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Timestamp: 2018-10-21 23:48:57+00:00

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DECRETO 2715 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. LEYES 38 DE 1989, 179 DE 1994, 225 DE 1995 Y 819 DE 2003, 1473 DE 2011 Y 1508 DE 2012 ORGÁNICAS DEL PRESUPUESTO, Y 1537 DE 2012. LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2013, SE DETALLAN LAS APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y DEFINEN LOS GASTOS. NOTA: LOS CUADROS Y EL ANEXO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS TERCERO Y NOVENTA Y SIETE RESPECTIVAMENTE DEL PRESENTE DECRETO PUEDEN SER CONSULTADOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, PRESUPUESTO DE LA NACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LEY ORGÁNICA, HACIENDA PÚBLICA, MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
DECRETO 2715 DE 2012
“Por el cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2013, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.
Que el artículo 22 de la Ley 1593 de 2012 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013” faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique los ingresos y gastos y defina estos últimos;
Que el artículo citado en el considerando anterior, dispone que cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que corresponda;
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros;
ART. 1º—Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, en la suma de ciento ochenta y cinco billones quinientos veinticuatro mil seiscientos treinta y tres millones setecientos diecisiete mil seiscientos treinta y seis pesos moneda legal ($ 185,524,633,717,636), según el detalle del presupuesto de rentas y recursos de capital para el 2013, así:
I. Ingresos del presupuesto nacional 171,179,917,539,422
5. Rentas parafiscales 1,211,443,724,583
II. Ingresos de los establecimientos públicos 14,344,716,178,214
B. Recursos de capital 30,000,000,000
A. Ingresos corrientes 15,500,000,000
A. Ingresos corrientes 84,100,000,000
B. Recursos de capital 1,865,562,000
A. Ingresos corrientes 10,661,500,000
B. Recursos de capital 690,900,000
0403 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC
A. Ingresos corrientes 46,921,000,000
B. Recursos de capital 477,000,000
0503 Escuela Superior de Administración Publica (ESAP)
A. Ingresos corrientes 16,500,000,000
B. Recursos de capital 35,300,000,000
C. Contribuciones parafiscales 85,798,272,000
B. Recursos de capital 25,362,461,000
A. Ingresos corrientes 181,432,000,000
B. Recursos de capital 29,572,000,000
A. Ingresos corrientes 11,294,000,000
A. Ingresos corrientes 579,758,717,755
B. Recursos de capital 150,268,000,000
1208 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec
A. Ingresos corrientes 114,222,944,056
B. Recursos de capital 425,000,000
B. Recursos de capital 291,300,057,800
A. Ingresos corrientes 8,153,640,406
B. Recursos de capital 3,891,000,000
A. Ingresos corrientes 15,489,400,000
B. Recursos de capital 11,035,700,000
A. Ingresos corrientes 177,171,359,000
B. Recursos de capital 3,500,000,000
A. Ingresos corrientes 149,099,480,894
B. Recursos de capital 61,087,854,556
A. Ingresos corrientes 33,137,385,000
B. Recursos de capital 3,982,000,000
A. Ingresos corrientes 2,779,000,000
B. Recursos de capital 1,162,200,000
A. Ingresos corrientes 36,746,653,072
A. Ingresos corrientes 161,396,100,000
B. Recursos de capital 73,050,900,000
A. Ingresos corrientes 302,868,000,000
B. Recursos de capital 18,419,000,000
A. Ingresos corrientes 10,650,100,000
A. Ingresos corrientes 187,995,570,000
B. Recursos de capital 1,552,438,000
A. Ingresos corrientes 974,333,357,669
B. Recursos de capital 4,411,000,000
A. Ingresos corrientes 33,007,894,000
B. Recursos de capital 20,368,000,000
A. Ingresos corrientes 3,275,274,000
B. Recursos de capital 6,680,919,000
1715 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap
A. Ingresos corrientes 2,022,707,320
A. Ingresos corrientes 2,686,144,076
B. Recursos de capital 1,081,000,000
A. Ingresos corrientes 63,948,700,000
B. Recursos de capital 5,098,637,546
1912 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima
A. Ingresos corrientes 97,653,500,000
B. Recursos de capital 59,990,871,333
A. Ingresos corrientes 19,090,110,000
B. Recursos de capital 141,411,217,000
A. Ingresos corrientes 73,018,410,841
B. Recursos de capital 6,118,581,615
A. Ingresos corrientes 17,429,091,000
A. Ingresos corrientes 5,372,600,000
B. Recursos de capital 139,812,300,000
2109 Unidad de Planeación Minero Energética, UPME
A. Ingresos corrientes 30,697,081,000
B. Recursos de capital 10,997,780,000
A. Ingresos corrientes 3,398,000,000
B. Recursos de capital 24,244,900,000
2111 Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH
A. Ingresos corrientes 391,828,863,000
B. Recursos de capital 173,000,000,000
2112 Agencia Nacional de Minería, ANM
A. Ingresos corrientes 77,198,200,000
B. Recursos de capital 2,160,000,000
