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Timestamp: 2019-03-19 17:23:47+00:00

Document:
as201510085
AUTO SUPREMO Nº 085/2015-RRC
Sucre, 06 de febrero de 2015
Expediente : La Paz 140/2014
Parte imputada : Julio Torrico Tejada y otros
Por memoriales presentados el 25 de julio y 8 de agosto de 2014, que cursan de fs. 979 a 981 vta. y de fs. 997 a 1005, los imputados Guillermo Eloy Pastor Claure y Julio Torrico Tejada, por un lado, y Nils Abigail Simbrón Rivadeneira, por otro, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 29/2014 de 2 de mayo, de fs. 944 a 950, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.
En mérito a las acusaciones pública (fs. 4 a 11 vta.) y particular (fs. 38 a 43 vta.) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Sentencia 63/2013 de 12 de agosto (fs. 841 a 867), declaró a los imputados Guillermo Eloy Pastor Claure, Julio Torrico Tejada y Nils Abigail Simbrón Rivadeneira, absueltos de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, tipificados por los arts. 154 y 224 del CP, porque la prueba no fue suficiente para generar convicción en el juzgador.
Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 890 a 891 vta.) y la parte querellante (fs. 893 a 898 vta.), formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 29/2014 de 2 de mayo (fs. 944 a 950), dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles y procedentes ambos recursos, disponiendo la nulidad de la Sentencia impugnada y el reenvío del juicio por otro Tribunal de Sentencia; en cuyo mérito, los imputados formularon recursos de casación.
I.1.1. Motivos de los recursos
De los recursos de casación (fs. 979 a 981 vta. y de fs. 997 a 1005) y del Auto Supremo 610/2014-RA de 4 de noviembre (fs. 1017 a 1020) dictado en el caso de autos, se extraen las denuncias a ser analizadas en la presente Resolución, sobre las cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Recurso de casación de Guillermo Pastor Claure y Julio Torrico Tejada.
Los nombrados imputados refieren que, habiéndose declarado improbados los incidentes y excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción, presentaron recurso de apelación incidental, impugnación que el Tribunal de Sentencia difirió en su trámite hasta una eventual apelación restringida; sin embargo, el Tribunal de alzada no se pronunció sobre el referido recurso, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Por otro lado, denuncian que el Tribunal de alzada pronunció un Auto de Vista sin la debida fundamentación, pues estableció que no existe valoración probatoria y que la Sentencia no estaba motivada, sin explicar de qué forma hubiera modificado la Sentencia la supuesta mala valoración de la prueba testifical, por el contrario, el Tribunal de Sentencia realizó la valoración de los elementos de prueba de manera concreta y precisa, habiéndose dispuesto la absolución porque ninguno de los testigos presenciaron los hechos y porque las declaraciones no fueron elocuentes; asimismo, respecto a la prueba documental, se señaló con claridad que no fue determinante para generar convicción sobre la responsabilidad penal; concluyendo que no es evidente lo referido por el Tribunal de apelación. Invocan los Autos Supremos 41/2012 de 30 de marzo, 151 de 2 de febrero de 2007, 73/2013 de 19 de marzo y 196 de 3 de junio de 2005.
Recurso de casación de Nils Simbrón Rivadeneira.
Afirma que el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso, los derechos a la defensa e impugnación, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto no se pronunció sobre su recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución que declaró improbados los incidentes y excepciones planteados en audiencia de juicio oral, omisión que derivó en que desconozca el resultado del recurso que planteó, lo que le causa agravio, más aún si toma en cuenta que de resolverse favorablemente su impugnación, no hubiera sido necesario fallar en el fondo del recurso de apelación restringida interpuesta por la parte contraria.
Como segundo agravio, sostiene que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación, habida cuenta que, al afirmar que la Sentencia se circunscribió a realizar transcripciones y relación de contenidos de actuados, que no se advierte una valoración de toda la prueba y que tampoco existiera una adecuada fundamentación; no tomó en cuenta que: En el acápite denominado “Voto de los miembros del Tribunal” (sic) de la Sentencia, se hizo referencia a la prueba testifical y documental, así por ejemplo, respecto a la prueba “MP2”, expresó en forma extensa los fundamentos fácticos en virtud a los cuales estaría basada la acusación, valorándola, habiéndose extractado inclusive algunas partes del texto de la prueba, sin que sea evidente lo sostenido en el Auto de Vista impugnado, además, la prueba documental en su mayoría se trataba de normativa legal financiera e informes de auditoría; en consecuencia, y como bien señaló la Sentencia, la acusación debió ofrecer una pericia sobre estos documentos, conclusión del Tribunal de Sentencia en la que no se advierte arbitrariedad. En suma, afirma que el fallo no contiene fundamentos incoherentes, contradictorios, imprecisos o violación a la sana crítica en la valoración probatoria.
En cuanto a que la Sentencia no tendría suficiente fundamentación, asevera que tampoco es cierto, la misma cumplió con los requisitos explicados en los precedentes contradictorios que invoca, poseyendo una relación de las declaraciones testificales con su correspondiente fundamentación, aclarando que todo ese conjunto de pruebas le ha generado duda en la comisión de los hechos acusados, fundamentación acorde a los criterios de la sana crítica.
Concluye señalando que, lo afirmado en el Auto de Vista impugnado es en base a partes inconclusas y parciales de la Sentencia, demostrándose por el contrario que todos los medios de prueba fueron debidamente considerados en su verdadera dimensión, existiendo suficiente fundamentación intelectiva y jurídica en el fallo de grado, por lo que considera que el Tribunal de alzada ingresó en contradicción a los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005, 437 de 24 de agosto de 2007, 151 de 2 de febrero de 2007 y 251/2012-RRC de 12 de octubre.
En ambos recursos los recurrentes solicitan su admisión, que se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se disponga que el Tribunal de alzada dicte nueva resolución observando la doctrina legal establecida.
Mediante Auto Supremo 610/2014-RA de 4 de noviembre, cursante de fs. 1017 a 1020, este Tribunal admitió los recursos formulados por los imputados para su análisis de fondo.
II.1. De la resolución de excepciones e incidentes y la apelación incidental.
Los ahora recurrentes, en la etapa correspondiente del juicio oral, plantearon incidentes de actividad procesal defectuosa por la no recepción de las declaraciones testificales de descargo en la etapa investigativa; además, de las excepciones de extinción de la acción por duración máxima del proceso y por prescripción, cuestiones que fueron rechazadas por el Tribunal de Sentencia mediante Resolución 23/2011 de 29 de noviembre (fs. 518 a 519 vta.).
Contra la referida Resolución, los tres imputados interpusieron recursos de apelación incidental (fs. 523 a 528 y de fs. 531 a 534), memoriales que merecieron el decreto de traslado a la parte querellante y el Ministerio Público, para que respondan dentro de los tres días siguientes a su notificación.
Los imputados solicitaron la concesión del recurso de apelación incidental; sin embargo, la Presidenta del Tribunal de Sentencia decretó: “De conformidad con la Sentencia Constitucional 042/2007 que establece que la apelación incidental de rechazo de excepciones e incidentes se tramita juntamente a la apelación restringida, consiguientemente en el momento oportuno se tendrá presente el recurso” (sic).
Concluido el juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia dictó Sentencia absolutoria en favor de los imputados, argumentando en el acápite denominado fundamentación intelectiva, que: i) No consta la denuncia que dio origen al proceso, misma que es imprescindible para acreditar la existencia de un hecho punible y la culpabilidad; ii) Sobre la prueba producida en juicio consistente en disposiciones legales que reglamentan la aplicación del PROFOP y demás disposiciones legales ofrecidas en juicio, cada una de las partes las interpretan a su manera, dando lugar a dudas al no contar con una pericia que informe al Tribunal; y, iii) Pese a los esfuerzos del Ministerio Público no se observa en los acusados la conducta dolosa que se menciona en la acusación, creando duda sobre la existencia del hecho ilícito y de sus autores.
II.3. De las apelaciones restringidas.
II.3.1. Apelación del Ministerio Público.
La representante de la Fiscalía interpuso recurso de apelación restringida denunciando defectuosa valoración de la prueba con los siguientes fundamentos:
La prueba no fue correctamente valorada en Sentencia, no obstante que demuestran la falta de control y seguimiento eficaz por parte de los directores de ese entonces, mediante acciones concretas que eviten o prevengan una pérdida mayor para el Estado; asimismo, en su argumentación el Ministerio Público transcribió partes de la declaración de Marcelo Díaz Quevedo y de la propia Sentencia, concluyendo que se tenía los suficientes elementos para determinar una sentencia condenatoria, no pudiéndose señalar que las declaraciones son insuficientes por el solo hecho de no haberse presentado la denuncia de Gustavo Torrico, desconociendo la función desarrollada por el Ministerio Público en la etapa preparatoria.
Asimismo refirió que, en el juicio oral fue introducida prueba documental; empero, el Tribunal hace ver que fueron interpretadas por cada parte a su manera, desconociendo su deber de analizarlas, de tal manera que si el Ministerio Público no efectúa una correcta subsunción, el Tribual tiene la facultad de modificar el tipo penal, siendo su obligación realizar el análisis de todas las pruebas, sin que sea suficiente hacer una simple relación de documentos como hace la Sentencia.
II.3.2. Apelación de la parte querellante.
En la apelación restringida planteada por la parte querellante, se reclamaron dos motivos, el primero por valoración defectuosa de la prueba, en el que se argumentó: i) En cuanto a las pruebas literales, en la Sentencia se hizo una simple relación de las mismas, realizando una valoración distorsionada y sin dar valor probatorio a cada una de ellas mediante una apreciación integral y armónica; ii) Respecto a la prueba documental, el propio Tribunal establece que fue abundante; sin embargo, no la valora argumentando que la normativa es cambiante, siendo deber de toda persona conocer las normas; iii) En cuanto a la prueba testifical, la denuncia no puede ser determinante como sostiene el Tribunal de Sentencia, pues sólo es una forma de iniciar una investigación; y, iv) Tampoco es razonable el señalar que el no contar con una pericia, justifica la duda razonable, no siendo exigible esa prueba.
Como segundo agravio denunció insuficiente fundamentación de la Sentencia, por cuanto: i) Se limitó a hacer una relación de la prueba producida por las partes, omitiendo hacer una valoración integral, conteniendo simples generalizaciones y referencia de lo que hubieran sostenido las partes; ii) Además, carece de fundamentación individual y precisa respecto a cada uno de los imputados, atribuyéndosele una situación única; y, iii) No se explica por qué la autoridad jurisdiccional llega a las afirmaciones y conclusiones arribadas.
II.4. Del Auto de Vista impugnado.
Radicada la causa ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ésta resolvió el fondo de los recursos de apelación restringida, emitiendo el Auto de Vista 29/2014 de 2 de mayo, argumentando sobre los agravios denunciados por los apelantes: i) Respecto a la valoración defectuosa de la prueba, de la revisión de la Sentencia se establece que el Tribunal de Sentencia se limitó a efectuar una relación de los incidentes opuestos y resueltos, a reiterar el contenido de las acusaciones fiscal y particular; además, a transcribir parte del contenido de la prueba y el contenido de la defensa técnica y material; sin que se advierta la valoración de la prueba y tampoco la fundamentación adecuada de las razones por las que no se otorga valor a la prueba producida conforme la sana crítica, no siendo óbice para efectuar una valoración conjunta, el hecho de que la prueba sea abundante; ii) En cuanto a la deficiente fundamentación de la Sentencia, la misma, lejos de contar con una valoración, hace afirmaciones genéricas respecto a la prueba documental, a que dicha prueba no fue suficiente para generar convicción sobre la configuración de los tipos penales y que se habría generado duda razonable, ocurriendo lo mismo en el caso de la prueba testifical, de la que se dice, no fue elocuente, sin consignar fundamento del porqué optaron por esas afirmaciones, porqué cada uno de los elementos de prueba resultan insuficientes respecto a los hechos y a la responsabilidad penal de los imputados, cuáles las razones que llevaron a la duda razonable. En el acápite relativo a la valoración intelectiva, la Sentencia se limita a efectuar afirmaciones sobre el origen del proceso, sin consignar ninguna fundamentación intelectiva respecto a que la prueba documental y testifical principalmente, en relación a las disposiciones legales, no necesitan ser probadas porque la ley no se prueba, sino se cumple; y, iii) La ausencia de valoración de la prueba y de fundamentación del fallo, orientan a emitir resolución conforme al art. 413 del CPP, por cuanto dichas omisiones no pueden ser reparadas directamente por tratarse de valoración probatoria.
Con esos argumentos, el Tribunal de apelación declaró la procedencia de los recursos de apelación restringida planteados, anuló la Sentencia impugnada, ordenando finalmente la reposición del juicio.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR LOS RECURRENTES
Y DE VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
En el presente caso, los recurrentes en lo medular de su exposición, denuncian: i) Que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, siendo que no resolvió el recurso de apelación incidental que plantearon contra la Resolución 23/2011 pronunciada por el Tribunal de Sentencia, por el que declaró improbadas las excepciones e incidentes planteados en el juicio oral, pese a que se difirió su trámite hasta la apelación restringida; y, ii) Que incurrió en falta de fundamentación al afirmar que la Sentencia carecería de adecuada valoración probatoria y suficiente fundamentación, cuando este extremo no es cierto, pues su absolución, en base a duda razonable, está debidamente justificada, correspondiendo resolver el fondo de ambos planteamientos.
III.1. Con relación a la denuncia de incongruencia omisiva por no haberse resuelto la apelación incidental interpuesta por los imputados.
Conforme se advierte del contenido del Auto de Admisión emitido en la presente causa, el análisis de fondo de este motivo, corresponde por la concurrencia de los presupuestos de flexibilización ante la denuncia de vulneración de derechos constitucionales, siendo menester hacer previa referencia al trámite de impugnación sobre resoluciones emitidas en la sustanciación del juicio oral.
III.1.1. Resolución de excepciones y medio de impugnación.
Al respecto, la Constitución Política del Estado, en el marco de las garantías reconocidas a todo ciudadano, establece el principio de impugnación previsto en el art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, en definitiva la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. También es evidente que para el ejercicio de este derecho, existe regulación especial que se halla prevista en el Código de Procedimiento Penal, que contiene disposiciones en cuanto a los medios de impugnación contra fallos pronunciados en materia penal, previendo requisitos de procedencia, el procedimiento aplicable, así como las formas de resolución.
Así, el recurso de apelación incidental previsto por el art. 403 del CPP, procede contra las resoluciones judiciales pronunciadas durante la sustanciación del proceso penal, en los casos previstos en dicho precepto legal, entre los que se cita aquellas que resuelven una excepción, siendo ampliado este ámbito por la jurisprudencia constitucional, a toda cuestión incidental; sin embargo, respecto al procedimiento, la Sentencia Constitucional 421/2007-R, cuyos razonamientos fueron recogidos y reiterados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias 80/2014, 1542/2013 y 1508/2013, entre otras, con base a la naturaleza y finalidad de la etapa preparatoria y la del juicio oral, así como el efecto que genera la formulación de los medios de impugnación regulados por la norma procesal penal, efectuó las siguientes precisiones: “De acuerdo a las normas glosadas, el juicio oral debe realizarse en forma ininterrumpida, salvo los casos previstos en el art. 335 del CPP antes referidos, y los supuestos contemplados en los arts. 104 y 90 del CPP; ello en virtud al principio de continuidad que busca, fundamentalmente, que se asegure el conocimiento inmediato, por parte del juzgador y de las partes, del conjunto de los elementos de prueba introducidos en forma oral a la audiencia; conocimiento que puede perder su eficacia o desaparecer por el olvido o el transcurso del tiempo si se suspende el juicio de manera prolongada.
Esa característica esencial de continuidad, está íntimamente vinculada a la inmediación, en cuyo mérito, las excepciones en esta etapa tienen que ser propuestas en forma oral, tramitadas y resueltas en el juicio en un solo acto, salvo que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia, conforme dispone el art. 345 del CPP.
De donde resulta, que la resolución de las excepciones en la audiencia de juicio oral o en sentencia es una facultad potestativa del tribunal; en ese sentido, si el Tribunal opta por la primera alternativa, deberá definir la situación declarando probada o rechazando la excepción. En el primer caso, es decir, cuando se declara probada la excepción, las partes pueden hacer uso de la apelación incidental señalada en el art. 403 inc. 2) del CPP, con los efectos previstos en el art. 396 inc. 1) del mismo Código; pues, en este caso, a consecuencia de la resolución, se interrumpe el juicio oral y público. Así, tratándose de la excepción de prejudicialidad, por disposición del art. 309 del CPP el juicio se suspende; en las excepciones de incompetencia y litispendencia, se dispone la remisión de antecedentes al juez o autoridad llamada por ley (arts. 310 y 313 del CPP); en la excepción de falta de acción se archivan las actuaciones (art. 312 del CPP), y en las excepciones de extinción de la acción penal y cosa juzgada, se declara la extinción de la acción penal, disponiéndose el archivo de obrados (art. 313 del CPP).
En el segundo caso, es decir, cuando se rechace la excepción planteada, y se causa agravio, las partes deberán reservarse el derecho de plantear la apelación o recurrir de la decisión adoptada, junto con la sentencia, a través de la apelación restringida, debido a las siguientes razones de orden procesal:
1. Conforme se ha anotado precedentemente, el juicio oral debe desarrollarse sin interrupción, lo que implica que los medios de impugnación deben ser racionalizados atendiendo a las características de continuidad, inmediación y oralidad del juicio; características que se desnaturalizarían si las resoluciones dentro del juicio oral fueran impugnadas en forma sistemática, provocando serias disfunciones procesales.
Si se realizaría una lectura parcial de las normas contenidas en los arts. 403.2 y 396 del CPP, aceptando la posibilidad de que las resoluciones que rechacen excepciones en el juicio sean apeladas incidentalmente en efecto suspensivo, el juicio tendría que suspenderse, en muchos casos por meses, desconociendo la previsión contenida en el art. 335 del CPP que establece en forma categórica los casos en los que el juicio puede suspenderse, entre los que no figura la apelación de las excepciones planteadas durante esta etapa, atentando contra el propio sistema acusatorio oral.
Por otra parte, si se aceptara la apelación de las resoluciones que rechacen las excepciones en efecto no suspensivo, se provocarían irregularidades en la prelación de las resoluciones, pues, en la mayoría de los casos, las sentencias serían pronunciadas antes que las resoluciones en apelación; situación que aconteció, por ejemplo, en la problemática resuelta en la SC 1178/2005-R de 26 de septiembre.
2. La racionalización de los medios de impugnación, significa también que sólo deben ser recurribles aquellas resoluciones que causen agravio, conforme a la norma general contenida en el párrafo segundo del art. 167 del CPP, que determina: “En los casos y formas previstos en este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causarán agravio´.
El requisito del agravio, denominado por la doctrina procesal como interés, gravamen o personalidad del agravio, es uno de los elementos de la impugnabilidad subjetiva -junto al reconocimiento que hace la ley a las partes para que pueden interponer el recurso-, que conforma el conjunto de requisitos establecidos por la ley a los sujetos procesales, legitimándolos para recurrir.
El agravio significa que las partes sólo pueden impugnar aquellas decisiones que les resulten desfavorables, requiriéndose que la decisión cause un perjuicio efectivo y objetivo; perjuicio que será medido comparando la situación del recurrente antes y después de la decisión; esto con la finalidad de evitar la proliferación de impugnaciones y la sobrecarga procesal de los tribunales de apelación.
Conforme a lo anotado, la decisión que rechace las excepciones en el juicio oral no causan un perjuicio efectivo y objetivo a las partes, debido a que su situación jurídica, con el rechazo de la excepción, no se vería modificada, al mantenerse las condiciones que se tenían antes de emitirse la resolución; toda vez que será la sentencia la que en definitiva resuelva la situación jurídica de las partes dentro del proceso y, a partir de ella, se determinará la conveniencia, por la existencia del agravio, de impugnar las decisiones relativas a las excepciones planteadas. De ahí que será el tribunal del juicio, el que en definitiva, en función de lo dispuesto por el art. 345 del CPP, pueda decidir si las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto o en sentencia; pues lo que realmente importa es que todas las decisiones sobre los incidentes, incluidas las excepciones, que se presenten en el juicio, sean plasmadas en sentencia, conforme lo exige el art. 360 del CPP, con relación al art. 359.
Consecuentemente, al momento de resolver en la audiencia de juicio las excepciones o incidentes, será suficiente que las mismas, sean resueltas en forma oral, debido a que, conforme lo determina el art. 371 del CPP en el acta del juicio oral quedan registradas, entre otros aspectos, las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes y sus protestas de recurrir; lo que abre la posibilidad de que estos aspectos sean impugnados a través del recurso de apelación restringida, como lo establece expresamente el art. 407 del CPP.
De lo anotado se concluye que en el juicio oral no es posible interponer el recurso de apelación incidental para impugnar las resoluciones que rechacen excepciones, sino que las partes podrán reservarse el derecho de recurrir una vez pronunciada la sentencia cuando exista agravio” (Lo resaltado nos corresponde).
III.1.2. Análisis del primer motivo de casación.
En la exposición de este primer motivo, los imputados aluden la omisión de pronunciamiento del Tribunal de alzada sobre las apelaciones incidentales que habrían interpuesto contra la Resolución 23/2011, dictada por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral; para la resolución de esta denuncia, es imperativo hacer referencia a los actos relativos y posteriores a la referida resolución, verificando en definitiva si existe o no omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal de alzada. En ese sentido, de la prolija revisión de antecedentes se tiene que, los imputados plantearon incidentes de actividad procesal defectuosa y excepción de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, que fueron resueltos por Resolución 23/2011 de 29 de noviembre, por el que el Tribunal de Sentencia los rechazó; ante esta determinación, los imputados no efectuaron reserva de apelación como dispone la citada Sentencia Constitucional 421/2007-R, presentando equivocadamente memoriales fundamentando apelaciones incidentales, en desconocimiento del trámite que regía la impugnación incidental; sin embargo, de esta errónea interposición y pese al traslado dispuesto, el Tribunal de Sentencia, corrigió el procedimiento mediante providencias de 28 de marzo de 2012, por los que los imputados a su turno pidieron la concesión de los recursos, aclarando el tribunal que la jurisprudencia constitucional “establece que la apelación incidental se tramita juntamente a la apelación restringida consiguientemente en el momento oportuno se tendrá presente el recurso” (sic), asimilando la interposición de dichos recursos, a la reserva de recurrir que señala la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, lo que tiene coherencia y guarda relación respeto a los derechos a la defensa y de impugnación.
En ese estado de cosas y habiéndose proseguido con la tramitación del juicio oral, el Tribunal de Sentencia dictó la Sentencia 63/2013 de 12 de agosto, absolviendo a los imputados de la comisión de los delitos endilgados, fallo contra el cual activaron la etapa impugnatoria mediante la interposición del recurso de apelación restringida: El Ministerio Público y FONDESIF, y no así los imputados; con lo que voluntaria y tácitamente, renunciaron de hacer efectivo el anuncio de apelación a la resolución incidental, quedando la misma ejecutoriada, pues la línea jurisprudencial es clara al señalar: “cuando se rechace la excepción planteada, y se causa agravio, las partes deberán reservarse el derecho de plantear la apelación o recurrir de la decisión adoptada, junto con la sentencia, a través de la apelación restringida” (SC 421/2007-R).
En consecuencia, los imputados al no hacer efectivo su derecho de recurrir contra la Resolución incidental una vez dictada la Sentencia, no activaron la competencia del Tribunal de alzada para revisar la actuación del Tribunal de Sentencia respecto a la resolución de las cuestiones incidentales, no teniendo sustento jurídico la denuncia planteada en casación, pues lógicamente el Tribunal de apelación no tuvo posibilidad de pronunciarse sobre cuestiones que no les fueron puestas a su consideración, lo contrario le hubiera significado ingresar en aspectos fuera de su competencia, en contradicción con la doctrina establecida por este Tribunal en los Autos Supremos 203 de 16 de julio de 2013 y 331/2013-RRC de 16 de diciembre, teniendo en cuenta que la segunda resolución señaló: “La doctrina legal establecida por los Autos Supremos invocados, se centra en establecer y precisar la competencia de los Tribunales de alzada, enfatizando que estos deben circunscribir sus resoluciones sobre los aspectos que fueron cuestionados en el recurso de alzada; advirtiendo que en caso de pronunciase sobre temas que no han sido cuestionados, se vulnera los arts. 398 CPP y 17.II de la Ley 025, incurriendo en defectos absolutos no susceptibles de convalidación conforme prevé el art. 169 inc. 3) del CPP” (El resaltado es nuestro).
Por todo lo anterior, se concluye que el Tribunal de alzada no vulneró los derechos y garantías de los imputados, deviniendo este motivo del recurso en infundado.
III.2. Respecto a la denuncia de falta de fundamentación en que habría incurrido el Tribunal de alzada.
En este segundo motivo, los recurrentes citaron varios precedentes, motivo por el cual corresponde su revisión, para luego efectuar precisiones con relación a la fundamentación de las resoluciones judiciales (Sentencias y Autos de Vista) y luego resolver el planteamiento formulado en casación.
III.2.1. Los precedentes invocados.
Los imputados invocaron el Auto Supremo 41/2012 de 30 de marzo de 2012 (Sala Penal Liquidadora), en cuya doctrina legal, en cuanto a la labor de los Tribunales de alzada respecto a la valoración probatoria del Juez o Tribunal de Sentencia, la lesividad de los errores de procedimiento y la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, señaló: “Considerando que la valoración de la prueba y de los hechos es de competencia privativa del Juez o Tribunal de Sentencia, por ser ellos quienes se encuentran presentes en la producción de la prueba, el Tribunal de Apelación debe circunscribir su análisis y control a si la valoración, apreciación y conclusiones obtenidas de las pruebas por parte del Juez o Tribunal de Sentencia, responden a un procedimiento lógico, razonable, valorativo o teleológico; en caso de establecer que la valoración o apreciación de la prueba fue efectuada con infracción de las reglas jurídicas que regulan la forma y contenido de la motivación o que los juicio vertidos sobre las pruebas no responden al procedimiento descrito precedentemente, deberá cumplir con la obligación de explicar y exponer los motivos o razones jurídicas que justifiquen la infracción de las reglas de apreciación que se deduzcan. Al respecto, también corresponde precisar que, naturalmente, el control jurídico que debe desarrollar el Tribunal de Apelación sobre la valoración y apreciación de las prueba, así como la motivación de las razones que llevan a la conclusión de dicho control en alzada, deberá ser efectuado de manera legítima, es decir, deberá realizarse y fundarse respectivamente, en elementos de prueba que sean objetivamente verificables en los antecedentes del proceso y no fundarse en presunciones subjetivas del Tribunal.
Por otro lado, los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la Garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, solo en aquellos casos en los que provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, no siendo coherente anular los actos procesales y disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribara a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues, en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado. Los Tribunales de alzada tienen la obligación de demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la anulación de la Sentencia de Grado y la Reposición del Juicio oral por otro Tribunal.
Así, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social.
Finalmente, se deberá considerar que toda Resolución dictada en Apelación y en lo que concierne al fondo del asunto debe estar debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica, exigencia que no responde únicamente a un mero formulismo de estructura, sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez, que a su vez implica el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales. Así, la garantía del debido proceso, en el ámbito de sus presupuestos, exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada, por cuanto, cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no solo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en uno o en otro sentido”, este último entendimiento -exigencia de fundamentación- fue también fue expuesto en el Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2004, invocado como precedente.
En la misma línea, el Auto Supremo 73/2013-RRC de 19 de marzo, sobre la obligación del Tribunal de alzada, al efectuar la revisión de las sentencias, remarcó: “Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, y ante el reclamo del apelante en su recurso de apelación restringida, tiene el deber de verificar que el Tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que, de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente; en consecuencia, del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP, debe disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del art. 413 del CPP.”
En el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, se reiteró la prohibición de revalorización de la prueba por parte del Tribunal de alzada, asumiendo el siguiente entendimiento: “que, la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba; convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el artículo 173 contradiciendo al Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial; situación que además contradice la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Casación; donde se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el sub lite.”, criterio que fue reiterado en los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005, 151 de 2 de febrero de 2007 y 251/2012-RRC de 12 de octubre, este último que agregó: “…corresponde al Tribunal de apelación realizar el control de la valoración efectuada por el juez o tribunal de juicio, actividad que debe ceñirse al respeto de las reglas relativas a la carga de la prueba -onus probandi-, la legalidad de la prueba practicada y a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, o dicho de otro modo el control de la valoración de la prueba está referido los vicios de fundamentación, vicios en la sentencia, violación de la sana critica, inclusión de prueba que no ha sido producida, exclusión de la prueba que si ha sido producida, valoración de prueba ilícita”.
III.2.2. Fundamentación de sentencias y Autos de Vista.
Una vez identificados los precedentes invocados en el recurso de casación sujeto a análisis, debe agregarse en cuanto al contenido de la Sentencia, que la debida fundamentación permite a las partes conocer y comprender cuáles son las razones fácticas, lógicas y jurídicas que motivaron al juzgador a tomar tal o cual decisión respecto a la responsabilidad penal del imputado, lo que tiene vital importancia a efectos de que la Resolución reúna las condiciones necesarias de validez; razonamiento que fue asumido por esta Sala y se encuentra plasmado en el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril, que a tiempo de verificar la inexistencia de fundamentación descriptiva e intelectiva en una Sentencia, explicó los presupuestos que ésta debe reunir en los siguientes términos: “De manera específica la Sentencia penal que pone fin al acto de juicio debe contener la necesaria motivación que exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia desarrollar una actividad fundamentadora o motivadora del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica.
En la fundamentación descriptiva la autoridad judicial debe proceder a consignar cada elemento probatorio útil, mediante una referencia explícita a los aspectos más sobresalientes de su contenido, dejando constancia en el caso de la prueba testifical de las ideas principales y pertinentes que se extraen de la declaración del testigo, procurando no hacer una trascripción literal de la declaración; siendo también aplicable este criterio con relación a los peritos que puedan concurrir personalmente a la audiencia de juicio. En el caso de la prueba documental y pericial, esta fundamentación descriptiva quedará cumplida al dejarse constancia de los datos más relevantes de esta prueba con mayor énfasis de las conclusiones atinentes o relevantes del caso.
La fundamentación fáctica es el momento en el cual debe establecerse cuales los hechos estimados como probados; es decir, el establecimiento de los hechos que positivamente se tengan por demostrados de conformidad con los elementos probatorios que hayan sido incorporados legalmente en la audiencia de juicio; esta fundamentación es necesaria, pues de ella posteriormente se procederá a extraer las consecuencias jurídicas fundamentales y establecer en su caso la responsabilidad penal del imputado o su absolución; siendo esencial que en esta fundamentación se proceda a efectuar una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos.
El tercer momento es la fundamentación analítica o intelectiva, en la que no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada. En este momento, la autoridad judicial competente de emitir una sentencia, deberá dejar constancia de los aspectos que le permitieron concluir en el caso de las declaraciones testificales porque consideró coherente, incoherente, consistente o inconsistente, veraz o falsa la declaración de los testigos, es decir, expresar tanto las razones que se tiene para creer a alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro u otros; similar tarea deberá ser desarrollada respecto a la prueba documental y pericial, debiendo dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de cada prueba así como su relevancia o no.
La fundamentación jurídica, es el momento en el cual el Juez o Tribunal a partir de la identificación de los aspectos fácticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes, opta racionalmente por una de ellas, precisando por qué considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado, sino a partir de la cita de los preceptos legales a ser aplicados y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; el Juez o Tribunal deberá establecer por qué estima que se está ante una acción típica, lo que importa la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal en cuestión; además, de antijurídica, culpable y finalmente sujeta a una sanción.
Por último, deberá procederse a la motivación en el momento de la individualización de la pena precisando las razones que justifican su aplicación al caso concreto.
Además, es necesario destacar que, de acuerdo a lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, constituye defecto de la Sentencia, el hecho de que no exista fundamentación o que ésta sea insuficiente o contradictoria.” (Lo resaltado nos corresponde).
Razonamientos que tienen como base las previsiones de los arts. 124 en relación con el 360, ambos del CPP, siendo que de no cumplirse por el juzgador con esta exigencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, conforme lo desglosado y explicado, constituye defecto de la Sentencia al sentir del art. 370 incs. 5) y 6) de la precitada norma. De manera que todos los juzgadores tienen el deber de cumplir con tales exigencias, no sólo por la vinculatoriedad de la doctrina legal; sino, porque su observancia permite al ciudadano tener certeza de que la resolución por el que se define su situación, sea como querellante o imputado, no es arbitraria; por el contrario, responde a la norma y a la razón.
Además, es línea de este Tribunal la importancia de que los Tribunales de justicia del Estado Plurinacional, obviamente incluidos los de apelación, fundamenten debida y suficientemente sus resoluciones, pues se trata de una vertiente de trascendencia de la garantía constitucional del debido proceso, la misma que de igual modo está prevista y garantizada por la Norma Suprema de la Nación. También se ha señalado insistentemente que, la motivación implica que la autoridad que dicta una resolución, en este caso en apelación, tiene la obligación de exponer los razonamientos que le llevan a asumir una u otra decisión sobre las cuestiones planteadas por los recurrentes.
Este entendimiento fue plasmado, entre otros, en el Auto Supremo 248/2013-RRC de 2 de octubre, de la siguiente manera: “Estos requisitos de la fundamentación o motivación, también deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista que resuelva la apelación restringida formulada por las partes a los fines de que tenga validez; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación.” Asimismo, a objeto de determinar si una resolución está debidamente motivada, el mismo Auto agregó: “…una fundamentación o motivación suficiente, no precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino sea clara, concisa y responda a todos los puntos denunciados, lo que quiere decir también, que si la respuesta fundada se encuentra en el contenido total de la resolución que resuelve la problemática fundamental del recurso, no puede sostenerse la existencia de falta de fundamentación”.
III.2.3. Examen del segundo motivo.
En el presente proceso, los recurrentes de casación sostienen que el Auto de Vista impugnado, al determinar la nulidad de la Sentencia, incurrió en falta de fundamentación, no siendo evidente que el fallo de grado haya incurrido en los defectos señalados y que más bien se desarrolló una adecuada fundamentación y justificación de la absolución dispuesta en su favor; al respecto, corresponde hacer la confrontación de los argumentos expuestos en el Auto de Vista en relación al contenido de la Sentencia dictada; en esa labor, se constata que el Tribunal de alzada, en el cuarto Considerando de su resolución resolvió en forma conjunta la apelación de los recurrentes, es así que, en relación al agravio relativo a la defectuosa valoración de la prueba y en lo que respecta a los argumentos sobre el caso concreto, señaló: “En este orden de ideas de una revisión prolija, detallada y analítica del fallo apelado (…) el tribunal de sentencia quinto de la ciudad de La Paz se ha limitado a efectuar una relación de los incidentes opuestos y resueltos; a reiterar el contenido de las acusaciones tanto fiscal como particular; a transcribir parte de la prueba documentadle cargo como de descargo; así como a transcribir igualmente el contenido de la defensa tanto técnica como material y las normas legales en las que amparan su defensa, incluido los petitorios formulados por las partes cuando la acusación demanda una sentencia de condena y la defensa una de absolución. A más de ese relato y relación de contenidos (…) no se advierte una valoración de toda esta prueba (…), así como no se advierte que el tribunal haya justificado y fundamentado adecuadamente las razones del por qué no se otorga valor a la prueba producida. Asimismo, esta sola relación de la prueba y su contenido, violenta la segunda parte del Art. 124 del CPP” (sic).
