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Timestamp: 2020-06-05 04:25:57+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 47-1, de 08/02/2019
cve: BOCG-12-A-47-1
121/000046 Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía (procedente del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Real Decretoley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía (núm. expte. 130/000053), fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día 22 de enero de 2019, en la que se acordó su convalidación, así como su tramitación como Proyecto de Ley (núm. expte. 121/000046).
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha acordado su remisión a la Comisión de Cultura y Deporte, para su aprobación con competencia legislativa plena, así como abrir un plazo de ocho días hábiles que expira el día 18 de febrero de 2019, en el que los Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE URGENCIA SOBRE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA CINEMATOGRAFÍA PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 26/2018, DE 28 DE DICIEMBRE)
En consecuencia, las medidas propuestas en esta norma que recogen recomendaciones del informe, pretenden incluir a todas las personas, actividades y procesos intermedios que participan en la creación cultural, de forma que estas medidas sirvan para mejorar las condiciones de todos los profesionales de la cultura, independientemente de su localización territorial, sector o convenio colectivo que les sea aplicable. Como señala el informe de la Subcomisión, "se apuesta por que las diferentes personas, actividades y momentos del proceso cultural entren en esta propuesta normativa: quien crea la obra y para hacerlo debe formarse e investigar, quien diseña el escenario, quien lo ilumina, quien escribe la música y quien la ejecuta, quien la promueve, quien ilustra un poema y quien lo recita, quien comisaría el conjunto, quien lo hace llegar al público y, en general, quien sostiene o gestiona todo el proceso con su trabajo visible, invisible o ambos a la vez. Todas estas personas son indispensables para disfrutar de una obra de teatro, una exposición, un libro, una pintura, una fotografía, una película, una ópera o un concierto. Sin ellas nadie pagaría el precio de la entrada, la suscripción, el libro o la obra de que se trate."
Su aprobación está en consonancia con los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines perseguidos y se considera que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. En virtud de los principios de proporcionalidad y de eficiencia, las modificaciones que se proponen se consideran las imprescindibles para atender las demandas existentes, habiéndose constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Por último, como garantía de los principios de seguridad jurídica y de transparencia, esta iniciativa normativa se ejerce de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo de certidumbre, que facilita su conocimiento y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas afectadas.
El artículo 86.1 de la Constitución Española establece que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general."
Por ende, el presupuesto habilitante del decreto-ley reside en la situación descrita por la STC 6/1983, de 4 de febrero que en su F. J. 5 afirmó: "una necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes" (en el mismo sentido SSTC 111/1983, de 2 de diciembre; 29/1986, de 20 de febrero, 23/1993, de 21 de enero, etc.). En este caso estamos ante un objetivo gubernamental doble que es atender en el plazo más breve posible una petición parlamentaria unánime cuya eficacia jurídica y sus consecuencias sociales se aplazarían hasta el primer día de enero de 2020 si no entra en vigor dentro del año de 2018. Luego, "la acción normativa inmediata" tiene un límite temporal que es el 31 de diciembre de 2018.
Ha de tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional atribuye al Gobierno la capacidad de apreciar la extraordinaria y urgente necesidad mediante el "juicio meramente político de los órganos a los que incumbe la dirección política del Estado" (STC 29/1982, de 31 de mayo, F. J. 3, reiterado en la STC 182/1997, de 28 de octubre, F. J. 3). Si el Gobierno considera, a través del correspondiente juicio político, que es necesario satisfacer las peticiones del Congreso de los Diputados, como expresión a su vez de una demanda social de cierta entidad, y se constata que por razón de la temporalidad de los tributos las medidas políticas han de entrar en vigor el primero de enero de un año, la extraordinaria y urgente necesidad emerge con gran intensidad como presupuesto habilitante pues, sin acudir al decreto-ley tales medidas políticas, como hemos apuntado más arriba, se retrasarían un año completo.
Además, el Tribunal Constitucional ha exigido "una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se adoptan (STC 29/1982, de 31 de mayo, F. J. 3; y STC 189/2005, de 7 de julio, F. J. 3). Ese requisito se cumple en el presente caso pues, las medidas previstas, forman parte del catálogo de peticiones que elaboró el Congreso de los Diputados y por ello mismo emerge la temporalidad, la necesidad de que las medidas entren en vigor el primero de año.
"4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario será del 19 por ciento. Dicho porcentaje será el 15 por ciento para los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor.
Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley procedentes de las sociedades a que se refiere la letra h) del número 3.º del citado artículo."
"13.º Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales."
"2. Los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho una deducción del 20 por ciento de los gastos realizados en territorio español, siempre que los gastos realizados en territorio español sean, al menos, de 1 millón de euros.
Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos y obligaciones para tener derecho a la práctica de esta deducción."
Se añade un nuevo artículo 249 ter, dentro de una nueva sección 4.ª denominada "Artistas en espectáculos públicos", en el capítulo XVII del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con la siguiente redacción:
"Artículo 249 ter. Inactividad de artistas en espectáculos públicos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
5. Una vez efectuada la liquidación definitiva anual correspondiente a los artistas por contingencias comunes y desempleo, prevista en el artículo 32.5 del Reglamento general sobre
cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a reintegrar el importe de las cuotas correspondientes a los días cotizados en situación de inactividad que se hubieran superpuesto, en su caso, con otros períodos cotizados por aquellos.
El pago de dicha prestación será asumido mediante la modalidad de pago directo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social."
2. El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza respecto a las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la Fundación ubicadas en España en relación con el "Contrato de Préstamo de Obras de arte entre de una parte la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza", para el año 2019 será de 500.000 miles de euros.
3. En el año 2019 también será de aplicación la Garantía del Estado a las exposiciones organizadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y por "Sociedad Estatal de Acción Cultural S.A. (AC/E)" siempre y cuando se celebren en instituciones de las que la Administración General del Estado sea titular. Asimismo, la Garantía del Estado será de aplicación a las exposiciones organizadas por la Fundación Lázaro Galdiano en la sede de su Museo.

References: artículo 86
 artículo 129
 artículo 86
 artículo 68
 artículo 249
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto