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Timestamp: 2019-03-18 17:47:46+00:00

Document:
as201311019
AUTO SUPREMO Nº 19/2013
Sucre, 7 de febrero de 2013
EXPEDIENTE: La Paz 14/2013
PARTES PROCESALES: Erika Delgado Bruzonic contra Marcial Salcedo Velasco, María Ángela Molina Bustillos, Susana Lobo de Guardia, Anselmo Mamani Apaza
DELITO: difamación, calumnia, injuria, propalación de ofensas
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Marcial Salcedo Velasco, María Ángela Molina Bustillos, Susana Lobo de Guardia y Anselmo Mamani Apaza, representados por su apoderado legal Guillermo Iván Atencio Vargas (fs. 523 a 535), impugnando el Auto de Vista Nro. 22/2012 emitido el 30 de abril de 2012, más su Complementario de 14 de noviembre del mismo año 2012 (fs. 509) por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 502 a 504), en el proceso penal seguido por la querellante y acusadora particular Erika Delgado Bruzonic contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de difamación, calumnia, injuria y propalación de ofensas, previstos y sancionados por los artículos 282, 283, 287 y 285, todos del Código Penal.
Sustanciado el mencionado proceso, por el Juzgado Segundo de Sentencia de la capital del departamento de La Paz, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 017/2010 de 30 de noviembre de 2010 (fs. 232 a 248), declarando a Marcial Salcedo Velasco autor y culpable de la comisión de los delitos de difamación, calumnia, propalación de ofensas e injuria, imponiéndole la pena de dos años y seis mes, más multa de 150 días a razón de Bs.10. por día; a María Ángela Bustillos por la comisión de los delitos de difamación, calumnia, propalación de ofensas e injuria, imponiéndole la pena de tres años, más multa de 120 días a razón de Bs.10. por día; a Susana Lobo Lazarte de Guardia por la comisión de los delitos de difamación, calumnia, propalación de ofensas e injuria, imponiéndole la pena de seis meses, más multa de 100 días a razón de Bs.10. por día; y se les condena a los querellados con costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia. Asimismo, absolvió de culpa y pena a Anselmo Mamani Apaza en relación a los delitos de difamación, calumnia y propalación de ofensas. 2. Posteriormente, dicho fallo fue impugnado mediante recurso de apelación restringida interpuesto por los querellados ahora recurrentes (fs. 380 a 389) y resuelto mediante el Auto de Vista Nro. 62/2011 de 12 de octubre de 2011, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 422 a 424), que admitió y declaró improcedente el recurso, confirmando la Sentencia apelada. 3. De este modo, el Tribunal Supremo de Justicia pronunció Auto Supremo Nro. 52/2012 de 19 de marzo de 2012 (fs. 477 a 483), dejando sin efecto el Auto de Vista Nro. 62/2011, razón por la cual el Tribunal de Alzada pronunció nuevo Auto de Vista Nro. 22/2012 de 30 de abril de 2012 (fs. 502 a 504), declarando admisible e improcedente el recurso formulado y confirmando la Sentencia apelada; dando con ello origen al recurso de casación, interpuesto por los querellados ahora recurrentes, que es caso de autos.
Que al interponer el enunciado recurso de casación, los recurrentes argumentan lo siguiente:
1. Falta de pronunciamiento sobre los puntos del recurso de apelación restringida. El Auto de Vista recurrido contravino las exigencias contenidas en los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, lo que constituye vicio de incongruencia omisiva que vulnera el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa; toda vez que, no se pronunció respecto a la “falta de fundamentación sobre la responsabilidad de los imputados” (inobservancia de los artículos 370 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal y 37 inciso 1) y 38 inciso 1) del Código Penal), ni sobre la “falta de enunciación del hecho objeto del juicio (inobservancia de los artículos 370 inciso 3) del adjetivo penal)”. Concluye la presente alegación enunciando la doctrina legal aplicable del Auto Supremo Nro. 6 de 26 de enero de 2007.
2. Falta de fundamentación. El Tribunal de Alzada pronunció la resolución recurrida sin la debida fundamentación, pues en el Considerando III., cuando pretende realizar la motivación de los puntos denunciados en apelación restringida (motivos 1., 2., 3., 4., 5., y 7., consistentes en la falta de enunciación del hecho objeto del juicio, inexistencia de fundamentación en la Sentencia, existencia de contradicción entre la parte dispositiva y considerativa, inobservancia de las reglas de deliberación y redacción de la Sentencia, inexistencia de las firmas del Juez y Secretaria en la Sentencia y defectuosa valoración probatoria), ésta es emitida de manera evasiva, subjetiva y contradictoria, porque no realizó un estudio detallado y escrupuloso de las violaciones denunciadas, menos fundamentó el por qué de dicho pronunciamiento, incumpliendo los artículos 124 del Código de Procedimiento Penal, 116 de la Constitución Política del Estado, 8 num. 1 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 in fine del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, primero porque no se fundamentó la resolución en conjunto y segundo porque no estableció cómo el Juez no habría vulnerado garantías ni derechos constitucionales, violándose una vez más el debido proceso, el derecho a la defensa, al principio de igualdad entre partes y a los principios de inmediatez y publicidad.
Concluye invocando en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 100 de 24 de marzo de 2005, 308 de 25 de agosto de 2006 y 12 de 30 de enero de 2012 y añadiendo la presunta contradicción, desarrollando su contenido y la presunta contradicción.
3. Fundamentación evasiva, subjetiva y contradictoria. El Auto de Vista recurrido no se encuentra debidamente motivado, reiterando nuevamente los motivos 4. y 5. del Considerando III. arriba enunciados, consistentes en la existencia de dos Sentencias y la inexistencia de las firmas del Juez y Secretaria en una de ellas, los que fueron atendidos con fundamentos evasivos, subjetivos y contradictorios, generando falta de seguridad jurídica.
4. Falta de pronunciamiento sobre la contradicción entre la parte dispositiva y la considerativa de la Sentencia. Reiterando nuevamente el motivo 3. del Considerando III. arriba enunciado, consistente en la existencia de contradicción entre la parte dispositiva y considerativa y desarrollando la doctrina legal aplicable del Auto Supremo Nro. 307 de 11 de junio de 2003 (Sala Penal). Asimismo, recalca nuevamente falta de pronunciamiento sobre la defectuosa valoración probatoria, descrito en el motivo 7. del Considerando III. tantas veces referido y transcribe la doctrina legal aplicable inserta en el Auto Supremo Nro. 308 de 25 de agosto de 2006 (Sala Penal Segunda).
5. Violación del principio del Juez Natural. El Auto de Vista recurrido y su Complementario fueron firmados por el Vocal Elías Fernando Ganam Cortez, sin considerar que el mismo ya había sido recusado por los querellantes y que además aquél se allanó; por ello, correspondía disponer se convoque a otro Vocal para conformar Sala y dictar resolución, para no viciar de nulidad dichos actos al usurpar funciones y generar incertidumbre en el justiciable respecto a la decisión asumida, lo cual se debe reparar.
6. No se considera la existencia del Auto Supremo Nro. 52/2012 de 19 de marzo. Este fallo no es considerado por el Tribunal de Apelación a momento de emitir el nuevo Auto de Vista (Nro. 22/2012 de 30 de abril de 2012), porque no fallaron conforme a la doctrina legal aplicable contenida en el referido Auto Supremo Nro. 52/2012 de 19 de marzo.
Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes de la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.
Ahora bien, respecto al recurso de casación referido, se evidencia que los recurrentes impugnan el Auto de Vista Nro. 22/2012 de 30 de abril de 2012 (fs. 502 a 504), más su Complementario de 14 de noviembre del mismo año 2012 (fs. 509) y que dicho recurso fue presentado dentro del plazo legal previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. Al margen de ello, se evidencia que: los motivos 1., 2., 3. y 4. arriba descritos enfocan sus alegaciones en la presunta falta de pronunciamiento en la fundamentación del Auto de Vista recurrido; conforme a ello, corresponde admitir los mismos a efecto de determinar la existencia o no de contradicción entre dichos motivos y los precedentes invocados respectivamente; en cuanto al motivo 5. omite invocar precedente contradictorio alguno, así como fundamentar la presunta contradicción existente entre el mismo y la resolución impugnada, cuyo incumplimiento se encuentra sancionado con la inadmisibilidad del recurso al no poderse establecer el sentido jurídico contradictorio, conforme a los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, de esa tenue alegación se entiende que los recurrentes pretenden la nulidad del acto impugnado por haber sido presuntamente emitido sin competencia, usurpando funciones; es decir, que se acusa vulneración del artículo 122 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 169 incisos 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal, correspondiendo admitir excepcionalmente la presente denuncia; finalmente, respecto el motivo 6. omite invocar precedente contradictorio y fundamentar la presunta contradicción existente entre el mismo y la resolución impugnada. A su vez, no acusa, ni identifica, mucho menos fundamenta inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, Convenciones o Tratados Internacionales vigentes, resultando inadmisible la presente reclamación.
Consecuentemente, en base a las consideraciones expuestas, corresponde admitir el presente recurso de casación, respecto a los motivos 1., 2., 3., 4. y 5., en cumplimiento a lo establecido en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación de los artículos 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcial Salcedo Velasco, María Ángela Molina Bustillos, Susana Lobo de Guardia y Anselmo Mamani Apaza, representados por su apoderado legal Guillermo Iván Atencio Vargas únicamente respecto a los motivos 1., 2., 3., 4. y 5 referidos en la presente resolución (fs. 523 a 535), impugnando el Auto de Vista Nro. 22/2012 emitido el 30 de abril de 2012, más su Complementario de 14 de noviembre del mismo año 2012 (fs. 509) por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 502 a 504), en el proceso penal seguido por la querellante y acusadora particular Erika Delgado Bruzonic contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de difamación, calumnia, injuria y propalación de ofensas, previstos y sancionados por los artículos 282, 283, 287 y 285, todos del Código Penal.
Por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado artículo 418 en su parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal.

References: resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 417
 resolución 
 artículo 122
 artículo 169
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 418