Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20031031.htm
Timestamp: 2020-03-30 22:52:16+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Viernes 31 Octubre 2003
Editorial La Razón 31 Octubre 2003
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 31 Octubre 2003
La profecía vasca
FERNADO GARCÍA DE CORTÁZAR ABC 31 Octubre 2003
Sabino Arana cabalga de nuevo
LUIS IGNACIO PARADA ABC 31 Octubre 2003
Xenofobia nacionalista
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 31 Octubre 2003
Editorial El Ideal Gallego 31 Octubre 2003
Inquietante escenario catalán
JAIME CAMPMANY ABC 31 Octubre 2003
El recurso del Gobierno contra el Plan Ibarretxe recoge 104 vulneraciones de la Constitución
EFE Libertad Digital 31 Octubre 2003
Rajoy aprueba un plan estratégico de Mayor para dejar aislado al PNV en un año
Carmen Morodo - Madrid.- La Razón 31 Octubre 2003
PP y PSOE avisan que la discriminación en la enseñanza es un paso más del plan Ibarretxe
BILBAO / VITORIA. J. SALDAÑA ABC 31 Octubre 2003
Gotzone Mora denuncia un «impuesto revolucionario académico» de ETA
D. Mazón - Madrid.- La Razón 31 Octubre 2003
Las víctimas preparan un «censo» de exiliados vascos
Redacción - Madrid.- La Razón 31 Octubre 2003
Iberdrola lanza un aviso a Ibarreche y dice que «no quiere ni pensar» en su Plan soberanista
Rubén Esteller / Efe - Madrid / Bilbao.- La Razón 31 Octubre 2003
Los empresarios madrileños avisan que rechazarán «cualquier tentación contra el marco constitucional»
Marcos S. González - Madrid.- La Razón 31 Octubre 2003
La obsesión por una doctrina de corte racista y xenófoba
Lilián Aguirre - Madrid.- La Razón 31 Octubre 2003
Castilla y León lamenta la posición «irrespetuosa» del Gobierno vasco sobre Treviño
VALLADOLID EL CORREO 31 Octubre 2003
La Constitución española proveyó, a través de dos artículos específicos, de los instrumentos legales necesarios para que las distintas comunidades autónomas pudieran conservar y fomentar las lenguas autóctonas hasta el punto de reconocer su oficialidad en los territorios que así lo decidieran. Aplicados estos principios desde la lealtad constitucional, las distintas lenguas españolas no tienen por que suponer problema de convivencia alguno, sino, al contrario, ser una fuente de riqueza cultural y social inapreciable.
En el País Vasco, el obstáculo más grave a la voluntad del legislador proviene de unos sectores nacionalistas que han instrumentalizado el euskera como un elemento fundamental, cuando no exclusivo, en la construcción de una pretendida identidad nacional. Y así, durante este último cuarto de siglo, hemos asistido impasibles a la imposición de una política lingüística que no ha tenido en cuenta un hecho tan simple, tan claro, tan sencillo como es el que la inmensa mayoría de los ciudadanos del País Vasco tenían el castellano como lengua materna. Sin apenas resistencia, los hijos nacidos en comarcas y aún regiones donde jamás se habló vascuence, o donde éste desapareció hace tres siglos, fueron compelidos a aprender una lengua para ellos ajena. Desde las distintas consejerías educativas, se han puesto trabas a la enseñanza en castellano y se ha bombardeado, con una persistencia digna de la propaganda nazi, con la idea de que lo vasco o es euskera, o no lo es. Y, sin embargo, los hechos son extremadamente tozudos como demuestra el que el 64,4 por ciento de los ciudadanos de las Vascongadas empleen solamente el castellano en su vida diaria, porcentaje que supera el 80 por ciento en Álava y en amplias zonas de Vizcaya y Guipúzcoa.
Así, la última circular sobre «educación de inmigrantes» del ejecutivo nacionalista que preside Juan José Ibarreche no es más que una nueva vuelta de tuerca en ese proyecto a largo plazo, la extirpación de la lengua materna en las nuevas generaciones, sobre el que se basa buena parte del imaginario independentista.
El Consejo de Ministros de este viernes ha resuelto que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, de 25 de octubre, el conocido por todos como Plan Ibarretxe. Con esta medida, el Gobierno utiliza la vía del conflicto positivo de competencias, en este caso entre una Comunidad Autónoma y el Estado, cuyo cauce procesal, proveniente de la Constitución, se recoge en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así, el artículo 62 de la indicada Ley Orgánica dice: “Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes Orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artículo 161.2, de la Constitución, con los efectos correspondientes”.
En este caso, nos encontramos ante una resolución del Gobierno Vasco que quiebra el orden constitucional en múltiples preceptos, con la idea, quimérica, de formalizar un País-Vasco asociado a España, de igual a igual. Debido a ello, el Gobierno podía haber utilizado incluso la vía, más abrupta, del artículo 155 de la Constitución, por “afectar al interés general de España”, como recoge el indicado precepto. Pero ha elegido una vía más suave en las formas, pero igualmente eficaz, ya que el conflicto positivo de competencias y la invocación del artículo 161.2 de la Constitución –“el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”– hace que, una vez producida la admisión a trámite de este conflicto de competencias –en un plazo de 10 días–, el famoso Plan de Ibarretxe deje de tener relevancia jurídica alguna, al menos durante los próximos cinco meses.
Si bien el Gobierno Vasco ya ha respondido políticamente a esta medida jurídico-constitucional, amparándose en los nulos efectos jurídicos del Plan de Ibarretxe en la actualidad –a la espera de que el Parlamento Vasco lo apruebe–, ello no es óbice para que se inicie el presente conflicto de competencias, ya que la mera discusión de un proyecto de este calado implica un desafío sin precedentes al propio ordenamiento constitucional.
No tendría sentido, por otra parte, que el Tribunal Constitucional tuviera que esperar a la aprobación efectiva de Plan Ibarretxe por el Parlamento Vasco, ya que lo que se está dilucidando en estos momentos no es una mera reforma legal, sino la ruptura con el régimen constitucional vigente desde 1978. El Código Civil, en los preceptos relativos a la aplicación de las normas jurídicas, aplicables a todo el ordenamiento jurídico, recoge que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. Desde luego, queda claro que la finalidad del conflicto positivo de competencias planteado es impedir un empeoramiento de la situación, que incluso pudiera obligar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un precepto de carácter excepcional y que sólo debe aplicarse, con esta idea, cuando no hay otro mecanismo jurídico para defender los intereses generales de España.
Por FERNADO GARCÍA DE CORTÁZAR. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Deusto ABC 31 Octubre 2003
«SERÍA la del alba», dice Cervantes que fue cuando Don Quijote salió al camino. «Sería», sugiere Cervantes, con ese clarear sonámbulo, que da la certeza del tiempo y de la luz, y la incerteza de lo que luz y tiempo van a traer. «Sería la del alba» , podría decirse también que es cuando los del PNV han salido al camino «faciendo entuertos».
