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Timestamp: 2017-01-18 18:09:57+00:00

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SUMARIO: I. Introducción. II. Finalidad e importancia de la etapa intermedia. III. Funciones de la etapa intermedia. III.1. Funciones principales. III.2. Funciones accidentales. IV. Presupuestos. IV.1. Presupuestos de Derecho material. IV.2. Presupuestos de Derecho procesal. V. Características. VI. Procedimiento. VI.1 El Sobreseimiento. VI.2 La acusación y las objeciones. VII. La audiencia preliminar y el control de la acusación. VIII. El auto de enjuiciamiento.
La investigación preliminar consiste en la acumulación de un conjunto de información que servirá para determinar si es posible someter a una persona determinada a un juicio[1]; sin embargo, en los distintos sistemas procesales no se pasa automáticamente de la investigación o instrucción al juicio, sino que existe entre ambos una fase denominada intermedia[2].
Esta etapa intermedia, según el Código de Procedimientos Penales de 1940, comienza con el auto de elevación de la instrucción[3]. En el Código Procesal Penal de 2004[4], comienza con el auto de conclusión de la investigación preparatoria[5], resolución que se dicta cuando concluye el plazo de la investigación o cuando se han acumulado todas las actuaciones y diligencias en orden a la comprobación del delito y a la averiguación del presunto responsable.
Según el nuevo texto procesal penal, en la etapa intermedia se decide si existe o no suficiente fundamento para pasar a la etapa de juzgamiento; de esta manera, el juez de la investigación preparatoria decidirá, luego de escuchar a las partes, si existen fundamentos para aceptar la acusación propuesta por el fiscal, o si debería dictar el sobreseimiento de la causa[6].
Discute la doctrina cuál es el momento, en el que finaliza la fase intermedia: si con la apertura de juicio oral[7] o mediante las calificaciones provisionales; inclinándose Gimeno Sendra por este segundo acto procesal, por cuanto hasta el trámite de calificación pueden discutirse los obstáculos procesales (“artículos de previo pronunciamiento”) que condicionan la admisibilidad del juicio oral, constituyendo los tales escritos el último momento preclusivo para la entrada de los hechos en el proceso[8].
De acuerdo al Código Procesal Penal de 2004, la etapa intermedia concluye cuando el juez de la etapa de juzgamiento emite el auto de citación a juicio que será notificado al Ministerio Público y a las partes[9], otorgándose la dirección de esta fase al Juez de la investigación preparatoria, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, en donde el control formal de la acusación y la realización de los actos preparatorios del juicio le corresponden al propio tribunal encargado del juzgamiento. II. FINALIDAD E IMPORTANCIA DE LA ETAPA INTERMEDIA La etapa intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable; el juicio es público y ello significa que el imputado deberá defenderse de la acusación en un proceso abierto, que puede ser conocido por cualquier ciudadano[10].
La fase intermedia constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación[11]; estos requerimientos deben cumplir con ciertas formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión en la decisión judicial; por ejemplo, se debe identificar correctamente al imputado, se debe describir el hecho por el cual se pide la absolución o la apertura a juicio, se debe calificar jurídicamente ese hecho. En cualquiera de esos campos, el requerimiento fiscal puede contener errores o “vicios” que deben ser corregidos para que la decisión judicial no sea inválida[12]; el juez y los distintos sujetos procesales tendrán interés en corregir esos defectos y de que la decisión judicial no contenga errores o en que estos no se trasladen a la etapa de juicio donde pueden generar mayores perjuicios o invalidar la totalidad del propio juicio[13].
Desde el punto de vista sustancial, la fase intermedia consiste en una discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o requerimientos conclusivos[14]. Siempre, luego de esta discusión preliminar, se produce una decisión judicial; si el juez o tribunal decide admitir la acusación, se dictará el auto de apertura a juicio, que es la decisión propia de esta fase; si no se admite la acusación, se podrá dictar el sobreseimiento[15].
La etapa intermedia, tiene por objeto conocer si el tribunal ordinario debe abrir el juicio oral; esta etapa responde a una finalidad de economía procesal, que consiste en despachar rápidamente en sentido negativo sin juicio oral asuntos que no merecen un debate, y de ahorrar al inculpado molestias procesales inútiles.[16]
Para este efecto, corresponde al órgano jurisdiccional competente examinar si la instrucción está bien concluida, y decidir, de encontrarse completa la investigación o no poder actuarse nuevas diligencias por imposibilidad legal, si se debe sobreseer la instrucción o dictar acto de enjuiciamiento o de apertura del juicio oral; por consiguiente, se trata de una etapa eminentemente crítica, donde las funciones de imputación y de control adquieren su máxima expresión, pues hace mérito sobre la tarea desarrollada durante la instrucción[17].
La etapa intermedia, por consiguiente, sirve para revisar y valorar los resultados de la instrucción examinando la fundamentaciòn de la acusación y resolviendo sobre el reconocimiento de la pretensión penal, con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio. Es de tener presente, en primer lugar, que a esta etapa corresponde ponderar los hechos que previamente han sido objeto de investigación sumarial y sobre los que finalmente versará la sentencia; y, en segundo lugar, que tanto a dicha etapa cuanto a la instrucción resulta de aplicación el aforismo
in dubio pro accusatione[18] (pro societate) mientras que en el juicio oral rige la máxima in dubio pro reo[19].
Como se ha visto, la importancia principal del procedimiento intermedio reside en su función de control negativa, pues en ella se discute la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior; se pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado[20]. Se abre el procedimiento principal cuando, según el resultado del procedimiento preliminar, el procesado es “suficientemente sospechoso” de haber cometido una acción punible; es decir, cuando es de esperar su condena con una fuerte probabilidad. El interés público en la realización de un juicio oral nunca puede suplir la sospecha sobre la comisión del hecho punible; sin embargo, la sospecha “suficiente” sólo alcanza para la cuestión referida a la comisión del hecho[21].
III. FUNCIONES DE LA ETAPA INTERMEDIA
La doctrina atribuye, de modo unánime, las funciones de revisión e integración del material instructorio y el control de los presupuestos de apertura del juicio oral. Desde esta perspectiva, la etapa intermedia tiene funciones principales y accidentales[22]:
III.1. Funciones principales
Las funciones principales de la etapa intermedia pueden ser tanto de carácter positivo como de carácter negativo. Su carácter positivo consiste en dilucidar si concurren los presupuestos del juicio oral, esto es, si se ha acreditado suficientemente la existencia de un hecho punible y si se ha determinado a su presunto autor[23]. Su carácter negativo estriba en depurar la
”notitia criminis” y a evitar que determinadas personas, cuya inocencia esté evidenciada en esta fase, puedan “sentarse en el banquillo” cuando ineludiblemente el Tribunal habrá de pronunciar una sentencia absolutoria[24]; esto último es lo que Maier califica de justificación política del procedimiento intermedio[25].
III.2. Funciones accidentales
Junto a las funciones positiva y negativa, consustanciales a dicha fase asumen también otras de carácter accidental[26] como son:
a) Depuración del procedimiento: Destinada a resolver, con carácter previo, la existencia o no de presupuestos procesales, de excepciones, de cuestiones previas y prejudiciales y cuestiones de competencia.
La función de depuración alude a lo que en materia procesal civil se conoce como “saneamiento procesal”; es decir, en la etapa preparatoria se subsanan los vicios o nulidades relativas y absolutas. La función de depuración del proceso implica la verificación de la existencia del respeto de las garantías procesales genéricas y especificas consustanciales a la idea de debido proceso, encontrándose dentro de estas justamente la del derecho de defensa. b) Complementación del material instructorio: Respecto a la función de complementación del material probatorio, la doctrina mas autorizada ha convenido en que la etapa intermedia tiene como uno de sus propósitos determinar si la instrucción se encuentra debidamente agotada y, si ello no es así, establecer un plazo ampliatorio para la actuación de nuevas diligencias[27]. Si determinados hechos conexos o circunstancias relevantes del hecho no han sido suficientemente investigados a lo largo de la instrucción, pueden las partes acusadoras solicitar y obtener la concesión de un plazo ampliatorio para la actuación de nuevas diligencias. Debido a los abusos que esta facultad ha ocasionado en la práctica forense al punto a ocasionar “dilaciones indebidas”, las últimas reformas legislativas la han limitado.[28]
c) Complementación de la imputación:
Destinada a posibilitar que el Fiscal Superior proponga la investigación de otro delito, que fluye de la denuncia o de la instrucción y que se comprenda a otras personas en los hechos delictivos investigados. En ambos supuestos, el órgano jurisdiccional dispondrá –si está de acuerdo con esa solicitud- la ampliación del plazo instructorio[29].
De lo expuesto se desprende que la etapa intermedia no es propiamente una fase de “preparación del juicio oral” sino mas bien el momento procesal en que se decide si el juicio es o no procedente.[30]
La Corte Suprema recientemente ha establecido que la etapa intermedia, a través del auto de enjuiciamiento, tiene una función de control de la acusación respecto de los delitos, encausados y agraviados que fueron materia de la denuncia fiscal y del autoapertorio de instrucción y sus ampliatorios, y, a su vez, la función programática del juzgamiento para garantizar la eficiencia en el resultado del proceso, lo que obliga a estudiar íntegramente lo instruido. De esta forma es posible advertir omisiones del fiscal y errores en la acusación, así como requerir informes vinculados a los beneficios penitenciarios, entre otros[31].
La finalidad esencial de la fase intermedia, tal y como se ha adelantado, es determinar si concurren o no los presupuestos, materiales y formales, que condicionen la apertura del juicio oral o, lo que es lo mismo, la admisibilidad y fundamentaciòn de la pretensión penal; la ausencia de alguno de ellos ha de ocasionar el oportuno sobreseimiento.[32]
IV.1. Presupuestos de Derecho material[33]
Los presupuestos materiales constituyen los requisitos esenciales de la pretensión penal: la existencia de la acción delictuosa, de un lado, y la legitimación pasiva o responsabilidad penal, de otro. Pueden, pues, ser sistematizados en presupuestos objetivos y subjetivos; los primeros atañen a la existencia del hecho y a su tipicidad. Si a lo largo de la instrucción se acredita suficientemente que el hecho nunca existió, procederá el sobreseimiento, así como al acreditarse la existencia del hecho pero tal conducta no sea subsumible en norma alguna del Código Penal[34]. Por los presupuestos subjetivos ha de proceder el sobreseimiento cuando los procesados “aparezcan exentos de responsabilidad criminal como autores, cómplices o encubridores”.
IV.2. Presupuestos de Derecho Procesal
a). Presupuestos procesales “stricto sensu”:
Subsisten presupuestos procesales, que condicionan la válida indicación del procedimiento (la denuncia y querella en delitos semipúblicos y privados[35], la falta de “excitación previa del Gobierno” o incluso la “licencia” del juez o Tribunal), con respecto a los cuales la solución del sobreseimiento vería impedido de ejercitar la acción penal, ante los efectos de cosa juzgada, de los que gozan esta clase de resoluciones[36].
b). Insuficiencia de prueba
Cuando, de la instrucción practicada, los actos de investigación hubieran puesto de relieve la falta de material de hecho suficiente para fundamentar la pretensión punitiva, bien en su dimensión objetiva (existencia del hecho), bien en la subjetiva (determinación del presunto autor) habrá de sobreseerse la causa “provisionalmente”[37].
V. CARACTERISTICAS
La etapa intermedia tiene carácter crítico, pues bajo el control judicial se determina si procede enjuiciar a una persona que ha sido previamente investigada[38]. Otras características de esta etapa son: a) La dirige el Juez de la Investigación Preparatoria
El Nuevo Código Procesal Penal otorga la dirección de esta fase al juez de la investigación preparatoria[39], a diferencia del Código de Procedimientos Penales, en donde la fase intermedia no tiene mayor funcionalidad, pues el control de la acusación y la realización de los actos preparatorios del juicio le correspondían al propio tribunal encargado del juzgamiento.
b) Es una fase funcional inherente al modelo acusatorio
La funcionalidad de la fase intermedia en el Nuevo Código Procesal Penal, tiene que ver mucho con la adopción del modelo acusatorio-adversativo, y se funda en la idea de que los juicios deben ser convenientemente preparados y de que sólo se puede llegar a ellos luego de una conveniente actividad responsable.
En esta fase se tiene que decidir, previo debate en audiencia, sobre el requerimiento de sobreseimiento, el control sustancial y formal de la acusación, admitir la prueba ofrecida, resolver medios de defensa técnica, sanear el proceso y resolver las cuestiones que se plantean para preparar de la mejor manera el juicio en la audiencia preliminar, así como dictar el auto de enjuiciamiento[40].
c) Evalúa la investigación preparatoria
El Juez de la Investigación preparatoria, en la fase intermedia debe decidir si hay causa o base para proceder a juicio; a esta conclusión sólo podrá llegar al examinar el conjunto de la investigación[41].
Para lograr su cometido, el juez deberá respetar el contradictorio realizando una audiencia, bien sea sobre el requerimiento de sobreseimiento o sobre la acusación, en la que las partes alegarán sus pretensiones y elementos de convicción que los sustentan[42].
d) Control de la actuación fiscal
Ferrajoli[43] sostiene que la separación del juez y órgano de acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio. Consustancial a este principio lo es el método de la contradicción, que se expresa en la exigencia de que haya un juez imparcial que controle la acusación, rechazándola o admitiéndola, en cuyo caso ordena la apertura del juicio.
Un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar que la decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria. Toda acusación debe ser fundada, esto es, que los elementos de convicción establezcan una probabilidad de que la persona acusada ha cometido el delito[44] y de que existen pruebas que puedan probar ello en juicio.
La fase intermedia cumple una función de discusión o debate preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación. Es por ello que el Código Procesal Penal de 2004 autoriza a las partes a formular objeciones a la acusación[45], las mismas que pueden ser de fondo y de forma.[46]
Una vez que se dicta el auto de conclusión de la investigación, corresponde al Fiscal que actúa ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la etapa o fase intermedia, pronunciarse sobre el mérito de la instrucción[47].
Es esencial tener presente que del dictamen que emita el Fiscal dependerá la resolución qué en su momento dictará el órgano jurisdiccional. Ello importa reconocer, de un lado, el papel protagónico que se reconoce al Fiscal para determinar la procedencia del juicio oral y, de otro lado, la función básicamente de control que cumple, el órgano jurisdiccional[48].
El fiscal, según el Código de Procedimientos Penales de 1940 tiene 3 opciones: a) solicitar un plazo ampliatorio de la investigación, a fin de que se complemente la fase instructora o la imputación; b) emitir un dictamen no acusatorio y, en consecuencia, solicitar al juez la expedición de un auto de sobreseimiento, y c) formular acusación, lo que determinará la emisión del auto de enjuiciamiento o de apertura del juicio oral. Cada opción del Fiscal determinará, una vez devueltos los autos, la actitud del órgano judicial, por cuanto nuestro sistema procesal reconoce desde siempre al juez un control necesario de legalidad de los actos del Ministerio público “en busca de su corrección o saneamiento formal”[49].
El Código Procesal Penal de 2004 establece 2 fases: el sobreseimiento y la acusación, figuras jurídicas cuyo análisis realizaremos a continuación.
VI.1. Sobreseimiento
Se entiende por sobreseimiento la resolución firme, emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia, mediante el cual se pone fin al procedimiento penal incoado con la decisión que, sin actuar el “ius puniendi”, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada[50].
En el Código Procesal Penal de 2004, esta fase tiene carácter definitivo e implica el archivamiento de la causa con relación al imputado, en cuyo favor se dicte, y tiene la autoridad de cosa juzgada. En este auto se levantarán las medidas coercitivas, personales y reales que se hubieran expedido contra la persona o bienes del encausado. Contra este auto puede interponerse un recurso de apelación; sin embargo, esta impugnación no impide que proceda la inmediata liberación del imputado, en el caso de que se encuentre detenido.
Las razones del sobreseimiento serán las siguientes[51]: a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad; c) La acción penal se ha extinguido; y d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. El Nuevo Código Procesal penal prescribe que el Fiscal enviará al Juez de la Investigación Preparatoria el requerimiento de sobreseimiento, acompañando el expediente fiscal. El Juez correrá traslado del pedido de la solicitud a los demás sujetos procesales por el plazo de diez días, quienes podrán formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido. La oposición, bajo sanción de inadmisibilidad, será fundamentada y se podrán solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que se consideren procedentes. Vencido el plazo del traslado, el Juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. La audiencia se instalará con los asistentes, a quienes escuchará por su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal.
El Juez se pronunciará en el plazo de quince días. Si considera fundado el requerimiento fiscal, dictará auto de sobreseimiento; si no lo considera procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Provincial, la resolución judicial debe expresar las razones en que funda su desacuerdo. El Fiscal Superior se pronunciará en el plazo de diez días, y con su decisión culmina el trámite. Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez de la Investigación Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno dictará auto de sobreseimiento; si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal Provincial, ordenará a otro Fiscal que formule acusación.
El Juez de la Investigación Preparatoria, en el supuesto que los sujetos procesales hubieren formulado oposición al sobreseimiento, si lo considera admisible y fundado dispondrá la realización de una Investigación Suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el Fiscal debe realizar. Cumplido el trámite, no procederá oposición ni disponer la concesión de un nuevo plazo de investigación.
El sobreseimiento puede ser libre o provisional, total o parcial. El sobreseimiento libre debe pronunciarse ante la falta absoluta de tipicidad del hecho o de responsabilidad penal de su presunto autor[52], siendo equiparable a una sentencia absolutoria anticipada, por cuanto goza de todos los efectos materiales de la cosa juzgada. El sobreseimiento provisional, por el contrario, sucede cuando se carece de la base fáctica suficiente para acreditar la perpetración del delito o la participación en él de su presunto autor y ocasiona la mera suspensión del procedimiento, por lo que la instrucción puede reabrirse si los nuevos actos de investigación practicados vienen a acreditar aquellos extremos.
El sobreseimiento total es procedente, cuando, existiendo una pluralidad de imputados, ninguno de ellos tiene participación alguna en el hecho punible, por lo que su solución ha de ser la propia del “litisconsorcio necesario”, el archivo de la causa para todos ellos. Pero, si de dicha pluralidad de imputados subsisten indicios de criminalidad contra alguno o alguno de ellos, el sobreseimiento será parcial y el juicio oral se abrirá tan sólo contra quienes no les favorezca.
Aun cuando es una resolución que pone fin al procedimiento, y en ocasiones de forma “definitiva”, el sobreseimiento reviste la forma de “auto” y no de sentencia. Esta forma ha de obligar a una minuciosa fundamentaciòn por parte del órgano jurisdiccional, en la que habrán de plasmarse los elementos de convicción, en base a los cuales se infiere la conclusión en torno a la ausencia del o de los presupuestos que impiden la apertura del juicio oral[53].
VI.2. La acusación y las objeciones.
La acusación fiscal es el pedido fundamentado que formula el fiscal para que se inicie la etapa de juzgamiento contra el inculpado, por un hecho delictuoso determinado, al considerar que él es su autor, solicitando que se le imponga la pena prevista para dicho delito.
El Código Procesal Penal de 2004[54] estipula que la acusación sea notificada a las partes, y que estas podrán observarla por defectos formales, deducir excepciones y otros medios de defensa que no hubieran sido planteados con anterioridad o se funden en hechos nuevos, solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, pedir el sobreseimiento, instar la aplicación de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas para el juicio, objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, y plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio.
Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos; caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime.
El Nuevo Código Procesal Penal en materia de acusación fiscal exige al Ministerio Público la formulación de una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, y en todo caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada una de ellos, así como los elementos de convicción que sustenten el requerimiento, la participación que se atribuya al imputado y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia[55].
La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica[56].
En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de hechos que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado[57].
El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación preparatoria; y en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda[58].
VII. LA AUDIENCIA PRELIMINAR Y EL CONTROL DE LA ACUSACION Según el Nuevo Código Procesal Penal la audiencia preliminar se realiza ante el juez de la investigación preparatoria, con la presencia obligatoria del Fiscal y el abogado defensor del acusado y antes del auto de enjuiciamiento; en esta audiencia, el juez examinará las peticiones de las partes, pero sin entrar al fondo del asunto, sin actuar la prueba en ese momento, pues ello compete a la etapa de juzgamiento[59].
La realización de la audiencia preliminar permite entender por qué se denomina al momento procesal en comentario “etapa intermedia”. La intención del legislador fue la de distinguir bien las dos etapas donde se desarrollan los actos de investigación y los actos de prueba. A la etapa de investigación preparatoria le corresponde los actos de investigación y acumulación de pruebas; a la etapa intermedia le corresponde la definición de la materia que será la base del trabajo del juicio; mientras que a la etapa de juzgamiento le corresponde la actuación y valoración de los medios de prueba y sentencia[60].
Instalada la audiencia preliminar, el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del acusado y del tercero civilmente responsable, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El Fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el Juez, en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata. Oralmente se alegará, debatirá y decidirá sobre las cuestiones siguientes[61]: a) Hacer las modificaciones, aclaraciones subsanaciones que corresponda al dictamen acusatorio, siempre que sea posible: Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. En los demás casos, el Fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con intervención de los concurrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el Fiscal, en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución inapelable; b) Resolver las excepciones y cualquier otro medio de defensa; de estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el Juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Contra la resolución que se dicte, procede recurso de apelación. La impugnación no impide la continuación del procedimiento; c) El sobreseimiento, cuando concurran los requisitos señalados líneas arriba, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba; la resolución desestimatoria no es impugnable; d) realizar el juicio de admisión de los medios de prueba ofrecidos requiriéndose que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso, y que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el Juicio. El pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos. La resolución que se dicte no es recurrible; e) Decidir sobre la actuación de prueba anticipada. La decisión sobre la actuación de prueba anticipada no es recurrible. Si se dispone su actuación, ésta se realizará en acto aparte, sin perjuicio de dictarse el auto de enjuiciamiento. Podrá dirigirla un Juez si se trata de Juzgado Penal Colegiado; f) Aprobar las convenciones probatorias. La resolución sobre las convenciones probatorias no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados; g) Adoptar o variar medidas de coerción procesal; y h) Resolver las demás cuestiones planteadas para una mejor preparación del juicio.
No podrán actuarse diligencias de investigación o de prueba específicas, salvo el trámite de prueba anticipada y la presentación de prueba documental, para decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en el párrafo anterior.
Con el Nuevo Código Procesal Penal el Juez de la investigación preparatoria podrá rechazar una acusación que carezca de sustento o no tenga base para el juicio, disponiendo el sobreseimiento de la causa[62].
Ello no significa que el Juez está autorizado a desestimar una acusación por duda, sino cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírselo al imputado, no es típico, o no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado[63]. Dicho en otras palabras, la desestimación de la acusación procederá cuando no haya causa probable o base para el juicio o cuando no se ofrezcan medios de prueba para su actuación en el juicio[64].
VIII. EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO
Una vez resueltas las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar, corresponde al Juez dictar el auto de enjuiciamiento, que entre otros requisitos debe contener los medios de prueba admitidos y el ámbito de las convenciones probatorias, así como la orden de remisión de los actuados al Juez encargado del juicio oral; esta resolución no es recurrible. Como se observa, el auto de enjuiciamiento es el producto de la audiencia preliminar pues contiene el nombre de los imputados y agraviados, el delito materia de acusación fiscal, los medios de prueba admitidos, el señalamiento de las partes constituidas en el proceso y el orden de envío de los actuados al juez[65]. El juez se pronunciará sobre la procedencia o subsistencia de las medidas de coerción o su sustitución, disponiendo en su caso, la libertad del imputado, notificará el auto de enjuiciamiento al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales, y por último, dentro de las cuarentiocho horas de la notificación, el Juez de la Investigación Preparatoria hará llegar al Juez Penal que corresponda dicha resolución y los actuados correspondientes, así como los documentos y los objetos incautados, y se pondrá a su orden a los presos preventivos[66]. Recibidas las actuaciones por el Juzgado penal competente, éste dictará el auto de citación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento y de la fecha de la realización del juicio oral, salvo que todos los acusados fueran ausentes. La fecha será la más próxima posible, con un intervalo no menor de diez días[67].
Cuando se estime que la audiencia se prolongará en sesiones consecutivas, los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la sesión que les corresponda intervenir. Será obligación del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos o peritos que hayan propuesto[68].
Admitida la acusación a través del auto de enjuiciamiento, y en el marco de esta etapa intermedia, de pleno señorío del órgano jurisdiccional, las partes pueden ofrecer nuevos medios de defensa, ofrecer pruebas para el acto oral y la actuación de pruebas de urgencia. El objetivo de esta etapa es propender a celeridad mediante la vigencia del principio de concentración del juicio oral, con el cual se purga “a limine” el proceso de obstáculos procesales[69].
[1] BINDER, Alberto M. “Introducción al derecho procesal penal”. Ad Hoc, Buenos Aires. Pág. 245.
CLARIÀ OLMEDO. “Tratado de derecho procesal penal” Tomo V. Ediar. Buenos Aires, 1962, Pág. 104.
[3] Artículo 203º del Código de Procedimientos Penales de 1940.- Vencido el plazo ordinario y, en su caso, el adicional a que se contrae el artículo anterior, y cumplido el trámite a que se refiere el artículo 197º, la instrucción se elevará en el estado en que se encuentre, con el dictamen Fiscal y el informe del Juez que se emitirá dentro de los tres días siguientes de recibidos los autos, si hay reo en cárcel, o de ocho si no lo hay; en caso se haya declarado complejo el proceso, los plazos antes citados se duplicarán automáticamente [4] Promulgado por el Decreto Legislativo Nº 957, con fecha 29 de julio de 2004.
[5] Artículo 343º del Código Procesal Penal de 2004. [6] DUEÑAS CANCHES, Omar. “Importancia de la aplicación de la etapa intermedia en el proceso penal”. En: Dialogo con la jurisprudencia Nº 90. Gaceta Jurídica. Marzo 2006, Lima. Pág. 218. [7] SAN MARTIN CASTRO, César. “Derecho Procesal penal”. Tomo I. Grijley, Lima, 2003. Pág. 608.
[8] GIMENO SENDRA, Vicente y otros. “Derecho procesal. Proceso penal”. Tirant lo blanch. Valencia, 1993. Pág. 402
[9] Artículo 355º del Código Procesal Penal de 2004.
[10] BINDER, Alberto M. Ob cit. Pág. 245.
[11] Ibidem. Pág. 247.
[12] Ibidem. Pág. 246.
[13] Ibidem. Pág. 247.
[14] Ibidem. Pág. 248.
[15] Ibidem. Pàg. 250.
[16] BELING, Ernst. “Derecho procesal penal”. Labor, Barcelona, 1945. Pág. 273.
[18] En caso de duda se debe favorecer a la acusación (en beneficio de la sociedad).
[19] ALVAREZ, Alejandro E. “El procedimiento intermedio”, en: AA.VV:
El nuevo Código procesal de la nación, editores Del Puerto, Buenos Aires, 1993. Pág.156.
[20] ROXIN, Claus. “Derecho Procesal penal”. Ediciones del puerto, Buenos Aires, 2000. Pág. 347.
[21] Ibidem. Pág. 349.
[22] SAN MARTIN CASTRO, César. Ob cit. Pág. 609.
[24] GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Ob cit. Pág. 402.
[25] SAN MARTIN CASTRO, César. Ob cit. Pág. 609.
[26] GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Ob cit. Pág. 402.
[27] SAN MARTIN CASTRO, César. Ob cit. Pág. 609.
[28] GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Ob cit. Págs. 402-403.
[29] SAN MARTIN CASTRO, César. Ob cit. Pág. 609.
[30] ORMAZABAL SANCHEZ, Guillermo. “El período intermedio del proceso penal”. McGraw-Hill, Madrid. Pàg. 15.
[31] Ejecutorias Supremas de 25 de junio de 1998 Exp Nº 6434-94, Junín; de 24 de julio de 1990, Exp. Nº 1884-98 Callao; y de 6 de julio de 1998, Exp. Nº 20711-98 Tacna.
[32] GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Ob cit. 405.
[35] Ibidem. Pág. 406.
[36] Ibidem. Pág. 407.
[38] SAN MARTÌN CASTRO, César. “Derecho Procesal Penal”. Volumen I, Grijley. Lima, 2001. Pág. 317.
[39] Artículo V del Titulo Preliminar
[40] TALAVERA ELGUERA, Pablo “El Nuevo Código procesal penal”.
Grijley, Lima. Pág. 61.
[42] Ver el artículo 345º del Código Procesal Penal de 2004: Control del requerimiento de sobreseimiento y Audiencia de control del sobreseimiento. [43] FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y razón”. Trotta. Madrid, 1995. Pág. 567.
[44] TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob cit. Pág. 62.
[45] Ver el artículo 350º del Código Procesal Penal de 2004: Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales.
[46] TALAVERA ELGUERA, Pablo Ob cit. Pág. 62.
[47] SAN MARTIN CASTRO, César. 2003. Ob cit. Pág. 610.
[49] BINDER, Alberto M. Ob cit. Pág. 225.
[50] GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Ob cit. Pág. 402.
[51] DUEÑAS CANCHES, Omar. Ob cit. Pág. 220.
[52] GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Ob cit. Pág. 404.
[53] Ibidem. [54] Ver el artículo 350º del Código Procesal Penal de 2004: Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales.
[55] TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob cit. Pág. 64.
[57] Ibidem. [58] Ibidem.
[59] DUEÑAS CANCHES, Omar. Ob cit. Págs. 221-222.
[60] Ibidem. Pág. 222.
[61] TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob cit. Pág. 65.
[62] Ibidem. Pág. 66.
[63] Ver el artículo 344º parágrafo 1º del Código Procesal Penal de 2004. [64] TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob cit. Pág. 66.
[65] Según establece el artículo 353º del Nuevo Código Procesal Penal.
[66] DUEÑAS CANCHES, Omar. Ob cit. Pág. 222
[67] TALAVERA ELGUERA, Pablo. Ob cit. Pág. 66.
[68] Ibidem. Pág. 67.
[69] SAN MARTIN CASTRO, Cesar. “La Reforma del proceso penal peruano”. En: Revista Peruana de derecho procesal II. Marzo 1998. Pág. 235.
(*) Abogado, con estudios culminados de Maestría en Ciencias Penales en la USMP.Correo electrónico:
coquiperezl@hotmail.com Índice

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