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Timestamp: 2018-03-20 05:43:01+00:00

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Home » Home » La memoria histórica como elemento de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia
El futuro de la infancia y adolescencia colombiana víctima de la violencia y en particular del desplazamiento depende en gran medida de las decisiones que tomen los adultos que los rodean, esto incluye la adopción de medidas de política pública que les permita, mantener su inocencia y “el encanto de su infancia”.
Una herramienta fundamental para lograr este fin primordial es la memoria histórica, entendida como el proceso por el cual se impide que el individuo y la sociedad olviden los hechos de violencia, los repita o los perpetúe en el tiempo, máxime cuando tal violencia afectó a un grupo poblacional que por sus particulares condiciones, ha sido reconocido normativa y jurisprudencialmente, como sujeto de especial protección constitucional, como son los niños, niñas y adolescentes.
Aunque el fenómeno del desplazamiento no es nuevo en Colombia, ni tampoco su reconocimiento legal y jurisprudencial, puesto que fue reconocido en 1997 con la expedición de la Ley 387 de 1997 y de la sentencia T-227 de la Corte Constitucional, si lo es el hecho del reconocimiento formal de las personas desplazadas, como titulares de los derechos que se desprenden de su condición de víctimas: verdad, justicia y reparación integral.
Igual sucede con el derecho a la memoria histórica, que no obstante su reconocimiento a nivel internacional en 1997 con los principios Joinet, no existe aún reglamentación específica, como se evidencia en este trabajo, salvo lo que establece de forma enunciativa la Ley 1448 de 2011 y alguna reglamentación relativa al funcionamiento del Centro de Memoria Histórica.
Asimismo, la Corte identifica un común denominador: las graves falencias en la respuesta estatal a dicha situación irregular, y señala que la acción estatal ha sido “marcadamente insuficiente” a pesar de los “esfuerzos puntuales por proporcionar atención a este grupo poblacional en ciertos ámbitos concretos y específicos” (Auto 251 de 2008, p.17).
La Corte menciona la falta de reconocimiento de los NNA como sujetos de derecho, al seguirse considerando como apéndices de sus madres y no como sujetos de derechos, lo que los “invisibiliza” en sus riesgos, vulnerabilidades y, en sus potencialidades de desarrollo hacia futuro, pues sus percepciones y sentimientos frente a los hechos de violencia vividos no logran salir a flote para su adecuado manejo familiar o institucional.
Otro factor de “invisibilización” lo constituye el hecho de que no se piensa primero en los NNA, sino en la institución más visible: la familia, debido a la consideración generalizada y errónea de que el niño no ve, no siente, no entiende y por tanto, no puede ser considerado como víctima en sí mismo.
Por último, la Corte en la parte resolutiva del Auto ordenó el diseño e implementación de un nuevo programa para la protección diferencial de estos NNA (orden tercera); también el diseño y ejecución de 15 proyectos piloto de prevención y atención en distintas zonas del país (órdenes cuarta y quinta); así como la atención concreta de aproximadamente 18.000 bebés, NNA, cuya situación individual fue reportada a la Corte Constitucional (orden sexta), órdenes que a la fecha no se han cumplido en su integridad.
Se trata entonces de un “peligroso ciclo de factores de desprotección y riesgo” (Auto 251, 2008, p.30), situación que genera, en términos de la propia Corte, el desconocimiento de uno de los fines esenciales del Estado: proteger los derechos de las personas y garantizar su efectividad, como lo ordena el artículo 2 constitucional, mandato que se potencializa en presencia de NNA.
C. El marco jurídico para la protección de la niñez y adolescencia en situación de desplazamiento
Cabe preguntarse si realmente los NNA desplazados cuentan con un marco jurídico especial, amplio y suficiente de protección de sus derechos en caso de amenaza o de restablecimiento una vez han sido vulnerados, y si su condición de víctima se evidencia en el mismo.
Lo anterior, por cuanto es claro que en el ámbito internacional diversos instrumentos de DDHH y de DIH establecen el marco de protección debido desde los Estados partes a todos los NNA en situación de normalidad o paz, pero también para aquellos NNA que han sido afectados por los conflictos armados internos, pero ¿qué sucede respecto del desplazamiento?
