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Timestamp: 2019-11-17 09:28:00+00:00

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Ley del Mercado de Valores y del SENIAT / Reforman Ley de la Actividad Aseguradora – Microjuris - Venezuela
Nueva Ley del Mercado de Valores y del SENIAT / Reforman Ley de la Actividad Aseguradora
El Ejecutivo Nacional, a través de Ley Habilitante (G.O. n.º 6.178 Extraordinario, del 15/03/2015), además de la Reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (cuyas modificaciones podrá consultar haciendo clic aquí); resolvió promulgar los textos normativos que a continuación se indican:
El objeto de la presente Ley, viene fundamentado en regular la organización y funcionamiento del mercado de valores integrado por las personas naturales y jurídicas que participen directa o indirectamente en los procesos de emisión, custodia, inversión e intermediación de títulos valores así como sus actividades conexas o relacionadas.
Excepciones al Ámbito de Aplicación.
1. Los títulos de deuda pública y los de crédito, emitidos conforme a la Ley del Banco Central de Venezuela.
2. La Ley de Instituciones del Sector Bancario.
3. La Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo.
4. Cualquier título que resulte excluido por disposiciones expresa de alguna ley.
Suspensión de las Operaciones del Mercado de Valores.
Se contempla que en aquellas situaciones en las cuales el Ejecutivo Nacional, considere puedan atentar contra la economía del país, éste en Consejo de Ministros, podrá ordenar la suspensión de las operaciones del mercado de valores.
Personas que participan en el Mercado de Valores.
Las personas reguladas por esta Ley, y por tanto sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Valores (en adelante SUNAVAL), son:
1. Las personas jurídicas cuyos valores sean objeto de oferta pública.
2. Las entidades de inversión colectiva, sus sociedades administradoras y las personas que intervengan directa o indirectamente en la oferta de los valores emitidos por estas entidades.
3. Los corredores públicos de valores, sociedades de corretaje de valores y casas de bolsa.
6. Los corredores de bolsa de productos agrícolas y casas de bolsa de productos agrícolas.
7. Las bolsas de productos e insumos agrícolas.
8. Las cajas de valores.
9. Los agentes de traspaso.
10. Las sociedades titularizadoras.
11. Las cámaras de compensación de opciones, futuros y otros productos derivados.
12. Las sociedades calificadoras de riesgo.
13. Las firmas de contadores públicos, autorizadas para dictaminar los estados financieros de los sujetos sometidos al control de esta Ley.
14. Las demás personas que directa o indirectamente participen en el mercado de valores, o cuyas leyes especiales las sometan al control de la Superintendencia Nacional de Valores.
15. Las personas jurídicas que la Superintendencia Nacional de Valores califique como relacionadas a alguno de los sujetos regulados por esta Ley.
Órgano Nacional Regulador.
SUNAVAL es el ente que, bajo la coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional(OSFIN)1, le corresponde dictar las normas que regulen a cada una de las personas arriba indicadas (Definición, requisitos para su organización y autorización de funcionamiento, prohibiciones, obligaciones, etcétera); así como también supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar la participación de éstas, a los fines de “…proteger a los inversionistas y promover el mercado de valores para estimular el desarrollo productivo del país.”; debiendo el Banco Central de Venezuela (BCV), enviar mensualmente a dicho Superintendencia, un informe sobre las condiciones del mercado monetario.
En esta materia el régimen sancionatorio contempla las siguientes sanciones:
1. Sanciones Administrativas: Serán impuestas mediante acto administrativo motivado tomando en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes expresadas en los artículos 118 y 119 de esta Ley. Dichas sanciones, consistirán en la aplicación de una multa o cancelación de la autorización; pudiendo el Superintendente (cuando lo considere conveniente), adoptar medidas preventivas, tales como: Orden de subsanar la situación detectada en el lapso fijado por la Superintendencia; reposición de capital social; prohibición de realizar nuevas operaciones; prohibición de disponer de los activos o liquidar alguna inversión; etcétera.
2. Sanciones Pecuniarias: Desde el artículo 126 al 129 de este texto normativo, se encuentran previstos los supuestos por los cuales la sanción consistirá en el pago de una multa, siendo que el monto oscilará, según el hecho, entre 500 Unidades Tributarias hasta 10.000 Unidades Tributarias. Las multas impuestas deberán ser pagadas dentro de los 5 días hábiles contados a partir de su notificación.
3. Revocatoria de la Autorización de Funcionamiento: El artículo 130 dispone los supuestos bajo los cuales las personas naturales y jurídicas reguladas por SUNAVAL, serán sancionadas con la cancelación de la autorización respectiva, encontrándose entre éstos: Cuando hayan sido objeto de la imposición de multa en más de 2 oportunidades durante un ejercicio económico; cuando se compruebe que la autorización ha sido otorgada mediante suministro de información falsa o engañosa; cuando hayan utilizado fraudulentamente información privilegiada para obtener un beneficio económico, etcétera.
4. Intervención y Liquidación: SUNAVAL podrá intervenir con o sin cese de actividades, cuando, previa investigación, concluya que los sujetos regulados atraviesan por una situación que pueda ocasionar perjuicios para los inversores, acreedores o clientes. Una vez finalizado el proceso de intervención, se acordarán las medidas necesarias para la eventual recuperación o liquidación de la sociedad de que se trate.
5. Sanciones Penales: Según la infracción o delito de que se trate (Artículos 145 al 149), la pena de prisión aplicable en esta materia, será de mínimo 45 días hasta 7 años como máximo.
6. Inhabilitación por 15 años: Las personas condenadas mediante sentencia definitivamente firme, por delitos tipificados en esta Ley, quedarán inhabilitadas para el desempeño de cargos en cualesquiera de las empresas sometidas al control y supervisión de SUNAVAL, por un lapso de 15 años, contados a partir de la fecha del cumplimiento de la condena correspondiente.
Vigencia y Lapsos de Adecuación.
Este Decreto Ley se encuentra en vigor desde la fecha de su publicación en Gaceta Oficial, fijándose las siguientes disposiciones:
1. Se otorga el plazo de 90 días, a fin que los sujetos regulados por SUNAVAL, presenten ante ésta un plan para ajustar su funcionamiento a lo previsto en esta Ley. Dicho ajuste podrá ser de carácter patrimonial, operativo, contable, societario o cualquier otro.
2. Se concede a SUNAVAL:
§ Un lapso de 90 días, a objeto de que proceda a evaluar su estructura organizacional, operativa y tecnológica y presentar al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas2, el plan de transformación que se estime necesario para cumplir con sus obligaciones.
§ Un plazo de 30 días, a los fines de que establezca los requisitos y condiciones que deberán cumplir las personas naturales y jurídicas autorizadas e inscritas en el Registro Nacional de Valores, para obtener una nueva autorización e inscripción para operar en el mercado de valores.
3. A todo lo no previsto en este Decreto Ley, deberá observarse, en cuanto resulte aplicable, lo dispuesto en el Código de Comercio (G.O. n.º 475 Extraordinario, del 21/12/1955), la Ley de Cajas de Valores (G.O. n.º 36.020 del 13/08/1996) y la Ley de Entidades de Inversión Colectiva (G.O. n.º 36.027 del 22/08/1996).
4. Se desaplican las disposiciones del Código de Comercioque contravengan o traten sobre materias reguladas en este Decreto Ley.
5. Quedan derogadas:
§ La Ley de Mercado de Valores, publicada en G.O. n.º 39.489, de fecha 17/08/2010; reimpresa por error material en G.O. n.º 39.546 del 5/11/2010.
§ El Reglamento Parcial n.º 3 de la Ley de Mercado de Capitales sobre Sociedades o Casas de Corretaje de Títulos Valores, publicado en G.O. n.º 34.415, de fecha 21/02/1990.
