Source: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1979-30178
Timestamp: 2019-01-20 06:40:41+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-1979-30178
Documento BOE-A-1979-30178
«BOE» núm. 306, de 22 de diciembre de 1979, páginas 29363 a 29370 (8 págs.)
BOE-A-1979-30178
https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/12/18/4
El presente Estatuto es la expresión de la identidad colectiva de Cataluña y define sus relaciones con el Estado en un marco de libre solidaridad con las restantes nacionalidades y regiones. Esta solidaridad es la garantía de la auténtica unidad de todos los pueblos de España.
2. Los extranjeros que adquieran la nacionalidad española quedarán sujetos al Derecho civil catalán mientras mantengan la vecindad administrativa en Cataluña, salvo que manifestarán su voluntad en contrato.
5. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
15. Ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable; puertos, helipuertos, aeropuertos y Servicio Meteorológico de Cataluña, sin perjuicio de lo dispuesto en los números 20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes.
1) Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la administración de la Generalidad y de los entes públicos dependientes de ella, así como el régimen estatutario de sus funcionarios.
2) Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de competencias de la Generalidad.
3) Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio e intervención de Empresas cuando lo exija el interés general.
4) Ordenación del crédito, banca y seguros.
5) Régimen minero y energético.
6) Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad para establecer normas adicionales de protección.
7) Ordenación del sector pesquero.
1) Penitenciaria.
2) Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta inspección de éste. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado sobre estas materias.
3) Propiedad intelectual e industrial.
4) Nombramiento de Agentes de cambio y bolsa, Corredores de comercio. Intervención, en su caso, en la delimitación de las demarcaciones correspondientes.
5) Pesos y medidas, contraste de metales.
6) Ferias internacionales que se celebren en Cataluña.
7) Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal cuya ejecución no se reserve el Estado.
8) Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.
9) Ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado.
10) Salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral catalán.
11) Las restantes materias que se atribuyan en el presente Estatuto expresamente como de competencia de ejecución y las que con este carácter y mediante Ley Orgánica sean transferidas por el Estado.
1) Planificación de la actividad económica en Cataluña.
2) Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar, y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. Queda reservada a la competencia exclusiva del Estado la autorización para transferencia de tecnología extranjera.
3) El desarrollo y ejecución en Cataluña de los planes establecidos por el Estado para la reestructuración de sectores industriales.
4) Agricultura y ganadería.
5) Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre la defensa de la competencia. Denominaciones de origen en colaboración con el Estado.
6) Instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorro.
7) Sector público económico de la Generalidad, en cuanto no esté contemplado por otras normas de este Estatuto.
1. La Generalidad podrá crear una Policía Autónoma en el marco del presente Estatuto y, en aquello que no esté específicamente regulado en el mismo, en el de la Ley Orgánica prevista en el artículo 149, 1, 29, de la Constitución.
c) La demás funciones previstas en la Ley Orgánica a que hace referencia al apartado 1 del presente artículo.
4. Quedan reservadas, en todo caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes, documento nacional de identidad, tráfico, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal y las demás funciones que directamente les encomienda el artículo 104 de la Constitución y las que les atribuya la Ley Orgánica que lo desarrolle.
1. En el uso de las facultades, y en ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno, éste asumirá la dirección de todos los servicios comprendidos en el artículo anterior, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán intervenir en funciones atribuidas a la Policía de la Generalidad en los siguientes casos:
a) A requerimiento de la Generalidad, cesando la intervención a instancias de la misma.
b) Por propia iniciativa, cuando considere que está gravemente comprometido el interés del Estado, y con aprobación de la Junta de Seguridad.
2. En los casos de declaración del estado de alarma, de excepción o sitio, todas las Fuerzas y Cuerpos policiales quedarán a las órdenes directas de la autoridad civil o militar que, en su caso, corresponda, de acuerdo con la legislación que regule estas materias.
Es de la competencia plena de la Generalidad la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.
1. En el marco de las normas básicas del Estado, corresponde a la Generalidad el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de Radiodifusión y Televisión en los términos y casos establecidos en la Ley, que regule el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.
3. En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo, la Generalidad podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines.
4. La Generalidad de Cataluña podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y funciones en materia de sanidad y seguridad social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo.
1.° Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.
2.º Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en Cataluña y la localización de su capitalidad.
3.º Coadyuvar en la organización de los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en la instalación de los Juzgados, con sujeción en todo caso a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. En las restantes materias se podrá interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo, el recurso de casación o el que corresponda según las Leyes del Estado y, en su caso, el de revisión. El Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia y jurisdicción, entre los Tribunales de Cataluña y los del resto de España.
