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Timestamp: 2020-06-05 02:02:32+00:00

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Abint – Abogados Integrales | Servicios legales | Page 2
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El fútbol comienza a cambiar…
A medida que en el mundo entero se retoman las competiciones futbolísticas afectadas por la pandemia de la COVID-19,el International Football Association Board (IFAB) ha resuelto modificar de manera transitoria las Reglas de Juegosobre la base de una propuesta enviada por la FIFA que tiene por objeto preservar la salud de los jugadores.
El IFAB ha aprobado la propuesta de la FIFA consistente en introducir una modificación provisional en la “Regla 3. Los jugadores”, parapermitir un máximo de cinco cambios por equipoen aquellas competiciones ya iniciadas o que tengan la intención de hacerlo, y que estaba previsto que concluyeran el 31 de diciembre del corriente. No obstante, con el fin de evitar al máximo las interrupciones,cada equipo dispondrá de tres oportunidades para realizar las cinco sustituciones, que también se podrán llevar a cabo durante el descanso
Esta modificación transitoria entra en vigor con efecto inmediato, ya que se van a disputar un buen número de partidos en un breve periodo y con condiciones meteorológicas diferentes a las previstas, lo cual podría repercutir negativamente en la salud de los futbolistas. Los organizadores de las competiciones seguirán teniendo la potestad de decidir si aplican o no esta modificación transitoria; por su parte,el IFAB y la FIFA decidirán más adelante si se amplía el plazo de aplicación de dicha modificación, (p. ej. para las competiciones que finalicen en 2021).
El cambio de laRegla n.º 3 afecta a las ediciones de 2019/20 y de 2020/21 de las Reglas de Juego; esta última entrará en vigor el próximo 1 de junio.
Por lo que respecta alas competiciones que cuenten con árbitros asistentes de vídeo (VAR), estas podrán prescindir de sus servicios una vez reiniciada la competición, siempre que así lo decida el organizador de la misma. No obstante, en las competiciones que decidan continuar con el VAR seguirán en vigor las Reglas de Juego en su integridad y, por extensión, el protocolo del VAR.
EL CONSENTIMIENTO Y LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS REDES SOCIALES.
La figura del Fiscal se configura constitucional y legalmente como garante de la legalidad y protector de los más vulnerables, en especial de los menores y de las personas con discapacidad.
Una de las funciones que realiza el Fiscal en esa vertiente de protección de los menores es velar por el respeto a su privacidad, es decir, por su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen, incluso aunque los propios menores o sus progenitores hubiesen prestado su consentimiento permitiendo la intromisión en tales derechos.
En primer lugar, conviene recordar que los menores son los titulares de los derechos al honor a la intimidad y a la propia imagen, y no sus progenitores.
En este mismo sentido En Venezuela, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en su artículo número 65 establece que los menores de edad tienen derecho al honor, reputación y propia imagen. Igualmente, tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida familiar. El mencionado artículo también prohíbe la exposición o divulgación, a través de cualquier medio, de la imagen, datos o información personal de los niños y adolescentes contra su voluntad, la de sus padres, representantes o responsables. Sin embargo, cuando es el padre, representante o responsable quien pública, éste debe tomar en cuenta qué tanto de lo expuesto en la imagen puede ser perjudicial para la integridad del menor.
