Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/10/07/se-determinan-las-tarifas-del-servicio-de-gas-natural-teniendo-en-consideracion-los-nuevos-precios-en-punto-de-ingreso-al-sistema-de-transporte/
Timestamp: 2019-02-16 21:40:46+00:00

Document:
Se determinan las tarifas del servicio de gas natural teniendo en consideración los nuevos precios en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte – AL DÍA | ARGENTINA
Fecha B.O.: 7-oct-2016
Cita: LEG81387
Que en los fundamentos de la mencionada Resolución N° 28/2016, se tuvo en cuenta la distinción entre los distintos segmentos de la industria del gas natural, tal como fue contemplada por las Leyes Nros. 17.319 y 24.076:
la producción, el transporte y la distribución de gas, y se señaló expresamente que, para promover inversiones en exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables, era necesario implementar un nuevo esquema de precio de gas natural en el PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (“PIST”), que tuviera por objeto tanto la incorporación de reservas, como el aumento en la producción doméstica de gas natural, y que permita lograr que en el mediano y largo plazo dichos precios resulten de la libre interacción de la oferta y la demanda, conforme fueron concebidos originariamente en los términos del último párrafo del Artículo 83 de la Ley N° 24.076.
Que sin perjuicio de ello, con el fin de limitar el alcance de los incrementos verificados en determinados casos frente al pronunciado retraso en los precios de gas que integraban las tarifas del servicio de distribución de gas natural, se fijaron topes aplicables
a los consumos de los usuarios Residenciales y de los comprendidos en el Servicio General ? P con servicio completo, a través de la Resolución N° 99 de fecha 6 de junio de 2016, modificada por la Resolución N° 129 de fecha 12 de julio de 2016, ambas de este Ministerio.
Que ello se dispuso en consideración de los aumentos verificados en aquellas jurisdicciones donde el precio del gas era inferior al del resto del país en razón de diversas medidas judiciales que incidían en la aplicación de la normativa general, y teniendo en cuenta especialmente el significativo incremento del consumo de gas vinculado a las condiciones climáticas registradas en determinadas regiones del país, especialmente a las temperaturas considerablemente inferiores durante los meses de abril y mayo de 2016 respecto de las verificadas en los mismos meses del año anterior -sumado al hecho de que, por las condiciones de temperatura en dicho período de 2015, que favorecieron la disminución del consumo respecto de 2014, las tarifas de numerosos usuarios se habían visto reducidas debido a la aplicación de descuentos por ahorro establecidos por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 226 de fecha 31 de marzo de 2014.
Que por otro lado, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 367 de fecha 16 de febrero de 2016, mediante la Resolución N° 31 de fecha 29 de marzo de 2016 de este Ministerio, se instruyó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (
ENARGAS) a realizar una adecuación tarifaria transitoria de las tarifas de transporte y distribución de gas y, por otra parte, a llevar adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebradas con las Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 25.561, sus modificaciones y complementarias, estableciéndose a esos efectos un plazo de UN (1) año desde la fecha de dicha medida y ordenándose instrumentar en ese marco el mecanismo de audiencia pública que posibilite la participación ciudadana, en los términos de lo establecido en el Artículo 5° del referido Decreto N° 367/2016, plazo que posteriormente se redujo por medio de la citada Resolución N° 129/2016, que ordenó completar la Revisión Tarifaria Integral en el último trimestre del corriente año.
152/2016 y 163/2016, se previó que para la realización de la audiencia pública debían disponerse mecanismos para la participación simultánea de usuarios e interesados correspondientes a cada una de las Áreas de Servicio comprendidas en las Licencias de Distribución de Gas de todo el país, indicándose que, a tal efecto, el ENARGAS debía habilitar sedes que cuenten con herramientas tecnológicas para su conexión con la sede dispuesta para dicha audiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las ciudades de Paraná, Provincia de ENTRE RÍOS; Córdoba, Provincia de CÓRDOBA; Mendoza, Provincia de MENDOZA; Neuquén, Provincia del NEUQUÉN; Ushuaia, Prov. de TIERRA DEL FUEGO; Rosario, Provincia de SANTA FE; Salta, Provincia de SALTA; Santa Rosa, Provincia de LA PAMPA.
Que conforme a lo encomendado por este Ministerio en las resoluciones mencionadas arriba, por medio de las Resoluciones del ENARGAS Nros. 3953 de fecha 18 de agosto de 2016, 3957 de fecha 22 de agosto de 2016, 3971 de fecha 26 de agosto de 2016, 3994 de fecha 8 de septiembre de 2016, 4010 de fecha 13 de septiembre de 2016, el citado Ente dispuso y ordenó publicar la convocatoria a la audiencia pública para el día 16 de septiembre de 2016 a las 9:00 horas, en la sede de la Usina del Arte, sita en Agustín Caffarena 1, de la Ciudad de Buenos Aires; ordenó las medidas conducentes para habilitar herramientas tecnológicas a fin de posibilitar la participación simultánea de usuarios e interesados en las distintas áreas del país; puso a disposición de los interesados copia del expediente de la audiencia en todos los centros regionales del organismo; dispuso los lugares de inscripción de interesados en el interior del país; y determinó los sitios de los “Centros de Participación Virtual” en las ciudades detallas en el párrafo anterior.
Que de acuerdo a lo previsto en los actos referidos, la convocatoria a la audiencia pública se realizó según los términos del Reglamento General de Audiencias Pú
blicas para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado como Anexo I del Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y del procedimiento aprobado por la Resolución del ENARGAS N° 3158 de fecha 17 de marzo de 2005, que contempla las previsiones del citado reglamento.
Que, transcurrido el plazo reglamentario para la inscripción de interesados, a través de la Resolución Nro. 4012 del 14 de septiembre de 2016, el ENARGAS aprobó el orden del día de la audiencia, en el que fijó la nómina de expositores, con el orden y tiempos de alocución previstos, que fue puesta en conocimiento de los interesados en la forma prevista en el procedimiento aplicable.
particular, el informe del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA con relación al sendero de reducción de subsidios puso de manifiesto que el objetivo previsto es lograr un suministro de gas natural más equitativo y federal, que garantice su sostenibilidad en el tiempo, subsidiando sólo a quienes lo necesitan, fomentando el ahorro y el consumo eficiente, promoviendo la producción local y minimizando las importaciones de combustibles.
Que por otra parte el informe de este Ministerio subrayó que, con las tarifas a aplicar en octubre de 2016, incluyendo los cargos correspondientes a precio de gas y tarifas de transporte y distribución ?antes de impuestos?, el 56% de los usuarios residenciales de las categorías de menor consumo pagarían un promedio anual de $107 por mes, considerando un año de consumo promedio. Los usuarios residenciales de la categoría media de consumo, que son el 31% del total, pagarían un promedio anual de $371 por mes, mientras que el 13% que pertenece a la categoría más alta pagarían un promedio anual de $953 por mes.
Que el informe describió el sistema actual como un sistema injusto, porque subsidia proporcionalmente más a quienes más consumen, y no protege a quienes más necesitan el subsidio; y como un sistema ineficiente, porque genera pocos incentivos para el ahorro y se desentiende del impacto ambiental del mayor consumo de combustibles fósiles, destacando a ese respecto que el consumo de los usuarios de nuestro país es 60% mayor por habitante que los hogares en paí
ses vecinos.
Que con relación a la oferta y consumo de gas natural, el informe señaló que en 2015, el precio promedio pagado por los usuarios del sistema de suministro de gas ?Industrias, Usinas, GNC, Usuarios Comerciales y Residenciales?
fue de US$2,50 por millón de “BTU” (“British Thermal Units”, unidad de medida utilizada para el gas), mientras que el costo de ese gas fue de US$5,83 (y en 2016, de US$ 5,22). En cuanto a los usuarios residenciales, la tarifa promedio por el gas consumido fue de US$0,89, por lo que más de 80% de la tarifa fue subsidiado por el Estado.
Que en cuanto a la oferta de gas, el año pasado el 71% provino de la producción local y el 29% restante tuvo que ser importado, subrayándose que dentro de la producción local hay dos precios, según los planes vigentes de estímulo a la producción ?Plan Gas I y II?, creados en 2013 por sendas resoluciones de la ex Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
Que así, en el marco de dichos programas de estímulo, se distingue la “producción base ajustada”, referida al volumen de producción de gas que tenía cada empresa en 2012 ?el año anterior a la creación de los programas?, ajustada mensualmente por curva de declino de cada empresa, de la “producción incremental”,
correspondiente al volumen de producción que en cada período supere la “producción base ajustada”.
Que en la situación tarifas vigentes hasta la actualidad, un hogar para el cual rigen los precios de la Resolución N° 226/2014 paga el equivalente a US$1,52 por millón de BTU, mientras que uno en la Patagonia y otras sub-zonas con tarifas diferenciales paga US$0,17 por millón de BTU y uno beneficiado por medidas judiciales que impidieron la aplicación de la referida Resolución N° 226/2014 ?para el cual rige la Resolución 1070/2008?
paga US$0,11 por millón de BTU.
Que esta divergencia en los precios del gas resulta en que, para un mismo consumo, la diferencia de montos de facturas media mensual entre zonas registre variaciones en algunos casos superiores al 5.000%. Por ejemplo, en el caso de dos hogares que consumen 5000 m3/año en Santa Cruz Sur y Tucumán.
Que el sendero gradual y escalonado de reducción de los subsidios para los usuarios residenciales, se previó como un instrumento que ofrece una solución integrada para la situación actual del sistema de suministro de gas, que permite reducir la brecha entre los costos de adquisición del gas para el sistema y los precios que pagan dichos usuarios a las tarifas de manera gradual y previsible ?aspectos mencionados por el Máximo Tribunal en el fallo citado como criterios para la valoración de las medidas de determinación tarifarias- de tal forma que contribuya a recuperar la producción de gas y reducir las importaciones.
Que a partir de la primera reducción de subsidios en octubre 2016, el plan asume ajustes por porcentajes fijos en abril y octubre de cada año (teniendo en cuenta el tipo
de cambio vigente y el valor del precio objetivo en PIST en cada momento), hasta llegar a la eliminación total de los subsidios en 2019, momento en el cual se prevé alcanzar los precios de mercado con la salvedad de que, en consideración a las divergencias en el punto de partida, el programa prevé como un sendero diferencial para la Patagonia, Malargüe y la Puna, donde la reducción de subsidios sería aún más gradual y terminaría en 2022 en el caso del servicio de Gas Natural por redes.
Que de esta forma ?señalaba el informe de este Ministerio- el sendero de reducción gradual de subsidios para usuarios residenciales, partiendo de un subsidio del 81% promedio en el precio del gas, desde octubre el programa prevé reducir a 50% el subsidio promedio y recién a fines de 2019, después de una serie de reducciones semestrales, se alcanzará la eliminación total del subsidio.
Que con relación a la progresión prevista para la Patagonia (incluyendo La Pampa), Malargüe y la Puna, que hasta la actualidad pagan sólo el 2% del
precio del gas (98% de subsidio), en abril de 2018 pagarían 28% del precio (72% de subsidio) y en octubre de 2019 el 57% del precio (43% de subsidio).
Que por otra parte, el informe de este Ministerio destacó que actualmente, tras la decisión adoptada en abril del corriente año mediante la Resolución N° 28/2016, cerca 1,7 millones de usuarios son beneficiarios de la Tarifa
Social para el consumo de gas natural, además de los 2,6 millones que acceden a la Garrafa Social, los cuales, sumados, representa n un tercio de los hogares del país.
Que, por último, previo a la audiencia pública, se agregaron al expediente respectivo obrante en el ENARGAS, como parte del material de consulta en relación con el precio del gas en PIST, informes y presentaciones de empresas productoras de gas, consultores y otros participantes
Que en representación de YPF S.A. se presentó el Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios, Sr. Fernando Pablo Giliberti quien destacó la importancia del programa de estímulo a la producción de gas (Plan Gas) en el incremento de la producción de YPF, especialmente la señal de precios dada por dicho programa, que remunera la oferta adicional de gas a 7,5 dólares por millón de BTU.
Que en representación de Total Austral S.A., el Sr. Hernán Silva expresó que el desafío es poder reducir la brecha entre la oferta y la demanda, y destacó los recursos no convencionales con que cuenta el país, que requieren de un precio que posibilite su explotación, destacando que un precio de equilibrio estaría en línea con la paridad de importación de GNL regasificado. Señaló, entre otros puntos, que la determinación de precios adecuados para la producción de dichos recursos tendría un efecto multiplicador en la macroeconomía, a través de impuestos, regalías, empleo, infraestructura, etc.
Que el representante de la Consultora G&G, Sr. Daniel Gerold destacó el crecimiento del consumo residencial de gas desde el año 2007 y la ausencia de suficiente capacidad para aumentar las importaciones de gas, con una producción de gas natural que no es suficiente en la Argentina, lo que redunda en cortes muy importantes y la sustitución del gas por otros combustibles en una cantidad que muy relevante.
Señaló que desde el año 2009, los argentinos importamos 60 mil millones de dólares en productos energéticos, indicando que esto significa que literalmente nos quemamos en una hornalla o en una turbina eléctrica 60 mil millones de dólares, que no están en caminos, ni en yacimientos, ni en infraestructura, sino que se gastaron y no vuelven más, sin generar un solo impuesto localmente ni un empleo. Sostuvo que esto sucedió por la falta de precios adecuados y destacó el crecimiento de la producción a partir de los valores fijados por el denominado Plan Gas.
Que el representante de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el Sr. Manuel García Mansilla, señaló la necesidad de volver a los contratos de compraventa de gas natural entre compradores y oferentes. Destacó que explorar, desarrollar y producir gas natural es una actividad con riesgos y erogaciones crecientes que requieren inversiones sustanciales a lo largo del tiempo y expresó que para poder recrear condiciones de mercado y competencia sustentables es necesario que los precios percibidos por los productores de gas natural hagan viables los nuevos desarrollos locales proveyendo señales claras a oferentes y demandantes, teniendo como objetivo garantizar la seguridad del suministro de gas natural propiciando el desarrollo de recursos hidrocarburíferos del país.
Que a continuación se desarrollaron las exposiciones de los representantes de las empresas licenciatarias de transporte y distribución de gas, los que se refirieron a las cuestiones vinculadas a las tarifas de los servicios a su cargo, materia atinente a la competencia del ENARGAS y ajenas al objeto de esta resolución, por lo que ?sin perjuicio de constar en el informe de cierre mencionado arriba y obrante en estas actuaciones- no se requiere la reseña de su contenido en la presente.
Que en este sentido, el Sr. Fernando Damonte, representante de ADIGAS (Asociación de Distribuidores de Gas de la República Argentina), subrayó que hay 5 millones de familias que hoy no tienen acceso al gas, y el gas no se expande porque la tarifa no alcanza para expandirla.
Que en uso de la palabra el Sr. Daniel Rivadulla, por Distribuidora de Gas del Centro S.A. y por Distribuidora de Gas Cuyana S.A., tras manifestar aspectos específicos de la tarifa de distribución, se refirió a la tarifa social indicando que es de carácter inclusivo, tal como lo indican los siguientes valores:
en el área de Centro, el 23 por ciento de los clientes, 156.631 familias, acceden a la tarifa social, frente al régimen de exceptuados -que era el equivalente anterior de la tarifa social-, al que solamente accedían 13.200 clientes; es decir que la cobertura de la tarifa social tuvo un incremento en Centro de 1.085 por ciento, mientras en Cuyo, el incremento en la cobertura de la tarifa social fue aún mayor, de un 3.700 por ciento. Se preguntó sobre cuáles son los verdaderos afectados de esta falta de actualización tarifaria y señaló que son aquellas viviendas que no pueden acceder al gas natural, precisando que en Córdoba, el 49 por ciento no puede acceder; en Catamarca, el 84 por ciento; en La Rioja, el 88 por ciento, en Mendoza, el 32; en San Luis, el 42; en San Juan, el 49 por ciento. Son usuarios que pagan valores muy superiores a las tarifas que se están proponiendo.
Que entre otros representantes de las empresas de distribución, expuso por Gasnor S.A., la Sra. Alicia Herrera, quien ?al referirse a la tarifa social, indicó que los sectores más vulnerables son cubiertos por la tarifa social y que este beneficio se extendió de manera automática a 133.500 hogares de la zona a su cargo, alcanzando a un tercio de nuestros clientes. Destacó que los anteriores exceptuad os no llegaban a 27.000.
Que por Fesubgas, expuso el Sr. Edgardo Andreoli, que manifestó que “entre un 10 y un 15 por ciento de sus usuarios no alcanzaría a cubrir el incremento tarifario con sus ingresos, pese a lo cual mencionó que la gran mayoría de los usuarios pagó la factura”.
Que con posterioridad expuso el Sr. Luis Cabrera, representando a Energía San Luis Sapem, quien sostuvo que si bien entiende necesario actualizar las tarifas ello debe hacerse de manera racional, gradual, justa, previsible y transparente, poniendo especial consideración en los sectores más vulnerables y en los sectores productivos de la República Argentina, no en forma abrupta ni poco transparente.
Que participaron en esta etapa:
AJUS, Consumidores Libres, DEUCO, Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina, Compromiso Ciudadano del partido de Almirante Brown, OMIC de General Alvarado, Asociación de Usuarios en el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba, ISEPCI, la Unión de Usuarios y Consumidores de la ciudad de Rosario, la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Asociación Consumidores Argentinos, Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, la Asociación Red Argentina de Consumidores, Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, OMIC sede Bahía Blanca, Unión de Usuarios y Consumidores, la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, Cruzada Cívica, Asociación Defensa de Consumidores y Usuarios, OMIC sede Tandil, ADELCO, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Unión de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores, Asociación Civil Pro- Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, ADECUA, la señora Susana Andrada, PADEC, Protectora, CEPIS, la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, OMIC sede Mar del Plata, OMIC sede Florencio Varela, la Asociación Ciudadana de los Derechos Humanos, la asociación SACRA área metropolitana, Colectivo Agenda Nacional de Organizaciones Comunitarias y la Fundación Pensando Córdoba.
Que en relación a la tarifa de las entidades de bien público y de los clubes de barrio y pueblo, muchas de las asociaciones antes mencionadas solicitaron la reglamentación de las leyes que las implementan, así como también plantearon la necesidad de modificación de los umbrales
de consumo de las distintas regiones del país atendiendo a condiciones climáticas extremas, a las condiciones socio-económicas de las regiones y a la equidad de las condiciones de las distintas provincias.
Que el Sr. Andrés Repar destacó, entre otros aspectos, que los valores que reciben los productores en virtud del programa de estímulo a la producción de gas conocido como Plan Gas deben ser afrontados por el Estado y no por los usuarios, y que deben fijarse dos tipos de precio de gas en PIST: el correspondiente al gas local y el que corresponde al gas importado, concluyendo que así el precio promedio estaría en el orden de los 3 dólares el millón de BTU.
Que en representación del Instituto Energético Scalabrini Ortiz, el Sr. Capra se pronunció sobre el gas como propiedad del pueblo y sobre la soberanía energética.
Que el Sr. Diego Calvetti, por KPMG, destacó los problemas derivados de la escasez de energía como limitante para el crecimiento del país y se refirió a las consecuencias negativas de las políticas que fomentaron el consumo interno y desalentaron la inversión, que impactaron negativamente sobre las cuentas fiscales y explican hoy una parte sustancial del déficit público y la inflación. Mencionó que la Argentina pasó de ser un país exportador a un importador neto. Señaló que el desfasaje de las políticas aplicadas a la oferta, con precios no rentables que desalentaban la inversión, en correlato con aquellas aplicadas a la demanda a partir de tarifas subsidiadas que promovieron el consumo, condujeron rápida y consistentemente a una baja en el ritmo de inversiones del sector y, por ende, en la producción de hidrocarburos.
Que el Sr. Juan José Cruces, de la Universidad Di Tella, observó que en Buenos Aires se paga menos que en los países vecinos por el gas:
entre la cuarta y la sexta parte por metro cúbico de lo que se paga en los países vecinos, concluyó entonces que eso reflejaría el costo de producción, transporte y distribución y la rentabilidad razonable de las empresas que ahí operan. Señaló que en 1999 en el Área Metropolitana de Buenos Aires las familias destinaban 4,4 por ciento del presupuesto familiar a electricidad, gas y agua. En 2004 destinaban 2,3 por ciento. En la encuesta que se hizo en diciembre de este año para el nuevo Índice de Precios al Consumidor las familias destinaban 1,6 por ciento, o sea un tercio de lo que gastaban en 1999. Indicó que en 2014, según estudios realizados, el Estado Argentino subsidió 8.000 millones de dólares en gas y que eso fue más de 4 años de Asignación Universal por Hijo. Destacó que el costo que no se paga vía tarifas, se paga vía impuestos, inflación o más endeudamiento externo. Consideró incoherente lo expresado por diversos expositores de la audiencia en cuanto por un lado piden que el Estado le dé más cosas y por otro lado piden que le baje los impuestos. Propuso reducir precisamente lo que el Estado gasta en subsidiar a los que considera los más afortunados de la sociedad, que son los que tienen una conexión domiciliaria de gas.
Que el Sr. Rafael Flores, de ASAP, expresó que en 2005 se destinó a subsidiar la energía un monto de 1.157 millones de pesos; en 2015 ese monto superó los 138.000 millones de pesos. Indicó que para este año está previsto que se llegue a 200.000 millones de pesos, lo que representa una aumento de 170 veces en poco más de una década.
Estimó que, descontando el efecto de la inflación, en toda la historia de la Argentina nunca hubo una partida presupuestaria que se haya incrementado de la forma en que lo han hecho estos subsidios, subrayando que el año pasado los subsidios a la energía representaron el 60 por ciento del déficit fiscal que tuvo la Argentina. Indicó que si a eso se le suman las transferencias de capital, es decir aquellas que se realizaron para financiar inversiones en el área energética, se llega a que el 67 por ciento del déficit fiscal está directamente relacionado con estas transferencias. Manifestó además que el año pasado la administración nacional gastó en subsidiar la energía 3,5 veces más que en el total de las universidades nacionales del país, 4 veces más que todo el gasto en seguridad, 5 veces más que en la Asignación Universal por Hijo y 6 veces más que el presupuesto de defensa. Concluyó que, si el presupuesto marca las prioridades que tenemos en materia de políticas públicas, cabe preguntarse cuál es el modelo de país al que aspiramos si queremos gastar más en subsidiar la energía que en educación, salud y cultura juntos. Remarcó que a diferencia de los subsidios al transporte -que también tienen un costo fiscal importante-, los subsidios energéticos no favorecen la distribución del ingreso, ejemplificando que del subsidio al gas de red, el 20 por ciento más rico de la población se queda con el 32,7 del subsidio mientras que el 20 por ciento más pobre se queda con el 8,6 por ciento, concluyendo q ue el sector más rico de la Argentina recibe 4 veces más subsidio que el sector más pobre. Destacó la necesidad de soluciones graduales y de la aplicación de la tarifa social.
Jorge Puig, del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, CEDLAS, sostuvo que la Argentina desde 2006 destina crecientemente cada vez más recursos a subsidiar los servicios públicos, casi 5 puntos del Producto y que el subsidio es claramente “pro-rico” ya que el 20 por ciento de la población se apropia de aproximadamente 36 por ciento de los recursos mientras que el 20 por ciento más pobre se lleva aproximadamente el 8 por ciento. Destacó la importancia de la tarifa social para la correcta focalización de los subsidios.
Que en uso de la palabra el Sr. Lozano señaló que no puede discutirse en audiencia pública las tarifas aplicables al servicio de gas sin discutir el precio del gas en boca de pozo, señalando que este representa el 65 por ciento del costo total. Cuestionó el hecho de que no se estaría integrando al debate la situación de las empresas pequeñas, del comercio, de los servicios y de la industria. Adujo no tener a disposición información precisa sobre la constitución del precio de gas en boca de pozo y sobre la rentabilidad de las empresas petroleras, así como sobre las inversiones a realizar por éstas. Reclamó una auditoría integral de costos y una adecuada consideración de los aumentos en relación con el poder adquisitivo de la población y el acceso universal al servicio.
Que por el Sindicato de Trabajadores del Gas, hizo uso de la palabra el Sr. Rubén Bassi; por la Asociación del Personal Jerárquico de Gas del Estado, expuso el Sr. Rubén José Ruiz; por la Federación de Trabajadores de la Energía hizo uso de la palabra el Sr. Gabriel Martínez; el Sr. Julio Leonardo Tarifa, expuso por el Sindicato Personal Jerárquico y Profesional y Gas Privado Neuquén, Río Negro y La Pampa; el Sr.
Bilanski representó a la Asociación Civil de Jóvenes Empresarios y Profesionales del Norte Grande y del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; el Sindicato de Prensa de Buenos Aires fue representado por el Sr. Rubén Schofrin; el Sr. Claudio Dellecarbonara, por el Sindicato de Trabajadores del Subte; la Sra. Nathalia González Seligra, por SUTEBA, de La Matanza; Sra. Ileana Celotto, por la Asociación Gremial Docente de la UBA; el Sr. Catena de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego y el sindicato docente; y el Sr. Guillermo Pereyra, por Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Que en este segmento, hicieron uso de la palabra el Sr. Federico Massó, la Sra. Myriam Bregman, Sr. Néstor Pitrola, Sr. Pablo S. López, Sra. Victoria Sosa Capurro, la Sra. Magdalena Odarda, el Sr. Federico Pinedo, Sr. Luis Carlos Petcoff Naidenoff, la Sra. Liliana Schwindt, el Sr. Fernando Solanas, el Sr. Gustavo Arrieta, la Sra. María Raverta, Sr. Axel Kicillof, la Sra. Laura Machado, la Sra. Silvia Horne, el Sr. Juan Carlos Giordano, la Sra. Araceli Ferreyra, el Sr. Martín Maquieyra y el Sr.
Que algunos de ellos, en sus disertaciones manifestaron estar en contra del aumento del precio de gas y de las tarifas por diferentes motivos, entre ellos, la reducción de la capacidad de consumo de los ciudadanos y la falta de concordancia del aumento con los ajustes salariales. Manifestaron la necesidad de que se tenga en cuenta las realidades sociales y geográficas de cada región del país.
Que en esta sección expusierion: Sr. Alberto Calsiano por la Unión Industrial Argentina; el Sr. Guillermo Franke, por la Federación Empresaria Hotelero-Gastronómica de la Argentina; el Sr. Aldo Javier Barone, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de General Alvarado; el Sr. Hugo De Barba por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche; el Sr. Armando Caputo, por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias; el señor Fernando Romain, por la Cámara de Expendedores de GNC; el Sr. Gabriel Bornoroni, por la Federación de Expendedores de Combustible y Afines del Centro de la República, de Córdoba; el Sr. Damián Labastié, en nombre de ACIGRA; el Sr. Julio Fracchia, por la Cámara Argentina de GNC, desde Mendoza; el Sr. Ernesto Chediak; el Sr. Nicolás Diana, en representación de la Universidad de José Clemente Paz; el Sr. Horacio Cajide, por la Cámara de Unión de Fiambrerías, Almacenes, Autoservicios Minoristas y Afines; el Sr.
Daniel Ricci, por la Federación de Docentes Universitarios; el Sr. Ignacio Martín de Jáuregui, por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa; el Sr. Raúl Zavalía Lagos por la Fundación Pro Vivienda Social; el Sr. Emilio Etchegorry, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos; el Sr. Carlos Gold, de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina; el Sr. Jerónimo Rossi, por ACUBA la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos; el Sr. Octavio D?Ascanio por AMENA, desde Mendoza; el Sr. Santiago Pinto, de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos y el Sr. Eduardo Awad, director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Que cada uno de los expositores dio cuenta de las características del sector que representan solicitando que se tengan en consideración a la hora de fijar los precios de gas y las tarifas. Entre otras cosas, se sostuvo la necesidad de proteger la competitividad del sector productivo con precios topes, se hizo especial hincapié en la excesiva carga impositiva que afecta sus actividades y en la reducción de la capacidad de consumo de la ciudadanía por los aumentos de tarifas.
Que se presentaron a exponer José Alberto Samid, Jorge Castillo, Eduardo Salas, Octavio Crivaro, Nicolás del Caño, Eduardo Fossatti en representación de la asociación civil SOS Discriminacion Internacional, el presidente del GEN de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sergio Abrevaya, Federico Bernal, Luis Zamora, Carmelo Russo,
Carina Iradi, Cristian Folgar, Magdalena Pamela Torres de la Direccion Municipal de Defensa del Consumidor de San Rafael, la concejal de la ciudad de San Rafael Natalia Galamba, Calor Leonardo Olicera, Agustin Juan D´Attellis, Alan Marcelo Manzetto Iss i, en representación de ADEERA Claudio Bulacio, María Susana Repetto, Héctor Antonio Heberling, Aldo Fachino, Alejandra Martínez Losardo, Ángel Hernán Puddu, Antonio Fernández, Arnaldo Bocco, Carlos Boldoni, Carlos Quinteros, Cecilia Soria, Gabriel Solano, Federico Susbielles senador de la provincia de Buenos Aires, Claudio Valle, Claudio Herz, David Schleretti, Eduardo Barbeito, Emanuel Gainza, Emiliano Sebastián Herrera, Fernando Otero Álvarez, Gabriel Messina, Gonzalo Bordenabe, Graciela Giannettasio, Gustavo Westerkamp, Hugo Ríos, Ignacio Fiamberti, Ignacio Sabbatella, Manuela Castiñeira, Edgardo Carranza, Irina Santesteban, Isabel Rajoy, Javier López Lasala, Gustavo Arena, Jesús Escobar, Jorge Garay, José Martin Pereyra, Juan Francisco Lizwain, Juan José Maynard, Lucía Batista Lo Bianco, Luis Diez, Jorge Adrián, Maira López, Manuel López González, Marcela Dávila, Marcelo Genaro Neme, Maria Isabel Caccioppoli, Maria Marta Avilés, Mariano Farías, Marisa Cariddi, Martin de los Ríos, Martin Miguel Sevilla, Miguel Miranda, Mirta Bisio, Nélida Carreras, Patricio Civit, Roberto Alby, Melisa Suárez, Noberto Ríos, Raúl Piserchia, Rubén Manusovich, Sergio Barone, Tomás Diez Irusta, Valeria Díaz Giussiani, Víctor Derlich, Víctor Hugo Aurelio, Nicolás Hirtz, Alfredo Leytes, Jorge Domenech, Juan José Coloma Visconti, Lionel Stiglitz, Jorgelina Signa, Blanca Struzziero, Federico Germani, César Courtade, Hugo Farfán, José María Menéndez, Juan Marino, Enrique Bifano, señor Garay, y el señor Alonso.
Que asimismo algunos expositores remarcaron la necesidad de la nacionalización de los
recursos naturales, la estatización de la producción, distribución y transporte de los servicios públicos, bajo el control y la gestión de los trabajadores y usuarios.
Que la reseña efectuada en los párrafos precedentes constituyen una síntesis de los aspectos más significativos de las exposiciones efectuadas en la audiencia, que se encuentran descriptas con mayor extensión en el informe de cierre confeccionado de acuerdo a lo previsto en el Artículo 36, Capítulo IV, del Anexo I del Decreto N° 1172/2003 y el Artículo 21, Capítulo 3, del Anexo I de la Resolución ENARGAS N°
3158/2005, que forman parte de la presente resolución, y que han sido consideradas integralmente en el análisis previo al dictado de este acto.
Que en cumplimiento de la normativa previamente reseñada, se ordenó la publicación en el Boletín Oficial de un aviso, que dio cuenta respecto de la referida audiencia pública N° 83 del registro del ENARGAS, de: a) objeto: tratamiento de precios de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte o gas en boca de pozo y las tarifas transitorias de transporte y distribución; b) fechas en que se sesionó: tuvo lugar los días 16 de septiembre de 2016, de 9:20 horas hasta 22.47 horas; 17 de septiembre de 2016, desde 9:10 horas hasta 24:20 horas y 18 de septiembre de 2016 desde las 9:21 horas hasta las 10.45 horas; c) funcionarios presentes: en los términos de la Resolución MINEM Nº 177-E/16, presidieron la Audiencia el Dr. Juan Manuel Carassale y el Ing. Andrés Chambouleyron y atento a la designación efectuada por Resolución ENARGAS N° I-4012/16; en los términos establecidos en la misma, presidieron la Audiencia, en representación del ENARGAS, en forma conjunta o alternada, los doctores Claudio Oscar De La Fuente y Marcela Paula Valdez; e) fueron llamadas a exponer 430 personas; f) lugar donde se encuentra a disposición el expediente: el expediente ENARGAS N° 30059 se encuentra a disposición en la Sede Central del ENARGAS, sita en Suipacha 636, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; g) plazos y modalidad de publicidad de la resolución final:
en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibido el informe final descripto en el Artículo 36 del Anexo I del Decreto Nº 1172/2003 y en el Artículo 21 de la Resolución ENARGAS N° 3158/2005, Anexo I, Capítulo 3, las Autoridades correspondientes emitirán su resolución final y dispondrán su publicación en el Boletín Oficial.
Que la audiencia se llevó a cabo con total normalidad, respetando los tiempos fijados y el orden de la exposición de todos los oradores que, habiendo cumplido con los requisitos de inscripción dispuesto en la Resolución ENARGAS N° 3.158/2005 y en el Anexo I del Decreto N° 1172/2003 para poder participar de la misma en carácter de expositor u orador, estaban presentes en el recinto
y en las sedes ubicadas en el interior del país designadas a tal efecto.
Que tal como lo informara en ENARGAS mediante Nota ENRG/GAL 09316, diversos inscriptos no presentaron un informe que reflejara, aunque sea mínimamente, el contenido de la exposición que se pretendía realizar; y, por otro lado, un gran número de inscriptos apenas expresaba una mera discrepancia sin que pudiera colegirse de ello la existencia de un informe sobre el contenido de la exposición; no cumpliendo con ello los requisitos dispuestos por las normas (Artículo 2° del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° 3158/2005 y Artículo 14 inc. b) del Anexo I del Decreto N° 1172/2003).
Que continuando con el criterio amplio de inclusión de expositores se permitió la participación de personas que pese a no estar originalmente en el Orden del Día, durante el transcurso de la audiencia manifestaron su deseo de hacerlo, así como también el último día de la audiencia se dio la oportunidad de exponer a todas aquellas personas que no habían podido hacerlo en las jornadas anteriores; habilitando
a su vez, la posibilidad de efectuar exposiciones, opiniones o puntos de vista por escrito o por correo electrónico.
Que respecto de las manifestaciones de diversos usuarios relacionadas con la participación de los usuarios del Interior del país, sin perjuicio que ni la Ley N° 24.076, ni la Resolución ENARGAS N° 3158/2005 (como así tam poco el Anexo I del Decreto N° 1172/2003) imponen la obligación de que la Audiencia Pública deba ser efectuada -físicamente- en múltiples jurisdicciones y que la elección del lugar de realización de la audiencia pública es resorte exclusivo de la Autoridad convocante, de acuerdo con los medios disponibles existentes, como se mencionara, a los fines de la regionalización de la Audiencia, mediante la Resolución MINEM N° 163/2016 se previó la implementación de mecanismos de participación simultánea de usuarios e interesados correspondientes a cada una de las Áreas de Servicio comprendidas en las Licencias de Distribución de Gas.
Que, en particular, diversos participantes han formulado manifestaciones
relacionadas con la falta de información relativa a los costos de producción del Gas Natural, y se mencionó que de acuerdo a balances y declaraciones juradas presentadas por Total, YPF y otras petroleras ante la SEC (por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en cuanto al costo de producción por millón de BTU, el costo de extracción y producción se ubicaría entre US$ 1,70 y US$ 1,90 / MMBTU, cuestionando por ello, el sendero propuesto.
Que sin embargo, en el marco de la normativa aplicable ?en particular, el Decreto N° 181/2004- y en las condiciones actuales del sistema -caracterizado por la caída en la producción de gas, las limitaciones para inversiones en infraestructura, y la consecuente insuficiencia de la oferta para abastecer la demanda- la aplicación inmediata del principio de libertad de precios en la compraventa de gas natural hubiera conducido a aumentos muy significativos para los usuarios, con el correspondiente perjuicio derivado del desequilibrio propio de ese mercado, lo que amerita adoptar las medidas tendientes al resguardo de dichos usuarios por parte de la Administración.
Que en tal contexto, para la determinación del valor de referencia del gas que simule un mercado desregulado, corresponde considerar diversos elementos, sobre los que debe versar la información; entre ellos, el costo de adquisición
del gas natural necesario para abastecer el sistema.
Que a su vez, teniendo en cuenta que la producción local resulta insuficiente para abastecer la demanda actual, debe tomarse en consideración el valor al que puede importarse el gas natural necesario para satisfacer la demanda no cubierta por la oferta disponible, para lo cual pueden utilizarse como referencia los valores existentes de importación de Gas Natural Licuado (GNL), ya que esta fuente es la que está disponible para incrementar su oferta (dadas las limitaciones para la importación de gas
natural de países vecinos), así como el valor del combustible sustituto disponible, en particular, el precio del Gas Oil en el mercado.
Que en ese sentido, debe tenerse
en cuenta el precio necesario del gas natural para atraer esas inversiones, a cuyos efectos deben valorarse distintos elementos (entre ellos, los montos de inversión para exploración, perforación y producción; los costos operativos y de mantenimiento; las regalías, los impuestos, las amortizaciones y; el costo de capital invertido) que comprenden lo que determinaría el costo total de desarrollo de un proyecto de explotación de gas natural que cada productor evalúa para estimar el precio con el que estaría dispuesto a realizar las inversiones involucradas en el mismo.
Que en el sentido antes señalado, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de fecha 18 de agosto de 2016 mencionado más arriba, en el que entendió razonable que hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente en la celebración de la audiencia pública en donde se trate la revisión tarifaria, no efectuó consideración alguna que altere las previsiones legales respecto de los elementos a considerar para la fijación de los precios de gas en PIST, resultando ajenos a dichas previsiones y a las pautas legales que rigen la actividad de producción de hidrocarburos la valoración de los costos de producción o la determinación de tasas máximas de rentabilidad, etc., elementos que son también ajenos a la regulación que determina el traslado a la tarifa de los precios de
gas en PIST, en los términos de los artículos 37 y 38 de la Ley N° 24.076.
Que cabe resaltar que los precios de gas en PIST que fije el Estado, en las actuales circunstancias y para los próximos períodos, no afectan los ingresos de los productores (que continúan percibiendo los valores determinados por el plan estímulo) sino que la determinación d e dicho precio incide en la entidad del subsidio estatal, considerándose necesario disminuir paulatinamente dichos subsidios de modo que la determinación de valores gradualmente se acerquen a la paridad de importación, referencia del precio de mercado, hasta tanto el mismo no sea completamente abastecido por la oferta local.
Que por otro lado, en diversas presentaciones se ha observado el porcentaje
de los incrementos y la necesidad de prever gradualidad en la implementación del aumento; y en particular, la necesidad de que la gradualidad aplique no sólo a los usuarios residenciales, destinatarios del plan de reducción gradual de subsidios presentado en la audiencia, sino también a las otras categorías de usuarios.
Que asimismo, varias exposiciones de los Defensores del Pueblo y de varios legisladores nacionales, entre otros, se solicitó tener en cuenta la situación de las pequeñas y medianas empresas, para las cuales se encuentra vigente lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 28/2016 y 129/2016, conforme a lo resuelto en el referido fallo de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de fecha 18 de agosto de 2016.
a partir de la evaluación de las manifestaciones y presentaciones realizadas en el marco de la Audiencia Pública, se ha considerado pertinente incluir en el plan gradual de reducción de subsidios no sólo a los usuarios residenciales sino también a los usuarios de Servicio General P1, P2 y P3, que incluye a usuarios comerciales e industriales de menores consumos.
Que con los precios de gas en PIST aprobados por la Resolución N° 28/2016 de este Ministerio se contemplaba reducir los niveles de subsidio del 81%, erogados hasta su entrada en
vigencia (con precio promedio ponderado de US$ 1,29 / MMBTU) al 31% (precio promedio ponderado de US$ 4,72 / MMBTU); mientras que los precios de gas en PIST que por el presente se aprueban, implican una reducción del 50 % del subsidio, al mes de octubre de 2016 (US$ 3,42 / MMBTU), alcanzado el valor promedio ponderado de US$ 4,72 / MMBTU, fijado originalmente, recién en el mes de abril del 2018.
Que en función de ello, se prolonga, para estas regiones, el plazo de reducción de los subsidios, resultando de la aplicación del plan de reducción gradual y escalonada de subsidios, una rebaja del precio del gas natural de 72,6% promedio con respecto al establecido en el marco de la Resolución N° 28/2016 de este Ministerio; siendo que conforme la progresión de
subsidios aprobada por la presente los usuarios de tales regiones, que actualmente pagan sólo el 2% del precio del gas (98% resulta subsidiado), en el mes de abril de 2018 pagarán el 28% del precio (72% de subsidio) y en el mes de octubre de 2019, el 57% del precio (43% de subsidio).
Que en la Audiencia Pública diversos oradores destacaron la necesidad de mantener y readecuar los límites máximos a los aumentos aplicados a partir del dictado de la Resolución N° 129/2016 de este Ministerio, debido a la diversidad de precios de gas y tarifas aplicadas como consecuencia, por un lado, de los esquemas de ahorro, y por otro, de las medidas judiciales vigentes en las distintas localidades del país, y a que los aumentos propuestos implicarían para ciertos usuarios incrementos porcentuales en las facturas
mayores a los que implicarían para la generalidad de los usuarios del país.
Que las diferencias que surjan de la implementación de los límites máximos dispuesto por la presente medida serán aplicadas como un descuento sobre los precios a ser facturados por los proveedores de gas natural de las prestatarias del servicio de distribución de gas por redes; el que se aplicará en forma proporcional a todos los proveedores de gas natural en función del volumen de gas suministrado; correspondiendo prever a su
vez la situación particular de los subdistribuidores.
Que con el fin de considerar adecuadamente la capacidad de pago de los usuarios que se encuentren en una situación económica y social vulnerable, se han dispuesto ?a través de la Tarifa Social- subsidios específicos en favor de usuarios y grupos de usuarios que requieren de la prestación regulada de manera indispensable, y que carecen de ingresos personales (o familiares) suficientes o se encuentran en dificultades particulares (vgr. discapacidad) para afrontar el pago del costo regulado que corresponde se aplique al tipo de servicio que deben recibir.
Que respecto a los reclamos y propuestas vinculados con el mecanismo de aplicación
de la Tarifa Social de los servicios de gas por red instrumentada por la Resolución N° 28/2016 de este Ministerio, y a los criterios de inclusión y exclusión de beneficiarios, dispuestos en virtud de las propuestas realizadas por el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, en consideración de dichos planteos, se estima necesario efectuar adecuaciones con el fin de asegurar una mayor protección de los sectores vulnerables de la sociedad y hacer más efectiva la aplicación del beneficio, permitiendo que este alcance a los sujetos que la necesiten.
Que las diversas manifestaciones que dan cuenta de la necesidad de la implementación de un beneficio para Clubes de Barrios y Pueblos previsto en la Ley N° 27.098, cuya Autoridad de Aplicación es la SECRETARÍA DE DEPORTES dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, corresponderá su oportuna consideración,
en los términos que resulte aplicable.
Que a ese respecto debe señalarse que la presentación efectuada por este Ministerio en la Audiencia Pública fijaba como referencia para el cálculo del ahorro el consumo del mismo bimestre del año anterior, cualquier que fuere, aspecto que fue motivo de cuestionamientos por la posibilidad de que el premio de un determinado año se convirtiera en castigo al año siguiente por la imposibilidad de lograr una reducción adicional en el consumo, razón por la cual se modificó el criterio de comparación, estableciéndose un añ
o base fijo (2015).
Que no obstante ello, teniendo en consideración las observaciones planteadas y en virtud de la entidad que involucra una modificación de las categorías
de consumo, se estima conveniente que tales cuestiones sean tenidas en cuenta en el proceso de la Revisión Tarifaria Integral que se encuentra en curso y en el que se determinará el nuevo régimen de tarifas máximas, conforme a lo estipulado en la Ley N° 24.076, su reglamentación, normas complementarias y conexas, y las pautas previstas en los Acuerdos de Renegociación.
Que en dicho marco, el sendero de los precios del Gas Propano por redes para categorías residenciales y SGP 1 y 2 en todo el país, teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente y el valor del precio objetivo en PIST en cada momento, serán equivalentes a US$ 1,15 / MMBTU a partir del 1 de octubre de 2016; de US$ 1,56 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2017; de US$ 2,13 / MMBTU a partir del 1 de octubre de 2017; de US$ 2,90 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2018; de US$ 3,96 / MMBTU a partir
del 1 de octubre de 2018; de US$ 5,40 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2019, alcanzando el objetivo de US$ 7,36 / MMBTU el 1 de octubre de 2019.
Que por otra parte, durante la Audiencia Pública distintos participantes plantearon que el aumento en el precio PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) para el GNC determinados por la en la Resolución N° 34 de fecha 29 de marzo de 2016 de este Ministerio tuvo un impacto significativo en algunos eslabones de la cadena de valor del GNC a partir del mes de abril del corriente año, principalmente por el cambio que implicó sobre la base imponible, poniéndolos en igualdad de
condiciones con los expendedores de combustibles líquidos, y el incremento en los montos por ITC y tasa hídrica
Que en tal orden el sendero de los precios de GNC para todo el país, teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente y el valor del precio objetivo en PIST en cada momento, serán equivalentes a US$ 4,08 / MMBTU
a partir del 1 de octubre de 2016; a US$ 4,44 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2017; a US$ 4,84 / MMBTU a partir del 1 de octubre de 2017; a US$ 5,27 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2018; a US$ 5,74 / MMBTU a partir del 1 de octubre de 2018; a US$ 6,25 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2019, alcanzando el objetivo de US$ 6,80 / MMBTU el 1 de octubre de 2019.
Que en varias de las exposiciones de la Audiencia Pública se cuestionó la referencia a los precios en dólares y la prohibición de las cláusulas de ajuste en dólar y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros paí
ses y cualquier otro mecanismo indexatorio estipulado en la Ley N° 25.561 de Emergencia Económica; y se planteó que a partir de la propuesta de los senderos se daría una dolarización de las tarifas que estarán sujetas al tipo de cambio, señalando asimismo que ante una variación brusca del tipo de cambio, los usuarios quedarían expuestos a grandes aumentos en las facturas, deteriorando su poder de compra.
Que en el tránsito hacia valores de mercado de los precios de gas en PIST, tal como lo prevé la Ley 24.076, se realizan estimaciones utilizando el valor de referencia del dólar estadounidense, todo lo cual no obsta que, de producirse un variaciones bruscas del tipo de cambio, tales circunstancias sean contempladas en oportun idad de realizarse los ajustes de los precios previstos en el sendero de reducción gradual de subsidios, para cada semestre, a los efectos de garantizar los derechos de los usuarios.
Que por último, habiéndose dado acabado tratamiento a las distintas presentaciones efectuadas en el marco de la Audiencia Pública, en virtud de los nuevos Precios en PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) para el gas natural y de las bonificaciones previstas para los usuarios residenciales que registren un ahorro en su consumo, en los términos dispuestos por la presente; es procedente instruir al ENARGAS a que, en el marco de su competencia, realice los procedimientos que correspondan a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; ello sin perjuicio de los valores que corresponda trasladar a los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región
conocida como “PUNA”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25.565 y sus modificaciones, los que deberán ajustarse proporcionalmente al incremento de los nuevos precios de gas determinados por la presente medida.
Que en función de la adecuación tarifaria que implemente, el ENARGAS deberá ajustar proporcionalmente las tarifas correspondientes a los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica, Departamento
Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como “PUNA”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25.565, y sus modificaciones.
ARTÍCULO 1° – Determínanse los nuevos Precios en PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) para el gas natural, conforme se consigna en el Anexo I (IF-2016-02011418-APN-SERCH#MEM) que forma parte integrante de la presente medida, que serán de aplicación a las categorías de usuarios que allí se indican.
ARTÍCULO 2° – Determínanse los nuevos Precios en PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) bonificados para los usuarios Residenciales de gas natural que registren un ahorro en su consumo igual o superior al QUINCE POR CIENTO (15%) con respecto al mismo período del año 2015, conforme se consigna en el Anexo II (IF-2016-02011534-APN-SERCH#MEM) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3° – Determínanse los nuevos Precios del Gas Propano destinados a la distribución de Gas Propano Indiluido por redes, estableciéndose en PESOS OCHOCIENTOS POR TONELADA MÉTRICA ($ 800/Tn) para los usuarios Residenciales y Servicio General P1 y P2, y PESOS DOS MIL CIEN POR TONELADA MÉTRICA ($ 2.100/Tn) para los usuarios Servicio General P3.
ARTÍCULO 4° – Determínase
con relación al nuevo Precio del Gas Propano destinado a la distribución de Gas Propano Indiluido por redes bonificado para aquellos usuarios Residenciales que registren un ahorro en su consumo igual o superior al QUINCE POR CIENTO (15%) con respecto al mismo período del año 2015 tendrá una bonificación igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del precio indicado en el artículo anterior.
ARTÍCULO 5° – Instrúyese a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS, hasta tanto los precios de gas en el PIST sean determinados por la libre interacción de la oferta y la demanda, a elaborar semestralmente y elevar a este Ministerio para su aprobación, la propuesta de precios de gas en PIST correspondiente a cada semestre, cada uno de ellos con inicio el día 1 de abril y el día 1 de octubre del año respectivo, sobre la base de los valores contemplados en el sendero de reducción gradual de subsidios descripto en los considerandos de la presente, ajustando para cada semestre el denominado precio objetivo conforme a las condiciones del mercado vigentes al momento de la elaboración de los cuadros de precios que se propongan.
ARTÍCULO 6° – Instrúyese al ENARGAS a que, en el marco de su competencia, realice los procedimientos que correspondan a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; ello sin perjuicio de los valores que corresponda trasladar a los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como “PUNA”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25.565 y sus modificaciones, los que deberán ajustarse proporcionalmente al incremento de los nuevos precios de gas determinados por la presente medida.
ARTÍCULO 7° – Instrúyese al ENARGAS a que, sobre la base de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, aplique una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir con la ejecución del plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos, a los efectos de asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio público a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.
Dicha tarifa de transición estará
vinculada al cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural determinado en función de lo previsto en el Artículo 6° de la Resolución N° 31 de fecha 29 de marzo de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, en cuyo marco las Licenciatarias no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento del referido Plan y contar a tal fin con la autorización de dicha Autoridad Regulatoria, en los términos de lo establecido en los acuerdos.
ARTÍCULO 8° – Instrúyese al ENARGAS a ajustar proporcionalmente las tarifas correspondientes a los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como “PUNA”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25.565, y sus modificaciones, a la adecuación tarifaria indicada en el artículo anterior de la presente resolución.
ARTÍCULO 9° – Instrúyese al ENARGAS a establecer los cuadros tarifarios correspondientes a la Tarifa Social definida en el Artículo 5° de la Resolución N° 28 de fecha 28 de marzo de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, a cuyos efectos deberá considerar la bonificación del CIEN POR CIENTO (100%) del precio de Gas Natural o del Gas Propano sobre las tarifas resultantes de lo dispuesto en el Artículo 7° de la presente.
– Instrúyese al ENARGAS a que, en el ejercicio de sus facultades, disponga las medidas necesarias a fin de que, el monto total, impuestos incluidos, de las facturas que emitan las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios deban abonar por consumos realizados a partir de la fecha de entrada en vigencia de los precios de gas en PIST establecidos en la presente resolución, no superen los montos máximos equivalentes a los porcentajes que se indican a continuación, considerados como porcentajes de incremento sobre el monto total, impuestos incluidos, de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior:
– Usuarios R1-R23: 300%
– Usuarios R31-R33: 350%.
– Usuarios R34: 400%.
– Usuarios SGP: 500%
ARTÍCULO 11. – Establécese que las diferencias que surjan entre el monto final resultante de los cuadros tarifarios que apruebe el ENARGAS en función de lo previsto en la presente y el monto efectivamente facturado en función de lo dispuesto en el artículo precedente, será aplicado como un descuento sobre los precios a ser facturados por los proveedores de gas de las prestatarias del servicio de distribución de gas por redes. Dicho descuento se aplicará en forma proporcional por todos los proveedores de gas natural en función del volumen de gas suministrado a cada Distribuidor.
– Establécese que las diferencias que surjan entre el monto final resultante de los cuadros tarifarios que apruebe el ENARGAS en función de lo previsto en la presente y el monto efectivamente facturado en función de lo dispuesto en el Artículo 10 de la presente, con relación al gas suministrado a los Subdistribuidores y por éstos a sus usuarios, con excepción de aquellos que adquieran el gas natural directamente a los productores, será aplicado como descuento sobre las facturas que las Licenciatarias de Distribución emitan para cada Subdistribuidor. Las Licenciatarias de Distribución darán a dicho descuento el tratamiento dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 13. – Las disposiciones contenidas en la presente resolución serán de aplicación para los consumos de gas realizados a partir del día 7 de octubre de 2016.
ARTÍCULO 14. – Incorpórase como Anexo III (IF-2016-01827245-APN-MEM) de la presente el Informe de Cierre de la Audiencia Pública del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS N° 83 realizado de conformidad por el Artículo 36, Capítulo IV, del Anexo I del Decreto N° 1172/2003 y por el Artículo 21, Capítulo 3, del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° 3158/2005.
ARTÍCULO 15. – Notifíquese al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.
ARTÍCULO 16. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. – Juan J.
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