Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2013/08/08/procesan-a-ex-directivos-de-rosario-central-por-administracion-fraudulenta-y-a-su-abogado-por-prevaricato/
Timestamp: 2020-02-18 22:34:52+00:00

Document:
Procesan a ex directivos de Rosario Central por administración fraudulenta y a su abogado por prevaricato. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Gastaldi Marcelo, Estevez Gonzalo Miguel, Ubieta Juan José V., Silvetti Juan Carlos, Scarabino Juan Pablo, Dalbes Juan Francisco, Salvo Mauricio Hector y Espadas Olga Nélida s/ administración fraudulenta
Cita: MJ-JU-M-80301-AR | MJJ80301 | MJJ80301
Se revoca la falta de mérito dictada a favor de los ex directivos del Club Rosario Central procesados por el delito de administración fraudulenta, confirmándose el resto de lo decidido en orden a procesar también por administración fraudulenta a otros ex directivos, ampliándose la calificación jurídica sobre los hechos que son objeto de procesamiento respecto del abogado del club interviniente para el delito de “prevaricato del abogado”.
1.-Corresponde confirmar el procesamiento dictado respecto a quien se desempeñaba como directivo de un club de fútbol cuando de las probanzas allegadas al proceso conducen a que no pueda sino confirmarse el procesamiento como uno de los concurrentes al hecho investigado, sin perjuicio de la más precisa calificación legal que pueda afirmarse sobre su participación y el tipo penal convergente en el caso, ya que la situación del encartado implicaría que brindó aportes materiales ciertos en el iter delictivo y con conocimiento de la situación real -o al menos la irrealidad del escenario que se fingía- a la que respondía el mendaz manejo patrimonial formal seguido en el caso.
2.-Cabe ampliar la calificación jurídica sobre los hechos que son objeto de procesamiento respecto al abogado procesado para el delito de Prevaricato del abogado -art. 271 CPen. toda vez que la injerencia del abogado no sólo revela una intensa actividad en los hechos y configura una intervención central, gravitante para canalizar por y con las vías judiciales, en un uso y abuso delictivo de los conocimientos y herramientas que suministra su profesión, el desvío hacia destinos inciertos, pergeñados con las autoridades del CARC, de fondos propios de la entidad a la que el abogado representaba en el concurso preventivo; lo que desarticula los agravios de la defensa, que en líneas generales apunta a sostener que su asistido actuó en la firme convicción de cumplir con sus obligaciones profesionales y desconocer la existencia de algún delito en lo que actuaba.
3.-Corresponde revocar el auto de Falta de Mérito dictado respecto de un directivo de un club de fútbol, debiendo ser procesado por el delito de administración fraudulenta cuando del entorno fáctico y probatorio surge suficientemente probable que el encartado estuvo embarcado, con cabal conocimiento de lo que ocurría dentro de la intimidad y el círculo dirigencial del club de fútbol del que formaba parte y con la que se consumaron los eventos, por aparecer también como probable la coautoría de los hechos investigados.
4.-Cabe revocar el decreto de falta de mérito procesándose al encartado por el delito de administración fraudulenta si no sólo lideró la comisión directiva de un club de fútbol, en el marco de cuya gestión se produjeron los eventos fraudulentos que se investigan, sino que el corto período por el cual se licenció de la presidencia no lo marginó ni lo excluye de vitales aportes y hechos acaecidos bajo su mando de actuación, observándose que él fue quien suscribió junto a otros procesados los pagarés que luego son demandados por la suegra de uno de ellos, los que fueron entregados al abogado del Club, quien traspasó los mismos -con la decisión ya asumida de perpetrar un proceso civil fraudulento ante la Justicia de Bs.As.- por una abogada que el curial gestionó para que represente a la mencionada partiente y así demandó a la entidad futbolística en concurso.
Rosario, 28 de junio de 2013.
Y VISTOS: Este Expte. N° 1228/09, caratulado “GASTALDI MARCELO, ESTEVEZ GONZALO MIGUEL, UBIETA JUAN JOSE V., SILVETTI JUAN CARLOS, SCARABINO JUAN PABLO, DALBES JUAN FRANCISCO, SALVO MAURICIO HECTOR Y ESPADAS OLGA NELIDA S/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA”.
Y CONSIDERANDO: Que el Señor Juez en lo Penal de Instrucción de la 3ra. Nominación de Rosario, Dr. Caterina, dispone el procesamiento de los Sres. Gastaldi, Estevez y Ubieta, en calidad de coautores de los delitos reprimidos por los artículos 172 y 173, inc. 7 del Código Penal; del Sr. Silvetti, por los mismos delitos en carácter de partícipe secundario; dictando además Falta de Mérito en favor de los Sres. Scarabino, Dalbes, Salvo y la Sra. Espadas, archivando la causa respecto de Julieta Pariso y Martín Ovejero Cornejo (Vide fjs. 954/965).-
Apelada la decisión y concedidos los recursos, se elevan a esta instancia de Alzada los obrados donde se producen las expresiones de agravios, críticas y argumentaciones contra aquella, entre las que se cuestionan la pericia contable realizada por la entonces Perito Contadora Oficial.-
La Dra. Iribarren, Fiscal de Cámaras, manifiesta en sus agravios que no puede admitirse la mención que ha hecho el magistrado instructor en cuanto a que si bien Scarabino fue uno de los que libró los pagarés, no importando que fuera para Stoisa, otra persona o los profesionales que intervenían en el concurso, no habiendo ilicitud en la entrega de dichos valores a Ubieta, cuando en la misma resolución, señala que Gastaldi sí incurrió en conducta penalmente cuestionable cuando el reingreso de los pagarés al Club se hizo sin pasar por tesorería y era vicepresidente, con la obligación de cuidar que pagarés innominados circularan desaprensivamente; aduciendo que idéntico reproche se hace a Scarabino, Presidente en ejercicio, que no podía ignorar que los profesionales a los que supuestamente estaban destinados no los habían aceptado.Argumenta que el hecho se trató de una maniobra que tuvo distintos momentos para llegar a perjudicar al Club y el engaño a la Magistrada del concurso, habiendo sido la iniciación del juicio y el pago a Espadas un momento más, ya que fue en pleno ejercicio de la presidencia de Scarabino que éste afirma haber recibido dinero de Silvetti, que el supuesto mutuo se materializó durante 2005 cuando se le entregaron los pagarés y en 2004 se libraron los mismos, habiéndose otorgado el poder por Espadas cuando el presidente aún no había tomado licencia.- Dice que la iniciación del juicio ejecutivo y la traba de cautelares convencieron a la Jueza a autorizar el pago, cuando ya se sabía que ingresaría dinero al club por la venta de jugadores a River Plate y ello era de conocimiento de todos los miembros de la comisión. Agrega que, como afirman Estévez y Gastaldi y surge de la documental, el mutuo con Espadas (en realidad, Silvetti) y la entrega de los pagarés también se efectuó durante la presidencia de Scarabino, quien había recibido en 2003 el dinero de Silvetti y decidió en 2005 documentarle la deuda, lo que le permitió ejecutarla tras la apertura del concurso. Se agravia también de la exclusión de responsabilidad de Dalbes y Salvo, que actuaron como presidente y tesorero al momento de la venta de los jugadores y pagaron el crédito a Espadas, pues las conductas no resultan aisladas sino que se trataba de la actuación global de los mismos sujetos administrando los intereses confiados; y se agravia también de la calificación legal de la conducta de Ubieta, pues a su entender configura también el art. 271 C. P., ya que era abogado del Club y realizó diligencias para facilitar el cobro de los pagarés que tenía Espadas (Vide fjs. 1058/1062).
