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Informe sobre la aplicación de: capítulo I: instrumento internacional de marcaje y trazado de armas pequeñas y ligeras
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PROGRAMA DE ACCIÓN PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS (APAL) EN TODOS SUS ASPECTOS (2001-2008)
CAPÍTULO I: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL DE MARCAJE Y TRAZADO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS
1.- POSICIÓN ESPAÑOLA RESPECTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 2.- MARCO JURÍDICO Y ESTRUCTURA NACIONALES PARA GESTIONAR LAS APAL
3.1.- Generalidades 3.2.- Sistema nacional de marcaje 4.2.1.- La fabricación 4.2.2.- La importación
3.5.- Técnicas y procedimientos de destrucción de armas pequeñas y ligeras 3.6.- La condición de armero
5.1.- Unión Europea (UE) 5.2.- Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 5.3.- Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
5.7.- Grupo de América Latina y el Caribe (GRUALC) 5.8.- Comunidad de Estados del África Occidental (CEDEAO) 5.9.- Cooperación multilateral
PROLIFERACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS: POSICIÓN ESPAÑOLA
AGENCIA NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PUNTOS DE CONTACTO La Agencia Nacional de Coordinación
Punto de Contacto Nacional es: Subdirector General de No Proliferación y Desarme Teléfonos: (+34) 91.379.17.65 Telefax: (+34) 91.394.86.78 El Punto de contacto
CAPÍTULO I: INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL DE MARCAJE Y TRAZADO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS
CAPÍTULO II: INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL
Proceso de seguimiento del Programa de Acción
INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE:
INSTRUMENTO INTERNACIONAL DE MARCAJE Y TRAZADO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS
luis.gomez@maec.es
AGENCIA NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PUNTOS DE CONTACTO
CAPÍTULO II: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS (APAL) EN TODOS SUS ASPECTOS
1.- POSICIÓN ESPAÑOLA RESPECTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN
2.- MARCO JURÍDICO Y ESTRUCTURA NACIONALES PARA GESTIONAR LAS APAL
3.- SISTEMA NACIONAL DE MARCAJE DE LAS ARMAS DE FUEGO. EL CONTROL DE LA FABRICACIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO. LAS ARMAS DE FUEGO ANTIGUAS. DESTRUCCIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO. LA CONDICIÓN DE ARMERO
3.2.- Sistema nacional de marcaje
4.2.1.- La fabricación
4.2.2.- La importación
3.3.- Procedimientos de control de la fabricación de armas de fuego
3.4.- Armas de fuego antiguas y de coleccionismo
3.5.- Técnicas y procedimientos de destrucción de armas pequeñas y ligeras
3.6.- La condición de armero
4.- POLÍTICAS DE CONTROL DE LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE APAL
4.1.- Política nacional de exportación
4.2.- Procedimientos, documentación, control e intermediación: apartados 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 del capítulo II del Programa de Acción
5.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL
5.1.- Unión Europea (UE)
5.2.- Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)
5.3.- Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
5.4.- Arreglo de Wassenaar (AW)
5.5.- Foro Parlamentario Permanente sobre Armas Pequeñas y Ligeras (FOPARP)
5.6.- Iberoamérica
5.7.- Grupo de América Latina y el Caribe (GRUALC)
5.8.- Comunidad de Estados del África Occidental (CEDEAO)
5.9.- Cooperación multilateral
5.10.- Cooperación bilateral
5.11.- Otros
El Reino de España ha realizado progresos significativos en la ejecución del Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir, y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos en 2007, en el periodo que abarca este informe (2001-2008), y en la aplicación del Instrumento Internacional sobre marcaje y trazado de armas pequeñas y ligeras.
El presente informe da cuenta de un número significativo de actividades legislativas y ejecutivas, así como multilaterales, y de cooperación y asistencia técnica y financiera internacional que fueron proporcionados por España a terceros países en el citado periodo. Se efectuaron operaciones para el control del tráfico, el marcaje, el rastreo, el registro y la destrucción de armas pequeñas y ligeras, así como para la capacitación y el intercambio de información a nivel inter-institucional e internacional. Se realizaron, además, actividades de promoción de cultura de paz.
Durante este periodo, se han establecido normas adicionales para mejorar la labor de control y se han mantenido constantes vínculos de colaboración con el Departamento de Asuntos De desarme de las Naciones Unidas, INTERPOL, organismos regionales (OSCE, OTAN, UE) y organizaciones no gubernamentales (nacionales y extranjeras).
En concreto, desde la remisión al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del anterior informe de España sobre la aplicación del Programa de Acción cabe destacar las siguientes acciones:
Adhesión al Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y municiones que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Transposición a la normativa nacional del Instrumento Internacional de marcaje y trazado de armas pequeñas y ligeras.
Aprobación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
Incorporación de un experto español al Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) que deberán examinar la viabilidad, el alcance y los parámetros del futuro Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.
Suscripción de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, formando parte del “núcleo duro”.
Continuación de la cooperación y asistencia técnica a terceros países desarrolladas en años anteriores, tales como la realización de seminarios, reuniones regionales, financiación de programas de destrucción de armas y municiones, incremento de seguridad de almacenes, etc.
España sostiene que una excesiva y desestabilizadora acumulación y proliferación de Armas Pequeñas y Armas Ligeras (en adelante, APAL) constituye una seria amenaza a la paz y seguridad nacionales, regionales e internacionales, así como al desarrollo social y económico de muchos Estados. España está plenamente convencida de que el tráfico ilícito de APAL alimenta los conflictos armados, exacerba la violencia y fomenta la delincuencia y el terrorismo. Asimismo, España desea expresar su grave preocupación por el estrecho vínculo existente entre el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas y minerales preciosos, por un lado, y el tráfico ilícito de APAL, por el otro.
Es sobre esta base que España acordó, al igual que otros Estados, una serie de actuaciones en los planos nacional, regional e internacional centradas, fundamentalmente, en medidas de carácter legislativo (en todos los órdenes), de infraestructura y de organización tendentes a generar y mantener un efectivo control interno sobre todas las armas en circulación (identificación, marcaje, registro y destrucción) y de coordinación y cooperación internacionales a fin de que dicho control sea global.
Con esta convicción, España concede gran importancia a la cooperación internacional para combatir y erradicar el tráfico ilícito de APAL, destacando la importancia de dicha cooperación en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia común y organizada. España ha apoyado todo el trabajo desarrollado en este campo en el marco de Naciones Unidas (NNUU), tales como las recomendaciones de diversos Paneles de Expertos Gubernamentales, las resoluciones relevantes de la Asamblea General, las declaraciones presidenciales relevantes del Consejo de Seguridad y los informes del Secretario General, así como en otros foros internacionales y regionales como la Unión Europea (UE), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el Arreglo de Wassenaar (AW), etc.
España acogió con gran satisfacción la adopción del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (en adelante, Programa de Acción, PdA) en 2001 y considera que la aplicación efectiva del PdA por los Estados contribuirá a los esfuerzos internacionales para erradicar el tráfico ilícito de este tipo de armas. Las disposiciones de la Parte II del PdA a adoptar en el ámbito nacional son, en su mayor parte, mucho menos exigentes que la normativa actualmente en vigor en España.
En el marco de la Unión Europea (UE), España ha adoptado todos los acuerdos de la UE sobre control de APAL: el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (en adelante Código de Conducta UE); la Acción Común del Consejo de la Unión Europea, de 22 de junio de 2000, sobre el control de la asistencia técnica en relación con determinados usos finales militares (2000/401/PESC); la Posición Común 2003/468/PESC del Consejo de la Unión Europea, de 23 de junio de 2003, sobre el control del corretaje de armas; la Estrategia de la Unión Europea contra la acumulación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones, adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 2005; etc.
En el ámbito de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), España fue un contribuyente activo en las negociaciones en el Foro de Cooperación en materia de Seguridad (FCS) que condujeron a la aprobación del Documento de la OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras en noviembre de 2000. El Documento OSCE supone un hito y un importante progreso en el control internacional sobre las APAL al someter estas armas, por primera vez, a notificación. España concede gran importancia a la aplicación de este Documento. En este sentido, la información relativa a España ha sido remitida al resto de Estados OSCE desde 2001, año del inicio del intercambio.
