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Timestamp: 2019-08-22 11:56:51+00:00

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﻿ Sentencia 2011-00571 de mayo 15 de 2013
SENTENCIA 2011-00571 DE 15 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:INVESTIGACIÓN INTEGRAL EN MATERIA DISCIPLINARIA. EL JUZGADOR DISCIPLINARIO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN INTEGRAL, ASÍ COMO LAS PARTES TIENEN LA CARGA DE PRESENTAR Y/O SOLICITAR DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL LAS PRUEBAS QUE PRETENDAN HACER VALER. POR TANTO, NO ES UNA CONDUCTA RESPETUOSA CON EL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, EL GUARDAR SILENCIO EN LA ETAPA PROBATORIA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA, PARA POSTERIORMENTE EN EL JUICIO CONTENCIOSO INVOCAR FALENCIAS PROCESALES DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL, PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, TÉRMINO PROBATORIO, POTESTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO
Sentencia 2011-00571 de mayo 15 de 2013
Ref.: expediente 11001-03-25-000-2011-00571-00
Número interno: 2196-2011
Actor: Jorge Eduardo Serna Sánchez
Se trata de establecer si los fallos disciplinarios de 23 de enero y de 21 de junio de 2007, proferidos por el procurador provincial de Popayán y la procuradora regional del Cauca, que impusieron al demandante sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de un (1) año, infringieron las normas en que debían fundarse por violación de los términos procesales, del principio de investigación integral, así como por omisión en la valoración de las circunstancias de hecho de la conducta investigada.
a) Fallo disciplinario de primera instancia —Res. 3, ene. 23/2007—, proferido por el Procurador Provincial de Popayán, que impuso al demandante sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de un (1) año.
b) Fallo disciplinario de segunda instancia de 21 de junio de 2007, proferido por la procuradora regional del Cauca, que confirmó la sanción de primera instancia.
2.3.1. De folios 2 a 3 del cuaderno 4 del expediente, obra Oficio 0973 de 3 de marzo de 2005, en el cual, el subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, seccional Cauca, le informó al comandante (E) de la estación de policía de carreteras del Cauca, que el 28 de febrero de ese mismo año entre los municipios Timbío y Popayán, debido a labores de inteligencia, se: i) capturaron a los policías Olimpo Cárdenas Herrera y Germán Martínez Burbano, así como a los señores Juan Carlos Vivero Guerrero, Liberio Casanova Paladines y Jesús Armando Andrade, quienes conducían una tractomula que contenía 30 toneladas de insumos químicos controlados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, sin el permiso respectivo; ii) se incautaron una cámara digital, un celular Avantel, una pistola marca CZ calibre 9 mm, un taxi Chevrolet Corsa blanco con placas WDF-004 y una tractomula con placas SNF-465; y iii) los capturados fueron puestos a disposición de la fiscalía tercera especializada de Popayán.
2.3.2. A folios 5 a 6 del cuaderno 4 del expediente, obra auto de 3 de marzo de 2005, por medio del cual, el comandante del departamento de policía del Cauca, abrió indagación preliminar contra el intendente Olimpo Cárdenas Herrera y el agente Germán Martínez Burbano, debido a las irregularidades presentadas el 28 de febrero de 2005, por haber escoltado una tractomula que contenía gran cantidad de insumos químicos controlados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, sin el permiso respectivo. Esto a fin de esclarecer los hechos y determinar si se había incurrido en falta disciplinaria.
2.3.3. De folios 155 a 160 del cuaderno 4 del expediente, obra auto de 7 de marzo de 2005, por el cual, el comandante del departamento de policía del Cauca, abrió investigación disciplinaria contra el sargento viceprimero Javier Coral Castillo; el intendente Olimpo Herrera Cárdenas; los subintendentes Jorge Eduardo Serna Sánchez y Alberto Méndez González; el agente Germán Martínez Burbano; el sargento segundo Pedro José Morales y los patrulleros José Agustín Moncada, José Mauricio Murillo, Tulio César Uribe, William Mario Villa y Nelson Horacio Collazos, pues, de conformidad con las pruebas obtenidas, tales como video de los noticieros que transmitieron la captura de los uniformados y la declaración rendida en audiencia el 4 de marzo de 2005 por el teniente Guillermo Restrepo Sabogal, los anteriores policías habían participado en los hechos ocurridos el 28 febrero de 2005 relacionados con haber escoltado sin permiso la tractomula de palcas(sic) placas SNF-465 que contenía 30 toneladas de sustancias químicas para el procesamiento de estupefacientes.
2.3.4. A folios 372 a 373 del cuaderno 4 del expediente, obra oficio de 13 de julio de 2005, por medio del cual, policías investigados, le solicitan a la procuraduría provincial de Popayán, asumir la investigación disciplinaria, teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el artículo 3º de la Ley 734 de 2002, porque consideraban vulnerado el derecho al debido proceso, en la medida en que la institución policial no sería imparcial al momento de fallar, dado que una vez se profiera el pliego de cargos, la decisión sería condenatoria.
2.3.5. A folio 371 del cuaderno 4 del expediente, obra auto de 14 de julio de 2005, por medio del cual, el procurador provincial de Popayán, debido a la petición elevada por los investigados el 13 del mismo mes y año, para que ejerciera poder preferente, le solicitó al comandante de policía del departamento del Cauca la remisión de todo el proceso disciplinario.
2.3.6. A folios 88 a 95 del cuaderno 7 del expediente, obra acta de 15 de julio de 2005, del asesor de la procuraduría provincial de Popayán, en la cual determina que es procedente que la procuraduría provincial de Popayán conozca la investigación disciplinaria, por cuanto existían errores procesales, ya que no se había determinado quiénes eran los autores o coautores en los hechos imputados, no se explicaban los motivos por los cuales se aplicó un procedimiento verbal y no se había calificado correctamente la falta, pues esta debía ser gravísima y no grave como inicialmente lo había señalado el comandante de la policía del Cauca; en consecuencia, consideró que habían motivos para tramitar el asunto.
2.3.7. De folio 107 del cuaderno 7 del expediente, obra auto de 5 de agosto de 2005, del procurador provincial de Popayán, en el cual, debido al informe de 15 de julio de ese mismo año emitido por el funcionario de la entidad, ejerció el poder preferente para conocer de la investigación adelantada contra el demandante y ordenó que se comunicara al comandante de la policía del Cauca, dicha decisión.
2.3.8. A folios 115 a 121 del cuaderno 7 del expediente, obra auto de 5 de septiembre de 2005, por el cual, el procurador provincial de Popayán, declaró la nulidad de todo lo actuado por parte del comandante del departamento de policía del Cauca, respecto al proceso disciplinario DECAU-2005-26 adelantado contra el demandante, en la medida en que, no se había determinado quiénes eran los autores o coautores de los hechos imputados, ni eran claros los motivos por los cuales se calificó como grave y no como gravísima la falta investigada. En virtud de lo anterior esa procuraduría provincial inició nuevamente la investigación disciplinaria, pero determinó que las pruebas que se habían recaudado conservaban su validez.
2.3.9. De folios 146 a 150 del cuaderno 7 del expediente, obra auto de 7 de octubre de 2005, por el cual, el procurador provincial de Popayán, al valorar nuevamente las pruebas recaudadas por el comandante de la policía del Cauca —video de los noticieros que transmitieron la captura de los uniformados, y la declaración rendida en audiencia el 4 de marzo de 2005, por el teniente Guillermo Restrepo Sabogal, en la que dijo que el sargento viceprimero Javier Coral Castillo, el intendente Olimpo Herrera Cárdenas, los subintendentes Jorge Eduardo Serna Sánchez y Alberto Méndez González, el agente Germán Martínez Burbano, sargento segundo Pedro José Morales y los patrulleros José Agustín Moncada, José Mauricio Murillo, Tulio César Uribe, William Mano Villa y Nelson Horacio Collazos, habían participado en los hechos de 28 febrero de 2005, respecto ha(sic) escoltar la tractomula de placas SNF-485 que contenía 30 toneladas de sustancias químicas, la cual se movilizó entre los municipios de Piendamó y Popayán—, consideró que se cumplían los requisitos de los artículos 152 y 153 de la Ley 734 de 2002 ya que se tenía conocimiento de los posibles partícipes de la falta. En consecuencia, ordenó abrir investigación disciplinaria, contra los mencionados uniformados quienes fueron acusados en audiencia de 28 de marzo de 2005.
2.3.10. A folios 1188 a 1223 del cuaderno 7 del expediente, obra auto de 28 de febrero de 2006, del procurador provincial de Popayán, en el cual profirió pliego de cargos contra el demandante por haber escoltado una tractomula que cargaba sin permiso 30 toneladas de insumos químicos para el procesamiento de estupefacientes, entre los municipios de Piendamó y Popayán. Esta conducta constituía falta disciplinaria, al haber omitido cumplir con un acto propio de su cargo, a saber, el capturar, aprehender y poner a disposición de la Fiscalía a las personas que conducían el vehículo e informar a sus superiores del irregular operativo, la cual se encuentra tipificada en los artículos 414 del Código Penal y el 37 numeral 3º del Decreto 1978 de 2000. La falta se calificó como gravísima a título de dolo.
2.3.11. De folios 1804 a 1867 del cuaderno 10 del expediente, obra fallo de primera instancia, Resolución 3 de 23 de enero de 2007, el cual, el procurador provincial de Popayán, señaló que se reprochaba al demandante haber participado en los hechos de 28 de febrero de 2005 —escoltar una tractomula que contenía 30 toneladas de insumos químicos para el procesamiento de estupefacientes— y omitir su deber legal de poner en conocimiento a la autoridad competente, dichas irregularidades. Igualmente señaló que esta falta se tipifica en los artículos 414 del Código Penal y el 37 numeral 3º del Decreto 1978 de 2000, pues de conformidad con las pruebas documentales —videos de los noticieros que transmitieron la noticia, y de las cámaras que vigilan la vía panamericana entre los municipios Piendamó y Popayán— y —declaraciones de los agentes del DAS Shirley Ximena Fernández Molina y Ángel Alberto Joaqui Vergara y, el agente Germán Martínez Burbano, el intendente Olimpo Cárdenas Herrera, quienes señalaron que el demandante era uno de los cuatro policías motorizados que escoltaron la tractomula el 28 de febrero de 2005— se comprobó la responsabilidad disciplinaria del accionante, por lo tanto, le impuso la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de un (1) año.
2.3.12. A folios 1955 a 1958 del cuaderno 10 del expediente, obra oficio de 8 de febrero de 2007, por medio del cual, el demandante interpuso recurso de apelación, alegando que aunque escoltó la tractomula durante el trayecto de la bomba de gasolina del municipio de Piendamó hasta Popayán, no sabía que el cargamento que contenía el vehículo era ilegal, es decir, siempre consideró que estaba actuando conforme a la ley, y en cumplimiento de órdenes del sargento segundo Javier Coral, su superior jerárquico.
2.3.13. De folios 1987 a 2022 y 2046 del cuaderno 10 del expediente, obra fallo de segunda instancia 009-2007 de 21 de junio de 2007, proferido por la procuradora regional del Cauca, en el cual se señaló que el demandante no logró justificar su falta disciplinaria, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas, tales como videos y declaraciones, se tuvo certeza sobre su responsabilidad. De igual manera señaló, que la valoración probatoria realizada en primera instancia, estuvo acorde con la sana crítica y la lógica, en consecuencia, confirmó en todas sus partes el fallo de 23 de enero de ese mismo año. Esta providencia quedó ejecutoriada el 6 de agosto de 2007.
3.1. Sobre la excepción presentada por la entidad demandada.
La entidad demandada presentó como excepción la que denominó “inepta demanda”, argumentado que en el libelo no se individualizaron con precisión los hechos, el concepto de violación, y que, existió incongruencia entre los fundamentos fácticos y las acusaciones jurídicas.
Sin embargo, se evidencia en el caso concreto, que la parte actora se amparó en Ley 200 de 1995; el Código Contencioso Administrativo; y la Ley 734 de 2002, en aras de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, e indicó, los motivos por los cuales consideraba que los mismos contrariaban el ordenamiento jurídico vigente.
Sea la oportunidad para manifestar, que a juicio de la Sala, la exigencia procesal contemplada en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo(2), se satisface cuando en el libelo se consigne la invocación normativa y la sustentación de los cargos. Naturalmente, la parte actora, por la significación sustantiva que puede tener un concepto de violación en el que se evidencie de forma manifiesta la ilegalidad del acto acusado, debe esforzarse en su elaboración, sin que los resultados del proceso dependan de un modelo estricto de técnica jurídica.
Solamente en ausencia total de este requisito o cuando adolezca de la enunciación normativa sin la correspondiente sustentación, se entenderá defectuosa la demanda por carencia de uno de sus presupuestos tras la no subsanación en el lapso contemplado en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo.
Por lo expuesto, se concluye que el demandante cumplió con la carga procesal que le asistía de precisar las razones por las cuales debía accederse a la pretensión invocada; cosa distinta es que el aludido concepto de violación sea pertinente y suficiente para declarar la nulidad deprecada, situación que atañe a las consideraciones de la decisión final que deba tomarse dentro de la acción, ámbito en el cual se retomarán los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la contestación con el objetivo de verificar la legalidad o ilegalidad de los actos acusados.
En este orden de ideas, la excepción propuesta por la entidad demandada no está llamada a prosperar en la medida en que el libelo no presenta el defecto endilgado.
3.2. Los cargos de nulidad del demandante.
3.2.1. Sobre la violación del principio de ponderación de la sanción.
Argumentó el demandante, que los fallos disciplinarios acusados violaron las normas superiores en que debían fundarse, por cuanto no se ponderó su participación en los hechos al momento de imponer la sanción.
Sobre el particular debe señalarse que, en los hechos ocurridos el 28 febrero 2005, en la vía que del corregimiento de Tunía conduce a la ciudad de Popayán, donde fue interceptado una tractomula con insumos químicos para la producción de estupefacientes, sin ser detenida, sino por el contrario escoltada por miembros de la fuerza pública a fin de que continuara sin dificultades su trayecto hacia la ciudad Ipiales - Nariño, participaron, además del subintendente Jorge Eduardo Sánchez Serna, sus superiores inmediatos el sargento viceprimero segundo Javier Corral Castillo y el intendente Olimpo Cárdenas Herrera.
A los mencionados servidores, la autoridad disciplinaria les imputó la falta gravísima descrita en el numeral 3º del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000 —realizar una conducta delictiva dolosa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo—(3), en concordancia con el ilícito de prevaricato por omisión —omitir un acto propio de sus funciones—(4) consagrado en el artículo 414 del Código Penal.
Lo anterior, materializado en haber omitido la captura, aprehensión y puesta a disposición de las autoridades competentes de la tractomula y sus ocupantes, así como haber omitido informar a sus superiores del irregular procedimiento que se estaba llevando a cabo con el referido vehículo.
El parágrafo único del artículo 41(5) del Decreto 1798 de 2000, señala que las faltas gravísimas solo pueden ser sancionadas con destitución, y el artículo 42(6) de la misma normatividad, consagra como sanción accesoria la inhabilidad para ejercer funciones públicas, la cual, puede ir desde un mínimo de un (1) año hasta un máximo de cinco (5) años.
Los falladores disciplinarios en las decisiones acusadas, impusieron al demandante así como al sargento viceprimero Segundo Javier Corral Castillo y a intendente Olimpo Cárdenas Herrera sanción disciplinaria principal de destitución; adicionalmente al demandante le fue impuesta, como sanción accesoria, inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de un (1) año, mientras que a sus superiores esta les fue impuesta por el término de (5) cinco años.
De lo expuesto se colige que el sancionador disciplinario al haber encontrado probado el cometimiento de una falta gravísima, en aplicación del Decreto 1798 de 2000, no tenía más opción que imponer sanción de destitución independientemente del grado de participación del demandante en los hechos, no obstante esta circunstancia sí fue tenida en cuenta al momento de graduar la sanción accesoria, en la medida en que al subintendente Jorge Eduardo Sánchez Serna le impuso la mínima sanción accesoria, mientras que a sus superiores inmediatos el sargento viceprimero Segundo Javier Corral Castillo y el intendente Olimpo Cárdenas Herrera, los grabó con la máxima, reconociendo que fueron estos quienes dirigieron el irregular operativo.
Así las cosas, no es cierto que las autoridades disciplinarias al momento de graduar la sanción impuesta al demandante hayan violado las normas superiores en que sus decisiones debían fundarse, pues actuaron de conformidad con lo dispuesto por la normatividad aplicable al caso y atendieron al grado de participación del actor en los hechos investigados. En consecuencia, la acusación del demandante carece de fundamento.
3.2.2. Sobre la violación del principio de investigación integral.
El libelista señala que en el proceso disciplinario adelantado en su contra violó el principio de investigación integral al que está obligada la autoridad sancionadora, en la medida en que, no investigó a fondo las razones por las cuales la tractomula escoltada demoró su trayecto desde el corregimiento de Tunía a la ciudad de Popayán, ni se reprodujo el recorrido con otro vehículo para verificar si la mora fue excesiva; se omitió señalar en las consideraciones de los actos acusados que no incurrió en flagrancia; no se estableció por la autoridad judicial penal la ilicitud de los hechos que dieron lugar a la falta disciplinaria; y no se tuvo en cuenta que estaba cumpliendo órdenes de sus superiores inmediatos y que desconocía lo que transportaba el vehículo escoltado.
El principio de investigación integral tiene plena aplicación en el ámbito de los procesos disciplinarios, por mandato legal expreso; en efecto, en el Código Disciplinario Único vigente al momento de la imposición de las sanciones controvertidas en este caso —L. 734/2002— establece en el artículo 129 que la autoridad disciplinaria buscará la verdad real, y para ello deberá Investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, así como los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad.
La acusación del demandante no encuentra sustento, pues los falladores disciplinarios escudriñaron los hechos y las circunstancias de descargo, a través de la práctica de las declaraciones, testimonios y la recepción de pruebas documentales, tanto así que en reconocimiento de lo anterior, la sanción accesoria de inhabilidad para ejercer funciones públicas fue inferior a la impuesta a sus superiores inmediatos pues se tuvo en cuenta que estos y no el actor eran quienes dirigían el ilegal operativo para escoltar un vehículo que trasportaba, sin autorización alguna, sustancias para el procesamiento de estupefacientes.
Es impertinente e irrelevante el argumento del demandante relacionado con la falta de investigación sobre las razones por las cuales la tractomula demoró su recorrido del corregimiento de Tunía a la ciudad de Popayán, pues, la conducta por la cual fue sancionado no fue el retraso del mencionado vehículo, si no el haber omitido la detención del mismo y en su defecto no haber informado al comandante de la policía del Cauca del irregular operativo en el(sic) participó para brindar protección a un vehículo particular de carga pesada.
De todas formas si el demandante consideraba que en su defensa influía probar que el vehículo no demoró su marcha más de lo necesario, en el proceso disciplinario tuvo la oportunidad de solicitar la práctica de las pruebas que considerara pertinentes para tal cometido, entre ellas la que en esta instancia jurisdiccional echa de menos, es decir, la medición del recorrido con otro vehículo, sin embargo, no lo hizo, sin que sea esta la oportunidad procesal para reclamar de la autoridad disciplinaria tal actuación.
Por otra parte, en nada se relacionan con el cargo de carencia de investigación integral, los argumentos de no haber sido sorprendido en flagrancia, así como la falta de calificación o condena por la justicia penal, y el que supuestamente no se haya tenido en cuenta que en el operativo de escolta solo estaba cumpliendo órdenes de sus superiores inmediatos, debe señalarse lo siguiente.
De los hechos narrados en el libelo y los fallos acusados se desprende que el demandante escoltó la tractomula, desde el corregimiento de Tunía hasta el municipio de Popayán, donde esta continuó con destino a la ciudad Ipiales - Nariño, bajo la protección de otros policiales, quienes fueron luego detenidos por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que los venían siguiendo al tener noticia del cargamento que transportaban, así como de la participación de miembros de la policía en el ilícito.
Si bien es cierto, que al momento de la detención del vehículo por parte de funcionarios del DAS, el demandante no fue capturado pues su tarea como escolta había terminado en la ciudad de Popayán, lo cierto es que, en razón del prolongado seguimiento que venía siendo realizado por los agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, se pudo establecer, sin lugar a dudas, su participación en la empresa criminal por lo menos en un trayecto de la ruta programada, sin que para los efectos de la sanción disciplinaria fuera necesaria su captura en flagrancia y menos aún el previo juzgamiento de los hechos por la justicia penal, en la medida en que, el derecho criminal y el disciplinario son independientes.
Ahora bien, aun cuando fuere cierta su ignorancia respecto de la ilicitud del operativo en el que estaba participando, lo cierto es que, la irregularidad del mismo era detectable, y la sanción impuesta lo fue por haber realizado una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso cometido en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, a saber el tipo penal de prevaricato por omisión, que castiga la omisión de un acto propio de las funciones de un servidor público, para los efectos, no haber informado del irregular procedimiento al comando de policía del Cauca.
Finalmente, debe recordarse que si bien es cierto el juzgador disciplinario está en la obligación de realizar una investigación integral, como ocurrió en este caso, también lo es que el demandante y su apoderado tienen la carga de presentar y/o solicitar dentro de la oportunidad legal las pruebas que pretenda hacer valer, en ese sentido no comporta una conducta respetuosa del principio de lealtad procesal el guardar silencio en la etapa probatoria de la actuación disciplinaria, para posteriormente en el juicio contencioso invocar falencias procesales del trámite administrativo.
En ese sentido no es cierto que en el proceso disciplinario no se hubiese escudriñado en los argumentos y hechos favorables a la defensa del investigado, por el contrario lo que ocurrió fue que a pesar de la investigación integral se demostró que la conducta fue comedida por el encartado, estaba consagrada como, falta y por ella era disciplinariamente responsable. Por lo anterior el cargo no prospera.
3.2.3. Sobre la violación de los términos legales para proferir las actuaciones disciplinarias.
El libelista sostiene que los falladores disciplinarios violaron los términos procesales, en la medida en que, la investigación no se inició de forma inmediata una vez conocida la infracción disciplinaria —L. 734/2002 art. 70— el proceso disciplinario se extendió por más de seis (6) meses, pues, la apertura de la investigación tuvo lugar el 7 de marzo de 2005 y el fallo de primera instancia fue proferido el 23 de enero de 2007 —L. 734/2002 art. 156—; y el fallo disciplinario de segunda instancia se profirió el 21 de junio de 2007, luego de 170 días de haberse presentado el recurso de apelación, cuando para tales efectos, la autoridad sancionadora tenían únicamente 45 días.
La Corte Constitucional(7) ha sido insistente en precisar la importancia que tiene para la conservación de las garantías del debido proceso el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales estas se desarrollen, al punto que el cumplimiento de aquellas por parte de la autoridad encargada de adelantar un trámite administrativo y/o judicial, constituye base fundamental para la efectividad de los derechos de los ciudadanos.
La consagración de los términos procesales lleva implícito el derecho a recibir una pronta y oportuna decisión de las autoridades, en otras palabras, a que los asuntos puestos en conocimiento de aquellas se resuelvan sin dilaciones injustificadas(8).
Sin embargo, ese mismo tribunal(9) en referencia a situaciones como la planteada en el cargo bajo estudio, señaló que la inobservancia “per se” de un término procesal, verbigracia, el legalmente fijado para la investigación disciplinaria, no da lugar a la invalidez del procedimiento sancionatorio, en la medida en que, es necesario que se valoren las circunstancias en que tal situación ocurrió y si con ello se afectó el derecho de defensa del investigado.
En relación con lo anterior esta Sala(10) también ha precisado que, sin desconocer el derecho que tiene el inculpado de resolver oportunamente su situación disciplinaria, el vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar ni genera nulidad del proceso disciplinario.
Ahora, se tiene que, si bien el término para adelantar la investigación como el consagrado para resolver la segunda instancia disciplinaria pudo haber excedido el previsto en los artículos 156 y 171 de la Ley 734 de 2002, este hecho, no constituye una violación al debido proceso por dilación injustificada del trámite de la alzada ni del proceso disciplinario en su totalidad.
Lo dicho por cuanto, al demandante le fueron notificadas en debida oportunidad todas las actuaciones realizadas por el operador disciplinario, contra las cuales presentó los recursos y solicitudes pertinentes siendo oportunamente resueltas; además presentó descargos y alegaciones que fueron debidamente analizadas, y finalmente no demostró de qué forma la extemporaneidad pudo llegar a afectar sus garantías sustanciales y procesales. En consecuencia el cargo es infundado.
3.2.4. Sobre la violación del derecho al trabajo.
El demandante presenta el cargo como consecuencia de la prosperidad de los anteriores, al indicar que los operadores disciplinarios con la desvinculación ilegal del servicio afectaron su derecho al trabajo.
Esta Sala en sentencia reciente(11), en relación con el cargo de afectación del derecho al trabajo como consecuencia de una sanción disciplinaria —lo cual se aplica al asunto debatido—, señaló que este no es absoluto y en manera alguna impide con el cumplimiento de los requisitos legales, en cada caso concreto, el rompimiento de la relación laboral bien sea por una situación meramente administrativa, como puede serlo el retiro del servicio o como consecuencia de una sanción de tipo disciplinario, pues este derecho cuando se concreta en una vinculación laboral también implica para el empleado obligaciones y deberes a los cuales está sujeto.
Corolario de lo expuesto y de conformidad con las documentales que obran en el expediente, se concluye que el demandante infringió las normas disciplinarias; en consecuencia, los fallos que le impusieron la sanción cuya nulidad demanda en el sub lite, deben mantenerse, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda.
IV.FALLA:
DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jorge Eduardo Serna Sánchez contra la Procuraduría General de la Nación.
DECLÁRASE, no probada la excepción propuesta por la Procuraduría General de la Nación.
(2) Código Contencioso Administrativo (D. 01/84), artículo 137. Contenido de la demanda. “Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. (...).”. (Destacado fuera de texto).
El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-197 de 7 de abril de 1999, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. El fallo señaló la asequibilidad de numeral “bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el artículo 4º de la Constitución”.
(3) Decreto 1798 de 2000, artículo 37. Faltas gravísimas. “Son faltas gravísimas, sancionables con destitución las siguientes:
3. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo (...)”. (Negrilla fuera de texto).
(4) Ley 599 de 2000, Código Penal. Artículo 414. Prevaricato por omisión. “Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”. (Destacado y cursiva fuera de texto).
(5) Decreto 1798 de 2000. Artículo 41. “Sanciones principales. Son sanciones principales las siguientes:
3. Multa: consiste en imponer al infractor el pago de una suma de dinero de uno (1) hasta treinta (30) días de sueldo básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta, el cual se hará efectivo por la tesorería de la respectiva unidad por medio de descuentos que se realicen al disciplinario a favor de la dirección de bienestar social de la Policía Nacional.
PAR.— Las faltas gravísimas serán sancionadas siempre con la destitución, las graves y leves con cualquiera de las sanciones a que se refiere el presente artículo”. (Destacado y cursiva fuera de texto).
(6) Decreto 1798 de 2000. Artículo 42. “Sanciones accesorias. Es sanción accesoria la inhabilidad para ejercer funciones públicas por un término entre uno (1) y cinco (5) años, la cual será fijada en el mismo fallo que disponga la destitución. La inhabilidad también procede cuando se imponga la sanción de suspensión, por un término igual al de esta (…)”. (Destacado y cursiva fuera de texto).
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 12 de marzo 2002, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
(8) Corte Constitucional, Sentencia C-728 de 21 de junio de 2000, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
(9) Corte Constitucional, Sentencia SU-901 de 1º de septiembre de 2005. Sala Plena “Del solo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrifico irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación (…) si bien en el proceso disciplinario adelantado contra el actor se desconoció el término legalmente fijado para la investigación preliminar, tal irregularidad no afectó ni el debido proceso ni el derecho de defensa y por ello no puede haber lugar al amparo constitucional de tales derechos y a la declaratoria de invalidez de lo actuado”.
(10) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 18 de octubre de 2007, expediente 760012331000200303595 01 (2250-2006). Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado. Actor: Nelly Caicedo Lourido. Ver también, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 8 de noviembre de 2007. Radicación 47001-23-31-000-2001-00955-01(3834-04). Actor: Antonio Rafael Vives Cervantes. Demandado: Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial.
(11) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 11 de octubre de 2012, expediente 11001032500020100019300. Número interno: 1458-2010. Autoridades nacionales. Actor Miguel Antonio Santamaría Dávila.

References: artículo 3
 Resolución 
 artículo 137
 artículo 143
 artículo 37
 artículo 414
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 129
 artículo 137
 artículo 4
 artículo 37
 Artículo 414
 artículo 14
 Artículo 41
 Artículo 42