Source: https://www.scribd.com/document/136179319/Monografia-Derecho-Penal-i
Timestamp: 2018-08-19 04:30:06+00:00

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1.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” (artículo 2, numeral 24, inciso d, Constitución). Así también se expresa el artículo II del Título Preliminar del Código Penal ( ). Este es el principal límite de la violencia punitiva que el sistema penal del Estado ejercita, se trata de un límite típico de un Estado de Derecho. Esta violencia se realiza bajo el control de la ley, de manera que toda forma de violencia ilícita que provenga del sistema penal (torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, etc.) deberán ser consideradas conductas prohibidas ( ). El principio de legalidad limita el ejercicio de la función punitiva estatal exclusivamente a las acciones u omisiones previstas en la ley como infracciones punibles: nullum crimen, nulla poena sine lege. A partir de esta limitación, se constituye como una garantía de la administración de justicia la prohibición de la analogía (artículo 139, numeral 9, Constitución; art. III Titulo Preliminar, Código penal), de manera que la pena sólo se aplica a los tipos de lo injusto taxativamente previstos en la ley penal sin que exista la posibilidad de aplicar analógicamente características descriptivas o normativas de los mismos. 1.2 PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE LA ANALOGÍA
no constituye un criterio sólido”( ). numeral 9. si son favorables. es decir. en todo caso. Pero la fórmula del sentido literal posible de los términos utilizados en el texto legal. el “sentido literal posible” como límite extremo””( ). en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales” (artículo 6. la analogía favorable (analogía in bonam partem) es aceptada ( ) a través de los procesos. Por el contrario.“No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta. no resulta fácil establecer una distinción entre interpretación admitida y analogía prohibida. el punto de partida. aquella que extiende los efectos de la punibilidad. Constitución). La analogía puede ser entendida como el proceso por el cual son resueltos los casos no previstos por la ley. Una posición bastante difundida. La prohibición por analogía sólo se aplica a la analogía perjudicial para el inculpado (analogía in malen partem). lo que no lo esté será interpretación analógica no autorizada si es desfavorable al autor. se aplicará la más favorable al reo.3 PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD “La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. condiciones procesales y de ejecución penal. por ende. Está prohibido aplicar por analogía la ley penal en perjuicio del inculpado. La prohibición por analogía supone que el juez no puede asumir función de legislador. Por el contrario. No obstante. Código penal) (artículo 103. Sin embargo. tampoco es satisfactoria. Código penal)(artículo 139. puede trazar los límites de la interpretación correcta. esta prohibición se constituye como una garantía de la administración de justicia. 1. “”Debe respetarse. Constitución). El texto legal brinda. características de los tipos de lo injusto. Se excluye la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley penal (penas. “Solamente una precisa descripción de la idea legal fundamental orientada a los hechos respectivos tipificadores de lo ilícito y de la culpabilidad. segundo párrafo. aunque sin embargo. Por ejemplo: interpretación que extienda analógicamente circunstancias atenuantes o causales de exclusión de la punibilidad. extendiéndoles a ellos las disposiciones previstas para casos semejantes (analogía legis) o están deducidos de los principios generales del derecho (analogía juris)( ). definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde” (artículo III del Título Preliminar. considera que lo decisivo es el texto legal: todo lo que esté cubierto por el texto será interpretación justificada. la Constitución ordena aplicarlas retroactivamente (retroactividad benigna). etc. en ese sentido. . de interpretación de la ley penal.) cuando son desfavorables al inculpado.
Las ofensas menores son objeto de otras ramas del ordenamiento jurídico( ). medios e instrumentos”( ). porque permite al mismo tiempo evitar las tendencias autoritarias y ubicar al Derecho Penal en su verdadera posición dentro del ordenamiento jurídico( ). dentro de un Estado social y democrático de Derecho sólo se justifican en la tutela de un valor que necesita de la protección penal( ). Al referirse a este principio. No será suficiente determinar la idoneidad de la respuesta. sino que las leyes penales. Por ello. Por eso. Así. un límite importante. Este principio de la necesidad de la intervención estatal es. ya que de lo contrario generaría una lesión inútil a los derechos fundamentales( ). el Derecho Penal sólo debe intervenir en la vida del ciudadano en aquellos casos donde los ataques revisten gravedad para los bienes jurídicos de mayor trascendencia.4 PRINCIPIO DE LA NECESIDAD O DE MÍNIMA INTERVENCIÓN El Estado sólo puede emplear la pena cuando está en situación de explicar su necesidad para la convivencia social ( ) para mantener el orden democrático y social establecido (artículo 43. la jurisprudencia nacional expresa que “el principio de Mínima Intervención del derecho penal es compatible con la del Estado Social. Constitución). La ley no se transforma en un instrumento al servicio de los que tienen el poder punitivo.para la protección del mismo ciudadano”( ). entonces perderá su justificación.( ). pues.1.su presencia debe ser absolutamente imprescindible y necesaria. Aquí no se trata de proteger a los bienes jurídicos de cualquier peligro que los aquejan ni buscándolo a través de mecanismos más poderosos. ello enlazaría con la tradición liberal que arranca Beccaria y que postula las humanización del Derecho Penal: se parte de la idea de que la intervención penal supone una intromisión del estado en la esfera de libertad del ciudadano. si “el hecho de que el Estado eche mano de la afilada espada del Derecho penal cuando otras medidas de política social puedan proteger igualmente e incluso con más eficacia un determinado bien jurídico” ( ). seleccionando los objetos. . que sólo resulta tolerable cuando es estrictamente necesaria -inevitable. supondría una vulneración de este principio. En un Estado social. este principio conduce a la exigencia de utilidad. sino que además es preciso que se demuestre que ella no es reemplazable por otros métodos de control social menos estigmatizantes. pero si su intervención resulta inútil. Por eso. el Derecho Penal se legitima sólo cuando protege a la sociedad. rechazándose la idea de un Estado represivo como protector de los intereses de las personas. Sabemos que la pena es un mal irreversible y una solución imperfecta que debe utilizarse cuando no haya más remedio( ). para que intervenga el Derecho Penal -junto a sus graves consecuencias. sino de “programar un control razonable de la criminalidad.