Desde el DIH el artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra establece su prohibición en el marco de los conflictos armados internos. También el Estatuto de Roma hace referencia al desplazamiento forzoso como un delito de lesa humanidad (literal d) numeral 1 artículo 7) y como un crimen de guerra (ordinal 8 literal b) numeral 2 artículo 8).
También están los Principios Deng o Principios Rectores de los Desplazamientos Internos que consagra derechos y garantías de protección y atención debidas a las personas que lo sufren, instrumento que además hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, por tanto, considerado fuente de interpretación y alcance de los derechos de la población desplazada, incluidos los NNA.
Igualmente, se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, que si bien no trae una disposición específica sobre la protección de NNA contra los desplazamientos, si se aplica lo relacionado con las obligaciones de los Estados de protegerlos de los efectos adversos del conflicto armado, en particular lo indicado en sus artículos 38 y 39.
Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 17/2002 a propósito de los contenidos del artículo 39 de la Convención de Derechos del Niño frente a los conflictos armados y que se hace extensivo al desplazamiento, indicó que el hecho de “no darle el marco legal a la situación de la manera completa que ésta requiere coloca a la infancia en desprotección por la no existencia de un recurso legal específico para proteger esa situación, en detrimento del derecho de no desplazarse como corolario del derecho de circulación y de residencia”.
A nivel interno y en el ámbito normativo, está la Ley 387 de 1997, que define el desplazamiento y los lineamientos esenciales para la atención y restablecimiento de sus víctimas, sin embargo, no consagra disposición expresa sobre la protección a los NNA víctimas de este flagelo social.
Por su parte, el Decreto 250 de 2005 que consagra el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada establece como uno de sus objetivos, brindar atención especial a las mujeres y niños, particularmente a aquellos NNA en situación de discapacidad, abandonados o huérfanos, a través de su ingreso en programas que se establezcan para tal efecto.
Respecto del Código de Infancia y Adolescencia –Ley 1098 de 2006- está lo señalado en su artículo 20 respecto que los NNA serán protegidos contra las guerras, conflictos armados, reclutamiento ilícito y desplazamiento. Asimismo, su artículo 41 señala entre obligaciones del Estado su protección contra desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o lugar de residencia.
Por último, está la Ley 1448 de 2011, que contempla la definición genérica de quién es víctima y por qué hechos relacionados con el conflicto. Así, aparecen necesariamente los NNA afectados por el desplazamiento como objeto de protección de esta normativa.
En materia jurisprudencial, la Corte Constitucional ha producido desde 1997 –año del primer fallo sobre el tema-, algo más de 200 sentencias, de las cuales sin duda la T-025 de 2004 es el pronunciamiento más importante, en razón a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población desplazada, al evidenciarse la vulneración sistemática de sus derechos y la grave crisis humanitaria por el desbordamiento de la capacidad de atención al fenómeno en Colombia.
Respecto de los NNA esta sentencia hizo visible los problemas de diseño y desarrollo de políticas públicas para su adecuada atención, quienes en su condición de mayor vulnerabilidad no cuentan con una política clara que les permita el fácil acceso a la oferta institucional, evidenciado además, que no existen “programas especiales que respondan a las especificidades” de sus problemas.
Posteriormente, en 2008, la Corte en su labor de seguimiento a las órdenes de la T-025 de 2004, profirió el Auto 251 reseñado con anterioridad y que es sin duda alguna, el pronunciamiento más importante en cuanto a la visibilización de la situación de los NNA afectados por el desplazamiento.
En todo caso, no es poco el marco jurídico de protección existente para estos NNA , lo que es indicativo del avance por vía normativa en el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, sí resulta necesario en términos de la propia Corte, que estos instrumentos trasciendan el “ámbito del lenguaje normativo, para permear la realidad y materializar en la vida cotidiana de estos NNA, los diversos reconocimientos y salvaguardas jurídicos de los que son titulares y que hasta ahora, por diversas y complejas razones, no han recibido la valoración ni tenido la trascendencia que constitucionalmente merecen” (Auto 251, 2008, p.16).
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References: artículo 2
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 39
 artículo 20
 artículo 41