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Timestamp: 2018-10-16 12:12:52+00:00

Document:
Marco alfonso baquero baquero corte suprema de justicia sala de casacion penal
ACCION DE TUTELA 9903
MARCO ALFONSO BAQUERO BAQUERO
Aprobado acta No. 126.
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil uno (2001).
La Corte resuelve sobre la impugnación interpuesta contra el fallo de doce (12) de julio del presente año, por medio del cual la sala de decisión penal del Tribunal superior de Villavicencio negó por improcedente la tutela promovida por MARCO ALFONSO BAQUERO BAQUERO y JOSE JOAQUIN GRANADOS MELO, este último también como representante de “Transportes Arimena S.A.”, por presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, propiedad y acceso a la administración de justicia.
En el Juzgado 1º civil del circuito de Villavicencio se tramita el proceso ejecutivo No. 1998.7309, promovido por la Caja popular cooperativa contra “TRANSPORTES ARIMENA S.A.”, MARCO ALFONSO BAQUERO BAQUERO y JOSE JOAQUIN GRANADOS MELO, en el que para el día 3 de julio de este año se había fijado fecha para llevar a cabo el remate de un lote de terreno embargado; sin embargo, al encontrar la titular del juzgado que la publicación radial era ineficaz, decretó la nulidad de lo actuado a partir de la primera convocatoria a remate, y dispuso fijar en auto separado la fecha “para la subasta por el 70% del avalúo como lo determina el artículo 523 del C. de P.C…y una vez la parte interesada así lo solicite”. (fl. 305).
Al promover la acción de tutela como mecanismo transitorio de defensa para evitar un perjuicio irremediable, los actores estiman que en el trámite de ese proceso se incurrió en varias irregularidades, que en su concepto vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, propiedad privada y acceso a la administración de justicia.
Al debido proceso, en la medida que:
“a. Se requiere pretender el pago de intereses moratorios desde febrero 20 de 1998, cuando no se ha renunciado expresamente a los requerimientos para constituir en mora a los deudores, cuando la jurisprudencia viene enseñando que tratándose de obligaciones pagaderas por cuotas periódicas en que la renuncia no se haya expresado respecto de tales requerimientos, los intereses moratorios solamente pueden cobrarse desde la presentación de la demanda.
“b. No se ha tenido en cuenta los aportes en CAJACOOP de los deudores para imputarlos a la obligación, conforme lo ordenó el Juzgado Primero Civil del Circuito en la sentencia de agosto 19 de 1999.
“c. Se declaró surtida la primera licitación para el remate del bien por el 70% cuando la publicación radial está viciada y no satisface la exigencia del artículo 525 del C.P. Civil”.
“d. La liquidación de los intereses moratorios como se demandó por la demandante o ejecutante y se liquidó por el juzgado es ilegal y lo justo es que se haga a partir de la fecha en que los demandados se notifican del mandamiento de pago, momento en el cual son enterados del cobro”.
En cuanto se refiere al derecho a la igualdad, aseguran que mientras a los demandados se les exige el pago total de la obligación, incluidos capital, intereses y costas del proceso, la demandante no reconoce el valor de los aportes que aquéllos poseen en CAJACOOP; por lo demás, que el equilibrio se rompe al pretender realizar el remate del lote de terreno teniendo como base el 70% del avalúo, resignándose los ejecutados a perder el 30%, al paso que el juzgado reconoce a la citada cooperativa el 100% de su crédito.
El derecho a la propiedad está siendo amenazado, afirman, porque como propietarios del lote de terreno están en posibilidad de perder el 30% de su valor, e incluso hasta el 50%, sin tener en cuenta que la publicación radial de la primera licitación es nula, y por tanto no surte efectos.
Finalmente, consideran quebrantado el derecho de acceso a la administración de justicia porque el juzgado no dio prelación al derecho sustancial, en tanto que aplicó disposiciones formales del derecho procesal civil, como el artículo 523 del código de procedimiento civil.
Aseguran los accionantes que acuden a la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues no encuentran otro medio de defensa judicial que sea apto y efectivo para la protección de sus derechos frente a la existencia de un perjuicio irremediable, el cual consiste en que:
“… se está sometiendo a los demandados a perder sus aportes, se les somete al pago de intereses antes de ser constituidos en mora, se les pone en posición de inferioridad y en estado de indefensión jurídica al quedar resignados a perder el 50% del avalúo equivalente a mas de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS, , en el evento de realizar el remate por el 50% del avalúo sin atender que se ha violado el derecho a la igualdad y que el debido proceso se vulneró al surtirse una primera licitación, sin estar las publicaciones en debida forma.”.
