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Timestamp: 2019-03-23 20:52:56+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 345, de 20/10/1998
Año 1998 VI Legislatura Comisiones. Núm. 345
celebrada el martes, 20 de octubre de 1998
--Comparecencia de la Ministra de Justicia, Excma. Sra. doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón, para informar, a petición propia, sobre el impacto en la gestión de la prestación social sustitutoria de la nueva Ley de Objeción de Conciencia: situación actual y perspectivas de futuro, y, a petición de don Manuel Guillermo Varela Flores (GPS), de las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el incremento del número de objetores de conciencia (Números de expediente 711/000219 y 711/000120).
--Dictaminar el Proyecto de Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (Número de expediente 621/000102).
--Designar la Ponencia que ha de informar la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves (Número de expediente 624/000019).
--Designar la Ponencia que ha de informar el Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar (Número de expediente 621/000104).
--Designar la Ponencia que ha de informar el Proyecto de Ley por la que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual (Número de expediente 621/000105).
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de octubre, y que está en poder de los señores portavoces. Salvo que haya algún inconveniente, podemos proceder a su aprobación.
--COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA PARA INFORMAR, A PETICION PROPIA, SOBRE EL IMPACTO EN LA GESTION DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DE LA NUEVA LEY DE OBJECION DE CONCIENCIA: SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO Y, A PETICION DE DON MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL INCREMENTO DEL NUMERO DE OBJETORES DE CONCIENCIA (711/000219 y 711/000120).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Comparecencia de la Excelentísima señora Ministra de Justicia, doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón, para informar, a petición propia, sobre el impacto en la gestión de la prestación social sustitutoria de la nueva Ley de Objeción de Conciencia: situación actual y perspectivas de futuro y, a petición de don Manuel Varela Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, de las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el incremento del número de objetores de conciencia.
En primer lugar, procede dar la bienvenida a la señora Ministra, agradeciéndole la pronta presencia en esta Comisión, a petición de la Mesa, y su petición de comparecencia para explicar el tema objeto del orden del día.
Quiero informar a los portavoces y a la Comisión que, salvo cuestión contraria, la comparecencia se desarrollará de la siguiente manera: En primer lugar, habrá una intervención de la señora Ministra; posteriormente, intervendrá el señor Varela Flores, en su calidad de solicitante de la comparecencia, y como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación, habrá una intervención de los demás portavoces de los grupos parlamentarios en el orden habitual: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Grupo Parlamentario Popular. Posteriormente, contestará la señora Ministra a la intervención de los portavoces. Después, habrá la posibilidad de un nuevo turno de portavoces, tras el cual --si lo hay--, contestará nuevamente la señora Ministra. Al final, podemos establecer un turno para aquellos Senadores que quieran hacer alguna pregunta a la señora Ministra sobre la cuestión concreta de la convocatoria. No se admitirá ningún tipo de pregunta que no se atenga al orden del día.
Posteriormente, la señora Ministra contestará a las preguntas que le hagan los señores Senadores.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, sean mis primeras palabras para agradecer la oportunidad que me ha dado la petición formulada por el Grupo Parlamentario Socialista para explicar ante esta Comisión las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el incremento del número de objetores de conciencia, y también para informar, por mi propio interés, sobre el impacto que, en la gestión de la prestación social sustitutoria, va a tener la nueva Ley de Objeción de Conciencia, tanto en la actualidad como en el futuro.
Comenzaré por hacer referencia a la cuestión planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, que requiere al Gobierno la información a la que antes me he referido.
Como en reiteradas intervenciones y comparecencias he formulado, el primer principio de actuación del Ministerio es garantizar a todos los jóvenes que lo deseen el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia, con arreglo a los términos y en las condiciones previstas en la ley reguladora.
En este sentido, puedo afirmar que ningún joven solicitante ha manifestado, hasta el día de hoy, que se haya puesto ninguna limitación para poder ejercitar dicho derecho, como no podía ser de otra manera, pues es preocupación principal del Ministerio velar por el pleno ejercicio de los derechos y las libertades públicas.
Hay que reconocer, y esto es lo que parece fundamentar la preocupación del Senador solicitante de mi comparecencia, que en los últimos años, fundamentalmente, a partir de 1994, se ha producido un extraordinario incremento del número de jóvenes que han solicitado el reconocimiento de la condición de objetor, y que esta tendencia parece previsible que se mantenga en el futuro. Este hecho que en otras circunstancias debería ser observado con ciertas dosis de preocupación, en el contexto actual del proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas constituye un fenómeno social que merece un juicio mucho más positivo que negativo. Por un lado, porque no supone un grave obstáculo al normal funcionamiento del Ejército, que necesita menos contingentes para cubrir sus necesidades fundamentales y, por otro lado, porque permite a numerosos jóvenes, que en otras circunstancias no desarrollarían tarea social alguna, ahora, a través de la prestación social sustitutoria, poner parte de su tiempo y de su esfuerzo al servicio de los más necesitados de nuestra sociedad.
La disminución de las necesidades de militares de reemplazo por parte de nuestros ejércitos genera un excedente indudable de jóvenes en edad militar. Estos, de forma natural y libre, y acogiéndose a un derecho reconocido
constitucionalmente, deciden realizar otras tareas colectivas y de gran utilidad social a través de la prestación social sustitutoria. Tales jóvenes que, en teoría, podrían ser excedentes de reemplazo, terminan realizando actividades de carácter social en favor de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.
Es posible que sorprenda a sus señorías si les cuento que muchos de los citados jóvenes, una vez finalizada su prestación social sustitutoria del servicio militar, han continuado prestando servicios voluntarios en la entidad en la que desarrollaron dicha prestación. El cumplimiento de un deber ha servido para despertar en estos jóvenes un mundo nuevo que les ha mostrado la otra cara de la sociedad, la más desprotegida; les ha motivado a realizar actividades altruistas en favor de las personas que más lo necesitan, pero ya de forma voluntaria.
Por todo ello, creo que puede afirmarse que el fenómeno de la objeción de conciencia en España se ha convertido en un drenaje natural de los excedentes de reemplazo existentes, produciéndose un resultado menos injusto para la juventud y la sociedad española que el que resultaría de unos procedimientos masivos de excedentes de cupo, al que estaríamos necesariamente abocados en otras circunstancias; procedimientos que provocarían que una minoría de jóvenes que debiera cumplir una prestación, la propia del servicio militar, y una mayoría cada vez mayor, a medida que avance el proceso de profesionalización, quedaría exento de cumplirla en virtud del mero azar de un sorteo.
Este equilibrio actualmente existente entre el servicio militar y la objeción de conciencia no sólo no enturbia el proceso de profesionalización, sino que está permitiendo que se desarrolle sin tensiones y sin actuaciones de desigualdad que, en otras circunstancias, terminarían por producirse. No existe, pues, en estos momentos una especial preocupación ni juicio crítico sobre este fenómeno social que acabo de relatar.
Sentado lo anterior, que me parece importante que se sea conocido por sus señorías, paso a abordar la cuestión relativa a la gestión de la prestación social sustitutoria.
Ya he señalado en otras ocasiones ante las Cámaras que ha sido principio rector del Ministerio que dirijo, desde el inicio de la legislatura, garantizar el cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Ello se debe a que es indiscutible que el derecho de objeción de conciencia viene acompañado en nuestra Constitución de una obligación correlativa, y mal servicio estaríamos prestando a la sociedad y a los intereses públicos si nos limitáramos a garantizar el ejercicio del derecho y no el cumplimiento de la correspondiente obligación.
Para conocer y enjuiciar la gestión realizada por el Ministerio de Justicia sobre la prestación social sustitutoria, es preciso remontarse a la situación que existía al comienzo de la presente legislatura; situación que, siendo benévola --y créanme que quiero serlo--, calificaré de poco satisfactoria. Así, en aquellas fechas, en abril de 1996, el número de jóvenes reconocidos objetores de conciencia al servicio militar ascendía a la respetable cifra de 364.902. De este colectivo, sólo 39.732 jóvenes habían cumplido la prestación social, y ello pese a que la anterior Ley de Objeción de Conciencia llevaba entonces 12 años en vigor, desde el año 1984 hasta el año 1996. Esto es, ni siquiera el 10 por ciento de los reconocidos habían realizado la referida prestación social.
Estaban realizándola en aquellos momentos 47.678; llamados a realizarla en los seis meses siguientes, 24.515; y pendientes de incorporación no llamados, 130.325. El resto de los reconocidos se encontraba en diferentes situaciones administrativas: aplazados, exentos, en situación de reserva; en definitiva, las situaciones reconocidas en la ley. Los plazos de incorporación eran muy dilatados, superando en numerosos casos los cinco años, con considerables déficit en las más importantes ciudades españolas. Esta situación no permitía que todos los jóvenes españoles pudieran cumplir la prestación social en un tiempo razonable, como era y es deseable y, en suma, no se ajustaba a las demandas de la sociedad española.
No cabe olvidar, y quiero resaltarlo ahora, que la prestación social consiste en una actividad, servicio u obra de utilidad pública o de interés general, que se debe desarrollar en los sectores legalmente determinados. Su realización constituye un instrumento de participación social de los jóvenes y contribuye solidariamente a la atención de las necesidades de los grupos más débiles de la sociedad. Las múltiples actividades que realizan los objetores de conciencia, como el traslado de accidentados, la catalogación y conservación del patrimonio natural, histórico o artístico, el acompañamiento de ancianos y enfermos, la cooperación en programas del tercer mundo, etcétera, constituyen una aportación muy beneficiosa para la propia sociedad. Al mismo tiempo, este conjunto de actividades en favor del interés general permite a los jóvenes españoles su propio desarrollo personal, su integración social e, incluso, les sirve de orientación para elegir una formación profesional o prepararse para conseguir un empleo. La prestación social no sólo es buena para la sociedad, sino que es buena para los propios objetores de conciencia. Quiero decir con todo esto que la situación de práctico colapso que sufría la objeción de conciencia en 1996 no sólo era insatisfactoria para los intereses públicos, sino también, y quizá más, desde la perspectiva del interés social y personal.
Por estas razones, al inicio mismo de la legislatura, realizado el primer análisis sobre la situación en que se encontraba la gestión de la prestación social sustitutoria, fue preciso adoptar varias decisiones y, entre ellas, la aprobación de un plan de choque para normalización de la prestación social, de fecha 24 de julio de 1996, en el que se fijaba como finalidad básica que a finales del año 1998 todos los objetores de conciencia que no desearan demorar su incorporación a la prestación social, pudieran iniciarla de forma prácticamente inmediata al reconocimiento de su condición de objetor.
El referido plan de choque contenía diversas medidas, la mayoría desarrolladas en los meses posteriores, y fijaba como objetivo cuantitativo la pretensión de alcanzar 90.000 puestos de actividad para finales de 1996, 105.000 para finales de 1997 y 120.000 para finales de 1998. Prácticamente finalizado el plazo de vencimiento del plan, hoy
puedo afirmar ante sus señorías que estos objetivos se han alcanzado plenamente. En el año 1996 se terminó con 91.000 puestos de actividad, en 1997 con 108.000, y a 30 de septiembre de este año el número de puestos asciende a 122.651, es decir, con un trimestre por delante se ha aumentado en más de 2.000 puestos de actividad el objetivo previsto para todo el año 1998.
Al día de hoy puede hacerse ya un significativo balance de la actuación del Ministerio durante estos dos años y medio, y es el siguiente: el número de objetores en activo el 30 de abril de 1996 ascendía a 47.678, en tanto que a 30 de septiembre de este año el número de objetores en activo ascendía a 94.082, cifra, no obstante, inferior a la de hace tres meses, que alcanzó los 108.000. Esta disminución es de carácter provisional, imputable a la muy reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Objeción de Conciencia, a la que luego me referiré. El 30 de abril de 1996 se encontraban en situación de llamados, esto es, convocados a realizar la prestación social en los siguientes seis meses, 24.515 objetores. En esa misma situación se encontraban a 30 de septiembre de este año 60.650 objetores. Pendientes de incorporación sin llamamiento se encontraban el 30 de abril de 1996 130.325 objetores. En esta situación, a 30 de septiembre de este año había 15.584 objetores.
