antes de declararse la terminación del régimen de importación temporal para el perfeccionamiento activo.
Que mediante oficio TSO-0042-000564 de enero 16 de 1998, el Subdirector de Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte remitió diez (10) certificados de tradición de los vehículos mencionados anteriormente, expedidos por la Unidad regional de Zipaquirá de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Gobernación de Cundinamarca, en los cuales consta lo siguiente:
Placa Propietario Antecedentes Fecha
SKG177 Traileasrsmanltda Traspaso 11-11-94
SKG238 Multifinanciera S.A. Traspaso 04-12-97
SKG488 Transleasing S.A. Traspaso 27-02-95
SKG490 Jackeline Cárdenas Traspaso 09-01-06
SKG491 Germán Díaz Silva Traspaso 95-08-95
Que con base en lo expuesto en los considerandos anteriores, se verificó que la empresa Carreteras y Pavimentos M.G. Ltda. Caypa Ltda., enajenó parte de los bienes importados en desarrollo del programa de Sistemas Especiales de Importación-Exportación Nº BR1093 antes de haber sido declarada su libre disposición, contraviniendo lo establecido en el artículo 236 del Decreto 2666 de 1994 y artículo 11 del Decreto 631 de 1985” (resaltado por la Sala).
10.5 Mediante escritura pública Nº 448 del 11 de febrero de 1998, elevada ante la notaría 25 del círculo de Bogotá D.C. e inscrita en la misma fecha “Bajo el número 623450 del libro IX”, la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. se declaró disuelta y entró en estado de liquidación, de manera que se nombró como liquidador al señor Pedro José Martínez Peña (original del certificado de existencia y representación de la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A., expedido el 12 de noviembre de 2003 por la Cámara de comercio de Bogotá, sede norte; f. 1, 2, c. pruebas 1).
10.6 El 16 de julio de 1998, el Incomex le informó a la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación, con ocasión de una documentación que ella le había allegado el 12 de septiembre de 1997, que sin perjuicio de las resoluciones por las cuales había declarado terminado unilateralmente el programa de sistemas especiales de importación-exportación Nº BR1093, pudo verificar que entre el 16 de noviembre de 1994 y el 20 de noviembre de 1995 había logrado “la exportación de 220.510,72 toneladas de carbón”, superando así su compromiso sobre ese punto, de tal forma que le comunicó que debía proceder a la “terminación del régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN”. De esta manera, el 14 de diciembre del mismo año, Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación le solicitó a la Administración de Aduanas Local de Santa Marta perteneciente a la DIAN que se le diera aplicación a la circular 85 del 3 de enero de 1992 y por ende, se le admitiera solamente el pago del IVA correspondiente de cada uno de los bienes que importó para efectos de que los mismos quedaran en libre disposición, por lo que posteriormente presentó solo cinco peticiones y cinco recibos del pago de ese impuesto, correspondientes únicamente a cinco de los bienes de capital que ingresó al país, los cuales fueron dejados en libre disposición por la autoridad mencionada, sin que ello sucediera en relación con el tractocamión marca Freightliner de placas SVA-588 —ver párrafo 10.2— (copias simples(15) del oficio 28194 del 16 de julio de 1998, efectuado por el jefe de la División de Control y Seguimiento del Incomex y del oficio 235 del 16 de abril de 1999, elaborado por el de la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Local de Santa Marta perteneciente a la DIAN y copias auténticas del memorial radicado el 14 de diciembre de 1998, radicado por la sociedad demandante ante la administración Aduanera Local de Santa Marta de la DIAN; f. 126, 127, c. pruebas 1; 64, 107, c. pruebas 2).
10.7 El 4 de junio de 1999, la Subdirección Fiscalizadora Aduanera de la DIAN mediante auto comisorio aduanero Nº 771, dejó en custodia el tractocamión marca Freightliner referenciado dentro de las mismas instalaciones de la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación, ubicadas en la avenida suba kilómetro 7 vía Cota, y le dio a esta el plazo de 8 días hábiles para que presentara la documentación de legalidad del vehículo indicado. Durante ese interregno, esto es, el 10 de junio de 1999, la sociedad le pidió a la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Local de Santa Marta perteneciente a la DIAN la libre disposición en relación con el automotor aludido —lo que desde diciembre de 1998 se le había anunciado que debía adelantar y que solamente hizo en relación con otros cinco automotores que importó; ver párrafo 10.6— y pagó el IVA que adeudaba por $4.218.000, y el 17 de junio siguiente, el señor Gonzalo Melo García le solicitó a la Subdirección Fiscalizadora Aduanera de la DIAN la ampliación del término que se le dio a la persona jurídica en mención para allegar los soportes que se le habían requerido en 10 días adicionales, en consideración a que adujo que el representante legal de la sociedad no se encontraba en el país para ese momento pero que de conformidad con sus averiguaciones —de las cuales no le presentó a la DIAN soporte alguno—, el vehículo señalado había ingresado legalmente al territorio nacional. Ante la omisión por parte de la persona jurídica aludida de presentar la declaración de importación del vehículo señalado en el tiempo prescrito, por medio del auto comisorio aduanero Nº 877 del 25 de junio de 1999, la subdirección aludida ordenó su aprehensión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 —normativa vigente para la época de los hechos y por la cual se modificó parcialmente la legislación aduanera nacional—, de lo cual se dejó constancia en el acta de aprehensión Nº 364 de la misma fecha, diligencia para la cual se inventarió el tractocamión para luego remolcarlo por grúa al depósito denominado Almagrario S.A. localizado en Bosa (copias auténticas del auto comisorio Nº 877 del 25 de junio de 1999, expedido por la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN, del acta de aprehensión Nº 364 del 25 de junio de 1999, del acta de hechos del 25 de junio de 1999, elaborado al momento de desarrollarse el procedimiento de aprehensión, del inventario de entrega y recibo de vehículos del tracto camión de placas SVA558 elaborado por la DIAN, del memorial suscrito por el señor Gonzalo Melo García el 17 de junio de 1999, del memoria del 10 de junio de 1999 elaborado por el apoderado especial de la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación y del recibo de pago Nº 5514325002968-4; f. 31-35, 46, 47, 128, 129, c. pruebas 1).
10.8 Para el momento de la aprehensión, el tractocamión referenciado se encontraba en muy mal estado, no funcionaba o prendía, carecía de motor completo, de batería, de marco de batería, de trasmisión delantera, de espejo interior entre otros accesorios básicos, y varios de sus diferentes elementos estaban averiados o en un regular estado, como sus llantas, caja de dirección, caja de velocidades, cojinería, farolas, etc. Sobre las condiciones del vehículo, se realizaron las siguientes observaciones generales por quien lo recibió en el depósito referido (copias auténticas del inventario de entrega y recibo de vehículos del tracto camión de placas SVA558 elaborado por la DIAN, del inventario del automotor aducido, de su ficha técnica para vehículos y de su plantilla de inventarios realizados por Almagrario S.A.; f. 34, 36-38, c. pruebas 1):
“3 puertas camarote, varilla aceite, motor le faltan piezas, 1 stop en la cabina, 1 exhosto, 2 placas, 5 manijas exterior, parte interior cabina y tapicería mal estado, le falta compresor aire, bomba inyección, bomba aire acondicionado, turbo, pintura mal estado, 1 llanta estallada, bumper golpiado (sic), se recibió en grúa, quinta rueda”.
10.9 El 9 de julio de 1999, la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Local de Santa Marta perteneciente a la DIAN aceptó la petición de dejar el automotor de placas Nº SVA588 en libre disposición —ver párrafo10.7—, habida cuenta de que verificó el pago del IVA que se le debía a la Nación y en consecuencia, consignó lo propio en el dorso de la declaración de importación correspondiente a ese vehículo así: “Por haberse dado cumplimiento a los compromisos de exportación y haberse cancelado las obligaciones tributarias de la mercancía amparada por el presente documento se encuentra a libre disposición. Dada a los 9 días del mes de julio de 1999” (copias auténticas del oficio 459 del 9 de julio de 1999, suscrito por el jefe de la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Local de Santa Marta perteneciente a la DIAN y de la declaración de importación con autoadhesivo Nº 06480010014750 del 2 de julio de 1994, expedido por la DIAN, administración de Santa Marta; f. 48, 49, 64, 130, 149, 150, c. pruebas 1).
10.10 El 30 de julio de 1999, el jefe de División de Control Aduanero le comunicó al subdirector de Fiscalización Aduanera de la DIAN que era necesario abrir una investigación amplia de los bienes que la Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. había importado en virtud del programa de importación-exportación respectivo, en los siguientes términos (copias auténticas del oficio del 30 de julio de 1999, elaborado por la División de control Aduanero de la DIAN; f. 76, 77, c. pruebas 1):
“Este despacho dentro de las diferentes labores de control, aprehendió un tractocamión marca Freightliner (Anexo 1), cuyo propietario manifestó haber adquirido de Carreteras y Pavimentos, empresa que importó los tractocamiones amparados bajo la modalidad comprendida como Plan Vallejo, por tales hechos considerando las irregularidades frente al mismo el propietario del camión presentó demanda ante la Fiscalía por estafa (Anexo 2).
Como producto de diferentes indagaciones se conocieron las resoluciones 1135 del 10/03/98 3693 del 12/06/98 del Incomex, que declara la terminación unilateral del programa por destinación diferente a la autorizada para los bienes importados (anexo 3).
Conforme a lo verificado, el Incomex remitió a la DIAN las resoluciones en comento sin tener constancia hasta la fecha del inicio de investigación alguna frente a los mismos ni recepción de las resoluciones en cuestión.
Por otra parte se recopiló en la oficina de tránsito de Cáqueza (Cundinamarca) información de otro vehículo de la misma compañía y bajo la misma modalidad, con una adición, la libre disposición de la mercancía al haber dado cumplimiento a compromisos de exportación, firmada por el jefe de Servicio a Comercio Exterior de Santa Marta.
Por lo anterior, se hace necesario adelantar una investigación amplia considerando además que, las resoluciones del Incomex relacionan otros vehículos destinados a fines diferentes del señalado, los cuales se precisa solicitar así como evaluar la legalidad de la actuación de la División de Servicio al Comercio Exterior de Santa Marta, que para mi concepto no debe producirse por la indebida utilización de la licencia de importación, las cuales al no cumplir con la finalidad que lo ampara pierden las prerrogativas adquiridas en concordancia con el Decreto 2274/89”.
10.11 El 2 de septiembre de 1999, la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación, mediante derecho de petición dirigido a la División Fiscalizadora Aduanera de la DIAN, solicitó dejar sin efectos el acta de aprehensión Nº 364 del 25 de junio de 1999 y la devolución del tractocamión indicado, para lo que aportó copias (i) del oficio mediante el cual la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Local de Santa Marta perteneciente a la DIAN le comunicó que autorizaba su libre disposición; (ii) del pago que realizó por concepto de impuestos al valor agregado que debía, y (iii) de la declaración de importación con la anotación respectiva —ver párrafo 10.9—, y advirtió que con ello probaba que el vehículo había ingresado al país con el lleno de los requisitos legales y que el mismo ya se había determinado como bien de libre disposición, razón por la que se le debía retornar máxime cuando su inmovilización se había producido luego de que se hubiera radicado la petición de finalización de la modalidad e importación temporal para perfeccionamiento activo o, como la llamó la sociedad aludida de “terminación de Régimen de plan Vallejo” —el que no se puede perder de vista ya había sido terminado unilateralmente por parte del Incomex—, a la cual se accedió el 9 de julio del mismo año. Igualmente, consideró que si bien no había terminado el procedimiento de definición jurídica del bien retenido, de conformidad con el mismo criterio de la DIAN adoptado y comunicado en el concepto Nº 39 del 24 de julio de 1998, aquel le debía ser devuelto en tanto había allegado los elementos probatorios para ello. Al respecto, dicho concepto determinó (copias simples y auténticas del concepto 39 del 24 de julio de 1998 y del derecho de petición elevado por la sociedad demandante el 2 de septiembre, respectivamente; f. 14-16, 39-43, c. pruebas 1):
“Tesis jurídica
No es viable controvertir el acta de aprehensión; sin embargo, es procedente que ante (...) se presente el acervo probatorio fehaciente que demuestre la legal introducción de la mercancía, antes de la formulación del pliego de cargos, lo que conllevaría a que luego de un análisis juicioso se determine su entrega y el archivo del expediente, llegándose a la conclusión de que no era viable la formulación de los mismos.
La aprehensión es una medida preventiva utilizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como mecanismo para determinar la legal introducción de una mercancía de procedencia extranjera, dicha decisión se manifiesta en un acta que impulsa el proceso administrativo de definición de la situación jurídica de los bienes; por lo que se trata de un acto administrativo de trámite, contra el cual no procede el recurso de reconsideración ni los recursos ordinarios de la vía gubernativa (...).
