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Timestamp: 2017-10-20 23:37:56+00:00

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Sentencia T.S.J. País Vasco de 23 de septiembre de 2003. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Proceso - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. País Vasco de 23 de septiembre de 2003
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Proceso. Ejecución de sentencia. La empresa sólo puede resarcir del perjuicio causado al trabajador reponiéndole en sus anteriores condiciones de trabajo. La extinción del contrato es una posibilidad que tiene el trabajador.
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por Auto, cuya relación de hechos probados del auto es la siguiente:
"Primero. Pedro Antonio presta sus servicios para la Empresa 'Tubos Reunidos, S.A.' desde el 20 de junio de 1977 ostentando la categoría profesional de Oficial 1.ª Administrativo y percibiendo un salario mensual prorrateado de 414.265 ptas.
El demandante ha venido prestando sus servicios en la Sección de Clientes Nacionales del Departamento Financiero/Clientes Nacionales en la Empresa demandada.
Segundo. El 2 de noviembre de 2000 el Director Financiero de la empresa demandada remite al actor una carta en los siguientes términos:
'Muy Sres. nuestros:
A finales de 1998 iniciamos el estudio y análisis de reorganización del departamento financiero, debido principalmente a la implantación de nuevos sistemas informáticos, a los informes de Anderson Consulting de 1996 y a la petición de baja por parte del trabajador del área Sra. Encarna.
Consultadas a lo largo de 1999 y 2000 las personas más directamente implicadas en un posible cambio y analizadas las funciones de cada una de ellas hemos estructurado un nuevo sistema de organización en el área de administración, control y seguimiento de clientes, unificado en un único proceso y bajo una única responsabilidad funciones y tareas hasta ahora desglosadas en Clientes Nacionales y Clientes de Exportación.
Como consecuencia de ello se amortiza el puesto de clientes de Mercado Nacional integrándose sus funciones y tareas en el 'Proceso General de Clientes' y por lo tanto, al ser suprimido este puesto, queda en situación de excedente el Sr. Pedro Antonio que era la persona que hasta la fecha ocupaba esta plaza.
Lo que comunico a Vds. a los efectos oportunos.'
El 3 de noviembre el Director de Recursos Humanos notifica al demandante su nuevo puesto de trabajo en los siguientes términos:
'Muy Sr. Nuestro:
Hemos recibido del responsable de su Departamento la notificación de su situación de excedente motivada por la reestructuración de las funciones del área, con la creación de un nuevo sistema de organización en el área de administración, control y seguimiento de clientes, unificando en un único proceso y bajo una única responsabilidad, funciones y tareas hasta ahora desglosadas en Clientes nacionales y Clientes de Exportación.
Al propio tiempo, en las gestiones iniciadas para su reubicación, Fabricación nos ha informado de la necesidad urgente de cubrir, temporalmente en su inicio, un puesto de administrativo en el área de Laminación, en horario de día. Las funciones básicas serán las de poner en marcha el sistema Carta con la introducción de datos informáticos para el óptimo funcionamiento del Reductor. El resto de las funciones le serán explicadas con más detalles por los responsables de Producción. Dependerá jerárquicamente de D. Silvio.
Dada la urgente necesidad de realizar las funciones encomendadas a ese puesto, su incorporación será inmediata, a partir del próximo lunes, día 6 de los corrientes, con carácter de provisionalidad por un período de cuatro meses, de acuerdo con lo previsto en el convenio en estas situaciones.
Lo que le comunicamos para su conocimiento y efectos.'
Tercero. El 6 de noviembre de 2000 el Director de Recursos Humanos comunica al demandante:
Por medio de esta comunicación ponemos en su conocimiento la apertura de expedición sancionador por si los hechos que seguidamente se le imputan a Vd. pudieran ser constitutivos de falta laboral sancionable a tenor de lo dispuesto en el Capítulo XI del vigente Convenio Colectivo de empresa.
El pasado día 31 de octubre se celebró en el Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Vitoria-Gasteiz juicio en materia de clasificación profesional a instancia de Vd. y frente a esta empresa en el que, y como prueba documental presentada por Vd., su representación letrada aportó una grabación magnetofónica obtenida subrepticia a ilegalmente de una conversación al parecer mantenida con sus superiores D. Antonio y D. Javier. Asimismo y con idéntico carácter, aportó un elevado número de documentos extraídos por Vd. sin autorización ninguna de sus superiores, de los registros y archivos de la empresa, parte de los cuales constituyen documentación confidencial cuya divulgación comporta un riesgo de perjuicio para la empresa.