Sus señorías convendrán conmigo en que estas cifras actuales son razonablemente buenas, aunque, sin duda, aún no pueden considerarse óptimas. A la mejora ha contribuido básicamente y, desde luego, el esfuerzo gestor realizado por la nueva Ley de Objeción de Conciencia.
Sirvan como colofón de este capítulo estadístico unas cifras especialmente elocuentes de lo que ha hecho el Ministerio de Justicia ante el incremento del número de objetores. En el mes de abril de 1996 habían pasado a la reserva por cumplimiento de la prestación social sustitutoria 39.732 objetores de conciencia. Entre el 30 de abril de 1996 y el 30 de septiembre de 1998 pasaron a la reserva por cumplimiento de la prestación social sustitutoria 220.114 objetores. En dos años y medio han cumplido la prestación social seis veces más objetores que en los 12 años anteriores. En aquellos doce años, entre 1984 y 1996, fueron reconocidos 364.902 objetores; en estos dos años y medio han sido reconocidos 289.813 objetores. Estos datos son especialmente relevantes en la medida en que sobre ellos apenas ha influido la nueva Ley de Objeción de Conciencia, a diferencia de otros datos como la cifra de pendientes, hoy espectacularmente buena, en la que sí ha tenido una notable influencia dicha ley.
Por otra parte, el tiempo que los objetores de conciencia tienen que esperar para realizar la prestación social se ha reducido de forma muy significativa. Hoy en gran parte del territorio nacional la incorporación es inmediata y se ha conseguido normalizar en algunos grandes municipios donde los tiempos de espera tradicionalmente habían sido muy dilatados, como sucedía en Valencia, Zaragoza o Pamplona, aunque es cierto que aún debe mejorarse mucho en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Bilbao.
Finalmente, no quiero dejar de referirme a dos iniciativas que, aunque no tienen una gran relevancia cuantitativa en los índices de gestión de la prestación social, sí la tienen cualitativa. La primera de ellas se refiere al desarrollo reglamentario del artículo 15 y de la disposición adicional tercera de la Ley del Voluntariado. Por el Real Decreto 1.248/1997, de 24 de julio, se aprobó el Reglamento sobre Convalidación de Servicios Voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria y se modificó parcialmente el Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria. A través de esta norma se ha facilitado muy notablemente el desarrollo de la actividad voluntaria por parte de los jóvenes españoles, permitiendo a su vez el cumplimiento más flexible de la prestación social sustitutoria. El crecimiento de la actividad voluntaria convalidable ha crecido estos dos años de forma espectacular. Durante el primer año de vigencia de la Ley del Voluntariado, publicada en el mes de enero de 1996, el total de jóvenes que solicitó la convalidación de la prestación social sustitutoria ante el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia por la realización previa de servicios voluntarios ascendió a 1.002, en tanto que este año el número de jóvenes que convalidarán la prestación social por este motivo superará ampliamente la cifra de 10.000.
La segunda iniciativa a la que me quiero referir es la firma del Convenio marco entre los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a programas de prestación social de objetores de conciencia en el exterior, firmado en Madrid el 23 de julio de 1997. Hasta ese momento los jóvenes españoles objetores de conciencia que se encontraban residiendo en el extranjero por motivos de trabajo o estudios tenían que venir a España para cumplir la prestación social.
Desde esa fecha tienen la posibilidad de realizarla en los países de residencia, eliminándose así el quebranto que para su formación o perspectivas laborales representaba tener que desplazarse a España. En desarrollo de este Convenio marco se han creado en las embajadas y consulados de España más de 50 programas de prestación social en 34 países, de los que se están beneficiando al día de hoy 170 objetores de conciencia.
Pasaré ahora a informar a la Cámara sobre el impacto en la gestión de la prestación social sustitutoria de la nueva Ley de Objeción de Conciencia sobre la situación actual y las perspectivas de futuro.
Es indudable que en esta legislatura el acontecimiento más relevante en materia de objeción de conciencia y prestación social ha sido la aprobación de la Ley 22/1998, de 6 de julio, que hace apenas tres meses pasó en trámite parlamentario por esta Cámara. De esta Ley quisiera destacar, en primer lugar, los dos aspectos que para mí son más relevantes desde la perspectiva de un Estado de Derecho cuyo vértice lo constituye la Constitución.
El primero se refiere a la eliminación de la discriminación existente entre la duración de la prestación entre los objetores de conciencia y la de los soldados en filas. La nueva norma iguala la duración de la prestación social sustitutoria y el servicio militar.
El segundo aspecto destacable lo constituye la consagración del principio de seguridad jurídica al recogerse expresamente, y a diferencia de la anterior normativa, un
plazo máximo de tres años de tiempo de espera para la incorporación a la prestación social, eliminándose así las incertidumbres que existían al respecto y que han motivado una abundante jurisprudencia contradictoria tanto en la jurisdicción contenciosa como en la penal.
Desde la perspectiva de la gestión existen tres previsiones en la Ley que van a tener una gran incidencia. La primera de ellas es la reducción del período de prestación social de nueve meses frente a los trece anteriores. Esta medida ha supuesto que el día 26 de julio de este año, día de entrada en vigor de la Ley, fueran licenciados de forma anticipada, por llevar cumplidos en ese momento nueve meses o más de prestación social, 37.797 objetores de conciencia, lo que ha permitido, a su vez, que a lo largo de los meses de septiembre y octubre se incorporen al servicio activo cerca de 50.000 objetores, lo que constituye un auténtico récord histórico. Pero esta medida es aún más relevante de cara al futuro pues, seguramente, permitirá que el régimen de la prestación social se mantenga normalizado hasta la culminación del proceso de profesionalización. Esto es así por cuanto los puestos en actividad existentes, más de 122.000, permitirán ahora una mayor rentabilidad, pudiendo preverse un 50 por ciento de incremento de capacidad real de ocupación para los próximos tres años.
La segunda previsión de la Ley que ha tenido relevancia en la gestión ha sido la fijación de un plazo máximo de tres años del período de disponibilidad previo a la incorporación; esto origina, además, la consecuencia de que, si la Administración incumple dicho plazo, el objetor pasa automáticamente a la situación de reserva. La medida ha tenido un gran impacto en el momento de entrada en vigor de la Ley, pues ha supuesto que con fecha 26 de julio de 1998 pasaran a la reserva 48.332 objetores pendientes. Como ya he señalado, la cifra de objetores pendientes es hoy espectacularmente baja, 15.584, frente a la que existía en el comienzo de la legislatura, 130.325. Quisiera destacar en este momento que aunque la nueva Ley ha incidido significativamente en dicha reducción, la acción de la Administración también ha sido determinante, pues antes de su entrada en vigor se había conseguido minorar la cifra de pendientes a prácticamente la mitad.
La tercera previsión con impacto en la gestión es el establecimiento de un sistema de colaboración y corresponsabilidad entre el Estado y las Comunidades Autónomas que permite la participación más intensa de las Administraciones autonómicas en la gestión siguiendo los principios constitucionales de colaboración entre las distintas Administraciones públicas. Es cierto que con anterioridad a la Ley ya existía dicha colaboración, pero el nuevo texto permite intensificarla, lo que redundará en un mejor servicio al ciudadano y en una mayor proximidad de la Administración.
Respecto a los proyectos de futuro, desde el punto de vista de la gestión he de señalar a sus señorías que el Ministerio no prevé ya importantes crecimientos cuantitativos, que carecerían de sentido a la vista de la cercana supresión de la prestación social sustitutoria por la culminación del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Sí quiero, sin embargo, incidir en dos aspectos: por un lado, en la creación selectiva de plazas en aquellas localidades que sean especialmente deficitarias, buscando un mayor equilibrio territorial y, por otro y de la forma más intensa, en el control de la prestación social y en la calidad de la misma. Quiero que cuando se haga el balance final de esta institución se pueda decir que fue útil a la sociedad a la que sirvió y útil a los jóvenes que estuvieron implicados en ella.
Para terminar ya mi intervención, quisiera realizar una última reflexión a la que creo que esta Cámara es sensible, como lo demuestra una muy reciente moción dirigida al Gobierno, aprobada, además, por unanimidad.
Durante todos estos años de desarrollo de la prestación social sustitutoria una parte muy significativa y cada vez mayor de nuestra juventud ha dedicado parte de su tiempo y esfuerzo a beneficiar a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad. El fenómeno de la objeción de conciencia, que en sus orígenes tuvo un carácter ciertamente marginal, se ha convertido hoy en un fenómeno masivo entre los jóvenes españoles; cerca de 100.000 están realizando una actividad de utilidad pública en favor de los más desfavorecidos. Centenares de miles de familias españolas tienen en casa hijos o hermanos que han optado por ser objetores de conciencia. En la mayoría de los municipios españoles existen programas de prestación dirigidos a colectivos necesitados; centenares de organizaciones no gubernamentales acogen en su seno a objetores que participan activamente en la consecución de sus objetivos, poniendo como ejemplo que la Cruz Roja Española tiene 18.000 objetores en sus programas. Se ha creado, en definitiva, un patrimonio muy especial y una energía social que quizá debería pensarse en preservar para el futuro. Precisamente la Cámara ha instado al Gobierno para que trabaje en este sentido.
He de decir que el Departamento y el Gobierno no han sido ajenos a esta preocupación: en 1997 los servicios técnicos de la Dirección General de Objeción de Conciencia comenzaron a elaborar estudios sobre la posible viabilidad futura de un servicio civil, mencionado en el artículo 30 de la Constitución, que sería diferente a la prestación social sustitutoria.
A lo largo de este año se ha obtenido información, a través de las embajadas correspondientes, de la situación normativa y organizativa de otros países con instituciones similares a la que podría configurarse como servicio civil, como es el caso de Francia con su servicio nacional o Estados Unidos con sus servicios a la comunidad.
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha comenzado a elaborar la metodología más adecuada para evaluar el impacto de la supresión de la prestación social en el futuro próximo, coordinándose a estos efectos con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La moción aprobada constituye un poderoso estímulo, y yo me felicito por ello, para continuar con las tareas emprendidas que tienen como objetivos últimos dar la mejor respuesta posible a las demandas de la sociedad española de una mayor calidad de vida, así como cumplir con el deber moral de formar a nuestros jóvenes en los valores principales de solidaridad y responsabilidad.
Pasamos, por tanto, a la intervención del Senador Varela Flores en su calidad de solicitante de la comparecencia y de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, le quiero dar las gracias por su información y, en nombre de mi Grupo, también la bienvenida a esta Comisión.
Empezaré discrepando por el concepto que tanto el Presidente de la Mesa como nosotros tenemos de la prontitud en la comparecencia de la señora Ministra, puesto que la solicitud presentada por mi Grupo para su comparecencia tiene fecha de 18 de septiembre de 1997, es decir, hace más de un año que fue solicitada esta comparecencia y es evidente que en este tipo de cuestiones el momento y la oportunidad es muy importante.
Evidentemente, la situación de la prestación social sustitutoria y de la objeción de conciencia es hoy muy diferente a la del momento en que se había solicitado esta comparecencia para debatir a fondo los datos de la evolución de la prestación social sustitutoria y aportar ideas para la mejora de una problemática que, aunque no preocupa en este momento, entonces sí preocupaba mucho.
Nosotros tenemos que hacer siempre esta matización, pues ya ha quedado de manifiesto en otros debates con la señora Ministra, a raíz de una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, la diferencia de la valoración que se hace de la trayectoria de la evolución de la objeción de conciencia y de la creación de plazas de prestación social sustitutoria desde el año 1985, año en el que se pone en práctica, a 1995.