De otra parte, el procedimiento para definir la situación jurídica de mercancías aprehendidas, se encuentra consagrado en el artículo 1º del Decreto 1800 de 1994 y dentro del mismo, se establecen un conjunto de etapas donde se puede ejercer el derecho de defensa a partir de la respuesta al pliego de cargos dentro del mes siguiente a surtirse todos los trámites de aprehensión, reconocimiento y avalúo de la mercancía.
Sin embargo, es pertinente aclarar no obstante lo anterior, que luego de realizada la aprehensión de la mercancía, el interesado puede aportar dentro del proceso, el acervo probatorio fehaciente que conlleve a determinar la legal introducción de la misma al país, por lo que el funcionario competente luego de un análisis juicioso de lo planteado podrá determinar si es del caso, como improcedente la formulación del pliego de cargos y por consiguiente puede ordenar el archivo del expediente y la entrega de la mercancía sin que sea necesario que se surta todo el proceso definitorio de la situación jurídica de la mercancía para llegar a esa conclusión (...) pues sin existir motivos que sustente una aprehensión no sería procedente continuar con el proceso administrativo.
Ahora bien, en el evento de que la mercancía se encuentre aprehendida y el funcionario competente considere que no se encuentra probada la legalidad de la misma, deberá continuar el procedimiento administrativo y por lo tanto, se formulará el correspondiente pliego de cargos. Sin embargo, a pesar de ello, la legislación prevé la posibilidad de entrega de la mercancía, si a ello hubiera lugar, y cuando no existieren restricciones y/o administrativas, previa la constitución de una garantía de reemplazo de la aprehensión que se encuentra regulada en el artículo 24 de la Resolución 1794 de 1993, con la obligación de ponerla a disposición de la administración cuando en el proceso administrativo se ordene su decomiso, o se permita declararla bajo la modalidad de importación”.
10.12 El referido derecho de petición fue contestado de manera negativa por la autoridad competente señalada, toda vez que para ese momento el asunto aún no se había remitido para el reconocimiento y avalúo del automotor aprehendido y por consiguiente, no resultaba viable abordar los argumentos y elementos probatorios allegados por la sociedad solicitante puesto que no iba a tener certeza de que documentos referenciados tuvieran que ver con el vehículo inmovilizado. De esta forma, se observó que se le daría impulso al asunto respectivo de manera que “en el menor tiempo posible y conforme lo señala el citado concepto, se proceda a repartir el expediente a uno de los peritos avaluadores con el objeto de valorar los elementos de juicio obrantes a la actuación y de esta forma darle curso a lo solicitado” (copias auténticas de la respuesta al derecho de petición presentado por la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación del 17 de septiembre de 1999; f. 50-52, c. pruebas 1).
10.13 Como actividad probatoria que se llevó a cabo por parte de la DIAN para efectos de verificar la posibilidad de devolver el bien objeto de aprehensión y de definir su situación jurídica de manera posterior al derecho de petición referido, y antes de pronunciarse mediante la formulación del pliego de cargos o con la resolución del archivo del expediente correspondiente —teniendo en cuenta que en el plenario solo obran las copias del expediente respectivo aportadas por la parte demandante con la presentación de la demanda—, se observa que el 1º de octubre de 1999 se expidió el auto y acta de reconocimiento y avaluó del tractocamión identificado con las placas de tránsito Nº SVA558, cuyos oficios para la práctica de las diligencias correspondientes se expidieron los días 27 de octubre, 9 de noviembre y 28 de diciembre de 1999 con dirección al jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN y al jefe del Grupo de Automotores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol —Policía Judicial Dijín—, hasta que el 12 de enero del 2000, la última autoridad aludida remitió el estudio técnico de reconocimiento solicitado, en el que se le identificó como un tractocamión marca Frightliner modelo 1987, de color blanco, identificado con el motor Nº 11421710 y con el chasis Nº 1FUYYGYB3JH315163. Por su parte, con ocasión de una petición del mes de marzo, se recibió en copia auténtica la declaración de importación con autoadhesivo Nº 06480010014750 elaborado por la administración de la DIAN ubicada en Santa Marta y perteneciente al automotor retenido, con la suscripción del jefe de la División de Servicio al Comercio Exterior en el que se consignaba que el mismo se encontraba en libre disposición desde el 9 de julio de 1999. Asimismo, el 3 de mayo del 2000, se le solicitó al Ministerio de Comercio Exterior que le allegara la resolución mediante la cual se dio por terminado unilateralmente el “plan Vallejo Programa BR1093” en virtud del cual se importó el vehículo aprehendido —lo que implicaba su incumplimiento por parte de la sociedad demandante y que a la postre pudo verificar la DIAN; ver párrafo 10.4—, solicitud que reiteró el 8 de junio del mismo año así como también requirió que se le allegaran múltiples elementos probatorios obrantes en el expediente de otro procedimiento administrativo que se le había iniciado a la misma sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación, y que tenía que ver con la legalidad de otro de los automotores que ingresó al país en vigencia del programa de importación-exportación Nº BR1093 aludido —ver párrafos 10.3 y 10.10— (copias auténticas del auto y acta de avaluó de mercancías Nº 835 de 1º de octubre de 1999, de los oficios referenciados, del estudio técnico elaborado por la DIJIN, de la declaración de importación con autoadhesivo 06480010014750, de los oficios del 3 de mayo del 2000 y 8 de junio del 2000, suscritos por la jefe del Grupo de Definición de Situación Jurídica de la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN; f. 53-58, 63, 64, 68, 72, 73 c. pruebas 1).
10.14 De manera coincidente con el señalado despliegue efectuado por la oficina encargada de la pesquisa referida de la DIAN, la sociedad actora radicó el 27 de marzo del 2000 otro derecho de petición parecido al presentado el 2 de septiembre de 1999, para lo que allegó los mismos documentos presentados con anterioridad con el fin de que se le devolviera el tractocamión de manera anticipada y se dejara sin efectos el acta de aprehensión Nº 364 del 25 de junio de 1999, petición que igualmente fue negada por la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN mediante pronunciamiento del 12 de abril del mismo año, en consideración a que coligió que respecto del vehículo aludido se debía agotar el procedimiento fijado en el artículo 1º del Decreto 1800 de 1994, más aún cuando el mismo se encontraba próximo a resolverse de tal forma que en ese momento se tendrían en cuenta los argumentos del escrito allegado por la sociedad demandante (copias auténticas del derecho de petición del 27 de marzo del 2000 radicado por la sociedad demandante y comunicación del 12 de abril del 2000; f. 59-62, 65, 66, c. pruebas 1).
10.15 Con fundamento en las pruebas recopiladas hasta el 21 de junio del 2000 —ver párrafo 10.13— consistentes en (i) el reconocimiento y avalúo del tractocamión de placas Nº SVA588 retenido; (ii) su declaración de importación en copia auténtica; (iii) el comunicado del jefe de Investigaciones Aduaneras en el que se informaba sobre la existencia de otros procedimientos adelantados en contra de la persona jurídica aludida por violación al plan Vallejo, y (iv) las resoluciones del Incomex mediante las cuales se declaró terminado unilateralmente el programa de importación-exportación BR1093 por incumplimiento de la sociedad demandante, la jefe del Grupo Interno de Definición de Situación Jurídica perteneciente a la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN expidió pliego de cargos por medio del cual propuso el decomiso del tractocamión de placas Nº SVA588, habida cuenta de que para efectos de que el mismo hubiese quedado en libre disposición no resultaba suficiente el pago del IVA que pretendió acreditar la sociedad Caypa con la presentación de la declaración de importación de dicho bien, en la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo que se le había expedido en virtud del plan Vallejo, sino que esta, al haber incumplido el señalado programa de importación-exportación BR1093 por vender los vehículos y destinarlos a fines diferentes a los permitidos, estaba en la obligación de costear los derechos aduaneros de los que se le había exonerado en un principio de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 233 del Decreto 2666 de 1984, de manera que para lograr la mencionada libre disposición del tractocamión aludido, tenía que obtener la declaración de importación ordinaria y no un simple cambio de modalidad de importación. En este sentido, advirtió (copia auténtica del pliego de condiciones elevado por la jefe del Grupo de Definición Jurídica de la División de Fiscalización Aduanera perteneciente a la DIAN; f. 90-98; c. pruebas 1):
“El vehículo tractocamión de placas SVA-588 ingresó bajo la modalidad de importación para perfeccionamiento activo (plan Vallejo BR-1093) articulo 173 literal C Decreto 444 de 1967 (...).
El mencionado artículo tiene por objeto la importación de bienes de capital y repuestos que se destinen a instalación, ensanche o reposición de las respectivas unidades productivas, que hayan de ser utilizados en el proceso de producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes.
El Concepto 55 de 1994 (...) establece que para la nacionalización de bienes importados temporalmente para perfeccionamiento activo antes del cumplimiento de exportación, deberá presentarse una declaración de importación ordinaria, pero no como declaración de modificación de la modalidad, sino como una declaración inicial para efectos de conseguir la libre disposición de los bienes.
Por lo anterior se concluye:
Que existe una resolución del Incomex que declara terminado el programa plan Vallejo BR-1093, lo cual deja sin efecto todas las declaraciones que amparan (sic) dicho programa.
Que para el caso de la mercancía aprehendida con acta 364 del 25 de junio de 1999 (tractocamión con placas SVA-588) se encontraba autorizada su permanencia en el territorio aduanero nacional bajo el amparo del programa BR-1093, el cual quedó sin efecto mediante la Resolución 3693 del 12 de junio de 1998, a su vez quedando sin efecto la declaración que lo amparaba, por lo cual dicho rodante circulaba en el territorio nacional sin documento aduanero que lo amparara a partir de esta fecha, así mismo hasta el momento no se ha presentado una declaración de importación ordinaria que permita establecer la libre disposición de este bien de conformidad con el artículo 233 del Decreto 2666 de 1984 y Concepto 55 de 1994.
En cuanto a la comunicación expedida por la Administración Local de Santa Marta este despacho observa que la Resolución 1135 de marzo de 1998 declaró el incumplimiento del Plan Vallejo con respecto al programa BR-1093, a la cual se le interpuso recurso de reposición y fue resuelto mediante Resolución 3693 del 12 de marzo de 1998, confirmando el incumplimiento del programa BR-1093, entonces no se entiende como la empresa Carreteras y Pavimentos MG Caypa S.A. solicitó con radicado del 10 de junio de 1999, la libre disposición del vehículo con placas SVA-588, ante dicha administración anexando el recibo de pago del IVA correspondiente para obtener la libre disposición del bien como lo establece la Circular 85 de 1992, si ellos tenían pleno conocimiento que ya existía una resolución donde se había declarado terminado el plan Vallejo programa BR-1093; la cual los impedía a seguir con el procedimiento establecido en la Circular 85 de 1992 por incumplimiento a las exportaciones, porque se había enajenado los rodantes y se habían destinado a un fin diferente.
En consecuencia con lo anterior (sic) al no cumplirse con la finalidad del programa autorizado se pierden las prerrogativas adquiridas que brindan los sistemas especiales de tal manera que al no existir declaración con el lleno de los requisitos de una importación ordinaria con el pago de los tributos aduaneros como lo establece el Concepto 55 de 1994, que ampare la libre disposición del tractocamión con placas SVA-588, se configura una posible infracción al inciso 1º del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 2274 de 1989”.
10.16 El pliego de cargos referenciado fue notificado por edicto el 29 de junio del 2000, el cual se le intentó notificar personalmente a la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación de manera insatisfactoria por problemas con su dirección, el cual finalmente le arribó el 16 de noviembre del mismo año. En consecuencia, el día 18 de diciembre del 2000, la sociedad en comento mediante apoderado, presentó oportunamente su escrito de descargos, mediante el cual pidió que se le exonerara de toda responsabilidad y se le entregara de manera definitiva el tractocamión aprehendido de placas SVA-588, habida consideración de que se constituiría en una falsa motivación el colegir que la terminación del programa plan Vallejo por el cual lo había introducido al país dejaba sin efectos su importación, puesto que ello no se expresa en las resoluciones que se adoptaron con el fin de declarar finalizado el programa así como tampoco fue prevista esa consecuencia en el ordenamiento jurídico. Asimismo, en esa oportunidad allegó, entre otros elementos probatorios, un oficio en el que el Incomex le informó que pese al haber declarado la terminación unilateral por su incumplimiento del programa de importación-exportación BR1093, había cumplido con sus compromisos de exportación, de tal forma que le había indicado que procediera a la terminación del régimen de importación temporal para el perfeccionamiento —ver párrafo 10.6—, tal como según ella lo había hecho acreditando el pago del IVA el 10 de junio de 1999 y de lo que se dejó constancia en la anotación al respaldo de la declaración de su importación el 9 de julio de 1999 (copias auténticas del escrito de descargos de la sociedad Caypa, radicado el 18 de diciembre del 2000; f. 116-121, c. pruebas 1).
