Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531611.html
Timestamp: 2019-03-21 06:00:13+00:00

Document:
as201531611
Auto Supremo Nº 611
Expediente: 312/2011-S
Demandante: Félix Gonzalo Montesinos Zambrana
Demandada: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
VISTOS: El recurso de casación de fs. 116 a 117, interpuesto por Marcelo David Canseco Fuentes y Andrea Cecilia Reque Carranza en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra el Auto de Vista N° 150/10 SSA-III de 28 de agosto de fs. 110, pronunciado por la Sala Social Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral que por pago de beneficios sociales sigue Félix Gonzalo Montesinos Zabala contra la entidad recurrente; el Auto Nº 124/2011 de 4 de marzo que concedió el recurso a fs. 119; los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso laboral, la Jueza Tercero de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió Sentencia N° 59/2000 de 18 de octubre de fs. 76 a 77, declarando probada en parte la demanda de fs. 14, improbada las excepciones perentorias de pago y probada en parte la excepción perentoria de prescripción, debiendo en consecuencia YPFB cancelar al actor la liquidación que asciende a Bs.11.372,42.-; todo conforme se tiene inmerso en la Sentencia, señalando además que en ejecución de Sentencia tal monto sea indexado de conformidad con el DS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.
En grado de apelación deducida por Huáscar Jaime Gonzales Portal Altamirano en representación de YPFB, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista N° 150/2010 SS-III de 28 de agosto, confirmó la Sentencia N° 59/2000 de 18 de octubre, sin costas.
La resolución de segunda instancia motivó que Marcelo David Canseco Fuentes y Andrea Cecilia Reque Carranza en representación de YPFB mediante memorial de fs. 116 a 117, interpongan recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:
a) Manifiestan que existieron dos periodos de trabajo del demandante, el primero de 15 de julio de 1981 a 15 de junio de 1987, cuya desvinculación laboral fue por abandono de trabajo, no pudiendo argüirse fuero sindical, ya que según las literales de fs. 34 a 35 se demuestra el abandono de trabajo e inclusive el pago de beneficios sociales.
Añade que aquel periodo prescribió en virtud del art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) toda vez que conforme consta a fs. 14 y 15, la demanda fue incoada después de 7 años de la desvinculación laboral; y en el caso del segundo periodo, éste empieza después de más de 2 años de interrupción de la relación laboral; por el lapso comprendido del 11 de enero de 1990 al 4 de febrero de 1994, y cuya causal de retiro fue por retiro forzoso; existiendo en este caso pago correspondiente de beneficios sociales de acuerdo a lo corriente en fs. 19 y 40; por tal razón -alega- no se puede confundir dos periodos de trabajo con interrupción de más de 2 años de cada uno con la supuesta continuidad de la relación de trabajo.
b) Arguyen que la segunda fundamentación errada del Auto de Vista impugnado se vincula a la afirmación de que la excepción de prescripción no opera de oficio, dando a entender que YPFB no hubiese planteado la excepción en su debida oportunidad, extremo que no es evidente, pues por memorial de fs. 24 a 26 se demuestra que la empresa demandada planteó excepción de prescripción y excepción de pago dentro de plazo legal, y que fueron resueltas de manera equívoca por el Juez de grado y por el Tribunal de apelación en vez de revocar confirma el fallo lo que demuestra que es totalmente falso el argumento de la última parte del segundo considerando del Auto de Vista.
Finalizan su recurso manifestando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.
Conforme faculta el art. 106 del Código Procesal Civil (CPC) por mandato de la disposición transitoria segunda numeral 4) Idem, concordante con el art. 17 parágrafo I de la LOJ, todo Juez o Tribunal puede en cualquier estado del proceso declarar de oficio la nulidad de obrados cuando la ley lo califique expresamente. En ese entendido, en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.
El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
El proceso laboral boliviano finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y las peticiones de las partes legitimadas formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a esos hechos, a esas peticiones y referirse a esas partes; esto es a lo que se le llama congruencia ( factual, objetiva y subjetiva) “la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”, (SC 0358/2010-R de 22 de junio, entre otros); y ello no sólo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el art. 115 de la CPE.
En lo que atañe al fallo de segunda instancia, la congruencia implica la estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación, conforme lo tiene previsto en el art. 236 del CPC. En segunda instancia se viola el principio de la congruencia, en cuanto elemento del debido proceso legal, cuando el Tribunal ad quem, omite pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante o cuando se excede en el pronunciamiento, ya sea otorgando más de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo caso la resolución se halla viciada de nulidad por la causal prevista en el art. 254.4) y el efecto señalado en el art. 275, ambos del CPC.
Dada la denuncia formulada también corresponde referirse a la motivación y fundamentación de los fallos. El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial forma parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, consagrado en el art. 115.I de la CPE. En este contexto, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, determinó que, “a efectos de garantizar el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la motivación , toda resolución jurisdiccional o administrativa debe observar los siguientes aspectos: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” De tal manera que la omisión de alguno de dichos requisitos implica vulnerar el derecho a la fundamentación y motivación de los fallos judiciales, como elemento del debido proceso legal.
El art. 180 parágrafo II de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, y por su parte el art. 8 inciso h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad de nuestra Constitución, reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de alzada sino con la respuesta que el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación que además de ser pertinente debe ser motivada, fundamentada; solo así se satisface el derecho a la impugnación.
Respecto a la vinculación de la motivación y fundamentación con la congruencia, efectuando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que: El principio de congruencia, sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: 'la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes.
Con esa facultad, ingresando a la revisión de los actuados procesales, más concretamente en lo que se refiere a la emisión del Auto de Vista, se tiene lo siguiente:
En el caso sub lite, se ha podido constatar que el Tribunal de Alzada mediante el Auto de Vista N° 150/10 de 28 de agosto de (fs. 110), confirma la Sentencia N° 59/2000 de 18 de octubre de (fs. 76 a 77), empero en dicha resolución, omitió pronunciarse sobre los agravios denunciados en apelación, relativo A.- Sobre la improcedencia del pago de beneficios sociales por prescripción, B.- sobre la improcedencia de pago por beneficios sociales debido que el actor fue legalmente destituido de su fuente laboral cuando no se encontraba bajo la protección de ningún fuero sindical, C.- sobre la improcedencia del pago de beneficios sociales por años no trabajados.
Concluyendo que el Tribunal de Alzada, al dictaminar el Auto de Vista no se ha enmarcado dentro del principio dispositivo que debe regir en los recursos, por el cual no emitió criterio sobre los puntos expuestos en apelación, si la misma consideraba viable o no, debiendo haber observado necesariamente lo dispuesto por el art. 236 del CPC, que fija el límite dentro del cual debe circunscribirse la decisión judicial, error en el que incurrió el Tribunal ad quem, al emitir fallo confirmando la Sentencia apelada, omitiendo pronunciarse sobre las denuncias de la apelación, y exponer los motivos por que corresponden o no corresponden los mismos, puesto que el Auto de Vista no contiene la debida fundamentación de motivos que dieron lugar a esa forma de resolución.
Destaca aún más el hecho que sobre la prescripción alegada en el recurso de apelación, el Tribunal de alzada señala que la misma no opera de oficio, alegando que la misma no habría sido opuesta en el proceso por la entidad demandada, aspecto que resulta contrario a los hechos, por cuanto a fs. 26 del memorial de respuesta a la demanda, la entidad opone excepción de prescripción de manera expresa sobre todos los derechos que pudiere asistirle al demandante respecto a la primera gestión que concluyó en 1987, sobre el que la juez de primera instancia se pronunció declarándola probada en parte, esto es, sobre únicamente los sueldos devengados pretendidos.
Con base en lo anterior, la entidad demandada formula recurso de apelación expresando como agravio lo relativo a la excepción de prescripción, insistiendo en no corresponder el pago de los derechos laborales pretendidos por tales períodos.
Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271.3), 275 del CPC y 17 de la Ley del Órgano Judicial, con la facultad conferida por el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA el Auto de Vista N° 150/10 de 28 de agosto a fs. 110, pronunciado por los vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que el Tribunal de Alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en el recurso de apelación, de manera congruente y fundamentada, dando cumplimiento a las previsiones legales contenidas en los art. 236 del CPC.
No encontrando justificable el error cometido, se impone la multa de Bs.200,00.- a cada uno de los vocales que suscribieron el Auto de Vista recurrido.

References: resolución 
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