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Timestamp: 2019-12-05 20:13:37+00:00

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Los contratos en materia fiscal « Gafe, contadores & Abogados, S.C.
13 febrero, 2017 santiago_meza@hotmail.com
Los contratos en materia fiscal
LA IMPORTANCIA DE LOS CONTRATOS EN MATERIA FISCAL [1]
Con la finalidad de demostrar la enorme importancia de los contratos en materia fiscal, es preciso señalar que en la práctica contable, es común detectar que algunos convenios realizados entre la empresa y terceras personas se encuentren respaldados mediante un contrato específico, en el que se pactan los derechos y obligaciones conducentes.
En razón a lo anterior, en una entidad pueden signarse diversos contratos, tal como sea necesario para lograr su objeto social, dentro de los que pueden señalarse a manera enunciativa, los contratos de prestación de servicios subordinados, bien sea para obra o tiempo determinado[2], o en su defecto por temporada o por tiempo indeterminado[3], contratos de prestación de servicios profesionales, contratos de arrendamiento, contratos de comodato, contratos de mandato, contratos de préstamo mercantil, comúnmente confundidos con los contratos de mutuo.
La demostración de la operación sustentada en un contrato, no debería de causar un problema al sujeto pasivo, cuando las autoridades fiscales le ejercen las facultades de comprobación, sin embargo, la experiencia nos demuestra que la realidad es otra, puesto que las autoridades fiscales en la generalidad de los casos, le restan eficacia jurídica a tales convenios, con subterfugios tan diversos como lo sea el contrato observado, lo que ocasiona la determinación presuntiva de la utilidad fiscal (para ISR), o en su caso, la determinación del valor de los actos o actividades, para efectos del IVA.
Es muy común que tratándose de contratos de préstamo mercantil, estos sean desestimados por la autoridad fiscalizadora concluyendo en la generalidad de los casos en los siguientes términos:
“Su situación fiscal se ubica en el supuesto de determinación presuntiva que establece el artículo 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 20, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 16, primer párrafo, fracción II del Código de Comercio, los cuales establecen:
Artículo 59, primer párrafo.- Para la comprobación de los ingresos, o del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, las autoridades fiscales, presumirán, salvo prueba en contrario.
Fracción III.- Que los depósitos bancarios en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros en su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos… Por los que debe pagar contribuciones.
Artículo 20, primer párrafo. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:
Fracción I.- Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales.
Artículo 16, primer párrafo. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados.
A la inscripción en el registro público de comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios;
En razón a la incertidumbre jurídica ocasionada por las autoridades fiscalizadoras al ejercer sus facultades de comprobación, al pretender imponerle al gobernado una obligación que carece de sustento jurídico, tal como a continuación se demostrará, la enorme importancia de los contratos en la materia fiscal.
De capital importancia reviste primeramente dilucidar la locución “contrato”, para ello es un requisito sine qua non, acudir al Diccionario Jurídico Mexicano[4], el que nos lo define de la siguiente manera:
Del latín contractus, derivado a su vez del verbo contrahere, reunir, lograr, concertar. Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas (creación o transmisión de derechos y obligaciones) debido al reconocimiento de una norma de derecho. Sin embargo, tiene una doble naturaleza pues también presenta el carácter de una norma jurídica individualizada.
En el Código Civil Federal, en su artículo 1792, nos define que los “convenios” que producen o transfieren las obligaciones o derechos reciben el nombre de CONTRATOS.
De igual manera, se señala en el artículo 1791 que un convenio es un acuerdo de voluntades, que crea, modifica, transfiere o extingue derechos y obligaciones.
De acuerdo con Sánchez Medal[5], el Código Civil distingue entre convenio y contrato, pues considera a éste la especie y a aquél el género.
Esta distinción tiene su antecedente en el Código Civil Francés, que distingue la convención o acuerdo de voluntades, que es el género, del contrato que es el acuerdo de voluntades para dar nacimiento a unaEn la actualidad, nuestro Código civil hace desaparecer toda importancia de ella al establecer que los principios relativos a los contratos se apliquen a los convenios (1859), lo cual hace que resulte insignificante la diferencia entre convenio y contrato.
Sin profundizar en los tipos de contratos existentes, se analizará los elementos que integran a los contratos en general, mismos que podemos señalar que cuentan con los elementos de existencia y requisitos de validez.
Los elementos de existencia[6] que debe reunir todo contrato para ser existente es:
a) El consentimiento, se da cuando existe concurso de voluntades de dos o más sujetos; en opinión de Sánchez Medal, dicha acepción debe entenderse en dos sentidos, bien sea como una voluntad del deudor para obligarse o como un concurso o acuerdo de voluntades.[7]
b) El objeto, que pueda ser material y jurídicamente susceptible de contratación.
Además de los requisitos de existencia, es necesario que se den ciertos requisitos o presupuestos de validez[8], para que el contrato produzca sus efectos, y no puedan ser invalidados. Estos requisitos son:
a) La capacidad legal de las partes, entendiéndose por ésta, la capacidad de ejercicio.
b) La ausencia de vicios del consentimiento, tales como el error, la violencia (física o moral) y el dolo.
c) La licitud en el objeto, que el contrato no sea contrario a las normas de orden público.
d) La forma, cuando la Ley en forma expresa establezca una forma para la validez del contrato.
Sin embargo, y para complementar lo aseverado inicialmente, el Código de Comercio en su artículo 16 hace alusión la inscripción en el registro público de comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, para ello es pertinente aclarar que en cada uno de los estados de la república mexicana, se encuentra comprendida, la institución denominada “REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD”, que es el órgano de carácter estatal que se encarga entre otras atribuciones, de darle publicidad a los documentos cuyo tenor y autenticidad deban hacerse notorios. Donde se desprende, que en el presente caso sujeto a estudio, analizando la Ley del Registro Público de la Propiedad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la inexistencia de una norma que expresamente establezca que tratándose de un contrato de préstamo mercantil, su inscripción en registro público del comercio deba de realizarse inexorablemente.
En razón a lo anterior, a efectos de ilustrar la importancia de los contratos en materia fiscal, es dable colegir que las resoluciones que emitan las autoridades fiscales, determinando créditos fiscales sustentándose en que el citado contrato debió de haberse inscrito en el registro público correspondiente, amén de carecer de sustento jurídico, lo cual torna al acto en inconstitucional, la resolución que de éste se deriva se encuentra indebidamente fundada y motivada, puesto que primeramente el artículo 16 del Código de Comercio, no señala expresamente que el multicitado contrato deba inscribirse en el registro conducente.
Concluye lo anterior la siguiente Jurisprudencia que a continuación se transcribe:
Registro No. 194798
Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999 Página: 660 Tesis: VI.2o. J/123 Jurisprudencia Materia(s): Común
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.
Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de garantías.
Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.
Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 175, tesis 260, de rubro: «FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.»
De capital importancia reviste que el justiciable conozca todas y cada una de las circunstancias que consideró la autoridad para la confección del acto administrativo y determinar la importancia de los contratos en materia fiscal, con la finalidad de que éste pueda no solamente conocer el contenido del mismo, sino la de proporcionarle una adecuada defensa, tal como lo asevera la Jurisprudencia I.4o.A. J/43, que por resultar altamente ilustrativa a continuación se transcribe:
Registro No. 175082
Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Mayo de 2006 Página: 1531 Tesis: I.4o.A. J/43 Jurisprudencia Materia(s): Común
El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el «para qué» de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales.
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa
De lo anterior se colige, que la autoridad fiscalizadora inexorablemente debe darle a conocer al gobernado los elementos concernientes para arribar a las conclusiones plasmadas en la resolución correspondiente, es decir; adecuarle la conducta asumida por el sujeto pasivo a la norma correspondiente, trayendo como consecuencia la aplicación de las normas de derecho, lo cual resulta en la enorme importancia de los contratos en materia fiscal.
No obstante lo anterior, las experiencias obtenidas por parte de las autoridades fiscalizadoras en el ejercicio de sus facultades de comprobación, aunado al interés medular por parte del gobierno federal de realizar un combate frontal a la utilización de recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominada (lavado de dinero), en el que se imponen a los fedatarios públicos Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en la realización de Actividades Vulnerables[9], para proporcionar información al SAT, relativo a la identidad de cada uno de los contratantes, basándose en su identificación oficial y recabando copia de la misma, solicitando información relativa a su actividad u ocupación, sustentándose para ello en el aviso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, imponiéndole además al fedatario la obligación de conservar de manera electrónica la información recabada de la operación considerada vulnerable, lo cual reviste una importancia a los contratos en materia fiscal.
Como corolario a lo anteriormente expuesto, y a la luz de que muchos empresarios de manera consensual realizan diversidad de contratos, en los que con posterioridad se preocupan por darle al mismo la forma apropiada, o en su caso, por sugerencia o recomendación de su equipo jurídico, lo cual podría sin pretenderlo, ocasionarle consecuencias jurídicas desagradables, amén de ser sujeto de fiscalización desde el ámbito tributario, como la de considerar un potencial sujeto de investigación desde el ámbito penal, considerando lo dispuesto en la Ley para Prevenir la Utilización de Recursos de Procedencia Ilícita, al omitir presentar los avisos correspondientes en las fechas que la legislación establece, por ello es indispensable el conocimiento profuso de esta institución en aras de garantizarle al cliente la seguridad jurídica que sus operaciones requieren.