10.17 El 13 de julio de 2001, el Grupo de Determinación de Sanciones de la DIAN ofició a la Administración Local de Impuestos y Aduanas de Santa Marta con el fin de que le remitiera copias auténticas del oficio 459 del 9 de julio de 1999, en el que había dejado en libre disposición el tractocamión amparado por la declaración de importación con autoadhesivo Nº 06480010014750 del 2 de julio de 1994, así como copia auténtica de esta. Igualmente, el 5 de septiembre del 2001, la misma autoridad ofició al Ministerio de Comercio Exterior -dependencia de la Nación que para esa época ya había asumido las funciones del Incomex; ver párrafo 10.1 y nota correspondiente-, para efectos de le clarificara si Caypa S.A. en liquidación había incumplido o no el programa plan Vallejo BR1093, puesto que advertía la existencia de la resolución mediante la cual se había declarado terminado por incumplimiento de dicha sociedad, pero posteriormente se le había allegado un documento en el que constaba que esta había cumplido con la exportación de las toneladas de carbón requeridas y que por lo tanto, podía proceder a la terminación del régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo (copias auténtica de los oficio Nº 03-064-191-153 del 13 de julio del 2001 y 03-064-191-154 del 5 de septiembre del mismo año, despachados por el Grupo de Determinación de Sanciones de la DIAN; f. 144, 151, 152, c. pruebas 1).
10.18 Frente al último de los dos oficios enviados, el Ministerio de Comercio Exterior le respondió a la DIAN aclarándole que el hecho de que se hubiese declarado terminado el programa de importación-exportación BR1093 mediante las resoluciones respectivas, no exoneraba a la sociedad aludida de “la demostración de la terminación del régimen aduanero de importación temporal en desarrollo de los Sistemas-Especiales”, y le señaló que a “la fecha los señores Carreteras y Pavimentos M.G. Ltda. (sic), no ha remitido las pruebas documentales del pago del IVA que acrediten la terminación del régimen con cargo a los registros de importación aprobados en desarrollo del programa según el tabulado anexo (...) evento que debe ser objeto del correspondiente seguimiento por parte de la DIAN” (copia auténtica del oficio del 23 de octubre del 2001, suscrito por la jefe del Grupo de Control y Seguimiento del Ministerio de Comercio Exterior; f. 154, 155, c. pruebas 1).
10.19 El 2 de noviembre del 2001, el Jefe del Grupo de Determinación de Sanciones de la División de Liquidación expidió la Resolución 02-064-191-631, mediante la cual ordenó la entrega del automotor de placas Nº SVA588 a la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación, con ocasión a que pudo determinar, con fundamento en el elemento probatorio allegado con el escrito de descargos, dos situaciones diferentes a saber, por un lado, el incumplimiento del programa de importación-exportación respectivo al haberse destinado y vendido algunos de los bienes importados en virtud del mismo y, de otra parte, el cumplimiento del compromiso de exportación asumido en aquel, de manera que no se le podía imponer a la sociedad aludida la presentación de una declaración de importación ordinaria del bien aducido, en la medida en que ello solo se le podía exigir a los beneficiarios del tipo de programas en comento que no cumplan con las condiciones de exportación pertinentes, de conformidad con el artículo 233 del Decreto 2666 de 1984, lo que no se presentaba en el caso investigado y por consiguiente, concluyó que a Caypa S.A. únicamente le correspondía el pago del IVA tal como lo hizo. Igualmente, observó que el pliego de cargos se encontraba desvirtuado, puesto que a diferencia de lo que en este se señaló, el tractocamión indicado se encontraba amparado en una declaración de importación adecuada toda vez que no se le podía exigir a la sociedad propietaria ampararlo en una declaración de importación ordinaria y en ese orden de ideas, dicho bien no podía ser decomisado a favor de la Nación. De conformidad con la anterior resolución, el 12 de diciembre del 2001 se expidió la orden de entrega Nº 918 dirigida a la almacenadora Almagrario Ltda., para efectos de que entregara el tractocamión referenciado, el cual fue efectivamente puesto en poder de Caypa S.A. en liquidación a satisfacción, el 27 de diciembre del mismo año (copias auténticas de la constancia del 27 de noviembre de 2003, firmada por la Jefe de la División de Comercialización de la DIAN, y de la resolución 02-064-191-631 del 2 de noviembre del 2001, expedida por el jefe del Grupo de Determinación de Sanciones de la DIAN; f. 17, 170-184, c. pruebas 1).
11 Con observancia de los hechos probados referenciados, de la motivación expuesta en el recurso de apelación y de que la competencia de la Sala en esta instancia no se encuentra limitada únicamente a su contenido, en consideración de que la ley habilita al juez de lo contencioso administrativo a pronunciarse de oficio sobre la configuración de excepciones de fondo cuando ello no vulnere el principio de no reformar en peor la sentencia respecto del único apelante —que en el presente asunto es la parte demandante, a quien en la sentencia impugnada se le denegaron sus pretensiones; ver párrafos 9 a 9.4—, le corresponde a la Sala verificar si en el presente asunto surge la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la DIAN con ocasión de la actuación material de aprehensión del tractocamión de placas Nº SVA588, o por una demora injustificada en retornar el mismo a la sociedad demandante, de tal forma que resulte procedente condenarla a la indemnización de los perjuicios de lucro cesante y daño emergente aseverados y depurados en la demanda y en el medio de impugnación señalado, respectivamente, teniendo en cuenta que en la pesquisa administrativa iniciada con la inmovilización del automotor referido intervino causalmente el hecho de que Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación hubiese incumplido el programa de importación-exportación BR1093 sin pagar oportunamente los impuestos que le ordenaba la ley, y sin perder de vista que en la sentencia impugnada se desestimaron las solicitudes del libelo introductorio en consideración a que el único detrimento que se entendió demandando en ese momento no se encontraba debidamente probado.
12 Para efectos de resolver la anterior problemática, la Sala comienza por develar y rectificar una inconsistencia lógica en el fallo impugnado que a pesar de no haber quedado consignada en la parte resolutiva del mismo, desconoce los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado así como su configuración de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90(16) de la Constitución Política. Efectivamente, en la sentencia aludida se coligió adecuadamente que no se podían acceder a las pretensiones de la sociedad accionante en tanto no se había acreditado el único menoscabo cuya indemnización se solicitó en la demanda, pero previamente, en contravía de esa conclusión y sin una mayor explicación al respecto, se advirtió someramente que se generaba la responsabilidad de la DIAN con la simple alusión a que había incurrido en una falla del servicio.
12.1 Sobre lo expuesto, se debe recordar que según la norma constitucional citada —ver nota 16—, la responsabilidad del Estado se configura de (i) un daño antijurídico —que en el caso concreto se infirió como inexistente por el Tribunal de primera instancia— y (ii) la imputabilidad del mismo a la entidad estatal respectiva —de lo que hace parte la causalidad adecuada como atribución fáctica y la falla del servicio como uno de los varios títulos jurídicos de imputación desarrollados por la jurisprudencia de esta jurisdicción—, y consiste en el deber jurídico del aparato estatal correspondiente de reparar los menoscabos antijurídicos que por su acción u omisión le son atribuibles.
12.2 En otras palabras, la responsabilidad estatal se define en el ordenamiento jurídico colombiano como una obligación o vínculo jurídico que surge entre el afectado como sujeto activo, y el Estado como sujeto pasivo, cuya prestación radica en el deber de este de resarcir los detrimentos que hubiese generado y que la víctima no tenga el deber jurídico de soportar, y que requiere ser declarada por el operador judicial competente para su materialización en una condena patrimonial y se cumpla con su finalidad, esto es, que se ordenen y se ejecuten las medidas pertinentes que propendan por dejar a la víctima en una situación igual o similar a la que se encontraba antes de que sufriera el daño respectivo o, lo que es lo mismo, que ese menoscabo se le repare integralmente(17).
12.3 Sobre la naturaleza de la responsabilidad como obligación de resarcir los perjuicios que se causen, de lo que se sigue la posibilidad de que el crédito de obtener tal reparación que nace en el patrimonio de la víctima pueda ser subrogado como ocurre con cualquier prerrogativa derivada de una relación jurídica obligacional, esta Subsección ya se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“11.8 En cuanto al último argumento de motivación de la sentencia de primera instancia en relación con la legitimación en la causa, cabe señalar que no obstante se demostró que el actor entregó la suma de $1.500.000 al señor Hugo Antonio Marín García por concepto de daños sufridos por la edificación contra la que colisionó el vehículo que conducía, por lo que se observa que no son de recibo las manifestaciones de la parte demandada y el Ministerio Público respecto de que no se probó la cuantía de dicho pago, en consideración a que los testigos fueron contestes en fijar dicha suma y que la misma fue efectivamente entregada por el demandante —medios probatorios que resultan suficientes para tener por acreditado el hecho en mención; ver párrafo 9.2, y notas 13, 14 y 15—, es indiscutible como lo adujo el recurrente, que no se demostró que el posible crédito consistente en la obligación de responsabilidad pudiera haber surgido en el patrimonio de quien recibió el dinero por parte del actor, al no probarse que este fuera el propietario y, en esta medida no hay certeza de que con el pago en mención se haya presentado la subrogación regulada en el Código Civil(18), en específico la legal de que trata el artículo 1668(19) del estatuto señalado.
11.9 Ciertamente, se debe tener en cuenta que a diferencia de como se mencionó en la demanda y en la providencia recurrida, no es posible tener por propietaria del bien inmueble dañado a la señora Lola Rincón Rodríguez, comoquiera que no obra prueba en el expediente que demuestre el título y el modo en virtud del cual se radicaría dicho derecho en su cabeza, lo cual sucede de igual forma con el señor Hugo Antonio Marín García, quien en los testimonios se reputa dueño, circunstancia que no puede ser demostrada con los medios probatorios en mención y por consiguiente, no sería posible concluir que en el patrimonio de alguna de estas dos personas surgió, como los acreedores que serían en sus calidades de propietarios del inmueble averiado, el derecho a solicitar que se declare la responsabilidad por los daños producidos en el mismo y la obtención de la consecuente reparación.
11.11 Con observancia de lo expuesto y debido a que no se acreditó la propiedad del bien inmueble, toda vez que no obran las pruebas conducentes para ello —cabe señalar que no se puede estimar a las mencionadas personas como poseedoras para verificar la existencia de la subrogación, por cuanto ello sí implicaría abiertamente una modificación en la causa petendi de la demanda en consideración a que se afirmó que la propietaria era la señora Lola Rincón Rodríguez—, no es posible aducir que el derecho a reclamar que le surgiría a quien sea el propietario de dicha edificación se haya trasmitido al patrimonio del ahora demandante debido al pago que este realizó(20) y por ende, no resulta viable sustentar la legitimación material en la causa por activa en ese argumento jurídico señalado por el Tribunal a quo”(21).
12.4 Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la responsabilidad civil es una obligación que encuentra su fuente en la ley, cuya finalidad consiste en trasladar las consecuencias nocivas del daño sufrido por una víctima al causante del menoscabo, de la siguiente manera:
“De ordinario, quien quiera que ocasione daño a alguien está llamado a su reparación. Este principio general del derecho enseña una concreta actitud política, que exige la colaboración humana del ofensor en beneficio de la víctima, con exclusivas finalidades de recuperación del estado precedente. La responsabilidad civil, entendida como obligación de reparar un daño, plantea la necesidad del traslado total o parcial de las consecuencias del quebranto padecido por la víctima a otra persona, en orden al retorno de aquella a su situación anterior, específicamente de ser factible y de no en dinero, dentro de un criterio social de justicia y solidaridad (...). Así la responsabilidad emerge de un daño, o sea de la lesión de un interés jurídicamente protegido, que de este modo adquiere una determinada relevancia, en cuanto su desmedro otorga al titular la pretensión indemnizatoria.
Es la ley la que señala los fenómenos dotados de relevancia obligatoria y, por ello, la que establece cuál es el daño trascendente o resarcible y quiénes son y en qué medida los llamados a repararlo (...)”(22).
12.5 De conformidad con el anterior hermenéutica, para la Sala es claro que el Tribunal de primera instancia cayó en un yerro deductivo al haber señalado en la parte motiva de la sentencia que se configuraba la responsabilidad de la DIAN únicamente por haber incurrido en un incumplimiento a su contenido obligacional, pese a que después concluyó que se debían denegar las pretensiones de la demanda por no haberse probado el único perjuicio que en su criterio se pidió que fuese indemnizado en la demanda, puesto que la carencia de un daño que no se esté en el deber jurídico de soportar evidentemente impide que surja la responsabilidad del Estado al constituirse en uno de sus dos elementos estructurales y constitutivos, máxime cuando es diáfano que no resulta factible endilgarle a la entidad estatal demandada la obligación de resarcir un menoscabo que a la postre se determina que no existe, puesto que ello carece de sentido.
12.6 Ciertamente, si se parte de la misma definición de responsabilidad del Estado como una obligación de reparar un daño antijurídico que debe ser declarada y a la cual le es inherente que se profiera una condena en concreto o en abstracto para efectos de que el ente encontrado responsable proceda a reparar el daño pertinente, es desacertado aseverar que se configuró el mencionado vínculo jurídico entre la DIAN y la sociedad demandante no obstante no se hubiera acreditado el daño correspondiente, puesto que ello sería tanto como decir que el Estado tiene que efectuar la prestación de indemnizarle a la parte actora el detrimento pedido en su escrito inicial —pretensión que limita desde un principio la competencia del juez a lo largo de todo el proceso; ver párrafo 9.1 y nota correspondiente—, para finalmente colegir que esa prestación no surge en la medida en que no se encuentra demostrado el perjuicio cuya reparación se configura en su objeto, incompatibilidad racional que a todas luces equivale a entender negada la misma existencia de la responsabilidad en relación con el detrimento cuyo resarcimiento se pide —obligación de reparar—, toda vez que este nunca se produjo y por lo tanto, no puede ser indemnizado.
12.7 En este punto, conviene precisar que la señalada mención de la responsabilidad en la sentencia de primera instancia pudo haber obedecido a una interpretación errónea de la concepción diferencial entre daño y perjuicio, también denominados daño evento y daño consecuencia, habida cuenta de que factiblemente se infirió que con la sola acreditación del primero de los referidos conceptos era suficiente para invocar la obligación de reparar del Estado, lo que a la luz de las pretensiones de la demanda tampoco resultaba adecuado.
12.8 Ciertamente, teniendo en cuenta que el daño o el daño evento se trata del atentado a un bien jurídicamente tutelado, protegido o tolerado por el ordenamiento jurídico, mientras que el perjuicio o daño consecuencia consiste en el resultado que tiene esa afrenta en el patrimonio de la víctima de manera que se configura en el objeto de la indemnización patrimonial que se puede ordenar(23), es claro que desde la perspectiva dual del daño aludida, la responsabilidad patrimonial del Estado como obligación de resarcir no puede configurarse si no se prueba la existencia de ambos detrimentos, especialmente la del último, como sucedió en el presente asunto respecto del único perjuicio —lucro cesante— cuya indemnización se entendió que solicitó la sociedad demandante a partir de la inmovilización del tractocamión aprehendido que afectó el derecho de propiedad sobre el mismo —daño o daño evento—, ya que aquel se estimó como un daño hipotético por el Tribunal de primera instancia.
12.9 En este orden de ideas, para la Sala resulta claro que la mera alusión realizada en la parte motiva de la sentencia impugnada en cuanto al surgimiento de la responsabilidad de la DIAN no pasa de ser un yerro lógico que no tiene fundamento alguno, así como tampoco resulta coherente con la estructura lógica de dicho instituto ni siquiera al entender el daño como un aspecto configurado de dos elementos, lo que en últimas se vio reflejado en que en la parte resolutiva de la decisión aludida se desestimaran todas las pretensiones de la demanda al encontrarse que el perjuicio invocado no estaba fehacientemente acreditado.
13 Una vez precisado lo anterior, se principia por observar que en relación con el daño aseverado en la demanda desde la perspectiva anteriormente referenciada —daño evento y daño consecuencia—, se manifestó en el libelo introductorio que los perjuicios que se tuvieron que soportar se derivaban de la aprehensión arbitraria del tractocamión de placas Nº SVA588 de propiedad de la sociedad demandante, la cual se mantuvo injustificadamente por más de dos años afectándose el derecho que se tenían sobre el mismo, circunstancias a partir de las cuales cabe deslindar dos daños eventos distintos que se proyectan sobre el referido derecho, a saber, (i) la retención arbitraria del vehículo aludido por parte de la administración de impuestos correspondiente, y (ii) la prolongación indebida de dicha inmovilización por un largo periodo de tiempo, la cual se derivó de que la DIAN le hubiera formulado pliego de cargos a la actora a pesar de que esta le había allegado las pruebas pertinentes para obtener la devolución del bien, así como de la demora en general del proceso administrativo que se adelantó.
13.1 En cuanto a los daños descritos, la Sala se aparta de la argumentación expuesta por el Tribunal de primera instancia valiéndose de la amplitud de su competencia en tanto con ello no se afecta la non reformatio in pejus, para aclarar que mientras la aprehensión como acto material ejecutado en un instante determinado no ostenta el calificativo de un daño antijurídico(24) como tampoco de arbitrario, en la medida en que la sociedad demandante se encontraba en el deber jurídico de soportar su retención de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72(25) del Decreto 1909 de 1989 y 1º(26) del Decreto 2274 de 1989, al no haber tramitado y presentado oportunamente su declaración de importación con la autorización de libre disposición correspondiente, tal como se lo había indicado el Incomex con bastante tiempo de anterioridad y pese a que para ese momento ya lo había hecho en relación con otros de los tractocamiones que había ingresado en virtud del programa de importación-exportación BR1093(27) respectivo —ver párrafos 10.1, 10.2, 10.4 y 10.7—, lo cierto es que la demora en el procedimiento administrativo tendiente a que se le devolviera dicho bien sí se constituyó un menoscabo que la accionante no tenía razón para sufrir en su derecho de propiedad, comoquiera que la inmovilización del tractocamión inició el 25 de junio de 1999 y finalizó con ocasión de la Resolución Nº 02-064-191-631 del 2 de noviembre de 2001, esto es, aproximadamente dos años y cinco meses después de comenzada su retención, daño con el que se relacionan los perjuicios cuya indemnización se busca por el demandante que pueden ser objeto de pronunciamiento y con fundamento en el cual se edificara el juicio de responsabilidad que corresponde.
13.2 De esta manera, como perjuicios o consecuencias nocivas provenientes de la inmovilización del vehículo por el desarrollo injustificadamente largo del procedimiento respectivo que pueden ser abordados en esta instancia de conformidad con los linderos establecidos en el recurso de apelación correspondiente, la accionante solicitó que se le reparara (i) los ingresos que dejó de percibir por la imposibilidad de explotar el vehículo durante todo el tiempo de su retención, respecto de lo que pidió la suma de $457.928.190, y (ii) el dinero que debió gastar por concepto de los honorarios del abogado que la representó en el procedimiento administrativo que se le inició a partir de la formulación del pliego de cargos, daño emergente en relación con el cual no fijó una cuantía en específico.
13.3 Respecto de la existencia de los menoscabos aducidos como causados por la parte demandante, se advierte que su estudio se realizará de manera posterior al análisis de la atribución de la demora de la inmovilización del tractocamión indicado a la entidad demandada, habida cuenta de que se observa que dicho análisis delimita el contexto y alcance de los detrimentos consecuenciales aludidos y por lo tanto, resulta pertinente para abordar su estudio, más aún cuando ab initio se advierte que la Sala se alejará parcialmente de las conclusiones a las que se arribaron en la sentencia de primera instancia sobre la materia.
14 De esta manera, en cuanto a la imputabilidad del daño en comento, es decir, la afectación al derecho de propiedad por la prolongada aprehensión del vehículo que se derivaría de la larga investigación que se le inició a la sociedad demandante por parte de la DIAN, la misma accionante consideró que tal dilación no tenía justificación alguna, máxime porque desde el 2 de septiembre de 1999 le había aportado a dicha autoridad los elementos probatorios necesarios para que se le retornara su bien, postura que fue adoptada por el Tribunal de primera instancia al advertir que las actuaciones desplegadas por la entidad demandada posteriores a la inmovilización del 25 de junio de 1999 carecían de fundamento, por cuanto luego de que se le hubiese allegado la documentación aludida expidió el pliego de cargos respectivos con base en una situación contraria a la realidad, comoquiera que para ese momento la autoridad aduanera de Santa Marta había legalizado la situación del automotor referido.
14.1 De esta manera, en la sentencia de primera instancia se refirió que no se pretendía hacer un examen de legalidad de las decisiones de la DIAN, pero aseveró que desde el 2 de septiembre de 1999 nada justificaba la prolongación de la investigación cuando ya contaba con los medios de prueba para hacer un pronunciamiento adecuado —ver párrafo 5.3—.
14.2 Ahora bien, la Sala se permite recordar, de una parte, que en sede del medio de control de reparación directa no le es viable al juez de lo contencioso administrativo estudiar la legalidad de las decisiones administrativas y, de otra, que no toda demora en el desarrollo de un trámite dicha índole permite invocar un incumplimiento en el contenido obligacional de la entidad estatal correspondiente, para así entender configurada su responsabilidad con fundamento en el título de imputación de falla del servicio, comoquiera que para ello el retardo debe ser injustificado, razón por la cual se ha fijado jurisprudencialmente unos criterios generales con el objeto de definir y calificar los eventos en los cuales la administración, al dar fin o resolver un procedimiento administrativo, incurre en una dilación infundada con lo que a su vez demora la obtención de la decisión respectiva, afectándose por ende el debido proceso de que gozan todos los sujetos y en especial, el derecho a obtener una decisión pronta y justa de cualquier órgano del Estado. De esta manera, sobre los señalados criterios, esta Sección se pronunció de la siguiente manera:
“Advierte además que esta Sección, al resolver pretensiones fundamentadas en la dilación injustificada de procesos judiciales, fijó pautas que aplicó posteriormente para definir la presencia de una falla sustentada en el retardo injustificado en la expedición de actos administrativos(28), en el entendido, se advierte ahora, de que los dos eventos se verifican mediante en análisis de una presunta lesión del derecho al debido proceso de que gozan todos los sujetos y, en especial, en la facultad de obtener una decisión pronta y justa de cualquier órgano del Estado.
Así, resulta importante tomar en cuenta lo expuesto por la Sala en sentencia del 25 de noviembre de 2004(29):
‘Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(30).
Posteriormente, en sentencia proferida el 16 de abril de 2007, analizó los componentes de una falla que se alegó por el retardo injustificado en la expedición de actos administrativos, a cuyo efecto relacionó providencias anteriores(31) y advirtió:
‘... los elementos que perfilan la responsabilidad de la Administración por falla administrativa derivada del retardo y de cuya concurrencia surge el deber de reparar los daños que se ocasionen, se pueden resumir en los siguientes: i) la existencia para la Administración de un deber jurídico de actuar, es decir, la obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de ejercitar sus competencias y atribuciones en un plazo determinado por la propia ley o el reglamento, o en un tiempo razonable y determinable cuando se satisface el supuesto de hecho de las normas que regulan la actividad del órgano, acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(32); ii) el incumplimiento de esa obligación, es decir, la expedición tardía de un acto administrativo que finalice la actuación, por la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso. La demora debe ser injustificada, pues el solo transcurso del tiempo o incumplimiento de los plazos procesales para resolver no genera automáticamente un derecho a la indemnización; iii) un daño antijurídico, esto es la lesión real y evaluable económicamente de un derecho o de un bien jurídico protegido al interesado o a un grupo de ellos, que no están en el deber jurídico de soportar; y iv) la relación causal entre la demora (funcionamiento anormal del servicio) y el daño[’](33).
De conformidad con lo expuesto, cabe afirmar que la dilación injustificada de un procedimiento administrativo, habrá de establecerse, previa la verificación de condiciones tales como i) la complejidad del asunto; ii) el comportamiento del particular dentro de la actuación; iii) la forma como se adelanta el trámite; iv) el volumen de trabajo de la autoridad administrativa y v) los estándares de funcionamiento que no están definidos en consideración al sometimiento estricto a los términos previstos en la ley, ‘sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora’ desde la propia realidad de la administración.
A lo cual cabe agregar que la prueba de al menos dos de los enunciados elementos, está a cargo de quien los alega, esto es de la entidad a quien se le endilga la mora injustificada, como quiera que muchos de los hechos que la hacen justificable, son del resorte propio de sus actuaciones”(34).
14.3 De conformidad con lo expuesto y con observancia del material probatorio obrante en el plenario, para efectos de determinar los linderos de la falla del servicio en virtud de la cual se podría imputar la demora en el trámite correspondiente a la DIAN y por ende, la afectación al derecho de propiedad que se tenía, lo que igualmente permitiría atribuirle a dicha entidad los perjuicios de los que se puede pronunciar la Sala que se hubieren demandando, derivado de lo expuesto y que estuvieran debidamente probados de manera que le surgiera su deber de indemnizarlos —responsabilidad—, se advierte que en la sentencia impugnada no se tuvo en cuenta el impacto que comportó la propia conducta de la sociedad demandante para el inicio de la investigación referida, así como tampoco la complejidad del asunto y los visibles esfuerzos probatorios que la DIAN realizó para ponerle fin a la actuación administrativa respectiva, al menos desde el momento de la aprehensión hasta que se le allegó el escrito de descargos correspondiente.
14.4 Correlativamente, si bien en el fallo aludido se observó que no se podía hacer un estudio sobre la legalidad de las decisiones de la administración debido al alcance del medio de control de reparación directa, lo cierto es que el mismo terminó por efectuarse en tanto se aseveró que desde que se le presentó a la DIAN el derecho de petición del 2 de septiembre de 1999, esta contaba con las pruebas suficientes para haber expedido “un debido pronunciamiento” en lugar del pliego de cargos aludido —lo que equivalía a afirmar que para ese momento se tenía que haber devuelto el tractocamión retenido de conformidad con las normas que finalmente se aplicaron para devolverlo en la decisión del 2 de noviembre de 2001, punto en el que además se advierte que el pliego de cargos no es un acto administrativo que sea pasible de ese estudio—, cuando lo propio consistía únicamente en analizar la razonabilidad de la postura adoptada a la luz de los medios probatorios que se tenía para ese instante, con el fin de verificar que la misma no fuese irreflexiva de tal forma que la entidad demandada hubiera mantenido la aprehensión de manera arbitraria, actuación que sí podría llegar a ser calificada como una falla del servicio.
14.5 Efectivamente, de acuerdo con los hechos probados en el presente asunto y las normas pertinentes que regían la materia, si bien es cierto que la sociedad Caypa S.A. en liquidación entregó desde el 2 de septiembre de 1999 la declaración de importación que le había sido solicitada por la DIAN con la anotación y el certificado referentes a que el bien aprehendido se encontraba a su libre disposición por el pago de los tributos correspondientes, documentación que volvió a allegar el 27 de marzo del 2000 —ver párrafo 10.11 y 10.14, lo que fue tenido como suficiente por el Tribunal a quo para señalar que a partir de la primera fecha en mención la DIAN tenía que haber expedido una decisión en beneficio de la sociedad aludida y devolver el bien, no escapa a la Sala que la pesquisa administrativa que comenzó con la aprehensión referenciada el 25 de junio de 1999, se desarrolló a partir de que la sociedad Caypa S.A. en liquidación no tuviera en regla la declaración de importación del tractocamión inmovilizado al momento de que se efectuara la misma pese a que el Incomex le había indicado que procediera en ese sentido desde el 16 de julio de 1998 —ver párrafos 10.6 y 10.7— e igualmente, de que hubiese incumplido el programa de importación-exportación “Plan Vallejo” en virtud del cual lo había ingresado al país, entre otros vehículos, situación que hacía evidente que había omitido el pago de los impuestos que estaba en la obligación que cancelar y que en un principio, se consideró reflexivamente que se trataban de todos aquellos de los que había sido exonerada al importar dichas mercancías —ver párrafos 10.3, 10.4 y 10.10—.
14.6 Sobre este último punto, se debe tener en cuenta que de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano vigente para la época antes de que fuese expedido el Decreto 2685 de 1999 —Estatuto Aduanero que entró a regir el 1º de julio del 2000 de conformidad con su artículo 573, fecha en la cual también entró a regular los procesos que se iniciaran después de su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 del Decreto 1232 de 2001—, se tiene que las personas naturales o jurídicas que tuvieran la calidad de empresarios productores o exportadores podían presentar programas ante el Incomex, como representante del gobierno(35), con el fin de que se les autorizara la importación libre de derechos aduaneros de materias primas, insumos o bienes de capital amparados en el artículo 173 literal c) del Decreto-Ley 444 de 1967 —como lo fueron los tractocamiones ingresados al país por la sociedad Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación; ver párrafo 10.1—, para efectos de producir, ayudar a producir, o de ser utilizados en el proceso de exportación de otros bienes(36), mercancías aquellas que ingresaban al país bajo el régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo y en esa medida, los señalados derechos aduaneros solo quedaban suspendidos de tal forma que su pago total, parcial o completa exención quedaban supeditadas a diferentes condiciones(37).
14.7 En el caso de los bienes de capital ingresados por la sociedad accionante de acuerdo con el artículo 173 literal c del Decreto-Ley 444 de 1967 —tal como el Incomex se lo advirtió a la misma desde un principio—, se disponía que no podían enajenarse ni ser destinados a finalidades distintas para lo que se les había importado(38), a menos de que se cumpliera con la totalidad de los compromisos que se asumieran con el fin de lograr su importación libre del pago de derechos aduaneros, se depreciaran en el porcentaje correspondiente —ver nota 35— y se obtuviera su libre circulación con la correspondiente declaración o solicitud de despacho para consumo(39) —luego de que el Incomex certificara la depreciación del bien respectivo—, de lo que se desprendía que surgía en ese momento la obligación del importador de pagar el IVA de cada uno de los bienes que hubiese importado(40).
14.8 Por el contrario, en el evento en que no se cumpliera con los compromisos de exportación correspondientes y se deseara destinar a consumo los bienes referenciados con base en una causa justa, se señalaba que ello era viable siempre y cuando se obtuviera los registros o licencias de importación y se cancelara los derechos de aduanas eximidos en un comienzo, con la reducción proporcional que por parte del Incomex se considerada adecuada con ocasión de la ejecución parcial de las tareas de exportación respectivas(41).
14.9 Con fundamento en las normas descritas y en las situaciones fácticas aseveradas sucintamente con anterioridad, no se puede colegir como una determinación irracional o arbitraria el que la DIAN decidiera mantener la aprehensión del automotor y no acogiera el criterio recogido en el concepto 39 de 1998 —ver cita posterior al párrafo 10.11—, luego de considerar que la sociedad aludida le debía presentar una declaración de importación ordinaria(42) que acreditara el pago de todos los impuestos de los que se le había exonerado en un principio con ocasión del programa de importación-exportación que había sido declarado terminado por su incumplimiento y, en ese orden de ideas, expidiera el pliego de cargos respectivo, en consideración a que le era plausible inferir, de conformidad con los elementos probatorios con los que contaba para ese momento tanto allegados por Carreteras y Pavimentos M.G. Caypa S.A. en liquidación como los que ella misma pudo recopilar diligentemente entre finales de 1999 y en la primera mitad del 2000 —al respecto, sobre la actividad probatoria emprendida por la DIAN así como las pruebas que tenía bajo su análisis al momento de expedir el pliego de cargos ludido, ver párrafo 10.13 y 10.15—, que la sociedad aludida se encontraba en la segunda de las hipótesis descritas por las normas para obtener la libre disposición de su bien —ver párrafo 14.8— y en consecuencia, no fuera suficiente para retornarle el automotor aludido y dejar sin efectos el acta de aprehensión respectiva la declaración de importación que esta le presentó propia de la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo y la respectiva constancia del pago del IVA, puesto que ello solo era posible de conformidad con la ley —ver párrafo 14.9 y notas correspondientes—, por el cumplimiento del programa del plan Vallejo correspondiente en relación con la exportación —de lo que para ese momento no tenía conocimiento—, la expedición de la autorización del Incomex por depreciación del 90% del bien respectivo y el pago del señalado tributo.
14.10 Asimismo, además de no ser plausible calificar como arbitraria la retención del tractocamión de placas Nº SVA588, también cabe reiterar que si bien después de contestar oportunamente el derecho de petición del 2 de septiembre de 1999 formulado por la sociedad demandante, la DIAN no observó los términos establecidos en la normativa pertinente para formular el pliego de cargos aducido(43), lo cierto es que sí propendió de manera activa porque se practicaran todas las pruebas correspondientes con las que se le pudiera dar contestación a aquella solicitud y se definiera la situación jurídica de dicho automotor —ver párrafo 10.13—, enterándose sobre la finalización del programa del “Plan Vallejo” correspondiente por el claro incumplimiento de Caypa S.A. en liquidación —al punto que pudo determinar que había vendido un automotor el mismo año en que los había importado y otros dos a comienzos de 1995—, lo que llevó a que se le generaran serias dudas sobre la legalidad del bien a pesar de que se le hubiese presentado la declaración de importación propia de la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo con el pago del IVA respectivo, razones por la cuales tuvo que pedir y practicar otras pruebas adicionales y en consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto y con la jurisprudencia sentada por esta Corporación —ver párrafo 14.2—, es plausible concluir que durante ese tiempo, es decir, desde la aprehensión hasta que se formuló el pliego de cargos e incluso, hasta que se le presentara a la DIAN el escrito de descargos el cual se notificó por edicto oportunamente pero no pudo ser notificado a la sociedad investigada personalmente debido a que se presentaron problemas con su dirección —sin perjuicio de lo cual dicha autoridad tuvo como notificado el pliego de cargos aludido desde que fue posible hacerlo personalmente y entendió que el escrito de descargos se le allegó en tiempo pese a que la norma pertinente disponía lo contrario(44); ver párrafos 10.15 y 10.16—, que el retardo en el procedimiento que produjo la demora en devolver el bien no le es imputable a la entidad demandada con ocasión de un incumplimiento injustificado en las cargas obligacionales que le fueron impuestas por la ley, sino que en sentido contrario, la dilación del procedimiento se debió a la dificultad inherente del asunto derivada de la contraposición de los elementos de prueba y a la demora de las entidades oficiadas en allegar las mismas para efectos de que se finiquitara el procedimiento.
14.11 Ahora bien, sin perjuicio de que durante el periodo mencionado la dilación en el procedimiento administrativo hubiese encontrado fundamento en las razones expuestas y en que la entidad demandante solo se hubiese preocupado por allegar su escrito de descargos luego de que el pliego de cargos se le notificara personalmente, no obstante el mismo ya se había notificado por edicto, la Sala observa que desde el momento en que se arribó dicho memorial en el que adicionalmente se aportó la prueba con fundamento en la cual la DIAN pudo evidenciar a la postre su postura inicial como errónea —18 de diciembre del 2000; ver párrafos 10.6 y 10.16— y el instante en que ordenó la devolución del tractocamión aprehendido el 2 de noviembre de 2001, sí se configuró un retardo injustificado, comoquiera que en ese lapso, con el objeto de adoptar la decisión que consideró adecuada a la ley, únicamente pidió que se practicara dos pruebas adicionales, una de las cuales ya obraba dentro del plenario.
14.12 En efecto, con observancia del medio de convicción que la sociedad actora allegó a la DIAN con su escrito de constatación del pliego de cargos pertinente, consistente en la comunicación del Incomex en virtud de la cual se le informó que no obstante había incumplido el programa de importación-exportación BR1093 referenciado por la venta y destinación diferente de los vehículos respectivos en los años 1994, 1995 y 1997, también era verdadero que había ejecutado sus compromisos de exportación entre noviembre de 1994 y noviembre 1995, la señalada entidad demandada volvió a requerir una prueba que para nada esclarecía los nuevos interrogantes que le surgieron del referido medio de impugnación aportado por la investigada, con lo cual retrasó sin una motivación suficiente el procedimiento administrativo correspondiente y adicionalmente, tardó demasiado tiempo en buscar que se le aclarara dicho escrito en cuanto al cumplimiento o incumplimiento del programa aludido —solo hasta el 5 de septiembre de 2001; ver párrafo 10.17—, sin presentar al presente asunto medio probatorio alguno que explicara dicha circunstancia a pesar de que ello se constituía en su carga de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177(45) del CPC.
14.13 En consecuencia, para la Sala es evidente que si bien entre el 25 de junio de 1999 y el 18 de diciembre del 2000, la demora en el trámite administrativo no podría serle imputada a la DIAN de manera que los perjuicios pertinentes se le pudieran enrostrar durante ese tiempo, no se puede perder de vista que la consiguiente dilación sí se le puede atribuir, en la medida en que no acreditó una motivación válida que justificara el retardo de un año que se demoró para simplemente pedir dos pruebas y proferir la decisión definitiva.
15 De esta manera, con observancia de lo señalado, la Sala procede a verificar la existencia de los perjuicios demandados en el escrito inicial y depurados en el medio de impugnación en virtud del cual se conoce del presente asunto en segunda instancia, para efectos de determinar si es posible declarar la responsabilidad de la DIAN respecto de los mismos, lo que es lo mismo a entender que surja su obligación de resarcirlos y por ende, se pueda proceder a fijar la condena que corresponda.
15.1 De esta manera, en cuanto a la petición de indemnización por las erogaciones que según el libelo introductorio se le originaron a la parte demandante por su representación mediante abogado en el desarrollo del procedimiento administrativo pertinente debido a que injustificadamente se le había proferido pliego de cargos, la cual fue indeterminada en relación con su cuantía, la Sala principia por observar que de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario, la única vez que dicha sociedad a lo largo del trámite en comento actuó por intermedio de un abogado a quien le otorgara poder para el efecto, fue en el escrito de descargos respectivo, en tanto en todas sus demás intervenciones ante la administración compareció directamente a través de su representante legal.
