Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520329.html
Timestamp: 2019-03-20 03:23:30+00:00

Document:
as201521329
Auto Supremo: 329/2015 - L
Expediente: T- 15 - 10 – S
Partes: Marcelina Martínez Martínez Vda. de Corzo y Otros. c/ Felisa Montellanos
Fernández y Otra.
Proceso: Ordinario de inventario enumerativo, partición y división.
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 821 y vta., interpuesto por Marcelina Martínez Martínez Vda. de Corzo en representación de Hilda, Rodolfo Orlando, Griselda, Sonia y Juan Carlos todos de apellidos Corzo Martínez, contra el Auto de Vista de N° 02/2010 S.C. 1ra., de fs. 813 a 814, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro el proceso Ordinario de inventario enumerativo, partición y división seguido por los recurrentes en contra de Felisa Montellanos Fernández y Valentina Vanesa Corzo Montellanos, el Auto de concesión de fs. 828, los antecedentes del proceso, y;
Dictada la Sentencia Nº 52/2009, de fs. 773 a 775, pronunciándose en la parte resolutiva, la Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de la Provincia O”connor, conforme dispone el art. 161 de la Ley de Organización Judicial y circulares 05/01 y 06/01, en aplicación a lo dispuesto por el párrafo I Art. 1233 del Código Civil FALLA: aprobando el inventario enumerativo de ganado (fs. 633 a 636 y 659 a 659 vlta.); por la documental aportada durante la tramitación del proceso se tiene la existencia de los siguientes bienes: 50% de los bienes más el 50% del ganado, dejados en calidad de sesión a los hijos habidos en matrimonio de Valentín Corzo con la Señora Marcelina Martínez (documental de fs. 338 a 339). 1.- El 50% de una casa ubicada en la calle Alianza en el pueblo de Entre Ríos construida de material y que consta de dos tiendas a la calle y su pasillo, tres dormitorios un corredor de 7 metros, un baño de primera de dos piezas que solo falta terminar la obra fina. 2.- El 50% de un lote de terreno de 18 metros de frente por 120 de fondo ubicado en la calle 1ro de Mayo también en la localidad de Entre Ríos que tiene tres piezas con piso de cemento y revoque de yeso y las acciones. 3.- El (50%) de la propiedad del Pajonal la que se encuentra en pro indiviso debido a que la otra mitad le corresponde a la Señora Encarnación Corso. 4.- El 50% de una casa en campo largo Jurisdicción de la Provincia Gran Chaco. 5.- Para el esposo queda en propiedad el ganado adquirido a partir de agosto del año 1986 y que se encuentra pastando en el Cantón Morteritos. 6.- El 50% del bien inmueble adquirido en La ciudad de Tarija por el Señor Valentín Corzo Maldonado y Felisa Montellanos cuya documental cursa de fs. 331 a 334 durante la convivencia con la Señora Felisa Montellanos (fs. 633 a 636 y 659 a 659 vlta.); 7.- La acción y derecho del bien inmueble adquirida por declaratoria de herederos realizada por Valentín Corzo Maldonado al Fallecimiento de su madre Encarnación Corzo de Vda. Renjifo documental que cursa de fs. 429 a 432 del cuaderno principal, resolviéndose sin lugar la oposición a la realización de inventario enumerativo.
Contra dicha Sentencia Marcelina Martínez Martínez Vda. de Corzo en representación de Hilda, Rodolfo Orlando, Griselda, Sonia y Juan Carlos todos de apellidos Corzo Martínez de fs. 783 a 785 y vta., Adhesión a la apelación por Felisa Montellanos Fernández y Valentina Vanesa Corzo Montellanos, de fs. 791 a 799, quienes interponen recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista de N° 02/2010 S.C. 1ra., de fs. 813 a 814, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, por el cual ANULA la Sentencia apelada, Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma presentado por Marcelina Martínez Martínez Vda. de Corzo en representación de Hilda, Rodolfo Orlando, Griselda, Sonia y Juan Carlos todos de apellidos Corzo Martínez el mismo que merece el presente análisis.
