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Timestamp: 2019-12-07 08:32:09+00:00

Document:
Registro Oficial. 17 de MAYO del 2006 Suplemento
Miércoles, 17 de mayo de 2006 - R. O. No. 272
1081-2004-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Guiseppe Ceci, Gerente General de SWEDTEL S. A., por improcedente.
0050-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por el señor Raimundo Zacarías Almeida Márquez.
0055-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por José Ángel Hernández Quiñónez..
076-2005-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Nelson Bladimir Fuentes Álvarez..
0079-2005-RA Declárase sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el delegado del Procurador General del Estado, en consecuencia, las partes estarán a lo resuelto por el Juez Segundo de lo Penal de Esmeraldas..
0088-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por el doctor Edgar Edison Lavayen Pérez..
0997-2004-RA Concédese la acción de amparo constitucional y ordénase que se pague a la señora Devora Geraldine Andino Daza sus remuneraciones por el tiempo de labores en la Escuela Politécnica Nacional..
1021-2004-RA Revócase lo resuelto en primer nivel y concédese el amparo constitucional interpuesto por Ángel David Valencia Robinson.
1031-2004-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por el señor Alberto Abraham León Vera..
0005-2005-RA Ratifícase la resolución del Juez constitucional y concédese la acción de amparo propuesta por Manuel Rodrigo Collahuaso Iza y otros..
0020-2005-HD Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el recurso de hábeas data propuesto por el doctor Julio Gerardo Soria Zea, Gerente General de la Compañía Plásticos Soria Cía. Ltda.
0056-2005-HC Confírmase la resolución adoptada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus solicitado por Edwin Alberto Castillo García..
0064-2005-HC Confírmase la resolución adoptada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus solicitado por el doctor Iván Durazno C., a favor del adolescente Luis Ernesto Tamayo Delgado..
0067-2005-HC Concédese el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Jorge Enrique Moran Centeno y ordénase su inmediata libertad.
0067-2005-RA Inadmítese la acción de amparo Constitucional propuesta por Julio Gerardo Soria Zea..
0075-2005-RA Revócase la resolución subida en grado por el Juez Noveno de lo Civil de Tungurahua e inadmítese la acción de amparo constitucional propuesta por el Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "OSCUS Ltda.".
0089-2005-HC Confírmase la resolución adoptada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus solicitado por Alfredo Benavides Medina.
0103-2005-HC Confírmase la resolución pronunciada por el Alcalde de la ciudad de Manta que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por el abogado Patricio Vargas Rodríguez a favor del adolescente Edwin Jonathan Bello Saltos y otro..
0158-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase el amparo solicitado por el señor Jorge Gustavo Caiza Llumiquinga.
0248-2005-RA Revócase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por Luis Alfredo Noboa Pérez.
0250-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Walter Humberto Jerez Peñafíel.
0261-2005-RA Inadmítese la acción planteada por Dalgo Lugo Luis Gilberto, por improcedente.
0351-05-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por Juan Carlos Mena Taco.
0593-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Víctor Hugo Villavicencio Granda..
0003-2006-HC Confírmase la resolución adoptada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus solicitado por María Lucila Ramos Tituaña.
0011-2006-HC Confírmase la resolución adoptada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus solicitado por Luis Armando Torres Borja.
- Gobierno Municipal del Cantón Santa Lucía: Reformatoria que reglamenta la constitución y funcionamiento del Comité de Contrataciones para los Procedimientos Licitatorios; de concurso público de ofertas y de los que no se sujetan al procedimiento precontractual conocido como contratación directa y del Comité Técnico de Consultoría.
No. 1081-2004-RA
CASO No. 1081-04-RA
Quito, D. M., 2 de mayo de 2006.-
Guiseppe Ceci, Gerente General de SWEDTEL S.A., procurador\n común del consorcio SWEDTEL, Administrador de la Compañía\n Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, Telecsa S. A.\n comparece ante el Juez de lo Civil de Pichincha y, fundamentado\n en el artículo 95 de la Constitución Política\n y 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, interpone\n acción de amparo en contra del Comisario Metropolitano\n de la Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito y del Alcalde\n del Distrito Metropolitano de Quito.
Manifiesta que su representada, para instalar una radio base\n en Santa Clara de San Millán realizó un estudio\n extenso de impacto ambiental, estudio que contiene conclusiones\n que dejan sin fundamento una denuncia presentada por los moradores\n de la zona. Que para el efecto ha obtenido el informe favorable\n de compatibilidad de uso del suelo, pues la implantación\n de este tipo de antenas es permitido.
Señala que los demandados dictaron las resoluciones\n 240-CMZN-MT de 27 de mayo de 2004 y 183-2004, basándose\n en el informe técnico de control de la ciudad, en el que\n se manifiesta que no se respeta normas de zonificación.\n Al respecto, afirma que cumple con las disposiciones de la ordenanza\n 0095 de 22 de agosto de 2003, en la que se establece el nuevo\n Régimen de uso de suelo para el Distrito Metropolitano\n de Quito, sancionado el 22 de agosto del 2003 y publicada en\n la adición suplementaria 187 del Registro Oficial del\n 10 de octubre del 2003, literal f), 97 y a los cuadros 7 y 8\n constantes en la memoria técnica del PUOS, publicada en\n el registro oficial 242 del 30 de diciembre del 2003, razón\n por la cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito\n otorgó un informe favorable de compatibilidad de usos\n de suelo y que es permitido la implantación de este tipo\n de Antenas.
Que el informe manifiesta que no tiene planos aprobados, cuando\n los planos se exigen para edificaciones y las antenas no son\n edificaciones sino un equipamiento, el mismo que se encuentra\n en el cuadro 4 de la ordenanza 0085 de 7 de abril de 2003; que\n los planos no se pueden referir a la construcción en donde\n se encuentra implantada la antena porque tiene sus planos respectivos\n los que se realizaron hace 4 años, por lo que el Municipio\n carece de facultad para juzgar a la Compañía SWEDTEL\n en virtud del Artículo 490 de la Ley de régimen\n Municipal.
Que no existe una ordenanza a más de las detalladas\n sobre este tipo de instalaciones y que existen informes de uso\n de suelo favorables, así como permiso de altura otorgado\n por la Dirección de Aviación Civil.
Que el derrocamiento de la antena de transmisión instalada\n en el barrio de Santa Clara de San Millán de Quito le\n causa un perjuicio económico por lo que el actor solicita\n se aplique el principio "Nullum crimen nulla pena sine lege"\n además que se acepte la Acción de Amparo constitucional\n suspendiéndose así las resoluciones 240 CMZN-MT\n de 27 de mayo del 2004 y 183-2004 emitida por el Alcalde del\n Distrito metropolitano de la ciudad de Quito.
En la audiencia pública efectuada el 29 de septiembre\n de 2004 los demandados, contestan la demanda en los siguientes\n términos; que la compañía debió observar\n las normas de construcciones antes de implantarlas y obtener\n el permiso de construcción necesario, el mismo que hasta\n la presente fecha no ha sido obtenido por el actor; que actualmente\n está en trámite un proyecto de ordenanza sobre\n estas construcciones pero esto no significa que la Compañía\n SWEDTEL esté exonerada de obtener los permisos respectivos\n por lo que incurrió en una infracción administrativa.
\n Que las estructuras implantadas han sido sancionadas con orden\n de derrocamiento ya que la Municipalidad aplica la normativa\n vigente como una sanción jurídica al incumplimiento\n incurrido por la compañía SWEDTEL.; que el acto\n que se impugna ha sido expedido por autoridad competente con\n las formalidades legales y de acuerdo a los artículos\n 161 y 490 de la ley de régimen Municipal y 10 de la Ley\n de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito. Que la\n orden de demolición que dictó la autoridad municipal\n es legal, no viola ningún derecho del actor ya que se\n rige a la ley de Régimen Municipal y a la Ordenanza de\n uso del Espacio y Vía Pública.
Solicitan se declare La Acción de Amparo como maliciosa\n e improcedente y se le imponga la multa respectiva por las construcciones\n levantadas sin los permisos pertinentes.
El Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha resuelve\n no conceder la Acción de Amparo Constitucional, dejando\n a salvo las acciones legales que el actor estime pertinente.\n De la resolución emitida los accionantes apelan ante el\n Tribunal Constitucional.
Con estos antecedentes, para resolver, la Sala realiza las\n siguientes
CUARTA.- El accionante impugna a resolución 240-CMZN\n emitida por el Comisario Metropolitano de la Zona Norte el 27\n de mayo de 2004, la que impone una multa por no contar con el\n permiso de trabajos varios y se ordena el retiro inmediato de\n la antena construida por la compañía Telecsa S.A.;\n impugna también la resolución 183-2004 emitida\n por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, la misma\n que confirma la resolución del Comisario Municipal.
QUINTA.- Revisado el proceso se determina que la sanción\n que contiene la resolución del Comisario Metropolitano,\n confirmada por el Alcalde de Quito, fue impuesta previo un trámite\n administrativo instaurado para conocer y resolver sobre la construcción\n de una torre metálica que no contaría con el permiso\n municipal, afectando la zonificación del sector, trámite\n al que la empresa Telecsa, propietaria de la torre, compareció\n ejerciendo su derecho a la defensa.
El artículo RII.275 del Código Municipal atribuye\n competencia a los Comisarios Metropolitanos para conocer sobre\n infracciones y, el artículo innumerado añadido\n a continuación del artículo RII.303, prevé\n el recurso de apelación de las resoluciones de los Comisarios\n ante el Alcalde , en armonía con lo dispuesto en el artículo\n 21 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito\n Metropolitano de Quito por lo que las resoluciones impugnadas\n en esta acción han sido emitidas por autoridades competentes,\n observando el trámite pertinente.
SEXTA.- Las resoluciones contienen los antecedentes de hecho\n y se basan en una denuncia de los pobladores del sector respecto\n a la construcción de una antena y en el informe técnico\n N° CC.0036-EY680 del que se desprende que ocupando un retiro\n y sin autorización municipal se construye una torre metálica\n (antena) que excede la altura permitida en el sector, afectándose\n la zonificación, además de no presentar plano,\n permiso de construcción ni de trabajos varios, e informe\n que determina la altura y área que ocupa la antena. Por\n encontrar que el hecho se adecua a lo previsto en el artículo\n RII.290 del Código Municipal, las respectivas autoridades\n resuelven imponer las sanciones establecidas en este mismo artículo,\n aplicables al caso, por lo que las resoluciones se encuentran\n debidamente motivadas.
SEPTIMA.- La Sala no encuentra ilegitimidad en los actos impugnados\n ni que éstos lesionen derechos de la empresa Telecsa S.A.,\n que puedan ser tutelados por esta vía; en consecuencia,\n la presente causa no reúne los requisitos de procedibilidad\n de la acción de amparo constitucional.
Por las consideraciones que anteceden, la Segunda Sala, en\n uso de sus atribuciones,
1.- Confirmar la resolución de Juez de instancia; y,\n en consecuencia, negar el amparo solicitado por improcedente;
2.- Remitir el expediente al Juez de origen para el cumplimiento\n de los fines legales.- NOTIFIQUESE y PUBLIQUESE.
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los dos días del mes de mayo del año dos mil\n seis.- Lo certifico.-
Fiel copia del original.- SEGUNDA SALA.- f.) Secretaria de\n Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-
No.\n 0050-2005-RA
En el caso signado con el No. 0050-2005-RA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 19 de enero de 2005, en virtud de la acción\n de amparo constitucional interpuesta por el señor Raimundo\n Zacarías Almeida Márquez, en contra del Alcalde,\n del Procurador Síndico del Consejo Provincial de Orellana\n y del Jefe de Recursos Humanos (E), en la cual manifiesta: Que\n suscribió varios contratos con el Consejo Provincial de\n Orellana, para prestar sus servicios como Microscopista y Laboratorista\n del Laboratorio de la Malaria de la ciudad de Orellana, los cuales\n los detalla en la demanda. Que durante todo el tiempo que prestó\n sus servicios personales, no tuvo problemas, desempeñando\n sus funciones con diligencia y responsabilidad, razón\n por la cual se le renovaron periódicamente los contratos\n de servicios personales, constituyéndose contratos a tiempo\n indefinido. Que mediante Memorando No. 1034-RR-HH, de 26 de noviembre\n de 2004, el Jefe de Recursos Humanos (E) le notifica la terminación\n del contrato de trabajo, en el que manifiesta: "Para los\n fines consiguientes comunico a usted, que de conformidad a lo\n señalado en la cláusula QUINTA del contrato de\n trabajo que tiene suscrito con esta Corporación Provincial,\n su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre del presente\n año; en consecuencia se da por terminada toda obligación\n que haya adquirido documentadamente con la Entidad a la vez que\n se le agradece los servicios". Que el acto administrativo\n ilegal y sin fundamento jurídico, contraviene disposiciones\n legales constantes en la Constitución Política\n de la República, Resoluciones del Tribunal Constitucional,\n de la Procuraduría General del Estado y Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en razón a\n que los contratos suscritos en forma repetida desnaturalizan\n la ocasionalidad del servicio y se tornan en permanentes y en\n consecuencia están amparados por la estabilidad, como\n lo señala la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.\n Que se ha violentado los artículos 23 numerales 3, 25,\n 26 y 27; 24 numerales 10, 11, 12, 13 y 17; y, 35 y más\n pertinentes de la Constitución Política de la República.\n Que se le está causando un inminente y grave daño,\n al quitarle el sustento de su persona y su familia. Que fundamentado\n en los artículos 95 de la Ley Suprema y 46 de la Ley del\n Control Constitucional, interpone acción de amparo constitucional\n y solicita se deje sin efecto el acto administrativo ilegítimo\n emitido por el Jefe de Personal del Consejo Provincial de Orellana.
El Juez de lo Civil de Orellana, mediante providencia de 21\n de diciembre de 2004, admite la demanda a trámite y convoca\n a las partes para el 22 de diciembre de 2004, a las 9h00, para\n que se lleve a efecto la audiencia pública.
En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública, a la que compareció la parte\n actora, quien por intermedio de su abogado defensor se ratificó\n en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- Los\n demandados manifestaron que la demanda no cumple con los tres\n requisitos que dispone la ley. Que no hay daño emergente,\n puesto que la simple notificación no constituye hecho\n violatorio a norma constitucional alguna y que al momento de\n presentar el recurso, el actor se encuentra laborando en forma\n normal, de acuerdo al contrato de servicios ocasionales. Que\n la recurrente ha firmado algunos contratos con el Consejo Provincial\n de Orellana, en calidad de prestación de servicios y tiene\n uno solo en calidad de servicios ocasionales. Que la partida\n del actor ha sido suprimida en el Ministerio de Salud en el año\n 1996 y que mientras no se reintegre el dinero a las arcas fiscales,\n no podría prestar servicios nuevamente para el Estado.\n Que en los casos de terminación del contrato ocasional\n y si el Consejo Provincial de alguna manera no ha cumplido con\n el mismo, se debe recurrir ante los jueces competentes en la\n acción ordinaria.
El 22 de diciembre de 2004, el Juez de lo Civil de Orellana\n resolvió conceder el recurso de amparo constitucional\n planteado, en consideración a que los accionados tenían\n la obligación de haber justificado exclusivamente la constitucionalidad\n de sus actos, es decir se debió demostrar que el acto\n reclamado es constitucional y no violatorio de las garantías\n y derechos consagrados en la Carta Magna, lo que no ha ocurrido\n en el presente caso.
TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art.\n 95 de la Carta Política dice: "Cualquier persona,\n por sus propios derechos o como representante legitimado de una\n colectividad, podrá proponer una acción de amparo\n ante el órgano de la Función Judicial designado\n por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará\n en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción\n de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de una autoridad pública que viole o\n pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente\n amenace con causar un daño grave. También podrá\n interponerse la acción si el acto o la omisión\n hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos\n o actúen por delegación o concesión de una\n autoridad pública". En consecuencia, para que proceda\n el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista\n un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública,\n b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con\n la Constitución o en un tratado o convenio internacional\n vigente, y c) Que cause o amenace causar un daño grave,\n y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar\n es si el acto administrativo impugnado está dentro de\n los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se\n trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.
CUARTO.- En el caso, el acto de autoridad que se impugna es\n la Resolución contenida en el Memorando No 1034-RRHH,\n por la cual se pone en conocimiento del accionante, la terminación\n de su contrato de trabajo como Microscopista y Laboratorista\n del Consejo Provincial de Orellana, de conformidad con la cláusula\n quinta del contrato suscrito con la Corporación Provincial,\n por lo que se da por concluido el contrato. Visto así\n el asunto, analizadas las diferentes piezas procesales, como\n las argumentaciones de las partes y la normativa constitucional\n y legal, se establece que entre el accionante y el Consejo Provincial\n de Orellana, se suscribió el primer contrato ocasional\n desde el 3 de enero del 2000, a1 30 de junio del 2000; luego\n otro desde el 25 de septiembre del 2000, hasta el 2 de octubre\n del 2000; otro desde el 2 de octubre hasta el 31 de diciembre\n del 2000; del 20 de abril al 20 de septiembre del 2001; del 24\n de septiembre hasta el 24 de diciembre del 2001; del 24 de diciembre\n del 2001, hasta el 23 de diciembre del 2002; del 2 de enero al\n 31 de diciembre del 2003; y, del 2 de enero hasta el 31 de diciembre\n del 2004.
QUINTO.- La Ley de Servicios Personales por Contrato, creada\n para satisfacer necesidades de carácter técnico\n especializado por cortos períodos en la administración\n pública, promulgada en el Registro Oficial No. 364 de\n 7 de agosto de 1973, determina la posibilidad de contratar personal\n técnico, especializado o práctico por períodos\n de noventa días, que no `pueden ser prorrogados, los mismos\n que se celebrarán por una sola vez, en cada ejercicio\n económico. Sin embargo, del análisis de los contratos\n incorporados al proceso, se establece que al compareciente no\n se le contrató bajo esa modalidad, es decir, para desempeñar\n sus funciones por el período de noventa días previsto\n en la ley, todo lo contrario, ha venido laborando ininterrumpidamente\n por varios años, bajo la figura de renovación del\n contrato de servicios personales, lo cual no se encuentra previsto\n por la ley, pues la naturaleza de este instrumento jurídico\n es ocasional, quedando prohibida, de manera expresa, la prórroga\n del mismo; consecuentemente, la entidad ha desvirtuado la naturaleza\n de esta clase de contratos, sentido en el cual se ha pronunciado\n el Procurador General del Estado, en consultas formuladas por\n la Unidad Ejecutora ORI, ante casos similares, pronunciamiento\n que ha sido recogido por la Primera Sala en el caso signado con\n el No. 0375-2003-RA, y en los casos resueltos por el Pleno del\n Tribunal Constitucional Nos. 769-2003- RA; 676-2003-RA; y 787-2003-RA\n que constituyen un precedente constitucional que guía\n el accionar de los jueces constitucionales en casos similares,\n y que permite poner en practica el principio y el derecho a la\n igualdad previsto en el artículo 23 numeral 3 de la Constitución\n de la República.
SEXTO.- Conforme se ha analizado, la relación del accionante\n en su condición de Microscopista y Laboratorista con la\n administración del Consejo Provincial, se inició\n el 3 de enero del 2000, sin que en ningún momento se hubiere\n interrumpido su prestación de servicios, por lo que en\n el caso, la modalidad adoptada por el Consejo Provincial, de\n contratar personal con sustento en la Ley de Servicios Personales\n por contrato, que no puede exceder de noventa días y que\n es irrenovable dentro del ejercicio económico, no es aplicable\n para este tipo de actividad, tornándose evidente que la\n relación es de aquellas sujetas a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa; y en consecuencia, el dar por concluida\n la relación del Consejo Provincial con el accionante adolece\n de ilegitimidad, y en lo fundamental vulnera el derecho a la\n seguridad jurídica y al debido proceso, en tanto se le\n privó del derecho a la defensa, ya que, no se observó\n el trámite administrativo, previsto por la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público\n para casos de destitución, de existir causas para ello.