Seguidamente, el Dr. Grossman, Defensor de los Sres.Estévez, Gastaldi y Dalbes, postula el sobreseimiento de sus asistidos, agraviándose por el desdoblamiento de las causas, tratándose de una unidad de gestión, de la falta de valoración del ingreso del dinero efectuado por Estévez a la institución y el ocultamiento del convenio transaccional de honorarios en la causa 619/07. Manifiesta que se considera fraudulenta la deuda contraída con Nélida Espadas, cuya causa es producto de un préstamo dinerario realizado por Juan Carlos Silvetti, al que se entregaron los pagarés devueltos por los profesionales del concurso cuando quiso documentar su deuda.- Dice que el dinero fue ingresado al Club por Estévez el 2/01/04, y que no se acredita perjuicio ni se ha probado el dolo. Se remite a los fundamentos expuestos por su parte en la causa Alcara Li Fusi, y manifiesta que todos son coincidentes en punto a que Silvetti prestaba dinero al club, acercaba inversores y representaba jugadores y solicitó que los pagarés se libraran a favor de un familiar, la señora Espadas, cuestión que no genera perjuicio. Señala que en las causas “Álvarez” y la de honorarios profesionales (619/09), Usandizaga primero denuncia y luego paga, transa y concilia, habiéndose dictado Falta de Mérito en ese proceso; lo que también se ha hecho en la causa 618/07. Afirma que el caso investigado no constituye delito alguno y que las autoridades del club han manipulado la información al no entregar documentación. Formulando reservas (Vide fjs. 1093/1109).
El Dr. Alejandro Sinópoli, defensor del Sr. Ubieta expone en sus agravios que su asistido actuó en la firme convicción del cumplimiento de las obligaciones y derechos de su profesión y no tuvo intervención alguna en la conformación material ni ideológica de documentos, cuentas, negociaciones ni conocimiento de una reutilización ilícita de documentos; ni ha tenido custodia sobre los fondos.Sostiene que la hipótesis del Tribunal ha sido construida arbitrariamente, vulnerando las reglas de valoración de la prueba; que las reglas de la experiencia ayudan a comprender la prueba y a dar por probado o no el hecho objeto del proceso y toda interpretación de los hechos debe estar guiada por el principio constitucional de inocencia. Señala que todas las intervenciones de su asistido se encuadran dentro del mandato judicial, arts. 1869 y sigs. Afirma que, de acuerdo con las reglas de la experiencia, el profesional no conocía la presunta ilicitud de la posesión y ejecución de los pagarés por parte de Espadas – Silvetti; que Estévez y Gastaldi reconocen que se le adeudaba dinero a Silvetti y firman el recibo de devolución de pagarés, que es obvio que su defendido no intervino en actividades de contabilidad, tesorería o mesa directiva; que su intervención dando referencias de abogados de Buenos Aires ha sido tomada como un indicio de cargo; que no existe prueba directa ni indiciaria que demuestre siquiera en grado de probabilidad que conocía la presunta posesión ilícita de los pagarés.- Que la afirmación de que Espadas identifica a Silvetti como la persona que le pidió que firmara “papeles” para Ubieta no se sustenta en prueba alguna, ya que aquélla se refiere al Escribano Ubieta y no al abogado. Que la copia de recibo acompañada por su asistido no puede quedar en pie de desigualdad al momento de valorarse la prueba ni restarle credibilidad por no haberla presentado al prestar indagatoria sino con posterioridad y donde el Tribunal no niega la validez de las firmas de Gastaldi y Estévez; que no pueden valorarse de distinto modo documentos de igual naturaleza jurídica, tratándose en un caso del documento presentado por la empleada Savino, que es el recibo por el cual el Club entregara en el estudio del Dr. Ubieta los pagarés y el recibo presentado por el Dr. Ubieta es el documento por el que entrega a Gastaldi y Estévez los mismos pagarés.Que el a quo atribuye a su asistido haber gestionado encubiertamente el cobro de los pagarés y se interroga acerca de cómo llegaron los pagarés a poder de Espadas, basándose en declaraciones de la Dra. Pariso, mas es una suposición que los recibiera de Ubieta, que nada de ilícito tiene la derivación a otros profesionales. Como hecho nuevo apunta que el a quo ha resuelto la cuestión referida a honorarios profesionales de los abogados, en la causa 619/07, dictando auto de falta de mérito en su favor, y que la actora civil ha desistido de toda acción judicial en los procesos penales en contra del Dr. Ubieta. Se agravia también de la que considera arbitraria valoración de la declaración de Espadas, quien se autocontradice y trata de eludir su responsabilidad, y que su cliente nunca fue apoderado de la nombrada. Manifiesta que el Instructor interpreta erróneamente el urgimiento del trámite ante el Juzgado del concurso, pues es obligación de todo profesional; que la urgencia era cierta por el cierre del libro de pases y era ajena a la conducta de los profesionales, aclarando que su asistido no era el único abogado del club en el concurso y ninguno de ellos peticionó el pago del crédito a la señora Espadas. Se queja también de la arbitraria valoración del testimonio del Dr. Hugo Pasos, abogado de la A.F.A., invirtiendo su sentido y adjudicando a lo que no es habitual el carácter de sospechoso. Manifiesta que el a quo no ha considerado el escrito cuyas copias acompañara su pupilo (fs. 829), titulado “Proyecto de Gestión. Administración de gastos en función del flujo de fondos.- Previsiones y Acciones.- Solicitan autorización”, anterior al agregado a fs. 947 y que el Instructor considera que urge y logra la decisión de la Juez del concurso. Agrega que el escrito de fs. 948 rinde cuentas de la transferencia de los jugadores y no tiene relación de causalidad en cuanto a la decisión del Tribunal concursal.También estima arbitraria la interpretación de la rendición de cuentas, no estando demostrado que el Dr. Ubieta hubiera intervenido en su preparación. Señala que la orden de cancelar las deudas fue una decisión autónoma del Tribunal concursal, que el profesional recurrió, recurso que no fue concedido, por lo que no hubo ardid. Aduce que no se ha probado que su asistido tuviera la custodia de fondos provenientes de la venta de jugadores, que en ninguna de las constancias de retiro de fondos se encuentra la firma del Dr. Ubieta y ello se corresponde con el testimonio del Dr. Pasos. Que en la causa 76/08 (Alcara Li Fusi), a fs. 296 surge informe del Banco Meridien acerca de la naturaleza de la operación de custodia y el dinero fue depositado por el club en dicho Banco, que pasó a tener su custodia. Que su asistido no intervino en supuesto alguno de falsedad documental; sostiene que hay ausencia de conducta dolosa, agraviando al tiempo de la prisión preventiva, afirmando que el origen de los pagarés es lícito. Reitera que la actora civil ha renunciado a sus pretensiones económicas, ello es reconocimiento de lo adeudado en concepto de honorarios e indica que el caso Espadas era una cuestión de honorarios, desistimiento que también alcanza a Alcara Li Fusi. Y tras ello, respondiendo a los agravios de la Fiscalía, afirma que no se dan las conductas previstas en el art. 271 C. P. Que además en el juicio entablado por Espadas en la ciudad de Buenos Aires no surge formalmente como parte el Dr. Ubieta y mal puede entenderse que pudo haber perjudicado una causa que no le había sido confiada. Señalando que el delito de prevaricato puede ser cometido únicamente en el mismo juicio, escapan de él las consultas o consejos. (Vide fjs. 1111/1159).
