Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-sstc-f-atc-15355083
Timestamp: 2020-04-10 12:21:29+00:00

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STC 132/1997, 15 de Julio de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 15355083
Número de Recurso: Recursos de Amparo nº 2.831/1995 y 3.075/1995 (acumulados).
1. En la reciente STC 211/1996 el Pleno de este Tribunal ha reiterado que el art. 24.1 C.E. garantiza el acceso a la jurisdicción como elemento esencial del contenido de la tutela judicial, consistente en provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juez. En cambio, el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de las Leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal. Respecto al acceso a los recursos establecidos por la Ley, el art. 24 C.E. solamente veda que la vía del recurso sea cerrada arbitrariamente o «intuitu personae». Cuando existen dos interpretaciones admisibles según el tenor de las Leyes procesales vigentes, la balanza constitucional no puede inclinarse en ningún sentido para optar entre dos soluciones, ambas razonables, sin interferir en el núcleo de la potestad de juzgar cuya independencia de criterio predica la Constitución. Y desde la STC 37/1995 se ha matizado el criterio de la interpretación de la ley procesal en el sentido más favorable para la efectividad del acceso al recurso, de modo que la concurrencia de los presupuestos y el cumplimiento de los requisitos procesales exigidos para la admisibilidad de los recursos no son fiscalizables en sede constitucional, salvo que la decisión judicial incurra en arbitrariedad o descanse en un error patente (SSTC 46/1995, 58/1995, 138/1995, 149/1995, 70/1996, 160/1996, 202/1996 y 209/1996) [F.J. 2]. 2. La comprobación de los presupuestos procesales exigidos para la viabilidad del recurso puede siempre abordarse o reemprenderse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte. La resolución preliminar de admisión no precluye que las partes personadas o el Ministerio Fiscal denuncien los defectos insubsanables de que pudiera adolecer el recurso en la primera ocasión en que se les faculta para hacerlo, pues de lo contrario se privaría al proponente de ejercer su derecho a oponer todas aquellas objeciones procesales que convengan a su defensa, ni tampoco el deber del órgano judicial de examinarlos de oficio [F.J. 3]. 3. Como señaló el ATC 22/1996, el acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina exige la firmeza de las Sentencias citadas como contradictorias; es un requisito que viene impuesto por la propia finalidad del recurso, pues si éste no se apoya en Sentencias firmes como término de comparación, falta la base para la unificación de doctrina, toda vez que la contenida en las Sentencias pendientes de recursos viene condicionada por el resultado de los mismos. De otra parte, en punto al momento procesal en que es exigible la firmeza de la Sentencia contradictoria, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo constituida en Sala general dictó la Sentencia de 14 de julio de 1995, fijando mayoritariamente la fecha de apreciación de la firmeza en el momento de la publicación de la Sentencia recurrida, frente al voto particular que la pospone al de la preparación del recurso porque sólo entonces se entabla el debate procesal [F.J. 5]. 4. El recurso de casación para la unificación de doctrina cumple una finalidad nomofiláctica de depuración del ordenamiento en su aplicación por los Tribunales, al modo de la casación común. Y tal función de control de legalidad presupone la existencia de un ordenamiento jurídico único a aplicar por los órganos de la jurisdicción social, la articulación de un recurso de casación que, precisamente por estar fundado en la infracción de preceptos constitucionales o de normas estatales o supracomunitarias, justifica la intervención del Tribunal Supremo para asegurar la elaboración de una interpretación y jurisprudencia unitaria sobre dichas normas en todo el territorio nacional (SSTC 56/1990 y 62/1990). Sin embargo, en el caso presente la controversia se caracteriza por su escaso interés casacional; simplemente se discute la interpretación de un extremo concreto de una Resolución dictada por la Administración laboral de la Generalidad de Cataluña que afecta a un restringido círculo de destinatarios. En definitiva, ni siquiera en este peculiar supuesto la inadmisión de los recursos entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva [F.J. 6]. 5. Para que pueda hablarse de desigualdad en la aplicación de la ley se necesita que un mismo órgano judicial en supuestos sustancialmente idénticos resuelva en sentido distinto, basándose para ello en criterios que supongan un voluntarismo selectivo a partir de argumentos «ad personam» o «ad casum», es decir, no fundados en criterios de alcance general sino en las concretas circunstancias del caso (por todas, SSTC 160/1993, 375/1993, 196/1994, 205/1994, 34/1995, 47/1995 y 133/1995) [F.J. 7].
