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Resolución de TEAC, 00/1990/1999, 23-07-1999 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1990/1999 de 23 de Julio de 1999
Fecha: 23 de Julio de 1999
Núm. Resolución: 00/1990/1999
Se estima en parte la reclamación de la recurrente anulando la liquidación del canon de vertido de 1995 para que se sustituya por la procedente en función de un coeficiente K=0,12 no objetado y de un volumen de vertido de 30.000.000 m3 que es el que consta en la aurtorización provisional del vertido, sin que pueda admitirse el aplicado por la Confederación sin justificación alguna ni el postulado por la reclamante. Es exigible el canon y valida la autorización concedida dado el principio de ejecutividad de los actos administrativos, sin que se requieran los datos exigidos por el artículo 93 de la Ley de Aguas que se refieren a los supuestos de autorización definitiva. Las deducciones del articulo 105.4 corresponde determinarlas al Consejo del Agua.
FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO.- Las cuestiones suscitadas en orden a la exigibilidad del canon de vertido y a la procedencia de la liquidación impugnada.SEGUNDO.- Previamente es de significar que se deniega la prueba solicitada, sin perjuicio de incorporar al expediente los documentos aportados, por cuanto no resulta necesario a los efectos de la resolución a dictar.TERCERO.- Consta en las actuaciones que el cálculo del canon que nos ocupa fue notificado el 29 de diciembre de 1995, por lo que resulta inoperante la indefensión invocada al respecto.CUARTO.- Solicita --------------- en sus alegaciones la subsanación del error aritmético padecido en el encabezamiento del fallo recurrido al referirse a un canon de 76.225.560 pesetascuando el importe correcto es de 26.225.560 pesetas; en efecto, ese fallo debe entenderse referido a tal importe correcto.QUINTO.- Se argumenta sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del artículo 295.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico al fijar provisionalmente el valor de launidad de contaminación, pero este Tribunal Central viene también manteniendo reiteradamente que el ámbito de la vía económico-administrativa alcanza solamente a los actos singulares de aplicación de las normas reguladoras de los tributos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento procedimental, por lo que resulta evidente la incompetencia de esta vía para pronunciarse sobre tales cuestiones.SEXTO.- Se argurnenta además que faltando el Plan Hidrológico de cuenca nº es posible practicar liquidación por el canon de vertido, dado que el valor de la unidad de contaminación tiene que fijarse en el Plan, pero el Reglamento de Dominio Público Hidráulico se aprobó con el fin de poder aplicar, entre otros, el Título VI de la Ley de Aguas relativo al régimen económico-financiero, necesidad expresamente acogida en ala exposición de motivos del citado Reglamento, dado que al Ley había entrado en vigor el día 1 de enero de 1096, regulándose en el artículo 295, con carácter general y transitorio, el valor de la unidad de contaminación en tanto se determinan por los organismos de cuenta estos valores, y la Orden de 23 de diciembre de 1986 dictó las normas urgentes para la identificación de todos los puntos de vertido y la iniciación de los trámites para su legalización y recaudación del canon de vertido, tanto para las autorizaciones concedida con arreglo a la normativa anterior a la Ley de Aguas como para aquellos vertidos que no fueron autorizados, por lo que una vez obtenida la autorización provisional del vertido, esta queda sujeta el devengo del canon, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta el valor de la unidad de la contaminación establecido en el artículo 295 del Reglamento citado dictado en desarrollo de laLey de Aguas y en consecuencia están legitimadas las Confederaciones Hidrográficas para practicar liquidaciones en base a la normativa referenciada y demás artículos concordantes, principalmente el artículo 105 de la Ley de Aguas y 289 del Reglamento referenciado, sin que la percepción del canon esté supeditada a la aprobación y ejecución de Planes Hidrológicos.SÉPTIMO.- Como ya sostuvo este Tribunal en su fallo del 26 de febrero de 1998 recaído en reclamaciones acumuladas impugnatorias de cánones de años anteriores, por lo que se refiere a la exigibilidad del canon la misma encuentra cobertura legal en el contexto del articulo 105 de la Ley de Aguas 29/85, de 2 de agosto, y el 290 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que configura el hecho imponible del canon como el hecho de verter, disponiendo el artículo 291 que la obligación de satisfacerlo tendrá carácter periódico y anual y nace en el momento en que es otorgada la autorización y el 292 que están obligados a su pago los titulares de las autorizaciones; teniendo en cuenta que el vertido se ha llevado a efecto y que la empresa recurrente es titular de una autorización otorgada al amparo de la orden de 23.12.86, de ello se deriva la concurrencia de los supuestos necesarios para que pueda exigirse el canon a dicha empresa, la cual viene obligada a su pago en su condición de sujeto pasivo del mismo; teniendo en cuenta que el importe del canon se destina a cubrir la financiacion de las obras necesarias para el cumplimiento de las previsiones de los Planes Hidrológicos respecto a la calidad de las aguas continentales (artículo 289 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico), realizándose los vertidos desde antes de 1987 y habiéndose producido a lo largo de todo ese año, en virtud del principio de justicia material compensatoria de los perjuicios causados por los vertidos, este Tribunal entiende procedente la exigibilidad del canon respecto de todo el año 1987 en que se otorgó inicialmente la autorización, criterio éste que viene sustentado en el articulo 291 del referido Reglamento en cuanto señala que la obligación de satisfacer el canon tiene carácter periódico y anual; por otra parte, no existiendo en la anteriormente mencionada normativa obstáculo legal para admitir la posibilidad contemplada en la orden de 23 de diciembre de 1986 de proceder a una autorización provisional hasta tanto no recaiga la definitiva, supuesto que en la normativa aplicable no se hace distinción entre autorizaciones y cánones provisionales y definitivos, naciendo estos con el otorgamiento de la autorización de vertido y sentado el devengo en 1987 por virtud de la autorización provisionalconcedida, ello conlleva el devengo en años sucesivos dada la periodicidad anual del canon.OCTAVO.