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Timestamp: 2019-01-23 10:02:05+00:00

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﻿ Sentencia 43904 de marzo 26 de 2014
SENTENCIA 43904 DE 26 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:RECTIFICACIÓN SOBRE CÓMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO NO COTIZADO PARA OBTENER PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES. PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES QUE DEBA APLICARSE EN VIRTUD DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993, SE DEBE TENER EN CUENTA EL TIEMPO LABORADO EN ENTIDADES OFICIALES, SIN IMPORTAR SI FUE O NO OBJETO DE APORTES A ENTIDADES DE PREVISIÓN O DE SEGURIDAD SOCIAL. FINALMENTE, CONSIDERÓ COMO UN ELEMENTO ADICIONAL DE SUSTENTO DE SU GIRO JURISPRUDENCIAL EL HECHO DE QUE EL CONSEJO DE ESTADO ANULARA EL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO 2709 DE 1994, QUE PROHIBÍA TENER EN CUENTA LOS PERIODOS NO COTIZADOS PARA CONCEDER EL DERECHO A PENSIÓN POR APORTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES, COTIZACIÓN DEL TRABAJADOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PERÍODO DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:509 DE MAYO DE 2014, PÁG.844
Sentencia 43904 de marzo 26 de 2014
SL 4457 - 2014
Radicación 43904
En segundo lugar, y con miras a determinar el problema jurídico, se impone recodar que los fundamentos del juez de segundo grado para revocar la sentencia del a quo, fueron los siguientes: (i) que el accionante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii) que el juez de primer grado desconoció el principio de congruencia al resolver el asunto bajo la égida de la Ley 71 de 1988, en la medida que debió dirimir el conflicto con basamento en las normas invocadas por el actor como sustento jurídico de la demanda, esto es, el Acuerdo 49 de 1990; y (iii) que Torres Borda no tiene derecho a la pensión de vejez solicitada porque no cotizó la densidad de semanas requeridas “dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima”.
En ese orden, el problema jurídico se contrae a determinar si el régimen anterior aplicable al demandante en su calidad de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es el establecido en el Acuerdo 49 de 1990 —como lo dijo el juez ad quem—, o el de la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.
Pues bien, para resolver importa precisar en primer lugar que, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios laborales por así permitirlo el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, estatuye que la sentencia debe estar «en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda», pretensiones que a su vez están conformadas por razones de hecho y de derecho «entendiendo que las primeras vienen dadas por el relato histórico de todas las circunstancias fácticas de las que se pretende deducir aquello que se pide de la jurisdicción, mientras que las segundas son afirmaciones concretas de carácter jurídico que referidas a esos antecedentes de hecho, le permiten al demandante autoatribuirse el derecho subjetivo en que apoya su solicitud de tutela a las autoridades judiciales, afirmaciones estas que, desde luego, no hay lugar a confundir en modo alguno con los motivos abstractos de orden legal que se aduzcan para sustentar la demanda incoada» (CSJ SC, feb. 19/99, rad. 5099).
Es por ello que si el accionante, previa relación de los hechos en los que sustenta el derecho demandado se equivoca al invocar las normas que lo consagran, debe el juzgador acoger aquella que regula el asunto fáctico puesto a su consideración, sin que signifique que por tal razón profirió un fallo extrapetita (CSJ SL, jun. 21/2011, rad. 38224).
Ciertamente es conocido de tiempo atrás el aforismo «dadme los hechos y yo os daré el derecho», de manera que como lo ha reiterado esta Sala en múltiples ocasiones, le corresponde al juez al resolver el litigio a partir de los hechos acreditados en el plenario, subsumirlos en la norma que consagra el derecho en discusión, dado que conforme al mandato superior del artículo 230 constitucional «Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley…». Véanse entre otras las sentencias: CSJ SL, 21 jun. 2011, radicación 38224; CSJ SL, oct. 14/2009, radicación 33352, CSJ SL, dic. 3/2007, radicación 2962, y 21517 jul. 27/2005.
a) La Resolución 6396 de 26 de febrero de 2007 a través de la cual el ISS resolvió negativamente el recurso de reposición que el accionante formuló contra la que le negó el derecho pensional, indica que Torres Borda cotizó «a entidades de previsión del sector público» y «al Seguro Social» (fls. 9 a 10).
b) En ese mismo acto administrativo consta «que para acreditar semanas necesarias para la pensión se presentan certificados sobre tiempo de servicios al sector público no cotizado al ISS» por espacio de 2940 días, entre el 3 de febrero de 1961 y el 2 de abril de 1969, y que la historia laboral acredita que el actor cotizó «válidamente» al ISS en el sistema general de pensiones, 1551 días.
c) Por su parte, la Resolución 1369 de 2007 a través de la cual se resolvió negativamente la apelación contra el antecitado acto administrativo, repite lo expuesto en precedencia y agrega que:
Ahora bien, si alguna duda se ventila sobre el particular, a pesar de que el Instituto de Seguros Sociales en las resoluciones objeto de discusión aceptó que Torres Borda cotizó «a otras cajas de previsión del sector público» (fl. 11), ello, le ofrece a la Corte la oportunidad de revisar la línea jurisprudencial que ha venido sosteniendo según la cual, no es posible sumar tiempos de servicios en el sector público no cotizados, con los efectivamente aportados al ISS para tener derecho a la pensión consagrada en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.
