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Timestamp: 2020-07-14 00:55:43+00:00

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Reformas LOC Archivos - Página 3 de 6 - Fundamedios
En el segundo día del primer debate de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se escuchó una mayoría de voces que apoya un cambio en el cuerpo legal. Los asambleístas consideran que sirvió como un instrumento de persecución y censura a los medios.
Durante la sesión Nro. 538 del Pleno de este 27 de septiembre, cinco de los 95 legisladores presentes se expresaron en contra de reformar la Ley y eliminar una instancia administrativa como la Superintendencia de Comunicación (Supercom) o la figura de linchamiento mediático.
Los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa de la bancada Revolución Ciudadana, como Pabel Muñoz, apuntaron la necesidad de regular los medios desde el Estado. El Legislador los equiparó a las entidades financieras como servicios que requieren control. En esa línea, Juan Cárdenas se pronunció en contra de las reformas y cuestionó la eliminación de la Supercom, pues, en sus palabras, el ciudadano estaría en indefensión. Marcela Aguiñaga dijo que es necesaria una norma que permita la sanción a los medios, de lo contrario “sería una ley declarativa”. También pidió que no se elimine la figura de linchamiento mediático, ya que los medios permiten los insultos y sentencian con sus titulares. La Asambleísta se valió de un video del expesidente Abdalá Bucaram insultándola, como ejemplo.
El socialcristiano Vicente Taiano cuestionó a quienes durante 10 años fueron “enemigos” de la libertad de expresión y dieron paso a una ley que nació con un fin controlador. “Si eliminamos la Supercom, estamos eliminando esas facultades que permitieron perseguir y controlar”, apuntó. Sin embargo, cuestionó la conformación del Consejo de Regulación (Cordicom), pues “es un error de fondo que esté presidido por el Ejecutivo y que tenga voto dirimente”.
Cristina Reyes argumentó que se debe proteger la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. “Me preocupa que legisladores sigan queriendo equiparar un derecho humano como un servicio público. Es una visión sesgada y ya sabemos que la intención fue la persecución (…) Esas voces rabiosas que se aferran a esto abusos tienen que entender que esto se acabó. La libertad de expresión no necesita normas que la regulen sino normas que la defiendan”.
La asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, lamentó que no se haya tomado en cuenta su proyecto derogatorio de la ley. El socialcristiano César Rohon cuestionó que todavía no se vendan los medios incautados, pues estos se pusieron al servicio del Gobierno.
En el Pleno intervinieron representantes de nacionalidades indígenas y de medios comunitarios como Apawki Castro, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie); Jorge Guachamín, de Corape; y Ana María Acosta, de la Coalición de Medios Comunitarios. Entre ellos hay consensos y exigen que además de la reserva del 34% del espectro radioeléctrico, se tomen acciones afirmativas para creación y fortalecimiento de dichos espacios.
Guadalupe Fierro, de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), advirtió que en el actual proyecto aún existen elementos que se podrían configurar en censura previa, como las restricciones de divulgación de información para coberturas en casos judiciales.
Tras concluir el primer debate, el proyecto de Ley vuelve a revisión de la Comisión de Derechos Colectivos para la inclusión de sugerencias antes de su debate final en el Pleno.
Eliminación de la Supercom y linchamiento mediático, lo más discutido en el primer debate de reformas a la LOC
La desaparición de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), la eliminación de la figura de “linchamiento mediático”, el destino de las frecuencias y la repartición del espectro radioeléctrico fueron los puntos que más se toparon en el pleno, durante la sesión Nro. 538 de este 25 de septiembre, durante el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Para iniciar la discusión de aproximadamente cinco horas, el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que tramitó las reformas, resumió el informe. Dijo que es el resultado del análisis de 14 proyectos presentados y 20 sesiones ordinarias en donde comparecieron 84 representantes de distintos colectivos. Además, citó la Convención Americana de Derechos Humanos y aseguró que es prioridad que las modificaciones se enfoquen en el respeto de la libertad de expresión.
A la cita también acudieron radiodifusores como Kléber Chica, presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER); y Álvaro Rosero, de la Cámara de Medios, quienes plantearon la incorporación de una disposición transitoria que garantice la renovación automática de las frecuencias de emisoras cuya concesión está prorrogada desde 2014. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, planteó una propuesta para que no exista la necesidad de realizar un concurso de frecuencias. Sugirió que los temas técnicos sobre la materia se trasladen a la Ley de Telecomunicaciones.
Las posiciones más radicales del debate fueron las del bloque afín al expresidente Rafael Correa: Gabriela Rivadeneira, Marcela Holguín, José Chalá, Doris Soliz y Carmen García se pronunciaron en contra de eliminar una instancia administrativa sancionadora de los medios y de la figura del linchamiento mediático.
Chalá matizó esa postura al plantear que la figura podría modificarse incluyendo el principio de la ‘“real malicia”; mientras que la expresidente de la Asamblea arremetió en contra de los medios de comunicación y aseguró que la figura de linchamiento mediático ha impedido que se organicen persecuciones. “No podemos confundir la libertad de expresión con los propietarios de los medios”, apuntó.
En esa línea, Carmen García tildó a los medios de “cajas de resonancia que nos imponen la información”, para defender la no eliminación de la Supercom. La Asambleísta considera que la inexistencia de la Superintendencia significaría “regresar al control” de las grandes corporaciones mediáticas y un retroceso de derechos.
Este último punto fue rebatido por el asambleísta de CREO, César Carrión, quien destacó que gracias al periodismo de investigación se han esclarecido casos de corrupción que con la inclusión del lichamiento mediático se quisieron acallar. El Legislador propuso eliminar el artículo sobre los códigos deontológicos por considerar que no es correcto imponer la ética desde el Estado, pues llevaría a la censura previa.
Además, Jeannine Cruz, también de CREO, planteó eliminar todos los artículos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho al anonimato, como la obligación de exigir a los ciudadanos identificarse con nombre y cédula de identidad al publicar un comentario en portales web de los medios de comunicación. Resaltó que se recupere el concepto de que la comunicación es un derecho y no un servicio público.
En el debate también aparecieron posturas que plantean la derogación de la LOC. Patricio Donoso, de CREO, dijo que lo más sensato sería eliminarla por inconstitucional y hacer una nueva. El socialcristiano Luis Fernando Torres aseguró que la Ley fue tratada de manera fraudulenta, ya se aprobó con un debate escaso y con cambios a última hora.
El debate para reformar la LOC se retomará en el Pleno este 27 de septiembre a partir de las 09:00.
Se discutió con asambleístas 9 puntos clave a tomar en cuenta en el debate de reformas de la LOC
Luego de analizar el proyecto de reforma a la Ley de Orgánica de Comunicación, que el pasado 5 de septiembre fue aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para ser debatido en el Pleno, se detectaron nueve aspectos que deben considerarse para que el próximo cuerpo legal cumpla con lo que determinan los estándares internacionales. Este 12 de septiembre, FUNDAMEDIOS convocó a una reunión, donde se analizaron dichas observaciones.
La mañana de este jueves, Indira Salazar, oficial nacional de Comunicación e Información de Unesco; Henry Cucalón y Paola Vintimilla, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC); Ximena Peña, de Alianza PAIS; Jeannine Cruz, de CREO; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, participaron de un encuentro en donde Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), expuso los puntos de un documento elaborado por las dos organizaciones como un insumo técnico a tomar en cuenta en la discusión de las reformas.
El objeto y ámbito de la LOC es el primer factor que debe analizarse. Con base en lo que recomienda la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debe modificarse el artículo 1 de la norma, incorporando que su objeto sea la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación.
En lo que se refiere a códigos deontológicos, se propone mantener los artículos 9 y 16 que obligan a los medios a elaborar y publicar sus principios. De esa manera, debería eliminarse el artículo 10 que establece el contenidos de los mismos.
Los participantes coincidieron en la necesidad de eliminar del artículo 18 la prohibición de censura previa para los accionistas y socios de los medios; y establecer en el 19 responsabilidad ulterior en los casos en que se vulneren la reputación de las personas, la seguridad nacional o el orden, moral y salud públicas.
Otro aspecto que se discutió fue la modificación del artículo 36 de la LOC, para que la obligación de difundir contenidos interculturales y plurinacionales recaiga únicamente en los medios públicos y sea opcional para los privados. Sin embargo, se recomienda mantener lo determinado en el artículo 37, sobre la inclusión de personas con discapacidad.
De cara a la difusión de asuntos judiciales e información reservada, se plantea mantener el artículo 27 que permite la divulgación de casos judiciales, cuando se garantice el derecho de ambas partes de manifestar sus argumentos en condiciones de igualdad. El 31, referente a la protección de niñas, niños y adolescentes, tampoco debería modificarse.
A los asambleístas y a la Oficial de la UNESCO se les expuso la importancia de eliminar el artículo 42, a través del cual se exige título profesional para el ejercicio de la comunicación. La CIDH reconoce el derecho de toda persona a comunicar sus opiniones por cualquier medio, por lo tanto lo contenido en la LOC se convierte en un limitante.
En el debate de la Ley de Comunicación es necesario considerar cambiar el artículo 48, para que la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) cumpla con el estándar internacional. El ente rector debe gozar e independencia, libre de cualquier injerencia económica y/o política.
Es importante que los legisladores tomen en cuenta reformar el artículo 74 con el objetivo de establecer que la obligación de transmitir las cadenas nacionales solo se aplique en caso de emergencia. Durante el régimen de Rafael Correa se registraron, al menos, 5584 cadenas a escala nacional…
Finalmente, los asistentes a la reunión reflexionaron sobre la modificación del artículo 108 para organizar concursos diferenciados en la asignación de frecuencias para medios privados y comunitarios. También se abordó la reforma del 106, con el objetivo de eliminar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los públicos, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Temas como la protección de periodistas, cadenas nacionales, el régimen de sanciones y reparaciones son los últimos puntos que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDH) observó al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Respecto a protección de periodistas, el organismo internacional sugirió modificar, de acuerdo a los estándares internacionales, el artículo 42 de la LOC vigente que exige que las actividades periodísticas de carácter permanente, en cualquier nivel o cargo en un medio de comunicación, sean desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación.
La Relatoría recordó que, en carta enviada al Gobierno de Ecuador el 28 de junio de 2013, expresó que esta restricción legal es análoga a una “colegiación obligatoria” de periodistas; hecho que resulta incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana.
En cuanto a las cadenas nacionales, la Relatoría sugirió definir con precisión los supuestos que justifican la utilización de cadenas nacionales para transmitir mensajes de interés público, y remitirlos solamente a casos de necesidad o urgencia, debidamente motivados.
Sobre la asignación de publicidad oficial, la CIDH saludó las limitaciones establecidas para evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, así como los criterios alineados con los estándares internacionales.
El régimen de sanciones también fue observado por la Relatoría que sugirió que el proyecto establezca un régimen sancionatorio progresivo y proporcional siguiendo los principios y estándares internacionales.
Finalmente, sobre las reparaciones, el organismo internacional recomendó que la Asamblea Nacional sea más específica en la aprobación de la norma y que habilite un proceso para revisar la aplicación de sanciones en virtud de la aplicación de la Ley de Comunicación durante los últimos años. También aseguró que se promueva la creación de un mecanismo ad hoc integrado por expertos nacionales e internacionales para la completa revisión de aquellos casos en los que se han aplicado sanciones graves.
Relatoría sugiere que medios privados y comunitarios no compitan por las mismas frecuencias
La asignación y renovación de frecuencias es el décimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Según la Relatoría, el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias debe estar regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos, establecidos por ley, de modo de no quedar al arbitrio de la autoridad pública.
Al respecto, el organismo internacional observó los artículos 75 a 80 del Proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo, que se refieren a la asignación y renovación de frecuencias. En ese sentido, recordó la importancia de promover la existencia de concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que, en pos de dar eficacia a esa decisión, es necesario revertir la desigualdad que pudiera existir, reservando previamente parte del espectro para los medios comunitarios.
“Hacer competir a medios privados y comunitarios por las mismas frecuencias genera inequidades sustantivas, debido a la obvia capacidad económica de cada sector. Es por ello que es recomendable que la normativa actual obligue al organismo regulador a distinguir en cada llamado a licitación cuáles frecuencias concursan por el sector privado exclusivamente y cuáles para el comunitario”, apuntó la Relatoría.
