Source: https://www.slideshare.net/malbarracin/demanda-igualdad-de-parejas-del-mismo-sexo-colombia-c029-de-200
Timestamp: 2017-03-28 19:31:45+00:00

Document:
Falcon enrique m como hacer una d...
by Christian Leuro
☆Juegos de parejas☆
Demanda de inconstitucionalidad contra 25 leyes que discriminaban a la parejas del mismo sexo en Colombia. Esta demanda fue realizada por el Centro de Estudios Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), Colombia Diversa y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (GDIP).Información resumida del caso en: Corte Constitucional decidió la Igualdad http://www.colombiadiversa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=634
Ref: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 del Decreto
2762 de 1991; artículo 24 literales a, b y d del Decreto 1795 de 2000;
artículos 411 y 457 del Código Civil; artículos 4 de la Ley 70 de 1931;
artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982; artículo 7 de la Ley 3 de 1991;
artículos 283 numeral 2 y 286 de la Ley 5º de 1992; artículo 5 de la Ley 43
de 1993; artículo 8 numeral 1 literal g y numeral 2 literales c y d de la Ley
80 de 1993; artículo 244 de la Ley 100 de 1993; artículos 14 numerales 2 y 8
y 52 de la Ley 190 de 1995; artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996; artículo
2 de la Ley 294 de 1996; artículo 2 de la Ley 387 de 1997; artículos 222,
431 y 495 de la Ley 522 de 1999; artículos 10 y 11 de la Ley 589 de 2000;
artículos 34, 104 numeral 1, 170 numeral 4, 179 numerales 1 y 4, 188 b
numeral 3, 229, 233, 236, 245 numeral 1, 454 a de la Ley 599 de 2000;
artículos 40, 71 y 84 numerales 1, 2, 3, 6, 7 y 9 de la Ley 734 de 2002;
artículos 8º literal b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004; artículo 3
numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de 2004; artículos 14 y 15 de la Ley
971 de 2005; artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005; artículos
2 y 26 de la Ley 986 de 2005; artículo 1º de la Ley 1148 de 2007; artículo
18 de la Ley 1153 de 2007; artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 numerales 2,
4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1152 de 2007.
Nosotros, RODRIGO UPRIMNY YEPES y MARIA PAULA SAFFON SANÍN, integrantes
del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia-, MARCELA
SÁNCHEZ BUITRAGO y MAURICIO ALBARRACÍN CABALLERO, integrantes de
Colombia Diversa, ALEJANDRA AZUERO QUIJANO, integrante del Grupo de Derecho de
Interés Público de la Universidad de los Andes, y la ciudadana LUZ MARÍA SÁNCHEZ
DUQUE, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, mayores de edad, en nuestra
condición de ciudadanos en ejercicio y actuando en nombre propio con fundamento en el
artículo 40 de la Constitución Política y en el decreto reglamentario 2067 de 1991,
presentamos ante este Despacho Judicial DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
contra los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991; artículo 24 literales a, b y d del Decreto
1795 de 2000; artículos 411 y 457 del Código Civil; artículos 4 de la Ley 70 de 1931;
artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982; artículo 7 de la Ley 3 de 1991; artículos 283 numeral 2
y 286 de la Ley 5º de 1992; artículo 5 de la Ley 43 de 1993; artículo 8 numeral 1 literal g y
numeral 2 literales c y d de la Ley 80 de 1993; artículo 244 de la Ley 100 de 1993; artículos
14 numerales 2 y 8 y 52 de la Ley 190 de 1995; artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996;
artículo 2 de la Ley 294 de 1996; artículo 2 de la Ley 387 de 1997; artículos 222, 431 y 495
de la Ley 522 de 1999; artículos 10 y 11 de la Ley 589 de 2000; artículos 34, 104 numeral 1,
170 numeral 4, 179 numerales 1 y 4, 188 b numeral 3, 229, 233, 236, 245 numeral 1, 454 a de
la Ley 599 de 2000; artículos 40, 71 y 84 numerales 1, 2, 3, 6, 7 y 9 de la Ley 734 de 2002;
artículos 8º literal b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004; artículo 3 numerales 3.7.1 y 3.7.2
de la Ley 923 de 2004; artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005; artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58
de la Ley 975 de 2005; artículos 2 y 26 de la Ley 986 de 2005; artículo 1º de la Ley 1148 de
2007; artículo 18 de la Ley 1153 de 2007; artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 numerales 2,
4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1152 de 2007. El cargo fundamental formulado contra estas normas es
que excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales y sus miembros,
vulnerando con ello, en todos los casos, el preámbulo y los artículos 1, 13 y 16 de la
Constitución Política (en adelante CP), y en algunos casos los artículos 2, 12, 13, 15, 16, 18,
24, 29, 40, 48, 49, 51, 58, 64, 66, 93, 95, 100, 123, 126, 209, 229, 250 numerales 6 y 7 de la
Constitución Política (en adelante CP).
Para desarrollar con claridad y precisión el análisis de constitucionalidad de todas las normas
aquí acusadas, hemos dividido la demanda en cuatro partes. La primera parte consiste en una
sección preliminar, en la cual se hará una explicación de los aspectos generales de la
demanda. La segunda parte contiene el análisis de constitucionalidad de las normas acusadas,
que son divididas en grupos temáticos para efectos de claridad expositiva. La tercera parte
señala por qué la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre esta demanda.
La cuarta parte desarrolla una serie de consideraciones técnicas sobre la formulación de la
demanda, tendientes a enfrentar y resolver las complejidades de técnica constitucional que la
misma presenta.
Esta sección tiene el propósito de explicar los aspectos generales de la demanda en términos
del precedente constitucional que le sirve de base (I), de la justificación de la presentación de
una única demanda en bloque contra todas las normas acusadas (II), y del esquema general
que seguirá el análisis de fondo de la demanda (III).
I. Precedente constitucional aplicable al caso
En el último año, la Corte Constitucional llevó a cabo un giro jurisprudencial de inmensa
trascendencia en materia de los derechos de las personas homosexuales. En efecto, a través de
las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008, la Corte
cambió el precedente que durante muchos años mantuvo sobre la materia, y que en lo esencial
garantizaba el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación (Art. 13 CP) de las
personas homosexuales en tanto que individuos1, pero sin extender tal protección a las parejas
y las familias conformadas por estas personas2, a pesar de que en estos ámbitos también se
dan serias formas de discriminación por razones de la orientación sexual.
El origen e hito de este cambio de precedente se encuentra en la sentencia C-075 de 2007, en
la cual la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de la Ley 54 de 1990, en el
entendido que el régimen de protección de las uniones maritales de hecho allí consagrado a
favor de los compañeros permanentes es aplicable a las parejas del mismo sexo. Si bien esta
sentencia restringió el alcance de su parte resolutiva al régimen de protección de los
compañeros permanentes propio de la Ley 54 de 1990, la misma estableció un precedente
constitucional nuevo en materia de derechos de las parejas homosexuales aplicable a todos los
temas relacionados con estas. En efecto, la sentencia estableció que, si bien pueden existir
diferencias entre las parejas heterosexuales y homosexuales, ambos tipos de parejas presentan
unos requerimientos análogos de protección. Estos requerimientos derivan, de un lado, de que
unas y otras parejas tienen un mismo valor y una misma dignidad que exigen una igual
protección, y de otro lado, de que la libre opción sexual se ejercita y tiene efectos en el ámbito
de la vida en relación, por lo cual las parejas del mismo sexo demuestran necesidades
similares que las parejas heterosexuales para lograr la realización de su proyecto de vida en
Ver, entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencias T-097 de 1994, C-481 de 1998, T-618 de
Ver, entre otras, las sentencias C-098 de 1996, SU-623 de 2001, C-814 de 2001, T-725 de 2004,
T-349 de 2006.
A partir de la constatación de la existencia de estos requerimientos análogos de protección, la
Corte estableció dos subreglas jurisprudenciales de central importancia para el análisis de los
casos de discriminación de parejas del mismo sexo. De un lado, la Corte determinó que el
tratamiento diferenciado de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales debe
someterse a un test estricto de proporcionalidad, de conformidad con el cual el tratamiento
diferenciado se presume discriminatorio y dicha presunción sólo puede desvirtuarse si se
prueba que el mismo (i) pretende alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso, (ii) es
adecuado y necesario para cumplir con ese objetivo, y (iii) es proporcionado, es decir, sus
beneficios son mayores que sus costos en términos de afectación de derechos. De otro lado, la
Corte estableció que, en los eventos en los cuales la aplicación del test estricto de
proporcionalidad conduce a constatar una ausencia de reconocimiento jurídico de la realidad
de las parejas homosexuales y un consecuente vacío legal de protección de las mismas, la
situación constituye una violación del deber constitucional de otorgar un mínimo de
protección a esas parejas, derivado de los requerimientos análogos de protección.
Las subreglas anteriormente mencionadas han sido reiteradas en tres sentencias recientes, que
las han aplicado a temas distintos de aquél tratado por la sentencia C-075 de 2007. Así, en la
sentencia C-811 de 2007, la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo
163 de la Ley 100 de 1993 y decidió que el mismo es constitucional en el entendido que el
régimen de protección allí consagrado consistente en la cobertura familiar del plan obligatorio
de salud del régimen contributivo -que beneficia, entre otros, a los compañeros permanentes
heterosexuales- también es aplicable a las parejas del mismo sexo. Para llegar a esa
conclusión, la Corte hizo referencia a la sentencia C-075 de 2007 como el “marco
conceptual” contentivo de los “criterios doctrinales (…) que marcan la perspectiva actual en
el tratamiento jurídico del tema”. En concreto, la Corte aplicó a la norma analizada un test
estricto de proporcionalidad, a raíz del cual concluyó que la misma era innecesaria y
desproporcionada. Igualmente, la Corte utilizó la fórmula del déficit de protección esbozada
en la sentencia C-075 como “criterio de evaluación de la disposición acusada” y con base en
ella concluyó que, al limitar el alcance de los beneficios de salud al ámbito familiar y al
excluir con ello a las parejas del mismo sexo de tales beneficios, la norma analizada también
adolecía de un déficit de protección.
