Source: http://gestores-publicos.blogspot.com/2020/01/
Timestamp: 2020-07-13 21:52:29+00:00

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Gestores Públicos: enero 2020
Por Víctor Bethencourt Rodríguez*. IDL.UAM.-- El convenio de fusión, supone una medida de fomento de fusiones municipales con unas exigencias concretas de carácter básico, y «sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica»: a) deben ser municipios colindantes (art. 13.4 LBRL); b) ambos deben encontrarse dentro de la misma provincia (art. 13.4 LBRL); y, c) la fusión mediante convenio debe aprobarse mediante la mayoría simple de los miembros en los plenos de los Ayuntamientos involucrados (art. 13.6 LBRL), suponiendo esto un régimen de mayorías más favorable que la mayoría absoluta exigida por el artículo 47.2 LBRL. La STC 41/2016 no ha puesto objeción a dicho choque pese a que no parece adecuado, desde un punto de vista de técnica legislativa, que poner fin a la vida de un municipio requiera una mayoría mucho más relajada, que la necesaria para llevar a cabo un cambio de capitalidad, la modificación de los símbolos del municipio o la aprobación del reglamento orgánico, decisiones para las que se requiere una mayoría absoluta.
En rojo, el municipio de Cerdedo Cotobade, en a Coruña
Éstos y otros problemas que se han ido planteando, como, por ejemplo, los de la naturaleza jurídica del convenio de fusión, el encaje de esta legislación básica con la normativa autonómica sobre alteraciones de términos municipales o el procedimiento que debe seguirse, se han tratado sobradamente en diversos trabajos [a] y no hace falta que entremos ahora en ello.
Una única fusión y 15 segregaciones
*Víctor Bethencourt Rodríguez es Investigador predoctoral FPI de la Universitat de València
[a] .- ALMEIDA CERREDA, M.: “Un nuevo instrumento para el redimensionamiento de la planta municipal española: el convenio de fusión entre ayuntamientos”, Instituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, nº. 2, pp. 331-356, 2015; ALONSO MÁS, Mª. J.: “El nuevo régimen de las fusiones de municipios”, en DOMINGO ZABALLOS, M.J. Reforma del Régimen Local. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: veintitrés estudios, pp. 297-328, 2014; CARBONELL PORRAS, E.: “La alteración de términos municipales en la reforma local de 2013: crónica de un fracaso anunciado”, Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva época, nº 9, pp. 5-21, 2018.
[b] .- FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER: “Fusió municipal: més inconvenients que avantatges”, en Anuari Polític de Catalunya 2011, pp. 160-184, 2011; MAGRE FERRÁN, J., PAÑO PUEY, E. y VIÑAS FERRER, A.: “Cambios en la escala y gasto: una aproximación a los servicios de bienestar comunitario en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid”, Anuario de Derecho Municipal, nº 7. pp. 185-208, 2013.
Etiquetas: de 27 de diciembre, fusión de Cerdedo y Cotobade en Galicia, fusión de municipios, Ley 27/2013, segregación de municipios, Víctor Bethencourt
Los Cuerpos Superiores de la Administración, agrupados en Fedeca, tildan de «ataque» al colectivo la decisión del Gobierno de no elegir a funcionarios para estos puestos, algo que la Ley solo prevé de manera «excepcional»
Revista de prensa.- ABC. EFE- La Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) ha manifestado este miércoles su «malestar» ante la decisión del Gobierno de eximir a los titulares de 23 direcciones generales de la obligación de ser funcionarios, según recoge un comunicado.
El BOE ha publicado este miércoles (29 de enero) un real decreto con la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales que establece, en su disposición adicional séptima, que no será preciso que los titulares de determinadas direcciones generales «ostenten la condición de funcionario».
Entre estas direcciones generales figuran las de Comunicación, Diplomacia y Redes, Infraestructura, Tráfico, Agencia urbana y Arquitectura, Política Energética y Minas, Migraciones, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o Consumo.
También se incluyen en la excepción la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas y las direcciones generales del Instituto de Turismo de España (Turespaña), el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto de la Juventud.
Fedeca recuerda que este tipo de excepciones solo pueden hacerse de forma excepcional y motivada de acuerdo a la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que lamenta la «falta de interés» de la clase política por lograr un modelo de función pública profesional e independiente y la «politización» de la Administración.
Al mismo tiempo, muestra su «mejor disposición» para avanzar en una reforma que considera pendiente para lograr una Administración «profesional, imparcial e independiente».
Otra noticia de interés: El Mundo.- Los funcionarios quieren "un acuerdo delegislatura" que garantice nuevas subidas de sueldo "por encima delIPC"
Etiquetas: directores generales no funcionarios, fedeca, politización de la gestión pública, profesionalidad de las #aapp
Sosa Wagner: Consultas populares (II)
Por Francisco Sosa Wagner. EsPúblico blog.- De nuevo es el Tribunal Supremo (la sentencia es la 1424/2019 de 23 de octubre) el que se enfrenta a un acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se aprobó el Reglamento de consultas ciudadanas.
Es la Administración del Estado la que lo impugna ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que en 25 de abril de 2016 estima el recurso.