15.2 Con observancia de lo expuesto, se advierte que la parte demandante, a pesar de tener la carga de probar la existencia del perjuicio en comento para efectos de obtener su reparación —ver nota 45—, el cual se reitera, consistía en haber incurrido en un gasto adicional por representación con ocasión del procedimiento administrativo de aprensión del tractocamión objeto de la demanda, no allegó medio probatorio alguno que acreditara directamente su configuración así como tampoco su monto, menoscabo respecto del cual cabe agregar que para efectos de inferir su causación, evidentemente no resulta suficiente el que dicha sociedad hubiese sido representada en una sola ocasión por un abogado, en tanto también es factible colegir que cualquier servicio que este le hubiese prestado se podría derivar de un contrato entre ellos que implicara la prestación de su asesoría o el asumir la defensa correspondiente para todos los procesos o asuntos en que la sociedad se hubiese visto comprometida por una remuneración fija e invariable durante el tiempo en que se adelantó el proceso, de manera que resulta inviable aseverar de manera concluyente y sin rastro de dudas que el trámite administrativo como tal ocasionó dicho gasto adicional.
15.3 Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que per se la existencia del procedimiento administrativo le constituyó a la parte accionante una erogación por tener que asumir en el proceso de que trata el presente litigio el costo de un abogado para su defensa, sea que este la hubiera representado o que la hubiese asesorado en las demás actuaciones que planteó directamente ante la DIAN, conviene reiterar, como bien se explicó a lo largo de esta providencia, que la investigación de todos los bienes que la sociedad importó, en especial del Tractocamión de placas Nº SVA588 que para el momento de su aprehensión no contaba con una declaración de importación en regla puesto que la sociedad demandante había dilatado en el tiempo el pago del IVA que adeudaba por el mismo —fue solo hasta que la DIAN dejó en custodia dentro de las mismas instalaciones de la sociedad el bien referenciado que la misma procedió a iniciar el trámite de su legalización; ver párrafo 10.7—, se originó y adelantó con ocasión de que la demandante efectivamente incumplió el programa de importación-exportación BR1093 enajenando los bienes que había ingresado al país en virtud del mismo antes de que se produjera su depreciación y de que cumpliera con su compromiso de exportación, evadiendo los tributos que estaba en la obligación de pagar por ello, motivo por el cual no se podría sino concluir que el detrimento en análisis fue un producto exclusivo de la propia actuación de la víctima desde la perspectiva de la causalidad adecuada(46).
15.4 En efecto, para la Sala es diáfano que a la sociedad accionante le era previsible que la DIAN le iba iniciar sendas investigaciones respecto de todos los bienes que había ingresado al país con ocasión del mismo programa del “Plan Vallejo” que terminó por incumplir, en caso de que se llegara a enterar de que había faltado a sus deberes tributarios en relación con varios de ellos —lo que finalmente aconteció; ver párrafos 10.3 y 10.10— y, en consideración a que la formulación del pliego de condiciones no se puede catalogar como arbitraria puesto que como acertadamente se coligió, a la administración se le generaron dudas razonables sobre la legalidad del bien importado, es claro que fue el hecho de la propia víctima la que única y exclusivamente generó que tuviera que asumir los costos de ser representada por un abogado para su defensa.
15.5 De conformidad con todo lo indicado, se concluye que no se podrá declarar la responsabilidad de la DIAN para que asuma el pago del perjuicio o daño consecuencia aseverado, en consideración a que por una parte, el mismo no se probó fehacientemente y, de otro lado, de colegirse en forma forzada su existencia, el mismo le sería imputable a la propia sociedad demandante.
15.6 Finalmente, en cuanto al perjuicio consistente en la imposibilidad de percibir un rédito económico del tractocamión de placas Nº SVA588 durante el tiempo en que estuvo aprehendido —cuya indemnización estaría exclusivamente limitada la demora del procedimiento administrativo que si se constituyó en una falla del servicio—, se comienza por advertir que si bien se modificará la sentencia denegatoria de las pretensiones formuladas por la demandante en cuanto a la determinación de declarar probada la objeción por error grave formulada respecto de la prueba pericial allegada, se observa (i) que dicho medio probatorio no le presta ningún tipo de certeza a la Sala sobre la existencia del detrimento aludido y por ende, mucho menos de su cuantía, y (ii) en cualquier caso, se cuenta con los suficientes elementos de convicción para concluir que el perjuicio aludido no se configuró, al igual que lo coligió el Tribunal de primera instancia, no solo porque el tractocamión se hubiese encontrado averiado para el momento de su inmovilización, sino también, porque para el instante en que se desarrolló el trámite administrativo, la sociedad demandante estaba en estado de liquidación y por consiguiente, no le era factible jurídicamente desarrollar su objeto social para explotar el tractocamión de manera que hubiese podido percibir un lucro durante el lapso en que estuvo retenido.
15.7 Respecto de la declaratoria referente a que se encontraba acreditado el error grave del dictamen pericial allegado al plenario con la demanda y obrante en los folios 18 a 24 del cuaderno de pruebas 1, se observa que con dicho medio de convicción se pretendió acreditar el monto de los valores que habría producido específicamente el tractocamión inmovilizado a favor de su propietaria con ocasión de un contrato que tenía con la sociedad Carbones y Transportes Trayso Ltda., para efectos de probar con ello la configuración y la cuantía del lucro cesante que aseveró como producido. En dicho estudio, sin soporte alguno más allá de un certificado en que la segunda sociedad señalada informó lo que producía una tractomula durante los años 1999, 2000 y 2001 (f. 3 c. pruebas 1), es decir, sin fundamento en prueba alguna que acreditara el supuesto contrato de transporte entre las sociedades aludidas en el cual se empleara el vehículo referenciado, así como tampoco en elemento de convicción que acreditara los ingresos que ese bien supuestamente generaba, se concluyó por los expertos luego de hacer varias operaciones matemáticas, que durante todo el tiempo de retención el mismo habría producido el ingreso de $457.928.190.
15.8 Ahora bien, sobre el error grave, con base en lo dispuesto por el artículo 238 del CPC, esta Corporación ha señalado que el mismo no se puede configurar por la insuficiencia de sustento técnico o científico de la prueba o por la confusión de los argumentos efectuados por los peritos, sino que este solo puede derivarse en la medida en que el estudio como tal, parta de premisas falsas. En este sentido se manifestó:
“24. El artículo 238 del C. de P.C., que regula el tema de la contradicción del dictamen pericial, establece que el mismo debe ponerse en conocimiento de las partes, quienes podrán pedir aclaraciones o complementaciones y así mismo, que lo podrán objetar por error grave ‘que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas’, caso en el cual el juez deberá decretar las pruebas pedidas y las que considere necesarias para establecer la existencia o no del referido error, pudiendo decretar aún de oficio un nuevo dictamen pericial.
25. El error grave al cual se refiere la norma, ‘es aquel que de no haberse presentado, otra habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído este sobre materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia o cuando el perito dictamina en sentido contrario a la realidad y de esa manera altera en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado’(47).
26. De acuerdo con lo anterior, la objeción por error grave procede no por la deficiencia del dictamen ante la falta de fundamentación o sustento técnico y científico o por la insuficiencia o confusión de los razonamientos efectuados por los peritos, sino por su falencia fáctica intrínseca, a partir de la cual no puede obtenerse un resultado correcto, por cuanto parte de premisas falsas o equivocadas en relación con el objeto mismo materia de la experticia, ‘(...) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, ‘...es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven, de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil ‘... no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva...’ (G. J. tomo LXXXV, pág. 604)’(48)”(49).
15.9 De otro lado, se advierte que para efectos de que un dictamen pericial pueda llevarle certeza al juez sobre el objeto de estudio, debe reunir ciertas condiciones, dentro de las que se debe resaltar que sus conclusiones tiene que estar debidamente fundamentadas e igualmente, como medio probatorio que es, no puede ser desvirtuado por los demás elementos de convicción que obren en el plenario, requisitos de los cuales el estudio aludido carece en el sub judice. Al respecto, se ha señalado:
“3.5.1 Ha dicho la Sala que para que el dictamen pericial pueda tener eficacia probatoria se requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal(50) y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que de cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones(51).
El artículo 241 del CPC señala que el juez al valorar o apreciar el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que, como con acierto lo ha concluido la doctrina, el juez no está obligado a ‘... aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores...’(52). En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho(53)”(54).
15.10 De conformidad con todo lo expuesto, la Sala se encuentra de acuerdo con los argumentos expuestos en la sentencia impugnada en relación con el dictamen pericial correspondiente, especialmente a que el mismo carece de una fundamentación acorde con lo que se desea probar, y adicionalmente agrega que sus conclusiones sobre la existencia y cuantía de un lucro cesante se encuentran totalmente desvirtuadas por el estado de deterioro en que el mismo bien estaba para el momento de su retención, así como por la imposibilidad de la sociedad demandante para explotarlo económicamente debido a que se encontraba en estado de liquidación, de conformidad con lo cual se debe aclarar que ello no da lugar a que prospere la objeción por error grave formulada por la parte demandada como erradamente se coligió en primera instancia, puesto que no se presentó un yerro en las premisas del estudio, sino que simplemente se debe concluir que dicha prueba no presta certeza de ninguna circunstancia o no ostenta mérito probatorio alguno, punto en el que dicho fallo será modificado.
15.11 Por último, la Sala debe observa que además de que no se allegó otro medio probatorio con fundamento en el cual se pudiera tener por acreditado el lucro cesante solicitado en la demanda, es viable colegir que, de una parte, dicho detrimento no se configuró sino que es hipotético, en la medida en que para el momento de la retención del vehículo que supuestamente le producía un ingreso a la accionante estaba gravemente averiado —ver párrafos 10.7 y 10.8—, de lo que sigue que en realidad no producía nada para ese instante y por consiguiente, al juez de lo contencioso administrativo no le sería viable extender o proyectar en el tiempo una situación inexistente siguiendo la lógica del detrimento aludido hacia un futuro(55), puesto que no se puede saber a ciencia cierta si la sociedad hubiera reparado el vehículo de manera que efectivamente se le originara en su patrimonio el derecho de percibir la indemnización del lucro cesante que pide —pudo haberlo vendido también, perjuicio que en todo caso no solicitó— y, de otro lado, en caso de que se entendiera factible colegir que lo hubiera arreglado para efectos de continuar obteniendo ingresos a partir de su explotación, lo cierto es que para mucho antes de que se iniciara el proceso administrativo correspondiente la sociedad demandante no podía iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social(56) y por ende, le era prohibido percibir cualquier tipo de ingresos a partir del transporte que supuestamente habría efectuado con el mismo. Sobre este último punto, la doctrina ha señalado:
“La empresa o negocio de la sociedad es la actividad de explotación económica organizada por la compañía. Tal actividad está delimitada en forma precisa en el objeto social, que debe aparecer de manera clara y completa en la escritura pública de constitución (C. de Co., art. 110, ord. 4º)(57).
Existe unanimidad en el sentido de que la disolución pone fin a la empresa social(58). Este aserto es incontrovertible, pues si lo que se deriva necesariamente del acaecimiento de la respectiva causal es la liquidación y extinción del ente societario, no es lógico que este continúe realizando operaciones de cumplimento del objeto.
De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que las operaciones relativas a la liquidación del patrimonio de la compañía (v. gr., ventas de bienes, cancelación de hipotecas, pago de acreedores, etc.) se vuelven incompatibles con el ejército paralelo de las actividades económicas regulares de la sociedad, esto es, con el ejercicio de su objeto social.
Ahora bien, la terminación de la empresa como consecuencia necesaria e inmediata de la sociedad no constituye una simple elaboración doctrinaria sino una consagración legal ampliamente extendida. En Colombia, la situación está claramente definida en el artículo 222 del estatuto comercial, a cuyo tenor, disuelta la sociedad ‘no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación’”(59).
En consecuencia, habida cuenta de que no se acreditó ninguno de los perjuicios solicitados en la demanda sobre los que se pudo pronunciar esta Sala, se confirmará la sentencia de primera instancia en el sentido de denegar las pretensiones del libelo introductorio, pero se modificará para no tener por probada la excepción por error grave formulada en contra del dictamen pericial.
17 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.
18 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 24 de noviembre de 2005, y, en su lugar se dispone:
1. DECLARAR como no probada la objeción por error grave formulada contra el dictamen pericial obrante en el plenario.
2. DENEGAR todas las pretensiones de la demanda.
4. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
5 En la demanda se estimó el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en la suma de $457.928.190, cifra que de acuerdo con el artículo 20 del CPC antes de su reforma por la Ley 1395 de 2010, establecía la cuantía del proceso. Con observancia de lo anterior y de que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se presentó el 2 de diciembre de 2005, se aplica en este punto el artículo 1º de la Ley 954 de 2005 —vigente a partir del 28 de abril de 2005—, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2004 fuese de doble instancia ante esta Corporación, su cuantía debía superar los 500 SMMLV considerados para esa época, es decir, el monto de $179 00 000, lo que ocurre en el sub lite.
