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Timestamp: 2018-12-12 06:06:49+00:00

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En los últimos meses se ha presentado modificaciones en los dispositivos legales referente a materia electoral, es preciso señalar que hace unos meses el Grupo de Trabajo de la Reforma Electoral –perteneciente a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso-, dirigido por la congresista Patricia Donayre presentó su informe final que consistía en una reforma electoral a través de una propuesta integral.
Es decir, nos encontramos ante la ausencia de una de una norma integral sobre materia electoral, basta con verificar el Sistema Peruano de Información Jurídico (SPIJ), para constatar la existencia de 38 normas legales de carácter general. A razón de la ausencia de una reforma integral y el constante recurrir a incorporaciones o modificaciones que llegan a suscitar incertidumbre al realizarse en vísperas de las elecciones como en las presidenciales del 2016[1].
Con el fin de aclarar el hecho, se modificó la ley N.o 26859, Ley Orgánica de Elecciones, con la Ley N.o 30682, que busca optimizar el principio de seguridad jurídica en los procesos electorales, refiere que las normas con rango de ley relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde un 1 año antes del día de la elección o de la consulta popular, tienen vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. Ello significa que la aplicación de las modificaciones actuales son efectivas desde el día siguiente de la culminación de los procesos de elecciones regionales y municipales 2018.
Se modificó el artículo 79 de la ley N.o 26859, Ley Orgánica de Elecciones, con la Ley N.o 30682, ahora el proceso electoral finalizara con la publicación, en el diario oficial, de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que declara su conclusión.
En la ley N.o 27683, Ley de Elecciones Regionales, se modificó el artículo 13 a través de la Ley N.o 30692, ahora en las circunscripciones de la frontera, es necesario ser peruano de nacimiento.
Entre otras modificaciones más, estas no han sido transcendentales para mejorar la calidad de los ciudadanos que se presentan a ser candidatos. Podemos señalar que solo hay dos cambios que pueden significar un cambio, estas están relacionadas a las fuentes de financiamientos prohibidas y la eliminación de movimientos locales.
A través de la ley N.o 30688, que busca promover las organizaciones políticas de carácter permanente, se modificó el artículo 17 de la ley N.o 28094, Ley de Organizaciones Políticas. La implementación de los movimientos locales se dio ante la falta de presencia de los partidos políticos en las circunscripciones más alejadas, desde el inicio la participación ha ido en descenso, ha ello se debe sumar su corta existencia. Además, no presentan una ideología y cimientos claros que permitan a los ciudadanos identificarse con el movimiento y no con el candidato.
En el debate suscitado para la aprobación de la modificatoria en el Congreso, acusaron a los movimientos locales de debilitar a los partidos políticos, la afirmación no es tautológica, debido a la disminución de la presencia de los movimientos locales. Son los movimientos regionales los que han mermado la existencia de los partidos políticos, desde su implementación han aumentado considerablemente, llegando en las últimas elecciones a presentarse alrededor de 7 mil movimientos regionales. Estos tienen una existencia efímera, a ellos se añade que los casos de corrupción[2] más mediáticos ha correspondido a gobernadores regionales pertenecientes a movimientos regionales.
Otra modificación que consideramos transcendental, es el Título VI de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, mediante la ley N.o 30689, con el fin de prevenir actos de corrupción y el clientelismo en la política. Se ha ampliado la lista de fuente prohibiciones, añadiendo a las personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, en clara referencia a Odebrecht. En los últimos meses han aumentado el número de autoridades que recibieron recursos económicos, de la empresa brasilera para la financiación de las campañas electores, y sobornos para la buena pro en obras públicas. Se busca que el financiamiento, no siga siendo una moneda de cambio que se haga efectiva cuando el candidato gane la elección.
Si bien estas últimas modificatorias tendrán mayor impacto, estás no aseguran el fortalecimiento de los partidos políticos. La afinidad debe ser por la ideología, los principios que pregona el partido y no el candidato de turno.
[1] En referencia al incremento de barrera electoral en uno por ciento (1 %) de los votos válidos a nivel nacional para las alianzas partidarias que participaron en las Elecciones del 2016 que se planteó en el artículo 2 de la Ley N.o 30414, respecto de la modificación del artículo 13, inciso a), de la Ley N.o 28094, Ley de Organizaciones Política. Donde por medio de la Resolución N.o 0371-2016 del Jurado Nacional de Elecciones se precisa la no aplicación del incremento para las presentes elecciones. En el caso de las alianzas –como Alianza Popular, entre el Apra y PPC– se incrementaba en uno por ciento (1 %), si se hubiera aplicado lo mencionado en la norma, la mencionada alianza hubiera perdido su inscripción.
[2] Del periodo 2011-2014, hay en promedio 24 autoridades involucradas en actos de corrupción en perjuicio del Estado, se encuentran en diversas etapas del proceso: investigados, denunciados o sentenciados. Entre ellos resalta: César Álvarez Aguilar, ex gobernador de Áncash; Elias Segovia, ex gobernador de Apurimac, entre otros

References: resolución 
 artículo 79
 resolución 
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 13
 Resolución