1Ente regulado en la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, emitida en G.O. n.° 39.447 del 16/06/2010, reimpresa en la G.O. n.° 39.578 de fecha 21/12/2010.
2De conformidad con lo previsto en el Decreto n.º 2.181, emitido en la G.O. n.º 40.823 del 7/01/2016, quedó modificada la denominación de este Ministerio por la de MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS.
LEY DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
Con la publicación de esta normativa, se procede a la actualización de las disposiciones previstas en la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de la G.O. n.º 37.320, de fecha 8/11/2001, con el objetivo de modernizar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en cuanto al ejercicio de las atribuciones que le corresponden de acuerdo a la Ley Orgánica de Aduanas (G.O. n.° 6.155 Extraordinario, del 19/11/2014)y el Código Orgánico Tributario (G.O. n.° 6.152 Extraordinario, del 18/11/2014).
Ampliación de Competencias.
En comparación con la Ley del año 2001, se observa que entre lascompetencias que, conforme al artículo 4 de este Decreto Ley, son atribuidas al SENIAT en el ejercicio de sus funciones, se incorporan las siguientes:
Ejecutar el cobro ejecutivo de las cantidades líquidas y exigibles, así como las garantías constituidas a favor del Estado;
Adoptar medidas temporales de facilitación y simplificación de trámites a los regímenes aduaneros;
Coadyuvar en la lucha contra la especulación, la falsificación y el tráfico de estupefacientes, así como en cualquier actividad que afecte de manera directa o indirecta la tributación, sin menoscabo de las atribuciones que se asignen a los organismos competentes;
Promover la participación de los consejos comunales como auxiliares de la Administración tributaria en tareas de contraloría social;
Funcionario Agregado Aduanero y Tributario.
Al igual que la Ley del año 2001, se contempla que los funcionarios del SENIAT, serán de carrera aduanera y tributaria, de libre nombramiento y remoción. No obstante, se crea la figura del Funcionario con rango de Agregado Aduanero y/o Tributario, el cual desempeñará “(…) una función técnica o profesional especializada en el exterior, vinculada con la materia aduanera y tributaria, tanto en las misiones diplomáticas, como para ser postulados a ocupar cargos en los organismos internacionales de integración o de comercio internacional de los que la República forme parte. Dicha cualidad será otorgada hasta por un máximo de tres (3) años.”
Una vez finalice su labor, deberá reincorporarse a su dependencia de adscripción, debiendo el SENIAT tomar en cuenta su trayectoria para definir la inserción de aquél en la estructura interna organizativa.
En los artículos 28 y 29 de este Decreto Ley, se consagran los requisitos que deben reunir los funcionarios que opten por la designación de Agregado Aduanero y/o Tributario, debiendo en ambos casos ser venezolano, mayor de 35 años y profesional universitario con especialización en materia aduanera o tributaria, según se trate, con al menos 5 años de experiencia en el área correspondiente. Por su parte, en los artículos 30 y 31, se indican las funciones que corresponden a dicho funcionario, sea en cualidad de Agregado Aduanero o Tributario, respectivamente.
Del Directorio Ejecutivo del SENIAT.
Entre las atribuciones del Directorio Ejecutivo que integra el SENIAT, tenemos que la Ley del 2001, señala que le corresponde: “1. Decidir y aprobar los contratos, negociaciones y cualquier asunción de compromisos por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), cuyos montos sean superiores a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.).”;ahora con esta nueva Ley, se incrementa el monto mínimo de tales unidades tributarias, pasando de 10.000 a 100.000 Unidades Tributarias. (Art. 15).
En cuanto al Régimen Financiero, observamos que además del SENIAT, y a diferencia de la Ley del 2001, el Ejecutivo Nacional podrá disponer, para la ejecución de proyectos especiales, de los ingresos que generen los tributos (mínimo 3% hasta un máximo del 5%), a excepción de los ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos y actividades conexas.
En vigor desde su publicación en Gaceta Oficial, otorgándose al Superintendente del SENIAT, un lapso de 180 días continuos, a fin de que dicte las normas relativas a la estructura organizativa, funcional y del sistema de talento humano del SENIAT, en los términos previstos en este Decreto Ley, en consecuencia:
1. Hasta tanto se dicte la normativa relativa a la estructura organizativa y funcional del SENIAT, permanecerán vigentes las normas contenidas en:
§ La Resolución n.° 32, sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, publicada en G.O. n.° 4.881 Extraordinario, de fecha 29/03/1995.
§ El Decreto n.° 682, mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del Reglamento de Reorganización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicado en G.O. n.° 36.892, del 15/02/2000.
§ La Resolución n.° 197, por la cual se dispone que los Gerentes Regionales de Tributos Internos deberán conocer, decidir, registrar y llevar a cabo los reintegros solicitados por los contribuyentes conforme a la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor y al Decreto con Fuerza y Rango de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicada en G.O. n.° 36.779, de fecha 3/09/1999.
§ Cualquier otro instrumento que modifique la normativa relativa a la estructura organizativa y funcional.
2. Mientras no sea dictada la normativa referente al Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, mantienen su vigencia:
§ El Decreto n.° 593, contentivo del Estatuto del Sistema Profesional de Recursos Humanos del Servicio Nacional Tributario Integrado de Administración Tributaria, publicado en G.O. n.° 36.863, de fecha 5/01/2000.
§ La Resolución n.° 3.456, por la cual se dictan las Bases que regirán los Concursos para el Ingreso de los Funcionarios de la Carrera Tributaria, publicada en G.O. n.° 36.231, del 19/06/1997.
§ La Resolución n.° 3.516, por la cual se extiende la aplicación de la Resolución n.º3.456 de fecha 09 de junio de 1997, a los fines de seleccionar a los funcionarios provenientes de la carrera tributaria para proveer los cargos de Jefe de División del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, emitida en G.O. n.° 36.250, de fecha 17/07/1997.
REFORMAN LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
Sobrela reforma que, en Gaceta Oficial n.º 6.211 Extraordinario, hiciere el Ejecutivo Nacional a la Ley de la Actividad Aseguradora (G.O. n.º 39.481, de fecha 5/08/2010), destacamos lo siguiente:
I. Se crea la figura del Defensor del Tomador, Asegurado, Beneficiario, Contratante, Usuario y Afiliado, quien deberá atender y resolver los reclamos que éstos formulen respecto a controversias derivadas de la ejecución del contrato y cualquier otra operación relacionada con la actividad aseguradora, en las que se demande una mejor atención, trato más humano, defensa oportuna y efectiva, eliminación de prácticas discriminativas, respeto a sus derechos, etcétera.Para ello, el Ministro en materia de Finanzas, autorizará la creación de las dependencias de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), a las que, a través de dicho Defensor, les corresponderá ejercer la defensa de tales derechos.
II. Con relación a los Aportes Sociales de la Actividad Aseguradora, tenemos que:
La obligación de las empresas de seguros y las empresas de medicina prepagada, de ofrecer y suscribir pólizas de seguros y planes de servicios de salud, que amparen a jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad, con enfermedades físicas o mentales cuyos ingresos mensuales no superaran el equivalente a 25 Unidades Tributarias (U.T.); ahora con la nueva Leyse indica “…cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a un salario mínimo mensual…”.
Se mantiene la obligación de estas empresas de efectuar un aporte anual equivalente al 1% del monto de las primas de las pólizas de seguros y planes de salud, destinado al fondo del Sistema Público Nacional de Salud.
