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Timestamp: 2016-10-27 09:12:16+00:00

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⭐Poder Judicial de Honduras
José Carlos Jiménez Rivas
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Honduras, C.A. ACUERDO NÚMERO CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, entre las atribuciones conferidas a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, establece la de aprobar su Reglamento Interior. Y en uso de las facultades que la Ley le confiere, en aplicación de los artículos 303, párrafo primero, 319 numeral 1) y 14), de la Constitución de la República; y 49 del Reglamento Interno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, ACUERDA: Aprobar el siguiente: REGLAMENTO DEL PROGRAMA PARA LA DEFENSA PÚBLICA2 SECCIÓN I DISPOSICIONES Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular los servicios de los empleados judiciales del Programa de la Defensa Pública, a fin de que los mismos sean prestados de modo gratuito y eficiente a todos los procesados que carezcan de medios económicos directos o indirectos para su propia defensa en la causa penal que se les instruya. Artículo 2.- Los defensores públicos serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, por tiempo indefinido; ejercerán el cargo de modo exclusivo y les serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de la Carrera Judicial y sus Reglamentos, por cuya actividad recibirán los emolumentos establecidos en el Presupuesto del Poder Judicial. Artículo 3.- Los defensores públicos, respecto de sus defendidos o de sus causahabientes, desempeñarán gratuitamente sus funciones y se les está definitivamente prohibido recibir dádivas, obsequios, regalos o reconocimientos de cualquier índole, con motivo del ejercicio de la función que se les asigna. SECCIÓN II DE LAS FUNCIONES DE LOS DEFENSORES Artículo 4.- Corresponderá a los defensores públicos el ejercicio de las siguientes funciones: 1.- El ejercicio de la abogacía y la procuración en beneficio de procesados en situación de pobreza comprobada, mediante la investigación socio-económica atinente, defendiéndolos en juicio, por escrito o de palabra, sin más derecho que la de percibir el sueldo que les asignare la Corte Suprema de Justicia. 2.- Atender las consultas de carácter jurídico y dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se les consulte por personas pobres u organizaciones obreras, patronatos o de campesinos, siempre que estás demuestren carecer de posibilidad para contratar libremente a profesional del derecho.3 3.- Contribuir en la medida de sus capacidades con la celeridad de los procesos penales, el ejercicio de los recursos de manera oportuna y fundamentada, conduciéndose con lealtad procesal, respecto del órgano judicial y de la contraparte. SECCIÓN III DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS Artículo 5.- Para ser nombrado defensor público se requiere lo siguiente: a) Tener el título de Abogado, Doctorado en Leyes, o Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. b) Contar con experiencia en el ejercicio libre de la profesión del Derecho por más de tres años, contados a partir e su inscripción en el Colegio de Abogados o bien haber servido como Juez o Magistrado por más de cinco años. c) Haberse sometido al concurso y obtenido la nota de elegibilidad correspondiente; además de haberse comprobado ser de buenas costumbres. d) Hallarse en el ejercicio de los derechos civiles y políticos y mantenerse solvente con el Colegio de Abogados. Artículo 6.- Los defensores públicos gozarán de autonomía funcional, sin menoscabo del orden disciplinario impuesto con el propósito de garantizar la eficiencia prestación del servicio. SECCIÓN IV DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS Artículo 7.- Son obligaciones de los defensores públicos, las siguientes: 1. Defender a los imputados que hubiesen comprobados carecer de recursos económicos directos o indirectos, para procurar su defensa.4 2. Seguir el juicio en todas las instancias, observando siempre una conducta procesal ética y eficiente. 3. Tener siempre al procesado al corriente del curso de la causa, que se le sigue. 4. Interponer todos los recursos que, con el debido fundamento considere procedente y que a su defendido correspondan legalmente. 5. Asistir puntualmente a todas las diligencias y actos que el Órgano Judicial disponga en las diligencias respectivas. 6. Cumplir, con un mínimo de ocho (8) horas diarias de trabajo. 7. Informar por escrito a su superior jerárquico de sus actuaciones y en períodos no mayores de treinta días. SECCIÓN V DE LOS DERECHOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS Artículo 8.- Corresponden a los defensores públicos los derechos consignados en la Ley de la Carrera Judicial. Artículo 9.- Los viáticos les serán asignados conforme lo dispone el Reglamento Especial vigente en el Poder Judicial. SECCIÓN VI DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE LA DEFENSA PÚBLICA Artículo 10.- El Programa de la Defensa Pública será ejecutado bajo la dirección supervisión y administración de un Director Nacional, con la asistencia de un Sub- Director Nacional y los Coordinadores Regionales. Artículo 11.- Para ser nombrado Director Nacional del Programa de la Defensa Pública, es necesario ser Abogado y reunir los requisitos establecidos en el presente Reglamento y ser seleccionado mediante concurso. De igual manera se procederá respecto del Sub-Director y los Coordinadores Regionales.5 Artículo 12.- Los Coordinadores Regionales distribuirán los casos o asuntos de un modo equitativo, entre los defensores nombrados, según las necesidades de cada región y enviarán informe trimestral de sus operaciones al Director Nacional, con copia a la Comisión de Reforma Judicial y a la Corte Suprema de Justicia. El Director Nacional remitirá a la Corte Suprema de Justicia, un informe semestral de sus actividades con copia a la Comisión de Reforma Judicial. Artículo 13.- El Director Nacional deberá contribuir con su asesoramiento y consejos oportunos en los casos que estén siendo procurados a través del beneficio del programa. Artículo 14.- Los Coordinadores Regionales tendrán a su cargo la responsabilidad del programa en la región que se les asignare y actuarán bajo en el orden jerárquico del Director Nacional de quien recibirán las instrucciones u ordenanzas que fueren necesarias, especialmente de orden disciplinario o procesal. Artículo 15.- Los defensores públicos, sin perjuicio de su autonomía funcional, atenderán las órdenes, instrucciones u ordenanzas que provengan del Director Nacional o del Coordinador de la región asignada, asimismo, se abstendrán de ejercer la profesión en forma particular o privada, incluyendo del Notariado. SECCIÓN VII DISPOSICIONES GENERALES Artículo 16.- Quedan incorporados al programa de la defensa pública, los que a la fecha de entrar en vigencia este Reglamento se encuentren realizando dichas funciones mediante contratación o acuerdo. Artículo 17.- En lo no previsto en este Reglamento, se estará en lo que dispongan la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, la Ley de Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, la Ley de la Carrera Judicial con sus respectivos Reglamentos y los Acuerdos que la Corte Suprema de Justicia emita. Artículo 18.- La Corte Suprema de Justicia, es responsable de brindar el apoyo logístico, los recursos humanos, el mobiliario, útiles y equipo de oficina necesarios6 para el buen funcionamiento de la defensa pública, utilizando para ello fondos propios o externos según los convenios. Articulo 19.- El presente reglamento entrará en vigencia el día de su aprobación por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, y deberá ser publicado en el Diario Oficial LA GACETA. Dado en el Salón de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a los dieciocho días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. MIGUEL ANGEL RIVERA PORTILLO PRESIDENTE.- RIGOBERTO ESPINAL IRIAS.- JOSE MARÍA PALACIOS.- DARÍO HUMBERTO MONTES M.- BLANCA E. VALLADARES.- EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- ANGEL RAMON MENA.- CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO.- FLORENCIA MARTEL CRUZ, LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA. Publicado en el Diario Oficial LA GACETA Número 27,464 de fecha 29 de septiembre de 1994. Documentos relacionados
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