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Timestamp: 2018-06-23 00:24:50+00:00

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La justicia agraria | Temas de Derecho
May 30, 2015 lacienciadelderecho	Leave a comment
El derecho agrario valora y regula el uso de los recursos naturales renovables y que cubre de modo omnicomprensivo todos los matices de la actividad agraria, tomando en cuenta tanto al campesino como a los demás productores, según su peculiar situación institucional, afirma que el derecho agrario venezolano está condicionado por la naturaleza, historia y los valores; es pluralista, no clasista, porque así lo mandara Constitución Nacional; protege primordial, pero no exclusivamente a los campesino; propugna el incremento de la producción nacional como exigencia de la soberanía económica del país, atiende a las defensas de los recursos naturales renovables, y por ende la del sistema ecológico, permitiendo así la explotación de éstos, con un racional respeto hacia el principio dinámico económico que lo constituye y, finalmente es un impulsor permanente de reforma agraria para promover el cambio de la estructura latifundista por un sistema justo de propiedad y tenencia.
Sus fundamentos generales se caracterizan en:
Importaciones durante el período agrícola, es necesario resaltar el carácter dependiente de la economía venezolana, es decir, la subordinación de nuestro desarrollo económico a los intereses de los países capitalistas avanzados, que nos utilizaban como mercado para su creciente producción industrial y como proveedores de materias primas y alimentos necesarios a su desarrollo capitalista.
La dependencia económica daba lugar a formas soterradas de dependencia política e ideológica. La falta de desarrollo de la producción no agrícola, obligó al país a importar toda clase de materia prima o herramientas para el trabajo en el campo, las cuales eran fabricadas en otros países, a pesar de la facilidad de su elaboración, no era posible que las mismas fuesen realizadas en el país; razón por la cual, Venezuela desde su época colonial, comenzó a importar todo aquello que no le era posible realizar en su territorio. Nos comenzamos a convertir así, en un país dependiente de otros países más desarrollados.
Debido a lo restringido y desarticulado del mercado interno y al poco interés de las clases dominantes por desarrollarlo, la única posibilidad de crecimiento económico estaba en las exportaciones que nutrían, ,en lo fundamental, los ingresos de las clases dominantes y del propio Estado, que derivaba de los impuestos al comercio exterior (exportaciones e importaciones) la parte esencial de sus entradas.
Cacao, añil, café, algodón, ganado en pie y cueros, en ese orden eran los renglones más importantes.
El Derecho Agrario Venezolano tiene hoy principios, métodos, instituciones y objetivos especiales que permiten sostener válidamente su autonomía científica, lo cual está reconocido y respaldado por las universidades, Organizaciones y Eventos Científicos.
En la actualidad, el contenido del Derecho Agrario Venezolano se encuentra sistematizado por obra de la legislación, doctrina y jurisprudencia nacionales, en una parte reformista, en otra proteccionista y conservacionista, y en una procesal. Durante los últimos veinte años, la orientación dominante del Derecho Agrario Venezolano ha sido exegética, aunque en la última década tiende a ampliar su línea sustantiva, hasta abarcar el régimen de los recursos naturales renovables. En Venezuela, el Derecho Agrario se ubica en el Derecho Social, en razón de que tiende a llevar a las relaciones jurídicas agrarias la Justicia Social.
Principio de Improrrogabilidad de la competencia
Esto es así por cuanto se busca que los Tribunales Agrarios, cuyos jueces son especialistas en materia agraria, le otorguen un tratamiento con una filosofía distinta, aplicando los principios del derecho agrario. Además se busca la cercanía del juzgador al lugar de los hechos adonde debe realizar el juicio verbal y la evacuación del elemento probatorio, para garantizar de ese modo la inmediatez de la prueba y la búsqueda de la verdad real.
El principio de gratuidad tiene como propósito garantizar el acceso a la Justicia de quienes por su condición económica se encuentran en una situación de desventaja afectándose su derecho a la defensa. Busca poner a las partes en igualdad de condiciones dentro del proceso.
