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﻿ Sentencia SC16932-2015 de diciembre 9 de 2015
SENTENCIA SC16932-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO DEBEN SER DEMOSTRADOS PARA VALIDAR NUEVOS DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PRUEBA. SE REITERA QUE PARA APORTAR NUEVAS PRUEBAS AL PROCESO, SE DEBE CUIDAR LA DILIGENCIA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA ELLO, PERO EN EL EVENTUAL CASO EN EL QUE LA OMISIÓN SE HAYA DADO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, ESTOS DEBERÁN SER CORRECTAMENTE VALIDADOS POR EL ACCIONANTE, EN EL ENTENDIDO DE QUE DEBEN SER SITUACIONES IMPOSIBLES DE DETENER O PREVER. EN EL MARCO DE UN RECURSO DE REVISIÓN, LAS PRETENSIONES SOBRE NUEVOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE PUEDA CAMBIAR EL FONDO DECISORIO DE LA SENTENCIA, SE DETERMINA QUE LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS ANEXADAS DEBEN CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DEL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, RECURSO DE REVISIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE REVISIÓN, PRUEBA NUEVA
Sentencia SC16932-2015 de diciembre 9 de 2015
SC16932-2015
Rad.: 11001-02-03-000-2013-01920-00
(Aprobado en sesión de jun. 16/2015)
1. El recurso de revisión, por su calidad de extraordinario, se utiliza para impugnar de manera excepcional aquellas sentencias que ya hacen tránsito a cosa juzgada, y que quien lo interpone considera que son contrarias a derecho, siempre y cuando encuentre que existe cualquiera de las causales taxativamente señaladas en la legislación procesal civil. Se busca por este medio que aún en firme la decisión, se haga un nuevo estudio para que demostrados los hechos admitidos como causas capaces de demostrar su invalidez, se reabra la investigación del proceso con todas las garantías que inicialmente se negaron a la parte y se busque el restablecimiento del derecho que fue desconocido.
Es un límite al principio de la cosa juzgada en aras de la primacía de la justicia material frente a la formal, es decir, que se privilegia la justicia sobre la seguridad jurídica. En tal sentido sostiene la Corte Suprema de Justicia que,
“aparece consagrado por el derecho positivo como remedio que se endereza a quebrantar la fuerza de la cosa juzgada, el recurso de revisión, cuya finalidad es pues invalidar por injusta una sentencia firme, para que por consiguiente la jurisdicción pueda considerar nuevamente el litigio planteado en proceso anterior y fallarlo con arreglo a derecho” (G.J., t. CXLVIII, 1a parte, pág. 14).
Como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia(1):
“Debido a su carácter excepcional y los fines que está llamado a alcanzar, las causas que lo justifican, además de estar consagradas con criterio taxativo y por ende de entendimiento restringido, se originan en circunstancias, que en términos generales son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna, es decir, que rebasan el ámbito propio de este y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, pero que lo vician en forma decisiva. De ahí que se descarten, en principio, como motivos justificantes del mismo, todos aquellos aspectos que por haber constituido tema de decisión, fueron alegados, discutidos y decididos en el proceso en el cual se dictó la sentencia recurrida, porque de no ser así, se estaría frente a un replanteamiento in extenso del debate judicial concluido, que al fin de cuentas no es el objetivo del recurso en comentario, como inicialmente quedó explicado”.
3. En esa medida, como medio de impugnación extraordinario que es, la revisión no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y decididas a lo largo del proceso en que se profirió la sentencia enjuiciada, pues en sí mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo, concebido para conjurar situaciones irregulares que en su momento distorsionaron la sana y recta administración de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiaría la adopción de determinaciones opuestas a dichos valores, en contravía de principios fundamentales del Estado de derecho.
Por eso ha sido clara esta corporación para advertir desde antaño, que este mecanismo “no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna” (CSJ SC, abr. 24/80, reiterada en CSJ SC, jul. 1º/88 CXCII, pág. 9).
Igualmente, se ha señalado que en esta sede únicamente tienen cabida las verdaderas novedades procesales, es decir, aquellas “circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna” y que “constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquélla, ora porque pese a antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta” (CSJ SC 234, dic. 1º/2000, Rad. 7754), perspectiva que entonces orientará el análisis de la causal propuesta por el impugnante.
