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Timestamp: 2019-03-20 23:58:46+00:00

Document:
as20151L205
AUTO SUPREMO Nº 205/2015-RRC-L
Por memorial presentado ante Notario de Fe Pública y ante el Tribunal de alzada el 3 de noviembre de 2009, cursante de fs. 273 a 275 y vta., Oscar Osorio Vesga, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 251 de 19 de octubre de 2009, de fs. 251 a 252, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Mary Marcela Soruco Retamozo, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 08/2009 de 14 de agosto (fs. 176 a 181), el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a la imputada Mary Marcela Soruco Retamozo, absuelta de pena y culpa del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP.
Contra la mencionada Sentencia, el querellante Oscar Osorio Vesga formuló recurso de apelación restringida (fs. 235 a 238), resuelto por el Auto de Vista 251 de 19 de octubre de 2009 (fs. 251 a 252) dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso de apelación, con costas.
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 055/2015-RA-L de 4 de febrero, se extrae el único motivo admitido, de los denunciados por el recurrente, sobre el cuál, se circunscribirá el siguiente análisis, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Denuncia que el Tribunal de alzada sin ingresar al fondo de los agravios de su apelación, no expuso ni fundamentó las razones de hecho y de derecho para la determinación asumida, habiéndose limitado a relatar aspectos de forma referidos a la Sentencia, contradiciendo los precedentes invocados en el recurso de apelación restringida, vulnerando lo establecido por el art. 124 del CPP. A cuyo efecto señala que en el primer punto del Auto de Vista impugnado, además de indicar que no existen agravios, el Tribunal de alzada consideró que deben respetar los hechos fijados por el Juez a quo, según se cumplan las reglas de la sana crítica “sin que haya indicado cuáles son esas” (sic), también señala que no habría probado que la procesada le hubiere inducido al engaño lo cual -a criterio del recurrente- no tiene relación con la inobservancia o aplicación errónea de la ley sustantiva. Asimismo, en el segundo punto del Auto de Vista impugnado afirma que no es evidente que se hubieren vulnerado derechos al no haber fundamentado la Sentencia, y asevera que se emula realizar un análisis del fallo apelado, pretendiendo demostrar que no existe agravio. En el tercer punto del Auto de Vista recurrido, señala que se limitó a reiterar el art. 173 del CPP, sin exponer fundamentos jurídicos penales. En el punto cuarto -indica que- no obstante de haber formulado cuatro agravios, se cita un sexto motivo pasando por alto el cuarto y quinto agravio; concluyendo que no se efectuó una valoración y fundamentación del por qué llegó a la decisión.
Finalmente, alega el recurrente que en vista que tanto la Sentencia como el Auto de Vista carecen de una debida fundamentación, como se tiene señalado precedentemente, existen defectos absolutos por vulneración al debido proceso, de conformidad con el art. 169 inc. 3) del CPP aseverando que el hecho que el Juez y el Tribunal de apelación no hubieren fundamentado sus Resoluciones conforme a lo prescrito por los arts. 124, 360 y 370 inc. 5) del CPP, constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación.
Por lo expuesto, el recurrente solicita que una vez admitido el presente recurso y se resuelva anular el Auto de Vista, disponiendo la reposición del juicio, como establece la norma procesal vigente.
Mediante Auto Supremo 055/2015-RA-L, cursante de fs. 284 a 287, este Tribunal admitió uno de los dos motivos denunciados en el recurso de casación, por parte del querellante, para su análisis de fondo.