Otro aspecto característico, del procedimiento es conocer la opinión del niño, niña y adolescente dado que aun no siendo vinculante para el juzgador, es una obligación para todos los tribunales el garantizar dicho derecho. A su vez, tal opinión no constituye un medio de prueba, es por ello, que debe escucharse en una audiencia especial para tal fin, siguiendo las Orientaciones Sobre la Garantía del Derecho Humano de los Niños, Niñas y Adolescentes a Opinar y ser Oídos en los Procedimientos Judiciales ante los Tribunales de Protección, emanadas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de abril de 2007. En tal sentido, el no oír la opinión del niño, niña o adolescente en un procedimiento judicial, comporta la violación de un derecho fundamental que acarrea la nulidad y reposición de la causa al estado en que se garantice el ejercicio de tal derecho. A cualquier efecto, sería conveniente tomar en cuenta que, como es un derecho y como tal de carácter obligatorio, No obstante lo anterior, Sala considera de suma importancia fijar criterio en cuanto en cuanto la obligatoriedad y seguridad que se le debe dar a las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes en el marco de cualquier proceso judicial, ello en virtud del principio del interés superior del niño de aplicación en todos los procedimientos, , como lo dispuso esa Sala en sentencia vinculante N° 900/2008 (caso: Jesús Armando Colmenares).
Los temas vinculados con la participación de los niños, niñas y adolescentes, ya sea en condición de accionantes, víctimas o en calidad de testigos, en los procesos judiciales, tienen especial relevancia incluso a nivel internacional. Con respecto a quién debe prestar este consentimiento en el caso de los niños, niñas y adolescentes, debe ser prestado por ellos, siempre y cuando esté debidamente informado y con las garantías de ley.
Siendo castigado cualquier uso ilegal de sus imágenes, lo comentado se aplica en los supuestos prototípicos en que se pretenda utilizar la imagen de menores en anuncios publicitarios; en películas de cine y televisión; en espectáculos públicos; o en programas de entretenimiento en televisión. Pero también debe aplicarse en aquellos supuestos en que los menores exponen fotos suyas en redes sociales y en aquellos otros en los que son sus progenitores quienes tienen cuentas con un perfil público en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, Instagram y Youtube, en las que ponen diariamente múltiples imágenes y/o vídeos de sus hijos menores de edad. Muchas de estas cuentas con perfil público tienen cientos de miles e incluso millones de seguidores y sus titulares reciben regalos y en muchos casos dinero de las marcas por mostrar en dichas redes sociales esos productos en su vida cotidiana y en la de sus hijos menores, llegando a convertirse en la principal fuente de ingresos de sus creadores. Se trata del denominado fenómeno de las instamamis e instapapis, términos que proceden de la red social Instagram.
Desde nuestro punto de vista, no cabe duda de que las redes sociales pueden considerarse “medios de comunicación”, en el sentido en que son instrumentos para enviar un mensaje, textual o gráfico, a una cantidad indeterminada y cada vez más amplia de personas. En esta línea, ya ha habido sentencias en otros países que obligan a los progenitores a eliminar fotos de sus hijos menores de las redes sociales, como la sentencia del Tribunal de Distrito de la Haya de 1 de octubre de 2018 en la que se condena a una “influencer” a retirar, de forma permanente, todos los contenidos de sus redes sociales en los que aparecieran sus hijos menores de edad, de 2 y 4 años, y se le prohíbe volver a publicar contenido de este tipo en el futuro.
De modo que, con relación a estos derechos, el consentimiento de los propios menores o de sus representantes legales tiene como límite que no suponga un menoscabo de su honra o reputación, o que sea contrario a sus intereses, lo que en principio se controla por el Fiscal especializado cuando se le da traslado de ese consentimiento escrito que los padres han otorgado por sus hijos o cuando no haya existido un consentimiento apropiado.
Durante la minoría de edad de nuestros hijos, el Ministerio Publico y la familia en el momento en que considere que una de estas cuentas en las redes sociales de acceso público o una determinada publicación o vídeo atenta contra los derechos de los menores, deberá intervenir tanto instando las medidas cautelares necesarias para que la publicación o cuenta sea retirada de la red social, como ejercitando ante la vía civil las acciones que correspondan en nombre de los menores para obtener una indemnización por el menoscabo de sus derechos, al punto que ya en Argentina se ha permitido el embargo de cuentas de redes sociales para evitar daños y perjuicios mayores.
Es decir, el Fiscal actúa como garante de la privacidad de los niños, niñas y adolescentes incluso aunque éstos o sus padres se expongan voluntariamente, siempre que pueda considerarse que tal exposición de la intimidad o la propia imagen pueda suponer una intromisión ilegítima en tales derechos porque implique un menoscabo de su honra o reputación, o porque sea contraria a sus intereses.
Para saber cuándo puede considerarse que existe esta intromisión ilegítima es necesario atender al supuesto concreto, pero no cabe duda en que se produce en aquellos casos en que se publican fotos de los menores desnudos, o en momentos delicados de la vida diaria como al utilizar el aseo o un orinal, así como en aquellos supuestos en los que se revelan datos especialmente sensibles de los mismos, como los relativos a alguna enfermedad que padecen.
En la mayoría de los casos los menores cuentan con muy poca edad y el papel de la familia, la sociedad y el Ministerio Publico, tanto de control previo como posteriormente ejercitando las acciones que correspondan en defensa de sus derechos, es esencial. Si no cumplimos con esta función, dentro de varios años nos vamos a encontrar con adultos que tienen toda su vida expuesta en las redes sociales, sin que ellos hayan podido decidir sobre tal opción, como en la conocida película “El show de Truman”, siendo en estos casos el agravio imposible de reparar.
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¿Las escuelas de fútbol y su legitimidad para reclamar derechos de formación?
A raíz del Covid-19, el mundo cambió y el futbol también.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los clubes formadores son aficionados y no tienen acceso directo al TMS, así como muchos otros que son profesionales no se encuentran capacitados ni asesorados correctamente para manejar el mencionado sistema informático e inclusive carecen de cuentas en el mismo, pues al momento de reclamar sus derechos de formación deben acudir a sus respectivas asociaciones nacionales.
Para la tramitación y ulterior decisión de los reclamos por Derechos de formación se ha creado una Subcomisión, nombrada por la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) y compuesta por todos sus miembros, quienes podrán fallar en carácter de juez único.
Guiado por el principio de economía procesal, el artículo 13 del Reglamento de Procedimientos permite al Departamento del Estatuto del Jugador de la FIFA (DEJ), presentar propuestas por escrito a las partes involucradas en una contienda relacionada con la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad, relativas al cálculo de las cuantías adeudadas, siempre que la situación carezca de elementos fácticos o jurídicos complejos y no exista jurisprudencia clara de la CRD.
EL artículo 19 bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA, con vigencia a partir del primero de octubre de 2009, regula la inscripción y notificación de la presencia de futbolistas menores de edad en las academias o escuela de futbol.
El referido texto reglamentario define a la academia como “la organización o entidad jurídicamente independiente, cuyo objetivo principal es formar deportivamente y a largo plazo a jugadores, mediante la puesta a disposición de instalaciones e infraestructura adecuadas. El término incluye, entre otros, los centros de formación para futbolistas, los campamentos de fútbol, las escuelas de fútbol, etc.”.
Se establece que los clubes que tengan un vínculo de hecho, de derecho y/o económico con una academia, deberán notificar a la asociación en cuyo territorio funciona, la presencia de los futbolistas menores de edad que concurren a la academia.
Respecto a las academias que no tienen lazo alguno con un club federado, el citado artículo preceptúa que cada asociación deberá asegurarse que se constituyan en un club que participe en los campeonatos nacionales, notificando la presencia de sus jugadores a la asociación o inscribiendo a los futbolistas en dicho club. En su defecto, las academias deberán notificar la presencia de todos los jugadores menores de edad que asisten a la misma con el propósito de obtener una formación, a la asociación nacional del lugar en que desempeñan su actividad.
Si bien estas disposiciones están destinadas a vigilar la existencia de futbolistas menores de edad en las academias ajenas al fútbol organizado por la FIFA, existe una insoslayable relación con los institutos de la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad.
En efecto, el artículo 20 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ dispone que la indemnización por formación se abonará a los clubes formadores de un jugador cuando el futbolista firma su primer contrato profesional y por cada transferencia de un jugador profesional hasta el fin de la temporada en la que cumple 23 años.
Mientras que el artículo 21 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ sostiene que si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, los clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización pagada al club anterior (contribución solidaria).
De esta manera, cuando los clubes están vinculados con una academia y cumplen con la debida notificación a la asociación respectiva acerca de la presencia de jugadores menores, la factibilidad del cobro de la indemnización pertinente a favor de la academia resulta evidente. Aunque se deberán evaluar diversas vicisitudes, principalmente el tipo de vínculo y la magnitud de la influencia económica del club sobre la academia, para evitar situaciones injustas.
Ello así, porque no es lo mismo una mera relación fáctica con una escuela de fútbol, que los casos en los cuales el club tiene a su cargo la totalidad de los gastos que implica la educación deportiva de los juveniles que acuden al centro de formación, más aún cuando la academia, conforme al concepto que proporciona la propia FIFA, es una entidad jurídicamente independiente. Seguramente ambas partes deberán concertar convenios privados que abarquen cabalmente las peculiaridades de cada caso concreto.
Por otro lado, cuando no existe vinculación, pero la academia se ha constituido en un club o ha registrado a los futbolistas en ese club, pues no hay incertidumbre, porque tratándose de un club afiliado a la FIFA, se aplican las normas consagradas en el RETJ y tendrá derecho al cobro de las indemnizaciones correspondientes.
Solo los clubes formadores que están legitimados para cobrar la indemnización por derechos de formación, son los facultados para renunciar a la reclamación de los derechos de formación. De este modo, si un jugador, un intermediario, o un club no legitimado presenta la renuncia a los derechos de formación, no sería aplicable para el club que registró al jugador como profesional, argumentar que no pagan dicha indemnización porque se presentó una renuncia al cobro de los derechos de formación.
En el caso CAS/A/811 entre Galatasaray SK vs MSV Duisburg, El Galatasaray afirmó que no tenía por qué pagar la indemnización por formación al club Duisburg, toda vez que éste último firmó un documento en el cual expresaban que “el contrato (del jugador) expiró el 30 de junio de 2002 y que no existen más cuotas de pago de transferencia”. Sin embargo, tanto la Cámara de Resolución de Disputas como el CAS, confirmaron que como no fue específica en este caso la intención de renunciar a los derechos de formación o incluso a presentar alguna reclamación, no se podría entender que el Galatasaray estaba exento del pago. En este caso, el club formador solo certificó que el documento solo se refería a las cuotas de pago de la transferencia, pero no explícitamente acerca del pago de los derechos de formación. En otro caso similar, en la decisión 115377 de la Cámara de Resolución de Disputas, un club estaba argumentando que estaba exento de pagar la indemnización por formación, puesto que el vicepresidente del club formador del jugador, le entregó al agente del jugador, una carta que decía “El jugador estará libre y fuera de todo contrato”. En el presente caso la CRD claramente decidió condenar a pagar la indemnización por formación al club que registró como profesional al jugador, toda vez que la carta en cuestión, no era suficientemente clara para determinar una renuncia a los derechos de formación.
Así sucedió en el caso 86130b, en donde el jugador llegó a un acuerdo con su nuevo club, confirmando que ni el jugador ni su club de formación, emprenderían reclamación alguna en contra del nuevo club, por ende, e nuevo club se respaldó en esta documentación para afirmar que no tenía que pagar la indemnización por derechos de formación. No obstante, la CRD argumentó que dicho acuerdo firmado por el jugador, no era vinculante para el club formador, puesto que éste último no era parte del acuerdo firmado entre el jugador y el nuevo club y además, dicho documento no estaba firmado por dicho club formador. Situación parecida la ocurrida en el caso 69936a, donde el jugador en cuestión hizo una declaración verbal al nuevo club donde confirmó que su club formador no iba a realizar ninguna reclamación de indemnización por formación, pero evidentemente la CRD aclaró que dicha declaración unilateral del jugador, no podría ser vinculante para obligar al club a renunciar a su derecho de reclamar la indemnización por formación.
