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Timestamp: 2017-04-26 23:33:25+00:00

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LA CAMBIANTE PALABRA DEL LEGISLADOR: diciembre 2016
La Renta de Referencia se define en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de
julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, como un indicador
relativo a los salarios brutos no agrarios en España. Dicho precepto
establece que la determinación anual de su cuantía se hará en concordancia con
lo previsto al respecto en la normativa de la Comunidad Europea y teniendo en
La renta de referencia es un
término que forma parte de diversas definiciones previstas en dicha Ley. Por
ejemplo, su propio artículo 2 conceptúa al pequeño agricultor como el
agricultor a título principal cuya explotación agraria no supere 12 unidades de
dimensión europea (UDEs) y cuya renta total sea igual o inferior al 75 por 100
de la renta de referencia. O el artículo 4 establece, al delimitar que son las
explotaciones familiares y otras cuyos titulares sean personas físicas, que para
que una explotación cuyo titular sea una persona física tenga la consideración
de prioritaria, se requiere que la explotación posibilite la ocupación, al
menos, de una unidad de trabajo agrario y que la renta unitaria de trabajo que
se obtenga de la misma sea igual o superior al 35 por 100 de la renta de
referencia e inferior al 120 por 100 de ésta, sin perjuicio de lo establecido
en la disposición transitoria única. También el artículo 5, al regular las explotaciones
asociativas, determina que, con carácter general, para que una explotación
asociativa tenga la consideración de prioritaria, se requiere que la
explotación posibilite la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo
agrario, y su renta unitaria de trabajo no sea inferior al 35 por 100 de la
renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta. Leer entrada completa»
del Gobierno la creación, modificación y supresión, por Real Decreto, de los
Departamentos Ministeriales, así como de las Secretarías de Estado (artículo
2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).
En el BOE de 4 de noviembre
de 2.016 se ha publicado la reforma de la vigente estructura ministerial,
prevista en el Real Decreto 415/2016.
Los departamentos ministeriales, en los que se estructura la Administración
General del Estado, son los siguientes:
1.- Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Son competencias de
éste Ministerio de Asuntos Exteriores la dirección de la política exterior y la
de la cooperación internacional al desarrollo, de conformidad con las
directrices del Gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en
Este Ministerio se configura
por los siguientes órganos superiores:
2.- Ministerio de
Al Ministerio de Justicia le
compete la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el
desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de
otros departamentos, las relaciones del Gobierno con la Administración de
Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal,
a través del Fiscal General del Estado, y la cooperación jurídica
internacional, así como las demás funciones atribuidas por las leyes.
Dispone, como órgano
superior, de la Secretaría de Estado de
En el BOE de 3 de noviembre
de 2.016 se ha publicado la Sentencia de 5 de julio de 2016, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, que ha anulado la Disposición transitoria 26 del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
transitoria establecía que los ocupantes de terrenos de dominio público
marítimo-terrestre destinados a las actividades o instalaciones que, por su
naturaleza, no puedan tener otra ubicación (como los chiringuitos de playa que,
por sus características, requieren la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre), cuya concesión se hubiera extinguido por el vencimiento
del plazo para el que se hubiera otorgado, o estuviera en tramitación, que a la
entrada en vigor de la Ley 2/2013, modificación de la Ley de Costas,
mantuvieran su actividad o instalación abierta, tendrían preferencia para
obtener la correspondiente concesión siempre que la solicitaran en los seis
meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento.
CUESTIONES GENÉRICAS SOBRE LA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA
La tasación pericial contradictoria se inicia con su solicitud y no tiene un plazo de resolución establecido por la norma aplicable.
presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del
derecho a promoverla, determinan la suspensión de la ejecución de la
liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma.
Asimismo, la presentación de la solicitud de
tasación pericial contradictoria suspende el plazo para iniciar el
procedimiento sancionador que, en su caso, derive de la liquidación o, si
este se hubiera iniciado, el plazo máximo para la terminación del procedimiento
sancionador. Se
tramita del siguiente modo: Se remite la relación de bienes y derechos al perito de
la Administración para que dicte una valoración si la comprobación de valores
no se ha hecho con dictamen de perito. Se notifica al obligado la valoración
del perito de la Administración y se le conceden 10 días para que nombre perito.
Se entrega al perito del obligado la relación de bienes y derechos y se le
concede un mes para formular la hoja de aprecio. Se designa perito tercero. Una
vez aceptado el nombramiento se le entrega la relación de bienes y derechos y
las hojas de aprecio de los dos peritos anteriores para que en un mes confirme
alguna de dichas valoraciones o realice una nueva.
procedimiento concluye de las siguientes maneras:
- Con la entrega de la valoración por el
perito tercero. - Por el desistimiento del obligado puesto
de manifiesto por la falta de nombramiento de su perito o por la falta de
entrega de la valoración por éste en el plazo de un mes, en ambos
casos. - Por no ser necesario nombrar al perito
tercero por ser la diferencia entre el valor determinado por el perito de la
Administración y la tasación practicada por el perito del obligado tributario,
en valores absolutos, igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento de la
tasación del perito del obligado. - Por falta de depósito de los honorarios
por la Administración o por el obligado.
- Por caducidad, si se produce la
paralización del procedimiento por causa imputable al obligado.
Impuesto sobre sucesiones,

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5
 Real Decreto 
 resolución