Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A161-05.htm
Timestamp: 2017-11-25 04:02:15+00:00

Document:
A161-05
Auto 161/05
Referencia: expediente D-5826
Recurso de súplica contra el auto de 13 de Julio de 2005 dictado por la Magistrada Sustanciadora, Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Demandante: Alvaro Edgar Hernández Conde
Bogotá, D. C., nueve ( 9) de agosto de dos mil cinco (2005).
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver el recurso de súplica interpuesto por el ciudadano Alvaro Edgar Hernández Conde contra el auto dictado el 13 de Julio de 2005 por la Magistrada Sustanciadora, Dra. Clara Inés Vargas Hernández, por medio del cual rechazó la demanda en el proceso de la referencia.
1. El ciudadano Alvaro Edgar Hernández Conde instauró demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 1º (parcial) del Decreto ley 1074 de 1999, por el cual se establece el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por la supuesta violación del Art. 29 de la Constitución Política.
El demandante sostiene que la expresión impugnada infringe los principios de legalidad y de tipicidad, que son fundamentales en cualquier proceso sancionatorio administrativo.
Indica que aquella establece una sanción pero no establece la conducta correspondiente, dejando a la Administración la potestad de aplicar aquella a las situaciones que estime que no tienen sanción explícita o a las que se creen con posterioridad.
Expresa que “la no determinación de una conducta reprochable afecta el principio de tipicidad, el cual hace parte de las garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso. La falta de tipicidad del precepto impugnado es evidente ya que en él no se describe ninguna conducta susceptible de reproche, solamente compone una sanción dejando la libertad al operador del derecho de imponerla a situaciones no previstas en el catálogo bajo la premisa de salvaguardar las normas que conforman el régimen cambiario”.
Agrega que el régimen cambiario muta con facilidad y es bastante disperso, por lo cual el aparte acusado permite que el funcionario incurra en desviación de poder, en virtud de la aplicación de la sanción en él prevista a cualquier infracción, siempre y cuando esta última no esté contemplada antes en el mismo artículo.
2. Mediante auto dictado el 21 de Junio de 2005, la Magistrada Sustanciadora, Dra. Clara Inés Vargas Hernández, inadmitió la demanda por no cumplir ésta la exigencia contenida en el Num. 3 del Art. 2º del Decreto 2067 de 1991, en el sentido de expresar las razones por las cuales los preceptos constitucionales se estiman violados, concretamente por no cumplir los requisitos de especificidad y de certeza señalados en la jurisprudencia de esta corporación.
Indica dicha providencia que la demanda no cumple el requisito de especificidad porque las aseveraciones contenidas en ella no señalan de qué manera la disposición acusada viola el Art. 29 superior y que “de hecho, el demandante no explica cómo el aparte acusado desconocería los principios de tipicidad y legalidad, ya que el literal objeto de la demanda de manera inequívoca remite al Régimen Cambiario sobre operaciones de competencia de la DIAN para efectos de determinar las conductas que pueden ser susceptibles de sanción”.
Así mismo, sobre el requisito de certeza en la formulación de los cargos, afirma que “(…) las razones que plantea el ciudadano no cumplen el anterior requisito, pues sus afirmaciones no se derivan del texto acusado, sino que podrían corresponder a la aplicación práctica de aquél. El literal demandado, si bien no describe detalladamente las conductas susceptibles de reproche, sí remite a las normas del Régimen Cambiario, por ende, no es cierto que las autoridades actúen arbitrariamente a la hora de imponer una sanción”.
En consecuencia, concedió al demandante el término de tres (3) días para que corrigiera aquella.
3. A través de escrito presentado el 28 de Junio de 2005, el demandante corrigió la demanda en la siguiente forma:
En relación con el cargo por violación del principio de tipicidad afirma:
“El literal aa) no describe detalladamente las conductas, las acciones, las omisiones, las órdenes o las prohibiciones en que debe incurrir el administrado para endilgarle o atribuirle responsabilidad y por ende hacerse acreedor a la multa de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Como se observa, al confrontar la norma demandada con la norma superior (Art. 29), se infiere que en la norma demandada no se describe taxativamente conducta (acción, omisión, orden o prohibición), actualizándose de esta manera la violación al debido proceso por no consagrar la conducta susceptible de reproche. Aquí se evidencia claramente la violación al principio de tipicidad.
“La remisión que hace la norma es indeterminada, carece de precisión y claridad, toda vez que se remite a todas las normas que conforman el Régimen Cambiario sin establecer claramente con cuáles de esas normas de (sic) debe hacer la interpretación armónica. Debido a esta remisión indeterminada, es inconstitucional la norma demandada, significa que no tiene univocidad, necesaria para hacer en forma inequívoca, la adecuación típica de la conducta, por lo cual, resulta contrario al principio de tipicidad general de rango constitucional y, por esa vía a las garantías constitucionales que integran el debido proceso”.
De otro lado, respecto del cargo por vulneración del principio de legalidad expone que éste determina no sólo la existencia previa de la conducta y la sanción, sino que además la norma debe ser de carácter “legal legislativo” y que las disposiciones que integran el régimen cambiario son variadas y creadas en parte por la autoridad administrativa, particularmente por el Banco de la República o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de las cuales señala algunas, por lo que las infracciones previstas en las mismas no cumplen dicho principio.
