Source: https://www.scribd.com/doc/174287277/Comentario-mediacion-Highton
Timestamp: 2016-09-27 03:06:15+00:00

Document:
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreLa Ley Informe de entrega© La Ley S.A. Voces: MEDIACION ~ PODER JUDICIAL ~ PODER JUDICIAL NACIONAL ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~ MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ~ EJERCICIO DE LA ABOGACIA ~ EJERCICIO PROFESIONAL ~ ABOGADO ~ VIOLENCIA FAMILIAR ~ ENSEÑANZA DEL DERECHO Título: Entrevista a la Vicepresidenta de la CSJN: Elena I. Highton de Nolasco Autor: Highton de Nolasco, Elena Inés Publicado en: Sup. Act. 1) A casi 15 años de la incorporación de medios alternativos de resolución de disputas en nuestro país ¿qué evaluación realiza? ¿Cuáles son los temas pendientes? La evaluación es francamente positiva. Si bien hubo oposición de algunos sectores que todavía favorecen el litigio por sobre otras soluciones, hemos ingresado definitivamente en un camino favorable a la resolución alternativa de las controversias entre particulares. La reducción de litigiosidad es palmaria. Ello surge en forma evidente de la información estadística producida por el servicio Informático de la Mesa General de Entradas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que luego de 12 años acredita que — de la confrontación de los casos que se derivaron a mediación y los expedientes iniciados (carátula por carátula)— los conflictos devenidos juicios son sólo un 35%. La cifra (con mínimas oscilaciones en algunos momentos) se mantuvo constante en todo este tiempo, lo que implica que un 65% quedó afuera del sistema (y eso que en los últimos tiempos no se computan los casos con mayor éxito provenientes de la mediación pública no sorteada, conocida como la lista de los 8). Tal vez algunos casos respondan a juicios que jamás se hubieran iniciado, pero esto da cuenta de un mejor acceso a justicia. En consecuencia, es evidente que la reunión previa entre las partes — especialmente ante un tercero neutral y en ambiente "seguro"— era un espacio necesario que el sistema no proveía adecuadamente y ahora se toma como algo normal. La mediación se ha consolidado y sabemos qué es lo que funciona y lo que no funciona. Lo que queda pendiente es una ley definitiva que no esté sujeta a continuas prórrogas, que entiendo ya ha preparado el Ministerio de Justicia y está próxima a enviarse al Congreso (si es que no se ha enviado). Además de la Capital Federal, prácticamente todas las provincias han implementado la mediación y la conciliación (u otros métodos alternativos) como prácticas indispensables y de mayor acceso a justicia. Ello es expresamente considerado y una absoluta preocupación de las supremas cortes y superiores tribunales provinciales. Y digo mayor o más amplio acceso a justicia en un sentido abarcador de la palabra, refiriéndome no sólo a obtener una sentencia, sino una solución inmediata del conflicto con el mínimo costo, no sólo económico sino de energía y desgaste personal. Una cosa es "acceso a la justicia" (entendida como sistema judicial) y otra es "acceso a justicia" (entendida como solución justa). Y en tal sentido — reitero— justicia no es sinónimo de sentencia judicial. El sistema judicial está sobrecargado, por lo que es costoso y lento, la promoción de un pleito requiere tiempo y dedicación personal, todo lo cual parece no valer la pena o estar alejado de las posibilidades cuando las cantidades monetarias en juego no son grandes, el involucrado en la controversia no tiene poder económico y es relativamente ignorante de sus derechos. Indudablemente, ello produce gran insatisfacción y deja un amargo sabor de impunidad e injusticia. Son pocas las personas que tienen la ventaja de la familiaridad con el proceso y fácil acceso al patrocinio y asesoramiento profesional. Además, como el Juez arriba a su decisión después de que se han ventilado los hechos en procedimiento contencioso, lo que demanda tiempo, dinero, angustias y nuevas fricciones entre los contendientes, no todos están dispuestos ni en condiciones de adaptarse a estas dificultades. La resolución alternativa no constituye un modo de "privatizar" la justicia en contra de o por oposición al sistema judicial sino un modo de fortalecimiento del mismo, permitiéndole dar un servicio más completo y adecuado a las circunstancias que se viven hoy en