Efectivamente, ha habido un incremento paulatino del número de objetores de conciencia y del número de plazas para hacer la prestación social sustitutoria. Hay que reconocer, como lo hemos hecho siempre, que la creación de plazas ha ido por detrás del aumento del número de objetores de conciencia hasta el año 1995, año en el que la tendencia del número de objetores de conciencia se invierte: pasa de los 77.121 del año 1994 a los 72.832 del año 1995. Hay una reducción de cerca de 5.000 objetores de conciencia.
Nosotros siempre hemos pensado que en el año 1996 vuelve otra vez a incrementarse de forma galopante el número de objetores de conciencia debido al efecto del anuncio de la supresión del servicio militar obligatorio. Creo que es uno de los elementos que nos distancian en la apreciación de la evolución, puesto que compartimos totalmente la filosofía del tratamiento de la objeción de conciencia y de la creación de plazas para la realización de la prestación social sustitutoria.
En este momento he de decir que éste ya no es un tema preocupante que, efectivamente, después de la elaboración de ese plan de choque se ha seguido incrementando el número de plazas de prestación social sustitutoria a un ritmo --yo tengo que comparar este dato con años anteriores-- suficiente y que valoramos positivamente.
Desde que se pidió esta comparecencia se ha producido un debate en el que hemos intervenido la señora Ministra y este portavoz mediante una interpelación que concluyó en una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que se pedía la adopción de determinadas medidas sobre la objeción de conciencia encaminadas a conseguir la excedencia de cupo para los objetores de conciencia, de igual forma que existe la excedencia de cupo para el servicio militar obligatorio, pero dicha moción no ha prosperado.
Aparte de eso, ha habido elementos que han modificado el tratamiento de la objeción de conciencia, uno de los cuales ha sido la propia reforma del Código Penal en el tratamiento de la insumisión a la objeción de conciencia y también al servicio militar obligatorio. Un elemento --lo ha mencionado la señora Ministra-- importantísimo que influye de una manera sustancial en la evolución de la prestación social sustitutoria es la aprobación de la nueva Ley de Objeción de Conciencia y Prestación Social Sustitutoria derivada de una proposición de ley de Convergència i Unió que iba más lejos y que ha quedado un poco mermada en sus pretensiones en el trámite parlamentario, que ha sido largo. Nosotros no hemos entendido por qué se ha retrasado tanto. De no ser así, se hubiera paliado mucho antes la bolsa de espera de los objetores de conciencia. No obstante, ha tenido una importancia trascendental a la hora de eliminar el tiempo de espera y, por lo tanto, la bolsa de objetores de conciencia.
Hay que tener en cuenta que una reducción de cuatro meses en la duración del servicio de la prestación social sustitutoria supone un incremento teórico del 30 por ciento de plazas disponibles para la realización de esa prestación. A mí me parece que la nueva Ley es realmente el punto más importante de un plan de choque. En este caso, lo habíamos tratado ya cuando debatimos la interpelación socialista el año pasado. Me parece que los datos que aporta la señora Ministra corroboran la impresión que nosotros teníamos de que eran necesarias iniciativas de carácter legislativo que contemplaran la gestión, que yo tengo que valorar satisfactoriamente, de la Dirección General de Prestación Social Sustitutoria, puesto que ha determinado la reducción de esa bolsa y la incorporación --según ha dicho la señora Ministra-- inmediata. Por eso, yo quería que concretara más en sus respuestas posteriores y me dijera cuál es el tiempo medio de incorporación que hoy tienen los objetores de conciencia.
A mí me extraña que el Grupo Parlamentario Popular, supongo que en íntima relación con el Gobierno, no haya aceptado aquel artículo de la Ley de Objeción de Conciencia en el que se determinaba que el tiempo máximo de espera para la incorporación sería de un año. Del Congreso de los Diputados nos llegó enmendado con el plazo de tres. Nosotros aquí hemos presentado, a su vez, una enmienda para recuperar el plazo de un año y no entendemos por qué, si la incorporación se preveía ya como prácticamente inmediata, no se ha adoptado el criterio de establecer un año
de espera como máximo para incorporarse a la prestación social sustitutoria.
Ahora nos preocupa el futuro. Siempre hay que hablar de futuro, no vamos a seguir hablando del pasado. Nos preocupa el futuro. Y una muestra es que, efectivamente, en esta Cámara se aprobaron dos mociones el pasado mes de septiembre, una a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y otra a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, cuya temática gira en torno, precisamente, al tratamiento de la prestación social sustitutoria con vistas a su desaparición en un período realmente corto.
Nos preocupa, por lo tanto, el día después. La señora Ministra nos ha dicho que el Ministerio está realizando estudios. Nosotros quisimos estimular la realización de los estudios y no sólo por parte del Ministerio, porque ha de hacerlo en lógica colaboración con las Comunidades Autónomas, con las organizaciones que prestan los servicios voluntarios, con otras entidades públicas que dan acogida a los objetores de conciencia y que tienen plazas de prestación social sustitutoria, porque creemos que un porcentaje elevado de los puestos de prestación social sustitutoria son hoy imprescindibles para la sociedad.
Yo creo que estamos plenamente de acuerdo con esta visión. Por lo tanto, estamos muy a tiempo de adoptar todas las medidas que se consideren oportunas y que se pueden ir adelantando. No es necesario ni conveniente esperar al día después para poner en práctica los resultados de esos estudios porque siempre se produce un «impasse» entre la desaparición de un sistema y la aplicación de otro. Yo creo que habría que solapar en el tiempo la aplicación del nuevo sistema sobre el sistema actual para que no se produzca ningún tipo de merma en los servicios que están recibiendo miles de ciudadanos españoles que son los que se encuentran, además, en una situación de mayor necesidad.
Me gustaría, por otro lado, que la señora Ministra pudiera contestar a estas preguntas que voy a hacerle: ¿Cuántos son los objetores que han convalidado sus servicios voluntarios después de la modificación de la Ley del Voluntariado para recoger esta nueva figura? ¿Qué porcentaje hace la prestación? ¿Cuál es el tiempo medio --como dije anteriormente-- de espera para incorporarse hoy a la prestación social sustitutoria? ¿Se ha logrado el superávit que tenía señalado el plan de choque para finales de 1998, es decir, para que exista un mayor número de plazas de prestación que de objetores de conciencia? ¿Qué desarrollo ha tenido la prestación fraccionada, que es una nueva figura? Quiero saber también si se aplican y cómo se aplican los programas de formación ocupacional, que era uno de los objetivos que estaban previstos, si se han eliminado los tiempos muertos de ocupación de un mismo puesto que influye en el rendimiento de los puestos y en su disponibilidad para la realización de la prestación social sustitutoria.
Esta Presidencia quiere manifestarle que, por supuesto, no puede haber ninguna discrepancia sobre el criterio de la prontitud, puesto que son hechos objetivos. En todo caso, si usted ha escuchado bien las manifestaciones que yo he hecho habrá entendido que puede haber una correcta discrepancia en la forma de interpretar los plazos. Lógicamente, el solicitante piensa que el plazo comienza en el momento de entregar la solicitud y esta Presidencia entiende que empieza cuando la Mesa y Junta de Portavoces da traslado a la señora Ministra de la solicitud que se ha hecho. Creo que es ésta, exclusivamente, la diferencia de criterios sobre la prontitud.
Señoría, en primer lugar quiero agradecer la colaboración que su Grupo presta a lo que hace dos años y medio o tres podíamos entender como un problema que, como su señoría ha reconocido, hoy en día nos ofrece un menor grado de preocupación. Su señoría ha destacado que ello se debe a la entrada en vigor de la Ley, pero en eso tengo que discrepar puesto que los datos que he puesto de manifiesto aseguran que el plan de choque, cuyos resultados se miraban en un determinado momento con escepticismo, ha sido positivo, lo que creo que constituye una buena noticia para todos y de la que no han querido apropiarse ni el Ministerio de Justicia ni la Dirección General de Objeción de Conciencia. Creo recordar que fue precisamente en esta Cámara donde hice el primer anuncio de ese plan de choque y que sus señorías compartieron los criterios del Ministerio y de la Dirección General. Por tanto, ése es un éxito de todos los que estamos empeñados en que la objeción de conciencia no fuera mirada como estaba siéndolo, como una mal denominada insumisión o como una forma de incumplir una obligación por parte de nuestros jóvenes.
Por tanto, puede decirse que la gestión efectuada antes de la modificación de la Ley ha sido buena aunque, como todo es mejorable, vamos a seguir intentando que sea aún mejor, en el bien entendido de que, por supuesto, deseamos la participación de todos los grupos parlamentarios así como la que ya estamos obteniendo de todas las Comunidades Autónomas afectadas en la materia. Deseamos la implicación de las ONG, a las que me he referido, la implicación de los ayuntamientos y la de las Administraciones públicas en su más amplio concepto, ya que será la única forma de que el Ministerio y la Dirección General puedan conseguir el objetivo final: una sociedad más solidaria, unos jóvenes más implicados en esos valores y un beneficio para los más marginados.
Su señoría ha mencionado mi tardanza en acudir a esta Comisión.
Efectivamente, dado que mi comparecencia se solicitó el día 18 de septiembre de 1997, sería absurdo que yo dijera ahora que he acudido prontamente. Señorías, les ruego me disculpen, pero quiero decirles también --y creo que todos estamos de acuerdo en esto-- que nunca ha sido mi intención hurtar este debate en la Cámara. Repito que no he pretendido en absoluto hurtar este debate. En este momento me comprometo a que, si surge alguna otra petición de comparecencia, procuraré que no transcurra un año
largo desde que se efectúe esa petición, sino que, por el contrario, acudiré a esa convocatoria lo más pronto posible.
Su señoría me ha formulado una serie de preguntas que voy a pasar a responder en la medida en que tenga aquí los datos concretos. Aquellos que no tenga en este momento se los remitiré a su señoría a la mayor brevedad deseable y posible.
Me pregunta su señoría cuántos objetores han convalidado los servicios voluntarios. Creo que en mi comparecencia ya he mencionado que este año han sido 10.000 los objetores que los han convalidado frente a los 1.002 del año 1996.
Respecto al tiempo de espera medio, lo que le puedo adelantar a su señoría en este momento es que ha disminuido en un año respecto de los datos de 1996. El tiempo exacto no se lo puedo decir en este momento.
Respecto al superávit de plazas, creo que ya le he dicho a su señoría que este año van ya reconocidas 107.726 a 30 de septiembre. El número de plazas era de unas 122.000.
Señoría, en este momento no tengo el dato del desarrollo de la prestación fraccionada, pero se lo remitiré a través de la Dirección General.
Respecto a cómo se aplican los programas de ocupación, que creo ha sido la última pregunta de su señoría, no me ha dado tiempo a recogerla textualmente. Perdóneme, pero si su señoría no tiene inconveniente, le rogaría que la repitiera de nuevo.
El señor VARELA FLORES: Uno de los objetivos del plan era la aplicación de los programas de formación ocupacional. Sé concretamente que en la Comunidad Autónoma de Madrid se ha puesto en marcha un programa denominado plan piloto, pero me parece que no existe ningún tipo de extensión de este mismo plan a otras partes del territorio español.
Quisiera saber cómo contempla el Ministerio el desarrollo de esta formación ocupacional.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Efectivamente, ese programa se inició en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero a través de las políticas activas que ya estamos manteniendo con otras Comunidades Autónomas, ese plan piloto al que su señoría hace referencia se va a implantar en el resto de Comunidades Autónomas. Quiero significar que el contacto entre la Dirección General de Objeción de Conciencia y los responsables de las diversas Comunidades Autónomas es intensísimo y muy directo, ya que entendemos que ésa es la única forma de sacar adelante un proyecto como el que nos ocupa en este momento.
Creo que con esto he dado respuesta a sus preguntas, señoría. Si desea hacerme alguna más, con mucho gusto le contestaré.
