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Timestamp: 2018-03-21 12:45:12+00:00

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Iniciativa de Ley promovida por el Barzón en materia Agrícola - El Barzón
Por agosto 16, 2013
Posteado en Productividad en el campo, Seguridad Alimetaria, Servicios Financieros
LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esta Comisión Permanente, me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de Ley Orgánica del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural‏, al tenor de la siguiente:
En los últimos años, el contexto permitió un período especialmente favorable para reducir la inflación en el mercado interno. Durante la primera década del siglo XXI, el entorno fue especialmente favorable a los intermediarios, porque gracias a la apertura comercial y a la disponibilidad de divisas en el país –que a su vez fue posible gracias a la liquidez internacional, los altos precios del petróleo, la inversión extranjera y las remesas- estuvieron en posibilidades de obtener mejores precios, importados o nacionales, a costa de los márgenes de los productores locales.
Para los pequeños y medianos productores, eso significó una fuerte presión para reducir los márgenes con los que deberían operar para mantener su producción de básicos. En algunos casos, eso los llevó a abandonar la tierra. En otros, dedicaron su tierra a productos más comerciales, aunque no necesariamente más rentables para ellos. Esto se debió a que, el cambio de cultivos no se acompañó de cambios en las políticas de financiamiento, por lo que los productores no estuvieron en posibilidades de romper con la dependencia que les imponen los acopiadores.
La realidad de la situación quedó al descubierto después de la presentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre el pasado 21 de enero, en línea con la gravedad del problema de la pobreza, en el que existe el riesgo de que siga creciendo. Hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la población en condiciones de pobreza creció de 49.45 millones de personas en 2008, a 52.7 en 2010 y creció a 53.22 millones en 2012.
Cabe recordar que en el contexto, de la Cruzada la Sedesol señaló que se requieren estrategias integrales, incluyendo una política económica que garantice crecimiento, empleo, una mejor distribución del ingreso y la democratización de la productividad para impulsar la competencia económica como uno de los principales instrumentos para la operación eficiente del mercado agroalimentario y evitar incrementos sustanciales en los precios de los alimentos.
Según la Sedesol, para lograr resultados en el ámbito rural, se atenderá el desarrollo de capital humano y capacidades, organización comunitaria, apoyo a la producción de autoconsumo, opciones de ingreso, mejoramiento de vivienda e infraestructura social básica, y la transferencia en especie.
No obstante, hay que señalar que son muchas las razones que explican esa situación, sin embargo, una que tiene una gran importancia es la falta de financiamiento para el sector agropecuario y pesquero del país.
Una de las causas de la pobreza, está en que se está aplicando la misma política económica que en los últimos 12 años ha frenado el crecimiento a un PIB per cápita que apenas ha crecido a una tasas promedio anual de 1.08% y ha provocado una enorme desigualdad, con polos de inmensa riqueza y terrible pobreza; que ha destruido los avances logrados en décadas.
Por esa razón, para lograr buenos resultados se requiere atender a las diferentes fallas estructurales que afectan el desarrollo agropecuario, con apoyos efectivos y un entorno favorable a la producción nacional y la generación sostenible de ingreso.
Hoy todo indica que las condiciones económicas que prevalecieron en casi toda la primera década del siglo ya no van a continuar. Los desequilibrios a los que dio lugar la liquidez y la sobrevaluación de algunas divisas, estallaron con la burbuja inmobiliaria a finales de 2007. Con ello inició un proceso de ajustes a escala mundial, el cual hoy tiene hundido en una severa crisis al euro y, aunque hay señales de recuperación, persisten riesgos que obligan a atender los problemas internos antes los riesgos externos.
Si ocurriera un ajuste externo, podrían observarse bajas en los precios de los alimentos, pero en condiciones de menor actividad, eso no significaría un mayor consumo, al contrario.
Para México, la dependencia de la economía respecto del comportamiento de la economía internacional, supone el riesgo de escasez y sensibles alzas de precios en los alimentos, con el consiguiente riesgo social.
A lo anterior hay que agregar el riesgo de mayores impactos por el cambio climático que, como ocurre actualmente, podrían repercutir en una disminución de la oferta y alzas de precios en los alimentos básicos.
Como se observa en los datos de largo plazo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde 2007 terminó un prolongado período de estabilidad de precios a escala mundial. Desde entonces se han sucedido ajustes y una gran volatilidad.
Al respecto, diferentes instancias coinciden en señalar que, a diferencia del período de estabilidad, ahora la demanda de alimentos es más fuerte; hay nuevos usos que requieren importantes volúmenes de granos, como los biocombustibles; hay más instrumentos financieros y con más recursos especulando en el sector y, además, las condiciones climáticas han provocado sensibles y recurrentes caídas en la producción agropecuaria.
Es en ese contexto, en el que se advierte la oportunidad de una reorientación de la demanda hacia la producción local, en donde será necesario elevar la oferta. El encarecimiento de los precios internacionales permite advertir la posibilidad de una mayor demanda de productos nacionales, lo que obliga a explorar las estrategias que permitan fortalecer la oferta nacional de bienes básicos.
En esas condiciones sobresale la necesidad de buscar alternativas para mejorar las condiciones de producción de alimentos y generar excedentes, incluso en las unidades productivas de autoconsumo, en un ambiente de sustentabilidad con los recursos naturales y de beneficios tanto para el productor como para el consumidor.
La falta de financiamiento, una de las causas
Uno de los problemas que se enfrentan en el sector agropecuario es la ausencia de una política de financiamiento. Los niveles del saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial y por la banca de desarrollo se encuentran en niveles ínfimos.
Después de la crisis de 1994 el nivel de financiamiento privado al campo es insignificante. Desafortunadamente ese vacío no se ha llenado con recursos de la banca de desarrollo, que también se ha alejado de las necesidades de recursos para inversión y comercialización que se requieren para capitalizar la estratégica actividad de la producción de alimentos.
Si bien se han destinado más recursos presupuestales, con una carácter asistencialista, eso no ha significado una mejora en los resultados. De hecho, a pesa r de los miles de millones de pesos que se destinan cada año para ese fin, la pobreza sigue creciendo en el medio rural.
Es por eso que consideramos fundamental mejorar las condiciones de financiamiento, con el desarrollo de una institución especializada en el sector agropecuario. Una institución que consolide los diferentes fideicomisos y presupuestos de dependencias diseñadas para financiar al campo.
Este proyecto de decreto tiene el propósito de crear el Banco Nacional de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural. Es una Sociedad Nacional de Crédito, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Este nuevo Banco de Desarrollo se constituirá como el principal organismo financiero del Estado Mexicano para fomentar la producción nacional de alimentos, la prosperidad y el desarrollo armónico y sustentable de las comunidades rurales, el fortalecimiento de las unidades de producción agrícola, ganadera, de pesca y la promoción de redes de comercialización y de valor en el mercado agroalimentario del país.
El patrimonio de la nueva institución se integrará a partir de los recursos materiales y financieros de las siguientes instituciones: de la Financiera Rural, del Fondo de Capitalización e inversión del Sector Rural (FORCIR), del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, del Fondo Especial Para Financiamientos Agropecuarios, del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía Para Créditos Agropecuarios, y el Fondo de Garantía y Fomento Para las actividades Pesqueras, fondos que en la actualidad se encuentran centralizados en el Fideicomiso Relacionado con la Agricultura, el FIRA, de Agroasemex, además de los fondos y presupuestos asignados para la promoción de agroindustrias y para servicios de coberturas de precios de productos agropecuarios.
Por lo antes expuesto y motivado, y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de Ley Orgánica del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la:
De la naturaleza, Constitución, Objeto y Domicilio Social de la Institución
ARTICULO 1. La presente Ley rige al Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
I. Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Ley: A la Ley Orgánica del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural;
IV. Institución: Al Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo;
V. Ejecutivo federal: Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
VI. Intermediarios financieros no bancarios: A los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y demás organizaciones que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero;
VII. Reglamento Interior: Al reglamento interno del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, S.N.C.;
Sector: Al sector de la economía a que se refiere a Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y
IX. Organismos del Sector: A las personas y demás formas asociativas que son reconocidas y reguladas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
ARTICULO 3. La Institución tendrá como objeto:
I. Fomentar la producción nacional de alimentos, la prosperidad y el desarrollo armónico y sustentable de las comunidades rurales;
II. Fortalecer las unidades de producción agrícola, ganadera y de pesca;
III. Promover redes de comercialización y de valor en el mercado agroalimentario del país;
IV. Establecer mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del Sector, con la finalidad de mejorar el nivel de vida de la población.
Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los integrantes del Sector, procurando su organización y mejora continua;
V. Ejecutar los programas que en materia de financiamiento se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
VI. Promover ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo del Sector;
VII. Operar en coordinación con el gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal los programas que se celebren con las instituciones mencionadas;
VIII. Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los integrantes del Sector para la mejor utilización de sus recursos crediticios;
IX. Coadyuvar al mejoramiento del sector financiero del país;
X. Preservar los recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos; y
XI. Manejar sus recursos de manera sustentable, eficiente y transparente.
ARTÍCULO 4. La operación y funcionamiento de la Institución se realizará con apego al marco legal previsto en esta Ley; de los criterios generales que permitan evaluar la rentabilidad social de los proyectos productivos e inversión, así como los requerimientos de cualquier naturaleza que elaboren los organismos del Sector para la atención de sus necesidades, con el propósito de alcanzar los objetivos de carácter general contenidos en el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito.
ARTICULO 5. El domicilio de la Institución será la ciudad de México, Distrito Federal.
La Institución podrá establecer, clausurar o reubicar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero, informando a la Secretaría. Tratándose del establecimiento de sucursales, agencias y oficinas en el extranjero, deberá contar con autorización de la misma.
ARTICULO 6. La duración de la Institución será indefinida.
ARTICULO 7. Las operaciones, servicios e inversiones de la Institución, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley. En lo que no se oponga a la naturaleza, organización y funcionamiento de la Institución, resultarán aplicables las siguientes leyes:
III. La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
IV. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; y
V. Las disposiciones de carácter general que en ejercicio de las facultades que les confieren sus respectivas leyes y reglamentos, emitan la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
ARTÍCULO 8. En lo no previsto por esta y las demás leyes referidas con antelación, resultarán aplicables de manera supletoria los siguientes ordenamientos jurídicos:
I. La Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;
II. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
III. La Ley de Inversión Extranjera;
IV. El Código de Comercio;
V. El Código Civil Federal;
VI. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
VII. La Ley General de Desarrollo Social;
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respecto de la tramitación de los recursos a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito;
IX. El Código Fiscal de la Federación, en lo que se refiere a la actualización de multas;
X. Los usos y prácticas bancarias y mercantiles; y
XI. Las demás disposiciones de carácter general y prudencial que dimanen de dichos ordenamientos jurídicos.
ARTÍCULO 9. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, interpretará a efectos administrativos la presente Ley.
