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Document:
Resolución de TEAF Álava, 30-10-2001 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 30 de Octubre de 2001
Fecha: 30 de Octubre de 2001
Núm. Resolución: R010198
La Administración puede embargar las opciones de compra y todos los derechos del arrendatario en dos contratos de lease-back sobre dos pabellones, notificándolo al deudor y al arrendador de leasing como propietario que es de los inmuebles, pues ni la normativa específica de estas operaciones, ni la procesal común, ni la administrativa-recaudatoria los declaran inembargables. El carácter personalísimo de este tipo de contratos, atípicos, complejos e importados del derecho mercantil de los Estados Unidos, no puede impedir que el crédito público pueda quedar garantizado preventivamente, por más que si el arrendatario deja de pagar las cuotas mensuales o no ejercita las opciones de compra tales derechos sean irrealizables y el crédito pueda resultar fallido.
En Vitoria-Gasteiz, a treinta de octubre de dos mil uno.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 152/99, interpuesta por D. , en nombre y representación de Banco S.A.., como entidad absorbente de la mercantil S.A., contra la diligencia de la Agente Ejecutiva, de 21 de junio de 1999, que embarga los derechos que en los contratos de arrendamiento financiero sobre dos pabellones sitos en de ostenta la mercantil S.A.., en el procedimiento ejecutivo contra esta última por débitos tributarios a la Hacienda Foral de Alava; cuantía: 144.946.974 ptas.
Primero.-La diligencia referenciada se emite el 21 de junio de 1999 para el aseguramiento de la cuantía indicada, las anotaciones correspondientes se realizan por el Registrador el día 25 siguiente, y la traba recae sobre los derechos de la empresa deudora en dos contratos de lease-back sobre dos pabellones sitos en el término de , formalizados en escrituras de 30 de diciembre de 1992 y 1 de julio de 1994.
Segundo.-Contra la misma, la representacion del Banco promueve la presente reclamación y solicita se alce el embargo trabado y se libre el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad para la cancelación de las anotaciones preventivas.
Alega en defensa de su derecho que, como sociedad que ha absorbido a S.A., es propietaria indiscutible de los dos pabellones que esta última había cedido mediante contratos de leasing a S.A., y que este tipo de contratos es de carácter personalísimo, por lo que los derechos de uso y de opción de compra son inseparables del arrendatario y no pueden ejercitarse por terceros, lo que implica que sean inembargables, pues, si se incumplen las obligaciones contractuales, los bienes revierten a la arrendadora.
A este fin aporta copia de las dos escrituras e informe, sin fecha ni firma, que atribuye al Presidente de la Asociación Española de Leasing D. .
Tercero.-La Agente Ejecutiva remite el expediente correspondiente y mantiene la validez de los embargos, pues en caso contrario el Registrador no los habría anotado.
Cuarto.-En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado por el Real Decreto 391/96, de 1 de marzo.
Primero.-La cuestión a resolver se circunscribe a si la diligencia de embargo anotada en el Registro de la Propiedad, sobre los derechos que el arrendatario financiero y deudor de la Hacienda Foral ostenta en dos contratos de lease-back sobre dos pabellones industriales, debe anularse a instancias de la arrendadora porque este tipo de contratos es de carácter personalísimo y los derechos que de ellos derivan sólo puede ejercitarlos el arrendatario.
Segundo.-El acto ejecutivo impugnado se ampara en la responsabilidad universal establecida en el art. 1911 del Código Civil, cuando regula que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros; y se efectúa en aplicación de lo dispuesto en el art. 124 de la Norma Foral General Tributaria, en la redacción que le dio la 17/98, de 15 de junio:
'1.Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional, cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado.
El embargo preventivo se asegurará mediante su anotación en los registros públicos correspondientes...'
Seguidamente, por su incidencia sobre los derechos de terceros y, más en concreto, sobre los de la entidad aquí reclamante, el art. 130.1, en la redacción que le dio la Norma Foral 23/96, de 5 de julio, dispone que:
'...Hecho el embargo, se notificará al deudor y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones,...'.
Tercero.-Con esta delimitación de intereses en juego habrá que examinar la naturaleza jurídica de los mentados contratos, pues el petitum que formula la reclamante es también el propio de una tercería de dominio, dando por entendido, sobre la base de su argumentación y de una concepción amplia de la legitimación para recurrir en un procedimiento como éste, que su pretensión es consecuencia de que las actuaciones ejecutivas inciden en sus legítimos intereses aún cuando no invaden su derecho de propiedad, en cuyo caso el conocimiento de la reclamación sería competencia de otro órgano distinto a éste y a través del procedimiento de tercería de dominio.
Cuarto.-En cuanto a la especialidad de este tipo de contratos, regulados fundamentalmente en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 26/88, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, hay que decir que la figura de lease-back constituye una de las modalidades posibles de leasing financiero, en virtud del cual un empresario o usuario, por razones de financiación y fiscales y, en definiva, para obtener liquidez, se desprende y vende un bien a una sociedad de leasing, que se lo arrienda mediante un contrato a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de unas cuotas, y con una opción de compra a favor del arrendatario, a ejercer al final del período estipulado.
En los dos de los que aquí se trata, se formalizan en la misma fecha las operaciones de venta y de arrendamiento de los dos pabellones, este último por importes de 40.546.520 ptas. y 56.554.320 ptas., con el compromiso de 120 abonos mensuales que terminan el 30 de noviembre de 2002 y el 1 de junio de 2004, respectivamente, y con dos opciones de compra a ejercitar en el último mes de cada contrato por unos importes de 318.721 ptas. y 471.286 ptas.
Quinto.- En el momento actual, existe una consolidada jurisprudencia civil sobre este tipo de operaciones, recaída fundamentalmente en procesos en los que se discutía el dominio de los bienes, expresada, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1997 (Ar. 8273) que lo aborda como institución del derecho mercantil importada del área jurídica de los Estados Unidos y plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial, y lo define como contrato complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones y de contenido no uniforme.
Del contenido de las escrituras aquí traídas sí resulta el carácter personalísimo que se afirma, pues una de las claúsulas expresa que 'la arrendataria se obliga a destinar la finca arrendada para el ejercicio de su actividad mercantil, no pudiendo cederla, traspasarla, subarrendarla ni subrogar a persona alguna en los derechos locativos sin autorización expresa y escrita de la arrendadora',y que el derecho de opción 'sólo puede ser ejercitado por la arrendataria a la finalización del contrato de arrendamiento, en el último mes de vigencia del mismo y estando al corriente de las obligaciones contractuales que le incumben.'.
Sexto.- Con todo y con ello, para conocer los bienes o derechos excluidos de la responsabilidad universal del art. 1911 del Código Civil, había que acudir, en la fecha en que se realizaron los embargos impugnados, a los arts. 1448 y 1449 de la entonces vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, el segundo de los cuales, después de enumerar algunos bienes, disponía que'Serán inembargables también aquellas otras cantidades así declaradas por disposiciones especiales'.La regulación común actual de los bienes inembargables se encuentra recogida en los arts. 605 a 612 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
En concordancia con esta normativa procesal común, el Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava de 10 de mayo de 1994, en su art. 144, prevé que:
'No se embargarán los bienes siguientes:
b) Los declarados en particular inembargables en virtud de Norma Foral o Ley,
c) Aquéllos de cuya realización se presuma, a juicio del órgano de recaudación, que resulte producto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización.'.