Los Dres. Froilán Ravena y Sergio Martyniuk, defensores del Sr.Scarabino, contestan los agravios de la Fiscalía, manifestando que los mismos no efectuan una crítica concreta y razonada de la resolución en crisis, y que la equiparación con Gastaldi resulta inaceptable; que se encuentra acreditado que Ubieta recibió los pagarés; que la resolución niega eficacia al recibo invocado para acreditar la devolución y sostiene que la declaración de Gastaldi y Estévez no explica el hecho que los pagarés aparecieran ejecutados en extraña jurisdicción. Que los nombrados recibieron los pagarés durante el período en que no se encontraba en funciones su pupilo. Que a la fecha de supuesta emisión del recibo (17/12/04) Gastaldi era tesorero y no vicepresidente como se sostiene equivocadamente. Que el Ministerio Fiscal olvida que debe acreditarse el dolo, que no es cierto que Scarabino haya afirmado que recibió dinero de Silvetti, que celebró un mutuo en el año 2005 y que en esa oportunidad se le entregaron los pagarés y no existe prueba objetiva sobre la existencia del supuesto mutuo; que los dichos de Gastaldi y Estévez, en su defensa material, no son oponibles a su pupilo. Aducen que la expresión de agravios se basa en los fundamentos del actor civil y cuestionan el accionar de su representante legal, cuya conducta solicitan sea sancionada postulando la confirmación de la resolución recurrida. (Vide fjs. 1160/1186).
El Dr. Carlos Varela, por la defensa del Sr. Silvetti, se agravia del procesamiento, que estima fundamentado en las declaraciones de Espadas, Estévez y Gastaldi.Sostiene que su pupilo ha negado la comisión del ilícito, aclarando que los dichos de la primera obedecen al objetivo de dañarlo por cuestiones de índole familiar, y que los ex directivos del club acreditan la existencia de la deuda a raíz de un préstamo que su asistido efectuara a la institución, por lo que mal puede imputársele un desapoderamiento de sumas de dinero en perjuicio del club con fines de lucro y menos aún un ardid para llevar a engaño a la Jueza del concurso, ya que era un simple colaborador, ajeno al club, como tampoco pueden atribuírsele las desprolijidades contables. Agrega que no se notificó a su parte la pericia contable, por lo que la misma es nula, y subsidiariamente, se refiere a su contenido, señalando que las conclusiones no indican la inexistencia del préstamo, sólo su adecuada individualización. Indica que su representado no ha tenido ninguna participación en el Juzgado del concurso, que no se configura la Estafa procesal y tampoco la Administración Fraudulenta porque nunca tuvo a su cargo el manejo, administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos ni ha violado ningún deber a su cargo. Hace referencia a las declaraciones del Dr. Usandizaga, como presiones al a quo, y a las de Espada, que tiene a mejorar su situación en la causa, carece de espontaneidad y veracidad, su cambio de postura le significó un importante beneficio, se dictó una resolución de falta de mérito no apelada por el Fiscal. Sostiene que su declaración acusatoria no confrontada debe ser excluída del proceso y que, a todo evento, no puede haber responsabilidad penal de Silvetti sin la de Espada. Solicita se revoque el decisorio, se corra vista a los fines de investigar la posible comisión de ilícito penal del Fiscal de grado que no apeló el auto de falta de mérito a favor de Espada y formula reservas.
La Dra. Marcela De Luca, por la defensa del Sr.Salvo, contesta los agravios de la Fiscalía de Cámaras respecto del Auto de Falta de Mérito dictado a favor de su pupilo. Sostiene que no se ha demostrado que haya participado en el supuesto negocio fraudulento ni que existan indicios que permitan inferir intervención en la entrega de las letras cambiarias. Señala que no se hallaba dentro de sus atribuciones la toma de decisiones y no puede inculpárselo bajo el rótulo de responsabilidad global sólo por ocupar un lugar dentro de la comisión directiva, que sólo se encargaba de la parte deportiva, y el título que ostentaba (tesorero) no es por sí solo suficiente para tener por probada su intervención en el presunto hecho defraudatorio. (Vide fjs. 1188/1192).
El Dr. Jacobo Grossman, por la Defensa del Sr. Dalbes, contesta los agravios de la actora penal. Ratifica los términos vertidos en su expresión de agravios respecto de Estévez y Gastaldi. Señala que la Fiscalía de Cámaras incurre en el mismo error que el a quo cuando se analizan los hechos y las pruebas en forma separada, sin comprender la llamada unidad de gestión; que quien ejerce la acción penal debe afirmar y probar la conducta de cada imputado y no basar su fundamento en preguntas e interrogantes. Que denota la imposibilidad de reconstruir el real curso de los acontecimientos porque las actuales autoridades ocultaron toda la información disponible, y ello lo conoce la Perito Contable, que no se ha probado responsabilidad alguna de Dalbes, ni el dolo directo que requiere la figura. Advierte, respecto de sus defendidos, que no podían desoír una orden de la Juez concursal y ello se denomina “no exigibilidad de otra conducta”; que no hubo perjuicio a la institución y solicita para sus asistidos la misma solución que se dio en la causa “Scarpello” -Auto 420-. Indica dos supuestos de gravedad institucional y formula reservas (Vide fjs.1195/1196).
La Señora Fiscal de Cámaras responde los agravios de las Defensas y manifiesta que existen en la causa suficientes elementos de convicción para fundar el juicio de responsabilidad, tal como lo señalara el propio Instructor, restando producir medidas que podrán aún ordenarse en esta etapa, especialmente respecto de los pagarés librados a favor de NSN Negocios Bursátiles S. A., ejecutados por Nélida Espadas, o proponer las partes, todo lo cual permitirá ampliar los fundamentos de la resolución de mérito o arribar a una conclusión diferente, aunque esta alternativa hasta el momento no se vislumbra probable. Por ello, mal podría pretenderse anular la pericia contable como impetra la Defensa de Silvetti, ya que no resulta definitiva o irreproductible, quedando la posibilidad del ofrecimiento probatorio durante el plenario, en caso de arribar a dicha etapa, debiendo rechazarse tal planteo. Manifiesta que surge con el grado de probabilidad necesario que Gastaldi, Estévez y Ubieta perjudicaron los intereses a su cargo, tanto en la administración, como en el cuidado de los bienes e intereses del Club que representaban, procurando un lucro indebido para terceros, habiendo llevado a engaño a la Juez del concurso, al haber dispuesto el pago del juicio iniciado por la ejecución de pagarés contra el club de parte de Espadas, quien no tenía acreencia alguna de la institución, como surge de la pericia contable, ya que no existe constancia de la existencia del crédito de la nombrada y si correspondía a un préstamo efectuado por Silvetti, no puede determinarse monto, asignación, ni fecha. Agrega que se procuró la autorización de la Juez del concurso para habilitar el pago y los representantes legales se allanaron a la demanda no obstante no constar en las actas de la Comisión Directiva el tratamiento de ese modo de disposición del proceso, además de no haber estado los pagarés intervenidos por la contabilidad del club. Acota que todos los acreedores que fueron cancelados con los fondos ingresados (fs.100/132) habían trabado las cautelares desde los últimos días de noviembre hasta diciembre de 2006, cuando en virtud de las gestiones que la comisión estaba realizando, sabían de la inminente posibilidad de liquidez del Club. Señala también que la Dra. Paradiso relata las múltiples gestiones que debió realizar para percibir sus honorarios por el cobro ejecutivo iniciado por ella en representación de Espadas contra Rosario Central y sin embargo surge de la pericial contable que se registra en el mayor de la cuenta caja el pago en fecha 12 de marzo de 2007 en efectivo, con dinero correspondiente a la venta de jugadores, de la suma de $30.500, en concepto de “honorarios conv. Espadas”, no constando a quién se pagó, no habiendo sido incluído ese concepto en la rendición efectuada al Juzgado del concurso. En cuanto al Dr. Ubieta, al proponer a la actora la profesional que llevaría adelante en Capital Federal la ejecución y traba de cautelares contra el Club y las diligencias que llevó a cabo con Espadas para procurar el cobro del crédito ejecutado por ella, confirma su coautoría en los delitos, además de la pretendida por su parte. Agrega, en cuanto al origen del crédito, que no resulta admisible que Silvetti prestara una elevada suma de dinero a Scarabino, que actuaba en representación del Club, mientras se encontraba en cesación de pagos y no documentara su deuda al tiempo de la entrega del dinero y no surge de la contabilidad el momento de la entrega del dinero, en tanto Estévez afirma que lo hizo en 2003 pero se documentó dos años después, sin más respaldo que la buena voluntad de Scarabino, preguntándose si no se sustituyeron los documentos por los que tenían fecha posterior a la apertura del concurso y no pasarían por Caja, no obstante haber sido la deuda anterior al concurso, beneficiando a Silvetti en perjuicio de la masa de acreedores y de los intereses del club.Recordando que la presentación en concurso es de fecha 14 de noviembre de 2003 y su apertura el 1 de diciembre de 2003 y todo acreedor debía verificar su crédito, en tanto los acreedores post concursales pueden cobrar, ejecutar, trabar medidas cautelares y hasta pedir la quiebra del concursado. El pedido de autorización de la venta de jugadores fue efectuado cuando aquéllos ya habían firmado contrato con River Plate y a una semana de cierre del libro de pases, por lo que pudo hacerse con anterioridad, para una mayor libertad de decisión para los órganos del concurso y con anterioridad a la traba de las cautelares. Por todo ello afirma que está acreditada la participación de Gastaldi, Estévez y Ubieta, junto a Scarabino, Dalbes y Salvo y la colaboración de Silvetti, estimando adecuada la calificación legal seleccionada, aunque considera que ambas figuras concurren idealmente. Para culminar indicando que debe revocarse la prisión preventiva ordenada contra Ubieta y Silvetti (Vide fjs. 1198/1204).
Que habiendo procedido a la lectura de los elementos obrantes, las pretensiones de las partes y las constancias de autos, la Sala estima que la decisión debe ser confirmada en lo relativo a los procesamientos dictados respecto a Gastaldi, Estévez, Ubieta y Silvetti, reformándose la calificación legal concurrente respecto a Ubieta y revocándose los autos de falta de mérito emitidos sobre Scarabino, Dalbes y Salvo.
Es que el Dr. Caterina, a partir de una prolija reconstrucción de los hechos y con sustento en las evidencias disponibles, arriba a una acertada conclusión acerca de la elevada probabilidad de existencia en el caso de la maniobra fraudulenta objeto de investigación. La misma estuvo dirigida a que, finalmente con fondos abonados a la concursada -Rosario Central- por la transferencia al Club River Plate de los derechos federativos de distintos jugadores de fútbol (Villagra, Ruben, Ojeda) se canalice y legitime por vías judiciales un pago ficticiamente documentado a una demandante (la Sra.Espadas) de un crédito inexistente, juicio “armado” a partir de los pagarés extendidos por los directivos del Club Rosario Central favor de aquélla, cuyo cobro la misma demandó en un proceso civil (ilegítimo y espurio) iniciado ante la Justicia Nacional de Ciudad de Bs.As. en los que el Club Rosario Central se allanó, con la anuencia, aprobación o autorización de pago, engañosamente inducida obtenida del Juzgado Civil y Comercial de Rosario a cargo del concurso. En la maniobra plasmada tuvieron principal intervención no sólo los directivos involucrados del Club sino una figura central en el accionar reprochado como lo fue el Dr. Ubieta (apoderado del Club), y además el representante de jugadores Juan C. Silvetti -pareja de la hija de la demandante y ficticia acreedora Espadas-.
El carácter fraudulento del juicio entablado por Espadas contra el CARC por una deuda irreal documentada con distintos pagarés a su favor, surge claro y verosímil de la declaración judicial que brinda la propia Espadas, en la que refiere haber sido direccionada en todo momento por Silvetti (pareja de su hija) a firmar documentos en el estudio del abogado Juan J.Ubieta, o frente al escribano Jorge Ubieta y/o en la oficina de Silvetti, ignorando haber firmado un poder a la Dra. Julia Pariso (su abogada en el juicio ejecutivo), a quien afirma no conocer, o haber iniciado una demanda contra el CARC, o haber tenido alguna acreencia contra esa entidad, ni haber recibido dinero de la misma en pago con origen en algún reclamo judicial; ignorando además los pagarés investigados expedidos a su favor y ejecutados en el juicio incoado en ciudad de Bs.As. (en copia a fs. 24/27) y reconoce su firma en instrumentos cuyo contenido dice desconocer.Lo expuesto no parece ser fruto de algún despecho familiar por parte de Espadas, tal como sostiene el procesado Silvetti en su indagatoria, ya que la versión de la nombrada se refuerza, entre otro material de peso, con lo que expuso uno de los propios dirigentes del CARC (el coprocesado Gastaldi) al confirmar que los pagarés investigados fueron confeccionados por orden del presidente Scarabino para documentar una deuda que no era con la Sra. Espadas, si bien alude a que responden a un préstamo facilitado por el “yerno” de ésta al CARC (Silvetti) , acreencia que tampoco puede verificarse en autos.
