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﻿ Sentencia 6261 de mayo 28 de 2002
SENTENCIA 6261 DE 28 DE MAYO DE 2002
CONTENIDO:REGLAS PARA LA PARTICIÓN DE SUCESIONES. NO SON IMPERATIVASSON ORIENTADORAS Y POR LO TANTO FLEXIBLES.
Sentencia 6261 de mayo 28 de 2002
Ref.: Expediente 6261
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los señores César Augusto, Mauricio y Luis Napoleón Cajiao Rojas, contra la sentencia aprobatoria de la partición realizada dentro del proceso de sucesión de la señora Carmen Bonilla de Cajiao, dictada el 20 de septiembre de 1996 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.
1. El 1º de septiembre de 1967 el señor José Antonio Cajiao, cónyuge supérstite, y los señores Álvaro y María Teresa Cajiao Bonilla, hijos legítimos de la causante, presentaron demanda de apertura del proceso de sucesión de la señora Carmen Bonilla de Cajiao, dentro de cuyo trámite se les reconoció la calidad de interesados en las referidas condiciones y se practicó luego la diligencia de inventario y avalúos que obra a folio 33 del expediente.
2. En el transcurso del proceso los nombrados hijos legítimos de la causante cedieron sus derechos herenciales al señor Harold Enrique Vivas, por medio de la escritura pública 1054 de 5 de septiembre de 1983, a quien se le aceptó su intervención como cesionario, según auto de 11 de abril de 1985 (fl. 178, vto. del cdno. ppal.). Este mismo cesionario pidió y obtuvo el decreto de posesión efectiva de la herencia respecto de los inmuebles denominados “Las Chozas” y “La Argentina”, descritos a folios 344 y 345, según reza el auto dictado por el juez el 17 de junio de 1986 (fl. 355).
3. A raíz de la muerte del cónyuge de la causante, señor José Antonio Cajiao, acaecida el 14 de agosto de 1989 (fl. 407), quien para ese momento venía actuando por medio de su propio apoderado judicial, sus hijos legítimos Álvaro y María Teresa Cajiao Bonilla decidieron revocar el poder que había otorgado su difunto padre a los doctores Óscar del Toro, como principal, y Silvio Perafán, como sustituto, y designaron en su reemplazo, y también para que actuaran en nombre y representación de ellos, al abogado Alberto Córdoba Hoyos; solicitudes éstas que en principio les fueron aceptadas (fls. 408, 409 y 410).
4. Posteriormente, César Augusto y Mauricio Cajiao Rojas, aduciendo su condición de hijos extramatrimoniales de José Antonio Cajiao y ante el fallecimiento de éste, dirigieron al juez de conocimiento el memorial de 11 de mayo de 1992 en el que confirman el poder que su padre había otorgado a los doctores Óscar del Toro, como principal, y Silvio A. Perafán, como sustituto, pero en orden inverso, o sea éste en el carácter de principal y aquél en el de sustituto, o piden que se entienda su pedimento como nuevo poder en dicho orden (fl. 413). Previa oposición del apoderado del cesionario, atrás nombrado, el juez dictó auto el 25 de junio de 1992, donde, luego de advertir que los señores Cajiao Rojas en ningún momento otorgan dicho mandato para su propia representación en este sucesorio, ordena comunicar a los litigantes la ratificación del poder que había otorgado su difunto padre (fl. 420), la cual aceptó el abogado Silvio Perafán (fl. 457), como apoderado principal, quien a su vez presentó poder para representar a Luis Napoleón Cajiao Rojas, en los mismos términos que lo habían otorgado los hermanos Mauricio y César Augusto Cajiao Rojas (fls. 455, 456 y 457).
