Source: http://www.mercojuris.com/category/jurisprudencia/?id=3357
Timestamp: 2017-09-23 21:53:41+00:00

Document:
ROULLIER ARGENTINA SA c/ DGA s/recurso de apelación (Por: T.F.N. Sala E) N° de Expediente: 27.298-A
En Buenos Aires, a los 7 días del mes de octubre de 2010, se reúnen las señoras Vocales de la Sala “E”, Dras. Catalina García Vizcaíno, D. Paula Winkler y Cora M. Musso, con la presidencia de la nombrada en último término, a fin de resolver en los autos caratulados “ROULLIER ARGENTINA SA c/ DGA s/recurso de apelación”; expte. N° 27.298-A.
I) Que a fs. 39/50 vta. ROULLIER ARGENTINA SA, por representante, interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo Nº 185/2006 (AD PASO), dictada por el Sub-Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en tanto la condena al pago de una multa de $ 19.758,76 por presunta infracción del art. 954 inc. c) del CA. Opone la nulidad de todo lo actuado desde la actuación administrativa correspondiente a la verificación. Relata que los hechos tuvieron su origen en el sumario contencioso N° 874/2005; que la empresa compareció a evacuar la vista en la cual, si bien reconoció un faltante de 56 tn. de fertilizante SULFAMMO, se negó al pago de la multa en mérito al beneficio acordado en el art. 917 del CA; que allí se expuso que la causa de la imposibilidad de entrar al país de la totalidad de la mercadería consignada en la factura 122/2003 se debe a un incumplimiento por parte del exportador (incurriendo a su vez a un incumplimiento del contrato de compraventa), por lo cual dicha modificación intempestiva generó para la importadora una cuestión de fuerza mayor, no resultándole imputable la inexactitud en la declaración; que, de hecho, la nota de crédito emitida por la exportadora implica que la importadora pagó por lo efectivamente recibido o entrado al país no habiendo diferencia o inexactitud entre lo nacionalizado y lo pagado; que en ningún momento ha intentado transgredir el sistema arancelario y las restricciones a las importaciones, no registrando antecedentes análogos en aduanas del país. Indica que la Aduana, haciendo caso omiso de los argumentos expuestos, dictó la resolución condenatoria recurrida. Destaca que en ningún momento se notificó del contenido del sumario de referencia negándosele su acceso, en contra de lo previsto en el art. 38 de la LPA, vulnerando así el derecho de defensa y derivando, en consecuencia, en la nulidad de todo lo actuado. Se refiere a las consideraciones empleadas por la Aduana para justificarse. Fundamenta la nulidad planteada en la omisión de su notificación, entendiendo lo esencial que resulta la posibilidad de intervención del imputado en el procedimiento, por su raigambre constitucional. Estima que la aludida nulidad es de carácter insanable y absoluto. Realiza un pormenorizado análisis sobre las consideraciones jurídicas adicionales en lo atinente al fondo de la cuestión, citando jurisprudencia de la CSJN y doctrina. Analiza el art. 954 del CA y afirma que en el caso se ha probado la inexistencia de tipicidad. Explica la naturaleza y la gravedad de las infracciones, manifestando el carácter punitivo de las mismas y la posibilidad de graduarse en función a diferentes parámetros. Entiende que en el sub-lite la inexistencia de antecedentes infraccionales y la reducida magnitud de la infracción son motivos suficientes para revocar la pretensión punitiva de la DGA o, al menos, reducirla al mínimo. Entiende que ya no es posible distinguir entre ilícitos aduaneros y penales, siendo todo el sistema aduanero de naturaleza penal. Cita jurisprudencia al respecto. Manifiesta que en el caso, y en orden al principio de culpabilidad penal, existe ausencia del elemento intencional y subjetivo que califica la infracción aduanera, no configurándose lo prescripto por el art. 954 del CA. Menciona que su accionar excluye responsabilidad penal ya que no existió falseamiento alguno en la descripción de la mercadería importada ni en su localización, excluyéndola de la pena lo dispuesto por el art. 1098 inc. c). Hace referencia al principio de razonabilidad incluido en el art. 28 de la CN. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se revoque la multa o, en subsidio, se disponga su reducción, con costas.
II) Que a fs. 62/70 vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Destaca que el sistema aduanero reposa sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones sobre la naturaleza, calidad, precio y propiedades de las mercaderías objeto de las operaciones aduaneras. Expresa que las declaraciones aduaneras efectuadas para dar cumplimiento a las operaciones con mercaderías introducidas o extraídas comprometen la responsabilidad de quienes las formulan, ya que las inexactitudes son punibles si produjeren o hubieren podido producir alguno de los efectos contemplados. Transcribe el art. 954 del CA y lo explica. Estima que, habiéndose efectuado ante el servicio aduanero una declaración que difiere con lo resultante luego de la comprobación, habida cuenta de que se constató la existencia de faltante, produciéndose un egreso hacia el exterior de un importe distinto del que correspondiere, se encuentra tipificada la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del CA. Acota que el declarante es quien debe asumir las responsabilidades propias de la declaración que formula ante la Aduana. Por lo tanto, si el declarante tiene dudas sobre la veracidad al presentar una declaración aduanera, debe verificar previamente la cantidad exacta de la mercadería importar, ya sea mediante revisión de la documentación o tomando conocimiento previo de la mercadería (art. 221 del CA). Aduce que no cabe dudas que en el caso la diferencia entre lo declarado y lo verificado se produjo sin que exista cuestionamiento alguno al respecto. Afirma que el importador también es responsable por la inexactitud de la declaración aunque la misma se hubiese producido por errores o incumplimientos del cargador. Cita jurisprudencia. En cuanto a la nulidad planteada, entiende que no le asiste razón a la actora. En relación con el planteo sobre la pretendida aplicación de la teoría que pregona la naturaleza subjetiva de las infracciones aduanera, efectúa algunas consideraciones, destacando que dichas infracciones poseen carácter objetivo, por lo que acreditados los extremos requeridos por la norma, se tiene por configurada la infracción sin que sea necesario examinar el elemento culposo. Cita doctrina. Arguye que tampoco le asiste razón a la contraparte cuando plantea que corresponde la aplicación del art. 898 del CA, en tanto no hay dudas acerca del incumplimiento e inexactitud de la declaración efectuada. Con respecto a la pretensión de la importadora de que se configuró el supuesto de la autodenuncia en los términos del art. 917 del CA, sostiene que no corresponde, ya que en las presentes actuaciones la totalidad de la mercadería no arribó en el plazo estipulado a tal fin. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se dicte sentencia confirmando el decisorio apelado, con costas a la actora.
III) Que a fs. 72 se declara la causa de puro derecho.
IV) Que a fs. 1 del Expte. 12315-709-2006 luce la multinonota DGA, del 17/12/03, presentada por Miguel Ángel Báez (despachante de aduanas), por la cual solicita la cancelación por lo real embarcado del SIM IC03 003340E, que luce, ensobrado, a fs. 2. A fs. 3/8 obran Manifiestos de Carga Nros. 03042MANI104436U, 104642T, 104643U, 105905W, 105909D y 106992G, respectivamente. A fs. 12 se informa que el despachante de aduanas ha sido dado de baja por fallecimiento. A fs. 14/16 se adjunta nota por la cual se autoriza al despachante a actuar en la dependencia de la firma Roullier Argentina SA. A fs. 17/18 se dispone instruir sumario contencioso por infracción del art. 954, ap. 1, inc. c) del CA y se corre vista de todo lo actuado a la firma Roullier Argentina SA (que se da por notificada el 03/01/06; fs. 21/22) y al despachante de aduanas. A fs. 21/22 contesta vista la importadora. A fs. 27 se proveen las pruebas ofrecidas. A fs. 35/37 se emite el Dictamen N° 221/06, el que propicia un fallo condenatorio. A fs. 38/41 se dicta Resolución N° 185/2006, apelado en especie.
V) Que si bien es esencial la intervención del imputado en los llamados “actos definitivos e irreproductibles” (conf. lo ha sostenido la suscripta, entre otros, en Derecho Tributario, Tomo II, p. 175, 4ª edición, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2010), el citado inc. b) del art. 1094 del CA sólo refiere a la citación del interesado respecto de la verificación de la mercadería, a fin de que con posterioridad no se controvierta su estado o naturaleza, mas no impone el requisito de la citación del interesado con relación a la “clasificación y valoración” de la mercadería, operaciones propias del servicio aduanero, que luego pueden controvertirse en estadios (etapas o instancias) ulteriores, por lo cual, en principio, no tienen el carácter de actos definitivos e irreproductibles.
Que en el presente no se encuentra controvertido el faltante de 56 toneladas de fertilizante SULFAMMO (ver fs. 39 vta. de autos y fs. 1 de los ant. adm.), por lo cual no cabía citación alguna para la verificación de ese faltante.
Que, por otra parte, en la contestación de la vista de fs. 21/22 de los ant. adm. no se planteó nulidad alguna por la invocada falta de verificación, por lo cual se perdió el derecho de hacerlo en lo sucesivo en los términos del art. 1104 del CA.
Que, asimismo, respecto de los supuestos vicios invocados en el escrito de interposición del recurso, se les aplica el principio de la subsanación en instancias ulteriores de cualquier irregularidad formal en que pudiera haberse incurrido.
Que constituye doctrina de la Corte Suprema que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205:549; 247:52 consid. 1º.; 267:393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos, 205-549, consid. 5º y sus citas) -TFN, Sala E, entre otros, “Rivera, Alcides” del 27/5/86, “López Arispe, José”, del 5/9/88-.
Que, a mayor abundamiento, cuadra destacar que se ha dicho reiteradamente que es doctrina de la CS que la tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 243:560; 246:266; 248:584; 249:549), excepto ciertos supuestos que no se dan en la especie como v.gr., la contradicción entre considerandos y parte dispositiva (cfr., entre otros, “Scicolone, Manuel S. c/Prantera, Omar Alberto y otros”, del 26/11/91).
Que, por lo demás, siendo la decisión suficientemente fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos del recurrente (entre otros, Fallos, 251:39). Por tanto, cabe su rechazo, con costas.
Que basta la mera culpa para que se tenga por configurada la infracción atribuida a la apelante.
VII) Que el Código Aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas. El art. 954 de ese Código reprime y sanciona -en correlación al bien jurídico protegido- al que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración inexacta, que de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir, entre otros supuestos: c) el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe distinto del que correspondiere con multa de 1 a 5 veces el importe de la diferencia. Por este supuesto ha sido condenada la recurrente por la Resolución Fallo N° 185/2006 (AD PASO).
Que en mi voto en disidencia en el plenario del 23/8/95 en “YPF SA”,, y en los pronunciamientos de la sala E, como el dictado in re “Nidera Argentina SA c/ Administración Nacional de Aduanas”, del 7/3/95, he sostenido lo siguiente:
“Que el dec. Nº 530/1991 dejó sin efecto ‘la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos…’ (art. 1º). Esta no obligatoriedad relativa al mercado de cambios no significa que no sea obligatoria la declaración de las divisas y los ingresos, en general, derivados de la exportaciones en los permisos de embarque respectivos. La expresión ‘ingreso…desde… el exterior’ utilizada por la norma penal examinada en el sub lite denota el precio obtenido por la exportación, que configura asimismo ganancia para el exportador. Los egresos hacia el exterior son los importes pagados o por pagar por las importaciones.
”Que el antecedente del art. 954 ap. 1, inc. c, del CA se halla en la ley 19.881, siendo que en la Nota al Poder Ejecutivo que acompañó su proyecto, se expresaba que ‘uno de los problemas que han merecido principal preocupación es el de las sobrefacturaciones en las operaciones de importación y de las subfacturaciones en las de exportación, ello debido a que, en general, la repartición aduanera suele concentrar sus esfuerzos en detectar, justamente los fenómenos inversos’.
”Las sobrevaloraciones en importación —continúa esa Nota— reconocen su causa en situaciones en que los valores reales no adquieren relevancia decisiva a los fines fiscales aduaneros en forma directa o para la aplicación de restricciones a dichas operaciones. ‘Las situaciones más expuestas a estos comportamientos —sigue diciendo la Nota— son aquellas en que el costo fiscal aduanero directo, por los restantes tributos, derivados de la sobrefacturación, es insuficiente para contrarrestar las ventajas ilegítimas que pueden proporcionar la diferencia de cotización de divisas entre el mercado oficial y los clandestinos, la evasión total o parcial de la aplicación de derechos antidumping o compensatorios y la evasión de la imposición interna directa, mediante el abultamiento ficticio de gastos con correlativa disminución de beneficios (…). Es decir, aparte del daño que se inflige en forma directa a la Nación en un momento dado en el mecanismo cambiario, también se produce un perjuicio directo en el sistema fiscal en el caso de los derechos antidumping y compensatorios y otro mediato en los restantes (… ). Paralelamente, la misma clase de inquietudes motiva la revisión de las disposiciones que reprimen la falsa manifestación de exportación’ (…).
”Que la ley 19.88l [agregábamos en el mencionado voto] al modificar la ley de aduana en el sentido de penar las declaraciones inexactas en cuanto —como se dijo— a las subfacturaciones en las exportaciones y a la sobrefacturación en las importaciones refería a los importes pagados o por pagar —importaciones— y a los importes percibidos o por percibir —exportaciones—, y fijaba la sanción sobre la base del ‘importe de la diferencia entre los importes declarados o documentados y los que se comprobare que efectivamente correspondieren’ —ver arts. 167 inc. b y 171 inc. b de la ley de aduana modif. por la ley 19.88l—, a semejanza del art. 954 ap. l inc. c del CA que consigna la expresión ‘ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere’, sancionando con multa de 1 a 5 veces el ‘importe de la diferencia’.
”Que (…) la finalidad del art. 954 ap. 1 inc. c ‘en materia de exportaciones es penar la subfacturación, puesta de manifiesto por documentar menos de lo que se exporte, con lo cual parte del precio de venta quedaría en el extranjero…’.
”Que, a mayor abundamiento, ha de recordarse que la ANA [hoy DGA] puede brindar información a la Dirección General Impositiva para que ésta ejerza los poderes de verificación y fiscalización que las leyes le otorgan; no rige el secreto fiscal para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, en lo atinente a informaciones directamente vinculadas con los gravámenes de sus jurisdicciones —cfr. art. 101 inc. b de la ley 11.683, t.o. en 1978 y modif.— [actualmente, t.o. en 1998 y modif.].
Que la Corte Suprema ha adoptado un criterio aún más amplio, al entender que se puede cometer declaración inexacta tanto en las subvaluaciones y sobrevaluaciones en importación como en exportación (conf. “Bunge y Born Comercial SA”, del 11/6/98 y “Free Port Importación SRL”, del 16/3/99.
Que, en consecuencia, resultando un faltante de mercadería respecto de la declarada por la actora se tipifica el elemento material de la infracción tipificada en el inc. c) del ap. 1 del art. 954 del CA, sin que cobre relevancia la ulterior nota de crédito expedida por la importadora (ver fs. 20 de autos), toda vez que las relaciones entre exportadora e importadora no pueden ser oponibles a la Aduana, debiendo bastar por sí sola la declaración comprometida en cuanto a su veracidad y exactitud.
Que cabe destacar que en la contestación de la vista de fs. 21/22 de los ant. adm. la actora no controvirtió la comisión de la infracción endilgada, sino que sólo pidió el beneficio de la autodenuncia del art. 917 del CA.
VIII) Que el Anexo II, acápite II, inc. b) de la Res. Gral. de la AFIP N° 583/1999, referente a envíos fraccionados por vía terrestre, amparados por un único documentado de transporte (antes de la modificación de la Res. Gral. de la AFIP N° 2347/2007, en virtud de la fecha de los hechos de esta causa) prevé: “La oficialización de las Destinaciones que utilicen los subregímenes IC03, IT03 e IT13 deberá efectuarse una vez presentado el Manifiesto correspondiente a la primera fracción arribada”.
Que la destinación 03 042 IC03 003340E, oficializada el 09/12/2003, consistió en una importación a consumo de mercadería vía terrestre en envíos fraccionados por 200.000 Kgs. de fertilizantes de la Posición SIM 3105.59.00.000D (ver sobre contenedor de fs. 2 de los ant. adm.).
Que del cuerpo de la destinación resulta que en los días 12/12/03 y 15/12/03 fueron verificadas conforme 500 bolsas de fertilizantes y 380 bolsas de fertilizantes, respectivamente, por los MANI 105905W y 106992G.
Que no se halla controvertido que la mercadería descargada ha sido 144 toneladas y que resultó un faltante de 56 toneladas (ver fs. 1, 10 y 21 de los ant. adm., así como fs. 20 y 39 vta. de autos).
Que por el Anexo III de la citada Res. Gral. de la AFIP 583/1999, se tiene que el Manifiesto de Importación será presentado ante el Servicio Aduanero al arribo de cada medio transportador, y que el Servicio Aduanero “controlará las fechas de los distintos arribos, a fin de constatar que la totalidad de los mismos se produzca dentro del plazo de QUINCE (15) días, de acuerdo a lo establecido por la Resolución ANA Nº 970/95-ANEXO IV A”.
Que esto quiere decir que la actora contaba con 15 días a partir del 09/12/2003 para completar el ingreso de las 200 toneladas documentadas.
Que antes del vencimiento de ese plazo de 15 días, su despachante de aduana presentó la nota del 17/12/2003 que tiene el carácter de autodenuncia, a la que se aplica la reforma de la ley 25.986 como ley penal más benigna en los términos de los arts. 899 a 901 del CA.
Que, en efecto, el art. 917 del CA prevé un supuesto de atenuación, por el cual se reduce la multa en el 75% de su importe mínimo, que es el de la autodenuncia. Antes de la ley 25.986 —BO, 5/1/2005—, este beneficio sólo se circunscribía a las declaraciones inexactas y se limitaba a supuestos muy reducidos. La ley 25.986 amplió los supuestos y extendió el beneficio a todas las infracciones aduaneras, excepto casos de la transgresión de fondo a los regímenes de destinación suspensiva.
Que el actual art. 917 del CA (según la reforma introducida por la ley 25.986) dispone:
Que reitero que el despachante de aduana de la apelante hizo saber al servicio aduanero la comisión del ilícito endilgado, cuya atenuación de sanción ha solicitado antes del vencimiento del plazo de quince días conferido para completar los arribos.
Que estimo que no se configura el supuesto del ap. 3 del art. 917 del CA, consistente en la inaplicabilidad de la figura de la autodenuncia por “el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”, toda vez que el 17/12/2003 el despachante de la recurrente puso de manifiesto al servicio aduanero que quedaba pendiente un saldo de 56 toneladas, ya que la firma exportadora brasileña informó que no poseía stock de la mercadería “y que por el momento no está fabricando este producto. Esto motiva el pedido de cancelación por lo real embarcado del mencionado SIM” (fs. 1 de los ant. adm.).
Que, por consiguiente, considero que debe prosperar la reducción del art. 917 del CA, al no surgir de los actuados que se hubiera estado sustanciando un proceso de inspección aduanera o impositiva con anterioridad a la nota del 17/12/2003.
Que siendo la multa mínima de $ 19.758,76, se reduce en un 75%, dando por resultado $ 4.939,70.
1°) Rechazar la nulidad opuesta por la actora. Con costas.
2°) Modificar la Resolución Fallo N° 185/2006 (AD PASO), fijando la multa en $ 4.939,70 (pesos cuatro mil novecientos treinta y nieve con 70/100). Costas conforme a los vencimientos.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución