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Timestamp: 2019-10-15 05:02:24+00:00

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Boletín de Novedades núm. 1/2013 del mes de enero.
La actividad estatal en el mes de enero no destaca por su producción normativa sino por la litigiosidad que ha impulsado el Gobierno del Estado frente a dos Comunidades Autónomas, las de Cataluña y Madrid. Los litigios responden en su mayoría a una discrepancia sobre la titularidad competencial para establecer tasas e impuestos. Este debate ha tenido un especial eco mediático en lo concerniente al establecimiento del euro por receta, tasa que el Gobierno del Estado ha cuestionado al entender que imponía un trato desigual de los ciudadanos españoles en el acceso a la atención sanitaria.
Al margen de la singularidad de cada caso, esta reciente conflictividad permite algunas reflexiones generales. Por un lado destaca que los conflictos se hayan trabado con Cataluña pero también con Madrid, Comunidad gobernada por el PP. Por otro, no deja de sorprender que desde el Gobierno del Estado se pongan límites jurídicos estrictos a las iniciativas autonómicas de creación de tasas e impuestos, mediante las cuales las Comunidades Autónomas asumen la responsabilidad política de adoptar medidas impopulares con las que tratar de paliar el déficit. No deja de ser algo contradictorio que el Gobierno estatal sea exigente en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y en el control del gasto mientras que por otro lado, mediante interpretaciones competenciales estrictas, impide actuar a las Comunidades Autónomas a través de la vía de los ingresos. Esta limitación de las competencias autonómicas para crear sus propias tasas e impuestos es significativa cuando de forma general se ha venido criticando la falta de responsabilidad recaudatoria de las Comunidades Autónomas. Por último, debe recordarse que el Estado posee el privilegio de solicitar la suspensión de la eficacia de las normas autonómicas en virtud del artículo 161.2 de la Constitución y del artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con lo que, si no se levanta esta suspensión, la ley autonómica puede quedar paralizada durante muchos años.
La actividad normativa de la Generalidad de Cataluña también ha sido muy escasa durante el primer mes del año, y al igual que en el caso del Estado destaca la gran conflictividad ante el Tribunal Constitucional. Los conflictos abarcan diversas materias y tipos de normas. Así, nos encontramos con dos recursos de inconstitucionalidad y cuatro conflictos positivos de competencia. Las materias afectadas son educación, justicia, trabajo y dos supuestos relativos a la actividad subvencionadora del Estado, cuestión, esta última, sobre la que ya existe una muy abundante doctrina del Tribunal Constitucional.
En materia normativa hay que dejar constancia de los diferentes Decretos relativos a la reorganización del Gobierno tras las elecciones generales.
COSCULLUELA MONTANER- MEDINA ALCOZ, Directores. Crisis económica y reforma del régimen local. Civitas- Thomson Reuters, 2012.
La crisis económica ha afectado a todas las organizaciones administrativas. El mundo local no ha sido una excepción. Los ingresos fiscales municipales han caído en picado, el recurso a las operaciones urbanísticas como fuente de financiación se ha cortado en seco. Como consecuencia se han resentido los servicios básicos que debe prestar el mundo local, así como aquellos otros servicios que los municipios habían venido prestando como competencias impropias.
En esta situación se ha planteado la reforma del régimen local tomando como objetivo fundamental el hacer realidad el principio constitucional de estabilidad presupuestaria, especialmente exigente en el caso de los entes locales. Lo que se impone es racionalizar el régimen local, evitar duplicidades, acotar las competencias municipales y suprimir representantes locales y reducir las retribuciones de los electos locales. Este es el contenido del recientemente aprobado anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Para contrastar el contenido del anteproyecto, que esperamos sea modificado ampliamente en el transcurso de su tramitación parlamentaria, recomendamos vivamente la lectura del libro citado. En esta obra colectiva se engloban una serie de artículos en los que, a partir de la situación de crisis y necesidad de reforma del régimen local, se aportan reflexiones y propuestas de interés sobre las posibles actuaciones para mejorar nuestro sistema local, propuestas que no coinciden en lo general con las que se han llevado al anteproyecto citado. El libro incluye también una amplia referencia a las experiencias recientes de derecho comparado en materia de reforma del régimen local.
