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Timestamp: 2020-02-23 03:45:49+00:00

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Nulidad de las sentencias dictadas en suplicación - El Derecho
Nulidad de las sentencias dictadas en suplicación
Foro 11-04-2019 Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell
La Ley Orgánica del Poder Judicial dedica a la nulidad de los actos judiciales el capítulo III, del título III, del Libro III, art.238 a 243 -EDL 1985/8754- y la Ley de Enjuiciamiento Civil regula esta materia, de modo similar, en los art.228 s -EDL 2000/77463-. Se establecen en estos preceptos una serie de reglas para disciplinar el régimen jurídico aplicable a esta materia. De modo, que no solo se identifican los actos procesales que son nulos de pleno derecho -art.238 LOPJ y art.225 LEC sino que, además, se diseña el cauce procesal que se debe seguir para obtener la declaración de nulidad cuando concurra alguna de las causas previstas.
De este régimen jurídico podemos destacar, por lo que ahora interesa, las siguientes reglas:
1ª) No se admiten con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones (art.241.1 LOPJ -EDL 1985/8754- y art.228.1 LEC -EDL 2000/77463-).
2ª) La nulidad de pleno derecho se tiene que hacer valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales (art.240.1 LOPJ -EDL 1985/8754- y art.227 LEC -EDL 2000/77463-).
3ª) Quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo, pueden pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art.53.2 Const -EDL 1978/3879-, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario (art.241.1 LOPJ -EDL 1985/8754- y art.228.1 LEC -EDL 2000/77463-).
Así pues, del examen de estos preceptos se puede concluir que si alguna de las partes del proceso pretende que se anule una sentencia que no es firme y que es susceptible de ser recurrida, esta pretensión se debe encauzar a través del correspondiente recurso, ya sea ordinario o extraordinario.
Ahora bien, como el recurso que cabe contra las sentencias dictadas en suplicación por los Tribunales Superiores de Justicia es el de casación para unificación de la doctrina, que tiene particularidades muy específicas, son muchas las ocasiones en que las partes pretende obtener una declaración de nulidad de la sentencia recaída en suplicación ante la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que la dictó. De modo que se presenta ante la Sala de suplicación un escrito solicitando la nulidad de la sentencia en el plazo de veinte días establecido en el art.228 LEC -EDL 2000/77463- y sin que se prepare el recurso de casación para unificación de la doctrina.
Ante esta situación que se viene produciendo en la práctica diaria de nuestros tribunales, se pregunta a los integrantes de este foro lo siguiente:
1º) Si es posible que la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia anule su propia sentencia, pese a que sea susceptible de se recurrida en casación para unificación de la doctrina.
2º) Si la petición de nulidad de la sentencia ante la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que la dictó, suspende los plazos para preparar e interponer el recurso de casación para la unificación de la doctrina.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de marzo de 2019.
El carácter excepcional del incidente de nulidad de actuaciones y la c...
El carácter excepcional del incidente de nulidad de actuaciones y la configuración del mismo como un recurso residual que solo es posible entablar cuando la sentencia frente a la que se interpone no sea susceptible de recurso alguno ni ordinario ni extraordinario, determina el sentido negativo de la respuesta que se ha de dar a las dos preguntas planteadas.
En efecto, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia no puede declarar la nulidad de la sentencia de suplicación a través del incidente de nulidad de actuaciones ya que contra dicha sentencia siempre cabe, en principio, recurso de casación para unificación de doctrina, así se desprende de lo establecido en el art.218 LOPJ -EDL 1985/8754-, por lo que será través del indicado recurso de casación como las partes podrán hacer valer la vulneración de derechos fundamentales en que a su juicio haya incurrido la sentencia de suplicación para obtener la nulidad de la misma. De modo que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ni tan siquiera puede admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia de suplicación ya que como se ha dicho contra dicha sentencia siempre cabe recurso, aunque este sea el extraordinario de casación para unificación de doctrina, así se desprende del tenor literal del art.241.1 LOPJ -EDL 1985/8754 que condiciona la admisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones a que la resolución cuya nulidad se solicita no sea susceptible de recurso alguno. El indicado precepto evidencia la voluntad del legislador de preservar la intangibilidad de las sentencias una vez que han sido firmadas y es conforme con lo establecido en el art.267.1 LOPJ así como con los principios de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva, consagrados en los art.9 y 24 Const -EDL 1978/3879-.
Es cierto que el recurso de casación para unificación de doctrina al que, en principio, tienen acceso todas las sentencias dictadas en suplicación, es un recurso extraordinario cuyo escrito de interposición ha de cumplir unos estrictos requisitos para su admisión -art.221 LRJS -EDL 2011/222121--, entre los que cabe destacar por la especial dificultad para su cumplimiento, la invocación de sentencias que contengan la doctrina contradictoria a la de la sentencia recurrida, habida cuenta que en muchas ocasiones resulta imposible la cita de las meritadas sentencias por el simple hecho de que no existen, por lo que en la práctica en dichos casos el indicado recurso resulta inviable. Ahora bien, dicha circunstancia no legitima para ignorar la clara y terminante exigencia del art.241.1 LOPJ -EDL 1985/8754 acerca de que la resolución cuya nulidad se solicita a través del incidente, no sea susceptible de recurso ordinario o extraordinario.
