Source: https://tc.vlex.es/vid/558845322
Timestamp: 2019-09-17 02:18:27+00:00

Document:
STC 6/2015, 22 de Enero de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 558845322
Número de Recurso: 823-2011
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 11 de febrero de 2011, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso conflicto positivo de competencia contra la resolución de 30 de diciembre de 2010 por la que se hace público el acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia por el que se aprueba el catálogo priorizado de productos farmacéuticos de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como contra las restantes actuaciones determinantes de la aprobación del mismo, tal como aparece recogida en la página web oficial del Servicio Gallego de Salud (http://www.sergas.es/ /farmacia/catalogo_priorizado_productos_farmaceuticos_Galicia.pdf.) y contra el propio catálogo.
Comienza el escrito del Abogado del Estado recordando los antecedentes del conflicto. Con fecha de 28 de diciembre de 2010, el “Diario Oficial de Galicia”, publicó la Ley 12/2010, de 22 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre racionalización del gasto en la prestación farmacéutica. En desarrollo de la Ley se dictó la resolución de 30 de diciembre de 2010 por la que se hizo público el acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia aprobatorio del catálogo priorizado de productos farmacéuticos de la Comunidad Autónoma de Galicia. En la página web del Servicio Gallego de Salud (http://www.sergas.es/ /farmacia/catalogo_priorizado_productos_farmaceuticos_Galicia.pdf) apareció detallado el catalogo priorizado de productos farmacéuticos de Galicia.
Prosigue el escrito de interposición del conflicto recordando los títulos competenciales y la normativa estatal existente en materia de prestaciones farmacéuticas. Analiza, en primer lugar, la trascendencia que tiene para este proceso constitucional la competencia reconocida en el art. 149.1.1 CE, precepto que, a su juicio, faculta al Estado para la consecución de la igualdad efectiva en el ámbito prestacional sanitario.
A continuación, atendiendo a la doctrina constitucional, el Abogado del Estado comprueba si por los preceptos básicos estatales de contraste se respeta efectivamente la doble dimensión, formal y material, consustanciales a la noción constitucional de bases. A su juicio, se dan los requisitos formales y materiales para confirmar que el régimen contenido en los preceptos legales que sirven de parámetro de constitucionalidad se configura como propio de las bases de la sanidad, según lo previsto en el art. 149.1.16 CE. Señala que los preceptos de la Ley 16/2003 y 29/2006 relativos a la ordenación de las prestaciones sanitarias cumplimentan, sin duda, la perspectiva formal que permite acreditar su carácter básico, al hallarse incluidos en norma de rango legal. Por su parte, los contenidos en el Real Decreto 1030/2006 tampoco podrían tacharse de insuficiente rango pues recuerda que el Tribunal Constitucional ha admitido reiteradamente normas básicas aprobadas por reales decretos. De este modo, el Estado trata de garantizar, mediante el establecimiento de un mínimo común denominador recogido en la cartera de servicios general, la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de su derecho a la protección de la salud. Insiste en que en la fijación por el Estado de una cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud concurre indudablemente la exigencia material de lo básico, constituyendo así un nivel mínimo homogéneo susceptible de ampliación comunitaria.
Por lo que se refiere a los concretos actos autonómicos, destaca el escrito de interposición del conflicto que los mismos especifican determinados productos farmacéuticos del nomenclátor oficial financiados por el Sistema Nacional de Salud que, sin embargo, no van a ser financiados por el Servicio Gallego de Salud.
El Pleno, a propuesta de la Sección Segunda, acordó, por providencia de 1 de marzo de 2011, admitir a trámite el conflicto positivo de competencia así como dar traslado de la demanda y de los documentos presentados a la Xunta de Galicia por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días aportara cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Asimismo, se tuvo por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 64.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los actos autonómicos impugnados desde la fecha de interposición del conflicto. Igualmente, se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el citado acuerdo, para que en tal caso se suspendiera el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC. Por último, también se ordenó publicar la incoación del conflicto y de la suspensión acordada en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de Galicia”.
El Letrado de la Xunta de Galicia se personó, mediante escrito de alegaciones registrado en el Tribunal el 1 de abril de 2011, interesando la desestimación del conflicto interpuesto por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación:
Comienza su escrito destacando que el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Xunta impugnado nace como consecuencia de un mandato legal, el de la Ley 12/2010, de 22 de diciembre, sobre racionalización del gasto en la prestación farmacéutica; según refiere, dicha Ley no elimina medicamentos, ni altera ni los precios, ni los conjuntos de intercambio, ni los principios activos fijados por el Estado al efecto de la financiación pública, ni altera el nomenclátor estatal ni crea tampoco un nomenclátor gallego ajeno al mismo.
Considera el Letrado de la Xunta de Galicia que el mecanismo previsto en el art. 4.3 de la Ley 12/2010 es, en primer lugar, una prueba directa inserta en el propio texto normativo de la Ley de que no se elimina de la financiación pública ninguno de los medicamentos sometidos a tal régimen. Si este artículo dispone el protocolo para prescribir medicamentos que no se ajustan a la regla de priorización, esto es, que no están en el instrumento donde se organiza esa regla, el catálogo priorizado significa que ese medicamento con precio no menor también puede ser prescrito por un médico del sistema sanitario público gallego y, a su vez, dispensado luego por la farmacia, con sometimiento al régimen de financiación pública. Si ante medicamentos perfectamente intercambiables entre sí, el médico del servicio público de salud opta por una especialidad farmacéutica más gravosa para el erario público y también para el ciudadano, no es que no pueda hacerlo, sino que, con esta Ley, lo puede hacer incluso en relación a los principios activos sometidos a racionalización, pero con una explicación por parte del facultativo.
