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Timestamp: 2019-02-19 17:31:31+00:00

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ARARTEKO, LEHEN PONENTZIA / PONENCIA I:Los derechos de los jóvenes y el desafío de estudiar y de trabajar para accedera una ciudadanía activa en un contexto de altas tasas de desempleo	(Juan Pablo Landa Zapirain - EHUko Lanaren eta Gizarte Segurantzaren Zuzenbide Fakultateko katedraduna / Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU)
LEHEN PONENTZIA / PONENCIA I:Los derechos de los jóvenes y el desafío de estudiar y de trabajar para accedera una ciudadanía activa en un contexto de altas tasas de desempleo	(Juan Pablo Landa Zapirain - EHUko Lanaren eta Gizarte Segurantzaren Zuzenbide Fakultateko katedraduna / Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU)
Una rápida observación de nuestro texto constitucional de 1978 nos ofrece un panorama, prácticamente único en el mundo por su ejemplaridad, sobre la concretización de los derechos de ciudadanía española, y en consecuencia también de los derechos de los jóvenes ciudadanos y ciudadanas españoles.
La Constitución alude directamente a la juventud en dos artículos de su parte dogmática. En primer lugar, el artículo 12 establece la mayoría de edad a los 18 años, y en segundo lugar, el artículo 48 mandata a los poderes públicos promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
El primero de estos preceptos no deja de plantear consecuencias paradójicas en el contexto de nuestro sistema. Así, se fija, por un lado, la edad de 18 años como la que se corresponde con la plena capacidad y autonomía de las personas para obrar y actuar en los planos público y privado, como edad de acceso a la ciudadanía plena (derecho al voto y representación política, por ejemplo). Sin embargo, ello no obsta para que se pueda trabajar a partir de los 16 años (según se establece en el artículo 6 de la Ley Estatuto de los Trabajadores, en adelante LET), lo que en el marco de las relaciones laborales provoca una situación de vulnerabilidad especial del jovencísimo trabajador en ausencia de la garantía completa de los derechos correspondientes a una ciudadanía plena, además de otras consecuencias nada desdeñables hoy en día, como son la necesidad de compatibilizar –a través de la intervención pública- el ejercicio del derecho al trabajo (artículo 35 CE) con el de la educación y formación (artículo 27 CE), por ejemplo en el acuciante caso de los NEETs (acrónimo inglés que se corresponde en castellano con el término ninis- “ni estudia ni trabaja”), cuando de menores sin formación de ninguna clase se trata.
De ahí que fuera necesaria una intervención comunitaria de la Unión Europea (UE) para regular la actividad laboral de los jóvenes. Me refiero a la Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, donde se distinguen tres categorías de jóvenes: niño/a, adolescente y joven, cuya utilización conceptual debería generalizarse a otros ámbitos de nuestro análisis del tema, pues, a mi juicio, se trata de una acertada clasificación de las situaciones vitales de la persona joven en atención al dato de la edad.
De acuerdo con la referida norma, se entiende por niño o niña cualquier joven menor de quince años, o que aún esté sujeto a escolaridad obligatoria. Es adolescente cualquier joven de quince años mínimo, y menor de 18 años, que ya no está sujeto a escolaridad obligatoria. Aunque la Directiva aborda las condiciones de trabajo de los jóvenes menores de 18 años, esta distinción entre jóvenes, adolescentes y niños es muy útil también para los fines que persigo en este ensayo. A esa diferenciación sería preciso añadir -para su generalización más allá de la circunstancia de que se trate de un joven trabajador asalariado- el supuesto de joven en formación remunerada (“o que continua una etapa formativa especializada remunerada”), con el alcance que más adelante trataré de ilustrar.
Estas categorías de jóvenes de la citada Directiva comunitaria están funcionalmente dirigidas a regular unas obligaciones básicas de formación, seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, pero creo que son igualmente útiles a efectos de situar el panorama de derechos y cargas que conlleva la condición del ciudadano o ciudadana joven, porque a fin de cuentas, es en cuanto ciudadana o ciudadano, libre y autónomo, para el que se conforman las garantías del sistema público de derechos destinados al ejercicio de la ciudadanía política, económica, social y cultural, como consagra la Constitución. En resumen, dichas garantías solo se hacen plenas al alcanzarse la edad de 18 años.