De lo hasta ahora expuesto y como ya se adelantó, la respuesta a la segunda de las cuestiones planteadas ha de ser necesariamente negativa ya que, si no cabe que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia admita a trámite el incidente de nulidad de actuaciones frente a la sentencia de suplicación, difícilmente la petición de dicha nulidad podrá suspender el plazo para preparar e interponer el recurso de casación para unificación de doctrina, ya que la realización de un trámite innecesario carece por completo de efectos, lo contrario supondría dejar la suspensión de un plazo procesal al arbitrio de la parte interesada, lo que resulta inviable y se ha de rechazar, en este sentido se ha manifestado la Sala de lo Social de nuestro Alto Tribunal al rechazar la posibilidad de que la solicitud de mediación cuando la misma no sea necesaria suspenda el plazo de caducidad al que está sujeta la acción ejercitada [Véase TS 29-11-18, rcud 207/17 -EDJ 2018/666765 que se remite a su vez a las SSTS 9-12-13 -rcud 85/13 -EDJ 2013/280898 y 16-9-14 -rcud 251/14 -EDJ 2015/136092-].
Antes de dar por zanjado el tema cabría plantearse si la exigencia de que no sea susceptible de recurso la resolución cuya nulidad se insta a través del incidente del art.241.1 LOPJ -EDL 1985/8754 cabría entenderla cumplida por el hecho de que dicha resolución hubiera devenido firme por no haberse ejercitado contra la misma los recursos de que fuera susceptible o porque los mismos no hubieran sido admitidos. La respuesta entiendo que ha de ser negativa porque lo contrario, supondría en la práctica dejar en manos de la parte interesada la posibilidad de optar entre la solicitud del incidente de nulidad de actuaciones o la interposición del recurso de casación para unificación de doctrina, lo que va en contra del carácter excepcional que el legislador ha asignado al indicado incidente.
Inicialmente los Tribunales fueron estrictamente restrictivos en el tra...
Inicialmente los Tribunales fueron estrictamente restrictivos en el tratamiento de los incidentes de nulidad suscitados, tras la notificación de las sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de justicia, la Sentencia del Pleno del TCo, núm 72, de 21-7-18, rec 1393/18 EDJ 2018/517729-, afirma que la vía del incidente de nulidad de actuaciones que regula el art.241 LOPJ -EDL 1985/8754-, como remedio excepcional, lo es frente a resoluciones judiciales que pongan fin al proceso y sean firmes, esto es, no susceptibles de recurso ordinario ni extraordinario, afirmación que en principio ha sido subrayada por el Tribunal Supremo, a quien corresponde, STCo Sala 2ª, núm 157, 29-6-09, rec 4360/05 -EDJ 2009/150486-, como al resto de tribunales, determinar cuáles son los requisitos y presupuestos que la ley exige para el acceso a los recursos, cuando declara, auto de 8 de febrero de 1999, recurso de queja núm. 2479/1998, que el incidente y el recurso de casación con un mismo objeto son incompatibles entre sí como dispone el art.240.3 LOPJ, puesto que aquél sólo procede cuando la resolución contra la que se interpone no es susceptible «de recurso en el que quepa separar la indefensión sufrida». En definitiva partir del alegato de haber sufrido indefensión por incongruencia de la sentencia promovió un incidente de nulidad cuando lo que procedía era intentar la casación o que, ATS, Sala 4ª, 10-11-15, rec 36/15 -EDJ 2015/230763-, «el incidente de nulidad de actuaciones se convierte en un remedio extraordinario que sólo cabe cuando la resolución frente a la que se promueve el mismo sea firme, lo que no ocurre cuando contra la sentencia cabía recurso de casación para la unificación de doctrina».
Esa misma línea de razonamiento ha sido seguida por muchas Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, Extremadura, sec. 1ª, núm. 56, de 2-2-04, rec 685/03 -EDJ 2004/127577-, con cita de la Castilla La Mancha, de 18-12-00, indicando que se instó Incidente de Nulidad, en ejercicio de una opción selectiva inadecuada, en cuanto que su regulación no va encaminada a que pueda la parte elegir entre uno u otro trámite procesal, por la naturaleza subsidiaria del mentado Incidente, con independencia de ello, de lo razonable o no de la denuncia de fondo utilizada. Andalucía -Sevilla Sala de lo Social, sec 1ª, auto núm 9, 19-1-10, rec. 969/09 -EDJ 2010/29682-, recordando que la excepcionalidad del incidente de nulidad viene marcada por el propio precepto de la LOPJ -art.241 -EDL 1985/8754 que, para la nulidad post sententiam, parte de que no se admitirá el salvo que se funde en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art.53.2 Const -EDL 1978/3879 y siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario, en el mismo sentido, ya se había pronunciado, auto núm 4129, de 30-12-03, rec 1002/03 -EDJ 2003/240633-, así como Castilla-La Mancha, sec. 1ª, auto núm 815, 15-4-10, rec 815/09 -EDJ 2010/84542-, Castilla y León -Valladolid sec 1ª, auto núm 1561, 10-1-07, rec 1561/06 -EDJ 2007/12377-.
Aunque lo hasta ahora indicado condujera a entender como inadmisible la posibilidad de interponer el incidente de nulidad contra las referidas sentencias, dado que cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, art.218 LRJS -EDL 2011/222121-, es el propio TCo Sala 1ª, núm. 39, 27-2-03, rec 1254/01 -EDJ 2003/3857-, el que abre la posibilidad del incidente, cuando declara que tal mecanismo excepcional permite a los órganos judiciales subsanar ellos mismos aquellos defectos que supongan, bien una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de dichos órganos, en relación con los vicios formales causantes de indefensión -TCo auto 1110/1986, de 22-12-86, FJ 1-, bien una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal que comporte la imprevisibilidad del alcance y sentido de la controversia, en relación con el vicio de incongruencia -TCo 225/1991, 30-12-91, FJ 2 -EDJ 1991/11316 en este sentido, TCo 170/1999, auto 24-6-99 -EDJ 1999/27088 TCo 56/2002, 11-3-02, FJ 2 -EDJ 2002/6728 -TCo 189/2002, 14-10-02, FJ 5 -EDJ 2002/41042--. En el mismo sentido el TS, auto 1-4-03, rec queja núm 2/2003 -EDJ 2003/273611-, declara que la excepcionalidad del incidente de nulidad de actuaciones, impone previamente aquel recurso, salvo cuando no quepa duda alguna respecto de la procedencia y posibilidad real y efectiva de interponerlo, así como de su adecuación para reparar la indefensión sufrida.
Los distintos Tribunales Superiores de justicia, obviando la necesidad de agotar el recurso de casación, han dispuesto la admisión, tramitación y resolución de tales incidentes, tras la sentencia dictada en suplicación, razonando entre otras cosas que el mismo, por su especial configuración de recurso extraordinario, no podía impedir que su no interposición, nulidad por incongruencia de la sentencia, vede el camino a su resolución, pues mal engarzaría tal proceder con la tutela judicial efectiva que deben los Tribunales dispensar a los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en el art.24 Conts -EDL 1978/3879-, Comunidad Valenciana, Sala Social, sec. 1ª, Sentencia núm. 2772, de 28-9-04, rec. 3894/03 -EDJ 2004/223900-, en el mismo sentido, auto núm. 3237, de 25-1-11, rec 3237/09 -EDJ 2011/56502 y auto, Cantabria Sala de lo Social, sec. 1ª, núm. 127, 22-4-09, rec 76/09 -EDJ 2009/89103-.
Tras la reforma operada por la LO 19/2003 -EDL 2003/156995 y posterior modificación del aptdo 1º párrafo 1º, por Disp Final 1 de la LO 6/2007 de 24 mayo -EDL 2007/28399-, se introduce una configuración del incidente de nulidad de actuaciones mucho más amplia, porque se permite su solicitud y resolución, con base en cualquier vulneración de alguno de los derechos fundamentales referidos en el art.53.2 Const -EDL 1978/3879 en lugar de la alegación de indefensión o incongruencia prevista hasta el momento, Castilla y León -Burgos-, sec. 1ª, Sentencia núm. 623, 10-10-14, rec 689/14 -EDJ 2014/212193-, por tanto, procederá el planteamiento de este incidente excepcional, siempre y cuando la sentencia del Tribunal hubiera podido vulnerar tales derechos constitucionales, Región de Murcia, sec. 1ª, auto núm. 73, de 23-6-08, rec 1397/07 -EDJ 2008/199900-, sin que pueda ser fundamento de la inadmisión de este remedio procesal, la pretendida existencia de otros cauces de reacción procesal que serían preferentes, vulnerando el órgano judicial, «el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo -art.24.1 CE -EDL 1978/3879--, privándole de la tutela de los derechos fundamentales que proclama el art. 53.2 CE», cuando el mismo no hubiera ofrecido «una motivación suficiente que justificase la no admisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones por esa causa, precisando el tipo de recurso que creía posible interponer frente a la Sentencia», TCo Sala 2ª, núm 142, 22-6-15, rec 2949/14 -EDJ 2015/131061 y núm 91, 11-5-15, rec 4102/14 -EDJ 2015/99760-, debiendo el incidente de nulidad promovido alcanzar éxito, Madrid Sala de lo Social, sec. 1ª, auto núm. 21, 27-3-06, rec 5158/05 -EDJ 2006/91808-, al incidir la sentencia en error notorio, teniendo en cuenta los estrechos márgenes en que se desenvuelve el recurso extraordinario de casación para unificación de doctrina, a los efectos del art.241 LOPJ -EDL 1985/8754-, admitiéndose a trámite, Murcia, Sala de lo Social, sec 1ª, auto núm 448, 12-6-06, rec 448/06 -EDJ 2006/249234-, porque que el mismo se interpuso fundado en defectos de forma que hubieran causado indefensión o incongruencia del fallo, sin que se hubieran podido denunciar antes de recaer sentencia, pues, aunque contra la misma cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, es lo cierto que la especial configuración de éste como recurso extraordinario no puede impedir el planteamiento y la admisión a trámite del incidente de nulidad, en aras al principio de tutela judicial efectiva recogido en el art.24 Const.
Todo ello sin perjuicio de entender que la admisión y tramitación del incidente de nulidad de actuaciones, «como se ha afirmado en TS -queja auto 21-05-15 -Queja 93/14 -EDJ 2015/129801 y 20-05-15 -Queja 80/14 -EDJ 2015/100004-, entre otros implica que no puede suspender el plazo para preparar el recurso de casación para la unificación de doctrina con el que se pretende subsanar las infracciones en que hubiese podido incurrir la sentencia combatida» -...-, «pues la última expresión del precepto, al señalar que la resolución no sea susceptible de recurso», reafirma tal imposibilidad. «La excepcionalidad del incidente de nulidad de actuaciones, en términos generales, impone previamente aquel recurso, lo que implica que si la parte opta por interponer incidente de nulidad de actuaciones no puede pretender la suspensión del plazo para preparar la casación», ya que «no sólo no se integra, como sí ocurre con el auto de aclaración -STC 32/1996 -EDJ 1996/1935--, en la resolución originaria sino que su finalidad es otra: remediar el defecto de forma que hubiere causado indefensión o la incongruencia del fallo. Admitido a trámite el incidente, en fin, no queda en suspenso la ejecución y eficacia de la resolución, salvo que se acuerde de forma expresa para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, según expresamente dispone el número 2 del citado artículo 241 -EDL 2000/77463-», TS Sala 4ª, auto 10-11-15, rec 36/15 -EDJ 2015/230763-, «no sólo porque no lo prevé así el capítulo IX del Título V de Libro I LEC, sino porque expresamente establece el art. 227.1 LEC que la nulidad y la pretensión de anulación de actuaciones procesales «se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate», y el art.228 LEC sólo prevé el incidente de nulidad de actuaciones contra resoluciones que no sean susceptibles de recurso ordinario ni extraordinario», TS, Sala 1ª, auto 4-5-16, rec 47/16 -EDJ 2016/58180-.
Todo esto, debiendo tener en cuenta finalmente que «no puede acogerse la alegación respecto a la indebida prolongación de la vía previa, derivada del incidente de nulidad de actuaciones que habría convertido en extemporánea la demanda de amparo», TCo Sala 2ª, núm 157, de 29-6-09, rec 4360/05 -EDJ 2009/150486-, «dentro del derecho a la tutela judicial efectiva -art. 24.1 CE -EDL 1978/3879--, relativo al derecho de acceso al recurso», reiterado que «la decisión sobre la admisión de los recursos y la verificación de la concurrencia de los requisitos materiales y procesales a que están sujetos «constituye una cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 CE», -TCo 71/2002, de 8-4-02, FJ 3 -EDJ 2005/170869--, con lo que creo que con independencia del posicionamiento actual del TS, sigue abierta la polémica.
Con carácter general, dado su carácter excepcional y subsidiario, y c...
Con carácter general, dado su carácter excepcional y subsidiario, y consciente el legislador del elevado coste procesal que la nulidad comporta, en cuanto que contraría los principios de celeridad y economía procesal, [entre otros muchos, y sin ánimo exhaustivo, TS auto 17-1-12, rec 3421/10 -EDJ 2012/16784-, 19-2-13, rec 3370/11 -EDJ 2013/25465-, 15-7-13, rec 84/11 -EDJ 2013/176933-, y 22-10-13, rec 2164/12 -EDJ 2013/236970-, 30-1-14, rec 3182/12 -EDJ 2014/46499-, y 14-10-14, rec 2427/13 -EDJ 2014/240960-] no se admiten incidentes de nulidad de actuaciones, de ahí que el aptdo. 1 del art.241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ -EDL 1985/8754-, conforme a la redacción que le otorgó la Disposición final primera de la LO 6/2007 –EDL 2007/28399-, que modificó también la LOTC -EDL 1979/3888-, y el art.228 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC -EDL 2000/77463 remarquen que quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art.53.2 Const -EDL 1978/3879-, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.
El incidente de nulidad de actuaciones queda prácticamente reducido a aquellos casos en que el defecto procesal generador de indefensión sólo es advertido después de la sentencia firme y de aquellos supuestos en los que el vicio se produce en la propia sentencia y ésta no es susceptible de recurso ante la jurisdicción ordinaria.
Así pues, y como sintetiza el TS auto 17-10-18, rec 3115/16 -EDJ 2018/651715-, la solicitud de nulidad de actuaciones depende del cumplimiento de tres exigencias: 1ª que la solicitada declaración de nulidad se funde en la denuncia de vulneración de un derecho fundamental 2ª que esa denuncia no haya podido formularse antes de dictarse la resolución que pone fin al proceso y 3ª que la resolución en cuestión no sea susceptible de recurso.
Lo normal será que las partes del proceso soliciten la nulidad en el trámite de recurso, antes que se dicte resolución que ponga fin al proceso, siempre y cuando se trate de irregularidades o defectos en actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión.
En suma, el incidente de nulidad de actuaciones se convierte en un remedio extraordinario que sólo cabe cuando la resolución frente a la que se promueve el mismo sea firme [TS auto 10-11-15, rec 36/15 -EDJ 2015/230763-].
Los Tribunales, según señala el art.267.1 LOPJ -EDL 1985/8754-, no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Y cuando no pueda utilizarse el recurso de aclaración cabe la posibilidad de acudir al mecanismo prevenido en el art.215 LEC -EDL 2000/77463 y 267.5 y 6 LOPJ, relativo a la subsanación y complemento de sentencia, de modo que lo que no puede hacerse por vía de aclaración, pueda efectuarse por vía de la referida subsanación. Precisamente, al no ser la sentencia firme, actúa este mecanismo que no produce indefensión a la contraparte quién siempre tendrá la posibilidad de recurrirla. Consecuentemente, de tratarse de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla. Y si es el propio Tribunal el que advirtiese, en las sentencias o autos que dictara, las omisiones referidas, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se dicten, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.
Por otra parte, es criterio reiterado sentado por la Sala de lo Social del TS en autos de los que, por todos, citaremos el de 5-12-13, rec 78/13 -EDJ 2013/283288-, y 10-11-15, rec 36/15 -EDJ 2015/230763-, el incidente de nulidad de actuaciones no puede suspender el plazo para preparar el recurso de casación para la unificación de doctrina con el que se pretende subsanar las infracciones en que hubiese podido incurrir la sentencia combatida, y ello aún en el supuesto de que fuese instado por la propia parte que pretende formalizarlo. La excepcionalidad del incidente de nulidad de actuaciones, en términos generales, impone previamente aquel recurso, lo que implica que si la parte opta por interponer incidente de nulidad de actuaciones no puede pretender la suspensión del plazo para preparar la casación. El incidente de nulidad de actuaciones no sólo no se integra, como sí ocurre con el auto de aclaración, en la resolución originaria sino que su finalidad es otra.
En nuestra opinión, a la vista del marco normativo regulador del incidente de nulidad de actuaciones y de las consideraciones que anteceden, sería posible alcanzar las siguientes conclusiones:
A-. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia no puede anular de oficio, sin que le sea pedido, su propia sentencia, más aún si cabe en el caso de no ser firme por caber el recurso de las partes en casación para unificación de la doctrina.
B-. Cuestión distinta es que pueda la Sala de lo Social del Tribunal Superior acudir de oficio a la subsanación o complemento de su sentencia, si no es firme, a través del mecanismo previsto en los aptdo.5 y 6 art.267 LOPJ -EDL 1985/8754-, por haber omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, evitando con ello la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art.24 Const -EDL 1978/3879-.
C-. El incidente de nulidad de actuaciones no suspende el plazo para preparar el recurso de casación para la unificación de doctrina con el que se pretende subsanar las infracciones en que hubiese podido incurrir la sentencia combatida, incluso en el supuesto de que fuese instado por la propia parte que pretende formalizarlo. Si la parte opta por interponer incidente de nulidad de actuaciones no puede beneficiarse de la suspensión del plazo para preparar la casación.
Es común, como se indica, que las partes pretendan obtener una declara...
Es común, como se indica, que las partes pretendan obtener una declaración de nulidad de la sentencia recaída en suplicación ante la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que la dictó y que se presente ante la Sala de suplicación un escrito solicitando la nulidad de la sentencia en el plazo de veinte días establecido en el art.228 LEC -EDL 2000/77463-, sin que se prepare el recurso de casación para unificación de la doctrina.
Esta habitual disfuncionalidad es consecuencia de la imprevisión del legislador, que sólo define con claridad el incidente de nulidad de actuaciones en el ámbito del proceso civil pero no en las particulares relaciones entre el recurso de suplicación y el extraordinario de casación para unificación de doctrina.
Sin embargo, contestando a la primera pregunta, no es posible que la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia anule su propia sentencia cuando todavía es susceptible de ser recurrida en casación para unificación de la doctrina.