día. Sea que lo ofrezcan los tribunales o que se organice fuera del sistema judicial, la mayor satisfacción y más amplia gama de posibilidades que obtengan los partícipes en un conflicto, permitirá a los Jueces dedicarse mejor y circunscribirse a los casos que no obtengan solución previa. No puede pensarse en la RAD si no se piensa simultáneamente en el papel que juegan los tribunales de justicia, en la investidura de los jueces y en los valores asociados a la institución. El desafío es repensar y reexaminar estos factores de la realidad y llegar a respuestas creativas que acometan contra los problemas que necesitan solución. Sin ánimo de disminuir la importancia de los tribunales sino todo lo contrario, con la intención de realzar su valor y tarea es menester reconocer que hay intereses sociales e individuales que no se pueden llenar salvo con métodos de RAD, pues la sentencia tradicional no tiene forma de satisfacerlos. La cantidad de conflictos es potencialmente ilimitada por lo cual la oferta homogénea de solución por vía del sistema tradicional de resolución de conflictos a través de la sentencia, no logra nunca satisfacerla. Por lo mismo, desde el punto de vista público debe hacerse más heterogénea la oferta de protección y estimularse instituciones que disminuyan la litigiosidad social y no la exacerben. En otros términos, hay que evitar la sinonimia entre conflicto y litigio, como definición de política pública. Con respecto a la pacificación, creemos que se está produciendo un cambio en el Sector Justicia, o sea, en la mentalidad de los jueces y funcionarios, en los abogados, y fundamentalmente en los usuarios del sistema. La comprobación de este cambio en el Paradigma de la Cultura Judicial, requiere de una investigación seria sobre los impactos directos e indirectos de la mediación prejudicial obligatoria. Y por impactos indirectos hacemos alusión al movimiento que impulsado por los Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas ha abordado la práctica de la mediación mediante el dictado de normas que implementan programas anexos, conectados o relacionados con los tribunales en las jurisdicciones locales a todo lo largo y ancho del país. Nos referimos a las leyes y prácticas de mediación tanto para conflictos civiles, comerciales y penales como comunitarios, así como también, a las que establecen la mediación escolar, los métodos participativos en los conflictos públicos y en la toma de decisiones que involucran a la comunidad A tal punto es así que en la última Conferencia Nacional de Jueces celebrada en Salta a fines del año pasado, el conjunto de los jueces decidió crear una "Comisión Nacional de Acceso a Justicia" en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta Comisión — que está a mi cargo por decisión de mis colegas— reúne a jueces de superiores tribunales, jueces de cámara y de primera instancia provinciales, además de incluir a camaristas y jueces federales de diversos puntos del país. Pese a la representatividad, no es muy numerosa, a tal punto que está compuesta por sólo 12 personas. Como primera tarea, la comisión se impuso la elaboración de un mapa de todo el país en cuanto a métodos de acceso a justicia y resolución de conflictos, aunque ciertamente circunscripto a los ofrecidos por o relacionados con el Poder Judicial. Esto incluye desde oficinas de atención al ciudadano hasta casas de justicia. Una vez obtenida la información, se intercambiarán experiencias entre jueces de distintas provincias y regiones. Justamente pensamos que no hay que inventar la rueda y que todos podemos aprender de los éxitos y de los fracasos de otros y contribuir al perfeccionamiento cuando algunos tienen dificultades. Aparte de ello, el aporte de ideas para nuevos proyectos será bienvenido y continuo y la Corte lo atenderá en forma permanente. A medida que vayamos recogiendo los datos, los iremos incluyendo en la página del Centro de Información Judicial (CIJ; www.cij.csjn.gov.ar). Tengo muchas expectativas en el proyecto porque los jueces (y sus agrupaciones institucionalizadas como la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y la Federación Argentina de la Magistratura) de todo el país están muy comprometidos. Creo que la experiencia, la práctica y la difusión son muy relevantes. Debemos continuar por el camino iniciado. En el área, la Argentina es líder en América Latina (y está mucho más adelantada que gran cantidad de los países del resto del mundo). Nos llaman de otros países para implementar programas, para capacitar, etc. El "método argentino", que no es copia sino adaptación a nuestra realidad de lo que vimos en otros lados, tiene mucho éxito. La comunidad no necesita mucho más que profundizar el conocimiento de tener a su disposición la mediación, porque cuando el ciudadano sabe de qué se trata, se entusiasma y lo aprovecha inmediatamente. 2) ¿Qué consideración le merece y qué perspectiva de futuro existe con respecto a la mediación en materia penal? Indudablemente, la mediación es aplicable no sólo en los conflictos civiles sino también en los penales. El encuentro entre víctimas y victimarios amplía el concepto de mediación y es reiteradamente practicado en tribunales y comunidades a lo largo y ancho del mundo. La mediación promueve la responsabilidad, la rendición de cuentas, la asistencia a las víctimas y la enmienda parece responder a necesidades insatisfechas de los individuos, familias y comunidades afectadas por el crimen. Hace al victimario directamente responsable, tiene que dar cuenta directa. Se humaniza el sistema de justicia. Las víctimas estaban afuera y ni la víctima ni el victimario podían dar su relato y ser oídos. El Estado se colocaba en el lugar de la víctima y el victimario pocas veces advertía que sus acciones tuvieran impacto en personas reales. Se entiende que la personalización de las consecuencias del crimen ofrece más satisfacción con todo el sistema de justicia, aunque el alto nivel de satisfacción puede estar relacionado con el carácter voluntario de la participación, lo cual constituye un factor de autoselección. Hay entre 80 y 90% de satisfacción en diversos lugares, culturas e independientemente de la seriedad de la ofensa, lo cual implica satisfacción con el sistema de justicia. Comparadas, las víctimas y victimarios que han pasado por mediación están más satisfechas con el sistema de justicia que los sometidos a la persecución tradicional. En un estudio tan antiguo como que es de 1989, ya el 80% de las víctimas de robo que pasaron por mediación manifestaron sentimientos positivos de justicia y satisfacción con relación al 37% de los que no participaron. Las fuentes más reiteradas de derivación son los jueces y los fiscales. La restitución o reparación es muy variada: compensación directa a la víctima, servicio comunitario, trabajo o las más diversas formas de devolución creadas entre víctima y victimario, obteniéndose un compromiso del victimario para cumplir el contrato. Según un estudio, la tasa de cumplimiento fue de 81%. Asimismo, la tasa de reincidencia es mucho menor. A diferencia del proceso civil, la mediación penal está orientada hacia el diálogo y no el acuerdo, con énfasis en la responsabilidad y la restitución de pérdidas. También a diferencia del proceso civil en que el mediador se encuentra con ambas partes en sesión conjunta, el modelo es distinto, se reformula el rol del mediador hacia un facilitador del diálogo y ayuda mutua, se agendan sesiones de pre-mediación separadas, se construye la confianza sin tomar partido, se identifican las fortalezas de cada parte, se crea un espacio seguro para el diálogo y se reconoce y utiliza el poder del silencio. La preparación cuidadosa de los participantes es una de las bases del movimiento de mediación víctima-victimario y la preparación ha sido uno de los puntos más satisfactoriamente valorado en las encuestas. A veces, inclusive, nunca se junta a las partes. No es apropiada para todas las víctimas. Se la presenta como una elección voluntaria para la víctima y tan voluntaria como sea posible para el victimario, Las cifras son de 82% de víctimas que participarían y 91% de los que participaron sintieron que lo hicieron en forma voluntaria. La mediación penal ha sido avalada por la ABA (1994), las Naciones Unidas (2000/2002) y el Consejo de Europa (1999). Todos sabemos que el sistema penal tradicional no es un ideal de justicia, por lo cual merece la pena probar otra cosa. No se trata de una inversión del sistema, sino de una adición. Claramente, no es una propuesta que incluya a todos los casos, sino a casos bien seleccionados. En el proyecto relevamiento de información sobre acceso a justicia y resolución de conflictos en el territorio nacional del que hablo, está incluida la mediación penal que existe y se ha puesto en práctica en diversos puntos del país, sea a través de legislación provincial, de acordadas de las Cortes, de iniciativas de los Ministerios Públicos Fiscales, etc.. Un proyecto de reforma que se presentó hace alrededor de un año en el Ministerio de Justicia contempla la posibilidad de mediación penal, y hay distintos esfuerzos para llevarla a cabo. En mi opinión, éste es un punto en que estamos algo demorados. 3) ¿Cuáles serían las ventajas que se pueden obtener para la víctima, el victimario e inclusive para el propio sistema judicial? En el sistema penal, tal como se practica en estos tiempos, la víctima ha sido absolutamente desplazada y marginada de su conflicto y el Estado monopoliza su facultad de castigar. Pero la situación gravosa se da muchas veces cuando el sistema perjudica y revictimiza: primero es víctima del delito y luego de la reacción del Estado frente al delito. Lamentablemente, el trato y obstáculos que debe enfrentar después del delito a través del proceso criminal (reiteración del mismo interrogatorio frente a distintas personas, demoras, pérdidas económicas, pérdida de días de trabajo, falta de consideración o trato displicente), más de una vez la hace pensar que estaría mejor o más tranquila si no hubiera efectuado la denuncia. Es cierto que la comunidad toda sufre las consecuencias del delito pero quien fue puntualmente víctima es la especialmente afectada. Los programas víctima-victimario reivindican la importancia del conflicto subyacente. La mediación penal significa para la víctima recuperar su rol con una participación integrativa, sin resignar el rol del Estado. En cuanto al victimario, lo importante es que se responsabilice frente a la víctima. Este infractor, especialmente si es un joven en conflicto con la ley penal, debería dejar el sistema de justicia siendo más capaz que cuando ingresó, a fin de estar en condiciones de participar productivamente en la sociedad. Las experiencias de trabajo, de aprendizaje activo y de servicio proveen de oportunidades para que el ofensor desarrolle destrezas, interactúe positivamente y se convierta en alguien capaz y competente. En general, estos jóvenes son personas marginadas, sin modelos ni ejemplos, que la comunidad debe tratar de recuperar. La comunidad debe hacerse socia con el sistema de justicia en el cometido de desarrollar oportunidades para que los infractores hagan una contribución productiva, mientras aprenden valores cívicos positivos. Debe quedar en claro que la mediación (bien entendida) no es blanda con el crimen, pues somete a los infractores a grandes exigencias, mayores a las del sistema tradicional. Y para el sistema judicial, implica la posibilidad real de procesar o atender todos los casos con un criterio racional. Es evidente que la pretensión teórica de llevar a la práctica la acusación, defensa, procesamiento y eventual condena de absolutamente todos los crímenes que se cometen es impracticable. En consecuencia, en lugar de políticas criminales serias, se llevan a cabo juicios por cuestiones menores, en tanto las conductas más importantes quedan impunes. Con la mediación penal se podrían atender muchos más casos, si bien con diversos enfoques de acuerdo a las circunstancias de la víctima, del victimario, o de la distinta entidad del delito. 4) En el mismo sentido ¿es posible en la situación actual del derecho fiscal implementar mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria? En general, el Estado se autoexcluyó de la mediación obligatoria. No obstante, entiendo que la mediación (obligatoria o no) sería muy beneficiosa en ésta como en muchas otras materias, ya que el Estado es uno de los mayores "clientes" de los sistemas judiciales del país. El ahorro sería realmente relevante. Ignoro por qué, pero solamente en una provincia se implementó un sistema en que el Estado participa en la mediación de manera sistemática y reglada. 5) En cuanto a la gestión judicial como un aspecto relevante de la reforma de justicia, uno de sus componentes más importantes es la capacitación judicial ¿cómo debe ser esa capacitación? ¿Qué función cumplen las Escuelas Judiciales? Una organización, aunque no se halle en proceso de reforma, requiere que sus miembros entiendan sus reglas y procedimientos, posean las destrezas y conocimientos apropiados para el buen desempeño de su trabajo y sigan desarrollando sus capacidades a lo largo del tiempo en que se hallen empleados. Actualmente, con servicios más especializados y complejos, "clientes" más exigentes y un ritmo acelerado de cambios tecnológicos, procesales, y normativos, la respuesta universal ha sido desarrollar programas de capacitación. Las organizaciones ya no pueden depender de una suerte de aprendizaje por ósmosis; esto es, suponer, como en otro tiempo, que sus miembros se pondrán al día en el curso de su trabajo rutinario. Ciertamente, un buen sistema de reclutamiento y selección ayuda pero no es suficiente. Es así que toda transformación y modernización de un sistema judicial a fin de brindar un efectivo servicio de justicia, de acuerdo con las necesidades actuales y al alcance real los ciudadanos, requiere de la continua capacitación de los agentes involucrados: jueces, fiscales, defensores, funcionarios, empleados,, abogados y terceros neutrales. La optimización de la unidad de trabajo hace imperiosa la formación y el continuo adiestramiento de los recursos humanos que operan dentro de la administración de justicia, incrementando tanto el saber, como el saber hacer — habilidades— requeridas en el ejercicio de la tarea. Junto con los métodos alternativos, la capacitación es una de las bases de toda reforma judicial. En cuanto la Dra. Gladys Álvarez y yo volvimos de la Escuela Judicial de la Universidad de Nevada (a la que fuimos de nuestro propio peculio y por propia iniciativa, por primera vez en la feria del año 1989), además de la iniciativa respecto de los métodos alternativos de conflictos instauramos la de la Escuela Judicial. Así fue que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (que siempre estuvo comprometida con la capacitación de los cuadros judiciales) formó una comisión a estos fines. Y de ahí en más, la Asociación está absolutamente involucrada en la capacitación de jueces y funcionarios (aparte de empleados, en lo que lleva la mayoría de sus 80 años). Una de las misiones de la Escuela Judicial es la optimización de la unidad de trabajo en cualquier instancia. En el aspecto organizacional ofrece el desarrollo de las habilidades necesarias para construir equipos de trabajo que sean capaces de realizar las tareas con el máximo de calidad, en tiempo y resultados. En los aspectos internos de la unidad de trabajo, esta capacitación prioriza habilidades tales como la construcción de equipos desarrollando los valores de la cooperación y la facilitación, manejo de tecnología informática, manejo de casos. En los aspectos externos de la unidad de trabajo, sus relaciones con el resto del sistema y con los usuarios. Además es imprescindible capacitar en tecnologías actuales. La innovación técnica en los tribunales ha sido relevante pero no se maximiza su utilización. La utilización de la computación e Internet mediante la aplicación de las nuevas tecnologías que excedan la utilización básica del procesador de textos, es primordial para tender hacia la descongestión. Ahora existen muchas universidades e iniciativas de diversa índole que ofrecen menús de capacitación, masters, etc. Espero que el énfasis principal de todas estas agencias de capacitación esté ocupado en ayudar a hacer su trabajo cotidiano. La escuela judicial no tiene por objetivo dotar de conocimientos académicos o jurídicos. Utilizar la educación judicial para impartir conocimientos académicos o jurídicos constituiría un dispendio de recursos porque para eso están las Facultades de Derecho, los colegios y asociaciones profesionales, los cursos de actualización, etc. Lo importante es que no se trate de "más de lo mismo". No ayuda que la capacitación frecuentemente se vea como una actividad sencilla y poco exigente. Tal como se dice de los cursos en una facultad de derecho, para dictar conferencias sólo se necesita un aula y una persona con corbata, pero cumplir con esta fórmula y tener resultados positivos son dos cosas distintas. En los poderes judiciales de la región es notoria la ausencia de principios sanos de programación de recursos como establecer vínculos entre insumos y productos, preparar planes plurianuales y prever costos de mantenimiento; de modo que no resulta sorprendente que los programas de capacitación tampoco los sigan. Hace casi diez años, hubo una tendencia enfocada en los detalles de quién iba a enseñar, quién iba a dirigir la escuela, su diseño organizativo y la metodología pedagógica más apropiada. Estos debates persisten aún, pero se han añadido otros sobre el uso de nuevas tecnologías en los programas y el papel de la enseñanza participativa. Todos estos temas son importantes, pero en ambos períodos han tendido a desviar la atención de ciertas cruciales preguntas preliminares acerca del propósito de la capacitación, los impactos buscados y el contenido de los cursos. Decidir quién va a enseñar o qué tecnologías van a ser utilizadas es difícil sin tener respuestas a esas preguntas básicas. Hasta la metodología apropiada depende de ellas. Hay ocasiones en las que la muy criticada, pero siempre popular, técnica de la conferencia magistral es la más eficiente para comunicar un contenido, mientras que la novedosa metodología participativa o el aprendizaje de grupo resulta severamente limitada por los conocimientos de sus miembros, además de que, para asegurarse de que sean verdaderamente productivos, requieren de una preparación estratégica. Como cualquier profesor universitario que ha experimentado con sesiones abiertas o trabajo en grupo puede atestiguar, estas metodologías requieren más planificación y organización que una conferencia magistral. Si quien las dirige no sabe hacia dónde quiere ir, el resultado puede ser caótico. Poder comprobar los impactos de la capacitación será una ayuda primordial al defender el presupuesto dedicado a ella. 6) En referencia a la organización de los tribunales, a esto, usted ha expresado que la administración del tribunal debe estar separada de la tarea jurisdiccional propiamente dicha, ¿podría desarrollarnos este punto? Los jueces dedican más tiempo a tareas o decisiones administrativas que a las propiamente jurisdiccionales (según estudios, el 70% del tiempo de los jueces argentinos está ocupado por tareas no jurisdiccionales). A ello se agrega que cada juzgado actúa en forma separada y cada juez controla los aspectos administrativos de su unidad; que hay un alto nivel de duplicidad pues en cada unidad-juzgado hay empleados y funcionarios haciendo cosas similares a las que se hacen en los restantes, sin maximizar los recursos humanos ni económicos. Los tribunales necesitan un gerenciamiento administrativo que los sobrecargados jueces no les pueden dar. Debería buscarse un modo de organización más flexible y adaptable donde pudieran optimizarse los recursos. Las tareas administrativas deben concentrarse en unidades preparadas a estos efectos, liberando a los jueces de tan pesada y costosa carga. Una vez dictadas las políticas, las tareas administrativas deberían estar a cargo de personal de menor jerarquía o de jerarquía paralela que estén en condiciones de aplicar las políticas preestablecidas 7) ¿Como evalúa la puesta en funcionamiento de la nueva dependencia que tendrá la Corte y que se especializará en atender casos de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires? La violencia doméstica es la causa más importante de daño y muerte en la mujer en todo el mundo. Es significativo descartar preconceptos que pueden hacer pensar que el maltrato familiar ocurre sólo entre gente pobre o en clases más bajas o con menor educación. La violencia y abuso afecta a toda clase de gente todos los días. No importa de qué raza o cultura provenga, cuánto dinero tenga, su edad o si se tiene alguna incapacidad. La violencia no discrimina. Existe una gran preocupación internacional sobre su detección, tratamiento y el desafío de su erradicación. Las cifras colectadas por el Consejo de Europa (sede en Francia) indican que la violencia contra la mujer ocurre en todos los países. Las estadísticas son difíciles de comparar porque los métodos estadísticos de cada país van variando. Por ejemplo, en Europa de un quinto a un cuarto de las mujeres han experimentado violencia física y más de una en diez ha sufrido violencia sexual. La mayoría de los actos de violencia suceden en el medio social inmediato y proviene de las parejas y ex parejas. Se estima que entre el 12 y el 15% de las mujeres después de los 16 años de edad han estado involucradas en una relación de abuso doméstico. El Consejo de Europa está en plena campaña: "Stop violence against women". Consecuencia de este déficit en el país ha sido el proyecto de creación de una oficina de violencia doméstica en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un desafío, un ejemplo del ahorro de recursos y centralización administrativa en servicio a diversos fueros a través de una oficina general y, asimismo, un hito en ofrecer acceso a justicia a la ciudadanía. He dicho que el acceso a justicia es un deber del Estado, especialmente del Poder Judicial de la Nación, que no se resume en el dictado de sentencias. En lugar de instalar una sola puerta para obtener un servicio de justicia, debe darse opción a los usuarios para acceder a la puerta que sea más apropiada la naturaleza del caso o de las partes. Los beneficios de un acercamiento multipuertas están dados por usar de manera óptima los recursos de los tribunales, de modo tal que resuelven los casos con anterioridad y, muy especialmente, quedan preservados los recursos judiciales. La decisión de elaborar el proyecto de una Oficina de Violencia Doméstica, con funcionamiento las 24 horas del día, todos los días del año, se inscribe en este contexto de dar mayor acceso a una justicia real, en tanto estará en condiciones de ofrecer a la persona afectada la posibilidad de solicitar una intervención en cualquier momento sin las limitaciones impuestas por los horarios de atención de las distintas dependencias del Poder Judicial. Así, una de las mayores dificultades en el acceso de la sociedad a la justicia se vería paliada. Pero especialmente, tuvo en cuenta el requerimiento de los jueces ante la necesidad de archivar causas por falta de elementos de convicción que debieron recolectarse en tiempos adecuados y que luego llevan a delitos graves e irreparables, o en la imposibilidad de arbitrar remedios urgentes a fin de atender a las aflictivas situaciones que se presentan a su conocimiento, sin tener elementos para sostener sus decisiones. La Oficina será un instrumento de desjudicialización; y asimismo, actuará para que los magistrados de los fueros civil y penal, de mayores o de menores, puedan coordinar su actividad y que cuenten, en el momento mismo en que se efectúe la presentación de las personas damnificadas, con elementos apropiados para tomar alguna decisión inmediata sobre el curso a seguir. En materia civil, un informe de riesgo. En materia penal, una constatación de lesiones, un informe sobre la situación de riesgo; en ambos un informe ambiental. Cada equipo deberá, además, encargarse de la obtención y seguimiento de los recursos, de asistencia o tratamiento de las partes involucradas, cuando los jueces así lo dispongan. Centralizará los requerimientos de esos recursos y, en consecuencia, aliviará a los magistrados de la carga que les implica actualmente esa gestión. A solicitud de la autoridad judicial correspondiente, facilitará la efectivización de las medidas cautelares dispuestas al actuar como enlace con las fuerzas de seguridad y brindará a los magistrados la información necesaria para llevar a cabo una adecuada coordinación entre la actividad de la justicia civil y la actividad de la justicia penal en aquellos casos que resulten comunes a ambas. La ausencia de estadísticas del fenómeno respecto de los casos ingresados por diversas vías en el Poder Judicial, contribuye a que los operadores del derecho no perciban la real magnitud de la problemática. La consiguiente falta de investigación de hechos que resultan calificados como leves o insignificantes dentro del conjunto deviene en carencia absoluta de justicia para la víctima en condiciones de inferioridad. La oficina cuenta con un avanzado programa a estos fines, elaborado por los expertos de la Corte y puesto a punto internacional por la colaboración de las Naciones Unidas. Finalmente, el servicio de atención profesionalizada que se brindará en la Oficina todos los días del año, durante las 24 horas, dará a las personas en un único momento toda la información disponible acerca de cuáles son los cursos de acción posible según el conflicto que manifiesten padecer y, además, la contención inmediata, lo que no pueden hacer los jueces sujetos a los mecanismos y horarios procesales. La Oficina fue diseñada cuidadosamente por una Comisión nombrada por la Corte integrada por jueces, defensores, fiscales e integrantes del cuerpo médico forense con máximo conocimiento y experiencia en la temática. Si bien la creación de esta Oficina no solucionará el problema de la violencia doméstica de un día para