FABRA UTRAY, Jorge. Retroactividad en el sector eléctrico. “Economistas frente a la crisis”. 2013.
La regulación del sector de las energías renovables está generando en los últimos tiempos un debate jurídico de interés en virtud de las modificaciones sucesivas del régimen de retribución de estas energías, en particular la eólica y la fotovoltaica. El debate se centra en la posibilidad de modificación de unas tarifas establecidas en su momento con voluntad de permanencia durante un determinado período. Al modificarse a la baja, aquellos que fundaron sus inversiones en las expectativas de una determinada retribución, cuestionan la legalidad de las medidas, alegando el carácter retroactivo de la norma, la vulneración del principio de seguridad jurídica y del de confianza legítima.
Como es conocido, una abundante y reiterada doctrina de la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, viene negando a estas normas el carácter retroactivo, en tanto se aplican profuturo, aunque incidan en relaciones constituidas con anterioridad. También se niega que se vulnere el principio de seguridad jurídica en virtud de la teoría del “riesgo regulatorio”, consistente en afirmar que quien entra en un sector regulado debe aceptar las modificaciones de dicho régimen, siempre que se le garantice una remuneración suficiente.
Pues bien, el artículo que destacamos, fruto de la pluma de un miembro de la CNE, critica la doctrina jurisprudencial sobre el carácter no retroactivo de las normas que alteran las retribuciones del sector de las energías renovables.
Reflexión sin duda de interés desde un planteamiento en el que sitúa las construcciones jurídicas ante la realidad del caso concreto, en este caso la singularidad de las energías renovables. El autor explica como en el caso de estas energías los costes de producción son cercanos a cero, razón por la cual la retribución debe referirse a los costes incurridos. Por ello, la modificación de la norma que fije las tarifas no es pro futuro, lo que le lleva a concluir que esta modificación es retroactiva en sentido estricto. A ello añade que las consecuencias de las reformas sobre el sector están causando daños irreparables.
Una reflexión sin duda de interés.
• Resolución de 21 de diciembre de 2012, del Consejo Rector del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés (BOE núm. 4, de fecha 4 de enero de 2013).
• Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera (BOE núm. 5, de fecha 5 de enero de 2013).
• Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2013 (BOE núm. 7, de fecha 8 de enero de 2013).
• Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el programa anual de instalaciones de las redes de transporte (BOE núm. 10, de fecha 11 de enero de 2013).
• Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina (BOE núm. 13, de fecha 15 de enero de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo relativo al nuevo artículo 3. bis.1-1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de Medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (BOE núm. 15, de fecha 17 de enero de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (BOE núm. 15, de fecha 17 de enero de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5491-2012, contra el artículo 114 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de Promoción de la Actividad Económica de Cataluña, por el que se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales de Cataluña (BOE núm. 20, de fecha 23 de enero de 2013).
• Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se establece el procedimiento de reembolso del exceso de aportación farmacéutica a los usuarios que ostenten la condición de asegurados pensionistas así como por sus beneficiarios (BOE núm. 23, de fecha 26 de enero de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad nº 191-2013, contra el apartado nueve del artículo 2 de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOE núm. 26, de fecha 30 de enero de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad nº 349-2013, contra el apartado nueve del artículo 2 de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOE núm. 26, de fecha 30 de enero de 2013).
• Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación (BOE núm. 27, de fecha 31 de enero de 2013).
• Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la cuantía máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria (BOE núm. 27, de fecha 31 de enero de 2013).
• Proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
• Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de regular la custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
• Proposición de Ley por la que se prorroga el programa PREPARA regulado en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, con carácter estable.
• Decreto 9/2013, de 3 de enero, de reestructuración de los órganos centrales y de los órganos territoriales del Servicio Catalán de la Salud (DOGC núm. 6287, de 7 de enero de 2013).
• Decreto 24/2013, de 8 de enero, sobre la acreditación de la venta de proximidad de productos agroalimentarios (DOGC núm. 6290, de 10 de enero de 2013).
• Decreto 25/2013, de 8 de enero, de reestructuración del Departamento de Economía y Conocimiento (DOGC núm. 6290, de 10 de enero de 2013).
