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Timestamp: 2018-08-22 01:53:36+00:00

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Costa Rica – Fecundación artificial – Sentencia Corte IDH Gomez Murillo/2016 | observatoriointernacional.com
CASO GÓMEZ MURILLO Y OTROS VS. COSTA RICA
SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE 2016
En el caso Gómez Murillo y otros,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y
Patricio Pazmiño Freire, Juez;
presentes además,
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 63, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia.
El sometimiento del caso a la Corte. – El 18 de enero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Nº 12.798 “Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez y otros” en contra de la República de Costa Rica (en adelante “el Estado” o “Costa Rica”) .
La Comisión indicó que el caso se refería a las violaciones de los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada y familiar, a fundar una familia y a la igualdad y no discriminación, ocurridas como consecuencia de la prohibición general de practicar la técnica de reproducción asistida de la fecundación in vitro (en adelante también “FIV”) que estuvo vigente en Costa Rica desde el año 2000, después de una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en adelante también “Sala Constitucional”) de dicho país, en perjuicio de Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín.
Trámite ante la Comisión.- El trámite ante la Comisión fue el siguiente:
a) – Los días 14 y 27 de diciembre de 2004, 28 de junio y 17 de octubre de 2006, y 3 de mayo de 2007, la Comisión recibió del señor Gerardo Trejos Salas las cinco peticiones del presente caso .
b) Acumulación de peticiones.- El 11 de marzo de 2009 la Comisión informó a las partes sobre la acumulación de las primeras cuatro peticiones referidas. Posteriormente, el 22 de abril de 2010 acumuló a las anteriores también la petición presentada el 3 de mayo de 2007.
c) Informe de Admisibilidad.- El 1 de noviembre de 2010 la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad Nº 156/10 (en adelante “Informe de Admisibilidad)”.
d) Informe de Fondo.- El 29 de enero de 2015 la Comisión emitió el Informe de Fondo Nº 1/15 (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 1/15”), de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana:
i) – Concluyó que el Estado de Costa Rica
violó los derechos consagrados en los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 11.2 (derecho a la vida privada y familiar), 17.2 (derecho a fundar una familia) y 24 (igualdad ante la ley e igual protección de la ley), de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento, en perjuicio de Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín.
ii) – En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado lo siguiente:
Asegurar que la regulación que se otorgue a la práctica de la [f]ecundación in [v]itro a partir del levantamiento de la prohibición, sea compatible con las obligaciones estatales bajo la Convención Americana […]. En particular, que las personas y/o parejas que lo requieran y así lo deseen puedan acceder a las técnicas de la [f]ecundación in [v]itro de forma que dicho tratamiento contribuya efectivamente su finalidad.
e) Notificación al Estado.- El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 18 de febrero de 2015, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión señaló que, “tras el otorgamiento de cuatro prórrogas al Estado de Costa Rica, las recomendaciones del Informe de Fondo continúan en situación de incumplimiento”.
f) Sometimiento a la Corte.- El 18 de enero de 2016 la Comisión sometió el caso a la Corte, por “la necesidad de obtención de justicia para las víctimas del caso” y respecto a la ”totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el [I]nforme de [F]ondo”. Solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones señaladas en Informe de Fondo Nº 1/15 y se ordenara a Costa Rica, como medidas de reparación, las recomendaciones contenidas en dicho Informe.
Notificación al Estado y al representante.- El caso fue notificado a Costa Rica y al representante de las presuntas víctimas (en adelante también “el representante”) el 26 de febrero de 2016.
Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.- El 20 de abril de 2016 el representante presentó el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante también “escrito de solicitudes y argumentos”). Dicho escrito coincidió con el marco fáctico y consideraciones de fondo realizadas por la Comisión. El representante solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión, así como por la violación del artículo 4.1 (Derecho a la Vida) de la Convención. Finalmente, solicitó a este Tribunal que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación y el reintegro de determinados montos por concepto de costas y gastos.
Acuerdo de Solución Amistosa.- El 4 de agosto de 2016, estando en curso el plazo conferido al Estado para presentar su escrito de contestación al sometimiento del caso y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, la Corte recibió de Costa Rica un documento de la misma fecha denominado “Acuerdo de arreglo amistoso suscrito entre el Estado de Costa Rica y la parte demandante” (en adelante también el “Acuerdo de arreglo amistoso”, “Acuerdo de solución amistosa” o “el Acuerdo”), suscrito por el representante y el Estado .
Observaciones al Acuerdo.- El 8 de agosto de 2016 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, concedió un plazo a la Comisión y al representante, para que presentaran sus observaciones al documento presentado por el Estado. El 10 de agosto de 2016 el representante presentó sus observaciones, y el 18 de agosto de 2016 lo hizo la Comisión, luego de una prórroga concedida a su solicitud . Tanto la Comisión como el representante se manifestaron a favor de la procedencia del Acuerdo.
Amicus Curie.- El 26 de febrero de 2016 la Asociación A favor del In Vitro presentó un escrito de amicus curie , el cual se refirió a la necesidad de que en Costa Rica se permitiera hacer el FIV, tanto a nivel privado como público.
Deliberación del presente caso.- La Corte inició la deliberación de la presente Sentencia el 23 de noviembre de 2016.
El “arreglo amistoso”
El 4 de agosto de 2016 las partes suscribieron el Acuerdo, que fue presentado a la Corte el mismo día (supra párr. 6). Se denominó “arreglo amistoso” de la controversia del presente caso. El mismo expresa que “parte de […] consideraciones” entre las que se encuentra la siguiente:
Conociendo del caso Artavia Murillo contra Costa Rica la Corte Interamericana […] dictó la sentencia de […] 28 de noviembre de 2012. En dicha ocasión, la […] Corte condenó al Estado […], por no haber adoptado las medidas necesarias para levantar la prohibición de practicar la fecundación in vitro (FIV) y regularla adecuadamente[. …] En dicha [S]entencia, a modo de reparaciones, se ordena al Estado levantar la prohibición para realizar la F[I]V en Costa Rica, regular dicho procedimiento de modo acorde con los estándares interamericanos, incluir dichos programas dentro de los programas públicos de atención a la infertilidad, [e] indemnizar a las víctimas por los daños moral y material, entre otras [medidas]. El Estado de Costa Rica es respetuoso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como de la investidura de la […] Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la fuerza vinculante de sus decisiones.
A su vez, en el Acuerdo consta que las partes acordaron “[t]rasladar[lo]” a la Corte “para que valore su homologación” y “[p]oner fin al proceso Gómez Murillo [y otros Vs.] Costa Rica, a partir del logro del […] acuerdo amistoso”. El resto de lo “ac[ordado]” constituye una serie de acciones y circunstancias que, según cada caso, “las partes” “reconoce[n]”, “acepta[n]” o “establece[n]”. Las mismas son indicadas y examinadas más adelante (infra párrs. 50 a 59).