A. Ingresos corrientes 626,186,010
B. Recursos de capital 6,700,746,400
A. Ingresos corrientes 425,217,793
B. Recursos de capital 263,700,000
A. Ingresos corrientes 6,514,959,834
B. Recursos de capital 764,000,000
A. Ingresos corrientes 421,963,269
B. Recursos de capital 117,450,000
A. Ingresos corrientes 1,427,039,397
B. Recursos de capital 1,211,000,000
A. Ingresos corrientes 3,730,303,895
B. Recursos de capital 572,900,000
A. Ingresos corrientes 1,428,498,346
B. Recursos de capital 81,000,000
A. Ingresos corrientes 1,035,943,600,000
B. Recursos de capital 294,174,900,000
2309 Agencia Nacional del Espectro - ANE
A. Ingresos corrientes 28,164,000,000
A. Ingresos corrientes 421,787,267,543
B. Recursos de capital 132,144,900,000
A. Ingresos corrientes 455,089,851,262
B. Recursos de capital 6,000,000,000
A. Ingresos corrientes 120,624,746,670
B. Recursos de capital 4,000,000,000
A. Ingresos corrientes 936,000,000
B. Recursos de capital 32,245,000,000
A. Ingresos corrientes 40,969,100,000
B. Recursos de capital 5,367,900,000
B. Recursos de capital 6,924,000,000
A. Ingresos corrientes 5,854,500,000
B. Recursos de capital 350,500,000
A. Ingresos corrientes 8,460,000,000
B. Recursos de capital 1,375,600,000
A. Ingresos corrientes 32,766,290,000
B. Recursos de capital 22,729,000,000
A. Ingresos corrientes 6,466,872,817
B. Recursos de capital 2,487,000,000
A. Ingresos corrientes 918,390,720
B. Recursos de capital 400,490,000
A. Ingresos corrientes 374,993,939
B. Recursos de capital 414,700,000
A. Ingresos corrientes 105,506,142,000
B. Recursos de capital 8,600,000,000
A. Ingresos corrientes 51,761,076,000
B. Recursos de capital 28,144,360,000
A. Ingresos corrientes 4,067,334,434
B. Recursos de capital 1,545,000,100
3505 Instituto Nacional de Metrología, INM
A. Ingresos corrientes 807,277,000
A. Ingresos corrientes 243,360,742,000
B. Recursos de capital 204,820,201,000
C. Contribuciones parafiscales 1,827,399,701,000
A. Ingresos corrientes 14,000,000,000
A. Ingresos corrientes 50,562,900,000
B. Recursos de capital 5,580,000,000
A. Ingresos corrientes 42,640,000,000
A. Ingresos corrientes 1,000,000,000
B. Recursos de capital 906,708,000
A. Ingresos corrientes 747,817,723
B. Recursos de capital 221,048,861,486
C. Contribuciones parafiscales 3,476,011,154,637
III. Total ingresos 185,524,633,717,636
ART. 2º—Se estima la cuantía de los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2013 en la suma de tres billones cuarenta y dos mil trescientos ochenta y dos millones de pesos moneda legal ($ 3,042,382,000,000).
ART. 3º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del presupuesto general de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 una suma por valor de: ciento ochenta y cinco billones quinientos veinticuatro mil seiscientos treinta y tres millones setecientos diecisiete mil seiscientos treinta y seis pesos moneda legal ($ 185,524,633,717,636), según el detalle que se encuentra a continuación:
(Nota: los cuadros del presente artículo pueden ser consultados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público).
ART. 4º—Efectúese las siguientes ubicaciones en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del 2013:
ART. 5º—Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 819 de 2003, 1473 de 2011 y 1508 de 2012 orgánicas del presupuesto, y deben aplicarse en armonía con estas.
Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el estatuto orgánico del presupuesto, el presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
ART. 6º—La dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.
ART. 7º—El Gobierno Nacional a través de la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá realizar sustituciones en el portafolio de inversiones con entidades descentralizadas, sin efectuar operación presupuestal alguna, de conformidad con las normas legales vigentes.
ART. 8º—Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ART. 9º—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dirección general de crédito público y tesoro nacional fijará los criterios técnicos y las condiciones para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.
ART. 10.—El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de tesorería, TES, clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el presupuesto general de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería y los que se emitan para regular la liquidez de la economía; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto general de la Nación con excepción de los que se emitan para regular la liquidez de la economía; su redención se atenderá con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería, y los que se emitan para regular la liquidez de la economía; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice, fije el monto y sus condiciones financieras; la emisión destinada a financiar las apropiaciones presupuestales estará limitada por el monto de estas; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento.