Desarrollado el juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dictó la Sentencia 08/2009 de 14 de agosto, por la que declaró a la imputada Mary Marcela Soruco Retamozo, absuelta de pena y culpa del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, dejando sin efecto las medidas cautelares adoptadas, con costas; de acuerdo a los siguientes fundamentos:
La estrategia de la acusación para probar la estafa está sustentada en el pago de $us. 6.050.- (seis mil cincuenta dólares estadounidenses) y la no entrega personal de la madera al querellante, pues según la lógica de la acusación, con la simple demostración de estos dos extremos, el engaño sería una inferencia necesaria; sin embargo, no toma en cuenta que para la ilicitud de la conducta debe demostrar el dolo, en este caso, la intención de la imputada de engañar, es decir, que ofrezca vender madera, logre convencer a la víctima consiguiendo la disposición patrimonial y la madera no exista y tampoco el aserradero; o en su caso si exista; pero, sea de menor calidad y se haga creer que es de la calidad cuyo precio se cobra; circunstancias que no se dieron; por el contrario, la madera existió y en la calidad acordada, el aserradero lo propio y fue entregada a la persona que estuvo en la compra junto al querellante y que en los hechos por su declaración se deduce que era socio del acusador particular, quien ganaría comisión por realizar el trámite de exportación y con el antecedente de que antes había sido socio de su yerno y el otro antecedente es que recién busca a la imputada después de tres meses cuando no aparecía el citado socio, dándose cuenta el querellante, que fue engañado por este último, así analizado el elemento engaño, se concluye que éste no existe, menos aun cuando el querellante estuvo en contacto con su socio después del 3 de marzo de 2007, así lo denota la inseguridad y dubitación al declarar sobre este hecho; consecuentemente, si no existe el elemento engaño que es el nuclear en la Estafa, entonces la conducta de la imputada no se subsume a dicho tipo penal.
Con relación al error, no se puede manifestar que existió si no hubo engaño; y si bien es cierto que se dio el desplazamiento del patrimonio del querellante; sin embargo, también existió una contraprestación de parte de la imputada, la cual está representada en la entrega de los 12.000 pies de madera mara al socio del querellante, que como ya se dijo, estaba en el mismo negocio con éste; lo que implica que dicho desplazamiento no fue provocado por el engaño de la imputada. Perjuicio aunque existe, tampoco fue causado por la acusada, pues ella cumplió entregando la madera, quedando presumida la buena fe de la precitada, al entregar la madera al citado socio, en el entendimiento de que trabajaban juntos; entonces la mala fe o dolo en la conducta de ésta, correspondía probarla al querellante; es decir, que hubiere estado asociada con quien recibió la madera para engañar al acusador.
La prueba de cargo practicada según la libre apreciación del Juez, ajustada a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia no acreditan ni demuestran que el hecho relatado constituya delito de Estafa, pues no concurren los elementos de este tipo penal. No se probó el hecho en juzgamiento como delito de Estafa, como lógica consecuencia, tampoco puede haber culpabilidad en la imputada, elemento principal concurrente del delito y que hace a la responsabilidad penal (dolo).
II.2.Del recurso de apelación restringida del acusador
El querellante Oscar Osorio Vesga, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 08/2009 de 14 de agosto (fs. 176 a 181), bajo los siguientes argumentos:
Denuncia que en la Sentencia de mérito, el Juez aplicó erróneamente el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, dado que en el desarrollo del juicio, la parte acusada no desvirtuó el delito de Estafa, base de la acusación: El inc. 1), porque se basó en una simple declaración para desvirtuar la comisión del delito; toda vez, que para el Juzgador quedó demostrado que la imputada entregó la madera al socio de la víctima, siendo que por la declaración del mismo testigo de descargo, éste no era socio ni amigo de la persona a quien se entregó la madera, tampoco existe recibo firmado por quien supuestamente la recibió y recogió, y lo más alarmante es que se pasó por alto el hecho que la imputada alegó haber entregado la madera a Huascar Maldonado, porque la víctima anotó en un recibo, el nombre de quien recogería la mercancía, cuando en realidad, en el recibo original no está escrito absolutamente nada; pero, curiosamente en la copia del citado recibo se encuentra anotado dicho nombre con una letra que no corresponde a la de la víctima. El inc. 5), habida cuenta que el Juzgador no fundamentó la Sentencia, incumpliendo lo establecido por el art. 124 del CPP, reemplazando la misma con la simple relación de documentos aportados como pruebas de descargo, y se limitó a describir la declaración del único testigo de descargo, quien indicó que la madera supuestamente fue entregada a Huáscar Maldonado y que éste debió firmar en constancia de la entrega, cosa que no sucedió. El inc. 6), dado que el Juez de instancia, no otorgó valor a las principales pruebas de cargo, como son los dos recibos originales 000123 y 125, ambos de 3 de marzo de 2007 firmados por Oscar Osorio Vesga y Mary Marcela Soruco Retamozo, con lo cual se dejó demostrado que la imputada, en esa fecha, recibió la suma total de $us. 6.050.- (seis mil cincuenta dólares estadounidenses) y que sonsacó con engaños a la víctima por 12.050 pies de madera mara, que debieron haber sido entregados en ese momento; empero, no lo hizo, bajo el pretexto de que se necesitaba un certificado forestal para cumplir con la entrega; lo que demuestra la comisión del delito de Estafa, ya que la imputada con artificios y engaños indujo a que la víctima dispusiera del dinero sin entregar toda la mercadería con el pretexto de no contar con las certificaciones forestales que supuestamente demorarían quince días; sin embargo, de las certificaciones presentadas, se evidencia que éstas fueron expedidas recién el 18 de abril, es decir, treinta y ocho días después que la querellada obtuvo el dinero. Como tampoco se valoró que de los certificados forestales de origen no demuestran que el 11 de abril de 2007, Huáscar Maldonado fue quien pasó por el puesto de control de Pailas, pues en ellos, sólo se aprecia que pasó un camión marca Volvo de color blanco con Placa 1076 OLF, conducido por quien sabe qué persona, con 12.346 y no 12.050 pies de madera mara, teniendo como destino la ciudad de El Alto.
Finaliza manifestando que existen defectos absolutos en la Sentencia, al haberse vulnerado el debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y el principio de legalidad e igualdad; toda vez que el Juez no valoró debidamente las pruebas y no fundamentó la Sentencia.
Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida formulado por el querellante, emitiendo el Auto de Vista 251 de 19 de octubre de 2009, declarándolo improcedente y confirmando la Sentencia impugnada, con costas; de acuerdo a los siguientes argumentos:
El Tribunal de apelación no puede descender a revisar y modificar cuestiones de hecho que fueron verificadas en el juicio oral, además que no es cierto el agravio denunciado, habida cuenta que el Juez no incurrió en inobservancia de la ley sustantiva penal; tampoco es cierto el agravio denunciado sobre inobservancia de la ley sustantiva penal por parte del Juez, ya que la norma resultaría violada en caso de desconocerla, ignorando su precepto, como cuando se la aplica atribuyéndosele un mandato distinto al que en realidad contiene y la errónea aplicación consiste en la inexacta valoración jurídica del caso, ya sea por defecto en la selección de la norma o por defecto en la interpretación de ella; pues en el caso, no se probó que la procesada hubiere inducido a engaño con mentiras, simulando una realidad falsa a fin de hacer caer en error al hoy recurrente, y en virtud del cual, posteriormente se hubiere efectivizado el desplazamiento patrimonial y consecuente perjuicio económico. Por lo que, declara sin lugar al agravio.
La Sentencia contiene la fundamentación fáctica, es decir, el relato del hecho histórico, donde contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa su decisión; así como la fundamentación probatoria, esto es, el valor otorgado a los medios de prueba, puesto que realiza una descripción del relato del testigo, hace cita de los documentos, de las evidencias físicas y cualquiera otro medio de prueba. Luego de inferencias lógicas deducida e inducidas, se concluye que el hecho no constituye delito, de un lado, porque no existió engaño alguno, y de otro lado, porque la madera fue entregada a una tercera persona, la misma que al momento de concretarse el negocio acompañaba al hoy recurrente. Se rechaza el agravio.
Con relación al tercer motivo del recurso, no es evidente que la Sentencia hubiere sido pronunciada por el Juez en base a valoración defectuosa de la prueba, puesto que dio estricta aplicación al art. 173 con relación al 359, ambos del CPP, al valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, con cada uno de sus componentes; es decir, las reglas de la lógica, la experiencia común y la psicología. Asimismo, el recurrente no especifica en su recurso qué regla lógica de la experiencia común o procedimiento psicológico se vulneró. Se rechaza el agravio.