El Ayuntamiento de San Sebastián dice no desconocer el régimen jurídico que para la apelación a la ciudadanía establece la Ley de Bases de Régimen local pero – razona- lo que los grupos municipales pretenden es diferenciar las “consultas refrendarias” y las “consultas no refrendarias”, estas últimas a disposición de las reglas que se creen en el espacio municipal. Ya el Abogado del Estado, ante el Tribunal de instancia, advirtió que «el desdoblamiento entre tales consultas en el ámbito local carece de fundamento constitucional y de legalidad ordinaria» y, por su parte, la Sala recordó una sentencia suya (9 de septiembre de 2015) que, si bien referida al régimen foral, contenía lo que llama una “concepción general”: «las consultas populares en el ámbito local no constituyen un instrumento de democracia directa, vinculado al derecho de participación del artículo 23.1 CE, no en vano su regulación se halla excluida del ámbito de la ley Orgánica 2/1980 … por eso la consulta en este ámbito no comparte la manifestación de la soberanía o voluntad del cuerpo electoral propio de las distintas modalidades de referéndum previstos en la CE al no constituir un acto de carácter político sino un acto de gobierno o administración de esa entidad en el ámbito de sus competencias sobre demarcaciones territoriales con lo cual … aquella convocatoria no implica el llamamiento al cuerpo electoral de ese territorio, propio de la consulta refrendaria».
Por eso, lo que deriva de la regulación básica del Estado «no es la prohibición de consultas participativas en el ámbito local que sean de inferior rango y características dispares a las previstas por el artículo 71 de la Ley de Bases, pues ese precepto no consagra una especie singular de consulta que cuente con sustantividad propia – como ocurre con el referéndum- sino que se limita a formular, como al legislador básico le corresponde, cuáles son las exigencias procedimentales y competenciales para que toda consulta municipal pueda llevarse a cabo. Es cuestión pues de régimen jurídico y no de categorías o instituciones jurídicas diferenciadas ...».
El Ayuntamiento, como ha sido adelantado, no conforme con la decisión de juez de instancia, insiste en su recurso de casación ante el Tribunal Supremo en la singularidad de la creación original que han dado a luz “todos” los grupos políticos presentes en el Consistorio: consultas no referendarias o consultas ciudadanas – de creación municipal- y consultas populares – previstas en el artículo 71 de la Ley Básica-. Aunque dejando abierta la posibilidad de impugnación, caso por caso, de la convocatoria de alguna consulta municipal cuando por “su especial relevancia” no proceda la consulta ciudadana de creación municipal.
El Tribunal Supremo se deja impresionar poco por los argumentos municipales y empieza arropándose en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, a cuyo tenor «no cabe en nuestro ordenamiento constitucional, en materia de referéndum, ninguna competencia implícita puesto que en un sistema como el español, cuya regla general es la democracia representativa, solo pueden convocarse y celebrarse los referendos que expresamente estén previstos en las normas del Estado, incluidos los Estatutos de Autonomía, de conformidad con la Constitución» (así, por ejemplo, sentencia TC 103/2008 de 11 de septiembre. Y en parecido sentido como las 31 y 32/2015 de 25 de febrero).
Con el sólido respaldo del intérprete de la Constitución, al magistrado ponente (don Rafael Fernández Valverde) no le cuesta ningún trabajo rechazar las pretensiones del Ayuntamiento recurrente porque «cuando el artículo 69.1 de la Ley Básica impone la obligación de facilitar la participación ciudadana en la vida local, lo hace sin menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados en la ley … Esto es, de tal mandato u obligación no puede deducirse la potencialidad jurídica necesaria para fundamentar en el mismo la creación de un nuevo mecanismo de participación de carácter referendario y, además, sin apoyo en la Constitución ni en la ley que la desarrolla, reguladora de las distintas modalidades del referéndum».
Para terminar respaldando su argumentación en el artículo 70 bis 1 de la Ley Básica donde se exige en todo caso «la tramitación por el procedimiento y con los requisitos establecidos en el artículo 71».
Y aquí se acaba esta breve nota, segunda de las aparecidas en este Blog, sobre las consultas vecinales y la apelación al voto popular. Decisiones bien fundadas, a mi entender, y acordes con el carácter representativo de nuestro sistema democrático. Una desvirtuación del mismo producida a base de ampliar la participación ciudadana directa podría producirse por supuesto porque todo es mudable en este mundo pero ha de saberse que, si tal circunstancia se produce sin tocar la Constitución, estaríamos ante una “mutación” constitucional o, más aún, ante su “ruptura”, según la clásica distinción que Georg Jellinek nos dejó aclarada. Y no estamos para bromas pesadas.
Publicado por Luis Barbado en 5:16 No hay comentarios:
Etiquetas: consultas populares no refrendarias, consultas populares refrendarias, Francisco Sosa Wagner, referéndums municipales, San Sebastián
- Acceso directo al Código Ético del INAP en lectura fácil
INAP.- El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) aprobó su actual Código Ético, el segundo en su historia, a finales de enero de 2019. Ahora lo presenta en una versión de lectura fácil para que todos los ciudadanos puedan conocer los compromisos éticos de los responsables y colaboradores de este organismo público.
La lectura fácil supone la adaptación de textos a las necesidades de todas las personas, en especial a las de aquellas que tiene dificultades de comprensión lectora.
Empleo público: ¿Cuándo será injustificadamente larga una contratación de interinidad?
"La sentencia del TS de 5 de diciembre de 2019, que anoto en la presente entrada, va a provocar una nueva polémica jurídica y a va a alterar más, si cabe, los nervios de las distintas, que son muchas, asociaciones de personal interino, funcionario o laboral existentes en toda España"
Por Eduardo Rojo Torrecilla blog.- Notas a la importante sentencia del TS de 5 de diciembre de 2019, con un voto particular discrepante
1.- Sería bueno que el nuevo gobierno cumpla con rapidez su propuesta programática contenidas en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos de 30 de diciembre y revisara el contrato de interinidad en las Administraciones Públicas, “evitando su uso abusivo”, aun cuando no esté en la lista de las primeras prioridades. Al margen de estar o no de acuerdo con dicha regulación una vez que se conociera su contenido, la fijación de unas reglas claras del juego, incluyendo una duración máxima, evitaría el tira y afloja entre nuestro Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por una parte, y el de muchos Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Social con el TS por otra, y en esta entrada solo me refiero a la jurisdicción social, no siendo menos cierto que también existe dicha conflictividad en sede contencioso-administrativa.
¿Y a qué viene esta reflexión previa antes de proceder, como hago habitualmente, a exponer que voy a efectuar un comentario de una sentencia e indicar el juzgado o tribunal que la ha dictado y el o la ponente? Pues porque creo que la sentencia del TS de 5 de diciembre de 2019, que anoto en la presente entrada, va a provocar una nueva polémica jurídica y a va a alterar más, si cabe, los nervios de las distintas, que son muchas, asociaciones de personal interino, funcionario o laboral existentes en toda España.
El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Ángel Blasco, estando también integrada la Sala por los magistrados Jesús Gullón y Antonio V. Sempere, y las magistradas Lourdes Arastey y Rosa Viroles. Esta última magistrada ha emitido un voto particular radicalmente discrepante con la tesis de la mayoría. No me parece casual que lo haya hecho, ya que, además de otras consideraciones a las que me referiré más adelante sobre el que considera uso desviado de la jurisprudencia del TJUE, fue la ponente de la sentencia dictada por el Pleno de la Sala Social 2l 24 de abril de 2019, ahora utilizada en gran medida por la sentencia anotada para justificar la estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte empresarial, cuando la firmante del voto particular entiende que hubiera debido servir justamente para defender la tesis contraria.
La importancia de la sentencia fue descubierta rápidamente por el profesor Ignasi Beltrán de Heredia en su cuenta de twitter, alertando de como el TS pasaba del concepto utilizado por el TJUE de “duración inusualmente larga” de un contrato de interinidad, a los efectos de su posible reclasificación en contrato indefinido no fijo, al de “duración injustificadamente larga”, expresión, o más exactamente como la conceptúa el TS, que ya ha merecido una dura critica en la misma red social por parte del letrado José Antonio González Espada del Colectivo Ronda.
Tras la atenta lectura de la sentencia por mi parte, así como del voto particular discrepante, coincido con la tesis de la importancia de la sentencia, aunque más relevante puede ser el nuevo espacio de incertidumbre jurídica que se vierte sobre los contratos de interinidad por vacante, ya que en una interpretación muy pegada a la letra de la argumentación contenida en el fundamento de derecho tercero de la sentencia del TS abre considerablemente la posibilidad de que el contrato de interinidad sea largo, muy largo (¿inusualmente largo?), y además justificado. Cabe plantearse entonces si el TS ha “completado”, “enriquecido”, “modificado”, o “alterado” la jurisprudencia del TJUE plasmada en la sentencia de 5 de junio de 2018(asunto C-677/16, caso Lucía Montero Mateos), y auguro que se generará una amplia polémica al respecto, o bien simplemente, que no sería poco ni mucho menos, construye doctrina sobre una nueva causa de extinción del contrato. Además, las amplias referencias a la justificación de la no convocatoria de concurso para cubrir la plaza por motivos presupuestarios no parece que casen nada bien con la línea jurisprudencial del TJUE respecto a la no toma en consideración de estos problemas para tomar decisiones por parte de la Administración, ya que se actuaría con vulneración de la Directiva 1999/70/CE y el acuerdo marco anexo sobrecontratación de duración determinada.
2.- Pongamos orden a la explicación y recojamos en primer lugar el resumen oficial de la sentencia: “Contrato de interinidad por vacante. Por el mero transcurso de tres años el contrato no se convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad del artículo 70 EBEP. No cabe apreciar fraude o abuso en la contratación pues poco después de formalizado el contrato entraron en vigor las disposiciones legales que impedían realizar ofertas públicas de empleo. Reitera doctrina SSTS de 18 de julio de 2019, Rcud. 1010/2018 y de 20 de noviembre de 2019, Rcud. 2732/2018. Voto Particular”.
La resolución judicial estima, en contra del criterio defendido por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, el RCUD interpuesto por la Administración demandada, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma (sede Granada) de 22 de marzo de 2018, de la que fue ponente la magistrada Rafaela Horcas. El TSH había estimado el recurso de suplicación interpuesto por la parte trabajadora, contratada mediante la modalidad contractual de interinidad por vacante, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Jaén de 2 de octubre de 2017, que había desestimado la demanda presentada en procedimiento ordinario de reclamación de derechos, en concreto con la pretensión de que se reconociera su condición de trabajadora indefinida no fija.
