Source: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdpfl.htm
Timestamp: 2018-01-20 15:47:24+00:00

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Elaboración de leyes nacionales para aplicar la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal - CICR
Elaboración de leyes nacionales para aplicar la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal
Elementos que han de tenerse en cuenta al elaborar leyes de aplicación
Ejemplos de normas de aplicación
Lista de los Estados que han promulgado leyes nacionales
La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (en adelante, la Convención) proporciona un marco completo para acabar con el sufrimiento que causan estas armas. Las obligaciones esenciales que contiene están destinadas a eliminar las minas antipersonal (AP) y prestar asistencia a las víctimas de minas y las comunidades afectadas por ellas.
Cada Estado Parte en la Convención se compromete a:
Ÿ nunca y bajo ninguna circunstancia emplear, desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas AP o ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a ello (artículo 1);
Ÿ destruir o asegurar la destrucción de todas las existencias de minas AP que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado (artículos 1 y 4);
Ÿ destruir o asegurar la destrucción de todas las minas AP colocadas en zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado y, hasta que se efectúe esa destrucción, marcar y vigilar todas las zonas minadas donde se sepa o se sospeche que haya minas (artículo 5);
Ÿ si está en condiciones de hacerlo, proporcionar asistencia para la destrucción de las existencias de minas AP, limpieza de zonas minadas y programas de sensibilización al peligro de las minas, así como para el cuidado, la rehabilitación y la reintegración económica y social de las víctimas de las minas (artículo 6);
Ÿ presentar un informe al Secretario General de las Naciones Unidas no más tarde de 180 días después de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado, y luego anualmente, a más tardar el 30 de abril de cada año (artículo 7);
Ÿ dar acceso a las misiones de determinación de hechos autorizadas de conformidad con el artículo 8, y facilitar su labor;
Ÿ imponer sanciones penales para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida por esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control (artículo 9);
Para cumplir sus obligaciones dimanantes de la Convención, los Estados Partes deben tomar una serie de medidas –legislativas, administrativas y de otra índole– para hacer efectiva la Convención.
La disposición esencial relativa a la aplicación legal de la Convención es el artículo 9, en el que se estipula que:
“Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados Partes conforme a esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.”
La finalidad de esta carpeta informativa es ayudar a los Estados a elaborar una legislación que permita aplicar la Convención. En ella se determinan los elementos necesarios para elaborar esas leyes.
Varios Estados pertenecientes tanto a la tradición del derecho civil como del derecho anglosajón han promulgado una normativa para cumplir sus obligaciones convencionales. Esto puede lograrse mediante la aprobación de unas leyes nuevas o independientes o modificando las disposiciones existentes en el derecho nacional. La carpeta informativa se centra en las normas legales independientes; se adjuntan como ejemplos a la presente carpeta leyes aprobadas por España, Francia, Mali, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Trinidad y Tobago (en las lenguas originales).
2. ELEMENTOS QUE HAN DE TENERSE EN CUENTA AL ELABORAR LEYES DE APLICACIÓN
Las leyes de aplicación han de estipular sanciones penales (sección 2.1). Han de contener asimismo disposicion es relativas a las definiciones (sección 2.2), los componentes de las minas AP (sección 2.3), la destrucción y la remoción de las minas (sección 2.4), la presentación de informes (sección 2.5) y las misiones de determinación de hechos (sección 2.6).
2.1 Responsabilidad penal individual por actividades prohibidas por la Convención
En el artículo 9 de la Convención, se estipula que los Estados Partes deben imponer sanciones penales para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida por la Convención cometida por personas o en el territorio bajo su jurisdicción o control. De conformidad con el artículo 1 de la Convención, se prohíbe a los Estados Partes emplear, desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas AP. Está prohibido también ayudar, estimular o inducir a quienquiera y de la manera que sea a participar en una actividad prohibida.
Los Estados Partes deben velar por que sus leyes de aplicación:
impongan una responsabilidad penal individual por las actividades prohibidas por la Convención (véase sección 2.1.2);
permitan excepciones a la responsabilidad penal, como se estipula, en ciertos casos, en el artículo 3 de la Convención (véase sección 2.1.3);
impongan sanciones penales proporcionales a la gravedad de la infracción (véase sección 2.1.4);
establezcan una jurisdicción sobre las actividades prohibidas realizadas por personas o en el territorio bajo su jurisdicción o control (sección 2.1.5).
2.1.2 Responsabilidad penal individual
Las normas legales de aplicación deben imponer la responsabilidad penal individual por todas las actividades prohibidas por el artículo 1 de la Convención, incluidas las de ayudar, estimular o inducir a quienquiera que sea a participar en esas actividades.
Además, las leyes de aplicación de algunos Estados contienen disposiciones específicas relativas a la responsabilidad de las personas jurídicas.
2.1.3 Excepciones
El artículo 3(1) de la Convención autoriza la retención o la transferencia de una cantidad de minas AP para el desarrollo de técnicas de detección, remoción o destrucción de minas y el adiestramiento en estas técnicas. El número de estas minas AP retenidas o transferidas no deberá exceder la cantidad mínima absolutamente necesaria para esos fines. En virtud del artículo 3(2), también está permitida la transferencia de minas AP cuando se realiza para su destrucción.
