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Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia
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María José Robles Mendoza
1 Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia2 Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia Rodrigo Uprimny Yepes María Paula Saffon Sanín Catalina Botero Marino Esteban Restrepo Saldarriaga Colección ensayos y propuestas Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 13 Contenido Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Socios fundadores Helena Alviar García Catalina Botero Marino Mauricio García Villegas Diego Eduardo López Medina Juan Fernando Jaramillo Pérez Danilo Rojas Betancourth César Rodríguez Garavito Rodrigo Uprimny Yepes Director Rodrigo Uprimny Yepes Subdirectora administrativa y de planeación Flor Elba Castro Martínez ISBN 958- Corrección Emma Ariza Preparación editorial Marta Rojas Diseño de colección Martha Isabel Gómez Fotografías de portada Archivo El Tiempo, AFP Impresión Ediciones Antropos Primera edición Bogotá, D.C. junio de 2006 DeJuSticia, 2006 Carrera 4A Nº Teléfonos: , , Correo electrónico: Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación para Colombia Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso colombiano Rodrigo Uprimny Yepes 2 Estándares internacionales y procesos de transición en Colombia Catalina Botero Marino Esteban Restrepo Saldarriaga 3 Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades Rodrigo Uprimny Yepes María Paula Saffon Sanín 4 Derecho a la verdad: alcances y límites de la verdad judicial Rodrigo Uprimny Yepes María Paula Saffon Sanín4 5 La ley de justicia y paz : una garantía de justicia y paz y de no repetición de las atrocidades? Rodrigo Uprimny Yepes María Paula Saffon Sanín 6 Al fin, ley de justicia y paz? La ley 975 de 2006 tras el fallo de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny Yepes María Paula Saffon Sanín Agradecimientos Lo opuesto al pasado no es el futuro sino la ausencia de futuro; lo opuesto al futuro no es el pasado sino la ausencia de pasado. Elie Wiesel 1 Una de las críticas más usuales contra los libros que defienden el deber de esclarecer y recordar la verdad de las atrocidades ocurridas en una sociedad es la siguiente: esos reclamos de memoria serían la expresión del resentimiento de ciertas personas que no logran superar los traumas del pasado.y por ello suelen hacerse llamados a pasar la página y a mirar al futuro y no hacia el pasado. Pero nada menos cierto; el deber de la sociedad de recordar los horrores del pasado no deriva de un anclaje malsano en el pasado sino de un esfuerzo deliberado por construir un futuro libre de dichas atrocidades. Esta idea ha sido defendida de manera reiterada, entre otros, por Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz y sobreviviente de los campos de muerte de Awshvitz y Buchenwald. En su incesante esfuerzo por perpetuar la memoria del Holocausto, Wiesel ha insistido en que el recuerdo de ese pasado atroz no es obra del resentimiento ni pretende anclarnos en los relatos de esos sufrimientos indecibles; el deber de memoria está lleno de esperanza. Lo que pasa es que, como dijo Wiesel en su Conferencia Nobel del 11 de diciembre de 1986, la esperanza sin memoria es como la memoria sin esperanza 2. En sus palabras, la memoria del mal debe ser un escudo contra el mal 3 y por ello el futuro no debe ser construido sobre el olvido del pasado. Las batallas por la memoria están entonces llenas de esperanza y de futuro. Esta convicción animó nuestros esfuerzos en la realización de estos 1 Conferencia Nobel del 11 de diciembre de Disponible en: nobelprize.org/peace/laureates/ 1986/wiesel-lecture.html. 2 Ibídem. 3 Ibídem.5 escritos, cuya redacción no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestras familias y amigos. Este texto está dedicado a ellos, como testimonio de nuestra esperanza en una Colombia libre de horrores. La presente publicación fue además posible gracias al apoyo de la Fundación Ford y de la Fundación Merck; la primera financió el trabajo investigativo general que sustentó la realización de varios de los documentos del libro. La segunda, por su parte, financió la publicación del libro y la elaboración de uno de los documentos que hace parte del mismo. Queremos pues agradecer a estas dos entidades por su apoyo. Igualmente agradecemos a la Universidad de los Andes y al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, y en especial a Angelika Rettberg, por permitirnos actualizar para esta publicación las versiones previas de los capítulos 2 y 3, que habían sido incluidos como artículos en el libro publicado por ellos sobre el tema 4. 0 Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación para Colombia 4 Ver la referencia exacta del texto en la bibliografía de los capítulos 2 y 3 de esta obra.6 Introducción La expresión justicia transicional hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz. Los procesos de justicia transicional enfrentan importantes dilemas, originados todos en la compleja necesidad de equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz. En efecto, en las últimas décadas se han consolidado imperativos jurídicos internacionales que protegen los derechos de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en la etapa previa a las transiciones y que buscan impedir que hechos como los acaecidos vuelvan a suceder. Estos derechos se concretan en el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos, en la obtención de una reparación por concepto de ello y en la judicialización y responsabilización del culpable de los crímenes. Sin embargo, las necesidades de paz y reconciliación nacional propias de los procesos transicionales presionan en dirección opuesta a dichos derechos, pues sobre todo cuando el proceso transicional es consecuencia de una negociación política para que los responsables de crímenes atroces acepten dejar atrás el régimen despótico o la guerra civil, es necesario que encuentren incentivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus actos. No es posible ignorar estas tensiones entre justicia y paz; por ello, si bien es deseable buscar vías que tiendan a reducirlas, debe hacerse con la conciencia de que no es posible eliminarlas ni ignorarlas y que no existen fórmulas únicas satisfactorias en materia de justicia transicional. Los anteriores dilemas se intensifican sin duda cuando, como en la actualidad sucede en el caso colombiano, el proceso transicional no puede Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación para Colombia 137 14 producir una transformación radical del orden social y político. Por más que las actuales negociaciones de paz entre los paramilitares y el Gobierno trajesen como consecuencia el efectivo desmonte del fenómeno paramilitar y el respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas cosa que, como se verá, es seriamente puesta en duda en los distintos capítulos de este libro, el conflicto armado no acabaría en Colombia. Se trataría, en el mejor de los casos, de una justicia transicional y una paz fragmentarias, pues no aparecen en el orden del día negociaciones con los demás actores alzados en armas que puedan poner fin a la guerra, la cual podría al contrario tender a su agudización en el futuro cercano. Colombia atraviesa entonces un proceso de justicia transicional sin transición. La complejidad y relevancia de este fenómeno han hecho que el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia) haya adoptado como una de sus líneas de trabajo estratégicas la elaboración de herramientas conceptuales, normativas y empíricas que permitan una adecuada comprensión de la justicia transicional en el contexto colombiano y que propendan por soluciones plausibles, equilibradas y justas de los dilemas que la impregnan. En el marco de dicha estrategia y en cooperación con otras entidades, diferentes miembros de DeJuSticia han producido y publicado una serie de estudios a lo largo del año pasado. Hemos decidido reunir dichos estudios como capítulos de este libro, pues consideramos que, a pesar de haber sido publicados con propósitos específicos, son complementarios, de suerte que permiten tener