Source: https://www.scribd.com/document/160007955/C-011-00
Timestamp: 2018-12-19 04:16:10+00:00

Document:
Sentencia C-011/00 PARTICIPACION CIUDADANA-Protección del bien común y control de la gestión pública PARTICIPACION CIUDADANA-Procesos de contratación
del Estado MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA-Vigilancia de la gestión del Estado LEGISLADOR-Restricciones acciones para ejercicio de determinadas
LEY-Condiciones o límites al ejercicio de acciones judiciales cuando se celebra un contrato estatal/NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATOS DEL ESTADO-Solicitud por cualquier persona interesada/INTERES COLECTIVO-Dilaciones y trámites contrarios a agilidad de gestión pública La ley puede establecer condiciones o límites al ejercicio de las acciones judiciales, máxime cuando se refieren a situaciones de carácter específico, como cuando se celebra un contrato estatal. Admitir que una nulidad absoluta de uno de estos contratos esté al alcance de cualquier persona, como pretende el demandante, sería exponer la contratación a los caprichos o abusos de quienes pudiesen querer obstaculizarla y que, sin acreditar ningún interés, estuviesen en posibilidad efectiva de dirigir solicitudes, aun infundadas, en busca de nulidades que, así no fueran declaradas, implicarían dilaciones y trámites contrarios a la agilidad de la gestión pública y a la ejecución de importantes actividades propias del Estado, todo en perjuicio del interés colectivo. ACCION DE NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATOS DEL ESTADO-Restricción de la titularidad MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA-Vigilancia y control sobre contratos que celebran entidades del Estado
Referencia: expediente D-2439 Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 136, numeral 10, literal
por existir cosa juzgada constitucional. contenida en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 446 de 1998. y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991. En consecuencia. La Sala Plena de la Corte Constitucional. subrayando lo demandado: . presentó el ciudadano Félix Hoyos Lemus contra el artículo 136. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Aprobada en Santafé de Bogotá.A.e) del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). contenida en el literal e) del numeral 10 del artículo 44 de la Ley 446 de 1998. de la Constitución Política. D. del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo).C. numeral 5. El Magistrado Sustanciador. modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 Actor: Felix Hoyos Lemus Magistrado Ponente: Dr. literal e).C. modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.C. se declaró la exequibilidad de la expresión “que acredite un interés directo”. rechazó la demanda en cuanto se refería al artículo 32 de la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 87 del C.A. por Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999. NORMA ACUSADA Se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso. el presente análisis se dirigirá únicamente a la expresión “interesada”. en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. en especial las previstas en el artículo 241. mediante auto del seis (6) de julio de 1999. numeral 10. a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil (2000). en uso de su derecho político. que modificó el artículo 136 del C. En efecto. I.. ha proferido la siguiente SENTENCIA en relación con la demanda de inconstitucionalidad (parcial) que.
.Caducidad de las acciones... 85 y 270 de la Constitución Política. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años.) 10. dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento.. En los siguientes contratos. 40. El Presidente de la República de Colombia... (. En ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la ley “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991. sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años contados a partir de su perfeccionamiento.. por el Ministerio Público o cualquier persona interesada.. se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989.) e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes. En las relativas a contratos. el término de caducidad se contará así: (. eficiencia y acceso a la justicia”. el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.) Artículo 136. II. el término de caducidad será igual al de su vigencia.“DECRETO 01 DE 1984 (enero 2) Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión. LA DEMANDA Afirma el impugnante que la disposición parcialmente acusada vulnera los artículos 1. se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil. DECRETA: (. En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 y oída la comisión asesora creada por el artículo 12 de la misma ley.
para las cuales se debe otorgar una Acción Pública. según lo dispuesto por el artículo 270 Ibídem. la vigilancia de la gestión pública lleva implícita la facultad de controlar la contratación estatal en interés público. de la Constitución Política también se aplican al ámbito de la contratación estatal y que. objetivamente considerado. aplicado a la persona que puede pedir la nulidad absoluta de un contrato estatal. ello daría cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 Ibídem. Considera entonces que lo conveniente sería que la norma señalara a “cualquier ciudadano” como titular de la legitimidad con miras a la impugnación del contrato. caso en el cual la acción deja de ser pública y para promoverla se exige un Interés para Obrar. siendo natural que todos los miembros de la comunidad tengan interés en la declaración de nulidad. A su juicio. así como al desarrollo de las formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública. referente al derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación. para que se realizaran así los postulados y fines del Estado consagrados en el artículo 1 de la Constitución. Empero.Sostiene que la expresión objeto de proceso -el vocablo “interesada”.limita el círculo de quienes tienen acceso a la administración de justicia en lo referente a asuntos de interés público.. el legislador es soberano para determinar la titularidad de las acciones contenciosas. el impugnante argumenta que las acciones públicas consagradas por el artículo 40. toda vez que no se entendería que esta facultad convirtiera a los ciudadanos en meros espectadores del quehacer público. Manifiesta el demandante que. Las normas demandadas no hacen tal distinción y exigen interés para obrar frente a una pretensión de nulidad absoluta en la cual está en juego el interés público y social”.. en donde el actor no pide nada para sí mismo. Finalmente. y 2) Aquellas en que hay un interés subjetivo de alguien afectado por el contrato. según lo consagra el artículo 270 de la Carta. al hacerlo debe distinguir entre: 1) Aquellas acciones en las cuales está envuelto el interés público y la preservación del orden jurídico. numeral 6. INTERVENCIONES . la lesión al ordenamiento jurídico es continua y permanente. ejercicio y control del poder político. El actor señala: “. III. si el contrato estatal se encuentra bajo una causal de nulidad absoluta.
norma en la cual se señala quiénes pueden interponer la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales. Para la interviniente. IV. En tal sentido. . actuando como apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho y en su calidad de Directora (E) de la Dirección General de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo. no le asiste la razón al actor cuando alega que la intención del legislador fue la de excluir cualquier posibilidad de control de legalidad. subraya que la misma tiene como finalidad que el proceso contractual no se vea afectado por demoras ni dilaciones. Manifiesta el Jefe del Ministerio Público: “Considera este Despacho. En su concepto. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la expresión objeto del proceso. hace innecesario profundizar en este análisis por cuanto la argumentación del demandante se dirigía contra esta limitación al ejercicio de las acciones públicas y no a la caducidad de las acciones. por lo cual se procederá a solicitar la constitucionalidad de la norma”. quienes con la excusa de ejercer un control de legalidad. recuerda los alcances de la Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999.y que al mismo tiempo estos actos pudieran seguir sometidos a las reglas generales del control respecto de todos los miembros de la sociedad. ya que el mismo subsiste en todas las etapas de la contratación administrativa. pueden llegar a paralizar la importante y delicada actividad administrativa. al defender la constitucionalidad de la norma parcialmente impugnada. corresponde al legislador señalar y restringir los titulares que pueden ejercer una acción en contra de los actos contractuales. contenida en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. las cuales en la mayoría de los casos son generadas por terceros extraños a la contratación estatal.La ciudadana Blanca Esperanza Niño Izquierdo. respecto de la participación de los ciudadanos en el control de la gestión pública. que la declaratoria de constitucionalidad de la expresión “el tercero que acredite un interés directo en el contrato”. Por tal razón sostiene que no tendría sentido el hecho de que se limitara su ejercicio -como lo contempla la norma. Afirma que la Corte Constitucional se ha pronunciado en varios fallos. aunque con modalidades diferentes.
por encima de los intereses particulares en casos concretos. pues. desde el punto de vista de la Constitución. El ejercicio del control político y la participación ciudadana no necesariamente se caracterizan por la extensión de la legitimidad para solicitar nulidades El actor aduce que la nulidad absoluta de los contratos del Estado puede ser solicitada por cualquier persona. La Constitución ha contemplado canales eficientes. para excluir la limitación que la norma demandada consagra. participativa y pluralista. dentro de la filosofía plasmada en la Constitución del 91. existe la denominada participación ciudadana para velar por el bien común y para preservar la pureza de la gestión estatal.que inciden directamente en el desenvolvimiento de la vida social en sí misma y en el bienestar y la actividad de todos los asociados. y varias disposiciones constitucionales buscan asegurar que los ciudadanos tomen parte en asuntos públicos. Invoca.V. pues limitar su ejercicio es claramente violatorio de los artículos 1 y 40 de la Carta Política Según el demandante. para asegurar que esos postulados tengan cabal realización. y al señalar que se funda. En efecto. Constitucionalidad de la restricción sobre la petición de nulidad de los contratos estatales. El interés en ella debe ser directo. Es decir. . no puede negarse que el artículo 1 de la Carta Política. existen actos -entre los cuales cabe mencionar los contratos del Estado. el ejercicio del control político y la posibilidad que todos deben tener en la toma de decisiones que les interesan y en los asuntos públicos. como elementos suficientes. como lo ha destacado reiterada jurisprudencia de esta Corte. al declarar que Colombia es una república democrática. como los mecanismos de participación ciudadana. la nulidad absoluta debe proceder a la manera como quedó consignada en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. Por lo cual. en la prevalencia del interés general. coloca el bien colectivo -que es de toda la comunidad. entre otros valores. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION El problema jurídico planteado. Y ello independientemente de las partes que los hayan celebrado. según el cual la nulidad absoluta puede ser alegada por cualquier persona. que a todos interesa.
que está dentro de las facultades del legislador establecer restricciones para el ejercicio de determinadas acciones. al ministerio público y al tercero que acredite un interés directo en el contrato.). Se afirmó en dicho Fallo: “A juicio de esta Corte. restringir esta acción a las partes. al considerar que existen otros mecanismos de participación ciudadana que permiten la vigilancia de la gestión estatal y. si bien es cierto que la Constitución Política concede a todo ciudadano el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley (art. además. por la cual se declaró la exequibilidad de la expresión “que acredite un interés directo”. bien puede el Legislador. en ejercicio de su libertad de configuración legislativa. para sostener la inconstitucionalidad del término acusado. No siendo una acción pública de rango constitucional.Empero. supone que si no es a través de la legitimación para solicitar la nulidad de los contratos estatales no hay posibilidad de participación ciudadana ni de control por parte de la comunidad sobre la gestión pública. bien puede el Legislador. 40-6 C. no lo es menos que el carácter público o popular de la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales no deriva de la Carta Política. en la Constitución. como el de la pronta y oportuna decisión por la justicia contencioso administrativa de las controversias . contenida en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 446 de 1998. pues. no acepta la Corporación las tesis esbozadas por el actor. atendiendo criterios de política legislativa. Para la Corte es claro que. en aras de la efectividad de otros principios constitucionales. en ejercicio de sus competencias constitucionales. por lo cual no actúa como limitante de la libertad configurativa que esta concede al Legislador. no es de origen constitucional sino legal. por ejemplo con la acción de inconstitucionalidad. sus causahabientes. como sí acontece. En otros términos. En esta ocasión acoge también la Corte los criterios expuestos en Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999. cuyo carácter público y ciudadano fué determinado por el propio Constituyente y consignado en forma expresa.P. aun habiéndose consagrado la restricción de la que se trata. todas las personas tienen intacto su derecho de participar en interés colectivo en los procesos de contratación. restringir la titularidad de la acción o someter su ejercicio al cumplimiento de requisitos y condiciones razonables. quien.
P. La ley puede establecer condiciones o límites al ejercicio de las acciones judiciales. busca evitar que la acción se emplee con propósitos dilatorios o distintos de los que inspiran la acción de nulidad absoluta del contrato estatal y apunta a hacer . como cuando se celebra un contrato estatal. sería exponer la contratación a los caprichos o abusos de quienes pudiesen querer obstaculizarla y que. con perjuicio para las partes. máxime cuando se refieren a situaciones de carácter específico. la restricción establecida por la norma impugnada es razonable pues pretende alcanzar una finalidad constitucionalmente importante. es igualmente digno de protección constitucional. desde este ángulo complementario. M. en la sentencia citada se dijo: “Desde esta perspectiva. en busca de nulidades que. la Corte halla el aparte cuestionado también ajustado a la Carta. en tanto busca evitar que la amplitud de la titularidad de la acción de lugar a que se planteen controversias contractuales con fines y propósitos ajenos a los que inspiran la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales. En suma. sin acreditar ningún interés. Por ello. Sentencia C-221 de 1999.contractuales que le son sometidas”. Dr. estuviesen en posibilidad efectiva de dirigir solicitudes. así no fueran declaradas. se trata de un requisito razonable y proporcional que propende por hacer efectivo el derecho que tienen las partes del contrato a obtener una decisión definitiva de parte del juez contencioso. Admitir que una nulidad absoluta de uno de estos contratos esté al alcance de cualquier persona. implicarían dilaciones y trámites contrarios a la agilidad de la gestión pública y a la ejecución de importantes actividades propias del Estado. Fabio Morón Díaz). la Corte estima pertinente observar que. Sobre este punto. Corte Constitucional. en tanto cierra la posibilidad de que la acción pueda emplearse con intereses y finalidades ajenas a las que inspiraron su consagración legal. pues el derecho de estas a obtener una decisión definitiva sobre la validez del contrato en un tiempo razonable. en cuanto propende por la efectividad de varios principios inherentes a la administración de justicia. todo lo cual redunda en la rectitud y probidad con que se debe dispensar en todos los campos. todo en perjuicio del interés colectivo. como pretende el demandante. (Cfr. aun infundadas. cumple una finalidad constitucionalmente relevante. La restricción de la titularidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales a los terceros que demuestren un interés directo en el contrato.
considera que la expresión demandada no vulnera texto constitucional alguno y. Existen también recursos adicionales que permiten a los particulares ejercer sus facultades de participación ciudadana. Dr. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.efectivos varios principios de la administración de justicia. como son los previstos en el Estatuto Anticorrupción y en el Código Disciplinario Unico. Por todo ello. por tanto. declarará que es exequible. la Sala Plena de la Corte Constitucional. le ha dado cabal desarrollo a sus preceptos. siguiendo los lineamientos jurisprudenciales expuestos. que constituyan delitos. Igualmente es requisito indispensable para la legalización de los contratos. contravenciones o faltas en materia de contratación estatal. modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Sentencia C-221 de 1999. . Notifíquese.”. (Cfr. Las pertinentes normas contemplan la forma de adelantar la vigilancia de la gestión pública. DECISION En mérito de lo expuesto. hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares. Fabio Morón Díaz). Precisamente. de profesionales. para lo cual las entidades están en la obligación de publicar en sitio visible de sus dependencias los contratos adjudicados. benéficas o de utilidad común denuncien ante las autoridades competentes las actuaciones. así como el nombre del adjudicatario y las licitaciones declaradas desiertas. La Sala. RESUELVE: Declarar EXEQUIBLE la expresión “interesada”. M. la publicación en el Diario Unico de Contratación Pública. contenida en el literal e) del numeral 10) del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). estipula mecanismos de participación comunitaria para la vigilancia y control ciudadano sobre los contratos que celebran las entidades estatales y facilita que las asociaciones cívicas. Corte Constitucional. el Legislador al expedir el precepto acusado. esta Corte estima que antes que violar la Carta. comuníquese. el objeto y valor de los mismos. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. publíquese. el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. comunitarias.P.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Presidente ANTONIO BARRERA CARBONELL BELTRAN SIERRA Magistrado ALFREDO Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ GAVIRIA DIAZ Magistrado CARLOS Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO MORON DIAZ Magistrado FABIO Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA TAFUR GALVIS Magistrado ALVARO Magistrado MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General .
Aclaración de voto a la Sentencia C-011/00 DERECHO DE PARTICIPACION DE TODOS EN LAS DECISIONES QUE LOS AFECTAN-Exigencia de interés directo podrá demandar nulidad absoluta de contrato administrativo (Aclaración de voto) LEGISLADOR-No puede quitar al ciudadano derecho a controlar actividad contractual de la administración (Aclaración de voto) Referencia: expediente D-2439 En mi condición de ponente en este caso. A nuestro juicio. lo cual fue declarado exequible por la Corporación en la sentencia de que discrepamos. debo manifestar que. lo que allí se denomina "interés directo". lo siguiente: "1. considero inconstitucional la restricción en esa oportunidad demandada. provenientes de los tributos recaudados por el . pues es claro que en la actividad de la administración pública nacional. y que. junto con los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Carlos Gaviria Díaz. Mediante la nueva redacción que el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 imprimió al 87 del Código Contencioso Administrativo. la exigencia de que para demandar la nulidad absoluta de un contrato administrativo se requiera interés específico para obrar. que tiene el mismo sentido en la norma objeto del presente proceso. 2. es decir. como lo expuse en salvamento de voto relativo a la Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999. se invierten o gastan dineros públicos. distrital o municipal y de las entidades descentralizadas de todos los niveles. por lo tanto. por considerar que las restricciones establecidas por el legislador para el efecto quedan comprendidas dentro de sus atribuciones para "hacer las leyes". Dije entonces. departamental. la legitimación para impetrar que se decrete la nulidad absoluta de los contratos administrativos quedó restringida al Ministerio Público o a quien "acredite un interés directo". desconoce por completo el deber del Estado de "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan" consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política. la limitación allí impuesta no menoscaba el derecho de participación ciudadana en el control de la actividad contractual de la administración.
"en defensa de la Constitución y de la ley". Por otra parte. para lo cual le autoriza. que el legislador tiene facultades para regular la manera como se pueden ejercer dichas acciones. acogiéndome a la jurisprudencia de la Corte. A este efecto. la exigencia de un interés particular y concreto para demandar la nulidad absoluta de un contrato administrativo. que.Estado. Por ello. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley". en plena armonía con lo preceptuado por el artículo 2º de la Carta. la ley y la licitud de la causa y objeto de los contratos celebrados con dineros públicos. los lineamientos trazados en la decisión referida. de la propia Carta surge entonces que a los ciudadanos se les garantiza por ella el ejercicio del derecho a controlar la actividad contractual de la administración pública. Así las cosas. con la decisión de la cual nos apartamos y con la norma que en ella se respalda. salvamos nuestro voto". 5. Ello significa. que reformó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. 4. también resulta desconocido el artículo 40 de la Constitución Política. si se tiene en cuenta que la nulidad absoluta de los contratos administrativos puede ser declarada por la jurisdicción competente cuando exista violación de la Constitución o de la ley. sin duda alguna. 3. se repite. ejercicio y control del poder político". se supone. he proyectado el fallo del que ahora se trata y he seguido. garantiza a todos los ciudadanos como un derecho suyo la participación en la "conformación. a pretexto de la supuesta "libertad de configuración legislativa". No lo consideró así la mayoría y por eso declaró exequible la expresión demandada contenida en el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO . al hacerlo. pues ésta no existe para suprimir el derecho a interponer una acción que pretende defender la Constitución. ya que la norma acabada de mencionar. No obstante. cuál el juez competente. objeto o causa ilícitos. expresamente a "6. lo cual justifica que al respecto exista el más estricto control por los asociados. quebranta la Constitución. deben sujetarse a los intereses superiores del Estado y no apartarse jamás de lo previsto por el ordenamiento jurídico positivo. entonces. cuáles los requisitos que han de cumplirse y el trámite respectivo. Pero de ahí no puede deducirse que resulte constitucionalmente legítimo arrebatarle al ciudadano su derecho a controlar la actividad contractual de la administración.
ut supra .Magistrado Fecha.
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References: artículo 136
 artículo 32
 artículo 136
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 32
 artículo 87
 artículo 241
 artículo 136
 artículo 22
 Artículo 136
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 270
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 40
 artículo 270
 artículo 87
 artículo 1
 artículo 45
 artículo 32
 artículo 44
 artículo 136
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 87
 artículo 40
 artículo 32