ARTICULO 10. La Institución, con el fin de fomentar el desarrollo integral de los organismos del Sector, así como promover su eficiencia, competitividad y determinar la rentabilidad social de los proyectos productivos y requerimientos de los mismos, deberá determinar y desempeñar como actividades de su objeto social, las siguientes:
I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades de las organizaciones, sociedades, empresas y demás organismos del Sector, que le permitan cumplir con su objeto en las distintas zonas económicas del país, a efecto de aprovechar eficiente y diligentemente los recursos de cada región.
Para efectos de esta fracción, la Institución deberá utilizar como dispersores naturales de los recursos y apoyos financieros que otorgue a las organizaciones, sociedades, empresas y demás organismos del Sector, a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, que se encuentren debidamente autorizadas conforme a los ordenamientos legales aplicables;
II. Otorgar garantías a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para el otorgamiento de créditos y la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica y legal a los organismos del Sector;
III. Determinar los criterios generales que permitan evaluar la rentabilidad social de los requerimientos de las organizaciones, sociedades y empresas del Sector, para la atención de proyectos productivos, apoyos financieros para mejorar la infraestructura e impulsar el sano y equilibrado desarrollo del Sector;
IV. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector;
V. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y legal y el incremento de la productividad de las organizaciones, sociedades, y empresas del sector rural, así como de las personas morales y demás asociaciones a que se refiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
VI. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo del sector rural, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional. No deberán ser considerados los créditos para fines monetarios;
VII. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos, autorizaciones o cualquier otro acto jurídico de naturaleza análoga, para la prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto;
VIII. Realizar estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el desarrollo del Sector, así como para determinar los criterios generales que permitan evaluar la rentabilidad social de los proyectos de inversión y los requerimientos que realicen las organizaciones, sociedades, empresas y demás Organismos del Sector;
IX. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia técnica en coordinación con los Organismos del Sector, con la intención de aprovechar adecuadamente los fondos de fomento, garantía e inversión que se constituyan para el impulso y fortalecimiento de dicho ramo de la economía, así como los fideicomisos que con dicho propósito constituya el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria, en coordinación con los Organismos del Sector;
X. Fungir como institución fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones que se constituyan para el adecuado desempeño de las actividades necesarias para la consecución de su objeto;
XI. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos financieros, entre otros, de las organizaciones, empresas, sociedades, y los Organismos del Sector, teniendo en cuenta al efecto los criterios generales para evaluar la rentabilidad social de los mismos;
XII. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector;
XIII. Cubrir las necesidades de financiamiento de:
b) Las organizaciones de agricultores, ganaderos y pescadores; y
c) Los intermediarios financieros no bancarios; y
d) De todas aquellas personas que participan en el mercado agroalimentario.
Para efectos de lo manifestado en la fracción anterior, la Institución establecerá programas de financiamiento que permitan el sano y sustentable desarrollo y rentabilidad de los estratos sociales y de aquellas regiones del país con escaso o nulo acceso a los productos y servicios que ofrecen las instituciones de banca múltiple; y
XIII. Contribuir en el cumplimiento de los objetivos que sean determinados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los diversos programas que determine la Administración Pública Federal, que tengan como finalidad incentivar el incremento de la producción nacional de alimentos, a efecto de propiciar las condiciones necesaria que permitan que el acceso y disfrute de toda la población a una alimentación sana, suficiente y nutritiva; y que coadyuven con el desarrollo sustentable y la modernización de la infraestructura física y productiva en las zonas rurales, con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución.
ARTÍCULO 11. La Institución deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada prestación de los servicios y ejecución de las operaciones previstas en esta Ley y demás relativas y aplicables a los supuestos jurídicos contenidos en la misma.
ARTICULO 12. La Institución atenderá, apoyará y fortalecerá los proyectos de inversión, mediante el otorgamiento de créditos y la constitución de los fideicomisos y fondos de fomento económico, de garantía e inversión, de aquellas organizaciones, sociedades, empresas y demás Organismos del Sector, que en su organización, administración y demás actos jurídicos relacionados con el desarrollo de las actividades propias de su objeto social.
De las facultades de la Institución
ARTICULO 13. La Institución, para el debido y oportuno cumplimiento de las actividades que componen su objeto social, estará facultada para:
Las operaciones señaladas en el citado artículo 46, fracciones I y II, las realizará en los términos del artículo 47 de dicho ordenamiento jurídico;
III. Emitir o garantizar valores, así como garantizar obligaciones de terceros, ya sea a través de operaciones particulares o de programas masivos de garantías, sin que sean aplicables las limitantes previstas en el artículo 46, fracción VIII, de la Ley de Instituciones de Crédito;
IV. Contratar créditos para la constitución de los fondos de fomento, protección e inversión que contribuyan al impulso y fortalecimiento de los Organismos del Sector, conforme a las disposiciones legales aplicables;
V. Adquirir tecnología, promover su desarrollo y transferirla, conforme a lo dispuesto por las leyes relativas al sistema financiero. Asimismo, la Institución podrá prestar servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría técnica y legal, y de administración de riesgos financieros a los Organismos del Sector.