ART. 11.—Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes siguiente de su recaudo, con excepción de aquellos originados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley.
ART. 12.—Facúltase a la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reconociendo tasa de mercado durante el período de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada dirección a tasas de mercado.
ART. 13.—La liquidación de los excedentes financieros de que trata el estatuto orgánico del presupuesto, que se efectúen en la vigencia del presente decreto, se hará con base en una proyección de los ingresos y de los gastos, para la vigencia siguiente a la de corte de los estados financieros, en donde se incluyen además las cuentas por cobrar y por pagar no presupuestadas, las reservas presupuestales, así como la disponibilidad inicial (caja, bancos e inversiones).
ART. 14.—Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
ART. 15.—Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
ART. 16.—Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2013. Por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.
ART. 17.—La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido concepto o viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
ART. 18.—Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
ART. 19.—El Gobierno Nacional regulará la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación.
ART. 20.—La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación para su funcionamiento y organización requiere de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas o aplazadas.
ART. 21.—Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.
Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - dirección de inversiones y finanzas públicas.
El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional ni del previo concepto favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación - dirección de inversiones y finanzas públicas tratándose de gastos de inversión.
ART. 22.—Los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con programa anual mensualizado de caja (PAC), aprobado.
ART. 23.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará los ingresos y gastos y definirá estos últimos.
Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - dirección de inversiones y finanzas públicas.
ART. 24.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2013.
Cuando se trate de aclaraciones y correcciones de leyenda del presupuesto de gastos de inversión, se requerirá el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - dirección de inversiones y finanzas públicas.
ART. 25.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades de que trata el artículo 5º del presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el marco fiscal de mediano plazo, en el plan financiero, en la programación macroeconómica del Gobierno Nacional y en el programa anual de caja.
ART. 26.—Los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto son los únicos responsables por el registro de su gestión financiera pública en el sistema integrado de información financiera (SIIF) - Nación.
En desarrollo del artículo 93 del estatuto orgánico del presupuesto, cuando se presenten errores u omisiones en el diligenciamiento de la información presupuestal en el sistema integrado de información financiera (SIIF) - Nación, la Contraloría General de la República y la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrán autorizar su corrección a solicitud del órgano correspondiente, bajo la entera responsabilidad del jefe del órgano respectivo y sin perjuicio de la responsabilidad fiscal, penal o disciplinaria a que haya lugar.
ART. 27.—Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica, así como las señaladas en el artículo 5º del estatuto orgánico del presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.
Cuando en los convenios se pacte pago anticipado y para el cumplimiento de su objeto el órgano contratista requiera contratar con un tercero, solo podrá solicitarse el giro efectivo de los recursos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional una vez dicho órgano adquiera el compromiso presupuestal y se encuentren cumplidos los requisitos que hagan exigible su pago a favor del beneficiario final.
ART. 28.—Salvo lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 1450 de 2011, ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.
Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del orden nacional solo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos.
Los compromisos que se adquieran en el marco de tratados o convenios internacionales, de los cuales Colombia haga parte y cuya vinculación haya sido aprobada por ley de la República no requerirán de autorización de vigencias futuras, no obstante se deberá contar con aval fiscal previo por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
ART. 29.—Los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2013, a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos de la Nación, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, incluyendo los de contrapartida, originados en convenios celebrados con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.
ART. 30.—Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de operaciones de crédito público. Igualmente podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2014.
ART. 31.—La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.
ART. 32.—Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública.
ART. 33.—A través del sistema integrado de información financiera (SIIF) - Nación se definirá con corte a 31 de diciembre de 2012, las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del presupuesto general de la Nación.
ART. 34.—A más tardar el 20 de enero de 2013, los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal de 2012, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre de 2012 a través del sistema integrado de información financiera (SIIF) - Nación.
Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso anterior y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales y cuentas por pagar a través del sistema integrado de información financiera (SIIF) - Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros quince días del mes de febrero de 2013.
ART. 35.—Las autorizaciones otorgadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), o quien este delegue para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras deberán respetar, en todo momento, las condiciones sobre las cuales se otorgó.
Las entidades u órganos que requieran modificar el plazo y/o los cupos anuales de vigencias futuras autorizados por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), o quien este delegue requerirán, de manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la modificación de las condiciones de la obligación existente, de la reprogramación de las vigencias futuras en donde se especifique el nuevo plazo y/o cupos anuales autorizados.
Cuando con posterioridad al otorgamiento de una autorización de vigencias futuras, la entidad u órgano requiera la modificación del objeto u objetos o el monto de la contra-prestación a su cargo, será necesario adelantar ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), o su delegado la solicitud de una nueva autorización de vigencias futuras que ampare las modificaciones o adiciones requeridas de manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la modificación de las condiciones de la obligación existente.
PAR. 2º—Lo anterior sin perjuicio de que en caso de tratarse de nuevas vigencias futuras, se deberá contar con el aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y declaratoria de importancia estratégica por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en los casos en que las normas lo exijan.
ART. 36.—Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 819 de 2003.
ART. 37.—Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación a los cuales estén vinculadas.
ART. 38.—Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2013 se clasifican en la siguiente forma:
1.1.2. Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones.
1.1.3. Prima técnica.
1.1.4. Otros gastos por servicios personales.
1.3. Contribuciones inherentes a la nómina al sector privado y público.
2.1. Adquisición de bienes y servicios.
2.2. Impuestos y multas.
3. Transferencias corrientes.
4. Transferencias de capital.
5. Gastos de comercialización y producción.
B. Servicio de la deuda pública.
ART. 39.—Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2013 se definen en la siguiente forma:
Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución Política y la ley.
Pago de las remuneraciones a los servidores públicos, que incluye: la jornada ordinaria; la jornada nocturna; las jornadas mixtas; el trabajo ordinario en días dominicales y festivos; los incrementos por antigüedad; y la remuneración a que tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional a quienes se les confieran comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de tratamiento médico o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria.
Indemnización por vacaciones, hace referencia a la compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el jefe del respectivo órgano.
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre que hubieren servido en el respectivo órgano por lo menos un semestre.
Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y las veces que se establezcan en su creación.
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado y público, tales como: cajas de compensación familiar, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, fondos administradores de cesantías y pensiones, empresas promotoras de salud privadas y públicas, así como, las administradoras públicas y privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.
Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, a la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permite mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos. Dentro de este concepto se encuentran:
Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.
La adquisición y/o reposición de vehículos automotores solamente requerirá la autorización previa del Jefe del órgano respectivo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la adquisición de vehículos deberá estar contenida en el correspondiente plan de compras y, cuando se trate de automotores que requieran protección o blindaje especial, debe contar con el concepto técnico de la Policía Nacional o de la entidad que tenga la competencia para emitir dicho concepto.
Por este rubro se deben incluir, disquetes, discos compactos, llantas, repuestos y accesorios.
No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes y/o servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes.
Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, evaluaciones médicas ocupacionales, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes.
La unidad de salud del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar y policial del área asistencial —médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos— que están al servicio del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas natural, telefonía pública conmutada, telefonía móvil celular, sistemas troncalizados, telefonía satelital, internet, televisión satelital, televisión por cable y servicios al valor agregado. Estas incluyen su instalación y traslado.
Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo.
Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en la letra i) del artículo 45 del Decreto-Ley 1045 de 1978.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Estupefacientes podrán pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar, de Policía, del Inpec a su servicio o la entidad que haga sus veces.
Las entidades públicas a las cuales la unidad nacional de protección, o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin.
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos institucionales y videos de televisión.
Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de la unidad administrativa especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera, se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías.
Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender tanto la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra o cuando actúa como demandante, diferentes a los honorarios de los abogados defensores.
Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de expedientes, transmisión de documentos vía fax, traslado de testigos, transporte para efectuar peritajes, y demás costos judiciales relacionados con los procesos.
Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6ª de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la unidad administrativa especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde estas deban ser depositadas.
También se atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritajes, bodegajes y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación y realización de la comercialización o disposición de las mismas por medio de la destrucción o donación.
Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios médicos, hospitalarios, auditoría médica y de medicamentos y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como los siguientes:
Transporte de internos
Erogaciones por concepto de remisión y el traslado de internos y guardianes encargados de su custodia y, excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad.
Son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes.
Igualmente, son gastos reservados los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias.
Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país y se ejecutarán a través del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control y justificación son especializados.
Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya naturaleza imprescindible debe ser declarada por el Ministro de Defensa Nacional, el comandante general de las Fuerzas Militares, el director de la Policía o el Fiscal General de la Nación, según el caso.
Por este rubro se atenderán los costos correspondientes a peritajes judiciales, administrativos y disciplinarios, costos judiciales, transporte para efectuar peritajes y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 696-1 del estatuto tributario.
Corresponde a aportes a órganos y entidades para gastos de capital y la capitalización del ente receptor.
Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el presupuesto, tener aprobación de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y someterse a los procedimientos de contratación administrativa.
ART. 40.—Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto solo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.
ART. 41.—El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.
ART. 42.—Los órganos a que se refiere el artículo 5º del presente decreto pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
ART. 43.—La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Unidad Nacional de Protección, deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos, los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, a que se refiere la Ley 282 de 1996.
ART. 44.—En lo relacionado con las cuentas por pagar, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2013 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996.
ART. 45.—Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2012, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2013.
ART. 46.—Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las empresas de servicios públicos con participación estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.
ART. 47.—La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas, para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docente no acogidos al nuevo régimen salarial.
PAR.—La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y solo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del Presupuesto General de la Nación que utilicen este mecanismo solo procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ART. 48.—El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las cajas departamentales de previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
ART. 49.—Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la unidad administrativa especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales, según sea el caso.
ART. 50.—En desarrollo del artículo 119 del estatuto orgánico del presupuesto, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, siempre y cuando no signifiquen erogaciones en dinero, podrá adelantar las operaciones de canje de activos fijos de su propiedad por proyectos de preinversión e inversión en las zonas que no tengan posibilidad técnico-económica de conectarse al sistema interconectado nacional.
ART. 51.—La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.
ART. 52.—Las apropiaciones programadas en el presente decreto para la ejecución de proyectos viales de la red secundaria y terciaria a cargo de los departamentos y municipios, los aeropuertos y zonas marítimas que no estén a cargo de la Nación, podrán ser ejecutadas directamente por las entidades especializadas del sector transporte o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los recursos apropiados en el presente decreto y dicha infraestructura seguirá a cargo de las entidades territoriales y/o sus descentralizadas.
ART. 53.—Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.
ART. 54.—En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
ART. 55.—Con los excedentes de la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad pensional se podrán financiar programas de la subcuenta de subsistencia de dicho fondo, para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, en los términos del Decreto 3771 de 2007 y las normas que lo modifiquen o adicionen.
ART. 56.—El Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación podrán sustituir inmuebles de su propiedad, por obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de su infraestructura, sin operación presupuestal alguna.
ART. 57.—Los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación y las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de aquella y de estas, así como los ejecutores, a los que se les hubiere girado recursos del Fondo Nacional de Regalías en liquidación y que actualmente no estén amparando compromisos u obligaciones, y correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores a 2012, deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2013 a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el total de recursos que por concepto de saldos no ejecutados y rendimientos financieros posean en las cuentas abiertas para cada proyecto.
ART. 58.—Previa cobertura de los riesgos amparados con cargo a la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, se podrán financiar, con cargo a dicha subcuenta, los programas de protección a la salud pública, vacunación, vulnerabilidad sísmica, gestión de instituciones de la red pública hospitalaria, atención a la población en condiciones especiales tanto discapacitada como población desplazada, ampliación, renovación de la afiliación del régimen subsidiado, población desplazada y vulnerable, atención prioritaria en salud, asistencia y prevención en emergencias y desastres y capacitación del recurso humano del sector salud, incorporados en el presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social.
ART. 59.—En desarrollo de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y en las bases del mismo, las cuales fueron incorporadas mediante el artículo 2º de la Ley 1450 de 2011, las Fuerzas Militares podrán ejecutar programas y proyectos de inversión para fortalecer las estrategias tendientes a consolidar la presencia institucional tales como: obras de infraestructura, dotación y mantenimiento, garantizando el bienestar de la población afectada por la situación de violencia generada por los grupos armados al margen de la ley.
ART. 60.—Las entidades responsables de la atención integral a la población desplazada por la violencia, sectoriales del orden nacional, de que trata la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y de sus autos de seguimiento proferidos por la honorable Corte Constitucional. Esta priorización de recursos deberá considerar las acciones diferenciales para sujetos de especial protección constitucional.
ART. 61.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación priorizarán, con cargo a las apropiaciones incluidas en sus respectivas secciones presupuestales, la ejecución de iniciativas incluidas en los contratos plan suscritos entre la Nación y las entidades territoriales.
ART. 62.—En el marco de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, la unidad de atención y reparación integral a las víctimas podrá, con cargo al proyecto denominado “Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional”, cofinanciar iniciativas integrales de atención a la población desplazada que se adelanten por parte de las entidades territoriales.
ART. 63.—Con la coordinación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los órganos que integran el presupuesto general de la Nación encargados de iniciativas en el marco de la estrategia de atención a la población desplazada, adelantarán la regionalización indicativa del gasto de inversión destinado a dicha población.
ART. 64.—Los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y los recursos provenientes de la Ley 55 de 1985, apropiados en la presente vigencia fiscal para ser transferidos a la Nación, serán girados por la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación y la Superintendencia de Notariado y Registro, respectivamente, a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para reintegrar los recursos que la Nación ha girado, de acuerdo con lo establecido en los documentos Conpes 3412 de 2006, 3476 de 2007 y 3575 de 2009.
ART. 65.—Los recursos provenientes de las cauciones de que trata el artículo 8º del Decreto 2085 de 2008, se destinarán a financiar el “Programa de promoción para la reposición y renovación del parque automotor de carga” del Ministerio de Transporte, con el objeto de promover la modernización del parque automotor.
ART. 66.—Los hogares beneficiarios del programa de subsidio familiar de vivienda, podrán aplicar este subsidio en cualquier parte del país o modalidad de solución de vivienda, tanto en zona urbana como rural, independiente de la modalidad a la cual se postuló o asignó, siempre y cuando sean población desplazada y no se encuentren vinculados a planes de vivienda elegibles destinados a esta población. La población desplazada perteneciente a comunidades indígenas, comunidades negras y afrocolombianas podrá aplicar los subsidios para adquirir, construir o mejorar soluciones de vivienda en propiedades colectivas, conforme a los mandatos constitucionales y legales, tradiciones y sistemas de derecho propio de cada comunidad.
ART. 67.—Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el estatuto orgánico del presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro “Pasivos exigibles - vigencias expiradas” y con cargo a este, ordenar el pago.
ART. 68.—En los presupuestos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación se incluirá una apropiación con el objeto de atender los gastos, en otras secciones presupuestales, para la prevención y atención de desastres, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, así como para financiar programas y proyectos de inversión que se encuentren debidamente registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de conformidad con el artículo 68 del estatuto orgánico del presupuesto.
ART. 69.—Las asignaciones presupuestales del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones incluyen los recursos necesarios para cubrir el importe de los costos en que incurra el operador oficial de los servicios de franquicia postal y telegráfica para la prestación de estos servicios a los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación.
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hará la transferencia de recursos al operador postal y telegráfico oficial, quien expedirá a la entidad destinataria del servicio el respectivo paz y salvo tan pronto como reciba los recursos.
ART. 70.—Con cargo a la porción que se reasigna por disposición del artículo 13 de la Ley 55 de 1985 a la construcción, adecuación y dotación de establecimientos carcelarios, se financiará en la sección presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, una apropiación por $ 10.000 millones para que este los destine a la construcción, adecuación y dotación de los centros de atención especializada en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
ART. 71.—Los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación solo podrán solicitar la situación de los recursos aprobados en el Programa Anual de caja a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, cuando hayan recibido los bienes y/o servicios o se tengan cumplidos los requisitos que hagan exigible su pago. En ningún caso las entidades podrán solicitar giro de recursos para transferir a fiducias o encargos fiduciarios o a las entidades con las que celebre convenios o contratos interadministrativos, sin que se haya cumplido el objeto del gasto.
ART. 72.—El Ministerio de Salud y Protección Social podrá realizar operaciones de préstamo interfondos entre la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT) y la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga); recursos que se destinarán a la financiación de eventos no POS de los afiliados al régimen contributivo.
Dicho órgano podrá renegociar el pago, el período de gracia para amortización de capital y la tasa de interés de los préstamos realizados en virtud de la Ley 1393 de 2010. El período de gracia podrá ser ampliado hasta por un término igual al establecido inicialmente.
ART. 73.—Con el fin de garantizar el flujo efectivo de recursos en el sistema general de seguridad social en salud, el Ministerio de Salud y Protección Social girará directamente, a nombre de las entidades territoriales, la unidad de pago por capitación a las entidades promotoras de salud o a las instituciones prestadoras de salud de los distritos y los municipios de más de cien mil (100.000), habitantes utilizando el instrumento jurídico definido en el artículo 29 de la Ley 1438 de 2011.
ART. 74.—La apropiación destinada a la ejecución del proyecto para el fortalecimiento de la capacidad Institucional para el desarrollo de políticas públicas administrativas, incluidos en la sección presupuestal de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, se ejecutarán a través de convenio interadministrativo por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.
ART. 75.—El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá incluir como parte de las obligaciones de hacer de los titulares de los permisos que se otorguen en los procesos de selección objetiva que se realicen para los servicios móviles terrestres en las bandas de 700 MHz (1), AWS (1700/2100 MHz) y 2500 MHz, la obligación de instalar, diseñar, adquirir, llevar a sitio, adecuar y demás que permitan poner en funcionamiento la red de telecomunicaciones de la Fuerza Pública e instituciones públicas, con el fin de permitir la migración de la red que actualmente tienen en las bandas de 470 MHz a 512MHz, 1700 MHz, 2100 MHz y 2500 MHz.
ART. 76.—Los compromisos asumidos a 31 de diciembre de 2012, con las formalidades previstas en el estatuto orgánico del presupuesto y demás normas que regulan la materia, en el presupuesto de gastos de inversión del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y que no hayan sido constituidos como reserva presupuestal o cuenta por pagar en la vigencia fiscal de 2013, serán girados con cargo a las apropiaciones del proyecto de inversión “Destinación de recursos Acto Legislativo 5 de 2011 a nivel nacional” en la sección presupuestal del fondo, previo cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su giro.
Para estos efectos, el Departamento Nacional de Planeación, llevará el registro contable de los compromisos asumidos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 5 de 2011, al igual que de la destinación de recursos para la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de 2010- 2011, según lo dispuesto por el parágrafo 1º transitorio del artículo 2º de la citada norma.
