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Timestamp: 2019-08-24 02:41:37+00:00

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Flora Calvo forma parte del despacho Winkels Abogados y es profesora del área de Derecho internacional privado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
InicioFirmas¿Es posible reconocer en España una orden de embargo preventivo de bienes de Gran Bretaña?
Flora Calvo | 19 noviembre, 2017
¿Es posible reconocer en España una orden de embargo preventivo de bienes inglesa, o “freezing order” inglesa, que tiene como finalidad garantizar el pago de una obligación de alimentos por parte del padre residente en nuestro país, mientras el hijo reside en el Reino Unido?
1º. Supuesto práctico
2º. Calificación-Subsunción: anotación preventiva de no disponer
3º. Proceso de reconocimiento de la “freezing order” en España
4º.- Posibilidades de éxito de reconocer una “freezing order” en estos casos
Por parte de un tribunal inglés se dicta una “Orden ejecutiva” en materia de alimentos por la que se ordena al demandado, que tiene su domicilio en España y todos sus bienes en nuestro país, abonar en Londres una cantidad periódica de libras en concepto de alimentos para su hijo.
Como el demandado no cumple voluntariamente con su obligación, pese a los requerimientos del Tribunal, y pese a ser propietario en España de bienes suficientes para ello, el tribunal onglés, para garantizar los pagos, dicta otra “orden ejecutiva”, La “Freezing Order”.
Esta “orden”, según su traducción literal es una orden de “embargo preventivo de bienes”, pero, en realidad, según se desprende del contenido de la misma, es una prohibición al demandado de: “operar con ninguna de las cuentas bancarias muebles e inmuebles de su propiedad dentro y fuera de España”. Tiene una vigencia limitada y se levantará en cuanto el demandado cumpla con sus obligaciones alimenticias.
Si esta orden ejecutiva va a acompañada del formulario II del Reglamento UE 4/2009 sobre obligaciones alimenticias, es ejecutable preceptivamente el Estado Miembro de la UE requerido. De hecho, en dicho formulario le indica en su encabezamiento lo siguiente:
“La expedición (del formulario) la realizará el Estado miembro de origen. La expedición sólo tendrá lugar si la resolución o transacción judicial tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen”.
Es decir, que si el interesado solicita al Juez español el reconocimiento de esta “Freezing Order” , éste está obligado a hacerlo en virtud del artículo 23 del Reglamento UE 4/2009 que indica:
“Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de la Haya de 2007, serán reconocidas en los demás Estados Miembros sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno”.
El problema estriba en que se trata de una medida que, en principio, es desconocida para el derecho español, por lo que, para poderla reconocer, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que tenemos que reconocer. Para ello es preciso realizar una operación que se llama calificación-subsunción, es decir, analizar según su regulación en el Derecho inglés los efectos que produce tal medida y, a continuación, subsumirla en una de las categorías conocidas del foro (del derecho español).
En España, se contempla la posibilidad de realizar algo parecido a la “Freezing Order” con la “anotación preventiva de no disponer” que, según J.I. Cano es un: “asiento provisional, o mejor un asiento definitivo de vigencia temporalmente limitada, en cuanto a que, no solamente la prohibición es en sí misma temporal (artículo 748 Código civil), y por ello su anotación tiene a ser cancelada y no convertirse en otro asiento definitivo, sino además porque publica una situación jurídica eventual”.
Es decir, que la “Freezing Order” se trata de una medida cautelar, similar a la descrita, que se contempla en nuestro ordenamiento, y se podría subsumir en la misma.
Una vez calificada la medida contenida en la resolución inglesa, el procedimiento de reconocimiento de la misma se sustanciará por las normas establecidas por el Reglamento 4/2009 y, en lo que éste no regule, subsidiariamente por las normas procesales internas que, en materia de exequátur se encuentran en el artículo 54 de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica internacional en materia civil. Así:
1.- Iniciación del proceso (artículo 54. 1 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. El proceso de exequátur, en el que las partes deberán estar representadas por procurador y asistidas de letrado, se iniciará mediante demanda a instancia de cualquier persona que acredite un interés legítimo. La demanda de exequátur y la solicitud de ejecución podrán acumularse en el mismo escrito. No obstante, no se procederá a la ejecución hasta que se haya dictado resolución decretando el exequátur.
2.-Documentos que hay que presentar con la demanda:
Esta parte aporta para solicitar la ejecución, según se establece preceptivamente por el artículo 20. 1 del Reglamento 4/2009, los siguientes documentos:
Una copia de la resolución inglesa que reúna las condiciones necesarias para establecer su autenticidad, junto con su traducción.
El extracto de la resolución expedido por el órgano jurisdiccional de origen (el tribunal inglés) mediante formulario modelo que figura como anexo II al Reglamento 4/2009 y su traducción.
Según el artículo 65 del Reglamento. no se requiere ni legalización ni apostilla, ni de la resolución ni del formulario.
3.- Otorgamiento de la ejecución: Se otorgará la ejecución de la resolución sin el examen previsto en el artículo 24, tras la conclusión de los trámites indicados en el artículo 28, o, a más tardar, en los 30 días siguientes a la conclusión de dichos trámites, salvo impedimento debido a circunstancias excepcionales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento, la parte contra la cual se solicite la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones.
Realmente no son muchas, ya que los tribunales se van a encontrar con una resolución demasiado expeditiva para nuestro marco procesal y se van a sentir tentados a la hora de aplicar argumentos como, por ejemplo, que dicha orden, si no se justifica por qué resulta necesaria para los fines de la ejecución, puede resultar contraria al Orden Público español y, por tanto, impedirse su reconocimiento en virtud del 24 a del Reglamento 4/2009, que recoge este motivo como causa de oposición al reconocimiento.
Lo cual no es cierto, puesto que se trata de una medida que trata de obligar al demandado a cumplir con una obligación de alimentos que no está satisfaciendo, no porque no pueda o no tenga recursos para ello, si no porque no lo desea, ya que si el demandado cumple con su obligación, la “freezing order” se levantaría de inmediato.
por Flora Calvo.
Licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Derecho francés por la Universidad de París XI Jean Monnet Sceaux. En la actualidad, es miembro del despacho Winkels Abogados y profesora del área de Derecho internacional privado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

References: resolución 
 artículo 23
 resolución 
 artículo 54
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 65
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 30
 resolución