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Timestamp: 2020-01-25 15:08:50+00:00

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La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2.018, Sala de lo Contencioso, Sección Segunda.
La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2.018 modifica el criterio interpretativo del Alto Tribunal fijado como doctrina jurisprudencial en anteriores resoluciones sobre la materia.
En efecto, esta nueva sentencia fija en el primer apartado de su parte dispositiva los criterios interpretativos al respecto contenidos en el fundamento jurídico sexto de la misma, es decir, que “el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es una escritura pública préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario”.
Recalca el Alto Tribunal, en el mismo fundamento jurídico sexto, que ello “supone acoger un criterio contrario al sostenido por la jurisprudencia de esta Sala hasta la fecha”.
La citada sentencia, que junto con otras dos en el mismo sentido dictadas por la misma Sala del Alto Tribunal los días 22 y 23 de octubre de 2.018 sientan jurisprudencia, produce efectos tanto en el ámbito tributario como en el civil:
1.- En el ámbito tributario, el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es el prestamista, es decir, la entidad bancaria y no el particular.
2.- En el ámbito civil, los pactos contenidos en una escritura pública de préstamo que trasladen el pago del impuesto al consumidor deben considerarse abusivos y, por tanto, nulos.
Este doble ámbito abre para los consumidores dos posibles vías de reclamación para que les sea reintegrado el importe del impuesto que en su día abonaron:
1.- En el ámbito tributario, dado el régimen de autoliquidación del impuesto, podrán instar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de los ingresos indebidos, sin necesidad de dirigirse a la entidad bancaria con la que en su día contrataron. Sin embargo, ello no será posible en los dos siguientes casos:
▪ Cuando el derecho a la rectificación y a devolución haya prescrito (normalmente cuatro años desde la fecha de la autoliquidación).
▪ Cuando la liquidación sea firme en vía administrativa o contenciosa. Es el caso de las liquidaciones complementarias consentidas y no impugnadas.
2.- En el ámbito civil, podrán reclamar a la entidad bancaria la devolución de las cantidades pagadas en concepto de impuesto instando la nulidad por abusiva de la cláusula que les traslada el pago de dicho impuesto, si bien esta vía podría presentar, en principio, cierta incertidumbre por los siguientes motivos:
▪ Sin perjuicio de otras causas de oposición, el primer motivo que alegará en contra la entidad bancaria es su falta de legitimación pasiva, con el argumento de que la Hacienda Pública es la única que puede establecer compensaciones de deudas tributarias, sin perjuicio de que sea posteriormente la Hacienda Pública quien gire de nuevo el impuesto contra la entidad bancaria. Este argumento carece a muestro juicio de validez por cuanto, en definitiva, lo que ha hecho el consumidor al abonar el impuesto es un pago por cuenta de un tercero, es decir, por cuenta de la entidad bancaria, lo que le legitima para reclamar a la misma.
▪ Sin ningún género de dudas la entidad bancaria alegará también en su defensa la caducidad y la prescripción de la acción. No olvidemos que en esta vía lo que el consumidor instará es la nulidad de pleno de derecho de la cláusula abusiva que le traslada el pago del impuesto, y de acuerdo con la ortodoxia doctrinal y jurisprudencial sobre la nulidad de pleno derecho, expresada en numerosa jurisprudencia, lo que es nulo no puede por el transcurso del tiempo sanarse (quod ad initium vitiosum est non potest tractu temporis convalescere) y, en consecuencia, la acción de nulidad de las cláusulas abusivas es imprescriptible, como tiene señalado el Tribunal Supremo.
▪ La cuestión que más controversia suscitará es, sin lugar a duda, la retroactividad de la sentencia, por lo que tal vez haya que esperar futuros pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas, que acabaron reconociendo la retroactividad inicialmente negada por el Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo (STJUE de 21/12/2016 y STS de 24/2/2017).
Y decimos que la retroactividad de la sentencia puede ser motivo de controversia porque el día 19 de octubre de 2.018 el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo convocaba a todos los magistrados de la Sala con el fin de decidir si el giro jurisprudencial debía ser confirmado o no.
No cabe la menor duda de que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 16 de octubre de 2.018 es firme, sin que pueda ser revisada por el Pleno, pero lo que sí puede hacer el Pleno es establecer las condiciones de su cumplimiento y, entre dichas condiciones, establecer a partir de cuándo debe cumplirse.
Habrá que esperar, por tanto, al día 5 de noviembre de 2.018, fecha en la que se reúne el Pleno de la Sala.
TIMES ARE CHANGING. Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing.
Continua con la lectura en: El rol del abogado penalista en el siglo XXI.
Alex Garberí es Fundador y Director del Área de Derecho penal y Compliance de Garberí Penal. Para la implementación de sistemas de gestión de Compliance Penal, por favor contacte con nuestros expertos o comuníquese al 937 004455 de 09:00 a 19:00, de Lunes a Viernes.
Primera condena por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales (II)
El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, de fecha 29 de enero de 2016, en causa seguida por delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a la víctimas del terrorismo. STS 623/2016, de 13 de julio.
STS 623/2016, de 13 de julio de 2016
Nº de Recurso: 291/2016
Nº de Resolución: 623/2016
Ponente: Excmo. Sr. Julián Artemio Sánchez Melgar.
Los hechos enjuiciados se refieren a la difusión de una serie de mensajes con un contenido propio del denominado “Discurso del Odio”, mediante la técnica de comunicación pública denominada “twitter” -una variedad de la mensajería instantánea con acceso abierto- y que han sido expresamente admitidos por su autora desde un inicio.
Acerca del análisis jurídico de los elementos típicos del art. 578 C.P.
En palabras del art. 578 del Código Penal -redacción vigente al tiempo de los hechos enjuiciados- en el que la Sala de instancia fundamenta la condena del recurrente:
“El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57 de este Código”.
La STS 224/2010, de 3 de marzo, confirma que tal precepto viene a sancionar como delito dos conductas claramente diferenciables y ambas relacionadas con el terrorismo: por un lado, “el enaltecimiento o justificación del terrorismo o sus autores”; por otro, “la realización de actos en desprecio, descrédito o humillación de las víctimas de delitos terroristas”, figura ésta que cuenta con perfiles propios, definidos y distintos de la anterior.
Para la STS 656/2007, de 17 de julio, el primer inciso del párrafo del tipo que analizamos ubica la apología propiamente dicha, definida como “enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución”. Se apunta en dicha resolución, que el precepto corresponde a la “ratio legis” de reforzar la tutela en los delitos de terrorismo, sancionando conductas que “no son terroristas “per se”, pero que les favorecen en cuanto significan apoyo a estas graves infracciones punibles”.
Esta misma sentencia considera, por otro lado, que el segundo inciso de este tipo penal reputa punible un supuesto por completo diferente, como es “la realización de actos que entrañen descrédito (esto es, disminución o pérdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas), menosprecio (equivalente a poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén) o humillación (herir el amor propio o dignidad de alguien, pasar por una situación en la que la dignidad de la persona sufra algún menoscabo) en las víctimas de los delitos terroristas o en sus familiares”; es decir, “conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas, al tiempo que incrementan el horror de sus familiares”.
La humillación o desprecio a las víctimas afecta directamente “al honor como víctimas y, en último término, a su dignidad”, valores que tienen reconocida relevancia en la Carta Magna (arts. 18.1 y 10 CE).
En consecuencia, tampoco en este caso ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la libertad de expresión pueden servir de cobertura “a la impune realización de actos o exteriorización de expresiones que contengan un manifiesto desprecio hacia las víctimas del terrorismo en tal grado que conlleve su humillación”.
Tal razonamiento recién expuesto, entraña la necesidad de que el enjuiciamiento se traslade a un plano en el que el Juez penal deba examinar “si los hechos exceden los márgenes del ejercicio de los derechos fundamentales que en ellos se protegen”, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción penal no podría prosperar, puesto que las libertades del art. 20.1 a) y d) C.E “operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta” (STC 104/1986, de 13 de agosto , reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio ; 85/1992, de 8 de junio ; 136/1994, de 9 de mayo ; 297/1994, de 14 de noviembre ; 320/1994, de 28 de diciembre ; 42/1995, de 18 de marzo ; 19/1996, de 12 de febrero ; o 232/1998, de 30 de diciembre).
No cabe entender, por tanto, que los hechos probados puedan ser a un mismo tiempo valorados “como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito” (SSTC 2/2001, de 15 de enero; 185/2003, de 27 de octubre).
Esta misma Sala ha afirmado en otros fallos (STS 752/2012, de 3 de octubre) que “mientras que el delito de enaltecimiento del terrorismo exige publicidad, (“… por cualquier medio de expresión pública o difusión…“), no ocurre lo mismo en el tipo de humillación a las víctimas de aquél” (“… o la realización de actos que entrañen descredito, menosprecio o humillación de las víctimas…“).
Primera condena por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales (I)
Acerca de la trascendencia jurídica del concepto “Discurso del Odio” en la doctrina de los Derechos Fundamentales.
Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (v.gr. SSTEDH de 8 de julio de 1999, SÜREK vs. Turquía, y de 4 de Diciembre de 2003, MÜSLÜM vs. Turquía), como nuestro Tribunal Constitucional (STC 235/2007, de 7 de noviembre) y esta misma Sala (STS 812/2011, de 21 de julio) entienden que el castigo del enaltecimiento del terrorismo persigue la justa interdicción de lo que vienen denominando “discurso del odio”: alabanza o justificación de acciones terroristas.
Derechos fundamentales, como la libertad de expresión (art. 20 CE) o la libertad ideológica (art. 16 CE), no amparan tales comportamientos, pues el terrorismo constituye “la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre”, sustentado por un discurso que se basa “en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político, y, en definitiva, en generar un terror colectivo que sea el medio con el que conseguir esas finalidades” ( STS 224/2010, de 3 de marzo ).
Conviene apuntar, que no se trata de criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas “a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democrático establecido” (STS 676/2009, de 5 de junio).
En sentencias recientes de esta Ilustre Sala (STS 846/2015, de 30 de diciembre) se expone que la humillación o desprecio a las víctimas, por su parte, “afecta directamente, a su honor y, en definitiva, a su dignidad” (arts. 18.1 y 10 CE), al mismo tiempo que la libertad ideológica o de expresión no pueden ofrecer cobijo “a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, que conllevan a su humillación”.
Mientras que la libertad ideológica no tiene más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria “para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley” (art. 16.1 CE), la libertad de expresión encuentra su frontera “en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan, y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia” (art. 20.4 CE).
En esta línea, cabe asegurar que determinadas restricciones a la libertad de expresión pueden ser “legítimas e incluso hasta necesarias ante conductas que pueden incitar a la violencia, o, como sucede en la humillación a las víctimas, provocar un especial impacto sobre quien las sufre en un contexto terrorista” (539/2008, de 23 de septiembre).
Acerca del fundamento jurídico de la dosimetría penal aplicable al caso en concreto.
La sentencia recurrida no hace sino asumir acríticamente la petición del Ministerio Fiscal, que era la máxima penalidad imponible; y ello –según detalla- porque todas las conductas punibles reflejadas en el art. 578 del Código Penal, “fueron perpetradas por la acusada de forma reiterada y firme”.
Sin embargo, la Sala de instancia no tuvo en cuenta que este delito no puede ser sancionado en continuidad delictiva, por tratarse el tipo que lo define de un “concepto global que abarca diversos grados de ilicitud”, aunque se trate de acciones reiteradas de humillación a las víctimas del terrorismo.
Este tipo de acciones, materializadas en desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta de aquellas personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y cuya dignidad debe ser protegida, han de ser castigadas con “una pena proporcionada tanto al desvalor de la conducta como a las condiciones personales de la persona infractora”.
Por tanto, la pena a imponer deberá de atender, por un lado, “a las expresiones que conforman el tipo objetivo del delito”; y por el otro -y de forma sustancial- “a la personalidad y en este caso juventud de la autora de esta infracción criminal”.
