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Timestamp: 2018-11-16 22:13:38+00:00

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Recortes de Prensa Jueves 8 Mayo 2008
Atrocidad lingüística
José Antonio VERA La Razón 8 Mayo 2008
Uno de los errores más grandes que se cometieron durante la Transición fue aprobar la transferencia del poder político sobre la gestión de la educación y la sanidad a las autonomías. Error garrafal del que ahora estamos viendo sus nefastas consecuencias. Diecisiete sistemas educativos diferentes, sin orden ni concierto por ningún sitio. Cada autonomía enseña la historia a su manera. No existe más geografía que la propia de cada región o comunidad autónoma. Y se cometen auténticas barbaridades en nombre de una normalización lingüística que no es tal, que sólo está sirviendo para arrinconar al español, para mandarlo a las cavernas, para señalar con el dedo a los que reclaman su uso habitual en colegios o edificios públicos.
Que para ser médico puntúe más saber euskera que ser un virtuoso del bisturí no deja de ser una anomalía difícil de entender. Pero es lo que está ocurriendo hoy en el País Vasco, y también en Cataluña, Galicia y Baleares. Se multa a quien no rotula en español. A quien emite en español. Se mira mal a quien pide información en español.
Lo peor de todo es que parece imposible cambiar el estado de las cosas. La competencia educativa es de las autonomías y sólo a ellas corresponde ejercerla. La alta inspección del Estado no funciona. Y al Gobierno de Zapatero le parece fenomenal todo lo que está ocurriendo. Que es el auténtico problema.
Filtros lingüísticos
Hay quien aplaude con las orejas. ¡Así no vendrán de otras comunidades a quitarnos la plaza! En efecto, disminuirá esa competencia. Y la otra, no digamos.
Cristina Losada Libertad Digital 8 Mayo 2008
Hace un año se publicaba en un diario gallego una carta al director en la que el firmante realizaba una revelación asombrosa: él, un licenciado en Derecho, podía perfectamente convertirse en profesor de flauta en un conservatorio de Galicia, a pesar de que no tenía ni idea de música ni sabía tocar el hameliniano instrumento. El temario, decía, era pan comido si se comparaba con el Derecho Romano, tocar la flauta sólo computaba 2 puntos sobre los 10 totales de la oposición, la dichosa prueba práctica no era eliminatoria y la única que tenía ese rango consistía en un difícil examen de gallego, que él podía convalidar.
Ante aquella prueba decisiva, musicalmente irrelevante, "muchísimos competidores de fuera de Galicia, muchos de ellos magníficos instrumentistas, no tienen nada que hacer". "¡Qué no me digan que no sé hacer sonar la flauta!", concluía con regocijo el autor de la misiva, que ya se veía con una nota final de ocho, más la plaza y el caramillo.
El caso es uno de los muchos prodigios que ha traído la "normalización lingüística". La aptitud profesional se pliega y se rinde, en la taifa autonómica que luce "lengua propia", ante los sagrados valores identitarios que en el idioma se simbolizan. El diario El Mundo acaba de informar que el Gobierno vasco valora cuatro veces más el euskera que un doctorado para optar a una plaza en la Sanidad. En Galicia está por hacer la investigación, pero cualquier convocatoria de plazas de médicos incluye con carácter eliminatorio una prueba de gallego.
Para el profesorado, rigen obligaciones lingüísticas estrictas y las próximas oposiciones requieren que una parte de las pruebas se realicen en gallego. El opositor elegía, hasta ahora, el idioma. ¿Elegir?, ¿para qué? Se modifica la Ley de Función Pública y la opción deja de existir. La causa de la lengua, que es la causa de la "construcción nacional", no admite derecho ni libertad individual, y tanto peor si la Constitución los ampara. Reclamen al alto Tribunal.
Con tal filtro lingüístico, las autonomías gobernadas por nacionalistas de cualquier partido se están dotando de un plantel de profesores, médicos o funcionarios rompedor de viejos moldes. Los escogidos no serán los mejores, tal vez cometan errores y tal vez los sufran –siempre los pagan– los usuarios, pero a cambio constará que han pagado el peaje que los habilita como "patriotas" y no traidores. Además, la criba resulta muy útil: los que no pasan por el aro se van con la música a otra parte. De ese modo, la "limpieza", antes étnica, ahora lingüística, avanza.
Hay quien aplaude con las orejas. ¡Así no vendrán de otras comunidades a quitarnos la plaza! En efecto, disminuirá esa competencia. Y la otra, no digamos. Pero quién quiere que le atiendan buenos profesionales, quién desea abrir la puerta a la valía foránea, o sea, española, cuando estamos tan ricamente con nuestra mismidad en el útero de la nación soñada.
La arrogancia del presidente
POR EDURNE URIARTE ABC 8 Mayo 2008
Quienes censuran que algunos comparemos la resolución del secuestro del Playa de Baquio con los secuestros de ETA debieran explicarnos por qué. Por qué la vida del secuestrado es prioritaria en unos casos pero no en otros. Por qué el Estado debe salvar a un hombre por dinero pero no por la excarcelación de terroristas. Por qué hay que impedir la financiación de terroristas pero no la de piratas. O por qué no importa que esa financiación sirva para cometer otros crímenes cuando las nuevas víctimas serán extranjeras pero sí importa cuando puedan serlo nacionales.
Quien no va a responder a esas preguntas es, ciertamente, el más obligado a hacerlo, el presidente del Gobierno, el que ha pagado, el que ha financiado piratas. Más que nada, porque le da igual ese debate ético. Ni se lo ha planteado. Como no lo hizo cuando negoció con ETA y ofreció amplias recompensas políticas a los terroristas. La desafiante arrogancia que exhibió entonces es la misma con la que se ha negado a dar explicaciones sobre esta nueva inmersión en las cloacas del Estado y de la democracia.
Y la misma con la que ha decidido enviar a Moratinos y a Espinosa a explicar el asunto en el Congreso. El primero afirmó desde Buenos Aires que se había enterado por la prensa del desenlace del secuestro. La segunda sabe de pesca, pero de las negociaciones del CNI y de las peripecias de la fragata conoce más o menos lo que yo misma. Quizá menos porque tampoco es seguro que se haya leído la prensa con la atención que le hemos puesto Moratinos y yo. Lo que da una idea del respeto que le merecen a Zapatero las preguntas planteadas por una buena parte de la opinión pública sobre esta cuestión.
Las preguntas éticas y también las relativas al papel de la fragata española, las razones de su pasividad y la misión del CNI. Quien debiera saberlo, Chacón, tampoco ha dado señales de vida. Probablemente, porque está en una nueva sesión de fotos del embarazo.
Y quien sí sabe, Zapatero, se comporta con la soberbia de quien ha ganado unas elecciones tras coquetear en los vertederos terroristas. Y sin molestarse en dar una explicación.
Falta de ética en las ‘mociones éticas’
Gonzalo Sichar Minuto Digital 8 Mayo 2008
Las reformas anunciadas por la vicepresidenta son cortinas de humo, pero de un humo denso y peligroso que bien puede distraernos de la crisis nacional y económica que padece España y ocupar en su lugar la agenda política de los próximos cuatro años.
EDITORIAL Libertad Digital 8 Mayo 2008
Tras ocultar el problema de crisis económica y nacional que padece nuestro país, tal y como han hecho los socialistas hasta las elecciones generales, el gobierno parece decidido a recurrir a cualquier maniobra de distracción que pueda ocultar su pavorosa falta de soluciones.
Buen ejemplo de esas cortinas de humo son las "líneas fundamentales de la acción del gobierno" para los próximos cuatro años que ayer anunció la vicepresidenta Fernández de la Vega en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, y que no son otras que un "estudio" de la reforma electoral, la recuperación de la aparcada reforma de la Constitución y el Senado o la "revisión" de la Ley de Libertad Religiosa.
De todas ellas, la que más humo tiene –y la que más atención captará hoy de los medios– es la de la reforma de la ley electoral. Desde aquí nos hemos pronunciado en innumerables ocasiones a favor de una reforma que reduzca el peso, injusto y letal, que tienen las minorías nacionalistas, y queda patente, ciertamente, si comparamos el número de votos y escaños que tienen formaciones como IU o UPyD y los comparamos con los que tienen CiU o el PNV. Sin embargo, es propio de ilusos el creer que este Gobierno pretenda llevar a cabo semejante reforma electoral, por mucho que, con ese objetivo, haya pedido un informe, "con carácter inmediato", al Consejo de Estado.
Para empezar, el Gobierno de Zapatero ha hecho caso omiso del Consejo de Estado cuando sus informes –perceptivos pero no vinculantes– contrariaban sus proyectos, como quedó patente con ocasión de la tramitación del estatuto soberanista catalán. En segundo lugar, los nacionalistas no van a respaldar una reforma que les reste peso político, por no hablar del hecho de que los descontentos con el actual régimen electoral no coincidimos en qué reforma llevar a cabo. La propuesta de UPyD e IU, que el Gobierno de Zapatero simula atender con este "estudio", y que pasa por el abandono de la circunscripción provincial, exigiría una reforma de la Constitución, al igual que sucedería con un hipotético cambio al sistema mayoritario.
Otro tanto podríamos decir de las propuestas de reforma constitucional ya planteadas en la primera legislatura de Zapatero, tales como las relativas a la que exige la reforma del Senado, la inclusión de los nombres de todas las comunidades autónomas, la erradicación de la prelación del varón en el orden de sucesión a la Corona o la que pudiese reclamar nuestra incorporación a la Unión Europea. Individualmente consideradas no habría mayor objeción que hacerles sino fuera porque, en conjunto, pretenden dar carta de naturaleza constitucional a unos cambios, como los que se han llevado a cabo en Cataluña y ya se perfilan en el País Vasco, que nada tienen de acordes con nuestra Carta Magna.
Vista, sin embargo, la renuencia del PP de Rajoy a ser un factor de "crispación", tanto como su intención de caer simpáticos a los nacionalistas, no hay que descartar la posibilidad de que estas reformas de nuestra Carta Magna se lleven a cabo y oculten de iure las reformas indeseables y carentes de consenso que se han llevado a cabo de facto.
Finalmente, la "revisión" de la Ley de Libertad Religiosa, anunciada con la excusa de que "hay que adaptarla a la pluralidad actual", es tanto una cortina de humo como una nueva muestra de la deriva liberticida y radical de este gobierno en nombre del laicismo. Para empezar, una ley que, acorde a nuestra Constitución, salvaguarda la libertad religiosa, no tiene sentido alguno adaptarla a ninguna pluralidad, ya sea presente, pasada o futura, pues respeta dicha cambiante pluralidad en todo momento. Cosa bien distinta es que el Gobierno de Zapatero, en nombre del laicismo, pretenda, por la artera y ya conocida vía de la reforma de una ley de rango inferior, cercenar los derechos constitucionales de práctica y formación religiosa que la Carta Magna y la libertad defienden, tanto en el ámbito público como privado.
El Gobierno de Zapatero ya ha dado hado muestras de su liberticida concepto de "laicidad", y la propia Fernández de la Vega mostraba ayer, por ejemplo, su rechazo al convenio que permite a religiosos formar parte del comité de ética de cuidados paliativos de los hospitales públicos. Pero tanto la Ley de Libertad Religiosa de1980 como la Constitución consagran, sin embargo, el principio de que "las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas".
A la vista está, en definitiva, que las reformas anunciadas por Fernández de la Vega son cortinas de humo, pero de un humo denso y peligroso que bien puede distraernos de la crisis nacional y económica que padece España y ocupar en su lugar la agenda política, tanto del Gobierno como de la oposición.
Nuestro genuino cáncer político no es ni el Plan Ibarretxe ni el propio Ibarretxe en sí, sino ese escupitajo en la cara del sufragio universal consistente en que cada voto del tal Ibarretxe valga exactamente lo mismo que seis de los de Rosa Díez.
José García Domínguez Libertad Digital 8 Mayo 2008
Alberto Recarte Libertad Digital 8 Mayo 2008
Luis del Pino Libertad Digital 8 Mayo 2008
El ayuntamiento de Marbella, gobernado por el Partido Popular, ha impuesto una multa de 300 euros a dos miembros de la Plataforma Ciudadana Peones Negros, por repartir en mano a los viandantes folletos del 11-M.
Evidentemente, semejante despropósito no es achacable al PP, sino a la alcaldesa concreta que rige los destinos de ese municipio, porque hay otros muchos alcaldes del PP que han hecho mucho, y siguen haciendo mucho, por ayudar a quienes se niegan a que se pase página con respecto al mayor atentado de nuestra historia. Pero ahí queda el gesto.
En Marbella, parece que ni las leyes ni las ordenanzas municipales han impedido que toda una legión de sinvergüenzas se forre el riñón durante años cometiendo todo tipo de ilegalidades en el negocio inmobiliario. ¡Pero ay de tí como repartas en mano un folleto! Entonces la autoridad es implacable. Debe de ser que el trinque individual y colectivo queda muy chic para animar las conversaciones en las fiestas de la jet, mientras que hablar de algo tan truculento como el asesinato de 200 personas resulta muy hortera y le corta el rollo a la gente.
Creo que tenemos dos opciones: o no repartir folletos en Marbella, o poner a trabajar la imaginación para ver cómo sorteamos la prohibición de repartirlos.
Se me ocurre que a lo mejor podemos jugar al despiste y firmar los folletos con el nombre de Plataforma Ciudadana de Dineros Negros. Lo mismo les pillamos con la guardia baja y nos dejan repartir, pensando que es propaganda de alguna constructora. ¿Creen ustedes que colaría?
Por si acaso la alcaldesa implacable nos lee, me permito recomendaros la lectura del último artículo de Gabriel Moris sobre el 11-M. Se titula, muy apropiadamente, Gobernar sin los ciudadanos.