El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de la citada demanda. Interesa conocer de los hechos probados de la sentencia de instancia que el inicio de la prestación de servicios por la trabajadora fue el 21 de julio de 2011 “para cubrir la plaza de cuidadora, laboral temporal por vacante de la RPT”, sin que conste que fuera cubierta reglamentariamente. El 7 de marzo de 2017, es decir cinco años y ocho meses más tarde presentó reclamación previa en sede administrativa, cuya desestimación motivo la posterior demanda y la sentencia desestimatoria de su pretensión por el JS.
La estimación del recurso de suplicación se llevó a cabo por el TSJ tras modificar el criterio mantenido con anterioridad y que fue justamente al que se acogió la Administración condenada para interponer el RCUD, aportando como sentencia de contraste la dictada por la misma Sala el 22 de enero de 2014, de la que fue ponente el magistrado Francisco José Villar. Sin que ello tenga posteriormente mayor importancia para la resolución del RCUD, sí deseo destacar una modificación de los hechos probado solicitada por la parte recurrente y que fue debidamente documentada: mientras que en los hechos probados de instancia se recogía que el contrato finalizaría cuando el puesto de trabajo fuera cubierto “a través de los procedimientos establecidos en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y el vigente Convenio Colectivo, en todo caso hasta que el servicio sea necesario o finalice la obra para la que fue contratada", en la modificación queda redactado en los siguientes términos: “a través de los procedimientos establecidos en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía o el vigente convenio colectivo o amortización en forma legal”, desapareciendo pues la referencia a que su duración podía alargarse “hasta que el servicio sea necesario”, causa que, al menos hasta donde yo conozco, no tiene cabida en la normativa reguladora del contrato de interinidad por vacante (art. 4 RD 2720/1998 de 18 de diciembre, en desarrollo del art. 15.1 c de la Ley del Estatuto de los trabajadores).
3.- Con prontitud centra el TS la cuestión a resolver cuál es si el contrato suscrito el 21 de julio de 2011 es válido, y por tanto lo sería su extinción, o bien si no tiene tal validez y la relación laboral debe ser considerada “fija discontinua”. Como bien observa el voto particular discrepante, debe tratarse esta última referencia de “un error de transcripción”, ya que a lo largo de toda su fundamentación jurídica la sentencia de TS aborda si estamos en presencia o no de una relación indefinida no fija, en los mismos términos que se planteó en instancia y en suplicación, sin referencia alguna al carácter discontinuo de la relación.
Procede la Sala a efectuar una breve síntesis de las sentencias de instancia y suplicación, subrayando que, al igual que otras sentencias que han llegado en unificación de doctrina al TS en 2019, el TSJ estimó el recurso porque desde que se formalizó el contrato hasta que se procedió a la desestimación de la petición del reconocimiento de la condición de trabajadora indefinida no fija había transcurrido “en exceso” el plazo de tres años previsto en el art. 70.1 del Estatuto Básico del Empleo Público, cuyo último inciso dispone que “En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. A continuación, analiza la sentencia aportada de contraste, en donde tras un primer contrato temporal de un año por necesidades de la producción, el centro hospitalario donde prestaba sus servicio el demandante (médico especialista) formalizó un contrato de interinidad por vacante desde el día 19 de julio de 2008, concluyendo la Sala que solo debía pronunciarse sobre el segundo contrato, y que este era conforme a derecho, no pudiendo accederse a la función pública con la condición de trabajador indefinido “contraviniendo los principios constitucionales establecidos para ello”.
El TS, que también resalta que la sentencia recurrida modifica la doctrina contenida en la de contraste, considera debidamente acreditada, de forma correcta a mi parecer, la existencia de la contradicción requerida por el art. 219.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social para la admisión a trámite y posterior resolución del RCUD, siendo el núcleo duro del conflicto la distinta valoración jurídica de la superación del transcurso de los tres años previstos en el art. 70.1 EBEP para la ejecución de la OEP.
El RCUD se formula al amparo del art. 207 e) de la LRJS, es decir con alegación de infracción de normativa y jurisprudencia aplicable, en concreto los ya citados art. 15.1 c) LET, art. 4 del RD 2720/1998, art. 70.1 EBEP, y también con mención del art. 103 de la Constitución, cuyo apartado 3 dispone que “ la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad…”, y “demás regulación concordante”.
La sentencia lo deja bien claro desde el inicio de la argumentación jurídica contenida en el fundamento de derecho tercero: la resolución del recurso exige “partir de la doctrina de la Sala respecto de la aplicabilidad del art. 70 EBEP”, y menciona inmediatamente a continuación un amplio fragmento de la sentencia del Pleno de 24 de abril de 2019, y acude también a la posterior de 18 de julio, de la que fue ponente el mismo magistrado que en la ahora examinada. Así se manifiesta la Sala: “En efecto, como dijimos en la STS -pleno- de 24 de abril de 2019, Rcud. 1001/2017 , "El plazo de tres años a que se refiere el art. 70 del EBEP referido, no puede entenderse en general como una garantía inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que antes de que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación pueda comportar; al igual que en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático". Igualmente señalamos que "Respecto al alcance que posea la superación del plazo de tres años contemplado en el art. 70 del EBEP, precepto citado en el análisis de la contradicción de las sentencias comparadas, ha de señalarse que dicho precepto va referido a la ejecución de la oferta de empleo público" y que "son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta conclusión".