En sus observaciones al Acuerdo (supra párr. 7), el representante confirmó la suscripción del mismo y presentó poderes de las presuntas víctimas autorizándolo para tal acto.
Al presentar observaciones (supra párr. 7), la Comisión Interamericana “valor[ó] positivamente el acuerdo alcanzado entre las partes, el cual constituye una contribución relevante al desarrollo del presente proceso ante la Corte”. Asimismo, la Comisión consideró que “procede tanto la aceptación del reconocimiento de responsabilidad internacional así como la homologación del acuerdo de reparaciones”.
El artículo 63 (Solución Amistosa) del Reglamento dispone que
[c]uando la Comisión, las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante, en un caso ante la Corte comunicaren a ésta la existencia de una solución amistosa, de un avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución del litigio, la Corte resolverá en el momento procesal oportuno sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.
De conformidad con la norma transcrita, este Tribunal deberá determinar la procedencia y efectos jurídicos del Acuerdo de solución amistosa a que arribaron las partes .
En primer término, la Corte destaca que, como se desprende del artículo 63 citado, es posible que en el trámite ante este Tribunal las partes lleguen a acuerdos amistosos. Arribar a una solución de este tipo, cuya procedencia debe ser evaluada por la Corte , puede propiciar una más pronta y efectiva reparación de las víctimas del caso. Asimismo, puede contribuir con los fines del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, especialmente con el propósito de encontrar soluciones justas a los problemas particulares y estructurales del caso . En ocasiones anteriores, al igual que en este caso, este Tribunal ha tenido oportunidad de examinar y valorar acuerdos de solución amistosa .
La Corte ha constatado que el Acuerdo presentado en el presente caso contempla una solución entre las partes de este caso en cuanto a la determinación de violaciones de derechos humanos y de medidas de reparación.
Este Tribunal destaca la voluntad de las partes para alcanzar una solución a la controversia del presente caso y particularmente resalta el momento procesal en que lo hicieron. Este caso se diferencia de otros en que el acuerdo de solución amistosa alcanzado por las partes se produjo en una etapa temprana del litigio ante esta Corte, previo a que venciera el plazo para que el Estado presentara su contestación. Ello permite a este Tribunal arribar a una sentencia de forma más pronta que si se hubiere llevado a término el proceso internacional, con la consecuente obtención de justicia y reparación para las víctimas del caso. De esta forma la controversia en el proceso concluyó sin necesidad de efectuar una audiencia pública, ni de recibir prueba pericial, testimonial ni declaraciones de las víctimas, y sin que se llevará a cabo la etapa del procedimiento final escrito .
De conformidad con los términos en que fue suscrito el Acuerdo entre las partes, la Corte considera que ha cesado la controversia sobre los hechos.
Si bien lo anterior hace que no sea pertinente que esta Corte realice una determinación propia de hechos y consecuencias jurídicas, en aras de asegurar una mejor comprensión del caso y de la presente Sentencia, la Corte encuentra útil efectuar un resumen de hechos y antecedentes pertinentes en este caso (infra párrs. 21 a 43). Luego, la Corte analizará el acuerdo y las medidas de reparación acordadas por las partes, con el fin de determinar la procedencia de su homologación y, en su caso, alcance y formas de ejecución (infra párrs. 44 a 59).
En el presente capítulo se hará referencia, en primer término, a una cronología de los eventos en el ámbito jurídico tanto nacional como interamericano respecto a la prohibición de practicar el FIV en Costa Rica (apartados A, B, C y D) y, en segundo término, a las circunstancias personales de las presuntas víctimas derivadas de tal prohibición (apartado E).
Antes de efectuar la reseña de hechos indicada, la Corte estima conveniente hacer notar que esta es la segunda ocasión en que se ha sometido a su conocimiento hechos relacionados con la prohibición de la FIV en Costa Rica a partir de la sentencia No. 2000-02306 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica de 15 de marzo de 2000 (infra párrs. 25 a 27). Al respecto, en su decisión anterior sobre el caso Artavia Murillo y otros, la Corte hizo el siguiente señalamiento, pertinente también respecto al presente caso:
La sentencia de la Sala Constitucional implicó […] que ya no se practicara la FIV en Costa Rica. Asimismo, dicha sentencia generó […] que [algunas víctimas] se vieron obligadas a viajar a otros países para poder acceder a la FIV. Estos hechos constituyen una interferencia en la vida privada y familiar de las presuntas víctimas, quienes debieron modificar o variar las posibilidades de acceder a la FIV, lo cual constituía una decisión de las parejas respecto a los métodos o prácticas que deseaban intentar con el fin de procrear un hijo o hija biológicos. La citada sentencia generó que las parejas tuvieran que modificar su curso de acción respecto a una decisión que ya habían tomado: la de intentar tener hijos por medio de la FIV. La Corte precisa que la injerencia en el presente caso no se encuentra relacionada con el hecho de que las familias hayan o no podido tener hijos, pues aún si hubieran podido acceder a la técnica de la FIV, no es posible determinar si dicho objetivo se hubiera podido alcanzar, por lo que la injerencia se circunscribe a la posibilidad de tomar una decisión autónoma sobre el tipo de tratamientos que querían intentar para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos
Decreto Ejecutivo No. 24029-S y Sentencia de la Sala Constitucional de 15 de marzo de 2000
El Decreto Ejecutivo No. 24029-S de 3 de febrero de 1995, emitido por el Ministerio de Salud, autorizaba en Costa Rica la práctica de la FIV para parejas conyugales y normaba su ejecución. En su artículo 1° regulaba la realización de técnicas de reproducción asistida entre cónyuges, y establecía reglas para efectuarla. En el artículo 2° se definían las técnicas de reproducción asistida como “todas aquellas técnicas artificiales en las que la unión del óvulo y el espermatozoide se logra mediante una forma de manipulación directa de las células germinales a nivel de laboratorio”. Los artículos 9 a 13 del referido Decreto eran los que regulaban específicamente la técnica de FIV .
La FIV fue practicada en Costa Rica entre los años 1995 y 2000. En ese período nacieron 15 costarricenses, hasta que la técnica fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de Costa Rica mediante Sentencia de 15 de marzo de 2000 .
El 7 de abril de 1995 el señor Hermes Navarro del Valle presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del mencionado Decreto Ejecutivo No. 24029-S, aduciendo que la técnica de la FIV y la transferencia de embriones regulada en dicho decreto, violaba el derecho a la vida y la dignidad del ser humano .
El 15 de marzo de 2000 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, mediante sentencia No. 2000-02306 determinó que las prácticas de FIV atentan contra la vida y la dignidad del ser humano. La Sala Constitucional sostuvo que “la aplicación de la técnica importa una elevada pérdida de embriones, que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta es lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja que de otra forma no podría tenerlo. Lo esencial es que los embriones cuya vida se procura primero y luego se frustra son seres humanos y el ordenamiento constitucional no admite ninguna distinción entre ellos” .
Como resultado de la Sentencia No. 2000-02306 de 15 de marzo de 2000, el acceso a la técnica FIV en Costa Rica estuvo prohibido . Dicha prohibición se mantuvo vigente al menos durante 15 años en forma continuada .
Sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica
El 28 de noviembre de 2012 la Corte emitió una Sentencia en el caso Artavia Murillo y Otros Vs. Costa Rica. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). La Corte determinó que Costa Rica era internacionalmente responsable por haber vulnerado los derechos a la vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal, el derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de una técnica de reproducción asistida, la salud sexual, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, así como el principio de no discriminación, en perjuicio de dieciocho personas. Dichas violaciones se produjeron en relación con la decisión de la Sala Constitucional del 2000 que implicó que en la práctica se prohibiera la FIV en Costa Rica (supra párr. 27), ya que algunas de las víctimas del caso tuvieron que interrumpir el tratamiento iniciado, otras tuvieron que viajar a otros países para poder acceder y culminar el tratamiento, y otras no pudieran acceder a este técnica de reproducción asistida .
Con el fin de que la referida prohibición de la FIV no continuara teniendo efectos jurídicos en Costa Rica y de prevenir la recurrencia de violaciones como las ocurridas en el presente caso, la Corte ordenó al Estado tres medidas de reparación dirigidas a garantizar los derechos conculcados a las víctimas y a la no repetición de este tipo de violaciones. Esta Corte dispuso que Costa Rica debía:
adoptar […], las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la […] Sentencia .
regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los principios establecidos en la […] Sentencia, y debe establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida , y
incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. [L]a Caja Costarricense del Seguro Social deberá incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el [mencionado] deber de garantía .
Decreto No. 39210-MP-S “Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria”
El 11 de septiembre de 2015 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S denominado “Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria”, emitido por el Presidente de la República y los Ministros de la Presidencia y de Salud (en adelante “el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S” o “el Decreto”) . En dicho Decreto se autorizó expresamente la práctica de la FIV y se regula la implementación de la técnica .
Posteriormente a la entrada en vigor del referido Decreto, este fue impugnado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la interposición de una acción de inconstitucionalidad . El 7 de octubre de 2015 la Sala Constitucional emitió una resolución en la cual, por voto de mayoría, “disp[uso] cursar [la referida] acción de inconstitucionalidad”, y ordenó la suspensión del Decreto, lo que implicó la no implementación de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria autorizada en el Decreto impugnado, en tanto no se resolviera la acción . El 3 de febrero de 2016 la Sala Constitucional emitió una sentencia en la cual declaró con lugar dicha acción y, en consecuencia, resolvió anular el Decreto Ejecutivo No. 39210-MPS, “por violación al principio de reserva de ley y porque la modificación al ordenamiento jurídico, con arreglo a los procedimientos constitucionales que prevé el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es a través de ley formal” . Al tomar tal decisión, la Sala Constitucional anuló el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 39210-MPS que dejaba sin efecto la prohibición de la FIV, por lo que la prohibición para acceder a la técnica en el Estado continuó produciendo efectos jurídicos .
Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en el caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica
Después del 3 de febrero de 2016, fecha en la que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió anular el Decreto Ejecutivo No. 39210-MPS, el Estado señaló ante la Corte Interamericana que “‘considera con firmeza que el mencionado Decreto constituye un mecanismo idóneo de cumplimiento’ [de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo y Otros Vs. Costa Rica] e indicó que, ‘debido al fallo dictado por la Sala Constitucional, resultaría necesario poner en vigencia nuevamente dicho Decreto, a efectos de permitir la puesta en práctica de la FIV, y así garantizar los derechos en este ámbito’” .
El 26 de febrero de 2016 la Corte emitió una Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en el caso Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro) Vs. Costa Rica, en la cual evaluó el cumplimiento de las referidas garantías de no repetición.
En la Resolución, la Corte se refirió a las distintas vías por las cuales podía ser implementada la FIV por el Estado, tomando en cuenta el efecto inmediato y vinculante que debía tener la Sentencia en el ordenamiento interno costarricense . Al respecto concluyó que, “a la luz de la Convención Americana y la reparación ordenada en la Sentencia, debe entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio de dicho derecho tanto a nivel privado como público, sin necesidad de un acto jurídico estatal que reconozca esta posibilidad o regule la implementación de la técnica” .
En lo que respecta a la medida relativa a regular los aspectos necesarios para la implementación de la FIV, el Tribunal, teniendo en consideración, inter alia, el señalamiento estatal sobre que “resultaría necesario poner en vigencia nuevamente [el] Decreto [Ejecutivo No. 39210-MPS], determinó lo siguiente:
De acuerdo a la información allegada a esta Corte y a lo solicitado por los representantes de las víctimas y el Estado ([…] Considerandos 21 y 32), es posible que aun cuando se haya dispuesto en la presente resolución que la prohibición de la FIV no puede producir efectos jurídicos ([…] Considerando 26), podría continuar una situación de hecho en que no se empiece a brindar esta técnica debido a la inseguridad jurídica con respecto a la regulación que se aplicaría. Al respecto, el Tribunal reitera que la medida relativa a regular no debía representar un impedimento para el ejercicio de los derechos humanos a la vida privada y familiar a través del acceso a la técnica en Costa Rica ([…] Considerandos 9 y 26), derechos cuya protección debe tener una eficacia jurídica directa. Por ello, ante la falta de una regulación específica en los términos de la Sentencia, la FIV podía realizarse y fiscalizarse con la normativa, regulaciones técnicas, protocolos y estándares de salud, médicos y cualquier otra normativa que resultara aplicable. Adicionalmente, tomando en cuenta que el referido Decreto Ejecutivo ha sido la única medida adoptada por el Estado para cumplir con la reparación ordenada en la Sentencia y que el Estado afirma que su vigencia temporal es una alternativa válida para solventar la referida inseguridad jurídica ([…] Considerandos 21 y 32), resulta necesario disponer que el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S se mantenga vigente en aras de evitar que sea ilusorio el ejercicio del derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de la técnica de la FIV. Ello, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia .
Situación particular de las presuntas víctimas
E.1. Daniel Gerardo Gómez Murillo y Aída Marcela Garita Sánchez
El 8 de diciembre de 2004 se emitió certificado médico, en el cual consta que la señora Aída Marcela Garita Sánchez “es portadora de esterilidad secundaria a factor tubárico afectado por ausencia derecha y obstrucción total izquierda”. Se le indicó que la única posibilidad para lograr un embarazo era la fertilización in vitro y transferencia uterina del embrión .
La pareja expresó a la Comisión que “es difícil transcribir en [la] petición los sentimientos que como matrimonio y pareja [les] embarga[…] en es[e] momento, al tener que enfrentar[se] con una jugarreta del destino al saber que la única posibilidad que en es[e] momento ten[ían] para conformar [su] familia y por ende realizar el sueño de tener un hijo nuestro, es el de utilizar la técnica de la fecundación in vitro” .
E.2. Roberto Pérez Gutiérrez y Silvia María Sosa Ulate
El 16 de diciembre de 2004 se emitió certificado médico, en el cual consta que la señora Silvia Sosa Ulate “[e]s portadora de esterilidad primaria, producto de factor tubárico alterado por cirugía anterior con extirpación de la trompa de Falopio izquierda y alteración de la derecha por enfermedad pélvica inflamatoria y adherencias posoperatorias”. Por ello, se le propuso la FIV como la opción para superar su estado de esterilidad .
La pareja expresó a la Comisión que “[p]or toda esta situación [se han] visto profundamente afectados tanto psicológica como emocionalmente, porque el tiempo transcurre y no visualiza[n] una posibles (sic) solución [… . E]sta experiencia ha trascendido en todos los ámbitos de [sus] vidas íntimas y sociales, porque [les] genera muchas sensaciones negativas por sentir[se] frustrados, al no poder agotar todas las opciones que existen científicamente, sentimos impotencia y una gran presión social que [les] provoca sentirnos inferiores y discriminados ”.
E.3. Luis Miguel Cruz Comparaz y Raquel Sanvicente Rojas
Luis Miguel Cruz Comparaz y Raquel Sanvicente Rojas manifestaron a la Comisión que después de someterse a una serie de exámenes, cinco años antes de presentar su petición ante la Comisión, se les indicó que su alternativa para tener hijos biológicos es a través de la FIV, ya que describieron que a Luis Miguel Cruz Comparaz “le es muy difícil engendrar hijos debido a que presenta bajo conteo de espermatozoides”. La pareja manifestó que esta situación les ha causado estados de depresión emocional y psíquica importantes y que accedieron a la técnica FIV en Panamá, y posteriormente en Colombia, en ambas ocasiones sin éxito .
E.4. Randall Alberto Torres Quirós y Geanina Isela Marín Rankin
Randall Alberto Torres Quirós y Geanina Isela Marín Rankin manifestaron a la Comisión que el médico les informó que las trompas de la señora Marín Rankin que “se encontraban en muy mal estado y que por ese motivo iba a ser casi imposible concebir de forma natural, por lo que la sugerencia médica inmediata fue realizar una fertilización in vitro fuera del país”. La pareja expresó que después de dos intentos con esfuerzos económicos en Colombia y España, el proceso fracasó. La pareja adujó que esta situación les ha causado discriminación por parte de la sociedad, estados de depresión emocional y psíquica, gran sufrimiento y angustia .
E.5. Carlos Edgardo López Vega y Albania Elizondo Rodríguez
Carlos Edgardo López Vega y Albania Elizondo Rodríguez manifestaron que se les indicó que su opción para procrear era la FIV, debido a que la señora Elizondo Rodríguez “se había hecho un salping”. La pareja expresó que accedieron por primera vez a la FIV fuera del país con resultados infructuosos, y que luego intentaron la reconstrucción de las trompas, que no fue viable. Narraron ante la Comisión que intentaron dos veces más en Panamá y Colombia, con resultados infructuosos. Respecto de los efectos de la prohibición indicaron experimentar depresión frecuente y constante, aislamiento de familiares, esfuerzos económicos, situación de pareja con constantes altibajos y estrés .
E.6. Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín
Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín manifestaron que desde el año 2003 se han sometido a una serie de procedimientos a fin de lograr un embarazo. La pareja expresó que la imposibilidad de procrear científica y tecnológicamente en Costa Rica les ha causado “mucha ansiedad” que “fractura y lesiona de modo inmensurable [su] derecho de formar una familia con los recursos que permite la ciencia y tecnología de la actualidad” .
Los términos del Acuerdo incluyen un reconocimiento efectuado por el Estado respecto de las violaciones a los derechos humanos indicadas por la Comisión Interamericana en el Informe de Fondo y el representante en el escrito de solicitudes y argumentos.
En razón de lo anterior, de conformidad con el acuerdo entre las partes, la Corte, como ya se ha adelantado considera que ha cesado la controversia sobre los hechos (supra párr. 19). Asimismo, este Tribunal entiende que ha cesado la controversia sobre los argumentos relativos a las violaciones de los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5.1 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 11.2 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 17.2 (Protección a la Familia) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención, en perjuicio de Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín.
La Corte estima que el reconocimiento realizado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana .
La Corte ha constatado que las partes han llegado a un Acuerdo de solución amistosa, que incluye el reconocimiento del Estado de los hechos y las violaciones a derechos humanos aducidos por el representante y la Comisión. Asimismo, la Comisión Interamericana ha valorado el Acuerdo y ha considerado procedente su homologación, solicitada por las partes (supra párr. 13).
La Corte valora positivamente la voluntad y esfuerzo de las partes por alcanzar un Acuerdo de solución amistosa, que también refleja la voluntad de Costa Rica de reparar de manera integral los daños ocasionados a las víctimas por las violaciones producidas en el presente caso y evitar que se repitan tales violaciones. Asimismo, este Tribunal considera, como en otros casos (supra nota a pie de página 10), que tal acuerdo de solución produce plenos efectos jurídicos. Por lo tanto, la Corte Interamericana homologa el Acuerdo alcanzado por las partes en el presente caso, que se anexa a la presente Sentencia como parte integrante de la misma.
Las medidas de reparación acordadas quedan comprendidas en la homologación del Acuerdo. Sin perjuicio de ello, la Corte las analizará con el fin de determinar su alcance y formas de ejecución, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia y en relación con la naturaleza, objeto y fin de la obligación de reparar integralmente los daños ocasionados a las víctimas . Las medidas de reparación acordadas, por lo tanto, deberán ser cumplidas en los términos de la presente Sentencia, conforme se indica seguidamente.
HOMOLOGACIÓN DE LAS REPARACIONES ACORDADAS
Medidas de reparación acordadas
Aún cuando en el “Acuerdo de arreglo amistoso” no se identifican como “reparaciones” las acciones que Costa Rica se compromete a efectuar en los puntos 2, 4 a 8 y 10 a 12, la Corte destaca que en el punto 6 el Estado “[a]cepta” que las violaciones a derechos humanos reconocidas “ha[n] producido, en las personas que fungen como víctimas en este caso, daños de carácter material, afectación en sus proyectos de vida, así como daño moral objetivo y subjetivo[, y …] que estos daños deben ser objeto de una reparación en términos análogos en que fueron reparadas las víctimas del caso Artavia Murillo contra Costa Rica”. En consecuencia, a efectos de considerar la homologación del Acuerdo, la Corte toma en cuenta que el Estado acordó esos compromisos con el objetivo de reparar los daños ocasionados a las víctimas.
A.1. Medidas no pecuniarias
A.1.1. Publicación del acuerdo de arreglo amistoso y de la Sentencia
En el punto número 5 del Acuerdo de arreglo amistoso, se “[e]stable[ció], como deber del Estado de Costa Rica, la publicación integral de[l] […] arreglo amistoso, así como de la resolución de homologación que dicte la […] Corte, en un plazo máximo de tres meses a partir de la homologación de[l…] acuerdo”. Asimismo, se estipuló que “[d]icha publicación deberá ocurrir en el diario oficial La Gaceta, así como en las páginas Web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica”.
La Corte homologa las referidas medidas dirigidas a difundir la presente Sentencia en los términos acordados por las partes. El Estado deberá informar de forma inmediata a esta Corte una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe dispuesto en el punto resolutivo 9 de la presente Sentencia.
A.1.2 Medidas que se relacionan con reparaciones ordenadas en el caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica
En los puntos 2, 3 y 4 del Acuerdo de arreglo amistoso las partes convinieron “[r]econocer que”:
2- […] el Estado debe hacer efectiva la posibilidad de acceso a la técnica de fecundación in vitro en los ámbitos público y privado, de modo que todas las personas infértiles puedan, de acuerdo con su libre voluntad, y de acuerdo con lo que regula el Decreto 39210-MP-S, decidir si desean someterse a la referida, para procrear;
3- […] la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia dictada en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, de fecha 28 de noviembre de 2012, así como en la resolución pronunciada en el proceso de supervisión de cumplimiento de la referida sentencia, de fecha 26 de febrero de 2016, dispuso, en lo conducente, que ‘… la prohibición de la FIV no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio del derecho a decidir sobre si tener hijos biológicos a través del acceso a dicha técnica de reproducción asistida. En consecuencia, [a la luz de la Convención Americana y la reparación ordenada en la Sentencia], debe entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio de dicho derecho tanto en el ámbito privado como en el público’, por lo cual dispone que ‘…se mantenga vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S de 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia, y
4- […] para dar efectivo cumplimiento a su deber de ofrecer la técnica de fecundación in vitro como parte de sus programas públicos en salud, debe asegurar, a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, que se cumplan en forma estricta las obligaciones y plazos establecidos en los artículos 7° y 14, así como en el Transitorio I, todos del Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S de 11 de septiembre de 2015. Lo anterior implica que el 11 de septiembre de 2017, dicho tratamiento debe estar disponible dentro de los programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía con respecto al principio de no discriminación.
La Corte homologa las medidas acordadas por las partes a las que se hace referencia en el párrafo anterior y destaca su relevancia tomando en cuenta que se relacionan con el contenido de garantías de no repetición ordenadas por esta Corte en la Sentencia del caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, y supervisadas mediante Resolución de 26 de febrero de 2016 . En dicha Resolución la Corte resaltó la importancia del cumplimiento de esas garantías de no repetición en razón del impacto negativo que tiene el paso del tiempo sin que se encontrara a disposición la técnica de FIV en las personas que requieren someterse a este tratamiento para tener hijos biológicos, fundamentalmente en quienes intentaron otros tratamientos para enfrentar la infertilidad o respecto de quienes es la única opción para procrear . Asimismo, en lo que respecta a su inclusión en los programas y tratamientos de infertilidad de la seguridad social de Costa Rica, en la referida resolución, la Corte recordó que en la Sentencia determinó que “la prohibición de la FIV tuvo un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no contaban con los recursos económicos para practicarse la FIV en el extranjero” .
A.1.3. Otras medidas
En los puntos 10, 11 y 12 del Acuerdo de arreglo amistoso, las partes acordaron que el Estado debe:
10- propiciar acercamientos con la Defensoría de los Habitantes de la República, con instituciones académicas, así como con organismos internacionales especializados en derechos humanos a efecto de generar procesos de capacitación en derechos humanos, dirigidos a funcionarios y funcionarias de los diversos poderes del Estado, así como de la Caja Costarricense del Seguro Social;
11- a través del Ministerio de Educación Pública, buscará fortalecer los programas educativos de educación básica dirigidos a propiciar una formación en derechos humanos, no discriminación y respeto de la autonomía de la voluntad, y
12- iniciar una discusión amplia y participativa acerca de la maternidad por subrogación como procedimiento para la procreación.
La Corte valora positivamente los referidos compromisos del Estado en materia de capacitación en derechos humanos a sus funcionarios y en la educación básica costarricense, los cuales permiten complementar las capacitaciones a funcionarios judiciales implementadas en cumplimiento de la Sentencia del caso Artavia Murillo y otros . El Tribunal homologa las medidas establecidas en los puntos 10 a 12 del Acuerdo, en los términos acordados por las partes.
Adicionalmente, en aras de concretar la supervisión de cumplimiento que realizará el Tribunal en el presente caso, se requiere a las partes que en el plazo de seis meses indiquen a esta Corte cuáles son las acciones específicas que se esperan del Estado para dar cumplimiento a esas medidas señaladas en los puntos 10 a 12 del Acuerdo, indicando los plazos para su ejecución. Tal indicación no excluye que las partes determinen que hay otras acciones por efectuar en esos ámbitos, pero las mismas no serán supervisadas por el Tribunal.
Medidas Pecuniarias y el reintegro de costas y gastos
B.1. Indemnizaciones compensatorias por daños de carácter material e inmaterial
Este Tribunal homologa las reparaciones asumidas por el Estado de entregar la indemnización compensatoria de US$25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada una de las siguientes víctimas: Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín. Asimismo, homologa el plazo máximo estipulado en el acuerdo para el cumplimiento.
B.2. Costas y Gastos
Este Tribunal homologa lo dispuesto en el acuerdo respecto al reintegro de costas y gastos. Adicionalmente, la Corte dispone que el pago debe realizarse dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
En cuanto al pago de las indemnizaciones compensatorias, las partes acordaron que se realice “a la brevedad posible” y que “[s]u cumplimiento deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de doce meses a partir de la notificación de la [presente] homologación […] de Acuerdo”. Además en cuanto al pago de los gastos y costas, esta Corte ordena al Estado a cumplir con dicha medida en un plazo máximo de doce meses a partir de la notificación de la presente Sentencia.
La Corte homologa la modalidad de cumplimiento acordada por las partes y estima pertinente recordar que, de acuerdo con su jurisprudencia, los referidos pagos deberán ser realizados directamente a las personas indicadas en la presente Sentencia, dentro de los plazos establecidos en el Acuerdo de arreglo amistoso y en los términos de la presente Sentencia. Estas cantidades no podrán ser afectadas o condicionadas por cargas fiscales actuales o futuras. Por ende, deberán ser entregadas a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo acordado por las partes y lo ordenado por este Tribunal. En caso se incurrir en mora, el Estado deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés moratorio en Costa Rica.
Supervisión del cumplimiento del Acuerdo
En el Acuerdo de arreglo amistoso se incluyó “el compromiso del Estado de Costa Rica de informar a la […] Corte, en forma periódica, acerca del cumplimiento a cada uno de los extremos contenidos en el acuerdo de solución amistosa”.
En el marco del proceso de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte supervisará el cumplimiento de todas las medidas acordadas por las partes.
El Acuerdo de arreglo amistoso suscrito entre el representante a nombre de las víctimas y el Estado ha sido homologado por la presente Sentencia, razón por la cual cualquier controversia o diferencia que se suscite será́ dilucidada por este Tribunal.
Por cinco votos a favor y uno en contra,
Homologar, en los términos de la presente Sentencia, el “Acuerdo de arreglo amistoso suscrito entre el Estado de Costa Rica y la parte demandante”, suscrito por Costa Rica y el representante de las víctimas.
Disiente el Juez Vio Grossi.
Aceptar el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos efectuado por el Estado en dicho Acuerdo.
Valorar positivamente el referido “Acuerdo de arreglo amistoso suscrito entre el Estado de Costa Rica y la parte demandante”, en el cual se señala que “[e]l Estado de Costa Rica es respetuoso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como de la investidura de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la fuerza vinculante de sus decisiones”.
El Estado, conforme al Acuerdo de solución amistosa, reconoce la violación del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, protección de la honra y de la dignidad, la protección a la familia y la igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 7, 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención, en perjuicio de Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín.
Esta Sentencia homologatoria constituye por sí misma una forma de reparación.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de solución amistosa y en la presente Sentencia, el Estado debe:
a) realizar las publicaciones indicadas en la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 51 y 52 de la presente Sentencia;
b) asegurar, a través de la Caja Costarricense del Seguro Social que se cumplan las obligaciones y plazos establecidos en los artículos 7° y 14°, así como en el Transitorio I del Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S, lo que implica que el 11 de septiembre de 2017, dicho tratamiento debe estar disponible dentro de los programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud”, en los términos del párrafos 53 y 54 de la presente Sentencia;
c) propiciar, en un plazo razonable, acercamientos con la Defensoría de los Habitantes de la República, con instituciones académicas, así como con organismos internacionales especializados en derechos humanos a efecto de generar procesos de capacitación en derechos humanos, dirigidos a funcionarios de los diversos poderes del Estado y la Caja Costarricense del Seguro Social, en los términos del párrafos 55 a 57 de la presente Sentencia;
d) fortalecer, en un plazo razonable, los programas educativos dirigidos a propiciar una formación en derechos humanos, en los términos del párrafos 55 a 57 de la presente Sentencia;
e) iniciar, en un plazo razonable, una discusión amplia y participativa acerca de la maternidad por subrogación como procedimiento para la procreación, en los términos del párrafos 55 a 57 de la presente Sentencia;
f) pagar a cada una de las víctimas las cantidades acordadas por concepto de indemnizaciones del daño material y del daño inmaterial, en los términos del párrafo 58 de la presente Sentencia;
g) pagar la cantidad acordada por concepto de reintegro de costas y gastos al representante Huberth May Cantillano, en los términos del párrafo 59 de la presente Sentencia, e
h) informar a la Corte en forma periódica acerca del cumplimiento de las medidas anteriores.
De conformidad con el Acuerdo y en la presente Sentencia, el Estado debe hacer efectiva la posibilidad de acceso a la técnica de fecundación in vitro y, a tal efecto, mantener vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia del caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, reconociéndose que la prohibición de la fecundación in vitro no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio del derecho a decidir tener hijos biológicos a través del acceso a la fecundación in vitro. El cumplimiento de esta medida será supervisado por la Corte en forma conjunta con la supervisión correspondiente al cumplimiento de la Sentencia del caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica.
El Estado y las víctimas, a través de su representante, deben, en forma conjunta, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta Sentencia, indicar a la Corte cuáles son las acciones específicas que esperan del Estado para dar cumplimiento a las medidas previstas en los puntos 10 a 12 del Acuerdo e indicadas en los literales c), d) y e) del punto resolutivo seis de la presente Sentencia, indicando los plazos para su ejecución.
El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir a este Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
El Juez Eduardo Vio Grossi hizo conocer a la Corte su voto individual disidente, el cual acompaña esta Sentencia.
Redactada en español, en San José, Costa Rica, el 29 de noviembre de 2016.
Sentencia de Homologación. Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica. Fondo, Reparaciones y Costas.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Eduardo Vio Grossi
Humberto Antonio Sierra Porto Eugenio Raúl Zaffaroni
VOTO INDIVIDUAL DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI,
CASO GÓMEZ MURILLO Y OTROS VS. COSTA RICA,
SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Se emite el presente voto individual disidente respecto de la Sentencia del epígrafe en atención a que no se comparte lo resuelto en ella en orden a “(h)omologar … el “Acuerdo de arreglo amistoso suscrito entre el Estado de Costa Rica y la parte demandante”, suscrito por Costa Rica y el representante de las víctimas” , por las razones que más adelante se indican.
Dichas razones se formulan con pleno respeto a lo resuelto en autos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la opinión de los colegas miembros, lo que obliga a recordar, a título preliminar, tres consideraciones que se tienen presentes en este voto disidente y que, en gran medida, lo sustentan. Una, que la sentencia que la Corte emite es obligatoria solo para el Estado parte del caso de que se trate y respecto de lo que el mismo verse, pudiendo, por ende, otro fallo pronunciarse en un sentido diferente, todo ello acorde a lo previsto, asimismo, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el Derecho Internacional General . La segunda, que lo que le corresponde a la Corte es interpretar y aplicar la Convención es decir, señalar lo que el Derecho expresa y no lo que ella desea, no debiendo asumir al respecto, en consecuencia, la función normativa asignada por expresamente por aquella a sus Estados partes y también por el Derecho Internacional General . Y la tercera consideración se refiere a que la mayor garantía que se puede proporcionar en lo atingente a la defensa de los derechos humanos es que las instituciones que velan por ello ejerzan sus facultades con estricto apego a las normas que las rigen, lo que en lo que respecta a la Corte es particularmente relevante, habida cuenta la prácticamente absoluta autonomía e independencia de que goza.
La homologación y la ratio decidendi.
La primera razón del disenso se relaciona con el alcance de la homologación y de la ratio decidendi de la Sentencia que la decreta.
El alcance de la homologación.
Como primera observación sobre el particular, es menester llamar la atención acerca de que la Convención solo contempla a la solución amistosa en su artículo 49 y, por ende, únicamente en el marco del procedimiento llevado a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos . En lo atingente al procedimiento ante la Corte, la Convención, pues, nada expresa al respecto. Las normas que, en cambio, regulan la materia en lo pertinente al procedimiento que se sigue ante la Corte son de carácter reglamentario, específicamente, los artículos 63 y 64 del Reglamento de la misma, los que, por ende, deben interpretarse acorde a la preeminencia que, en última instancia, tienen las disposiciones convencionales sobre ellos.
En tal sentido, tampoco debe omitirse la circunstancia de que la Convención solo prevé el fallo de la Corte como medio de solución del caso que le es sometido . De manera, en consecuencia, que considerando que lo que las partes en el caso de autos solicitan a la Corte en el Acuerdo de Solución Amistosa, es que “valore su homologación” y habida cuenta tanto el significado del término homologar como que cada vez que la Corte ha homologado un acuerdo entre las partes del pertinente caso, lo ha hecho dictando sentencia o fallo , lógico es concluir que la Sentencia le ha proporcionado así al referido Acuerdo el valor de cosa juzgada.
