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Timestamp: 2017-10-17 07:37:11+00:00

Document:
Tribunal Supremo Sala 2ª, S 20-7-2017, nº 585/2017, rec. 1146/2016
ROJ: STS 2969:2017, ECLI: ES:TS:2017:2969
Pte: Llarena Conde, Pablo
STS Sala 2ª de 20 julio de 2017
STSJ Cast-La Mancha de 23 mayo de 2016 (J2016/64616)
Prevaricación judicial. Elementos del delito. El TS confirma la condena por delito de prevaricación. El delito de prevaricación judicial exige de una resolución que desconozca cualquier método de aplicación jurídica aceptable, de suerte que la decisión judicial quede fuera de lo técnicamente defendible y suponga que el juez impone su voluntad o deseo, sobre la interpretación racional de la ley (FJ 2).
Favorable a: Ministerio Fiscal; Desfavorable a: Condenado
PRIMERO.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Civil y Penal, con sede en Albacete, incoó Diligencias Previas 13/2015 por delito de prevaricación judicial, contra Geronimo. Acordado continuar la tramitación de la causa, de conformidad con los previsto en los artículos 780 y siguientes de la L.E.Crim., y dado traslado a las partes, se acordó la apertura del juicio contra el Sr. Geronimo y se consideró órgano competente para el enjuiciamiento y fallo la propia Sala de lo Civil y Penal del citado Tribunal Superior de Justicia. Incoado el Procedimiento Abreviado 1/2016, con fecha 23 de mayo de 2016 dictó sentencia n.º 3/2016 en la que se contienen los siguientes HECHOS PROBADOS:
«De lo actuado resulta probado y así se declara expresamente, que Geronimo, magistrado, destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina, tramitó como Juez de Instrucción juicio de faltas con el número 81/2013, por una falta de imprudencia perseguible únicamente a instancia del perjudicado Romeo, que se archivaron al no constar la denuncia, ordenándose su reapertura mediante auto de 24 de abril de 2013, al recibir las actuaciones realizadas por el Juez de Instrucción número 5 de Talavera de la Reina (que ordenó la apertura de Diligencias Previas por delito de lesiones imprudentes e inhibición a favor del Juez de Instrucción número 2, mediante auto de 23 de noviembre de 2012) ante el que se personaron tanto Romeo en calidad de perjudicado, como la compañía de seguros Groupama Plus Ultra S. A. de Seguros. El primer auto dictado en el juicio de faltas 81/2013, el 8 de marzo de 2013, fue recurrido por Romeo, con la adhesión del fiscal que solicitó la incoación de diligencias previas por delitos de lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro, mientras que la compañía aseguradora solicitó que se confirmara el auto y continuará el juicio de faltas por no apreciarse la comisión de delito. Geronimo resolvió el recurso en su auto de 30 de diciembre de 2013 estimando el recurso de reforma y ordenando la incoación de Diligencias Previas, que fue realizada el 6 de marzo de 2014 con un nuevo auto, abierto por un delito de lesiones por imprudencia, que ordenaba la apertura de sus Diligencias Previas n° 137/2014, abiertas, según manifiesta en el texto, por delito de lesiones imprudentes, ordenando la declaración como imputado de Conrado y como perjudicado de Romeo. El día 24 de marzo de 2014 declaró el denunciante Romeo, que se limitó a recibir el ofrecimiento de acciones, a ratificar la denuncia y a manifestar que no había sido reconocido por el médico forense. El 26 de marzo de 2014 el juez Geronimo tomó declaración como imputado a Conrado, asistido del letrado Alberto Javier Pérez, con la intervención del abogado del denunciante Manuel Sagi Vidal, en las dependencias de su juzgado y, tras interrogarle sobre los hechos que se le atribuían, el supuesto atropello con su coche de un peatón y su fuga subsiguiente, meses atrás en el casco urbano de Talavera de la Reina, oyó la versión del imputado que se exculpó del delito de omisión del deber de socorro; diciendo que, cuando arrancó su automóvil, el cristal estaba empañado a consecuencia de la lluvia; que había tráfico bastante y la velocidad no superaba los 30 ó 40 Km/h; que no se percató del atropello y se detuvo en el paso de cebra siguiente ya que había vehículos detenidos y gente pasando por el referido paso. Seguidamente, el juez Geronimo denegó por considerar que ya estaba contestada la pregunta formulada por el señor Sagi Vidal, sobre si oyó el impacto del peatón en su vehículo y el letrado formuló protesta. Seguidamente Geronimo pregunto a las partes la procedencia de la transformación, del procedimiento a Juicio de Faltas; la defensa del imputado interesó la transformación a juicio de Faltas por considerar que los hechos podrían ser una falta del artículo 621.3 del código penal y en ningún caso constituir delito de omisión del deber de socorro, porque ni siquiera por la defensa del denunciante en este mismo acto se le había preguntado sobre hechos que pudieran ser constitutivos de este delito y no ser de aplicación cuando la victima se encuentra atendida sin quedar en desamparo; el señor Sagi Vidal abogado del denunciante mostró su disconformidad con la transformación del procedimiento por delito en juicio de faltas.
El juez Geronimo, después de retirar la palabra al señor Sagi Vidal, letrado de la acusación particular personada, dictó resolución de forma oral acordando el sobreseimiento provisional en relación con el delito de omisión del deber de socorro y el sobreseimiento libre y transformación a falta del procedimiento por las lesiones imprudentes, sin esperar la toma de declaración del testigo presencial (que había sido identificado por el denunciante con nombre y apellidos), ni la recepción del atestado de la Policía Local (del que se daba cuenta también en la denuncia, con mención de su número: NUM000).
Su resolución quedó documentada con el siguiente tenor "Por SSa., en este mismo acto se acuerda lo siguiente: que las presentes actuaciones se incoaron como consecuencia de un accidente de circulación con resultado de lesiones en el que además se indicaba por el denunciante que los hechos podían constituir igualmente un delito de Omisión del Deber de Socorro toda vez que, según en la propia denuncia se indica, el imputado con pleno conocimiento de lo que había ocurrido, se dio a la fuga sin atender al lesionado. Estos hechos que fueron puesto en conocimiento de este Juzgado a través de Diligencias Previas fueron calificados como constitutivos de falta de Lesiones imprudentes del art. 621-3° del Código Penal, ante dicha resolución se interpuso recurso por el denunciante al que se adhirió el Ministerio Fiscal y este Juzgado lo estimó acordando la transformación del Juicio de Faltas en Diligencias Previas, por si los hechos denunciados Pudieran ser constitutivos además del delito de Omisión del Deber de Socorro que se denunció. Sin embargo, en el mismo acto de esta declaración, de las propias manifestaciones del imputado, del contenido de las preguntas que se formularon del contrario por la defensa del denunciante, y teniendo en cuenta las alegaciones de la defensa del denunciado, es por lo que, se considera oportuno entender que lo único que parece justificado, en todo caso, y así lo ha reconocido el imputado es la ocurrencia del siniestro que se menciona en la denuncia con el resultado de lesiones por parte del perjudicado, pero sin que en ningún caso exista ni siquiera alegación justificada de aquellas circunstancias que permitan entender que por parte del declarante haya existido omisión del deber de socorro, teniendo en cuenta en primer lugar que ni la propia defensa del denunciante ha formulado pregunta alguna relativa a la pretendida omisión del deber de socorro, y en segundo lugar resulta poco creíble en persona que pretenda su fuga después de ocurrido un siniestro el que escasos metros después de ocurrir el accidente detenga su vehículo respetando el siguiente ceda el paso".
Al día siguiente 27 de marzo de 2014 el juez Geronimo dictó auto escrito en los mismos términos que su resolución oral y ese mismo día se presentó escrito por la representación del perjudicado denunciante, reiterando la práctica de la testifical del Sr. Patricio que habla presenciado los hechos y que se recabara de la Policía Municipal el parte de accidente levantado con ocasión de los hechos con el num. NUM000; y, con fecha 7 de Abril de 2014, también presentó escrito interponiendo recurso de reforma y subsidiaria apelación, interesando la nulidad y revocación del Auto recurrido e interesando la práctica de diligencias de investigación; alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, falta de motivación, arbitrariedad, irrazonabilidad y error patente de la resolución; la infracción del artículo 779 de la ley de enjuiciamiento criminal, por haberse resuelto sin haber terminado la fase de instrucción, por no haber practicado las diligencias interesadas ni haberse resuelto sobre su admisión o no; añadiendo que existen indicios de criminalidad que obligan a practicar las diligencias interesadas; que no procede transformar en falta las lesiones imprudentes. El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso, solicitando la práctica de las diligencias propuestas por la parte.