A ello podemos añadir ahora que respecto del alcance que posea la superación del plazo de tres años contemplado en el artículo 70 EBEP , y con independencia de si resulta o no aplicable a unas contrataciones anteriores a su entrada en vigor, debemos acotar su virtualidad, aquilatando el alcance de nuestra anterior doctrina. Así, resulta claro que el precepto en cuestión impone obligaciones a las administraciones públicas, pero la superación del plazo no tiene por qué alterar la naturaleza de los vínculos laborales. Tampoco fija el precepto en tres años la duración máxima de la interinidad, sino que dicho plazo va referido a la "ejecución de la oferta pública de empleo", lo que -obviamente- exige la existencia de tal oferta. Por otro lado, el plazo de tres años no puede entenderse como una garantía inamovible, pues, por un lado, la conducta de la empleadora puede abocar a que antes de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad (supuestos de fraude o abuso, frente a los que los tres años no sería en modo alguno un escudo protector que impidiese las consecuencias legales anudadas a tales situaciones).
Por otro lado, el referido plazo de tres años no puede operar de modo automático para destipificar la interinidad por vacante. Es fácil imaginar supuestos (anulación judicial de la oferta, de convocatorias o de las pruebas; o, incluso, congelación normativa de las ofertas de empleo) en que no podría asignarse tal consecuencia.
En definitiva, son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de provocar una u otra conclusión, siempre sobre las bases y parámetros que presiden la contratación temporal”.
A partir de esta tesis, la mayoría de la Sala es del parecer que la misma era la del TJUE en la tantas veces citada sentencia de 5 de junio de 2018 (asunto C-677/16) y en cuyo apartado 64 aparece la enigmática frase de un contrato de interinidad “de duración inusualmente larga”, de la que puede inferirse que esa duración abocaría a la recalificación del contrato como indefinido no fijo, pero que ahora el TS interpreta (porque eso no lo dice en modo alguno la sentencia del TJUE a mi parecer) que significa que el TJUE “avala que el contrato de interinidad puede durar más de tres años”.
Bueno, una cosa es que pueda durar, como está ocurriendo con demasiada frecuencia, más de tres años, y otra cuáles son las consecuencias jurídicas. Quizás aquí, apunto, al TS le hubiera bastado con acudir a su consolidada jurisprudencia sentada durante 2019, no sin votos particulares discrepantes en importantes sentencias, respecto a la que la superación de los tres años del art. 70.1 EBEP no implica la conversión en contrato indefinido.
Ahora bien, la parte importante, y muy polémica sin duda, de la sentencia, es la construcción doctrinal que efectúa inmediatamente a continuación después de haber llegado a la conclusión previa de que la sentencia del TJUE de 5 de junio de 2018 sostenía la misma tesis que la ahora objeto de enjuiciamiento. Para la Sala, son los tribunales españoles “quienes deben valorar si una duración injustificadamente larga puede determinar la conversión en fijo del contrato temporal. Y utilizamos expresamente la locución "injustificadamente larga" porque lo realmente determinante de la existencia de una conducta fraudulenta que hubiese de provocar la conversión del contrato temporal en indefinido no es, en modo alguno, que su duración resulte "inusualmente" larga; sino que la duración del contrato sea "injustificada" por carecer de soporte legal a la vista de las circunstancias concurrentes en cada caso. Una duración temporal del contrato que no se acomode a lo que resulta habitual puede ser perfectamente legal y estar plenamente fundamentada; sin embargo, cuando esa duración carece de soporte por ser injustificada tendrá como consecuencia que el contrato no pueda ser considerado temporal”.
Desde luego, hay argumentos más que sobrados para entender que (¿a partir de ahora?) el TS se aparta de la jurisprudencia del TJUE y acude a su construcción, de momento doctrinal a la espera de una confirmación en su caso en sentencias posteriores. Ya tiene el profesor, y buen amigo, Cristóbal Molina, material, y del bueno, para “construir” la saga 2020 de lo que ha dado acertadamente en llamar “la serie (jurídico-política) «juegode tronos entre togados comunitarios”.
Quizás hubiera sido interesante, a la par que conveniente, aunque supongo que podrá alegarse que hay que estar a las circunstancias concretas de cada caso, que el TS concretara esta enigmática afirmación de que “Una duración temporal del contrato que no se acomode a lo que resulta habitual puede ser perfectamente legal y estar plenamente fundamentada; sin embargo, cuando esa duración carece de soporte por ser injustificada tendrá como consecuencia que el contrato no pueda ser considerado temporal”, pero al no haberlo hecho la polémica está servida y seguro que encontrará respuesta crítica por parte de algún TSJ, y quizás el planteamiento de una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE… y vuelta a empezar si no lo remedia un nuevo marco normativo suficientemente clarificador.
4.- Por si no hubiera ya suficientes interrogantes en la tesis construida por el TS, inmediatamente a continuación se introduce, obviamente a mi parecer, en un nuevo conflicto con la jurisprudencia del TJUE, ya que acepta que la crisis económica iniciada a finales de la primera década del siglo XXI, y continuada durante parte de la segunda, y sus efectos en las leyes presupuestarias con la congelación de la convocatoria de plazas en la función pública, es un argumento que avala la actitud conforme a derecho de las Administraciones Públicas en un caso como el ahora analizado. No es esta desde luego a mi parecer la jurisprudencia del TJUE para reducir o limitar el alcance de la Directiva 1999/70/CE y más en concreto de la cláusula 5.1 del acuerdo marco, y en numerosas sentencias que han sido objeto de atención en anteriores entradas del blog así lo he destacado.
Tras un referencia, de la que no alcanzo a ver su necesidad, a la sentencia de la Sala C-A del alto tribunal de 10 de diciembre de 2018, que anuló órdenes que ejecutaban OEP, la sentencia concluye casi por donde empezó la argumentación jurídica…, solo que al revés de como lo hizo entonces, ya que si afirmaba que debía partirse de la sentencia de 24 de abril de 2019 ahora concluye que el supuesto examinado “es absolutamente diferente” de aquel.
Tal diferencia en el tiempo de interinidad ciertamente existe, cerca de veinte años en aquella y de seis años en el de la sentencia recurrida, y es también cierto que la Administración estuvo al menos en el primer caso durante veinte años sin convocar la plaza sin motivo ni justificación alguna, y este supuesto, aquí nuevamente aparece la polémica jurídica a mi parecer, es “absolutamente diferente” porque ahora el período de demora de la convocatoria, que no se había llevada cabo cuando se presentó la reclamación previa por el trabajador, ha sido de seis años, y durante cuatro de ellos (¿los otros dos no tienen importancia para la Sala?) “estuvo suspendida la oferta de empleo público”, y estas diferencias son “lo que impide apreciar -a falta de otros datos que no constan en los hechos probados- la concurrencia de fraude de ley o abuso de derecho”. Me queda la duda jurídica, que solo dejo apuntada también para debate, de si el fraude de ley o abuso de derecho puede “cuantificarse” en función del tiempo durante el que no se haya actuado conforme a derecho por parte de la Administración demandada y según la motivación con la que se pretenda justificar tal actuación.
5.- Con tantas “novedades”, “interpretaciones” o “reinterpretaciones” por parte del TS no era de extrañar que la ponente de la sentencia de 24 de abril de 2019, la magistrada Rosa Virolés, emitiera un voto particular radicalmente discrepante, previo recordatorio por su parte de que el Ministerio Fiscal interesó la desestimación del RCUD “de acuerdo con la sentencia de esta Sala IV/TS -Pleno- de 24 de abril de 2019 (rcud. 1001/2018), conforme a la cual "la relación de la trabajadora ha de ser declarada de indefinida no fija".
Lógicamente el voto transcribe muy ampliamente la sentencia de 24 de abril de 2019 para sostener inmediatamente a continuación que su doctrina es de aplicación al caso ahora enjuiciado, poniendo el acento en que la plaza que ocupaba la trabajadora con contrato de interinidad por vacante “no se haya cubierto reglamentariamente después de 7 años desde que ocupó la trabajadora el puesto, y sin que la demandada haya intentado sacar a concurso dicha plaza vacante”; es decir, la Administración empleadora “no ha desplegado conducta alguna que sea concordante con el mantenimiento de la interinidad reseñada, ni existe actuación alguna tendente a lograr la definitiva cobertura de la plaza o a propiciar su amortización, lo cual deslegitima el contrato inicialmente válido, que necesariamente se ha incorporado al habitual quehacer de la demandada”. Y dando la vuelta, como un calcetín, a la argumentación de la mayoría de la Sala sobre la necesidad de apreciar las circunstancias concretas del caso, que serían para aquella las que llevarían a la validez de la contratación, expone que son justamente tales circunstancias, las que acabo de referenciar, “las que determinan que haya de estimarse que la relación de la trabajadora ha devenido indefinida no fija, lo que conduce a la confirmación de la sentencia recurrida que así lo entendió”.
Tal como he indicado con anterioridad, la tesis del voto particular es completamente distinta, por discrepante, de la de la sentencia respecto al aval de la sentencia del TJUE de 5 de junio de 2018 (asunto C-677/16) a la tesis de la posibilidad de un duración del contrato de interinidad superior a tres años y la reconversión de aquello que el TJUE calificó de “duración inusualmente larga” en “duración injustificadamente larga”. La dureza con la que expone su discrepancia me exime de mayores comentarios, y me remito a mi análisis anterior: “en modo alguno puedo compartir la lectura que el voto mayoritario hace del término expresamente manifestado por la sentencia del TJUE de "duración inusualmente larga", equiparándolo a la locución "injustificadamente larga", pues es obvio que estamos ante dos conceptos no equiparables. La palabra "inusualmente" es un adverbio de modo a partir del adjetivo "inusual", equiparado a anómalo, extraño, infrecuente, excepcional, insólito, etc., pero nunca a injustificado/a. Estimo pues, que no cabe la interpretación dada por la Sala al término, para concluir con una expresión distinta a la señalada por el TJUE en un procedimiento efectuado en español, resolviendo asunto procedente de España ( STJUE 5/06/2018 -C-677/16), del que no cabe duda alguna en los términos que se utiliza la expresión "duración inusualmente larga".
En definitiva, el voto particular subraya que no ha habido convocatoria de la plaza teóricamente vacante, transcurridos siete años desde que se formalizó la contratación de duración determinada y vinculada a un supuesto bien concreto y determinado que no se ha producido, ni tampoco se ha adoptado ninguna medida por la empleadora para la amortización. Es este período de tiempo el que se considera para la magistrada firmante del voto una “duración inusualmente larga” que debería llevar, en aplicación justamente de la jurisprudencia del TJUE en la sentencia de 5 de junio de 2018 (asunto C-677/16) a recalificar el contrato y convertirlo en indefinido no fijo. No es el período de tiempo, ciertamente diferente entre uno y otro caso, el elemento fundamental para llegar a una determinada conclusión, sino que lo ha de ser, en el parecer del voto particular, la “situación de abuso de derecho en la contratación temporal que deslegitima el contrato inicialmente válido”.
Continuará… seguro, mientras no haya modificación normativa, aunque tampoco, los juristas sabemos mucho de ello, una norma, por muy clara que sea, clarificará completamente la situación…, pero al menos seguro que ayudaría a ello.
Publicado por Luis Barbado en 9:31 No hay comentarios:
Etiquetas: duración del contrato de interinidad en las AAPP, oferta de empleo público, plazos de ofertas de empleo público
Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.-Recientemente, una persona que había ejercido responsabilidades directivas en la Administración socialista me mostraba su perplejidad por la multiplicación de estructuras superiores y directivas que se está produciendo como consecuencia de la formación del nuevo Gobierno. Le respondí escuetamente que ello se derivaba “naturalmente” de una patología organizativa que se conoce como estructuras elefantiásicas. Dicho de otro modo, la tendencia a crear artificialmente unidades organizativas para satisfacer apetitos personales o de poder (en este caso de partido) y cuartear, así, ámbitos sectoriales que antaño tenían una mínima coherencia funcional. La elefantiasis por arriba desencadena unos impactos derivados en cadena sobre la Administración Pública como organización. Es obvio que 22 ministerios marcan una tendencia ciertamente desproporcionada (más en un Estado con intensa descentralización política en el desarrollo normativo y gestión de muchos de esos ámbitos ministeriales). Una foto del actual Consejo de Ministro vale más que mil palabras.
Foto del nuevo gobierno de coalición PSOE-Podemos Unidos. La Moncloa.
-La más relevante es que lo que se ha venido llamando como la profesionalización de la dirección pública (órganos directivos de la Administración General del Estado) no está en la agenda política del Gobierno. La “izquierda”, corroída o contaminada también por el clientelismo, no hace bandera de esta cuestión. Nunca lo ha hecho. Menos ahora, que toca el reparto entre dos fuerzas políticas.
Politización de las estructuras directivas
Así las cosas, conviene añadir una perturbación adicional. La multiplicación de estructuras directivas acarrea también impactos estructurales sobre las estructuras administrativas y los puestos de trabajo. Me lo explicaba, también recientemente, un alto cargo de una Administración territorial: cualquier Gobierno de coalición, al crear nuevos departamentos, tiene impactos asimismo inevitables en la creación de nuevas estructuras administrativas y, por tanto, de nuevos puestos de trabajo, sin perjuicio de que algunos se trasladen de su departamento anterior al nuevo. Lo grave del asunto es que como muchos de estos nuevos departamentos están vacíos o semivacíos de funciones efectivas, se terminan creando puestos de trabajo “fantasmas”, en los que se prevén un haz de funciones, pero que apenas hay tareas por desarrollar. Eso también pasa, con otros matices, en los niveles directivos. Ser nombrado Subsecretario o Secretario General Técnico en un Ministerio “vacío de funciones efectivas”, será una auténtica canonjía. ¿Tiene sentido mantener hoy en día esas figuras directivas (algunas con reminiscencias decimonónicas) duplicadas en todos y cada uno de los departamentos ministeriales? Y ya el colmo del despropósito es cuando se crean órganos directivos sin estructuras administrativas que cuelguen o con unas estructuras dependientes escuálidas. Como se decía antaño, “jefes sin indios”. También los hay, al menos en otras administraciones públicas.
Etiquetas: Elefantiasis gubernamental, estructuras elefantiásicas, Gobierno de coalición, número de ministerios
España recupera cuatro puntos en percepción de la corrupción
España ocupa, junto con Portugal, la posición 30 de los 180 países estudiados en el IPC de este año. Nuestro país aún no ha recuperado los niveles de 2012
Por Antonio Arias. Fiscalización.es.- El Índice de Percepción de la Corrupción 2019, que Transparency International hizo hoy público en todo el mundo, ha supuesto para España una subida de cuatro puntos en relación con la calificación del año pasado. Mientras que en 2018 España obtuvo 58/100 puntos, este año la puntuación es 62/100.
