Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2012/as201211189.htm
Timestamp: 2019-03-19 04:20:59+00:00

Document:
201207-Sala Penal Primera-1-189
AUTO SUPREMO Nº 189/2012
Sucre, 24 de julio de 2012
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Edwin Favio Conde Flores.
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Edwin Favio Conde Flores (fs. 56 a 61) impugnando el Auto de Vista Nro. 12/2012 emitido el 27 de abril de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 42 a 45), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Sentencia Nro. 1 de Oruro, por Sentencia Nro. 16/2011 de 10 de octubre de 2011 (fs. 17 a 25), declaró a Edwin Favio Conde Flores autor y culpable de la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, condenándolo a la pena privativa de libertad de nueve años de presidio, a cumplirlos en el Centro Penitenciario San Pedro, más el pago de 500 días multa a razón de Bs.1.- por día, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado a ser averiguables en ejecución de sentencia. Fallo que fue impugnado mediante recurso de apelación restringida, interpuesto por el recurrente (fs. 29 a 35), en virtud al cual se emitió el Auto de Vista Nro. 12/2012 de 27 de abril de 2012 (fs. 42 a 45) de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declarado improcedente, lo que posteriormente dio origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos.
CONSIDERANDO: Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 161/2012 de 28 de junio (fs. 68 a 71), a efecto de determinar la existencia o no de la contradicción sobre las siguientes denuncias:
1. El Auto de Vista impugnado convalida una errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal, al aplicar erróneamente el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; toda vez que, el recurrente observa la errónea calificación de los hechos (tipicidad) sujetos a juicio y a él atribuidos, sin ejercitar ningún análisis fáctico jurídico el cual permita desarrollar que la conducta acusada a su persona haya sido realizada con pleno conocimiento de su ilicitud, pues más allá de haberse acreditado que aquél se encontraba sentado en el asiento de un bus, debajo del cual se encontraba un maletín presuntamente con sustancias controladas, ello no implica necesariamente la acreditación de que la conducta realizada por el recurrente sea dolosa y tendente a cometer el delito acusado.
Por ello alega que, la Sentencia dictada en su contra contraviene el principio de legalidad en materia penal, por no cumplir con adecuada subsunción del hecho al tipo penal acusado, al no haberse acreditado más allá de toda duda razonable su participación y culpabilidad, pese a desconocer la existencia de sustancias controladas en el interior del maletero del vehículo, mismas que no le pertenecían al no haberse encontrado ningún elemento que lo vincule a su propiedad. Es más, en el contenido de la Sentencia no se precisa de manera concreta qué elementos de convicción hubieran demostrado la responsabilidad penal del recurrente en la comisión del hecho, a más de crear ficciones de culpabilidad, exponiendo razonamientos eminentemente subjetivos en la pretensión de tener por demostrado el tipo penal acusado.
No obstante a ello, continúa, se convalida la Sentencia al confirmarla refiriendo a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo de 26 de enero de 2007, mismo que si bien tiene la misma línea del razonamiento expuesto en el recurso de apelación restringida, no acontecen los aspectos en el caso de autos, cuando en realidad jamás se demostró en juicio ningún elemento del tipo penal de transporte de sustancias controladas, especialmente aquél vinculado a que el recurrente haya conocido de la existencia de dichas sustancias en el interior del vehículo que conducía, siendo que el transporte por mero transporte, sin conocimiento de la existencia de sustancias controladas no es suficiente para determinar una conducta que involucre la calificación del delito tipificado en el art. 55 de la Ley Nro. 1008.
Invoca en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 231 de 4 de julio de 2006, 329 de 29 de agosto de 2006 y 131 de 31 de enero de 2007, explicó el contenido de la doctrina legal aplicable respectiva y a su vez describió la presunta contradicción existente entre éstos y el Auto de Vista recurrido, al referir que se condenó al recurrente sin que en la práctica se haya demostrado más allá de toda duda razonable que la conducta asumida por él haya llevado a la firme convicción del Tribunal de instancia a dar por probados los fundamentos de la acusación que le atribuyó un hecho ilícito que en la práctica no fue cometido por su persona.
