Source: http://bolsa.com.ar/Normas/Ley17811.htm
Timestamp: 2017-11-20 13:37:01+00:00

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Bolsa - Ley 17.811
Oferta Pública de Títulos Valores
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Buenos Aires, 16 de julio de 1968
Al Excmo. señor Presidente de la Nación:
Tenemos el honor de dirigirnos al Excmo. señor Presidente con el objeto de someter a vuestra consideración el proyecto de ley de oferta pública de títulos valores, Bolsas o Mercados de Comercio y Mercados de Valores.
El proyecto en cuestión tiene por objeto sustituir la antigua legislación vigente contenida en el Código de Comercio y en leyes y decretos modificatorios, por un sistema actualizado que regule en forma integral todo lo referente a la oferta pública de títulos valores, a la organización y funcionamiento de las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores y a la actualización de las personas dedicadas al comercio de aquéllos.
La intención de modernizar las instituciones esenciales de la actividad económica argentina se combina en el proyecto con el propósito de proteger a los inversores, especialmente a aquellos que forman el medio común de los habitantes y que por carecer de la información necesaria, han padecido en mayor grado las consecuencias de la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez necesaria para garantizar un seguro y productivo destino al ahorro público.
La importancia y la técnica del proyecto elevado hacen necesario incluir como parte integrante de este mensaje, la exposición de motivos presentada a la Secretaría de Estado de Justicia por la Comisión Redactora.
Artículo 1 - La "Comisión Nacional de Valores" es una entidad autárquica con jurisdicción en toda la República. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación.
Artículo 2(*) - Sus funciones las ejerce un directorio compuesto de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Duran siete años en el ejercicio de sus cargos y son reelegibles. Deben ser personas de notoria idoneidad en la materia, por sus antecedentes o actividades profesionales.
El presidente no podrá desempeñar otra actividad remunerada, salvo la docencia y comisiones de estudio.
a) Otra actividad remunerada en cualquier repartición del Gobierno nacional, provincial o municipal, incluidos los poderes legislativos y judiciales, salvo la docencia y comisiones de estudio.
b) Cargos, tareas o asesoramientos profesionales en asuntos vinculados, directa o indirectamente, con personas sometidas al régimen de la presente ley.
c) Representaciones, patrocinios ni gestiones judiciales o extrajudiciales frente al Estado nacional, las provincias, municipalidades, entidades descentralizadas, empresas y sociedades del Estado, bancos o cualquier otro organismo oficial.
Artículo 3 - El Poder Ejecutivo Nacional designa al Presidente y Vicepresidente del Directorio. El Presidente o, en su caso, el Vicepresidente, ejerce la representación de la Comisión Nacional de Valores y tiene voto decisivo en caso de empate. El Directorio puede sesionar con la presencia de tres de sus integrantes, adoptándose las decisiones por mayoría de votos de los presentes.
Artículo 4 - La designación, suspensión y remoción del personal corresponde al Directorio. Los miembros del Directorio y el personal gozan de las asignaciones que les fije el Presupuesto Nacional.
Artículo 5 - El gasto que demande el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores, es cubierto con los recursos que le asigne el Presupuesto General de la Nación. El producido de las multas previstas en esta ley ingresan a las rentas generales de la Nación.
Artículo 6 - La Comisión Nacional de Valores tiene las siguientes funciones:
b) Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional sobre los pedidos de autorización para funcionar que efectúen las Bolsas de Comercio, cuyos estatutos prevén la cotización de títulos valores y los Mercados de Valores;
c) Llevar el índice general de los Agentes de Bolsa inscriptos en los Mercados de Valores;
d) Llevar el registro de las personas físicas y jurídicas autorizadas para efectuar oferta pública de títulos valores y establecer las normas a que deben ajustarse aquéllas y quiénes actúan por cuenta de ellas;
e) Aprobar los reglamentos de las Bolsas de Comercio relacionados con la oferta pública de títulos valores, y de los Mercados de Valores;
f) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al ámbito de aplicación de la presente ley;
g) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, el retiro de la autorización para funcionar acordada a las Bolsas de Comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores y a los Mercados de Valores, cuando dichas instituciones no cumplan las funciones que les asigna esta ley.
Artículo 7 - La Comisión Nacional de Valores dicta las normas a las cuales deben ajustarse las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter, intervengan en la oferta pública de títulos valores, a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. En el ejercicio de sus funciones puede:
a) Requerir informes y realizar inspecciones e investigaciones en las personas físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización;
b) Recabar el auxilio de la fuerza pública;
c) Iniciar acciones judiciales;
d) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;
Artículo 8 - Las informaciones recogidas por la Comisión Nacional de Valores, en ejercicio de sus facultades de inspección e investigación tienen carácter secreto. Los jueces deben rechazar de oficio todo pedido de requerimiento de dichas informaciones a la Comisión, salvo en los procesos penales por delitos comunes directamente vinculados con los hechos que se investiguen.
Artículo 9 - El Directorio y el personal de la Comisión Nacional de Valores deben guardar secreto de las informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. En caso de violarlo se harán pasibles de las sanciones administrativas y penales que correspondan.
Artículo 10 - Las personas físicas y jurídicas que no cumplan las disposiciones de esta ley y las reglamentarias, sin perjuicio de las acciones civiles o penales pertinentes, son pasibles de las sanciones siguientes:
b) Multa de mil (1.000) a cinco millones (5.000.000) de pesos, la que podrá elevarse hasta cinco veces el monto del beneficio obtenido o del perjuicio evitado como consecuencia del accionar ilícito si fuera mayor;
c) Suspensión de hasta dos años para efectuar ofertas públicas de títulos valores;
d) Prohibición de efectuar ofertas públicas de títulos valores.
Artículo 11 - Cuando la Comisión Nacional de Valores verifique que un Agente de Bolsa al realizar operaciones en un Mercado de Valores ha transgredido disposiciones de esta ley o reglamentarias, debe poner en conocimiento del respectivo Mercado, a quien compete aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.
Artículo 12 - Las sanciones establecidas en el artículo décimo son aplicadas por la Comisión Nacional de Valores, mediante resolución fundada, previo sumario sustanciado de acuerdo con las siguientes normas:
Se dará traslado de las imputaciones por cinco días al sumariado, quien al contestar debe ofrecer sus defensas y pruebas. Debe acompañar la instrumental, y si no pudiera hacerlo, indicar dónde se encuentra. Si ofrece testigos enunciar en forma sucinta los hechos sobre los cuales deben declarar.
Las pruebas deben ser recibidas en un plazo que no exceda de 10 días con intervención del sumariado. Las audiencias son públicas, excepto, cuando se solicite que sean reservadas y no exista interés público en contrario.
La Comisión puede citar y hacer comparecer testigos, obtener informes y testimonios de instrumentos públicos y privados, disponer pericias y cualquier otra medida de prueba.
El sumariado puede presentar memorial dentro de los tres días de cerrado el período de prueba. La Comisión Nacional de Valores debe dictar resolución definitiva dentro de los cinco días, pudiendo disponer su publicación a costa del infractor.
La conducción de los sumarios debe estar a cargo del miembro del Directorio que en cada caso se designe.
Artículo 13 - La Comisión Nacional de Valores cuando hubiere peligro en la demora puede, al iniciar el sumario o en cualquier estado del mismo, suspender preventivamente por un plazo que no excederá de treinta días, la ejecución de cualquier acto sometido a su fiscalización.
Artículo 14 - Las resoluciones definitivas aplicando sanciones, salvo la de apercibimiento, sólo son recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la Jurisdicción que corresponda, dentro del plazo de quince días desde su notificación. En la Capital Federal intervendrá la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
El escrito de interpretación y fundamento del recurso se presentará ante la Comisión Nacional de Valores, la que debe elevarlo a la Cámara con el sumario, dentro del tercer día. La Cámara debe resolver sin otra sustanciación, salvo las medidas para mejor proveer. El recurso se concede al sólo efecto devolutivo.
Artículo 15 - Sólo las resoluciones que aplica apercibimiento dan lugar al recurso de reconsideración ante la Comisión Nacional de Valores. Debe interponerse en escrito fundado dentro del término de diez días y resuelto sin otra sustanciación.
OFERTA PUBLICA DE TITULOS VALORES
Artículo 16 - Se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en general o sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con títulos valores, efectuada por los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión.
Artículo 17 - Pueden ser objeto de oferta pública únicamente los títulos valores emitidos en masa, que por tener las mismas características y otorgar los mismos derechos dentro de su clase, se ofrecen en forma genérica y se individualizan en el momento de cumplirse el contrato respectivo.
Artículo 18 - La oferta pública de títulos emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades, los entes autárquicos y las empresas del Estado, no está comprendida en esta ley, sin perjuicio de las facultades del Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de sus funciones de regulador de la moneda y del crédito. Se considera oferta pública sujeta a las disposiciones de esta ley, la negociación de los títulos valores citados cuando la misma se lleve a cabo por una persona física o jurídica privada, en las condiciones que se establecen en el artículo 16.
Artículo 19 - La Comisión Nacional de Valores debe resolver la solicitud de autorización para realizar oferta pública dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha de su presentación. Cuando vencido dicho plazo, no se hubiera expedido, el interesado puede requerir pronto despacho. A los diez días de presentado este pedido si la Comisión Nacional de Valores no se hubiera pronunciado, se considera concedida la autorización, salvo que aquélla prorrogue el plazo mediante resolución fundada. Dicha prórroga no puede exceder de treinta días a partir de la fecha en que se disponga. Vencido este nuevo plazo, la autorización se considera otorgada. La resolución que deniegue la autorización es recurrible, aplicándose a tal efecto las mismas normas de competencia y procedimiento establecidas en el art. 14. La denegatoria no puede fundarse en razones de oportunidad o conveniencia.
La autorización para efectuar oferta pública de determinada cantidad de títulos valores no importa autorización para el ofrecimiento de otros emitidos por el mismo emisor, aun cuando tengan las mismas características.
Artículo 20 - El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones de regulador de la moneda y del crédito, puede limitar, con carácter general y temporario, la oferta pública de nuevas emisiones de títulos valores. Esta facultad podrá ejercerla indistintamente respecto a los títulos valores públicos. La resolución debe ser comunicada a la Comisión Nacional de Valores, para que suspenda la autorización de nuevas ofertas públicas y a las Bolsas de Comercio para que suspenda la autorización de nuevas cotizaciones.
Artículo 21 - Pueden realizar oferta pública de títulos valores las sociedades que los emitan y las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro establecido por el artículo 6, inciso d) de esta ley. Estas últimas deben llevar un registro o fichero con los datos personales, documentos de identidad y firma de sus clientes. El Agente de Bolsa que opera exclusivamente en un Mercado de Valores, está exento del cumplimiento de los recaudos mencionados en este artículo.
BOLSAS O MERCADOS
DE COMERCIO EN GENERAL
Artículo 22 - Las Bolsas o Mercados de Comercio deben constituirse como asociaciones civiles con personería jurídica o como sociedades anónimas.
Artículo 23 - Los reglamentos de las Bolsas o Mercados de Comercio deben asegurar la realidad de las operaciones y la veracidad de su registro y publicación.
Artículo 24 - El resultado de las operaciones realizadas habitualmente en una Bolsa o Mercado de Comercio, determina el precio corriente de los bienes negociados.
Artículo 25 - Las operaciones de bolsa deben concertarse para ser cumplidas. Las partes no pueden substraerse a su cumplimiento invocando que tuvieran intención de liquidarlas mediante el pago de la diferencia entre los precios que se registren al tiempo de la concertación y al de la ejecución.
Artículo 26 - Los estatutos y reglamentos de las Bolsas o Mercados de Comercio deben establecer en qué casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones que en ellas se realizan o registran.
Artículo 27 - Las Bolsas o Mercados de Comercio pueden organizar cámaras compensadoras para liquidar las operaciones. Asimismo, pueden realizar transacciones financieras tendientes a facilitar la concertación de operaciones bursátiles de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.
BOLSAS DE COMERCIO AUTORIZADAS
A COTIZAR TITULOS VALORES Y MERCADOS DE VALORES
Artículo 28 - Las Bolsas de Comercio, cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores, y los Mercados de Valores, que deseen constituirse en el futuro, deben requerir autorización al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Comisión Nacional de Valores para desarrollar las funciones que esta ley asigna a esas entidades.
Artículo 29 - La intervención de la Comisión Nacional de Valores prevista en el artículo anterior se ejerce sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos estatales de la Nación o de las Provincias.
Artículo 30 - Las Bolsas de Comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores deben:
a) Autorizar, suspender y cancelar la cotización de títulos valores en la forma que dispongan sus reglamentos;
b) Establecer los requisitos que deben cumplirse para cotizar títulos valores y mientras subsista la autorización;
c) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de las sociedades cuyos títulos valores se coticen;
d) Dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la veracidad de los balances y documentos que deban presentarles o publicar las sociedades cuyos títulos valores tienen cotización autorizada;
e) Dictar normas reglamentarias que aseguren la veracidad en el registro de las cotizaciones y publicar las mismas y los precios corrientes.
Artículo 31 - Las facultades mencionadas en el artículo anterior deben ser ejercidas previo dictamen de una Comisión Nacional de Títulos que debe constituir cada Bolsa de Comercio. Las comisiones de títulos están integradas por el Presidente del Mercado de Valores respectivo, o quien lo reemplace, y por los representantes de emisores, inversores y demás actividades interesadas que nombraran las Bolsas de Comercio.
Artículo 32 - Para que una Bolsa de Comercio pueda autorizar la cotización de un título valor privado, es requisito previo que éste haya sido autorizado por la Comisión Nacional de Valores para ser ofrecido públicamente.
Artículo 33 - Las Bolsas de Comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores están autorizadas a percibir los derechos y aranceles que deben satisfacer los emisores por la cotización y las partes en cada operación, los cuales son fijados por las Bolsas y presentados al Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación a los efectos de su aprobación. Se considerarán definitivamente establecidos si dicho Ministerio no se pronuncia dentro del plazo de sesenta días a partir de su presentación.
Artículo 34 - Las decisiones de las Bolsas de Comercio que denieguen, suspendan o cancelen la cotización de títulos valores son recurribles por violación de los reglamentos de dichas entidades, dentro del plazo de quince días, ante los Tribunales Ordinarios de Segunda Instancia de la jurisdicción que corresponda. El escrito de interposición y fundamento del recurso se presenta ante la Bolsa de Comercio, la cual debe elevarlo al Tribunal dentro del tercer día. El Tribunal resuelve sin otra substanciación, salvo las medidas que dicte para mejor proveer. El recurso se concede al sólo efecto devolutivo.
Artículo 35 - Los Mercados de Valores deben constituirse como sociedades anónimas con acciones nominativas endosables o no. No pueden usar la denominación "Mercados de Valores" u otra similar ni desarrollar actividades propias de tales instituciones, las entidades que no hayan sido autorizadas de acuerdo con la presente ley.
Artículo 36 - Los Mercados de Valores sólo pueden permitir la negociación de títulos valores cuya cotización hubiese sido autorizada por la Bolsa de Comercio que integren y las que deban realizarse por orden judicial. Las operaciones sobre títulos valores dispuestas en expedientes judiciales, deben ser efectuadas por un Agente de Bolsa en el respectivo recinto de operaciones.
Artículo 37 - Los Mercados de Valores deben dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la realidad de las operaciones que efectúen los Agentes de Bolsa.
Artículo 38 - Los Mercados de Valores están autorizados a percibir los derechos y aranceles que deben satisfacer las partes en cada operación, aplicándose lo dispuesto en el art. 33, respecto a su fijación y aprobación.
Artículo 39 - Los Mercados de Valores deben llevar un registro de Agentes de Bolsa. Ninguna persona física o jurídica puede operar en un Mercado de Valores ni usar la denominación de Agente de Bolsa o desarrollar actividades de tal, sin estar inscripta en el registro del Mercado correspondiente.
Artículo 40 - Los Mercados de Valores deben poner en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, toda información referente a los nuevos Agentes de Bolsa que inscriban en sus registros, la eliminación de inscripciones y cualquier modificación que al respecto se produzca.
Artículo 41 - Para ser Agente de Bolsa, sin perjuicio de las condiciones que exija el respectivo Mercado, se requiere:
b) Ser accionista del Mercado de Valores correspondiente y haber constituido una garantía a la orden del mismo;
c) Poseer idoneidad para el cargo, solvencia moral y responsabilidad patrimonial a juicio del Mercado de Valores respectivo;
d) Ser socio de la Bolsa de Comercio a la cual esté adherido el Mercado de Valores correspondiente;
Artículo 42 - No pueden ser inscriptos como Agentes de Bolsa:
a) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta; los fallidos por quiebra causal y los concursados, hasta cinco años después de su rehabilitación; los condenados con pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los condenados por delito cometido con ánimo de lucro o por delito con la fe pública;
b) Las personas en relación de dependencia con las sociedades que coticen sus acciones;
c) Los funcionarios y empleados rentados de la Nación, las provincias y municipalidades, con exclusión de los que desempeñen actividades docentes o integren comisiones de estudio;
d) Las personas que ejercen tareas que las reglamentaciones de los Mercados de Valores declaren incompatibles con la función de Agentes de Bolsa. Cuando la incompatibilidad sobrevenga a la inscripción, el Agente de Bolsa queda suspendido en sus funciones hasta tanto aquélla desaparezca.
Artículo 43 - Los reglamentos de los Mercados de Valores deben establecer la forma en que los aspirantes a Agentes de Bolsa han de acreditar los requisitos y condiciones para su inscripción y el plazo dentro del cual la entidad debe expedirse.
En caso de que el Mercado de Valores deniegue la inscripción, el solicitante puede interponer los recursos previstos en el art. 60, aplicándose a tales efectos las normas señaladas en los arts. 60 y 61.
La solicitud denegada sólo puede reiterarse dos años después de haber quedado firme la pertinente resolución.
Artículo 44 - Los reglamentos de los Mercados de Valores deben establecer las formalidades y requisitos que han de cumplir las sociedades de Agentes de Bolsa y las constituidas entre éstos y otras personas. Deben fijar también las condiciones de emisión, idoneidad, solvencia moral y responsabilidad material que han de reunir los socios que no sean Agentes de Bolsa.
Los socios actúan en nombre de la sociedad y no pueden operar en títulos valores valores en nombre propio.
Artículo 45 - Los Agentes de Bolsa,en el ejercicio de sus funciones, deben ajustarse a lo que dispongan los reglamentos de cada Mercado.
Artículo 46 - Los Agentes de Bolsa deben guardar secreto de las operaciones que realicen por cuenta de terceros, así como de sus nombres. Sólo pueden ser relevados de esta obligación por decisión judicial dictada en proceso criminal vinculado a esas operaciones o a terceros relacionados con ellas. Sólo pueden aceptar órdenes de personas que previamente hayan acreditado su identidad y demás datos personales y registrado su firma en el registro que a ese efecto deben llevar.
Artículo 47 - Los Mercados de Valores deben establecer los libros, registros y documentos que, sin perjuicio de las disposiciones legales pertinentes, han de utilizar los Agentes de Bolsa.
Artículo 48 - Los Mercados de Valores pueden inspeccionar los libros y documentos de los Agentes de Bolsa, y solicitarles toda clase de informes. Las informaciones obtenidas sólo pueden ser reveladas, mediando las circunstancias señaladas en el art. 46.
Artículo 49 - La firma de un Agente de Bolsa da autenticidad a los boletos y demás documentos correspondientes a las operaciones en que haya intervenido.
Artículo 50 - Los aranceles de las comisiones que deben percibir los Agentes de Bolsa, por su intervención en los distintos tipos de operaciones, son fijados por los respectivos Mercados de Valores y presentados al Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación para su aprobación. Se considerarán definitivamente establecidos si dicho Ministerio no se pronuncia en el término de sesenta días.
Artículo 51 - Los Agentes de Bolsa solamente deben percibir las comisiones previstas en los respectivos aranceles. No deben eximir a sus comitentes del pago de las mismas, ni cederlas a otros Agentes de Bolsa o a terceros, salvo autorización del Mercado de Valores respectivo.
OPERACIONES DE BOLSA Y GARANTIAS
Artículo 52 - En los Mercados de Valores se opera en títulos valores públicos o privados, de acuerdo con las condiciones que fijen los respectivos reglamentos.
Artículo 53 - Cuando un Mercado de Valores garantice el cumplimiento de las operaciones, debe liquidar las que tuviese pendientes el Agente de Bolsa declarado en quiebra. Si de la liquidación resultase un saldo a favor del fallido, lo depositará en el juicio de quiebra.
Artículo 54 - En los casos en que los Mercados de Valores no garanticen el cumplimiento de las operaciones, deben expedir a favor del Agente de Bolsa que hubiese sufrido una pérdida como consecuencia del incumplimiento del otro contratante, un certificado en el que conste la suma en pesos moneda nacional derivada de dicho incumplimiento. Este certificado constituye título ejecutivo para el cobro de la suma que figura en el mismo, contra el Agente de Bolsa deudor.
Artículo 55 - El margen de garantía de las operaciones a plazo es fijado por los Mercados de Valores cuando éstos garanticen dichas operaciones, y entra en vigencia desde su publicación. El Banco Central de la República Argentina, en cumplimiento de sus funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede con carácter excepcional disponer la modificación de dicho margen.
Artículo 56 - El comitente debe entregar al Agente de Bolsa la garantía y la reposición por diferencias dentro del plazo que establezca la reglamentación del Mercado de Valores. En caso contrario el Agente queda autorizado para liquidar la operación.
Artículo 57 - Los Mercados de Valores deben constituir un "Fondo de Garantía" para hacer frente a los compromisos no cumplidos por los Agentes de Bolsa, originados en operaciones cuya garantía haya tomado a su cargo, con el cincuenta por ciento como mínimo de las utilidades anuales liquidadas y realizadas.
Las sumas acumuladas en este fondo, hasta alcanzar un importe igual al capital suscripto, deben mantenerse disponibles o invertirse en títulos valores públicos con cotización autorizada. El excedente puede ser invertido en la forma y condiciones acordes con la finalidad de la entidad, o ser capitalizado conforme con la reglamentación del mercado respectivo. Las sumas destinadas al fondo de garantía y este último están exentos de impuestos, tasas y cualquier otro gravamen fiscal.