Ranking de países 2019
Etiquetas: #corrupción, Índice de Percepción de la corrupción 2029, Transparency International
Por El blog de Eduardo Rojo Torrecilla.- 1.- Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 22 de enero (asunto C-177/18), como consecuencia de una cuestión prejudicial planteada, al amparo del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, por el Juzgado contencioso- administrativo núm. 14 de Madrid,por auto de 16 de febrero de 2018.
El 19 de octubre publiqué una entrada en el blog, dedicada al análisis de las conclusiones del abogado general Maciej Szpunar en el caso ahora resuelto por la sentencia del TJUE. Remito igualmente a todas las personas interesadas a su atenta lectura, dado que la mayor parte de su argumentación ha sido acogida por el TJUE. Dichas conclusiones tambien fueron objeto de un riguroso análisis, de muy recomendable lectura, por parte del profesor Ignasi Beltrán de Heredia en una entrada publicada en su blog el 18 de octubre.
2.- El litigio encuentra su origen en sede judicial cuando la persona afectada presenta una demanda contra la denegación de su petición, en sede administrativa, de abono de indemnización por finalización de sus servicios. Estamos en presencia de una trabajadora que fue nombrada funcionaria interina del Ayuntamiento de Madrid el 24 de noviembre de 2005, con la categoría de oficial de jardinería, al objeto de cubrir una plaza vacante hasta su ocupación por un funcionario de carrera con derecho a reserva del puesto de trabajo, si bien en el nombramiento también se hacía constar que la extinción de la relación temporal podría igualmente producirse “cuando la Administración considerara que hubieran dejado de existir las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina”. Siete años y medio más tarde, (¿duración inusualmente larga? me pregunto) el 15 de abril de 2013, se comunicó a la trabajadora su cese, como consecuencia de la ocupación de la plaza por un funcionario de carrera.
3.- El TJUE procede primeramente al repaso de la normativa europea y estatal española aplicable.
5.- ¿Existe diferencia de trato entre el funcionario interino y el de carrera cuando se extingue su relación de servicios? No, porque en ningún caso se percibe la indemnización que reclama la demandante, por lo que el TS sienta ya una primera conclusión, cual es que la cláusula 4.1 no se opone a una normativa como la española que no prevé indemnización alguna cuando la relación funcionarial se extingue de forma “ordinaria”, ya se trate de personal interino o de carrera.
6.- Pasa a continuación el TJUE a examinar la segunda cuestión planteada, en concreto la posible entrada en juego del dos preceptos del TFUE, arts. 151 y 153, dos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, art. 20 y 21, y nuevamente el apartado 4.1 del Acuerdo Marco, ya que podrían interpretarse, tal es el parece del JCA y ahora lo pregunta al TJUE, en el sentido de oponerse a una normativa como la española que no prevé indemnización alguna cuando cesa un funcionario interino, ya que no la prevé el EBEP, mientras que sí la prevé la LET cuando se extingue un contrato de duración determinada de obra o servicio, o por necesidades de la producción.
7.- Finalmente, la Sala procede a examinar la tercera cuestión, que declarará inadmisible, y por tanto no entrará a conocer de ellas, por llegar a la conclusión de que es meramente hipotética. Probablemente la cuestión planteada fuera la que más interés había levantado en punto a dar una respuesta eficaz y adecuada a actuaciones contrarias a derecho por parte de la Administración en materia de contratación de duración determinada o de relación funcionarial interina, ya que planteaba si sería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70, “como medida para prevenir el abuso y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, en caso de que el empleador no dé fijeza al trabajador, una indemnización, equiparable a la de despido improcedente, indemnización como sanción adecuada, proporcional, eficaz y disuasoria?”.
El TJUE acogerá, pues, la tesis del gobierno español de considerar inadmisible esta cuestión, por cuanto en el litigio en juego no podría aplicarse la cláusula 5.1 dado que solo existió una relación y no se produjo ningún abuso ya que esta finalizó cuando se cubrió la plaza por un funcionario de carrera. La Sala parte de los datos fácticos del caso, aportados, no se olvide, por el auto, y también de las observaciones expuesta en la vista oral, y del primero concluye que el juzgado remitente no ha proporcionado “
8.- Concluyo. Primera de las sentencias “esperadas” con indudable interés por parte de las cada vez más numerosas asociaciones de personal interino en el ámbito público, existentes tanto en ámbito estatal como autonómicos y locales, y que no creo, con toda sinceridad, que les haya satisfecho. Toca ahora esperar a la considerada más importante, la que se dictará, aún sin fecha prevista, en los asuntos C-103/18y C-429/18, acumulados, por las consecuencias que puedan tener sobre la consecución, tan deseada, de la estabilidad en su empleo, o dicho de otra forma el conseguir la “fijeza” tan deseada por quien lleva varios años en la incertidumbre (para él o ella, no para el TJUE si hemos de hacer caso a su jurisprudencia desde las sentencias de 5 de junio de 2018, casos Lucia Montero Mateos y Grupo Norte Facility) de cuánto tiempo mantendrá su vínculo con la Administración, incertidumbre que es mayor cuando no se ha convocado la OEP o bien cuando aun habiéndose convocado no se está llevando a cabo.
Etiquetas: indemnización interinos, Justicia Unión Europea
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References: artículo 47
 real decreto 
 artículo 23
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 69
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 70
 resolución 
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 artículo 70