Lejos del alba, de su ir a desbordarse y su ir a ocultarse en un horizonte semisoñado, de su búsqueda de paladines y formas del pasado, desaparecen las equivalencias entre el caballero de la Triste Figura y los rancios caballeros del árbol de Guernica. Comparar a unos y otro sería disminuir a don Quijote, quitarle la melancolía y su yo plural, dejarle sólo con su Dulcinea y sus gigantes. La locura de don Quijote es Renacimiento, sabiduría, aquella sabiduría que Erasmo, en su Elogio de la locura, alabó en su amigo Tomás Moro. La locura de don Sabino Arana y sus escuderos no es sino alucinación de lo absoluto. Don Quijote cabalga enamorado de la dignidad, de la libertad, en las que la vida y el ser humano concreto tienen sus raíces primordiales. Sabino Arana y sus escuderos lo hacen hechizados por el canto atávico y milenario de la tierra. Sabino Arana dice: detrás de mí vendrá el pueblo. Luego sus Sanchos del siglo XXI, envueltos en un ambiente de profecía, le completan, subrayando: y detrás del pueblo el que pueda.
Dicen «detrás del pueblo». Lo subrayan con el sabor de lo absoluto fermentado en la boca, y con la tumba al hombro comienzan a errar sin término por la senda de las odas, las banderas, los desfiles, las fronteras imaginarias... Todo eso que desvanece al individuo de rostro concreto, real, en el ruido y la furia de lo colectivo, todo aquello que llena de raíces el odio incivil, que siembra de quimeras el revólver del fanático.
Los nacionalistas vascos no salen a la del alba en busca, como dicen, de la libertad y el progreso: si es necesario, si su utopía comunitaria lo precisa no dudan en sacrificar ambos. Los nacionalistas vascos son una reminiscencia muy curiosa de finales del siglo XIX, de la mentalidad de aquella época. La nación que piensan construir no es una nación moderna, una nación fundada en la unión de individuos que se conocen y se reconocen, que se amparan en leyes, que conviven, y no solo cohabitan ceñudamente. La nación que piensan construir no es la gran nación de ciudadanos que un día de 1812 soñara Argüelles sino la romántica, integrista, mística, falsificada y esencial del tradicionalismo.
La nación que profetizan se construye sobre el olvido y sobre el error histórico porque, por mucho que se muevan entre el casino de la aldea y las chimeneas del Nervión, los nacionalistas paradójicamente, son los más contrarios a la tradición de su tierra , que está tallada de cruce, mezcla y colaboración con los castellanos en la forja del reino de Castilla, del cual nunca quisieron desgajarse los «vizcaínos». Sabino Arana empujó a muchos a negar o, al menos, a minimizar la influencia de los vascos en el itinerario y grandeza de España, pero aquella constelación de correspondencias trasatlánticas que se hizo ciudadana en 1812 sería ininteligible sin ese manantial de los López de Haro, Lope de Ayala, Elcano, Loyola, Legazpi, Garay, Peñaflorida, Unamuno o Zuloaga.
No hay libertad, no puede haberla en esa nación que aseguran instalada en la historia desde miles de años atrás. Libertad sólo la entienden los nacionalistas vascos a la manera de aquel personaje de Galdós que sostenía, sin pestañear, que «todos los españoles debían abrazar la bandera de la libertad y admitir los progresos del siglo... y si no todos desean entrar por este camino, los rebeldes deben ser convencidos a palos, para lo cual convendría que los libres se armen, formando una milicia».
Los caballeros del árbol de Guernica tienen mucho de este personaje literario con el que Galdós vislumbró el modo en que las tendencias autoritarias, recubiertas de opiniones liberales o democráticas, iban a entrar en el siglo XX. La libertad, para ellos, existe sólo en cuanto pueblo, y si el individuo concreto, real, no tiene a bien entrar por ese camino se le convence a base de autos de fe. Los yos tradicionalistas han cambiado de hábito, no de alma: ya no intimidan al adversario con los herrumbrosos silogismos de la escolástica, sino con la dialéctica que late en la Tierra y los Muertos. Nuevas quimeras les sorben el seso, pero les siguen fascinando las cadenas. Saltan de la Inquisición al Comité de Salud Pública sin cambiar de sitio.
Lo grave, sin embargo, no es que el nuevo absolutismo de la esencias étnicas cabalgue por las llanuras periféricas: el tradicionalismo cecijunto y clerical siempre tuvo su castillo en aquella tierra. Lo grave es que este nacionalismo arcaico e irracional haya terminado cuajando en algunos sectores como algo amable y hasta simpático. Lo grave es que el País Vasco se haya visto muchas veces como la tierra de la modernidad, de la apertura a Europa, del entendimiento y el diálogo, y España, de cuya entraña brota a comienzos del siglo XIX la palabra liberal, se haya reducido a una tierra soberbia y decadente, refugio de conquistadores, militares y fascistas de garrote. Lo grave es que en esta fantasiosa tierra llamada España, en esta tierra medio urna medio hoguera, todos pueden dejar de ser españoles de la noche a la mañana, por revelación divina o por elucubraciones a lo Lenin, pero por el momento es imposible dejar de ser vasco, catalán, gallego... Lo grave es que, cómodos por las leyendas negras, los nacionalistas vascos hablan de Estado libre asociado, como quien perdona la vida a España, como si en esa libre asociación tuvieran los demás españoles que agradecerles algo, como si con su adhesión llevaran a la Castilla de sus fantasías, la Castilla mística y guerrera, tirana de los territorios con verdadera identidad, el fuego del progreso y la democracia.
Curiosa democracia la suya que consiste en que medio País Vasco encierre en su laberinto étnico al otro medio. Libertad no la hay en la voz de estos caballeros del árbol de Guernica. La libertad se vuelve tiranía cuando se pretende imponer a los otros, cuando no parte del individuo y alcanza al resto de los individuos. Después de que los bolcheviques disolvieran la Asamblea Constituyente rusa en nombre de la libertad, Rosa Luxemburgo dijo: «La libertad de opinión es siempre la libertad de aquél que no piensa como nosotros». La libertad, que comienza por ser la afirmación de mi singularidad, se resuelve, no en la simple tolerancia, sino en el reconocimiento del otro y de los otros: su libertad es condición de la mía.
De tanto abominar del integrismo español, los caballeros de Guernica han terminado pareciéndose a él. Como sucedía con el catolicismo en la época de la Inquisición, como sucedía en tiempos de Franco, el nacionalismo que se construye en el País Vasco no se considera la opción de una parte de la ciudadanía, sino la única fe y forma de ser. Cuestionar esa «Euskadi» atávica y milenaria que surca el discurso de Ibarretxe, cuestionar la conveniencia de empezar a construir un Estado nacional en el siglo XXI, cuestionar la modernidad de ese proyecto decimonónico, no significa no tener una opinión nacionalista, sino convertirse en un hereje, transformase en un apátrida, habitar, en fin, esa anti-Euskadi creada a imagen y semejanza de aquella anti-España de fúnebre recuerdo.
