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Timestamp: 2020-02-22 20:18:29+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Claudia Solimano Muñoz con
Claudia Solimano Muñoz con Rol: C24-19
Por voto de mayoría dirimente, se rechaza el amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, referido a la entrega de copia del correo electrónico enviado por una funcionaria inspectora al Jefe de la Unidad de Fiscalización del Servicio, según fuere requerido. Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González y del Consejero don Marcelo Drago Aguirre para quienes es pertinente la entrega de copia del correo electrónico requerido por la reclamante por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto. Se representa al órgano reclamado el haber omitido dar traslado a los titulares del correo electrónico solicitado.
Francisco Javier Leturia Infante (Dirimente)
DECISIÓN AMPARO ROL C24-19
Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Concepción
Requirente: Claudia Solimano Muñoz
Ingreso Consejo: 02.01.2019
Por voto de mayoría dirimente, se rechaza el amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, referido a la entrega de copia del correo electrónico enviado por una funcionaria inspectora al Jefe de la Unidad de Fiscalización del Servicio, según fuere requerido.
Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González y del Consejero don Marcelo Drago Aguirre para quienes es pertinente la entrega de copia del correo electrónico requerido por la reclamante por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.
Se representa al órgano reclamado el haber omitido dar traslado a los titulares del correo electrónico solicitado.
En sesión ordinaria N° 1042 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C24-19.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de noviembre de 2018, doña Claudia Solimano Muñoz solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción "(...) en relación al informe de fiscalización N° 080119512018, Ventas y comercialización SPA, requiere todos los documentos, ordinarios, e-mail institucionales e investigaciones que respalden los dichos de la fiscalizadora que indica, en la primera parte del informe, sobre injurias y maltrato de la denunciante, y que debió tener a la vista el Jefe de Fiscalización para aprobar dicho informe".
2) RESPUESTA: Por medio del Ordinario N° 2.797, de 27 de diciembre de 2018, el órgano informa que no existen documentos, ordinarios, o investigación alguna, en donde se indique que la fiscalizadora individualizada haya hecho comentarios en contra de la solicitante, salvo, efectivamente, lo que queda reflejado en el informe de fiscalización.
En cuanto a los correos electrónicos que se dan cuenta en el informe de fiscalización indica que éstos constituyen comunicaciones digitalizadas que son transmitidas por un canal cerrado sin que existan terceras personas. En tal sentido, constituyen comunicaciones y documentos de carácter privado protegidos por la garantía constitucional del artículo 19 N° 5 de la Constitución, hecho reconocido y resuelto por el Tribunal Constitucional en su sentencia Rol N° 2153, de 2012, no siendo excepción a ello que, el receptor o remitente, o ambos inclusive, revistan la calidad de Autoridad o un funcionario público. Por lo tanto, deniega el acceso fundado en la garantía constitucional indicada y en la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
3) AMPARO: El 2 de enero de 2019, doña Claudia Solimano Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de acceso a la información requerida. En particular, la reclamante circunscribe el reclamo a la denegación del correo electrónico enviado por la fiscalizadora a su Jefe de Fiscalización mencionado en el párrafo 6° del informe de exposición adjunto.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Concepción, mediante Oficio N° E2119, de 21 de febrero de 2019, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explicar cómo lo reclamado afectaría los derechos de los terceros; (3°) referirse a la existencia de los correos electrónicos solicitados, de ser efectivo, indicar si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señalar si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañar a este Consejo todos los documentos del procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que éstas se presentaron ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcionar los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico -, de los terceros involucrados, entendiendo por éstos a los titulares de las casillas electrónicas respectivas, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.
Mediante Ord. N° 848, de 27 de marzo de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo indicado en su respuesta y agregando, en síntesis que la información solicitada y que fuere denegada (el correo electrónico enviado por la funcionaria que indica a su Jefe de la Unidad de Fiscalización), si bien obra en poder del Servicio, no se encuentra en alguno de los soportes señalados en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Reitera que la reserva se funda en la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental) y en la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Agrega que a su juicio no correspondía aplicar el artículo 20 de la citada Ley, ya que se trata de una comunicación privada, protegida por la garantía constitucional ya indicada.
5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Atendido lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, esta Corporación, mediante Oficios N° E4989 y N° E4990, ambos de 17 de abril de 2019, notificó a los terceros involucrados el presente reclamo, adjuntando copia del mismo y sus documentos fundantes, requiriéndoles que hicieran mención expresa a los derechos que les asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada.
Mediante Ord. N° 1.221, de 3 de mayo de 2019, don Marcos Fernández Palma indicó, en síntesis, que se opone a la entrega de la información requerida en razón de la garantía constitucional del artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental y la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Se deja constancia que, a la fecha del presente reclamo, el otro tercero involucrado no ha presentado descargos u observaciones al presente reclamo.
1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de un correo electrónico enviado por una funcionaria fiscalizadora al Jefe de la Unidad de Fiscalización del órgano, en el contexto de un procedimiento de fiscalización desarrollado con ocasión de una denuncia laboral. Dicha denegación se fundaría -según lo expresado por el órgano y uno de los terceros involucrados- en la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República y la causal consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
2) Que, revisado el "Informe de Exposición", de 8 de enero de 2018, N° 1951, en lo que interesa al presente reclamo se indica: "Frente a la consulta de la usuaria y a los insultos recibidos de su parte hacia Inspector a cargo de fiscalización, la suscrita envía correo electrónico a Jefe Unidad de Fiscalización informando lo ocurrido y solicitando que la entrevista sea en presencia de él, para evitar ser tratada una vez más de forma inadecuada, con insultos y de forma prepotente". Revisado dicho informe y las alegaciones de la reclamante, se constata que la información objeto del presente reclamo se circunscribe a la comunicación electrónica enviada por la funcionaria inspectora a cargo de la fiscalización al Jefe de la respectiva Unidad de Fiscalización.
