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Timestamp: 2014-12-22 16:54:35+00:00

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Se revive conflicto en la playa Sea Cliff Edilsa Gonzalez RocaLAS GUÍAS, COCLÉ.nacionales@prensa.com Con palos, coas y alicates, residentes de Las Guías de Río Hato derribaron por quinta vez, una cerca construida sobre la servidumbre que permite la entrada a la playa de Sea Cliff, por Richard Crucet, quien se adjudica el derecho sobre el área. Este hecho renueva el conflicto que por más de tres años han librado los residentes de Las Guías con el empresario Richard Crucet por la servidumbre hacia la playa de Sea Cliff, y que se encuentra en el juzgado civil del circuito de Coclé en espera de una sentencia. Leyla Vergara, residente del área, señaló que no saben cuándo las autoridades van a actuar contra este señor que ignora todos los procesos e insiste en la construcción de la cerca que impide el libre acceso a la playa. Manifestó que Crucet no solo va contra toda ley construyendo la cerca, sino que además arremete y agrede a los miembros de la comunidad, y encima los demanda ante la corregiduría.
programa de gobierno empieza a incomodar a moradores costaneros Residentes de las costas, en ascuas por sus tierras Pequeñas comunidades costeras desaparecen ante el ‘boom’ inmobiliario y turístico. Las casas son derrumbadas y los residentes, desalojados. PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero JOSÉ ARCIAjarcia@prensa.com Una ola de desalojos inunda las comunidades costeras del país y arrasa, en algunos casos, con cuatro décadas de vida familiar. La voz de auxilio se escucha tanto en el lado atlántico como en el pacífico. El boom inmobiliario y turístico es la causa, señalan los moradores. Aunado a unas autoridades locales y centrales que “no están reconociendo los derechos posesorios”, añade el jurista Guillermo Márquez Amado. En medio está el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) que busca hacer una titulación masiva. Las comunidades se organizan para protestar en contra de la iniciativa porque, por un lado sus tierras son cedidas a “poderosos” y, por otro lado, el costo para obtener la titulación es “impagable”. Donatilo Jiménez aún se pregunta cómo la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió, en abril del año pasado, a la sociedad Hoteles Decameron un globo de terreno en Cocuye, en Santa Isabel de Colón, que él heredó de su padre y que también perteneció a su abuelo. Después de luchar en contra de la decisión gubernamental, con el apoyo del Consejo Consultivo de Pronat –integrado por la sociedad civil–, el pasado 10 de octubre Catastro revocó la decisión. Ahora, Jiménez se siente complacido, pero su preocupación sigue latente. Es un área atractiva para el desarrollo turístico, “al que no nos oponemos, pero si desconocen nuestro derecho, lo defenderemos”, dijo. “Lo que le pasó a Donatilo le puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, añade Alfredo Reid, uno de los residentes de Santa Isabel. Mientras los colonenses respiran, por el momento, con tranquilidad, los residentes de playa El Toro y La Garita, en Pedasí, y la comunidad indígena Cayo de Agua, en el Archipiélago de Bocas del Toro, están en la zozobra. El pasado 10 octubre, 17 policías llegaron a la comunidad de Cayo de Agua para derrumbar unos 15 ranchos indígenas, habitadas por alrededor de 100 familias, dijo Félix Sánchez. Seis días después, la misma orden llegó a la costa de Pedasí. Ese día, un grupo de residentes se preparaba para ir de pesca, cuando entró la maquinaria a derrumbar las casas, narró ayer Amada Caballero. La acción, dijo, es porque ahora aparece un supuesto dueño de una tierra que ha sido ocupada desde hace 40 años por los moradores. Por este caso, el Consejo Consultivo de Pronat hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue, alegando que el programa se ejecuta a través de convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecieron en sus cláusulas el reconocimiento del derecho de los ocupantes de las tierras. En el documento se advierte de que los desalojos “pueden ser causal del término del financiamiento”. Este diario intentó contactar a la viceministra de Economía y Finanzas, Gisela Álvarez de Porras, y al coordinador técnico de Pronat, Rolando Armuelles, durante dos días, sin embargo ninguno de los dos respondió.
इventa de islas y costas
A la ciudad de Panamá le están destruyendo y vendiendo sus islas Publicado el Agosto 5, 2008 por Editor CONCESIONES TURÍSTICAS. CASOS DE Las BRISAS DE AMADOR Y NAOS HARBOUR ISLAND. Investigan nuevas anomalías en Amador Empresas con concesiones para proyectos turísticos promueven la venta de apartamentos. La Unidad de Bienes Revertidos señala que en esas concesiones no pueden vender apartamentos. LA PRENSA/David Mesa REACCIÓN. La empresa Las Brisas de Amador dice que ellos pueden vender las mejoras que hagan sobre los terrenos. Rafael E. Berrocal R.Unidad de Investigación rberrocal@prensa.com Los problemas en la calzada de Amador ya no solo se refieren a morosidad, rellenos fuera de lugar y demandas retenidas en la Corte Suprema. Tras denuncias presentadas, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación por la venta de apartamentos dentro de concesiones dadas para proyectos turísticos. La entidad ha pedido por escrito a sus clientes, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, que expliquen los negocios que están haciendo en esas concesiones, que tienen períodos fijos. La investigación tiene como evidencia páginas en internet de firmas de bienes raíces que promocionan los apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y 500 mil dólares. Julio Ross, jefe de la Unidad de Bienes Revertidos, dijo que el negocio de venta de apartamentos en estos lugares está prohibido. Los representantes de Las Brisas de Amador afirman que ellos pueden vender todas las mejoras que hagan sobre los terrenos del Estado. Sin embargo, estas concesiones no están refrendadas por el Estado. ÁREAS REVERTIDAS. LOS PRECIOS DE LAS PROPIEDADES LLEGAN A SUPERAR LOS 500 MIL DÓLARES. Otro entuerto en Amador Sitios en internet promueven la venta de apartamentos en la calzada de Amador, algo prohibido. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación y advierte que podría haber sanciones. LA PRENSA/Carlos Lemos EN DESARROLLO. Vista aérea de las islas Perico y Naos donde se desarrollan proyectos turísticos que contemplan un espacio para residencias privadas, según publicaciones en internet y en otros medios. Rafael E. Berrocal R.Unidad de Investigaciónrberrocal@prensa.com Cuando el Gobierno decidió desarrollar la calzada de Amador, dejó claro que solo podría haber proyectos turísticos en estas áreas bajo la figura de concesiones. Pero eso parece no estar cumpliéndose, según muestran publicaciones en varios sitios de internet donde se ofertan apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y casi 500 mil dólares, dentro de las concesiones para hoteles, marinas y restaurantes. A raíz de ello, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación de los proyectos turísticos Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island. Esta vez no se trata de rellenos fuera de los límites o deuda morosa, sino de estar ejerciendo negocios que están fuera de lo que permiten las concesiones que tienen estas empresas con el Estado. La institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas le ha solicitado información a estas dos empresas sobre la venta de apartamentos y propiedades dentro de las concesiones que tienen en la calzada de Amador. Julio Ross, administrador de esta institución, indicó que la concesión no permite la venta de apartamentos, sino el desarrollo de proyectos turísticos como hoteles y restaurantes. El quipo técnico de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos adelantó que estas ventas de apartamentos no se promocionan en las páginas web de los concesionarios, sino en sitios de bienes raíces independientes. Algunas de las personas que han comprado en estos proyectos, pidiendo reserva de sus identidades, explicaron que las transacciones se hacen bajo la figura de “contrato de inversión”, disfrazando así la compra-venta de un apartamento. AVANCES Los proyectos de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island ya tienen sus construcciones adelantadas. Los apartamentos o condominios son ofrecidos desde 299 mil 740 dólares hasta 375 mil dólares en Naos Harbour Island. Mientras que en Las Brisas de Amador, las propiedades o apartamentos tienen precios más elevados: desde 473 mil dólares. El ex presidente de la junta directiva de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Gustavo García de Paredes señaló que la prohibición de la venta de apartamentos en la calzada de Amador buscaba evitar que se “paitillizara” el lugar. Por eso el plan de desarrollo de la calzada de Amador era estrictamente turístico, recalcó García de Paredes. Explicó que la única forma de que ahora se estén vendiendo apartamentos es que se haya cambiado la zonificación de los terrenos. SIN REFRENDO Las promociones de apartamentos –por parte de estas empresas– tampoco advierten que sus contratos con el Estado no están refrendados. Abraham Hasky, presidente de Las Brisas de Amador, ha señalado que la falta del refrendo de su contrato no le ha permitido conseguir los inversionistas para su proyecto. “El esfuerzo que hacemos para embellecer el país nos está costando el alma. En lugar de ayudarnos, todo es una demora”, ha manifestado Hasky. Ambos proyectos, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, también han sobrepasado la altura permitida. El máximo es seis pisos, y ambos proyectos tienen entre ocho y diez pisos. Deuda morosa se mantiene Tanto Las Brisas de Amador como Naos Harbour Island mantienen saldos morosos con el Estado, según un informe del MEF. En el caso de Las Brisas de Amador, el canon mensual es de 44 mil 66 dólares, que no incluye la concesión de la marina por la cual deben pagar dos centésimos por metro cuadrado. A pesar de ello, la morosidad reportada por el MEF es de un millón 681 mil 142 dólares. Mientras, en Naos Harbour Island el canon mensual fijado es de 30 mil 176 dólares y la morosidad acumulada hasta la fecha es de un millón 190 mil 75 dólares. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos indicó que ha hecho los acercamientos para poner las cuentas al día, y que en algunos casos se han hecho depósitos importantes. ENFOQUERellenos que son un crimen urbanístico Marcelo Narbonapanorama@prensa.com OPINIÓN. Naos, Perico y Flamenco son tres islas unidas por una calzada de relleno de piedras que contiene una parte de la historia de Panamá. Pero además cumplen con una razón técnica para el funcionamiento seguro del Canal, del cual pocas personas recuerdan. Hoy, esta área se ha convertido en el epicentro de uno de los “crímenes urbanísticos” de la ciudad capital, borrando parte de la historia del país sin que nadie haga algo. Los rellenos fuera de toda escala en la calzada de Amador están dando paso a que las islas se conviertan en una península, y ningún gobierno hasta ahora le ha puesto final a este desorden. Se sigue sin ponerle atención al tema urbano. Esto no le importa a nadie, solo a algunas cuantas personas que no tienen peso en el gobierno. Todo se empezaría a resolver si se creara una entidad independiente que evalúe todos los temas urbanos. Pero no hay un control suficientemente serio, y en el caso de los rellenos en la calzada de Amador no pasa nada: sigue la fiesta y pronto nos quedaremos sin las islas Naos, Perico y Flamenco. El autor es arquitecto Publicadas por
Coclé. Pescadores alertas por construcción de Blue Marlin en playa Los Azules Empresa dice que construirá sobre bancos de arena y que no dañará áreas se esteros ni manglares. ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Rafael Quezada. DENUNCIA. La comunidad cuestiona derribo de árboles. Edilsa González Roca y Rafael Quezada ANTÓN, CocléEl auge turístico de las playas de Antón ha ocasionado un nuevo conflicto, esta vez es la Asociación de Moradores y Pescadores de la playa Los Azules quienes se han declarado en estado de alerta ante la posible concesión de una región de más 95 hectáreas para la construcción del proyecto turístico Blue Marlin, que promueve JG Estructuras Internacionales, S.A. Dicen los pescadores y personas que por años han estado habitual y temporalmente en estas playas, la magnitud de este proyecto necesariamente acabaría con el único remanente natural de manglares con el que cuenta el distrito de Antón en los sectores de Los Azules y Boca Nueva. Según Javier Pérez, de la Asociación de Pescadores y Moradores de Playa Los Azules, si el Gobierno otorga esta concesión tal y como lo está solicitando la empresa que promueve el proyecto, además del daño ambiental se pondría en riesgo el sustento de las más de 50 familias que se dedican a la pesca artesanal en el área. De acuerdo con los moradores del distrito de Antón que acudieron a una cortesía de sala en el Consejo Municipal, es imposible desarrollar un proyecto en 95 hectáreas sin impactar el manglar, porque si se construye todo lo que contempla en sus cuatro etapas el Proyecto Blue Marlin, no solo utilizarán los bancos de arena sino también el manglar, los humedales y tierra continental. Según el planteamiento de la empresa, el proyecto generará unos 3 mil 500 empleos en los 10 años que tomará la constructora en levantar el desarrollo turístico. Juan Gaudiano, arquitecto del proyecto, recalcó que se fijará en un área donde existen bancos de arena aledaños a esteros y bosques de manglares; advirtió que no habrá intervención en manglares durante la ejecución del proyecto. Según la empresa el hotel estará fuera de los manglares, lo que no convence a los moradores. El nuevo desarrollo turístico consta de cuatro etapas, e incluye hotel de 5 estrellas de 464 habitaciones y casino, complejo residencial, club ecuestre, complejo de apartotel, club de golf, marina internacional y complejo industrial comercial. Roger Ríos, alcalde de Antón, dijo que las preocupaciones de la comunidad son razonables, pero se tratará de establecer un diálogo para que se entiendan y conozcan los beneficios de este proyecto y se preserve el ambiente. En tanto, Carlos Fernández representante de corregimiento, señaló que como autoridades no se oponen al desarrollo, pero sí al daño del ambiente y las especies.
REPÚBLICA DE PANAMÁAUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁADMINISTRACIÓN GENERALRESUELTO ARAP No. 01 de 29 de enero de 2008 “Por medio del cual se establecen todas las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares de la República de Panamá como zonas especiales de manejo marino-costero y se dictan otras medidas“. EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ, en uso de sus facultades legales, CONSIDERANDO: Que los humedales marino-costeros, particularmente los manglares, son bienes de uso público y constituyen ecosistemas dinámicos, los cuales juegan un papel preponderante en el equilibrio ecológico e hidrológico, la productividad, la protección y estabilidad de la zona costera como amortiguamiento a la erosión causada por los oleajes y los fuertes vientos, control de inundaciones, impacto de las tormentas, aunado a que sirven de refugio para muchas especies marinas, hábitat de aves, reptiles y, sobre todo, el vivero de especies marinas de alto valor comercial nacional (camarón, langosta, peces, etc.) y de importancia hemisférica. De igual manera, los humedales marinos-costeros, particularmente losmanglares, son sumideros de dióxido de carbono y productores de nitritos; hechos que contribuyen a atenuar el efecto del calentamiento global. Que en los últimos años, las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares, de la República de Panamá han sido objeto de grandes intervenciones causadas por la mano del hombre (tala de manglar, relleno dehumedales, construcción sobre humedales, contaminación de humedales), hechos que han conducido a la pérdida de unaimportante área de cobertura, lo cual pone en peligro su existencia y conservación. Que las condiciones antes referidas, aunadas a la tendencia del crecimiento demográfico en las zonas costeras y la ocurrencia de diversos fenómenos naturales, demanda la creación de medidas orientadoras a la utilización económica, planificada y ambientalmente racional de nuestras costas y recursos costeros, en correspondencia con la naturaleza de estos recursos y con una visión encaminada a la protección de sus valores naturales y culturales, su aprovechamiento racional y la adopción de acciones encaminadas a su restauración y mejoramiento. Que los artículos 119 y 120 de la Constitución Política de la República de Panamá disponen, respectivamente, que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas, y que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia. Que Panamá ha reconocido internacionalmente la importancia de los humedales, al aprobar mediante Ley No.6 de 3 de enero de 1989, la Convención de Ramsar, relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Que el artículo 94 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, modificado por el artículo 67 de la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006, dispone que los recursos marinos-costeros constituyen patrimonio nacional, y su aprovechamiento, manejo y conservación estarán sujetos a las disposiciones que, para tales efectos, emita la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, exceptuando los recursos marino-costeros que se encuentren en las áreas protegidas bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional del Ambiente. Que el artículo 95 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, modificado por el artículo 68 de la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006, dispone que la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá darán prioridad, en sus políticas, a la conservación de ecosistemas marinos y de aguas continentales con niveles altos de diversidad, tales como los arrecifes de coral, estuarios, humedales y otras zonas de reproducción y cría. Las medidas de conservación de humedales establecerán la protección de las aves acuáticas migratorias que utilizan y dependen de esos ecosistemas. Que el numeral 2 del artículo 4 de la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006 dispone que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá tiene como función normar, promover y aplicar las medidas y los procesos técnicos a fin de proteger el patrimonio acuático nacional y de coadyuvar en la protección del ambiente. Asimismo, el numeral 28 del referido artículo dispone como función de la Autoridad establecer zonas especiales de manejo marino-costero en aquellas áreas geográficas marino-costeras en donde se requiera un manejo costero integral de los recursos acuáticos. Que el numeral 15 del artículo 21 de la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006 dispone que el Administrador General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá tiene como función establecer la organización de la Autoridad y, en general, adoptar todas las medidas que estime convenientes para la organización y el funcionamiento del sector pesquero y acuícola, y para el manejo de los recursos marino-costeros. Que actualmente la Dirección General de Ordenación y Manejo Integral de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá realiza un programa de ordenación, manejo y conservación de las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares, con la finalidad de que los mismos no sean devastados indiscriminadamente y que se puedan seguir realizando, de manera sostenible, otras actividades vinculadas a este recurso, como la pesca y el ecoturismo, de las cuales depende un sector económicamente frágil de la población panameña. RESUELVE: PRIMERO: Establecer como zonas especiales de manejo marino-costero a todas las áreas de humedales marino-costeros, particularmente los manglares, de la República de Panamá, exceptuando aquellas que previamente han sido otorgadas en concesiones administrativas y/o sujetas a regímenes especiales por otras instituciones públicas. SEGUNDO: Para los efectos del presente resuelto, se entiende por áreas de humedales marino-costeros, aquellos espacios naturales y seminaturales en las zonas marino-costeras que presentan interconectividad y cuya alteración pudiera generar impactos directos en el mantenimiento de las características ecológicas de los ecosistemas marino-costeros, especialmente en el ecosistema de manglar, las desembocaduras de los ríos (estuarios), albinas, deltas y zonas arenosas y cualesquiera otro ecosistema adjunto que sea importante para la regulación de los ciclos hidrológicos estacionales y el mantenimiento de las dinámicas biológicas poblacionales. Esta interconectividad se expresa y abarca aspectos socio-económicos y culturales, sostenibles con los ecosistemas. TERCERO: Establecer que dentro estas zonas especiales de manejo marino-costero queda prohibida la tala, el uso, la comercialización y el desmejoramiento de cualquier humedal marino-costero, de sus productos, partes y derivados, la modificación del perfil del suelo o la construcción de obras de ingeniería o de cualquier otro tipo, que modifiquen o interrumpan el flujo o aporte hídrico que deben recibir los humedales marino-costeros, salvo las excepciones que establezca esta Autoridad de acuerdo con los reglamentos respectivos, fundamentados en principios de sostenibilidad. CUARTO: La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá apoyará las iniciativas que sean implementadas por el sector privado y por el sector gubernamental, que estén encaminadas a la protección, conservación y aprovechamiento ambientalmente sostenible de las áreas de humedales marino-costeros; así como la base de los procesos físicos y biológicos necesarios para el mantenimiento de las características ecológicas del humedal. QUINTO: La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá elaborará y promoverá la implementación de planes de manejo costero integral en la República de Panamá. SEXTO: La Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, fiscalizará constante y eficazmente las áreas de humedales marino-costeros de la República de Panamá para garantizar el cumplimiento del presente Resuelto, el plan de manejo de estas áreas y la normativa jurídica vigente. SÉPTIMO: El incumplimiento de las disposiciones contempladas en el presente Resuelto será sancionado en base a lo dispuesto en la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006 y demás normas jurídicas vigentes, sin menoscabo de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. OCTAVO: El presente resuelto entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 119 y 120 de la Constitución Política, Ley No. 41 de 1 de julio de 1998 y Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006. Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil ocho (2008). COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE REYNALDO PÉREZ-GUARDIAAdministrador General —————- Texto original en pdf: Resuelto de ARAP de Conservación de Manglares y Recursos Marino-CosterosFuente: Burica Press, Panamá por dentro Publicadas por
Coclé. Se llevará a cabo muy cerca de un área declarada protegida Proyecto turístico se convierte en la manzana de la discordia Pescadores, miembros de ANCÓN y representantes se oponen a la construcción de hoteles, porque se destruirán los manglares que están en la playa Los Azules. Elena Valdez PA-DIGITAL Obra. Todo se construirá sobre bancos de arena en la playa Los Azules. E n la manzana de la discordia, se ha convertido la ejecución de un proyecto turístico en el distrito de Antón, provincia de Coclé.A pesar de que el Municipio apoya todas las obras que contribuyan al desarrollo del turismo, hay lugareños y miembros de asociaciones que se oponen tras considerar que atentan contra la flora y fauna del lugar.Hace unas semanas, varios inversionistas visitaron el consejo municipal, con el fin de solicitar la autorización para llevar a cabo el nuevo proyecto hotelero "Blue Marlin, en el área de Los Azules".El proyecto que contempla cinco etapas en más de 90 hectáreas de terreno no es del completo agrado de los pescadores de la playa Los Azules.Según los trabajadores del mar, las labores de construcción que supuestamente serán sobre bancos de arena se realizarán muy cerca del área de los manglares, situación que es un peligro."No se podrá construir sólo sobre bancos de arena sin tocar los manglares", expresaron.Manifestaron que están en estado de alerta e irán hasta las últimas consecuencias, porque van a proteger los manglares.Foro.Preocupados por el proyecto los pescadores organizaron el primer foro sobre: "Los manglares y humedales, hogar de muchas especies marinas, sostenibilidad del mundo", con el objetivo de crear conciencia en las autoridades para que los apoyen.Javier Pérez, pescador artesanal, dijo que no es que estén en contra del proyecto turístico, sino más bien están protegiendo los manglares y la vida marina, tomando en cuenta que un proyecto tan grande tocaría los manglares.Según el pescador, esta empresa turística necesitaría cerca de 200 hectáreas de terrenos y allí sólo hay manglares que podrían ser devastados por el poder económico.Pérez solicitó a los funcionarios de la ANAM y a otras entidades que se mantengan vigilantes.Oposición.En tanto, Alida Spadafora, directora Ejecutiva de ANC?"N, dijo que ellos no están de acuerdo con este proyecto si afecta los manglares.Alegó que a nivel nacional se enfrentan problemas con la devastación de los manglares y no es posible que en Antón pase lo mismo.Por su parte, Carlos Jaén, representante de El Coco de Penonomé, dijo que su corregimiento colinda con el de Juan Díaz donde también hay manglares y se contempla el proyecto.Dijo que la entrega de derechos posesorios a cualquier persona es la que ha creado este caos, porque ahora cualquiera vende y los inversionistas aprovechan."Hemos solicitado al Alcalde que no continúe entregando estos derechos posesorios para que no corran peligro los manglares que son protegidos por acuerdos municipales", manifestó. Alcaldía.Sobre el tema Roger Ríos, alcalde de Antón, dijo que el Municipio ya escuchó todas las partes.Mencionó que han visto con buenos ojos el proyecto y no se van a tocar los manglares.Informó que el 11 de marzo la comunidad se reunirá con la empresa Blue Marlin para que conozcan las bondades del proyecto y así puedan tomar una decisión.
Corte falla en caso del hotel Playa Bonita La licitación fue declarada nula. Se incurrieron en ilegalidades Manuel Luna G. mluna@estrelladepanama.com (IMP) La batalla legal por los terrenos donde se construyó el hotel InterContinental Playa Bonita Resort & Spa, perteneciente al grupo Berns, y que duró cinco años llegó a su fin. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el acto público, por lo que el globo de terreno sigue siendo propiedad del Estado y ordenó la indemnización de la parte afectada.El falló de la Corte declaró nula por "ilegal" la resolución de la Junta Directiva de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) 034-03 del 10 de abril de 2003, y tuvo como magistrado ponente a Víctor Benavides, y lleva la firma de los magistrados Jacinto Cárdenas y Arnulfo Arjona.La demanda fue interpuesta por la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico (DUASA) del grupo Waked, el otro participante en el acto público. El abogado del grupo DUASA, Guillermo Cochez, sostuvo que el hotel fue construido a toda velocidad, a pesar de que existía una demanda en la Corte Suprema de Justicia y ahora los dueños de Playa Bonita, tienen un "lío legal muy grande", porque los terrenos siguen siendo propiedad del Estado.Entre las irregularidades que encontró la Corte, se incluye el hecho de fue introducida una addenda al pliego de cargo, tres días antes de la licitación, cuando la ley establece un período mínimo de 10 días, y debe ser publicada en los diarios locales.Sobre la indemnización, Cochez declaró que ese será el segundo paso y se trata de un asunto que deberá consultar con su cliente, para determinar el monto del perjuicio.Durante el período que se realizó el acto, fungía como director de la ARI, Alfredo Arias y como presidente de la Junta Directiva, Jorge Federico Lee.Arias se defendió y aseguró que el proceso se realizó sin ningún tipo de irregularidades, pero no entró en más detalles, porque dijo que desconocía el contenido del fallo.Este medio trató de conocer la posición del grupo Berns, pero al cierre de la edición no se había logrado respuesta.
EN ANTÓN. Foro sobre manglares y humedales Edilsa GonzálezANTÓN, CocléPreocupados por la gran cantidad de empresas y organizaciones interesadas en desarrollar proyectos turísticos en las costas de Antón, y con la intención de proteger los últimos remanentes de manglares de la región, la Asociación Playas Los Azules realizó ayer, jueves, el primer Foro sobre manglares y humedales. Javier Pérez, de la Asociación Playas Los Azules, señaló que el foro tiene como propósito dar a conocer y hacer un llamado a las autoridades sobre la posible destrucción del poco remanente de manglares que existe en las costas de Antón y que actualmente son amenazados por la construcción de un megaproyecto turístico. Según Pérez, la posible construcción del proyecto turístico Blue Marin necesitará un área de más de 200 hectáreas de tierras o bancos de arenas con los que no cuentan las costas en este momento, lo que indica la utilización de parte de los manglares de Playa Los Azules y Boca Nueva. En el foro participaron representantes de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, el Municipio de Antón y la comunidad en general.La Prensa, 29 de febrero de 2008
ECOSISTEMAS. CONSTRUCCIÓN EN VIVEROS CONTINÚA A TODA MARCHA. Arrasan con isla La compañía que desarrolla el proyecto fue multada por segunda ocasión por tala no autorizada. Gremios ambientalistas consideran que se debió aplicar una sanción más fuerte y paralizar la obra. LA PRENSA/Carlos Lemos CON LICENCIA. La Anam sostiene que solo ha dado permiso para intervenir 27 hectáreas en la isla. Rafael E. Berrocal R.rberrocal@prensa.com El desarrollo de la isla Viveros parece no estar teniendo compasión con la vegetación del lugar ubicado en el archipiélago de Las Perlas. La empresa que desarrolla el proyecto por 100 millones de dólares, Viveros Development, ha vuelto a ser multada por la tala no autorizada de más de dos hectáreas en el lugar. Esta vez la sanción aplicada por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) es de solo 9 mil 214 dólares, que se suman a la primera multa de 40 mil dólares también por tala no autorizada en el lugar. El monto de las sanciones incluyen la indemnización por daños ambientales. Lizandro Arias, director de la Anam para la región metropolitana, señaló que las inspecciones en ese proyecto son constantes ya que el mismo se encuentra dentro de un área ecológica delicada. Arias indicó que en la primera violación que cometió Viveros Development, la Anam ordenó la paralización del proyecto por siete meses hasta que cumplieran con algunas correcciones, entre ellas la colocación de mallas para que la erosión de la tierra no fuera a afectar las cristalinas aguas marinas. La empresa alega estar cumpliendo con las normas ambientales y continúa adelante con el desarrollo del proyecto que contempla la intervención directa de 27 hectáreas, incluyendo la construcción de una pista aérea, canchas de golf, carreteras, hotel, residencias, muelles y marina. La Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) advirtió que el proyecto también le está haciendo un daño enorme a una de las zonas coralinas más importantes del país debido a que la deforestación en la isla genera sedimentación de tierra a las aguas marinas. La institución señaló que por la reincidencia en la tala no autorizada el proyecto debió paralizarse. “No se puede jugar con nuestro futuro y la naturaleza so pretexto de que inversiones generan unos cuantos empleos temporales y lucran por mucho tiempo a unos pocos”, comentó el ecólogo Elvin Britton. Viveros Development. INVERSIONISTAS ALEGAN ‘CONFUSIÓN’ EN LOS PERMISOS TRAMITADOS CON LA ANAM. ‘Multas no fueron ejemplares’ Por la reincidencia de tala no autorizada en isla Viveros, la empresa fue sancionada con 9 mil dólares. Ambientalistas critican la medida, pero los inversionistas dicen que el proyecto es compatible con el medio ambiente del lugar. LA PRENSA/Carlos Lemos ALERTA. La compañía ha presentado un proyecto en cuatro partes para intervenir toda la isla, que está ubicada en el archipiélago de Las Perlas. Rafael E. Berrocal R.rberrocal@prensa.com Grupos ambientalistas, como la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), califican de irrisoria la multa aplicada por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) a Viveros Development por un monto de 9 mil 214 dólares, incluyendo la indemnización ecológica debido a su reincidencia en la tala no autorizada de bosques en diciembre de 2007. “La multa es irrisoria, debió ser mucho mayor. Incluso se debió considerar paralizar nuevamente el desarrollo de la obra”, dijo Alida Spadafora, directora ejecutiva de Ancon, quien sostiene que el proyecto en la isla Viveros está afectando uno de los ecosistemas coralinos más importantes de Panamá. Según la Anam, Viveros Development solo puede intervenir de manera directa 27 hectáreas de las 81 hectáreas que tiene en concesión en esa isla. Pero las vistas tomadas por La Prensa, el pasado viernes 4 de enero, muestran que el daño puede ser mayor, incluso, resalta entre las islas del archipiélago de Las Perlas. “Situaciones como estas dan un mal mensaje a la ciudadanía y a otros promotores o inversores para poder hacer lo que les plazca con los recursos naturales”, dijo el ecólogo Elvin Britton. Mientras tanto, el proyecto de desarrollo turístico en isla Viveros continúa a toda marcha. De hecho, la empresa señaló que no apelará a la segunda multa que le aplicó la Anam [la primera también fue por tala no autorizada en el lugar]. Sin embargo, Saly Vargas, representante legal de Viveros Development, dijo que las áreas por las cuales fueron multados eran excedentes de los primeros permisos de tala que la propia Anam ya les había aprobado. “Hemos hecho el esfuerzo de cumplir con los trámites correspondientes”, agregó Roderick García, gerente de mercadeo de la empresa. Viveros Development asegura que el proyecto es compatible con el medio ambiente.Fuente: La Prensa, 21 de enero de 2008.
CHIRIQUÍ.manglar y humedales costeros. Daño ecológico en playa La Barqueta A Gabriel Araúz Anguizola se le vincula con una devastación de manglares en la playa La Barqueta. Se afectó el hábitat de especies marinas y terrestres que dependen de ese ecosistema. ESPECIAL PARA LA PRENSA/V. Arosemena UBICACIÓN. Hotel Las Olas, ubicado en Guarumal, distrito de Alanje.968710 Sandra A. RiveraDavid, ChiriquíLas experticias realizadas por parte de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam), Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) pone de manifiesto un evidente daño ecológico directo e irreversible en manglares y humedales costeros cercanos a la playa La Barqueta. Así lo dio a conocer el fiscal Segundo Superior y Ambiental, Franklin Amaya, quien añadió que para esta dependencia en este caso se reúnen todos los requisitos constitutivos de un delito contra el ambiente y contra los recursos naturales por parte de la actuación de Juan Araúz, como representante legal del Hotel Playa La Barqueta. Para ampliar las investigaciones, la Fiscalía Ambiental llamó a declarar ayer a Juan Gabriel Araúz Anguizola, quien fue denunciado por estos supuestos daños en una zona de manglar y humedales costeros cercanos a la playa La Barqueta. Manifestó que también se llamó a declarar al querellante, César Samudio, para ampliar las investigaciones en este caso de supuesto delito ecológico. Indicó que al acusado Araúz se le vincula con un delito ambiental por una devastación de manglares y excavaciones dentro del área protegida en la playa La Barqueta y fuera de esta zona, donde se excavó para la construcción de un canal de navegación que comunica con el Hotel Playa La Barqueta en donde se afectó mucho manglar. Mencionó que el problema es que el manglar es un recurso marino costero que esta protegido a nivel constitucional. El pasado 30 de abril, la dirección regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) autorizó al empresario Araúz a realizar una limpieza de un estero que pasa detrás del refugio de vida silvestre La Barqueta. La limpieza del estero se convirtió en un trabajo de dragado de un canal de tres kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y 10 metros de profundidad, el cual causó daños al manglar de un área protegida. Este delito ecológico fue denunciado por el representante del corregimiento de Guarumal, Octavio Manuel Sánchez, y el ciudadano Alexis Aparicio. Según un informe de la unidad ambiental, fechado el 18 de junio pasado, se afectó el hábitat de especies marinas y terrestres que dependen de ese ecosistema. Las obras de canalización son parte del proyecto turístico Las Olas, propiedad del empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola.La Prensa, 12 de enero de 2008.
Golfo de Chiriquí,
Playa de la Barqueta,
Islas panameñas flecharon al empresario Michael Klein La meta del estadounidense era inscribir las Islas Secas en una fundación, para así lograr su conservación a perpetuidad. La belleza natural del lugar lo atrajo desde el primer momento que llegó allí. Santiago Cumbrera PA-DIGITAL Se enamoró de la flora y fauna de Panamá en un abrir y cerrar de ojos.En Islas Secas, ubicadas al sur de Veraguas, encontró lo que siempre soñó: ?un lugar paradisíaco de exuberante vegetación" para construir un alojamiento ecológico que fuera, por lo menos, autosostenible.Se trata del estadounidense Michael Klein, quien desapareció junto a su hija y una amiga de ésta, cuando viajaban en una avioneta hacia Volcán, Chiriquí, el domingo pasado.Klein, un luchador por la preservación del medio ambiente, es propietario de 16 islas inhabitadas de origen volcánico que, en su conjunto, conforman Islas Secas.Este hombre de negocios conoció esta zona del país por un accidente del destino, como dijo a la revista electrónica "En Exclusiva", que lo entrevistó en el 2005.Su hermana -conociendo su atracción por la naturaleza- lo invitó a vacacionar en Islas Secas luego de quedar fascinada con el lugar.Klein fue recibido cordialmente por las ballenas jorobadas que con sus acrobacias aéreas terminaron de atraerlo.Este exitoso empresario descubrió que Islas Secas estaba a la venta en el Registro Público de David, Chiriquí, cuando indagaba sobre un lote que su hermana estaba considerando comprar.En declaraciones a la revista "En Exclusiva", Klein reveló que cuando se dirigió a la ciudad para tomar un avión de regreso a Estados Unidos, fue recibido sorpresivamente en el aeropuerto de Albrook por el entonces dueño de Islas Secas, a quien le informaron sobre la presencia de un norteamericano ?impresionado con sus islas?.Este señor lo llevó al aeropuerto de Tocumen para hablarle de las islas y, en el trayecto de 45 minutos, logró convencerlo de comprar el pequeño archipiélago.Entre ambos redactaron, a mano, un acuerdo de compra-venta, el cual firmaron al llegar a su destino."Cuando me monté al avión con los documentos en mano es cuando realmente me di cuenta de lo que acababa de ocurrir: "Islas Secas era mío"?, contó Klein a la revista, reviviendo la aventura.Equipadas con paneles solares (que alimentan su calentador, sus luces, su nevera y abanicos), las pequeñas cabañas son para personas de alto nivel económico.Aunque el hotel puede albergar 14 adultos (los niños no están bienvenidos, a menos que se alquile la mayoría o la totalidad de las habitaciones).Este bajo número de invitados son atendidos por 20 personas que laboran en el Resort.
Isla secas,
venta de islas y costas
Gobernación trata de evitar estafas. Alertan a inversionistas sobre compra de tierras ESPECIAL PARA LA PRENSA/Alcibiades Cortés. AVISO. La Gobernación hizo la advertencia. Alcibiades CortésPEDASÍ, Los SantosEl gobernador de la provincia de Los Santos, Héctor Cárdenas, alertó ayer a los inversionistas que tengan interés de ubicarse en el área costera de la provincia, que antes de comprar deben averiguar primero el estatus de los predios que van a adquirir para evitarse problemas legales después. Cárdenas indicó que los interesados en comprar en esta área deben cerciorarse en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, las alcaldías y el Registro Público antes de adquirir estos lotes que están ubicados en la zona de 22 metros (servidumbre), porque esta área es propiedad del Estado que ningún particular puede vender, como ha ocurrido en otros casos. El gobernador afirmó que también se ha dado la devastación de mangles y de dunas en el litoral por partes de personas que se ubican en esta zona, que luego de prepararla se la venden de forma ilegal a inversionistas extranjeros. Desde el año 1999, cuando la zona toma interés, también han aparecido cercas de 22 metros levantadas ilegalmente en la zona costera por parte de aparente estafadores que preparan el terreno para luego venderlo de forma fraudulenta a los inversionistas extranjeros. Las playas que en la actualidad están siendo más codiciadas por inversionistas extranjeros son: Oria, Venado, Lachón, Lagarto, Punta el Tigre, Destiladeros, Mariabé, El Rincón, El Toro, Las Comadres y La Garita, entre otras, que se caracterizan por contar con hermosos escenarios naturales. Por otro lado, el pasado 11 de diciembre los magistrados del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, declararon no viable la acción de amparo de garantías constitucionales en contra de la resolución No. 15-07 de la Gobernación de Los Santos que ordena el desalojo de 17 personas en la playa de Oria, distrito de Pedasí. La resolución lleva las firmas de los magistrados Ismael González, Manuel Batista y Roberto González y del secretario Luis Castillero, que declara no viable el amparo impuesto por Augusto López contra la mencionada resolución expedida por la Gobernación de la provincia de Los Santos. Las personas que fueron objeto del desalojo ordenado por las autoridades tienen mucho tiempo de habitar estas tierras y en su mayoría se dedicaba a la agricultura.