una visión global de los dilemas jurídicos, éticos y políticos de la justicia transicional en Colombia y de las posibles formas de enfrentar dichos dilemas. Los primeros dos capítulos del libro ofrecen herramientas conceptuales y normativas generales a partir de las cuales pueden ser analizados los distintos procesos de justicia transicional. Se trata de una reflexión de carácter más abstracto sobre el tema que, si bien hace alusión a la situación colombiana, en principio podría servir para el estudio de cualquier contexto transicional. Así, el capítulo 1 explora los dilemas propios de todo proceso transicional y presenta los diferentes modelos o fórmulas que un proceso de este tipo puede tomar con miras a resolverlos. Sin adentrarse demasiado en ello, el capítulo reflexiona brevemente sobre la aplicabilidad de tales fórmulas al caso colombiano. El capítulo 2, por su parte, estudia detalladamente los estándares jurídicos internacionales que resultan aplicables en contextos de justicia transicional que, como el colombiano, enfrentan la necesidad de negociar la paz con grupos que han perpetrado graves violaciones de los derechos humanos. En particular, el capítulo se detiene en la manera como rige la normativa internacional y a la vez complementa el orden normativo y constitucional colombiano, y de esa forma explicita los mínimos con los que debe cumplir un proceso transicional que se lleve a cabo en el país. En los tres capítulos siguientes se discuten herramientas conceptuales, normativas y empíricas específicamente útiles para el análisis de la coyuntura colombiana, muy vinculada al debate sobre el proceso de paz del actual Gobierno con los grupos paramilitares y la aprobación de la llamada ley de justicia y paz. Estos capítulos tratan temas que han sido relevantes en el debate sobre el marco jurídico de las negociaciones de paz con los paramilitares. Así, el capítulo 3 aborda las tensiones y complementariedades existentes entre la justicia transicional y la justicia restaurativa. Esta discusión conceptual se explica porque, desde un comienzo, el debate acerca del modelo de transición a adoptar en Colombia ha insistido en el componente restaurativo de la justicia, por lo que conviene analizar sus límites y potencialidades para un contexto como el nuestro. El capítulo 4 analiza las virtudes y las posibles limitaciones de la verdad judicial como mecanismo para garantizar el esclarecimiento de la verdad de los hechos acaecidos antes de la transición. Esto se justifica si se tiene en cuenta que la verdad aparece como un presupuesto necesario para el éxito de todo proceso transicional, y que el marco jurídico creado en Colombia para el proceso transicional en curso la ley de justicia y paz optó preferencialmente por la verdad judicial para alcanzar dicho fin. Por último, a la luz de las herramientas conceptuales generales y específicas antes enunciadas, el capítulo 5 estudia detallada y críticamente el contenido de la ley de justicia y paz. En particular, se pregunta si los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación se ven debidamente protegidos por esta ley, y si ésta garantiza la no repetición de los crímenes cometidos por el paramilitarismo. Aunque las conclusiones a este Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación para Colombia 158 16 respecto no son muy alentadoras, este capítulo ofrece algunas recomendaciones para que, en lo posible, la aplicación de esta ley potencie sus fortalezas y minimice sus riesgos. Los capítulos antes reseñados presentan, sobre todo, un análisis de carácter teórico y jurídico de la situación que atraviesa Colombia en la actualidad. Los textos no se embarcan aún en el análisis sociopolítico de la realidad del conflicto colombiano en general, ni del fenómeno paramilitar en particular, a pesar de que esta realidad enmarca e influye en la problemática estudiada. Aceptamos, por ello, la limitación de las conclusiones que aquí alcanzamos, pues sabemos que un trabajo como ése es de vital importancia para la entera comprensión de la situación colombiana. En un futuro, esperamos continuar esta serie de ensayos con análisis que se dirijan en tal sentido. Es de rigor una aclaración: los distintos capítulos se basan en textos publicados en 2005, pero que fueron cuidadosamente revisados para el presente libro, no sólo con el fin de actualizar algunas informaciones, sino además para evitar repeticiones innecesarias. Con todo, hemos querido mantener cada capítulo como un texto con una suficiente unidad para ser leído autónomamente por aquel lector que esté preocupado por analizar únicamente un punto específico. Por ello, la duplicación de algunas tesis resultó inevitable con el fin de mantener la cohesión y coherencia de los capítulos. Como el lector podrá constatarlo, estos escritos, a pesar de que fueron elaborados durante los debates sociales y políticos suscitados en los meses anteriores por el proceso de paz con los paramilitares y por la aprobación de la ley de justicia y paz, no son textos que tienen un interés puramente coyuntural, pues plantean reflexiones más duraderas sobre dilemas que seguirán acechando a nuestro país en los próximos meses y años. Y es que en Colombia, la discusión sobre el marco normativo de las negociaciones de paz dista de haberse agotado. Esperamos entonces que esta obra brinde elementos conceptuales que contribuyan a un debate más informado sobre este difícil tema. Bogotá, enero de Rodrigo Uprimny Director del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad DeJuSticia 1 Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso colombiano * Rodrigo Uprimny Yepes * Este trabajo se basa en un texto que escribí con Luis Manuel Lasso Lozano: Uprimny, R. y Lasso, L.M. (2004). Una síntesis de ese artículo apareció en la Revista Foro, 53, La presente versión contó con la valiosa colaboración de María Paula Saffon.9 El debate sobre cómo enfrentar las violaciones masivas de derechos humanos en el marco de un proceso de paz reviste gran complejidad, pues posee dimensiones jurídicas, políticas y éticas, que suelen presentar profundas tensiones entre sí. Estas tensiones se materializan en el enfrentamiento entre los imperativos jurídicos internacionales, que muestran una tendencia hacia la exigencia del castigo a los responsables de crímenes atroces, por un lado, y las restricciones derivadas de las realidades políticas y de la necesidad de lograr negociaciones exitosas para trascender el conflicto, por otro lado. En tal contexto, este artículo ofrece un marco teórico a partir del cual es posible analizar un proceso de justicia transicional determinado, como el que se busca implementar en Colombia actualmente. Lejos de entrar en el detalle del caso colombiano, considero de gran utilidad ofrecer algunas herramientas conceptuales que permitan enmarcar y precisar el alcance de las discusiones acerca de la ley de justicia y paz, y su próxima aplicación. Con ese fin, el texto comienza por enunciar y explicar los dilemas de la justicia transicional (I), para luego presentar una tipología sobre las diversas fórmulas de justicia transicional, tanto desde el punto de vista de su contenido (II) como de la forma en que fueron adoptadas (III), tratando de evaluar su aplicabilidad al caso colombiano. El artículo termina con unas breves conclusiones acerca de la importancia del contexto y de las particularidades del proceso transicional que en la actualidad intenta llevar a cabo Colombia (IV). I. Dilemas de la justicia transicional Los procesos de justicia transicional buscan, ordinariamente, llevar a cabo una transformación radical del orden social y político de un país, bien para reemplazar un estado de guerra civil por un orden social pacífico, Las enseñanzas del análisis comparado 1910 20 bien para pasar de una dictadura a un orden político democrático. Especialmente cuando se trata de transiciones negociadas, cuyo objetivo es dejar atrás un conflicto armado y reconstituir el tejido social, dicha transformación implica la difícil tarea de lograr un equilibrio entre las exigencias de justicia y paz, es decir, entre los derechos de las víctimas del conflicto y las condiciones impuestas por los actores armados para desmovilizarse. Y es que existen tensiones entre las exigencias jurídicas internacionales relativas a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y las restricciones impuestas por las negociaciones de paz llevadas a cabo por los actores armados con miras a lograr la paz. Así, aun cuando la normatividad internacional ha hecho de la obligación de individualizar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos un imperativo cada vez más estricto, la imposición de sanciones de ese tipo en todos los casos puede obstaculizar e incluso llevar al fracaso un acuerdo de paz. Porque, hay que aceptarlo, en un contexto de guerra, ningún actor armado estaría dispuesto a participar en un acuerdo de paz que no representara ningún atractivo para él. Las tensiones entre justicia y paz, entonces, deben ser tenidas en cuenta en todo análisis que verse sobre las condiciones de posibilidad de un proceso transicional, pues ignorarlas equivale a desconocer el inmenso peso que tienen las particularidades del contexto político en el éxito o fracaso de un proceso de ese tipo. Por eso, si bien es cierto que a largo plazo una paz democrática durable y verdadera se edifica en forma más sólida sobre la aplicación de justicia a los crímenes ocurridos, a corto plazo pueden existir tensiones entre las exigencias de la justicia y las dinámicas de la paz, por lo que puede resultar necesario flexibilizar, aunque no anular, ciertos requerimientos de justicia en pro de la consecución de la paz. De ahí que pueda afirmarse que, en el marco de un proceso transicional basado en negociaciones de paz entre actores armados, así como la impunidad resulta una opción imposible desde el punto de vista ético y jurídico, la posibilidad de una justicia retributiva plena también parece quedar excluida. Ello no obsta, sin embargo, para que las fórmulas específicas ideadas para lograr una transición exitosa puedan incluir exigencias importantes de justicia retributiva, así como dosis sustanciales de perdón. De hecho, si algo queda claro al evidenciar las tensiones insertas en este tipo de procesos es que no existen fórmulas únicas satisfactorias para superarlas. Todas las estrategias de justicia transicional implican necesariamente el sacrificio de alguno de los valores en tensión. Por ello, los dilemas de justicia transicional tienen algo de trágico 1. Además, a pesar de la existencia de ciertas exigencias jurídicas consideradas universales y de que es posible aprender de las experiencias desarrolladas en otros procesos de transición, en cada país operan restricciones políticas y jurídicas diversas, por lo que cada sociedad debe diseñar su propia fórmula para enfrentar los problemas de verdad, reparación y justicia, pues las relaciones de fuerza entre los actores son distintas y las posibilidades de compromiso diversas. Ello hace que cada sociedad deba diseñar su propia fórmula de justicia transicional, de acuerdo con los condicionamientos políticos y jurídicos impuestos por el entorno en cuestión. II. Tipos de transición según las fórmulas adoptadas Los distintos ejemplos de justicia transicional que ofrece la historia reciente han surgido como mecanismos particulares para enfrentar las tensiones arriba descritas. Por eso, a pesar de la diversidad que presentan en cuanto a los contextos en los cuales surgieron y a las herramientas específicas escogidas para su implementación, los diferentes procesos transicionales pueden ser clasificados esquemáticamente en tipos básicos, en función de la manera como han resuelto las tensiones entre justicia y paz. En particular, resulta posible clasificar tales transiciones según el contenido sustantivo de sus fórmulas y según el procedimiento empleado para diseñarlas. 1 En el mismo sentido, ver Orozco (2005, p. 4). Por ello sigue siendo válida la afirmación hecha por Diane Orentlicher (1991) hace más de 10 años en un influyente artículo sobre el tema: como equilibrar las demandas de justicia frente a los permanentes peligros planteados por los militares y otras fuerzas, plantea problemas frente a los cuales nadie ha propuesto aún soluciones generales y satisfactorias (p. 2539). Otro conocido experto en el tema, Brandon Hamber (2003), afirmó recientemente que cualquier mecanismo transicional es, por su naturaleza y su lugar histórico, un instrumento políticamente polémico (p. 1075). Las enseñanzas del análisis comparado 2111 22 En función de su contenido, es posible clasificar las formas de transición por el mayor o menor peso que les otorgan al castigo de los victimarios y a la garantía de los derechos de las víctimas o, en cambio, al perdón de los crímenes cometidos por aquéllos y al olvido de los hechos ocurridos 2. El cuadro 1, que se asemeja a la tipología propuesta por otros autores 3, permite entonces hablar de cuatro tipos básicos de procesos transicionales: Es preciso tener en cuenta que el sigueinte cuadro hace referencia a tipos ideales y que, en la práctica, los procesos transicionales presentan un carácter dinámico y tienen unas especificidades que les permiten tener características de uno o varios tipos, así como comenzar escogiendo una vía transicional y terminar optando por otra. Por ejemplo, la transición chilena sirve de ejemplo del modelo II tan sólo en su fase inicial. En efecto, años después de las amnistías generales concedidas a los responsables de crímenes atroces, algunos de ellos terminaron por ser juzgados, lo que se explica si se tiene en cuenta que, en muchos casos, los procesos transicionales tienen un carácter dinámico mucho más complejo que aquel que pueda describir una tipología como ésta. El ejemplo de Argentina es también ilustrativo de esta situación. En un primer momento, al inicio del gobierno de Alfonsín, la transición argentina mostró una tendencia hacia una transición punitiva, ya que los miembros de la junta militar fueron condenados y todo parecía 2 En esta tipología uso la expresión perdón en un sentido genérico, con el fin de hacer referencia a todas aquellas medidas jurídicas que evitan que una persona reciba la totalidad del castigo retributivo que, conforme al ordenamiento, amerita por un crimen atroz, sin importar la naturaleza jurídica de esas figuras. Así, puede tratarse de amnistías generales, indultos particulares o subrogados penales tipo libertad provisional (parole), condena de ejecución condicional (probation) o sustitución de la pena privativa de la libertad por otras medidas. Con ello no quiero decir que la distinción entre esas figuras no tenga importancia; es obvio que la tiene, pero todas comparten la idea de eliminar o reducir considerablemente la pena retributiva y, por ello, desde ese punto de vista, todas implican una forma de perdón. 3 Para tipologías semejantes, aunque no iguales, ver Slye (2002) y Simon (2003). Cuadro 1. Procesos transicionales según el contenido de la fórmula de transición adoptada Tipos I. Perdones II. Perdones III. Perdones IV. Transiciones de transición amnésicos compensadores responsabilizantes punitivas Chile y Salvador Sudáfrica Núremberg, Ruanda y Yugoslavia España y las amnistías en Colombia Ejemplos Establecimiento de tribunales ad hoc para castigar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad El establecimiento de una comisión de verdad, la exigencia de la confesión total de crímenes atroces, la previsión de ciertas reparaciones, y el otorgamiento de perdones individuales y condicionados para algunos crímenes Amnistías generales, acompañadas de la implementación de comisiones de verdad y de algunas medidas de reparación de las víctimas Amnistías generales, que no contemplan estrategias para el esclarecimiento de la verdad o para la reparación de las víctimas Características básicas Lógica subyacente Sólo por medio del castigo de los responsables es posible erigir un orden democrático nuevo, fundado en el respeto de los derechos humanos Lograr un equilibrio entre las exigencias de justicia y perdón, que haga posible la transición y la reconciliación, intentando en todo caso individualizar responsabilidades Compensar el perdón otorgado a los responsables con medidas de recuperación de la verdad histórica y de reparación de las víctimas Facilitar las negociaciones entre los actores y la reconciliación nacional a través del olvido Las enseñanzas del análisis comparado 2312 24 indicar que muchos otros oficiales involucrados en crímenes atroces iban a ser juzgados. Sin embargo, en un segundo momento y con la expedición de las leyes de punto final y obediencia debida, producto de las presiones de los militares al gobierno Alfonsín y los retrocesos de los gobiernos civiles, dicho país se encaminó hacia el modelo de perdones responsabilizantes. En un tercer momento, el indulto concedido a los jefes de la junta militar por parte de Menem condujo la transición argentina hacia el modelo de perdones compensadores. Con todo, lo anterior no obsta para que, en desarrollos más recientes, Argentina se esté dirigiendo hacia un modelo de mayores castigos, aplicados a casos pasados. Los anteriores tipos ideales son entonces modelos o herramientas esquemáticas, útiles para comprender los diversos elementos que están en juego en los procesos transicionales, pero limitados en la medida en que la realidad es más compleja y cambiante. Ahora bien, de los modelos de justicia transicional antes enunciados, dos son radicales (I y IV) y dos son intermedios (II y III) en lo que respecta al contenido de sus fórmulas. Es más, podría decirse que los modelos radicales de transición basados en perdones amnésicos (I) y en transiciones punitivas (IV) no son, en realidad, verdaderos tipos de justicia transicional, en tanto que no se encuentran atravesados por el dilema descrito de esta última. De hecho, si bien ambos modelos describen la transición de un estado de guerra a uno de paz o de una dictadura a una democracia, dicha transición no resuelve la tensión entre justicia y paz a través de la consecución de un equilibrio entre las dos exigencias, sino más bien mediante la escogencia de una sola de ellas. Así, mientras que las fórmulas basadas en perdones amnésicos buscan lograr transiciones negociadas sin justicia, las transiciones punitivas, por su parte, imponen justicia sin dar cabida ninguna a la negociación. En ese entender, ni las transiciones fundadas en perdones amnésicos ni las transiciones punitivas se ajustan a las circunstancias colombianas pues, dado el conflicto armado en el que estamos inmersos, dichas circunstancias requieren un proceso transicional que exija justicia para los responsables de crímenes atroces, pero que al mismo tiempo se enmarque dentro de la lógica de la negociación entre actores armados que hoy domi- na la escena. Por eso, en el contexto colombiano, estos dos modelos radicales de transición resultan tanto inviables políticamente, como indeseables jurídica y éticamente. Por una parte, la implementación de una transición basada en perdones amnésicos (I), que fue posible en el pasado, y que incluso tuvo algunos éxitos notables, como las transiciones en España y Portugal en los años setenta, resulta hoy inaceptable jurídicamente en razón de las estrictas exigencias que el derecho internacional ha impuesto en su evolución reciente con respecto al castigo de los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En efecto, estos crímenes son considerados violaciones severas de los tratados internacionales sobre derechos humanos, susceptibles de activar la competencia del Tribunal Penal Internacional (TPI) y de jueces de otros países en virtud del principio de jurisdicción universal. Como tal, las amnistías generales de los crímenes atroces son condenadas por el derecho internacional contemporáneo 4. Eso no significa que todos los crímenes amnistiados sean competencia del Tribunal, pues los efectos del Tratado de Roma no son retroactivos y Colombia introdujo la salvedad de excluir de la competencia del Tribunal los crímenes de guerra por siete años. Pero esto muestra la fragilidad jurídica y política de un proceso de paz fundado en las premisas de perdón y olvido, pues no sólo el TPI podría intervenir en muchos asuntos sino que, además, otros casos podrían ser investigados por jueces de otros países, en virtud del principio de jurisdicción universal que cubre muchos de esos crímenes internacionales, como el genocidio, la tortura o la desaparición forzada, que, en consecuencia, pueden ser juzgados y sancionados por cualquier Estado, en nombre de la comunidad internacional. A esa limitación jurídica se suman los cuestionamientos políticos y éticos que surgen frente a una transición fundada en perdones amnésicos, consistentes en las presiones nacionales e internacionales en contra de la impunidad de crímenes atroces, por un lado, y en el indeseable sacrificio de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de dichos críme- 4 Sobre este punto, ver el texto de Botero y Restrepo en el capítulo 2 de este libro. Las enseñanzas del análisis comparado 2513 26 nes, por otro. En ambos casos se parte de la base de que el perdón y el olvido de crímenes de tal naturaleza impiden una reconciliación nacional verdadera y durable, pues constituyen un germen de violencia futura. Finalmente, la experiencia colombiana muestra los efectos perversos de esas transiciones amnésicas; las amnistías incondicionales a la terminación de los conflictos, sin que se hubieran establecido responsabilidades, ni esclarecido la verdad de lo ocurrido, ni reparado a las víctimas, mantuvieron sentimientos de injusticia y venganza que alimentaron posteriores guerras y violencias. Esto fue claro en las guerras civiles del siglo XIX. Así, en la década de los ochenta de dicho siglo, el profesor suizo Ernst Rothslisberger, al indagar sobre los motivos de la guerra civil de , declaraba: No es por convicción que la mayoría está afiliada en este o en el otro partido, sino porque en uno de ellos tienen que vengar algún hecho de atrocidad. A éste le han matado el padre, al de más allá se le llevaron un hermano, a un tercero le ultrajaron madres y hermanas; en la próxima revolución han de vengar las afrentas. Así ocurre que entre los conservadores encontramos gente librepensadora, y entre los liberales católicos fanáticos. Cada cual se rige por la ley de la venganza de sangre 5. Esta lógica se ha mantenido en períodos posteriores, como lo muestra la historia personal de muchos miembros de grupos armados, que explican que una de las razones esenciales para ingresar a la guerra fue la idea de vengar atropellos contra ellos o sus familias. Por ello, las amnistías amnésicas en Colombia han perpetuado las violencias 6. El olvido no parece ser una base sólida para lograr la garantía de que esos hechos atroces no sean repetidos. Por otra parte, la aplicación del modelo de transiciones punitivas (IV) al caso colombiano no resulta posible, pues requiere la existencia de condiciones políticas y jurídicas que están completamente ausentes del contexto del país. Primero, la implementación de dicho modelo implica que una de las partes del conflicto armado triunfe militarmente e instaure los tribunales encargados de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, si- 5 Citado por Fisher. (2001, p. 44). 6 Sobre los efectos antidemocráticos que ha tenido la falta de memoria en las guerras en Colombia, ver Sánchez (2003). tuación que ciertamente no se presenta en Colombia. Segundo, dado que todas las partes del conflicto armado colombiano han perpetrado crímenes atroces, ninguna de ellas podría juzgar legítima y unilateralmente a las demás. Tercero, la investigación y el juzgamiento de crímenes que, por ser masivos e involucrar a tantos actores, son tan complejos como los de guerra y lesa humanidad requieren que el sistema penal funcione con gran eficacia, a fin de que el proceso no resulte deslegitimado a causa de las inmensas dilaciones que podrían presentarse. Sin embargo, una eficacia tal no existe a nivel nacional, ni siquiera internacional, por lo que el abandono parcial del paradigma punitivo parece necesario en Colombia 7. Este abandono implicaría la admisión del perdón, al menos parcial, de los crímenes de algunos victimarios, tales como aquellos pertenecientes a mandos inferiores, y la concentración de los procesos penales en los dirigentes de los diferentes grupos armados. A diferencia de los procesos transicionales radicales previamente analizados, el modelo de transición basado en perdones compensadores (II) pretende encontrar un equilibrio entre las exigencias de castigo a los victimarios, los derechos de las víctimas y las dinámicas de los procesos de negociación y reconciliación nacional. En ese entender, este modelo intermedio es una forma de justicia transicional en el sentido estricto del término, pues incluye las exigencias de justicia en la lógica de las negociaciones de paz. No obstante, la aplicación de este modelo al conflicto colombiano tendría resultados limitados, pues implicaría sacrificar la obligación interna- 7 Según explica el profesor Simon, en Ruanda, fuera de aquellos que eran juzgados internacionalmente, se decidió procesar internamente a todos los responsables. El resultado de eso fue que en 1999 había per sonas en prisión preventiva con sólo personas procesadas. En contraste, a finales del año 2000, los tribunales de Ruanda habían condenado con sentencia firme a sólo personas. Sobre la base de los datos disponibles se estimó que podría llevar 113 años procesar al resto de las personas en las 19 prisiones de Ruanda y las 154 cárceles locales ( cachots ). No sorprende que en el año 2001 esta situación fuera descrita por el Representante Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como inadmisible e indeseable (2003, p. 12). Las enseñanzas del análisis comparado 2714 28 cional de castigar a los responsables de crímenes atroces, a cambio de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación. Un sacrificio como ése parte del problemático supuesto de que los derechos de las víctimas pueden ser intercambiados entre sí, supuesto que se opone a las exigencias jurídicas nacionales e internacionales que le otorgan cierta autonomía a cada uno de esos derechos, y que imponen la obligación de individualizar y castigar a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Adicionalmente, el sacrificio del imperativo de castigo en pro de la verdad y la reparación es criticable desde un punto de vista tanto político como ético, en el entendido de que dicho castigo es fundamental para el éxito durable de un proceso de paz, ya que impide el surgimiento de un sentimiento de impunidad en la sociedad, revaloriza y empodera a víctimas y familiares, y condena políticamente la comisión de crímenes atroces 8. Por eso considero que el modelo de justicia transicional fundado en perdones responsabilizantes (III) es el que más respeta los principios democráticos y los derechos de las víctimas y, así mismo, el que mejor se adecua al contexto colombiano. Este modelo se basa en formas de negociación de la paz que toman seriamente en consideración los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y los deberes del Estado necesarios para garantizarlos. Así, siguiendo el esquema de perdones responsabilizantes, la concesión de perdones ha de ser excepcional e individualizada, y debe regirse por el principio de proporcionalidad, que indica que el perdón de los victimarios sólo es justificable cuando constituye la única medida existente para alcanzar la paz y la reconciliación nacional, y cuando es proporcional a la gravedad de los actos cometidos por el inculpado, a su grado de mando y a las contribuciones que haga a la justicia. Estos criterios de proporcionalidad se concretan en algunas máximas básicas: (i) a mayor gravedad del crimen, menor posibilidad de perdón; (ii) a mayor responsabilidad militar (nivel de mando) o social del victima- 8 En el capítulo 3, al examinar los límites de la justicia restaurativa en los procesos transicionales, exploramos más en detalle la importancia del castigo retributivo en dichos procesos. rio, menor posibilidad de perdón; (iii) a mayor contribución a la paz, a la verdad y a la reparación, mayores posibilidades de perdón. No existe entonces objeción a la idea de conceder indultos o exenciones totales de pena a aquellas personas que sean únicamente combatientes. Incluso, podría pensarse en perdonar integralmente algunas infracciones menores al derecho internacional humanitario. Por el contrario, los crímenes de lesa humanidad y las infracciones graves al derecho internacional humanitario en principio deben estar excluidas de perdones totales; en esos casos, sólo serían admisibles perdones parciales bajo formas de disminución de la sentencia o de concesión de subrogados penales como la libertad condicional, siempre y cuando exista una contribución a la paz, a la verdad y a la reparación que así lo justifique, lo que supone la confesión total de los hechos frente a los cuales se pretende el perdón parcial, y el cumplimiento de unos mínimos de pena privativa de la libertad, pues no parece admisible que responsables de comportamientos tan atroces puedan recibir un perdón total o deban únicamente cumplir penas alternativas. En todo caso, desde esa perspectiva, el Estado tendría la obligación de garantizar tanto la implementación de mecanismos adicionales al castigo penal que responsabilicen a los victimarios ante la sociedad, como el establecimiento de instituciones idóneas para el esclarecimiento de la verdad y para la reparación de las víctimas. De esa forma, además de que las transiciones basadas en perdones responsabilizantes logran equilibrar las exigencias de justicia y las restricciones impuestas por las negociaciones de paz, resultan compatibles con el derecho internacional al contemplar únicamente perdones proporcionales y necesarios para alcanzar la paz. Como tal, estas transiciones parecen blindadas jurídicamente, pues muy difícilmente estos casos podrían ser llevados ante el Tribunal Penal Internacional o ante jueces de otros países, teniendo en cuenta que las decisiones de conceder perdones no derivan de la incapacidad del Estado para perseguir los crímenes ni de su intención de sustraer a los victimarios del castigo penal, sino más bien del requerimiento de lograr un equilibrio entre los reclamos contrarios de justicia y paz 9. 9 Así, parecería razonable que a estos casos no se les aplicara la excepción al Las enseñanzas del análisis comparado 2915 30 De los casos que estudié, la transición sudafricana es tal vez la que más se aproxima a ese tipo ideal. En ese país se abandonaron los modelos extremos, pues los acuerdos de paz y la llamada constitución transitoria tomaron en consideración los derechos de las víctimas, pero también autorizaron formas de amnistía. Por ello que fue creada una comisión de verdad y reconciliación, dividida a su vez en tres comités: uno que escuchó a las víctimas para reconstruir la verdad sobre los crímenes del apartheid; otro que tramitó las amnistías, y un tercero que formuló recomendaciones para las reparaciones. Un punto decisivo fue entonces que no hubo una amnistía general, sino que cada victimario que quería obtener el perdón debía hacer una confesión pública de sus crímenes ante el comité de amnistía, y podía obtener el perdón únicamente si se trataba de un crimen político, había realmente confesado todos los hechos relevantes del crimen, y existía una cierta proporcionalidad entre el hecho de violencia y el propósito político perseguido. Obviamente, el perdón sólo cubría el delito confesado. Ese esquema tenía varias finalidades: la concesión del perdón debía facilitar la transición, pues se consideró que sin ese mecanismo, la negociación para dar fin al régimen del apartheid no hubiera sido posible o se hubiera visto gravemente obstaculizada. Pero se buscó minimizar la impunidad que podía derivar de esos perdones. Así, únicamente los crímenes confesados en un período podían ser perdonados, mientras que los otros podían ser castigados. Además, el hecho de que los victimarios tuvieran que realizar peticiones individuales de indulto, fundadas en una confesión exhaustiva y pública de su crimen, pretendía no sólo favorecer la búsqueda de la non bis in idem prevista en el Estatuto de Roma (arts c y 20-3). Además, en el evento en que dicha excepción fuera admisible, sería bastante probable que el Fiscal aplicara el principio de oportunidad y decidiera no investigar esos casos, en nombre del interés de la justicia (art c del Estatuto de Roma). Finalmente, si el Fiscal decidiera en todo caso abrir la investigación, sería posible solicitar ante el Consejo de Seguridad de la ONU la suspensión del procedimiento (art. 16 del Estatuto de Roma), solicitud que sería sin duda aprobada en caso de que el proceso transicional se fundara en perdones responsabilizantes y, por ende, fuera apoyado por la ONU. verdad sino que, en la práctica, logró otros propósitos relevantes. En algunos casos, ese mecanismo de confesión pública permitió una cierta reconciliación entre víctimas y victimarios, pues la confesión equivalía a una solicitud de perdón, que en ciertos eventos fue concedida por las víctimas o los familiares. En todo caso, esta confesión pública permitía establecer una condena social al victimario, que debía revelar sus atrocidades. Finalmente, conviene destacar que muchas solicitudes fueron rechazadas. Aproximadamente personas solicitaron amnistía, la cual fue concedida en unos casos (Hamber, p. 1078). La transición sudafricana genera todavía muchas polémicas 10. Algunos autores consideran que hubo un exceso de perdón, ya que fueron indultados crímenes atroces, como asesinatos, torturas o desapariciones. Para otros, por el contrario, fue un modelo ideal de equilibrio entre justicia restauradora y justicia punitiva, pues mantuvo dosis proporcionadas de castigo, pero innovó en mecanismos restaurativos, que ayudaron a la reconciliación. Además, es obvio que ese proceso tiene particularidades que sólo son explicables en el contexto de ese país, por lo que sus fórmulas no pueden ni deben ser trasladadas mecánicamente al caso colombiano. Sin embargo, esa transición ilustra que es posible esforzarse por lograr un equilibrio entre las necesidades de justicia y las de negociar la paz, bajo la forma de perdones responsabilizantes. De acuerdo con lo anterior, es preciso concluir que en Colombia un eventual proceso de transición debería estar enmarcado por el paradigma de los perdones responsabilizantes. Ahora bien, en razón de la naturaleza y las particularidades de nuestro conflicto, de la gravedad de los crímenes cometidos en éste y de la importancia que ello tendría para la consolidación de la democracia, parece conveniente que, adicionalmente, dichos perdones posean un contenido retributivo y no puramente restaurativo. En efecto, como se mostrará en detalle en el capítulo 3, aun cuando los mecanismos 10 Para una defensa interesante de la transición sudafricana, ver Minow (1998). Una visión más crítica es la de Hamber (2003), quien considera que en ese proceso hubo perdones inaceptables por crímenes atroces, lo cual sugiere que no se trataría exactamente de un perdón responsabilizante. Las enseñanzas del análisis comparado 3116 32 propios de la justicia restaurativa tales como aquellos que promueven la mediación entre víctimas y victimarios en favor de la reconciliación y en reemplazo de fórmulas de castigo son importantes, en el país, la transición del conflicto armado a la paz requiere necesariamente que exista un castigo proporcionado a los responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes atroces. III. Tipos de transición según el proceso de elaboración A pesar de lo dicho anteriormente en relación con el caso colombiano, es importante resaltar que toda forma concreta de justicia transicional despierta controversia y resulta discutible, dado que, como se ha dicho en varias ocasiones, las fórmulas transicionales pretenden siempre resolver la tensión entre las exigencias de paz y justicia y, por tanto, implican en todos los casos el sacrificio total o parcial de una de ellas en pro de la otra. Por esa razón, se puede afirmar que la legitimidad de las distintas fórmulas de justicia transicional depende, en buena medida, de la forma como las mismas sean diseñadas. Con base en este criterio, es posible clasificar los procesos transicionales en cuatro tipos básicos, como lo muestra el cuadro 2. Al igual que en el caso de los tipos de transición según el contenido de las fórmulas, los modelos de transición esbozados en el cuadro 2 son tipos ideales, susceptibles de matices y mixturas en la práctica. Así mismo, es claro que entre la forma del proceso transicional y el resultado de justicia finalmente obtenido existen ciertas relaciones importantes, por lo cual existen vínculos entre el cuadro 1 y el cuadro 2. Por ejemplo, las autoamnistías tienden a concretarse en fórmulas de perdón y olvido, como sucedió inicialmente en Chile y Argentina, mientras que los perdones recíprocos suelen conducir a fórmulas de perdones compensadores, como sucedió en El Salvador. En cambio las justicias impuestas suelen ser de tipo punitivo. Sin embargo, es útil diferenciar entre el contenido de la justicia transicional y su forma de adopción, no sólo para enfatizar la importancia de los procedimientos sociales de decisión en este campo sino además porque no existe una correspondencia exacta entre los tipos ideales del cuadro 1 y aquellos del cuadro 2. Por ejemplo, las transiciones democráticamente legitimadas han conduci- Cuadro 2. Procesos transicionales por el procedimiento de la fórmula de transición adoptada Tipos I. Justicia II. Autoamnistías III. Perdones IV. Transiciones de transición impuesta recíprocos democráticamente legitimadas Bosnia, Núremberg Argentina, Chile Centroamérica Sudáfrica, Irlanda del Norte, Uruguay Ejemplos Alcance de la transición a través de negociaciones de paz entre los actores armados, de discusiones sociales más amplias e incluso de formas de consulta a la ciudadanía Los actores armados de una guerra civil se conceden perdones recíprocamente, como consecuencia de un acuerdo de paz logrado entre ellos Los victimarios se otorgan a sí mismos amnistías, como condición para permitir la transición Imposición de la justicia por un soberano o por la parte victoriosa en un conflicto Características básicas Garantizar la participación activa de la sociedad civil en general, y de las víctimas en particular, en el proceso transicional, a fin de dotarlo de legitimidad democrática En tanto que victimarios y víctimas a un mismo tiempo, los actores armados conceden perdón a los otros actores armados, a cambio de ser ellos perdonados. Todo en pro de la reconciliación nacional Dejar impunes los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los victimarios, a fin de que éstos permitan que la transición a la democracia tenga lugar Castigar unilateralmente a los infractores de derechos humanos e imponer un nuevo orden democrático fundado en su respeto Lógica subyacente Las enseñanzas del análisis comparado 3317 34 do a fórmulas de perdones responsabilizantes, como sucedió, según ciertos enfoques, en Sudáfrica, pero también han desembocado en amnistías amnésicas, como sucedió en Uruguay. En ese país, la decisión de amnistiar los crímenes de la dictadura terminó siendo sometida a referendo, debido a las presiones de los grupos de derechos humanos y de ciertos sectores de la ciudadanía, y ésta aprobó dicha amnistía. Es pues importante examinar la forma que debería adoptar un proceso de justicia transicional en Colombia. En ese aspecto considero que el modelo que mejor se adapta a las exigencias jurídicas, políticas y éticas presentes en el caso colombiano es el de las transiciones democráticamente legitimadas (IV), pues los demás modelos de procedimientos de elaboración de las fórmulas transicionales resultan inadmisibles fáctica o jurídicamente, inconvenientes políticamente, indeseables éticamente o insuficientes para el contexto particular, por varias razones. En primer lugar, la imposición de la justicia por parte de un soberano o del actor victorioso en el conflicto armado (I) no parece viable en Colombia. Como ya se mencionó, fácticamente resulta muy poco probable que una de las partes del conflicto armado pueda en algún momento triunfar y someter a todas las demás. Incluso, si esta situación llegara a tener lugar, sería del todo ilegítimo que un actor armado que ha perpetrado tantos crímenes atroces como los demás pudiera juzgar unilateralmente a estos últimos. Pero, además, este juzgamiento se vería obstaculizado por los problemas de eficacia del sistema de justicia, que plantean la necesidad de admitir el perdón de algunos actores armados en ciertos casos excepcionales. En segundo lugar, las autoamnistías de los victimarios como exigencia para permitir la transición (II) son en la actualidad inviables política y jurídicamente y, sobre todo, inaceptables éticamente. De un lado, dada la pluralidad de actores armados existentes en el conflicto colombiano, y dados los niveles similares de fuerza y de poder que los mismos ostentan, la posibilidad de que uno sólo de ellos pueda condicionar unilateralmente la transición de la guerra a la paz a su autoamnistía parece impensable. De otro lado, las estrictas exigencias jurídicas internacionales referidas a la necesidad de castigar a los responsables de crímenes atroces, que últimamente han sido puestas en práctica incluso para castigar crímenes cometidos hace varias dé- cadas (como en el caso de Pinochet), excluyen dicha posibilidad. Finalmente, además de lo problemático que resulta en términos de la durabilidad de la reconciliación nacional imponer la amnistía total de crímenes imperdonables, el hecho de que sea impuesta de manera unilateral precisamente por quienes perpetraran los crímenes atroces, sin participación ninguna de los demás sectores de la sociedad, hace de ésta una posibilidad éticamente lamentable. En tercer lugar, el modelo consistente en perdones recíprocos (III) presenta objeciones tanto en lo que respecta al contenido de sus fórmulas, como a la forma de elaboración de las mismas. Así, resulta bastante problemático que las fórmulas fundadas en perdones recíprocos excluyan de manera absoluta el componente retributivo de la justicia que, frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad, es en muchos casos necesario para lograr una verdadera reconciliación nacional y una reconstrucción durable del tejido social (al respecto, ver el capítulo 3). Pero, además, las transiciones basadas en perdones recíprocos son insuficientes en cuanto al procedimiento que emplean para diseñar las fórmulas de transición, pues excluyen del mismo toda forma de participación de las víctimas y de la sociedad civil. Esto es problemático porque estas últimas ostentan intereses distintos de aquellos propios de los actores armados en relación con los resultados del proceso transicional. Así, mientras la sociedad en general y las víctimas en particular tienen el interés de que la verdad del conflicto sea esclarecida, de que los responsables de crímenes atroces sean sancionados y las víctimas reciban una reparación de los daños y perjuicios sufridos, los actores armados buscan obtener beneficios jurídicos por el hecho de su desmovilización y están interesados en que la transición sea segura (ver Gallón, 2003, p. 52). En ese entender, parece cuestionable ética y políticamente que sean únicamente los actores armados quienes negocien la paz y lleguen a un acuerdo acerca del diseño de la justicia transicional, dado que éstos no representan de ninguna manera (e incluso se oponen a) los intereses del resto de la sociedad. Para que una reconciliación nacional verdadera y durable pudiera tener lugar, sería necesario que todos los actores involucrados en el conflicto, y no sólo los actores armados, participaran activamente en su superación. Esto es así, en especial, en un contexto como el colombiano, en Las enseñanzas del análisis comparado 3518 36 el que la sociedad aparece más como víctima importante de los múltiples ataques de los actores armados, que como base social de apoyo de éstos. En ese contexto, las transiciones democráticamente legitimadas se adecuan a las exigencias jurídicas, políticas y éticas y son, además, las que mejor garantizan que el orden social y político fundado como consecuencia de la transición sea durable y no contenga gérmenes futuros de violencia. De hecho, este modelo consiste en el diseño de las medidas transicionales no sólo por vía de la negociación entre las cúpulas de los actores armados, sino también a través de discusiones sociales amplias e, inclusive, de formas de consulta a la ciudadanía, tales como plebiscitos o referendos. De esa manera, los procesos transicionales elaborados por medio de estos mecanismos garantizan la existencia de espacios de deliberación para todos los interesados en el conflicto y, al hacerlo, adquieren un alto grado de legitimidad, permiten alcanzar un consenso entre los diferentes sectores sociales y obtienen el apoyo internacional que resulta tan útil e importante en este tipo de procesos. Primero, la intervención de la sociedad entera en las discusiones sobre el diseño de la justicia transicional garantiza la legitimidad del proceso no sólo en razón de la alta participación democrática, sino también debido a la gran potencialidad de generar apoyos sociales básicos en torno a las fórmulas efectivamente escogidas para implementar la transición. Así sucedió en el caso de la transición implementada en Sudáfrica, cuyo contenido concreto obtuvo apoyos sociales importantes en virtud de la amplia discusión social que precedió y acompañó la adopción de las fórmulas (Minow, 1998, pp. 53 y ss.). Segundo, el modelo de transiciones democráticamente legitimadas permite encontrar un punto medio entre las posturas a veces opuestas de los hacedores de paz, por un lado, y los defensores de los derechos humanos, por otro. De hecho, la participación activa de las víctimas directas del conflicto y de la sociedad en general en el debate sobre el diseño de la transición impone límites efectivos a la tendencia de las fuerzas políticas y de los actores armados a lograr acuerdos de paz, incluso si éstos se traducen en impunidad. Esto porque las posturas de las víctimas o de aquellos miembros de la sociedad que estén en desacuerdo con ciertos contenidos de las fórmulas transicionales dejan de ser vistas como obstáculos para la consecu- ción de la paz, y se convierten en perspectivas legítimas y defendibles dentro de la discusión. Tercero, las transiciones legitimadas democráticamente pueden obtener con gran facilidad el apoyo de órganos internacionales de derechos humanos, tales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fortalezcan políticamente el proceso transicional y que, adicionalmente, puedan brindar asesoría en ciertos aspectos de índole técnica (Springer, 2002, pp. 138 y ss.). En relación con el punto anterior, la participación de estos organismos cumpliría también la función de realizar una mediación equilibrada entre los hacedores de paz y las víctimas y demás defensores de los derechos humanos en el ámbito nacional. En efecto, sería deseable que este tipo de organismos liderara procesos de concertación en torno a las fórmulas de justicia transicional, que permitieran superar la parcialidad de las visiones contrapuestas y que, a través de la integración de las mismas, hicieran posible el logro de compromisos equilibrados acerca de las exigencias de justicia y paz. Ahora bien, la selección de los mecanismos concretos que garanticen la participación democrática de la sociedad en el diseño de las fórmulas de justicia transicional depende en gran medida del contexto. Idealmente hablando, parecería apropiado que dicha participación no se limitara a la discusión abierta de las fórmulas transicionales, sino que, como ya fue dicho, la misma incluyera ciertas instancias de aprobación democrática de las fórmulas, tales como plebiscitos o referendos. Sin embargo, hay que recalcar que estos mecanismos de consulta directa de los ciudadanos requieren, para cumplir con sus propósitos, pasar siempre por el tamiz previo de unos espacios de deliberación que garanticen la participación libre e informada del pueblo. En ese sentido, en aquellos contextos en los que, como en la coyuntura colombiana, la expresión pública de las ideas sobre el conflicto es tan riesgosa y la libertad de los ciudadanos para tomar decisiones al respecto tan restringida, el empleo de mecanismos como el plebiscito o el referendo puede tener efectos bastante contraproducentes en términos de la legitimidad del proceso. Por ello, es importante analizar con detenimiento la conveniencia de estas medidas y, en caso de hallarlas riesgosas o indeseables en un momento determinado, habría que pensar en limitar, al menos Las enseñanzas del análisis comparado 3719 38 en un comienzo, la participación democrática de la sociedad a la apertura de espacios de deliberación libres y equilibrados acerca de las fórmulas de transición. En conclusión, en Colombia, la transición del conflicto armado a la paz debería realizarse dentro del paradigma sustantivo de los perdones responsabilizantes, con un componente retributivo importante y dentro del modelo formal de las transiciones democráticamente legitimadas, pero admitiendo la posibilidad de restringir algunos de sus mecanismos en razón de los límites impuestos por el contexto. IV. La importancia del contexto y las particularidades del caso colombiano Las conclusiones extraídas en la sección anterior deben ser matizadas de manera substancial al relacionarlas con la situación que atraviesa Colombia actualmente. Y es que, como ya se señaló, en materia de justicia transicional los contextos son muy importantes, pues existen circunstancias que favorecen mayores logros para los derechos de las víctimas, mientras que esos reclamos pueden ser más difíciles de realizar en otras situaciones. En efecto, es posible tomar en consideración al menos dos elementos básicos: (i) el tipo de situación que se quiere superar, y (ii) si se trata o no de una transición pactada con los victimarios. Así, en primer término, según ciertas visiones, es necesario distinguir entre la transición de regímenes dictatoriales estables a democracias, y aquélla que busca superar guerras civiles. En la primera situación, la violencia que se busca superar es asimétrica o vertical, pues el Estado no enfrenta la resistencia de un actor armado. No hay conflicto armado sino sólo represión, y la distinción entre víctimas y victimarios es clara. En las guerras internas, en cambio, la violencia es más simétrica u horizontal, y la distinción entre víctimas y victimarios es mucho menos clara, ya que cada actor armado (con sus respectivas bases sociales de apoyo) es al mismo tiempo víctima (pues padece los ataques del enemigo), pero también victimario (pues infringe violencia al otro actor armado y a sus bases sociales). Esta victimización recíproca u horizontal parecería favorecer, según autores como Iván Orozco (2005), las lógicas de reconciliación fundadas en formas de perdón recíproco, mientras que las victimizaciones verticales tenderían a estimular lógicas más retributivas 11. Una segunda variable empírica de contexto que incide sobre la suerte de los derechos de las víctimas es obviamente si la transición deriva de una ruptura o colapso del anterior régimen o si es pactada. En el primer caso, las posibilidades y demandas de castigo son mayores, mientras que en el segundo subsisten enclaves autoritarios que limitan las posibilidades de rendición de cuentas de los victimarios 12. Es cierto que esta segunda variable ha sido destacada sobre todo en los estudios de transiciones de las dictaduras a las democracias, pero puede tener un sentido más general y ser aplicable también a los casos de transiciones de guerras a la paz. De hecho, puede haber transiciones de este tipo que sean tanto pactadas como impuestas, y todo indica que en las primeras hay menos demanda de castigo (como sucedió en Centroamérica), mientras que en las segundas (como en Núremberg o, en cierta medida, en Bosnia) puede haber más posibilidades y exigencia de castigo. Si uno cruza las dos variables anteriores obtiene el cuadro 3, que muestra contextos transicionales distintos. Así, la casilla I hace referencia a procesos transicionales pactados de la guerra a la paz, como los sucedidos en Centroamérica, mientras que la casilla II hace referencia también a transiciones pactadas, pero de la dictadura a la democracia, como en Chile. Por su parte, la casilla III se refiere a transi- 11 Como bien lo precisa Orozco, esta distinción se funda también en tipos ideales. En la realidad, las situaciones tienen elementos de violencia horizontal y vertical, donde lo importante es establecer qué tipo de victimización es claramente predominante. En el capítulo 3 se explora y discute con mayor detalle esta tesis de Orozco y se muestran sus aciertos, pero también sus limitaciones. 12 Al respecto, véanse, entre otros, las conclusiones del estudio comparado de Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González Enríquez (2002). Esta diferencia explicaría por qué en las fases iniciales de las transiciones hubo mayor castigo en Argentina o en Portugal (donde hubo un colapso de la Junta Militar) que en Uruguay, Chile, España o Brasil (donde se dieron transiciones pactadas). Las enseñanzas del análisis comparado 3920 Cuadro 3. Contextos transicionales Cuadro 4. Escenarios hipotéticos de transición Forma de transición Ruptura, colapso o transición impuesta Forma de victimización previa Horizontal (guerra civil) Vertical (dictadura) Pactada I. Centroamérica I. Chile o Brasil II.- Núremberg o, en cierta medida, Bosnia IV. Argentina (primera fase) o Portugal Escenarios Grado de paz Grado de movilización Grado de apoyo interna por justicia internacional y verdad a búsquedas de justicia y verdad I Alto Alto Alto II Alto Alto Bajo III Alto Bajo Alto IV Alto Bajo Bajo 40 ciones de la guerra a la paz en donde no hubo claramente un pacto con los anteriores victimarios, como sucedió en Núremberg, mientras que la casilla IV ilustra transiciones de la dictadura a la paz, pero que surgen del colapso o la derrota del régimen autoritario, como sucedió en la primera fase de la transición argentina o en Portugal. Conforme a este cuadro, podría uno plantear la hipótesis de que hay una tendencia mayor a las demandas de castigo cuando se pasa progresivamente de la casilla I a la IV. Pero también es posible intentar individualizar variables sociológicas que inciden en el desarrollo de los procesos transicionales. No es fácil formular hipótesis al respecto, pues los elementos de contexto que inciden en las posibilidades de enfrentar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos son muy variados. Considero, empero, que tres variables tienen particular importancia: (i) el grado de paz que se esté logrando, (ii) el grado de movilización interna a favor de la garantía de los derechos de las víctimas, y (iii) los apoyos internacionales a las búsquedas nacionales de verdad, justicia y reparación. Combinando esas tres variables, puede uno tener una multiplicidad de escenarios, más o menos favorables a la búsqueda de justicia, que resumo esquemáticamente en el cuadro 4. Es obvio que en un escenario tipo I, que parece haber vivido un país como Sudáfrica, las posibilidades de obtener verdad y justicia son mayores, pues existen apoyos sociales importantes a favor de esos reclamos, que pueden limitar las pretensiones de ciertos actores de imponer el perdón y el olvido; en cambio, en un escenario tipo VIII, dichas posibilidades son más V Bajo Alto Alto VI Bajo Alto Bajo VII Bajo Bajo Alto VIII Bajo Bajo Bajo escasas, pues los apoyos internos y externos son bajos, y la lógica de la guerra suele congelar los reclamos de verdad y justicia. Ahora bien, como Colombia parece situarse actualmente en los escenarios menos favorables (tipo VII u VIII), en principio parecería razonable formular recomendaciones modestas en términos de logros en verdad y justicia, pues sólo ellas serían realistas y viables en la presente coyuntura. Pero esta postura es un error. Es preferible pensar primero en fórmulas de negociación de la paz lo más adecuadas posibles en términos de verdad, justicia y reparación, para luego discutir cuáles adaptaciones son necesarias en el contexto colombiano actual. De esa manera podemos contar con unos estándares ideales, que son útiles para valorar críticamente las propuestas que se formulan en la actual situación. Además, la concreción de las formas de justicia transicional no es un ejercicio técnico ni políticamente neutro sino que es en sí mismo un proceso político, lleno de transacciones y compromisos. La justicia transicional es también, y en gran medida, una justicia transaccional. Es claro que la actual coyuntura no es la más adecuada para un equilibrio apropiado entre las necesidades de la paz y la protección de los dere- Las enseñanzas del análisis comparado 41 Mostrar más
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 Resolución 
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 Artículo 23
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