Sentencia citada en: 7606 sentencias, 12 artículos doctrinales, una noticia
En los recursos de amparo acumulados núms. 2.831/1995 y 3.075/1995 promovidos, de una parte, por «GEC Alsthom Transporte, S.A.», representada por la Procuradora de los Tribunales doña Gloria María Rincón Mayoral y asistida de la Letrada doña María Echevarría Arnaiz y, de otra, por el Comité de Empresa de «GEC Alsthom Transporte Electromecánica, S. A», representado por el Procurador don Fernando Díaz Zorita-Cantó y asistido de la Letrada doña Anna María Campa Martínez, contra las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1995, dictadas en autos sobre conflicto colectivo. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 26 de julio de 1995 la Procuradora de los Tribunales doña Gloria María Rincón Mayoral, en nombre y representación de «GEC Alsthom Transporte, S. A», antes denominada «Mediterránea de Industrias del Ferrocarril, S. A.» (MEINFESA), interpuso recurso de amparo, registrado con el núm. 2.831/95, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1995, dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2.086/94.
a) Las empresas «Mediterránea de Industrias del Ferrocarril, S. A.» (MEINFESA) y «La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.» -a la que hoy ha sucedido «GEC Alsthom Transporte Electromecánica, S. A»-, solicitaron de la autoridad laboral autorización para extinguir por causas económicas y tecnológicas los contratos de trabajo de parte de los trabajadores que integraban sus plantillas. Los expedientes de regulación de empleo se tramitaron conjuntamente y concluyeron con Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, de 26 de julio de 1991, que entre otras medidas acordó autorizar la extinción del nexo de los trabajadores mayores de cincuenta y dos años o que los cumplieran antes del 31 de marzo de 1994. Las empresas se comprometieron a abonar, como complemento de las prestaciones públicas de desempleo, las cantidades necesarias para garantizarles un determinado porcentaje de la retribución neta percibida en el momento de la baja.
c) Recurridas en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Sentencia de 10 de marzo de 1994, desestimó el recurso interpuesto por el Comité de Empresa de «La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.», y en Sentencia de 6 de abril de 1994 estimó en parte el formulado por el Comité de Empresa de MEINFESA y declaró el derecho de los afectados a que se complemente por la empresa la prestación pública hasta el porcentaje correspondiente, a las percepciones netas realmente percibidas y reflejadas en las hojas salariales de los últimos doce meses inmediatamente anteriores al cese.
d) Contra las mismas los litigantes en cada caso vencidos articularon recursos de casación para la unificación de doctrina, invocando como contradictoria la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia recaída en el otro procedimiento. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo en Sentencias de 3 de mayo de 1995, votadas el 24 de abril anterior, los desestimó al no ser firme la Sentencia de comparación aportada, por haber sido impugnada ante la Sala en el recurso que ha sido resuelto por Sentencia de esta misma fecha. En el promovido por «GEC Alsthom Transporte, S. A.», razonaba, además, el órgano judicial que «el escrito de interposición del recurso incurre en otra causa de inadmisión -en este momento de desestimación-, porque en él no se determina la infracción que se imputa a la Sentencia recurrida a través del correspondiente motivo de casación (art. 221 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con los arts. 204 de la misma Ley y 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) ...» (fundamento de Derecho tercero).
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de agosto de 1995 el Procurador de los Tribunales don Fernando Díaz Zorita-Cantó, en nombre y representación del Comité de Empresa de «GEC Alsthom Transporte Electromecánica, S. A.», sucesora de «La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.», interpuso recurso de amparo, al que se le asignó el núm. 3.075/95, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1995, recaída en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1.887/94.