La pericia contable verificó que la contabilidad del Club – mecanismo legal para asentar y exponer el movimiento patrimonial de una entidad – no refleja ningún ingreso de préstamo de Espadas o de NSN Bursátiles SA, ni se registraron los pagarés en las cuentas afines y que tampoco se dio tratamiento en acta de Comisión Directiva a la cuestión.
En especial, de lo que no quedan dudas en el grado de conocimiento requerido en esta etapa, para probabilizar la existencia material del fraude investigado y a la luz de la hipótesis que sugieren muchos de los imputados (un supuesto de préstamo real de Silvetti al CARC pero documentado, reclamado judicialmente y reintegrado a un prestanombre – Espadas-), es que ésta niega haber embolsado el dinero del supuesto reintegro, por lo que sumado ello a las graves inconsistencias y omisiones contables comprobadas y el carácter directamente fraguado de la pretensión formulada en el juicio civil entablado contra el CARC, una inevitable conclusión primaria permite afirmar que no puede de algún modo razonable establecerse cuál ha sido el destino – concreto, verdadero y acreditable- del pago efectuado con los fondos autorizados desde el concurso.La pregunta es si la ley admite o los jueces pueden confiar en la palabra de dirigentes, de un abogado del Club y de un supuesto acreedor que, al margen de las registraciones contables y acomodando o fraguando documentación (pagarés, recibos, etc., a nombre de terceros ajenos a toda relación con la entidad), “construyen” un juicio ejecutivo contra el propio Club para que el prestamista cobre sus acreencias burlando las restricciones legales y judiciales de un concurso preventivo. Y la respuesta a ello es obvia, al conformar ello un delito, es negativa entonces. Es acertado lo que expone la Fiscalía de Cámara en cuanto a que, siguiendo el nivel propuesto en el discurso de los imputados, de existir un préstamo de Silvetti, no hay forma legal para acreditar su realidad ni determinar su monto, asignación ni fecha.
Que uno de los agravios de las defensas, relativas a la unidad de gestión que incompatibilizaría el desdoblamiento de causas efectuado por el aquo, no es admisible, sin perjuicio de lo resuelto al respecto en diciembre de 2009 y su aclaratoria, toda vez que aquella unidad puede ser de interés a la hora de evaluar ciertos entramados fácticos que no se dan en este caso, o puede responder a la problemática del concurso de delitos o a la unificación de penas que en su oportunidad habrá eventualmente que analizar, pero no puede emplearse como una herramienta procesal para tornar inmanejables investigaciones por hechos escindibles (Art. 37 del CPP).-
En lo que concierne a la apelación defensista de los procesamientos dictados a Gastaldi, Estévez, Ubieta y Silvetti, cabe acotar en cada caso que, en lo relativo al Dr. Ubieta, conforme lo ha evaluado el magistrado instructor (consid.III-1 y ss.) el plexo probatorio da cuenta que es a él, abogado del CARC, al que Mariela Sabino le entrega los valores que a la postre procura ejecutar judicialmente la falsa acreedora Espadas contra la propia entidad que el imputado representaba.
También es Ubieta quien, a través del contacto con el abogado Cornejo, logra con sus gestiones que sea la abogada Pariso (esposa de Cornejo) a quien Espadas le confiera poder para demandar luego al CARC en un juicio ante la Justicia Nacional de Bs.As, el que así fue “armado a distancia” , lejos de la jurisdicción donde se desarrollaba el concurso en el que intervenía el propio Ubieta en Rosario representando al CARC.
Es con intervención de un familiar suyo (el escribano Jorge Ubieta) donde se figura documentando un supuesto “pago” (negado por Espadas) de 160.000 $ a favor de ésta con dineros provenientes de la venta de jugadores del CARC a River Plate, lo que se conecta con el allanamiento judicial que formulan los imputados Dalbes – Estévez – Salvo en representación del CARC en el juicio en Bs.As. que le seguía formalmente Espadas.
A esta altura no cabe sino concluir entonces que no ha podido ser sino a través del abogado Ubieta (del demandado CARC) que llegan a manos de la abogada Pariso -de la demandante Espadas- los pagarés que luego ésta procuró ejecutar judicialmente contra el Club. Esta entrega de parte de Ubieta la confirma la propia Dra. Pariso a fs. 177 y ss.-
En igual orden también participó de la distribución de fondos originados en la venta de derechos de futbolistas a River Plate los que fueron además despositados a su nombre junto con el de Pasos, fondos con los que luego se termina “pagando” a la ficticia acreedora Espadas.
Así también debe merituarse el proceder que desplegó ante la Sra. Juez del concurso con relación a la operatoria delictual, instando resoluciones de ese tribunal, informando de los pagos realizados y acompañando las falsas constancias de “pago” a la ficticia acreedora.Todo ello se acredita, entre el restante acervo probatorio, a partir de las declaraciones de Mariela Sabino, la Dra. Julieta Pariso (fs. 18 0) y el Dr. Pasos -abogado de AFA- a fs. 391, la pericia caligráfica de fs. 851 y ss., la propia admisión parcial que formula Ubieta en cuanto a haber receptado los mentados pagarés (fs. 230), la inexistencia de constancia creíble de una ulterior devolución de estos valores al Club (tal como sostiene Ubieta) – lo que no parece zanjarse con el tardío recibo presentado con firmas de dos de los interesados (también procesados) en mejorar la situación como son Gastaldi y Estévez-; las constancias de fs. 31/2, las relativas al proceso civil “Espadas c/CARC” tramitado ante el Juzgado Nacional Comercial N° 13 de Bs.As y al expte. 1810/03 s/concurso preventivo del Juzgado Civil y Comercial de la 8 Nominación de Rosario.
Por ello se advierte que la injerencia del Dr. Ubieta no sólo revela una “intensa actividad” en los hechos -como sostiene el señor Juez aquo con acierto a fs. 962, sino como se dijo, configura una intervención central, gravitante para canalizar por y con las vías judiciales -en un uso y abuso delictivo de los conocimientos y herramientas que suministra su profesión, el desvío hacia destinos inciertos, pergeñados con las autoridades del CARC, de fondos propios de la entidad y que además Ubieta representaba en el concurso preventivo; lo que desarticula los agravios de la defensa, que en líneas generales apunta a sostener que su asistido actuó en la firme convicción de cumplir con sus obligaciones profesionales y desconocer la existencia de algún delito en lo que actuaba.Que tampoco empece a las conclusiones que aquí y en baja instancia se efectúan sobre el caso, los “hechos nuevos” invocados por la defensa -resoluciones sobre honorarios profesionales de los abogados, renuncia a pretensiones civiles, etc.- toda vez que ello no desplaza al cuadro penalmente reprochable aquí probabilizado.
En consecuencia, lo examinado no puede llevar sino a confirmar su procesamiento como uno de los concurrentes al hecho investigado, sin perjuicio de la más precisa calificación legal que pueda afirmarse sobre su participación y el tipo penal convergente en el caso.
En cuanto a Gastaldi surge que se desempeñó al tiempo de los hechos como directivo del CARC en un alto cargo (vice-presidente), con amplia incidencia en las alternativas de la vida institucional y patrimonial de la entidad; y que en tal carácter firmó los pagarés investigados junto con los coimputados Scarabino y Estevez.
En su indagatoria en definitiva asume, con un conocimiento integral como supone el cargo que ejercía, una modalidad, estilo, manejo ilícito o irregular en la administración de los bienes del club, dando cuenta que había pagarés expedidos con un objetivo que luego se devolvían pero “nunca a la tesorería del club”, que se documentaban deudas de préstamos privados indocumentados -lo que ocurría mientras el CARC estaba sujeto a control judicial de un concurso, es decir: en paralelo ilegal a la intervención jurisdiccional- (caso de Silvetti), que participó en el redireccionamiento de pagarés devueltos que no reingresaron por tesorería, que se firmó un mutuo respaldatorio de un préstamo no registrado e indocumentado a favor de una persona que no era la real acreedora (Espadas) sino de su “yerno” Silvetti (lo que en sustancia también avala el coprocesado Estévez en su indagatoria), y que esto último era frecuente para prestamistas que no querían “figurar. por diversos motivos, impositivos, para no ser escrachados, etc.” mencionando otros casos similares (nombra a “Wilfredo Scarpello con la firma Tinsel.Orlando Vignatti con la firma Roverval y otros casos.”).
Ante el contenido de este relato, un criterio lego bien podría justificar todas estas acciones para sacar adelante a un Club de fútbol de su difícil trance, pero no puede obviarse que las consecuencias penales y judiciales deben ser también asumidas por quienes adopten y materialicen tales políticas. Todo ello si bien el franco y útil aporte que ha brindado Sr. Gastaldi al esclarecimiento del panorama procesal del caso oportunamente debería incidir en la respuesta judicial adecuada.
Este cuadro convictivo, compatible con la lógica – justa por cierto – que emplea el instructor para dirimir la situación de Gastaldi, lo sitúa brindando aportes materiales ciertos en el iter delictivo y con conocimiento de la situación real -o al menos la irrealidad del escenario que se fingía- a la que respondía el mendaz manejo patrimonial formal seguido en el caso, lo que justifica la decisión apelada y conlleva a su confirmación.-
En relación al Sr. Estévez se desprende también que desempeñaba una relevante y activa función en la CD del CARC (Secretario); el aquo, con acierto, califica como decisiva su intervención a lo largo del curso de los hechos.
El encartado fue, junto al presidente Scarabino y el vicepresidente Gastaldi, quien libró los pagarés que sirvieron luego como base a la demanda fraudulenta de Espadas contra el CARC; un recibo simple y sin fecha cierta fue tardíamente presentado por Ubieta con firma de Estévez y la de el coprocesado Gastaldi en este proceso (fs.823), lo que no aparenta credibilidad si se considera que un documento tal favorece a todos ellos para la tesis de la entrega y devolución de pagarés del CARC a Ubieta y viceversa, que sostienen las defensas en el expte., pero es parte de una probable coartada espuria si se advierte que en primer lugar Ubieta había negado haber recibido tales documentos.
En su indagatoria, más allá que Estévez rechaza que durante su gestión se haya pagado una deuda inexistente, lo que en definitiva acepta a la luz de la versión que brinda es que conocía que los pagarés que se ejecutaban judicialmente a nombre de Espadas contra el CARC no respondían a un préstamo real de ésta, si bien vuelve también a reiterar la tesis del préstamo real suministrado por Silvetti, lo que no quita el carácter artificioso y fraudulento del juicio edificado con éxito en disfavor del propio CARC.
El encartado no puede ser ajeno al conocimiento de ese proceso fraguado toda vez que a la par de mencionar el supuesto préstamo de Silvetti, junto a los coimputados y directivos Dalbes y Salvo fueron los que comparecieron en el juicio ejecutivo y a nombre del CARC se allanaron a la demanda el 29/3/07.
Que lo señalado estuvo precedido por la amplia intervención que tuvo Estévez junto a Salvo en el Bco. Meridien de Bs.As. para el cobro y manejo de lo pagado a raíz de la venta de los jugadores del CARC a River Plate, fondos con los cuales se perpetró el desvío hacia destinos inciertos a través de la incausada demanda entablada por Espadas como modo de justificar un pago a acreedores del concurso frente al tribunal que conducía el mismo, lo que bien apoya el instructor en el testimonio que brinda el abogado de la AFA Pasos, incorporado a los actuados.No está demás repetir que son estos fondos alojados bajo la esfera personal de actuación de Estévez los que luego se terminan documentando en un pago que no se encuentra fidedignamente instrumentado.
Este marco de protagonismo, comprobado a partir de estas sustanciales intervenciones materiales con conocimiento de causa, determina a juzgar o entender que el imputado también ha participado decisivamente en los hechos y esto avala el dictado del procesamiento que se recurre ahora.
Que en cuanto a la situación procesal de señor Silvetti también corresponde probabilizar su participación en los hechos, atento a que aparece como el nexo imprescindible entre la ficticia acreedora Espadas (que era la madre de su mujer y abuela de su hija) y los dirigentes del CARC con los que el abogado Ubieta construyen un juicio fraudulento para burlar los controles y restricciones concursales vigentes sobre las arcas del Club. Fue quien, en los términos del aquo, suministró a la dirigencia del CARC y el abogado Ubieta a Espadas, esta es: la persona a través de la cual se canalizó judicialmente el fraude indagado.
Además es reiteradamente mencionado como un representante de varios jugadores de Rosario Central (vide indagatoria de Scarabino), relacionado directamente con el presidente del Club (Scarabino) -indagatoria de Gastaldi-, que participó en la campaña que llevó a la presidencia a Scarabino y que además colaboraba con la entidad en arrimar inversores, consiguiendo ofertas para la compraventa de jugadores (vgr.indagatoria de Estevez). Es decir, era una persona ligada a la intimidad de la dirigencia del CARC.
En la declaración judicial que presta su suegra (la simulada acreedora Espadas) ella lo señala llevándola -bajo engaño de constituir en documentos para un juicio de la Municipalidad- a la firma de múltiples documentos en el estudio del abogado Ubieta, la escribanía de Jorge Ubieta y en la oficina del propio Silvetti, instrumentos que -no es difícil suponer- debieron consistir en poderes para juicio, recibos de pago u otros instrumentos o escritos empleados en el curso de la demanda que fraudulentamente una abogada gestionada por el imputado Ubieta entabla a su nombre contra el CARC.
Y aún si se considerara la hipótesis sostenida por varias de las defensas -en cuanto a que a nombre de Espadas se demandó judicialmente, allanó y pagó una acreencia que realmente existía a nombre de Silvetti- ello no supone en modo alguno la inexistencia de fraude, toda vez que un accionar ilegítimo tal implica presentar judicialmente como acreedora a quien no lo es, y sortear mediante medios ilegales como es un proceso por ficticia causa las restricciones de disponibilidad patrimonial que regían respecto a la concursada CARC, accionar que fue canalizado por las propias autoridades y uno de los abogados de dicha entidad. Esto conforma un delito en el que Silvetti probablemente ha participado.
En este contexto fáctico y probatorio, al resultar en un todo inverosímil, no puede admitirse el descargo que efectúa Silvetti sosteniendo que las imputaciones de su suegra Espadas responden a un resentimiento familiar. Basta para desmerecer su posición el hecho acreditado que Espadas no prestó ningún dinero al CARC, que no recibió en devolución ningún pago por el Club y que el mutuo a su nombre en el que se justificaban los pagarés ejecutados era artificioso.
Por ende, corresponde también avalar el procesamiento apelado sobre el causante.En cuanto a la vista que peticiona la defensa para que el Fiscal de grado sea investigado por no apelar el auto de falta de mérito, ello no implica ni revela delito alguno, debiendo denegarse el pedimento. Lo mismo acaece, conforme lo señala la Fiscalía, con la nulidad instada de la pericia contable, que puede reproducirse o ampliarse en la etapa definitiva del caso.
En lo atinente a la apelación fiscal del auto de Falta de Mérito dictado a los señores Dalbes, Salvo y Scarabino, han de formularse las siguientes consideraciones:
En relación al Sr. Scarabino la resolución cuestionada señala que participó en algún momento en el curso de los hechos -firmó los pagarés ejecutados por Espadas- pero sin dominar totalmente su desarrollo y estuvo excluido de su cargo desde la iniciación del juicio de Espadas hasta el pago, lo que hace dudosa la comprensión de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades extrapenales en las que pude haber incurrido; frente a lo que la Fiscalía asevera que, contrariamente, Scarabino estaba en el ejercicio de sus funciones como presidente en tiempos y momentos en los que se producen episodios relevantes durante el curso del accionar delictivo investigado en estos autos.
Analizada la cuestión se verifica, en la línea propuesta por la Fiscalía, que el encausado Scarabino no sólo lideró la comisión directiva en el marco de cuya gestión se produjeron estos eventos, sino que el corto período por el cual se licenció de la presidencia (aproximadamente desde principios de diciembre de 2006 a mayo de 2007 según sus propias declaraciones ante el tribunal instructor) no lo marginó ni lo excluye de vitales aportes y hechos acaecidos bajo su mando de actuación.Es así que se observa que él fue quien suscribió junto a los coprocesados Gastaldi y Estévez los pagarés que luego son demandados por Espadas, los que fueron entregados al abogado del Club -Ubieta- en diciembre de 2004, quien traspasó los mismos -con la decisión ya asumida de perpetrar un proceso civil fraudulento ante la Justicia de Bs.As.- por una abogada que el curial gestionó para que represente a Espadas y así demandó a la propia entidad en concurso.
El coimputado Dalbes explicita que -como es de ordinario- en las operaciones importantes ello se decide por la Mesa Directiva de la CD, la que presidía Scarabino y la integraba el secretario Estévez y el Tesorero.
Por su parte, Estévez señala a Scarabino como quien recibió en su negocio y de manos de Silvetti -alguien muy cercano al imputado y la CD del CARC- un préstamo de dinero en diciembre de 2003 que luego el propio Scarabino “ordenó” documentar recién en el año 2005, lo que se hace a través de instrumentos a nombre de una acreedora ficticia (Espadas), ello aún sin perjuicio de los límites que imponen las actuaciones -según ya extensamente se dijo- para una tesis tal (la del préstamo real de Silvetti).
Algo similar, como decisión originada en el encartado Scarabino, sostiene el coimputado Gastaldi en su indagatoria, pero ya avanzando más al reconocer que el mutuo -y por ende también los pagarés que los respaldaban- habían sido instrumentados a nombre de una persona sin vinculación financiera ni de otro tipo con el CARC.
Por último, también cae dentro de la esfera temporal que compromete a Scarabino un grupo de decisiones que han debido ser concertadas de antes de la fecha en que la Sra. Espadas confiere a la Dra. Pariso el poder para demandar al CARC (1/12/06), como afrontar y validar la realización del fraudulento juicio ejecutivo contra el CARC ante la Justicia Nacional con sede en Bs.As.El hecho que el allanamiento judicial a la demanda y los formales “pagos” a favor de Espadas se encuentren dentro del período de licencia de Scarabino, no conforman datos que -frente a un fraude ya puesto en movimiento desde antes con su participación- pueda excluir al encartado de su probable coautoría de los hechos.
En consecuencia corresponde revocar el auto de falta de mérito dictado conforme lo ha requerido la Fiscalía.
En lo relativo al Sr. Salvo el instructor emite un juicio desencriminante fundado en que si bien estuvo en el Banco Meridien junto a Estévez y Ubieta entre otros, atendiendo a lo dicho por el abogado de la AFA Pasos, surgiría que su actuación no fue fundamental ni decisiva para la sustracción de fondos.
Pero la Fiscalía discrepa con lo resuelto señalando, en líneas generales, que el carácter de tesorero y de al menos integrante de la CD del CARC permiten afirmar que Salvo conocía la maniobra y participó en hechos importantes, como concurrir como tesorero del Club a Bs.As.en el marco de los movimientos dinerarios ligados al suceso.
Por su parte la Defensa contesta que no se ha demostrado que haya participado en el supuesto negocio fraudulento ni existen indicios que permitan inferir intervención en la entrega de las letras cambiarias; que no se hallaba dentro de sus atribuciones la toma de decisiones y no puede inculpárselo bajo el rótulo de responsabilidad global sólo por ocupar un lugar dentro de la comisión directiva, ya que sólo se encargaba de la parte deportiva, y el título que ostentaba (tesorero) no es por sí solo suficiente para tener por probada su intervención en el presunto hecho defraudatorio.
Sin embargo analizada la cuestión se verifica como lo propugna la Fiscalía, que el imputado integró la CD del CARC durante todo el curso en el que se desarrollaron los hechos, habiendo ocupado cargos íntimamente vinculados al desmanejo de dinero, desvío de fondos y evidentes irregularidades documentales y contables acreditados en la especie (fue pro-tesorero y luego tesorero del CARC).
El Sr. Salvo en su indagatoria formula un discurso formal a tenor del cual, de ser aceptado, habría que cargar sobre las espaldas de la Jueza del Concurso el hecho de no haber advertido, en el proceso que dirigía, una inescrupulosa maniobra que se le presentó al amparo de un proceso judicial por una pretensión crediticia ficticia, una verdadera burla urdida por los dirigentes del CARC con el asesoramiento e injerencia personal y contínua del mismo abogado de ésta en el concurso (Ubieta).
