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Timestamp: 2017-01-25 00:02:15+00:00

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⭐DECIMOCTAVO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
1 DECIMOCTAVO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Informe Final Evolución de las exoneraciones fiscales y los destinos específicos de impuestos en los últimos 20 años Investigador: Fernando Rodríguez Garro Nota: Las cifras de las ponencias pueden no coincidir con las consignadas por el XVIII Informe Estado de la Nación en el tema respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.2 Contenido Resumen Ejecutivo... 3 Las exoneraciones y las renuncias tributarias... 4 Los Destinos Específicos de Gasto Bibliografía Notas Decimoctavo Informe Estado de la Nación 23 Resumen Ejecutivo El presente trabajo analiza desde las dos vertientes de la política fiscal, ingresos y gastos, las posibilidades para mantener las condiciones de desarrollo humano con que cuenta el país y pretender alcanzar un estado superior de desarrollo. Las exoneraciones han pasado por intentos de disminución a inicios de los 90, pero han seguido el proceso de ampliación desde ese mismo momento, particularmente en la legislación del impuesto de renta. Eso ha llevado a que en el presente las renuncias tributarias alcancen el 5,8% del PIB, en momentos en que el gobierno central urge de recursos. Los destinos específicos empezaron a multiplicarse desde los años 90, al igual que las exoneraciones, en un intento de sustituir el criterio del gobierno de turno para la asignación de recursos, asignando gasto a programas considerados socialmente prioritarios. Del análisis preliminar de las exoneraciones y los destinos específicos se puede concluir que la política fiscal seguida es claramente contradictoria con el objetivo de desarrollo del país, pues se abusa del recurso de las exoneraciones y los incentivos tributarios como mecanismo de estímulo, sin importar el impacto que esto tenga en las ingresos del gobierno central, y se pretende crear formas de cubrir demandas sociales mediante los destinos específicos sin que se creen los recursos para solventar ese gasto. Si estas situaciones no se corrigen, la política fiscal no logrará la contribución debida al desarrollo humano y la competitividad del país. Descriptores: política fiscal, impuestos, gasto público, exoneraciones, destinos específicos, impuesto de renta, impuesto de ventas, infraestructura vial, gasto social. Decimoctavo Informe Estado de la Nación 34 Introducción Las exoneraciones y las renuncias tributarias Las exoneraciones de impuestos, los incentivos tributarios y en general las renuncias tributarias, son instrumentos válidos de la política fiscal, que sin embargo han empezado a ser cuestionados por su inflexibilidad y la poca capacidad de revisión y modificación que tienen ante los cambios en el entorno. En momentos de crisis fiscales o de caídas en la recaudación de impuestos, las exoneraciones normalmente no se revisan, no se reducen, ni se racionalizan, provocando que las medidas paliativas en esas circunstancias se concentren en aumento de impuestos a los contribuyentes regulares, con efectos redistributivos importantes. Otro problema de las exoneraciones surge cuando estas se constituyen en una medida de estímulo a una actividad productiva o un agente económico particular. Las exoneraciones, a diferencia de las partidas de gasto, no se revisan periódicamente, por lo que no se evalúa la pertinencia de las mismas o su eficacia en el tiempo, o sea, no se evalúa la necesidad de mantener o eliminar la exoneración, particularmente en aquellos casos en que no se crea con un horizonte temporal limitado. Precisamente en 1967 el funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Stanley Surrey, introdujo el concepto de gasto tributario para definir aquellas renuncias de impuestos por diferentes motivos (Saxton, 1999). Para Surrey los beneficios que significan las exoneraciones de impuestos son equivalentes a los mismos beneficios que arrojaría recibir una partida de gasto, de ahí el uso de la palabra gasto para definirlos, pero además Surrey propuso que se hiciera una contabilización de estos gastos tributarios, lo que empezó a hacerse en 1972 (Saxton, 1999). Con el fin de otorgarle más transparencia al sistema tributario estadounidense y permitir un mayor seguimiento de estos gastos tributarios, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1974 la Congressional Budget and Impoundment Control Act, que requería que se introdujera un listado de gastos tributarios en el presupuesto anual de ese país (Saxton, 1999). Precisamente en naciones desarrolladas la necesidad de identificar los efectos de las exoneraciones y las renuncias tributarias en general, ha llevado al desarrollo de metodologías para su medición y a un seguimiento estricto de su tamaño (OECD, 2010). Y es que la OCDE 1 considera que el uso de los gastos tributarios (en un concepto más amplio al de solo la exoneración) se está generalizando y creciendo, al tiempo que los presupuestos públicos están siendo amenazados por el efecto del envejecimiento y una evolución cíclica adversa, hay una necesaria presión por evitar programas públicos ineficientes, muchos de los cuales usan gastos tributarios (OECD, 2010). En Costa Rica en los últimos 20 años, desde la aprobación de la Ley No. 7293, Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones, que pretendió racionalizar las exoneraciones, no se ha aprobado ninguna reforma en la Decimoctavo Informe Estado de la Nación 45 legislación para ampliar esas exoneraciones, pero sí varias reformas parciales que introdujeron exoneraciones nuevas, v.g.: la exoneración del salario escolar 2, aprobada en septiembre del 2008, y la exoneración a la Junta de Protección Social de los impuestos que pesaban sobre las loterías, así como sobre las adquisiciones de bienes y servicios que la Junta hiciera 3, aprobada a inicios del No obstante la misma Ley 7293 tenía 22 casos en los que se establecían excepciones a la eliminación de exoneraciones generalizada que la ley pretendía hacer, a las cuales se les adicionó la exoneración en 1995 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el 2005 la exoneración de los impuestos a los vehículos para las personas que presenten limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas. Además, la Ley establece que se mantendrán exoneraciones adicionales a algunos regímenes de exoneraciones en ciertas condiciones especiales, a la importación o compra local de medicamentos, a la importación o compra de equipo médico, odontológico, hospitalario y ortopédico, a la maquinaria, insumos y equipo para actividades agropecuarias y pesca, a la compra de bienes y servicios por parte de las instituciones de educación superior estatal, a las juntas de educación y juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza, a los vehículos usados como taxi (exoneración parcial), a los vehículos usados por el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense y la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Asociación Cruzada Nacional de Protección al Anciano, a los vehículos y los chasis usados en el servicio de autobús (exoneración parcial) y a los equipos de cómputo y equipo relacionado (exoneración parcial). Recuadro 1 Exoneraciones que se mantienen en la Ley Las que se hayan constituido por el expreso mandato constitucional o por medio de Convenios Internacionales, Tratados Públicos y Concordatos, con autoridad superior a la Ley ordinaria. 