Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632327.html
Timestamp: 2019-03-26 14:24:08+00:00

Document:
as201632327
Auto Supremo Nº 327/2016.
Sucre, 20 de septiembre de 2016
Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.430/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 214 a 218 interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”, Regional Santa Cruz, representado por Olga Durán Uribe y Brenda Erika Siñani contra el Auto de Vista Nº 192/2015 de 5 de junio, cursante de fs. 210 a 211, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro del trámite de Certificación de Aportes instaurado por Hernán Sueldo Suárez contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 224, el auto de fs. 227 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y
I.1.1.- Resoluciones emitidas por el SENASIR:
Que, dentro del trámite administrativo de Compensación de Cotizaciones, iniciado por Hernán Sueldo Suárez, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, pronunció la Resolución Nº 1075 de 30 de enero de 2013 de fs. 96, otorgando en favor del solicitante, el formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones número 20,103, en el cual se considera un monto de Bs. 456,26 (cuatrocientos cincuenta y seis con 26/100 bolivianos), el que previa aceptación, es válido para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.
I.1.2 Resolución de Comisión de Reclamación
Notificado con la referida resolución, el actor presentó recurso de reclamación de fs. 133 a 136, la Comisión de Reclamación, mediante Resolución Nº 0360/2014 de 4 de junio, cursante de fs. 197 a 201, revocó en parte la Resolución Nº 1075 de 30 de enero de 2013 de fs. 96, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas y se otorgó en favor del asegurado una densidad de 19 años de aportes, manteniéndose firme y subsistente el salario cotizable de Bs. 720.00.- (setecientos veinte 00/100 bolivianos) correspondiente al periodo agosto 1993, conforme a la Certificación del Área de Certificación y Archivo Central CERT-04-2014-3684 de 4 de abril de 2014 de fs. 166 a 167 de obrados.
En grado de apelación interpuesta por el solicitante de fs. 194 a 195, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 192/2015 de 5 de junio, de fs. 210 a 211, revocó en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 360/2014 de 4 de junio y deliberando en el fondo con los fundamentos legales, ordenó al SENASIR reconocer al asegurado Hernán Sueldo Suárez una densidad de aportes de 21 años y un salario cotizable correspondiente al mes de octubre de 1996 de la empresa Chemonics International según fs. 39. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 – SAFCO.
El referido auto de vista, motivó que el SENASIR, representado por Olga Durán Uribe y Erika Siñani Roja, formuló recurso de casación en el fondo de fs. 215 a 218, en base a los siguientes argumentos:
Que luego de referirse a los antecedentes del proceso, acusó que el tribunal de alzada al revocar en parte la Resolución Nº 360/2014 de la Comisión de Reclamación, incurrió en transgresión y mala interpretación del art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, porque no se certificó los años reclamados porque el asegurado no figura en planillas que se encuentran en el área de Certificaciones, ni en archivos de la ASFI, por lo que los alcances del decreto no puede ser aplicado para el asegurado, que refiere ante la inexistencia de planillas se toma en cuenta la documentación supletoria, que no en el caso del solicitante, aspecto este que no tomó en cuenta el tribunal de alzada al revocar la Resolución Nº 360/2014 de 4 de junio.
Prosigue señalando que el art. 51 del DS Nº 822 establece que el SENASIR deberá considerar todos los aportes realizados al Sistema de Reparto hasta el mes de abril de 1997, lo que en el caso del solicitante son inexistentes, ya que el mismo no figura en planillas, consiguientemente no tiene aportes, por lo que el auto de vista al revocar transgredió el art. 24 de la Ley Nº 65 que refiere que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce a los asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con recurso del TGN, que en el caso se pretende el pago de aportes que no existieron por parte del asegurado.
Concluyó solicitando, se conceda el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que deliberando en el fondo dicte auto supremo casando el Auto de Vista Nº 192/2015 y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 0360/2014 de 04 de junio.
I.3 Respuesta al recurso
El solicitante Hernán Sueldo Suárez respondiendo al recurso de casación en el fondo, manifestó que el mismo es dilatorio y que no cumple los requisitos señalados por el art. 258. 2 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por lo que solicitó se declare improcedente.
En cuanto a mala interpretación del art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, 51 del DS Nº 822 y 24 de la Ley Nº 65 por el tribunal ad quem al revocar la Resolución Nº 00360/14 de 4 de junio de 2014; cabe señalar que a este efecto, el Ministerio de Hacienda ejerciendo la tuición que tiene sobre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, en uso de sus atribuciones, revisando las planillas del SENASIR, en conocimiento y veracidad que muchos asegurados no estaban consignados en planillas, sin embargo contaban con documentación que acredita que han prestado servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, emitió la Resolución Ministerial (RM) Nº 559 de 3 de octubre de 2005, complementando y ampliando los alcances del art. 14 del DS Nº 27543, “sin imponer limitaciones sobre alguna de sus determinaciones..”, la norma ampliatoria es posterior a la RS Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, que en su parte in fine del artículo único establece de manera concreta que se debe dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el DS Nº 27543, que en el art. 14, es decir, que se deben tomar en cuenta los documentos que cursan en el expediente, en caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR entre 1957 y abril de 1997, se certificará con la documentación que cursa en el expediente del asegurado a la fecha de publicación del presente decreto bajo presunción juris tantum, especificando entre los válidos a: los finiquitos, certificados de trabajo, boletas o planillas, partes de afiliación récords de servicios, etc., norma que faculta al Ente Gestor verificar a través de estos documentos idóneos, emitidos por autoridad pública y que tienen todo el valor legal y son base de la verdad material, no tiene facultad el SENASIR para rechazar el trámite por observaciones formales carentes de sustento, causando un grave perjuicio del asegurado que pretende contar con una jubilación para su subsistencia en su vejez.
Este entendimiento ha sido plasmado en varios fallos de éste Tribunal Supremo de Justicia entre los que podemos citar el Auto Supremo Nº 275/2013 de 3 de junio de 2013, entre otros; que la aplicación del art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, no restrictiva sino en favor del asegurado y que el mismo, no sólo procede para los trámites realizados en el Sistema de Reparto, sino también a los que corresponden a la Compensación de Cotizaciones, de tal manera que no se deje desprotegido al asegurado, sino con la diligencia que debe caracterizar a todo servidor público se imprima el trámite con la documentación presentada por el solicitante y contrastada con la que cuenta el Ente Gestor, proceda a la emisión de la resolución correspondiente en cumplimiento a los principios constitucionales y en aplicación correcta de normas legales que rigen la materia.
Además de lo anterior, la aplicación del referido Decreto Supremo, antes de la ampliación de su alcance, éste tenía su fundamento en el art. 14 del DS Nº 26069 de 9 de febrero de 2001, reglamentario del art. 63 de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996 de Pensiones, que prescribía que la Compensación de Cotizaciones; complementada por el art. 5. 2) de la RM Nº 436 de 12 de junio de 2002 y el art. 18 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004; refieren que se utilizan los mismos procedimientos del Sistema de Reparto, tanto para la Certificación de Aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual como para el Sistema de Reparto, lo cual fue ratificada por la RM Nº 559 de 3 de octubre de 2005, normativa reglamentaria emitida por el Ministerio de Hacienda a fin de efectivizar el derecho a la jubilación como parte integrante del derecho a la Seguridad Social.
En el marco legal descrito, en el caso de autos, de la revisión de los datos del cuaderno administrativo, se tiene que el asegurado Hernán Sueldo Suárez a tiempo de presentar su solicitud de Compensación de Cotizaciones, el 19 de marzo del 2010, adjuntó documentos cursantes de fs. 3, 4, 5, 14 a 17, 23 a 24, 39 a 44, 62 a 63 y 148 a 149, consistentes en finiquitos, certificado de aportes, certificado de trabajo, Calificación de Años de Servicio, liquidación de beneficios sociales y boletas de pago de la empresa Chemonics International, literales que tienen todo el valor legal, conforme al art. 397 del CPC, aplicable a la materia por permisión del art. 633 del Reglamento de Código de Seguridad Social, éstos documentos demuestran que el asegurado prestó servicios en el Banco Agrícola de Bolivia desde el 1 de agosto de 1972 a 17 de marzo de 1989, en el Ministerio de desarrollo Rural y Tierras desde el mes de septiembre de 1989 al mes de agosto de 1993 y finalmente en la Empresa Chemonics International Oficina La Paz desde el 15 de mayo de 1995 hasta el 30 de octubre de 1996, en consecuencia, corresponde al SENASIR realizar un nuevo cálculo tomando en cuenta los documentos señalados, sin causar perjuicio al asegurado invocando formalismos que no tienen sustento legal en materia de seguridad social, conforme acertadamente determinó el tribunal de alzada, en virtud del principio de irrenunciabilidad de derechos adquiridos que corresponden al solicitante por los aportes efectuados durante su vida laboral activa.
Asimismo, es preciso referirnos que la esencia y fundamento del art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 está en que el derecho a la seguridad social está previsto en los Convenios y Tratados Internacionales, como el Convenio 102 de la OIT de 1952, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el art. 25. 1, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2. 1 9 y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. XVI) y en el art. 45. I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), porque constituyen un conjunto de derechos que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos a la persona humana de las contingencias propias de la vejez, como hecho natural, por su deterioro físico y psicológico; pero a la vez base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física, psicología, dignidad, vestimenta y la alimentación; necesidades básicas del beneficiario de la renta, al cual se considera como un grupo de atención prioritaria y en etapa de vulnerabilidad, mereciendo por ello, la tarea de interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos y la consiguiente prevalencia del derecho sustantivo antes que las meras formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado consagrados en el Capítulo Segundo del Título Primero de la CPE.
Consiguientemente, por fundamentos expuestos, se concluye que el tribunal de apelación no incurrió en mala interpretación de las normas legales señaladas, como erróneamente aduce la institución recurrente, cuyos argumentos no tienen asidero legal, el Ente Gestor antes que servir diligentemente a las personas de la tercera edad, en desconocimiento total de tratados y convenios internacionales, de la Constitución Política del Estado y de las normas de la seguridad social, vulnera derechos fundamentales, como en el caso de autos, que lleva este trámite más de 5 años y el asegurado no puede contar con una renta de vejez digna, haciendo que el mismo llegue a la vía ordinaria para que se disponga el reconocimiento de un derecho fundamental, es inaceptable, el argumento que el actor no figura en planillas, no es responsabilidad de él, sino de la institución empleadora, pero más allá de la negligencia institucional empleadora, el Ente Gestor debe sustentar su negativa de no certificación en razones fundadas, indicando por qué los documentos presentados por el actor no son válidos, si en ellos se materializa el principio de verdad material como principio fundamental y el de buena fe, mientras no se pruebe lo contrario, los documentos presentados por el actor son válidos para el fin impetrado, principios que rigen en la vía administrativa.
Por lo expuesto, corresponde resolver, conforme previenen los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud a la facultad conferida por el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 214 a 218, interpuesto por el SENASIR a través de sus representantes legales Olga Duran Uribe y Erika Siñani Rojas.
Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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