Toda esa teología de la historia, toda esa obnubilación en marcha, todo ese mito de lo absoluto, todo ese cruce entre tradición oral y profecía, huele demasiado a hoguera y a novela de caballería como para tomársela en serio en el siglo XXI de lo tecnológico, lo urbano y lo mestizo. El problema es que la creación de un Estado nacional sobre la añoranza, sobre el rechazo del otro, sobre el exilio de quien no piensa igual que la comunidad sigue teniendo eco en algunas regiones de España. Quizá, después de tantos años de aldeanizar España, todo esté ya perdido. O quizá, hoy, más que nunca, haya que seguir reivindicando la trinidad laica -razón, individuo, sentido universal- sobre la que Thomas Mann llamaba a construir la dignidad de ser alemán tras la barbarie del holocausto.
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 31 Octubre 2003
EL Gobierno vasco ha dado instrucciones para que los alumnos de otras comunidades autónomas sean catalogados, a efectos de matriculación, como inmigrantes de otros países. Lo ha denunciado ayer la Federación de Enseñanza de UGT. Es el último desafío a la legalidad, la culminación de un aberrante proceso de xenofobia, la más reciente provocación política para seguir tensando la cuerda. Pero resulta la lógica consecuencia de la estricta aplicación de la doctrina de Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco. Tal vez la decisión de Ibarretxe sea un homenaje al ilustre pensador de cuya muerte se celebra este año el primer centenario. Ese deferencia política puede ser la mejor forma de celebrarlo.
¿Saben ustedes lo que escribió el inspirador de ese nacionalismo acerca de la extranjería? Pues exactamente esto: "Los extranjeros podrán establecerse en Bizkaya bajo la tutela de sus respectivos cónsules; pero no podrán naturalizarse en la misma. Respecto de los españoles, las Juntas Generales acordarán si habrían de ser expulsados, no autorizándoseles en los primeros años de independencia la entrada en territorio bizkaino, a fin de borrar más fácilmente toda huella que en el carácter, en las costumbres y en el idioma hubiera dejado su dominación (...) El roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de inteligencia, debilidad y corrupción de corazón, apartamiento total, en una palabra, del fin de toda humana sociedad (...) Si a esa nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo, así como pesaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas, como agobia y aflige al ánimo del náufrago el no divisar en el horizonte ni costa ni embarcación, el que España prosperara y se engrandeciera." Está claro, ¿no?
IZQUIERDA UNIDA del País Vasco y del resto de España -y las gentes que se dicen de izquierda en general, a pesar de que apoyan el plan crispador del gobierno de la comunidad autónoma vasca-, tienen que estar de enhorabuena y confirmados en lo acertado de sus análisis: el Gobierno nacionalista acaba de decir que tratará a los alumnos que provengan de Galicia, de Andalucía o de Castilla-León, de la misma forma que a los marroquíes, ucranianos o ecuatorianos ¡Toma doble ración de xenofobia! Por un lado se clasifica a los alumnos en función de que hayan nacido o no en esta autonomía, y después se establece un cartel único, el de extranjeros, inmigrantes, para los nacidos en Vigo o en Nigeria, para los que puedan venir de Salamanca o de Casablanca. ¿Puede alguien llamarse de izquierdas y no salir huyendo de un Gobierno que comete semejante atropello?
Es éste sólo un ejemplo, entre otros muchos, de la política profundamente reaccionaria, completamente xenófoba y desde luego inaceptable en cualquier región civilizada de Europa, que lleva a cabo el Gobierno nacionalista de la comunidad autónoma vasca. Sin embargo, Madrazo sigue amarrado al cargazo, Llamazares no para a la hora de alabar a semejantes carcas y la izquierda que piropea a los nacionalistas vascos no se siente impelida a denunciar semejante atropello. (Sólo Frutos y Aguilar parecen disentir de tamaño despropósito). ¿Se imaginan la que se hubiera montado si el ultraderechista Le Pen, Haider o cualquier líder de la extrema derecha europea hubiera dicho algo semejante? Todos hubiéramos salido en tromba; sin embargo, aquí se formula tamaño planteamiento reaccionario entre el más absoluto de los silencios por parte de quienes se dicen de izquierda y han apoyado un delirio como el del lunático Ibarretxe.
La resolución xenófoba contra buena parte de los alumnos que estudien en el País Vasco sale del departamento de educación del Gobierno vasco, que hace unos meses decidió que los profesores de Instituto que no supieran euskera deberían pasar a la jubilación anticipada o al cuidado de los alumnos en el comedor a la hora del almuerzo. ¡Cuántas barbaridades y atropellos se cometen contra el euskera por parte de aquéllos que dicen defenderlo! Porque, claro, el departamento de educación esta gobernado por Eusko Alkartasuna, por la consejera Ángeles Iztueta (¡qué final de apellido tan expresivo!), y de Eusko Alkartasuna es también Joseba Azkárraga, consejero de Justicia que no sabe ni una sola palabra de euskera. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Impedirle que sea consejero? ¿Mandarle al recreo? Atutxa (ex Atutxa) ha preferido mandar al patio, expulsar del Pleno del Parlamento vasco -otro atropello sin precedentes en Europa-, a Carlos Iturgaiz, que es tan vasco y tan español como para hablar euskera y haberse molestado en estudiarlo y aprenderlo, mientras que ha protegido al ultranacionalista Azkárraga, que no podría hablar en euskera con Iturgaiz ni una sola palabra porque desconoce esta lengua absolutamente.
Este mundo al revés no parece conmocionar en absoluto a algunos que se muestran siempre dispuestos a la solidaridad con algunas desgracias de algunos otros, pero que están contribuyendo, con sus palabras o con sus silencios, al ejercicio de xenofobia y limpieza étnica que se está llevando a cabo en un rincón de la opulenta Europa. No sé qué más barbaridades tienen que cometer los nacionalistas vascos para que la gente que se dice de izquierda, y aún los apoya, deje de hacerlo. El partido de Azkáraga es el que está dispuesto a impedir que los constitucionalistas podamos votar en otras elecciones que no sean las municipales, caso de triunfar su delirio, que es como el de Ibarretxe más dos huevos duros.
Esta gente nos lleva a la locura, a la desesperación , nos atropella políticamente después de que ETA haya asesinado a casi mil personas en treinta años, y frente a esta irritante barbaridad --que hace que cada día resulte más doloroso escribir de esta historia- uno comprueba cómo gentes que deberían de conmoverse se muestran indiferentes cuando no activos colaboradores con los que llevan a la comunidad autónoma vasca al desastre a base de inyectar odio y de practicar una política profundamente reaccionaria, activamente xenófoba, antigua e inaceptable.
Por si la disparatada enseñanza que se imparte en las ikastolas no era suficiente para deformar las mentes de miles de niños, el Gobierno de Ibarretxe ha ido más allá y ha decidido que todos los estudiantes no vascos sean catalogados, a efectos de matriculación, como inmigrantes de otros países, una “tara” que el Ejecutivo de Vitoria, en su “magnanimidad”, soluciona recomendando a los padres de los alumnos que inscriban a sus hijos en dos modelos curriculares concretos: uno en el que el 80 por ciento de las clases se dan en vasco y otro en el que la totalidad es en ese idioma. El intento de desnaturalizar la enseñanza no puede ser más repugnante, porque, al margen de que se violan varios principios constitucionales, es la prueba de que los nacionalistas no se detienen ante nada con tal de acercarse hacia el paraíso del iluminado Sabino Arana; todo lo han puesto al servicio del plan Ibarretxe hasta el punto de implantar el racismo en los colegios sin que les remuerda la conciencia, pese a que conviertan la escuela en una fábrica de ignorantes.
Las elecciones catalanas trascienden, una vez más, su ámbito territorial y tienen una importancia capital para la política española. Desde la perspectiva estrictamente catalana es la primera vez que Jordi Pujol no se presenta a los comicios y Convergencia i Unió pierde, por tanto, uno de sus mayores activos electorales. El candidato de la federación nacionalista, Artur Mas, ha optado por un discurso marcadamente soberanista y promueve una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que incorpora, entre otros planteamientos radicales, la soberanía compartida y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Son tesis políticas que siguen la estela del Plan Ibarreche, aunque unos pasos por detrás, y la denominada Declaración de Barcelona, que en su día suscribió la hermandad nacionalista integrada por PNV, CiU y BNG.
Una victoria de las formaciones nacionalistas, sin el contrapeso del Partido Popular, abriría un escenario de confrontación con el Gobierno similar al que se vive en el País Vasco. Una muestra de este distanciamiento con respecto a los populares se está viendo con el debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Tanto CiU como PSC han intentado bipolarizar la campaña, pero la irrupción del PP, con un candidato con tanto peso como el ex ministro Josep Piqué, lo ha hecho imposible. Su prestigio y la credibilidad de su trayectoria, así como el importante voto oculto del PP en Cataluña, hacen prever un excelente resultado el próximo 16 de noviembre.
La radicalización del discurso de CiU y el importante ascenso de los independentistas de ERC que marcan las encuestas muestran un escenario muy inquietante si se formaliza una coalición de gobierno de las fuerzas nacionalistas. El mismo criterio se puede aplicar si el Gobierno de la Generalitat correspondiera al PSC con la colaboración de los republicanos radicales de Carod-Rovira. No hay que olvidar que Pascual Maragall defiende la reforma del Estatuto de Autonomía así como un pancatalanismo trasnochado, que pasa por esa eurorregión formada por los territorios de la antigua Corona de Aragón, pero siempre, eso sí, con el predominio de Barcelona como centro neurálgico de ese delirio territorial. El líder socialista rechaza el Plan Hidrológico porque no quiere dar agua a Murcia o Valencia, ya que cree que la desperdician. El PP se ha quedado solo en su defensa de la España constitucional y la Cataluña estatutaria. El voto útil es optar entre la estabilidad y solidaridad o el experimento soberanista que propugnan ERC y CiU.
Por JAIME CAMPMANY ABC 31 Octubre 2003
NO sé qué será peor para Cataluña y para España, si que gane las elecciones el Mas de Convergencia o que las gane el Maragall de los socialistas. En ambos casos, el cachondeo nacional puede llegar a límites gloriosos. Con Maragall, volvemos a los tiempos de doña Petronila. Bien es verdad que el afligente problema de Ramiro II el Monje se vería hoy muy aliviado con el invento de la milagrosa Viagra. Con Maragall, podríamos ver jugar en el Nou Camp a Pujol y a Xavi con la camiseta de Andorra.
He recordado aquí alguna vez aquella frase que le oí a Leopoldo Calvo-Sotelo: «Lo peor de los nacionalismos es que no pueden detenerse. Siempre tienen que pedir más». Y lo cierto es que les hemos dado tanta autonomía y tanto autogobierno a Cataluña y al País Vasco, que para pedir más tienen que plantear solicitudes surrealistas, como lo de la Corona de Aragón o la selección de fútbol catalano-andorrana. O eso, o pedir directamente la separación de España, es decir, lo que Ibarreche llama «el Estado libre asociado».
En esas estamos. Y además, el surrealismo de las vindicaciones nacionalistas se intensifica y perfecciona con la proximidad de las urnas. En el caso de Cataluña, el enredo nacionalista se complica por diversas circunstancias. Una, la existencia dentro del mapa político catalán de un partido republicano además de separatista, Esquerra Republicana de Catalunya. Dos, la conversión de un partido españolista como el PSOE a un nacionalismo más enconado aún que el de Convergencia. Y tres, la desaparición de un personaje, tan ambiguo, pero tan sensato al fin, como Jordi Pujol y su retirada del Palacio de San Jaume y de la política activa. Si quieren pueden añadir ustedes una cuarta circunstancia: la escasa entidad del Partido Popular en el panorama político catalán, que le coloca probablemente y en el peor de los casos por debajo de Esquerra.
Tal y como se presentan estas elecciones autonómicas en Cataluña, parece que lo más probable es que ninguno de los contendientes obtenga una mayoría absoluta, y que por lo tanto se haga necesario un pacto de gobierno. Si se cumplen estas predicciones, Convergencia o el PSOE tendrán que gobernar en alianza con otro partido. Ese otro partido no puede ser más que Esquerra Republicana o el Partido Popular. Una alianza del PP con los socialistas de Maragall sería una unión contra natura, y con los convergentes de Mas un matrimonio entre perros y gatos. Al final, en Cataluña, los republicanos separatistas, al poder, si san Jorge y la Moreneta no lo remedian.
Vaya una escalivada que se prepara en Cataluña tras las elecciones autonómicas. Aquello va a parecer un mejunje histórico-político-monárquico-republicano-deportivo. Menudo popurrí: Doña Petronila, Jaime I el Conquistador, Ramón Berenguer o Berenguer Ramón, el conde de Urgel, los copríncipes de Andorra, Artur Mas, Pasqual I Maragall, Durán i Lleida, Maciá, Companys, Carod Rovira y todo eso sobrevolado por el parapente de doña Marta Ferrusola, que saluda desde los aires a su marido un día antes del diluvio: «No te preocupes, Jordi, que esto son cuatro gotas».
SERÁ PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El recurso del Gobierno contra el Plan Ibarretxe recoge 104 "vulneraciones" de la Constitución
El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el "Plan Ibarretxe", al constatar sus "quiebras constitucionales". El ministro de Justicia, José María Michavila, presentó un informe de los servicios jurídicos del Estado que avala el recurso. Según el ministro, el plan "es un fraude de ley". Desde Vitoria, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, pide al PSE que se pronuncie ante lo que califica de "estado de excepción democrática" y confía en que, "si hay juristas" en el TC, el recurso no se admita a trámite.
El ministro de Justicia, José María Michavila, ha presentado este viernes en el Consejo de Ministros un informe de los Servicios Jurídicos del Estado en el que se reflejan dichas quiebras constitucionales en el "Plan Ibarretxe", por lo que el Ejecutivo ha decidido la interposición de un recurso ante el TC.
José María Michavila explicó esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro dijo que el Plan Ibarretxe quiebra hasta en "más de cien ocasiones" la Constitución y acusó al Gobierno vasco de haber roto de forma unilateral con el Estado español y sus instituciones. "El Gobierno vasco, bajo la apariencia de la reforma del Estatuto de Autonomía aborda una mutilación de la Constitución en una parte del Estado español". Además, se anuncia también el recurso contra un posible acuerdo del Parlamento vasco encaminado a tramitar el plan.
Principios constitucionales vulnerados
El ministro Michavila explicó que la interposición del recurso supondrá "muy probablemente" la suspensión de la tramitación del Plan. Ahora, los Servicios Jurídicos del Estado esperarán a que la Mesa del Parlamento vasco se reúna el próximo martes para la toma en consideración del acuerdo del Consejo de Gobierno vasco, ya que el plazo para recurrir es de dos meses a partir de su publicación.
PROCEDIMIENTOS DE REFORMA. El primero de los ámbitos constitucionales que "quiebra" el Plan, según el ministro, se refiere a la vulneración de los procedimientos y de las reformas constitucionales y del propio Estatuto de Autonomía vasco porque, a pesar de que el gobierno vasco está legitimado para reformar el Estatuto y la Asamblea Parlamentaria para iniciar una reforma Constitucional, "no se ha deseado respetar las formas y los procedimientos previstos en la Constitución y el Estatuto".
PODERES. En segundo lugar, el informe aprecia que el Plan "mutila las instituciones de convivencia democrática", al pretender "la mutilación del poder ejecutivo, legislativo y judicial, creando un consejo del poder judicial propio y mutilando el estatuto del Ministerio Fiscal".
COMPETENCIAS. Otro de los ámbitos vulnerados se refiere al de los elementos de reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, ya que la propuesta de Ibarretxe supone "una quiebra de la Constitución" en materia de legislación laboral, comercio exterior, Hacienda, Seguridad Pública, legislación penal, mercantil, Sanidad, Educación, Seguridad Social y unidad de caja, entre otros muchos ámbitos.
TITULARIDAD DE LA SOBERANÍA. Para el ministro, el Plan quiebra también un principio básico de la Constitución como es en quién reside la soberanía, porque "se inventa un artificial demos al cual se le pretende dar la soberanía, mutilándolo a su vez, puesto que a una parte de ese supuesto 'pueblo' se le reconoce la capacidad sobre quienes hoy no componen las tres provincias que constituyen la autonomía vasca".
OTROS PRINCIPIOS. Así, estimó el ministro, "se quiebra el principio seguridad jurídica, el principio de lealtad constitucional y el principio de convivencia plural y democrática de todas nuestras instituciones constitucionales". Por último, el informe refleja que el Plan "mutila los valores esenciales de la Constitución", al vulnerar el principio de interdicción de la arbitrariedad y al hacer "una utilización fraudulenta de los mecanismos previstos".
Además, Michavila recordó que "cuando se crean instituciones al servicio de una minoría pretendiendo que excluyan a quienes no están en esta situación política, se quiebra un principio básico de convivencia" por lo que "se ha producido una deliberada, consciente y frontal decisión de romper con la Constitución".
El ministro resaltó además que "el mismo día que se decidió poner en marcha el Plan Ibarretxe se demostró que lo que se deseaba era echar del Parlamento vasco a (el presidente del PP en el País Vasco) Carlos Iturgaiz, que es una víctima del terrorismo, miembro de un partido con 13 concejales asesinados por ETA". Lamentó que "sin embargo, se echa de la instituciones a las víctimas del terrorismo y se mantiene en el Parlamento vasco a quienes el Tribunal Supremo ha declarado ya, así como todas la democracias europeas, que son el brazo político de ETA, como el señor Otegi y el grupo de Batasuna".
Es un proyecto con más dinero, una estrategia en los medios y el apoyo de la Constitución Europea
El secretario general del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado luz verde al proyecto de Agenda Política del Cambio elaborado por los populares vascos de Jaime Mayor para hacer frente al Plan Ibarreche. El objetivo sobre el que gira toda la estrategia, tanto del Ejecutivo de Aznar como del partido, es orientar sus decisiones a conformar una «mayoría» social mayor que la de los nacionalistas ante unas más que posibles elecciones autonómicas anticipadas. Incluso las medidas jurídicas y legales tendrán todas detrás una intencionalidad política.
La llamada Agenda Política del Cambio ha sido elaborada sobre un eje prioritario: promover una movilización social y política en la sociedad vasca que permita aglutinar, de aquí a más o menos un año, una mayoría suficiente para frenar a los nacionalistas.
El análisis interno del Gobierno y del PP pasa por considerar que la única salida a la encrucijada planteada por el PNV radica en llegar a las próximas autonómicas vascas habiendo articulado una «alternativa democrática» superior a la del nacionalismo. Se cree que los peneuvistas están cerrando un pacto con Batasuna para lograr su apoyo en la Cámara vasca al Plan Ibarreche, de modo que reúnan los votos necesarios para darle luz verde. El argumento de presión es sólido: o apoyáis o disuelvo la Cámara y desaparecéis (el Parlamento autonómico es el único residuo en el que los batasunos siguen teniendo hoy en día espacio).
En todo caso, la paralización del proyecto secesionista, bien sea allí, bien ya en las Cortes Generales, irá acompañada, según los populares, de la anticipación de las autonómicas, que se presentarán a modo de plebiscito sobre su Plan. El Gobierno reconoce muy complicado impedir que el proyecto llegue a ser aprobado por la Cámara vasca, lo que no va a llevar a la inacción sino al contrario. Eso sí, las medidas legales o jurídicas que lleguen a adoptarse tendrán todas detrás de sí, ante todo, una intencionalidad política (mas allá de lo que, en voz soterrada, se reconocen como difíciles resultados prácticos). En éstas, los comicios se prevén para otoño de 2004.