Es posible que los Estados Partes deban incluir estas excepciones en sus leyes de aplicación. Algunos Estados estipulan la cantidad máxima de minas AP que pueden ser retenidas o transferidas para el desarrollo de técnicas de detección, remoción o destrucción de minas y el adiestramiento en estas técnicas.
2.1.4 Sanciones penales
En el artículo 9 de la Convención, se estipula que los Estados Partes deben imponer sanciones penales cuando se comentan actividades prohibidas por la Convención, sin especificar qué sanciones han de aplicarse.
Los Estados Partes deben velar p or que en sus leyes de aplicación se promulgan establezcan sanciones penales que guarden relación con la índole y la gravedad de la infracción y se avengan con el régimen de sanciones aplicable a otros delitos. Las leyes de aplicación suelen establecer que los infractores están sujetos a una pena de prisión y/o a una multa.
Los Estados Partes tal vez deseen incluir asimismo una disposición en su normativa de aplicación que permita la incautación o confiscación de las minas AP o de otros objetos prohibidos (sobre todo de los componentes de minas AP, véase sección 2.3) cuando se comete una infracción.
2.1.5 Jurisdicción
Según el artículo 9 de la Convención, los Estados Partes deben imponer sanciones penales cuando se cometan actividades prohibidas por la Convención por personas o en un territorio bajo su jurisdicción o control.
Los Estados Partes deben velar por que en sus leyes de aplicación se establezca la jurisdicción en materia de infracciones cometidas en el territorio del Estado, o en otro territorio que controle, así como de los actos que cometan los ciudadanos de ese Estado fuera de su territorio.
Los Estados Partes han de velar por que las normas de aplicación contengan definiciones conformes con las establecidas en el artículo 2 de la Convención.
En el artículo 2 de la Convención se definen los términos “minas antipersonal”, “mina”, “dispositivo antimanipulación”, “transferencia” y “zona minada”. Las leyes de aplicación deberán incluir la definición de cada uno de estos términos, o una referencia a las definiciones contenidas en la Convención. Si las definiciones se incluyen en la legislación, éstas deberán ser acordes con el texto de la Convención, con lo cua l se evitarán discrepancias entre la Convención y el derecho nacional, así como escapatorias poco deseables.
Además de las definiciones contenidas en la Convención, algunos Estados de derecho anglosajón han incorporado en las medidas de aplicación definiciones de términos tales como “componente”, “Convención”, “misión de determinación de hechos”, “locales” y “objeto prohibido”.
2.3 Componentes de minas AP
En el artículo 1 de la Convención, se prohíben el empleo, el desarrollo, la producción, la adquisición, el almacenamiento, la retención o la transferencia de minas AP. La prohibición se extiende a personas que ayuden, alienten o induzcan a otros a participar en actividades prohibidas.
Aunque la Convención no se refiere explícitamente a los componentes de las minas AP, algunos Estados han clasificado como “objetos prohibidos” los componentes concebidos o adaptados para formar parte de una mina AP, especificando que la posesión, la adquisición o la transferencia de éstos es una infracción.
2.4 Destrucción de las existencias y limpieza de zonas minadas
En virtud de los artículos 4 y 5 de la Convención, cada Estado Parte debe destruir o garantizar la destrucción de:
todas las existencias de minas AP que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado;
todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado.
Varios Estados han incluido en s us normativas de aplicación disposiciones que facilitan la destrucción y la remoción de las minas AP, otorgando así poder para entrar y buscarlas en los locales que sea necesario, así como para recoger y transferir las minas AP para su destrucción. Para los Estados que tienen minas AP almacenadas o zonas minadas bajo su jurisdicción o control, disposiciones como éstas pueden ser útiles para facilitar los programas de destrucción y remoción de minas.
Las leyes de aplicación de algunos Estados contienen una disposición por la que se establece una fecha específica para concluir la destrucción de las existencias. Esta disposición puede servir para garantizar que se cumpla el plazo establecido en la Convención.
Es posible que sea necesario incluir una disposición en la que se estipule el señalamiento, la vigilancia y la protección de las zonas bajo jurisdicción o control del Estado donde se sepa o se sospeche que hay minas, mediante cercas u otros medios, a fin de garantizar la efectiva exclusión de personas civiles hasta que haya terminado la limpieza de todas esas zonas.
2.5 Informes anuales
En virtud del artículo 7 de la Convención, los Estados Partes deben presentar un informe al Secretario General de las Naciones Unidas. Un informe inicial debe remitirse a más tardar 180 días después de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado. La información contenida en el informe inicial debe actualizarse anualmente a fin de cubrir el año natural precedente y remitirse, a más tardar, el 30 de abril de cada año.
Estos informes deben proporcionar información sobre diversos asuntos, incluida las medidas nacionales de aplicación adoptadas en cumplimiento del artículo 9, la cantidad total de minas AP almacenadas, la ubicación de todas las zonas minadas, la cantidad de minas retenidas de conformidad con el artícul o 3, la realización de programas de destrucción y las medidas tomadas para alertar a la población civil sobre todas las zonas minadas. Los Estados Partes pueden también informar voluntariamente sobre otras cuestiones pertinentes, no especificadas en los requisitos oficiales del informe contenidos en el artículo 7, tales como la ayuda prestada para la asistencia médica y la rehabilitación, así como para la reinserción económica y social de las víctimas de las minas.
Los Estados Partes deberán estudiar si las leyes de aplicación han de conferir poderes para recopilar información al ministro responsable de presentar estos informes y exigir la divulgación de información sobre las minas AP. Es posible que los Estados deban revisar las leyes nacionales para que éstas no impidan el acceso a la información necesaria para cumplir la obligación de presentar el informe prescrito en el artículo 7, ni su divulgación.
La Reunión de los Estados Partes en la Convención ha aprobado un modelo de informe que deben utilizar los Estados en la redacción de esos informes. Este modelo puede pedirse al Departamento de Asuntos sobre Desarme, Naciones Unidas, S-3100, Nueva York, NY 10017 (por correo electrónico, a: malinova@un.org) u obtenerse en el siguiente sitio web: www.un.org/depts/dda.
2.6 Misiones de determinación de hechos
El artículo 8 de la Convención estipula un procedimiento de esclarecimiento que puede utilizarse si un Estado Parte desea aclarar cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Convención por otro Estado. Las medidas abarcan desde la solicitud de aclaración a las misiones de determinación de hechos.
Cada Estado Parte debe garantizar que puede cooperar con una misión de determinación de hechos autorizada a llevar a cabo sus actividades en su territorio o en el territorio bajo su control, en virtud del ar tículo 8. Ello puede precisar la aprobación de medidas legales, reglamentarias y administrativas para:
garantizar que los miembros de la misión de determinación de hechos disfrute de los privilegios e inmunidades especificadas en la Convención (artículo 8(10));
recibir, transportar y alojar a los miembros de la misión y garantizar su seguridad en la mayor medida posible (artículo 8(11));
autorizar a la misión de determinación de hechos a introducir el equipo necesario para recopilar información sobre el supuesto incumplimiento en el territorio del Estado (artículo 8(12));
dar a la misión de determinación de hechos la oportunidad de hablar con las personas que puedan proporcionar información pertinente (artículo 8 (13));
permitir el acceso de la misión de determinación de hechos a todos los lugares e instalaciones bajo el control del Estado (artículo 8 (14)).
La normativa de aplicación de la mayoría de los Estados contiene disposiciones relativas a toda estas cuestiones o parte de ellas. Es posible que los Estados deseen analizar si la legislación debe establecer sanciones cuando se facilita informaciones falsas o fraudulentas o cuando se impide a cualquier miembro de una misión de determinación de hechos ejercer sus funciones o poderes de conformidad con la Convención.
3. EJEMPLOS DE NORMAS DE APLICACIÓN
En el Anexo 1 figura una lista de los Estados que han promulgado leyes de aplicación. En el Anexo 2 se exponen algunos ejemplos (en los idiomas originales) de leyes de aplicación aprobadas por algunos Estados: España, Francia, Malí, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Trinidad y Tobago. Los ejemplos se han seleccionado para proporcionar diversas normas de Estados de derecho civil y derecho anglosajón o common law , en varios idiomas. En el sitio web siguiente: www.icrc.org/ihl-nat se pueden consultar otros ejemplos de normas legales.
Cabe puntualizar que incumbe a cada Estado Parte garantizar que cumple plenamente sus obligaciones de conformidad con la Convención, según su sistema jurídico, la constitución y otras disposiciones legislativas. La selección de las normativas de aplicación anexas a esta carpeta informativa no significa que las respaldemos como los medios más adecuados para aplicar la Convención ni supone una evaluación de la adecuación de la legislación para cumplir las obligaciones dimanantes de la Convención.
Es conveniente asimismo recordar que hay otras obligaciones dimanantes de la Convención cuya aplicación puede requerir medidas administrativas o prácticas. Entre ellas figuran la limpieza de zonas minadas, la prestación de asistencia médica y rehabilitativa a las víctimas de las minas, así como de ayuda a los países afectados por las minas. Son asimismo importantes la necesidad de revisar las licencias de exportación, notificar las industrias implicadas en la producción y la venta de minas AP y cambiar la doctrina militar.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, por medio de su Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, está a la disposición de los Gobiernos para aconsejarlos y facilitarles la documentación que necesiten sobre la aplicación del derecho internacional humanitario a nivel nacional. Se puede tomar contacto con la Institución a través de la delegación del CICR más próxima o la dirección que se indica má s abajo.
(actualizado al primer de mayo de 2001)
Los Estados mencionados más abajo han promulgado leyes nacionales para aplicar la Convención. Información adicional sobre leyes nacionales promulgadas por otros Estados está bienvenida.

References: artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8