ART. 77.—El Ministerio de Salud y Protección Social, una vez realizado el estudio respectivo, podrá ordenar que se gire el dinero directamente a las IPS de mediana y alta complejidad para el pago de los servicios de salud efectivamente prestados y debidamente comprobados, con soportes de atención a la población afiliada al régimen subsidiado, dentro de la vigencia fiscal en que se prestó el servicio.
ART. 78.—Autorízase al Gobierno Nacional para apropiar recursos del Presupuesto General de la Nación y transferirlos al Fondo Nacional del Café, destinados a la implementación de instrumentos que permitan garantizar la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras y el acercamiento de los cafeteros a herramientas tecnológicas dirigidas a la mitigación de los riesgos inherentes a su actividad productiva.
ART. 79.—Cualquier modificación, operación y/o ajuste presupuestal que se realice para el reconocimiento de los derechos a que se refiere el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, es de responsabilidad exclusiva del jefe de cada órgano.
ART. 80.—Para la presente vigencia a todos los proyectos que se rijan por la Ley 1508 de 2012, se les aplicarán las disposiciones de la Ley 448 de 1998.
ART. 81.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional podrá prorrogar los plazos de los créditos extraordinarios a que se refiere el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011.
ART. 82.—En las empresas de servicios públicos mixtas y sus subordinadas, en las cuales la participación de la Nación es directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea igual o superior al noventa por ciento y que desarrollen sus actividades bajo condiciones de competencia, la aprobación y modificación de sus presupuestos, de las viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras corresponderá a las juntas directivas de las respectivas empresas, sin requerirse concepto previo de ningún otro órgano o entidad gubernamental siempre y cuando cumpla los requisitos señalados en el artículo 36 del Decreto 4730 de 2005. La aprobación del presupuesto de la vigencia del año 2013, será realizada por las juntas directivas de las empresas, a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
ART. 83.—Para los proyectos de inversión social incluidos en el presente decreto los ministerios, departamentos administrativos e institutos del orden nacional viabilizarán directamente los proyectos o podrán tener en cuenta las viabilizaciones que de los mismos hayan hecho las entidades territoriales o las corporaciones autónomas regionales y nacionales, una vez viabilizados los proyectos de inversión social, las entidades del orden nacional podrán firmar convenios con las entidades territoriales o sus operadores especializados de servicios públicos.
ART. 84.—En la ejecución del Presupuesto General de la Nación del año 2013, los proyectos con nombre propio incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo tendrán prioridad en la ejecución de los recursos, sobre la inclusión de nuevos proyectos.
ART. 85.—Las entidades territoriales que accedieron a los recursos de crédito de presupuesto otorgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en desarrollo del programa para el mejoramiento y mantenimiento rutinario de la red vial secundaria y terciaria en el año 2009, podrán obtener por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la condonación total o parcial de dichos créditos. Para tal efecto, una vez se cumplan las condiciones establecidas en el Contrato de Empréstito y en el Convenio de desempeño, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, el Ministro de Hacienda y Crédito Público informará mediante oficio a cada entidad territorial la respectiva condonación independientemente del cumplimiento o no de los plazos establecidos en cada uno de los contratos de empréstito.
PAR. 1º—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá condonar los créditos de que trata el presente artículo una vez las entidades territoriales que no ejecutaron la totalidad de los recursos reintegren los saldos respectivos, junto con los rendimientos financieros generados en la cuenta abierta para el manejo de los recursos, a la cuenta que indique la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Solo serán objeto de condonación los recursos ejecutados junto con los intereses que se causen hasta la fecha de condonación.
ART. 86.—Con recursos del Presupuesto General de la Nación, se podrá financiar el Fondo de Energía Social, FOES, de que tratan los artículos 118 de la Ley 812 de 2003, 59 de la Ley 1151 de 2007 y 103 de la Ley 1450 de 2011. Si luego de atender el compromiso de la vigencia ordinaria, se presentan excedentes y/o sobrantes de apropiación, los mismos podrán ser utilizados para cubrir vigencias fiscales anteriores, en las cuales no se financió hasta el tope establecido en las normas aplicables. El Ministerio de Minas y Energía reglamentará las condiciones de distribución de dichos excedentes.
ART. 87.—La Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego que utilicen equipos electromecánicos para su operación debidamente comprobado por las empresas prestadoras del servicio respectivo, de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
ART. 88.—El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destinará recursos para la provisión y expansión de la infraestructura de tecnologías de la información y las telecomunicaciones y a la iniciativa computadores para educar, dándole prioridad a los departamentos con especiales circunstancias socioeconómicas, por ser lugares de difícil acceso y ser zonas no carreteables. La financiación de estos recursos se hará con cargo al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
ART. 89.—Con el fin de garantizar el acceso de las madres comunitarias que al momento de la expedición de esta norma conserven tal calidad, al subsidio al aporte de la Subcuenta de Solidaridad de que trata la Ley 797 de 2003, por una única vez y dentro de los 3 meses siguientes a la vigencia del presente decreto, las madres comunitarias que se encuentren afiliadas al régimen de ahorro individual podrán trasladarse al régimen de prima media. Para estos efectos, no son aplicables los plazos de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, o quien haga sus veces, deberá acreditar la calidad de las madres comunitarias, con el fin de que puedan realizar el traslado de régimen de que trata este artículo.
