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Timestamp: 2017-07-28 11:09:50+00:00

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Sentencia Penal Nº 39/2011, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 392/2010, 18-02-2011 | Iberley
InicioJurisprudencia PenalAP - Madrid2011Del Molino Romera, Ana MercedesDesestimaSentencia39/2011392/2010
Sentencia Penal Nº 39/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7, Rec 392/2010 de 18 de Febrero de 2011
Jurisprudencia Sentencia Penal Nº 204/2013, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 168/2013, 19-07-2013 Órden: Penal
Del Molino Romera, Ana Mercedes
Num. Sentencia: 204/2013
Num. Recurso: 168/2013
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Tribunal: Ap - Almeria
Num. Recurso: 158/2012
Sentencia Penal Nº 302/2011, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 188/2011, 17-10-2011 Órden: Penal
Fecha: 17/10/2011
Num. Sentencia: 302/2011
Num. Recurso: 188/2011
Sentencia Penal Nº 184/2011, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 122/2011, 27-06-2011 Órden: Penal
Num. Sentencia: 184/2011
Num. Recurso: 122/2011
Sentencia Penal Nº 109/2007, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 102/2007, 07-11-2007 Órden: Penal
Fecha: 07/11/2007
Tribunal: Ap - Salamanca
Perez Serna, Jesus
Num. Sentencia: 109/2007
Num. Recurso: 102/2007
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“... La sentencia en el orden penal Órden: Penal
Fecha última revisión: 11/01/2013
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Núm. Resolución: 990299
Núm. Sentencia: 39/2011 Núm. Recurso: 392/2010
Núm. Cendoj: 28079370072011100105
Encabezamiento ROLLO Nº 392/2010 JUICIO DE FALTAS Nº 494 /2009 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 San Lorenzo de El Escorial SENTENCIA Nº 39/2011 AUDIENCIA PROVINCIAL Ilma. Sra. Magistrada de la Sección 7ª Doña Ana Mercedes del Molino Romera En Madrid a dieciocho de febrero de dos mil once. La Ilma. Sra. Magistrada de la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial Doña Ana Mercedes del Molino Romera, actuando como Tribunal unipersonal de acuerdo con lo previsto en el
artículo 82 párrafo 2º de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial , ha visto en segunda instancia el presente juicio de faltas seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Lorenzo de El Escorial por
LESIONES en virtud del recurso de apelación interpuesto por
Eutimio , contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del expresado Juzgado, habiendo sido partes en el presente recurso el apelante citado.
Antecedentes PRIMERO .- Por el Juzgado antes citado en el juicio de faltas a que este rollo se refiere se dictó
sentencia con fecha 6 de julio de 2010 en la que se establecen como hechos probados que: "el día 13 de octubre de 2010, Don
José y Don
Eutimio mantuvieron una discusión el el garaje comunitario situado en la Avenida
DIRECCION000 número
NUM000 de la localidad de Villanueva del Pardillo, en el transcurso de la cual, se acometieron mutuamente, pues éste le agarró a aquél por el pecho, al tiempo que aquél le empujó, provocando su colisión contra una pared cercana.
Como consecuencia de la citada agresión, el Sr.
José sufrió lesiones consistentes en herida superficial en cara externa del 5º dedo de la mano derecha, la cual tardó 10 días en curar, ninguno de los cuales fue impeditivo, sin necesidad de tratamiento médico y sin secuelas. Por su parte, Don
Eutimio también sufrió lesiones como consecuencia de la precitada agresión, consistente en herida en región occipital derecha, cefalea y cuadro de ansiedad de pronóstico leve, las cuales tardaron en curar 7 días, ninguno de los cuales fue de carácter impeditivo, sin necesidad de tratamiento médico y sin secuelas."; su fallo o parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a DON
Eutimio como autor responsable de una falta de lesiones, prevista y penada en el
articulo 617.1 del Código Penal , a la pena de UN MES (1 mes) de multa a razón de SEIS EUROS(6 euros) diarios; quedando sometido a la responsabilidad personal subsidiaria que prevé el
artículo 53 del Código Penal en caso de impago. Debo condenar y condeno a DON Eutimio , como responsable civil directo, a indemnizar a DON
José en la cantidad de DOSCIENTOS EUROS (200 euros), con los intereses previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Debo condenar y condeno a DON
José como autos responsable de una falta de lesiones, prevista y penada en el
artículo 617.1 del Código Penal , a la pena de UN MES (1 mes) de multa a razón de SIETE EUROS (7 euros) diarios; quedando sometido a la responsabilidad personal subsidiaria que prevé el
artículo 53 del Código Penal en caso de impago. Todo lo anterior debe entenderse con expresa imposición a cada uno de los denunciados de las costas procesales causadas a instancia de las respectivas faltas.". SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia Provincial por el mencionado apelante; al dar traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las partes, no se efectuaron alegaciones. Repartidas las actuaciones a esta Sección Séptima se formó el rollo correspondiente con el nº 392/2010; señalándose para resolución del recurso el día de hoy.
Hechos SE ACEPTAN íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida.
Con la sola modificación del año que se suprime "2010" y se sustituye por "2009". Fundamentos PRIMERO.- En el recurso de apelación que formula D.
Eutimio no se alega motivo concreto alguno, tan solo se muestra el desacuerdo con la misma.
La función revisora encomendada al Tribunal de apelación, respecto de la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el
artículo 24.2 de nuestra Constitución, ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: Que el Juzgador de Instancia dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración. Que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos. Que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de Instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba (entre otras muchas,
STS Sala 2ª, de 26 de febrero de 2.003 y de 29 de enero de 2.004).
En definitiva, como establece el
Tribunal Supremo (entre otras Ss de 2 de Marzo ,
17 de mayo y
4 de junio de 1.996 ) para que pueda ser apreciada en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario se ha practicado en relación con tales hechos o elementos actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de instancia, a quien por ministerio de la ley corresponde con exclusividad dicha función
(artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117 3 de la Constitución Española). Una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el Tribunal Juzgador en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al
art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; debiendo partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia
constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. Dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea del Juzgador de instancia que puede ver y oír a quiénes ante él declaran (
sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1.986 ,
27 de octubre y
3 de noviembre de 1.995 ), si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el
artículo 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la
sentencia (sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1.985 ,
23 de junio de 1.986 ,
13 de mayo de 1.987 ,
y 2 de julio de 1.990 , entre otras), únicamente debe ser rectificado cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1) que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; 2) que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio y 3) que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia. De la lectura del acta del juicio oral y del examen de las actuaciones se desprende que en el presente caso ha habido prueba bastante para desvirtuar la presunción de inocencia, pues de las declaraciones de las partes se desprende la existencia de esa controversia entre las partes, que termino con la disputa que motiva esta causa. La existencia del menoscabo físico resulta acreditada por la existencia de los partes de lesiones, que objetivan ese menoscabo físico.
En definitiva, ha de concluirse que la prueba practicada en el acto del juicio oral acredita que los hechos ocurren tal y como la sentencia declara probado, y que los escritos de recurso no aportan motivos que permita deducir que la valoración probatoria que sustenta el relato de hechos probados sea fruto del error, una omisión esencial o la arbitrariedad. Por eso se va a respetar la misma y siendo ajustada a derecho la calificación jurídica que de los hechos probados se hace y los demás elementos del fallo, declarando de oficio las costas de esta alzada VISTOS los artículos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el apelante D.
Eutimio en su propio nombre contra la
sentencia pronunciada en el Juicio de Faltas nº 494/2009 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de El Escorial con fecha 6 de julio 2010 declaro no haber lugar al mismo y, en su consecuencia,
CONFIRMO la resolución apelada en todas sus partes declarando de oficio las costas de esta alzada
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas y devuélvanse las actuaciones al Juzgado a quo a los fines procedentes con certificación de esta resolución. Contra la presente resolución, y en virtud de lo previsto en el
artículo 981 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no cabe recurso alguno. Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Dña Ana Mercedes del Molino Romera que la dictó estando celebrando audiencia pública, de que certifico.
Imprimir el documento Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Imprimir el documento Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil)
VIGENTE Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado D.F. 29ª. Entrada en vigor.
D.F. 26ª. Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a la creación de un certificado sucesorio europeo. D.F. 25ª. Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Imprimir el documento Constitución Española (de 27 de Dic de 1978)
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References: resolución 

Resolución 

Resolución 

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Resolución 

Resolución 

artículo 82

artículo 53

artículo 617

artículo 53
 resolución 

artículo 24

artículo 741
 resolución 
 resolución 

artículo 981
 Real decreto