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Timestamp: 2020-08-06 16:18:08+00:00

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Sentencia de Tutela nº 450/93 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557642
Sentencia de Tutela nº 450/93 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 1993
Debido proceso. Dignidad humana. Terminos procesales. Juez regional. Concedida.
El término es improrrogable y bajo ninguna circunstancia puede el J.R. suspender el juicio indefinidamente a la espera de pruebas solicitadas pero no practicadas. Si vencidos los veinte días o los dos meses, no ha sido posible recaudar la prueba, el proceso penal en la etapa de juicio debe proseguir hasta su culminación, pues con los elementos de juicio que hasta ese momento han servido de base para proferir la resolución de acusación, serán ahora tenidos en cuenta por el J. para la sentencia.
Si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío. Cualquier pronunciamiento en el momento actual no tendría ningún efecto por cuanto las pretensiones del peticionario ya fueron resueltas ante el J.R. competente para dictar la sentencia que pone fin al proceso.
Peticionario: J.C.A..
-S. de Casación Penal-
S. de Bogotá D.C., octubre doce (12) de mil novecientos noventa y tres (1993)
En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-15.959, adelantado por J.C.A..
Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2.591 de 1991, la S. de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
Por reparto le correspondió el presente negocio a esta S., la cual recibió formalmente el expediente el día 13 de julio del presente año.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto No. 2.591 de 1991, esta S. de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión.
Solicitud del 31 de marzo de 1993.
J.C.A., a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el J.R. de S. de Bogotá que adelanta el proceso radicado bajo el No. 6.362, porque considera que le han sido vulnerados los derechos a la dignidad de la persona humana (artículo 1º C.P.), el debido proceso (artículo 29 C.P.) y la observancia de los términos procesales (artículo 228 C.P.).
J.C. Alzate, sindicado por presunta violación a la Ley 30 de 1986, se encuentra privado de la libertad desde el 9 de abril de 1990
El J.R. que conoce el proceso decretó las pruebas en etapa de juicio por auto de 6 de noviembre de 1992, para las cuales se comisionó a la F.ía Delegada ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y a la F.ía General de la Nación para la recepción de los testimonios en el exterior, estipulando en la misma providencia que debían realizarse en el término de la distancia y sin exceder de treinta (30) días.
A 31 de marzo de 1993, fecha de presentación de la solicitud de tutela en examen, no se habían realizado las pruebas decretadas y no se había procedido a cerrar la etapa probatoria del juicio.
El J. de conocimiento, según el accionante, mantiene el criterio de que el término de treinta (30) días concedido a la F.ía General de la Nación para el cumplimiento de la comisión, sólo comienza a correr cuando la comisión llegue a su destino, esto es, a los Estados Unidos.
Añadió el A-quo que "lo único cierto que se advierte, es la parálisis del proceso, y su indebido condicionamiento, a todas luces, injustificado, de proseguir su trámite, sólo en el caso de que la F.ía General de la Nación, cumpla la comisión impartida por el Juzgado Regional, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que se venció el término comisorio (3 meses 24 días) ni el incierto que haya de transcurrir, hasta el logro de esta pretensión, con olvido absoluto del procesado, a quién, de esta forma se mantendría indefinidamente privado de su libertad, como purgando una pena impuesta, sin haberlo antes declarado penalmente responsable, lo que resulta manifiestamente violatorio de la Constitución y la ley, que consagran el debido proceso como derecho fundamental de la persona, siendo una de sus mas nobles expresiones, la de que el sindicado tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas".
Considera el Tribunal Nacional que además de encontrar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, es procedente la tutela porque el procesado en vano ha recurrido al J. de la causa, que en providencias inapelables, le ha negado la protección efectiva del derecho constitucional fundamental conculcado, no obstante que el Juzgado Regional en varias oportunidades a recabado a la F.ía General de la Nación el cumplimiento de la comisión impartida, sin resultados positivos hasta la fecha, y a pesar también que en el auto de abril 1 del año en curso, señaló que dichas pruebas se debían practicar en el término de la distancia.
En ese orden de ideas, el Tribunal Nacional concedió la tutela impetrada por J.C. Alzate, por intermedio de apoderado judicial, debido a la violación, por parte de un J.R. de S. de Bogotá, del derecho fundamental al debido proceso.
En cumplimiento del fallo anterior, mediante providencia de sustanciación el Juzgado Regional, ordenó oficiar al F. General de la Nación para que informe inmediatamente cuál fue el resultado de la gestión de conformidad con el fallo de tutela proferido por el Tribunal Nacional.
En cumplimiento de lo ordenado el F. General de la Nación mediante oficio número 000864 de 22 de abril de 1993, manifestó que la F.ía General de la Nación se encuentra en disposición de desplazar una comisión a los Estados Unidos para la práctica de las pruebas ordenadas, una vez se acuerde la fecha y hora con las autoridades de dicho país. Asimismo, informó que las autoridades norteamericanas expresaron de manera verbal, la voluntad de colaborar en la práctica de los testimonios solicitados.
Recuerda el Juzgado Regional que el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Nacional se refería a: "...disponer que el J.R. que tiene a su cargo el trámite del proceso seguido contra J.C., por infracción de la Ley 30 de 1986, dentro del término previsto en el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991, previas las verificaciones del caso, dé cumplimiento a su propio auto de fecha 1º de abril de 1993, mediante el cual ordenó a la F.ía General el cumplimiento de la comisión conferida por auto del 6 de noviembre de 1992 "en el término de la distancia", y si a ello hubiere lugar, por cumplimiento de su orden, imparta el impulso procesal subsiguiente conforme a la ley" (las negrillas no son originales).
Con fundamento en las comunicaciones recibidas de la F.ía General de la Nación, el Juzgado Regional concluyó que efectivamente la comisión no se ha cumplido, sino que está en proceso de cumplimiento. Por lo tanto, el Despacho ordenó que se continuara con el trámite probatorio del juicio y se acelerara la programación temporal para la recepción de las pruebas.
-Escrito del apoderado del Sr. J.C.A. del 28 de abril de 1993.
El apoderado del Sr. J.C.A. presentó una petición al Tribunal Nacional, que concedió la solicitud, pidiendo la ejecución del fallo, en el sentido de denunciar que el J.R. contra quien se presentó la tutela, interpretó erróneamente el fallo del Tribunal Nacional de fecha 20 de abril de 1993.
En el escrito presentado alegó que: "la providencia es clara y precisa al decir que en el auto de 1º de abril se dijo que en caso de no cumplirse la comisión se procedería a continuar con el proceso. Al observar lo anterior, la S. dice que como se llevan 20 días y ella no sabe si la comisión se ha cumplido o no, el juzgado debe de preguntar esto y en caso negativo debe de proceder a impulsar el proceso, es decir, proceder a declarar cerrado el período probatorio del juicio y dar traslado a las partes, como lo ordena la norma especial que regula estos procesos ... de no entenderse así, vana e inocua sería la tutela. Como es vana al tenor de lo aprobado por el señor juez en su interpretación que es el decir que se cumpla la comisión. Es decir, algo incierto y que puede ser de días, semanas o quizá meses".
El Tribunal Nacional, motivado por el memorial anteriormente expuesto, adicionó la sentencia del 20 de abril, mediante una providencia de 29 de abril, en la cual se sostiene que "lo que se tutela en concreto, no es el derecho del procesado a que se practiquen las pruebas decretadas en el auto comisorio, sino el derecho que tiene a que se le juzgue sin dilaciones injustificadas, y éstas, en este caso, han adquirido tal carácter, desde el momento mismo, en que, a sabiendas de los tropiezos encontrados para el cumplimiento oportuno de la comisión por parte de al F.ía General y del tiempo bastante suficiente, transcurrido ya por encima del señalado para la evacuación de las pruebas, el J. siga condicionando el trámite del proceso al cumplimiento de dicha comisión".
Así las cosas, El Tribunal resolvió mantener la decisión de tutelar el derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y otorgar un improrrogable plazo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de comunicación de la decisión, para que el J.R., de estricto cumplimiento a lo ordenado, esto es, que si vencido dicho plazo no se hubiere diligenciado la referida comisión por parte de la F.ía General, se deba proseguir el trámite del proceso seguido contra CORREA ALZATE, asumiendo las consecuencias previstas en el artículo 53 del decreto 2591 de 1991, en caso de no proceder de conformidad.
El apoderado judicial del Sr. J.C.A., Dr. G.L.L.C., impugnó la "resolución que dictaron con fecha 30 de abril y en la cual se viola directamente la tutela concedida por la misma S. del H. Tribunal Nacional con fecha 20 del mismo mes y en favor del señor J.C.A.".
El impugnante alegó que "los términos legales para decidir estaban y siguen estando vencidos y por ello violando flagrantemente el debido proceso consagrado en la Constitución Nacional, artículo 29. Así fue reconocido por la S. y por ello tutelado el derecho. No obstante la misma S. procede luego, diez (10) días después a dejar que el derecho siga siendo violado y por otro mes ya que el plazo dado va hasta el 20 de mayo".
2.5. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia -S. de Casación Penal-. Providencia del 31 de mayo de 1993.
La S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que "la competencia que le asigna el Decreto 2591 de 1991 a la Corte Suprema de Justicia como juez de segunda instancia en materia de tutela se restringe de manera expresa y exclusiva a la revisión de los fallos proferidos por los Tribunales Superiores de Distrito o Nacional sin que el legislador, y mucho menos el constituyente hubieran extendido la posibilidad de impugnar otras decisiones previas o posteriores a la sentencia de fondo, así las últimas estuviesen destinadas al cumplimiento de la orden impartida, recursos que se ven contrarios a los principios de celeridad y economía que caracterizan este particular amparo".
Afirmó la S. que "se ve que la sentencia de tutela de abril 20 próximo pasado no fue objeto de impugnación alguna, como tampoco de adición o aclaraciones dentro del término de su ejecutoria mereciendo su remisión para revisión de la Corte Constitucional el 3 del corriente mes de mayo, por doble motivo resulta equivocada la decisión del Tribunal al interpretar contra el texto y la voluntad del accionante que la providencia impugnada fue la sentencia y no el auto de abril 29 que tan solo procuraba su ejecución, pues frente a la sentencia el accionante carecía de interés para impugnar por haberle sido favorable, pero ante todo porque para el tres de mayo en que se intenta el recurso éste le hubiera resultado extemporáneo, desapareciendo toda posibilidad de que esta Corte entre al examen de su ilegalidad o acierto".
Añade la S. de Casación Penal que "el auto de abril 29 de 1993 se profirió dentro de las facultades conferidas al juez de tutela por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que le autoriza a mantener 'la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza', pero por su misma naturaleza y contenido, las previsiones atinentes al cumplimiento y efectividad de la sentencia no podrían resultar supeditadas a la interposición de recursos como erróneamente lo ha entendido la S. del Tribunal Nacional al conceder el intentado, siendo suya y exclusiva la decisión como la responsabilidad por las medidas que adopte para 'el cabal cumplimiento' de su orden, quedando como exclusiva opción para esta S. de Casación la de remitir sin dilaciones la sentencia de abril 20 para eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, según en esa misma providencia se dispone (artículo 31 del Decreto 2591 de 1991)".
Así, la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo, por incompetencia, de decidir sobre la apelación interpuesta en contra del auto de abril 29 de 1993 proferido por el Tribunal Nacional dentro del presente asunto.
Del caso a estudio
El caso a estudio de esta S. de Revisión se centra en los siguientes puntos:
¿Cuál es la diferencia entre el fallo de tutela y los autos relativos a su ejecución, para efectos de la oportunidad y procedencia de la impugnación?
¿Es procedente la solicitud de tutela que se dirige contra providencias judiciales que vulneran el debido proceso?
¿Qué pasa cuando en el curso del trámite de la tutela cesa la vulneración del derecho fundamental?
Diferencias entre el fallo de tutela y la competencia extensiva del juez para velar por su ejecución.
En este caso a estudio de la S. de Revisión, el cronograma fue el siguiente:
El 20 de abril de 1993, el Tribunal Nacional profirió sentencia de tutela. Dicha providencia fue notificada al apoderado del peticionario el 21 de abril y al Procurador Judicial Delegado ante el Tribunal Nacional el 22 de abril. Los tres días a que hace referencia el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 para impugnar se vencían el 27 de abril. Por lo que la Secretaría del Tribunal Nacional ha debido enviar el fallo a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
El 28 de abril el apoderado del peticionario mediante escrito dirigido al Tribunal Nacional, solicitó la ejecución del fallo proferido por el mismo Despacho.
De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como en la sentencia se lee:"...de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia, y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver, o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente" .(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia"11 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992. Magistrado S.D.J.G.H.G.. (negrillas no originales).
La inobservancia de los términos judiciales -como lo ha sostenido la Corte Constitucional en varias oportunidades-, constituye una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución. El principio de celeridad que es base fundamental de la administración de justicia debe caracterizar los procesos penales. Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad. Esta idea es reiterada por E. cuando afirma que ello "implica un justo equilibrio entre la salvaguardia del interés general de la comunidad y el respeto de los derechos fundamentales del hombre, aunque atribuyendo un valor particular a estos últimos."E., Marc-André. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Editorial Cuadernos Cívitas. Madrid, 1985. pag 95 Luego es esencial la aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia. Ello se desprende directamente del artículo 228 de la Constitución, e indirectamente del artículo 209, cuando sostiene que el principio de celeridad debe caracterizar la actuación administrativa. Fue pues voluntad manifiesta del constituyente consagrar la celeridad como principio general de los procesos judiciales. Ahora una dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto a la dignidad de la persona, como límite a la actividad sancionadora del Estado.
O. de paso que en este caso no se quiere desconocer la autonomía ni la competencia del juez, como quiera que la tutela se intentó ante el Tribunal Nacional, que es al mismo tiempo el superior del juez de la causa.
Tutela y actualidad de la vulneración.
1. Violación inicial.
Ahora bien, en el proceso penal hubo ciertamente violación al debido proceso. En efecto, en desarrollo de la adopción del sistema acusatorio, el proceso penal se divide en dos etapas diferenciadas e incluso dirigidas por funcionarios judiciales independientes. La etapa de investigación la dirige el F. quien en el juzgamiento pasa a ser sujeto procesal, actuación que se inicia con la ejecutoria de la resolución de acusación y la competencia la adquieren entonces los jueces encargados del juzgamiento.
Pero adoptando una u otra posición, resulta incuestionable para esta S. de Revisión de la Corte Constitucional es que el término es improrrogable y bajo ninguna circunstancia puede el J.R. suspender el juicio indefinidamente a la espera de pruebas solicitadas pero no practicadas.
Si vencidos los veinte días o los dos meses, no ha sido posible recaudar la prueba, el proceso penal en la etapa de juicio debe proseguir hasta su culminación, pues con los elementos de juicio que hasta ese momento han servido de base para proferir la resolución de acusación, serán ahora tenidos en cuenta por el J. para la sentencia.
2. Desaparición de la violación inicial.
El Magistrado Sustanciador solicitó a la Secretaría de los Juzgados Regionales de S. de Bogotá un informe sobre el estado actual de la causa seguida contra el peticionario de la tutela y en respuesta allegada al Despacho se establece lo siguiente:
Atendiendo su oficio de fecha septiembre 23 del año en curso a través de la cual solicita una información de la causa No. 6362 que adelanta un J. de esta Regional, me permito manifestarle que el proceso se encuentra al despacho del J. para proferir SENTENCIA (negrillas no originales).
La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacíoCfr, Corte Constitucional. Sentencia T-535 de septiembre 23 de 1992. Magistrado Ponente Dr. A.M.C...
La decisión del J.R. de continuar la etapa de juicio y de que el proceso se encuentre al despacho para sentencia implica la desaparición del supuesto básico de la vulneración o amenaza actual del derecho, del cual parte el artículo 86 de la Carta y hace improcedente la tutela. Cuando la supuesta perturbación, vulneración o amenaza ya no es actual ni inminente y el peticionario carece de interés jurídico, desaparece el sentido y el objeto de la acción de tutela.
Por lo tanto, cualquier pronunciamiento en el momento actual no tendría ningún efecto por cuanto las pretensiones del peticionario ya fueron resueltas ante el J.R. competente para dictar la sentencia que pone fin al proceso.
En mérito de lo expuesto, la S. Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
TERCERO: COMUNICAR el contenido de la sentencia a la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Nacional, al Juzgado Regional de S. de Bogotá, al F. General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al peticionario de la tutela en la Penitenciaría Central de Colombia y al apoderado del peticionario
Sentencia nº 25000-23-25-000-2004-05974-01(0939-07) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Segunda, de 7 de Febrero de 2008

References: resolución 
 artículo 34
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 53
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 31
 artículo 29
 artículo 228
 artículo 209
 resolución 
 resolución 
 artículo 86