En segundo lugar. exigiendo además.Por último.Estos límites a la función punitiva estatal. Así también lo cree la jurisprudencia( ): “con relación a la función que el Derecho Penal desarrolla a través de sus sanciones. pues la afirmación de que el Derecho Penal constituye la última ratio entre los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de la sociedad. es difícil pensar en la existencia de un bien jurídico que sólo sea defendible por el Derecho Penal”( ). defendiendo al bien jurídico sólo contra aquellos ataques que impliquen una especial gravedad. Los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos por otras ramas del derecho o por otras formas de control social. puede convertir al Estado en uno policial en el que sería insoportable la convivencia. tipificando sólo una parte de lo que en las demás ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico. Ejemplo: una determinada política social. dejando. El carácter fragmentario del Derecho Penal consiste en que no se le puede utilizar para prohibir todas las conductas. administrativas antes que penales. este principio tiene derivaciones que deben ser tomadas en cuenta por el Estado cuando dispone intervenir y sancionar ciertas conductas. Principio de Fragmentariedad. . en el sentido que sólo debe recurrirse al Derecho Penal cuando han fallado todos los demás controles sociales. El Derecho Penal debe ser el último recurso que debe utilizar el Estado. sanciones civiles. sin castigo las acciones meramente inmorales. en este sentido. como lógica consecuencia. ha de afirmarse su carácter subsidiario o secundario. a. . debería implicar. Principio de Subsidiaridad Se trata de la última ratio o extrema ratio( ). en principio.En primer lugar. En este orden de ideas. que el Derecho Penal está subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos gravosos para el individuo de que dispone el Estado. . deben ser tomadas siempre en cuenta por el legislador. b. determinadas circunstancias y elementos subjetivos. debido a la gravedad que revisten sus sanciones. “El derecho punitivo no castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos sino las que revisten mayor entidad”( ). Un aumento exagerado de criminalización de conductas. Para determinar la fragmentariedad de la selección penal se pueden seguir los siguientes fundamentos( ): .
necesariamente. sino que además es necesario que dicha conducta haya puesto en peligro o lesionado a un bien jurídico determinado. código penal). no nos referimos a la protección de todos los bienes jurídicos. “La pena. con ello. ““El concepto de “bien jurídico” es. Por ello. el Estado intervendría limitando su función punitiva ( ). Jurisprudencia( ): “El título preliminar de nuestro ordenamiento penal enarbola un conjunto de principios garantistas consagrando entre ellos: el de lesividad. de allí que el sujeto pasivo siempre es un elemento integrante del tipo penal en su aspecto objetivo. titular del bien o bienes muebles afectados. Cuando nos referimos a la protección de bienes jurídicos. la absolución en cuanto a este extremo se refiere”( ). No sólo el Derecho Penal puede intervenir exclusivamente en su protección. el de intervención mínima sería un límite demasiado vago. Si se obviara este principio. Por el contrario. según corresponda la naturaleza del mismo. en la comisión de un delito tiene que determinarse. en consecuencia para la configuración del tipo penal de hurto agravado es imprescindible individualizar al sujeto pasivo. necesariamente se requiere de la lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley”( ). al sujeto pasivo que haya sufrido la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la norma penal. aquí juega un papel importante el principio de fragmentariedad y de subsidiaridad. . precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley”(artículo IV del título preliminar. De acuerdo al principio de lesividad u ofensividad. por el que para la imposición de la pena. por lo tanto al no encontrase identificado trae como consecuencia la atipicidad parcial o relativa. para que una conducta sea considerada ilícita no sólo requiere una realización formal. En el mismo sentido la jurisprudencia nacional: “Debe de tenerse en cuenta que la protección de bie nes jurídicos no sólo se alcanza a través del Derecho Penal. pues. de lo contrario resulta procedente. con la existencia de este principio se debe precisar qué es lo protegido y. sino que a ello ha de cooperar el instrumental de todo ordenamiento jurídico”( ).Este principio una directriz política criminal.5 PRINCIPIO DE EXCLUSIVA PROTECCIÓN DE LOS BIENES JURÍDICOS. ya que determina en el legislador hasta qué punto puede transformar determinados hechos punibles en infracciones o no serlos ( ). Se le identifica con la máxima “nullum crimen sine inuria”. más amplio que el de “bien jurídico – penal””( ). sino también otros medios de control social. 1. Jurisprudencia( ): “El principio de lesividad en virtud del cual.
Tercero. este principio tiene una gran importancia en un Estado social. Se debe buscar una pena humanitaria en el sentido que se ejecute sin crueldad ni sufrimientos innecesarios para el penado. una política o una religión. sino que también limita y circunscribe la intervención punitiva del Estado( ). Pero tal protección se debe entender que actúa ante la puesta en peligro o la lesión del bien jurídico.Segundo. proteger bienes jurídicos esenciales para el hombre y la sociedad( ). Según el principio de lesividad. religiosa o política. ya que esto depende de una elección libre del ciudadano. Por ello. individual o colectivo”( ). proteger bienes jurídicos. Este principio no sólo expone la función que debe cumplir el Derecho Penal.6 PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y HUMANIDAD DE LAS PENAS También llamado principio de proscripción de la crueldad ( ) se le ha considerado en la actualidad como el pensamiento central de la ejecución penal ( ) y uno de los límites primordiales en un Estado democrático ( ). todos los preceptos penales deberán por principio. debido a que la potestad punitiva del Estado debe estar al servicio de la mayoría de los ciudadanos. entendido como la afectación de un bien jurídico total o parcialmente ajeno. “ningún derecho puede legitimar una intervención punitiva cuando no media por lo menos un conflicto jurídico. se debe tutelar intereses que pretenda toda la sociedad y no un grupo determinado. se rechaza aquellas sanciones penales que buscan . tomando en cuenta los lineamientos del derecho de los derecho humanos ( ).Primero. sobre las que afectan el ejercicio de la independencia y autonomía ética. . democrático de Derecho( ). 1. es decir. . estos intereses deben ser abarcados por la mayoría de la sociedad y no una parte de ésta.La intervención del Estado sólo se legitima cuando protege intereses que deben reunir dos notas esenciales: primero. Según los postulados de este principio se rechaza por cruel toda sanción penal que resulte brutal en sus consecuencias para el sujeto. y comprende las siguientes consecuencias ( ): . más bien debe ser lo contrario. Además. y segundo. las penas no deben de recaer sobre el ejercicio de tal libertad. Asimismo. un Estado no puede pretender imponer un moral. hay que tener en cuenta que una intervención penal sólo se justifica si se hace con la finalidad de.
es decir. detrás de medidas punitivas de naturaleza drástica como la cadena perpetua subyace una cosificación del penado. no está sujeta a límites en el tiempo. La dignidad del individuo es el límite material que debe respetar un Estado democrático a fin que fije los topes de la dureza de las penas. tal libertad tiene un límite de orden temporal. y que ello se realice con respeto a su autonomía individual. donde muchas veces el número de internos excede la capacidad con que fue creado dicha construcción penitenciaria”( ).mantenerse hasta la muerte de la persona. En el ámbito penitenciario. ya que implicaría admitir la existencia de una persona innecesaria( ). Constitución). sin embargo. “No debe denigrarse más al recluso hacinándolo en establecimientos carentes de higiene. En relación a la cadena perpetua. pues éste termina considerado como un objeto de la política criminal del Estado. inciso 21. Existen instrumentos internacionales como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos( ). 010 -2002-AITC). 183. tomando en cuenta la sensibilidad por el daño que causan a aquellos quienes las sufren( ). En el momento de la aplicación de la pena. el Tribunal señala que “en su regulación legal actual. Sentencia del 3 de enero del 2003. los reclusos y sentenciados tienen el derecho a ocupar establecimientos adecuados (artículo 139. cualquiera sea la etapa de ejecución de la pena. en esa medida. Toda consecuencia jurídica debe terminar en algún tiempo pero nunca debe rebasar más allá de la vida del penado ni ser perpetua. 25659. “rehabilitación” y “reincorporación” como fines del régimen penitenciario se deriva la obligación del legislador de prever una fecha de culminación de la pena. in fine) ( ). el respeto por la dignidad humana adquiere vital importancia. así como sus normas complementarias y conexas-. Sin embargo. de manera tal que permita que el penado pueda reincorporarse a la vida comunitaria. directamente relacionado con la exigencia constitucional de que el penado se reincorpore a la sociedad”(Num. sobre el cual -porque nunca . sin embargo carece de un final y. sobre este principio ha señalado que “”las exigencias de “reeducación”. así el Tribunal Constitucional señala que “comporta la obligación estatal de realizar las medidas adecuadas y necesarias para que el infractor de determinados bienes jurídicos-penales pueda reincorporarse a la vida comunitaria. es intemporal. El Tribunal Constitucional –en la sentencia emitida sobre la inconstitucionalidad de los Decretos Leyes N°s. pues si tiene un comienzo. 25708 y 25880. Si bien el legislador cuenta con una amplia libertad para configurar los alcances de la pena. y aunque no se exprese. 25475. Reglas para la protección de los menores privados de libertad( ) o el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión( ) que están orientadas a garantizar que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Exp. niega la posibilidad de que el penado en algún momento pueda reincorporarse a la sociedad” (Num. 182.
La ley penal prescribe toda forma de responsabilidad objetiva”. responsabilidad objetiva”( ). tampoco habrá la necesidad de realizar las medidas adecuadas para su rehabilitación” (Num. o incluso en la renuncia a toda pena(. uno referido a la necesidad de establecer la responsabilidad penal para posibilitar la imposición de la pena. in fine). se puede decir que las penas corporales ya han desaparecido.. pero no se puede decir lo mismo con la pena de muerte. De cualquier manera el legislador peruano abandona la redacción de los proyectos de agosto de 1984 (artículo IV) y de abril de 1986 (artículo IV): “No hay hecho punible sin culpabilidad. a otra que se basaba en las penas privativas de libertad. por el cual se incide en el imperativo de establecer la responsabilidad penal del autor para facilitar la imposición de la pena.7 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL “La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. "En nuestros días se aprecia una importante y progresiva sustitución de las penas privativas de libertad por otras penas menos lesivas como la multa o el trabajo en beneficio de la comunidad. y hasta por otras medidas consistentes simplemente en la suspensión del cumplimiento de la pena o de su propia imposición. Título Preliminar. 187. En este sentido la jurisprudencia entiende que( ): “El artículo sétimo del Título preliminar del Código penal consagra el principio de responsabilidad o culpabilidad. Recuérdese que algunos prefieren usar el término “responsabilidad” al de “culpabilidad” para evitar cualquier vinculación. proscribiendo por consiguiente toda forma de responsabilidad por el resultado. Hoy se pide que la pena privativa de libertad tenga un límite máximo de quince años. También se atenúa paulatinamente la gravedad de la pena señalada a los delitos. aunque se trate de una aspiración no realizada en la mayoría de los países" ( )( ). acogiendo la actual.). esto es. Deben destacarse dos aspectos. En esta línea se inscribe también la tendencia internacional a la despenalización de ciertas conductas antes punibles. aún cuando otros consideran innecesario esto. dejando de lado una disposición muy comprometida con los criterios retributivos. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva” (artículo VII. . con el criterio retributivo. aunque existe una tendencia abolicionista ( ). Actualmente. y el otro que implica la exclusión de la responsabilidad por el resultado( ). 1. Este principio tiene su origen en la revolución francesa de 1789 y la posterior promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano donde se buscó la reivindicación de una humanización ante el rigor de las penas que preveía el Antiguo régimen..tendrá la oportunidad de ser reincorporado-. Código penal). pues la culpabilidad se puede fundar en criterios preventivos( ). Se pasó de un sistema penal que contenía entre sus consecuencias penales la pena de muerte y las penas corporales.
El principio de responsabilidad o de culpabilidad al que nos referimos ( ). que la esencia de la culpabilidad no se haya en el carácter del autor. Se protege al agente de todo exceso en la reacción represiva del Estado( ). como fundamento de la pena se refiere a la cuestión de si procede imponer una pena al autor de un hecho típico y antijurídico. . definen los límites dentro de los que pueden desarrollarse la teoría del delito y la determinación de la pena. Hay que tener en cuenta. Los fundamentos de este principio son el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona( ). “Con la pena se reprocha al autor una transgresión al derecho. como fundamento o elemento de la determinación o medición de la pena. Por lo pronto. reduciendo las formas de imputación de un resultado al dolo o a la imprudencia. Principio de dolo o culpa Como consecuencia de que el principio de responsabilidad impide imputar a un sujeto un resultado imprevisible es que la imputación se hace a través de estructuras dolosas e imprudentes. En este caso se asigna a la culpabilidad una función limitadora que impida que la pena pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos límites que vienen aplicadas por la idea misma de la culpabilidad y otros como la importancia de los bienes jurídicos. debido a que estos van a determinar el objeto que se imputa en la teoría del injusto( ). es también conocido por la máxima “nulla poena sine culpa”.En el Derecho Penal. Junto al principio de lesividad. su gravedad y su duración. la pena sólo puede basarse en la circunstancia que al autor debe reprocharle personalmente su hecho( ). Dejamos claro de que no estamos diciendo que el dolo y la imprudencia sean elementos de la culpabilidad pues su ubicación correcta se encuentra en lo injusto. es decir. es decir. ello presupone la reprochabilidad.Por un lado.Como lo contrario a la responsabilidad por el resultado. a. podemos decir que el Estado sólo intervendrá cuando un miembro de la comunidad ha actuado culpablemente. en otras palabras. se evita la vulneración de la dignidad de la persona( ). ni en la conducta sino en la posibilidad de haber actuado de otra manera. al término de culpabilidad se le asignan una triple significación( ): . .Por otro lado. etc. De esta manera el principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado imprevisible. La proscripción del principio de responsabilidad objetiva implica que la . Su importancia radica en que se evita que una persona pueda ser tenida por un medio para la realización de algún fin. la culpabilidad”( ).
