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Timestamp: 2020-03-30 13:41:48+00:00

Document:
STS 1015/2018, 15 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 729968621
Número de Recurso: 4911/2016
Número de Resolución: 1015/2018
ENERGÍA ELÉCTRICA. El método de cálculo ni es arbitrario ni es discriminatorio. Si se adoptase el criterio sostenido por la actora daría lugar a la discriminación entre empresas, en función del distinto criterio de amortización seguido por unas y otras, y sería arbitrario porque se remuneraría financieramente una inversión que está efectivamente amortizada. Se estima en parte el contencioso administrativo.
Sentencia núm. 1.015/2018
Número del procedimiento: 4911/2016
REC.ORDINARIO(c/d) núm.: 4911/2016
Sentencia núm. 1015/2018
Esta Sala ha visto el presente recurso contencioso-administrativo núm. 4911/2016, interpuesto por la entidad Eléctrica San José Obrero, S.L., representada por la procuradora de los tribunales Dª. Mercedes Caro Bonilla, con la asistencia de letrada de D. Fernando Calancha Marzana y Dª. Reyes Gómez Román, contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016; ha sido parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado.
La representación procesal de la entidad Eléctrica San José Obrero, S.L., mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2016, interpuso recurso contencioso- administrativo contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016, el cual fue admitido por la Sala, motivando la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la reclamación del expediente administrativo.
Recibido el expediente administrativo, y concedido plazo para formalizar la demanda, la recurrente solicitó ampliación del mismo en dos ocasiones.
Recibida la ampliación del expediente administrativo, se concedió plazo para formalizar la demanda, que la entidad Eléctrica San José Obrero, S.L., formalizó por escrito presentado el 13 de julio de 2017 y que funda en los siguientes motivos:
Nulidad de la Orden impugnada por ser contraria a los artículos 14 de la LSE y 11, apartados 1 y 2 , y 15 del Real Decreto 1048/2013 , así como el Anexo VI de la Orden IET/2660/2015.
Nulidad de la vida residual prometido de sus instalaciones fijada en la Orden impugnada por no haberse calculado como exige el Anexo VI de la Orden IET/2660/2015. A tal efecto, argumenta que para la determinación de la vida residual deben excluirse o descontarse del cómputo los elementos totalmente amortizados en aplicación del Anexo VI de la Orden IET/2660/2015, que, en su caso, habría determinado que la vida residual que habría fijado la Orden sería de 23,08 años en lugar de 20,930 años fijados en la Orden IET/980/2016.
Nulidad del lambda fijado a la recurrente por la orden impugnada porque ni aplica la metodología del Anexo VII de la Orden IET/2660/2015 ni tiene en cuenta los datos aportados en su inventario técnico.
Sobre el efecto penalizador del Kinm.
El artículo 11.2 del Real Decreto 413/2014 exige que se calcule el coeficiente de eficiencia comparando "mercados similares".
Nulidad del Kinm fijado a la recurrente por ser inferior a 1.
Nulidad del límite superior que se aplica al factor de dispersión (kdisp) en los Anexos VIII y IX de la Orden IET/2660/2015.
Subsidiariamente, para el caso de que no se consideren contrarios a derecho los anexos VIII y IX de la Orden IET/2660/2015.
Nulidad de la penalización sobre el incentivo a la mejora de la calidad del suministro por no excluir las paradas programadas cuya finalidad es, precisamente, mejorar el suministro.
y terminó suplicando a la Sala:
dicte sentencia por la que, estimándola, condene en costas a la Administración demandada, y
a) Declare la nulidad de la Orden IET/980/2016 en lo relativo a la vida residual promedio fijada a la recurrente, reconociendo el derecho de mi mandante a que se fije una vida residual en los términos solicitados en el Fundamento de Derecho Primero de esta demanda.
c) Subsidiariamente a los dos pedimentos anteriores, que se anule la vida residual promedio fijada para mi mandante en la Orden IET/980/2016 por no haber aplicado el Anexo VI de la Orden IET/2660/2015 ni descontado los elementos totalmente amortizados y que, en consecuencia, se reconozca su derecho a que se determine la vida residual promedio conforme al Anexo VI, descontando los elementos totalmente amortizados.
d) Anule el lambda fijado para ELÉCTRICA SAN JOSÉ OBRERO en la Orden IET/980/2016 y que, en consecuencia, se reconozca su derecho a que se determine el coeficiente de instalaciones financiadas o cedidas por terceros y de subvenciones percibidas teniendo en cuenta los datos del inventario técnico aportado.
e) Declare parcialmente nulos los Anexos VIII y IX de la Orden IET/2660/2015 y el kinm reconocido a mi mandante por la Orden IET/980/2016, en la medida que determinan un kinm inferior a uno, reconociendo a mi mandante un kinm para alta y baja tensión igual o no inferior a uno.
f) Declare parcialmente nulos los Anexos VIII y IX de la Orden IET/2660/2015 en la medida que establecen un límite superior al factor de dispersión (kdisp), y, como consecuencia de ello, que declare la nulidad del kinm de alta y baja tensión reconocido a mi mandante por la Orden IET/980/2016, reconociendo a mi mandante el kinm que proceda deno aplicar dicho límite superior.
g) Subsidiariamente a las dos pretensiones anteriores, declare la nulidad del kinm reconocido a mi mandante por la Orden IET/980/2016 por las razones señaladas en el Fundamento de Derecho Octavo, ordenando que no se aplique el efecto penalizador del kinm, siendo éste igual a uno.
h) Anule la penalización establecida en la Orden IET/980/2016 a mi mandante en el incentivo de mejora de la calidad de suministro por interrupciones programadas del suministro con la finalidad de mejorar la calidad de su red y que, en consecuencia, se calculen de nuevo los parámetros TIEPI, NIEPI y Qin9 excluyendo el tiempo y número de dichas interrupciones programadas.
i) En caso de que se estime cualquiera de los pedimentos anteriores, condene a la Administración, dentro de los límites del artículo 71 de la LJCA , a estar y pasar por tal declaración y a aprobar una nueva retribución base a la inversión y una nueva retribución por incentivo de calidad, así como una nueva retribución para 2016 para Las instalaciones de distribución de mi mandante acorde con los nuevos parámetros, ordenando que la misma se abone a mi mandante desde el 1 de enero de 2016 con los intereses correspondientes
Solicita se fije la cuantía en indeterminada, el recibimiento del pleito a prueba (documental pública y privada, pericial), y el trámite de conclusiones.
El Abogado del Estado, se opuso a la demanda con su escrito presentado en fecha 25 de julio de 2017 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su totalidad. Con costas. Solicita el recibimiento del pleito a prueba (pericial-testifical).
Mediante decreto de 28 de julio de 2017, se fijó la cuantía como indeterminada, y por auto de 16 de octubre de 2017, se acordó el recibimiento del pleito a prueba - aclarado por uno posterior de 23 de octubre-, con el resultado que obra en autos, las pruebas documentales y pericial que habían sido propuestas por la parte actora así como la pericial-testifical propuesta por la Administración demandada.
Como documental privada I se tuvo por aportados y por reproducidos los documentos aportados por la parte recurrente en su escrito de interposición y de demanda y como documental privada II se libraron los correspondientes oficios solicitados por la parte recurrente,
La Administración demandada propuso pericial-testifical consistente en informe que debía emitir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al amparo de lo previsto en el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Con fecha 21 de noviembre de 2017 tuvo entrada en este Tribunal oficio de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de fecha 17 de noviembre de 2017 en el que la Jefe de la asesoría jurídica adjunta, según obra en la Dirección de Energía de ese organismo, "Contestación a la petición de información del Tribunal Supremo en relación con el recurso contencioso-administrativo nº 001/4911/2016 en lo que se refiere al cálculo de la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016, en virtud de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio" respecto a la información solicitada por la empresa recurrente y respecto a la información solicitada por el Abogado del Estado.
En el acto de ratificación pericial que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2017, compareciendo los peritos propuestos por la parte recurrente D. Virgilio , D. Juan Alberto y D. Augusto , realizando las ratificaciones y aclaraciones pertinentes.
Declarado terminado y concluso el período de proposición y práctica de prueba concedido, se concedió por la Sala a la parte recurrente el plazo de diez días a fin de presentar su escrito de conclusiones sucintas, trámite que fue evacuado mediante su escrito en fecha 3 de enero de 2018, del que se dió traslado a la parte recurrida que presentó sus conclusiones en fecha 15 de enero de 2018, quedando las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno corresponda.
Por providencia de 31 de enero de 2018, se señaló para votación y fallo el día 10 de abril de 2018.
La representación procesal de la entidad Eléctrica San José Obrero, S.L., presentó escrito en fecha 1 de febrero de 2018, en el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , aportaba un informe de la CNMC por tener íntima conexión con las pretensiones de esta parte.
Dado traslado del anterior escrito al Abogado del Estado y no oponiéndose a la admisión del documento aportado por la parte demandante, por diligencia de ordenación de 12 de febrero de 2018 se acordó decidir sobre su admisión y alcance en la sentencia de acuerdo al artículo 271.2 LEC .
Por providencia de la Sala de fecha 20 de marzo de 2018, se acordó oír a las partes por plazo común de diez días, sobre la declaración de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía para el año 2016. Dicho trámite fue evacuado por escrito presentado por el Abogado del Estado y por la representación procesal de inpecuarias Pozoblanco, S.L., con el resultado que es de ver en autos.
Habiéndose señalado inicialmente para votación y fallo el 10 de abril, siguió el día 24 de abril de 2018, continuando la deliberación en varias sesiones a lo largo del mes de mayo, en una deliberación conjunta con otros recursos que planteaban una problemática común (recursos núms. 4909/2016, 4911/2016, 4912/2016, 4913/2016, 4915/2016, 4916/2016, 4922/2016, 4927/2016, 4928/2016, 4938/2016, entre otros).
La disposición recurrida.
La entidad Eléctrica San José Obrero, S.L., interpone recurso contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016 (BOE de 17 de junio de 2016), e, indirectamente, interesa la nulidad parcial de distintos Anexos de la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se establecen las definiciones de crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las compensaciones por uso y reserva de locales, en relación con la vida residual promedio.
Esta Sala se ha pronunciado ya en distintas sentencias sobre la impugnación de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, en conexión con la impugnación de la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre.
Así, al menos, sentencias de 27 de febrero de 2018 -recurso núm. 4992/2016 -, 7 de marzo de 2018 -recurso núm. 4940/2016 - y las que allí se citan sobre la impugnación de la Orden IET/2660/2015.
Además, en estas últimas fechas se han examinado conjuntamente los recursos núms. 4899/2016, 4909/2016, 4912/2016, 4913/2016, 4915/2016, 4916/2016, 4922/2016, 4927/2016, 4928/2016 y 4938/2016. En la mayoría de ellos con la misma representación y asistencia letrada. Así han recaído, entre otras, sentencias de fechas 1 de junio -recursos núms. 4915/2016 y 4916/2016 -, 4 de junio -recurso núm. 4912/2016 -, 5 de junio -recursos núms. 4928/2016 y 4938/2016 -, 8 de junio -recurso núm. 4927/2016 -, 11 de junio -recurso núm. 4913/2016 - y 12 de junio -recurso núm. 4909/2016 -, todas de 2018.
A la doctrina sentada en estas sentencias nos ajustamos, sin seguir necesariamente el orden de los argumentos y las pretensiones de la recurrente en este concreto recurso.
Sobre el marco jurídico en que se inserta la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.
Antes de abordar los específicos motivos de impugnación formulados contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016, cabe señalar, siguiendo los razonamientos expuestos en la precedente sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2018 (recurso núm. 4992/2016 ), que, como explica el Preámbulo de la propia Orden IET/980/2016 que es aquí objeto de impugnación, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 14 que las metodologías de retribución de las actividades de transporte y distribución se establecerán reglamentariamente atendiendo a los costes necesarios para construir, operar y mantener las instalaciones de acuerdo al principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema eléctrico según lo dispuesto en el artículo 1.1 .
Sobre la impugnación de la metodología de cálculo de la vida residual promedio establecida en la Orden IET/2660/2015, y sobre la impugnación de la vida residual promedio fijada en la Orden IET/980/2016.
Reiteramos lo que dice la sentencia de 11 de junio de 2018 -recurso núm. 4913/2016 -, que sigue a su vez lo que dicen las distintas sentencias antes citadas.
La impugnación de la Orden IET/980/2016, en lo relativo a la vida residual fijada se fundamenta en que contradice el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico , el artículo 11, apartados 1 y 2, y el artículo 15 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre , por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, y el Anexo VI de la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, en cuanto el valor residual promedio fijado, utilizando una metodología contable, no se aproxima a la vida real.
Cabe partir como premisa para examinar este motivo de impugnación de los criterios expuestos en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2018 (recurso núm. 4916/2016 ), en que hemos descartado que proceda declarar la nulidad de la Orden IET/980/2016, en lo referente a la regulación de la metodología de cálculo de la vida residual, con la exposición de los siguientes razonamientos jurídicos:
[...] En el análisis de las cuestiones planteadas hemos de partir de los pronunciamientos ya existentes, dictados en recursos dirigidos contra la Orden IET/2660/2015, de 19 de diciembre, en los que se han examinado y rechazado análogas objeciones a las formuladas por la actora. Así, y por lo que respecta a la regulación de la vida residual promedio de los activos de distribución, en la sentencia de 30 de octubre de 2017 (recurso 1216/2016 ) y en la STS nº 77/2017, de 23 de enero de 2018 (rec. 1212/2016 ) hemos dicho:
Así mismo, en sentencia de 7 de marzo de 2018 (recurso núm. 4940/2016 ) sostuvimos que la metodología de cálculo de la vida residual promedio utilizada por la Orden permitía, según afirmamos:
[...] una solución homogeneizadora y que la razonabilidad de tal metodología queda respaldada por la carencia de información del año de puesta en marcha de todas y cada una de las instalaciones que conforman el inventario a 31 de diciembre de 2014 de las empresas distribuidoras, aspecto éste, el de la carencia de información fiable sobre el año de puesta en marcha de muchas instalaciones, [...]
Pero sucede, sobre todo, que de la regulación establecida en el artículo 11.2 del Real Decreto 1048/2013 , que en la demanda se cita como infringido, no resulta de una manera clara, ni aun de forma indirecta o implícita, que ese precepto del Real Decreto conduzca necesariamente una metodología para el cálculo de la vida residual promedio de las empresas distribuidoras coincidente con modelo que propugna la demandante, con exclusión de otros. Y no ha quedado justificado, en definitiva, que la metodología establecida en el Anexo VI de la Orden IET/2660/2015 sea contraria a lo que dispone ese artículo 11.2 del Real Decreto 1048/2013 que se dice vulnerado
En la misma línea, en sentencia de 8 de junio de 2018 -recurso núm. 4927/2016 - reiterábamos:
Este método de cálculo, lejos de ser contrario a las previsiones de la Ley del Sector Eléctrico y al Real Decreto 1048/2013, se acomoda a sus previsiones, pues permite una metodología que fija una retribución de la actividad de distribución, en base a criterios objetivos y homogéneos ( art. 14 apartados 2 y 3 de la LSE ), basados en un criterio común, evitando que la retribución a la inversión dependa de la voluntad de cada empresa en base a un criterio aleatorio de amortización contable. Sin olvidar que el art. 14.8 de la Ley del Sector Eléctrico dispone expresamente que:
Por lo que respecta a la pretendida discriminación en que habría incurrido la Administración al tiempo de calcular la vida residual promedio, ya en la sentencia de 30 de octubre de 2017 (recurso núm. 1216/2016 ) dimos respuesta a la alegación de la allí recurrente en la que se sostenía el pretendido trato desigual en que habría incurrido la redacción del Anexo VI respecto de empresas que han realizado las mismas inversiones y que, legítimamente han optado por aplicar criterios distintos de amortización, perciban una retribución diferente, lo que supone un trato diferenciado injusto. En dicho recurso, al igual que en este, también se aducía que ello supondría reconocer una diferente retribución a las compañías distribuidoras que han realizado el mismo esfuerzo inversor, en función de los distintos criterios de amortización adoptados, lo que resultaría arbitrario y discriminatorio, por lo que se estarían vulnerando los artículos 9.3 y 14 de la Constitución .
Las consideraciones expuestas justifican la legalidad de la metodología empleada por la Orden recurrida frente a las críticas expresadas por la actora, con independencia de la concreta formulación de las mismas y sin que las afirmaciones efectuadas en los informes periciales ratificados ante la Sala desvirtúen las anteriores conclusiones o acrediten la ilegalidad de dicha metodología. En consecuencia, hemos de desestimar esta alegación
Por todo ello, se considera que ni la Orden impugnada ni el Anexo VI de la Orden IET/2660/2015, en lo que respecta a la metodología para el cálculo la vida residual promedio, vulnera las previsiones de la Ley del Sector Eléctrico ni del Real Decreto 1048/2013».
Sobre el descuento de los elementos totalmente amortizados (ETAM) en la fórmula utilizada para el cálculo de la vida residual.
En la también citada sentencia de 8 de junio de 2018 -recurso num. 4927/2016 - y todas las que allí se citan, hemos dicho, adaptándonos ahora a la concreta vida residual cuestionada en el presente recurso:
El segundo motivo, planteado de forma subsidiaria, considera que se debe anular la vida residual prometido de sus instalaciones fijada en la Orden impugnada por no haberse calculado como exige el Anexo VI de la Orden /2660/2015. A tal efecto, argumenta que para la determinación de la vida residual deben excluirse o descontarse del cómputo los elementos totalmente amortizados en aplicación del Anexo VI de la Orden IET/2660/2015, que, en su caso, habría determinado que la vida residual que habría fijado la Orden sería de 23,08 años en lugar de 20,930 años fijados en la Orden IET/980/2016.
El inmovilizado material neto se calculará como diferencia entre el Inmovilizado material bruto y la amortización acumulada del inmovilizado material anteriores.
En el cálculo de la vida residual promedio a 31 de diciembre del año base se deberá descontar los elementos totalmente amortizados (ETAM) declarados por las empresas en sus cuentas anuales 31 de diciembre del año base
A tal efecto, se deberán descontar:
b) Elementos totalmente amortizados contablemente, pero que se encuentran todavía en uso y, por tanto, considerados en el inventario físico informado por las empresas distribuidoras
Finalmente, no puede desconocerse que si bien ha resultado acreditado que la retribución incluida en la Orden IET/980/2016 de 10 de junio, para aquellas empresas con más de 100.000 clientes se ha realizado de una forma diferente, descontando los elementos totalmente amortizados tal y como pretende la hoy recurrente para su empresa, tampoco puede olvidarse que la Administración ha iniciado un procedimiento de declaración de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016 en estos casos. A tal efecto, y con independencia del resultado que pudiese tener la declaración de lesividad y el eventual proceso contencioso posterior, este tribunal considera que la metodología para el cálculo de la vida residual promedio debe realizarse tal y como acabamos de señalar, sin que pueda fundarse su nulidad en una pretendida conducta discriminatoria por el hecho de que se haya seguido un método distinto para las empresas de más de 100.000 clientes, cálculo sobre el que la Administración ha iniciado un proceso de lesividad destinado a revisarlo » .
Por ello, cabe desestimar este motivo de impugnación, pues no estimamos que los dictámenes periciales aportados a las actuaciones, y ratificados en sede judicial, con el objeto de acreditar la pertinencia del empleo del valor neto contable de determinados inmovilizados en el modelo retributivo de las empresas distribuidoras de electricidad de menos de 100.000 clientes, que cuestionan la metodología de cálculo prevista en la Orden IET/2660/2015, basada en la utilización del cálculo de la vida residual promedio, resulten determinantes para que declaremos la nulidad de la Orden IET/980/2016 impugnada, en lo concerniente a este extremo.
Sobre la impugnación de la metodología de cálculo del coeficiente de eficiencia de las inversiones establecida en el Anexo VIII de la Orden IET/2660/2015, y sobre la impugnación del Kinm fijado a la recurrente por la Orden IET/980/2016.
La impugnación formulada contra el Anexo VIII de la Orden IET/2660/2015, que establece la metodología de cálculo del coeficiente de eficiencia de las inversiones, debe ser rechazada, siguiendo los criterios expuestos en la sentencia de esta Sala de 31 de octubre de 2017 (recurso núm. 1676/2016 ), en que dijimos:
[...] El planteamiento de la parte actora no puede ser acogido. Hemos visto que la propia demandante admite que el juego combinado del coeficiente previo ( kprevio ) y el factor de dispersión ( kdisp ) introducen una corrección en favor precisamente de las empresas que actúan sobre población escasa y dispersa; y si bien a su entender tal corrección es insuficiente, lo cierto es que no ha quedado justificado que la regulación contenida en la Orden IET/2660/2013 (sic) incurra en la vulneración que se denuncia de los artículos 14.3 y 38.5 de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 y 11.2 y 19 del Real Decreto 1048/2013 . A lo largo de su exposición la demandante muestra su legítima discrepancia con la regulación establecida en estos apartados de la Orden, pero, por más que la metodología alternativa que propugna la parte actora pueda parecer razonable -y, desde luego, más favorable a sus intereses- nada permite sostener que los Anexos VIII y IX de la Orden IET/2660/2013 incurran en las ilegalidades que le reprocha ni que sus determinaciones sean irracionales o arbitrarias.
En el mismo sentido, la citada sentencia de 11 de junio de 2018 -recurso núm. 4913/2016 -.
Sobre la impugnación de la Orden IET/2660/2015 y de la Orden IET/980/2016, en relación con la determinación del incentivo correspondiente por la calidad del servicio por no excluir las paradas programadas con la finalidad de mejorar el suministro de energía eléctrica a los clientes.
Debe señalarse, al respecto, que el artículo 101.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre , por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en que la defensa letrada de la mercantil demandante basa su pretensión anulatoria, no autoriza entender -tal como aduce el Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda-, que las interrupciones programadas por la empresa distribuidora deban contemplarse inexcusablemente en la metodología de cálculo del incentivo de calidad del suministro, pues sería contrario al objetivo, tal como se desprende el artículo 6.1 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre , por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, de retribuir, entre otras variables y factores, la mejora de las redes de distribución, así como la calidad de suministro y la eficacia en la gestión, por lo que resulta ilógico primar las interrupciones programadas que suponen -por su propia naturaleza- una merma en la prestación del suministro.
En el mismo sentido, sentencia de 11 de junio de 2018 -recurso núm. 4913/2016 -.
Sobre el artículo 11.2 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre , por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
En dos sentencias del 5 de junio de 2018 -recursos núms. 4928/2016 y 4938/2016 - hemos dicho, reiterando una serie de precedentes ya conocidos por las partes, lo siguiente:
«El alegato de que la metodología establecida en el Anexo VII de la Orden IET/2660/2015 resulta de imposible aplicación para determinar el coeficiente correspondiente a las empresas de distribución de menos de 100.000 clientes, ha sido ya examinado por esta Sala en sentencia de 31 de octubre de 2017 (recurso 1676/2016 ), a la que ya nos hemos referido. También en aquel caso se alegaba que la metodología establecida en el Anexo VII de la Orden IET/2660/2015 se basa en las auditorias sobre inversiones de las empresas de más de 100.000 clientes, que estas empresas deben aportar en cumplimiento de resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, que anualmente establecen para ellas desde 1998 una auditoría externa sobre las inversiones en instalaciones; pero esas resoluciones no rigen para las empresas de menos de 100.000 clientes, que no han tenido obligación de presentar esas auditorías. Y, frente a ese planteamiento -coincidente en lo sustancial con el de la aquí demandante- señalábamos en la citada sentencia de 31 de octubre de 2017 (F.J. 9º) lo siguiente:
En cambio, ya lo hemos anticipado, tiene razón la demandante cuando cuestiona la metodología establecida en el Anexo VII de la Orden IET/2660/2015 en cuanto para calcular el coeficiente ibase excluye los "otros activos" necesarios para el ejercicio de la actividad de distribución distintos de los activos eléctricos. Nos ocupamos de ello en el apartado siguiente».
Y a continuación, en las mismas sentencias, decía la Sala:
La determinación del coeficiente ibase al que alude el artículo 11.2 del Real Decreto 1048/2013 la lleva a cabo la Orden IET/2660/2015 con arreglo a la metodología que se establece en el Anexo VII, del que reproducimos, en lo que ahora interesa, lo siguiente:
ANEXO VII (de la Orden IET/2660/2015): Cálculo del valor ibase , coeficiente en base uno que refleja para la empresa i el complemento a uno del volumen de instalaciones puestas en servicio hasta el 31 de diciembre del año base, que han sido financiadas y cedidas por terceros y el volumen de ayudas públicas recibido por cada una de las empresas.
Tomando como punto de partida las Auditorías sobre las inversiones en instalaciones de distribución de energía eléctrica presentadas por las empresas distribuidoras en cada uno de los ejercicios, se obtendrá de las mismas la inversión anual en instalaciones de distribución excluyendo los "Contadores y Equipos de Medida" y los "Otros Activos" [...]
Pues bien, ese concreto inciso ("otros activos") del primer punto de la metodología ha sido declarado nulo en sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2017 (recurso núm. 1379/2016 ), cuya doctrina hemos reiterado en sentencia de 31 de octubre de 2017 (recurso núm. 1676/2016 ).
En consecuencia, habiendo sido declarado nulo por sentencia firme del inciso " y los otros activos" que figura al final del primer punto de la metodología de cálculo establecida en el Anexo VII de la Orden IET/2660/2015, debe ser acogida la pretensión de la demandante de que se anule el coeficiente ibase que la Orden IET/980/2016 fija para la entidad Eléctrica San José Obrero, S.L.; debiendo en consecuencia condenarse a la Administración demandada a calcular el coeficiente ibase sin excluir de su cálculo los otros activos necesarios para el ejercicio de la actividad de distribución distintos de los activos eléctricos (IBO), en el bien entendido que corresponde a la Administración establecer la nueva metodología de cálculo del coeficiente , esto es, decidir sobre el contenido que deba darse a la regulación que sustituya a la que ha sido declarada nula ( artículo 71.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ) para a continuación aplicarla al caso de la demandante.
En el mismo sentido, sentencias de 5 de junio de 2018 -recursos núms. 4928/2016 y 4938/2016 -, y las que allí se citan.
En relación con lo anterior, entendemos que, como solicita en el apartado último del suplico de la demanda, debe reconocerse el derecho de la demandante a que se le abone la diferencia retributiva que resulte de aplicar la metodología de cálculo del coeficiente sustitutiva de la que fue declarada nula, así como al abono de los intereses correspondientes computados desde el 1 de enero de 2016.
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo núm. 4911/2016 interpuesto en representación de la entidad Eléctrica San José Obrero, S.L. contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016, con los siguientes pronunciamientos:
- Se declara nulo el coeficiente ibase que la Orden IET/980/2016 fija para la entidad Eléctrica San José Obrero, S.L.; debiendo la Administración calcular el coeficiente ibase sin excluir de su cálculo los otros activos necesarios para el ejercicio de la actividad de distribución distintos de los activos eléctricos, aplicando al efecto la metodología de cálculo sustitutiva de la que fue en parte declarada nula por sentencia firme (Anexo VII de la Orden IET/2660/2015).
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
STS 1063/2018, 20 de Junio de 2018

References: Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 381
 artículo 271
 artículo 271
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 11
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 101
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 71