La Agenda Política del Cambio gira, principalmente, sobre la puesta en marcha de un plan de reuniones y contactos con todos los sectores sociales, atendiendo a colectivos en defensa de la libertad ya existentes o aquellos militantes de la izquierda o del propio PNV desencantados con sus partidos. No se trata, según fuentes del PP vasco, de partir «a priori» con el objetivo de crear una nueva plataforma aglutinadora, sino de trabajar con la base que ya hay en una misma dirección. Siempre con «pies de plomo», evitando despertar suspicacias hacia las siglas del partido que puedan perjudicar el fin último. En ese sentido, los populares vascos reclaman una mayor sensibilidad a Madrid sobre el contexto delicado en el que se mueven, y en el que no se puede olvidar que colectivos como «¿Basta Ya!» están formados mayoritariamente por personas de ideología socialista que darán un paso atrás en cuanto vean el fantasma de una opa. En este plan de acción, el PP vasco incluye la reclamación de que se le dote de más recursos, incluso en su aspecto económico: Mayor ha llegado al convencimiento de que en esta batalla no vale ya sólo con principios y convicciones, sino que se requiere también de medios.
Asimismo, en uno de los puntos se asume la necesidad de desarrollar una estrategia comunicativa que complemente la actividad de calle; y, en otro, se apuesta por utilizar inteligentemente el referéndum de la UE de junio para poner en evidencia el aislamiento del PNV. La dirección nacional y la vasca quieren que este proyecto se desarrolle en la sombra, con la mayor discreción posible, por sustentarse en la implicación de personas ajenas al partido a las que se quiere facilitar, sin presiones partidistas, el paso adelante.
Ayer, Rajoy, en Gerona, hizo un llamamiento a todas las personas que crean en la «libertad, la democracia y la Constitución» a que se unan a la «causa noble» de defender la Constitución y el Estatuto en el País Vasco frente al ataque que supone el Plan Ibarreche, según informa Efe.
El líder del PCE, Francisco Frutos, dice que esta iniciativa «ratificaría lo que hay detrás» del proyecto del PNV y admite no tener ninguna sintonía con Madrazo
La decisión del Gobierno vasco de dar a los niños de otras partes de España la consideración de «inmigrantes», provocó ayer una tormenta política, en la que los constitucionalistas dicen detectar los primeros efectos prácticos del plan Ibarretxe. Populares y socialistas, incluso el PCE, organizaciones sindicales y de padres de alumnos, así como colectivos en defensa de los derechos humanos y de la Constitución, salieron en contra de esta iniciativa con distintos calificativos, pero un denominador común: indignación.
«Monstruosidad» y «auténtica barbaridad» fue la palabra escogida por el presidente del Gobierno, José María Aznar. Aznar, que se encontraba de viaje en Brasil, admitió desconocer el contenido exacto de la nota de la Consejería vasca de Educación, pero señaló que no le extrañaría que así fuera porque forma parte de la «deriva enloquecida que algunos han emprendido».
La ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, ya ha dado instrucciones para que se retire la circular aunque no descarta que otras instancias puedan recurrir «porque afecta a principios reconocidos por la Constitución como el de igualdad ante la ley».
Su compañero de Gabinete, el ministro del Interior, Ángel Acebes, consideró que la actitud de la Consejería de Educación del País Vasco es «un paso más en ese proyecto equivocado, erróneo, disparatado y grave que ha iniciado el plan Ibarretxe». Acebes fue más lejos al afirmar que el PNV «excluye a los niños que no son nacidos en el País Vasco y, sin embargo, da subvenciones a los «presuntos» estudiantes de la ETA para que lleven a cabo sus estudios mediante becas y mediante ayudas de libros», informa J. V. Boo.
El ministro portavoz, Eduardo Zaplana, aprovechó su intervención en la Clausura del II Congreso Internacional Miguel Hernández, para denunciar que los nacionalistas vascos «están intentando, por todos los medios, dividir a la sociedad, romper con los principios más elementales y básicos de libertad, de igualdad y de respeto a los derechos fundamentales».
Por parte de los socialistas, sólo tomó la palabra la portavoz de Educación del PSE en el Parlamento vasco, Isabel Cela, pero dejó pruebas inequívocas de su profundo rechazo. «Nos parece tremendamente grave confundir inmigrante extranjero con alumnos procedentes de otras comunidades autónomas, porque cuando la tarea esencial de la educación consiste en trabajar la interculturalidad y la cohesión social, el Gobierno vasco, concretamente la consejera Anjeles Iztueta, a lo Ariel Sharon, levanta muros artificiales entre sociedades vecinas». Esta portavoz añadió que «cuando los dirigentes de una sociedad se empeñan en convertir en extranjeros a sus propios vecinos, se están autoinhabilitando para la dirección democrática de esta sociedad, porque reman en dirección contraria a la Historia y deben empezar a pensar en abandonar su cargo».
El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, manifestó que «los que somos vascos no nacionalistas bajamos a ser vascos de segunda para los del plan Ibarretxe y, encima, los que vienen del resto de España ya son vascos de tercera o se les cataloga como inmigrantes». «Yo no sé -prosiguió- si el próximo paso será ya colocarnos colores a los ciudadanos del País Vasco, como en alguna época en esta Europa donde vivimos hacían los nazis con los judíos».
Pero no sólo populares y socialistas criticaron al Gobierno Vasco. También se sumó a esas críticas el secretario general del PCE, Francisco Frutos, sin olvidar que IU forma parte del Ejecutivo de Ajuria Enea. Frutos dijo que la circular «ratificaría lo que hay detrás» del plan Ibarretxe «más allá de las palabras y de los buenos sentimientos». Asimismo, reafirmó sus reproches tanto hacia el proyecto del lendakari, como hacia la actitud del coordinador de Ezker Batua, Javier Madrazo. «Estoy radicalmente en contra y no tengo ninguna sintonía con la política de Madrazo en este tema -aseguró-. En este caso no coincido en nada con la política que desarrolla y que está destinada al fracaso a medio o largo plazo».
Finalmente, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, calificó la medida como un atentado a la igualdad de todos los españoles. Cardenal consideró las instrucciones del Gobierno vasco como una discriminación contraria a la Constitución y el portavoz del CGPJ, Enrique López, dijo que es una medida que «se puede recurrir». Según López, el Ejecutivo de Ibarretxe está ejerciendo la competencia en materia educativa, pero tiene que hacerlo «de acuerdo con unos principios generales similares en toda España. Todo lo que esté en contra de ese espíritu habrá que recurrirlo y la Justicia tendrá que enmendarlo».
Una de las principales asociaciones de padres de alumnos, la Ceapa, reiteró ayer sus críticas. Su presidenta, Maite Pina, aseguró que dicha instrucción es «una provocación» que busca «plantear una pugna de un Estado contra otro» en materia educativa y que el PNV debería pensarse si la inmersión lingüística en un euskera exclusivo es el mejor método para lograr la integración de los niños que llegan de fuera de esa Comunidad.
La portavoz de la Plataforma Profesores por la Libertad, Gotzone Mora, volvió a alzar ayer la voz por la situación que se vive en la UPV en la madrileña Universidad San Pablo CEU. La profesora y concejal de Guecho por el PSE denunció el acoso y la presión bajo la que viven tanto profesores como alumnos que se postulan del lado del constitucionalismo y puso ejemplos tales como alumnos a los que siguieron a sus casas para amenazarles por apoyarla a ella, la aparición de gatos muertos en la puerta de su despacho o la existencia de pintadas y carteles a favor de ETA que los responsables de la UPV no eliminan.
Según Mora el sector no nacionalista de la institución sufre «la indiferencia cuando no el desprecio», y aseguró que existe una «voluntad de exterminio físico a los miembros del PP y del PSE». La profesora criticó la posición del rector, Manuel Montero, por tomar una posición de «indefinición definida», con la que ha tratado de evitar cualquier fricción con los nacionalistas, y arremetió contra la consejera de Educación del Gobierno vasco, Ángeles Iztueta, por «intentar plantear el Plan Ibarreche tratando como inmigrantes a los estudiantes del resto de España».
Alumnos de ETA
Respecto a los presos de ETA que estudian en la Universidad vasca, Gotzone Mora aseguró que los profesores han pagado el «impuesto revolucionario académico» por los títulos que obtienen estos reclusos aún estando huidos, y añadió que profesores del entorno abertzale presionaban para que el resto del profesorado no les supendiera. Asimismo, la profesora aplaudió la reforma impulsada por el Gobierno con la que los etarras pasan a estudiar a la UNED y volvió a denunciar los privilegios que los presos de la banda han tenido.
Por último, pidió al PSOE que «lance puentes» al PP para hacer frente a la ofensiva nacionalista, y criticó que «el tripartito del Gobierno vasco parece no entender que ETA no es sólo quien aprieta el gatillo».
La Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), que preside el que fuera jefe del Ejecutivo, Adolfo Suárez, está preparando un censo de «exiliados» del País Vasco, a fin de facilitar su «movilización» frente a la propuesta de Estatuto que lanzó el pasado fin de semana en Vitoria el «lendakari», Juan José Ibarreche, informaron a Europa Press en fuentes de dicha organización.
Las mismas fuentes especificaron que este listado se irá completando a lo largo de los próximos meses, para lo que se ha solicitado ya la colaboración de distintas asociaciones, organismos y particulares.
Así, desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo se considera oportuno concretar, justo ahora que el «lendakari» pretende poner en marcha su plan, concretar el número de personas que, debido a su profesión, ideología u oposición a la banda terrorista ETA se han visto obligados a salir del País Vasco. «Toda esa gente tiene el derecho de opinar, y hay que facilitar que lo pueda hacer», apuntan desde la organización que preside el que fuera jefe del Ejecutivo, Adolfo Suárez.
En el mismo sentido, agregan que cuando el Gobierno vasco ha decidido «dar un paso tan peligroso y comprometido», hay que ofrecer datos, «como el de la gente obligada a irse fuera del País Vasco», que puedan contraponerse al proyecto del Partido Nacionalista Vasco y «hacerle frente».
Oriol y Sánchez Galán reiteran su apoyo al Estatuto de Guernica y a la Constitución
El presidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol, aseguró ayer que no quiere ni pensar en el Plan Ibarreche porque «no va a pasar nada». Oriol coincidió ayer, aunque por separado, con el vicepresidente y consejero delegado de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, cuando ambos reiteraron su apoyo y su lealtad al actual marco constitucional y al Estatuto de Guernica. Sánchez Galán aseguró también que la empresa cuenta con 3 sedes operativas: Bilbao, Valencia y Madrid. Y explicó que el dinero de los impuestos se reparte entre Navarra (4%), Diputaciones vascas (15%) y la estatal el resto.
El presidente de Iberdrola, Iñigo de Oriol, y el vicepresidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, subrayaron ayer por separado su «lealtad absoluta» a la Constitución española y reiteraron que su empresa «respeta la legislación vigente» en todos los países en los que opera.
Oriol señaló que Iberdrola es «una empresa española con domicilio social en Bilbao» y no quiso aventurar la posición de la eléctrica en el improbable caso de que saliera adelante el Plan Ibarreche. «No va a pasar nada. No quiero ni pensar en esa alternativa» y recalcó que Iberdrola «no sólo respeta la Constitución y el Estatuto sino que expresa su lealtad absoluta».
El vicepresidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, reiteró que la compañía defenderá el actual marco constitucional y estatutario vigente como reglas básicas de funcionamiento del sistema democrático. Galán aseguró que «no es nada nuevo. Esta casa lo ha dicho por activa y por pasiva. Y el presidente lo repite constantemente».
En cuanto a si trasladarían la sede de la compañía, Sánchez Galán explicó que, desde el punto de vista operativo, la eléctrica cuenta ya con tres sedes operativas en las que está repartido su peso y en las que se celebran alternativamente reuniones de la alta dirección: Bilbao, Madrid y Valencia. Galán además aseguró que no incluía Valladolid porque no tenía despacho, pero destacó también su importancia dentro de la estructura de la compañía. Así como el de Bilbao por celebrarse allí las juntas generales de accionistas.
El número dos del gigante eléctrico indicó además sobre la recaudación fiscal que, «independientemente de dónde se liquidan» los impuestos, todos los recursos aportados por Iberdrola a la hacienda pública se reparten en proporción a la actividad de cada territorio.
En el capítulo fiscal, según los datos con los que cuenta Sánchez Galán, entre un 3 y un 4 por ciento de la liquidación va a parar a Navarra, entre un 16 y un 18 por ciento al País Vasco y entre un 78 y un 80 por ciento al resto de España, es decir, al Estado central.
Aguirre y Simancas se saludaron ayer en la conferencia del presidente de CEIM, Gerardo Díaz Ferrán
El presidente de la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM), Gerardo Díaz Ferrán, quiso aprovechar ayer su conferencia en el Club S. XXI de Madrid para sumarse a la posición de la CEOE sobre el plan secesionista del «lendakari» Ibarreche: «Cualquier tentación irresponsable que pretenda romper el marco constitucional y dividirnos contará con el rechazo de los empresarios madrileños».
Durante su ponencia, «La empresa, factor de bienestar social», el presidente de la CEIM aseguró que en su organización están «inalterablemente comprometidos con la integridad de España como nación, con la Constitución que libremente nos hemos dado y con los diferentes estatutos autonómicos que, también libremente, hemos aprobado los españoles».
Por ello lanzó una advertencia al «lendakari»: «España cuenta con instituciones como las Cortes Generales y el Gobierno de la Nación que tienen la obligación y los medios para garantizar que nada se haga contra esa voluntad de los españoles libremente manifestada».
Díaz Ferrán quiso dejar claro que el compromiso de los empresarios madrileños «parte también del convencimiento de que no se puede ser neutral con el terrorismo». «España es hoy un país plenamente democrático, descentralizado y en el que todos los protagonistas de la vida social tienen un amplio margen de actuación en el respeto a las muy razonables reglas que fija nuestra Constitución», aseguró el presidente de los empresarios madrileños. Para apoyar esta tesis, recordó las palabras del presidente de la CEOE, que recientemente afirmó que «España presenta una acumulación de éxitos que nos hace estar por delante de muchos países en libertad y autogobierno de nuestras autonomías».
Para concluir, el presidente de los empresarios madrileños recordó al jefe del Ejecutivo de Vitoria que «nuestra Constitución expresa la voluntad del pueblo español, y nadie está sobre esa voluntad».
El mundo de la política arropó ayer al presidente de la CEIM y vicepresidente de la CEOE. A la conferencia acudieron, entre otros, la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el líder de la Federación Socialista Madrileña, Rafael Simancas; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui; la concejal de Empleo y Servicio al Ciudadano y esposa del presidente del Gobierno, Ana Botella; el defensor del Menor; Pedro Nuñez Morgades; la presidenta de la Asamblea Concepción Dancausa; el ex ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada y el ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano.
Antología de las manifestaciones más antiespañolistas de Arzallus
Del carácter racista de los dirigentes del PNV hay multitud de ejemplos. Las hemerotecas están repletas de ellos. Y no hay que remontarse a los tiempos de Sabino Arana. El líder de los nacionalistas vascos, Javier Arzallus, ha protagonizado páginas y páginas de los diarios denominando inmigrantes a los españoles, comparándolos con los alemanes que viven en Mallorca y apelando a la identidad racial vasca derivada de su Rh negativo.
LA RAZÓN se hizo eco de las manifestaciones de Arzallus en 1999
Las frases más célebres de Arzallus se encuentran, fundamentalmente, en los diarios extranjeros. Hace tres años, en noviembre de 2000, él mismo precisó, en declaraciones a la televisión vasca ETB, que concede pocas entrevistas «y, desde luego, a medios españoles no les doy ninguna». Los rotativos alemanes o italianos, sí han recogido en muchas ocasiones sus expresiones racistas.
Inmigrantes sin voto
Para Javier Arzallus los españoles que viven en el País Vasco son como los turcos que viven en Alemania. Así lo declaró en septiembre de 1999 al diario alemán «Die Welt». Cuando le preguntaron sobre la gente que no desea la ruptura con España respondió: «Tenemos muchos inmigrantes que llegaron con el régimen de Franco. ¿Es alemán un turco que haya vivido varias décadas en Alemania? ¿Quiere serlo? No todos los que viven con nosotros quieren ser vascos».
En noviembre de 2000 aseguró al semanario alemán «Der Spielgel» que, si el País Vasco obtiene la independencia, «el inmigrante (refiriéndose a los españoles) tendría el mismo estatus que cualquier ciudadano comunitario en un estado europeo del que no es ciudadano». Y comparó a los españoles que viven en Euskadi con los alemanes que viven en la Costa del Sol: «no se les puede echar, pueden moverse... pero no tienen los derechos políticos referentes al Estado mismo.
Los inmigrantes que no quisieran tomar la nacionalidad vasca serían tratados como hoy los alemanes en Mallorca. Podrían participar en las elecciones municipales, incluso ser alcaldes, pero no votar al parlamento vasco».
Estos denominados inmigrantes son, según el presidente del PNV, los culpables de que el País Vasco no sea independiente. Así lo aseguró durante la celebración del Aberri Eguna de 2000: «sin la presencia de los inmigrantes, los nacionalistas hubiéramos podido ganar un referéndum para la independencia».
Negros, euskera y Constitución
La obsesión xenófoba del líder nacionalista ha originado exabruptos memorables. Tanto, como la célebre frase que pronunció en 1994: «prefiero un negro que hable euskera a un blanco que lo ignore». Antológico. Un año después, casi logró superarse cuando se mostró partidario de que «los jueces que no sepan euskera dejen el sitio y se vayan a otro lado».
No sólo rebosan racismo y xenofobia sus expresiones. En ocasiones rozan el delirio. En una Comunidad Autónoma en la que el terror sembrado por una banda de asesinos tiene cohartada la libertad de la mayoría de los que allí viven, Arzallus ha llegado a declarar que no acepta la Constitución porque «está tutelada, se hizo bajo el signo del temor».
El Rh de la raza
Las obsesiones racistas de Javier Arzallus rezuman en cada una de sus declaraciones y alcanzan, a veces, tintes del más puro nazismo. La supremacía de la raza aria que propugnaba Hitler volvió a la memoria de todo aquel que leyera, en noviembre de 2000, unas declaraciones del líder nacionalista al diario italiano «Il Sole 24 ore». Apeló entonces al Rh negativo «que confirma las raíces propias» y el derecho a decidir del pueblo euskaldún, para defender la independencia como la única solución definitiva para el problema vasco. Aseguraba que los vascos son «los más antiguos habitantes de Europa, identificados por una señal genética, la sangre con el Rh negativo».
La xenofobia y la violencia suelen caminar unidos. Y Arzallus ha dejado ver, en ocasiones, su proximidad con ETA. «Igual que ETA, el PNV también quiere que España reconozca a nuestro pueblo el derecho a decidir su destino», dijo en 2000. En 1994 había declarado: «Algunos jóvenes pegan tiros porque el nacionalismo español impuso la ley de las armas».
El Gobierno de Castilla y León lamentó ayer «la irrespetuosa posición» de los tres partidos que sustentan el Gobierno vasco por no tener en cuenta en el plan Ibarretxe lo capítulos del Estatuto de la Comunidad castellanoleonesa sobre la agregación del Condado de Treviño. Por ello anunció que tendrá en en cuenta «todas las actuaciones políticas, jurídicas e institucionales» para defender su integridad.
En una declaración institucional, leída en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Gobierno que preside el popular Juan Vicente Herrera expresó la defensa de la Constitución, que garantiza las libertades y el autogobierno, y del Estatuto de Autonomía, como instrumento de protección del territorio.
Por ello, lamentó decisión del Gobierno vasco de omitir en el plan Ibarretxe el trámite de audiencia en el procedimiento de agregación territorial sobre el Condado de Treviño, previsto en la disposición séptima del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. «La falta de diálogo previo en la nueva regulación del citado procedimiento y la ausencia de toda comunicación o informe de la Comunidad de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Burgos es una muestra del carácter excluyente que anima» a los tres partidos del Gobierno vasco, señala la declaración institucional.
La Junta de Castilla y León se reserva las actuaciones jurídicas, políticas e institucionales que sean necesarias adoptar en defensa del Estatuto, del territorio y de los derechos y libertades de los castellanos y leoneses, según su declaración. También anuncia que respaldará las medidas que se vayan a adoptar desde el Gobierno central en defensa del marco de convivencia.

References: artículo 62
 resolución 
 artículo 161
 resolución 
 artículo 155
 artículo 161
 resolución 
 artículo 155
 resolución