Como quiera que los precedentes hechos pueden constituir una infracción muy grave de las previstas en el art. 54.c) en relación con el 50 del Convenio Colectivo de empresa y 54.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, se le concede un plazo de veinte días naturales a partir de la fecha de la presente notificación para que formule Vd. alegaciones en su descargo a fin de dejar ultimado el expediente. Asimismo, se le notifica que ha quedado designado Instructor del mismo el suscrito.
Rogándole se sirva firmar el duplicado de la presente comunicación, en prueba de recibo y sin que ello suponga aceptación de los anteriores hechos ni de responsabilidad, le saluda atentamente.'
El 11 de diciembre la empresa comunica al actor la imposición de sanción de despido disciplinario. Sanción que fue declarada nula por el Juzgado de lo Social núm. 3 de esta ciudad en Sentencia dictada el 22 de marzo de 2001.
Cuarto. El demandante, en la actualidad en situación de I.T., no está adscrito a puesto de trabajo determinado.
Quinto. Consta en las actuaciones Informe de Andersen Consulting de fecha 25 de abril de 1996 sobre proyecto relativo a 'Ingeniería de las Tareas Administrativas en el área de Administración y Finanzas', señalando lo que se trata de conclusiones preliminares sobre las cuales la Dirección de 'Tubos Reunidos, S.A.' deberá priorizar las actuaciones que en cada momento considere más apropiadas para la Compañía (folio 242).
El informe obrante a los folios 243 a 308 se da íntegramente por reproducido.
Sexto. El 27 de noviembre de 2000 en Reunión núm. 53 entre el Comité de empresa y la Dirección de 'Tubacex' como punto 8 consta: (...)
La Dirección quiere informar de la reclamación de categoría del trabajador D. Pedro Antonio en los siguientes términos:
1.º Las reclamaciones de categoría, situaciones que se han planteado otras veces con anterioridad, se producen cuando existe una discrepancia entre los criterios de la Dirección y de los afectados. El propio Convenio Colectivo establece, en concordancia con la normativa general, que las reclamaciones se someten a las decisiones del organismo jurisdiccional competente y se acate sus conclusiones.
2.º Aportación en el juicio de una cinta grabada de la conversación mantenida en el despacho del Sr. Antonio sin su conocimiento ni consentimiento, ni del Jefe Financiero, Sr. Javier, y presentación de abundante documento, más de mil folios, referente a la actividad de la empresa obtenida subrepticiamente sin conocimiento ni consentimiento de sus superiores y con un grado importante de confidencialidad.
3.º El conocimiento de estos hechos, por la grave pérdida de confianza el Sr. Pedro Antonio, motivan agilizar la reordenación del departamento que llevaba en estudio desde finales de 1998 con la implantación de nuevos sistemas informáticos, petición de baja de la trabajadora Sra. Encarna y consultas realizadas a las personas más directamente implicadas a lo largo de los años 1999 y 2000.
En consecuencia se decide amortizar el puesto de Clientes de Mercado Nacional integrándose sus funciones y tareas en el Proceso General de Clientes y por lo tanto, al ser suprimido este puesto, queda en situación de excedente el Sr. Pedro Antonio que era la persona que hasta la fecha ocupaba esta plaza.
5.º Seguidamente se informa a todas las partes afectadas sobre la apertura de un expediente disciplinario al Sr. Pedro Antonio por si los hechos relatados en el punto segundo pudieran ser constitutivos de falta.
6.º Se está en permanente contacto y conversaciones con el Sindicato E.L.A. y la Sección Sindical de la Planta de Amurrio del que el Sr. Pedro Antonio es afiliado. En reunión celebrada, el día 22.11.2.000 a petición del Sindicato E.L.A., la Dirección propone el despido como sanción y E.L.A. manifiesta que aceptaría cualquier sanción siempre que la misma no sea el despido.
7.º Ante lo manifestado por el SIndicato E.L.A. la Dirección modifica la propuesta de despido y hace la siguiente propuesta global:
-Sanción de suspensión de empleo y sueldo de 60 días.
-Traslado definitivo a un puesto nuevo de empleo en el Parque de Palanquilla.
-Salida del puesto que ocupa en la junta directiva, a propuesta de E.L.A., en la E.P.S.V.
-Realizar un documento de acuerdo que debe ser suscrito y aceptado por la Dirección, el Sindicato E.L.A. y el Sr. Pedro Antonio.
8.º Se redacta y se acuerda un documento, por la Dirección y el Sindicato E.L.A., en línea de la propuesta global definida en el punto 7.º Esta propuesta es rechazada por el Sr. Pedro Antonio que indica que no acepta ningún documento de sanción que se le presente.
9.º Ante esta situación de rechazo la Dirección mantiene la propuesta de Despido como única salida a una falta considerada como muy grave.
Séptimo. El 18 de noviembre de 2000 instó acto de conciliación celebrándose sin avenencia el 27 de noviembre de 2000.
Octavo. El 31 de julio de 2001 se dictó por este Juzgado de lo Social, en los autos 541/00, sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, sentencia en la que en su fallo se estimaba la demanda promovida por D. Pedro Antonio frente a la empresa 'Tubos Reunidos, S.A.' y se declaraba injustificada la modificación de condiciones de trabajo del demandante, condenando a la demandada a reponer al demandante en su anterior puesto de trabajo.
Noveno. Firme la anterior sentencia se solicitó por el demandante la ejecución de la misma, y tras los oportunos trámites, se celebró la oportuna comparecencia incidental en la que comparecieron ambas partes y se efectuaron las alegaciones y se practicaron las pruebas que constan en el acta extendida a tal efecto y que aquí se da por reproducido.
Décimo. El ejecutante desistió en el acto de la comparecencia de la petición de prueba referente al Instituto Francais.
Undécimo. El ejecutante en el acto de la comparecencia ha reconocido varias veces que el cumplimiento de la sentencia es imposible, ya que el puesto de trabajo del ejecutante está amortizado.
Duodécimo. Por auto de 16 de diciembre de 2002 este Juzgado acuerda declarar extinguida la recurso de suplicación 1485/03 relación laboral que unía al ejecutante D. Pedro Antonio con la empresa ejecutada 'Tubos Reunidos, S.A.' condeno a esta última a abonar al ejecutante la suma de 95.459,24 euros.
Decimotercero. El 31 de diciembre de 2002 se presenta escrito de la parte ejecutante en el que se interpone Recurso de reposición frente al Auto de 16 de diciembre de 2002.
Por Diligencia de Ordenación de 9 de enero de 2003 se acuerda tener por interpuesto el anterior recurso de reposición, y dar traslado del mismo la otra parte.
El 17 de enero de 2003 se presenta escrito de la representación de la empresa ejecutada en el que se impugna el recurso de reposición."
Segundo.-La parte dispositiva del Auto de instancia dice: "Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el ejecutante frente al auto de 16 de diciembre de 2002, el cual se confirma íntegramente".
Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado por la parte contraria
Primero.-Por la representación letrada de D. Pedro Antonio de interpone recurso de suplicación al objeto de que se declare la nulidad de actuaciones o, subsidiariamente, se obligue a la ejecutada "Tubos Reunidos, S.A." a que le reponga sin dilación alguna en su puesto de trabajo de clientes de ámbito nacional. El recurso de suplicación se dirige frente al auto de 23.01.03, que confirmaba el de 16.12.02 resolviendo el recurso de reposición interpuesto frente a éste, y en los que, dando respuesta a la ejecución de la sentencia dictada el 31.07.01 en los autos núm. 541/00 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Álava sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo del actor con la calificación de injustificada, y previa comparecencia celebrada el 10.12.02, se declaraba extinguida la relación laboral que unía al ejecutante D. Pedro Antonio con la empresa "Tubos Reunidos, S.A.", condenando a la ejecutada al abono de la indemnización de 95.459,24 euros. El recurso es impugnado por la mercantil ejecutada.
Inicialmente el auto de 23.01.03 no concedió recurso de suplicación, pese a lo cual el ejecutante anunció el mismo siendo desestimado por auto de 08.02.03, e interpuesto recurso de reposición contra éste, por el auto de 31.03.03 se resolvió reponerlo y finalmente tener por anunciado el recurso de suplicación.
Segundo.-La primera cuestión que debe analizarse es si el recurso de suplicación interpuesto puede ser admitido, dando respuesta con ello a la que denuncia que en tal sentido se efectúa en el escrito de impugnación, sin perjuicio de que deba examinarse de oficio por tratarse de una cuestión de orden público procesal.
Si atendemos al art. 189.2 de la LPL, en el que se dispone que los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que en ejecución se sentencia dicten los Juzgados de lo Social serán recurribles en suplicación siempre que lo hubiere sido la sentencia ejecutoria y resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado, en este supuesto, al faltar la primera de las premisas, es decir, la recurribilidad en suplicación de la sentencia ejecutada (art. 138.4 LPL), debiera entenderse que el recurso que ahora se plantea es inadmisible. Ahora bien, como el art. 189.1.d) de la LPL señala que procederá la suplicación contra las sentencias dictadas por reclamaciones que tengan por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento de conciliación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensión, dado que lo que se cuestiona en el recurso interpuesto es la correcta ejecución de la sentencia dictada en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, entendiendo que se ha aplicado la solución prevista para el despido improcedente cuando no se procede a la readmisión o ésta se lleva a cabo irregularmente (arts. 277, 278 y 279 de la LPL), normas que el ejecutante entiende que no son de aplicación a la ejecución instada (tendente a la obtención de la reposición en sus anteriores condiciones de trabajo) y de lo cual ya dejó constancia -como luego se dará por probado- en la comparecencia celebrada el 10.12.02 (que tendría el valor de la protesta requerida), debemos concluir, como ha resuelto la Juzgadora "a quo"en el auto de 31.03.03, que el recurso de suplicación anunciado por el Sr. Pedro Antonio debe ser admitido y examinado, con amparo también en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva contemplado en el art. 24 de la Constitución.
Tercero.-En los dos primeros apartados del punto segundo del recurso, al amparo del art. 191.b) de la LPL, se interesan sendas revisiones en el relato de hechos declarados probados:
A) Con remisión a la prueba documental obrante a los folios 67 a 71 de los autos se solicita la inclusión de un apartado 10 al hecho probado sexto con el siguiente texto: El despido mencionado fue declarado nulo en virtud de sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria, autos núm. 23/01, en base a una reclamación de categoría profesional de D. Pedro Antonio frente a su empresa "Tubos Reunidos S.A.".
No puede prosperar la adición postulada, primero, porque el citado ordinal hace una transcripción del contenido de una reunión entre el Comité de Empresa y la Dirección de "Tubacex", y, segundo, porque ya se recoge la existencia del mencionado despido y la declaración de su nulidad en el hecho probado tercero.
B) Con apoyo en los documentos incorporados a los folios 713 y 714 de las actuaciones, así como en el contenido dado al auto de 31.03.03, se pide se añada al hecho probado duodécimo de un nuevo párrafo con el siguiente contenido: El ejecutante manifestó expresamente que no solicitaba la extinción del contrato y la empresa alegó que sólo cabría la desestimación de la demanda por no pedirse aquélla y ser imposible el cumplimiento de la Sentencia en sus propios términos.
Resultando los datos señalados de la prueba invocada y siendo relevantes para la resolución de la cuestión controvertida, debemos estimar la adición postulada.
Cuarto.-Pasando al siguiente motivo de suplicación, al amparo del art. 191.a) de la LPL se interesa la nulidad de actuaciones con reposición al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento causantes de indefensión, al entender infringido el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24 de la Constitución.
El recurrente muestra su disconformidad con que el Juzgado dé en la ejecución una solución (extinción indemnizada del contrato) que se separa de lo resuelto en el título ejecutivo (reposición en las anteriores condiciones de trabajo) y alega que, además, no da respuesta a cuestiones planteadas en el recurso de reposición, tales como el carácter de representante legal de los trabajadores del Sr. Pedro Antonio y el salario aplicable, extremos que considera inciden en la interpretación del Juzgado.
Como la declaración de nulidad de una resolución, en cuanto supone una frustración aunque sea provisional del proceso seguido en la instancia, con el consiguiente estado de insatisfacción para los justiciables por lo que se refiere a la obtención de una resolución fundada en derecho que dé respuesta a las cuestiones debatidas en el litigio sin dilaciones indebidas, constituye un remedio procesal que ha de ser manejado con el mayor cuidado y ponderación, no llevándose más allá de los límites impuestos por el propio derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución -artículo 24.1 de la misma- proclama y garantiza, debe considerarse que, cuando no exista indefensión, no procede la declaración de nulidad de la sentencia y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento, de acuerdo con lo que establece el apartado a) del artículo 191 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, y, asimismo, de que no es posible decretar una nulidad que sólo cabe, ex art. 191.a), sino cuando se agoten previamente todos los medios de defensa, y más concretamente, cuando tras la supuesta infracción procesal el perjudicado reacciona y formula la oportuna protesta ante el órgano judicial.
Pues bien, el art. 24 de la Constitución, es decir, la tutela judicial efectiva, no queda vulnerado por el hecho de que el Juzgado resuelva la ejecución instada en unos términos que el ejecutante no comparte, solución frente a cual puede defenderse a través del presente recurso por el cauce procesal previsto en el apartado c) del art. 191 LPL con denuncia de las normas sustantivas o de la jurisprudencia que estime infringidas. Y en cuanto a los extremos relativos al carácter de representante legal de los trabajadores y salario del ejecutante, que fueron alegados en el recurso de reposición que interpuso frente al auto de 16.12.02, diremos que sólo pueden tener incidencia en la extinción contractual indemnizada que ha sido estimada como solución por el Juzgado, solución no compartida por el ejecutante que persigue la reposición en sus anteriores condiciones de trabajo, por lo que, al resultar irrelevantes para la obtención del fin perseguido en el recurso, su falta de análisis en la resolución recurrida no causa indefensión alguna al recurrente. No se accede a la nulidad interesada.
Quinto.-En un último apartado, al amparo del art. 191 c) de la LPL, se contemplan las múltiples denuncias o infracciones jurídicas en otros tantos subapartados: la falta de ejecución en sus propios términos (infracción art. 18.2 LOPJ en relación con arts. 24 y 9.2 CE y 1098, 1101 y 1256 del Código Civil); del principio de congruencia (infracción art. 218 LEC); de la cosa juzgada positiva (infracción art. 222 LEC en relación con arts. 245 LPL y 41 ET); la "reformatio in peius"(no aplicación arts. 222 LEC y 245 LPL en relación con indebida aplicación art. 138.6 LPL y no aplicación del art. 138.5 LPL, con errónea remisión a los arts. 277, 278 y 279 LPL y no aplicación de los arts. 6.4 y 7.2 del Código Civil y 9.3, 9.2 y 33 de la CE); del principio de igualdad (art. 14 CE); del derecho al trabajo (art. 35.1 CE); de la dignidad (arts. 10.1 y 15 CE); del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE); del derecho de opción indemnización/readmisión; del principio de legalidad; del principio de tipicidad; de los principios de proporcionalidad, igualdad e indemnidad; y del principio "pro actione".
La profusión de denuncias formuladas en el recurso, que dan una complejidad innecesaria al escrito presentado, persigue, una vez desechada la nulidad de actuaciones, obtener se deje sin efecto la declaración efectuada por el Juzgado en respuesta a la ejecución instada y la obtención de que D. Pedro Antonio sea repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo.
Tomaremos como punto de partida la sentencia de 31 de julio de 2001 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Álava (autos núm. 541/00) en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, en la que se declaraba injustificada la modificación de condiciones de trabajo de D. Pedro Antonio, condenando a "Tubos Reunidos, S.A." a reponerlo en su anterior puesto de trabajo, sentencia de cuya ejecución trae causa el presente recurso de suplicación.
La sentencia que resuelva sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo llevada a cabo por la dirección de la empresa aduciendo razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, podrá declarar que la misma está justificada o injustificada según quede probado o no que aquélla ha contribuido a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda, mientras que se declarará nula si se lleva a cabo sin que concurran nuevas causas que la justifiquen dentro de períodos inferiores a los umbrales legalmente permitidos, es decir, en fraude de ley (art. 41.1 y 3 "in fine" ET). La sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo (art. 138.5, párrafo segundo, LPL).
Pues bien, aunque el art. 138 LPL sólo contempla de forma expresa la ejecución de la sentencia en sus propios términos si declara la nulidad de la medida empresarial (apartado 7.º), su apartado 6.º dispone que, cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo -que, como antes se ha señalado, es el efecto legalmente anudado a la modificación declarada injustificada- o lo hiciere de forma irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinción del contrato por causa de lo previsto en el art. 50.1.c) del ET conforme a lo establecido en los arts. 277, 278 y 279 de la LPL.
No puede interpretarse la normativa anterior en el sentido de que sólo la medida declarada nula puede ser ejecutada en sus propios términos, mientras que la ejecución de la declarada injustificada conlleva automáticamente a la extinción indemnizada del contrato, puesto que, de ser así, quedaría sin efecto la consecuencia de tal declaración prevista en el art. 138.5 párrafo segundo.
La empresa alega el imposible cumplimiento de la sentencia en sus propios términos. Si ello es debido a que dicha plaza ya no existe por haberse amortizado, no queda constancia de que hubiera procedido para ello por el cauce previsto en los arts. 51 o 52.c) del ET; por lo tanto, si los cambios en las condiciones de trabajo comunicados al demandante han sido declarados injustificados, es decir, por no responder a razones económicas, técnicas, organizativas o de producción reales y suficientes, la empresa sólo puede resarcir de forma plena al trabajador del perjuicio causado reponiéndolo en sus anteriores condiciones de trabajo.
Si la consecuencia anudada a la ejecución instada hubiera sido únicamente la señalada por el Juzgado, el verbo podrá más arriba subrayado sobraría y el art. 138.6 de la LPL dispondría que en los supuestos de los incumplimientos empresariales allí previstos el trabajador solicitará o deberá solicitar la ejecución con extinción del contrato (es decir, en términos más tajantes, como ocurre con la redacción del art. 138.7 LPL para las medidas declaradas nulas), pero no lo hace así, y si bien la redacción puede resultar un tanto confusa, dicho podrá no hace sino conferir al trabajador la facultad o posibilidad de instar la extinción de su contrato por la causa prevista en el art. 50.1.c) del ET y conforme al procedimiento establecido en los arts. 277, 278 y 279 de la LPL, es decir, con los plazos y la comparecencia en ellos previstos y sin la necesidad de instar una nueva acción judicial en procedimiento separado. Esta última posibilidad (la acción separada) viene contemplada en el citado art. 50.1.c) del ET y sobraría la inclusión en su redacción de la referencia a la negativa del empresario a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los arts. 40 y 41 del LPL cuando la sentencia los haya declarado injustificados si la consecuencia automática de los citados incumplimientos fuera la extinción indemnizada de los contratos.
En consecuencia, y previa estimación del recurso interpuesto, debemos revocar la resolución impugnada de forma que se de continuidad a la ejecución interesada por D. Pedro Antonio obligando a la empresa "Tubos Reunidos, S.A." a su reposición en las mismas condiciones de trabajo anteriores.
No procede la imposición a la parte ejecutada de la multa por notoria temeridad o mala fe prevista en el art. 97.3 de la LPL al no acreditarse de forma suficiente la concurrencia de dichas circunstancias en sus actuaciones y manifestaciones durante el proceso.
Sexto.-No cabe pronunciamiento alguno en materia de costas (art. 233.1 LPL), al ser parte vencida en el recurso, a los efectos de la imposición de las costas, el recurrente, que no gozando del beneficio de justicia gratuita, ve desestimada su pretensión impugnatoria (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1993).
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de D. Pedro Antonio frente al Auto del Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Araba, dictado el 23 de enero de 2003 (que confirma el anterior de fecha 16 de diciembre de 2002) en los autos núm. 541/00 (ejecución 131/02) sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, seguidos a instancia de D. Pedro Antonio contra "Tubos Reunidos, S.A.", revocamos el Auto recurrido, de forma que se de continuidad a la ejecución interesada por D. Pedro Antonio obligando a la empresa Tubos Reunidos S.A. a su reposición en las mismas condiciones de trabajo anteriores. Sin condena en costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 191
 resolución 
in fine
 resolución