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2) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquiera - PDF
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María Rosario Gil Sáez
1 119, de acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE 11 octubre 2011) INTRODUCCIÓN: Ante la nueva ley reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada por Ley 36/2011, de 10 de octubre, y entrada en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE de 11 de octubre de 2011, conviene preguntarse cuáles son las funciones que los economistas pueden tener en los procesos laborales que se desarrollan ante los órganos de la Jurisdicción Social y, para ello, conviene fijar una regla general: que la defensa en juicio de empresas y trabajadores la tienen como competencia los abogados y los graduados sociales. Pero esa regla no excluye la actuación de los economistas ante la jurisdicción social, para lo que hay que establecer dos posibilidades de actuación básicas: 1) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquiera de las partes en los actos de conciliación administrativa con plenas facultades y en equiparación a cualquier otro profesional. 2) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquiera de las partes en la primera instancia de la jurisdicción social, es decir, ante los Juzgados de lo Social, con una excepción referida a los casos en que por haber más de diez demandantes se le imponga a las partes demandantes el otorgamiento de representación, en cuyo caso esta representación tan solo podrá recaer en uno de los demandantes, o en abogado o en graduado social. En el caso de que el economista intervenga como representante podrá firmar la demanda, comparecer en juicio, alegar, proponer e intervenir en el desarrollo de las pruebas y formular las conclusiones como si fuera un abogado o graduado social, pero no en calidad de tales, ni con los atributos profesionales que identifican a tales profesionales (toga, sentarse en estrado). El economista en juicio actúa como representante de la parte, no como defensor, pero con plenitud de facultades, dado que en los juicios ante los juzgados de lo Social no es necesario la actuación con abogado.
2 120 Hay otros campos de actuación ante la jurisdicción social abiertos a los economistas, especialmente dos: 1) La participación como peritos en el examen de las cuentas sociales y documentación contable de la parte demandada, fundamentalmente empresas, cuya exhibición adelantada al pleito puedan pedir los trabajadores que van o han interpuesto demanda en que el examen de la documentación contable o las cuentas sociales sea conveniente para el pleito, instrumentado a través de la posibilidad reconocida en el art.78 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 2) La emisión de informes periciales económicos en la fase de prueba de los juicios, cuestión cada día más frecuente y de gran actualidad dada su conveniencia ante la gran actualidad de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, informe que no se trata de un mero documento económico sobre la situación de la empresa, sino sobre la existencia o no de las causas de despido alegadas en la carta de despido a la luz de las causas establecidas en el art. 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores. A continuación desarrollamos los preceptos que regulan las posibilidades de actuación del economista ante la jurisdicción social: 1) FASE PREVIA AL JUICIO: (conciliación ante el SMAC) El economista puede representar a una persona física o jurídica ante el SMAC. No está regulado que sea necesario un abogado o graduado social. No obstante, en el artículo 66.3 se incluye una referencia a los honorarios de abogados y procuradores, en el caso de que intervengan. 2) FASE DE JUICIO Nota previa: Especialidad concursal. Téngase en cuenta lo establecido en la Disposición adicional tercera de esta Ley 36/2011. Las disposiciones de la presente Ley no resultarán de aplicación en las cuestiones litigiosas sociales que se planteen en caso de concurso y cuya resolución corresponda al juez del concurso conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con las excepciones expresas que se contienen en dicha Ley. En conclusión, en caso de Concurso de Acreedores habrá que acudir a la Ley Concursal, modificada por Ley 38/2011. Consulta del texto consolidado: No obstante, el artículo de la Ley Concursal establece: Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos para el ejercicio de cuantas accio-
3 121 nes y recursos sean precisos en el proceso concursal para la efectividad de los créditos y derechos laborales, y de las Administraciones públicas en la normativa procesal específica Demanda ordinaria en instancia: El art 18.1 de la Ley 36/2011 establece: 1. Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pública. Y el art. 21.1, establece: 1. La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. De acuerdo con este artículo, un economista puede representar a una persona física o empresa, ya que la defensa por abogado o graduado social es opcional. Excepción (art 19.2): en caso de más de diez actores es obligatorio acudir con abogado, procurador o graduado social: 2. En los procesos en los que demanden de forma conjunta más de diez actores, éstos deberán designar un representante común, con el que se entenderán las sucesivas diligencias del litigio. Este representante deberá ser necesariamente abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. Como caso específico, en el artículo 19.3 para la acumulación de acciones el Economista podría ser representante común, pues la redacción de este supuesto para los sujetos anteriores es potestativa pudiendo recaer dicha designación : 3. Cuando se acuerde la acumulación de los procesos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a más de diez actores, así como cuando la demanda o demandas se dirijan contra más de diez demandados, siempre que no haya contraposición de intereses entre ellos, el secretario judicial les requerirá para que designen un representante común, pudiendo recaer dicha designación en cualquiera de los sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto, junto con la comunicación a los actores de la resolución de acumulación, el secretario judicial les citará de comparecencia dentro de los cuatro días siguientes para el nombramiento del representante común; si el día de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma, se procederá a la designación del representante común, entendiéndose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto. No obstante lo anterior, de acuerdo con el art 19.4, si uno de los demandantes o demandados desea acudir de manera individual, puede designar un representante, que
