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Timestamp: 2018-05-24 00:29:47+00:00

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Abogados en Malaga: Problemas con los metadatos
Problemas con los metadatos
Puedes proceder a luchar por tus derechos interponiendo querella contra el presunto autor. Whatsapp, pero también los chats, o foros o otros tipos de paginas sometidas a la legislación sobre sociedad de la información disponen de mecanismos de información de estas eventuales injurias vertidas a través de su página para proceder a su análisis y/o bloqueo o retirada Se produce una dificultad múltiple pues. El castigo de de las injurias, se extiende incluso "postmortem" (Sentencia del Tribunal Constitucional 176/1995 ) y se aplica a todo tipo de personas físicas. Evidentemente, los menores que disponen de un smartphone tienen más riesgos que los que usan móviles más antiguos, puesto que a través de los teléfonos inteligentes pueden acceder a Internet con mayor facilidad y realizar u na gran cantidad de actividades, como descargar aplicaciones, jugar o escuchar música online . La jurisprudencia ha tratado este tema de una manera reiterada y pacífica, en sentencias como la del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1993, estableciendo que “este delito tiene una doble vertiente, la objetiva, constituida por expresiones o acciones que menoscaben la honra, el crédito o la dignidad de la persona afectada, y la subjetiva, representada por ser precisamente esa la finalidad del agente, es decir, el producir esa lesión del honor y la dignidad.” El elemento objetivo se constituye por aquellos actos o expresiones con la carga ofensiva necesaria para lesionar la dignidad de una persona o menoscabar su fama.
La formación y el aprendizaje en su concepción más generalizada, no sólo no quedan exentos de este fenómeno sino que se están convirtiendo en los aliados imprescindibles para posibilitar el tránsito hacia un nuevo paradigma social. Dado que recientemente se ha reformado la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU), introduciéndose algunos cambios importantes para los prestadores de servicios (especialmente los que se refieren a la forma y plazos de la devolución de productos), éste puede ser un buen momento para actualizar la información y los textos legales ya existentes y completamente personalizados para su negocio en concreto. El problema pues está en el libre acceso al contenido del teléfono, fácilmente manipulable sin control judicial. Este Tribunal (por Audiencia Nacional) se ha referido expresamente a la imposibilidad de encontrar una definición del mismo en el propio ordenamiento jurídico ( STC 223/1992 (LA LEY 2065-TC/199 ). Acciones y remedios contra el daño a la reputación, intimidad y honor.
Tanto para las sociedades y profesionales que deseen iniciarse en estas actividades con todas las garantías jurídicas, como para las empresas ya basadas en el uso de la informática y telecomunicaciones, dispone de un producto exclusivo que cubre las principales necesidades de carácter jurídico que presentan, nuestro Servicio Integral de Asesoramiento Jurídico De esta forma, nuestros clientes que optan por la contratación de este servicio, tienen garantizada una asistencia jurídica de primer nivel para el cumplimiento de todos los grupos normativos a que su actividad empresarial o profesional se encuentra sujeta, tales como la LSSICE o la LOPD, estableciendo además un sistema de vigilancia para estar permanentemente adaptados a la normativa siempre cambiante en estos aspectos. Por lo tanto, de lo anterior podemos extraer las siguientes conclusiones: La primera conclusión es que, a día de hoy, existe la obligación para todas las personas jurídicas y también para las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales colegiados o quienes representen a un interesado que, a su vez, está obligado a dirigirse electrónicamente a la Administración y a realizar electrónicamente con ella cualquier trámite. A partir de esta constatación, y a la vista de que ni se ha practicado en la primera instancia prueba alguna que advere los documentos impugnados por el actor en el acto de la audiencia previa, se está en el caso de estudiar si la valoración que de ellos realiza el Juez de la anterior instancia es correcta, ajustada a la Ley y a las reglas de la lógica.
"Sería raro que sucediera en España, porque la realidad fáctica es que ya es efectivo", defiende Cotino. En este sentido y como primera premisa hay que tener en cuenta que la libertad de expresión no incluye ni el insulto, ni las injurias con finalidad de desprecio. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. únicamente conocía como el “Invisible” y logró anotar los datos del vehículo alquilado. Y así, se condiciona la viabilidad del derecho de la persona física y la exigibilidad de la obligación de la persona jurídica al cumplimiento por la administración destinataria de “las previsiones relativas”… a la administración electrónica. Antivirus, suites de seguridad. Como es imaginable, el estudio de una mera relación de páginas visitadas por una persona concreta, sobre todo si el rastreo se refiere a un periodo de tiempo más o menos prolongado, puede ofrecer una enorme información sobre la personalidad, la economía, los gustos, las aficiones, las preocupaciones de ese ciudadano en concreto. 2º Los autorizados por notario con arreglo a derecho ” (artículo 317 LEC); por documento privado (artículo 324 LEC); etc.
El delito de injuria se comete al difamar a una persona. "Hay que ver cómo se logra que se refuerce la libertad de expresión, que es el valor fundamental de la Red", ha sido desarrollada por abogados de nuestro bufete, como muestra del dominio del medio digital y como apuesta de calidad por el asesoramiento legal desde dentro. Licitud de WhatsApp como medio de prueba Cualquier medio de prueba que se proponga, deberá ser obtenido de forma lícita de forma que, directa o indirectamente, no se violenten los derechos o libertades fundamentales.
