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Timestamp: 2019-03-23 20:48:57+00:00

Document:
as201510417
AUTO SUPREMO Nº 417/2015-RRC
Sucre, 25 de junio de 2015
Expediente : Cochabamba 80/2014
Parte Acusadora : Abraham Coca Veliz
Parte Imputada : Edilberto Coca Veliz
Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2014, cursante de fs. 212 a 216 vta., Edilberto Coca Veliz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 51 de 14 de julio de 2014, de fs. 202 a 209 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Abraham Coca Veliz contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 351 y 353 del Código Penal (CP) respectivamente.
Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 005/2011 de 30 de agosto (fs. 157 a 162), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Edilberto Coca Veliz, autor por la comisión del delito de Despojo, previsto por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión y absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Perturbación de Posesión, previsto y sancionado por el art. 353 del CP, con costas y reparación de daño civil a favor del acusador particular.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 169 a 173 vta.), resuelto por Auto de Vista 51 de 14 de julio de 2014, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, lo que motivó la interposición del recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación (fs. 212 a 216) y del Auto Supremo 563/2014-RA de 20 de octubre (fs. 225 a 227 vta.), dictado en el caso de Autos, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente denuncia la vulneración al debido proceso por ausencia de fundamentación, en razón a que la juzgadora no analizó la prueba de descargo D1 (certificado de defunción de su padre Juan Coca Hurtado), A4 (Escritura Pública No. 13), que no obstante haber sido fundamentados en apelación, no fue considerado por el Tribunal de apelación que no analizó el valor que otorgó la Jueza del Tribunal de Sentencia, incurriendo en el art. 370 inc. 5) del CPP, vulnerando el debido proceso; asimismo, la Sentencia no tomó en cuenta las reglas fundamentales de la lógica, el correcto entendimiento humano y la sana crítica, incurriendo en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, no analizado por el Auto de Vista recurrido. Además de no pronunciarse sobre las violaciones al debido proceso, limitándose a transcribir Autos Supremos, advirtiendo que el Tribunal de apelación debió disponer el reenvío por la existencia de defecto absoluto.
Adicionalmente acusa la vulneración al principio de presunción de inocencia, ya que la Jueza de Sentencia otorga valor a la documental de cargo, no así a la de descargo codificada D2 (cartas e informes que acreditan la inexistencia de agresiones de su parte y familia, contra funcionarios del Instituto Geográfico Militar), aspecto que no mereció pronunciamiento del Tribunal de alzada, existiendo defecto absoluto.
El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga la nulidad de obrados y ordene el juicio de reenvío.
Mediante Auto Supremo 563/2014-RA de 20 de octubre, cursante de fs. 225 a 227 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el imputado para su análisis de fondo.
Concluido el juicio oral, la Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dictó Sentencia condenatoria en contra del recurrente, por la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión con costas y reparación de daño civil, concediéndole el perdón judicial, siendo absuelto del delito de perturbación de posesión previsto y sancionado por el art. 353 del CP; en base a los siguientes argumentos:
Haciendo una relación de la prueba de cargo y descargo, dentro de la Valoración Intelectiva, la Juez de Sentencia refirió que la prueba codificada “D-1” (prueba de descargo consistente en el certificado de defunción de Juan Coca Hurtado en 19 de mayo de 1956) es irrelevante para desvirtuar los delitos acusados y si bien era para restar validez a la prueba “A-4”, esta prueba constituye un documento público válido hasta que no se acredite su falsedad o ilegalidad por la vía correspondiente.
Asimismo, con relación a la prueba codificada “A-2” (consistente en carta e informes emitidos por funcionarios del Instituto Geográfico Militar respecto a la inexistencia de agresiones a funcionarios de esa Institución), también la consideró irrelevante para la acreditación de los delitos acusados.
Es así que la Juez de Sentencia por la prueba documental presentada como la codificada “A-4”, advirtió que se demostró el derecho real correspondiente al acusador sobre una fracción del terreno, ubicado en Itocta Huasi Puncu, que limita al norte con la propiedad del imputado, cuya ubicación exacta fue constatada en audiencia ocular donde también se observó la invasión realizada por el imputado en el terreno con la construcción de muros de ladrillo; además, de la construcción reciente de corrales de animales, que evidenciaría que el imputado se encuentra en el lugar utilizando los corrales y plantación de haba, observando que con posterioridad a la inspección efectuada por funcionarios de la comuna de Itocta se procedió a las construcciones de corrales de ladrillo, cemento y las plantaciones de habas, por cuanto del informe técnico en el terreno no existía construcción alguna, aspectos que denotarían la comisión del delito de Despojo.
Edilberto Coca Veliz, denunció entre otros agravios que la Sentencia incurrió en una defectuosa valoración de la prueba, haciendo referencia a la prueba de cargo A-4 a la que se le otorgó todo el valor legal, sin contrastar con la prueba de descargo D-1 consistente en el certificado de defunción de su padre, observando que la escritura de propiedad del querellante es de veintinueve años después del fallecimiento señalado, demostrando así su ilícita obtención, lo cual es corroborado por la prueba testifical de descargo, afirmando también que la juzgadora no valoró objetivamente, sino subjetivamente la prueba A-4 al señalar que la excepción del registro domiciliario resulta muy relevante.
En cuanto a la inspección ocular, señaló que es meramente un acto de verificación, no de mensura y deslinde, como considera la Juez de Sentencia al concluir que los límites de la escritura de propiedad son coincidentes con lo verificado. Asimismo, respecto a la prueba codificada A-1 consistente en un informe emitido por personeros de la comuna Itocta Distrito 9 en el que refieren se había dejado un precinto de paralización de obra, contradictoriamente reconocen que el predio se encuentra dentro de la categoría de área agrícola, por lo que no debería ser tomado en cuenta en sentencia; empero, con relación a la prueba D2 siendo lo correcto A-2, consistente en cartas e informes emitidos por funcionarios del Instituto Geográfico Militar que acreditan que no ha existido agresiones de su parte ni de su familia en contra de ningún funcionario y considera que demuestra que el querellante mintió, aspecto que no fue analizado por la juzgadora.
Asevera que su persona siempre estuvo en posesión de esta área en conflicto y que por las pruebas de descargo, la construcción de los corrales son de data antigua, lo cual no fue tomado en cuenta por la Juez de Sentencia, ni que la chanchería inicialmente era de adobe y posteriormente realizaron mejoras en ladrillo, resultando subjetiva la apreciación de la juez que considera que las construcciones son de data reciente.
Concluyendo que la Juez no valoró en su conjunto los elementos de prueba dejando de lado la valoración de las pruebas de descargo producidas como las declaraciones testificales y la prueba D-1, alega que la Sentencia se basó en medios o elementos no incorporados legalmente a juicio, en vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, resultando insuficiente su fundamentación.
Posteriormente en audiencia de fundamentación ante el Tribunal de alzada, la abogada de la parte apelante, ratificó el memorial de apelación presentado.
El referido recurso de casación fue resuelto por Auto de Vista 51 de 14 de julio de 2014, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que sobre los agravios denunciados, estableció con relación a una defectuosa valoración de la prueba, que en la Sentencia la valoración probatoria fue realizada por la autoridad jurisdiccional en base a lo aportado por los abogados de las partes dentro del sistema acusatorio, a través del principio de inmediación, que constituye el eje articulador para la valoración integral de la prueba según las reglas de la sana crítica, que a efectos de la apelación restringida se ve limitado como mecanismo de control del fallo del Juez de Sentencia a la construcción de los hechos históricos, este control se limitó a determinar si esa expresión o fundamentación de la valoración de la prueba siguió los pasos lógicos aceptados como propios de un pensamiento correcto, a cuyo efecto citó el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004.
Más adelante, en cuanto al señalado defecto de la sentencia, citó los Autos Supremos 111 de 31 de enero de 2007 y 214 de 28 de marzo de 2007, arguyendo que no se encontraba facultado para valorar nuevamente las pruebas que fueron producidas en juicio, bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad, igualdad y oralidad; por cuanto, sólo debe circunscribirse al razonamiento del Juez de Sentencia, de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología expresado en el análisis intelectivo de la prueba judicializada, afirmando que el apelante no puede pretender que el Tribunal de alzada vuelva a valorar la prueba producida en el juicio, sino que tiene que atacar la logicidad de la sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicológica, no obstante de ello, asevera que en la expresión de agravios el apelante se limitó a efectuar sus propias apreciaciones valorativas desde su punto de vista, con relación a la prueba de cargo y descargo, redundando en aspectos de hecho, sin mencionar qué reglas de la lógica habrían sido inobservadas por la Juez de instancia a momento de dictar la sentencia, ni cuáles son las pruebas en las que no se aplicaron las mismas y porqué motivos, lo cual le impide ejercer el control sobre la logicidad de la resolución cuestionada, considerando las previsiones del art. 398 del CPP, teniendo presente que el Auto de Vista debe circunscribirse a los aspectos cuestionados de la Resolución apelada.
Con esos argumentos, entre otros, el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso de apelación restringida planteado por el imputado y confirmó la Sentencia apelada.
III. VERIFICACIÓN DE POSIBLE EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DEDERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
El presente recurso fue admitido bajo los presupuestos de flexibilización, al advertirse que el recurrente denunció la posible vulneración del debido proceso y el principio de inocencia, formulando dos motivos que convergen en la denuncia de que el Tribunal de apelación no hubiese emitido pronunciamiento alguno ni analizado las siguientes problemáticas alegadas en apelación restringida: el valor otorgado por el Juez de Sentencia al certificado de defunción de su padre Juan Coca Hurtado y la obtención ilícita de un testimonio de escritura 29 años después de su fallecimiento con base a la falsificación de firmas; la falta de consideración en la Sentencia de las reglas de la sana crítica; la vulneración al debido proceso pese a la obligación de observar defectos absolutos de la sentencia y la falta de valor legal a la prueba literal de descargo que acredita la inexistencia de agresiones de su parte y familia contra funcionarios del Instituto Geográfico Militar, correspondiendo en forma previa al análisis del caso, efectuar algunas precisiones de orden doctrinal y jurisprudencial.
III.1. El Debido proceso y el derecho a recurrir.
La Constitución Política del Estado reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en un fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados por la Constitución. Entre uno de los elementos constitutivos del debido proceso se encuentra el derecho a recurrir de los fallos, previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), así como en los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el país, que son parte de la jerarquía normativa definida en el art. 410.II de la Ley Fundamental.
El ejercicio de este derecho debe enmarcarse a las disposiciones contenidas en la norma procesal conforme dispone el art. 396 inc. 3) del CPP, cuando señala: “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución”; en ese ámbito, el recurrente tiene la obligación de dar una correcta motivación a su recurso, toda vez que el pronunciamiento sobre el recurso será en proporción a su motivación, por lo cual, el recurrente debe expresar de manera clara y jurídica lo que denuncia y lo que pretende, conforme se precisó en la Sentencia Constitucional (SC) 1306/2011 de 26 de septiembre, en los siguientes términos: "De tal manera que el accionante tiene el deber de fundamentar los agravios, para que no sólo la parte contraria pueda en todo momento refutar éstos sino también para que el Tribunal de apelación pueda resolver en total orden y coherencia los agravios denunciados en los que habría incurrido el Juez a quo"; es decir, para la procedencia de un recurso, no es suficiente que sea interpuesto dentro del plazo previsto por ley, sino debe estar debidamente motivado, ya que la resolución de alzada se circunscribirá a los agravios denunciados por el apelante; en ese sentido, éste tiene el deber de explicar de manera concreta, razonable, suficiente y de forma separada los agravios acusados en su recurso, de modo que el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista otorgue una respuesta puntual a cada uno de los motivos alegados, a través de una resolución debidamente fundada y motivada.
III.2. Requisitos para la interposición de la apelación restringida.
El art. 408 del CPP, establece que: “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia.
Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cual es la aplicación que se pretende.
Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente, no podrá invocarse otra violación.
El recurrente deberá manifestar si fundamentará oralmente su recurso”.
Sobre esta norma, el Auto Supremo 98/2013-RRC de 15 de abril, expresó: “…esta exigencia se explica, porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia, es decir, el recurrente tiene el deber, a partir de los motivos que alega en su recurso, indicar en su planteamiento cuál, la solución que el Tribunal de alzada debiera dar a su caso. Es menester tener en cuenta que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: ’Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cual ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entendió inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal’ ” .
III.3. Sobre la defectuosa valoración de la prueba, su formulación y control.
Sobre la temática, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, estableció como doctrina fundadora, que: "Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.
El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo.” (Las negrillas son nuestras).
Establecido el ámbito de análisis por este Tribunal en el Auto de Admisión 563/2014-RA de 20 de octubre, se advierte de los antecedentes del proceso, que los aspectos relativos a las pruebas de descargo D1 consistente en el certificado de defunción de Juan Coca Hurtado, A4 relativa a una escritura pública, a las reglas de la sana crítica y a la literal referida a cartas e informes emitidos por funcionarios del Instituto Geográfico Militar, fueron formulados por el recurrente en su recurso de apelación restringida bajo el acápite titulado “SENTENCIA BASADA EN VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA” (sic), sin que sea evidente que el Tribunal de alzada no hubiese emitido pronunciamiento respecto a dichos planteamientos, como denuncia la parte recurrente en el recurso de casación sujeto a análisis, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se evidencia que el Tribunal de alzada observó la ausencia de técnica recursiva por falta de fundamentación en la alzada, puesto que el apelante se limitó a efectuar apreciaciones valorativas de la prueba desde su óptica, omitiendo precisar qué reglas de la lógica fueron inobservadas, en qué pruebas y las razones de su denuncia, aspectos que no podían ser subsanados por el Tribunal de alzada; de modo que dicha falencia le impidió ejercer el control sobre la logicidad de la Resolución cuestionada de conformidad al art. 398 del CPP, ya que para la procedencia de un recurso, debe estar debidamente motivado, considerando que el Auto de Vista debe circunscribirse a los agravios denunciados por el apelante, constituyendo un deber del recurrente explicar de manera concreta, razonable, suficiente y de forma separada los agravios acusados en su recurso, de modo que el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista otorgue una respuesta puntual a cada uno de los motivos alegados, a través de una resolución debidamente fundada y motivada, en cumplimiento a los requisitos estatuidos en el art. 408 del CPP, lo que no ha sucedido en el caso presente, más aun considerando la carga procesal que tiene la parte apelante cuando alega la existencia de defectuosa valoración probatoria conforme se destacó en el acápite III.3. del presente fallo.
Por otra parte, resulta inatendible el reclamo formulado por el recurrente en cuanto a una falta de pronunciamiento del Tribunal de alzada respecto a defectos absolutos, por cuanto de la revisión de su recurso de apelación restringida, se evidencia que en el petitorio sin fundamentación alguna y menos precisión del agravio causado, se limitó a denunciar de manera genérica, la existencia de defectos absolutos de conformidad al art. 169 inc. 3) del CPP, solicitando la anulación total del juicio o la declaratoria de absolución, denotando una absoluta falencia recursiva, al no tenerse en cuenta que todo recurso debe ser planteado con la debida motivación.
Por las razones expuestas, se concluye que el Tribunal de alzada no vulneró derecho alguno de la parte recurrente; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el recurso de casación.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Edilberto Coca Veliz.

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