No puede obviarse el requisito de inexistencia de recurso alguno frente a la resolución que es, sin embargo, impugnada a través del incidente de nulidad, ya que el incidente de nulidad es excepcional, constituye un remedio procesal que solo cabe frente a resoluciones que hayan adquirido firmeza y resulta excepción al principio fundamental de intangibilidad de las resoluciones judiciales
Pero también es subsidiario: se exige que no haya sido posible denunciar la infracción antes de que hubiera recaído la resolución que puso fin al proceso y que la resolución de la que se pide la nulidad no pueda ser impugnada, mediante recurso ordinario o extraordinario, para reparar el vicio de nulidad.
Si existe un recurso susceptible de ser utilizado, tal recurso ha de agotarse. La genérica posibilidad existente de denunciar&nbspla nulidad de actuaciones a través del recurso&nbspde casación para unificación de la doctrina&nbsphace entonces inviable el incidente de nulidad de&nbspactuaciones, pues el art.240.3 LOPJ -EDL 1985/8754 exige su imposible denuncia antes de&nbspla sentencia o resolución que ponga fin al proceso. Las sentencias dictadas en suplicación, al ser recurribles&nbspen casación para la unificación de la doctrina, sin son contradictorias con&nbspotras, no son firmes, ni ponen fin al proceso.
Bien claro lo dice la STS 15-4-11 -rec 2885/10 -EDJ 2011/91330-: «Ciertamente, el incidente de nulidad de actuaciones no puede interponerse cuando la sentencia no ha alcanzado firmeza porque no se haya cumplido el plazo para la interposición del recurso ordinario o extraordinario o se haya interpuesto éste, pues el art.241 LOPJ -EDL 1985/8754 exige que la sentencia sea firme».
Ya la STCo 39/2003 -EDJ 2003/3857 consideró acertada la conducta inicial -interposición del recurso de casación unificadora del recurrente, aunque luego ignoró la subsidiariedad del amparo constitucional por no haber puesto en juego el remedio del art.240 LOPJ -EDL 1985/8754-.
El recurso de casación para la unificación de doctrina, pese a los estrictos términos con que se interpreta por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, permite, sobre el papel, reparar vulneraciones de la tutela judicial efectiva y el carácter subsidiario del incidente de nulidad exige agotar este recurso extraordinario y excepcional.
A través de la unificación de doctrina pueden examinarse cuestiones procesales pero siempre que concurra no sólo la identidad de la cuestión procesal planteada en una y otra sentencia en comparación, sino también que la cuestión de fondo debatida sea sustancialmente la misma porque no sólo es necesario que las irregularidades que se invocan sean homogéneas, sino que también es preciso que en las controversias concurran las identidades subjetivas, la igualdad de hechos, fundamentos y pretensiones.
Lo que sucede entonces, como indica la STS 15-4-11, rec 2885/10 -EDJ 2011/91330-, es que «los recursos extraordinarios -como es el de casación para unificación de doctrina-, limitan estrechamente las posibilidades de cognitio del órgano jurisdiccional superior y no permiten que aquel defecto procesal advertido por la parte en la sentencia que se recurre pueda ser denunciado en todo caso con éxito en la vía del recurso. Esta Sala ha venido sosteniendo que, en aquellos casos en que no se cumple el requisito de contradicción entre las sentencias, no es posible entrar a decidir sobre cualquiera que sea la infracción procesal denunciada. Las infracciones procesales también están condicionadas por la existencia de contradicción y, salvo los supuestos excepcionales vinculados a la falta de competencia funcional de la propia Sala IV o la falta manifiesta de jurisdicción, el examen está vetado a la Sala».
Por ello, en ocasiones, anticipando la dificultad de encontrar sentencias contradictorias, se admite tal incidente en las Salas de lo Social de los TSJ pero tal perspectiva, usual y práctica, no encuentra acomodo en la normativa aludida.
En definitiva, solo se podría acudir al incidente una vez que se ha llegado, sin resultado, a la unificación de doctrina, cuando se desestime por falta de contradicción. Así se deduce de la STS -Sala Social-, 15-4-11 -RCUD n.º 2885/10 -EDJ 2011/91330-, antes referida, donde se suscitó la cuestión de la imposibilidad de reparación de un defecto procesal por la vía del recurso de casación de unificación de doctrina, pues aquél no fue admitido -aunque la inadmisión se hiciera por sentencia por falta de concurrencia del imprescindible requisito de la contradicción.
Respondemos a la segunda pregunta. Consecuencia de lo anterior, la petición de nulidad de la sentencia ante la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que la dictó, no suspende los plazos para preparar e interponer el recurso de casación para la unificación de la doctrina porque lo adecuado es anunciar y formalizar referido recurso para hacer valer la nulidad.
Antes de la firmeza, ese incidente es manifiestamente improcedente, y su planteamiento no puede suspender el curso del plazo para el recurso contra la sentencia, de forma que el cómputo de ese plazo ha de iniciarse desde el día de la notificación de la sentencia. Solo si se considerara el incidente de nulidad procedente, y, en tanto no concluyese su tramitación, no se iniciaría el cómputo del plazo para recurrir la sentencia -que debería tener lugar desde la notificación del auto que pone fin al incidente pero, insistimos, éste no es el caso.