Refiere violación de los arts. 236, 192 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que de acuerdo a la pertinencia de la Resolución del Auto de Vista, debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y fundamentación, ya que el Auto de Vista recurrido, no se refiere a los puntos expuestos en el memorial de apelación, con respecto a lo resuelto por la Sentencia y lo apelado por sus poderdantes, en franco desconocimiento del art. 236 del Código de Procedimiento Civil y los principios de congruencia y fundamentación, puesto que la Sentencia dictada en primera instancia contiene la debida claridad así como el recurso de apelación planteado.
Por lo que concluye solicitando al Tribunal de casación dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista y ordenar al Tribunal de apelación ingrese al fondo del recurso de apelación planteado.
Respecto al primer punto, en lo esencial del recurso de casación en la forma, se indica que el Ad quem únicamente se refiere al fallo de primera instancia apartándose de los reclamos del recurso de apelación, no dando ninguna respuesta a los agravios denunciados, que solo se basó en mencionar que el A quo, al momento de pronunciar Sentencia, indica que debería tener una decisión clara concreta e inequívoca, de esta manera habría dispuesto la nulidad de dicho fallo, sin respetar el principio de congruencia procesal en la Resolución; en base a esos argumentos la recurrente acusa de transgredidos los arts. 236 y 192 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, solicitando que se anule el Auto de Vista, para que ingrese al fondo del recurso y resolver conforme a Ley.
En el caso de Autos, se debe precisar que toda Resolución debe cumplir con el principio de congruencia, es decir, debe ajustarse a las peticiones deducidas por las partes y a los aspectos que han sido motivo de la controversia. El art. 236 del Código de procedimiento Civil señala: “El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227…”. La jurisprudencia constitucional establece que las Resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas y acordes con las pretensiones expuestas por las partes, sin que ello signifique otorgar la razón a quien la pide sin tenerla, es decir, que se deben observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, tanto de las pruebas aportadas y acumuladas en el trámite del proceso como de los fundamentos alegados por las partes.
En el caso en cuestión y de la lectura del Auto de Vista se evidencia que el Ad quem, basó su decisión de anular la Sentencia atribuyendo incumplimiento de los arts. 190, 192 num. 3) y 236 del Código de Procedimiento Civil por parte del A quo; es decir que el Tribunal de Alzada fundamentó su fallo en el Considerando II, en sentido de que: “… la sentencia no reúne los requisitos de Ley, más propiamente el principio de congruencia y exhaustividad”… En el Considerando III refiere que: “…En la sentencia, en su parte resolutiva, no existe una clara decisión al respecto y aparentemente se aprueba un inventario y en porcentaje pero la parte resolutiva del fallo tiene que ser clara, concreta e inequívoca, así lo establece el art. 192-3) del Código de Procedimiento Civil con relación al Art. 190 del mismo texto”. Por lo que en ese antecedente ANULA la Sentencia de fs. 773 a 775 y dispone se pronuncie una nueva cumpliendo lo extrañado.
De lo que se advierte que el Ad quem, anula la Sentencia porque aparentemente dicha Resolución no tendría una decisión clara y expresa; sin embargo revisado el contenido de la Resolución de primera instancia se evidencia que el A quo toma la determinación de fallar aprobando el inventario enumerativo de la pretensión principal, así como dispone la división y partición de los bienes en porcentajes; no obstante, otra cosa diferente es determinar si esa consideración ha sido la correcta o no, labor que precisamente le corresponde al Ad quem, pero esa situación no puede dar lugar a la nulidad de lo resuelto por el Juez de primera instancia.
Como se podrá advertir, el Ad quem en la mayor parte de sus fundamentos expone aspectos que hacen a la parte considerativa y la resolutiva de la Resolución de primera instancia en merito a los cuales tomó la determinación de anular la Sentencia; con esos cuestionamientos si consideraba de vital trascendencia, lo que correspondía era resolver el fondo de la controversia y responder a los agravios explanados en el recurso de apelación y no anular la Sentencia como lo hizo, toda vez que la nulidad de una Resolución opera por aspectos de forma, cuando el fallo es manifiestamente incongruente o por falta de fundamentación.
Asimismo, el Tribunal de alzada, deberá tener en cuenta que el escenario de las nulidades procesales, como sanción al acto, por el sólo apartamiento de las formas establecidas en la ley fue superado. La doctrina, jurisprudencia y la ley han construido presupuestos válidos para aplicar la nulidad procesal, que en todo caso es de ultima ratio, aplicado con criterio restrictivo, cuando se ha vulnerado objetivamente el derecho a la defensa en juicio, por lo que no puede imputarse a la nulidad el propósito de enmendar la injusticia de una decisión sino el de asegurar la inviolabilidad del derecho a la defensa.
