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Timestamp: 2018-07-21 07:59:55+00:00

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Decreto Foral 29/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de mayo, que aprueba el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa
Publicado en BOTHA núm. 62 de 02 de Junio de 2017
Vigencia desde 03 de Junio de 2017. Revisión vigente desde 28 de Septiembre de 2017
ANEXO I . PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
CAPÍTULO II. Principios de buena regulación y planificación normativa
SECCIÓN PRIMERA. Principios de buena regulación
Artículo 3 Principios de buena regulación
SECCIÓN SEGUNDA. Planificación normativa
Artículo 4 Aprobación del Plan Normativo Anual
Artículo 5 Responsabilidad y seguimiento del Plan Normativo Anual
Artículo 6 Transparencia del Plan Normativo Anual
Artículo 8 Resolución de iniciación
Artículo 9 Trámite de consulta pública previa
Artículo 10 Exención del trámite de consulta pública previa
Artículo 11 Reglas y criterios de elaboración
Artículo 12 Aprobación y trámites de instrucción previos
Artículo 13 Participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de textos normativos. Trámite de audiencia e información pública
Artículo 14 Memorias e informes departamentales
Artículo 15 Informe de la Comisión Consultiva
Artículo 16 Coordinación y calidad normativa: control de legalidad
Artículo 17 Tramitación urgente de disposiciones de carácter general
Artículo 18 Aprobación de proyectos de norma foral y de los decretos forales normativos
Artículo 19 Aprobación de disposiciones de carácter general
CAPÍTULO IV. Evaluación del Plan Anual Normativo
Artículo 20 Evaluación del cumplimiento del Plan Anual Normativo
Primera Decretos Normativos de Urgencia Fiscal
Segunda Exenciones específicas
GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO NORMATIVO
GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO NORMATIVO DE ANTEPROYECTOS DE NORMA FORAL Y DECRETOS FORALES NORMATIVOS
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADO DE PROYECTOS DE DECRETOS NORMATIVOS DE URGENCIA FISCAL Y DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER GENERAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL, DIPUTADO O DIPUTADA GENERAL Y DIPUTADOS Y DIPUTADAS FORALES
ANEXO III . GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA DISPOSICIÓN.
3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DE LA DISPOSICIÓN.
4. CONTENIDOS QUE LA DISPOSICIÓN INCORPORA O DEBE INCORPORAR PARA GARANTIZAR UN IMPACTO POSITIVO
ANEXO IV . DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE NORMA FORAL Y PROYECTOS DE DEMÁS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
PRIMERA. ESTRUCTURA.
SEGUNDA. REMISIONES Y CITAS.
TERCERA. ESPECIFICIDADES DE LAS DISPOSICIONES MODIFICATIVAS.
CUARTA. CRITERIOS LINGÜÍSTICOS GENERALES.
QUINTA. Uso no sexista del lenguaje.
DF 50/2017 de 19 Sep. Álava (modificación del anexo I del DF 29/2017 de 23 May., procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, guías para elaboración de informes de impacto y de género y directrices de técnica normativa)
Disposición adicional primera del Anexo I redactada por el apartado primero del D Foral [ÁLAVA] 50/2017, del Consejo del Gobierno Foral, 19 septiembre, que modifica el anexo I del D Foral 29/2017, 23 mayo, que aprobó el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa («B.O.T.H.A.» 27 septiembre).
Apartado quinto de la letra a) de la disposición adicional segunda del Anexo I introducido por el apartado segundo del D Foral [ÁLAVA] 50/2017, del Consejo del Gobierno Foral, 19 septiembre, que modifica el anexo I del D Foral 29/2017, 23 mayo, que aprobó el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa («B.O.T.H.A.» 27 septiembre).
Apartado cuarto de la letra b) de la disposición adicional segunda del Anexo I introducido por el apartado tercero del D Foral [ÁLAVA] 50/2017, del Consejo del Gobierno Foral, 19 septiembre, que modifica el anexo I del D Foral 29/2017, 23 mayo, que aprobó el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa («B.O.T.H.A.» 27 septiembre).
En el Territorio Histórico de Álava el procedimiento de elaboración de proyectos de norma foral se ha ido configurando a través de una serie de normas, en cuyo inicio se encuentran las Normas Forales 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral, la 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava, la Norma Foral General Tributaria y el Reglamento de Juntas Generales de Álava.
Posteriormente, la Diputación Foral de Álava, a través del Decreto Foral 48/2003, del Consejo de Gobierno Foral de 31 de julio, estableció un procedimiento interno a seguir para la elaboración de sus disposiciones de carácter general así como una serie de directrices de técnica normativa para determinar la estructura y forma de dichas disposiciones y otras recomendaciones complementarias sobre aspectos ortográficos.
Dentro de este contexto, la Ley vasca 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, atendiendo al deber de las administraciones públicas vascas de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de sus normas, previó la incorporación, en el proceso de elaboración de disposiciones normativas, de una evaluación previa del impacto en función del género.
Por otro lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, vino a establecer, con carácter básico, una serie de principios y técnicas a las que debe ajustarse el ejercicio de la potestad normativa de los gobiernos y administraciones públicas. Así, se incorpora la obligatoria observancia de una serie de principios de buena regulación, la planificación y evaluación normativa así como el incremento de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de las normas.
Por último, ya en sede foral, la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno, además de contemplar una evaluación previa de impacto de los anteproyectos de norma foral, contiene el mandato de elaborar, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, unas directrices de técnica normativa con pautas y criterios para mejorar la claridad y calidad de las normas.
Por todo ello, si bien con toda la normativa actualmente en vigor se pretendió dar respuesta a las necesidades surgidas en materia de calidad y simplificación normativa, información y colaboración de la ciudadanía, el actual contexto social y jurídico aconseja que, terminando con la dispersión normativa existente, las normas de tramitación de las disposiciones de carácter general se adapten a las disposiciones en materia de igualdad, transparencia y acceso a la información pública, así como a los principios y técnicas establecidos, con carácter básico, en la normativa estatal.
Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Así las cosas, en ejercicio de la competencia exclusiva que el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en su artículo 37.3.a) reconoce y atribuye a los órganos forales en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones, al objeto de agilizar la tramitación de las iniciativas normativas que se promuevan en el seno de la Diputación Foral de Álava, respetando las garantías necesarias para asegurar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, se aprueba este Decreto Foral con cuatro anexos, una disposición transitoria, otra derogatoria y una final que determina su entrada en vigor tras su publicación en el BOTHA.
El anexo I, al objeto de dar cumplimiento a los principios inspiradores de todo ordenamiento jurídico, desarrolla un adecuado procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general que, además de ofrecer garantías que permitan la aprobación de normas de elevada calidad técnica, obliga a la aprobación de un Plan Anual Normativo y a su evaluación, a la observancia de los principios de buena regulación establecidos en la normativa básica, mejorando asimismo la participación de la ciudadanía en la elaboración normativa.
A continuación, con el propósito de precisar el contenido de los estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de las disposiciones proyectadas, así como de la memoria económica y del informe sobre el impacto por razón de género que deben acompañar a los anteproyectos de normas forales y a los proyectos de las disposiciones de carácter general de la Diputación Foral de Álava, los anexos II y III contienen guías metodológicas para la elaboración del informe de impacto normativo y del informe de impacto en función del género, respectivamente.
Por último, con la finalidad de garantizar la calidad normativa, el anexo IV recoge una serie de directrices de técnica normativa en dos facetas, la estructura interna y el lenguaje en que se expresan, que se complementan para dar a cada precepto la formulación más idónea.
En su virtud, y a propuesta del Diputado General, y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy,
Primero. Aprobar el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, que figura en el anexo I del presente Decreto Foral.
Segundo. Aprobar una guía para la elaboración del informe de impacto normativo, una guía para el informe de evaluación previa de impacto en función del género así como una serie de directrices de técnica normativa para la elaboración de las disposiciones de carácter general, que figuran en el anexo II, III y IV de esta disposición, respectivamente.
Los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto Foral se tramitarán, hasta su conclusión, de acuerdo con la normativa anterior.
Queda derogado el Decreto Foral 48/2003, del Consejo de Diputados de 31 de julio, que aprueba el procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general y las directrices de técnica normativa para la elaboración y control de dichas disposiciones y de los proyectos de norma foral, la Resolución 302/2002, del Director de la Secretaría Técnica del Diputado General de 28 de febrero, por la que se aprueban las normas y directrices para la elaboración y redacción de las disposiciones y resoluciones de la Diputación Foral de Álava, así como cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en este Decreto.
El presente Decreto Foral y sus anexos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOTHA.
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
1. El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento de elaboración de anteproyectos de norma foral y otras disposiciones normativas asimiladas en rango y fuerza a éstas, así como de los proyectos de disposiciones normativas de carácter general de la Diputación Foral de Álava.
2. Aquellas que tengan establecido un procedimiento de elaboración específico se elaborarán conforme a éste, sin perjuicio de la aplicación supletoria de lo establecido en este decreto.
1. El presente Decreto Foral será de aplicación a los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general que tengan su impulso en los departamentos de la Diputación Foral de Álava y que, cualquiera que sea la materia sobre la que versen, contengan normas jurídicas que innoven el ordenamiento jurídico y adopten finalmente la forma de norma foral, decreto foral normativo, decreto foral u orden foral.
3. Quedan excluidas las instrucciones que se dicten a fin de facilitar la aplicación de disposiciones de carácter general.
Principios de buena regulación y planificación normativa
1. En ejercicio de la iniciativa normativa y la potestad reglamentaria, la Diputación Foral de Álava actuará de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, cualquier iniciativa normativa o proyecto de disposición de carácter general deberá estar justificada en razones de interés general, identificar los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
3. En virtud del principio de proporcionalidad, toda iniciativa normativa que se proponga deberá reflejar que es la opción más idónea y que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones que las propuestas.
4. Al objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica, las iniciativas normativas se ejercerán de forma coherente con el Derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, al objeto de generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y cierto, que facilite su conocimiento y comprensión por las personas destinatarias de las disposiciones normativas.
5. En aplicación del principio de transparencia, la Diputación Foral de Álava facilitará el acceso sencillo, universal y actualizado a las disposiciones normativas en vigor así como a los documentos propios de su elaboración, de acuerdo con la normativa foral específica sobre transparencia.
6. En aplicación del principio de eficiencia, las iniciativas normativas deberán evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
1. El último trimestre de cada año la Diputación Foral de Álava aprobará y hará público un Plan Normativo referido a las iniciativas normativas forales y de carácter general que tenga previsto proponer para su aprobación durante el ejercicio anual siguiente.
2. En el caso de que se proponga la aprobación por el órgano competente de una propuesta normativa que no figure en el Plan Anual Normativo, se deberá justificar la urgencia o la necesidad de tal regulación en la resolución de incoación del procedimiento de elaboración de dicha disposición de carácter general.
El Plan Normativo Anual será gestionado, dirigido y supervisado por la dirección competente en materia de transparencia de la Diputación Foral de Álava.
Una vez aprobado, el Plan Normativo Anual se publicará en el Portal de Gobierno Abierto de la Diputación Foral de Álava.
1. El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general se iniciará por el titular del departamento competente por razón de la materia sobre la que versen. Cuando así se establezca en otras disposiciones normativas, o cuando se trate de materias en las que disponen de atribución competencial directa dos o más departamentos, el impulso deberá partir del Consejo de Gobierno Foral o del diputado o diputada general.
3. En todos esos casos en los que resulten afectados dos o más departamentos se promoverá la creación de comisiones de trabajo con la participación de representantes de los diferentes departamentos afectados que trabajen en la definición de objetivos y en la redacción del texto normativo.
La resolución de iniciación expresará sucintamente el objeto de la disposición, la finalidad y razones de interés general que justifican su aprobación, y contendrá una estimación sobre sus repercusiones en el ordenamiento jurídico, con indicación de las normas vigentes sobre el mismo objeto que resulten modificadas de forma explícita o implícita. Asimismo señalará los trámites e informes que se estiman procedentes en razón de la materia y el contenido de la regulación propuesta.
1. Con carácter previo a la elaboración del anteproyecto o proyecto de disposición normativa el departamento competente realizará una consulta pública en la que se recabará la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas, sobre los siguientes aspectos:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa,
b) la necesidad y oportunidad de su aprobación,
c) los objetivos de la disposición, y
2. La consulta previa se llevará a cabo por medios telemáticos a través de la web de la Diputación Foral de Álava.
3. Esta consulta pública se llevará a cabo durante un período máximo de quince días naturales desde la fecha de su inserción en la web de la Diputación Foral de Álava.
Se omitirá el trámite de consulta pública previa del artículo anterior en los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general cuando:
a) Su objeto sea normas presupuestarias u organizativas.
b) Sean adaptaciones de normativa jurídica superior.
c) Concurran razones graves de interés público debidamente justificadas.
d) Se limiten a regular la organización de servicios y otros aspectos procedimentales relativos a materias en las que a la Diputación Foral de Álava competa exclusivamente la ejecución del ordenamiento jurídico superior.
e) No tengan impacto significativo en la actividad económica.
f) No impongan obligaciones relevantes a los destinatarios.
g) Regulen aspectos parciales de una materia, entendiendo incluidas en este apartado las modificaciones de aspectos no sustanciales de normativas vigentes o las que se limiten a modificaciones puntuales que no afecten a derechos preexistentes de las personas,
h) Se acuerde por la Diputación Foral la tramitación urgente de un texto normativo.
i) En materia tributaria, su objeto sea exclusivamente la adaptación de la legislación del Territorio Histórico de Álava a las normas sustantivas y formales vigentes en territorio de régimen común.
La redacción de los anteproyectos o proyectos se realizará atendiendo al contenido de la orden de iniciación, teniendo en cuenta las opciones de regulación que mejor se acomoden a los objetivos perseguidos y al resultado de las consultas que se realicen.
1. Una vez redactados las propuestas de textos normativos, deberán contar con la aprobación previa por el órgano que haya dictado la resolución de iniciación, antes de evacuar los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan.
2. Se negociarán o consultarán con los representantes de personal los proyectos normativos sobre condiciones de trabajo y los que determine la legislación de función pública, según los ámbitos materiales que establece la legislación correspondiente.
1. Los anteproyectos de norma foral y los proyectos de las disposiciones de carácter general que afecten a los derechos e intereses legítimos de las personas serán objeto de publicación en la página web de la Diputación Foral de Álava, con la finalidad de abrir un trámite de audiencia para que la ciudadanía y entidades afectadas por el objeto de la norma puedan realizar cuantas aportaciones consideren pertinentes.
2. Asimismo podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones legalmente reconocidas que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la disposición normativa y cuyos fines guarden relación directa con su objeto, todo ello sin perjuicio de que las mismas ejerciten su derecho a participar en el trámite de audiencia e información pública previsto en el apartado anterior.
3. La audiencia, y, en su caso, la información pública, se efectuará durante un plazo de quince días naturales. No obstante, se podrá reducir hasta el mínimo de ocho días naturales cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen.
4. Quedan exceptuados del trámite de audiencia y de información pública los anteproyectos o proyectos normativos que tengan por objeto normas presupuestarias, aquéllos cuyo contenido fundamental se incorpore al ordenamiento foral por imperativo legal, los que para su eficacia y validez deban someterse a convalidación por las Juntas Generales de Álava así como cuando concurran razones graves de interés público
Asimismo se prescindirá del trámite de audiencia y de información pública respecto de las disposiciones de carácter general de carácter organizativo entendiendo, en todo caso, como normas organizativas aquellas que tengan por objeto la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Diputación Foral de Álava y demás entidades integrantes del sector público foral, los procedimientos administrativos derivados de su potestad de auto-organización, así como la organización de los servicios de titularidad foral y aspectos procedimentales relativos al acceso y prestación de los mismos.
1. Finalizado el trámite de audiencia e información pública, el órgano competente del departamento impulsor deberá elaborar una memoria, un informe de impacto normativo y un informe de evaluación previa de impacto en función del género.
2. En la memoria se dejará constancia de los resultados de los trámites de audiencia y de información pública así como de las aportaciones que se pueden incorporar a los textos normativos como consecuencia de tales procesos participativos o las razones de su rechazo, en su caso.
3. El informe de impacto normativo expondrá con concisión y claridad los siguientes extremos:
a) Oportunidad y conveniencia de la propuesta.
b) Contenido y análisis jurídico, con expresión del marco normativo en que se integra e incluirá el listado pormenorizado de las disposiciones que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.
c) Adecuación de la propuesta normativa al orden de distribución de competencias.
d) Impacto económico presupuestario, identificación de cargas administrativas y, en su caso, recursos humanos necesarios. Deberá expresar la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los presupuestos de la entidad foral.
4. El informe de evaluación previa del impacto en función del género de la disposición normativa, que deberá acompañar a los anteproyectos de norma foral, a los proyectos de decretos forales normativos y a los de decretos forales del Consejo de Gobierno Foral salvo los de estructura orgánica y funcional, deberá ser remitido al Servicio de Igualdad de la Diputación Foral de Álava, órgano de verificación, con la finalidad de que éste realice las observaciones pertinentes y las remita para su modificación, si fuera necesario, con objeto de garantizar un impacto de género positivo tras la aprobación de la disposición normativa.
Dicho informe de impacto en función del género se cumplimentará en los términos previstos en el anexo III del presente Decreto Foral.
5. Una vez emitidos los documentos citados en los números anteriores y, en su caso, el informe de la Comisión Consultiva, el departamento impulsor del texto normativo recabará el informe de control económico-normativo de la unidad administrativa competente para emitirlo conforme a la estructura de la Diputación Foral de Álava.
6. Además, en la elaboración de anteproyectos de norma foral, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Norma Foral 52/1992, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, deberá emitirse asimismo un informe de incidencia presupuestaria de la unidad administrativa competente para ello.
En el caso de que dichas propuestas normativas comporten gravamen presupuestario, deberán ir acompañados de la oportuna propuesta de financiación.
En los casos en los que, según lo dispuesto en el Decreto Foral del Consejo de Diputados 40/1999, de 30 de marzo, procede el dictamen de la Comisión Consultiva de la Administración Foral de Álava, antes de la presentación del proyecto de disposición de carácter general al órgano competente para su aprobación, se debe solicitar la emisión de dicho dictamen, acompañando a la solicitud el texto del anteproyecto de disposición de carácter general, la memoria e informes emitidos y las consultas realizadas.
1. Las funciones de coordinación y supervisión de la calidad normativa de los procesos de elaboración de disposiciones de carácter general que deban ser aprobados por el Consejo de Gobierno Foral, por el diputado o diputada general o por las diputadas y diputados forales, serán competencia del Servicio de la Secretaría General de la Diputación.
2. A tal efecto, con carácter previo a la aprobación del anteproyecto o proyecto de disposición de carácter general, el órgano competente del Servicio arriba mencionado controlará la legalidad del mismo, debiendo analizar, al menos, los siguientes extremos:
a) Rango de la norma propuesta.
b) Competencia de la Diputación Foral para aprobar la disposición y control de legalidad de la misma.
c) Calidad técnica del documento, de acuerdo con las directrices que se aprueban con este Decreto.
d) Adecuación de la iniciativa al Plan Anual Normativo.
e) Seguimiento de los principios de buena regulación y su reflejo en la exposición de motivos.
f) La derogación expresa de otras normas, cuando ello fuera necesario.
3. Si dicho control fuera negativo o conllevara modificaciones importantes en su contenido se procederá a la devolución del texto al departamento promotor para que éste conozca las observaciones y sugerencias del mismo y decida lo que fuera procedente. Si el control no planteara objeciones, se elevará el texto al Consejo de Gobierno Foral para su ulterior examen y aprobación.
1. El Consejo de Gobierno Foral podrá acordar, a propuesta del departamento promotor, la tramitación urgente de procedimientos de elaboración y aprobación de anteproyectos de norma foral, de decretos forales normativos o de proyectos de decretos forales, siempre y cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando sea necesario que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición del Derecho de la Unión Europea o el establecido en normas básicas estatales o leyes del Parlamento Vasco.
b) Cuando en el ámbito tributario, se trate de la adaptación de leyes estatales y su incorporación al ordenamiento jurídico foral, siempre que ello no implique cambios sustanciales en el contenido de tales regulaciones.
c) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la disposición.
2. En la tramitación por vía de urgencia no será preciso realizar el trámite de consulta pública previa.
Una vez finalizada la tramitación de los anteproyectos de norma foral y de los decretos forales normativos, el Consejo de Gobierno Foral conocerá el texto definitivo con la documentación que le acompañe y procederá a su aprobación así como su remisión a las Juntas Generales de Álava para su deliberación y posterior aprobación, convalidación o derogación, según sea el caso.
1. Una vez finalizada la tramitación de los proyectos de decretos forales del Consejo de Gobierno Foral, se someterán a la aprobación definitiva por dicho órgano y a su posterior publicación en el BOTHA.
2. La aprobación del resto de disposiciones normativas de carácter general se llevará a cabo por las diputadas y diputados forales competentes, debiendo asimismo ser objeto de publicación en el BOTHA.
Evaluación del Plan Anual Normativo
1. Antes del 30 de junio de cada ejercicio el Consejo de Gobierno Foral aprobará mediante acuerdo, a propuesta del departamento competente en materia de transparencia, un informe anual que recoja el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior.
Para dicha evaluación la unidad competente en materia de transparencia contará con la colaboración de los servicios de los distintos departamentos implicados, que estarán obligados a facilitar cuanta información les sea requerida con este fin.
2. El informe será difundido a través del Portal de Transparencia de la Diputación Foral de Álava.
En cualquier caso, lo dispuesto en el presente Decreto Foral no s erá de aplicación a lo s proyectos de decretos normativos de urgencia fiscal a que se refiere el capítulo IV del título II de la Norma Foral 52/1992, de 18 diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, a excepción del informe de impacto normativo, del informe de control económico normativo y del control de legalidad a que se refieren, respectivamente, los puntos 3 y 5 del artículo 14 y el artículo 16 del presente anexo.
Disposición adicional primera del Anexo I redactada por el apartado primero del D Foral [ÁLAVA] 50/2017, del Consejo del Gobierno Foral, 19 septiembre, que modifica el anexo I del D Foral 29/2017, 23 mayo, que aprobó el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa («B.O.T.H.A.» 27 septiembre). Vigencia: 28 septiembre 2017
a) Quedarán exentas de los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública:
Primero. Las disposiciones de carácter general que aprueben las bases y convocatorias de programas de subvenciones, becas y otras ayudas económicas cuyo contenido sea idéntico o no modifique sustancialmente el contenido de las bases y convocatorias que hubieran sido aprobadas con el mismo objeto en ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo. Las disposiciones de carácter general relativas a cualquier materia, cuyo contenido sea idéntico o no modifique sustancialmente el contenido de otras con el mismo objeto a las que sustituyan o cuya vigencia sujeta a plazo hubiera finalizado, siempre que éstas hubieran sido sometidas a los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública regulados en el presente Decreto Foral.
Tercero. Las disposiciones de carácter general que aprueben las bases y convocatorias de procesos selectivos de acceso a la función pública, la cobertura de puestos de trabajo y en general todo lo relativo al personal, funcionario, laboral o de designación política, de la Diputación Foral de Álava, así como a planes de ordenación de e mpleo público y recursos humanos, que se regirán por su normativa específica.
Cuarto. La s disposiciones de carácter general relativas a los ser vicios y prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y los contenidos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y en el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como las prestaciones económicas no contributivas y otras prestaciones asistenciales de titularidad estatal o autonómica.
Quinto. Los proyectos de norma foral de aprobación y ratificación previstos en los apartados 2, 5 y 7 de la letra a) y en el apartado 3 de la letra b) del artículo 6.2 de la Norma Foral de 7 de marzo de 1983, sobre Organización Institucional del Territorio Histórico de Álava.
Apartado quinto de la letra a) de la disposición adicional segunda del Anexo I introducido por el apartado segundo del D Foral [ÁLAVA] 50/2017, del Consejo del Gobierno Foral, 19 septiembre, que modifica el anexo I del D Foral 29/2017, 23 mayo, que aprobó el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa («B.O.T.H.A.» 27 septiembre). Vigencia: 28 septiembre 2017
b) En todo caso quedarán exentas del procedimiento previsto en el presente Decreto Foral:
Primero. Las disposiciones de carácter general cuyo objeto sea la corrección de errores, la modificación de consignaciones presupuestarias y actualización de precios, tarifas, costes o valores previstas en otras disposiciones normativas vigentes, así como la modificación de anexos que incorporen modelos formalizados de solicitudes, autoliquidaciones u otros análogos, siempre que dichas modificaciones no afecten a derechos de las personas destinatarias. Para la aprobación de estas disposiciones de carácter general bastará la emisión de un informe que justifique la exención y, en su caso, los informes a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 14 del presente Decreto.
Segundo. Los procedimientos de elaboración de órdenes forales de aprobación de modelos tributarios y de aquéllas que se limiten a la actualización periódica de valores, coeficientes, porcentajes u otros elementos de carácter cuantitativo necesarios para la aplicación de los tributos.
Tercero. Las disposiciones de carácter general que regulen la concesión de premios y distinciones honoríficas.
Cuarto. Las disposiciones de carácter general de creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal así como las de actualización de relaciones de dichos ficheros.
Apartado cuarto de la letra b) de la disposición adicional segunda del Anexo I introducido por el apartado tercero del D Foral [ÁLAVA] 50/2017, del Consejo del Gobierno Foral, 19 septiembre, que modifica el anexo I del D Foral 29/2017, 23 mayo, que aprobó el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa («B.O.T.H.A.» 27 septiembre). Vigencia: 28 septiembre 2017
El informe de impacto normativo es el documento en el que se recoge y unifica la información que acompaña a un anteproyecto de norma foral o proyecto de disposición de carácter general, justificando su oportunidad y necesidad y realizando una estimación del impacto en diferentes ámbitos de la realidad que tendrá su aprobación.
1. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA NORMATIVA.
0.1. Motivación.
Descripción de la situación de hecho que motiva la iniciativa indicando las razones que justifican la propuesta y descripción de la situación sobre la que pretende incidir, reflejando, al menos los siguientes aspectos:
- Causas de la propuesta. Puede responder a causas normativas o institucionales, judiciales o puede no derivarse de ninguna de las causas anteriores y tratarse de una situación o problema concreto de la realidad detectado.
En todo caso conviene indicar que no debe identificarse como motivación el hecho de que no exista una regulación sobre una determinada materia, sino, en su caso, las consecuencias de que no exista tal regulación, pues ése será realmente el problema y la causa de la propuesta normativa.
- Identificación de los colectivos o personas afectadas por la situación y a las que la disposición va dirigida. Deberán identificarse si la disposición afecta:
* A toda la población
* A un sector específico de la población
* A personas singulares
* A otras administraciones
- Interés público que se ve afectado por la situación, y en qué sentido.
- Por qué es el momento apropiado para hacerlo.
Expresar cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar con la efectiva aplicación de la disposición propuesta. Con carácter general, los objetivos han de tener las siguientes características:
a) precisos y concretos, sin que puedan dar lugar a varias interpretaciones,
b) mensurables, expresándose en términos cuantitativos siempre que sea posible, o bien describiéndolos con la máxima concreción posible cuando no existan indicadores cuantitativos aplicables,
c) realistas, es conveniente valorar si en las condiciones existentes las medidas propuestas son las adecuadas para alcanzar los objetivos, e identificar las condiciones óptimas,
d) delimitados temporalmente,
e) relacionados, en la medida de lo posible, con los de otras actuaciones públicas,
f) priorizados, de modo que en el caso de que haya varios objetivos quede claro cuál es el objetivo principal, es decir, aquél que se relaciona de manera más directa con el problema o situación descrita y el interés público.
Supone analizar si es posible dar cobertura a las necesidades que se pretenden satisfacer a través de otros mecanismos.
Dichas alternativas se presentarán:
- priorizadas, según su nivel de idoneidad para afrontar la situación;
- con una breve descripción de su contenido y en qué medida alcanzaría los objetivos;
- indicando sus ventajas e inconvenientes.
No tiene por qué ser una relación exhaustiva, sino una breve exposición de las alternativas más relevantes. En el caso de que no exista ninguna alternativa, así se recogerá en el informe. Sin embargo, si existe o existen alternativas pero que resultan inviables, deberá reflejarse así en el informe con una sucinta explicación al respecto.
1.4. Adecuación a los principios de buena regulación previstos en el anexo I.
Explicar la adecuación de la propuesta normativa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 3 del anexo I
En particular, a los principios de necesidad y eficiencia, justificando la razón de interés general en la que se funda, y que es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. También deberá contener una explicación de su adecuación al principio de proporcionalidad, de forma que la iniciativa contenga la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
2. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
En este apartado se incluirá una descripción del contenido de la propuesta normativa en el que quede claramente reflejado:
- La estructura de la propuesta, con indicación de las divisiones de ésta y el número de artículos.
- Resumen de cada una de las partes y de las medidas contenidas en la propuesta.
- Elementos novedosos que incorpora la propuesta.
2.2. Análisis jurídico.
- Fundamento jurídico del texto normativo propuesto:
Concretar las disposiciones y artículos que constituyen el fundamento jurídico de la disposición propuesta.
Análisis sobre la adecuación de la propuesta de disposición al orden de distribución de competencias, precisando el título o títulos competenciales en el que se basa la disposición, indicando si tiene su origen en el ejercicio de la competencia propia, delegada, estatutaria, transferida, etc.
- Justificación del rango que se propone para la disposición de carácter general.
- Incidencia en el ordenamiento vigente:
a) Indicar si en la actualidad esa materia se encuentra regulada. En caso afirmativo citar el rango, número y fecha de la disposición o disposiciones en cuestión y señalar si dicha regulación es:
* Obsoleta
* Inoperante
* Responde a objetivos diferentes y por qué.
b) Relación con las normas de rango superior: en los casos en que la propuesta normativa se derive de otra disposición, habrá que señalar cuál es su rango normativo y la relación que guarda el proyecto normativo con ella.
c) Indicar si deroga o modifica alguna disposición anterior y, en caso afirmativo, señalar cuál o cuáles.
- Derecho comparado:
Mencionar si existen regulaciones sobre el mismo objeto en el Estado, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en otras Comunidades Autónomas, en la Unión Europea, etc., indicando con precisión rango, fecha y origen.
- Ámbito y extensión del desarrollo normativo en caso de que sea preciso.
- Previsiones sobre la entrada en vigor y régimen transitorio que en su caso se prevea.
- Coherencia con el resto del ordenamiento jurídico: una disposición puede estar relacionada con otras de tal forma que, aunque diferentes, se complementen para regular un sector.
2.3. Descripción de la tramitación.
En este apartado se incluirá una descripción de los trámites seguidos en el procedimiento de elaboración de la propuesta.
Entre dichos trámites cabe destacar:
- Informes y dictámenes, con indicación de quién es el emisor y acompañados por una breve síntesis de su contenido, que podrá limitarse a indicar si ha sido favorable en aquellos casos en que así ocurra.
- Participación de la ciudadanía y entidades representativas de intereses, de modo que quede constancia del trámite de audiencia.
2. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO.
2.1. Impacto económico general.
Este análisis tiene como objeto estudiar las repercusiones y efectos económicos, pudiendo servir para su identificación cuestiones tales como:
- Efectos en los precios de los productos y servicios, examinando si se establecen nuevas tarifas o precios, se actualizan importes mediante la referencia a un índice de precios, etc.
- Efectos en la productividad de las personas trabajadoras y empresas.
- Efectos en el empleo, atendiendo a si se facilita o promueve la creación de empleo o si, por el contrario, se induce directa o indirectamente a la destrucción de empleo, mediante nuevos costes o restricciones.
- Efectos sobre la innovación, considerando si se facilita o promueve la actividad de investigación o desarrollo, la incorporación de nuevas tecnologías, la capacidad emprendedora, etc.
