Source: https://tc.vlex.es/vid/tcee-lotc-93-41-40-pa-sstc-15356748
Timestamp: 2019-11-18 01:04:39+00:00

Document:
STC 64/1991, 22 de Marzo de 1991 - Jurisprudencia - VLEX 15356748
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 853/1988
1. No corresponde al Tribunal Constitucional controlar la adecuación de la actividad de los poderes públicos nacionales al Derecho comunitario europeo. Este control compete a los órganos de la jurisdicción ordinaria, en cuanto aplicadores que son del ordenamiento comunitario, y, en su caso, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a través del recurso por incumplimiento (art. 170 TCEE). La tarea de garantizar la recta aplicación del Derecho comunitario europeo por los poderes públicos nacionales es, pues, una cuestión de carácter infraconstitucional y por lo mismo excluida tanto del ámbito del proceso de amparo como de los demás procesos constitucionales. 2. La interpretación a que alude el art. 10.2 C.E. no convierte a los tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. La validez de las disposiciones y actos impugnados en amparo debe medirse sólo por referencia a los preceptos constitucionales que reconocen los derechos y libertades susceptibles de protección en esta clase de litigios, siendo los textos y acuerdos internacionales del art. 10.2 una fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los derechos cuya tutela se pide a este Tribunal Constitucional. 3. La adhesión de España a las Comunidades Europeas no ha alterado ni el canon de validez de los procesos de amparo ni el carácter del Tribunal Constitucional como «intérprete supremo de la Constitución» (art. 1.1 LOTC) en tales procesos y respecto de las materias sobre las que se ha producido, en favor de los órganos comunitarios, la atribución del «ejercicio de competencias derivadas de la Constitución» (art. 93 C.E.). 4. No cabe formular recurso de amparo frente a normas o actos de las instituciones de la Comunidad, sino sólo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 41.2 LOTC, contra disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos internos. Y es asimismo patente que los motivos de amparo han de consistir siempre en lesiones de los derechos fundamentales y libertades públicas enunciados en los arts. 14 a 30 C.E., con exclusión, por tanto, de las eventuales vulneraciones del Derecho Comunitario, cuyas normas, además de contar con específicos medios de tutela, únicamente podrían llegar a tener, en su caso, el valor interpretativo que a los Tratados internacionales asigna el art. 10.2 C.E. 5. El art. 40.3, párrafo 2.°, TCEE, que excluye «toda discriminación entre productores o consumidores de la Comunidad», ofrece un contenido y, en consecuencia, una protección similar a la dispensada en el ámbito interno de cada Estado comunitario, tal y como reiteradamente han señalado tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como los Tribunales Constitucionales de otros Estados miembros. 6. En la medida en que se impugne en amparo un acto del poder público que, habiendo sido dictado en ejecución del Derecho comunitario europeo, pudiera lesionar un derecho fundamental, el conocimiento de tal pretensión corresponde a esta jurisdicción constitucional, con independencia de si aquel acto es o no regular desde la estricta perspectiva del ordenamiento comunitario europeo, y sin perjuicio del valor que éste tenga a los efectos de lo dispuesto en el art. 10.2 C.E. 7. La cesión del ejercicio de competencias en favor de organismos supranacionales no implica que las autoridades nacionales dejen de estar sometidas al ordenamiento interno cuando actúan cumpliendo obligaciones adquiridas frente a tales organismos, pues también en estos casos siguen siendo poder público que está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español. 8. Este Tribunal Constitucional ha declarado en reiterada jurisprudencia sobre reconversión de diversos sectores productivos (SSTC 39/1982, 45/1982, 9/1986 ó 29/1986) que, al adoptar esas medidas, los poderes públicos encuentran límites que deben respetar, entre los cuales se cuenta la necesaria razonabilidad y proporcionalidad de tales medidas que eviten desigualdades injustificadas entre los productores del sector. 9. Las medidas más o menos ocasionales que se adoptan para facilitar la reconversión o reestructuración de un sector productivo podrían llegar a chocar con derechos constitucionales tales como la libertad de empresa, e incluso con el principio de igualdad, si desaparecieran los motivos que justificaron las medidas o si los efectos de esas medidas acabaran manifestándose como desproporcionados o arbitrarios.
Sentencia citada en: 889 sentencias, 65 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, un tema práctico, 3 resoluciones administrativas, una noticia
En los recursos de amparo núm. 853/88, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (APESCO) asistida por el Letrado don Santiago Muñoz Machado, contra el Acuerdo de la Secretaria General de Pesca, de 26 de agosto de 1986, y contra las Sentencias de la Audiencia Nacional de 29 de julio de 1987 y de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1988 núm. 1776/88, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González Carvajal, en nombre y representación de «Lagun Talde, Sociedad Anónima», asistida por el Letrado antes citado, contra Resolución de la Subdirección General de Relaciones Pesqueras Internacionales Zona Norte, de 5 de mayo de 1987, y contra las Sentencias de la audiencia Nacional de 27 de noviembre de 1987 y del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 1988, y núm. 669/89, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González Carvajal, en nombre ,y representación de «Lagun Talde, Sociedad Anónima», y de don Mario A. M. don José Antonio L. A. doña Ignacia B. U. don Domeka B. L. doña María M. A. (Gabilondo y doña Antonia R. P. asistidos del Letrado ya citado, contra resolución de la Secretaría General de Pesca de 26 de enero de 1987. Han comparecido la Empresa «Pesquera Laurakbat, Sociedad Anónima» y la Asociación de Armadores de Buques de Pesca con Derechos de Acceso a las Pesquerías de la CEE (CEEPESCA), representadas por el Procurador don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz y asistidas por el Letrado don José Luis Meseguer Sánchez: han comparecido asimismo el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien expresa el parecer de la Sala.
b) El Abogado del Estado realiza una exposición tanto del procedimiento de aprobación de las listas de barcos autorizados para faenar como del contenido de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada en el ya citado asunto APESCO. A partir de esa exposición se plantea si la denuncia de violación del derecho de igualdad es «imputable a los poderes públicos españoles en cuanto vinculados por los derechos y libertades del Capítulo Segundo, Título I C.E.»; dicho de otra forma, ¿se denuncia una vulneración del art. 14 C.E. o del art. 40.3 TCEE. Si el supuesto es este segundo, el recurso de amparo no es el instrumento procesal adecuado ya que no es competencia del Tribunal Constitucional velar por la recta aplicación del Derecho Comunitario. La resolución recurrida tiene naturaleza de actuación preparatoria de una decisión de un órgano comunitario, la Comisión. Se trata, pues, de una decisión sujeta al Derecho Comunitario y, en cuanto tal, sometida al principio de igualdad del art. 40.3 TCEE, que no tiene necesariamente que coincidir con el art. 14 C.E. dada la interpretación y aplicación uniforme que el primer precepto debe recibir en todos los Estados miembros de la Comunidad. La autoridad española, al intervenir como órgano de propuesta o preparación de una resolución de un órgano comunitario, «no actúa como poder público español sino, con una suerte de dédoublement fonctionnel como órgano del ordenamiento comunitario sujeto no al principio y derecho de igualdad consagrados por la C.E. (arts. 1.1 y 14), sino a los principios y derecho reconocidos por el ordenamiento comunitario». Abrir casos como el presente la posibilidad de concurrencia de parámetros de control no beneficia la adecuada articulación entre ordenamiento estatal y comunitario. En consecuencia, el amparo es inadmisible de acuerdo con lo dispuesto por los apartados a) y b) del art. 50.1 LOTC. El procedimiento adecuado que debió seguir el actor fue el recurso contencioso-administrativo ordinario para que, en su caso, se planteara la cuestión prejudicial prevista por el art. 177 TCEE.
Esta segunda línea parte de la razn abilidad del sistema establecido por la Orden de 12 de junio de 1981 en el momento en que se dictó, reprochándose sólo el uso indefinido del sistema. Así centrada la cuestión, y a la vista del funcionamiento de dicho sistema de reparto de cuota de pesca, señala en primer lugar el Abogado del Estado que lo impugnado es un acto concreto, el proyecto de lista correspondiente a septiembre de 1986: el principio de «lesión concreta» que rige el amparo constitucional impide considerar dicho acto como representante de una serie indefinida de actos o de una conducta constante. Desde esta perspectiva, la demanda no denuncia discriminación concreta alguna de la que hayan sido víctimas los asociados de APESCO imputable al citado proyecto de lista. En consecuencia, el razonamiento del «privilegio eterno» no es de recibo por hacer caso omiso del principio de «lesión concreta».
10. Don Argimiro V. G. en nombre y representación de la entidad actora APESCO, por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 11 de noviembre de 1988 realiza sus alegaciones. En ellas se reproducen básicamente los argumentos esgrimidos en la defensa de su posición en el escrito de formulación de la demanda. Brevemente, dichas alegaciones pueden resumirse como sigue:
18. Don Manuel S. y G. en nombre y representación de «Lagun Talde, Sociedad Anónima», y de don Mario A. M. y otros, por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 12 de abril de 1989, interpone recurso de amparo contra la Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima, de 26 de enero de 1987, por la que se efectúa la revisión, al día 1 de enero de 1987, del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangraneros de más de 100 TRB, que operan dentro de los límites geográficos de la NEAFC.
24. Don Antonio R. R. M. en nombre y representación previamente acreditada de la empresa «Pesquera Laurakbat, Sociedad Anónima», y de la Asociación CEEPESCA, por escrito de 11 de diciembre de 1989, realiza sus alegaciones.
3. Mayor complejidad presenta la última de las denuncias realizada en relación con los requisitos procesales del recurso de amparo centrada en un tema de legitimación. En el recurso promovido por «Lagun Talde. Sociedad Anónima», y otros recurrentes individuales (registrado con el núm. 669/1989), la representación de «Pesquera Laurakbat, Sociedad Anónima», y de CEEPESCA afirma que los actores carecen de legitimación activa para acudir en amparo. En dicho recurso se impugna la Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima de 26 de enero de 1987 «por la que se efectúa la revisión, al día 1 de enero de 1987, del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros de más de 100 TRB, que operan dentro de los limites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste»: dicha impugnación se concreta en el hecho de que el buque «Corrubedo» figure con «0.00» derechos de pesca. La petición de amparo viene presentada en nombre de la entidad «Lagun Talde. Sociedad Anónima», y de don Mario A. M. y otras personas. La parte codemandada sostiene, de un lado, que la empresa «Lagun Talde, Sociedad Anónima», no fue parte en la vía judicial previa, y de otro, que los recurrentes individuales carecen de interés legítimo en el asunto, ya que, aunque figuraran en la Resolución de 26 de enero de 1987 como propietarios del buque «Corrubedo», formalizaron su venta pocos días después.
Desde esta perspectiva, y en relación con al thema decimendi, debe tenerse en cuenta que el derecho fundamental invocado -la igualdad- encuentra plena acogida en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y, más en concreto, en atención a la naturaleza de los actos impugnados, en el art. 40.3, párrafo 2.°, TCEE, que excluye «toda discriminación entre productores o consumidores de la Comunidad». Este precepto, reiteradamente invocado por las demandas, ofrece en la actualidad un contenido y, en consecuencia, una protección similar a la dispensada en el ámbito interno de cada Estado Comunitario, tal y como reiteradamente han señalado tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como los Tribunales constitucionales de otros Estados miembros. Partiendo de este dato, no deja de ser significativo que ni la Comisión de las Comunidades ni el propio Tribunal de Justicia en la Sentencia de 26 de abril de 1988 (asunto APESCO), que desestima la demanda entablada por la misma asociación de empresarios de pesca que ahora pide amparo ante este Tribunal Constitucional, hayan opuesto tacha alguna de discriminación, desde la perspectiva comunitaria, al sistema español de acceso a los caladeros NEAFC o a «las normas internas que las autoridades españolas aplican en la elaboración de los proyectos de listas» (parágrafo 28), señalando expresamente aquella resolución judicial que el juicio de igualdad en cada caso concreto corresponde, en consecuencia, a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales.
a) en la primera de las demandas acumuladas, la planteada por APESCO y registrada con el núm. 853/88, se impugna el proyecto de lista de barcos autorizados a faenar durante un determinado período de tiempo. Se trata de la propuesta que las autoridades nacionales han de elevar a la Comisión de las Comunidades, que es la que concede las correspondientes autorizaciones. Desde el ángulo del principio de igualdad, dicha propuesta no incurre en discriminación alguna ya que se elabora a partir de un criterio objetivo: los derechos de pesca con que cuenta cada empresa pesquera tal y como están atribuidos a los distintos barcos autorizados genéricamente para faenar. En la medida en que, como ya se ha dicho, el sistema de distribución de cuotas no es discriminatorio, tampoco lo es el acto concreto de aplicación, al no concurrir en el mismo circunstancia específica alguna que le haga acreedor de ese reproche.
SAN, 22 de Abril de 2013
ATC 264/1999, 10 de Noviembre de 1999
SAP Barcelona 755/2006, 14 de Diciembre de 2006
STS 197/2004, 11 de Marzo de 2004

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