• Resolución ECO/3023/2012, de 31 de diciembre, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de septiembre de 2012 (DOGC núm. 6290, de 10 de enero de 2013).
• Orden EMO/1/2013, de 9 de enero, de modificación de la Orden EMO/408/2012, de 27 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2013 (DOGC núm. 6295, de fecha 17 de enero de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad núm. 1621-2003, interpuesto por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con varios preceptos de la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación (sentencia) (DOGC núm. 6298, de fecha 22 de enero de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad núm. 5851-2003, interpuesto por el presidente del Gobierno, en relación con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de mutualidades de previsión social (sentencia) (DOGC núm. 6298, de fecha 22 de enero de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad núm. 1933-2004, interpuesto por la Generalidad de Cataluña en relación con varios preceptos de la Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial (sentencia) (DOGC núm. 6298, de fecha 22 de enero de 2013).
• Conflicto positivo de competencia núm. 1037-2000, planteado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con varios preceptos del Real decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios (sentencia) (DOGC núm. 6298, de fecha 22 de enero de 2013).
• Conflicto positivo de competencia núm. 1453-2003, planteado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico, y con la Resolución de la Subsecretaría de dicho Ministerio de 26 de noviembre de 2002, que regula la utilización del sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo (sentencia) (DOGC núm. 6298, de fecha 22 de enero de 2013).
• Conflicto positivo de competencia núm. 7046-2005, planteado por la Generalidad de Cataluña en relación con la Orden TAS/1948/2005, de 8 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2005 la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación en los servicios sociales (sentencia) (DOGC núm. 6298, de fecha 22 de enero de 2013).
• Conflicto positivo de competencia núm. 1908-2006, planteado por la Generalidad de Cataluña en relación con la Orden TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2005 la concesión de subvenciones a municipios y mancomunidades de municipios para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes (sentencia) (DOGC núm. 6298, de fecha 22 de enero de 2013).
• Decreto ley 1/2013, de 22 de enero, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. (DOGC núm. 6300, de fecha 24 de enero de 2013).
• Acuerdo GOV/6/2013, de 22 de enero, por el que se autoriza la formalización de operaciones de endeudamiento de la Generalidad de Cataluña en cualquier modalidad, tanto en el interior como en el exterior, así como la subrogación en las operaciones de endeudamiento a largo plazo, durante el periodo de prórroga presupuestaria (DOGC núm. 6300, de fecha 24 de enero de 2013).
• Decreto 56/2013, de 22 de enero, de reestructuración del Departamento de Salud (DOGC núm. 6300, de fecha 24 de enero de 2013).
• Resolución AAM/70/2013, de 18 de enero, por la que se aprueba la Instrucción relativa a los criterios de aplicación de la normativa europea de producción y etiquetado de los productos ecológicos (DOGC núm. 6303, de fecha 29 de enero de 2013).
• Decreto 79/2013, de 29 de enero, de modificación del Decreto 326/2011, de 26 de abril, de reestructuración del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales (DOGC núm. 6305, de fecha 31 de enero de 2013).
• Decreto 89/2013, de 29 de enero, de reestructuración del Departamento de Cultura (DOGC núm. 6305, de fecha 31 de enero de 2013).
• Decreto 91/2013, de 29 de enero, de modificación del Decreto 352/2011, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de Empresa y Empleo (DOGC núm. 6305, de fecha 31 de enero de 2013).
• Proyecto de ley del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.
• Proposición de ley de protección civil de Cataluña.
• Proposición de ley de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos de la Generalidad.
• Proposición de ley de la biodiversidad y el patrimonio natural.
• Proposición de ley de transparencia y acceso a la información.
• Proposición de ley de modificación de la Ley 12/2009, de educación.
• Proposición de ley del mínimo vital garantizado.
• Proposición de ley de la renta garantizada de la ciudadanía.
04/2013. Boletín de Novedades núm. 2/2013 del… 01/2013. Boletín de Novedades núm. 12/2012 del…

References: artículo 161
 artículo 30
 Resolución 
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 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 114
 artículo 9
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 artículo 2
 artículo 2
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