En cuanto a la concentración y prohibiciones para medios privados, se mencionó que las leyes antimonopólicas que limitan la concentración en la propiedad y en el control de los medios de radiodifusión son mecanismos idóneos para garantizar el derecho a la información plural y diversa de las sociedades. Sin embargo, se puntualizó que las limitaciones existentes en el ordenamiento constitucional del Ecuador, que prohíbe a los accionistas de medios comunicación mantener la propiedad de otra clase de empresas ajenas al giro comunicacional sin excepción, puede estar afectando la sustentabilidad de estos medios.
Finalmente, la CIDH recordó que las restricciones que impongan los Estados al funcionamiento de los medios de comunicación no deben ser discriminatorias y tienen que cumplir con el test de ser “necesarias en una sociedad democrática”, proporcionales e idóneas para el logro de los objetivos que persiguen.
Relatorá sugiere garantizar independencia de medios públicos y eliminar reserva del 33%
Los medios públicos son el octavo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Al respecto, el organismo recordó que los medios de comunicación públicos ejercen una “función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población”.
Por ello, insistió en la necesidad de que sean independientes del Poder Ejecutivo, plurales y de acceso universal. También deberían disponer de un financiamiento adecuado, suficiente y estable para que puedan cumplir su función y aportar en el desarrollo democrático de un país.
En cuanto a los “medios institucionales”, que se proponen en el proyecto de reformas, la Relatoría observó que esos espacios no son una categoría reconocida en el derecho internacional. Se sugirió que se limite al mínimo indispensable para las necesidades comunicacionales del Gobierno, se rijan por los principios de transparencia y cumplan una función facilitadora del derecho al acceso a la información pública. “En ningún caso estos medios deben ser utilizados para propaganda o difundir información que el Gobierno razonablemente puede saber que es falsa o se trata de desinformación”.
Respecto al artículo 106 de la LOC vigente -que establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes, 33% para medios públicos, 33% para privados y 34% comunitarios- la Relatoría aseguró que, según los estándares interamericanos, es crucial que los Estados adopten medidas positivas como la de asegurar frecuencias para medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que se debería considerar eliminar de la ley el piso mínimo de 33% dedicado a medios públicos, por considerar que no parece indispensable reservar un espectro cuando lo que se busca con los públicos es mayor calidad de programación y no mayor cantidad de frecuencias.
Relatoría sugiere eliminar la SUPERCOM y crear organismo acorde a estándares internacionales
El diseño institucional es el séptimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Al respecto, el organismo internacional destacó que el proyecto del Ejecutivo elimina la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) por considerar que la entidad incumplía con los estándares internacionales en su conformación y atribuciones; por el impacto negativo y la afectación que esta figura produjo en la aplicación de sanciones desproporcionadas a los medios de comunicación en Ecuador.
La Relatoría recordó que es fundamental que la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión esté protegida de injerencias del Gobierno y del sector privado, vinculado a la radiodifusión. Sobre este punto, reiteró que en 2013 hizo una advertencia temprana respecto a que «la falta de claridad sobre el alcance de las distintas instancias (SUPERCOM, CORDICOM y ARCOTEL) puede generar un nivel importante de incertidumbre respecto del alcance de las atribuciones de cada una de estas».
En cuanto al papel del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, CORDICOM, la Relatoría señaló que en el proyecto de reformas tampoco se asegura la independencia del gobierno de este organismo. “De hecho, se propone sumar un representante de la institución pública encargada de la comunicación del Estado y que el representante de la Función Ejecutiva que lo preside tenga ‘voto dirimente’, dándole un voto de calidad que antes no tenía”, apunta.
Sobre la intención de traspasar las atribuciones de la SUPERCOM a la Defensoría del Pueblo, la Relatoría recomendó, a la luz de la doctrina internacional, que los órganos de aplicación en materia de regulación de medios de comunicación sean especializados y reúnan requisitos de independencia y autonomía.
En conclusión, sugirió que se examine la reforma planteada en lo que respecta al marco institucional y se estudie la creación de un organismo acorde a los estándares internacionales, con amplia participación de todos los interesados.

References: artículo 1
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 27
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 74
 artículo 108
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 106