2. Las que se establecen en la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, Nº 7012 del 4 de noviembre de 1985 y sus reformas, salvo lo relacionado con equipo de cómputo. 3. Las que se conceden para el desarrollo de programas privados que, por cualquier medio, fórmula o proceso, se propongan producir y distribuir energía eléctrica, con propósitos comerciales. 4. Las que se conceden a las instituciones y empresas públicas o privadas que se dediquen, en el país, al abastecimiento de agua potable para usos domiciliario, industrial y para el consumo humano, así como a la recolección, tratamiento y disposición de aguas negras y pluviales o servidas, subterráneas y de cualquier otra clase y a las actividades colaterales y complementarias de estas. 5. Las que se conceden en favor de instituciones, fundaciones y asociaciones sin actividades lucrativas, que se dediquen a la atención integral de menores de edad en estado de abandono, deambulación o en riesgo social y que estén debidamente inscritas en el Registro Público. 6. Las que se conceden en favor de instituciones, empresas públicas y privadas, fundaciones y asociaciones sin actividades lucrativas que se dediquen a la recolección y tratamiento de basura y a la conservación de los recursos naturales y del ambiente, así como a cualquier otra actividad básica en el control de la higiene ambiental y de la salud pública. 7. Las que se establecen en el artículo 141 de la Ley No. 7033: los agentes diplomáticos y consulares extranjeros, los extranjeros que tengan derecho a tal exención de acuerdo con los Decimoctavo Informe Estado de la Nación 56 tratados o convenios internacionales o por reciprocidad con otras naciones, las personas o grupos organizados y las compañías de espectáculos públicos a los que, por la índole de su visita al país, se exonerare de acuerdo con la ley, los extranjeros indigentes que, para regresar a su país, tengan que transitar por el territorio nacional, y los nacionales que viajen con pasaporte diplomático o de servicio. 8. Las que se establecen en el artículo 46 bis de la Ley No. 6955: exoneración del impuesto de salida a los grupos culturales y deportivos que, oficialmente y en representación de nuestro país, viajen al exterior, previa recomendación al respecto del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; o a los de promoción turística debidamente acreditados como tales, patrocinados por el Instituto Costarricense de Turismo. Se exoneran además del pago del impuesto de salida los conductores costarricenses de furgones de carga y de líneas de transporte internacional de pasajeros, que se dediquen en forma habitual al transporte de mercancías o de personas al territorio centroamericano y panameño. 9. Las que se establecen en la Ley No. 7167, Ley de Exoneración de los Impuestos Ad Valorem y Selectivo de Consumo para la Importación de Artículos Utilizados en Anteojería Médica. 10. Las que se indican en la Ley Forestal, No. 7174, excepto las exoneraciones para vehículos, maquinaria, equipo e insumos. 11. Las que se establecen en la Ley No. 1411, relativas a la actividad cafetalera. 12. Las que se establecen en el artículo 3 de la Ley No. 7017, a las empresas dedicadas a la producción industrial. 13. Las que se otorguen mediante la Ley de Zonas Francas No Las que se hayan otorgado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones descentralizadas, a las municipalidades, a las empresas públicas estatales y municipales y a las universidades estatales. 15. Las que se establecen en la Ley No. 7044, Ley de Creación de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda. 16. Los espectáculos deportivos y obras de teatro, según se establece en los incisos k) y l), del artículo 1 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, así como los servicios exceptuados en el artículo 9 de esa misma Ley. Se mantiene la exoneración del impuesto selectivo de consumo a los bienes exonerados del impuesto de ventas, según el artículo 17 de la Ley No. 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas. 17. Las que se establecen en la Ley No. 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, excepto lo dispuesto en el artículo 63 con respecto a la exoneración del impuesto territorial (hoy impuesto de bienes inmuebles). 18. Las que se establecen en la Ley No. 7243, Ley de Exoneración de Impuestos a Instrumentos Musicales y Accesorios. 19. Las que se establecen en la Ley No. 3859, Ley de Asociaciones de Desarrollo Comunal. 20. Las que se establecen en la Ley No. 7157, Ley de Creación de la Ciudad de los Niños. 21. Las que se otorgan en el artículo 23 de la Ley No. 4895, Ley de la Corporación Bananera Nacional. 22. Las que se establecen en la Ley No. 4233, a favor de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano y sus funcionarios. 23. Se exonera de todo tributo y sobretasas la importación o compra local de medicamentos. 24. Se exonera de todo tributo y sobretasas la importación y la compra local de equipo médico, de sillas de ruedas y similares, de camas especiales para hospitales, de equipo ortopédico, de equipo para laboratorios químico-clínicos y de investigación agrícola, de equipos odontológicos, de prótesis en general y toda clase de equipo usado por parte de personas con problemas auditivos, así como el que se usa en programas de educación especial para discapacitados. 25. Se exonera de todo tributo y sobretasas, excepto de los derechos arancelarios, las Decimoctavo Informe Estado de la Nación 67 materias primas, los insumos y todo producto intermedio o final que se utilice en la elaboración de medicamentos. Se incluyen los reactivos o catalizadores, la maquinaria y los equipos requeridos para la producción de medicinas, envases y materiales de empaque de ellos. 26. Se exonera de todo tributo y sobretasas la importación y compra local de las mercancías y servicios que requiera la Caja Costarricense de Seguro Social para el cumplimiento de sus fines, excepto en lo referente a vehículos. 27. Se exonera de todo tributo y sobretasas, la importación de maquinaria, equipo, insumos para la actividad agropecuaria, así como las mercancías que requiera la actividad pesquera, excepto la pesca deportiva. 28. Se exonera de todo tributo y sobretasas, excepto de los derechos arancelarios, las materias primas para la elaboración de los insumos para la actividad agropecuaria y para el empaque de banano. La actividad agropecuaria comprende la actividad agrícola, la avícola, la apícola, la pecuaria, la porcicultura y la acuícola, entre otras. Estas exoneraciones se otorgarán siempre que no exista producción en condiciones adecuadas de cantidad, precio, calidad y oportunidad de entrega, en el territorio de los países signatarios del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 29. Se exonera a las instituciones universitarias estatales de educación superior del pago de todo tributo y sobretasas para la adquisición de mercancías y servicios necesarios para la realización de sus fines. 30. Se exonera el sesenta por ciento (60%) del monto total resultante de aplicar los impuestos vigentes que afecten la importación de vehículos destinados al transporte remunerado de personas, en la modalidad taxi. 31. Se exonera de todo tributo y sobretasas las ambulancias, los vehículos que se convertirán en ambulancias, los coches bombas, los equipos y las refacciones que utilicen las ambulancias, que requieran el Instituto Nacional de Seguros, la Cruz Roja Costarricense y la Caja Costarricense de Seguro Social. 32. Se exonera a la Asociación Cruzada Nacional de Protección al Anciano de los impuestos de ventas y consumo. 33. No estará sujeta a ningún tipo de tributos y sobretasas excepto a los derechos arancelarios cuya tarifa se fija en un cinco por ciento (5%), la importación de autobuses o chasis con motor o sin él para ellos, requeridos para el transporte colectivo de personas. 34. Se exonera de todo tipo de tributo y sobretasas, excepto de los derechos arancelarios, la importación de microbuses con una capacidad mínima de veintiséis pasajeros, requeridos por los concesionarios y permisionarios del transporte colectivo remunerado de personas. Si la tarifa del impuesto ad valórem supera el cinco por ciento (5%), se exonerará la obligación tributaria correspondiente a dicho exceso tarifario. 35. Se exonera a los permisionarios y concesionarios del transporte colectivo de personas, de todo tributo y sobretasas, excepto de los derechos arancelarios, para la importación de partes y repuestos para buses y microbuses. Si la tarifa del impuesto ad valórem supera el cinco por ciento (5%), se exonerará la obligación tributaria correspondiente a dicho exceso tarifario. 36. No estarán sujetos a ningún tipo de tributo y sobretasas, excepto a los derechos arancelarios y de ventas, las máquinas automáticas para el tratamiento de información y sus unidades, las piezas sueltas y los accesorios de las citadas mercancías, los soportes para programas de ordenadores, las cintas entintadas para las máquinas que se citaron anteriormente y "las fuentes ininterrumpidas de poder" (UPS) de la partida Además, la Ley 7293 modificaba algunas exenciones y no sujeciones al impuesto de renta, ventas, selectivo de consumo y otros impuestos. Lo que no implicó, eso sí, una reducción sustancial de las exoneraciones existentes. En su artículo 37 la Ley 7293 estableció un criterio de eficacia de las exoneraciones, pero que en el artículo 38 se Decimoctavo Informe Estado de la Nación 78 definió que quedaba supeditado a la eficacia del beneficiario de la exoneración, lo que en otras palabras significa la posibilidad de cumplimiento o no de las condiciones para ser acreedor de dicho beneficio, no la opción de valorar la exoneración en el cumplimiento de sus fines, si existía un objetivo claramente establecido, o los fines que la Administración pudiera considerar que debía cumplir la exoneración. De esta manera la modificación que se hizo hace 20 años tuvo un efecto limitado, mantuvo una serie importante de exoneraciones que hoy día tienen gran peso entre los recursos no recaudados 4, no se introdujeron en ese momento disposiciones para determinar la eficacia de las exoneraciones (del beneficio en sí y no del beneficiario como receptor efectivo de la exoneración), ni se determinó la obligación de contar con un presupuesto de gasto tributario que permitiese dar seguimiento a los recursos no recaudados. Recuadro 2 Exoneraciones y no sujeciones La ley hace una diferenciación entre exoneraciones y no sujeciones, que a efectos prácticos y desde un punto de vista económico tienen el mismo efecto: no se recauda el impuesto. Una exoneración implica que el impuesto existe, se ha desarrollado una norma que lo crea definiendo para tal fin una base imponible y un hecho generador, a lo que posteriormente se le suma una norma que define que el impuesto no se cobre en un caso particular, aún y cuando existe una base imponible y un hecho generador que en otras circunstancias generarían una obligación tributaria. Mientras que la no sujeción implica que los supuestos que delimitan el hecho imponible no incorporan el caso particular de la actividad en cuestión, o sea, la no sujeción delimita negativamente el hecho imponible. A efectos del presente trabajo se entenderán ambos casos como exoneraciones, atendiendo más el efecto económico que la diferencia legal. La otra reforma importante en materia de exoneraciones se hizo en la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, del En esta ley, propiamente en el artículo 17, se eliminan una serie de exoneraciones del impuesto de ventas, contenidas en otras 13 normas legales y presupuestarias. No obstante las exoneraciones eliminadas fueron menores y no tuvieron un impacto permanente en la recaudación, ni constituyeron el grueso de los bienes no gravados, centrados básicamente en bienes intangibles o servicios. Como se verá más adelante, el grueso del impacto de las exoneraciones está concentrado en la exoneración de los servicios en el impuesto general sobre las ventas, las personas jurídicas en el impuesto de renta y las rentas pasivas del capital, en el mismo impuesto de renta. Decimoctavo Informe Estado de la Nación 89 Las exoneraciones en las leyes de impuestos nacionales Para las exoneraciones existentes en nuestra legislación se puede decir que existen 4 fuentes principales: 1. Las exoneraciones existentes en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 2. Las exoneraciones existentes en la Ley del Impuesto General Sobre las Ventas (IGSV). 3. Las exoneraciones existentes en otras leyes de impuestos (selectivo de consumo, impuesto único a los combustibles, etc.). 4. Las exoneraciones creadas por regímenes especiales, incorporadas en otra legislación (por ejemplo: Régimen de Zonas Francas). Las exoneraciones en la Ley de Impuesto Sobre la Renta En cuanto a las primeras, las exoneraciones de la LISR, éstas pueden dividirse a su vez en tres grandes áreas: 1. Las exoneraciones a las rentas de las personas físicas. 2. Las exoneraciones a las rentas de personas jurídicas. 3. Las exoneraciones a las rentas pasivas del capital. En el caso de las exoneraciones a personas físicas el beneficio se concentra particularmente en el artículo 35 de la LISR, que afecta básicamente a las rentas del trabajo dependiente (salario) y no a la rentas de personas físicas con actividad lucrativa. Este artículo exonera el aguinaldo, las indemnizaciones en pago único o periódico por incapacidad o muerte, los ingresos del personal diplomático y consular, siempre que exista la condición de reciprocidad de este beneficio para el personal diplomático y consular costarricense en el exterior, y el salario escolar. A lo anterior habría que sumarle que para las personas que obtengan un ingreso mensual menor o igual que el mínimo no imponible (MNI) establecido por la Dirección General de Tributación, no deben pagar el impuesto. Esta situación deja por fuera de la obligación de pago a un 88% de los asalariados, según lo indicado por el propio Ministerio de Hacienda, lo que reduce sensiblemente el monto recaudado por este rubro 5. De igual forma las personas físicas con actividad lucrativa cuentan con un beneficio similar, no obstante este beneficio mensualizado alcanza apenas una tercera parte del MNI para los salarios. En una norma relacionada, el artículo 4 de la Ley No. 7983, Ley de Protección al Trabajador, exonera de renta los recursos de las cuentas de ahorro individual. Es importante aclarar que en el caso de la acumulación de aportes en dichas cuentas, éstos ya han sido gravados en la fuente, pues el impuesto al salario se implica sin deducciones, salvo la ya indicada del MNI. Los rendimientos capitalizados son rentas del capital pasivo, las cuales en la actualidad sí están exentas. Decimoctavo Informe Estado de la Nación 910 El otro grupo de exoneraciones del LISR es el de las personas jurídicas, que incluye tres tipos de beneficiarios: las personas jurídicas de naturaleza pública, las personas jurídicas consideradas de carácter especial (cooperativas, asociaciones solidaristas, pequeñas y medianas empresas, etc.) y las personas jurídicas beneficiarias de incentivos tributarios. El artículo 3 enlista las personas jurídicas no sujetas al impuesto de renta, a saber: el Estado, las municipalidades, instituciones autónomas y semiautónomas que gocen de este beneficio por ley especial, universidades estatales, partidos políticos, instituciones religiosas por los ingresos recibidos para el mantenimiento de su actividad religiosa, servicio de asistencia social sin fines de lucro, las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, organizaciones sindicales, fundaciones, asociaciones 6, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE, la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, asociaciones civiles que agrupen a pequeños y medianos productores agropecuarios; micro, pequeñas y medianas productoras agropecuarias registradas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería 7 ; las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza 8. En la aprobación de la Ley No. 7052, Ley del Sistema Financiera Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, en el artículo 69, se fijó una exoneración para las mutuales que se mantuvo en la aprobación de la LISR. De tal forma que a la lista anterior deben agregarse las mutuales como entidades que no pagan el impuesto de renta. En 1997 se aprobó la Ley No. 7722, Ley de Sujeción de Instituciones Estatales al Pago del Impuesto Sobre la Renta, la cual estableció que las empresas públicas y las entidades que generan rentas propias debían pagar impuesto si se cumplían los supuestos de la Ley No en lo referente a rentas gravables. Esto cambió la condición de exención para las siguientes empresas y entidades públicas: Instituto Costarricense de Electricidad, Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Banco Central de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Seguros, Fábrica Nacional de Licores, Refinadora Costarricense de Petróleo, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. El artículo 3 de la LISR incluye mayoritariamente personas jurídicas de carácter público, aunque en el mismo se incluyen cooperativas, asociaciones solidaristas, empresas de zonas francas, mipymes agropecuarias y asociaciones sociales, que tienen carácter privado. Las micro, pequeñas y medianas empresas no agropecuarias están gravadas con una tarifa de impuesto diferenciada del 10% y 20% sobre su renta neta, según lo dispone el inciso b) del artículo 15 de la LISR. Esto no significa una exoneración en un sentido estricto, aunque sí es una reducción del tipo impositivo medio en relación con otras empresas, además de que igual manera significa una reducción de la recaudación y abre un portillo legal para la elusión por medio del fraccionamiento de sociedades. Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1011 Dentro del apartado de las personas jurídicas se incluye también lo dispuesto en el artículo 61 de la LISR, en cual dispone que la Administración Tributaria queda facultada para eximir total o parcialmente del impuesto, cuando las personas que deban actuar como agentes de retención o de percepción del impuesto, o los propios interesados, comprueben, a satisfacción de la Administración Tributaria, que los perceptores de tales ingresos no les conceden crédito o deducción alguna en los países en que actúen o residan, por el impuesto pagado en Costa Rica, o cuando el crédito que se les concede sea inferior a dicho impuesto, en cuyo caso solamente se eximirá la parte no reconocida en el exterior (LISR). Esto significa una renuncia tributaria local en favor de las entidades fiscales en el exterior, o sea, si una empresa extranjera que opere en Costa Rica no puede acreditar sus impuestos pagados en territorio nacional al fisco de su país de origen, entonces nuestra administración tributaria la exonera del pago. Esta disposición, que genera un efecto aún no determinado pero que beneficia a empresas de capital extranjero, es una transferencia del país hacia el exterior, en momentos en que Costa Rica afronta una importante crisis fiscal. En las discusiones llevadas adelante por la Presidencia de la República con un grupo de economistas, por un lado, y con un grupo de expertos tributarios 9, por otro lado, con el fin de plantear opciones al Proyecto de Solidaridad Tributaria, éstos recomendaron la revisión de este punto y su eventual reforma. Esta exoneración se ha propuesta eliminarla en el proyecto de Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, expediente legislativo No , recién presentado por el Poder Ejecutivo, quedando ahora a criterio de los grupos políticos que no han expresado