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Timestamp: 2020-02-25 20:38:02+00:00

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El Tribunal del Trabajo Nº 4 de La Plata, en la causa “Inguanta, Ángela y otros c/ Asociación Gremial de Empleados de Escribanía de la Provincia de Buenos Aires s/ nulidad de sanción de expulsión gremial - Daño moral”, se declaró incompetente para entender en la demanda promovida por Ángela Inguanta, Néstor Oscar López, Paulina Geier y Nora Elizabeth Lanfossi, reclamando la revisión de la resolución de la “Asociación Gremial de Empleados de Escribanía de la Provincia de Buenos Aires”, que dispuso la expulsión de los actores como afiliados a dicha entidad, ordenando su archivo
Los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concedido por el órgano judicial.
El 24 de abril del corriente año (2015), la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, por mayoría (votos de los Dres. Hilda Kogan, Luis Genoud y Eduardo de Lazzari,) y por la minoría solo el Dr. Daniel Fernando Soria, rechazó el recurso.
El Tribunal de La Plata consideró que el planteo formulado por los actores -conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Provincial- resultaba ajeno a las facultades de los jueces locales en la materia y, dada la índole del conflicto en cuestión, debía seguirse los procedimientos administrativo y judicial previstos en los arts. 59 y 60 de la ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551.
Los recurrentes acudieron a la vía extraordinaria, denunciando violación de los arts. 2º y 6º de la ley de Procedimiento Laboral para la Provincia de Buenos Aires Nº 11.653; los Arts. 59 y 60 de la ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 y la doctrina de la Corte local, porque el tribunal del trabajo de La Plata se declaró incompetente de oficio, con anterioridad a la traba de la litis.
Expresaron que la expulsión como asociados, no es susceptible de recurso interno alguno, según el estatuto de la asociación demandada, encontrándose expedita la pretensión procesal conducente a obtener la revisión judicial de lo actuado por la asociación gremial, conforme lo previsto en el art. 2 inc. “e” de la ley 11.653 y, por lo tanto, resulta competente para entender en la presente causa el Tribunal del Trabajo provincial, ratificado por el art. 9º del decreto Nº 467/1988 reglamentario de la Ley de Asociaciones Sindicales, cuando dispone “La resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia laboral a instancias del afectado”.
Además no resultan de aplicación los arts. 59 y 60 de la ley 23.551 pues, habiendo sido expulsados del sindicato demandado, ya no pertenecían al gremio en calidad de afiliados y, en consecuencia, la controversia no puede calificarse como “intrasindical”.
La mayoría del Tribunal, integrada por los Dres. Hilda Kogan -primer voto- y las adhesiones de los Dres. Luis Esteban Genoud, Juan Carlos Hitters y Eduardo Néstor de Lazzari, consideró que el planteo de nulidad de los actores, revestía las características de un “conflicto intrasindical” por lo que resultaba ajeno a las facultades de los jueces locales, con los siguientes argumentos:
El Ministerio de Trabajo de la Nación (MTEySS), es la autoridad de aplicación conforme lo dispone el Art. 56 de la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 y, en su caso, la Justicia Nacional del Trabajo la competente para el conocimiento de los recursos y acciones que regula la citada ley para su control (arts. 59 y 60).
La decisión impugnada no vulnera el art. 2 de la ley 11.653 (Código de Procedimiento Laboral de la provincia de Buenos Aires), con relación a la atribución de competencia de los tribunales del trabajo provinciales, pues dicha jurisdicción es para el conocimiento de la acción de amparo gremial regulada en el art. 47 de la ley sindical y el propósito legislativo no ha sido que por esta vía se ventilen ante la justicia local los conflictos suscitados dentro del mismo del sindicato (conflicto intrasindical).
Cuando el art. 9º del decreto 467/1988, reglamentario de la ley 23.551, establece que la resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia laboral a instancias del afectado, se limita a garantizar la revisión judicial de la sanción, no se puede derivar que dicha norma asigna a los tribunales provinciales la competencia para entender en tales acciones de revisión. Por el contrario, esa competencia es atribuida a la Justicia Nacional del Trabajo por los arts. 59,60, 61, 62 y 63 de la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551.
El Dr. Juan Carlos Hitters, adhiere al voto de la Dra. Kogan -vocal de primer voto- porque la atribución de competencia a los tribunales locales para intervenir en controversias de naturaleza sindical (art. 2º ley 11653), debe ser correlacionada con las pautas fijadas por el art. 63 de la ley 23.551, que exclusivamente habilita la intervención de los jueces provinciales en las acciones de amparo sindical (art. 47 de dicha ley), las vinculadas a las prácticas desleales (art. 53) y, finalmente, en las acciones de exclusión y reinstalación de la tutela sindical (arts. 52 y siguientes de la citada norma). El caso sometido a decisión no constituye ninguno de los supuestos de excepción, por ello corresponde confirmar la decisión de incompetencia del a quo, para entender en el conflicto.
El Dr. Eduardo Néstor De Lázzari, adhiere a la incompetencia del Tribunal provincial, máxime en los conflictos intrasindicales que impiden el desenvolvimiento regular de una entidad gremial. El fundamento y finalidad de la acción de amparo prevista en el art. 47 de la ley 23551 agota su objeto en la adopción de medidas útiles que garanticen el ejercicio regular de los principios y derechos sindicales comprometidos y siempre que la demora pudiera resultar perjudicial para la preservación de la democracia interna de la asociación sindical.
En disidencia, se expidió el Dr. Daniel Fernando Soria, por entender que la pretensión objeto de este litigio escapa a la vía sumarísima prevista en el art. 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales, con lo cual, no es aplicable el argumento fundado en el restringido ámbito de conocimiento que ella conlleva. Es aplicable el art. 2º inc. e) de la ley provincial Nº 11.653, ausente en el régimen procesal anterior (ley Nº 7.718, B.O. de 29-VI-1971), el cual, prescribe que los tribunales del trabajo conocerán en grado de apelación en las resoluciones definitivas dictadas por la asociación sindical que dispongan la expulsión de sus trabajadores. Se trata de un precepto cuyos términos claros y precisos proveían certeza sobre su alcance, como en torno a su aplicabilidad a estos autos.
Agregó que la propia reglamentación de la ley 23551 refuerza esta interpretación, en el art. 9 del decreto 467/1988, al referirse a los actos adoptados por la asociación sindical, estableciendo que la resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia laboral a instancias del afectado. Asimismo, destacó que el inc. “c” del art. 16 de la Ley 23.551, al regular el contenido de los estatutos de las asociaciones, alude a los “Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su admisión y procedimiento para su separación...”, concluyendo que la singularidad de la norma reglamentaria abona la idea que sustenta, por lo tanto, en caso de impugnación de sanciones expulsivas, queda habilitada la competencia de la justicia del trabajo provincial.
Para facilitar el análisis de la resolución, transcribiremos las disposiciones legales mencionadas.
Art. 47. Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical.
Art. 52. Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido el empleador, dentro del plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o en mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa.
Art. 59. Para someter las cuestiones de encuadramiento sindical a la autoridad administrativa, las asociaciones interesadas deberán agotar previamente la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que sé encuentren adheridas, o a la que están adheridas las federaciones que integren. Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta (60) días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto, podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, él que deberá pronunciarse dentro de los sesenta (60) días hábiles, rigiendo en caso de silencio lo dispuesto en el art. 10 de la ley 19549 y su reglamentación. Agotando el procedimiento administrativo, quedará expedida la acción judicial prevista en el art. 62, inc. e) de la presente ley. La resolución de encuadramiento, emana de la autoridad administrativa del trabajo o de la vía asociacional, será directamente recurrida ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La resolución que ponga fin el conflicto de encuadramiento sindical sólo tendrá por efecto determinar la actitud representativa de la asociación gremial respectiva con la relación al ámbito en conflicto.
Art. 60. Sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos, en los diferendos que puedan plantearse entre los afiliados a una asociación sindical de trabajadores y esta, o entre uno asociación de grado inferior y otra de grado superior será de aplicación lo dispuesto en él articulo anterior.
Art. 61. Todas las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en la materia regulada por esta ley, una vez agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, por vía de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, y en la forma establecida en los arts. 62 y 63 de la presente ley.
Art. 62. Será competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo conocer los siguientes casos:
Art. 63 1. Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en:
Art. 9, in fine, del Decreto Reglamentario Nº 467/88
LEY 11.653 Código de procedimiento laboral, Provincia de Buenos Aires.
Art. 2º- Los Tribunales del Trabajo conocen:
b) En las acciones de las asociaciones sindicales con personalidad gremial, por cobro de aportes, contribuciones y demos beneficios que resulten de convenciones colectivas de trabajo y en aquellas acciones respecto de las cuales el régimen de las asociaciones sindicales establezca la competencia local.…
e) “En grado de apelación de las resoluciones definitivas dictadas por la asociación sindical, que denieguen la solicitud de afiliación de los trabajadores o dispongan su expulsión, con arreglo a las normas legales que rijan la materia.” (el destacado nos pertenece)
Art. 6º- ”El Tribunal ante el cual se hubiere promovido una demanda, deberá inhibirse de oficio si considerase no ser competente para conocer en el asunto por razón de la materia. Sin embargo una vez contestada la demanda o perdido el derecho de hacerlo sin objetarse la competencia, ésta quedar fijada definitivamente para el Tribunal y las partes.”
De los dispositivos transcriptos, surge contradictoria la asignación de competencia en la normativa nacional y su reglamentación, respecto de la previsión específica del Código Procesal para la provincia de Buenos Aires, que no tiene un artículo equivalente, como lo tiene previsto, por ejemplo, la ley procesal laboral de la provincia de Córdoba Nº 7.987.
Esa contradicción fue resuelta en la resolución de la Corte Provincial que comentamos, atribuyendo la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo, previo agotamiento de la vía asociacional, al otorgar prioridad a las normas nacionales e interpretar que el dispositivo procesal local, cuando afirma la competencia en las cuestiones atinente a la “expulsión de afiliados” (art. 2 inc. e, ley 11.653), se limita a las acciones que reclaman el amparo sindical (art. 47), la exclusión y reinstalación de la tutela sindical (art. 52), y querella por prácticas desleales (art. 53).
En la causa “Bais, Ignacio David c. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.) s/ amparo sindical” (10/12/2014), la Corte Bonaerense había adoptado igual criterio, al rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia del juez de primera instancia que se declaró, de oficio, incompetente para entender en un amparo sindical promovido por un delegado gremial electo contra el propio sindicato tendiente a la declaración de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta de la nueva convocatoria a elecciones para ese cargo. El a quo había resuelto que la materia en debate era ajena a su jurisdicción, porque más allá de fundarse en el art. 47 de la ley 23551, el actor intentaba la anulación de un acto eleccionario, de competencia de la autoridad administrativa nacional del trabajo (MTEySS - arts. 56, 59 y 60).
En ese caso se resolvió que, cuando se trata de un “conflicto intrasindical”, los jueces locales no tienen jurisdicción para adoptar una decisión definitiva habida cuenta que el Ministerio de Trabajo de la Nación (MTEySS), es la autoridad de aplicación de la Ley de Asociaciones Sindicales (art. 56, ley citada), y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la competente para el conocimiento de los recursos y acciones que regula la ley 23551, para zanjar controversias de esa índole.
El pronunciamiento aclaró que, si la petición importa la revisión de posibles irregularidades en el acto eleccionario sindical, está vedado al tribunal del trabajo provincial, el análisis de la validez o invalidez de la convocatoria electoral, porque si bien el actor pudo acudir a la justicia provincial del trabajo para reclamar una medida tendiente a hacer cesar la conducta antisindical atribuida a la asociación gremial demandada, transitando el carril previsto en el art. 47 de la ley 23551, no peticionó una medida de esa naturaleza, pues el objeto de su pretensión pone en juego el control de legalidad de un proceso electoral sindical.
La Cámara de Trabajo de la Ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba), en la causa “Roganti Alejandro Antonio c/ Sindicato Regional de Luz y Fuerza - Apelación” (A.I. Nº 114/2007), ante un conflicto sindical de similares características a la causa “Inguanta”, admitió la apelación de los actores que solicitaron la nulidad de su expulsión como afiliados, en contra del pronunciamiento del Juez de Conciliación que se había declarado incompetente.
La Cámara fundamentó su resolución en el art. 9º del Decreto Reglamentario Nº. 467/88, cuando señala que: “la resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia laboral a instancias del interesado”, por interpretar que del texto normativo surge que el procedimiento del art. 59 de la LAS, al que remite el art. 60, deviene alternativo de la reglamentación de la ley citada (art. 9º Decreto Reglamentario), que permite en el caso de expulsión de la afiliación, la competencia de la justicia laboral, “a instancias del interesado”.
Con relación al requisito de “agotar la vía interna asociacional” (art. 59 y 60 LAS), interpretó que se había cumplido, porque “no existe una vía interna a seguir por el afiliado expulsado por la asamblea de la entidad sindical - reunida en sesión extraordinaria que es el órgano superior de la entidad sindical- y entre las funciones privativas que le incumben está la de resolver la expulsión de los afiliados y tal resolución sólo puede ser revisada por la justicia laboral a instancias del afectado” (en sentido idéntico lo resolvió la Sala III, CNAT en la causa “Muga, Miguel A. c/ Ministerio de Trabajo”, del 30-9-2003, publicado en DT 2004-652).
Por los arts. 60, 61 y 63 de la ley 23551, a elección, opcional y voluntario del afectado, “podrá someter la cuestión” reza el art. 59 LAS y así se ha entendido que: “si se está en presencia de un diferendo entre los miembros de la asociación y ésta (art. 60 ley cit.) no cabe duda que el art. 59 de la ley reglamentaria le atribuye esa facultad siempre que medie petición de parte”.
En un caso de expulsión de afiliados de una sindicato con sede en el interior de la República, en ejercicio de sus facultades autónomas la Asamblea de afiliados expulsa a un socio, si se interpreta que necesaria y únicamente debe recurrirse a la autoridad nacional administrativa y a tribunales nacionales del trabajo, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por vía recursiva, ignorando la alternativa reglamentaria, ambas partes se perjudican, tornando gravoso el acceso a la jurisdicción y se atenta contra la garantía constitucional de que “Ningún habitante de la Nación puede ser…sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa” (Art.18 CN.), alejándolos de su domicilio y sede, generando gastos innecesarios o difíciles de solventar, especialmente para el afiliado, contradiciendo el objeto regulado y obstaculizando su defensa.
No puede equipararse, ni dársele tratamiento similar, que al “encuadramiento sindical”, porque son conflictos intersindicales, en los cuales, los interesados son las organizaciones sindicales y, en la mayoría de los casos, la entidad central se radica en la Ciudad de Buenos Aires, siendo competente el MTEySS.
De la regulación citada (art. 47, 52, 53 y 62 LAS, art. 2 inc. d) cuarto párrafo y el referido art. 9 del Dec. 467/88), no existe un sistema general y otro de excepción en la ley sindical, conforme los arts. 62 y 63, por lo que se verifica con claridad que el “62” regula supuestos de competencia exclusiva de las CNAT donde se encuentra el sistema recursivo, que en análisis arriba realizado se consideró optativo en su aplicación a los conflictos intrasindicales (inc. b); el “Art.63” ingresa a la competencia laboral de las respectivas jurisdicciones para determinados supuestos, que debe ser interpretado como no limitativo, pues en sentido opuesto, se vulneran las facultades delegadas a la Nación, la distribución de competencias (art. 5 y 116 CN) y los poderes reservados por las provincias (art. 121 y 126 CN), excediendo la posible incursión procedimental para proteger la institución de fondo.
También corresponde aplicar en el caso, el art.1º de la ley procesal del Trabajo de Córdoba Nº. 7987, especialmente el inc. 5º) analizando el sistema en sentido inverso, al calificar en el decisorio “en lo que atañe al tema asociaciones sindicales, la competencia atribuida en determinadas circunstancias al Ministerio de Trabajo Nacional, es en forma excepcional…”.
Con relación al sentido de dicha norma provincial (inc. 5º, ley 7987), “se mantiene como norma genérica destinada a atrapar situaciones no previstas en los incisos anteriores: esto es, que requieran la interpretación y aplicación de las leyes laborales, aunque no se trate de “conflictos individuales” y derivados de una “relación o contrato de trabajo.”
Respecto del art. 9 del decreto reglamentario Nº 467/88, si bien no expresa que sea la justicia provincial, dicha regulación se refiere al tribunal especializado laboral, que según las reglas de distribución de competencia corresponda y, en el caso, es la jurisdicción local, la provincial. Finalmente, afirmó no compartir el control jurisdiccional del derecho sindical, en forma genérica, por decisión del Congreso Nacional está excluida la competencia provincial.
Cabe resaltar que en el caso “Roganti”, al quedar firme la cuestión de competencia antes de la instancia casatoria, fue resuelto el fondo de la cuestión por la justicia laboral provincial de la ciudad de Villa María (provincia de Córdoba), y confirmado por el Tribunal Superior Provincial, en cuanto se declaró la nulidad de la expulsión de los actores Alejandro Antonio Roganti y Sergio Elio Hidalgo, dispuesta por la Asamblea General Extraordinaria del Cuerpo de Delegados, ordenando el reconocimiento de la vigencia de sus derechos y obligaciones como afiliados del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, Seccional Villa María.
En este mismo sentido, también se ha resuelto que la resolución de la entidad sindical de expulsar a los afiliados, puede ser revisada en el ámbito judicial por distintas vías, a opción del trabajador, y es legítimo: 1) recurrir al proceso ordinario; 2) aplicar el régimen singular de los arts. 59 y 60 de la ley 23.551 o, 3) interponer la acción especial del art. 47 de la ley 23.551 cuando la sanción de expulsión presenta vicios de antijuridicidad ostensible y aparece, en principio, como una forma de obstaculizar los derechos emergentes de la libertad sindical.
Corresponde mantener un criterio amplio cuando la expulsión, más allá de lo que podría llegar a decidirse luego de agotado el trámite de conocimiento, está referida a militantes de una lista opositora o se relaciona, al menos en su secuela temporal, con la impugnación de un proceso electoral. (Dictamen del Procurador Dr. Álvarez, FG Nº 49.911 del 2/3/2010, al que adhiere la Sala VIIIª, CNAT, en la causa “Bichi, Luis Ángel c/ Centro de Comisarios Navales s/ acción de amparo”,Expte Nº 31.399/09 Sent. Int. Nº 31.934 del 26/3/2010 (con los votos de los Jueces Morando y Catardo). En el mismo sentido, Sala I, In Re “Villega, Patricia Beatriz y otros c/ Sindicato de Obreros de Maestranza s/juicio sumarísimo” Expte Nº 27.634/2011 Sent. Int. Nº 61.658 del 25/8/2011(Resolución de los Jueces Pasten de Ishihara y Vázquez).
Sin embargo, hace más de diez años, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en autos “Dragoset Daniel Martín c/ Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba - Amparo sindical - Apelación - Rec. de Casación” (A.I. Nº 60/2004), por mayoría, se pronunció a favor de la incompetencia de la justicia local para entender en un “conflicto intrasindical”, por entender que la ley instauró un procedimiento específico, resultando excluida la acción de tutela sindical del art. 47 LAS.
