Source: http://www.cuaraycentavo.com/2016/04/28/juan-hombron/
Timestamp: 2018-12-14 22:04:28+00:00

Document:
Juan Hombrón – Cuara y Centavo
Panamá, lunes 17 de octubre de 2011
Inconsistencias encontradas en las resoluciones
Las fincas y sus abogados
Los trámites de Anabelle Villamonte
Anabelle Villamonte LA PRENSA/Archivo
Panama America 17 oct 2011
No hubo nada irregular en la titulación de tierras concedidas por Villamonte
El administrador de la ATP, Salomón Shamah. Foto/Archivo
El ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y asesor de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), aseguró que en la titulación de tierras a 12 sociedades anónimas en Juan Hombrón, provincia de Coclé que concedió Anabel Villamonte, ex directora de Titulación y Regulación de la entidad no hubo nada irregular.
“Tengo entendido que una vez ella asumió su cargo en la ANATI renunció a su practica privada cuando en su momento representó a éstas sociedades. Si una persona o sociedad califica para que se le titule una tierra de acuerdo a las pruebas que presenta nadie ni ella (Villamonte) le puede negar este derecho”, manifestó.
Shamah indicó durante una entrevista en Noticias AM, que la promesa de campaña del presidente Ricardo Martinelli es titular tierras en las costas a todas las personas naturales, sociedades anónimas que tengan su derecho posesorio.
Agregó que desde que se creo la ANATI no sólo se han titulado tierras sino más de 35 mil hectáreas a nivel nacional.
Panorama 2 nov 2011 la prensa
otras SOCIEDADES ANÓNIMAS COMPRAN TIERRAS EN COSTA DE COCLÉ
A las investigaciones que efectúa el Ministerio Público y la Contraloría, se suma ahora la que haría la Anati.
COSTA. Vista parcial de las tierras cedidas gratuitamente por Anabelle Villamonte. LA PRENSA/Eric Batista
Las 54 hectáreas cedidas gratuitamente en Juan Hombrón –en la costa coclesana– por la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, tienen nuevos dueños.
Se trata de nueve sociedades anónimas que compraron la tierra cedida originalmente por Villamonte a dos particulares y doce sociedades. En todos los casos, la venta se hizo por el mismo valor catastral o una cifra levemente superior.
El proceso de traspaso de la tierra se inició el 26 de abril de 2011 y culminó el pasado 10 de octubre, cuando se produjo la venta de las 4.7 hectáreas obtenidas gratuitamente por Complete Properties, sociedad anónima constituida por la propia Villamonte, y cuya directiva la formaban originalmente sus padres, Ana Elida Murgas y Ordonel Villamonte.
Cinco sociedades de las doce que aún no habían traspasado las tierras que habían adquirido en Juan Hombrón finalizaron en octubre este proceso, con lo cual las 54 hectáreas de la tierra cedida gratuitamente en las costas coclesanas tienen ahora “nuevos” dueños.
Esta vez, dos sociedades “compraron” los lotes de las otras cinco que habían adquirido los derechos posesorios.
Villamonte, quien renunció a su posición en la Anati el 16 de septiembre tras conocerse el caso de la titulación gratuita del terreno de Punta Paitilla, fue abogada de las 12 sociedades que luego benefició con tierra gratuita en la costa de la provincia de Coclé.
El polémico proceso de titulación de tierras en Juan Hombrón comenzó el 16 de diciembre de 2010, con 4.5 hectáreas otorgadas a Silo Enterprises, S.A., sociedad que tuvo como presidenta a Sue Helen Scott Lam, una joven chorrerana de 26 años, cuyo nombre también aparece en otra sociedad vinculada a la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
Y justamente con la familia Papadimitriu –específicamente en la empresa Sea Deli Panamá– trabajó Villamonte, justo cuando, como abogada, hacía los trámites para obtener los derechos posesorios que después reconoció como funcionaria de la Anati.
Anati investigará títulos
En una polémica sesión, el Consejo de Gabinete aprobó ayer una moción para que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) investigue la validez de los títulos de propiedad adjudicados en Juan Hombrón, en la costa coclesana.
La moción dista de lo que había anunciado horas antes el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, de que se “retrotraerían” los títulos adjudicados para revertirlos al Estado. El Gabinete dejó para lectura de correspondencia en la próxima sesión la resolución que llevó el vicepresidente, Juan Carlos Varela, para que se iniciara una acción de bien oculto sobre el lote adjudicado en Juan Hombrón. La propuesta de bien oculto no procede, dijo el titular del Miviot, José D. Arias.
La Prensa 20 nov 2011
Importantes cargos de la ARAP son ocupados por personas que están o han estado vinculadas con la familia Papadimitriu.
Cartas y formularios
El pasado 9 de noviembre, el presidente, Ricardo Martinelli, apareció sorpresivamente en el programa “La Última Hora” de TVN, para anunciar –junto al nuevo administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Franklin Oduber– que las 54 hectáreas cedidas gratuitamente por la exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte, en la costa coclesana de Juan Hombrón, volvían a ser tierras nacionales.
Aunque el anuncio presidencial requiere aún de un pronunciamiento judicial, la decisión administrativa solo puede justificarse con el hallazgo de irregularidades en el procedimiento que avaló Villamonte.
Pero, mientras se divulga el fundamento de esta decisión, y la investigación que realiza el Ministerio Público determina si hay responsabilidades penales en lo sucedido, un tema sigue llamando la atención: ¿Cómo un área costera con un gran estero y abundante manglar pudo pasar a manos particulares, a pesar de la expresa prohibición que al respecto establece el artículo 10 de la Ley 80 de 2009 que regula el proceso de reconocimiento de derechos posesorios en islas y costas?
El hecho sorprende, especialmente porque todas las resoluciones de adjudicación avaladas por Villamonte (la abogada y exempleada de la empresa Deli Fish, propiedad de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu) son categóricas al negar la existencia de manglar.
La frase “el predio no constituye área de bosque de mangle y se encuentra dentro de la zona costera adjudicable” se repite, cual letanía, en 13 de las 14 resoluciones de adjudicación. Solo en una el texto varía, aunque únicamente en la forma: “…no menciona [el informe técnico] la afectación de algún ecosistema marino-costero…”.
Según se explica en las citadas resoluciones de adjudicación, el dato –la inexistencia de mangle– es parte de los informes de inspección ocular y geodésico expedidos por la Oficina Regional de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales de la provincia de Coclé.
Sin embargo, una visita al sitio y un sobrevuelo hecho por este diario dejaron en evidencia que la zona titulada por Villamonte forma parte de un gran estero con abundante mangle (ver fotografías).
Además, fuentes consultadas por este medio, que pidieron la protección del anonimato, aseguran que el área de la costa coclesana que fue titulada por Villamonte fue fotografiada por el equipo del Instituto Geográfico Nacional Tomás Guardia y clasificado como “inadjudicable”, justamente por tratarse de un manglar.
Las fuentes hablan de un documento fotográfico (llamado ortofoto) que, aseguran, reposaba en la institución.
Este diario intentó obtener copia del citado informe de la Anati, institución a la que ahora pertenece el Instituto Tomás Guardia, pero fue imposible. A pesar de que se trata de información pública, se negaron a darla alegando que no podían proporcionarla debido a las investigaciones que realiza el Ministerio Público.
Fallida protección
Desde la aprobación en 1998 de la Ley General de Ambiente, los recursos marinos costeros (entre los que están los esteros y manglares) constituyen patrimonio nacional, cuyo aprovechamiento, manejo y conservación está, desde 2006, bajo la tutela de la Autoridad Nacional de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
En realidad, la protección legal de los manglares se remonta en Panamá al año 1918 al aprobarse la Ley 27 (reformada en 1925 y en 1928), identificándolos como ecosistemas fundamentales para la reproducción de especies marinas y la protección de las costas.
En 1989, Panamá se adhirió a la convención relativa a los humedales de importancia internacional, conocida como Convención Ramsar, comprometiéndose a la protección de estos importantes ecosistemas marinos.
Además de lo anterior, la protección de los manglares de la costa de Coclé tuvo en 2005 un refuerzo adicional, cuando el Consejo Municipal de Antón aprobó un acuerdo en el que se declaró el área como “reserva ecológica y forestal del distrito de Antón”.
Este acuerdo establece que se solicitaría la colaboración de otras instancias, como la Dirección de Reforma Agraria, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Gobernación de Coclé para proteger el área y su disposición para el “progreso humano y el desarrollo del medio ambiente”.
Por ello, el presidente del Consejo Municipal de Antón, Armando Reyes, explicó a este diario que, tras enterarse de las titulaciones de Juan Hombrón, pidieron la comparecencia de los responsables de las direcciones regionales de Catastro y de la Anam. Hasta ahora, la petición ha sido ignorada.
En consecuencia, Reyes solicitó a las autoridades nacionales que respeten los acuerdos municipales y que se protejan los ecosistemas marinos que, añadió, “dan sustento a una gran cantidad de pescadores del distrito”.
Además de ello, la costa coclesana ha sido catalogada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) como de “alta” y “muy alta” susceptibilidad a inundaciones, lo que hace vital la protección de los manglares existentes.
Sin embargo, ni los compromisos internacionales ni las normas nacionales o los acuerdos municipales, ni siquiera la penalización que al respecto establece la legislación penal ambiental o la advertencia del Sinaproc, evitó que Anabelle Villamonte titulara las 54 hectáreas que pasaron en seis meses a manos de 12 sociedades anónimas y a dos particulares.
La negación de la existencia de manglar en las resoluciones de adjudicación llama además la atención porque su existencia se menciona expresamente en algunos de los contratos de cesiones de los derechos posesorios, así como en una certificación emitida por la corregiduría de Antón, documentos que forman parte de las pruebas que, en su momento, debió haber analizado Villamonte para llevar a cabo las polémicas titulaciones.
Este medio obtuvo copia de documentos firmados por Villamonte que indican que el proceso de cesión de tierras nacionales que realizaba la Dirección de Catastro (hoy Dirección de Titulación de la Anati) incluía la participación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), así como la autorización de la ARAP, con el objetivo de descartar que se tratase de una zona de manglar (ver facsímiles).
En otras palabras, en cumplimiento de la prohibición legal de adjudicar manglares –que establece el artículo 10 de la Ley 80– el proceso de titulación por parte de Catastro/Anati incluye, como paso previo, la intervención del Miviot y el señalamiento por parte de la ARAP de que la tierra solicitada no es área de manglar.
¿Pidió Villamonte en el caso de Juan Hombrón la intervención del Miviot y de la ARAP? Este diario intentó resolver esa interrogante preguntándoles a los responsables del Miviot, pero tampoco hubo respuesta.
Igual suerte hubo con la ARAP. Las preguntas que al respecto hizo y reiteró este diario a la institución responsable de la protección de los manglares, nunca fueron contestadas.
Finalmente, por tratarse de áreas protegidas por decisión del Municipio de Antón, se le solicitó a la Anam información sobre su vinculación en el proceso de titulación de Juan Hombrón. Nuevamente silencio oficial.
VÍNCULOS SIN FIN
“Yo nunca he ido a Juan Hombrón… No se ni dónde queda Juan Hombrón… Quiero decirle hasta en chino…”, fue la última reacción pública que tuvo el ministro Demetrio Papadimitriu sobre las tierras tituladas por Villamonte en la costa coclesana.
Sin embargo, investigaciones de este diario dejan en evidencia que, además de los vínculos ya revelados, otras personas que tienen o han tenido relaciones laborales con empresas de la familia Papadimitriu, dirigen instituciones clave en el proceso de titulación de tierras (ver diagrama).
Y es que en la ARAP, institución clave para el desarrollo de la industria pesquera y que, como se ha dicho, tiene bajo su competencia la protección de los ecosistemas marinos que incluyen los manglares, trabajan personas que están o estuvieron vinculadas a empresas de la familia Papadimitriu.
Una de esas es Sea Deli Panamá (dedicada a la extracción y procesamiento de pescado y mariscos) que tuvo como empleado a Giovanni Lauri, actual administrador de la ARAP.
Lauri fue, entre los años 1984 y 1995, gerente administrativo de Sea Deli, según información emitida por la Asamblea Nacional al ratificarlo en el cargo, en septiembre de 2010.
Además de Lauri, otra persona ligada a los negocios de la familia Papadimitriu fue nombrada por el presidente, Ricardo Martinelli, como miembro de la junta directiva de la ARAP, en representación de “los exportadores de la industria de la pesca y acuicultura agremiada”. Se trata de Elbert Rubio quien, según varias fuentes consultadas por este diario, es una pieza clave en los negocios relacionados con la pesca y afines, que lidera Diamantis Papadimitriu (padre del ministro de la Presidencia).
Por ejemplo, Elbert Rubio y su esposa, Elsie Hernández de Rubio, son suscriptores de la sociedad Camarones de Panamá, que preside Diamantis Papadimitriu.
Rubio también fue parte de otra sociedad ya disuelta de la familia Papadimitriu: Estrella del Pacífico, S.A.
En violación a la Ley 44 de 2007 que crea la ARAP y que incluye reglas sobre incompatibilidades en los nombramientos entre la directiva y los funcionarios, la esposa de Rubio, la ya citada Elsie Hernández de Rubio, ejerce el cargo de secretaria general de la ARAP, con un salario mensual de 2 mil 500 dólares, más mil 500 dólares de gastos de representación.
Además de las conexiones en ARAP, otro nombre relacionado con las empresas de los Papadimitriu surge en la telaraña de vinculaciones que van de la familia del ministro de la Presidencia a Juan Hombrón.
Se trata de Óscar Menacho, quien aparece en una lista del Directorio de Exportadores del Ministerio de Comercio e Industrias como representante de la empresa Sea Deli, de la que fue presidente y tesorero en 1997.
En 2010, Menacho pasó a ocupar un cargo en la directiva de Servicios Transnacionales, sociedad que obtuvo (en un rápido proceso de cinco meses) una generosa concesión de extracción de arena submarina en Capira (dos zonas de 500 hectáreas cada una por 10 años prorrogables), de la que hasta ahora no se conocen mayores detalles.
Antes de la llegada de Menacho a la directiva de Servicios Transnacionales, esta sociedad anónima fue presidida por Sue Helen Scott Lam, empleada de la firma de abogados Ellis & Ellis, con la que se cierra el círculo de vinculaciones entre las tierras de Juan Hombrón y la familia Papadimitriu.
Como se informó previamente, Scott Lam aparece en la directiva de la sociedad La Platea, S.A., cuyos suscriptores son Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas.
Y es justamente esta joven chorrerana quien presidió la sociedad anónima Silo Enterprises, que se convirtió en la primera de las 14 beneficiadas con la generosa cesión de tierras con frente de mar que hizo Anabelle Villamonte en Juan Hombrón, entre diciembre de 2010 y mayo de 2011.
OTRO CONFLICTO EN JUAN HOMBRÓN
La comunidad de la costa coclesana que cobró notoriedad debido al polémico proceso de reconocimiento de derechos posesorios y consecuente titulación gratuita de 54 hectáreas, va de sobresalto en sobresalto.
Con la llegada de maquinarias y trabajadores, los lugareños y dueños de casas de playa se enteraron de que el Ministerio de Comercio y Industrias (Mici) había dado el primer paso en el proceso de aprobación de una concesión para la extracción de minerales no metálicos (arena continental) a la sociedad Inversiones Playa y Campo.
Efectivamente, la directora Nacional de Recursos Minerales del Mici, Zahadia Barrera, firmó el 31 de marzo una resolución en la que declara a la citada sociedad “elegible” para extraer arena en 50 hectáreas, algunas de las cuales no son propiedad de la sociedad solicitante de la concesión.
La resolución destaca que el documento sería enviado a la alcaldía del distrito para que se fijara por 15 días en un lugar visible de la corregiduría correspondiente.
Sin embargo, esto no sucedió. El alcalde de Antón, Jorge Cáceres, dijo desconocer el documento, así como las intenciones de extraer arena por parte de Inversiones Playa y Campo. “A mi despacho no ha llegado información sobre la concesión. Me enteré por las quejas de la comunidad, por lo que hago un llamado [a las autoridades] para que se cumplan los requisitos que exige la ley, sobre todo la realización de la consulta pública”, advirtió.
Luis Trejos, representante de El Chirú, tampoco sabía del asunto. Trejos explicó que solo tras su expresa petición se le entregó la Resolución 1-A 366-2010, emitida por la Anam, relacionada con la concesión. “Como autoridad, nos preocupa el hecho de que la comunidad desconociera la consulta pública, que supuestamente había hecho la empresa”, destacó.
El pasado 1 de noviembre, más de 100 moradores de Juan Hombrón se reunieron con el alcalde, el representante de El Chirú, personal de Inversiones Playa y Campo, funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y del Mici.
En el encuentro, los moradores expresaron su rechazo a la extracción de arena, sorprendiéndose cuando se enteraron de la existencia de un estudio de impacto ambiental presentado ante la Anam que alude a una consulta pública que, aseguran, nunca se hizo.
La resolución que hace elegible a Inversiones Playa y Campo cita documentos entregados al Mici, como planos e informe de descripción de zonas, evaluaciones de yacimientos y certificados de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, “donde consta el nombre de los dueños de las fincas que se verán afectadas por la solicitud”.
Al respecto, la presidenta de la junta comunal de Juan Hombrón, Damaris Guardia, explicó que, al revisar el expediente en el Mici, se sorprendió al encontrar un documento en el que se asegura que los dueños de las fincas afectadas dieron su consentimiento. “Eso es falso”, afirmó.
Y es que la empresa Inversiones Playa y Campo, representada por Walter Aguilar, solo cuenta con cinco de las cincuenta hectáreas solicitas para extraer 10 mil yardas cúbicas de arena al mes.
Mario Ballesteros, otro de los vecinos afectados, advirtió que presentarán su oposición al proyecto ante el Mici. “De salida nos vamos a oponer, porque si se aprueba esta concesión se dañan los alrededores, las calles y el valor de nuestras fincas”, alertó.
Este medio intentó entrevistar al titular del Mici, Ricardo Quijano, y a la funcionaria Barrera, por más de una semana, pero la jefa de relaciones públicas de la entidad, Tagnia Shocrón, no dio trámite a la solicitud.
Edilsa González Ereida Prieto-Barreiro
EVIDENCIA. Las grandes raíces de mangle colman el área. LA PRENSA/Eric Batista
Evidencia. Las tierras tituladas forman parte de un gran estero con extenso manglar. LA PRENSA/Eric Batista
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), institución que desde su creación en 2006 tiene bajo su competencia los recursos marinos costeros –incluyendo el mandato de proteger esteros y manglares–, mantiene absoluto silencio sobre el proceso de titulación gratuita de 54 hectáreas en la costa coclesana de Juan Hombrón, donde abunda el mangle.
Al frente de esa institución está Giovanni Lauri quien, al igual que Anabelle Villamonte –la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) que avaló el proceso de titulación en Juan Hombrón–, trabajó en una de las empresas de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
Hasta ahora, la ARAP se ha negado a responder las preguntas hechas por este diario sobre las polémicas titulaciones.
Panamá, viernes 13 de enero de 2012
MEDIDA. Erick Lamboglia no podrá abandonar el país por órdenes de la Procuraduría. LA PRENSA/Ana Rentería
La Prensa 22 marzo 2012
CARGOS. La exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte figura entre los seis imputados del caso. LA PRENSA/Archivo
Todos están en libertad gracias a fianzas y medidas cautelares
Con ellos suman seis los acusados por este caso, según confirmó ayer el Ministerio Público
La prensa 23 mayo 2012
fiscal pide que se amplíe la investigación
Anabelle Villamonte violó la ley
Peritos de la Contraloría, ARAP y Anam confirmaron que los terrenos de Juan Hombrón no podían ser adjudicados, y que se entregaron ilegalmente.
PROCESO. A la audiencia celebrada en el Juzgado Tercero Penal acudieron los seis imputados. Anabelle Villamonte fue acompañada por su abogada Guillermina McDonald. LA PRENSA/David Mesa
Las adjudicaciones gratuitas de 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón, a 12 sociedades y a dos personas naturales, fueron ilegales porque eran áreas protegidas.
Así lo dijo ayer la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, al sustentar su vista fiscal en la audiencia preliminar realizada a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte y otras cinco personas acusadas de delitos contra el ambiente y ordenamiento territorial.
Morcillo explicó que se incumplió la Ley 80 de 2009, que regula el reconocimiento de derechos posesorios en costas e islas, que establece que la posesión del bien se debe demostrar a través de una actividad turística, agropecuaria o habitacional, cosa que no se hizo. Otra ilegalidad citada por Morcillo fue el fraccionamiento de los terrenos para beneficiar a otras personas. Detalló que con eso se buscaba que las personas naturales cedieran los derechos posesorios a personas jurídicas (sociedades).
“Hubo personas que recibieron dinero para aparentar que tenían derechos posesorios que no eran suyos, y luego fueron traspasados a dos y tres personas jurídicas”, manifestó.
Este argumento lo sustentó en la declaración de Reinaldo Flores que, según la fiscal, admitió “que recibió pagos de Jorge Bethancourt (presidente de la Asociación de Pescadores de Antón) para adquirir la tierra”.
Agregó Morcillo que un informe de auditoría de la Contraloría establece que Bethancourt y Raúl Mata (quien negoció los derechos posesorios con los pescadores) “ofrecían dinero para que las personas adquirieran los terrenos”.
Basada en eso, indicó que tanto Mata como Bethancourt deben ser incorporados al proceso, pero no los acusó porque tuvo que enviar la vista fiscal al vencerse el término para investigar.
La funcionaria advirtió que los peritos de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) y la Contraloría hicieron una inspección ocular y determinaron que los terrenos en Juan Hombrón eran inadjudicables, y que hace falta información en los planos de los terrenos, así como en los expedientes de la Anati sobre las titulaciones gratuitas.
En el caso de Villamonte, la fiscal dijo que incurrió en una conducta dolosa porque conocía previamente los trámites para la cesión de los terrenos, al haber trabajado como abogada de las sociedades antes de asumir el cargo de directora de Catastro.
En la auditoría hecha por la Contraloría se concluye que estas adjudicaciones gratuitas causaron una lesión patrimonial al Estado por un millón 787 mil 362 dólares.
Además de Villamonte están acusados en este caso Eric Lamboglia (departamento de titulación de Anati); José De Bello de la Cruz (departamento de aprobación de planos); Mario Ruiz (jefe de cartografía de Anati); José de la Rosa Gutiérrez y José Hernández, estos dos últimos son las personas particulares a las que se les cedieron las tierras gratuitamente. La fiscal pidió el llamamiento a juicio para los seis acusados.
Guillermina McDonald, abogada de Villamonte, inició su alegato oponiéndose a la ampliación de la investigación, tal como sugirió Morcillo, al pedir que se acuse a Bethancourt y Mata.
La abogada argumentó que la Resolución de Consejo de Gabinete 43 de 1996 establece que esa zona de Farallón es de desarrollo turístico.
McDonald dijo que una vez realizados los trámites respectivos, Villamonte cumplió con su responsabilidad de firmar las adjudicaciones de tierra basadas en la Ley 80 de 2009.
“No se ha demostrado que Villamonte cedió o compró tierras; ella no actuó de mala fe”, afirmó la abogada.
Manifestó que la ley establece que en las áreas protegidas no se reconocerán derechos posesorios, salvo que los trámites se hayan iniciado antes de que fuesen declaradas zonas protegidas por la Anam.
Sustentó que esa área de Juan Hombrón fue declarada protegida en 2005 y las personas indicaron que sus derechos posesorios eran del año 2000. A su juicio, “no hay ningún problema con que el que tenga derechos posesorios los venda más adelante”.
Los abogados defensores de los otros cinco acusados, pidieron un sobreseimiento definitivo.
Maritza Royo, abogada de Ruiz, dijo que no hay una sola prueba en contra de su cliente porque no firmó ninguna de las 14 cesiones.
Nicks García, defensor de De Bello, alegó que a él no le tocaba aprobar los planos y, además, en estos no se indica que eran áreas protegidas.
Rubén Castrejo, abogado de Lamboglia, señaló que su defendido solo recibía la información de los planos aprobados y la remitía a sus superiores, por lo que no es responsable de lo que se le acusa, debido a que no donó ni vendió terreno alguno.
Infografía: terrenos cedidos gratuitamente en Juan Hombrón
LA PRENSA 19 junio 2012
Escándalo de tierras en Juan Hombrón
Se ha informado que en los próximos días se emi-tirá la decisión en el caso del terreno de Paitilla, en el que Villamonte también está acusada.
Investigación. Anabelle Villamonte aprobó las titulaciones de tierras en áreas protegidas. LA PRENSA/Archivo
Luego de tres días de haberse emitido el fallo por el cual el Juzgado Tercero Penal concedió un sobreseimiento definitivo a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, el Ministerio Público (MP) no ha decidido si apelará la sentencia.
Fuentes de la Procuraduría de la Nación confirmaron que la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, estaba en la lectura del fallo y que se acogería al término de cinco días para anunciar su decisión.
El fallo del juez tercero penal, Adolfo Mejía, de sobreseer a Villamonte, se produjo a pesar de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que reveló una lesión patrimonial de $787 mil 382 en perjuicio del Estado.
El juez Mejía también exoneró de los cargos al jefe del Departamento Jurídico de Anati, Eric Lamboglia; a los encargados de Cartografía, Mario Ruiz y José Bello, y a los particulares José Fernández y José Gutiérrez.
Mejía también tramita el expediente seguido a Villamonte; el florista César Segura y su abogado Francisco Pérez Ferreira por la adjudicación irregular de un terreno en Punta Paitilla, y se ha informado que en los próximos días se emitirá una decisión sobre este caso.
La audiencia preliminar en este proceso se llevó a cabo el 30 de mayo pasado, 8 días después de efectuado el juicio de las tierras de Juan Hombrón. La vista fiscal del caso Juan Hombrón fue remitida al juzgado el 3 de abril pasado, y en ella se pedía llamamiento a juicio para todos los imputados.
Expedientes del juez Mejía
El juez tercero penal, Adolfo Mejía, absolvió este año a nueve investigados por tráfico de personas. También condenó a seis años a Dalvis Sánchez, secretaria administrativa de la Presidencia en la gestión de Moscoso.
Mejía tiene a su cargo el expediente que sigue la Fiscalía Anticorrupción a la exdirectora de Migración María Cristina González por la supuesta venta de visas.
En su despacho está el proceso al exmagistrado Dulio Arrocha por falsificación de diploma. Este mismo juez concedió fianza de excarcelación, por $4.2 millones, a favor de Ernesto Chong Coronado, implicado en el caso Murcia Guzmán, al igual que instruyó el proceso del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, por lavado de dinero.
20 junio 2012 la prensa
El juez tercero Adolfo Mejía no tomó en cuenta la auditoría que hizo la Contraloría y que fue incluida en el expediente por la fiscalía.
Pesquisas. Las investigaciones por la titulación irregular de tierras en Juan Hombrón se iniciaron el 17 de octubre de 2011, a raíz de una publicación del diario ´La Prensa´. LA PRENSA/Archivo
Una nota recibida después de celebrarse la audiencia preliminar, fue utilizada como sustento por el juez tercero penal Adolfo Mejía para dictar un sobreseimiento definitivo en favor de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte y otras cinco personas acusadas por delito contra el ambiente, a raíz de la adjudicación gratuita de 54 hectáreas de tierras en Juan Hombrón, Coclé.
En el fallo emitido el 14 de junio de 2012, Mejía indica que en la nota del 4 de junio pasado de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), se informa que en la inspección ocular los peritos de esa entidad, Anati y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) concluyeron que todos los globos de terreno están fuera de los 22 metros de ribera de playa y colindan con el océano Pacífico. Además, en la inspección se determinó que el área es adecuada para desarrollo turístico y no se observaron indicios de afectación o tala de manglares por actividad humana.
Fuentes judiciales ligadas al proceso revelaron que esa nota, utilizada como sustento en el fallo, fue enviada por los peritos al juez Mejía, después del 22 de mayo, fecha en que se celebró la audiencia preliminar.
Félix Wing, abogado del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), señaló que “es curioso que el juez falle basado en esa prueba (nota del 4 de junio) y no tome en cuenta otras pruebas de la fiscalía y el informe de la Contraloría”.
La fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, que instruyó la investigación, advirtió en la audiencia preliminar que el informe de inspección ocular no había sido incorporado al expediente por los peritos.
No obstante, Mejía señala en el fallo que el país está encaminado a los parámetros del sistema penal acusatorio, “lo que obliga a fallar con lo que existe en el expediente”. Rubén Castrejo, abogado de Eric Lamboglia (funcionario de Anati acusado en el proceso) dijo que el fallo se sustenta en las pruebas que había en el expediente, y nunca se probó el delito.
eran adjudicables
Otro de los argumentos del juez es que esos terrenos eran adjudicables porque los dueños tenían entre 9 y 20 años de tener los derechos posesorios, mucho antes de que fuese declarada como zona protegida por el Municipio de Antón en 2005.
Indicó, además, que el artículo 10 de la Ley 80 de 2009, que regula la titulación de costas e islas, estipula que cuando el reconocimiento de los derechos posesorios se haya iniciado antes de que las tierras sean declaradas área protegida, se hará una excepción para adjudicar el bien.
Según el juez, el Decreto de Gabinete 43 de 1996, que declara como zona de desarrollo turístico el área que va desde Juan Hombrón hasta Punta Chame, tiene “supremacía” sobre el acuerdo del Municipio de Antón, de 2005, que declaró el área como zona protegida. Basado en eso, Mejía dice que el Ministerio Público no pudo probar el delito. Agregó que para configurar el ilícito es requisito que los implicados sean funcionarios, algo que no se cumplió con José Gutiérrez y José Fernández, los dos particulares acusados a los que se les adjudicó tierras en Juan Hombrón.
Wing indicó que el fallo ignora que los manglares, humedales y áreas inundables están protegidas por el artículo 258 de la Constitución, que está por encima del decreto ejecutivo de 1996.
negó la ampliación
Manifestó el juez que en esta parte del proceso no cabe una ampliación del sumario como pidió la fiscalía, “ya que ello implica un retroceso debido a que estaríamos frente a una nueva investigación, vulnerando principios y garantías constitucionales”.
De acuerdo con Mejía, una nota-memorando del 30 de diciembre de 2010 establece que no había causal de impedimento para que Villamonte adjudicara las tierras, y por ello no hubo delito.
MP apelará sentencia
La fiscal quinta de circuito Ruth Morcillo anunció ayer que presentará una apelación al fallo del juez tercero penal, que absolvió a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y a otras cinco personas. A pesar del anuncio, la funcionaria judicial no brindó detalles de los argumentos que presentará al Segundo Tribunal de Justicia para objetar la decisión del juez.
Fuentes del Ministerio Público informaron que la fiscal Morcillo tiene un término de tres días para anunciar la apelación, para luego sustentarla. Durante la audiencia preliminar, Morcillo solicitó el encausamiento penal de Villamonte, Eric Lamboglia, Mario Ruiz y José Bello, todos exfuncionarios de la Anati, y de los particulares José Fernández y José Gutiérrez por la titulación ilegal de 54 hectáreas en Juan Hombrón, en la provincia de Coclé.
La Prensa 6 julio 2012 Panorama
Los personajes y los detalles del caso Juan…
GRABACIÓN APARECIDA EN YOUTUBE
HUMEDALES. Informes de la Contraloría General determinaron que los terrenos con frente de playa de Juan Hombrón, que tituló gratuitamente Anabelle Villamonte, están en áreas protegidas. LA PRENSA/Archivo
Nueve meses después de que una investigación de La Prensa revelara que la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte adjudicó gratuitamente 54 hectáreas con frente de playa en Juan Hombrón (en la provincia de Coclé) a sociedades anónimas vinculadas a la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, aparecen nuevos elementos del singular proceso.
La noche del pasado miércoles fue colgado en YouTube un video con una grabación de Raúl Mata –intermediario en la venta de la citada tierra–, en el que señala directamente al ministro Demetrio Papadimitriu como la persona que pagó por las tierras.
En la grabación, Mata también revela que el presidente, Ricardo Martinelli, su hijo Ricardo Martinelli Linares, y un amigo de este, le compraron la playa Los Azules (anexo a Juan Hombrón), por intermedio de Eric Britton, a quien identifica como abogado de la familia Martinelli.
Britton dijo ayer a este diario que sí conversó con Mata en relación a la playa Los Azules, pero negó tener vínculo personal o comercial con el presidente Martinelli o sus hijos.
“Yo visité la playa Los Azules por cuenta propia y me pareció extraordinaria, pero desistí de realizar trámites porque los pescadores no tenían título de propiedad, y si les compraba sería un riesgo”, explicó el abogado.
El que sí pagó, insistió Mata, fue el ministro Papadimitriu. Según la grabación, la transacción se hacía efectiva los días 15 de cada mes.
Mata relató que retiraba hasta $400 mil en una de las oficinas de la familia Papadimitriu para pagarles a los pescadores.
Estos señalamientos coinciden con declaraciones que Mata –junto a un grupo de pescadores– dio el pasado 25 de junio en Telemetro, cuando manifestó que por esas tierras se pagaron más de $4 millones de dólares. El precio que se pagó por metro cuadrado fue de $10, de los cuales $3 eran de comisión, dijo entonces.
Este diario tuvo acceso a recibos de pago en los que consta que Mata cancelaba en efectivo a los lugareños que le habían cedido sus supuestos derechos posesorios (ver facsímil).
En los documentos, el empresario deja constancia de que retendría temporalmente el 50% del pago mensual –que se haría durante dos años– hasta que los vendedores solucionaran un litigio con Sonia Álvarez, quien también les había comprado derechos posesorios.
Mata –en la grabación– también cuestiona duramente a Villamonte por no defenderse y guardar silencio. “¿Cómo es que esa mujer [Villamonte] pasó varios días presa y Papadimitriu no agarró ese teléfono para llamar y pedir que la sacaran…?”, se preguntó.
“Si a mí, Carlos Raúl Mata, me hubiesen mandado a titular esas tierras de buenas a primeras, de un solo plumazo, y me van a llevar preso… lo primero que hubiese hecho era llamar a Álvaro Alvaro [periodista de Telemetro] para explicarle que ellos [Papadimitriu y Martinelli] me pusieron en ese cargo, y le entregaba las pruebas…”, dijo Mata.
El intermediario de la venta de las polémicas 54 hectáreas de Juan Hombrón también afirmó que esas tierras las tenía en venta desde hacía cuatro años; que las promocionaba en el periódico, pero que nadie las quería comprar.
Incluso mencionó que uno de sus clientes sería el exviceministro de Finanzas Dulcidio De La Guardia que, junto a un empresario de apellido Lacayo, le compró unas tierras, pero que luego estos rompieron el trato.
El exviceministro De La Guardia aceptó ayer que fue con un empresario, cuyo nombre se reservó, a ver las propiedades en Juan Hombrón que Mata tenía en venta. Sin embargo, dijo que desistió de comprar derechos posesorios porque esas tierras estaban sobre un banco de arena.
“Mata tendrá que probar que realicé alguna transacción sobre esas tierras”, advirtió.
Según la conversación, Mata también dice que entregó grabaciones a Carlos Carrillo [abogado de sociedades vinculadas a la familia Papadimitriu], y que este le garantizó que los Papadimitriu no irían contra él.
Incluso, Mata subraya que Carrillo le entregó un dinero –que le envió Diamantis Papadimitriu, padre del ministro de la Presidencia–, para el pago de abogados, en caso de necesitarlo.
Este medio también consultó a Carrillo, quien señaló que “sus oficinas representan los intereses de las empresas que compraron los títulos de los derechos posesorios a los pescadores y personas titulares de los mismos”.
“No estoy autorizado para revelar informaciones en cuanto a transacciones de las empresas que representamos”, agregó Carrillo.
¿Usted recibió alguna grabación del señor Mata referente a supuestas conversaciones de él con Villamonte?, le preguntó este diario.
“No es cierto. No puedo hacer comentarios a referencias. Le recuerdo que grabar a una persona sin su consentimiento es ilegal y no nos vamos a referir a dichos señalamientos”, fue su respuesta.
Por su parte, el ministro Papadimitriu dijo que “por claras motivaciones de oposición política y valiéndose de un video, cuya autoría no tiene a nadie responsable, la señora Balbina Herrera intenta nuevamente vincularlo a la compra de terrenos en Juan Hombrón… la supuesta persona a la que el encapuchado atribuye la voz, el pasado 26 de junio, dijo públicamente en el noticiero que conduce el periodista Álvaro Alvarado, que nunca me ha conocido y que jamás ha hablado conmigo…”.
Ni el presidente Martinelli ni su familia se refirieron al tema, alegando que no tienen nada que ver.
>>> Varela emplaza al Presidente
El vicepresidente, Juan Carlos Varela, le recomendó al mandatario, Ricardo Martinelli, que le pida inmediatamente la renuncia al ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, si es cierto lo que se afirma en el video.
“Yo creo que le toca explicar al Presidente de la República el contenido de eso y, de ser verdad lo que dice eso, debe pedirle inmediatamente la renuncia a su ministro de la Presidencia, porque si no, estaría actuando en complicidad, cometiendo él un delito también”, advirtió el Vicepresidente.
“Hemos tenido acceso a esa información que da pruebas contundentes. Así que, señor Presidente y ministro Papadimitriu, devuélvanle Juan Hombrón al pueblo panameño y al Estado”, pidió Varela durante un recorrido político en Cerro Azul.
Además, solicitó que se abra una investigación sobre estas nuevas revelaciones, porque el caso Juan Hombrón es un escándalo de corrupción y el mandatario prometió que se iban a devolver esas tierras al Estado.
“Pero vemos que él [Martinelli] y su ministro de la Presidencia no se ponen de acuerdo. A veces pareciera que el ministro piensa que él es el Presidente”, advirtió el vicepresidente Varela.
>>> Las revelaciones de una singular compra
El siguiente es un extracto de la grabación que fue colgada en YouTube (www.youtube.com/watch?v=NwBKh1Bcnuo), y cuyo principal interlocutor sería Raúl Mata Zúñiga, según la persona que presenta la conversación telefónica. Al cierre de esta edición, el video había recibido más de 2 mil visitas.
Yo te voy a decir una cosa. Yo me he quedado sorprendido de que esta vaina se haya ido a más. ¿Por qué? Yo no entiendo, porque, si Jimmy [ministro de la Presidencia] fue el que compró…
Ven acá, yo te voy a decir una cosa. Si ella trabajaba para Jimmy, Anabelle [Villamonte] es una ahuevá… Es una ahuevá… Yo trabajo pal Presidente, Vicepresidente y me ponen de director y me mandan a hacer cosas, tú respondes por mí…
¿Tú me vas a decir a mí, que a mí me van a llevar un día preso, a Carlos Raúl Mata, y yo no voy a coger el teléfono para llamar a Álvaro Alvarado [presentador de noticias de Telemetro] y decirle ´ven acá, Álvaro, esta mierda es así y así, aquí tengo la prueba, y a mí me puso Fulano? O tú vas a sacar la cara por mí o si no, yo voy a decir esto y esto…
Yo lo que sí te digo es esto: si yo voy a trabajar pa Martinelli [Ricardo] o pa Papadimitriu y me dicen, ´Raúl, tú tas´ agarrao de mí, hazme esta vaina y compra esta tierra, yo la quiero toda, cómpramela, aquí está la plata. Hay que quitar a Publio [Cortés, hoy exdirector de la otrora Dirección de Catastro, actualmente Dirección de Titulación], porque Publio ta haciendo grown en la imagen de Catastro, vamos a poner a Anabelle [Villamonte]. Eso no lo decido yo [Raúl]. Eso lo decide Martinelli o Papadimitriu. Eso lo deciden ellos allá arriba…
Cuando ellos deciden quitar y poner a Anabelle yo le dije: ´ven acá, Anabelle, si tú me firmaste estos papeles a mí, ¿cómo tú vas a quedar ahora?´… ´No, no, no, ya todo eso se arregló´. Entonces eso es lo que yo estoy tapando ahí…
Ella me siguió firmando, ella ya estaba de directora de Catastro y me mandaba a la oficina de la mamá de Jimmy [María Bagatelas]. Los días 15, a mí me entregaban entre 300 y 400 mil dólares en efectivo, anda y págale a los pescadores… Porque el pago era mes a mes. ¡Ey!, yo toy viendo que toy trabajando con la gente de arriba y de repente dizque no tenemos piso, a mí explíquenme bien esta vaina… Yo estoy cuadrao contigo, pero tú, tú no me vas a dejar a mí… ¿Por qué Martinelli o Papadimitriu no dijeron ´ven acá, me sacan a esa mujer, me la mandan pa la casa, no sé qué verga van a hacer´. ¡Pá!, como hacíamos antes.
Mira, yo te voy a decir algo que nadie sabe… A Jimmy Papadimitriu yo le vendí todo eso ahí… Una vez yo le vendí 36, y un tipo acá le vendió otra parte. Yo le vendí 36 hectáreas… Me vino a buscar Eric Britton [abogado]. ¿Quién es Eric Britton? El abogado de los Martinelli, del hijo de Martinelli [Ricardo Martinelli Linares], me vino a decir, ´ven acá… ¿No quedó na pa nosotros?´ Yo dije, ´cómo así´. ´Toda esta vaina se la vendieron a Papadimitriu ¿y pa nosotros no quedó na…?´ Le dije: ´yo tengo una playa que se llama Los Azules, que también están vendiendo los pescadores que está más adelante…´. ¡La tengo vendida! Tengo todos los contratos firmados por Britton, me la está comprando Ricardo Martinelli hijo, con el ministro… con otro que es amigo de él y el Presidente. Ya están haciendo la carretera, todos están comprándome esa playa. Ya están los contratos firmados. Entonces, explícame ¿por qué están armando un verguero?
Pero la pobre mujer que se prestó para ello, empleada de ellos, para hacer el trabajo sucio de ellos, ¿por qué ella pagó cárcel? ¿O por qué la van a llamar? Yo estoy esperando que llamen a Raúl Mata… Porque el día que llamen a Raúl Mata… Yo no voy a embarrarlos… Yo llego hasta la ventanilla y yo entrego mis papeles, mis planos sellados, la gente está solicitando esos terrenos porque tiene 40 años de vivir ahí… ¡Hasta la ventanilla..! Lo que pasa de la ventanilla pa llá, yo no se qué pasa. Las adjudicaciones, las vainas, eso le toca al Gobierno… Yo no soy parte del Gobierno…
Hombe, y otra cosa te voy a decir. Si yo sé que mi papá o nosotros compramos la tierra de la playa, porque nadie la quería comprar, yo la tengo en venta desde hace como cuatro años, yo tengo los periódicos, yo la estoy vendiendo desde antes de la ley y nadie la quería comprar… Nadie quería comprar derechos posesorios en este país, porque decían que venía una ley, que se iban a expropiar todas las tierras de costas, islas y nadie me quería comprar… La cantidad de gente que yo llevé, hasta que te los puedo poner en fila. Hasta Dulcidio de la Guardia [exviceministro de Finanzas], el viceministro, Dulcidio fue con Lacayo y firmamos contrato de que sí me iban a comprar. A la semana me llaman que iban a cancelar esa vaina y no me compraron na…
Nadie quería comprar esos terrenos de playa… Y llegó Papadimitriu. ´¡Consíguemela toda… Yo la quiero toda!´ Y la pagó. ¡Él no se la robó…! Pero la gente, hey, salgan a decirle eso a la gente, déjenme hablar… Déjenme salir a mí en televisión, saben que la gente que compró la playa de los pescadores, yo represento a 36 pescadores que tienen 40 años de estar ahí. Esa gente está contenta porque ese señor compró la tierra y se la pagó. No fue que se la robó. Él la pagó. Entonces la gente comenzó a hablar de que estaba comprando. Ahí empezó el morbo y la ahuevazón. Ellos mismos crean el morbo y la vaina. Después, cuando Balbina se entera de que había comprado y no sé qué… Seguro se la ta robando… Entonces crean el morbo con esa vaina…
Salgan a decirle a la gente qué es lo que está pasando… Sí estamos comprando la playa, ¿por qué no la pueden comprar? Si yo la tengo en venta… Lo que puede pasar ahí es que digan que usaste el tráfico de influencias, porque como eres ministro de la Presidencia, entonces agilizaste el trámite para adjudicar la tierra… Hey, eso es otra cosa. Quién me va a decir a mí en este país que si yo soy Presidente, ministro o lo que sea, yo no voy a ayudar a un amigo… No, que eso es tráfico de influencias… Ponlo como tú quieras… Pero es mentira que tú, siendo ministra o Presidente, o lo que fuera, tú no hubieras ayudado a tu papá o a tu mamá cuando se gastó 4 o 5 millones de dólares comprando una tierra., ¿tú no la vas ayudar a titular?
Yo estimo mucho a Anabelle… Yo la estimo mucho… Y ella no se quiso defender… Yo le dije… A un día de cárcel, ¡Llama a Jimmy! ¡Llama a Papadimitriu! ¡Qué vaya allá! O agarra ese hijueputa teléfono y llama a Álvaro Alvarado y a todo el mundo, y empieza a decir por qué verga tú estás presa… Si tú nada más hiciste lo que ellos te mandaron a hacer.
No es justo, no es justo… Yo entiendo que si tú caes, yo voy a caer contigo. Pero yo no voy a caer solo, y tú vas a estar allá al lado del jefe. Tú vas a decir, ´no, no, tráiganme a ese muchacho pa acá´.
Yo tenía muchos papeles y vainas firmados por ella siendo directora de Catastro. Es más… yo le he entregado grabaciones. Lo que pasa es que yo soy un hijueputa, yo soy un desgraciado… A cada cita que yo fui, llevaba mi grabadora y nadie sabe que yo estaba grabando. No es para joder a nadie, sino para que no me caiga la mierda después a mí…
Ya yo pasé por eso. ¿Tú sabes qué hice yo? Yo le llevé las grabaciones a Carlos Carrillo [abogado de sociedades vinculadas a la familia Papadimitriu]… Borra toda esa vaina que está ahí, pero oye lo que dice… Porque él me garantizó a mí que los Papadimitriu no van contra mí. ´Mira ve, el señor Diamantis [Papadimitriu, padre del ministro de la Presidencia] te manda esta plata para que pagues abogado, cualquier cosa, para que no te cueste´.
Yo no necesito, pero tá bien, la voy a coger, porque eso no tiene por qué salir de mi bolsillo… Yo me sé todo Juan Hombrón… Si Martinelli echa todo para atrás y arranca de nuevo, el resultado es el mismo… Los pescadores tienen 40 años de estar, por lo menos los míos…
Es el morbo ese de que quién compró y que cuánto costó… Desde el primer día debió salir ´sí, mi papá fue el que compró´… Ellos fueron a verlos y les gustó, y los compraron… Allí habría terminado todo.
La Prensa Sabado 14 de Julio del 2012
Cortizo: ‘La renuncia de Papadimitriu está vinculada a temas económicos’
Gobierno calla tras la renuncia de Jimmy…
“Para mi él renunció yo no lo veo que es una renuncia desde el punto de vista político, esta es una renuncia muy vinculada a temas económicos”, indicó a Prensa.com.
En tanto, la precandidata presidencial de este mismo colectivos Balbina Herrera, dijo que ahora no se sabe si Papadimitriu renunció o no.
Agregó que situaciones como estas afectan al país.
El Gobierno no ha emitido una versión oficial sobre la renuncia del ministro de la Presidencia. De hecho, el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, aseguró hoy que el Gobierno no se pronunciará sobre el tema.
En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Cortizo y Balbina sobre este tema.
No 27076 Gaceta Oficial Digital, jueves 12 de julio de 2012
17 julio 2012 La Prensa
Martinelli ofreció sus declaraciones en la ciudad de Las Tablas.
LAS TABLAS, Los Santos.– El presidente de la República, Ricardo Martinelli, reveló este martes, 17 de julio, en Las Tablas, que “ahora que entreguen Juan Hombrón van a licitarlo para que el producto de esos fondos entren al Estado panameño”.
18 julio 2012 La Prensa
Después de declarar su expropiación, el mandatario decide ahora llamar a licitación para vender las fincas adquiridas por la familia Papadimitriu.
La suerte de las 54 hectáreas de la costa coclesana de Juan Hombrón, tituladas gratuitamente a sociedades vinculadas con los padres del hoy exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, parece echada, luego de un anuncio hecho ayer por el Presidente de la República.
Cinco días después de que el gobernante, Ricardo Martinelli, aprobara en el mayor de los sigilos un decreto ordenando “la expropiación sin indemnización” de las fincas cedidas, a título gratuito, a sociedades de la familia Papadimitriu, ayer reveló que venderá las tierras en una licitación pública.
“Ahora que entreguen [las fincas de] Juan Hombrón vamos a licitarlo para que el producto de esos fondos entre al Estado panameño”, anunció.
La decisión contradice dos de sus promesas hechas hace ocho meses, en las que anunció que las fincas volverían a ser “tierras nacionales” y que se presentaría un proyecto de ley para declararlas “inadjudicables”.
Tras el anuncio de licitar las fincas, uno de los intermediarios en la venta, Raúl Mata, afirmó que reclamará el dinero que aún adeudan los Papadimitriu a los vendedores de los derechos posesorios.
“Los pescadores ya no tienen nada [de dinero], además, a ellos nunca se les terminó de pagar. Por eso, si se da algún resarcimiento de las tierras por expropiación, nosotros vamos a reclamar el resto del pago”, aseveró.
Para el excontralor Alvin Weeden, los padres de Papadimitriu podrán participar en la licitación con “la misma o menor plata que van a recibir por la indemnización [y] se van a quedar con las tierras y algunos millones más”.
Sobre el anuncio, el hoy exministro Papadimitriu no quiso opinar. Es un “asunto” de sus padres en el que “no tengo nada que ver”.
TIERRAS INAdJUDICABLES
MANGLAR. Más de 54 hectáreas de zona costera en Juan Hombrón fueron adjudicadas gratuitamente por la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte a los padres del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu. LA PRENSA/Archivo
Ver facsímil
Hace menos de una semana, el presidente, Ricardo Martinelli, ordenó expropiar a favor de la nación –y sin derecho a una indemnización– las 54.3 hectáreas de frente de mar en Juan Hombrón, alegando “motivos de interés social urgente”. Esta repentina decisión entra en contradicción con declaraciones que dio ayer, y otras que ha ofrecido en el pasado reciente.
“Ahora que entreguen [las playas de] Juan Hombrón, vamos a licitarlo para que el producto de esos fondos entren al Estado panameño”, declaró ayer Martinelli durante una gira por la provincia de Los Santos.
Pero eso no era lo que decía el Decreto Ejecutivo No. 425, publicado el pasado 12 de julio en la Gaceta Oficial y firmado por él. Este documento ordena “expropiar, por motivos de interés social urgente, a favor de la Nación” todas las fincas en Juan Hombrón que, tras un rápido proceso, fueron adjudicadas gratuitamente por la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte a sociedades vinculadas a los padres de Demetrio Papadimitriu, quien renunció al cargo de ministro de la Presidencia el mismo día en que se promulgó este decreto.
La orden mediante la cual se expropiarán las tierras se promulgó a pesar de que el artículo 48 de la Constitución establece que los procesos de expropiación por utilidad pública o interés social implican el pago de indemnizaciones.
Sobre la venta de esas tierras, a través de una licitación, el citado documento no menciona una palabra.
Pero eso no fue óbice para que Martinelli exhortara a “los que dicen que estas tierras valen muchos millones” a participar en la licitación pública.
Asimismo, prometió cambiar el proceso mediante el cual se otorgan los derechos posesorios frente al mar: “Vamos a tener que hacerlo para que no haya dudas de que se está tratando de beneficiar o ayudar a alguien”, afirmó.
Insistió en que se deben respetar los derechos posesorios, pero que “antes […] de dar un título, debe darse un proceso prístino (sic)”.
Las nuevas declaraciones de Martinelli contradicen dos de sus promesas hechas hace ocho meses.
La primera fue el 9 de noviembre de 2011, en el programa televisivo “La Última Hora” de TVN, cuando anunció que esas fincas “volverían a ser tierras nacionales”.
14 días después, el 23 de noviembre, Martinelli volvió a TVN y prometió que “pasaría una ley” para declarar “inadjudicables” las tierras de Juan Hombrón para que “jamás sean de nadie, sino del Estado”.
En ese momento afirmó que quien compró las tierras en Juan Hombrón “estaba loco, porque no valen nada”.
Para el excontralor Alvin Weeden, el decreto ejecutivo sobre la expropiación “legalizó los títulos de propiedad de las sociedades anónimas que adquirieron las hectáreas de tierras”.
A su juicio, con este nuevo anuncio, Martinelli se contradice al llamar ahora a una licitación, porque en el decreto establece que la expropiación es con fines de “interés social” para la nación.
“Ahora la familia Papadimitriu podrá participar en la licitación de las tierras y con la misma o menor plata que van a recibir por la indemnización se van a quedar con las tierras y algunos millones más”, afirmó.
El abogado de las sociedades de la familia Papadimitriu, Carlos Carrillo, dijo que aunque “las empresas no han decidido las acciones legales” a interponer, el nuevo anuncio “confirma que las tierras eran titulables”.
Carrillo señaló que han “conversado” con los representantes de los pescadores y poseedores de los títulos, algo que confirmó Raúl Mata, intermediario en la venta de los derechos posesorios, quien reveló que “los pescadores ya no tienen nada [de dinero] y que a ellos nunca se les terminó de pagar. Por eso, si se da algún resarcimiento de las tierras por expropiación, nosotros vamos a reclamar el resto del pago”.
Mata aseveró que los Papadimitriu aún deben “cientos de miles de dólares” a los pescadores por algunos de los títulos de derechos posesorios que no han cancelado.
Agregó que hay “preocupación” entre los vendedores de las tierras por la posible “responsabilidad civil” que deban afrontar, de no acogerse la titularidad de las sociedades de los Papadimitriu.
“Yo doy gracias a Dios que lo que se cuestiona no es el título de los pescadores, sino todo en el ámbito político”, comentó.
Mata ha dicho que los Papadimitriu han pagado más de $4 millones a los que alegan ser dueños de los derechos posesorios de las tierras en Juan Hombrón.
Añadió que se pagó a $10 dólares el metro cuadrado de tierra, de los cuales, $3 (30%) eran de comisión.
Sin embargo, el monto es muy inferior a lo que se cotiza en el mercado local: entre $150 y $250 el metro cuadrado. Es decir, las 54 hectáreas valdrían entre $81 millones y $135 millones.
Este diario habló ayer con el exministro Papadimitriu, pero no quiso opinar sobre el sorpresivo anuncio del Presidente de licitar las tierras de sus padres. Es un asunto de ellos en el que “no tengo nada que ver”, afirmó.
Inadjudicable
Aunque el artículo 10 de la Ley 80 de 2009 establece expresamente que no serán objeto de titulación las zonas de manglar, las 54 hectáreas en Juan Hombrón fueron tituladas por Villamonte (exempleada de la empresa Deli Fish, propiedad de la familia Papadimitriu).
Un informe de auditoría de la Contraloría confirma la posible irregularidad sobre el proceso de titulación, ya que tiene como principal conclusión que las tierras tituladas por Villamonte eran “inadjudicables” por ley al ser áreas protegidas, produciéndose, además, un “posible perjuicio económico por el uso inapropiado de tierras nacionales”, por $1.9 millón.
Para la ambientalista Raisa Banfield, las tierras de Juan Hombrón por ser inadjudicables “mal puede el Estado venderlas”. Citó el artículo 258 de la Constitución que ampara este tipo de tierras de la expropiación privada.
Destacó que cualquier particular que adquiera estas tierras en licitación tendrá una titularidad de la propiedad de un origen dudoso y podría ser demandado administrativamente.
Se intentó obtener la versión del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias –que también firmó el decreto ejecutivo de expropiación–, sobre la nueva decisión de Martinelli, pero no respondió.
En el citado decreto ejecutivo también se establece que “se ha advertido de que tales áreas de terreno resultan necesarias para el desarrollo de la zona y, en consecuencia, hacen obligatoria constituir una servidumbre de paso sobre el área que ocupan las fincas adjudicadas”.
Al respecto, el abogado Ebrahim Asvat consideró que la licitación de las tierras podría dar luces para demostrar que el Estado no estaba expropiando para una servidumbre gratuita, sino para “vendérselas a un tercero”.
(Con información de Vielka Corro Ríos, Irene Hernández e Isidro Rodríguez).
L a Prensa 11 sept 2012
Anati fijará precio para zona costera
La propuesta de eliminar la titulación gratuita en las zonas playeras viene acompañada de una tabla de precios por hectárea en cada región del país.
Evalúan las tarifas para titular en playas…
El borrador del anteproyecto de ley que trabaja la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) contiene la nueva tabla de precios que regiría cuando se busque titular tierras en islas o cercanas a playas y costas.
De acuerdo con la propuesta, a discutirse hoy por el Consejo Nacional de Tierras, titular un terreno en San Carlos podría resultar en un pago al fisco de 375 mil dólares por hectárea.
Además, obtener un título en isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, requerirá de un pago por el dueño del derecho posesorio de 700 mil dólares por hectárea.
Esto reemplazaría la disposición existente que establece la titulación gratis en tierras localizadas en islas o cercanas a playas por los primeros 50 mil metros cuadrados. Según el director de Anati, Franklin Oduber, con los cambios se acabará con la especulación.
Fincas siguen sin estar a nombre de la Nación
En medio de la incertidumbre, hoy se cumplen dos meses desde que el Gobierno anunció la expropiación de las 54.3 hectáreas en Juan Hombrón que fueron tituladas en veloces procesos de adjudicación gratuita a sociedades anónimas por la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte.
En el historial de las fincas en el Registro Público aparecen marginales en las fincas en las que se lee “expropiación parcial”, mientras que en el Registro de la Propiedad una marginal hace referencia a que se “decreta” la expropiación de las fincas, aunque aún no consta que las fincas hayan pasado a manos de la Nación. El exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu dijo que sus padres deberán definir si pelean o no dichas fincas.
Evalúan las tarifas para titular en playas y costas
El Gobierno manejará dos sistemas de precios, uno que aplicaría a los predios de hasta 30 hectáreas y otro para los que rebasen esta cantidad.
TITULACIÓN. El borrador de ley trabajado por la Autoridad Nacional de Tierras eliminaría la titulación gratuita de tierras y costas. Un lote en Juan Hombrón podría llegar a costar 150 mil dólares por hectárea. LA PRENSA/ Archivo
Los panameños que deseen titular sus tierras cercanas a costas y playas para poder tener asegurado el dominio de su propiedad tendrían que pagar por ellas al Estado.
Esto, de acuerdo con un borrador de ley que maneja la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y que será discutido hoy por el Consejo Nacional de Tierras.
El documento tiene el propósito de modificar la Ley 80 de 2009 que regula la titulación de tierras, el proceso mediante el cual se le expide un documento físico al dueño de un lote.
Según la ley de 2009, el que tenga la posesión de una parcela de tierra, ya sea en una isla o aledaña a una costa, podía titular hasta 50 mil metros cuadrados de forma gratuita, siempre y cuando demostrara la posesión por un período mayor de cinco años.
Con la propuesta que será discutida por el Consejo Nacional de Tierras, se derogaría esta disposición y nuevamente se establecería que aquellos con derechos posesorios pagarán por adquirir un título.
Franklin Oduber, al frente de la Anati desde octubre de 2011, espera que con este mecanismo se acabe la especulación de quienes compraban derechos posesorios por “bicoca” y los titulaban gratuitamente cuando en realidad los terrenos “valían oro”.
El precio a pagar por la titulación obedecería a una tabla que indica el valor por hectárea o fracción de hectárea, la cual se encuentra dividida en tres regiones: la costa del Pacífico, la costa del Atlántico y tierras insulares.
La tabla contenida en el borrador no establece coordenadas específicas para cada área, lo que podría dar lugar a confusión en el proceso de titulación.
Según los precios de la Anati, para titular un terreno en Juan Hombrón de 20 hectáreas se deberían pagar 60 mil dólares por fracción.
Por un terreno en Gorgona de 35 hectáreas, se desembolsarían 150 mil dólares por cada 10 mil metros cuadrados.
¿Qué harían los que tienen derechos posesorios de toda una vida, pero no cuentan con el dinero para titular?
Sus derechos posesorios tomarán valor. Los derechos posesorios serán certificados y con eso; si los quieren vender, obtendrán más dinero.

References: resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 258
 artículo 48
 artículo 10
 artículo 258