PAR. 1º—Las madres comunitarias que se vinculen al programa de hogares comunitarios con posterioridad a la vigencia de esta ley y que se encuentren afiliadas en pensiones al régimen de ahorro individual podrán trasladarse al régimen de prima media con prestación definida sin que les sean aplicables los términos mínimos de traslado de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, con el fin de que sean beneficiarias del programa del subsidio al aporte. Para los efectos de ese artículo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deberá acreditar la calidad de las madres comunitarias, con el fin de que puedan realizar el traslado de régimen.
ART. 90.—El Fondo de Defensa Nacional podrá transferir recursos al Fondo Cuenta creado por el artículo 3º de la Ley 1224 de 2008 o la norma que lo regule, modifique o desarrolle con el fin de implementar el servicio de defensoría técnica de la Fuerza Pública.
ART. 91.—Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena, Cormacarena.
ART. 92.—Facúltese al Gobierno Nacional para que incluya en el Presupuesto General de la Nación 2013 una partida con el objeto de continuar con el estudio de nivelación salarial de empleados del Congreso de la República.
ART. 93.—El programa de seguridad y protección de los honorables congresistas se deberá continuar atendiendo con los recursos asignados en el presupuesto de gastos de inversión. Así las cosas, tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes deberán continuar con la estructuración de un sistema de contratación del parque automotor, mediante la modalidad de compra o arrendamiento, destinado a la seguridad y protección de los congresistas. Dichas partidas se destinan con el fin de adelantar las acciones que permitan prestar las medidas de seguridad y protección requeridas por los miembros del Congreso de la República sujetos de protección por parte del Estado durante la vigencia 2013 y tramitar las autorizaciones de vigencias futuras que sean pertinentes para mantener los esquemas de protección a través de vehículos blindados de acuerdo con el respectivo nivel de riesgo que establezcan las autoridades competentes y dentro del período para el cual fueron elegidos los honorables congresistas, según lo dispuesto por el artículo 132 de la Constitución Política.
ART. 94.—Los proyectos asociativos que presenten las asociaciones de entidades territoriales, podrán ser aprobados por las entidades gubernamentales de orden nacional que reciban recursos del presupuesto general de la nación, sin perjuicio de los proyectos presentados individualmente por las entidades territoriales.
ART. 95.—En la ejecución del Presupuesto General de la Nación los proyectos con nombre propio incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo tendrán prioridad en la ejecución de los recursos.
ART. 96.—Las modificaciones efectuadas a los proyectos del Fondo Nacional de Regalías en liquidación podrán ser susceptibles de concepto técnico por las instancias viabilizadoras y la ejecución de los proyectos previstos en el inciso 1º del artículo 142 de la Ley 1530 de 2012 con concepto favorable a las modificaciones deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2013. En los proyectos cuyos valores por unidad se mantengan dentro del monto aprobado, su ejecución se reconocerá hasta el valor de las unidades funcionales entregadas, sin que para ello se requiera del ajuste del proyecto.
ART. 97.—Autorízase a la rama judicial para que dentro de su presupuesto de funcionamiento de la vigencia 2013, asigne recursos hasta por $ 100.000 millones, a un programa de nivelación salarial de sus empleados y servidores judiciales, más los recursos que destine el Gobierno Nacional por valor de $ 20.000 millones, de manera progresiva iniciando con los de menores ingresos.
ART. 98.—Trasládese ($ 20.000.000.000) veinte mil millones de pesos del proyecto 111-1000 adscrito al DPS, al Fondo de Solidaridad Pensional adscrito al Ministerio del Trabajo para financiar el programa de atención al adulto mayor 620 1501.
ART. 99.—Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena, Cormacarena, sin incluir el territorio en litigio con Caquetá y Guaviare.
ART. 100.—El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2013.
ART. 101.—Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2013 y deroga el artículo 59 de la Ley 1537 de 2012.
Nota: El anexo indicado en el artículo cien del presente decreto puede ser consultado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

References: artículo 22
 artículo 209
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 93
 artículo 5
 resolución 
 artículo 47
 artículo 224
 artículo 8
 resolución 
 artículo 45
 artículo 53
 artículo 696
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 88
 artículo 29
 artículo 119
 resolución 
 resolución 
 artículo 107
 artículo 69
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 68
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 102
 artículo 101
 artículo 36
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 132
 artículo 142
 artículo 59