6. La demanda, basada en la situación fáctica antes descrita en el antecedente 2, considera lesionados los arts. 14 y 24.1 C.E. Argumenta, respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, que la resolución impugnada vulnera los mismos principios que se intentan proteger al establecer el requisito de la firmeza de la decisión aportada como término de contraste, es decir, evitar que se dicten Sentencias contrarias o no coincidentes entre sí, máxime cuando ambos colectivos pertenecen a la misma empresa y la demanda en su día planteada era idéntica. De haber resuelto el Tribunal Supremo en fechas distintas, hubiese devenido firme la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. La inadmisión del recurso se basa en una aplicación desproporcionada de las normas procesales.
La Sección, en providencia de 15 de julio de 1996, acordó admitir a trámite la demanda; en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para que remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y practiquen los correspondientes emplazamientos, y conceder un plazo de diez días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para alegar lo que estimaran pertinente sobre la posible acumulación del presente recurso al seguido en la Sala Primera con el núm. 2.831/1995.
8. La Sala Primera, en Auto de 25 de septiembre de 1996, acordó la acumulación de los recursos.
9. La Sección Segunda, en providencia de 18 de noviembre de 1996, acordó tener por personado y parte al Procurador Sr. Díaz Zorita-Cantó, en nombre y representación del Comité de Empresa de «GEC Alsthom Transporte Electromecánica, S. A.»; tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos y dar vista de todo lo actuado por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores personados para presentar las alegaciones que a su derecho convengan.
11. La representación de «GEC Alsthom Transporte, S.A.», reiteró lo expuesto en la demanda inicial. Añadió que se trata de una situación excepcional que el Tribunal Supremo debió entender y evaluar, admitiendo una excepción al principio general establecido en la L.P.L. Lo contrario supondría que cuando dos Sentencias contradictorias se dicten casi simultáneamente, ninguna de las partes perjudicadas podrá recurrirlas en casación para la unificación de doctrina. De otro lado, la Ley en ningún momento exige que la infracción imputada a la Sentencia recurrida se denuncie con una fórmula concreta o en un lugar determinado del recurso.
1. Las demandas de amparo formalmente se dirigen contra las referidas Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1995, desestimatorias de los recursos de casación para la unificación de doctrina respectivamente interpuestos por los ahora solicitantes de amparo. La desestimación, aunque en puridad es una decisión de inadmisión no calificada de tal por el estadio procesal en que se adoptó, se basa en una causa común a ambos recursos -la falta de firmeza de la Sentencia invocada como contradictoria- y otra específica del formulado por «GEC Alsthom Transporte, S. A.» -su escrito no contenía una fundamentación de la infracción legal cometida en la Sentencia impugnada-. Según se ha reflejado en los antecedentes, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Sentencias de 10 de marzo y 6 de abril de 1994, había interpretado de forma diferente cómo debía cuantificarse la retribución anual neta del trabajador, que servía de módulo para determinar el complemento empresarial de las prestaciones públicas por desempleo, en virtud de lo acordado en Resolución de la Administración laboral de la Generalidad de Cataluña de 26 de julio de 1991. E impugnadas en casación para la unificación de doctrina, los recurrentes alegaron como término de contraste la en cada caso favorable a sus contrapuestas pretensiones.
Los demandantes de amparo estiman vulnerados los arts. 14 y 24.1 C.E., pero sus quejas no son idénticas. Coinciden en que la inadmisión de la casación al exigir, incluso en este peculiar supuesto, la firmeza de la Sentencia aportada como contradictoria, lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva y perpetúa una situación de injustificada desigualdad entre trabajadores pertenecientes a un mismo colectivo.
La empresa extiende, además, la violación del art. 24.1 C.E. a la apreciación de la segunda causa de inadmisión y a la inobservancia del trámite de audiencia que contempla el art. 223.1 de la L.P.L., y la del art. 14 C.E., en cierto modo a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia por haber emitido dos pronunciamientos contradictorios en casos iguales.
En concreto, ya la STC 141/1994 había declarado que la apreciación de los presupuestos fácticos y jurídicos exigidos por el art. 216 de la L.P.L. de 1990 y de los requisitos legales relativos a la preparación o interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina son cuestiones que pertenecen al ámbito de la legalidad ordinaria y no corresponde revisar a este Tribunal, salvo que la resolución judicial sea inmotivada o manifiestamente arbitraria (fundamento jurídico 4., in fine). Lo reitera la STC 53/1996.
5. En lo referente al agravio compartido tanto por los recurrentes como por el Ministerio Fiscal, importa destacar que la más moderna jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo mantiene, sin fisuras, que únicamente son idóneas para el juicio de contradicción aquellas Sentencias de las Salas de lo Social que hayan ganado firmeza. Algunas resoluciones han explicitado las razones de tal exigencia: «La finalidad que es propia de este excepcional recurso -eludir el quebranto que en la unidad de la interpretación del Derecho producen Sentencias de suplicación que resolvieran de manera distinta pretensiones que fueran sustancialmente iguales en la totalidad de sus elementos- determina la necesidad de que la Sentencia que se invoque para cotejo tenga el carácter de firme, pues, de no cumplir esta condición, tal quebranto no habría llegado a consumarse, ya que a través del recurso que cabría interponer contra la Sentencia a comparar podría ser rectificada la doctrina que en ella se sentara. El requisito de firmeza es deducible del art. 225.1 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, en tanto que dispone que los pronunciamientos de esta Sala en ningún caso alcanzarán a las situaciones jurídicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada -las aportadas como término de comparación-, lo cual supone que dichas situaciones jurídicas deben haber sido alcanzadas con carácter irreversible» (Sentencia de 24 de octubre de 1994). «... Ya recurrida la presunta Sentencia contraria a la que es objeto de recurso, la función de éste de unificar la doctrina va a ser llevada a cabo con ella...» (Sentencia de 30 de diciembre de 1994). «... De otro lado, el permitir la utilización de Sentencias no firmes a los fines de la contradicción..., supone abrir el campo de posibilidades de que se dicten, en este último estadio procesal, Sentencias contrarias o no coincidentes entre sí, en manifiesta contraposición a los objetivos y finalidades que este especialísimo recurso persigue» (Sentencias de 25 de marzo, 24 de noviembre, 28 de diciembre de 1994 y 12 de junio de 1995).
6. Ciertamente esta tesis, en cualquiera de sus variantes temporales, limita el acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina, en particular cuando la falta de firmeza deriva de la pendencia de tal medio de impugnación, dado que en la actualidad su sistemática utilización conlleva una práctica imposibilidad de resolverlos dentro del plazo legalmente previsto (art. 225.1 L.P.L.). Al margen de este dato, en principio coyuntural, no siempre la formación de la jurisprudencia se llevará a cabo con el recurso previamente articulado, pues no es descartable que concluya con una decisión meramente procesal que no solvente la contradicción doctrinal. Es más, en casos como el ahora enjuiciado, la inadmisión de ambos recursos impide unificar la interpretación del Derecho.
En estas hipótesis el recurso esencialmente cumple una finalidad nomofiláctica de depuración del ordenamiento en su aplicación por los Tribunales, al modo de la casación común. Y tal función de control de legalidad presupone la existencia de un ordenamiento jurídico único a aplicar por los órganos de la jurisdicción social, la articulación de un recurso de casación que, precisamente por estar fundado en la infracción de preceptos constitucionales o de normas estatales o supracomunitarias, justifica la intervención del Tribunal Supremo para asegurar la elaboración de una interpretación y jurisprudencia unitaria sobre dichas normas en todo el territorio nacional (SSTC 56/1990, fundamento jurídico 35, y 62/1990, fundamento jurídico 11). Sin embargo, en el caso presente la controversia se caracteriza por su escaso interés casacional; simplemente se discute la interpretación de un extremo concreto de una Resolución dictada por la Administración laboral de la Generalidad de Cataluña que afecta a un restringido círculo de destinatarios.