reticencias a este punto. El último grupo de exoneraciones de la LISR es el de las exoneraciones a las rentas pasivas del capital, rentas del capital financiero principalmente. En ese sentido el artículo 23 de la LISR otorga una reducción de la tarifa del impuesto a las rentas de inversiones financieras, esto pues el numeral 1 del inciso c) del citado artículo establece que estas rentas se gravarán con un 15% del impuesto, salvo que los títulos estén inscritos en una bolsa comercial o bursátil, o sean emitidos por alguna entidad regulada por la SUGEF, lo que implica que deberán pagar un impuesto del 8%. Esa característica de traspasable o transable que permite el beneficio de una reducción impositiva o exoneración parcial, está presente en la LISR desde su promulgación en 1988 y no responde a un criterio de oportunidad actual, más que un incentivo a la bursatilidad de las emisiones de valores que se consideró oportuna a la hora de aprobar la legislación. Ese incentivo beneficia básicamente a la Bolsa de Valores y las entidades similares que durante la vigencia de la LISR han transado títulos valores, de igual manera los dueños de los valores se han beneficiado de una carga impositiva menor. Inclusive, hasta la aprobación de la Ley No. 8720, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Intervinientes en el Proceso Penal, aprobada en marzo del 2009, los títulos valores emitidos en dólares por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y los bancos públicos, estaban exonerados de este impuesto. La Ley 8720 eliminó la exoneración como una forma de crear una renta para financiar el programa de protección de víctimas y testigos del Poder Judicial. Esa exoneración estaba presente desde la aprobación de la LISR, cualquier justificación existente en ese tiempo para Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1112 crear este beneficio 10 no tenía razón de ser en el momento de su eliminación, es más, las autoridades financieras del país habían expresado su preocupación por el alto grado de dolarización del sector financiero de Costa Rica, así que la eliminación de esa exoneración no solo fue oportuna sino además necesaria 11. De lo establecido en el artículo 23 de la LISR en cuanto al gravamen sobre los títulos valores están exentos los títulos en moneda local emitidos por el Banco Popular, los títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y el fideicomiso creado para el financiamiento de la Escuela Agrícola de la Región del Trópico Húmedo. En ninguno de estos casos se fijó un límite temporal a la exoneración o se delimitó mediante algún criterio técnico, como por ejemplo una meta de capitalización para el Banco Popular o un monto máximo de inversión para un ahorrante particular. Dentro de este mismo artículo, la Ley 8114 agregó un inciso c bis), que dice: en las operaciones de recompras o reportos de valores, se aplicará un impuesto único y definitivo del ocho por ciento (8%), sobre los rendimientos generados por la operación; dicho porcentaje será retenido por la bolsa de valores en que se realizó dicha operación. En caso de que las operaciones no se realicen mediante los mecanismos de bolsa, los rendimientos devengados de la operación serán considerados como renta ordinaria gravable. Esto además permitió darle el beneficio de la tasa reducida a una transacción de mucho volumen en el mercado bursátil, con la condición de realizarse por medio de mecanismos de bolsa, a pesar de que esta es una actividad que en muchos casos tiene una naturaleza bancaria 12. En este mismo rubro de exoneraciones a las rentas pasivas del capital, el artículo 59 de la LISR establece lo siguiente: No se pagarán impuestos por los intereses, comisiones y otros gastos financieros pagados por empresas domiciliadas en el país a bancos en el exterior -o a las entidades financieras de éstos-, reconocidos por el Banco Central de Costa Rica como instituciones que normalmente se dedican a efectuar operaciones internacionales, incluidos los pagos efectuados por tales conceptos a proveedores del exterior por la importación de mercancías. Tampoco se pagará el impuesto por los arrendamientos de bienes de capital y por los intereses sobre préstamos, siempre que éstos sean utilizados en actividades industriales o agropecuarias por empresas domiciliadas en el país, pagados a instituciones del exterior reconocidas por el Banco Central de Costa Rica como instituciones de primer orden, dedicadas a este tipo de operaciones (LISR). En otras palabras, cuando una persona física o jurídica del exterior realiza una transacción con una persona física o jurídica en Costa Rica, y esto genera una obligación financiera, como intereses o comisiones, de la persona física o jurídica nacional hacia la persona física o jurídica en el exterior, ésta es una renta originada en territorio nacional y por el principio de territorialidad deberá ser gravada. Pero el artículo 59 de la LISR establece que si la entidad del exterior es una institución que normalmente se dedica a efectuar operaciones internacionales o es una institución de primer orden, entonces se le exonera del impuesto sobre esa renta. En ambos casos es el Banco Central el que define qué es una institución de las descritas y publica un listado de las mismas, usando criterios que no son de carácter tributario. Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1213 Esta exoneración pudo haber tenido una razón de ser en el momento de aprobación de la LISR, pero nuevamente en la actualidad no tiene sentido exonerar a entidades del exterior para colocar financiamiento del país, abriendo un portillo para la operación de la banca de maletín, creando incentivos para la existencia de banca off shore y compitiendo de manera desleal contra el sistema financiero local. Además, si lo establecido en el artículo 61 significa una transferencia de recursos al exterior, del fisco costarricense al fisco del país de origen de la inversión, en este caso es una transferencia de recursos del fisco nacional a las empresas del exterior que generaron una renta de fuente costarricense. En tiempos recientes se hicieron dos intentos por modificar el artículo 59 con el fin de eliminar esta exoneración y crear un ingreso adicional para diferentes fines. El primer intento fue el proyecto de Ley para Reducir el Impacto de los Precios de los Combustibles en el Transporte Público, expediente legislativo No , que se presentó a la Asamblea Legislativa en el año 2008 con el fin de exonerar del impuesto único a los combustibles a los taxis y los autobuses, para lo cual la reforma del artículo 59 se veía como una forma de compensar los ingresos perdidos. Este proyecto se envió a una comisión especial con un procedimiento abreviado, pero se perdió interés una vez que el precio del petróleo empezó a bajar cuando la crisis económica