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Fenalco Valle del Cauca | INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 202 DE 2012 CÁMARA.
INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 202 DE 2012 CÁMARA.
por medio de la cual se reforma la gestión del Derecho de Autor y los derechos conexos y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 8 de mayo de 2012
Referencia: Informe de Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de ley número 202 de 2012, Cámara, ¿Por medio de la cual se reforma la gestión del Derecho de Autor y los derechos conexos y se dictan otras disposiciones.
Origen y trámite
El Proyecto de Ley presentado es de autoría del señor Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, fue radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes y repartido originariamente, por la naturaleza del asunto a la Comisión Primera.
El día 25 de abril de 2012, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, aprobó en Primer Debate este proyecto de ley.
Objetivo del proyecto de ley< /p>
El objetivo de este Proyecto de Ley es actualizar el marco normativo regulatorio de la gestión del derecho de autor y los derechos conexos a fin de propender por que la misma se desarrolle en un marco de mayor trasparencia, eficiencia y respeto de los asociados, así como de los comerciantes, empresarios de conciertos y en general de los diferentes usuarios de obras, interpretaciones artísticas y fonogramas.
Como consecuencia de múltiples denuncias formuladas por la ciudadanía en el último trimestre del año 2011, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, adelantó a finales de 2011 una investigación en contra de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), la cual culminó con la imposición a esta sociedad de una multa y la suspensión de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento por el término de un (1) mes.
Las irregularidades advertidas en la actuación administrativa evidenciaron la necesidad de modernizar las actuales normas que rigen a las sociedades de gestión colectiva, de manera que se garanticen principios de eficiencia, trasparencia y bue n trato con el usuario y el asociado, así como la profesionalización de los órganos directivos.
Paralelamente a la anterior actuación administrativa y con el fin de afrontar desde otro ámbito la problemática social reflejada en las múltiples quejas formuladas por la ciudadanía en contra de las sociedades de gestión colectiva, el señor Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le solicitó a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), proceder a la conformación de una Comisión Interdisciplinaria para la revisión del marco jurídico que rige a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
De esta forma, mediante la Resolución número 341 del 28 de noviembre de 2011 la Dirección Nacional de Derecho de Autor conformó la Comisión Interdisciplinaria para la revisión del marco
jurídico regulatorio de las sociedades de gestión colectiva cuyo fin era adelantar una exhaustiva revisión del régimen legal aplicable a las sociedades de gestión colectiva y evaluar la conveniencia de adoptar las modificaciones del caso.
En dicha Comisión Interdisciplinaria estuvieron representados todos los actores interesados en la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos y estuvo integrada por las siguientes personas:
1. Un (1) representante de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco).
2. Un (1) representante de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (Acinpro).
3. Un (1) repre sentante de la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda Colombia).
4. Un (1) representante del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos (Ceder).
5. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Gestión (Actores).
6. Cuatro (4) representante de los autores y compositores.
7. Un (1) representante de la Confederación Internacional de Autores y Compositores (Cisac).
8. Un (1) representante de la Asociación Colombiana de Editores Musicales (Acodem).
9. Un (1) representante del Consejo Gremial Nacional.
10. Un (1) representante de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
11. Un (1) representante de los empresarios de conciertos.
12. Un (1) representante de Asomedios.
13. Un (1) representante de la Universidad del Rosario.
14. Un (1) representante de la Universidad Externado de Colombia.
15. Un (1) representante de la Universidad Javeriana.
16. Un (1) Experto independiente.
17. Un (1) representante del Centro Colombiano del Derecho de Autor (Cecolda).
18. Un (1) representante de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).
Luego de dos meses de trabajo, la Comisión sometió a consideración del Gobierno Nacional un anteproyecto de articulado el 28 de enero de 2012. Este anteproyecto fue precisamente el insumo principal que tomó el Ministerio del Interior para elaborar el Proyecto de Ley radicado en la Cámara de Representantes el pasado 21 de marzo de 2012.
A partir de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la incidencia que el derecho de autor y los derechos conexos conlleva, no solo para la industria artística y literaria nacional, sino para todas aquellas industrias que incorporan, directa o indirectamente, en su actividad el uso obras y prestaciones artísticas, se justifica formular una regulación en materia de gestión colectiva, individual y a través de otras formas de asociación del derecho de autor o de los derechos conexos en la cual se definan normativamente estas modalidades de gestión diferenciándolas entre sí, y estableciendo los requisitos de constitución y funcionamiento de cada una de ellas, con el propósito de garantizar una administración eficiente, transparente y responsable del derecho de autor y de los derechos conexos.
El derecho de autor y los derechos conexos hacen parte de la disciplina jurídica denominada propiedad intelectual, la cual es reconocida y expresamente protegida en el artículo 61 de la
Constitución Política en los siguientes términos: ¿[e]l Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley¿.
En este mismo orden el artículo 150, numeral 24, de la Constitución Política establece como función del Congreso de la República ¿[r]egular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual¿. (Subrayado fuera de texto).
En el marco de los anteriores mandatos constitucionales el Congreso de la República ha expedido un importante marco normativo de protección al derecho de autor y los derechos conexos, el cual se encuentra conformado principalmente, por las Leyes 23 de 1982[1], 44 de 1993[2], 232 de 1995[3], 599 de 2000[4], 603 de 2000[5], 1403 de 2010[6] y 1493 de 2011[7].
Como propiedad especial que es, los titulares de derecho de autor gozan de ciertas prerrogativas que los facultan para controlar y explotar sus creaciones. Así, desde el mismo Código Civil se reconoce la naturaleza de propiedad de estos derechos cuando en el artículo 671 se dispone ¿[l]as producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores¿.
En este sentido, el artículo 3° de la Ley 23 de 1982 reconoce en favor de los titulares de derecho de autor las siguientes facultades exclusivas:
¿a). De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte;
b) De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer¿.
Posteriormente, el artículo 12 de la misma Ley 23 de 1982 consagra los siguientes derechos patrimoniales exclusivos que facultan al titular para realizar directamente o autorizar los siguientes actos:
¿Artículo 12. El autor o, en su caso, sus derecho-habientes, tienen sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir:
d) La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio, incluyendo la trasmisión por medios electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Decisión Andina 351 de 1993;
La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra¿.
En el mismo sentido, el ordenamiento comunitario andino ha reconocido en favor de los autores y demás titulares, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública, distribución, importación y transformación de sus obras artísticas o literarias (Decisión Andina 351 de 1993, artículo 13).
En el escenario internacional encontramos que Colombia es parte de los principales instrumentos sobre protección al derecho de autor, entre los cuales destacamos el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Ley 33 de 1987), el cual además de reconocer una serie de derechos morales al autor sobre su obra, también establece una serie de prerrogativas patrimoniales a favor de estos, según las cuales, el autor o su causahabiente, están facultados de manera exclusiva para autorizar respecto de sus obras: la traducción (artículo 8), la reproducción (artículo 9°), la representación y ejecución pública, la transmisión pública de dichas representaciones[8] (artículo 11), la radiodifusión y en general la comunicación al público (artículo 11 bis), la recitación pública[9] (11 ter.), la adaptación, arreglo u otra forma de transformación (artículo 12), la adaptación y la reproducción cinematográfica (artículo 14).
Así mismo, vale la pena destacar tratados multilaterales más recientes como son el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC – aprobado mediante la Ley 170 de 1994) y el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA[10] – aprobado mediante la Ley 565 de 2000) han reiterado el carácter exclusivo del derecho de autor, y en consecuencia la facultad por parte del creador o titular de derechos de autorizar el uso de sus obras.
En el campo de los derechos conexos, también el legislador ha reconocido en gran medida el carácter exclusivo de tales prerrogativas. Así, de acuerdo con la Decisión Andina 351 de 1993, los artistas intérpretes o ejecutantes, tienen e l derecho de autorizar o prohibir la ¿comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones y ejecuciones¿ (artículo 34). Del mismo modo, los productores de fonogramas cuentan con la posibilidad de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas y la distribución pública de los mismos (artículo 37). Los organismos de radiodifusión, por su parte, cuentan con un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retrasmisión y la fijación de sus emisiones, así como la reproducción de la fijación de sus emisiones (artículo 39).
De igual forma, en nuestra legislación se reconocen en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas un derecho de remuneración por la comunicación pública de los fonogramas en los cuales se han fijado interpretaciones o ejecuciones (Ley 23 de 1982, artículo 173).
Recientemente, a través de la Ley 1403 de 2010, se reconoció a los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones.
Los derechos conexos se encuentran ampliamente respaldados en nuestro ordenamiento jurídico en tratados internacionales como la Convención de Roma (Ley 48 de 1975) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF[11], Ley 545 de 1999).
En relación con los instrumentos internaciones de protección al derecho de autor y los derechos conexos resulta pertinente resaltar que el Convenio de Berna, la Convención de Roma, el TODA y el TOIEF son instrumentos internacionales administrados por la Organiza ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)[12], organismo que hace parte del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas, dedicado a ¿promover la innovación y la creatividad al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todos los países, por medio de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz¿[13].
Ahora bien, el ejercicio de los derechos de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, en relación con la comunicación pública y reproducción de sus obras y prestaciones musicales, puede llevarse a cabo mediante tres modalidades reconocidas por la legislación y la jurisprudencia constitucional: (i) la gestión colectiva realizada través de sociedades denominadas ¿de gestión colectiva¿, y (ii) la gestión individual o (iii) a través de formas de asociación distintas a las sociedades de gestión colectiva[14].
En este punto resulta necesario precisar que las tarifas cobradas a los diferentes usuarios de obras protegidas por el derecho de autor o prestaciones protegidas por los derechos conexos no son un impuesto, una tasa o una contribución fiscal o parafiscal, sino que corresponden a la suma cobrada como contraprestación a la autorización otorgada para utilizar un bien privado como lo son las obras o prestaciones artísticas[15].
3. La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos
La gestión colectiva constituye una modalidad de administración del derecho de autor y de los derechos conexos, en virtud del cual los titulares encargan en entidades especializadas la negociación de las condiciones en que sus obras o prestaciones artísticas serán utilizadas por los usuarios, así como el recaudo de las remuneraciones que se negocien con los diferentes usuarios[16].
Es decir, estas sociedades de gestión colectiva se encargan de otorgar las autorizaciones, recaudar las contraprestaciones y remuneraciones devengadas y distribuir las mismas entre los titulares de derecho de autor o derechos conexos que representen.
a) Importancia de la gestión colectiva
Existe un alto consenso a nivel mundial acerca de la importancia del papel que juegan las sociedades de gestión colectiva en la materialización efectiva de los derechos de autor y de los derechos conexos[17]. En efecto, se ha considerado que esta figura permite equilibrar la relación contractual entre los autores y titulares de derechos con los usuarios, toda vez que sirve de herramienta para superar la debilidad individual de los creadores frente a la multiplicidad de usuarios y de usos que los titulares se entienden facultados de controlar[18].
De otro lado, desde el punto de vista práctico las sociedades de gestión colectiva facilitan inmensamente las transacciones comerciales sobre las obras o prestaciones artísticas. En efecto, existe en significativo mercado de obras y prestaciones artísticas que se ejecutan públicamente en eventos públicos, diferentes discotecas, canales de radio y televisión, restaurantes, bares y hoteles, entre otros.
Este panorama significa en la práctica que un titular de derechos estará casi en la imposibilidad de saber dónde y cuándo se están utilizando sus obras y/o fonogramas o interpretaciones. De igual modo, para los usuarios sería imposible negociar con cada uno de los titulares de las obras, interpretaciones o fonogramas que se pretenden explotar.
Este tipo de inconvenientes hacen de la gestión colectiva un mecanismo pertinente para ejercer de manera efectiva el derecho de autor y los derechos conexos frente a usos masivos.
Es así como en la gran mayoría de Estados existen entidades o sociedades de gestión colectiva encargadas de administrar los derechos de sus artistas o autores asociados. A continuación se mencionan algunas de las sociedades de gestión colectiva existentes en el contexto internacional:
Authors¿ Licensing and Collecting Society
Composers, Authors and Publishers Association of Canada (CAPAC)
En conclusión, se resalta la importancia que implica para el derecho de autor y los derechos conexos la gestión colectiva, entendida como el mecanismo idóneo y efectivo para ejercer tales prerrogativas, así como para facilitar a los diferentes usuarios acceder a las respectivas autorizaciones y pagar las remuneraciones correspondientes.
b) Las funciones principales de las sociedades de gestión colectiva
La doctrina especializada[19] reconoce cuatro funciones principales de las sociedades de gestión colectiva: La negociación de la autorización, el recaudo de las remuneraciones, la distribución[20] y las funciones sociales y culturales.
¿ Negociación: Las sociedades de gestión colectiva se encargan de negociar con los usuarios las condiciones para la utilización de los repertorios representados.
Dependiendo del tipo de derecho gestionado, las negociaciones versarán sobre las condiciones de la autorización para utilizar la creación y el monto que debe pagar el usuario como contraprestación, en el caso de derechos exclusivos; o solamente sobre el monto de dinero que tendrá que pagar el usuario por utilizar las prestaciones artísticas, en el caso de derechos de simple remuneración.
¿ Recaudo de la remuneración: Una vez realizada la negociación las sociedades de gestión colectiva proceden al recaudo de las contraprestaciones económicas acordadas con los usuarios.
¿ Distribución: Efectuado el recaudo de las remuneraciones causadas por la gestión de las obras o prestaciones artísticas las sociedades de gestión colectiva se encargan de distribuir estos recursos entre sus asociados conforme lo dispone la legislación, esto es, de acuerdo a la intensidad en el uso de las obras o prestaciones artísticas administradas.
Resulta pertinente señalar que la Ley 44 de 1993, impone ciertos límites a los presupuestos e índices del gasto de las sociedades de gestión colectiva. Precisamente el artículo 21 de la referida Ley, fue modificado por el artículo 23 de la Ley 1493 de 2011 disminuyendo los gastos administrativos hasta un 20% del dinero recaudado.
¿ Funciones sociales y culturales: El artículo 21 de la Ley 44 de 1993, dispone que las sociedades de gestión tienen la potestad para destinar hasta el 10% del recaudo en fines sociales y culturales, que deben ser definidos por la Asamblea General de socios.
c) Sociedades de gestión colectiva existentes
La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos en Colombia, se subordina a la constitución de una sociedad de gestión, la cual debe obtener por parte de la Dirección Nacional de Derecho de A utor, la respectiva personería jurídica y autorización de funcionamiento, lo que genera que su actividad sea inspeccionada, vigilada y controlada por esta entidad, garantizando su correcto funcionamiento.
En la actualidad, las únicas sociedades con personería jurídica y autorización de funcionamiento otorgadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y por consiguiente legitimadas para gestionar y recaudar colectivamente derecho de autor y derechos conexos son:
¿ El Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, Ceder (CDR), con personería jurídica y autorización de funcionamiento conferida por la DNDA mediante las Resoluciones 088 del 14 de julio de 2000 y 035 del 18 de febrero de 2002, respectivamente. Esta sociedad tiene como fin principal la protección del derecho de autor en materia de reprografía.
¿ La Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia, Egeda, es una sociedad legitimada para gestionar y recaudar colectivamente por concepto de la utilización de obras audiovisuales. Cuenta con personería jurídica (Resolución número 232 del 28 de noviembre de 2005) y autorización de funcionamiento (Resolución número 208 del 16 de noviembre de 2006) conferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
¿ Actores Sociedad Colombiana de Gestión, Actores, con personería jurídica reconocida y confirmada mediante las Resoluciones 0028 del 29 de noviembre de 1989 y 018 del 21 de febrero de 1997, respectivamente, y autorización de funcionamiento conferida a través de la Resolución 275 del 28 de septiembre de 2011. Esta sociedad se encuentra legitimada para gestionar los derechos que le correspondan a los intérpretes de obras audiovisuales, particularmente, los reconocidos a través de la Ley 1493 de 2010.
¿ La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, es una sociedad legitimada para gestionar y recaudar colectivamente por concepto de la utilización de obras musicales. Cuenta con personería jurídica (Resolución número 001 del 17 de noviembre de 1982) y autorización de funcionamiento (Resolución número 070 del 5 de junio de 1997) conferidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
¿ La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro, es una sociedad legitimada para gestionar y recaudar colectivamente por concepto de la utilización de interpretaciones y fonogramas. Cuenta con personería Jurídica (Resolución número 002 del 24 de diciembre de 1982) y autorización de funcionamiento (Resolución número 125 del 5 de agosto de 1997) conferidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
4. La gestión individual o a través de otras formas de asociación
La jurisprudencia constitucional[21] ha reconocido que los titulares de derecho de autor o de derechos conexos pueden optar por gestionar sus prerrogativas patrimoniales a través de modalidades diferentes a la gestión colectiva. Es decir, nuestro ordenamiento, hasta el momento, no establece una modalidad de gestión colectiva obligatoria, aun cuando la misma podría ser perfectamente viable.
La Corte Constitucional ha entendido en diferentes providencias que la gestión del derecho de autor y los derechos conexos puede ser efectuada de manera individual, a través de sociedades de gestión colectiva o bien de otras formas de asociación.
¿…En ese escenario, y en desarrollo de la previsión del artículo 38 de la Constitución, conforme al cual se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, los titulares de derechos de autor pueden acudir a distintas modalidades asociativas con el objeto de promover, proteger o gestionar de manera conjunta sus derechos. Es claro que dicha posibilidad se mantiene en el ámbito de la autonomía privada y, por consiguiente, remite a una gestión conjunta de los derechos individuales de cada uno de los participantes, sin que tales formas asociativas puedan autorizar genéricamente el uso de obras de las que no son titulares, ni realizar el recaudo de tarifas distintas de aquellas que voluntariamente se hayan convenido con los usuarios por la explotación de los derechos de los que son titulares.¿[22] (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Si bien la gestión colectiva de tiempo atrás es objeto de regulación legal[23], existe un evidente vacío legislativo en lo que respecta a la gestión individual y la efectuada a través de otras formas de asociación, situación que ha generado inseguridad jurídica para los usuarios de obras y prestaciones protegidas por los derechos conexos, especialmente los propietarios o responsables de establecimientos de comercio, los organismos de radiodifusión (emisoras de radio esencialmente) y los organizadores de conciertos, quienes en muchos casos no tienen claridad frente a quién deben obtener las autorizaciones y pagar las remuneraciones correspondientes para utilizar las obras musicales y/o audiovisuales y los fonogramas que requieren para desarrollar sus actividades habituales, respetando el derecho de autor y los derechos conexos.
Esta circunstancia evidencia la necesidad de adoptar medidas legislativas tendientes a garantizar la seguridad jurídica y transparencia frente a los diferentes usuarios de las obras y prestaciones artísticas objeto d e la gestión, así como para determinar el alcance de las funciones de inspección, vigilancia y control del Estado.
En efecto, a partir de las Sentencias C-509 de 2004, C-424 de 2005 y C-833 de 2007 proferidas por la honorable Corte Constitucional se han constituido numerosas formas asociativas de todo tipo (principalmente fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro) con el objeto de gestionar derecho de autor o derechos conexos. A la fecha, no existe un control por parte del Estado sobre estas
formas asociativas en aspectos tan sensibles como garantizar si están efectivamente conformadas por titulares de derecho de autor o de derechos conexos, si las mismas respetan los derechos de sus asociados, si las tarifas fijadas están acordes con los criterios legales, y si su actividad es transparente frente a los asociados y usuarios, es decir, si están indicando los repertorios que representan y el alcance de los comprobantes de pago que expiden.
De igual forma, no existe en la actualidad una inspección, vigilancia y control del Estado sobre los gestores individuales, cuya actividad igualmente genera un impacto social importante.
Además de las anteriores vicisitudes, resulta preciso llamar la atención sobre la inequitativa regulación existente en la actualidad frente a las diferentes modalidades de gestión del derecho de autor y de los derechos conexos, pues mientras la gestión colectiva está sometida a una intensa regulación[24], las personas que realizan gestión individual o las otras formas de asociación no deben cumplir mayores requisitos para ejercer su actividad; y la inspección y vigilancia a la que están sometidas no proviene de entidades expertas en derecho de autor y derechos conexos, lo cual deviene en una escueta actividad de vigilancia y supervisión.
5. Importancia y conveniencia del proyecto de ley
El derecho de autor y los derechos conexos dan lugar a múltiples manifestaciones, generando numerosos derechos en cabeza de varios titulares en el campo artístico y literario.
El derecho de autor y los derechos conexos constituyen el fundamento de las industrias culturales y del entretenimiento, algunas tan importantes como las vinculadas a la creación musical y audiovisual.
Si bien, no siempre la creación intelectual y artística está asociada a una actividad económica, en la mayoría de los casos las obras y prestaciones artísticas son fuente del sustento de familias, insumos productivos para empresas y, como se ha mencionado, es parte fundamental para las industrias culturales y del entretenimiento.
En un estudio desarrollado y publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)[25], se indicó que las industrias asociadas al derecho de autor representan una importante contribución al Producto Interno Bruto y a la generación de empleo en Colombia.
La gestión del derecho de autor y de los derechos conexos tiene innegable incidencia en la actividad económica nacional al punto que sectores productivos tan importantes como los integrados por organismos de radiodifusión[26], establecimientos de comercio y empresarios de conciertos, están sometidos al cumplimiento de autorizaciones y/o pago de remuneraciones para utilizar las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas que requieren para el desarrollo de su actividad económica, en el marco del respeto por el derecho de autor y los derechos conexos.
Para destacar lo anotado a continuación se ponen de presente los montos recaudados por las sociedades de gestión colectiva durante los años 2009, 2010 y 2011 y el número de socios vinculados a cada una de ellas.
35.567.428.254,00
13.577.000.000,00
542.987.000,00
36.806.740.000,00
14.114.015.714,00
455.286.000,00
40.226.143.512,22
15.981.201.229,00
631.035.000,00
1.506.622.472,00
190.420.426,00
En este contexto resulta necesario afrontar legislativamente la gran problemática que tiene en la actualidad el derecho de autor y los derechos conexos, dado el vacío regulatorio que se presenta en relación con la gestión individual y la realizada a través de otras formas de asociación, así como la necesidad de actualizar y modernizar la regulación que rige a las sociedades de gestión colectiva a fin de garantizar una gestión eficiente, transparente y responsable con el asociado y el usuario.
Desde esta perspectiva, y en virtud del mandato constitucional según el cual es deber del Estado proteger la propiedad intelectual (Artículo 61 de la Constitución Política) en concordancia con la facultad de intervención en la economía consagrada en el artículo 334 de la Constitución Política, resulta necesario formular una regulación en materia de gestión individual, gestión colectiva y gestión a través de otras formas de asociación del derecho de autor y de los derechos conexos, en la cual se definan normativamente estas modalidades de gestión diferenciándolas entre sí, se establezcan los requisitos constitución y funcionamiento de cada una de ellas y se determinen parámetros de supervisión del Estado tendientes a garantizar una administración eficiente, transparente y responsable del derecho de autor y de los derechos conexos.
Así las cosas, se puede concluir que el presente Proyecto de Ley cuenta con un objetivo de rango constitucional, además de establecer disposiciones normativas adecuadas y razonables encaminadas a la consecución del fin perseguido.
6. Novedades del proyecto de ley
Como se mencionó previamente, el Proyecto de Ley pretende actualizar el marco normativo regulatorio de la gestión del derecho de autor y los derechos conexos a fin de propender por que la misma se desarrolle en un medio de mayor transparencia, eficiencia y respeto a los comerciantes, empresarios de conciertos y en general de los diferentes usuarios de obras, interpretaciones artísticas y fonogramas. Sin embargo, estimamos conveniente resaltar las siguientes novedades del Proyecto frente al régimen jurídico existente:
¿ Se regula la gestión del derecho de autor y de los derechos conexos a través de las modalidades de gestión individual y gestión a través de otras formas de asociación, las cuales son reconocidas expresamente por la jurisprudencia constitucional (Sentencias C-509 de 2004, C-424 de 2005 y C-833 de 2007). De esta manera se llena un vacío legislativo que estaba generando una gran problemática e inseguridad jurídica para los usuarios de obras y prestaciones protegidas por los derechos conexos.
¿ Se faculta a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio del Interior, para ejercer inspección, vigilancia y control sobre las otras formas de asociación, así como para imponer sanciones a los gestores individuales que incumplan la ley. En este sentido se procura lograr una gestión del derecho de autor y los derechos conexos transparente y ajustada a unas reglas de conducta precisas.
¿ Se incorporan normas tendientes a garantizar la profesionalización de los directivos de las sociedades de gestión colectiva a fin de propender por una administración más eficiente.
¿ Se precisa que el balance de cada ejercicio, acompañado de una serie de documentos, debe presentarse para su aprobación o desaprobación, a la asamblea general de la sociedad de gestión colectiva. Así mismo, se regula el derecho de inspección de ciertos documentos por parte de los socios.
¿ Se establece en los artículos 18 y 20 del Proyecto de Ley una limitación a los honorarios de los miembros del Consejo Directivo y la eliminación de honorarios de los miembros del Comité de Vigilancia de las sociedades de gestión colectiva. El tope de honorarios para los miembros del Consejo Directivo es de (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que solo serán pagados a quienes asistan a toda la sesión.
¿ Se prohíbe la reelección inmediata de los miembros del Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva.
¿ Se establecen claras y estrictas inhabilidades a l os miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia y al Revisor Fiscal de las sociedades de gestión colectiva.
¿ Se establecen criterios objetivos para la determinación de las tarifas por parte de las sociedades de gestión colectiva y se fijan parámetros y procedimientos para la negociación de las mismas con los usuarios de obras y prestaciones artísticas.
¿ Se regulan los procesos de distribución de las sociedades de gestión colectiva disponiendo obligaciones de adoptar sistemas que garanticen distribuciones que atiendan de la manera más precisa posible al verdadero uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas.
¿ Se modifica el porcentaje de recaudo que las sociedades de gestión colectiva pueden destinar con el objeto de satisfacer fines sociales y culturales previamente definidos por la Asamblea General, ampliándolo del 10% actual a un 15%.
¿ Se crea la defensoría del artista y del usuario como una instancia para solucionar las diferentes quejas que se presenten en contra de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos por parte de sus socios y de la ciudadanía en general. Esta instancia es concebida como una etapa previa a las actuaciones administrativas que pueden surtirse ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor como órgano de inspección, vigilancia y control.
¿ Con la finalidad de reducir los trámites que los propietarios o responsables de establecimientos abiertos al público deben realizar para acreditar los requisitos de funcionamiento, cuando almacenan digitalmente obras musicales, fonogramas y videos musicales, y ejecutan o comunican al público obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o interpretaciones artísticas, o realizan la reproducción de obras literarias o artísticas, se dispone que la obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de autor y conexos podrá realizarse a través de una ventanilla única recaudadora que deberán constituir las sociedades de gestión colectiva.
¿ Se actualiza el régimen sancionatorio incrementando el monto de las sanciones aplicables a las sociedades de gestión colectiva y adicionando la posibilidad de sancionar a sus directivos.
¿ Se dispone que la facultad de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para imponer sanciones administrativas caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo.
El presente Proyecto de Ley pretende actualizar el marco normativo de regulación de la gestión del derecho de autor y de los derechos conexos teniendo como fundamento conceptual las tres modalidades reconocidas por la jurisprudencia constitucional: La gestión colectiva, la gestión individual, y la gestión efectuada a través de otras formas de asociación.
De esta manera, salvaguardando el derecho constitucional a la libre asociación, se pretende regularizar la actividad de aquellos titulares que opten por ejercer sus derechos de manera individual o a través de formas asociativas diferentes a las sociedades de gestión colectiva.
Así mismo, el Proyecto de Ley actualiza el régimen de gestión colectiva en Colombia reconociendo la nueva realidad social que implica el surgimiento de nuevos derechos y titulares, en el ámbito de las creaciones audiovisuales, dispuestos a ejercer sus prerrogativas de forma masiva. Adicionalmente, se propone unas modificaciones al régimen de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva, a fin de hacerlo mucho más rígido y garantizar de esa forma que la administración de derechos, realizada por estas entidades, sea más eficaz y sobre todo transparente con sus asociados y con la ciudadanía en general.
Bajo este contexto, el Proyecto de Ley consta de la siguiente estructura:
DE LA GESTIÓN COLECTIVA Y OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN
En el Título primero se establece que las modalidades de gestión del derecho de autor y de los derechos conexos son: (i) la gestión colectiva, (ii) la gestión individual y (iii) la gestión a través de
otras formas de asociación. Se definen de manera precisa cada una de estas modalidades permitiendo diferenciarlas en sí y precisando conceptualmente sus características.
Se dispone que quien pretenda gestionar individualmente derechos de comunicación pública y reproducción sobre obras musicales, audiovisuales, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas y en establecimientos abiertos al público deberá inscribirse en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, previa acreditación de la titularidad de los derechos que se pretenden gestionar, la identificación de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas objeto de la futura gestión y las tarifas, técnicamente justificadas, que servirán como base al momento de realizar la respectiva concertación con los diferentes usuarios.
A su vez, el Proyecto de Ley, con el objeto de dar seguridad jurídica a los usuarios de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, obliga a los gestores individuales a especificar el repertorio que administran y acreditar que son titulares de tales obras o prestaciones ante los usuarios y autoridades competentes. En consecuencia, los actos, contratos, autorizaciones o comprobantes de pago celebrados o expedidos por gestores individuales que no cumplan con estas exigencias carecerán de validez y no serán oponibles frente a autoridades administrativas o de policía o particulares.
El Proyecto de Ley también faculta a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para imponer sanciones de multa, hasta de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los titulares que incumplan los requisitos dispuestos para realizar gestión individual.
En cuanto a la gestión a través de otras formas de asociación, se regulan las condiciones de funcionamiento para que las mismas puedan realizar administración del derecho de autor o de los derechos conexos. Básicamente se plantea el requisito de efectuar el registro ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, para lo cual se deberá acreditar la constitución de la asociación, la relación de socios, la representación de los derechos que se pretenden gestionar, la identificación de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas objeto de la futura gestión y las tarifas base de concertación con los usuarios.
Se establece un número mínimo y uno máximo de titulares de derecho de autor o de derechos conexos que podrán representar, directa o indirectamente, las otras formas de asociación. En otras palabras, en ningún caso las otras formas de asociación podrán gestionar los derechos de menos de cinco (5) ni de más de veinticinco (25) titulares de derecho de autor o de derechos conexos ya sea porque los mismos se encuentren vinculados directamente a la otra forma de asociación, o indirectamente, a través de una persona jurídica socia de la otra forma de asociación. Con esto se pretende diferenciar a las sociedades de gestión colectiva de las otras formas de asociación en cuanto al número de titulares que pueden representar.
A su vez, al igual que en la gestión individual, se obliga a las otras formas de asociación a individualizar el repertorio de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que administran y acreditar la representación de tales obras o prestaciones al momento de realizar cualquier acto, contrato o emitir autorizaciones o comprobantes de pago, disponiéndose también, que carecerán de validez y no serán oponibles frente a autoridades administrativas o de policía o
particulares, los actos, contratos, autorizaciones o comprobantes de pago expedidos por las otras formas de asociación que no cumplan con estos requisitos.
También se faculta a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para que imponga sanciones de multa, de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando compruebe el incumplimiento a las normas dispuestas para el funcionamiento de las otras formas de asociación.
Así mismo, se concede la potestad a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para sancionar al representante legal de las otras formas de asociación por las violaciones a la ley, en los mismos términos de los directivos de las sociedades de gestión colectiva. Esta facultad, remite entonces al contenido del artículo 17 del presente Proyecto, así como al parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011[27], y en general a todas las disposiciones que regulen la facultad sancionatoria de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor respecto de los directivos de las sociedades de gestión colectiva.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA
El Título II del Proyecto pretende regular algunos aspectos relacionados con la administración de las sociedades de gestión colectiva, dentro de los cuales se destacan disposiciones sobre su constitución, el reconocimiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento, la legitimación para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.
Con el objeto de propender por la transparencia en la gestión y dar seguridad jurídica sobre el repertorio administrado, se obliga a las sociedades de gestión colectiva a llevar un registro público de sus asociados y representados nacionales y extranjeros con la indicación de la entidad a la que pertenecen y de la categoría de derecho que administra, de acuerdo al género de obras respectivo, el cual deberá estar disponible permanentemente en la página web.
A fin de permitir el acceso de los titulares de derecho de autor o de derechos conexos a las sociedades de gestión colectiva, se enfatiza la obligación que tienen estas sociedades de admitir a cualquier titular que acredite ejercer la titularidad de mínimo una (1) obra, interpretación o ejecución artística, o fonograma que sea explotado públicamente.
El Proyecto de Ley refuerza el derecho de los miembros de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor o de derechos conexos de recibir información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos, estableciendo que los reportes de información deberán entregarse a sus afiliados por lo menos dos (2) veces al año.
Así mismo, se dispone que las sociedades de gestión colectiva deberán responder oportunamente y de fondo las solicitudes de información respetuosas que realicen sus afiliados y usuarios, sin perjuicio de la debida protección de datos personales y de información confidencial.
También se precisa que el balance de cada ejercicio, acompañado del informe del consejo directivo, del gerente, del revisor fiscal y del comité de vigilancia debe presentarse, para su aprobación o desaprobación, a la asamblea general de la respectiva sociedad de gestión colectiva. Así mismo, se regula el derecho de los socios a inspeccionar estos documentos, junto
con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, en el domicilio principal de la sociedad, durante los quince (15) días hábiles que precedan a la reunión de la asamblea; precisando que en ningún caso, este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre secretos empresariales, datos personales o cuando se trate de datos que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad.
Nuevamente se amplía la facultad sancionadora de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, a fin de que pueda imponer multas de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los administradores y funcionarios directivos así como el revisor fiscal que no dieren cumplimiento a lo preceptuado en relación con el derecho de inspección antes referido.
El Proyecto exige que las sociedades de gestión colectiva categoricen a sus miembros conforme a los ingresos obtenidos por la utilización de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según sea el caso, estableciendo para cada categoría sus derechos, obligaciones y las formas de elegir y ser elegido. Sin embargo, obliga a que en todo caso, independientemente de las categorías de socios existentes en una sociedad de gestión colectiva, todos los socios tengan el derecho a elegir y participar, directa o indirectamente, en las decisiones que se adopten en las asambleas generales o seccionales.
El Proyecto modifica la conformación del consejo directivo de las sociedades de gestión colectiva, estableciendo que este órgano de dirección debe tener un número impar de miembros, no inferior a tres (3) ni superior a siete (7), de los cuales al menos uno (1) debe ser socio de la sociedad y otro, una persona independiente de la sociedad de reconocida experiencia en asuntos comerciales, financieros y de administración o afines.
Este mismo artículo establece que el Consejo Directivo deberá reunirse mínimo una vez al mes, y que los honorarios mensuales de sus miembros no podrán exceder en ningún caso de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales solo se pagarán a quienes asistan a toda la sesión.
La iniciativa dispone que los miembros principales y suplentes del Consejo Directivo sean elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años y por el sistema de cuociente electoral, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por la misma Asamblea General. Así mismo, prohíbe la reelección inmediata de los miembros del Consejo Directivo.
El Proyecto actualiza el régimen de inhabilidades del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia y de los administradores, así como las inhabilidades e incompatibilidades del Revisor Fiscal.
DEL RECAUDO
En el Título III se aborda la regulación del recaudo de las remuneraciones causadas por la administración de los derechos patrimoniales de autor de los titulares afiliados a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
En particular se fijan los criterios normativos bajo los cuales las sociedades de gestión colectiva deben fijar las tarifas generales por el uso de las obras o prestaciones artísticas que administran en representación de sus socios.
De igual forma se obliga a las sociedades de gestión colectiva a publicar sus tarifas en la página web y en el domicilio social como un mecanismo de transparencia frente a los diferentes usuarios.
Adicionalmente, se crea un mecanismo de ventanilla única mediante el cual los propietarios o responsables de establecimientos de comercio donde se utilicen creaciones musicales y/o audiovisuales podrán realizar de manera unificada y en un solo paso los pagos por concepto de derecho de autor y derechos conexos que requieren para desarrollar su actividad comercial.
Finalmente en este Título III se regula el procedimiento de concertación de tarifas entre las sociedades de gestión colectiva y los gremio s y asociaciones de usuarios, y se contemplan los mecanismos de solución de controversias en caso de que la concertación no resulte efectiva.
En este Título se establecen una serie de principios, procedimientos y mecanismos que las sociedades de gestión colectiva deben seguir al memento de realizar la distribución de las remuneraciones recaudadas entre sus respectivos asociados.
Dispone el Proyecto que el reparto se realizará al menos dos (2) veces al año y con intervalos que no podrán superar los seis (6) meses, y que las fechas exactas de pagos deberán ser informadas anualmente a la Dirección Nacional del Derecho de Autor y los socios a más tardar el 31 de marzo.
Así mismo se establece que al momento del reparto, las sociedades de gestión colectiva deberán aportar, a cada socio mediante el formato que para el efecto le autorice la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, información suficiente que permita entender la forma como se procedió a la liquidación respectiva de cada socio.
El Proyecto precisa que el derecho al pago de remuneraciones no cobradas por un socio, prescribe a los cinco (5) años contados a partir de la fecha de la notificación al socio, y que las remuneraciones prescritas acrecentarán los valores a distribuir entre los socios.
Se obliga a las sociedades de gestión colectiva a organizar y mantener actualizada una base de datos con información clara y precisa de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o fonogramas declaradas por sus socios, de los usos reportados y de los métodos aplicados para la distribución, de tal forma que se permita a los titulares de derechos y a la sociedades de gestión extranjeras identificar la fuente de sus remuneraciones; la cual, deberá estar disponible al público en la página web de las sociedades de gestión colectiva y en el domicilio social.
Establece el Proyecto que las remuneraciones sobre obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas de titulares no identificados deberán permanecer en reserva por un término que no podrá ser inferior a cinco (5) años, y que una vez transcurrido dicho término sin que se identifique el respectivo titular, las remuneraciones correspondientes a tales obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas acrecentarán los valores a distribuir entre los socios.
El título qu into se crea la figura de la defensoría del artista y del usuario en la cual se podrán elevar quejas frente a las actuaciones de las sociedades de gestión colectiva que impliquen vulneraciones a las normas legales y estatutarias que rigen su actividad. También se concibe la defensoría del artista y del usuario como una instancia previa a las actuaciones administrativas que pueden surtirse ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor como órgano de inspección, vigilancia y control. No obstante el Proyecto
permite que cuando persista la inconformidad del artista o del usuario, éste pueda acudir a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para que adopte las medidas a que hubiere lugar.
Por su parte, se regula la asignación de anticipos de distribuciones de derechos al interior de las sociedades de gestión colectiva, estableciendo que se sujetarán a los parámetros y criterios objetivos establecidos por la Asamblea General, y que con todo, no podrán exceder el promedio de las dos (2) últimas distribuciones del socio beneficiario.
Se prohíbe a los socios de las sociedades de gestión colectiva ser empleados o contratistas de la sociedad a la que pertenezcan.
De otra parte, el Proyecto subroga el artículo 38 de la Ley 44 de 1993, y se establece que la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, como la entidad de inspección, vigilancia y control, puede imponer sanciones de multa, de hasta trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a las sociedades de gestión colectiva cuando se compruebe que las mismas han vulnerado normas legales o estatutarias.
También el Proyecto introduce un aumento en el término de caducidad para imponer sanciones a las sociedades de gestión colectiva, estableciendo que la facultad que tiene la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para imponer una sanción caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo.
Se subroga el artículo 21 de la Ley 23 de 1982, y se dispone que el monto de los gastos de las sociedades de gestión colectiva no podrá exceder, en ningún caso, del veinte por ciento (20%) de la cantidad total de las remuneraciones recaudadas efectivamente por la utilización de los derechos de sus socios y de los miembros de las sociedades de gestión extranjeras con las cuales tengan contratos de representación recíproca. No obstante lo anterior, el Proyecto permite que las sociedades de gestión colectiva soliciten a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor que les autorice gastos administrativos hasta de un 30% para los dos (2) años siguientes a su autorización de funcionamiento.
También se dispone que con el objeto de satisfacer fines sociales y culturales, previamente definidos por la Asamblea General, las sociedades de gestión colectiva pueden destinar hasta el 15% de lo recaudado.
Finalmente se establece que la ley empezaría a regir a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial y que deroga los artículos 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 43, 45, 46, 47 y 49 de la Ley 44 de 1993, así como las demás disposiciones que le sean contrarias.
MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER DEBATE
Durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes llevada a cabo el 25 abril de 2012, se llevó a cabo la discusión y votación del proyecto de ley en primer debate, donde el Honorable Representante Efraín Torres Monsalvo radicó dos proposiciones modificativas, las cuales fueron acogidas por la comisión y por ende aprobadas. Los cambios introducidos por el Representante Torres, hacen referencia a los artículos 21 y 25 donde se posibilita a las sociedades de gestión colectiva contratar no solo personas jurídicas para
adelantar la revisoría fiscal sino también a personas naturales y ajusta sus inhabilidades e incompatibilidades a esta posibilidad.
MODIFICACIONES PARA SEGUNDO DEBATE
Resulta necesario realizar ciertos ajustes en el artículo 5° del Proyecto de ley, a tal efecto, nos permitimos presentar de manera integrada el texto del Proyecto de ley, en el que conste el siguiente cambio:
Se propone modificar el artículo 5° del proyecto de Ley 202 de 2012, suprimiendo la obligación de inscripción del gestor individual cuando pretenda ejercer sus derechos de autor o conexos frente a organismos de radiodifusión (Empresas de radio o televisión).
La justificación de esta modificación se sustenta en que los requisitos de los gestores individuales dispuestos en el artículo 5° de la iniciativa se justifican frente a usos masivos de obras o prestaciones artísticas, donde se requiere una supervisión efectiva del Estado. Por ello, consideramos que es suficiente incluir en la norma únicamente la gestión realizada en establecimientos abiertos al público y en espectáculos o audiciones públicas, que son los escenarios por excelencia donde se explotan de manera masiva las obras y las prestaciones artísticas. Se excluye, en consecuencia, la obligación de inscripción de los gestores individuales cuando pretendan la gestionar sus derechos frente a organismos de radiodifusión.
Texto Proyecto de ley aprobado por la Comisión Primera de Cámara
Ponencia Segundo Debate ¿ Plenaria de Cámara
Artículo 5°. Requisitos del gestor individual. Quien pretenda gestionar individualmente derechos de comunicación pública y reproducción sobre obras musicales, audiovisuales, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público y frente a organismos de radiodifusión, transmisión cableada o satelital, deberá inscribirse en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
La solicitud de inscripción deberá contener:
1. Su nombre, documento de identificación y domicilio.
2. Sus tarifas, las cuales deberán ser técnicamente justificadas conforme a los criterios establecidos en la ley.
3. La documentación de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, la cual deberá contener:
a) Nombre de todas las obras, interpretaciones
Artículo 5°. Requisitos del gestor individual. Quien pretenda gestionar individualmente derechos de comunicación pública y reproducción sobre obras musicale s, audiovisuales, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas y en establecimientos abiertos al público, deberá inscribirse en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
o ejecuciones artísticas, o fonogramas que se pretenden gestionar, identificando los correspondientes autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas o audiovisuales, según el caso.
b) Mención del derecho o derechos que se pretenden gestionar.
c) Acreditación de la titularidad de los derechos cuya gestión se pretende.
Parágrafo 1°. La inscripción ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor facultará al gestor individual para realizar su actividad con estricta sujeción a la documentación aportada en la solicitud. Cualquier modificación en la información deberá comunicarse previamente a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, a efectos de modificar la respectiva inscripción.
Parágrafo 2°. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo impedirá a los gestores individuales gestionar sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público y frente a organismos de radiodifusión, transmisión cableada o satelital.
Parágrafo 1°. La inscripción ante la Unidad Admin istrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor facultará al gestor individual para realizar su actividad con estricta sujeción a la documentación aportada en la solicitud. Cualquier modificación en la información deberá comunicarse previamente a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, a efectos de modificar la respectiva inscripción.
Parágrafo 2°. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo impedirá a los gestores individuales gestionar sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas y en establecimientos abiertos al público.
Por las anteriores consideraciones, solicito a la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes, dar Segundo Debate y aprobar con las modificaciones propuestas en el Pliego de Modificaciones que se adjunta el Proyecto de ley número 202 de 2012, Cámara, por medio de la cual se reforma la gestión del derecho de autor y los derechos conexos y se dictan otras disposiciones¿.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 202 DE 2012 CÁMARA
De las diferentes formas de gestión de derecho de autor y conexos
Artículo 1º. Ejercicio del derecho de autor y conexos. Los titulares de derecho de autor o de derechos conexos solamente podrán gestionar sus derechos patrimoniales de manera colectiva, individual, o a través de otras formas de asociación.
Artículo 2º. Gestión colectiva. Se entenderá por gestión colectiva del derecho de autor o los derechos conexos, la desarrollada por una sociedad de gestión colectiva en representación de una pluralidad de titulares de derechos, para ejercer frente a terceros los derechos exclusivos o de remuneración que a sus afilados o representados correspondan con ocasión del uso de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.
Parágrafo. Cuando un titular opte por gestionar cualquier derecho patrimonial a través de una sociedad de gestión colectiva, no podrá ejercer tal derecho de manera individual o a través de otra forma de asociación a menos que revoque de manera previa y expresa el mandato otorgado en favor de aquella.
Artículo 3º. Gestión individual. Se entenderá por gestión individual la que realice directamente el propio titular respecto de un derecho de autor o conexo, cuyo ejercicio no se haya delegado en una sociedad de gestión colectiva o en otra forma de asociación.
Artículo 4º. Gestión a través de otras formas de asociación . Se entenderá por gestión a través de otras formas de asociación aquella que realiza un grupo de titulares de derecho de autor o conexos, que no se encuentran afiliados a ninguna sociedad de gestión colectiva y optan por constituir una persona jurídica sin ánimo de lucro diferente a una sociedad de gestión colectiva para gestionar sus derechos patrimoniales de autor o conexos.
La forma asociativa de que trata el presente artículo deberá representar, directa o indirectamente, a mínimo cinco (5) y máximo veinticinco (25) titulares de derecho de autor o de derechos conexos. Será nula de pleno derecho la forma asociativa que se constituya o represente menos de cinco (5) o más de veinticinco (25) titulares de derecho de autor o de derechos conexos. Si durante su existencia excediere dichos límites, la forma asociativa tendrá un mes para adecuarse a lo previsto en el presente artículo, so pena de la nulidad de todos los actos realizados con posterioridad al plazo del mes antes mencionado.
De la gestión individual
Artículo 5º. Requisitos del gestor individual. Quien pretenda gestionar individualmente derechos de comunicación pública y reproducción sobre obras musicales, audiovisuales, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público deberá inscribirse en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
a) Nombre de todas las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que se pretenden gestionar, identificando los correspondientes autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas o audiovisuales, según el caso.
Parágrafo 1º. La inscripción ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor facultará al gestor individual para realizar su actividad con estricta sujeción a la documentación aportada en la solicitud. Cualquier modificación en la información deberá comunicarse previamente a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, a efectos de modificar la respectiva inscripción.
Parágrafo 2º. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo impedirá a los gestores individuales gestionar sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas y en establecimientos abiertos al público.
Artículo 6º. Actos, contratos, autorizaciones y comprobantes de pago de gestores individuales. Los gestores individuales siempre deberán individualizar el repertorio de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que administran y acreditar que son titulares de tales obras o prestaciones ante los usuarios y autoridades competentes. Carecerán de validez y no serán oponibles frente a autoridades administrativas o de policía o particulares, los actos, contratos, autorizaciones o comprobantes de pago expedidos por gestores individuales que no cumplan con lo aquí previsto.
Artículo 7º. Sanciones a los gestores individuales. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo y demás disposiciones aplicables dará lugar a la imposición de multas de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
De la gestión a través de otras formas de asociación
Artículo 8º. Requisitos para ejercer la actividad como otra forma de asociación. Las otras formas de asociación que pretendan gestionar derechos patrimoniales deberán ser inscritas en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. La solicitud de inscripción deberá contener:
1. Acto de constitución y de reconocimiento de personería jurídica.
2. Las facultades conferidas a la otra forma de asociación, haciendo referencia expresa a cada una de las modalidades de explotación encomendadas a su administración.
4. Reglas de reparto a cada uno de sus afiliados o representados.
5. Sus tarifas, las cuales deberán ser técnicamente justificadas conforme a los criterios previstos en la ley.
6. El listado de sus socios miembros, afiliados, asociados o poderdantes.
7. La documentación de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, la cual deberá contener:
8. El nombre del representante legal para su respectiva anotación.
Parágrafo 1º. La inscripción ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor facultará a las otras formas de asociación para realizar su actividad con estricta sujeción a la documentación aportada en la solicitud. Cualquier modificación en la información deberá comunicarse previamente a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a efectos de modificar la respectiva inscripción. Las otras formas de asociación solamente podrán recaudar y distribuir y no podrán desarrollar las demás actividades reservadas por la ley a las sociedades de gestión colectiva tales como adelantar actividades de bienestar social o cultural, celebrar contratos de representación recíproca con sociedades de gestión colectiva u otras formas de asociación nacionales o extranjeras.
Parágrafo 2º. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo impedirá a las otras formas de asociación gestionar sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público y frente a organismos de radiodifusión, transmisión cableada o satelital.
Artículo 9º. Actos, contratos, autorizaciones y comprobantes de pago de las otras formas de asociación. Las otras formas de asociación siempre deberán individualizar el repertorio de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que administran y acreditar la representación de tales obras o prestaciones al momento de realizar cualquier acto, contrato o emitir autorizaciones o comprobantes de pago. Carecerán de validez y no serán oponibles frente a autoridades administrativas o de policía o particulares, los actos, contratos, autorizaciones o comprobantes de pago expedidos por las otras formas de asociación que no cumplan con lo aquí previsto.
Artículo 10. Inspección, vigilancia y control a las otras formas de asociación. Las otras formas de asociación estarán sometidas en lo relacionado a la gestión del derecho de autor y los derechos conexos, a la inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo y demás disposiciones aplicables dará lugar a la imposición de multas de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Parágrafo. El representante legal de las otras formas de asociación podrá ser sancionado en los mismos términos de los directivos de las sociedades de gestión colectiva por violaciones a la ley.
Artículo 11. Constitución. Los titulares de derecho de autor o de derechos conexos podrán constituir sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro. Para tal efecto, las sociedades de gestión colectiva deberán obtener personería jurídica y autorización de funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Artículo 12. Reconocimiento de la personería jurídica y autorización de funcionamiento. El reconocimiento de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos serán concedidas en un solo acto por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 351 de 1993 y en la ley.
Artículo 13. Legitimación. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos estarán legitimadas por el hecho de obtener personería jurídica y autorización de funcionamiento y en los términos que resulten de sus estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. En tal sentido, no requerirán de poder conferido por sus asociados para ejercer tal representación.
Dicha legitimación se acreditará con el correspondiente certificado de existencia y representación legal expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Parágrafo. Las sociedades de gestión colectiva llevarán un registro público de sus asociados y representados nacionales y extranjeros con indicación de la entidad a la que pertenecen y de la categoría de derecho que administra, de acuerdo al género de obras respectivo. Este registro público deberá estar disponible permanentemente en la página web de la respectiva sociedad.
Artículo 14. Organización y funcionamiento. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derecho s conexos se organizarán y funcionarán conforme a las siguientes normas:
Los estatutos determinarán la forma y condiciones de admisión y retiro de la asociación, los casos de expulsión y suspensión de derechos sociales, así como los medios para acreditar la condición de titulares de derechos de autor o conexos. Las sociedades de gestión colectiva tendrán la obligación de admitir a cualquier titular de derechos que acredite ejercer la titularidad de mínimo una (1) obra, interpretación o ejecución artística, o fonograma que sea explotado públicamente.
En ningún caso las sociedades de gestión colectiva podrán negarse a la administración de los derechos patrimoniales que se les demande en los términos del presente numeral.
2. El Consejo Directivo deberá aprobar los reglamentos de tarifas, recaudo y distribución de las remuneraciones provenientes de la utilización de los derechos que administra y los demás reglamentos internos que se requieran para la correcta administración de la sociedad.
3. Los miembros de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, deberán recibir información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades
de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos. Los reportes de información deberán entregarse a sus afiliados por lo menos dos (2) veces al año.
4. Sin la autorización expresa de la Asamblea General, las remuneraciones recaudadas por una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos solamente podrán destinarse para cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones una vez deducidos esos gastos.
5. El importe de las remuneraciones recaudadas por las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos se distribuirá entre los derechohabientes guardando proporción con la utilización real de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso.
6. Los socios extranjeros cuyos derechos sean administrados por una sociedad de gestión colectiva, ya sea directamente o sobre la base de acuerdo con sociedades extranjeras de gestión colectiva que los representen, gozarán del mismo trato de los socios nacionales.
7. Las sociedades de gestión colectiva tendrán los siguientes órganos: Asamblea General, Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y Revisor Fiscal.
8. Las sociedades de gestión colectiva responderán oportunamente y de fondo las solicitudes de información respetuosas que realicen sus afiliados y usuarios, sin perjuicio de la debida protección de datos personales y de información confidencial.
Las sociedades de gestión colectiva deberán facilitar mecanismos de solicitud de información para sus afiliados.
El término de la respuesta no podrá ser superior a quince (15) días hábiles después de la radicación de la solicitud de información.
9. Las sociedades de gestión colectiva establecerán en sus estatut os los procedimientos para la imposición de sanciones de carácter disciplinario a los asociados. Siempre se deberá respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Cualquier sanción impuesta al asociado se aplicará sin perjuicio de la administración de sus derechos, excepto la de expulsión de la sociedad.
10. Para aquellos afiliados que no sean fundadores, las sociedades de gestión colectiva categorizarán a sus miembros conforme a los ingresos obtenidos por la utilización de sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según sea el caso, estableciendo para cada categoría sus derechos y obligaciones y las formas de elegir y ser elegido. En todo caso, independientemente de las categorías de socios existentes en una sociedad de gestión colectiva, todos los socios tendrán el derecho a elegir y participar, directa o indirectamente, en las decisiones que se adopten en las asambleas generales o seccionales.
Parágrafo 1º. Los nombres de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, del Gerente, del Revisor Fiscal y demás funcionarios de las sociedades de gestión colectiva que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor deberán ser inscritos ante dicha entidad. Toda modificación deberá ser comunicada a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en un plazo no superior a quince (15) días, adjuntando copia del acto por el cual fueron nombrados o elegidos, hoja de vida, e indicando el domicilio, nombre, y documento de identificación. Las designaciones y nombramientos no
producirán ningún efecto dentro de la sociedad ni frente a terceros hasta su inscripción. A la solicitud de inscripción o modificación deberá acompañarse copia del acto respectivo.
Parágrafo 2º. La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, podrá negar la inscripción de la designación de los dignatarios de las sociedades de gestión colectiva, entre otros, en los siguientes casos:
a) Por violación de las disposiciones legales y/o estatutarias en la elección.
c) Falta de probidad e idoneidad.
Artículo 15. Asamblea General. La Asamblea General será el órgano supremo de la sociedad de gestión colectiva y elegirá a los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y al Revisor Fiscal. Sus atribuciones, funcionamiento y convocatoria se fijarán en los estatutos sociales.
Las votaciones que se realicen para elegir a los delegados para la Asamblea General, en caso de existir, los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia o el Revisor Fiscal serán secretas. Los empleados y directivos de las sociedades de gestión colectiva no podrán participar, injerir, presionar o promover en cualquier sentido, directa o indirectamente, en las elecciones de que trata el presente artículo, sin perjuicio del derecho de voto a que tengan derecho.
Artículo 16. Documentos que se presentan a la Asamblea General. El Consejo Directivo y el Gerente General presentarán a la asamblea, para su aprobación o rechazo, el balance de cada ejercicio, acompañado de los siguientes documentos:
1) Un balance de la sociedad detallando activos y pasivos, con inclusión de un detalle completo de los dineros recaudados y distribuidos en el ejercicio, préstamos, adelantos y gastos e ingresos diferidos, entre otros.
2) El informe del Consejo Directivo sobre la situación económica y financiera de la sociedad, que contendrá además de los datos contables y estadísticos pertinentes, los que a continuación se enumeran:
c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a este, efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas;
3) Un informe escrito del representante legal sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea, y
4) El informe escrito del revisor fiscal.
5) Un informe del Comité de Vigilancia sobre su gestión.
Artículo 17. Derecho de inspección. Los documentos indicados en el artículo anterior, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los socios en el domicilio principal de la sociedad, durante los quince (15) días hábiles que precedan a la reunión de la asamblea.
En ningún caso, este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre secretos empresariales, datos personales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad.
Los administradores y funcionarios directivos así como el revisor fiscal que no dieren cumplimiento a lo preceptuado en este artículo, serán sancionados por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor con multas de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los infractores.
Las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección serán resueltas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor. En caso de que la autoridad considere que hay lugar al suministro de información, impartirá la orden respectiva.
Artículo 18. Consejo Directivo. El Consejo Directivo será el órgano de dirección y administración de la sociedad, sujeto a la Asamblea General, cuyos mandatos ejecutará. Sus atribuciones y funciones se precisarán en los estatutos. El Consejo Directivo estará conformado por un número impar de miembros no inferior a tres (3) ni superior a siete (7) y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulación expresa en contrario, los suplentes serán numéricos.
El Consejo Directivo deberá estar integrado al menos por un (1) socio de la sociedad y una (1) persona independiente de la sociedad de reconocida experiencia en asuntos comerciales, financieros y de administración o afines.
El Consejo Directivo elegirá un Gerente, quien será el representante legal de la sociedad quien cumplirá las disposiciones y acuerdos del Consejo Directivo. Sus atribuciones se precisarán en los estatutos.
Parágrafo. El Consejo Directivo deberá reunirse mínimo una vez al mes. Los honorarios mensuales de sus miembros no podrán exceder en ningún caso de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y solo se pagarán a quienes asistan a toda la sesión.
Artículo 19. Elección y remoción del Consejo Directivo. Los miembros principales y suplentes del Consejo Directivo serán elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años y por el sistema de cuociente electoral, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por la misma Asamblea General. No habrá reelección inmediata de los miembros del Consejo Directivo.
Artículo 20. Comité de Vigilancia. El Comité de Vigilancia estará integrado por tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos, quienes deberán ser miembros de la sociedad. El Comité de Vigilancia tendrá, además de las atribuciones y funciones establecidas en los estatutos, las siguientes:
1. Velar por el cumplimiento efectivo de la ley, los estatutos sociales y los reglamentos por parte de la sociedad y sus directivos.
2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los órganos de dirección, administración y control de las sociedades de gestión colectiva.
3. Presentar de forma trimestral a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, un informe trimestral sobre su gestión.
4. Velar por el respeto al socio y los usuarios.
5. Adelantar, de oficio o a petición de parte, las investigaciones disciplinarias en contra de los socios, directivos y demás funcionarios de la sociedad.
Parágrafo. El Comité de Vigilancia deberá reunirse mínimo una vez al mes y sus integrantes no podrán percibir honorarios.
Artículo 21. Revisor Fiscal. La revisoría fiscal de las sociedades de gestión colectiva se efectuará a través de una persona natural o jurídica con sujeción a las normas de la presente ley y las demás que regulen la materia.
El revisor fiscal de las sociedades de gestión colectiva está obligado a reportar trimestralmente informes sobre su gestión a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Artículo 22. Reglamentos Internos. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos quedan obligadas a elaborar los siguientes reglamentos internos:
1. El reglamento de tarifas dando aplicación a los criterios generales y específicos establecidos en la ley.
2. El reglamento de reparto, que debe incluir la forma de liquidaciones acorde con las utilizaciones de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.
3. El reglamento de contabilidad, el cual contendrá de forma concreta la aplicación del manual de buenas prácticas contables.
4. El reglamento de contratación, donde se establecerá la transparencia y difusión de las formas contractuales, los montos autorizados para el gerente. Este reglamento lo deberá expedir la Asamblea General.
5. El reglamento de bienestar social, en caso de existir gastos con fines sociales y culturales.
6. El reglamento de socios, donde se incluirá el procedimiento para que los mismos presenten sus quejas y reclamos frente a la sociedad.
Artículo 23. Régimen de Inhabilidades del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia. Los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, además de las inhabilidades consagradas en los estatutos, tendrán las siguientes:
1. Ser cónyuges, compañero (a) permanente entre sí o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de alguno de sus miembros.
2. Ser directivo, propietario, socio, representante o abogado al servicio de entidades deudoras de la sociedad o que se hallen en litigio con ellas.
3. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o cónyuge compañero (a) permanente de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, del Gerente o el Revisor Fiscal de la sociedad.
4. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los funcionarios de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
5. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los empleados o contratistas de la sociedad de gestión colectiva.
Artículo 24. Inhabilidades administradores. El Gerente además de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los estatutos, tendrán las siguientes:
1. Ser gerente u ocupar algún cargo directivo en otra sociedad de gestión colectiva cuya inscripción sea obligatoria en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
2. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, del Gerente o del Revisor Fiscal.
3. Ser directivo, empresario, propietario, socio, representante, abogado o funcionario de entidades deudoras de la sociedad o que se hallen en litigio con ella.
Artículo 25. Inhabilidades e Incompatibilidades del Revisor Fiscal. El Revisor Fiscal además de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los estatutos, tendrá las siguientes:
2. Ser cónyuge, compañero (a) permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia o del Gerente de la sociedad.
4. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge o compañero (a) permanente de los funcionarios de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
Las inhabilidades descritas en el presente artículo son aplicables a la persona natural individualmente considerada designada como Revisor Fiscal y a las personas naturales que la persona jurídica o colectiva elija para adelantar las actividades de revisoría fiscal.
De las tarifas por derecho de autor y derechos conexos
Artículo 26. Criterios para las tarifas generales. La determinación de las tarifas generales por el uso de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, así como la concertación de las tarifas con los usuarios deberá sujetarse a los siguientes criterios objetivos generales:
1. Criterio de Intensidad: La intensidad en la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas se clasificará de la siguiente manera:
a) Imprescindibles: Se entienden aquellas utilizaciones de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas y fonogramas sin las cuales el usuario no podrá cumplir con su objeto social o actividad económica del usuario.
b) Necesarias: Se entiende aquellas utilizaciones de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que contribuyen significativamente al desarrollo del objeto social o actividad económica del usuario.
c) Accesorias: Se entiende aquellas utilizaciones de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que no inciden en el desarrollo del objeto social o actividad económica del usuario.
2. Interés en el uso: Este criterio permitirá diferenciar a los usuarios según tengan o no un ánimo de lucro en la explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas. Este criterio no implica la negación del derecho cuando el uso no tenga fines de lucro.
3. Público: Este criterio permitirá clasificar los usuarios de acuerdo al número de personas que tengan acceso a las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.
4. Capacidad tecnológica: Este criterio permitirá diferenciar a los usuarios cuya capacidad tecnológica sea determinante en la mayor o menor intensidad del uso de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.
Parágrafo. La determinación de las tarifas por parte de las sociedades de gestión colectiva y la negociación de las mismas con los gremios y asociaciones de usuarios no podrá entenderse como una vulneración de las normas de protección de la libre competencia.
Artículo 27. Publicidad de las tarifas. Las tarifas generales deberán permanecer publicadas en la página web de las sociedades de gestión colectiva y estar disponibles para la consulta en el domicilio social.
Parágrafo. Sin perjuicio de la lista de tarifas determinada para la ventanilla única, las tarifas generales por derecho de autor y derechos conexos son la base para la concertación entre las Sociedades de Gestión Colectiva y los diferentes usuarios.
Artículo 28. Ventanilla única para la obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de autor y conexos. Para los efectos del literal c) del artículo 2º de la Ley 232 de 1995, y con la finalidad de reducir los trámites que los propietarios o responsables de establecimientos abiertos al público deben realizar para acreditar los requisitos de funcionamiento, cuando almacenan digitalmente obras musicales, fonogramas y videos musicales, y ejecutan o comunican al público obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o interpretaciones artísticas, derecho de reproducción de obras literarias o artísticas, la obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de autor y conexos se realizará a través de una ventanilla única recaudadora que deberán constituir las sociedades de gestión colectiva, a través de la cual se realizará de manera unificada el recaudo de los derechos de autor y conexos.
Para efectos de lo señalado en el presente artículo se podrá constituir una entidad recaudadora cuya organización, administración y funcionamiento serán acordadas por sus miembros en los estatutos sociales. La elección, conformación y funcionamiento de los órganos de dirección y administración, el régimen de votaciones y la toma de decisiones observarán el principio de proporcionalidad con relación a la participación de sus miembros en el recaudo.
En caso de que se constituya la entidad recaudadora para el manejo de la ventanilla única, esta deberá iniciar su funcionamiento a más tardar el primero (1º) de enero de 2013.
La no constitución de la ventanilla única impedirá a las sociedades de gestión colectiva realizar recaudo por la administración de los derechos de sus socios en establecimientos abiertos al público.
Parágrafo 1º. Mientras entre en funcionamiento la ventanilla única recaudadora, las licencias y pagos se obtendrán y realizarán a través de las entidades recaudadoras constituidas conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 44 de 1993, las Sociedades de Gestión Colectiva, las Asociaciones de Titulares y los Titulares Individuales, según corresponda.
Parágrafo 2º. En el evento de que se constituya una sociedad para el manejo de la ventanilla única recaudadora, estará sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Parágrafo 3º. El pago a la ventanilla única recaudadora de que trata este artículo hará presumir que el usuario ha cumplido integralmente con la obligación contemplada en el literal c) del artículo 2º de la Ley 232 de 1995.
Artículo 29. Lista de tarifas. Los miembros de la ventanilla única recaudadora acordarán la lista de tarifas para vigencias anuales con los gremios, las asociaciones de usuarios legalmente constituidas o los particulares.
Parágrafo. La entidad recaudadora que se constituya para el manejo de la ventanilla única deberá publicar en un diario de amplia circulación nac ional y en su página web, el listado de tarifas anuales a más tardar el 1º de febrero de cada año.
De la concertación de tarifas con los gremios y asociaciones de usuarios
Artículo 30. Concertación de las tarifas con gremios y asociaciones de usuarios. La aplicación de tarifas generales a miembros de un determinado gremio o asociación de usuarios deberá ser concertada con la respectiva entidad gremial o asociación. El término de duración del proceso de concertación de tarifas deberá ser razonable. Si transcurridos dos (2) meses desde la iniciación del proceso de concertación no se alcanza un acuerdo en relación con las tarifas, cualquiera de las partes podrá convocar, a prevención, un Tribunal de Arbitramento para la solución de las controversias que persistan entre ellas, sin perjuicio de que las partes acudan a los demás mecanismos alternativos de solución de controversias. Para tal efecto, la entidad recaudadora, las sociedades de gestión colectiva, los gremios o las asociaciones de usuarios legalmente constituidas tendrán legitimidad para representar a sus afiliados en la concertación y en la solución de sus conflictos tarifarios.
Artículo 31. Tribunal de Arbitramento. El Tribunal de Arbitramento a que se refiere el presente capítulo podrá adelantarse ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor o cualquiera otro legalmente reconocido. El Tribunal de Arbitramento decidirá en derecho y su conformación, funcionamiento y demás aspectos relevantes se regirán por el reglamento del respectivo centro.
Artículo 32. Prohibición uso del repertorio. Durante el trámite de concertación, solución de controversias, o del proceso judicial de ser el caso, los usuarios miembros de la agremiación deberán abstenerse de utilizar obras o prestaciones artísticas sobre las que no tengan autorización, salvo que se consigne judicialmente la cantidad exigida conforme a las tarifas generales definidas por la entidad única recaudadora correspondientes al año inmediatamente anterior o las tarifas generales definidas por las sociedades de gestión colectiva para el año inmediatamente anterior.
Artículo 33. Proporcionalidad. Las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje máximo establecido en la ley, garantizarán la distribución equitativa a los titulares de derechos directamente o a través de las sociedades extranjeras de gestión colectiva de derechos, en forma proporcional a la utilización efectiva de la obra, interpretación o ejecución artística, o fonograma. Los socios extranjeros cuyos derechos sean administrados por una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, ya sea directamente o sobre la base de acuerdo con sociedades extranjeras de gestión colectiva de derechos de autor o derechos conexos que representen directamente a tales socios, gozarán en materia de distribución del mismo trato que los socios nacionales.
Artículo 34. Exactitud, transparencia y objetividad. Las sociedades de gestión colectiva deben establecer procedimientos eficientes para identificar con el mayor grado de exactitud posible la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas. La distribución deberá basarse en sistemas de información transparentes y objetivos de utilización efectiva de las obras, inter pretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas.
Parágrafo. Las sociedades de gestión colectiva deberán adoptar mecanismos técnicos y sistemas de información que garanticen una distribución exacta, transparente y objetiva, para lo cual contarán con un término de seis (6) meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, so pena de la imposición de las sanciones a que hubiere lugar por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Artículo 35. Periodicidad. El reparto se realizará al menos dos (2) veces al año y con intervalos que no podrán superar los seis (6) meses. Las fechas exactas de pagos deberán ser informadas anualmente a la Dirección Nacional del Derecho de Autor y los socios a más tardar el 31 de marzo.
Artículo 36. Suministro de información. Al momento del reparto, las sociedades de gestión colectiva deberán aportar información suficiente que permita entender la forma como se procedió a la liquidación respectiva de cada socio. El suministro de información será individual para cada socio mediante el formato que para el efecto le autorice la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor a cada sociedad de gestión colectiva.
Artículo 37. Prescripción. El derecho al pago de remuneraciones no cobradas por un socio, prescribe a los cinco (5) años contados a partir de la fecha de la notificación al socio. Las remuneraciones prescritas acrecentarán los valores a distribuir entre los socios.
De la información sobre las obras, los socios y los métodos de repar to
Artículo 38. Base de datos de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos deberán organizar y mantener actualizada una base de datos con información clara y precisa de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o fonogramas declaradas por sus socios, de los usos reportados y de los métodos aplicados para la distribución, de tal forma que se permita a los titulares de derechos y a las sociedades de gestión extranjeras identificar la fuente de sus remuneraciones.
Esta información deberá estar disponible al público en la página web de las sociedades de gestión colectiva y en el domicilio social.
Artículo 39. Reparto sobre obras o prestaciones de titulares no identificados. Las remuneraciones sobre obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas de titulares no identificados deberán permanecer en reserva por un término que no podrá ser inferior a cinco (5) años. Transcurrido el término anterior sin que se identifique el titular, las remuneraciones correspondientes a tales obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas acrecentarán los valores a distribuir entre los socios.
Parágrafo. Para que una obra, interpretación o ejecución artística, o fonograma pueda ser considerada como no identificada y con el fin de permitir su publicidad y lograr su plena
identificación, las sociedades deberán poner a disposición por el medio más expedito a sus socios, representados y ciudadanía en general, los listados de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas de titulares no identificados.
Artículo 40. Defensoría del Artista y del Usuario. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos deberán designar un Defensor del Artista y del Usuario, quien deberá ser independiente a la sociedad y que tendrá la responsabilidad de absolver las peticiones, quejas y reclamos de los asociados y usuarios. La decisión del Defensor del Artista y del Usuario no será vinculante.
Previo al sometimiento ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor de los asuntos de su competencia, el socio o usuario de una sociedad de gestión colectiva deberá presentar, cuando la hubiere, una reclamación directa ante la sociedad o ante el Defensor del Artista y del Usuario o figura análoga en la respectiva sociedad. Con todo, cuando la sociedad no haya designado un Defensor o no mantenga una figura análoga el cliente o usuario deberá acudir directamente ante la entidad para que le sea resuelta su reclamación.
Si persistiere la inconformidad del artista o del usuario podrá acudir a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para que adopte las medidas a que hubiere lugar.
Lo anterior sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Artículo 41. Anticipos. Los anticipos se sujetarán a los parámetros y criterios objetivos establecidos por la Asamblea General. Con todo, los anticipos no podrán exceder el promedio de las dos (2) últimas distribuciones del socio beneficiario.
Artículo 42. Los socios de las sociedades de gestión colectiva no podrán ser empleados o contratistas de la sociedad a la que pertenezcan.
Artículo 43. El artículo 38 de la Ley 44 de 1993 quedará así:
¿Artículo 38. Comprobada una infracción a las normas legales y estatutarias por parte de las sociedades de gestión colectiva, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá imponer cualquiera de las siguientes sanciones:
b. Imponer multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
c. Suspender la personería jurídica hasta por un término de seis (6) meses, y
d. Cancelar la personería jurídica¿.
Artículo 44. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad que tiene la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para imponer una sanción caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo.
Artículo 45. El artículo 20 de la Ley 44 de 1993 quedará así:
¿Artículo 20. Las personas que formen parte del Consejo Directivo, el Gerente y el Revisor Fiscal de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor o de derechos conexos, no
podrán integrar órganos similares de otra sociedad de gestión colectiva de derechos de autor o de derechos conexos.
El Gerente no podrá ejercer como miembro del Consejo Directivo ni de ningún otro órgano de la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos.¿.
Artículo 46. El artículo 21 de la Ley 44 de 1993 quedará así:
¿Artículo 21. El Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos discutirá y aprobará su presupuesto de ingresos y egresos para períodos no mayores de un (1) año.
El monto de los gastos no podrá exceder, en ningún caso, del veinte por ciento (20%) de la cantidad total de la remuneración recaudada efectivamente por la utilización de los derechos de sus socios y de los miembros de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos extranjeras o similares con las cuales tenga contrato de representación recíproca. Las sociedades de gestión colectiva podrán solicitar a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor que autorice que los gastos administrativos sean hasta de un 30% para los dos años siguientes a su autorización de funcionamiento.
Con el objetivo de satisfacer fines sociales y culturales, previamente definidos por la Asamblea General, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos solo podrán destinar para estos efectos, hasta el quince por ciento (15%) de lo recaudado.
Artículo 47. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga los artículos 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 43, 45, 46, 47 y 49 de la Ley 44 de 1993, así como las demás disposiciones que le sean contrarias.
TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 202 DE 2012 CÁMARA
Artículo 4º. Gestión a través de otras formas de asociación. Se entenderá por gestión a través de otras formas de asociación aquella que realiza un grupo de titulares de derecho de autor o conexos, que no se encuentran afiliados a ninguna sociedad de gestión colectiva y optan por constituir una persona jurídica sin ánimo de lucro diferente a una sociedad de gestión colectiva para gestionar sus derechos patrimoniales de autor o conexos.
Artículo 5º. Requisitos del gestor individual. Quien pretenda gestionar individualmente derechos de comunicación pública y reproducción sobre obras musicales, audiovisuales, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público y frente a organismos de radiodifusión, transmisión cableada o satelital, deberá inscribirse en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Parágrafo 2º. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo impedirá a los gestores individuales gestionar sus obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas en espectáculos o audiciones públicas, establecimientos abiertos al público y frente a organismos de radiodifusión, transmisión cableada o satelital.
Artículo 6º. Actos, contratos, autorizaciones y comprobantes de pago de gestores individuales< /i>. Los gestores individuales siempre deberán individualizar el repertorio de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas que administran y acreditar que son titulares de tales obras o prestaciones ante los usuarios y autoridades competentes. Carecerán de validez y no serán oponibles frente a autoridades administrativas o de policía o particulares, los actos, contratos, autorizaciones o comprobantes de pago expedidos por gestores individuales que no cumplan con lo aquí previsto.
Artículo 10. Inspección, vigilancia y control a las otras formas de asociación. Las otras formas de asociación estarán sometidas en lo relacionado a la gestión del derecho de autor y los derechos conexos, a la inspección, vigilancia y control de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo y demás disposiciones aplicables dará lugar a la imposición de multas de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales men suales vigentes por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Artículo 14. Organización y funcionamiento. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos se organizarán y funcionarán conforme a las siguientes normas:
9. Las sociedades de gestión colectiva establecerán en sus estatutos los procedimientos para la imposición de sanciones de carácter disciplinario a los asociados. Siempre se deberá respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Cualquier sanción impuesta al asociado se aplicará sin perjuicio de la administración de sus derechos, excepto la de expulsión de la sociedad.
Artículo 18. Consejo Directiv o. El Consejo Directivo será el órgano de dirección y administración de la sociedad, sujeto a la Asamblea General, cuyos mandatos ejecutará. Sus atribuciones y funciones se precisarán en los estatutos. El Consejo Directivo estará conformado un número impar de miembros no inferior a tres (3) ni superior a siete (7) y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulación expresa en contrario, los suplentes serán numéricos.

References: Resolución 
 artículo 61
 artículo 150
 artículo 671
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 173
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 38
 artículo 334
 artículo 17
 artículo 27
 artículo 38
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 resolución 

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 2

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 38

Artículo 44

Artículo 45
 artículo 20

Artículo 46
 artículo 21

Artículo 47

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 18