Source: http://federacionlex.blogspot.com/2016/09/amparo-sancion-socio-derecho-de-defensa.html
Timestamp: 2018-09-22 01:55:53+00:00

Document:
FEDERACIONLEX: AMPARO - SANCIÓN SOCIO - DERECHO DE DEFENSA - CLUB DEPORTIVO
AMPARO - SANCIÓN SOCIO - DERECHO DE DEFENSA - CLUB DEPORTIVO
Autos: Nº 8620 "DITTLER ROQUE OSCAR C/ CLUB ATLETICO DEFENSORES ALDEA SANTA MARIA S/ ACCION DE AMPARO- ____________________________________________________ PARANA, 8 de junio de 2016.- VISTO: Estos autos caratulados "DITTLER ROQUE OSCAR C/ CLUB ATLETICO DEFENSORES ALDEA SANTA MARIA S/ ACCION DE AMPARO"- Expte. Nº 8620", que tramitan ante esta Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, de los que, RESULTA: 1. Que a fs. 6/14 se presenta el Dr. Alvaro Sebastián Kisser, en nombre y representación de Roque Oscar Dittler, y promueve acción de amparo contra el Club Atlético Defensores Aldea Santa María, a fin que se deje sin efecto, y se declare la ineficacia y nulidad de una supuesta resolución que con fecha 21/04/2015 habría sido dictada por la Comisión Directiva de la mencionada institución. Manifiesta que al actor se le endilga haber cometido hechos de violencia física y verbal que habrían ocurrido en fecha 22/03/2016, y que tales hechos se habrían dirigido -supuestamente- contra el Sr. Claudio Rausch, miembro de la Comisión Directiva del Club Defensores de Aldea Santa María. Su parte niega que haya cometido los hechos que falsamente se le endilgan, ni ningún otro tipo de hechos. Que si bien dicho hecho no aconteció, lo que motiva la promoción de este amparo, es que se haya llevado adelante un supuesto procedimiento sancionatorio violándose de una manera muy grosera elementales normas del estado de derecho. Que no desconoce el poder disciplinario que tendría la Comisión Directiva del Club, a fin de hacer cumplir los estatutos y demás deberes de los asociados, pero en el caso de autos se ha violado su derecho de defensa, ya que la única noticia que tiene el actor de las actuaciones que supuestamente se estaban llevando en su contra, lo fue con la recepción, con fecha 02/05/2016, de la resolución que le aplica una sanción de suspensión por el plazo de 5 años para ingresar al Club, y además, para ejercer cargos en la Comisión Directiva. Relata que la vía intentada resulta procedente por cuanto no hay procedimiento judicial o administrativo que permita obtener la protección del derecho o garantía de que se trate, en este caso, frente al ejercicio ilegítimo del poder disciplinario por parte de la Comisión Directiva del Club Atlético Defensores Aldea Santa María, violándose sus derechos de reunión, de asociación, de defensa y debido proceso adjetivo, y del art. 28 de la Constitución Nacional. Solicita en suma, se haga lugar a la acción de amparo incoada, con costas. 2. Que a fs. 29/32 se presenta se presenta el Sr. Javier Andrés Rausch, en su carácter de Presidente del Club Atlético Defensores Aldea Santa María, y produce el informe del art 8 LPC. Expresa que no se justifica dar viabilidad a la acción pretendida por el actor, ya que en el mismo Estatuto de la Asociación se haya contemplado un procedimiento por el cual se puede ejercer la protección al supuesto derecho conculcado (art. 19 del Estatuto). Rechaza y niega todo lo sostenido por la actora respecto de los hechos que motivaron la Resolución de la Comisión Directiva del Club Atlético Defensores Aldea Santa María. Que el Sr. Roque Dittler sometió hechos de violencia física y verbal en fecha 22 de marzo de 2016, hacia la persona del Sr. Claudio Rausch, miembro de la Comisión Directiva del Club, por lo cual no son falsos los hechos que se le endilgan. Esta situación se encuentra denunciada oportunamente, lo cual tramita bajo Legajo Nº31.794, en el Area de Mediación Penal. Que es una preocupación del Club erradicar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Niega que se haya llevado un supuesto procedimiento sancionatorio violándose elementales normas del Estado de Derecho y el derecho de defensa, sólo se actuó bajo lo establecido en el Estatuto de la Asociación, en el cual se establece claramente la protección al Derecho de Defensa, dándose la posibilidad de recurrir a la Asamblea General. Que conforme el art. 19 del Estatuto, una vez que el Sr. Dittler recibió la notificación de la sanción debía presentar su descargo pertinente para que la Asamblea General inmediata lo resuelva. Nunca se presentó a formular apelación alguna, planteando el amparo. Solicita se rechace la acción de amparo con costas. CONSIDERANDO: 3. Que la intervención del infrascripto, Vocal de la Cámara de Apelaciones II en lo Civil y Comercial Sala III, lo es sin perjuicio del texto de la ley de procedimientos constitucionales, y en virtud de lo dispuesto por Acuerdo General del STJER Nº 38/14 del 19/11/14 que estableció la actuación unipersonal de los integrantes de los Tribunales colegiados, y cuyo cumplimiento fue resaltado recientemente in re "Zigarán, José Carlos C/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos S/ Acción de amparo" del 15/01/2015. 4. Que nuestro Máximo Tribunal provincial ha definido a la Acción de Amparo como una vía "sumarísima y de carácter extraordinario, destinada a velar en forma rápida y eficiente por la supremacía de la constitución y el cumplimiento de la ley, debiendo el órgano jurisdiccional llamado a resolver verificar si efectivamente se acredita la existencia del derecho que se pretende garantizar y si resulta con claridad del acto o hecho cuestionado la violación de una garantía constitucional, donde debe justificarse la certidumbre del derecho invocado y que se pretende proteger ello en razón de que este proceso no tiene por finalidad la de demostrar su existencia" (STJER in re "Gomez de Miño Gloria E s Recurso de Amparo" JER t.32 f.644 Delta Paraná) Nuestra Ley Provincial de Procedimientos Constitucionales en su art. 1º de la LPC exige la existencia de una decisión, acto, hecho y omisión de autoridad administrativa, judicial o legislativa en ejercicio de funciones administrativas, de funcionario, de corporación, de empleado público -provincial o municipal- o por un particular, que afecte -en los distintos grados de amenaza, restricción, alteración imposibilidad o lesión-, en forma actual o inminente y de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional o Provincial. Por su parte, el art. 2º de la LPC define el concepto de "ilegitimidad" y describe las condiciones para que tales actos y omisiones puedan ser considerados ilegítimos en grado manifiesto. Así, serán ilegítimos cuando se actúe sin competencia o sin facultad, o con inobservancia de las formas o límites constitucionales o legales, en relación al derecho o garantía constitucional invocados y tal ilegitimidad será manifiesta cuando aparezca en grado de evidencia dentro del margen de apreciación que permita la naturaleza sumaria de la acción.- Nuestro Máximo Tribunal Provincial ha decidido, que el elemento esencial habilitante de la procedencia de la acción de amparo está constituido por la existencia de una concreta acción u omisión manifiestamente ilegítima causante de la lesión jurídica denunciada, no resultando suficiente, a esos efectos, la verificación de la lesión jurídica particular ni la de una acción u omisión causante de ella, si no se constata de modo palmario y evidente la manifiesta ilegitimidad de esta última (cfr. STJER in re: "LOPEZ, Pedro Evencio c. Caja de Jubilación y Pensiones de E.Ríos - Acción de Amparo", LAS 09.02.99).- 5. El amparista persigue se declare la ineficacia y nulidad de la resolución que con fecha 21/04/2015 habría sido dictada por la Comisión Directiva del Club Atlético Defensores Aldea Santa María, en la que se decide sancionarlo con cinco años de suspensión para ingresar a la mencionada institución como asimismo para poder ejercer cargos en la Comisión Directiva, manifestando que se han vulnerado sus derechos a un debido proceso legal.- En su informe, el Presidente del Club el Sr. Javier Andrés Rausch, niegan lo sustentado por la actora, en tanto la situación de violencia física y verbal en que se sustenta la suspensión fue denunciada, tramitando un expediente en el Area de Mediación Penal. Y en cuanto a la viabilidad de la acción, se oponen a la presente vía en tanto, conforme el Estatuto, el Sr. Dittler tenía la posibilidad de recurrir la decisión ante la Asamblea General, lo que no ocurrió. 6.- Que entrando al planteo formulado por el accionado, en cuanto a la admisibilidad de la acción, cabe decir que conforme lo ha sostenido en el S.T.J., en un supuesto similar: "lo que trata de elucidarse en la especie a través de este especial procedimiento no es más que la denunciada existencia de una decisión de autoridad pública o de un particular, en forma actual o inminente, amenaza, restringe, altera, impide o lesiona de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, las leyes de la Nación, la Constitución de Entre Ríos, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados en que la Provincia sea parte, la cual, además, será ilegítima cuando quien la emita, actúe sin competencia o sin facultad, o con inobservancia de las formas o límites constitucionales o legales, en relación del derecho o garantía constitucional invocados. La legitimidad será manifiesta cuando aparezca en grado de evidencia dentro del margen de apreciación que permita la naturaleza sumaria de la acción (cfme.: arts. 56, Const. de E. Ríos, y 1 y 2, Ley Nº 8369); por lo demás, desde que la cuestión aquí ventilada pone en inmediato riesgo la continuidad del ejercicio de los derechos societarios de los accionantes por un lapso de significativa extensión (5 años), la medida relativamente separativa impugnada no encuentra una vía procedimental más idónea para su oportuna restauración que la de la acción de amparo, no avizorándose otro procedimiento judicial de similar eficacia a tal fin, quedando -contrariamente a lo consignado en la sentencia en crisis- excluidos los procedimientos administrativos como alternativa idónea de esta acción expedita por expresa disposición de los arts. 43 de la Constitución Nacional y 56 de la Constitución de Entre Ríos, revelándose como fundamentada sólo en apariencia la conclusión sentencial que atribuye una supuesta inadmisibilidad, en los términos del art. 3º, inc. a, de la Ley Nº 8369, a la acción de autos" (cfr. S.T.J., Sala Procedimientos Constitucionales, "OJEDA, Cosme Francisco y REPETTO, Rubén Roberto C/ Club Atlético Gualeguay Central S/ ACCIÓN DE AMPARO", 23/04/2012).