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Timestamp: 2013-05-18 11:23:08+00:00

Document:
a) Derechos y Deberes « Constitución Política Mexicana
El presente catálogo de derechos y deberes tiene reconocimiento mundial; se trata de la más fiel interpretación de los dos Pactos Internacionales de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, editado por la Organización de las Naciones Unidas (O. N. U), el cual responde a la necesaria lógica jurídica internacional, mismo que se aproxima a lo más adecuado y necesario para el caso particular de su integración a la parte dogmática de la nueva constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
El pueblo mexicano establece libremente su condición política y provee así mismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines puede disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse al pueblo de sus propios medios de subsistencia.
El Estado habrá de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en territorio mexicano y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en este documento, sin distinción alguna de raza, color, sexo idioma religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Adoptar con arreglo a los procedimientos constitucionales, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente documento, y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legilativas o de otro carácter. A garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en este documento hayan sido violados podrá interponer el recurso correspondiente aún cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales. La autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso.
En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, el Estado federal podrán adoptar disposiciones que en la medida de las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este documento, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente con motivos de raza, color sexo, idioma u origen social. Esta disposición no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8, 11, 15, 16 y 18. Al uso del derecho de suspensión deberá informarse inmediatamente a los demás estados de las disociaciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha que se haya dado por terminada la suspensión.
Ninguna disposición del presente documento podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos civiles y libertades reconocidos en este documento o a su limitación en mayor medida que la prevista en el. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente documento no los reconoce o los reconoce en un menor grado. Artículo 5
El derecho a la vida es inherente a la persona. Este derecho natural estará protegido por la ley. Nadie puede ser privado de la vida. Queda abolida la pena de muerte ni podrá ser impuesta o ejecutada por tribunal o institución alguna, en tal virtud, y para ser congruentes con este principio, las instancias del Estado encargadas de guardar el orden interno y de la seguridad nacional quedan desde luego, desprovistos de la facultad para el uso de armamento alguno, debiendo ser asegurado por la Contraloría de la Federación según el inventario existente, para ser inmediatamente destruido. Quién se pone al servicio de las armas no puede alegar razones de conciencia. Artículo 6
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En lo particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento, salvo que se trate del cumplimiento de una pena de trabajo forzado impuesta por tribunal competente. No se considera “trabajo forzado u obligatorio”: a.- Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada aún cuando goce del beneficio de la libertad condicional. b.- El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo los casos fijados por la ley y con arreglo a los procedimientos establecidos en ésta. Toda persona detenida será informada al momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de acusación formulada contra ella. Toda persona presa o detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en los actos del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales o para la ejecución del fallo. Toda persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá derecho efectivo a obtener reparación.
Toda persona privada de libertad por algún delito será tratada con respeto; los procesados serán separados de los condenados, serán tratadas de manera distinta a las personas ya condenadas. Los menores serán separados de los adultos y serán llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. El régimen penitenciario consistirá en tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados. Los menores delincuentes en cambio, serán separados de los adultos y serán sometidos a tratamientos adecuado a su edad y condición jurídica.
Nadie puede ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Se excluye de esta regla el contrato civil matrimonial en el caso de abandono de familia.
Toda persona que se halle legalmente en el territorio nacional tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia, y salir de el hacia otro país sin previo documento que autorice su salida o su retorno. Los derechos antes citados no podrán ser motivo de restricción salvo cuando se encuentre previsto en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública de los derechos y libertades de terceros.
El extranjero que se halle legalmente en territorio nacional solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión judicial de éste u de otro país, o por razones imperiosas de orden democrático o seguridad nacional, permitiendo al extranjero de que se trate, exponer en juicio sumario las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso sin demora a revisión ante autoridad competente.
Todas las personas son iguales ante los tribunales. Tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por las leyes. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte del juicio a petición de parte interesada, por consagraciones de orden moral, público o seguridad nacional; pero toda sentencia será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, y en los juicios de carácter familiar.
Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe lo contrario.
Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a.- A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b.- A disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección y con todas las personas que desee, facilitándole los medios para ello; c.- A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d.- A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por defensor de su elección; a ser informado si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, a que se le nombre uno de oficio gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagar uno por su cuenta; e.- A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparesencia de testigos de descargo; f.- A ser asistido por un interprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g.- A no ser obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse culpable. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo correspondiente y la pena que se le haya impuesto sean revisadas por un tribunal superior. Cuando una sentencia haya sido revocada por haberse probado la inocencia o un error judicial, la persona tendrá derecho a ser indemnizada, a menos que se compruebe que el error provino de no haber revelado oportunamente el hecho desconocido. Nadie podrá ser juzgado dos veces por delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto en sentencia firme.
Nadie será condenado por actos u omisiones en que al momento de cometerse no fueren delictivos. Tampoco se impondrán pena más grave que la aplicable al momento de la comisión del delito. Si con posterioridad en un lapso de un año a la comisión del delito la la ley impone una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Toa persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de creencias y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, manifestarlas individual o colectivamente, en público o privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza. Nadie puede ser objeto de menoscabo de su libertad de tener la religión o las creencias de su elección. Esta libertad estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger el orden democrático, la seguridad y el orden público, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Se respeta la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Nadie puede ser molestado por causas de sus opiniones. Toda persona tiene la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijados por la ley y ser necesarias para: a.- Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b.- La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública.
Toda institución en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda propaganda o apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. El territorio mexicano es un espacio geográfico de paz. Artículo 19
Se reconoce el derecho de reunión pública. El ejercicio de este derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones de la ley en bien del interés del orden democrático, la seguridad nacional o del orden público o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás.
Las personas tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. El ejercicio de este derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas en la ley que sean necesarias para el orden democrático, la seguridad nacional, la seguridad publica, el orden público o para proteger la salud, la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Artículo 21
La familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una sociedad familiar tenga o no la edad para ello, bastará saber su voluntad. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al contrato matrimonio y en caso de disolución del mismo, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria para los hijos y el cónyuge inocente.
Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social,posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad civil y del Estado. Todo niño tiene derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tener un nombre. Todo niño tiene derecho a una nacionalidad.
Toda persona de origen mexicano tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos en forma directa y sin restricciones y a ser seleccionado mediante el proceso de selección del sistema democrático de la Demarqía, en condiciones generales de igualdad, a todas las funciones públicas de su país.
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivo de raza, edad, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
En los Estados donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma, usos y costumbres.
El pueblo tiene derecho a la libre auto determinación de su condición política y proveer asimismo sobre su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de este fin, el pueblo tiene derecho a disponer libremente de las riquezas y recursos naturales que le sirvan como medios que satisfagan sus necesidades de abrigo, refugio o alimento, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que deriven de la regulación que se haga de ello en la Ley Federal de Terrenos Nacionales.
En ejercicio de los derechos garantrizados en este documento, el Estado en su aspecto legislativo, podrá someter únicamente a limitaciones determinadas por la ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de proveer el bienestar general de la sociedad. Ninguna disposición del presente documento podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a los poderes del Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos legislativos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en este documento, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos reconocidos en la ley, convenciones, reglamentos o costumbres a pretexto de que el presente no los reconoce o los reconoce en menor grado.
Los trabajadores con su fuerza de trabajo son los que hacen las utilidades, las utilidades liquidas se hallan contenidas en las mercancías fabricadas por ellos sin embargo, existen dueños de utilidades ya generadas que sin haber necesidad de aportar esfuerzo que signifique trabajo físico pueden asociarse con trabajadores en un proceso productivo, lo que indica la unión de voluntades en un fin comercial común es decir, tradicionalmente la fuerza de trabajo se subordina al salario que era una parte de las utilidades del trabajo lo cual resulta muy inequitativo en cambio, la combinación de voluntades en un interés común nos permite encontrar la cuadratura de dicha relación, la que no puede ser otra que una Sociedad Comercial de Utilidades y Riesgo Compartido por lo tanto, se reconoce el derecho de todas las personas trabajadores y dueños de utilidades liquidas a asociar sus intereses comunes para generar a su favor nuevas utilidades, esta relación solo podrá nacer a la vida jurídica mediante un acuerdo de voluntades entre las partes trabajador y administrador, previa suscripción de un contrato de sociedad.
La prestación de servicios se regirá por los lineamientos del Código Civil y el pago de honorarios se regirá de acuerdo al sistema porcentual o tarifa estipulada por el arancel correspondiente.
Se deroga del lenguaje el término “salario” como sistema de retribución al trabajador.
Se reconocerá el derecho de todas las personas trabajadores o administradores al goce de las condiciones establecidas por la Sociedad Comercial de Utilidad y Riesgo Compartido en especial: a.- Una distribución equitativa de las utilidades, sin distinciones de ninguna especie; b.- A condiciones de existencia dignas para todos los socios y para sus familias c.- De seguridad e higiene en el trabajo; d.- De igualdad de oportunidades; e.- De descanso, de disfrute del tiempo libre, de razonables horas de trabajo, de vacaciones etc, en fin, todo aquello que de conformidad con el contrato de sociedad y las disposiciones de la nueva Ley de Sociedades Comerciales de Utilidad Compartida establezcan. Artículo 30
Se garantiza el derecho de toda persona a fundar Sociedades Comerciales de Utilidad Compartida, y a asociarse a la de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la sociedad que corresponda. Para promover y proteger sus intereses sociales, existen los tribunales civiles del orden común. No habrá mas restricciones a este tipo de sociedades que las que sean necesarias para una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, el orden público, o para la protección de los derechos de terceros. Nada de lo dispuesto autoriza al Estado en su facultad legislativa a menoscabar las condiciones que libremente las partes estipularon en los Contratos de sociedad.
Se reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Se debe concederá la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad, la mas amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras mas responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y despues del parto. A las madres que trabajan se les debe conceder licencia con remuneración y prestaciones de seguridad social. Se deben adoptar medidas especiales en favor de los niños y adolecentes, sin discriminación alguna por razón de su filiación o cualquier otra condición; se les debe proteger contra la explotación económica y social, su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o peligrosos para su vida o desarrollo normal. Las ley del trabajo debe establecer limites de edad por debajo de los cuales queda prohibido emplear a sueldo a menores. El Estado asume la responsabilidad de garantizar este derecho.
Se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y para su familia que incluyan alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. El Estado tomará medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Se reconoce así el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hamble, el abrigo y el refugio en la implementación de los sistemas que sean necesarios para: a.- Mejorar los métodos de producción y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y cientificos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios así como la implementación de un sistema que facilite el transporte de los productos alimenticios. Asegurar la distribución equitativa de los alimentos en relación con las necesidades de cada lugar.
Se reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del mas alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que debe adoptar el Estado a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figuran las necesidades para: a.- La reducción de la mortalidad; b.- El mejoramiento de la higiene del trabajo y el medio ambiente; c.- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, profesionales u de otra índole, y la lucha contra ellas; d.- La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Se reconoce el derecho de toda persona a la educación. La educación debe orientarse hacia los planes de desarrollo de la personalidad humana y el sentido de la dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así mismo,la educación debe capacitar a las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión objetiva, la tolerancia y la amistad para con todos sus semejantes, entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover el mantenimiento de la paz entre las naciones. Con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a.- La enseñanza primaria y secundaria debe ser obligatoria, gratuita y accesible a todos en sus diferentes formas, aún para aquellas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional. b.- La enseñanza superior debe ser accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno dependiendo de las modalidades que se establezcan en la Ley de Educación correspondiente. c.- Se ha de respetar el derecho de los padres y, en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas a las creadas por el Estado, siempre que aquellas satisfagan la normatividad que la ley de la materia establezca.
El Estado se hace responsable de elaborar y adoptar, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos cuya base sea la educación objetiva de las personas.
Se reconoce el derecho de toda persona a: a.- Participar en la vida cultural; b.- Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c.- Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones cientídicas, literarias o artísticas de que sea autora. Para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y el arte. Se respetará la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora que sea respetuosa de la vida humana. Se reconoce tambien los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre las naciones en asuntos científicos y culturales.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y disfrute de sus libertades toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar le reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del oden público y del bienestar general de la sociedad.
Toda persona tiene el deber, en los términos establecidos por la Declración de derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas, de los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tal efecto, con el objeto de obtener la resolución que proteja sus derechos humanos. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechoahabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo y para dar cumplimiento a las desiciones emanadas de los órganos internacionales.
Toda persona tiene el deber de contribuir para los gastos de los Poderes Públicos.

References: Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 19
 Artículo 21
 Artículo 30
 resolución