3) Que, respecto del correo electrónico solicitado, este Consejo, en decisión de mayoría, estima que éstos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.
14) Que, el órgano requerido, para recabar la información solicitada deberá revisar la comunicación electrónica solicitada, lo que constituiría por sí sola una invasión inaceptable de la intimidad personal de la titular del correo electrónico. Por ende, su publicidad es constitucionalmente admisible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley. En efecto, el propio Tribunal Constitucional ha resuelto en sus sentencias Rol N°226-95 (considerando 47), Rol N°280-98 (considerando 29) y Rol N°1365-2009 (considerando 23) que la limitación de un derecho fundamental no puede ser tolerada si no está rodeada de suficiente determinación y especificidad como para garantizar una protección adecuada a la esencia del derecho y a su libre ejercicio, en este caso, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
16) Que, finalmente, cabe destacar lo establecido en la historia de la ley, en particular el proyecto de ley que modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (boletín N°12.100-07), lo expuesto en la Sesión 148ª Ordinaria, de 15 de octubre de 2019, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, que declaró inadmisible por inconstitucional la indicación sustitutiva a dicho proyecto de ley, presentada por el Honorable Diputado Sr. Leonardo Soto Ferrada, por medio de la cual se pretendía consagrar la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos.
17) Que, dicha declaración de inadmisibilidad cobra relevancia para la adecuada interpretación que esta mayoría dirimente ha dado a la publicidad de dichos correos electrónicos, especialmente desde la perspectiva del elemento de interpretación de la ley histórico, consagrado en el artículo 19 del Código Civil, norma que indica, en lo pertinente, que para interpretar una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento. De ahí entonces que dicha declaración de inadmisibilidad con ocasión de un proyecto de ley es trascendente, particularmente porque de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 24 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no pueden admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política y precisamente la idea de hacer públicos los correos electrónicos de los funcionarios públicos, vulnera el contenido esencial del artículo 19 N°5 de la Constitución Política, razón más que suficiente para declarar inadmisible aquella indicación. Lo anterior refuerza la interpretación de esta mayoría dirimente, en línea con lo resuelto de la misma forma por los tribunales superiores de justicia y por el Tribunal Constitucional.
18) Que, por lo anterior, a juicio de esta mayoría dirimente, se configura respecto del correo electrónico solicitado, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazarse el presente amparo.
19) Que, finalmente, se advierte que el órgano reclamado denegó la entrega de las comunicaciones solicitadas, fundado en las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 4° y 5° de la Constitución Política de la República, y en sus descargos manifestó que a su juicio no procedía conferir traslado de la solicitud a los titulares de las comunicaciones requeridas. Al respecto cabe observar que ello no se aviene con el procedimiento que debía seguir ante una solicitud como la que se analiza, por cuanto lo que procedía en la especie, era que el órgano reclamado confiriera traslado a los mencionados titulares, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. De este modo, una vez emplazados los titulares de la información, son éstos quienes deben informar si acceden a su entrega o, si por el contrario, se oponen a ello, indicando, en tal evento, los derechos que les asisten y que se verían afectados con la publicidad de dichos antecedentes. En consecuencia, se representará a la reclamada no haber dado aplicación al antedicho procedimiento de oposición.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DIRIMENTE DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I. Rechazar el amparo deducido por doña Claudia Solimano Muñoz, de 2 de enero de 2019, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Representar al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Concepción, el haber omitido dar lugar al procedimiento de oposición previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.
III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Claudia Solimano Muñoz, al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de Concepción y a los terceros involucrados.
La presente decisión es acordada con el voto en contra de los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre, quienes no comparten lo razonado en los Considerandos 3) a 17), respecto del correo electrónico pedido, estimando que el amparo debe ser acogido, en base a las siguientes consideraciones:
6) Que, en consecuencia, es pertinente la entrega del correo electrónico requerido por la reclamante, que fuere generado desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto. En efecto, en cuanto a la eventual afectación de los derechos del tercero interesado en lo que se refiere a la esfera de su vida privada, en el marco de lo establecido en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en la especie, esta tampoco se produce, toda vez que lo pedido dice relación con intercambios de correos electrónicos en el ejercicio de la función pública.
7) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en relación a lo expuesto en los considerandos 16) y 17) del voto de mayoría dirimente, el Consejero Marcelo Drago Aguirre estima que la declaración de inadmisibilidad por inconstitucional de la indicación del Honorable Diputado Leonardo Soto Ferrada, relativa a establecer la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos, no lo sería, toda vez que ella sólo procede en caso de que la indicación no tenga relación directa con las ideas matrices del proyecto, que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o bien que correspondan a materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, hipótesis que no concurren en la especie, conforme lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
8) Que, a mayor abundamiento, y a juicio del Consejero Drago, no constituye fuente de derecho una declaración de inadmisibilidad producida con ocasión de una discusión legislativa en el seno de una comisión determinada, en cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional, especialmente considerando que dicha declaración fue de fondo, debiendo adecuarse a los precisos términos de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo demás, es necesario recordar que el control de constitucionalidad de las leyes es atribución privativa del Tribunal Constitucional y no facultad de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, generándose una alteración de las normas constitucionales y legales sobre el proceso de formación de la ley.
9) Que, en razón de lo anterior, para estos disidentes se debe ordenar la entrega del correo electrónico institucional objeto del requerimiento.

References: artículo 19
 artículo 21
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 artículo 19
 artículo 21
 artículo 20
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 artículo 10
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 25
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 21
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 artículo 24
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 artículo 20
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