- En cuanto a la validez de la autorización provisional del 26 de enero de 1989, como también se sostuvo en el antedicho fallo del 26 de febrero de 1998, es de significar a misma dado el principio de ejecutividad de los actos administrativos, los cuales son válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten (artículos 44 y 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y 56 y 57 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin que el contenido de la autorización exija la demora de su eficacia; por el contrario, sería contraproducente la demora en la legalización del vertido exigida por la normativa aplicable; por otra parte, tal como se expresa por la Confederación en el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición contra la liquidación del canon de 1987, los datos exigidos por el artículo 93 de la Ley de Aguas 29/1985 de 5 de agosto, en las que la empresa recurrente fundamenta la impugnación de dicha autorización provisional, se refieren a los supuestos de autorización definitiva, siendo válida la provisional prevista en el artículo 3 de la Orden de 23 de diciembre de 1986 hasta que se trámite esa definitiva.NOVENO.- No puede acogerse el alegato de que la liquidación impugnada ha sido practicada con efecto retroactivo, cuando la Administración dispone del plazo de cinco años (artículos 64 y65 de la Ley General Tributaria en la redacción entonces vigente) a partir del devengo para determinar la deuda tributaria y girar la oportuna liquidación, sin que en este caso haya transcurrido dicho plazo de prescripciónDÉCIMO.- Por lo que a la liquidación en sí misma considerada se refiere, ha sido girada en función de un volumen de vertido de 42.028.144 m3 y un coeficiente K = 0,12, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 294 del Reglamento de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto 849/86 de 11 de abril. De los análisis aportados por ----------------- se desprende dicho coeficiente que no es pues objetado por la reclamante, pero si expresa disconformidad con el volumen de vertido postulándose el derivado del consumo de agua facturado y el del Ayuntamiento no facturado; a]. respecto es de señalar que no puede admitirse el volumen considerado por el Organismo Gestor sin explicación, sin que consten en el expediente datos, antecedentes y comprobaciones que pudieran justificar el contemplado, pero tampoco puede acogerse el postulado por ----------------------- cuando este Tribunal viene manteniendo reiteradamente que tal volumen no tiene necesariamente que ser coincidente con el del agua suministrada a la población, por lo que a falta de datos más concretos al respecto habrá que estar al volumen declarado como también se viene manteniendo, siendo en este caso el caudal abastecido declarado en la solicitud de legalización del vertido de 30.000.000 m3 y, por lo tanto, el computable en este supuesto a efectos liquidatorios.UNDÉCIMO.- Corresponde al Consejo del Agua determinar la deducción anual a realizar en el importe del canon cuando el sujeto pasivo venga obligado a soportar cargas económicas establecidas en el ejercicio de sus competencias por las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales para financiar planes o Programas públicos de depuración de aguas, deacuerdo con lo prevenido en el artículo 105.4 de la Ley de Aguas y su concordante 289.4 del Reglamento.DUODECIMO.- En conclusión, procede anular la liquidación controvertida para que se sustituya por la procedente en función de un volumen de vertido de 30.000.000 m3 y un coeficiente K = O,12.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 9653/2003, 29-10-2009
Orden: Administrativo Fecha: 29/10/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martin Timon, Manuel Num. Recurso: 9653/2003
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 4465/2001, 04-11-2006
Orden: Administrativo Fecha: 04/11/2006 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez Mico, Juan Gonzalo Num. Recurso: 4465/2001
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 47/2003, 18-07-2008
Orden: Administrativo Fecha: 18/07/2008 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Fernandez Montalvo, Rafael Num. Recurso: 47/2003
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1204/2005, 07-07-2008
Orden: Administrativo Fecha: 07/07/2008 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Fernandez Montalvo, Rafael Num. Recurso: 1204/2005
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 902/2003, 07-07-2008
Orden: Administrativo Fecha: 07/07/2008 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Fernandez Montalvo, Rafael Num. Recurso: 902/2003
Escrito de denuncia por derivación de aguas de sus cauces sin autorización o concesión habiendo sido sancionado el infractor por la misma conducta, infracción menos grave
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 09/03/2000 Núm. Resolución: 00/5435/1999
Resolución de TEAC, 00/184/1998, 26-02-1998
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 26/02/1998 Núm. Resolución: 00/184/1998
Resolución de TEAC, 00/481/1998, 23-07-1999
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 23/07/1999 Núm. Resolución: 00/481/1998
Resolución de TEAC, 00/659/1998, 26-06-1998
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 26/06/1998 Núm. Resolución: 00/659/1998

References: Resolución 
 artículo 93
 resolución 
 artículo 295
 artículo 2
 artículo 295
 artículo 295
 artículo 105
 artículo 291
 artículo 93
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 105

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