4 122 podría ser un economista, diferenciado del designado de forma conjunta por los restantes actores o demandados: 4. Cualquiera de los demandantes o demandados en el caso del apartado anterior podrá expresar su voluntad justificada de comparecer por sí mismo o de designar un representante propio, diferenciado del designado de forma conjunta por los restantes actores o demandados En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado. 3) ACTUACIONES COMO PERITOS O EXPERTOS Los Economistas pueden participar en el procedimiento laboral como peritos o expertos en cuestiones económicas. Pueden ser peritos por designación judicial o a instancia de parte. Recordamos que los Economistas pueden darse de alta en los Listados de Peritos que los Colegios de Economistas remiten anualmente a los correspodientes Juzgados y Tribunales en el mes de diciembre. Destacamos el artículo 77, que incluso hace referencia a documentación contable. Artículo 77. Exhibición previa de documentos. 1. En todos aquellos supuestos en que el examen de libros y cuentas o la consulta de cualquier otro documento se demuestre imprescindible para fundamentar la demanda o su oposición, quien pretenda demandar o prevea que vaya a ser demandado podrá solicitar del órgano judicial la comunicación de dichos documentos. Cuando se trate de documentos contables podrá el solicitante acudir asesorado por un experto en la materia, que estará sometido a los deberes que puedan incumbirle profesionalmente en relación con la salvaguardia del secreto de la contabilidad. Las costas originadas por el asesoramiento del experto correrán a cargo de quien solicite sus servicios. 2. El órgano judicial resolverá por auto, dentro del segundo día, lo que estime procedente, fijando la forma de llevar a efecto la comunicación de dichos elementos y adoptando, en su caso, las medidas necesarias para que el examen se lleve a efecto de la forma menos gravosa y sin que la documentación salga del poder de su titular, a cuyo efecto podrá disponer que la parte en cuyo poder obren los documentos facilite a la parte interesada o a su experto contable una copia de los mismos, en soporte preferiblemente electrónico, permitiendo el cotejo de dicha copia o versión con el documento original.
5 Las anteriores medidas podrán ser solicitadas igualmente por las partes durante el proceso con la antelación prevista en el apartado 3 del artículo 90, siempre que no den lugar a la suspensión del acto de juicio. Artículo 90. Admisibilidad de los medios de prueba. 4. Cuando sea necesario a los fines del proceso el acceso a documentos o archivos, en cualquier tipo de soporte, que pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental, el juez o tribunal, siempre que no existan medios de prueba alternativos, podrá autorizar dicha actuación, mediante auto, previa ponderación de los intereses afectados a través de juicio de proporcionalidad y con el mínimo sacrificio, determinando las condiciones de acceso, garantías de conservación y aportación al proceso, obtención y entrega de copias e intervención de las partes o de sus representantes y expertos, en su caso. Artículo 93. Prueba pericial. 1. La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando los peritos su informe y ratificándolo. No será necesaria ratificación de los informes, de las actuaciones obrantes en expedientes y demás documentación administrativa cuya aportación sea preceptiva según la modalidad procesal de que se trate. Artículo 95. Informes de expertos. 1. Podrá el juez o tribunal, si lo estima procedente, oír el dictamen de una o varias personas expertas en la cuestión objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, terminado éste, como diligencia final. Artículo 153. Ámbito de aplicación. 3. Asimismo, se tramitará conforme a este proceso la impugnación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores, así como los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligación de sigilo. - Como especialidad, podemos señalar en la realización de los bienes embargados, a los peritos tasadores, regulados en el artículo 261 de esta Ley 36/2011: Artículo 261. Tasación de los bienes embargados. 1. Cuando fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su realización, el secretario judicial designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administración de Justicia, y además o en su defecto podrá requerir la designación de persona idónea a las entidades obligadas legalmente a asumir la peritación. 2. El nombramiento efectuado se pondrá en conocimiento de las partes o terceros que conste tengan derechos sobre los bienes a tasar para que, dentro del segundo día, pue-
6 124 dan designar otros por su parte, con la prevención de que, si no lo hicieran, se les tendrá por conformes. - Otro procedimiento específico es la participación de peritos en la ejecución de los conflictos colectivos: Artículo 247. Ejecución en conflictos colectivos 1. Las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del artículo 160 podrán ser objeto de ejecución definitiva conforme a las reglas generales de ésta con las especialidades siguientes: g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes están afectados por el título y las cantidades líquidas individualizadas objeto de condena las partes deberán aportar prueba pericial o de expertos, o la proposición de una prueba conjunta de dicha clase o encomendarle al órgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribunal dictará auto en el que, previa resolución de las causas de oposición que hubiere formulado la parte ejecutada, resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en el título ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe líquido individualmente reconocido a su favor, dictándose, a continuación, la orden general de ejecución en los términos establecidos en esta Ley.

References: artículo 66
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 77
 Artículo 77
 artículo 90
 Artículo 90
 Artículo 93
 Artículo 95
 Artículo 153
 artículo 261
 Artículo 261
 Artículo 247
 artículo 160
 resolución