Procedemos ahora al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es conocida ya nuestra posición de no compartir una determinada filosofía en lo que a la prestación social sustitutoria se refiere. En cuantas ocasiones hemos tenido oportunidad de debatir sobre esta cuestión en esta Cámara, desde Izquierda Unida hemos planteado que la prestación social sustitutoria parecía más una penalización que el reconocimiento de un derecho. Y es que, señora Ministra, los jóvenes siempre han sido solidarios y siempre han estado comprometidos en la defensa de los más necesitados. Pues bien, en este largo período transcurrido desde que se empezó a exigir el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia han cambiado muchísimas cosas.
Señora Ministra, quisiera decirle brevemente que el control y la calidad en la prestación social sustitutoria --a los que antes hacía referencia--, y también, cómo no la gestión, me llevan a preguntarle cuántas de esas plazas ofertadas podrían ser consideradas como una forma encubierta de atender algunas de las necesidades que puedan estar recogidas en los catálogos de puestos de trabajo de las diferentes Administraciones, cosa que en Izquierda Unida hemos considerado siempre como una perversión de la prestación social sustitutoria y sobre la que nunca se han dado cifras.
Señora Ministra, nosotros creemos que precisamente por ese control, por esa calidad y por esa mejor gestión, deberíamos estar aclarando en este momento cuántas de esas plazas están impidiendo la creación de puestos de trabajo teniendo en cuenta el problema esencial que tenemos en nuestro país: intentar combatir el desempleo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román.
Veo que no está el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a intervenir con suma brevedad.
En primer lugar, quiero darle las gracias a la señora Ministra por su comparecencia, y agradecerle también el extenso informe de datos que nos ha facilitado. Ello no obstante, entiendo que el motivo de solicitud de las comparecencias por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular hacían referencia, no tanto a lo que su señoría ha expuesto, sino más bien al impacto social que va a producir en la prestación social sustitutoria la pronta abolición del servicio militar obligatorio. En este sentido, nos interesa saber cuáles son las iniciativas que adoptarán el propio Ministerio de Justicia y el propio Gobierno para evitar esta merma que, con toda seguridad, producirá la abolición de la prestación social sustitutoria.
Evidentemente, hay que tenerlo en cuenta ahora y adelantarnos a lo que sucederá en el año 2003, cuando tenga
lugar este acontecimiento, y por eso nos gustaría averiguar cuáles son las intenciones del Gobierno al respecto.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada.
Señora Ministra, en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecer su presencia en esta Casa para comparecer en esta Comisión. Asimismo, me gustaría felicitarla por el contenido de su exposición, tanto por la forma como por el fondo de la misma.
Quiero empezar mi intervención poniendo de manifiesto que la objeción de conciencia y, como consecuencia la prestación social sustitutoria, es una cuestión que preocupa y ocupa las tareas habituales del Senado. En relación con ella, ha habido una comparecencia del Secretario de Estado de Justicia, dos interpelaciones del Grupo Parlamentario Socialista y dos mociones en este período de sesiones: una presentada por el Grupo Parlamentario Popular y otra por el Grupo Parlamentario Socialista, si bien hay que reconocer que las mociones no trataban de los objetores y de la prestación social sustitutoria, sino más bien de las consecuencias de prever la cobertura de estos servicios cuando desaparezca el servicio militar.
Señora Ministra, cuando el actual equipo del Ministerio que usted dirige se hizo cargo del recién refundado Ministerio de Justicia, había en España una bolsa de 130.000 objetores de conciencia, y para afrontar esa situación, como bien ha señalado su señoría, la Dirección General de Objeción de Conciencia presentó un plan de choque para la normalización de la prestación social sustitutoria. Este plan de choque suponía incrementar selectivamente los puestos de actividad: se creaba la figura de la prestación social sustitutoria fraccionada; suponía la aplicación de programas de formación ocupacional que sirvieran al objetor para su posterior inserción en el ámbito laboral; ofrecía la posibilidad de movilidad de los objetores, dentro de unos límites, es decir una movilidad cercana; eliminaba los tiempos muertos que median entre el momento en que un puesto queda desocupado y es cubierto de nuevo, haciendo llamamientos mensuales en lugar de llamamientos cuatrimestrales; y en 1996, por primera vez en la historia de la prestación social sustitutoria, el número de puestos de actividad superó al número de objetores de conciencia reconocidos, como bien ha señalado la señora Ministra.
Por el contrario, y me parece oportuno e interesante hacer un poco de memoria histórica, el 11 de marzo de 1994 el Consejo de Ministros aprobó un plan de objeción de conciencia cuyo objetivo fundamental era lograr que el aumento del número de plazas concertadas para realizar la prestación fuera paralelo al incremento de las solicitudes del reconocimiento de la condición de objetor. El plan fue presentado públicamente en el Parlamento por el entonces Ministro de Justicia e Interior, don Juan Alberto Belloch, que señaló en su comparecencia del 6 de abril de 1994 que en 1996 la situación estaría normalizada; cito textualmente las palabras del señor Ministro: «La previsión es muy realista, esto normalmente se va a producir aunque no haya mucha ayuda.» No sólo no se logró eliminar la bolsa de objetores pendientes, sino que, durante el período de aplicación del plan de 1994, ésta se incrementó pasando de los 115.000 objetores que había en el momento de diseñar el plan a los 130.000 que había en el mes de abril de 1996.
El problema se había generado en los años anteriores por una falta de previsión y de provisión de unas sustituciones sociales compensatorias equilibradas; además, la bolsa de objetores de estos años pasados es en gran medida la consecuencia negativa de un error de orientación de lo que es la objeción de conciencia y de la correlativa acción del Gobierno, que a mi juicio podría considerarse deficiente.
En este sentido, la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular del Senado, es muy clara. Considera que la objeción de conciencia, amparada en el artículo 30.2 de la Constitución Española, ha de ser tratada con seriedad y respeto, como lo exige su naturaleza y su rango constitucional; es un derecho subjetivo al que el artículo 53.2 de la Constitución Española y otros preceptos de nuestro ordenamiento, le otorgan la protección propia de los derechos fundamentales. El respeto al ejercicio de este derecho, con arreglo a los términos y en las condiciones previstas en la ley, y la obligación de garantizar el cumplimiento de la prestación por parte de todos aquellos que ejercitan tal derecho para que en ningún caso pueda utilizarse la objeción de conciencia como vía de escape del servicio militar obligatorio, conlleva como elemento fundamental posibilitar que todos los objetores de conciencia que no deseen demorar su incorporación a la prestación social comiencen a realizarla en el período de actividad de forma inmediata al reconocimiento de la condición de objetor de conciencia por el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia.
La ejecución de las normas sobre objeción de conciencia y sobre prestación social sustitutoria debe comenzar por no considerar la objeción de conciencia ni en abstracto ni en concreto ni en la teoría, explícita o tácita, ni en la práctica como una insumisión encubierta o disimulada, merecedora de censura y, sobre todo, de rechazo. En pocas palabras, lo que el Ministerio de Justicia ha pretendido desde el mes de mayo de 1996 ha sido tomarse en serio la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria.
Como muestra de este planteamiento de seriedad, respecto de las garantías del derecho a la objeción de conciencia están las medidas contempladas en el citado plan de choque, entre las que quiero destacar algunas: facilitar de forma individualizada a todos los objetores de conciencia la más amplia información sobre las posibilidades que ofrece la Ley del Voluntariado; facilitar a los objetores la inclusión en programas de formación ocupacional; prever e introducir en el texto reglamentario una previsión de aplazamiento a la incorporación por prórrogas cuando el objetor se encuentre realizando servicios de voluntariado en una organización que reúna los requisitos señalados en la Ley del Voluntariado; prever y modificar el Reglamento para que la prestación social sustitutoria pueda desarrollarse de forma fraccionada en determinados casos.
Un tema fundamental es la potenciación e intensificación de los convenios y conciertos, tanto con entidades de la propia Administración Central como con las Comunidades Autónomas y con las entidades locales y otras entidades colaboradoras, especialmente en materias o ámbitos como la protección civil, la conservación del medioambiente, los servicios sociales y la cooperación internacional. Tengo el convencimiento de que las Administraciones Autonómicas han de jugar y están jugando un papel mucho más importante que el que han desempeñado hasta la fecha en materia de objeción de conciencia. Otro ejemplo es el que ha señalado la señora Ministra al poner de manifiesto la importancia de un convenio de colaboración para la realización de la prestación social de los objetores de conciencia de ciudadanos españoles que están en el extranjero, convenio suscrito por el Ministerio de Justicia con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Trabajo y Asuntos Sociales.
A menudo las medidas que en el pasado se han propuesto para reducir la bolsa de objetores estaban orientadas más bien al desestimiento y a la renuncia del objetor. Las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular en esta materia no pretenden el desestimiento del objetor, sino facilitar el ejercicio del derecho fundamental de objeción de conciencia. Por eso han sido medidas acertadas, como lo demuestran los hechos, y acordes con la importancia que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular atribuye a este derecho fundamental, puesto que son medidas que no dificultan el ejercicio del derecho, sino que, al contrario, tienden a facilitarlo. El plan diseñado en su momento ha tenido un resultado positivo --yo diría que muy positivo-- y siempre con respeto absoluto al derecho de los jóvenes a objetar y también al deber de los jóvenes, hoy todavía recogido en nuestro ordenamiento, de colaborar en una tarea diferente de lo que es el servicio militar.
Señorías, hay que mirar hacia el futuro y acometerlo. Con la culminación del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas desaparecerá el servicio militar obligatorio y la objeción de conciencia al mismo tiempo y, en consecuencia, la prestación social sustitutoria. Es preciso que se den los pasos necesarios para que la organización que hoy tienen todas las Administraciones para el desempeño de esta prestación social sustitutoria pueda aprovecharse para continuar ofreciendo a la sociedad española los mismos beneficios que actualmente está recibiendo gracias a este servicio.
En esta dirección se sitúan las medidas recientemente presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado respecto a esta cuestión, que han sido aprobadas en el Pleno de esta Cámara. Una moción en la que, a iniciativa de nuestro grupo, se instaba al Gobierno a primar a las organizaciones de voluntarios que firman convenios con las distintas Administraciones Públicas para mantener tareas y servicios que en la actualidad realizan objetores de conciencia, a través de la prestación social sustitutoria, y que dejarán de prestar cuando desaparezca el servicio militar obligatorio. Una enmienda presentada a una moción del Grupo Parlamentario Socialista, merced a la cual se requiere al Gobierno la constitución de un grupo de trabajo que, además de continuar los estudios que se vienen realizando, elabore un informe sobre el impacto que provocará la supresión de la prestación social sustitutoria en la realización de servicios básicos a los ciudadanos --y para ello contará con las demás Administraciones implicadas-- y sobre las fórmulas más idóneas que garanticen el mantenimiento de dichos servicios, a la vez que estudie la posibilidad de crear un servicio civil de carácter voluntario en desarrollo de la previsión contenida en el artículo 30.3 de la Constitución Española.
Señor Presidente, señora Ministra, nuestro Grupo está convencido --y ese convencimiento no se debe a las palabras ni es un apasionamiento partidista, sino que se basa en los datos que su señoría hoy nos ha facilitado, en razones objetivas-- de que el Ministerio de Justicia cumple sus compromisos y que el Gobierno del Partido Popular está cumpliendo sus compromisos en materia de objeción de conciencia. Y estoy convencido de que el Gobierno seguirá este camino y lo concluirá con un auténtico éxito.
Tiene la palabra la señora Ministra, para contestar al resto de los portavoces que han intervenido.
Senador Román Clemente, evidentemente, no compartimos la misma filosofía; en definitiva, yo me limito a compartir la que en estos momentos establece la ley y la de no hacer del objetor un ser marginal. Su señoría dice que se están ocupando puestos de trabajo con los objetores. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia lo único que hemos pretendido es que aquellos que tienen la obligación de realizar la prestación social sustitutoria lo hagan en condiciones dignas, solidarias y para el beneficio, no sólo de la sociedad, sino de los propios jóvenes.
A lo largo de mi comparecencia he destacado que hay un gran número de objetores de conciencia que cuando terminan su período de prestación continúan realizando esos servicios de forma voluntaria en las distintas organizaciones, y he hecho referencia a la Cruz Roja Española. Por tanto, mientras que exista la obligación de efectuar un servicio como el de la prestación social sustitutoria, desde el Ministerio de Justicia intentaremos, insisto, que el mismo se realice en beneficio de la sociedad y de los jóvenes. Y eso no significa que exista la filosofía de ocupar puestos de trabajo con mano de obra gratuita, sino la de hacer a los jóvenes más responsables, más solidarios y más satisfechos con la obligación que les viene impuesta de forma legal para realizar un trabajo en beneficio de la comunidad.
Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que han manifestado sus señorías acerca del futuro. Hemos hablado del pasado, y era necesario recordar el pasado próximo porque tenemos que saber de dónde venimos para ir trazando el camino del futuro de la forma más acertada. También estoy absolutamente de acuerdo con que ese futuro es lo que nos tiene que importar a partir de este momento. En ese sentido,
me he referido a que desde 1997 se está trabajando en la idea de que se lleve a cabo un trabajo en beneficio de la Comunidad de forma voluntaria, y quisiera pedir la ayuda de sus señorías para poder desarrollar ese trabajo de forma rápida; trabajo que no se va a iniciar el día después, como comentaba el portavoz del Grupo Socialista, porque, efectivamente, ha comenzado hace ya un año, y en ello estamos ocupados.
Por otra parte, es cierto que ni el Ministerio de Justicia, ni el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ni cualquiera de los Ministerios implicados en este tema, pueden realizar solos esta función, sino que se necesita, en primer lugar, el concierto de todos los grupos parlamentarios y, posteriormente, el de todas las Administraciones implicadas. Y para ello no vamos a cejar en el esfuerzo que pusimos en desarrollar un plan de choque para evitar un impacto --y creemos que lo vamos a conseguir-- y canalizar en la forma debida esa nueva corriente que existe entre nuestros jóvenes. Porque, a pesar de que se dice que los jóvenes siempre son solidarios, creo que potenciar la solidaridad nunca está de más. Y si por parte de los adultos, de los mayores, se construye una sociedad en la cual las palabras solidaridad y comprensión estén presentes, seguro que nuestros jóvenes las asumirán cada día más, pero si ese mensaje no se lanza podríamos correr el riesgo de que olvidaran el contenido de esas palabras.
Por último, quiero agradecer a todos los portavoces, no sólo cómo me han recibido en esta ocasión, sino también cómo lo han hecho siempre que he comparecido para hablar de un asunto que sé que nos preocupa a todos. Por tanto, les pido nuevamente su ayuda para seguir adelante, y me comprometo a que la próxima vez que soliciten mi comparecencia lo haré de la forma más rápida posible. En cuanto al Senador Varela, le remitiré por escrito la pregunta que no he podido contestar.
Como se anunció al principio de la sesión, existe la posibilidad de abrir un nuevo turno para los portavoces que quieran hacer uso de la palabra, por el mismo orden que se ha seguido con anterioridad. ¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (Pausa.) En primer lugar, y por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Sin ánimo de extenderme, me gustaría hacer una petición para conseguir un mayor y rápido desarrollo del convenio firmado entre la Dirección General de Objeción de Conciencia y el INEM para esa formación ocupacional. De no hacerse así, su extensión no se produciría a todo el territorio español, ya que, a este ritmo, acabaría mucho antes la prestación social sustitutoria.
Por otro lado, si son 15.584 los objetores de conciencia que todavía no han sido incorporados se me antoja que su incorporación será inmediata, puesto que, si hay 107.000 nuevos objetores y las plazas existentes son 122.000, quedan 15.000 plazas, con lo cual, si todas las plazas estuvieran ocupadas no quedaría ninguna bolsa de objetores en estos momentos. Además, si tenemos en cuenta que estas plazas no se ocupan por un año sino por nueve meses, el margen a favor de la gestión es bastante mayor. Por tanto, con este combinado de las cifras que nos ha proporcionado la señora Ministra no me explico cómo el tiempo de espera en estos momentos sólo ha disminuido en un año con respecto a la situación anterior, en la que se hablaba que había objetores de conciencia que incluso llevaban esperando más de tres años. Es decir, no entiendo cómo todavía puede haber una bolsa de objetores de conciencia de acuerdo con estos datos que, como es lógico, estimo absolutamente veraces.
Asimismo --y creo que la señora Ministra también ha hecho referencia a ello--, el Grupo Socialista ha colaborado con sus iniciativas, o por lo menos ha tratado de hacerlo, a la solución de este problema. Desde su regulación en 1984 el tratamiento de la objeción de conciencia ha sido llevado con absoluta seriedad por los Gobiernos socialistas. La previsión que en 1994 realizó el señor Belloch relativa a que la situación estaría normalizada en 1996 era absolutamente cierta y predecible, puesto que, como he afirmado varias veces --y me baso en las cifras aportadas por el Ministerio ante distintas preguntas formuladas por Senadores y Diputados--, si en 1994, año en que se hacen esas declaraciones, había poco más de 77.000 objetores, en 1995 el número era de 72.800, con lo cual, se produce una inflexión en la evolución y, por tanto, un decrecimiento del número de objetores. Al mismo tiempo se venían incrementando a un ritmo entre 10.000 y 15.000 el número de puestos para la prestación social sustitutoria, lo que hacía prever que la situación se estabilizaba y que iba a llegar el momento, 1996, en que existiría un superávit de puestos para la prestación social sustitutoria con respecto a nuevas declaraciones.
Lo que ocurre, y sigo insistiendo, es que el señor Aznar trunca estas previsiones en el debate de investidura como Presidente de Gobierno con el anuncio de la finalización del servicio militar obligatorio a un plazo determinado, con lo cual seguimos pensando que se disparan las cifras de la objeción de conciencia que, como digo, hoy no son preocupantes dado que la evolución de la creación del número de plazas para la prestación social sustitutoria ha sido correcta. Pero es necesario hacer estas matizaciones porque la historia no se puede tergiversar, no se puede dar lugar a lecturas que yo considero interesadas y poco rigurosas.
Por otra parte, seguimos coincidiendo en los objetivos. Uno de ellos era equiparar la duración de la prestación social sustitutoria a la del servicio militar. Creo que hay que seguir avanzando en la equiparación del tratamiento del objetor de conciencia con el de aquel joven que opta por hacer el servicio militar obligatorio, equiparación todavía no plenamente conseguida y para la cual seguiremos prestando nuestra colaboración.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Román Clemente.
Señora Ministra, ¿cómo no vamos a compartir la idea de que el objetor no puede ser tratado de forma marginal? Nosotros nunca compartimos aquella teoría de la alarma social cuando existía aquel tipo de comportamiento hacia quien ejercía un derecho.
Señora Ministra, cómo no vamos a valorar positivamente que los jóvenes eran, siguen siendo y serán solidarios y comprometidos con los más necesitados. Sin duda alguna, en todas aquellas tareas que signifiquen beneficio para la sociedad se pueden compartir esos valores de solidaridad, pero sigue sin responder a una cuestión que le planteaba, relativa a esa perversión de la prestación social sustitutoria para ocupar puestos que pueden ser incluidos en el catálogo de puestos de trabajo de las diferentes administraciones. ¿Cuántas de esas plazas, señora Ministra, podían haber sido objeto de ofertas de empleo público? Esas plazas deberían estar ocupadas por puestos estables y, desde luego, con todas las condiciones laborales correspondientes.
Por ello, señoría, porque es imprescindible acentuar los valores de solidaridad, y porque entendemos que la prestación social debió ser voluntaria, nunca considerarse una penalización al ejercicio de un derecho, algo que hemos mantenido y seguiremos haciendo --como también nos hemos manifestado recientemente en esta Cámara sobre la despenalización total y absoluta, de la insumisión--, es por lo que vuelvo a preguntarle ¿cuántas de esas plazas, en aras de una mejora de la gestión, de una calidad en la prestación social sustitutoria no deberían estar cubiertas por objetores de conciencia? ¿En cuántas de esas plazas en la Administración se está haciendo un uso perverso de la prestación social sustitutoria y son puestos de trabajo encubiertos? Desde luego, como bien decía su señoría, cubiertos de forma gratuita.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
En primer lugar, en nombre de mi Grupo, quiero aprovechar esta comparecencia de la señora Ministra para hacer un reconocimiento público y expreso a los objetores de conciencia, en el sentido de que, a nuestro juicio, la sociedad española está en deuda con este colectivo que, a través de la prestación social sustitutoria, ha realizado un servicio impagable e inmejorable.
Evidentemente, tenemos que hablar de futuro. Las fórmulas alternativas habrá que buscarlas y las encontraremos. Estoy convencido de que habrá fórmulas alternativas cuando desaparezca la prestación social sustitutoria como consecuencia de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Entre todos, vamos a encontrarlas y, precisamente, esta Cámara y los Senadores estaremos orgullosos de ser pioneros en buscar y encontrar estas soluciones.
Se ha hecho referencia por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista al Plan de choque de 1994, al hilo de mi primera intervención.
Quiero poner de manifiesto que este plan, en palabras concretas, fue un auténtico fracaso porque así lo indican los datos, a pesar de que, en su momento, se anunció un plan de choque multimillonario, un plan que, creo recordar, se resumía en ocho folios, con un coste de 8.000 millones de pesetas, es decir, que podríamos valorar dicho plan a 1.000 pesetas por folio.
Sin entrar en demasiadas disquisiciones, me voy a referir a los datos. Y, según éstos, los objetores reconocidos en 1994, cuando se presenta ese plan de choque, eran 82.040 y los puestos de actividad eran 50.321; en 1995, en plena puesta en marcha de ese plan, los objetores reconocidos eran 74.598 y los puestos de actividad 66.514; y ya en 1996, cuando se presenta un nuevo plan de choque por el Gobierno del Partido Popular, los objetores reconocidos fueron 91.204 y los puestos de actividad 91.601, es decir, que por primera vez en la historia de los puestos de actividad eran mayores que los objetores reconocidos. Para terminar, en el año 1997, ocurrió tres cuartos de lo mismo, es decir, puestos de actividad y objetores reconocidos en términos similares y, al día de hoy, a 30 de septiembre de 1998, con el dato que nos ha expuesto la señora Ministra, de una bolsa de 107.000 objetores reconocidos, existen 122.000 puestos de actividad.
Señorías, me parece que en esta comparecencia de la señora Ministra hemos hablado de pasado, de presente y de futuro. Se ha hecho un análisis completo de la objeción de conciencia y de los problemas que suscita su situación actual. Pienso que el diagnóstico es acertado y, en estos momentos, ya se está aplicando el tratamiento adecuado y esperemos que en un futuro se perfeccione.
¿Desea la señora Ministra hacer uso de la palabra para contestar a los portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Senador Varela, no voy a dejar que transcurra mucho tiempo para que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sea efectivo, pero, señoría, se ha firmado con el actual Director General de Objeción de Conciencia, señor Lesmes, el 12 de febrero de 1998, No es que se haya dejado, tuvimos la idea, la pusimos en marcha y vamos a llevarla a cabo en todas las Comunidades Autónomas. Quiero informarle de que actualmente ya existe una oferta de formación para los objetores que esperemos dé el resultado apetecido.
Respecto a la gestión que se está efectuando para cubrir esos 15.584 puestos a los que su señoría se refería, salvo en aquellas poblaciones en las que seguimos teniendo algún problema, Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga, la incorporación
es prácticamente inmediata, pero su señoría me ha preguntado por la media. Seguimos haciendo esfuerzos para que estas cuatro poblaciones dejen de plantear esos problemas, pero quiero también comunicarle que el tiempo de espera de incorporación de los objetores ha disminuido considerablemente respecto a lo que existía en el año 1996, cuando se puso en marcha el plan de choque.
Senador Román Clemente, no existe en este momento ningún puesto ocupado por los objetores, en opinión del Ministerio de Justicia, que sea considerado puesto de trabajo. Lo que existe es un número de objetores reconocido de 107.000 y un número de puestos de actividad de 122.000, redondeando; puestos de actividad que están contratados con las ONG en la forma que establece la Ley. Los objetores de conciencia no pueden efectuar un trabajo que tenga que ser ocupado de forma remunerada. Se encuentran en ONG, en servicios sociales, en la Comunidad. Su manifestación, por tanto, es una percepción subjetiva que no se corresponde, en mi opinión, con la realidad.
Nada más. Me parece que no existe ninguna otra puntualización. Quiero agradecer nuevamente el tono de las intervenciones y la colaboración que, sin duda, me seguirán prestando.
El señor PRESIDENTE: Si desea algún Senador que no haya intervenido con anterioridad hacer alguna pregunta o pedir alguna aclaración a la señora Ministra sobre la cuestión concreta de la comparecencia, se abre un turno para ello. (Pausa.) Damos de nuevo las gracias a la señora Ministra por su comparecencia y se suspende la sesión por un período de diez minutos.
--PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES DE USO TURISTICO Y NORMAS TRIBUTARIAS (621/000102).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al Dictamen en relación con el proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el día 9 de octubre, fecha asimismo de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» y el plazo de presentación de enmiendas terminó el pasado 15 de octubre. Se presentaron 40 enmiendas: una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 18 del Senador Román Clemente; una del Senador Ríos Pérez, y 20 del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia, integrada por don Carmelo Artiles Bolaños, don Manuel Caballero Muñoz, don Salvador Capdevila i Bas, don Pedro Tomás Galván de Urzaiz y don Jesús Andrés Mancha Cadenas, emitió informe en el día de ayer, 19 de octubre, y en dicho informe la Ponencia acordó lo siguiente: Incorporar al texto del proyecto de ley, por unanimidad, las enmiendas número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, número 14, del Senador Román Clemente, y números 21 a 33 y 36 a 40 del Grupo Parlamentario Popular. Por mayoría, las enmiendas números 34 y 35, del Grupo Parlamentario Popular, en algunos casos introduciendo en dichas enmiendas correcciones de estilo, que no afectan al contenido de las mismas.
En segundo lugar, desestimar por mayoría las enmiendas números 2 a 13 y 15 a 19, del Senador Román Clemente, y número 20 del Senador Ríos Pérez.
Por último, introducir además algunas correcciones técnicas o de estilo en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, según se hace constar en el anexo del informe.
Procede entrar a debatir las enmiendas. Habrá un turno de defensa de las mismas y posteriormente un turno en contra. Más tarde tendremos a bien hacer el turno de portavoces, y la contestación a ese turno podrá efectuarse, si así lo desean, al finalizar la defensa de todas las enmiendas, como estamos haciendo normalmente.
Procedemos, por tanto, a dar la palabra al Senador Román Clemente, para la defensa de las enmiendas números 2 a 13 y 15 a 19.
Quiero anunciar que también daremos por defendidas las enmiendas del Senador don Victoriano Ríos, a los efectos oportunos.
El señor PRESIDENTE: Perfecto, señoría. Se trata de la enmienda número 20, del Senador Ríos Pérez.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señorías, quiero decirles que nos alegramos de la aceptación de la enmienda número 14 y, al mismo tiempo, que voy a evitarles una defensa pormenorizada de las enmiendas planteadas. Lo que sí quisiera es hacer brevemente una exposición del motivo de estas enmiendas que tienen su correlación, como es evidente, con las que se defendieron y mantuvieron vivas en el Congreso de los Diputados.
Con estas enmiendas que presentamos en el Senado queremos contribuir al nivel de entendimiento o consenso que pudo alcanzarse en una parte de la ley y que tienen como finalidad, por un lado, incrementar las garantías de los consumidores y su derecho a la participación a través de las organizaciones de las que se dota, garantizar los derechos que asisten a los usuarios --en este caso a las personas que adquieren este tipo de bienes-- y no sólo el hecho de que deban existir apartamentos dentro de lo que es el bloque de edificios o bienes inmuebles que pueda permitirles el ejercicio de su derecho sino también, señorías, a considerar que tanto el tiempo que se dedica para reparaciones, limpieza u otros fines es escaso y debería incrementarse; y, por otro lado, a la inclusión necesaria en los registros que puedan establecerse al efecto en las Comunidades Autónomas, con la consideración, todo ello, de que estamos hablando de una industria --la turística-- que tiene un papel fundamental para nuestro país y para alguna de las Comunidades Autónomas con carácter esencial.
Al plantear todas estas enmiendas, señorías, consideramos que pueden enriquecer jurídicamente la protección de
los derechos que puedan tener los usuarios. Por no reiterar excesivamente los argumentos que nos llevan al mantenimiento de estas enmiendas que quedaron vivas en el Congreso de los Diputados, o las que quedan aquí vivas después de la aceptación de la enmienda número 14, en otro turno tendremos oportunidad de expresar las razones por las que debemos preservar el carácter turístico de este tipo de bienes inmuebles.
Tiene la palabra el Senador Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, llevando como bandera la economía del tiempo, voy a expresar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre diecisiete enmiendas de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto (puesto que la enmienda número 14, como bien ha dicho su señoría, ha sido incorporada), y una enmienda de Coalición Canaria.
Nosotros entendemos que las enmiendas que presenta Izquierda Unida vienen a trastocar la filosofía de la norma, vienen a introducir elementos nuevos dentro de la misma y, por supuesto, son todas una repetición de enmiendas que se presentaron en la Cámara Baja y que fueron sometidas a votación y rechazadas por el Congreso de los Diputados.
Insisto en que voy a intentar ser lo más breve posible, pero quisiera entrar un poco en profundidad en alguna de ellas --cosa que no ha hecho el señor Román, y es muy libre de hacer con su tiempo lo que considere conveniente-- porque entendemos que, a lo mejor, es conveniente introducirse en las entrañas de la propia ley antes de descuadrar el proyecto.
Las enmiendas números 2 y 8 tienen unos argumentos para su rechazo exactamente iguales. Entendemos que lo que pretende Izquierda Unida es algo que puede hacer perder todo el sentido de la norma porque cuando un inmueble está sujeto a un régimen de derecho de aprovechamiento por turno no resulta compatible ni razonable que ese régimen implique también algunos destinos distintos, como puedan ser el de la vivienda permanente, y no hay razón para que surjan estos problemas cuando coexistan en un mismo inmueble un régimen de derecho de aprovechamiento por turno con una explotación hotelera. Insisto en que precisamente lo que se busca es la estabilidad en el empleo no la precariedad en el mismo. Si somos capaces de cubrirlo durante todo el año con determinadas herramientas, lógicamente creemos que beneficiamos al empleo y no le perjudicamos.
En la enmienda número 3, dirigida al artículo 1.3, existen diversas propuestas y aun reconociendo que el problema puede existir, entendemos que su existencia conlleva la tentación de comercializar en el mercado turístico la ocupación de departamentos mejores, y contentar a los titulares de los derechos de aprovechamiento por turno, alojándolos en estos departamentos reservados. Otra propuesta se limita a querer ampliar el tiempo de mantenimiento de limpieza y nosotros entendemos que siete días es un tiempo suficientemente amplio.
En la enmienda número 4, que va a proyectarse sobre el artículo 1.6 y que se engancha a las enmiendas 5, 6 y 7, entendemos que Izquierda Unida introduce el peligro de invadir las competencias de las Comunidades Autónomas. Este es un hecho que nos preocupa y debemos ser cuidadosos para no invadir las competencias de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de turismo. Esto no es algo que, de alguna manera, salga del Grupo Parlamentario Popular, sino que tiene su base en una sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997. Han de ser las Comunidades Autónomas las que han de determinar si la comercialización de derechos de aprovechamiento por turno representan o no una actividad turística y, en caso afirmativo, si está o no sometida a licencia. Los argumentos de las enmiendas números 4, 5, 6 y 7 podrían soportarse, precisamente, sobre ello.
En cuanto a la enmienda número 9 (ya hemos analizado la número 8 al inicio de la intervención), relativa al artículo 5.1.4.º, lo que creemos que pretende se garantiza perfectamente por el artículo 4.2, párrafo primero «in fine» y por el 9.1.5.
La enmienda número 10 al artículo 8.2.i) se rechaza, lógicamente, ya que con la redacción dada entendemos que se garantiza suficientemente el interés que pretende amparar la enmienda y, de otra forma, sólo se complicaría el contrato confundiendo al consumidor.
En cuanto a la enmienda número 11 al artículo 9.1.5.º, la rechazamos porque entendemos también que con la redacción aprobada se garantiza lo que pretende la enmienda, ya que su carácter imperativo y su reiteración no aporta mayor seguridad.
En lo relativo a la enmienda número 12, al artículo 9.1.8.º, la finalidad que persigue ya se consigue por otros medios, porque las condiciones para el intercambio han de constar en el contrato y en el Registro de la Propiedad con la exigencia de archivarlo para que pueda ser examinado y consultado antes de contratar.
En cuanto a la enmienda número 13, al artículo 9.1.9.º b), entendemos que «transmitente» y «vendedor» es exactamente lo mismo.
En cuanto a la enmienda número 15, al artículo 10.3. Segundo párrafo --la número 14 ya ha indicado el señor Presidente que es admitida--, junto con la enmienda número 18, al artículo 14.2, se van a rechazar porque pretenden eliminar el acta notarial como requisito para el desestimiento.
Parecería entenderse que el contrato se realiza sin la seriedad que caracteriza a los actos intervenidos por el notario.
En cuanto a la enmienda número 16, al artículo 11.2, que también se rechaza, el texto propuesto nos parece menos riguroso que el del proyecto, pues éste garantiza un mínimo de indemnización, sin moderación por debajo de esa cantidad, aunque opte por exigir el cumplimiento del contrato.
La enmienda número 17, al artículo 14.1, es menos rigurosa, porque, aunque la inscripción garantiza la adquisición, se deja al consumidor la facultad de solicitarla, como es regla general.
Por último, con referencia a la enmienda número 19, a la disposición adicional primera, la rechazamos porque entendemos que el texto del proyecto es suficientemente amplio, sin matizaciones, y figuran todas, incluso las locales.
Se pide también que se posicione el Grupo Parlamentario Popular con referencia a la enmienda número 20, de Coalición Canaria, que pretende modificar el título de la Ley. En vez de «Derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias», que diga «Derecho de aprovechamiento por tiempo compartido de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias». No se puede asumir, sencillamente, porque se trata de no confundir a los consumidores con otros productos que existen en el mercado. Y lo que se pretende está contemplado nosotros diríamos que de una manera meridiana en el artículo 1.4, cuando en su párrafo segundo dice que: «A los efectos de publicidad, comercialización y transmisión del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles podrá utilizarse cualquier otra denominación siempre que no induzca a confusión a los consumidores finales y del mismo se desprenda con claridad la naturaleza, características y condiciones jurídicas y económicas de la facultad de disfrute. Este es el motivo por el que nos oponemos a dicha enmienda número 20.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mancha.
Mi compañero y amigo del sur ha sido más extenso que no más profundo, porque las mismas razones y argumentos con los que rechaza las enmiendas podían haber servido para aceptar algunas de ellas. La extensión en su exposición, señor portavoz, no justifica, desde nuestro punto de vista, el rechazo de la participación de las Comunidades Autónomas, cuando precisamente lo que pretendemos es reforzar el papel de participación de las mismas, así como, si cabe, sus competencias. Asimismo, tampoco se dan argumentos suficientes para rechazar una mayor información o participación de los consumidores.