- Efectos sobre los consumidores.
- Efectos sobre las Pymes. Se trata de identificar, en particular, la incidencia diferencial en las empresas en función de su tamaño.
2.2. Efectos en la competencia en el mercado.
Se trata de analizar si el texto normativo es susceptible de introducir elementos que distorsionen la competencia en el mercado. En particular, se deben analizar:
- posibles restricciones al acceso de nuevos operadores,
- restricciones que limiten la libertad de los operadores para competir o limiten sus incentivos a hacerlo.
2.3. Análisis de las cargas administrativas.
Se consideran cargas administrativas todas aquellas tareas de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y la ciudadanía para cumplir con las obligaciones derivadas de la disposición.
Se deberán identificar, con una estimación de su cuantificación económica, las cargas administrativas que introduce la disposición y/o que se han suprimido o reducido con respecto a la regulación anterior.
Dentro de esta definición se entienden incluidas actividades tales como:
a) renovación de autorizaciones, licencias y permisos,
b) comunicación de datos y presentación de documentos,
c) conservación de documentos,
d) inscripción, baja o modificación en un registro,
e) llevanza de libros, elaboración de documentos, cuentas, declaraciones, manuales, productos, planes,
f) auditorías, inspecciones y controles,
g) acreditación de avales, garantías u otros fondos,
h) información a terceros u obtención de consentimientos de terceros.
2.4. Impacto en la organización y en los recursos humanos.
Analizar si la propuesta normativa conlleva:
- la creación, modificación o supresión de cualquier tipo de órganos, unidades o puestos de trabajo de las estructuras orgánicas, relaciones de puestos de trabajo, o instrumentos similares de ordenación de personal del sector público del Territorio Histórico de Álava.
- gastos de personal, tipo y cuantía.
- aumento de recursos, tipo y cuantía.
2.5. Impacto presupuestario.
El impacto presupuestario mide el efecto que el proyecto normativo tendrá previsiblemente sobre los gastos y los ingresos públicos.
Se deberá indicar si la nueva disposición implica un ingreso o coste presupuestario nuevo, de qué tipo y en qué cuantía.
3. OTROS IMPACTOS.
En este apartado se expondrán motivadamente otros aspectos de la realidad que se verán afectados de algún modo por la disposición, que no sea alguno de los impactos definidos anteriormente, es decir, cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con diversidad funcional.
En el caso de decretos normativos de urgencia fiscal y de disposiciones de carácter general que adopten finalmente la forma de decreto u orden foral, las mismas irán acompañadas de un informe de impacto normativo abreviado con, al menos, los siguientes apartados:
a) OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA.
Se trata de analizar aquellos elementos que demuestren la pertinencia y conveniencia de la norma propuesta, así como el análisis de los estudios o informes que se estimen precisos para justificar su necesidad y el análisis de las novedades que se pretenden introducir.
Asimismo deberá explicar la adecuación de la propuesta normativa a los principios de buena regulación en los términos recogidos en el apartado 1.4 de la guía para la elaboración del informe de impacto normativo de anteproyectos de norma foral.
b) CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
Se trata de analizar el proyecto normativo desde un punto de vista jurídico de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la guía para la elaboración del informe de impacto normativo de anteproyectos de norma foral.
c) IMPACTO ECONÓMICO PRESPUESTARIO.
Deberá identificar las cargas administ rativas y, en su caso, los posibles costes en recurso materiales y recursos humanos. Deberá expresar la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los presupuestos de la entidad foral.
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
1.1. Título de la disposición de carácter general.
Indicar el nombre completo del proyecto normativo.
1.2. Contexto legislativo que justifica la elaboración del informe.
Indicar los concretos artículos de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1.3. Órgano emisor, objeto del informe y órgano a quién se remite.
Indicar el órgano implicado en la elaboración de la disposición que emite el informe al objeto de evaluar el impacto de género del proyecto.
Asimismo es preciso indicar que dicho informe se envía al Servicio de Igualdad, órgano de verificación, con la finalidad de que éste realice las observaciones pertinentes y las remita para su modificación, si fuera necesario, con objeto de garantizar un impacto de género positivo tras la aprobación de la disposición.
Habrá que identificar:
- En tanto que la disposición evaluada tiene como grupo destinatario final a mujeres y hombres, e influirá en el acceso a los recursos y/o en la modificación del rol de género... la misma es: PERTINENTE
- En tanto que la disposición evaluada tiene como grupo destinatario final a mujeres y hombres, más no influirá en el acceso a los recursos y/o ni en la modificación del rol de género... la misma es: NO PERTINENTE
En caso de que el resultado sea no pertinente, tras justificar los motivos de la no pertinencia, se dará por finalizado el informe si bien previamente habrá que revisar el lenguaje de la disposición.
3.1. Identificación de los mandatos normativos.
3.2. Identificación de desequilibrios y desigualdades de género.
Recoger la información que sirva para identificar claramente las posibles desigualdades de género previas que puedan existir en el contexto de intervención de la disposición, prestando especial atención a aquellas que se vinculen con los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades.
A tal efecto, se tendrán en cuenta, si procede, los siguientes tipos de indicadores:
- Indicadores cuantitativos. Se utilizarán estadísticas que definan la situación de mujeres y hombres respecto al objeto y contenido de la disposición general, y que describan las características de unas y otros que puedan estar relacionadas con esta situación, en el ámbito de aplicación de la disposición. Por ejemplo:
- Número y porcentajes de mujeres y hombres a los que afecta el objeto y ámbito de aplicación de la disposición.
- Características principales de la situación de mujeres y hombres, expresadas en forma cuantitativa. Por ejemplo: edad, nivel de ingresos, estado civil, localización geográfica, pertenencia a determinados colectivos (como personas desempleadas, estudiantes, víctimas de violencia de género, etc.)
- Indicadores cualitativos. Se utilizarán, complementariamente, para identificar roles y estereotipos de género que puedan tener incidencia en el ámbito de aplicación de la disposición. Por ejemplo, identificación de creencias, valores, costumbres u opiniones sociales.
- Acceso a los recursos. Se analizará dicho acceso en el ámbito de actuación de la disposición (tiempo, espacio, dinero y recursos económicos, información, educación y formación, empleo y carrera profesional, trabajo doméstico, nuevas tecnologías, servicios de asistencia sanitaria, medios de transporte, ocio...)
- Información sobre condiciones de participación: Condiciones de participación detectadas de hombres y mujeres.
3.3. Grado de respuesta de la disposición ante esas desigualdades (exposición de motivos, objeto, articulado)
Se presentará una previsión de resultados de la disposición, desde una perspectiva de eliminación de desigualdades y contribución al desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Se trataría de identificar los cambios que puede originar la implementación de la futura disposición normativa, sobre las desigualdades detectadas entre mujeres y hombres.
La previsión de los resultados se referirá a estos tres aspectos:
- Resultados directos de la aplicación de la disposición, expresados en términos cuantitativos y desagregados por sexo.
- Incidencia sobre los roles y estereotipos de género.
- Contribución al desarrollo de los objetivos de igualdad de oportunidades identificados.
3.4. Valoración Impacto:
La valoración del impacto de género calificará los resultados previstos en relación con la eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres y el cumplimiento de los objetivos de políticas de igualdad, de acuerdo con la escala fijada a continuación:
- Negativo. Cuando no se prevea una eliminación o disminución de las desigualdades detectadas y no contribuya a las políticas de igualdad.
- Positivo. Cuando se prevea una disminución o eliminación de las desigualdades detectadas y contribuya a los objetivos de las políticas de igualdad.
Partiendo del análisis anteriormente efectuado, procede indicar si la disposición de carácter general, en cumplimiento del mandato normativo vigente en materia de género, es respetuoso con el principio de igualdad entre hombres y mujeres, cuida su lenguaje desde la perspectiva de género, ayuda a eliminar estereotipos de género, contribuye a visualizar a la mujer y equilibrar la participación de mujeres y hombres, etc.
DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE NORMA FORAL Y PROYECTOS DE DEMÁS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Los anteproyectos de norma foral y los proyectos de las disposiciones de carácter general que adopten la forma de decreto foral normativo, de decreto normativo de urgencia fiscal, de decreto u orden foral se estructuran en las siguientes partes: título de la disposición; parte expositiva, que en el caso de los anteproyectos de norma foral se denominará siempre "exposición de motivos", y parte dispositiva, en la que se incluye el articulado y la parte final.
El título forma parte del texto y permite su identificación, interpretación y cita.
b) Identificación del tipo de disposición.
El título se inicia con la identificación del tipo de disposición: anteproyecto de norma foral, proyecto de decreto normativo de urgencia fiscal, proyecto de decreto foral, proyecto de orden foral.
c) Nominación.
El título indicará el objeto material de la norma identificándolo plenamente de forma precisa y completa, evitando las descripciones propias de la parte dispositiva, pero procurando una exactitud que permita hacerse una idea de la materia que trata de regular. No conviene el uso de siglas y abreviaturas en el nombre.
Una vez aprobados los decretos forales normativos, los decretos normativos de urgencia fiscal, los decretos forales y las órdenes forales, su título oficial responderá al sistema tradicional, con el número anual correspondiente, separados el número y año, -expresado éste último con su cuatro cifras en caracteres numéricos-, por una barra y, a continuación, entre comas la mención al día y mes.
d) Disposiciones de carácter temporal y disposiciones modificativas.
En las disposiciones de carácter temporal se hará constar en el nombre su período de vigencia; y en las modificativas se deberá expresar este carácter y mencionar el título completo de la disposición que se modifica.
C. PARTE EXPOSITIVA
a) Inserción de índices.
En las disposiciones de gran complejidad y amplitud, es conveniente insertar un índice, siempre antes de la parte expositiva.
b) Denominación de la parte expositiva.
En los anteproyectos de norma foral la parte expositiva se denomina "exposición de motivos" y así se inserta, con letras mayúsculas en el centro de la línea que encabeza el texto. En los demás tipos de disposiciones no se titula la parte expositiva.
c) Contenido de la parte expositiva.
Su función es explicar el objeto y finalidad de la norma, resumiendo sucintamente su contenido para una mejor comprensión del texto y de las novedades que introduce en la regulación, así como indicar las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta.
Si se trata de decreto foral normativo, debe hacer referencia a la norma foral en virtud de la cual se ejerce la delegación; si es decreto normativo de urgencia fiscal, han de expresarse las circunstancias de urgencia y conveniencia de establecer o adaptar normas tributarias; y si es cualquiera otra disposición de carácter general, mencionará el mandato legal específico para su elaboración.
En dicha parte expositiva deberá quedar suficientemente justificada la adecuación de la disposición a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 3 del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general recogido en el anexo I.
En todo caso, deben evitarse las exhortaciones, declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas.
d) División.
La parte expositiva no tiene necesariamente que ser extensa, a menos que la complejidad o la novedad del contenido de la parte dispositiva lo aconsejen, sobre todo en el caso de los anteproyectos de norma foral.
Si la exposición de motivos es larga, podrá dividirse en apartados, al comienzo de cada uno de los cuales se utilizarán números romanos, centrando las cifras en el texto.
e) Consultas e informes.
En la parte expositiva deberán destacarse los aspectos más relevantes de la tramitación: consultas efectuadas, informes evacuados, audiencia de las entidades y sectores afectados, etc. Esta información deberá figurar en un párrafo independiente antes de la fórmula aprobatoria.
f) Fórmula aprobatoria.
La parte expositiva y la dispositiva de los decretos forales normativos y decretos del Consejo de Gobierno Foral se engarzan mediante una fórmula que se inicia con el sintagma "en su virtud", y debe hacer referencia, por este orden, a la diputada o diputado proponente-o a los diputadas o diputados que los sean de manera conjunta-, y a la previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy. El párrafo se cierra con una coma y, en línea inferior, se coloca, centrada y con mayúsculas y negrita, la palabra DISPONGO.
En el caso de los decretos normativos de urgencia fiscal la conexión entre parte expositiva y dispositiva se hace de forma similar a la indicada en el párrafo anterior añadiendo justo antes del dispongo el siguiente texto: "en uso de las atribuciones que concede a la Diputación Foral el artículo 8 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava y la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, -de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava-, por razones de urgencia,".
En los decretos de la diputada o Diputado General y órdenes forales de las diputadas y diputados forales el engarce suele hacerse mediante una frase que comienza con alguna expresión como en consecuencia, por ello, en su virtud, en ejercicio de las atribuciones que me competen o similar y termina con la palabra centrada y con mayúsculas y negrita DISPONGO.
Los proyectos de norma foral no incorporan fórmula aprobatoria porque lo que aprueba el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo, es su remisión a las Juntas Generales de Álava, órgano competente para la aprobación del texto como norma foral.
D. PARTE DISPOSITIVA
a) Contenido y disposiciones generales.
La parte dispositiva, que contiene las determinaciones que constituyen en concreto la norma jurídica, responderá al siguiente criterio único de ordenación:
1. Las normas generales, van antes que las especiales o particulares.
2. Las más importantes van antes que las de importancia secundaria, y en todo caso:
a) Las abstractas antes que las concretas.
b) Las normales preceden a las excepcionales.
c) Las sustantivas van antes que las procesales.
d) Las normas permanentes van antes que las temporales.
e) Las normas técnicas, por ejemplo las que versen sobre vigencias (disposiciones transitorias, derogatorias y de entrada en vigor), van al final.
b) Ordenación interna.
La parte dispositiva se ordenará internamente, según proceda, adoptando la siguiente estructura:
a) objeto y finalidad,
b) principios,
c) definiciones,
e) normas sustantivas,
f) normas organizativas,
g) de funcionamiento,
h) atributivas de derechos y obligaciones,
i) impositoras de limitaciones y prohibiciones.
Parte sancionadora:
j) normas tipificadoras de las infracciones y sanciones.
Parte procedimental:
k) normas de procedimiento,
l) procesales y de garantía.
m) disposiciones adicionales,
n) transitorias,
o) derogatorias
p) y finales.
Los artículos de la parte dispositiva podrán agruparse, como únicas divisiones posibles, en:
1. Libros: muy excepcionalmente, en el caso de normas de extraordinaria extensión.
Irán numerados con ordinales expresados en letras y con la correspondiente titulación, y en la línea posterior se colocará la denominación de cada uno, también centrada, en minúscula negrita y sin punto.
2. Títulos: para disposiciones normativas extensas, con más de cien artículos y que contengan partes claramente diferenciadas.
Se numerarán con romanos (precedidos normalmente por un título preliminar, para las disposiciones generales), en composición centrada, con mayúsculas y sin punto, y en la línea posterior se colocará la denominación de cada uno, también centrada, en minúscula negrita y sin punto.
3. Capítulos: salvo que se trate de textos normativos muy breves y de objeto singular, los artículos se agruparán, por razones sistemáticas, en capítulos, con contenido homogéneo.
Se numerarán con romanos y su encabezamiento, escrito con mayúsculas, se situará centrado en la página y sin punto; en línea inferior, sobre la del primer artículo de cada capítulo, debe ir el nombre de éste, también centrado y sin punto, pero con minúsculas (salvo la mayúscula inicial y las que procedan ortográficamente) y en negrita.
4. Secciones: para capítulos largos y con partes claramente diferenciadas. De no haber capítulos, no se utilizará esta división.
Se numerarán con ordinales en femenino, separados con punto del correspondiente título, todo en la misma línea, con mayúsculas y sin punto al final. En línea inferior, sobre la del primer artículo de cada sección, debe ir el nombre de ésta, también centrado y sin punto, pero con minúsculas (salvo la mayúscula inicial y las que procedan ortográficamente) y en negrita.
No se pasará de una unidad de división a otra omitiendo alguna intermedia, salvo en el caso de las secciones, ya que los capítulos podrán dividirse en secciones y éstas en artículos o bien directamente en artículos.
La articulación de los textos de las disposiciones de carácter general se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
Los distintos artículos de la disposición deben disciplinar un aspecto de la materia tratada y van precedidos del término "Artículo".
En el supuesto de que haya uno sólo, se designa como "Artículo único" y si son varios se numeran consecutivamente en cifras cardinales arábigas, excepto los de las disposiciones modificativas que se numeran con ordinales escritos en letras.