- 7.- Que en función de ello la cuestión jurídica debe resolverse en favor del amparista por cuanto se ha vulnerado su derecho de defensa de forma directa y los demás derechos asociativos en forma conexa. No siendo la vía recursiva prevista estatutariamente un medio más idóneo que la presente acción, para subsanar la omisión de darle la oportunidad de que el socio realice su descargo por cuanto aquella opera despues de la sanción (ex post), y con todos los derechos asociativos suspendidos, y el derecho de defensa debe darse antes de la sanción. Este tipo de situaciones en las que a un socio de un club, se le va a aplicar una sanción no puede quedar exenta del respeto de las garantías constitucionales básicas por cuanto las asociaciones civiles deben ajustarse en su estructura funcional interna a procedimientos y prácticas democráticas que entre otras cosas conllevan el respeto por las opiniones disidentes, el derecho a participar, el de ser informado sobre la situación social y patrimonial de la asociación, el derecho a recibir un trato igualitario y que sus derechos como socio y como ciudadano sean respetados. Las sanciones sin audiencia previa deben desterrarse de las asociones civiles por cuanto ellas encierran además un peligro mayor que consiste en que se la utilice para otros fines, en forma inadecuada, por ejemplo supriman a eventuales grupos competidores de la comision directiva, o se utilice para expulsar o acallar socios que muestren inquietud por conocer el manejo de las cuentas de la entidad. Si bien, estamos en presencia de un procedimiento de amparo, donde lo analizado es la violación de las garantías constitucionales, no resulta ocioso mencionar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha regulado las asociaciones civiles, disponiendo expresamente en el artículo 180 que para el supuesto de las sanciones de exclusión debe asegurarse el derecho de defensa, con lo cual la asociación deberá adecuar sus estatutos a esta nueva normativa en función que surge del estatuto acompañado (fs.24/7) que esta previsión no está contemplada. Sin perjuicio de lo antes dicho, ello no importa expedirnos respecto del contenido material de la resolución, ni tampoco emitir opinión sobre la conducta de Dittler, quien eventualmente podrá ser sometido a una sanción similar, mayor o a ninguna pero previamente se haya realizado un procedimiento en el cual se le permita ejercer su derecho de defensa y que pueda explicar su propia versión de los hechos, ante el órgano societario que corresponda, y eventualmente de serle desfavorable apelar ante la asamblea de socios. Aquí solo se está dejando sin efecto una medida adoptada sin las garantías para el asociado sancionado, no pronunciándonos respecto de su inocencia o culpabilidad. 8.- Las costas deben ser soportadas por el Club demandado. 9.- En relación al monto de honorarios cabe señalar que la Sala de Proc.Constitucionales del STJER en "URANGA IGNACIO MARTIN C/ MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY S/ APELACION DE HONORARIOS" del 4/9/15 convalidó la plena vigencia de la Ley Provincial Nº 10377, que deroga a partir de su entrada en vigencia las disposiciones de la ley 8.622 en relación a las leyes regulatorias de honorarios y aranceles profesionales, las que recuperaron su carácter de orden público a partir de su entrada en vigencia, lo que ocurrió luego de la publicación en el Boletín Oficial el 7/08/15. En función de ello se tomará el mínimo regulatorio conforme la ley arancelaria vigente para la actividad abogadil en nuestra provincia. Por ello, R E S U E L V E : 1º) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por Roque Oscar Dittler contra el el Club Atlético Defensores Aldea Santa María y, en consecuentia, declarar la nulidad de la resolución adoptada por su Comisión Directiva en fecha 21 de abril de 2015 y dejando sin ningún efecto la sanción de suspensión por 5 años impuesta en ella al accionante, con límites y alcances reseñados en los considerandos. 2º) Costas a la demandada. 3º) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Alvaro Sebastián Kisser y Lisandra B. Leonardt Landra, en las respectivas sumas de Pesos Once mil ($11.000,00) y Siete mil setecientos ($7.700,00) -arts. 3, 91 y concs. de la Ley nº 7046, ley 10377-. Regístrese, notifíquese con habilitación de días y horas y oportunamente, archívese. Andrés Manuel Marfil Vocal En igual fecha se registró. Conste. Sandra Ciarrocca Secretaria de Cámara
Publicado por FederaciónLex en 9/15/2016
Ley 26.378 Apruéba la Convención sobre los Derech...
daños y perjuicios, destrucción de obra - casona h...
Concurso preventivo - impugnación del acuerdo - ac...
AMPARO - SANCIÓN SOCIO - DERECHO DE DEFENSA - CLUB...

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 180
 resolución