No entendemos los argumentos expuestos para rechazar la calificación de actividad de uso turístico, entre otras cosas porque nuestro país es pionero en esta actividad y algunas de las Comunidades Autónomas, concretamente por la que nosotros somos Senadores en esta Cámara, también lo son en la regulación de esta actividad turística. Asimismo, perseguimos una mayor concreción por lo que se refiere a la duración de los turnos o en lo relativo a la reserva de departamentos que garantice el derecho de los usuarios, así como la calidad por la que adquieren esos derechos.
Todos sabemos y conocemos el mal uso que se ha venido haciendo de esta actividad, al igual que --por qué no decirlo también-- la no excesiva consideración que hemos tenido dentro de la Unión Europea por el abuso que se ha producido en algunos momentos al respecto. Y lo mismo sucede en cuanto a la necesidad de ampliar ese período de limpieza que garantice el disfrute de este derecho en las mejore condiciones.
Por todo ello, señoría, cuando con algunas enmiendas se pretende mejorar la seguridad jurídica, podemos entender la extensión de su intervención, pero, desde luego, no la profundidad de los argumentos con los que ha rechazado las mismas. De todas formas, esperamos que hasta el Pleno, cuando podamos debatirlas, haya algún cambio en su comportamiento y se pueda reforzar el nivel de consenso que se alcanzó en el Congreso de los Diputados.
Por otra parte, señoría, tengo que reconocer --y todos los Grupos lo hacemos-- que este trabajo tiene relación con el que venimos haciendo en la Cámara Baja y no se entendería que no lo mejoráramos, como es nuestra obligación en esta Cámara. Recogemos el trabajo hecho, pretendemos mejorarlo, insistimos en aquellos aspectos que pudieran ser motivo de alcanzar un mayor consenso y esto es lo que nos va a llevar hasta ese Pleno, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila.
Si bien nuestro Grupo Parlamentario ha llegado a estos momentos sin tener ninguna enmienda viva, no obstante, propone «in voce» una de redacción alternativa al artículo 1.6, párrafo segundo, en el que se diga que: Tales contratos deberán referirse necesariamente a una temporada anual determinada que se corresponda con un período determinado o determinable de esa temporada y a un alojamiento determinado o determinable por sus condiciones genéricas, siempre que esté especificado el edificio o conjunto inmobiliario donde se va a disfrutar del derecho.
Entendemos que esta redacción es más acorde con el conjunto del proyecto de ley que se debate y, en definitiva, entendemos que lo específico tendría que ser la temporada anual y no los demás requisitos determinantes.
Convergència i Unió ha presentado una serie de enmiendas cuyo objetivo y denominador común ha sido siempre el de proteger al consumidor y dar una mayor flexibilidad, adaptando la Ley a la realidad actual. Así, una de las enmiendas que tuvo virtual interés fue la relativa a la duración de los contratos. Igualmente ocurre respecto al hecho de que el acto constitutivo no sea la inscripción registral, sino la propia escritura, el hecho de la duplicidad de regímenes y la posibilidad de que no solamente sea un derecho real, sino personal, así como que este derecho sea optativo por parte del promotor, es decir, que pueda acogerse
mediante un sistema u otro. Y, en el ámbito de las competencias, queríamos dejar constancia --y así ha quedado ya plasmado en el proyecto de Ley-- que todo lo que hace referencia al consumo y turismo incumbe única y exclusivamente a las Comunidades Autónomas que tengan asumidas dichas competencias.
En cuanto a las enmiendas presentadas y mantenidas vivas por el Grupo Parlamentario Mixto, lamentamos tener que rechazarlas, ya que al tiempo que han sido debatidas en el Congreso de los Diputados, no traen mejora alguna al proyecto de ley que tratamos en este acto.
Le ruego, por favor, que entregue a la Mesa la enmienda «in voce» que ha presentado en su intervención.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Artiles.
El señor ARTILES BOLAÑOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco también a los miembros de la Comisión que, quizás por el origen, me han dado la oportunidad de defender una ley de la que ya conozco el Reglamento, elaborado y regulado por la Comunidad Autónoma Canaria, así como muchas ordenanzas municipales, puesto que la trasposición de esta Directiva 47/1994 tiene su origen en la realidad de un sector turístico, dentro de la industria turística española, que viene desarrollándose desde hace muchísimo tiempo y que había que regular al igual que en el resto de Europa.
Por ello, en el Congreso de los Diputados hemos dado una respuesta global al proyecto que vino del Gobierno. Como esta mañana el concepto de prontitud ha quedado muy difuso, quiero aclarar que lo de prontitud viene dado por el Senado, pues este proyecto de ley del Gobierno llegó al Congreso el día 17 de septiembre del año 1997, se aprobó con capacidad legislativa plena el 10 de septiembre y fue publicado en el Senado el 9 de octubre, con un período de enmiendas y en un plazo de tiempo muy rápido. Además, esta prontitud creo que es importante por cuanto el sector que se ha visto implicado en una fama de abusos, que fueron los orígenes de esta Directiva, quiere también comprometerse a impulsar el segmento turístico que ello comporta de una forma clara, beneficiosa y garantizadora de los derechos de los consumidores.
Por ello, a la hora de la presentación de enmiendas en el Senado, vimos que el esfuerzo hecho en el Congreso, el práctico cambio del proyecto del Gobierno, la defensa de los derechos de los consumidores eran motivos más que suficientes para que, sin perjuicio de poder admitir algunas de las enmiendas presentadas en el Senado, diéramos globalmente el visto bueno a este proyecto de ley, porque reconoce que frente al proyecto de ley de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, ha habido un cambio sustancial, que era el que el Partido Socialista defendía, al añadirse «de uso turístico». No estamos regulando cualquier derecho, sino uno específico, en un sector importante, en un país trascendental a la hora de defender la seguridad, la calidad, la competitividad y la fidelidad turística. Por ello, creemos que con este cambio se ha dado un impulso importante, y de ahí que nos sumemos a la prontitud del Senado en dar respuesta a la demanda de una regulación por parte de todos los Grupos políticos y que el sector, mediante un marketing adecuado, pueda seguir siendo impulsado --en Canarias hay más de 150 proyectos en marcha, cerca de 27.000 puestos de trabajo, en otras partes de España hay también elementos importantes--. De ahí que mi Grupo haya aprobado y respaldado en la ponencia --antes lo hizo en el Congreso-- elementos importantes.
Hay votaciones conjuntas en el dictamen respecto a enmiendas presentadas por Izquierda Unida; nosotros hoy aquí no vamos a votar en contra, vamos a abstenernos, manteniendo esa voluntad de diálogo y manifestando nuestra opinión de que, si hay voluntad de consenso de aquí al Pleno, las aceptaremos y allí realmente estaremos en disposición de manifestarlo, al igual que lo hemos hecho ya con la gran mayoría de las del Grupo Parlamentario Popular, que lo hago en estos momentos y lo hicimos también respecto a la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y que ahora respecto a la de Coalición Canaria --lo manifestaremos también en el Pleno-- creo que recoger entre un término tan impropio como multipropiedad, el tiempo compartido o tiempo por turno es una matización que habrá que regular y estudiar en contacto con el sector.
Respecto a la manifestación «in voce» del representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, quiero decir que nos parece importante, entre otras cosas, porque una de las garantías de este sistema a nivel mundial es su competitividad, y uno de los sistemas que garantizan esa competitividad es el sistema flotante a la hora del ejercicio del derecho. Por ello, compartimos esa propuesta que ha hecho el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al igual que la que se nos ha presentado por parte del Partido Popular referente a los índices referenciales, salvaguardando los derechos básicos y fundamentales que la propia Directiva cumplía.
Por ello, señor Presidente y termino ya, quiero decir que hemos recorrido un largo proceso, tenemos la urgencia de veinte días para dar una respuesta, queremos hacerlo bien, y el Grupo Parlamentario Socialista se muestra globalmente satisfecho con que este proyecto de un proyecto inmobiliario y de derechos reales haya pasado a ser derecho importante para un sector clave, con futuro del ámbito turístico, de la gran potencia turística que es España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Artiles.
Esta Presidencia, además de su intervención, le agradece la nueva aportación al concepto de prontitud. Creo que al final nos vamos a ir aclarando todos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Galván tiene la palabra.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No cabe duda de que el Senado ha cumplido en este proyecto de ley su responsabilidad y su función principal que es dar la segunda lectura a las leyes. No cabe duda de que su tramitación por vía de urgencia estaba motivada por la necesidad de regular un sector fundamental que en España cobra una importancia sin género de dudas y que seguramente podremos asistir como Senadores «in pectore» a un despegue del sector gracias a la regulación que parlamentariamente los distintos Grupos en el Congreso y en el Senado van a consolidar por vía de consenso.
Señorías, la tramitación por vía de urgencia no ha impedido que este Grupo Parlamentario Popular haya hecho un esfuerzo de lectura para, dentro de la línea del consenso, mejorar, si cabe, aún más el texto que nos vino remitido del Congreso. Había que darle esa segunda lectura y, consecuentemente con ello, hemos presentado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, 20 enmiendas --cinco a la Exposición de Motivos-- para coordinar las modificaciones que se habían introducido en el texto articulado en el Congreso respecto a la Exposición de Motivos que había quedado ciertamente descabalgada, y una enmienda, la número 21 del Grupo Parlamentario Popular, haciendo justicia a un dato histórico: en 1960 --y no les aburro, señorías-- un español inscribió en el Registro de la Propiedad Industrial una patente que hablaba de las pólizas vacacionales que regulaban de alguna manera este derecho. Parece que en la Exposición de Motivos, cuando se habla de que en el Derecho español no hay ningún antecedente, sí hacemos justicia, al menos allí, de recoger ese pequeño dato porque se ajusta a la realidad y es justo reconocer siempre las realidades.
No cabe duda de que el texto, aparte de trasponer la Directiva comunitaria 9447, va más allá, y regula toda la faceta de este derecho civil fundamental en cuanto a su constitución, su registro, su transmisión, su publicidad, la necesidad de afianzar, para que los derechos del usuario siempre estén garantizados, las normas tributarias y, por último, las disposiciones transitorias y finales para poder adaptar a esta nueva regulación los derechos preexistentes. Por lo tanto, es un texto completo que va bastante más allá de la propia Directiva comunitaria.
Señorías, se trata de una norma básica, y no solamente importante --como decía mi compañero Senador Carmelo Artiles, en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias-- para Comunidades como Canarias y Baleares, sino para todas las Comunidades españolas, porque evidentemente esta norma bien utilizada --y de ahí el interés de los sectores directamente vinculados a ella-- podrá tener una gran virtualidad y podrá permitir precisamente algo muy importante: por una parte, la actualización de todas las instalaciones dedicadas a este tipo de actividad, vinculándolo de una forma fija a una clientela durante 50 años. ¿Qué conseguimos con ello? Capitalizar las propias explotaciones empresariales. Por otra, que esos clientes usuarios del derecho estén disfrutando de su derecho nada menos que durante un posible régimen que puede durar hasta 50 años. Por lo tanto, la prestación del servicio se esmerará, puesto que contamos con una clientela fija.
Como reflexión final diré --me dirijo a Izquierda Unida-- que posiblemente podamos avanzar en lo que puede ser una mayor consolidación de toda la industria turística española en beneficio precisamente de esas plantillas que quedan consolidadas. Estoy pensando, señorías, no solamente, como decía al principio, en el turismo de playa y sol, sino, por ejemplo, en el turismo urbano, de las instalaciones hoteleras de las grandes capitales que pueden precisamente actualizar su planta hotelera por la vía de transferir derechos a favor de usuarios que van a hacer uso de una semana --¡quién no viene una semana a Madrid!-- y que ello permitirá dotar a las instalaciones de una fórmula inteligente para ponerse al día. Con lo cual toda España puede mejorar. Pero todavía más: también puede ser una fórmula muy inteligente y bien pensada para desarrollar el incipiente turismo rural, ¡por qué no!, si vinculamos a la clientela durante 50 años.
