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Timestamp: 2018-06-18 11:43:53+00:00

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Equipo Nizkor - Texto del Plan de Derechos Humanos del Gobierno español para la IX Legislatura.
Texto del Plan de Derechos Humanos del Gobierno español para la IX Legislatura
1. Igualdad, no discriminación e integración
2. Garantías de los derechos
IV- ACCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA EN DERECHOS HUMANOS
3. Consejo de Europa
4. Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
5. Relaciones bilaterales y multilaterales.
6. Corte Penal Internacional, tribunales y otros organismos internacionales contra la impunidad de crímenes internacionales
V. ACCIÓN INTERIOR
1. Igualdad de trato, integración y lucha contra el racismo y la xenofobia
3. Derechos de los españoles en el exterior
5. Tutela judicial
1. La tutela judicial efectiva
2. Formación en derechos humanos a los actores de la Justicia
6. Atención a las víctimas
7. Libertad personal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
1. Garantías legales del detenido
2. Derechos humanos en los centros penitenciarios
3. Funcionamiento de la inspección de personal y servicios
4. Formación en derechos humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
5. Garantías de los derechos humanos en los Centros de Internamiento de Extranjeros
8. Derecho de asilo y respeto del principio de non-refoulement.
4. Derechos del ámbito laboral
6. Autonomía personal
7. Derechos de la infancia
10. Derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
Ámbito temporal y seguimiento del Plan
España celebra este año el 30º aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. Una norma que abrió nuestro país a la democracia y a la modernidad, con la que hemos logrado alcanzar cotas de desarrollo impensables hace treinta años y que ha situado a nuestro país a la vanguardia de la protección y garantía de los derechos humanos.
La Constitución Española de 1978 proclama una lista de derechos cuyos contenidos se fueron convirtiendo en realidad mediante la aprobación de sus respectivas leyes de desarrollo, por medio de la aplicación de los mecanismos de garantía constitucionales frente a sus posibles vulneraciones, a través de jueces y tribunales independientes y, sobre todo, gracias a su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, al que debe reconocérsele una importante tarea en la conformación de una cultura democrática y de los derechos humanos, hoy plenamente asentada en España.
Además, como manifestación de ese compromiso con los derechos humanos, España desarrolló todo un proceso de firma y ratificación de los tratados internacionales vigentes en aquel momento que tuvieran como objeto su garantía. Un proceso que dio comienzo en 1977 con la ratificación de los Pactos Internacionales de Nueva York, que siguió con la ratificación en 1979 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y la Carta Social Europea, en 1980; un proceso que sigue en nuestros días.
El resultado es que, a día de hoy, España es una democracia consolidada, un país en el que existe una conciencia pública del valor y la importancia de los derechos humanos, en el que los mismos se encuentran protegidos y garantizados, y que ha asumido como prioridad política que éstos se conviertan en un verdadero y real patrimonio común al que accedan todos los seres humanos.
En efecto, nuestra Constitución establece garantías genéricas que limitan la acción del legislador, prevé acciones para que los individuos hagan valer sus derechos subjetivos ante otros particulares o ante la Administración, y compromete a los poderes públicos para que actúen de manera promocional, para que establezcan las condiciones de su realización y remuevan los obstáculos que impiden que los derechos y los principios en que se fundamentan sean efectivos. Un tercio de los preceptos constitucionales versa sobre reconocimiento y garantía de derechos de los ciudadanos, así como sobre la instrumentación de técnicas concretas de protección.
En todo caso, es sabido que en el mismo momento en que dejan de promoverse los derechos, éstos comienzan a debilitarse. De modo que la realización y perfeccionamiento del sistema de derechos de un país dependen del compromiso cotidiano que adopten sus poderes públicos y sus ciudadanos. Ese compromiso significa estar atentos a los nuevos desafíos que plantea el desarrollo social, económico y tecnológico. Y es ese compromiso el que ha llevado a España a adoptar en los últimos años una posición y acciones coherentes con ella, para situarse a la vanguardia de quienes asumen el reconocimiento y la protección de los derechos humanos como prioridad de su acción política.
Durante la VIII Legislatura el compromiso con los derechos humanos se ha plasmado en numerosas propuestas, en planes de acción, y en medidas normativas de gran calado social. La Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la reforma del Código civil que permite el matrimonio a personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, Ley de Identidad de Género, el Plan Director de la Cooperación Internacional y el objetivo de alcanzar el 0’7% del PIB en cooperación al desarrollo… muestran la apuesta decidida del Gobierno por hacer de la protección de los derechos humanos una seña de identidad de España.
En este contexto y con el objetivo de seguir trabajando en la garantía de los derechos de forma coordinada y sistemática, el Gobierno de España considera oportuno hacer suya la propuesta que en 1993 realizara la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reunida en Viena a los Estados participantes de elaborar un Plan de Acción Nacional en el que adoptaran las medidas necesarias para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.
Con el Plan se trata de adecuar nuestro ordenamiento interno a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Se trata de llamar la atención a los ciudadanos sobre su existencia y necesidad, de vincular actores públicos y privados en su defensa, de orientar estrategias de protección. En definitiva, se trata de reforzar, a través de compromisos políticos, los medios de protección de nuestros derechos.
Se propone, así, un Plan de Derechos Humanos con vocación educativa, abierto, un Plan entendido como un proceso en marcha, orientado a realizarse, a ser evaluado periódicamente y a ser alimentado a cada paso con nuevas propuestas y nuevos compromisos.
En este proceso de seguimiento, evaluación y reformulación será imprescindible la participación de instituciones como el Parlamento y el Defensor del Pueblo, así como las organizaciones de la sociedad civil, universidades y actores sociales que trabajan en nuestro país por los derechos de las personas. Asimismo, y dada la distribución territorial de competencias prevista en nuestras leyes, en la ejecución del Plan estará muy presente la coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
El Plan ancla sus bases en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los instrumentos y resoluciones para la defensa de los derechos emitidos por la ONU y por el resto de organizaciones internacionales, especialmente por el Consejo de Europa. En este sentido, el Plan desarrolla un concepto de derechos humanos amplio, que comprende derechos individuales y sociales, y que presta atención a nuevas formas de presentación de los mismos, como el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y el derecho al desarrollo de los pueblos.
Así pues, coincidiendo con el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Plan de Derechos Humanos recoge el impulso que llevó a las Naciones Unidas a aprobar un documento que sitúa como fundamento de nuestra convivencia la dignidad personal. De esta forma, el Plan reafirma el compromiso de todos los españoles con su validez y expansión universal.
El Plan de Derechos Humanos propone dos ejes que lo informan de manera transversal, dos ejes que están en la base de las políticas del Gobierno respecto de los derechos humanos: Uno es el relativo a la igualdad, la no discriminación y la integración de las personas; el otro se centra en las garantías que protegen los derechos humanos, haciéndolos eficaces.
La igualdad abre la puerta de la Constitución española a la declaración de derechos. Es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, es un principio que lo informa, y es un derecho. Es un derecho que se proyecta sobre otros derechos para impedir cualquier tipo de discriminación, es un principio que obliga a los poderes públicos a actuar en su favor, a remover obstáculos para hacerlo real (art.9.2), y es un obligado compromiso político de carácter internacional de los Estados que respetan los derechos humanos (art.10).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y los Pactos de naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos y Culturales, así como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, hacen del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación un derecho universal.
Por esta razón, el principio de igualdad y no discriminación de las personas está presente en todo el Plan de Derechos Humanos, informando las medidas que el gobierno se compromete a adoptar en cada ámbito. En su realización, el principio se muestra como igualdad de oportunidades, como justicia social, como igualdad de derechos, como igualdad “en la diversidad”, y como lucha contra la discriminación.
Concebida así, la aplicación del principio de igualdad se proyecta sobre las libertades públicas y sobre los derechos sociales, impidiendo que el territorio y las condiciones económicas o sociales de las personas limiten su ejercicio. Ha de aplicarse asimismo a las mujeres, que parten histórica y culturalmente de una posición ciudadana discriminada. Debe utilizarse para impedir la discriminación por razones de orientación sexual. Tiene que reconocerse en las políticas para la integración de personas migrantes, en situación de debilidad respecto al resto de ciudadanos. Y debe emplearse para la protección de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales.
En una sociedad como la actual, crecientemente compleja, lastrada todavía por prejuicios de género, progresivamente diversa en lo cultural, en lo étnico y en lo religioso; en una sociedad como la nuestra, la aplicación del principio de igualdad a través de políticas públicas resulta una tarea inexcusable y permanente.
2. Garantías de los derechos humanos
Es cierto que en un país los derechos humanos valen lo que valen sus garantías. Como se ha dicho en la Introducción, en España el sistema de protección de los derechos fundamentales que establece la Constitución está homologado al máximo nivel entre los Estados Sociales y Democráticos de Derecho.
A ello debe sumarse la vinculación de España al Consejo de Europa y a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la creciente atención a ellos por parte de la Unión Europea, y el compromiso del Gobierno con el sistema universal de protección de Naciones Unidas, todo lo cual completa un panorama satisfactorio en torno a las garantías de los derechos. No obstante, esta realidad, en parte teórica y jurídica, se enfrenta también con la realidad de una sociedad cambiante y crecientemente compleja, que plantea a cada paso nuevos retos para la protección de los derechos.
Por esta razón, el Gobierno concibe el Plan de Derechos Humanos como un mecanismo más para su garantía, pues a lo largo del texto se establece una lista de compromisos concretos destinados precisamente a fomentar, realizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos. Unos compromisos cuya ejecución efectiva puede ser seguida y evaluada. Las obligaciones internacionales, la elaboración de determinadas leyes, la creación de organismos específicos para su defensa, las decisiones dirigidas a mejorar la calidad de la justicia, los mecanismos de control a los poderes públicos en su relación con los ciudadanos, los medidas en relación con la igualdad, con los derechos sociales, con el medio ambiente, la transparencia en la gestión pública, todos habrán de ser instrumentos con que perfeccionar la garantía de los derechos humanos en España.
Cada medida de este Plan es una garantía en sí misma. Lo es porque compromete al Gobierno a realizar acciones en beneficio de un derecho determinado, y lo es porque lleva aparejada la información necesaria para que su ejecución pueda ser fiscalizada por las instituciones y organizaciones de la sociedad civil interesadas.
La acción del Gobierno en el ámbito de los derechos humanos se refleja en actuaciones concretas en el marco internacional y en las decisiones adoptadas a nivel interno. Ciertamente, resulta difícil separar de forma clara y coherente los dos ámbitos, pero la claridad expositiva de los derechos, las acciones y los instrumentos sobre y con los que se pretende trabajar aconseja hacerlo. De modo que ése es el esquema que sigue el Plan de Derechos Humanos, en el que se distinguen medidas de acción exterior y medidas de acción interior.
En el apartado relativo a la acción exterior -el ámbito internacional-, el Plan se ordena por ámbitos de actuación: Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa, OSCE, relaciones bilaterales y multilaterales y Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales contra la impunidad de crímenes internacionales.
Para el apartado que se ocupa de la acción interior el criterio de ordenación ha sido material, es decir, según el o los derechos afectados por las medidas a adoptar: igualdad de trato, violencia de género, tutela judicial, libertad personal, derechos sociales… Como algunas de las medidas pueden enmarcarse en más de un apartado, en estos casos se ha optado por situarlas en aquel epígrafe que directamente las define mejor.
Cada medida se acompaña (en documento adjunto) con una ficha de seguimiento. Ésta detalla la medida o compromiso del Gobierno, el Ministerio y el organismo u organismos responsables de su realización, los instrumentos con que se debe llevar a cabo, los indicadores de cumplimiento, el calendario de ejecución, así como las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que pueden tener un interés más directo.
IV. ACCIÓN EXTERIOR
El 10 de diciembre de 2008, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948, cumplirá su sexagésimo aniversario. Tras el flagelo de la segunda guerra mundial, los sesenta años transcurridos han supuesto una transformación en las relaciones internacionales, con avances significativos en la comunidad internacional. Ésta ha sabido dotarse de organizaciones regionales e internacionales de cooperación e integración, y ha visto extender los principios y valores de la democracia y los derechos humanos en muchas regiones y países del mundo, incluido España, entonces sometida a una dictadura y hoy abanderada de esa democracia y de esos derechos humanos.
Lejos de evaluar con satisfacción el balance de estos sesenta años, puede constatarse con preocupación y responsabilidad la persistencia en muchos países y regiones del mundo de conflictos internos e internacionales, de violaciones sistemáticas de los derechos más fundamentales, de impunidad ante los crímenes más graves contra la Humanidad, de situaciones de pobreza extrema o catástrofes humanitarias. Razones que conminan a un Estado responsable como España a una mayor vinculación con el respeto, la protección y a promoción de los derechos humanos.
En consecuencia, es necesario comprometerse en una acción exterior responsable con la democracia y los derechos humanos, siendo conscientes, en cualquier caso, de la dificultad de distinguir la política interior de la política exterior en un mundo cada vez más globalizado, donde las medidas de política social, económica, política o cultural tienen una proyección interior y exterior.
Por un lado, hay que ser conscientes de que la acción exterior del Gobierno se ve acompañada, cada día más, de nuevos actores que participan del Estado plural: las Comunidades Autónomas, las empresas, los sindicatos, las Organizaciones No Gubernamentales, incluso la opinión pública.
Por otro lado, España forma parte de la Unión Europea, del Consejo de Europa, de la OSCE, de la Comunidad de Naciones Iberoamericanas, de las Naciones Unidas, y se desenvuelve en un espacio de intereses globales, situados entre el Mediterráneo y el Atlántico, África, Euroasia, América y Europa, todo lo cual condiciona a tener una responsabilidad compartida internacional, que no solo se asume sino que hay que estar dispuestos a liderar. En particular, durante la Presidencia de España del Consejo de Europa (2008-2009) y la Presidencia Española de la Unión Europea (enero a junio de 2010).
En este marco, el Gobierno se compromete a trabajar por el avance internacional de los derechos humanos, con la determinación de que los avances en política social en el interior impregnen la acción exterior. Por ello, en el ámbito de la acción exterior, el presente Plan de Derechos Humanos tiene por objetivo continuar el compromiso por la paz, la democracia, la cooperación al desarrollo con el enfoque de los derechos, la solidaridad y la justicia social en el mundo, partiendo de que la defensa de los intereses nacionales no es en absoluto contradictoria con propiciar la construcción de una sociedad global más justa y solidaria. Asimismo, son fines del Plan la promoción de los derechos humanos en el mundo, la sensibilización para su mejora y protección, así como el apoyo a las organizaciones internacionales y a las ONGs cuya labor coincide con ellos.
Los objetivos concretos de la política exterior en materia de Derechos Humanos son, en listado no exhaustivo, los siguientes:
La abolición de la pena de muerte;
La erradicación de la tortura;
La igualdad de género;
La erradicación de la violencia de género;
La lucha contra la trata de seres humanos;
La eliminación de toda forma de discriminación;
La protección de los derechos del niño frente a la explotación, la violencia y las enfermedades;
El fin del terrorismo, una de las violaciones mas graves contra la comunidad internacional, la democracia y los derechos humanos, desde la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos;
La promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.;
La lucha contra la impunidad y el apoyo activo a la Corte Penal Internacional, a los tribunales y otros mecanismos contra la impunidad de crímenes internacionales;
Ámbitos de actuación y medidas
MEDIDA 1.- El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es un eje prioritario de la acción del Gobierno. Por ello, al menos un 50% de la ayuda al desarrollo de España se destinará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
MEDIDA 2.- Se llevará a cabo la firma y ratificación de instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos:
Firma y ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ratificación de la Convención sobre municiones en racimo.
Ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
MEDIDA 3.- Se introducirán las reformas procesales necesarias para hacer efectiva la segunda instancia en todos los procesos penales, en cumplimiento de compromisos asumidos a nivel internacional (esencialmente, artículo 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos), y de acuerdo con los dictámenes dictados al respecto por el Comité de Derechos Humanos.
MEDIDA 4.- Se creará el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, previsto en el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
MEDIDA 5.- Se adoptará un Protocolo de actuación para dar cumplimiento a los Dictámenes y Recomendaciones de los distintos Comités de protección de los Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas. En particular, se establecerán pautas para tramitar las recomendaciones de dichos Comités con el objeto de proporcionar reparación adecuada a los interesados.
MEDIDA 6.- Se desarrollará el Plan de Acción del Gobierno de España para la Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2000), sobre Mujeres, Paz y Seguridad, para incorporar a las mujeres, en condiciones de igualdad, en los mecanismos de representación y en los procesos de toma de decisión que tengan lugar durante las diferentes fases de las misiones de paz, evitando que queden relegadas y que sus voces y necesidades sean silenciadas, y asimismo para poner freno a las violaciones que contra los derechos humanos de las mujeres y de las niñas se cometen durante los periodos de conflicto y posconflicto, así como a la impunidad de determinados delitos relacionados con la violación y otros abusos sexuales, contribuyendo a garantizar su seguridad y a que se acate la legalidad y se impongan las penas establecidas por el derecho internacional.
MEDIDA 7.- El Gobierno participa activamente y apoya la negociación de un acuerdo internacional para el establecimiento de normas comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales, el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA).
En paralelo, seguirá apoyando la implementación a nivel global de otras iniciativas e instrumentos internacionales que tengan por objeto combatir el comercio ilícito y la proliferación de armas pequeñas y ligeras entre los civiles con el fin de reducir la violencia armada y promover entornos de seguridad humana, como son el Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, el Protocolo sobre armas de fuego anejo a la Convención sobre Crimen Organizado Transnacional, o el instrumento de marcaje y trazado de armas
MEDIDA 8.- Se impulsará el reconocimiento del derecho al agua potable como derecho humano.
MEDIDA 9.- Se realizará un diagnóstico de las actuaciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa y de las medidas a adoptar en el marco de las Resoluciones de Naciones Unidas, especialmente en el marco del Global Compact, y contando con las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y el reforzamiento de las prerrogativas de la OIT en este campo.
MEDIDA 10.-. Se impulsarán acuerdos internacionales y acciones bilaterales y multilaterales en materia de lucha contra el cambio climático. De manera particular, se participará activamente en la Conferencia de las Partes del Convenio marco de Naciones Unidas sobre Cambio climático que se celebrará en 2009, y que debería adoptar un acuerdo global y exhaustivo sobre el régimen climático mundial a partir de 2012.
MEDIDA 11.- Se promoverá la protección integral a las víctimas de terrorismo, así como el establecimiento y desarrollo adecuado del Fondo para compensar a las víctimas, propuesto en el marco de la Estrategia Global contra el Terrorismo.
MEDIDA 12.- Se creará la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que contribuirá a los esfuerzos de la Comunidad Internacional en la lucha por una moratoria universal, como paso previo a la abolición total y efectiva de la pena de muerte en el mundo.
MEDIDA 13.- Se promoverá junto a Naciones Unidas los principios que representa la Alianza de Civilizaciones y se impulsará el Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones.
MEDIDA 14.- Se promoverán aquellas acciones necesarias para la aplicación de los postulados contenidos en la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.
2.- Unión Europea
España desempeñará la presidencia de la Unión durante el primer semestre de 2010. Durante la misma, y en colaboración con Bélgica y Hungría, impulsará en particular las siguientes medidas:
MEDIDA 15.- En el ámbito institucional:
En caso de entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión se dotará de la Carta de Derechos Fundamentales, añadida como Protocolo al Tratado y que ha sido ratificado por España. La Carta dotará de derechos, legalmente vinculantes, a los ciudadanos y ciudadanas europeos frente a las decisiones de las instituciones de la UE (Parlamento Europeo, Comisión y Consejo). Ello conlleva la adecuada preparación y efectiva aplicación de las novedades que introduce en el ámbito de los Derechos Humanos.
España impulsar el papel de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en la protección y el fomento de los derechos y libertades fundamentales.
MEDIDA 16.- En el ámbito de relaciones exteriores, defensa y cooperación, se promoverá:
Una Estrategia europea de seguridad comprometida con el multilateralismo eficaz, centrado en las NNUU y basado en la legalidad internacional.
En el ámbito del Partenariado Euromediterráneo tanto en la Política Europea de Vecindad como en la Unión por el Mediterráneo, España fomentará la atención común Euromed hacia la protección y promoción de los derechos humanos, especialmente en la ejecución del Programa de Trabajo quinquenal asumido en la Cumbre de Barcelona de 2005.
Se hará especial hincapié en el seguimiento de los Acuerdos de Asociación, en el fomento de una mayor cooperación en el ámbito de Naciones Unidas y su Consejo de Derechos humanos, en una aplicación del Código de Conducta de lucha antiterrorista siempre respetuosa con los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos al respecto, y en mantener una especial atención a las medidas para fomentar la igualdad, prevenir toda discriminación y potenciar el papel de la mujer en la sociedad (Agenda Euromed de Estambul).
La contribución de la UE, mediante operaciones de gestión de crisis, a la estabilización y resolución de conflictos, cooperando estrechamente en materia de gestión de crisis con Naciones Unidas así como con Organizaciones de carácter regional como la OTAN, la OSCE y la Unión Africana.
La ejecución de las Estrategias de la UE contra el comercio ilícito, la acumulación y la proliferación de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones, y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Una estrategia coherente de la UE en defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, que garantice que la Unión hable con “una sola voz” en el sistema de las Naciones Unidas.
La protección y promoción de los derechos humanos y su integración en todo el sistema de NNUU. Se promoverá en particular, la consolidación del Consejo de Derechos Humanos y la lucha contra la pena de muerte, así como la lucha contra la discriminación y violencia a la mujer, la defensa del derecho al agua potable y al saneamiento y la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y la cohesión social.
En el marco de la acción exterior de la UE, se impulsará la protección y promoción del respeto a los derechos humanos como política específica y como elemento horizontal de otras políticas. En este sentido se hará especial hincapié en la cláusula democrática en los Acuerdos de Asociación de la UE con terceros países en aras de una mayor coherencia en la defensa de los derechos humanos en el mundo.
Una atención prioritaria al continente africano, impulsando la aplicación de la Estrategia y Partenariados Conjuntos Unión Europea – África: en particular en materia de objetivos de desarrollo del milenio, capacidades de construcción y consolidación del estado de derecho, gestión de flujos migratorios, operaciones de mantenimiento de la paz, dimensión de género y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Un refuerzo de los mecanismos de diálogo y de cooperación de la UE con la UA y los organismos regionales africanos.
Se prestará especial atención a la cooperación para el desarrollo, impulsando el cumplimiento de los compromisos y consensos internacionales, las relaciones de partenariado estratégico con los países en desarrollo y la nueva arquitectura internacional de desarrollo al hilo de los escenarios y necesidades que la crisis económica internacional marque.
MEDIDA 17.- Se prestará atención preferente al inicio de la aplicación del Programa plurianual para el desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (Programa de Estocolmo), que sustituirá al actual Programa de La Haya, en particular a:
Proseguir y reforzar una política de inmigración integral y global en la UE, desarrollando los postulados del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, poniendo especial énfasis en la lucha contra el tráfico de personas a través del diálogo transversal y la cooperación con los países de origen y tránsito. La Presidencia española de la UE en 2010 deberá evaluar la aplicación del Enfoque Global de las Migraciones y del Pacto Europeo: inmigración legal, integración, lucha contra la inmigración ilegal, gestión de fronteras, inmigración y desarrollo, y asilo aprobado en el Consejo Europeo de Octubre de 2008, que refuerza los derechos de los inmigrantes.
Continuar y ejecutar los avances en materia de política común de Visados, así como la política y espacio común de Asilo y protección internacional, también contemplado en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo - PEMA, en diálogo y cooperación con terceros países.
Reforzar la cooperación en materia de terrorismo, crimen organizado, incluyendo trata de seres humanos y tráfico de drogas.
Promover acciones para conciliar seguridad y derechos y libertades de los ciudadanos europeos, en el disfrute de la libre circulación de personas.
Diseñar un Plan de acción contra la pederastia y la protección de la infancia, diseñar y adoptar medidas comunes contra la violencia de género, ampliar las garantías procesales y tomar medidas en apoyo de las víctimas de delitos (Estatuto de víctimas), en particular, de terrorismo.
MEDIDA 18.- En el ámbito de la promoción de la igualdad de género y no discriminación:
La Presidencia española de la UE tendrá como una de sus grandes prioridades las políticas de igualdad de género. El Plan para la igualdad entre mujeres y hombres 2006-2010 y el Pacto Europeo para la Igualdad de Género constituirán la referencia de partida para las iniciativas de la Presidencia. Dado que es de importancia primordial lograr la igualdad laboral entre mujeres y hombres, se prestará especial atención a las medidas sobre las diferencias salariales por razón de sexo, al trabajo a tiempo parcial, a la igualdad de oportunidades en el mundo empresarial y a la conciliación de la vida profesional, familiar y personal, tanto para las mujeres como para los hombres, incluido el permiso parental por nacimiento de hijos.
Se dedicará una atención especial y prioritaria a la cuestión de la violencia contra las mujeres y se propondrá la creación de un Observatorio Europeo sobre Violencia de Género que, en colaboración con el Instituto Europeo de Género, elabore indicadores comunes sobre violencia de género, entre otras cosas.
MEDIDA 19.- El Gobierno impulsará el desarrollo de la política medio ambiental europea; una política común para la sostenibilidad energética, basada en la seguridad de suministros, la solidaridad y la diversificación de fuentes de energías renovables en la Unión Europea, de manera que la UE siga siendo el motor mundial en todos los aspectos de la lucha contra el cambio climático, tanto en la reducción de los gases de efecto invernadero como en la adaptación a los efectos del cambio climático.
MEDIDA 20.- En el ámbito social, las medidas económicas que adopte la Unión durante la Presidencia española tendrán como objetivo esencial la creación del empleo. En ese marco, se concederá especial atención a la revisión de la Agenda Social Renovada, a la celebración en 2010 del Año Europeo contra la pobreza y la exclusión social, la igualdad de género y la no discriminación, así como los objetivos de empleo de la estrategia de Lisboa, la creación de empleo de calidad, y la adecuación y sostenibilidad de las medidas de protección social y de inclusión social.
3.- Consejo de Europa
MEDIDA 21.- La Presidencia española del Comité de Ministros del Consejo de Europa, tendrá entre sus prioridades la promoción de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Democracia, y dedicará especial atención a:
Aumentar de la eficacia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos realizando esfuerzos para conseguir la ratificación por todos los Estados firmantes del Protocolo 14 al Convenio.
Contribuir activamente en la conmemoración del 50º aniversario del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Luchar por la abolición de la pena de muerte:
Continuar impulsando que la moratoria se convierta en abolición definitiva dentro del propio Consejo de Europa.
Estimular que otras Organizaciones Internacionales incluyan también la abolición o, al menos, la moratoria de la pena de muerte como uno de los criterios de admisibilidad.
Apoyar la creación de la Comisión Internacional para la abolición universal de la pena de muerte.
fomentar la más amplia aplicación de las recomendaciones del informe del “Grupo de Personas Eminentes”.
Luchar contra el terrorismo: agilizar el proceso de ratificación del Convenio para la Prevención del Terrorismo, promover que el mayor número posible de Estados se adhieran al mismo y gestionar en Naciones Unidas que el Consejo de Europa tenga un papel específico en materia de aplicación de la Estrategia Global contra el Terrorismo. Además de ello, y si durante nuestra Presidencia se alcanzara el numero mínimo de ratificaciones requerido, España impulsaría la convocatoria de la Primera Conferencia de Estados Parte, a fin de evaluar su aplicación.
Impulsar la puesta en práctica de las recomendaciones y compromisos incluidos en el Libro Blanco sobre el diálogo intercultural del Consejo de Europa y contribuir a poner en marcha los mecanismos de cooperación previstos en el Memorando de Entendimiento concluido entre el Consejo de Europa y la Alianza de Civilizaciones, de tal modo que la labor conjunta de ambas instituciones aporte un valor añadido a la aplicación de las recomendaciones del informe del Grupo de Alto Nivel sobre Alianza de Civilizaciones .
Apoyar la elaboración de una Convención Europea para la Prevención y la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
En relación al fenómeno migratorio, España velará por que el Consejo de Europa y la Unión Europea cooperen lo más estrechamente posible en este ámbito, sobre la base de unos principios-guía como son la protección de las personas que se ven en la necesidad de desplazarse desde sus países de origen, la elaboración de las políticas en esta materia contando con los países de origen y la lucha contra el tráfico de inmigrantes y contra la trata de seres humanos.
MEDIDA 22.- Se llevará a cabo la firma y ratificación de instrumentos internacionales en el marco del Consejo de Europa:
Protocolos 4, 7 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la lucha contra la trata de seres humanos.
Firma del Convenio sobre Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y la Financiación del Terrorismo, de fecha 3 de mayo de 2005.
MEDIDA 23.- Se llevará a cabo una revisión del estado de ratificación por parte española de los instrumentos principales del Consejo de Europa en el ámbito social, en particular la Carta Social Europea Revisada y el Código Europeo de Seguridad Social, con vistas a su posible ratificación.
MEDIDA 24.- Se intensificará la colaboración con el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
4.- Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE
MEDIDA 25.- Se reforzará la colaboración con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE en su tarea de promoción de los Derechos Humanos en los países de esa Organización, especialmente los derechos básicos de expresión, reunión y asociación.
MEDIDA 26.- España, promoverá que se intensifiquen las acciones de cooperación en el ámbito de la lucha antiterrorista, medidas para la seguridad y el cambio climático, medidas para la lucha contra la intolerancia, medidas para mejora de situación Comunidades Roma (pueblo gitano) y Sinti, medidas para la lucha contra el tráfico de personas.
MEDIDA 27.- Se incrementará la participación de España en misiones de observación electoral.
5.- Relaciones bilaterales y multilaterales
MEDIDA 28.- Se mantiene el compromiso de destinar el 0,7% del PIB en 2012 a Cooperación al Desarrollo, con el objetivo general de contribuir a un progreso sustancial hacia el desarrollo humano y sostenible y la erradicación de la pobreza.
MEDIDA 29.- Se reforzará la dimensión de derechos humanos en el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, profundizando la apuesta ya realizada en el II Plan 2005-2008. Se mantendrá la promoción de los derechos humanos como prioridad horizontal.
MEDIDA 30.- Se reforzará el Programa de Acogida y Protección de Defensores de Derechos Humanos perseguidos que gestiona la Oficina de Derechos Humanos.
MEDIDA 31.- Siguiendo con el compromiso que ya manifestó España al ratificar la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo en diciembre de 2007, España promoverá en sus relaciones bilaterales y multilaterales los derechos de las personas con discapacidad.
MEDIDA 32.- Se promoverá la atención, reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo y de sus familiares, fomentando la solidaridad de los Estados con las víctimas (frente a la caridad) así como la protección y garantía de los derechos jurídicos de las víctimas (no solo morales).
MEDIDA 33.- El Gobierno español, a través de su participación en las organizaciones internacionales y con arreglo a los tratados internacionales relativos al respeto de los derechos humanos, impulsará su aplicación para acabar con la discriminación por razón de la orientación sexual y de la identidad de género.
MEDIDA 34.- Se promoverá la protección de los derechos humanos en las relaciones bilaterales, articulando la acción exterior a través de los Planes de Acción (así Plan de Acción Asia y Pacífico, Plan de Acción África).
MEDIDA 35.- Siguiendo los compromisos adquiridos por España con Iberoamérica, se reforzará la dimensión de derechos humanos, en el partenariado estratégico birregional UE-ALC. En particular: España favorecerá la consideración de la educación, innovación y desarrollo, como instrumentos específicos de erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
MEDIDA 36.- En relación a los países en conflicto o que sufren crisis humanitarias, se promoverá la acción diplomática dirigida a apoyar su pacificación, reconciliación y estabilización en los distintos foros internacionales (ONU, UE u organismos regionales como la UA).
En las misiones, civiles o militares, en las que participe España para el mantenimiento de la paz o la resolución de conflictos, se incluirán mecanismos de seguimiento y evaluación sobre la situación de los derechos humanos.
De forma prioritaria se promoverán acciones dirigidas a garantizar la seguridad del corredor humanitario del PMA, así como a la seguridad y protección de la vida e integridad de las personas que naveguen en el Océano Índico y cuerno de África.
MEDIDA 37.- El Gobierno apoyará activamente los valores y principios que representa la Corte Penal Internacional:
Mediante la promoción y apoyo a la Corte Penal Internacional en foros internacionales.
Mediante la participación de España como miembro de la Mesa de la Asamblea de Estados Parte en el período 2008-2011, así como en el Grupo de Amigos de la Corte.
Mediante el impulso de la justicia penal internacional en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea, de manera particular, durante la Presidencia española de la UE.
MEDIDA 38.- España continuará cooperando para lograr un funcionamiento eficaz de la Corte Penal Internacional, de los tribunales ad hoc y otros organismos de lucha contra la impunidad:
Respondiendo a las solicitudes puntuales que sean dirigidas por la Corte;
A través del apoyo a instituciones tan importantes como el Fondo Fiduciario para las Víctimas, en especial, manteniendo las contribuciones voluntarias periódicas a dicho Fondo y realizando contribuciones a otros Fondos que se hayan establecido en el marco de la Corte;
A través de la cooperación de España en el proceso de cierre de los tribunales ad hoc;
Mediante un continuado apoyo financiero a estos tribunales y organismos internacionales de lucha contra la impunidad, así como a diversas instituciones dedicadas a los temas de lucha contra la impunidad y justicia penal internacional.
Mediante la activa colaboración y participación en los Grupos de Trabajo de la Mesa, en el Grupo de Amigos de la Corte, así como en los foros de la Unión Europea que realizan el seguimiento de la CPI.
MEDIDA 39.- España participará activamente en las tareas preparatorias de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma (2010).
MEDIDA 40.- En el plano interno, el Gobierno continuará impulsando la adopción de todas las medidas legislativas que sean precisas para asegurar la plena adecuación del Derecho español a lo previsto en el Estatuto de Roma. En especial, mediante larecepción enel Código Penal de aquellos crímenes internacionales tipificados en el Estatuto que aún no se han incorporado en nuestro sistema penal, lo que se impulsará en el proceso de reforma del Código Penal en curso.
MEDIDA 41.- España ratificará el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades, para lo que ya se ha iniciado el oportuno proceso interno.
Los poderes públicos están vinculados por la Constitución en su quehacer diario, pues ésta determina que a ellos les corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas. De modo que la perspectiva de los derechos humanos debe impregnar la acción que lleven a cabo los diferentes ministerios del Gobierno, dando formación a los funcionarios, aumentando donde sea pertinente la protección de esos derechos y mejorando la respuesta allí donde su efectividad pueda estar cuestionada.
En esa dirección, el Gobierno va a trabajar por la igualdad, y contra la discriminación y el racismo, proponiendo y llevando a cabo reformas legislativas y acciones políticas dirigidas a evitar que las personas puedan ser discriminadas, directa o indirectamente, por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual u origen racial o étnico. Respecto al ámbito de la inmigración, se trata en el Plan de forma transversal, incorporando su enfoque tanto en el ámbito de la acción exterior como en las medidas relativas al ámbito de la Justicia, de la libertad personal y de los derechos sociales.
Asimismo, el Gobierno ha de continuar la lucha contra la violencia de género, buscando la mayor eficacia a la Ley de Medidas de Protección Integral, mejorando las medidas de prevención y de sensibilización, mejorando la respuesta profesional y la atención social a las víctimas, e impulsando la gestión del conocimiento sobre este problema.
La mejor cobertura legal o el desarrollo reglamentario para el ejercicio de las libertades públicas, como es la libertad religiosa o la de asociación, habrán de incidir en la igualdad de todos en el ejercicio de las mismas, independientemente de sus convicciones o creencias.
También en el ámbito de la autonomía personal, se adoptarán medidas para garantizar que las personas sometidas a privación de libertad gocen de todos los derechos y garantías que la Constitución les reconoce. Por su parte, el Ministerio del Interior asume con firmeza la decisión de fomentar la cultura del respeto a ultranza de los derechos humanos. Prueba de ello ha de ser el esfuerzo en la formación en derechos humanos de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; tanto como lo ha de ser la aplicación del principio de “tolerancia cero” ante posibles conductas que menoscaben su respeto.
Los derechos de los ciudadanos ante la administración de Justicia, la tutela judicial y la atención a las víctimas, son otro elemento fundamental del Plan. Ciertamente, la administración de Justicia se caracteriza por cierta complejidad de perspectivas y niveles; así, la esencial función jurisdiccional de los jueces sólo se entiende en el marco de una organización judicial que, sostenida en una buena gestión, se muestre eficaz como servicio público. A su vez, el acierto en esta organización se vincula a otros importantes factores –territoriales y de gobierno-, que sin duda la determinan. En todo caso, siendo esto relevante para la eficacia de los derechos, un Plan de Derechos Humanos debe fijarse fundamentalmente en aquellos aspectos que afectan de modo más directo a la protección y promoción de los derechos de las personas ante la Justicia. En coherencia con ello, este Plan se detiene en medidas para la mejora de la tutela judicial efectiva, pero también en aquellas que afectan a la atención a las víctimas, y a la mejor formación de los operadores jurídicos.