6 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.
7 “9.1 Teniendo en cuenta que es labor del operador judicial dilucidar la verdadera intención del accionante al momento de presentar su libelo introductorio más allá de lo que esté expresamente escrito, y que en el despliegue de dicha tarea le corresponde abordar las demandas en su conjunto y no de manera separada e inconexa, es evidente que a pesar de que no se formule de manera específica una pretensión en el acápite destinado para ello por el actor, de dicha circunstancia no se sigue de manera irreflexiva que no se pueda encontrar o inferir la formulación de peticiones a lo largo de todo el texto objeto de estudio. Así lo ha entendido esta Corporación en los siguientes términos:
1. Se procede, en primer término, por la naturaleza del asunto, a estudiar el cuestionamiento que la parte demandada hace del libelo introductorio porque no se especificó con la suficiente claridad el capítulo correspondiente a las ‘Pretensiones’, dentro del cual se encuentra ‘es una narración de hechos pero de ninguna manera una descripción concreta de los objetivos perseguidos, o mejor de las pretensiones, o como lo dice el mismo Código Contencioso Administrativo lo que se demanda’ (Fol. 164).
Al respecto considera la Sala que si bien las pretensiones ciertamente no fueron precisa y concretamente ordenadas en acápite especial de la demanda, ello en ningún momento significó que no se hubiesen expresado dentro del libelo inicial. Precisamente, porque allí se encontraban consignadas, pudo el a-quo establecerlas y concretarlas, como puede verse a folios 251 a 259 del expediente principal.
La interpretación y concreción del petitum que se hizo en la sentencia recurrida obedeció a la facultad y, desde luego, al deber que tiene el juzgador para interpretar la demanda con miras a no entorpecer el accionar del reclamante, con mayor razón cuando el contexto mismo de dicho libelo resulta clara la vía procesal a seguir y la orientación que lleva a las distintas peticiones relacionadas, así lo hayan sido en forma desordenada e informal. Cabe recordar que corresponde al fallador, par mandato legal contenido en el artículo 4º del C. de P. C., tener en cuenta ‘que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial...’. Con acierto sostuvo la Corte que ‘una demanda debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no solo en la parte petitoria sino también en los fundamentos de hecho y de derecho’. (XLIV, pág. 627). No se puede entonces desestimar la demanda, más hoy, cuando el artículo 228 de la Carta prescribe que en las actuaciones judiciales “prevalecer el derecho sustancial” (nota Nº 13 de la providencia en cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 1991, actor: Sociedad Comercial Urbanización Normandía Ltda., C.P. Daniel Suárez Hernández”)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de octubre de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2001-01839-01, (31497), actor: Víctor Hugo Muñoz Ronquillo, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
8 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
9 [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
10 [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), actor: Reinaldo Idárraga Valencia y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
12 “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), actor: Reinaldo Idárraga Valencia y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
13 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
14 Artículo 18 del Decreto 2553 de 1999: “La Dirección General de Comercio Exterior es una dependencia del Ministerio de Comercio Exterior con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica (...). La Dirección General de Comercio Exterior ejercerá las siguientes funciones transferidas del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y del Ministerio de Comercio Exterior:
2. Reconocer, administrar y divulgar los mecanismos de promoción de las exportaciones, tales como los sistemas especiales de importación-exportación, el Certificado de Reembolso Tributario y los demás que le correspondan conforme al ámbito de su competencia (...)”.
Artículo 1º del Decreto 2682 de 1999: “Suprímase el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, creado mediante el Decreto 2976 de 1968, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior mediante el Decreto 2350 de 1991”.
Artículo 5º del Decreto 2682 de 1999: “Con el fin de atender adecuadamente las funciones transferidas del Incomex al Ministerio de Comercio Exterior, serán subrogados al mismo aquellos bienes y derechos en cabeza del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, indispensables para la prestación de las funciones trasladadas a dicho Ministerio”.
15 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación siempre y cuando no se hubieran tachado de falsos a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:
“En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. // Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.
Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad”. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, C.P. Enrique Gil Botero.
16 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
17 Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado: “Conocido es el paso de un modelo clásico de responsabilidad entendida como sanción derivada de la realización de un comportamiento prohibido , a un modelo que pone en el centro del debate le hecho dañoso y su función reparadora (...) de ahí que la función resarcitoria se muestre como fundamental dentro del derecho de la responsabilidad civil, pues responde a una necesidad que se podría decir lógica, de devolver a la víctima lo que ha perdido; prueba de ello es la pregonada necesidad de una ‘reparación integral’. Esta expresión, corolario de la función reparadora, refleja esa exigencia según la cual todo daño debe ser resarcido’. Édgar Cortés, Responsabilidad Civil y Daños a la Persona, el daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un modelo para América Latina”, Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009, págs. 61 y 62.
“Dentro de las múltiples opciones que tienen las sociedades para hacer frente a los daños interesa en este escrito, entonces, la que se desarrolla a través del litigio de responsabilidad civil, porque centra jurídicamente el concepto. (...).
Es claro que cuando un juez condena a una persona a reparar civilmente un daño con ello genera un traslado patrimonial, es decir, ordena que el pago de una suma de dinero o, en general, el cumplimiento de una obligación civil, debe ejecutarse por el responsable en favor de la víctima. En dicha traslación patrimonial, que acrece el patrimonio del dañado hasta dejarlo en situación similar a la que tenía antes del daño, está el quid del litigio de responsabilidad, litigio que, hay que advertirlo con claridad, no se circunscribe al estudio del daño”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, págs. 29 y 30.
18 [28] Artículo 1666 del C.C.: “La subrogación es la trasmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga”.
Artículo 1667 C.C.: “Se subroga en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor”.
19 [29] “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aún contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por la leyes y especialmente a beneficio: (...) // 5. Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor”.
20 [32] Al respecto, esta Corporación ha señalado “La subrogación por pago indemnizatorio es un derecho que otorgan la ley civil y mercantil, entre otros, contra los presuntos responsables del siniestro. En efecto: // El Código Civil dispone que la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le pagó (art. 1.666); que la subrogación del tercero en los derechos del acreedor se hace en virtud de la ley o de una convención (art. 1.667 ib); que la subrogación, legal o convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios del antiguo, así contra el deudor principal como contra cualesquiera terceros obligados”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, Exp. 68001-23-15-000-1995-3251-01(13251), actor: Seguros la Andina S.A., C.P. María Elena Giraldo Gómez.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2001-00979-01 (27231), actor: Ángel Custodio Zabaleta Yumayusa, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de abril de 1968 (aprobada en acta Nº 1 del 2 de abril de 1968), M.P. Fernando Hinestrosa.
23 “Otro de los aspectos tradicionales en el estudio del daño ha sido el de determinar si dicho concepto es sinónimo de perjuicio. Si bien en términos generales los conceptos son utilizados indistintamente (...) vale la pena precisar que las nociones, dependiendo de cómo sean tratadas, llaman la atención sobre formas diferentes de operar la responsabilidad civil, de concebir la legitimación en la causa para actuar, y por tanto, de indemnizar.
Si bien la doctrina no ha profundizado sobre el punto, el profesor Bénoit aportó algunos elementos que se encargaron de definirlo, al afirmar: “... el daño es un hecho: es toda afrenta a la integridad de una cosa, de una persona, de una actividad, o de una situación (...) el perjuicio lo constituye el conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se derivan del daño para la víctima del mismo. Mientras que el daño es un hecho que se constata, el perjuicio es, al contrario, una noción subjetiva apreciada en relación con una persona determinada” (nota Nº 79 del texto en cita: “Francis-Paul Bénoit. “Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public er privé (problemes de causalité et d´imputabilité), CP, 1957, I, p. 1351”). En una línea de pensamiento similar, los hermanos Mazeud, recordando el derecho romano, expresaron que los romanos “trataron tímidamente de sustituir la noción de damnum, por la de perjuicio: comprendieron que lo que importaba no era la comprobación de un atentado material contra una cosa (damnum), sino el perjuicio sufrido a causa de ese hecho por el propietario; por eso decidieron que el simple damnum que no causaba perjuicio no daba lugar a reparación” (nota Nº 80 del texto en cita: “Mazeud y Tunc. Tratado teórico práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, cit.,T.I., Vol. I, p. 40”). Con esta misma lógica, una sentencia colombiana afirmó que “el daño, considerado en sí mismo, es la lesión, la herida, la enfermedad, el dolor, la molestia, el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu o en su patrimonio”, mientras que “el perjuicio es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia del daño; y la indemnización es el resarcimiento, la reparación, la satisfacción o pago del perjuicio que el daño ocasionó” (nota Nº 81 del texto en cita: “Corte Suprema de Justicia col., S.N.G., 13 de diciembre de 1943, M.P. Cardozo Gaitán”)”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, págs. 76 y 77.
24 “10.2 El concepto de daño antijurídico se ha decantado a través de la jurisprudencia a partir de la norma constitucional referida, y se ha concluido que se trata de aquella lesión causada a un bien tutelado, que la víctima, como su titular, no tiene el deber jurídico de soportar. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que “[l]a cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo” (nota Nº 7 de la providencia en cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández”)” (nota Nº de la providencia en cita: “Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), actor: William Javier Duarte Ruiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”). Igualmente, con base en esta concepción, manifestó que “no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella” (nota Nº 9 de la providencia en cita: “Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), actor: Lino Antonio Amortegui Guzmán y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”), en consideración a que lo que hace antijurídico el daño ya no se determina a partir de la calificación de la actuación u omisión de las autoridades públicas que lo producen, sino que se establece desde la perspectiva del daño en sí mismo, es decir, sí este tenía que ser soportado o no por quien lo sufre (nota Nº 10: “Corte Constitucional, sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto”).
10.3 Con observancia de lo expuesto, teniendo en cuenta que no todos los daños que puedan serle atribuidos al Estado deben ser reparados por este, por cuanto pueden existir aquellos que no sean antijurídicos en la medida en que quienes los soportan tenga la obligación de hacerlo, habida cuenta de que hay derechos respecto de los cuales la ley puede imponer limitaciones o restricciones configurándose entonces en cargas o daños que deben ser asumidos legítimamente por las personas destinatarias de la norma correspondiente (...)” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de septiembre de 2013, exp. 41001-23-31-000-1997-09301-01 (27611), actor: Elcira Perdomo Silva y otro, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
25 “Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.
26 “Toda mercancía que sea introducida al territorio nacional deberá ser presentada o declarada ante las autoridades aduaneras. La mercancía importada que sea sorprendida en lugares no habilitados por la Aduana para el ingreso y permanencia de la mercancía que se introduzca al país, será decomisada si con relación a ella no se acredita el cumplimiento previo de los trámites correspondientes a su presentación, declaración o despacho, en los términos previstos en el régimen aduanero. Tal mercancía será propiedad de la Nación, en virtud del acto de decomiso que así lo disponga. La expedición de dicho acto será de competencia de la Dirección General de Aduanas y copia del mismo se remitirá de inmediato a la jurisdicción penal aduanera para iniciar lo de su competencia”.
27 El asunto se trató en la sentencia impugnada al señalarse que no se había configurado una falla en el servicio de la entidad demandada, postura que se considera inadecuada en tanto el menoscabo en si no puede ser imputado y en ese orden de ideas, no cabe el estudio de la calificación de la conducta de la administración, toda vez que se reitera que la mera retención del vehículo era una carga que la sociedad tenía el deber jurídico de sobrellevar al no tener el soporte de su legalidad.
28 [9] Sentencia proferida el 16 de abril de 2007; actor: Jorge Bernal Mazabel y Otros; AG-25000-23-25-000-2002-00025-02.
29 [10] Expediente 13.539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; actor: Hernando Rodríguez Ruiz.
30 [11] “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, Exp. 9940.
31 [13] Sentencias de 24 de junio de 1965, C.P. Alejandro Domínguez Molina y del 17 de agosto de 1995, Exp. 7095; C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
32 [14] Consejo de Estado, Sentencia de 23 de mayo de 1994, Exp: 7616.
33 [15] Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp: 14.122.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, Exp. 25000-23-26-000-1994-00158-01(14721), actor: Líneas Aéreas de los Libertados Ltda., C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
35 Artículo 2º del Decreto 151 de 1976: “El Instituto Colombiano de Comercio Exterior tendrá a su cargo la ejecución de la política del Gobierno en materia de comercio exterior para lo cual actuará en estrecha coordinación con las demás entidades gubernamentales que desarrollen labores complementarias o similares, especialmente con el Ministerio de Relaciones exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Fondo de Promoción de Exportaciones”.
Artículo 3º del Decreto 151 de 1976: “Conforme el artículo anterior corresponde al Instituto Colombiano de Comercio Exterior:
d) estudiar la política general de los sistemas especiales de importación-exportación; preparar los contratos relativos a tales sistemas y vigilar su desarrollo”.
36 Artículo 172 del Decreto-Ley 1444 de 1967: “Las personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de empresarios productores o de empresas exportadoras, podrán celebrar con el Gobierno contratos para introducir, exentos de depósito previo, de licencia y de derechos consulares y aduaneros, las materias primas y los demás insumos que hayan de utilizarse en la producción de artículos exclusivamente destinados a su venta en el extranjero”.
Artículo 11 del Decreto 631 de 1985: “Las operaciones de que tratan los artículos 173, literal c), y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, se autorizarán a personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de empresarios, productores, exportadores o comercializadores, para importar bienes de capital o repuestos que vayan a ser utilizados en el proceso de producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes
PAR.—Los bienes importados en desarrollo del artículo 173, literal c), del Decreto-Ley 444 de 1967, deberán destinarse para los fines previstos en el presente artículo, por un periodo no inferior al necesario para la depreciación del noventa por ciento (90%) del valor de dichos bienes, en cuyo caso el Incomex podrá tener en cuenta la vida útil de los mismos, de acuerdo con las normas tributarias sobre la materia.
Para los efectos del presente parágrafo, los compromisos de exportación no podrán ser inferiores al setenta por ciento (70%) de los aumentos de producción generados”.
Artículo 23 del Decreto 631 de 1985: “Para todos los efectos, sustitúyanse como requisito para los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, los contratos a que se refieren los artículos 172, 173 y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, por las operaciones contempladas en este Decreto. Dichas operaciones serán autorizadas por Incomex con bases en programas presentados por el interesado, para lo cual dicho instituto comunicará mediante oficio la decisión respectiva.
No obstante, los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de vigencia del presente Decreto, continuarán rigiéndose por las normas bajo las cuales fueron suscritos”.
37 Artículo 231 del Decreto 2666 de 1984: “Se entiende por importación temporal para perfeccionamiento activo, el régimen que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías específicas destinadas a ser reexportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones. Bajo este régimen podrán importarse también las maquinarias, equipos, repuestos y las partes o piezas para fabricarlos en el país, que vayan a ser utilizadas en producción y comercialización, en forma total o parcial, de bienes y servicios destinados a la exportación. // El régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo se regirá por las normas de Comercio Exterior y exenciones que regulen los sistemas especiales de importación-exportación”.
38 Artículo 236 del Decreto 2666 de 1984: “Los bienes de capital y repuestos importados en desarrollo de los artículos 173, literal c) y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, no podrán enajenarse ni destinarse a fin diferente del autorizado antes de estar en libre circulación, lo cual ocurrirá una vez se hayan cumplido totalmente los compromisos adquiridos”.
39 Artículo 1º del Decreto 2666 de 1984: “Las siguientes expresiones usadas en este Decreto tendrán el significado que a continuación se determina:
Es la destinación para el consumo de las mercancías importadas con este fin o para aplicarles cualquier otro régimen aduanero, inclusive el de exportarlas, tan pronto se cumplan las formalidades prescritas en este Decreto
Mercancías en libre circulación.
Son las mercancías de las cuales se puede disponer sin restricciones aduaneras”.
Artículo 144 del Decreto 2666 de 1984: “Se entiende por despacho para consumo el régimen en virtud del cual las mercancías importadas quedan indefinidamente en territorio aduanero colombiano, en libre circulación”.
Artículo 145 del Decreto 2666 de 1984: “La declaración de mercancías que vayan a despacharse para consumo se presentará ante la respectiva aduana de introducción al país, en el formulario que determine el Director General de Aduanas y deberá indicar la posición arancelaria aplicable, valor, régimen, naturaleza, cantidad, peso y demás datos exigidos
PAR.—La declaración para consumo podrá presentarse en aduana diferente a la de introducción solamente en los siguientes casos:
b) O que se encuentren bajo los regímenes suspensivos de importación temporal y perfeccionamiento activo”.
40 Circular 16 del 23 de febrero de 1992 de la DIAN obrante en copia auténtica en el folio 134 del c. pruebas 1: “En principio, las importaciones efectuadas al amparo de las normas del denominado Plan Vallejo, están exentas del impuesto arancelario.
De igual manera, como norma general, las importaciones efectuadas al amparo de las disposiciones propias del Plan Vallejo, se encuentran exentas del Impuesto de ventas o IVA.
Se exceptúan de lo anteriormente indicado las siguientes importaciones:
b) Las importaciones de bienes de capital y repuestos, rembolsables o no, (artículo 173-c del Decreto 444 de 1967). En estos casos se causa el impuesto de ventas o IVA en el momento de entrar tales bienes en libre circulación, esto es, cuando finalice el periodo correspondiente al compromiso de exportación.
Circular Postal SOE Nº 011 del 8 de marzo de 1990 del Incomex. – Para su conocimiento e información a los usuarios de los Programas “Plan Vallejo” con fundamento en los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, nos permitimos recordarles que las importaciones efectuadas en desarrollo de estos programas no están exentas del pago del impuesto sobre las ventas y que su causación se produce no a la llegada de las mercancías al país sino al momento en que terminan las obligaciones de exportación.
Lo anterior implica que una vez la División de Control del Incomex autorice la depreciación total de los bienes amparados por la respectiva garantía, el usuario debe acercarse a la Administración de Aduana por la cual fue legalizada dicha mercancía a efectos de que adelante los trámites de cancelación del impuesto sobre las ventas.
Una vez cumplidos los trámites anteriores, el usuario debe remitir a la División de Control los comprobantes de pago correspondientes a cada operación, lo que genera la libre circulación de los bienes en el territorio aduanero colombiano y la posterior cancelación del programa, una vez este proceso se haya cumplido para la totalidad de las exportaciones efectuadas”.
41 Artículo 233 del Decreto 2666 de 1984: “Si por causas justificadas el empresario autorizado para una operación de las previstas en el literal c) del artículo 173 del Decreto-Ley 444 de 1967, o las normas que lo sustituyan o modifiquen, deseare destinar a consumo bienes de capital y repuestos antes del cumplimiento de los compromisos de exportación, deberá obtener los correspondientes registros o licencias de importación y cancelar los derechos de aduana que hubieren sido exonerados, previa aplicación del porcentaje de rebaja autorizado por el Incomex en proporción al cumplimiento de los compromisos de exportación”.
42 Artículo 20 del Decreto 1909 de 1992: “Es la introducción de mercancía destinada a permanecer indefinidamente en el territorio nacional en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y siguiendo el procedimiento que a continuación se establece”.
43 Artículo 1º del Decreto 1800 de 1994: “En todos los casos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto 1909 de 1992 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, para definir la situación jurídica de mercancías aprehendidas se aplicará el siguiente procedimiento:
Surtidos todos los trámites de aprehensión, reconocimiento y avalúo de la mercancía, la División de Fiscalización en el término de un (1) mes formulará el correspondiente pliego de cargos al declarante, al tenedor, a quien tenga derecho sobre la mercancía y/o a la empresa transportadora, según el caso. A su turno, el destinatario podrá presentar los respectivos descargos dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del mencionado pliego.
Recibidos los descargos o cumplido el término otorgado para el efecto, la Administración, a través de la División de Liquidación o de quien haga sus veces, dispondrá de tres (3) meses, prorrogables por una sola vez y hasta por el mismo término, para decidir la situación jurídica de las mercancías.
Contra el respectivo acto administrativo solo procederá el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación. La Administración contará con tres (3) meses para resolver dicho recurso a través de la División Jurídica o de quien haga sus veces”.
44 Artículo 1º del Decreto 1800 de 1994: “(...) PAR. 1º—Para efectos del presente artículo, cuando no se logre notificar por correo o en forma personal o no sea posible identificar a quien tenga derecho sobre la mercancía y/o a la empresa transportadora, la notificación del pliego de cargos que se refiere el inciso segundo de este artículo se surtirá por edicto fijado en un lugar visible de la respectiva administración por el término de un (1) día, vencido el cual se empezará a contar el plazo para presentar los respectivos descargos. Igual procedimiento se utilizará para notificar el acta de aprehensión, cuando esta se realice en lugares diferentes al de exhibición, venta o depósito. En todos los casos, quien comparezca como interesado deberá acreditar debidamente tal calidad”.
45 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta Corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
46 Sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la ‘causa adecuada’ adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (...) // b) Su mecánica. La ‘prognosis póstuma’. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit. (...) // El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente(65). (...) // A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(...) // Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas. // La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de ‘causa’ del evento. (...) // d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala Orgaz ‘no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios. // Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos(73). // Nos hallamos ante lo que se denomina ‘proceso atípico o inadecuado’: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante(74). (...) // En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, págs. 22-27.
47 [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de agosto de 2011, Expediente 14461, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
48 [9] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de septiembre 8 de 1993, expediente 3446, citada en sentencia del 31 de octubre de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 25177, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 25000-23-26-000-1998-03066-01(20912), actor: Consorcio Francisco Edgar Lizcano Páez–Hugo Salazar Ortiz, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
50 [12] Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.
51 [13] Consejo de Estado, sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
52 [14] Parra Quinjano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.
53 [15] Consejo de Estado, op. cit., pág. 96.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 05001232400019950167301 (20543), actor: Hernán Arango Serna, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
55 Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado: “En estos casos el juez no califica la probabilidad de la situación, pues esta existe ya en el momento de la operación intelectual. Lo único que el juez hará será juzgar la certeza de su prolongación en el tiempo. // Esta hipótesis supone que la situación se haya, en efecto, creada por el hecho dañino. La situación que expresa el daño, como puede ser la muerte de una persona que le colaboraba económicamente a otra o la pérdida de una suma de dinero que se tenían, o aun la concreción de un lucro cesante, debe existir para que pueda hacerse la proyección hacia el futuro, so pena de que el daño sea calificado de eventual. En efecto, en las hipótesis estudiadas el juez considerará cierto el perjuicio presente y lo extenderá hacia el futuro, porque hay elementos que le permiten afirmar que el perjuicio continuará.
Se puede entonces afirmar que el perjuicio es cierto cuando la situación sobre la cual el juez va a pronunciarse le permite inferir que se extenderá hacia el futuro, y que es eventual cuando la situación que refleja “el perjuicio” no existe ni se presentara luego.
Pero el caso típico de la hipótesis que se estudia es el de la pérdida de ingresos para aquellos con quienes la persona fallecida colaboraba, cuando no se alega un cambio de la situación económica que se presentaba al momento del fallecimiento. Es decir, en el presente caso las personas que pierden la colaboración solicitan indemnización teniendo en cuenta lo que devengaba el fallecido, sin pretender que su situación iba a mejorar económicamente. En relación con tal evento la jurisprudencia reconoce el perjuicio consistente en la pérdida de los ingresos que hubieren podido percibir las personas si la muerte de quien les ayudaba económicamente no se hubiere presentado. El juez prolonga hacia el futuro una situación real en el momento del hecho dañino.
Lo importante, entonces, en esta hipótesis consiste en demostrar que la persona fallecida ayudaba económicamente al demandante”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 137, 139,140, y 142.
56 Artículo 222 del Código de Comercio: “Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la Ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto.
El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión ‘en liquidación’. Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión”.
57 [9] Nuestro Código de Comercio acoge la teoría de la especialidad del objeto social, por virtud de la cual la compañía solo tiene capacidad para realizar actos previstos en él. De manera que cualquier acto que extralimite dicha capacidad se considera ultra vires y, por tanto, adolece de nulidad. Para un análisis detallado de este régimen legal, véase el cap. V del t. I.
58 [10] En Colombia: Gabino Pinzón, Sociedades comerciales..., cit., pág. 249.
59 Reyes Villamizar, Francisco. “Derecho societario”, “Tomo I”. Segunda edición actualizada, editorial Temis, Bogotá, 2006, págs. 232-233.

References: artículo 305
 artículo 357
 artículo 357
 artículo 212
 artículo 31
 artículo 164
 artículo 173
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 236
 artículo 11
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 236
 artículo 236
 artículo 11
 artículo 72
 artículo 1
 artículo 24
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 233
 resolución 
 Resolución 
 artículo 233
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 72
 artículo 1
 resolución 
 Resolución 
 artículo 233
 resolución 
 artículo 90
 artículo 1668
 Resolución 
 artículo 573
 artículo 57
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 177
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 241
 artículo 222
 artículo 55
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 228
 Artículo 18

Artículo 1

Artículo 5
 Artículo 1666

Artículo 1667
 Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 172

Artículo 11
 artículo 173

Artículo 23
 Artículo 231
 Artículo 236
 Artículo 1

Artículo 144

Artículo 145
 Artículo 233
 artículo 173
 Artículo 20
 Artículo 1
 artículo 82
 Artículo 1
 Artículo 222