La Fundación Denaes informa de la próxima inauguración del monumento a las víctimas del terrorismo, en la Plaza de la República Dominicana de Madrid:
El próximo 17 de Mayo, a las 11.00 horas y en la plaza de la República Dominicana de Madrid, inauguraremos el monumento a las víctimas del terrorismo justo en el lugar donde el 24 de julio de 1986 doce guardias civiles murieron a manos de ETA y justo donde el pasado año, en medio de la indignación popular al ver a su asesino pasearse tranquilamente por las calles donostiarras, surgió un santuario cívico que acogió el homenaje espontáneo de toda una multitud a la memoria de aquellas víctimas, pero también a la libertad y a la dignidad de todos los españoles aún orgullosos de serlo.
La Fundación DENAES ha materializado su particular homenaje a través de un monumento financiado por ciudadanos anónimos, creado en bronce por el artista Pedro Requejo en forma de vértice (3,10 metros de alto x 2,20 de ancho) y presidido por una figura de la libertad que enarbola la bandera nacional. La sigue una víctima del terrorismo y decenas de españoles, figuras a través de las cuales hemos querido transmitir un doble mensaje: la profunda identidad entre España y las víctimas del terrorismo y la fortaleza del espíritu de la Nación, que surge precisamente en aquellos momentos históricos más difíciles.
Realismo desvergonzado en la ONU
Cuando lo principal es mantener inmaculada la honra pacifista, la mejor defensa es evitar el conflicto. Es decir, dejar tirados a los saharauis y colaborar en el incumplimiento del derecho internacional que los socialistas españoles dicen defender.
GEES Libertad Digital 8 Mayo 2008
Tras su bendición a la independencia a Kosovo, las Naciones Unidas podrían caer en la tentación de una nueva excepción en la aplicación del derecho internacional, esta vez para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. La resolución 1813 aprobada el pasado día 30 de abril por el Consejo de Seguridad recurre a la aplicación del derecho internacional, no en función de lo que dicta la ley, sino de lo que mejor conviene a las grandes potencias presentes en el Consejo de Seguridad.
Este realismo desvergonzado hay que traducirlo, cuando se habla del conflicto del Sáhara Occidental, por esa solución que Marruecos intenta imponer desde la invasión de la colonia española en 1975 para evitar el referéndum de autodeterminación al que, de acuerdo a derecho, debería acceder el pueblo saharaui para decidir entre la independencia o la anexión definitiva a su vecino del norte. Recientemente, el propio enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, el holandés Peter Van Walsum, se ha unido a la coral de los aliados y simpatizantes de las tesis anexionistas del agresor, al declarar que la independencia del territorio no era una "solución realista". El departamento de Estado en Washington también ha ahondado en esta línea al manifestar sus portavoces que "un estado saharaui independiente no es una opción realista" y que, en cambio, consideran como la "única" vía realista de solución el que los saharauis se conformen con una forma de autonomía bajo la soberanía marroquí.
No es de extrañar, por lo tanto, que el Gobierno de Marruecos se haya mostrado exultante por el texto de la resolución que recomienda a las partes "visión realista" y "espíritu de compromiso". La exhortación al realismo lleva implícito que cada uno debe ceder en sus aspiraciones y, en este caso, a los saharauis no les queda más concesión que renunciar al derecho de autodeterminación que las propias Naciones Unidas le reconocieron. Como advirtió el embajador de Suráfrica, país que presidía el Consejo de Seguridad al aprobarse la resolución, lo que la ONU viene a decirle al pueblo saharaui es que "si eres débil, tienes que aceptar", aunque la verdad y el derecho esté de su parte. Mal asunto, porque lo que vale para los saharauis también podría valer para los débiles de otros conflictos. ¿Y si se le tomase el gusto al realismo y se le dijera lo mismo a los palestinos frente a Israel?
Claro que en Naciones Unidas a nadie se le ocurriría, al menos por el momento, plantear el realismo para la solución del conflicto palestino. En cambio, en un conflicto menos publicitado como es el saharaui, la posibilidad de que el Frente Polisario aceptara sus recomendaciones le evitaría el molesto engorro de tener que reconocer un sonado fracaso en la aplicación de un plan de paz cuyo única complicación es el descarado torpedeo que, desde el primer día del despliegue de los cascos azules en el Sáhara, ha recibido por parte de Marruecos. El esfuerzo que en Naciones Unidas se ha desplegado para evitar condenar esta flagrante desobediencia constituye un escándalo que debería bastar por sí solo para disuadir a cualquier estado implicado en un conflicto de acudir a la ONU para resolver el problema, a menos de que cuente con el apoyo de los grandes.
La gestación de la resolución 1813 es un ejemplo de la enorme ventaja con la que juega incluso quien tiene el derecho en contra si compensa este fallo con la amistad de los poderosos: la luna de miel en las relaciones franco-americanas tras la crispación antiamericana que orquestó el no a la guerra de Chirac ha protegido a Marruecos de los denonados esfuerzos de los miembros no permanentes del Consejo, Suráfrica y Costa Rica. Éstos han intentado equilibrar el realismo desvergonzado de la ONU con una alusión a la continua violación de los derechos humanos con la que el rey Mohamed intenta asegurarse la integración del Sáhara a su proyecto de Gran Marruecos. Pero no ha surtido efecto. Las detenciones arbitrarias, la tortura y la desaparición que las fuerzas de ocupación marroquí practican en el Sáhara forman parte de la dosis de realismo que los saharauis tendrán que tragar si quieren que Naciones Unidas no les acuse de torpedear la paz.
Y España, ¿a qué juega en este despropósito tan injusto? A juzgar por su colaboración en la redacción de la resolución y por el silencio con el que ha dado por buenos los argumentos del realismo promarroquí –¿formará parte del ideario de la Alianza de las Civilizaciones?–, simplemente a dejar hacer a Francia y Estados Unidos. Todo en nombre de la buena amistad con un Marruecos que todo lo exige, no sea que al rey Mohamed se le venga a la cabeza la Marcha Verde, esta vez contra Ceuta y Melilla. Cuando lo principal es mantener inmaculada la honra pacifista, la mejor defensa es evitar el conflicto. Es decir, dejar tirados a los saharauis y colaborar en el incumplimiento descarado del derecho internacional que los socialistas españoles dicen defender... Porque el realismo desvergonzado de Naciones Unidas en el Sahara sí es inmoral, ilegal e ilegítimo.
Ley Electoral y advertencia de González
Pablo Sebastián Estrella Digital 8 Mayo 2008
La noticia de que el Gobierno está dispuesto a la reforma de la ley electoral constituye un paso importante si fuera cierto que Zapatero desea avanzar en la modernización y regeneración democrática. Pero sobre todo si de dicha reforma sale una ley electoral representativa de los ciudadanos, que no dé ventajas a los nacionalistas, sin listas cerradas y con un sistema mayoritario a dos vueltas que permita mayorías con estabilidad. Lo que de ser cierto, y de contar con el apoyo del PP, constituirá una decisión importante que, aún lejana, está por ver si no queda en un apaño o simulacro para que las cosas sigan, más o menos, como están a favor del vigente sistema partitocrático.
Lo que sí está claro es que el anuncio de dicha reforma caerá como un jarro de agua fría en el campo nacionalista, y puede incluir la simiente de un giro importante de Zapatero y del PSOE, tras sus devaneos confederales de la pasada legislatura. Aunque muy pronto vamos a comprobar si Zapatero ha aprendido de sus errores en la pasada legislatura o si vuelve a las andadas. Porque el presidente tiene ante sí dos desafíos que nos sacarán de dudas: la pretensión de los nacionalistas catalanes, a los que se sumó José Montilla, con la fe del converso a un catalanismo radical, de reformar el sistema de financiación autonómico a su favor; y la traca final del plan Ibarretxe, con la que el lehendakari pretende lanzar otro pulso al Estado y a la legalidad convocando, en próximos meses, una consulta sobre la autodeterminación.
Como trasfondo de todo ello emerge, cada día con más fuerza, la crisis económica que está obligando al Gobierno a una continua rectificación de sus pronósticos, primero sobre el crecimiento —que Solbes ha situado, por el momento, en el 2,3 para el 2008— y ahora sobre el paro y la inflación, lo que augura un negro horizonte de difícil solución, y lo que acabará echando por tierra la predicción de Zapatero de que esta crisis —a la que sigue llamado “desaceleración”— se prolongará mas allá de la presente legislatura y tendrá consecuencias electorales porque se hará sentir, como un terremoto, en millones de familias españolas a las que se les dicho que todo era pasajero, sin decir la verdad.
De ahí la advertencia que Felipe González le ha hecho a Zapatero a lo largo de un artículo publicado ayer en El País, titulado “Crisis y prioridades”, en el que el ex presidente le dice al jefe del Gobierno que se olvide ahora de la reforma del sistema de financiación —que demandan los nacionalistas— y se ocupe de la crisis económica. Subrayando la idea de que las ambiciones de los dirigentes políticos nacionalistas y asimilados deben ser aparcadas a favor de la prioridad de atacar la crisis económica porque lo importante, en estos momentos, son los ciudadanos y no sus jefes políticos. “La única manera de afrontar la realidad es mirar de frente las necesidades de los ciudadanos, antes que las nuestras”, concluye González.
Un consejo y una advertencia de González que no es banal, y coincide con la preocupación y el malestar de numerosos dirigentes y barones autonómicos del PSOE que ven, con preocupación, el disparatado giro nacionalista de Montilla y del PSC catalán, donde, amén de promover la insolidaridad, se esconde una vuelta a los postulados confederales y rupturistas que, en su día, lideró Pasqual Maragall, por causa de la excesiva dependencia del presidente de la Generalitat de ERC. Partido sumido en su seria crisis interna de la que pretende salir, como de su reciente derrota electoral, con un salto hacia delante y abanderando propuestas tan desafiantes e irrealistas —la autodeterminación para el 2014, preconiza Carod-Rovira en un libro— como las que Ibarretxe pretende implantar con su referéndum ilegal. El que además de un disparate constituye el parapeto del chamuscado lehendakari vasco para intentar repetir, en unas elecciones autonómicas que están al llegar, como jefe del cartel electoral del PNV, lo que no parece que pueda ocurrir.
De manera que más vale que Zapatero se tiente la ropa antes de recibir, en la Moncloa, a Ibarretxe, porque cada vez que el vasco visitó ese palacio no lo hizo para dialogar con sensatez, sino para convertirlo en púlpito de sus monólogos disparatados. Y aunque Zapatero declaró que está dispuesto a dialogar pero no a apoyar aventuras descabelladas, puede caer una vez más en la tentación de la ambigüedad, ofreciendo al lehendakari un Estatuto con más cotas de soberanía, que ahora no vienen a cuento de nada, y menos aún en plena crisis económica, como lo recordó el ex presidente González.
Naturalmente, Zapatero se está tomando las cosas con calma aprovechando el tiempo muerto que le está regalando la oposición del PP, por causa de su crisis interna que ayer, por fin, reconoció Rajoy sin que el aún líder de la oposición se decida a revelar quién será su número dos en la candidatura que piensa presentar al próximo congreso del PP. Una crisis de partido que todavía tiene mes y medio por delante para empeorar o encontrar cualquier solución, pero que no es menor que los problemas que tiene planteados este Gobierno de Zapatero y el propio PSOE, tanto en la política económica y social como en los nuevos desafíos nacionalistas, que son consecuencia de esos errores de la pasada legislatura de los que el presidente nos dice que aprendió su lección, lo que vamos a averiguar en unas pocas semanas, a sabiendas de que si no pone la crisis económica como prioridad y frena, en seco, a los nacionalistas vascos y catalanes y al PSC de Montilla, la crisis del PP va a quedar reducida a una broma en comparación que lo que puede ocurrir en el PSOE.
Germán Yanke Estrella Digital 8 Mayo 2008
Entre los objetivos del nuevo Gobierno expuestos por la vicepresidenta Fernández de la Vega se abre la posibilidad de una reforma del sistema electoral. Se creará al menos una subcomisión y se pedirán informes al Consejo de Estado para una hipótesis que, según el Gobierno, tendría que contar en todo caso con “el máximo consenso”. Como no se sabe qué es eso, el máximo consenso, todo queda en un albur.
No hay duda de que el actual sistema tiene sus fallos, que llaman la atención y que motivan quejas como las que se han podido escuchar y leer tras las últimas elecciones generales de marzo. Hay una sobrerrepresentación de algunos partidos (nacionalistas) y una minoración de la de otros. Tras los comicios se ha subrayado que UPyD tiene una única diputada con algunos votos más que el PNV, que tiene seis. Y CiU ha obtenido diez escaños con casi doscientos mil votos menos que Izquierda Unida, que sólo ha conseguido dos. Una corrección de estas desigualdades sería más que conveniente, pero hay otros temas importantes, como las listas abiertas, que son arrumbados por los partidos grandes y pequeños, sobrerrepresentados o no, y que, si se trata de analizar y modificar seriamente el sistema electoral, tendrían que ser tomados en consideración.
Pero el sistema electoral no es una maquinaria ajena al modelo político que deseamos y, por tanto, el máximo consenso que desea la vicepresidenta para reformarlo no puede ni considerarse ni conseguirse sin que lo haya sobre el modelo general. Está bien analizar la proporcionalidad, pero no puede desligarse del acuerdo —que debe ser el de los dos grandes partidos— sobre el peso, la influencia y en ocasiones el chantaje de los nacionalismos. Está bien analizar el aumento de escaños en el Congreso, al menos hasta el número que permite la Constitución, pero la representatividad y el incremento del poder del votante no puede dejar al margen las listas abiertas o la modificación de las circunscripciones.
La mayoría de las propuestas que se han avanzado hasta el momento, fruto de las quejas antes apuntadas, dan un resultado similar para los grandes partidos, y por tanto para la gobernabilidad, o, a resultas de una mayor proporcionalidad, dificultan grandemente la posibilidad de formar gobiernos estables. Su análisis sirve para subrayar que el sistema electoral, que sin duda hay que reformar, no es algo ajeno a un concepto general, político, del modelo de país que se desea. Esto, que afecta también a otras cuestiones clave, debe ser, si se pretende que la reflexión tenga algún resultado, el objetivo de ese tan deseado máximo consenso.
Estalla la crisis y otros problemas
José Antonio Zarzalejos Estrella Digital 8 Mayo 2008
La crisis del PP no puede enmascarar la otra, la económico-social, que va a tener una manifestación política muy grave: la imposibilidad de disponer de un nuevo modelo de financiación autonómica para que entre en vigor el año 2009. El consejo de Felipe González (El País de ayer en el artículo titulado “Crisis y prioridades”) de que se aplace la negociación sobre el reparto de los dineros de las autonomías para proyectar el foco sobre la crisis económica denota que el Gobierno está en una zona de peligro: si inicia las negociaciones este mes, tal y como está previsto, se introduce en un proceso de desencuentros entre Comunidades que le va a granjear muchos problemas.
Las arcas del Estado no están en su mejor momento y las expectativas son malas. Solbes ya ha reconocido que la inflación no se va a moderar; el número de desempleados alcanza la cifra de 2.338.000; se ha desplomado la producción industrial; sigue bajando la confianza en la situación económica (barómetro del ICO), el petróleo puede alcanzar el astronómico precio de 200 dólares y, pese a todo, los sindicatos no parecen dispuestos a darle ninguna alegría a Celestino Corbacho ni a la CEOE, como dejaron claro el pasado primero de mayo.
En estas circunstancias no se puede acometer la negociación de la financiación autonómica, no ya sólo porque los criterios de unas Autonomías y otras chocan frontalmente y Cataluña reclama una imposible bilateralidad, sino porque el Estado carece de margen de maniobra en sus recursos actuales, más aún después de la anunciada supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y cuando está en el alero el céntimo sanitario sobre los carburantes, que iba directamente a las comunidades autónomas. El descenso en la recaudación del IVA por la retracción del consumo; la merma de los beneficios de las compañías, que repercutirá en el monto del de sociedades, y los compromisos gubernamentales de subsidios y ayudas directas componen un cuadro que hace remitir al año que viene cualquier posible acuerdo de financiación autonómica.
Por si fuera poco, esta situación de crisis innegable —no es una recesión, ciertamente, pero tampoco una mera desaceleración— coincide con la eclosión de otro gravísimo problema: el colapso de la Administración de la Justicia, que está superada en más del ciento por ciento sobre sus capacidades actuales de gestión. Lo está, incluso, en Autonomías como la vasca, que han hecho fuertes inversiones en medios materiales en la oficina judicial. El problema —una auténtica crisis en el funcionamiento del Estado— no es sólo de medios y de dotación presupuestaria; es, especialmente, de organización y de recursos humanos. La falta de jueces y magistrados, la abundancia de interinos, la rotación de los funcionarios, la escasez de secretarios y oficiales y la obsolescencia de la forma de funcionamiento de juzgados y tribunales —todo ello destapado por la inspección del Consejo General del Poder Judicial— nos han llevado a un trágico guarismo: más de un cuarto de millón de sentencias están en trámites de ejecución. Una justicia así —de tan baja calidad en el fondo de las resoluciones y en los tiempos de adopción de las mismas—, sencillamente, no es justicia y deteriora el Estado de Derecho.
Sin solución de continuidad, casi al trote, regresa la cuestión territorial. Mientras en Cataluña esperan para otoño la sentencia sobre la constitucionalidad o no de su nuevo Estatuto —lo que provocará convulsiones—, Ibarretxe ya ha puesto encima de la mesa de Rodríguez Zapatero una nueva versión de su plan secesionista. El Gobierno y el PSOE parecen debatirse en una duda que debería estar ya superada: el PNV y sus socios son los que tienen regresar a la legalidad constitucional y estatutaria; de no hacerlo, el PSE y el PP del País Vasco deben ofrecer al electorado en las próximas autonómicas una alternativa de sensatez frente al aventurerismo de un nacionalismo fracturado al que hay que dejar que resuelva sus contradicciones (autonomistas contra soberanistas y viceversa) por sus propios medios, sin emboscarse en coartadas, sean victimistas o prepotentes.
Éste es, a grandes rasgos, el estado de la cuestión: la crisis económica ha mostrado sus síntomas más inequívocos creando un escenario imposible para acordar la ya muy demorada financiación autonómica, mientras las tensiones centrífugas de los nacionalismos regresan por sus fueros. En este contexto, el descoyuntamiento del PP —en donde cunde la desesperanza—, es un dato negativo que se añade a un cuadro en el que las sombras apenas si dejan ver alguna luz. Crisis y problemas, pues, aunque con un Gobierno que parece facundamente inactivo y ya, claramente, por detrás de los acontecimientos, sin sentido de anticipación. Ésa es la consecuencia de que en España —y lo que queda hasta el verano— no haya una oposición digna de tal condición.
El error constitucional de Zapatero.
Pedro de Hoyos Periodista Digital 8 Mayo 2008
Empieza el Gobierno a moverse después de tantas semanas de dontancredismo en las que ha cedido a la crisis del PP los focos y el estrellato de los medios. No se ha hablado del gobierno ni bien ni mal mientras el PP parece ir en caída libre. Por fin el gobierno empieza a mover ficha, empezando por proponernos la modificación de algunos aspectos de la actual Constitución. Para eso están todas las leyes, especialmente la primera de ellas: para adaptarse a las necesidades cambiantes de una sociedad cambiante. Esos cambios que la vicepresidenta de la Vega propone son: Convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar la denominación de las Comunidades Autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e introducir el proceso de integración europea.
Nada que oponer a esos cambios constitucionales excepto a la introducción de los nombres de las autonomías en la Carta Magna. Hacerlo será perpetuar uno de los mayores errores cometidos en la Transición: la desaparición de Castilla en el plano político de España. Castilla siempre ha trabajado para España, siempre ha representado una idea global de España hasta el punto de haber renunciado a su independencia hace 500 años para parir este invento controvertido llamado España. Castilla nunca le va a suponer a España ningún conflicto territorial o político, antes al contrario, Castilla siempre ha servido a España.
Franco manipuló la idea de Castilla hasta hacerla coincidir con su ideal español, sin embargo fue el directo causante de la emigración de tres millones de castellanos. Los campos de Castilla se despoblaron porque sus hombres tenían que acudir a repoblar, una vez más, aquellas zonas donde sin haber brazos suficientes se instalaron fábricas de automóviles y altos hornos, con lo fácil que sería haberlos colocado donde ya había mano de obra bien dispuesta.
La actual constitución de 1978 para integrar a los nacionalistas catalanes y vascos (ojo: no confundir, no a catalanes y vascos, sino a sus nacionalistas) tuvo que ceder ante ellos y hacer desaparecer a Castilla como ente político, inventándose autonomías ficticias como Castilla-La Mancha (¡podían haber pensado en una Castilla-La Alcarria o Castilla-La Tierra de Campos!), Madrid (¿Acaso Madrid no es Castilla?) o Castilla y León, desgajando además a Cantabria (Santander siempre fue el puerto de Castilla) y la Rioja (Pero acaso este idioma universal que estoy utilizando se llama Riojano?) de su tronco castellano natural. Todo ello desnaturalizando la Historia y partiendo a Castilla en varias regiones para que quienes eran temerosos del potencial político, económico y cultural de 17 provincias castellanas se encontrasen una Constitución a su gusto, “su” constitución.
Perpetuarlo ahora en la letra de una Constitución injusta, hecha a medida de quienes la cuestionan permanentemente, es condenar a la eternidad la actual división de Castilla, la maltratada madre de España, y obligarla a continuar su largo harakiri inducido.
Imposición del euskera en la Administración del País Vasco
El Gobierno vasco dedica 15 millones a «euskaldunizar» a sus funcionarios
- Todos los empleados públicos tienen asignado un perfil lingüístico que han de acreditar para acceder a la plaza en un tiempo estipulado
- La inversión supone un incremento del 13% respecto a 2007
Iker Moneo - Vitoria La Razón 8 Mayo 2008
El Gobierno vasco evidencia en el presupuesto de este año una clara apuesta por impulsar el euskera entre sus funcionarios. Así, en el presente ejercicio invertirá 15.580.564 euros en clases de lengua vasca para el personal de la Administración autonómica, lo que supone un incremento del 13 por ciento respecto a 2007.
El mayor gasto, que asciende a 6.838.481 millones de euros previstos para 2008, va a parar a los docentes, seguido de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), que aglutina 4.468.772 euros este año. Mientras que el área que presenta un gasto menor es el de la Ertzaintza, con 723.894 euros, seguida de la Administración de Justicia, con algo más de un millón de euros.
En cuanto a los distintos departamentos que integran el Ejecutivo vasco, el que encabeza la mayor inversión es el de Sanidad, con cerca de 200.000 euros, y cuyo consejero, Gabriel Inclán, apenas entiende el euskera. Tras Sanidad, se sitúa Educación, con unos 150.000 euros. En este caso el consejero del ramo, Tontxu Campos, no sólo domina el euskera, sino que además lo va a convertir en la lengua vehicular y principal de la enseñanza obligatoria vía decreto.
Se trata de cifras globales que el Gobierno vasco no recoge como tales en sus proyectos presupuestarios de cada año -no existe una partida dedicada a la política lingüística-, por lo que el gasto aparece incompleto y diseminado en los distintos departamentos.
Los inéditos datos han sido facilitados por el Ejecutivo de Vitoria en respuesta a una pregunta realizada por el parlamentario del PP Santiago Abascal, quien denuncia que el tripartito «exige unos niveles de euskera a su funcionariado alejados de la pluralidad de la sociedad vasca». El propósito del Gobierno de Ibarretxe no es, según lamenta, «promocionar la lengua vasca, sino diferenciarse del resto de España y discriminar a parte de los ciudadanos vascos». «Con la imposición del euskera, el Ejecutivo vasco se convierte en el mayor enemigo de una lengua que es patrimonio de todos», apunta.
Todas las plazas de la función pública vasca tienen asignado un determinado perfil lingüístico (PL). Salvo en los casos en los que el perfil exigido es el «cero» o el PL1 (el nivel más bajo; implica poseer conocimientos básicos), el que más despunta, sobre todo en Osakidetza, es el PL2 (que equivale al cuarto curso de los cinco que existen en la Escuela Oficial de Idiomas). La acreditación del perfil puede exigirse de manera inmediata al acceder a la plaza, o en una fecha preceptiva. Entonces, el funcionario en cuestión puede acceder a una liberación parcial (de dos horas diarias) o total; extremo que conlleva echar mano de las sustituciones. Más dinero. Por ejemplo, en Osakidetza, sector representativo en tanto que es la mayor empresa pública vasca, el año pasado las sustituciones costaron más de 5.000 euros.
La parlamentaria del PP encargada del área de Sanidad, Laura Garrido, denuncia «la cantidad de dinero que invierte el Gobierno vasco en inmersión lingüística, en especial en Osakidetza, donde la situación de falta de profesionales empeora al permitirnos el lujo de liberar a parte del personal». «Incluso se da la paradoja de que muchos profesionales que se dedican a estudiar euskera, porque así lo exige su plaza, son entretanto sustituidos por otros que no conocen esta lengua», añade.
La conclusión que extrae es que «se merma la calidad y se supedita a intereses partidistas» y, además, que el tripartito está «euskaldunizando a sus funcionarios de manera acelerada en los últimos años». El gasto previsto por el Gobierno vasco en el presente ejercicio para promocionar el euskera es menor que el que dedica la Generalitat al catalán, 42 millones de euros, o al de la Xunta, que prevé invertir en 2008 unos 23 millones de euros en impulsar el gallego.
Pero lo cierto es que esta inversión va en aumento y ha pasado de algo más de 13 millones de euros en 2005 a más de 15 millones y medio de euros este año. Según Garrido, cada vez parece más evidente que para avanzar en la administración vasca es «fundamental» saber euskera, por encima de cualquier otro mérito. Algo que queda reflejado de manera gráfica en la última oferta pública de empleo de Osakidetza en la que el euskera vale 16 puntos, si es un nivel intermedio o 24 si es el superior, frente a los pírricos cuatro puntos de un doctorado.
3.983 PROFESIONALES DESDE 2003
Ibarretxe gasta 41 millones en liberar al personal sanitario para que estudie vascuence
El Gobierno vasco no sólo valora cuatro veces más el euskera que un doctorado para optar a una plaza en Sanidad, sino que en su proceso de inmersión lingüística ha liberado desde 2003 a 3.983 sanitarios para que estudien vascuence en una ikastola. Según informa El Mundo, el gasto de este procedimiento supera los 41 millones de euros, tanto para pagar los estudios como para sustituir a dichos profesionales. Por su parte, el consejero de Sanidad ha sentenciado que en el futuro "espera que el examen sea en euskera y no haya valoración".
Libertad Digital 8 Mayo 2008
El objetivo de conseguir la inmersión lingüística en la Sanidad vasca "no tiene precio". El Gobierno de esta Comunidad autónoma no sólo valora el euskera cuatro veces más que un doctorado a la hora de optar a una plaza sino que también ha realizado un importante desembolso económico para liberar a casi 4.000 sanitarios para que estudiasen en "ikastolas". De este modo, además de no realizar su trabajo tuvieron que ser sustituidos por otro personal.
En total, más de 41 millones de euros gastados por el Gobierno vasco que no pudieron ser destinados a la mejora de las infraestructuras, material y condiciones de la Sanidad vasca. Esta inversión del Ejecutivo de Ibarretxe ha supuesto un gasto de 15,39 millones de euros en la formación en ikastolas y 25,77 millones en la sustitución de este personal. Además, en marzo de este año se ha incrementado en un 30 por ciento el presupuesto para este fin debido a que se ha quedado insuficiente ya que el proceso de inmersión tiene que seguir aumentando.
Por su parte, el consejero de Sanidad vasco, Gabriel Inclán, ante la polémica suscitada por la excesiva valoración del euskera para optar a una plaza, se ha mostrado partidario que "en el futuro el examen sea en euskara y no haya valoración, como tampoco se valora el castellano". En este sentido, recalcó que en el País Vasco, el vascuence es "más que un mérito" por lo que subrayó que no se ha dejado "ninguna plaza" vacante ni han quedado fuera a profesionales de experiencia.
Según informa El Mundo, la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, criticó que el Gobierno de Ibarretxe "haga del euskera un instrumento político del proyecto nacionalista" e igualmente recriminó al PSE que "avale esta política nacionalista que no responde a la pluralidad de la sociedad vasca".
Pascual Tamburri elsemanaldigital 8 Mayo 2008
Este jueves, a las 8 de la tarde, Iñaki Ezkerra hablará en Pamplona de algo poco habitual: "La batalla de las ideas: nacionalismo vasco y Navarra". Poco habitual, sí, porque los abertzales son entre nosotros sólo una minoría pero últimamente no están recibiendo una respuesta profunda. Y al final, cuando uno está en política pensando sólo en cuentas y en encuestas, termina siendo derrotado por el que tiene ideas y principios claros.
Ideas. Uno puede no compartir todas las de alguien y sin embargo estar de acuerdo en asuntos esenciales. El Foro de Ermua y Ezkerra son polémicos, y ya lo han sido antes en Navarra, por ejemplo cuando en enero de 2006 convocaron una exitosa manifestación patriótica en el centro de Pamplona y tuvieron un éxito de gente pero también un coro de acobardados alrededor. ¿Que Ezkerra es laico? Bienvenido sea, porque aquí de lo que se trata es de defender España frente a sus enemigos y frente a sus malos defensores. ¿Qué Ezkerra, como Rosa Díez, no es foralista? Cuando lo que nos jugamos es la unidad de la nación y de su Estado, más aún la vertebración de esa España anterior a toda teoría, las particularidades son dignas y respetables, pero no esenciales.
Iñaki Ezkerra, como Rosa Díez, sin complejos. Una derecha social a la que evidentemente ellos no pertenecen los aplaude porque ellos dicen lo que otros callan. Prueba de esa transversalidad sin complejos es que a Ezkerra lo presenta en Pamplona Maribel Vals, católica militante de Vecinos de Paz, y que a ambos los reúne la Fundación Leyre. ¿Complejos? Para el que tenga más interés en su comodidad que en el bien común.
Por cierto, la conferencia de Ezkerra se celebra en el centro de Pamplona, en el Hotel Tres Reyes. El Nuevo Casino Principal, que al parecer tiene ahora entre sus miembros a quienes no lo habrían sido hace un siglo, ha tenido problemas con la agenda. Atentos pues al sitio y sobre todo a lo que diga Ezkerra, que desde luego será políticamente más relevante que dónde y cómo se cobran los 400 euros.
Socialista = ladrón
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 8 Mayo 2008
Testimonio de Julio Feo, hombre de confianza del estadista Felipe González, de que los socialistas se llevaban los fondos reservados en sus bolsillos.
¿Para qué usan los socialistas los fondos reservados?, ¿para pagar operaciones antiterroristas?, ¿para blindar los automóviles de los guardias civiles objetivo de los etarras?, ¿para comprar sillas de ruedas a los inválidos?, ¿para dar becas a los hijos de los asesinados?, ¿para asistencia psiquiátrica a las mujeres violadas?, ¿para pagar espías? No, para que los socialistas se paguen vacaciones, pisos y caprichos varios.
Palabras de Julio Feo en su último libro:
A mediados de diciembre del 82, recién llegado a Moncloa, vino a verme el interventor. Me dijo que quería hablar conmigo de los sobresueldos que se pagaban con los fondos reservados. Traía una lista y me explicó que desde hacía muchos años todas las personas que trabajaban en Moncloa, a excepción del presidente, tenían asignada una gratificación que se pagaba de los fondos reservados de Presidencia del Gobierno. Para mi sorpresa vi que mi sobresueldo era de un millón de pesetas al mes (...) Le dije al interventor que en principio no me parecía razonable (...) Se lo conté a Felipe, le dije lo que pensaba, le pareció bien y di instrucciones para que a nadie de los que estábamos allí por designación política se le diera gratificación alguna. En otros ministerios también se daban gratificaciones, siguieron con la costumbre y, años más tarde, tuvieron todo tipo de problemas por culpa de los fondos reservados.
Ya lo había contado en su otro libro.
¿Nos acordamos de Rafael Vera, condenado por secuestro y robo y que ahora se encuentra en libertad sin haber devuelto los millones que se llevó? ¿Nos acordamos de quién abrazó a Vera a la entrada de la cárcel?
El PSOE está haciendo que sea partidario de reducir el Estado a lo mínimo. Pagar impuestos, ¿para esto?, ¿para que enseñen a mis hijos las bondades del gaymonio y unos enchufados se pongan sobresueldos? Pues mira: no.
La tradición ladrona del PSOE: el robo de las cajas fuertes de los bancos de Oviedo en 1934, el robo del oro del Banco de España perpetrado por el socialista Juan Negrín, el tesoro del yate Vita.
Que los nuevos parados -¿cuántos habrán votado al partido de los ladrones?- vayan a pedir dinero a La Moncloa... o a Glez.
MÁS EJEMPLOS DE CÓMO EL SOCIALISMO ES ROBO
-El constructor Luis Del Rivero, tertuliano de ZP, aseguró en SEOPAN que el fichaje de Taguas tenía la bendición de Moncloa.
-Los bancos piden al Gobierno que el fondo de pensiones financie la crisis inmobiliaria. El dinero de los pensionisats presentes y futuros para El pocero y Florentino Pérez. Y los sindicatos callados.
-Ex altos cargos de la Junta andaluza, UGT, un ex consejero y sus familias, en la clínica de las minifaldas.
-Zapatero coloca a su primo.
El 41,4% de los ciudadanos hablan en castellano habitualmente, mientras que el 38,7% utiliza el catalán
EL PAÍS 8 Mayo 2008
El castellano es la lengua más utilizada en Cataluña, por delante del catalán -aunque por escaso margen de diferencia-, en todos los ámbitos de relación social (trabajo, casa y amigos), según refleja en un sondeo realizado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), dependiente de la Generalitat. Los resultados corresponden a la última oleada del informe sobre valores sociológicos en Cataluña, a partir de una muestra de 2.000 entrevistas y con un margen de error del 2,5%.
El 41,4% de los entrevistados reconocen que en su casa utilizan habitualmente el castellano para relacionarse con su familia, frente al 38,7 que responde que el catalán y el 14,1% que habla las dos lenguas por igual. Un 5% se expresa en otros idiomas. El castellano también aparece en primer lugar en las relaciones en el ámbito laboral, con el 26,2%, y el catalán es empleado por el 24,3%. El 21,4% habla ambos idiomas.
En el círculo de amistades, el castellano también se impone, con el 35,9%, al catalán (29,8%). El 30,2% asegura que utiliza ambas lenguas indistintamente.
Si bien la mayoría de los encuestados han nacido en Cataluña (62,1%), no ocurre lo mismo con el lugar de origen de sus padres. El 42% de ellos son catalanes y el 42,9% nacieron fuera de esta comunidad autónoma. De éstos, la mayor parte (47,8%) procede de Andalucía, frente al 14,6% que no son originarios de España. Estos resultados podrían explicar que el castellano sea, con diferencia, el idioma más hablado en el domicilio familiar, mientras que en el ámbito laboral y de amistades su superioridad respecto al catalán es mucho menor.
Sobre el sentimiento de pertenencia, el 35,3% de los encuestados se sienten tan españoles como catalanes, seguido de los que se identifican como más catalanes que españoles (19,2) y los que sólo se consideran catalanes (16,8). Frente al 9% de quienes dicen sentirse solamente españoles, cuando se pregunta por el sentimiento de los padres, este porcentaje se eleva hasta el 22%. El sondeo también refleja que el 54,2% se siente muy o bastante orgulloso de ser español, y el 73,8% de ser catalán.
El sondeo incluye preguntas sobre el grado de felicidad de los catalanes, el respeto a las tradiciones, los valores que más importan y el nivel de participación en actividades de ocio, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos o sindicatos.
La encuesta contiene un apartado dedicado a la emigración, en el que la mayoría de los entrevistados (41,1%) asegura estar de acuerdo en que éstos son "buenos" para la economía del país. Asimismo, el 85% considera que las personas extracomunitarias deberían adaptarse a las "costumbres" del país en el que residen. No obstante, casi el 92% responde que los derechos individuales y las libertades deberían ser respetadas en todas las circunstancias.
En una parte de la encuesta, se pregunta sobre el grupo de individuos que no apetecería tener como vecino. Casi el 50% admite que no aceptaría a un drogadicto; el 47%, a alcohólicos; el 31,8%, a gitanos; el 12,9%, a personas con Sida, y el 6,7%, a personas de distinta raza.
La mayoría de los encuestados (82%) opinan que las leyes penales tendrían que endurecerse, y el 93%, que deberían tomarse medidas más eficaces para la protección del medio ambiente. El 69% aprueba los matrimonios entre personas del mismo sexo.
El informe íntegro puede consultarse en la página http://www.gencat.net/economia/ceo
FRANCESC DE CARRERAS, LA VANGUARDIA 8 Mayo 2008
De nuevo han surgido noticias - probablemente debidas a filtraciones interesadas- sobre el hipotético contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Una vez más, el Tribunal ha sido utilizado como instrumento de la batalla política. Ello es doblemente lamentable: primero, porque se trata de un órgano fundamental para la credibilidad de nuestro Estado de derecho y, segundo, porque el carácter reservado de sus deliberaciones le impide defenderse sin vulnerar su deber de secreto.
Es cierto que en la propuesta de reforma del Estatut que aprobó el Parlament de Catalunya el 30 de septiembre del 2005, Catalunya es considerada nación. No sólo así se dice por tres veces en el preámbulo, sino que el apartado 1 del artículo 1 lo formula de manera breve, clara y contundente: "Catalunya és una nació". Es evidente, por tanto, que en dicha propuesta Catalunya era considerada nación.
Ahora bien, ello fue modificado de forma drástica en el Congreso de los Diputados, que estableció la redacción siguiente: "Catalunya, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica". Este texto, ratificado por el Senado y finalmente aprobado por referéndum en Catalunya, es el actualmente vigente. Asimismo, por si hubiera alguna duda, el artículo 8 del mismo Estatut afirma que Catalunya está "definida como nacionalidad en el artículo primero". Por tanto, está clarísimo que Catalunya es jurídicamente una nacionalidad y, como es sabido, in claris non fit interpretatio, es decir, en aquello que está claro no hace falta interpretación alguna. Mal podría el Tribunal Constitucional hacer una interpretación contraria al sentido gramatical del texto.
Por otro lado, este artículo 1.1 del Estatut vigente coincide casi textualmente con el también artículo 1.1 del Estatut anterior, el de 1979, que decía así: "Catalunya, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica". Como puede comprobarse, el único cambio supone, simplemente, una puesta al día del texto: el vigente Estatut ya no permite "acceder" a la autonomía porque ya se accedió a ella mediante el Estatut de 1979, ahora de lo que se trata es de "ejercerla". Así pues, reconoce que el llamado principio dispositivo ha dejado de tener vigencia. La nueva redacción no añade nada sustancialmente nuevo: no hay, en consecuencia, problema constitucional alguno.
Si ello es así, más de un lector puede pensar: ¿por qué se dice, por parte de unos y de otros, que el nuevo Estatut proclama que Catalunya es una nación? En efecto, tanto partidarios como contrarios al Estatut suelen sostener que en su texto se define a Catalunya como una nación. Se trata, sin embargo, de opiniones políticas con escaso fundamento jurídico, unos para hacer perdonar sus concesiones, otros para hacer evidente la inconstitucionalidad del texto. Ambos se basan en el siguiente párrafo del preámbulo: "El Parlamento de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad".
Discriminación lingüística muy grave
CARTAS AL DIRECTOR, ABC 8 Mayo 2008
Hace una semana estuve con mi mujer en el ambulatorio de Constanti (Tarragona), de urgencias. Mientras esperábamos me fijé en un cartel que avisaba sobre actuaciones de emergencia en caso de fuga química, dado que estamos en una zona superexpuesta a este tipo de peligros, pero cuál fue mi sorpresa al ver que el cartel no sólo estaba escrito en catalán, sino además en árabe y en francés, pero no en castellano. ¿Es que los castellano-parlantes no merecen ser informados de los peligros que nos acechan en esta zona tan contaminada y expuesta? ¿Es que no pagamos los mismos impuestos que los demás?
Pero esto no es algo casual: los partes médicos los mandan sólo en catalán, el diario oficial del Ayuntamiento, sólo en catalán, y eso que el alcalde es andaluz. Será cierto eso de que los de fuera se vuelven más radicales que los propios catalanes o es sólo para sentirse más queridos.
J. Vega. Tarragona

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
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