La protección internacional de los refugiados y demás personas perseguidas en sus países de origen es el objetivo que persigue todo sistema de asilo, pues se trata de un instrumento esencial para la defensa de los derechos humanos. En el ámbito normativo interno, debe avanzarse en un sistema jurídico que refuerce las garantías y permita identificar a las personas en necesidad de protección internacional.
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, y dentro del marco competencial establecido, trabajará para fortalecer la cohesión de las prestaciones de educación, de vivienda, de sanidad y los servicios sociales básicos. Atenderá con especial interés la dignidad de las condiciones laborales de los trabajadores, pondrá más medios para minimizar los riesgos laborales, procurará que aquellas personas que estén en peores condiciones económicas puedan acceder con mayor facilidad a las prestaciones públicas, y prestará especial atención a la protección de los derechos de los menores no acompañados.
Por último, teniendo en cuenta el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el Plan propone medidas para minimizar el impacto de la actividad humana en el Medio Ambiente y para mejorar la calidad del mismo, teniendo en cuenta la necesaria coordinación entre las diferentes administraciones.
Estos son los campos de actuación que comprende la acción interior del Plan. Desde esta perspectiva, el Plan vincula al Ejecutivo para llevar acabo acciones propias, en el marco de sus competencias, pero también lo faculta como motor de acciones en buena medida necesitadas de cooperación por parte de los entes territoriales.
Los instrumentos para hacer realidad los compromisos en política interior son fundamentalmente normativos, presupuestarios, de coordinación interministerial e interinstitucional. También los planes y estrategias que identifiquen claramente las medidas a adoptar y el mejor modo de realizarlas. Asimismo, el diálogo periódico con la sociedad civil ha de ser un mecanismo al servicio de los objetivos que se propongan en este campo.
MEDIDA 42.- Se propondrá al Parlamento una Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación.
MEDIDA 43.- Se adoptará y pondrá en marcha el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, especialmente mujeres, niñas y niños.
MEDIDA 44.- La Ley Electoral reconocerá el derecho al voto en las elecciones municipales de los extranjeros residentes no comunitarios, conforme a lo previsto en la Constitución y en los tratados que se suscriban.
MEDIDA 45.- Se aprobará el primer Plan de Trabajo del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, con un calendario para seguimiento y evaluación del mismo.
MEDIDA 46.- Se ejecutará y evaluará el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010), orientado a potenciar la cohesión social a través del fomento de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de integración de la población extranjera que se encuentre en España, y el respeto a su cultura.
MEDIDA 47.- Se aprobará y pondrá en marcha una Estrategia Nacional e Integral de lucha contra el racismo y la xenofobia.
MEDIDA 48.- Se aprobará y ejecutará un Plan de acción para mejorar las condiciones de vida de la población gitana, y en cuyo diseño tendrá una activa participación el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Continuación del Programa de Desarrollo Gitano, con financiación a programas gestionados por las CCAA y los ayuntamientos, así como las ONG.
Impulso de las actividades del Instituto de Cultura Gitana.
Continuidad de los trabajos del órgano de participación en el ámbito estatal, Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Facilitar la inclusión laboral de los gitanos y gitanas a través del desarrollo de proyectos gestionados por ONG del movimiento asociativo gitano en el marco del Programa Operativo de lucha contra la discriminación del Fondo Social Europeo para el periodo 2007-2013.
Avanzar en una mayor interacción dentro de la Red Europea sobre Inclusión Social y Comunidad Gitana cuyo objetivo es promover el uso de los Fondos Estructurales para mejorar la efectividad de las políticas dirigidas a la comunidad gitana y favorecer su inclusión social.
MEDIDA 49.- Se modificará la Ley Orgánica 4/2000, como consecuencia de las Sentencia 236/2007, de 7 de noviembre del Tribunal Constitucional, a propósito de los derechos de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita de los extranjeros.
MEDIDA 50.- Se adoptarán las medidas necesarias para incentivar la ejecución y la evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, con el doble objetivo de: 1º) reparar situaciones de discriminación; 2º) recuperar el valor de la incorporación de las mujeres en paridad para el crecimiento económico y la modernización social.
MEDIDA 52.- Se fomentará la participación de las organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad civil y agentes sociales en el desarrollo de programas de sensibilización y prevención.
MEDIDA 55.- Se elaborará un Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población Inmigrante con la finalidad de mejorar las actuaciones que se realicen con las víctimas de violencia de género inmigrantes por su situación de especial vulnerabilidad social.
MEDIDA 56.- Se elaborará un Mapa de los recursos existentes en materia de asistencia social integral con la finalidad de establecer unos mínimos comunes en todo el territorio sobre disponibilidad, accesibilidad y calidad de los recursos de asistencia. En este estudio se tendrán en cuenta las necesidades de las mujeres más vulnerables.
MEDIDA 57.- Se actualizarán y reelaborarán protocolos de actuación que contemplen los criterios de intervención, la sensibilización y formación de los y las profesionales que intervienen en estas situaciones (colaborando con los órganos competentes en la impartición de cursos, celebrando jornadas para abordar las cuestiones que se suscitan en su trabajo en relación con la violencia de género, elaborando materiales formativos).
MEDIDA 58.- Se crearán los Grupos de Trabajo del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para el seguimiento de la evolución de la violencia de género y de la efectividad de las medidas acordadas (preventivas, educativas, jurídicas, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas).
MEDIDA 59.- Se concederán becas de formación en el Observatorio contra la Violencia de Género.
MEDIDA 60.- Se pondrá en marcha la Plataforma Digital para la gestión del conocimiento de la Delegación de Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, con la finalidad de disponer, y hacer posible la disposición, de información estadística que permita la realización de análisis detallados para conocer la dimensión y evolución del fenómeno violento con el objetivo de posibilitar la toma de decisiones para combatirlo más eficazmente.
MEDIDA 61.- Se impulsará y financiará la realización de estudios y trabajos técnicos sobre la violencia de género, especialmente desde la perspectiva de las mujeres más vulnerables (mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes, mujeres mayores, mujeres rurales y pertenecientes a minorías étnicas).
MEDIDA 62.- El Observatorio Estatal elaborará un Anuario Estadístico de violencia de género, que aborde el diagnóstico del problema de modo global y de acuerdo con todos los aspectos contemplados en la Ley Integral.
MEDIDA 63.- Se reforzará la coordinación con las Comunidades Autónomas y las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de formación de profesionales, información, persecución de maltratadores y asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género.
MEDIDA 64.- Se adoptarán medidas para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos españoles en el exterior.
MEDIDA 65.- Se mejorarán los medios y recursos materiales y tecnológicos de la Oficina Española de Retorno con el objeto de facilitar el regreso de los ciudadanos en el exterior que lo deseen, integrando toda la información relativa a las normas, procedimientos administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno.
MEDIDA 66.- Se pondrán en marcha mecanismos ágiles para la relación con el Defensor del Pueblo, apoyando la creación de la Oficina de Defensa del Español en el exterior dentro de los servicios del Defensor.
MEDIDA 67.- Se creará un Fondo para garantizar la asistencia jurídica a los penados españoles en el extranjero, en particular cuando estos estén condenados a muerte.
MEDIDA 68.- Se subscribirán convenios de colaboración con las instituciones públicas encargadas del derecho de defensa en los países con los que se pueda acordar, significadamente en el ámbito Iberoamericano, para garantizar la defensa de españoles en el extranjero.
MEDIDA 69.- Se adoptarán acciones dirigidas especialmente a favor de los jóvenes y de las mujeres con el objeto de facilitar la contratación laboral de los ciudadanos españoles en el exterior, a través de la formación para el empleo, la promoción profesional y la inserción laboral.
MEDIDA 70.- El Gobierno aprobará un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, recogiendo la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
MEDIDA 71.- Se creará el Observatorio sobre el pluralismo religioso en España.
MEDIDA 72.- Se elaborará un Mapa sobre el pluralismo religioso en España.
MEDIDA 73.- Se elaborará un Estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal.
MEDIDA 74.- Se reforzará la formación y enseñanza de los distintos agentes públicos (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, facultativos sanitarios…) en materia de libertad religiosa.
1.- La tutela judicial efectiva
1. Doble instancia penal
MEDIDA 75.- Se introducirán las reformas procesales necesarias para hacer efectiva la segunda instancia en todos los procesos penales.
2. Reducción de los plazos y mejora del servicio público
MEDIDA 76.- Se procederá a un aumento de planta y a la adaptación de la demarcación judicial con el fin de acercar la justicia a los ciudadanos y otorgar un mejor servicio público que permita reducir los plazos de la respuesta judicial.
MEDIDA 77.- Se llevará a cabo la implantación efectiva de la nueva Oficina judicial, esfuerzo modernizador dirigido a racionalizar los actuales métodos de trabajo, a fin de lograr que se preste un servicio público eficaz a los ciudadanos, descargando a los jueces y magistrados de todas aquellas tareas no jurisdiccionales que vienen realizando actualmente, y por lo tanto dedicando la mayor parte de su tiempo a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
MEDIDA 78.- Se aprobará por el Gobierno un proyecto de Ley de Mediación, basado en los principios establecidos por las disposiciones europeas, dirigido a impulsar esta medida alternativa de resolución de conflictos.