Igualmente, España apoya de forma activa los nuevos documentos que se desarrollan relacionados con el control de las APAL. En concreto, España fue uno de los redactores del capítulo tercero del “Manual de mejores prácticas de armas pequeñas y armas ligeras” sobre prácticas en materia de procedimientos nacionales de gestión y seguridad de las existencias almacenadas. También, y como colofón de la iniciativa anterior, los redactores del capítulo mencionado, entre ellos España, asistieron a Bielorrusia en la mejora de seguridad de sus almacenes, en lo que constituyó la primera colaboración el primer ejerció reasistencia conforme a la Sección V del Documento OSCE de Armas Pequeñas y Ligeras.
Por añadidura, España ha elaborado una “Relación de Material de Defensa”, publicada como Anexo I al Reglamento de Comercio Exterior de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que incluye la Lista Militar del Arreglo de Wassenaar (AW) y el Anexo del Régimen de Control de Tecnología de Misiles (RCTM), así como una lista adicional de Otro Material en el que se incluyen armas pequeñas no incluidas en los anteriores.
España, junto con otros 11 países europeos y Chile, es Estado parte del Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego Portátiles desde 1969 y pertenece y trabaja en la Comisión Internacional Permanente para la Prueba de las Armas de Fuego Portátiles y sus Municiones (CIP), encargada de regular (Reglamento CIP) las características técnicas de las pruebas de marcaje y del punzonado de los Bancos Oficiales de Prueba de los países integrantes de esa Comisión, así como del reconocimiento de los respectivos cuños.
En el ámbito interno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) españoles dedican un notable esfuerzo a la actuación en contra de grupos implicados, tanto a nivel nacional como internacional, en la comisión de delitos relacionados con las armas pequeñas y ligeras, conexos en la casi totalidad de los casos a otras figuras delictivas asociadas a la delincuencia organizada. En este sentido, el Ministerio del Interior creó en marzo de 2005 un “Sistema de Alerta Temprana” en relación con el robo, desaparición o falta de control sobre armas, explosivos u otras sustancias o materiales nucleares, biológicos, químicos o radiológicos (NBQR), susceptibles de ser empleados por organizaciones terroristas. Con esta iniciativa, se pretende prevenir que este tipo de armas o materiales puedan ser desviados y/o aprovechados por grupos terroristas para la comisión de atentados. Dicho mecanismo tiene por objeto permitir conocer y compartir en tiempo real estos hechos, de tal modo que se posibilite o se contribuya a la localización de las armas y demás efectos desaparecidos.
Más recientemente, el Pleno del Congreso de los Diputados adoptó la Ley 53/2007 sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que fue publicada el 28 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 29 de enero de 2008. Esta nueva Ley ha supuesto un paso de gran trascendencia de cara a la mejora permanente de los controles y la transparencia del control del comercio exterior de armamento y de los productos y tecnologías de doble uso y con ella España se sitúa entre aquellos países que cuentan con unas normas más exigentes en este ámbito. No se ha modificado, sin embargo, el sistema nacional de marcaje de las armas de fuego, el control de la fabricación de las armas de fuego, y los regímenes jurídicos de las armas de fuego antiguas, de la destrucción de las armas de fuego y de la condición de armero.
Las políticas de control de la exportación e importación de armas pequeñas y ligeras y los compromisos de cooperación internacional se rigen por la nueva Ley 53/2007, anteriormente mencionada, que actualiza y dota de una mayor eficacia el sistema de control en España al elevar el rango normativo de la legislación española en la materia. Dicha nueva Ley se promulga de conformidad con los criterios recogidos en el Código de Conducta de la UE en materia de exportaciones de armas.
En dicha Ley se insta asimismo al Gobierno a impulsar y participar en los procesos regionales e internacionales (UE, ONU, etc.) encaminados a un mayor control del comercio de armas en el mundo, entre ellos la posible adopción de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (más conocido por sus siglas inglesas, ATT). Por ello, España volvió a expresar su apoyo a la iniciativa promovida por diversas organizaciones a través de la campaña “Armas bajo control”, consistente en una propuesta de inicio de negociaciones en el marco de Naciones Unidas para la adopción de un instrumento universal legalmente vinculante que regule el comercio de todas las armas convencionales, y copatrocinó la Resolución A/RES/61/89, bajo el título “Hacia un Tratado sobre el comercio de armas: establecimiento de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales”, que fue adoptada por la Asamblea General de NN.UU el 18 de diciembre de 2006, en el marco del sexagésimo primero periodo de sesiones. España fue uno de los 117 copatrocinadores de dicho texto.
La Agencia Nacional de Coordinación y responsable de la política y seguimiento de los esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de APAL es:
El Punto de Contacto Nacional es:
Subdirector General de No Proliferación y Desarme
Teléfonos: (+34) 91.379.17.65
Telefax: (+34) 91.394.86.78
El Punto de contacto nacional relacionado con la aplicación del Instrumento internacional de marcaje y trazado:
C/ Batalla del Salado, nº 32
28045-Madrid (España)
Teléfonos: (+34) 91.514.24.08 y 91.342.21.37
Telefax: (+34) 91.514.24.09/11
Correo electrónico: dg-icae@guardiacivil.org y registroarmas@guardiacivil.org
INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL
INSTRUMENTO INTERNACIONAL DE MARCAJE Y TRAZADO
DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL DE MARCAJE Y TRAZADO
i) Medidas adoptadas para marcar debidamente las armas pequeñas y ligeras en poder de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado para su propio uso.
El sistema nacional de marcaje viene definido en el artículo 28 del Reglamento de Armas. Este artículo regula las señales y marcas que deben llevar las armas de fuego en poder de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asignando una contraseña determinada para cada uno de los Cuerpos.
Todas las armas de fuego pequeñas y ligeras deben ir marcadas llevando:
Numeración compuesta por:
Número asignado a cada fabricante.
Número correspondiente al tipo de arma.
Número secuencial comenzando cada año en el número 1.
Dos últimas cifras del año de fabricación.
En el caso de ser contratos de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de seguridad, se numeraran independientemente incluyendo la contraseña del organismo contratante: Ejército de Tierra (ET), Fuerza Naval (FN), Ejército del Aire (EA), Ministerio de Defensa (MD), Guardia Civil (GC), Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).
En los suministros a gobiernos extranjeros se podrán adoptar numeraciones especiales con conocimiento de la Guardia Civil.
Además de estas marcas, las armas deberán llevar el punzonado de un banco oficial de pruebas reconocido por España según el Convenio para el Reconocimiento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego Portátiles de 1969, por el que se creó la Comisión Internacional Permanente para la prueba de las armas de fuego portátiles y sus municiones (C.I.P.). Los punzones españoles son los del Banco Oficial de Pruebas de Eibar (BOPE), organismo dependiente de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa según B.O.E. nº 50 de 27.02.79 (O.M. de 19.02.79).
ii) Medidas adoptadas por los fabricantes de armas pequeñas y armas ligeras contra la eliminación o alteración de marcas.
Las medidas tendentes a dificultar la eliminación o alteración de las marcas, vienen explicitadas en el artículo 30 del Reglamento de Armas, apartado 2 que dice: “todas las marcas, numeraciones y señales a que hacen referencia los apartados anteriores deberán efectuarse por punzonado o procedimiento que asegure su permanencia”.
Según el Reglamento de Armas, las armas deberán llevar las marcas anteriormente reseñadas en:
El armazón los fusiles y revólveres
El cajón de mecanismos las armas largas rayadas
La carcasa las escopetas y en los cañones
Según el Reglamento de Prueba de Armas llevarán además:
Los punzones correspondientes a la prueba colocados en las piezas esenciales como son: cañones y cierre (artículo 93).
Todas estas marcas son comprobadas durante la prueba final en el BOPE y en el caso de las armas para las Fuerzas Armadas o Cuerpos de Seguridad por los inspectores de dichos organismos.
Para el caso de los “morteros” de diferentes calibres fabricados en España (marca ECIA), el arma lleva grabado desde que comienza el proceso de fabricación un número correlativo precedido por una letra indicativa del año de comienzo de la fabricación; posteriormente al finalizar el proceso el arma se graba con una marca compuesta de: la letra E (indicativa de ECIA), un número correlativo para cada modelo y una letra indicativa del modelo de que se trata.
iii) Medidas adoptadas para asegurar que se establezcan registros precisos y completos de todas las armas pequeñas y armas ligeras de conformidad con el Instrumento de marcaje.
El mencionado texto reglamentario y sus normas de desarrollo establece la obligación de llevar libros de registro de armas y municiones, responsabilidad que recae en la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil (Ministerio del Interior), que gestiona asimismo la Aplicación Informática de Armas y Explosivos, en cuyo seno se encuadra el Registro Central de Armas de Fuego.
iv) Normas y procedimientos administrativos introducidos para asegurar la aplicación efectiva del Instrumento de marcaje.
La efectiva aplicación de localización internacional de armas de fuego se lleva a cabo mediante el intercambio de información con los países de la Unión Europea fundamentalmente, así como con aquellos con los que se cuenta con tratados y acuerdos internacionales. Asimismo se lleva a cabo una labor inspectora de todos aquellos establecimientos que se dedican a la fabricación y comercio de armas: control de las importaciones, exportaciones, transferencias y tránsitos.
v) Asistencia a terceros Estados en sus esfuerzos para aplicar el Instrumento de marcaje.
España participa anualmente en diversas reuniones internacionales al objeto de unificar criterios con otros países sobre la marcación de las armas de fuego, proponiendo métodos y procedimientos y da apoyo técnico y financiero a países de Centro y Sudamérica, en especial, a los afectados por la acumulación generalizada de armas pequeñas y ligeras y sus municiones.
PROGRAMA DE ACCIÓN PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS (APAL) EN TODOS SUS ASPECTOS
Como ya se señaló anteriormente, España concede una gran importancia a la cooperación internacional para combatir y erradicar el tráfico ilícito de APAL y, en este sentido, ha venido apoyando todo el trabajo llevado a cabo en este campo en el marco de Naciones Unidas, en concreto el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
a) España participó activamente en las tres sesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) encargado de negociar un instrumento internacional sobre identificación y rastreo de Armas Pequeñas y Ligeras, que tuvieron lugar en Nueva York en 2004 y 2005. España abogó reiteradamente en dichas reuniones por la consecución de un instrumento legalmente vinculante y lo más omnicomprensivo posible (i.e. que incluyese todo tipo de APAL, tanto las fabricadas con arreglo a especificaciones militares como las restantes, y la munición, y que se aplicase a todo tipo de situaciones: conflicto, terrorismo y demás formas de crimen).
España considera que se trataba de un compromiso de mínimos (la Presidencia luxemburguesa de la UE reconoció en su intervención final que se situaba ciertamente muy por debajo de las aspiraciones iniciales de la UE), tanto por su propia naturaleza política (totalmente voluntaria) como por su contenido (plagado de fórmulas discrecionales).
No obstante, España considera que, a pesar de todo, el acuerdo alcanzado es un paso positivo, pues el instrumento: (1) Representa un cierto valor añadido con respecto al Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y material conexo, adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante el Protocolo sobre Armas de Fuego); (2) Permite mantener “vivo” el proceso tímidamente regulador de las APAL iniciado por el PdA, precisamente en el horizonte de la primera Conferencia de Examen de dicho PdA (junio 2006); (3) Conforme al pd-5 de la Resolución 59/86 y al pd-3 de la Resolución 60/81 de la Asamblea General, la conclusión del instrumento sobre marcado y rastreo en diciembre de 2005 dejó libre el camino para la convocatoria, tras la Conferencia de Examen de 2006 y no más tarde de 2007, de un grupo de expertos gubernamentales para considerar los modos de reforzar la cooperación internacional para prevenir, combatir y eliminar la intermediación o corretaje ilegal de APAL. Ello permitió iniciar un proceso de reflexión que deberá concluir, a imagen de lo sucedido con el marcado y rastreo, en un instrumento internacional (esperemos que, esta vez sí, legalmente vinculante) contra la intermediación o corretaje ilegal de APAL en este mismo año o en 2009; (4) Sienta la base de lo que podría ser el inicio de un proceso de reflexión en el marco de NNUU sobre el marcado de la munición de las APAL (ver recomendación 25 bis del informe procedimental del Presidente del GTCA); (5) Por último, inyecta una pequeña, pero muy necesaria, dosis de moral en los alicaídos foros onusianos de desarme, que no lograban cerrar acuerdo alguno digno de mención desde, precisamente, el citado PdA en 2001.
b) España participó activamente en la I y II Reuniones Bienales de Estados para examinar la aplicación del Programa de Acción de NNUU para prevenir, combatir y eliminar el comercio ilegal de APAL en todos sus aspectos (Nueva York, julio de 2003 y 2005). En el curso del debate temático de la II RB, España expresó su apoyo a la iniciativa promovida por diversas organizaciones no-gubernamentales a través de la campaña “Armas bajo control” y consistente en la propuesta del inicio de negociaciones en el marco de NNUU para la adopción de un instrumento universal legalmente vinculante que regule el comercio de todas las armas convencionales (el llamado Tratado Internacional sobre Comercio de Armas).
c) Por lo que respecta a las actividades realizadas en 2006, España participó activamente tanto en las reuniones preparatorias como en la propia Primera Conferencia de Examen del Programa de Acción, que tuvo lugar en Nueva York entre el 26 de junio y el 7 de julio de 2006. En aras de una mayor representatividad y transparencia, y obedeciendo a solicitudes recibidas por diferentes medios, España incorporó a representantes del Parlamento y de la sociedad civil a la delegación española presente en la citada Conferencia.
d) En cuanto a la aplicación por España de las medidas contenidas en el PdA, éste contempla en su Parte II una serie de medidas legislativas y reglamentarias que deben ser adoptadas en el ámbito nacional (regulación de la producción, exportación, importación, reexportación y tránsito de armas pequeñas y ligeras; tipificación como delito de la producción, posesión, almacenamiento y comercio ilegales de estas armas; etc.). La mayor parte de ellas son mucho menos exigentes que la normativa actualmente existente en España.
Por ejemplo, en lo que se refiere al control de las exportaciones de material de defensa y de doble uso. El PdA exige implantar un sistema de autorización de las exportaciones de estas armas que tenga en cuenta "el riesgo de que se desvíen al tráfico ilícito". España aplica, para autorizar o denegar sus exportaciones de material de defensa, el Código de Conducta UE en materia de exportación de armas, aprobado por el Consejo de la Unión Europea en junio de 1998. Éste introduce criterios mucho más estrictos y precisos que los contenidos en el PdA. Análogamente, en otros aspectos como el marcaje, registro y seguimiento de estas armas, las normas españolas y europeas son más completas y ambiciosas que las disposiciones del PdA y del Instrumento internacional sobre marcado y rastreo de armas pequeñas y ligeras (adoptado en 2005 en el marco de la Asamblea General de NNUU). De hecho, en España es obligatorio el marcaje desde el año 1929.
d) En el marco de los trabajos de la Primera Comisión de la 61 AGNU, España copatrocinó todas las resoluciones relativas, directa o indirectamente, a las APAL o su munición: A/Res/61/71 “Asistencia a los Estados para detener la circulación ilegal de APAL y proceder a su recogida”; A/Res/61/72 “Problemas causados por la acumulación de excedentes de munición convencional”; A/Res/61/76 “Consolidación de la paz a través de medidas prácticas de desarme”; 61/77 “Transparencia en materia de armamentos (Registro de Armas Convencionales)” A/Res/61/79 “Información sobre medidas de fomento de la confianza en el campo de las armas convencionales”; A/Res 61/82 “Control de las armas convencionales a nivel regional y subregional”, y A/Res/61/89 “Hacia un tratado sobre el comercio de armas: establecimiento de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales”.
