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PRECEDENTE JUDICIAL XI - laseguridaddemocraticaencolombia2002-2010.over-blog.es
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16 mayo 2017 2 16 /05 /mayo /2017 15:47
Precedente judicial mayo
Ni la querella, ni la conciliación son hechos relevantes para la imputación, acusación o sentencia.
Estas figuras no versan sobre presupuestos de la responsabilidad penal; sin embargo, los hechos facticos que contienen cuyo conocimiento es indispensable en el proceso a pesar de no ser elementos a convertirse en prueba o practicarse en el juicio oral si permiten verificar la validez de la actuación y en consecuencia eventuales nulidades o preclusión. La información que contienen estos documentos puede ser incorporada por cualquier otro medio pues no existe regla de tarifa demostrativa, obviamente la mejor evidencia seria el documento.
CSJ, S. Penal. SP. 73432017, mayo 24 de 2017. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO
ANTES DE LA IMPUTACION ES FACTIBLE EJERCER LA DEFENSA.
Si se interpreta que la defensa solo puede hacerse una vez se adquiera la calidad de imputado, violenta la garantía constitucional del derecho de defensa (29CN).
Quien conozca de algún tipo de investigación en su contra, conozca de algunos EMP en su contra o tenga algunos, puede defenderse.
CSJ, Sala Civil Sent. STC 73322017, MAYO 25-2017. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
Incidente de reparación integral no puede solicitarse simultáneamente en otras jurisdicciones.
El incidente de reparación se decide mediante conciliación o sentencia y quien pierde el incidente no puede ir a otra jurisdicción a ver si allá lo reparan.
CSJ, Sala Civil, Sent. STC 73322017, MAYO 25 DE 2017.
M.P. Fernando A. Castro.
El conocimiento práctico del perito es clave para apreciar idoneidad.
La idoneidad técnica, científica y moral de quien introduce un dictamen pericial incluye además el conocimiento práctico del tema sobre el que conceptúa.
CSJ, S. Penal. SP. 29782017 (49422), marzo 1 de 2017. M.P. Luis Antonio Hernández
Condicionamiento para reparación de daños materiales y morales del código penal.
Exequibilidad condicionada de la expresión daños materiales y morales del art. 94 del CP, por que las teorías de perjuicios allí indicadas son indicativas y no excluyen la reparación integral de todos los perjuicios: materiales e inmateriales.
CN. Comunicado Sent. C 344 de mayo 24 de 2017, M.P. Alejandro Linares
Recomendaciones para resolver controversias por violencia intra familiar.
Los jueces deben otorgar especial importancia a los hechos, que les permitan identificar situaciones o circunstancias de poder, discriminación o violencia contra la mujer que la pongan en situación de vulnerabilidad, sin vulnerar los derechos de las demás partes y sin ventajas desproporcionadas que rompan con el principio de imparcialidad y objetividad del juzgador.
CN, Sent T 145, Marzo 7 del 2017. M.P. María Victoria Calle.
Víctima de violencia tiene derecho a no ser enfrentada con su agresor.
El exceso de ritual manifiesto genera defecto procedimental, por parte del funcionario judicial si deniega derechos basándose en normas código de procedimiento.
Si la victima quiere rendir declaración en oportunidad diferente a la del agresor lo puede hacer.
CN. Sent. 184 de 2017, M.P. María Victoria Calle.
El 1 de julio de 2017, entro a regir los nuevos términos para la solicitar libertades.
Ley 1760 y 1786 del 2015 y 2016 respectivamente.
Nuevo criterio para la incorporación de documentos al juicio oral.
El testigo de acreditación solo es necesario para introducir los documentos que no gozan de la presunción de autenticidad conferida por el artículo 425 del CPP; es así que los documentos que gozan de autenticidad pueden ser ingresados por la parte interesada (literal d, numeral 5, art. 337 del CPP).
El derecho de confrontación está garantizado desde la audiencia preparatoria cuando las partes efectúen el descubrimiento total de los EMP, sus solicitudes y decreto.
CSJ, S. Penal. SP. 77322017 (46278), junio 1 de 2017. M.P. Luis Antonio Hernández.
Delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Los contratos de las empresas sociales del Estado se rigen por derecho privado y los principios generales de la contratación estatal.
CSJ, S. Penal. SP. 73222017 (49819), junio 24/2017 M.P. Patricia Salazar.
SOLICITUD DE LOS DETENIDOS PARA TRASLADO CARCELARIO POR UNIDAD FAMILIAR.
La unidad familiar es un derecho fundamental y las solicitudes que eleven al INPEC los reclusos deben ser resueltas en los términos de 15 días a su recepción.
Además, las medidas y decisiones que afecten este derecho fundamental deben obedece3r a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
CN Sent. T 154 de marzo 9-2017. M.P. Alberto Rojas.
Los jueces penales pueden imponer medidas de restablecimiento de derechos no pecuniarias: simbólicas.
Estas mediadas apuntan a que el sujeto activo debe reconocer públicamente el agravio.
Al estar de cara al incidente de reparación integra este mecanismo de justicia restaurativa en el cual la victima puede exigir el resarcimiento del derecho afectado no solo por medidas patrimoniales, sino también por actuaciones que se encuentre cobijadas bajo la reparación integral, tales como excusas públicas en audiencia, medios, entre otras.
CSJ, S.P, SENT. SP 60292017 (36784) MAYO 3 DE 2017 M.P FERNANDO ALBERTO CASTRO.
Reformas al código nacional de policía.
Parágrafo 3 del 41: al consagrar atención integral a los habitantes de calle impuso a la policía el deber de trasladar a hogares o centros de atención en los términos de la distancia a esta población; que se encuentren bajo efecto de sustancias psicoactivas y alterando la convivencia (inexequible, por discriminación dado que el trato es distinto y diferenciado para los demás ciudadanos que se hallen en las mismas circunstancias).
Parágrafo 1, del art. 155: traslado por protección, esta suprimido.
Inciso 2, del art. 191: por transgresión al artículo 90 CN, pasando por alto la calificación de un daño antijurídico esta en cabeza del juez contencioso administrativo.
Condicionamientos en el 155: el traslado que allí se alude es aplicable en los municipios que cuenten con lugares adecuados y exclusivos para proteger los derechos fundamentales en situación de riesgo.
Parágrafo 3 del art. 39. Exequible, los menores que comercializan y consuman…sustancias psicoactivas y alcohólicas; para su protección debe llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de bienestar familiar.
Art. 53: terminar reunión y manifestaciones que alteren la convivencia: avalado, siempre que la perturbación sea grave e inminente y no exista otro medio menos gravoso para impedir el ejercicio de estos derechos.
Art. 56: restringe la intervención de las FFMM en los operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo los casos en los quien los autorizan la constitución política y la ley.
CN, comunicado Sent. C 281 y C 286, 2017 M.P. Aquiles Arrieta y Gloria Stela Ortiz.
PARAMILITARES ACOGIDOS A 975 PUEDEN CAMBIARSE A JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ.
Tanto los miembros de las FARC como los paramilitares que se acogieron a justicia y paz pueden solicitar ser acogidos por la ley 1820 de 2016 y obtener los beneficios de la justicia especial para la paz (libertad condicional).
Con fundamento en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017 que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de la JEP.
el beneficio de Acogerse a la ley JEP es que es una ley de indulto y amnistía.
(Corte suprema de justicia, Sala Penal, Auto AP 24452017(49979) abril 19 del 2017 MP Luis Antonio Hernández.)
La modificación de un delito no se limita al título o capítulo del mismo
La sala de casación penal señaló que ahora la identidad del bien jurídico de la nueva conducta no es presupuesto del principio de congruencia y nada impide hacer la modificación típica dentro del código penal, sin esta limitada por el título o el capítulo ni por la naturaleza del bien jurídico tutelado. Por cuanto a la imputación jurídica provisional efectuada sin que se exija el señalamiento del capítulo dentro del correspondiente título.
(CSJ, S PENAL, Sent SP-23902017(43041), Feb.22/17 M.P. Eider Patiño Cabrera.)
Anuncian plataforma de certificación de trabajadores extranjeros en Colombia
(Mintrabajo, Comunicado - 5/16/2017)
La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Mariella Barragán, indicó que desde el Ministerio del Trabajo se pondrá en marcha una plataforma de certificación de trabajadores extranjeros en Colombia o Registro Único (Rutec), que permitirá que el empleador pueda realizar el registro automático vía web de sus trabajadores migrantes. Cabe recordar que la cartera laboral viene trabajando en el tema desde el año pasado. Así mismo, dijo la funcionaria, más de 10.479 personas con nacionalidad venezolana se encuentran inscritos o buscando trabajo, según el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo.
Acceso seguro e informado para uso médico y científico del cannbis.
Minsalud, D. 613-2017
Cargo o jerarquía del postulado no es criterio para fijar pena.
La pena alternativa fijada en la ley de justicia y paz tiene un mínimo de 5 años y un máximo de 8 años, además de tener la facultad de suspensión de la pena de prisión dada en la sentencia para ser remplazada por la de justicia y paz, siempre que se dé cumplimiento a las condiciones de: que se sea autor o participe de las conductas efectuadas con relación y con ocasión al conflicto armado; que la desmovilización sea voluntaria; que se hagan aportes a la reconciliación nacional, que se reparen las víctimas, que se demuestre resocialización (actividades y conducta).
CSJ, SP, Sent. SP 20452017 (46316 2017, MP. Luis Guillermo Salazar.)
Supernotariado emitió instrucciones sobre el sistema nacional antilavado de activos
La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Instrucción Administrativa 08 del 2017, dio instrucciones sobre las etapas de prevención y control que deben realizar todos los notarios del país en cuanto al sistema nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. En este sentido, los notarios deben aplicar medidas de control frente a los usuarios clasificados como personas expuestas políticamente (PEP), siendo necesario asegurar dentro del proceso de debida diligencia del cliente (DDC) la información exigida por la ley. Además, los notarios del país que sean objeto de requerimientos por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Fiscalía o policía judicial deberán atender las solicitudes de manera inmediata. Finalmente, Supernotariado hizo especial énfasis en la necesidad de diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el Siplaft, dirigidos a todas las áreas y empleados de la notaría, por lo menos con una periodicidad anual, de manera presencial o a través de la capacitación virtual. La Corte Penal Internacional y el acuerdo gobierno-FARC.
(Supernotariado, Instrucción Administrativa 08 - 4/7/2017)
La supremacía del derecho penal internacional sobre todo el derecho interno
Es jurídicamente innegable, la supremacía del derecho penal internacional sobre el derecho internacional penal, en Colombia se dejan sin efectos sentencias condenatorias de justicia ordinaria o serán sujetas de revisión, proferidas por hechos y cuyas decisiones se tomaron luego del 1 de noviembre de 2009, cuando entra en vigencia el Estatuto de Roma, lo anterior genera impunidad, falta de procesamiento de los individuos que exteriorizaron conductas que son socialmente tan relevantes que vinculan y extremasen a toda la comunidad internacional y que no son amnistiables, perdonables o indultables.
Carta de Sanfrancisco, capitulo VII, resolución del Consejo de Seguridad vs articulo 16 ER, 50 B, 52 del acuerdo de paz.
Experiencias de justicia de transición.
En la materia no existe un modelo terminado, sin embargo, la aplicabilidad de esta justicia debe obedecer a la jurisprudencia, doctrina y costumbre suministrada por casos anteriores:
El Salvador, fin de la guerra civil entre 1979-1992; 75.000 muertes, 1.000.000 de desplazados, producto de la lucha armada entre la guerrilla y el estado.
1994, desde 1948 la discriminación racial en Sudáfrica era la más grave del mundo, pero este acuerdo puso fin al régimen de segregación racial desde el punto de vista de la ley.
Este mismo año en Guatemala, se puso fin al conflicto armado dado entre 1962 y 1996.
No se puede negar la protección a la mujer que se defiende de su pareja.
Cuando un hombre y una mujer se agreden mutuamente no están en igualdad de condiciones: fuerza, altura, partes sensibles a lesión más expuestas, capacidad de reacción hacia los ataques…
CN. Sent. T 027 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta.
Si se incumple con el pago en contrato de comercio sexual, se extingue el consentimiento.
C.E. sección tercera, Sent. 0032701 de 2016. C.P Stella Conto.
La captura en flagrancia debe ser probada en el juicio por parte de la fiscalía.
Ante el juez de garantías, se estudia para sobre la legalidad de las solicitudes, pero no tiene en cuenta los hechos como demostrados para establecer responsabilidad.
CSJ, SP 36232017 (48175), M.P Patricia Salazar Cuellar.
Discriminación a los menores. Los menores pueden escoger con quien vivir.
La CIDH, se ha expresado al respecto, precisando que no es una máxima que los menores no puedan ser escuchados en los tribunales y establecer cuál es su comprensión de los hechos y su intensión de expresar sus propios sentimientos y opiniones. CSJ, SC, Sent. STC 53572017 abril 19-2017 M.P. Aroldo Wilson Quiroz
Imparcialidad del juez e igualdad de armas.
Desde los artículos superiores 29, 228, 230, y 250 se separan las etapas de investigación y juzgamiento, igualmente con la vigencia del sistema penal oral acusatorio, y el articulo 14-1, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8-1 de la convención Americana de los DDHH, obliga a los jueces que actúen con objetividad de cara a la verdad y sus decisiones estén basadas en el equilibrio. Las decisiones del juez deben estar sustentadas en neutralidad y ecuanimidad, haciendo prevalecer el juego dialectico de tesis vs antítesis.
Lo anterior, guarda relevancia con el principio de igualdad de armas, que permite que toda persona que se le atribuye una conducta ilegal tiene el derecho a contar con los medios y herramientas adecuadas para frenar y enfrentar el ataque punitivo del ente acusador e investigador.
CSJ, SP. Rad. 34412, marzo 23 de 2011; CSJ, Sala Penal, Sent. SP 3964, rad. 43665, marzo de 2017. M.P. Eugenio Fernández Carlier.
Esta figura se regula desde el articulo 30 superior y la ley 1095 de 2006, disponiéndose que esta figura es una acción constitucional protectora de la libertad individual, cuando una persona se priva de este derecho sin las garantías constitucionales o legales, cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente, pero también cuando con la privación a la libertad se afectan bienes como la vida, la integridad personal y se somete a la persona a tratos crueles, inhumanos y tortura.
Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Cuarta, Sent. Radicado 25000-23-26-000-2017-00004-01. Feb. 10-2017, C.P Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Acumulación de penas.
Si se apela la negación de un mecanismo sustitutivo de privación de la libertad ante juez de ejecución, es claro que el competente es el juez de conocimiento que emitió la sentencia; sin embargo, si se apela la acumulación jurídica de penas, la pena más grave o de mayor gravedad es el factor para determinar el recurso.
Artículo 478 del CPP, CSJ, Auto AP 16412017 (49896), marzo 15/2017 M.P Fernando Alberto Castro
Interpretación sobre la dosis personal (lo que requiere la persona en relación a su adicción).
La persona adicta o enferma a las drogas, puede portar dosis diferente a la establecida como dosis personal, siempre que sea para su consumo, porque lo que se prohíbe es la comercialización de la droga, no su consumo, es decir, paradójicamente su compra.
CSJ, SP 36052017 (43725), marzo 15/2017 M.P. Eugenio Fernández.
La medida a aplicar en estos casos de exceso en la dosis personal, son las medidas administrativas, pedagógicas y terapéuticas
Criterios para establecer vulneración de derechos por falta de defensa técnica.
CN, Sent. T 018 de 2017, M.P Gabriel Eduardo Mendosa.
Habeas corpus en la justicia especial para la paz (JEP)
Según el decreto 700 de 2017, la omisión injustificada para resolver dentro de los términos las solicitudes de libertad condicional contenidas en los decretos 277 de 2017 y la ley 277 de 2016, permite invocar esta acción constitucional.

References: artículo 425
 artículo 90
 artículo 5
 resolución 
 artículo 8

Artículo 478