1. En cuanto a la primera de las cuestiones referida...
1. En cuanto a la primera de las cuestiones referida a si la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tiene competencia para anular su propia sentencia, pese a que sea susceptible de ser recurrida en casación para unificación de la doctrina, la respuesta es afirmativa. Tiene competencia siempre y cuando la sentencia haya ganado firmeza. La competencia se fundamenta legalmente en el art.241.1 LOPJ -EDL 1985/8754 cuando señala que «Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado o Tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza». Y en iguales términos se pronuncia el art.228 LEC -EDL 2000/77463-. Ahora bien, sólo si la sentencia ha ganado firmeza. Pues si no es así – si no hay firmeza supondría trastocar el sistema de competencia funcional inherente al sistema de recursos.
2. Estamos, en realidad, ante un incorrectamente denominado incidente puesto que la incidencia no acontece ya que el proceso principal ha concluido, y además de lo que se trata es de impugnar la cosa juzgada. En resumen para acudir a este mal llamado incidente: -1 tiene que existir una resolución firme que ponga fin al proceso, esto es, una resolución ya no recurrible -si existe posibilidad de recurrir la denuncia de la vulneración se hará por medio de los recursos adecuados -2 Debe afirmarse que se ha producido la vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art.53.2 Const -EDL 1978/3879 -es decir, de los reconocidos en los art.14 a 30 Const-, y -3 La denuncia de la vulneración del derecho fundamental no pudo haberse hecho por la parte antes de que se dicte la resolución que ponga fin al proceso. La LO 6/2007, de 24 de mayo -EDL 2007/28399-, que lo fue de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -EDL 1979/3888-, perseguía la finalidad de reducir el número de «recursos» de amparo ante ese Tribunal, y para ello llegó hasta el extremo de «pervertir» la naturaleza del amparo, que ha dejado de ser un verdadero proceso, para ser no se sabe muy bien qué, pero desde luego no una actividad jurisdiccional. En esa línea antes de llegar al amparo los tribunales ordinarios tienen la posibilidad de revisar todas las violaciones de derechos fundamentales por medio de un mal llamado incidente de nulidad de actuaciones -Montero Aroca, Juan. Evolución conceptual de la nulidad de actuaciones, Cuadernos de Derecho Digital CGPJ 2008-. La consecuencia más sencilla es que la falta de motivación de la sentencia no recurrible permite acudir a este mal llamado incidente.
3. Dicha regla de retención de la competencia del órgano que dictó la sentencia para conocer del incidente de nulidad, constituye la clave para su interposición. El Tribunal ad quem sólo será competente para conocer del posible incidente que se pueda plantear si el defecto procesal se imputa a una actuación suya o a su propia sentencia. Lo que pretende el art.241.1 LOPJ -EDL 1985/8754 es que sea el mismo órgano que produce el acto o dicta la sentencia causante de indefensión el que resuelva el incidente cuando no prosperan «los recursos interpuestos para reparar la indefensión sufrida».
4. La segunda cuestión referida a si la petición de nulidad de la sentencia ante la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que la dictó, suspende los plazos para preparar e interponer el recurso de casación para la unificación de la doctrina, cae por sí sola. No cabe suspensión alguna, puesto que para interponer el incidente de nulidad contra la sentencia ésta ha de ser firme -art.241.1 párrafo segundo, inciso primero, LOPJ -EDL 1985/8754--.
5. Sentado lo anterior, este mal llamado incidente de nulidad tiene dos momentos de interposición:
-a- Inicial o directamente ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que dictó la sentencia, que ya ganó firmeza porque bien conscientemente se dejó de transcurrir el plazo legal para presentar el escrito de preparación de casación para la unificación de doctrina porque hay seguridad y evidencia de posible estimación de la nulidad de actuaciones -por ejemplo por ejemplo, se dejaron de de contestar uno de los varios recursos acumulados, o la sentencia está manifiestamente inmotivada-, o bien porque contra la misma no se interpuso recurso ordinario o extraordinario, y con posterioridad pudo advertirse motivo o circunstancia que pueda fundar la nulidad después de ganada la firmeza
-b- O en un momento posterior, tras el regreso o vuelta atrás de la sentencia, secuencia que se produce cuando habiéndose interpuesto recurso de casación para unificación de doctrina, la sentencia recurrida es declarada firme por el Tribunal Supremo cuando el recurso de unificación de doctrina se inadmite por falta de contradicción. Ello es así porque es en el propio Auto de inadmisión donde se declara la firmeza de la sentencia, y a partir de la notificación de esta resolución queda expedita la vía para intentar el incidente de nulidad de actuaciones. En este caso, también cabe interponer incidente de nulidad de la sentencia en los plazos de 20 días desde la notificación de la resolución, o en los restantes previstos en el art.241.1 párrafo segundo LOPJ -EDL 1985/8754-, pero, eso sí, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en lugar del Tribunal Supremo -TS auto 9-12-14 -EDJ 2014/305393-, TS auto 17-1-17 -EDJ 2017/7392--.
