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Timestamp: 2018-07-20 12:33:12+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 29 Mayo 2013
Sacrificios inútiles
Emilio J. González Libertad Digital 29 Mayo 2013
Cualquiera que eche un vistazo a los datos de déficit público hasta abril no tendrá más remedio que preguntarse para qué ha servido hasta ahora tanto sacrificio como está exigiendo el Gobierno a la ciudadanía, en forma de subidas de impuestos y recortes en los gastos fundamentales del Estado del Bienestar, esto es, en educación, sanidad, pensiones y prestaciones por desempleo. Y la respuesta, para desgracia del Ejecutivo, no es otra que para nada, porque el desequilibrio de las cuentas del Estado, lejos de reducirse, sigue yendo a más. Al Gobierno y a sus corifeos, por supuesto, les va a falta tiempo para explicarnos que todo esto no es culpa suya, sino de la nueva ola de crisis económica que recorre la Unión Europea, y que, por supuesto, no hay alternativa a su política económica, en contra de lo que otros muchos dicen. Pero, llegados a este punto, conviene recordar que las excusas son como las narices: todo el mundo tiene una.
No hay nada inevitable en lo que está sucediendo con las cuentas públicas. Por el contrario, lo que está pasando es, precisamente, fruto de la política económica equivocada que está siguiendo el Gobierno. El Ejecutivo solo está apostando por las subidas de impuestos para combatir el déficit público, mientras espera a que ocurra el milagro de que la economía deje de caer y empiece a recuperarse para evitarse el tener que tomar decisiones que no quiere tomar. El problema es que esta estrategia ya no tiene recorrido. La subida de impuestos tuvo sentido al comienzo de la legislatura para evitar la suspensión de pagos del Estado, porque Zapatero se había gastado la caja de la primera mitad de 2012 y se necesitaban con extrema urgencia unos ingresos que los mercados no iban a aportar. Pero, a partir de ahí, la estrategia se ha mostrado equivocada, porque cada incremento de la presión fiscal se traduce en caídas de la recaudación, ya que deprimen la economía. Ese es el problema fundamental con las cuentas públicas de 2013, no la situación europea, si nos atenemos a las cifras de exportaciones y de entrada de turistas.
Ahora lo que toca es ponerse de verdad a reformar el sector público, porque ya no se puede financiar nuestro modelo de Estado. Ese es el problema real, y por eso es posible otra política económica, que deje de exigir sacrificios a los ciudadanos y empiece por meter mano a las autonomías, redefiniendo sus funciones y su forma de financiación, para que pase a ser a través, exclusivamente, de sus propios impuestos. Pero Rajoy se niega hacer nada de esto, y como no quiere hacerlo, pues no hace más que dedicarse a sacar de la chistera medidas como la ley de emprendedores y después decir que con esta política se facilita la llegada de la recuperación y que ésta sea intensa. Nada más lejos de la realidad. La recuperación no llegará mientras el sector público no adelgace rápida y drásticamente para poder empezar a reducir los impuestos cuanto antes. Todo lo demás solo empeora las cosas, y ahí están los datos de déficit de abril para demostrarlo
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Mayo 2013
Rajoy prefiere gastar a bajar impuestos
Editorial www.gaceta.es 29 Mayo 2013
Algunas voces críticas dentro del PP, como la de Esperanza Aguirre y el ex presidente José María Aznar, han reclamado a Rajoy que rebaje impuestos, tal y como establecía el programa electoral del partido.
El Estado registró a finales de abril un déficit público equivalente al 2,38% del PIB, o lo que es lo mismo, un desfase entre ingresos y gastos de 25.007 millones de euros. El dato de abril supera en un 1% al del mismo periodo de 2012 pese a la entrada en vigor de los nuevos recortes. El balance de la Administración central muestra que las partidas destinadas a los intereses de la deuda y prestaciones sociales no dejan de aumentar, mientras los impuestos vinculados a la actividad caen por efecto de la recesión. Las primeras crecieron un 10,6% mientras que la recaudación por impuestos y cotizaciones baja un 5,3%. Un dato preocupante y que aleja un poco más la consecución del objetivo de déficit para el conjunto del año, que el Gobierno prevé que será del 6,3% para el conjunto de las Administraciones Públicas y del 3,5% para la Administración central tras la prórroga concedida por la UE.
El balón de oxígeno concedido por Bruselas reduce el esfuerzo, ya que el déficit tan sólo deberá bajar del 7% al 6,3%, de modo que las Administraciones Públicas apenas deberán acometer un ajuste presupuestario de 6.300 millones en lugar de los 25.000 previstos inicialmente. Dicho de otro modo, el sector público contaría con un margen extra de 18.700 millones de euros en comparación con el ajuste al que Rajoy se comprometió con Bruselas.
Ante este nuevo escenario, algunas voces críticas dentro del PP, como la de Esperanza Aguirre y el ex presidente José María Aznar, han reclamado a Rajoy que rebaje impuestos, tal y como establecía el programa electoral del partido. Sin embargo, por el momento, el Gobierno prefiere aumentar el gasto público por encima de lo previsto, aprovechando el mayor margen de déficit que concederá Bruselas, dejando las rebajas fiscales en algo testimonial, como acaba de hacer a través de la Ley de Emprendedores de cara a los dos próximos ejercicios.
Si bien hay que anotar que el aumento se centra en la inversión y, en concreto, en la obra pública, lo que podría animar algo la dramática situación del empleo, supone un error estratégico porque lo que hace es aplazar la solución del problema. El Gobierno debería atajar el gasto improductivo y adelgazar la nómina del Estado al tiempo que abordar de una vez por todas la reforma del Estado de las Autonomías, ese monstruo de 17 cabezas que es la raíz del problema del déficit. Cerrar los ojos a esta realidad no es de recibo, y menos cuando se lleva en el programa y se dispone de mayoría absoluta.
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 29 Mayo 2013
Sorprende, por ello, el eco mediático alcanzado por los alegatos del expresidente Aznar a favor de las reformas, un toro que sólo se disponen a lidiar aquellos que, habiéndose desprendido del traje de luces y cortado la coleta, carecen de opciones para volver al ruedo. Ninguno de los presidentes tuvo voluntad, valentía, disposición o entendimiento suficientes para impulsar los cambios que hubiesen permitido una España diferente, más moderna, justa y eficiente. Quizá porque la dinámica e intereses partidistas dominan e inmovilizan cualquier impulso regenerador del líder, suponiendo que éste hubiera existido.
En lo que al funcionamiento de las instituciones respecta, la etapa de Zapatero no supuso el corte radical con el pasado que pretende el presidente de honor del PP. Como mucho, implicó una cierta aceleración del inexorable deterioro del Régimen, ofreciendo al respetable una lamentable fotografía, sin trucajes ni photoshops, de la verdadera calidad de los políticos españoles.
La ilegalidad se blinda en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 29 Mayo 2013
Tal y como presagiaban los insultos y la nula voluntad de acatamiento que los nacionalistas ya habían dirigido a la Ley Wert, la reunión que la Generalidad ha mantenido este martes con los partidos nacionalistas y el PSC ha servido para hacer un frente común contra la misma y utilizar el estatuto de autonomía como supuesto amparo legal a su anunciada y pública determinación de no acatar una legislación que otorga a los catalanes una cierta vía de escape a la coactiva e inconstitucional inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña.
Por mucho que los nacionalistas hayan querido ser más suaves en las formas y dar cierto un aire de legalidad al texto que han consensuado, la reunión de marras no ha servido más que para "blindar un sistema educativo declarado ilegal", tal y como ya pronosticaba pocas horas antes de celebrarse el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Y efectivamente así ha sido, porque la parte del estatuto a la que apelan los nacionalistas en su "propuesta de modificación" es precisamente la que el Tribunal Constitucional declaró incompatible con nuestra Carta Magna.
No hay que olvidar, por otra parte, que la oposición de los nacionalistas al proyecto de Wert no sólo se basa en la cuestión de la lengua, sino en su negativa a conceder una mayor capacidad de decisión al Estado sobre las asignaturas y el volumen total del currículo, que con la Ley Wert aumentaría del 65 al 75% para las comunidades autónomas sin lengua cooficial y del 55 al 65% en las comunidades con lenguas cooficiales.
Ni que decir tiene que esta oposición de los nacionalistas por supuesta invasión de competencias también constituye en realidad una abierta oposición a la misma Constitución, que deja muy claro en sus artículos 27, 146 y 147 que el desarrollo del derecho a la educación está reservado al Estado, que es el Estado el que fija las condiciones de obtención de títulos académicos y profesionales, lo que implica, entre otras cosas, la ordenación general del sistema educativo y la fijación de las enseñanzas mínimas. Los estatutos de autonomía no pueden invadir competencias estatales cuando especifican las competencias que asumen, ni siquiera legislar sobre materias de su competencia con normas y reglamentos si no es a partir de la legislación estatal básica. Y esto es precisamente lo que los nacionalistas se han saltado a la torera en Cataluña y lo que pretenden blindar ante los tímidos proyectos de reforma del ministro.
De hecho, si algo cabe reprochar al ministro de Educación es precisamente su escasa ambición a la hora de recuperar para el Estado competencias que han sido usurpadas por los nacionalistas, así como la vergonzosa y aparatosa vía elegida para que los catalanes que así lo deseen puedan también estudiar en español mediante conciertos con colegios privados.
Los nacionalistas han dejado muy claro, en cualquier caso, que este proyecto del Gobierno del PP también supone para ellos cruzar aquellas "líneas rojas" que Artur Mas marcó durante la primera entrevista que mantuvo con Rajoy como presidente del Gobierno. La pelota vuelve, pues, al tejado del Gobierno central y a su incómoda responsabilidad de hacer cumplir la ley. Teniendo presente que el acomplejado y aparatoso mecanismo que la Ley Wert contempla en su insuficiente defensa del castellano surgió precisamente de la omisión por parte de Rajoy y de la Fiscalía General del Estado del deber de hacer cumplir a la Generalidad las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, todo apunta a que el presidente del Gobierno también dejará que las comunidades autónomas cumplan a la carta o de forma asimétrica la Ley Wert.
¿Derecho contra democracia?
Francesc de Carreras. La Vanguardia 29 Mayo 2013
Leo en La Vanguardia del 20 de mayo una crónica sobre una entrevista a Artur Mas publicada en el libro de Jordi Cabré Ara que no ens escolta ningú. El periodista destaca determinadas afirmaciones de Mas y una de ellas me llama la atención: “Primero, la democracia, después, el Estado de derecho: no al revés. Las leyes se tienen que poder adaptar a la evolución democrática de la sociedad. Según como se entienda, el Estado de derecho puede llegar a ser un adversario de la democracia”.
¿Esto es así? ¿Debe prevalecer la democracia sobre el Estado de derecho? ¿Puede ser el Estado de derecho un adversario de la democracia?
No sólo creo que una reflexión sobre estas cuestiones tiene interés teórico, sino también práctico: desde hace unos años están en el fondo del debate catalán, antes sobre la legitimidad de la sentencia del TC sobre el Estatut, ahora sobre el llamado derecho a decidir. Esta respuesta de Mas coincide con la de muchos políticos y comentaristas catalanes que tienen una idea populista de democracia: sitúan al pueblo por encima de la ley y apelan a él directamente, por encima de sus representantes. Algo muy peligroso que recuerda experiencias trágicas. Pero vayamos al grano: analicemos las palabras de Mas.
En primer lugar, que las leyes deben adaptarse a la evolución de la sociedad es algo más que obvio: no otra cosa hacen los parlamentos al modificarlas. Ahí no hay problema alguno. El problema está en la otras dos frases: primera, prelación de la democracia sobre el Estado de derecho, no al revés, y, segunda, la posibilidad de que el Estado de derecho pueda ser un adversario de la democracia. Por separado, ambas podrían ser conformes a la idea liberal de democracia, al conectarlas aparecen ciertas dudas; formuladas en el actual contexto histórico catalán, estas dudas se disipan y queda claro que se distorsiona el concepto de Estado democrático de derecho.
En efecto, en una democracia constitucional como la nuestra el principio democrático es inseparable del principio de Estado de derecho, es decir, no hay Estado de derecho sin democracia. La clave de bóveda para comprenderlo está en la superioridad jerárquica de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico. Ello implica que ni el procedimiento de elaboración ni el contenido de ninguna de las leyes –así como también de los reglamentos, actos administrativos y sentencias– puede ser contrario a lo prescrito por la Constitución.
Para asegurar esta superioridad constitucional sobre las demás normas, todos los poderes públicos –incluido el poder judicial– están sometidos a lo que dispone la Constitución y como garantía última se establece un órgano jurisdiccional específico que, en nuestro caso, es el Tribunal Constitucional. Sólo el Reino Unido, Holanda e Islandia no disponen de un órgano con tales características, aunque los tribunales europeos ejercen en parte tal cometido.
Hasta ahora hemos tratado de un aspecto fundamental del Estado de derecho: la jerarquía entre normas, con la constitución como norma jurídica que encabeza todo el ordenamiento. Pasemos a examinar ahora cómo un Estado de estas características es democrático. Punto de partida fundamental: la división entre dos grandes tipos de poderes, el constituyente y los constituidos.
En efecto, el pueblo –es decir, la suma de todos los ciudadanos– es el titular del poder constituyente y ejerce este poder aprobando una constitución. Por tanto, la superioridad de la Constitución sobre las demás normas deriva de que el poder constituyente es superior a los poderes constituidos, tanto el legislativo como el ejecutivo y el judicial. Así pues, la pieza clave de todo el sistema democrático es el pueblo, que, como poder constituyente, elabora, aprueba o reforma una constitución, la cual contamina de legitimidad democrática a los poderes constituidos y al resto de las normas.
Naturalmente, la Constitución debe regular determinados aspectos básicos: derechos fundamentales, órganos constitucionales y procedimientos de producción de normas. Desde un punto de vista democrático, es indispensable que el contenido de esta Constitución garantice la igualdad de derechos, las elecciones libres, el pluralismo político (derechos de reunión y asociación) y la libertad de expresión que permita la existencia de una opinión pública libre. Una Constitución como norma superior del ordenamiento y con este contenido es la garantía de un Estado democrático de derecho.
No se trata, por tanto, como dice Artur Mas, de que primero es la democracia y después el Estado de derecho y no al revés, sino de que ambos elementos son inseparables una vez que la Constitución ha sido aprobada. Tampoco cabe la posibilidad de entender que el Estado de derecho puede llegar a ser un adversario de la democracia: ambos están estrechamente entrelazados e indisolublemente unidos. De tal manera que, en un sistema así configurado, si la democracia es contraria al derecho no es democracia, sino vulneración de la democracia, porque la democracia sólo se puede ejercer a través del derecho y, por tanto, no puede ser contraria al derecho.
El doble secreto de la Transición/ PSOE, de problema a pesadilla
Pío Moa www.gaceta.es 29 Mayo 2013
Sorprende cómo unos políticos mediocres hicieron la transición con tal facilidad, así como la facilidad con que se desmanteló el sistema franquista.
El doble secreto de la Transición.
Cuando los problemas sociales no son graves ni hay que hacer mucho más que seguir cierta rutina sobre una base institucional ya asentada, la política puede ser desempeñada por personas de poco fuste intelectual o moral, por los que suelen llamarse mediocridades, como son la gran mayoría de los políticos. Esto no es tan malo como puede parecer, porque una contienda entre personajes con grandes caracteres y visiones del estado puede desestabilizar las instituciones. Pero hay situaciones históricas que exigen personalidades de gran talla, los que solemos llamar estadistas. Una típica es la transición de un régimen a otro. Pues bien, lo primero que sorprende en la transición posfranquista es que pudiera ser dirigida por personajes de tan bajo nivel intelectual y político como Juan Carlos y Suárez. Los dos eran incultos en general, bastante ignorantes de la historia y de mentalidad un tanto bananera; sus habilidades apenas sobrepasaban las típicas de los relaciones públicas, con cierta propensión al engaño, que lo mismo pueden servir para un roto que para un descosido.
Y sin embargo consiguieron algo tan notable como la dicha transición, lo que requiere algún análisis. Lo llamativo de ella son sobre todo dos rasgos: la notable facilidad con que pudo hacerse desde el franquismo, por políticos del franquismo y de la ley a la ley, frente a la dura oposición –sin excluir los atentados-- que preconizaba una ruptura radical con el régimen anterior. Y la facilidad con que fue desmantelado dicho régimen. En estas dos facilidades radica la clave para entender aquel proceso, que he estudiado en La Transición de cristal.
Pues bien, ¿cómo pudieron realizar la doble faena unos políticos tan mediocres? Por dos razones principales: en primer lugar porque el franquismo había legado un inmenso capital político, esencialmente la prosperidad económica y la reconciliación nacional, lograda de mucho tiempo atrás. Habían quedado olvidados, para la inmensa mayoría, los odios de la república, hecho crucial reflejado en la debilidad de la oposición antifranquista. Sobre esa base, aun derrochando gran parte del capital, era posible maniobrar cómodamente. El panorama internacional era también favorable, porque casi nadie en Occidente quería aquí una repetición de la caótica transición portuguesa, tan próxima a la guerra civil. Claro que, por otra parte, la mediocridad de los políticos comprometidos en el proceso, tanto los del franquismo como sus contrarios, solo pudo construir una democracia muy lejana de la perfección, como ha terminado por ver casi todo el mundo.
La segunda razón es que el franquismo estaba agotado, como lo demuestra que el partido principal que agrupó a la derecha, UCD, se compusiera por abrumadora mayoría de gentes del aparato del Movimiento, más unos pocos socialdemócratas, liberales y democristianos. De tiempo atrás había una impresión bastante generalizada de que el aparato ideológico y en gran medida orgánico del franquismo, el Movimiento, estaba anquilosado y burocratizado: ya no podía generar ideas nuevas ante los cambios exigidos por la situación de prosperidad y reconciliación creada por el propio franquismo. La reconversión de los hombres del Movimiento a la democracia fue en su gran mayoría más bien un simple cambio de chaqueta que una actitud fundada en convicciones.
Quedaban los remanentes del franquismo, bien conscientes de ciertas trampas de la transición, y que aún hoy siguen lamentando, justificadamente, la continua campaña de calumnias y descrédito contra el régimen de Franco y perciben sus peligros para la propia unidad nacional; pero, faltos nuevamente de ideas, tienden a prescindir del análisis de la realidad y atribuir su derrota y su incapacidad para actuar en democracia, a oscuras conspiraciones orquestadas desde misteriosos centros internacionales de poder. Naturalmente que las conspiraciones existen, por todos los lados, pero centrar en ellas el análisis es lo contrario del pensamiento político, impide percibir las causas profundas de los cambios y no hace sino dar armas a sus enemigos. Así, incluso en una crisis de régimen como la actual, les es imposible salir de la marginalidad social en la que, pese a disponer del aparato del régimen, estaban ya antes de la muerte de Franco.
Hoy nos encontramos con que el sistema salido de la Transición, montado sobre un duopolio partidista en combinación con los grupos separatistas de varias regiones, está también agotado, causando una triple crisis: nacional, política y económica. Ello no exige un cambio de régimen, porque la democracia, no debe ser abolida sino perfeccionada o regenerada. Pero demanda políticos de talla superior a la muy lamentable que vemos un poco por todas partes.
El PSOE, de problema a pesadilla
¿Se puede pagar la deuda?
José García Domínguez Libertad Digital 29 Mayo 2013
La otra alternativa, que el país saliese del euro y declarara acto seguido la suspensión de pagos, tendría idéntico efecto, si no peor. Ocurra lo que ocurra, el terremoto está servido. Apenas es una cuestión de tiempo. Claro que aún hay quien habla de una salida ordenada del euro. Pero no hay salidas ordenadas cuando una nación entera se asoma al borde de un precipicio. Como no hay salidas ordenadas cuando alguien grita "¡Fuego!" en la platea de un cine lleno a rebosar. Esas fantasías balsámicas no existen en el mundo real. Así las cosas, tras lo inevitable habrá que empezar a pensar en algo llamado Target-2. Es lo más parecido a una bomba de relojería que ha creado la Unión Europea. Desaparecido en combate el mercado interbancario ante la desconfianza mutua entre las entidades, únicamente el crédito de los bancos centrales permite que se sigan realizando los pagos y movimientos transfronterizos de capitales con normalidad. Target-2 consiste en que, cuando un inversor privado desea sacar sus activos de España y enviarlos a Alemania, es el Bundesbank quien en verdad pone el dinero. Si mañana los países del Sur abandonasen el euro, el Estado alemán se encontraría con una deuda incobrable de 700.000 millones de euros. Llegados a ese punto, ya no habría ninguna diferencia sustancial entre Islandia, Merkel y Grecia: la banca alemana también quebraría en bloque. Pensar que lo peor ha pasado es soñar. Soñar despierto.
'El balance del Gobierno es nefasto'
ANA MÍGUEZ PÉREZ www.gaceta.es 29 Mayo 2013
El economista joven más seguido de España cree que el Ejecutivo ha hecho justo lo contrario de lo que debería: subir impuestos, el gasto y el déficit.
Su juventud puede llevar a equívocos, pero lo cierto es que Juan Ramón Rallo es un economista lo suficientemente preparado y solvente como para presentar alternativas liberales a las políticas económicas de los gobiernos. Doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana recomienda más mercado y menos Estado. Para la salida de la crisis, Rallo reclama una bajada de impuestos y del déficit, así como de liberalización de la economía para que los empresarios hiperregulados generen riqueza.
- La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma el malestar ciudadano en cuanto a la economía. Es más, el 90% considera que la situación es mala o muy mala, y el 85% da por seguro que el año próximo no mejorará. ¿Cree que el Gobierno está haciendo todo lo posible para sacar al país de la crisis?
El balance de la política económica del Ejecutivo es muy negativo porque ha hecho todo lo contrario a lo que tenía que hacer. Tenía que haber bajado impuestos, el gasto y el déficit. Más bien, lo que hizo fue subir impuestos, mantener el gasto y mantener el déficit casi en los niveles que estaban. Además, también tenía que liberalizar la economía y prácticamente no lo ha hecho. En cuanto al rescate a la banca, tendría que haber recaído sobre los acreedores y al final ha socializado las pérdidas entre todos los españoles. Por tanto, es un balance bastante nefasto que va muy en la línea de lo habría llevado a cabo Zapatero.
- En ciertos círculos financieros se comenta que en términos económicos, España tiene un Gobierno más socialista que popular. Las medidas tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy parecen no convencer a la mayoría de su electorado, además de no surtir efecto. ¿Cuáles serían sus recetas para poner las finanzas en orden?
En primer lugar, reducir el gasto público para acabar con el déficit y al mismo tiempo para poder bajar impuestos. Luego, liberalizar la economía para que los empresarios que ahora mismo están asfixiados e hiperregulados tengan capacidad para volver a generar riqueza en este país. Y por último, no cargar con las pérdidas del sector privado que las ha habido y las va a seguir habiendo a los contribuyentes que ya tienen sus propios problemas y que no tienen por qué soportar los problemas ajenos.
- La situación del país es crítica. Más de seis millones de parados, la deuda del Estado supone casi el 88% del PIB, las pensiones son prácticamente insostenibles al igual que el modelo de la Seguridad Social, etc. Los lectores de Negocios.com quieren saber si hay luz al final del túnel. ¿Podría poner fecha?
No, porque depende de lo que haga el Gobierno y la locura de los gobernantes no se puede prever.
- Dicen de usted que escribe a la velocidad del rayo. Cuenta con una obra extensa y más si se tiene en cuenta su juventud. “Una crisis y cinco errores”, “Un modelo realmente liberal” o “Una alternativa liberal” son algunos de sus libros, pero le pediría que recomendase uno que no fuese suyo …
Empeora sus previsiones
La Organización defiende que impulsar el crecimiento debe ser "la prioridad política número uno" del Gobierno español
Europa Press www.lavozlibre.com 29 Mayo 2013
París.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha empeorado sus previsiones de crecimiento para España en 2013 y 2014 y prevé que la tasa de desempleo siga subiendo, hasta superar el 28% el próximo año, según recoge la última edición de su informe 'Economic Outlook', que defiende que impulsar el crecimiento debe ser "la prioridad política número uno" del Gobierno español.
Hacia la independencia catalana (II)
Jorge de Esteban. El Mundo 29 Mayo 2013
El autor plantea las soluciones que caben para evitar el secesionismo auspiciado por la Generalitat. Baraja desde aplicar el artículo 155 de la Constitución a convocar un referéndum en todo el Estado español.
Veamos las vías señaladas. En primer lugar, si el Gobierno catalán se empeña en llevar a cabo un referéndum ilegal, se puede intentar una negociación en el seno de la comisión bilateral Generalitat-Estado, que reconoce el artículo 183 del Estatut, para llegar a un acuerdo que evite la convocatoria ilegal. Sin embargo, esta posibilidad parece ya superflua a la vista de cómo van los acontecimientos. Por lo cual, de seguir adelante con la organización del referéndum independentista, no cabría más solución que recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, tomar las medidas oportunas en aras del interés general. Entre esas medidas, que son palabras mayores y no deseadas, cabría acudir al artículo 32 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, que dice expresamente: «Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio». Por supuesto, esta primera opción, por muy dura que sea, es plenamente constitucional y a ella cabría acudir si los nacionalistas se empeñan en violar la Constitución y las leyes.
Por último, en todo caso, cabría una solución más democrática, como desean los nacionalistas catalanes, y sería la de que el Gobierno, según el artículo 92 de la Constitución, convocase un referéndum consultivo en toda España, con la pregunta: «¿Está usted de acuerdo con que Cataluña siga perteneciendo a España?», después de una campaña en libertad en la que cada partido expusiera sus razones, habría que decidir, a la vista de los resultados globales y de los propios de Cataluña en particular, qué es lo que cabría hacer.
Mientras tanto, Cristóbal Colón, desde su atalaya al final de las Ramblas, orgulloso de su origencatalán, como demuestra su camiseta blaugrana, otea un confuso horizonte que no presagia nada bueno…
Jorge de Esteban es presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO y catedrático de Derecho Constitucional.
¡Barra libre en el Congreso!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Mayo 2013
Que el dinero público no es de nadie, sigue siendo la interpretación de todos estos cara duras y parásitos que nos gobiernan, aunque espero que no por mucho tiempo. Las dos noticias de hoy destacadas van en el mismo sentido. La primera es que el Gobierno ha aumentado el gasto en un 42% en un solo mes,con lo que el déficit se dispara. La segunda es que hemos sabido que en el Congreso de los Diputados, se disfruta de un servicio de restauración subvencionado con nuestros impuestos, en los que no faltan las bebidas alcohólicas y los combinados.
Si suponemos que el Congreso es el "centro de trabajo" de Sus Señorías y de los empleados del mismo, ujieres, taquimecanográfas, administrativos, servicio de limpieza y seguridad, etc., no se entiende que se dispensen bebidas alcohólicas y mucho menos se subvencionen las comidas, no siendo sustituidas por un complemento salarial como en algunas empresas privadas. Ese servicio "de lujo" ni está justificado, ni es admisible, menos aún en una época en que se predica la austeridad y se somete a la ciudadanía a una presión fiscal brutal y desproporcionada.
Pero aún eso, no pasa de ser una mera anécdota de absoluta inmoralidad, comparada con la noticia del escandaloso aumento del gasto por parte del Estado, justo en el momento en que se pide a las autonomías, solo a algunas, que mantengan el sacrificio y se ajusten al límite de déficit. No se puede ser más hipócrita, ni más miserable. Y ante este panorama descorazonador, ¿cual debe ser la respuesta de los ciudadanos? Yo solo veo una, la de demostrar de una vez por todas el profundo rechazo a esta casta de parásitos y tomar las calles para reclamar un cambio radical.
La ilusión de establecer una verdadera democracia ha sido anulada por unos desaprensivos delincuentes que solo merecen acabar siendo juzgados por sus crímenes contra la sociedad española. No es posible seguir aceptando la legitimidad de quienes han traicionado todo y a todos. No es posible admitir como normal la incompetencia y la dejadez en la defensa del orden institucional y de las sentencias del Tribunal Supremo de España ante el desafío secesionista de los dirigentes de la Comunidad autónoma de Cataluña o El País Vasco. No es posible permanecer callados ante las políticas de connivencia con los representantes del terrorismo de ETA, la suelta de presos etarras y la legalización de partidos ligados a esa banda terrorista.
En España hay barra libre para toda clase de delitos, pero lo grave es que quien tiene la responsabilidad de gobernar y de hacer cumplir las leyes, muestra pasividad, cobardía o mira para otro lado. No permitamos que además de robarnos, lo celebren tomando gin tonics. La barra libre debe acabar ya.
El catalán, dictadura desde abajo
José Javaloyes www.republica.com 29 Mayo 2013
Cuando el nacionalismo que gobierna en la Generalidad de Cataluña habla por boca de Francess Homs, portavoz del Govern y Conseller de Presidencia, de un “mensaje contundente” contra la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza) en lo que afecta a la LEC (“Llei de Educació Catalana”) – reguladora de la inmersión lingüística implantada en esa Autonomía por vía estatutaria, y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el gobernante Partido Popular -, significa tanto como que ese nacionalismo se dispone a poner los pies en pared, y por supuesto que poco menos que a cantar – en catalán – aquello del ” no nos moverán” …
Anticipada ya tienen la copla, visto por dónde se pasaron la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña contra la ilegalidad que supuso la plenaria inmersión lingüística en todos los niveles de la Enseñanza, con la autónoma aplicación de una reformas estatutarias que contravienen los límites constitucionales, como si la Generalidad no fuera una parte del Estado mismo, atenida a su misma Constitución y perteneciente a la misma Nación.
La “contundencia” a la que se refiere Homs concierne al mensaje que habría de emitir la asamblea de rabadanes que representan a la nómina de partidos nacionalistas con presencia en el Parlamento de Cataluña, constituidos en “cumbre” la tarde de este martes. Pero el derrote asambleario del nacionalismo catalán contra la LOMCE, en términos de avisada contundencia, no es propiamente y en su más amplio propósito contra la reforma educativa misma -que también – sino asimismo, sobre todo, para preservar el integrismo de la inmersión lingüística en el universo occitano. Ese mundo que limita al norte con el Loira y al sur bastante más abajo del río Alcanar, límite con la Comunidad Valenciana, exactamente con el Segura, por donde Miguel Hernández nació a sus versos en castellano.
No estaría de más que las mesnadas políticas del nacionalismo se asomaran para tomar nota al recuerdo de qué dejaron hacer las Cortes Constituyentes de la II República, a los catalanistas de máximos, con la Enseñanza respecto al castellano y el catalán cuando recibieron el Estatuto que les habían enviado desde Barcelona. Y no sólo para que repasaran las integrales idiomáticas de la II República sino, muy principalmente, las agresiones con que pagó el radicalismo catalanista la generosidad republicana, agrediendo con un golpe de Estado reiterado al régimen del 14 de Abril que habían pactado con los republicanos y algún que otro “monárquico sin rey”, en la tenida de San Sebastián, el 17 de agosto de 1930.
La hipótesis de que esta alborotada presión contra la reforma de la Enseñanza contenida en la LOMCE, pueda estarse esgrimiendo a cambio de ventajas en el desconcierto presupuestario de las Autonomías, de poco y para menos sirve. Es como el cara o cruz entre el “seny” y la “rauxa”, entre la sensatez y la locura. No pocos apenas conseguimos contemplar el espectáculo, deslumbrados ante tanto farol.
tras los 6 días más de permiso a lasarte
La AVT: "Es rocambolesco y humillante para las víctimas"
Efe | MADRID El Correo 29 Mayo 2013
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha considero "rocambolesco", "inaudito", "indignante" y "humillante" para las víctimas el segundo permiso para salir de prisión concedido en un mes al etarra arrepentido Valentín Lasarte. El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha concedido al etarra un permiso de seis días en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel, el segundo tras el que disfrutó de tres días el pasado día 17.
"¿A quién le toca dar el próximo permiso penitenciario a un asesino de ETA?", se pregunta la AVT en un comunicado ante la "duda" que reconoce les ha surgido al conocer la "rocambolesca" decisión del juez Castro. Se pregunta también "por qué con cada decisión que toma las instituciones judiciales españolas se ríen de la memoria de las víctimas del terrorismo".
La AVT pide que le expliquen por qué hace una semana, con el primer permiso concedido a Lasarte, tanto el juez Castro como la Junta de Tratamiento se pronunciaron en contra del permiso al etarra, que finalmente fue concedido por el magistrado de la Audiencia Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, añade, en esta ocasión, y de nuevo con el informe contrario de la Junta de Tratamiento de la cárcel, es el juez Castro quien decide conceder el nuevo permiso.
A juicio de la AVT, todo ello parece "encaminado" a conseguir que Lasarte y otros asesinos "pasen más tiempo en la calle que en prisión, paseando libremente por las calles que entre rejas, que es el lugar en el que tendría que cumplir íntegramente su condena".
Para la asociación, este "cúmulo de indecisiones, contradicciones y despropósitos dejan claro que en este momento ni la Justicia ni este país estén preparados para acometer la derrota total de los terroristas".
La AVT asegura que, "como siempre", tendrán que ser las víctimas las que "den la cara" para conseguir Justicia, aunque sigan poniéndoles "la zancadilla día tras día". De todos modos, la asociación que preside Ángeles Pedraza confía en que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra el nuevo permiso "infame".

References: artículo 155
 artículo 183
 artículo 155
 artículo 32
 artículo 116
 artículo 92
e contrario