2. El Auto de Vista impugnado convalida la Sentencia insuficientemente fundamentada, en lo concerniente a la fundamentación probatoria intelectiva que toda Sentencia condenatoria debe contener, lo que provoca la inobservancia del art. 124 del Código Penal, cuyo defecto se encuentra previsto en el art. 370 inc. 5) del Código de de Procedimiento Penal; toda vez que, la merituada Sentencia carece de requisitos básicos que debe contener una resolución final, no contempla los elementos de juicio que indujeron a los jueces del Tribunal de Sentencia a sostener cómo es que participó en la comisión del delito atribuido, en un hecho en el que no participó con conocimiento y voluntad en su realización, no llegando a determinar el nexo causal para atribuirle de manera racional el hecho acusado, resultando inexistente la fundamentación probatoria intelectiva acerca de esos aspectos que necesariamente debían constar.
Delimita el agravio alegando que la Sentencia impugnada no contó con la exigencia de valorar cada uno de los elementos de prueba para arribar a la conclusión de su responsabilidad penal, no siendo posible admitir en el orden de la fundamentación que los elementos de convicción sean únicamente transcritos o resumidos al acta de registro, sino de que el Juzgador le otorgue un valor determinado a cada uno de los medios de prueba para que el orden lógico de la Sentencia adquiera legitimidad y así el ejercicio de la sana crítica, la lógica y la experiencia puedan estar plasmadas en un razonamiento por el que se establezca qué valor le otorgó el juzgador a los medios de prueba particularmente y en ese orden, establecerse de manera racional que lo justificado no encuentra otra posibilidad de su realización material.
Invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 724 de 26 de noviembre de 2004, explica el contenido de su doctrina legal aplicable y describe la presunta contradicción existente entre éste y el Auto de Vista recurrido, al referir que examinando la Sentencia de mérito se puede apreciar que los Jueces no otorgaron el valor probatorio a cada uno de los medios de prueba, de tal modo no dieron explicación de la lógica realizada para llegar a determinada conclusión, defecto que impide controlar el iter lógico seguido para llegar a la conclusión de su culpabilidad, empero se confirmó por los de Alzada dicha conclusión y por ende una Sentencia estructuralmente defectuosa en su fundamentación. Lo ostensiblemente notorio de la resolución impugnada fue que no explicaron en absoluto cómo los miembros del Tribunal de Sentencia cumplieron con esa fundamentación extrañada, ante la carencia plena de una explicación racional e intelectiva emergente de cada elemento probatorio introducido a juicio.
Concluye pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga que se emita un nuevo fallo, sea conforme a la doctrina legal aplicable al caso de autos.
CONSIDERANDO: Que, conforme a ello, corresponde emitir la resolución de fondo regulada por el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, al tenor de los siguientes fundamentos:
Respecto al Auto Supremo Nro. 231 de 4 de julio de 2006 (Sala Penal Segunda), invocado por el recurrente alegando que existe contradicción porque se condenó al mismo sin que en la práctica se haya demostrado más allá de toda duda razonable que la conducta asumida por él haya llevado a la firme convicción del Tribunal de instancia a dar por probados los fundamentos de la acusación que le atribuyó un hecho ilícito que en la práctica no fue cometido por su persona.
En ese sentido, confrontando dicho precedente, emerge de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de apropiación indebida, regulado por el art. 345 del Código Penal, o sea de otro tipo penal. A su vez, deja sin efecto la resolución impugnada debido a que se evidenció infracción a la norma penal sustantiva, respecto a la subsunción del hecho juzgado, dándose lugar a la ausencia de relación de causalidad entre la conducta final y el resultado; empero, tal supuesto procesal inserto en el precedente arriba invocado es diverso al ahora juzgado, toda vez que el recurrente omite describir el error en el cual presuntamente incurrió el Tribunal o la inferencia deductiva del mismo a momento de subsumir el hecho juzgado al tipo penal de transporte de sustancias controladas, sumado a ello, los tipos penales juzgados, entre ambos son igualmente diferentes, resultando inadmisible que los mismos sean contradictorios; por tales motivos, no se advierte existencia de contradicción entre el Auto de Vista analizado y el precedente invocado, por ende resulta infundada la presente acusación.