Por ello, para compulsar las formas en el proceso los principios procesales juegan un papel importante para aplicar una nulidad, conforme la reiterada jurisprudencia ordinaria y constitucional, a lo que detallamos a continuación:
Principio de Especificidad o Legalidad.- No existe nulidad sin ley que taxativamente la establezca. En sentido puro, según este principio, las nulidades son solamente las previstas en la ley y no puede aceptarse otras; criterio que en la práctica resulta poco realizable en virtud de que resulta materialmente imposible que un ordenamiento procesal civil recoja y pueda prever todas y cada una de las causales motivantes de nulidad.
En la actualidad, no se concibe el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad.
Principio de Trascendencia.- No hay nulidad sin perjuicio. La sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.
En otras palabras, no todo vicio ni toda irregularidad ocurrida en el proceso reviste relevancia jurídica, consiguientemente no todo vicio trae aparejada la invalidez del acto.
En virtud al principio de trascendencia debe tenerse en cuenta el perjuicio que el acto realizado viciosamente puede ocasionar, de tal manera que si no es verdaderamente importante, o relevante, carece de sentido la nulidad, pues, la violación formal debe trascender en la esfera del debido proceso y tener incidencia en el derecho a la defensa de las partes, solo así se hace viable la aplicación de la sanción de nulidad del acto.
Principio de finalidad del acto procesal.- Un tema importante para tomar en cuenta es si el agravio o la violación al debido proceso determina siempre la invalidación de un acto, pues pueden existir actos procesales que, aun cayendo en supuestos de nulidades expresas, logran la finalidad para la que estaban destinados, en cuyo caso no debe declararse la nulidad.
Principio de Protección.- La nulidad procesal busca proteger a aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte, ya como terceros, de aquellos actos que incurriendo en vicios, no logren la finalidad establecida para ellos, siempre que el proponente de la nulidad no sea el mismo que la hubiere originado, puesto que de ser así, no se estaría afectando su derecho al debido proceso.
Principio de Convalidación.- Por este principio una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica. En la práctica se dan casos de convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto irregular, sin deducir oportunamente -en su primera actuación posterior al acto viciado- la nulidad del mismo, en tal sentido, no existirá posibilidad alguna para posteriormente solicitar la nulidad.
Este principio impone el deber de diligencia a las partes a fin de no ser ellos mismos los causantes de su propio perjuicio, ello en mérito a la firmeza que los actos procesales deben adquirir.
Principio de conservación.- Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación; esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa.
En tal sentido todos estos aspectos trascendentales no fueron tomados en cuenta por el Ad quem, en función de la actividad revisora que le otorga la ley procesal al Tribunal de alzada, tiene el deber de revisar lo resuelto por el inferior conforme a los agravios expuestos en la apelación, y en caso de encontrar deficiencias en la fundamentación de la Resolución apelada o incorrecta aplicación de alguna norma legal sustantiva, corresponde al superior en grado mejorar con mayor criterio esa fundamentación procurando en lo posible resolver el fondo del problema sin que ello implique exceder los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y no necesariamente disponer la nulidad por cualquier circunstancia como ocurrió en el caso presente retrotrayendo el proceso al estado de dictarse una nueva Sentencia, no obstante que la apelante solicita que se resuelva los agravios de su apelación y ello implica resolver el fondo del problema, aspecto que no fue comprendido por el Tribunal de alzada, quien al disponer la nulidad actuó en contra de los principios de celeridad.
De lo manifestado, se concluye que la nulidad dispuesta por el Ad quem, constituye un exceso que contraviene los principios constitucionales anteriormente señalados y se aparta radicalmente de su obligación de resolver el recurso de apelación conforme al mandato que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, no quedando otra alternativa que anular el Auto de Vista recurrido para que el Ad quem, emita nueva Resolución y resuelva el fondo de la controversia.
Por todo lo anteriormente señalado, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por el art. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 02/2010 S.C. 1ra., de fs. 813 a 814, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija y dispone que el Ad quem sin espera de turno y previo sorteo dicte nueva Resolución con pertinencia del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
No se impone multa por considerarse error excusable y en observancia al art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 227
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución