Source: https://recull.creinsa.com/sentencia/11731
Timestamp: 2019-05-21 15:29:00+00:00

Document:
Recurso de amparo 6331-2016
nº Sentencia: 123/2018
Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 123/2018 de 12 Nov. 2018, Rec. 6331/2016
En el recurso de amparo núm. 6331-2016, promovido por don Darío, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Valentina López Valero, bajo la dirección del Abogado don Carlos-Esteban Sevilla Alonso, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de septiembre de 2015, por la que se estimó el recurso de suplicación núm. 310-2015 interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Madrid, de 18 de diciembre de 2014 en autos de despido núm. 287-2013. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido y formulado alegaciones la entidad Radio Televisión Madrid, S.A.U., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Sharon Rodríguez de Castro Rincón, bajo la dirección del Letrado don Francisco Cepeda Solera. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 7 de diciembre de 2016, la Procuradora doña Valentina López Valero, en nombre y representación de don Darío, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de septiembre de 2015, por vulneración del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE).
a) Don Darío prestó servicios como auxiliar administrativo para el ente público Radio Televisión Madrid (en la actualidad Radio Televisión Madrid, S.A.U.) y sus sociedades Televisión Autonomía Madrid, S.A., y Radio Autonomía Madrid, S.A., hasta que con fecha de 12 de enero de 2013 le fue notificada la extinción de su contrato de trabajo por causas económicas, en el marco del despido colectivo tramitado en la citada entidad, que afectó a 829 trabajadores.
c) El convenio colectivo aplicable al ente público Radio Televisión Madrid y a sus sociedades, publicado en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" de 7 de junio de 2005, dispone en su artículo 58.8 que los "miembros del comité de empresa y delegados de personal tendrán, además de las garantías recogidas en el presente convenio, las establecidas en los apartados a), b) y c) del artículo 68 del Estatuto de los trabajadores desde el momento de su proclamación como candidatos hasta tres años después del cese en su cargo".
d) Disconforme el recurrente en amparo con su despido, formuló demanda en la que solicitó como pretensión principal que se declarase nulo, entre otros motivos, por lesión del derecho a la
libertad sindical (art. 28.1 CE), al no haberse respetado su garantía de prioridad de permanencia en la empresa como delegado sindical; esta demanda dio lugar a los autos de despido núm. 287-2013 seguidos ante el Juzgado de lo Social núm. 3 de Madrid.
e) Con fecha de entrada en ese Juzgado de lo Social el 11 de diciembre de 2014, el recurrente en amparo presentó escrito de subsanación de su demanda. Aclara que en el momento en el que se inició el período de consultas del procedimiento de despido colectivo ya no era delegado sindical, pero que no por ello su pretensión de que se declarase nulo el despido perdía fuerza, ya que su derecho a la prioridad de permanencia en la empresa quedaba afianzado en el artículo 58, apartado octavo, del convenio colectivo de aplicación, según el cual la citada garantía alcanzaba "hasta tres años después del cese en su cargo". Por diligencia de ordenación de igual fecha se dio cuenta del anterior escrito, ordenándose su unión a los autos y su traslado a la parte demandada, para su conocimiento.
3. En su demanda de amparo el recurrente entiende que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de septiembre de 2015 vulnera su derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), al haber dado por válida la decisión empresarial de despedirle sin respetar su "garantía de prioridad de permanencia" en la empresa, prevista en el artículo 68.b) LET y ampliada por el convenio colectivo aplicable a los tres años siguientes al cese en el cargo representativo. Afirma, además, que no existen sentencias del Tribunal Constitucional que examinen un caso como el planteado de negación absoluta al representante sindical de la mencionada garantía, en clara contravención con su regulación legal y convencional, por lo que cabría apreciar la concurrencia de la especial trascendencia constitucional exigida en el artículo
50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para la admisión a trámite del recurso de amparo.
Sostiene seguidamente que la sentencia impugnada contiene una interpretación errónea y sumamente restrictiva de la garantía de prioridad de permanencia en la empresa. Vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE), dado que no solo atenta a la literalidad de las normas aplicables [arts. 68 c) LET y 58.8 del convenio colectivo del ente público], sino a su finalidad misma. Contraviene su literalidad, puesto que la distinción entre despidos objetivos y subjetivos en la que se asienta la resolución recurrida no tiene sustento en tales normas; desconoce también la finalidad a la que obedecen esos preceptos, que es la protección del trabajador frente a decisiones de despido cuando ha desarrollado una actividad sindical que puede ser contraria a los intereses empresariales. La "garantía de prioridad de permanencia", en suma, no es más que una manifestación legalmente objetivada de la más amplia garantía de indemnidad sindical frente al despido. Su infracción debe determinar la nulidad de aquel, en coherencia con la especial vulnerabilidad de los representantes de los trabajadores frente a extinciones por causas objetivas, en las que existe un cierto margen de discrecionalidad de la empresa a la hora de seleccionar los trabajadores afectados por ese expediente de despido colectivo.
Tras realizar una síntesis de los hechos, de la pretensión del recurrente y de la doctrina constitucional que considera aplicable al caso (concretamente, cita las SSTC 191/1996 y 64/2016), el Ministerio Fiscal afirma que en el presente supuesto no parece cuestionable la afectación del citado derecho fundamental por la decisión de la empresa, validada por la sentencia impugnada, al no considerar aplicable la garantía de permanencia prevista en la norma convencional. En tal sentido, destaca que tal garantía constituye un mecanismo de control o modulación del ejercicio de los poderes empresariales sobre el representante sindical, en consideración a los riesgos asumidos por el ejercicio de sus funciones. Entiende que la sentencia impugnada, "prescindiendo lisa y llanamente de la garantía reconocida en el art. 58 del convenio colectivo de aplicación", revocó la sentencia de instancia tomando en consideración solo las garantías contempladas en la ley, "como si la ampliación de esas garantías establecidas en el convenio colectivo no existiese, en una interpretación no ya restrictiva de las mismas sino desconocedora de su existencia", al negarles toda virtualidad sin ninguna justificación.
1. El objeto de este proceso de amparo estriba en determinar si se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) del recurrente, al descartarse por la sentencia impugnada la aplicación de la "garantía de prioridad de permanencia en la empresa" reconocida legalmente a los representantes de los trabajadores en caso de despido objetivo, y cuyo alcance temporal se extiende por el convenio colectivo aplicable "hasta tres años después del cese en el cargo" representativo.
Aunque en el presente caso no se habían superado esos tres años a los que hace mención la norma convencional, la sentencia impugnada negó al recurrente el derecho a la prioridad de permanencia en la empresa por haber cesado como delegado sindical antes del despido, por entender que la regulación legal aplicable [apartado b) del artículo 68, del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre(en adelante LET)] no reconoce la extensión de la garantía a un momento posterior al cese; esto solo se encontraría previsto para la garantía reconocida en el apartado c) de ese mismo precepto a los representantes legales de los trabajadores.
A este respecto, es preciso recordar que el requisito de la denuncia formal en el proceso previo del derecho constitucional lesionado tiene como finalidad el que los órganos judiciales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre su eventual vulneración y restablecer, en su caso, el derecho constitucional, preservando con ello el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de
Se impide así el planteamiento ante este Tribunal de infracciones sobre las que no hayan tenido previamente la oportunidad de pronunciarse los órganos judiciales (entre otras muchas, SSTC 126/2011, de 18 de julio, FJ 3; y 77/2015, de 27 de abril, FJ 1). Ahora bien, este requisito debe interpretarse de una forma flexible y con un criterio finalista, atendiendo, más que al puro formalismo de la invocación tempestiva de la vulneración del derecho constitucional, a la "exposición de un marco de alegaciones que permita al Juez o Tribunal ordinario cumplir con su función de tutelar los derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo constitucional" (por todas, STC 96/2012, de 7 de mayo, FJ 3). Por eso debe entenderse cumplido este requisito cuando el recurrente ha planteado en el proceso a quo el problema objeto de la demanda de amparo, quedando adecuadamente perfilado de modo tal que el órgano judicial haya podido abordarlo antes de que lo haga este Tribunal (STC 74/2018, de 5 de julio, FJ 2, por todas).
Se interesa también por Radio Televisión Madrid, S.A.U., la inadmisión de la demanda de amparo por incumplimiento del requisito de agotamiento de la vía judicial previa exigido en el artículo 44.1 a) LOTC, al no haberse promovido el incidente de nulidad de actuaciones para denunciar la infracción del artículo 24.1 CE por incongruencia omisiva de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que se recurre en amparo. Tal óbice ha de ser rechazado sin mayores consideraciones, pues lo cierto es que el recurrente no ha alegado tal infracción constitucional en su demanda de amparo, fundada únicamente en la vulneración del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), por la falta de reconocimiento de su "garantía de prioridad de permanencia en la empresa". La alegación de ese óbice de admisibilidad es fruto sin duda de la confusión en la que ha incurrido la entidad Radio Televisión Madrid, S.A.U., al trasladar a este proceso constitucional las alegaciones realizadas en otro recurso de amparo en el que también ha intervenido y en el que se debatió la misma cuestión relativa a la infracción de la garantía de prioridad de permanencia por otro trabajador de esa misma empresa (recurso de amparo núm. 4618-2017, resuelto recientemente por la STC 95/2018, de 17 de septiembre), y en el que, a diferencia de lo que ocurre en el presente caso, el recurrente también adujo, junto a la infracción del artículo 28.1 CE, la vulneración del artículo 24.1 CE por incongruencia omisiva de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
3. Por lo que se refiere a la especial transcendencia constitucional del presente recurso de amparo, debemos afirmar que la tiene, como ya se indicó en la providencia de admisión, porque plantea un problema o afecta a una faceta del derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. El recurso suscita una controversia novedosa sobre el
contenido del derecho a la libertad sindical (concretamente, sobre el reconocimiento y ejercicio de las garantías legal y convencionalmente previstas para tutelar la función representativa), que merece un pronunciamiento al respecto por parte del Tribunal Constitucional.
En efecto, si bien este Tribunal se ocupó en la STC 191/1996, de 26 de noviembre, de un problema de vulneración de la libertad sindical (art. 28.1 CE) relacionado con la "garantía de prioridad de permanencia" del artículo 68 b) LET, en un expediente de regulación de empleo, lo cierto es que se trataba de un caso en el que esa garantía había sido reconocida por la empresa aunque en términos limitados, esto es, como una opción para el trabajador, que debía manifestar expresamente si la ejercitaba o no. La empresa incluyó a todos los representantes sindicales en las listas de despedidos en el expediente de regulación de empleo, bajo la consideración de que la garantía de permanencia en sus puestos en caso de despido era tan solo una opción ejercitable por tales trabajadores, de forma que, si guardaban silencio, se mantendrían entre los despedidos, mientras que si optaban por ejercitar el derecho serían sustituidos por otros trabajadores en las listas de despedidos. La STC 191/1996 declaró que las sentencias impugnadas, al ratificar el criterio de la empresa, vulneraron el derecho de libertad sindical, por haber realizado una interpretación restrictiva del derecho fundamental, no siendo aceptable colocar a los titulares del derecho en la situación límite de optar entre renunciar al derecho, para beneficiar a otros trabajadores sin representación, o no renunciar, en su propio perjuicio.
4. Entrando ya en el examen del fondo del asunto, se hace preciso recordar brevemente que el artículo 28.1 CE integra, además de la vertiente organizativa de la libertad sindical, los derechos de actividad y medios de acción de los sindicatos —huelga, negociación colectiva, promoción de conflictos—, que constituyen el núcleo mínimo, indispensable e indisponible de la libertad sindical (por todas, recogiendo reiterada doctrina, STC 64/2016, de 11 de abril, FJ 4). Junto a aquellos, los sindicatos pueden ostentar también derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o convenios colectivos —o en su caso, derivados de una concesión unilateral del empresario— que pasan a engrosar o a añadirse a aquel núcleo esencial. De este modo, el derecho fundamental de libertad sindical no solo se integra por su "contenido esencial" mínimo indispensable, sino también por el referido "contenido adicional", con la consecuencia de que los actos contrarios a tales derechos o facultades adicionales son susceptibles de infringir también la libertad sindical garantizada por el artículo 28.1 CE (SSTC 30/1992, de 18 de marzo, FJ 4; 241/2005, de 10 de octubre, FJ 3; 64/2016, de 11 de abril, FJ 4; y 119/2016, de 23 de junio, FJ 4, entre otras). Tales facultades, en la medida que sobrepasan el contenido esencial y son de creación "infraconstitucional", deben ser ejercitadas en el marco de su regulación, pudiendo ser alteradas o suprimidas por las normas que las establecen, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical (SSTC 201/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 3, y 119/2016, FJ 4, por todas).
Dentro de ese "contenido adicional" se enmarca, por lo que a este recurso interesa, "la facultad de que el delegado sindical pueda desarrollar las funciones y gozar de las garantías legalmente reconocidas" (SSTC 173/1992, de 29 de octubre, FJ 3; y 229/2002, de 9 de diciembre, FJ 2); facultades y garantías que tutelan su actividad sindical y cuya determinación corresponde al legislador o, en su caso, a la negociación colectiva, como expresamente prevé el artículo 10.3 de la Ley 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical (LOLS). Una de esas garantías es precisamente la "prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo" del representante sindical en caso de despido por causas económicas, que supone una limitación de los poderes empresariales de dirección y organización en lo relativo a la selección de los trabajadores que pueden resultar afectados por la indicada decisión extintiva.
En efecto, en la medida de lo posible —pues se trata de un derecho de preferencia— la decisión de despido no afectará al representante sindical, con el fin de que pueda proseguir con sus funciones representativas, evitándose con ello, además, que el empresario pueda utilizar la medida extintiva para desprenderse de empleados singularmente reivindicativos o molestos como consecuencia del ejercicio de su cargo representativo y su actividad sindical en la empresa. No por ello cabe considerar que tal tipo de garantía constituya un "privilegio" para el representante sindical, pues como este Tribunal ha tenido la oportunidad de subrayar, el interés de índole subjetivo protegible se complementa en estos casos con la "utilidad de naturaleza objetiva" de la representación de los trabajadores en el sistema constitucional de relaciones laborales (STC 191/1996, FJ 5).
Finalmente, hay que recordar que en supuestos como el ahora planteado, en los que está en juego una garantía legal —ampliada mediante convenio colectivo— del derecho fundamental a la libertad sindical, el enjuiciamiento de este Tribunal debe ceñirse a examinar si la interpretación judicial llevada a cabo en el caso concreto salvaguarda o no suficientemente el contenido de este derecho fundamental. En suma, el alcance de nuestra función revisora se limita a examinar "el carácter motivado, razonable y no indebidamente restrictivo de la resolución impugnada, así como la justificación finalista de las normas que considera aplicables" (STC 64/2016, FJ 6).
5. Precisado el canon de control constitucional con arreglo al que debemos resolver el problema planteado, es preciso hacer referencia seguidamente a la regulación jurídica por la que se rige la "garantía de prioridad de permanencia en la empresa", en la que el recurrente en amparo fundamenta su pretensión. Al ser esa garantía de configuración legal y convencional, tiene que ser ejercitada en el marco de su propia regulación, como ha quedado expuesto.
La referida garantía encuentra fundamento legal en el artículo 68 b) LET, que afirma que los miembros del comité de empresa y los delegados de personal tendrán "prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas". Tal prioridad de permanencia resulta también de aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 LOLS a los "delegados sindicales" que no formen parte de los órganos de representación unitaria.
Por su parte, el convenio colectivo del ente público Radio Televisión Madrid y sus sociedades (Radio Autónoma Madrid, S.A., y Televisión Autónoma Madrid, S.A.), publicado en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" núm. 134, de 7 de junio de 2005, de aplicación al caso de autos, prevé en su artículo 58.8 que "los miembros del comité de empresa y delegados de personal tendrán, además de las garantías recogidas en el presente convenio, las establecidas en los apartados a), b), y c) del art. 68 ET, desde el momento de su proclamación como candidatos hasta tres años después del cese de su cargo".