el otro, la existencia misma de una dependencia de estas características que lo ponga en evidencia y desde el análisis de la máxima autoridad del Poder Judicial, contribuirá al cambio de percepción del fenómeno, a dejar de observarlo como una cuestión que debe permanecer en el ámbito de lo privado y entender que episodios de estas características nos afectan a todos. En mi opinión, los costos que insumirá son escasos en comparación a los beneficios para el conjunto judicial y la comunidad. Acabamos de nombrar a los integrantes del cuerpo, para comenzar el 11 de agosto, primer día después de la feria, con un curso conjunto de capacitación de los equipos. Ciertamente es gente altamente especializada y con experiencia, que fue elegida a través de una ardua tarea de selección en amplia convocatoria pública que suscitó tanto interés que se inscribieron casi 1.600 profesionales. La Corte designó una comisión formada por 2 jueces designados por las respectivas cámaras civil y penal y representantes designados por los Decanos de las Facultades de Medicina, Psicología y Trabajo Social de la UBA. 8) ¿Cómo aprecia el escenario actual de la práctica de la abogacía? ¿Cuál es el perfil que debe tener el abogado hoy en este nuevo escenario? En el escenario altamente especializado y para una eficaz gestión de los conflictos, el abogado debe estar altamente capacitado. Ya es insuficiente haber terminado la carrera en la facultad, es necesario conocer más, adquirir experiencia práctica y avanzar con el análisis de casos y en el trabajo en equipos. El abogado no debe ser sólo un litigante sino que debe conocer muy bien las técnicas de la negociación y de la interrogación, debe saber analizar el caso junto a su cliente, con la mirada puesta en qué se puede ganar y qué perder, pero también en el costo en tiempo, dinero y energía que ello insumirá al usuario del sistema de justicia. 9) Para finalizar… ¿Cuál es el rol que debe tener la Corte hoy? La sociedad democrática y el estado de derecho se basan en un Estado con tres poderes interrelacionados que no son más que tres ramas de una misma potestad pública. La interdependencia no es dependencia o, dicho de otro modo, la independencia no obsta a la interdependencia propia del sistema constitucional. El sistema funciona (o debe funcionar) de manera tal que uno de los controles que debe ejercer el Poder Judicial involucra evaluar la actuación del Legislativo y Ejecutivo cuando se llevan a cabo en oposición con la Constitución Nacional, siempre que la controversia sea adecuadamente planteada en el marco de un "caso" y que llegue — según la instancia— por la vía recursiva pertinente. Siempre dentro de los términos dados por la Constitución Nacional, cabe el respeto por las instituciones democráticas. Sin inmiscuirnos, debemos proteger los derechos de los individuos frente a las posibles acciones del Estado del que formamos parte, por lo cual debemos juzgar las acciones de los otros órganos de ese Estado con independencia, mas sin omnipotencia y dentro de los límites propios del cometido constitucional que jamás debemos sobrepasar. La efectiva independencia es requisito para la vigencia práctica de los derechos, sin excesos ni intromisión indebida en la esfera de los otros poderes. La supervisión de la constitucionalidad o legalidad convierte al juez en guardián de la libertad y de la coherencia del sistema jurídico. En tal misión, la Corte Suprema encabeza el Poder Judicial de la Nación, que en un sistema como el nuestro — que es federal— está formado por jueces nacionales y provinciales. En estos tiempos de represtigio, todos los jueces del país reconocen el liderazgo de la Corte, no sólo en la misión de impartir justicia en los casos sometidos a su jurisdicción, sino en el mejoramiento y actualización de la gestión de los conflictos. © La Ley S.A. Trabajo Práctico Analisis Fallo VerrocchiTrabajo Práctico sobre el Senadoconsulto De BacchanalibusMaterial Didactico Lecto-Comprensión Inglés 2014Derechos HumanosJohn Cohen - The Essential Lenny BruceCassagne, Juan Carlos - Derecho Administrativo - Tomo ILa Administracion Paralela - Agustin GordilloGuia de Estudio Derecho AdministrativoTecnicas de Negociacion Para Abogados MANUEL ALVAREZ TRONGESI DE ACUERDO - Roger Fisher.pdf
Comentario_mediacion_Highton by Pablo Gianella3 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución