Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-5632-2001-31-10-2002-23061
Timestamp: 2019-11-13 00:15:55+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/5632/2001, 31-10-2002 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/5632/2001 de 31 de Octubre de 2002
Núm. Resolución: 00/5632/2001
PRIMERO: D. ... solicitó a la Comisión Europea, mediante escrito remitido por Correos y Telégrafos con fecha 2 de octubre de 2000, la transferencia de derechos de pensión adquiridos en España al sistema de previsión social del personal comunitario, solicitud que a su vez fue dirigida por la Comisión Europea a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas con fecha 30 de octubre de 2000, a los efectos del trámite previsto en el Real Decreto 2072/1999. Posteriormente, el Centro Gestor solicitó la ratificación de la solicitud al interesado, al carecer de la solicitud original, trámite que el interesado cumplió con fecha 15 de febrero de 2001.
SEGUNDO: En cumplimiento del artículo 7.3 del Real Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del personal de las Comunidades Europeas y los regímenes públicos de previsión social españoles, el Centro Gestor comunicó al interesado, mediante escrito de 18 de mayo de 2001, el importe del equivalente actuarial de sus derechos pasivos junto con el cálculo efectuado y los datos en los que se basa, dándole trámite de audiencia para formular las alegaciones que estimase pertinentes.
TERCERO: Formuladas éstas con fecha 16 de junio siguiente, en las que discrepa respecto de la edad de jubilación tomada por el Centro Gestor a efectos del cálculo y del tratamiento dado a los periodos cotizados en dos regímenes por estar superpuestos, el Centro Gestor responde mediante escrito de fecha 18 de julio de 2001, en el que argumenta respecto de las cuestiones planteadas, concluyendo que "por las razones expuestas, y sin perjuicio de la resolución que deba dictarse una vez que usted acepte o renuncie a la transferencia ante la propuesta que le efectúe la institución comunitaria (art. 7.3 del Real Decreto 2072/1999), no se encuentran fundamentos para modificar la Comunicación del equivalente actuarial de 18 de mayo de 2001, notificada el día 2 de junio de 2001".
CUARTO: Contra el escrito anterior de 18 de julio de 2001 del Centro Gestor, el interesado interpone reclamación económico administrativa ante este Tribunal Central con fecha 22 de agosto siguiente, solicitando la puesta de manifiesto del expediente y plazo para formular escrito de alegaciones que presenta dentro del concedido, el día 7 de enero de 2002, y en el que expone en primer lugar su criterio de que el acto objeto de la reclamación es susceptible de impugnación ante este Tribunal Central por estar referido a sus derechos de pensión y por tratarse de un acto trámite que decide el fondo del asunto y produce indefensión, al obligarle a optar entre transferir o no el equivalente actuarial de sus derechos de pensión cuando dicho equivalente no está fijado de manera firme y definitiva, y después de haber optado de nada le serviría que mediante recurso o reclamación se determine un equivalente actuarial distinto. En lo que se refiere al contenido del acto impugnado, manifiesta su criterio de que la edad de jubilación considerada para efectuar el cálculo, 65 años, no es la correcta, correspondiendo en su caso la de 60 años por cuanto en el Régimen de Clases Pasivas es la establecida con carácter general, lo cual afecta al importe del capital a transferir. Y ello porque, seguramente por error se ha hecho así constar en el anexo del Real Decreto 2072/1999, calificándolo de nulo y por tanto inaplicable, y entendiendo que debe recoger las distintas edades legales de jubilación posibles en los diferentes regímenes que integran el sistema español de Seguridad Social. Por otra parte, indica que "el Real Decreto 2072/1999 no contempla el supuesto de transferencia del equivalente actuarial de los derechos de pensión adquiridos durante el periodo de excedencia voluntaria", sin que el acto recurrido, que el interesado denomina resolución, de razón alguna a la no inclusión en el cómputo del periodo 1 a 7 de febrero de 1991. Finalmente plantea la cuestión de que tampoco han sido incluidos en el cálculo sus derechos de pensión en el Régimen General de la Seguridad Social, por cuanto el Centro Gestor entiende que no deben incluirse al estar superpuestos con otros computados en Clases Pasivas, y según el interesado "el derecho a transferir el equivalente actuarial de mis derechos de pensión, derecho que al estar reconocido en un reglamento comunitario es de aplicación directa y no puede prevalecer contra el mismo lo establecido en una norma interna, máxime cuando la misma es de rango reglamentario".
QUINTO: El Centro Gestor ha remitido el expediente a requerimiento de este Tribunal Central, y junto con otros documentos consta una nota interior de fecha 10 de octubre de 2001 en la que se expone su criterio respecto de la competencia en materia de impugnaciones a las transferencias a que se refiere el Real Decreto 2072/1999, y que consiste en que "el criterio adoptado por el Centro, que se viene siguiendo en la práctica, es entender que las resoluciones de los procedimientos administrativos en materia de transferencias son recurribles en alzada ante el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Por su parte la Secretaría de Estado viene tramitando y resolviendo las impugnaciones que interponen los interesados, asumiendo, por tanto, el criterio expuesto." Como argumentación a favor de tal criterio cita el artículo 107 de la Ley 30/1992, añadiendo que "no parece que la transferencia del equivalente actuarial de los derechos a pensión acreditados por el interesado al tiempo de su ingreso en las Comunidades Europeas....pueda entenderse incluida en la letra d) del artículo 2 del Real Decreto 391/1996..." y que "las transferencias del personal comunitario no son pensiones ni derechos pasivos, no son de pago periódico (sino único) y se producen en un momento anterior a aquel en el que se causan las pensiones y derechos pasivos. De ese modo el ejercicio de la transferencia viene a eliminar la pensión que habría podido, de otro modo, señalarse, por los servicios computados en el cálculo de aquélla".
PRIMERO: De las varias cuestiones que en relación con la competencia se plantean en el presente caso y que deben ser analizadas, la primera ha de ser la que se refiere a la competencia genérica, por razón de la materia, de este Tribunal para conocer de la aplicación del Real Decreto 2072/1999 en los casos referidos a funcionarios cuyos derechos pasivos a transferir se han generado en el Régimen de Clases Pasivas, siendo las consideraciones a hacer las siguientes: el artículo 2.d del Real Decreto 391/1996 establece que entre las materias sobre las que pueden versar las reclamaciones económico administrativas se encuentra "el reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos.....", debiendo considerarse que la amplitud de la expresión obliga a que la pretensión de dejar fuera de su ámbito a unos cualesquiera derechos pasivos debe ser argumentada con una solidez indubitable, no siendo el caso. Y el Real Decreto 2072/1999 regula la transferencia de esos derechos pasivos al sistema de previsión social de las Comunidades Europeas, para lo cual, "se tendrá en cuenta la normativa específica del régimen español de previsión de que se trate, aplicando asimismo, cuando proceda, las reglas de cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social" (exposición de motivos del Real Decreto 2072/1999). Por tanto, se trata de derechos pasivos reconocidos y calculados con arreglo a las normas generales de aplicación, en nuestro caso al Régimen de Clases Pasivas, siendo, sin lugar a duda, de la competencia de este Tribunal el conocimiento y resolución de las reclamaciones que se planteen por los interesados en relación con la aplicación del Real Decreto citado. El criterio mantenido por el Centro Gestor en la nota interior a la que se hace referencia en el Antecedente Quinto no puede aceptarse, por cuanto que no se trata de que la transferencia de un importe monetario esté incluida en el artículo 2.d del Real Decreto 391/1996, sino que lo que está incluido en el citado artículo son precisamente los actos anteriores que permiten llegar a ese importe, mientras que la transferencia en sentido estricto está a su vez incluida entre las materias objeto de reclamación ante este Tribunal en aplicación del artículo 2.c del mismo Real Decreto. No invalida lo expuesto el hecho de que las actuaciones den lugar a un pago único a una entidad en vez de a un pago periódico al propio interesado, porque ni la forma ni la periodicidad modifican la naturaleza del derecho, ni que el artículo 107 de la Ley 30/1992 establezca con carácter general el recurso de alzada, porque ello no impide la existencia de la reclamación económico administrativa. A mayor abundamiento, en el propio Real Decreto 2072/1999 está prevista la posibilidad de la reclamación económico-administrativa, en sus artículos 7.4, al establecer que la efectividad de la transferencia del equivalente actuarial de los derechos pasivos no se verá paralizada por la interposición de "reclamación o recurso, según corresponda", en referencia clara a interesados incluidos en el Régimen de Clases Pasivas y en el General o especiales de la Seguridad Social. Se hace nueva alusión en el mismo Real Decreto, en el artículo 9.4, al condicionar el abono de las diferencia que pueda haber a favor del interesado hasta tanto no se resuelva la "reclamación o recurso" interpuesto por el interesado. Del mismo modo y en lógica consecuencia, en los procedimientos de transferencia de derechos pasivos desde el sistema de previsión social comunitario al de Clases Pasivas, por razón del encuadramiento del funcionario afectado, este Tribunal es competente respecto de los actos efectuados por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en relación con los derechos pasivos de los interesados.
SEGUNDO: Respecto de la competencia por razón del acto impugnado, corresponde en primer lugar el análisis de si los escritos de fecha 18 de mayo y 18 de julio de 2001, ambos del Centro Gestor, son o no susceptibles de reclamación económico-administrativa. Los actos de trámite son aquellos que preparan y hacen posible la decisión; son instrumentales respecto a tal decisión, que pone fin al procedimiento, y su virtualidad se agota precisamente en hacerle avanzar y en aportar aquellos elementos necesarios para la resolución de la cuestión de fondo que en cada caso se plantee, que se califica como acto definitivo. Por ello, los actos de trámite no pueden ser objeto de los recursos y reclamaciones de los que sí son susceptibles los actos definitivos. Cuando los actos de trámite exceden su campo propio, condicionando la continuación del procedimiento o decidiendo cuestiones de fondo, están participando de la naturaleza propia de los actos definitivos y por ello nuestra legislación administrativa reconoce la posibilidad de su impugnación. En este sentido, el artículo 37.b del Real Decreto 391/1996 establece que será admisible la reclamación económico-administrativa contra los actos "de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o pongan término a la vía de gestión". En el presente caso, la decisión del interesado de aceptación o rechazo del cálculo efectuado por el Centro Gestor del equivalente actuarial de sus derechos pasivos, que ha de efectuarse con anterioridad a la resolución definitiva de cuáles sean éstos, condiciona todo el trámite posterior de manera que en caso de reclamación o recurso contra la resolución definitiva, son dudosos los efectos de una posible estimación de las pretensiones del interesado, dado el procedimiento descrito en el artículo 7 del Real Decreto 2072/1999 y la intervención de instancias comunitarias. Y en caso de desistir de la solicitud, antes de que sea dictada resolución definitiva, por disconformidad con el cálculo, no está previsto que se pueda nuevamente optar por la transferencia de los derechos pasivos, una vez que las instancias posibles hubieran dictado resolución o sentencia a requerimiento de parte interesada. Por ello, debe entenderse que el acto de trámite objeto de la presente reclamación económico-administrativa está encuadrado en el supuesto recogido en el artículo 37. b citado y en consecuencia es de la competencia de este Tribunal entender de la reclamación que se interponga en su contra.
TERCERO: Por otra parte, las cuestiones planteadas por el interesado, salvo por lo expresado en el Fundamento siguiente, lo son no por la inadecuada aplicación de la norma por parte del Centro Gestor, sino por la nulidad de la propia norma, y respecto de ellas debe señalarse que no compete a este Tribunal Central la revisión de las disposiciones de carácter general, estando sus facultades limitadas a verificar si los actos administrativos sometidos a su fiscalización se han dictado con sujeción a las normas de aplicación, y así cabe citar las resoluciones de 20 de diciembre de 1995 y 24 de enero de 1996, en las que se afirma que para accionar contra una disposición administrativa de carácter general no cabe utilizar la vía económico-administrativa, tal y como se desprende del artículo 107.3 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre y del artículo 41 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-administrativas de 1996, Real Decreto 391/1996, correspondiendo la fiscalización de su legalidad a la jurisdicción contencioso-administrativa.
CUARTO: Hay sin embargo una cuestión planteada en la reclamación en la que resulta plenamente competente este Tribunal Central y es la referida a la falta de consideración en el cómputo del equivalente actuarial efectuado por el Centro Gestor del periodo de 1 a 7 de febrero de 1991, que no fue planteada por el interesado al Centro Gestor en su escrito de alegaciones de fecha 16 de junio de 2001 (según sello de Correos y Telégrafos de ...). Efectivamente se comprueba que en el escrito de "Comunicación del equivalente actuarial y trámite de audiencia" de 18 de mayo de 2001, el Centro Gestor consigna en dos ocasiones erróneamente el periodo considerado, en las páginas primera (apartado I) y segunda (apartado I.3) por cuanto se refiere al periodo 8 de febrero de 1994 a 30 de junio de 1994 en vez del comenzado el 1 de febrero de 1994 y concluido el 30 de junio de 1994, que sí consta correctamente en la página segunda (apartado I.2 ) y cuarta (apartado B), pero tal error no tiene trascendencia alguna porque los siete días de diferencia no modifican que se tome el 3,88 por ciento por los tres años de servicio considerados, de acuerdo con el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas.
QUINTO: No obstante lo manifestado en el Fundamento Tercero, interesa a este Tribunal Central dejar constancia de su criterio respecto de la consideración de la edad legal de jubilación en el cálculo del equivalente actuarial de los derechos pasivos a transferir. El Real Decreto 2072/1999 se refiere a la edad legal de jubilación en su artículo 4, denominado "Normas para determinar el equivalente actuarial que debe transferirse al sistema de previsión social comunitario". Y en las tablas actuariales que constituyen el anexo de esa norma se contienen los valores de los coeficientes de jubilación y de viudedad considerando que la edad legal de jubilación es la de 65 años. Cuando se habla de edad legal de jubilación de los funcionarios, que es el supuesto que aquí interesa, resulta claro que ha de entenderse por ésta la que es de general aplicación, con independencia de que haya excepciones en función de las causas de jubilación (la anticipación o prolongación voluntaria, la incapacidad......) y de la regulación específica que en esta materia se ha hecho respecto de algunos Cuerpos de funcionarios; estas normas que se separan de la general según sea la causa de jubilación o el Cuerpo de pertenencia se refieren precisamente a los funcionarios públicos cuando se jubilan de su condición de tales y a los requisitos que deben cumplir en cada caso, y no debe entenderse que afectan en modo alguno a aquellos funcionarios que voluntariamente transfieren sus derechos pasivos al sistema de previsión social comunitario para ser jubilados en su día con arreglo a las normas comunitarias, no a las españolas; si el legislador hubiera querido que para estos casos rigieran normas distintas de la general señalada, lo hubiera así indicado expresamente. La norma de general aplicación en materia de edad de jubilación es el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. El ámbito de aplicación de esta Ley está recogido en su artículo 1 y abarca la totalidad de los funcionarios civiles de la Administración del Estado, de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social, si bien admite algunas regulaciones específicas en algunos aspectos; siendo además bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos de todas las Administraciones Públicas algunos de sus artículos, entre los que se encuentra el 33 citado; y tiene carácter supletorio para todo el personal al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación. Este artículo se denomina "Jubilación forzosa" y en su redacción original establecía que "La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad". La Ley 13/1996, manteniendo invariable la edad de jubilación forzosa, modifica este artículo en el sentido de posibilitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo para aquellos funcionarios que voluntariamente lo deseen, pero esta es una mera variación a la norma general. Salvo lo dicho, en esta Ley no se regula ninguna otra variación a tal regla general, porque se encuadran en la regulación de los diversos regímenes públicos de previsión social de los distintos funcionarios: Clases Pasivas y Régimen General de la Seguridad Social.
SEXTO: Finalmente, y en lo que se refiere a la consideración de los periodos en que el funcionario interesado se encuentre incluido simultáneamente en dos regímenes distintos del sistema de Seguridad Social de España, resulta de aplicación el artículo 4 del Real Decreto 2072/1999 en el que se dispone que para la determinación del equivalente actuarial de los derechos pasivos de los interesados es necesaria la determinación de las pensiones que hubiera podido causar el interesado en el momento de su ingreso al servicio de las Comunidades Europeas, conforme a las normas que resulten de aplicación en el régimen de procedencia en el momento del cambio, entre las que se encuentran las referidas a la exclusión del cómputo múltiple de los periodos de cotización simultánea a dos o más regímenes, refiriéndose expresamente la exposición de motivos del mismo Real Decreto a la aplicación de las normas de cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social. No se aprecia que la norma comunitaria que se alega esté en contradicción con las anteriores, por cuanto el derecho lo es a "transferir a las Comunidades bien el equivalente actuarial bien el total de las cantidades de rescate de sus derechos a pensión de jubilación que hubiera adquirido en virtud de las actividades mencionadas anteriormente", y en ningún caso se había adquirido derecho alguno al cómputo de las cotizaciones simultáneas.
EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: En primer término admitir la reclamación económico-administrativa interpuesta por D. ... contra el acto de trámite de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 18 de julio de 2001, por el que no se admiten las alegaciones formuladas contra el también de trámite de 18 de mayo del mismo año, en lo que se refiere a la cuestión planteada sobre el periodo no computado de 1 a 7 de febrero de 1991, que se desestima conforme a lo expuesto en el Fundamento de Derecho Cuarto; y en segundo término declarar que este Tribunal carece de competencia en relación con el resto de la cuestiones planteadas.
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References: Resolución 
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 artículo 7
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 resolución 
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 artículo 107
 artículo 2
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 artículo 2
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 resolución 
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 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 107
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 artículo 9
 resolución 
 artículo 37
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 artículo 7
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 resolución 
 artículo 37
 artículo 107
 artículo 41
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 artículo 31
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 artículo 4
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 4
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