Resulta, por tanto, que en el presente caso las garantías legales de los representantes de los trabajadores han sido mejoradas a través de la negociación colectiva en dos sentidos. En primer lugar, en cuanto al número de garantías que extienden su vigencia al momento posterior al cese en el cargo representativo, ya que mientras que el artículo 68 LET solo prevé tal posibilidad para el caso recogido en el apartado c) —esto es, para la garantía consistente en no ser despedido ni sancionado por causa del ejercicio de las funciones representativas—, la norma convencional aplicable en el ente público demandado la extiende, además, a los casos regulados en los
apartados a) y b) LET (apertura de expediente contradictorio en caso de sanción y garantía prioridad de permanencia en la empresa en el despido por causas objetivas, respectivamente).
En segundo lugar, en cuanto a su alcance temporal, en tanto que si bien la ley prevé respecto al supuesto del apartado c) del artículo 68 LET la aplicación de la garantía durante el ejercicio de las funciones y el año siguiente a la expiración del mandato, la norma convencional la amplía —tanto en ese supuesto, como en el de los apartados a) y b) LET— a los tres años posteriores al cese en el cargo representativo.
6. Llegados a este punto, debemos dilucidar si la sentencia impugnada vulnera el derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE) del recurrente en amparo, por haber confirmado, revocando la sentencia de instancia, la decisión empresarial que le deniega la "garantía de prioridad de permanencia en la empresa" en los términos establecidos en la normativa de aplicación.
De este modo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid privó al demandante de la "garantía de prioridad de permanencia en la empresa" mediante un razonamiento que prescinde absolutamente de la regulación contenida en el convenio colectivo y obvia así su fuerza vinculante (art. 37.1 CE), así como el papel que desempeña la negociación colectiva como "instrumento esencial para la ordenación de las relaciones de trabajo" (por todas, SSTC 208/1993, de 28 de junio, FJ 4, y 8/2015, de 22 de enero, FJ 2). En efecto, la sentencia recurrida resolvió el recurso de suplicación exclusivamente teniendo en cuenta la regulación legal (art. 68 LET), como si esta fuera la única fuente normativa reguladora de la garantía reclamada, prescindiendo por completo de la regulación convencional aplicable, que extendía la eficacia de esa garantía a los tres años posteriores al cese como delegado sindical. En suma, mediante una interpretación restrictiva del contenido del derecho a la libertad sindical, la Sala privó injustificadamente al demandante de amparo de una de las garantías que legal y convencionalmente se reconocen para el eficaz ejercicio de sus funciones a los representantes (unitarios y sindicales) de los trabajadores, en atención a la "compleja posición jurídica" que asumen frente al empresario (STC 40/1985, de 13 de marzo, FJ 2).
Procede en consecuencia el otorgamiento del amparo solicitado, ya que al haber negado la sentencia impugnada el derecho del recurrente a disfrutar de la "garantía de prioridad de permanencia en la empresa", de acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal y convencional aplicable, no ha salvaguardado debidamente el contenido del derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE), que exige que los representantes de los trabajadores puedan desarrollar sin indebidas injerencias sus funciones, así como gozar de las garantías que se les reconocen, cuya determinación corresponde al legislador o, en su caso, a la negociación colectiva. La sentencia impugnada ha menoscabado la garantía regulada legal y convencionalmente con el fin de tutelar el libre ejercicio de la libertad sindical (art. 28.1 CE), lo que supone una restricción injustificada de este derecho fundamental, así como, incluso, del propio derecho a la negociación colectiva y de la fuerza vinculante de los convenios colectivos, derechos que forman parte del contenido esencial de la libertad sindical.
7. La estimación del presente recurso de amparo conduce a la anulación de la Sentencia impugnada, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como,
en la medida que declaró su firmeza, la del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que inadmite el recurso de casación de unificación de doctrina interpuesto contra aquella, quedando así firme la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Madrid de 18 de diciembre de 2014, que reconoció la vulneración del derecho a la libertad sindical del demandante y declaró por ello la nulidad de su despido.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Darío y, en su virtud:

References: artículo 58
 artículo 68
 artículo 58
 artículo 68
 artículo
50
 resolución 
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 24
 artículo 68
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 10
 resolución 
 artículo 68
 artículo 10
 artículo 58
 artículo 68
 artículo 68