Finalmente en cuanto al sexto y último motivo, no es cierto que la Resolución impugnada hubiere inobservado o violado derechos y garantías del procesado, pues aunque el recurrente alega vulneración de derechos y garantías; sin embargo, no refiere en concreto, qué acto procesal infringe tales derechos y garantías, siendo por lo demás los fundamentos del agravio, reiterativos de los otros motivos del recurso.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES Y/O GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Con la finalidad de cumplir la tarea de verificación de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales que provoquen defectos absolutos no susceptibles de convalidación; a continuación se analizará el motivo que fue denunciado por el recurrente y admitido en el Auto Supremo 055/2015-RA-L de 4 de febrero, relativo a que el Tribunal de alzada sin ingresar al fondo de sus agravios glosados en la apelación, no expuso ni fundamentó las razones de hecho y de derecho para la determinación asumida, habiéndose limitado a relatar aspectos de forma referidos a la Sentencia, contradiciendo los precedentes invocados en el recurso de apelación restringida, vulnerando lo establecido por el art. 124 del CPP; alegando que dichas omisiones vulneran el debido proceso y provocan defectos absolutos contenidos en el art. 169 inc. 3) del CPP. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen lesiones a los derechos y garantías denunciados, a fin de dejar sin efecto o declarar infundado el recurso intentado.
Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y por el CPP, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida; pero, utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación; y por ende, en lesión al debido proceso; sin embargo, la fundamentación o motivación no precisa que sea extensa ni redundante de argumentos y cita de normas legales; sino, debe ser clara, concisa y responder a todos los puntos denunciados.
Lo anterior significa que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP; y, vulnerando al debido proceso en su elemento a la debida fundamentación.
Labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada ante la denuncia de errónea valoración de la prueba y la obligación de la carga argumentativa del apelante.
La apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia, es una labor que le compete exclusivamente al juez o tribunal de sentencia, conforme a las reglas establecidas en los arts. 173 y 359 del CPP; autoridades jurisdiccionales que tienen a su cargo realizar una valoración integral y armoniosa de toda la prueba incorporada al juicio, aplicando las reglas de la sana crítica; por lo tanto, el tribunal de alzada no está facultado para revalorizarla; y en consecuencia, dichos extremos resultan ser inatacables en apelación restringida; sin embargo, sí se encuentran sujetos al control de logicidad en esta instancia, la que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, esto es, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.
Sobre el particular, el Auto Supremo 500/2014-RRC de 24 de septiembre, señaló lo siguiente: “Pues bien, el juzgador debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y otorgan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos.
En el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: ‘El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida’; lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.
Consiguientemente, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en sentencia por el A quo”.
Este entendimiento ha sido igualmente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señala: ”El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.
Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.
De lo señalado precedentemente, se concluye que de manera general, el Tribunal de alzada se encuentra impedido de revalorizar la prueba; empero, tiene la obligación de efectuar la labor de control de logicidad ante la denuncia de errónea valoración; como también resulta inexcusable para el recurrente señalar e identificar qué elementos de prueba fueron incorrectamente valorados y cuál la solución que pretende; es decir, precisar qué partes de la decisión incurrieron en errores lógico-jurídicos en el que se aplicaron de manera inadecuada las reglas de la sana crítica, con el correspondiente análisis lógico buscado; y no referirse a aspectos procesales que no vayan a tener incidencia en el fondo del litigio; de ser así, el Tribunal de apelación determinará por declarar inadmisible, si pese a haber otorgado el plazo de tres días para la subsanación del recurso persistió el incumplimiento de lo observado.
En relación al motivo analizado en el presente recurso, la denuncia del recurrente se centra en que el Tribunal de alzada pronunció una Resolución contraria a los precedentes invocados en la apelación restringida, puesto que, a su criterio, resolvió sin ingresar al fondo de los agravios expuestos en su impugnación; y de otro lado, tampoco expuso ni fundamentó las razones de hecho y de derecho para la determinación asumida, limitándose a relatar aspectos de forma referidos a la Sentencia, vulnerando el art. 124 del CPP.
Bajo ese contexto, señala el recurrente que en el primer punto resuelto por el Auto de Vista impugnado, referido a la supuesta errónea aplicación de la ley sustantiva penal (art. 370 inc. 1) del CPP), se sostuvo que el tipo penal contenido en el art. 335 del CPP, tiene como núcleo central, la obtención de un beneficio económico utilizando el engaño y que la parte imputada no desvirtuó el delito de Estafa, base de la acusación; puesto que el único testigo de descargo declaró que quien recoge la madera debe firmar un recibo y que no escuchó ningún comentario de la acusada sobre el hecho que los compradores fueran socios. Testimonio escueto que, señala el recurrente, sirvió al Juez para desvirtuar la comisión del delito acusado, es más, determinó que no existía incumplimiento de la obligación; toda vez, que para él, quedó demostrado que la imputada entregó la madera al socio de la víctima, tampoco dio importancia a que en ningún lugar del cuaderno procesal existe recibo alguno firmado por quien supuestamente recibió o recogió la madera, es más sin que el recibo original contenga información adicional, en su copia se encuentra anotado el nombre de quien supuestamente recogió la madera, con una letra que no corresponde a la de la víctima.
