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Timestamp: 2013-05-21 04:02:40+00:00

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NYR. Informe n� 200. BOE de mayo de 2011.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 200. (BOE de MAYO de 2011)
Instrucci�n sociedades
Certificados nacimiento y matr.
Rehabilitaci�n viviendas
Incompatibilidad pensi�n
Acta o escritura
* Jos� F�lix Merino Escart�n, registrador de la propiedad de
* Alfonso de
la Fuente Sancho, notario de
San Crist�bal de La Laguna (Tenerife).
* Inmaculada Espi�eira Soto, notario de
* Jos� Antonio Riera �lvarez, notario de
* Albert Capell Mart�nez, Notario de
Bolta�a (Huesca)
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo P�blico de Castilla-La Mancha.
Esta Ley se estructura en doce t�tulos, diecisiete disposiciones adicionales, catorce disposiciones transitorias, una disposici�n derogatoria y trece finales.
En el t�tulo I se regulan las disposiciones generales de la Ley, particularmente su objeto, �mbito de aplicaci�n y los principios informadores del empleo p�blico de Castilla-La Mancha.
La Ley busca el establecimiento de un
marco homog�neo para el empleo p�blico de todas las Administraciones p�blicas de Castilla-La Mancha, regulando de forma com�n todos aquellos aspectos que deben ser uniformes, sin perjuicio del necesario respeto de la diversidad.
La ley se aplica de forma supletoria, en defecto de normativa espec�fica, o de forma indirecta, solo si as� lo dispone su legislaci�n espec�fica, al personal de determinadas relaciones de empleo, cuerpos o instituciones.
En el t�tulo II de la Ley se establecen la definici�n y las caracter�sticas esenciales de las distintas relaciones jur�dicas del empleo p�blico de Castilla-La Mancha.
El t�tulo III se destina a regular la ordenaci�n de la actividad profesional. Est� estructurado en tres cap�tulos, el primero de ellos dedicado a la planificaci�n del empleo p�blico, el segundo a su estructuraci�n, y el tercero sobre los cuerpos del personal funcionario.
En el t�tulo IV se regula el acceso al empleo p�blico de Castilla-La Mancha y la p�rdida de la relaci�n de servicio. Esta Ley incluye adem�s importantes novedades al respecto.
Los nuevos sistemas de carrera y promoci�n profesional, provisi�n de puestos de trabajo y movilidad se regulan en los T�tulos V y VI de la Ley en su doble vertiente.
El t�tulo VII regula el r�gimen retributivo del personal funcionario
El t�tulo VIII se estructura en cuatro cap�tulos destinados a la regulaci�n de los derechos, la jornada de trabajo, los permisos y las vacaciones, los deberes y la formaci�n del personal empleado p�blico.
En el t�tulo IX, la Ley desarrolla lo previsto sobre algunas situaciones administrativas en el Estatuto B�sico del Empleado P�blico, con importantes mejoras sociales con respecto a lo previsto en la regulaci�n precedente.
El t�tulo X de la Ley se dedica al r�gimen disciplinario, comenzando por la definici�n de los principios de la potestad disciplinaria.
El derecho a la negociaci�n colectiva, representaci�n y participaci�n institucional para la determinaci�n de las condiciones de trabajo del personal empleado p�blico se regula en el t�tulo XI de la Ley. El t�tulo XII que cierra la Ley establece las normas sobre cooperaci�n entre las Administraciones P�blicas de Castilla-La Mancha. Entrar� en vigor el 10 de septiembre de 2011
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*ECONOM�A SUMERGIDA. REHABILITACI�N DE VIVIENDAS. Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizaci�n y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitaci�n de viviendas.
A) Econom�a sumergida.
La econom�a sumergida produce grandes efectos negativos ya que es fuente de competencia desleal entre las empresas, provoca una perdida de protecci�n social por parte de los trabajadores, dificulta la recuperaci�n econ�mica e incrementa el d�ficit p�blico.
Este RDL utiliza la f�rmula de la zanahoria y el palo. Incluye medidas que, con car�cter limitado en el tiempo, favorezcan la regularizaci�n del trabajo no declarado, y por otro lado, prepara un endurecimiento de las consecuencias a las que se avocan quienes no se regularicen.
El Cap�tulo I re�ne la parte de la zanahoria.
- El plazo abarca desde el 7 de mayo de 2011 hasta el 31 de julio de 2011.
- Se considera que un empresario ocupa trabajadores de manera irregular cuando no hubiese solicitado su afiliaci�n inicial o alta en la Seguridad Social.
- Las empresas deber�n solicitar el alta de los citados trabajadores en el correspondiente r�gimen de la Seguridad Social dentro del plazo se�alado y podr�n pedir un aplazamiento de cuotas.
- Deben tambi�n formalizar un contrato de trabajo, mediante cualquier modalidad contractual indefinida o temporal o de duraci�n determinada (al menos de seis meses), incluidos los contratos formativos, siempre que se re�nan los requisitos exigidos para su celebraci�n, de acuerdo con la legislaci�n laboral..
- No se aplicar�n sanciones, salvo lo dispuesto en la Disposici�n adicional primera
El Cap�tulo II es el del palo, pues recoge una serie de medidas destinadas a combatir el trabajo no declarado y que entrar�n en vigor el 1� de agosto de 2011, es decir, al concluir el plazo de gracia anterior.
- Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realizaci�n de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aqu�llos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, han de comprobar, con car�cter previo al inicio de la actividad contratada o subcontratada, que los trabajadores de las contratistas o subcontratistas que �stas ocupen en sus centros de trabajo han sido dados de alta en Seguridad Social, exigiendo la acreditaci�n del cumplimiento de dicha obligaci�n. (Ver art. 5).
- Excepci�n a lo anterior: Este deber de comprobaci�n no ser� exigible cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcci�n o reparaci�n que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda, as� como cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realizaci�n por raz�n de una actividad empresarial.
- Se tipifica como infracci�n grave el incumplimiento de la referida obligaci�n de comprobaci�n en esta materia por parte de los empresarios en casos de contratas o subcontratas.
- Se incrementa la cuant�a de las sanciones administrativas respecto de aquellos tipos infractores directamente asociados al trabajo no declarado.
- Se ampl�a el plazo de exclusi�n del acceso a los beneficios derivados de la aplicaci�n de los programas de empleo por un per�odo m�ximo de dos a�os.
- Se modifica el art�culo 49 de la
Ley de Contratos del Sector P�blico, extendi�ndose la prohibici�n de contratar con las Administraciones P�blicas a aquellas empresas que hayan incurrido en el incumplimiento tipificado como infracci�n grave, previsto en el art�culo 22.2 de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (afiliaciones a la Seguridad Social).
B) Deducci�n por obras de mejora en la vivienda. Se regul� por primera vez en el
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, propiciado por el llamado Pacto de Zurbano, afectando al IRPF. La D. Ad. 1� modifica al respecto la D. Ad. 29� de la
LIRPF y se le a�ade una nueva disposici�n transitoria.
Ahora se ampl�a la deducci�n:
- Objeto: No s�lo se aplica a la vivienda habitual, sino tambi�n a otras viviendas.
- L�mite de base imponible: pasa de 53.007,20 a 71.007,20 euros anuales
- Base m�xima de deducci�n: se incrementa de 4.000 a 6.750 euros anuales
- Porcentaje: se eleva del 10 al 20 por ciento.
- �mbito temporal: desde el 7 de mayo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 (esto se mantiene)
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VEH�CULOS EL�CTRICOS. Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesi�n directa de subvenciones para la adquisici�n de veh�culos el�ctricos durante 2011, en el marco del Plan de acci�n 2010-2012 del Plan integral de impulso al veh�culo el�ctrico en Espa�a 2010-2014.
Objeto: regular la concesi�n directa de ayudas para la adquisici�n de veh�culos el�ctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energ�a de propulsi�n procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus bater�as, cargadas a trav�s de la red el�ctrica.
�mbito de aplicaci�n: adquisiciones de veh�culos el�ctricos nuevos, operaciones de financiaci�n por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de estos veh�culos
Periodo: entre el 11 de mayo de 2011 y el 30 de noviembre de 2011, o hasta el agotamiento de los fondos si esta circunstancia se produjera con anterioridad.
Beneficiarios. Personas f�sicas y jur�dicas, tanto privadas como p�blicas.
Cuant�a: el 25% del precio de venta sin impuestos, con un l�mite que oscila entre 2000 y 6000 euros.
Solicitud de ayuda: se realizar� a trav�s de los agentes de ventas, que voluntariamente decidan adherirse al presente plan.
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DEPENDENCIA. Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel m�nimo de protecci�n garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia para el ejercicio 2011.
La aportaci�n de la Administraci�n General del Estado para la financiaci�n del nivel m�nimo de protecci�n del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia, en el ejercicio 2011, queda establecida para cada persona beneficiaria en situaci�n grado I, dependencia moderada, nivel 2, en la cantidad de 60 euros. Tambi�n se actualizan las cuant�as para los grados III (gran dependencia) y II (dependencia severa).
Todo ello consta en un anexo.
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DEPENDENCIA. Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protecci�n de los servicios y la cuant�a de las prestaciones econ�micas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci�n de la Autonom�a Personal y Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia y se establecen las prestaciones econ�micas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci�n de la Autonom�a Personal y Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia para el ejercicio 2011.
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci�n de la Autonom�a Personal y Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia, en su art�culo 14, cita las
prestaciones de atenci�n a la dependencia. Las prestaciones econ�micas son de tres tipos:
- la vinculada al servicio cuando no sea posible el acceso a un servicio p�blico o concertado (art. 17)
- para cuidados en el entorno familiar (art. 18) y
- de asistencia personal (art. 19).
727/2007, de 8 de junio, ahora modificado, fija criterios para determinar las intensidades de protecci�n de los servicios y la cuant�a de las prestaciones econ�micas. Su art�culo 13 indica que la cuant�a de las prestaciones econ�micas del Sistema se establecer� anualmente por el Gobierno mediante real decreto, actualiz�ndose en funci�n del IPC.
Ahora se modifica dicho art�culo para sustituir el IPC por el Indicador P�blico de Rentas de Efectos M�ltiples (IPREM).
Por otra parte, en este real decreto se regulan las cuant�as m�ximas de las prestaciones econ�micas por grado y nivel con derecho a prestaciones previstas en el cap�tulo II del t�tulo I de la
39/2006, de 14 de diciembre. Aparecen en un anexo.
Tambi�n se desarrolla el calendario de aplicaci�n progresiva de la ley respecto de la efectividad de los derechos a las prestaciones de dependencia, que se extender�, en el ejercicio 2011, tambi�n a aquellas personas que sean o hayan sido reconocidas en
grado I, dependencia moderada, nivel 2,
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*APOSTILLAS. Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, por la que se crea y regula el Registro Electr�nico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se regula el procedimiento de emisi�n de apostillas en soporte papel y electr�nico.
El 5 de octubre de 1961 se firm� el
Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado por el que se suprimi� la exigencia de legalizaci�n de los documentos p�blicos autorizados en el territorio de un Estado contratante y que debieran ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.
El Convenio, que fue ratificado por Espa�a en 1978, configura la Apostilla debidamente cumplimentada y expedida por la autoridad competente del Estado del que dimanase el documento como la �nica formalidad exigible para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento ha actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento est� revestido.
Seg�n el Convenio (art. 7), cada una de las autoridades competentes para la expedici�n de las Apostillas en los Estados contratantes, deber� llevar un registro o fichero en el que queden anotadas las Apostillas expedidas, con una serie de datos. Tambi�n prev� que, a instancia de cualquier interesado, la autoridad que haya expedido la Apostilla deba comprobar si las anotaciones incluidas en la Apostilla se ajustan a las del registro o fichero.
Ahora procede aplicar las tecnolog�as de la informaci�n para crear un registro electr�nico de Apostillas y permitir su expedici�n electr�nica, lo que simplificar� el procedimiento de obtenci�n y de verificaci�n de las mismas, sin suprimir la emisi�n de Apostillas en formato papel.
Este Registro Electr�nico de Apostillas no coincide con el modelo de Registro Electr�nico de entrada y de salida de documentos, solicitudes y comunicaciones.
Objeto de la Orden: - la creaci�n y regulaci�n del Registro Electr�nico de Apostillas en el Ministerio de Justicia, que registrar� de forma centralizada las Apostillas emitidas, tanto en soporte papel como electr�nico, por las autoridades competentes en Espa�a, - la regulaci�n del procedimiento de emisi�n de Apostillas en soporte papel y electr�nico.
- El Convenio XII de la Haya, ratificado por Espa�a
- El Real Decreto
2433/1978, de 2 de octubre, por el que se determinan los funcionarios competentes para realizar la legalizaci�n �nica o Apostilla. - La
Orden de 30 de diciembre de 1978 que interpreta el anterior Decreto.
- Relaci�n de
Autoridades de diversos pa�ses.
Adhesiones diversas.
- La presente Orden
- No es aplicable lo establecido en los art�culos 24 y 25 de la Ley de
Acceso Electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos ni lo previsto en los art�culos 26 a 30 de su
Reglamento de desarrollo.
Contenido del Registro: En �l se archivar�n de forma centralizada y autom�tica todas las Apostillas emitidas a partir de la entrada en vigor de esta Orden por las Autoridades competentes en Espa�a tanto en soporte papel como electr�nico. Datos que se anotan: - n�mero y fecha de la Apostilla; - el nombre y la capacidad en la que firma el signatario del documento p�blico apostillado y, si el documento no est� firmado, el nombre de la autoridad que haya sellado el documento.
- imagen de la Apostilla emitida y, en su caso, de la huella electr�nica de los documentos digitales o documentos digitalizados apostillados.
Verificaci�n. . - Qui�nes pueden pedirla:
- La persona o entidad a quien le ha sido presentada una Apostilla, - cualquier interesado en los t�rminos del art�culo 31 de la
LPA, - Medios para pedirla: de forma presencial ante las autoridades competentes en Espa�a, por escrito o por v�a electr�nica a trav�s de la sede electr�nica del Ministerio de Justicia, debiendo, en este caso tener el c�digo seguro de verificaci�n, la fecha y el n�mero de la Apostilla que aparece en la misma
- Qu� puede pedir: la verificaci�n de la Apostilla y la validez de la firma o sello de la autoridad competente
- Tiempo: durante un plazo de 25 a�os desde la fecha de emisi�n de la Apostilla.
- Recibo: el Registro Electr�nico de Apostillas generar� un recibo acreditativo de la verificaci�n realizada en el que constar� la imagen de la Apostilla emitida.
�rgano responsable: la Subdirecci�n General de Nuevas Tecnolog�as de la Justicia del Ministerio de Justicia Procedimiento de emisi�n de Apostillas
- Apostilla de documentos p�blicos en soporte electr�nico.
- Podr�n apostillarse los documentos emitidos originalmente por la Administraci�n General del Estado y la Administraci�n de Justicia en soporte electr�nico y las copias electr�nicas de documentos emitidos en soporte papel, realizadas por los funcionarios competentes.
- El ciudadano podr� obtener el documento apostillado a trav�s del acceso a la sede electr�nica del Ministerio de Justicia mediante los c�digos que a tal efecto le facilite la autoridad competente para la emisi�n de Apostilla.
- Sello electr�nico. Si la legalizaci�n �nica o Apostilla se realiza a trav�s de medios electr�nicos, ser� v�lido el uso del sello electr�nico de Administraci�n Publica, �rgano o entidad de derecho p�blico.
- Apostillas de documentos emitidos en soporte papel.
- Ha de aportarse el documento a apostillar ante la Autoridad competente.
- Se digitalizar�n tales documentos emitidos en soporte papel.
- Las Apostillas figurar�n en el mismo documento o en un anexo o prolongaci�n del documento apostillado que deber� estar conectada al documento apostillado por un medio inalterable.
- Apostillas sobre documentos notariales. Los documentos autorizados por notario y los documentos privados cuyas firmas hayan sido legitimadas por notario �nicamente podr�n ser apostillados en soporte papel.
Forma de la Apostilla.
- Tendr� la forma de un cuadrado de 9 cent�metros de lado, como m�nimo.
- Expresar�, al menos, las menciones que se incluyen en Real Decreto
2433/1978, de 2 de octubre, por el que se determinan los funcionarios competentes para realizar la legalizaci�n �nica o Apostilla.
Funcionarios competentes. Por su inter�s se reproduce el contenido del citado Real Decreto
2433/1978:
- Respecto de los documentos autorizados por las autoridades o funcionarios judiciales competentes, los Secretarios de Gobierno de las Audiencias o quienes les sustituyan legalmente.
- Respecto de los documentos autorizados notarialmente y los documentos privados cuyas firmas haya sido legitimadas por Notario, los Decanos de los Colegios Notariales respectivos o quienes hagan sus veces reglamentariamente.
- Respecto de los dem�s documentos p�blicos, excepto los emanados de los �rganos de la Administraci�n Central, los interesados podr�n utilizar indistintamente y a su elecci�n cualquiera de los dos procedimientos indicados en los apartados anteriores.
- La legalizaci�n �nica o apostilla de los documentos expedidos por las autoridades y funcionarios de la Administraci�n Central corresponde al Jefe de la Secci�n Central de la Subsecretar�a del Ministerio de Justicia.
Orden interpretativa. Tambi�n es muy interesante la
Orden de 30 de diciembre de 1978:
1. Se entender� por Administraci�n Central �nicamente los �rganos centrales de la Administraci�n del Estado, quedando, por tanto, excluidos los �rganos de las administraci�n perif�rica y de los entes y organismos aut�nomos.
2. Las certificaciones del Registro Civil, excepto las expedidas por el Registro Civil Central, a las que se aplicara el numero 1 de este articulo ser�n apostilladas por los secretarios de gobierno de las Audencias o quienes legalmente les sustituyan, salvo que la firma del funcionario que expidi� la certificaci�n hubiera sido legitimada por notario, en cuyo caso la certificaci�n podr� ser apostillada, como documento notarial, por los decanos de los Colegios Notariales respectivos o quienes hagan sus veces reglamentariamente.
Apostillas Electr�nicas emitidas en el extranjero. Tendr�n plena validez en Espa�a si est�n emitidas por las Autoridades competentes de otros Estados contratantes.
Desarrollo notarial. El Consejo General del Notariado, antes del 15 de agosto e 2011, deber� realizar a su costa los desarrollos tecnol�gicos precisos que permitan enviar las Apostillas realizadas por las autoridades competentes notariales al Registro Electr�nico de Apostillas.
Entr� en vigor el 15 de mayo de 2011. Sin embargo, la solicitud y expedici�n presencial o por v�a electr�nica de la Apostilla, de conformidad con las condiciones que se determinen en esta orden, no ser� efectiva de momento, sino cuando haya disponibilidad t�cnica, para lo que no se fija fecha l�mite.
Ver Tratados Internacionales.
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ARAG�N. Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediaci�n familiar de Arag�n.
La presente Ley regula la mediaci�n familiar como procedimiento de resoluci�n extrajudicial de los conflictos que se plantean en el �mbito familiar.
La Ley se compone de un total de treinta y cuatro art�culos, estructurados en cinco cap�tulos, dos disposiciones adicionales, una disposici�n transitoria y dos disposiciones finales.
El Cap�tulo I recoge las disposiciones de car�cter general, el objeto y el concepto de la mediaci�n familiar, remarcando su car�cter extrajudicial y consensuado, y los conflictos susceptibles de mediaci�n familiar, haci�ndola extensiva a cualquier conflicto surgido en el �mbito de las relaciones familiares En el proceso de mediaci�n destaca el inter�s superior de los menores de edad y la protecci�n a las personas con discapacidad o aquellas en situaci�n de dependencia.
El Cap�tulo III hace referencia a las
fases a lo largo de las cuales se desenvuelve el procedimiento de la mediaci�n, desde la reuni�n inicial al acta final, as� como las funciones que debe desempe�ar el mediador familiar en el ejercicio de su actuaci�n. Se regulan los casos en que los acuerdos alcanzados por las partes deben ser ratificados judicialmente.
El Cap�tulo IV establece la organizaci�n administrativa y las competencias y funciones en materia de mediaci�n familiar, erigiendo como �rgano administrativo responsable del servicio de mediaci�n familiar al departamento del Gobierno de Arag�n que tenga atribuidas las competencias en el �rea de mediaci�n familiar. Se permite que los Colegios Profesionales puedan llegar a colaborar en diferentes momentos. Se crea tambi�n el Registro de Mediadores Familiares de Arag�n, donde podr�n inscribirse todos aquellos profesionales que cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Entr� en vigor el 25 de marzo de 2011
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ARAG�N. Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garant�as de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte.
Reconocido en la legislaci�n vigente, tanto nacional como auton�mica, se encuentra el derecho de las personas a redactar un documento escrito en el que hagan constar sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso eventual en el que no puedan decidir por s� mismas, as� como a designar mediante dicho documento a qui�n tomar� decisiones en su lugar
La Ley 10/2011 de 24 de marzo prev� que el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas se pueda formalizar bien ante notario, bien en documento privado ante dos testigos o en presencia de personal habilitado por el departamento competente en materia de salud, cualquiera que sea el punto territorial de la Comunidad Aut�noma de Arag�n.
Se establece la regulaci�n expresa de los deberes de los profesionales sanitarios respecto a las declaraciones de voluntades anticipadas, al establecer la obligaci�n de:
- proporcionar a las personas informaci�n acerca de la declaraci�n, - recabar informaci�n sobre si se ha otorgado,
- consultar, en su caso, el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas para conocer su contenido - y el deber de respetar los valores e instrucciones contenidos en el documento.
Otro punto principal es la delimitaci�n de las funciones de la persona representante designada por la persona autora de la declaraci�n. Se dispone que, para las situaciones cl�nicas no contempladas expl�citamente en el documento, se deber� tener en cuenta tanto los valores vitales recogidos en la declaraci�n, como la voluntad que presuntamente tendr�a el paciente si estuviera en ese momento en situaci�n de capacidad.
La Ley regula la implantaci�n en todos los centros sanitarios de un Comit� de �tica Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones cl�nicas que planteen conflictos �ticos, y se crea el Comit� de Bio�tica de Arag�n. Se ampl�a al personal habilitado al efecto por el departamento competente en materia de salud la capacidad de verificaci�n de los requisitos determinantes de la validez del testamento vital, as� como la de informar, asesorar y dar apoyo al ciudadano. Se ampl�a el acceso a la declaraci�n de voluntades anticipadas a todo el equipo sanitario implicado en el proceso y se establece la obligatoriedad de que en la historia cl�nica haya constancia de la existencia del mismo, de acuerdo con la legislaci�n vigente.
Entrar� en vigor el 24 de junio de 2011
Ver m�s apuntes sobre el testamento vital.
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PAKIST�N. Convenio entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica Isl�mica de Pakist�n para evitar la doble imposici�n y prevenir la evasi�n fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 2 de junio de 2010.
a) En Espa�a:
i) El Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas;
b) en Pakist�n: el impuesto sobre la renta;
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SOCIEDADES Y NO RESIDENTES. Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaraci�n del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en r�gimen de atribuci�n de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espa�ol, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaraci�n e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentaci�n telem�tica.
Se aprueban los siguientes modelos:
- Modelo 200: Declaraci�n del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en r�gimen de atribuci�n de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espa�ol), que figura en el Anexo I de la presente orden. Se presentar� en los 25 d�as naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusi�n del per�odo impositivo.
- Modelo 220 (formato electr�nico): Declaraci�n del Impuesto sobre Sociedades-R�gimen de consolidaci�n fiscal correspondiente a los grupos fiscales, que figura en el Anexo II de esta orden. Se presentar� dentro del plazo correspondiente a la declaraci�n en r�gimen de tributaci�n individual de la sociedad dominante o entidad cabecera de grupo.
- En el Modelo 206: Documento de ingreso o devoluci�n del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en r�gimen de atribuci�n de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espa�ol), que figura en el Anexo I de esta orden. PDF (BOE-A-2011-8558 - 145 p�gs. - 2441 KB) Otros formatos
MADRID. Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalizaci�n del Sector P�blico.
La ley se estructura en tres grandes t�tulos que coinciden con los grupos de medidas que contiene la ley: medidas tributarias, medidas administrativas y medidas de racionalizaci�n del sector p�blico.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas se ampl�a el contenido de la deducci�n por gastos educativos y se prorrogan, con car�cter indefinido, las deducciones para el fomento del autoempleo de j�venes menores de treinta y cinco a�os y por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Burs�til. Se rebaja el gravamen de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite y Azar correspondiente a los juegos del bingo, bingo interconectado y bingo simultaneo, y se incrementa el porcentaje destinado a premios, para mejorar la situaci�n del sector del bingo en la Comunidad de Madrid.
Tambi�n se incluyen modificaciones de car�cter t�cnico, correspondientes a disposiciones vigentes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. En relaci�n con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se adapta la disposici�n transitoria primera a una norma con vigencia indefinida, como es el Texto Refundido objeto de an�lisis. En relaci�n con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos se elimina el gravamen sobre el queroseno de calefacci�n, puesto que dicho gravamen ha sido suprimido por la regulaci�n estatal del impuesto.
Se introducen modificaciones parciales en cuatro tasas ya existentes: la tasa por servicios administrativos de ordenaci�n y gesti�n del juego; la tasa por solicitud de concesi�n y utilizaci�n de la etiqueta ecol�gica; la tasa por la cobertura del servicio de prevenci�n y extinci�n de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid y la tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos. Asimismo, se establecen dos nuevas tasas: la tasa por la realizaci�n de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contrataci�n P�blica de la Comunidad de Madrid que se crea en esta ley; y la tasa por actuaciones del Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, en la parte final de la ley se establece una moratoria de cinco a�os en el pago de tasas a las personas f�sicas que ejerzan actividades econ�micas y a las empresas de reducida dimensi�n por raz�n de la prestaci�n de servicios o realizaci�n de actividades administrativas vinculadas al inicio de sus actividades profesionales o empresariales.
Las modificaciones que se plantean en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, est�n orientadas a agilizar la tramitaci�n de los procedimientos urban�sticos para variar la clase y categor�a del suelo, como ya sucede en la mayor�a de las leyes del suelo de las Comunidades Aut�nomas, y a posibilitar econ�micamente su desarrollo mediante la ejecuci�n simult�nea por fases de las obras de urbanizaci�n y edificaci�n. Se introducen medidas que tienen por objeto facilitar la implantaci�n de equipamientos y servicios en los suelos cedidos a la Comunidad de Madrid, flexibilizando el procedimiento para la modificaci�n de los usos asignados a los mismos y limitando el car�cter demanial de los bienes sobre los que se asientan a los supuestos expresamente previstos en la ley. Por otra parte, se potencia la rehabilitaci�n posibilitando la flexibilidad de la normativa urban�stica para que los Ayuntamientos faciliten la ejecuci�n de las obras de rehabilitaci�n.
Se declara la extinci�n de los siguientes entes p�blicos y Entidades de Derecho p�blico: Instituto Madrile�o de Desarrollo, Consejo de la Mujer, Consejo de la Juventud, Instituto de Nutrici�n y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, as� como los organismos aut�nomos de car�cter administrativo Patronato Madrile�o de �reas de Monta�a, Instituto Madrile�o de Administraci�n P�blica y Agencia Financiera de Madrid.
Por �ltimo, en las disposiciones adicionales se recoge un mandato para que se proceda a la reordenaci�n del sector p�blico mercantil que se articular�, bien mediante la disoluci�n de algunas de las sociedades an�nimas de la Comunidad de Madrid; bien mediante la fusi�n de sociedades con otras ya existentes o bien a trav�s de la enajenaci�n de las participaciones que la Comunidad de Madrid tiene en dichas sociedades.
Entr� en vigor el 1 de enero de 2011
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EMPRESAS DE DIMENSI�N COMUNITARIA. Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley
10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de informaci�n y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi�n comunitaria.
La aprobaci�n de la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constituci�n de un comit� de empresa europeo o de un procedimiento de informaci�n y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi�n comunitaria pretendi� dar una respuesta social a la realidad del mercado interior.
Fue transpuesta a nuestro ordenamiento jur�dico por la Ley
La Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constituci�n de un comit� de empresa europeo o de un procedimiento de informaci�n y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensi�n comunitaria, refunde la citada Directiva 95/45/CE, recogiendo la experiencia de quince a�os de aplicaci�n.
Como consecuencia de la nueva Directiva, se modifica la Ley 10/1997 para cumplir con la obligaci�n de transponerla en lo que resulte necesario, destacando:
- Se profundiza en los objetivos de informaci�n y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensi�n comunitaria, para dotar a dichos procesos de una existencia real y efectiva
- Se recogen diversas definiciones como el concepto de �informaci�n�, el concepto de �consulta� o de �cuestiones transnacionales� - Se regulan mecanismos de articulaci�n entre los distintos niveles de representaci�n - Se podr�n celebrar reuniones de seguimiento y preparatorias sin la presencia de la empresa
- Los representantes de los trabajadores, tendr�n la obligaci�n de informar a sus representados sobre el contenido y resultados de los procesos de informaci�n y consulta
- Se modifica la composici�n de la representaci�n de los trabajadores fij�ndose un sistema de composici�n proporcional, No se crea una obligaci�n general de renegociaci�n de acuerdos celebrados. PDF (BOE-A-2011-8777 - 9 p�gs. - 228 KB) Otros formatos
ARBITRAJE. Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulaci�n del arbitraje institucional en la Administraci�n General del Estado.
A) Introducci�n.
La Ley que ahora se modifica,
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, supuso hace ocho a�os un avance cualitativo en la regulaci�n de esta instituci�n, al crear un nuevo marco unitario para el arbitraje interno e internacional, seg�n modelo auspiciado por la ONU.
Cuenta, entre sus principales logros, aparte de la formulaci�n unitaria del arbitraje, con el reconocimiento del arbitraje internacional, el aumento de la disponibilidad arbitral, sus reglas sobre notificaciones, comunicaciones y plazos, el apoyo judicial al arbitraje o su antiformalismo.
La reforma de la Administraci�n de Justicia, que se est� llevando a cabo actualmente, incluye al fomento de los medios alternativos de soluci�n de conflictos, como son la mediaci�n o el arbitraje. Para la mediaci�n, se est� gestando una nueva ley. Respecto al Arbitraje, la presente Ley intenta mejorar su regulaci�n de 2003. Seguidamente, recogeremos las principales variaciones.
B) Reforma de la propia Ley de Arbitraje.
Funciones judiciales. Se reasignan de las funciones judiciales en relaci�n con el arbitraje, tanto las funciones de apoyo, como el conocimiento de la acci�n de anulaci�n del laudo y el exequ�tur de laudos extranjeros, para dar m�s uniformidad al sistema mediante una �elevaci�n� de determinadas funciones. Art. 8.
- En concreto, el nombramiento y remoci�n judicial de �rbitros, el conocimiento de la acci�n de anulaci�n del laudo y la competencia para conocer el exequ�tur de los laudos extranjeros, se atribuyen a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, manteni�ndose s�lo en los Tribunales de Primera Instancia la competencia de ejecuci�n. Tambi�n se mantienen la asistencia judicial en la pr�ctica de pruebas y la adopci�n judicial de medidas cautelares.
- Es correlativa la reforma del art�culo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
Declinatorias. Se utiliza para impedir que los tribunales conozcan de las controversias sometidas a arbitraje. Ahora se concreta el plazo para la proposici�n de la declinatoria (10 primeros d�as del plazo para contestar a la demanda en los juicios ordinarios o los 10 posteriores a la citaci�n para vista en los juicios verbales).
Sociedades de capital. La Ley aclara, mediante la inclusi�n de dos nuevos preceptos, las dudas existentes en relaci�n con el arbitraje estatutario en las sociedades de capital. Con la modificaci�n se reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas se planteen. - Se exige una mayor�a legal reforzada de dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones para introducir en los estatutos sociales una cl�usula de sumisi�n a arbitraje. - Junto a ello tambi�n se establece que el sometimiento a arbitraje, de la impugnaci�n de acuerdos societarios, requiere la administraci�n y designaci�n de los �rbitros por una instituci�n arbitral. Arts. 11 bis y 11 ter nuevos.
- En caso de anulaci�n por laudo de acuerdos societarios inscribibles, �ste habr� de inscribirse en el Registro Mercantil y publicarse extractado en el BORME. Si el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, el laudo determinar�, adem�s, la cancelaci�n de su inscripci�n, as� como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella. El Proyecto de Ley exig�a protocolizaci�n notarial pero en el tr�mite parlamentario se elimin� ese requisito. La Ley de 2003 lo hab�a suprimido con car�cter general, por lo que no es una novedad de ahora.
Instituciones arbitrales. Las instituciones arbitrales velar�n por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los �rbitros y por la transparencia en su designaci�n, as� como su independencia. Art. 14.
Designaci�n de �rbitros. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad (art. 15):
- En caso de �rbitro �nico, �ste ha de ser jurista (antes ten�a que ser abogado en ejercicio). En consecuencia, se abre a muchas profesiones relacionadas con el Derecho como profesor universitario, notario, registrador�.
- Cuando el arbitraje se haya de resolver por tres o m�s �rbitros, al menos uno de ellos ser� jurista.
Abstenci�n y recusaci�n. Se a�ade un nuevo motivo: Salvo acuerdo en contrario de las partes, el �rbitro no podr� haber intervenido como mediador en el mismo conflicto entre �stas. Art. 17.
Seguro. Se exigir� a los �rbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la contrataci�n de un seguro de responsabilidad civil o garant�a equivalente. Se except�a a las Entidades p�blicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las Administraciones p�blicas. Art. 21.
Idioma. Se reconoce la posibilidad de utilizar la lengua propia por las partes, por los testigos y peritos, y por cualesquiera terceras personas que intervengan en el procedimiento arbitral (art. 28).
Laudo. Ha de ser siempre motivado salvo acuerdo entre las partes (art. 37). La expiraci�n del plazo no afectar� a la validez del laudo dictado, sin perjuicio de la responsabilidad de los �rbitros (art. 37). Se fija un procedimiento para rectificar la extralimitaci�n parcial del laudo (art. 39).
Cosa juzgada. El laudo sigue produciendo efectos de cosa juzgada. Frente a �l, cabe solicitar la revisi�n conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes, pero tambi�n es posible ejercitar la acci�n de anulaci�n (art 43), seg�n procedimiento del art�culo 42. Tras la reforma, se elimina la distinci�n entre laudo definitivo y firme, lo que supone que puede ser ejecutado forzosamente si no concurre cumplimiento voluntario.
C) Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Afecta a los art�culos 722 de la Ley de 2000 y 955 de la Ley de 1881.
- Art. 955. La competencia para el reconocimiento de los laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, corresponde a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, sin que quepa ulterior recurso contra su decisi�n. La competencia para la ejecuci�n de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, con arreglo a los mismos criterios
- Art. 722. Se permite solicitar medidas cautelares a quien acredite ser parte en un convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales, posibilitando con ello una mayor compatibilidad entre lo que se establece en materia de arbitraje y en dicha norma.
D) Reforma de la Ley Concursal.
Afecta a los art�culos 8.4 y 52.1
- Art. 52: Se pretende con ella mantener la vigencia del convenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras acciones civiles que, pese a que pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial sobre el deudor concursal, podr�an haberse planteado con independencia de la declaraci�n del concurso. Es el caso, entre otras, de las acciones relativas a la existencia, validez o cuant�a de un cr�dito, las destinadas al cobro de deudas a favor del deudor, las acciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un tercero en posesi�n del deudor concursal y los litigios relativos a planes de reorganizaci�n concluidos entre el deudor y sus acreedores antes de la declaraci�n de apertura. No obstante lo anterior, se faculta al �rgano jurisdiccional competente, para suspender de efectos los pactos o convenios arbitrales previamente suscritos, si entendiese que los mismos pueden suponer un perjuicio para la tramitaci�n del concurso
- Art. 8.4 En consonancia con la anterior reforma, se except�a de la jurisdicci�n del juez del concurso, exclusiva y excluyente, las medidas cautelares adoptadas
por los �rbitros en las actuaciones arbitrales, sin perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensi�n de las mismas, o solicitar su levantamiento, cuando considere que puedan suponer un perjuicio para la tramitaci�n del concurso.