Séptimo.-De acuerdo con este seguimiento legal se puede concluir que la normativa específica de estos contratos, que hay que calificar de reciente, no excluye de la traba los derechos del arrendatario, ni tampoco la procesal común, ni la administrativa-recaudatoria, de donde, a salvo la impugnación que pueda realizar el deudor por motivos que a él solo le competen, no hay motivo legal para anular la diligencia de embargo controvertida, del mismo modo que tampoco parece que el Registrador encontrara extralimitación alguna cuando llevó a cabo las anotaciones.
A mayor abundamiento, no hay muestra de esta imposibilidad de traba cuando esta problemática ha sido vista por el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de diciembre de 1999 (Ar. 9748), por la Audiencia Provincial de Navarra en su auto de 20 de marzo de 1995 (Ar. AC 464) o por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de 8 de febrero de 2000 (Ar. 491), entre otras. En la primera de estas tres, no sólo se embargó el derecho, sino que también se subastó y adjudicó, y, en la tercera, incluso después de haberse rescindido judicialmente el contrato, a instancias del arrendador, la Dirección General mantiene que esa sentencia, por sí sola, no puede ordenar la cancelación de la traba sobre los derechos del arrendatario, porque la cancelación del asiento registral precisa el consentimiento del titular o la resolución del juez o del agente administrativo que lo ordenó.
Octavo.-La conclusión alcanzada no impide que si la arrendataria incumple su obligación de satisfacer las cuotas mensuales, hecho del que no hay constancia y que de ser cierto podría haberse afirmado por la recurrente, tenga ésta, como arrendadora, plena capacidad legal para instar la rescisión de los contratos, con lo que los derechos de la Hacienda Foral de Álava sobre esos bienes podrían verse volatilizados por recuperar la arrendadora el poder de disposición sobre los mismos, lo que sucedería también si llegado el final del período contractual la deudora no ejercita las opciones de compra que tiene atribuidas en exclusiva, dado el carácter personalísimo de este tipo de operaciones reconocido por la mayoría de la doctrina mercantilista.
Noveno.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede desestimar la presente reclamación y confirmar la diligencia de embargo recurrida.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 152/99 interpuesta por la representación de Banco S.A., como entidad absorbente de la mercantil S.A., contra la diligencia de la Agente Ejecutiva, de 21 de junio de 1999, que embarga los derechos que en los contratos de arrendamiento financiero sobre dos pabellones sitos en , de , ostenta la mercantil S.A.,en el procedimiento ejecutivo contra esta última por débitos tributarios a la Hacienda Foral de Alava,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar el acto impugnado, por ser conforme a derecho.
Sentencia Civil Nº 808/1996, TSJ Castilla-La Mancha, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 107/1996, 06-12-1996
Orden: Civil Fecha: 06/12/1996 Tribunal: Tsj Castilla-la Mancha Ponente: Sanchez, Juan Manuel Purificacion Num. Sentencia: 808/1996 Num. Recurso: 107/1996
Sentencia Civil Nº 335/2013, AP - Alicante, Sec. 6, Rec 238/2013, 03-10-2013
Orden: Civil Fecha: 03/10/2013 Tribunal: Ap - Alicante Ponente: Rives Seva, Jose Maria Num. Sentencia: 335/2013 Num. Recurso: 238/2013
Sentencia Civil Nº 61/2013, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 599/2012, 08-02-2013
Orden: Civil Fecha: 08/02/2013 Tribunal: Ap - Barcelona Num. Sentencia: 61/2013 Num. Recurso: 599/2012
Sentencia Civil Nº 433/2013, AP - Sevilla, Sec. 6, Rec 188/2013, 04-12-2013
Orden: Civil Fecha: 04/12/2013 Tribunal: Ap - Sevilla Ponente: Torrecillas Martinez, Francisca Num. Sentencia: 433/2013 Num. Recurso: 188/2013
Sentencia Civil Nº 37/2013, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 593/2012, 05-02-2013
Orden: Civil Fecha: 05/02/2013 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Ribelles Arellano, Jose Maria Num. Sentencia: 37/2013 Num. Recurso: 593/2012
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Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 26/10/1998
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