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Timestamp: 2020-07-06 11:47:53+00:00

Document:
Registro Oficial No 434- Miércoles 24 de Abril de 2013 Edicion Especial
\n	Miércoles 24 de Abril de 2013 - R. O. No. 434
\n	Corte Nacional de Justicia: Primera Sala de lo Laboral:
\n	06-2007 Stalin Mantuano Vélez en contra de la Fábrica Turinesa
\n	441-07 Lorenzo Montaño Romero en contra del H. Concejo Provincial de Loja
\n	598-2007 Lorenzo Montaño Romero en contra del H. Concejo Provincial de Loja
\n	663-2007 Julio Adolfo Caranqui Gordillo en contra de Sociedad Agrícola e Industrial ?San Carlos? S. A.
\n	79-2010 Pastor Ramón Montero Rodríguez en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n	358-10 Olmedi Cecilio Cabrera Cabezas en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n	664-10 María Elizabeth Cajamarca miranda en contra de Bristos Myers Sequibb Cía. Ltda
\n	917-2010 Víctor Hugo Jordan en contra de FLOPEC
\n	950-10 Alvarado Ignacio Mora Rosas en contra de Antonio Luis Vargas Hinostroza
\n	1020-2010 Walter Antonio Vélez Velorio en contra de Hotel Casino Salinas S. A
\n	321-11 Marcelo Nelson David Gutierrez en contra de la Empresa ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP
\n	210-2010 Señor Pedro Nolasco Jara Caicedo en contra de la Prefecta el Consejo Provincial de Esmeraldas y otros
\n	211-2010 Señor Jimmy Patricio Revelo Cuaspud en contra del Municipio de Ibarra
\n	214-2010 Señor Jorge Luis Poveda Arcentales en contra de EMAAPQ
\n	217-2010 Señor Jerónimo Simón Asán Torres en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n	218-2010 Doctor Roberth Alexander Loor Marquines en contra del Rector de la Universidad Técnica de Manabí y otro
\n	219-2010 Señor Edgar Eduardo Malquin Fiallos en contra del Alcalde metropolitano del Municipio de Quito y otro
\n	221-2010 Abogado Wilson Abdón Sánchez Manjares en contra del Contralor General del Estado y otro
\n	223-2010 Señor Marcelo Rodrigo Alvarado Contreras en contra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
\n	224-2010 Señora María Virginia Beltrán Castro en contra del Alcalde del Municipio de Atacames y otro
\n	225-2010 Señor Carlos Gregorio Nazareno Daza en contra de la Municipalidad de Atacames
\n	226-2010 Abogada Lucila Litardo Loor en contra del Consejo de la Judicatura
\n	227-2010 Mauricio Vinicio Yanza Orozco en contra del Gerente General de la CAE
\n	228-2010 Señor Gabriel Arturo Anchundia Delgado en contra del Alcalde de la Municipalidad de Montecristi y otro
\n	230-2010 Señora Cecilia Elizabeth Arteaga Espinoza en contra de la Municipalidad de Montecristi
\n	232-2010 Señor Félix Chiriboga en contra de del Alcalde de la Municipalidad de Montecristi y otros
\n	JUICIO LABORAL QUE SIGUE STALIN MANTUANO VÉLEZ CONTRA FÁBRICA LA TURINESA. NOTIFICO LO QUE SIGUE:
\n	No. 06-2007
\n	PONENCIA DEL DR. RUBÉN BRAVO MORENO
\n	PRIMERA SALA LABORAL
\n	Quito, 14 de septiembre de 2011, las 08h40.
\n	VISTOS: La Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil dicta sentencia confirmando la del a quo que declara parcialmente con lugar la demanda presentada por Stalin Iván Mantuano Vélez en contra de la Fábrica TURINESA, en las personas de Carlos Manuel Mármol Marín y Elisa Enedina Sarmiento de Mármol. Los demandados no hallándose conformes con el fallo presentan recurso de casación; para resolver se considera: PRIMERO.- La Competencia de esta Sala se fundamenta en los Artículos 184 n. 1., de la Constitución de la República del Ecuador, 613 del Código del Trabajo; 1 de la Ley de Casación; y en el respectivo sorteo de causas cuya razón obra de autos. SEGUNDO.- Los recurrentes en su libelo de casación manifiestan que consideran que en la sentencia se han infringido las siguientes normas; el precedente jurisprudencial contenido en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de 3 de febrero de 1999, publicada en el RO 138 de 1-marzo-1999. Fundan el recurso en la causal 1ª. del Art. 3 de la Ley de Casación. Fundamentando el recurso alegan que en la sentencia no se aplicó la mencionada Resolución, lo que determinó también la no aplicación del Art. 323 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO.- Una vez examinado el expediente en relación con los cuestionamientos formulados, esta Sala llega a la conclusión de que el recurso presentado no tiene ningún sustento legal, puesto que la sentencia impugnada al ser confirmatoria de la de primera instancia no tenía por qué efectuar una nueva liquidación, la que es realizada por el Juez del Trabajo en cumplimiento de la mentada Resolución. Por otro lado debe destacarse que los recurrentes ni en la apelación ni en el recurso de casación manifiestan con que rubros liquidados no estuvieron de acuerdo; de lo cual se desprende que no se ha comprobado la existencia de la 1ª. causal invocada. En mérito a lo que queda expuesto y estimando innecesario hacer otras consideraciones, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación presentado por la parte demandada. Entréguese al actor el monto de la caución, según lo dispuesto por el Art. 12 de la Ley de Casación. Notifíquese, y devuélvase.
\n	Fdo.) Dres. Jorge Pallares Rivera, Rubén Bravo Moreno, Ramiro Serrano Valarezo.
\n	Es fiel copia del original.- Quito, 17 de noviembre del 2011.
\n	f.) Ilegible, Secretaría de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Nacional de Justicia.
\n	JUICIO LABORAL QUE SIGUE LORENZO MONTAÑO ROMERO EN CONTRA DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA.
\n	No. 441-07
\n	PROYECTO: Dr. Ramiro Serrano Valarezo.
\n	PRIMERA SALA DE LO LABORAL
\n	Quito, 13 Septiembre de 2011, las 09h00.
\n	VISTOS: La Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja, con fecha 12 de febrero de 2007, las 15h00, dicta sentencia en el juicio laboral seguido por Lorenzo Montaño Romero en contra del H. Consejo Provincial de Loja, representado por el señor Prefecto Provincial Arq. Rodrigo Vivar Bermeo y Procurador Síndico Dr. Rómulo Salazar como también al señor Procurador General del Estado representado por su delegado Dr. César Augusto Samaniego, sentencia en la que se condena a la parte demandada al pago de algunos de los rubros reclamados por el actor. Inconformes con este fallo las partes presentan sus respectivos recursos de casación. Para resolver, se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se encuentra determinada por el num. 1 del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador; por el Art. 613 del Código del Trabajo; por el Art. 1 de la Ley de Casación y por sorteo de causas cuya acta consta del Proceso. Esta Sala en auto de 18 de Diciembre de 2007, las 08h25, analiza el recurso y lo acepta a trámite; SEGUNDO.- En su recurso, el actor Lorenzo Montaño Romero manifiesta que en la sentencia recurrida considera que las normas de Derecho infringidas e inobservadas, son las siguientes: Arts. 115, 117 y 118 del Código de Procedimiento Civil; Arts. 4, 5, 6, 7, 42 numeral 1, 242, 244, 251, 257, 350, 490, 596, 597 y 603 Código del Trabajo. Fundamenta su recurso en las causales previstas ?en los numerales primera y tercera? del Art. 3 de la Ley de Casación. En los fundamentos de su recurso el actor manifiesta que en la sustanciación del proceso, en la estación probatoria pidió se oficie al Sindicato Único de Obreros del H. Consejo Provincial de Loja, para que confiera una copia certificada del Décimo Quinto Contrato Colectivo que se firmó entre el Sindicato y el H. Consejo Provincial del Loja, pero que la institución demandada, ni el Sindicato requerido no cumplieron con este mandato; TERCERO.- En su recurso, la parte demandada manifiesta que fundamenta su recurso en virtud de que existe una errónea interpretación a los artículos de la Constitución Política de la República del Ecuador, los mismos que constan en el Título XI, capítulos I y III; los Arts. 17, 55, 69, 82, 113, 185, y 614 del Código del Trabajo y los Arts. 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 165, 176, 179, 213 y 216 del Código de Procedimiento Civil. Fundamenta su recurso en lo dispuesto en la Ley de Casación Art. 3 causal primera. En la parte central de este recurso se sostiene que en la sentencia recurrida no se ha considerado lo que provee el Art. 35 numeral noveno inciso numeral cuarto de la Constitución Política de la República del Ecuador; CUARTO.- Del análisis de los textos de los recursos interpuestos y de la sentencia recurrida y de la confrontación de los mismos con las disposiciones legales pertinentes, esta Sala llega a las siguientes conclusiones: 4.1) El actor en su libelo de demanda expone como razón principal de su reclamo el hecho de haber sido despedido intempestivamente y dentro del proceso ha adjuntado la prueba que ha creído conveniente; 4.2) Sostiene además que la Sala que dictó la sentencia atacada no aplicó el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil que dispone que los jueces ?podrán ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad?; 4.3) La Sala considera que si bien la disposición contenida en la norma legal citada es de aplicación opcional para los jueces y en vista de haberse agregado al proceso la copia del Décimo Quinto Contrato Colectivo celebrado entre el H. Consejo Provincial de Loja y el Comité Central Único de Obreros del H. Consejo, en la sentencia se debió haber considerado este contrato a fin de mandar a pagar las indemnizaciones que le han sido negadas, esto por el carácter tuitivo de nuestra legislación laboral y por así disponerlo el Art. 5 del Código del Trabajo; 4.4) Probado que ha sido el despido intempestivo con el Of. No. 623- PAS-JAPON de fecha 29 de noviembre de 2004 correspondía mandar a pagar los rubros contemplados en los numerales 8º, 14º y 15º del Contrato Colectivo ya mencionado y así lo dispone esta Sala; 4.5) La aseveración de la parte demandada en el sentido de que no se ha considerado lo que prevé el Art. 35 numeral 9, inciso cuarto de la Constitución Política de la República del Ecuador, el actor no ha desempeñado funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, el actor siempre desempeño las funciones de obrero y así lo manifiesta en su demanda. Por estas consideraciones, la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta el recurso de casación interpuesto por el actor disponiendo se realice una nueva liquidación tomando en cuenta los rubros señalados en el considerando CUARTO 4.4) reformando en este sentido la sentencia recurrida y desechando el recurso interpuesto por la parte demandada. Sin costas.- Notifíquese y Devuélvase.
\n	JUICIO QUE SIGUE VÍCTOR TENORIO CONTRA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.
\n	Nº 598-2007
\n	PONENCIA: DEL DR. RUBÉN DARÍO BRAVO MORENO.
\n	Quito, 12 de septiembre de 2011, las 11h00.
\n	VISTOS: En el juicio de trabajo seguido por Víctor César Tenorio Perea en contra de Autoridad Portuaria de Esmeraldas, la Sala de Conjueces de la Corte Superior de Justicia Esmeraldas dicta sentencia confirmando la del juez a quo que rechaza la demanda. Inconforme con esta resolución, el actor interpone recurso de casación, para resolverlo se considera: PRIMERO.- La Competencia de esta Sala se fundamenta en los Artículos 184 n. 1., de la Constitución de la República del Ecuador, 613 del Código del Trabajo; 1 de la Ley de Casación; y en el respectivo sorteo de causas cuya razón obra de autos. SEGUNDO.- En el libelo de casación el recurrente manifiesta que las normas de derecho infringidas en la sentencia son: Arts. 5, 7, 10, 18, 20, 21, 32, 185, 188, 590 a 593 del Código del Trabajo; Art. 19 inc. 1º. de la Ley de Casación; Arts. 113 inc. 2º. y 114 del Código de Procedimiento Civil; Art. 35 numerales 6, 9 inc. 1º. y 3º; y 11 de la Constitución Política del Ecuador. Se funda en la causal 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Fundamentando el recurso aduce que no se aplicaron las normas de derecho según las cuales, al tenor de los Arts. 20 y 21 citados, se evidencia que existe un contrato en grupo; que los demandados no comprobaron que haya existido un contrato civil y no laboral, con lo que en la sentencia se infringieron las Arts. 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, por la falta de aplicación de estas normas de derecho que la relación laboral con la Autoridad Portuaria fue encubierta mediante el contrato celebrado con la Asociación de estibadores, pues la obra o servicio fue realizado en beneficio de la Autoridad Portuaria, lo cual no fue reconocido tácitamente al contestar la demanda y decir que ?Autoridad Portuaria de Esmeraldas canceló todos los valores que por ley le correspondían al actor??. TERCERO.- A fin de dilucidar si los cargos formulados tienen sustento jurídico, esta Sala procede a examinar la sentencia, las piezas procesales y las normas legales correspondientes, luego de lo cual llega a la conclusión de que el recurso no tiene ningún fundamento, por la siguientes razones: a) En los considerandos de la sentencia se efectúa el análisis de las constancias procesales acopiadas y luego de ello, en uso de la atribución que les confiere el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, esto es aplicando las reglas de la sana crítica, consideran que no se ha comprobado la existencia de la relación de trabajo entre el actor y la Autoridad Portuaria de Esmeraldas; que lo que existió es un contrato entre ésta y la Asociación de Estibadores y Separadores de Carga, quien decidía quien debía realizar el trabajo en un momento determinado sin la participación de la Autoridad Portuaria. b) Los juzgadores de instancia han aplicado en forma correcta el Art. 8 del Código del Trabajo y en el fallo no se advierte infracción de ninguna de las normas de derecho citadas por el casacionista. c) Adicionalmente cabe destacar lo siguiente: el actor, una vez que la parte demandada negó la existencia de la relación laboral, estaba en la obligación de comprobarla. Esto podía conseguirlo con prueba testimonial, sin embargo no la ha presentado. Ha solicitado la confesión de la Ing. Mae Montaño, con la cual no ha comprobado ni la existencia del contrato colectivo ni el despido intempestivo alegado. Por último en el escrito presentado por el actor, en esta Sala el 23 de julio de 2010, solicita que se rechace el recurso de casación y se confirme la sentencia dictada por la Corte Superior de Esmeraldas. Lo anterior es suficiente para que esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechace el recurso de casación interpuesto. Notifíquese y devuélvase.
\n	Es fiel copia del original.- Quito, 17 de noviembre del 2011.- f.) Ilegible, Secretaría de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Nacional de Justicia.
\n	JUICIO QUE SIGUE JULIO ADOLFO CARANQUI GORDILLO CONTRA SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL ?SAN CARLOS? S.A.
\n	No. 663-2007
\n	PONENCIA DR. RAMIRO SERRANO VALAREZO
\n	Quito, 27 de septiembre de 2011, las 16h30
\n	VISTOS: La Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, con fecha 20 de julio del 2006, las 12H15, dicta sentencia en el juicio laboral seguido por Julio Adolfo Caranqui Gordillo en contra de la Sociedad Agrícola e Industrial ?San Carlos? S.A., sentencia en la que revocando la dictada por el inferior, se acepta parcialmente la demanda presentada. Inconforme con este fallo, la parte demandada interpone el correspondiente recurso de Casación, para resolver, se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala radica en el num. 1 del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador; en el Art. 613 del Código Laboral; Art. 1 de la Ley de Casación y en el sorteo de ley cuya acta consta del proceso. La Sala en auto de 22 de febrero del 2008, las 08H20, analiza el recurso y lo acepta a trámite; SEGUNDO.- En su recurso el recurrente sostiene que en la sentencia recurrida se han infringido normas sustantivas del Código del Trabajo como los Arts. 14, 169 Nº 3, 17, 188 y 185; del XVI Contrato Colectivo los Arts. 15, 18 y 20: el Art. 7 del Código Civil. Fundamenta su recurso en la causal primera del Art. 3 en concordancia con el numeral 3 del Art. 6 de la ley de Casación. En la parte central del recurso se manifiesta que: ?La Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil ha interpretado normas de Derecho que nos perjudican en esta litis, ya que por diversas circunstancias en cada zafra comienza un ciclo de producción, y nos dejaría atados a una circunstancia que no dice la Corte pero que en realidad es así, esto es, el hecho cierto de que un Ingenio como el nuestro, absurdamente tendría que empezar la zafra con un número de trabajadores sin considerar hechos naturales como la corriente del niño o circunstancias económicas y financieras que ameritan contratar menos eventuales por que técnicamente no se puede contratar todos los años a 1.200, 800 o 750 eventuales FIJOS.? Agrega el recurrente: ?De lo que se trata señores Magistrados es establecer si el actor siendo un trabajador eventual del Ingenio San Carlos, tiene derecho o no a considerarse despedido porque según él no se lo ha contratado para la zafra de 1997 asumiendo una calidad de zafrero temporal que jamás la tuvo?. TERCERO.- Verificadas las confrontaciones correspondientes entre el fallo motivo de la censura, el escrito contentivo del recurso de casación interpuesto, con las normas que se consideran infringidas, la Sala llega a las siguientes conclusiones: 3.1) El Artículo 17 del Código del Trabajo en su segundo inciso establece: ?se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador?? ?Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en un contrato de temporada?; 3.2) El mismo artículo 17 en su cuarto inciso define a los contratos de temporada como ?aquellos que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva se han venido celebrando entre una misma empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos?? ?gozando estos contratos de estabilidad entendida como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada?? ?Se configurará despido intempestivo sino lo fueren?: 3.3) Con el juramento deferido rendido por el actor, a fojas 114 de los autos, se ha establecido que la relación laboral existente entre las partes se ha iniciado el 24 de febrero de 1956 y ha terminado el 12 de diciembre de 1996, lo cual determina, por el tiempo transcurrido, que el mismo no puede ser considerado como un trabajador ocasional debiendo por lo tanto ser considerado como un trabajador de temporada con arreglo a la norma legal citada, 3.4) Al haber sido el actor un trabajador de temporada debió permitírsele laborar en la zafra de noviembre de 1996, al no haber ocurrido esto es indudable que se produjo el despido intempestivo debiéndose anotar que el mismo se produce por la ruptura de la relación laboral en forma unilateral por parte del patrono o empresa contratante lo cual determina que el actor tenga derecho a las indemnizaciones contempladas en los artículos 188 y 185 del Código del Trabajo. Por estas consideraciones, La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, rechaza el recurso interpuesto y confirma la sentencia recurrida. Sin costas. En los términos del artículo 12 de la Ley de Casación, entréguese la caución consignada al perjudicado, esto es al actor. Notifíquese, y devuélvase.
\n	JUICIO SIGUE PASTOR RAMÓN MONTERO RODRÍGUEZ CONTRA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL.
\n	No. 79-2010
\n	PONENCIA DR. RUBÉN DARÍO BRAVO MORENO
\n	Quito, 15 de septiembre de 2011, las 10h00.
\n	VISTOS: La Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dicta sentencia declarando con lugar la demanda y revocando la de primera instancia que rechaza la demanda presentada por Pastor Ramón Montero Rodríguez en contra de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, en la interpuesta persona del señor abogado Patricio Vintimilla Loor, por los derechos que representa de dicha empresa en su calidad de Gerente General encargado, así como por los suyos propios. Inconforme con tal resolución interpone recurso de casación el Alm. Tomás Leroux Murillo en su calidad de Gerente y representante legal de la empresa. Para resolver se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se fundamenta en los Artículos: 184 n. 1. de la Constitución de la República, 613 del Código del Trabajo, 1 de la Ley de Casación; y en el sorteo de causas, cuya razón consta en autos. SEGUNDO.- El recurrente ataca la sentencia de segunda instancia manifestando que infringe los Artículos: 130, 133, 216 numeral 2, 36 y 614 del Código del Trabajo, y la cláusula 32 del Segundo Contrato Colectivo Único de Trabajo los que se han aplicado indebidamente de acuerdo con la causal 1ª. del Art. 3 de la Ley de Casación; e igualmente con la causal 3a., del mismo artículo, por aplicación indebida de los Arts. 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil- Resumiendo el motivo capital de su impugnación, tenemos que se sustenta en la argumentación de que en la sentencia se han infringido las citadas normas al haber aplicado indebidamente el concepto de salario básico unificado por salario mínimo vital; siendo este el salario que se ha aplicado en la liquidación de pensiones jubilares, según el Segundo Contrato Colectivo, en virtud de que está prohibida la indexación por el Art. 130 del Código del Trabajo. TERCERO.- La Sala una vez revisada la sentencia y confrontada con los cuestionamientos, la normativa aplicable y los recaudos procesales pertinentes, llega a las siguientes conclusiones: 3.1. El casacionista ataca el fallo por cuanto considera que se han aplicado indebidamente las normas de derecho, al igual que la cláusula 32 del Contrato Colectivo; en efecto la sentencia interpreta indebidamente la norma contractual que es muy clara, al igual que la normativa laboral respecto al concepto de remuneración, tales como el Art. 95 y el 133 sobre jubilación el 216 del Código del Trabajo, lo cual en último término, les conduce a los juzgadores a la infracción del Art. 130 ibídem, que en forma clara y precisa prohíbe la indexación, y les lleva a la aceptación de la demanda. 3.2. Es necesario anotar que la litis se trabó: entre el reclamo del trabajador para que le sea reconocido un pago mensual en concepto de jubilación patronal, consistente en el pago de ?las pensiones jubilares mensuales (incluidas las décimo terceras y décimo cuartas), que corresponden al período comprendido entre abril del año dos mil hasta la que se hubiere vencido a la fecha de ejecución del fallo, a razón de una suma de dólares?equivalente al triple del salario mínimo básico unificado??, y la contestación a la demanda, en la que se niegan los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se pide que se desechen las pretensiones del actor. 3.3. De los autos según consta en la demanda, aparece que la entidad demandada ha cumplido con sus obligaciones legales y contractuales, al pagar la pensión jubilar conforme al Art.216 del Código del Trabajo, y evidentemente para ello ha aplicado la disposición del Artículo 133 ib.: ?Mantiénese, exclusivamente para fines referenciales el salario mínimo vital general de cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US $4,00) el que se aplica para el cálculo y determinación de sueldos y salarios indexados ?.? mediante leyes especiales y convenios individuales colectivos, ?.? cálculo de la jubilación patronal; o para la aplicación de cualquier disposición legal o reglamentaria en la que se haga referencia a este tipo de salario?. No hay duda entonces, de que esta norma impone el valor mencionado de cuatro dólares para el cálculo de los sueldos y salarios que deben ajustarse a la fecha en que deben cumplirse, y que en ella se manifiesta, de manera expresa, que abarca a las jubilaciones patronales que se generen en un cuerpo normativo como el contrato colectivo. 3.4. En lo referente al concepto de salario, la Sala considera que corresponden a dos conceptos distintos, entre los que hay una relación de género a especie, pues el salario mínimo vital general (la especie) es un componente del ?salario básico unificado? (el género) en el que se toman en cuenta los demás componentes de la remuneración para unidos en uno solo, denominarlo como ?salario básico unificado?, denominaciones que por lo expuesto son distintos y no puede pretenderse que se utilice el uno por el otro, o, que habiéndose pactado el pago del salario mínimo vital general(como ocurre en este caso), se aspire al reconocimiento del salario básico unificado, consideración que conduce a desestimar la demanda del actor y aceptar las impugnaciones de la parte demandada, como acertadamente lo ha hecho el Juez de primera instancia. 3.5. En suma, es evidente que la sentencia de segunda instancia ha incurrido en las infracciones anotadas por el recurrente, teniendo por tal razón suficiente sustento jurídico los cargos formulados. En virtud de lo expuesto, esta Primera Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, aceptando el recurso de casación planteado por la parte demandada, revoca el fallo de segunda instancia y confirma el de primera que declara sin lugar la demanda. Notifíquese y devuélvase.
\n	JUICIO LABORAL QUE SIGUE OLMERO CECILIO CABRERA CABEZAS EN CONTRA DE AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL.
\n	No. 358-10
\n	PONENCIA: DR. RUBÉN DARÍO BRAVO MORENO
\n	Quito, 7 de Septiembre de 2011, las 9h30.
\n	VISTOS: En el juicio de trabajo seguido por Olmedo Cecilio Cabrera Cabezas en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil, la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, dicta sentencia confirmando, con reforma, la de primera instancia. Insatisfechos con tal pronunciamiento, ambas partes litigantes interponen recurso de casación. Para resolver se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se fundamenta en los Artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 613 del Código del Trabajo, y 1, de la Ley de Casación y en el respectivo sorteo de causas, cuya razón obra de autos. SEGUNDO.- El Alm. Tomás Leorux Murillo, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de Autoridad Portuaria de Guayaquil, en su recurso de casación dice que estima que las normas de derecho infringidas en la sentencia son: Los Arts. 133, 216, 130 y 637 del Código del Trabajo; los Arts. 1576 y 1580 del Código Civil; el Mandato Constituyente No. 1, Art. 2., que establece que las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma de orden jurídico; el Mandato Constituyente No. 8, que en la disposición transitoria tercera, expresamente ordena que las cláusulas de los contratos colectivos serán reajustadas de forma automática a las disposiciones de los Mandatos Constituyentes y que las cláusulas que no se ajusten a los parámetros establecidos en los Mandatos, serán nulas de pleno derecho. Funda su recurso en las causales 1ª. y 3ª. del Art. 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de las citadas normas, así como por errónea interpretación y falta de aplicación de precedentes jurisprudenciales; y también por aplicación indebida de los Arts. 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil. Fundamentando el recurso, en síntesis, aduce que la infracción de las disposiciones legales ha ocasionado que se acepte la demanda sin considerar que la acción estaba prescrita según el citado artículo 637, y la prueba aportada, mediante la cual se ha justificado que la demandada cumplió puntual y legalmente con el pago de las pensiones jubilares conforme al contrato colectivo y al Código del Trabajo, para lo que debía aplicarse lo señalado en los Mandatos Constituyentes. TERCERO. El actor en su recurso de casación expresa que las normas de derecho violadas son: Los Arts. 36 inc. segundo y 588 inc. segundo, Art. 614 del Código del Trabajo; el Art . 285 del Código de Procedimiento Civil; la Cláusula 32 letra c), del Segundo Contrato Colectivo Unificado de Trabajo del 27 de enero de 1995; y la Resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el R.O. # 138 de marzo 1º de 1999. La causal en la que se funda el recurso es la 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación. En la fundamentación del recurso manifiesta: 1) que hay falta de aplicación del Art. 36, respecto a la solidaridad, puesto que ha demandado a la Autoridad Portuaria de Guayaquil y al Alm. Tomás Leroux Murillo como responsable solidario, y sin embargo en la sentencia sólo se ha mandado a pagar a la Autoridad Portuaria de Guayaquil; 2) que hay falta de aplicación del inciso segundo del Art. 588 del Código del Trabajo, que dispone que el pago de costas y honorarios de la defensa del trabajador serán de cuenta del empleador; 3) que hay errónea interpretación del Art. 285 del Código de Procedimiento Civil que establece que el ?Estado nunca será condenado en costas??, porque, en suma, el Art. 588 no contempla excepción alguna en materia de costas; 4) que según la cláusula 32 letra ?c? del Contrato Colectivo de Trabajo, la entidad demandada debía pagarle el total de lo reclamado, con el 100% de recargo, lo que en el fallo se omitió; 5) que según el Art. 614 del Código del Trabajo, se debía disponer el pago del interés legal; norma que en la parte resolutiva de la sentencia no se aplicó; 6) que no se aplicó la resolución de la Corte Suprema publicada en el R.O. # 138 de marzo 1 de 1999, y que sin embargo en el fallo no se observa la expresión cuantitativa de lo que deben pagar los demandados. CUARTO. Para resolver sobre la impugnación formulada por la parte demandada, se hacen las siguientes consideraciones: 4.1. El primer cuestionamiento a dilucidar es el referente a la alegación de prescripción conforme al Art. 637 del Código del Trabajo cuya falta de aplicación se acusa, formulada por la parte demandada puesto que de esto depende el que se siga o no con el análisis de los otros asuntos en litigio. Sobre el tema se considera que, dada la naturaleza del derecho a la jubilación, que es la de proteger al trabajador en los años que le quedan de vida después de haber cumplido con su obligación de trabajar por 25 años o más, en beneficio de sí mismo, de su familia y de la sociedad, es justo que no pierda ese derecho por ningún concepto, es por esto que a la luz de estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en acertada Resolución publicada en el Suplemento del R.O # 233 de 4 de julio de 1989, declaró que este beneficio es imprescriptible; en igual forma cabe citar que todos los beneficios y prestaciones adicionales ligadas a este derecho han sido consideradas imprescriptibles, de acuerdo con el principio de lógica jurídica de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. (Sentencias Primera Sala de lo Laboral: Juicio No. 622-06-Pedro Pablo Navarrete vs Municipio de Guayaquil. Juicio 197-05 Juan Bautista Romero vs. Municipio de Guayaquil. Juicio 187-07 Daniel Faustino Herrera vs. Hotel Quito S.A.). Como consecuencia de lo que queda visto se concluye que este cargo no tiene sustento. 4.2. Sobre la demanda de pago de la pensión jubilar conforme a la cláusula 32 del Segundo Contrato Colectivo, el actor asevera que la Autoridad Portuaria de Guayaquil dejó de cumplir con su obligación contractual desde abril de 2000, y empezó a pagarle la pensión reducida conforme al Art. 216 numeral 2 del Código del Trabajo. La empresa demandada manifiesta que en virtud de la vigencia de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, R.O. #34 de marzo 13 de 2000, comenzó a pagar dicha pensión reducida; pensión que la empresa seguirá pagando en virtud de la disposición del Art. 219 (actual 216) del Código del Trabajo que se halla vigente. Estos pagos los ha cumplido conforme se puede apreciar a fs. 39, 40, 41, 56, 57 y 58 de los autos. 4.3. Establecidos estos antecedentes, corresponde analizar el texto de las siguientes normas: La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, establece como referencia, el salario mínimo vital de cien mil sucres (cuatro dólares, para el cálculo, entre otros rubros, de la jubilación patronal, lo cual se consagra igualmente en el Art. 133 y en el indicado Art. 219 (actual 216) del Código del Trabajo, artículo éste que establece que ?en ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración básica mínima unificada medio del último año?? 4.4. El Mandato Constituyente No. 8, en la Disposición Transitoria Tercera dispone que las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren vigentes, en entidades del sector público, sean ajustadas de forma automática a las disposiciones de los Mandatos Constituyentes; en el inciso penúltimo establece que las cláusulas de los contratos colectivos que no se ajusten a los parámetros a los que se refiere esta disposición transitoria y que contengan privilegios y beneficios desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, son nulas de pleno derecho; y en el último inciso se manda que los jueces, tribunales y las autoridades administrativas vigilen el cumplimiento de esta disposición. Debe tomarse en cuenta que en uno de los considerandos de este mandato se establece que, en aras de la equidad laboral es necesario revisar y regular las cláusulas de los contratos colectivos celebrados en las instituciones del sector público, que contengan privilegios y beneficios desmedidos y exagerados de grupos minoritarios que atentan contra el interés general; lo cual se halla en concordancia con los considerandos cuarto, que se refiere al Mandato Constituyente No. 2, Art. 8, y quinto, que trata de evitar los privilegios y abusos en el pago de indemnizaciones, que atentan contra la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. 4.5. De todo lo expuesto se colige que, la cláusula 32 letra ?c?, del contrato colectivo de trabajo que establece que la pensión jubilar en ningún caso será inferior a tres salarios mínimos vitales generales, en tanto en cuanto establece un beneficio superior a lo que le corresponde a la generalidad de los trabajadores, es inaplicable, y los juzgadores de instancia no debían aplicarla en la sentencia como lo han hecho. 4.6. Consecuentemente, no debía pagarse, como lo ha hecho la demandada, la pensión jubilar mínima, ni tampoco la pensión establecida en el contrato colectivo como pretende el actor. Visto el anterior análisis, se concluye que la pensión jubilar que le correspondía recibir al actor, como máximo, era la equivalente al promedio anual de la remuneración básica mínima unificada, a partir del mes de abril de 2000, sin recargo alguno, pero sí con los intereses legales correspondientes; lo pagado por este concepto se debitará de la cantidad resultante una vez efectuada la liquidación. QUINTO. En lo concerniente a la impugnación del actor, esta Sala considera que no se han infringido en la sentencia los Arts. 36 del Código del Trabajo, respecto a la solidaridad entre el empleador y sus representantes, por cuanto el Alm. Tomás Leroux Murillo no fue demandado solidariamente. a) El Art. 588 del Código del Trabajo no podía aplicarse por cuanto no se ha justificado que la parte demandada haya litigado con temeridad o mala fe; por lo que igualmente era inaplicable el Art. 285 del Código de Procedimiento Civil, sobre la condena en costas. a) Sobre la aplicación del Art. 32 del Contrato Colectivo, ya se encuentra resuelto en el considerando anterior. b) En cuanto a la aplicación del Art. 614 del Código del Trabajo, artículo que ordena que en la sentencias que condenen al pago de pensiones jubilares se disponga el pago del interés legal vigente al momento de dictarse la sentencia, calculados desde el momento en que debieron cumplirse y hasta el momento en que ésta se ejecute, debe considerarse que la sentencia cuestionada es confirmatoria de la de primera instancia, y que en ésta si se encuentra ordenado el cálculo de ?los intereses legales a los rubros que los generan?, por manera que no tiene sustento el cargo formulado. En virtud de las consideraciones que quedan expuestas, esta Primera Sala de lo Laboral, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, acepta parcialmente el recurso de casación de la parte demandada y reformando la sentencia de segunda instancia, dispone que la pensión jubilar se pague conforme se establece en el considerando Cuarto numeral 4.6., de esta sentencia, la liquidación respectiva la efectuará el juez a quo. Se rechaza el recurso de casación del actor por no tener sustento jurídico. Notifíquese y devuélvase.
\n	JUICIO LABORAL QUE SIGUE MARÍA ELIZABETH CAJAMARCA MIRANDA DE CONTRA DE BRISTOS MYERS SEQUIBB CÍA. LTDA.
\n	No. 664-10
\n	PONENCIA: DR. RUBÉN DARÍO BRAVO MORENO.
\n	Quito, 29 Septiembre de 2011; las 09h30.
\n	VISTOS: En el juicio de trabajo seguido por María Elizabeth Cajamarca Miranda en contra de BRISTOS MYERS SEQUIBB CÍA. LTDA., la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dicta sentencia confirmando con reformas la subida en grado. Insatisfecha con esta resolución la demandada interpone recurso de casación. Para resolver se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se encuentra establecida en el numeral 1 del Art. 184 de la Constitución del Ecuador; Art. 613 del Código del Trabajo; Art. 1 de la Ley de Casación; y sorteo de causas cuya acta obra del proceso. SEGUNDO.- La recurrente en su escrito de casación manifiesta que las normas de derecho que considera infringidas son las siguientes: Arts. 115, 121, 164 y 165 del Código de Procedimiento Civil y Arts. 244 y 216 del Código del Trabajo. Funda el recurso en la causal 3ª. del Art. 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, lo que ha conducido a la equivocada aplicación del Art 244 y 216 regla 3 inciso tercero. Fundamentando su recurso alega, en resumen, que la prueba aportada constante a fs. 49 a 57 del proceso, no ha sido valorada infringiendo así las citadas normas procesales y que por ello dejaron de aplicar los incisos segundo y tercero de la referida disposición del 216, que establece el mínimo legal que debe entregarse por concepto de fondo global de jubilación. TERCERO.- Una vez examinada la sentencia y confrontada con la impugnación en relación con las normas pertinentes y los recaudos procesales, para dilucidar si los cargos formulados por la demandada tienen o no sustento jurídico, esta Sala arriba a la conclusión de que la censura tiene fundamento parcial, por las siguientes razones: 3.1. En los considerando Tercero y Cuarto de la sentencia, cuya censura se intenta, se efectúa el análisis de los aspectos jurídicos relacionados con el contrato colectivo de trabajo y su aplicación al contrato individual, concluyendo que no importa que la Asociación que suscribió el contrato colectivo haya sido disuelta, para que las condiciones establecidas en él sean aplicadas sin menoscabo alguno, según el Art. 243 del Código del Trabajo, por lo que concluyen que el fallo recurrido es acertado en cuento ordena el pago de las indemnizaciones contempladas en la cláusula 10 del contrato colectivo. 3.2. En lo que respecta al fondo global de la pensión jubilar, se manifiesta en la sentencia que el cálculo del fondo global, se ha efectuado con criterios alejados de la regla del 3 del Art. 216 del Código del Trabajo. en el considerando Sexto, consideran que es ilegal el llamado ?descuento financiero? con el que se castiga a las pensiones jubilares, bajo el pretexto de que el Código del Trabajo no tiene reglas para dicho cálculo; concluyendo que el fallo del inferior adolece de errores de cálculo, por lo que ordena la reliquidación del Fondo Global, la que debe hacerse a base de la remuneración que se calculó en el acta, pero sin ningún tipo de descuento, con lo cual esta Sala está de acuerdo. 3.3. Conforme ya se ha establecido en diversos fallos y de acuerdo con el Art. 216 del Código del Trabajo, el cálculo para el pago del fondo global de pensiones jubilares debe hacerse con base en la pensión jubilar que le corresponda al trabajador, y en consideración a la expectativa de vida, que actualmente según el Art. 218 ibídem, es de 89 años. En el caso en litigio, si la trabajadora al tiempo de la liquidación tuvo 42 años 3 meses de edad, su expectativa de vida es la de 47 años, a lo que debe sumarse un año más por lo dispuesto en el Art. 217, es decir 48 años esto es 576 mensualidades, lo que debe multiplicarse por la pensión jubilar de $ 89,16, establecida por la propia demandada y aceptada por la actora, lo cual da como resultado la suma de $51.356l.16. A ello se debe agregar lo correspondiente a Décima Tercera Pensión jubilar: 89,16 por 576 = $ 4.279.68 y Décima Cuarta Pensión: $200 por 48 = $9.600.oo. Todo lo que arroja por este concepto la suma de $65.235.84. De esta suma se descontará lo que al actor hubiere recibido por este concepto. De lo cual se concluye que en lo que respecta a la liquidación por concepto de Fondo Global de Jubilación, la sentencia infringe el Art. 216 del Código del Trabajo al haber calculado este fondo en forma errónea, como queda anotado. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta parcialmente el recurso de casación de la parte demandada y reformando la sentencia impugnada se dispone que el juez a quo proceda a la reliquidación de las indemnizaciones tomando en consideración lo establecido en el considerando Tercero número 3.3. de este fallo. Notifíquese y devuélvase.
\n	Fdo.) Dres. Rubén Bravo Moreno, Ramiro Serrano Valarezo, Jorge Pallares Rivera, (Voto Salvado).-
\n	Certifico.- Dra. María Consuelo Heredia Y.
\n	Voto Salvado del Dr. Jorge Pallares Rivera
\n	Quito, 29 Septiembre de 2011; las 09h30
\n	VISTOS: La demandada Bristol ?Myers Squibb-Ecuador Cía. Ltda., interpone recurso de casación por intermedio del Procurador Judicial Especial Alex Negrete Izurieta, en contra de la sentencia que ha expedido la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con fecha 5 de enero del 2010, las 11h57, confirma la sentencia subida en grado con las reformas en el cálculo del Fondo Global. Dentro del juicio propuesto por la actora María Elizabeth Cajamarca Miranda en contra de Bristol ?Myers Squibb-Ecuador Cía. Ltda. Siendo el estado de la causa el de resolver lo que en derecho corresponda, se considera: PRIMERO.- La Competencia de esta Sala se fundamenta en los Artículos 184 num. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 613 del Código del Trabajo, 1 de la Ley de Casación; y en el respectivo sorteo de causas cuya razón obra de autos; la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia en auto de 21 de diciembre del 2010, las 08h20 se analiza el recurso de casación de la demandada Bristol ?Myers Squibb-Ecuador Cía. Ltda., y se admiten a trámite. SEGUNDO.- La demandada Bristol ?Myers Squibb- Ecuador Cía. Ltda., asevera que se han infringido los Arts. 115, 121, 164, y, 165 del Código de Procedimiento Civil, 244, y, 216 del Código del Trabajo; y, funda en la causal 3 del Art. 3 de la Ley de Casación. 2.1.- La casacionista ataca a la sentencia, por ?FALTA DE APLICACIÓN de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba en los artículos 115, 121, 164, y 165 del Código de Procedimiento Civil que han conducido a la EQUIVOCADA APLICACIÓN del artículo 244 del Código del Trabajo (PREEMINENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO)? 2.2.- Así también por la ?FALTA DE APLICACIÓN de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba consistentes en los artículos 115, 121, 164, y 165 del Código de Procedimiento Civil que conducido a la NO APLICACIÓN del artículo 216 REGLA 3 del Código del Trabajo (ENTREGA DE FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL)? TERCERO.- Con el objeto de cumplir el control de legalidad, la Sala ha revisado el acervo procesal para compararlo con el ordenamiento jurídico vigente, con los ataques realizados por la casacionista, para establecer o no la existencia de los vicios acusados, sobre lo que se manifiesta: 3.1.- La Sala concluye que se ha analizado la valoración de las pruebas, las mismas que son instrumentales: como es el Contrato Colectivo (fs. 88 al 106), que dan fe a estos documentos públicos, de ahí que se establece la preeminencia del Contrato Colectivo, en el cual se determina las condiciones del Contrato Colectivo que se incorporan a los contratos individuales de cada uno de los trabajadores, es por ello que son derechos adquiridos de los trabajadores y en consecuencia son intangibles, pero el Art. 9 ibídem, declara: ?? se entenderá que los beneficios contenidos en este Contrato siguen vigentes en todas sus partes y renovados por un período de dos años iguales al que se encuentra establecido, y hasta que se suscriba el nuevo contrato?? (fs. 91), por lo que ha de entenderse que al no haberse suscrito un nuevo contrato colectivo éste a la fecha de la suscripción del Acta de Finiquito, se encontraba vigente y por lo tanto está en plena aplicación. Ha aplicado, el Tribunal de Alzada el Art. 216 numeral 3 del Código del Trabajo, por tal razón no se ha infringido el derecho a la jubilación que tiene la empleada, por cuanto fue analizada el Acta de Jubilación Patronal, realizada por la empleadora Bristol ?Myers. Squibb-Ecuador Cía. Ltda., y la actora María Elizabeth Cajamarca Miranda, ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil (fs. 79 y 87), relacionada al Fondo Global, que debió realizarse en base a la remuneración que se calculó en el Acta (fs. 24), sin descuento o castigo financiero, de esta forma esta vulnera los derechos de la empleada. Por estas consideraciones, la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, sin tener que realizar otro análisis, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación interpuesto por la demandada, y, se confirma el fallo del Tribunal de Alzada.- Sin costas.- Notifíquese y devuélvase.
\n	JUICIO QUE SIGUE VÍCTOR HUGO JORDÁN CONTRA FLOPEC.
\n	No. 917-2010
\n	PONENCIA DR. ERNESTO ROVALINO BRAVO
\n	Quito, 31 de agosto de 2011, las 11h10.
\n	VISTOS: La demandada FLOPEC, a través de su Gerente General, y como tal, su representante legal, Calm. (sp) Galo Padilla Terán, interpone recurso de casación en contra de la sentencia expedida el 7 de mayo de 2010, a las 11h47, por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que confirma el fallo del inferior, dentro del juicio laboral seguido por Víctor Hugo Jordán Vera en contra de FLOPEC. Para resolver se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se encuentra establecida en el Art. 184 num. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 613 del Código del Trabajo; Art. 1 de la Ley de Casación; y en el sorteo de causas cuya acta obra del proceso. La Sala en auto de 21 de diciembre de 2010, las 10h10 analiza el recurso y lo admite a trámite. SEGUNDO.- La demandada FLOPEC, por intermedio del Calm. (sp) Galo Padilla Terán, Gerente General, asevera que se han infringido los Arts. 183 de la Constitución Política de la República; 10, 24, 26, 29 y 273 del Código de Procedimiento Civil; 75 y 80 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; 4, 6, 15, 16 y 17 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas; Reglamento de Personal Embarcado; 169 num. 3 y 571 del Código del Trabajo; y, 19 de la Ley de Casación. Funda su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. La impugnación a la sentencia del Tribunal de Alzada se contrae a los siguientes puntos: a) Falta de aplicación del Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, ya que la sentencia solo debe resolver los puntos sobre los que se ha trabado la litis, por lo que, afirma, jamás puede concederse al actor más de lo que haya reclamado en su demanda. b) Alega el casacionista falta de aplicación del numeral 3 del Art. 169 del Código del Trabajo por no haberse tomado en cuenta que al haberse procedido a la venta de los buques de la empresa, se produjo la finalización de la obra o servicio. c) Sostiene, que no se han aplicado las disposiciones de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, que determina que su personal es militar y civil; y el personal civil, con nombramiento y a contrato, con la particularidad que los empleados civiles permanentes pueden servir a las Fuerzas Armadas hasta los 65 años de edad; normas no tomadas en cuenta en el literal c) de la sentencia atacada. d) Afirma el recurrente que no se aplicó el contenido del Art. 118 de la Constitución Política de la República al sostener en la sentencia impugnada que FLOPEC no es una entidad del Sector Público. e) Tampoco aplicó el juzgador de segundo nivel el Art. 571 del Código del Trabajo que establece que la incompetencia del juez puede alegarse como excepción, situación que afirma, así ha sucedido. TERCERO.- Este Tribunal con el propósito de cumplir con la finalidad del recurso de casación procede al examen de la sentencia para determinar si en esta, se han infringido o no las normas de derecho citadas por el recurrente y las que debían ser aplicadas obligatoriamente, en conformidad y relación con los cargos formulados. 3.01.- Constituyendo la impugnación central a la sentencia de segundo nivel, la afirmación del casacionista de no haberse tomado en cuenta que FLOPEC es una entidad del sector público, corresponde analizar la naturaleza jurídica de dicha empresa, hoy propiedad de la Armada Nacional. El Art. 118 de la Constitución Política de la República del Ecuador vigente a la fecha del rompimiento de la relación laboral, dice: ?Son instituciones del Estado: ? 5.- Los organismos y entidades creados por la Constitución, o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado;?, el Art. 183 ibídem., determina: ?La fuerza pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.? Es necesario recalcar que la Armada Nacional es parte de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y, a su vez, la propietaria de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), creada mediante Decreto Supremo No. 2450, de 26 de abril de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 579 de 4 de mayo de 1978, cuyo Art. 1 dice: ?Dispónese la Transformación de Compañía Mixta a empresa estatal de Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC,?? El Art. 1 de su Estatuto reza: ?Flota Petrolera Ecuatoriana ?FLOPEC?, es una Empresa Comercial Naviera, estatal, perteneciente a la Armada Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y administración autónoma.? Normas constitucionales, legal y estatutaria de las que se desprende con claridad que FLOPEC, es una Empresa de propiedad de la Armada Nacional, creada para transportar el petróleo Ecuatoriano, y por tanto, una de las entidades del sector público. 3.02.- Determinada la naturaleza jurídica de la Empresa FLOPEC, es menester determinar la relación jurídica con sus servidores. El último inciso del num. 9 del Art. 35 de la Constitución Política de la República del Ecuador dispone: ?Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho administrativo;?, queda claro por tanto, que las relaciones de FLOPEC con el actor, Víctor Hugo Jordán Vera, en su calidad de Marinero, se encontraron reguladas por el derecho laboral, Código del Trabajo, por lo que este Tribunal concluye que no existe el vicio afirmado por el casacionista en la sentencia del juez de segunda instancia. 3.03.- En cuanto se refiere a la afirmación del casacionista de inexistencia de despido intempestivo, es menester señalar que dicha institución jurídica no es otra cosa que los actos o acto unilateral del empleador o de sus representantes para dar por terminada la relación laboral, hecho que se encuentra probado con el documento que corre a fojas 390 del proceso, por lo que bien ha hecho el Tribunal Ad quem al declarar su existencia y disponer el pago de las indemnizaciones determinadas en los Arts. 188 y 185 del Código del Trabajo, debiendo dejar claramente establecido que la remuneración que servirá para la liquidación de la carga indemnizatoria, es la de 701,24 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es la que consta en el recibo de liquidación de fojas 286 del proceso, y bajo los lineamientos establecidos en los mandatos constituyentes números 2, 4 y 8. Por estas consideraciones, la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional, sin tener que realizar otro análisis, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, casa parcialmente la sentencia del Tribunal de alzada en los términos del punto 3.03. de esta sentencia.- El Juez A quo realizará la liquidación correspondiente. Sin costas. De conformidad con el oficio Nº 941-SG-SLL-2011, actué el Dr. Ernesto Rovalino Bravo, por licencia del titular Dr. Rubén Bravo Moreno. Notifíquese, y devuélvase.
\n	Fdo.) Dres. Jorge Pallares Rivera, Ramiro Serrano Valarezo, Ernesto Rovalino Bravo (Conjuez Nacional).
\n	Quito, 11 de octubre de 2011, las 10h10
\n	VISTOS: Atendiendo a la solicitud de ampliación presentada por la parte demandada, se considera: 1º. La ampliación de la sentencia ha sido presentada dentro del término establecido por la ley. 2º. En el número 3.03 del considerando Tercero de la sentencia se dispone que para la liquidación de la carga indemnizatoria la remuneración es la de 701.24 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo los lineamientos establecidos en los mandatos constituyentes números 2, 4 y 8. 3º. En lo específico del tema la indemnización por despido intempestivo según el Art. 1.- inciso segundo las indemnizaciones no podrán ser superiores a trescientos (300) salarios básicos unificados del trabajador privado. 4º. El salario mínimo actual es de $ 264.oo multiplicado por 300 = 79.200. Esta suma es la que le corresponde recibir como máximo al acto

References: resolución 
 Artículo 17
 artículo 17
 artículo 12
 resolución 
 Artículo 133
 artículo 637
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 244
 artículo 216