Artículo 58 - El Agente de Bolsa es responsable ante el Mercado de Valores por cualquier suma que dicha entidad hubiese abonado por su cuenta. El Agente de Bolsa, mientras no regularice su situación y pruebe que han mediado contingencias fortuitas o de fuerza mayor, queda suspendido.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y RECURSOS
Artículo 59 - Los Mercados de Valores tienen facultades disciplinarias sobre los Agentes de Bolsa que violen la presente ley, las disposiciones que en su consecuencia se dicten y los estatutos y reglamentos de dichas entidades. Actúan de oficio, a requerimiento de la Comisión Nacional de Valores o a pedido de parte interesada; en este último caso, deben comunicarlo a la Comisión Nacional de Valores dentro del tercer día de recibido. Pueden aplicar las siguientes medidas disciplinarias:
c) Revocación de la inscripción para actuar como Agente de Bolsa.
Las medidas disciplinarias deben ser resueltas luego del descargo del sumariado o en su defecto al vencimiento de los tres días de avisos que deben ser publicados en la pizarra del Mercado de Valores. Las medidas disciplinarias deben ser decididas con el quórum de la mitad más uno de los miembros del Directorio del Mercado de Valores y el voto de los dos tercios de los presentes.
La notificación de las medidas disciplinarias se efectúa en forma personal o, no siendo posible, mediante su publicación en la pizarra del Mercado de Valores. Cuando el sumario se hubiera iniciado a requerimiento de la Comisión Nacional de Valores, o a pedido de parte interesada, la resolución definitiva debe ser notificada a dicha Comisión.
El Mercado de Valores que aplique la medida disciplinaria debe comunicarla, dentro del tercer día, a todos los Mercados de Valores. Las medidas previstas en los incs. b) y c) de este artículo, producen efecto en todos los Mercados de Valores.
Artículo 60 - La resolución sobre medidas disciplinarias, puede ser objeto del recurso de revocatoria ante el Mercado y del judicial ante el Tribunal competente. Deben ser interpuestos por el sancionado, o por la Comisión Nacional de Valores cuando el Mercado haya actuado a su requerimiento dentro del plazo de quince días de notificada. En los casos de apercibimiento o suspensión de hasta cinco días no procede el recurso judicial.
Cuando el recurso judicial sea interpuesto por la Comisión Nacional de Valores, es competente la Cámara de Apelaciones en lo Federal de la Jurisdicción que corresponda, y en la Capital de la República, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Si el recurso es interpuesto sólo por el Agente de Bolsa, tiene competencia en la Capital Federal este último tribunal y en las provincias el Tribunal Ordinario de Segunda Instancia.
El escrito de interposición y fundamento del recurso se presenta ante el Mercado de Valores, quien debe elevarlo al Tribunal con todos sus antecedentes dentro del tercer día. El Tribunal resuelve, sin otra substanciación, salvo las medidas que dicte para mejor proveer. El recurso se concede al sólo efecto devolutivo.
Artículo 61 - Si el Agente de Bolsa ha solicitado revocatoria, el recurso judicial debe ser interpuesto dentro de los diez días de notificada la resolución sobre la revocatoria o vencido el plazo de treinta días de la fecha de su interposición sin que el Mercado se hubiese pronunciado.
Artículo 62 - El Agente de Bolsa cuya inscripción hubiese sido cancelada, sólo puede pedir nueva inscripción una vez transcurrido el plazo de cinco años.
Artículo 63 - Los plazos a que se refiere la presente ley son perentorios y deben computarse en días hábiles.
Artículo 64 - Esta ley regirá desde el 1 de enero de 1969. Dentro de los ciento ochenta días siguientes, las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los Mercados de Valores que operan actualmente, deben ajustar los estatutos a sus disposiciones y someterlos a consideración del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Comisión Nacional de Valores.
Pueden a tal efecto, transformar su estructura jurídica en otra de las autorizadas, sin que ello implique disolución ni constitución de nueva sociedad o asociación.
Hasta tanto se aprueban las modificaciones propuestas, las Bolsas de Comercio citadas, los Mercados de Valores y los Agentes de Bolsa deben ajustarse a las normas establecidas en los respectivos estatutos y reglamentos.
Artículo 65 - Los actuales comisionistas de bolsa quedan automáticamente inscriptos como Agentes de Bolsa en los registros de los respectivos Mercados de Valores.
Artículo 66 - Las modificaciones estatutarias o transformación de estructuras jurídicas a que se refiere el art. 64 estarán exentas de impuestos y de todo otro gravamen.
Artículo 67 - A partir de la fecha de vigencia de la presente ley quedan derogados los artículos 75 a 86, inclusive, del Código de Comercio; el Decreto-Ley Nº 15.353/46 ratificado por ley Nº 13.894; el art. 2, inciso 4 de la ley Nº 13.571; los artículos 3 inc. a) primera parte, 43 y 44 del Decreto Nº 25.120/40; el Decreto Nº 12.793/49; los arts. 3, inc. d) primera parte, 44 y 45 del Decreto-Ley Nº 14.570/56; los arts. 2, inciso b), 41 y 51 del Decreto-Ley Nº 13.126/57; y toda otra disposición que se oponga a esta Ley.
Artículo 68 - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Sancionada el 16-11-68. Vigente desde 1-1-69. Reformada por ley 24.241 del 13-10-93
Buenos Aires, 2 de abril de 1968
Señor Secretario de Estado de Justicia
D. Conrado Etchebarne (h)
Tenemos el honor de dirigirnos a V.E. con el objeto de elevar a su consideración el proyecto de ley de oferta pública de valores, bolsas o mercados de comercio y mercados de valores.
Hemos considerado conveniente incluir como parte integrante de esta elevación, la exposición de motivos de ordenamiento legal proyectado.
1 - La Comisión considera que la legislación vigente en la materia es anacrónica, carece de una adecuada formulación legislativa y está contenida en numerosas disposiciones dispersas, dictadas en épocas distantes y que sin embargo, adoptaron sólo en la apariencia los principios que fundamentan esta legislación, desvirtuada por la incorrecta estructura dada a la Comisión de Valores y su dependencia en la práctica del Banco Central, omisiones notorias, imprecisiones terminológicas y defectuosa redacción.
2 - El siglo XX ha asistido al auge de la sociedad anónima, como forma jurídica indispensable para grandes empresas e instrumento de la evolución económica contemporánea.
El principio de la limitación de la responsabilidad de las personas a las sumas cuyo aporte prometieron, y la división del capital en títulos de fácil circulación, han sido factores que impulsaron la movilización del ahorro privado. El mercado de los títulos valores ha adquirido vasta resonancia popular, especialmene en los países que han alcanzado un mayor grado de desarrollo industrial. Millones de ahorradores logran así acceso a las acciones de grandes empresas, y éstas, por su parte, obtienen los fondos necesarios para sus operaciones.
Es necesaria, en consecuencia, una legislación que proteja al ahorro y, al mismo tiempo, facilite el desarrollo de la iniciativa individual y el espíritu de empresa.
En la República Argentina, si bien el mercado de capitales y la industrialización no han evolucionado con un ritmo acorde con las exigencias del desarrollo nacional a que nuestra eventual capacidad de producción permite aspirar, es significativo, de todos modos, el aumento de la negociación de los títulos valores que las estadísticas señalan.
La Comisión considera que el proyecto elaborado permite un equilibrio de la acción estatal y las instituciones bursátiles, en vista a la protección del público inversor y la creación de condiciones de seguridad y confianza que impulsen la difusión de la propiedad de títulos valores, con los controles jurídicos necesarios pero sin ingerencias estatales obstructoras de los negocios.
La legislación universal ha implantado tres sistemas fundamentales diferentes, en materia de negociación de títulos valores. El sistema inglés, de absoluta libertad; el régimen seguido por varios países europeos, que consagran las bolsas oficiales y consideran a los agentes de bolsa como funcionarios públicos; y el sistema de la legislación federal de los Estados Unidos de Norteamérica, adoptado por numerosos países, que establece el carácter privado de las instituciones y negocios de títulos valores, aunque sujetos a leyes protectoras del interés público, mediante una amplia publicidad de los datos económicos y financieros de las empresas y de la actuación de todos los intervinientes en el comercio de los títulos, con una adecuada fiscalización del Estado y las bolsas que asegure la veracidad y eficacia de la información suministrada, el cumplimiento estricto de la ley y un régimen de sanciones severo para quienes vulneren sus normas.
La Comisión ha considerado y valorado todos los antecedentes argentinos existentes y las normas de mayor relevancia que ofrece el derecho comparado, y se pronuncia por un sistema adecuado a nuestro régimen constitucional, moldeado según las características del medio argentino y las tradiciones e idiosincrasia de su pueblo. Se han tomado en cuenta, primordialmente, la particular organización de las instituciones bursátiles en nuestro país, el actual grado de evolución económica e industrial alcanzado, la idiosincrasia del inversor argentino y, finalmente, la necesidad de impulsar el desarrollo del país por medio de la actividad privada y una eficaz canalización y protección del ahorro. La estructura actual del mercado de los títulos valores en los Estados Unidos de Norteamérica, país cuyo régimen constitucional es similar al argentino y en el cual se ha alcanzado, además, el más alto nivel de industrialización y desarrollo de las inversiones mobiliarias del mundo occidental, es el antecedente de derecho comparado concorde con la estructura legal proyectada. La eficacia del mencionado sistema no sólo se refleja en los índices referentes a la evolución de las empresas, magnitud del ahorro privado invertido en títulos valores y número de accionistas, sino, principalmente, en la adecuada protección otorgada al público inversor. La investigación realizada por la Securities and Exchange Commision, a pedido del Congreso Nacional de los Estados Unidos, así lo destaca en el extenso informe publicado recientemente, luego de varios años de exhaustivo análisis de todos los sectores vinculados al mercado de los títulos valores.
Los principios básicos que fundamentan este último régimen legal son los que han orientado la redacción del proyecto, con las modificaciones exigidas por la valoración de los elementos nacionales antes expuestos.
3 - El proyecto de ley regula en su totalidad el mercado de los títulos valores, abarcando la oferta pública de dichos valores, la organización y funcionamiento de las instituciones bursátiles y la actuación de los agentes de bolsa y demás personas dedicadas al comercio de títulos valores. Se incluye, además, un capítulo especial sobre bolsas o mercados de comercio, en general, que sustituye el actual Título III del Libro I de Código de Comercio.
Se considera necesaria la existencia de una repartición estatal que ejerza el poder de policía con relación a las instituciones bursátiles, a la oferta pública y a la negociación de los títulos valores emitidos por las sociedades privadas y de economía mixta. Se estructura para ello la Comisión Nacional de Valores como una entidad autárquica nacional, con jurisdicción en todo el territorio del país, dotada de las facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones y con carácter de organismo exclusivamente técnico (art. 1º). La experiencia argentina y los importantes antecedentes acumulados en el extranjero, permiten extraer conclusiones que fundamentan el sistema establecido en el proyecto.
4 - El proyecto introduce una innovación sustancial en el sistema jurídico argentino sobre esta materia, al precisar el concepto y régimen de la oferta pública de títulos valores, incluyendo las operaciones realizadas fuera de las bolsas de comercio y sin la fiscalización y garantía de los mercados de valores. El régimen estructurado satisface la necesidad de proteger a grandes núcleos de pequeños y medianos inversores, que adquieren títulos valores no cotizados en entidades bursátiles o cuya negociación se realiza fuera de los recintos de dichas instituciones pese a estar autorizados a cotizar. Al mismo tiempo, tiende a la protección de las empresas serias, que encuentran en el ahorro privado, nacional y extranjero, una fuente primordial de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo de sus planes de expansión (art. 16).
Se da término así a la confusión que actualmente existe en materia de oferta pública, como consecuencia de la defectuosa redacción y evidentes omisiones de la legislación vigente.
De acuerdo al régimen proyectado, no se podrán efectuar ofertas públicas de títulos valores emitidos por sociedades privadas y de economía mixta, en cualquiera de las formas contempladas en la ley, sin la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores. Se establece así una modificación al sistema vigente, en cuanto a las facultades de la Comisión Nacional de Valores, que en este aspecto, quedan circunscriptas a un control de legalidad (art. 19, párrafo 2º). La facultad discrecional que actualmente ejerce respecto a la oferta pública de títulos valores, en consideración a la capaciad de absorción del mercado financiero, queda derogada. Salvo la que corresponde con carácter excepcional al Banco Central de la República Argentina de modo primordial en el régimen constitucional argentino que prevé el libre ejercicio de toda actividad o industria lícita, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y en los importantes antecedentes en la legislación comparada.
Sin perjuicio de precisar el alcance de las facultades de la Comisión Nacional de Valores, en la forma precedentemente expuesta, el proyecto amplía el ámbito de atribuciones conferido actualmente al ente estatal, extendiéndolo no sólo a las instituciones bursátiles, empresas emisoras y agentes de bolsa, sino a todas las organizaciones unipersonales y sociedades que intervengan directa o indirectamente en la oferta y negociación pública de títulos valores, cualquiera sea la forma o medio utilizado (art. 6, inc. f).
Se pone de relieve, además, que la fiscalización del cumplimiento de la ley proyectada, ejercida por la Comisión Nacional de Valores, se extiende en forma permanente a todas las etapas de la oferta pública y de la actuación de las entidades y personas comprendidas en su ámbito. A tal efecto, el art. 7, inc. a), del proyecto, faculta a la Comisión Nacional de Valores para requerir los informes que considere necesarios y realizar las investigaciones o inspecciones que estime oportunas para el cumplimiento de sus funciones. La legislación en vigor, por el contrario, sólo autoriza a la Comisión Nacional de Valores a inspeccionar las empresas en el momento de solicitar la autorización para cotizar sus valores en la bolsa.
En definitiva, el proyecto organiza un control estable y continuado de la oferta pública en salvaguarda, primordialmente, de los inversores.
5 - Con el fin de asignar a la Comisión Nacional de Valores la jerarquía y responsabilidad que las atribuciones otorgadas exigen, se le da el carácter de entidad autárquica nacional, cuyo directorio está integrado por personas designadas por el Poder Ejecutivo Nacional. La índole esencialmente técnica de sus funciones requiere, además, que sus miembros tengan especial versación y reconocida experiencia en la materia, y actúen con dedicación exclusiva en el desempeño de sus cargos. La permanencia en sus funciones y la forma de designación prevista tienden, por otra parte, a obtener la necesaria independencia de criterio en su actuación, que permite contemplar en forma equilibrada los intereses de los inversores, entidades emisoras y demás personas o instituciones comprendidas en la ley.
6 - Las facultades de la Comisión Nacional de Valores se completan con el poder disciplinario que se le otorga en relación a las violaciones de la ley (art. 10). El proyecto tiende a evitar las omisiones y deficiencias del régimen actual e introduce, además, el principio de la responsabilidad personal y solidaria de quienes infringen las disposiciones de la ley. Con ello se procura eliminar que, como ocurre actualmente, las medidas afecten directamente a los inversores y no a los verdaderos responsables de las transgresiones. No obstante, si el interés general fuere afectado, se puede llegar a suspender o prohibir la oferta pública de un determinado valor, aun cuando ello signifique, eventualmente, un perjuicio para algunos inversores. Es innecesario destacar la prudencia que debe primar en la adopción de este tipo de sanciones en razón de los daños irreparables que se pueden ocasionar a los tenedores de los valores.