Una vez analizados los argumentos empleados por los Vocales a tiempo de responder al punto apelado, se evidencia que éstos señalaron que no son competentes para revisar cuestiones de hecho, las cuales son verificadas en el juicio oral y público, agregando que su función es de controladores jurídicos superiores, en cuanto tiende a corregir en primer término, un vicio in iudicando; pero, solamente in iure, lo que presupone la intangibilidad del material fáctico sometido a juzgamiento. Y que no pueden descender al examen de los hechos, modificarlos, complementarlos o desconocerlos, debiendo respetar los fijados por el Juez a quo, siempre y cuando cumplan con las reglas de la sana crítica, como es el caso de autos.
Añaden luego, que no es cierto el agravio denunciado sobre inobservancia de la ley sustantiva penal por parte del Juez, ya que la norma resultaría violada en caso de desconocerla, ignorando su precepto, como cuando se la aplica atribuyéndosele un mandato distinto al que en realidad contiene y la errónea aplicación consiste en la inexacta valoración jurídica del caso, ya sea por defecto en la selección de la norma o por defecto en la interpretación de ella. En el caso de autos, se tiene que el querellante no probó que la procesada lo hubiere inducido a engaño con una serie de mentiras, simulando una realidad falsa a fin de hacerle caer en error, en virtud de lo cual, posteriormente se hubiere efectivizado el desplazamiento patrimonial y consecuente perjuicio económico. Por lo que, declaró sin lugar al agravio.
Consecuentemente, se advierte que el Tribunal de apelación dio cumplimiento a lo establecido por el art. 124 del CPP; al haber respetado los parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de su Fallo; en sentido de que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.
La respuesta fue expresa, puesto que se explicó adecuadamente que el Tribunal de apelación restringida tiene limitada la facultad de descender al examen de los hechos, modificarlos, complementarlo o desconocerlos, debiendo respetar los fijados por el A quo, cuando a su criterio, se cumplen las reglas de la sana crítica, como se estima se hizo en el presente caso, aclarando a continuación que en el caso de autos, se tiene que la parte querellante no probó que la procesada lo hubiere inducido al engaño con mentiras, simulando una realidad falsa a fin de hacer caer en error al hoy recurrente, provocando el desplazamiento patrimonial y consecuente perjuicio económico. De donde se desprende que el Tribunal de alzada, aunque breve; pero, realizó un análisis sobre el tipo penal de Estafa contenido en el art. 335 del CP, concluyendo que no se probó la presencia de engaños con mentiras, simulando una realidad falsa que induzca al error al recurrente; descartando con ello, la presencia de dolo; teniendo presente que la Estafa no es otra cosa que provocar o fortalecer error de un tercero, de quien se pretende aprovechar ilícitamente su patrimonio, con la finalidad de que lo disponga a favor del defraudador, empleando para tal fin engaños, seducción o fraudes.
Sustentó dicha determinación en la valoración probatoria realizada por el Juez de Sentencia, la misma que explicó que no merece ser verificada en su labor de control de logicidad, al no evidenciar que se hubieren incumplido las reglas de la sana crítica.
A más de lo cual, cuando se denuncia errónea aplicación de la ley sustantiva, es obligación de quien impugna, otorgar los insumos necesarios para viabilizar el examen de fondo de lo demandado, lo que no ocurrió en el caso analizado, puesto que el recurrente tampoco explicó cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o erróneamente aplicadas y en qué partes de la Sentencia concretamente se hubieren infringido dichos principios; clara, ya que lo expresado por los Vocales, aunque fue escueto, no deja lugar a dubitaciones; completa, porque en la respuesta otorgada a este primer motivo, se abarcaron los hechos y el derecho que se aplicó, declarándolo si lugar; legítima, pues de conformidad a la norma adjetiva penal y la doctrina legal aplicable emitida por este Tribunal otorgó respuesta sobre las razones para la determinación de declarar inamisible el agravio denunciado; y, lógica, al estar correcta y coherentemente fundamentada.
Ahora bien, sobre el segundo punto resuelto en la Resolución de alzada, alega el recurrente que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación puesto que sostuvo no ser evidente que la Sentencia hubiere vulnerado derechos por insuficiente motivación, incumpliendo lo establecido por el art. 124 del CPP; reemplazando la misma con la simple relación de documentos aportados como pruebas de descargo, y se limitó a describir la declaración del único testigo de descargo, quien indicó que la madera supuestamente fue entregada a Huáscar Maldonado y que éste debió firmar en constancia de la entrega, cosa que, a decir del recurrente, no sucedió. Aportando como base jurídica el art. 370 inc. 5) del CPP.
Con relación a dicho reclamo, el Auto de Vista ahora impugnado señaló que en el caso concreto, la fundamentación fáctica, entendida como los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así como la fundamentación probatoria que se divide en descriptiva e intelectiva, se encuentran debidamente desarrolladas, pues luego de inferencias lógicas deducidas e inducidas se concluye que el hecho no constituye delito, ya que por un lado, no existió engaño alguno y por el otro, la madera fue entregada a una tercera persona, la misma que al momento de concretarse el negocio acompañaba al hoy recurrente.
Con referencia a este reclamo sobre carencia de debida fundamentación del Auto de Vista impugnado, lo que vulnera a criterio del recurrente, el debido proceso y provoca defectos absolutos no susceptibles de convalidación, de conformidad con lo estipulado por el art. 169 inc. 3) del CPP; corresponde señalar que el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, señaló que “En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva.
Por otra parte, se deja en ‘indefensión’ a las partes y se viola la garantía constitucional del ‘debido proceso’ cuando el Auto de Vista deviene en ‘infrapetita’, es decir, cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.
Sobre el particular, de la revisión de los argumentos contenidos en el recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora recurrente se denota que si bien denunció falta de fundamentación en la Sentencia; sin embargo, de manera general y escueta, señaló que la misma fue reemplazada por la simple relación de los documentos aportados como pruebas de descargo, y que se limitó a describir la declaración del único testigo de descargo, lo que denuncia como parcialidad por parte de la autoridad que emitió la Sentencia; denotando falta de elementos necesarios que permitan al Tribunal de alzada ingresar al análisis minucioso de cada uno de ellos, por su imprecisión en su impugnación; puesto que la simple denuncia de que se reemplazó la fundamentación con la relación de documentos aportados como pruebas de descargo, y que dicho fallo, se limitó a describir la declaración del único testigo de descargo, quien indicó que la madera supuestamente fue entregada a Huascar Maldonado y que éste debió firmar en constancia de la entrega; no resulta un argumento válido para demostrar la insuficiente argumentación, pues no se precisó en qué partes de la Sentencia concretamente se incurrió en dicha falta, y menos explica la relevancia o incidencia de esa omisión, a los fines que el Tribunal de alzada cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado.
De lo señalado se denota, que no obstante que el recurrente se limitó a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales; sin embargo, de forma sintética, los Vocales, de acuerdo a los reclamos de la parte, señalaron de manera expresa que tanto la fundamentación fáctica como la probatoria fueron ampliamente desarrolladas, luego de inferencias lógicas deducidas e inducidas, concluyendo que el hecho no constituye delito ya que no existió engaño alguno y la mercancía fue entregada a una tercera persona que al momento de concretarse el negocio, acompañaba al ahora recurrente; dejando claramente establecido dicho extremo; completa y legítima dentro del ámbito de la denuncia realizada por el apelante; y lógica al estar coherente con la misma.
El tercer punto del Auto de Vista que ahora se impugna en el recurso de casación, bajo el fundamento que el Tribunal de alzada se limitó a reiterar en el mismo, el art. 173 del CPP, sin exponer fundamentos jurídico penales; resulta un argumento poco comprensible y no denota cuál es realmente el fondo del agravio que el recurrente pretende denunciar, pese a que más adelante, de modo general, alega que ello provoca un defecto absoluto.
No obstante ello, de la revisión del recurso de apelación restringida planteada por el Oscar Osorio Vesga se tiene que en el punto tercero denuncia defectuosa valoración de la prueba, invocando el art. 370 inc. 6) del CPP; en sentido que el Juez de instancia, no otorgó valor a las principales pruebas de cargo, como son los dos recibos originales 000123 y 125, ambos de 3 de marzo de 2007 firmados por Oscar Osorio Vesga y Mary Marcela Soruco Retamozo, con lo que se dejó demostrado que la imputada, en esa fecha, recibió la suma total de $us. 6.050.- (seis mil cincuenta dólares estadounidenses) y que sonsacó con engaños a la víctima por 12.050 pies de madera mara, que debieron haber sido entregados en ese momento; empero, no lo hizo, bajo el pretexto de que se necesitaba un certificado forestal para cumplir con la entrega; lo que demuestra la comisión del delito de Estafa, ya que la imputada con artificios y engaños indujo a que la víctima dispusiera del dinero si entregar toda la mercadería con el pretexto de no contar con las certificaciones forestales que supuestamente demorarían quince días; sin embargo, de las certificaciones presentadas, se evidencia que éstas fueron expedidas recién el 18 de abril; es decir, treinta y ocho días después que la querellada obtuvo el dinero. Como tampoco se valoró que de los certificados forestales de origen no demuestran que el 11 de abril de 2007, Huáscar Maldonado fue quien pasó por el puesto de control de Pailas, pues en ellos, sólo se aprecia que pasó un camión marca Volvo de color blanco con Placa 1076 OLF, conducido por quien sabe qué persona, con 12.346 y no 12.050 pies de madera mara, teniendo como destino la ciudad de El Alto.
Finaliza señalando que el Juzgador únicamente valoró y razonó las pruebas de cargo tanto literal como testifical y por ningún motivo apreció que hay hechos probados que demostraron que la víctima adecuó su conducta que la subsumen al tipo penal de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP; glosando a continuación, parte de la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 019/2004-R de 28 de enero y 1173/2005-R de 26 de septiembre, y otra doctrina relativa a la motivación de las resoluciones.
Dentro de ese contexto, del tercer punto del Auto de Vista se desprende que en el mismo, los Vocales señalaron que no es evidente que la Sentencia pronunciada por el Juez a quo se base en valoración defectuosa de la prueba, puesto que ha dado estricta aplicación al art. 173 con relación al art. 359 del CPP, al valorar prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica con cada uno de los componentes; es decir, las reglas de la lógica, la experiencia común y la psicología. Asimismo, el recurrente no especifica en su recurso qué regla lógica de la experiencia común o procedimiento psicológico se vulneró. Por lo que rechazó el agravio.
De la revisión de lo señalado, el sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el Juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.
Para que la fundamentación de una Sentencia sea válida se requiere no sólo que el Juez o Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo; sino, también que éstas no sean contradictorias entre sí y tampoco ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.
El Juez o Tribunal de Sentencia tiene la finalidad de establecer la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada persiguen el objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la Sentencia en las que consta el agravio.
En consecuencia, ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica, el tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la Sentencia; sin embargo, no es menos evidente que los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieren sido inobservadas, están obligados a vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran constreñidos a motivar debidamente sus resoluciones; también es deber de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; es decir, alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito.
En conclusión, el recurso basado en errónea apreciación de la prueba tiene por finalidad examinar la Sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano; por lo que, resulta insuficiente el planteamiento del reclamo, cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la Sentencia donde se hubieren infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.
Pues como se desarrolló, a efectos de demostrar la violación a las reglas de la sana crítica, es preciso que la motivación de la Sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.
Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio; pero, no nos indican ni nos enseñan cuál es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del Juez.
Entonces, el análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo.
