Source: https://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?v=10410&n=0
Timestamp: 2018-06-20 21:14:47+00:00

Document:
La intensificación contemporánea de los Conflictos Socioecológicos
Un Mundo Frágil: Hacer Frente a las Amenazas a la sostenibilidad. La Situación del Mundo 2015.
Barcelona: FUHEM Ecosocial, Icaria, 2015, págs. 207-238, 262-268.
Contradicciones en los límites: la intensificación contemporánea de los conflictos socioecológicos
Los conflictos socioecológicos, como expresión de enfrentamientos en torno al acceso y uso de bienes naturales, constituyen una parte cada vez más importante de la conflictividad global; remiten a pugnas entre personas, colectivos, organizaciones o estados por incompatibilidad de objetivos en torno al acceso, distribución y gestión de bienes naturales, así como al reparto de los costes asociados al proceso y la eliminación de residuos. En un contexto de gran asimetría de poder, los conflictos socioecológicos estallan cuando las incompatibilidades se saldan mediante la imposición de decisiones u otras fórmulas no acordadas y son respondidas desde los grupos afectados en forma de resistencias. Así, los conflictos socioecológicos expresan serias limitaciones sobre la calidad de la democracia. Si, como persigue esta edición del informe La Situación del Mundo 2015, es necesario que encaremos los riesgos ocultos a la sostenibilidad, los conflictos socioecológicos representan un peligro real que ya se manifiestan en múltiples espacios locales y globales, en el Norte y en el Sur, amenazando la cohesión social por cuestiones distributivas de los recursos naturales. Las implicaciones desestabilizadoras de estas pugnas requieren una mayor comprensión y la búsqueda urgente de vías de resolución por medios pacíficos con el fin de posibilitar la convivencia.
El presente texto sitúa los conflictos socioecológicos en el marco de las contradicciones del sistema económico capitalista, de carácter intrínsecamente expansivo, cuando se topa con los límites biofísicos del planeta en la extracción de bienes naturales, así como las estrategias que emplea para mantener la acumulación de capital a través de la desposesión y, en última instancia, de la expulsión. Examinaremos estas dinámicas a través de dos casos de estudio: el extractivismo en el eje andino y a través del fracking; y el acaparamiento de tierras como expresión última de despojo. En el tercer apartado, analizaremos, en primer lugar, las implicaciones que los conflictos socioecológicos tienen para la calidad de la democracia; y en segundo lugar, formularemos algunas consideraciones y avanzaremos un esbozo que sirva como pun- to de partida a una propuesta de resolución pacífica de los conflictos socioecológicos, antes de terminar con unas breves conclusiones.
En los últimos tres lustros se registra una intensificación en la extracción de bienes naturales no renovables debido a la presión generalizada de los comportamientos de la civilización industrial, que demanda cantidades crecientes de energía, materiales y territorios, y a medida que el estilo de vida consumista aumenta su volumen y se expande por el planeta.1
La humanidad ha venido ampliando su espacio de extracción de recursos y habitando nuevos territorios. Esta expansión parecía ser indefinida porque había suficiente espacio disponible, pero ya hemos alcanzado los límites de la expansión: no hay más territorio vacante al que moverse; somos habitantes de lo que Herman Daly calificó como un mundo lleno.2 En este contexto, la aceleración de la demanda de bienes naturales, en parte debido a la pujanza de los países emergentes pero sobre todo por la demanda del Norte, empuja la extracción a las últimas fronteras del planeta, lugares que hasta ahora habían permanecido al margen de los circuitos productivos globales y que desempeñan un importante papel en la reposición de los bienes naturales renovables: selvas, sierras, páramos, desiertos, zonas árticas, subsuelo marino y también terrestre en zonas rurales olvidadas.
La dinámica expansiva del capitalismo no es nueva; se podría decir que forma parte de su ADN. Desde la Ilustración, el crecimiento se convirtió en uno de los principales mantras y mitos de la modernidad. El sistema necesita crecer para mantenerse en pie; de hecho, cuando la capacidad de crecimiento se ha visto comprometida, se han desencadenado crisis, que se han repetido cíclicamente en la historia del capitalismo. Crecer sin fin exige permanentemente nuevos espacios de extracción cuando los anteriores quedan agotados o devastados. En este punto, resulta ilustrativo el concepto de la división internacional del trabajo, que alude a la existencia de espacios diferenciados de extracción, producción y consumo. Los materiales y energía de los que dependen los espacios de consumo se obtienen con cargo a otros territorios, «áreas de sacrificio»,3 que se ven expuestas a graves impactos ecológicos y sociales; y espacios de consumo, sostenidos por los materiales, energía, territorio y fuerza de trabajo procedentes de otros lugares. Conviene matizar que la segregación de espacios no es total: no se trata de espacios puros, ya que las diferentes funciones pueden coexistir en un espacio dado. Sin embargo, sí se aprecia cierta especialización de los territorios, y este es el rasgo que queremos subrayar. Así, al Sur global se le ha asignado el papel de ser espacio de extracción y suministrador de bienes naturales —aunque, como veremos, especialmente en el caso del fracking, estos espacios se ubican cada vez más también en el Norte. Por su parte, el Norte global se especializa en la acumulación de capital a través de servicios financieros y de tecnologías de la información y en ser espacio de consumo. Se refuerza así una dinámica centro-periferia, que se multiplica en distintos territorios, estableciéndose vínculos entre las distintas escalas. Así, la sed de bienes naturales mercantiliza la naturaleza y reprimariza la economía de distintos países del Sur global, reducidos a meros suministradores de materias primas en las cadenas productivas globales.
Después de los «Treinta años gloriosos» tras la Segunda Guerra Mundial, las luchas sociales lograron un balance algo más justo entre capital y trabajo, aun a costa de aumentar la explotación sobre las periferias y la naturaleza. A finales de los años setenta del siglo XX el neoliberalismo empezó a ganar peso y logró hacerse con el poder (y el Gobierno) en Gran Bretaña y EEUU en los años ochenta, para extenderse después por numerosos espacios; actualmente marca de forma general el «sentido común» de nuestro tiempo. Su ascenso significa un golpe de mano del capital para recuperar las altas tasas de ganancia que el capitalismo necesita a través de varios mecanismos, algunos clásicos y otros novedosos. Como indican Santiago Álvarez y Yayo Herrero, mientras que «la biosfera está siendo expulsada de su espacio vital», aparecen «nuevas lógicas sistémicas que están reconfigurando por completo el orden social».4 Tales lógicas, encaminadas a acelerar la acumulación de capital, se plasman en mecanismos predatorios de alcance diverso y en un conjunto de prácticas que David Harvey denomina «acumulación por desposesión».5
Esta noción supone la captura de bienes naturales públicos y de bienes comunes, o la explotación de sus habitantes. Como señala Gian Carlo Delgado, la acumulación por desposesión alude a la usurpación en tres sentidos: «de los bienes comunes, del bien común de buena parte de la población y del gradual despojo de las generaciones futuras».6
Saskia Sassen señala la expulsión, forma extrema de la desposesión, como nuevo rasgo del neoliberalismo.7 Las expulsiones, dirigidas contra personas, empresas y espacios, dan lugar a zonas de tierra y agua muertas cuando se produce el agotamiento en el plano ecológico, zonas devastadas por los excesos de la extracción y la sobresaturación de los sumideros ecológicos. En el plano social, los pobladores de los territorios en disputa se convierten en «obstáculos» para los negocios extractivos, y, por tanto, son expulsados o condenados a malvivir en condiciones socioecológicas degradadas. Esta cadena de «microexpulsio- nes», como las denomina Sassen, de pequeños campesinos, alimentan la rápida urbanización mundial y genera la migración de campesinos a las ciudades, donde se asientan en los cinturones de las villas miseria que se extienden en el Sur global; allí habitan actualmente cerca de 1.000 millones de personas, cifra que podría triplicarse en 2030.8 No se trata de expulsiones aisladas ni es solo responsabilidad directa de ninguna clase social, sino que forman parte de las dinámicas de un «capitalismo intensificado» que se despliega en la era neoliberal. Con las expulsiones se obtiene, además del territorio, un ejército de reserva de mano de obra flotante, como teorizó Marx, listo para acudir a las fábricas deslocalizadas del Sur global o cubrir ciertas bolsas de empleo precario en los paraísos-fortaleza del Norte. Harvey conceptualiza esta mano de obra como el «trabajador desechable», propio de una economía flexibilizada y reajustable. Estas dinámicas profundizan la brecha entre una ciudadanía selectiva y excluyente, y los expulsados, los «desechables», cuya condición amenaza con convertirse en estatus permanente.
La globalización económica representa la máxima expansión del capitalismo por todo el planeta. A través del neoliberalismo se expresa también en clave ideológica y cultural. Si hasta ahora el capitalismo había podido convivir con otras formas de organización económica, como las economías campesinas, en la época contemporánea apenas deja espacio a ninguna otra forma de organización de la economía: las que subsistían hasta ahora son incorporadas progresivamente a las cadenas de mercado globales.
Karl Polanyi analizó las raíces de estos procesos a través de la mercantilización de la tierra y del trabajo por las legislaciones industrialistas y coloniales, y las transformaciones sociopolíticas derivadas de ellas, que convirtieron a ambos bienes en mercancías. Pero ni la tierra ni el trabajo son mercancías porque, o no han sido producidas —como es el caso de la tierra— o no han sido producidas para ser vendidas —como es el caso del trabajo. Como señaló Polanyi, «el trabajo y la tierra no son más que los propios seres humanos y el medio natural en el que existen. Incluirlos en el mecanismo de mercado significa subordinar la sustancia misma de la sociedad a las leyes del mercado».9 Así, el capitalismo destruye las relaciones no sujetas a contrato que son el tejido mismo de la sociedad, y el sistema económico capitalista se convierte en un «molino satánico» que amenaza con pulverizar a la misma sociedad, la cual debe actuar para defenderse.
La lógica neoliberal empuja hacia un círculo vicioso de creciente desposesión de bienes de la naturaleza y derechos de la ciudadanía, con el Estado como agente mediador. Los recursos usurpados se consolidan, como un imán, en un solo polo: las elites económicas, con las corporaciones trasnacionales como adalid de la captura de recursos. En este proceso, las elites aumentan su poder para iniciar un nuevo ciclo de extracción, que deja a la ciudadanía y la naturaleza más precarizadas. Polanyi examinó una dinámica similar a propósito del ascenso del liberalismo económico a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Como entonces, el Estado actúa en numerosos casos como aliado necesario de las elites económicas. Entonces, el Estado favoreció con sus normas de forma continua y planificada la instalación del liberalismo económico —laisez faire— hasta el punto de que sus supuestos ideológicos llegaron a percibirse como naturales. Algo similar ocurre en la actual era neoliberal, aunque este mecanismo adquiere nuevos matices: el Estado es utilizado no solo como un aliado para allanar el camino de los grandes negocios, sino también —tal como contemplamos en el sur de Europa— como un instrumento en sí mismo, como pasarela para acceder a recursos estatales a través de la privatización y el expolio de las instituciones y servicios del Estado.
El capitalismo de rapiña ha desencadenado movimientos de resistencia al despojo social y la devastación ecológica por todo el planeta que luchan urgidos por la gravedad de lo que hay en juego: su propia subsistencia. Desde el inicio de la Revolución Industrial se produjeron fuertes resistencias a la implantación del modelo de producción fabril, y desde entonces la crítica y la pugna por modelos alternativos no ha cesado.10 Frente a la «mercantilización de todo», como lo denomina Harvey, los agentes de los conflictos socioecológicos reivindican la defensa del territorio, de la identidad, del acceso a bienes naturales básicos y del derecho a habitar en entornos saludables. En el trasfondo de estas pugnas emergen varios debates de gran calado: uno en torno al concepto mismo de desarrollo y qué se concibe como una buena vida; un segundo debate sobre el acceso y la distribución de los bienes naturales; y un tercer debate sobre el derecho de participación y de soberanía para decidir sobre el propio futuro. Entraremos ahora a examinar con mayor profundidad la naturaleza de estas luchas.
Conflictos socioecológicos y extractivismo
La conflictividad de raíces socioecológicas adquiere diferentes expresiones y configuraciones dependiendo de los distintos contextos, aunque presentan rasgos comunes que permiten englobarlos en un solo fenómeno: todos ellos muestran tensiones entre el sistema económico y la degradación ecológica y social que se vincula a un determinado modo de entender la relación ser humano-naturaleza. Los conflictos socioecológicos se entienden como «aquellos conflictos sociales que se manifiestan en choques de intereses por el acceso y uso de un bien o un servicio ambiental; por diferencias entre los que causan y los que sufren un problema ecológico; o por la desigual distribución de los beneficios y costes ambientales».11 Maristella Svampa añade otro ángulo, el de la asimetría de poder, y define estos conflictos como «aquellos ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a ellos, en un contexto de gran asimetría de poder».12 Por su parte, el equipo investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona que dirige Joan Martínez Alier encuadra este tipo de conflictos como ecológico-distributivos, a menudo vinculados «a luchas más amplias con componentes de género, clase, casta o etnia», lo que los vincula al concepto de justicia ambiental, que «no solo se refiere a la distribución de los costes y los beneficios, sino que también integra reivindicaciones sobre participación y reconocimiento».13 Son paradigmáticos de los conflictos socioecológicos las resistencias del movimiento Chipko en India en defensa de los bosques; las protestas contra la Shell en Nigeria; las acciones del Estado ecuatoriano contra Texaco-Chevron; la resistencia mapuche contra la presa de Bio-bio en Chile; o la exitosa movilización popular contra la privatización del agua en Cochabamba (Bolivia), entre muchas otras.
Los conflictos socioecológicos presentan múltiples dimensiones: además de su obvio componente ecológico y social, incorporan una dimensión política, por cuanto abordan cuestiones de acceso y distribución de bienes naturales, así como cuestiones de asimetrías de poder; y una dimensión ideológica-cultural en la que contrastan diferentes lenguajes de valoración14 y distintos valores: el lenguaje del mercado y de la maximización de la ganancia frente a la reivindicación del territorio, de la identidad, del derecho a la salud y al acceso a los medios de subsistencia.
Este tipo de conflictos, por otro lado, implican varias escalas que se interrelacionan desde lo local a lo global y viceversa. La relación entre escalas, no obstante, resulta diferente según de qué elemento se trate: los capitales fluyen libremente entre escalas, mientras que los costes ecológicos y sociales tienen un impacto eminentemente local, aunque cuando se aplica una mirada sistémica más amplia se puede apreciar que en algún momento y en algún punto de la cadena se convierten en costes globales.
Los conflictos socioecológicos involucran a una variedad de agentes. Como principales actores, figuran comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales, corporaciones transnacionales y agentes estatales de los distintos niveles administrativos; y en segundo término, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, grupos activistas y entidades académicas en diferentes configuraciones de alianzas y oposiciones.
Siguiendo la tipología propuesta por Martínez Alier, estos conflictos se dividen en tres categorías, de acuerdo a la etapa del proceso productivo en la que se produce el daño: Conflictos en la fase de extracción de materiales y energía; conflictos durante el transporte y comercio; y conflictos en torno a los residuos y la contaminación. Los conflictos en la etapa de extracción de materiales y energía incluyen los relacionados con la minería, canteras, petróleo/gas, degradación y erosión de la tierra, plantaciones, biopiratería, conservación de espacios, como los manglares amenazados por la industria camaronera de exportación, y los relacionados con el agua y la sobrepesca. Los conflictos en la etapa de transporte se vinculan al aumento mundial del movimiento de materiales y energía, y sus impactos. Incluye los derrames de petróleo, accidentes en oleoductos o gasoductos, conflictos sobre hidrovías, y los relacionados con la construcción de puertos, aeropuertos y autopistas. Por último, los conflictos por la generación y tratamiento de los residuos se vinculan con las luchas contra la contaminación, la seguridad de los consumidores en relación a los riesgos de ciertas tecnologías (por ejemplo, asbestos, DDT o transgénicos), la exportación de residuos tóxicos, la contaminación transfronteriza y los sumideros de carbono.15 A su vez, estas categorías se dividen en tres ejes espaciales: local, nacional/regional y global, lo que da como resultado nueve tipos de conflictos socioecológicos.
Partiendo de esta clasificación, que abarca una gran variedad de pugnas, en la práctica se constata que buena parte de estos conflictos tienen lugar en la fase de extracción y, más concretamente, en la extracción de hidrocarburos y de productos mineros. Los modos intensivos utilizados para obtenerlos convierten a estas actividades en manifestaciones de lo que se ha denominado extractivismo. Siguiendo a Eduardo Gudynas, entendemos el extractivismo como «una combinación simultánea de tres características: el volumen e intensidad de la extracción de bienes naturales; su aplicación a bienes sin procesamiento o muy escaso en el lugar de extracción; y su destino mayoritario a los mercados globales».16
Aunque esta expresión se refiere en su origen a explotaciones minera y petroleras, actualmente incluye también los monocultivos de exportación, extracción forestal y pesquera de tipo industrial que cumplen las condiciones descritas e incluso «bajo algunas circunstancias, el turismo de masas […], como sucede en el caso de los cruceros».17 El extractivismo actúa a través de tres estrategias o dinámicas que se retroalimentan: búsqueda constante de nuevos espacios de extracción; vaciado de territorios y expulsiones; y empleo de nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos para acceder a «recursos no convencionales».
El extractivismo ha acompañado al capitalismo desde sus primeras aventuras colonizadoras en otros continentes como una modalidad de acumulación.18 Se ubica en lo que Martínez Alier denomina intercambio ecológico desigual porque la actividad extractiva no incluye los costes sociales o ecológicos que se generan en los espacios de extracción, efectos que se entienden como simples «externalidades». Cercano a este concepto, Gudynas propone el de extrahección, que se refiere a la extracción de bienes naturales obtenidos con violencia y violación de derechos, además de generar impactos socioecológicos. La extrahección, sin embargo, no se restringe al extractivismo y puede ocurrir en la extracción de bienes naturales con prácticas intensivas para el consumo local o nacional.
El acceso a fuentes energéticas procedentes de los hidrocarburos se ha convertido en la cuestión fundamental en las sociedades contemporáneas, que han podido expandirse en base a la disponibilidad de hidrocarburos y materiales de fácil acceso y barata extracción. La energía fósil adquiere tal importancia estratégica que el acceso al suministro se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, y como tal es recogido por los principales documentos de seguridad publicados en los últimos años en los EEUU, la UE y el Estado español.19
La línea ascendente del consumo global de energía —aunque con muy diferentes curvas y tendencias según las regiones y las clases sociales— y el temor a una ruptura del suministro energético alimentan aventuras extractivistas en los últimos confines del planeta. Muchos estados del Sur global reciben con los brazos abiertos la inversión extranjera que promete promover el desarrollo, reducir la pobreza y crear empleo. Sin embargo, poco se dice de los costes derivados de los proyectos extractivos. Pese a las promesas, el modelo extractivista no dinamiza directamente la economía, ni genera empleo de forma significativa, ni mucho menos reduce la pobreza, como se puede observar en las zonas de proyectos extractivos de largo arraigo, y sí a menudo favorece economías de enclave y causa graves daños ecológicos y sociales en forma de territorios devastados por la minería y la extracción de hidrocarburos; la pérdida de biodiversidad, con la proliferación de grandes plantaciones de monocultivos para la exportación; el agotamiento de los suelos y la contaminación de aire, suelo y agua por el empleo de agrotóxicos; y el despojo de tierras, que ocasiona expulsiones, la desestructuración de comunidades y la destrucción de su tejido social y cultural son algunos de ellos.
A continuación examinamos más de cerca estos conflictos a través de dos problemáticas, el extractivismo y la expulsión, que se ilustran a través de tres casos: el extractivismo practicado en el eje andino, concretamente en Perú y Colombia, dos de los países con más conflictos socioecológicos del mundo y donde alcanzan mayor intensidad; los conflictos generados en torno al fracking como técnica de extracción de los «recursos no convencionales», que actualmente está cobrando auge en Europa; y el acaparamiento global de tierras, fenómeno que sintetiza la desposesión.
Extractivismo en la zona andina: los casos de Perú y Colombia
América Latina es una de las regiones del mundo donde mayor impulso ha cobrado el extractivismo, especialmente, de hidrocarburos y minería, sin importar el color de los gobiernos. A instancias del Banco Mundial, se impulsaron actividades extractivas como medio para hacer frente al pago de los intereses de la deuda externa; en los últimos años ha cobrado impulso animado por los altos precios de las materias primas a nivel mundial. Los préstamos del Banco Mundial a proyectos mineros en América Latina han pasado del 13% en los años noventa al 30% actualmente.20 A los espacios de extracción tradicionales se han sumado territorios más remotos y países sin tradición minera como Honduras, Panamá, Ecuador y Uruguay.
A pesar de una ligera recaída de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y Caribe en 2014 (-16%) —vinculada a la disminución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales durante ese año—, se observa un marcado aumento de la IED en el período 2009-2013. En 2013, IED alcanzó un nuevo máximo de 188.101 millones de dólares en esta región. Los recursos naturales representaban en 2013 una inversión media del 26%, aunque existen grandes diferencias entre países y subregiones; en varios estados, los recursos naturales sobrepasan el 50% de las entradas de IED. Como afirma un informe de la CEPAL, «de hecho, en América del Sur (excluido el Brasil) el sector de los recursos naturales recibe más IED que el sector de los servicios, mientras que la manufactura atrae montos pequeños».21 Colombia y Perú se sitúan entre los principales destinos de la inversión extranjera directa (4º y 5º lugar, respectivamente) y en ambos lugares gran parte de estos recursos se dirigen a la extracción de bienes naturales o a infraestructuras, en parte, relacionadas con el acceso a los lugares de extracción. Estos dos estados figuran igualmente entre los cinco países del mundo que más inversión recibieron para infraestructura, según el Banco Mundial.22
El período 2009-2013, de alta conflictividad relacionada con proyectos extractivos en Perú y Colombia coincide con un período de aumento continuado de la inversión extranjera directa que, como hemos indicado, se dirige en buena parte a proyectos de extracción de recursos naturales y de infraestructuras relacionadas. Entraremos ahora a explorar cada caso.
Colombia acumula varias décadas de tradición extractiva, principalmente de petróleo, actividad a la que se han ido sumando otras actividades: minería a gran escala, monocultivos agroindustriales (especialmente palma aceitera) y construcción de represas y vías de comunicación. Desde la llegada del siglo XXI se ha convertido en política de Estado la atracción de inversión extranjera y el impulso a proyectos extractivos. En 2014 Colombia recibió una IED de 16.054 millones de dólares, de los cuales el 40% tuvo como destino proyectos de petróleo y minería. Durante el mandato de Álvaro Uribe se amplió el territorio objeto de concesión de 1,13 millones de hectáreas a 8,53 millones de hectáreas, asentando la minería como uno de los principales sectores del país.23
En paralelo, Uribe impulsó la política de «seguridad democrática» que implicaba una ofensiva militar contra las FARC al tiempo que acometía la militarización efectiva de la sociedad colombiana y dejaba manga ancha a la actuación de grupos paramilitares. Esto se justificaba como estrategia para acabar con un conflicto armado de más de seis décadas, pero también auspiciaba un entorno más atractivo para los inversores, ofreciendo todo tipo de incentivos y desgravaciones fiscales. A la vez, el terror que causaban los actores armados, principalmente las bandas paramilitares, entre la población vaciaban enormes extensiones de territorio en todo el país; masacres y asesinatos generaron un desplazamiento interno de 5 millones de personas, principalmente campesinos y campesinas de grupos indígenas y afrodescendientes, cuyas tierras, 6,6 millones de hectáreas, fueron usurpadas por «emprendedores» beneficiados por la acción de las bandas paramilitares. Estas dinámicas se han visto favorecidas por el alza de la extracción minera y petrolera y por la expansión de plantaciones de monocultivos para la exportación. Con el conflicto armado como telón de fondo, se ha generado una profunda transformación de los usos del suelo en el país. De este modo, en Colombia, la ofensiva de fuerzas militares y paramilitares contra la insurgencia se entreteje con el ascenso de una oleada empresarial nacional e internacional en territorios previamente ocupados militarmente.
Como recoge un informe,24 existen fundadas sospechas que indican que ambos movimientos —la campaña contrainsurgente y el impulso de los negocios agroindustriales, la gran minería e hidrocarburos— no fueron independientes. Como se puede constatar, existe un paralelismo manifiesto entre la expansión paramilitar en Colombia (1996-2006) y el auge sin precedentes de proyectos petroleros, mineros y agroindustriales. Como afirma Brigadas de Paz Colombia, «si se analiza el mapa de Colombia se puede observar fácilmente que la ubicación de estos grupos [armados ilegales] coincide con las áreas de explotación minera»25, y añade que «las multinacionales suelen llegar a lugares que previamente han sufrido una arremetida paramilitar».26 Así, el proyecto político de «seguridad democrática» del presidente Uribe y el proyecto empresarial encajan como un guante.
El desenlace de estos procesos, todavía en marcha, es que después de la desmovilización de los paramilitares en 2006, los afectados por la usurpación de tierras se organizaron para reclamar su restitución y desde el Estado se legisló en ese sentido a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, pero tan solo 2,2 millones de hectáreas han entrado en el proceso de restitución impulsado por el Gobierno colombiano. De ellas, actualmente los jueces han devuelto unas 100.000 hectáreas.27 Mientras, más de 80 personas reclamantes de tierras han sido asesinadas desde 2008, otras han sido represaliadas y muchos más han tenido que huir por amenazas de los grupos armados, especialmente de los grupos paramilitares reconstituidos. Así, el conflicto armado interno ha eclosionado en decenas de conflictos socioecológicos locales. Entre los puntos de negociación de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC figura la búsqueda de un desarrollo agrario integral, por lo que deberán hacer frente al agudo problema de desplazamiento y despojo de tierras en el país que se expresa en conflictos de tipo ecosocial.
El sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos —que sirvió como ministro de Defensa en el anterior Ejecutivo—, desde su llegada al Gobierno en 2010 impulsa las cinco locomotoras del desarrollo, ocupando la «locomotora minero-energética» un lugar destacado. Santos ha abierto la puerta a las transnacionales mineras y ha adaptado la legislación y las agencias estatales en la materia para acomodarse a los intereses corporativos, con un retorno al país en regalías e impuestos muy reducido. La locomotora minera, declarada «actividad de utilidad pública y de interés social», se abre camino por todo el país multiplicando el número de «emprendimientos». Actualmente, más de 8,5 millones de hectáreas están destinadas a concesiones mineras y más de 37 millones de hectáreas están tituladas para la extracción de hidrocarburos; hasta 2013 se habían otorgado 19.000 títulos mineros, y hay muchos más en trámite. También se acelera la marcha de extracción de 75 millones de ton/año a 100 millones, en su totalidad dirigido a la exportación. En la extracción petrolera el objetivo es aumentar la producción de casi un millón de barriles diarios a razón de un 10% anual. Se estima que el 40% del territorio del país está sujeto a concesiones o tiene solicitudes pendientes; se trata de un territorio militarizado y paramilitarizado en un binomio altamente funcional. «La fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento».28 Un territorio despojado también en materia de derechos humanos: el 80% de las violaciones de derechos humanos en Colombia en la última década tuvieron lugar en regiones minero- energéticas, y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares.29
Colombia registra casi un centenar de conflictos socioecológicos activos y muchos más latentes. La raíz de las luchas se vincula mayoritariamente a la minería con el derecho al agua como principal reivindicación. Comunidades afectadas por la minería en su zona se miran en el caso de El Cerrejón, una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo operada por Anglo American, BHP Billiton y Xtrata, situada en La Guajira, en el noreste del país. En sus cuatro décadas de operación no se han producido mejoras notables en las condiciones de vida de la población; al contrario, la alta demanda de agua que precisa la mina deja a la población con mínimos recursos para el consumo, un promedio de 0,7 litros de agua no tratada por persona y día, muy por debajo de la recomendación de la ONU (50-100 litros de agua/día),30 ilustrando uno de los casos de injusticia hídrica más flagrantes. La amenaza se multiplica ante las intenciones de la compañía de aumentar su explotación de 33 millones de ton/año a 40 millones. En otros lugares como el municipio de Tasco, en el departamento de Boyacá, el suministro de agua procede del Páramo de Pisba, un ecosistema muy frágil esencial en el ciclo hidrológico integral. Y es allí donde el Gobierno ha otorgado una concesión minera para actividades que podrían alterar todo el ciclo de «producción» del agua. Un caso similar se produjo en 2012 en el páramo de Santurbán, donde la población organizó una intensa movilización. La multiplicación meteórica de emprendimientos mineros por todo el país amenaza con agravar los casos de estrés hídrico.
Otro de los vectores de la resistencia se aglutina en torno a la defensa del territorio y es protagonizado principalmente por las comunidades indígenas y afrocolombianas. Aunque la población indígena apenas alcanza el 4%, tiene reconocida la gestión y propiedad colectiva sobre el 27% del territorio colombiano. Y es allí donde se dirige el interés de las empresas extractivas. El Convenio 169 de la OIT reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa sobre las actividades de terceros en sus territorios, incluido el subsuelo; aunque no es vinculante ni tiene poder legal sí ofrece una herramienta de legitimidad. Sin embargo, la locomotora minero-energética pasa por encima de estos derechos e ignora el resultado de las consultas cuando no coinciden con los deseos de los inversores.
La resistencia a los proyectos extractivos en Colombia se nutre de numerosos colectivos de muy diversa procedencia y fisonomía, desde grupos de afectados de nuevo cuño a organizaciones de la sociedad civil con larga trayectoria. Estos movimientos actúan en un contexto donde resulta compleja y peligrosa la movilización colectiva: se topan con altos niveles de violencia y una fuerte criminalización de la protesta, después de décadas de represión y «guerra sucia» contra la sociedad civil. A pesar de ello, estos colectivos presentan una capacidad de organización, articulación y movilización elevada.
La minería a gran escala ha venido ganando peso en el país desde comienzos del siglo XXI.31 De forma similar a Colombia, las condiciones favorables a la inversión minera creadas por el presidente Alan García fueron aprovechadas por su sucesor, Ollanta Humala. A partir de 2012, se inició un nuevo ciclo de expansión de la extracción minera, etapa en la que se registró un aumento exponencial de los proyectos, la ampliación de los existentes y su dispersión geográfica, penetrando con fuerza en la región sur del país. En conjunto, alrededor de un 20% del territorio nacional es objeto de concesión minera. 32 Sin embargo, no se registran mejoras sensibles de las condiciones de vida de la población. Pese a la mejora económica, el índice de pobreza nacional y las brechas sociales se mantienen prácticamente sin variación, mientras empeora la calidad o disponibilidad de los medios materiales para la subsistencia entre la población.
Perú es el país latinoamericano —y posiblemente del mundo— con mayor número de conflictos socioecológicos activos. La intensificación del extractivismo minero ha corrido paralela a la multiplicación de los conflictos socioecológicos: actualmente se registran más de 200 conflictos sociales,33 de los cuales hay más de un centenar de conflictos socioecológicos activos,34 la mayoría vinculados a la minería. El conflicto de Conga o, más recientemente, el de la mina Tía María, situó a Perú en el epicentro mundial de los conflictos mineros. A medida que se amplía la frontera extractiva a nuevos espacios, se observa un desplazamiento geográfico de los enfrentamientos hacia el sur del país, especialmente a los departamentos de Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho. Apurímac —con el 70% del territorio concesionado a la minería— y Arequipa —con casi el 50%— son regiones recién incorporadas a la extracción minera y lugares de conflicto continuado. Otro tanto ocurre en Ancash —con el 58% del territorio sujeto a concesión— y Moquegua —con el 71%.35 Con una fuerte protesta frente a la minería, los ejes de las luchas se articulan principalmente en torno a la defensa del territorio y el acceso al agua; en menor medida, debido al incumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas y las autoridades nacionales; y a la creciente minería «informal», que genera conflictos intracomunitarios.
Por su parte, la Amazonia peruana presenta un caso de fuerte «lotización» —en alusión a los lotes de extracción adjudicados a las empresas extractivas— de concesiones petroleras. Más del 72% del territorio está sujeto a concesión, y la mitad de las concesiones afectan a espacios don-de antes nunca hubo actividad extractiva. Solo un 16% del territorio de la Amazonia peruana nunca ha tenido en un momento u otro un bloque petrolero.36
El presidente Humala ha visto caer en picado su popularidad a consecuencia en buena medida de su política minera. Si durante su campaña electoral Humala se pronunció en defensa de las lagunas de Conga y contra el extractivismo minero, su posición se revirtió una vez alcanzada la presidencia. Los grupos que protestan contra los impactos de la minería y que dieron su voto al actual presidente se sintieron traicionados, lo que derivó en su desafección. Lejos de replantearse el modelo extractivo o atender las reivindicaciones populares, el Gobierno peruano planea continuar impulsando el modelo extractivista con las mismas reglas del juego. La inversión minera seguirá en ascenso hasta, al menos, 2016, con la apertura de nuevos proyectos y la intensificación de los actuales, lo que augura un aumento de la conflictividad socioecológica en el país.