A diferencia de la Ley del 2010 que no lo contempla, se observa un incremento en la recaudación de fondos destinados Sistema Público Nacional de Salud, en la siguiente forma:
a) Aportes para el Desarrollo Social, siendo que las empresas de seguros, de medicina prepagada, las asociaciones cooperativas que realicen actividad aseguradora y las administradoras de riesgos, están obligadas a efectuar un aporte anual entre el 1% y el 3% del monto de las primas de las pólizas de seguros de salud, cuotas de los planes de salud, del ingreso obtenido como remuneración por los contratos de administración de riesgos y cualesquiera otras pólizas de seguros. Dicho aporte se destinará al fondo del Sistema Público Nacional de Salud o cualquier otro fondo que considere el Ejecutivo Nacional.
b) Aportes para la Investigación y Desarrollo de la Actividad Aseguradora,correspondiendo a las empresas de seguros, de reaseguros, sociedades de corretaje de reaseguros, de medicina prepagada y las administradoras de riesgos, que generen utilidades al cierre del ejercicio económico, aportar anualmente un porcentaje no mayor del 5% de la utilidad.
El porcentaje de los aportes indicados en los puntos a) y b), será fijado anualmente por el Ministro en materia de Finanzas, a sugerencia del Superintendente de la Actividad Aseguradora.
III. Respecto a las sanciones administrativasaplicables en esta materia, tiene lugar un alto incremento en las mismas, por ejemplo, entre los supuestos que ameritan sanción mencionamos: El uso o aprovechamiento de una denominación exclusiva para el sector asegurador, con la intención de hacer creer que se encuentran autorizadas para ejercer la referida actividad, con la Ley anterior, era sancionado de 2.000 a 5.000 U.T., ahora con la nueva Ley la sanción será de 2.000 a 30.000 U.T.; el incumplimiento por parte de los sujetos regulados, respecto a los requisitos para obtener y mantener la autorización para operar, recibía sanción de 4.000 a 8.000 U.T., pasando ahora a ser de 4.000 a 48.000 U.T.; incumplir las medidas administrativas u obstaculizar las funciones de la SUDEASEG, se sancionaba de 2.000 a 4.000 U.T., correspondiéndole ahora una multa de 2.000 a 24.000 U.T., etcétera. (Ver artículos 153 al 182).
IV. En el caso de las sanciones penales, en ambas normativas se mantiene igual la pena de prisión aplicable por los actos considerados como delitos en el sector de seguros, siendo la pena mínima de 2 años y la máxima de 6 años. Las acciones para sancionar tales hechos punibles prescriben a los 5 años. (Artículos 183 al 187).
La vigencia de esta reforma, comenzó a transcurrir desde la fecha de su promulgación en la Gaceta Oficial, quedando derogadas:
§ La Ley de la Actividad Aseguradora, emitida en G.O. n.° 39.481, de fecha 5/08/2010.
§ La Ley del Contrato de Seguro, publicado en la G.O. n.° 5.553 Extraordinario, del 12/11/2001.
§ Toda norma que contraríe las disposiciones de este Decreto Ley.
Así mismo, desde la fecha de publicación en Gaceta Oficial de este Decreto Ley, se computará un lapso de:
180 días, a objeto que la SUDEASEG dicte las normas que regulen el contrato de seguro y otros contratos relacionados con la actividad aseguradora.
180 días, para que la SUDEASEG proceda a crear la oficina con competencia en materia de Defensa de los Tomadores, Asegurados, Beneficiarios, Contratantes, Usuarios o Afiliados.
60 días hábiles, a fin que los sujetos regulados por la SUDEASEG, presenten ante este órgano regulador, un plan de ajuste a las nuevas normas. Dicho plan de ajuste deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 6 meses.
3 años, para que los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, migren a sus trabajadores asegurados con empresas de seguros privadas, hacia las aseguradoras públicas o al Sistema Público Nacional de Salud. Este plazo, podrá ser prorrogado por el Ministro en materia en Finanzas.
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Ley de Semillas y Ley de Comunicación del Poder Popular »

References: artículo 126
 artículo 130
 artículo 4
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