1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la Generalidad ordenará la publicación de dicho nombramiento en el «Diari Oficial de la Generalitat».
2. La Generalidad participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a los Registros de la Propiedad y Mercantiles para acomodarlas a lo que se disponga en aplicación del artículo 18, párrafo 2, de este Estatuto. También participará en la fijación de las demarcaciones notariales y del número de Notarios, de acuerdo con lo previsto en las Leyes del Estado.
3. La Generalidad de Cataluña integrará en su organización los servicios correspondientes a fin de llevar a cabo las competencias que le atribuye el presente Estatuto.
1. Para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, la Generalidad podrá celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser aprobados por el Parlamento de Cataluña y comunicados a las Cortes Generales y entrarán en vigor a los treinta días de esta comunicación, salvo que éstas acuerden en dicho plazo que, por su contenido, el convenio debe seguir el trámite previsto en el párrafo 2 de este artículo 1, como acuerdo de cooperación.
1. El Parlamento será elegido por un término de cuatro años, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, de acuerdo con la Ley Electoral que el propio Parlamento apruebe. El sistema electoral será de representación proporcional y asegurará, además, la adecuada representación de todas las zonas del territorio de Cataluña.
Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Cataluña, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
6. La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, al Consejo Ejecutivo o Gobierno y, en los términos que una Ley de Cataluña establezca, a los órganos políticos representativos de las demarcaciones supramunicipales de la organización territorial de Cataluña. La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley que hayan de ser tramitadas por el Parlamento de Cataluña se regulará por éste mediante Ley, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica prevista en el artículo 87,3, de la Constitución.
2. Las Leyes de Cataluña serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Generalidad, que dispondrá su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat» en el término de quince días desde su aprobación y en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de su entrada en vigor, regirá la fecha de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat». La versión oficial castellana será la de la Generalidad.
Sin perjuicio de la institución prevista en el artículo 54 de la Constitución y de la coordinación con la misma, el Parlamento podrá nombrar un «Sindic de Greuges» para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, a cuyos efectos podrá supervisar las actividades de la administración de la Generalidad. Una Ley de Cataluña establecerá su organización y funcionamiento.
4. El Presidente será en todo caso, políticamente responsable ante el Parlamento.
1. El Consejo, órgano colegiado de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, será regulado por Ley de Cataluña que determinará su composición, el estatuto, la forma de nombramiento y cese de sus miembros y sus atribuciones.
4. Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Consejo Ejecutivo o Gobierno y de la Administración de la Generalidad que lo requieran serán publicados en el «Diari Oficial de la Generalitat». Esta publicación será suficiente, a todos los efectos, para la validez de los actos y la entrada en vigor de las disposiciones y normas de la Generalidad. En relación con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se estará a lo que disponga la correspondiente norma del Estado.
1. Las Leyes de Cataluña estarán excluidas del recurso contencioso-administrativo y únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos y acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos ejecutivos y administrativos de la Generalidad, se podrá presentar recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin perjuicio de lo que dispone el apartado 1 del artículo anterior, una Ley de Cataluña creará y regulará el funcionamiento de un organismo de carácter consultivo que dictaminará, en los casos que la propia Ley determine, sobre la adecuación al presente Estatuto de los proyectos o proposiciones de Ley sometidos a debate y aprobación del Parlamento de Cataluña.
La interposición ante el Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad por el Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Generalidad o por el Parlamento de Cataluña exigirá como requisito previo un dictamen de dicho organismo.
1) El patrimonio de la Generalidad en el momento de aprobarse el Estatuto.
2) Los bienes afectos a servicios traspasados a la Generalidad.
3) Los bienes adquiridos por la Generalidad por cualquier título jurídico válido.
2. Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado a que se refiere la disposición adicional sexta y de todos aquellos cuya cesión sea aprobada por las Cortes Generales.
1. Cuando se complete el traspaso de servicios o al cumplirse el sexto año de vigencia de este Estatuto, si la Generalidad lo solicita, la participación anual en los ingresos del Estado citada en el número 3 del artículo anterior y definida en la disposición transitoria tercera se negociará sobre las siguientes bases:
a) La media de los coeficientes de población y esfuerzo fiscal de Cataluña; este último medido por la recaudación en su territorio del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios tributos corresponderá a la Generalidad, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.
1. Corresponde a la Generalidad la tutela financiera sobre los Entes Locales, respetando la autonomía que a los mismos reconocen los artículos 140 y 142 de la Constitución y de acuerdo con el artículo 9.º,8 de este Estatuto.
Los ingresos de los Entes Locales de Cataluña consistentes en participaciones en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas se percibirán a través de la Generalidad, que los distribuirá de acuerdo con los criterios legales que se establezcan para las referidas participaciones.
1. La Generalidad, como poder público, podrá hacer uso de las facultades previstas en el apartado 1) del artículo 130 de la Constitución, y podrá fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas en los términos resultantes del número 21 del artículo 9.º del presente estatuto.
a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Generalidad, al Parlamento de Cataluña a propuesta de una quinta parte de sus Diputados o a las Cortes Generales.
b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Cataluña por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la reforma tuviera por objeto la simple alteración de la organización de los poderes de la Generalidad y no afectara a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, se podrá proceder de la siguiente manera:
c) Si en el plazo de treinta días, a partir de la recepción de la consulta prevista en el apartado procedente, las Cortes Generales no se declarasen afectadas por la reforma, se convocará, debidamente autorizado, un referéndum sobre el texto propuesto.
1. Mientras no sean recubiertas por sus titulares, y siempre que hayan resultado desiertos los concursos y oposiciones correspondientes, las vacantes existentes o que se produzcan en los órganos jurisdiccionales en Cataluña podrán cubrirse, temporalmente, por personal designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, aplicando las normas que para este supuesto se contengan en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El personal interino que en su caso se nombre cesará cuando sea nombrado el titular.
1. Se cede a la Generalidad, en los términos previstos en el párrafo 3 de esta Disposición, el rendimiento de los siguientes tributos:
d) Impuestos sobre el lujo que se recauden en destino.
3. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión Mixta a que se refiere el apartado 2 de la disposición transitoria 3.ª, que en todo caso los referirá a rendimientos en Cataluña. El Gobierno tramitará el acuerdo de la Comisión como Proyecto de Ley, o, si concurriesen razones de urgencia, como Decreto-ley, en el plazo de seis meses, a partir de la constitución del primer Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Generalidad.
El ejercicio de las competencias financieras reconocidas por este Estatuto a la Generalidad se ajustará a lo que establezca la Ley Orgánica a que se refiere el apartado 3 del artículo 157 de la Constitución.
1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Generalidad de este Estatuto, el Estado garantizará la financiación de los servicios transferidos a la Generalidad con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en Cataluña en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, se crea una Comisión Mixta paritaria Estado-Generalidad, que adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el apartado 3 del artículo 44. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos como los costes indirectos de los servicios, así como los gastos de inversión que correspondan.
4. A partir del método fijado en el apartado 2.º, se establecerá un porcentaje en el que se considerará el coste efectivo global de los servicios transferido por el Estado a la Generalidad, minorando por el total de la recaudación obtenida por la Generalidad los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capítulos I y II del último presupuesto anterior a la transferencia de los servicios valorados.
Para los recursos que tuvieran por objeto la impugnación de la validez de la elección y la proclamación de Diputados electos será competente la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, hasta que quede integrada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también entenderá de los recursos o impugnaciones que procedan contra los acuerdos de las Juntas Electorales Provinciales.
2. En una segunda sesión, que se celebrará, como máximo, diez días después del final de la sesión constitutiva, el Presidente del Parlamento, previa consulta a los portavoces designados por los partidos o Grupos Políticos con representación parlamentaria, propondrá de entre los miembros del Parlamento un candidato a Presidente de la Generalidad, procediéndose, tras debate, a la votación.
2. La Comisión Mixta estará integrada prioritariamente por vocales designados por el Gobierno y por el Consejo de la Generalidad y ella misma establecerá sus normas de funcionamiento.
Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuesta al Gobierno, que las aprobará mediante decreto, figurando aquéllos como anejos al mismo, y serán publicados simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat», adquiriendo vigencia a partir de esta publicación.
4. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Generalidad la certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados. Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
5. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por los traspasos a la Generalidad pasarán a depender de ésta, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier orden y naturales que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción.
6. La Generalidad asumirá con carácter definitivo y automático, y sin resolución de continuidad, los servicios que ya le hayan sido traspasados desde el 29 de septiembre de 1977 hasta la vigencia del presente Estatuto. En relación a las competencias cuyo traspaso esté en curso de ejecución, se continuará su tramitación de acuerdo con los términos establecidos por el correspondiente decreto de traspaso. Tanto en uno como en otro caso, las transferencias realizadas se adaptarán, si fuera preciso, a los términos del presente Estatuto.
7. Las Diputaciones Provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona podrán transferir o delegar en la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en la legislación de Régimen Local, aquellos servicios que por su propia naturaleza requieran un planeamiento coordinado, pudiendo conservar aquéllas la ejecución y gestión de esos mismos servicios.
