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Timestamp: 2018-12-19 16:30:12+00:00

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﻿ SENTENCIA C-18 DE ENERO 20 DE 2004
SENTENCIA C-18 DE 20 DE ENERO DE 2004
CONTENIDO:SANCIONES DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO. IMPONER A UN CONDUCTOR LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA DE INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO NO IMPLICA SANCIONARLO DOS VECES POR EL MISMO HECHO. SE DECLARAN EXEQUIBLES, LOS INCISOS 1, 2 Y 7 DEL LITERAL B, LOS INCISOS 1 Y 14 DEL LITERAL C, Y LOS INCISOS 1, 2, 9, 16 Y 17 DEL LITERAL D Y EL LITERAL A DEL ARTÍCULO 131 Y LOS INCISOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 769 DE 2002, DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO, SANCIÓN ADMINISTRATIVA, SANCIÓN POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO, RETENCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Sentencia C-18 de enero 20 de 2004
Sentencia C-018 de 2004
Ref.: Exps. D-4696 y D-4697
Norma acusada: Demanda de inconstitucionalidad parcial, contra los incisos 1º, 2º y 7º del literal B, los incisos 1º y 14 del literal C, y los incisos 1º, 2º, 9º, 16 y 17 del literal D del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, y, demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 2º, 94 y el literal A del artículo 131 de la Ley 769 de 2002.
Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.
Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de esas luces.
Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado el vehículo y al propietario. Además, el vehículo será inmovilizado”.
2. Imponer a un conductor la sanción administrativa complementaria de inmovilización del vehículo no implica sancionarlo dos veces por el mismo hecho.
2.1. Para el demandante Rafael Patiño Londoño (D-4696) los apartes demandados de los literales B, C y D del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (CNTT, L. 769/2002) desconocen el principio constitucional non bis in idem, en virtud del cual no se puede sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho. Se demanda que las normas que además de la multa, imponen una segunda sanción al conductor que comete la infracción: la inmovilización del vehículo.
2.2. Según el artículo 125 del CNTT la inmovilización es una sanción que “consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público”, la cual se impone en aquellos casos en que el vehículo o el conductor no cumplen con alguno de los requisitos que exige la ley para poder circular. Según el propio artículo 125 del CNTT para inmovilizar un vehículo, este “será conducido a parqueaderos autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción”.
2.3. Así pues, la inmovilización no es una segunda sanción, autónoma e independiente a la multa, que conlleve juzgar dos veces al conductor por haber cometido una sola infracción. Se trata de dos sanciones complementarias, consecuencia jurídica de un mismo “enjuiciamiento”. Considerar que las disposiciones contenidas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Territorial, violan el principio de non bis in idem, supone confundir los conceptos de “sanción” y “enjuiciamiento”. Precisamente, con ocasión del análisis de una demanda que acusaba de inconstitucional otra norma sancionatoria de este mismo código, fundada en un argumento similar, esta Corte dijo en la Sentencia C-526 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra),
“La Corte considera que no le asiste razón al actor sobre la presunta violación del principio non bis in idem, pues, de acuerdo con su explicación, se observa que está confundiendo los términos sanción y enjuiciamiento.
En efecto, la disposición acusada establece que si una persona incumple el deber legal de suministrar una información a las autoridades de tránsito, esta conducta le genera una doble sanción: de un lado, una sanción pecuniaria y del otro, la imposibilidad de adelantar trámites de tránsito, ante estas autoridades hasta que pague la multa y cumpla con la declaración requerida. En cambio, la prohibición constitucional, en el artículo 29, se refiere es al doble enjuiciamiento, así: ”y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”” (11) .
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-526 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). En este caso la Corte resolvió declarar exequible el inciso segundo del parágrafo 5º del artículo 8 de la Ley 769 de 2002 (CNTT) con base en la siguiente decisión: “(...) no hay la violación de que habla el actor del principio tantas veces mencionado [non bis in idem], pues la doble sanción negativa, de distinta naturaleza, corresponde a las consecuencias del mismo comportamiento del ciudadano incumplido y no a un doble enjuiciamiento por la misma conducta (...)”.
En este fallo la Corte decidió reiterar su jurisprudencia sobre el tema, fundándose en la Sentencia C-088 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), en la que se consideró que “(...) el hecho de que un mismo comportamiento (abandono del cargo) pueda generar una doble consecuencia negativa para el empleado de carrera (sanción disciplinaria y retiro de la carrera) no representa obligatoriamente una violación de la prohibición de doble enjuiciamiento, pues no solo no es claro que ambos tipos de efectos constituyan sanciones, sino que incluso si lo fueran, podrían tener fundamentos normativos y finalidades distintas”.
Por ejemplo, cuando un conductor realiza un giro prohibido, responde únicamente con el pago de una multa. Pero cuando la infracción consiste en no cumplir con alguno de los requisitos legales existentes para que el vehículo pueda circular o para que el conductor pueda manejar, la multa es una medida que ofrece una sanción insuficiente. Si la autoridad competente no inmoviliza el vehículo luego de imponer la multa y le permite al conductor continuar su camino, estaría autorizándolo a seguir cometiendo el comportamiento por el cual lo sancionó.
2.5. La relación inescindible que existe entre el incumplimiento de alguno de los requisitos para poder circular y la sanción de inmovilización se muestra evidente en las normas. La ley exige que exista efectivamente un impedimento para poder circular, como condición para imponer la sanción de inmovilización a un vehículo. Además se trata de una sanción que persiste hasta el momento en que se subsane el impedimento para poder circular. Si la falencia puede corregirse en el lugar en que fue inmovilizado el vehículo, entonces este no será conducido a otro lugar. En este mismo sentido, el parágrafo 3º del artículo 125 del CNTT indica que en “el caso de vehículos de servicio público, cuando no sea posible subsanar la falta por encontrarse el vehículo retenido, la autoridad de tránsito podrá ordenar la entrega al propietario o infractor previa suscripción de un acta en la cual se comprometa a subsanarla en un plazo no mayor a cinco días”. Adicionalmente, debe señalar la Corte que tal como demostró el Ministerio de Transporte a través de copias allegadas al expediente, la aplicación de estas normas ha sido guiada por circulares ministeriales que orientan su interpretación de acuerdo con el espíritu preventivo, propio de la inmovilización de vehículos (12) .
(12) El Ministerio de Transporte, con “el propósito de unificar en todo el territorio nacional, los criterios para inmovilizar los vehículos automotores de acuerdo con lo dispuesto en el Nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre”, expidió la Circular 1044 el 21 de enero de 2003.
3.2. La Constitución señala (C.P., art. 24) que “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. Este derecho fundamental, junto con el mandato constitucional según el cual “corresponde al Congreso hacer las leyes” mediante las cuales deberá cumplir, entre otras, la función de “unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República” (C.P., art. 150, num. 25), constituyen el fundamento constitucional del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Esta competencia expresa y exclusiva que le confirió la Constitución al legislador para regular este tema, fue reiterada por el Congreso mismo en el artículo 6º del CNTT. La norma fue demandada ante esta corporación, que la declaró exequible sobre la siguiente base: “(...) es al Congreso de la República a quien corresponde la regulación de los derechos y libertades como titular, por regla general, del poder de policía (13) y que en este caso, además, la Constitución le atribuyó la competencia para unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República” (14) .
(13) Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver los apartes citados en las notas 43 y 44 precedentes.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En este fallo la Corte resolvió declarar exequibles, por los cargos formulados, las expresiones “Los gobernadores y los alcaldes, las asambleas departamentales y los concejos municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito”, contenidas en el primer inciso del parágrafo 3º del artículo 6º de la Ley 769 de 2002.
El objetivo central de dicha regulación es el de garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, así como la preservación de un ambiente sano con la protección del uso común del espacio público. En este sentido, es evidente que las normas que lo integran tienen relación directa con los derechos de los terceros y con el interés público, pues estos son los conceptos que principalmente se ven involucrados en la ecuación vía-persona-vehículo.
En este contexto, es el Estado el que debe garantizar que esa coordinación exista y que los diferentes factores que intervienen en el tráfico de vehículos y personas sea a tal punto armónica, que su dinamismo se refleje en la consecución de niveles más altos de salubridad y seguridad ciudadanas. De allí que, en materia de tránsito, no solo los individuos de a pie, sino los vehículos —cualquiera sea su naturaleza— deban estar sometidos a regulaciones concretas que permitan su integración armónica en la dinámica diaria de la circulación” (15) .
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En este caso la Corte resolvió declarar exequible, condicional y parcialmente, el artículo 98 del CNTT.
3.4. El legislador puede entonces, legítimamente, imponer limitaciones a la libertad de locomoción, siempre y cuando estas sean razonables. No es de recibo, por tanto, el argumento de la demanda según el cual “(...) la inmovilización de vehículos, concretamente los de servicio público (...) desconoce la prevalencia de la Constitución sobre las demás leyes o normas jurídicas, por cuanto introduce unas limitaciones al principio universal de locomoción que afecta no solo a los vehículos, a las empresas de transporte, los deberes que estas tienen que cumplir con unas rutas y horarios establecidos, sino los derechos de los inversionistas, de los usuarios y conductores”. La libertad de locomoción puede ser limitada en tanto la restricción impuesta sea razonable.
3.5. Antes de establecer la razonabilidad de las medidas acusadas, se pasa a caracterizar el grado de afectación del derecho. Sin duda, las posibilidades de locomoción y circulación de una persona que se desplaza en un automóvil que se encuentra inmovilizado se afectan, pero no se limitan significativamente, mucho menos excesiva o desproporcionadamente. La persona, de hecho, puede circular por el territorio con plena libertad a pie o por cualquier otro medio de transporte a su alcance; incluso, puede hacerlo conduciendo un automóvil (siempre y cuando la inmovilización no haya tenido lugar por no contar con una licencia de conducción vigente). Adicionalmente, como se explicó en el apartado anterior, la inmovilización solo se mantiene en tanto persistan las condiciones por las cuales se le impidió circular. Es decir, el tiempo durante el cual se limita el derecho depende, primordialmente, del propio sancionado.
3.6. Así pues, teniendo en cuenta, por un lado, que las disposiciones acusadas limitan una libertad constitucional, pero por otro, que la restricción impuesta no es significativa y versa sobre un tema respecto del cual la Constitución reconoce una competencia específica y particular al legislador, la Corte analizará los apartes de los literales B, C y D del artículo 131 del CNTT objeto de la presente demanda para determinar si la limitación impuesta al derecho busca un fin constitucional importante, a través de un medio que no está prohibido y que es efectivamente conducente para lograr el fin buscado. De lo contrario, según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, la limitación no será razonable (16) .
(16) Sobre una exposición y análisis de cómo ha de ser el juicio de constitucionalidad en casos como estos, ver la Sentencia C-673 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
3.6.1. Según el Ministerio de Transporte, la decisión del legislador de ordenar a la autoridad de tránsito que en ciertos casos imponga, como sanción complementaria a la multa, inmovilizar el automóvil, está orientada a evitar que “(...) se sigan poniendo en inminente riesgo, intereses jurídicamente protegidos de suprema prevalencia, como (...) la seguridad de los usuarios”. Las normas sobre tránsito terrestre que imponen la sanción de inmovilización, afirma el gobierno, propenden al desarrollo “(...) de los fines esenciales del estado colombiano previstos en la Constitución Política, buscar la garantía y adecuada protección de la vida y bienes de los asociados, así como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Por tanto, el doble fin buscado por el legislador (defender los derechos fundamentales de quienes eventualmente podrían verse lesionados y mantener el orden en las vías, calles y espacio público) al establecer la inmovilización en los apartes del artículo 131 del CNTT acusados es constitucionalmente importante.
3.6.2. El medio elegido por el legislador en este caso consiste en inmovilizar el vehículo, es decir, en ordenar a la autoridad de transporte que retenga temporalmente un bien mueble. La retención de bienes, en especial como medida preventiva, es un medio que no está en sí mismo prohibido.
3.6.3. Finalmente la Corte debe establecer si la medida adoptada (imponer la sanción de inmovilizar el vehículo del infractor en las hipótesis contempladas en el artículo 131 del CNTT) es efectivamente conducente para la consecución del fin propuesto (evitar que se pongan en inminente riesgo los derechos fundamentales de las personas que se encuentren en la calle y podrían verse lesionadas y mantener el orden público y el correcto funcionamiento en el tránsito). Debido a que los comportamientos a analizar son varios y diversos, a continuación se considerarán las infracciones en cuatro grupos: (i) las referentes a la prueba de idoneidad del conductor, (ii) las referentes al lugar por el que se transita, (iii) las referentes a la idoneidad del vehículo y (iv) las referentes control del riesgo.
(i) El primer grupo está compuesto por aquellas sanciones que se imponen a los conductores que circulan por la ciudad sin contar con la licencia de conducción, prerrequisito básico por cuanto es el criterio con el que socialmente se verifica la idoneidad del conductor. Esto ocurre cuando se conduce “sin llevar consigo la licencia” (17) ; “con la licencia vencida” (18) ; “con la licencia adulterada o ajena” (19) , o la más grave de todas, cuando se conduce “sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente” (20) . En estos casos, no inmovilizar el vehículo de alguien que incurrió en una de estas conductas, implicaría que la autoridad de tránsito autorizaría a las personas a desplazarse en vehículos sin llevar consigo la licencia de conducción, teniéndola vencida, adulterada o ajena, o simplemente porque nunca la han obtenido. Por tanto, inmovilizar el vehículo es un medio efectivamente conducente para salvaguardar los derechos de los peatones y demás conductores y pasajeros.
(17) Artículo 133, literal B, inciso 1º, CNT(sic).
(18) Artículo 133, literal B, inciso 2º, CNT(sic).
(19) Artículo 133, literal C, inciso 1º, CNT(sic).
(20) Artículo 133, literal D, inciso 1º, CNT(sic).
(ii) El segundo grupo de infracciones es el de aquellas en que el conductor se encuentra transitando por un lugar vedado, general o específicamente. Esto ocurre cuando se transita por “sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente” (21) o cuando se cambia “el recorrido o trazado de la ruta para vehículo de transporte de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente” (22) . En ambos casos, por razones de orden público, se han establecido zonas de la malla vial en las que permanente o temporalmente no se puede circular. En este segundo grupo de casos, la sanción de inmovilización también constituye un medio conducente para obtener el fin buscado (conservar el orden público y salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran en la calle). En efecto, la forma concreta como se impide que se afecte el orden vial en estos casos es deteniendo el vehículo que cometa la infracción. Una vez se logre este cometido, lo que corresponde es retirar el automóvil de la vía, pues lo contrario implica autorizar a la persona a continuar realizando el acto por el cual precisamente fue sancionado, esto es, transitar por una zona que le está vedada.
(21) Artículo 133, literal C, inciso 14, CNT(sic).
(22) Artículo 133, literal D, inciso 17, CNT(sic).
(iii) El tercer grupo de infracciones es el de aquellas situaciones en que se circula por las vías con un vehículo que no reúne las condiciones de seguridad exigidas por la ley, o no observa las reglas que permiten identificarlo. Estas infracciones consisten en conducir un vehículo sin haber informado “a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo” (23) ; conducirlo “con dos o más luces dañadas” durante los momentos del día en que se exige su uso (24) , o conducirlo “empleando combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan la vida de los usuarios o de los peatones” (25) . Nuevamente, si un carro representa un peligro por el combustible que porta, porque carece de luces o porque no es identificable, es un carro que no puede circular. Esta sanción es un medio conducente para obtener el fin de preservar el orden público del tránsito y evitar que corran un riesgo alto e innecesario los peatones y demás conductores y pasajeros.
(23) Artículo 133, literal B, inciso 7º, CNT(sic).
(24) Artículo 133, literal C, inciso 14, CNT(sic).
(25) Artículo 133, literal D, inciso 16, CNT(sic).
(iv) La última clase de infracciones cuenta con solo un ejemplo en la presente demanda. En este caso no se trata de la idoneidad del conductor, ni del espacio por el que se circula, ni de las condiciones del vehículo; en este caso la infracción consiste en no asegurar los riesgos a los que se somete a los terceros. Conducir vehículos es una actividad peligrosa. En esa medida, quien usa un carro se expone no solo a sí mismo, sino también a los transeúntes y al público en general por donde transita. Para enfrentar esta situación, la ley exige a los conductores contar con un seguro que cubra los eventuales perjuicios que se causen a terceros. Así pues, en este caso la falta consiste en conducir “sin portar los seguros ordenados por la ley”. El legislador no permite conducir un vehículo sin portar los seguros ordenados por la ley, pues de llegar a causársele un grave perjuicio a una persona, la víctima carecería de una garantía real y efectiva de que el daño será resarcido. Por tanto, en este caso la medida de inmovilización también es conducente al fin buscado.
3.6.4. En conclusión, la sanción de inmovilización del vehículo contemplada en las disposiciones contenidas en el artículo 131 del CNTT es razonable bajo cada uno de los supuestos. Se trata de normas que imponen una restricción a un derecho (libertad de locomoción), en pro de un fin constitucionalmente importante (la protección de los derechos fundamentales de las personas que transitan por las vías y la conservación del orden público vial), a través de un medio que no está prohibido (imponer como sanción la retención temporal de un bien) y es efectivamente conducente para lograr el fin buscado.
