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Timestamp: 2018-09-20 07:44:26+00:00

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﻿ Sentencia SL785-2013 de noviembre 12 de 2014
SENTENCIA SL785-2013 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJO INVÁLIDO. LA CONSERVACIÓN DE LA PENSIÓN ESPECIAL ESTÁ SUPEDITADA A QUE EL HIJO PERMANEZCA EN ESTADO DE DISCAPACIDAD CON DEPENDENCIA DE LA MADRE O DEL PADRE, Y QUE EL CUIDADOR NO SE REINCORPORE A LA FUERZA DE TRABAJO REMUNERADA. ADEMÁS SE ACLARA QUE PARA EFECTOS DE ADQUIRIR LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJO INVÁLIDO, LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR SE ADQUIERE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FUENTE PRINCIPAL DE LOS INGRESOS QUE TIENE EL CUIDADOR PARA SUBSISTIR. QUIEN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PROPIAS DE UNA VIDA DIGNA, DEPENDA, PRINCIPALMENTE, DE LOS INGRESOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE SU TRABAJO, NO PIERDE LA CALIDAD DE TRABAJADOR POR EL SOLO HECHO DE QUE, EN UN MOMENTO DETERMINADO, NO SE ENCUENTRE LABORANDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE CASACIÓN, PENSIÓN DE VEJEZ, PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ, HIJO CON INCAPACIDAD FÍSICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:517 DE ENERO DE 2015, PÁG.30
Sentencia SL785-2013 de noviembre 12 de 2014
Rad. 40517
Procede la Sala a proferir la decisión de instancia, luego de haberse dado cumplimiento a la orden de mejor proveer que se dio por esta corporación con el propósito de obtener la prueba del ingreso base de cotización de los últimos 10 años de servicios, dictada una vez se profirió la sentencia que resolvió el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Nidia Esperanza Betancur Henao contra la sentencia de fecha 5 de marzo de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (se aclara), en el proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, en virtud del cual se decidió casar la sentencia, para, en su lugar, revocar la de primera instancia.
Previamente a la liquidar la pensión objeto de la litis, no está demás ahondar en su fundamentación, para efectos de sentar las bases de la pensión especial a favor de la madre o padre, trabajadora o trabajador, por tener a cargo un hijo discapacitado, dado que el a quo igualmente negó el derecho reclamado por considerar lo siguiente, lo cual fue justamente el motivo de inconformidad del apelante:
“(...) nótese que la precitada disposición [par. 4º, art, 33, L. 100/93] claramente indica que la pensión especial en ella contenida va dirigida a la ‘trabajadora’, esto es, a la madre, que se encuentre activa en el mercado laboral, puesto que la finalidad de esta prestación es la de proteger a una población que requiere de especial protección, los inválidos (físicos o mentales), entonces lo que se pretende es que la madre trabajadora que se encuentre en estas especiales circunstancias, acceda a una pensión y en tales condiciones pueda dedicarse al cuidado de su hijo inválido que depende de su cuidado. Por esta razón la misma norma contempla la posibilidad de que quien acceda a la pensión sea el padre cuando la madre ha fallecido y aquel ostenta la patria potestad, siempre que reúna los mismos requisitos.
Así también la norma en su parte final reza: ‘(...) Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral (...)’, pues resulta lógico que si el beneficio se otorga para que pueda dedicarse al cuidado del hijo inválido, el mismo se suspende cuando reingrese a laborar.
De manera que en el presente caso no se cumplen los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez, por no ser la accionante trabajadora activa, en mérito de lo cual habrán de desestimarse las súplicas de la demanda, saliendo avante la excepción alegada por la parte demandada en su defensa y que denominó ‘inexistencia de la obligación por falta del derecho del demandante’”.
Con el fin propuesto, se profundizará sobre los siguientes aspectos de la pensión en comento: 1) el fundamento legal, 2) la razón de ser del citado beneficio, 3) la sostenibilidad financiera de esta especial pensión y 4) los requisitos establecidos por el legislador para adquirir el derecho.
1) Fundamento legal.
La pensión especial que reclama la actora fue establecida mediante el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, concretamente en el inciso segundo del parágrafo 4º, cuyo texto reza:
“La madre(1) trabajadora cuyo hijo menor de 18 años (2) padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al sistema general de pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo”.
2) Justificación de la pensión especial de vejez por hijo inválido.
Conforme a la exposición de motivos del proyecto de Ley 98 de 2002 del Senado de la República, “Por la cual se reforma el artículo 33 del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993”, dicha prestación “fue concebid[a] en beneficio de la madre trabajadora responsable de la manutención de un hijo menor de edad minusválido, con objeto de facilitar la rehabilitación, cuidados y atención que requiere el niño deficiente o discapacitado en orden a proporcionarle una digna calidad de vida en el interior de su núcleo familiar, bajo la efectividad de los derechos contemplados en los artículos 13, 44 y 47 del ordenamiento constitucional, a saber: la protección especial que debe dar el Estado a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta; la protección de los derechos fundamentales de los niños, los cuales tienen prevalencia sobre los derechos de las demás personas; y la atención especializada que debe prestar el Estado para la rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”(3).
Esta medida de protección especial que, en efecto, fue reconocida por el legislador dentro del sistema integral de seguridad social, mediante el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (sobre requisitos para acceder a la pensión de vejez), a la vez que fue tomada de forma consciente para atender el deber de protección especial a cargo del Estado de cara a las personas en condiciones de debilidad manifiesta, como eran los hijos discapacitados menores de 18 años y las madres de estos, en desarrollo de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 13, 44 y 47 de la norma superior, en los términos como quedó, finalmente, con los ajustes que le hiciera la Corte Constitucional al contenido de la norma al incluir dentro del campo de aplicación también a los padres trabajadores y eliminar la restricción de la edad a los hijos(4), se puede también entender como un paso hacia adelante que ha dado el sistema de protección social colombiano dentro de la perspectiva de “la economía del cuidado(5)”, pues crea la posibilidad de que el responsable familiarmente (madre o padre trabajador(a)(6)) tenga la oportunidad de brindar los cuidados al incapacitado, en el hogar, y pueda llevar a cabo esta actividad sin perjuicio de una remuneración que beneficie no solo al hijo que no puede valerse por sí mismo y recibe su sustento por cuenta de su cuidador, sino al progenitor que proporciona los servicios de cuidado. Para que de esta manera, la madre, o el padre, pueda conciliar su necesidad de trabajar para obtener su sustento y el de su hijo, con la responsabilidad de cuidado a favor del dependiente discapacitado en el hogar.
3) Sostenibilidad financiera de esta pensión especial.
No se trata de una dádiva del sistema de pensiones, pues el beneficio en cuestión está calculado sobre la base de un mínimo de cotizaciones; es decir que se trata de un beneficio para el cual ha contribuido económicamente el destinatario directo de la pensión.
4) Requisitos de la pensión especial por hijo discapacitado.
En razón de la finalidad de este especial beneficio acabada de ver, las condiciones establecidas por el legislador para acceder a él no son las mismas que se prevén de cara a la pensión común de vejez, las cuales, actualmente, giran en torno a dos pilares: la edad y las semanas de cotización. La distinción consiste en eximir el requisito de edad, siempre que se hubiere cotizado “(...) cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez”, para el caso del padre o madre trabajador(a) que tenga un hijo discapacitado que depende de él, o de ella, económicamente. Y la conservación de este régimen especial está supeditada a la ocurrencia de dos circunstancias a saber: a) que el hijo permanezca en estado de discapacidad con dependencia de la madre, o del padre, de lo contrario se termina el beneficio; y b) que el cuidador(a) no se reincorpore a la fuerza de trabajo remunerada, pues, si lo hace, se suspende la pensión.
En conclusión, para efectos de adquirir la pensión especial que ocupa la atención de la Sala, la condición de trabajadora (o trabajador) de que trata la norma se adquiere desde el punto de vista de la fuente principal de los ingresos que tiene el cuidador(a) para subsistir. Así, quien, dentro de la sociedad, para satisfacer sus necesidades propias de una vida digna, depende, principalmente, de los ingresos obtenidos a través de su trabajo, no pierde la calidad de trabajadora (o trabajador) desde este punto de vista, por el solo hecho de que, en un momento determinado, no se encuentre laborando.
Es, bajo el citado entendimiento, cuando la pensión especial objeto del presente proceso, satisface a cabalidad su razón de ser. Pues no se debe olvidar lo atrás dicho por esta Sala, sobre que, desde el punto de vista de la “economía del cuidado”, este beneficio económico es un instrumento que le permite a la trabajadora (o trabajador) conciliar su necesidad de tener un trabajo remunerado con la responsabilidad familiar de cuidado en el hogar respecto de su dependiente discapacitado, actividad esta última que en la práctica no le es remunerada(7).
Adicional a las anteriores circunstancias, el beneficio se otorga por encontrarse afiliado(a) al sistema integral de seguridad social, ya sea como trabajador(a) dependiente o independiente, sea cotizante activo(a) o inactivo(a), y reunir “(...) cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez”(8).
Precisado lo anterior, lo que sigue es la liquidación de la pensión especial a favor de la demandante, como quiera que ya quedó establecido por la Sala, en la primera parte de este fallo de instancia, que la demandante cumplió con los requisitos para adquirir el derecho, pues, se reitera, a folio 49 está el registro civil de nacimiento de la hija de la actora ocurrido el 26 de julio de 1999; a folios 51 a 53 está el dictamen médico de donde se desprende que la hija de la actora padece de síndrome de Down y retardo mental, que le produce una invalidez del 56.10% de pérdida de capacidad laboral, estructurada desde el 26 de julio de 1999, es decir la menor tiene la condición de inválida desde su nacimiento; y de la relación de tiempo de servicios del folio 50 se puede deducir que la actora laboró para Telecom desde el 15 de marzo de 1985 hasta el 31 de enero de 2006, con una suspensión de cinco días, del 1º de septiembre de 1997 al 5 del mismo mes y año; y a folio 85 obra respuesta a oficio proveniente del patrimonio autónomo de remanentes de Telecom, donde se dice que no se le pagó a la actora prima de retiro por su desvinculación a partir de febrero de 2006, “(...) ya que dicha señora se encontraba cobijada en la extinta Telecom en liquidación por el retén social en calidad de madre cabeza de familia (...)”.
Conforme a lo atrás visto, para el 29 de enero de 2003 (fecha de la publicación), cuando entró en vigencia la Ley 797 de 2003, norma creadora de la pensión en cuestión (par. 4º, art. 9º, que modificó el art. 33, L. 100/93), la actora i) ya tenía una hija en estado de invalidez, condición que exime del requisito de edad al progenitor para adquirir la pensión especial en comento; ii) la demandante se favoreció del retén social por su condición de “madre cabeza de familia” en el proceso de reestructuración de Telecom que inició con el Decreto 1615 de 2003; y, iii) en el año 2004, completó las 1000 semanas de cotización al sistema de pensiones que exigía, para ese entonces, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, como tope mínimo para acceder a la pensión de vejez.
En lo atañe al requisito de la dependencia económica de la hija discapacitada respecto de la accionante, si bien observa la Sala que la convocada a juicio no hizo reparo alguno sobre este punto cuando resolvió la petición del beneficio, según la Resolución 92 de 2007 de Caprecom, folio 47, nada le impide a ella alegarlo dentro del proceso judicial para oponerse a la pretensión de la pensión. Sin embargo, se estima que, en el presente caso, no hay razón para dudar sobre el cumplimiento del citado requisito, pues, justamente, la condición de madre cabeza de familia que le fue reconocida por el empleador a la accionante, implica, necesariamente, tener hijos a cargo económicamente, como quiera que es de la esencia del mencionado estatus el tener a cargo la manutención de los hijos. Menos se podría cuestionar la dependencia económica, frente al hecho incontrovertido de la invalidez sufrida por la menor.
1. Determinación del IBL.
Conforme a la certificación obrante a folios 122 a 126 del presente cuaderno, se tiene que la actora recibió las siguientes sumas por concepto de salario durante los 10 últimos años de servicio, las cuales sirven para determinar el IBL de la pensión a recibir, así:
Fechas Nº de días Salario devengado Salario indexado Salario promedio
01/02/1996 29/02/1996 30 $485.797,00 $1.308.214,14 $10.901,78
01/03/1996 31/03/1996 30 $485.797,00 $1.308.214,14 $10.901,78
01/04/1996 30/04/1996 30 $485.797,00 $1.308.214,14 $10.901,78
01/05/1996 31/05/1996 30 $485.797,00 $1.308.214,14 $10.901,78
01/06/1996 30/06/1996 30 $485.797,00 $1.308.214,14 $10.901,78
01/07/1996 31/07/1996 30 $485.797,00 $1.308.214,14 $10.901,78
01/08/1996 31/08/1996 30 $485.797,00 $1.308.214,14 $10.901,78
01/09/1996 30/09/1996 30 $485.798,00 $1.308.216,84 $10.901,81
01/10/1996 31/10/1996 30 $485.798,00 $1.308.216,84 $10.901,81
01/11/1996 30/11/1996 30 $485.798,00 $1.308.216,84 $10.901,81
01/12/1996 31/12/1996 30 $485.798,00 $1.308.216,84 $10.901,81
01/01/1997 31/01/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/02/1997 28/02/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/03/1997 31/03/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/04/1997 30/04/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/05/1997 31/05/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/06/1997 30/06/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/07/1997 31/07/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/08/1997 31/08/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/09/1997 30/09/1997 30 $492.397,00 $1.090.039,16 $9.083,66
01/10/1997 31/10/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/11/1997 30/11/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/12/1997 31/12/1997 30 $590.877,00 $1.308.048,32 $10.900,40
01/01/1998 31/01/1998 30 $697.234,00 $1.311.504,80 $10.929,21
01/02/1998 28/02/1998 30 $697.234,00 $1.311.504,80 $10.929,21
01/03/1998 31/03/1998 30 $697.234,00 $1.311.504,80 $10.929,21
01/04/1998 30/04/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/05/1998 31/05/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/06/1998 30/06/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/07/1998 31/07/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/08/1998 31/08/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/09/1998 30/09/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/10/1998 31/10/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/11/1998 30/11/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/12/1998 31/12/1998 30 $697.235,00 $1.311.506,68 $10.929,22
01/01/1999 31/01/1999 30 $820.646,00 $1.322.658,65 $11.022,16
01/02/1999 28/02/1999 30 $820.646,00 $1.322.658,65 $11.022,16
01/03/1999 31/03/1999 30 $820.646,00 $1.322.658,65 $11.022,16
01/04/1999 30/04/1999 30 $820.646,00 $1.322.658,65 $11.022,16
01/05/1999 31/05/1999 30 $868.656,00 $1.400.037,75 $11.666,98
01/06/1999 30/06/1999 30 $868.656,00 $1.400.037,75 $11.666,98
01/07/1999 31/07/1999 30 $868.656,00 $1.400.037,75 $11.666,98
01/08/1999 31/08/1999 30 $868.656,00 $1.400.037,75 $11.666,98
01/09/1999 30/09/1999 30 $868.656,00 $1.400.037,75 $11.666,98
01/10/1999 31/10/1999 30 $868.656,00 $1.400.037,75 $11.666,98
01/11/1999 30/11/1999 30 $868.657,00 $1.400.039,36 $11.666,98
01/12/1999 31/12/1999 30 $868.656,00 $1.400.037,75 $11.666,98
01/01/2000 31/01/2000 30 $912.089,00 $1.345.731,31 $11.214,43
01/02/2000 29/02/2000 30 $912.089,00 $1.345.731,31 $11.214,43
01/03/2000 31/03/2000 30 $912.089,00 $1.345.731,31 $11.214,43
01/04/2000 30/04/2000 30 $912.089,00 $1.345.731,31 $11.214,43
01/05/2000 31/05/2000 30 $912.089,00 $1.345.731,31 $11.214,43
01/06/2000 30/06/2000 30 $912.090,00 $1.345.732,79 $11.214,44
01/07/2000 31/07/2000 30 $912.090,00 $1.345.732,79 $11.214,44
01/08/2000 31/08/2000 30 $912.090,00 $1.345.732,79 $11.214,44
01/09/2000 30/09/2000 30 $912.090,00 $1.345.732,79 $11.214,44
01/10/2000 31/10/2000 30 $912.090,00 $1.345.732,79 $11.214,44
01/11/2000 30/11/2000 30 $912.090,00 $1.345.732,79 $11.214,44
01/12/2000 31/12/2000 30 $912.090,00 $1.345.732,79 $11.214,44
01/01/2001 31/01/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/02/2001 28/02/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/03/2001 31/03/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/04/2001 30/04/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/05/2001 31/05/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/06/2001 30/06/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/07/2001 31/07/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/08/2001 31/08/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/09/2001 30/09/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/10/2001 31/10/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/11/2001 30/11/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/12/2001 31/12/2001 30 $985.058,00 $1.336.614,68 $11.138,46
01/01/2002 31/01/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/02/2002 28/02/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/03/2002 31/03/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/04/2002 30/04/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/05/2002 31/05/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/06/2002 30/06/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/07/2002 31/07/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/08/2002 31/08/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/09/2002 30/09/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/10/2002 31/10/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/11/2002 30/11/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/12/2002 31/12/2002 30 $1.038.252,00 $1.308.707,93 $10.905,90
01/01/2003 31/01/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/02/2003 28/02/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/03/2003 31/03/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/04/2003 30/04/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/05/2003 31/05/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/06/2003 30/06/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/07/2003 31/07/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/08/2003 31/08/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/09/2003 30/09/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/10/2003 31/10/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/11/2003 30/11/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/12/2003 31/12/2003 30 $1.095.356,00 $1.290.368,95 $10.753,07
01/01/2004 31/01/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/02/2004 29/02/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/03/2004 31/03/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/04/2004 30/04/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/05/2004 31/05/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/06/2004 30/06/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/07/2004 31/07/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/08/2004 31/08/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/09/2004 30/09/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/10/2004 31/10/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/11/2004 30/11/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/12/2004 31/12/2004 30 $1.155.600,00 $1.278.426,20 $10.653,55
01/01/2005 31/01/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/02/2005 28/02/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/03/2005 31/03/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/04/2005 30/04/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/05/2005 31/05/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/06/2005 30/06/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/07/2005 31/07/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/08/2005 31/08/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/09/2005 30/09/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/10/2005 31/10/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/11/2005 30/11/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/12/2005 31/12/2005 30 $1.213.380,00 $1.272.384,76 $10.603,21
01/01/2006 31/01/2006 30 $1.267.983,00 $1.267.983,00 $10.566,53
3.600 $1.311.272,91
Calculado el IBL en la suma de $1.311.272.91, le corresponde a la Sala establecer el monto o la tasa de remplazo.
2. El monto de la pensión.
Para ello se acude al artículo 10 de la pluricitada Ley 797 que modificó también el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, cuyo texto es el siguiente:
“ART. 34.—Monto de la pensión de vejez. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima” (la parte resaltada es la que regula el caso de la demandante).
En vista de que la demandante consolidó los requisitos para acceder a la pensión especial el 29 de agosto de 2004, es del caso aplicar la parte de la norma que rigió en el 2004; de tal manera que el monto de la pensión inicia con la base del 65.50%, menos el 1.50% por las tres veces que el IBL comprende el salario mínimo de 2006, según el año de retiro que sirve para determinar el IBL, ($1.311.272.91/408.000=3.6), arroja una tasa de remplazo final del 64%; a este porcentaje se le debe sumar el 2%, en razón de las 72 semanas que, al momento de su retiro, alcanzó a sufragar por encima del mínimo de cotización exigido para cuando consolidó el derecho (2004), en consecuencia resulta un monto definitivo del 66%. A continuación un cuadro resumen de esta liquidación:
Ingreso base de liquidación = $1.311.272,91
Fecha de pensión = 1-Feb-06
SMLV de 2006 = $408.000
Tasa de reemplazo inicial = 65,50%
Relación IBL/SMLV = 3 veces
Descuento por cada SMLV = 0,50%
Descuento total = 1,50%
Tasa de reemplazo final = 64,00%
Numero de semanas cotizadas = 1.072
Numero de semanas exigidas = 1000
Semanas adicionales = 72
Tasa de reemplazo definitiva = 66,00%
Valor de la primera mesada = $865.440,12
Así pues, le corresponde a la demandante una pensión especial por tener una hija discapacitada, a partir del 1º de febrero de 2006, según la fecha en que la actora dejó de trabajar y desde la cual se presume que se ha dedicado tiempo completo al cuidado de su hija, cuya primera mesada asciende al valor de la suma de $865.440,12. Derecho este que se suspenderá cuando la madre se reincorpore a la fuerza laboral y durará “(...) hasta tanto [la] hij[a] permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre”. Se proferirá condena en este sentido, debiendo la demandada realizar los reajustes de ley a la respectiva mesada y pagar las mesadas adicionales correspondientes.
La correspondiente liquidación arroja lo siguiente:
Fechas Mesada pensional Nº de pagos Valor mesadas pensionales
01/02/2006 31/12/2006 $865.440,12 12 10.385.281,44
01/01/2007 31/12/2007 $904.211,84 13 11.754.753,89
01/01/2008 31/12/2008 $955.661,49 13 12.423.599,38
01/01/2009 30/12/2009 $1.028.960,73 13 13.376.489,45
01/01/2010 31/12/2010 $1.049.539,94 13 13.076.534,65
01/01/2011 31/12/2011 $1.082.810,36 13 14.076.534,65
01/01/2012 31/12/2012 $1.123.199,18 13 14.601.589,40
01/01/2013 31/12/2013 $1.150.605,24 13 14.957.868,18
01/01/2014 30/09/2014 $1.172.926,99 9 10.556.342,88
Total $115.776.478,51
En consecuencia, conforme al alcance de la impugnación extraordinaria, se condenará a la convocada a juicio a reconocer la suma de $115.776.478,51 por concepto de mesadas liquidadas hasta septiembre de 2014, según la fecha de la presente sentencia, junto con las mesadas adicionales y los respectivos reajustes. No se accede a los intereses moratorios dado que estos no fueron pretendidos en la demanda que originó el proceso.
En adelante, reconocerá la mesada equivalente a $1.172.926,99, con los incrementos de ley, y las mesadas adicionales, siempre y cuando no se den las condiciones de suspensión o terminación del derecho atrás establecidas.
Se absuelve de la indexación solicitada en la demanda inicial, en razón a que no fue incluida en el alcance de la impugnación.
En arreglo a todo lo atrás dicho, se declaran no probadas las excepciones.
El reconocimiento de la presente pensión se hace sin perjuicio de que, eventualmente, la demandante opte por renunciar a esta pensión especial y reclamar su derecho a la pensión de vejez una vez reúna los requisitos del sistema general de pensiones que le correspondan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, al haber casado la sentencia del 5 de marzo de 2009, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en sede de instancia, REVOCA la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2009 proferida por el Juzgado Primero Laboral de Descongestión de Pereira, en el proceso ordinario laboral promovido por Nidia Esperanza Betancur Henao contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom.
En consecuencia, se condena a la demandada y a favor de la demandante, por lo siguiente:
1. A reconocer la pensión especial por tener una hija discapacitada, a partir del 1º de febrero de 2006, cuya primera mesada asciende al valor de la suma de $865.440,12. Derecho este que se suspenderá cuando la madre se reincorpore a la fuerza laboral y durará hasta tanto la hija permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre.
2. a pagar la suma de $115.776.478,51 por concepto de mesadas liquidadas, con los respectivos reajustes, desde el 1º de febrero de 2006 y hasta septiembre de 2014, según la fecha de la presente sentencia. En adelante, pagará la mesada equivalente a $1.172.926,99 con los incrementos de ley, y las mesadas adicionales, siempre y cuando no se den las condiciones de suspensión o de terminación del derecho, indicadas en el ordinal primero.
3. Se declaran no probadas las excepciones.
4. Se absuelve de lo demás.
5. Las costas de las instancias serán a cargo de la parte vencida que lo fue la entidad llamada a juicio.
(1) Lo subrayado fue declarado exequible condicionalmente según Sentencia C-989 de 2006 “en el entendido que el beneficio pensional previsto en dicho artículo se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados y que dependan económicamente de él”.
(2) Aparte tachado declarado inexequible según la Sentencia C-227 de 2004.
(3) Gaceta del Congreso, 428 de 2002.
(4) Sentencias C-989 de 2006 y C-227 de 2004.
(5) En sentido amplio se entiende por “economía del cuidado” como el trabajo realizado, primordialmente en la esfera doméstica, para el cuidado de las personas que se complementa con trabajo asalariado en el hogar, trabajo asalariado en los servicios públicos y privados y trabajo social voluntario. Existe, por lo tanto, una esfera de esa economía del cuidado que es remunerada y otra que es no remunerada. El trabajo no remunerado desarrollado en el ámbito familiar es el núcleo de ese proceso de reproducción social sobre el cual recae la responsabilidad final de armonizar las demás formas de trabajo y/o absorber sus insuficiencias” (Picchio, 1999). http://www.generoycomercio.org/areas/investigacion/Salvador07.pdf.
(6) Si bien históricamente los cuidados del hogar han estado a cargo de las mujeres, se observa que, en la medida en que la mujer se ha ido incorporando a la fuerza laboral remunerada, las responsabilidades familiares se han venido redistribuyendo en los miembros de la familia sin importar el género, lo cual se puede apreciar en que la pensión especial por hijo discapacitado que, inicialmente, fue reconocida únicamente a favor de la mujer trabajadora, también se hizo extensiva al padre trabajador.
(7) Mediante la Ley 1413 de 11 de noviembre de 2010, se reguló la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.
“ART. 1º—Objeto y alcance de la ley. La presente ley tiene por objeto incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.
“ART. 2º—Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente ley se adoptan las siguientes definiciones:
Trabajo de hogar no remunerado: Servicios domésticos, personales y de cuidados generados y consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución económica directa”.
(8) Inciso 2º, parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

References: artículo 9
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 34
 artículo 10
 artículo 9