Continúa su argumentación sobre este agravio manifestando que: “…el tribunal opta por afirmar que la abundante prueba aportada no ha sido suficiente para generar convicción sobre la comisión del hecho ilícito, por el contrario ha generado dudas porque se trata de normativa legal que iba modificando. Asimismo respecto a la prueba testifical se señala que estas no fueron elocuentes para demostrar la existencia del hecho; finalmente se enuncia que no existe una sola prueba que demuestre fehacientemente y con claridad la existencia de los hechos. Como se advierte de esas expresiones, a más de afirmaciones genéricas no se consigna ninguna valoración y ningún razonamiento respecto a la prueba judicializada y que debió necesariamente efectuarse en base a las reglas de la sana crítica, la lógica, la ciencia y la experiencia común; menos se justifica el por qué no se otorga determinado valor a dicha prueba. Este tribunal de apelación entiende asimismo que el sólo hecho de der abundante la prueba (…) no es óbice para haber efectuado una valoración conjunta, armónica e integral” (sic).
En cuanto a la insuficiente fundamentación de la Sentencia en relación a la prueba judicializada, el Tribunal de apelación esencialmente reiteró los argumentos expuestos para resolver el motivo anterior, agregando que: “En este mismo sentido el acápite de la fundamentación intelectiva se limita a efectuar afirmaciones sobre el origen del juicio como es la acusación, denuncia y la prueba producida en juicio particularmente disposiciones legales, sin consignar ninguna fundamentación intelectiva respecto a la prueba documental y testifical, que es lo fundamental, en rabón a que la prueba referida a las disposiciones legales no necesita ser probada, porque la ley no se prueba, sino se cumple” (sic).
De este resumen de los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada, se hace patente una respuesta cierta y fundamentada de los motivos por los que decidió anular la Sentencia apelada y dar lugar a los agravios planteados por los apelantes; asimismo, de la revisión de la Sentencia se establece que, efectivamente el Tribunal de Sentencia, a tiempo de exponer la fundamentación de su fallo, no observó los requisitos de validez que brindan soporte a sus conclusiones, siendo inexistente la valoración fáctica e intelectiva de la prueba, habida cuenta que el Tribunal, luego de una exposición de las acusaciones y la descripción de la prueba, se limitó a señalar en el acápite denominado “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” y “FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA” que: La abundante prueba consistente en disposiciones legales, no fueron suficientes para generar convicción de la comisión del hecho por ser normativa que se iba modificando una tras otra, cambiando responsabilidades, imponiendo nuevos plazos y requisitos; las declaraciones testificales no fueron elocuentes para demostrar la existencia del hecho; no consta la denuncia que dio origen al proceso, la que es imprescindible para acreditar la existencia del hecho punible y la culpabilidad; sobre la prueba consistente en disposiciones legales que reglamentan la aplicación del PROFOP y demás disposiciones ofrecida en juicio, cada una de las partes las interpretan a su manera, dando lugar a dudas al no contar con una pericia que informe al Tribunal; y, pese a los esfuerzos del Ministerio Público, no se observa en los imputados la conducta dolosa que se menciona en la acusación, creando duda sobre la existencia del hecho ilícito y de sus autores. Estas afirmaciones del Tribunal de Sentencia no satisfacen los requisitos mínimos de la valoración probatoria conforme lo anotado y explicado en el acápite III.3.3 de este Auto, no teniendo base jurídica alguna el señalar que la denuncia sea el medio idóneo para acreditar el ilícito penal, pues se trata simplemente de una forma de dar inicio al proceso para la investigación de un hecho que se cree delictivo, pudiendo presentar denuncia cualquier persona; del mismo modo, no es posible señalar que se genera duda por el hecho de no contar con una pericia sobre normativa, pues su conocimiento es obligatorio para todo ciudadano, más aún para los administradores de justicia, siendo deber del juzgador el interpretar la norma y aplicarla, más allá de las posiciones de las partes, que por supuesto serán contradictorias.
Como se observa, los argumentos que sirvieron de base al Tribunal de juicio para dictar sentencia absolutoria, no encuentran asidero legal ni son razonables, menos cumplen con las exigencias de motivación antes descritas, por lo que todo lo aseverado por el Tribunal de alzada, respecto a la insuficiente valoración probatoria y su falta de motivación, así como la disposición de mandar a juicio de reenvío, son correctos, no existiendo contradicción alguna entre el Auto de Vista impugnado, con los precedentes invocados por los recurrentes de casación; en cuyo mérito, este segundo motivo también en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Guillermo Eloy Pastor Claure, Julio Torrico Tejada y Nils Abigail Simbrón Rivadeneira.

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 artículo 169
 artículo 173
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