Todas estas reflexiones que derivan de la lectura atenta del propio texto remitido por el Congreso, nos hicieron pensar que en todos aquellos espacios huecos que quedaran abiertos respecto a las garantías de los derechos y usuarios --creo que es la filosofía-- teníamos que contribuir --añado, en la línea de consenso-- para conseguir sacar una buena norma que tuviera plena virtualidad jurídica en beneficio no solamente de los promotores inmobiliarios dedicados a la explotación turística, sino también, básicamente, en beneficio de los usuarios, porque ahí es donde radica la posibilidad de que la fórmula sea exitosa.
En ese sentido, señorías, hemos presentado, como decía, veinte enmiendas, y sobre la marcha, en la mañana de hoy, hemos presentado una enmienda «in voce» que clarifica precisamente el derecho de los usuarios. No quiero cansarles. Sólo les diré que las enmiendas han ido dirigidas básicamente a la mejora del texto articulado, de manera principal a todo aquello que podría dar lugar a dudas como, por ejemplo, cuando se habla de la constitución del régimen por el propietario según el registro, eliminando la expresión «según el registro», para ajustarla a la técnica jurídica diciendo «titular registral». No cabe la expresión «según registro» sino «propietario registral». Por ejemplo, cuando en el texto del Congreso se señala que, en el caso de desestimiento por parte del usuario porque llega a la convicción de que no le interesa mantener su derecho, y según la Directiva comunitaria tiene derecho a desistir del mismos, ¿dónde le manda el requerimiento para hacerle la notificación fehacientemente? El texto del Congreso decía que al domicilio que figure en el contrato, y si en éste no figura, a aquel en donde se haya celebrado el contrato. Y digo yo: ¿en la esquina en la que haya sido sorprendido el usuario para sacarle el contrato? No; el domicilio tiene que constar clara y necesariamente en el contrato, y simplemente porque lo dice la propia Directiva. Por lo tanto, hay una mejora técnica en el aspecto de la garantía de los derechos del usuario.
Respecto a la enmienda «in voce» también deseo manifestar, en el mismo sentido, lo siguiente. ¿Cómo podemos pensar que perdura en el tiempo el derecho del usuario
nada menos que de tres a cincuenta años? Primer acto: Se compra el derecho, pero luego hay que mantenerlo en el tiempo. ¿Qué puede limitar el derecho? La cuota de mantenimiento de ese derecho y la actualización de la cuota de mantenimiento, por lo tanto, esa cuota de mantenimiento queda ajustada a un crecimiento del IPC. El texto del Congreso decía: Salvo pacto en contrario. Y nosotros decimos: Salvo pacto en contrario, que no pueda quedar al arbitrio de una de las partes. Por consiguiente, el crecimiento de la cuota de mantenimiento tendrá que ser siempre objeto de un acuerdo de ambas partes, porque si no se podría producir un incremento desmesurado y una renuncia al derecho. Es en este sentido en el que hemos presentado enmiendas que, para no cansarles, he resumido de forma muy breve.
Por último, hay una modificación que es necesaria y que se nos había escapado en esta primera lectura. La exposición de motivos, en la página tercera, viene a explicar la filosofía de la norma que tratamos, y concretamente dice que puede ser muy válida la regulación que demos desde el punto de vista legal, pero inválida si la empresa de servicios, el promotor, que se compromete a establecer el «standing», no cumple con sus obligaciones. Eso es algo clave. Es evidente que es necesario que quede perfectamente nítido que la empresa de servicios tiene que quedar ajustada a la norma. Hay un párrafo de la exposición de motivos, apartado primero --el último de la página tercera-- que debería ser acotado debidamente.
En cuanto a la enmienda «in voce» que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, debo decir que en esta labor de consenso respecto a esta norma fundamental, nos parece que, en estas vías de urgencia, el tiempo que nos queda hasta el pleno podrá permitirnos hacer una reflexión, primero, en voz alta y luego, en su caso, si cabe, materializarla en un acuerdo pleno, como no podía ser de otra manera y como estamos obligados en esta Casa, para sacar una buena ley y, por supuesto, que nuestro trabajo sea fructífero y respetado por el Congreso de los Diputados. En ese sentido va la enmienda «in voce» que presenta CiU y que hace referencia a los derechos personales.
En la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley se tenía en cuenta el derecho real y se avanzó incluyendo también el derecho personal. No quiero extenderme mucho, pero hoy en día, cuando viajamos, estamos comprando el billete y nos dan puntos. Quiero decir que esto de que nos den puntos es un modo que se está estableciendo en la forma de operar de todos los sistemas, incluso en el turístico. Ese es un derecho personal. Este proyecto de ley quizá quedaría cojo si no reguláramos debidamente el derecho personal. Nuestro Grupo reflexionará sobre eso y podrá avanzar alguna fórmula de consenso si llegara el caso.
Muchas gracias, señorías. Votaremos a favor --no podía ser de otra manera-- el texto aprobado por el dictamen de la Comisión, y con las enmiendas incorporadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galván.
Le ruego que entregue a la Mesa las enmiendas «in voce» que ha anunciado, ya que el texto no obra en este momento en nuestro poder.
Finalizado el debate, pasaremos a la votación. Al existir informe de la ponencia, se votará éste en primer lugar. Las enmiendas sólo serán sometidas a votación si se rechaza el informe de la ponencia. No obstante, antes de comenzar la votación ruego a la ponencia que manifieste a esta Presidencia si, tras el debate de las enmiendas, desea introducir modificaciones en su informe. Por el debate, esta Presidencia entiende que se introduce la enmienda del Grupo Parlamentario Popular relativa a la modificación del Preámbulo, y que la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió quedaría pendiente, al parecer, de conversaciones posteriores entre los grupos, con vistas al debate en el Pleno. De todas formas, la Presidencia va a dar lectura a las tres enmiendas «in voce» que se han introducido.
La del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió es una redacción alternativa al artículo 1.6, párrafo segundo, en la que se dice: Tales contratos deberán referirse necesariamente a una temporada anual determinada, que se corresponda por un período determinado o determinable de esa temporada y a un alojamiento determinado o determinable por sus condiciones genéricas, siempre que esté especificado el edificio o conjunto inmobiliario donde se va a disfrutar del derecho.
La enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario Popular propone una redacción alternativa del artículo 9.1.5.º. Con ella se pretende introducir, a partir de «... Precios al Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística, salvo que las partes hayan establecido otra forma de actualización», la aclaración: «que no podrá quedar al arbitrio de una de ellas...».
La última enmienda lo es al último párrafo de la parte I del Preámbulo, y con ella se pretende la supresión, en la última frase, de «incumpliendo la oferta contractual», con lo que quedaría como sigue: «Sin empresa de servicio, o si ésta funciona incorrectamente, el derecho no podrá ser ejercitado en la práctica y de poco le servirá al adquirente que el contenido jurídico del mismo esté, en otros aspectos, perfectamente determinado.» (El señor Artiles Bolaños pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Artiles.
El señor ARTILES BOLAÑOS: Gracias.
Estamos en el ámbito de las enmiendas «in voce». Como nosotros ya hemos manifestado nuestro posicionamiento, y aunque, debido a diversos problemas, el señor Capdevila no pudo estar ayer en la ponencia, sí deseo decir, para que quede constancia de ello, que nosotros aceptamos su enmienda «in voce». Porque lo primero que hay que hacer es ver si se incluye en el informe, y si el hecho de que nosotros seamos dos y uno, que son tres, frente a dos, puede suponer un arbitraje.
Esta Presidencia iba a proceder ahora a preguntar de forma expresa a la mayoría de la ponencia, pero ya he manifestado anteriormente que, a la vista del debate, entendía
que la mayoría estaba por no introducirlas y dejarlas pendientes para el debate en el Pleno, y que incorporaba exclusivamente las dos enmiendas «in voce» presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ARTILES BOLAÑOS: Deseo decirle al señor Presidente que es la mayoría ponderada, dado que no es la numérica.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su aclaración, señor Artiles.
Hechas estas puntualizaciones, procedemos a la votación del informe de la ponencia, con la inclusión de las dos enmiendas «in voce» presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Este Proyecto de Ley consta --como ya saben sus señorías-- de 20 artículos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y una disposición final única, presidida de un preámbulo.
La votación puede hacerse de manera agrupada, salvo que haya objeciones al respecto. Como no las hay, procedemos a la votación.
El señor PRESIDENTE: Ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley sobre el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. Por lo tanto, procede designar al representante de la Comisión que presente el dictamen ante el Pleno de la Cámara.
Ruego a los señores portavoces que se lo comuniquen a la Presidencia.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular proponemos que sea su señoría quien presente en el Pleno de la Cámara este dictamen.
El señor PRESIDENTE: Esto me suena ya normal. Lo acepto con mucho gusto, como siempre.
--DESIGNAR LA PONENCIA QUE HA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCION INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS GRAVES (624/000019).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por lo tanto, a designar la Ponencia que ha de informar a Proposición de Ley Orgánica de modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas u otras actividades ilícitas graves.
Antes de proceder a la designación, quiero solicitar de la Comisión la posible ampliación del orden del día al amparo de lo dispuesto en el artículo 61.4 del Reglamento, con el objeto de designar la Ponencia que ha de informar los siguientes proyectos de ley que acaban de entrar en el Senado, lo cual sería conveniente para no tener que volver a reunirnos de nuevo exclusivamente para tratar este tema: Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar y Proyecto de Ley por la que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual, que han tenido su entrada en el Senado el 15 de octubre. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 17 del presente mes.
¿Hay algún inconveniente para que designemos la Ponencia y ampliemos, por lo tanto, el orden del día? (Pausa.) Así lo haremos. Tras la designación de la Ponencia del Proyecto de Ley, que constaba ya en el orden del día, designaremos la Ponencia de estos dos Proyectos de Ley.
El plazo de presentación de enmiendas para la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves finalizó ayer, día 19.
Se ha presentado una única enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunto a la Comisión, no obstante, si persistimos en la idea de nombrar la Ponencia los efectos de procedimiento. (Pausa.)
El señor MARIN RITE: Nosotros creemos que la Ponencia debe funcionar como principio, pero en algunos casos, obviamente, es más necesaria que en otros.
El señor PRESIDENTE: Así lo entiende la Ponencia y, no obstante, ha querido que la Comisión se pronunciara sobre ese aspecto.
Compartimos el criterio expresado por el Senador Marín Rite.
El señor PRESIDENTE: Conforme, y muchas gracias porque estamos todos de acuerdo.
Ruego a los señores portavoces que nos comuniquen los nombres de las personas que van a constituir la Ponencia.
¿Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió?
El señor CAPDEVILA I BAS: Un servidor.
El señor PRESIDENTE: Te ha tocado casualmente.
El señor MARIN RITE: El Senador Hilario Caballero y yo mismo.
El señor PRESIDENTE: Conforme.
Los Senadores José Manuel Chapela y Jesús Mancha.
--DESIGNAR LA PONENCIA QUE HA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE PLANTA Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA JURISDICCION MILITAR (621/000104).
El señor PRESIDENTE: Seguidamente, procedemos al nombramiento de la Ponencia del Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? Supongo que, lógicamente, será usted, pero por una cuestión de orden tengo que preguntárselo.
El señor CAPDEVILA I BAS: Lógicamente, un servidor.
El señor MARIN RITE: El Senador Varela Flores y el Senador Heliodoro Gallego.
El señor PRADA PRESA: Los Senadores Ignacio Ariznavarreta y José Iribas Sánchez de Boado.
--DESIGNAR LA PONENCIA QUE HA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA COMPOSICION DE LA COMISION NACIONAL DE AYUDA Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (621/000105).
El señor PRESIDENTE: Procedemos, por lo tanto, al nombramiento de la Ponencia del Proyecto de Ley por el que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual.
Los Senadores Virgilio Velasco y doña Inmaculada de España.

References: artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 53
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 4
in fine
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 61