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Timestamp: 2019-09-15 14:24:34+00:00

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Procedimiento previo a la suspensión de suministro eléctrico. Regulación de un procedimiento de alegaciones por parte de los consumidores | Defensor del Pueblo
Procedimiento previo a la suspensión de suministro eléctrico. Regulación de un procedimiento de alegaciones por parte de los consumidores..
Procedimiento previo a la suspensión de suministro eléctrico. Regulación de un procedimiento de alegaciones por parte de los consumidores.
La suspensión de suministro eléctrico por fraude se ejecuta tras un procedimiento en que la propia compañía determina el importe de la cantidad defraudada, sin audiencia al interesado. Además, la propuesta de reglamento actualmente en tramitación, incentiva económicamente a las empresas distribuidoras la detección de los fraudes, con un incremento de un 20 por ciento en los peajes eléctricos.
Teniendo en cuenta que el suministro eléctrico constituye un bien básico para una vida digna reconocida en el artículo 10 de la Constitución, la presente recomendación tiene por finalidad que se ofrezca a los consumidores ciertas garantías procedimentales antes del corte de suministro eléctrico: estas garantías son el derecho a formular alegaciones, la intervención de la Administración en situaciones de vulnerabilidad, y la posibilidad de financiar la deuda.
A través de las quejas recibidas en esta institución, se ha tenido conocimiento del problema derivado de las suspensiones de suministro eléctrico por impago o fraude.
En ocasiones, los ciudadanos se han referido a cortes de suministro que manifiestamente obedecían a errores de las empresas.
El artículo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, se remite a un desarrollo reglamentario posterior de las condiciones para suspender el suministro de energía eléctrica a los consumidores acogidos a precios voluntarios para el pequeño consumidor o a tarifas de último recurso, transcurridos al menos dos meses desde el requerimiento fehaciente para el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. Conforme al artículo 52.5, una vez satisfecho el importe adeudado, el suministro será repuesto en un plazo de 24 horas. Fuera del supuesto de impago, el párrafo 6º prevé que las empresas distribuidoras podrán proceder a la desconexión de determinadas instalaciones de forma inmediata en el caso de enganches directos, en situaciones que conlleven riesgo para las personas o cosas y en los casos en que se determinen reglamentariamente.
Los artículos 48 y 49 del proyecto de real decreto están dedicados a la suspensión del suministro por fraude. El artículo 48 establece los distintos supuestos de fraude, y el artículo 49 determina el procedimiento y las consecuencias a él aparejadas.
Se establecen unos criterios para la fijación del importe defraudado y, cuando no fuera posible esta determinación, se considerará que este importe corresponde al producto de la potencia contratada, por seis horas de utilización durante un año. El importe defraudado se verá incrementado en concepto de penalización por un coeficiente de 1,2. Según indica la memoria que acompaña al proyecto, «ese 20 por ciento que el distribuidor recibirá sobre el peaje de acceso teórico que el consumidor debería haber pagado, supone un incentivo a la detección y declaración de la anomalía».
Adicionalmente, los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) también verán incrementada su factura en un coeficiente de 1,2 en concepto de costes que pudiera ocasionar por desvíos y gestión comercial, entre otros, mientras que para los consumidores acogidos al mercado libre se estará a lo pactado entre ellos. En el caso de enganches directos o conexiones sin contrato se cobrará la energía a un precio de 100 €/MWh, cantidad que podrá ser revisada anualmente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
2. Consideraciones sobre la propuesta de Real Decreto
El suministro de energía eléctrica es esencial para una vida digna, reconocida como fundamento del orden político y la paz social en el artículo 10 de la Constitución española. La privación de suministro eléctrico sitúa a las personas en una situación de exclusión social. Por esta razón, su comercialización no puede someterse a las mismas reglas que otros bienes y servicios que no sean esenciales.
Es posible que bajo las situaciones de fraude o de impago en los consumidores privados que dan lugar al corte de suministro existan errores por parte de las empresas, como reiteradamente se viene denunciando por esta institución. Algunas quejas han puesto de manifiesto que la deuda que la empresa exige corresponde a otra persona distinta del titular o que el fraude que la compañía imputa al titular fue cometido por una tercera persona distinta del titular del contrato. Con el incentivo a la detección del fraude es razonable suponer que los errores se multipliquen.
Dado el carácter de suministro esencial para la vida diaria, las empresas están en una posición de fuerza frente a los ciudadanos. Tanto las penalizaciones que prevé la propuesta de real decreto para el caso de fraude como la posibilidad de suspensión de suministro tienen un evidente carácter disuasorio. Pero, al menos formalmente, tales penalizaciones no están configuradas como sanciones, sino que se trata de penalizaciones de naturaleza jurídica privada. Esta naturaleza jurídica privada permite eludir las garantías que el sistema constitucional exige para la aplicación de las sanciones económicas, como son el derecho de audiencia del interesado (STC 291/2000) o el principio de legalidad que impone que tanto la infracción como la sanción se regule en una norma con rango de ley formal.
En el caso de suspensión del suministro por fraude es la distribuidora quien, de manera unilateral, detecta la existencia de tales fraudes y aplica –también de modo unilateral- las medidas de interrupción de suministro. Como ya se ha indicado, en estos supuestos se activan los recargos previstos y los plazos de comunicación fehaciente se reducen a la mitad. A lo anterior hay que añadir que la propuesta de Real Decreto incentiva económicamente la detección de los fraudes para las distribuidoras con una recompensa de un 20 por ciento sobre el peaje. En otras palabras, el sistema propuesto deja en manos de las empresas la determinación de la existencia de fraude así como el corte del suministro, sin intervención previa de ninguna Administración y, además, premia a las distribuidoras –a modo de incentivo para la detección- con un 20 por ciento extra sobre el peaje que el consumidor debería haber pagado.
También es preciso algún tipo de intervención administrativa previa a toda interrupción del suministro eléctrico que pondere si ese corte pone en peligro bienes o intereses dignos de protección según la Constitución. Sobre todo, teniendo en cuenta que la diferencia fundamental entre la Administración y las empresas eléctricas es que mientras la primera sirve al interés general, las segundas son entidades privadas con ánimo de lucro.
De acuerdo con las consideraciones que preceden, esta institución, en el ejercicio de la responsabilidad que le confiere el artículo 54 de la Constitución, y al amparo del artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, viene a formular a V. I. las siguientes
46.1. Regular, como exigencia previa a toda actuación que pueda conducir a la suspensión del suministro eléctrico, un procedimiento que garantice los derechos de los consumidores a formular alegaciones en su defensa, la presunción de inocencia y unos plazos razonables que no discriminen a los presuntos defraudadores frente a quienes incurran en impago.
46.2. Establecer como preceptiva la intervención de la Administración competente, previo informe de los servicios sociales, antes de proceder a la interrupción de un suministro eléctrico.
46.3. Exigir a las empresas que ofrezcan a los consumidores la posibilidad de financiar o fraccionar el pago de su deuda antes que suspender el suministro, tanto en el caso de impago como en el caso de fraude.

References: artículo 10
 artículo 52
 artículo 52
 real decreto 
 artículo 48
 artículo 49
 Real Decreto

 artículo 10
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 54
 artículo 30