8. La Comisión Mixta creada de acuerdo con el artículo 3.º del Real Decreto de 30 de septiembre de 1977 se considerará disuelta cuando se constituya la Comisión Mixta referida en el apartado 1 de esta Disposición transitoria.
En lo relativo a televisión, la aplicación del apartado 3 del artículo 16 del presente Estatuto supone que el Estado otorgará en régimen de concesión a la Generalidad la utilización de un tercer canal, de titularidad estatal, que debe crearse específicamente para su emisión en el territorio de Cataluña, en los términos que prevea la citada concesión.
Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de este nuevo canal de televisión, Radiotelevisión Española (RTV) articulará, a través de su organización en Cataluña, un régimen transitorio de programación específica para el territorio de Cataluña, que Televisión Española emitirá por la segunda cadena (UHF).
Fecha de derogación: 09/08/2006
SE DEROGA, por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio (Ref. BOE-A-2006-13087).
sometiendo a referéndum el proyecto de Reforma de estatuto: Decreto 170/2006, de 18 de mayo de 2006 (Ref. BOE-A-2006-8789).
con el art. 32.6, regulando la iniciativa legislativa popular: Ley 1/2006, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-2006-4591).
con los arts. 8.2 y 52, regulando el Consejo de Trabajo, Económico y social: Ley 7/2005, de 8 de junio de 2005 (Ref. BOE-A-2005-11752).
regulando el Estatuto de los Ex-Presidentes de la Generalidad: Ley 6/2003, de 22 de abril (Ref. BOE-A-2003-10530).
SE MODIFICA la disposición adicional 6.1, por Ley 17/2002, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2002-12996).
SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre Politica Linguistica: Ley 1/1998, de 7 de enero (Ref. BOE-A-1998-2989).
SE MODIFICA el apartado 1 de la disposición adicional sexta, por Ley 31/1997, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-1997-17581).
con el art. 32.6, regulando la Iniciativa Legislativa Popular: Ley 2/1995, de 23 de marzo (Ref. BOE-A-1995-12440).
aprobando el texto refundido de la Ley de finanzas públicas: Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio (Ref. DOGC-f-1994-90008).
regulando el Himno: Ley 1/1993, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1993-8264).
con la disposición adicional primera, sobre régimen especial del Valle de Arán: Ley 16/1990, de 13 de julio (Ref. BOE-A-1990-19959).
con los arts. 9.3 y 10.1.1, sobre Organización, procedimiento y régimen Juridico de la Administración de la Generalidad: Ley 13/1989, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-645).
sobre creación de las comarcas del Pla de l'Estany, el Pla d'Urgell y la Alta Ribagorca: Ley 5/1988, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-1988-13636).
con el art. 33.2, sobre Régimen local y Municipal: Ley 8/1987, de 15 de abril (Ref. BOE-A-1987-12218).
con el art. 33.2, sobre la Organización Comarcal: Ley 6/1987, de 4 de abril (Ref. BOE-A-1987-9858).
con el art. 35, regulando el Sindic de Greuges: Ley 14/1984, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-1984-9839).
regulando la Sindicatura de Cuentas: Ley 6/1984, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-1984-8410).
sobre Normalización Linguística: Ley 7/1983, de 18 de abril (Ref. DOGC-f-1983-90036).
con el art. 33.2, sobre Finanzas Públicas: Ley 10/1982, de 12 de julio (Ref. DOGC-f-1982-90016).
sobre el Parlamento, el Presidente y el Consejo Ejecutivo: Ley 3/1982, de 25 de marzo (Ref. DOGC-f-1982-90009).
sobre transferencia urgente y plena de las diputaciones catalanas a la Generalidad: Ley 6/1980, de 17 de diciembre (Ref. DOGC-f-1980-90005).
estableciendo la Fiesta Nacional de Cataluña: Ley 1/1980, de 12 de junio (Ref. BOE-A-1980-21392).
con la disposición transitoria 6, aprobando las normas de traspaso de servicios del Estados y funcionamiento de la Comisión Mixta: Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio (Ref. BOE-A-1980-18458).
Real Decreto 2543/1977, de 30 de septiembre (Ref. BOE-A-1977-24355).
Real Decreto-ley 41/1977, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-1977-24354).

References: artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 104
 artículo 27
 artículo 81
 artículo 149
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 87
 artículo 54
 artículo 9
 artículo 130
 artículo 9
 artículo 157
 artículo 44
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 16
 Real Decreto 

Real Decreto