Geronimo era amigo del abogado imputado Conrado, ambos residían en viviendas vecinas, comían y cenaban juntos habitualmente en el bar regentado por los hermanos Evelio y Leovigildo, que se encuentra próximo a los juzgados de Talavera de la Reina y, tras la visita a esta ciudad de la esposa de Geronimo con varias amigas, se desplazaron juntos a Valencia, donde durmieron en casa de Geronimo.
Geronimo resolvió oralmente el 26 de marzo y, por escrito en autos de 27 de marzo y 27 de junio de 2014 el sobreseimiento provisional en relación con el delito de omisión del deber de socorro y el sobreseimiento libre y transformación a falta del procedimiento por las lesiones imprudentes, atribuidas a Conrado, para favorecer a este y evitarle un posible juicio por hecho delictivo, sabiendo que ni se habían practicado las diligencias de prueba solicitadas, ni había decidido sobre su práctica y con conciencia de que eran imprescindibles para decidir.»
SEGUNDO.- El Tribunal Superior de Justicia de instancia emitió el siguiente pronunciamiento:
Notifíquese esta resolución indicando que contra la misma cabe recurso de casación para ante la sala segunda del Tribunal Supremo, preparándose ante esta sala dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de la sentencia.»
TERCERO.- El 24 de mayo de 2016, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, dictó auto aclaratorio de la sentencia de 23 de mayo de 2016, con el siguiente pronunciamiento:
« LA SALA ACUERDA :
Contra este auto no cabe recurso alguno.».
CUARTO.- Notificada la sentencia a las partes, la representación procesal de Geronimo, anunció su propósito de interponer recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por infracción de ley y doctrina legal, y por quebrantamiento de forma, recurso que se tuvo por preparado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
QUINTO.- El recurso formalizado por Geronimo, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero.- Amparado en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia en relación a la inexistencia de prueba de cargo sobre las conductas tipificadas como delito y la participación en los mismos, concretamente la inexistencia de prueba de cargo respecto del delito de prevaricación recogido en el artículo 446.3 del Código Penal, por el que fue condenado Geronimo.
Segundo.- Amparado en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de Ley penal. La infracción se produce respecto del delito de prevaricación, previsto en el artículo 446.3 del Código Penal.
Tercero.- Amparado en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva respecto del principio de intervención mínima del Derecho Penal. Una cuestión capital a la hora de enjuiciar o valorar la existencia del delito de prevaricación contemplado en el artículo 446 del Código Penal, se corresponde con el conocimiento por parte del Juzgador de que con su resolución está cometiendo una injusticia o vulnerado el Derecho, es decir, el error sobre la injusticia de la sentencia dictada.
SEXTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, en escrito de 5 de octubre de 2016 solicitó la inadmisión e impugnó de fondo los motivos del recurso e interesó su desestimación. Tras admitirse por la Sala, quedaron conclusos los autos para señalamiento de la vista cuando por turno correspondiera. Y, hecho el señalamiento para la vista prevenida, se celebró el día 28 de junio de 2017. Al acto compareció el letrado recurrente D. Jesús Garzón Flores en la defensa de Geronimo que informó sobre los motivos, así como el Ministerio Fiscal que se ratificó en su informe de fecha 5 de octubre de 2016.
PRIMERO.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, con sede en Albacete, en su Rollo 1/2016, procedente de las Diligencias Previas 13/2015 de esa misma Sala, seguidas por un presunto delito de prevaricación contra el Ilustrísimo Sr. D. Geronimo, Magistrado que -cuando los hechos sometidos a proceso tuvieron lugar- estaba en ejercicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Talavera de la Reina (Toledo), dictó Sentencia el 23 de mayo de 2016, en la que condenó a D. Geronimo como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, imponiéndole la pena de 12 meses multa, en cuota diaria de diez euros, e inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por tiempo de 10 años, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, condenándole al pago de la costas procesales causadas en la tramitación del procedimiento.
Los hechos en los que se funda la condena consistieron, esencialmente, en que en las Diligencias Previas 137/2014, que habían sido incoadas contra Conrado, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de Talavera de la Reina en el que el acusado ejercía su jurisdicción, el Juez Geronimo acordó sobreseer provisionalmente la causa respecto del eventual delito de omisión del deber de socorro que se indagaba ( art. 641.1 LECRIM), al tiempo que declaró que las lesiones imprudentes que eran objeto de procedimiento, no podían ser constitutivas de un delito del artículo 152 del Código Penal entonces vigente, sino -en su caso- de una falta de lesiones por imprudencia leve del artículo 621.3 del mismo texto legal, acomodando el procedimiento a la naturaleza de esta infracción. Entendió el Tribunal Superior de Justicia que este conjunto de decisiones, se dictaron para favorecer al encausado en aquel procedimiento y para evitarle un posible juicio por delito, dado que el Juez instructor D. Geronimo, era amigo del conductor que estaba siendo investigado, el imputado Conrado. Y considera probado el Tribunal Superior de Justicia, que el acusado era consciente de que las decisiones favorecedoras, las adoptaba sin haber practicado las diligencias de prueba que en aquel procedimiento habían sido reclamadas por las acusaciones, y sin resolver siquiera sobre ellas, pero teniendo el Juez plena conciencia de que las indagaciones desatendidas eran imprescindibles para poder tomar la decisión que adoptó.
SEGUNDO.- 1. El recurrente formula su primer motivo por cauce de una eventual infracción de precepto constitucional, prevista en los artículos 852 de la LECRIM y 5.4 de la LOPJ, y en relación con el artículo 24 de la CE y más concretamente por quebranto de su derecho a la presunción de inocencia.
Debe recordarse también que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional, como la de esta Sala, han reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (ver, entre las recientes, la SSTS 500/2015, de 24 de julio y 797/2015, de 24 de noviembre, así como las SSTC 133/2014, de 22 de julio y 146/2014, de 22 de septiembre). A falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria también puede sustentar un pronunciamiento condenatorio siempre que se cumplan determinados requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.
Lo expuesto expresa el ámbito de nuestro análisis en este motivo. El recurso desliza numerosas reflexiones defendiendo la corrección jurídica de la decisión que se tacha de prevaricadora o, cuando menos, su razonabilidad, o su adecuación a cierto usus fori que (antes de la entrada en vigor de la LO 1/2015) calificaba como falta cualquier actuación imprudente determinante de lesiones, sometiendo por ello su persecución al régimen de denuncia previa. Pese a esta argumentación, debe adelantarse que la razonabilidad de la decisión judicial que se enjuicia en este proceso, es un juicio de valoración jurídica que debe realizarse a partir de los hechos recogidos en el factum de la sentencia , por lo cual, todo lo que hace referencia a la corrección o razonabilidad del auto de sobreseimiento y declaratorio de falta que se enjuicia, será objeto del segundo de los motivos de casación formulados por el recurrente, el cual se encauza en la indebida aplicación del artículo 446 del Código Penal.
Ese es el momento adecuado para su estudio, correspondiendo ahora evaluar si lo que la sentencia de instancia afirma que hizo el acusado, cuenta con material probatorio de soporte; esto es, si la prueba de cargo practicada puede aportar certeza de cuál fue el contenido de la decisión que adoptó el acusado y el contexto en que se emitió esa resolución, y si esa prueba refleja también el elemento subjetivo que el Tribunal recoge en el último párrafo de su relación de hechos probados, cuando indica que " Geronimo era amigo del abogado imputado Conrado, ambos residían en viviendas vecinas, comían y cenaban juntos habitualmente en el bar regentado por los hermanos Evelio y Leovigildo, que se encuentra próximo a los juzgados de Talavera de la Reina y, tras la visita a esta ciudad de la esposa de Geronimo con varias amigas, se desplazaron juntos a Valencia, donde durmieron en casa de Geronimo.
Geronimo resolvió oralmente el 26 de marzo y, por escrito en autos de 27 de marzo y 27 de junio de 2014 el sobreseimiento provisional en relación con el delito de omisión del deber de socorro y el sobreseimiento libre y transformación a falta del procedimiento por las lesiones imprudentes, atribuidas a Conrado, para favorecer a este y evitarle un posible juicio por hecho delictivo, sabiendo que ni se habían practicado las diligencias de prueba solicitadas, ni había decidido sobre su práctica y con conciencia de que eran imprescindibles para decidir".
El 30 de octubre de 2012, el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción n.º 2 de los de Talavera de la Reina, recibió un parte médico-hospitalario procedente del Hospital de Nuestra Señora del Prado, en el que se participaba al Juzgado que se había dispensado asistencia facultativa a Romeo, por una fractura de su rótula izquierda, causada por accidente de tráfico (f. 93).
Tras notificarse la resolución al lesionado, interpuso recurso de reforma contra ella. El recurso defendía la improcedencia de que se archivara la causa por el motivo expresado, y aducía que en su día el lesionado había interpuesto denuncia, de la que había conocido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Talavera de la Reina. El escrito aportaba una copia de la denuncia que presentó, además de adjuntar la fotocopia del auto que (tres semanas después del siniestro, concretamente el 23 de noviembre de 2012) había dictado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Talavera. En esa resolución, el Juzgado se inhibía a favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Talavera, para el conocimiento de las Diligencias Previas que aquél había incoado con ocasión de la denuncia (f. 97 y ss).
En su recurso, el lesionado no sólo expresaba la existencia de la denuncia, sino que suplicaba la revocación del auto de incoación y archivo del juicio de faltas. Desde el relato de que el atropello tuvo lugar en un paso de cebra y que el denunciado no había parado en el lugar del siniestro, el recurso reclamaba la incoación de Diligencias Previas, por entender que los hechos eran constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia grave del artículo 152 del Código Penal, así como de un delito de omisión del deber de socorro del artículo 195 del mismo texto legal. Reflejaba también el escrito, no tan sólo la identidad del conductor al que se denunciaba, sino la de un transeúnte (D. Patricio) que socorrió al denunciante inmediatamente después de que cayera sobre el asfalto y que fue quien avisó a la policía; terminando por reclamar el escrito y la denuncia, que se tomara declaración a todos ellos, al tiempo que adjuntaba la dirección de la residencia del testigo.
De este modo, la conclusión del Tribunal de que la decisión del acusado vino impulsada por favorecer a Conrado, evitándole un posible juicio por un hecho delictivo, descansa en datos objetivos reflejados por el material probatorio aportado por la acusación, respondiendo el juicio de inferencia a unas reglas de evaluación racional que constata este Tribunal.
Así, Evelio, propietario del establecimiento El Birrete, no describe los banales encuentros profesionales que el recurrente sostiene. En el acto del plenario, el testigo describió que el acusado comía y cenaba en el bar a diario, siendo acompañado frecuentemente por Conrado. Refiriéndose a los años 2013 y 2014 (la decisión que analizamos se adoptó en marzo de 2014 y fue confirmada por el recurrente a finales de julio de 2014), Evelio expresó que el Juez y el abogado eran amigos, sin que la relación con el resto de la curia fuera tan estrecha. Afirmó que esa afectuosa relación sólo la mantenía el juez con dos o tres abogados, habiendo ocasiones en las que se quedaban juntos en el bar hasta la una y media o las dos de la madrugada, precisando incluso que en diversas ocasiones se les unía algún otro amigo que nada tenía que ver con su actividad profesional. Y -a pregunta de la propia defensa- aclaró que el Juez y el abogado le relataron que, un fin de semana, se habían ido juntos a Valencia y se habían hospedado en casa del Juez.
Su hermano Leovigildo expresó que, por estar el bar El Birrete frente al edificio de los juzgados, era frecuente que el Juez y otros profesionales de la justicia, acudieran a su establecimiento. Indicó que el acusado comía y cenaba allí con cierta habitualidad, siendo también frecuente que lo hiciera con Conrado, detallando que el Juez tenía como amistades a dos personas, que identificó como Conrado y Erasmo.
Por último, el propio conductor encausado en su día, el abogado Conrado, si bien sostuvo que su relación con el juez era la propia de la cortesía y el desenvolvimiento profesional, admitió que durante el año 2014 eran vecinos, así como que comían y cenaban juntos, confirmando que fueron juntos a Valencia un fin de semana para estar con unas amigas, alojándose en la casa que el acusado tiene en Valencia.
TERCERO.- Su segundo motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por entender indebidamente aplicado el artículo 446.3 del Código Penal.
Aduce el recurrente que la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla la Mancha, incurre en una manifiesta infracción al subsumir los hechos probados en el artículo 446.3 del Código Penal, entendiendo que el delito de prevaricación entraña el dictado de una sentencia o resolución judicial manifiestamente injusta, que no acontece en el caso enjuiciado.
Con respecto al delito de prevaricación judicial del artículo 446 del Código Penal, en el reproche que contiene al juez o magistrado que dicte -a sabiendas-, una sentencia o resolución injusta (sin exigir concierto o resultado ninguno), nuestra jurisprudencia recoge que el examen de la satisfacción de los elementos del tipo penal, debe realizarse sobre las concretas resoluciones judiciales, analizadas en sí mismas; recordando por ello que la prueba testifical, en estas causas, cede capacidad probatoria, pues el núcleo de la tipicidad es la resolución y esta se documentada ( STS 228/2015, de 21 abril).
La jurisprudencia de esta Sala, desde su sentencia 2/99, de 15 de octubre, viene destacando también que el delito de prevaricación judicial es un delito de técnicos en derecho, y que, por ello, las adjetivaciones de que la desviación de la decisión respecto del derecho debe resultar " esperpéntica ", " apreciable por cualquiera ", u otras expresiones semejantes, resultarán oportunas para otros funcionarios públicos, pero no para los jueces, que tienen la máxima cualificación jurídica y no pueden ser tratados como el resto de colaboradores de la Administración; previniendo incluso del subterfugio de acompañar la decisión, que se sabe injusta, de argumentos encubridores del carácter antijurídico del acto.
Hemos indicado además que la injusticia de la resolución no debe ser contemplada desde un plano subjetivo, esto es, que requiera que el juez aplique el Derecho o dirija el procedimiento conscientemente en contra de su convicción respecto del Derecho aplicable ( STS 102/2009 de 3 de febrero), sino objetiva. Debe tratarse de una resolución injusta, lo que exige la aplicación del Derecho sustantivo o procesal de forma que no resulta objetivamente sostenible. En todo caso, destacado que la falta de acierto en la legalidad no es equivalente a injusticia. La legalidad la marca la ley y la interpretación que de la misma realice el órgano dispuesto en la organización de tribunales como superior en el orden jurisdiccional de que se trate, pero la injusticia supone un plus, esto es, una acción a sabiendas de la arbitrariedad de la decisión judicial adoptada ( STS 101/2012, de 27 de febrero).
En todo caso, hemos matizado la imprecisión que en esa objetivización pueden introducir algunas normas inconcretas del ordenamiento jurídico, desde la que se ha denominado teoría de los deberes; es decir, cuando se contempla el ejercicio de facultades discrecionales del juez, la decisión prevaricadora surge si el juzgador sobrepasa el contenido de su autorización y decide desde consideraciones ajenas a la Ley, o apartándose del método de interpretación y valoración previsto en el ordenamiento o que resulta usual en la práctica jurídica. La sentencia 101/2012, de 27 de febrero, compendiaba nuestra jurisprudencia sobre la cuestión en los siguientes términos: «En la interpretación de la injusticia de la resolución esta Sala ha acudido a una formulación objetiva de manera que, como dijimos en la STS 755/2007, de 25 de septiembre, puede decirse que tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley ( STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor ( STS núm. 878/2002, de 17 de mayo) o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos ( STS núm. 76/2002, de 25 de enero)». Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que el sujeto activo del delito no aplica la norma dirigida a la resolución del conflicto, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable.
Esta decisión del instructor, obligaba a abordar cuantas actuaciones estuvieran encaminadas a averiguar la perpetración del delito, así como esclarecer las circunstancias que pudieran influir en su calificación y la culpabilidad de quienes puedan ser los responsables. Así lo establecen para el Procedimiento Abreviado, con la remisión que incorpora, los artículos 758 y 299 LECRIM, concretándose de manera específica para este procedimiento, en el artículo 777 de la Ley procesal, al indicar que " El juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento"; empleándose para ello "...los medios comunes y ordinarios que establece esta Ley, con las modificaciones establecidas en el presente Título". Y resulta evidente para cualquier investigación mínimamente rigurosa, que el descubrimiento de lo verdaderamente acontecido, puede no alcanzarse si exclusivamente se considera la versión de la persona sospechosa. Su relato debe ser contrastado con otras versiones, así como debe evaluarse su concordancia con otras fuentes de prueba. Esa es la finalidad natural del proceso de investigación y de los distintos instrumentos de prueba con los que
En el caso presente, la consideración del Juez de que los hechos podían ser constitutivos de un eventual delito de omisión del deber de socorro del artículo 195 del Código Penal, así como de unas lesiones eventualmente causadas por imprudencia grave del artículo 152 del mismo texto punitivo, fijaba como contenido de las Diligencias Previas incoadas: a) Respecto del delito de omisión de deber de socorro, si efectivamente se había producido una situación de desamparo en la víctima del accidente y el grado de peligro al que podía haber estado sometida, así como las posibilidades y condiciones que tuvo el acusado para socorrerle o para recabar el auxilio de otros. b) En lo atinente a las lesiones por imprudencia, eran dos los elementos que habían de aclararse en orden a determinar si las lesiones podían ser constitutivas de delito o de falta. De un lado, la naturaleza de la imprudencia. La responsabilidad por delito pretendida por la acusación precisaba de la concurrencia de una imprudencia grave, mientras que de ser ésta leve, determinaría la responsabilidad por una falta de lesiones por imprudencia leve del artículo 621.3 del CP. De otro lado, habían de escudriñarse las consecuencias lesivas derivadas del siniestro, pues unas lesiones que merecieran la consideración de menos graves, serían constitutivas de una falta del artículo 621.1, por más que la imprudencia de la que derivaran fuera grave. Añadiéndose a este objeto, la averiguación de la autoría y la determinación del alcance de las lesiones a efectos de una eventual responsabilidad civil.
Al abúlico contenido de la investigación, y a unos marcadores contrarios a la decisión adoptada, se añade la banal argumentación que sustentaba la decisión. El delito de omisión del deber de socorro, se sobreseyó por no acreditarse la perpetración del delito, lo que resulta esperable si la versión del inculpado, no se advera o contrasta con el atestado o con los testigos que sustentaban la realidad contraria. Y el único elemento con el que se refuerza a la versión del conductor, es el argumento de que la representación procesal del denunciado, no había formulado ninguna pregunta sobre ese delito, lo que -además de irrelevante-, resulta contrario a lo acontecido, pues durante la declaración sumarial del conductor, la acusación particular le preguntó si había escuchado algún ruido en el paso de peatones dónde acaeció el atropello, rechazando el Juez la pregunta por estar ya contestada. Y nada se expresa en la decisión de porqué se entiende que la imprudencia tenía la consideración legal de leve, en orden a considerar los hechos constitutivos de una falta de lesiones del artículo 621.3 del Código Penal.
La radical desatención del derecho aplicable, así como la tergiversación de los argumentos de sobreseimiento y la ausencia de cualquier argumentación judicial respecto a la declaración de falta, muestran la correcta aplicación del delito previsto en el artículo 446.3 del Código Penal, visto que el proceder judicial estaba impulsado por la intención de favorecer al conductor encausado Conrado, tal y como se recoge en unos hechos probados que, como se ha visto, responden a una racional valoración del material probatorio aportado por las acusaciones. Más aún cuando la decisión se reitera por el Juez, eludiendo la expresión de la más mínima motivación respecto a los minuciosos alegatos que sustentaron el recurso contra la decisión sobreseyente inicial.
Y a estos efectos, resulta irrelevante que cuando la Audiencia Provincial revisó en apelación la decisión judicial prevaricadora, no contemplara la eventualidad de este delito y no mandara deducir testimonio de lo acontecido. No sólo la jurisprudencia de esta Sala ha destacado que el delito se comete con independencia de que otros jueces, relacionados con el proceso en que se comete la prevaricación, no estimasen que ésta hubiera tenido lugar ( STS 2/1999 de 15 de octubre), sino que hay elementos que impiden calibrar las razones por las que no se produjo esa reacción jurisdiccional de oficio. De un lado, se ignora el conocimiento que pudo tener la Audiencia Provincial sobre los condicionantes fácticos y probatorios con los que el Juez había adoptado su decisión, sin conocer con precisión los testimonios que acompañaron al recurso de apelación interpuesto contra la decisión sobreseyente. Por otro lado, el pronóstico de la eventual comisión de este delito, exigiría que la discordancia entre la decisión adoptada y el ordenamiento jurídico, viniera impulsada por una intencionalidad del juez o magistrado, que resulta difícil inferir cuando se desconocía la relación de amistad de aquel tenía con el beneficiado.
Irrelevante es también que la decisión respecto del delito de omisión del deber de socorro, consistiera en su sobreseimiento provisional. Como dijimos en la STS 75/2014, de 11 de febrero, la jurisprudencia ha señalado que el sobreseimiento provisional de unas diligencias penales de instrucción puede ser objeto de reapertura del procedimiento cuando nuevos datos o elementos, adquiridos con posterioridad, lo aconsejen o lo hagan preciso. En la Sentencia de 10 de octubre de 2012, recordamos que una resolución que suponga reabrir un procedimiento en el que ha recaído un auto de sobreseimiento firme, se supedita a que se aporten nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa. De esta manera, dijimos en la STS 189/2012 de 21 de marzo, el sobreseimiento provisional tiene dos aspectos. Uno, cuando el auto adquiera firmeza, no resulta modificable sin más. Dos, el auto autoriza su modificación, sometido a la condición de aportarse nuevos elementos de comprobación. Dicho en otras palabras, resulta técnicamente impensable que la investigación pudiera ser reabierta para practicar unas diligencias de investigación que ya estaban a disposición del juzgador cuando la decisión sobreseyente fue adoptada.
Por último, carece también de contenido de descargo, el alegato de que la falta de lesiones por imprudencia leve, podría haberse reevaluado con posterioridad como delictiva, justificando una futura incoación de Diligencias Previas. Si bien es cierto que incoado un procedimiento como falta, podía reconducirse al trámite del Procedimiento Abreviado cuando aparecían pruebas que apuntaran a la comisión de un delito, esa posibilidad procesal quedaba limitada a los supuestos de incoación inicial de juicio de faltas, y no a aquellos supuestos -como el enjuiciado-, en los que se hubiera seguido un procedimiento de depuración de responsabilidad por delito, que hubiera culminado con auto firme declaratorio de falta, en los términos expresados en el artículo 779.1.2ª de la LECRIM.
CUARTO.- Se formula un tercer motivo, amparado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva respecto del respecto del principio de intervención mínima del Derecho Penal.
QUINTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.
Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Geronimo, contra la sentencia n.º 3/2016 dictada el 23 de mayo de 2016, por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el Rollo 1/2016, condenando al recurrente al pago de las costas causadas en la tramitación del recurso.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079120012017100587

References: resolución 
 artículo 621
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 779
 resolución 
 artículo 852
 artículo 5
 artículo 446
 artículo 849
 artículo 446
 artículo 852
 artículo 5
 artículo 446
 resolución 
 artículo 446
 artículo 152
 artículo 621
 artículo 24
 artículo 446
 resolución 
 artículo 152
 artículo 195
 artículo 849
 artículo 446
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 artículo 779
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