La redacción de los art.240 y 241 LOPJ -
La redacción de los art.240 y 241 LOPJ -EDL 1985/8754 nos permite afirmar que el incidente de nulidad de actuaciones está configurado como un remedio absolutamente excepcional, que tan solo puede activarse cuando concurran conjuntamente todas las circunstancias que establecen dichos preceptos, hasta el punto de que el propio legislador se ha atrevido a imponer una regla tan inusual e infrecuente como la de ordenar con carácter general su inadmisión para evidenciar de esta forma su carácter enormemente restrictivo.
A lo que se suma una consideración especialmente relevante a los efectos que analizamos, en cuanto esos mismos preceptos disponen que la forma ordinaria de denunciar la posible nulidad de las resoluciones judiciales no es otra que hacer valer los recursos legalmente establecidos frente a las mismas. Añadiendo, que ni tan siquiera puede decretarse de oficio cuando no ha sido expresamente solicitada por la recurrente.
Y lo más importante, que el incidente de nulidad solo cabe si la supuesta vulneración de derechos fundamentales no ha podido denunciarse antes de que recaiga la resolución que ponga fin al proceso, pero únicamente cuando la misma no sea susceptible de «recurso ordinario ni extraordinario».
De esto último se deduce que no hay en realidad una especie de derecho de opción que permita a la parte elegir entre solicitar la nulidad de la sentencia o formular recurso de casación contra la misma mediante la presentación del preceptivo escrito de preparación.
Como se dice en el TS auto 10-11-15 -rec queja 36/15 -EDJ 2015/230763 el incidente solo cabe «cuando la resolución frente a la que se promueve el mismo sea firme», lo que no ocurre si contra la sentencia puede interponerse el recurso de casación para la unificación de doctrina.
Es cierto que esa clase de recurso tiene unas particularidades muy específicas que pueden dificultar enormemente su interposición, pero no lo es menos que el legislador ha dispuesto de forma expresa la imposibilidad de plantear el incidente de nulidad de actuaciones si cabe la posibilidad de formular recursos extraordinarios, en general, y sin excluir de esa regla ninguna particular modalidad.
En nuestra opinión, tan tajante previsión impide formular el incidente de nulidad de actuaciones antes de que haya finalizado el plazo de diez días previsto en el art.220.1 LRJS -EDL 2011/222121 para presentar el escrito de preparación del recurso de casación unificadora.
No creemos que conduzca a un resultado distinto la singularidad que el Tribunal Constitucional ha venido atribuyendo históricamente al recurso de casación para la unificación de doctrina, en orden a la formulación de recursos de amparo, puesto que ninguna previsión específica a ese respecto se ha introducido en los art.240 y 241 LOPJ -EDL 1985/8754 tras la última modificación de la normativa legal en esta materia. Hemos visto que estos preceptos no distinguen entre unas y otras modalidades de recursos extraordinarios, sino que configuran un mismo régimen legal para todos ellos y le atribuyen naturaleza obstativa del incidente de nulidad.
No nos consta que la Sala IV del Tribunal Supremo haya tenido ocasión de pronunciarse en sentencia y frontalmente sobre esta cuestión, pero del examen de la doctrina que destilan los Autos recaídos en la resolución de recursos de queja formulados contra las decisiones de las salas de suplicación que inadmiten los escritos de preparación de la casación por estar fuera de plazo, parece deducirse el criterio que acabamos de exponer.
Tales recursos de queja tienen su origen en situaciones como las que se plantea en este foro, cuando alguna de las partes ha planteado incidente de nulidad contra la sentencia dictada por la sala de suplicación y, tras su desestimación, han presentado entonces los escritos de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina una vez que ya ha transcurrido el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia.
Como se dice en el que ya hemos citado anteriormente y en los de 21-5-15 -Queja 93/14 -EDJ 2015/129801 y 20-5-15 -Queja 80/14 -EDJ 2015/100004-, entre otros muchos, la expresión «no sea susceptible de recurso», supone que no puede suspenderse al plazo para preparar la casación, de tal forma que si la parte interpone el incidente de nulidad de actuaciones no puede pretender que dicho plazo quede en suspenso hasta su resolución.
Tras lo que en dichas resoluciones se concluye, que puesto que no se debió de plantear el incidente de nulidad, sino el recurso de casación porque la sentencia no era firme, «la promoción de dicho incidente no tiene ningún efecto interruptivo o suspensivo del plazo previsto en el art. 221.1 LRJS -EDL 2011/222121 para preparar el recurso».
Lo que a efectos prácticos supone que ambas opciones resultarán difícilmente compatibles, a salvo de que la Sala de suplicación pudiere resolver el incidente de nulidad antes del transcurso del plazo de diez días, si es que se admite que puede promoverse cuando la sentencia no ha ganado firmeza, lo que en nuestra opinión no es factible.

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