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Timestamp: 2018-02-18 06:47:21+00:00

Document:
Caja Rural condenada a anular cláusula suelo y comisiones por devolución
« La A. P. de Zaragoza ratifica la sentencia contra Banco Santander que le condenaba a devolver 7.199,58 € por comisiones por descubierto y gastos de reclamación de saldo deudor
Banco Santander pierde la apelación contra la condena que le obligaba a abonar 6.881,82 € por comisiones relacionadas con descubiertos »
También confirma la Sala lo sentenciado en Primera Instancia respecto a las comisiones o gastos por devolución y cobro, puesto que la normativa vigente exige que esas comisiones o gastos reclamados respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos, y que los gastos o comisiones sean aceptados o solicitados en firme por el cliente.
Además de argumentar que las comisiones por descubierto, devolución o impago deben responder a un servicio prestado por la entidad, y que no se pueden aplicar dichos gastos o comisiones por el solo hecho del impago, y mucho menos de forma automatizada.
Dice la Sala que de la documentación aportada la entidad con la demanda no puede deducirse la gestión a la que responden tales comisiones o gastos, que haya supuesto la prestación de un servicio o la generación de un gasto.
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Recurso de Apelación núm. 175/2015
AUTO Nº 262/15
APELACIÓN CIVIL, ROLLO 175/15-A
Ejecución hipotecaria 1422/14
Apelante: Caja Rural del Sur S.C.C.
En Jerez de la Frontera, a nueve de noviembre de dos mil quince.
PRIMERO.– Por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Jerez de la Frontera, en fecha 4 de marzo de 2.015, se dictó auto, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“SSª acuerda declarar abusiva por falta de transparencia la limitación a la variabilidad del tipo de interés –cláusula suelo– contenida en la cláusula tercera bis a) y sexta bis1º) -vencimiento anticipado por impago- de la escritura de 9.4.2.008 que se ejecuta, las cuáles se tienen por no puestas sin que por tanto concurran los requisitos de exigibilidad de la cantidad reclamada ni la procedente se corresponde con la certificación del saldo aportada procediendo la inadmisión de la demanda.
Se declaran igualmente abusivas la cláusula sexta -mora- y cuanta in fine –comisión por impago– las cuáles se tienen por no puestas sin que, en ningún caso, proceda ejecutar cantidad alguna por intereses moratorios ni comisión por impago, con exclusión de las cantidades de 53,92 euros y 144 euros liquidadas por tal concepto.
Procede el archivo de este proceso hipotecario con reserva al ejecutante de sus derechos frente al deudor que podrá ejercitar por otro cauce procesal y con reserva al ejecutado de las acciones derivadas de la aplicación de la cláusula suelo.”
TERCERO.– De conformidad con lo previsto en la Ley se señaló fecha para votación y fallo, que tuvo lugar el nueve de noviembre de dos mil quince.
Por la representación procesal de Caja Rural del Sur S.C.C. se solicitó el despacho de ejecución hipotecaria frente a Don XXXXXXX, aportando como título de ejecución una escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada entre las partes el 9 de abril de 2.008 y novada el 16 de abril de 2.010 a fin de modificar el plazo de amortización del préstamo.
En la escritura se hace constar como finalidad principal del préstamo cancelar un anterior préstamo con garantía hipotecaria que gravaba la vivienda habitual del ejecutado. El importe del préstamo quedó fijado en 57.000 euros, con un interés ordinario fijo del 5,25% anual durante un año y variable a partir de entonces y con un interés nominal anual de demora del 20%.
Por auto de 4 de marzo de 2.015 la Juzgadora a quo declaró abusiva la cláusula relativa a la limitación a la variabilidad del tipo de interés, la cláusula sobre el vencimiento anticipado por impago, la cláusula de interés moratorio y la cláusula de comisión por impago.