SEPTIMO.- El medio más idóneo para separar a\n un servidor de sus funciones es el sumario o audiencia administrativa,\n conforme lo determina el Art. 45 de la Codificación de\n la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación de la Remuneraciones\n del Sector Público, mismo que debe seguir el procedimiento\n previsto en el Art. 78 y siguientes del Reglamento de este mismo\n cuerpo legal. No consta del proceso que se haya seguido ningún\n procedimiento para separar de sus funciones al accionante quien\n ha laborado desde el año 2000, ni que en un sumario se\n puntualicen los fundamentos o causas que lo motivaron, o que\n se haya receptado su declaración contestando a las impugnaciones\n hechas en su contra, lo cual violenta el derecho a la defensa\n contenido en el numeral 10 del Art. 24 de la Carta Política,\n y que de manera puntual consigna: "Nadie podrá ser\n privado del derecho de defensa en ningún estado o grado\n del respectivo procedimiento"; precepto que guarda armonía\n con el Art. 8 de la Convención Americana de sobre los\n Derechos Humanos, que señala: "Toda persona tiene\n derecho a ser oída, con las debidas garantías y\n dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente,\n independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la\n ley"; de igual manera el acto de autoridad por el cual se\n destituye al accionante lesiona el mandato contenido en el numeral\n 13 del Art. 24 que establece que las resoluciones de los poderes\n públicos que afecten a las personas deberán ser\n motivadas, esto es a explicarse la pertinencia de su aplicación\n a los antecedentes de hecho.
\n OCTAVO.- Por otra parte, la terminación anticipada de\n contrato contenida en la Cláusula Sexta del referido contrato,\n no puede contrariar con la normativa de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la Constitución\n Política de la Republica y sobre todo vulnerar el derecho\n a la estabilidad de los servidores públicos, reconocida\n en el artículo 124 de la Carta Fundamental y, a la vez,\n vulnera el derecho al trabajo, garantizado en el artículo\n 35 ibídem, pues no obstante haber sido contratado bajo\n modalidad contractual ocasional (incorrecta), se hallaba ejerciendo\n el derecho al trabajo de manera habitual, es decir, había\n accedido a una actividad cuyo desempeño, a la vez que\n deber social, constituye la condición que permite al trabajador\n el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración\n justa para la satisfacción de sus necesidades, cuya privación,\n a no dudarlo, ocasiona grave daño a quien se ve intempestivamente\n colocado en situación de desocupación, en condiciones\n en que acceder a un puesto público o privado de trabajo,\n se torna cada vez más difícil, daño que\n debe ser reparado por la autoridad emisora del acto ilegítimo.
En uso de sus atribuciones, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1.- Confirmar la Resolución del Juez de instancia;\n en consecuencia, se concede el amparo constitucional propuesto\n por el señor Raimundo Zacarías Almeida Márquez;
2.- Devolver el expediente al Juez de Instancia para los fines\n previstos en el Art. 55 de la Ley del Control Constitucional;\n debiendo el referido Juez en el término de cinco días\n informar documentadamente el acatamiento a ésta Resolución.-\n Notifíquese.-
Quito D. M., 2 de mayo de 2006.
No. 0055-2005-RA
Magistrado ponente: Dr. Jacinto Loaiza Mateus
En el caso signado con el No. 0055-2005-RA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 20 de enero de 2005, en virtud de la acción\n de amparo constitucional interpuesta por el doctor José\n Angel Rafael Hernández Quiñónez, en contra\n del Director General (E) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social, en la cual manifiesta: Que ingresó a prestar sus\n servicios desde el 15 de septiembre de 1993, en calidad de Subdirector\n Regional Médico Social R-6 del IESS, siendo notificado\n el 11 de julio de 1994, con la terminación de sus relaciones\n labores. Que inició la acción contencioso administrativa\n y que mediante resolución de la Sala de lo Contencioso\n Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, se dispuso la\n admisión de la demanda, ordenando su reingreso a las funciones\n de Subdirector Regional Médico Social No. 6 del IESS,\n mediante oficio No. 01100.3440 de 12 de agosto de 1998, previo\n dictamen de la Procuraduría General del IESS. Que mediante\n oficio No. 62100000-16813-PI, el Director General (E) del IESS\n le agradece por la actividad cumplida como Jefe del Departamento\n Provincial de Salud Individual y Familiar de Manabí y\n dispone que se reintegre como Médico Especialista Q 75.\n Que su último nombramiento fue emitido en base al estudio\n de una terna de aspirantes remitida por la Directora del Seguro\n General de Salud Individual y Familiar. Que mediante Resolución\n CD021, de 13 de octubre de 2003, se aprueba el Reglamento Orgánico\n Funcional del IESS, que en su artículo 34 determina las\n responsabilidades de las Unidades Provinciales de Salud Individual\n y Familiar, creando el Departamento de Salud Individual y Familiar\n de Manabí, por lo que su cargo base no es el de médico\n especialista Q 75, ya que no existe ni denominación, ni\n funciones con esa referencia. Que se ha violentado los artículos\n 1; 23 numeral 26; 24; y, 35 numeral 9 de la Constitución\n Política del Estado. Que fundamentado en los artículos\n 95 de la Carta Magna y 46 de la Ley del Control Constitucional\n interpone acción de amparo constitucional y solicita se\n disponga su reintegro a las funciones que ha venido cumpliendo,\n con las mismas garantías, deberes y atribuciones inherentes\n a la función de Director.
El Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Portoviejo,\n mediante providencia de 14 de diciembre de 2004, admite la demanda\n a trámite y señala para el 20 de diciembre de 2004,\n a las 10h30, la realización de la audiencia pública.
En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública a la que compareció el actor,\n quien por intermedio de su abogado defensor se ratificó\n en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El abogado\n defensor del Director General (E) del IESS, ofreciendo poder\n o ratificación, manifestó que se ha dado cumplimiento\n a la ley, en consideración a que el acto administrativo\n ha sido emanado de autoridad competente y no causa daño\n ni gravamen irreparable, pues no se ha despedido al recurrente,\n quien mantiene su designación de Médico Especialista,\n designación creada para funcionarios que trabajando en\n la institución, se les ha suprimido la partida. Que el\n accionante venía cumpliendo las funciones de Jefe del\n Departamento Provincial de Atención de Salud Individual\n y Familiar, a partir del 12 de agosto de 2004. Que el 6 de septiembre\n de 2002, el actor aceptó el cambio por la supresión\n del cargo de Subdirector Regional de Prestaciones de Salud a\n Médico Especialista. Que durante todo ese tiempo ha venido\n percibiendo sus sueldos con tal denominación y si se hubiera\n dado alguna irregularidad, la Federación Médica\n ya hubiera presentado su reclamo. Que el nombramiento del actor\n no cumplió con los procedimientos legales señalados\n en los artículos 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Homologación\n Salarial. Que no existió ningún concurso para tal\n denominación, porque el cargo no lo exige, ni el Reglamento\n Único de Concursos para la Provisión de Cargos\n Médicos a Nivel Nacional, por ser el puesto de libre remoción.\n Que la acción administrativa dispuesta por el Director\n General del IESS no es un acto de autoridad ilegítimo,\n como lo señala el artículo 4 literal a) de la Resolución\n de la Corte Suprema de Justicia. Por lo señalado solicitó\n se niegue el amparo constitucional propuesto sin fundamento legal.
El 22 de diciembre de 2004, el Tribunal Distrital Contencioso\n Administrativo de Portoviejo, resolvió admitir la acción\n de amparo constitucional propuesta, en consideración a\n que consta de autos que el administrado fue designado el 19 de\n febrero de 2004, para el cargo de Jefe del Departamento de Salud\n Individual y Familiar de Manabí, por lo que el reubicar\n al actor al cargo de Médico Especialista Q 75 en la misma\n dependencia del IESS Regional, con sede en la ciudad de Portoviejo,\n se enmarca el acto administrativo impugnado en destitución,\n a lo que se suma que no consta de autos expediente o sumario\n administrativo en que se motive legalmente la resolución.
PRIMERO.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional.
TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art.\n 95 de la Carta Política dice: "Cualquier persona,\n por sus propios derechos o como representante legitimado de una\n colectividad, podrá proponer una acción de amparo\n ante el órgano de la Función Judicial designado\n por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará\n en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción\n de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de una autoridad pública que viole o\n pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente\n amenace con causar un daño grave.
CUARTO.- En el caso el acto de autoridad que se impugna es\n la Resolución contenida en el oficio No. 62100000-16813-PI,\n de 03 de diciembre del 2004, por la cual el Director General\n (E) del IESS le agradece al accionante por la actividad cumplida\n como Jefe del Departamento Provincial de Salud Individual y Familiar\n de Manabí y dispone que se reintegre como Médico\n Especialista Q 75.
QUINTO.- A manera de antecedente podemos establecer que efectivamente\n el accionante ingresó a prestar sus servicios desde el\n 15 de septiembre de 1993, en calidad de Subdirector Regional\n Médico Social R-6 del IESS, siendo notificado el 11 de\n julio de 1994, con la terminación de sus relaciones labores,\n y ante la demanda presentada en el Tribunal Contencioso Administrativo\n de Portoviejo, éste resolvió con fecha 25 de octubre\n de 1995, el reingreso del accionante al desempeño de las\n funciones que le corresponden en su nombramiento; por lo que\n mediante oficio No. 01100.3440 de 12 de agosto de 1998, se dispuso\n su reintegro al cargo de Subdirector Médico Social de\n la Regional -6, denominación del cargo que fue cambiado\n a Médico Especialista, el 06 de septiembre del 2002; pasando\n el accionante a tener tal denominación y ha percibir las\n remuneraciones correspondientes (fojas 99 a 102).
En este orden, con fecha 19 de febrero del 2004, el doctor\n José Hernández Quiñónez fue designado\n Jefe del Departamento de Salud Individual y Familiar de Manabí;\n posteriormente con fecha 3 de diciembre del 2004, mediante oficio\n No 62100000-16813-PI se le agradece por sus servicios y dispone\n se reintegre al cargo de médico especialista Q 75, siendo\n este, un segundo acto de la autoridad distinto al anterior, en\n tiempo y circunstancias, y por tanto, no existe relación\n entre dichos actos; sin embargo, resulta curioso, que al interponerse\n una acción de amparo constitucional sobre éste\n último, el Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo\n nuevamente concede el amparo a favor del accionante.
SEXTO.- En virtud de éste antecedente y del análisis\n de expediente, podemos establecer que el mismo se limita a impugnar\n estrictamente la legalidad de la resolución adoptada por\n el Director General del IESS, que supuestamente estaría\n contrariando el Reglamento Orgánico Funcional del IESS\n y las resoluciones emanadas de los máximos instancias\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al respecto cabe\n subrayar, que al Tribunal Constitucional no le está atribuido\n conocer temas de legalidad, para ello existen las vías\n correspondientes. El amparo constitucional es procedente cuando\n han concurrido los presupuestos señalados en el considerando\n tercero de esta resolución; adicional a ello, en el presente\n caso, no se precisa el acto u omisión ilegítimos\n de la autoridad pública violatorio de derechos de la persona;\n no basta la simple mención de que el acto impugnado es\n ilegítimo, es menester determinar en forma clara y concreta\n la violación de los derechos subjetivos constitucionalmente\n reconocidos o en tratados internacionales vigentes, y que cause\n de modo inminente un daño grave, entonces si, procede\n la acción de amparo constitucional, circunstancia de la\n cual la acción planteada carece en lo absoluto.
1.- Revocar la Resolución del Juez de instancia; en\n consecuencia, se niega el amparo constitucional propuesto por\n José Ángel Hernández Quiñónez;
2.- Dejar a salvo el derecho del accionante para proponer\n las acciones que estime pertinentes; y,
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n a los dos días del mes de mayo del año dos mil\n seis.- Lo certifico.-
No.\n 076-2005-RA
Magistrado ponente: Dr. Jacinto Loaiza\n Mateus.
CASO No. 076-2005-RA
Nelson Bladimir Fuentes Álvarez comparece ante el Juez\n Penal de Manabí con sede en Chone e interpone acción\n de amparo constitucional contra el Dr. Efrén Romero Vélez,\n Inspector de Provincial de Trabajo de Manabí; el accionante\n manifiesta:
Que prestó sus servicios hasta el 5 de noviembre de\n 2004 en calidad de chofer y vendedor de la compañía\n SERVICHONE S.A. COCA COLA, por un tiempo de siete años\n y nueve meses, demostrando capacidad, eficiencia y honradez.
Que el 28 de octubre de 2004 a las 08h30, en la Inspectorìa\n Provincial de Trabajo de Manabí se presentó una\n solicitud de Visto Bueno en su contra por parte de la Abogada\n Mariana Alcívar de Lozano, quien ofreció poder\n o ratificación de gestiones del Dr. Rogerio Jalil Loor,\n Gerente de la ya citada compañía, alegando que\n el 2 de octubre de 2004 aproximadamente a las 18h45 cuando regresaba\n de Flavio Alfaro a la ciudad de Chone, por el efecto de alcohol\n ingerido ha perdido el control del vehículo de la empresa,\n precipitándose a la cuneta por más de 30 metros,\n para después controlar el vehículo y colocarlo\n en un carril, produciéndose como consecuencia la salida\n de una puerta del lado derecho del carro, la pérdida de\n 74 cajas de envases mediano y 20 cajas, más líquido\n de Coca Cola, causando perjuicio a la empresa, poniendo en peligro\n los bienes y aún su vida; enmarcando el visto bueno en\n lo que determina el Art. 172, numeral 2 y Art. 48, literal a)\n del Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía\n de Servicios de Distribución y Comercialización\n Chone SERVICHONE S.A.
El Inspector de Trabajo de Manabí tramitó el\n Visto Bueno No. 67-2004, y el 6 de diciembre de 2004 a las 17h50\n emite su resolución aceptándolo, por lo que su\n empleadora optó por prescindir de sus servicios; que dicho\n trámite de Visto Bueno es improcedente e ilegal por las\n siguientes razones: La compañía SERVICHONE S.A.\n COCA COLA es persona jurídica y no es hábil para\n otorgar procuración judicial porque no puede comparecer\n por sí sola a juicio; la solicitud de visto bueno no reúne\n los requisitos de los Arts. 71 y 72 del Código de Procedimiento\n Civil; el nombramiento del Dr. Rogerio Jalil Loor a la presentación\n de Visto Bueno estaba caducado; que no se consignó un\n mes de sueldo, solo se depositó la cantidad de 110 dólares,\n cuando su sueldo era de $ 380,00 USD; que la acción para\n el visto bueno prescribe en un mes; que para determinar su estado\n de ebriedad se acoge testimonios de varias personas cuando la\n única manera de probarlo es con una prueba de alcoholemia,\n la que jamás se le practicó.