Pretenden a través de esta vía que se modifique el mandamiento de pago y la sentencia que dispuso proseguir con la ejecución, a fin de que se corrijan los yerros anotados, e incluso que se condene en costas a la ejecutante.
En orden a negar el amparo invocado, el Tribunal comienza por anotar que la tutela deviene improcedente contra providencias judiciales, salvo cuando se demuestre la existencia de vías de hecho.
Enseguida transcribe apartes de la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza especial y subsidiaria de la acción de tutela, para concluir que en este caso no se evidencia “la vía de hecho, como medio excepcional para atacar mediante la vía de tutela la sentencia proferida, pues no aparece el ejercicio arbitrario de la función judicial o que la juez hubiera resuelto según su personal designio. Por el contrario, se tiene que los demandados concurrieron al proceso a alegar su derecho, propusieron excepciones de mérito y fueron decididas por la funcionaria en la sentencia, teniendo como fundamento la normatividad legal que consideró aplicable, no simplemente de manera arbitraria o caprichosa, sin que se hubiera interpuesto apelación contra esa decisión.”.
Termina reafirmando que el amparo invocado es una acción eminentemente subsidiaria o residual, no sustitutiva ni complementaria de los procesos ordinarios previstos en la ley para la definición del derecho, y que como en este caso los actores tienen la posibilidad de defender sus intereses dentro del mismo proceso ejecutivo, la tutela deviene improcedente en los términos del artículo 6-1 del decreto 2591 de 1991.
El representante judicial de los accionantes muestra su inconformidad al señalar que en el fallo de primera instancia no se analizó la vulneración o amenaza de los derechos invocados.
Aduce que la oportunidad que tienen las partes de concurrir a un proceso ordinario, no libra al funcionario judicial de incurrir en vías de hecho, como sucedió en este caso, en tanto que la accionada ordenó en la sentencia la aplicación de los aportes y en la liquidación se abstiene de cumplir su propio mandato; somete al demandado a la pérdida del 30% del valor del inmueble, cuando de otra parte reconoce a la ejecutante el 100% de la obligación; y dispone el cobro de intereses “desde antes de la presentación de la demanda”, desatendiendo aportes jurisprudenciales sobre este punto.
Como se desprende de los anteriores antecedentes, los actores radican su inconformidad en una actuación judicial, en la medida que sostienen que en el trámite del proceso ejecutivo la funcionaria judicial incurrió en varias irregularidades que en su sentir vulneran o amenazan los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, propiedad privada y acceso a la administración de justicia.
La acción de tutela, como instrumento de protección de derechos fundamentales contra actuaciones judiciales, resulta procedente si la conducta que vulnera o amenaza las garantías de los sujetos procesales tiene la connotación de una vía de hecho, y no proceden los mecanismos ordinarios de defensa o se impidió su ejercicio por cualquier medio suficientemente eficaz para neutralizarlos, o cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La utilización de este mecanismo parte del respeto a la consagración constitucional y legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, y por ello supone un uso extraordinario con carácter subsidiario, como se deduce del contenido del artículo 86 de la Carta.
Cuando se invoca como mecanismo transitorio de defensa para evitar un perjuicio irremediable, como en este caso, su procedencia queda supeditada a la demostración de vías de hecho judiciales, que en términos generales se presentan en aquellos casos en que el funcionario se desapodera de la función que constitucional, legal y reglamentariamente le corresponde, para asumir mediante una actuación judicial una conducta arbitraria en forma superlativa.
De esta manera, como lo tiene admitido la ya consolidada doctrina constitucional, el examen de las providencias señaladas como constitutivas de una vía de hecho se contrae a determinar los defectos que puedan presentarse en la decisión judicial, bien sean de
naturaleza sustantiva, fáctica, orgánica o procedimental, lo cual, se aclara, no supone una resolución sobre la cuestión materia de la litis de competencia del juez correspondiente, sino la verificación de la presencia de irregularidades que conforman el vicio, producto de la actuación judicial que se confirma como abusiva y claramente lesiva del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales de la persona.
En el caso que examina la Corte no se vislumbra un defecto de tal naturaleza que haga procedente la orden temporal de protección de los derechos invocados, como lo pretenden los accionantes.
Si bien es cierto que el Tribunal no se refirió en detalle a las irregularidades que plantean en la demanda, lo cual resultaba imperioso en este caso en la medida que los actores acuden a la tutela como mecanismo transitorio de defensa, la revisión del proceso ejecutivo no deja la menor duda de la inexistencia de vías de hecho reveladoras de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y de la funcionaria judicial.
En este campo no tienen cabida apreciaciones subjetivas de los accionantes en torno a la validez de la actuación, que buscan inaplicar una disposición legal o acoger determinado criterio jurisprudencial que favorece sus intereses.
La acción de tutela no ha sido establecida como una instancia adicional, ante la cual contraponer al criterio del funcionario judicial la subjetiva apreciación del sujeto procesal sobre la validez de la actuación, pues en lo que toca con la actividad interpretativa de la normatividad vigente, prevalece el respeto al principio de autonomía e independencia de los jueces, de su jurisdicción y de la vigencia de los procedimientos ordinarios o especiales.
Los actores pretenden que por vía de tutela se revise una providencia proferida en ejercicio de la competencia funcional que el código de procedimiento civil le otorga a la juez accionada, al estimar, de una parte, que según criterio del Tribunal superior de Villavicencio los intereses moratorios de las obligaciones pagaderas por instalamentos y en donde se hubiere pactado cláusula aceleratoria, únicamente son exigibles a partir de la presentación de la demanda; y, de otra, que se inaplique el inciso 3º del artículo 523 del código de procedimiento civil porque en su caso conduce a la pérdida del 30% del valor del avalúo del inmueble objeto de medidas cautelares.
No es el juez de tutela el llamado a obligar a los funcionarios competentes a adoptar en sus fallos una determinada posición jurisprudencial, y mucho menos a desatender el mandato de la ley, bajo la supuesta necesidad de preservar el derecho sustancial, pues lo anterior implica invadir la órbita propia de sus funciones, en detrimento de la independencia y autonomía judicial que constitucionalmente les ha sido conferida.
Lo que en verdad se deduce del estudio del expediente es que la funcionaria judicial ha preservado el derecho al debido proceso, y en ninguna de sus actuaciones se observa que se haya apartado de manera caprichosa o voluntaria de la normatividad que rige el proceso ejecutivo. Incluso, cuando observó la existencia de una irregularidad en su trámite, no dudó en decretar la nulidad para garantizar plenamente el derecho de las partes (fl. 305).
Por lo demás, quien por descuido o negligencia no utiliza oportunamente los recursos que el procedimiento le concede para ejercer el contradictorio, no puede hacer uso de la acción de tutela; se pervierte el instrumento, aún de utilizarse como mecanismo transitorio de defensa, cuando se premia la inactividad de la parte
vencida dentro del trámite regular, con menoscabo de los derechos de quien ha permanecido atento al desarrollo del proceso. En el subjudice, los actores se duelen de que la liquidación del crédito no contempló los aportes realizados a la demandante o que la publicación radial no satisface las exigencias del artículo 525 del código de procedimiento civil; sin embargo, por ninguna parte aparece que hayan objetado la liquidación o solicitado la nulidad del acto que contiene la supuesta irregularidad, por lo que no pueden pretender ahora que por vía de tutela se reintegren las oportunidades que la ley les otorgó, y que dejaron vencer por propia desidia.
Carente de sustento, entonces, se aprecian las deducciones que hacen los actores sobre la vulneración del derecho al debido proceso, pues, se reitera, la actuación de la funcionaria accionada no trasluce un comportamiento arbitrario o puramente voluntarista que permita utilizar la acción de tutela como mecanismo transitorio de defensa, menos cuando los actores pretenden hacer uso del instrumento constitucional como una instancia adicional tendiente a obtener la restitución de términos y oportunidades que por negligencia o descuido dejaron vencer.
Si bien los actores intentan la protección de los demás derechos invocados a través de alegar la vulneración al debido proceso, es pertinente anotar que, en punto de la propiedad, ésta no tiene el carácter de derecho fundamental, a no ser que se encuentre vinculada al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, y cuyo desconocimiento afecte de manera evidente los principios y valores que consagran los derechos a la vida, dignidad e igualdad.
Ese no es el caso de los accionantes, pues no está demostrado, de una parte, que su vida y dignidad estén siendo afectadas con la actuación de la funcionaria; y de otra, que en caso similar la titular
del juzgado hubiera otorgado tratamiento diferente a otros demandados; hipótesis que, por lo demás, resulta de difícil ocurrencia, bajo el entendido que cada proceso contiene particularidades que lo diferencian de otros, aparte de que no es posible postular igualdad en el trato con el demandante, como pretenden los accionantes, en la medida que sus intereses son diametralmente contrpuestos.
Sin otras consideraciones, la Sala impartirá confirmación al fallo de primera instancia.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
2. En firme esta providencia, sométase a la eventual revisión de la Corte constitucional.
CARLOS E. MEJIA ESCOBAR

References: artículo 523
 artículo 525
 artículo 523
 artículo 6
 artículo 86
 resolución 
 artículo 523
 artículo 525