3. Derechos de los ciudadanos ante la Justicia
MEDIDA 79.- Se garantizará el cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer eficazmente su derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes en todos los órganos jurisdiccionales de España.
2.- Formación en derechos humanos a los actores de la Justicia
MEDIDA 80.- El Centro de Estudios Jurídicos llevará a cabo acciones de formación inicial y continuada destinadas principalmente a Fiscales, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y Abogados del Estado, en materia de protección internacional de los derechos humanos. Se trata principalmente de dar a conocer los instrumentos y mecanismos más recientes que se han ido elaborando a nivel internacional y de impulsar su correcta implementación a nivel nacional.
MEDIDA 81.- Se diseñarán y establecerán cursos de derechos humanos para futuros abogados en la reglamentación relativa a los convenios que vayan a concluir Universidades y Colegios de Abogados en desarrollo de la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura. Se mejorará así la formación práctica de Letrados y Procuradores, asegurando un nivel mínimo de calidad homogénea de Abogados y Procuradores.
MEDIDA 82.- Se promoverán convenios con el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la formación inicial y continuada de jueces y magistrados en el ámbito de los derechos humanos.
MEDIDA 83.- Se creará un Registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias penales pendientes de firmeza.
MEDIDA 84.- Se aprobará un proyecto de ley para la reforma del Código penal, con el objeto de introducir el delito de trata de seres humanos en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos.
MEDIDA 85.- Se aprobará un proyecto de ley para la reforma del Código penal, con el objeto de proteger a los mejores, castigando más gravemente los delitos sexuales cometidos contra ellos y adaptando la legislación penal a los compromisos internacionales suscritos.
MEDIDA 86.- Se desarrollará la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, para que su aplicación sea efectiva. En particular se pondrá en marcha:
el procedimiento para la declaración de reparación y reconocimiento personal prevista en el artículo 4 de la Ley 52/2007;
el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por parte de los voluntarios integrantes de la Brigadas Internacionales previsto en el artículo 18 de la Ley 52/2007;
procedimiento para el abono de las indemnizaciones reconocidas en la ley 52/2007, de 26 de diciembre, a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia
las disposiciones que faciliten el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Dirección General de los Registros y del Notariado previstas en la disposición adicional octava de la Ley 52/2007.
instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007
Protocolo de actuación científica multidisciplinar para la realización de las exhumaciones
Mapa que integre los mapas que elaboren las Administraciones Públicas de los territorios donde se localicen restos de las víctimas.
Adopción de medidas de preservación de los terrenos en los que se localicen restos de las personas fallecidas como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.
MEDIDA 87.- Se creará una Oficina de atención a las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que coordinará los trabajos de impulso, desarrollo y seguimiento de la Ley 52/2007.
Atención a las víctimas del terrorismo
MEDIDA 88.- El Gobierno asegurará una política de protección integral de la víctima y de su entorno más próximo, promoviendo las siguientes acciones:
a) Elaboración de un proyecto de ley que se remitirá al parlamento y que garantizará un tratamiento específico e integral para las víctimas del terrorismo y sus familias.
b) Apoyo institucional, asistencial y material a través, fundamentalmente, de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo dependiente del Ministerio del Interior, así como de los Ministerios de la Presidencia, Educación y asuntos sociales o Hacienda.
c) Colaboración y cooperación con los colectivos representativos de víctimas (Asociaciones y Fundaciones) y en particular con la Fundación Víctimas del Terrorismo.
d) Mejoramiento del apoyo psicológico para el tratamiento del estrés postraumático.
MEDIDA 89.- El Gobierno reforzará el estatus de la víctima del terrorismo en el proceso penal, de acuerdo con los estándares establecidos en nuestro derecho interno o europeo para las víctimas de delitos violentos y de orden sexual, promoviendo en todo caso las siguientes acciones:
a) Mejoramiento de los mecanismos de información y comunicación a través de la oficina de atención a víctimas dependiente del Ministerio de Justicia, con sede en la Audiencia Nacional y del Fiscal Especial para Víctimas.
b) Consolidación de los programas de acompañamiento judicial y de preparación psico-social desarrollados desde la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, tanto durante la celebración del juicio, como, en el caso de las personas heridas, en su visita a los médicos forenses.
MEDIDA 90.- El Gobierno tratará adecuadamente las distintas situaciones de victimización, en particular la de los españoles que sufran atentados en el extranjero.
MEDIDA 91.- El Gobierno reconocerá moral y políticamente a las personas acosadas por el terrorismo, particularmente en el País Vasco y Navarra.
MEDIDA 92.- El Gobierno apoyará al movimiento asociativo de las víctimas del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional, para contribuir a su visibilidad y reconocimiento.
MEDIDA 93.- El Gobierno velará por la dignidad, el honor y la memoria de las víctimas, así como por la justicia efectiva hacia los victimarios.
1.- Garantías legales del detenido
MEDIDA 94.- Se creará el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, previsto en el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
MEDIDA 95.- Se dictará una nueva Instrucción que modifique la actual regulación de los libros de “registro” y “custodia de detenidos” existentes en todas las dependencias policiales para mejorar la información que recogen y, en concreto, poder conocer de manera fehaciente, en todo momento, aquellas incidencias que se produzcan en el período transcurrido entre la detención de un ciudadano y su puesta a disposición judicial o en libertad.
MEDIDA 96.- En relación con el derecho de asistencia letrada al detenido. Para mejorar las garantías de las personas detenidas y dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de defensa de los derechos humanos, y muy particularmente el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, el Gobierno propondrá la reforma del artículo 520.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de reducir el actual plazo máximo de ocho horas, dentro del que debe hacerse efectivo el derecho a la asistencia letrada.
MEDIDA 97.- En relación con el régimen de detención incomunicada. Para mejorar las garantías de los detenidos sometidos a este régimen, el Gobierno adoptará las siguientes medidas:
a) Se abordarán las modificaciones legislativas oportunas para prohibir expresamente la aplicación del régimen de detención incomunicada a los menores de edad, con independencia del delito que presuntamente hayan cometido.
b) Se abordarán las medidas normativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a la recomendación de los organismos de derechos humanos de grabar, en vídeo u otro soporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a régimen de incomunicación.
c) Se adoptarán las medidas oportunas a fin de garantizar que el detenido sometido a régimen de incomunicación pueda ser reconocido, además de por el forense, por otro médico adscrito al sistema público de salud libremente designado por el titular del futuro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
d) Además, para incrementar las garantías del detenido, el médico forense realizará su reconocimiento siguiendo las indicaciones contenidas en un Protocolo que elaborará a tal efecto el Ministerio de Justicia y que contendrá las comprobaciones médicas mínimas a realizar al detenido y los partes normalizados a cumplimentar.
2.- Derechos humanos en los centros penitenciarios.
MEDIDA 98.- Se aprobará un proyecto de Ley de Cuerpos Penitenciarios que, entre otras cuestiones, aborde la ordenación de los cuerpos de funcionarios penitenciarios para adaptarlos a la evolución de sus tareas, actualizar la definición de sus funciones y de sus competencias y revisar las necesidades de capacitación y de formación inicial y continuada.
MEDIDA 99.- El Gobierno creará cinco nuevas Unidades de Madres para el cumplimiento de las penas de aquellas madres que conviven en prisión con sus hijos menores, con el objetivo de sacar a los niños de las prisiones y fomentar el arraigo familiar.
MEDIDA 100.- Se dará prioridad al desarrollo del medio abierto en los centros penitenciarios:
Se establecerá un programa marco de intervención con personas excarceladas y en libertad condicional, promoviendo los recursos específicos de integración e inserción en coordinación con las administraciones territoriales.
3.- Funcionamiento de la Inspección de personal y servicios.
MEDIDA 101.- Se abordarán las modificaciones normativas oportunas para seguir mejorando la eficacia de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. Se dictará un Real Decreto que permita racionalizar y reordenar la regulación de la Inspección, con el objeto de mejorar su eficacia y agilizar su labor, estableciendo con mayor claridad sus funciones, procedimientos y mecanismos de relación con los cuerpos policiales, así como su independencia de los mismos.
MEDIDA 102.- El Ministerio del Interior diseñará una aplicación que permita, al menos, recopilar datos actualizados de casos que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas que se encuentren bajo custodia policial.
4.- Formación en derechos humanos a los FCSE
MEDIDA 103.- El Ministerio del Interior organizará cursos y jornadas de formación inicial y continuada sobre los comportamientos exigidos a todos los Miembros de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado para Garantizar los Derechos de las Personas Detenidas o bajo Custodia Policial (Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad).
MEDIDA 104.- Se organizarán jornadas dirigidas a dar a conocer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el funcionamiento y ámbito de competencias de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, tales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o los Relatores Especiales de Naciones Unidas.
MEDIDA 105.- Se realizarán los esfuerzos adecuados para intensificar la formación en protección internacional de los miembros de las FCSE que participan en el ámbito del derecho de asilo.
5.- Garantías de los derechos humanos en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
MEDIDA 106.- Se elaborará un Protocolo sobre los servicios mínimos, aspectos esenciales del funcionamiento y régimen interno de los CIEs, estableciendo una diferencia clara entre los aspectos de seguridad y los socio-asistenciales.
MEDIDA 107.- Se reformará y aumentará la red de centros de internamiento de extranjeros, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida de los inmigrantes irregulares mientras se tramitan los procesos de repatriación.
8. DERECHO DE ASILO Y RESPETO DEL PRINCIPIO DE NON REFOULEMENT.
MEDIDA 108.- El Gobierno garantizará por medio de la nueva Ley de Asilo la protección de aquellas personas a quienes es de aplicación el estatuto de refugiado, procurando un marco de transparencia a las decisiones que se adopten en su aplicación.
MEDIDA 109.- El Gobierno garantizará el cumplimiento del principio de “non refoulement”, impidiendo la entrega de cualquier persona a un país en el que corra peligro su vida o su integridad física.
MEDIDA 110.- Se establecerá un programa de formación para jueces, fiscales, funcionarios de la administración de justicia, abogados, policías y sociedad civil, en materia de protección internacional de las personas refugiadas.
MEDIDA 111.- Se adoptarán programas de reasentamiento de refugiados, dentro del marco de la nueva Ley de Asilo y de Acuerdo con lo previsto en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, sobre la base del voluntariado.
Medidas contra el abandono escolar prematuro
MEDIDA 112.- Se ampliará el Programa de Mejora de Éxito Escolar y los Programas dirigidos a disminuir las bolsas de abandono temprano de la escolarización, en colaboración con las CCAA.
MEDIDA 113.- Se implantarán los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
MEDIDA 114.- En la Conferencia Sectorial de Educación se abordarán, entre otras, las cuestiones relacionadas con:
el abandono escolar temprano, con el fin de coordinar las medidas que favorezcan el éxito escolar.
el acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad, la libertad de elección de centro por parte de los padres y la integración de minorías, con el fin de evitar la marginalización educativa.
Medidas para extender la atención educativa
MEDIDA 115.- Se continuará la atención educativa al periodo de 0 a 3 años, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
Medidas para la integración y la convivencia en las escuelas
MEDIDA 116.- El Observatorio Estatal de Convivencia Escolar elaborará un Plan de Trabajo sobre asesoramiento, elaboración de informes y estudios, diagnóstico en materia de convivencia escolar y propuesta de medidas que faciliten la mejora del clima escolar y la convivencia en los centros educativos.
Enseñanza de los derechos humanos en los centros docentes
MEDIDA 117.- Se llevará a cabo el seguimiento de la implantación en el currículo escolar de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, de forma que todos los alumnos y alumnas puedan adquirir el aprendizaje de los valores ciudadanos de una sociedad democrática que tienen por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos humanos.
MEDIDA 118.- Implantación y puesta en marcha de la normativa que regula los requisitos de los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos de Master que habiliten para ejercer la docencia en los cuerpos docentes establecidos por la LOE, Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, incluyendo formación del profesorado en derechos humanos.
MEDIDA 119.- Implantación y puesta en marcha de la normativa que regula los requisitos de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro y Maestra en Educación Primaria incluyendo formación de los maestros en derechos humanos.
MEDIDA 120.- Se promoverán los centros educativos como espacios libres de violencia. Para ello se ampliará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el “Plan de convivencia y mejora de las seguridad en los centros docentes”, con el objetivo de promover acciones en el ámbito escolar en materia de educación y fomento de una cultura de paz y promoción para la mejora de la seguridad personal y ciudadana de la infancia y la juventud, mejorar su conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad colaborar en la prevención y erradicación de las conductas violentas que puedan producirse en el entorno escolar, especialmente la violencia entre iguales, acoso escolar o bullying.
MEDIDA 121.- Se diseñarán e impartirán cursos sobre derechos humanos por parte del Instituto Superior de Formación y Recursos en Red (primaria y secundaria).
MEDIDA 122.- Se elaborarán y pondrán al día las publicaciones y guías sobre enseñanza de derechos humanos para docentes, a cargo del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), o del propio Instituto Superior de Formación y Recursos en Red. Asimismo se fomentará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el CIDE y las ONG especializadas, la producción de materiales para uso de educadores del primer ciclo de Educación Infantil, con el objetivo de que también en este ámbito se adquieran progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social.
MEDIDA 123.- Se facilitará a la comunidad educativa, en colaboración con las administraciones educativas autonómicas, recursos teóricos y prácticos que ayuden al uso responsable de los medios de comunicación y a combatir los programas que alimenten percepciones y estereotipos hostiles, violentos o discriminatorios.
MEDIDA 124.- Se fortalecerá una red de colaboración entre las Administraciones educativas del Estado y los Organismos de Igualdad, en la que intercambiar y compartir recursos educativos que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres desde la prevención en el ámbito educativo.
MEDIDA 125.- Se facilitará a la comunidad educativa, en particular, y a la sociedad, en general, en colaboración con las administraciones educativas autonómicas, recursos teóricos y prácticos que ayuden a fomentar la convivencia y la ciudadanía intercultural en la sociedad española.
Medidas de sensibilización y promoción de los derechos humanos
MEDIDA 126.- Se fomentará la colaboración con los medios de comunicación tanto públicos como privados en la sensibilización y promoción de los derechos humanos.
MEDIDA 127.- Se promoverán medidas de sensibilización y promoción de los derechos humanos en soportes multimedia (videojuegos) e Internet (juegos en red).
MEDIDA 128.- Construcción de 1.500.000 viviendas protegidas en los próximos diez años.
MEDIDA 129.- Se llevarán a cabo políticas de fomento del alquiler destinadas a las personas con menos recursos y colectivos especialmente necesitados de protección.
MEDIDA 130.- Se establecerá un marco normativo para la Rehabilitación y Renovación Urbana vinculándolo al acceso a la vivienda de las personas que más lo necesitan.
MEDIDA 131.- Se llevarán a cabo en colaboración con las administraciones autonómicas y municipales medidas de rehabilitación de edificios y viviendas, vinculándolas al acceso a la vivienda de las personas que más lo necesitan.
MEDIDA 132.- Se aplicarán, en colaboración con las administraciones autonómicas y municipales, acciones para la conservación y rehabilitación de núcleos rurales, vinculándolas al acceso a la vivienda de las personas que más lo necesitan, y con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
MEDIDA 133.- Se acometerán, en colaboración con las administraciones autonómicas y municipales, políticas de renovación urbana y remodelación de barrios, vinculándolas al acceso a la vivienda de las personas que más lo necesitan, y con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
MEDIDA 134.- Se introducirá la perspectiva de género en la política de vivienda como instrumento que puede mejorar significativamente la capacidad de los programas sectoriales para favorecer la superación de la pobreza y lograr la integración ciudadana de estas personas.
MEDIDA 135.- Se promoverán los alojamientos temporales para los colectivos especialmente vulnerables.
3.- Derecho a la salud
MEDIDA 136.- Se impulsará un Pacto por la sanidad con todas las Comunidades Autónomas, para garantizar la permanencia del Sistema Nacional de Salud, manteniendo los principios de equidad, calidad, innovación, cohesión, seguridad y sostenibilidad.
MEDIDA 137.- Se desarrollará una Estrategia de Equidad, Salud y Género. Ésta englobará todas las acciones en materia de igualdad. En su marco, se completará el desarrollo de la estrategia de atención al parto normal, se elaborarán estrategias de prevención del embarazo no deseado, de la fibromialgia, la menopausia y se evaluará e impulsará la aplicación del protocolo de detención precoz de víctimas de violencia de género y malos tratos infantiles, incluyendo proyectos de investigación en la materia.
Medidas de impulso a la salud pública y a la prevención
MEDIDA 138.- Se aprobará un proyecto de Ley de Salud Pública que siente las bases de la moderna salud pública del siglo XXI. Con criterios de coordinación y cooperación institucional y de participación entre todos los actores implicados.
MEDIDA 139.- Se elaborará un Plan de Acción de Salud y Medio Ambiente 2009-2012 en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
MEDIDA 140.- Se elaborará un Plan de Salud Laboral en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
MEDIDA 141.- Se desarrollará el Plan Multisectorial frente a la infección por VIH-sida España 2008-2012, que garantiza la prevención, información, tratamiento, integración, no discriminación e igualdad plena de derechos de las personas afectadas.
Medidas en el ámbito de la seguridad en la atención sanitaria, en coordinación con las Comunidades Autónomas
MEDIDA 142.- Se garantizará la equidad en el acceso de todos los ciudadanos con patologías, especialmente las denominadas enfermedades huérfanas, que, por sus características, precisen cuidados de alto nivel de especialización, mediante la aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la relación de 23 Centros de Referencia designados para atender los primeros procedimientos, métodos, diagnósticos y patologías definidos.
MEDIDA 143.- Se universalizarán los cuidados paliativos, proporcionando una atención adecuada a las personas que los precisen independientemente de su lugar de residencia o de su condición social, impulsando actuaciones de apoyo al cuidador y elaborando protocolos de actuación y guías de práctica clínica.
MEDIDA 144.- Se garantizará la seguridad, calidad en la atención y confidencialidad de los datos de las mujeres en las interrupciones voluntarias del embarazo, así como la seguridad jurídica de los profesionales.
Medidas en el ámbito de la seguridad alimentaria
MEDIDA 145.- El Gobierno desarrollará la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008-2012.
MEDIDA 146.- Se aprobará el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Medidas en el ámbito de la seguridad en la política farmacéutica
MEDIDA 147.- El Gobierno desarrollará la Ley 29/2006 de Garantía y Uso racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios para:
Incrementar la seguridad y la calidad de los medicamentos disponibles reforzando la farmacovigilancia.
Implantar un sistema de trazabilidad de los medicamentos.
Regular la actividad de distribución de medicamentos de manera que se garantice la distribución de los mismos a cualquier lugar del territorio nacional.
Diseñar una estrategia para luchar contra los medicamentos falsificados.
4.- Derechos del ámbito laboral.
MEDIDA 148.- Se adoptarán las medidas reglamentarias y ejecutivas en materia laboral y social derivadas de la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con el objetivo prioritario de avanzar en la igualdad salarial.
MEDIDA 149.- Se llevarán a cabo campañas de corresponsabilidad social dirigidas a mentalizar a la opinión pública de que no solo los poderes públicos están obligados a promover políticas de igualdad, sino que cada ciudadano y ciudadana es parte importantísima de esas políticas, especialmente a la hora de promover la corresponsabilidad en el ámbito familiar.
MEDIDA 150.- Se desplegará por completo la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST) 2007-2012, culminando el Plan de acción para su impulso y realización. La EESST 2007-2012 contempla ocho objetivos, que son concreción de los dos objetivos generales: conseguir una reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores medios de la Unión Europea, y la mejora continua y progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estos objetivos se ejecutan a través de más de noventa medidas.
MEDIDA 151.- Se llevará a cabo una nueva regulación del trabajo doméstico, que permita la inclusión de las personas que realizan dicha actividad en el Régimen General de la Seguridad Social.MEDIDA 152.- Se llevará a cabo una nueva regulación legal de la participación institucional. La ley deberá establecer los criterios de participación en las instituciones que corresponda bajo los principios de tripartismo y paritarismo de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que deberán ser objetivos, transparentes y susceptibles de acreditación o medición.
MEDIDA 153.- Se desarrollará la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con el objetivo es garantizar el voto secreto de las personas ciegas o con déficit visual grave.
MEDIDA 154.- Se garantizará la accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, empleo, educación, deporte, fiscalidad, de acuerdo con las previsiones de la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y, en lo que proceda, de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
MEDIDA 155.- Se impulsarán los trabajos del (creará un) Observatorio para la investigación y el estudio conjunto de las políticas sobre discapacidad y desarrollo legislativo, además de establecer una comunicación permanente entre las distintas administraciones, el movimiento asociativo y las entidades privadas, con el objetivo de conocer, analizar y difundir la información, demandas y tendencias de las personas con discapacidad y sus familias.
MEDIDA 156.- Se facilitarán los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
MEDIDA 157.- Se desarrollará la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las personas con discapacidad (2008-2012).
6.- Autonomía personal
MEDIDA 158.- Se incrementará la coordinación -comunicación y cooperación- de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas para facilitar el desarrollo eficaz de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia.
MEDIDA 159.- Se reforzará la Red Estatal de Centros de Referencia en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), para impulsar desde la AGE la mejora y calidad de los servicios y prestaciones del Sistema.
MEDIDA 160. - Se elaborará el Libro Blanco del Mayor.
7.- Derechos de la infancia
MEDIDA 161.- Se llevará a cabo la evaluación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009) y del Plan de Acción contra la explotación sexual de la Infancia y la Adolescencia (2006-2009), proponiendo la continuidad de ambos.
MEDIDA 162.- El Gobierno, dentro del proyecto de Ley Audiovisual, regulará la protección de los derechos de los menores y los discapacitados en las emisiones televisivas, en línea con lo dispuesto en las Directivas y Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea.
MEDIDA 163.- El Gobierno elaborará una política con un enfoque global del fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, considerando las especiales necesidades de prevención, protección y reagrupación asistida:
a) En materia de prevención se priorizarán las siguientes líneas de trabajo:
Lucha contra las mafias que trafican con menores, agravando las penas para los autores. - Desarrollo de proyectos de cooperación con los países de origen en los siguientes ámbitos:
Campañas de sensibilización hacia las familias, la sociedad y los menores vulnerables, con el fin de evitar la inmigración irregular (creación de estructuras sociales de apoyo a la infancia, formación de profesionales, apoyo a proyectos desarrollados por ONGs, etc.).
Desarrollo de Estrategias de formación profesional y apoyo al empleo de jóvenes (refuerzo institucional de servicios públicos de formación y empleo, programas de formación profesional para el empleo, apoyo a proyectos desarrollados por ONGs, etc.).
b) En materia de protección se priorizarán las siguientes líneas de trabajo:
La cooperación entre Comunidades Autónomas y entre ONGs.
El intercambio de información y buenas prácticas entre los Estados Miembros de la UE en este ámbito.
c) En materia de reagrupación asistida se priorizarán las siguientes líneas de trabajo:
El Gobierno se compromete a acordar y desarrollar Convenios bilaterales con los países de origen que apoyen la estrategia de prevención, protección y reagrupación asistida.Se coordinará dicha estrategia con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo en materia de desarrollo de Estrategias de atención a la infancia y de Estrategias de formación profesional y apoyo al empleo.
10. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA PERSONA.
MEDIDA 164.- Acuerdos internacionales en política ambiental. Se impulsarán acuerdos internacionales y acciones bilaterales y multilaterales en materia de lucha contra el cambio climático, promoviendo una política medio ambiental con dimensión europea; una política común para la sostenibilidad energética, basada en la seguridad de suministros, la solidaridad y la diversificación de fuentes de energías renovables en la Unión Europea.
MEDIDA 165.- Limitar el incremento de las emisiones en el promedio anual 2008-2012 a un máximo del 37% respecto a 1990 y dar cumplimiento a los compromisos de España en el marco del Protocolo de Kyoto.
MEDIDA 166.- La gestión integrada de los residuos. El Plan Nacional Integrado de Residuos, previsto para esta legislatura, servirá para armonizar los principios rectores de la política de residuos del Gobierno. Asimismo, se adoptará una importante propuesta de modificación de la Ley de Envases y Residuos de Envases. Por otra parte, algunas actividades económicas singulares, también tendrá planes y ordenamientos específicos.
MEDIDA 167.- Prevención de riesgos ambientales. En esta materia se ha priorizado el control de las sustancias y productos químicos mediante el reglamento REACH europeo estableciéndose medidas para su ejecución. Por otra parte se proseguirá con las políticas de control de metales pesados mediante acuerdos con la industria.
MEDIDA 168.- Gestión del agua. Se desarrollan una serie de medidas, algunas ya en vigencia, como el Plan Nacional de la Calidad de las Aguas 2007-2015, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y el Plan de Choque de Vertidos de Aguas Residuales. El Gobierno se compromete a aumentar el uso responsable, racional y eficiente del agua en todos los sectores.
MEDIDA 169.- Promoción del Desarrollo Sostenible. Se continuará impulsando la integración de los principios del desarrollo sostenible en diversos ámbitos y políticas sectoriales y territoriales.
MEDIDA 170.- Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Se impulsará la creación de nuevas áreas marinas protegidas y reservas marinas de interés pesquero. Y se reforzará la política de lucha contra la pesca ilegal, mejorando la inspección y la normativa sancionadora relacionada con la protección de los recursos pesqueros. Asimismo se seguirá trabajando en el cumplimiento del plan de pesca responsable y sostenible de la flota pesquera española en todos los caladeros con el objetivo de lograr una explotación equilibrada y responsable de los recursos pesqueros.
En relación con la mitigación de la desertificación, una vez que se ha consensuado con las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial el Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación (PAND), se procederá a su aplicación y desarrollo.
MEDIDA 171.- Gestión forestal sostenible. Para el fomento de una gestión forestal sostenible se impulsarán dos medidas complementarias que nos ayudan además a lucha contra el cambio climático: por una parte, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, se está concretando la Estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual y por otra, se pondrá en marcha un plan para la plantación de 45 millones de árboles hasta 2012.
MEDIDA 172.- Gestión sostenible de sustancias químicas. Proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la gestión racional de los productos químicos durante todo su ciclo de vida, de manera que, para 2020, los productos químicos se utilicen y produzcan de manera que se logre la minimización de los efectos adversos.
El Gobierno creará una Comisión de Seguimiento del Plan, que estará formada por miembros del ejecutivo, de la sociedad civil y el Defensor del Pueblo.
La Comisión estará presidida por el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
La sociedad civil estará representada por miembros de las organizaciones no gubernamentales, institutos universitarios de derechos humanos y expertos independientes en derechos humanos.
El Defensor del Pueblo tendrá un representante en la Comisión.
La Comisión evaluará la ejecución de las medidas del Plan y elaborará propuestas para ser incluidas en el mismo.
El Gobierno podrá ir incorporando nuevas medidas al Plan, a iniciativa propia, de la Comisión de Seguimiento o de ciudadanos particulares.
La Comisión de Seguimiento en pleno se reunirá dos veces al año, una cada semestre.
Asimismo, se podrán convocar reuniones sectoriales para evaluar aspectos concretos del Plan.
El Presidente de la Comisión comparecerá anualmente ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para dar cuenta del estado de ejecución de los compromisos adquiridos con el Plan de Derechos Humanos.
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References: artículo 14
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 520
 Real Decreto