Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l8-2000.html
Timestamp: 2018-01-24 10:52:45+00:00

Document:
Publicado en DOGC núm. 3174 de 04 de Julio de 2000 y BOE núm. 176 de 24 de Julio de 2000
El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, con anterioridad a la creación como organismo autónomo por la Ley 18/1990, de 15 de noviembre, de creación del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, y durante los primeros años como tal, dedicó los principales esfuerzos de formación y de investigación al personal penitenciario y al de justicia juvenil.
Posteriormente, se añadió a los señalados ámbitos otro de mayor complejidad y con importantes carencias de formación, como lo es el de la Administración de justicia, en el cual el Departamento de Justicia ha ido asumiendo competencias. Así, en el año 1992 se firmó el convenio de colaboración entre el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Consejo General del Poder Judicial, a fin de colaborar, mediante el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, en la formación continuada de los jueces y de los magistrados destinados al territorio de Cataluña.
Posteriormente, esta colaboración se ha incrementado con el establecimiento de la Escuela Judicial en Barcelona, para jueces de nuevo ingreso, y con la creación del Aula Iberoamericana, para jueces y magistrados de lengua castellana.
A este ámbito siguieron otros, de manera que, principalmente mediante el establecimiento de convenios o de acuerdos de colaboración, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada ha acabado participando activamente en la formación continuada de fiscales, médicos forenses, secretarios judiciales y personal de la oficina judicial.
A las tareas puramente formativas se han sumado progresivamente actividades de búsqueda y de investigación sobre un ámbito poco conocido y estudiado como el de la Administración de justicia, y se han continuado también las investigaciones y las búsquedas en el ámbito penitenciario y de justicia juvenil.
En el año 1996, los traspasos del personal de la oficina judicial y de los médicos forenses marcan, sin duda, el final de esta etapa con la consolidación de un espacio de investigación y formación especializada absolutamente imprescindible en el proceso de mejora y de modernización de la Administración de justicia de Cataluña.
En los ámbitos penitenciarios y de justicia juvenil hay, también, un crecimiento de las necesidades de formación y de investigación a raíz de las importantes reformas legislativas que se han producido, y, finalmente, la adscripción al Departamento de Justicia de las competencias relativas al ámbito de la atención a la infancia constituyen una razón más a favor de la necesidad de poner al día la Ley 18/1990.
De las razones apuntadas, se desprende la necesidad de modificar parcialmente algunos de los contenidos de la Ley 18/1990, de 15 de noviembre, de creación del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, para adecuarlos a la nueva situación competencial del Departamento de Justicia.
Por otra parte, se modifica la Ley para que sea la persona titular de la dirección del Centro, en lugar de la que ejerce la presidencia, quien tenga la obligación de informar al Parlamento sobre las actividades del Centro, obligación, sin duda, más propia de quien administra y gestiona y que, además, debe garantizar una información más directa y detallada sobre las actividades del Centro.
Se modifica el artículo 3 de la Ley 18/1990, que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 3 Funciones del Centro
Corresponden al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada las funciones siguientes:
j) Reunir un fondo bibliográfico y documental público, especializado fundamentalmente en materias que son competencia del Departamento de Justicia.»
Se modifica el artículo 5 de la Ley 18/1990, que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 5 La presidencia
1. La presidencia del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada corresponde a la persona titular del Departamento de Justicia de la Generalidad.
d) Informar al Parlamento de Cataluña sobre las actividades del Centro, sin perjuicio del deber de informar del director que establece el artículo 9.2.»
Se modifica el artículo 6.1 de la Ley 18/1990, que queda redactado de la forma siguiente:
«1. El Consejo Rector del Centro está integrado por la persona que lo preside y por los vocales siguientes:
j) Dos vocales en representación del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña.»
Se modifica el artículo 7.2 de la Ley 18/1990, que queda redactado de la forma siguiente:
«2. Corresponden al Consejo Rector las funciones siguientes:
j) Solicitar la asistencia de profesionales de reconocido prestigio en la materia correspondiente para prestar asesoramiento en un asunto determinado.»
Se modifica el artículo 8 de la Ley 18/1990, que queda redactado de la forma siguiente:
«1. El Consejo Rector se reúne en sesión ordinaria dos veces al año convocado por la persona que ejerce la presidencia, y en sesión extraordinaria siempre que lo decida la persona que ejerce la presidencia o a instancia de una tercera parte de sus miembros.
2. El régimen de sesiones y de acuerdos del Consejo Rector se regula por las normas sobre órganos colegiados que se aplican a la Generalidad.»
Se añaden tres apartados al artículo 9 de la Ley 18/1990, con el texto siguiente:
«l) Actuar como órgano de contratación en el marco de la legislación sobre la contratación administrativa.
n) Proponer los baremos de las remuneraciones de las actividades docentes.»
Se modifica el artículo 12 de la Ley 18/1990, que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 12 Régimen jurídico
1. Todos los actos administrativos dimanantes de los órganos de gobierno y de administración del Centro pueden ser objeto de recurso de alzada, excepto los actos de la persona que ejerce la presidencia, que agotan la vía administrativa, contra los cuales se puede interponer el recurso potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión se debe interponer ante la persona titular del Departamento de Justicia en los supuestos regulados en la legislación de procedimiento administrativo.
3. El ejercicio de acciones civiles y laborales se rige por las normas que le sean aplicables. La reclamación previa a la vía civil se debe presentar ante el consejero competente y la reclamación previa a la vía laboral se debe presentar ante la persona que ocupa la Secretaría del Departamento correspondiente. La resolución de la reclamación previa corresponde a la persona titular del Departamento de Justicia.»

References: artículo 3
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 12
 resolución