Respecto al Auto Supremo Nro. 329 de 29 de agosto de 2006 (Sala Penal Primera), igualmente invocado por el recurrente, cabe mencionar que dicho precedente emerge de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y no por el de transporte de sustancias controladas. A su vez, también el mismo deja sin efecto la resolución impugnada debido a errónea calificación del delito sobre los hechos juzgados, debido a que en casación evidenciaron la inexistencia de los elementos constitutivos del tipo penal de tráfico de sustancias controladas, siendo más bien subsumida la conducta o supuesto fáctico analizado al delito de transporte de dichas sustancias, razón por la que se dispuso la emisión de nueva resolución; merced a ello, se evidencia que este supuesto procesal tampoco es contradictorio al Auto de Vista recurrido, por lo que corresponde a este Tribunal ratificar los fundamentos ya expresados líneas arriba.
No obstante a ello, cabe añadir además que en el caso de autos el problema tampoco se enfoca en la pretensión de cambiar la subsunción de la conducta juzgada y tipificada como tráfico de sustancias controladas a la de transporte de sustancias controladas, toda vez que es por este último tipo penal que se emitió la Sentencia condenatoria del caso de autos, misma que fue confirmada por el Tribunal de Apelación, por lo cual resulta igualmente infundada la presente acusación.
Auto Supremo Nro. 131 de 31 de enero de 2007 (Sala Penal Primera), también invocado por el recurrente, éste emerge de un proceso penal iniciado por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente agravada, regulado por el art. 308 Bis, con relación al art. 310 incs. 2) y 3) del Código Penal, que corresponde a otro tipo penal. Además, si bien el mismo deja sin efecto la resolución impugnada debido a la errónea aplicación de la ley sustantiva, es decir, al error en la subsunción del hecho en la conducta típica atribuida, dicho supuesto procesal tampoco es contradictorio a la resolución ahora impugnada; razón por la que, corresponde a este Tribunal ratificar una vez más los fundamentos ya enunciados.
Respecto al Auto Supremo Nro. 724 de 26 de noviembre de 2004, invocado por el recurrente, alegando que existe contradicción porque la Sentencia se encuentra insuficientemente fundamentada debido a que los Jueces no otorgaron el valor probatorio a cada uno de los medios de prueba. Cabe manifestar que, dicho precedente emerge de un proceso penal seguido por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, regulado por los arts. 335 y 337 del Código Penal, o sea de otros tipos penales. A su vez, si bien deja sin efecto la resolución impugnada, es debido a que se evidenció inobservancia de los requisitos esenciales que debe contener la Sentencia apelada, toda vez que al haber sido confirmada por los de Alzada -con la modificación de disminuir la pena impuesta a la co-procesada- en casación se determinó que no existió correcta fundamentación por falta de pronunciamiento en la resolución impugnada.
Empero, tal supuesto procesal inserto en el precedente descrito es diverso al ahora juzgado, además que el recurrente no identifica a qué medio probatorio se refiere, ni tampoco especifica cuáles reglas de la sana crítica fueron erróneamente aplicadas, situación que no permite a este Tribunal ingresar en mayor análisis; por lo que, la denuncia resulta infundada, máxime si lo que el recurrente pretende es que se realice un análisis de cuestiones fácticas y probatorias, sin que sea posible de que un Tribunal desprovisto de la inmediación procesal, pueda emitir un criterio de hecho sobre la prueba, dada la naturaleza del sistema acusatorio oral, de ahí que el análisis eminentemente técnico-jurídico debe sustentarse en debido análisis, no en simples hipótesis y conjeturas que desvían el objeto de la impugnación, de lo que no se advierte la existencia de contradicción entre el precedente analizado y el Auto de Vista recurrido.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Edwin Favio Conde Flores (fs. 56 a 61) impugnando el Auto de Vista Nro. 12/2012 emitido el 27 de abril de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 42 a 45), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

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