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Timestamp: 2019-09-18 05:03:06+00:00

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HECHOS Se debe describir la situación de violación de derechos lo más detalladamente posible, citando actores, fechas…. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Sobre la honra y el buen nombre
Política Nacional de Reducción del consumo
Ciudad y Fecha__________________
Interesados: Nombre de quien interpone la tutela
Contra: Nombre del demandado
Si es interpuesto por una persona:
Yo, ciudadano colombiano mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con las cédula de ciudadanía, cuyo número y lugar de expedición aparecen con mi firma, ante usted respetuosamente acudo para promover Acción de Tutela, de conformidad con el Artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, para que judicialmente se le conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales a la libre expresión, la libre asociación, la dignidad humana, el buen nombre, la honra, la igualdad y la no discriminación.
Si es interpuesto por un grupo de personas:
Nosotros, ciudadanos colombianos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, identificados con las cédulas de ciudadanía, cuyos números y lugares de expedición aparecen con nuestra firma, personas naturales y jurídicas afectadas, todas a nombre propio, sin que ninguna represente a las demás, ante usted respetuosamente acudimos para promover Acción de Tutela, de conformidad con el Artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, para que judicialmente se le conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales a la libre expresión, la libre asociación, la dignidad humana, el buen nombre, la honra, la igualdad y la no discriminación.
Nuestras / Mi peticion se fundamentan en los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
Se debe describir la situación de violación de derechos lo más detalladamente posible, citando actores, fechas….
Consideramos ________Citar a personas o instituciones demandadas, están vulnerando los derechos fundamentales de ____ Citar a quien se le están vulnerando los derechos.
Consideramos que describir la situación de vulneración ______________. Consideramos que lo que hay en esta situación es un acto claro de discriminación y estigma de _________ hacia ________ por tratarse de jóvenes ________consumidores de sustancias psicoactivas, barristas, o otras razones de ________.
La Corte se ha pronunciado acerca de la discriminación y de los actos discriminatorios en sentencia T – 098 – 1994:
“La discriminación es un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica”.
“Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable”.
“Constituye un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la institucionalidad misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo contrario a los valores constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la persona”.
Consideramos que además de discriminación, se están vulnerando varios derechos: El derecho a la igualdad. Según el ARTÍCULO 13 de la Constitución Política de Colombia: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Según el ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. La sentencia T – 104 de 1996 determinó: “al tenor del artículo 85 de la Constitución, la libertad de expresión artística es un derecho fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela. Y es razonable que así sea, pues la expresión artística constituye el medio por excelencia para la realización del potencial creador de todo ser humano, resultando así corolario obligado del libre desarrollo de la personalidad, amparado en el artículo 16 Superior. Por esta vía se hace efectivo el deber impuesto al Estado, de promover y fomentar la creación de la identidad nacional a través de la cultura (art. 70 supra)”.
Según el ARTICULO 20 “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. La sentencia T - 391 - 2007 ha definido con mucha precisión las condiciones de las excepcionalísimas limitaciones al derecho a la libre expresión:
“De conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos aplicables y en virtud del principio de legalidad, las limitaciones sobre la libertad de expresión deben ser establecidas en la ley, de manera clara, expresa, taxativa, previa y precisa, por lo cual las autoridades que establecen dichas limitaciones por fuera de la autorización legal, o sin ella, violan la libertad constitucionalmente protegida. El nivel de precisión con el cual se han de formular las leyes correspondientes debe ser lo suficientemente específico y claro como para permitir que los individuos regulen su conducta de conformidad con ellas. Este requisito se identifica con la prohibición de limitar la libertad de expresión con base en mandatos legales vagos, ambiguos, amplios o indeterminados. Si bien por las características mismas del lenguaje humano, en el que se han de redactar forzosamente las leyes nacionales, es imposible lograr un nivel absoluto de certeza en su formulación, el grado de precisión, especificidad y claridad en la definición legal de la limitación debe ser tal que evite la discriminación, la persecución o la arbitrariedad de las autoridades que habrán de hacer cumplir las leyes al respecto. También debe la definición de la limitación estar en la misma ley para evitar que sea la administración o la autoridad judicial la que llene su contenido”.
“La segunda condición constitucional que han de satisfacer las limitaciones de la libertad de expresión, es la de perseguir la materialización de ciertas finalidades constitucionales imperiosas, que se han enumerado en términos abstractos en los tratados aplicables -la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad y el orden público, la protección de la salud pública y la protección de la moral pública- pero que deben ser concretadas y especificadas en una ley.
“el método a aplicar en estos casos de conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, es el de la ponderación, sobre la base inicial de la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre los demás derechos. Es decir, de entrada se debe adscribir a la libertad de expresión un valor prioritario dentro del método de ponderación. En cualquier caso, el equilibrio entre los derechos en conflicto variará, dependiendo del tipo de discurso del que se trate, y del contexto en el cual se ejerza”
“las expresiones cuya audiencia incluye niños están sujetas a especiales condiciones constitucionales orientadas a preservar el interés superior, el desarrollo integral y los derechos fundamentales de los menores. Son pertinentes en este sentido las disposiciones del artículo 44 Superior, en el sentido de que (a) los niños tienen derecho fundamental al cuidado, la educación, la cultura, la recreación y al libre expresión de su opinión; (b) “[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”; y (c) “[l]os derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Deben tenerse en cuenta a este respecto, además, ciertas obligaciones específicas impuestas al Estado colombiano por la Convención sobre los Derechos del Niño: (1) la obligación estatal de promover, en toda actuación que les concierna, su interés superior, atender a su desarrollo integral y su bienestar y proteger sus derechos fundamentales prevalecientes, (2) la obligación estatal de respetar las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o de quienes están legalmente encargados del niño, en el sentido de impartirle, de conformidad con su etapa de desarrollo, la dirección y orientación necesarias para el ejercicio de sus derechos, y de cumplir con sus obligaciones primordiales en materia de crianza y desarrollo del menor, (3) la consagración expresa de los derechos de los niños a la libertad de recibir informaciones y opiniones diversas, al descanso, esparcimiento y participación en la vida cultural y artística, y (4) la obligación estatal de respetar los derechos y deberes de los padres, o representantes legales del niño, en el sentido de guiarlo, conforme a su etapa de desarrollo, en el ejercicio de sus libertades de pensamiento, conciencia y religión”.
“el carácter prevaleciente de los derechos de los menores de edad no otorga a las autoridades completa discrecionalidad para limitar la libertad de expresión a su agrado; las limitaciones establecidas para proteger a los menores de edad también deben cumplir con la totalidad de las condiciones constitucionales que se explican en el presente capítulo, y no pueden invocarse como un comodín para limitar la libertad de expresión cada vez que se anticipe que quizás algún niño sea receptor de la información, las opiniones y las imágenes divulgadas por un medio masivo de comunicación. Se debe recordar que en este tipo de casos, el juez constitucional ha de garantizar que, por virtud de la protección de los derechos de los niños, no se termine restringiendo indebidamente la libertad de expresión”.
“La Corte Constitucional ha aceptado tan solo en algunas ocasiones, desde una óptica protectora de la libertad de expresión, que las necesidades concretas y específicas de orden público pueden justificar limitaciones puntuales al alcance de este derecho fundamental, que sean proporcionadas y razonables según las circunstancias, y declaró inconstitucional que en aras de un concepto abstracto e indeterminado de seguridad nacional se autorizara limitar los derechos fundamentales (…). A modo de ejemplo, se pueden citar las categorías jurisprudenciales de “incitación”, “palabras agresivas” y “audiencias hostiles””
“la noción de “moralidad pública” (a) debe ser objeto de una interpretación especialmente restringida, y ser definida de manera previa, clara y precisa en una ley nacional; (b) no puede invocarse en forma abstracta para justificar una limitación, sino debe especificarse y concretizarse de forma tal que sea claro, en cada caso, que existen intereses puntuales en juego que encuadran con la definición previa y precisa establecida en la ley nacional; y (c) esta formulación concreta y específica de aspectos determinados de la moralidad pública en cada caso particular, con referencia a intereses puntuales en juego, debe ser compatible con los principios esenciales de una sociedad democrática pluralista, con el Estado Social de Derecho no confesional y con el principio de dignidad humana (C.P., art. 1). Además, según ha expresado la jurisprudencia constitucional, la carga de demostrar el peso del interés estatal en proteger la moralidad pública en cada caso particular corresponde a la autoridad que busca establecer la limitación sobre el ejercicio de la libertad de expresión; en caso de no cumplirse adecuadamente con esta carga, priman las presunciones constitucionales que amparan los actos expresivos”.
“El tercer requisito establecido en los tratados internacionales para que las limitaciones de la libertad de expresión sean aceptables, es que deben ser necesarias y proporcionadas para el logro de la finalidad que se persigue”.
“la finalidad invocada, como se indicó, debe puntualizarse para el caso particular de manera tal que se demuestre que, dentro de las circunstancias en las cuales se está realizando una expresión determinada, existe la necesidad imperiosa, apremiante, específica y concreta de preservar un derecho ajeno, un elemento previamente definido -de manera precisa y clara- del orden público, de la salud pública o de la moralidad pública. El adjetivo “necesario” (...) implica una necesidad social apremiante o imperiosa, más que simplemente útil, importante, legítima u oportuna”.
“la limitación concreta a adoptar debe estar permitida –en el sentido de no desconocer la prohibición de la censura (directa, indirecta o por consecuencia)”.
“la relación entre la limitación a adoptar, en tanto medio para alcanzar el fin que se persigue, y la finalidad imperiosa, concreta y específica invocada para justificar la limitación, ha de ser no solo apta, apropiada o efectivamente conducente para el logro de dicha finalidad, sino cumplir un requisito más exigente. En efecto, la limitación que se pretende justificar para desvirtuar las presunciones anteriormente mencionadas, debe ser un medio (i) materialmente necesario –en el sentido de que no hay otro medio disponible para el logro de la finalidad perseguida en las circunstancias concretas-, y (ii) lo menos restrictivo posible del ejercicio de la libertad de expresión –por lo tanto, de existir un medio alternativo menos restrictivo para alcanzar la finalidad imperiosa, concreta y específica, la limitación de la libertad de expresión será contraria a este derecho fundamental y tenerse por violatoria de la libertad de expresión”.
“la incidencia de la limitación sobre la libertad de expresión debe ser proporcionada, de tal forma que son inadmisibles las limitaciones excesivas. (...) la limitación que se pretende justificar ha de maximizar la armonización entre la finalidad buscada y el ejercicio de la libertad de expresión, de tal forma que el grado de incidencia sobre dicha libertad sea menor o igual al peso de la finalidad imperiosa, concreta y específica invocada como justificación de la limitación sospechosa de dicha libertad. Al analizar si se logra en el caso concreto dicha armonización, son pertinentes criterios que permitan verificar si (1) se ha establecido un equilibrio entre todos los diferentes valores en conflicto, (2) que los promueve de manera simultánea, (3) armonizándolos concretamente dentro de las circunstancias del caso en particular, (4) sobre la base de una apreciación aceptable de los hechos relevantes vistos como un todo, partiendo del contexto en el cual tuvieron lugar tanto las expresiones como la limitación, y factores tales como el tipo específico de libertad de expresión que se está limitando, la naturaleza y severidad de las limitaciones adoptadas y su duración en el tiempo, así como las circunstancias particulares de las personas involucradas en el acto expresivo y cualquier elemento de interés público que esté presente dentro de las circunstancias generales de la expresión limitada, (5) prestando atención a los efectos que tendrá la limitación sobre el libre flujo de ideas, informaciones y expresiones en la sociedad, de manera que éste no sea desestimulado, en particular en lo atinente a asuntos de interés público, (6) asegurándose de que el impacto de la limitación es compatible con el funcionamiento de una sociedad democrática abierta y pluralista, y (7) verificando que la limitación no tiene un animus persecutorio o retaliatorio ni un impacto discriminatorio"
“la carga de demostrar que se han cumplido estos requisitos recae sobre la autoridad que adoptó la limitación a la libertad de expresión”
En este caso la libertad de expresión se concreta en la forma de la libertad de expresión artística. Este concepto ha sido suficientemente explicado por la Corte, en sentencia T – 104 de 1996. A continuación los apartes pertinentes de esta sentencia:
“Difícilmente podría pensarse una actitud más ajena a los presupuestos del Estado de derecho, que aquélla en la que una autoridad pública se erige en fiscal de la correspondencia entre una obra de arte y su personal axiología moral o estética. La acción de tutela está llamada, en estos casos, a restablecer el imperio de los derechos fundamentales de las personas afectadas por dicha discriminación”.
“toda persona tiene derecho a competir en igualdad de condiciones por un acceso a los medios públicos de difusión, para dar a conocer sus obras, así como tiene derecho la comunidad a apreciarlas y a escoger libremente aquellas que considere dignas de su aprobación o rechazo, sin que dicha elección esté viciada por la previa imposición o censura que haga el Estado de determinada concepción estética”.
“la difusión artística debe someterse a la previa autorización que, con base en criterios acordes con la Constitución como los ya enunciados, otorguen las autoridades competentes. No es otro el límite posible a la difusión de la expresión artística”.
“Las autoridades de la República, entonces, no (…) pueden legítimamente determinar el contenido de una obra, pues cualquier limitación en estas materias vulneraría la esencia misma del derecho”.
“Los padres que consideren que algún tipo de manifestación artística puede ser contraria a sus valores, o las personas que por cualquier otra razón deseen evitar que sus hijos contemplen determinadas obras de arte, tienen la posibilidad y el deber de educarlos dentro de su propia moral a fin de que los menores, al enfrentarse a exposiciones contrarias a aquélla, puedan reaccionar en consecuencia. (...) Lo que en ningún momento pueden exigir del Estado es una tutela tal de sus derechos, que impida a las demás personas el ejercicio de los propios, como ocurriría si se llegara a vetar una obra de arte cuya exhibición, según los parámetros indicados en esta sentencia, debiera ser autorizada”.
“quienes, ejerciendo su derecho a elegir libremente, rechazan una determinada exhibición (...) son libres de manifestar su inconformidad, pero sin impedir que el artista ejerza su derecho a la libre expresión y que el resto del público aprecie la obra”.
“En un Estado (...) en el que las personas son moralmente autónomas, a nadie puede impedírsele difundir o tener acceso a las obras que quiera, so pretexto de su contenido inmoral o antiestético. El hacerlo, entrañaría un acto (...)violatorio del derecho a la difusión de la expresión artística, contenido en los artículos 20 y 71 de la Carta Política. (...) Ello se deriva delcarácter pluralista de la Constitución (manifiesto en los artículos 1, 7, 10, 13, 16, 18 y 19, entre otros) que no (...) otorga privilegio a ninguna concepción de la moral”.
Según el ARTÍCULO 21 Se garantiza el derecho a la honra. La actitud de discriminación por parte del rector y las instituciones está basada en argumentos discriminatorios relacionado con consumo de drogas, pertenencia a pandillas condiciones que se generalizan sobre las personas que habitan la comuna San José.
Sobre la honra y el buen nombre la Corte se ha pronunciado en sentencia T – 088 – 2013:
“La Constitución Política (Art. 2) establece que las autoridades de la República se instituyen, entre otros fines, para proteger a las personas en su honra, situación que se desarrolla posteriormente en los artículos 15 y 21, que establecen los derechos a la honra y el buen nombre como fundamentales. Estos derechos son objeto de protección constitucional expresa “por estar ligados al respeto de la dignidad humana, principio fundamental del Estado Social de Derecho (art. 2 C.P.), y valor fundamental de la Comunidad internacional””.
“El derecho al buen nombre ha sido definido como “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”[34]. La Corte ha manifestado igualmente que “este derecho está atado a todos los actos o hechos que una persona realice y por las cuales la sociedad hace un juicio de valor sobre sus virtudes y defectos”[35]. Derivado de esta definición, se aprecia que el derecho al buen nombre depende de la conducta del propio sujeto, y la visión que sobre dicha conducta tiene la sociedad. La Corte incluso ha llegado a decir que el buen nombre depende del “merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad”[36].
En cuanto a la vulneración al derecho, esta se da siempre que se difundan afirmaciones, informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no concuerden con la conducta pública exhibida por el sujeto. Así, “el derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”[37]. Ha complementado la jurisprudencia este concepto diciendo que “se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen””.
“Frente al derecho a la honra ha dicho la jurisprudencia que, aunque es cercano en su concepto al buen nombre, puede definirse como “la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana””
“Para caracterizar la afectación del derecho a la honra se ha establecido que no cualquier referencia afecta su núcleo esencial, sino que solo aquellas referencias que impliquen un daño moral tangible”.
Según lo propuesto por la Política Nacional de Reducción del consumo de substancias psicoactivas del Ministerio de Salud es necesario trabajar intersectorialmente en reducir la incidencia y prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas y mitigar el impacto negativo del consumo sobre el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. Las intervenciones no pueden seguir siendo solo represivas y persecutorias, hay que trabajar conociendo la realidad (la que queremos transformar) y a los grupos con los que pensamos trabajar Construyendo respuestas con los grupos, a partir de su entorno, realidad y necesidades Basándose en la evidencia y no en “lo que siempre se ha hecho”, reprimir, vigilar y castigar, se necesita mejorar la idoneidad de quienes hacen prevención y atención; se necesita saber si lo que hacemos sirve.
Ninguna acción debe darse desarticulada de un programa o proyecto, al cual deberán estar aportando diferentes sectores e instituciones Reconociendo con los grupos y la comunidad la capacidad para cambiar y transformar desde ellos mismos, sus propios estilos de vida.
9. La libertad de asociación, de que las organizaciones que desarrollan el proyecto comunitario son titulares como tales, también quedan vulnerados. La razón es que, en este caso, su ejercicio está estrechamente vinculado al de los otros derechos mencionados, especialmente la libre expresión. Esto lo corrobora la sentencia T – 434 de 2011, de la cual en seguida se transcriben los fragmentos pertinentes:
“En Colombia, se ha reconocido expresamente por la jurisprudencia constitucional, que las personas jurídicas en general pueden buscar el amparo de sus derechos fundamentales a través de la acción de tutela[56]. Se ha señalado que las personas jurídicas, en cuanto proyección del ser humano, tienen sus propios derechos fundamentales como la propiedad, el debido proceso, el derecho de petición, el derecho de acceso a la información”.
“es particularmente importante para efectos del presente caso, resaltar que la jurisprudencia de la Corte ha reconocido la titularidad de este derecho en cabeza tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. La sentencia T-391 de 2007 determinó la posibilidad de que las personas jurídicas ejerzan el derecho a la libertad de expresión”.
“Este punto (…) cobra una dimensión especialmente significativa en el caso de medios de comunicación o empresas editoriales, que además de ser personas jurídicas en sí mismas y ejercer, por lo tanto, su propia libertad, obran como canales para la expresión de terceros”.
“su titularidad es universal sin discriminación, compleja (quien se expresa y del receptor), y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (…) la expresión protegida por esta libertad puede ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (...) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes; (...) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono; (...) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; y (...) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares”.
11. Como se infiere de la lectura de los fragmentos jurisprudenciales arriba transcritos, las personas jurídicas son titulares del derecho de petición, al igual que las personas naturales. Esto es pertinente porque a todos los accionantes les fue vulnerado su derecho de petición en este caso. Su derecho fue vulnerado cuando ___________Describir la situación de violación de derechos.
En seguida los apartes pertinentes sobre el derecho de petición tomados de la sentencia T – 667 – 2011:
“la efectividad del derecho fundamental de petición implica el derecho de toda persona a presentar solicitudes ante las autoridades correspondientes y a recibir una respuesta oportuna, es decir, dentro del término legal establecido; así como el derecho a que dicha respuesta sea de fondo, lo que significa que la misma debe ser suficiente, efectiva y congruente respecto de las pretensiones formuladas”.
2. En el evento en que, formulada la petición ante un particular, la protección de otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta o la ausencia de respuesta sea en si misma lesiva de otro derecho fundamental, es posible ordenar por la vía del amparo constitucional que ésta se produzca”
12. Por todo lo expuesto creemos que las entidades contra quienes interponemos la acción de tutela están vulnerando los derechos fundamentales de citar a la víctima______________.
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al Señor Juez ordenar:
• Describir cuales son las acciones necesarias para la restitución del derecho o la sanción pertinente
Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que por los mismos hechos y derechos, no presente petición similar ante la autoridad judicial.
A la ___________, Dirección y Teléfono
Yo recibiré notificaciones en la Secretaria de su despacho ó en la dirección_______ Tel_______ los teléfonos: ___________
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References: Artículo 86
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