El problema surge cuando la academia no tiene conexión ni se ha organizado en un club en todo el sentido de la palabra, es decir, cuando no se quitan la visión de meros formadores, lo que la convierte en una entidad completamente extraña a la estructura federativa del mundo FIFA. En ese sentido, es dable aclarar que el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ obliga a cada asociación a llevar un registro con los nombres y fechas de nacimiento de todos los jugadores menores de edad que le han notificado no solamente los clubes sino también las academias, lo que nosotros hemos llamado Pasaporte Deportivo del futbolista.
Además, se estipula que una vez realizada la notificación, tanto la academia como los jugadores se comprometen a practicar el fútbol según los Estatutos de la FIFA y a observar y compartir los valores éticos del deporte del fútbol organizado, de lo contrario será sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.
Entonces, el desatino de colocar como destinatario de las reglamentaciones a un tercero que no cumple con la indispensable afiliación directa o indirecta a la FIFA, debería tener como contrapartida la posibilidad de reclamar la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad, a todas las academias que se encuentran en esta situación, ya que si se les impone obligaciones también se les debería otorgar derechos que están concatenados. Empero, sería importante que la entidad madre del fútbol mundial no se detenga únicamente a reglamentar la detección de futbolistas menores en distintos ámbitos, sino también controlar la idoneidad de las estructuras formativas de las academias que los albergan.
Como corolario de lo expuesto, desde el momento en que un centro académico de formación futbolística cumpla con la notificación exigida por la FIFA, tendría que adquirir la calidad de legitimado activo en un eventual reclamo indemnizatorio, deviniendo imprescindible una reforma reglamentaria que englobe la protección de todas las entidades formadoras de futbolistas que resulten competentes para tal fin.
En algunas ocasiones, los clubes formadores no tienen conocimiento de que documentación están firmando o entregando a los clubes que se llevan sus jóvenes promesas, debido a esto es supremamente importante para dichos clubes formadores, contar con una asesoría integral en derecho deportivo, para así evitar perder un derecho que por “derecha” les corresponde.
Invitacion WEBINAR “DELITOS INFORMÁTICOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
29 abril, 2020 Sin categoría
El abogado Argentino, especialista en Derecho Informático Guillermo Zamora es nuestro invitado junto al Dr. Eduardo Cespedes a disertar en el marco del “ Webinar sobre Delitos Informáticos en tiempos de Pandemia” que será el 4 de mayo a las 13:30 horas de Venezuela. El Dr. Zamora es de los estudiosos que aseguran que hay personas que se arriesgan por pretender una “condena social” diciendo por ejemplo que alguien es delincuente, abusador o violador. “La condena social es muy corta. No vale la pena. Pero corre riesgo de ser demandado por calumnias. Eso es venganza, no justicia”.
El Dr. Zamora manifiesta siempre que la mayor dificultad que atraviesa la gente es “la falta de paciencia y capacidad de espera”. Explica que cuando a un cliente se ve injuriado o es víctima de algún episodio en internet “quieren todo ya. En la actualidad, no leen libros porque tardan mucho: ven el video y es más rápido. Hoy no leen toda la noticia, sino el titular y con eso dicen estar informado. Con esto pasa lo mismo, la gente tiene que entender que no hay un botón mágico que solucione cosas”.
Desde el inicio de la crisis sanitaria tanto Interpol, los organismos de seguridad y la ONU vienen alertando de la proliferación de páginas que ofrecen supuestos tratamientos milagrosos contra el coronavirus y venden material sanitario defectuoso y a precios desorbitados que a veces ni siquiera existen.
«Los ciberdelincuentes saben que hay más gente conectada que nunca y aprovechan su oportunidad», advierte la Iniciativa Global contra la Criminalidad Organizada Transnacional. «La gente que, por ejemplo, compra cosas online por primera vez es la más expuesta a este tipo de ataques».
La urgente necesidad de ingresos ante la crisis económica causada por la paralización de la actividad es otro caladero para los ciberdelincuentes. Los foros de búsqueda de trabajo en redes sociales como Facebook se han llenado estos días de oportunistas que ofrecen formas de ganar dinero fácil con la condición invariable de adelantar un pago. Uno de estos anuncios daba la posibilidad de ganar dinero haciendo trabajos administrativos desde casa, pero pedía adelantar una cantidad equivalente a 50 euros para recibir la formación necesaria para empezar. Otra de estas formas de ganar dinero fácil proponía contribuir con 25 dólares al mes a un fondo para hacer reservas hoteleras y revenderlas a un precio mucho mayor tras la pandemia.
¿Cuál es el perfil de estos delincuentes? ¿Son oportunistas reconvertidos o el crimen organizado de siempre? En Abint Abogados estamos seguros que el momento lo están aprovechando tanto criminales de estructuras jerarquizadas como delincuentes que se han mudado al mundo digital por la cuarentena.
Al mismo tiempo que en algunos foros puede verse a personas que no tienen experiencia delictiva digital tratar de ponerse al día en ese campo, grupos ya organizados aprovechan el confinamiento y el temor que despierta la pandemia para reciclarse y empezar a actuar en internet. Otro de los riesgos que preocupan es la posible explotación sexual de menores debido al aumento de las horas que pasan online. Recientemente en Noruega un pedófilo se infiltró en una clase virtual a través de una aplicación de videoconferencias. «A los delincuentes les gusta aprovechar una oportunidad allí donde se presente».
Por ello los invitamos a que participen y actualicen sus conocimientos y medidas de seguridad ante tan difícil situación.
Inscripción previa en el correo: socios@abint.com.ve desde donde les será enviado el link de conexión.
Abogado de Contacto.
Dr. EDUARDO ALEJANDRO CESPEDES POVEDA
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+573192873200
Abint Abogados en nuestras oficinas en Venezuela y Colombia presta asesoramiento tanto a las empresas del sector TIC (empresas tecnológicas, prestadores de servicios a través de internet y desarrolladores de software, etc.) como a todo tipo de empresas de cualquier sector en cuestiones relacionadas con los sistemas IT.
Nuestro compromiso es aplicar y crear las nuevas tendencias mundiales en cuanto a Derecho al olvido y la Identidad digital junto con la protección de datos, elementos fundamentales en este mundo globalizado.
Es reseñable la experiencia acumulada durante años en operaciones de outsourcing, tanto de infraestructuras o comunicaciones como de procesos, en el ámbito nacional y multi-jurisdiccional. Al asesoramiento general en la elaboración, revisión y negociación de los contratos de externalización de servicios se une la eventual estructuración mercantil previa que el outsourcing pueda requerir, así como las peculiaridades propias en otras materias (en particular, laboral, fiscal, de propiedad intelectual e industrial y de protección de datos personales) que estos contratos pueden revestir. Nuestro departamento de Derecho informatico y sus miembros, dirigidos por el Dr. Eduardo Cespedes, aseesoran y representan a nuestros clientes en cualquier tipo de procedimiento judicial relacionado con la defensa de sus derechos:
Contratos de mantenimiento, hot-lines, acuerdos de nivel de servicio y formación.
Contratos de alojamiento, de gestión documental y de ASP.
Contratación con el Sector Público en relación con el suministro de productos y servicios TI.
Patentes de invenciones microelectrónicas.
Derecho al olvido una realidad accesible…
Entrar al mundo digital es algo que la población de todas las edades ha hecho en algún momento de su vida, ingresar a las redes sociales, buscar algo en internet, o simplemente dejar datos personales o información pública para otros, así como haber cometido cualquier error.
Y aunque a los ojos de muchos esto resulta ser una actividad sencilla que no implica riesgos, en algunos casos, la información personal pública puede ser un arma de doble filo por lo que retirar la información de internet es el mejor camino cuando se enfrenta a situaciones como difamación o mal uso del nombre.
A nivel mundial, lo legislativo que engloba a este tema es conocido como el derecho al olvido, del cual Colombia aún tiene mucho camino por recorrer, y lo que se asemeja es la ley 266 de 2008, sobre Habeas data, siendo necesario destacar que en Colombia y menos en Venezuela no existe como tal una regulación en materia legal del derecho al olvido ni un precedente de gran magnitud, aun cuando en otros países si es considerado como un derecho fundamental de las personas, el cual va a permitir retirar de internet toda base de datos o información que vulnera derechos de autor, información que no es real o que causa daño.
Es necesario destacar que con carácter general prevalecen los derechos del interesado a que la información relativa a su persona ya no esté vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda a partir de su nombre. Pero también, a tenor de la misma doctrina, se ha establecido que esa regla general cede, si, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante del público en tener, a raíz de esa inclusión, acceso a la información de que se trate
Por ello en el mundo está tomando cada vez más fuerza la opción de eliminar el pasado de una persona en internet. Conocida como el ‘derecho al olvido’, esta posibilidad surgió en la Unión Europea dentro del marco de la Ley de Protección de Datos y vincula no solo a motores de búsqueda, sino también a redes sociales y medios de comunicación.
Aunque, a diferencia de la Unión Europea, en Colombia ni en Venezuela no existe como tal una ley del derecho al olvido, es que en Abint Abogados hemos decidido desarrollar dos servicios fundamentales:
Mejorar la reputación online en Google: “limpiar reputación” y “salir de Google” Con nuestros servicios se puede elegir lo que aparecerá en la primera página de Google. Es decir, definir qué contenidos quierenque haya en los 10 primeros resultados de Google. Para bajar a la 2ª página de Google los contenidos que consideren como negativos, porque dañan nuestra reputación. También se puede trabajar, para que los 20 primeros resultados estén elegidos por el usuario. Y así, sólo a partir de la 3ª página de Google aparecerían las cosas que puedan perjudicar.
Actuación judicial para conseguir el respeto al Derecho al Honor y la Privacidad, con actuaciones ante los Tribunales de la Republica orientados por el mejor del mundo el Dr. Martin Leguizamon.
Siempre es necesario destacar que “la intimidad, que es un derecho fundamental, también tiene límites”. Y en este sentido, “hay que revisar un factor importante que es el interés público” a la hora de que se eliminen contenidos publicados en internet.
Nelson Remolina, Superintendente Delegado de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en una entrevista manifestó que estos debates usualmente los valora la Corte Constitucional. Él manifiesta que “En la SIC aún no han recibido un caso así, pero, de entrada, lo que se advierte es un tema de derechos constitucionales fundamentales (…). En internet, las situaciones se llevan más por tutelas; este es aún un tema que se está construyendo, y hay que revisar caso por caso”.
Luego de varias batallas jurídicas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció por ejemplo que el motor de búsqueda Google no está obligado a aplicar a nivel mundial el derecho al olvido. Es decir que tras ordenar la eliminación en uno de estos países, los contenidos no tienen que desindexarse en otros territorios, por ello el trabajo debe realizarse en cada región.
Es necesario destacar que este asunto también llega a las redes sociales, se debe tener en cuenta que estas plataformas son intermediarios de internet. Lo que los estándares de libertad de expresión exigen en cuanto a estas solicitudes es que las redes sociales no deberían tener responsabilidad, es decir que no deberían ser quienes toman las decisión.
Por ello les invitamos a escuchar al Dr. Martín Leguizamón el Abogado que más casos le ha ganado a Google en el mundo quien ha creído en nuestra propuesta de luchar por un mejor manejo de nuestros datos en internet en Colombia.
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References: Resolución 
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 Resolución 
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