En segundo lugar, en relación con el art. 149.1.16 CE, señala que es la propia legislación estatal básica la que impone la necesidad de que se adopten políticas de racionalización del gasto farmacéutico, como así lo hace la Ley 29/2006, de 26 de julio, o el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. En este sentido, indica que la facultad del Estado de dictar la normativa básica no puede impedir, ni que el legislador gallego dicte normas, ni en definitiva, que desarrolle políticas propias, máxime cuando esa normativa, gestión y políticas autonómicas van encaminadas a conseguir los objetivos que recoge e, incluso, impone la propia normativa estatal básica para con las Comunidades Autónomas.
Por lo que se refiere al art. 149.1.16 CE, en cuanto a la competencia estatal respecto a la “legislación sobre productos farmacéuticos”, recuerda que la STC 98/2004, de 25 de mayo, rechaza categóricamente el título competencial relativo a la “legislación sobre productos farmacéuticos”, al no formar parte esta Ley gallega de la materia de ordenación de los medicamentos, esto es, al no formar parte del marco jurídico para la seguridad y calidad en la fabricación de los medicamentos comercializados para el consumo de los usuarios, en orden a garantizar los derechos de los pacientes. La ley gallega busca actuar en relación a la prescripción de medicamentos por parte de los profesionales sanitarios sometidos a su organización, los del Servicio Gallego de Salud, dándoles las pautas de racionalización correspondientes.
El Abogado del Estado, por escrito registrado en este Tribunal el día 19 de abril de 2011, solicitó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados.
Mediante ATC 96/2011, de 21 de junio, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia por el que se aprueba el catálogo priorizado de productos farmacéuticos de la Comunidad Autónoma de Galicia, hecho público por resolución de la Consejería de Sanidad de 30 de diciembre de 2010, así como de las actuaciones determinantes de la aprobación del mismo y del propio catálogo priorizado de productos farmacéuticos.
Por providencia de 20 de enero de 2015, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.
El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno de la Nación contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia por el que se aprueba el catálogo priorizado de productos farmacéuticos de la Comunidad Autónoma de Galicia, hecho público por resolución de la Consejería de Sanidad de 30 de diciembre de 2010, así como contra las actuaciones determinantes de la aprobación del mismo y del propio catálogo priorizado de productos farmacéuticos.
Planteado el conflicto positivo de competencia en los términos expuestos, podemos concluir que las cuestiones suscitadas han sido ya resueltas por nuestra STC 211/2014, de 18 de diciembre, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad núm. 822-2011, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 12/2010, de 22 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre racionalización del gasto en la prestación farmacéutica, alegando la vulneración de las competencias del Estado sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos y sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (arts. 149.1.1, 149.1.16 y 149.1.17 CE).
Así, en la STC 211/2014, de 18 de diciembre, hemos rechazado que la creación de un catálogo de productos farmacéuticos priorizado pueda incardinarse en el título competencial relativo a la legislación sobre productos farmacéuticos (art. 149.1.16 CE), pues no tiene por objeto “la ordenación de los medicamentos en cuanto ‘sustancias’ cuya fabricación y comercialización está sometida -a través de las correspondientes actividades de evaluación, registro, autorización, inspección y vigilancia- al control de los poderes públicos, en orden a garantizar los derechos de los pacientes y usuarios que los consumen” (STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 5). Asimismo hemos rechazado que pueda encuadrarse dentro del título relativo al régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17 CE), pues la creación de aquel catalogo no se circunscribe a la asistencia sanitaria que es dispensada por el sistema de Seguridad Social a favor de los beneficiarios que se encuentren dentro de su campo de aplicación, sino, que se extiende al contenido de una prestación sanitaria (el medicamento) proporcionada por el Sistema Nacional de Salud con carácter universalista a todos los ciudadanos y sin que se afecte de forma directa al régimen económico de la Seguridad Social. Igualmente hemos rechazado la posibilidad de encuadrar la creación de un catálogo de productos farmacéuticos priorizado en la competencia reconocida al Estado en el art. 149.1.1 CE pues “dada la función uniformadora que ha de cumplir la normativa básica, ha de señalarse que tal competencia [la del art. 149.1.1 CE] queda absorbida por la que le corresponde al Estado en la regulación de las bases de la sanidad, que es más específica y puede dotarse también de un mayor contenido” [STC 211/2014, FFJJ 4 y 5].
Una vez realizado el encuadre competencial referido, lo que se plantea, también en el presente conflicto, es un problema de inconstitucionalidad mediata por la posible contradicción entre los actos y disposiciones autonómicas adoptados para la creación de un catálogo de productos farmacéuticos priorizado y las normas estatales que regulan los diversos aspectos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
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 resolución 
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