Source: http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=51
Timestamp: 2017-04-25 06:41:25+00:00

Document:
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de compe	23 Ago 2007 11:36	Categoría: ROOT	Visitas: 3704	Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.
CAPÍTULO II. DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN.
CAPÍTULO III. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN.
CAPÍTULO IV. DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS FUNDACIONES.
CAPÍTULO V. DEL PROTECTORADO.
CAPÍTULO VI. DEL CONSEJO SUPERIOR DE FUNDACIONES.
Por lo que se refiere a la actuación de la Administración con relación con las Fundaciones, se procede a una detallada enumeración de las funciones del Protectorado, y se configuran la composición y funciones del Consejo Superior de Fundaciones, creado en elartículo 28 de la Ley.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia, de Presidencia, de Cultura y de Asuntos Sociales, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1996, dispongo:
Las Fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
Las Entidades constituidas en virtud de Convenio Colectivo entre las organizaciones empresariales y sindicales que, a la entrada en vigor de laLey de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, hayan adoptado la forma de Fundación laboral.
DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN.
1. La enajenación de los bienes inmuebles que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 % del activo de la Fundación que resulte del último balance anual a los que se refiere el artículo 19.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, requiere autorización previa del Protectorado.
1. Certificación del Patronato de la Fundación del acuerdo de enajenación.
2. Memoria acreditativa de las características del bien o derecho objeto de la enajenación y de los elementos y condiciones del negocio jurídico, con exposición de las razones en que se fundamenta la enajenación e indicación del destino del importe.
3. Una valoración de los bienes o derechos con arreglo a criterios de mercado.
El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada, y el Protectorado así lo estime mediante acto motivado que notificará al Patronato.
El cómputo del plazo se reanudará, por el tiempo que reste, desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas.
1. Cuando se trate de préstamos hipotecarios, se ha de determinar expresamente la cuantía y el destino del principal, la valoración del bien de conformidad con los criterios utilizados habitualmente por las entidades de crédito, los intereses pactados y el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada.
2. Cuando se trate de usufructos, derechos de superficie u otra clase de gravámenes sobre tales bienes, se ha de expresar el valor de los derechos reales que se pretende constituir, su duración y los elementos y condiciones esenciales del gravamen.
1. La enajenación o gravamen de bienes muebles que formen parte de la dotación fundacional o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 % del activo de la Fundación que resulte del último balance anual requiere autorización previa del Protectorado.
1. La enajenación o gravamen de valores que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 % del activo de la Fundación que resulte del último balance aprobado, requerirá la previa autorización del Protectorado quien podrá exigir que se le acrediten las condiciones y circunstancias concurrentes.
A efectos de determinar el porcentaje del 20 % a que se refiere el párrafo anterior, se acumularán las enajenaciones de los valores efectuadas desde la aprobación del último balance anual hasta la aprobación del siguiente.
Se entenderá que son participaciones significativas aquellas que representen más del 25 % del capital social o de los derechos de voto, computándose a estos efectos tanto las participaciones directas como las indirectas.
1. Precisa autorización previa del Protectorado la enajenación y gravamen de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles no personalistas, siempre y cuando estas participaciones formen parte de la dotación o estén directamente vinculadas al cumplimiento de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 % del activo de la Fundación que resulte del último balance anual.
3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entenderá por participación mayoritaria aquélla que represente más del 50 % del capital social o de los derechos de voto, computándose a todos los efectos tanto las participaciones directas como las indirectas.
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN.
5. Si el Patronato no atendiera a la petición de subsanación o rectificación prevista en el apartado anterior, así como si, tras el oportuno requerimiento, no presentara la documentación a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, el Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes y especialmente de la existencia de buena fe por parte de la Fundación, podrá ejercer las facultades que le confiere elartículo 15.3, b), en relación con el 32.2, b), de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
2. Deberá destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales al menos el 70 % de los ingresos o rentas determinados con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior y una vez que hayan sido deducidos los impuestos correspondientes a los mismos. Dicho destino deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de tres años a partir del momento de la obtención de las rentas o ingresos. Este plazo se computará por ejercicios, iniciándose desde el siguiente en que se hayan obtenido los ingresos o rentas. A los solos efectos de determinar los ingresos o rentas a los que se refiere este apartado, y sin que ello incida en el cálculo de los impuestos correspondientes a los mismos, tales ingresos o rentas se entenderán obtenidos en el momento de su cobro efectivo por la Fundación.
5. El importe de los gastos de administración no podrá ser superior al 10 % de los ingresos o rentas netos obtenidos en el ejercicio. No obstante, previa solicitud debidamente justificada del Patronato, el Protectorado podrá autorizar, para cada ejercicio, la elevación de dicho importe hasta un máximo del 20%.
En el caso de que la aplicación de las reglas anteriores impidiera a la Fundación la adecuada gestión de su patrimonio, el Protectorado podrá autorizar, con carácter excepcional, para un ejercicio determinado, que el importe de los gastos de administración se calcule en función del importe del patrimonio neto de la Fundación, con el límite máximo del 5 %, siempre que con ello no se disminuya la dotación fundacional.
1. Copia del documento en que se pretende formalizar el negocio jurídico de autocontratación.
2. Certificación del acuerdo del Patronato por el que se dispone la realización de la autocontratación.
3. Documento acreditativo de los recursos económicos destinados al negocio jurídico, así como justificación del valor actual del bien o servicio que se desea contratar con el Patrono.
El plazo para resolver quedará interrumpido cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada y el Protectorado así lo estime mediante acto motivado que notificará al Patronato.
El plazo se reanudará por el tiempo que reste, desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas.
1. Cuando el negocio jurídico encubra una remuneración por el ejercicio del Patronato.
2. Cuando el valor de la contraprestación que deba recibir la Fundación sea inferior al valor de la prestación que deba realizar la misma.
DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS FUNDACIONES.
1. Texto de la modificación propuesta.
2. Certificación del acuerdo de modificación adoptada por el Patronato.
3. Exposición razonada del interés que para la Fundación reviste la modificación de los Estatutos así como justificación de que el nuevo texto de los mismos contribuye, no obstante la prohibición del fundador, al mejor cumplimiento de los fines fundacionales.
El plazo se reanudará por el tiempo que reste desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas.
1. Certificación de los acuerdos de fusión de las Fundaciones interesadas.
2. Exposición razonada del interés que para ambas Fundaciones reviste la fusión así como justificación de que contribuye, no obstante la prohibición del fundador, al mejor cumplimiento de los fines fundacionales.
1. Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato.
2. Memoria justificativa de la concurrencia de la causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional, habrá que justificar además la improcedencia o la imposibilidad de modificar los Estatutos o de fusionarse con otra Fundación, como prevén losartículos 27 y 28 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
3. Balance de la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.
4. Propuesta de designación de liquidadores, proyecto de actuación de los mismos así como proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación.
El plazo para resolver quedará interrumpido cuando el acuerdo de extinción no reúna los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentado y el Protectorado así lo estime mediante acto motivado que notificará al Patronato.
El cómputo del plazo se reanudará por el tiempo que reste desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de ser siempre motivadas. Si la resolución fuese denegatoria de la ratificación, el Patronato podrá instar ante los Tribunales la declaración de extinción de la Fundación.
5. La solicitud de intervención temporal se formulará ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Fundación y se sustanciará según lo dispuesto para los incidentes en laLey de Enjuiciamiento Civil ( artículo 34.3 de la Ley).
6. Una vez autorizada judicialmente la intervención de la Fundación e inscrita la resolución judicial en el Registro de Fundaciones, el Protectorado asumirá todas las atribuciones que otorgan al Patronato el Ordenamiento jurídico y los Estatutos durante el tiempo que determine la autoridad judicial. La intervención quedará alzada por el transcurso de dicho plazo, salvo que se prorrogue mediante una nueva resolución judicial. El Patronato, en estos supuestos, estará integrado por un mínimo de tres personas.
1. Asegurar la legalidad en la constitución de la Fundación.
2. Asesorar a las Fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en período de constitución sobre aquellos asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico, así como sobre las cuestiones que se refieran a las actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario.
3. Otorgar escritura pública de constitución de la Fundación, a través de la persona que designe el propio Protectorado, en los supuestos de fundaciones constituidas por acto mortis causa que prevé el artículo 7.4 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
4. Elaborar el informe previo a la inscripción de la Fundación en el Registro en relación a los fines y suficiencia de la dotación conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
1. Designar a la persona o personas que integran provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la Fundación en los supuestos de modificación estatutaria previstos en el artículo 16.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
2. Tener conocimiento formal de la renuncia de los Patronos para la efectividad de la misma.
3. Asumir todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine la autorización judicial de intervención temporal de la Fundación.
1. Autorizar la enajenación o gravamen de los bienes y derechos de la Fundación cuando formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines o representen un valor superior al 20 % del activo de la Fundación que resulte del último balance anual.
2. Tener conocimiento formal de la realización de los negocios jurídicos contemplados en los artículos 4.6, 5.4, 6, 7.2, 8.2 y 4, y 9.2 de este Reglamento.
3. Autorizar transacciones y compromisos en árbitros de equidad en los supuestos previstos en la letra anterior.
4. Autorizar la aceptación de legados y donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional.
5. Otorgar autorización para repudiar herencias o legados o para dejar de aceptar donaciones.
6. Velar por la integridad y suficiencia de la dotación fundacional.
7. Conocer y supervisar el régimen presupuestario y contable y acordar, en su caso, la realización de auditorías externas.
8. Emitir informe y realizar cuantas actuaciones sean precisas de acuerdo con lo establecido en el Título II de la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, y, en su desarrollo por el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, en orden al disfrute por las fundaciones de los beneficios fiscales previstos en dichas normas.
9. Autorizar a los Patronos para que puedan contratar con la Fundación ya sea en nombre propio o de un tercero.
1. Autorizar las modificaciones de Estatutos que resultaren convenientes y las hubiere prohibido el fundador.
2. Acordar, de oficio o a instancia de quien tenga interés legítimo, la modificación de los Estatutos en los casos en que, por variación de las circunstancias, la Fundación no pudiera actuar satisfactoriamente con arreglo a los mismos y a falta de acuerdo al efecto por parte del Patronato.
3. Tener conocimiento y, en su caso, oponerse al acuerdo de fusión adoptado por el Patronato.
4. Solicitar de la autoridad judicial la fusión de Fundaciones cuando no puedan cumplir sus fines por sí mismas, siempre que tales fines sean análogos, exista oposición a la fusión por los órganos de gobierno y no resulte ésta prohibida por el fundador.
5. Ratificar el acuerdo del Patronato sobre extinción de la Fundación cuando se hubiese realizado íntegramente el fin, sea imposible su realización o concurra otra causa prevista en los Estatutos.
6. Controlar el proceso de liquidación en caso de extinción de la Fundación.
1. Ejercitar las acciones de responsabilidad que procedan en favor de la Fundación frente a los Patronos.
2. Instar judicialmente el cese de los Patronos por desempeño del cargo sin la diligencia prevista por la Ley.
3. Impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a la Ley o a los Estatutos.
4. Instar de la autoridad judicial la intervención de la Fundación cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 34 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
1. Asesorar a las Fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en período de constitución sobre aquellos asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico, así como sobre las cuestiones que se refieran a las actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario.
2. Dar publicidad a la existencia y actividades de la Fundación.
DEL CONSEJO SUPERIOR DE FUNDACIONES.
1. Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se le solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecte directamente a las Fundaciones, así como formular propuestas.
3. Recopilar, para su intercambio y difusión, todo tipo de información relativa a las Fundaciones.
4. Cualesquiera que le puedan atribuir las disposiciones vigentes.
1. Dos representantes, con categoría al menos de Director general, de cada uno de los Ministerios de Justicia e Interior, de Economía y Hacienda, de Educación y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cultura y de Asuntos Sociales, nombrados por los titulares de dichos Departamentos.
2. Doce representantes de las Comunidades Autónomas designados por el Presidente del Consejo, a propuesta de aquéllas, conforme a los criterios de representación que las mismas acuerden.
3. Doce representantes de las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, designados por el Presidente del Consejo, para un período de cuatro años a propuesta, ocho de ellos, de las agrupaciones de Fundaciones legalmente constituidas y los otros cuatro a propuesta de las Fundaciones no integradas en las citadas agrupaciones seleccionados en virtud de criterios objetivos establecidos en convocatoria pública.
1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno y por las actuaciones en curso derivadas de los mismos.
2. Resolver las cuestiones que, con carácter de urgencia, se planteen al Consejo, dando cuenta al Pleno de las actuaciones llevadas a cabo.
3. Proponer asuntos a debatir y elevar propuestas de resolución al Pleno del Consejo.
4. Constituir ponencias y grupos de trabajo para la elaboración de informes y propuestas acordadas en el Pleno relacionadas con los cometidos del Consejo.
5. Cuantos cometidos les sean delegados o asignados por el Pleno.
1. Cuatro Vocales elegidos por los representantes de la Administración General del Estado en el Pleno entre los mismos.
2. Cuatro Vocales elegidos por los representantes de las Comunidades Autónomas en el Pleno entre los mismos.
3. Cuatro Vocales elegidos por los representantes de las fundaciones en el Pleno entre los mismos.
1. Remitir al Protectorado en el plazo de un mes copia autorizada del título de adquisición y manifestación de la forma en que se proponen cumplir las cargas duraderas mediante un plan de actuación, acompañándolo de un estudio económico.
2. Aportar en el plazo de seis meses, si el cumplimiento de la carga exigiera la construcción de instalaciones, los estudios técnicos oportunos con indicación del coste de las obras y el plazo de realización, así como un estudio sobre su sostenimiento.
3. Aportar la documentación complementaria así como las modificaciones del plan de actuación cuando el Protectorado lo exija.
Las autorizaciones que hayan de solicitarse del Protectorado se otorgarán o denegarán de acuerdo con el procedimiento establecido para cada caso por este Reglamento. Supletoriamente será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecúan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.
De conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en los Acuerdos con la Iglesia Católica y en los Acuerdos y Convenios de cooperación suscritos por el Estado con las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las Fundaciones creadas o fomentadas por las mismas. < Previo

References: Real Decreto 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 36
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 34
 resolución 
 Real Decreto