5. Todo lo anterior, más la petición que habían formulado los apoderados del cesionario y de los hijos legítimos de la causante en el sentido de que se aprobara la participación presentada por el partidor designado al efecto, dio lugar a que el juez dictara el auto de 6 de octubre de 1992 (fl. 458) en el cual señala que los nombrados Cajiao Rojas si bien no tiene interés para intervenir en la sucesión de Carmen Bonilla, sí lo tienen respecto de los gananciales que le puedan corresponder a su padre fallecido José Antonio Cajiao y como herederos que son de éste, “... y además, tiene su fundamento jurídico en la figura conocida como sucesión procesal que se encuentra estipulada en el artículo 621 del Código de Procedimiento Civil ...”. En tal virtud resolvió: “Primero. Se aclara, que los Drs. Óscar del Toro y Silvio A. Perafán Mellizo, tienen personería para intervenir en el presente juicio, de conformidad con el memorial poder que en vida otorgó el señor José Antonio Cajiao (fl. 362) y a la personería que igualmente se les reconoció, y en atención a los memoriales que han presentado los señores César, Mauricio y Luis Napoleón Cajiao Rojas, herederos del cónyuge supérstite José Antonio Cajiao, ya fallecido”. Consecuentemente, ordenó dar traslado a los interesados del trabajo de partición, el cual obra entre los folios 425 y 453 del cuaderno principal.
6. En su oportunidad, el abogado Silvio A. Perafán, diciendo obrar en la condición de apoderado principal de César Augusto y Mauricio Cajiao Rojas, y afirmando que estos se hallan reconocidos como sucesores procesales de José Antonio Cajiao, objetó la partición por las siguientes razones: 1. Por haber pretermitido la elaboración e inclusión de la hijuela de gastos y deudas y no haberse adjudicado ésta al cónyuge José Antonio Cajiao; y 2. Por no haber excluido de la adjudicación bienes propios del cónyuge sobreviviente, sobre los cuales se había promovido proceso de exclusión de bienes en el cual se obtuvo sentencia favorable, cuya copia se agregó al expediente para que surtiera los efectos legales desde antes de que se solicitara y ordenara la participación (fls. 1 a 7, cdno. de incidente de objeciones a la partición).
7. Tramitado el incidente, el juez de la causa le dio cabida a las objeciones y dispuso que la partidora rehiciera el trabajo de partición a fin de que, por un lado, se incluyera “la hijuela de gastos y deudas, causados con motivo del trámite sucesoral y/o liquidación de la sociedad conyugal de los esposos Carmen Bonilla y José Cajiao y se adjudique a la persona o personas que haya o hayan solventado tales gastos y en la medida en que aparezcan acreditados”; por otro lado, ese funcionario ordenó que se excluyera de la partición los bienes que mediante el respectivo proceso ordinario se ordenaron excluir de los inventarios de la sucesión (auto de sep. 15/93, fls. 61 a 67, cdno. del incidente).
8. Contra el referido auto interpusieron recurso de apelación los apoderados del señor Harold Vivas y de los hijos legítimos de la causante, el cual fue decidido por el tribunal confirmando el auto impugnado aunque con la modificación de que el partidor adjudique la hijuela de gastos y deudas a todos los coasignatarios reconocidos y disponga el reembolso, en equivalencias presentes, de aquellas cantidades cubiertas por José Antonio Cajiao a título de gastos sucesorales (auto de jul. 12/94, fls. 27 a 36, cdno. del tribunal correspondiente).
9. Ante la renuncia de la partidora, el juez designó su reemplazo, quien efectuó el nuevo trabajo de partición que obra entre los folios 484 y 505 del cuaderno principal, el cual fue aprobado mediante sentencia de 13 de marzo de 1995, dictada por el Juez Primero Promiscuo de Familia de Popayán, la cual aparece a folios 517 a 521 del cuaderno principal.
10. Contra la sentencia aprobatoria de la partición interpuso apelación el abogado Óscar del Toro, quien en el escrito respectivo dijo reasumir el poder que como apoderado principal le había conferido José Antonio Cajiao. No obstante las dudas que señaló el juez para conceder la impugnación, desde el punto de vista del interés del recurrente, optó por la afirmativa y fue admitido luego por el tribunal, sin reservas.
11. El ad quem decidió la alzada por medio del fallo aquí impugnado, en cuya parte resolutiva se dispuso: 1. Confirmar parcialmente la sentencia del 13 de marzo de 1995, en todo lo relacionado con la partición y adjudicación de las diferentes partidas que conforman el activo sucesoral; 2. Modificar la sentencia en lo referente al pasivo sucesoral, el que se adiciona en la suma de $ 7.599.74 correspondiente al pago de peritos, con lo cual arroja la suma total actualizada de $ 14.812.986.27, “pasivo que se adjudica a prorrata en cantidades iguales entre los coasignatarios”; y, 3. Ordenar el reembolso de la mitad de este pasivo —$ 7.406.493— a favor de los señores Álvaro y César Cajiao Rojas y a cargo de Harold Vivas López, suma equivalente al 50% del pasivo sucesoral debidamente actualizado.
12. Contra la sentencia de segunda instancia acabada de reseñar el abogado Perafán, obrando como apoderado de los herederos de Antonio Cajiao, interpuso el recurso de casación, el mismo que es ahora objeto de decisión.
Fundamentos del fallo del tribunal
1. En la parte considerativa, el tribunal señala que dos son los puntos sobre los cuales se ordenó rehacer el trabajo de partición: la exclusión de bienes propios del cónyuge supérstite y la conformación de la hijuela de deudas y gastos de la sucesión a fin de que ésta se adjudicara a los coasignatarios a prorrata de sus derechos, disponiendo los subsiguientes reembolsos, en equivalencias presentes, de las cantidades cubiertas por José Antonio Cajiao a título de gastos sucesorales.
2. Respecto del primero, observa el sentenciador que en efecto el partidor excluyó del acervo hereditario los bienes que conformaron las partidas tercera, sexta, séptima y octava del trabajo de partición inicial, por lo que dicho auxiliar se sujetó a la previsión formulada en ese sentido.
3. En cuanto al segundo punto, estima el tribunal que el partidor conformó una hijuela de deudas y gastos en forma clara, teniendo en cuenta los recibos de pago que obran en el expediente; únicamente omitió incluir dos recibos de pago efectuados por el entonces cónyuge sobreviviente a los peritos avaluadores que arrojan un total de $ 7.599.74, error aritmético que debe subsanarse incluyendo tal suma en el pasivo sucesoral.
4. Expresa el fallador que el apelante se duele de que el partidor no haya dado cumplimiento a lo ordenado por el tribunal para hacer el segundo trabajo de partición, ni se haya sujetado a las previsiones contenidas en el título X, libro tercero, del Código Civil; en especial por haber desatendido la regla 7ª contenida en el artículo 1394 del Código Civil, puesto que se le adjudicaron al cónyuge supérstite dos vehículos, semovientes y dinero (partidas 7ª, 6ª y 12 – el tribunal dice que esta corresponde a la 8ª), sin considerar que no habiendo otros bienes de la misma naturaleza, clase y calidad de los contenidos en dichas partidas se debió adjudicar la totalidad de los bienes que conformaban dichas partidas en común y proindiviso.
5. A este último respecto el tribunal estima que las expresiones que emplea el citado precepto en el sentido de indicar que el partidor ha de guardar la “posible igualdad” en las adjudicaciones, no constituyen un mandato imperativo y riguroso al cual deba sujetarse dicho auxiliar, sino que contiene criterios legales de equidad que él debe atender. Con buen criterio, agrega, el partidor adjudicó los bienes como cuerpo cierto y no proindiviso; conocedor que era de los diferentes y opuestos intereses económicos de las partes en este proceso, lo que evidencia la sola lectura del expediente, trató de evitar en lo posible litigios posteriores.
6. Tampoco le asiste razón al apelante —continúa diciendo el tribunal— en cuanto alega que el partidor no hizo división material de ningún predio —refiriéndose al inmueble denominado “Las Chozas”—, ya que en la participación se delimitaron claramente, por linderos especiales, los dos predios en los que se dividió materialmente tal inmueble, adjudicándose como cuerpo cierto un lote a cada uno de los asignatarios, en forma equitativa y proporcional.
7. A renglón seguido, afirma el ad quem que el segundo trabajo de partición se ajusta a los parámetros que él mismo dispuso y a lo establecido por el título X, libro 3º del Código Civil; él “... se realizó de la manera más ortodoxa utilizada en la práctica jurídica, aplicando los principios de equidad, proporcionalidad y justicia que deben regir tales trabajos”; acertadamente tuvo en cuenta que José Antonio Cajiao optó por gerenciales y que, consiguientemente, le correspondía el 50% de los bienes inventariados y un porcentaje igual al señor Harold Vivas, en calidad de cesionario de derechos herenciales, “procediéndose en legal forma a liquidar la sociedad conyugal existente"; en fin, el partidor adjudicó los bienes relacionados en las diligencias de inventarios y avalúos e hizo las hijuelas de adjudicación por los valores asignados, con un resultado de sumas iguales, “según la comprobación matemática que obra a folio 504 del trabajo de partición”.
8. De otro lado, el tribunal atiende los reclamos formulados respecto de la actualización de los reembolsos, y después de explicar los sistemas que se aplican para ellos y el que fue empleado por el partidor, el cual estima que no es representativo del costo del dinero, concluye diciendo que por economía procesal no ordenará rehacer nuevamente el trabajo de partición, pero que confirmará la sentencia aprobatoria del mismo haciéndole ajustes económicos a los reembolsos previstos por el partidor sobre pago de impuestos ($ 166.590) y el que se deriva del pago de honorarios de peritos ($ 7.599.74), ya referido, a la tasa de interés del 24% anual, causados a partir de la fecha en que el cónyuge supérstite realizó los respectivos pagos, todo lo cual arroja un pasivo sucesoral de $ 14.812.986.27, cuya mitad a restituir a cargo de Harold Vivas asciende a la cantidad actualizada de $ 7.406.493.
9. Por último, el fallador advierte que no se detendrá en otros motivos de inconformidad planteados por el apelante, toda vez que están referidos a aspectos diferentes a las pautas que en su momento fijó el tribunal, y se refieren a puntos definidos a lo largo del proceso sobre los cuales jurídicamente no es procedente volver.
4.2. El cargo primero evidencia la falta del requisito formal consistente en señalar, clara y precisamente, cuáles son las normas que en él se estiman infringidas, toda vez que aunque enuncia distintos preceptos por su numeración, no los remite a ninguna ley, decreto, código o cuerpo de normas a los que pertenecen, sin que le sea dable a la Corte, ante esa indeterminación, ubicarlos a su manera; de esta observación sólo escapa la mención que en desarrollo de la acusación se hace de los artículos 1821 y 1016 como pertenecientes al Código Civil, lo cual, por sí mismos, es insuficiente para superar la falta de técnica que surge por no avenirse al censor con las conclusiones del análisis de los hechos alcanzados en la sentencia, siendo que formuló el cargo por vía directa.
Y aunque una flexible interpretación permitiese inferir o concretar que las normas acusadas hacen parte del Código Civil, no puede la Sala pasar por alto que de todos modos el cargo, en tanto que se encauza por la vía directa, refulge inepto en casación, puesto que en sus planteamientos el censor parte de supuestos fácticos distintos de los que fueron considerados por el partidor y por el tribunal.
En efecto, básase la acusación en que el pasivo social descrito en los inventarios, en la partida B, folio 39, que se refiere a una obligación hipotecaria, fue pagado por la adjudicación que se hizo al acreedor del bien hipotecado, propio del cónyuge supérstite, lo que corresponde a un aspecto fáctico que no fue considerado por el tribunal, quien, por el contrario, estimó ajustada la partición en un todo a los inventarios, y la halló correcta a pesar de la afirmación que hizo el partidor en el sentido de que las deudas allí incluidas ya estaban canceladas, y que sólo se le adeudaba al cónyuge, José Antonio Cajiao, la suma que éste había pagado por concepto de impuestos sucesorales, a la cual sólo añadió la orden de reembolsar a su favor el pago de unos honorarios de peritos que también dicho cónyuge había efectuado.
De otro lado, cabe añadir a lo anterior, el supuesto fáctico mencionado en el cual centra la censura su inconformidad, o sea el pago de una deuda social con bien propio del cónyuge supérstite, para deducir consecuencias jurídicas y económicas en su favor, ya como recompensa o ya como un reembolso adicional, jamás fue objeto de reclamo o discusión de algún modo por parte del recurrente; ello traduce, sin la menor duda, que el asunto planteado se trae por primera vez a propósito del recurso extraordinario, que el punto no fue materia de objeciones a la partición inicial y que, por tanto, al respecto surge desinterés de los impugnantes, desde luego que viendo las cosas desde la perspectiva de que se pudiera obviar la falta de técnica que muestra el ataque, y en especial la consistente en que en él la censura desatiende las cuestiones de hecho tal y como fueron apreciadas por el sentenciador, no obstante venir el cargo enfilado por la vía directa.
4.3. En lo que concierne con los demás cargos es evidente que las censuras que en ellos se hace a la sentencia impugnada, tal y como fueron antes compendiadas, se hallan dirigidas a poner de presente que el partidor no siguió, a pie juntillas, las reglas señaladas en el artículo 1394 del Código Civil; considera el recurrente que su aplicación le imponía a aquél dividir exactamente por dos los semovientes que en número plural aparecen descritos en el inventario; adjudicar a los interesados la mitad de la partida de dinero especificada en éste, y a cada uno de ellos un vehículo de los dos reseñados en la misma diligencia; así mismo, le imputa yerro jurídico al sentenciador por haber aprobado la partición a pesar de que en ella el partidor adjudicó el inmueble de mayor valor actual al cesionario Harold Vivas López, en lugar de haberlo dividido materialmente por iguales partes, y por haberle adjudicado sólo los bienes muebles al otro interesado; o en fin, basado el recurrente en el dictamen pericial que se practicó para cuantificar el interés para recurrir en casación, pone de relieve la lesión económica que le importa al cónyuge José Antonio Cajiao, dada la diferencia del valor actual de las asignaciones en perjuicio de los intereses de éste y en beneficio del otro asignatario. Todo ello para decir, en suma, que la partición rompe la igualdad y el equilibrio que deben ostentar las adjudicaciones, y que constituye un acto rescindible por lesión enorme.
4.4. Desde la perspectiva que plantean las cosas los recurrentes y de acuerdo con los pronunciamientos que ha hecho la Corte respecto del alcance que debe dársele a las reglas consagradas en el artículo 1394 del Código Civil, cuyo destinatario es el partidor, fácilmente se advierte la fragilidad de las acusaciones propuestas. En efecto:
a) Como se ha dejado dicho, las reglas para el partidor consagradas en el artículo 1394 del Código Civil no ostentan un carácter imperativo, apenas sirven de criterio orientador para permitirle al partidor realizar con equidad su trabajo; justamente por ello son flexibles y en cuanto el sentenciador las confronta para aprobar o improbar el trabajo de partición, no puede a su vez tornarlas rígidas, exactas o matemáticas, salvo en relación con el valor a los bienes en la diligencia de inventarios y avalúos, base del mismo, y a los cuales debe ajustarse el partidor, según lo dispone el artículo 1392 del Código Civil, sin perjuicio, claro está, de los acuerdos a que lleguen los interesados para obrar de modo distinto; situación que en verdad aquí no se presenta;
b) Justamente por su exacta aplicación al presente caso, cabe ahora repetir que “El artículo 1394 del Código Civil consagra normas para el partidor, que éste debe cumplir, pero que le dejan una natural libertad de apreciación de los diversos factores que han de tenerse en cuenta al realizar un trabajo de ese género. La ley no le impone al partidor la obligación de formar lotes absolutamente iguales entre todos los herederos. La jurisprudencia sobre esta materia es bien clara en el sentido de que el ordenamiento del artículo 1394 citado deja al partidor aquella libertad de estimación, procurando que se guarde la posible igualdad y la semejanza en los lotes adjudicados, pero respetando siempre la equivalencia, que resulta de aplicar al trabajo de partición, para formar varias porciones, el avalúo de los bienes hecho en el juicio. El partidor no puede, a pretexto de buscar la equidad, cambiar los avalúos, y estimar que unos bienes, muebles o inmuebles, valen menos o más de lo que el avalúo reza respecto de ellos” (CSJ, S. de Cas. Civil, jul. 7/66);
c) De otro lado, se observa que los censores, particularmente en el cargo tercero, se duelen de que no se haya hecho la partición material de los inmuebles y concretamente del predio denominado “La Argentina”, pero en realidad se abstiene de combatir los argumentos que adujo el sentenciador para aprobar el trabajo de partición. Éste se ancló, para refutar inconformidad dirigida por el entonces apelante, al predio Las Chozas (cdno. tribunal, fl. 36), en que el partidor sí efectuó la división material de ese inmueble (ib., fls. 56 y 57), lo que de paso desvirtúa la aseveración tajante que hace la parte recurrente relativa a que no se le adjudicó ningún inmueble, y en la inconveniencia que representa hacer adjudicaciones pro-indiviso ante las diferencias y falta de entendimiento entre los interesados, relucientes por sus actuaciones en el proceso sucesorio. No sobra decir que si bien es cierto que la acusación pugna los efectos que el partidor le concedió al decreto judicial de posesión efectiva de la herencia respecto del inmueble “La Argentina”, justamente para sustentar la adjudicación total de este bien a favor de Harold Vivas López, también lo es que tal decreto no fue considerado por el fallador a fin de aprobar el trabajo partitivo, ni, por ende, le sirve de respaldo al fallo impugnado, por lo que en el punto resulta inane el ataque en casación;
d) En fin, especialmente en lo que toca con los dos últimos cargos, basta decir que fluye ostensiblemente su improcedencia, pues el recurrente, sin parar mientes en que también denuncia en ellos la infracción directa de la ley, no tiene inconveniente en apartarse de los valores asignados a los bienes sociales y relictos dados en la diligencia de inventarios, considerados tanto por el partidor como por el sentenciador al aprobar la partición, con el objeto de sustentar sus acusaciones tendientes a establecer que fue aprobada la partición a pesar de presentar ésta, en su sentir, evidente desequilibrio económico en su contra; de ese modo, el censor desvíase antitécnicamente hacia los aspectos fácticos y ataca elementos diversos a los que apuntalan la sentencia acusada; pero además, incurriendo en mayúscula equivocación, el impugnante no tiene reparos para basar la acusación en el dictamen pericial que decretó el tribunal a fin de determinar el valor del interés para recurrir en casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, el cual por supuesto no tiene ninguna otra finalidad, ni produce ningún otro efecto, distinto de los que indica este precepto, ni podía ser considerado cuando se dictó el fallo acusado, lo cual se afirma como verdad de perogrullo.
4.5. Síguese entonces, de todo lo anterior, que ninguno de los cargos propuestos alcanza prosperidad.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia aprobatoria de la partición realizada dentro del proceso de sucesión de la señora Carmen Bonilla de Cajiao, dictada el 20 de septiembre de 1996 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.
Costas a cargo de la parte impugnante. En su oportunidad serán tasadas.

References: artículo 621
 artículo 1394
 artículo 1394
 artículo 1394
 artículo 1394
 artículo 1392
 artículo 1394
 artículo 1394
 artículo 370