El imputado admite que lideró la Tesorería del CARC desde finales de 2006, lo que comprende integralmente todo el desarrollo inmediatamente previo y concomitante al proceso de ejecución fraguado contra CARC a favor de la Sra. Espadas, incluyéndose, como consigna el auto apelado, el allanamiento judicial a la demanda ejecutiva -que Salvo firma con Estévez y Dalbes- (marzo de 2007), el supuesto “pago” falsamente documentado a favor de la ficticia acreedora Espadas y que la misma desconoce (febrero de 2007), y su concurrencia al Banco Meridien de Bs.As.-junto a los coprocesados Estévez, Ubieta y Dalbes- en la transferencia de fondos abonados por el Club River Plate -tal como el mismo reconoce-, fondos que en forma parcial luego son desviados hacia terceros que se ignora bajo la formal apariencia de pago a una acreedora que no era tal.
El entorno fáctico y probatorio aludido es suficiente para probabilizar que el encartado estuvo embarcado, con cabal conocimiento de lo que ocurría dentro de la intimidad y el círculo dirigencial de la que formaba parte y con la que se consumaron los eventos. Siendo justo y adecuado por ello, como reclama la Fiscalía, revocarle el auto de Falta de Mérito apelado al aparecer también como probable coautor de los hechos investigados.
En lo que hace al Sr. Dalbes el instructor sostiene que no observa mérito para procesarlo, ya que si bien era el Presidente del CARC al momento de la venta de los jugadores a River, ninguna intervención directa tuvo en esa operación, sin efectuar pagos o retirar dinero del Banco como hemos visto, la Fiscalía discrepa con ello, acotando que dado el carácter no es posible aceptar que no conocía o sabía de la maniobra, sino que participó en todos los hechos importantes en ese carácter de Presidente e integrante de la sede del CARC como sería por ejemplo concurrir como titular de la institución de Bs. As.en el marco de los movimientos dinerarios ligados al suceso.
La Defensa contesta que ratifica los términos vertidos en su expresión de agravios respecto de Estévez y Gastaldi; y dice que la Fiscalía de Cámaras incurre en el mismo error que el a quo cuando analizó los hechos en forma separada, sin comprender la llamada unidad de gestión; y que quien ejerce la acción penal debe afirmar y probar la conducta de cada imputado y no basar su fundamentos en preguntas e interrogantes; y que denota la imposibilidad de reconstruir el real curso de los acontecimientos porque las actuales autoridades ocultaron toda la información disponible y ello lo conoce la Perito Contable, y que no se ha probado responsabilidad alguna, exponiendo que además, respecto de sus defendidos, que no podían desoír una orden de la Juez concursal, lo que se denomina “no exigibilidad de otra conducta”; en que no hubo perjuicio a la institución solicitando la misma solución que se dio en la causa “Scarpello”.
Sin embargo, analizada la cuestión cuando señaló la Fiscalía los hechos y la posición de Dalbes en el CARC, se evidencia que fue él mismo el que, como presidente del Club firmó el allanamiento a la demanda fraudulenta de Espadas, junto a los coimputados Estévez y Salvo (marzo de 2007) y además bajo su esfera funcional es que se perpetra el irreal pago a Espadas (febrero de 2007), en un desvío financiero que se hace con fondos originados en la venta de jugadores del CARC a River Plate; entidad ésta que al abonar la transferencia en Bs.As., motivo que el propio Dalbes concurriera -también como presidente del CARC- a la sede de la AFA y el Banco interviniente, operativo en el que se recaudó y manejó fondos involucrados luego en el caso de autos.
De este modo y considerando similares razones a las evaluadas en los casos de Scarabino, Gastaldi, Estévez y Salvo, la relevancia de las funciones que cumplía en el órgano ejecutivo del Club y la efectiva intervenciónmaterial y aportes brindados a los hechos, conducen a estimar que en el estrecho círculo en el que se deciden, discuten, efectúan comentarios e intercambian opiniones y todo tipo de información, el encartado ha tenido que conocer los alcances fraudulentos del accionar materia de investigación; por lo que asisten razones valederas para atender los agravios de la Fiscalía, debiéndose revocar la decisión que al respecto pronunció el Dr. Caterina, dándose lugar a la prosecución de la acción contra este encausado también como probable coautor de los hechos.
Finalmente en lo que hace a la pretensión de la Fiscalía sobre la calificacion legal efectuada en el procesamiento del Sr. Ubieta, cabe recordar que el mismo era el abogado apoderado por el CARC, con especial actuación en el expte. de su concurso preventivo, siendo que las actuaciones lo señalan como el profesional que probablemente aportó los conocimientos técnicos útiles y actuó de contínuo desde la recepción de los pagarés investigados hasta la rendición de cuentas ante el concurso acerca de las resultas de un juicio ejecutivo fraguado y artificioso que armó a la medida del caso junto a los directivos del CARC, lo que en definitiva permitió afectar patrimonialmente a la entidad con engaño a la Sra. Juez a cargo del Concurso del CARC, desviándose -sustrayéndose- hacia un destino incierto (tercero/s NN) fondos que se habían obtenido de la venta de derechos sobre jugadores del Club. La intimación respectiva a la que postula la Fiscalía luce imputada en la indagatoria instrumentada por el juzgado de grado, habiendo efectuado el encartado el descargo respectivo (Vide fjs. 795/6), evidenciandose que el panorama permite probabilizar “el que de cualquier modo perjudicare .” exhediendo la licitud de la simple “derivación del caso a otros profesionales” tal como expone la defensa, resultando suficiente en los términos del art.325 del CPP para ser atrapado su actuar jurídicamente en la calificación ensayada, la que así debe ampliarse con base en hechos efectivamente objeto de la intimación, lo que permitirá un merecido tratamiento a futuro, debiendo por ende atender a los agravios que en este orden manifestó la Fiscalía.
En cuanto a las prisiones preventivas dictadas por el instructor, respecto a Ubieta y Silvetti, atento el requerimiento negativo de tales cautelas efectuadas por la Fiscalía de Cámara, corresponde su revocación.
Atento a todo lo precedentemente expuesto la Sala Tercera integrada resuelve,
RESUELVE: Confirmar los procesamientos dictados respecto a los Sres. Gastaldi Marcelo, Estevez Gonzalo Miguel, Ubieta Juan José y Silvetti Juan Carlos, ampliando la calificación jurídica sobre los hechos que son objeto de procesamiento respecto al Dr. Ubieta Juan José, para el delito de Prevaricato del abogado -Art. 271 C.P.-
Revocar los autos de Falta de Mérito dictado respecto a los Sres. Scarabino Juan Pablo, Salvo Mauricio Héctor y Dalbes Juan Francisco.
Revocar las prisiones preventivas dictadas respecto a los Sres. Ubieta Juan José y Silvetti Juan Carlos.
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