y por lo mismo no le es imputable objetivamente”( ). Una responsabilidad no se determina exclusivamente por la materialización ni la lesividad. al colocarse en posición de cúbito dorsal sobre la cama. se requiere de la intención del sujeto en la ejecución de una determinado hecho ilícito. de modo que para imponer una sanción penal se hace imprescindible que en el proceso penal quede debidamente acreditado que el autor haya querido causar la lesión que se le imputa (Dolo). al ser un desenlace imprevisible para los acusados y para un nivel promedio exigible de conocimiento. que tiene entre sus postulados a la antigua máxima. La teoría de los derechos humanos es incompatible con un derecho penal de responsabilidad objetiva o que pretenda reprimir por las conductas de otras personas (responsabilidad colectiva). Principio de imputación personal La sanción penal se aplica a la persona física. proveniente del derecho canónico: “versari in re illicita casus imputatur” que se puede entender como “quien quiso la causa quiso el efecto” ( ). Según esta antigua máxima. se impide el castigo a alguien que no es responsable . o sino la infracción del deber de cuidado exigible en el caso concreto ( ). si una persona realiza un acto prohibido responde por cualquier resultado que devenga de ella. Este principio rechaza la responsabilidad objetiva o responsabilidad por el resultado. no constituyendo los hechos sub examine delito de homicidio”( ). con quien habían conjuntamente ingerido licor. b. En este mismo sentido se expresa la jurisprudencia ( ): “El vigente Código Penal en el numeral sétimo de su Tít ulo Preliminar(Principios Generales). imprudencia o si fue resultado de un hecho fortuito. lo que produjo la muerte por asfixia.imputación solo puede hacerse por dolo o imprudencia. y por lo mismo tratándose de una forma tan singular de fallecimiento por caso fortuito o hecho accidental. De esta máxima se derivan dos problemas que subsisten en el Derecho Penal: los delitos cualificados por el resultado y los supuestos de estado de inculpabilidad provocados por el propio agente( ). Nuestra jurisprudencia también lo rechaza: “Al haber fallecido el menor como consecuencia de un traumatismo vertebro-medular originado por un cuadro convulsivo de etiología no determinada que originó la caída. ha proscrito toda forma de responsabilidad objetiva o responsabilidad por el resultado. que éste haya podido prever o evitar el resultado (Culpa)” ( ). y en el caso de los delitos culposos. no resulta imputable objetivamente a título de dolo ni de culpa. que la víctima. habría de vomitar los sólidos y líquidos del estómago absorbiéndolos y aspirándolos. constituye este hecho un caso fortuito no previsible por el encausado –profesor de educación física. En este principio. En otro caso: “Al haberse determinado que el hecho fortuito ha sido la causa determinante del fallecimiento de la agraviada. no interesando si lo hizo con intención.
y no a toda la conducción de la vida del autor o a los peligros que en el futuro se esperan del mismo”( )( ). cómplices ( ). Además de los principios mencionados. "La actual discusión en el ámbito de las ciencias psicológicas y psiquiátricas indican que los fundamentos sobre los cuales se constituyen los conceptos dogmáticos de autor imputable. . instigadores. que no trascienden al mundo exterior social. a través de la discriminación de los ciudadanos según sus elecciones morales o ideológicas.Nadie puede ser castigado por sus deseos (”cogitationes poenam nemo patitur”). mantienen criterios propios de la antigua concepción positivista de la peligrosidad de autor. se busca la individualización de la pena. En la actualidad se plantea el problema de la determinación de la responsabilidad de las personas jurídicas( ) c. La pena debe de vincularse con una acción concreta descrita típicamente. tal sanción representa “sólo la respuesta al hecho individual. semi-imputable y no imputable y las correspondientes técnicas judiciales de verificación sufren actualmente una profunda crisis que no puede ser soslayada por la teoría jurídica del delito" ( ). En relación al derecho de los derechos humanos. Se limita la responsabilidad a los autores del hecho delictivo y a los que participaron en él ya sea como coautores. por ello. Principio de responsabilidad por el hecho El Derecho Penal de autor es incompatible con el Estado social y democrático de Derecho. Ha quedado en el olvido la responsabilidad colectiva que en épocas antiguas implicaba llegar al castigo de los miembros de una familia o de un pueblo por la falta de uno de ellos( ).de un determinado hecho. De este principio se originan dos consecuencias( ): . Lo podemos encontrar enlazado junto al principio de legalidad cuando se habla de la exigencia de la tipicidad de los delitos. Algunas de las categorías que aún se atribuyen a la culpabilidad. solo resulta compatible un Derecho Penal de acto.La personalidad o la forma de ser de un determinado sujeto no ha de servir de fundamento a la responsabilidad criminal o a la agravante de la misma. o dirigiendo a los desviados la responsabilidad de todos los males de un determinado sistema social o constitucional( ). el principio de responsabilidad refuerza el principio de proporcionalidad entre la gravedad del delito y la . Se logra construir una barrera infranquiable a las pretensiones de un Derecho Penal autoritario que encuentra en la pena un instrumento que intervenga en la conciencia moral del individuo. Ya que dentro del marco del derecho carece de importancia los actos meramente internos. ya que en cada precepto penal se reclama una descripción diferenciada de cada conducta delictiva( ).
la determinación administrativa-penitenciaria de la pena”(Num. Exp.) que.8 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. como de las concisiones personales y carencias sociales que tuviere”( ). También llamada Prohibición en Exceso( ). Hay que tener en cuenta también que un hecho delictivo sólo es atribuible a aquella persona que alcanza determinadas condiciones psíquicas o posea racionalidad normal que le permitan considerarle como el autor de tal ilícito. y con relación al segundo. En otro caso: “La graduación de la pena debe ser el resultado del análisis crítico jurídico de la prueba aportada. la sociedad y el imputado. las penas que impongan los jueces al autor del delito han de ser proporcionadas a la concreta gravedad de éste( ). por el cual la sanción debe guardar relación con el daño causado y con el bien jurídico protegido”( ). al momento de establecer las penas. sino también como producto de una “racionalidad normal” que permita verlo como obra de un ser suficientemente responsable””( ). en razón de la naturaleza del ilícito y la responsabilidad del agente en su comisión. según al grado de culpabilidad y al perjuicio socialmente ocasionado( ). La medida de seguridad sólo puede ser ordenado por intereses públicos predominantes” (artículo VIII del Título Preliminar..gravedad de la pena( ). directamente a partir del principio del Estado de derecho( ). la determinación judicial o. en atención al principio de la proporcionalidad de las sanciones que recoge el Código Penal. en abstracto. “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. el Tribunal Constitucional establece que “el principio de proporcionalidad tiene una especial connotación en el ámbito de la determinación de las penas. Con ello. Este principio tiene un doble destinatario: el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 196. consiste en la búsqueda dentro del sistema penal de un equilibrio entre el Estado. El Tribunal Constitucional señala que este principio “impone al legislador (. Sentencia del 3 de enero del 2003. ya sea que se trate de la determinación legal. en la necesidad de que el hecho punible “pertenezca” a su autor no sólo material y subjetivamente. 010-2002-AI-TC). ya que opera de muy distintos modos. en su caso. 1. 197. . Al respecto. La pena que no puede rebasar el marco de la culpabilidad de la respectiva conducta y haga imposible cualquier clase de tratamiento resociliazador. Considera que la pena debe ser adecuada al daño ocasionado por el agente. Con relación al primero. a la gravedad del delito. ““Este principio puede apoyarse por de pronto. Constituye un principio básico respecto de toda intervención estatal gravosa. in fine). Código Penal) ( ). se debe de establecer penas proporcionadas.. ellas obedezcan a una justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya a imponer” (Num. La jurisprudencia nacional afirma que( ): “El Derecho Penal peruano reconoce al Magistrado la potestad de fijar la pena privativa de libertad. se complementa con el principio de culpabilidad ya que limita la pena a la proporcionalidad de la culpabilidad( ).
salud. b. gr. entendiendo no en su contenido económico. pero debe permitirse siempre al juez la posibilidad de reducir la pena por debajo de su mínimo genérico e incluso sustituir las penas de prisión por otras más leves. libertad de trabajo. "Se sigue de ello que un Derecho penal democrático debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos a que se asignan. inciso 1). la intervención penal podría agravar conflictos u originar problemas mayores (v. Sirve “para impedir penas superiores a dicha proporción. libre tránsito. inciso 9 de la Constitución). su familia. asumen las decisiones judiciales cuando están orientadas por valoraciones como las de prognosis de criminalidad. Políticocriminalmente. o llegar a prescindir de la pena como tal”( ). En nuestro sistema penal esta afirmación resulta de evidente constatación. honor. artículo 2. las cuales. . Estos aspectos deben ser observados para distinguir también el principio de proporcionalidad de las penas. una dirección opuesta a aquella que. En otros casos. criminalización de consumidores de droga). además que mantiene una adecuada relación con el fin preventivo( ). como es sabido. en dos sentidos: la necesidad misma que la pena sea proporcionada al delito y la exigencia que la medida de la proporcionalidad de la pena se fije en función a la importancia social de hecho. en la aplicación de la pena y en la concesión de atenuantes y de beneficios. ambiente social y también sobre la sociedad. aumentan las desventajas de los individuos pertenecientes a estratos sociales más bajos" ( ). 1. sino en sus consecuencias sociales para el procesado. Principio de proporcionalidad concreta Los costos sociales que origina la pena son elevados. etc. propiedad.La importancia de este principio consiste en que jerarquiza las lesiones y establece un grado de mínima coherencia entre las magnitudes de penas relacionadas a cada conflicto criminalizado( ).9 PRINCIPIO DE PRIMADO DE LAS NORMAS DEL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LA SUBORDINACIÓN DE LA LEY PENAL SUBSTANTIVA. Ejemplos: derecho a la vida (artículo 2. según el grado de la 'nocividad social' del ataque al bien jurídico" ( ). Los efectos negativos de la pena incide sobre las personas que las sufren. Principio de proporcionalidad abstracta Sólo pueden ser objeto de sanción penal conductas que constituyen violaciones a derechos humanos. en la práctica actual. inviolabilidad de domicilio (excepción: delito flagrante o peligro inminente de su perpetración. "El principio de proporcionalidad concreta imprime a los criterios programáticos que deben guiar juez en la discrecionalidad que le es atribuida. este principio puede también tener estas acepciones: a.
1. Se trata de asegurar esas garantías fundamentales en el ejercicio de la actividad policial. religión. Integridad corporal. motivación escrita de resoluciones y sentencias. segundo párrafo. el principio de inamovilidad e independencia de los jueces (artículo 146. por sentencia que impone pena privativa de la libertad o sentencia que inhabilita derechos políticos (artículo 33. inciso h.. Además. derecho a la instancia plural. numerales 3 y 4. la prensa u otro medio de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. autonomía de la administración de justicia. asociación de partidos políticos (artículo 35. etc. Prohibición de juicios por comisión. Esto implica que la ley penal debe ser creada por el Poder Legislativo con representación popular. Constitución). amenaza. Los delitos cometidos por el libro. Las leyes penales dictadas al margen de este principio sólo podrían ser reconocidas si benefician a los infractores y siempre .Este principio busca proteger los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas frente al accionar de las agencias de control penal. invalidez de la prueba obtenida por coacción. de forma que cualquier persona puede pedir al Juez un examen médico inmediato (artículo 2. principio in dubio pro reo (en la duda lo más favorable al inculpado). derecho a la defensa. principio de inocencia. etc. Derechos a la libertad y seguridad personales. Constitución).. indemnización por detención arbitraria. no hay prisión por deudas. publicidad en juicios penales.Prohibición de torturas. Constitución). Derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad. Constitución). libertad de opinión. deben respetarse todos los principios inherentes al Estado de derecho: pluralismo democrático.10 PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN POPULAR En el proceso de creación de la ley penal. o violencia. En cuanto a los derechos políticos esenciales (ciudadanía a los 18 años de edad). juzgamiento en jurisdicción predeterminada por ley. etc. libertad de conciencia.. término y características de la detención policial (24 horas) derecho a la comunicación y la defensa. reunión y expresión (artículo 2. el ejercicio de la ciudadanía se suspende por interdicción. declaraciones sin violencia. Constitución). prohibición de condena en ausencia. Está vinculado al principio de preferencia de las normas de derechos humanos y constitucionales sobre normas ordinarias en caso de incompatibilidad (artículo 138. Constitución). cosa juzgada. derecho al uso de su propio idioma. Garantías de la administración de justicia (artículo 139.principio de igualdad.. numeral 24. judicial y de ejecución penal. numerales 1 y 2. no hay delito de opinión. tratos inhumanos o humillantes. Constitución). derecho de critica y análisis de resoluciones y sentencias.
1. de ser necesario. policiales. 1. La tarea del sistema de control penal se enfrenta a la contradicción de contar con muchas figuras delictivas aplicables y muy pocos recursos económicos. partidos políticos) y discusión pública (no entendida como "opinión pública" a través de sondeos tipo encuesta. 1. judiciales para realizarlas. estén prestos a agotar la crítica del texto legal a la luz de los demás principios minimistas a fin que. Para este fin. . El sistema penal es una organización que funciona selectivamente. Este principio está dirigido a las agencias judiciales a fin que en los cosos de leyes represivas dictadas por la presión de los diferentes sectores sociales(sin consulta como respuesta demagógica. es necesario que se estudie la probabilidad de efectos útiles que se esperan de la introducción de la pena. Sin embargo. La ley penal. sin embargo.que no impliquen un beneficio calculado para quienes usurpen el poder o sus aliados. administrativos.). Estamos de acuerdo que "la no criminalización de los eventos criminalizables es la regla. esta practica es usual en el tipo de respuesta que el Estado peruano realiza. gr.12 PRINCIPIOS DE IDONEIDAD Detectada la grave violación a los derechos humanos y precisada la proporcionalidad de la respuesta estatal al problema. sino también porque la selección que realiza sólo alcanza a una parte muy reducida de infractores de la ley. de forma tal que se ejercite una contención a la llamada administración del Derecho Penal ( ) entendida como la proliferación incontrolada y no planificada de normas penales. análisis a través de instituciones representativas (v. se estima que ella es alta (la criminalización de dichas conductas generalmente solo alcanza a mujeres de estratos sociales bajos). etc. se dicte la inconstitucionalidad del dispositivo legal. el procedimiento para determinar los límites de la respuesta estatal deben exigir un cuidadoso debate parlamentario. debemos recurrir a la experiencia de disposiciones análogas en otros o en el mismo ordenamiento jurídico o a través de los estudios sociológicos u otros.11 PRINCIPIO DE RESPUESTA NO CONTINGENTE En el sentido que la ley penal es una respuesta a conflictos sociales.13 PRINCIPIO DE IMPLEMENTABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA LEY. las estadísticas oficiales indican también una mínima frecuencia de conductas criminalizadas por el sistema penal. no puede ser una respuesta inmediata de naturaleza administrativa. la criminalización es la excepción" ( ). que más que pública son solo suma de opiniones privadas). Esto se verifica en las conductas prohibidas de aborto: si bien no es posible calcular con exactitud la cifra negra. pero no sólo porque reproduce las desigualdades de la sociedad que origina que los seleccionados sean mayoritariamente pertenecientes a los sectores sociales más marginados.
También se tiende a . Dada la característica de nuestro país.Ante estimaciones de cifra negra de criminalidad. El respeto y protección a las autonomías culturales se constituye como un limite funcional al sistema penal para que respete los derechos humanos de los individuos integrantes de los diferentes grupos étnicos en relación a sus tradiciones. costumbres. de manera que se reforzarán los mecanismos judiciales y administrativos que les permitan obtener reparaciones incluso del Estado cuando el agresor es un funcionario público. En América Latina. existen grupos de personas.15 Principio de protección de la víctima La Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder( ) reconoce que las víctimas serán tratadas con respecto a su dignidad y tendrán derecho a la pronta reparación del daño que hayan sufrido. cuyos efectos útiles serían muy discutibles. 1. Este camino debe ser excluido y solo queda adecuar los programas legislativas a los recursos existentes o que se otorguen al sistema penal a través de una eficiente implementación administrativa. tienen sistemas de sanciones y de solución de conflictos propios de su cultura ( ). etc. Posteriormente se aprobó el Convenio N° 169. este principio puede cumplir una doble función: sujetos que son seleccionados y criminalizados por el sistema penal a quienes debe juzgárseles en consideraciones a sus tradiciones y. adecuar los recursos a las previsiones legislativas originaria un alto costo económico (que no estamos en condiciones de realizar) y un altísimo costo social a partir de la masiva criminalización de sujetos que realizan conductas prohibidas. 1. ( ). mientras que una gran cantidad de infractores permanecen impunes. La Constitución peruana reconoce que el Perú es un país pluricultural y ordena que el Estado respete la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas (artículo 89. sujetos que son juzgados por sus propias comunidades. En los países que cuentan con sectores sociales de culturas diferenciadas. con culturas distintas. que por pertenecer a determinados pueblos indígenas. la función punitiva estatal se ejecuta a través del sacrificio simbólico del condenado a quien realmente podríamos considerar como chivo expiatorio( ).14 PRINCIPIO DE RESPETO Y PROTECCIÓN A LAS AUTONOMÍAS CULTURALES (TRADICIONES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS) Existen instrumentos internacionales dedicados a los derechos de los indígenas como el Convenio N° 107 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales adoptado en 1957. in fine).
la asistencia gubernamental o voluntaria. después. frente al Estado. El Derecho Penal de los derechos humanos supone la protección privilegiada de la víctima. En este sentido. también otorgársele a la víctima mayor intervención en el tratamiento de los conflictos. tendentes a acortar las diferencias con el infractor. pues es una especie de perdedor por partida doble: frente al infractor y. . Una estrategia de privatización de conflictos ( ) como modelo político criminal para la descriminalización de ciertos delitos nos parece que merece atención. asegurar la posibilidad de indemnización de la víctima. El sistema penal expropia los conflictos a la víctima quien está excluida de cualquier participación en su propio conflicto ( ). Basta observar el masivo tratamiento de las víctimas de accidentes de tránsito para detectar las graves distorsiones del sistema.garantizar su seguridad. el derecho de información. la capacitación a funcionarios del sistema penal para que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas. etc. Cada vez resulta más injustificado que el sistema penal pretende proteger intereses generales sin percatarse que éstos no suelen ser los de las víctimas de los delitos. se propone que los Estados incorporen en sus legislaciones normas que prohiban el abuso de poder. reducir el costo social de la pena. Es evidente que la situación de la víctima no puede ser más desfavorable en el sistema penal.
debido al carácter procesal de dichos límites. conduce al individuo a presentar denuncias ante órganos internacionales en contra del Estado”( ) a. Derecho a ser juzgado por tribunales competentes.1 EL DEBIDO PROCESO El Derecho Procesal Penal no debe ser extraño a la tendencia de limitar a la violencia del sistema penal a través de la exigencia de un irrestricto respeto a las garantías del debido proceso que guían su moderna sistemática.CAPITULO II Límites formales o garantías procesales Como habíamos señalado con anterioridad. principio de juicio legal o principio de jurisdiccionalidad y el principio de ejecución legal de la pena). . muy especialmente. estos límites intervienen en la aplicación o ejecución de la norma penal. 2. señalando un conjunto de garantías judiciales que benefician a todo aquel que interviene en un proceso y. sólo nos remitiremos al debido proceso y los principio que son acogidos por el Título Preliminar de nuestro Código Penal vigente (garantías jurisdiccionales. a la persona acusada de un delito. Son precisamente estas limitaciones las que. con mayor frecuencia. por eso. independientes e imparciales. “El derecho procesal impone obligaciones muy precisas en lo que concierne a la manera de administrar justicia.
conformado por un numeroso grupo de “pequeños” derechos – los cuales constituyen sus componentes o elementos integrantes. en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8) y en normas de la legislación interna. “imparcial” y “establecidos por la ley”. existen una serie de principios generales que están vinculados: igualdad ante la ley. “proceso equitativo”. procedimientos en casos de menores. b. los derechos y garantías subsecuentes al proceso (derecho a apelar. derecho a la defensa. indemnización en caso de error( ). derecho a estar presente en el proceso. Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4). además de las garantías que se encuentran expresamente señaladas en los textos. “independiente”( ). “proceso regular” o identificado también como “garantías judiciales”.y rodeado de garantías que se refieren ya sea a la estructura y características del tribunal. Por su naturaleza misma.Este derecho está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10). derecho a defenderse a sí mismo o a contar con asistencia jurídica. las garantías de la defensa en materia penal (derecho a ser informado de la acusación. o. éstas se pueden deducir del objeto del propósito del derecho que comentamos. “Por consiguiente. principio non bis in ídem). Declaración Americana (artículo 25). derecho a contra con un interprete. equidad y rectitud de los procedimientos judiciales( ). igualdad de medios. Principio de presunción de inocencia El principio de presunción de inocencia supone que nadie puede ser considerado responsable por la comisión de un delito mientras no se establezca plenamente su culpabilidad. En todo caso.son inherentes al derecho de un juicio justo. Las garantías relativas al proceso mismo incluyen la publicidad del proceso y las excepciones. derecho al tiempo y facilidades de la defensa. la rapidez del proceso. presunción de inocencia (carga y calidad de la prueba. Está reconocido en la Declaración . puede haber otras que –aun cuando no se mencionen en forma expresa. garantías relativas a la prueba o evidencia). se trata de un derecho muy complejamente estructurado. al procedimiento que debe seguir y a sus principios orientadores. Además de la necesidad de una previa definición de los conceptos de tribunal “competente”. No es pacífica la denominación de este derecho como un “juicio justo”. en cuanto su finalidad es asegurar a toda persona el derecho a ser oída con las debidas garantías”( ). parecen más adecuadas las dos primeras para referirse al conjunto de normas plasmadas en el derecho positivo y cuyo propósito es garantizar la justicia. debe conclu irse que.en el caso específico de acusaciones criminales. La importancia de estos principios y garantías en el derecho procesal es fundamental y algunos de ellos los trataremos en los acápites siguientes. actitud del tribunal).a las garantías con que debe contar la defensa en materia penal( ).
De la vigencia del principio de la presunción de inocencia se derivan cuatro consecuencias( ): la carga de la prueba (que corresponde a quien acusa y no al que se defiende). “Este principio impone obligaciones no sólo a los órgan os judiciales. no imponiéndole una carga excesiva e irracional para que éste demuestre que en realidad. en cambio. La Comisión Interamericana ha extendido el concepto al momento de la detención preventiva y el sometimiento a proceso. las detenciones practicadas a los “sospechosos” de portar droga. en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8)( ). sosteniendo que aún en ese instante procesal se requiere de prueba completa”( ). En la práctica. y que nadie puede ser condenado si no media una prueba completa. la exclusión de consecuencias negativas antes de que se dicte sentencias definitiva (la prisión preventiva no debe ser la regla general. que están fundadas en hecho que razonablemente conducen a la presunción del legislador. al juicio de quien escribe estas líneas. Desde luego. en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14). que no admiten prueba en contrario. la autoridad no puede prejuzgar el resultado de un proceso ni hacerlo público. . impidiendo – en principio. etc. la presunción de inocencia es absolutamente incompatible con las presunciones de derecho. Derecho a la defensa y a la asistencia letrada El derecho a la defensa y a la asistencia letrada tienen reconocimiento expreso en la Declaración Universal de los Derecho Humanos (artículo 11). en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8) y en las normas internas de la legislación secundaria.Universal de Derechos Humanos (artículo 11). la actitud del tribunal (el que no debe asumir la culpabilidad de antemano y no debe desarrollar una actitud hostil al acusado). c. la autoridad no puede inferir la culpabilidad en un proceso suspendido).de los hechos no se han derivado las conclusiones que la ley presume”( ). podrían reconciliarse con presunciones meramente legales –que admiten prueba en contrario -. “las consecuencias directas que emanan de la presunción de inocencia son que la carga de las prueba recae en el acusador –público o privado-. y que preservan los derechos del acusado.la formulación de presunciones legales. “presunciones de culpabilidad”. la calidad de la prueba (no debe dejar lugar a duda razonable). Esta presunción de inocencia significa que nadie puede es condenado por un delito mientras no se establezca plenamente su culpabilidad( ). sino también al legislativo. El campo de infracciones más frecuentes a este principio se encuentra las relativas a las detenciones provisionales y enjuiciamientos basándose en “semi pruebas” de culpabilidad.
Destacan tres aspectos de esta garantía: la forma en que se debe comunicarse la información (en el idioma en el comprende el detenido). que en el derecho a la libertad personal se incluyen dos garantías diferentes: a) el derecho ser informado de las razones de la detención y b) el derecho a ser notificado de cualquier acusación formulada contra ella. mientas el detenido tiene derecho a que se le informe de las razones de su detención en el momento en que ésta se produce. una vez que adquiere la condición de acusado. y la incompatibilidad con el derecho de preparar y presentar una defensa adecuada en procesos colectivos que agrupen a un gran número de procesados( ).En este aspecto. en segundo lugar. como por ejemplo el derecho de acceso a la documentación y pruebas en poder del fiscal (v. la violación de una de estas garantías no implica. Derecho a ser informado de sus derechos y los motivos de la detención y a ser informado sin demora de la acusación. sin demora. inciso b. se trata obviamente de dos derechos distintos. necesariamente. numeral 2. En efecto la acusación que debe proporcionarse al acusado es más detallada y completa que aquella a que tiene derecho quien solamente ha sido detenido (y no necesariamente en conexión con un delito). el acusado –que puede no estar detenidotiene derecho a ser informado. numeral 3. En consecuencia. d. no se conoce dónde están situadas las pruebas recogidas por los órganos auxiliares). artículo 7. “Al observar – en las disposiciones antes citadas – una posible reiteración del derechos del acusado a ser informado de la acusación. numeral 2) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8. numeral 4). . en cuanto éste se encuentra consagrado tanto entre las garantías de un derecho a un juicio justo como entre las garantías de la libertad personal. que difieren tanto en el contenido como en la oportunidad de la información. gr. artículo 9. no se limita a detenciones por imputaciones de naturaleza penal. inciso a. Este derecho está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14. la violación de la otra”( ). Respecto de la primera. el derecho a la asistencia de un abogado (libremente elegido o el derecho a un defensor de oficio) la independencia del abogado como aspecto fundamental del derecho de la defensa (supone la garantía de confidencialidad de las comunicaciones entre acusado y defensor). las garantías judiciales que podrían ser violadas suponen una serie de derechos entrelazados. el contenido de la información (precisando los hechos que motivan la imputación como las condiciones jurídicas del tipo penal aplicable a la conducta prohibida) y la oportunidad de la información (primera oportunidad posible que no admite dilaciones indebidas). aunque la información que se da al detenido puede cumplir funciones similares a las que ellas sirve respecto de una persona acusada. Este derecho a conocer los motivos de la detención y conocer sus derechos. debe apreciarse en primer lugar. el derecho al tiempo necesario para la preparación de la defensa.
37-40 y 42) de declarar que la vigencia de la garantía de hábeas corpus no puede ser interrumpida por motivo de un estado de excepción. En este sentido. en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23 y 25) Es el derecho de toda persona privada de libertad o amenazada de ser privada de libertad a recurrir a la justicia para impugnar la legalidad de la detención y exigir su libertad. párrafos 35. la doctrina de que el hábeas corpus debe esta disponible para la protección de ambos derechos durante estados de excepción constituye un avance valioso en la protección de los derechos humanos”( ) 2. a diferencia de la integridad personal. etc. menores y otras. por ende. es la aplicación del principio de legalidad en la actividad judicial. además. su ubicación en el Derecho Penal y Derecho Procesal Penal ocupa un primerísimo lugar. La tramitación del hábeas corpus está sujeta a principios básicos: informalidad (en cuanto a su presentación). se constituye en un instrumento fundamental para la limitación de la violencia que surge del sistema penal.2 GARANTÍA JURISDICCIONAL. e. disponiendo que se instruya proceso judicial. acción popular (la acción puede ser interpuesta por cualquier persona a nombre del detenido). Como vemos. El derecho al Hábeas Corpus tiene reconocimiento internacional en la Declaración de los Derechos Humanos (artículo 8).) y protección de la legalidad. De esta . no figuran entre la lista de derechos cuya vigencia y respeto integral es obligatorio aun durante un estado de excepción. como consecuencia de la existencia de un juicio legal. la realidad nos muestra que en muchos casos.sino que incluye a personas privadas de libertad como toxicómanos. Habida cuenta que la libertad personal. El Hábeas Corpus es considerado un mecanismo rápido. Lamentablemente. Basado en el aforismo “nulla poena sine iuditio”. así como “las garantías judiciales indispensables para la protección” de dichos derechos. oportuno y preferente a cualquier otro del derecho común para la protección a la libertad e integridad de la persona. PRINCIPIO DE JUICIO LEGAL O PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD. Derecho al Hábeas Corpus. urgencia de la tramitación. no siempre se cumplen con estos principios. actividad judicial (medidas necesarias para el cumplimiento del recurso: apercibimiento. Particular importancia tiene la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-8/87. “La Convención Americana prohíbe la suspensión de determinados derechos. estas garantías legales suponen que la ley penal sólo puede aplicarse a través de los organismos establecidos por la ley ( ) para cumplir la función de administrar justicia y.
teniendo en cuenta las circunstancias que enumera el artículo 46 del código penal. Al respecto. La pena no se debe ejecutar arbitrariamente. que se expresa de la siguiente manera: “No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollen. lo expresa de la siguiente manera: ”Sólo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad. El artículo V del Título Preliminar del C. la jurisprudencia señala lo siguiente ( ): “El derecho penal peruano. 139. De acuerdo a este principio o garantía de ejecución penal no existe pena sin un régimen legal que lo precise.3 GARANTÍA DE EJECUCIÓN O PRINCIPIO DE EJECUCIÓN LEGAL DE LA PENA. numeral 3 de la Constitución. pues de otro modo se habría vuelto al sistema de la pena legal o tasada que no admite arbitrio judicial alguno y que pertenece a un derecho punitivo ya desterrado”( ). con el apoyo de las rondas campesinas. a ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. El art.manera se comprende la existencia de las garantías del debido proceso y la del juez natural (garantía jurisdiccional). al lado de la justicia oficial se presentan algunos mecanismos alternativos de regulación social en comunidades andinas y amazónicas y pueblos jóvenes en sectores urbanos( ) El artículo 49 de la Constitución autoriza a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas. mas no para Estados con fuertes derechos consuetudinarios locales y étnicos y sistemas informales de justicia( ) En el Perú. En todo caso. que consagra el principio del debido proceso y junto al artículo V del Título Preliminar van a fijar los parámetros necesarios en la estructura de un Derecho Procesal Penal garantista de un Estado social y democrático de derecho( ). la ejecución de la pena será intervenida judicialmente”. P. 2. sin tratamiento ni resocialización. más bien debe ser ejecutada dentro de los marcos establecidos por la ley( ) . reconoce al Magistrado la potestad de fijar la pena privativa de libertad. Lo ubicamos en el artículo VI del Título Preliminar de nuestro Código Penal. Las penas y medidas de seguridad sólo pueden ser aplicadas por órgano jurisdiccional y competente y de acuerdo a las normas de un debido proceso legal. y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley”. entre un mínimo y un máximo y en algunos casos le permite fijarla por debajo de este mínimo. Esta concepción de una justicia unitaria es evidente para una idiosincrasia europea moderna.
este principio no se cumple. De esta manera. dado el estado actual de las cárceles peruanos. numeral 22. Constitución). la ejecución de la pena debe ser realizada dentro de las máximas garantías para el interno. Sin embargo. 139. En este sentido. “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación. Es también evidente que esta garantía supone también el tratamiento humanitario de los internos procesados y condenados. respetándose su calidad de persona y de los derechos humanos que les son inherentes. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad” (artículo.En el Perú. el artículo 139 numeral 21 de la Constitución precisa el “derecho de los reclusos y sentenciados en ocupar establecimientos adecuados. evitándose su prisionización. .
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 artículo 2
in dubio
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 artículo 7
 artículo 9
 artículo 46
 artículo 49
 artículo 139