Efectivamente, el artículo 48 CE(4), ubicado en el Capítulo III del Título I de la Constitución, que habla de los principios rectores de la política social y económica, no contempla, habida cuenta de la mencionada ubicación sistemática, un derecho subjetivo. Su regulación de detalle como tal, y la subsiguiente generación de derechos subjetivos, es una tarea que corresponderá al legislador ordinario –estatal o autonómico, en función del concreto ámbito competencial afectado-. Además, el alcance de este principio rector consagrado en el artículo 48 CE debe también impregnar e inspirar en sus orientaciones a todas las actuaciones de los poderes públicos, que, en ese sentido, tienen la obligación constitucional de diseñar, de acuerdo con sus respectivas competencias y mediante distintas políticas públicas, acciones destinadas a la consecución de la participación e inserción de los jóvenes en las distintas facetas de la vida social. Del mismo modo, el mencionado Capítulo III recoge igualmente a otros colectivos ciudadanos, como son las personas con discapacidad (artículo 49 CE), las personas mayores (artículo 50 CE) o los consumidores (artículo 51 CE), categorías de ciudadanía que requieren todas ellas, por su especial vulnerabilidad, de una atención singular por parte de los poderes públicos.
Así pues, es en el nivel de desarrollo de este mandato constitucional dirigido a los poderes públicos donde podemos situar el juicio de valor sobre lo ejecutado en estos 35 años en torno a las políticas públicas para la juventud. La pregunta a responder será: ¿Qué han hecho los poderes públicos para que los jóvenes en cuanto ciudadanos plenos -o casi plenos (en el sentido antes expuesto en relación con la minoría de edad legal)- hayan desarrollado su libertad y autonomía en plenitud, a través de la participación política, cultural, social, así como contribuyendo eficazmente al desarrollo de la economía del país, en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos y ciudadanas españoles?
Dicho esto, tampoco debemos soslayar el hecho de que, de todas formas, los jóvenes en cuanto personas que residen en este país tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y a la protección de su dignidad, teniendo en cuenta los derechos inviolables que son inherentes a ella, especialmente los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y moral (artículo 15 CE), a la libertad de ideas y creencias (artículo 16 CE), al honor, a la intimidad personal y propia imagen (artículo 18.1 CE), o a ser tratados en igualdad con respecto a los demás ciudadanos (artículo 14), tal y como nuestra doctrina judicial constitucional ha establecido reiteradamente (por todas, ver la STC 53/1985; F.J. 8º).
En Europa, tanto el Libro Blanco sobre la Juventud relativo a un marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud, como después la Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002 (que adoptaba las conclusiones de dicho Libro Blanco), planteaban un enfoque plural e interrelacionado sobre la participación, la información, el voluntariado y una mejora de la comprensión y comunicabilidad hacia el colectivo joven. Con el advenimiento posterior de la crisis financiera, ese enfoque integrado de las distintas actuaciones quedó trastocado, orientándose hacia la cuestión central del empleo(5). En España, con el advenimiento de la crisis e, incluso antes, con la adopción de la Estrategia Europea del Empleo, rápidamente el problema del desempleo juvenil adquirió una centralidad total, eclipsando las otras dimensiones del planteamiento de acciones integradas sobre la juventud.
Así pues, en la actual coyuntura nacional y europea, ante los escalofriantes datos de desempleo juvenil que se manejan en nuestro país, de todos los derechos enunciados –y en igualdad de tratamiento prioritario con el derecho a la educación (en sistemas educativos de calidad adaptados a las necesidades del mercado laboral)-, tal vez sean precisamente el derecho al trabajo (art.35 CE) y el derecho a una protección contra el desempleo (art.41 CE) los más urgidos y necesitados de materialización efectiva y de actuaciones eficaces desde los poderes públicos.
A) Surgimiento a nivel europeo
La Comisión Europea manifestó en su día que el desempleo juvenil constituía un auténtico despilfarro de capital humano(10). Según datos manejados por el Parlamento Europeo en 2013(11), se calculaba que existían en Europa en torno a 14 millones de jóvenes menores de 29 años que ni estudiaban, ni trabajaban (y entre ellos, más de 7 millones menores de 25 años, según la Comisión Europea), a lo que contribuye notablemente la situación de España, donde la tasa de desempleo juvenil ronda el 45% de los menores de 25 años (según datos del último trimestre de 2012, en plena crisis).
La respuesta europea vino de la mano de la Recomendación adoptada por el Consejo Europeo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (YEI, en sus siglas en inglés)(12) . Antes se habían publicado la Comunicación de la Comisión Europea, titulada “Iniciativa sobre empleo juvenil”(13), así como una dotación económica de más de 6000 millones de euros para el periodo 2014-2020, decisión adoptada por el Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013(14).En definitiva, se trata de una iniciativa que busca garantizar a todos los jóvenes menores de 25 años, se hallen o no inscritos en las oficinas de empleo, o bien una oferta concreta de empleo, o bien una oferta de formación personalizada, de aprendizaje o prácticas, en un plazo de 4 meses posteriores al término de sus estudios o tras quedar en desempleo. Para ello, España dispone de una financiación Europea de casi 2000 millones de euros proveniente a partes iguales del YEI y del FSE.
Así pues, para recibir esta financiación especial europea, cada país de la UE debe elaborar un Plan nacional para establecer un sistema de Garantía Juvenil propio y adaptado a su peculiar situación, con el fin de poder recibir los Fondos previstos por la UE para desarrollarlo. Algunos países como España, Irlanda e Italia ya lo han presentado(15), como también lo hicieron Alemania, Austria o Dinamarca, con tasas de desempleo juvenil muy inferiores a los anteriores países mencionados. Actualmente son 20 los países europeos elegibles (del inglés elegibles: que cumplen los criterios), entre los que ya se ha procedido a repartir los Fondos presupuestados para el YEI (un total de 6,4 mil millones de Euros).
La Garantía Juvenil se configura jurídicamente como un derecho subjetivo de muchos jóvenes (el término garantía ofrece pocas dudas sobre su calificación jurídica) –aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en los Planes nacionales de aplicación-, a una determinada prestación de activación (colocación o formación, o de ambas) por parte del Servicio Público de Empleo o de otros sujetos públicos o también privados, tales como agencias de colocación privadas o empresas de trabajo temporal (ETTs), previamente concertadas mediante convenio con la Administración de Empleo correspondiente (SEPE o Servicio Público Autonómico de Empleo).
Al tratarse de un derecho subjetivo es lógico que los Planes nacionales perfilen con sumo cuidado, cautela y detalle, el ámbito subjetivo de la Garantía Juvenil: entre otros, la edad (es de suponer que, si se está a punto de alcanzar el límite de edad, se le otorgará mayor preferencia), el nivel de formación alcanzado (cuanto mayor sea, menor será la prioridad), etc.
Por lo que respecta a la implementación de estas cuestiones en el Plan nacional desarrollado en España, podríamos discutir la oportunidad de la decisión española de centrar el campo de actuación del instrumento de Garantía Juvenil solamente entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NEETs en inglés), menores de 25 años, desvinculando la acción YEI de su función facilitadora de las transiciones entre el fin de los estudios y la obtención del primer empleo, al dar prioridad a la activación de los que no hacen nada (los conocidos como ninis). De este modo, los que estudian o se forman se verán privados de los complementos salariales o de formación financiados con cargo al YEI, por no ser prioritaria su atención. Se trata de instrumentos que, sin embargo, son esenciales para implementar eficazmente esa transición al trabajo en términos constitucionales, sobre todo, si contemplamos el mercado de trabajo que ha surgido de la postcrisis: precario, a tiempo parcial y con muy bajos salarios. A todas luces, aun creciendo económicamente, España tiene una insuficiente oferta de empleo, sin calidad y sin correspondencia con las aptitudes profesionales y la cualificación adquirida por un buen número de jóvenes que, una vez más, quedan al margen de las políticas públicas de fomento de la economía, desoyéndose el mandato constitucional a la promoción de la participación libre y eficaz del joven en el desarrollo social y económico. Un análisis más detallado de esta crítica será desarrollado posteriormente.
En cuanto a la tipología de medidas que componen la Garantía juvenil también varían mucho en función de las particularidades de los países. La idea general es que estas medidas, para que resulten eficaces, deben permitir ofrecer una orientación personalizada a cada joven, planes de actuación individuales en una fase lo más temprana posible, incluidos programas educativos de segunda oportunidad para quienes abandonaron la formación elemental antes de tiempo, y un compromiso contractualizado, por parte del joven destinatario de la medida, de cumplir con la garantía proporcionada.
B) Implementación en España
En el caso de España, el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, primero, y más adelante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, dedica su Título IV al régimen de implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En esta ley se recogen muchas de las 100 medidas de la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, aprobadas en febrero de 2013 e incorporadas a la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
Como principal novedad con respecto a lo que han sido las actuaciones tradicionales de las políticas españolas sobre el empleo (incentivos fiscales y bonificaciones de cuotas empresariales de la Seguridad Social para favorecer la nueva contratación laboral), está la prioridad dada al emprendimiento, es decir, al apoyo al trabajo autónomo, y no solo al trabajo asalariado, como instrumento principal para lograr la mejora de la situación social de los jóvenes. En esta línea se incluyen como medidas, la reducción inicial de la carga fiscal correspondiente a la iniciación del emprendimiento, o la reducción de los costes iniciales de inscripción del emprendedor en el sistema de Seguridad Social, la compatibilización del cobro de prestaciones de desempleo con el trabajo por cuenta propia durante los primeros meses de inicio de la nueva actividad, y también la posibilidad de suspender y reanudar en su momento la prestación de desempleo, si fracasa la estrategia de emprendimiento.
También era una idea innovadora en el panorama de las políticas de empleo en nuestro país, la del fomento del trabajo a tiempo parcial con vinculación formativa, dirigido a jóvenes menores de treinta años sin experiencia profesional, o sin titulación, parados de más de un año, subvencionado, cuando se acredite con una formación certificable de al menos 90 horas de duración anual (Gala Durán y Valverde Asencio, pp. 179 y ss.). También eran destacables sus deficiencias, especialmente el empecinamiento español de fomentar la contratación de duración determinada -ahora bajo el subterfugio de un periodo de prueba largo de uno o más años-, o la inexistencia de programas públicos articulados y específicos de primera experiencia profesional o de formación en alternancia, o la postergación del control del fraude y de los abusos, ante la situación de emergencia laboral vivida en la crisis, que con la previsible salida de esta crisis tampoco parece que vayan a revisarse.
Aunque el tema no sea nuevo, llama igualmente la atención la potenciación del papel de las ETT, no solo en la intermediación laboral, para lo que se les autoriza a utilizar modalidades contractuales como los contratos de aprendizaje y prácticas, sino para organizar y prestar los periodos de formación complementarios al trabajo, especialmente en el caso de los contratos formativos celebrados por microempresas, lo cual rompería con la lógica de la formación en alternancia (Calvo Gallego, 2014, p. 141).
Si bien no nos hallemos ante una medida en sentido propio, la primera novedad que aporta el Plan Nacional de Implementación de la Garantía Juvenil, finalmente articulado por la referida Ley 18/2014, se refiere al procedimiento a seguir para su consecución. En síntesis, se trata de un procedimiento articulado en dos fases. En la primera, en un plazo de 30 días, la institución responsable tiene que identificar las características personales de la persona solicitante de la Garantía, previa su inscripción en el sistema telemático específico establecido a tal efecto, y ya operativo actualmente. A partir de su incorporación a la lista de acceso, del análisis personalizado de sus características, la persona solicitante tendrá un nivel de prioridad y se identificará el tipo de oferta de Garantía más adecuada a su perfil personal. En la segunda fase, en un plazo de 4 meses a partir de la solicitud de incorporación, en atención a los criterios establecidos y a la idoneidad de la medida prevista de acuerdo con las características de la persona solicitante, se otorgará la concreta medida de garantía.
En cuanto al tipo de medidas destinadas a satisfacer ese derecho a la Garantía Juvenil, éstas se configuran por la Ley 18/2014 (artículos 87 y ss.) como un conjunto de instrumentos que constituyen el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se trata de medidas que van desde las acciones formativas dirigidas preferentemente a la obtención de certificados de profesionalidad(16) -como programas formativos de segunda oportunidad para quienes no han obtenido el certificado de enseñanza obligatoria-, pasando por formación profesional dual a través de los contratos de formación y prácticas, formación en prácticas con compromiso de contratación, financiación de las prácticas no laborales en empresas, acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales, hasta el fomento de la economía social o colaborativa, el autoempleo con ayudas públicas -a través, por ejemplo, de un servicio de apoyo a los viveros de empresas-, o el uso de reducciones y bonificaciones para nuevas contrataciones de menores de 25 años complementadas por ayudas de los Servicios de Empleo de las CCAA de en torno al 50% del SMI (salario mínimo interprofesional).
El acceso a estas medidas irá precedido por actuaciones del correspondiente servicio de empleo del tipo: orientación profesional, información laboral, acompañamiento en la búsqueda de empleo, y también de otras actuaciones, o bien similares a las anteriores, pero proporcionadas por agencias privadas de colocación conveniadas con la Administración.
Hay que precisar que para la UE, creadora de esta Iniciativa, son destinatarios centrales de la Iniciativa de Garantía Juvenil, tanto las instituciones públicas, como los actores privados llamados a asociarse para hacer eficaces las medidas previstas. De esta manera, están llamados a participar los interlocutores sociales, las entidades proveedoras de orientación profesional y para el empleo, los centros de educación y formación profesional(17), los servicios de apoyo a la juventud, las organizaciones juveniles, las ONG, las agencias privadas de empleo, las Cámaras de Comercio e Industria, los proveedores de macro o de microfinanciación para la estrategia del emprendimiento (que novedosamente en nuestro país interviene en el marco de medidas, como hemos visto antes), o ciertas redes sociales (piénsese en el llamado crowdfunding), entre otras.
Se trata de una estrategia basada en la asociación entre diversos agentes públicos y privados, para lo que parece imprescindible diseñar previamente ventanillas únicas o puntos únicos de atención, de control y seguimiento de las acciones emprendidas con cada joven solicitante y prestada desde cada uno de los agentes implicados, así como para concentrar la información y orientación a proporcionar a cada solicitante.
Los jóvenes comprendidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los mayores de 16 años y menores de 25 que no estén ocupados ni integrados en el sistema educativo, y excepcionalmente las personas con discapacidad menores de 30 años. De esta forma, con el límite general de 25 años, los menores de 30 años quedan excluidos, rompiendo una tendencia que presidía las acciones de fomento de la contratación apenas un año antes (Ley 11 /2013, de 26 de julio, a través de las modalidades del contrato de primer empleo joven o a tiempo parcial con complemento de formación, diseñadas para ser utilizadas siempre por menores de 30 años), (Megino Fernández, 2015, pp.115, 122). España se aleja de este modo de otros países europeos con un nivel semejante de desempleo juvenil, como es el caso de Italia, donde la YEI se dirige a las personas desempleadas menores de 29 años.
Para percibir la Garantía hay que solicitarla, lo que conlleva un problema añadido, el del diseño de una o varias mecanismos eficaces para hacer que los jóvenes contemplados por esta Iniciativa se informen, tomen conciencia y se inscriban en el fichero especial del Sistema Nacional de Garantía Juvenil -requisito básico para poder exigir la Garantía-, creado al efecto en los servicios de empleo públicos, y al que se puede acceder por vía telemática (administración electrónica). Además, se exigirá a los jóvenes que se inscriban tener la nacionalidad española o europea, o bien ser residente extranjero con permiso de residencia que habilite para poder trabajar; asimismo hay que estar empadronado en un municipio del territorio español, no haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la solicitud, o haber recibido acciones educativas de más de 40h mensuales entre los 90 días naturales anteriores a la solicitud, o 40h de formación profesional, dentro de los 30 días naturales anteriores. También deberán suscribir un compromiso de participación activa en las acciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.
A) Por lo que respecta a los estudios universitarios
El establecimiento y regulación de un verdadero estatuto del estudiante –con reconocimiento de derechos, entre otros a una remuneración, y con la correlativa exigencia de responsabilidades- es probablemente la tarea más retrasada en el quehacer por devolver a las jóvenes y a los jóvenes la condición de ciudadanía plena. Tradicionalmente, la fórmula de las becas de estudio para los estudiantes cuyas familias disponen de recursos insuficientes y una oferta de estudios superiores casi-gratuita han sido los sucedáneos del no reconocimiento de un verdadero estatuto de derechos al joven estudiante, un estatuto en el que se combinen ayudas económicas con precios públicos para el acceso a la vivienda o a los comedores universitarios subvencionados, en consonancia con lo que sucede en otros países de nuestro entorno europeo, o bien la combinación de remuneraciones públicas o becas privadas combinadas con préstamos personales o minijobs universitarios, al estilo americano.
La introducción del denominado proceso Bolonia en los estudios universitarios ha permitido abrir el cauce a una visión más acompasada con la idea de ciudadanía en la carrera universitaria. El acceso a las prácticas académicas (que da lugar a la categoría de estudiantes que en Alemania se denominan “Praktikanten”), como requisito para la obtención de un título académico superior, implica la inclusión de las prácticas externas en el proceso formativo proporcionado por el ente académico en la etapa de formación (Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio y Real Decreto 592/2014, de 11 de julio), pero sin remuneración garantizada, aunque se acompañe del alta en la Seguridad Social.
Ese primer contacto con el entorno laboral se complementa con el acceso a una primera experiencia profesional a través de las prácticas profesionales no laborales, reguladas por el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, que igualmente se han situado al margen de la regulación laboral, presumiblemente para no asustar o disuadir al hipotético empleador.
Otro ejemplo de exclusión del marco regulatorio laboral como mecanismo tradicional de regulación de las transiciones del estudio al trabajo lo tenemos en el estatuto del investigador en prácticas (Real Decreto 63/2011), bien con el contrato predoctoral que desarrolla aún una etapa formativa de 3erciclo, o con el contrato de obra o servicio para la realización de proyectos de investigación, todas ellas modalidades del contrato especial de empleo público regulado por la Ley de Ciencia en su DA 23ª (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación), y por tanto colocadas al margen del Estatuto de los Trabajadores (Ballester Laguna, 2014, p. 232).
B) Por lo que respecta a los estudios técnicos o de formación profesional
Tampoco es mucho mejor el panorama en el nivel de estudios técnicos o el mundo de la formación profesional. La introducción de la formación profesional dual, aparentemente siguiendo el modelo alemán de aprendizaje a través del trabajo con un estipendio económico a modo de compensación por gastos y tiempo dedicado a la actividad de la empresa que acoge al estudiante, no es el que funciona en la práctica, sino un remedo de la formación en alternancia bien conocida por algunos de nuestros centros señeros de formación profesional en Euskadi.
A lo más que se puede llegar, siguiendo la inspiración del modelo alemán de formación dual, es a la figura del estudiante de formación profesional en prácticas (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y Formación Profesional, y el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, cuyo capítulo III se dedica a la formación dual por un máximo de tres años, siempre que no exista un contrato para la formación y el aprendizaje entre el estudiante en prácticas y la empresa), que se acompaña de una remuneración de tipo beca o salarial reducida. Sin embargo, una vez más, la escasez del modelo denota la falta de ambición de la tradición española, particularmente por lo que concierne a la ausencia de la figura puente del asesor de formación, como garante de que las prácticas sean realmente formativas. Se trata de un modelo de difícil generalización en España, con predominio de la pequeña empresa, pero no de implantación imposible, si empresas y autoridades educativas quisieran consensuarlo con responsabilidad.
No obstante, estas nuevas experiencias pueden esconder también un resultado negativo. Concretamente, pueden acabar suplantando al contrato de trabajo en prácticas, aquel que estaba diseñado para la adquisición de experiencia de la persona titulada en prácticas. Esta regulación puede haber entrado en decadencia, a pesar de que su utilización se ha flexibilizado enormemente, ya que el contrato en prácticas se puede suscribir hasta 5 años después de acabados los correspondientes estudios, siempre que se trate de jóvenes de menos de 30 años (artículo 13 Real Decreto Ley 4/2013). Como decía, a pesar de ello su utilización puede verse infravalorada por las empresas ante los distintos regímenes de prácticas extralaborales, peor o nada remuneradas (Costa, 2014, pp. 15,17).
BALLESTER LAGUNA, Fernando. La deficiente regulación de los límites al encadenamiento de los contratos de trabajo temporales del personal investigador. Revista de Derecho Social, n. 68 (octubre-diciembre, 2014). ISSN: 1138-8692
CALVO GALLEGO, F. J. La lucha contra el desempleo y la garantía juvenil en la UE y en España. En: Transiciones laborales y reformas del mercado de trabajo: su influencia sobre el empleo de jóvenes y mayores. Rodríguez-Piñero Royo, M. (director). Albacete: Bomarzo, 2014.
COSTA REYES, Antonio. El modelo español de formaciónprofesional dual. Revista de Derecho Social, n. 68 (octubre-diciembre, 2014). ISSN: 1138-8692
EUROFOUND. NEETs, Young people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy responses in Europe [en línea]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012 [ref. de 2 de septiembre de 2015]. Disponible en:
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf
FAZIO, Francesca. Youth unemployment: a review of facts and institutions. Revista de Derecho Social y de Empresa [en línea], n. 1 (2014) [ref. de 2 de septiembre de 2015], pp. 103-128. ISSN: 2341-135X. Disponible en:
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/youth-unemployment-a- review-of-facts-and-institutions/7427/
FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. El programa de activación para el empleo 2015/16 y otras cuestiones contenidas en el Real Decreto Ley 16/2014, de 19 de diciembre. Revista Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, n. 383 (2015), pp. 137-174. ISSN: 1138-9532
GALA DURAN, C. y VALVERDE ASENCIO, A.J. Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. En: La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en la Ley 11/2013: desempleo, empleo y ocupación juvenil. FERNÁNDEZ LÓPEZ, María Fernanda y CALVO GALLEGO, Francisco Javier (dir.). Albacete: Bomarzo, 2013. 385 p. ISBN: 9788415923084
MEGINO FERNÁNDEZ, Diego. Jóvenes y mercado de trabajo: precariedad a cambio de inserción laboral. Revista Estudios Financieros. Revista de trabajo y seguridad social, n 383 (2015), pp. 93-104. ISSN: 1138-9532
MORALES ORTEGA, José M. Jóvenes y políticas de Empleo. Albacete: Bomarzo, 2014, 400 p. ISBN: 9788415923657
SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. (2014). La Garantía Juvenil en la Unión Europea. Obstáculos para su implantación en España. Revista de Derecho Social y de Empresa [en línea], n.1 (2014), pp. 17-42 [ref. de 2 de septiembre de 2015]. ISSN: 2341-135X. Disponible en:
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/la-garantia-juvenil-en-la-union-europea-obstaculos-para-su-implantacion-en-espana/7424/
TIRABOSCHI, Michele. Young workers in recessionary times: a caveat (to continental Europe) to reconstruct its Labour Law. E-Journal of International and Comparative Labour Studies [en línea], vol. 1, n. 1-2 (march-june, 2012) [ref. de 10 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://adapt.it/contributions_1.pdf
VELASCO PORTERO, María Teresa. El Plan nacional de implementación de la Garantía Juvenil en Alemania. Revista Derecho Social y de Empresa [en línea], n. 2 (2014) [ref. de 2 de septiembre de 2015], pp. 161-168. ISSN: 2341-135X. Disponible en: http://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/488/
VERICK, Sher. Who is hardest during financial crisis? The vulnerability of Young men and women to unemployment in a economic downturn [en línea]. IZA Discussion paper, n. 4359 (august 2009) [ref. de 2 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://ftp.iza.org/dp4359.pdf

References: artículo 12
 artículo 48
 artículo 6
 artículo 48
 artículo 48
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