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INCONCRECCION DEL PROGRMA DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS - Unionoficiales.ORG
INCONCRECCION DEL PROGRMA DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
Mensaje por comandante pto » 23 Nov 2009, 01:06
El “Programa de la prueba de conocimientos” cita temas y materias sin relacionar Leyes, R.D.,s, O.M,s u otras normas que las aprueban o modifican, contraviniendo todos los antecedentes sin motivación alguna e infringiendo los arts. 9,3, 14 y 23,1 CE y art. 54 de la Ley 30/92.así como conculcando los “Principios generales” de su art. 3.
El apéndice IV de “Programa de la prueba de conocimientos” cita los temas y materias, sin hacerlo en relación a las Leyes, R.D.,s, O.M,s u otras normas que las han aprobado o modificado, diciendo que “de las distintas materias objeto de examen serán exigidas las normas que se encuentren en vigor cuando se publique la convocatoria”, ni haber editado o impreso la Administración libros, manuales o cuadernos algunos en donde se encuentre dicho temario, y contraviniendo la totalidad de las convocatorias precedentes habidas hasta la fecha.
La Subsecretaría del Ministerio de Defensa había dictado en todas las ocasiones anteriores resoluciones sobre pruebas selectivas de promoción interna en el Centro de Formación de la Guardia Civil que capacitan para el acceso a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, cuyas pruebas selectivas se regían por la Ley y normas reglamentarias citadas así como por la Resolución y su anexo, a modo de ejemplo: Resolución 71/2005 de 5 de mayo (BOC nº 13 de 10.05.05), Resolución 72/2004 de 13 de abril (BOC nº 11 de 20.04.04), Resolución 64/2003 de 13 de mayo (BOC nº 14 de 20.05.03), Resolución 59/2002, de 8 de abril (BOC nº 10 de 10.04.02), Resolución 93/2001, de 7 de mayo (BOC nº 13 de 10.05.01),Resolución 64/2000, de 29 de marzo, (BOC nº 10 de 10.04.00),..., todas las que, en su apéndice IV, de temario o programa de la prueba de conocimientos, se citaban Leyes, R.D.,s, O.M,s u otras normas que las han aprobado o modificado las normas objeto de examen, facilitando así la labor. Se pone de manifiesto la importancia real en la vida administrativa y cierto grado de obligatoriedad del precedente, y en el presente caso NO existe exposición de razones que expliquen y/o justifiquen un cambio de conducta con respecto a otras actuaciones precedentes, explicación y/o justificación que brilla por su ausencia precisamente, y la Administración está vinculado por su anteriores actuaciones.
Así las cosas, la convocatoria mal diseñada y contra de todos los precedentes habidos, circunstancia solo imputable a la Administración, cuestión ni mucho menos baladí, en tanto que, como quiera que el programa de la prueba de conocimientos versa sobre temas y materias jurídicas sin hacerlo en relación a normas positivas concretas, como bien es sabido, al redactarse así en genérico da opción a preguntar sobre el contenido de construcciones doctrinales y jurisprudenciales, con la multiplicidad de criterios y polémicas que existen jurídicamente, lo que da opción, en un examen tipo test como lo es el presente, a que haya 2 respuestas igualmente correctas, con lo que se sume a la prueba principal en un “maremagnun” de inseguridad jurídica.
La Ley 30/92 en su art. 3 “Principios generales”, establece en su nº 1 que “Las Administraciones Públicas sirven como objetividad a los intereses generales...Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima”, y en su nº 5 que “...las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación”, y en su art. 54,1 “Motivación”, que “Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos...c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos...f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales”, por ello con la infracción de dicha vinculación jurídica se estaría incurriendo, además de en una falta de motivación suficiente que impone dicho art. 54, en una conculcación clara y palmaria de derechos constitucionales recogidos en los arts. 9,3, 14 y 23,1 de la Constitución, en los que se consagran, respectivamente, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad ante la Ley sin que pueda existir ningún tipo de discriminaciones.

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