Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831021.html
Timestamp: 2019-09-15 20:24:20+00:00

Document:
se201831021
Sucre, 02 de abril de 2018
Expediente : 321/2015-CA
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 1343/2015 de 28/07/2015
Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1343/2015 de 28 de julio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 15 a 24, la respuesta por la entidad demandada de fs. 62-70; la réplica de fs. 98-99 vta., la dúplica de fs. 103 a 109 en fax y fs. 110-113 en original, el decreto de Autos de fs. 114, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos, y;
Jorge Fidel Romano Peredo y Diego Manuel Soria Guerrero, se apersonaron a este Tribunal, en representación legal de la Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, Dirzey Rosario Vargas Amurrio, demandaron la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1343/2015 de 28 de julio emitida por la AGIT, con los argumentos siguientes:
Acusan que, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GGRCGR-UFICR-146/2012 de 14 de junio, se funda en el Decreto Supremo (DS) N° 28141 de 16 de mayo de 2005, porque el vehículo objeto de importación, si bien se encontraba en zona franca a la fecha de publicación del DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 (modificatorio del DS N° 28141), tiene un Manifiesto Internacional de Carga/ Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) que data del 26 de mayo de 2005, es decir que el documento que dio inicio a la operación de importación, es posterior a la fecha de publicación del DS N° 28141 por lo que no correspondía realizar trámite alguno de importación, pues esta norma prohibía la importación de movilidades menores a los 4000 cc que utilizan Diésel Oíl como combustible, conforme aconteció en el caso presente.
Alega también, que la interpretación contenida en la carta circular AN-GNNGC-DTANC-CC-0005/05 de 5 de diciembre de 2005 con relación al DS N° 28308 es precisa, estableciendo que la modificación contenida en el DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 con referencia al D.S. N° 28141 de 17 de mayo de 2005, al configurar un beneficio para el importador, alcanza únicamente a aquellos vehículos que ingresaron antes de la vigencia del DS N° 28141, es decir antes del 17 de mayo de 2005, puesto que los vehículos que ingresaron posteriormente, se encuentran prohibidos de importación no pudiendo ser beneficiados por el DS N° 28308.
Que el vehículo, en el caso presente, estaba prohibido de importarse por ello, la Aduana Regional, emitió, en ejercicio de sus facultades, el Acta de Intervención por Contrabando Nº AN-GRCGR-UFICR-146/2012, conforme a los arts. 160-4, 181 inc. b) y f) del CTB y 85 de la LGA que establecen que se considera contrabando la importación de bienes prohibidos.
Niegan que la acción y competencia de la Aduana Nacional hubiese prescrito, alegando que el vehículo “por utilizar Diésel Oíl y a la fecha continúa en funcionamiento, sigue siendo subvencionado por el Estado, por lo que el Acta de Intervención Contravencional, es por un hecho vigente y no está sujeta a lo establecido por el art. 60 del CTB”.
Es decir, afirman que no existió vencimiento alguno de la prescripción, si a la fecha, ha transcurrido cinco años, el Estado sigue subvencionando el combustible al señalado vehículo.
Fundamenta que la emisión del Acta Contravencional, responde a una estricta observancia y aplicación de la norma en lo relacionado a la responsabilidad solidaria e indivisible que tiene la Agencia Despachante de Aduana “Global S.R.L.” representada por Carlos Hugo Alberto Flores Gómez, por realizar trámites de importación de un vehículo prohibido por el art. 2 del DS N° 28141, incumpliendo los incisos a) y f) del Art. 45 de la LGA concordante con los arts. 41 y 61 de su Reglamento y que en ese marco incurrieron en Contrabando Contravencional: Néstor Zurita López (importador); la Agencia Despachante de Aduana “Global S.R.L.”, representada por Carlos Hugo Alberto Flores Gómez; la Empresa de Transporte Carretero “Leocadia Soza Manzanares.” Representante por Luis B. Baltazar Alcón y, Marcos Cabezas, como conductor del medio de transporte.
Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó la revocatoria de lo “indebidamente resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1343/2015 de 28/07/2015 y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-065/2014 de 22 de septiembre de 2014 emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional”.
Admitida la demanda y corrida en traslado, por decreto de 11 de noviembre de 2015, cursante a fs. 27, por escrito de fs. 62 a 70 vta., se apersonó el demandado, Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT y respondió negativamente la demanda con los argumentos siguientes:
En lo relativo al presunto daño económico al Estado, señala que la responsable frente al Estado es la propia Administración Tributaria Aduanera, por la mala aplicación de la normativa vigente y por su no aplicación oportuna, no pudiendo atribuirse esa inacción de la Administración Tributaria para efectivizar su facultad de imponer sanciones en el marco de las previsiones legales citadas, al sujeto pasivo, la pues la Ley otorga los medios para efectivizar la facultad de imponer sanciones y es la Administración quien en este caso, no cumplió los términos que determina el art. 154 de la Ley N° 2492, para activar la acción administrativa para sancionar contravenciones, lo que dio lugar a la prescripción de esa facultad.
Que la norma es clara al establecer que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización o la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, aspectos, en el caso, no acontecieron evidenciándose de los antecedentes que el 16 de septiembre de 2005, la Agencia Despachante de Aduana Ada Global S.R.L., validó la DUI C-5167, ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, por lo que, la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, lapso en el que la administración no efectuó y/o emitió acto alguno que pueda constituirse en causal de suspensión e interrupción de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley, de tal modo que fue recién el 07 de enero de 2015, que notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-065/2014 de 22 de septiembre, por lo que mal podría decirse que la instancia jerárquica afectó los intereses del Estado, al contario se habría sujetado a las reglas del debido proceso conforme establece el art. 115 de la CPE.
Por otra parte, señala sobre la SCP N° 790/2013, afirma que el Auto Supremo 354/2015-L, emitida por este Tribunal, determinó que ese precepto constitucional (art. 324 constitucional) está relacionado con la responsabilidad por la función pública, la misma que puede ser administrativa, ejecutiva, civil y penal y que se originan por actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo al patrimonio del Estado, por ello se establece que la mencionada Sentencia, no se adecua al caso concreto ya que lo resuelto por la AGIT, no responde a un proceso por la función pública sino a un proceso sustanciado en función al debido proceso en el que se verificó que el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 observándose que entre ambas fechas no existieron causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley, citando para ese efecto el AC 0099/2012-RCA de 6 de julio, que instituyo que debe existir una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía, advirtiéndose que la entidad demandante no ha cumplido con esta identificación de los argumentos que sustenten su demanda, citando para ese efecto jurisprudencia emitida por este Tribunal, contenida en los AASS Nº 432 de 25 de julio de 2013, 56 de 24 de febrero y Sentencias de Sala Plena Nº 229/2014 de 15 de septiembre y 396/2013 de 18 de septiembre y la Doctrina Tributaria asumida por la AGIT, descrita en la Resolución AGIT-RJ-1453/2015.
En mérito a lo expuesto solicitó declarar improbada la demanda y se mantenga firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1343/2015 de 28 de julio.
La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, con memorial de fs. 98 a 99 vta., formulo la réplica, reiterando los términos de su demanda.
Por su parte, en la dúplica de fs. 193-109 en fax y 110-112 en original, la AGIT aclaró que la solicitud de prescripción es sobre la facultad para imponer sanciones por la Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el art. 181 de la Ley N° 2492, originado en 2005 en vigencia de la referida Ley.
Que mediante Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-065/2014 de 22 de septiembre, que fue notificada el 07 de enero de 2015 (fs. 91 a 74 y 94 respectivamente del primer anexo), la Administración Aduanera declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Néstor Zurita López (importador); la Agencia Despachante de Aduana “Global S.R.L.”, representada por Carlos Flores Gómez; la Empresa de Transporte Carretero “Leocadia Soza Manzanares.” Representada por Luis B. Baltazar Alcón y Marco Cabezas, como conductor del medio de transporte, al haber nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI 2005/332/C-5167, con posterioridad a la vigencia del DS N° 28141 de 16 de mayo de 2005, ordenándose la captura y el comiso del mismo y la anulación de la DUI referida.
Esta Resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el representante legal de la Agencia Despachante de Aduana “Global S.R.L.” (fs. 46-54 del anexo 2), que mereció la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0398/2015 de 04 de mayo (fs. 94 a 103 vta. del mismo anexo), que resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-065/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492 se encuentra prescrita.
Por ello es que la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 120-125 vta., del anexo 2), que fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1343/2015 de 28 de julio, (fs. 146-154 del anexo 2), en la que el Director Ejecutivo de la AGIT CONFIRMÓ la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0398/2015 de 04 de mayo.
De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a la la facultad de la Administración Tributaria para calificar la conducta contraventora e imponer sanción y si la AGIT al confirmar la resolución de la ARIT que declaró prescrita tal facultad, incurrieron en contradicción al espíritu y finalidad tanto del art. 324 de la CPE, como del precedente constitucional vinculante, establecido en la SCP N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daños económicos al Estado e irretroactividad de la Ley.
En efecto, conforme se tiene en los antecedentes, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria atendiendo la solicitud de la Agencia Despachante de Aduana, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-065/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, se encuentra prescrita, en razón a que el hecho generador se produjo el 31 de mayo de 2005 y por tanto, en materia de prescripción, la Ley aplicable resultaría el art. 60-II de la Ley N° 2492, pues se determinó que el inicio del cómputo de la prescripción se dio el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009
Asimismo, al emitirse la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-065/2014, que declaraba probado el contrabando contravencional, por haberse nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI C-5167, con posterioridad a la vigencia del DS N° 28141, la facultad para sancionar ya se encontraba prescrita, porque la indicada Resolución Sancionatoria fue notificada el 07 de enero de 2015, conforme consta a fs. 94 del primer anexo, cuando la prescripción había operado, sin que hubiese concurrido ninguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción, regladas en los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492; aspecto que fue confirmado en la Resolución de Recurso Jerárquico a tiempo de sostener que corresponde declarar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto de la DUI C-5167, al no haber la Administración Aduanera ejercido esa su facultad, dentro del término previsto por el art. 154 de la Ley Nº 2492.
En ese marco, revisados los antecedentes del presente caso, se advierte que, el 31 de mayo de 2005, la Agencia Despachante de Aduanas Global S.R.L, validó la DUI 2005/332/C-5167, ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, respecto del vehículo en cuestión, instancia aduanera que sin mayor observación otorgó el levante correspondiente, de manera que, en aplicación del art. 60-I de la Ley N° 2492, el término de la prescripción para fiscalizar, controlar y sancionar cualquier posible responsabilidad administrativa derivada de tales actuaciones en la que intervino la Agencia Despachante de Aduana, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 y siendo que durante dicho término no se evidenció la existencia de causales que interrumpan o suspendan el cómputo de la prescripción, en aplicación de los arts. 61 y 62 del CTB, resultando evidente que la facultad que tenía la Administración Aduanera para controlar, fiscalizar y sancionar a la Agencia Despachante mencionada, prescribió, como acertadamente entendió la Autoridad General de Impugnación Tributaria ahora demandada.
En tal mérito, la norma invocada como sustento de la demanda Contencioso Administrativa resulta inaplicable al presente caso, resultando irrelevante y hasta impertinente sostener que “el Acta de Intervención Contravencional es por un hecho vigente”, ya que el hecho que el citado vehículo, siguiese en funcionamiento y continuase utilizando Diésel Oíl, no tiene vinculación con las causales que podrían suspender o interrumpir el término de la, estableciéndose por ello que no es evidente la vulneración del art 324 de la CPE o el incumplimiento de la jurisprudencia constitucional vinculante contenida en la SCP Nº 790/2012, toda vez la ésta SCP, declaró inconstitucional el art. 40 de la Ley 1178, que fijaba el tiempo de 10 años para la prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, no existiendo identidad de hecho con el que se discute en el presente caso ajeno a obligaciones emergentes de la responsabilidad por la función pública.
Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por Jorge F. Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Diego Manuel Soria Guerrero, en representación de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1343/2015, de 28 de julio, deviene en infundada, al no haberse demostrado que la Resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o que ésta hubiere incurrido en error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas presentadas.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 15-24, presentada por Jorge Fidel Romano Peredo y Diego Manuel Soria Guerrero, en representación legal de Dirzey Rosario Vargas Amurrio, Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1343/2015 de 28 de julio de 2015, emitida por la AGIT; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la Resolución impugnada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

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