El accionante solicita que para evitar los eventuales problemas que pueda conllevar la sanción de inmovilización del vehículo, en términos de garantizar los ingresos de las familias de quienes se dedican al oficio de conducir, se les permita continuar conduciendo el vehículo. Para el accionante la multa es suficiente. Las limitaciones que eventualmente conlleva para los derechos patrimoniales y familiares la inmovilización del vehículo, cuando este es una herramienta de trabajo, son a su juicio innecesarias y por lo tanto injustificadas.
5. Las sanciones a conductores de vehículo automotor demandadas en el presente proceso no se encuentran contenidas en otras normas del ordenamiento.
5.1. Rafael Patiño Londoño (D-4696) considera que la sanción de inmovilización impuesta a los conductores de vehículo automotor que incurran en los comportamientos tipificados en los apartes demandados del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (CNTT, L. 769/2002) no se requieren, pues el “estatuto de infracciones y sanciones contenido en el Decreto 176 de 2001, contempla una serie de disposiciones todas tendientes a prevenir las conductas que ahora se sancionan subsidiariamente con la inmovilización”. Se trataría entonces, de medidas inconstitucionales por cuanto conllevan restricciones irrazonables a la libertad de locomoción.
5.2. Para el demandante, las restricciones a la libertad de locomoción que conlleva la inmovilización no se requieren por cuanto existen otras sanciones “tendientes a prevenir las mismas conductas”. No obstante, en el presente caso (i) las sanciones del decreto invocado por el demandante no previenen las mismas conductas que las sanciones del CNTT (L. 769/2002) acusadas, y (ii) si así fuera, en todo caso ello no implica que las inmovilizaciones del código “no se requieran”, tanto por la jerarquía normativa como por el hecho de que se trata de medidas diferentes.
5.2.1. Las “inmovilizaciones” contempladas en el artículo 131 del CNTT (L. 769/2002) se imponen a todos los conductores de vehículo automotor. Están encaminadas a prevenir la comisión de algunas de las faltas básicas que puede cometer cualquier conductor en el territorio nacional. Por su parte, el Decreto 176 de febrero 5 de 2001 tiene por objeto “(...) establecer las obligaciones de las empresas de transporte público terrestre automotor y fijar el régimen de sanciones aplicable a cada modalidad de servicio” (art. 1º). En la primera parte, el decreto establece las obligaciones generales de todas las empresas de transporte público terrestre y las obligaciones particulares que tiene cada una de ellas, de acuerdo al tipo específico de transporte terrestre que preste; en la segunda parte, el decreto establece las sanciones por incumplir dichas obligaciones.
Así pues, mientras las normas acusadas del artículo 131 del CNTT (L. 769/2002) van encaminadas a prevenir que se cometan faltas básicas tales como conducir sin licencia, con la licencia vencida, transitar por sitios restringidos o de noche y sin luces, el Decreto 176 de 2001 se ocupa de prevenir aquellas faltas generales que pueden cometer las empresas trasportadoras de pasajeros (26) , o aquellas que específicamente pueden cometer las empresas de transporte público terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y/o municipal de pasajeros (27) , los prestadores de servicio escolar en vehículo particular (28) , las empresas de transporte público en vehículos taxi (29) o las empresas de transporte público terrestre automotor de carga (30) .
(26) El Decreto 176 de 2001 contempla sanciones a las empresas que dejen de informar a la autoridad de transporte competente los cambios de sede de domicilio principal y oficinas; no suministren a la autoridad competente durante los cuatro (4) primeros meses de cada año la documentación e información requerida; no velen por que sus vehículos lleven los distintivos, número de orden y razón social de la empresa; no vigilen y constaten que los conductores de sus vehículos se encuentren afiliados al sistema de seguridad social o que no gestionen, obtengan y suministren oportunamente las tarjetas de operación, entre otras conductas.
(27) El Decreto 176 de 2001 contempla sanciones a las empresas de transporte colectivo que, por ejemplo, no mantengan el nivel de servicio autorizado en cada una de las rutas; no efectúen los recaudos relacionados con el fondo de reposición e informen mensualmente a la autoridad de transporte competente sobre los valores consignados para este efecto; no despachen los vehículos vinculados desde los sitios autorizados o no despachen los vehículos conducidos por personas idóneas.
(28) El Decreto 176 de 2001 contempla sanciones a los prestadores de servicio escolar en vehículo particular que, entre otras conductas, no mantengan las condiciones que dieron origen al permiso; no mantengan el vehículo pintado con los colores y distintivos propios del servicio; no sometan semestralmente a revisión técnico mecánica el vehículo con el fin de verificar el correcto funcionamiento de acuerdo con la programación que para el efecto fijen las autoridades municipales o que no mantengan durante la prestación del servicio la presencia de un adulto para la protección y cuidado de los menores.
(29) El Decreto 176 de 2001 contempla sanciones a las empresas de transporte público en vehículos taxi que no expidan oportunamente la tarjeta de control para los vehículos a ella vinculados sin exigir cobro alguno por la misma; no suministren las planillas de viaje ocasional a los propietarios de los vehículos vinculados, sin cobrar suma adicional a la establecida por el Ministerio de Transporte para esta especie venal; no vigilen y constaten que los vehículos sean conducidos por personas idóneas o que no presenten dentro de los primeros cuatro (4) meses del año, el modelo de contrato que utilizarán para la vinculación de los vehículos.
(30) El Decreto 176 de 2001 contempla sanciones a las empresas de transporte público terrestre automotor de carga que no expidan la remesa terrestre de carga cuando esté obligada a ello; no desarrollen programas de capacitación a través del Sena o de las entidades especializadas a todos los operadores de los equipos propios, con el fin de garantizar la eficiencia y profesionalización de los operarios; no verifiquen que el transporte de mercancías se realice previo cumplimiento de los requisitos de embalaje y rotulado conforme a las exigencias propias de su naturaleza; no expidan manifiesto de carga; no verifiquen que los vehículos cuenten con la tarjeta “registro nacional de transporte de carga” o que no verifiquen el cumplimiento de los requisitos para el transporte de mercancías especiales y/o peligrosas, entre otras.
5.2.2. En todo caso, si las sanciones contempladas por el decreto buscaran prevenir exactamente las mismas conductas que pretenden evitar las sanciones de inmovilización contempladas por los apartes acusados del artículo 131 del CNTT, no sería cierto que estas últimas serían innecesarias. Por una parte, porque las normas del Código de Transporte acusadas son disposiciones jurídicas de rango legal expedidas en el año 2002, mientras que las del Decreto 176 son de rango reglamentario y fueron expedidas en el año 2001. Es decir, porque las normas acusadas son (a) jerárquicamente superiores y (b) posteriores a las del decreto. Por otra parte, porque como ya se indicó, las multas no cumplen el mismo objetivo que la “inmovilización”. Mientras que la multa consiste en imponer una sanción dineraria a la persona, la segunda es una medida que impide materialmente que continúe la conducta sancionada.
6. Los ciclistas y los motociclistas pueden recibir el mismo trato, en aquellos aspectos en los que ambas actividades son análogas.
6.1. El ciudadano José Borrero Navia (D-4697) considera que el artículo 94 del CNTT desconoce el principio de igualdad al someter al mismo trato a los ciclistas y a los motociclistas, es decir, al tratar de forma igual situaciones que a su juicio son distintas y merecen un trato jurídico diverso. El demandante controvierte los dos primeros incisos de dicha disposición (31) .
(31) CNTT, ART. 94.—Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: || Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. (...).
6.2. En primer lugar, es preciso advertir que la cuestión acerca de si los ciclistas y los motociclistas debe ser regulados conjuntamente o no, es un falso dilema. Las bicicletas no son en sí, de forma definitiva y esencial, iguales o diferentes a las motocicletas. Dependiendo del contexto de la regulación y el sentido de la misma serán comparables o no. Si se compara a los peatones con quienes usan vehículos, ciclistas y motociclistas quedarán juntos; si se distingue a los vehículos con motor de los que no lo tienen, quedarán separados; si se clasifican los vehículos entre los de gran tamaño y los pequeños, quedan juntos. Dependiendo del propósito que tenga el legislador al regular un tema, habrá de definir cuáles son los criterios que empleará para clasificar y organizarlo.
