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Timestamp: 2014-07-28 19:04:34+00:00

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P. 1La Corte Suprema Declara La Inconstitucional de Los Topes Indemnizatorios en Materia de Accidentes Del TrabajoLa Corte Suprema Declara La Inconstitucional de Los Topes Indemnizatorios en Materia de Accidentes Del TrabajoRatings: (0)|Views: 39
|Likes: 0Published by abogadosderechoMore info:Published by: abogadosderecho on Jun 27, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/58801978/La-Corte-Suprema-Declara-La-Inconstitucional-de-Los-Topes-Indemnizatorios-en-Materia-de-Accidentes-Del-Trabajo06/27/2011pdftextoriginal LA CORTE SUPREMA DECLARA LA INCONSTITUCIONAL DE LOS TOPESINDEMNIZATORIOS EN MATERIA DE ACCIDENTES DEL TRABAJOFALLO COMENTADO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIóN (CS) ~ 2010-08-10 ~ ASCUA, LUIS RICARDO C. SOMISA-Por: Schick, Horacio-Fuente: LA LEY 18-08-2010 --------------------------------------------------------------------------------La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 8º de la ley 9688 reformada por la ley 23.643 (Adla, XLVIII-D, 4250), que fijaba como tope máximo de laindemnización tarifada por accidente o enfermedad del trabajo " ...al importe equivalente queresulte de computar veinte (20) años de de salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo de ladeterminación de la indemnización" . (1)Si bien la norma no está vigente, ya que desde el 1º de junio de 1996 y a la fecha rige laarchicuestionada Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), los considerandos del fallo " Ascua" tienenuna repercusión relevante sobre la aplicación de los topes indemnizatorios en las leyes deaccidentes del trabajo, que también se aplican en ley actual a los infortunios laborales cuya primera manifestación invalidante se produjera con anterioridad al 06/11/2009 (Artículo 16 del Decreto 1694/2009).La decisión del Máximo Tribunal corresponde a una acción judicial promovida por un empleado en1991 había sufrido un accidente al caer desde una altura de nueve metros mientras trabajaba,ocasionándole una incapacidad laborativa permanente del 70%, lo cual, según la tarifa prevista enel inc. c del art. 8 de la ley 9688 de accidentes de trabajo (modificado por la ley 23.643) arrojabaun resarcimiento de $ 96.059,91.Sin embargo, como tal importe superaba el tope impuesto por el segundo párrafo del inc. a del mismo artículo, que era de 260 veces el salario mínimo vital y móvil por entonces vigente ($ 97), el cálculo de la liquidación de la indemnización se redujo a dicho límite, con lo cual el demandantesólo percibió la suma de $ 25.250 en concepto de capital.Por tal motivo el trabajador promovió la demanda ante la Justicia Federal reclamando diferenciasindemnizatorias, por la totalidad del importe resultante del cálculo base sin la aplicación del referido tope, fundada en que la aplicación del mencionado tope comportaba una reducción del resarcimiento que resultaba lesiva de derechos de raigambre constitucional. Como en lasinstancias de primero y segundo grado le fue rechazado el reclamo presentó recurso extraordinarioante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.En el voto mayoritario de la Corte Suprema - compuesto por los ministros Carlos Fayt, EnriquePetracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni- se hace lugar plenamente al reclamo,concluyendo en el considerando 9° del fallo " ... que el tope legal de la reparación aquí impugnado(art. 8, inc. a, segundo párrafo, de la ley 9688, según ley 23.643) resulta inconstitucional y, por ende, inaplicable para resolver la presente contienda. Por ello, y habiendo dictaminado la señoraProcuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario interpuestos, y se revoca lasentencia apelada con el alcance indicado, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); de manera que la causa deberá ser devuelta a fin de que, por quiencorresponda, sea dictado un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente" .En tanto, la jueza Elena Highton de Nolasco votó por la misma solución, aunque con sus propiosfundamentos.Uno de los fundamentos principales del Máximo Tribunal se encuentra en el considerando 8º del Fallo donde se señala " ...que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes oenfermedades laborales bajo un régimen tarifado - al cual apuntan los textos transcriptos- , no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad deganancia de la víctima. Luego, resulta evidente que si bien el art. 8 de la ley 9688 (según ley 23.643) atendió, como principio, a la mentada pérdida por medio del cómputo de la reducción del salario de la víctima, impidió, a la postre, que esta finalidad fuese lograda en los supuestos en loscuales, como el de esta controversia, resultó aplicable el importe indemnizatorio máximo que preveía. Este último arbitrio, en breve, no se adecuó a los fines que la norma debía - y pretendió,aunque sólo como principio- consagrar ("Azar" Fallos: 299:428, 430, y sus citas). La conclusiónque se acaba de asentar, por lo demás, encuentra definitivo sustento en reiterada jurisprudenciade la Corte en cuanto tiene expresado que el trabajo humano exhibe características que imponen
su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamentecomprendidos en la Constitución Nacional ("Mansilla", Fallos: 304:415, 421 y su cita). Más todavía;dicha justicia no es otra que la justicia social, vale decir, aquella por la que se consigue o se tiendea alcanzar el "bienestar", esto es, "las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad"." Agregando que " en el campode los derechos humanos, asimismo, el principio pro homine, exige que aquéllos seaninterpretados con la mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y censura, por ende,toda exégesis restrictiva ("Madorrán", Fallos: 330:1989, 2004 - 2007), cuanto más que, de acuerdocon reiterada y conocida doctrina, el trabajador es sujeto de "preferente tutela constitucional" ("Vizzoti", cit., pp. 3689 y 3690; "Aquino", cit., pp. 3770 y 3797, y "Pérez c. Disco SA", cit., pp.2054/2055).Es también relevante lo señalado en el voto mayoritario en el mismo considerando 8º " en cuanto aque una discapacidad de carácter permanente, como lo es la sub examine, repercutirá no sólo enla esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad quehacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno dela vida. Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador - y, en su caso, a la familia de éste- a una reformulación de su proyecto de vida, para lo cual laindemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado o insuficiente, puede añadir a la mentada frustración una nueva ("Milone", cit., p. 4619). Tal es el caso del régimen en estudio dado que, circunscripto legalmente el objeto de la indemnización dineraria a lasola pérdida de la capacidad de ganancia, ni siquiera posibilita, como le era debido, que ésta seaevaluada satisfactoriamente por imponerle un tope a su cuantía. No cabe olvidar, además, quedicha pérdida atañe nada menos que a un elemento central de la subsistencia digna del grueso dela población: el salario, esto es, el medio por el cual el trabajador se "gana la vida" ("Pérez c. DiscoSA", cit., p. 2055)" .La Corte no aplica el criterio seguido en " Vizzotti" en el que también censuró el tope legal de laremuneración computable para el cálculo de la indemnización por despido prevista en el artículo245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero limitando la censura a dicho techo en el supuesto en el que la disminución de la base indemnizatoria superara en un 33% el sueldo del trabajador despedido.En el caso " Ascua" - como surge del considerando 8º de la sentencia transcripta más arriba- losmagistrados del Alto Tribunal entienden que la protección constitucional del trabajador que hayasufrido un infortunio laboral, tiene que contemplar la pérdida de ingresos o de capacidad deganancia de la víctima. Este objetivo se logra sólo en la medida en que se respete la fórmulabásica de la indemnización, que en forma más o menos justa, dentro de un régimen tarifado,cumple esa función. Ahora cuando a dicho cálculo que es de por sí limitado y tarifado le aplicamosun tope, se altera la finalidad protectoria y reparatoria de la norma. Es decir, ya no cubre la mermade ingresos que sufre el trabajador, sino una cifra arbitraria y sólo en apariencia reparatoria.El mensaje de la Corte es claro: se debe respetar la formula aritmética básica que establecen lasleyes de accidentes, sobre la base del salario, la incapacidad y la edad de la víctima sin ponerletecho a esos cómputos, que de por sí ya acotan el resarcimiento tarifado.La solución que adopta la Corte en el caso " Ascua" según se expresa en la última parte del considerando 8º no implica trasladar al ámbito del régimen tarifado de accidentes criteriosimpropios del mismo, como podrían ser los provenientes del derecho común que admiten el resarcimiento integral de todos los daños padecidos por la víctima. Señala la Corte que se trata deresponsabilizar al empleador sólo en una porción del daño reparable económicamente, esto es, lacapacidad de ganancia o pérdida de ingresos del empleado accidentado.Precisamente, en el último párrafo del considerando 8º la Corte señala que el objeto principal del pronunciamiento es la invalidez de la limitación proveniente del tope indemnizatorio que reduce loscálculos básicos de la indemnización que son los que responden adecuadamente a la reparaciónde esa pérdida de ingresos en relación a la incapacidad o la muerte que ocasiona el infortunio.Por eso, los magistrados del Alto Tribunal concluyen en el considerando 9º que el " tope legal de lareparación aquí impugnado (artículo 8 inciso a, segundo párrafo, de la ley 9688 según la ley 23.643, resulta inconstitucional y por ende inaplicable para resolver la presente contienda" .Este decisorio implica un cambio cualitativo con respecto a lo decidido por el Máximo Tribunal, ensu composición anterior, en el caso " Vega" en el cual que frente a la desvirtuación del topeindemnizatorio de la misma ley 9688 (reformada por la ley 23.643) por la desactualización del Salario Mínimo Vital y Móvil frente al proceso hiperinflacionario, declaró la " inconstitucionalidad de
la Resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil si su aplicación para ladeterminación del tope indemnizatorio fijado por el artículo 8° de la ley 9688 (Adla, 1889-1919,949), determina una pulverización del real significado del crédito indemnizatorio con lesión a lagarantía de propiedad a que alude el art. 17 de la Constitución Nacional" . (2)Cabe recordar, como dato adicional que la mayor tutela del trabajador damnificado prevista en laley 23.643 determinó su cuestionamiento desde el espectro empresario y asegurador. Una de lasformas de desactivar la norma fue la de mantener congelado el Salario Mínimo Vital y Móvil,durante todo el período inflacionario del año 1989, convirtiendo en consecuencia el tope legal delas indemnizaciones por accidente del trabajo en sumas irrisorias y dando origen a pronunciamientos judiciales, como el caso " Vega" precedentemente señalado.Sin embargo en el caso " Ascua" la Corte va mucho más allá y, con fundamento en el derechoconstitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos, reprocha la mismaexistencia el techo legal a las indemnizaciones tarifadas.En este sentido cabe reiterar una vez más que a lo largo de la historia de las leyes especiales deaccidentes y enfermedades del trabajo, los topes indemnizatorios han envilecido y degradado losresarcimientos dentro del marco tarifado. Incluso es conocido por todos los especialistas que el desarrollo de los reclamos fundados en el derecho civil a partir de los años 60 tuvo que ver con loscongelamientos recurrentes de estos topes legales.Este fue el motivo por el cual los abogados de las víctimas, recurrieron en una medida creciente ala vía civil (artículo 17, ley 9688) y más acentuadamente aun, a partir de la reforma del artículo1113 del Código Civil efectuada por la ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810), cuya aplicación al ámbitolaboral fue receptada por el celebre Plenario 169 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo " Alegre, Cornelio c/ Manufactura Algodonera" . (3)De tal manera el decisorio del Máximo Tribunal en el fallo bajo análisis va más allá de unadescalificación puntual de un tope indemnizatorio que se desvirtúo en una época determinada.Está efectuando un señalamiento mas general y abarcador, que propone como pauta interpretativala prevalencia de los cálculos aritméticos basados en el salario, la edad, la incapacidad y demáscoeficientes, sin limitación alguna, de modo que el esquema tarifado pueda cumplir con la finalidad de resarcir las pérdida de aptitud productiva que el daño laboral le produce a la víctima.Esta concepción es concordante con la acertada decisión del Poder Ejecutivo Nacional al disponer en los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 1694/2009 la supresión de todos los topes indemnizatoriosfijados para limitar los resarcimientos por incapacidad permanente definitiva previstos en la LRT y sustituirlos por pisos indemnizatorios, que por nuestra parte hemos criticado por insuficientes y noequitativos. (4)Cabe agregar que según el artículo 16 del Decreto 1694/2009, las disposiciones contenidas en el mismo " se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha" .Con esta disposición, las mejoras se aplicarán a los siniestros ocurridos a partir del 6 denoviembre de 2009, fecha de publicación del Decreto en el Boletín Oficial. De este modo quedarándesprotegidos los damnificados que durante largos años continuarán perjudicados por la percepción de prestaciones dinerarias desactualizadas.Esta norma no está contemplando el escenario de fuertes pérdidas que ya vienen afectando a losdamnificados desde hace tiempo, en virtud del mantenimiento de pautas de liquidación de las prestaciones dinerarias escasamente reparatorias y particularmente por los topes legalesvigentes.No es un dato menor que los trabajadores con incapacidades superiores al 50% de la total obrera,que hayan sufrido un accidente con anterioridad al 06/11/2009 y que pueden llegar a tener unaincapacidad permanente provisoria parcial o total fijada por las comisiones médicas hasta 60 meses, luego de vencido el año de incapacidad laboral temporaria, pueden sufrir al cabo de ese periodo un notable perjuicio al verse obligados a percibir una indemnización por incapacidad permanente definitiva, cercenada por los topes del DNU 1278/00.En efecto, hemos sostenido que deben aplicarse las mejoras a las prestaciones dinerarias y laeliminación de topes fijados en el Decreto 1694/2009 a las indemnizaciones devengadas conanterioridad, pero no canceladas a la fecha de entrada en vigencia del mismo, sin que elloconfigure un supuesto de aplicación retroactiva de la ley. (5)De tal modo - más allá del dictado del Decreto 1694/2009- la doctrina emanada del fallo " Ascua" tiene plena vigencia, por cuanto existe una norma del PEN que propone la ultraactividad, entreotras disposiciones normativas, de los topes legales fijados por la LRT modificada por el DNU 1278/2000 (Adla, LXI-A, 213).En este sentido cabe recordar que la LRT en su artículo 15, apartado 2, según el DNU 1278/2000,
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References: artículo 8
 artículo245
 Resolución 
 artículo 8
 artículo1113
 artículo 16
 artículo 15