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Timestamp: 2017-10-17 03:57:39+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 2 de noviembre de 2010. Nulidad de comprobación de valores: Efectos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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ITPAJD: Liquidación tributaria. Nulidad de comprobación de valores. Falta de motivación. Facultad de la Adminstración de efectuar una nueva valoración subsanando los vicios de la primera. Desestimación del recurso de casación: ausencia de identidad de hechos, fundamentos entre la sentencia impugnada y la de contraste.
Visto por esta Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 107/2006, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Consuelo Cubero Huerta, en nombre y representación de la entidad CAMPOCIERTO, S.L., contra la sentencia de 15 de julio de 2005, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso contencioso administrativo 446/2004, sobre liquidación tributaria en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).
Interviene como parte recurrida la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, representadas y asistidas respectivamente por el Abogado del Estado y la Letrada del Servicio Jurídico.
Primero.-La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, dictó sentencia de 15 de julio de 2005, que contiene el siguiente fallo: "Con desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad CAMPOCIERTO, S.L. contra el referido acuerdo del Tribunal Económico Regional de Andalucía, debemos confirmarlo y los confirmamos dada su adecuación al Orden jurídico. No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas".
Segundo.-Notificada la sentencia, se presentó escrito en 26 de septiembre de 2005 por la representación procesal de la entidad CAMPOCIERTO, S.L. interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina, interesando se dictase sentencia que case la recurrida y resuelva el debate planteado modificando las declaraciones efectuadas, quedando establecidas en el sentido de que se declare la nulidad de pleno derecho de la liquidación por comprobación de valores girada por la Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaira por falta de motivación de la misma y vulneración de los principios de defensa e interdicción de los poderes públicos en el contribuyente.
Tercero.-La representación procesal de la Junta de Andalucía, por escrito de 3 de marzo de 2006, solicitó que se tuviera por formulada su oposición a dicho recurso, interesando la inadmisión y, subsidiariamente, su desestimación, confirmando la doctrina y criterio de la sentencia recurrida. Asimismo, la Abogacía del Estado, por escrito de fecha 25 de enero de 2006, interesó la desestimación del recurso.
Cuarto.-Recibidas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el 27 de octubre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Primero.-Se impugna, mediante este recurso de casación en unificación de doctrina, la sentencia de fecha 15 de julio de 2005, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso contencioso administrativo 446/2004, sobre liquidación tributaria en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).
Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el fundamento de ésta."
Tercero.-El análisis de la Sentencia de 15 de julio de 2005 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, objeto de recurso, y de las Sentencias de 22 de febrero de 1992, 12 y 28 de mayo de 1994, dictadas todas ellas por la Sala de de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pone de manifiesto la inexistencia de las identidades que este tipo de cauce casacional exige a la hora del análisis comparado de las sentencias de contraste y la que se recurre.
Así, como hemos señalado, la Sentencia recurrida de 15 de julio de 2005, asumiendo la tesis mantenida por la Administración, y a pesar de la brevedad de sus razonamientos jurídicos, parece admitir la procedencia de una segunda valoración por parte de la Administración actuante cuando la primera adolece de falta de motivación, todo ello sin perjuicio de la ulterior extinción del derecho a comprobar si la motivación vuelve a ser insuficiente o se aprecia la prescripción.
Por el contrario, en las sentencias invocadas de contraste, se evidencia que las cuestiones debatidas distan del objeto litigioso antes descrito. Así, en la Sentencia dictada por esta sala en 22 de febrero de 1992, lo que se discute es el derecho de la Administración a practicar una comprobación valorativa cuando el valor asignado por los contratantes al bien transmitido, a efectos del ITP es el fijado a efectos del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. La segunda y tercera de las Sentencias aportadas, ambas de 12 de mayo de 1994, así como la última, de 28 de mayo de 1994, en nada contradicen a la ahora recurrida, toda vez que son parangonables, versando estas últimas acerca de la necesaria motivación de las comprobaciones con carácter general así como las pautas valorativas aplicables.
En este sentido, no debe olvidarse que la finalidad primera de esta modalidad singular del recurso de casación no es corregir la eventual infracción legal en que pueda haber incurrido la sentencia impugnada, sino reducir a la unidad criterios judiciales de resolución dispersos y contradictorios, fijando la doctrina legal al hilo de la cuestión controvertida. Consecuentemente, si las sentencias que pretendidamente contradicen la resolución impugnada, son huérfanas del elemento de contraste elemental y sobre el que gira el fallo desestimatorio de la instancia, mal puede depurarse la falta de sintonía de las respuestas jurisdiccionales si falta el término común denominador sobre el que se denuncia la contradicción y, por ende, ninguna doctrina procede unificar.