Respecto a las sanciones, se reitera el criterio de exigir la publicidad de toda actuación relacionada con la oferta pública de títulos valores, en beneficio del público inversor, que orienta la estructura del proyecto.
7 - Con el fin de garantizar adecuadamente los derechos de las personas y entidades de la Comisión Nacional de Valores, se crea un recurso judicial contra sus decisiones. Este sistema elimina los recursos administrativos y la primera instancia judicial que resultan innecesarios, atenta la índole que reviste dicho organismo estatal y la celeridad que debe imperar en esta materia en razón de los intereses en juego (art. 14).
8 - El proyecto prevé el procedimiento de actuación ante la Comisión Nacional de Valores (art. 12) y los plazos dentro de los cuales la Comisión Nacional de Valores deberá adoptar sus decisiones (art. 19).
9 - El Capítulo II del proyecto está dedicado a la oferta pública de títulos valores. El concepto de oferta pública ha sido materia de cuidadosa y prolija elaboración, luego de un exhaustivo análisis de los antecedentes de legislación comparada y doctrina nacional y extranjera. El art. 16 sintetiza los principios aceptados por la generalidad de la legislación y doctrina mencionadas, ratificados por la jurisprudencia de numerosos países a través de muchos años de experiencia.
El carácter público de la oferta está dado, según la técnica del proyecto, por:
a) El sujeto destinatario, cuando la oferta se dirige al público en general o a sectores o grupos determinados; y
b) Por el sujeto ofertante, ya sea la sociedad emisora u "organizaciones" unipersonales o societarias dedicadas en forma exclusiva o no al comercio de los títulos valores, cualquiera sea la forma de exteriorización utilizada.
Ello significa que el proyecto considera "oferta pública" la realizada en una bolsa de comercio -de acuerdo al sistema y terminología adoptados en el Capítulo IV- ya que reúne los requisitos arriba enumerados; y, también, la oferta que se realice fuera de los recintos bursátiles, cuando reúna las condiciones exigidas.
Además, al referirse a cualquiera forma de publicidad, el proyecto comprende no sólo las típicas modalidades que caracterizan el mercado "over-the-counter" norteamericano, sino, también, el "colportage" y el "dermarchage" franceses.
Dado el carácter de las funciones de la Comisión Nacional de Valores en materia de oferta pública -control de legalidad- no resulta procedente la inclusión, en este aspecto, de los títulos emitidos por el Gobierno. La emisión de los mismos queda sometida a las normas de derecho público pertinentes (art. 18).
10 - Se incorpora el concepto de título valor susceptible de ser ofrecido públicamente (art. 17). A tal efecto y siguiendo la tendencia de la doctrina contemporánea en la materia, se hace hincapié en su emisión en masa, en la igualdad de los derechos que confiere dentro de su clase y en la naturaleza de cosa genérica propia de este tipo de bienes.
11 - El art. 19 del proyecto incorpora el principio de automaticidad, en cuanto a los plazos en que deberá expedirse la Comisión Nacional de Valores sobre las solicitudes de autorización de oferta pública. Se adopta, así, un criterio aceptado en la legislación comparada y consagrado recientemente en nuestro país, con el propósito de evitar que dilaciones inmotivadas en los trámites administrativos ocasionen perjuicios a las empresas emisoras.
12 - El requisito de inscripción en un registro y demás recaudos previstos en el art. 21, son de cumplimiento previo e ineludible para quienes deseen realizar ofertas públicas de títulos valores. El objeto de la disposición es asegurar el ejercicio de las funciones que el art. 6º asigna a la Comisión Nacional de Valores y, también, promover la negociación de los títulos valores en un cuadro de estricta legalidad que evite los inconvenientes derivados de las oposiciones por robos, hurtos o extravíos de dichos valores.
Se excluye a los agentes de bolsa, cuando actúen exclusivamente como operadores en mercados de valores, atento lo dispuesto en el art. 6º, inc. c) y art. 46. Ello significa que cuando los agentes de bolsa actúen en la negociación de títulos valores fuera de los recintos bursátiles, deberán cumplir con todos los recaudos exigidos a todo ofertante de valores públicamente ofrecidos. En este último supuesto, les serán aplicables también, en su caso, las sanciones previstas en el art. 10 de la ley. Al analizar el capítulo correspondiente a los agentes de bolsa, se especificará su condición jurídica y las facultades de la Comisión Nacional de Valores a su respecto, de acuerdo a las distintas modalidades de su actuación.
13 - Se ha considerado conveniente incluir en el proyecto, un capítulo sobre bolsas o mercados de comercio en general, que sustituye el actual Título III, del libro y del Código de Comercio.
El fundamento de la inclusión radica en la necesidad de coordinar con más precisión el ámbito de aplicación de la ley, atento al régimen especial establecido respecto de las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores, y de los mercados de valores; y poner término a confusiones terminológicas existentes.
Los términos "bolsas" y "mercados" de comercio son utilizados como sinónimos, para designar las instituciones que agrupan a comerciantes y agentes de comercio, que se reúnen en los locales correspondientes para la realización de operaciones mercantiles lícitas, conforme a las leyes y a las normas reglamentarias establecidas por dichas entidades.
Las normas de este Capítulo II se aplican a cualquier clase de bolsa o mercado de comercio, pues se trata de principios generales. Además de las mencionadas disposiciones, cada bolsa o mercado de comercio se ha de regir por las leyes y reglamentaciones específicas que corespondan, de acuerdo a las actividades que constituyan su objeto. Las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores y los mercados de valores, son regulados por esta ley en su Capítulo IV. Conviene aclarar que las referidas bolsas autorizadas a cotizar títulos valores, en cuyo seno actúen, además de un mercado de valores, otros mercados tales como ganados, cereales, algodón, frutos del país, etc., serán regidas por la presente ley, sin perjuicio de otras disposiciones legales y reglamentarias que regulan las demás actividades que en ellas se realicen.
El art. 22 del proyecto permite a las bolsas o mercados de comercio en general, constituirse bajo la forma jurídica de asociaciones civiles con personería jurídica o de sociedades anónimas. Se modifica así el art. 76 del Código de Comercio, incorporando la doctrina preconizada por el Primer Congreso Nacional de Derecho Comercial, reunido en Córdoba en el año 1940, y respetando, al mismo tiempo, la tradición argentina en esta materia y las funciones que cumplen actualmente determinadas bolsas o mercados de comercio, constituidas como sociedades anónimas.
Los demás artículos de este capítulo significan una reestructuración del título III, libro I del Código de Comercio, de acuerdo con los principios sustentados de modo uniforme por la jurisprudencia y doctrina nacional.
14 - Este capítulo legisla sobre la oferta pública realizada en las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores.
La Comisión Nacional de Valores ejerce el poder de policía, según ya hemos señalado, respecto a la negociación de dichos valores, las instituciones pertinentes y los operadores, controlando el cumplimiento de las normas legales "latu sensu", estatutarias y reglamentarias (art. 6).
El proyecto exige la autorización del Poder Ejecutivo Nacional para que las bolsas de comercio puedan cotizar títulos valores (art. 28). Esta autorización, como así también el retiro de la misma, no afecta la existencia de la institución como persona jurídica, la cual se rige por las disposiciones de los arts. 33 y 45 del Código Civil y arts. 318 y 370 del Código de Comercio.
Los mercados de valores -que, dentro de la concepto del proyecto, son las entidades que tienen a su cargo la fiscalización de las operaciones sobre títulos valores efectuadas por sus socios y la garantía de estas últimas, en determinadas circunstancias; y el control de la actuación de dichos socios- deben también ser autorizados para funcionar como tales por el Poder Ejecutivo Nacional. El retiro de dicha autorización es causal de disolución de la sociedad, atento al objeto específico de la misma, a diferencia de lo que acontece con una bolsa de comercio.
El proyecto exige la autorización del Poder Ejecutivo Nacional para las instituciones comprendidas en este capítulo, en atención a las características y modalidades de las operaciones en títulos valores, que constituyen una parte del mercado mobiliario argentino, concebido como una unidad para el territorio de la República, ya que afecta al comercio interprovincial (art. 67, inc. 12, de la Constitución Nacional).
Se han seguido en este aspecto, por otra parte, los antecedentes nacionales; seguros, bancos, decreto-ley 15.353/46 (VI, 5881), Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, decreto-ley 12.126/57 (XVII-A, 845), etc. Se han considerado, asimismo, antecedentes de países extranjeros con estructura política similar a la nuestra, tales como los Estados Unidos de Norteamérica y México.
15 - El proyecto estructura en materia de oferta de valores en el ámbito bursátil una concepción especial basada, fundamentalmente, en la representatividad de la institución Bolsa de Comercio, que agrupa en su seno a los diversos sectores interesados en la negociación de dichos valores: inversores, emisores, productores, comerciantes y operadores. Los mercados de valores, en cambio, reúnen exclusivamente a quienes operan con los títulos valores.
El sistema proyectado está avalado, además, por una fructífera experiencia argentina de más de 100 años, a través de la bolsa más importante del país y de Sudamérica, como lo es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La oferta pública de los títulos valores, como se expresa en el punto 9, puede realizarse en una bolsa de comercio o fuera de ella. En ambos supuestos, se requiere un requisito esencial que es la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores. Cuando se desee ofertar dichos valores en una bolsa de comercio se exige, además, la autorización previa de la pertinente entidad. El art. 30 del proyecto establece, por ello, cuáles son las facultades de las mencionadas bolsas de comercio y el art. 31 instituye la organización de una Comisión de Títulos, en cada bolsa de comercio, integrada por personas que representen el interés general y las actividades específicamente vinculadas, la cual tiene a su cargo dictaminar sobre los pedidos de cotización.
16 - Las bolsas de comercio deberán, por otra parte, establecer las normas reglamentarias que aseguren la veracidad en el registro de las cotizaciones de los valores negociados en su recinto, que hayan autorizado a cotizar y la publicación de sus precios corrientes (art. 30).
El régimen de legalidad y seguridad de las transacciones en análisis, se complementa con las disposiciones que deben contener los estatutos y reglamentos de estas bolsas (art. 28), a los cuales se hallan sujetos los mercados de valores y los agentes de bolsa en su carácter de asociados o accionistas de aquéllas, según sea la forma jurídica adoptada (arts. 36, 41, inc. e) y 22).
17 - En materia de recursos contra las decisiones de las bolsas de comercio, en el ejercicio de las facultades conferidas por el art. 30, se ha adoptado un sistema similar al establecido respecto a la Comisión Nacional de Valores, con la salvedad que el tribunal competente será el ordinario de la jurisdicción que corresponda atento el carácter de persona de derecho privado de las partes intervinientes (art. 34).
No obstante la naturaleza de sociedad o asociación privada de las bolsas de comercio, el proyecto considera que el interés público involucrado en el derecho a cotizar, debe tener primacía y ser adecuadamente garantizado, por cuyo motivo se instituye el mencionado recurso de apelación judicial.
18 - Los mercados de valores, organismos técnicos de fiscalización y liquidación de las operaciones sobre títulos valores, integran o adhieren a una bolsa de comercio autorizada a cotizar títulos valores, incorporándose a la misma como socios o asociados, según se halle constituida la bolsa correspondiente como sociedad anónima o asociación civil con personería jurídica. El proyecto consagra así el particular sistema bursátil argentino, especialmente el de su más importante centro de contratación, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
19 - Las normas contenidas en este capítulo y en los siguientes, reconocen como antecedentes al Código de Comercio reformado en el año 1889 y las leyes y decretos dictados con posterioridad, con las modificaciones que se ha considerado necesario introducir, con los siguientes propósitos:
a) Subsanar los errores de calificación jurídica incurridos por el legislador de 1889 y leyes posteriores.
b) Incorporar al texto legal disposiciones de fondo, dispersas actualmente en decretos y reglamentaciones administrativas.
c) Otorgar una mayor responsabilidad a los mercados de valores, acorde con la importancia que han adquirido en la actualidad, la naturaleza de las funciones que realizan y los principios de autorregulación que orientan la moderna legislación nacional y extranjera respecto de ciertas profesiones que revisten un determinado interés público.
d) Dar una mayor elasticidad a las actividades que se reglamentan, en consideración al permanente estado evolutivo que caracteriza al derecho bursátil.
20 - El Código de Comercio argentino denomina corredores de bolsa, sujetos a las disposiciones contenidas en el mismo Código sobre corredores, a las personas que el proyecto califica con el término de "agentes" de bolsa. El error de codificador dio lugar a innumerables litigios y controversias doctrinales, acerca de la naturaleza jurídica de la función ejercida por quienes se dedican al comercio de los títulos valores. Una larga labor jurisprudencial y una numerosa doctrina de nuestros autores, actualmente indiscutida, lleva a la conclusión de que el corredor de bolsa por su forma de actuar en los negocios sobre títulos valores, no es solamente un mero intermediario que acerca a las partes intervinientes sino que, normalmente, perfecciona al negocio jurídico actuando en nombre propio por cuenta ajena; y es ésta su única forma de actuar en los recintos bursátiles. Empero, ese reconocimiento jurisprudencial y doctrinario, ha ido evolucionando en los últimos años de acuerdo con el importante papel que desempeña actualmente el denominado comisionista de bolsa, quien no se limita a actuar en la forma expuesta sino que, en muchos casos, realiza funciones de agente financiero reuniendo los capitales necesarios para la organización y expansión de empresas privadas y colocación de fondos públicos. Es conocido el papel fundamental que desempeñan los agentes de bolsa en los países de gran desarrollo económico, a través de la constitución de sindicatos financieros y de las diversas modalidades del "underwriting", como medio indispensable de la expansión industrial.
Por ello el proyecto adopta la denominación de "agentes de bolsa", comprensiva de las diversas modalidades de actuar mencionadas, conforme con las ponencias presentadas al Primer Congreso de Derecho Comercial del año 1940.
El decreto 12.793/49 (IX-A, 761) reglamentario del decreto-ley 15.35/46, recoge, en cierta medida, los principios mencionados, aunque sujeta a la previa aprobación del Banco Central de la República Argentina, la realización, por parte de los denominados comisionistas de bolsa, de operaciones con títulos valores fuera de los recintos bursátiles. Este mismo criterio se reitera en el proyecto de decreto-ley orgánico sobre bolsas o mercados de valores, preparado por el Banco Central de la República Argentina en marzo de 1958, en virtud de lo dispuesto por el art. 2º del decreto-ley 13.126/57.
21 - Conforme a la concepción del proyecto, la actuación de los agentes de bolsa se rige por los siguientes principios:
a) Cuando realicen, exclusivamente, operaciones con títulos valores autorizados a cotizar por una bolsa de comercio, en el recinto de la misma, se hallarán sujetos únicamente a las disposiciones de esta ley, controlados en forma simultánea por la Comisión Nacional de Valores y el mercado de valores al cual pertenezcan, estando obligados a inscribirse únicamente en el registro previsto en el art. 39, si actúan en forma individual, y si actúan en forma societaria deberán también cumplir con las normas del Código al respecto, haciéndose pasibles, en caso de transgresión a las normas vigentes en la materia, de las sanciones previstas por el art. 59.
b) Cuando, además, efectúen ofertas públicas de títulos valores fuera de los recintos bursátiles, ya sea que los mismos estén autorizados o no a cotizar en una bolsa de comercio, deberán inscribirse en el Registro creado por el art. 21, se hallarán sujetos a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, serán pasibles de las sanciones previstas en el art. 10 y deberán cumplir con las normas que establezcan las leyes de fondo y disposiciones administrativas, de acuerdo con el carácter jurídico en que actúen (inscripción en la matrícula de corredores o comerciantes, en el ramo de comisiones, etc.); y
c) Cuando actúen como agentes financieros deberán, asimismo, adecuar su actuación a las disposiciones vigentes en materia financiera.
22 - En relación a la inscripción e incompatibilidad a las cuales se hallan sujetos los agentes de bolsa, el proyecto tiene en cuenta los antecedentes del decreto 12.793/49 y del proyecto de decreto-ley orgánico sobre bolsas o mercados de valores a que antes se ha hecho referencia, con algunas modificaciones aconsejadas por la experiencia de los últimos años y con la salvedad de suprimirse la intervención directa del poder administrador en cuanto a la inscripción se refiere, en mérito al sistema de autorregulación explicado anteriormente, sin perjuicio de garantizarse perfectamente los derechos de los solicitantes mediante el recurso jurisdiccional contemplado en el proyecto (arts. 43 y 60).
23 - Con referencia a las sociedades que pueden constituir los agentes de bolsa, el proyecto amplía la orientación del decreto 12.793/49, y del antes mencionado proyecto del Banco Central, y establece la obligación de los mercados de valores de reglamentar las formalidades y requisitos que deberán cumplir las sociedades de agentes de bolsa y las constituidas entre éstos y otras personas como así también las condiciones exigidas a los socios que no sean agentes de bolsa. El temperamento seguido representa la tendencia consagrada en numerosos países, como los Estados Unidos de Norteamérica y Francia, con el objeto de facilitar una mayor solvencia técnica y financiera en el ejercicio de la función de agente de bolsa.
24 - El art. 45 delega en los mercados de valores la reglamentación del ejercicio de las funciones de los agentes de bolsa, ratificando también en ese aspecto, el principio de autorregulación de dichas entidades. Las normas establecidas en esta materia por el decreto 12.793/49 resultan superfluas ya que se halla contenidas en los códigos de fondo vigentes o se trata de supuestos ya contemplados en otros artículos del proyecto.
25 - Los restantes artículos del capítulo siguen la orientación del decreto 12.693/49 y el proyecto antes citado del Banco Central. Tienen por objeto establecer un control eficiente sobre la actuación de los agentes de bolsa. Las únicas modificaciones consisten en que la fiscalización estatal se realiza a través de la Comisión Nacional de Valores, en lugar del Banco Central, como ocurre actualmente, y se introduce el principio del secreto profesional.
26 - El capítulo del proyecto sobre operaciones y garantías, recoge la experiencia de estos últimos años. Deja en manos de los reglamentos de los mercados de valores establecer las diversas operaciones que pueden realizarse con títulos valores.
27 - El proyecto se aparta del decreto 12.793/49 en cuanto a la garantía del cumplimiento de las operaciones de bolsa por el mercado de valores. Se consagra el principio de dejar librado a cada institución, a través de sus estatutos y reglamentaciones, la determinación de los casos y condiciones en que se garantizará dicho cumplimiento, de acuerdo con la tendencia del mencionado anteproyecto del Banco Central de 1958. El fundamento de la modificación radica en la conveniencia de otorgar una mayor elasticidad al mercado financiero bursátil, sin afectar el patrimonio de los mercados de valores, que constituye la garantía normal de las operaciones que ellos fiscalizan y registran. Al mismo tiempo, el mayor número de las operaciones a plazo y de caución bursátil, permitirá estabilidad de los precios en las operaciones al contado, tal como lo ha demostrado la experiencia en las principales plazas bursátiles mundiales.
28 - El art. 54 del proyecto, es consecuencia del sistema explicado precedentemente y se inspira en la legislación italiana vigente.
29 - Con relación al fondo de garantía, el proyecto autoriza la capitalización de las sumas acumuladas al mismo tiempo que excedan el monto del capital suscripto del respectivo mercado de valores, y exime de todo gravamen a las sumas destinadas a dicho fondo atento el carácter obligatorio del mismo y su finalidad de protección a los inversores.
30 - El proyecto faculta a los mercados de valores a aplicar medidas disciplinarias a los agentes de bolsa que hayan transgredido las disiposiciones que regulan su actuación en dichos mercados.
31 - Siguiendo la orientación general del proyecto de acuerdo a la moderna tendencia legislativa de nuestro país y del derecho comparado, este capítulo suprime la instancia administrativa contra las decisiones de los mercados de valores, estableciendo un recurso de apelación judicial, sin perjuicio del recurso de revocatoria que, con carácter optativo, se le concede al agente de bolsa.
Atentas las facultades de fiscalización sobre los mercados de valores y los agentes de bolsa, que el art. 6º del proyecto le otorga, la Comisión Nacional de Valores podrá requerir a los mercados de valores la aplicación de las medidas disciplinarias que considere oportunas; y también podrá recurrir, judicialmente, de cualquier decisión adoptada al respecto por dichos mercados cuando las mismas no signifiquen, a su criterio, el restablecimiento de orden legal vulnerado.
El recurso judicial sólo procede, en cuanto a los agentes de bolsa se refiere, cuando la medida disciplinaria consista en suspensiones por más de 5 días o inhabilitación para actuar como agente de bolsa. Se excluyen del mismo las sanciones más leves, que normalmente sólo preceden en casos que atenten contra la disciplina interna de las instituciones sin afectar el interés general, sin perjuicio de la intervención que la Comisión Nacional de Valores estime procedente en el ejercicio de su poder de policía.
Con el fin de proteger los derechos de quienes soliciten inscripción para poder actuar como agentes de bolsa, el art. 43, segundo párrafo del proyecto, extiende a su respecto el ámbito de aplicación de los recursos contemplados en el art. 60.
32 - En razón de que los mercados de valores pueden actuar también a pedido de parte interesada, y dado el principio de interés como medida de las acciones, que inhibe a los inversores afectados apelar las decisiones dictadas por un mercado respecto a sus socios, se establece la obligación de aquéllos de comunicar dichos pedidos a la Comisión Nacional de Valores, con el objeto de facilitar a la misma el conocimiento de situaciones que puedan requerir la intervención del organismo estatal.
33 - El proyecto suprime la primera instancia judicial en mérito a una mayor celeridad, conforme al criterio adoptado por los arts. 14 y 34 y siguiendo la actual tendencia legislativa argentina.
Dado el carácter de repartición autárquica nacional conferido a la Comisión Nacional de Valores, el proyecto establece la competencia nacional en la tramitación de los recursos por ella interpuestos, aun en los casos en que también haya apelado el agente de bolsa interesado.
Saludamos a V.E. con nuestra más alta consideración - Pablo S. Aldazabal - Luis M. Baudizzone - Jorge Bacqué - Gervasio R. Colombres - Manuel Mosquera - Wenceslao Urdapilleta.
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