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Timestamp: 2020-08-15 07:46:49+00:00

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﻿ Auto 2012-00303 de junio 14 de 2013
AUTO 2012-00303 DE 14 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:DEBIDO PROCESO EN FALLO FISCAL. UN FALLO FISCAL NO SE ENCUENTRA AJUSTADO AL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CUANDO EN ÉL SE APLICARON NORMAS QUE NO ERAN PREEXISTENTES A LOS HECHOS JUZGADOS, ESTA SITUACIÓN VA EN CONTRAVÍA DEL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL
Auto 2012-00303 de junio 14 de 2013
Radicación.: 11001 0324 000 2012 00303 00
Actor: Doney Ospina Medina, María Fernanda Chavarro Polanco, María Camila Ospina Chavarro y María Victoria Ospina Chavarro.
Bogotá, D.C., 14 de junio del 2013.
El despacho decide sobre la solicitud de suspensión provisional presentada por los ciudadanos Doney Ospina Medina, María Fernanda Chavarro Polanco, María Camila Ospina Chavarro, María Victoria Ospina Chavarro y Julián Mauricio Cáceres Rodríguez respecto del fallo de responsabilidad fiscal 001 de 20 de febrero de 2012 de la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, y el fallo 6-007-11 de 23 de marzo de 2012 proferido por la Contralora General de la República, mediante las cuales se declaró responsable fiscalmente al señor Ospina Medina.
En cuaderno separado de la demanda el actor solicita la suspensión provisional de los citados actos administrativos; el fallo de responsabilidad fiscal Nº 001 de 2012 resolvió lo siguiente:
“ART. PRIMERO.—Fallar con responsabilidad fiscal, conforme lo previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en contra de Doney Ospina Medina, identificado con cédula de ciudadanía 16.884.296 de Florida - Valle, gerente general de la Industria de Licores del Valle, para la época de los hechos en cuantía de $ 6.879.876.162”.
Por su parte el fallo de segunda instancia Nº 6-007-11 de 2012 decidió lo siguiente:
“ART. PRIMERO.—De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, modificar parcialmente el fallo con responsabilidad fiscal emitido el día 20 de febrero de 2012, por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía de 40.767.369.586 indexado febrero de 2012 contra las siguientes personas:
(…) Ospina Medina Doney, identificado con cédula de ciudadanía 16.884.296 de Florida - Valle; (…)”
Como consecuencia de lo anterior solicitó también “se ordene la suspensión de cualquier tipo de proceso de jurisdicción coactiva que se esté adelantando en contra de mi prohijado, para el cobro de los $ 40.767.369.586 a cuyo pago solidario está obligado con el resto de los responsables fiscales, al igual que la correspondiente suspensión de la anotación del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República”(1).
A juicio de la parte actora, con la vigencia del acto acusado se violan de manera ostensible el artículo 29 y 90 de la Constitución Política; el artículo 1568 del Código Civil; el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 5º, 23, 54 y 66 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 101 literal c) de la Ley 1474 de 2011 los cuales dicen textualmente:
ART. 1568.—En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.
ART. 357.—Competencia del superior. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 175 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
ART. 66.—Remisión a otras fuentes normativas. En los aspectos no previstos en la presente ley se aplicarán, en su orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal. En materia de policía judicial, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Penal”.
c) El funcionario realizará una exposición amplia de los hechos, pruebas, defensa, alegatos de conclusión, determinará si existen pruebas que conduzcan a la certeza de la existencia o no del daño al patrimonio público; de su cuantificación; de la individualización y actuación del gestor fiscal a título de dolo o culpa grave; de la relación de causalidad entre la conducta del presunto responsable fiscal y el daño ocasionado, y determinará también si surge una obligación de pagar una suma líquida de dinero por concepto de resarcimiento;”
Señala que se aplicó la solidaridad en la responsabilidad fiscal sin tener en cuenta que para el momento de ocurrencia de los hechos aun no estaba consagrada en la ley, sino que tan solo fue establecida en artículo 119 de la ley 1474 de 2011 que entró a regir el 12 de julio de 2011.
Adujo que incluso luego de estar consagrada en la ley, la solidaridad en la responsabilidad fiscal es abiertamente inconstitucional pues la responsabilidad patrimonial es de carácter personal y además el Estado no la necesita pues cuenta con otros mecanismos para garantizar el pago de sus acreencias, y en ese sentido no se debió haberse aplicado en el fallo, sino que se debió señalar el grado de participación de cada uno de los responsables para determinar el monto de su responsabilidad de manera proporcional.
Expone que si en el fallo de primera instancia no se pudo probar el dolo del señor Ospina Medina, el superior no podía modificar el título de imputación a culpa grave, pues eso sería reformar la decisión en perjuicio suyo como apelante único.
Asevera que adicionalmente no se probó en el proceso fiscal la existencia del nexo causal entre la supuesta conducta dolosa o grave del actor con el daño patrimonial del Estado, como elemento necesario para imputar la responsabilidad.
Agrega que los fallos atacados le causaron un perjuicio al actor y a su núcleo familiar, lo cual hace procedente la medida cautelar.
Mediante auto del 9 de mayo de 2013 se admitió la demanda de la referencia y se ordenó correr traslado a la entidad demandada para que se pronunciara sobre la solicitud de suspensión provisional, sin que la Contraloría General de la República se manifestara al respecto.
III. Para resolver se considera:
Los artículos 229(2), 231(3) y 233(4) del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indican que la solicitud de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo puede ser solicitada en la demanda o en cualquier estado del proceso por escrito o en audiencia y que procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.
3.2. Los actos administrativos cuya suspensión se solicita son el fallo de responsabilidad fiscal 001 de 20 de febrero de 2012 de la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, y el fallo No.6-007-11 de 23 de marzo de 2012 proferido por la Contralora General de la República, mediante las cuales se declaró responsable fiscalmente al señor Ospina Medina.
3.3. Por su parte, las normas que se consideran infringidas son las contenidas en los artículos 29 y 90 de la Constitución Política, el artículo 1568 del Código Civil; los artículos 5º, 23 y 54 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 101 literal c) de la Ley 1474 de 2011.
3.4. Ahora bien, hecho el análisis de la solicitud de suspensión provisional formulada y confrontadas las disposiciones demandadas con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, el despacho procederá a decretar la medida cautelar con fundamento en lo siguiente:
Se observa que en efecto en la providencia proferida en primera instancia el 20 de febrero de 2012 se determinó como responsables fiscales a varias personas, entre ellas el aquí demandante, especificando el monto por el que cada uno debía responder(5). Sin embargo, la sentencia que resolvió el recurso de apelación modificó la decisión al fallar con solidaridad y a título de culpa grave, fundamentándose en el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011(6).
Sobre la aseveración hecha en el sentido de que la solidaridad en materia de responsabilidad fiscal consagrada en el artículo 119 es inconstitucional se advierte que los argumentos esbozados por el actor únicamente se dirigen a señalar que la solidaridad en la responsabilidad fiscal es innecesaria para el Estado pero no especifica los motivos que la harían incongruente con las disposiciones constitucionales; por ello lo expuesto no es suficiente para considerar en este momento procesal que la norma debió ser inaplicada.
Sin embargo debe anotarse que la citada ley solo entró en vigencia el 12 de julio de 2012 de conformidad con su artículo 135(7), motivo por el cual se advierte en esta etapa del proceso que la Contraloría General de la República no podía aplicar de manera retroactiva esa disposición para un proceso fiscal que comenzó antes de ello(8).
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que se trata de una norma sustancial y no procesal, pues va más allá de determinar una mera ritualidad y modifica la relación jurídica entre el imputado y el Estado, lo que implica que solo puede aplicarse a hechos posteriores a su entrada en vigencia.
Sobre la reforma del título de imputación a culpa grave en el fallo fiscal de segunda instancia sin que eso hubiera sido alegado en el recurso de apelación, debe señalarse que no aplica el supuesto invocado por el actor pues puede constatarse en esa misma providencia que el señor Doney Ospina Medina no fue el único apelante sino que otras partes impugnaron la decisión de primera instancia(9).
Finalmente en relación con la supuesta falta de prueba del nexo causal se observa que con la solicitud de suspensión provisional no se aportaron pruebas suficientes que permitan llegar a esa conclusión, situación que impide que se decrete la medida con fundamento en ello.
Visto así el panorama, es claro para el despacho que existen motivos para considerar que los actos demandados no estuvieron ajustados el artículo 29 de la Constitución Política pues en principio se aplicaron normas que no eran preexistentes a los hechos juzgados lo cual iría en contravía del principio del debido proceso; por ese motivo se decretará su suspensión provisional como medida cautelar.
DECRETAR la suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en los fallos de responsabilidad fiscal 001 de 20 de febrero de 2012 de la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría de la República, y 6-007-11 de 23 de marzo de 2012 proferido por la Contralora General de la República, mediante las cuales se declaró responsable fiscalmente al señor Doney Ospina Medina.
Magistrado: Guillermo Vargas Ayala
(5) El del señor Doney Ospina Medina fue de $ 6.879.876.162.
(6) Folios 34 y 43 del fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia.
(7) Publicada en el Diario Oficial 48.128 de 12 de julio de 2011.
(8) Según consta a folio 7 del fallo de responsabilidad fiscal del 20 de febrero de 2012, el auto por medio del cual se dio apertura al proceso es del 7 de abril de 2011.
(9) Ver folios 10 a 28 del fallo de responsabilidad fiscal 6-007-11 de 23 de marzo de 2012.

References: ARTÍCULO 29
 artículo 53
 artículo 29
 artículo 1568
 artículo 357
 artículo 101
 artículo 626
 artículo 627
 artículo 1
 artículo 119
 artículo 1568
 artículo 101
 artículo 119
 artículo 119
 artículo 135
 artículo 29