Cuarto.-No obstante, y los solos efectos dialécticos, aun en el caso de que fuese apreciable la triple identidad legalmente exigida, ello es presupuesto necesario pero no suficiente para estimar una pretensión casacional para la unificación de doctrina, siendo requisito adicional que la doctrina combatida sea incorrecta, lo que tampoco se aprecia en los presentes autos, pues la doctrina sostenida por la sentencia impugnada se cohonesta con la que esta Sala viene manteniendo de manera consolidada, siendo manifestación de la misma la reciente Sentencia de 21 de junio de 2010 (rec. de casación para la unificación de doctrina 7/2005), que señala al respecto:
"Lo que evidentemente refleja una contradicción con el pronunciamiento de la misma Sala y Sección que se combate, pues la solución jurídica a que se llega en uno y otro caso son distintas, no en vano, en la que se recurre se resuelve la nulidad de la liquidación tributaria como corolario de la previa declaración de nulidad de la comprobación de valores como consecuencia de su insuficiente motivación, mientras que en la sentencia de contraste se considera que resultando nula la comprobación de valores al adolecer de motivación suficiente, no puede predicarse sin más la nulidad también de la liquidación tributaria girada, sino que lo oportuno sería dar oportunidad a la Administración para llevar a cabo una nueva comprobación de valores que incorpore los argumentos y justificaciones preceptivos. En suma, que partiendo ambas resoluciones de la misma premisa, a saber, la falta de motivación en la comprobación de valores, una, la de contraste, acoge la doctrina de la Sala de la que es exponente la Sentencia de 29 de diciembre de 1998 (rec. de casación 4678/1993), cuando señaló:
"La Sala no comparte en absoluto esta [...] doctrina. Nos hallamos ante un acto administrativo de valoración de un inmueble llevada a cabo por un perito de la Administración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121, apartado 2 de la Ley General Tributaria, y de acuerdo con una doctrina jurisprudencial reiterada hasta la saciedad, debe ser motivada, expresando el modelo o criterios valorativos utilizados, y los datos precisos para que el interesado pueda discrepar si lo considera pertinente, de manera que si no se cumplen estos requisitos el interesado se halla indefenso, porque ante el vacío total de justificación no puede plantear una valoración contradictoria, de ahí que al amparo del artículo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958, tal acto administrativo es anulable por indefensión, que es exactamente lo que ha mantenido la sentencia recurrida en casación.
Ahora bien, la anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garantías de los interesados.
En este sentido son aleccionadores los artículos 52 y 53 de la misma Ley de Procedimiento Administrativo que disponen que en el caso de nulidad de actuaciones, se dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites, cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizado la infracción origen de la nulidad, y también que la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, preceptos que llevan claramente a la idea de que los actos administrativos de valoración, faltos de motivación, son anulables, pero la Administración no sólo esta facultada para dictar uno nuevo en sustitución del anulado, debidamente motivado, sino que esta obligada a ello, en defensa del interés público y de los derechos de su Hacienda."
Mientras que la impugnada, con infracción de los artículos 66 y 67 de la Ley 30/1992 y el artículo 54 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, que regulan el principio de conservación de actos y trámites y de convalidación de actos anulables, aplica una consecuencia de nulidad contraria a la jurisprudencia de esta Sala, que ante la falta de motivación de una comprobación de valores efectuada por la Administración admite la procedencia, por una sola vez, de una nueva valoración que incorpore la motivación exigible.
Finalmente sí cabe señalar que la fecha de la liquidación consecuente de la nueva comprobación de valores puede, eventualmente, representar el dies a quo del devengo de intereses, ya que solo entonces cabria considerar existente una deuda liquida que fuera exigible."
Quinto.-En atención a los razonamientos expuestos, procede declarar la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que determina la imposición de las costas a la entidad recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.5, en relación con el art. 139, ambos de la LJCA.
La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo 139.3 de la LJCA, señala 3.000 euros como cuantía máxima de los honorarios del Letrado, a los efectos de las referidas costas.
Que debemos declarar, y declaramos, no haber lugar al Recurso de Casación en Unificación de Doctrina formulado por CAMPOCIERTO, S.L., contra la sentencia de 15 de julio de 2005, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso contencioso administrativo 446/2004, con expresa, por obligada, imposición de costas a la parte recurrente que no podrán exceder de 3.000 euros.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 121
 artículo 48
 artículo 54
 Real Decreto 
 artículo 139