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Timestamp: 2019-01-22 23:54:09+00:00

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STC 20/2004, 23 de Febrero de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 207438
STC 20/2004, 23 de Febrero de 2004
Número de Recurso: 4160-2002
Recurso de amparo 4160-2002. Promovido por don J.L.M. frente a las resoluciones de un Juzgado de Primera Instancia de Málaga, en ejecución de una Sentencia sobre indemnización de daños y perjuicios por ruina de una construcción. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): denegación de testimonio para interponer recurso de queja, por no haber negado el de apelación, que es irrazonable.
Sentencia citada en: 356 sentencias, 8 artículos doctrinales, 5 formularios
En el recurso de amparo núm. 4160-2002, promovido por don J.L.M., representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Cárdenas Porras y asistido por el Letrado don Amable A. Vilariño Márquez, contra la providencia de 18 de diciembre de 2001 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga en fase de ejecución en los autos de juicio de menor cuantía núm. 367/90 y contra las resoluciones posteriores que la confirman. Han intervenido don Antonio De Torre Silvestre, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Aurora Gómez-Villaboa Mandri y asistido por el Letrado don Luis Barrionuevo Rubio, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 4 de julio de 2002, don J.L.M., representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Cárdenas Porras, interpuso demanda de amparo constitucional contra la providencia de fecha 18 de diciembre de 2001 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga en fase de ejecución en los autos de juicio de menor cuantía núm. 367/90 y contra las resoluciones posteriores que la confirman, siendo la última el Auto de 10 de junio de 2002.
Se siguió juicio de menor cuantía núm. 367/90 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga en el que se estimó la demanda en la que se ejercitaba la acción de indemnización de daños y perjuicios -prevista en el art. 1591 CC- como consecuencia de la ruina acaecida en una construcción realizada en una parcela propiedad del actor y cuyas obras fueron encargadas a los demandados. Ya en fase de ejecución por providencia de 24 de enero de 1995 se acordó se procediera al embargo de bienes de los demandados en cuantía suficiente para cubrir la suma de 4.685.000 pesetas de principal, más 3.000.000 presupuestados para intereses, gastos y costas, así como la suma de 5.098.184 pesetas como importe de la relación de daños y perjuicios presentada, resolución que tras la desestimación de diversos medios de impugnación devino firme.
Por escrito de fecha 1 de junio de 2001 por el ejecutante se daba cuenta de que se había dictado Sentencia firme rescindiendo por fraudulenta la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por el Sr. L.M. y su esposa, así como de que en su ejecución se había solicitado la cancelación de las inscripciones registrales que imposibilitaban anotar el embargo acordado y practicado en su día en el presente juicio y, en consecuencia, desaparecido el anterior obstáculo se solicitaba que se libraran mandamientos de embargo a los Registros de Propiedad núm. 1 y 2 de Benalmádena a fin de que se anotara el embargo sobre las fincas núm. 23.098 y 20.596 por 2.342.500 pesetas de principal y 8.350.000 pesetas presupuestados para intereses y costas.
A pesar de la anterior instrucción sobre recursos, el codemandado Sr. L.M. presentó ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga recurso de apelación por infracción de normas o garantías procesales frente al Auto de 29 de noviembre de 2001 de dicho Juzgado, dictándose providencia de 18 de diciembre de 2001 en la que se declaraba que "no ha lugar a admitir el recurso de apelación por cuanto ya se advertía a las partes que contra el auto que reponía la providencia no cabía recurso alguno". Frente a la anterior providencia el codemandado actuante presentó por escrito registrado el 27 de diciembre de 2001 recurso de reposición y subsidiario de queja. Por Auto de 8 de febrero de 2002 se desestimó el recurso de reposición con base en lo dispuesto en el art. 454 LEC, que establece que no cabe recurso alguno contra el Auto que resuelve un recurso de reposición, rechazando tanto la procedencia del recurso de apelación como del de queja, e instruyó que contra el Auto de 8 de febrero no cabía recurso.
En la demanda de amparo se alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso al recurso, al considerar que se le ha vedado de manera sistemática y sin una mínima fundamentación el acceso a los recursos a que tenía derecho, posibilitando que se le ejecute por el total de una cantidad que no le corresponde.
Por providencia de 9 de junio de 2003 de la Sección Segunda de este Tribunal, se acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en virtud de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga para que, en un plazo que no excediera de diez días, remitiera testimonio del juicio de menor cuantía núm. 367/90, interesándose al propio tiempo que por el Juzgado se emplace a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Asimismo, mediante la providencia de 9 de junio de 2003, la Sala Primera de este Tribunal acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente sobre suspensión, según lo prevenido en el art. 56 LOTC, concediendo un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión; pieza que, a la vista de las alegaciones formuladas, fue archivada por providencia de 14 de julio de 2003.
Mediante diligencia de ordenación de la Sección Segunda de este Tribunal de fecha 11 de julio de 2003 se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones remitidas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga, por efectuados los emplazamientos solicitados y por personado a don Antonio De Torre Silvestre. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de todas las actuaciones, en la Secretaría de la Sala Primera, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que, dentro de dicho plazo, pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
La representación procesal del demandante de amparo presentó su escrito de alegaciones, registrado el 11 de septiembre de 2003, mediante el que se ratifican íntegramente las alegaciones vertidas en su demanda de amparo.
Por escrito registrado el 11 de septiembre de 2003, el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones interesando con carácter principal la inadmisión de la demanda y, subsidiariamente, su desestimación. Con carácter principal, solicita la inadmisión de la demanda por considerar que ha sido presentada fuera del plazo de veinte días establecido en el art. 44.2 LOTC, al haber alargado artificialmente el plazo para impugnar en amparo mediante la interposición de recursos manifiestamente improcedentes, estimando que tienen tal carácter tanto el recurso de apelación presentado frente al Auto de 29 de noviembre de 2001 -pues según el art. 454 LEC contra el Auto que resuelva un recurso de reposición no cabe recurso alguno-, como el recurso de reposición interpuesto frente al Auto de 16 de abril de 2002 por el que se declaraba no haber lugar a la nulidad de actuaciones, aún cuando en este caso la resolución judicial invitara al recurso, pues el último inciso del art. 240.4 LOPJ señala claramente la impertinencia de recurso contra la resolución que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones. Con carácter subsidiario, interesa la desestimación de la demanda por razones de fondo, con base en que en materia de acceso al recurso el principio pro actione pierde intensidad y en que en el caso el recurso de apelación se ha inadmitido con fundamento en la causa legal establecida en el art. 454 LEC, ajustándose la motivación de las resoluciones impugnadas en amparo al canon de constitucionalidad en materia de acceso al recurso, sin que quepa apreciar que resulte arbitraria, irrazonable o incursa en error patente.
En igual fecha presentó su escrito de alegaciones la representación procesal de don Antonio De Torre Silvestre, mediante el que se interesa igualmente la inadmisión del recurso de amparo por ser extemporáneo al entender que la resolución impugnada por el demandante es el Auto de 29 de noviembre de 2001, frente al que no cabe recurso alguno ex art. 454 LEC, por lo que la demanda de amparo debió interponerse en el plazo de veinte días desde la notificación de aquél o, en todo caso, desde la notificación del Auto de 8 de febrero de 2002 que desestimó el recurso de reposición contra la providencia de 18 de diciembre de 2001, que era irrecurrible como el propio Auto dice; y, en segundo lugar, se solicita la desestimación porque la irrecurribilidad en apelación de dicho Auto se deriva tanto del art. 454 como del art. 455, ambos de la LEC.
Tal y como ya se ha puesto de manifiesto con extensión en los antecedentes, las cuestiones planteadas en este proceso de amparo tienen su punto de partida en la providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga de 18 de diciembre de 2001 por la que se inadmitió el recurso de apelación por infracción de normas o garantías procesales presentado frente al Auto de 19 de noviembre de 2001 a través del cual se estimaba el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutante y, en consecuencia, se acordaba que se libraran los correspondientes mandamientos para la anotación en el Registro de la Propiedad de los embargos trabados sobre bienes pertenecientes al ejecutado Sr. L.M., demandante de amparo. Contra dicha providencia el ejecutado presentó recurso de reposición y subsidiario de queja, desestimándose el recurso de reposición por Auto de 8 de febrero de 2002, que rechazó la procedencia tanto del recurso de apelación como del recurso de queja. Solicitado testimonio de diversas resoluciones a fin de interponer recurso de queja ante la Audiencia Provincial, el testimonio fue denegado por providencia de 22 de febrero de 2002. Frente a la resolución anterior la parte ejecutada planteó incidente de nulidad de actuaciones al amparo del art. 240.3 LOPJ que, tras su admisión a trámite y correspondiente traslado a la parte ejecutante, fue desestimado por Auto de 16 de abril de 2002, si bien instruyó a las partes sobre la posibilidad de formular recurso de reposición contra el mismo. Presentado este recurso por el ejecutado fue desestimado por Auto de 10 de junio de 2002.
El demandante de amparo sostiene que la providencia de 18 de diciembre de 2001 y las resoluciones posteriores que la confirman vulneran su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso al recurso, al considerar que se le ha vedado de manera sistemática y sin una mínima fundamentación el acceso a los recursos a que tenía derecho. Por el contrario, tanto el Ministerio Fiscal como don Antonio De Torre Silvestre, personado en este proceso constitucional, se oponen primero a su admisión, por entender que concurre causa de inadmisión de la demanda derivada de su extemporaneidad, interesando subsidiariamente su desestimación al considerar que las resoluciones impugnadas en el presente recurso de amparo se ajustan a la doctrina constitucional sobre el acceso al recurso, sin vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Antes de proceder a analizar la vulneración del art. 24.1 CE alegada en la demanda de amparo, y siendo prioritario el examen de las cuestiones de admisibilidad sobre las de fondo, al estar fuera de toda duda la viabilidad del análisis de los requisitos para la admisión a trámite en el momento de dictar Sentencia (por todas, SSTC 114/1999, de 14 de junio, FJ 2; 129/2000, de 16 de mayo, FJ 2; 185/2000, de 10 de julio, FJ 3; 33/2001, de 12 de febrero, FJ 2 y 105/2001, de 30 de abril, FJ 2), nos corresponde analizar la cuestión referida a la posible extemporaneidad de la demanda de amparo.
Ciertamente, como ya dijimos en la STC 69/2003, de 9 de abril (FJ 11), "este Tribunal ha establecido que la utilización de recursos o remedios procesales manifiestamente improcedentes contra una resolución judicial firme no suspende el plazo de veinte días para recurrir en amparo (art. 44.2 LOTC), que es un plazo de caducidad, improrrogable, y, por consiguiente, de inexorable cumplimiento, que no consiente prolongación artificial ni puede quedar al arbitrio de las partes (por todas, SSTC 72/1991, de 8 de abril, FJ 2, 177/1995, de 11 de diciembre, FJ único, 201/1998, de 14 de octubre, FJ 3, y 78/2000, de 27 de marzo, FJ 2). Sin embargo también hemos declarado reiteradamente que la armonización de las exigencias del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) conducen a una aplicación restrictiva del concepto de recurso manifiestamente improcedente, limitándolo a los casos en que tal improcedencia derive de manera terminante, clara e inequívoca del propio texto legal, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad. Y por ello ha declarado este Tribunal que los recursos, aún cuando sean improcedentes, suspenden el plazo de veinte días para recurrir en amparo cuando ?de las circunstancias del caso se colija que el recurrente obra en la creencia de que hace lo correcto y, por consiguiente, actúa sin ánimo dilatorio, como puede suceder si es la propia resolución judicial recurrida la que induzca, mediante su expresa mención, a la interposición del recurso? (SSTC 201/1998, de 14 de octubre, FJ 3; 210/1998, de 27 de octubre, FJ 2; 84/1999, de 10 de mayo FJ 2; 197/1999, de 25 de octubre, FJ 2; 123/2000, de 16 de mayo, FJ 2; 267/2000, de 13 de noviembre, FJ 2; y 159/2002, de 16 de septiembre, FJ 2, por todas)".
Despejados los óbices procesales a la admisibilidad del recurso de amparo procede abordar el enjuiciamiento de la cuestión de fondo, relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso al recurso, al considerar el demandante que se le ha vedado de manera sistemática y sin una mínima fundamentación el acceso a los recursos a que tenía derecho, que en los autos de los que deriva el presente amparo fueron el recurso de apelación y el recurso de queja, este último en cuanto recurso instrumental del primero.
Con arreglo a reiterada doctrina de este Tribunal, constituye una garantía esencial del justiciable que el derecho a la tutela judicial efectiva comprenda el de obtener una resolución fundada en Derecho, que habrá de ser de fondo, sea o no favorable a las pretensiones formuladas, si concurren todos los requisitos para ello. Pero dicho derecho también se satisface con una resolución judicial de inadmisión, o de desestimación por algún motivo formal, cuando concurra alguna causa de inadmisibilidad, y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma (entre otras, STC 71/2002, de 8 de abril, FJ 3). "Este derecho a la obtención de una resolución sobre el fondo se extiende tanto al ámbito del acceso a la primera respuesta judicial como a la fase de recurso, si bien con diferente alcance según se trate del primer acceso a la jurisdicción o a los recursos legalmente previstos" (STC 59/2003, de 24 de marzo, FJ 2).
La interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga en la providencia de 22 de febrero de 2002 y en los Autos de 16 de abril y 10 de junio de 2002 no satisface las exigencias constitucionalmente requeridas para las decisiones de inadmisión de los recursos. Es obligado recordar aquí nuestra doctrina expuesta, entre otras, en la ya citada STC 164/2002, de 17 de septiembre, a cuyo tenor "es necesario partir de la idea de que la validez de un razonamiento desde el plano puramente lógico es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y de su conclusión pues, en lógica, la noción fundamental es la coherencia y no la verdad de hecho, al no ocuparse esta rama del pensamiento de verdades materiales, sino de las relaciones formales existentes entre ellas. Ahora bien, dado que es imposible construir el Derecho como un sistema lógico puro este Tribunal ha unido a la exigencia de coherencia formal del razonamiento la exigencia de que el mismo, desde la perspectiva jurídica, no pueda ser tachado de irrazonable. A tal efecto, es preciso señalar, como lo ha hecho este Tribunal, que no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4)." (FJ 4).
Otorgar parcialmente el amparo promovido por don J.L.M. y, en su virtud:
Anular la providencia de 22 de febrero de 2002 y los Autos de 16 de abril y 10 de junio de 2002 del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de dicha providencia por la que se deniega el testimonio solicitado para presentar el recurso de queja, a fin de que se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
STSJ Galicia 4204/2016, 8 de Julio de 2016
STSJ Canarias 551/2006, 19 de Mayo de 2006
SAP Vizcaya 200/2005, 8 de Marzo de 2005

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