Por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución\n de fecha 6 de diciembre de 2004 a las 17h50 emitida por el Inspector\n Provincial de Trabajo de Manabí, cese el cumplimiento\n de la medida adoptada por la autoridad administrativa y se ordene\n su reintegro a su puesto de trabajo, ya que se han violado los\n Arts. 23, numeral 27, y 35, numeral 3 del la Constitución\n de la República. Así mismo solicita se ordene el\n pago de los haberes y más beneficios de ley por el tiempo\n que se le ha impedido de trabajar.
En la audiencia pública llevada a efecto en el juzgado\n de la instancia, la parte actora se ratifica en los fundamentos\n de su demanda, en tanto que la parte accionada, en lo principal\n expone lo siguiente:
Que por su condición de Inspector de Trabajo le correspondió\n emitir la resolución que se impugna, la misma que no es\n una sentencia, ni un fallo en firme y está sujeto a las\n impugnaciones conforme lo prescrito en la ley; que el accionante,\n al contestar la solicitud de visto bueno presenta un extenso\n escrito, pero que no deduce las excepciones, por lo que, en su\n calidad de inspector de trabajo no puede conceder derechos no\n alegados.
Que existen resoluciones de la Corte Suprema de Justicia,\n el Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal Constitucional\n que indican que los trámites de Visto Bueno no son susceptibles\n de recursos de amparo constitucional, ya que su impugnación\n está señalada en el Código de Trabajo, Art.\n 183; que en cuanto a la prescripción alegada, ésta\n se interrumpió con la presentación del Visto Bueno\n de fecha 28 de octubre de 2004, habiendo transcurrido solo 26\n días desde el 2 de octubre de 2004.
Razón por la cual solicita se deseche la acción\n de amparo constitucional propuesta, por ser improcedente.
La Jueza Décimo Segunda de lo Penal de Manabí,\n emite resolución aceptando la acción de amparo\n constitucional, por considerar que el Visto Bueno concedido por\n el Inspector de Trabajo de Manabí ha violado preceptos\n constitucionales. De esta resolución apela la parte accionada.
Radicada la competencia en la Segunda Sala por el sorteo correspondiente,\n el estado de la causa es el de resolver, para lo cual, se realiza\n las siguientes:
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver este caso, de conformidad con lo dispuesto en el Art.\n 276, numeral 3 de la Constitución de la República.
SEGUNDA.- No se advierte omisión de solemnidad sustancia\n alguna que pueda incidir en la resolución de la presente\n causa, por lo que se declara su validez
TERCERA.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente\n que, la acción de amparo constitucional procede, cuando\n de manera simultánea y unívoca, concurren los siguientes\n presupuestos: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos\n de autoridad pública; b) Que siendo violatorio de un derecho\n subjetivo constitucional; c) Cause o amenace causar un inminente\n daño grave.
CUARTA.- Un acto de autoridad es ilegítimo cuando ha\n sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para\n ello, o sin observar los procedimientos previstos en el ordenamiento\n jurídico, o cuando su contenido es contrario a dicho ordenamiento,\n o ha sido dictado arbitrariamente, esto es, sin fundamento o\n suficiente motivación.
QUINTA.- El trámite y la resolución de Visto\n Bueno constituyen actos administrativos de autoridad pública,\n por tanto no pueden estar exentos del análisis por parte\n del Tribunal Constitucional en cuanto a su legitimidad y su concordancia\n con las garantías constitucionales determinadas en la\n Carta Política del Estado, toda vez que no están\n inmersas en las causas de inadmisiòn expresamente señaladas\n en el Art. 95 de la Constitución de la República\n y Art. 50 del Reglamento de Trámite de Expedientes en\n el Tribunal Constitucional.
SEXTA.- El accionante impugna la resolución emitida\n por el Inspector Provincial de Trabajo de Manabí de fecha\n 6 de diciembre de 2004 a las 17h50, por la cual concede Visto\n Bueno solicitado en su contra, y como consecuencia de ello se\n lo separa de su puesto de trabajo; al respecto cabe realizar\n el siguiente análisis:
a) En cuanto a la competencia del accionado para emitir el\n acto administrativo que se impugna, debe señalarse que,\n de conformidad con lo dispuesto en el Art. 553, numeral 5 del\n Código del Trabajo, es atribución del Inspector\n del Trabajo: "conceder o negar el visto bueno en las solicitudes\n de despido de los trabajadores o separación de éstos",\n por tanto, no hay incompetencia de la autoridad demandada.
b) Siendo competente el Inspector del Trabajo para tramitar\n la solicitud de visto bueno, dicho trámite debe enmarcarse\n en las disposiciones constitucionales y legales, de tal suerte\n que no se vulneren derechos reconocidos en la Carta Magna a favor\n de los trabajadores.
SEPTIMA.- El accionante afirma que se han violado los Arts.\n 23, numeral 27, y 35 de la Constitución de la República;\n la primera disp

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 artículo 95
 Artículo 490
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 artículo 23
 artículo 124
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 artículo 34
 artículo 4
 artículo 62
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