[1] A la Luz de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA ( publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012)
[2] Artículo 35. (Ley Federal del Trabajo) Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.
Artículo 36.- (Ley Federal del Trabajo) El señalamiento de un obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija
Artículo 37.- (Ley Federal del Trabajo) El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes:
[4] Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa.
[5], SANCHEZ Medal, Ramón. De los Contratos Civiles Editorial Porrúa.
[6] Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa.
[7] Sánchez Medal, Ramon; Op. Cit. Pág. 27.
I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos
descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. En estos casos, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades y montos:
I La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquirente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el Reglamento de esta Ley.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el
gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a un mil doscientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada
V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal;
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o
superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos
corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
Tratándose de los notarios públicos:
Tratándose de los corredores públicos:
c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la
legislación aplicable puedan actuar;
d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con
la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero.
XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un
valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el
Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo
establecido en el artículo 19 de la presente Ley;
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
LA TRASCENDENCIA DE LOS CONTRATOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO Y PENAL[1]
En la práctica contable, es común detectar que algunos convenios realizados entre la empresa y terceras personas se encuentren respaldados mediante un contrato específico, en el que se pactan los derechos y obligaciones conducentes.
En razón a la incertidumbre jurídica ocasionada por las autoridades fiscalizadoras al ejercer sus facultades de comprobación, al pretender imponerle al gobernado una obligación que carece de sustento jurídico, tal como a continuación se demostrará.
Esta distinción tiene su antecedente en el Código Civil Francés, que distingue la convención o acuerdo de voluntades, que es el género, del contrato que es el acuerdo de voluntades para dar nacimiento a una obligación.
En la actualidad, nuestro Código civil hace desaparecer toda importancia de ella al establecer que los principios relativos a los contratos se apliquen a los convenios (1859), lo cual hace que resulte insignificante la diferencia entre convenio y contrato.
En razón a lo anterior, es dable colegir que las resoluciones que emitan las autoridades fiscales, determinando créditos fiscales sustentándose en que el citado contrato debió de haberse inscrito en el registro público correspondiente, amén de carecer de sustento jurídico, lo cual torna al acto en inconstitucional, la resolución que de éste se deriva se encuentra indebidamente fundada y motivada, puesto que primeramente el artículo 16 del Código de Comercio, no señala expresamente que el multicitado contrato deba inscribirse en el registro conducente.
De capital importancia reviste que el justiciable conozca todas y cada una de las circunstancias que consideró la autoridad para la confección del acto administrativo, con la finalidad de que éste pueda no solamente conocer el contenido del mismo, sino la de proporcionarle una adecuada defensa, tal como lo asevera la Jurisprudencia I.4o.A. J/43, que por resultar altamente ilustrativa a continuación se transcribe:
De lo anterior se colige, que la autoridad fiscalizadora inexorablemente debe darle a conocer al gobernado los elementos concernientes para arribar a las conclusiones plasmadas en la resolución correspondiente, es decir; adecuarle la conducta asumida por el sujeto pasivo a la norma correspondiente, trayendo como consecuencia la aplicación de las normas de derecho.
No obstante lo anterior, las experiencias obtenidas por parte de las autoridades fiscalizadoras en el ejercicio de sus facultades de comprobación, aunado al interés medular por parte del gobierno federal de realizar un combate frontal a la utilización de recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominada (lavado de dinero), en el que se imponen a los fedatarios públicos Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en la realización de Actividades Vulnerables[9], para proporcionar información al SAT, relativo a la identidad de cada uno de los contratantes, basándose en su identificación oficial y recabando copia de la misma, solicitando información relativa a su actividad u ocupación, sustentándose para ello en el aviso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, imponiéndole además al fedatario la obligación de conservar de manera electrónica la información recabada de la operación considerada vulnerable.

References: artículo 59
 artículo 20

Artículo 59

Artículo 20

Artículo 16
 artículo 1792
 artículo 1791
 artículo 16
 resolución 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 resolución 
 Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
in fine
 artículo 19
 resolución 
 artículo 16
 resolución