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⭐BOLETÍN INFORMATIVO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RIOJA
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Juan Carlos Roldán Ramírez
1 BOLETÍN INFORMATIVO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RIOJA VALORACIÓN INTEGRAL FORENSE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA NUEVOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE ABOGADOS: SOCIEDADES PROFESIONALES ACTA JUNTA SECTORIAL ESPACIO DE LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS JÓVENES NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS ENTREVISTA LA NUEVA OFICINA JUDICIAL JORNADAS BODEGAS JUAN ALCORTA2 3 El pasado 18 de octubre se aprobó en el Senado sin ninguna modificación el texto de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador. En una jornada calificada de histórica por nuestro Presidente del C.G.A.E. D. Carlos Carnicer, y con intervenciones elogiosas hacia nuestro colectivo, el texto finalmente se aprobó por una abrumadora mayoría de 220 votos a favor y 1 sólo en contra. En páginas interiores podéis encontrar el texto completo de esta Ley 34/2006 de 30 de octubre, que ha sido publicado en el BOE el día 31. Es cierto que la vacatio legis es amplia, pero supone poner una piedra angular en la defensa de la calidad de nuestra profesión, y en el derecho del justiciable a una defensa digna. Lejos de poner trabas al ejercicio, las normas de acceso deben poner al Letrado en las mejores condiciones para poder competir y buscar su espacio profesional. Ahí deben tener un papel sustancial las Escuelas de Práctica Jurídica, y sin duda los Colegios asumimos una nueva responsabilidad. La calidad, la especialización y una cierta excelencia en la profesión es lo que debe distinguirnos de otros colectivos que intentan ocupar nuestro espacio. De ahí nuestro empeño, finalmente aceptado por el legislador, de exigir que para defender intereses ajenos y asesorar en derecho haga falta la acreditación de la necesaria pericia. Carlos Mª Sáenz Cosculluela Decano del Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja Depósito Legal: LR BOLETÍN INFORMATIVO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA RIOJA AÑO XV Nº 46 NOVIEMBRE de 2006 Edita: Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja Diseño y maquetación: Profit Comunicación El Colegio de Abogados de La Rioja no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas por los colaboradores de esta publicación, ni se responsabiliza de ellas. Página 34 LEY LEY 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La regulación del régimen de acceso a la profesión de abogado en España es una exigencia derivada de los artículos 17.3 y 24 de la Constitución: estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía. Esta ley constituye, por tanto, complemento de lo dispuesto al efecto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que consagran la función de los abogados, a los que reserva la dirección y defensa de las partes, de modo que a los mismos corresponde garantizar la asistencia letrada al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando así lo exija la norma procesal y, en todo caso, como derecho a la defensa expresamente reconocido por la Constitución. La asistencia del abogado, conforme al concepto amplio de tutela al que debe aspirarse, comprende también las actuaciones profesionales tendentes a evitar el proceso mediante fórmulas preventivas y compositivas así como, en general, el asesoramiento en Derecho. También el procurador, al que la LOPJ otorga la representación de las partes cuando así lo establezca la norma procesal, garantiza la asistencia jurídica siendo, pues, imprescindible prever también los requisitos necesarios para el acceso a esta profesión, en línea con la tradición que ya existió en España. La experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante los tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia jurídica requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá dela obtención de una titulación universitaria. Ello justifica la regulación de dos títulos profesionales complementarios al título universitario en Derecho: el título profesional de abogado, exigible para prestar asistencia jurídica utilizando la denominación de abogado; y el título profesional de procurador, exigible para actuar ante los tribunales en calidad de tal. Además, en una Europa que camina hacia una mayor integración, se hace imprescindible la homologación de estas profesiones jurídicas, en orden a garantizar la fluidez en la circulación y el establecimiento de profesionales, uno de los pilares del mercado único que constituye base esencial de la Unión Europea. II Debe recordarse que la necesaria capacitación profesional de estos colaboradores en el ejercicio de la tutela judicial efectiva ha sido una reivindicación constante de los representantes de las profesiones. Todos los congresos de la abogacía española, de manera significativa el de León de 1970, el de Palma de Mallorca de 1989, el de La Coruña de 1995, el de Sevilla de 1999 y el de Salamanca de 2003, y las reuniones de las juntas de gobierno de los colegios de abogados desde Santander en 1994, Girona en 1997, Valencia en el 2001 y Santa Cruz de Tenerife en 2005, expresando el sentir unánime de la abogacía española, han reivindicado la garantía de una formación inicial igual para todos los profesionales de la abogacía. En particular, en el VI Congreso de la Abogacía Española se destacó la importancia fundamental de la formación profesional práctica y la necesaria homogeneidad en la evaluación de tal capacitación para equipararse a los profesionales de la Unión Europea, instando la regulación de la materia por parte de los poderes públicos. También las segundas Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de 1997 aprovecharon la entrada en vigor de la regulación sobre asistencia jurídica gratuita para insistir en esta cuestión, dando un paso más con el establecimiento del certificado de aptitud profesional, que, aun voluntario, es exigido por los colegios para la inclusión del profesional en el turno de oficio. La procura también ha insistido en la materia. En su X Congreso Nacional del año 2000, se señaló que debe regularse «el acceso al ejercicio de la profesión de procurador, homologándola al resto de los países de la Unión Europea, sin perjuicio de la función específica de cada profesión», lo que se reiteró, como ejemplo, en el VII Congreso Internacional del Comité de Postulantes de Justicia Europeos, celebrado en Mallorca en el año Otros operadores jurídicos se han mostrado sensibles a la cuestión. El propio Libro Blanco de la Justicia presentado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997 reclamó la capacitación práctica de estos profesionales. Asimismo, las Conclusiones de la X Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de las Universidades Españolas, reunida en Vigo el día 28 de junio de 2004 señalaron «la asunción de la necesidad y urgencia de regular el acceso a las profesiones de abogado y de procurador», añadiendo que el modelo debía contemplar «esencial y principalmente la superación de cursos de contenido práctico, a programar, organizar e impartir conjuntamente por las facultades de Derecho y los colegios de abogados», haciendo referencia complementaria a la posibilidad de una prueba objetiva final. Y, de modo muy significativo, el Pacto de Estado sobre la Justicia del año 2001 se refirió también a la cuestión en su punto 20, previendo «fórmulas homologadas con los Martes 31 octubre 2006 BOE núm. 260 países miembros de la Unión Europea para garantizar la preparación para el ejercicio de la profesión». III El texto subraya la importancia de la formación práctica de los profesionales, de modo que quede garantizada de forma objetiva su capacidad para prestar la asistencia jurídica constitucionalmente prevista. A tal fin, conjuga la idoneidad formativa de las universidades con el acervo de experiencia de los colegios profesionales. Debe destacarse que la colaboración entre universidades y colegios profesionales es una de las claves del sistema. Manifestación significativa de ello es que los cursos de formación requieran un periodo de prácticas profesionales externas cuya existencia se asegura mediante el correspondiente convenio entre la universidad y los colegios profesionales. El reconocimiento a efectos profesionales de la formación práctica adicional al grado en Derecho permite coordinar e integrar el proceso con el sistema de estudios universitarios, con el que, sin embargo, y con pleno respeto a la autonomía universitaria y a su regulación sectorial, no se interfiere. Ahora bien, tal y como prevé ya la regulación universitaria, no puede prescindirse en este caso del establecimiento de criterios a los que deberán sujetarse los estudios universitarios a los efectos de posibilitar el acceso a la obtención de los títulos profesionales que se regulan. A tal fin se dispone la necesaria acreditación de los contenidos formativos conjuntamente por el Página 45 Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia, con la decisiva exigencia de prácticas externas, profesorado especialmente cualificado para la impartición de esta formación de contenido práctico, etc. Por otra parte, el modelo no puede obviar la realidad de la existencia de numerosas y prestigiosas escuelas de práctica jurídica para abogados, cuya integración en el sistema descrito se produce por su necesario concierto con las universidades. En todo caso, para garantizar de forma objetiva la capacitación profesional del licenciado en Derecho así formado, se incluye al final del periodo formativo práctico una evaluación de naturaleza general, creando a tal fin una comisión plural con importante representación de los sectores universitarios y profesionales afectados. IV Entrando ya en el análisis del articulado, cabe destacar que se regulan dos títulos acreditativos de aptitud profesional, el título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales. La ley no interfiere, más allá de constituir estos títulos, en los presupuestos de ejercicio profesional de la abogacía y la procura. Como establece el capítulo II, la formación que nos ocupa podrá ser impartida por las universidades, si bien no puede olvidarse que estamos ante un título profesional, de manera que, como ya se ha indicado, a efectos de admitir los correspondientes programas de estudios como suficientes para la capacitación profesional, y sin que ello interfiera en su validez académica, éstos cursos serán acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia. Ello otorga una gran flexibilidad al modelo y respeta al máximo la autonomía universitaria, pues permite que las universidades decidan qué configuración tendrán estos estudios en cada caso, sin interferir en la posibilidad de que, además, las universidades organicen otros estudios jurídicos de postgrado con la validez académica que les otorgue la normativa sectorial vigente. Asimismo, se reconoce la validez de la formación práctica impartida en las escuelas de práctica jurídica de abogados, dentro de los convenios antes referidos, como reconocimiento a la labor de preparación de los profesionales que, sobre todo para la mejor tutela en la justicia gratuita, vienen realizando estas escuelas. En cuanto a la evaluación final se refiere, si bien la misma, para garantizar la objetividad, será única en todo el territorio nacional, razones de operatividad aconsejan su descentralización, con la creación de una comisión evaluadora para el territorio de cada comunidad autónoma donde tengan su sede los centros que impartan esta formación práctica. En cuanto a las disposiciones que complementan el texto, debe destacarse el establecimiento de un amplio periodo de «vacatio legis» previo a la entrada en vigor de esta norma, durante el que no se exigirán ni el título profesional de abogado ni el título profesional de procurador de los tribunales para colegiarse y ejercer las respectivas profesiones, de modo que no se quiebren las expectativas de los actuales estudiantes de la licenciatura o el grado en Derecho. Asimismo, se ha resuelto la cuestión de aquellos que ejercen el Derecho desde otra función para cuyo desempeño han superado pruebas selectivas acreditativas de capacitación jurídica, respecto de los cuales carecería de sentido someterlos a un proceso formativo y a una evaluación reiterativa si deciden pasar a desempeñar la abogacía o la procura. La competencia estatal está amparada en el artículo ª, 6.ª y 30.ª de la Constitución, de acuerdo con el artículo 36 de la misma, por lo que las previsiones de esta ley serán de aplicación en todo el territorio nacional. CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley. 1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, como colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad. 2. La obtención del título profesional de abogado en la forma determinada por esta ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía. 3. La obtención del título profesional de procurador de los tribunales en la forma determinada por esta ley es necesaria para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura. 4. La obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales. BOE núm. 260 Martes 31 octubre Artículo 2. Acreditación de aptitud profesional. 1. Tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado o el título profesional de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que lo sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta ley. 2. La formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtención de estos títulos es una formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca. 3. Los títulos profesionales regulados en esta ley serán expedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. Artículo 3. Formación. CAPÍTULO II Obtención de la capacitación profesional 1. Los cursos de formación para abogados y procuradores podrán ser organizados e impartidos por universidades, públicas o privadas, y por escuelas de práctica jurídica. 2. Todos estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia en el presente capítulo. Página 56 Artículo 4. Formación universitaria. 1. Los cursos de formación para abogados podrán ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, de acuerdo con la normativa reguladora de la enseñanza universitaria oficial de postgrado y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y deberán ser acreditados, a propuesta de éstas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación académica de los referidos cursos. 2. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que éstos comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo 6, y que incluyan la realización de la evaluación regulada en el capítulo III. 3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido y duración, así como a la titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes. La duración de los cursos será de 60 créditos, más los créditos necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo Lo previsto en este artículo será de aplicación a los cursos de formación para el acceso a la procura de acuerdo con la específica regulación que al efecto se establezca en sede reglamentaria. Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica. 1. Las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados que hayan sido homologadas por el Consejo General de la Abogacía conforme a su normativa reguladora podrán organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, siempre que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia en la forma que reglamentariamente se determine. 2. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artículo 4 para los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un periodo de prácticas externas en la abogacía o en la procura, según estén orientados a la formación profesional de los abogados o de los procuradores, en los términos del artículo siguiente, y la realización de la evaluación regulada en el capítulo III. Artículo 6. Prácticas externas. 1. Las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la abogacía o en actividades propias de la procura, con los requisitos que reglamentariamente se determinen, deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos a que se refieren los artículos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios. 2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado o procurador, según se dirijan a la formación para el ejercicio de la abogacía o de la procura. Los tutores serán abogados o procuradores con un ejercicio profesional superior a cinco años. Los respectivos estatutos generales de la abogacía y de la procura reglamentarán los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y obligaciones del tutor, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. 3. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2, deberá haberse celebrado un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados o un colegio profesional de procuradores, que establezca la fijación del programa de prácticas y la designación de los correspondientes tutores, el número máximo de alumnos que podrá asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de control del ejercicio de éstas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente. 4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de práctica jurídica, a los efectos de lo establecido en el artículo 4.2 en relación con los artículos 5.2 y 6.3 de esta Ley, y siempre que la misma reúna los requisitos mínimos que se establezcan por los ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el artículo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podrá rechazarla de forma arbitraria y deberá dictar resolución motivada en relación con la misma. CAPÍTULO III Acreditación de la capacitación profesional Artículo 7. Evaluación. 1. La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales Martes 31 octubre 2006 BOE núm Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia, oídas las comunidades autónomas, el Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo General de la Abogacía o el Consejo General de los Colegios de Procuradores. 3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el acceso a la abogacía y de la comisión evaluadora para el acceso a la procura, que serán únicas para los cursos realizados en el territorio de una misma comunidad autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación y Ciencia, y de miembros designados a propuesta de la respectiva comunidad autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora para el acceso a la abogacía habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española; asimismo, en la comisión evaluadora para el acceso a la procura habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. El número de representantes designados a propuesta de cada ministerio, de la comunidad autónoma, y de la correspondiente corporación profesional será el mismo. 4. Si el número de aspirantes así lo aconseja, podrá constituirse una única comisión evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades autónomas, señalándolo así en la convocatoria. 5. Tanto la evaluación para el acceso a la abogacía como la evaluación para el acceso a la procura tendrán contenido único para todo el territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el Página 67 procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española o del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. 6. Las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán establecer un número limitado de plazas. 7. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de celebración de la evaluación, publicación y comunicación de los resultados y demás requisitos necesarios para su realización. Asimismo, se regularán los programas, que contemplarán también materias relativas al Derecho propio de las comunidades autónomas, y el sistema de evaluación, de modo diferenciado para la abogacía y la procura, de acuerdo con la diferente capacitación necesaria para el desempeño de una y otra profesión. Disposición adicional primera. Libertad de establecimiento. El ejercicio permanente en España de la profesión de abogado o procurador con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se regulará por su legislación específica. Disposición adicional segunda. Ayudas y becas. El Gobierno garantizará la igualdad de oportunidades para el acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador; a tal efecto se establecerán ayudas y becas para aquellos licenciados en Derecho que quieran obtener cualquiera de las titulaciones a que se refiere la presente ley, de conformidad con el sistema nacional de becas. Disposición adicional tercera. Ejercicio profesional de los funcionarios públicos. 1. La actuación del personal al servicio del Estado, de los Órganos Constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y Tribunales en el desempeño de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea exigible la obtención del título regulado en esta ley. 2. Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en Derecho estarán exceptuados de obtener el título de abogado o el título de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 de esta ley, siempre que desempeñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico. También estarán exceptuados quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho. Disposición adicional cuarta. Adaptación de las normas colegiales a lo previsto en esta ley. Los colegios profesionales de abogados y procuradores adaptarán su normativa a lo previsto por esta ley. Disposición adicional quinta. Accesibilidad. Al objeto de favorecer el acceso de las personas con discapacidad a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, en el diseño y realización de los cursos y evaluaciones a que se refiere el artículo 2.2 de la presente ley, se tendrán en cuenta criterios de accesibilidad. Disposición adicional sexta. Consejos autonómicos. Las referencias al Consejo General de la Abogacía o al Consejo General de la Procura, o a sus respectivos Estatutos, contenidas en el articulado de la ley, se entenderán hechas, en su caso, a los respectivos consejos autonómicos o a su normativa reguladora, de conformidad con lo que disponga la legislación aplicable. Disposición adicional séptima. Grado en Derecho y licenciatura en Derecho. A los efectos de la presente ley, la referencia al grado en Derecho se entenderá hecha a la licenciatura en Derecho, cuando así corresponda. Disposición transitoria única. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia de título profesional. 1. Los títulos profesionales regulados en esta norma no serán exigibles a quienes ya estuvieran incorporados a un colegio de abogados o procuradores, como ejercientes o no ejercientes, en el momento de la entrada en vigor de la presente ley. 2. Los títulos profesionales regulados en esta ley tampoco serán exigibles a quienes, sin estar incorporados a un colegio de abogados o procuradores a su entrada en vigor, hubieran estado incorporados antes de su entrada en vigor, como ejercientes o no ejercientes, durante un plazo continuado o discontinuo no inferior en su cómputo total a un año, siempre que procedan a coleboe núm. 260 Martes 31 octubre giarse antes de ejercer como tales y no hubieran causado baja por sanción disciplinaria. 3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley se encontraran en posesión del título universitario de licenciado o de grado en Derecho, y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales que en ella se regulan. Disposición final primera. Título competencial. Las disposiciones contenidas en esta ley, dictadas al amparo del artículo ª, 6.ª y 30.ª de la Constitución y de acuerdo con el artículo 36 de la misma, serán de aplicación en todo el territorio nacional. Disposición final segunda. Habilitación reglamentaria. Se faculta al Gobierno, a los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia y al resto de departamentos ministeriales competentes para dictar cuantas disposiciones reglamentarias fueran necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley. Disposición final tercera. Entrada en vigor de esta ley. Esta ley entrará en vigor a los cinco años de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto: Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. Madrid, 30 de octubre de JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO Página 78 VALORACIÓN INTEGRAL FORENSE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA El punto de partida de este protocolo radica en la Ley Orgánica 1/2004 en su disposición segunda el Gobierno y las Comunidades Autónomas, que hayan asumido las competencias en materia de justicia, organizaran en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. A partir de esta obligación se considera necesario elaborar una guía de trabajo que establezca una organización y secuencia de la repuesta forense integral. En este sentido, la respuesta forense se dirige a construir un informe pericial de alta calidad en sus bases científicas y de metodología, que pueda responder a la petición que el juzgador considere necesaria en cada caso. La respuesta forense se adaptará a la solicitud realizada en el procedimiento penal abierto. Desde la complejidad de la violencia de género se dará respuesta desde distintos ámbitos de investigación forense. Se crea para la ello la figura del equipo forense que incluirá en su primera fase un Médico Forense, un Psicólogo/a y un Trabajador/a Social, pudiendo dar respuesta de esta forma desde un enfoque multidisciplinar. La Guía de Valoración Integral forense de la Violencia de Género y/o Doméstica establece una secuencia de respuestas forenses que se adaptarán a la complejidad y a las circunstancias específicas de cada caso concreto. El equipo forense no actuará de forma autónoma ya que su objetivo fundamental es la realización de una valoración pericial de calidad dentro de un procedimiento judicial, motivo por el cual la respuesta forense se producirá única y exclusivamente por orden expresa de solicitud de informe pericial efectuado por el Juez o Magistrado o por el Ministerio Fiscal actuante en el procedimiento. El informe tiene como finalidad auxiliar, con sus conocimientos específicos, a los operadores jurídicos encargados de la valoración y la toma de decisiones, motivo por el cual serán ellos quienes, como instructores del caso, decidan los aspectos probatorios que necesiten. La solicitud de informe por parte del Juzgado, versará sobre peticiones de valoración integral, o de valoraciones específicas y concretas. El equipo forense adaptará su respuesta a las distintas posibilidades que se le planteen. Dentro de las valoraciones integrales el protocolo se inicia con la evaluación de las lesiones de físicas de la persona denunciante, por parte del Médico Forense. A su vez aplicará el cuestionario de detección de riesgo: si éste es negativo emitirá informe de alta de lesiones físicas, por el contrario si el cuestionario de detección de riesgo es positivo, el Médico Forense comunicará al Juzgado la conveniencia de intervención del resto de miembros del equipo. En el caso de solicitudes de valoraciones específicas intervendrá el profesional al que por sus conocimientos afecte la petición de informe: si es sobre aspectos médicos emitirá informe el Médico Forense, en caso de aspectos psicológicos, el Psicólogo/a y si la petición versa sobre aspectos sociales, el Trabajador/a Social. El equipo forense contará en su trabajo con una base de datos unificada que permitirá englobar toda la información obtenida, así como un programa de generación de informes forenses, con una estructura normalizada de emisión de los mismos, que supone una garantía de puesta en práctica de un guión de trabajo forense armonizado. Jorge González Fernández Director Instituto Medicina Legal La Rioja Encar Pardo Fernández Psicóloga Instituto Medicina Legal La Rioja Página 89 LA NUEVA OFICINA JUDICIAL: PROGRAMA PILOTO En mayo-junio de 2005, tuve la oportunidad de participar en las primeras Jornadas sobre la Nueva Oficina Judicial Organizadas por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja, Colegio de Abogados de La Rioja y Colegio de Procuradores de La Rioja, donde se analizó la reforma operada por la L.O. 19/2003 de modificación de la LOPJ. Ya ha pasado un año desde la celebración de dichas Jornadas y ya han pasado dos años y medio desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la LOPJ y, a decir verdad, en la práctica parece que todo sigue igual en el tema de la nueva Oficina Judicial. Incluso da la sensación que la nueva Oficina Judicial va a entrar en funcionamiento cuando la reforma de la Ley Orgánica que la creó ya sea vieja Ley, tanto por el tiempo de vigencia como por las sucesivas reformas que ya ha tenido y las nuevas que se le avecinan. Sin embargo, hoy todos podemos seguir preguntándonos cuál es el objetivo de la Reforma y cómo y en qué plazo se pretende implantar la nueva Oficina Judicial. En cuanto a la primera de las cuestiones, referida al objetivo de la Reforma, la respuesta viene dada en la Exposición de Motivos de dicha Ley que copia a su vez el Pacto de Estado (PP-PSOE) para la Reforma de la Justicia de 28 de mayo de 2001: que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos modernos y procedimientos menos complicados. Para lograr ese objetivo se reforma en profundidad y de forma especialmente novedosa la Oficina Judicial recogiendo su (nueva) estructura organizativa, y el Estatuto del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del resto del personal al servicio de esa Administración. Esa novedosa Oficina Judicial se estructura en unidades distinguiendo dos tipos de unidades: las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y los Servicios Comunes Procesales (Art. 436 LOPJ). A su vez distingue dentro de los Servicios Comunes Procesales (SCP) los Servicios de (1) registro y reparto, (2) actos de comunicación, (3) auxilio judicial,(4) ejecución de resoluciones judiciales y (5) jurisdicción voluntaria. Asimismo podrá crearse, entre otros el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) pero será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En cuanto a los Secretarios Judiciales se potencian sus funciones (el responsable de cada unidad será un Secretario Judicial y además debe de dictar Decretos cuando las Leyes de Procedimiento se reformen) y en cuanto al personal extingue los tradicionales Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales y crea nuevos Cuerpos de funcionarios (de Gestión Procesal y Administrativa - Gestores -, de Tramitación Procesal y Administrativa - Tramitadores - y Cuerpo de Auxilio judicial). En cuanto a la segunda de las cuestiones, referida a cómo y en qué plazo se pretende implantar la nueva Oficina Judicial, la respuesta ya no viene dada tan fácilmente. Y no viene dada tan fácilmente no sólo porque para llegar al mismo fin existen varios sistemas (de hecho, ciertas Comunidades Autónomas van a seguir un sistema y el Ministerio de Justicia otro), sino por cuanto para ser llevada a efecto la pretendida implantación diseñada por el Ministerio de Justicia se requiere de los siguientes presupuestos ineludibles: La Reforma de no menos de 22 Leyes Procesales. La adaptación de los edificios de las actuales sedes judiciales a la nueva Oficina Judicial. Administrativizar lo denominado por el Tribunal Constitucional, la administración de la Administración de Justicia, lo que supone el establecimiento de Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) para todo el personal funcionario que trabaja en los Juzgados y Tribunales, incluidos los Secretarios Judiciales. El informe favorable (preceptivo y vinculante) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la creación del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP). La desaparición de la tradicional Secretaría Judicial y la implantación de una nueva Oficina Judicial. Página 910 LA NUEVA OFICINA JUDICIAL: PROGRAMA PILOTO Conseguir el objetivo propuesto exige el análisis de cada uno de los presupuestos enumerados, con sus correspondientes problemas. Son de tal envergadura dichos problemas que, el Ministerio de Justicia antes de llevar a efecto la implantación de la Oficina Judicial en todo lo que se conoce como territorio Ministerio (que son todas las Comunidades Autónomas que aún no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia), ha diseñado un programa piloto para el despliegue de la Nueva Oficina Judicial en once partidos judiciales, entre ellos Logroño, y según el calendario de implantación, la nueva Oficina Judicial estaría en funcionamiento en octubre de este año Este calendario del Ministerio de Justicia, como vamos a ver, va a ser imposible de llevar a efecto por los presupuestos ineludibles ya vistos y que vamos brevemente a analizar. 1.- REFORMA DE LEYES PROCESALES. A fecha de hoy (Junio de 2.006), están pendientes de aprobarse por el Parlamento Español las reformas de las no menos de 22 Leyes Procesales imprescindibles para que sea posible la implantación de la nueva Oficina Judicial, lo que supone que, por mucha urgencia que quiera darse el Poder Legislativo, antes del Segundo Periodo de Sesiones es imposible que se aprueben, y ello si el partido en el poder consigue la mayoría en el Senado, ya que de otra forma, aún se retrasarían más. Conclusión: parece imposible que para octubre de 2006 pueda estar en funcionamiento la nueva Oficina Judicial el los once Partidos Judiciales del programa piloto (entre ellos y en lo que aquí nos afecta, incluido Logroño). 2.- ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS. La nueva Oficina Judicial requiere y exige que los edificios judiciales sean reformados para adaptarles a la estructura de la nueva Oficina Judicial. Ello supone aquí en Logroño cambiar (una vez más) toda la estructura del edificio de los Juzgados (de la calle Bretón de los Herreros) y cambiar (de nuevo), toda la estructura del edificio de la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia (de la calle Víctor Pradera). Se desconoce el tiempo que ello requerirá pero, si tenemos en cuenta que aún no han empezado las reformas, difícilmente estarán preparados para octubre de este año. Tampoco hemos de olvidar que las reformas van a suponer que los actuales órganos judiciales sufran los consabidos traslados (al menos tres) de unas oficinas a otras, lo que supondrá disfunciones en el funcionamiento diario de los Juzgados y Tribunales. También hemos de tener en cuenta que si Logroño va a contar con un nuevo y tan necesario edificio judicial (en el antigua Cuartel de la Guardia Civil de la calle Murrieta), todo lo que se gaste en acondicionar los actuales edificios únicamente va a utilizarse en un período de tiempo corto, y por ello, podemos preguntarnos hasta qué punto va a ser rentable el gasto que supongan estas reformas si se tiene en cuenta el cercano? futuro traslado a la nueva sede y si se tiene en cuenta que en la actualidad, pese a la falta de espacio físico de las actuales dependencias, todos los órganos judiciales de Logroño funcionan correctamente sin necesidad de implantar de forma inmediata la nueva Oficina Judicial. Parece pues más necesario en Logroño un nuevo edificio que unas reformas parciales de los viejos edificios con la única finalidad de un programa piloto 3.- ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPTS). La Disposición Transitoria Cuarta de la L.O. 19/2003 establecía un plazo máximo de 15 meses (esto es: hasta el ya pasado ) para la elaboración y aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) y para el acoplamiento de los funcionarios en los nuevos destinos mediante la (1) confirmación, (2) reordenación, (3) redistribución, (4) amortización, supresión o recalificación Página 1011 Ordenación del Proceso). Algunas Comunidades Autónomas han elegido la primera de las maneras (y además implantando de forma progresiva los SCP, no todos a la vez) y el Ministerio de Justicia ha preferido la segunda de las maneras (implantar de una vez toda la Oficina Judicial) lo que supone un requisito añadido: que el CGPJ informe favorable al SCOP como exige el párrafo 2º del Art LOPJ. Tres cuestiones hemos de plantearnos: 1ª.- está el CGPJ por la labor de informar favorablemente?, 2ª.- de estar por la labor, tendrá tiempo suficiente para aprobar el informa antes de octubre?, y 3ª.- qué ocurriría si el CGPJ no informa favorablemente, se echaría atrás el programa piloto?. Muchas dudas como para pensar, siquiera remotamente, que para octubre podamos tener nueva Oficina Judicial. 5.- DESAPARICIÓN DE LA TRADICIONAL SECRETARÍA JUDICIAL. de puestos, (5) convocatoria de concursos específicos y (6) convocatoria de procedimientos de libre designación. Pasados no quince meses sino dos años y medio, resulta que estamos todavía en el paso previo, esto es: en la elaboración de las RPTs. Se evidencia que de aquí al 30 de Septiembre, es materialmente imposible llevar a efecto la aprobación de las RPTs y el acoplamiento de los funcionarios en los nuevos destinos mediante todo el proceso que la Ley prevé. Aquí la conclusión también es clara: para octubre de la nueva Oficina Judicial no va estar en funcionamiento. 4.- INFORME PRECEPTIVO DEL CGPJ PARA LA CREACIÓN DEL SCOP. La implantación de la nueva Oficina Judicial puede llevarse a efecto de dos maneras: (1) con la implantación de las UPAD (Unidades Procesales de Apoyo Directo) y los SCP (Servicios Comunes Procesales) que prevé la LOPJ o (2) con la implantación de las UPAD, los SCP que prevé la LOPJ y la creación e implantación del SCOP (Servicio Común de La implantación de la nueva Oficina Judicial conlleva la muerte de la tradicional Secretaría Judicial. Pero esa muerte, además de ser anunciada con mas de dos años y medio de antelación, será lenta o será de repente?. En algunas de las Comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia la muerte va a ser lenta por cuanto prevén un sistema de implantación según el cual, se irá implantando servicio común por servicio común, hasta completar todos los Servicios Comunes que prevé la Ley. En el denominado territorio Ministerio, la muerte va a ser de repente por cuanto prevé la implantación a la vez de todos los servicios comunes que prevé la Ley más el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Esta implantación que pretende el Ministerio de Justicia requiere de tres nuevas aplicaciones informáticas: LEXNET (medio seguro de transporte de información que incorpora firma electrónica), MINERVA NOJ (medio para gestionar y tramitar) y MIG (módulo de intercambio genérico entre aplicaciones), de las cuales, aún no está en funcionamiento en Logroño ninguna de ellas. Llegados a este punto, parece claro pues que el programa piloto que pretende el Ministerio de Justicia va a sufrir más de una demora pero de llevarse a efecto, quedan en el aire muchas cuestiones de difícil solución como por ejemplo: Qué ocurriría si en algún partido judicial de los del programa piloto es un éxito y en otros un fracaso?. Qué ocurriría si en las CCAA con transferencias en justicia es un éxito y el programa piloto del Ministerio de Justicia es un fracaso?. Con todo, hemos de dar un sí rotundo a la nueva Oficina Judicial que recoge la L.O.P.J. y otro sí rotundo a la reforma de las Leyes Procesales en marcha. Sin embargo, se han de manifestar muchas dudas en relación a la forma y los plazos recogidos en el programa piloto y a la propia Oficina Judicial que pretende implantar por cuanto con dicho programa todo lo bueno y positivo que recoge la LOPJ tras la reforma operada por L.O. 19/2003 puede convertirse en un auténtico fracaso, o es que a alguien interesa que la nueva oficina judicial resulte un fracaso?. Página 1112 LA ADOPCIÓN TRAS LA REFORMA DEL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO Y LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE MENORES EN LA RIOJA A lo largo de los últimos meses han venido produciéndose profundos cambios legislativos que refieren a aspectos familiares y sociales. Las modificaciones introducidas en el Código Civil en cuanto al derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo y la «liberación del sector» de separaciones y divorcios, ha provocado, a su vez, la reestructuración de materias afines del Derecho de familia, muchas de ellas asumidas por competencias autonómicas. El objeto de este artículo es determinar el resultado que los cambios legislativos han provocado en la adopción de menores. Es el Código Civil quien diseña los requisitos que deben reunir tanto adoptantes como adoptados, en concreto, a través de sus artículos 175 y siguientes. La gran novedad de la reforma implantada por la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, supone reconocer a los matrimonios entre homosexuales el derecho a optar por una descendencia que por naturaleza les es imposible engendrar dentro de la institución. Con la novación legislativa se ha procedido a una adaptación terminológica de los distintos artículos del Código Civil que se refieren al matrimonio, así como de una serie de normas del mismo cuerpo legal que contienen referencias explícitas al sexo de sus integrantes. En concreto, las referencias al marido y a la mujer se han sustituido por la mención a los «cónyuges» o a los «consortes» cuya acepción jurídica será la de persona casada con otra, con independencia de que ambas sean del mismo o de distinto sexo. En virtud de lo preceptuado en la Disposición Adicional Primera de la Ley 13/2005, todas las referencias al matrimonio que se contienen en nuestro ordenamiento jurídico han de entenderse aplicables tanto al matrimonio de dos personas del mismo sexo como al integrado por dos personas de distinto sexo. En consecuencia, la adopción por ambos cónyuges que previene la norma civil ya no discrimina al sexo de sus componentes. Recordemos que hasta septiembre de 2005 era habitual que las parejas homosexuales acudiesen a la figura adoptiva de forma monoparental, bordeando la ley, adquiriendo los derechos sólo un miembro de la pareja. La cuestión que no aborda el Código Civil es qué sucede con las «parejas de hecho». En consecuencia, la práctica dice que se seguirá manteniendo la picaresca en el procedimiento de adopción, aquello que ya hemos comentado, el hecho de que sólo uno de los miembros de la pareja será el solicitante de adopción. Sin embargo, podemos decir que en este sentido que La Rioja, una vez más, queda rezagada respecto a otras Comunidades Autónomas que sí han legislado sobre las «parejas de hecho» y, además, adaptándose a la realidad social implementada por la reforma del matrimonio, han ido más allá y permiten la adopción por «parejas de hecho» tanto heterosexuales como homosexuales. Así, por proximidad, podemos observar cómo en Aragón se reguló por Ley 6/1999, de 26 de marzo, lo que denominan «parejas estables no casadas». Tras la reforma operada por la Ley 2/2004, de 3 de mayo, se posibilitó la adopción conjunta por parejas homosexuales. De la misma forma en el País Vasco se aprobó la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho. Esta normativa vino a contemplar tanto el acogimiento conjunto, en todas sus modalidades, como la adopción, conjunta y sucesiva a parejas homosexuales. Por último, Cataluña ha modificado tanto su Código de Familia como su Ley de uniones estables de pareja (ambas de 1998) a través de la Ley 3/2005, de 8 de abril, permitiendo tanto que un miembro de la pareja homosexual adopte a los hijos del otro, como que ambos adopten conjuntamente a menores ajenos, es decir, que no tienen ningún tipo de vínculo afectivo con la pareja que adopta. En nuestro nivel autonómico, el próximo día 9 de septiembre de 2006 entrará en vigor la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja (BOR núm. 33 de 9 de marzo de 2006). Ya en su Exposición de Motivos la norma elogia a su predecesora y ahora derogada Ley 4/1998, de 18 de marzo, del Menor -«útil y eficaz»-, no obstante, sigue manifestando, la intención de este nuevo cuerpo legal tiende hacia la modernidad y adaptación a la realidad social. En concreto, la Ley dedica en exclusiva su Título IV a la adopción, recogiendo hasta tres Capítulos conformados en «Disposiciones Generales» (arts. 92 a 100), «Adopción Nacional» (arts. 101 a 103) y, también, «Adopción Internacional» (arts. 104 y 105). La Comunidad Autónoma de La Rioja fundamenta sus competencias en materia de menores a partir nuestro Estatuto de Autonomía conforme a la modificación establecida por la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero y, en concreto, a través de sus artículos («Asistencia y servicios sociales») y («Protección y tutela de menores»). Esta base normativa es la que ampara a la Administración autonómica a atribuirse en exclusiva la gestión del procedimiento de adopción en su ámbito territorial y, en Página 1213 concreto con capacidad de «recepción y tramitación de solicitudes, la declaración de idoneidad de los solicitantes, la selección de adoptantes y la propuesta de adopción ante la Autoridad judicial competente». En cuanto al contenido destaca una declaración de intenciones fomentando campañas de sensibilización social dirigidas a la captación de adoptantes (art. 94). Es curioso este inciso por cuanto plantea en un texto legislativo un deber elíptico de los Poderes Públicos, esto es, se fomentaría la acogida de menores desamparados si la Ley no recogiera el imperativo en el articulado? Evidentemente sí. Otra cosa será que la Comunidad Autónoma no actúe y no se haya previsto el sistema para compeler al cumplimiento del precepto. Otra primicia de la Ley y como antecedente a la admisión a trámite de la solicitud de adopción, consiste en la necesidad de superar un proceso de formación acerca de las responsabilidades parentales, contenido e implicaciones de la adopción y sus particularidades frente a la paternidad biológica. Tendremos que esperar a la práctica para comprobar el alcance de esta medida a priori ralentizadora de quienes autonómico. deseen comenzar el proceso adoptivo. Fotografías: Abel Alonso Por el contrario, más acertado parece la permisibilidad de simultanear las solicitudes de adopción nacional e internacional, estableciendo las pautas de suspensión cuando se consiga la asignación de la más rápida y salvaguardando la antigüedad de la más lenta en el supuesto de no concluir la primera con éxito. En cuanto a la especificidad de las adopciones nacionales, la nueva Ley prevé, asimismo, el asentimiento del menor a la adopción cuando éste fuere mayor de doce años y sondeará su opinión cuando de ser aún menor de esa edad tuviere suficiente juicio. Las competencias en materia de adopción internacional quedan, lógicamente, limitadas a aspectos parciales del procedimiento. Así, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja informará y formará a los adoptantes, recibirá y valorará las solicitudes de declaración de idoneidad y tramitará por si o a través de las denominadas ECAI (Entidades Colaboradoras para la Adopción Internacional) las solicitudes de adopción en el país origen del adoptado. Concluida la fase adoptiva en el país extranjero se pronunciará sobre la asignación realizada encargándose de efectuar un seguimiento cuando así lo exija el país de origen del menor adoptado. Finalmente, previene un régimen de habilitación para las ECAI que deseen realizar su actividad en el territorio Tendremos que esperar a la ejecución de la Ley y a la práctica administrativa para comprobar su efectividad de adaptación a la nueva realidad social y a la anunciada simplificación y rapidez de los trámites administrativos, auténtico caballo de batalla de estos procedimientos. En lo que se refiere a los criterios de valoración para la declaración de idoneidad de los adoptantes -característica específica de este tipo de procedimientos administrativos al objeto de constatar la adecuación y aptitud de los solicitantes de adopción-, y salvaguardando la discutida eficacia del ya aludido (pre)proceso de formación, los veintiún criterios vigentes hasta la fecha se simplifican a nueve, situación que no deviene a sencillez por cuanto el artículo 97 prevé su desarrollo reglamentario y, por ende, con la idea implícita de que hasta su desenlace sean utilizados los extintos criterios. El proceso de valoración sobre la idoneidad se somete al término de seis meses con efectos negativos en cuanto al silencio administrativo. Realizado el proceso de valoración, la Comisión de Adopción, Acogimiento y Tutela (ahora regulada al inicio del texto legislativo, artículo 4), emitirá propuesta única de cada solicitud que deberá especificar las características y edades de los menores para los que se consideran idóneos. Fernando Berganzo de Pablo Información de interés: Página 1314 LAS SOCIEDADES PROFESIONALES Demos la Bienvenida a los nuevos miembros del Colegio de Abogados Varias son las disposiciones, actualmente en trámite de elaboración, que van a modificar en breve el marco normativo de nuestro ejercicio profesional. La Ley de Acceso a la Abogacía, a la que nos referíamos en el número anterior de la revista, será una realidad en este período de sesiones, habiéndose cerrado ya el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. El Decreto regulador de la relación laboral especial de los abogados, al que también se ha hecho mención en estas páginas, debería quedar aprobado antes del 20 de noviembre de este mismo año. En este número nos referiremos al Proyecto de Ley de Sociedades Profesionales, que posiblemente se transformará también en ley en este año 2006, pues se encuentra actualmente en período de presentación de enmiendas en el Congreso. Con la entrada en vigor de esta ley, se dará cumplimiento a lo acordado en la Agenda 2000 del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, siguiéndose las recomendaciones de la Comisión Europea en relación con la necesaria regulación de los servicios profesionales. La actividad profesional, según recientes estimaciones, es ejercida en nuestro país por cerca de un millón de personas. Su funcionamiento, tradicionalmente individual, ha ido evolucionado con rapidez hacia fórmulas de prestación colectiva de servicios, con tendencia a operar en el mercado mediante personas jurídicas de tipo societario, que permiten niveles de eficiencia y organización difícilmente asequibles para las personas físicas. Pero los servicios profesionales, por su especial naturaleza, presentan unas características de ejercicio ciertamente singulares que, como afirma el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Sentencia de 7 de noviembre de 2000 (asunto C- 168/98: Gran Ducado de Luxemburgo contra Parlamento y Consejo de la Unión Europea), pueden justificar unas exigencias específicas de organización, capacitación, deontología, control y responsabilidad, que proporcionen la necesaria garantía de honorabilidad y competencia a los usuarios finales. Estas singularidades han determinado que en ocasiones se hayan podido entender como incompatibles las exigencias de la actividad profesional con su ejercicio por personas jurídicas, bien por el carácter personalísimo del trabajo intelectual, bien por la imposibilidad de la sociedad de desarrollar actividades profesionales al carecer de la titulación precisa y no hallarse debidamente colegiada, o bien por el posible incumplimiento del requisito de independencia del profesional. La realidad, sin embargo, es tozuda y ha venido mostrando una tendencia hacia el ejercicio colectivo de las actividades profesionales, aunque no cabe olvidar que las características propias que las singularizan relación de confianza, exigencias de capacitación y responsabilidad, régimen deontológico, necesidad de control a través de los Colegios Profesionales reclaman una regulación específica que, dentro de la flexibilidad de la organización interna de los prestadores de estos servicios, se impongan con carácter necesario a fin de asegurar la realización del interés público. A estas consideraciones viene a responder la nueva Ley de Sociedades Profesionales. En el contexto descrito, esta norma no viene a crear un nuevo tipo societario, sino a posibilitar la adaptación de los ya existentes a una nueva clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional. Los objetivos de la nueva regulación, explicitados en su Exposición de Motivos, son dos. De un lado, dotar de certidumbre jurídica a las relaciones jurídico-societarias que tienen lugar en el ámbito profesional. De otro, diseñar un sistema de responsabilidad adecuado a favor de los usuarios de los servicios profesionales prestados en el marco de organizaciones colectivas. El carácter profesional de la sociedad viene dado por su objeto social, que debe consistir en el ejercicio en común de una actividad profesional (art. 1.1), entendiendo por tal aquélla que requiere titulación universitaria e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. El objeto social, en todo caso, debe ser exclusivo (art. 2). Página 1415 La calificación de la sociedad como profesional, dándose estos requisitos, no es facultativa sino necesaria ( deberán constituirse, dice el texto), aunque se prevé flexibilidad organizativa, al permitirse su constitución con arreglo a cualquiera de los tipos societarios existentes, a cuya regulación respectiva remite el Proyecto de Ley con carácter supletorio (art. 1, apartados 2 y 3). Tres cuartas partes del capital y de los derechos de voto, en el caso de las sociedades capitalistas, o tres cuartas partes del patrimonio social y del número de socios, en el caso de las sociedades personalistas, deben pertenecer a los socios profesionales (art. 4.2), debiéndose respetar esta misma proporción en la composición del órgano de administración. Si éste es unipersonal, o si se prevé la existencia de consejeros delegados, estas funciones deben ser desempeñadas necesariamente por socios profesionales (art. 4.3). Tales requisitos deben concurrir durante toda la vida social, constituyendo causa de disolución obligatoria su incumplimiento sobrevenido (art. 4.4). La sociedad profesional podrá girar bajo denominación objetiva o subjetiva (art. 6.1), añadiendo a la denominación social típica la palabra profesional, o la letra p a las siglas, en el caso de denominación abreviada (art. 6.5). El contrato social debe formalizarse en escritura pública (art. 7), cuya inscripción en el Registro Mercantil establece el art. 8 con carácter constitutivo. Además, deberá ser objeto de inscripción en un registro especial que al efecto deberá crearse en el Colegio Profesional correspondiente a su domicilio, a los efectos de su incorporación al mismo, y de que éste pueda ejercer las competencias que le corresponden sobre los profesionales colegiados (art. 8.4). Los derechos y obligaciones de la actividad profesional desarrollada se imputan a la sociedad (art. 5), sin perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales, que regula el artículo 11. Según este precepto, responde la sociedad con todo su patrimonio de las deudas sociales, rigiéndose la responsabilidad de los socios por las normas de la forma social que se haya adoptado. No obstante, de las deudas sociales que tengan su origen en el desarrollo de la actividad profesional responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan actuado. Llama la atención la extensión de este régimen de responsabilidad a todos aquellos supuestos en que dos o más profesionales desarrollen colectivamente una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional, presumiéndose que se da tal circunstancia cuando el ejercicio de la actividad se desarrolle públicamente bajo una denominación colectiva, o se emitan documentos, facturas, minutas o recibos bajo dicha denominación (Disposición Adicional 2ª). En cuanto al estatuto jurídico del socio profesional, tal condición es intransmisible, salvo previsión en contrario del contrato social o consentimiento expreso de todos los socios profesionales (art. 12). Se regula el derecho de separación (art. 13), la exclusión de socios (art. 14), la transmisión mortis causa de participaciones sociales (art. 15), y el reembolso de la cuota de participación (art. 16). El art. 17 contiene una serie de especialidades para las sociedades capitalistas, como la nominatividad obligatoria de las acciones en la sociedad anónima profesional, la limitación del derecho de suscripción preferente y de la autocartera, o la configuración de la actividad profesional como prestación accesoria del socio que ostente esta condición. Por último, el art. 18 prevé la inclusión facultativa de cl áusulas de arbitraje en el contrato social. Desde el Consejo General de la Abogacía Española se ha valorado de forma positiva el Proyecto de Ley, como una regulación necesaria aunque mejorable en muchos aspectos. En concreto, el CGAE considera acertado el principio de libertad de elección de tipo societario con el único requisito de añadir la calificación de profesional. También se ha valorado positivamente la existencia de Registros en los Colegios Profesionales, ya que gracias a ellos se va a tener constancia de cuántas sociedades profesionales están ejerciendo la profesión y quiénes son los profesionales que integran esas sociedades. Con estos medios los Colegios profesionales podrán cumplir su responsabilidad pública de mantener la deontología profesional indispensable también en el ejercicio societario de la profesión. En pocos meses veremos el resultado definitivo. Y, como en el caso de la Ley de Acceso y del Decreto regulador de la relación laboral especial: seguiremos informando Andrés Palomo Larrieta Página 1516 ACTA JUNTA SECTORIAL JUECES PRIMERA INSTANCIA DE 4 DE MAYO DE 2006 Previas las oportunas deliberaciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día de la Junta, se toma el siguiente acuerdo: Sobre la provisión de fondos de peritos se señala que la vigente LEC, en su art. 342, introduce como novedad la posibilidad de que los peritos soliciten una provisión de fondos a cuenta de la liquidación final. Esta provisión tiene por objeto anticipar al perito una suma que le permita hacer frente al pago de los gastos que la práctica de la pericia pueda suponer, pero no puede dejar de suponer una parte de la liquidación final, no un todo. Por lo tanto, parece justificada la posibilidad de que se solicite al perito que desglose las cantidades reclamadas. No sería descabellado limitar la provisión a un porcentaje de la liquidación, lo que permitiría una doble posibilidad de control de la provisión solicitada: limitar el porcentaje reconocido y controlar el importe sobre el que se calcula, aunque ello supondría anticipar en cierta medida el trámite previsto en el art En aquellos casos en los que la prueba pericial haya sido interesada por las dos partes y una de ellas no presta la provisión, la pericia se verá limitada a los extremos propuestos por la parte que ha consignado, lo que exige que la provisión de fondo sea individualizada para cada una de las periciales propuestas por las partes. Aunque parece justificado aplicar a la vía de apremio las normas previstas para la parte declarativa, no existe remisión expresa, por lo que la práctica pone de manifiesto el distinto funcionamiento de los Juzgados. En cualquier caso, la única posibilidad de que la vía de apremio continúe es el anticipo por la parte ejecutante, que una vez realizado los bienes podrá verse compensada en las cantidades anticipadas. La permanencia consignada de las provisiones de fondos, además de no estar prevista legalmente, no solucionaría problema alguno, ya que obliga a las partes a anticipar las provisiones e impediría a los peritos hacer frente a sus gastos, finalidad prevista por la reforma introducida. Sin más asuntos que tratar la Ilma. Sra. Decana dio por finalizada la sesión, redactándose la presente acta por mi el Secretario, con el Vº Bº de la Ilma. Sra. Magistrado Juez Decana.17 EL RINCÓN DEL ABOGADO JOVEN Acuerdo con la editorial «El Derecho».- Nos es grato comunicaros que El Derecho Editores y la Agrupación de Abogados Jóvenes de La Rioja, han alcanzado un acuerdo, por el que ofrecemos a los miembros de la Agrupación unas condiciones y términos ventajosos para la suscripción de los diferentes productos de la editorial jurídica. Los descuentos varían según el año de colegiación, con unos márgenes que van desde el 50% de descuento para colegiados del último año hasta el 20% de descuento que se aplicará a cualquier miembro de la Agrupación. Para este año, la gran novedad en bases de datos jurídicas es el lanzamiento de El Derecho Internet, que además de contener toda la información -plenamente actualizada- necesaria para el trabajo de un despacho de abogados, incorpora un conjunto de importantes novedades que, sin duda, te ayudarán de forma notable. 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Esperamos todas vuestras ideas, comentarios y sugerencias en la cuenta de correo electrónico vinculada a la Agrupación: HYPERLINK Página 1718 ENTREVISTA 2.- IMPRESIÓN SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA JUSTICIA EN LOGROÑO, Y ESPECÍFICAMENTE DEL JUZGADO DEL QUE ES TITULAR. D.ª María Cecilia de La Iglesia Palacios 1.- TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL HASTA LLEGAR A LOGROÑO. Cursé la carrera de Derecho entre los años 1991 y 1996, de los cuales estudié dos cursos en la Universidad de La Rioja, y los tres últimos en la Facultad de Derecho de Zaragoza. En 1996 comencé a preparar las oposiciones de Jueces y Fiscales. En el año 2000 aprobé la oposición de Juez. El curso estudié en la Escuela Judicial (Barcelona) y entre septiembre de 2001 y abril de 2002 realicé prácticas como Juez adjunta en el antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Logroño. Fui destinada al Juzgado de Boltaña en abril de 2002, y en abril de 2004 solicité traslado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Durango. En el mes de febrero pasado ascendí a Magistrado siendo destinada al Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño. La verdad es que desde que estuve realizando las prácticas aquí la Administración de Justicia en Logroño ha cambiado bastante. Para empezar, existe una separación de jurisdicciones que antes no había. Esto entraña numerosos cambios de funcionamiento e incluso de relación entre compañeros. Por otra parte se percibe que Logroño en particular, y La Rioja en general, han aumentado en litigiosidad en cualquiera de las jurisdicciones. Se nota que estamos en una Comunidad creciente en población y en actividad económica y ello entraña necesariamente más trabajo para nosotros. De todas formas, también hay que valorar el esfuerzo que desde el punto de vista institucional se esta haciendo para aumentar el número de Juzgados, aumento que debería conllevar un mejor y más ágil funcionamiento de la Justicia en La Rioja. Respecto de mi Juzgado, soy consciente de que está saturado de trabajo, al igual que los otros dos de Instrucción. Después de separarse las Jurisdicciones en Logroño, los Juzgados de Instrucción (y a la inversa sucede con los de Instancia y los asuntos penales) han tenido que concluir los expedientes de Primera Instancia que quedaban vivos. El ritmo tan continuo de las guardias (una semana de cada tres) y la carga de trabajo que soportan estos Juzgados hace que se trabaje contra reloj. Esperemos, en cualquier caso, que la próxima creación del Juzgado de Violencia de Género, que según creo empezará a funcionar a finales de año, nos permita agilizar la tramitación de asuntos un poco más para procurar un mejor servicio al ciudadano. 3.- CARENCIAS Y NECESIDADES DEL SISTEMA JUDICIAL EN LA RIOJA. REFERENCIA TANTO A LOS MEDIOS MATERIALES COMO PERSONALES Y A LA UBICACIÓN FÍSICA DE LOS JUZGADOS. Considero que no soy la persona más adecuada para opinar sobre ello puesto que hace poco tiempo que ejerzo en Logroño y no conozco con exactitud la situación de los Juzgados de Haro y Calahorra; pero por lo que voy observando, y ya se ha comentado en prensa, se precisa un incremento en el número de Juzgados, e incluso se ha hablado de la necesidad de crear una segunda sección en la Audiencia Provincial. En cualquier caso, estas cuestiones son propias de otras instancias. Página 1819 En cuanto a los medios materiales y personales, es ya un tópico mantener la insuficiencia de éstos, pero eso creo que es normal. Las necesidades que muestra la Administración de Justicia siempre van muy por delante de la capacidad de previsión que podamos tener. Los problemas sociales surgen y aumentan a una velocidad superior a las soluciones que se pueden arbitrar. No hay más que observar los trámites que conlleva la creación de un Juzgado. Desde la existencia de previsión presupuestaria, hasta la convocatoria de concursos para la provisión de los puestos, pasando por la dotación a dicho Juzgado de una ubicación y medios materiales, requieren de un tiempo que muchas veces supera el año. Los medios van siempre por detrás de las necesidades. Es evidente que las instalaciones del Palacio de Justicia empiezan a ser insuficientes, habida cuenta que desde la inauguración del edificio han aumentado considerablemente el número de Juzgados en Logroño. Por otra parte cada vez existen más servicios que colaboran o dependen de los Juzgados, por lo que, sin querer inmiscuirme en cuestiones que no me conciernen, estimo que debería haber un replanteamiento en cuanto a la ubicación de las instalaciones Judiciales. 4.- IMPRESIÓN SOBRE LAS RELACIONES CON OTROS ESTAMENTOS DE LA JUSTICIA (ESPECIALMENTE CON LOS ABOGADOS). Al igual que en otras plazas en las que he trabajado creo que es bastante buena y cercana, lo que ocurre es que, al ejercer en Logroño, la relación puede ser más fluida, puesto que conozco a muchos de los profesionales del Derecho que ejercen aquí. Estudié en la Universidad de La Rioja, y algunos de ellos son compañeros de carrera; otros son conocidos porque Logroño es una ciudad pequeña y ello fomenta una mayor proximidad en el trato. Desde el punto de vista profesional creo que es importante mantener un contacto lo más directo posible, y ello en Logroño es posible, siempre dentro de las limitaciones que nos impone la obligación de ser imparciales e independientes. 5.- OPINIÓN SOBRE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL. Supone sin duda alguna una revolución en la concepción que todos tenemos de un Juzgado, y en el mundo de la Administración de Justicia cualquier cambio es objeto de críticas. La existencia de una única Oficina Judicial con la existencia de un equipo mínimo de apoyo cambiará radicalmente para todos la manera en que nos enfrentamos a nuestro trabajo. Lo que se pretende, por lo que se ha explicado, es lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los medios personales. Si se logra con ello agilizar la Administración de Justicia daremos por bien empleado tal cambio. 6.- RELACIÓN DEL JUEZ CON LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE SI LO ES DE SU MISMA CIUDAD. - Y SENSIBILIDAD HACIA EL JUSTICIABLE. Pienso que a menudo, en los medios de comunicación, se transmite una imagen de los Jueces como personas aisladas del mundo real, que viven a contra corriente de los cambios que experimenta la sociedad. En mi opinión esta visión de nuestra carrera es equivocada, o al menos debería serlo. Por nuestro trabajo vivimos siempre en constante contacto con el ciudadano y sus problemas. Incluso hay ocasiones en que nos enfrentamos a problemas sociales antes de que el propio Legislador haya podido encontrar una solución para éstos. Lo que sucede es que estamos sujetos a un principio (afortunadamente) insoslayable, que es el principio de Legalidad. Nuestro sometimiento a la Ley hace que, en aplicación de dicha legalidad, podamos estar adoptando decisiones difíciles de comprender desde la perspectiva de la actualidad social, pero ello no implica que vivamos ajenos a la realidad que nos circunda. En mi opinión, en la medida en que podamos, deberíamos de hacer una interpretación de las normas, lo más ajustada a lo que la sociedad requiere. En cuanto al ejercicio de la judicatura en tu ciudad de origen no tiene por qué interferir en nuestro trabajo, ni a favor ni en contra. La mayoría de mis compañeros han ejercido sus funciones en sitios muy alejados de su ciudad o pueblo y no creo que suponga un cambio en la forma de trabajar. Y en cuanto a la sensibilidad hacia el justiciable por la que me preguntas, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y me consta que muchos de nosotros lo hacemos, para tener en cuenta que la mayoría de los ciudadanos que acuden a un Juzgado lo hacen por primera vez, y que nuestro mundo les es ajeno y en muchas ocasiones hostil. Tanto por parte de los profesionales del Derecho (abogados y procuradores) como por nuestra parte (incluyo a quienes trabajamos en la Administración de Justicia), deberíamos hacer comprender al ciudadano cuál es nuestra función, y sobre todo procurar que un asunto que para quien lo plantea es su problema, no sea para quienes hemos de tratar de resolverlo, un número más. Sé que es complicado dado el volumen de trabajo que tenemos, pero lo cierto es que es un objetivo que nos tenemos que marcar. Mª Cecilia de la Iglesia Palacios Página 1920 Mostrar más
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 Artículo 3
 Artículo 4
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 artículo 7
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