Destacar además, que la LO 2/2015, de 30 de marzo, al modificar el art. 578 del C.P, elevó su penalidad. Concretamente, de uno a tres años de prisión más una multa de doce a dieciocho meses, aumentando las penas a su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante “la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información”, como ha sucedido en este caso.
Por todo lo anterior, esta Sala entiende ajustado a derecho casar la sentencia recurrida y “decretar una penalidad más proporcionada a las condiciones personales del culpable”.
Lectura Recomendada: Las redes sociales antes, durante y después de la masacre en París
Revelación de secretos: ilícito penal vs ilícito administrativo
El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 10ª, de fecha 16 de septiembre de 2015, en causa seguida por delito de descubrimiento y revelación de secretos. STS 509/2016, de 10 de junio.
STS 509/2016, de 10 de junio de 2016
Nº de Recurso: 1958/2015
Nº de Resolución: 509/2016
Ponente: Excmo. Sr. Carlos Granados Pérez.
A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que por el recurrente se denuncia la existencia de diferencias esenciales entre los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida y el relato fáctico del Ministerio Fiscal, al que se adhirió la Abogacía del Estado, y que daría lugar en todo caso, a la aplicación del art. 417 C.P, que no del art. 197.2 C.P instado en dicha sentencia.
Si bien, solicita asimismo la absolución por tal delito, entre otras razones, por entender que por la escasa relevancia del hecho no pasaría de ser un ilícito administrativo (extremo éste finalmente considerado por la Sala para dictar la absolución de la recurrente).
Acerca de la doctrina jurisprudencial en materia de derecho de defensa y principio acusatorio.
El Tribunal Constitucional, sentencia 33/2003, de 13 de febrero, recuerda que en el marco del derecho a un proceso equitativo, el derecho a ser informado de la acusación –postulado del derecho de defensa- determina que “la información a la que tiene derecho el acusado tiene por objeto los hechos considerados punibles”, de modo que sobre ellos “recae primariamente la acusación y versa el juicio contradictorio en la vista oral, así como la calificación jurídica de tales hechos”.
En materia de principio acusatorio, la STC 354/2012, de 3 de mayo, considera que el proceso penal está integrado por un sistema complejo de garantías vinculadas entre sí, que imponen “la necesidad de que la condena recaiga sobre los hechos que se imputan al acusado”, toda vez que el juzgador no puede excederse “de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre los cuales el condenado ha tenido ocasión de defenderse de manera contradictoria”.
Se constata, por tanto, el “deber de correlación entre la acusación y el fallo de las sentencias” (entre otras, STS 95/1995 que cita la 11/1992).
En esta misma línea, la STS 53/1987 añade que el principio acusatorio “admite y presupone el derecho de defensa del imputado”, y, consecuentemente, “la posibilidad de contestación o rechazo de la acusación (contradicción)”; es decir, conocer los argumentos de la otra parte, manifestar ante el Juez los propios, e indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base.
Concretamente, se exige que la acusación quede “perfectamente perfilada fáctica y jurídicamente” cuando se plasma en los escritos de calificación o acusación (STC 75/2006). Así, esta Sala viene declarando que la acusación ha de ser “precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula”, mientras que la sentencia ha de ser “congruente con tal acusación”, sin introducir ningún elemento nuevo “del que no hubiera existido previamente posibilidad de defenderse” (STS 7 diciembre 1996).
Como cierre de esta cuestión, destacar lo precisado en esta materia por la Sentencia de 26 de febrero de 1994:
“a) Que sin haberlo solicitado, la acusación no puede introducir elementos contra reo de ninguna clase; b) Que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) Que el inculpado tiene derecho a conocer temporáneamente y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no caer en completa indefensión; y d) Que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado”.
Acerca del fundamento jurídico de la delimitación entre el ilícito penal y el ilícito administrativo de revelación de secretos.
Según STS 114/2009, de 13 de julio, y en consonancia con lo dispuesto en la STS de 30 de septiembre de 2003, el bien jurídico protegido por la norma es –con carácter general- “el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas, y, en definitiva, el bien común como objetivo prioritario del desempeño de la actividad de los funcionarios que las integran”.
Junto a lo anterior, y estrechamente ligado con la premisa postulada, también se entiende por la presente Sala que el bien tutelado por el tipo consiste en impedir que la revelación de secretos e informaciones no divulgables “irrogue un perjuicio de mayor o menor relevancia en los servicios que la Administración presta a sus ciudadanos”.
Por otro lado, esta Sala viene declarando que el quebrantamiento del deber de sigilo y discreción que se impone al funcionario público por el art. 80 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, constituiría una infracción administrativa o un ilícito penal “según la relevancia del hecho”.
Así, “cuando la infracción de tal deber ocasione un perjuicio de menor entidad a la causa pública”, la conducta permanecerá en el ámbito de la infracción administrativa (potestad sancionadora de la Administración) –art. 7.1 j– del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
Por el contrario, “si el daño generado al servicio público –o a un tercero- adquiera una cierta relevancia”, dicha conducta desbordará el marco de la ilicitud administrativa para integrar un ilícito penal incardinable en el art. 417 C.P.
Podemos afirmar, por tanto, que en la determinación de la entidad del perjuicio y en la relevancia mayor o menor de la información revelada, radica la aplicación del “principio de intervención mínima del Derecho Penal o de última ratio”.
Partícipe a título lucrativo: Aproximaciones Jurisprudenciales
El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, de fecha 30 de abril de 2015, en causa seguida por delito de estafa. STS 256/2016, de 1 de abril.
STS 256/2016, de 1 de abril de 2016
Nº de Recurso: 1315/2015
Nº de Resolución: 256/2016
A fin de ubicar la cuestión de fondo debatida en el recurso, señalar que la impugnación de ambas acusaciones -pública y particular- tiene un contenido patrimonial dirigido contra la absolución de la pretensión de indemnización solicitada respecto a los partícipes lucrativos por las ganancias obtenidas. Extremo éste, que se materializa en el motivo casacional del error de derecho por la inaplicación del art. 122 del C.P.
Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 122 C.P
El art. 122 del Código penal dispone la obligación de restituir la cosa o de resarcir el daño -hasta la cuantía de su participación- “a quien por título lucrativo hubiera participado de los efectos de un delito”.
En interpretación jurisprudencial de ese precepto, se ha declarado que el mismo se trata de una obligación de resarcimiento, que tiene su fundamento en que “nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de un negocio jurídico que se deriva de una causa ilícita, en perjuicio de una víctima de un hecho delictivo” (entre otras, STS 532/2000 de 30 de marzo).
Por tanto, no estamos ante un supuesto de responsabilidad por la participación en un delito, sino de aplicar -en el proceso penal- la nulidad de los contratos que tienen causa ilícita, “excluyendo de esa responsabilidad civil a quien haya adquirido una cosa de buena fe y a título oneroso, pues, en esos casos, título oneroso y buena fe, hacen que su posición deba ser respetada”.
La denominada receptación civil hace referencia a la obligación de restituir, o de resarcir, “respecto de ganancias obtenidos a título lucrativo de bienes procedentes de un delito”. Y ello, dada la propia literalidad del art. 122 “(…) hubiere participado de los efectos de un delito“, que hace referencia a un “enriquecimiento o un aprovechamiento de los efectos de un delito a título lucrativo, no oneroso”, con el límite del beneficio obtenido.
Dicha obligación -de resarcir lo indebidamente aprovechado cuando tenga su origen en un hecho delictivo y la adquisición sea a título lucrativo-, requiere de:
“a) La existencia de una persona que haya participado en los efectos de un delito, rellenándose esa exigencia en el aprovechamiento a título lucrativo; b) Que no haya sido condenado por la responsabilidad penal en el delito del que se generan los bienes, ya que es un aprovechamiento civil; c) El aprovechamiento o la participación en los efectos del delito, ha de ser a título lucrativo” (STS 814/2011 de 15 de julio).
Asimismo, se añade que “no es preciso el conocimiento de la ilícita procedencia -junto a la recepción material- pues ello podría dar lugar a una responsabilidad penal”. No hay que olvidar que el art. 122 C.P se refiere a una cuestión meramente civil.
Adecuando lo anterior al caso que nos concierne, destacar que lo relevante -a los efectos de la consideración de partícipes lucrativos- es que los acusados “recibieron en sus cuentas bancarias las cantidades que se relacionen en el hecho delictivo y dispusieron de las mismas incorporándolas a su patrimonio personal”. Todo ello, sin referencia alguna a la existencia “de un negocio oneroso previamente existente, que haría respetable su posición”.
Aspectos procesales en el delito contra el medio ambiente
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 2ª, de fecha 6 de noviembre de 2015, en causa seguida por delito contra el medio ambiente. STS 453/2016, de 25 de mayo.
STS 453/2016, de 25 de mayo de 2016
Nº de Recurso: 85/2016
Nº de Resolución: 453/2016
Ponente: Excmo. Sr. Joaquín Giménez García.
Acerca de la necesaria subsunción de los elementos fácticos de imputación del tipo penal en el escrito de conclusiones definitivas
La discusión que se plantea en instancia casacional gira en torno a determinar si el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación definitiva solicitó expresamente la aplicación del tipo agravado de riesgo de grave perjuicio para la salud, y, en consecuencia, “si en el relato que efectuó se refiere a este hecho con la concreción y especificación necesaria”.
Una vez examinado el escrito de conclusión provisional que se elevó a definitivo, se puede comprobar que mientras que en el relato de hechos que se efectuó se narró con extensión y concreción “tanto los vertidos y los perjuicios al terreno y a las aguas, así como la explotación clandestina de la empresa, no se efectuó un relato fáctico relativo al riesgo de grave perjuicio para la salud”.
Se hace evidente el pensar que la fugaz y genérica cita “….y potencialmente para la salud humana.…” no cubre las exigencias de que se calificara por el Ministerio Fiscal el delito ecológico “en el tipo agravado de riesgo de grave perjuicio que exige el tipo”.
En definitiva, se constata que el Ministerio Fiscal puso el énfasis en su calificación definitiva en la clandestinidad de la instalación, lo que le llevó a obviar este tipo penal del art. 326 C.P y a intentar injertar en su recurso la calificación del tipo agravado, extremo este “sobre el que no existió acusación, y no existió debate en el Plenario como se acredita con la lectura del acta del Plenario”.
Para terminar, en línea con todo lo razonado en párrafos anteriores se puede concluir que la condena por tal tipo agravado -como se pretende por parte de la Fiscalía- supondría sin género alguno de duda “una violación del principio acusatorio al no haberse formulado acusación concreta y específica por tal delito, ni planteado prueba por parte de la defensa -en definitiva, no hubo un debate contradictorio en el Plenario-“.
Por lo tanto, de hacerse efectiva la petición del Ministerio Fiscal se generaría “una evidente indefensión con alcance constitucional, además de la vulneración del principio acusatorio, lo cual traería como consecuencia la no existencia de congruencia entre lo acusado y lo condenado”.
Estafa impropia. Vinculación de la condena a la acusación solicitada en las conclusiones definitivas
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 10ª, de fecha 25 de mayo de 2015, en causa seguida por delito de estafa impropia. STS 456/2016, de 25 de mayo.
STS 456/2016, de 25 de mayo de 2016
Nº de Recurso: 1726/2015
Nº de Resolución: 456/2016
Ponente: Excmo. Sr. Pablo Llarena Conde.
Acerca del fundamento jurídico de los elementos típicos del art. 251.2 C.P
La doctrina sentada de esta Sala, (1809/2000 de 24 de noviembre), considera los delitos del art. 251 CP como modalidades de estafa impropia, en el sentido de que para su punición “no es necesario que concurran todos los elementos que componen la definición de la estafa del artículo 248 CP”. Se trata, así, de delitos específicos con un contenido autónomo.
Concretamente, el artículo 251.2 del Código Penal sanciona al que habiendo enajenado una cosa mueble o inmueble como libre, “la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste o de un tercero“.
Mientras que, por un lado, el tipo objetivo requiere que el sujeto “se atribuya sobre un bien facultades de las que carece y que realice en perjuicio de tercero algún acto de disposición” (como es la hipoteca), el tipo subjetivo se satisface “conociendo el sujeto que efectivamente carece de las facultades que se atribuye y pese a ello dispone del bien de que se trate” (STS 226/2012 de 29 de marzo).
De un modo más conciso, el tipo delictivo analizado exige los siguientes requisitos (STS 203/2006, de 28 de febrero):
“1º. Que haya existido una primera enajenación.
2º. Que sobre la misma cosa antes enajenada haya existido un segundo acto de disposición como es la hipoteca y que este segundo acto dispositivo tenga lugar antes de que el primer adquirente se encuentre en una posición jurídica que impida al anterior titular realizarlo.
3º. Una actuación en perjuicio de otro.
4º. Además, ha de concurrir el dolo, consistente en este caso en haber actuado los recurrentes con conocimiento de la concurrencia de esos tres requisitos objetivos antes expuestos, esto es, de la existencia de la enajenación, de la realización del posterior acto de gravamen ajeno a la voluntad de los nuevos propietarios y del mencionado perjuicio que necesariamente encajaban”.
Acerca del fundamento de la sujeción de la condena a la pretensión punitiva concretada en el escrito de conclusiones definitivas
La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo (STS 609/2007, de 10 de julio, entre muchas otras) identifica el escrito de conclusiones definitivas como “el instrumento procesal con que cuentan las acusaciones para concretar la pretensión punitiva que ha de resolver el órgano de enjuiciamiento”; destaca, a su vez, que una supuesta fijación de la acusación en el escrito de calificación provisional, “no sólo vaciaría de sentido las previsiones legislativas contenidas en los artículos 732 y 788.4 LECRIM, sino que tornaría inútil la actividad probatoria practicada en el juicio oral” (STS 284/2001 de 28 de febrero).
De este modo, se entiende que la calificación provisional no vincula de manera absoluta al Tribunal Sentenciador, y que “es el escrito de conclusiones definitivas el que sirve de referencia para evaluar la congruencia del fallo” (SSTS 1/98 de 12 de enero y 13 de febrero de 2003).
Sin embargo, tal vinculación encuentra su excepción cuando el Tribunal venga a condenar “por delito distinto del que es objeto de acusación definitiva, por existir homogeneidad entre ambos y siempre que no implique una pena de superior gravedad” (ver por todas STS 600/2009, de 5 de junio), pues, como también indica el TC en su sentencia 155/2009 de 25 de junio:
“La sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos como para impedir que el órgano judicial modifique la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio. No existe infracción constitucional si el Juez valora los hechos y los calibra de modo distinto a como venían siéndolo, siempre, claro, que no se introduzca un elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su lógico desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo en su caso” (STC 10/1988, FJ 2).
En este sentido, el órgano judicial, si así lo considera, “no está vinculado por la tipificación o la imputación que en la acusación se verifique” (STC 11/1992, FJ 3).
Por tanto, en esta misma línea, la jurisprudencia de esta Sala entiende inapreciable este quebranto de tutela judicial por el hecho de que “las conclusiones definitivas incorporen una calificación típica distinta -incluso más grave- de la inicialmente formulada”, pues el propio artículo 788.4 LECRim posibilita el mecanismo procesal de contradicción y protección del derecho de defensa al establecer que “cuando, en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena, el Juez o Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes”.
Del mismo modo, tampoco cabe tal quebranto cuando las partes mantienen los hechos y su calificación primera, viniendo a añadir de manera alternativa una propuesta de tipicidad diferente, en los términos expresamente previstos en el artículo 732 LECRim, que dispone que “una vez practicada la prueba, las partes podrán modificar las conclusiones de los escritos de calificación, añadiendo que en las conclusiones definitivas podrán formularse en forma alternativa, según lo dispuesto en el art. 653”.

References: artículo 57
 Real Decreto 
 artículo 248
 artículo 251
 artículo 788
 artículo 732