4. Como lo reclama el recurrente al tenor de lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, se amerita la invalidación de la sentencia, por el hecho de «[h]aberse encontrado después de pronunciada (…) documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, de donde se infiere que la norma apunta a proteger la eventualidad de la aparición tardía de documentos cuyo poder hubiese determinado la variación del fallo inicialmente adverso, los cuales, por razones no atribuibles a la parte interesada dejaron de allegarse en las fases probatorias propias de las instancias.
5. Del análisis del precepto mencionado, surge que la posibilidad de invalidar la sentencia exige la concurrencia simultánea de una pluralidad de requisitos mínimos, pues, se itera, al tratarse de un evento debatido por esta vía extraordinaria no adquiere el cariz de instrumento idóneo para revivir o replantear la inconformidad con las decisiones desfavorables, ni para promover un nuevo pronunciamiento de instancia, de la misma manera como tampoco es sendero para introducir mejores argumentos o probanzas en detrimento del principio de la preclusión de las etapas procesales, y por ende, de la cosa juzgada.
Esta Corte ha señalado en relación con la causal primera del recurso antedicho, que tales requisitos se contraen a demostrar que “a) [s]e trate de prueba documental; b) que dicha prueba, por existir con la suficiente antelación, hubiese podido ser aportada al proceso; c) que su ausencia de los autos haya sido debida a fuerza mayor o caso fortuito, o a obra de la parte contraria (dolo), favorecida con la sentencia; d) que el hallazgo se produzca después de proferido el fallo; y e) que la citada prueba sea determinante de una decisión diferente a la adoptada en él, es decir, que sea trascendente” (CSJ SC, ene. 20/95, Rad. 4717, reiterada, entre otras, en CSJ SC, jul. 26/95, Rad. 4785).
6. En el asunto materia de juzgamiento, el actor atribuyó la calidad citada a la Resolución 9366 de 9 de julio de 2010, proferida por la Superintendencia de Puertos y Transportes, que puso fin a la investigación administrativa iniciada por este contra Transportes Rápido Tolima S.A., en cuya parte resolutiva se “declar[ó] responsable a la empresa (…) por la transgresión de los artículos 57, 61 y 66 del Decreto 171 de 2001 en concordancia con el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996”, y la “sancion[ó] con cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (fl. 13), medio de prueba a partir del cual, a su juicio, se debe concluir que la allí demandada incurrió en culpa, y por consiguiente, en responsabilidad civil extracontractual, al abstenerse injustificadamente de cumplir la obligación legal de adelantar los trámites pertinentes para la obtención de la tarjeta de operación del vehículo de su propiedad de placas WCZ-669, mientras el mismo permanecía vinculado a la compañía de transportes.
No obstante, como esta causal no está erigida para mejorar la prueba que pudo haberse aducido al proceso, es indispensable la demostración de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, o una acción u omisión de la parte contraria que impidió su aportación al expediente, circunstancias que no se expusieron por el recurrente en la demanda de revisión, pues simplemente se limitó a afirmar que había encontrado dicha pieza documental, sin explicar las razones que le restringieron la posibilidad de adjuntarla o incorporarla en las oportunidades probatorias de las instancias.
Al respecto, valioso es recordar que,
“En general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse “el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido (sic) por un funcionario público, etc.” (L. 95/1890, art. 1º); es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias (CSJ SC, dic. 2/1987, G.J., t. CLXXXVIII, pág. 332).
Es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo comportamiento se analiza, que reúnan las características que de antaño estereotipan la figura, esto es, la imprevisibilidad (hechos súbitos, sorpresivos, insospechados, etc.) y la irresistibilidad (que los efectos del hecho no puedan ser exitosamente enfrentados o detenidos por una persona común)” (CSJ SC, ago. 31/2011, Rad. 2006-02041-00).
En el primero de los citados fallos, la Corte también puntualizó:
“en cuanto a la aportación de documentos, refiriéndose la Corte a este mismo tema, dijo que la fuerza mayor o el caso fortuito implican una verdadera imposibilidad de aducirlos; y no una simple dificultad, así ella se manifieste grande (CLXI, pág. 156). Y en lo atinente a que no hubiera sido posible allegarlo por maniobras del contrincante, tal requisito requiere de dos presupuestos: la presencia del documento que hubiera podido servir de medio de prueba en manos o bajo el dominio de la parte contraria durante o antes de la tramitación del proceso revisado, y la participación de dicha parte en la retención de dicha prueba. Desde luego, corresponde al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar que fue caso fortuito o fuerza mayor o conducta de su adversario lo que le impidió aducir al proceso esta especie de prueba, pues si no empieza por probar estos extremos, inexorablemente el recurso interpuesto está llamado al fracaso” (reiterada en CSJ SC, jun. 23/2010, Rad. 2006-00492-00).
Es de recalcar, que el inconforme en el escrito de revisión, en ningún momento describió una circunstancia súbita, anormal, extraña, inafrontable, ineludible o forzosa, o comportamientos positivos o negativos de su enfrentado, que le hayan imposibilitado a modo de fatalidad, la aducción del referido escrito.
Por el contrario, del mismo acto administrativo y de otros documentos de la foliatura, se desprenden fuertes indicios de que la prueba estaba en poder del revisionista, sin que nada le paralizara o reprimiera su oportuna presentación, tanto así, que incluso, hace referencia a ella, y a su contenido, como si se hubiere arrimado al proceso, lo cual demuestra el conocimiento que de la misma se tenía, y la intención y posibilidad de allegarla sin dificultades.
En efecto, en el acápite de hechos de la prenombrada resolución, se advierte que la queja ante la Superintendencia de Puertos y Transporte fue instaurada por el señor Armando Porras Becerra (fls. 8 y 9), quien además arrimó en el curso de la primera instancia copias del acto mediante el cual se abrió la investigación administrativa en contra de la sociedad Transportes Rápido Tolima S.A., con sus correspondientes notificaciones personales y por edicto (fls. 51 a 58, cdno. 1), lo que evidencia el seguimiento efectuado por a dicha actuación.
Ahora, resulta aún más diciente, la manifestación realizada por su abogado en los alegatos de conclusión efectuados ante el juez del conocimiento, al sostener: “Observe el despacho, que el suscrito apoderado, alleg[ó] a su despacho, para que obrara dentro de la foliatura, copia de la resolución, mediante la cual se sanciona a la empresa demandada Rápido Tolima S.A., por no haber tramitado la tarjeta de operación [del] rodante de propiedad de mi mandante Armando Porras Becerra” (fl. 95, ib.) (resalte fuera de texto), de lo cual se colige que el reclamante conocía el contenido del escrito aquí alegado como algo nuevo, y que tuvo la firme intención de aportarlo, o por lo menos, así creyó haberlo hecho.
Este haz de circunstancias, permiten inferir, que el inconforme tuvo la oportunidad de presentar el documento calificado de novedoso, no solo en el curso de la primera instancia, pues el debate probatorio concluyó el 23 de agosto de 2010 (fl. 79, cdno. 1), y el acto administrativo echado de menos se profirió el 9 de julio anterior, sino también en el trámite del segundo grado jurisdiccional, de conformidad con el numeral 5º del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, de haberse demostrado que medió una situación de fuerza mayor o caso fortuito, o un obrar de la parte contraria, que le imposibilitó su aporte al proceso, supuestos que como ya quedó explicado, no se alegaron, ni acaecieron en este asunto.
Frente a casos como este, la Sala Civil ha señalado
“no basta con que se haya encontrado los documentos a ultranza, si el recurrente no demuestra que “no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”; es él quien debe asumir la carga probatoria de que se presentó alguna de estas circunstancias; de allí que la causal de revisión tampoco puede alcanzar éxito si, por el contrario, ellos no se adujeron por falta de diligencia del interesado o por no averiguar dónde reposaban, o porque no se aprovecharon debidamente las oportunidades probatorias propias de las instancias. Dicho en otras palabras, debe constatarse, por fuera de cualquier género de duda, que para el litigante perjudicado no fue posible aportar oportunamente los documentos que trae a propósito de la impugnación, no obstante haber agotado con la debida diligencia todos los medios a su alcance; no basta, por lo tanto, que se le haya presentado una dificultad, por grave que esta pueda ser, siendo superable de algún modo” (CSJ SC, sept. 22/1999, Rad. 6946).