La única excepción al copatrocinio fue la resolución “ómnibus” sobre el comercio ilegal de APAL (A/Res/61/66 “El comercio ilegal de APAL en todos sus aspectos”). Al igual que el pasado año, España, y los demás Estados Miembros de la UE, no copatrocinó esta resolución ante la negativa de los patrocinadores principales frente a las propuestas de la UE dirigidas a reforzar el texto (concretamente, referidas a cuestiones de desarrollo y, sobre todo, a reforzar los controles de las transferencias).
España volvió a expresar su apoyo al Tratado Internacional sobre Comercio de Armas y, además de copatrocinar la correspondiente Resolución de la AGNU que puso en marcha este proceso, presentó al Secretario General de Naciones Unidas la propuesta nacional para establecer criterios comunes y vinculantes sobre las transacciones internacionales de armas. En este sentido España llevó a cabo un intenso cabildeo en Iberoamérica invitando a los países de la región a hacer lo propio.
En 2007, España copatrocinó las siguientes resoluciones relativas, directa o indirectamente, a las APAL o su munición: A/RES/62/22 “Asistencia a los Estados para limitar el tráfico ilícito de armas pequeñas y su recolección”, adoptada por consenso con el copatrocinio de España y de toda la UE; A/RES/62/44 “Control de armas convencionales en la esfera regional y subregional”, adoptada por votación y con el copatrocinio de España; A/RES/62/47 “Comercio ilícito de APAL en todos sus aspectos”, adoptada por votación con el copatrocinio de España.
e) Paralelamente a la adopción del Programa de Acción, ese mismo 2001 se adoptó y abrió a la firma el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante el Protocolo sobre Armas de Fuego) (Convención de Palermo), en cuyas negociaciones España también tomó parte activa.
El Protocolo fue aprobado por la Resolución 55/255 de 31 de mayo de 2001 de la de la 101a. sesión plenaria de la Asamblea General y entró en vigor el 3 de julio de 2005. España depositó el día 9 de febrero de 2007 el instrumento de adhesion al Protocolo, que entró en vigor para España el 11 de marzo de 2007.
El Protocolo sobre Armas de Fuego y el Programa de Acción de Naciones Unidas son referencias principales que se han tenido en cuenta en los informes aportados entre otros al Grupo Multidisciplinar sobre Crimen Organizado (GMD) para introducir modificaciones y enmiendas a la Directiva del Consejo 91/477/CEE, o al Grupo de Expertos en Tráfico Armas y Rastreo de EUROPOL.
f) España suscribió en marzo de 2007 la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, que se enmarca en el Programa de Acción de Naciones Unidas, pasando a formar parte del “núcleo duro” de países que trabajan conjuntamente para sintetizar en acciones concretas los compromisos adoptados en el marco de la citada Declaración: establecer una hoja de ruta, indicadores para medir la violencia armada, identificación de mejores prácticas para integrar la reducción de la violencia armada y la prevención de conflictos en los programas nacionales de desarrollo, etc.
g) Recientemente el Parlamento español aprobó la nueva Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, cuya redacción ha seguido los principios rectores del Protocolo de Armas de Fuego y del propio Programa de Acción, y en este sentido, en su exposición de motivos, se expresa que la ley es muestra del compromiso pleno en el impulso de un futuro Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.
h) En este sentido, el Gobierno español fue invitado por el Secretario General de la ONU designar un experto para formar parte de los trabajos del Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) que deberán examinar la viabilidad, el alcance y los parámetros del futuro Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que regule el comercio de armas convencionales, tal y como establece el mandato establecido por la Resolución 61/89 anteriormente citada. El Gobierno español designó para este puesto al Sr. Ángel Lossada Torres-Quevedo, Director General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, no Proliferación y Desarme en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quien participó en la primera de las sesiones celebradas por dicho Grupo, los días 11-15 febrero de 2008, estando prevista una segunda sesión en mayo y una tercera en julio y agosto de este año.

References: Resolución 
 artículo 28
 artículo 30
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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