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Timestamp: 2019-01-17 00:32:51+00:00

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Autora María Celeste Fernandez Director - Página 19
Celeste: Derecho a un juicio justo
Azul: Derecho a la vida
Rojo: Protección de la propiedad
Verde: Derecho a un recurso efectivo
Violeta: Otras violaciones
Turquesa: Derecho a la libertad y a la seguridad
Naranja: Prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes
Fuente: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TEDH en hechos y figuras 2013. [en línea] Página 7. Disponible en: http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2013_ENG.pdf. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2014.
1 Discurso pronunciado por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el 10 de diciembre de 1997 en la Universidad de Teherán, con motivo del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. [en línea] Disponible en: http://www.un.org/spanish/hr/50/dpi1937g.htm. Fecha de consulta: 20 de marzo de 2014.
2 CANÇADO TRINDADE, Antonio A. Voto concurrente en Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. Párrafo 35.
3 BARBOZA, Julio (2008). Derecho Internacional Público. (2ª edición) Buenos Aires: Zavalía. Página 673.
4 GARCÍA MUÑOZ, Soledad (1999). La capacidad jurídico-procesal del individuo en la protección internacional de los derechos humanos. Revista de relaciones internacionales [en línea] Nro. 17. La Plata. Disponible en: http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R17/Ri17-ega.htm. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2013.
5 SANTO TOMÁS DE AQUINO (siglo XIII d.C). Cuestión 57. Summa Teológica. [en línea] Disponible en: http://hjg.com.ar/sumat/c/c57.html. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2014.
6 Disponible en: http://www.un.org/es/globalissues/humanrights/. Fecha de consulta: 20 octubre de 2013.
7 MUSSO, José A. (2005). Los Derechos Humanos en el orden internacional. Santiago del Estero: Universidad Católica de Santiago del Estero. Página 26.
8 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página 3.
9 Citado por PRADO, Juan J. (1997). Derechos Humanos. Conceptos introductorios para su estudio. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Página 19.
10 PALACIO, Lino E. (2010). Manual de Derecho Procesal Civil. (20ª edición) Buenos Aires: Abeledo Perrot. Página 160.
11 BARBOZA, Julio (2008). Derecho Internacional Público. (2ª edición) Buenos Aires: Zavalía. Páginas 159-160.
12 BARBOZA, Julio (2008). Derecho Internacional Público. (2ª edición) Buenos Aires: Zavalía. Página 674.
13 SWINARSKY, Cristophe (2000). XVIII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. [en línea] Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/documentos/herrped/PedagogicasEspecializado/04.htm. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2013.
14 “La eficacia jurídica debe entenderse como la posibilidad de que un sistema jurídico se adecue al fin o al propósito que motivó su origen”. RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor M. (1994) Eficacia jurídica de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en NIETO NAVIA, Rafael (editor), La Corte y el sistema interamericano de Derechos Humanos. Páginas 459-479. San José de Costa Rica: Corte IDH. Páginas 459-460.
15 LONDOÑO LÁZARO, María C. (2005). Las Cortes Interamericana y Europea de derechos humanos en perspectiva comparada. [en línea] Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/3.pdf. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2013.
16 PASTOR RIDRUEJO, José A. (2007). La protección jurisdiccional de los derechos humanos: una comparación entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Revista Electrónica Iberoamericana – ALCUE [en línea] Volumen 1. Nro.1. Disponible en:http://www.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_01_JA_Pastor_Ridruejo.pdf. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2013.
17 VILLAFUERTE ALEMÁN, Selene. La garantía internacional de los derechos humanos y su proyección en los Estados. [en línea] Disponible en: http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/166/Becarios_164.pdf. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2013.
18 ACOSTA ALVARADO, Paola A. (2008). Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
19 AMBOS, Kai y BÖHM, María Laura (2010). Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tribunal tímido y tribunal audaz? en AMBOS, Kai, MALARINO, Ezequiel y ELSNER, Gisela (editores), Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Páginas 43-69. Volumen 2. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung,
20 GIL GIL, Alicia (2010). Las aportaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al derecho penal internacional. Coincidencias y diferencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en AMBOS, Kai, MALARINO, Ezequiel y ELSNER, Gisela (editores), Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Páginas 301-334. Volumen 2. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung,
21 CHITARRONI, Horacio (coordinador) (2008). La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social. (1ª edición) Buenos Aires: USAL. Página 245.
22 CHITARRONI, Horacio (coordinador) (2008). La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social. (1ª edición) Buenos Aires: USAL. Página 409.
23 CHITARRONI, Horacio (coordinador) (2008). La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social. Buenos Aires: USAL. Página 277.
24 “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para representarlo ante la Comisión.” Artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Las Palmeras vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia del 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67. Párrafo 34.
26 “En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” Artículo 19.6 del Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
27 “Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares.” Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
28 “Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.” Artículo 11 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Párrafo 470.
30 “Sólo en determinados casos el Consejo de Europa ha podido imponer formas de control más vinculantes que coexistan con el mecanismo de seguimiento político. Este el caso, en primer lugar, de la Carta Social Europea, la cual, además del mecanismo de garantía política, instaura también un mecanismo cuasi-jurisdiccional de garantía, que comprende un sistema de reclamos colectivos abiertos a las organizaciones internacionales o nacionales de empleadores y trabajadores así como a las ONG que estén dotadas de un estatuto consultivo ante el Consejo de Europa. Si bien estos reclamos no versan sobre situaciones individuales, permiten verificar la conformidad de la legislación estatal al Convenio. Un Comité Europeo de los Derechos Sociales se pronuncia en el marco de un procedimiento contradictorio, en primer lugar sobre la admisibilidad del reclamo, después sobre su fundamento y por lo tanto sobre la conformidad del derecho interno y la política administrativa del Estado concernido en la Carta. Todo ello es transmitido finalmente al Comité de Ministros, que adopta o bien una resolución de conformidad o bien una recomendación de no conformidad”. BOEV, Ivan (2011). Droit européen. París: Bréal. Páginas 210 -211. [Traducción propia]
31 “En efecto, la Comisión consideró que si bien era competente únicamente para aplicar la Convención y no otros instrumentos internacionales en tanto que tales, igualmente éstos podían resultar útiles para interpretar la Convención cuando aseguraran una protección de los derechos fundamentales más amplia que esta última”. GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Página 181.
32 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página 69.
33 Artículo 10.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
34 Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
35 “La Corte (…) debe reiterar lo establecido en su jurisprudencia constante sobre casos de desaparición forzada de personas, en el sentido de que ésta constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención Americana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Excepciones preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118. Párrafo 100.
36 ROUQUIÉ, Alain (2011). A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina. (1ª edición) Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Página 113.
37 “En la historia de la violación de los derechos humanos, las desapariciones no son una novedad. Pero su carácter sistemático y reiterado, su utilización como una técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor, ha sido relativamente reciente. Aunque esta práctica posee carácter más o menos universal, en América Latina ha presentado en los últimos años una excepcional intensidad.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 20 de enero de 1989. Serie C No. 5. Párrafo 157.
38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Párrafos 208 y 209.
39 Citado por TRUCCO, Marcelo F. (2013). Asilo, Refugios y derechos humanos. Una visión desde el Derechos Internacional en COZZANI, María Rosa y FIGALLO, Beatriz (editoras), Los de adentro y los de afuera. Exclusiones e integraciones de proyectos de nación en la Argentina y América Latina. Rosario: IDEHESI – IH.
40 “5. En el curso de la historia, estas circunstancias toman dramática relevancia con el advenimiento de los trágicos sucesos que tuvieron como protagonista a las graves crisis cívico-políticas que acontecieron en Centroamérica durante los años 70 y 80, y los exilios forzados consecuencia de las sangrientas dictaduras militares que sometieron bajo un férreo dominio a la mayoría de los países del Cono Sur.
6. De este modo verificamos sin hesitación la importancia que estas instituciones jurídicas han tenido y tienen en el ámbito americano, cuyas manifestaciones son altamente palpables no sólo en el marco de la práctica y la legislación interior de los Estados, muchos de los cuales han incorporado en su propia normativa constitucional aspectos vinculados al asilo y a la protección de los refugiados, y también desde el punto de vista de la actividad de los organismos internacionales del sistema interamericano de protección.” D’ALOTTO, Alberto (2004). El sistema interamericano de protección de los derechos humanos y su contribución a la protección de los refugiados en América Latina, en FRANCO, Leonardo (coordinador), El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina: análisis crítico del “dualismo-refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. [en línea] Páginas 161-184. (1ª edición) San José de Costa Rica: Editorama. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/22563.pdf. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2014. Páginas 161 y 162.
41 “(:..) Ya no se trata de los refugiados de antaño, los que por lo general eran pocos en números y constituidos fundamentalmente por dirigentes que gozaban de medios de fortuna. En la actualidad el problema radica en que, como resultado de los movimientos políticos acaecidos en la mayoría de los países americanos y la falta de estabilidad democrática en algunos de ellos, gran cantidad de personas, la mayoría de ellas sin bienes de ninguna especie, se trasladan al territorio de otras Repúblicas americanas a causa de las persecuciones de que son objeto”. ESPONDA FERNANDEZ, Jaime (2004). La tradición latinoamericana del asilo y la protección internacional de los refugiados, en FRANCO, Leonardo (coordinador), El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina. Análisis crítico del “dualismo-refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. [en línea] Páginas 79-125. (1ª edición). San José de Costa Rica: Editorama. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/22563.pdf. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2014. Página 116.
42 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. Párrafo 84.
43 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costa. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No.239. Párrafo 146.
44 “35. It is the Court’s view that (…) the applicant’s homosexuality was a factor which was decisive in the final decision. That conclusion is supported by the fact that the Court of Appeal, when ruling on the applicant’s right to contact, warned him not to adopt conduct which might make the child realize that her father was living with another man “in conditions resembling those of man and wife” (ibid.).36. The Court is therefore forced to find, in the light of the foregoing, that the Court of Appeal made a distinction based on considerations regarding the applicant’s sexual orientation, a distinction which is not acceptable under the Convention (…) ”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Salgueiro Da Silva Mouta vs. Portugal. Sentencia del 21 de diciembre de 1999. Solicitud no. 33290/96. Párrafos 35 y 36.
45 VENTURA ROBLES, Manuel E (2004). Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Revista IIDH [en línea] Volumen 40. Disponible en:http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/40/pr/pr6.pdf. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2014. Página 90 y 91.
46 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página 264.
47 “Al considerar si se configuró o no en el caso en cuestión la violación de la libertad de asociación, ésta debe ser analizada en relación con la libertad sindical. La libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. Párrafo 156.
48 “158. Esta Corte considera que la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los derechos humanos. 159. La libertad de asociación, en materia laboral, en los términos del artículo 16 de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse. El Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre de 1988, en su artículo 8.3, recoge la misma idea y precisa que, en materia sindical, “nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. Párrafos 158 y 159.
49 Artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana.
50 http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2014.
51 “Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones respecto del concepto de propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. Párrafo 149.
52 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Mathieu-Mohin y Clerfayt vs. Bélgica. Sentencia del 2 de marzo de 1987. Solicitud no. 9267/81. Párrafos 57 y 59.
53 GIALDINO, Rolando E. (2002) El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Página 166.
54 Artículo 2.1.d de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).
55 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página 270.
56 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página 268.
57 “(…) no todo acto u omisión, por el sólo hecho de ocurrir en el territorio de un Estado Parte, irrogará la responsabilidad de éste frente a la Convención, por cuanto se requerirá (…) que dicho acto u omisión derive del ejercicio de su jurisdicción. En este sentido cabe recordar el criterio de la Comisión en un litigio de particulares contornos. El actor había demandado ante las Cortes holandesas al Tribunal Arbitral Iraní-Americano, con sede en los Países Bajos, a consecuencia de una relación laboral que lo unía con dicho Tribunal. Empero, la demanda resultó rechazada habida cuenta de la inmunidad de jurisdicción que Holanda había acordado al demandado (…) La Comisión, a su turno, sostuvo que la inmunidad de la que gozaba el Tribunal Arbitral determinaba que sus decisiones administrativas no constituyeran actos propios de la jurisdicción de los Países Bajos en el sentido del art. 1 de la Convención, y, por ende, no comprometían la responsabilidad de éstos”. GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 236.
58 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página 233.
59 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Hilaire vs. Trinidad y Tobago. Excepciones preliminares. Sentencia del 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80. Párrafo 3.
60 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página 245.
61 “(…) la Corte hace notar que independientemente del examen que pudiera hacerse, si fuera indispensable, acerca de la existencia y las facultades de FASIC y de las personas que manifiestan actuar en su nombre, es claro que el artículo 44 de la Convención permite que cualquier grupo de personas formule denuncias o quejas por violación de los derechos consagrados por la Convención. Esta amplia facultad de denuncia es un rasgo característico del sistema de protección internacional de los derechos humanos. En el caso que nos ocupa, los promoventes son un “grupo de personas”, y por lo tanto, satisfacen una de las hipótesis previstas, para fines de legitimación, en el citado artículo 44 (…)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia del 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41. Párrafo 77.
62 “27. En el caso sub judice, la Argentina afirma que las personas jurídicas no están incluidas en la Convención Americana y, por lo tanto, a dichas personas no se les aplica sus disposiciones, pues carecen de derechos humanos. Sin embargo, la Corte hace notar que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación.(…)
29. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como si lo hace el Protocolo no. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho (...)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85. Párrafos 27 y 29.
63 “(…) the Court would make at the outset the general observation that Pine Valley and Healy Holdings were no more than vehicles through which Mr Healy proposed to implement the development for which outline planning permission had been granted. On this ground alone it would be artificial to draw distinctions between the three applicants as regards their entitlement to claim to be "victims" of a violation”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Pine Valley Developments Ltd y otros vs. Irlanda. Sentencia del 29 de noviembre de 1991. Solicitud no. 12742/87. Párrafo 42.
64 GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 191.
65 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Tre Traktörer Aktiebolag vs. Suecia. Sentencia del 7 de julio de 1989. Solicitud no. 10873/84. Párrafos 48 a 50.
66 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso De Wilde, Ooms y Versyp (“Vagrancy”) v. Bélgica. (Artículo 50). Sentencia del 10 de marzo de 1972. Solicitud no. 2832/66; 2835/66; 2899/66. Párrafo 23.
67 “It is the settled case-law of the Court that the word “victim” in the context of Article 34 of the Convention denotes the person directly affected by the act or omission in issue, the existence of a violation of the Convention being conceivable even in the absence of prejudice; prejudice is relevant only in the context of Article 41. Consequently, a decision or measure favorable to an applicant is not in principle sufficient to deprive him of his status as a “victim” unless the national authorities have acknowledged, either expressly or in substance, and then afforded redress for, the breach of the Convention (…)” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Brumărescu v. Rumania. Sentencia del 28 de octubre de 1999. Solicitud no. 28342/95. Párrafo 50.
68 GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 196.
69 “In the present case the Supreme Court injunction restrained the corporate applicants and their servants and agents from providing certain information to pregnant women. Although it has not been asserted that Mrs X and Ms Geraghty are pregnant, it is not disputed that they belong to a class of women of child-bearing age which may be adversely affected by the restrictions imposed by the injunction. They are not seeking to challenge in abstracto the compatibility of Irish law with the Convention since they run a risk of being directly prejudiced by the measure complained of. They can thus claim to be "victims" within the meaning of Article 25 para. 1 (art. 25-1).” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Open Door y Dublin Well Woman vs. Irlanda. Sentencia del 29 de octubre de 1992. Solicitud no. 14234/88; 14235/88. Párrafo 44.
70 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Nölkenbockhoff vs. Alemania. Sentencia del 25 de agosto de 1987. Solicitud no. 10300/83. Párrafo 33.
71 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo (2008). El concepto de «víctima de una violación de los derechos» como determinante para el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Comentarios monográficos. Revista de Administración Pública. Volumen 175. Páginas 253-284. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Página 260.
72 GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 221.
73 “En materia contenciosa el ejercicio de la competencia de la Corte depende normalmente de una cuestión previa y fundamental, como es el consentimiento de los Estados para someterse a su jurisdicción. Si ese consentimiento ha sido otorgado, los Estados que participan en el proceso toman técnicamente el carácter de partes en el mismo y se comprometen a cumplir con la decisión de la Corte (artículo 68.1 de la Convención). En cambio, mientras no exista tal consentimiento, la jurisdicción de la Corte no podrá ejercerse, de modo que carece de sentido examinar los asuntos de fondo que determinan la controversia sin antes haber establecido si las partes involucradas han aceptado o no su jurisdicción”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Párrafo 21.
74 “En nuestro sistema regional de protección, el espectro de la persistente denegación de la capacidad procesal del individuo peticionario ante la Corte Interamericana, verdadera capitis diminutio, emanó de consideraciones dogmáticas propias de otra época histórica tendientes a evitar su acceso directo a la instancia judicial internacional, - consideraciones estas que, en nuestros días, a mi modo de ver, carecen de sustentación o sentido, aún más tratándose de un tribunal internacional de derechos humanos.” CANÇADO TRINDADE, Antonio A. Voto concurrente en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. Excepciones preliminares. Sentencia del 30 de enero de 1996. Serie C No. 24. Párrafo 16.
75 “Si bien estamos convencidos de que es imperiosa una reforma que le reconozca al individuo su condición de sujeto del derecho internacional en el escenario americano, y que con ello debe llegar la posibilidad de acceso directo al Tribunal, también consideramos que en la actualidad, pese a los múltiples obstáculos que enfrenta el trámite del derecho de petición individual, existe un espacio que permite a los individuos allegar sus quejas al sistema sin más requisitos que los previstos para el buen funcionamiento del mismo (art. 46 CADH) y con ello se consideran las condiciones mínimas para acceder al sistema. Además cabe decir que en la medida en que la legitimidad para llegar a la Comisión es bastante amplia, pues no se requiere que el peticionario sea la víctima, a diferencia de lo ocurrido en Europa, por irónico que parezca, el sistema interamericano es más abierto”. ACOSTA ALVARADO, Paola A. (2008). Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Escenarios idóneos para la garantía de acceso a la justicia internacional? Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Páginas 54-55.
76 “La Comisión Interamericana no puede desaparecer del sistema interamericano porque, dada la permanente situación económica, social y política de nuestro continente, debe existir este organismo de control político -no judicial- para cuando se presentan casos de violaciones masivas a los Derechos Humanos. Para eso existe fundamentalmente la Comisión Interamericana, órgano cuasi-judicial y cuasi- político establecido por la propia Carta de la OEA para promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos y para servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.” VENTURA ROBLES, Manuel E. (2005) El acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un ideal y una lucha de Antonio A. Cançado Trindade en CANÇADO TRINDADE, Antonio A. y VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (páginas 209-267) (3ª edición) San José de Costa Rica: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados /Corte Interamericana de Derechos Humanos. Página 263.
77 CANÇADO TRINDADE, Antonio A. Voto concurrente en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. Excepciones preliminares. Sentencia del 30 de enero de 1996. Serie C No. 24. Párrafo 14.
78 VENTURA ROBLES, Manuel E. (2005) El acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un ideal y una lucha de Antonio A. Cançado Trindade en CANÇADO TRINDADE, Antonio A. y VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (páginas 209 a 267) (3ª edición) San José de Costa Rica: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados /Corte Interamericana de Derechos Humanos. Página 212.
79 VENTURA ROBLES, Manuel E. (2005) El acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un ideal y una lucha de Antonio A. Cançado Trindade en CANÇADO TRINDADE, Antonio A. y VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (páginas 209 a 267) (3ª edición) San José de Costa Rica: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados /Corte Interamericana de Derechos Humanos. Página 247.
80 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página 275.
81 “La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es esencialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta ‘coadyuvante o complementaria’ de la interna (…)” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 61.
82 “The Court points out that the machinery of protection established by the Convention is subsidiary to the national systems safeguarding human rights (…) The Convention leaves to each Contracting State, in the first place, the task of securing the rights and liberties it enshrines (…)” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Handyside vs. Reino Unido. Sentencia del 7 de diciembre de 1976. Solicitud no. 5493/72. Párrafo 48.
83 “The Court points out that the purpose of Article 35 is to afford the Contracting States the opportunity of preventing or putting right the violations alleged against them before those allegations are submitted to the Convention institutions (…) Consequently, States are dispensed from answering for their acts before an international body before they have had an opportunity to put matters right through their own legal system (…)” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Selmouni vs. Francia. Sentencia del 28 de julio de 1999. Solicitud no. 25803/94. Párrafo 74.
84 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1. Párrafo 88.
85 GUALDE, Andrea (2005). El procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en MANILI, Pablo L. (coordinador), Derecho Procesal Constitucional. Páginas 483-508. (1ª edición). Buenos Aires: Universidad. Página 487.
86 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 63.
87 “Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento de orden civil, expresamente mencionado por el Gobierno, como la presunción de muerte por desaparecimiento, cuya función es la de que los herederos puedan disponer de los bienes del presunto muerto o su cónyuge pueda volver a casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograr su liberación si está detenida.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 64.
88 “Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para los interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente.” Corte Interamericana de Derechos Humanos,

References: Artículo 23
 artículo 8
 artículo 13
 Artículo 19
 Artículo 13
 Artículo 11
 resolución 
 Artículo 10
 Artículo 26
 artículo 16
 artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 2
 artículo 44
 artículo 44