VI. Emitir certificados de participación con base en fideicomisos constituidos al efecto de promover y fortalecer el sano y sustentable desarrollo de los Organismos del Sector;
VII. Otorgar financiamiento a fondos y fideicomisos públicos de fomento económico, garantía e inversión, con el propósito de ser operados por los Organismos del Sector;
IX. Participar en el capital social de administradoras de fondos para el retiro y en el de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, así como prestarles servicios a las mismas, a efecto de volver eficiente y productiva su operación, así como reducir sus costos, a efecto de promover la inversión de estas figuras asociativas en los proyectos productivos y en las empresas de los Organismos del Sector;
X. Actuar como cámara de compensación y liquidador de las operaciones que realicen los Organismos del Sector, y fungir como representante de dichos Organismos en cualquier otra cámara de compensación, o entidad financiera que lleve a cabo las funciones de compensación o liquidación referidas, sujetándose en la realización de ambas operaciones a las disposiciones de carácter general que para dichos supuestos, emita el Banco de México;
XI. Realizar las demás operaciones y servicios de naturaleza análoga o conexa que autorice y regule la Secretaría;
XII. Operar los esquemas de inversión de capital de riesgo para el desarrollo de los proyectos agroalimentarios;
XIII. Fomentar la constitución y operación de sociedades mercantiles encargadas de la administración de riesgos;
XIV. Promover la organización, transformación, fusión y escisión de toda clase de sociedades mercantiles cuyo objeto social se relacione con las actividades que regula la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás ordenamientos jurídicos que se relacionen con la misma;
XV. Participar en el capital social de las sociedades mercantiles y demás figuras asociativas con reconocimiento legal, cuyo objeto social se relacione con el desarrollo de las actividades que regula la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y los ordenamientos jurídicos que se relacionen con la misma;
XVI. Asimismo, la institución podrá ser depositaria de los títulos, valores o sumas en efectivo que tengan que hacerse por o ante las autoridades administrativas o judiciales de la Federación y el Distrito Federal, así como de las sumas en efectivo, títulos o valores, que secuestren las autoridades judiciales o administrativas de la Federación y el Distrito Federal;
XVII. También podrán realizarse en la Institución, los depósitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el proceso de amparo y, en general, los depósitos de garantía que deban constituirse conforme a las disposiciones de las leyes federales, y en su caso, del Distrito Federal, así como los depósitos por órdenes o contratos de autoridades de la Federación, y en su caso, del Distrito Federal; y
XVIII. Operar los recursos con los que cuente de forma directa con los productores y las organizaciones en libremente se agrupen éstos, tanto en la promoción del ahorro como en el otorgamiento de apoyos financieros, sin perjuicio de que pueda promover y otorgar los recursos suficientes a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que se encuentren debidamente autorizadas para operar como tales.
ARTICULO 14. La Secretaría, como excepción a lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito y 26 de la Ley del Banco de México, determinará mediante disposiciones de carácter general, las características de las operaciones activas y pasivas que no impliquen captación de recursos del público y de servicios, excepto lo referente a los fideicomisos, mandatos y comisiones, que constituya y realice la Institución para cumplir debida y oportunamente con su objeto social y las facultades que se le han encomendado en su carácter de Sociedad Nacional de Crédito por esta Ley.
Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley, regular mediante disposiciones de carácter general, las características de las operaciones pasivas de la Institución, que impliquen captación de recursos del público, los fideicomisos, mandatos y comisiones, las operaciones en el mercado de dinero, así como las operaciones financieras conocidas como derivadas que celebre la Institución, mismas que deberán ser congruentes con el objeto de la Ley.
ARTICULO 15. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo:
I. De las operaciones que celebre la Institución con las organizaciones, sociedades y empresas que pertenezcan al Sector;
II. De las operaciones concertadas por la Institución con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales o intergubernamentales; y
III. De la constitución de los fondos y fideicomisos de fomento económico, garantía e inversión, que realice la Institución, con la finalidad de fortalecer y procurar el sano y equilibrado desarrollo de las organizaciones, sociedades, empresas y demás Organismos del Sector.
ARTICULO 16. La Institución en los contratos de fideicomiso que celebre, inclusive aquellos que constituya para cumplir con obligaciones laborales a su cargo, podrá actuar en el mismo acto jurídico como institución fiduciaria y como fideicomisaria, así como celebrar las operaciones a que se refiere el artículo 383 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en oposición a lo previsto por el artículo 106, fracción XIX, inciso a), de la Ley de Instituciones de Crédito, para el debido y oportuno cumplimiento de los fideicomisos en los que participe.
ARTICULO 17. El capital social de la Institución estará representado por títulos de crédito, cuya emisión, transmisión, aceptación, aval, y demás actos jurídicos que recaigan sobre los mismos, se regularán por las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en lo que no se oponga a su naturaleza y no se encuentre previsto por esta Ley.
Estos títulos de crédito se denominarán certificados de aportación patrimonial. Deberán ser nominativos y ser suscritos exclusivamente por el Gobierno Federal. Se emitirán en título único, serán intransmisibles, y bajo ninguna circunstancia se podrá modificar su naturaleza o los derechos que dichos títulos de crédito confieren al Gobierno Federal como titular de los mismos.
El capital social de la Institución estará representado por títulos de crédito, cuya emisión, transmisión, aceptación, aval, y demás actos jurídicos que recaigan sobre los mismos, se regularán por las disposiciones legales de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en lo que no se oponga a su naturaleza y no se encuentre previsto por esta Ley. Estos títulos de crédito se denominarán certificados de aportación patrimonial; deberán ser nominativos, y deberán estar divididos en dos series: la serie “A”, que representa el 66% del capital social de la Institución, y la serie “B”, que representa el 34% restante.
Los certificados de aportación patrimonial de la serie “A”, tendrán las características de ser suscritos exclusivamente por el gobierno federal; se emitirán en título único, serán intransmisibles, y bajo ninguna circunstancia se podrá modificar su naturaleza o los derechos que dichos títulos de crédito confieren al Gobierno Federal como titular de los mismos. En cambio, los títulos de crédito representativos de la serie “B”, podrán emitirse en uno o varios títulos, y podrán ser adquiridos por las organizaciones, empresas, sociedades y demás formas de organización social que tengan como finalidad la producción, distribución y consumo de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios.
ARTICULO 18. El capital neto a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, será el que fije la Secretaría, previa opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de los Organismos de integración y representación del Sector que participen en el capital social de la Institución.
ARTICULO 19. En lo referente a la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de aportación patrimonial de la serie “B”, se aplicarán los artículos 32 a 36 de la Ley de Instituciones de Crédito.
ARTICULO 20. La administración de la Institución, estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, en sus respectivas esferas de competencia.
ARTICULO 21. El Consejo Directivo estará integrado por quince consejeros propietarios, y dos consejeros independientes, conforme a lo siguiente:
I. Diez consejeros propietarios representarán a la serie “A” de certificados de aportación patrimonial que serán:
a) Los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo Directivo; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Desarrollo Social; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;
b) Un representante designado por el Gobernador del Banco de México dentro de los 3 niveles jerárquicos superiores del instituto central; y
c) El Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Por cada consejero propietario representante de la serie “A”, se deberá nombrar un suplente, siendo preferente aquel servidor público de nivel jerárquico inferior inmediato siguiente al de los propietarios.
En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de presidente del Consejo Directivo; y en caso de ausencia de este último, tendrá el carácter de presidente del Consejo Directivo, el consejero que sea designado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, para fungir con tal carácter en dicha sesión;
II. Tres consejeros propietarios, con sus respectivos suplentes, de la serie “B”, de los cuales dos podrán ser nombrados por la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, y los restantes serán designados en asamblea por las organizaciones, sociedades, empresas y demás Organismos del Sector, tenedoras de los certificados de aportación patrimonial de esta serie y por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, para el caso de que el Gobierno Federal suscriba certificados de esta serie; y
III. Dos consejeros independientes designados de común acuerdo por los consejeros propietarios de las series “A” y “B”.
ARTICULO 22. El Consejo Directivo se reunirá bimestralmente, sin perjuicio de que lo pueda hacer en forma extraordinaria en cualquier tiempo, siempre y cuando la convocatoria se haga por su presidente, o por la mitad más uno de cada uno de los consejeros representativos de las series “A” y “B”.
Las sesiones del Consejo Directivo se celebrarán con la asistencia por la mitad más uno de cada uno de los consejeros representativos de las series “A” y “B”.
El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones, cuando así lo considere conveniente, a representantes de instituciones, organizaciones, y en general, a cualquier Organismo del Sector que, de conformidad con la opinión del Consejo Directivo, desarrolle actividades relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, quienes concurrirán con voz pero sin voto.
Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo, sobre cualquier situación de la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación correspondiente. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad sobre todos aquellos actos, hechos o acontecimientos que pudieran afectar la operación de la Institución, mientras tal información no se haya hecho del conocimiento público, así como de las deliberaciones que se adopten en el Consejo Directivo.
ARTICULO 23. En ningún caso podrán ser consejeros:
I. Las personas que se encuentren en los supuestos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley de Instituciones de Crédito;
III. Las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con alguno de los consejeros.
Cuando alguno de los consejeros propietarios designados por la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17, fracción II, de esta Ley, se ubique en alguno de los supuesto referidos en este artículo, deberá ser removido y sustituido por el consejero propietario que al efecto determine la propia Confederación, pudiéndose al efecto designar a un consejero suplente quien ocupará el cargo durante el tiempo que faltaré desempeñar al sustituido.
ARTÍCULO 24. Además de las prohibiciones referidas en el artículo anterior, no podrá ser electos o seguir desempeñando el cargo de consejeros:
I. Las personas que tengan nexo patrimonial o vínculo laboral con la Institución, conforme a lo establecido en el Reglamento Interior;
II. Las personas que tengan un nexo patrimonial o vínculo laboral con una persona física o moral que sea acreedor, deudor, cliente o proveedor importante de la Institución, conforme a lo establecido en el Reglamento Interior; y
III. Las personas que tengan conflicto de intereses con la Institución por ser clientes, proveedores, deudores, acreedores importantes o de cualquier otra naturaleza, conforme a lo establecido en el Reglamento Interior.
ARTICULO 25. Serán causas de remoción de los consejeros de la serie “B” y de los consejeros independientes, las siguientes:
I. Imposibilidad física o intelectual de las personas para ser sujetos de obligaciones;
III. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización del Consejo Directivo; y
IV. Someter intencionalmente a la consideración del Consejo Directivo, información falsa.
Además de las causas de remoción señaladas en este precepto, a los consejeros de la serie “A” y al Director General, se les removerá de su cargo cuando se determine su responsabilidad mediante resolución definitiva dictada por autoridad competente, por ubicarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
ARTICULO 26. El Consejo Directivo dirigirá a la Institución en los términos de lo previsto por el artículo 42 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Además, podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la Institución. Los acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones previstas en el artículo 46, fracciones VI y IX, de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán considerar la propuesta del Director General.
ARTICULO 27. También serán facultades del Consejo Directivo, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, las siguientes:
III. Autorizar la adquisición y uso de tecnología a que se refiere el artículo 13, fracción V, de la presente Ley;
IV. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos de funcionamiento de la Institución que le presente el Director General;
V. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la Institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, a los delegados fiduciarios y a los demás que señale el Reglamento Interior, así como concederles licencias;
VI. Nombrar y remover al secretario y al prosecretario del Consejo;
VII. Expedir las normas y criterios a los cuales deberá sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de inversión física de la Institución, así como aprobar dicho presupuesto y las modificaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio, una vez autorizados los montos globales de estos conceptos por parte de la Secretaría;
VIII. Aprobar, a propuesta del Director General, la estructura orgánica;
IX. Las bases para la elaboración de tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; programas de estímulos, ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; indicadores de evaluación de desempeño para la determinación de compensaciones y demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la Institución, deberán de ser acordadas con la representación de los trabajadores de la Institución;
X. Acordar la creación de comités de crédito, de administración integral de riesgos, así como aquellos que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto;
XI. Determinar las facultades de los distintos órganos y de los servidores públicos de la Institución, para el otorgamiento de créditos;
XII. Aprobar, en su caso, previo dictamen de los comisarios, el balance general anual de la Institución;
XIII. Aprobar, en su caso, la constitución de reservas;
XIV. Aprobar, en su caso, la aplicación de utilidades, así como la forma y términos en que deberá realizarse;
XV. Aprobar los estados financieros que le presente el Director General, así como autorizar, conforme a las disposiciones aplicables, la publicación de los mismos;
XV. Aprobar los presupuestos generales de gasto e inversión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, fracción VIII Bis, de la Ley de Instituciones de Crédito;
XVI. Aprobar las propuestas de los límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto, así como los límites de intermediación financiera;
XVII. Aprobar las estimaciones de ingresos anuales, su programa financiero, y sus programas operativos;
XVIII. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la Institución requiera, así como las políticas y bases generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Institución con terceros, en estas materias, de conformidad con las normas aplicables;
XIX. Proponer a la Secretaría las modificaciones al Reglamento Interior y aprobar la cesión de activos y pasivos;
XX. Aprobar la emisión de certificados de aportación patrimonial, provisionales o definitivos;
XXI. Proponer a la Secretaría el aumento o reducción del capital social;
XXII. Acordar los aumentos de capital pagado de la Institución, así como fijar las primas, que en su caso deban pagar los suscriptores de certificados de aportación patrimonial;
XXIII. Acordar la emisión de obligaciones subordinadas;
XXIV. Aprobar las inversiones en el capital de las sociedades a que se refieren los artículos 88 y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito, en términos del artículo 8, fracciones IX, X y XII de esta Ley;
XXV. Aprobar los programas anuales de publicidad y propaganda de la Institución, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Gobernación;
XXVI. Acordar las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución con la representación de los trabajadores; y
XXVII. Conocer y en su caso, aprobar los informes que le presente el comité de administración integral de riesgos, así como los límites prudenciales de riesgos que al efecto le proponga éste. En los supuestos establecidos en las fracciones XII, XVI, XXIII y XXIV se requerirá de la autorización expresa de la Secretaría.
ARTICULO 28. El Director General será designado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito.
ARTICULO 29. La administración y representación legal de la Institución, corresponderá al Director General, quién podrá realizar toda clase de actos jurídicos y otorgar los documentos necesarios e inherentes al objeto de la Institución, gozando de las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, y aún de aquellas que requieran autorización especial por ministerio de Ley.
ARTÍCULO 30. Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, y a efecto de contribuir a la consecución del objeto social de la Institución, el Director General estará facultado para:
I. Emitir, expedir, endosar, avalar, aceptar y realizar demás actos jurídicos sobre títulos de crédito;
II. Presentar las denuncias y querellas, que como requisitos de procedibilidad, son necesarias para el inicio de toda Averiguación Previa por parte del Ministerio Público, a efecto de que dicha autoridad practique las diligencias legalmente necesarias para poder determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal; ofrecer las pruebas documentales, públicas y privadas, periciales, testimoniales, de inspección judicial, presuncionales y las instrumentales de actuaciones que considere necesarias generar ánimo de convicción en la autoridad judicial, así como para conceder el indulto al preso, acusado, sentenciado o ejecutoriado, según sea la etapa en que se encuentre el procedimiento penal respectivo; y en general, intervenir en la realización de cualquier acto jurídico dentro de un procedimiento de naturaleza penal, así como interponer los recursos que estime necesarios.
III. En los procedimientos judiciales del orden civil, mercantil, administrativos o laborales, Presentar las demandas y contestaciones respectivas, así como formular demandas reconvencionales, y ofrecer todo tipo de pruebas documentales, públicas o privadas, de inspección judicial, confesionales, testimoniales, presuncionales, legal y humana, e instrumentales de actuaciones y cualquier otra que estime conveniente para acreditar y obtener el reconocimiento de su derecho por la autoridad judicial; ejercitará las acciones, excepciones y defensas que correspondan y formulará alegatos; podrá presentar desistimientos; y en general, realizar todos los actos procesales que correspondan a la Institución o a sus órganos, incluyendo los relativos a los procesos de amparo.
III. Llevar la firma de la Institución;
V. Decidir la designación y contratación de los servidores públicos de la Institución, distintos de los señalados en la fracción I del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, administrar al personal en su conjunto y establecer y organizar las oficinas de la institución;
VI. Autorizar la publicación de los balances mensuales de la Institución, conforme a las bases acordadas por el Consejo Directivo;
VII. Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto;
VIII. Administrar los bienes y negocios de la Institución, celebrando los convenios y realizando los actos jurídicos necesarios para tal efecto;
IX. Acordar la creación de comités internos de crédito, técnicos y administrativos;
X. Proponer al Consejo Directivo, el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, agencias y oficinas en el país y en el extranjero;
XI. Presentar al Consejo Directivo las propuestas para modificar el Reglamento Interior;
XII. Determinar los criterios para dispensar, respecto de los títulos a que se refiere la fracción anterior, el llevar a cabo el procedimiento de cancelación y reposición de títulos de crédito que establece la ley respectiva;
XIII. Proponer al Consejo Directivo, las normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor de la Institución, para su posterior informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría;
XIV. Previa opinión del Consejo Directivo, y con apego a lo dispuesto por el Artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, efectuar la negociación de las Condiciones Generales de Trabajo que rijan las relaciones laborales entre la Institución y sus trabajadores;
XV. Representar a la Institución ante los Organismos de integración y representación de carácter nacional e internacional de fomento al Sector, o de cualquier otra índole relacionados con el objeto social de la Institución;
XVI. Aquellas facultades que le delegue el Consejo Directivo, o que resulten necesarias desarrollar para el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores; o aquellas que le confieran otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones administrativas aplicables;
XVII. Asimismo, el Director General de la Institución, podrá someter a la consideración del Consejo Directivo para su aprobación:
La designación de Delegados Fiduciarios y de los servidores públicos de la Institución, que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a las de su rango, así como presentarle las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos;
La creación de comités regionales consultivos y de crédito, así como los de su seno, y proveer lo necesario para su adecuada integración y funcionamiento;
El balance general anual de la Institución, junto con el informe y dictamen del auditor externo y de los comisarios;
Los estados financieros de la Institución;
Los programas operativos y financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones, y las estimaciones de ingresos anuales de la Institución, así como sus modificaciones;
La cesión de partes del activo o pasivo de la Institución;
Las propuestas de programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la Institución requiera, así como de las bases, procedimientos, reglas, requisitos, políticas, lineamientos y las normas conforme a las cuales la Institución deba contratar las adquisiciones, realizar las enajenaciones de bienes, arrendamientos, obra inmobiliaria y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, de conformidad con las normas aplicables;
La propuesta de inversión en títulos representativos del capital social de las sociedades a que se refiere el artículo 8, fracciones IX, X y XII de la presente Ley;
Las propuestas de aplicación de utilidades, así como la forma y términos en que postule deban realizarse;
La constitución de reservas y fondos necesarios, así como la forma y términos en que considere se deban realizar;
Un informe anual de actividades;
La emisión de obligaciones subordinadas;
Los programas anuales de publicidad y propaganda de la Institución;
La estructura orgánica básica y los reglamentos internos de la Institución, así como las modificaciones que procedan a los mismos, y los demás programas específicos;
XVIII. Las demás facultades que le confiera el Reglamento Interior.
ARTICULO 31. Los Consejeros, el Director General y los Delegados Fiduciarios de la Institución, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
ARTICULO 32. El órgano de vigilancia de la Institución, estará encomendado a dos comisarios designados por la Secretaría de la Función Pública y por acuerdo de los tenedores de los certificados de aportación patrimonial de la serie “B”, debiendo designar a sus respectivos suplentes.
Los comisarios tendrán en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, y del Reglamento Interior de la Institución, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente.
ARTICULO 33. La Institución formulará anualmente:
I. Los programas de recursos financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones; y
II. Los programas operativos.
Los deberes jurídicos referidos de la Institución referidos con antelación, deberá realizarlos con apego a los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca la Secretaría.
ARTÍCULO 34. A la Secretaría corresponde la coordinación, evaluación y vigilancia de la actuación de la Institución, así como autorizar las modalidades en la asignación de recursos, en los términos de los artículos 31, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La Institución, en el marco de la autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento, y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, procurará el mejor aprovechamiento y canalización de sus recursos.
ARTICULO 35. Las operaciones realizadas por la Institución, en la prestación del servicio de banca y crédito en las que se constituyan garantías reales, deberán realizarse con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Instituciones de Crédito.
ARTICULO 36. Previa autorización de la Secretaría, la Institución deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto social que esta Ley reglamenta. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente, y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo, así como por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Interior.
ARTICULO 37. La Institución otorgará sus financiamientos únicamente a los Organismos del Sector, que asuman parcial o totalmente el riesgo de recuperación de estos apoyos, en cumplimiento de su objeto social.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, la Institución podrá realizar las siguientes operaciones de financiamiento:
II. Los financiamientos otorgados por la Institución por un monto total igual al porcentaje que determine el Consejo Directivo con autorización de la Secretaría;
IV. Las operaciones realizadas con el gobierno federal, las entidades paraestatales, las entidades federativas y los municipios;
V. Los financiamientos a proyectos de infraestructura, capacitación, tecnología, o cualquier otro servicio requerido por las organizaciones, sociedades y empresas y demás Organismos de integración y representación del Sector, regulados por la Ley de la Economía Social y Solidaria, atendiendo a los criterios generales por los cuales se evalúe la rentabilidad social que determine la Institución, así como por las leyes que regulan su naturaleza jurídica específica, y el estatuto social o contrato asociativo respectivo;
VI. Los financiamientos conjuntos a que se refiere el artículo 10, fracción IX, de esta Ley; y
VII. Los financiamientos a los Organismos del Sector, destinados a proveerlas de liquidez.
ARTICULO 38. La Institución enviará al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, y ésta a su vez al Congreso de la Unión, junto con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y en los recesos de éste, a la Comisión Permanente, lo siguiente:
I. En el informe de enero a marzo de cada año, una exposición sobre los programas de créditos y garantías a seguir por la Institución durante el ejercicio respectivo, indicando las políticas y criterios conforme a los cuales realizará sus operaciones, a efecto de coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como un informe sobre el presupuesto de gasto corriente y de inversión de la Institución, correspondiente a dicho ejercicio;
II. En el informe de abril a junio de cada año, un informe sobre el cumplimiento del programa anual de la Institución durante el segundo semestre del ejercicio inmediato anterior y en general, sobre el ejercicio del gasto corriente y de inversión, así como de las actividades de la Institución en el conjunto de dicho ejercicio, y
III. En el informe de julio a septiembre de cada año, un informe sobre el cumplimiento del programa anual de la Institución durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.
ARTICULO 39. Las relaciones laborales entre la Institución y sus trabajadores se regirán por el artículo 123, apartado “B”, fracción XIII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Reglamentaria de dicho precepto y por las condiciones generales de trabajo que al efecto se determinen.
ARTÍCULO SEGUNDO. . La Secretaria contará con un plazo no mayor de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación para designar al Director General de la Institución
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría dispondrá del término de 180 días naturales a partir de la vigencia de esta Ley, para que en el orden administrativo establezca lo necesario para proveer de los recursos humanos, materiales y financieros para el inicio de operaciones de la Institución.
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría deberá expedir el Reglamento Interior de la Institución en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de esta Ley, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación e inscribirse en el Registro Público de Comercio, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Las modificaciones que se realicen al Reglamento Interno de la Institución, también deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación e inscribirse en el Registro Público de Comercio.
ARTÍCULO QUINTO. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el patrimonio de la Institución se integrará con los recursos materiales y financieros de:
a) Financiera Rural;
b) El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural;
c) El Fideicomiso de Riesgo Compartido; del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura;
d) El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios; del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios;
e) El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras; y
f) Los fideicomisos y fondos de fomento económico e inversión destinados a la promoción de las industrias y empresas agrícolas y para los servicios de cobertura de los bienes que produzcan las mismas.
ARTÍCULO SEXTO. La Secretaría contará con un plazo que no exceda de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación, para constituir la Institución.
ARTÍCULO SÉPTIMO. En los ejercicios subsiguientes, la Secretaria incluirá en el Proyecto Anual de Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos suficientes para la constitución de los fideicomisos y fondos de fomento económico, de garantía e inversión a que se refiere esta Ley.
ARTÍCULO OCTAVO. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 22 y 24 de esta Ley, en tanto no se suscriban los certificados de aportación patrimonial representativos de la serie “B”, el Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros de la serie “A” y por dos consejeros independientes.
ARTÍCULO NOVENO. Para los efectos del artículo 33 de esta Ley, en tanto no se suscriban los certificados de aportación patrimonial de la serie “B”, la vigilancia de la Institución estará encomendada exclusivamente al comisario designado por la Secretaría de la Función Pública.
ARTÍCULO DÉCIMO. Para el inicio de operaciones de la Institución, y por única ocasión, la sesión del Consejo la podrá convocar los consejeros propietarios de la serie “A”.
Para los efectos de la designación de los consejeros de la serie “B”, y en relación con el ejercicio de la potestad que esta Ley confiere a la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, su nombramiento no excederá del plazo de 60 días naturales, contados a partir del inicio de operaciones de la Institución.
Respecto de los consejeros de la serie “B” restantes, la Secretaría emitirá la convocatoria correspondiente con el objeto de llevar a cabo la asamblea en la que se designen los mismos, conforme al plazo establecido en el párrafo anterior.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Con el objeto de constituir el órgano de vigilancia de la Institución, la Secretaría de la Función Pública deberá notificar de la designación del funcionario público correspondiente a la Institución, durante su primera sesión.
X. Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XI. Ley: A la Ley Orgánica del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural;
XII. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Institución: Al Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo;
Ejecutivo federal: Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
Intermediarios financieros no bancarios: A los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y demás organizaciones que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero;
Reglamento Interior: Al reglamento interno del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, S.N.C.;
Organismos del Sector: A las personas y demás formas asociativas que son reconocidas y reguladas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
II. Ejecutar los programas que en materia de financiamiento se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
III. Promover ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo del Sector;
IV. Operar en coordinación con el gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal los programas que se celebren con las instituciones mencionadas;
V. Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los integrantes del Sector para la mejor utilización de sus recursos crediticios;
VI. Coadyuvar al mejoramiento del sector financiero del país;
VII. Preservar los recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos; y
VIII. Manejar sus recursos de manera sustentable, eficiente y transparente.
XII. La Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;
La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
El Código Fiscal de la Federación, en lo que se refiere a la actualización de multas;
Los usos y prácticas bancarias y mercantiles; y
Las demás disposiciones de carácter general y prudencial que dimanen de dichos ordenamientos jurídicos.
e) Los productores individuales;
f) Las organizaciones de agricultores, ganaderos y pescadores; y
g) Los intermediarios financieros no bancarios; y
h) De todas aquellas personas que participan en el mercado agroalimentario.
IV. Las personas que tengan nexo patrimonial o vínculo laboral con la Institución, conforme a lo establecido en el Reglamento Interior;
V. Las personas que tengan un nexo patrimonial o vínculo laboral con una persona física o moral que sea acreedor, deudor, cliente o proveedor importante de la Institución, conforme a lo establecido en el Reglamento Interior; y
VI. Las personas que tengan conflicto de intereses con la Institución por ser clientes, proveedores, deudores, acreedores importantes o de cualquier otra naturaleza, conforme a lo establecido en el Reglamento Interior.
g) Financiera Rural;
h) El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural;
i) El Fideicomiso de Riesgo Compartido; del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura;
j) El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios; del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios;
k) El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras; y
l) Los fideicomisos y fondos de fomento económico e inversión destinados a la promoción de las industrias y empresas agrícolas y para los servicios de cobertura de los bienes que produzcan las mismas.
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