La disidencia del Vocal Hugo Alfredo Lafranconi, consideró que el actor denunciaba la ilegitimidad de la revocación del mandato otorgado por voto de los afiliados, por no estar satisfechos los recaudos establecidos por el Estatuto, estimó que la medida adoptada podría constituir una conducta antisindical, porque involucra uno de los poderes esenciales que integran la libertad sindical: el derecho a participar en el gobierno y administración de la asociación. Si bien coincidió con la doctrina que limita el campo de aplicación del art. 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales, a los supuestos que la propia ley no haya regulado la defensa de los derechos allí consagrados mediante requisitos y procedimientos distintos1, concluyó que en este caso, la previsión del art. 60, ley 23.551 que remite al art. 59 ib. no era aplicable, porque aquél dispone que en los diferendos que pudieran plantearse con una asociación sindical de trabajadores y sus afiliados, o entre una asociación de grado inferior y otra de grado superior, corresponde “...agotar previamente la vía asociacional mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas o a la que estén adheridas las federaciones que integren...”. En la causa, no se trataba de una discrepancia entre el afiliado y la asociación sindical. La condición de miembro del consejo directivo que ostentaba Dragoset y la revocación del mandato, prevalecía sobre la condición de afiliado expulsado, de modo tal que la eventual ilegitimidad del cercenamiento del mandato, afectaría la democracia interna de la entidad poniéndola en peligro.
Agregó que el art. 47 de la ley 23.551 establece la acción de amparo sindical que tiene por finalidad lograr el inmediato cese de la conducta antisindical, provenga de los empleadores, de la Administración del Trabajo, de otro órgano estatal, de una asociación sindical o de cualquier persona de la sociedad civil2.
Insistió, se cuestionaba una resolución de la Asamblea que además de la expulsión del afiliado, revocó el mandato como secretario adjunto de la entidad demandada, lesionando al actor en sus dos status o condiciones. Por ello estimó que el procedimiento establecido por el dispositivo era idóneo para intentar el cese de la conducta antisindical y el análisis del procedimiento llevado a cabo para revocar el mandato del secretario adjunto.
La misma tesitura adoptó el Tribunal Superior cordobés en la causa “Moral Manuel Quinto c/ Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (A.O.I.T.A.) - Amparo Sindical - Rec. de apelación - Recurso de Casación” (AI. Nº 205/07), al tratarse de un conflicto “intrasindical”, y para respetar la democracia interna del sindicato - principio rector del derecho colectivo del trabajo - confirmó la incompetencia declarada en las instancias anteriores, destacando que se debía cumplir lo dispuesto en el estatuto sindical, remitiendo al art. 56 de la ley 23.551.
Surge claro, con las excepciones puntuales, que conforme a los precedentes judiciales y la regulación legal analizada, los conflictos suscitados en la vida interna de los sindicatos, no deben -en principio-, someterse al conocimiento de la justicia laboral provincial.
Pero también es cierto que agotar previamente el camino asociacional que la legislación especial manda a recorrer deviene, para las organizaciones del interior de la República, demasiado complicado, costoso y distante en algunas disputas de neto corte local, respecto de las cuales puede resultar extraña la intervención de autoridades sindicales y administrativas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, para recién poder acudir a la sede judicial nacional, también radicada en la CABA.
Consideramos que cumpliendo el mandato constitucional, que “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republica federal…” (Art. 1º), y “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal” (Art.121CN), al margen del reparto jurisdiccional, la vía más idónea para otorgar al justiciable una tutela efectiva del derecho a ejercer la libertad sindical, amparada por la Constitución Nacional y por la normativa nacional e internacional, es lograr que los conflictos sean resuelto por las Autoridades administrativas y judiciales locales, con procedimientos sencillos, dinámicos, económicos, que respeten el debido proceso y derecho de defensa.
1 Jorge Rodríguez Mancini, en “Las instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo y la Constitución Nacional“, en Derecho Colectivo del Trabajo, La Ley, pág. 48.
2 Rodolfo Capón Filas, en “El nuevo Derecho Sindical Argentino”, Ed. Platense, 2da. Edición, 1993, p. 251.
Registros 20 a 20 de 22

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