Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20051031.htm
Timestamp: 2018-11-21 18:24:11+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Lunes 31 Octubre 2005
El PSOE y el maquillaje del Plan Ibarretxe
EDITORIAL Libertad Digital 31 Octubre 2005
EL NACIONALISMO EN LOS ARMARIOS
ENRIQUE SERBETO ABC 31 Octubre 2005
La España ZP desata los nacionalismos
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital 31 Octubre 2005
El PSOE, en socorro de Zapatero
Pablo Sebastián Estrella Digital31 Octubre 2005
La COPE y el PP no están solos
Isabel Durán Libertad Digital 31 Octubre 2005
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 31 Octubre 2005
Libertad o chavización
Agapito Maestre Libertad Digital 31 Octubre 2005
Daniel Sirera Libertad Digital 31 Octubre 2005
EL INTERVENCIONISMO ACECHA EN CATALUÑA
JUAN VELARDE FUERTES ABC 31 Octubre 2005
El secreto de la cosa
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 31 Octubre 2005
No asamos y ya pringamos
José Javaloyes Estrella Digital 31 Octubre 2005
JOSEBA ARREGI El Correo 31 Octubre 2005
Santi Lucas elsemanaldigital 31 Octubre 2005
Una atmósfera como búlgara
José Javier Esparza elsemanaldigital 31 Octubre 2005
Santiago Abascal elsemanaldigital 31 Octubre 2005
Eduardo Arroyo elsemanaldigital 31 Octubre 2005
Aunque el Estatuto soberanista catalán es y seguirá siendo el principal centro de atención política y mediática, no hay que perder tampoco de vista el paulatino acercamiento del PSOE a las tesis del PNV y al denominado Plan Ibarretxe, con el que los nacionalistas vascos insisten en acabar con el Estatuto de Guernica y la Constitución del 78.
Como recordarán los lectores, el PNV ratificó recientemente sus tesis separatistas en un documento de quince páginas, que no sólo ha sido positivamente recibido por los proetarras, sino también por el partido socialista. Si para Otegui el documento incorpora "reflexiones e ingredientes válidos para la superación del conflicto", para el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el documento es "una prueba de que el PNV circula por el camino de la racionalidad política".
Que un dirigente batasuno respalde un documento que, en esencia, viene a revalidar la propuesta de Nuevo Estatuto Político –que es como los nacionalistas llaman al Plan Ibarretxe– es perfectamente lógico, puesto que los proetarras votaron a favor del mismo en el parlamento autonómico. Lo que es, en cambio, significativo es que los elogios a ese documento del PNV provengan también de una formación que, como el PSOE, votó en contra de ese proyecto secesionista, tanto en el parlamento autonómico, como en el nacional.
En cualquier caso, esta "nueva" actitud del PSOE no nos debería sorprender a nadie. En aquellos momentos de debate del desafío nacionalista vasco, la llegada del Gobierno del 14-M era demasiado reciente, y el Pacto por las Libertades, si bien ya estaba muerto, estaba todavía demasiado caliente como para que ZP se prestara en el País Vasco a hacer lo mismo que ya se disponía hacer en Cataluña. A saber; aislar al PP y sumar sus votos a los independentistas para consensuar con ellos el fin del actual Estatuto de autonomía.
Ahora todavía sigue siendo pronto, y, sin una tregua de por medio, el PSOE no va a llegar en el País Vasco a consensos con los separatistas como los que ha llegado en Cataluña. Pero la similitud del plan Ibarretxe con la "propuesta estatutaria" de Maragall y compañía, no es sólo una apreciación del PP, sino del propio presidente socialista catalán que dijo que eran "iguales en el fondo, aunque diferentes en las formas". Y es que la similitud de ambos proyectos, al margen de las cuestiones de "fondo", también la deja en evidencia el hecho de que las mismas formaciones que respaldaron el plan Ibarretxe, apoyan el Estatuto catalán.
Desde luego, lo que ya ha empezado a hacer al PSOE, es maquillar su cambio ante la opinión pública. Y, precisamente para hacer más presentable su acercamiento a los separatistas vascos, nada mejor que insistir en que el Plan Ibarretxe "está muerto" y que no son los socialistas, sino los nacionalistas, los que han cambiado. En esa línea, José Blanco ha manifestado que el Plan Ibarretxe "ha pasado a la historia" y que el PNV "ha recuperado el sentido común". Vamos, como si el nuevo documento del PNV, que tan positivamente han valorado los socialistas como los proetarras, no viniera sino a reivindicar el Plan Ibarretxe, y las tesis del Estado libre asociado, la negociación con ETA y todos los postulados tradicionales del nacionalismo vasco.
Blanco, incapaz de aportar un solo dato de contraste entre lo que ahora elogia del PNV y ese Plan Ibarretxe que supuestamente sigue rechazando, lo único que dice es que el Plan Ibarretxe "dividía la sociedad vasca". Ciertamente, no hay nada como sumarse a los nacionalistas para que estos dejen de dividir. A esto es a lo que debe llamar Blanco "circular por la senda de la racionalidad política".
Por ENRIQUE SERBETO ABC 31 Octubre 2005
Señor Bernat Joan. Empiezo diciendo que no entiendo muy bien el significado que quiere darle en este caso a la expresión «salir del armario» cuando se refiere al supuesto despertar del catalanismo en la zona oriental de Aragón con el que usted sueña. ¿Es que los que se llaman «independentistas catalanes» ahora también tienen orientaciones sexuales obligatorias y para ser «buen nacionalista» hay que «salir del armario»? Me da la impresión de que usted está tan equivocado sobre la realidad sociopolítica de esta parte de Aragón que tal vez suponía que yo me llamo Enric y que he tenido que «españolizar» mi nombre y mis apellidos para que concuerden con el «opresivo ambiente» del «nacionalismo obligatorio». Que yo sepa, eso sólo sucede en Cataluña, donde sí es cierto que hay quien ha tenido que decir que se llama «Llopis» y «Peris» en lugar de «López» o «Pérez» para no ser considerado ciudadano de segunda. En mi caso, le aseguro que fui bautizado como Enrique y le informo que Serbeto es uno de los apellidos más viejos de la zona oriental de Huesca. Si prefiere, a mi me daría igual llamarle a usted Bernardo Juan, pero ya comprenderá que no es esta cuestión sin importancia la que me llevó a escribir el comentario que al parecer le ha molestado tanto.
El motivo de mi queja, se lo repito, es que siendo yo aragonés, catalano parlante y con raíces desde al menos el siglo XVII en una zona de Huesca que ustedes se empeñan en llamar «La Franja», creo que tengo derecho a quejarme por el hecho de que haya ido usted en mi nombre al Defensor Europeo del Pueblo a denunciar una supuesta injusticia, que yo mismo no veo por ninguna parte. Le insisto en que en el Bajo Cinca, La Litera y La Ribagorza no hay nadie discriminado por utilizar su lengua, precisamente porque tenemos varias (y el catalán puede ser una de ellas) pero somos tolerantes y comprensivos y estamos acostumbrados a entendernos con todos en armonía.
El Estatuto de Autonomía de Aragón preserva el respeto a todas las expresiones lingüísticas y en las Cortes, nuestros representantes elaboran en estos momentos una ley sobre el particular.
Usted emplea la perversidad dialéctica de decir que defiende «derechos individuales», pero invoca principios y valores de un ente colectivo, en este caso imaginario, como es la extensión de los «Países Catalanes» a la zona oriental de Aragón. Allí no hay «catalanes bajo administración aragonesa» como parece querer decir torticeramente en su respuesta a mi comentario. Todos los que viven en Aragón son aragoneses, con independencia del acento cultural con el que más se identifiquen, y no va a ser un señor de Ibiza, militante en un partido catalán, quien vaya a Estrasburgo a decirnos a nosotros cómo debemos pensar o sentir o cómo debemos llamarnos. Cuando un abogado defiende «derechos colectivos» lo que necesita es la firma de todos los agraviados y eso en democracia se consigue presentándose a las elecciones y obteniendo votos. Si a su partido no le votan en Huesca, será por algo.
Y como veo que ambos estamos de acuerdo en que en el mundo sigue habiendo muchos problemas verdaderamente importantes, le sugiero nuevamente que busque una causa mejor -y más lejana si es posible- para gastar sus energías y el dinero que los contribuyentes le pagamos.
Me entristece esta España que anda enzarzada consigo misma. ¿Es que no habrá nadie con autoridad en el ruedo nacional que ponga un poco de racionalidad en el enloquecido escenario que estamos viviendo? No puede ser que esta España crispada, tensa, enfrentada e irreflexiva se prolongue en el tiempo. La situación debe calmarse. La clase política española, con o sin Zapatero, debe regresar al mundo de lo racional y establecer un cambio profundo que nos devuelva a todos a la normalidad que hemos ido perdiendo en los últimos meses. No quiero dramatizar, pero a veces pienso que estamos tocando tristemente los límites del disparate, hundidos en el sectarismo, la banalidad y la absoluta falta de ideas.
La culpa será un poco de todos. Puede ser. Pero después de un cuarto de siglo largo de democracia, hay un grave problema pendiente en España, un serio obstáculo para la convivencia, aún sin resolver, un mal profundo que es el nacionalismo. Esta lacra enfermiza e insaciable, radical y melancólica en el peor de los sentidos, ha marcado buena parte de la historia española del siglo XX y, desde luego, las tres últimas décadas. Lo hemos sobrellevado, mal que bien, y ahí mantenemos aún en pie el sólido edificio constitucional de 1978 y que nos dure muchos años más de alegrías y penas, las menos posibles, a los españoles.
Sin embargo, ahora los nacionalismos se han desatado. Andan sueltos, como caballos desbocados y nos están creando un serio problema a todos. Se han radicalizado aún más y quieren desintegrarse de España, apurar sus posibilidades de tensar la cuerda a ver si se rompe. Están aprovechando la ya esperpéntica debilidad del actual Gobierno socialista para intensificar sus pretensiones rupturistas y lanzar un desafío tras otro, desde el Plan Ibarretxe al Estatuto de Cataluña, pasando por el recrecimiento de ETA-Batasuna y la nueva vía nacionalista gallega. Tienen sus objetivos muy claros y así lo expresan un día tras otro sus líderes, a los que hay que agradecer al menos la sinceridad de sus planteamientos y que no pretendan engañar a nadie en cuanto a sus horizontes de ruptura y secesión.
Zapatero, hueco y ciego en su sectarismo y cortedad, ha dado alimento al virus y éste se ha hecho gigante. En sólo año y medio, ZP se ha cargado la obra bien hecha de la Transición. Y mientras, España a vueltas contra sí misma al tiempo que la calle, la sociedad real, la vida cotidiana de los españoles, se carga de problemas que nadie es capaz de resolver en serio porque el Gobierno ha llevado a toda la clase política a mirar hacia otro lado. Que alguien nos rescate.
Han pasado 18 meses desde que José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó la presidencia del Gobierno y España se ve sumergida en una profunda crisis territorial, institucional y política como nadie había imaginado por causa de la decisión de este presidente de Gobierno de hacerlo todo a la vez y bastante mal, provocando gratuitos enfrentamientos entre ciudadanos y comunidades autónomas y abriendo un horizonte incierto para cuestiones tan importantes como son la unidad de España y la estabilidad constitucional.
El responsable de todo esto, que no sabemos a dónde nos conduce, se llama Zapatero, que tampoco sabe a dónde va, y cooperador necesario de semejante situación es el Partido Socialista, que no ha sabido reaccionar a tiempo para impedir tal desvarío y que ahora, tarde y mal, se apresta a reformar un proyecto de Estatuto catalán del que es primer responsable el presidente del Gobierno, aunque los autores materiales de este invento que pretende romper la Constitución y la convivencia nacional sean una clase política catalana que deja mucho que desear y cuyo líder, Pasqual Maragall, ha sido inhabilitado por los suyos como presidente de la Generalitat de Cataluña de la misma manera que lo fue su conseller en cap Carod-Rovira al inicio de su mandato por sus incontroladas conversaciones con ETA.
El presidente Zapatero es el responsable y la dirección del PSOE, hoy en manos de personajes de tercera línea de la política, es también corresponsable de esta grave situación a la que quieren poner enmienda con una negociación imposible, porque si el Estatuto se reforma todo lo que se tiene que reformar, los nacionalistas catalanes de ERC y CiU deberían inmediatamente retirar el texto, que nunca debió llegar a Madrid. O se reforma y fracasa el Estatuto, o se maquilla y sigue adelante abriendo una crisis constitucional.
En las actuales circunstancias, el Partido Socialista, y sus más notorios barones y dirigentes, sorprendidos por Zapatero por su empeño de traer este Estatuto a Madrid en cuya redacción ha colaborado directa e indirectamente, se ven ahora en la obligación de amparar al presidente y secretario general del partido para no perder el poder ni sus niveles electorales de intención de voto, a sabiendas de que las encuestas les confirman una tendencia descendente que al día de hoy nadie sabe cómo y cuándo se puede parar.
Por eso los barones y el aparato del PSOE han puesto en marcha un sorprendente contraataque contra el PP, acusándolo de enfrentar a los ciudadanos de Cataluña con los del resto de España, cuando ellos saben muy bien que han sido Maragall y Zapatero los autores de esta tensión territorial, que es sólo una pequeña parte de la indignación nacional que no para de crecer por las pretensiones de un Estatuto del que ahora dice Zapatero que hay que cambiar ochenta artículos después de haber prometido en Cataluña que apoyaría en Madrid lo que acordara el Parlamento catalán.
Como se ve, un error tras otro del presidente, que su partido ha consentido y que ahora intentan arreglar ganando tiempo y admitiendo a trámite el texto inconstitucional del Estatuto por las siguientes razones: aceptan el Estatuto los socialistas para que la Esquerra les apruebe los Presupuestos Generales del 2006 a finales de este año, y de esa manera poderlos renovar en el 2007 y llegar como sea, pero llegar, a las elecciones generales del 2008. Por eso se tragan el amargo plato del Estatuto y su admisión a trámite, con la esperanza de que se rompa en la comisión que lo debatirá en la primavera del 2006, porque los nacionalistas catalanes no podrán aceptar las reformas que ya anuncia el PSOE, y que no son todas las que hacen falta.
Es imposible que Artur Mas y Carod-Rovira acepten la reforma de un Estatuto, empezando por su artículo primero, donde se dice que Cataluña es una nación, y siguiendo por todo lo demás, incluida la financiación, después de que estos dirigentes y sus respectivos partidos nacionalistas hayan aprobado solemnemente este Estatuto cantando sobre su texto y con solemnidad Els Segadors. Si ellos creen que Cataluña es una nación, no pueden aceptar otra cosa. Y si dicen que España no es una nación, sino varias naciones, entonces no lo puede aceptar el PSOE, ni por supuesto la gran mayoría de los españoles. Y en todo esto a subrayar, junto a la incapacidad o negligencia política de Zapatero, la locura de Maragall, la cooperación del PSOE y la acción maquiavélica de un personaje que hace el puente aéreo de la política y que no es otro que el ministro José Montilla, el mismo que ha apuñalado ahora a Maragall y que está llevando a Zapatero al borde de un precipicio.
Veremos este miércoles cómo encajan los ciudadanos el espectáculo parlamentario de la sumisión inconstitucional que lidera Zapatero y veremos qué es lo que hace por su parte el Partido Popular, que tiene la doble responsabilidad de representar a sus bases y electores y también a la gran mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del PSOE, porque en el debate del miércoles la función de presidente del Gobierno y defensor de la legalidad constitucional no la hará Zapatero, sino un presidente ficticio y en funciones que, si no se equivoca y no lo hace mal, es Mariano Rajoy. A él le toca la defensa de la legalidad constitucional, porque ese Estatuto no puede ser admitido a trámite como no lo fue el Plan Ibarretxe, que se parece al proyecto catalán, aunque con distintas formas, en lo esencial. Es decir, en lo inconstitucional.
Debate del Estatuto
Cuando el miércoles 2 de noviembre se produzca el debate de toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, habrá que poner los relojes de la Transición española a cero. Sonriente, vacuo pero sin moverse un ápice del rumbo por él marcado, el presidente del Gobierno se desdecirá a sí mismo cuando 275 días antes, en el mismo hemiciclo y con los mismos diputados rechazaba el Plan Ibarretxe con el argumento de que “la relación del País Vasco la decidirán todos los vascos, no la mitad y todos los españoles”. El giro del jefe del Ejecutivo durante el día de Difuntos para que la relación de Cataluña con el resto de España no la decidan todos los españoles –titulares únicos de la soberanía-, se convertirá, de facto, en el día D del cambio de Régimen y supondrá, por ende, la victoria de Perpiñán y de la ETA, verdaderos artífices de la Segunda Transición.
La primera andanada contra la Constitución fue rechazada el 1 de febrero por 313 diputados, es decir por los presidentes del Gobierno y del Partido popular y sus respectivos partidos fundamentalmente pero también por Coalición Canaria, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. Hubo seis ausencias y dos abstenciones. El próximo día del debate de la difunta Constitución y de la difunta España, todos los partidos del arco parlamentario y lo que es más grave, abanderados por el inquilino de La Moncloa y su formación política, centrarán sus críticas no en la barbarie anticonstitucional del proyecto catalán sino en el PP y en su presidente. Ausencias aparte (dato interesante a controlar), el Congreso en un giro copernicano cuyo único responsable es Zapatero, aprobará para Cataluña lo que negó al País Vasco. Mariano Rajoy se convertirá en el único responsable político de la Cámara que defenderá sin recovecos ni maquillajes la legalidad constitucional y la Nación española, una situación sin precedentes en la reciente historia de la democracia.
Pero nada le vendría mejor al Gobierno, al Partido Socialista, a sus socios y a los mismísimos pistoleros de ETA, que un PP cerrado en banda, inmovilista e intolerante con las reglas de juego cuyo fraude auspiciado por el responsable de quien debería ser su principal valedor pasará a los anales de la Historia. La histórica votación del palacio de la Carrera de San Jerónimo supondrá también el empujón y el envalentonamiento de los artífices de la campaña -sellada hace dos años en Perpiñán- de acoso y derribo contra el partido de la calle Génova y contra quienes le apoyan.
Una campaña que ya ha comenzado por parte del propio Gabinete a través del ministro cuya misión es precisamente garantizar la libertad de expresión, José Montilla, y por el totalitario gobierno de Pascual Maragall y sus soportes mediáticos que pretenden amordazar y acallar, (si pudieran definitivamente), a quienes les contradicen con la razón y la palabra. El embate se presenta brutal y subirá varios grados. Pero ni el PP ni la COPE están solos, cada día que pasa suman más apoyos, si no, Zapatero, su Gobierno y el tripartito catalán no estarían tan nerviosos.
Como piensan en siglas, y razonan y actúan por consignas, a estos insensatos les parece conveniente y viable el aislamiento y -¿por qué no?- la prohibición. PP y COPE: siglas al fin. Para los primeros, jarabe del Tinell, pactos que no hay que reeditar porque están vigentes, ni hay que extender su ámbito de aplicación porque ellos mismos contemplan su alcance a todas las instituciones del Estado. Lo único sorprendente es constatar hasta qué punto la firma del PSC obligaba también a Zapatero. ¿O no?
En cuanto a la cadena, se orquesta una campaña general y personalizada, se aliña con atavismos anticlericales, se descontextualizan fragmentos de intervenciones orales para recopilarlos, falseados, en libros apresurados que obtendrán rápida difusión y sospechosa promoción. A Rajoy le regalan un ejemplar en pantalla después de su interrogatorio en Canal 33 por unos dequeístas muy sobrados. Si la ofensiva desconcierta es porque a nadie se le ocurre hacer lo propio en el ámbito liberal conservador -y mucho menos de forma orquestada- con el repugnante material que los propagandistas del nuevo Frente Popular produce a diario. El doble baremo un es mal característico de este pobre país. Lo contrajo en las épocas gloriosas del Comintern y funciona gracias a una ventaja superable: fuera de la izquierda apenas se sabe utilizar la propaganda.
La ofensiva mediática alcanza su punto culminante en Cataluña en cuatro páginas completas (2 a 5) y un editorial de El Periódico del domingo 30 de octubre que incluye fotos de los objetivos, medias mentiras y mentiras completas, insultos e insidias. El despliegue de odio sirve a objetivos políticos específicos y oportunos. El más claro es proveer al poder público de justificación para prohibir las emisoras, al menos en esta zona de España. Espero que no acabe sirviendo a otro objetivo; no quiero pensar en El Mono Azul y su sección A paseo. ¿Por qué nadie recuerda las reacciones del diario de Asensio tras el atentado contra nuestro editor a principios de los ochenta? Hacerlo ya, ahora mismo, sería de lo más instructivo.
Pero ni PP ni COPE son meras siglas a ubicar en circulitos, letras a las que dirigir flechitas sobre una servilleta de papel. Son diez millones de personas y una profunda, potente y ancha corriente de opinión. No se puede gobernar aislando a medio país, ni se puede censurar sin más la expresión de tantos críticos con el estado de cosas. Seguir intentándolo sólo empeora las cosas. La España políticamente articulada en torno al PP, a la que se niega de hecho y a diario la legitimidad, seguirá estando ahí. Y la opinión censurada buscará cauces alternativos; la única manera de cerrárselos todos es acabar con la sociedad abierta. El nuevo Frente Popular y sus propagandistas se están haciendo mucho daño a sí mismos al perseverar en estas dos empresas imposibles.
La COPE es una cadena de radio extraordinariamente moderna. Sí, precisamente por eso, por ser un medio de comunicación absolutamente moderno, el poder totalitario del gobierno quiere reducirla a un mero objeto de represión. El PSOE infama, estigmatiza e insulta a la COPE por si algo de toda esa inmundicia queda en la mente de los estúpidos que creen que la COPE representa la contramodernidad. Porque la COPE, sí, tanto sus dueños como sus periodistas, son de una modernidad ejemplar para el resto de medios de comunicación, ha sido elegida como objeto de ira y desprecio del poderoso gobierno de socialistas y nacionalistas. Y, sobre todo, porque es obvio que la COPE no está sola, que hay otros medios de comunicación muy similares a ella en el ejercicio de la modernidad, es menester para este Gobierno llevar a cabo una acción represiva y “ejemplarizante” contra tanta modernidad.
La crítica y la defensa de la libertad, principales características de la modernidad, tienen sus límites han dicho, sin ningún pudor, los voceros de los nacionalistas y socialistas ayer domingo. El bochornoso espectáculo totalitario, que ofrecían ayer El País y El Periódico de Cataluña estigmatizando la modernidad de la COPE, ya ha pasado a la historia de la represión de la formación de la opinión pública política en España. Si en España tuviéramos un nuevo Galdós, novelaría el bochornoso acontecimiento hasta mostrar que la novedad de esta nueva represión de los espacios liberales de España no tiene su modelo en los dictadores españoles de antaño, sino en los espadones centroamericanos de hogaño. El retroceso es significativo. El régimen político de Hugo Chávez es el triste modelo para negar la formación democrática de la voluntad popular a través de los medios de comunicación. “Democracia” sin medios de comunicación es el ideal de estos nuevos pendejos del populismo barato de Fidel Castro.
Hace tiempo que este cronista había señalado que España estaba sometida a un proceso de chavización o bolivarianización, o sea, de represión, control y dirección del poder de los medios de comunicación por parte del poder. Me hubiera gustado equivocarme, pero los hechos me están dando la razón. La embestida, terrible y totalitaria, que la COPE ha empezado a vivir ahora, ya fue ensayada este verano, aunque de modo más sutil y forma coyuntural, el diario El Mundo. Las presiones a las que fue sometido su director por un asunto particular ni de lejos se parecen a las críticas de la COPE, pero ahí ya había un aviso de lo que le podría pasar a otros medios.
Por supuesto, en este orden de ejemplos, no puedo dejar de recordar como desde La Moncloa se eligen periodistas para que actúen en RTVE y, sobre todo, se presiona a las cadenas privadas para que determinados tertulianos desaparezcan de los grandes programas. ¡Ya saldrán de sus madrigueras los palanganeros del PSOE en las cadenas privadas! Será tarde, pero, no lo duden, esas ratas abandonarán la balsa, cuando la cosa se ponga fea. Entonces… ¡Vendrá un tiempo de risas y desdenes! Nada.
Por JUAN VELARDE FUERTES ABC 31 Octubre 2005
Son muchísimos los asuntos preocupantes que se desprenden de la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ahora debate toda la opinión española. Pero es difícil no aludir a uno que muestra cómo, aunque esta propuesta fuese constitucional -que no lo es-, económicamente es un disparate. El que, de un modo u otro lo defiendan importantes empresarios catalanes es, sencillamente, inexplicable.
Y es todo ello alarmante, en principio, porque esta propuesta está en la línea constitucional iniciada con la Ley Fundamental mexicana de Querétaro, de 1917, y la de Weimar de 1919, que tras la II Guerra Mundial, con el auge del socialismo lleno de mensajes keynesianos, llevó a los textos de este tipo mandatos intervencionistas, de impulso del gasto público, de ampliación del Estado del Bienestar, y de nula referencia a las garantías que precisa una economía presidida por el orden del mercado -en España los mejores textos en este sentido proceden de la pluma de Ramón Trías Fargas-, que exigen la restricción de la presencia del Estado, y la disminución del gasto público para poder ampliar la iniciativa privada, a lo que debe agregarse un equilibrio presupuestaria exquisito. Nuestra Constitución de 1978 aun experimentó las influencias del pasado, por coexistir con el Informe McCracken de 1977 que marcaba el cambio de rumbo, precisamente acogido con júbilo por los países todos de la OCDE y que es la que está detrás del Pacto de Estabilidad y Crecimiento así como de la Declaración de Lisboa para intentar lograr el impulso tecnológico de la Unión Europea.
Es más que preocupante montar ahora un modelo obsoleto como es éste, con artículos que responden al desarrollo de los siguientes párrafos del preámbulo de la propuesta, en los que se indica que «los poderes públicos catalanes» están al servicio del interés general y de los derechos de los ciudadanos, como son «los derechos al bienestar, a la calidad de vida, a vivir en paz, a gozar de unos servicios públicos eficientes y de calidad, a la protección del medio ambiente y a disponer de un sistema de prestaciones universales que favorezcan la igualdad y la cohesión social, y la creación de riqueza y de ocupación plena y de calidad, con un compromiso permanente de lucha contra las desigualdades, las discriminaciones, las injusticias y la pobreza».
Su desarrollo se efectúa, esencialmente, en los artículos 21 a 27, al exponer la necesidad de crear un amplísimo Estado de Bienestar, o el 48, que señala que los poderes públicos deben fomentar «la utilización de transporte público»; o bien el párrafo 3 del artículo 46, en relación con el medio ambiente, o la superintervención del párrafo 4 de este mismo artículo al referirse a que debe buscar la política económica catalana «una distribución equilibrada al territorio de los distintos sectores productivos, los servicios de interés general y las redes de comunicación», que muy fácilmente puede convertirse en algo asfixiante para la libre iniciativa empresarial; o bien el artículo 47, en relación con «la generación de suelo» que deben efectuar los poderes públicos en el sector de la vivienda; o el 120, de un intervencionismo enorme en relación con las cajas de ahorros; no cabe olvidar tampoco el intervencionismo en crédito, banca, seguros y mutualismo no integrado en el sistema de Seguridad Social, que se desarrolla en el amplísimo artículo 126, al que se debe añadir el 145, sobre mercados de valores y centros de contratación, así como sucede en el 128 y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, por cierto con un párrafo anfibológico, el a), que señala que corresponde a la Generalidad «la determinación de los posibles niveles de protección de los productos», lo que podría tener consecuencias notables, desde luego, para la homogeneidad del mercado; el superprolijo, que alcanza niveles reglamentarios, artículo 139, que se titula «Industria, artesanía, control metrológico y contraste de metales», donde se manifiesta también algo que se puede calificar de obsoleto, o si se prefiere de trasnochado, en el terreno de la política económica basada en el orden del mercado al contenerse en él, apartado 2, esto:
«Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre la planificación de la industria de acuerdo con los principios que establezca el Estado en materia de planificación general de la economía. En todo caso, corresponde a la Generalidad la competencia, para ejecutar los planes estables de sectores industriales de reindustralización»; el artículo 144, sobre intervención en relación con el medio ambiente, aunque más amplio en este sentido intervencionista es el artículo 152, Planificación, ordenación y promoción de la actividad económica, donde se señalan cosas tan curiosas, como que «la Generalidad puede establecer una planificación de la actividad económica en el marco de las directrices que establezca la planificación general del Estado», conformando el artículo un conjunto de lindezas que hoy parecen reservadas para China, Cuba o Corea del Norte; es clarísima también la actividad intervencionista en todos los aspectos económicos relacionados con la sanidad y salud pública, como señala el artículo 162, desde «la ordenación farmacéutica» a «la competencia ejecutiva de la legislación estatal en materia de productos farmacéuticos y de selección y registro de medicamentos», que es, en el mejor de los casos, socialdemocracia rancia, de la que se huye ya en todo el mundo desde 1978, y que siempre acaba por generar un rechazo en un mundo empresarial globalizado.
Sin ir más lejos, las Constituciones de los países del Este que acaban de incorporarse a la Unión Europea, o las propias líneas de toda la política económica española desde 1982 -digo bien, desde 1982- hasta ahora mismo, están en contradicción con el resumen arriba presentado. Creer que esto, en las actuales condiciones de las orientaciones de la inversión internacional, no va a tener consecuencias, es absurdo. Por otro lado frenará, por sí mismo, el que en España exista un mercado económico homogéneo. Habrá uno, atractivo para la inversión, en casi todo el territorio nacional, y otro, residenciado en Cataluña, donde lo domina el intervencionismo -y todo hay que decirlo, la arbitrariedad, porque su enlace con la corrupción parece una ley de la Naturaleza-, que será rehuido por los buenos inversores.
El reelegido secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, aprovechó su discurso en el congreso del PSE-EE para anunciar, en alusión a la violencia, que estamos «en el umbral de un tiempo nuevo en Euskadi». «Y no hablo por hablar», apostilló para dejar claro que sabía lo que decía. Este mensaje de optimismo que viene a complementar los que apenas nueve días antes habían lanzado los dirigentes abertzales Rafa Díez («las interlocuciones están perfiladas y los contenidos bien orientados») y Arnaldo Otegi («la etapa de exploración ha entrado en una dinámica de concreción»). Otros políticos nacionalistas, en privado, dicen cosas parecidas o todavía más atrevidas.
Todos ellos tienen motivos para estar enterados, así que habrá que creerles. Aunque, en septiembre de 1998, anunciada la tregua de ETA, hubo otros no menos enterados que hicieron afirmaciones como «el proceso que acaba de comenzar podrá ralentizarse, pero es irreversible» (Joseba Egibar), «este momento histórico no tiene vuelta atrás» (Jon Idígoras) o «hay razones» para pensar que la tregua es definitiva (monseñor Setién). Los dirigentes predicaban optimismo y la ciudadanía les creyó a pies juntillas: un 64% de los vascos consideraba que la tregua de ETA era «el principio del fin de la violencia», según una encuesta publicada en este periódico el 19 de septiembre de 1998.
En todo caso, sin trazar paralelismos ni recordar lo que vino después de la euforia y las profecías fallidas, hay que constatar que, en el momento actual, los dirigentes que están al cabo de la calle muestran un acusado optimismo, un optimismo a prueba de bombas en las sedes judiciales. Y en una ciudadanía deseosa de oír buenas noticias, ese tipo de mensajes tiene garantizada una gran acogida. Siempre es más fácil convencer cuando se dice lo que la audiencia quiere escuchar y en este caso la buena noticia es una noticia deseada desde hace décadas y, por tanto, su aceptación, como ocurrió en 1998, más sencilla.
Por el contrario, quienes desconfían de ETA y de sus intenciones, quienes dudan de la eficacia del diálogo con los terroristas y sospechan que éstos sólo pretenden ganar tiempo para continuar su guerra en mejores condiciones, tienen mucho más difícil hacer llegar su mensaje al ciudadano de la calle. En un país donde hay comarcas sin mar con más miedo a los tsunamis que a ETA, tienen, al menos, más dificultades para convencer. Les toca nadar a contracorriente, están obligados a hilar muy fino y se exponen a ser tachados de aguafiestas, en el mejor de los casos. En el peor, a que los califiquen de enemigos de la paz. Y, encima, ni siquiera pueden presumir de estar en el secreto de la cosa como los otros.
El montillismo, especie nueva y cavernaria de totalitarismo, se despliega como preludio de lo que habría de ser la vida en Cataluña si prosperara el engendro estatutario que entrará en el Congreso el Día de Difuntos. Digo en Cataluña pero puede decirse, también, que en todo el ancho español donde alcance la mano del comisario político del tripartito en el Gobierno que debiera ser de todos los españoles. Sin asar lo que pretenden, pringan y anticipan qué harán se si salen con la suya.
El sosias de Beria, que ya se había distinguido por cuestionar la línea de opinión de la cadena de emisoras de la Iglesia sobre el segregado corporativo del nacionalismo y las izquierdas de Cataluña (cuyos componentes sólo han logrado encontrar la paz interna, el olvido de sus rencillas y navajeos, con el ataque multifocal a la Constitución, animados, eso sí, por el aliento del “rojo” de diseño instalado en la Moncloa), el ministro de Industria, digo, ha decidido ejecutar con el buque insignia del Grupo Zeta compromisos suscritos por los beneficiarios de los premios en la tómbola de los canales de TV. Amor con amor se paga, y ponte como sabes, corazón, que diría el jefe de compras y dispensador de los obsequios gubernamentales.
Habrá sido, con toda seguridad, desde el reconocimiento de que el ministro se había pasado varios pueblos en su andanada personal contra la COPE, por lo que se ha utilizado ahora la cabecera periodística catalana, el llamado Periódico, para repetir el ataque, con más minuciosidad y encono, a mayor gloria del tripartito.
No se tenía noticia ni se recordaban precedentes de andanadas tan furibundas de un medio de información contra otro; pero es cierto también que nunca se habían dado las condiciones que concurren en este desaforado caso. De una parte, no es bronca bilateral y directa entre dos órganos periodísticos y, de otra, se sospecha que exista una proporcionalidad manifiesta entre la dádiva recibida y la requerida contraprestación funcional.
La totalitaria ofensiva nacionalsocialista del tripartito incluye por los flancos de la política directa, además de la sabida instrumentalización económica a través de la OPA de Gas Natural y La Caixa sobre Endesa, y del desplazamiento a Barcelona de competencias nacionales como las de las telecomunicaciones
—que no serían objetables en otro contexto que el actual, de imperialismo nacionalista sobre el resto de España—; despliega una estrategia sobre el poder de la comunicación, reformando los equilibrios a través del otorgamiento de licencias, y añade una modulada táctica de enfrentamientos: activando puntualmente a unos contra otros. Éste ha sido, obviamente, el caso del Periódico contra la COPE.
El momento culminante de esta ofensiva había de llegar, con toda lógica, en estas vísperas del Día de Difuntos, pues la cosa es posible que tenga más peso y reflejo en términos de opinión pública directamente expresada que no en el marco parlamentario, sabida cuál es la posición del Partido Popular y cuál la del partido del Gobierno y sus aliados de escaño. En la práctica, a espaldas de los leones de las Cortes, lo que no se sabe se supone; pero se ignora qué cotas y calidades de reacción se producirán en los medios y en la calle ante este golpear, por los concernidos en este proyecto de Estatuto, contra la constitucionalidad a que se debe toda política, incluida en primer lugar la del Gobierno.
Si el montillismo y sus comisionantes se pasan por el arco de triunfo con el adefesio estatutario el paquete general de igualdad y libertades de los españoles, ¿qué puede importarles la libertad de expresión de quienes se les ponen por delante con sus críticas y denuncias? El ministro Montilla ni llegó a médico ni se hizo abogado, pero si alcanzó a que le hicieran ministro al cabo de una de una carrera en el aparato del partido. Empeño para el que se necesita —especialmente en los partidos con pocos profesionales, y menos empresarios aun— mucho diente y pocos miramientos.
El juego no es un juego' es un título que traduce un refrán en euskera que no es un simple juego de palabras. Existen juegos de mayores que no son simples juegos, que no son juegos de niños. Y el juego como apuesta nunca fue, ni puede ser, un simple juego de niños, sino una cosa muy, demasiado seria. El juego no es un juego, sino algo muy serio.
Observando la vida política, sin embargo, uno no consigue quitarse de encima la sensación de que demasiados actores políticos están jugando a la política como si de un juego de niños se tratara: un proyecto definido como el punto de partida para reinventar España, para proceder a una segunda transición, para dar comienzo a una nueva historia es aprobado en un Parlamento, el catalán, en el que varios días después uno de los redactores e impulsores del proyecto, Maragall, afirma que igual se han equivocado. Equivocarse en tamaño cometido no parece tomar muy en serio la política. Quizá sería conveniente recordar lo que maledicentemente se decía de la economía: que era demasiado seria para dejarla en manos de economistas.
Pero el juego principal, el más preocupante que se está produciendo en el ámbito de la política es el que implica a las palabras. Las palabras, los conceptos, los términos se han convertido en el juguete favorito de los políticos. No porque recurran a ellas, a las palabras, para elaborar discursos capaces de convencer a los ciudadanos, sino porque creen que pueden manejarlas a su antojo, hacerles decir lo que no quieren decir, ocultar la realidad, vaciarlas de contenido, usarlas tácticamente para querer retirarlas cuando ya no sirven o estorban.
De repente todos nos hemos convertido en especialistas en nominalismo: nadie quiere entrar en batallas nominalistas, dice la última corrección política, como si pudiera haber debates, discusiones o diálogos sin palabras, sin nombres, sin lenguaje. La referencia despectiva al nominalismo hereda la costumbre anterior de devaluar algunos argumentos afirmando que se trataba de meras cuestiones semánticas. Ante lo cual personas sesudas como Koldo Mitxelena replicaban enfurecidamente diciendo que no hay nada más importante que la semántica, el contenido y el significado de las palabras.
No sabemos si nación significa algo, o no significa nada, o significa cualquier cosa. Parece que da lo mismo hablar de Estado autonómico, de Estado autonómico avanzado, de Estado federal o de Estado confederal. Como si todo fuera lo mismo, como si todo fuera igual. Parece que basta con referirse al Estado compuesto, sin definirlo para nada, para en su nombre presentar como necesario cualquier cambio estatutario o constitucional.
Y del mismo modo en que se vacían de contenido y de significado algunas palabras para poder utilizarlas a voluntad, pero en el extremo contrario, se fetichizan otras, ocultando su contenido y blindando así su posible debate. Parece que cualquier solución al problema político vasco, el llamado 'conflicto', que al parecer tampoco necesita definición porque se supone que todo el mundo sabe lo que significa, cosa del todo falsa, pasa por la famosa consulta popular. Es la palabra capaz de producir el milagro: que los nacionalistas radicales crean que han conseguido lo que siempre han querido, incluso con el uso de la violencia y el terror, y algunos no nacionalistas crean que han preservado lo mejor de la democracia, el pluralismo, el espíritu de pacto, la idea de identidades complejas y plurales, la solidaridad y la participación como principio de vertebración de entidades políticas superiores. Olvidando, eso sí, que la legitimidad del poder vasco realmente existente, el que permite que los ertzainas puedan detener a sospechosos y las haciendas forales cobrarnos impuestos, se deriva de un Estatuto de Gernika enmarcado en la Constitución española y refrendado por una abrumadora mayoría de votantes ciudadanos vascos, es decir, por consulta popular.
Jugar con las palabras permite aparentar que es posible lo imposible, darse a la ilusión de que todas las contradicciones pueden resolverse, de que todo es cuestión de voluntad política, otro fetiche de nuestro entorno político: basta querer algo con suficiente fuerza para que se haga realidad. El triunfo del subjetivismo y del voluntarismo frente a los obstáculos de la lógica, de la realidad, de la historia, de la para algunos absurda manía de los humanos de ser como son.
Y jugando así con las palabras se llega a propuestas en las que se concilian todas las contradicciones, en las que la conversión del cuadrado en círculo es posible, en las que la yuxtaposición de palabras con significados distintos e incluso contrapuestos sirve para afirmar en cada contexto lo que convenga, e incluso para convencerse uno mismo de que es verdad eso de que lo que se busca es una mayor cohesión del conjunto por medio de una autarquización creciente de las partes.
Y todo ello se lleva a cabo en nombre del fetiche más importante -y por fetiche, la palabra más vaciada de contenido-: el diálogo; sin percibir que esa manera de jugar con las palabras hace precisamente imposible cualquier diálogo. Pues no puede haber tal si las palabras no tienen un significado aproximado para todos los que participan en él, es decir, si ese significado, aunque sea aproximado, no se impone a la voluntad subjetiva de cada uno de los participantes en el diálogo. Con palabras vacías, con palabras fetiches, con la ilusión de voluntades subjetivas todopoderosas, no sujetas a ninguna regla, no hay diálogo posible.
Es sabido que la literatura y la pintura empiezan a reconstruir la naturaleza cuando los europeos la han perdido. W. G. Sebald -'Pútrida patria'- escribe que cuanto menos patria se vive tanto más se habla de ella. Habermas dice que la identidad es una experiencia contrafáctica: la preocupación por la identidad comienza cuando empieza a dejar de ser evidente, cuando está cuestionada, cuando va camino de perderse. De la misma manera, de diálogo se habla, incluso de forma inflacionaria, cuando ya no es posible el diálogo porque se le ha hurtado el sustento mínimo que requiere: un uso acordado de las palabras en sus contenidos, y el respeto a unas reglas gramaticales.
Pero en contra de esa simple verdad, el diálogo se esgrime precisamente para desacordar el significado de las palabras, para destrozar las reglas que posibilitan el entendimiento mutuo. Y no olvidemos que las instituciones, los marcos jurídico-políticos son la gramática de las sociedades democráticas, de aquellas sociedades que se niegan a hablar el lenguaje del poder absoluto, del poder sin restricción de ninguna clase.
Cuando se pierde el respeto a las palabras, cuando se empieza a jugar con ellas, cuando se les quiere imponer la voluntad subjetiva, cuando se las degrada a simple instrumento táctico al servicio de una voluntad soberana que se cree todopoderosa, el diálogo se destruye, se pierde la capacidad de percibir la realidad, se avanza hacia el solipsismo y el autismo, perdiendo la capacidad de reaccionar ante la venganza de la realidad, de la historia y de la para algunos absurda manía de los humanos de seguir siendo como son: se comienza a cometer error político tras error político, porque destruyendo las palabras por jugar con ellas, se termina creyendo que el mundo real es igual a la ilusión que uno se hace de él.
En Euskadi estamos sometidos al hechizo de una palabra fetiche: la pacificación. Pacificar es hacer algo para que llegue la paz, para producir la paz. Y parece que todos estamos obligados a hacer algo para que ese proceso se produzca. Pues bien: es otro juego de palabras. Lo que Euskadi necesita es la desaparición de ETA, su derrota. Ésa es la paz, nada más. Y quien tiene que hacer algo para que se produzca la desaparición de ETA es ETA misma. A los demás sólo nos cabe la obligación de hacerle la vida difícil, por no decir imposible, a ETA, reforzar todos los poderes del Estado, consolidándolo y no debilitándolo.
¿Por qué hablamos, entonces, tanto de pacificación? Es cierto que la gran mayoría de la sociedad vasca, de la sociedad española, está anhelando la desaparición de ETA, poder vivir en la paz que supone que desaparezca esa terrorífica pesadilla de nuestras vidas. Pero alguno, algunos, muchos, quizá demasiados, están pensando que es preciso que desaparezca ETA para poder así pasar a pensar que ETA nunca ha existido, y de esa manera eximirse de la confrontación con la responsabilidad propia en los demasiados años que ha durado, y todavía dura, el terror de ETA, y poder jugar a hacer política como si ETA nunca hubiera existido.
Los gobiernos del PP acorralaron a los terroristas y lograron reducir con eficacia los versátiles entornos y expresiones en los que campaban a sus anchas; dejaron claro cuáles eran las víctimas y cuáles los verdugos y honraron el recuerdo a las primeras, variando completamente el humillante rumbo anterior; le bajaron los humos al matonismo urbano; les cortaron el chorro de la financiación pública, y estuvimos, por primera vez, ante la esperanza fundada de asistir a un final definitivo de la violencia, sin necesidad de tomarse la justicia por su mano, sin esbirros vengadores de pacotilla de por medio, sin claudicar ante el intento de chantaje y sin emplear atajos vergonzosos.
Los gobiernos del PP hicieron del tesón y de la claridad de las convicciones en esta materia un instrumento eficaz, decente y resolutivo para plantar cara, sin temeridad ni complejos, al terrorismo. La chulería impropia de algún desabrido ministro socialista mudó a la inteligencia y lucidez de los posteriores titulares del departamento de Interior. El recuerdo de los responsables sirve en este caso como ejemplo para confirmar el rigor, el decoro, la firmeza y la competencia acreditados por unos y otros gobiernos para enfrentarse al terrorismo.
Corren malos tiempos para la seriedad en un asunto tan serio como éste. Ahora da la impresión de que sólo esperamos que la tregua-advenimiento apuntale a un gobierno alumínico y maniatado. En un año y medio, los terroristas se han vuelto a sentar en las instituciones, a cobrar de sus presupuestos, a enseñorearse en la calle, a amenazar y a acosar a los demócratas y a ponerle un precio político a la paz. Vuelve la tacañería y el desprecio con las víctimas y la esplendidez y comprensión con los verdugos.
Por eso, viene muy a cuento recordar que, el pasado viernes, una Asociación de Víctimas del Terrorismo ha concedido al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, un premio, justificado, dicen sus promotores, en su papel esencial para la recuperación de la dignidad de las víctimas del terrorismo. Conviene que se anote el cambio.
La Generalitat de Cataluña ha publicado una encuesta sorprendente: un 71% de los ciudadanos catalanes "ve necesario" un nuevo Estatut; una proporción aún mayor, por encima del 75%, cree que el nuevo Estatut "mejorará su vida". Estas cifras, sospechosas por apabullantes, son tanto más dudosas si se recuerda que, hace apenas unos meses, pareja proporción se manifestaba indiferente a la necesidad de un nuevo Estatut. Y la sospecha gira hacia lo cómico cuando se reflexiona sobre el segundo elemento: esa amplia certidumbre ciudadana de que su vida mejorará por un Estatut cuyos términos finales nadie conoce todavía. ¿Es posible tener fe en las virtudes benéficas de un medicamento cuya composición y efectos se desconocen? Maragall ha inventado el Estatut-placebo.
Con todo, nunca hay que infravalorar la capacidad de sugestión de las masas; eso lo sabemos desde Le Bon. Es perfectamente posible que el incesante bombardeo mediático haya terminado convenciendo a una mayoría de catalanes de que su vida carecerá de sentido si no hay nuevo Estatut. ¿Acaso la mansedumbre mediática no fue capaz de ocultar durante días, literalmente, el hundimiento físico del Carmelo? Hay que conocer la atmósfera de la vida pública catalana para calibrar adecuadamente el asunto: una atmósfera de aparente unanimidad nacionalista, una atmósfera como búlgara –y que, como en la vieja Bulgaria soviética, obtiene tal unanimidad a fuerza de silenciar o perseguir a las voces díscolas. Ojo: no dude nadie de que aquellas anchas mayorías que caracterizaban a los regímenes totalitarios, aquel ritual 90%, daban fe de una obediencia y una conformidad sinceras, que probablemente se extendían a más de la mitad de la población. Los ingenieros del marketing demoscópico lo saben: si quieres obtener un asentimiento del 60%, convence a la gente de que un 50% está de acuerdo y el porcentaje restante vendrá por sí solo, por emulación, por inercia.
Claro que sólo es posible desplegar esta inercia del asentimiento cuando se ha impuesto el silencio sobre cualquier voz discrepante. Y ahora no hace falta enviar policías a las redacciones: basta la presión del dinero, la inhibición o la hostilidad de tus "colegas", el anatema dictado por el tribuno de turno. Así el discrepante se va quedando solo, encerrado, hasta terminar siendo designado como enemigo de la democracia y de la humanidad. Es muy obvio que tal está siendo el procedimiento empleado contra quienes disienten del proyecto de "nuevo régimen" zapateril. Las andanadas del polanquismo contra la prensa digital y contra El Mundo, como la agresión del ministro Montilla y sus periodistas a la COPE, tienen que ser entendidas en este marco: quieren acallar a quienes se oponen a la inercia, a quienes se resisten a ser unánimes, a entrar en ese imposible 75% de asentimiento, de pasiva conformidad.
¿Catalonia is not Spain? Bueno: en cierto modo, todos empezamos a ser un poco búlgaros.
Hace unas semanas que el apuntador oficial del periódico de ETA,-uno o varios tipos que firman con el pseudónimo de Maite Soroa- fiscaliza esta columna que el Elsemanaldigital.com me brinda desde hace un año y, de vez en cuando, la reproducen, convenientemente aderezada de burdas descalificaciones, en las páginas de opinión de tal medio de propaganda: el Gara.
También la ha tomado con uno la directora de Izaronews.com -el digital de Egibar y Arzallus-, otra que firma con pseudónimo, y que se desgañita poniéndome la etiqueta de ultraderechista. Un amigo me prevenía hace unos días de tan valientes señalamientos y de sus consecuencias: "¡Ten cuidado, ésos están preparando el camino para que otros vayan por detrás".
Efectivamente, unos apuntan y otros disparan. Unos estigmatizan y otros amenazan. La pistola simulada y el pedazo de plomo en forma de bala aparecidos esta semana en la entrada del comercio de mi padre han sido depositados, sin duda, por los lectores de esos medios.
Me acuerdo de esto porque me da en la nariz que el honorable ministro Montilla se ha sumado a la moda de señalar para que otros den caña. Al día siguiente de que Montilla acusara a la COPE de incitar al odio, algún idiota decidió llamar por teléfono asegurando que había colocado una bomba en la emisora. Seguro que el idiota en cuestión leyó muy atentamente las declaraciones del ministro especial para Catalunya del Norte, y decidió dar una lección a los que "propagan el odio".
Ahora el Consejo Audiovisual Catalán, integrado seguramente por unos cuantos vividores –sin escrúpulos ni principios- de las elites dirigentes catalanas, quiere ejercer de censor de la COPE vigilando si sus contenidos son inconstitucionales. Da risa: los instrumentos del régimen nacionalista catalán velando por nuestra Constitución. Para anticonstitucional y antinacional, lo de las elites dirigentes de Cataluña y lo de su Estatuto. Pero ese es otro cantar.
No debe preocupar, en cambio, ni a Montilla ni al Consejo Audiovisual Catalán, el editorial de Antonio Franco en El Periódico proponiendo el "desprecio activo" a la COPE y a la Iglesia Católica, e ideando medidas de boicot. Pero eso no debe ser ni provocar el odio ni atacar la Constitución.
En todo caso, mal camino el de esos ministros, portavoces parlamentarios y periodistas amaestrados que echan leña al fuego. Otros acaban tomándoles en serio, y deciden estudiar los mecanismos para censurar a un medio de comunicación y tapar la boca a media España, y otros, más honestos y más decididos, haciendo de aprendices de etarras, directamente telefonean a Federico Jiménez Losantos para decirle que le han colocado dinamita en el estudio. Desprecio activo se llama ahora.
Siempre ha sido así; unos apuntan y otros disparan. Unos te colocan el sambenito y otros te liquidan.
Tenía dudas sobre el tema del presente artículo pero todas mis dudas se han disipado después de leer el clarividente artículo de José Antonio Ullate en estas mismas páginas.
Tiene toda la razón. No nos vale cualquier España. A estas alturas de nuestra historia parece que hay que justificar España como si la Hispania dos veces milenaria, presente como sujeto histórico en todas las grandes gestas de Occidente, no bastara. Tras la abracadabrante idea izquierdista del "patriotismo constitucional", resucitada por Aznar y tomada en préstamo a la escuela de Frankfurt, parece que sólo nos queda la idea de España como "espacio de convivencia". En definitiva, un nuevo engendro parido en los cuchitriles ideológicos del liberalismo, ese mismo liberalismo que algunos pretenden hibridar sin base con el pensamiento conservador, para justificar en nombre de Dios la guerra de Irak, la deslocalización económica al sudeste asiático, el pingüe negocio de la multinacional de turno y cuatro regularizaciones de cientos de miles de inmigrantes, que echan sangre barata al molino del capitalismo.
Los obispos han lanzado la idea de que España es un "bien moral". La frase retoma un contenido actualísimo del ser de España y lo lanza a la arena sin contemplaciones. Además, tiene la ventaja de que dota a España de un contenido. Como dice Javier Ruiz Portella, España no es una cáscara (Ediciones Áltera, 2000) y, efectivamente, frente a la traición del Rey de Francia que se aliaba con los turcos, frente a la ruptura de la cristiandad por un fraile obcecado, frente al abandono del espíritu durante siglos de racionalismo, frente al terror y el crimen desatado en nombre de la libertad y la igualdad, frente al Gulag y frente a la concepción económica de la vida humana, España ha mantenido su esencia, su razón última y su motivo de existir ante la Historia, como un combate secular contra el vaciamiento del hombre, contra todas las fuerzas que di-vierten la vida de su verdadero camino.
Ahora parece que España ha nacido con la Constitución del 78. "Donosa majadería", que decía Sancho Panza. España tiene de sobra un motivo de ser y sólo hay que retomarlo. Quienes tienen que dar cuenta de su felonía son esa colección de analfabetos políticos e históricos que van diciendo por ahí que está clarísimo que Cataluña es una nación. Desde Carmen Chacón hasta Josep Bargalló y el mismísimo Rodríguez Zapatero, toda una generación de políticos mediocres, ignorantes e intelectualmente podridos conspira contra España en nombre del "diálogo" y la "tolerancia", como si el diálogo y la tolerancia fueran valores en sí. Atacan a todos aquellos que denuncian su crimen dando vigencia a las palabras de Eduardo Marquina -"por disimular lo que es se asombra de lo que soy"- y entierran toda discusión racional en un mar de sofismas, bobadas, medias verdades y corruptelas.
El 5 de noviembre hay una manifestación "por la unidad de España" que ha excluido deliberadamente a "los fascistas". Me alegro de ello si lo que se pretende es zafarse del abrazo mortal de una extrema derecha que ha hecho realidad todas las caricaturas imaginadas por sus enemigos. En cambio, los organizadores ignoran que por el mero hecho de defender la unidad de España son ya los "fascistas" de alguien. Tal es el grado de corrupción de las conciencias.
Nada de esto debe importar. Pero sí debemos conseguir que cale en nuestro pueblo la conciencia de lo que España representa. Y si para ello hay que ir más allá de la "nación de naciones", del "patriotismo constitucional", de la "nación cívica", del "espacio de derechos" y de tantos narcóticos que derechas e izquierdas nos han suministrado, llegaremos a la conclusión de que nada de lo que hay nos sirve para devolver a España su papel ante la Historia.

References: artículo 46
 artículo 47
 artículo 126
 artículo 139
 artículo 144
 artículo 152
 artículo 162