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Timestamp: 2018-09-21 16:29:40+00:00

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﻿ SENTENCIA T-298 DE MARZO 16 DE 2000
SENTENCIA T-298 DE 16 DE MARZO DE 2000
CONTENIDO:ALCANCE DEL FUERO DE LOS MILITARES EN SERVICIO ACTIVO. PARA QUE UN DELITO SEA DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR DEBE EXISTIR UN VÍNCULO CLARO, PRÓXIMO Y DIRECTO ENTRE ÉL Y LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:JUSTICIA PENAL MILITAR, AUTONOMÍA DEL FUERO PENAL MILITAR
REVISTA TUTELA N°:6 DE JUNIO DE 2000, PÁG.1247
Sentencia T-298 de marzo 16 de 2000
Sent. T-298, mar. 16/2000, Exp. T-257.137
Actor: Enrique Bernardo Camacho Jiménez
Acción de tutela contra el Tribunal Superior Militar, la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y la unidad de terrorismo de la dirección regional de fiscalías por una presunta violación del derecho al debido proceso.
— Alcance del fuero de los militares en servicio activo.
en el proceso de revisión de los fallos adoptados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la acción de tutela instaurada por Enrique Bernardo Camacho Jiménez contra el tribunal superior militar, la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y la unidad de terrorismo de la dirección regional de fiscalías.
El cuerpo técnico de investigación —dirección seccional de Neiva—, por medio de resolución del 5 de diciembre de 1994, ordenó abrir investigación y vincular a ella mediante indagatoria a los militares activos José Ancizar Hincapié Betancurt, Enrique Camacho Jiménez —actor en esta tutela—, Elsías Muñoz Vargas, Hermógenes Galindez y Wilson Caviedes, por la comisión de múltiples hechos delictivos ocurridos en esa ciudad.
La fiscalía regional de Santafé de Bogotá especificó esos hechos de la siguiente manera: “...por una parte los secuestros y homicidios de Uriel Roa Gutierrez, N.N. (ahorcado en los primeros días de abril de 1994) para afirmar que tuvieron ocurrencia bajo un mismo patrón de actuación: las víctimas fueron retenidas sin orden judicial o sin existir estado de flagrancia y llevadas a las instalaciones del Batallón Tenerife de Neiva privadas de su libertad en una habitación de la sección de inteligencia y posteriormente sacados hacia parajes lejanos donde se les dio muerte; con excepción de N.N. quien fue ahorcado en el patio de cañones pero luego arrojado en las afueras de la ciudad. A todos se les hurtaron los bienes que portaban y sus documentos de identidad para dificultar su reconocimiento. A Robinson Escobar se le asesinó, previo seguimiento, cuando transitaba hacia el municipio de Palermo (Huila) hurtándole una gruesa suma de dinero y una motocicleta de la cual se apropió Arnoldo Gutierrez... se hace referencia a otro grupo de crímenes contra la vida y la libertad personal en relación con Guisela Rodríguez Otálora, Armel Guerrero, Julio Cesar Vargas y Jhon Fredy Rodríguez a quienes se les privó injustamente de su libertad y luego se les asesinó, simulando enfrentamientos con la guerrilla y reportándolos como bajas vistiéndolos previamente con prendas de uso privativo militar y colocándoles armas y elementos de campaña... ”. (fls. 5 y 6 del primer cuaderno del expediente de tutela).
Como los sindicados eran militares en servicio activo y adscritos a la novena brigada, esta última reclamó a la fiscalía la remisión de las diligencias adelantadas, lo que dio lugar a que, en providencia del 16 de marzo de 1995, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dirimiera el conflicto de competencia suscitado dentro del trámite de ese proceso penal entre la fiscalía regional, unidad especializada de terrorismo y la Novena Brigada del Ejército con sede en la ciudad de Neiva, determinando que la jurisdicción competente para conocer de la investigación en referencia era la Penal Militar (fls. 4-15 del primer cuaderno del expediente de tutela).
Remitido el sumario a la justicia penal militar, se le imprimió el trámite que el juez a quo resumió de la siguiente manera: “...el Comando de la Novena Brigada, mediante resolución fechada en mayo 27 de 1997 ordenó convocar a Consejo Verbal de Guerra a los militares investigados, incluido el capitán Bernardo Enrique Camacho Jiménez, por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y encubrimiento, descritos en diversos artículos del Código Penal Militar.
“Luego del trámite pertinente y de proferir el veredicto, el Tribunal Superior Militar mediante proveído de noviembre 27 de 1997, efectuó un análisis de la situación procesal y fundamentalmente sobre la competencia con relación al fuero militar y los actos constitutivos del servicio, estudiando de contera los parámetros que al respecto trajo a colación la Corte Constitucional en su decisión de agosto 5 de 1997. Así las cosas dicho tribunal concluyó que la declaración de inexequibilidad sobre el principio de ocasionalidad respecto del servicio, cambió las condiciones que determinaban el otorgamiento de la competencia a la jurisdicción Penal Militar respecto de los hechos por los cuales se había procesado a los militares, incluyendo al accionante, por lo que la decisión jurídicamente viable era la de remitir dichas actuaciones a la justicia ordinaria, en concreto al tribunal nacional, y aclarando que de no ser tenidas en cuenta sus argumentaciones provocaría un conflicto negativo de competencias.
Por su parte el tribunal nacional, mediante Sala de Decisión de enero 14 de 1998 y una vez recibidos los diligenciamientos, ordenó remitirlos a la fiscalía regional, haciendo acotaciones respecto a algunas circunstancias que vulneran el debido proceso. La unidad de terrorismo de la dirección regional de fiscalías mediante auto de febrero 19 de 1998, y recogiendo el pronunciamiento del tribunal nacional, declaró la nulidad de lo actuado desde la convocatoria del Consejo Verbal de Guerra, declaró cerrada la investigación, y decretó la libertad provisional a favor del accionante. En noviembre 10 de 1998 la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación revocó algunos de los beneficios de libertad otorgados por la justicia penal militar. Finalmente para abril 30 del año en curso la misma unidad calificó el mérito del sumario, profiriendo resolución de acusación en contra de los investigados, incluyendo al accionante...” (fls. 83-84 del primer cuaderno del expediente de tutela).
El 15 de junio de 1999, Enrique Bernardo Camacho Jiménez, por medio de apoderado, interpuso acción de tutela contra el tribunal superior militar, la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y la unidad de terrorismo de la dirección regional de fiscalías, pues en su opinión, esas entidades incurrieron en una vía de hecho que le vulneró el derecho fundamental al debido proceso, cuando desconocieron la decisión por medio de la cual el Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto de competencias y resolvió que era la Justicia Penal Militar la competente para conocer del proceso que se adelanta en su contra.
A. Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
El 29 de junio de 1999, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esa corporación, resolvió (fls. 77-88 del primer cuaderno del expediente de tutela), negar el amparo solicitado por el actor. Consideró esa Sala que:
“...la Corte Constitucional en el ejercicio de sus atribuciones legales ha establecido la cobertura del fuero militar proscribiendo el principio de ocasionalidad del servicio mediante la declaratoria de inexequibilidad que sustentara la sentencia de agosto 5 de 1997.
Allí la alta corporación cuestionó la constitucionalidad de la expresión “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo” contenida en una u otra forma en los artículos 190, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 278 y 291 del Código Penal Militar...
Es tan palmario y claro el cambio de la postura jurisprudencial desde el año de 1995 hasta la actualidad que se desdibuja cualquier endilgación que sobre arbitrariedad y extralimitación se hace a los funcionarios jurisdiccionales que en alguna forma han tenido conocimiento de los hechos, no observándose que la decisión de pasar las diligencias al conocimiento de la justicia ordinaria se derive en un actuar caprichoso, sino del devenir propio de la interpretación y ajuste de las normas, al contexto histórico y constitucional pertinentes” (fls. 85-86 del primer cuaderno del expediente de tutela).
B. Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria conoció de la impugnación interpuesta contra la sentencia de primera instancia, y resolvió revocar esa decisión el 16 de septiembre de 1999; en su lugar, otorgó al actor la tutela de su derecho al debido proceso, y ordenó a la unidad nacional de derechos humanos de la Dirección Nacional de Fiscalías devolver a la Justicia Penal Militar el proceso que se tramita en contra de Enrique Bernardo Camacho Jiménez y otros, tal como lo había dispuesto esa misma corporación en la providencia del 16 de marzo de 1995, oportunidad en la cual desató el conflicto de competencias generado en el trámite de ese proceso (fls. 235-250 del segundo cuaderno del expediente de tutela).
La consideración inicial del fallo del ad quem está dedicada al impedimento que manifestaron los magistrados Edgardo José Maya Villazón, Leovigildo Bernal Andrade, Rómulo González Trujillo, Enrique Camilo Noguera Aaron, Miryam Donato de Montoya, Amelia Mantilla Villegas y Álvaro Echeverri Uruburo para conocer de este caso, y que fue desestimado por la Sala de conjueces que se conformó para resolver ese asunto.
Las consideraciones expresadas por esa corporación se pueden resumir así:
“...Las decisiones que definen los conflictos de competencia resultan inmodificables y constituyen ley del proceso, pues sólo de esta manera es posible preservar la seguridad jurídica y las garantías de los sujetos intervinientes. Dichos fallos, una vez se encuentran ejecutoriados, hacen tránsito a cosa juzgada y sólo procede su enmienda en dos eventos excepcionales: a) cuando la misma autoridad que resolvió la colisión de competencia, revisa su decisión inicial porque han variado sustancialmente las circunstancias o aparecen nuevas pruebas que cambian la perspectiva anterior; b) cuando un juez de tutela considera que la providencia mediante la cual se definió el conflicto de competencias, configura una vía de hecho” (fl. 244 del segundo cuaderno del expediente de tutela).
Luego de citar una serie de antecedentes jurisprudenciales de esa corporación y de la Corte Suprema de Justicia que concuerdan con lo afirmado en el párrafo transcrito, el Consejo Superior de la Judicatura concluyó que, como no se dio en este caso ninguno de esos eventos, el Tribunal Superior Militar “...incurrió en vía de hecho al modificar, en el caso del capitán Enrique Camacho Jiménez, la competencia previamente establecida por el Consejo Superior de la Judicatura...”. (fls. 246-247 del segundo cuaderno del expediente de tutela).
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la decisión respectiva, según el reglamento interno, y el auto de la Sala de selección número doce del 6 de diciembre de 1999.
En la revisión de los fallos de instancia proferidos en el trámite del presente proceso, esta Sala debe analizar si el Tribunal Superior Militar incurrió en una vía de hecho al considerar que la Justicia Penal Militar era incompetente para conocer del proceso penal que se adelanta contra el actor y otros militares. También tendrá que determinar si las otras entidades demandadas, es decir, la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y la unidad de terrorismo de la dirección regional de fiscalías, incurrieron en una actuación contraria a la Constitución cuando asumieron el conocimiento del proceso penal que el Tribunal Superior Militar les remitió, en lugar de trabar un nuevo conflicto de competencias, y remitir el asunto para que por segunda vez el Consejo Superior de la Judicatura se pronunciara sobre el punto.
3. Actuación de la segunda Sala de decisión del tribunal superior militar.
Por medio de providencia del 27 de noviembre de 1997, cuya copia obra a folios 38 a 41 del primer cuaderno del expediente de tutela, esa corporación decidió “declarar que este colegiado castrense no es competente para conocer del presente proceso, conforme a lo preceptuado (sic) en la parte motiva del proveido que nos converge (sic), disponiendo consecuencialmente su remisión al tribunal nacional, con los detenidos...” (fl. 41 vuelto).
Esa decisión del Tribunal Superior Militar se basó en dos consideraciones fundamentales: a) de acuerdo con el análisis del acervo probatorio, resulta evidente que de las conductas delictivas imputadas a los sindicados, ninguna tiene relación con el servicio y, por tanto, su juzgamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria; b) si bien el Consejo Superior de la Judicatura, mediante pronunciamiento del 16 de marzo de 1995, resolvió la colisión de competencias presentada entre la fiscalía regional, unidad especializada de terrorismo y la novena brigada con sede en la ciudad de Neiva, esa decisión se dio cuando aún no se conocía con certeza lo acaecido, y no había sido proferida por la Corte Constitucional, la sentencia del 5 de agosto de 1997, por medio de la cual se declararon inexequibles las normas que consagraban el principio de la ocasionalidad del servicio (fl. 41 del expediente de tutela).
Al respecto, esta Sala de revisión debe resaltar que:
a) El análisis que hace un juez de la República sobre la competencia que le asiste para conocer de un asunto que se encuentra para su decisión, lejos de constituir una vía de hecho, es una consideración ineludible que en cualquier sentencia se debe hacer, como asunto previo a la decisión. Ese estudio tiene mayor justificación cuando se trata de un juez penal militar, pues éste sólo es competente de manera excepcional, ya que la regla general de competencia indica que el juez ordinario es, en principio, el competente cuando se trata de asuntos penales;
b) Tampoco constituye una consideración ajena al derecho, la que realizó el Tribunal Superior Militar al señalar que una era la situación probatoria dentro del proceso que se adelanta contra el actor y otros militares en marzo de 1995 —cuando el Consejo Superior de la Judicatura desató el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Novena Brigada—, y otra muy distinta la realidad probatoria que, en noviembre de 1997, le permitió afirmar: “evaluado en su integridad el voluminoso paginario que nos ocupa, cabe decantar que la competencia para conocer del mismo, no puede recaer en esta jurisdicción especial, dadas las circunstancias modales en que se realizó el acontecimiento letal que originó el movimiento del aparato jurisdiccional del Estado, indicativo a todas luces que no tiene ninguna relación con el servicio en forma directa, desde donde surge improcedente la aplicación de la citada garantía foral” (fl. 39 vuelto del expediente de tutela, subraya fuera del texto); y
c) No merece reparo la decisión en la que el Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de competencias, y que se basó en el principio de la ocasionalidad del servicio, pues para entonces tenía asidero positivo en algunas normas del Código Penal Militar, pero dicha interpretación no podía seguirse aplicando después de que la Corte Constitucional declaró inexequibles, precisamente las normas relativas al principio de la ocasionalidad.
En efecto, para constatar, que la decisión del Consejo Superior de la Judicatura basó su decisión del 16 de marzo de 1995 en un concepto muy amplio de la ocasionalidad, basta citar alguno de los apartes de la parte considerativa de esa providencia: “cuando en servicio activo, como lo estaban los militares vinculados a esta investigación, y aprovechando su condición privilegiada por el poder que confiere su condición de militares, habrían realizado capturas ilegales que culminaron en muertes violentas por diversas razones, el fuero resulta innegable dada la presencia de los elementos que lo constituyen. Para que surja ese fuero no importan los fines de esas acciones, así se advierta un abusivo uso del servicio o un desbordamiento de la tarea oficial y legítima que les ha sido asignada... (fl. 14 del primer cuaderno del expediente de tutela).
Esos argumentos contrastan con los que presentó la Corte Constitucional en la Sentencia C-358/97 (1) , por medio de la cual resolvió “declarar inexequibles las expresiones “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo, o de sus deberes oficiales”, incluida en el artículo 190; “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo”, contenida en los artículos 261, 262, 263, 264 y 266; “con ocasión del servicio o por causa de éste”, comprendida en el artículo 278; y “u otros con ocasión del servicio”, incluida en el artículo 291 del Código Penal Militar.
En aquella oportunidad se dijo que: “en todos estos artículos habrá de entenderse que la justicia peral militar sólo se aplica a los delitos cometidos en relación con el servicio, en los términos señalados en esta sentencia. Con respecto al artículo 261 ha de aclararse que cuando en él se remite en materia de penas a lo establecido en los artículos 259 y 260, debe entenderse que, de acuerdo con lo establecido en esta sentencia, las penas imponibles son las contenidas en las normas equivalentes del Código Penal ordinario”.
Para que quede clara la contradicción que indudablemente existe entre las razones del Consejo Superior de la Judicatura y las de la Corte Constitucional, pues estas últimas servirán de base a la Sala de revisión para revocar la sentencia de segunda instancia, se transcriben a continuación algunos apartes de la mencionada Sentencia C-358/97, reiterados en la Sentencia C-561/97 (2) :
“10. La jurisdicción penal militar constituye una excepción constitucional a la regla del juez natural general. Por ende, su ámbito debe ser interpretado de manera restrictiva, tal como lo precisa la Carta Política al establecer en su artículo 221 que la justicia penal militar conocerá “de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio”. Conforme a la interpretación restrictiva que se impone en este campo, un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor —es decir del servicio— que ha sido asignada por la Constitución y la ley a la fuerza pública. Esta definición implica las siguientes precisiones acerca del ámbito del fuero penal militar:
“a) Que para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación, o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto. Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por el contrario, si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la fuerza pública y el hecho punible del actor. En efecto, en tales eventos no existe concretamente ninguna relación entre el delito y el servicio, ya que en ningún momento el agente estaba desarrollando actividades propias del servicio, puesto que sus comportamientos fueron ab initio criminales.
b) Que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la fuerza pública. Al respecto es importante mencionar que esta corporación ya ha señalado que las conductas constitutivas de los delitos lesa humanidad son manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos de la persona, por lo cual no guardan ninguna conexidad con la función constitucional de la fuerza pública, hasta el punto de que una orden de cometer un hecho de esa naturaleza no merece ninguna obediencia”. En efecto, en la Sentencia C-578 de 1995, en el fundamento jurídico 531 se expresó:
“La orden del servicio es la que objetivamente se endereza a ejecutar los fines para los cuales está creada la institución. Una orden que de manera ostensible atente contra dichos fines o contra los intereses superiores de la sociedad, no puede reclamar válidamente obediencia. La orden de agredir sexualmente a una persona o de infligirle torturas, bajo ninguna circunstancia puede merecer el calificativo de orden del servicio. Estas acciones, que se enuncian a título de ilustración, son ajenas completamente al objeto de la función pública confiada a los militares y al conjunto de sus deberes legales”.
c) Que la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en las situaciones en las que exista duda acerca de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado la decisión deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria en razón de que no se pudo demostrar plenamente que se configuraba la excepción.
11. Conforme a lo anterior la extensión del fuero penal militar a conductas que están más allá de los delitos estrictamente relacionados con el servicio representa una vulneración a la limitación que impuso el constituyente al ámbito de aplicación de la justicia penal militar. En tales circunstancias, los argumentos expuestos conducen inevitablemente a la declaración de inconstitucionalidad de las expresiones con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo o de sus deberes oficiales incluida en el artículo 190; con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo” contenida en los artículos 259, 261, 262, 263, 264, 266; “con ocasión del servicio o por causa de éste” comprendida en el artículo 278 y “u otros con ocasión del servicio” incluida en el artículo 291 del Código Penal Militar. En efecto en todos estos casos el legislador entendió el ámbito de competencia de la justicia castrense más allá de lo constitucionalmente admisible, por lo cual la Corte retirará del ordenamiento esas expresiones en el entendido de que la justicia penal militar sólo se aplica a los delitos cometidos en relación con el servicio, de acuerdo con los términos señalados en el numeral precedente de esta sentencia”.
Así, resulta claro que el Consejo Superior de la Judicatura tenía respaldo en la legislación vigente en 1995 para resolver el conflicto de competencias entre la Novena Brigada y la fiscalía, asignándosela a la jurisdicción penal militar, pero que carecía de él al resolver sobre la tutela que se revisa, pues esa legislación que le permitió basarse en el principio de ocasionalidad había sido separada del ordenamiento por el tribunal constitucional, precisamente por ser contraria a la Carta Política, y los efectos de las sentencias C-358/97 y C-561/97 son también obligatorios para el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que esa corporación fue la que incurrió en una vía de hecho, y no el Tribunal Superior Militar; en consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia de segunda instancia, y se ordenará remitir copia al Consejo Superior de la Judicatura, previniéndole para que no repita actuaciones en las que sigue dando aplicación a normas que fueron declaradas inexequibles.
4. Actuación de la Fiscalía General de la Nación.
Consecuencias ineludibles de la consideración anterior son:
a) Que tanto la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación, como la unidad de terrorismo de la dirección regional de fiscalías actuaron acorde a derecho en el trámite del proceso penal que se le adelanta al actor y otros militares y, en consecuencia, no incurrieron en una actuación constitutiva de vía de hecho al asumir conocimiento de dicho proceso cuando se los remitió el Tribunal Superior Militar;
b) Que las entidades demandadas no incurrieron en violación del derecho fundamental del actor al debido proceso y, en consecuencia, no procede acoger la solicitud de amparo que instauró el accionante; y
c) Que esta Sala de Revisión debe confirmar la decisión de primera instancia, y comunicar esta sentencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que esa corporación adopte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, las providencias que sean requeridas para darle cumplimiento.
1. Revocar la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura y, en su lugar, confirmar el fallo de primera instancia adoptado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por medio del cual se negó la tutela del derecho al debido proceso solicitada por Enrique Bernardo Camacho Jiménez.
2. Ordenar que, por medio de la secretaria general, se remita copia de esta sentencia de revisión al Consejo Superior de la Judicatura, previniéndole para que no repita actuaciones que pueden constituir aplicación ultractiva de las normas que fueron declaradas inexequibles por medio de la Sentencia C-358/97.
Magistrados, Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero—Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, secretaria general.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 190
 artículo 278
 artículo 291
 artículo 261
 artículo 221
 artículo 190
 artículo 278
 artículo 291
 artículo 36