Lo anterior es muy relevante cuando se tiene presente que, conforme a las citadas normas reglamentarias, la Corte, al resolver sobre la procedencia y efectos jurídicos del Acuerdo de Solución Amistosa presentado, no solo podía homologarlo, sino también podía, por ejemplo, haberlo rechazado total o parcialmente y, por ende, haber continuado con el conocimiento de la causa por considerar que era menester establecer la verdad judicial sobre lo ocurrido o que aquél no cubre todo el pertinente conflicto o que era menester precisar el alcance del mismo o de la responsabilidad internacional del Estado que conlleva, etc.
En tal orden de ideas, lo que las referidas normas reglamentarias disponen es, por lo tanto, que, ante la presentación de un acuerdo como el elevado en autos, la Corte no debe proceder como un mero registro o buzón, sino que, por el contrario, ella debe cumplir respecto del mismo, su mandato convencional de aplicar e interpretar la Convención .
Al homologar el Acuerdo de Solución Amistosa, la Corte lo hace, entonces, dictando un fallo definitivo e inapelable, otorgándole así a aquél el mismo valor vinculante que una sentencia, el que, además, como todas las sentencias, queda sujeto a la correspondiente supervisión de cumplimiento .
La ratio decidendi de la homologación.
Ahora bien, siendo ello así, parece indispensable resaltar la circunstancia de que el Acuerdo de Solución Amistosa y la propia Sentencia al homologarlo, se sustentan en el fallo dictado por la Corte en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica. Ello queda en evidencia al constatarse que cuatro de las cinco consideraciones que se indican en aquél para celebrarlo, se refieren a tal caso y que, de los catorce puntos que contempla dicho Acuerdo, ocho se refieren directamente a lo dispuesto en el mismo. En lo que respecta a la Sentencia, al menos dieciséis de sus párrafos lo aluden expresamente.
De allí se puede desprender que “(l)a Sentencia no se limita en su efecto vinculante a la parte dispositiva del fallo, sino que incluye todos los fundamentos, motivaciones, alcances y efectos del mismo, de modo que aquélla es vinculante en su integridad, incluyendo su ratio decidendi” . Cabe agregar que en casi todas las sentencias, la correspondiente parte resolutiva se remite a los párrafos pertinentes de la parte considerativa donde se establecen determinadas obligaciones, lo que, de alguna manera, refuerza la idea de que, por lo menos esos párrafos a los que se remiten, son de obligatorio cumplimiento.
En el presente caso, lo anterior es más evidente aún en mérito de que en el Acuerdo de Solución Amistosa, se deja expresa constancia de que “(e)l Estado de Costa Rica es respetuoso … de la fuerza vinculante de (las) decisiones” de la Corte y que “es por ello que emitió el Decreto Ejecutivo” “denominado Autorización para la realización de la técnica de la reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria”, “cuyo objetivo es dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la Corte” en el caso Artavia Murillo y Otros Vs. Costa Rica , por lo que debe “dar efectivo cumplimiento a su deber de ofrecer” tal técnica .
En consecuencia, la homologación del Acuerdo de Solución Amistosa que se realiza en el fallo del Caso Gómez Murillo y Otros Vs. Costa Rica, conlleva la aceptación de lo resuelto en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica y muy especialmente su ratio decidendi, lo que obliga a quién no compartió dicho fallo a reiterar su parecer en cuanto al mismo y a obrar en consecuencia, lo que el infrascrito hace en este acto, dando por reproducido el voto individual disidente emitido con ocasión del fallo sobre el recién indicado caso .
Sin perjuicio de tal remisión, resulta indispensable reiterar el aludido desacuerdo. Por de pronto, dado que la fecundación in vitro no ha sido regulada por el Derecho Internacional y, por ende, se entiende que integra el ámbito de la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva del Estado o de lo que se conoce como margen de apreciación de éste , esto es, se trata de una materia no específica y expresamente regulada por el Derecho Internacional. Pero, en especial, la discrepancia lo es en cuanto a las afirmaciones contenidas en la mencionada sentencia en orden a que “la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 (de la Convención) tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación de” la citada disposición ; que “no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión” ; y que “el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana” .En suma se disiente del fallo emitido en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica por sostener, en base a una de las posturas médicas sobre la materia, que sigue desechando sin mayor fundamento otras y sin que ni siquiera exista consenso entre las legislaciones internas de los Estados partes de la Convención acerca de la misma, que la protección del embrión humano es gradual y progresiva, no siendo exigible desde la fusión de óvulo y espermatozoide sino desde la implantación del embrión.
Parece menester, por lo tanto, insistir en la disidencia en atención a que tales expresiones podrían eventualmente ser empleadas para intentar justificar que la Convención permitiría el aborto, lo que no sería ajustado a su letra y espíritu.
Efectivamente y al contrario de lo afirmado en la sentencia del Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica, se debe llamar la atención en que lo que regula la Convención son los derechos humanos de todo ser humano , entre los que se destaca el “derecho a que se respete su vida”, el que debe estar “protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.” Este derecho ha sido catalogado por la propia Corte como fundamental, por lo que no se debe admitir un enfoque restrictivo de mismo . De allí que, conforme a las reglas de interpretación contempladas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que, a criterio del suscrito, no se siguen en la sentencia antes aludida, en especial, por invocar cuerpos normativos no vinculantes para Costa Rica o para los Estados partes de la Convención, jurídicamente se debe entender que el concepto de concepción del mencionado artículo 4.1 de esta última era el normalmente empleado al momento de su firma y aprobación y de los acuerdos adoptados posteriormente por los Estados partes de la misma, lo que conduce a concluir que dicho hecho acontece en el momento en que el espermatozoide se une al óvulo. Por lo tanto, se debe entender que la Convención, al consagrar el derecho a la protección de la vida desde la concepción, reconoce al concebido pero aún no nacido como persona o ser humano.
Así las cosas y teniendo presente que tanto en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica como en el presente caso, es decir, Caso Gómez Murillo y Otros Vs. Costa Rica, no se trata, por ende, de decidir entre el derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida del que se encuentra en su vientre, sino entre este último y el derecho de aquella a la integridad personal y a la vida privada y familiar. Ante tal situación, obviamente que el derecho a la vida debe ser interpretado conforme el principio pro personae que consagra la Convención, vale decir, de la manera más extensiva posible. Ello es particularmente necesario y obligatorio en casos como en el de autos, en que el Estado no perseveró en su posición sostenida en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica y, por ende, no intentó cambiar la jurisprudencia derivada de la sentencia dictada en dicha causa. Por el contrario, en el caso de autos, optó por reconocer las alegadas violaciones a los derechos humanos y allanarse a las pretensiones de los peticionarios, variando así su posición original. De ese modo, en realidad no hubo un proceso contradictorio, como lo constata la propia Sentencia y, por ende, nadie defendió el derecho a la vida del concebido, quedando éste, pues, en total indefensión y vulnerabilidad.
En mérito de lo expuesto, la homologación dispuesta por la Sentencia implica la aceptación de la radio decidendi del fallo del Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica, la que infrascrito no puede compartir.
El segundo motivo por el que se disiente de la Sentencia que homologa el Acuerdo de Solución Amistosa, es que éste se refiere a un nuevo caso, distinto del que conoce la Corte en autos, dado que tiene diferente la causa petendi y la pretensión correspondiente y, por ende, a su respecto debe aplicarse el principio de la coadyuvancia o complementariedad.
Causa pretendi.
En lo atinente a la causa petendi, procede llamar la atención, primeramente, acerca de que el Caso Gómez Murillo y Otros Vs. Costa Rica se refiere “a las violaciones de los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada y familiar, a fundar una familia y a la igualdad y no discriminación, ocurridas como consecuencia de la prohibición general de practicar la técnica de reproducción asistida de la fecundación in vitro (en adelante también “FIV”) que estuvo vigente en Costa Rica desde el año 2000, después de una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en adelante también “Sala Constitucional”) de dicho país, en perjuicio” de las personas que señala .
Y por lo mismo, la Comisión solicita a la Corte que “declarara la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones señaladas en Informe de Fondo Nº 1/15 y se ordenara a Costa Rica, como medidas de reparación, las recomendaciones contenidas en dicho Informe”, la primera de las cuales es que ordene “(l)evantar la prohibición de la fecundación in vitro en el país a través de los procedimientos legales correspondientes” . De modo, entonces, que, a la fecha del sometimiento del caso ante la Corte, esto es, el 18 de enero de 2016, aquél tenía por causa la vigencia, en ese momento, de la citada prohibición de practicar la fecundación in vitro.
Por el contrario, el Acuerdo de Solución Amistosa dice relación más bien con “reconocer que el tiempo transcurrido desde la emisión de la sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica … del 15 de marzo de 2000 hasta el 11 de septiembre de 2015, fecha en que se emite el Decreto Ejecutivo 39210-MP-S, … ha generado la vulneración de los derechos humanos de las parejas actoras de este caso” .
Lo anterior se debe, sin duda, a que el 11 de septiembre de 2015 había entrado en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S, denominado “Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria”, emitido por el Presidente de la República y los Ministros de la Presidencia y de Salud de Costa Rica, y que levantó la antes referida prohibición; y que, por resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de dicho Estado, de fecha 7 de octubre de 2015, el señalado Decreto Ejecutivo había sido suspendido, más no anulado.
Y así, entonces, mientras las reparaciones que se reclamaban en autos lo fueron en vista de la vigencia de la prohibición de practicar la fecundación in vitro, las que se contemplan en el Acuerdo de Solución Amistosa que se homologa encuentran su fundamento en el fallo que la Corte emitió en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica, del 28 de noviembre del 2012 y en la Resolución sobre Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de dicho caso .
A mayor abundamiento, se debe tener presente que la propia Sentencia tácitamente reconoce que son dos casos diferentes al señalar que “homologa” el Acuerdo de Solución Amistosa que incluye la violación al artículo 4.1 de la Convención, no contemplada, empero, en el fallo del Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica .
No solo, por lo tanto, hay una clara diferencia en lo atingente a la causa petendi en el caso de autos y al fundamento del Acuerdo de Solución Amistosa, sino que también difieren en la pretensión que se perseguía en aquél y en el que se contempla en éste. Se trata, pues, de dos casos distintos, uno que fue sometido a la jurisdicción de la Corte y el otro que emerge a partir de la sentencia dictada en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica ,y que, por lo tanto, no ha sido conocido por ella.
El principio de la coadyuvancia o complementariedad.
Una razón adicional para estimar improcedente la homologación decretada en autos, se vincula con el carácter coadyuvante o complementario de la jurisdicción interamericana respecto de la jurisdicción interna o nacional, lo que importa que aquella no debe ni puede sustituir a ésta. Teniendo en cuenta esta perspectiva, no se visualiza el motivo por el que se solicite la homologación del Acuerdo de Solución Amistosa, puesto que lo lógico era que sencillamente las partes hubiesen procedido en el orden interno o nacional conforme a lo han convenido, sin necesidad, por ende, de demandar ante la Corte su homologación y ello máxime si se toma nota de que no se acordó que su vigencia dependiera de esta última . La eventual intervención respecto a dicho Acuerdo se justificaría únicamente si algún órgano interno del Estado se negase a cumplirlo y así eventualmente se alegara que ha surgido un hecho ilícito internacional, del que, en todo caso, habría que reclamar primeramente ante la jurisdicción nacional y tan sólo si ésta no falla acorde a la Convención, luego ante a la jurisdicción interamericana.
Tal vez otra explicación de la petición de homologación sea la necesidad de contar con un título ejecutivo suficiente a nivel interno para decretar las medidas incluidas en el Acuerdo de Solución Amistosa. Sin embargo, si ello fuese así, no sólo se estaría utilizando a la jurisdicción interamericana para un objetivo ajeno para el que fue establecida, sino que, además, se estaría declarando la violación de derechos humanos sin que, en realidad, el Estado haya incurrido en el hecho ilícito internacional de mantener la prohibición de realizar la fecundación in vitro o de no acceder a reparar los daños provocados mientras ella se mantuvo. Ninguna de esas hipótesis tienen lugar en la realidad puesto que se ha levantado la citada prohibición y el Estado está dispuesto a reparar los mencionados daños, según lo establece, por lo demás, el propio Acuerdo de Solución Amistosa.
En síntesis, el suscrito es del parecer que, por las razones expuestas y considerando que la Corte dispone de facultades para proceder en consecuencia, lo que correspondía en autos era sencillamente tomar nota del Acuerdo de Solución Amistosa, no dar lugar a su homologación, considerar finalizado el presente caso y archivar el expediente.
En cambio, al proceder como se ha hecho, la Sentencia ha ratificado, sin proporcionar mayor fundamento, lo sostenido en el Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in Vitro”) Vs. Costa Rica. De esa forma, se ha perdido, a propósito del Caso Gómez Murillo y Otros Vs. Costa Rica, una buena oportunidad para, con la nueva integración de la Corte , rectificar y retomar la defensa del derecho a la vida, al que, como ya se expresó, la Corte catalogaba como “fundamental”, por lo que estimaba que no eran “admisibles enfoques restrictivos de mismo” y, además, que “[l]os Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable” . Ello justifica, amplia y consecuentemente, el presente voto disidente .
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica, familia, Fecundación artificial, FIV, Persona por nacer.

References: artículo 35
 artículo 50
 artículo 4
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 1
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 artículo 1

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 49
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 Resolución 
 artículo 4