internacional se agudizó. El segundo intento se hizo en el año 2009, cuando se presentó el proyecto de Ley para la Promoción de la Erradicación del Trabajo Infantil Mediante el Derecho Real de Acceso a la Educación, expediente legislativo No , que también contenía una reforma del artículo 59, así como otras modificaciones de carácter tributario, cuyo fin era crear ingresos adicionales para contribuir al financiamiento permanente del Programa Avancemos. Los diputados proponentes terminaron sus labores el 30 de abril del 2010 y este proyecto de quedó varado en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa. Otras tres normas que no están presentes en la LISR afectan los impuestos recaudados a las rentas pasivas del capital. La primera es el artículo 149 de la Ley No. 7052, Ley del Sistema Financiera Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, que establece que quedan exentas de toda clase de impuestos, las cuentas de ahorro que se abran en las mutuales y los títulos valores y sus intereses, emitidos por las entidades autorizadas establecidas de acuerdo con esta ley. La segunda norma es el artículo 72 de la Ley No. 7983, Ley de Protección al Trabajador, que exonera los intereses, los dividendos, las ganancias de capital y cualquier otro beneficio que produzcan los valores en moneda nacional o en moneda extranjera, en los cuales las entidades autorizadas inviertan los recursos de los fondos que administren, del impuesto establecido en el inciso c) del artículo 23 de la LISR. La tercera norma es el artículo 100 de la Ley No. 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, la cual crea un tratamiento excepcional para aquellas rentas pasivas del capital que no estén gravadas en la fuente con el 8% del inciso c) del artículo 23 de la LISR. Este artículo establece que las rentas no gravadas con el 8% se gravarán con un impuesto del 5%. En vista de que los fondos eminentemente financieros se nutren de Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1314 los rendimientos de títulos gravados con el 8%, este beneficio pesa sobre los rendimientos de los fondos inmobiliarios y los fondos de desarrollo inmobiliario, en el que existen mínimos de inversión que regularmente son más altos y que cuentan con perfiles de inversionistas más sofisticados. Si bien esto no es una exoneración total, el tratamiento de estas rentas no debe compararse con el 8% del inciso c) del artículo 23, sino con el 15% de impuesto de esa misma norma, pues ese es el tratamiento regular a esa renta, como se explicó anteriormente, siendo la reducción al 8% un caso particular cuya excepción se convirtió en regla. Siendo así, el 5% implica una exoneración de dos terceras partes de la tarifa regular a unas rentas que han crecido en importancia dentro del mercado bursátil, desde la aprobación de la Ley No en Finalmente la LISR incorpora una exclusión de la renta bruta que deja por fuera del gravamen a una importante renta pasiva del capital. El inciso d) del artículo 6 de la LISR excluye de la renta bruta a las ganancias de capital obtenidos (sic) en virtud de traspasos de bienes muebles e inmuebles, a cualquier título, siempre que los ingresos de aquellas no constituyan una actividad habitual, en cuyo caso se deberá tributar de acuerdo con las normas generales de la ley. Dada la variabilidad de los precios de los activos financieros, lo que inclusive da pie a importantes negocios bursátiles, la exoneración de las ganancias de capital excluye una importante fuente de renta, pues de esta forma las ventas de títulos valores a precios mayores a los de compra, las ganancias producidas por las ventas de acciones y las revalorizaciones de las participaciones de los fondos de inversión no hacen ningún aporte tributario, siempre y cuando no sea la actividad habitual, en el sentido de lo dispuesto por la Administración Tributaria. Esa ventaja también la tienen las ganancias producidas por las ventas de propiedades y otras transacciones de bienes muebles e inmuebles. Cuadro 1 Resumen de las Exoneraciones al Impuesto Sobre la Renta Beneficio de exoneración Aguinaldo, indemnizaciones en pago único o periódico por incapacidad o muerte, los ingresos del personal diplomático y consular, y el salario escolar. Ley que la contiene Artículo 35, Ley de Impuesto Sobre la Renta. Vigente desde Cuentas de ahorro individual en los fondos de pensiones Artículo 4 de la Ley No. 7983, Ley de Protección al Trabajador. Vigente desde el año Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1415 Personas jurídicas no sujetas al impuesto de renta: el Estado, las municipalidades, instituciones autónomas y semiautónomas que gocen de este beneficio por ley especial, universidades estatales, partidos políticos, instituciones religiosas por los ingresos recibidos para el mantenimiento de su actividad religiosa, servicio de asistencia social sin fines de lucro, las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, organizaciones sindicales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, asociaciones solidaristas, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE, la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, asociaciones civiles que agrupen a Pymes agropecuarios, Mipymes agropecuarias registradas en el MAG, las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza Artículo 3, Ley de Impuesto Sobre la Renta. Vigente desde 1988, modificado en 1990 con la inclusión de las empresas de Zonas Francas, modificado en 1992 con la inclusión de las asociaciones civiles que agrupen a Pymes agropecuarios, modificado en 1997 en cuanto a empresas públicas, modificado en el 2009 para incluir las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza. Mutuales de Ahorro y Crédito Contribuyentes extranjeros que comprueben, a satisfacción de la administración tributaria costarricense, que la administración tributaria de sus países de origen no les concede crédito o deducción alguna por el impuesto pagado en Costa Rica. Reducción de tarifa a títulos con la característica de transables. Artículo 69 de la Ley No. 7052, Ley del Sistema Financiera Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI. Artículo 61, Ley de Impuesto Sobre la Renta. Vigente desde Numeral 1 del inciso c) del artículo 23, Ley de Impuesto Sobre la Renta. Vigente desde Tarifa reducida a operaciones de recompras o reportos de valores, hechas en plataformas de negociación formales. Inciso c) bis del artículo 23, Ley de Impuesto Sobre la Renta. Vigente desde el año 2001, con la reforma introducida por la Ley Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1516 Exoneración al gravamen sobre los títulos valores están exentos los títulos en moneda local emitidos por el Banco Popular, los títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y el fideicomiso creado para el financiamiento de la Escuela Agrícola de la Región del Trópico Húmedo. Artículo 23, Ley de Impuesto Sobre la Renta. Vigente desde Exoneración de impuestos por los intereses, comisiones y otros gastos financieros pagados por empresas domiciliadas en el país a bancos en el exterior, reconocidos por el Banco Central de Costa Rica como instituciones que normalmente se dedican a efectuar operaciones internacionales, así a instituciones del exterior reconocidas por el Banco Central de Costa Rica como instituciones de primer orden. Artículo 59, Ley de Impuesto Sobre la Renta. Vigente desde Tarifa reducida para aquellas rentas pasivas del capital que no estén gravadas en la fuente con el 8% del inciso c) del artículo 23 de la LISR, básicamente rendimientos de participaciones de algunos fondos de inversión. Artículo 100, Ley Reguladora del Mercado de Valores. Vigente desde Ganancias de capital obtenidas en virtud de traspasos de bienes muebles e inmuebles, a cualquier título, siempre que los ingresos de aquellas no constituyan una actividad habitual. Inciso d) del artículo 6, Ley de Impuesto Sobre la Renta. Vigente desde Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y otras leyes. Las exoneraciones en la Ley General de Impuesto Sobre las Ventas La segunda fuente importante de exoneraciones es la Ley de Impuesto General Sobre las Ventas (IGSV), aprobada en 1982 y que no ha sufrido mayores variaciones en los últimos 30 años 13. En cuanto a la fuente de exoneraciones, la IGSV es mucho más sencilla que la LISR pero tiene un impacto mucho más amplio. El artículo 1 de a IGSV señala que se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación de los servicios siguientes, lo cual implica que de forma Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1617 general el impuesto grava las mercancías o bienes tangibles, con las excepciones que se indican posteriormente, y exonera de forma general los servicios, con la excepción de los siguientes que sí están gravados 14 : a) Restaurantes. b) Cantinas. c) Centros nocturnos, sociales, de recreo y similares. ch) Hoteles, moteles, pensiones y casas de estancia transitoria o no. d) Talleres de reparación y pintura de toda clase de vehículos. e) Talleres de reparación y de refacción de toda clase de mercancías. f) Aparcamientos de vehículos. g) Servicios telefónicos, de cable, de télex, radiolocalizadores, radiomensajes y similares. h) Servicios de revelado y copias fotográficas, incluso fotocopias. i) Servicios de bodegaje y otros servicios no financieros, brindados por almacenes generales de depósito, almacenes de depósito fiscal y estacionamientos transitorios de mercancías. j) Servicios de lavandería y aplanchado de ropa. k) Espectáculos públicos en general, excepto los deportivos, teatros y cines, estos últimos cuando exhiban películas para niños. l) Servicios publicitarios prestados a través de la radio, la prensa y la televisión. Estarán exentos de esta disposición las emisoras de radio y los periódicos rurales. ll) Transmisión de programas de televisión por cable, satélite u otros sistemas similares, así como la grabación de "videos" y "pistas", y su arrendamiento. m) Servicios de las agencias aduanales. n) Servicios de correduría de bienes raíces. ñ) Servicios de mudanzas internacionales. o) Primas de seguro, excepto las referidas a los seguros personales, los riesgos de trabajo, las cosechas y las viviendas de interés social. p) Servicios prestados por imprentas y litografías. Se exceptúan la Imprenta Nacional, las imprentas y litografías de las universidades públicas, la del Ministerio de Educación Pública, así como las imprentas y litografías del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Editorial Costa Rica, respectivamente. q) Lavado, encerado y demás servicios de limpieza y mantenimiento de vehículos. Es importante destacar que de la lista de servicios gravados, la reforma más importante en los últimos veinte años la constituye la aprobación de la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, que modificó el inciso g) que anteriormente incluía solo teléfono, cable y télex, para ampliarlo a servicios de radiolocalizadores, radiomensajes y similares 15. Además, la Ley No incluyó los incisos o), p) y q), y por consiguiente permitió gravar esos servicios a partir de esa modificación. En virtud del carácter general con que se gravan los bienes, a excepción de los servicios como ya se ha señalado, las exoneraciones de la IGSV se incluyen en el artículo 9, el que enumera una serie de bienes y situaciones en las que no se cobra el impuesto: Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1718 1. Canasta de bienes alimentaria, cuya definición se hace de forma reglamentaria, o sea, vía decreto ejecutivo. 2. Rencauches y llantas para maquinaria agrícola. 3. Productos veterinarios e insumos agropecuarios definidos de común acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 4. Medicinas. 5. Queroseno. 6. Diesel para pesca no deportiva. 7. Libros. 8. Composiciones musicales. 9. Cuadros y pinturas creados en el país. 10. Cajas mortuorias. 11. El consumo mensual de electricidad, en el tanto no exceda los 250 Kw/h. Al pasar de ese umbral se cobra un 5% de impuesto sobre todo el consumo de electricidad y no solo sobre el exceso. 12. Bienes de exportación. 13. Reimportación de bienes dentro del plazo de 3 años a su exportación. Recuadro 3 El artículo 9 de la IGSV tenía una redacción muy distinta a la que tiene hoy, pues en la actualidad la legislación define de forma general un grupo de bienes a exonerar y deja al reglamento de la Ley la definición de la lista taxativa. La versión original del artículo 9 de la IGSV definía eso para algunos casos, pero además hacía un listado amplio de bienes a exonerar en el caso de bienes de uso agropecuario, veterinario y maquinaria agrícola en general. La redacción original de la IGSV era la siguiente: Están exentas del pago de este impuesto, las ventas de los artículos definidos en la canasta básica alimentaria, las herramientas e instrumentos manuales para uso agrícola, los insumos agrícolas, las medicinas comprendidas en el cuadro básico de la Caja Costarricense de Seguro Social, las sillas de ruedas para minusválidos, los libros -de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes-, los cuadernos, el cemento, los cuadros y pinturas hechos por pintores nacionales o extranjeros producidos en el país, la miel de purga o melaza, las palas delanteras hidráulicas para montar en chapulines, las asadas, las bombas para fumigar, los cuchillos para chapear, para cortar caña o para podar, las hachas, machetes, picos y palas de todo tipo. Para ganadería: segadores, cortadoras (chanchas de monte), acordonadores, acondicionadores, embaladoras, ensilladoras, cosechadoras de forraje, distribuidoras de estiércol, chuzos eléctricos, chupones para ternero, jeringas y mesas para volcar ganado, máquinas picadoras de pasto y moledoras de forraje. Esta exención solamente es aplicable cuando la maquinaria, equipo e implementos citados vayan a utilizarse exclusivamente en la explotación agrícola, maderera o ganadera, para lo cual el responsable deberá solicitar al comprador los siguientes datos: nombre, apellidos, número de cédula de identidad, domicilio, finca o lugar en donde se vayan a utilizar los artículos y descripción de la actividad a que se Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1819 van a destinar. Tales datos deben consignarse en la factura que al efecto extienda el responsable. La exención no comprende aviones, avionetas o helicópteros, aun cuando éstos sean utilizados en explotaciones agrícolas o ganaderas. Respecto a las situaciones dudosas, se deberá consultar a la Dirección respectiva para que resuelva, con carácter general, si procede o no la exención. Los productos veterinarios, tales como sueros, semen congelado para inseminación artificial, vacunas, bacterianas, toxoides y antitoxinas, opoterápicos, antígeno para diagnósticos (tuberculina, johina, brucela, salmonella), antibióticos sulfonados, nitrofuranos, anestésicos, artículos farmacéuticos terapéuticos, parasiticidas, externos e internos, suplementos alimenticios (premezclados minerales, vitaminas, antibióticos). Los insumos para la construcción de viviendas. Maquinaria o implementos utilizados exclusivamente en las explotaciones agrícolas-ganaderas: arados, rastras, cultivadoras ("rotary hoe", picos y discos), rotavatores, sembradoras (arrastre, integrales y voleo), equipos para atomizar y espolvorear (manuales y de motor), cosechadoras y cabezotes para cosechar maíz, equipo para arroz inundado (fangueadoras y otros), secadoras para granos, equipo de riego y accesorios de uso exclusivo para este equipo, niveladoras de arrastre ("land plane"), distribuidoras de fertilizantes, trailers y vagones para ser arrastrados por chapulines, cosechadoras de arroz, descargadoras, pulidoras, separadoras, ventiladores, silos de almacenamiento, determinadores de humedad y elevadores, motosierras, abridores de huecos y palas delanteras. Asimismo quedan exentas las exportaciones de bienes gravados o no por este Impuesto. Todo conforme con lo que establezca el Reglamento. Las ventas de mercancías que queden exentas del pago de este impuesto, están sujetas a control de precios por parte del Ministerio de Economía y Comercio, a fin de garantizar los precios a los consumidores. La redacción actual del artículo 9 se la dio en la reforma de la Ley No de 1992, que incluyó la exoneración para la electricidad, la exoneración de los productos reimportados dentro del plazo de los 3 años, simplificó la exoneración de maquinaria agrícola a los rencauches y llantas, dejó la exoneración de productos veterinarios e insumos agropecuarios en manos de una comisión bi-ministerial 16 y exoneró las medicinas de forma general y no solo las de cuadro básico de la CCSS. La reforma de 1992 en realidad no disminuyó la cantidad de bienes agropecuarios exentos, pues más bien en la actualidad hay unos 250 bienes exentos, incluidos vía reglamentaria, en productos para agricultura, pesca, ganadería y productos veterinarios. En el caso de los bienes de la llamada canasta alimentaria, a lo largo de los últimos veinte años se adicionaron algunos bienes vía decreto en esa lista, pero fueron pocos casos. La gran reforma de la canasta básica alimentaria la protagonizó la Administración Chinchilla Miranda, pues por la vía del decreto H redujo la canasta de productos alimentarios exentos de alrededor de 260 productos, que incluía casos genéricos no especificados, a una lista más clara y definida de 182 bienes. Dentro de las exclusiones también eliminó del reglamento a la Ley No los siguientes términos: 1. Pan de toda clase 2. Otras harinas de cereales y derivados 3. Otras carnes de res, fresca, refrigerada o congelada Decimoctavo Informe Estado de la Nación 1920 4. Otras carnes de cerdo, fresca, refrigerada o congelada 5. Otras carnes de ave, fresca, refrigerada o congelada 6. Carnes frescas, refrigeradas o congeladas, de ganado vacuno, ovino, porcino, caballar, caprino, de aves de corral, aves y animales de caza, así como los desperdicios comestibles de estos animales. 7. Crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos invertebrados (frescos, refrigerados, o congelados), siempre que se vendan en presentaciones mayores a 3kg; excepto los envasados o enlatados. 8. Otros aceites y grasas vegetales comestibles, excepto de maní, cacahuate y de oliva 9. Otras verduras y legumbres frescas y secas, no envasados, incluye hortalizas, tubérculos, leguminosas, bulbos y raíces comestibles 10. Otras frutas frescas, excepto manzanas, uvas y peras 11. Otras harinas de leguminosas, legumbres y frutas 12. Otros tubérculos y raíces, frescos o secos, no envasados o enlatados 13. Otras harinas de tubérculos 14. Otras mieles naturales Esas frases provocaban ambigüedad en el tratamiento de ciertos productos, particularmente debido al uso de las palabras otro u otra, lo que muchas veces creaba problemas para tener una lista taxativa de bienes alimentarios exentos, aspecto que se resolvió con el decreto H. En términos generales la IGSV carga el peso de sus exoneraciones en dos elementos, fundamentalmente: el gran listado de bienes exentos incluidos en el reglamento de la Ley y la exoneración general de los servicios. Además, el artículo 17 de la IGSV establece que en ningún caso las mercancías a que se refiere el artículo 9 de esta ley deberán gravarse con impuestos selectivos de consumo, o sea, los bienes exentos no pueden ser susceptibles de gravarse con el impuesto de consumo, lo que produce un efecto multiplicador de la exoneración del impuesto de ventas. Cuadro 2 Resumen de las Exoneraciones al Impuesto General Sobre las Ventas Beneficio de exoneración Servicios, salvo los expresamente indicados por la Ley. Ley que la contiene Artículo 1, Ley de Impuesto General Sobre las Ventas. Vigente desde 1998, salvo lo dispuesto en cuanto a los programas de televisión, servicios de agencias aduanales, servicios de bienes raíces, servicios de mudanzas, gravados desde 1987; servicios publicitarios, gravados desde 1987; servicios de telecomunicaciones, servicios de bodegaje, y lavado de vehículos, gravados desde el año Decimoctavo Informe Estado de la Nación 20 Mostrar más
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 artículo 63
 artículo 23
 artículo 37
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 artículo 17
 artículo 35
 artículo 4
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 artículo 61
 artículo 23
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 artículo 59
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