ELIMINACIÓN DE INCENTIVOS. La amenaza del turismo residencial Luis Castillo Espinosa Turismo residencial es un término ampliamente utilizado, pero de un significado ambiguo que no define correctamente el fenómeno de los jubilados que eligen a Panamá como su destino para retirarse. Este fenómeno tiene como uno de sus orígenes la Ley 9 de 24 de junio de 1987, que establece beneficios para atraer a los jubilados extranjeros, entre ellos: la exoneración del pago de impuestos para la importación de artículos de uso doméstico, muebles o utensilios hasta por 10 mil dólares y la exoneración del pago de impuestos para la importación de un vehículo cada dos años y otros beneficios que exceden en mucho a las legislaciones de los países vecinos. Estas prebendas son un atentado a la dignidad de los jubilados panameños. Mientras ellos rezan para que la Caja de Seguro Social tenga los fondos para pagarles, los jubilados extranjeros reciben innecesarios y exagerados beneficios. Por otro lado, la forma en que algunas agencias de bienes raíces promocionan a Panamá en el exterior es humillante para nuestra dignidad como nación: “El llamado a venir y aprovechar el paquete de beneficios más asombroso del mundo entero, en un país en donde existe una rareza panameña: el contratar a una empleada que viva en tu casa y a la que solo le tienes que pagar 120 dólares mensuales”. Es cierto que se genera una gran actividad de construcción y que el sector de bienes raíces tiene una vitalidad nunca antes vista en el país; pero si vemos más allá de las ramas cubiertas con hojas de billetes verdes que cubren nuestros rostros, el horizonte presenta desafíos insospechados para nuestra población más vulnerable. Los jubilados extranjeros son, en su mayoría, una población envejecida que no viene a aportar mucho a la vida nacional. Los jubilados vienen a pasar los últimos años de su vida, aislados del resto del país en lugares paradisíacos como Boquete y Bocas del Toro, entre otros. Una mentira que escucho constantemente es que en esos lugares hay empleo total, pero si usted los visita se dará cuenta de que los únicos trabajos que abundan son los de empleadas y jardineros. ¿Y es eso lo que queremos para Panamá? ¿Es nuestra visión de desarrollo que nuestra población sea sirviente de los extranjeros? El principal efecto de esta ola de jubilados extranjeros, ha sido la exagerada valoración de la tierra. Por ejemplo, antes en Bocas del Toro un lugareño podía ahorrar mil 500 dólares para comprar un pedacito de tierra y construir su vivienda. Ahora ese mismo pedacito de tierra le puede llegar a costar hasta 200 mil dólares, y no estoy exagerando. ¿Qué produce esto? El desplazamiento de nuestra población de estas áreas y su reemplazo por una población envejecida y poco productiva; sin mencionar el daño ecológico que produce el “desarrollo”. Lo más peligroso de este exagerado aumento del valor de la tierra es que muchos productores agropecuarios están comenzando a evaluar si resulta mejor seguir produciendo café, arroz, leche y maíz o vender sus tierras a extranjeros y dedicarse a otra cosa. No estamos lejos de ver convertidos nuestros productivos cafetales en cabañas de retiro y nuestros campos de arroz, en campos de golf. Como resultado de esta acción, en los próximos años aumentará la escasez de estos productos básicos en la dieta del panameño, por lo que se deberá importarlos y, con ello, se reducirá nuestra independencia alimentaria. ¿En qué sentido? Al hacernos más dependientes de los vaivenes de los mercados internacionales y de las potencias económicas. Otro fatal efecto del mal llamado turismo residencial es el salvaje encarecimiento de la vida en las áreas a las que llegan los extranjeros, lo que, poco a poco, producirá la “natural” emigración de los nacionales. Ya es hora de modificar esta ley y eliminar algunos de los incentivos para los jubilados extranjeros. ¿Por qué? Porque, precisamente, el turismo residencial es una de las actividades que menos incentivos necesita, dados los beneficios naturales que Panamá ofrece. Eliminar algunos beneficios no detendrá la avalancha de jubilados, pero quizás la desacelere hasta el ritmo en que el país la pueda absorber sin afectar la calidad de vida de los panameños. Sé que muchos abogados y corredores de bienes raíces estarán en desacuerdo con este planteamiento, pero deben pensar en las grandes mayorías y no solo en los bolsillos de unos cuantos. El autor es ingeniero Categories: TurismoTagged: Turismo Residencial
PRIMER PLANO Pescadores rechazan extracción de arena CHIRIQUÍ. Los pescadores artesanales del corregimiento de Pedregal amenazan con tomar medidas de presión, si el Municipio de David aprueba la extracción de arena marina cerca de la isla Pipón, lo cual perjudicaría la vida marina de este sector. El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, Osvaldo Grenald, señaló que hoy miércoles se presentarán ante el Consejo Municipal para protestar en contra de la extracción de arena marina que está solicitando el consorcio San José para venderla en Panamá. Sandra A. Rivera
Derechos posesorios sobre islas y costasOctubre 22, 2007INSEGURIDAD.Y dale con el derecho posesorioPedro M. Vallarino CoxDe lo único que podemos estar seguros con el derecho posesorio (DP) es de su gran inseguridad jurídica. Si el 70% del territorio nacional tiene esta forma de tenencia, ya nos podemos imaginar la desazón y el temor de una inmensa cantidad de ciudadanos, máxime en estos momentos cuando el desarrollo turístico y el boom inmobiliario han disparado los precios (y los apetitos) especialmente en todas las zonas costeras del país.El DP era algo con lo que tradicionalmente nos habíamos acostumbrado a convivir debido a la incapacidad crónica del Estado para titular a todo el mundo, careciendo entonces de un sistema catastro-registro actualizado y funcional. Para compensar esa debilidad, diversas administraciones trataron de darle algún reconocimiento legal al DP: a través del Código Civil; luego lo insertaron en el Código Agrario; y posteriormente mediante la Ley 63 de 1973 se crea la oficina de Catastro y se le asigna la función de dar títulos “en terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación”. En el año 2003 cuando comenzaron a soplar vientos del boom turístico y se despertaron apetitos incontrolados por poseer tierras con potencial, apareció la Resolución No. 062 del MEF que trató de normar, mediante un largo y engorroso proceso, la transformación de DP en títulos de propiedad. Era un reconocimiento tácito del DP por parte del Estado. En el 2005, y tras una ejemplar lucha ciudadana en contra de un anteproyecto de ley que pretendía regular la concesión y venta de islas, y la concesión de costas, al menos se logró que se incluyera un parágrafo donde se obligaba al Estado a respetar los DP existentes en las islas y costas panameñas. Nació entonces la controvertida Ley 2 del 2006, único instrumento legal que aparentemente protege cualquier tipo de derecho posesorio, a pesar de que reconocidos constitucionalistas han insistido que a través de varios artículos de nuestra Carta Magna se insinúa la existencia plena de esa figura aunque no con ese mismo nombre.Cuando parecía que las aguas estaban retornando a su nivel y que a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) se estaban adelantando exitosamente las transformaciones de DP en títulos de propiedad, apareció la Resolución MEF-090 de julio 20/2007 mediante la cual se elimina de un solo tajo la Resolución 062 mencionada arriba. ¿Con qué fin? El MEF aduce lanecesidad de acabar con tanta tramitología que imponía la Resolución 062, pero al mismo tiempo nos advierte de que el Estado necesita recuperar su derecho a disponer de los bienes de la nación como lo estime conveniente. Pero, ¿qué se entiende por “bienes de la nación”? ¿Entre tales bienes estarán incluidos solamente los “terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación” o también se incluirán todos los terrenos que no están titulados actualmente, es decir, el 70% del país que esta bajo la figura del DP? ¿O será que el MEF califica como “terrenos baldíos” dicho 70% del territorio nacional? Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos decir como nuestros abuelos: ¡se sienten pasos de animal grande!Muchos se preguntan qué es lo que tiene tan incómodo al ejecutivo con este tema del DP, especialmente al MEF y al IPAT. Algunos dicen que es la proliferación de especuladores, otros dicen que es el hecho de las enormes ganancias que están obteniendo los particulares y que al Estado solo le toca el 10%. Y los demás opinan que lo que el gobierno desea es aplastar el DP y tener un poder decisorio total sobre cómo y quiénes desarrollarán las islas y costas del país. Lo cierto del caso es que existe una creciente incertidumbre y malestar entre todos los que ostentan DP, quienes vienen articulando interesantes cuestionamientos: ¿Qué es un “especulador con tierras” y qué dice la ley al respecto? Si el derecho posesorio es realmente un derecho, ¿puede el Estado desconocerlo o ponerle limitaciones? ¿Cuál es la verdadera fuerza jurídica del parágrafo del artículo 1 de la ley 2 del 2006? ¿Cuál es la razón para no haber reemplazado de inmediato la normativa consignada en la Resolución 062? ¿Cómo afecta la Resolución 090 a los programas de regularización que adelanta Pronat en estos momentos? El debate queda abierto y pienso que el país (abogados, constitucionalistas, funcionarios, etc.) está en mora para definir de una vez por todas todo lo concerniente a los derechos posesorios.El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo Turístico del Caribe—————–El derecho posesorio nació como una figura social y no como una figura especulativa. Los especuladores se han valido de esta figura para tomarse el país y a la vez vendérselo a los extranjeros y en este gran negociado no queda dinero, ni en los lugareños que deben buscar donde acomodarse, ni en el Estado. Negocio redondo!El interés colectivo y del ambiente y del país no está siendo protegido en todo esto.Vendepatrias, aunque se rasguen como Tartufo las vestiduras en el Parlamento!Buscarle el lado positivo a la ley 2 que permite la titulación de espacios costeros e insulares hasta donde rompe la ola de nuestros oceános es un robo al país, máxime cuando no serán los panameños quienes detentarán estos títulos.Extraído de Burica Press
Some Panama squatters losing homesDevelopers are pushing long-established coastal squatters from their picturesque homes.Posted on Mon, Oct. 15, 2007BY BENJAMIN SHORSSpecial to The Miami HeraldHOLLY PICKETT/FOR THE MIAMI HERALD Rosendo Garcia Molina, right, stands in the ruins of his former home, which was destroyed in a fire in Bocas del Toro, Panama. Molina, who was in a land dispute over potential development, believes the fire was set intentionally.» More Photos ISLA CARENERO, PANAMA -- In the late 1980s, Nicasio Jiménez built two listing shacks with mangrove beams, a roof of scavenged tin, and rough floor planks that allowed Caribbean breezes and biting flies to flit through the cracks. Jiménez, a 61-year-old retired banana pruner who earned $1 an hour, did not own the waterfront land. Like hundreds of other low-income people living in Bocas del Toro, a stunning archipelago once relegated to some of Panama's poorest residents, he instead relied on ''squatter rights'' written into the country's law.Now, as foreign investment transforms these languid islands, Jiménez' family faces eviction from a Naples developer who claims he bought the property from a third party.''Before, nobody wanted this land,'' said Feliciano Santos, Jiménez's 36-year-old son-in-law. ``You didn't need documents. This was a garbage disposal area. We are the ones who cut our feet and got dirty working the land.''For centuries, this Caribbean island has been a beautiful place to be dirt poor. But in recent years, a booming real estate market has brought American entrepreneurs into direct conflict with Afro-Caribbean and indigenous Indians who occupy these once-isolated isles.Now, developers have targeted an emerging demographic: retirees from America and Europe.Although American expatriates have been a part of the funky vibe in Bocas since the 1990s, they remained a relatively minor note in the Caribbean town. But as development in Panama City boomed -- construction permits last year topped $1 billion -- investors pushed into more remote reaches of the country.Now, critics say, the size of the new developments threaten to displace hundreds of low-income island residents, many of whom live on prime oceanfront real estate.In the past year, the conflict has spiraled. Armed private security guards patrol disputed beaches. A powerful union of construction workers has leveled charges of ''colonialism'' against several developers. Homes have mysteriously burned and been torn to the ground.''There is this tremendous lust for the coastline,'' said Osvaldo Jordan, executive director of the Alliance for Conservation and Development, a Panamanian nonprofit based in Panama City. ``Developers and speculators will use any means necessary to get the land from the people.''THE ISLAND LAWIn an attempt to restore order last year, President Martín Torrijos signed the Island Law, which provides incentives for investors to develop large residential communities for foreigners, while also attempting to preserve the rights of locals who have lived and farmed the land for decades.Specifically, the law sought to attract developments with home prices above $300,000 -- a fortune in a country with a median income of $5,000.On the day of the law's signing, developers unveiled plans for more than $700 million in new projects in Bocas del Toro -- evidence, critics say, that the law will only further disenfranchise the island's poor.'The government has said, `Let's open ourselves to the highest bidders,' '' said Linda Barrera, a former law clerk with the International Environmental Law Project at Lewis and Clark Law School in Portland, Ore., and a Panamanian citizen. ``A small indigenous family may not have the resources that the developers have to establish the title. It's an expensive process.''As Panamanian officials attempt to sift through the competing land claims, activists for the poor have criticized the government's lack of transparency, and local offices have been plagued with accusations of bribery.The land dispute has spilled into the American legal system, where the owners of the Red Frog Beach project sued two Texas men and a Delaware corporation in a dispute over a 25-acre beach. Both groups have plans to develop the beach, which serves as a critical nesting area for several species of sea turtles.LEGAL BATTLEAttorneys for Red Frog -- a $400 million development with plans for 900 condos and villas, two marinas, a hotel and spa -- allege that a competing group, Cinco Cruces de Oro Holdings, bribed the local sheriff, which led to the jailing of a dozen Red Frog employees. Cinco Cruces denied any wrongdoing.''Very strange and awful things have been happening here,'' said Michelle Slough, marketing director for Red Frog in Bocas. ``But little by little, we are trying to solve the land disputes and educate the community.''As the case makes its way through the Texas legal system, a tense situation continues on the beach. On a hot afternoon this summer, security guards for both companies rested in the shade along the sandy shore, their camps located about 200 yards apart. Some carried automatic weapons. Others slept with shotguns at their sides.''At first, we were very enthusiastic about these projects,'' said Rutilio Milton, 50, director of a small Ngobe Indian crafts cooperative along a bay where Red Frog plans to build a 250-boat marina. ``We thought the whole community would be part of this planning. But now this is so big we are afraid we will disappear.''Some foreigners say they are only now realizing the difficulties of living in a town that, prior to the year 2000, did not have a paved road connecting it to the rest of Panama. On the islands, air travel, healthcare and even clean drinking water can be inconsistent.EASILY DECEIVED''It's not too hard to blind people to how weak their investment is,'' said a British citizen who moved to the islands four years ago but asked not to be identified because she runs a small business. ``If you scratch beneath the surface, you can see the fault lines.''Those lines are striking on Isla Carenero, where Jiménez built his tiny home with no running water or electricity.One hundred yards down the beach, 57-year-old J. Stephen Crabtree, formerly of Naples, built three small casitas for tourists, and lined the paths of his Careening Cay Resort with native flowers. His wife, Joan, opened the Cosmic Crab Café, which sits on stilts above the waters of the Caribbean.''I've put my life savings into making this the most beautiful place in Bocas,'' Crabtree said. ``This is ideally what the Panamanian government wants to see -- an entrepreneur bringing in money and hiring locals at a living wage.''Crabtree said he paid more than $150,000 to buy the land from an Afro-Caribbean woman whose father once harvested mangrove trees on the property.Jiménez and his family said they have never received any documents showing that Crabtree owns the land. Crabtree said his attorney continues to work through the legal process, even as the situation between the neighbors worsens.PUBLIC HUMILIATION''They have slandered me on television,'' said Crabtree, who also works as a real-estate agent in the islands. ``They put you in jail for that here.''Panama, he insisted, should ''serve as a model for Central America'' for its efforts to protect the rights of property owners.''If you have the documents in place, the courts are fair,'' Crabtree said, sitting with visitors on his dock above the Caribbean waters. ``The next move -- once we oust these people -- will be to clean up the bay where they have been going to the bathroom for 12 years. When I get done, the place next door is going to look just like this.''
Sigue negociado con costas en ColónOctubre 15, 2007 A orillas del marEscándalo por tierras en Portobelo Enrique Watts Ríosewatts@cwpanama.net COLÓN. Un nuevo escándalo por la adjudicación de terrenos a borde de playa se ha destapado en Portobelo, al ser cercados unos 400 metros lineales a borde de la playa en el sector de Juan Gallegos, corregimiento de Isla Grande, sin haber pasado por las manos del Consejo Municipal de ese distrito y donde se menciona que unos de sus beneficiados es un destacado miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El área, que es un barranco en cuyo fondo existe un arrecife decoral y enormes rocas y que solo puede ser explotado rellenando laorilla de la playa, fue cedida a través de la figura del derecho posesorio a dos ciudadanos, uno extranjero y otro nacional, cuando se mantiene en vigencia disposiciones legales que autorizan a otras instancias en otorgar, mediante concesión, tierras que están a menos de 200 metros de la orilla de mar. El hecho ha motivado que el Concejo de Portobelo convoque para el martes a los directores regionales de ANAM, MICI y PRONAT, para investigar si estas instituciones han dado permiso para la explotación de estos terrenos. Emilia Tesis, presidenta de la comuna, reconoció que hay ciertas irregularidades en el otorgamiento de tierras que no han pasado por el Concejo, como personas que han procedido ha cercar con alambres de púas y ellos como gobierno local esperan conocer y que se aclare la situación. Tesis dijo que las cosas deben hacerse como se establecen para que la cámara edilicia no quede involucrada en problemas que no conoce y donde son los últimos en enterarse. La edil indicó que fueron informados de una concesión para talar 60 hectáreas en María Chiquita y que aparentemente fue otorgada por la ANAM sin conocimiento del Municipio de Portobelo.En el caso de Juan Gallego, parte de los 400 metros lineales estaban a nombre de un poblador del área que posteriormente lo traspasa a un extranjero, mientras que el resto a un ex legislador perredista por San Miguelito. Las tierras, que solo pueden desarrollarse rellenando los arrecifes de coral, fueron cercadas hace algunas semanas y por décadas estuvieron sin restricciones de acceso y solo se ha dejado, entre ambas, una distancia menor al medio metro de distancia. Una fuente consultada por El Siglo manifestó que constantemente en las costas de Colón se presentan casos donde tierras que han sido vendidas a extranjeros con documentos falsos, posteriormente aparecen los dueños originales reclamando sus derechos. La acción involucra en algunos casos a ex representantes de corregimiento que sirven de intermediario entre el comprador y los personajes que se dedican a validar la acción ilícita.Categorías: Costas · Islas y Costas · Privatización de playasTag: Colón, Portobelo
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Felicitamos y damos la bienvenida a esta página que denuncia la apropiación indebida y destrucción de nuestras playas que son un bien público y de libre acceso.Adelante amigos, con tenacidad se logrará detener a estos ladrones. Triste Playa Gruas en el Mar Camiones y Rellenos Publicadas por
SIN CONTROL. El Artículo 37 de la Ley 2 del 7 de enero de 2006 –Ley insular– prevé la creación de la Sección de Propiedad Insular dentro del Registro Público para todos los títulos de esas tierras. A pesar de que pasó más de un año y medio, aún la dependencia no se creó por falta de fondos. En la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF tampoco hay un registro que indique de quién son las islas. Allí también se quejan de la falta de recursos. ¿Y si le piden unos dólares prestados a José Nelson?Santiago Fascetto sfascetto@prensa.comLa Prensa:::::::::::::::::::::::::::Para qué cliente de qué diputados era urgente esta ley que cedía nuestras islas y que impulsó el sr. Pedro Miguel Gonzalez en sus buenos momentos de Presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea!
catastro. Preocupa Ley No. 2 en costa arriba de Colón Carlos Barlettacbarletta@prensa.com La Ley No. 2 del 7 de enero de 2006 que regula las concesiones de tierras para la inversión turística en costas e islas genera inquietudes a los propietarios de tierras de Playa Colorada, costa arriba Colón, un centro de interés turístico. Muchas de las tierras en el inventario estatal ya han sido otorgadas a residentes de diversas áreas del país a través de la reforma agraria y derechos posesorios. Sin embargo, muchas de estas jamás han sido tituladas. Ante esto, el artículo 1 de la Ley No. 2 dice que los derechos posesorios existentes otorgados por los municipios y autoridades correspondientes no serán afectados, explica Pedro Vallarino, presidente de la Fundación para el desarrollo del Caribe (Fudetca). El ministro de turismo, Rubén Blades, expresó interés por el desarrollo turístico de "800 hectáreas frente al mar, propiedad del Estado" en Playa Colorada, en una carta dirigida al entonces director de Catastro y Bienes Patrimoniales Benjamín Colamarco el 20 de septiembre de 2005. En esta, Blades explica el potencial turístico que poseen estas áreas, y pide reservar estas tierras hasta que "podamos verificar la posibilidad que las mismas puedan ser utilizadas para un desarrollo turístico". Para los miembros de Fudecta que poseen tierras en Colón, estas declaraciones son preocupantes, ya que ellos compraron derechos posesorios en estas áreas de interés turístico para el Instituto Panameño del Turismo (Ipat). "Nosotros compramos estas tierras a los lugareños que las poseían desde hace décadas. Tenemos más de 10 años trabajando con las comunidades de Costa Arriba", mencionó Sonia Sandoval, integrante de Fudetca. La preocupación se agravó el 22 de agosto cuando salió la Resolución 90 en Gaceta Oficial, la cual elimina la resolución 62 que regulaba la venta de bienes del Estado, tema que ha quedado inconcluso. El 23 de agosto de 2007 Fudetca envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, Vallarino dijo que no ha recibido respuesta. "El propósito de la Ley No. 2, es promover el desarrollo turístico ordenado en el país", dijo Ricardo Ledezma, del Ipat. Esta ley regula el manejo de los territorios del Estado en costas e islas, ya que son de alto interés turístico. Ledezma dijo que ellos no tienen jurisdicción sobre las tierras estatales, ya que su labor en la Ley 2 es otorgar las concesiones para desarrollos turísticos. "Las tierras las maneja Catastro en el MEF" agregó. Actualmente, el Programa Nacional de Tierras tiene una campaña de titulación masiva, donde los inversionistas de Colón esperan que se les reconozcan sus derechos posesorios. "Si estas son de interés turístico, las venderíamos con los respectivos permisos del Ipat", recalcó Vallarino.
ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS A la caza de sitios arqueológicosIvis Leonardo Franco C. PANAMA AMERICAEL ARCHIPIELAGO de Las Perlas, en el Océano Pacífico, se ha convertido para los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), en un laboratorio de investigaciones arqueológicas. Hasta el momento se han encontrado más de 50 yacimientos en el archipiélago, el cual es considerado uno de los conjuntos de islas más importantes de las que rodean las costas del Istmo de Panamá. Alrededor son 90 islas y 130 islotes que conforman el Archipiélago de Las Perlas, valioso tesoro para los panameños y una gran sala de maternidad para aves y mamíferos marinos migratorios. Arqueólogos nacionales y extranjeros, la consideran como un lugar ideal para realizar investigaciones ambientales y científicas, por lo que han decidido ir a la caza de estos yacimientos que se encuentran en el lugar. El reconocido arqueólogo Richard Cooke, científico permanente del STRI, trabaja en estas investigaciones, a fin de dar a conocer la importancia de este patrimonio, en el que se han encontrado grandes hallazgos que datan de 550 a 700 años después de Cristo (D.C.). Manifestó que durante las excavaciones se han encontrado cerámicas pintadas, muy parecidas a las talladas en la región de Azuero y Coclé. Estas artesanías han dado fecha de Carbono 14, lo que comprueba su antigüedad. De acuerdo con Cooke, se presume que existieron asentamientos humanos en el Archipiélago de Las Perlas. A pesar del poco tiempo que llevan las investigaciones, las cuales iniciaron en febrero de este año, esta hipótesis de los científicos puede ser acertada por los valiosos hallazgos, que alguna vez pertenecieron a nuestros ancestros. También se han encontrado otro tipo de cerámicas sin pintura, la cual se desconoce su antigüedad. PREOCUPACIONLos científicos están preocupados. Y es que a pesar de que el Archipiélago de Las Perlas ha sido por años el foco principal del desarrollo turístico de nuestro país, en el que sus hermosas playas de fina arena blanca han atraído a cientos de miles de turistas de todo el mundo, hoy esconde una triste realidad. Por un lado el calentamiento global del planeta, la contaminación de sus aguas, los desechos tóxicos, están contribuyendo a la desaparición de los corales, mientras que los proyectos turísticos en la zona amenazan con desaparecer centenares de sitios arqueológicos. El consorcio Viveros Development Inc. fue sancionada por la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC), por la destrucción de ocho yacimientos arqueológicos, en la Isla Viveros, a un costo de 100 millones de dólares. Y es que en el lugar, investigaciones arqueológicas revelan que se encontraron cerámicas que sugieren conexión cultural en la región de Coclé y acumulación artificial de conchas marinas. Esta es la principal preocupación, manifestó Cooke, ya que se atenta con un patrimonio de gran importancia para la región. En este sentido, el investigador hace un llamado de atención a las autoridades, a fin de mitigar el impacto del turismo y rescatar los sitios arqueológicos. Los estudios arqueológicos se han llevado a cabo en las islas Bayoneta, Cañas, Casaya y Pedro González. En este sentido, grupos ambientalistas han señalado que si no se defiende este tesoro, el sitio pasará de ser una isla con playas libres en una isla privada adornada de decenas de muelles y cientos de proyectos turísticos. AMPLIAR En la isla se han encontrado más de 50 yacimientos arqueológicos. _Foto: EFE AMPLIAR Los investigadores han encontrado cerámicas pintadas, muy parecidas a las talladas en la región de Azuero. _Foto: Ilustrativa de la cultura Copán AMPLIAR Grandes hallazgos. Publicadas por
Archipiélago de Las Perlas,
Este sitio intenta internalizar conocimientos y actitudes ciudadanas para salvaguardar los caros valores de nuestro país, mostrando lo bueno, lo malo y lo feo sobre el tema de la venta o enajenación de islas y costas, patrimonio natural de todos los panameños.
Acaparamiento de tierras insulares
Mar Caribe Beach Resort and Marina
Mar Caribe Beach and Resort
lsla Naos
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References: artículo 94
 artículo 67
 artículo 95
 artículo 68
 artículo 4
 artículo 21
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 artículo 1
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 Artículo 37
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