7. De otra parte, tampoco se aprecia que el mentado acto administrativo sea categórico, trascendente, y de tal relevancia, que hubiera determinado —in toto— la variación sustancial del pronunciamiento de fondo adoptado en el fallo cuestionado.
Sobre la naturaleza decisiva del documento aportado con soporte en el evento de la primera causal invocada, esta corporación ha expresado:
“Se destaca asimismo que otro requisito indispensable para la prosperidad de la causal primera de revisión es el carácter decisivo que debe ostentar el documento que se aduce. (…) de lo que es necesario colegir que el documento en que se afinca el recurso con apoyo en esa causal, debe tener la aptitud o la virtualidad para determinar que el pronunciamiento o la decisión impugnada hubiese sido diferente” (CSJ SC, ago. 31/2011, Rad. 2006-02041-00).
Verificado el contenido jurídico del mentado documento, calificado por el interesado como fulminante de la sentencia atacada, se advierte que a lo sumo tiene la potencialidad de poner en duda el razonamiento del tribunal en punto a la hermenéutica de los preceptos que reglamentan el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, específicamente de los artículos 57 y 61 del Decreto 171 de 2001, interpretación normativa en la que se edificó la ausencia de culpa de Transportes Rápido Tolima S.A., como elemento subjetivo de atribución de responsabilidad civil extracontractual, en los términos del artículo 2341 del Código Civil.
Sin embargo, dicha resolución, lejos está de ser demostrativa de los perjuicios materiales reclamados por el recurrente en el proceso, siendo la prueba del daño, como elemento estructural, preponderante y común de todo juicio de responsabilidad, la piedra angular de la materia, pues sin ella devienen imprósperas las pretensiones resarcitorias, y resulta inocuo el estudio de los demás componentes de la responsabilidad.
Y es que en el fallo censurado, la única razón por la que se desestimaró (sic) lo pedido, no fue la falta de prueba de un actuar culposo de la empresa, sino, principalmente, el déficit de los medios de persuasión para colegir o, siquiera vislumbrar, la certeza de la lesión patrimonial.
Así las cosas, como el talante decisivo del documento aducido con apoyo en la analizada causal de procedencia del recurso, debe tener “por sí solo, el suficiente poder de convicción para, de haber obrado en el proceso, determinar un cambio sustancial en el sentido de la sentencia que efectivamente se adoptó” (CSJ SC, sept. 22/99, Rad. 6700), ha de concluirse que de haber militado el citado acto administrativo en el expediente de la causa extranegocial, este habría sido incapaz de variar la determinación adoptada en la sentencia objeto de estudio, pues, se repite, el mismo no es demostrativo del daño.
8. En síntesis, se concluye, que en este asunto no se configuran todos los requisitos establecidos en el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil para acceder a lo reclamado, toda vez que, de un lado, no se visualizó ningún evento de fuerza mayor o caso fortuito, o un obrar de la parte contraria, que hubiera impedido o imposibilitado de manera absoluta, la presentación de la referida resolución en las oportunidades procesales de las instancias, y del otro, tampoco se demostró, que dicho acto de la administración, por sí solo, y de haber sido conocido por el fallador, resultara suficiente para lograr la alteración del sentido de la decisión reprochada, todo lo cual, impone, declarar infundado el recurso invocado.
1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión propuesto por Armando Porras Becerra contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.
2. CONDENAR al recurrente en costas, y al pago de los perjuicios causados en el trámite del recurso que en esta providencia se decide, en favor de la sociedad Transportes Rápido Tolima S.A. En la liquidación de aquellas inclúyase como agencias en derecho la suma de $3.000.000, teniendo en cuenta que hubo oposición de parte; la tasación de los segundos se hará mediante incidente según lo establecido en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.
3. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión.
1 Sentencia CSJ 094 del 2000.

References: ARTÍCULO 380
 resolución 
 artículo 380
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 361
 artículo 2341
 artículo 380
 resolución 
 artículo 384