Esta sentencia cita numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y analiza el derecho a la intimidad y su relación con el secreto de las comunicaciones, en su relación con el uso de los ordenadores y las comunicaciones electrónicas en general. Difusión de información de manera "insólita" Es por ello que pretende reforzar la protección de los llamado derechos de la personalidad, sobre todo ante la creciente presencia de las nuevas tecnologías, que permiten la obtención y la difusión de información de una manera "insólita" y que pone "en especial peligro" ámbitos reservados de la vida privada. Muchos clientes se sorprenden y desconocen que han traspasado los limites que convierten su actuación e comportamiento penalmente reprochable. Por último, aportar un dictamen pericial, supone introducir en el proceso un medio de prueba En primer lugar, es oportuno partir de la preferencia por el procedimiento electrónico. El delito se entenderá consumado en el momento en el que la injuria se publique en la red siendo los mas frecuentes las publicadas por Facebook o por WhatsApp o Twitter.
Para poder apreciar el tipo agravado, es preciso además que tal publicidad haya sido buscada de forma deliberada por el autor, no pudiendo darse negligentemente. Es más, algunos países como EE UU los garantizan desde la Privacy Act de 1974, poseen legislaciones modélicas en el ámbito de los menores (Children Online Data Protection Act) y la Cuarta Enmienda ha sido un faro que nos guió en ámbitos como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. -IV.- Referencia a la Jurisprudencia de aplicación.- Jurisprudencia penal.- -STS, de 19 de mayo de 2.015, Recurso 2387/2014. Se tiene además la creencia generalizada de que es difícil perseguir este tipo de conductas. Como es imaginable, el estudio de una mera relación de páginas visitadas por una persona concreta, sobre todo si el rastreo se refiere a un periodo de tiempo más o menos prolongado, puede ofrecer una enorme información sobre la personalidad, la economía, los gustos, las aficiones, las preocupaciones de ese ciudadano en concreto. Si bien esta previsión, en línea con las anteriormente mencionadas, parece querer reforzar la posición del ciudadano y terminar con ciertas prácticas intolerables de la Administración, lo que, sin duda, ha de valorarse positivamente, no es menos cierto que dichas prácticas no dejan de ser incumplimientos de obligaciones legalmente establecidas, por lo que nada asegura que eso cambie en el futuro.
En segundo lugar, mantener el difícil equilibrio de las garantías y derechos de los administrados y la eficaz actuación administrativa por medios electrónicos se antoja un desafío no menor. Sin embargo, esta libertad y el anonimato que aporta muchas veces la Red, ha contribuido a que se lleven a cabo conductas tan poco lícitas y molestas como la emisión de mensajes injuriosos y calumniosos contra otras personas. se recuerda que, como dice la STC 173/2011, de 7 de noviembre "... La Ley 39/2015 establece en su artículo 14 que las personas jurídicas (por ejemplo sociedades de cualquier tipo, incluidas las sociedades profesionales, asociaciones, etc.), y también quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria (como es el caso de los abogados, procuradores, la mayor parte de los ingenieros e ingenieros técnicos, arquitectos, médicos etc.), estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. La libertad de expresión sí ampara la crítica, aunque esta se molesta o hiriente; pero no expresiones vejatorias innecesarias.
Para poder presentar la demanda de conciliación hay que saber quién es y dónde reside Por otro lado, muchas redes sociales tienen sus sedes fuera de España, lo cual, dificulta mucho las labores de investigación llevadas a cabo en el procedimiento judicial para la identificación de los autores de los hechos. La definitiva incorporación de este tipo de Estado a las Constituciones, llevó a sus textos nuevos derechos fundamentales como el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la huelga, que, además, exigían un intervencionismo estatal para garantizar su eficacia. *Diseño de la política de privacidad y uso de su Web. Es el apartado donde de manera breve y escueta debe aparecer el tema sobre el que gira el correo electrónico. Así mismo, difamar sería: desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena fama. En realidad, la demora se refiere a la obligación que pesa sobre las Administraciones Públicas de implantar de manera efectiva y definitiva los sistemas de tramitación electrónica a que se refiere esta disposición, pero ni se suspende ni se paraliza el funcionamiento de los medios electrónicos operativos actualmente (que seguirán regulándose, hasta octubre de 2018, por la Ley 11/2007 y por su Reglamento) ni, mucho menos, las obligaciones que, como veremos, la LPAC impone a determinados sujetos para utilizarlos. La DEH es como un apartado postal pero digital.
Para saber si vale más el derecho a la libertad de expresión, o el derecho al honor de la persona afectada, hay que examinar cada caso. Ahora bien, en sede penal existe una complejidad adicional: se requiere desvirtuar la presunción de inocencia que goza el denunciado/investigado/acusado por mandato de la Constitución (artículo 24.2 CE). Presentar una querella por injurias y calumnias en el juzgado correspondiente a su domicilio. Bien distinto es, que con esa cláusula puedas reproducir esa misma información públicamente, eso sí que estaría incumpliendo la ley. Cuando la ofensa se dirige contra un funcionario público, una autoridad o un agente, y se refiere a hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos, será suficiente presentar una denuncia. El padre de Internet considera que el teléfono nos acercó a la noción de "servicio universal" (en el que también está la electricidad y, por qué no, una conexión a Internet de banda ancha), pero que no debemos confundir servicio universal con derecho humano. Con ello, lo que se pretende preservar es su difusión pública, que nada tiene que ver con un supuesto derecho al anonimato.
Los delitos de injurias, calumnias han aumentado con Internet y Redes sociales La facilidad para la comisión del delito hace que, en la práctica, atacar el honor de una persona sea una actividad sencilla lo que, por otra parte, no significa que sea siempre fácil de demostrar. Bien es cierto que en principio el ciudadano dispondrá de la opción de dirigirse a la Administración de forma presencial, pero no lo es menos, que hay ciertos colectivos obligados a hacerlo electrónicamente y que, por otro lado, en ese supuesto concreto el derecho a elegir queda limitado a quienes disponen de medios en su casa para hacerlo por esta vía o de otro modo se les ve limitado el plazo. Le impuso las penas de cuatro años de prisión, multa de 45.000 Euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años y seis meses, así como al pago de las costas generadas. Pero no es ésta la única cuestión aunque sí probablemente la principal.
Si la mera ocultación del número de los teléfonos que realizan llamadas ha merecido tal atención dentro de la Unión Europea, como una indudable garantía para el ejercicio de diversos derechos fundamentales, mucho más interés debería tener la protección del anonimato a la hora de navegar por internet. Esto no está exento de polémicas y más de una vez el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han intervenido para fijar los límites que hay que tener presentes en el choque de derechos que se produce entre, por un lado, la libertad de expresión y, por otro, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Así, aunque la protección de datos personales ha avanzado de modo significativo desde los años ochenta del pasado siglo, lo cierto es que los derechos consolidados alrededor de esa protección -derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición- no pueden ser simplemente trasladados a las nuevas realidades de la «sociedad del conocimiento». Redacción de condiciones generales de contratación y revisión de clausulado web. Esta extensión al navegador nos obliga a conectarnos sólo a sitios donde se utilice SSL, es decir conexión cifrada con certificado digital. El Tribunal Constitucional ha reiterado que la Constitución no ampara "el derecho al insulto", la libertad de expresión no protege el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio (SSTC 105/1990 FJ 8; 85/1992, FJ 4; 240/1992, ¿Cómo debería garantizarse el hipotético derecho de acceso a las telecomunicaciones? ¿Cómo debería garantizarse el hipotético derecho de acceso a las telecomunicaciones?
INTERNET COMO DERECHO FUNDAMENTAL ¿Debería por tanto recoger nuestra Carta Magna exclusivamente el acceso a la Red equiparándolo a la electricidad o la luz como propone Ciudadanos, o sería necesario reforzar sus vinculaciones con la libertad de expresión, como ya destacaba la ONU? El derecho a acceder a internet ya está garantizado con la máxima protección constitucional precisamente por esas vinculaciones, a juicio, pero se reforzaría si se mencionara explícitamente en el artículo 20 de la Constitución. Para entender en qué ámbito nos encontramos cuando hablamos de mensajes de Whatsapp, debemos entender que proponer como medio de prueba el contenido de un mensaje de WhatsApp, o de cualquier otro sistema de mensajería instantanea, es lo mismo que proponer como prueba un mensaje de correo electrónico, o la grabación de una conversación telefónica. De nada sirve que nosotros tengamos que no nos etiqueten en Facebook, por ejemplo, y que solo vean nuestros amigos lo que publicamos cuando luego, uno de estos lo comparte y lo tiene público. Que no sea un cargo genérico o vago, sino que suponga inequívoco, concreto y determinado el hecho que se etiqueta al presunto autor.
Este es el típico caso en el que, con la excusa de la protección de la seguridad pública y la lucha contra el terrorismo, se han justificado la adopción de medidas que, de otra manera, parecerían desproporcionadas y carentes de justificación constitucional. ¿Qué se considera calumnia? El artículo 205 del Código Penal dispone que es calumnia “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad”. pero sin embargo, en ocasiones, no podemos evitar ir más allá y cuestionarnos cuáles serían las implicaciones en relación al proceso penal en el que se incorporan dichos correos para su valoración como prueba si, de la información que aportan, pudiera deducirse, por ejemplo, la implicación del/los letrados de los imputados que, en el ejercicio de su función -como derecho-deber- de defensa de sus clientes, les han aconsejado, sugerido o favorecido la realización de conductas constitutivas de delito. defienden que, además de incluirse ese derecho a las telecomunicaciones, el derecho a internet debería ser considerado como un derecho fundamental por sí mismo. el delito de injurias y el delito de calumnias, se enmarcan dentro de los llamados delitos contra el honor, estando regulados por el Título XI del actual Código Penal español vigente desde el pasado primero de julio de 2015. Una de las principales novedades de la LPAC ha venido constituida, como decíamos, por la regulación de la Administración electrónica, y la obligación de algunos sujetos de relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
Creemos que en el caso enjuiciado, la valoración probatoria efectuada es plenamente conforme a derecho, y compartida por la Sala…” -Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 2ª, de 25 de febrero de 2.008. Se trata de un concepto dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento ( STC 185/1989 (LA LEY 3275/198 ), que encaja sin dificultad, por tanto, en la categoría jurídica conocida de conceptos jurídicos indeterminados ( STC 223/1992 (LA LEY 2065-TC/199 ). La única forma de quedar exento de pena con toda certeza es probando el hecho criminal que se acusó (la conocida como exceptio veritatis). Las posibilidades de comunicación electrónica existentes son muchas y muy variadas, incluso cambiantes (ver artículo 299,2 LEC). De ello resulta, segundo motivo, que la sentencia ha efectuado una acertada valoración probatoria pues, aun cuando por virtud del presente recurso de apelación la Sala cuenta con la facultad de revisar con plena Jurisdicción, el material probatorio aportado al proceso, tal actuación debe partir de la consideración de que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez de primer grado, sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por quien ha presidido el acto solemne del juicio, en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad.
No somos robots, somos personas que pueden cometer errores. Esta sentencia cita numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y analiza el derecho a la intimidad y su relación con el secreto de las comunicaciones, en su relación con el uso de los ordenadores y las comunicaciones electrónicas en general. Puede que no siempre sea fácil obtener la protección o el resarcimiento deseables, pero siempre hay caminos para ello. – Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado y si no se omite el trámite. A tales efectos, el artículo 16 ya en su primer apartado, párrafo cuarto, precisa que el registro electrónico ha de ser aprobado mediante una norma que determine, entre otras cuestiones, el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles, lo que será determinante, dado que, como seguidamente se dirá, es el calendario de la localidad en que tenga la sede dicho órgano o unidad, el que será de aplicación.
Por eso se ha dicho con razón que el arte del proceso es el arte de la prueba. Y para todo tipo de comunicaciones móviles, los « Datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil: La etiqueta de localización (identificador de celda) al inicio de la comunicación. En efecto, el factor económico, o el criterio de la eficiencia, es un parámetro de necesaria consideración en el Derecho Administrativo]. Tanta es la importancia de que así sea que el error en la apreciación y distinción de los delitos o en la preparación de la querella puede echar a perder el proceso y que el delito quede impune. Resoluciones AEPD Los ciudadanos recurren a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que tutele su derecho cuando, tras haberse dirigido al buscador, este no ha contestado o no lo ha hecho de la forma que el ciudadano considera adecuada. Un medio de prueba ilícito es aquél obtenido, directa o indirectamente, violentando derechos y libertades fundamentales (artículo 11.1 LOPJ; artículos 283.3, 287 y 433.1 LEC). Es decir, los ciudadanos tienen el derecho de acceder electrónicamente a los servicios de la Administración Pública, se convierte en una obligación el proporcionar estos derechos y deberá ser una realidad universal a partir del 31 de diciembre del 2009. Posteriormente, una vez obtenidos dichos datos, se procederá a presentar la demanda de conciliación previa a la querella por calumnias e injurias.
Las citadas copias auténticas caben tanto de documento electrónico como en papel, aunque a este respecto no se comprende qué sentido tienen las copias auténticas de un documento electrónico, ya que entiendo que éste siempre es original. Al margen de lo anterior, conviene recordar que existe la posibilidad certificar electrónicamente por un prestador de servicios de certificación, entre otras comunicaciones, los mails, SMS o Burofaxes, lo que garantiza la integridad y autenticidad de la comunicaciones certificada (así lo ha reconocido de modo ya consolidado el Tribunal Supremo, sobre todo a partir del auto dictado por la Sala Primera en el recurso 855/201. Así, es evidente que lo primero que debe garantizar cualquier proveedor es un cumplimiento razonable de las condiciones de servicio. Por otro lado, Twitter tiene unas condiciones muy parecidas.
El Tribunal Supremo ha rechazado modificar las hemerotecas por el derecho al olvido El Tribunal Supremo ha rechazado modificar las hemerotecas por el derecho al olvido Ciudadanos también ha propuesto incluir en la Constitución un derecho a la protección de los datos personales dentro del artículo 18 - dedicado al derecho al honor, intimidad y propia imagen -, y el PSOE ha planteado configurar un derecho autónomo para garantizar esa protección incluyendo el derecho al olvido. En segundo lugar acceder a las redes sociales o página que publiquen dichas injurias para obtener datos sobre IP que pudiera haber sido autora de los mismos. Si las evidencias digitales se han obtenido a partir de los archivos de un software gestor de e-mails en un dispositivo electrónico, siento decirle que no solo es posible, sino muy sencillo hacerlo, tal y como he demostrado con la anterior falsificación de correo electrónico. - Personas jurídicas: o certificado de firma electrónica de persona física como representante de persona jurídica, o o certificado de sello electrónico Estos certificados permitirán la presentación de instancias y escritos de trámite a través del Registro electrónico o la sede electrónica de la Administración de que se trate. Acotar Internet, ponerle vallas al campo, no es factible, sin embargo sí que se hace necesario establecer unos medios, procedimientos y recursos adecuados a la naturaleza de la Red que permitan proceder eficazmente contra las personas que no aplican, en el uso de Internet, el sentido común ni cumplen con las normas, tal y como sería de esperar que hicieran en el mundo off line.
Así, se ha pasado de una creciente garantía no sólo del contenido de la comunicación, sino también de los elementos que la facilitan, a obligar a las compañías prestadoras de servicios a que establezcan los medios técnicos necesarios para que registren, en España durante un año, los datos de todas las comunicaciones «incluso las infructuosas» que realizan todos los ciudadanos sin excepción. Así, por lo que se refiere a las peticiones de nombres, la Agencia recomienda que «No utilice su nombre real para configurar el ordenador, aplicaciones, móviles y otros servicios de internet para los que no sea realmente necesario». En estos casos cuantas más se tengan mejor", ha concluido Santa Cecilia. Transcurrido el plazo correspondiente, se formuló demanda en juicio verbal, tal y como prevé la legislación procesal civil, y se celebró la vista, en la que la parte demandada, además de proclamar ufanamente que era periodista titulado, algo equivalente al antiguo bachillerato superior en letras, como mucho, y quizá menos, a juzgar por las faltas de ortografía, patadas al diccionario e imbecilidades varias que perpetran la mayoría de los “periodistas titulados”, se negó a rectificar, alegando que se me había pasado el plazo…
Y es que, en efecto, la Ley Orgánica 2/1984 del Derecho de Rectificación, promulgada cuándo no existían los medios digitales, establecía unos plazos muy breves para rectificar, pero hoy en día, con la implantación de los medios digitales, una noticia puede estar permanentemente colgada en la red, a disposición de propios y extraños. Finalmente, «el responsable del tratamiento de los datos deberá facilitar a las personas afectadas los mecanismos adecuados para ejercer su derecho de acceso, cuando proceda, tanto a las imágenes originales como a las plantillas generadas en el contexto del reconocimiento facial». Por tanto, puede incluirse en este supuesto la difusión de mensajes injuriosos o calumniosos a través de Internet, en especial a través de foros o blogs que permiten mantener en el anonimato la identidad de la persona que los realiza. La calumnia supone la modalidad más grave de los delitos contra el honor, por lo que conviene identificarla a fin de evitar actuaciones que concurran como tal.
Cuando alguien se excede en el ejercicio de su libertad de expresión entramos en el ámbito del delito CÓMO ACTUAR EN CASO DE SER VICTIMA DE CALUMNIAS Y/O INJURIAS Para proceder contra las injurias y las calumnias no es posible presentar denuncia ante la policía. Vamos a verlos: En general: estaremos ante un delito de injurias cuando lo que se hace no es comunicar una circunstancia o realizar una crítica, sino que se entra en la descalificación. El texto recoge que “los mismos derechos que tienen las personas offline deben ser protegidos online”, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, defendida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El uso de medios electrónicos en las conferencias sectoriales también destaca en el texto de la LRJSP. Comentarios negativos en internet en contra de los intereses de la empresa Comentarios negativos en internet Opiniones negativas en internet Referente al conflicto o choque de dos derechos fundamentales (el derecho al honor del artículo 18 y el derecho a la libertad de expresión e información del artículo 2 el Tribunal Supremo en su Sentencia 69/2016 establece: “En todo caso ni la información ni la opinión o crítica pueden manifestarse a través de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con la noticia que se comunique o con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a tales propósitos. llegamos a la conclusión de que la sostenibilidad del ecosistema se rige por esta ecuación: +control => +transparencia=> +confianza => +negocio ¿PORQUÉ ES TAN IMPORTANTE LA PRIVACIDAD? La Privacidad es el derecho que tenemos las personas a mantener en la esfera privada una parte de lo que hacemos, decimos o pensamos y el derecho a decidir que parte de ese espacio privado quiero compartir y con quién quiero compartirlo.
El régimen de las notificaciones electrónicas resulta, a nuestro juicio, uno de los aspectos más cuestionables de la LPAC, que parece olvidar algo tan elemental en términos de principios y garantías como es el hecho de que de la correcta práctica de las notificaciones y de la fehaciencia de su recepción por el destinatario depende la eficacia de los actos administrativos o el inicio de los cómputos de los plazos para recurrirlos en ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El fenómeno de las “Redes Sociales” sin duda alguna ha cambiado la forma de socializar con conocidos, amigos, parientes, compañeros de trabajo e incluso para las mismas empresas que realizan campañas a través de estas herramientas. Así, entre otras funciones, dispo nen de cámara de fotos, conexión a Internet, aplicaciones de organización personal (calendario, alertas, bloc de not as...), de lectura y de edición de archivos de vídeo y música 69 . Lo que conlleva el elevadísimo riesgo de que si era posible la tramitación electrónica y, por ejemplo, por desconocimiento o inadvertencia, no se utilizó ese cauce, la Administración requerirá para que se haga correctamente, pero con la consecuencia de que el plazo correspondiente empezará a contar en ese momento, esto es, con la presentación electrónica de la documentación, momento en el cual el plazo muy bien puede haber transcurrido ya y el escrito (o recurso) tildarse de extemporáneo e inadmitirse.
También en materia tributaria es obligatorio el uso de la Sede Electrónica de la AEAT conforme La cuestión que se plantea es si siendo lícito para el imputado aportar en el marco del proceso penal, los mensajes de correo electrónico mantenidos con terceras personas, para exonerarse a sí mismo o para implicar a terceros en los hechos investigados, es igualmente válida la aportación a la causa de aquéllos cuya información puede implicar la vulneración del derecho de defensa de los imputados. *Delitos informáticos. Entonces, se nos planteó otro problema, y es que aun presentando el soporte digital, esto es, el gestor de correos o directamente desde el servidor, resultaba que los correos electrónicos eran y son perfectamente manipulables.
Según subraya, la "alta litigiosidad" entre los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y otros derechos constitucionalmente protegidos como la libertad de información y la libertad de expresión evidencia "la indefinición, la falta de complitud y la flexibilidad" de esta norma. Concretamente, la Agencia señala que se han presentado, en 2011, un total de 160 reclamaciones para solicitar la cancelación de datos personales en internet, que contrasta con las tres reclamaciones que se presentaron en 2007 Regulación del mercado de las comunicaciones y su fiscalidad. "En un período como el que atravesamos, en el que se busca la eficiencia y la reducción de costes, éste es el sistema más adecuado y barato", comenta el abogado. A día de hoy, quien no tenga acceso a internet es un ciudadano de segunda", Para que sean derechos efectivos y no se queden solo sobre el papel, la formación naranja propone que su desarrollo legal incluya la obligación de una garantía presupuestaria. No todos ellos gozan del mismo nivel de salvaguarda desde la perspectiva constitucional.
Por ello, os presentamos este curso gratuito que ha puesto en marcha El progresivo avance en el uso de Internet está desbancando al resto de medios de comunicación convencionales. Por ello si os preocupa vuestra privacidad e intimidad, en este artículo os daremos una serie de consejos sencillos y útiles para mejorar vuestro anonimato en internet. Así lo encontramos en Sentencia del TS nº 846/2015 “Pero es que en todo caso la difusión a través de una red social (internet) la convierte en accesible a un potencialmente indiscriminado número de personas. Esta obligación está prevista tanto en el artículo 31.2, c), al referirse al cómputo de plazos en el caso de presentación telemática, como en el artículo 22.4 en cuanto a la obligación de resolver.
A mi parecer, no se han ponderado correctamente las implicaciones constitucionales del derecho a la información y, además, se ha sobredimensionado el aspecto de la propiedad de la fotografía y su forma de obtención. Y así, se condiciona la viabilidad del derecho de la persona física y la exigibilidad de la obligación de la persona jurídica al cumplimiento por la administración destinataria de “las previsiones relativas”… a la administración electrónica. Las cada vez mayores posibilidades y nuevos servicios que se ofrecen a través del ordenador están empujando a su utilización, sobre todo entre un segmento de audiencia joven entre los que las relaciones personales, la descarga de música y los juegos son piezas fundamentales. Mediante la aceptación de las condiciones generales de Instagram, estamos aceptando que las imágenes que subimos no vulneran derechos de autor de terceros. Dichos datos pueden editarse sin dejar ningún rastro de dicha edición.
Y ello sobre todo, si «el tratamiento de direcciones IP se lleva a cabo con objeto de identificar a los usuarios de un ordenador (por ejemplo, el realizado por los titulares de los derechos de autor para demandar a los usuarios por violación de los derechos de propiedad intelectual), el responsable del tratamiento prevé que los «medios que pueden ser razonablemente utilizados» para identificar a las personas pueden obtenerse, por ejemplo, a través de los tribunales competentes (de otro modo la recopilación de información no tiene ningún sentido), y por lo tanto la información debe considerarse como datos personales». La definitiva incorporación de este tipo de Estado a las Constituciones, llevó a sus textos nuevos derechos fundamentales como el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la huelga, que, además, exigían un intervencionismo estatal para garantizar su eficacia. Para que dicho texto esté, estéticamente hablando, tal y como deseamos se ofrecen herramientas con las que elegir el tipo de letra, la alineación, el color, hipervínculos e incluso emoticonos.
No debe identificarse con la tramitación de urgencia del procedimiento ordinario (que, al igual que en la Ley 30/92, se mantiene en el artículo 33 de la LPAC) y que supone, simplemente que se reducen a la mitad los plazos del procedimiento administrativo ordinario (salvo los de presentación de solicitudes y recursos). En esta misma línea, el artículo 68, en cuanto a la subsanación y mejora de las solicitudes, especifica que si se trata de una de las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración y presenta presencialmente la solicitud la Administración le requerirá para que la subsane electrónicamente, considerando que la fecha de presentación será la de la subsanación. “Es importante señalar que en el caso presente las pruebas documentales a las que se ha negado validez por el actor, están constituidas por copias privadas obtenidas de documentos electrónicos (e-mails o correos electrónicos) que no consta que posean firma electrónica reconocida, y que han sido obtenidas a través de la impresora de un ordenador.
El valor de cotización en los mercados de algunas de estas empresas, cuyos negocios se apoyan en la explotación de datos personales, demuestran de forma empírica esta afirmación. Defiende que sería un auténtico "salto cualitativo" reforzar la libertad de expresión y el derecho a la información por cualquier medio (recogidos en el artículo 20.1.a y 20.1.d) añadiendo la coletilla "incluyendo redes telemáticas". Y ello porque si el plazo para presentar determinado escrito termina un día que sea hábil en la localidad del órgano al que se dirige, pero inhábil en el de la localidad o Comunidad Autónoma de residencia del interesado, ese plazo concluye en todo caso ese día. El conjunto de estas variables está obligando a redirigir el aprendizaje hacia la adquisición también de capacidades y competencias de selección crítica y de síntesis de la información y los contenidos, acentuando el papel orientador del docente. Es cierto que en algunos ámbitos, especialmente los referidos a la AET y la Seguridad Social, ya se venía imponiendo a los empresarios la obligación del empleo de medios electrónicos, no obstante, no lo es menos que no puede equiparse todo tipo de personas jurídicas, pues no es lo mismo una multinacional que un negocio familiar con muchos menos recursos). Será la base sobre la que asentar la autoría de las mismas.
El artículo 18 de la Constitución Española garantiza a todos los ciudadanos el disfrute de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio. El informe pericial informático que analiza el contenido del disco CD remitido por Microsoft (prueba electrónica). En concreto, el asunto se remonta a una demanda interpuesta por un ciudadano contra el periódico “La Opinión de Zamora”, con motivo de la publicación de una noticia relativa a un hecho violento que tuvo lugar en la citada localidad castellana y que se ilustró con la imagen de uno de los implicados extraída de Facebook. Señores, también es manipulable cualquier otra prueba, y no por eso nos ponemos las manos en la cabeza. La segunda precisión o matización se refiere al alcance de la protección de la intimidad, que es compatible, con el control lícito al que se ha hecho referencia.
Los emails y demás mensajes virtuales suelen aportarse en un procedimiento judicial mediante un soporte magnético digital (por ejemplo: CD o DVD) o un soporte de papel (impresión del mensaje), que contienen una mera reproducción o copia del contenido original. Están legitimados para iniciar dicha acción cualquier persona física o jurídica titular de un derecho o interés legítimo, grupos de consumidores y usuarios y sus asociaci ones públicas o privadas y el Ministerio Fiscal (artículo 31 LSSICE). Dudamos mucho que un Ayuntamiento pueda alegar “a esas alturas de la película” insuficiencia en sus «disponibilidades presupuestarias», incluso aunque las tenga, para inejecutar el fallo (D.F.3ª LAESP y artículo 105.2 LRJCA), aunque, siguiendo con el cine, y como dijo el maestro Eastwood interpretando a Harry Callahan, puede intentarlo. La Administración debe realizar un esfuerzo por adaptarse a unos tiempos que, como señalábamos al inicio, ya no son nuevos. ¿Te has parado a leer las condiciones de uso? Cuando aparece una nueva aplicación o cuando nos la recomiendan nuestros amigos, vamos directos a ella, sin leer las condiciones de uso. a veces modificándolas sensiblemente como demuestra la experiencia de EE.UU., de Canadá y de Australia» Se trataba no de interceptar el contenido de las llamadas, o de los correos electrónico, sino de simplemente conocer a qué números se llamaba, a quién se enviaba los correos electrónico y el nombre o la dirección de las páginas web que se consultaba.
En función de las circunstancias de cada caso concreto, la Agencia determinará si lo estima o no. Además, se mejora la regulación del segundo intento de notificación y así, si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó por vez primera la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. Egipto lo hizo durante las revueltas sociales que terminaron con la dictadura de Hosni Mubarak. Sobre todo si normalmente generas contenido que puede tener un valor comercial para ti. Y, no sólo le había insultado, sino, que había dicho unas cosas que bordeaban lo delictivo. En primer lugar, y en cuanto a la confidencialidad, la jurisprudencia ha dejado claro que una vez enviado, por ejemplo, un correo electrónico, ya no le pertenece al emisor en tanto que los transmite o dirige a un receptor y, por tanto, una vez finalizada la comunicación en sí misma, no hay secreto de comunicaciones (ámbito penal), lo que no quiere decir que por el contenido de la comunicación, ésta pudiera afectar hipotéticamente al derecho a la intimidad o a la propia imagen (ámbito civil).
Así también, se establece que los responsables del entorno web, donde sean vertidas manifestaciones injuriosas, podrán ser responsables subsidiarios civiles, por lo que podrían llegar a tener que hacerse cargo de la indemnización a la víctima si no pusieron todos los medios para evitar la difusión. Como se ha apuntado antes, la Ley prevé que la Administración puede avisar de la existencia de notificaciones. Irán bloqueó algunas páginas de activistas que llamaban a una manifestación y muchos otros países han seguido este ejemplo. Cabe señalar que la encuesta se realizó entre más de 27.000 adultos de 26 países diferentes. La resolución aboga por aumentar el acceso a Internet, ya que "facilita vastas oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial", o proporciona otros recursos para la educación, especialmente a través de la brecha digital.
¿COMO ESTÁ REGULADO? Los delitos de calumnias e injurias están regulados en el C.P español de la siguiente manera: Artículo 205 CP: “Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Y, en fin, el 10 de agosto de 2011 el Secretario General de la ONU trasmitió a la Asamblea General el informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en el que se señala que «aunque el acceso a internet aún no es un derecho humano como tal... Publicas en tu blog personal, que la empresa a la que le compraste una televisión por internet, tiene un servicio de atención al cliente pésimo.* *Sí! Las empresas también tienen honor. Pues aquí es donde os tengo que dar las malas noticias. En efecto, aunque la aparición de internet es relativamente reciente], los cambios en los hábitos sociales que ha supuesto son de tal envergadura que todavía son difíciles de prever las consecuencias sociales que pueden implicar.
Es necesario tener un ordenador, u otro dispositivo que pueda conectarse (teléfono, tableta y, en los últimos años, televisiones, fotocopiadoras, impresoras, etc.), y una infraestructura de red que permita el acceso de los ciudadanos a la misma. No es necesario contestar inmediatamente si con ello evitamos una respuesta precipitada aunque sí no se debe demorar mucho. Adicionalmente a todo ello, es evidente que aquél quien quiera utilizar esos correos electrónicos como prueba de sus pretensiones en un juicio debe tomar, por sí mismo, las medidas más oportunas para dotarlos de la eficacia probatoria pretendida. Con la revolución tecnológica de los últimos años, la realidad nos demuestra que existen sin embargo cuestiones que no obtienen una respuesta ágil por parte de nuestro ordenamiento jurídico. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de especificar: los criterios y requisitos relativos a la aplicación del apartado 1 en sectores y situaciones específicos de tratamiento de datos; las condiciones para la supresión de enlaces, copias o réplicas de datos personales procedentes de servicios de comunicación accesibles al público a que se refiere el apartado 2; los criterios y condiciones para limitar el tratamiento de datos personales contemplados en el apartado 4».
En la ponderación deberán valorarse las circunstancias de todo orden que concurran en el caso concreto, debiéndose incluir: el contenido de la información, la mayor o menor intensidad de las frases, su tono humorístico, mordaz o sarcástico, el hecho de afectar a una persona titular de un cargo público, y si la lesión ha afectado al carácter de autoridad del lesionado, la finalidad de crítica política, la existencia o inexistencia de animus injuriandi, y el grado de intensidad de la lesión en el honor, entre otras . Finalmente, cabe poner en valor el elenco de autores participantes, en el que se integran distintos perfiles profesionales -jurídicos y técnicos- tal y como demanda una obra de esta naturaleza. Puso de manifiesto también la posibilidad de que ese derecho ceda en presencia de otros intereses constitucionalmente protegibles, a la vista del carácter no ilimitado o absoluto de los derechos fundamentales, de forma que el derecho a la intimidad personal, como cualquier otro derecho, puede verse sometido a restricciones ( SSTC 98/2000, de 10 de abril, FJ 5 ; 156/2001, de 2 de julio, FJ 4 ; 70/2009, de 23 de marzo Debido a esta sentencia, la juez señala que tras esta resolución, los acusados, con ánimo de menospreciar a la jueza vertieron en distintos foros sociales en internet una serie mensajes gravemente injuriosos. Así de nada sirve que un ciudadano tenga un derecho si el obligado (la Administración) está expresamente facultada para tomárselo con calma.
A este respecto, debe comenzarse por explicar que una de las novedades de la LPA es el hecho de que se establezca en el artículo 41.1 in fine que el interesado podrá identificar un dispositivo y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en dicho precepto pero no para la práctica de las notificaciones. Estas reglas son aplicables a los procedimientos administrativos que se inicien a partir de 2 de octubre de 2016. MONITORIZAR Y MEDIR No hay comunicación si no hay reporting. Algo muy similar sucede en la jurisdicción civil, en la que una demanda judicial por intromisión al honor suele tardar cinco años en ser resuelta por el Tribunal Supremo. La calumnia por lo tanto tiene una estructura base, consistentes en la imputación de un delito, establecida desde dos posibles de actitudes por el autor delictivo, ya sea la conciencia de su falsedad o la indiferencia por casar realidad y acusación: Sin márgenes Este ilícito está perseguido con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses, salvo que mediase publicidad por lo que ascendería de doce a veinticuatro meses.
La Parte Segunda, titulada "El Derecho del Gobierno electrónico", se centra en los principales problemas que Internet ha creado o puede crear en el ámbito del Derecho público. Junto a ello también es obligación de los gobiernos «locales y nacionales» y las organizaciones internacionales y comunitarias y las entidades del sector privado «apoyar y promover oportunidades gratuitas o de bajo costo en las áreas de capacitación, metodologías y materiales relativos al uso de internet para el desarrollo social»]. En efecto, como ya se ha venido advirtiendo, la primera novedad es que se integren las medidas relativas a la Administración electrónica en la LPA y en la LRJSP, lo que en línea de principio se estima conveniente), dado que muchas cuestiones del procedimiento se encontraban hasta ahora reguladas por un lado en la Ley 30/92 y respecto al uso de medios electrónicos en la LAECSP. Tal es así que el propio Tribunal Supremo reconoce que, si hubieran sido los fotógrafos del diario los encargados de tomar la foto con ocasión del dispositivo de cobertura del reportaje, nada se habría podido achacar al medio de comunicación si la hubiera publicado posteriormente. Y hoy más con los Smartphone.
El resultado fue, que el autor de este delito de injurias resultó condenado a pedir perdón a la víctima y a mantener en el estado del Whatsapp durante 60 días que había sido condenado por intromisión ilegítima del honor de su compañero profesional y a una multa de 2000€ por daños morales. No obstante, debe tenerse en cuenta las siguientes particularidades: Se le aplicarán las normas referidas a los llamados medios probatorios análogos, es decir, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso (artículo 299.2, 299.3 y 384.1 LEC). Guarde tanta información sobre el hecho que pudiera ser constitutivo de injurias como pueda. En la era de la comunicación, cada vez son más personas las que tienen acceso a la red y a todos los contenidos que en ella se encuentran; por ello, internet se ha convertido en un medio de difusión masivo de información, lo que genera una mayor repercusión de los delitos cometidos en su espacio virtual.
Por ello, cuando se inicie un procedimiento, además de indicar el medio electrónico por el que se desea ser notificado, conviene indicar el móvil, la dirección de correo electrónico -o ambos-, a fin de que se envíen avisos de notificación mediante e-mail o sms (aunque la falta de aviso no privará de efectos a la notificación). Pese a ello y pese a las penas impuestas, los delitos de injurias y amenazas en las redes sociales no dejan de aumentar cada año.
Es el juez quien decide si la calumnia o injuria es grave o si por el contrario no es mas que una desafortunada opinión, que si bien puede perjudicar o molestar de algún modo a la persona a la que se refiere, no es constitutiva de delito alguno. La primera se refiere a los límites de ese control y en esta materia el propio precepto citado remite a un ejercicio de las facultades de vigilancia y control que guarde "en su adopción y aplicación la consideración debida" a la dignidad del trabajador, lo que también remite al respeto a la intimidad en los términos a los que ya se ha hecho referencia al examinar las sentencias del Tribunal Constitucional 98 y 186/2000. Como dijo el apóstol San Mateo en este pasaje bíblico famoso “Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. De hecho, si os fijáis es básicamente como funciona el concepto de “tableros” de esta red social.

References: artículo 14
 artículo 20
 artículo 205
 artículo 299
 resolución 
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 31
 artículo 22
 artículo 33
 artículo 68
 artículo 20
 artículo 18
 artículo 105
 resolución 
 Artículo 205
 artículo 86
 artículo 41
in fine