Frente a dicha resolución se alza la parte ejecutante por considerar, en síntesis, válida la cláusula suelo ya que su redacción no admite equívocos y la cláusula está resaltada en negrita. También considera válida la cláusula de vencimiento anticipado teniendo en cuenta que fueron varias las cuotas impagadas cuando se venció el contrato.
En cuanto a los intereses de demora, entiende que la cláusula es válida y que debe aplicarse, en todo caso, el artículo 114 de la LH (RCL 1946, 886) y, respecto, de la comisión por impago alega que ésta responde a los gastos derivados del trabajo administrativo que supone asentar en la cuenta del préstamo los impagos acontecidos y obtener la certificación del saldo de la deuda y reclamar ésta.
En la resolución de instancia se declara la nulidad de la cláusula de limitación a la baja de la variabilidad del tipo de interés remuneratorio, la llamada cláusula suelo, que obra en el contrato.
Así en la escritura de préstamo hipotecario se contempló un interés ordinario fijo, durante un año, del 5,25% y variable a partir de entonces, conforme a la suma del índice de referencia (euribor a un año más 1,500 puntos) anualmente revisable.
Igualmente se estableció que en ningún caso el tipo de interés sería inferior al 4,25%, que ha sido el aplicado al fijarse el saldo deudor.
Como fundamento del carácter abusivo de esta cláusula se invoca en la resolución de instancia la falta de transparencia de la disposición contractual conforme a la doctrina fijada en la STS de 9 de mayo de 2.013.
Dicha sentencia enumera una serie de factores que deben tomarse en cuenta para valorar el carácter abusivo de una cláusula suelo por razón de un defecto de transparencia y que son los siguientes (FFJJ 225 y 296):
Por otra parte conviene apuntar que el Auto dictado por el TS en fecha 3 de junio de 2013, en aclaración de la STS de 9 de mayo de 2013, precisó que los anteriores parámetros no conforman una relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra.
Tampoco determina que la presencia aislada de alguna, o algunas, sea suficiente para que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo.
Para cumplir con la obligación de transparencia en los términos expuestos, lo decisivo es que se garantice el perfecto conocimiento por el consumidor de la cláusula suelo y de su trascendencia y relevancia en la ejecución del contrato; por ello, no existen medios tasados para obtener el resultado que no es otro que se garantice que el contrato se celebra con un consumidor perfectamente informado.
El resultado pretendido es susceptible de ser alcanzado por pluralidad de medios y no puede anudarse de forma automática al cumplimiento de determinadas fórmulas, tantas veces convertidas en formalismos carentes de eficacia real.
Como consecuencia natural de las anteriores consideraciones el TS establece que las cláusulas suelo debe considerarse lícitas si hubieran podido ser conocidas por el consumidor, es decir, si éste pudiera cabalmente comprender su funcionamiento en la dinámica contractual y, en particular, su incidencia en la determinación del precio.
Argumentos estos que se reproducen y refuerzan en las posteriores STS de 8 de septiembre de 2.014 y de 25 de febrero de 2.015.
Sentado lo anterior, cabe resaltar que solo se dispone de la prueba documental consistente en la propia escritura de otorgamiento del préstamo hipotecario, a cuya literalidad ha de atenderse.
De este solo documento no puede concluirse que la entidad apelante haya cumplido con las exigencias contenidas en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 2.014, según las cuáles la entidad crediticia tiene el deber de entregar al cliente un folleto informativo al que sigue una oferta vinculante con las condiciones financieras, así como de dar la posibilidad al cliente de examinar la escritura en los tres días anteriores a formalizar el préstamo en escritura pública, posibilidad a la que renunció el ejecutado según se indica en la escritura.
Consta tan solo el cumplimiento por el Notario de su obligación de informar a las partes sobre la existencia de límites a la variación del tipo de interés.
Pero aún en el caso en que se hubiesen observado todos estos requisitos ello no sería suficiente para entender cumplidas las exigencias de transparencia.
En efecto, en la escritura no consta que la información facilitada al prestatario les permitiera identificar claramente que la cláusula constituía un elemento definitorio del objeto principal del contrato ni que la información dada no se limitara a dar lectura al contrato.
En la escritura la cláusula en cuestión se encuentra entre una gran cantidad de datos en una extensa escritura de hipoteca que diluye la atención del prestatario y de la sola lectura de la información financiera no puede colegirse sin más el carácter de la cláusula como elemento esencial del contrato.
Tampoco consta acreditado que la entidad bancaria realizase simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual.
Por todo ello, consideramos que debe confirmarse el pronunciamiento declarativo del carácter abusivo por falta de transparencia en lo que se refiere a la cláusula suelo.
En cuanto a los efectos que deben deducirse de la consideración como abusiva de la cláusula suelo ha de reconocerse que se trata de una cuestión polémica que ha dado lugar a resoluciones judiciales dispares.
Pese a ello este Tribunal considera que el contrato puede permanecer excluyendo la cláusula que ha sido declarada abusiva realizando una nueva liquidación.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 695.3 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), en aquellos casos en que la ejecución pueda proseguir sin aplicar las cláusulas consideradas abusivas, aunque ello exija un recálculo de las cantidades objeto de ejecución, no procede el sobreseimiento de la misma, por aplicación, además, del principio pro actione.
En este mismo sentido se pronuncia la repetida STS de 9 de mayo de 2013 cuando, en su FJ 275, indica que “partiendo de lo expuesto, la nulidad de las cláusulas suelo no comporta la nulidad de los contratos en los que se insertan, ya que la declaración de nulidad de alguna de sus cláusulas no supone la imposibilidad de su subsistencia.”
Otra cuestión es la referente a la eficacia retroactiva de la consideración de una cláusula suelo como abusiva. El TS en su reciente sentencia de Pleno nº 139/2.015 de 25 de marzo de 2.015 ha fijado como doctrina que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2.013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, como es el caso, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2.013.
En el presente supuesto, la entidad acreedora incluye en el saldo deudor los intereses ordinarios devengados desde el primer impago, el 5 de junio de 2.013 al vencimiento del contrato, el 26 de mayo de 2.014, calculándolos al tipo nominal mínimo del 4,250% anual, en aplicación de la cláusula suelo.
La nulidad de la cláusula suelo por falta de información debe tener, por tanto, efectos retroactivos desde que se produce el impago reflejado en el saldo deudor.
En la resolución de instancia se declaró el carácter abusivo de la cláusula del título en la que se pacta la posibilidad del vencimiento anticipado, entre otros supuestos, para el caso de “impago a su vencimiento de cualesquiera plazo de amortización o intereses”.
Podría defenderse, ciertamente, que el incumplimiento del pago de unas pocas cuotas en relación con la larga duración del contrato es suficiente para entender abusiva la cláusula de vencimiento anticipado.
Pero lo cierto es que también ha de tenerse en cuenta si en la normativa nacional hay alguna previsión que permita poner remedio a los efectos de dicho pacto. En este sentido el artículo 693.3 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) prevé la posibilidad de que el deudor haga pago del principal, intereses y costas que se deban hasta ese momento y de ese modo poner fin al procedimiento y a los efectos de la resolución del contrato.
Es evidente que esta previsión legal permite anular de forma completa los efectos del vencimiento anticipado y puesto que en este caso es posible enervar la acción hipotecaria mediante dicho pago, al hipotecarse la vivienda habitual, no puede decirse que el vencimiento anticipado resulte abusivo o suponga un desequilibrio.
En el contrato de préstamo hipotecario se fija un interés de demora del 20% anual que la resolución de instancia considera nulo.
Este Tribunal considera, igualmente, que la cláusula que fija el interés de demora al tipo del 20% anual debe considerarse nula, de conformidad con lo previsto en los artículos 82 y 85.6 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios por los que se consideran cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato y en concreto, las que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.
Para valorar la desproporción debe atenderse a otras normas que fijan dicha sanción especial por incumplimiento. Y teniendo en cuenta que en el año 2.010, cuando se subroga el ejecutado en el préstamo, el interés legal del dinero estaba fijado en 4%, el interés de demora a efectos tributarios se fijaba por ley en un 5%, el interés moratorio en deudas de los aseguradores se fija en un 6% y el tipo de interés aplicable a las deudas declaradas en sentencia judicial conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) era del 6% resulta totalmente desproporcionado fijar un interés moratorio para deudas de particulares en un 20% teniendo en cuenta, además y muy especialmente, la garantía adicional que supone la hipoteca y el tipo de interés ordinario pactado.
Ciertamente la Ley 1/2.013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social ha modificado la LEC y la LH en su artículo 114 para establecer que el interés moratorio no puede exceder de tres veces el interés legal. Este límite es aplicable a los intereses moratorios vencidos y no pagados por lo que es de aplicación al caso que nos ocupa (Disposición Transitoria 2ª de la Ley 1/2.013 de 14 de mayo).
Hay que tener en cuenta que el artículo 561.1.3º, para la ejecución ordinaria, y el artículo 695.3 y 4 de la LEC , en la ejecución hipotecaria, son claros en cuanto a que la consecuencia de la consideración como abusiva de una cláusula es su “inaplicación”.
Sobre las consecuencias de la declaración de abusividad de la cláusula de intereses de demora el TS, en la reciente sentencia de 22 de abril de 2.015 , ha venido a dar una respuesta a esta cuestión.
Pero el incremento del tipo de interés en que consiste el interés de demora ha de ser suprimido, de un modo completo, y no simplemente reducido a magnitudes que excluyan su abusividad.
Por lo que se refiere a la comisión o gasto por devolución y cobro, que se reclama en la suma de 144 euros, ciertamente el artículo 3 de la Orden de 29 de octubre de 2.011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios exige que las comisiones respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos y que los gastos o comisiones sean aceptados o solicitados en firme por el cliente.
Conforme a esta doctrina ha de convenirse que la cláusula controverida no se acomoda a lo estipulado en la Orden desde el momento en que permite que la entidad predisponente exija el gasto o comisión por el solo hecho del impago.
De la documentación aportada con la demanda no puede deducirse la gestión a la que responde tal comisión, que haya supuesto la prestación de un servicio o la generación de un gasto, sin que desde luego pueda considerarse como tal el apunte contable que, de forma automatizada, se produce en la cuenta del titular del préstamo en aplicación del programa informático correspondiente.
En definitiva, no considerándose abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, pudiendo proseguir la ejecución pese a la nulidad de la cláusula suelo y debiendo aplicarse el interés remuneratorio pactado como consecuencia de la nulidad de la cláusula sobre intereses de demora y excluir la comisión por impago, procede estimar parcialmente el recurso interpuesto.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), estimándose parcialmente el recurso de apelación no procede hacer especial pronunciamiento en orden a las costas causadas en esta alzada.
Acordamos estimar parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Caja Rural del Sur Sociedad Cooperativa de Crédito contra el auto de 4 de marzo de 2.015, que archivó la ejecución, y revocar parcialmente dicha resolución dejando sin efecto el archivo acordado así como la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado.
La entidad ejecutante deberá aportar nueva liquidación computando las deducciones oportunas por aplicación de la cláusula suelo, declarada abusiva, y excluyendo lo reclamado por comisión por impago y por intereses de demora pactados, devengándose desde el impago los intereses ordinarios al tipo pactado.
agosto 11th, 2016 | Etiquetas: Cláusula suelo, España, Otras sentencias comisiones descubierto y similares, Reclamar a bancos, Sentencias cláusula suelo | Categorías: Bancos

References: in fine
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 resolución 
 artículo 695
 resolución 
 artículo 693
 resolución 
 resolución 
 artículo 576
 artículo 114
 artículo 561
 artículo 695
 artículo 3
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