Así pues, no es posible evaluar, en abstracto, la constitucionalidad de una medida por haber dado el mismo tratamiento a los ciclistas y a los motociclistas. Es necesario definir respecto de qué se les trata igual o diferente y por qué. Solo así es posible determinar la razonabilidad de una medida legislativa. De acuerdo a ello el primer inciso del artículo 94 no viola la Constitución al indicar que el resto de incisos contemplan reglas comunes a las motos y a las bicicletas.
6.3. El demandante solo acusa una regla específica, el segundo inciso del artículo 94 del CNTT. La norma señala que tanto conductores de motos y bicicletas, como de triciclos y mototriciclos, “deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público”. Considera que la potencia y velocidad de las motos es una diferencia relevante que ha debido tenerse en cuenta, pues considera que a la postre, al tener que competir todos estos vehículos por el mismo espacio de un metro en la calle, terminarán siendo excluidos los ciclistas.
6.3.2. Con relación a la supuesta discriminación que existiría por prohibir conjuntamente a conductores de motos y ciclas “utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo”, es evidente para la Corte que no existe. Teniendo en cuenta que se trata de vías “exclusivas”, cualquier vehículo que no sea de servicio público colectivo, no solo las motos y las ciclas, tiene prohibido circular por ellas. Es claro pues, que el fragmento final del segundo inciso del artículo 94 del CNTT no constituye una discriminación a los ciclistas.
7. Imponer multas de 4 salarios mínimos diarios no es desproporcionado con relación a las multas para carros.
Al comparar las multas que se imponen por las diferentes infracciones que contempla el artículo 131 del Código de Tránsito, se advierte, prima facie, que el legislador considera más graves las infracciones en que incurren los automotores. Mientras que a los ciclistas no se les exige licencia y se les sanciona con multas de 4 salarios mínimos diarios vigentes por “no respetar las señales de tránsito” o “por transitar por zonas prohibidas”, a los conductores se les exige licencia y se les sanciona con 8 salarios diarios mínimos vigentes si no la tienen con ellos mientras conducen o si no pagan un peaje, o con 30 salarios diarios mínimos vigentes a quien obstruya una ambulancia. El legislador dispone de un margen suficiente para determinar el monto de las multas y no compete a la Corte disminuir la cuantía de las multas para los ciclistas o aumentar el monto de las multas para los automovilistas.
7.4. Dicho lo anterior, concluye la Corte que no constituye una pena desproporcionada, en principio, imponer una multa de 4 salarios diarios mínimos a un ciclista, sin embargo, en la medida que no hay cargos específicos contra ninguno de los comportamientos tipificados como infracciones la Corte tan solo declarará exequible el literal A del artículo 131 del CNTT en relación con los argumentos aquí analizados.
8. Inhibición con relación a las definiciones acusadas.
El ciudadano José Borrero Navia (D-4697) considera que el artículo segundo incurre en dos yerros. El primero es que la definición de “ciclovía” contemplada en el artículo 2º es equívoca por cuanto no coincide con el uso que se le da al término en los ámbitos académicos y técnicos, y en la literatura especializada acerca del tema. Según la definición que estableció el legislador del 2002 en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, una ciclovía es una vía o sección de calzada que solo ocasionalmente se destina al uso de bicicletas, triciclos y peatones. En cambio, afirma el demandante, en la literatura acerca del tema, “ciclovía” se usa para hacer referencia a cualquier vía destinada al uso de los ciclistas, bien sea exclusiva o compartida, pública o privada, temporal o permanente, unidireccional o bidireccional, urbana o interurbana. El segundo yerro es que el artículo 2º omitió incluir dentro de los conceptos definidos otros tipos de vías destinados a bicicletas.
1. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los incisos 1º, 2º y 7º del literal B, los incisos 1º y 14 del literal C, y los incisos 1º, 2º, 9º, 16 y 17 del literal D del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, CNTT.
2. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los incisos 1º y 2º del artículo 94 y el literal A del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, CNT(sic).
3. INHIBIRSE de pronunciarse con relación al artículo 2º de la Ley 769 de 2002, CNT(sic).

References: ARTÍCULO 131
 ARTÍCULO 94
 artículo 131
 artículo 2
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 131
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 125
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 98
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 Artículo 133
 Artículo 133
 Artículo 133
 Artículo 133
 Artículo 133
 Artículo 133
 Artículo 133
 Artículo 133
 Artículo 133
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 94
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 artículo 131
 artículo 131
 artículo 2
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 artículo 131
 artículo 94
 artículo 131
 artículo 2