E) La D. Ad. �nica regula un cauce procedimental para resolver los conflictos internos entre la Administraci�n General del Estado y sus Entes instrumentales, superando los actuales mecanismos de facto, al tener naturaleza jur�dico-p�blica las relaciones de organizaci�n en el seno de la Administraci�n. Se supera as� una l�nea jurisprudencial que ha venido negando a los organismos aut�nomos legitimaci�n para impugnar los actos de la Administraci�n matriz. Se crea, para ello, una Comisi�n Delegada presidida por el Ministro de la Presidencia.
Entrada en vigor: el 10 de junio de 2011. PDF (BOE-A-2011-8847 - 8 p�gs. - 220 KB) Otros formatos
ARBITRAJE. Ley Org�nica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulaci�n del arbitraje institucional en la Administraci�n General del Estado para la modificaci�n de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La reforma del Arbitraje, que se enmarca dentro del impulso que se pretende dar a los sistemas alternativos de resoluci�n de conflictos, exige tambi�n modificar la Ley Org�nica del Poder Judicial.
Afecta a los art�culos 73, 85 y 86 ter, para modificar las atribuciones de los �rganos jurisdiccionales en materia de arbitraje. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia pasar� a conocer de determinadas funciones de apoyo (nombramiento y remoci�n judicial de �rbitros) y control del arbitraje (acci�n de anulaci�n del laudo) que fije la ley, as� como de las peticiones de exequ�tur o solicitudes de reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros. Estas atribuciones hasta ahora correspond�an a los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil, pero se ha considerado conveniente trasladar al Tribunal Superior de Justicia, con un �mbito territorial con mayor visibilidad a efectos de arbitraje internacional que los Juzgados unipersonales y que permitir�n una mayor unificaci�n de criterios de lo que actualmente acontece con las Audiencias Provinciales. El Juzgado de Primera Instancia conserva sus atribuciones en materia de ayuda y apoyo al arbitraje, as� como para la ejecuci�n de sentencias, laudos, y dem�s resoluciones judiciales o arbitrales extranjeras. Se aprovecha para delimitar y deslindar las atribuciones del Juzgado de lo Mercantil en materia de arbitraje, que se reducen, en detrimento del Juzgado de Primera Instancia, con lo que se les descarga de cuestiones no estrictamente mercantiles.
Junto a lo anterior, se trata de resolver otros problemas detectados en la pr�ctica en relaci�n con las competencias en materia concursal de los jueces del concurso y las actuaciones de apoyo al arbitraje.
Entrada en vigor: tambi�n el 10 de junio de 2011.
Ver Reforma Sociedades de Capital. PDF (BOE-A-2011-8846 - 2 p�gs. - 171 KB) Otros formatos
**SOCIEDADES MERCANTILES. Instrucci�n de 18 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre constituci�n de sociedades mercantiles y convocatoria de Junta General, en aplicaci�n del
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 diciembre.
1. Motivaci�n de la Instrucci�n.
Est� en las interpretaciones divergentes sobre el procedimiento de constituci�n de las sociedades del art. 5 del
RDL 13/2010 y de sus estatutos tipo y sobre la nueva forma de convocatoria por medio de la web del reformado art.
173 de la LSC. Tambi�n sobre el control previo del cumplimiento de obligaciones fiscales.
2. Fundamentaci�n legal de la Instrucci�n.
260 y siguientes de la Ley Hipotecaria en materia de organizaci�n y funcionamiento de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, los art�culos
309 y 312, apartados 1 y 4, del Reglamento Notarial, as� como por el Real Decreto
1203/2010, de 24 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Justicia.
3. Contenido de la Instrucci�n.
3.2. Sociedades a las que le es aplicable.
A las de los puntos 1 y 2 del art. 5 del
RDL 13/2010, es decir a las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social no supere los 30.000 euros, que tengan entre sus socios s�lo personas f�sicas y la estructura del �rgano de administraci�n sea un administrador �nico, dos con facultades mancomunadas o varios solidarios. No obstante, como veremos, tambi�n le es aplicable a las sociedades de capital en general en lo relativo a la forma de convocatoria y no control previo de obligaciones fiscales.
3.3. Obligaciones notariales:
a) Informar a sus clientes sobre el proceso de constituci�n previsto en el RDL, en especial sobre plazos y costes.
b) La especial forma de constituci�n del RDL es obligatoria salvo indicaci�n especial de los otorgantes en sentido contrario, que se har� constar en la escritura.
c) El notario deber� observar especialmente los plazos de autorizaci�n, obligaciones adicionales y aplicaci�n del arancel.
d) El procedimiento especial es aplicable, aunque la certificaci�n sea en formato papel. En este caso el notario debe dejar constancia en la escritura de la fecha en que se le entrega dicha certificaci�n y los dem�s antecedentes. A partir de esta fecha se cuentan los dem�s plazos establecidos en la norma.
e) La escritura debe incorporar los estatutos con las opciones que sean precisas (n�mero de administradores solidarios, retribuci�n o gratuidad del cargo de administrador, etc.), sin que sea posible su incorporaci�n por remisi�n a la orden aprobatoria de los mismos.
3.4. Obligaciones del registrador.
a) Cumplir los plazos, las obligaciones adicionales y aplicar el arancel especial.
b) El incumplimiento por el notario de sus obligaciones, no exime al registrador de cumplir las suyas, en especial en cuanto a plazos y aranceles, ni puede ser causa de denegaci�n de la inscripci�n.
c) Cuando la escritura de constituci�n de la sociedad de capital, no venga acompa�ada del documento de autoliquidaci�n, una vez practicada la inscripci�n, el registrador, de forma inmediata, remitir� de oficio por v�a telem�tica a la agencia tributaria correspondiente, la notificaci�n de que se ha practicado la inscripci�n. Esta notificaci�n no evita ni elimina la que, en su caso, debe hacer el notario seg�n las normas o convenios que le sean de aplicaci�n.
3.5. Disposiciones interpretativas.
a) Objeto social. Puede ser uno, varios o todos de los especificados en la orden JUS 3185/2010. Con car�cter facultativo se pueden concretar las actividades a un tipo de productos o de servicios sin que ello afecte a la calificaci�n e inscripci�n en la forma prevenida en el RDL.
b) La referencia en el art. 2 del modelo a �actividades profesionales� debe entenderse como referida a actividades que quedan fuera de la aplicaci�n de la
Ley 2/2007.
c) En cuanto a la forma de administraci�n concretada en administradores solidarios, el modelo debe completarse fijando su n�mero o al menos un m�nimo y un m�ximo de ellos.
d) La inscripci�n de las sociedades de capital no exige la presentaci�n del documento de autoliquidaci�n.
4. Forma de convocatoria de la Junta.
Para que una sociedad pueda optar, como forma de convocatoria, por la publicaci�n de la misma en la web de la sociedad, debe realizar alguna de estas actividades:
a) Hacer constar en estatutos la web de la sociedad, o
b) Notificar a todos los socios la existencia y direcci�n de la web y la forma de acceso a la misma. Ver correcci�n de errores que cambia esta opci�n.
Con independencia de ello el anuncio en la web deber� estar insertado desde la fecha de la convocatoria hasta la efectiva celebraci�n de la Junta.
5. Norma com�n para notarios y registradores.
El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el RDL, puede desencadenar para notarios y registradores responsabilidad disciplinaria en los t�rminos establecidos en la ley aplicable.
6. Entrada en vigor. Nada dice sobre ello la Instrucci�n pero dado su car�cter interpretativo debe ser desde el mismo momento de su publicaci�n en el BOE, es decir desde el d�a 25 de mayo de 2011.
Este es el resumen, a vuela pluma, de la Instrucci�n de la DG sobre las sociedades telem�ticas del RDL 13/2010 y sobre otras cuestiones. Est� en la l�nea de sus resoluciones de
23 de marzo y
18 de abril de este a�o. Aunque la misma pretende ser muy clara y totalizadora, quiz�s deja alg�n cabo suelto, sobre todo en lo relativo a la interpretaci�n del art.
173 de la LSC, y tambi�n crea alguna nueva duda, que procuraremos tratar lo antes posible. (JAGV).
7. Importante correcci�n de errores. El BOE del s�bado 28 de mayo incluye una importante correcci�n de errores de la Instrucci�n.
- Por una parte, se sustituye la alusi�n al 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital, por una referencia al art�culo 173 completo. Dice as� el art�culo:
Art�culo 173. Forma de la convocatoria. 1. La junta general ser� convocada mediante anuncio publicado en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil y en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulaci�n en la provincia en que est� situado el domicilio social.
2. Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada podr�n establecer, en sustituci�n del sistema anterior, que la convocatoria se realice mediante anuncio publicado en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un determinado diario de circulaci�n en el t�rmino municipal en que est� situado el domicilio social, o por cualquier procedimiento de comunicaci�n, individual y escrita, que asegure la recepci�n del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro-registro de socios. En caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podr�n prever que s�lo ser�n individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.
- Por otra parte, se altera el art�culo noveno, p�rrafo primero. Para los casos en los que la sociedad optara por la publicaci�n de la convocatoria de la junta general en su p�gina web y no apareciera �sta en los estatutos, se sustituye la necesidad de notificar a todos los socios por la notificaci�n al Registro Mercantil:
donde dice: �En los casos en los que se optara por la publicaci�n de la convocatoria de la junta general en la p�gina web de la sociedad, en aplicaci�n de lo previsto en el art�culo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 13/2010, la sociedad deber� o bien determinar la p�gina web en los estatutos de la sociedad o bien notificar a todos los socios la existencia y direcci�n electr�nica de dicha p�gina web y el sistema de acceso a la misma.�
debe decir: �En los casos en los que se optara por la publicaci�n de la convocatoria de la junta general en la p�gina web de la sociedad, en aplicaci�n de lo previsto en el art�culo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 13/2010, la sociedad deber� o bien determinar la p�gina web en los estatutos de la sociedad o bien notificar dicha p�gina web al Registro Mercantil, mediante declaraci�n de los administradores, para su constancia por nota al margen�.
Ver encuesta sobre el aspecto fiscal y situaci�n en Valencia.
Ver Reflexiones sobre las liquidaciones tributarias y RRMM de Jos� �ngel Garc�a-Valdecasas.
anulaci�n del apartado 10 de la Resoluci�n (autoliquidaci�n) Ver
Sentencia que confirma la validez de los apartados segundo (informaci�n notarial), quinto (el interesado aporta certificado negativo en papel) y noveno (publicaci�n de convocatoria de Junta en la web). PDF (BOE-A-2011-9085 - 4 p�gs. - 178 KB) Otros formatos Rectificatoria.
INCOMPATIBILIDAD DE PENSI�N Y TRABAJO. Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre r�gimen de incompatibilidad de la percepci�n de la pensi�n de jubilaci�n del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.
El r�gimen de incompatibilidad entre pensi�n de jubilaci�n y trabajo ha venido rigiendo desde un principio en nuestro ordenamiento jur�dico y en la actualidad se recoge en el art�culo
165.1 TRLGSS, en el que se determina que el disfrute de la pensi�n de jubilaci�n, en su modalidad contributiva, ser� incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los t�rminos que legal o reglamentariamente se determinen.
El citado desarrollo reglamentario se contiene en la ya provecta
Orden de 18 de enero de 1967, en cuyo art�culo 16 se prev� que el disfrute de la pensi�n de vejez ser� incompatible con todo trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que d� lugar a su inclusi�n en el campo de aplicaci�n del R�gimen General o de alguno de los reg�menes especiales.
Sin embargo, puede desarrollarse el trabajo en cuesti�n, si se autoriza mediando la previa solicitud del interesado.
En la pr�ctica surgieron dudas interpretativas respecto a los que deseaban compatibilizar la percepci�n de tal pensi�n con el ejercicio de una profesi�n liberal, sin causar alta en el R�gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos (RETA) por haber optado por una mutualidad de previsi�n social. Sin embargo, tras una
reforma de 1998 de la Ley de Seguros Privados, los profesionales colegiados que ejercen su actividad por cuenta propia se consideran incluidos en el campo de aplicaci�n del RETA, lo que lleva aparejada la obligaci�n de solicitar, en su caso, la afiliaci�n y, en todos los supuestos, el alta en dicho r�gimen.
Esa obligaci�n de alta queda
exonerada, no obstante, en aquellos casos en que el interesado opte por incorporarse alternativamente a la correspondiente mutualidad de previsi�n social.
Ahora se intentan disipar las dudas que se han venido originando en la pr�ctica con relaci�n al desarrollo de la actividad como profesional colegiado en los casos en que se ha producido la jubilaci�n en cualquiera de los reg�menes del sistema de la Seguridad Social.
Dice su art�culo �nico que �El r�gimen de incompatibilidad entre pensi�n de jubilaci�n y el trabajo del pensionista, previsto en el art�culo 16 de la
Orden de 18 de enero de 1967�, y en las correspondientes normas reguladoras de los reg�menes especiales de la Seguridad Social, ser� tambi�n aplicable con respecto al ejercicio de la actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados que� se hallen exonerados de la obligaci�n de causar alta en el R�gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos, con independencia de que queden o no integrados en una de las mutualidades de previsi�n social a las que la indicada disposici�n legal posibilita su actuaci�n como alternativas al alta en el expresado r�gimen especial.�
Aplicaci�n temporal. El r�gimen de incompatibilidad a que se refiere esta orden no ser� de aplicaci�n con respecto a los supuestos en los que la correspondiente pensi�n de jubilaci�n viniera compatibiliz�ndose con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional colegiado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden.
Entrada en vigor: el 1� de julio de 2011.
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*CERTIFICADOS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO.
Resoluci�n de 27 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se determinan los requisitos y condiciones para la tramitaci�n electr�nica y expedici�n autom�tica de las certificaciones de nacimiento y matrimonio.
Esta Resoluci�n de incardina en la pol�tica de reducir cargas administrativas, mediante el uso de nuevas tecnolog�as y resulta t�cnicamente posible por el progresivo proceso de informatizaci�n al que han estado sometidos los Registros Civiles. La Exposici�n previa a su articulado desglosa los hitos que han tenido lugar en ese proceso.
Objeto de la Resoluci�n: Regular la solicitud y obtenci�n de certificaciones electr�nicas de nacimiento y matrimonio. Contenido de las certificaciones: Ser� el contenido completo de los asientos registrales digitalizados e informatizados que consten en la base de datos dependiente de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado.
Qu� asientos: Los practicados en los Registros Civiles a partir de 1950. No se emitir�n certificaciones de asientos inscritos en los Juzgados de paz.
Qui�n puede solicitar: El titular de los datos.
D�nde: A trav�s de https://sede.mjusticia.gob.es/index.html, que es
la sede electr�nica del Ministerio de Justicia.
Enlace: Se incluir� un enlace en la p�gina principal de
www.notariosyregistradores.com, en la columna izquierda,
- Identificaci�n. El solicitante se identificar� conforme a uno de estos dos sistemas:
1.� Firma electr�nica incorporada al Documento Nacional de Identidad.
2.� De firma electr�nica avanzada, admitidos por las Administraciones P�blicas.
- Formulario. Se rellenar�n todos los datos obligatorios. - Expedici�n autom�tica. Las certificaciones se expedir�n autom�ticamente con el sistema de sello electr�nico de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado. Este sello fue implantado por Resoluci�n de la Subsecretar�a de Justicia de 14 de abril de 2011, de creaci�n de sello electr�nico de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado (no publicada en el BOE, salvo error).
C�digo de verificaci�n. Las certificaciones incluir�n informaci�n sobre el c�digo seguro de verificaci�n, el procedimiento de verificaci�n del contenido del documento que se expide y la fecha de expedici�n. El c�digo de verificaci�n permite comprobar la autenticidad del documento y la correspondencia de los datos con los que consten en la base central de datos. Dicha verificaci�n se realizar� a trav�s de la sede electr�nica del Ministerio de Justicia.
Valor de las certificaciones: Servir�n para acreditar los datos contenidos en los asientos registrales informatizados y digitalizados que consten en la base central de datos dependiente del Centro Directivo
Entr� en vigor el 1� de junio de 2011. PDF (BOE-A-2011-9448 - 3 p�gs. - 174 KB) Otros formatos TRIBUNAL SUPREMO:
PLANES DE PENSIONES. Sentencia de 4 de abril de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan varios preceptos del Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Afecta a diversos apartados del art�culo 31 que est� dedicado a la designaci�n o elecci�n de los miembros de la comisi�n de control en los planes de empleo.
PDF (BOE-A-2011-8689 - 1 p�g. - 157 KB) Otros formatos
CONCURSO NOTARIAL DGRN. Resoluci�n de 16 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se convoca concurso para la provisi�n de notar�as vacantes.
Salen 205 plazas: 44 de primera, 35 de segunda y 126 de tercera.
El plazo concluye, salvo error, el 10 de junio inclusive.
PDF (BOE-A-2011-9154 - 13 p�gs. - 410 KB) Otros formatos
CONCURSO NOTARIAL CATALU�A. Resoluci�n de 16 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de Derecho y de Entidades Jur�dicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso para la provisi�n de notar�as vacantes.
Salen 94 plazas: 24 de primera, 22 de segunda y 48 de tercera.
PDF (BOE-A-2011-9160 - 8 p�gs. - 332 KB) Otros formatos
El notario de Palma de Mallorca, don Miguel Gerardo Mulet Ferragut.
El notario de Hell�n, don Ram�n Bonell Costa.
El notario de Le�n, don Jos� Mar�a S�nchez Llorente.
Don Sergio Saavedra Queimadelos, registrador de la propiedad de Figueres.
Don Eugenio Aguilar Amador, registrador de la propiedad de Murcia n� 2
El notario de Logro�o, don Juan de Dios Garc�a-Jal�n de la Lama.
El notario de Fuengirola, don Jos� Antonio Burgos Casero, por jubilaci�n anticipada.
Do�a Eloisa Bermejo Zofio, registradora mercantil y de bienes muebles de Madrid IV. Don Jos� Mar�a Alf�n Massot, registrador de la propiedad de Sant Cugat del Valles n.� 1.
Se declara en situaci�n de excedencia voluntaria al notario de Palma de Mallorca, don Jos� Bauz� Gay�.
Se declara a don Jos� Antonio Miquel Silvestre, registrador de la propiedad de Canovelles, en situaci�n de excedencia voluntaria.
77. EXPEDIENTE PARA REANUDACI�N DEL TRACTO EN EL QUE SE CONSIDERA TITULAR REGISTRAL A PERSONA DISTINTA DEL QUE LO ES. Resoluci�n de 29 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Ronda, por la que se deniega la inscripci�n de un expediente de dominio por causa de falta de tracto sucesivo.
Se plantea si es inscribible un Auto de reanudaci�n de tracto sucesivo sobre una tercera parte indivisa de una finca cuando la totalidad de �sta se encuentra inscrita a favor de persona distinta de aqu�lla que se consider� titular registral en el expediente promovido al haber accedido al Registro previamente otro expediente de dominio por el que se reanudaba el tracto a favor de otra persona.
El interesado recurre alegando que existe un error de concepto por ser diferente la descripci�n de la finca a que se refiere la calificaci�n a la que se conten�a en su d�a en la certificaci�n que sirvi� para iniciar el expediente.
La Direcci�n confirma la calificaci�n puesto que es claro que, formalmente, se trata de la misma finca, con id�nticos datos registrales, y si est� inscrita a nombre de persona distinta de aquella a quien se consider� titular al iniciar el expediente es indiscutible que, de acuerdo con los principio de prioridad (art. 17LH) y tracto sucesivo (art. 18 LH), procede la denegaci�n de la inscripci�n, m�xime cuando pudieron en su d�a haber anotado la demanda. Y si lo que se pretende es la existencia de un error de concepto la rectificaci�n habr� que hacerla por el procedimiento legal, con el consentimiento de todos los interesados y en su caso en juicio ordinario. (arts. 217 y 218 LH) (MN)
PDF (BOE-A-2011-7903 - 2 p�gs. - 167 KB) Otros formatos
78. EFICACIA DE LA CONDICI�N RESOLUTORIA. CITACI�N A TITULARES POSTERIORES. Resoluci�n de 1 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Inmobilizados y Gestiones, SL, contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Marbella por la que se suspende la cancelaci�n de una inscripci�n de domino, ordenada en sentencia, en ejercicio de una condici�n resolutoria expl�cita.
En el Registro figura inscrita una compraventa con condici�n resolutoria en garant�a del precio aplazado. Posteriormente se inscribe una venta otorgada por el comprador. Ahora se decreta la resoluci�n del contrato de compraventa orden�ndose la reinscripci�n a favor del demandante y la cancelaci�n de la inscripci�n del contrato resuelto as� como de todas las inscripciones y anotaciones posteriores.
El registrador deniega la cancelaci�n de la inscripci�n de la venta posterior por no haber sido citados ni intervenido en el procedimiento los titulares registrales, de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva.
La Direcci�n, sin entrar en otras cuestiones derivadas de documentaci�n presentada despu�s de la calificaci�n conforme al art. 327 LH, confirma la calificaci�n: con la inscripci�n de la condici�n resolutoria expl�cita se confiere eficacia real a la eventual acci�n resolutoria y se evita la afectaci�n a terceros del art. 34 LH. Pero eso no significa que la sentencia declarativa de la resoluci�n de la compraventa dictada en pleito entablado s�lo contra el comprador permita la cancelaci�n de los asientos posteriores que traigan causa de este �ltimo. Hay que tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes; b) que la rectificaci�n de asientos presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye alg�n derecho; c) que es exigencia constitucional la protecci�n jurisdiccional de los derechos; d) que se trata de asientos extendidos antes de la anotaci�n de la demanda de resoluci�n; e) que los titulares de tales asientos no s�lo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resoluci�n para alegar lo que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resoluci�n (devoluci�n de cantidades del art 175.6 RH, etc.) (MN)
PDF (BOE-A-2011-7904 - 6 p�gs. - 201 KB)
81. OBRA VIEJA EN ANDALUC�A: �LIBRO DEL EDIFICIO Y LICENCIA DE OCUPACI�N? Resoluci�n de 14 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Cuevas del Almanzora a la inscripci�n de la declaraci�n de obra nueva de una finca. Casi id�ntica a la Resoluci�n de
24 de marzo de 2011 en sus razonamientos y conclusiones para no exigir licencia de ocupaci�n para obras antiguas en Andaluc�a.
Pero difiere de ella en cuanto a que por ser en este caso la edificaci�n de hace m�s de quince a�os, la DGRN
revoca la exigencia del libro del edificio.
COMENTARIO: A mi juicio, respecto del tema de la licencia de ocupaci�n, merece el mismo comentario cr�tico relativo a la incongruencia interna de la argumentaci�n de esta resoluci�n y su decisi�n de inaplicar la normativa andaluza. En cambio, s� es plenamente acertada al eximir del libro del edificio a una edificaci�n terminada antes de la entrada en vigor de la ley de edificaci�n. (JDR)
PDF (BOE-A-2011-790,7 - 7 p�gs. - 202 KB) Otros formatos
82. ANOTACI�N DE DEMANDA: FINCA INSCRITA A NOMBRE DEL DEMANDANTE POR NO ESTAR INSCRITO EL TITULO CUYA RESOLUCION SE PIDE.
Resoluci�n de 15 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto, contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Zaragoza n� 13, por la que se suspende la anotaci�n preventiva de demanda por no figurar inscrita la finca a favor del demandado y carecer de trascendencia real todas las pretensiones de la demanda. Se solicita Anotaci�n de Demanda de resoluci�n de un contrato de compraventa, cuando, por no haberse inscrito dicha compra, la finca figura todav�a inscrita a nombre del demandante.
La Direcci�n admite el recurso: aunque en principio para la pr�ctica de la anotaci�n es necesario que la demanda se interponga frente al titular registral, si profundizamos en el principio de tutela judicial efectiva,
debemos admitir tal anotaci�n cuando de no hacerse se producir�a la indefensi�n para el demandante, caso que ocurre cuando existe un t�tulo de transmisi�n referente a la finca objeto de la demanda que a�n no ha sido inscrito, pero cuya inscripci�n podr�a traer como consecuencia la adquisici�n por un tercero de la finca referida. (MN)
PDF (BOE-A-2011-7908 - 4 p�gs. - 182 KB)
84. EXCESO DE CABIDA EN FINCA, OBRA NUEVA Y P.H. Resoluci�n de 19 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Belmonte de Miranda, por la que se deniega la inscripci�n de un exceso de cabida, declarado sobre una finca urbana, por existir dudas fundadas sobre la identidad de dicha mayor superficie atribuida a la finca.
Se pretende la inscripci�n de un exceso de cabida de una finca, en realidad una casa de tres plantas, que aparece inscrita con 37 metros cuadrados de suelo y que pasar�a a 67. Posteriormente se divide horizontalmente.
El registrador deniega la inscripci�n del exceso de cabida por tener dudas sobre la identidad de la finca y como consecuencia deniega tambi�n la inscripci�n de la divisi�n horizontal. Sin embargo, entendiendo que es una inmatriculaci�n lo que se pretende conseguir, exige doble t�tulo p�blico o expediente de dominio para el exceso. Sugiere tambi�n un Acta Notarial mixta de Presencia y Notoriedad.
La DGRN recuerda que el exceso de cabida no es una inmatriculaci�n en sentido estricto sino una rectificaci�n de la cabida de la finca inscrita, por lo que no procede acudir a los medios sugeridos por el registrador y ni siquiera es necesario el t�tulo traslativo.
Si se tratara de una inmatriculaci�n, habr�a que inmatricular la mayor superficie como una nueva finca y luego agruparla con la ya inscrita.
Sin embargo, en el procedimiento de inscripci�n del exceso de cabida hay que acreditar ese exceso en la forma establecida en el Reglamento Hipotecario y adem�s el registrador no tiene que tener dudas sobre la identidad de la finca (es decir, de que se trate de la misma finca, aunque ahora se rectifique su cabida por un error de medida previo, y de que por tanto no hay inmatriculaci�n de una finca nueva).
En el presente caso la duda planteada al registrador le parece bien fundada a la DGRN por lo que solo queda al recurrente la opci�n de acudir a los tribunales (art�culo 306 del RH) para que resuelvan la duda. Tambi�n considera como medio para despejar la duda �aunque nada diga la Legislaci�n Hipotecaria- que el colindante preste su consentimiento a la inscripci�n del exceso de cabida. Comentario: El interesado tiene dos opciones ante una cabida no inscrita: 1.- O entender que los metros adicionales que se pretenden inscribir son una nueva finca diferente de la inscrita, aunque hoy formen ambas f�sica y catastralmente una sola finca, en cuyo caso hay que acudir a la v�a inmatriculadora y despu�s agrupar. 2.- O entender que los metros adicionales que se pretenden inscribir ahora siempre fueron parte de la finca inscrita, aunque por error no se reflejaron. En este caso el registrador puede dudar de la identidad de la finca -en cuyo caso el interesado tendr� que acudir a los tribunales-, pero no exigir la v�a y medios de inmatriculaci�n.
Como novedad la DGRN sugiere, con l�gica pr�ctica, que el colindante preste su consentimiento para despejar las dudas, en la idea, presumiblemente, de que si el posible perjudicado est� de acuerdo no debe de haber m�s dudas. Es acertado tambi�n la no inscripci�n de la divisi�n horizontal en tanto no se inscriba el exceso de cabida, pues si la superficie ocupada (67 m2) no �cabe� en la finca inscrita (37m2) tampoco se podr� inscribir la divisi�n horizontal. Cuesti�n diferente ser�a si la superficie de suelo ocupada por lo edificado s� cupiera en la finca inscrita, aunque haya un exceso de cabida no registrado, pues en tal caso s� se podr�a inscribir la divisi�n horizontal. (AFS)
PDF (BOE-A-2011-8262 - 5 p�gs. - 188 KB) Otros formatos
*85. VENTA DE BIENES DE ENTIDADES LOCALES MENORES. Resoluci�n de 20 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vitoria, contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Vitoria n� 4, por la que resuelve no practicar la inscripci�n de una escritura de venta de la Junta Administrativa de Mi�ano Menor por ser necesario aportar Certificaci�n del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz autorizando la venta realizada. Una entidad local menor (Junta Administrativa o Vecinal) dependiente de un Ayuntamiento acuerda vender un bien inmueble, pero para ello necesita el consentimiento o ratificaci�n del Ayuntamiento del que forma parte. Se solicita del Ayuntamiento dicha ratificaci�n, pero el Ayuntamiento no contesta en el plazo de 3 meses, por lo que la Junta y el notario recurrente entienden que se ha producido la ratificaci�n por silencio positivo y se firma la escritura de compraventa.
El registrador suspende la inscripci�n, ya que se requiere, en su opini�n, la ratificaci�n expresa del Ayuntamiento.
La DGRN confirma el defecto y se�ala que la normativa administrativa atribuye a las Juntas Vecinales competencias sobre la administraci�n y conservaci�n de su patrimonio, pero la competencia sobre los actos dispositivos corresponde al Ayuntamiento. Por tanto la ratificaci�n que el Ayuntamiento debe de otorgar despu�s del acuerdo tomado por la Junta Vecinal para actos dispositivos ha de entenderse como la prestaci�n de un consentimiento expreso, pues el Ayuntamiento es quien ostenta el poder de disposici�n.
Por otro lado recuerda la teor�a de que en los actos de la Administraci�n hay que diferenciar entre Actos Administrativos (que conllevan ejercicio de potestad y son recurribles en v�a administrativa) y Actos de la Administraci�n en cuanto actos privados de una persona jur�dica.
En el presente caso considera que estamos ante un acto privado de la Administraci�n de venta de un bien inmueble y por tanto conforme al art�culo 1261 del C�digo Civil el consentimiento como vendedor tiene que ser expreso no bastando el consentimiento t�cito. Por ello, al faltar el acuerdo expreso del Ayuntamiento, falta el consentimiento de la Administraci�n y ello impide la perfecci�n de la venta.
Tampoco considera aplicable la doctrina del silencio administrativo en el �mbito de las transmisiones inmobiliarias de la Administraci�n, y prueba de ello es que la normativa administrativa exige ratificaci�n, entendida por lo dicho como consentimiento expreso del Ayuntamiento, y no una mera autorizaci�n. Recuerda tambi�n una reciente sentencia del TS seg�n la cual no cabe silencio administrativo en contra de ley, lo que ocurrir�a en el presente caso de aplicar dicha doctrina. (AFS)
PDF (BOE-A-2011-8304 - 4 p�gs. - 181 KB) Otros formatos
86. EMBARGO DE BIENES INSCRITOS BAJO R�GIMEN ECON�MICO EXTRANJERO. Resoluci�n de 21 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Consolidaciones y Rehabilitaciones, SL, contra la nota de calificaci�n de la registradora de la propiedad de Alcal� de Henares n�mero 1, por la que se deniega la pr�ctica de una anotaci�n preventiva de embargo. Una finca figura inscrita a nombre de dos c�nyuges de nacionalidad rumana para su comunidad matrimonial, y se pretende la anotaci�n preventiva de embargo en procedimiento judicial seguido solo contra el marido, habi�ndose notificado a su c�nyuge conforme al 144.1 RH.
La registradora suspende la anotaci�n al considerar que, a falta de acreditaci�n de la legislaci�n rumana, la anotaci�n del embargo queda supeditada al requisito de que la demanda sea dirigida frente a ambos c�nyuges, �nico modo en que si el procedimiento acabase con la venta forzosa de la finca, la autoridad ejecutante podr�a actuar en representaci�n de ambos titulares en caso de rebeld�a. La Direcci�n General, reiterando anteriores resoluciones, confirma la calificaci�n: el art. 144.1 RH permite la anotaci�n estando demandado uno de los c�nyuges y notificado el otro, pero siempre y cuando el r�gimen econ�mico del matrimonio sea el de gananciales o, por analog�a, cualquier otro de comunidad de bienes. Pero la acreditaci�n del ordenamiento extranjero ha de ser objeto de prueba (art�culo 281.2 LEC) tambi�n en el �mbito registral. Por tanto, en el caso de que no se acrediten las normas aplicables y ante la imposibilidad de conocer el r�gimen econ�mico del matrimonio, el �nico modo de evitar la indefensi�n del c�nyuge no deudor consiste en dirigir la demanda contra ambos c�nyuges. La registradora exigi� la acreditaci�n del r�gimen econ�mico del matrimonio como requisito previo a la anotaci�n del embargo, r�gimen que, ante la inexistencia de pacto o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el r�gimen econ�mico del matrimonio, deb�a ser determinado por el art. 9.2 CC, precepto que remite a la ley rumana como ley nacional com�n de los c�nyuges. Consecuentemente, la posibilidad de recurrir al art�culo 144.1 RH queda supeditada al requisito de que el ordenamiento rumano someta el matrimonio, en defecto de pacto, a un r�gimen de comunidad de bienes y, adem�s, se acreditara el contenido y la vigencia del Derecho rumano. Dado que no se prob� el contenido y la vigencia del ordenamiento rumano, y al no realizar la registradora bajo su responsabilidad un juicio de suficiencia respecto de la alegaci�n de la ley extranjera, la aplicaci�n del art�culo 144.1 debe quedar descartada, y ser� necesario dirigir la demanda contra ambos c�nyuges. (MN)
Ver notas de Joaqu�n Zejalbo sobre el r�gimen rumano.
PDF (BOE-A-2011-8595 - 5 p�gs. - 184 KB) Otros formatos
101. TRACTO SUCESIVO: NO ESTA INTERRUMPIDO CUANDO EL PROMOTOR ADQUIRI� DIRECTAMENTE DEL TITULAR. Resoluci�n de 3 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad interino de Briviesca por la que se deniega la inscripci�n de un expediente de reanudaci�n de tracto sucesivo. En un expediente para reanudar el tracto el Registrador suspende la inscripci�n por estimar que no existe tracto interrumpido al haber adquirido el promotor directamente del titular registral por sucesi�n hereditaria.
La Direcci�n confirma la nota: es doctrina reiterada que el expediente judicial de reanudaci�n de tracto s�lo se utilizar� en aquellos casos en que haya una interrupci�n real en la sucesi�n de la cadena de titulares, pero �nicamente en aqu�llas hip�tesis en que dicha adquisici�n no traiga causa directa del titular registral, pues en caso de que el promotor sea causahabiente del titular registral lo procedente es aportar el t�tulo cuya inscripci�n falta o acudir a una acci�n de elevaci�n a p�blico de documento privado o cualquier otra declarativa de propiedad en juicio ordinario. (MN)
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102. DEMANDA CONTRA LA COMUNIDAD HEREDITARIA CUANDO CONSTAN QUI�NES SON LOS HEREDEROS EN EL FOLIO REGISTRAL. Resoluci�n de 3 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Durango por la que se suspende la inscripci�n de una sentencia por no constar con la debida claridad qui�nes son los demandados.
De la inscripci�n segunda de una finca resulta que la titular seg�n la primera falleci� intestada, procedi�ndose a la declaraci�n judicial de herederos y, llev�ndose a efecto partici�n judicial de la herencia, se adjudic� una cuarta parte indivisa -�nica objeto de inscripci�n- a favor de tres de los herederos por partes iguales. Ahora en un juicio seguido contra los titulares de esta cuarta parte de la finca y contra la comunidad hereditaria de la titular seg�n la primera se declar� el dominio de la finca a favor de otra persona por prescripci�n adquisitiva y la nulidad de la inscripci�n segunda, ordenando su cancelaci�n y la inscripci�n del dominio a favor del tercero.
El registrador suspende la inscripci�n por entender que no resulta con claridad qui�nes han sido los demandados, puesto que en determinadas partes de la Sentencia se alude como demandada a la comunidad hereditaria y en otras se especifican los nombres de los demandados, entre los que se encuentran los titulares de la cuarta parte de la finca seg�n inscripci�n segunda pero no se alude a todos los herederos que resultan de la declaraci�n abintestato rese�ados en dicha inscripci�n.
La Direcci�n entiende que hay que distinguir dos grupos de demandados: a) Los titulares de la cuarta parte seg�n la inscripci�n 2�, respecto de los cuales resulta claramente que han sido demandados y por tanto debe procederse a la cancelaci�n de sus derechos a favor de la usucapiente. b) Resto de herederos de la titular registral de la inscripci�n primera, que son rese�ados en la inscripci�n segunda pero no han obtenido inscripci�n a su favor: Con relaci�n a estos resulta del mismo folio registral la existencia de herederos ciertos y determinados que debieron haber sido demandados para que se pueda proceder a la correspondiente cancelaci�n e inscripci�n. Por lo que no cabe la posibilidad de inscripci�n de la Sentencia y consiguiente cancelaci�n de la inscripci�n primera. (MN)
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103. PRORROGA DE ANOTACI�N DE SUSPENSI�N PRESENTADA FUERA DE PLAZO. Resoluci�n de 7 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto frente a la negativa del registrador de la propiedad de Ourense n� 2 a prorrogar una anotaci�n preventiva por defecto subsanable. El supuesto es el siguiente: En su d�a se practico una anotaci�n preventiva de suspensi�n de embargo por el defecto subsanable de falta de previa inscripci�n de la finca. Posteriormente se prorroga por 180 d�as. Antes de que caducase esta pr�rroga se presenta mandamiento ordenando una nueva pr�rroga por 180 d�as, mandamiento que fue calificado negativamente con la subsiguiente pr�rroga del asiento de presentaci�n del art. 323 LH por plazo de sesenta d�as a contar desde la notificaci�n. Posteriormente se presenta otro Mandamiento del mismo Juzgado por el que se ordena la pr�rroga por un a�o m�s de la anotaci�n de suspensi�n que se tom� en su d�a. El registrador la deniega porque cuando se present� ya hab�a caducado la anotaci�n.
El recurrente alega que la anotaci�n segu�a vigente pues con la denegaci�n de otra pr�rroga se produce una pr�rroga por 60 d�as del asiento de presentaci�n, habi�ndose presentado el documento ahora calificado dentro de la vigencia de tal plazo.
La Direcci�n confirma la nota ya que presentado con posterioridad a la caducidad de la anotaci�n Mandamiento ordenando la pr�rroga del art.205 RH es evidente que no puede practicarse el asiento solicitado. Respecto al argumento del recurrente entiende que no es atendible pues, sin entrar a valorar el car�cter subsanatorio que pudiera reconocerse al Mandamiento en relaci�n con el defecto se�alado en la calificaci�n previa, aunque se admitiera tal car�cter, ya se hab�a procedido a la cancelaci�n de las anotaciones por caducidad y es doctrina reiterada que cancelado un asiento por caducidad no puede ordenarse su restablecimiento al estar bajo la salvaguardia de los Tribunales. (MN)
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104. ESCRITURA DE SUBSANACI�N: CONSENTIMIENTO DEL TITULAR REGISTRAL Y ACREDITACI�N DEL ESTADO CIVIL AL OTORGAR EL DOCUMENTO PRIVADO ELEVADO. Resoluci�n de 7 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Torrijos por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de subsanaci�n. En una escritura otorgada en 1987, A, que manifiesta estar casado en ese momento con C, compra una mitad indivisa de una finca en virtud de procedimiento judicial de subasta. En la misma escritura se eleva a p�blico un documento privado de compra otorgado en 1978 de la otra mitad, liquidado de impuesto en 1982; en dicha escritura A manifest� estar casado en 1978 con B, la cual hab�a fallecido con posterioridad.
En el Registro la inscripci�n de ese t�tulo se practica a favor de A para su sociedad de gananciales con C, (se sobreentiende que por aplicaci�n de la presunci�n de ganancialidad en el momento del otorgamiento de la escritura).
Ahora, en 2010, se otorga una escritura en la que A solicita del Registrador que se rectifique la inscripci�n por haberse cometido un error al practicarla y se inscriba a favor de A para su sociedad de gananciales con B, acreditando con sendos certificados del Registro Civil los matrimonios con B, en 1967, y con C en 1985. El registrador suspende la rectificaci�n solicitada, pues considera que es necesario el consentimiento de C para practicar la rectificaci�n y adem�s acreditar el estado civil del comprador en 1978, es decir que continuaba casado con B, pues no consta su fallecimiento.
La DGRN aprovecha para distinguir en el �mbito registral entre error material (que no altera el significado de lo inscrito) y error de concepto (que s� altera el significado de lo inscrito). Para rectificar el error de concepto es necesario el consentimiento de los titulares registrales o resoluci�n judicial. Alternativamente, es posible la rectificaci�n de oficio por el registrador si el error resulta de los propios asientos registrales. Adem�s, la DGRN admite la rectificaci�n por el registrador a instancia del interesado si el error de concepto se prueba con un documento fehaciente que desvirt�a el hecho b�sico en que se sustenta la inscripci�n.
En el caso concreto, respecto de una mitad, se confirma el defecto, pues el t�tulo de compraventa trae causa de una cesi�n de remate judicial de 1986, momento en el que A ya estaba casado con C, por lo que no hay error que pueda ser rectificado sin el consentimiento de C o resoluci�n judicial.
En cuanto a la otra mitad, que tiene su origen en el documento privado, no ser�a imprescindible el consentimiento del c�nyuge C, cotitular registral, si con certificado del Registro Civil se desvirt�a, como efectivamente ocurre, que C no estaba casada con A en el momento de la compra privada en 1978, y por tanto se pone de manifiesto el error de concepto padecido. Sin embargo, en el presente caso no se puede acceder a la rectificaci�n y se confirma el defecto, pues aunque se acredita la fecha del matrimonio con B no se acredita la fecha de fallecimiento de B, y por tanto no se acredita que en 1978 A continuaba casado con B. Despu�s de la calificaci�n se aport� el certificado de defunci�n de B, pero no puede ser tenido en cuenta para la resoluci�n del recurso. (AFS)
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*106. MEDIOS DE PAGO. Resoluci�n de 5 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Carboneras, contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Moj�car, por la que se suspende la inscripci�n de una compraventa por no recogerse en el cuerpo de la escritura las circunstancias relativas a los medios de pago.
Hechos: Se trata de una escritura de compraventa. Se dice en el cuerpo de la escritura que la cantidad a la que asciende el precio �ha sido satisfecha en efectivo con anterioridad a este acto, salvo el importe representado por el correspondiente
efecto o documento de entidad crediticia incorporado en tal caso por testimonio de su original o de su fotocopia�. Se incorpora a la escritura testimonio del cheque bancario donde consta el c�digo de cuenta con cargo a la cual se pag�.
El registrador suspende la inscripci�n porque �no se identifican suficientemente los medios de pago empleados por las partes. Concretamente, debe quedar constancia en el cuerpo de la escritura, trat�ndose de un pago por cheque, del c�digo de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en met�lico�.
El notario autorizante recurri� alegando que �todas la circunstancias exigidas para la identificaci�n de los medios de pago constan por remisi�n al cheque y su justificante incorporados por testimonio, a los que los intervinientes manifiestan remitirse�.
El Centro Directivo aprovecha esta Resoluci�n para hacer un did�ctico recorrido por las reformas -legislativa y reglamentaria- que impusieron a notarios y registradores el control de los medios de pago, para ayudar en la prevenci�n del fraude fiscal, ampliando la tradici�n ya existente referida a inversiones extranjeras y control de cambios.
Los hitos fundamentales han sido:
36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas de Prevenci�n del Fraude Fiscal, por la que se procede a modificar los art�culos 17, 23 y 24 de la Ley del Notariado, y 21 y 254 de la Ley Hipotecaria.
- La Instrucci�n DGRN de 28 de noviembre de 2006
- El art�culo 177 del Reglamento Notarial
- seg�n redacci�n Real Decreto
45/2007 de 19 de enero, - seg�n redacci�n Real Decreto
1804/2008, de 3 de noviembre
1/2010, de 8 de enero (ya vigente para resolver este caso) Seguidamente, concreta las obligaciones que tienen notario y registrador sobre la materia y determina si el incumplimiento de determinada obligaci�n notarial impide la inscripci�n:
A) La obligaci�n principal que tienen al respecto los registradores es la de comprobar si estas escrituras identifican los medios de pago empleados por las partes, en los t�rminos previstos en el
art�culo 24 LN., desarrollado por el art. 177 RN, el cual concreta, �en relaci�n con determinados medios de pago, qu� datos concretos deber�n quedar incorporados en el documento p�blico, ya sea a trav�s de acreditaci�n documental, ya sea v�a manifestaci�n ante el Notario, constancia que implicar� que dicho medio de pago se deba entender suficientemente identificado, permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad del instrumento p�blico� (Exposici�n de Motivos RD
1/2010).
B) En estos documentos, el Notario tiene la obligaci�n de identificar los medios de pago, en los t�rminos que establece el apartado 2 del art�culo 177 y que resumidamente son: 1) Manifestaciones acerca de los importes satisfechos en met�lico.
2) Testimonio de los cheques y dem�s instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento de la escritura y manifestaci�n acerca de los datos relativos a los entregados con anterioridad al momento del otorgamiento.
3) Trat�ndose de cheques bancarios o de otros instrumentos de giro librados por una entidad de cr�dito, el compareciente que efect�e el pago debe manifestar el c�digo de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en met�lico. 4) y manifestaciones en caso de
transferencias o domiciliaciones.
C) Pero no todo incumplimiento notarial implica la suspensi�n de la escritura. Para ello, hay que acudir al
apartado 5 del propio art�culo 177: Este p�rrafo, incorporado en la reforma de 2010, es m�s flexible pues admite alternativamente la constancia en la escritura por soporte documental o por manifestaci�n de determinados elementos que desgrana.
D) En el caso concreto, aparecen en soporte documental los requisitos exigidos por el art�culo177.5 RN, por lo que revoca la nota. Resume la doctrina del Centro Directivo este p�rrafo: �Consecuentemente con lo expuesto, no todos los elementos de identificaci�n, que se le exigen al Notario, son objeto de calificaci�n, sino �nicamente los expresados en el apartado 5 del art�culo 177 del Reglamento Notarial, lo cual no impide, evidentemente, que el Notario deba proceder a su identificaci�n con todos los requisitos expresados en el apartado 2, si bien, como ya se ha se�alado, el incumplimiento de dichas obligaciones podr� determinar responsabilidades de otro orden, pero no cierre registral�.
Notas: Tal vez hubiera sido conveniente valorar la ambig�edad de la frase de remisi�n utilizada que parece gen�rica y no muy apropiada al hablar de �en tal caso� y alternativamente de testimoniar fotocopia de cheque. Si lo testimoniado fuese una fotocopia de cheque parece que no se habr�a cumplido con el 177.5 RN, ni siquiera con la finalidad del testimonio que no puede recaer sobre fotocopias, pues, seg�n el art�culo 251 RN, �mediante los testimonios por exhibici�n los notarios efect�an la reproducci�n aut�ntica de los documentos originales que les son exhibidos a tal fin o dan fe de la coincidencia de los soportes gr�ficos que les son entregados con la realidad que observen�.
A los efectos de inscribir estos t�tulos, para la DG es suficiente con que, de los documentos testimoniados, y no necesariamente del cuerpo de la escritura, se deduzcan los requisitos desgranados en el art�culo 177.5, criterio que ya apunt�
Javier Serrano en trabajo publicado en esta web. El art�culo 177.5 no exige la constancia de la cuenta de procedencia de los fondos. Ser� exclusivamente una obligaci�n notarial el recoger la manifestaci�n del interesado acerca de la cuenta de procedencia de los fondos en el caso de los cheques bancarios, no previendo expresamente el art�culo 177.2 una alternativa documental a la ausencia de tal manifestaci�n. (JFME)
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*79. OBJETO SOCIAL: ACLARACI�N DEL MISMO EN REFUNDICI�N DE ESTATUTOS: NO SON NECESARIAS PUBLICACIONES. Resoluci�n de 4 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Viajes Atl�ntico, SA, contra la negativa del registrador mercantil de Santiago de Compostela a inscribir una escritura de elevaci�n a instrumento p�blico de determinados acuerdos sociales de dicha entidad. Hechos: Se trata de una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales, adoptados en Junta Universal y por unanimidad, por la que se refunden los estatutos sociales y como consecuencia de ello, �se a�ade un p�rrafo en el art�culo relativo al objeto social para especificar que las actividades comprendidas en �ste �no incluir�n aquellas que por ley queden reservadas en exclusiva a determinadas categor�as o formas de personas f�sicas o jur�dicas�. Adem�s, se detalla que tales actividades tambi�n podr�n desarrollarse no s�lo mediante la titularidad de participaciones o acciones de sociedades sino tambi�n �mediante cualquier otro tipo de asociaci�n, con o sin personalidad jur�dica, incluso como socio colectivo de cualquier sociedad comanditaria�.
El registrador exige para la inscripci�n la publicaci�n en dos diarios de conformidad con el art. 289 de la LSC y el art. 163 del RRM.
Doctrina: La DG, revoca el defecto pues, en el caso contemplado, no existe real modificaci�n de las actividades a desarrollar por la sociedad. Aclara adem�s que dichas cl�usulas no son necesarias y no tienen �otro alcance que el meramente aclaratorio o explicativo�.
Comentario: Con respeto a cualquier otra opini�n y por supuesto a la del registrador calificante que aplica la Ley en sus t�rminos literales, nos parece excesivamente r�gida, formalista y apegada al texto legal la calificaci�n debatida en este recurso. Parece evidente que ni en el caso contemplado, ni en otros similares que incluso puedan tocar alguna de las actividades sociales, sin alteraci�n, por supuesto, del ramo del comercio o de la industria a que se dedique la sociedad, son necesarias publicaciones de la modificaci�n operada.
En lo relativo a las publicaciones exigidas por el art. 289 debemos tener en cuenta que la finalidad de esas publicaciones es meramente publicitaria y que no producen efecto alguno ni frente a los socios, ni frente a los acreedores, ni frente a los terceros en general y por tanto su exigencia debe ser muy ponderada y s�lo exigirla en caso de verdadero cambio del objeto de la sociedad. Su �nico efecto es impedir la inscripci�n en el RM, efecto importante, pero que no debe desviarnos de la verdadera finalidad de la publicaci�n exigida. Cuesti�n distinta, evidentemente, es la relativa a la completa sustituci�n del objeto de la sociedad.
Aparte de ello nos llama la atenci�n dos cuestiones. A la fecha del acuerdo de calificaci�n ya estaba vigente la modificaci�n del art. 289 de la LSC por el RDL 13/2010 de 3 de Diciembre y por tanto en lugar de exigir la publicaci�n en dos diarios lo procedente hubiera sido exigir la publicaci�n en la web de la sociedad y s�lo en caso de no existir la publicaci�n en los dos diarios. Y por otra parte entendemos que ya no debe alegarse el texto del art. 163 del RRM por dos razones: Una por su falta de adecuaci�n al art. 289 de la LSC y dos, porque dicho precepto, por error, redujo a un diario la necesidad de publicaciones y por tanto su alegaci�n induce a posibles confusiones. Caso de publicaci�n en la web de la sociedad, entendemos que para su justificaci�n bastar� con la manifestaci�n en dicho sentido del �rgano certificante, expresando su fecha, el tiempo de su publicaci�n y uniendo a la escritura una impresi�n de la pantalla en que se haya publicado el acuerdo. A estos efectos volvemos a insistir en la conveniencia de que la p�gina web que vayan a utilizar las sociedades para publicaciones exigidas en la LSC se haga constar en la hoja de la sociedad, como complemento a la publicidad dada por dichos medios y para asegurar a todos los afectados o interesados en las publicaciones la direcci�n a la que deben acudir para conocer las mismas. (JAGV)
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80. ACTA NOTARIAL DE ACUERDOS SOCIALES: CONSTANCIA DE LA FECHA Y FORMA DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA. CAMBIO DE FORMA DE ADMINISTRACI�N: EXIGE ESCRITURA P�BLICA, NO SIENDO SUFICIENTE EL ACTA NOTARIAL. Resoluci�n de 6 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Gand�a, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles IV de Valencia a inscribir determinados acuerdos sociales de cambio de sistema de administraci�n y nombramiento de administradoras mancomunadas adoptados en junta general de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: Los hechos que dan lugar a esta resoluci�n son los siguientes:
1�. En acta notarial de celebraci�n de Junta, a la que asisten el 99,97% del capital social, se toman los acuerdos de cesar al administrador �nico, nombrando administradores mancomunados y como consecuencia de ello se cambia la forma de administraci�n de la sociedad. Sobre la forma en que se ha hecho la convocatoria de la Junta el notario autorizante del acta se limita a decir que
� la Junta ha sido debidamente convocada por correo certificado con acuse de recibo y con la antelaci�n m�nima de quince d�as que establece la Ley y que asimismo recogen los estatutos�
2�. En posterior escritura de aceptaci�n y ratificaci�n comparecen las dos administradoras nombradas limit�ndose a ratificar y a aceptar su cargo.
El registrador califica con un
doble defecto:
1�. No consta la fecha de remisi�n del anuncio de convocatoria a los socios.
2�. En la escritura de aceptaci�n las administradoras nombradas no elevan a p�blico los acuerdos adoptados.
Se recurre por el notario alegando que al tratarse de acta notarial no se le aplica el art. 97 y s� el 101 y que el acta notarial de la Junta es directamente inscribible.
Doctrina: La DG confirma ambos defectos del acuerdo de calificaci�n. Respecto del primero dice que �los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de Junta Universal� y que dicha exigencia no puede entenderse cumplida por �una manifestaci�n tan gen�rica como la vertida por el Notario autorizante en el presente caso�. En cuanto al segundo defecto, dado que en el acta se contiene un cambio en la forma de administraci�n de la sociedad, es claro y as� lo exige el art. 210.4 de la LSC, que dicho cambio para inscribirse debe consignarse en escritura p�blica. Por tanto a�ade que �para complementar el Acta notarial referida no es suficiente la escritura p�blica presentada en uni�n de aqu�lla, pues �sta contiene �nicamente la ratificaci�n del nombramiento de las personas que han de ejercer el cargo de administradoras y su aceptaci�n�.
Comentario: Ambos defectos son claros. La fecha en que se ha realizado la convocatoria de la Junta, como tambi�n su forma, es un elemento esencial para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha Junta y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma. Pero dicha fecha tambi�n debe ser de esencial reflejo en el acta notarial, pues de esta forma queda justificada plenamente la prestaci�n de la fe notarial a la celebraci�n de la Junta de que se trate. El no consignarla deja coja el acta notarial y por supuesto incompleta la inscripci�n que se practicara en base a dicha acta, pues el socio o socios no asistentes no podr�an conocer fehacientemente que la Junta ha sido convocada en forma debida, debiendo acudir a otros medios si quieren impugnar los acuerdos sociales.
En cuanto al segundo defecto, a�n reconociendo lo acertado de la calificaci�n registral y de la resoluci�n de la DG, creemos que en este caso se pudiera haber aplicado la propia doctrina de la DG sobre acuerdos o consentimientos t�citos. Si la DG ha admitido que no es necesario que conste la aceptaci�n del administrador de forma expresa en la escritura, si comparece en la misma, o si tambi�n ha admitido modificaciones de estatutos derivados de Juntas Universales, sin acuerdo expreso, no acertamos a comprender el porqu� no puede presumirse que, si las administradoras comparecen en escritura p�blica diciendo que ratifican y aceptan el cargo, no est�n impl�citamente elevando a p�blico los acuerdos sociales derivados precisamente de su nombramiento como administradoras. Obligar a esas administradoras a volver a comparecer ante notario para decir simplemente que elevan a p�blico los acuerdos adoptados, parece excesivo, sobre todo en tiempos en que de lo que se trata es de minimizar costes empresariales. Cuesti�n distinta, obviamente, hubiera sido, si la aceptaci�n se hubiera documentado en escrito con firmas legitimadas. PDF (BOE-A-2011-7906 - 6 p�gs. - 196 KB) Otros formatos
83. DEPOSITO DE CUENTAS. DESISTIMIENTO DEL RECURSO. ART�CULO 131 RH. Resoluci�n de 28 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas anuales de "Feng Export Company, SL".
Hechos: Se presenta dep�sito de cuentas en el Registro. Se suspende por un doble motivo:
1.� �Debe constar en la certificaci�n, bajo fe del certificante, que todos los administradores han firmado las cuentas. Art. 366 del Reglamento del Registro Mercantil.
2.� Las correcciones hechas en la certificaci�n y otros documentos presentados deben salvarse al final de los mismos por el propio certificante.�
Se recurre directamente ante la DG alegando que el dep�sito cumple todas las prescripciones reglamentarias. Se pide informe al registrador, el cual, en oficio posterior, hace constar que el recurrente ha desistido del recurso.
Doctrina: La DG acepta �de plano el desistimiento del recurso gubernativo interpuesto�.
Comentario: S�lo destacar que en el vistos la DG cita el art. 131 del RH, precepto que, en su redacci�n dada por el RD 1867/1998 de 4 de Septiembre, fue declarado nulo de pleno derecho por la STS de 22 de mayo de 2000, de donde resulta que, para la DG, la declaraci�n de nulidad provoca la reviviscencia del precepto en la redacci�n que ten�a antes de la reforma declarada nula por el TS. De la misma opini�n es JM Garc�a Garc�a. (JAGV)
�ste es su contenido: �Mientras no recaiga resoluci�n definitiva del recurso, los recurrentes podr�n desistir de �l mediante solicitud al Presidente o a la Direcci�n General, seg�n que uno u otra tuvieran en su poder el expediente�. (JAGV)
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87. REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. DENOMINACI�N SOCIAL Y MARCAS COMERCIALES. SU INCOMPATIBILIDAD. Resoluci�n de 5 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil central III, a inscribir una reserva de denominaci�n social. Hechos: Los hechos de esta interesante resoluci�n sobre denominaciones sociales, son los siguientes:
1�. Se solicita del RMC la denominaci�n de �Financiera Naranja�, la cual es concedida.
2�. Una vez caducado el certificado de dicha denominaci�n social, se vuelve a solicitar por la misma persona la indicada denominaci�n, la cual es denegada en base al art. 406 y 407 del RRM. En su informe el registrador basa su denegaci�n en la posible confusi�n con diversas marcas del banco ING DIRECT, las cuales hacen alusi�n a la Cuenta o Hipoteca Naranja, Fondo Naranja, Plan Naranja, etc., todos ellos marcas registradas y de utilizaci�n notoria por la entidad financiera. Por ello y en base al �principio de tutela �pro consumitore� que inspira hoy no s�lo el sistema de derecho industrial sino toda la legislaci�n registral (Ley 7/1998, de 13 de abril), impone la debida prudencia en la expedici�n de certificaciones que, eventualmente, puedan generar confusi�n (por asociaci�n indebida) entre los consumidores sobre verdadera identidad de la sociedad�.
Se recurre alegando la doctrina de los actos propios, dado que la denominaci�n fue concedida y despu�s denegada y en los diversos significados de la palabra �naranja�.
Doctrina: La DG, en una extensa, cuidada y fundamentada resoluci�n, confirma el criterio del registrador rechazando el recurso.
Lo primero que dice es que �el Registrador no est� vinculado por la calificaci�n previamente efectuada por otro Registrador ni por sus propias calificaciones anteriores pues debe prevalecer en todo caso la mayor garant�a de acierto en la aplicaci�n del principio de legalidad en la calificaci�n por razones de seguridad jur�dica y del tr�fico, y sin perjuicio de la necesidad en tales casos de un plus de motivaci�n�.
A continuaci�n, ponderando la dificultad que ofrece la materia de denominaciones sociales y marcas, viene a decir que �La Ley 17/2001(de Marcas) ya ofrece base legal para imponer ciertos l�mites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusi�n en el tr�fico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales,� cuando se dan supuestos de identidad, similitud o confusi�n�.
As� seg�n el art�culo 9.1 d) de la Ley, no pueden registrarse como marcas, sin la debida autorizaci�n, �la denominaci�n social de una persona jur�dica�.
De forma correlativa no podr�n reservarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos o marcas notorios o renombrados, estableciendo como causa de extinci�n de la sociedad, por violaci�n del derecho de marca, si la sentencia por violaci�n del derecho de marca impusiera el cambio de denominaci�n social y �ste no se efectuara en el plazo de un a�o, �la sociedad quedar� disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelaci�n�.
A�ade a continuaci�n que �es evidente que induce a confusi�n con la sociedad �ING Direct� que utiliza notoriamente como marca distintiva el adjetivo �Naranja� en la mayor parte de sus productos� y concluye que al ser la palabra �financiera� un t�rmino gen�rico �no supone un dato identificativo suficientemente relevante� y por ello la constituci�n de una sociedad con aquella denominaci�n podr�a inducir a error a terceros con grave perjuicio para los mismos, y en consecuencia, para el tr�fico mercantil, pues podr�a generar la apariencia de que dicha sociedad forma parte de un grupo, o est� vinculada a la mencionada entidad. No es tanto el vocablo �Naranja� el que es objeto de rechazo, vocablo que figura en muchas denominaciones sociales, sino la expresi�n �Financiera Naranja�, por inducir a confusi�n en el mercado�.
Comentario: Fundamentada resoluci�n que entra de lleno en la espinosa cuesti�n de las denominaciones sociales y las marcas o signos distintivos de las empresas. Su doctrina es clara y de ella s�lo queremos destacar que la calificaci�n en esta materia no se agota en el RMC y que si la denominaci�n discutida hubiera pasado el filtro de dicho registro, como lo hizo con la primera solicitud, es al notario y sobre todo al registrador mercantil provincial al que le corresponde la calificaci�n de si la denominaci�n es o no admisible seg�n la legislaci�n antes rese�ada, y si infringe dicha legislaci�n, o la denominaci�n adoptada induce a confusi�n en el mercado, debe denegar de plano la inscripci�n de la sociedad. (JAGV)
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88. DEPOSITO DE CUENTAS Y MODELOS OFICIALES. Resoluci�n de 4 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de �J.T. Ortu�o Arquitectos, SLP Unipersonal�.
Hechos: Se solicita el dep�sito de cuentas del ejercicio 2009 de una sociedad.
Se califica con la siguiente nota:
�Las cuentas presentadas no se ajustan a los nuevos modelos aprobados mediante
Resoluci�n de 6 de abril de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos de presentaci�n de las cuentas aprobados por la Orden JUS/206/2009 de 28 de enero. ��BOE�� n�m. 84, de 7 de abril de 2010.�
Se recurre alegando que la utilizaci�n de dichos modelos, por la fecha de su aprobaci�n, implicar�a la modificaci�n y reformulaci�n de las cuentas anuales formuladas y por ello s�lo deben ser obligatorios para las que se formulen a partir de dicha fecha ya que la Orden no debe tener efecto retroactivo.
Doctrina: La DG confirma la calificaci�n del registrador pues los modelos de cuentas aprobados por la propia DG �tienen car�cter imperativo para las empresas�. No es adem�s inconveniente la fecha de su aprobaci�n y publicaci�n pues las cuentas deben formularse �conforme a las normas y criterios determinados en el Plan General de Contabilidad, que establece una estructura de documentos contables que en absoluto ha sido alterada por dicha resoluci�n. Y, a mayor abundamiento, el momento en el que puede conocerse cu�les son las cuentas anuales de la sociedad no es el de su formulaci�n, sino el de su aprobaci�n por la Junta General o por los socios, que es adem�s el �rgano competente para decidir la aplicaci�n del resultado del ejercicio econ�mico, de acuerdo con el balance aprobado�.
Comentario: La DG, reiterando su doctrina ya establecida en m�ltiples resoluciones, determina que los modelos publicados en el BOE y de suministro en los RM y en la web del MJ y del ICAC, son totalmente obligatorios para conseguir el dep�sito de cuentas de una sociedad en el RM. (JAGV)
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89. DEPOSITO DE CUENTAS Y MODELOS OFICIALES. Resoluci�n de 7 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de "Tener�a Alicantina, SL". Su contenido es id�ntico al de la resoluci�n resumida bajo el n�mero 88. (JAGV)
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90 DEPOSITO DE CUENTAS Y MODELOS OFICIALES. Resoluci�n de 8 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de "Santa Mar�a Urbana, SL". Su contenido es id�ntico al de la resoluci�n resumida bajo el n�mero 88. (JAGV)
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91. DEPOSITO DE CUENTAS Y MODELOS OFICIALES. Resoluci�n de 9 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de "Sayper Construcciones y Obras, SL".
Su contenido es id�ntico al de la resoluci�n resumida bajo el n�mero 88. (JAGV)
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92. DEPOSITO DE CUENTAS Y MODELOS OFICIALES. Resoluci�n de 21 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de "Acabados Juvipiel, SL". Su contenido es id�ntico al de la resoluci�n resumida bajo el n�mero 88. (JAGV)
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93. DEPOSITO DE CUENTAS Y MODELOS OFICIALES. Resoluci�n de 21 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de "Acabados Monovar, SL". Su contenido es id�ntico al de la resoluci�n resumida bajo el n�mero 88. (JAGV)
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94. RECURSO EN PLAZO. DEPOSITO DE CUENTAS Y MODELOS OFICIALES. Resoluci�n de 22 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de "Boxcapiel, SL". Su contenido es casi id�ntico al de la resoluci�n resumida bajo el n�mero 88. (JAGV)
S�lo existe como diferencia la de que, alegando la registradora calificante que el recurso es extempor�neo, la DG rechaza dicha alegaci�n, por no constar �en el expediente remitido a este Centro Directivo copia de la recepci�n por el interesado de la notificaci�n efectuada por el Registro�. Ello nos debe llevar a ser sumamente cuidadosos en el archivo de todas las comunicaciones efectuadas y acuses de recibo aceptados con motivo de calificaciones emitidas.
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95. DEPOSITO DE CUENTAS Y MODELOS OFICIALES. Resoluci�n de 23 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de "Nou Santa Pola, SA". Su contenido es id�ntico al de la resoluci�n resumida bajo el n�mero 88. (JAGV)
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*96. CONSTITUCI�N DE SOCIEDAD LIMITADA: JUICIO DE SUFICIENCIA. OBJETO SOCIAL PROFESIONAL. Resoluci�n de 5 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, contra la negativa del registrador mercantil XI de Madrid a inscribir una escritura de constituci�n de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: Se trata de una escritura de constituci�n de sociedad limitada en la que concurren los siguientes elementos definidores en relaci�n al recurso:
1�. Uno de los socios es representado por otro y el notario, al hacer el juicio de suficiencia, se limita a decir que est� facultado suficientemente para la constituci�n de la sociedad. Literalmente �para el otorgamiento de esta escritura de constituci�n de sociedad de responsabilidad limitada, en los t�rminos que expresa la misma�.
2�. En el objeto, y como una de las actividades de la sociedad, se incluye el �asesoramiento jur�dico� sin especificar que la sociedad s�lo ser� mediadora respecto de dicha actividad.
Dicha escritura es objeto de calificaci�n negativa con los dos siguientes defectos:
1�. No se hace una somera rese�a de las facultades del poder lo que impide la calificaci�n del registrador. Art. 98 Ley 24/2001. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de mayo de 2009 (BOE 10-8-2010).
2�. Dado que el asesoramiento jur�dico es una actividad profesional, debe especificarse que dicha actividad ser� de mediaci�n.
El notario interpone recurso y, respecto del primer defecto, dice que lo esencial estriba en �determinar cu�les son los particulares del documento representativo que deben incorporarse para facilitar la funci�n calificadora�. Para apoyar su postura cita toda la serie de resoluciones de la DG sobre el art. 98, junto con las sentencias que las avalan, concluyendo la cita con la resoluci�n de la DGRN de
2-12-2010 seg�n la cual �el juicio de suficiencia es gen�rico cuando no se especifica el acto jur�dico para el que se emite y por tanto el Registrador no puede calificar la congruencia de dicho juicio con el acto jur�dico contenido en la escritura, de lo que se deduce a sensu contrario la suficiencia de la menci�n efectuada por el Notario cuando se produce dicha especificaci�n como ocurre en este acto�.
Respecto del segundo defecto cita la doctrina de la Resoluci�n de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado de 21 de diciembre de 2007, a�adiendo que, a mayor abundamiento, �el art�culo 2� de los Estatutos especifica que la sociedad no ejercitar� la actividad profesional �asesoramiento jur�dico� en nombre propio como una sociedad profesional sino que dicha actividad la realizar� �a trav�s de sus miembros��
Respecto del primero, y aunque es cuesti�n ampl�simamente tratada en diversas resoluciones, reitera que el registrador �deber� calificar que se ha practicado la rese�a de modo adecuado y que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de �ste congruente con el acto o negocio jur�dico documentado�. A�ade, para concretar m�s su opini�n que �este juicio notarial debe ser expresado, no de forma gen�rica o abstracta, sino necesariamente concretado al �acto o negocio jur�dico al que el instrumento se refiera�. S�lo de este modo ser� posible verificar la necesaria congruencia entre el juicio notarial de suficiencia y el contenido del t�tulo que demanda el art�culo 98.2 de la Ley 24/2001.
Por ello a�ade que, dado que la escritura calificada expresa que el apoderado tiene facultades suficientes a su juicio �para el otorgamiento de esta escritura de constituci�n de sociedad de responsabilidad limitada, en los t�rminos que expresa la misma�, dicho �juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jur�dico documentado en dicho t�tulo y con el mismo contenido de �ste�
Determina adem�s que �el Notario no tiene por qu� especificar cu�les son esas facultades representativas contenidas en la escritura de apoderamiento que considera suficientes� y que �dicho criterio no puede quedar menoscabado por el hecho de que exista determinada Sentencia, como la que cita en su calificaci�n el Registrador, de la Audiencia Provincial de Madrid, Secci�n 10.�, de 13 de mayo de 2009. Y es que dicha Sentencia� resulta contradicha por otras, entre ellas algunas m�s recientes de la misma Audiencia Provincial de Madrid�. Respecto del segundo defecto relativo al objeto profesional en una sociedad no profesional, reiterando su doctrina de la resoluci�n de
21 de Diciembre de 2007, dice que �no hay sociedad profesional sin socios profesionales que realicen su actividad para la misma�. Por ello, a�ade, que �puede concluirse que la mera inclusi�n en el objeto social de actividades profesionales, faltando los dem�s requisitos o presupuestos tipol�gicos imprescindibles de la figura societaria profesional, no puede ser considerada como obstativa de la inscripci�n (cfr., por ejemplo, la referencia a �actividades profesionales� admitida en el art�culo 2.4 de los Estatutos�tipo aprobados por la
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre).
Adem�s, entrando en el examen de normas espec�ficamente aplicables a la profesi�n de abogado, determina que la actividad de �asesoramiento jur�dico, para la que, gen�ricamente considerada, no se exige la titulaci�n o colegiaci�n espec�ficamente contemplada por la Ley� debe entenderse sin perjuicio de que �determinado asesoramiento jur�dico est� legalmente reservado a profesiones colegiadas (Cfr. el art�culo 1.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, sobre la necesidad de obtenci�n del t�tulo profesional de Abogado �� para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominaci�n de abogado�). Pero no teniendo como objeto la sociedad constituida el asesoramiento jur�dico como abogado, en ejercicio colectivo de dicha profesi�n, ning�n reparo puede oponerse a la f�rmula empleada en el presente caso�. Por ello �no podr� el Registrador exigir una manifestaci�n expresa sobre el car�cter de intermediaci�n de la actividad social, que la Ley no impone� sin perjuicio de reconocer �la utilidad y conveniencia de especificaciones como la exigida por el Registrador (no su car�cter imprescindible, a falta de una norma que lo establezca expresamente o de la que necesariamente se derive)
Comentario: Los dos problemas de que se trata esta resoluci�n son simple reiteraci�n de la propia doctrina de la DG. En un caso de m�ltiples resoluciones y en otro de una �nica resoluci�n del a�o 2007, citada por el notario en su recurso.
En materia de juicio de suficiencia parece que lo b�sico para la DG es que el juicio de suficiencia no sea gen�rico sino espec�fico para el acto o negocio contenido en la escritura. Lo que ocurre que, si bien espec�fico, la generalidad de su expresi�n, al menos en el caso de constituci�n de sociedad, aunque no en el del recurso, puede no incluir otros actos jur�dicos asociados a dicha constituci�n como ser�a una aportaci�n de bienes inmuebles o la misma
aprobaci�n de los estatutos sociales o el nombramiento de administrador. Es decir, que si una persona da poder a otra para constituir simplemente una sociedad concreta, dicho poder, en su interpretaci�n estricta, no debe servir para aportar todo el patrimonio del poderdante a la sociedad, para aprobar unos estatutos cuyo contenido puede ser desconocido para el poderdante o para nombrar determinado administrador. Normalmente los poderes que se dan para constituir sociedades suelen estar formulados en forma amplia, incluyendo estas facultades, pero para que exista real congruencia entre la rese�a notarial y la escritura otorgada y el registrador pueda calificar esa congruencia, no parece que sea suficiente con decir que el apoderado est� facultado para constituir la sociedad, sino que en
buena t�cnica notarial y jur�dica, deber�a incluir tambi�n un juicio de suficiencia sobre dichos extremos. No obstante dado que es un tema ampliamente tratado, con opiniones para todos los gustos y con claras resoluciones de la DG sobre la materia, no insistimos m�s en ello, reconociendo, no obstante, que, la f�rmula empleada en la escritura calificada era comprensiva de todos los aspectos relacionados con la concreta constituci�n de la sociedad de que se trataba.
El segundo defecto rechazado, trata, como ya hemos apuntado, sobre el objeto profesional en sociedades no profesionales. A este respecto es interesante rese�ar que la RDGRN de 21 de Diciembre de 2007, que consideraba que si no se dec�a nada en una sociedad con objeto profesional, es que la misma era mediadora y que es base del recurso notarial y de la propia resoluci�n actual, fue anulada por la sentencia de la audiencia de Valencia de 29 de Abril de 2009, de la que desconocemos si es o no firme.
El problema es un problema vidrioso y de muy dif�cil soluci�n. A�n admitiendo los l�gicos razonamientos de la DG, no s�lo para el caso contemplado, sino con vistas a una generalizaci�n de su doctrina a casos similares, es lo cierto que el deslinde de las sociedades propiamente profesionales y de las de medios o intermediadoras deber�a hacerse con m�s claridad y ello en aras de una mayor seguridad jur�dica en evitaci�n de un intrusismo que pueda ser perjudicial para los usuarios de los servicios de dichas sociedades.
A este respecto no tenemos m�s remedio que traer a colaci�n, por si fuera de inter�s tanto para notarios como para registradores, una serie de concreciones efectuadas en una muy interesante sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria de 18 de Enero de 2011, en la que se abord�, de forma muy profunda y, a mi juicio acertada, el problema que planteaba la DT 1� n� 3 de la Ley 2/2007 en cuanto decretaba, por transcurso del plazo de 18 meses desde su entrada en vigor, la disoluci�n de pleno derecho de todas las sociedades profesionales existentes a dicha fecha que no se hubieran adaptado a sus preceptos.
Esta sentencia, para clarificar lo que es una sociedad profesional, se�alaba como caracter�sticas de las llamadas sociedades de medios, las siguientes:
a. Si el objeto es claramente profesional la sociedad no ser� de medios. Es decir para que se trate de una sociedad de medios debe ello quedar claro en el objeto de la sociedad.
b. La denominaci�n que se de a la sociedad no debe incidir en actividades profesionales.
c. Normalmente las sociedades de medios no son multidisciplinares.
d. No tienen un �nimo de lucro inmediato.
e. Suelen tener un reglamento interno de uso de los medios de la sociedad.
f. Lo normal es que las sociedades de medios sean internas.
g. Para estas sociedades de medios la figura jur�dica adecuada es la AIE.
Al propio tiempo esta sentencia fija tambi�n las notas caracter�sticas de las llamadas sociedades de intermediaci�n y que son las siguientes:
a. En el mismo sentido que para la sociedad de medios, si se trata de sociedad de intermediaci�n se debe reflejar as� en el objeto de la sociedad.
b. En el caso de la RDGRN de 21 de Diciembre de 2007, si es funci�n del fedatario la adecuaci�n de la voluntad de las partes a la naturaleza del negocio jur�dico celebrado y se silencia en la escritura y en el objeto que la sociedad es de intermediaci�n, la presunci�n debe estar a favor de que la sociedad sea profesional.
c. De igual forma la denominaci�n de una sociedad de intermediaci�n no debe reflejar ninguna actividad propiamente profesional.
d. Tambi�n ser�a normal que las de intermediaci�n tengan un reglamento interior que regule la forma en que van a desarrollar esa actividad mediadora.
e. Parte de la doctrina duda que las sociedades de intermediaci�n existan realmente en la pr�ctica y ello pese a que la doctrina de la DGRN, nos lleve a pensar que las sociedades de intermediaci�n nos rodean por todas partes.
f. Estas sociedades de intermediaci�n, como dice la doctrina, son un artificio constructivo ideado por jurisprudencia registral en una �poca en la que no eran posibles las sociedades profesionales estrictu sensu.
g. El hecho de que el servicio sea prestado por profesionales personas f�sicas, en nada desvirt�a las afirmaciones anteriores, pues ser�a realmente grotesco creer que la sociedad presta materialmente sus servicios.
h. Finalmente el hecho de que la sociedad no haya sido disuelta registralmente y cancelados sus asientos,
en nada contradice lo dicho pues las cancelaciones no se han producido por dificultades operativas al carecer el registrador de informaci�n suficiente sobre la verdadera naturaleza de la sociedad. Como vemos la sentencia que comentamos se inclina por la claridad en la constituci�n, tanto de las sociedades de medios como en las de intermediaci�n, de forma que, si no se dice expresamente nada sobre ello, la presunci�n debe estar a favor de la sociedad profesional, siempre que, como ahora veremos, su objeto sea lo suficientemente claro a este respecto.
Pese a todos estos argumentos debemos tambi�n recoger una interesante afirmaci�n de la sentencia que comentamos y es que el asesoramiento como tal, no est� reservado a ninguna categor�a de profesionales. Es decir que el hecho de asesorar en cualquier materia susceptible de ello, no quiere decir que estemos ante una sociedad profesional pues, sin pecar de intrusismo, todos podemos asesorar diariamente en las m�s variadas materias sin necesidad de estar titulados en ellas. Por tanto el asesoramiento jur�dico puede ser hecho por un estudiante de derecho que todav�a no est� licenciado, por un estudioso del fen�meno jur�dico, o por una persona aficionada al derecho y con capacidad y sentido pr�ctico y com�n para adivinar los problemas o intenciones que existen detr�s de las conductas humanas. Lo mismo podemos decir del asesoramiento contable, o fiscal, o incluso m�dico o puramente pr�ctico de mediciones o c�lculo de estructura o resistencia de materiales. Esta afirmaci�n est� en la misma l�nea que la de la DGRN en el caso contemplado de la resoluci�n sobre asesoramiento jur�dico. Aunque para asesoramientos muy t�cnicos alguna sentencia del TS reconoce que su realizaci�n debe estar reservada a los profesionales de que se trate. Por ello, como conclusi�n, cuando el objeto no sea lo suficientemente claro en cuanto a la actividad profesional a realizar por la sociedad, es decir se trate, como sucede en la mayor�a de los supuestos, de objetos difusos que s�lo tangencialmente rozan con la actividad de los profesionales, el criterio, a la vista de las resoluciones de la DG, e incluso del modelo de estatutos de la sociedad �express�, debe ser el calificar positivamente la escritura de constituci�n de dichas sociedades, sin perjuicio de que si entran en una actividad profesional, tal y como se define en la Ley 2/2007, se le puedan exigir responsabilidades a sus administradores por los posibles perjudicados. JAGV.
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*97. CONSTITUCI�N DE SOCIEDAD EXPRESS. CERTIFICACI�N DE DENOMINACI�N EN PAPEL. ESTATUTOS: NO ES POSIBLE SU INCLUSI�N EN LA ESCRITURA POR REMISI�N A LA ORDEN QUE LOS APRUEBA. Resoluci�n de 18 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de Jijona, contra la negativa del registrador mercantil II de Alicante a inscribir la escritura de constituci�n de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: Se trata de una sociedad acogida al art. 5.2 del RDL 13/2010, en la cual el notario se limita a decir que, �se regir� por los Estatutos aprobados por la Orden JUS/3185/2010, de 3 de diciembre,�� especificando en la propia escritura las variables de objeto, capital, etc., incluyendo tambi�n que el cargo de administrador ser�a gratuito, y adem�s con la circunstancia a�adida de que la certificaci�n de denominaci�n social fue expedida en papel casi tres meses antes del otorgamiento de la escritura.
Se suspende la inscripci�n por
no incorporar la escritura los estatutos sociales y, al propio tiempo, en el acuerdo calificatorio se contiene la advertencia de que dado que la certificaci�n es expedida en papel y adem�s extempor�nea, no procede la aplicaci�n del art. 5.2 del RDL 13/2010. Es decir no procede la aplicaci�n del plazo de calificaci�n e inscripci�n.
Se recurre por la autorizante alegando que los estatutos, al estar aprobados por Orden Ministerial gozan de total publicidad, adem�s de que dicha t�cnica de remisi�n a preceptos legales es aplicada por otros preceptos del RN y, en cuanto a la advertencia, se limita a constatar que efectivamente no se han cumplido los plazos prescritos.
Doctrina: La DG confirma el defecto y rechaza la advertencia.
1. En cuanto a la �ltima, reiterando su doctrina de las resoluciones de
26 de enero y
23 de marzo de este a�o, curiosamente no citadas en el vistos, rechaza el criterio expresado por el Registrador, pues �la reducci�n de costes prevista en los apartados uno y dos del art�culo 5 del Real Decreto-Ley 13/2010
no se aplicar� cuando falte alguno de los presupuestos que, respectivamente, se exigen relativos al tipo societario, a la composici�n subjetiva, al capital social, al sistema de administraci�n y �en su caso� adaptaci�n de estatutos a alguno de los aprobados por el Ministerio de Justicia�, pero s� cuando se trata de alg�n incumplimiento de otros aspectos regulados en el RDL citado.
2. En cambio confirma el criterio del registrador en lo relativo a la necesidad de que la escritura incorpore los estatutos, aunque se trata del modelo aprobado por el MJ. As� dice que �una de las menciones esenciales de la escritura de constituci�n de toda sociedad de responsabilidad limitada est� constituida, precisamente, por los Estatutos Sociales, como normas de organizaci�n societaria corporativa�. A�ade que el hecho de que no sea necesario reproducir en los estatutos normas legales cuando los estatutos se remiten a ellas, no quiere decir �que los socios fundadores queden exonerados de la obligaci�n de incluir en la escritura de constituci�n esas menciones estatutarias �necesarias unas y, en su caso, potestativas otras�.
�Adem�s, debe entenderse que los referidos modelos no s�lo pueden ser completados en algunos aspectos, sino que en otros extremos es imprescindible su concreto detalle (como el relativo al n�mero exacto de administradores solidarios o el concreto n�mero m�ximo y el m�nimo de ellos�.
Concluye afirmado que los estatutos son �materia sobre la que ha de recaer el consentimiento de los socios fundadores�, (�) debiendo evitarse que �por temeraria simplificaci�n de la t�cnica notarial, se quebrante el esquema conceptual del instrumento y pierda �ste su fuerza, y aun su raz�n de ser�.
Comentario: Conocida es la doctrina de la DG sobre la interpretaci�n del art. 5 del RDL 13/2010. La compartamos o no, en su integridad o parcialmente, mientras la misma no sea dejada sin efecto por una sentencia firme de la jurisdicci�n ordinaria, a ella habr� de atenerse. Parece claro y evidente que determinados incumplimiento de plazos no pueden ni deben afectar a la obtenci�n de los beneficios establecidos en el RDL. Cuesti�n distinta es la relativa a la
certificaci�n en formato papel. Quiz�s cuando esta certificaci�n, seg�n lo previsto en el propio RDL, se pueda conseguir por los particulares de forma telem�tica, sea el momento de cambiar la doctrina e ir a una constituci�n puramente telem�tica que parece lo querido por el legislador. T�ngase en cuenta, a este respecto, la modificaci�n que la Ley de Econom�a Sostenible, de la cual el RDL es un derivado, hace en el TR de la Ley de Fondos de Pensiones al introducir su art. 11 bis seg�n el cual �el notario autorizante de la escritura de constituci�n o de cambio de denominaci�n del fondo solicitar� telem�ticamente al Registro Mercantil Central el certificado negativo de denominaci�n, salvo petici�n expresa en contrario de las partes intervinientes en cuyo caso ser� la entidad gestora quien lo solicite en modo telem�tico con firma electr�nica. Recibida la solicitud, el Registro Mercantil Central expedir� tambi�n telem�ticamente la certificaci�n negativa o, en su caso, indicar� la imposibilidad de su emisi�n�. Como vemos en este precepto la �nica forma de conseguir el certificado es la telem�tica, sea el notario o el interesado el solicitante, aunque se da un plazo de seis meses para que el sistema puramente telem�tico entre en producci�n.
No obstante lo dicho la
Instrucci�n de la DG de 18 de mayo de 2011, soluciona, de forma aut�ntica, ambos problemas, pues de dicha Instrucci�n resulta claramente la admisibilidad de la certificaci�n en papel y la no influencia del cumplimiento de plazos por los interesados o el notario a los efectos de que la constituci�n de una sociedad se pueda acoger a la totalidad de los beneficios del art. 5 del RDL.
En cuanto al defecto relativo a los estatutos es claro y la DG, con maestr�a, traza los l�mites admisibles en la remisi�n a textos legales, diferenciado perfectamente lo que es admisible y lo que no puede ser admitido en ning�n caso, y en este supuesto debemos incluir los modelos de estatutos, pues, sobre ellos, debe recaer de forma expresa el consentimiento de las partes, y quedar incorporados en texto a la escritura, pues, nunca debe perderse de vista que los estatutos no s�lo tienen un aspecto normativo sino tambi�n explicativo para los socios del funcionamiento de la sociedad. Por otra parte, y como muy bien apunta la DG, si se sigue este camino se puede llegar a la banalizaci�n del documento p�blico con los peligros que ello lleva consigo. Apuntemos finalmente que la DG parece admitir en su resoluci�n que el modelo de estatutos pueda ser completado en algunos extremos. Creemos que ello s�lo puede referirse, como hace la Instrucci�n antes citada, al objeto de la sociedad, a la determinaci�n del n�mero de administradores solidarios y a la especificaci�n de si el cargo de administrador es gratuito o retribuido, pues, si se pudieran completar en puntos distintos a los se�alados, es evidente que el modelo dejar�a de ser tal modelo.
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*98. CONVOCATORIA DE JUNTA POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA P�GINA WEB. Resoluci�n de 21 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Majadahonda, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Madrid a inscribir determinada disposici�n estatutaria contenida en la escritura de constituci�n de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: El �nico problema que plantea esta resoluci�n es el relativo a si es posible que los estatutos de una sociedad limitada, conforme al nuevo art.
173.2 de la LSC, dispongan que la Junta general ��ser� convocada mediante anuncio publicado en la p�gina web de la sociedad o, en el caso de que no exista, por el procedimiento de comunicaci�n, individual y escrita de burofax con acuse de recibo, en el domicilio designado al efecto por los socios o en el que conste en el libro registro de socios�.
El registrador considera que ello no es posible y, en virtud de la inscripci�n parcial solicitada, elimina de los estatutos la convocatoria por web �por no ser alternativa al procedimiento de comunicaci�n individual y escrita y porque ante la falta de certeza de su existencia no puede quedar como �nico medio de convocar la junta�.
Recurre el notario sobre la base de que la f�rmula sobre la convocatoria de las juntas establecida cumple escrupulosamente el apartado 2 del art�culo 173 de la Ley de Sociedades de Capital. Doctrina: La DG rechaza el defecto en base a una doble raz�n:
- Una, que la modificaci�n legal va dirigida a la disminuci�n de los costes en actos frecuentes de su vida societaria, mediante la reducci�n de obligaciones de publicidad de actos societarios en peri�dicos, y - Dos, que no se configuran dichas formas como alternativas sino como supletoria una de otra. Es decir la convocatoria en la web ser� lo normal y la otra forma, el burofax, s�lo se podr� utilizar cuando la web no exista.
Comentario: Sin perjuicio de un examen m�s amplio y detallado sobre los m�ltiples problemas que plantean y van a plantear las convocatorias por medio de la web de la sociedad, cuya principal dificultad estriba, no en su admisibilidad, sino en su forma de acreditaci�n fehaciente, parece razonable, sin perjuicio de existencia de opiniones discrepantes, que cuando se establezca en estatutos una remisi�n al art. 173 de la LSC o se transcriba el mismo, estableciendo incluso un concreto sistema, como debe ser, para cuando no exista web social, dicho art�culo estatutario debe ser objeto de inscripci�n. La DG, en su Instrucci�n de la DG de 18 de mayo de 2011, establece y fija los requisitos para que las sociedades puedan utilizar la web como forma de convocatoria. Sin embargo nada dice sobre la forma de acreditar que se ha realizado dicha convocatoria si se utiliza la web social y tampoco dice nada sobre c�mo se acreditar� que dicha web se ha notificado a todos los socios si en la hoja de la sociedad no consta web alguna a estos efectos. Por ello, pese al avance que en este punto ha supuesto la Instrucci�n citada, son todav�a muchos los puntos oscuros que suscita dicha posibilidad. Quiz�s, en una futura reforma del RRM, deber�a regularse detalladamente, tanto la constancia en el RM de la web de la sociedad, como la forma de su acreditaci�n a los efectos de practicar la inscripci�n en el registro, teniendo en cuenta que dicha acreditaci�n no s�lo puede tener efectos registrales, sino tambi�n jurisdiccionales en caso de que se plantearan impugnaciones de acuerdos sociales por falta de convocatoria. �Menudo problema para el administrador que tenga que acreditarlo ante un Juez!
Instrucci�n de 18 de mayo de 2011 y su rectificaci�n.
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Otros formatos *99. LIQUIDACI�N Y EXTINCI�N DE SOCIEDAD: ES POSIBLE SI EXISTE UN �NICO ACREEDOR AL QUE NO SE LE PUEDE HACER EFECTIVO SU CR�DITO. Resoluci�n de 29 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Ocean Cosmetics, SL, en liquidaci�n, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles I de Zaragoza a inscribir una escritura de extinci�n de dicha entidad.
Hechos: Se trata de una escritura de liquidaci�n, extinci�n y solicitud de cierre de la hoja registral de una sociedad limitada en la que se manifiesta por el liquidador que �existe un solo acreedor, (�) al que no se le ha pagado ni asegurado su cr�dito por encontrarse la sociedad en estado de insolvencia total y definitiva, sin activo social alguno, seg�n se acredita con el balance final de liquidaci�n�. A�ade que �no se ha solicitado procedimiento concursal judicial por ser conforme a derecho que la pluralidad de acreedores es presupuesto necesario para la existencia de tal procedimiento�. Y se alega la Resoluci�n de
13 de abril de 2000.
El registrador, en una extensa y razonada nota de calificaci�n, deniega la inscripci�n por entender �que el procedimiento legal previsto para la extinci�n de la sociedad cuando no hay haber social con el que satisfacer a los acreedores es el concurso de acreedores�.
En cuanto a la Resoluci�n citada en la escritura, entiende �que no es de aplicaci�n, en tanto que es previa a la entrada en vigor de la Ley Concursal�.
En definitiva para el registrador calificante el concurso de acreedores est� configurado en su regulaci�n legal actual, no s�lo como un procedimiento de reparto del haber social entre los acreedores, sino tambi�n como un procedimiento alternativo de extinci�n de la sociedad en el Registro Mercantil.
Se recurre por el interesado, el cual, tambi�n en un extenso y fundamentado recurso, expone que �lo que se pretende es la extinci�n y cancelaci�n de los asientos registrales de una sociedad que ha cumplido todas y cada una de las obligaciones exigidas en la Ley, que se encuentra en la situaci�n de existencia de un �nico acreedor y de inexistencia de bienes y derechos, que la sit�a en una posici�n de insolvencia total para hacer frente al pago del �nico acreedor, as� como a la consignaci�n o aseguramiento de su cr�dito�. A�ade que no es posible el concurso de un �nico acreedor seg�n reiterada doctrina jurisprudencial, que cita, existiendo tambi�n estudios doctrinales en los que muy detalladamente se analiza la imposibilidad, en el marco de la vigente Ley Concursal, de instar el concurso voluntario con acreedor �nico y en consecuencia iniciar el procedimiento previsto en la Ley Concursal para la extinci�n de sociedades en el Registro Mercantil. Concluye que �visto que en el presente supuesto no puede iniciarse el procedimiento concursal para la extinci�n judicial de la sociedad por no concurrir el presupuesto necesario de pluralidad de acreedores, se trata del mismo supuesto de hecho que en el del expediente que dio lugar a la Resoluci�n de
13 de abril de 2000 y que la no inscripci�n de la escritura de liquidaci�n y extinci�n de �Ocean Cosmetics S.L.�, llevar�a a la incongruencia de mantener viva una sociedad fantasma�, a�adiendo que en caso de existencia de un �nico acreedor su protecci�n se asegura mediante la ejecuci�n singular frente al deudor, con base en el principio de responsabilidad patrimonial universal derivado del art�culo 1911 del C�digo Civil, con posibilidad de ejercitar las acciones previstas en este C�digo para los actos realizados en fraude de acreedores (art�culo 1291-3.�) o por medio de la acci�n revocatoria o pauliana (art�culo 1111).
Doctrina: La DG, centrando el problema en �si para practicar la cancelaci�n de la hoja registral de una sociedad de responsabilidad limitada que, seg�n consta en la escritura de liquidaci�n, tiene un solo acreedor y carece de activo social alguno, es o no necesaria una resoluci�n judicial que as� lo disponga en el correspondiente procedimiento concursal� revoca la calificaci�n registral sobre la base de los siguientes argumentos:
1�.Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se declare a un deudor en situaci�n concursal, la mayor�a de los comentaristas infieren la existencia de tal presupuesto no s�lo de la propia Exposici�n de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa pluralidad de acreedores.
2�.En el �mbito estrictamente registral no existe norma alguna que supedite la cancelaci�n de los asientos registrales de una sociedad de capital que carezca de activo social a la previa declaraci�n de concurso.
3�. Si bien es cierto que �el reparto del haber social entre los socios requiere inexcusablemente la previa satisfacci�n de los acreedores sociales �o la consignaci�n o el dep�sito del importe de la obligaci�n pendiente e, incluso, su aseguramiento o afianzamiento, seg�n los casos� (cfr. art�culos 391.2, 394.1, 395 y 396 de la Ley de Sociedades de Capital, 235 del C�digo de Comercio, y 1708 en relaci�n con el 1082, del C�digo Civil), es tambi�n cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o consignaci�n de sus cr�ditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el cumplimiento de tales obligaciones de suerte que si resulta acreditada la inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelaci�n de los asientos registrales de la sociedad�.
4�. Por otra parte, �la cancelaci�n de tales asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jur�dicas pendientes de la misma (cfr. art�culos 390.1, 391.2, 395.1, 398 y 399 de la Ley de Sociedades de Capital y 228 del C�digo de Comercio; y, por todas, la Resoluci�n de
5 de marzo de 1996)�. 5�. �La cancelaci�n de los asientos registrales de una sociedad no es sino una f�rmula de mec�nica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disoluci�n, es que se considere terminada la liquidaci�n. Por ello, no impedir� la ulterior responsabilidad de la sociedad si despu�s de formalizarse e inscribirse la escritura p�blica de extinci�n de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidaci�n (cfr. art�culo 398 de la Ley de Sociedades de Capital)�.
Comentario: Si bien, como alegaba el registrador, la resoluci�n de
13 de abril de 2000 era anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal,
era previsible que ante un problema id�ntico la DG se pronunciara en igual forma que lo hizo en el a�o 2000.
Esta doctrina supone el dar una salida a todas aquellas sociedades que contando con un �nico acreedor, carecen de activo para su pago no debiendo permanecer de forma indefinida en los libros del Registro mercantil como si todav�a estuvieran activas, aunque sea en liquidaci�n.
Compartimos la doctrina de la resoluci�n, aunque para su plena aplicabilidad quiz�s ser�a conveniente que en la pr�xima reforma del RRM, se incluyera dicha posibilidad en su articulado regulando de forma precisa los requisitos de su aplicaci�n.
A este respecto no parece muy afortunada la declaraci�n de la DG de que la cancelaci�n de asientos de una sociedad en el RM, es una f�rmula de mec�nica registral, aunque dicha expresi�n ya fue utilizada para solucionar los problemas planteados con el cierre de hoja proclamada por la DT 6�.2 de la Ley 19/1989 de 25 de Julio, pues si en el registro Mercantil existe el principio de legitimaci�n (Cfr. Art. 20 Ccom), es decir de veracidad de los asientos registrales, debe existir, aunque no se formule de forma expresa, el principio antag�nico de que
cancelado un asiento se presume extinguido el derecho a que el mismo se refiere.
En este sentido, Casado Burbano, en su magn�fico estudio sobre �Los Principios Registrales Mercantiles�, pone de relieve que si bien es admisible la doctrina de la DG relativa a que la cancelaci�n de una sociedad es una mera f�rmula de mec�nica registral, esta doctrina debe limitarse exclusivamente a los casos de disoluci�n sin liquidaci�n, es decir los supuestos ya aludidos de la DT 6.2 de la Ley 19/1989, pues en los dem�s casos s�lo puede sostenerse la persistencia de la sociedad como algo residual. A�ade este autor que por ello pueden ser admisibles los mandatos �post mortem�, aceptados por la DG para operaciones realizadas despu�s de la cancelaci�n de la sociedad, siempre que las operaciones de que se trate tengan un car�cter residual. En definitiva, si por la inscripci�n de la sociedad en el RM, adquiere su personalidad jur�dica propia, por la cancelaci�n de sus asientos en el RM, la sociedad pierde esa personalidad jur�dica que le es propia y s�lo cabr�n operaciones dentro de lo que se regula como activo o pasivo sobrevenido o como finalizaci�n de actos residuales o marginales, complementarios de otros realizados cuando la sociedad estaba en pleno funcionamiento.
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100. DEP�SITO DE CUENTAS Y TRACTO SUCESIVO Resoluci�n de 25 de marzo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas de "Policl�nica Rosaleda, Tratamiento Dental y del Pie, SPL".
Hechos: Se solicita el dep�sito de cuentas de una sociedad del ejercicio 2009.
El registrador lo suspende, de conformidad con el art.
378 del RRM por falta del dep�sito de cuentas del ejercicio 2008. Cita diversas resoluciones de la DG en dicho sentido.
Se recurre alegando que la sociedad se constituy� el 12 de diciembre de 2008 y se inscribi� el 23 de febrero de 2009. Por tanto hasta dicha fecha carec�a de personalidad jur�dica.
Doctrina: Se confirma el defecto, estableciendo la siguiente doctrina:
1�. Frente a lo que la sociedad mantiene, resulta que su primer ejercicio fue el comprendido entre el 12 de diciembre y el 31 de diciembre del 2008, tal y como se desprende de sus propios estatutos, donde se dice, que la sociedad �dar� comienzo a sus operaciones el d�a del otorgamiento de la escritura p�blica de constituci�n�.
2�. A�n cuando la sociedad no hubiera realizado actividad mercantil alguna al cierre del ejercicio 2008, subsistir�a su obligaci�n de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil competente, solo cambiar�a su contenido.
3�. Existe por tanto una obligaci�n legal incumplida que trae como consecuencia el cierre registral, debiendo subsistir dicho cierre, por disposici�n legal, mientras el incumplimiento persista.
Comentario: Resoluci�n reiterativa de doctrina ya establecida con anterioridad.
Confirma que es posible el dep�sito de cuentas a cero, es decir sin actividad. No obstante llama la atenci�n que no aluda a la otra forma de levantamiento del cierre registral por falta de dep�sito de cuentas, que es el contemplado en el art.378.5 y 378.7 del RRM, es decir la certificaci�n acreditativa de no aprobaci�n de cuentas anuales y su causa, pudiendo ser esta causa la no formulaci�n de cuentas anuales por la falta de actividad de la sociedad. Entendemos que en este caso, dada la irreversibilidad de la causa, no es necesaria su reiteraci�n cada seis meses.
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105. CERTIFICACION EXPEDIDA POR UNA SOLA ADMINISTRADORA MANCOMUNADA. REQUISITOS DE LA JUNTA UNIVERSAL. CERTIFICACI�N TRANSCRITA EN LA ESCRITURA. Resoluci�n de 7 de abril de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XI de Barcelona a inscribir una escritura de cambio de sistema de administraci�n y nombramiento de administradores mancomunados de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: Se trata de una escritura otorgada �nicamente por quien manifiesta intervenir como administradora mancomunada, nombrada mediante los acuerdos adoptados por la Junta General de una sociedad limitada a la que asistieron los dos �nicos socios. En la Junta se cesa al administrador �nico y se nombran dos mancomunados, aceptando uno solo de ellos, la compareciente. Los acuerdos se toman con el voto favorable del 90% del capital social.
Se suspende la inscripci�n por varios motivos.
1�. No se certifica del acta o libro de actas, testimonio notarial, o copia autorizada del acta notarial. 2�. No se acredita la convocatoria de la Junta General, pues aunque asisten los dos �nicos socios, no se manifiesta que la Junta sea Universal, ni consta que todos acepten por unanimidad la celebraci�n de la Junta. 3�. No consta la aceptaci�n del cargo de uno de los administradores mancomunados nombrados.
4�. No se acredita la notificaci�n fehaciente al anterior titular del cargo con facultad certificante (art.111 del citado Reglamento).
5�. La compareciente no tiene facultad por s� sola para elevar a p�blico acuerdos sociales (Art. 108 del Reglamento del Registro Mercantil).
6�. Parte expositiva, apartado I.�No se mencionan con anterioridad los socios titulares del cien por cien de las participaciones de la compa��a. (Art. 58.2 del citado Reglamento).
Se recurre alegando que si en el otorgamiento de la escritura se da cuenta de los acuerdos, es que se est� certificando de los mismos, que para que la Junta sea Universal, basta que asistan todos los socios, que en todo caso debe inscribirse el cese del anterior administrador y su nombramiento y que si eleva a p�blico es que est� facultada para ello, y finalmente que los socios son los que se manifiestan en la escritura.
Doctrina: La DG revoca los defectos primero y sexto, confirmando los restantes.
Para fundamentar su resoluci�n hace las siguientes afirmaciones:
1�. El Acta no constituye una forma
�ad substantiam� y por tanto no existe inconveniente para que, si el t�tulo inscribible es una escritura, en la misma, quien tenga facultades suficientes para ello, certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una certificaci�n en documento unido a dicho t�tulo p�blico.
2�. Es claro que la otorgante no tiene facultad por s� sola para elevar a p�blico los acuerdos sociales pues no se acredita que la administradora mancomunada compareciente est� expresamente facultada para el otorgamiento de la escritura calificada conforme al art�culo 109.1.c) del RRM.
3�.No es suficiente para que una Junta sea Universal con que asistan a la misma los �nicos socios.
4�. Para la DG est� claro que consta en la escritura quienes son los socios de la entidad.
Comentario: Junto a defectos claros, que no merece la pena detenerse en ellos, esta resoluci�n contempla dos cuestiones que es interesante resaltar:
1�. La posibilidad de que se certifique de los acuerdos sociales adoptados en la propia escritura. Es decir, no en documento separado e incorporado, sino en el cuerpo del instrumento p�blico mediante la manifestaci�n de que el compareciente o comparecientes certifican lo que sigue a continuaci�n�. No es una t�cnica muy habitual, pero s� es utilizada en algunas zonas notariales. La manifestaci�n se har�, o bien de memoria por el certificante, o sobre la base de un borrador del acta o seg�n las notas tomadas por el mismo en la celebraci�n de la Junta. Es algo inusual pero en principio no veo inconveniente en ello siempre claro est� que el compareciente o comparecientes tengan facultades certificantes. Es su responsabilidad. Obviamente dicha certificaci�n deber� ser transcrita en el Libro de Actas debiendo el notario hacer las oportunas advertencias, pero que si no las hace tampoco debe ser defecto que impida la inscripci�n. Es un caso similar a cuando reunidos, los que dicen ser los �nicos socios, comparecen ante el notario y toman determinados acuerdos.
2�. La segunda cuesti�n interesante es la confirmaci�n de que para que la Junta sea Universal no basta con que asistan los �nicos socios que representen la totalidad del capital social. Es preciso, en todo caso, que los reunidos acepten la celebraci�n de la Junta y est�n conformes con el orden del d�a de la misma. A efectos de inscripci�n yo a�adir�a un requisito que tambi�n me parece de una gran trascendencia: La
constancia, en este caso en la escritura, pero en todos los dem�s casos en la certificaci�n, de que todos los socios han firmado la lista de asistentes (Cfr. Art. 112 del RRM. Sin este requisito, que puede expresarse de m�ltiples formas, no debe ser inscrito ning�n acuerdo que conste en supuesta Junta Universal.
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N� de consulta: V1091-11.
Fecha: 29/04/2011.
Materia: � Tributaci�n de la disoluci�n de las sociedades patrimoniales en las que se adjudica a un socio persona f�sica un inmueble gravado con hipoteca asumiendo �ste la deuda hipotecaria que deja pendiente la sociedad patrimonial al desaparecer.�
Las conclusiones de la Direcci�n General de Tributos son las siguientes: �Primera: La disoluci�n de sociedades patrimoniales al amparo de lo dispuesto en la disposici�n transitoria vig�sima cuarta del TRLIS estar� sujeta a la modalidad de operaciones societarias del ITPAJD, pero exenta, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la citada disposici�n.
Segunda: Siempre que las adjudicaciones a los socios guarden la debida proporci�n con sus cuotas de participaci�n social, en la disoluci�n de una sociedad con adjudicaci�n a los socios de los bienes y las deudas que recaen sobre ellos, solamente se da una convenci�n, disoluci�n de la sociedad y la base imponible del ITPAJD ser� el valor de los bienes que se adjudiquen, sin deducir los gastos y deudas que recaen sobre los mismos.
Tercera: Por el contrario, la adjudicaci�n de bienes y derechos a los socios por un valor superior al que corresponda a su participaci�n estar� sujeto a dos convenciones, a operaciones societarias y a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, por el hecho imponible de exceso de adjudicaci�n en los t�rminos establecidos en el art�culo 7.2.B) del TRLITPAJD.�
Si el bien adjudicado es indivisible o desmereciese mucho por la divisi�n no tributar�a por ITP.
Fuenlabrada, Santa F�, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Bolta�a, a 6 de junio de 2011.
NORMAS 2002-2011
visitas desde el 2 de mayo de 2011

References: Real Decreto 
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