En el caso de análisis, ante la denuncia de errónea valoración probatoria, corresponde al Tribunal de alzada realizar la labor de control de logicidad; sin embargo, los insumos otorgados por la parte apelante resultan insuficientes para que las autoridades jurisdiccionales puedan emitir un criterio integral sobre dicha tarea; pues de un lado, como se glosó precedentemente, en el recurso de casación expresamente denuncia “En su tercer punto del Auto de Vista el Tribunal de alzada, se limita a reiterar el Art. 173 de la norma procesal, sin exponer nuevamente razones o fundamentos jurídico penal”; y de otro lado, en el recurso de apelación restringida realiza una serie de apreciaciones con relación a la valoración probatoria del Juez de Sentencia; empero, en ningún momento expresa qué reglas de la lógica y la sana crítica fueron inobservadas por el Juzgador a tiempo de cumplir con su labor de valoración probatoria, como tampoco proporciona la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito; simplemente sustenta su argumentación con la glosa de dos Sentencias Constitucionales y una doctrina sobre la motivación de las resoluciones jurisdiccionales. En síntesis, esta parte de la impugnación solamente se basa en las apreciaciones subjetivas del recurrente, denotando falta de técnica recursiva.
Pese a lo manifestado, el Tribunal de alzada otorga una respuesta con relación a la valoración probatoria, concluyendo que no es evidente que el Juez hubiere realizado una valoración defectuosa de la prueba, puesto que dio estricta aplicación al art. 173 con relación al art. 359 del CPP, al valorar la misma de acuerdo a las reglas de la sana crítica, con cada uno de los componentes, como son las reglas de la lógica, la experiencia común y la psicología. Poniendo en relieve finalmente la insuficiente en los argumentos del recurrente, manifestando que “…no especifica en su recurso la regla lógica de la experiencia común o procedimiento psicológico que se vulneró…” (sic); extremo este último que como se detalló precedentemente, resulta evidente; pues al impedir el recurrente que el Tribunal de alzada conozca los motivos por los cuales, considera que el Juez de mérito cumplió con su función de valoración probatoria de manera deficiente; tampoco es viable la exigencia de control de logicidad de una manera integral y detallada; no obstante, el Tribunal de alzada, motivó su conclusión aunque de manera breve, no siendo necesario que sea extremadamente ampulosa; sino, que debe guardar coherencia con las razones de hecho y derecho como sucedió en el caso; por tal razón, no es evidente que se hubiere vulnerado el debido proceso, de tal forma que no existe defecto absoluto. Lo que provoca que el agravio que se analiza sea declarado sin mérito.
Finalmente, reclama el recurrente que los Vocales resolvieron un sexto motivo, pasando por alto el cuarto y quinto agravios, concluyendo que no se efectuó una valoración y fundamentación del por qué se arribó a la decisión.
Al respecto, es posible determinar que el recurso de apelación restringida se encuentra la impugnación de tres agravios divididos en I.1, I.2 y I.3; como son los detallados en el análisis anterior; y un II acápite, de modo general se alega que existen defectos absolutos en la Sentencia, desarrollando lo que implica el debido proceso y los defectos absolutos; empero, como se puede apreciar, no se expresa ningún motivo que merezca una respuesta expresa; sin embargo, las autoridades de alzada, de igual forma concluyen en el punto cuarto que no es cierto que en la Resolución impugnada se hubiere inobservado o violado derechos y garantías del procesado, puesto que de la revisión de los antecedentes se tiene que el Juez observó las reglas del debido proceso. Agregando que por otro lado, si bien el recurrente refiere la vulneración de derechos y garantías no señala en concreto qué acto procesal infringe tales derechos y garantías, siendo por lo demás los fundamentos del agravio reiterativos de los otros motivos del recurso.
Afirmaciones que tal como se explicaron, son evidentes, pues de la lectura del motivo correspondiente en el recurso de apelación, no es posible encontrar denuncia alguna sobre algún agravio en particular, sólo se denuncia vulneración de derechos y garantías, lo que fue rechazado categóricamente por el Tribunal de alzada; si bien es cierto, que al inicio de su redacción se comete un error en la identificación del motivo, señalando que se trata del sexto y último; sin embargo, es un error de forma que no goza de trascendencia, y menos implica la nulidad de la Resolución impugnada, ello en protección al principio de conservación del acto procesal por su falta de trascendencia; puesto que, de corregirse el error ello no afectaría en lo más mínimo los demás argumentos y menos la forma de resolución.
Por todo lo expuesto, al no haberse detectado vulneración de los derechos y garantías denunciados, corresponde declarar sin mérito el agravio analizado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Oscar Osorio Vesga de fs. 273 a 275 vta.

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