Ello se logra convirtiendo el proceso agrario en un proceso menos costoso, más barato, donde las partes no tienen la obligación de asumir pagos como especies fiscales, copias, afianzar costas, y se puede litigar en papel común, sin obligación de rendir ninguna garantía, ni de hacer ningún depósito.
Principio de conservación de los actos procesales
Este principio indica que cuando hay un vicio en el proceso, lo realmente importante no es el origen del vicio procesal, sea este absoluto o relativo, sino que interesa más evaluar sus efectos reales en el proceso.
El juez al decidir la exclusión de un acto o etapa procesal, no debe analizar los vicios en su origen, sino en sus efectos, determinando si tales errores en el procedimiento han producido irreparable indefensión o no pueden ser subsanables.
Principios y características generales de los organismos jurisdiccionales agrarios
El organismo de organización agraria en Venezuela es mejor conocido como el INTI
El Instituto Nacional de Tierras, es una institución creada por el Ejecutivo Nacional a través del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, el cual tiene por objeto la Regularización, Redistribución de las Tierras y la Regularización el citado ente; es el encargado de crear Oficinas Regionales de Tierras, ubicadas en las poligonales Rurales y con funciones Administrativas y Operativas relacionadas con la misión del instituto. El decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario viene a prestar ese nuevo marco legal en el cual se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. En este sentido, y en consonancia con lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se pretende implantar los medios necesarios para la eliminación íntegra del Régimen latifundista, como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo.
Otra de las novedades que introduce el nuevo Régimen legal, es la creación de diversos institutos que cooperarán entre sí para buscar soluciones que cuadren a favor del soberano y por supuesto a la seguridad agroalimentaria de la nación
-Declaratoria de permanencia (Derecho de permanencia)
-Registro agrario
-Tierras ociosas
-Certificación de fincas (Productivas y/o mejorables).
-la adjudicación
-La expropiación agraria.
-El rescate y las medidas cautelares.
-El impuesto a las tierras ociosas.
– La carta agraria
Procedimientos agrarios en primera instancia
Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria.
6. Procedimientos de desocupación o desalojos de fundo.
14. Acciones derivadas del uso común de las aguas de regadío y de las organizaciones de usuarios de las mismas.
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria
Procedimiento agrario de segunda instancia
Artículo 199 de la ley de tierras y desarrollo agrario (LTDA): El procedimiento oral agrario comenzará por demanda oral, sin perjuicio que pueda ser Interpuesta en forma escrita.
Artículo 199 LDA (2do párrafo)
En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el juez o jueza de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez o jueza negará la admisión de la demanda. El actor deberá acompañar con el libelo, toda la prueba documental de que disponga, que sirva como instrumento fundamental de su pretensión. Ninguna de estas pruebas será admitida con posterioridad a este acto, a menos que se trate de documentos públicos y se indiquen en el libelo los datos de la oficina o lugar donde se encuentren.
Artículo 199 LTDA (último párrafo) Nombramiento de Defensor Agrario
Si el actor incoa la causa sin estar asistido de abogado o abogada el juez o jueza procederá a notificar al funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa de los beneficiarios o beneficiarias de esta Ley. Admisión de la causa por parte del Juez. Emplazamiento del demandado
Artículo 200 LTDA
En el auto de admisión se emplazará al demandado o demandada para que ocurra a contestar la demanda, dentro de los cinco días de despacho siguientes más el término de la distancia a que hubiere lugar, contados a partir que conste en autos la citación del demandado o demandada, o la del último de ellos si fueren varios.
Artículo 201 LTDA.
Citación personal del demandado. Funcionario Judicial que la práctica. Lugar donde se practica. El alguacil practicará la citación personal del demandado dentro de un lapso de tres días, el cual comenzará a computarse a partir del día siguiente que conste en autos haberse librado la respectiva boleta de citación. Se les exigirá recibo debidamente firmado que se agregará al expediente. La misma será practicada en la persona o personas demandadas, en la morada de ellas o en el lugar donde se hallen, a menos que estén en el ejercicio de alguna función pública o en templo.
Artículo 202 LTDA.
Emplazamiento Público por Carteles. En caso de no encontrarse el demandado o no poderse practicar personalmente la citación en el lapso fijado anteriormente, el o la alguacil expresará mediante diligencia las resultas de su misión, se librarán sendos carteles de emplazamiento, los cuales se procederán a fijar uno en la morada de éste y el otro en las puertas del tribunal, así mismo, se publicará el referido cartel en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional. Emplazado el demandado por dicho cartel, concurrirá a darse por citado en el término de tres días de despacho, contados a partir del día siguiente al que el secretario haya dejado constancia en autos de la fecha en que se produjo la fijación cartelería, así como la consignación del diario regional donde se hubiere publicado el cartel, apercibiéndole que en caso de no acudir, su citación se entenderá con el funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa de los beneficiarios o beneficiarias de esta Ley.
Artículo 203 LTDA.
Otros funcionarios que pueden realizar la citación. Podrá además practicarse la citación personal del demandado o la demandada a través de cualquier otro alguacil o notario en la circunscripción judicial del tribunal. Los jueces o juezas librarán la comisión respectiva a los efectos de practicar la citación, cuando el demandado o demandada se encuentre fuera de la circunscripción donde tenga su asiento el tribunal.
Artículo 204 LTDA.
Reforma de la Demanda. Cuántas veces puede hacerse. Se admitirá la reforma de la demanda por una única vez, siempre y cuando se produzca antes de contestada la misma. En caso de reforma, el juez o jueza deberá pronunciarse sobre su admisibilidad, concediendo al demandado otros cinco días de despacho para la contestación, sin necesidad de nueva citación.
Artículo 205 LTDA.
Oportunidad para la contestación de la Demanda Dentro del lapso de emplazamiento, el demandado o demandada contestará en forma oral la demanda, sin perjuicio de que ésta pueda ser formulada en forma escrita. Deberá expresar con claridad si contradice en todo o en parte la demanda, o si conviene en ella total o parcialmente, y las defensas perentorias que creyere conveniente alegar en su defensa. Forma de Contestación de la Demanda. En su contestación, el demandado o demandada deberá determinar con claridad cual hecho invocado en el libelo admite como cierto y cual niega o rechaza, expresando así mismo lo que creyere conveniente alegar. De no ser así, se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en el libelo, respecto a los cuales al contestarse la demanda, no se hubieren desestimado, ni aparecieran desvirtuados por ninguno de los elementos en el proceso. En caso de contestación oral, el juez o jueza ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al expediente contentivo de la causa.
Pruebas que se acompañan al escrito de contestación de la demanda. La prueba documental, de testigos y las posiciones juradas, deberán ser promovidas en el acto de la contestación de la demanda. Ninguna de estas pruebas será admitida con posterioridad a este acto, a menos que se trate de documentos públicos y se halle indicado en el libelo, la oficina o lugar donde se encuentren.
Artículo 206 LTDA.
Oposición de Cuestiones Previas. En el mismo acto de contestación de la demanda, el demandado o demandada podrá oponer cuestiones previas debiendo las mismas ser decididas antes de la fijación de la audiencia preliminar.
Artículo 211 LTDA.
Confesión Ficta y sus Elementos. Si el demandado o demandada no diere contestación oportuna a la demanda, se invertirá la carga de la prueba; y si nada probare que le favorezca y la pretensión del actor no es contraria a derecho, se le tendrá por confeso. En caso de no concurrir el demandado o demandada a contestar la demanda durante el lapso de emplazamiento, se abrirá, de pleno derecho, un lapso de promoción de pruebas de cinco días, a objeto que el demandado o demandada pueda promover todas las pruebas de que quiera valerse, absteniéndose el juez o jueza de fijar la audiencia preliminar hasta tanto transcurra dicho lapso. Precluido el mismo, sin que el demandado o demandada haya promovido prueba alguna, el juez o jueza deberá proceder a sentenciar la causa sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento del lapso de promoción. En todo caso a los fines de la apelación, se dejará transcurrir íntegramente el lapso citado si la sentencia es pronunciada antes de su vencimiento.
Artículo 213 LTDA.
El demandado puede reconvenir. El demandado o demandada podrá proponer en el acto de contestación de la demanda, reconvención en contra del demandante. El juez o jueza se pronunciará sobre la admisibilidad de la reconvención al día siguiente de su proposición y la declarará inadmisible si se refiere a cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia o que deban ventilarse por un procedimiento incompatible con el procedimiento oral.
Artículo 216 LTDA
Intervención de Terceros. Cuando en la oportunidad de la contestación de la demanda alguna de las partes solicitare la intervención de terceros a que se refieren los ordinales 4° y 5° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, se suspenderá el procedimiento oral, debiéndose fijar la audiencia preliminar para el día siguiente a la contestación de la cita o de la última de éstas, si fueren varias, de modo que se siga un único procedimiento.
Artículo 220 LTDA
Audiencia Preliminar. Verificada oportunamente la contestación de la demanda o subsanadas o decididas que hubieren sido las cuestiones previas propuestas, o contestada la reconvención, el tribunal fijará dentro de los tres días de despacho siguientes, el día y la hora en que tendrá lugar la audiencia preliminar. No habrá lugar a la audiencia preliminar cuando el demandado o demandada no haya contestado la demanda y hubiere promovido pruebas dentro del lapso establecido en el artículo 216. En dicha audiencia cada parte podrá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos, determinando con claridad aquéllos que consideren que han sido admitidos o han quedado probados en la demanda o en la contestación, así como los medios de pruebas que consideren impertinentes, ilegales o dilatorios. Igualmente, las partes señalarán las pruebas que se proponen aportar al debate oral.
Artículo 221 LTDA.
Fijación de los Hechos Controvertidos. El tribunal, por auto razonado, hará la fijación de los hechos y de los límites dentro de los cuales quedó trabada la relación sustancial controvertida, fijando un lapso dentro del cual se deberán evacuar las pruebas que por su complejidad o naturaleza no puedan evacuarse en la audiencia probatoria; todo esto sin perjuicio de que las partes no hubiesen concurrido a la audiencia preliminar. Apertura del Lapso Probatorio sobre el mérito de la causa. Igualmente, abrirá el lapso probatorio de cinco días para promover pruebas sobre el mérito de la causa. Admisión de las Pruebas. Al día siguiente del vencimiento del lapso, el juez o jueza deberá pronunciarse mediante auto, sobre la admisión de las pruebas, fijando el lapso para la evacuación de las que se practicarán antes del debate o audiencia oral, teniendo en cuenta la complejidad de las mismas. En ningún caso el lapso de evacuación de las pruebas podrá exceder de treinta días continuos.
Artículo 222 LTDA.
Verificada la audiencia preliminar y habiendo sido evacuadas las pruebas ordenadas en la misma, el tribunal fijará dentro de los quince días calendario siguientes, la fecha y hora en que se celebrará la audiencia probatoria.
Artículo 223 LTDA.
Caso en el cual se extingue el proceso. La audiencia o debate probatorio será presidido por el juez o jueza en presencia de las partes o de sus apoderados.
Si ninguna de las partes comparece a la audiencia, el proceso se extingue, con los efectos indicados en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil.
Si solamente concurre unas de las partes, se oirá su exposición oral y se practicarán las pruebas que le hayan sido admitidas, sin evacuar las pruebas de la parte que no compareció.
Artículo 224 LTDA.
Prueba de las Partes. Previa una breve exposición oral, tanto del actor como del demandado o demandada, se recibirán las pruebas de ambas partes. En esta audiencia no se permitirá a las mismas, ni la presentación, ni la lectura de escritos, salvo que se trate de algún instrumento documental que constituya un medio de prueba existente en los autos a cuyo tenor deba referirse la exposición oral, o se traten de datos de difícil recordación.
Artículo 225 LTDA.
Evacuación de las Pruebas. Las pruebas se evacuarán en el debate oral, salvo que por su naturaleza deban evacuarse en forma anticipada. Las pruebas evacuadas fuera de la audiencia de pruebas carecen de valor probatorio si no son tratadas oralmente en el debate. La parte promovente tratará verbalmente de las pruebas promovidas pudiendo la parte contraria hacer todas las observaciones pertinentes sobre el resultado o mérito de la misma. El juez o jueza podrá interrogar a los testigos, a los expertos y a las propias partes en el debate probatorio, pudiendo igualmente en caso de formulación de posiciones juradas, de repreguntas de los testigos, de observaciones de los expertos o de cualquier otra prueba, hacer cesar las observaciones de la parte contraria. En la audiencia oral se evacuarán los testigos, se absolverán posiciones juradas y el reconocimiento de documentos. Las partes deben presentar a los testigos sin necesidad de citación previa. En caso de absolución de posiciones juradas, debe haberse citado previamente al absolvente.
Se levantará acta de las resultas de la audiencia probatoria, dejándose un registro o grabación de la audiencia por cualquier medio técnico de reproducción o grabación. Si no se concluye con la evacuación de las pruebas, el juez o jueza fijará otra oportunidad para que continúe la audiencia oral, bien sea oficiosamente o a solicitud de parte y así cuantas audiencias sean necesarias hasta agotar el debate probatorio.
Artículo 226 LTDA.
Pronunciamiento Oral de la Sentencia (Dispositivo)
Concluido el debate oral, el juez o jueza se retirará de la audiencia por un tiempo perentorio.
Vuelto a la Sala, pronunciará oralmente su decisión expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho en que funda su decisión, sin necesidad de narrativa ni de transcripciones de actas o de documentos que consten en los autos.
Artículo 227 LTDA.
Sentencia debe extenderse por Escrito.
Dentro del lapso de diez días después de finalizada la audiencia con el pronunciamiento verbal del juez o jueza, la sentencia deberá extenderse completamente por escrito y ser agregada al expediente, dejando constancia el secretario del día y de la hora de su consignación.
Requisitos de la Sentencia El fallo deberá contener los requisitos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 228 LTDA.
Recurso de Apelación contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia Agraria La sentencia definitiva es apelable a ambos efectos, dentro de un lapso de cinco días de despacho, computados a partir del día siguiente de la publicación del fallo o de la notificación de las partes si el mismo hubiere sido publicado fuera del lapso establecido en el artículo anterior.
En el procedimiento oral las sentencias interlocutorias son inapelables, salvo disposición especial en contrario.
Los Poderes del Juez Agrario.
Poder Cautelar del Juez Agrario
Se le reconoce a los Jueces Agrarios, las necesarias facultades en materia cautelar para asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción.
Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.
Artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo
“El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional”.
Artículo 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
“El juez o jueza agrario podrá dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo, las cuales tendrán por finalidad la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales renovables”.
Principio que faculta al Juez Agrario para instar a la conciliación de las partes, en cual estado y grado de la causa
Artículo 153 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
“El juez o jueza agrario competente, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar en cualquier estado y grado del proceso, la realización de una audiencia conciliatoria como mecanismo de solución alternativa del conflicto, quedando a salvo el cumplimiento previo de las formalidades y requisitos que la legislación exige para la homologación de acuerdos sobre los intereses públicos”.
Artículo 195 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
“En cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, podrá el juez o jueza instar a las partes a la conciliación, exponiéndoles las razones de conveniencia, fundamentando las mismas en la búsqueda de la eficacia de la justicia material”.
El Juez tiene poderes especiales en materia probatoria
Artículo 189 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los actos y pruebas cuya realización se disponga fuera de la audiencia, se cumplirán bajo la dirección del mismo juez o jueza que debe pronunciar la sentencia”.
Artículo 190 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
“Los jueces o juezas podrán decretar providencias y autos tendentes a esclarecer y aligerar de oficio los trámites de actuaciones y pruebas. Igualmente, podrán dar por terminados los actos de examen de testigos y de posiciones juradas cuando lo consideren pertinente. Podrán igualmente solicitar asesoramiento técnico con el objeto de requerir dictámenes a funcionarios expertos o funcionarias expertas, sin carácter vinculante para el juez o jueza”.
Artículo 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
“Los jueces o juezas agrarios podrán ordenar la práctica de cualquier medio probatorio que consideren necesario para el mejor esclarecimiento de la verdad”.
Artículo 192 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
Los jueces o juezas agrarios podrán ordenar de oficio la evacuación de pruebas que hayan sido promovidas por las partes y no hubiesen sido evacuadas.
Artículo 225 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
“Las pruebas se evacuarán en el debate oral, salvo que por su naturaleza deban evacuarse en forma anticipada. Las pruebas evacuadas fuera de la audiencia de pruebas carecen de valor probatorio si no son tratadas oralmente en el debate.
La parte promovente tratará verbalmente de las pruebas promovidas pudiendo la parte contraria hacer todas las observaciones pertinentes sobre el resultado o mérito de la misma. El juez o jueza podrá interrogar a los testigos, a los expertos y a las propias partes en el debate probatorio, pudiendo igualmente en caso de formulación de posiciones juradas, de repreguntas de los testigos, de observaciones de los expertos o de cualquier otra prueba, hacer cesar las observaciones de la parte contraria”.
En primer lugar, la expropiación puede ser vista estudiada desde un punto de vista subjetivo, esto es, desde el ámbito de las partes que intervienen en la expropiación. Así, desde el punto de vista de la perspectiva de la Administración, la expropiación es considerada como una potestad, insertada dentro del conjunto de potestades ablatorias de que ésta es titular, para la satisfacción de los supremos intereses de la colectividad, o como un modo de adquisición coactivo de bienes. En sentido contrario, desde la óptica de los particulares, sujetos pasivos de la potestad, la expropiación es apreciada como una limitación al derecho de propiedad y como una prestación obligatoria que deben realizar en favor de la Administración.
En segundo lugar, desde una perspectiva el ángulo formal, la expropiación es un procedimiento, un conjunto coherente y consecutivo de fases que desembocan en el decaimiento del dominio privado en favor la Administración.
Finalmente, desde un tercer ángulo, la expropiación considerada como como procedimiento- constituye una garantía constitucional, pues sirve como un instrumento de tutela de los derechos y garantías individuales frente a la acción administrativa.
La práctica de una expropiación supone la existencia de un sujeto titular de potestad expropiatoria, es decir, un ente u órgano dotado de capacidad por el ordenamiento jurídico para extinguir unilateralmente las titularidades privadas de dominio.
La expropiación se concreta en la posibilidad que tienen los órganos a quienes les ha sido conferido dicho poder para hacerse forzosamente de bienes muebles o inmuebles del dominio privado, mediante el pago de una justa indemnización. La expropiación implica pues la existencia de un poder de traslación coactiva del derecho real de propiedad.
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Artículo 202

Artículo 203

Artículo 204

Artículo 205

Artículo 206

Artículo 211

Artículo 213

Artículo 216
 artículo 370

Artículo 220
 artículo 216

Artículo 221

Artículo 222

Artículo 223
 artículo 271

Artículo 224

Artículo 225

Artículo 226

Artículo 227
 artículo 243

Artículo 228

Artículo 196

Artículo 243

Artículo 153

Artículo 195

Artículo 189

Artículo 190

Artículo 191

Artículo 192

Artículo 225