El encarecimiento del precio por el agotamiento de los yacimientos más accesibles de hidrocarburos y el inicio del «pico del petróleo» han desatado en muchos países una ansiada independencia energética que se intenta resolver a través de la extracción de recursos fósiles de difícil acceso. Son los llamados «recursos no convencionales»: gas de esquisto, gas de pizarra, gas de lutitas (shale gas), gas de lecho de carbón y arenas bituminosas, entre otros.
Dados los bajos precios del petróleo y las dificultades que implica su extracción, hasta ahora resultaban menos rentables, pero el desarrollo de nuevas tecnologías, el nivel de altos precios y la creciente demanda de energía, hace ahora atractiva la extracción de hidrocarburos de las arenas bituminosas, de aguas ultraprofundas o del subsuelo a través del fracking. La exploración de recursos no convencionales en cualquier lugar y el desarrollo de la tecnología está intensificando el extractivismo en el Norte. El fracking se extendió con rapidez a partir de los años ochenta primeramente en EEUU, desde donde se expandió a Australia y Europa; en Canadá se ha implantado la extracción de petróleo de las arenas bituminosas; y en España recientemente Repsol realizó prospecciones en 2014 en el subsuelo marino de Canarias, aunque tras varias semanas abandonó el proyecto. La obtención de hidrocarburos mediante fracking sintetiza la lógica que alimenta el modelo energético actual: extracción a (casi) cualquier precio, allí donde se encuentre.
El fracking, o fractura hidráulica, literalmente revienta las rocas entre las que quedó atrapado el petróleo o el gas pizarra, gas de esquisto y gas de lutitas inyectando a gran profundidad una mezcla de agua a presión con arena y una mezcla de centenares de sustancias químicas. Requiere la perforación vertical de varios pozos bastante próximos37 que avanzan en horizontal hasta alcanzar la capa de gas. Los pozos se conectan en la superficie y producen en paralelo, aunque su vida suele ser bastante breve, de unos 5 o 6 años. Cada fracturación hidráulica utiliza entre 4 y 30 millones de litros de agua, y la operación de inyección puede repetirse varias veces a lo largo de la vida de un pozo. La fractura hidráulica necesita vastos espacios para sus operaciones, a menudo con alto valor ecológico, acaparando para este fin territorios rurales y de bosque que acabarán desechados en poco más de un lustro.
En los lugares de más larga experiencia operativa del fracking se han ido confirmando algunas de las sospechas de los riesgos que implica esta técnica. Entre ellos figura el peligro de explosiones o escapes durante la perforación, la contaminación de acuíferos subterráneos y en superficie por el reflujo del agua inyectada, el riesgo de accidente por el tránsito de camiones con químicos, la contaminación del aire y el aumento del efecto invernadero, dado que las perforaciones liberan gas metano, más potente para el calentamiento global que el CO2. El almacenamiento del agua utilizada en las operaciones constituye un problema importante por las exigencias logísticas, ya que es agua muy contaminada. Actualmente se está almacenando en depósitos subterráneos, lo que aumenta el riesgo de que acaben produciéndose filtraciones y contaminando bolsas de agua potable. Análisis realizados en EEUU por la Agencia de Protección Medioambiental mostraron que acuíferos cercanos a plataformas de fracking presentaban contaminación, con elevados niveles de sustancias químicas, incluido benzeno, altamente cancerígeno.38 Igualmente, se ha observado un aumento de los seísmos en zonas de fracking generado por la desestabilización geológica ocasionada por las fracturas. La irrupción de esta técnica en el entorno rural supone la destrucción de un modo de vida que ha conservado sabidurías ancestrales y actividades económicas en diálogo con los ecosistemas, como agricultura, ganadería y turismo, que será difícil de recuperar tras su paso.
La UE renunció a prohibir el fracking de forma global en su territorio y ha dejado en manos de cada Estado decidir sobre el asunto. En una sesión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en mayo de 2015, 17 de los 28 miembros de la UE se mantuvieron en contra del fracking, pero 11 accedieron a la utilización de esta técnica en sus territorios.39 Existe una enorme división entre los partidarios y opositores a esta técnica en el marco europeo, sin que todavía se vislumbre hacia dónde se inclinará la balanza. Por todo ello, movimientos ciudadanos, corporaciones municipales y parlamentos regionales han coincidido en movilizarse contra el fracking —el llamado fracktivismo— y, en el caso institucional, legislar moratorias o prohibiciones. Además, empiezan a aparecer plataformas transnacionales de coordinación de luchas como Global Frackdown,40 una web impulsada por Food and WaterWatch, o Frackwire.41
Pulso en torno al fracking en el Estado español
Los proyectos exploratorios de fracking se han extendido de forma subrepticia en la segunda década del siglo XXI por el territorio español movidos por la promesa de una alta rentabilidad empresarial. Se ubican, sobre todo, en la cornisa cantábrica y provincias o comunidades autónomas próximas al interior (Burgos, Palencia, Navarra y La Rioja), pero también existen proyectos en Jaén, Córdoba, Murcia y Albacete, zonas especialmente sensibles por su baja pluviosidad y con una disponibilidad de agua muy limitada. Todas ellas son áreas de cierta marginalidad u olvidadas de los planes estatales. En 2014 se contabilizaban más de 120 licencias de exploración concedidas o en trámite.42
La fractura hidráulica ha generado un recelo inicial que se ha convertido en abierto rechazo entre las comunidades afectadas y otros colectivos concienciados a medida que se han ido conociendo y experimentando los impactos ecológicos y sociales de esta técnica. Los proyectos se han realizado con gran secretismo, lo que, si cabe, puso más en guardia a ayuntamientos, mancomunidades, juntas vecinales y organizaciones ecologistas. En junio de 2011, comenzó a gestarse en Cantabria un movimiento ciudadano que se ha reproducido en el País Vasco, Burgos, Palencia, Navarra y La Rioja. Más de 450 municipios de todas las opciones políticas43 y varios Parlamentos autonómicos (Cantabria, Navarra y La Rioja, entre otros) se declararon en contra el fracking en sus territorios, mientras que Andalucía, Galicia, Aragón y Cataluña votaron una moratoria.
A la vista de que la oposición al fracking se extendía por las comunidades autónomas, el Gobierno respondió por la vía legislativa y judicial. El Tribunal Supremo se pronunció en diciembre de 2014 en contra de que los municipios realizaran referéndums en torno al fracking, cerrando el paso a esta vía. Por su parte, el Tribunal Constitucional falló en contra de las legislaciones de los parlamentos autonómicos que se oponían a la fractura hidráulica, lo que dejó sin efecto las legislaciones de Cantabria, Navarra y La Rioja. A la vista de esta situación, Cataluña adoptó otra vía: amparar su moratoria en competencias de urbanismo para rechazar licencias de fracking en terrenos no urbanizables. Esta fue la estrategia seguida por la Iniciativa Legislativa Popular remitida al Parlamento Vasco. El texto aprobado por todos los partidos, excepto PNV y la abstención de UPyD, prohíbe el fracking en su territorio a través del endurecimiento de la legislación medioambiental del suelo y del agua.
El fracking presenta suficientes recovecos e implicaciones como para que la oposición o apertura no se identifique nítidamente con partidos políticos. Por ejemplo, los Parlamentos de Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana y las diputaciones provinciales de Valladolid, Burgos, Castellón y Valencia —donde el PP tenía mayoría— rechazaron iniciativas de fracking.44
El Gobierno ha tratado de crear una actitud favorable al fracking ofreciendo incen- tivos económicos a municipios y propietarios particulares. La organización Ecologistas en Acción advierte que tales incentivos se aplicarían en la fase de explotación y que ni mucho menos serviría para cubrir el deterioro ambiental o los daños a la salud que potencialmente puede acarrear el fracking .
En esta guerra soterrada, el Defensor del Pueblo pidió en febrero de 2015 que se evaluaran los efectos del fracking sobre la salud, pero se topó con una gran opacidad dentro de la propia Administración, según recoge esta entidad en su informe anual
Aunque el territorio ha constituido un bien clásico en torno al que se han generado disputas y conflictos, el fenómeno identificado como acaparamiento de tierras45 empieza a hacerse visible a partir de 2007 en el contexto del alza global del precio de los alimentos. En la primera década del siglo XXI, elevadas extensiones de terreno cambiaron de manos sin que mediara conquista o conflicto; esta vez, el procedimiento adoptó la forma de transacciones comerciales de compra o alquiler que legalizaban las transferencias. Las tierras que han cambiado de manos en menos de una década superan los 227 millones de hectáreas,46 aunque conviene tener en cuenta que las cifras varían sensiblemente en función de las fuentes. Sí existe consenso respecto a lo que se considera acaparamiento de tierras: aquellas operaciones superiores a 200 hectáreas —o al doble de la extensión media de las tierras en propiedad, en función del contexto nacional—, criterio que ha elaborado la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y Land Matrix.
Para Saskia Sassen, el acaparamiento de tierras hunde sus raíces en los programas de ajuste estructural del FMI y Banco Mundial aplicados en los años ochenta en muchos países del Sur global, junto a la eliminación de barreras comerciales en las dos décadas siguientes a medida que avanzaba la globalización económica neoliberal. «El resultado fue una combinación de obligaciones y demandas que tuvo el efecto de disciplinar a gobiernos que todavía no estaban plenamente integrados al régimen de la libertad de comercio y las fronteras abiertas […] El objetivo era la obediencia a lo que por entonces era un incipiente cuerpo de reglas y condicionalidades».47 El resultado fue la incorporación de nuevos países sometidos por la deuda externa a los circuitos de producción y de generación de ganancia en el capitalismo tardío.
Daniel y Mittal definen el acaparamiento de tierras como «la compra y leasing de amplios espacios de terreno por parte de naciones más ricas y alimentariamente inseguras y por inversores privados principalmente de países en desarrollo para cultivar cosechas para la exportación».48 El fenómeno, sin embargo, excede los proyectos agroindustriales, y se entrecruza con otras dimensiones de la crisis multidimensional contemporánea, tal como proponemos a continuación:
1.	Crisis energética. El fin del petróleo barato ha disparado el intento de sustituirlo con agrocombustibles, que se presentan como un nuevo nicho de negocio, en busca de la seguridad energética. Ello ha provocado la proliferación de grandes plantaciones para agrocombustibles: soja, palma aceitera, colza o jatrofa destinadas a convertirse en biodiesel, y de caña de azúcar, maíz, remolacha o trigo para etanol.
2.	Crisis climática. Tanto el «cultivo» de bosques para combatir el cambio climático como la creación de zonas de conservación ha dado lugar a lo que se ha denominado el «acaparamiento verde», que hace referencia al uso de tierras y recursos naturales con fines de conservación (pseudo)ambiental. Se relaciona con la aparición de los mecanismos REDD (Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los bosques), dirigidos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero con los que se ha creado un nuevo mercado: el de emisiones. Varios estudios apuntan que los proyectos de secuestro de carbono y los actuales intercambios pueden servir de incentivo a diferentes formas de desposesión de tierras.49 Por ejemplo, algunas ONG —como World Land Trust, Cool Earth y Wild Lands— han comprado cientos de miles de hectáreas en todo el mundo supuestamente vacías con fines de conservación.
3.	Crisis financiera. Al desaparecer distintos productos de inversión con el colapso del mercado inmobiliario en la crisis financiera de 2007, los capitales huyeron hacia inversiones más seguras como la tierra y los mercados de materias primas, entre ellas, alimentos básicos como los cereales, y se crearon nuevos instrumentos financieros que reducían los riesgos del mercado. Fondos de pensiones y agentes financieros gestionan una cartera de productos de inversión que incluye de forma creciente la compra de tierras en el exterior. La mercantilización de la tierra, como observó Polanyi, constituye una excepcionalidad en la historia humana (pero no del capitalismo) que tiene implicaciones de largo alcance, como veremos más adelante.50
4. Crisis de los alimentos. Como se mencionaba en el anterior apartado, las crisis alimentarias de 2008 y 2011 estuvieron muy relacionadas con el aumento especulativo del precio de las principales cosechas de cereales en el mundo. En el mercado de futuros, los especuladores juegan con la diferencia esperada entre el precio de demanda y oferta, entre lo que se deseará consumir y la producción real, lo que lleva a un aumento de los precios de los alimentos cuando lo que se comercia son cosechas de cereales.51
La crisis de los alimentos también presenta estrechos lazos con el despojo de tierras y su conversión en proyectos de agricultura industrial. En unos casos obedece a la percepción de una futura escasez de alimentos: países con elevada población (como Corea del Sur y China) y otros con territorios desérticos (como los países del Golfo Pérsico) están capturando tierra en terceros países y deslocalizando la producción de alimentos para sus poblaciones. Otro fenómeno relacionado es la creciente carnivorización de nuestras dietas y la extensión del consumo de carne a más grupos sociales en más países, lo que requiere más cosechas de soja, maíz para alimentar al ganado, y más territorio dedicado a este fin. La expansión de la frontera agroindustrial implica la destrucción de ecosistemas y su red de relaciones. Las grandes plantaciones de monocultivos para la exportación implican una pérdida de la biodiversidad, y causa la contaminación y el agotamiento de los suelos por el uso de agrotóxicos.
Por otra parte, en los últimos años están proliferando las cosechas flexibles, cultivos que pueden destinarse a alimento humano, pienso animal o combustible según los precios de los mercados globales y que permiten la «diversificación con una misma cosecha»:52 se vende como azúcar cuando el precio del etanol está bajo, y como etanol cuando baja el precio del azúcar. Igual ocurre con el aceite de palma, maíz y otros productos, asegurando la ganancia de los inversionistas.
5.	Expansión descontrolada de infraestructuras. La explotación de recursos naturales en los lugares más recónditos ha incentivado la construcción de grandes infraestructuras para conectar los lugares de extracción a las áreas metropolitanas y mercados globales. Financiadas por los bancos de desarrollo regionales, FMI y Banco Mundial, se están construyendo grandes corredores a través de África, Asia y América Latina destinados a servir como súper autopistas para el acceso y transporte de los bienes naturales. Por otro lado, están proliferando las «Zonas de Desarrollo Económico», ZED por sus siglas en inglés, verdaderas economías de enclave en los países emergentes de China, India y África, y que generan nuevos acaparamientos de tierra. Junto a ellas, en las áreas periurbanas, se están construyendo complejos comerciales e industriales y zonas residenciales en una acelerada urbanización que da lugar a graves conflictos territoriales.
6. Expansión de instalaciones extractivas. El acceso a los ansiados materiales y energía implica la construcción de infraestructuras de explotación, que precisa de espacios concretos donde ubicarse. La multiplicación de minas, pozos petroleros, incluso represas, supone el acaparamiento de numerosas tierras. Muy lejos de la retórica del desarrollo, el acaparamiento de tierras puede dar lugar a territorios devastados por la minería y la extracción de hidrocarburos, el cambio de uso del suelo y la sustitución de bosques originarios. Se ha constatado un aumento de enfermedades cancerígenas, de piel y desórdenes digestivos en las zonas cercanas a las áreas de mono- cultivos industriales y explotaciones petroleras y mineras. Con la tierra se acapara también el agua y todos los recursos existentes en el territorio (bosques, fauna, flora y riquezas del subsuelo). El agua es un componente esencial en muchas de las actividades productivas, y especialmente apreciada en los acuerdos de tierras. Tanto los monocultivos de exportación como los proyectos mineros necesitan gran cantidad de agua. Sin embargo, este elemento no está incluido en las transacciones, y el uso de las actividades productivas se detrae del suministro para la población local. Además, cuando se exportan esas cosechas también se exporta el «agua virtual» que llevan incorporada a lo largo de su cultivo.
El acaparamiento de tierras tampoco se corresponde con el tradicional esquema de corte colonial de transacciones de compañías extranjeras del Norte, que se apropian de tierra en el Sur. Actualmente, los consorcios inversores se presentan en distintos formatos de relaciones entre Norte y Sur: en unas ocasiones se trata de alianzas Sur-Sur; en otras, se trata de iniciativas Norte-Sur; 53 y en casi todos los casos existen vínculos con las elites locales y nacionales de los países anfitriones. El amplio abanico de los países de procedencia de los inversores, en consonancia con reciente reconfiguración del poder global, queda ilustrado en la Tabla 1. Se observa, además, una rápida diversificación de los agentes de inversión: compañías nacionales y transnacionales, bancos, compañías de inversión, fondos de pensiones, hedge funds, ministerios, empresas estatales, fondos soberanos, instituciones gubernamentales e individuos de las elites locales.
África constituye uno de los destinos favoritos de los inversionistas. La mitad de las grandes compras se localizan en África subsahariana, y las transacciones allí suelen tener mayor extensión. Gambela, en Etiopía, es uno de los casos de acaparamiento más extremos: la mitad de la tierra cultivable de la región ha pasado a manos privadas de inversores de India y Arabia Saudí para la producción de alimentos. La paradoja es que buena parte de la población etíope sufre hambre de forma recurrente y depende de la ayuda humanitaria.54
Más allá del continente africano, los últimos datos de Land Matrix recogen una diversificación de los destinos de las transacciones en tierras que, lejos de resultar tranquilizadora, apunta a la profundización y ampliación de este fenómeno por todo el mundo, incluida la Europa del este, la ex URSS, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.
El argumento utilizado para las transacciones en África es que se trata de tierras baldías de baja productividad, aunque a menudo son las mejores tierras, con larga tradición de cultivo por las comunidades campesinas locales.
El proceso de despojo se facilita por el hecho de que en el Sur global los campesinos tienen derechos consuetudinarios sobre las tierras, pero raramente disponen títulos de propiedad; en muchos casos se trata de tierras de uso comunitario donde la propiedad corresponde al Estado, que decide la transacción. Por su parte, en el antiguo bloque comunista los acuerdos de tierras se efectúan sobre las antiguas grandes granjas pertenecientes a planes centralizados de la época soviética. En todos los casos, los acuerdos de tierras se producen en países con carencias institucionales importantes, que ofrecen resquicios para la instalación de los inversores en las mejores condiciones.
El acaparamiento de tierras provoca impactos de largo aliento, dado que implican la privatización de bienes comunes dedicados a la producción campesina de subsistencia y terrenos de uso comunitario. La pérdida del principal recurso de producción, la tierra, en poblaciones campesinas y la privatización de los bosques y fuentes de agua equivale, no solo al despojo, sino a la eliminación del principal medio de subsistencia y la pérdida de la soberanía alimentaria de millones de personas. Se genera así, una cadena de expulsiones, desplazamiento y desestructuración de economías tradicionales campesinas e indígenas. En la práctica, la expulsión equivale a una descampesinización del entorno rural, lo que implica la pérdida de modos de vida sostenibles y saberes ancestrales sobre los usos de la tierra y del agua, manejo de bienes comunes, formas de organización social y un entendimiento de la vida comunitaria.55 Como recuerda el movimiento mundial de agricultores La Vía Campesina, todavía hoy son los campesinos los que cultivan la mayor parte de la comida que nos alimenta. La destrucción del campesinado podría terminar con esta realidad. De hecho, la importación de alimentos básicos en países exportadores de cosechas agroindustriales, que tradicionalmente cubrían sus necesidades alimentarias, apunta en esta dirección.
El proceso del acaparamiento de tierras, sin embargo, no está ocurriendo sin resistencia, aunque, por la dispersión de las microexpulsiones, la hasta ahora baja organización de los afectados y cuestiones de poder en agentes fragmentados, alcancen menor eco que las protestas vinculadas al extractivismo minero. La aparición de plataformas globales como La Vía Campesina indica un cambio de tendencia en la articulación de los afectados por el acaparamiento de tierras.
Conflictos socioecológicos: la democracia amenazada
Existe un vínculo entre proyectos extractivistas, desposesión, pérdida de derechos y déficit democrático. Este se plasma a través de dos vías: la ausencia de información y de transparencia sobre los proyectos en torno a bienes naturales; y la inexistencia de mecanismos reales de participación para decidir colectivamente sobre tales proyectos.
Los conflictos socioecológicos se configuran como tales al contraponerse visiones e intereses enfrentados sobre el reparto de costes y beneficios de acceso, uso y gestión de bienes naturales, y cuyas diferencias no se logran despejar a través del diálogo, o este ni siquiera se establece. Estas pugnas pueden contener como trasfondo relatos alternativos sobre el desarrollo y la buena vida, el reparto de bienes básicos y los mecanismos adecuados para tomar las decisiones al respecto. La imposición de proyectos de «desarrollo», muchos de ellos vinculados al modelo extractivo contra la voluntad expresa de sus poblaciones —que a menudo ni siquiera son consultadas— o la implantación de proyectos por la «puerta de atrás», ignora los principios participativos y de toma colectiva de decisiones que acompaña a los procesos democráticos. Si bien la imposición puede ser legal, carece de la legitimidad social necesaria en una democracia saludable. Al permitir e incluso alentar y colaborar con la implantación del modelo desarrollista, el Estado se desentiende de una parte fundamental de su cometido, garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía, en lo que constituye una clara dejación selectiva de funciones.
La desposesión en el momento actual puede adoptar rasgos extremos: más allá de la exclusión, se convierte en expulsión, esto es, la completa desposesión. Esta situación puede ser radical y definitiva, como ocurre en la destrucción de los territorios que se convierten en tierras y aguas muertas y en el despojo de tierras y pérdida de los medios de subsistencia en el caso de las personas expulsadas.
En contra del argumentario de win-win,56 o beneficio para todas las partes, que utilizan los impulsores de los proyectos desarrollistas y extractivos, en los conflictos socioecológicos hay ganadores y perdedores, y una distribución de beneficios y costes asumidos de forma desigual. El extractivismo —como exponente del modelo de desarrollo capitalista occidental y pieza fundamental del mecanismo de acumulación de capital— agudiza las desigualdades, no solo en lo que concierne a los ingresos, sino en lo referido al reparto de costes ecológicos y sociales asociados a su actividad y a la pérdida de derechos. Las desigualdades se reproducen en el ámbito geográfico entre regiones del mundo y en el interior de los estados en las distintas escalas geográficas, pero también entre grupos sociales.
La profundización de las desigualdades cuestiona el discurso oficial del desarrollo y pone en entredicho la aspiración de la ciudadanía de justicia ambiental y económica al alimentar mecanismos extremadamente asimétricos. Como señala el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), «parte de los ingresos obtenidos [en el extractivismo] se destina también a bonos que permiten sostener la desigualdad social y aparentar menores índices de pobreza. En ambos casos la conservación y protección ambiental, el buen vivir y el amor a la pacha mama no son más que consignas vacías de contenido, y más aún, de acción consecuente».57
La entrada de enormes inversiones en países con estructuras débiles —como destaca en el caso de África— o con una gobernabilidad inestable a través del extractivismo fomenta la expansión de la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias y la suplantación corporativa de funciones estatales a través de la provisión de servicios sociales o de dotación de infraestructuras.
La intensificación del extractivismo está implicando la reforma de las leyes nacionales para acomodar la presencia de las transnacionales extractivas a costa de debilitar la normativa ambiental vigente, erosionar los derechos laborales, y relajar las condiciones para otorgar concesiones y, en general, a la inversión extranjera. Estos cambios se inscriben en una «Gran Involución»58 promovida por el neoliberalismo que se manifiesta, entre otras, en la dimensión jurídica. Si en un primer momento el neoliberalismo supuso la desregulación de las normas que mantenían embridado al capitalismo, en una fase posterior le ha producido una re-regulación de signo ultraliberal.
La arquitectura jurídica neoliberal constituye un nuevo orden legal global, la lex mercatoria, que favorece al poder corporativo y penaliza a los estados, a su ciudadanía y a la biosfera.59 Como parte de esta nueva legalidad, y bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio, se crea un entorno híper favorable a la entrada de capital extranjero en condiciones muy ventajosas para los inversores. Implica acuerdos comerciales regionales y bilaterales que ahondan las desigualdades entre territorios en base a una utilización perversa del principio de igualdad, lo que supone, en palabras de un activista, «que los tiburones y las sardinas sean tratados en igualdad de condiciones».60 Toda esta arquitectura está coronada por un Mecanismo de Arreglo de Disputas que da a las corporaciones transnacionales la capacidad de demandar a los estados, no ya por pérdidas ocasionadas por la aprobación de determinadas políticas nacionales, sino por hipotéticos daños comerciales que podrían generarse en el futuro. Se trata de un mecanismo privado gestionado por árbitros internacionales, generalmente grandes firmas de abogados, que pueden actuar como juez y parte en las disputas entre Estados y transnacionales, según se pongan el sombrero de árbitros o el de abogados de esas mismas corporaciones. Si la transnacional gana, recibe compensaciones; si el Estado gana, no recibe compensaciones y en cualquier caso, tiene que asumir los costes legales.
A nivel nacional, distintos países del Sur global han realizado cambios legislativos para adaptarse a la nueva arquitectura legal. En América Latina, Perú ha realizado una profunda revisión de sus normas legales relativas a las concesiones mineras, que suavizan los trámites para los inversores y aligeran las exigencias medioambientales, cediendo a la presión del lobby empresarial minero y a sus acusaciones de la supuesta «permisiología» del Estado, con la que critican el exceso de trámites y permisos para las concesiones mineras. En 2014, la legislación peruana recibió seis nuevos instrumentos legales en materia minera, incluida la ley conocida como el «paquetazo ambiental», que se suma al ya aprobado en junio de 2013. En conjunto, facilitan la inversión con nuevas medidas tributarias, regulación ambiental más laxa y titulación de tierras y registros públicos suavizados, entre otras medidas.61 Ante la irrupción de la protesta social que recorre el país, el Gobierno respondió en 2013 con la aprobación de leyes de impunidad en caso de agresiones y muertes causadas por las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones contra el extractivismo,62 mientras que en el plano del trabajo, se habían reducido «los sobrecostos laborales».63 Ecuador y Bolivia64 han seguido esta dinámica, protegiendo las instalaciones mineras frente a la protesta popular.
En Colombia se viene produciendo una mejora del clima para las empresas extractivas —como vimos, no siempre por métodos legítimos o legales—, en detrimento de los derechos sociales y medioambientales. Una de las últimas reformas para favorecer al sector minero tuvo lugar en octubre de 2014 (Decreto 2041), denominado en Colombia como «el decreto de las licencias exprés», ya que comprime los plazos para las actuaciones sobre el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se condiciona a la autoridad ambiental a aprobar de forma inmediata el acto administrativo de inicio de trámite de la licencia al momento de completar los requisitos del solicitante, sin dar tiempo a examinar la documentación presentada. Además de las licencias ambientales globales requeridas para proyectos mineros y de hidrocarburos, las empresas solo necesitan presentar un Plan de Manejo Ambiental para iniciar las operaciones inmediatamente, sin necesidad de tener que esperar a que las autoridades ambientales den su aprobación. Este último punto resulta especialmente preocupante, ya que abre el camino a proyectos de fracking, que podrían iniciarse con trámites mínimos. En distintos estados africanos se han dado ajustes similares, tal como analiza Bonnie Campbell.65
Tanto la arquitectura de leyes regresivas para los derechos de la ciudadanía como la imposición de proyectos sin mediar debate social o consulta a las comunidades afectadas, ponen de manifiesto el desarrollo en distintas direcciones de dimensiones que comprometen el ejercicio de la democracia. Desde los gobiernos y el poder corporativo, las resistencias se interpretan en términos de orden público, o, en el mejor de los casos, como amenazas a las previsiones de negocio y obstáculos a los planes de desarrollo. Existe la tendencia a invisibilizar los espacios de contestación, negando el disenso. Así, el «capitalismo de rapiña» se confabula con la criminalización de la protesta y genera prácticas pro- fundamente antidemocráticas. Las demandas de los grupos en resistencia revelan las fallas del enfoque extractivista: reivindican la participación en los procesos de decisión y el respeto a las identidades y al territorio. Lo que exigen es la profundización de los mecanismos democráticos, que incluyen el derecho a oponerse a proyectos que alteran sensiblemente las condiciones de vida de la población y de las generaciones futuras
en un espacio dado.
Conflictividad socioecológica y resolución de conflictos
La oleada de protesta y resistencia apunta a un escenario de conflictividad creciente por el acceso a los bienes naturales o los costes del «desarrollo» en las próximas décadas. Michael T. Klare, especialista en seguridad y recursos energéticos y minerales, no duda de que la sed de materias primas traerá más competencia entre naciones y bloques regionales, pero también entre individuos, con disputas entre foráneos y nativos, con sus implicaciones de xenofobia, o enfrentamientos entre ricos y pobres;66 a ello se podrían añadir los posibles conflictos por el acceso a bienes naturales entre distintos grupos de pobres.
A la vista de las actuales dinámicas globales de despojo y expulsión, si no se produce un giro significativo, podemos esperar la intensificación de estos conflictos en las décadas venideras, con más imposición forzada de decisiones y posiblemente con más soluciones de corte autoritario, es decir, determinadas por la descarnada capacidad adquisitiva, que en unas situaciones de recursos menguantes supondría la privación de bienes básicos a quien no pueda pagarlos. Alternativamente, existen otras vías para abordar los desacuerdos y los conflictos socioecológicos que nos alejan de un panorama de alta conflictividad. Sea cual sea el escenario, en ese mundo complejo y altamente inestable al que nos dirigimos, resulta urgente reflexionar sobre otros modos de resolver los conflictos que puedan satisfacer las demandas y necesidades de las distintas partes de modo participativo con justicia y equidad, respetando la sostenibilidad.
Una de las propuestas para la resolución pacífica de conflictos socioecológicos se basa en las herramientas para afrontar las violaciones de derechos humanos. Carlos Martín Beristain67 propone abordar la resolución de estas pugnas desde el enfoque de los derechos, haciendo uso del mecanismo sobre Verdad, Justicia y Reparación, y en concreto del derecho de reparación. El derecho a la reparación ofrece una nueva perspectiva de los derechos —a través de los principios de integralidad, proporcionalidad, jerarquía, participación y prevención—68 e incluye la garantía de no repetición, algo que desactiva completamente la recurrencia de un nuevo conflicto por esa causa. También amplía el marco del problema y visibiliza los impactos ocultos.
Por su parte, la experiencia de más de medio siglo de los estudios para la paz y las herramientas de resolución de conflictos pueden ofrecer claves provechosas para trascender los conflictos socioecológicos. Existen dos vías de abordaje pacífico: las formales (judicial, administrativa o mecanismos consuetudinarios); y aquellas que más se identifican con la resolución de conflictos, las informales o vías alternativas (negociación, mediación, conciliación, arbitraje, facilitación y ombudsman).69 En paralelo, está la siempre presente vía de la fuerza o versiones más sutiles (a través de la coerción; coacción; cooptación, persuasión e inducción).70 Existe abundante literatura sobre las técnicas de resolución de conflictos.71 Desde aquí nos limitaremos a avanzar algunas condiciones previas al establecimiento de los primeros contactos y una propuesta.
Por lo general, se suele emplear un enfoque pragmático de la resolución de conflictos,72 centrado en la gestión muy acotada caso a caso, o el manejo de las disputas a escala local. En contraste, existen enfoques con una mirada más estructural que parecen más adecuados para abordar la conflictividad ecosocial dada su naturaleza multinivel y de amplio espectro.
En primer lugar, es necesario incluir en la ecuación la cuestión del poder y de la desigualdad de peso entre los agentes del conflicto. Ante la oleada de conflictividad ecosocial, estados y corporaciones están reinterpretando los mecanismos de resolución de conflictos en clave utilitarista para buscar la legitimidad de la que carecen los proyectos. Desde esta visión, se pretende despejar el camino del negocio extractivo ofreciendo compensaciones monetarias a las comunidades a cambio de cubrir necesidades básicas y ofrecer bienes naturales no renovables. Además, con estructuras estatales descentralizadas en muchos países, las transnacionales negocian directamente con gobiernos locales, menos poderosos y más fáciles de seducir. En otras ocasiones, las empresas han respondido a los numerosos impactos negativos con compromisos débiles y códigos corporativos voluntarios, que no logran un verdadero abordaje de las causas de los conflictos socioecológicos. Mientras el reconocimiento de las desigualdades de partida no se incorpore en la mesa de negociación, no podrá haber un verdadero debate sobre las diferencias, ya que el diálogo no puede producirse en una situación de gran asimetría de poder. Como resulta claro, las estrategias de resolución de conflictos, por útiles que resulten, no transforman el balance de poder. Resulta crucial un cierto reequilibrio previo a la negociación, y en este sentido se abundará posteriormente en la propuesta.
En segundo término, además de los objetivos contrapuestos de las partes, resultan, de nuevo, relevantes los distintos lenguajes de valoración. En un conflicto se ponen en juego posiciones —lo que los agentes dicen que quieren—, intereses —lo que realmente quieren— y necesidades —lo que requieren, a menudo subyacente y que no se muestra. Las posiciones son fácilmente mutables; los intereses pueden moldearse para que encajen en una solución mutuamente satisfactoria. Por su parte, las necesidades no pueden ser negociadas y, por ello, ni siquiera deben ser objeto de negociación. La resolución del conflicto se basa en el reconocimiento entre las partes y la consideración de las necesidades y las reivindicaciones. Si la pugna se enfoca únicamente en términos crematísticos, difícilmente podrá abordarse el conflicto en toda su extensión y profundidad. Por tanto, es necesario ampliar el foco de la discusión para incluir tantas dimensiones y miradas como sean necesarias para recoger las visiones de las partes.
En tercer lugar, la globalización económica ha permitido la fluidez de los capitales desde los espacios centrales o emergentes a los periféricos —y el retorno a los espacios centrales en forma de energía, materiales y ganancias—; esto transforma el marco de abordaje de estos conflictos del plano meramente local al global, o mejor, al glocal. Aproximarse con una visión restringida al espacio donde se materializa el conflicto resulta miope y no facilitará contemplar los problemas en su totalidad. Como se mencionó anteriormente, los conflictos socioecológicos desbordan el ámbito local y se conectan con otras escalas. Por tanto, su resolución exige examinar los conflictos desde una visión sistémica. Es necesario abrir el foco y manejar varios niveles de análisis y de acción.
En cuarto lugar, conviene recordar que más allá de los tres agentes clásicos de estos conflictos —Estado, empresas y grupos de afectados—, existen un abanico de agentes en alianza con una u otra parte y con capacidad de influenciar el resultado de los conflictos socioecológicos. De nuevo, es necesaria una visión integral sobre el conflicto, componer el mapa de alianzas, oposiciones e interacciones entre los agentes.
La propuesta que perfilamos consiste en unas consideraciones previas —y preventivas— a los conflictos, más que a su resolución, partiendo de un proceso de doble abordaje: desde arriba y desde abajo. Desde arriba, mediante la recuperación de la capacidad reguladora del Estado y el desarrollo de mecanismos que modifiquen el marco de acción a fin de eliminar o reducir la aparición de este tipo de conflictos. En paralelo, se trata de fomentar la participación y democratización de los mecanismos de decisión que permitan reforzar el poder deliberativo y decisorio de las comunidades afectadas y de la ciudadanía en general. Desde abajo y hacia el interior, incentivando un proceso interno de organización comunitaria, de desarrollo de las habilidades de negociación y de articulación con otros grupos, lo que se enmarca en dinámicas de empoderamiento comunitario.73 Hacia el exterior, se precisa sensibilizar sobre el conflicto de cara a la opinión pública nacional e internacional a través de tres instrumentos: un plan de comunicación y relaciones con los medios; acciones de incidencia política; y una estrategia de movilizaciones en solitario o en confluencia con otras organizaciones.74 Todo ello ayudará a los grupos de afectados a ganar peso político y a fortalecer sus capacidades en caso de un eventual proceso de negociación.
Actualmente, el capitalismo tardío se enfrenta a contradicciones prácticamente insuperables: por un lado, la expansión de nuevas lógicas sistémicas más intensivas de extracción y acumulación por desposesión social y ecológica; por otro, la crisis multidimensional arraigada en un planeta finito que está alcanzando sus límites biogeofísicos,75 mientras el cuerpo social pierde su capa protectora sin la cual, como avanzó Polanyi, la sociedad no puede subsistir. Los conflictos socioecológicos son expresión de tales contradicciones.
Cada vez resulta más clara la existencia de una profunda brecha entre unas elites acaparadoras de capital y privilegios, y el resto de la ciudadanía, despojada de los medios de subsistencia o de las condiciones para una vida digna en unos casos; expulsada del territorio en otros; desposeída de derechos y de la capacidad de participación en otros. Contemplamos cómo se amplía el disenso y se agrieta el relato de la modernidad que ha imperado hasta ahora, mientras surgen con fuerza relatos alternativos de qué significa una vida buena. Todo ello apunta a que nos hallamos ante una crisis civilizatoria multidimensional de carácter global que anuncia un cambio de época.
Si bien sigue estando vigente la lucha por la defensa de los derechos, que en décadas pasadas ha logrado mejoras importantes para las personas, actualmente resulta necesario añadir nuevos elementos que amplíen el marco del debate, y en concreto incluir el discurso de los bienes comunes y del bien común en la línea propuesta por Elinor Olström. Mientras que la narrativa de los derechos no cuestiona el modelo, el del bien común sí tiene la capacidad de cuestionarlo y de variar las reglas del juego.
La intensificación del despojo y de la expulsión desde el inicio del siglo XXI apunta a un drástico aumento de los conflictos socioecológicos en las próximas décadas. Esta conflictividad implica peligrosas y preocupantes proyecciones de corte autoritario en la distribución de recursos naturales básicos de acuerdo con las actuales dinámicas. Por ello, resulta urgente explorar mecanismos para el tratamiento de estas confrontaciones desde una visión sistémica; se trata de superar visiones meramente utilitaristas en el abordaje de las pugnas que persiguen soluciones parciales y de corto plazo, y avanzar hacia esquemas capaces de transformar el marco de acción con criterios democráticos, de justicia y equidad a fin de asegurar un espacio de convivencia entre los diferentes agentes y con la naturaleza.
1. A finales del siglo XX, la extracción de recursos naturales ascendía a 48.500 millones de toneladas (más del 33% de biomasa, 21% de combustibles fósiles y 10% de minerales). En 2010, rondaban las 60.000 millones de toneladas de mate- riales al año y unos 500.000 petajulios de energía primaria. El 10% de la población más rica acaparaba el 40% de la energía y el 27% de los minerales. La extracción de recursos se calcula que podría triplicarse en 2050. Citado en G. C. Delgado Ramos, «Metabolismo social y minería», Ecología Política, 43, 2012, p. 17.
2. H. Daly y J. B. Cobb, Para el bien común, FCE, México, 1993, p. 218 y H. Daly, «De la economía del mundo vacío a la economía del mundo lleno» en R. Goodland, H. Daly, S. El Serafy y B. von Droste, Medioambiente y desarrollo sostenible: más allá del Informe Brundtland, Trotta, Madrid, 1997, pp. 37-50, citado en J. Riechmann, Biomímesis: ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención, La Catarata, Madrid, 2004, pp. 41-73. También se puede consultar J. Riechmann, Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología, ética y tecnología, La Catarata, 2005.
3. M. Svampa, «»Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina», Nueva Sociedad, 244, marzo-abril de 2013, p. 34.
4. S. Álvarez Cantalapiedra y Y. Herrero, «Extractivismo y expulsiones: dinámicas organizadoras de una nueva realidad», en Análisis y Perspectivas 2015: empleo precario y protección social, Fundación FOESSA, Madrid, 2015, pp. 37-47, p. 37.
5. D. Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.
6. G. C. Delgado Ramos, op. cit.
7. S. Sassen, Expulsiones, Trotta, Madrid, 2015.
8. ONU Hábitat. http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgra-ding/
9. Karl Polanyi, La gran transformación, ediciones de La Piqueta, Madrid, 1989, pp. 121-135.
10. En este sentido, pueden consultarse las obras de P. Linebaugh y M. Rediker, La hidra de la revolución, Crítica, Barcelona, 2005.
11. D. Castillo, «El análisis sistémico de los conflictos ambientales: complejidad y consenso para la administración de los recursos comunes», en M. E. Salamanca (coord.), Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, 2008, pp. 153-172, p.153.
12. M. Svampa, «»Consenso de los Commodities»…», pp. 39-40.
13. J. M. Alier, G. Kallis, S. Venthey, M. Walter. L. Temper, «Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts and Valuation Languages», Ecological Economics, Vol. 70, nº 2, diciembre de 2010, pp. 137-452. Traducción propia. http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VDY ... c7c22a011b5cfbe2c850
14. J. Martínez Alier, El ecologismo de los pobres, Icaria, Barcelona, 2004.
15. J. Martínez Alier, «Conflictos ecológicos y justicia ambiental», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 103, otoño 2008, pp. 11-27.
16. E. Gudynas, «Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de los recursos naturales», Observatorio del desarrollo, nº 18, febrero de 2013, pp. 1-17, p. 5.
18. A. Acosta, «Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición», Ecoportal, 25 de julio de 2012.
19. En este sentido, véase en el ámbito de EEUU, The Joint Operating Environment 2010, US Joint Forces Command, Norfolk (VA), 2010; en el ámbito europeo, Estrategia Europea de Seguridad. Una Europa segura en un mundo mejor, Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 2003 (revisada en 2009); y en el ámbito español, Estrategia de Seguridad Nacional. Una responsabilidad de todos, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2011 (revisada en 2013).
20. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2014, OCMAL, abril de 2015.
21. CEPAL, La inversión extranjera directa en América Latina y Caribe, Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2013; y CEPAL, La inversión extranjera directa en América Latina y Caribe, Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2015 .
22. K. D’Almeida, «Récord de inversiones en países del Sur, pero ¿a qué precio?», IPS, 25 de junio de 2015. http://www.ipsnoticias.net/2015/06/record-de-inversiones-en-paises-del-sur-pero-a-que-precio/
23. La inversión extranjera se ha multiplicado en un 486% en el caso del petróleo y un 664% en el de la minería en excelentes condiciones para los inversores: Colombia es uno de los países en América Latina que menos recibe en cánones del extractivismo, alrededor de un 16%, frente al 100% de México y el 55% de Chile. Las regalías se mantienen en el 10% para el carbón y el 4% para el oro, aunque ambos productos han aumentado su precio en el mercado internacional un 400 y 500%, respectivamente.
24. A. Pulido, Susurros del Magdalena. Los impactos de los megaproyectos en el desplazamiento forzado, CEAR-Euskadi, Bilbao, 2014.
25. J. C. Clavijo Martín, Mal de muchos: crecimiento económico en medio de la guerra, La silla vacía, 15 de junio de 2011. Citado en «El «boom» minero-energético», en Minería en Colombia: ¿a qué precio?, boletín 18, Brigadas de Paz Colombia, noviembre 2011, p. 5.
26. J. Fierro, «La política minera en Colombia», Seminario Internacional Minería, territorio y conflicto en América Latina, Universidad nacional, Bogotá, 6 de octubre de 2011, citado en Brigadas de Paz, op. cit., p. 6.
27. Web de la Unidad de Restitución de Tierras, Colombia. https://www.restit uciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-/noticias/526235 [Consulta: 15 de junio de 2015].
28. CODHES, ¿Consolidación de qué?, boletín informativo 77, febrero de 2011.
29. Brigadas de Paz, op. cit., «Minería en Colombia: ¿a qué precio?», BPC, boletín 18, noviembre de 2011.
30. Datos citados en Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación 2014, OCMAL, 2015, p. 50.
31. Entre 2000 y 2010, las transferencias por canon y regalías mineras pasaron de 234 millones de dólares anuales a más de 2.900 millones; por su parte, las exportaciones mineras superaron los 25.000 millones de dólares.
32. 14º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. Reporte Primer Semestre 2014, Cooperacción, Grufides y Fedepaz, Lima, 2014.
33. Defensoría del Pueblo [Perú], Reporte de conflictos sociales, n º 136, Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad, Lima, junio de 2015.
34. «Conflictividad socioambiental se incrementó durante el último año de Gobierno de Ollanta Humala», El Economista [Perú], 14 de julio de 2015. Disponible en http://www.eleconomistaamerica.pe/politica-eAm-pe/noticias/6870402/07/15/-Conflictividad-socioambiental-se-incremento-durante-el-ultimo-ano-de-Gobierno-de-Ollanta-Humala.html#Kku8D5wXgkYLtngi
35. 14º Observatorio..., op. cit.; y 15º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Segundo semestre de 2014, Cooperacción, Grufindes y Fedepaz, Lima, 2015.
36. M. Gavaldà, «Etnocidio en las nuevas fronteras de los hidrocarburos. El avance de la frontera petrolera amenaza a los pueblos en aislamiento voluntario del Perú», Ecología Política, 43, pp. 71-76.
37. A. Urresti y F. Marcellesi, «Fracking: una fractura que pasará factura», Ecología política, 43, 2012, pp. 23-36.
38. The Democracy Center, «The global movement against fracking», Climate Campaign Profiles, 2012, p. 1.
39. Los países favorables al fracking son Alemania, Austria, Dinamarca, España, Hungría, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía, mientras que Francia y Bulgaria han aprobado legislaciones nacionales que prohíben esta técnica en sus territorios.
40. Véase http://www.globalfrackdown.org/
41. Véase http://frackwire.com/anti-fracking/
42. Para un mapa de las concesiones, véase http://www6.mityc.es/aplicaciones/energia/hidrocarburos/petroleo/exploracion2014/mapas/inicio.html
43. Véase listado en Amigos de la Tierra [Consulta: 14 de mayo de 2015]. http://municipioslibresdefracking.org/objetivos/lista-de-municipios-libres-de-fracking/
44. R. Rejón, «Batalla legal para controlar el «fracking» en España», El Diario, 30 de julio de 2014.
45. A partir de ahora, sin cursiva.
46. Tierra y Poder. El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras, Intermón Oxfam, septiembre 2011.
47. S. Sassen, op. cit., p. 99.
48. Daniel, S. y Mittal, A., The greatland grab: rush for world’s farmland threatens food security for the poor, Oakland Institute, Berkeley, CA, 2009, p. 1. Disponible en: http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/LandGrab_final_web.pdf [Consulta: 12 de junio de 2015].
49. VV.AA., El acaparamiento global de tierras. Guía básica, TNI-FUHEM Ecososcial, 2013. Disponible en: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/2013/El-acaparamiento-de-tierras_Guia-basica_junio2013.pdf
50. Michael T. Klare menciona en su libro The race for what is left cómo la revista Euromoney calificó a la tierra como «el nuevo oro», Metropolitan Books, Nueva York, 2012, p. 186.
51. Para un análisis extenso de este asunto, véase E. Toussaint, La banca especula con materias primas y alimentos, 18 de marzo de 2014. Disponible en: http://cadtm.org/La-banca-especula-con-materias.
52. El acaparamiento global…, op.cit.
53. Grandes multinacionales como Cargill y Monsanto participan en alianzas alimento-combustible que utiliza maíz, soja y colza modificados genéticamente. Igualmente, vemos integradas alianzas de empresas Norte-Sur, como en el aceite de palma en Indonesia, dominado por Cargill (transnacional y la mayor empresa privada del mundo en el sector), ADM, Kuck-Wilmar (el mayor fabricante mundial de agrocombustibles) y Synergy Drive, una gran empresa pública de Malaysia. Igual ocurre en la alianza del etanol, formada por agentes de EEUU, Argentina, Brasil y lazos con India, China, Mozambique y Sudáfrica.
54. VV.AA., The many faces of land grabbing, EJOLT, Informe nº 10, marzo de 2014.
55. Sobre saberes tradicionales en torno a la sostenibilidad, véase el semimonográfico de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 107, dedicado a «Sabidurías ecológicas», otoño de 2009, pp. 27-114 y en S. Álvarez Cantalapiedra (coord.), Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas, Icaria, Barcelona, 2011.
56. Paradigma de negociación de conflictos del grupo que trabaja estas temáticas en la Universidad de Harvard.
57. OCMAL et al., Conflictos Mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2014, OCMAL, abril de 2015, p. 100. Disponible en: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105397 [Consulta: 9 de junio de 2015].
58. Para un análisis extenso de la «Gran Involución» en diferentes dimensiones, véanse la introducción y semimonográfico de la revista Papeles de cuestiones ecosociales y cambio global, núms. 123 y 124, otoño e invierno de 2013.
59. J. Hernández Zubizarreta, «El nuevo derecho corporativo global», en El estado del poder 2015, TNI, 2015, pp. 3-15.
60. M. L. Malig, Tailored for sharks, TNI, diciembre de 2013.
61. 15º Observatorio…, op. cit.
62. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y otras organizaciones, Conflictos mineros en América Latina. Extracción, saqueo y agresión. Estado de Situación en 2014, OCMAL, Santiago de Chile, 2015, p. 100.
63. OCMAL, 14º Observatorio… op. cit.
64. Bolivia aprobó recientemente una nueva Ley de Minería de Bolivia, que criminaliza el «avasallamiento» de concesiones mineras con hasta ocho años de cárcel. Citado en OCMAL et al., Conflictos Mineros…, op. cit., p. 101.
65. B. Campbell, Mining in Africa. Regulation and Development, Pluto, Londres/CRDI, Ottawa/NAI, Uppsala, 2009.
66. M. T. Klare, The race for what’s left, Metropolitan books, Nueva York, 2012. Sobre las caras más crudas de los futuros conflictos socioecológicos reflexiona Harald Walzer en su libro Guerras climáticas, Katz, Buenos Aires, 2010.
67. C. Martín Beristain, El derecho a la reparación en los conflictos socioambientales, Hegoa/UPV, Bilbao, 2010. También puede consultarse una entrevista con el autor en: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Entrevistas/entrevista_CARLOS_MARTIN_BERISTAIN.pdf
68. La integralidad se refiere a la complementariedad entre las diferentes medidas de reparación. La proporcionalidad alude a que las medidas deben estar a la altura del impacto o agresión y supone la necesidad de evaluar las consecuencias e impactos desde una dimensión más integral (ecología, salud, impacto colectivo y psicosocial, etc.). La jerarquía: tiene en cuenta el valor que asignan a las medidas los propios afectados. Por ejemplo, la recuperación del territorio puede ser más importante para comunidades indígenas que una indemnización. La participación, condición esencial que las personas afectadas participen en la toma de decisiones. Conviene tener en cuenta que comunidades afectadas no son homogéneas y existen diferentes intereses y perspectivas. La relacionalidad alude al sentido de pertenencia a la naturaleza y a la colectividad y a la unidad entre todos los elementos, de modo que deben identificarse los impactos que un daño produce a lo largo de toda la cadena en la naturaleza, desde las personas a la flora y la fauna. La diversidad se refiere al respeto a las diversidades culturales y ecosistémicas. Por tanto, las medidas han de ser específicas y adaptadas a cada contexto y cultura.
69. Estos términos se refieren a un continuum en la resolución de una pugna entre partes que va en un gradiente creciente de intervención por parte de terceros: en la negociación las partes negocian mutuamente con presencia o no de una tercera parte neutral; la mediación es un proceso en el que un tercero neutral interviene para facilitar el diálogo entre las partes en un conflicto con el objetivo de llegar a un acuerdo consensuado y/o equitativo; en la conciliación el papel de la tercera parte neutral es más intenso, aunque a menudo este término se emplea como intercambiable con el de mediación; en el arbitraje, un tercero neutral después de escuchar a las partes, toma una decisión para la resolución del conflicto. La facilitación es un término adyacente que consiste en que un tercero ayuda a un grupo de personas a realizar sus tareas u objetivos de la mejor forma posible, entre los que se puede encontrar la resolución de una controversia. El facilitador diseña un proceso y desatasca los momentos de bloqueo. De forma paralela a los anteriores, la figura de ombuds ha comenzado a implantarse en las organizaciones como persona que desde dentro de la entidad escucha, asesora y busca formas de mediación y asistencia en la resolución de conflictos relacionados con políticas, procedimientos y/o decisiones tomadas por la organización que afectan a terceros, quienes hacen uso de sus servicios y/o productos.
70. En una gradación descendente del grado de presión ejercido sobre alguien para que actúe en el sentido que desea otro, la coerción —máximo grado— se refiere a la presión incluido el uso de la fuerza física o psíquica, y se basa en el temor a un daño seguro en caso de incumplir lo ordenado; la coacción alude a la posibilidad de la amenaza del uso de la fuerza; la cooptación en el contexto de la resolución de conflictos se refiere a la inducción a la acción de un tercero mediante presión; la persuasión significa obligar a un tercero a cierta acción o creencia mediante razones; la inducción está muy vinculado al anterior, pero se produce de forma más sutil y con más distancia.
71. La literatura general de resolución de conflictos se está completando en los últimos años con guías específicas de resolución de conflictos socioecológicos, procedentes especialmente de América Latina. Un buen punto de partida son las publicaciones los «Foros Regionales de Transformación de Conflictos Socioambientales» que promueve la Fundación Futuro Latinoamericano, disponibles en: http://www.ffla.net/qu%C3%A9-hacemos/iniciativas-estrat%C3%A9gicas/foros-regionales-sobre-transformaci%C3%B3n-de-conflictos-socioambientales.html
72. Existen distintas denominaciones de aproximación al tratamiento de los conflictos, con ligeras diferencias: manejo de conflictos; gestión de conflictos; re- solución de conflictos; y transformación de conflictos, entre las más populares. En contraste a las otras, la transformación de conflictos los concibe como un tipo de fenómeno consustancial a las relaciones humanas y sociales que presenta oportunidades para el cambio social. Incluye en su análisis y acción la intencionalidad de incidir en las reglas del juego y tener en cuenta las relaciones de poder. Nos ubicamos desde este entendimiento, si bien en este texto se emplea la denominación de «resolución de conflictos» por ser la más utilizada.
73. Cabe aquí introducir un concepto matizado del término comunidad, alejado de una noción idealizada, ya que existen tantas expresiones de comunidad como comunidades, con múltiples dinámicas internas y externas. La comunidad puede resultar tanto en un instrumento de empoderamiento y emancipador como ser vehículo de desigualdad e injusticia cuando se impone un esquema caciquil.
74. Entre esas organizaciones a escala global figura el movimiento por la justicia ambiental, proyectos de investigación conjuntos (como EJOLT), observatorios, organizaciones ecologistas, activistas varios, campañas globales —como Stop Corporate— e iniciativas trasversales de los afectados, como el Tribunal Permanente de los Pueblos o La Vía Campesina, que avanzan en un discursos común de los afectados.
75. Ya se han sobrepasado tres de los nueve límites ecológicos identificados por los expertos. Se trata de los niveles de saturación de CO2 por cambio cli- mático, la reducción de la biodiversidad y la interferencia humana en el ciclo del nitrógeno. De los restantes —acidificación de los océanos, agotamiento del ozono, disponibilidad de agua dulce, cambio en la utilización del suelo y contaminación química— varias de las categorías se acercan rápidamente al umbral. Vid. J. Rockström et al, «A Safe Operating Space for Humanity», Nature, nº 461, 2009, pp. 472- 475.
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