En efecto, desde la sentencia de 7 de mayo de 2008, radicación 32615, se ha reiterado en múltiples oportunidades que el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 “no se refirió para nada (…) a la posibilidad de que los aportes pudieran ser reemplazados por tiempos de servicios en los cuales no hubo cotización o pago de aportes”, tesis que se apoyó también en el artículo 21 del Decreto 1160 de 1989 cuyo contenido y alcance se repitió en el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994.
En punto al tema que ahora ocupa la atención de la Sala, para el primero de los regímenes dispuso el legislador en el parágrafo primero del artículo 33 ibídem, en inequívoca conexidad con el artículo 13 de la misma normativa, que “[p]ara efectos del cómputo de las semanas (…) se tendrá en cuenta: (…) b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados”.
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sostenido que aquellas materias inexorablemente vinculadas a los derechos constitucionales fundamentales, tales como, la vida en condiciones dignas, el trabajo, el mínimo vital, etc., se encuentran sujetas a reserva de ley, razón por la cual no puede dejarse en manos del ejecutivo su regulación. El contenido esencial del régimen pensional se encuentra en estrecha conexidad con dichos derechos fundamentales, por lo que su determinación debe realizarse a través del ejercicio de la potestad de configuración normativa del legislador, excluyendo para el efecto su fijación mediante reglamentación presidencial. —Sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil—.
Conforme se advierte en la Resolución 1369 del 23 de julio de 2007, el ISS dejo sentado que José Gonzalo Torres Borda, prestó sus servicios a la Policía Nacional por un lapso de 2940 días (equivalente a 420 semanas), aspecto que no fue controvertido en la primera instancia y tampoco en la alzada. De otro lado, se evidencia en la historia laboral de la página de Internet de Colpensiones, que el demandante cotizó al ISS un total de 635 semanas, de modo que sumadas las del sector público con las cotizadas al ISS arroja un total de 1.055, lo que a su vez equivale a 20,51 años de servicio.
En lo relacionado con el valor de la mesada pensional y la fecha a partir de la cual se dispondrá su reconocimiento, ha de tenerse por tal lo establecido por el juez de primer grado, esto es, una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2007 ($ 433.700) a partir del 1º de julio de esa anualidad, toda vez que dicho monto y la fecha a partir de la cual se ordenó su reconocimiento, no fue materia de inconformidad por el recurrente en la alzada, razón por la cual —entiende la Sala— estuvo de acuerdo con lo allí dispuesto.
Ahora bien, con el fin de concretar las condenas, respetando, claro está, lo que dispuso el juez de primera instancia, se tiene que el Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones— debe cancelar un retroactivo pensional a favor del actor por valor de $ 49.196.700, por el período comprendido entre el 1º de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2014. Asimismo, debe cancelar unos intereses moratorios por la suma de $ 36.968.702,79, correspondientes al lapso comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de marzo de 2014, conforme se evidencia con los siguientes cálculos:
Desde Hasta Valor mesada Nº Pagos Valor anual Intereses de mora
01/07/2007 31/12/2007 $ 433.700 7 $ 3.035.900 $ 2.110.384,19
01/01/2008 31/12/2008 $ 461.500 14 $ 6.461.000 $ 9.479.463,17
01/01/2009 31/12/2009 $ 496.900 14 $ 6.956.600 $ 8.409.210,16
01/01/2010 31/12/2010 $ 515.000 14 $ 7.210.000 $ 6.852.662,89
01/01/2011 31/12/2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 $ 5.189.395,20
01/01/2012 31/12/2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 $ 3.440.851,93
01/01/2013 31/12/2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 $ 1.446.946,00
01/01/2014 31/03/2014 $ 616.000 3 $ 1.848.000 $ 39.789,24
Total $ 49.196.700 $ 36.968.702,79
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 29 de mayo de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del juicio ordinario laboral seguido por José Gonzalo Torres Borda al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.
1. Confirmar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2009, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., que condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión de jubilación por aportes al señor José Gonzalo Torres Borda, en cuantía de $ 433.700, a partir del 1º de julio de 2007, con los reajustes de ley y mesadas adicionales.
2. Condenar al Instituto de Seguros a pagar a José Gonzalo Torres Borda por concepto de retroactivo pensional la suma de $ 49.196.700, causado entre el 1º de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2014.
3. Condenar al Instituto de Seguros a pagar a José Gonzalo Torres Borda por concepto de intereses moratorios, la suma de $ 36.968.702,79, correspondientes al período comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de marzo de 2014.
4. Adicionar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2009, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., en el sentido de que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, deberá cobrar la cuota parte pensional con la que debe concurrir la Policía Nacional.

References: ARTÍCULO 36
 ARTÍCULO 5
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 305
 artículo 230
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 33
 artículo 13
 Resolución