La indicación de "Artículo" y su número se sitúan en el margen izquierdo de la línea superior a la del texto del artículo.
Con carácter general, cada artículo llevará un título o nombre que expresa brevemente su contenido. La indicación del título se situará a continuación de la indicación de su artículo y número, realzado todo ello tipográficamente en negrita.
El contenido de los artículos se pondrá en la línea siguiente a su título.
En los casos de artículo único irá a continuación y separado por dos puntos, excepto en el supuesto de que tenga varios párrafos, en cuyo caso se seguirá la regla anterior.
Cuando resulte necesario, el contenido de un artículo deberá dividirse en apartados distintos numerados en cardinales arábigos (no se numerará cuando se trate de apartado único), pero sin títulos. No es conveniente que los apartados de un artículo sean de más de cuatro o cinco.
Los párrafos de cada apartado no se numerarán, como regla general, por no considerarse subdivisiones. Pero cuando deba subdividirse el apartado, se hará también en párrafos, que pueden ser señalados con letras minúsculas ordenadas alfabéticamente a partir de la a (utilizando todas las letras del alfabeto, incluso ñ y w, pero no los dígrafos ch y ll) y envueltas con el signo de paréntesis posterior.
Y cuando los párrafos de los apartados deban, excepcionalmente, subdividirse, las subdivisiones se numerarán correlativamente con ordinales arábigos.
No deben iniciarse las divisiones ni las subdivisiones de los artículos, apartados y párrafos con guiones, asteriscos ni otras marcas.
4. Enumeraciones.
Cuando las divisiones de los artículos, apartados o párrafos consistan en enumeraciones, deberán observarse las siguientes reglas:
a) Cada parte debe concordar gramaticalmente con la oración introductoria; con el inciso final si lo hay; y entre sí, no mezclando clases distintas (infinitivo inicial, o bien sustantivo creado por nominalización del verbo, u otras formulaciones que han de ser en todo caso homogéneas).
b) Los epígrafes no deben ir sangrados sino con los mismos márgenes que el resto del texto, y las cláusulas de introducción y cierre no estarán tabuladas.
c) Como regla general, cada parte se iniciará con letra mayúscula y se separará del siguiente con punto y aparte; salvo que la enumeración sea una lista o relación formada únicamente por sintagmas nominales, en cuyo caso se iniciarán con minúscula y se separarán con coma al final de cada uno, excepto el penúltimo, que acabará con la conjunción y o con la o; y el último, que, de no haber cláusula de cierre, acabará con punto y aparte.
E. PARTE FINAL.
a) Normas comunes.
La parte final se dividirá en las siguientes clases de disposiciones por este orden: disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, disposiciones derogatorias y disposiciones finales.
Cada una de estas clases de disposiciones tendrá una numeración correlativa propia, con ordinales femeninos en letra; de haber una sola disposición en la clase se indicará como única. La indicación de disposición y su clase, así como su número se situarán en la margen izquierda de la línea superior a la del texto correspondiente.
Las disposiciones se titularán, indicándose en el título el contenido o materia a la que aquéllas se refieren.
b) Disposiciones adicionales.
Las disposiciones adicionales incluirán, por este orden:
1. Los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el texto articulado: territoriales, personales, económicos y procesales.
Sólo se sitúan aquí los regímenes especiales que tienen por objeto situaciones jurídicas diferentes de los regulados con carácter general en el texto articulado y, además, no tienen suficiente entidad para integrar el contenido de un artículo o de un capítulo de la parte dispositiva.
2. Mandatos y actuaciones no dirigidas a la producción de normas jurídicas. Si se establecen, fijan el plazo en el que debe cumplirse el mandato.
3. Los preceptos residuales que no pueden colocarse en otro lugar de la norma. La calificación de un precepto como residual se utiliza como último recurso.
c) Disposiciones transitorias.
Las disposiciones transitorias incluirán exclusivamente y por este orden los siguientes preceptos:
1. Los que establezcan una regulación material autónoma, diferente a la establecida por la disposición nueva y la anterior, de las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición,
2. los que declaran la pervivencia o ultra actividad de la disposición antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas antes de la entrada en vigor de la nueva disposición,
3. los que declaren la aplicación retroactiva de la nueva disposición para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición, debiéndose recordar que constitucionalmente está vetada la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales,
4. los que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva disposición, declaren la pervivencia o ultra actividad de la norma antigua, para regular situaciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva norma,
5. los que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva disposición, regulen de modo autónomo y provisional situaciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición.
d) Disposiciones derogatorias.
Consisten en una relación exhaustiva de todas las disposiciones o enunciados normativos derogados. La lista se cierra con una cláusula de salvaguardia que acota la materia objeto de derogación del tenor siguiente; "... y cualquier otra disposición en materia de ... que se oponga a este/a ...", pero nunca se establece sólo esta cláusula genérica.
En los proyectos de norma foral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, figura como anexo una relación de disposiciones que se derogan o modifican.
e) Disposiciones finales.
Incluirán, por este orden:
1. Las cláusulas de modificación del derecho vigente, cuando la modificación de una disposición no es el objetivo principal de la disposición,
2. Las cláusulas de salvaguarda del rango de ciertas disposiciones así como de salvaguarda de disposiciones normativas o de competencias ajenas,
3. Las reglas de supletoriedad tanto las que atribuyen el carácter supletorio de la propia disposición a otras, como las que declaran a esa disposición como supletoria de disposiciones distintas,
4. Las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas, como habilitaciones de desarrollo reglamentario o mandatos de presentación de otros proyectos normativos,
5. Las reglas sobre la eficacia temporal de la disposición (entrada en vigor y agotamiento de su vigencia).
Además de los proyectos de normas forales y de los decretos forales del Consejo de Gobierno Foral (cualquiera que sea su forma, según el artículo 97 de la Norma Foral 52/1992), los decretos forales del diputado o diputada general y las órdenes forales que contienen normas de carácter general deben hacer referencia a la vigencia. Por contra, cuando los decretos de la diputada o Diputado General y las órdenes forales constituyan actos administrativos, siempre se hablará de "surtir efectos".
La entrada en vigor se determinará preferentemente señalando el día, mes y año en el que haya de tener lugar. En el caso de que se pretenda por razones de urgencia que una disposición normativa comience su vigencia de forma inmediata, se recomienda que la fórmula a emplear no sea la de entrada en vigor "el mismo día de su publicación en el BOTHA" sino "el día siguiente al de su publicación en el BOTHA", por razones de seguridad jurídica para el ciudadano.
Cuando se quiera establecer la entrada en vigor escalonada de una disposición, avanzar o retrasar la entrada en vigor de determinadas partes o preceptos, la redacción deberá decir: "la presente Norma, Decreto..., Orden Foral entrará en vigor ..., excepto los Títulos (Capítulos/artículos...) que lo harán....".
En ningún caso se utilizarán cláusulas de dudosa legalidad material y formal como por ejemplo: "la presente norma queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente...", ya que este tipo de condicionamientos cuestiona la validez misma de la norma.
a) Ubicación y composición.
El anexo se colocará al final; de haber varios, se numerarán con romanos y encabezados con la denominación que haga referencia al contenido respectivo, en composición idéntica a la señalada para los títulos de la parte dispositiva.
En la parte dispositiva habrá siempre una referencia clara al anexo o a cada uno de los anexos.
En los anexos pueden contenerse:
1. Conceptos, reglas, requisitos técnicos, gráficos, planos y otros elementos que no puedan expresarse totalmente mediante la escritura;
2. Relaciones de personas, bienes, lugares, etc., respecto de los cuales haya de concretarse la aplicación de las disposiciones del texto;
3. Acuerdos o convenios a los que el texto dota de valor normativo, y
4. Otros documentos cuya naturaleza o contenido lo exija.
c) Normas aprobatorias.
No tienen la consideración de anexos, aunque su ubicación en la norma sea similar, los textos articulados o refundidos, aprobados mediante decretos forales normativos, al que se incorporan para la publicación oficial, como tampoco los reglamentos, estatutos u otras normas que también se publican incorporados al texto de la disposición general: constituyen el objeto mismo de la decisión de aprobarlos.
d) Modificación de anexos.
Cuando se considere necesario y la naturaleza del anexo lo permita, las cláusulas de habilitación para el desarrollo reglamentario podrán autorizar para la modificación del contenido de los anexos.
a) Remisiones.
Con objeto de simplificar el texto de una disposición, éste puede remitirse a otra u otras, cuyo contenido deba considerarse parte integrante de aquélla, sin necesidad de reproducirlo en su integridad, siempre que no se perjudique la claridad ni la comprensión de la norma resultante.
Las remisiones deben indicar que lo son, introducirse con las expresiones "de acuerdo con" o "de conformidad con" y precisar la norma y concreto precepto a que se refieren, sin limitarse a señalar la numeración del artículo o apartado que así se incorpora, sino incluyendo una escueta mención conceptual que facilite su comprensión.
En todo caso el recurso a las remisiones ha de administrarse con prudencia y sobriedad, evitando su proliferación.
Las citas de preceptos deben hacerse respetando la forma en que estén numerados, y en orden decreciente: número del artículo, apartado, y en su caso párrafo de que se trate. (Ejemplo: "de conformidad con el artículo 3.1ª).1º., párrafo tercero de la Norma Foral...)
Atendiendo al tipo de cita se establecen las siguientes reglas:
1. Cuando se trate de la cita de algún precepto de la misma disposición, no es preciso indicar esta circunstancia ("de la presente Norma" o "de este Decreto"), pero sí cuando coexista con citas de otras disposiciones.
2. La primera cita de otras disposiciones normativas, tanto en la parte expositiva como en la dispositiva, debe incluir el título completo de la disposición: tipo, número y año, fecha y nombre separados por comas. En las posteriores ocasiones se citará en forma abreviada (tipo, número, año y fecha).
3. La cita de un número de un boletín oficial se realizará del siguiente modo: siglas de la denominación del diario oficial, número y fecha (día, mes y año). Ejemplo: "Esta disposición se publicó en el BOTHA, número 1, de 2 de enero de 2017,...".
4. Las resoluciones judiciales deben citarse del siguiente modo:
«Sentencia del Tribunal....., número y año (con los cuatro dígitos), separados por una barra inclinada, fecha (día y mes) y asunto».
La identificación de sentencias que no estén numeradas, así como la de providencias o autos, se realizará citando todos sus elementos identificativos: tipo, órgano, fecha completa y asunto.
a) Supuestos en los que procede.
Sólo se utiliza la técnica de modificación para dar una nueva redacción a partes de una disposición anterior, añadir disposiciones nuevas, suprimir partes de las disposiciones existentes y prorrogar o suspender la vigencia de otras disposiciones.
Esas modificaciones pretenden insertar en el texto antiguo una nueva redacción de forma que se integra totalmente el contenido de la disposición de modificación en la modificada.
En los proyectos de norma foral cuya finalidad principal no es la modificación de otras normas, pero de hecho se modifican, figurará en un anexo la relación de disposiciones modificadas.
En los casos de modificaciones extensas o reiteradas se dictará una disposición enteramente nueva.
El título de la disposición modificativa debe expresar tal circunstancia y recoger el título de la disposición modificada con su fecha completa, pero sin indicar el BOTHA en el que fue publicada.
Asimismo, los títulos de las normas de prórroga o suspensión de vigencia expresarán su naturaleza específica.
Se evitarán en el título repeticiones innecesarias, por ejemplo, no se dirá "Decreto... por el que se modifica el Decreto por el que...", sino "Decreto... de modificación del Decreto por el que...".
Los artículos de las disposiciones modificativas se numeran en ordinales escritos en letras, y en ellos se expresan con precisión y claridad los datos de la parte que modifican (letras, párrafos, apartados, capítulos, etc.) y el tipo de modificación realizada (nueva redacción o adición). El texto de la modificación va sangrado y entrecomillado.
Cuando se trata de nueva redacción se transcribe el texto íntegro del apartado o del artículo objeto de modificación. En el caso de adición se transcribe el texto de la misma precisando el lugar donde debe insertarse.
A los efectos anteriores se debe seguir el orden de la disposición modificada.
Para evitar alteraciones en el articulado de la disposición en el caso de adición o supresión de artículos completos se puede acudir a la utilización de artículos bis, ter, quáter, etc., o a la declaración de artículos sin contenido.
Toda disposición que contenga una novedad requiere su formulación en un artículo independiente, y no en un apartado de otro ya existente.
La numeración de los artículos de las disposiciones modificativas se expresa en ordinales (ejemplo: Artículo primero) con el fin de hacer más sencilla la inserción de la disposición de modificación en la modificada.
El título del artículo modificativo cita el número y el título del artículo a modificar, si lo tuviere, y de la disposición modificada.
Las disposiciones de modificación múltiple se dividen en capítulos y se usa un capítulo para la modificación de cada norma foral, decretos u órdenes forales de que se trate.
Como regla general, las disposiciones modificativas usan el estilo de regulación (dar nueva redacción a las disposiciones modificadas) excepto en los casos de sustitución de palabras aisladas, de cambio reiterado de las mismas expresiones, de alteración de cantidades y de otras análogos que se debe usar el estilo de modificación (sustituir algunas palabras sin dar nueva redacción).
En el estilo de regulación, el texto marco (que indica qué disposiciones se modifican y cómo se lleva a cabo la modificación) y el texto de regulación (el nuevo texto en que consiste la modificación), van separados perfectamente.
Si se utiliza el estilo de modificación, se destacan las expresiones que se cambian, así como las nuevas. Por ejemplo, unas y otras se entrecomillan.
e) Adición de artículos
Cuando haya que añadir nuevos artículos se mantiene siempre la numeración del articulado originario a fin de no alterar el juego de remisiones que se hubiera podido hacer al mismo por otras disposiciones.
Los artículos adicionados reciben el número del artículo tras el que se sitúan seguido del adverbio numeral latino que por orden corresponda (bis, ter, quáter, etc.). Esta regla se aplicará con independencia del número de artículos de que consta la disposición modificada y del lugar que en la misma ocupen los nuevos artículos, incluyendo, por tanto, los supuestos de adición a disposiciones de artículo único.
f) Orden de modificación.
La disposición de modificación sigue el orden de la disposición modificada que se puede combinar con el criterio del tipo de modificación (nueva redacción, adición, etc.).
Si se trata de disposiciones modificativas múltiples, las disposiciones modificativas seguirán el orden de aprobación de las disposiciones afectadas.
Las disposiciones han de redactarse en un nivel de lengua culto, pero accesible a la ciudadanía, de manera clara, precisa y sencilla.
Se utilizará un repertorio de léxico común, nunca vulgar, y se recurrirá, cuando proceda, al empleo de términos técnicos dotados de significado propio.
Se evitará el uso de extranjerismos cuando se disponga de un equivalente en castellano, la utilización de palabras y construcciones lingüísticas inusuales.
1. En la redacción de las disposiciones de carácter general se utilizará un lenguaje que evite el uso de formas discriminatorias, de forma que la terminología empleada esté en armonía con el principio de igualdad de sexos.
a) Utilización de sustantivos genéricos o colectivos para englobar ambos sexos.
c) Utilización de construcciones gramaticales en las que se omita la referencia directa al sexo del sujeto, siempre y cuando éste sea claro no creando ningún tipo de ambigüedad. Así:
4. En ningún caso deberá de recurrirse en la redacción de textos normativos a la utilización de la barra.
5. En las referencias a los cargos de las entidades del sector público del Territorio Histórico de Álava se seguirán los criterios siguientes:
a) En las referencias a las propuestas de las disposiciones de carácter general y en las firmas de las mismas se citará el cargo en su correspondiente género femenino o masculino en función de la persona que en dicho momento lo esté desempeñando.
b) En la designación de miembros de órganos colegiados, se procurará el uso de construcciones metonímicas, evitando al tiempo que el artículo acompañe al cargo o representación, a los efectos de no designar sexo.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8
 Resolución 

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 37
 Resolución 
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 artículo 14
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 68
 artículo 97
 artículo 3