Source: http://www.cidh.org/annualrep/75sp/Cuba1834.htm
Timestamp: 2018-09-20 18:20:05+00:00

Document:
Caso No 1834, presentado en comunicación de 16 de abril de 1974, en relación con la situación general de los derechos humanos en Cuba y, en particular, sobre los presos políticos. Esta denuncia se complementa con una copiosa documentación y con una lista de presos políticos con determinación del lugar de detención, tiempo de condena y condiciones de salud en que se encontrarían.
En el trigesimocuarto período (octubre de 1974), la Comisión prosiguió el examen de este caso observando que si bien el Gobierno de Cuba no había suministrado las informaciones solicitadas, se encontraba aún pendiente el plazo que el Artículo 51 del Reglamento (180 días) otorga para este efecto. En dicho examen la CIDH tomó en cuenta las informaciones adicionales suministradas por el reclamante quien compareció, el día 24 de octubre de 1974, para ampliar su denuncia.
Por otro lado tuvo en cuenta los antecedentes de sus actuaciones en lo que se refiere a la situación de los derechos humanos en Cuba y al hecho de que el Gobierno cubano no ha dado respuesta a ninguna de las solicitudes reglamentarias de información cursadas por la misma. En relación a este punto, se intercambiaron nuevamente opiniones sobre la conveniencia de adelantar gestiones que pudieran conducir, en un futuro, a conseguir que el Gobierno de Cuba permita una investigación in loco sobre la situación de los derechos humanos o a encontrar otros medios tendientes a mejorar la situación de los presos políticos en ese país.
Como resultado de este examen la CIDH acordó, en dicho período, lo siguiente:
a) Reiterar al Gobierno de Cuba el pedido de que se envíen los datos solicitados y acompañando además, las partes pertinentes de las informaciones adicionales suministradas por el reclamante en el curso del período de sesiones;
b) Encomendar a la Secretaría que preparara un documento de antecedentes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, actualizando los datos recibidos a partir del “Segundo Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y sus Familiares en Cuba” (doc.6-23).[1]
c) Aplazar la solicitud de anuencia al Gobierno de Cuba para que la Comisión se traslade a su territorio y considerar este asunto en el próximo período de sesiones, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en esa oportunidad y autorizar al Presidente, para que si lo estimare oportuno, adelante las gestiones que considere convenientes en favor de los presos políticos en Cuba. En cumplimiento del literal a de este acuerdo, la Comisión cursó comunicación al Gobierno de Cuba el 17 de diciembre de 1974. También en carta de noviembre de 1974, se informó al reclamante la parte pertinente del acuerdo.
En su trigesimoquinto período de sesiones (mayo de 1975), la Comisión observó que el Gobierno de Cuba no había suministrado los informes correspondientes y se habían agotado ya los plazos y prórrogas pare tal fin. En consecuencia acordó presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 51 del Reglamento. A tal efecto aprobó la siguiente Resolución (OEA/Ser.L/V/II.35, doc.3 rev.l, de 29 de mayo de 1975):
Que de acuerdo con la facultad que le confiere el Artículo 9 (bis) de su Estatuto, esta Comisión solicitó del Gobierno de Cuba, mediante nota de 3 de junio de 1974, la información correspondiente, transmitiéndole las partes pertinentes de la mencionada comunicación, en la forma prevista en los Artículos 42 (1) y 44 de su Reglamento.
Que en su trigesimocuarto período de sesiones (octubre de 1974) la Comisión tomó conocimiento de una comunicación de 24 de octubre de 1974, complementaria de la denuncia formulada el 16 de abril, arriba citada, en la cual se hacen nuevas imputaciones al Gobierno de Cuba por hechos y situaciones presuntamente violatorias del derecho a la vida, a la libertad a la seguridad e integridad de la persona; de igualdad ante la ley; de justicia; de protección contra la detención arbitraria y de proceso regular.
Que asimismo en dicho período de sesiones, observando que el Gobierno de Cuba no había dado respuesta a la solicitud de información de 3 de junio de 1974, acordó reiterar el pedido de información advirtiendo la fecha de vencimiento del plazo de 180 días del Artículo 51 del Reglamento y la aplicación de la regla de presunción de verdad prescrita en dicha disposición, transmitiéndole, al mismo tiempo las partes pertinentes de las informaciones adicionales sometidas por los reclamantes, en solicitud de información, conforme con los Artículos 9 (bis) de su Estatuto y 442 y 44 de su Reglamento.
Que dado el sistemático silencio adoptado por el actual Gobierno de Cuba frente a numerosas comunicaciones recibidas de esta Comisión, carecería de objeto práctico hacerle recomendaciones del tipo de las que contemplan los Artículos 9 inciso b y 9 (bis) inciso b del Estatuto. Ello no obsta, empero, a que la Comisión haga conocer a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la calificación que merecen los hechos denunciados.
1. Considerar que por aplicación del Artículo 51 del Reglamento están probados los hechos que se denuncian en las comunicaciones de 16 de abri1 y 24 de octubre de 1974, imputables al Gobierno de Cuba.
2. Incluir esta Resolución en el Informe Anual que la Comisión debe rendir a la Asamblea General de la Organización (Artículo 9 (bis) c de su Estatuto) haciendo saber que los hechos materia de las comunicaciones que forman el expediente No 1834 constituyen un caso gravísimo de violación del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; de igualdad ante la ley; de justicia; de protección contra la detención arbitraria y de proceso regular, consagrados en los Artículos I, II, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Esta Resolución fue hecha del conocimiento del Gobierno de Cuba en nota de 1o de junio de 1975 y de los reclamantes el 4 del propio mes.
[1] Este informe fue publicado por la CIDH el 7 de mayo de 1970 y puesto en conocimiento de los Gobiernos de los Estados miembros a través de sus representantes en el Consejo Permanente.

References: Artículo 51
 Artículo 51
 Resolución 
 Artículo 9
 Artículo 51
 Artículo 51
 Resolución 
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