Ahora bien, a pesar de utilizar la sentencia C-075 como marco de referencia, la sentencia
C-811 no se limitó a reiterar sus subreglas sino que también aportó elementos relevantes para
la consolidación del precedente sobre la materia. En particular, al referirse a una norma cuyo
alcance se encontraba determinado por la protección especial de la familia, la Corte hizo un
análisis agudo de esta protección como objetivo buscado por la exclusión de las parejas del
mismo sexo, y concluyó que esta no era necesaria para lograr ese propósito, que podía
lograrse perfectamente con la inclusión de las parejas del mismo sexo, inclusión que en nada
reduciría la protección acordada a las familias y parejas heterosexuales. Así, dijo la Corte:
“la exclusión de la pareja del mismo sexo del sistema de salud tampoco es
necesaria para los fines previstos en la norma, dado que la inclusión de la
misma no implica la indefectible desprotección del núcleo familiar. La Sala
considera que la detección del déficit de protección que afecta a las parejas
del mismo sexo no necesariamente implica la reducción de beneficios a la
célula familiar, ni la disminución de los niveles de atención a los miembros
de la pareja heterosexual, por lo que no existe justificación alguna para
señalar que una medida como la que ahora se impone involucre afectación
de la protección que la Constitución ofrece en esta materia”.
De esa manera, la Corte giró radicalmente su jurisprudencia anterior, en la cual había
considerado a la protección de la familia heterosexual como una justificación razonable y
objetiva para excluir a las parejas del mismo sexo de los beneficios otorgados a parejas
heterosexuales.3
Por su parte, la sentencia T-856 de 2007 también aplicó el precedente establecido en la
sentencia C-075 de 2007 a un caso de tutela en el cual una entidad promotora de salud se
había negado a afiliar como beneficiario al régimen contributivo de salud al compañero
permanente homosexual de un cotizante. Para la Corte, la sentencia C-075 “introdujo una
nueva perspectiva al problema”, ya que “a partir de la decisión las parejas homosexuales
pueden constituir uniones maritales de hecho cuando hagan ‘una comunidad de vida
permanente y singular’”, y “para todos los efectos civiles se denominan compañero y
compañera permanente a los integrantes de la pareja homosexual que forman parte de la
unión marital de hecho”. La constatación de lo anterior llevó a la Corte a concluir que, a
partir de la sentencia C-075, la negativa de afiliar a un miembro de una pareja homosexual al
régimen contributivo en calidad de cotizante no es justificable y resulta discriminatoria.
Según la Corte, esta conclusión se ve reforzada por la sentencia C-811 de 2007, que reiteró la
jurisprudencia establecida en la sentencia C-075 y la aplicó al tema de la seguridad social en
salud. Con base en lo anterior, para el caso concreto, la Corte determinó que la negativa de la
entidad promotora de salud de afiliar a la pareja homosexual del cotizante era discriminatoria,
por cuanto la solicitud de afiliación se dio con posterioridad a la promulgación de la sentencia
C-075 de 2007, en la cual “se extendieron los efectos de la Ley 54 de 1990, es decir, la figura
de la unión marital de hecho y la calidad de compañero o compañera permanente a las
Como puede notarse, la sentencia de tutela antes referida planteó una interpretación amplia de
la sentencia C-075 de 2007, de conformidad con la cual la extensión de las figuras de unión
marital de hecho y compañeros permanentes a las parejas del mismo sexo no se restringió al
tema del régimen de protección consagrado en la Ley 54 de 1990, sino que resulta aplicable a
las demás materias, como es el caso del régimen de salud. En esa medida, la sentencia C-075
no sólo habría sentado un precedente en relación con la manera como deben ser resueltos los
casos de parejas homosexuales, sino también en la manera como deben interpretarse las
figuras de unión marital de hecho y compañeros permanentes en los distintos regímenes
jurídicos que aludan a ellas.
Finalmente, a través de la sentencia C-336 de 2008, que fue proferida hace apenas una
semana y cuyo texto completo no se conoce aún, la Corte Constitucional declaró la
constitucionalidad condicionada de las expresiones compañera o compañero permanente
consagradas en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que las parejas
permanentes del mismo sexo también son beneficiarias de la pensión de sobreviviente allí
consagrada. El comunicado de prensa que dio a conocer el sentido del fallo permite concluir
que en esta sentencia la Corte siguió una línea muy similar a aquella de la sentencia C-811 de
2007. En efecto, al parecer la sentencia aplica al caso concreto las subreglas establecidas en la
sentencia C-075 de 2007 y, por ende, concluye que la exclusión de las parejas homosexuales
de la pensión de sobrevivientes no responde a un principio de razón suficiente y constituye un
déficit de protección vulneratorio de la prohibición de discriminación (Art. 13 CP), de la
dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y del derecho al libre desarrollo de la personalidad
(Art. 16 CP).
Las sentencias antes mencionadas conforman un precedente bastante consolidado en materia
de derechos de parejas homosexuales, que resulta plenamente aplicable a los casos objeto de
esta demanda. Esto significa que, como sucede en todas las normas aquí demandadas, cuando
las parejas homosexuales son excluidas de un régimen de protección –o, como también lo
veremos aquí en algunos casos, de un régimen de obligaciones o cargas- es menester aplicar
un test estricto de proporcionalidad para determinar si el trato diferenciado es justificado y, en
el evento de establecer la existencia de un déficit de protección, es necesario concluir la
violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) y de los derechos a la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), así como de otros
derechos afectados en el caso concreto. Este razonamiento es aplicable incluso cuando la
exclusión es justificada por la protección especial de la familia heterosexual pues, como lo
señaló la Corte en la sentencia C-811 de 2007, dicha protección no constituye una
justificación razonable y proporcionada de la exclusión de las parejas del mismo sexo en
aquellas circunstancias en las que tal protección pueda lograrse sin necesidad de esta
exclusión. Más aún, si se tuviera en cuenta el precedente sentado en la sentencia T-856 de
2007, podría llegarse a la conclusión de que, para establecer si la exclusión de las parejas
homosexuales es o no inconstitucional, no es siquiera necesario aplicar el test estricto de
proporcionalidad ni determinar si hay un déficit de protección, pues la sentencia C-075 de
2007 extendió de manera general las figuras de unión marital de hecho y de compañeros
permanentes a las parejas homosexuales, por lo cual, en adelante, la única manera en que
pueden interpretarse las normas que utilizan estas nociones para definir a sus destinatarios es
en el sentido de que incluyen a las parejas del mismo sexo.
II. Justificación de la presentación de una demanda en bloque
Los demandantes somos concientes de lo dispendioso que puede resultar el análisis de esta
demanda para la Honorable Corte Constitucional, dada la magnitud y complejidad de la
misma, derivadas de la gran cantidad de normas acusadas y de la diversidad de materias que
tratan. A pesar de ello, consideramos que la presentación de una sola demanda contra todas
esas normas se justifica por las razones que se exponen a continuación.
A pesar de su multiplicidad y diversidad, las normas acusadas tienen una característica
común: todas establecen un régimen de beneficios o de cargas que tiene como destinatarias a
las parejas heterosexuales pero que excluye a las parejas homosexuales, a pesar del
precedente constitucional recientemente desarrollado por la Corte Constitucional en materia
de requerimientos análogos de protección de unas parejas y otras. Dado que el reproche
principal que los demandantes tenemos contra esas normas es justamente la violación de
derechos y principios constitucionales que dicha exclusión implica, la reunión de todas las
normas en una misma demanda es beneficiosa en términos de eficiencia y agilidad procesal,
así como de igualdad y de seguridad jurídica.
En cuanto a lo primero, la demanda en bloque permite reunir los argumentos generales de
reproche que resultan aplicables a todas las normas, de forma tal que la Corte Constitucional
pueda analizarlos en un solo momento, evitando así que tales normas sean demandadas
individualmente por la misma razón una infinidad de veces. El análisis conjunto no implica,
sin embargo, sacrificar el estudio de los elementos específicos de cada norma, pues la
demanda en bloque se refiere a los argumentos generales de inconstitucionalidad aplicables a
todas las normas, pero también se detiene en el análisis específico de los problemas
particulares que las mismas suscitan.
En cuanto a lo segundo, el análisis conjunto de todas las normas acusadas también permitiría
garantizar que la Corte extienda el precedente recientemente establecido a todas las materias
relacionadas con derechos y obligaciones de las parejas homosexuales, de forma tal que se
trate de un precedente homogéneo, cuyo alcance en los distintos ámbitos sea precisado. Esto
evitaría que las diferentes materias, y en especial aquellas a las cuales no ha hecho aún
referencia la jurisprudencia de la Corte, sean resueltas de manera distinta por las diferentes
autoridades estatales, y por ende se ponga en riesgo el derecho a la igualdad de las parejas
homosexuales. Igualmente, el establecimiento de un precedente constitucional uniforme para
todas las materias relacionadas con derechos y obligaciones de las parejas homosexuales
evitaría la coexistencia de diversas interpretaciones del precedente hasta ahora existente, lo
cual sería muy positivo en términos de seguridad jurídica. En efecto, aún cuando, como lo
mostramos en el punto anterior, el actual precedente constitucional se encuentra muy
consolidado desde el punto de vista sustantivo, tal y como lo mostraremos en la última parte
de esta demanda, subsiste una falta de certeza con respecto a las conclusiones de técnica
constitucional que pueden derivarse del mismo. Esto deja cuestiones abiertas tanto sobre la
técnica constitucional a la que deberían acudir los potenciales demandantes de otras normas
que implican tal exclusión, como sobre el fundamento técnico-constitucional en el que se basa
el precedente de la Corte en esta materia, cuestiones que podrían ser útilmente aclaradas a
través de una sentencia como la que esta demanda intenta promover.
Las razones previamente esgrimidas explican por qué los demandantes presentamos esta
demanda en bloque, y así mismo muestran la relevancia de que la Corte Constitucional emita
una sentencia sobre esta problemática en su conjunto. A estas razones se suman dos hechos
que hacen aún más evidente la importancia de que la Corte intervenga en este asunto con el
fin de garantizar un mínimo de protección a las parejas homosexuales en los diferentes
ámbitos normativos en los que son objeto de discriminación. El primer hecho consiste en la
reticencia e indiferencia que el legislador colombiano ha demostrado en la última década en
relación con los derechos de esta minoría. Como lo expusimos in extenso en la demanda que
desembocó en la sentencia C-336 de 2008, el Congreso de la República se ha negado
sistemáticamente a garantizar el mínimo de protección al cual tienen derecho las parejas
homosexuales. Así lo demuestra el hecho de que los seis proyectos de ley que el movimiento
colombiano de gays y lesbianas ha promovido con ese fin han terminado archivados. La
mayoría de esos proyectos se archivó sin cursar la mayor parte del trámite legislativo, a
diferencia del último de ellos, que terminó hundiéndose en la instancia final de la
conciliación, a pesar de que para ese entonces la Corte Constitucional ya había promulgado la
sentencia C-075 de 2007.4 De esa forma, a pesar de que el movimiento de gays y lesbianas ha
acudido a todos los medios existentes para lograr la protección de sus derechos por la vía
democrática –el cabildeo con parlamentarios (cartas, llamadas, reuniones), la elaboración y
aportación de estudios técnicos y legales, la producción de información pública, la
movilización social, entre otros-, las mayorías políticas han sido indiferentes a sus reclamos,
lo cual demuestra la necesidad de intervención de la Corte Constitucional, cuyo rol de
protección de los derechos de las minorías contra los abusos de la mayoría es esencial en la
El segundo hecho que resalta la importancia de que la Corte intervenga en esta materia
consiste en la actitud reacia del gobierno nacional en lo que se refiere a la protección de los
derechos de las parejas homosexuales. En octubre del año pasado, la cancillería colombiana
declaró oficialmente que no tomaría medidas específicas para cumplir el Dictamen X contra
Colombia proferido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de
tratarse de una decisión de un órgano internacional encargado del control del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Colombia. Es cierto que el
Dictamen hacía referencia a la discriminación de las parejas homosexuales como resultado de
su exclusión del beneficio de la pensión de sobreviviente conferido a las parejas
heterosexuales, tema que ya fue abordado y resuelto por la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-336 de 2008 que garantizó la igualdad de esas parejas en ese ámbito. No
obstante, la actitud renuente del gobierno no solo muestra su poco compromiso con los
derechos de las parejas homosexuales en general, sino también la inmensa dificultad que
enfrenta la comunidad homosexual para hacer respetar sus derechos frente a autoridades
distintas de la Corte Constitucional, incluso mediando una decisión proveniente del sistema
universal de protección de los derechos humanos.5 Esto demuestra la relevancia de que la
Para un análisis extenso de estos procesos legislativos, ver la demanda de inconstitucionalidad del
proceso No. D-6947, que desembocó en la sentencia C-336 de 2008.
Así lo indicamos algunos demandantes en una comunicación escrita a la Corte Constitucional en el
marco del proceso de constitucionalidad que culminó en la sentencia C-336 de 2008, con el fin de
demostrar la gravedad del incumplimiento del Dictamen por parte del gobierno, y la importancia de la
Corte Constitucional intervenga en esta materia, no sólo con el fin de garantizar un mínimo de
protección a las parejas homosexuales en los diferentes regímenes jurídicos que las afectan,
sino también para garantizar la implementación interna de los decisiones de los órganos
internacionales de control de los derechos humanos, que constituyen al menos pauta
hermenéutica relevante, sino obligatoria, en virtud del artículo 93 de la Carta Política.
Dentro del espíritu que inspira a esta demanda, consideramos que la decisión de fondo de la
Corte Constitucional no sólo debería analizar y decidir sobre la constitucionalidad de las
normas sometidas a su consideración y fijar un estándar mínimo de protección de las parejas
del mismo sexo en todos esos ámbitos. Además de ello, es fundamental que, en el evento de
encontrar otras normas que adolezcan del mismo déficit de protección que las normas aquí
acusadas, la Corte Constitucional las incluya en su análisis a través de la figura de unidad
normativa. A pesar de que los demandantes nos esforzamos por identificar todas las normas
que en el ordenamiento jurídico colombiano aún discriminan a las parejas homosexuales
respecto de las parejas heterosexuales, es posible que se nos hayan escapado algunas, por lo
cual resulta de singular importancia que, en el evento de identificarlas, la Corte las incluya en
su análisis y decisión con el fin de garantizar los propósitos antes señalados de eficiencia y
agilidad procesal, y de igualdad y seguridad jurídica. Por estas mismas razones, también es
fundamental que la Corte Constitucional fije una doctrina general en la materia que sea
aplicable a aquellas normas jurídicas y decisiones judiciales que discriminan a las parejas del
mismo sexo, pero que escapan al control constitucional abstracto de la Corte. Así sucede, por
ejemplo, con ciertos decretos que establecen regímenes especiales de seguridad social 6 y de
visas consulares7, con ciertas decisiones judiciales que definen el concepto de víctimas con
derecho a participar en los procesos penales, civiles y administrativos8, y con el acuerdo que
consagra el régimen subsidiado de seguridad social en salud 9, que no pudieron ser incluidos
en esta demanda por la falta de competencia de la Corte para estudiarlos.
intervención de la Corte en esta materia.
Ver, por ejemplo, el Decreto 1219 de 1993 relativo al régimen especial de seguridad social para los
profesores públicos, el Decreto 1293 de 1994 relativo al régimen especial de seguridad social para los
congresistas y el Decreto 876 de 1998 relativo al régimen especial de seguridad social para los
trabajadores de Ecopetrol.
Ver el Decreto 4000 de 2004, que establece el régimen de visas que otorga a los compañeros
permanentes el derecho de visa temporal (artículos 29 y 33) y de visa de residente calificado (artículo
51). Esta definición de la visa de residente establecida en el Decreto en mención afecta también el
cumplimiento de los requisitos para la nacionalidad por adopción, ya que el período de tiempo de
residencia necesario para obtener esta condición solo es contabilizado a partir de la expedición de la
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han establecido que los compañeros
permanentes tienen derecho a ser reconocidos como víctimas de daños materiales y morales cuando
uno de los integrantes de la pareja sufra una lesión a sus derechos, acudiendo para ello a la definición
de compañeros permanentes consagrada en la Ley 54 de 1990. Ver, al respecto, Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Expediente No 7069, 26 de febrero de 2004, M.P. Carlos Ignacio
Jaramillo Jaramillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad.
No. 19001-23-31-000-1995-3007-01(14207) 3 de octubre de 2002, C.P. Ricardo Hoyos Duque;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 13254, febrero 8 de
2002, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Rad. No. 13249, 26 de abril de 2002, C.P. Jesús Maria Carrillo; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad. No 11557, 26 de septiembre de 1996, C.P. Jesús
Maria Carrillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp.
11213, 13 de febrero de 1996, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 64691º de noviembre de 1991, C.P. Carlos
Betancur Jaramillo.
Ver el Acuerdo 244 de 2003, y en particular el artículo 8 del mismo que hace referencia a la noción
de núcleo familiar para efectos del proceso de selección y afiliación, y que incluye como integrantes
del mismo a los compañeros permanentes.
III. Esquema general del análisis de constitucionalidad y síntesis del
Con el fin de garantizar la mayor claridad expositiva y coherencia argumentativa a lo largo de
la demanda, el análisis de constitucionalidad de las normas aquí acusadas se llevará a cabo
obedeciendo a una clasificación temática de las mismas. Esta clasificación agrupa las normas
demandadas en cinco secciones temáticas distintas, a saber: normas que consagran derechos
civiles y políticos para las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales
(I); normas sancionatorias y preventivas de delitos y faltas que excluyen a las parejas
homosexuales de las garantías y cargas allí consagradas (II); normas que consagran derechos
para los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces que excluyen de su
titularidad a las parejas del mismo sexo (III); normas que consagran prestaciones, subsidios y
medidas indemnizatorias de carácter social a favor de las parejas heterosexuales con
exclusión de las parejas homosexuales (IV), y normas de derecho público que establecen
límites al acceso y ejercicio de la función pública y a la celebración de contratos con el
Estado para las parejas heterosexuales mas no las parejas del mismo sexo (V).
A su vez, en la mayoría de casos, cada una de esas secciones se encuentra subdividida en
acápites, que buscan reunir a aquellas normas que, por compartir una naturaleza similar,
puedan someterse a un análisis de constitucionalidad conjunto y frente a las cuales en la
mayoría de casos puede formularse un mismo cargo de inconstitucionalidad.
En primer lugar, la sección relativa a normas que consagran derechos civiles y políticos para
las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales se divide en dos
acápites. El primer acápite se refiere a normas que consagran derechos civiles para las parejas
heterosexuales con exclusión de las homosexuales (1), y se divide a su vez en dos cargos. El
primer cargo se erige contra las normas civiles que regulan el patrimonio inembargable de
familia y la afectación a vivienda familiar (i). El cargo consiste, de un lado, en que, al excluir
de su ámbito de aplicación a las parejas del mismo sexo, tales normas generan un déficit de
protección de las parejas homosexuales que vulnera los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a
la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16
CP), y pone en riesgo el derecho a una vivienda digna (Art. 51 CP). De otro lado, el cargo
consiste en que una de las normas relativas a la afectación a vivienda familiar también
vulnera el derecho a la igualdad (Art. 13 CP), por el hecho de condicionar el acceso de los
compañeros permanentes a ese beneficio a que hayan convivido durante dos años,
condicionamiento que no existe en el caso de las parejas casadas. El segundo cargo se eleva
contra la norma del Código Civil que consagra la obligación de prestar alimentos en cabeza
de los compañeros permanentes pero excluyendo de manera discriminatoria a las parejas del
mismo sexo (ii), generando así un déficit de protección vulneratorio de los derechos a la
igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP).
El segundo acápite de la primera sección se refiere a normas que consagran derechos políticos
de carácter migratorio para las parejas heterosexuales con exclusión de las homosexuales (2),
y también contiene dos cargos. El primer cargo cuestiona la constitucionalidad de la norma
que reduce el tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción en favor de los compañeros
permanentes pero excluye de este beneficio a las parejas del mismo sexo (i), porque genera un
déficit de protección que viola los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la libertad de
circulación, permanencia y residencia (Arts. 24 y 93 CP), a la dignidad humana (preámbulo,
Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), así como los derechos de los
extranjeros (Art. 100 CP). El segundo cargo se erige contra las normas que conceden
beneficios especiales de acceso a derechos de residencia en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina a los compañeros permanentes pero con exclusión
de las parejas homosexuales (ii), generando así un déficit de protección violatorio de los
derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la libertad de circulación, permanencia y residencia
(Arts. 24 y 93 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
En segundo lugar, la sección dedicada a normas sancionatorias y preventivas de delitos y
faltas que excluyen a las parejas homosexuales de las garantías y cargas allí consagradas se
divide en dos acápites. El primer acápite está dedicado a las normas penales, penales militares
y disciplinarias que consagran la garantía de no incriminación (1), y el cargo elevado contra
ellas es que excluyen del goce de esa garantía a las parejas del mismo sexo, generando con
ello un déficit de protección vulneratorio de sus derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la
dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP),
así como al debido proceso (Art. 29 CP) y a la libertad de conciencia (Art. 18 CP).
El segundo acápite de la segunda sección se refiere a normas penales en las cuales la víctima
es el compañero(a) permanente del sujeto activo de la conducta (2) que, por tener una
naturaleza distinta, son separadas en cuatro apartados distintos. El primer apartado contiene
un cargo que se eleva contra las normas que excluyen a las personas homosexuales de la
posibilidad –abierta para las parejas heterosexuales- de prescindir de la pena cuando cometen
un delito o contravención de carácter culposo que afecta únicamente a su compañero(a)
permanente (i), exclusión que genera un déficit de protección que vulnera los derechos a la
El segundo apartado contiene un cargo que se erige contra las normas que consagran como
circunstancia de agravación punitiva de ciertos delitos que la víctima sea compañero(a)
permanente o integrante del grupo familiar del sujeto activo, o compañero(a) permanente de
una persona en situación de riesgo, garantizando así una protección penal especial a las
parejas heterosexuales y sus miembros, pero excluyendo de ella a las parejas homosexuales y
sus miembros (ii). Al respecto, se alega que esta exclusión genera un déficit de protección de
las parejas homosexuales y sus miembros que resulta lesivo de sus derechos a la igualdad
(Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP), y produce igualmente un tratamiento desigual entre los autores de
los delitos en cuestión en términos de su orientación sexual que también es violatorio de la
igualdad (Art. 13 CP).
El tercer apartado contiene cuatro cargos contra normas penales y preventivas de delitos que
tienen por sujeto pasivo al compañero(a) permanente (iv): la inasistencia alimentaria (a), la
malversación y dilapidación de bienes de familiares (b), la violencia intrafamiliar (c) y las
amenazas a testigo (d). En todos los casos, los cargos elevados contra estas normas consisten
en que las mismas excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas del mismo sexo, a pesar
de que estas presentan necesidades análogas de protección que las parejas heterosexuales, con
lo cual generan un déficit de protección vulneratorio de los derechos a la igualdad (Art. 13
CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad
(Art. 16 CP), y también producen un tratamiento desigual entre los autores de los delitos en
cuestión en términos de su orientación sexual que igualmente vulnera la igualdad (Art. 13 CP)
Además de este argumento central, en el caso de la inasistencia alimentaria (a) también se
alega que el condicionamiento del acceso de los compañero(s) permanentes a la acción penal
a que hayan convivido durante dos años es vulneratorio de la igualdad (Art. 13 CP). Por su
parte, en el caso de la malversación y dilapidación de bienes de familiares (b), además del
tipo penal que consagra este delito se demanda la norma del Código Civil que consagra la
atribución legal de la guarda legítima –que incluye la tutela y la curaduría-, ya que es
justamente el ejercicio ilícito de esa atribución penal lo que es penalizado por el tipo penal en
cuestión. Como tal, al existir una conexión lógica entre una norma y otra, primero se
cuestiona la constitucionalidad de la norma civil por el hecho de conceder la atribución legal
en cuestión solo a los cónyuges y de vulnerar con ello el derecho a la igualdad (Art. 13 CP) de
los compañeros permanentes, y posteriormente se analiza la constitucionalidad de esa norma
civil en conjunto con el delito en cuestión. Finalmente, en el caso de la violencia intrafamiliar
(c), se analiza la constitucionalidad no solo de la norma penal que consagra el delito sino
también de la norma no penal que consagra mecanismos específicos para su prevención y
En tercer lugar, la sección relativa a las normas que consagran derechos especiales para los
compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces excluyendo de su titularidad a
las parejas del mismo sexo consta de dos acápites. El primer acápite eleva un cargo de
inconstitucionalidad contra normas que consagran los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas de crímenes atroces (1), por el hecho de excluir a las parejas
homosexuales de víctimas de crímenes atroces de la presunción de la calidad de víctima y de
los derechos allí consagrados a favor de las parejas del heterosexuales, lo cual genera un
déficit de protección que vulnera los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), la dignidad humana
(preámbulo Art. 1 CP) y el libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), y además pone en
riesgo y obstaculiza los derechos de las parejas homosexuales de víctimas de crímenes atroces
a la justicia, la verdad y la reparación (Arts. 1, 2, 12, 29, 93, 229, 250 numerales 6 y 7), a la
participación (Art. 1 CP), a la información (Art. 20 CP), y a una protección especial de la
población desplazada (Art. 2, 13 CP).
El segundo acápite de la tercera sección erige un cargo de inconstitucionalidad contra las
normas que consagran medidas de protección de carácter civil ante la ocurrencia de ciertos
crímenes atroces que identifican como beneficiarios a los compañeros permanentes
heterosexuales con exclusión de las parejas del mismo sexo (2), y que con ello generan un
déficit de protección que vulnera no solo los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), la dignidad
humana (preámbulo Art. 1 CP) y el libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), sino
también los derechos patrimoniales de las parejas (Arts. 1, 13 y 16 CP; sentencia C-075 de
2007), los derechos al mínimo vital (Art. 1 CP) y a la salud (Art. 49 CP) de sus integrantes y
el principio de solidaridad propio del Estado social de derecho (Arts. 1 y 95 CP).
En cuarto lugar, la sección dedicada a normas que consagran prestaciones, subsidios y
exclusión de las parejas homosexuales está compuesta por tres acápites. El primer acápite
versa sobre normas que consagran prestaciones sociales (1), y está compuesto a su vez por
dos cargos. El primer cargo se erige contra las normas que definen los beneficiarios del
régimen especial de seguridad social para los miembros de la Fuerza Pública (i), y cuestiona
su inconstitucionalidad por dos razones. De un lado, porque al excluir a las parejas del mismo
sexo de la calidad de beneficiarias de dicho régimen especial genera un déficit de protección
que vulnera los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), a la salud (Art. 49 CP), a la seguridad
social (Art. 48 CP), al mínimo vital (Art. 2 C.P.) y a la vida (Art. 11 CP), y además va en
contra del deber, reconocido por la jurisprudencia constitucional, de otorgar igual o mayor
protección a los afiliados y beneficiarios de los regímenes especiales de seguridad social con
respecto al régimen general. De otro lado, el cargo cuestiona la constitucionalidad de la
norma que impone como exigencia para el acceso de los compañeros permanentes al sistema
de salud de la Fuerza Pública que hayan convivido con su pareja durante un tiempo mínimo
de dos años, exigencia que no existe en el caso de las parejas casadas y que, por ende, vulnera
el derecho a la igualdad (Art. 13 CP). El segundo cargo cuestiona la constitucionalidad de las
normas que consagran la prestación social del subsidio familiar en servicios (ii), por el hecho
de excluir de la misma a las parejas del mismo sexo y de generar con ello un déficit de
protección lesivo de los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) y a la seguridad
social (Art. 48 CP).
El segundo acápite de la cuarta sección se refiere a las normas que consagran subsidios para
acceder a la propiedad de bienes inmuebles (2), y se divide en dos cargos. El primer cargo se
eleva contra la norma que define los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda (i), y
también consiste en que, al excluir a las parejas del mismo sexo de dicho subsidio, la misma
genera un déficit de protección que viola los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la
dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) y
a la vivienda digna (Art. 51 CP). El segundo cargo cuestiona la constitucionalidad de aquellas
expresiones contenidas en las normas del Estatuto de Desarrollo Rural (E.D.R.) que
establecen mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra en áreas rurales –subsidios y
adjudicación de tierras baldías en favor de las parejas heterosexuales, con exclusión de las
homosexuales (ii), generando un déficit de protección que vulnera de los derechos a la
personalidad (Art. 16 CP), y obstaculiza el derecho al acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios (Art. 64 CP), la protección de la función social de la
propiedad (artículo 58 CP), y el derecho al crédito del trabajador agrario (Arts. 64 y 66 CP).
Este cargo restringe al análisis de las normas demandadas a esta cuestión, por lo cual no avala
la constitucionalidad del E.D.R. en su conjunto, de las disposiciones no atacadas del mismo,
ni de las disposiciones demandadas por razones distintas de las esgrimidas en esta demanda.
El tercer acápite de la cuarta sección contiene un cargo de inconstitucionalidad contra la
norma que define los beneficiarios de la indemnización por muerte en accidente de tránsito
del Seguro Obligatorio de Salud (SOAT), por excluir a las parejas del mismo sexo de este
beneficio y, al hacerlo, generar un déficit de protección que viola sus derechos a la igualdad
(Art. 13 CP), la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y el libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP), así como del principio de solidaridad (Art. 95 CP).
En quinto y último lugar, la sección relativa a las normas de derecho público que establecen
Estado para las parejas heterosexuales mas no para las parejas del mismo sexo contiene un
único cargo contra estas normas que, a diferencia de los demás de esta demanda, cuestiona la
constitucionalidad de la exclusión de las parejas homosexuales de prohibiciones y
obligaciones –no de derechos o beneficios-. Esto demuestra que el reclamo de los
demandantes por la igualdad real de las parejas del mismo sexo no involucra solamente los
derechos y beneficios concedidos a las parejas heterosexuales, sino también las prohibiciones
y obligaciones que surgen como correlato de aquellos. Los argumentos centrales del cargo
consisten en que la exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación normas
que consagran inhabilidades e incompatibilidades y causales de impedimentos y recusaciones
basadas en la relación entre compañeros permanentes vulnera los principios que rigen la
función pública (Art. 123, 126 y 209 CP) y la contratación administrativa (artículos 24 y 29
de la Ley 80 de 1993), el principio de correlatividad entre derechos y deberes (Art. 95 CP) y
los derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13 CP) y a acceder a funciones y cargos
públicos (Art. 40 CP). En estrecha relación con lo anterior, se añade un cargo elevado contra
una norma que contiene una excepción al régimen de incompatibilidades de los Congresistas
que, condicionado a que el cargo contra las demás normas prospera, consiste en que la
exclusión de las parejas homosexuales de la posibilidad de intervenir en diligencias y
actuaciones que interesan a sus compañeros permanentes vulnera los derechos a la igualdad
(Art. 13 CP), al debido proceso y a la defensa (Art. 29 CP).
Todos los cargos anteriormente sintetizados serán desarrollados a través de una estructura
básica similar. Así, en cada cargo, se trascribirán las normas acusadas y se subrayarán las
expresiones de las mismas que se consideran inconstitucionales (A); se enunciarán las normas
constitucionales que se estiman infringidas (B); se demostrará por qué el cargo es procedente
(C); se realizará el análisis de fondo de las normas (D); se formulará la solicitud concreta del
cargo (E). Sobre el contenido de esta estructura básica, conviene precisar algunos puntos.
En cuanto al análisis de procedencia de los cargos, en cada caso el mismo buscará únicamente
demostrar la ausencia de cosa juzgada respecto de las normas acusadas, ya que el análisis de
procedencia en términos de competencia de la Corte Constitucional será realizado al final de
esta demanda (tercera parte).
Por su parte, el análisis de fondo de la mayoría de los cargos contendrá unos argumentos
generales comunes, pero también atenderá en cada caso tanto a las particularidades de la
aplicación de estos argumentos generales a las normas estudiadas, como a los problemas
constitucionales específicos que surgen de la consideración de tales normas. Así, en todos los
cargos que se refieren a normas que excluyen a las parejas del mismo sexo de beneficios
concedidos a las parejas heterosexuales, el análisis de fondo consistirá esencialmente en la
aplicación de un test estricto de proporcionalidad al tratamiento diferenciado, que se justifica
porque dicho tratamiento parte del criterio sospechoso de la orientación sexual. En todos esos
casos, a través del test demostraremos que, a pesar de tener como fin abstracto la protección
de la familia heterosexual, la exclusión en cuestión va en contra de otros fines
constitucionalmente importantes perseguidos por las normas estudiadas; resulta inadecuada e
innecesaria para lograr el fin de proteger la familia heterosexual, por cuanto este no puede
lograrse idóneamente a través suyo y existen otras medidas menos gravosas que permiten
lograrlo, y además es desproporcionada porque no tiene un beneficio claro y en cambio
implica uno costo muy importante, al generar un déficit de protección de las parejas del
mismo sexo. En todos los casos, ese déficit de protección afecta no sólo el derecho a la
igualdad (Art. 13 CP), sino también los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
CP) -en su faceta de vivir como se quiere10- y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16
CP), por cuanto implica un desconocimiento del proyecto de vida de las personas
homosexuales y de su valor, obstaculizando su desarrollo y haciendo más gravosa la elección
del mismo. Pero además de estos argumentos generales, en cada cargo veremos la manera
como se concreta el déficit de protección de las parejas homosexuales, y las afectaciones
particulares que de allí se derivan a sus derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), así como a otros derechos
adicionales en muchos de los casos.
El anterior razonamiento no será aplicable a la sección quinta de esta demanda que, como se
indicó, cuestiona la constitucionalidad de la exclusión de las parejas homosexuales de las
normas que restringen el acceso y ejercicio de la función pública y la contratación estatal.
Dado que el cargo contenido en esa sección no se refiere a un tratamiento discriminatorio
sufrido por las parejas homosexuales como consecuencia de su exclusión de derechos y
beneficios, el mismo no aplica un test estricto de proporcionalidad, sino que demuestra la
afectación de principios y derechos constitucionales que resulta de que las parejas
homosexuales no asuman las prohibiciones y obligaciones allí contenidas.
De otro lado, cada cargo finalizará con una solicitud concreta, tendiente a que la Corte acceda
a una o más pretensiones relativas al cargo. Para facilitar a la Honorable Corte Constitucional
la identificación de estas pretensiones, las hemos numerado de manera consecutiva a lo largo
de la demanda. Ahora bien, estas pretensiones tendrán una naturaleza distinta según se trate
de normas penales que contienen tipos penales o no. En efecto, como lo explicamos en las
consideraciones de técnica constitucional que presentamos en la última parte de esta
Según la jurisprudencia constitucional, el derecho a la vida digna (preámbulo, Art. 1 CP) tiene tres
dimensiones distintas: la autonomía o la posibilidad de diseñar un plan vital (vivir como se quiere), la
existencia de ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), y la intangibilidad de
los bienes no patrimoniales, es decir, la integridad física y moral (vivir sin humillaciones). En los
cargos de la presente demanda, siempre se constata la vulneración de la primera dimensión de este
derecho, concretada en la negación de la existencia y el valor del proyecto de vida de las parejas
homosexuales. Además, en algunos casos se presenta también la vulneración de la segunda dimensión
de dicho derecho, lo cual sucede cuando la exclusión de las parejas del mismo sexo de un régimen de
protección afecta sus condiciones materiales de existencia.
demanda, frente a las normas que no contienen tipos penales formulamos pretensiones que
solicitan a la Corte que declare la inconstitucionalidad de ciertos contenidos materiales
asociados a las expresiones acusadas y a las disposiciones que las contienen, sin definir la
técnica de exclusión de dichos contenidos, de forma tal que escoja la técnica de exclusión que
juzgue más apropiada. En la última parte de la demanda señalamos las diferentes técnicas de
exclusión disponibles para el juez constitucional, y explicamos los diversos caminos
argumentativos que, en términos de técnica constitucional, pueden tomarse para llegar a unas
u otras. Dado que no sabemos cuál de estas técnicas de exclusión será considerada más
adecuada por la Corte, todas serán planteadas a manera de pretensiones incorporadas de las
pretensiones principales formuladas en la demanda, que tienen un carácter subsidiario las
unas respecto de las otras. En contraste, dado que las normas que contienen tipos penales
plantean problemas particulares en términos de técnica constitucional que serán explicados en
el primer cargo que se formula contra normas de este tipo (ver sección II, acápite 2, numeral
ii, literal E), frente a estas normas sí formularemos pretensiones que implican una definición
de la técnica de exclusión de los contenidos normativos acusados. En cada cargo elevado
contra normas de esta naturaleza, plantearemos una pretensión principal y tres pretensiones
Finalmente, para evitar una reiteración innecesaria, la estructura básica de cada cargo no será
expuesta al comienzo del mismo. Solo se hará alusión a ella en los casos en los que dicha
estructura varíe de alguna manera en relación con la aquí anunciada.
Como se anunció en la sección anterior, para llevar a cabo el análisis de constitucionalidad de
las normas acusadas de manera clara y ordenada, tales normas serán divididas en secciones
temáticas, que a su vez se dividirán en acápites temáticos más específicos, y en cada acápite
se desarrollarán los cargos contra las normas allí analizadas. Veamos.
I. Normas que consagran derechos civiles y políticos para las parejas
heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales
La primera sección de la presente demanda contiene una serie de cargos de inconstitucionalidad
contra normas que consagran y regulan algunos derechos civiles y políticos en favor de las
parejas heterosexuales y que privan de estos derechos a las parejas del mismo sexo. Para
efectos de claridad expositiva, hemos clasificado estas normas en dos acápites, en función de la
naturaleza civil o política de los derechos que consagran y regulan.
1. Cargos contra normas que consagran derechos civiles para las parejas
heterosexuales con exclusión de las homosexuales
En este acápite estudiaremos la constitucionalidad de dos tipos de normas que consagran y
regulan derechos civiles en favor de las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas
homosexuales, a saber: las normas civiles que regulan la constitución del patrimonio
inembargable de familia y a la afectación a vivienda familiar (i), y la norma que establece la
obligación civil de prestación de alimentos a los compañeros permanentes.
i) Cargo contra las normas civiles que regulan la constitución del
patrimonio inembargable de familia y la afectación a vivienda familiar
(artículo 4 de la Ley 70 de 1931 y artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996)
Este cargo se erige contra las normas civiles que regulan las instituciones del patrimonio
inembargable de familia y de la afectación a vivienda familiar. Si bien se trata de dos
instituciones jurídicas distintas que son reguladas por normas distintas, las mismas están
agrupadas en un mismo cargo porque tienen una naturaleza y un propósito similares, al
consistir en mecanismos destinados a proteger el lugar de habitación de las familias
garantizando, entre otras cosas, su inembargabilidad. En esa medida, la exclusión que ambas
instituciones hacen de las parejas homosexuales como posibles beneficiarias de las mismas es
inconstitucional por razones similares, que pasamos a exponer a continuación.
“LEY 70 DE 1931
Modificada por ley 495 de 1999
a) De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por
compañero o compañera permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad.
b) De familia compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio, o por
compañero o compañera permanente.
c) De un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de
consanguinidad legítima o natural”.
Modificada por la Ley 854 de 2003
Artículo 1. Definición. Entiéndese afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en
su totalidad por uno o ambos cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio
destinado a la habitación de la familia.
Artículo 12. Compañeros permanentes. Las disposiciones de la presente ley referidas a los
cónyuges se aplicarán extensivamente a los compañeros permanentes cuya unión haya
perdurado por lo menos dos años”.
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas vulneran los artículos 1º, 13, 16 y 51 de la Constitución Política
C. Ausencia de cosa juzgada
Hasta la fecha, el artículo 4º de la Ley 70 de 1931 no ha sido objeto de pronunciamiento por
parte de la Corte Constitucional, razón por la cual frente al mismo no ha operado la cosa
juzgada. En lo que respecta al artículo 1º de la Ley 258 de 1996, se advierte que, antes de que
esta disposición fuese modificada por la Ley 854 de 2003, mediante sentencia C-560 de 2002,
la Corte Constitucional se pronunció acerca de la protección otorgada en dicho artículo a los
inmuebles destinados a la habitación de familia y adquiridos por uno de los cónyuges,
protección que no incluía a los inmuebles adquiridos por los dos cónyuges. Este aspecto del
artículo en cuestión fue demandado y la Corte resolvió expresamente “declarar
EXEQUIBLE, en lo demandado, el artículo 1° de la Ley 258 de 1996” (negrilla fuera del
original). Como se puede advertir, con dicha sentencia solo se configuró una cosa juzgada
constitucional relativa, por cuanto la misma Corte expresamente restringió los efectos de tal
pronunciamiento en la parte resolutiva del fallo al aspecto concreto de la norma que fue
demandado, aspecto que es distinto al que se cuestiona mediante el presente cargo. Pero aún
más, con posterioridad al mencionado fallo, el artículo en cuestión fue modificado por la Ley
854 de 2003, modificación que precisamente extendió la afectación a vivienda familiar a los
inmuebles adquiridos por ambos cónyuges, y que aún no ha sido objeto de examen
constitucional. Es claro pues que la norma que hoy se demanda es distinta de aquella sobre la
cual se pronunció la Corte en la sentencia C–560 de 2002, de la cual, en todo caso, solo puede
predicarse una cosa juzgada relativa.
D. Análisis de fondo de las normas
Antes de desarrollar el análisis de fondo de las normas arriba trascritas, con el fin de evitar
confusiones, conviene advertir que el texto del artículo 4º de la Ley 70 de 1931 presenta un
error de redacción. De hecho, el texto se refiere a la “familia compuesta únicamente por un
hombre o una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente”
(negrilla fuera del original). Sin embargo, es claro que, para que la norma tenga sentido, la
conjunción correcta no es “o” sino “y”.
Advertido este error de redacción, podemos comenzar el análisis de constitucionalidad de las
expresiones acusadas, el cual será desarrollado a través de dos partes: en la primera parte se
elevará un cargo de inconstitucionalidad contra todas las expresiones acusadas, por el hecho
de excluir del ámbito de aplicación de las normas que las contienen a las parejas del mismo
sexo; en la segunda parte se erigirá un cargo de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la
Ley 258 de 1995, por el hecho de exigir un término mínimo de dos años de convivencia para
que la ley pueda aplicarse a los compañeros permanentes.
Inconstitucionalidad de las normas acusadas por exclusión de las parejas del
mismo sexo de su ámbito de aplicación
Las expresiones acusadas se caracterizan por excluir a las parejas homosexuales del ámbito
de aplicación de las normas a las que pertenecen. Estas normas consagran y regulan derechos
y beneficios de carácter civil tendientes a proteger el lugar de habitación de las familias. Esta
exclusión se deriva del hecho de que, si bien las normas acusadas señalan a los compañeros
permanentes como unos de sus beneficiarios, las mismas restringen esta categoría a las
parejas heterosexuales, al articularse en torno a la noción de familia que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional vigente, solo incluye a las parejas conformadas por un
hombre y una mujer.11 Dado que esta exclusión se basa en el criterio sospechoso de la
Este criterio ha sido sostenido de manera ininterrumpida por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, hasta el punto de que, incluso en la reciente sentencia C–811de 2007, en la cual se
orientación sexual, es necesario aplicar un test estricto de proporcionalidad, para determinar si
el trato desigual que de allí se deriva es constitucional o, por el contrario, es discriminatorio y
por ende vulneratorio del derecho a la igualdad (Art. 13 CP).
Frente al primer requisito del test, a saber, que la medida discriminatoria persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, cabe señalar que en este caso el fin perseguido por
la exclusión de las parejas del mismo sexo es la protección especial de la familia, que se
deriva del artículo 42 de la Carta. La Corte Constitucional ha reconocido que esta protección
constituye la finalidad de ambas instituciones analizadas. Así, en relación con el patrimonio
inembargable de familia regulado por la Ley 70 de 1931, la Corte ha destacado que “es una
institución orientada a proteger la casa de habitación como uno de sus haberes más
importantes pues el Estado tiene especial interés en que cada familia asegure un lugar en el
cual radicarse y a partir del cual desplegar la existencia”.12 Del mismo modo, respecto de la
afectación a vivienda familiar consagrada en la Ley 258 de 1996, ha dicho la Corte que “es
una institución que también desarrolla la protección que el constituyente concibió para la
familia y que se concentra sobre el bien inmueble que utiliza como morada”.13 Ahora bien,
dado que las normas que definen el ámbito de aplicación de ambas figuras señalan como
beneficiarios a los compañeros permanentes con independencia de que conformen o no
familias más amplias, es posible afirmar que las mismas tienen también el propósito de
proteger a las parejas casadas o en unión marital de hecho, sin importar que estas conformen
o no familias. Tal cosa puede concluirse del hecho de que, al definir a las personas que
pueden constituir el patrimonio de familia inembargable, el artículo 4 de la Ley 70 de 1931
distinga dos hipótesis distintas: las familias conformadas por parejas casadas o por
compañeros permanentes con hijos (literal a), y las familias conformadas por parejas casadas
o por compañeros permanentes (literal b). Tal cosa también puede concluirse del hecho de
que la Ley 258 de 1996 disponga en su artículo 12 que sus disposiciones se aplicarán a los
compañeros permanentes, sin explicitar que para ello sea necesario que estos conformen
familias más amplias. La finalidad de proteger de forma especial a los compañeros
permanentes con independencia de que conformen familias mas amplias se explicaría por el
valor social que tienen los vínculos de solidaridad y afecto creados por estas parejas. Y es
evidente que esta finalidad incluiría a las parejas del mismo sexo que, por tener lazos
similares de afecto y solidaridad que las parejas heterosexuales, deberían ser dignas de
protección, a pesar de no considerarse incluidas en la noción constitucional de familia. Como
tal, el objetivo de la exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios consagrados en
las normas acusadas parecería entrar en tensión con el objetivo de dichas normas de proteger
los lazos creados por las parejas permanentes y singulares, con independencia de que
constituyan o no familias.
En cuanto al segundo requisito del test, a saber, que el trato desigual sea adecuado y
necesario, se advierte que el mismo no resulta satisfecho por la exclusión de las parejas del
mismo sexo del ámbito de aplicación de las normas en comento. Ello es así, de un lado,
porque la imposibilidad de que las parejas homosexuales puedan gozar de los derechos civiles
pronunció respecto de la inclusión de estas parejas dentro del sistema de seguridad social en salud, la
Corte reiteró la noción de familia como la constituida por una unión heterosexual. En efecto, dentro del
estudio descriptivo de la disposición relativa a la vinculación de beneficiarios en el régimen
contributivo del sistema general de salud, la Corte señaló que “la determinación de que la cobertura
del sistema de seguridad social en salud es ‘familiar’ implica la exclusión, per se, de la pareja
homosexual como beneficiaria del régimen, pues la jurisprudencia vigente precisa que la familia se
configura por la unión de un hombre y una mujer, mediante vínculos naturales o jurídicos”. Al indicar
que el alcance de la norma se limita a la protección del ámbito familiar y derivar de ello la exclusión de
las parejas homosexuales de esta protección, lo que hizo la Corte fue, no solo reiterar su concepto de
familia como institución heterosexual, sino señalar que cuando el ámbito de protección de una norma
se circunscribe a la familia, esto implica la exclusión de las parejas homosexuales.
Corte Constitucional, sentencia C–560 de 2002.
de constitución del patrimonio inembargable de familia y de afectación del inmueble de
habitación a vivienda familiar no tiene una conexión lógica ni causal con el fin de proteger a
la familia. En otras palabras, no existe una relación de adecuación entre el fin perseguido –
protección de la familia- y el medio escogido para alcanzar ese fin –exclusión de las parejas
homosexuales–. De otro lado, la exclusión tampoco es necesaria para lograr el fin perseguido,
por cuanto la inclusión de los homosexuales dentro del ámbito de protección de las normas
que contienen las expresiones acusadas no implica la desprotección ni la disminución de la
protección conferida a la familia. En efecto, esta protección ya es lograda a través de la
concesión de los derechos y beneficios consagrados en las normas civiles en cuestión a los
miembros de la familia heterosexual, derechos y beneficios que no se verían de ninguna
manera reducidos si las parejas del mismo sexo fuesen consideradas destinatarias de los
mismos, ya que esta consideración implicaría la ampliación y no el reemplazo de sus
Finalmente, la exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de las normas
objeto de análisis tampoco satisface el último requisito del test, consistente en que la medida
sea proporcionada. Ello es así por cuanto los costos negativos que la exclusión genera son
mucho mayores que sus beneficios. De hecho, al tratarse de una medida inadecuada e
innecesaria para lograr el fin que busca, la misma no reporta beneficios concretos. En
contraste, son muchos y muy altos los costos que la exclusión genera en términos de los
derechos de las parejas del mismo sexo. Estos costos se concretan en la existencia de un
déficit de protección para las parejas homosexuales, derivado del hecho de que, a pesar de
tener requerimientos análogos de protección que las parejas heterosexuales, no tienen acceso
a los mecanismos especiales tendientes a atender a esos requerimientos, ni a otros
mecanismos que cumplan adecuadamente con esta finalidad. Los requerimientos análogos de
protección de unas parejas y otras consisten, en este ámbito, en la importancia que tiene la
posibilidad de acceder a instituciones como el patrimonio inembargable de familia o la
afectación a vivienda familiar para la construcción y el mantenimiento de un proyecto de vida
en común, y para la protección del miembro económicamente más débil de la pareja. En
efecto, estas instituciones permiten resguardar el lugar en el que habita la pareja de los
avatares propios de la vida mercantil, lugar que resulta vital para su seguridad y estabilidad.
Además, en el caso de la afectación a vivienda familiar, esta permite proteger al miembro
económicamente más débil de la pareja, al evitar que los miembros de la pareja puedan
disponer autónomamente del inmueble afectado a la vivienda, a través de la exigencia de la
doble firma.
El déficit de protección de las parejas del mismo sexo y de sus miembros, consistente en la
imposibilidad de acceder a mecanismos como los mencionados a pesar de tener necesidades
coincidentes con aquellas de las parejas heterosexuales, no solo comporta la violación del
derecho a la igualdad (Art. 13 CP) de las personas homosexuales que conforman una pareja.
También afecta sus derechos a la dignidad humana (preámbulo, art. 1 CP), al libre desarrollo
de la personalidad (art. 16 CP) y a la vivienda digna (art. 51 CP). En primer lugar, la
exclusión de las parejas homosexuales de mecanismos especiales de protección de su
vivienda vulnera su derecho a la dignidad humana (preámbulo, art. 1 CP), de un lado porque
se traduce en la negación del valor del proyecto de vida elegido por quienes deciden
conformar una unión homosexual, y de otro lado porque obstaculiza el acceso de las parejas
homosexuales a ciertos beneficios susceptibles de garantizar unas condiciones materiales
básicas para desarrollar dicho proyecto de vida. En segundo lugar, la exclusión de las parejas
homosexuales de mecanismos especiales de protección de su vivienda afecta su derecho al
libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), ya que se hace más gravosa la construcción
de la vida en pareja para las personas homosexuales que para las heterosexuales, lo cual a su
vez dificulta la elección autónoma del proyecto de vida de aquellas. En tercer lugar, la
vivienda pone en riesgo el goce de su derecho a la vivienda digna (Art. 51 CP), cuya garantía
resulta de particular importancia en el caso de parejas permanentes, por constituir un
presupuesto importante para la construcción de lazos estables de solidaridad y afecto que son
valiosos socialmente.
De acuerdo con los anteriores argumentos, resulta claro que la exclusión de las parejas
homosexuales de la posibilidad de acceder a los derechos y beneficios propios de las
instituciones de patrimonio inembargable de familia y de afectación a vivienda familiar es
Inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 258 de 1996 por imponer un término
de dos años de convivencia para que la ley pueda aplicarse a los compañeros
El artículo 12 de la Ley 258 de 1996 establece que las disposiciones de dicha ley se aplicarán
a los compañeros permanentes “cuya unión haya perdurado por lo menos dos años”. Este
tiempo mínimo de convivencia para que los compañeros permanentes puedan gozar del
beneficio de afectación a vivienda familiar vulnera su derecho a la igualdad (Art. 13 CP), en
la medida en que les impone un requisito que no tienen que cumplir las parejas unidas por
matrimonio, las cuales pueden afectar a vivienda familiar el bien inmueble de habitación sin
necesidad de que para ello tengan que convivir por un tiempo mínimo.
Recientemente, mediante sentencia C–521 de 2007, la Corte Constitucional reconoció la
afectación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) generada por la imposición de un requisito
similar a ese, al declarar la inexequibilidad de la expresión “cuya unión sea superior a dos
años”, contenida en el artículo 163 de la ley 100 de 1993, el cual establecía ese tiempo
mínimo para que los compañeros permanentes pudieran acceder al Plan Obligatorio de Salud.
“La diferencia de trato entre el cónyuge del afiliado y el compañero (a)
permanente del afiliado a quien se impone la obligación de convivir durante
un período mínimo de dos años para acceder a las mismas prestaciones, no
está justificada bajo parámetros objetivos y razonables, por cuanto se
impone a éste último la carga de permanecer durante dos años sin los
beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud, brindándole como
explicación que se trata de un lapso efímero durante el cual podría afiliarse
como trabajador independiente al régimen contributivo o al régimen
subsidiado, o acceder a los servicios en calidad de vinculado.
Similares consideraciones podrían hacerse respecto del cónyuge a quien la
norma ampara como beneficiario a partir del matrimonio; sin embargo, la
disposición, contrariando lo dispuesto en el artículo 13 superior, ordena
darle al compañero (a) permanente un trato discriminatorio al imponerle
una carga desproporcionada, en cuanto a pesar de estar conformando una
familia lo obliga a permanecer durante dos años por fuera del ámbito de
cobertura señalado en el artículo 163 de la ley 100 de 1993” (negrilla fuera
Posteriormente, en la sentencia C-811 de 2007, la Corte reiteró la jurisprudencia sentada en el
fallo antes citado y, sobre su base, declaró que la misma era aplicable a los compañeros
permanentes del mismo sexo en materia del acceso al sistema de salud.
De conformidad con la jurisprudencia anterior, no existe razón alguna para que los
compañeros permanentes – incluidas las parejas del mismo sexo, en caso de que se acceda a
los argumentos y solicitud de este cargo - tengan que esperar dos años para que opere la
afectación a vivienda familiar de su inmueble de habitación, pues la necesidad de proteger el
lugar de vivienda surge en el mismo momento en que comienza la unión, y es discriminatorio
que este plazo no sea exigido a los cónyuges. Así, de conformidad con el precedente
constitucional y considerando que respecto del artículo 12 de la Ley 258 de 1996 caben las
mismas consideraciones efectuadas por la Corte en relación con el artículo 163 de la Ley 100
de 1993, en cuanto la expresión aquí acusada contiene el mismo sentido normativo del aparte
declarado inexequible en la sentencia C–521 de 2007, se impone que la Corte también
excluya del ordenamiento el requisito del tiempo mínimo de convivencia fijado en el artículo
en cuestión, por estar afectado por el mismo vicio de inconstitucionalidad.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a las siguientes pretensiones relativas a este
Primera pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que las
expresiones “familia” y “compañero o compañera permanente” contenidas en el inciso
primero y en el literal b del artículo 4º de la Ley 70 de 1931, las expresiones “familiar” y
“familia” incluidas en el artículo 1º de la Ley 258 de 1996 y la expresión “compañeros
permanentes” contenida en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996 sean interpretadas como que
excluyen a las parejas homosexuales de la posibilidad de gozar de los derechos y beneficios
de la constitución del patrimonio inembargable de familia y de la afectación a vivienda
familiar allí previstos para las parejas heterosexuales.
Segunda pretensión principal de la demanda. Que declare la inexequibilidad de la
expresión “cuya unión haya perdurado por lo menos dos años” contenida en el artículo 12 de
la Ley 258 de 1996, de conformidad con el precedente sentado en las sentencias C-521 de
2007 y C-811 de 2007.
ii) Cargo contra la norma que consagra la obligación civil de prestar
alimentos (artículo 411 del Código Civil)
4. A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su
5. A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales
6. A los ascendientes naturales
7. A los hijos adoptivos
8. A los padres adoptantes
9. A los hermanos legítimos
No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley se los
niegue.”
Las expresiones demandadas vulneran los artículos 1º, 13 y 16 de la Constitución Política de
En la sentencia C–1033 de 2002, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
condicionada del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil, que define a los cónyuges
como acreedores de la obligación de prestar alimentos, bajo el entendido de que “esta
disposición es aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión marital de
hecho”. El análisis de constitucionalidad efectuado por la Corte en ese caso se limitó a
estudiar el cargo formulado por los demandantes contra la norma, referido al trato
discriminatorio y vulneratorio del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) otorgado a las parejas
que forman una unión marital de hecho con respecto a las parejas unidas por vínculo
matrimonial. Por esa razón, en relación con el artículo 411 del Código Civil opera el
fenómeno de la cosa juzgada relativa14, que permite que la Corte emita pronunciamiento de
fondo sobre la norma frente a cargos que tengan una naturaleza distinta de aquella del cargo
estudiado en la sentencia C-1033 de 2002. Este es el caso del cargo aquí propuesto, que si
bien ataca la norma por violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP), lo hace por el trato
discriminatorio otorgado a las parejas conformadas por personas del mismo sexo con respecto
a las uniones maritales de hecho conformadas por parejas heterosexuales, trato
discriminatorio que aún no ha sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional.
D. Análisis de fondo de la norma
Como ya lo advertimos, en la sentencia C–1033 de 2002 se extendió a los compañeros
permanentes la obligación alimentaria establecida en cabeza de los cónyuges en el numeral 1º
del artículo 411 del Código Civil. Sin embargo, tal extensión no cubrió a las parejas del
mismo sexo, por cuanto la demanda no lo solicitó así y la Corte Constitucional no estudió su
situación en dicha sentencia, así como tampoco lo ha hecho en ninguna otra sentencia. En tal
sentido, las parejas homosexuales se encuentran excluidas de la obligación civil de prestar
alimentos, lo cual entraña una diferencia de trato entre ellas y los compañeros permanentes
heterosexuales que, por fundarse en el criterio sospechoso de la orientación sexual, exige la
aplicación de un test estricto de proporcionalidad.
Frente al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, cabe señalar que también en este caso el fin
perseguido por la exclusión de las parejas del mismo sexo es la protección de la familia. En
efecto, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia que declaró la exequibilidad
condicionada de la norma acusada, una de las características de la obligación alimentaria es el
hecho de que “aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más
Conforme lo explicó la Corte en la sentencia C-925 de 2000, la cosa juzgada relativa opera cuando
“el juez de constitucionalidad ha proferido antes un fallo de exequibilidad circunscrito de manera
específica a alguno o algunos aspectos constitucionales de la norma, sin haberlos agotado en su
totalidad, lo que conduce a que, aun existiendo ya sentencia declaratoria de la constitucionalidad del
precepto, subsiste la posibilidad de nuevo análisis de la disposición correspondiente, no ya por
los conceptos precedentes -respecto de los cuales se juzgó y a los que no puede volverse- sino por
otros sobre los cuales en el primer fallo no se pronunció la Corte”. En igual sentido, en la sentencia
C–774 de 2001, la Corte indicó que se configura una cosa juzgada relativa de carácter implícito cuando
en la parte motiva del fallo el análisis de exequibilidad únicamente se refiere a una o a algunas normas
de la Constitución, o a un solo aspecto de su constitucionalidad.
cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus
beneficiarios”.15 Ahora bien, de lo anterior puede asimismo deducirse que, junto con el fin de
protección de la familia, la norma acusada también tiene la finalidad de proteger los estrechos
vínculos propios de las parejas permanentes, vínculos que se cimientan igualmente en el
deber de solidaridad. Dado que es claro que esta última finalidad cubre la protección de las
parejas permanentes del mismo sexo, cuyos vínculos de solidaridad merecen el mismo
reconocimiento y valoración que aquellos de las parejas heterosexuales, podría entonces
decirse que el fin de la exclusión de las parejas del mismo sexo de la obligación de prestar
alimentos entra en tensión con uno de los fines de la norma que consagra esta obligación,
consistente en la protección de los vínculos propios de las parejas permanentes.
Además de lo anterior, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la obligación alimentaria
no cumple con el segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y
necesaria para lograr el fin que busca. En efecto, la medida no es adecuada por cuanto no
ostenta una relación directa ni causal con el fin de proteger a la familia, esto es, no es claro de
qué manera la exclusión de las parejas homosexuales de la obligación alimentaria podría
contribuir al logro de este fin. Pero además, la medida no es necesaria, dado que la protección
de la familia buscada por la norma acusada puede lograrse perfectamente sin que se requiera
excluir a las parejas del mismo sexo de su ámbito de aplicación, ya que su inclusión no
implicaría de manera alguna la desprotección o la reducción de la protección allí ofrecida a la
Finalmente, la exclusión de las parejas homosexuales de la obligación de prestar alimentos es
desproporcionada, ya que los costos constitucionales que genera son considerables, mientras
que los beneficios que acarrea son difícilmente aprehensibles pues, como lo indicamos, la
medida no es idónea ni necesaria para lograr el fin que busca. Tales costos consisten en un
déficit de protección de las parejas homosexuales que se cristaliza en la imposibilidad de
acceder a un mecanismo que, como la obligación alimentaria, reconoce, protege y extrae
consecuencias jurídicas de los vínculos de solidaridad establecidos por las parejas
permanentes, y que a la vez ofrece a los miembros de esas parejas la posibilidad de que
puedan asegurar su subsistencia, posibilidad que es particularmente crucial en tratándose de
personas que no están en condiciones de asegurarse su propia subsistencia. Como es evidente,
en este ámbito las parejas homosexuales presentan requerimientos análogos de protección que
las parejas heterosexuales, razón por la cual el hecho de que no puedan acceder a los
mecanismos diseñados para satisfacer esas necesidades en el caso de parejas heterosexuales, y
de que no existan otros mecanismos que permitan lograr adecuadamente ese fin, prueba la
existencia de un déficit de protección.
Este déficit de protección no solo demuestra la vulneración del derecho a la igualdad (Art. 13
CP) de las personas homosexuales que conviven en pareja, sino que comporta también una
vulneración de los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1º CP) y al libre
desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP). La dignidad humana (preámbulo, Art. 1º CP) se ve
afectada tanto en su dimensión intangible como en su dimensión material. En la primera, por
cuanto la inexistencia de un mínimo de protección en materia de alimentos para las parejas
homosexuales obstaculiza y desestimula la posibilidad de una verdadera autodeterminación
vital de las personas homosexuales, ya que muestra que el Estado no ofrece las condiciones
necesarias para que el desenvolvimiento pleno de esta opción sexual se pueda llevar sin
limitaciones de orden objetivo y en igualdad de oportunidades en el ámbito de la vida en
pareja. Por su parte, la dimensión material de la dignidad humana se ve afectada en cuanto, al
no conceder el derecho de alimentos al miembro de la pareja que no puede garantizarse por sí
mismo(a) su subsistencia, no solo se pone en riesgo su derecho al mínimo vital (Art. 11 CP),
sino que también se lo priva de acciones legales para evitar que el riesgo devenga en una
vulneración permanente. De otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art.
16 CP) también se ve menoscabado con la exclusión de las parejas del mismo sexo de la
obligación de alimentos, por cuanto esta hace más gravoso para los homosexuales la elección
de un proyecto de vida en pareja, con lo cual no solo se obstaculiza el pleno desenvolvimiento
de la sexualidad, sino también aquel de las dimensiones afectivas y sociales que están
asociadas a la vida en pareja.
En adición a lo anterior, podría decirse que las normas acusadas son inconstitucionales no
solo por el déficit de protección de las parejas homosexuales y de sus miembros por el hecho
de no tener derecho a acceder a la prestación alimentaria, sino también por el tratamiento
diferenciado generado por tales normas entre los miembros de las parejas heterosexuales y los
miembros de las parejas homosexuales en términos de las obligaciones impuestas a unos y
otros. De hecho, a pesar de tener uniones permanentes basadas en vínculos de solidaridad y
afecto similares, solo los miembros de las parejas heterosexuales tienen la obligación legal de
prestar alimentos a sus compañeros permanentes en razón de tales vínculos. Los miembros de
parejas del mismo sexo, en cambio, no reciben ninguna carga jurídica derivada de los
vínculos permanentes que construyen. Esta situación es ciertamente vulneratoria del derecho
a la igualdad (Art. 13 CP), dado que la fuente de la obligación alimentaria, esto es, el deber de
solidaridad, se presenta también en el seno de las parejas del mismo sexo. Como puede verse,
tanto en este cargo como en muchos otros contenidos en esta demanda, el reclamo de que las
parejas homosexuales reciban un tratamiento igualitario frente a las parejas heterosexuales no
sólo se hace con el fin de que aquellas puedan acceder a los beneficios especiales que el
Estado concede a estas, sino también para que sean titulares de las obligaciones y cargas que
dichos beneficios tienen como correlato.
De acuerdo con las razones previamente esgrimidas, es claro que la medida discriminatoria
que excluye a las parejas homosexuales de la obligación de prestar alimentos es
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Tercera pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que la
expresión “cónyuge” contenida en el literal a del artículo 411 del Código Civil sea
interpretada como que excluye a las parejas homosexuales de la obligación alimentaria allí
prevista para las parejas heterosexuales en virtud de la sentencia C–1033 de 2002.
2. Cargos contra normas que consagran derechos políticos de carácter migratorio
para las parejas heterosexuales con exclusión de las homosexuales
Este acápite contiene un análisis de constitucionalidad de dos tipos de normas que consagran
y regulan derechos políticos de carácter migratorio en favor de las parejas heterosexuales con
exclusión de las parejas homosexuales: la norma que consagra el beneficio de reducción del
tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción (i), y las normas que regulan el derecho
de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
i) Cargo contra la norma que reduce el tiempo para acceder a la
nacionalidad por adopción en favor de los compañeros permanentes
(artículo 5 de la Ley 43 de 1993)
Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y
recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral séptimo del artículo
40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Artículo 5. Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción
(Modificado por el Artículo 39 de la Ley 962 de 2005). Sólo se podrá expedir Carta de
Naturaleza o Resolución de Inscripción:
A los extranjeros a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo 96 de la Constitución
Política que durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud hayan estado domiciliados en el país en forma continua y el extranjero titular
de visa de residente. En el evento en que los mencionados extranjeros se encuentren casados,
o sean compañeros permanentes de nacional colombiano, o tengan hijos colombianos, el
término de domicilio continuo se reducirá a dos (2) años.”
Las expresiones demandadas violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 24, 93 y 100 de la
El artículo 5 de la Ley 43 de 1993, tal y como fue modificado por el artículo 39 de la Ley 962
de 2005, fue objeto de análisis constitucional en la sentencia C-832 de 2006. El cargo
consistía en que había un vicio en la conformación de la ley modificatoria, consistente en que
las disposiciones acusadas vulneraban el principio de unidad de materia (Art. 158 CP), pues
no guardaban la debida relación de conexidad con el tema general de la Ley, y no se dirigían
a cumplir el propósito o finalidad de la misma. La Corte Constitucional determinó que ese
vicio no existía, y por ende declaró la exequibilidad de la norma. Como puede verse, en ese
fallo la Corte limitó su análisis de constitucionalidad de la norma en cuestión a un cargo
concreto que difiere enteramente del aquí formulado tanto por su naturaleza –de
procedimiento el primero y sustantivo el aquí contenido- como por los argumentos empleados
para sustentarlo –relativos a la violación de la unidad de materia (Art. 158 CP) en el primero,
y relativos a la vulneración del derecho a la igualdad y de la prohibición de discriminación
(Art. 13 CP) en el segundo-. En ese sentido, en relación con la norma acusada en este cargo
solo puede hablarse del fenómeno de cosa juzgada en su faceta relativa implícita.
La Ley 43 de 1993, relativa al derecho a la nacionalidad, establece en su artículo 5º los
requisitos para acceder a la nacionalidad colombiana por adopción, según lo establecido en el
artículo 96 numeral 2 de la Constitución Política. Entre estos requisitos se encuentra residir en
el país de forma continua durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud. Sin embargo, la norma consagra la posibilidad de que dicho
tiempo de residencia se reduzca a dos años en caso de que el extranjero sea compañero
permanente de un nacional colombiano. Aunque la expedición de la carta de naturalización es
un acto soberano y discrecional del Presidente, es evidente que esta norma otorga a los
compañeros permanentes un beneficio especial consistente en la posibilidad de solicitar la
nacionalidad colombiana tras un periodo de residencia en el país muy inferior que aquel
exigido a otras personas. Dado que las parejas homosexuales permanentes se encuentran
Falcon enrique m como hacer una demanda
Christian Leuro
Las parejas en el matrimonio 1

References: artículo 24
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 244
 artículo
2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo
18

artículo 40
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 244

artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 18
 artículo
163
 artículo 93
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Artículo 1

Artículo 12
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
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 artículo 411
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Artículo 5
 Artículo 39
 Resolución 
 artículo 96
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 artículo 39
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