4. Mediante auto proferido el 13 de Julio de 2005, la Magistrada Sustanciadora rechazó la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 2067 de 1991, por considerar que el defecto que originó su inadmisión no había sido corregido.
5. Por medio de escrito radicado el 21 de Julio de 2005, en la oportunidad legal, el demandante interpuso recurso de súplica contra esta última decisión, en el cual plantea que con el escrito de corrección se cumplió el requerimiento hecho en el auto que ordenó inadmitir la demanda.
Asevera, en relación con el cargo por violación del principio de tipicidad, que “en este primer cargo se cumple con los principios de especificidad y certeza, toda vez que se señala de manera diáfana cómo la disposición acusada desconoce el artículo 29 superior, además, queda claro que la proposición jurídica es real y existe, toda vez que el literal demandado no contiene la parte típica, es solamente una norma sancionatoria o norma en blanco”. Agrega que la magistrada sustanciadora reconoce en el auto de inadmisión de la demanda que el aparte acusado no describe las conductas susceptibles de reproche y que el mismo hace una remisión a las normas del régimen cambiario. Señala que dicha remisión normativa es amplia e indeterminada.
Acerca del cargo por desconocimiento del principio de legalidad, reitera los argumentos expuestos en el escrito de corrección de la demanda y manifiesta que la enumeración de algunas normas del régimen cambiario que hizo en el mismo escrito no implica contradicción con la afirmación de que el reenvío normativo es amplio e indeterminado, porque dicha enumeración no comprende todas las disposiciones de ese régimen.
3. En forma reiterada la Corte Constitucional ha señalado que las razones por las cuales los preceptos constitucionales se estiman violados deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Concretamente en relación con los requisitos de certeza y especificidad ha expresado:
“Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[1] “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”[2] e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda[3]. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden” [4].
“De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”[5]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[6] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[7].”[8]
4. El texto del artículo parcialmente demandado, en el cual se subraya el segmento acusado, es el siguiente:
ARTÍCULO 1o. El artículo 3o. del Decreto-ley 1092 de 1996 quedará así:
"Parágrafo 3o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>- Parágrafo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-475-04 de 18 de mayo de 2004, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
"Parágrafo 5o. Conforme al artículo 6o. de la Ley 383 de 1997, modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, se presume que existe violación al Régimen Cambiario cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado, o sin declararla ante las autoridades aduaneras, o cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor aduanero de las mismas. La sanción a imponer en estos casos será la que corresponda a la infracción cambiaria cometida, conforme a lo previsto en el presente artículo”.
La expresión demandada señala la sanción de multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales por cada operación cambiaria, para las infracciones no contempladas en el mismo artículo y derivadas de las normas que conforman el régimen cambiario, en relación con operaciones de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
El demandante considera, en síntesis, que el segmento impugnado vulnera el principio del debido proceso consagrado en el Art. 29 superior, concretamente el principio de tipicidad, en cuanto, por ser indeterminada la remisión normativa al régimen cambiario, la conducta contraventora resulta también indeterminada, y el principio de legalidad, en su componente de la reserva legal, teniendo en cuenta que una parte de las disposiciones cambiarias son expedidas por autoridades administrativas y no por el legislador.
La Magistrada Sustanciadora inadmitió la demanda considerando que el contenido que el demandante atribuye al aparte impugnado no es cierto, pues este último sí describe las conductas infractoras mediante remisión al régimen cambiario, y que, además, los cargos no son concretos sino indeterminados o vagos.
La Sala observa que en el escrito de corrección de la demanda, conforme a la exposición de los antecedentes en esta providencia, el demandante se limita a repetir los argumentos planteados en la demanda, lo cual significa que no corrigió los defectos señalados por la Magistrada Sustanciadora.
En consecuencia, la decisión de rechazo de la demanda es fundada y esta corporación confirmará el auto impugnado.
CONFIRMAR el auto dictado el 13 de Julio de 2005 por la Magistrada Sustanciadora, Dra. Clara Inés Vargas Hernández, por medio del cual rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Alvaro Edgar Hernández Conde en el proceso de la referencia.
[5] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados.
[6] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Cordoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Gálvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[7] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
[8] Sentencia C-1052 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias C- 1256 de 2001 y C-1294 de 2001, entre otras.

References: artículo 29

ARTÍCULO 1
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 72
 artículo 11