La denuncia, pues, debe circunscribirse a las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero de entrada ha de sortearse un obstáculo. Constituye doctrina de este Tribunal que el principio de igualdad en la aplicación de la Ley sólo opera respecto de decisiones o criterios sentados con anterioridad, no con los que puedan producirse en el futuro; extenderlo a lo que resulte de resoluciones posteriores sería incompatible con el principio de seguridad jurídica que consagra el art. 9.3 C.E. o, al menos, entorpecería la necesaria evolución de la jurisprudencia, ante la posibilidad de someter a revisión todas las Sentencias anteriores contradictorias con las más recientes (SSTC 188/1987, 100/1988, 242/1992, 91/1993, 92/1993 y 152/1994). Por tanto, el término de comparación aportado por la representación procesal del Comité de Empresa no sería idóneo, en la medida en que contrasta la Sentencia dictada el 10 de marzo de 1994 con la pronunciada el 6 de abril siguiente. Sin embargo, puede estimarse la coetaneidad de ambas resoluciones, como ya razonara la STC 2/1983, fundamento jurídico 6., a la vista de la iniciación y desarrollo simultáneo en el tiempo de cada uno de los procesos que versaban sobre idéntica pretensión.
9. Finalmente, reprochan los recurrentes que no se ha reparado la discriminación entre trabajadores pertenecientes a un mismo colectivo. Olvidan, sin embargo, que para poder afirmar que una situación de desigualdad fáctica no imputable directamente a la norma -en nuestro caso, la fecha de cese de cada trabajador y su incidencia en la retención del I.R.P.F.- tiene relevancia jurídica, es preciso demostrar que existe en el ordenamiento un principio o norma del que deriva la necesidad de igualdad entre los desigualmente tratados, regla o criterio igualatorio que puede ser deducible de la Constitución o dimanar de las restantes fuentes del Derecho de rango legal o infralegal (SSTC 59/1982, 236/1994, 237/1994 y 9/1995 y AATC 221/1985, 541/1985, 675/1985 y 2/1989). Desde luego las partes nada argumentan a este respecto y, en lo tocante a la sociedad recurrente, conviene recordar que el recurso de amparo tiene por objeto la defensa de derechos fundamentales propios y no ajenos (por todos, AATC 350/1984 y 460/1986), y en este punto está defendiendo derechos cuya titularidad en su caso correspondería a los trabajadores afectados, no a la empresa, que carecería por ello de legitimación activa, al ni siquiera acreditar un interés legítimo en su preservación.
Voto particular que formula el Magistrado don Pablo García Manzano y al que se adhiere el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera a la Sentencia recaída en los recursos de amparo acumulados núms. 2.831/95 y 3.075/95
1. Mi respetuosa discrepancia a la decisión mayoritaria recaída en los recursos de amparo acumulados núms. 2.831/1995 y 3.075/1995, que desestimó las correspondientes quejas, se centra en la argumentación que sustenta los fundamentos jurídicos 4., 5. y 6., núcleo del problema debatido en lo atinente a una diversa inteligencia del requisito del art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral y en la concurrencia en el caso -que la Sentencia niega, al igual que lo apreciara la Sala Cuarta del Tribunal Supremo-, del requisito de firmeza de una de las Sentencias impugnadas en suplicación (la dictada por la Sala de lo Social del T.S.J. de Cataluña el 10 de marzo de 1994).
Por ello, con el máximo respeto, no comparto la apreciación sobre el requisito procesal del art. 222 de la L.P.L., relativo a la fundamentación de la infracción legal cometida en la Sentencia impugnada. No hay implícita remisión al motivo pertinente del art. 205 de dicha Ley procesal, porque casación ordinaria y unificadora no son reguladas en igual forma en cuanto a los motivos: El motivo de la casación laboral para unificación de doctrina es único, el de la contradicción entre Sentencias dictadas en suplicación, en la hipótesis de homologación antes sucintamente descrita, que exige, de un lado, mostrar la contradicción, y de otra parte, argüir sobre la infracción legal (normas del ordenamiento jurídico o jurisprudencia) cometida en la Sentencia que se recurre. Entiendo que ambas cosas concurrían en el recurso promovido por la Empresa «GEC Alsthom Transporte, S. A.», que, si formalmente no citaba preceptos concretos, ofrecía una mayor y más extensa fundamentación que el interpuesto en el otro recurso de casación. Se razonaba sobre la infracción legal aduciendo los argumentos de la Sentencia contradictoria o de contraste (la antecedente de 10 de marzo de 1994) y, en definitiva, la Sala Cuarta, al conocer del otro recurso, similar en todo al interpuesto por la citada empresa, pudo conocer que la infracción no podía ser otra que la de los preceptos del Código Civil sobre interpretación de normas y de contratos, ya que la común discrepancia giraba en torno a la exégesis de la Resolución de la Administración laboral autonómica que puso fin al expediente de regulación de empleo, origen del litigio. No debió, en mi criterio, apreciarse la inadmisión por ausencia de este requisito procesal, y al hacerlo se lesiona, con formalismo rigorista y opuesto al art. 24.1 C.E., el derecho a la tutela judicial efectiva en la modalidad de acceso al recurso.
B) La Sentencia impugnada en dicha vía casacional, por don Miguel J. B. y don Antonio C. C. dirigida contra la Sentencia de 10 de marzo de 1994, invocaba como Sentencia de contraste, a efectos de la exigible contradicción, la pronunciada por la misma Sala de lo Social del T.S.J. de Cataluña el 6 de abril de 1994, siendo así que mal puede hablarse de contradicción con una Sentencia de fecha posterior a la impugnada, tal como ha venido exigiendo, con rigor lógico, la jurisprudencia laboral (cfr. por todas la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1994, dictada en el recurso núm. 983/92, con cita de la de 8 de marzo de 1993); no era, pues, Sentencia apta para la contradicción la invocada de 6 de abril de 1994, y como el único recurso o medio impugnativo frente a las Sentencias recaídas en suplicación es el de casación unificadora que nos ocupa, la citada Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Cataluña de 10 de marzo de 1994 era una Sentencia firme ope legis, al ser claramente inadmisible por dicha razón el recurso de casación unificadora contra ella promovido.
C) La firmeza en el caso que nos ocupa, ha de entenderse en la faceta de correlación entre las dos Sentencias de suplicación a que venimos aludiendo. Existió contradicción, en los términos procesales expuestos, al recaer un pronunciamiento divergente en caso idéntico, en la anterior o de contraste de 10 de marzo anterior, firme por la razón antes expuesta. Debió así, en la respetuosa apreciación de este criterio disidente, resolverse una clara y patente divergencia interpretativa producida en el seno de una misma Sala de lo Social, al resolver en suplicación, y debió, en consecuencia, ser admitido el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la Empresa «GEC Alsthom Transporte, S. A.», contra la Sentencia dictada, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 6 de abril de 1994, en el recurso de suplicación núm. 5.379/1993, porque dicho recurso de casación se atenía a las exigencias formales de dicha modalidad casacional, exigidas por los arts. 216 y siguientes de la L.P.L., y la contradicción reclamaba la solución unificadora que inspira dicho extraordinario medio impugnatorio, para que dos colectivos de trabajadores afectados por un mismo expediente de regulación de empleo no se vean entre sí sujetos, respecto a lo que ha de entenderse por salario neto anual (a efectos de la prestación complementaria a cargo de la empresa), a dos criterios aplicativos diversos.
STSJ Extremadura 431/2010, 25 de Mayo de 2010
SAP Orense, 21 de Marzo de 2006

References: resolución 
 Resolución 
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in fine
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