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Timestamp: 2019-05-21 17:04:19+00:00

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﻿ SENTENCIA T-916 DE SEPTIEMBRE 2 DE 2005
SENTENCIA T-916 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES JUDICIALES. PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE HACER O PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE DAR, SIEMPRE QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADUANERO, CONTRABANDO, ENTREGA DE MERCANCÍA, CONFISCACIÓN, OBLIGACIONES DE HACER, OBLIGACIONES DE DAR, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, PERJUICIO IRREMEDIABLE, CONFISCACIÓN DE BIE, ACCIÓN EJECUTIVA
Sentencia T-916 de septiembre 2 de 2005
Sentencia T-916 de 2005
Ref.: Expediente T-965433.
Demandante: Carlos Julio Rodríguez Riveros.
Demandado: La Nación —Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN—.
Bogotá D. C., dos de septiembre de dos mil cinco.
EXTRACTOS:«III. Consideraciones de la Corte.
En virtud de lo señalado por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia.
De acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas en sede de tutela, en esta oportunidad le corresponde a la Corte resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Es procedente la acción de tutela para lograr el cumplimiento del auto proferido el 12 de abril de 1988 por el Juzgado Primero de Instrucción Penal Aduanera de Barranquilla, teniendo en cuenta que esta controversia ya fue ventilada ante la jurisdicción ordinaria, en donde se profirió sentencia la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y, por lo mismo, hizo tránsito a cosa juzgada?
• ¿Es viable a través de la acción de amparo constitucional el pago de una indemnización correspondiente a intereses compensatorios y moratorios, a pesar de que se encuentra en curso una acción de reparación directa con dicho propósito?
3. Del cumplimiento de las decisiones judiciales y de los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.
Esta corporación, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más importantes garantías para la existencia y funcionamiento del Estado Social de Derecho, pues no solo constituye un imperativo constitucional en aras de materializar el valor de la justicia, sino que también permite hacer efectivos los principios constitucionales de la buena fe y la confianza legítima, en las relaciones que se establecen entre los ciudadanos y el Estado. Sobre la materia, esta corporación manifestó (10) :
(...) El respeto al Estado de Derecho inicia con el cabal cumplimiento de las sentencias emitidas por autoridad judicial, en virtud a que éstas constituyen la aplicación individualizada de la ley al caso concreto. Sin embargo, las autoridades administrativas, destinatarias del cumplimiento ordenado por los jueces, se mantienen en ocasiones impermeables a estos razonamientos y son renuentes a cumplir a cabalidad los fallos que les obligan. (...) (Sentencia T-1222 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
Los artículos 334 a 339 y 488 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil consagran la posibilidad de exigir la ejecución de las providencias judiciales una vez se encuentren ejecutoriadas, o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Es a través del ejercicio de esta acción ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria, que se logra la satisfacción de los derechos reconocidos en dichas providencias, pues la misma se constituye en el mecanismo ordinario de defensa judicial, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento procesal actualmente vigente.
No obstante, esta corporación ha reconocido que cuando esta vía no resulta ser lo suficientemente idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales que se encuentran vulnerados o amenazados por la mora en la ejecución de las decisiones judiciales; se impone la prosperidad de la acción de tutela ya sea para garantizar la satisfacción de las obligaciones de hacer (v. gr. los reintegros laborales) (11) , o para obtener el cumplimiento de las obligaciones de dar (v.gr. el pago de acreencias laborales o el cumplimiento de sentencias proferidas en procesos de alimentos), en ambos casos, siempre que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable.
La anterior doctrina constitucional ha sido recogida, entre otras, en las siguientes sentencias:
En primer lugar, en sentencia T-554 de 1992 (12) , la Corte ordenó el reintegro de un docente al Colegio Simón Araújo de Sincelejo, con ocasión del cumplimiento de una decisión proferida por el Consejo de Estado en el año 1980, que ordenaba su vinculación a un cargo de igual o superior categoría, a partir de la declaratoria de la nulidad de la resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que lo declaró insubsistente. A juicio de este tribunal, la procedencia de la acción de tutela para hacer efectiva dicha decisión judicial, no solo garantizaba la realización de los principios fundamentales del estado social de derecho, sino también la prevalencia del orden constitucional. En dicha oportunidad, esta corporación sostuvo:
“(...) Por razones de principio, una entidad pública está en el deber constitucional y legal de ejecutar las sentencias en firme (C.C.A., art. 176). La misión de los jueces de administrar justicia mediante sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente el estado de derecho, actuar en concordancia con sus fines esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico. La legitimidad de cualquier Estado se vería resquebrajada si los mismos órganos del poder público, ya por su inactividad ora por su indolencia, estimulan el desacato de las decisiones de los jueces y la práctica de hacer caso omiso del imperativo constitucional de colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado (C.P., art. 113).
Es atentatorio de los derechos fundamentales condicionar la efectividad de estos a exigencias o procedimientos contrarios a los fines esenciales del Estado y a la función de los servidores públicos (C.P., arts. 2º y 123). Ello sucede, cuando una entidad oficial es condenada a reintegrar laboralmente a una persona y no lo hace, a pesar de quedar obligado el Estado a indemnizar integralmente al afectado mientras no se de cumplimiento efectivo a la sentencia (...).
Posteriormente, en sentencia T-438 de 1993 (13) , la Corte reiteró su jurisprudencia respecto del deber de las autoridades de dar cumplimiento a las decisiones judiciales, en aras de proteger el principio de la buena fe, y señaló además que “[l]a persona favorecida con una sentencia ejecutoriada que obliga al Estado al cumplimiento de una prestación espera y confía legítimamente que la autoridad respectiva ejecute, sin dilaciones y en sus estrictos términos, lo ordenado por la decisión judicial. Los privilegios que protegen a la administración no la sitúan por fuera del ordenamiento jurídico, ni la eximen de dar cumplimiento a lo ordenado por los jueces”. El asunto en debate se refería a la ejecución de una sentencia proferida por el Consejo de Estado, en donde se condenó a la Nación y al Municipio de Sincelejo, a pagar una indemnización por el daño ocasionado por la falla del servicio, que se presentó con ocasión del desplome de los palcos de una plaza de toros el día 20 de enero de 1980.
A su vez, en la sentencia T-084 de 1998 (14) , se dispuso el cumplimiento de un fallo proferido por el Tribunal Superior de Medellín, en el cual se ordenó el reintegro de un trabajador vinculado al Invías, junto con el pago de los salarios dejados de percibir y demás emolumentos que se derivaron de su desvinculación, hasta el momento en que efectivamente fue reintegrado a su cargo. En esta oportunidad, la Corte sostuvo lo siguiente:
“(...) Será siempre la administración la encargada de adoptar las medidas suficientes y oportunas para dar cumplimiento a los fallos que le imponen obligaciones, como es el deber de todo deudor de llevar a cabo el pago puntual de las obligaciones a su cargo. Admitir que la presentación de una cuenta de cobro o el reclamo del interesado, condiciona el cumplimiento de un fallo judicial, es concederle mayor valor a estas formalidades que a la propia sentencia y autorizar que por este medio se burle el derecho material reconocido al beneficiario de la decisión judicial.
El cumplimiento oportuno y voluntario de los fallos judiciales por la administración, aparte de garantizar adecuadamente el acceso a la justicia, se acompasa con la exigencia de la observancia de los principios de moralidad, celeridad, eficacia e imparcialidad, consagrados en el art. 209 de la Constitución. En tal virtud, el cumplimiento de una sentencia por la vía ejecutiva no constituye un procedimiento normal si no excepcional.
(...) En conclusión, la Sala encuentra que solo mediante el uso de la vía procesal de la tutela se pueden preservar los derechos reconocidos al demandante e impedir la burla de la justicia laboral; de manera que se dispondrá revocar las sentencias de primera y segunda instancia y, en su lugar, tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo.
En sentencia T-1686 de 2000 (15) , se resolvió lo relativo al cumplimiento de una decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se desató el recurso de homologación propuesto por una organización sindical, que estimaba que en el momento de fusión de varias empresas, solamente podía subsistir la convención colectiva más antigua, en virtud de lo señalado en el Decreto 904 de 1951. En esta ocasión, la Corte puntualizó:
“(...) La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona —que se constituye en su derecho fundamental— de acceder materialmente a la administración de justicia sino para sostener el principio democrático y los valores del estado de derecho.
La actitud de desacato a las providencias de los jueces, por lo que significa como forma de desestabilización del sistema jurídico, debe ser sancionada con severidad. Frente a ella, por supuesto, cabe la tutela para proteger los derechos fundamentales que, como consecuencia, puedan resultar afectados” (...).
En la sentencia de unificación SU-622 de 2001 (16) , este Tribunal decantó con mayor claridad el tema de la procedencia de la acción de amparo constitucional, en aras de lograr el cumplimiento de las providencias judiciales, y concluyó que la acción de tutela —en estos casos— resulta procedente, siempre y cuando se haga uso de los medios ordinarios o extraordinarios de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico, y en tanto existan derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
Esta corporación, en la citada sentencia, reiteró que las características esenciales de la acción de tutela son, en primer lugar, la subsidiariedad, esto es, que solamente el solicitante puede intentar su ejercicio (i) cuando los mecanismos de defensa no sean lo suficientemente eficaces o idóneos; (ii) cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable; o (iii) en el evento de no disponer de otro medio de defensa judicial; y en segundo término, la inmediatez en su ejercicio, conforme a la cual esta acción ha sido instituida para garantizar la protección concreta y actual del derecho fundamental vulnerado o amenazado, de suerte que no está llamada a suplir el vencimiento de las acciones ordinarias cuando este se origina en la inercia o desidia del solicitante. Así las cosas, la Corte concluyó que la acción de tutela no es ni un mecanismo supletorio de los procesos ordinarios, ni una tercera instancia dentro de los mismos. Sobre el particular se manifestó:
“(...) Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho (...).
Como lo ha señalado ésta corporación, la acción de tutela no procede como mecanismo adicional, ni complementario, mucho menos sustitutivo de los mecanismos ordinarios e idóneos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los ciudadanos (...).
Finalmente en sentencia T-321 de 2003 (17) , la Corte reiteró los anteriores precedentes, en el sentido de legitimar el uso de la acción de tutela para lograr el cumplimiento de las decisiones judiciales, siempre y cuando se acredite un perjuicio irremediable tratándose de obligaciones de hacer o de dar.
De conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, entra la Sala a analizar del caso concreto.
La presente acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al acceso material a la administración de justicia y al cumplimiento de las providencias judiciales en firme, los cuales han sido supuestamente vulnerados al señor Carlos Julio Rodríguez Riveros por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN (18) —, con ocasión del desacato al auto interlocutorio dictado el 12 de abril de 1988 por el Juzgado Primero de Instrucción Penal Aduanera de Barranquilla, dentro del proceso aduanero iniciado a solicitud del comandante del Resguardo Nacional de Aduanas del Departamento del Atlántico, contra el señor Pedro José Cortés y otros, por el presunto delito de contrabando, el cual ordenó cesar el procedimiento adelantado, por cuanto se demostró en el plenario que los bienes confiscados habían sido debidamente importados, y dispuso igualmente la entrega de las mercancías. Esta providencia surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Superior de Aduanas, en donde se confirmó lo relacionado con la devolución de los bienes, y se abstuvo de pronunciarse respecto de la terminación de la investigación.
En caso de proferirse un fallo a su favor, el accionante solicita adicionalmente que en el evento de que la DIAN no cumpla la orden impartida dentro del término señalado, se indemnice por los perjuicios causados de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
Del material probatorio allegado al proceso, se tiene que en el año 1989 se inició demanda ejecutiva por obligación de dar, a efectos de cumplirse la orden impartida por el Juez de Instrucción Penal Aduanera, la cual luego de surtir el procedimiento de rigor, fue negada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que: (i) El auto no prestaba mérito ejecutivo al no haberse impuesto una condena de conformidad con lo señalado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil; (ii) La ley no le da valor de título ejecutivo a la aludida providencia y; (iii) El Fondo Rotatorio de Aduanas no fue parte dentro del proceso aduanero, sino que solamente tuvo la calidad de depositario, razón por la cual en el evento de acceder a las pretensiones del demandante se vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de la citada entidad pública.
En el mismo año, el actor presentó acción de reparación directa, la cual se encuentra —en la actualidad— en trámite de primera instancia ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de que sea reparado el daño ocasionado por la omisión en la entrega mercancía incautada por parte del Estado.
Con fundamento en las pretensiones del demandante, considera la Sala que, en primer lugar, debe determinar si la misma controversia jurídica ventilada ante la jurisdicción ordinaria, se puede plantear con posterioridad en sede de tutela, teniendo en cuenta que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, se encuentra debidamente ejecutoriada y, por lo mismo, hizo tránsito a cosa juzgada. Una vez resuelto el citado interrogante, se abordará por esta corporación lo relacionado con la procedencia de la acción de amparo constitucional frente al reconocimiento y pago de perjuicios.
Improcedencia de la acción de tutela para ventilar los mismos hechos decididos en la jurisdicción ordinaria.
Sea lo primero señalar, que la acción de tutela en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, tiene una naturaleza subsidiaria, por virtud de la cual no está llamada a prosperar cuando existe otro medio de defensa judicial, salvo que se haga uso de la misma como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (19) . Por esta razón, no puede ser utilizada ni para reabrir el debate suscitado en otros escenarios judiciales, ni como una instancia adicional o alternativa de defensa.
En el caso sub-examine, el demandante pretende que la DIAN dé cumplimiento al auto del 12 de abril de 1988 proferido por el Juzgado Primero de Instrucción Penal Aduanera de Barranquilla, y que en consecuencia se garanticen sus derechos fundamentales. Este mismo petitum fue solicitado por el actor en la demanda ejecutiva por obligación de dar, promovida ante los jueces ordinarios, en donde se profirió en segunda instancia decisión de mérito por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, denegando las pretensiones de la demanda, sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, por lo cual, en virtud de la independencia y autonomía judicial, en principio ostenta la característica de ser intangible e inmutable.
Con el fin de determinar con claridad si se está analizando el mismo asunto, considera la Sala que es conveniente hacer un comparativo de las pretensiones de la demanda ejecutiva y de la solicitud de tutela, para establecer si se reúnen o no los requisitos para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada (identidad de objeto, identidad de causa petendi (eadem causa petendi), e identidad de partes (20) ).
Tipo de acción Demanda ejecutiva por obligación de dar (21) Solicitud de tutela
Partes Pedro José Cortes quien cedió los derechos litigiosos al señor Carlos Julio Rodríguez Riveros contra el Fondo Rotatorio de Aduanas. Carlos Julio Rodríguez Riveros (Cesionario) contra La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—.
Pretensiones Primero: Para que el fondo rotatorio de aduanas presente y entregue en esta ciudad de Bogotá al demandante Pedro José Cortes los bienes que se determinan más adelante, el día y hora que señale el Juzgado y, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto que así lo disponga, (...).
Segundo: Subsidiariamente y en caso de incumplimiento a la orden de entrega de que trata el punto anterior, se ordene a la parte demandada el pago del equivalente en dinero de la mercancía de que se trata, o sea, la suma de cien millones de pesos moneda corriente ($ 100.000.000) a título de perjuicios compensatorios, suma esta que corresponde, bajo la gravedad del juramento, al valor actual de los bienes relacionados anteriormente.
Tercero: Por la suma de seis millones veinticinco mil quinientos pesos moneda corriente ($ 6.025.000), a título de tasa de interés (comerciales - moratorios) mensual, liquidados sobre el valor actual de los bienes debidos (...).
Cuarto: Por la cantidad de quince millones de pesos moneda corriente ($ 15.000.000), a título de ejecución principal por perjuicios moratorios mensuales (lucro cesante y daño emergente) a partir del día 6 de junio de 1986 y hasta que se cumpla o se efectúe la entrega de los bienes debidos; (...).
Quinto: Por las costas y gastos que demande la presente acción. (...) 2.1. Ordenar a la entidad accionada cumplir en forma inmediata el numeral 2º del auto de fecha 12 de abril de 1988, impartido por el Juzgado 1º Penal Aduanero de Barranquilla y confirmada por el Tribunal Superior de Aduanas, en Sala Plena, mediante providencia de 9 de agosto de 1.988, haciendo entrega al tutelante de los bienes incautados y posteriormente liberados de la presunción de contrabando, tal como consta en las providencias judiciales.
— El objeto de las demandas es idéntico, pues en los dos casos se solicita la ejecución del auto interlocutorio proferido por el Juez Primero de Instrucción Penal Aduanera de Barranquilla. Si bien es cierto que de la lectura del petitorio de la demanda ejecutiva por obligación de dar no se colige explícitamente esto, al revisarse el expediente se puede constatar que los bienes a los cuales se hace referencia, son los mismos en ambas solicitudes (Visible a fls. 2-3 y 45 a 48, cdno. ppal.).
— En relación con la causa petendi (eadem causa petendi), los hechos o fundamentos de las demandas son los mismos, en tanto se parte de la incautación de las mercancías por parte de miembros del Resguardo Nacional de Aduanas acantonados en el retén de Luruaco (Atlántico), y la posterior cesación del procedimiento por parte del Juzgado Primero de Instrucción Penal Aduanera de Barranquilla mediante auto del 12 de abril de 1988, decisión que fue consultada por el Tribunal Superior de Aduanas y confirmada en lo que se refiere a la devolución de las mercancías. No existe ningún supuesto de hecho nuevo que se plantee ante el juez de tutela. (Ver fls. 2 a 5 y 49 a 51).
— Finalmente, en ambas acciones las partes son las mismas. No obstante, es necesario precisar que las funciones del Fondo Rotatorio de Aduanas, ente demandado dentro del proceso de ejecución, fueron asumidas por la Dirección de Aduanas Nacionales, en virtud de lo señalado en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 6ª de 1992 (22) . Lo anterior, excluye cualquier manto de duda respecto de la identidad de los demandados.
Por todo lo anterior, encuentra la Corte que el debate que se quiere suscitar por el demandante en esta vía, ya fue resuelto por la jurisdicción ordinaria, lo que permite concluir que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá se encuentra en firme (23) , y por lo mismo hizo tránsito a cosa juzgada (24) , razón por la cual no es la acción de tutela la llamada ni a sustituir, ni a complementar un procedimiento judicial que ha fenecido en legal forma, pues estaría atentando de esta manera con el principio constitucional de la seguridad jurídica.
Esta Sala mediante sentencia T-450 de 2004 (25) , resolvió un caso similar en el que se pretendía por vía de tutela reabrir un debate suscitado ante la jurisdicción contencioso administrativa. En esa oportunidad el demandante buscaba la reliquidación de las cesantías incluyendo el valor de la prima técnica a la que tenía derecho, por haberse acogido al régimen prestacional previsto en el Decreto 57 de 1993, controversia que había sido resuelta por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, al denegar las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta, por considerar que no se había agotado el requisito de procedibilidad —vía gubernativa—, previsto en el Código Contencioso Administrativo. En esta ocasión señaló esta corporación:
“(...) 6. En consecuencia, siendo que la jurisdicción contencioso administrativa resolvió acerca de los asuntos relacionados en esta causa, no le es dable al juez de tutela, sin perjuicio de sustituir al juez ordinario y usurpar su competencia, decidir las citadas controversias. Por consiguiente, dicha sentencia permanecerá inmodificable e inmutable, a menos que, el accionante demuestre que el juez de lo contencioso al proferirla incurrió en una actuación arbitraria e ilegítima considerada por esta corporación como una verdadera ‘vías de hecho’. Esta circunstancia excepcional, justifica entonces su revisión por parte del juez constitucional, siempre que sea objeto de acusación por parte del accionante, de lo contrario, es deber del juez de tutela, estarse a lo resuelto en dicha providencia” (...).
Ahora bien, de considerarse por el accionante que la sentencia emanada en segunda instancia dentro del proceso de ejecución, adolece de graves defectos sustanciales, como lo manifiesta en alguna parte de su solicitud, le corresponde entonces intentar una acción de tutela por una posible vía de hecho, solicitud que en este caso no fue interpuesta por el demandante.
Así las cosas, considera la Sala que se deberá confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, por las razones expuestas en esta providencia, no sin antes determinar si es o no procedente el pago de los perjuicios que reclama el accionante, por el actuar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con ocasión del incumplimiento del auto interlocutorio del 12 de abril de 1988 proferido por el Juzgado Primero de Instrucción Penal Aduanera de Barranquilla.
Existencia de otro medio de defensa judicial para buscar la indemnización de perjuicios.
Esta corporación a partir de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 (26) , ha considerado que la acción de tutela procede para lograr el reconocimiento de una indemnización de perjuicios, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones, a saber: (i) Que se conceda la tutela; (ii) Que no se disponga de otro medio de defensa judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio; (iii) Que la violación del derecho haya sido manifiesta, y sea consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria; (iv) Que la indemnización sea necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho; (v) Que se le haya garantizado el debido proceso a quien resulte condenado y, en concreto, que haya tenido la posibilidad de controvertir las pruebas (27) . Lo anterior muestra, que es excepcional la orden de indemnización por vía de tutela, puesto que se hace necesario que se reúnan los presupuestos señalados, lo cual debe ser valorado rigurosamente por el juez constitucional.
En el sub-lite, es claro que el demandante respecto de la solicitud de indemnización de perjuicios por la supuesta omisión del Estado en lo que se refiere al cumplimiento de la providencia proferida por la extinta autoridad aduanera, cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, cual es la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A (28) , que actualmente se encuentra en curso.
En efecto, esta corporación ha reconocido de manera reiterada que es la acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el medio judicial idóneo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano, para demandar a las entidades estatales que se consideren responsables del daño antijurídico sufrido por una persona en razón de la acción u omisión de alguna de las autoridades públicas. A través de esta acción, y con fundamento en el artículo 90 Superior, la víctima es reparada integralmente por el Estado si el juez contencioso encuentra que la entidad o las entidades demandadas tienen responsabilidad en la ocurrencia del daño antijurídico. Al respecto, esta corporación textualmente declaró:
“La potestad del juez de tutela de ordenar, en abstracto, la indemnización de que se trata, existe en la medida en que “el afectado no disponga de otro medio judicial”. En estas condiciones, los afectados inconformes en los casos objeto de esta providencia, tienen otros medios judiciales para exigir la indemnización del daño emergente, las costas y demás perjuicios. La acción de reparación directa, en la medida en que está diseñada para remediar las consecuencias dañosas de las omisiones administrativas, debe servir para tales efectos” (sentencia T-253 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía).
En idéntico sentido, en sentencia T-004 de 1994, la Corte manifestó:
“No está suficientemente acreditado que los daños a los bienes fueron causados, total o parcialmente, por la explotación de la cantera, ni que esos perjuicios ocurrieron con posterioridad a la compra de la finca San Carlos por parte de los actores; y porque el artículo 25 del decreto 2591 de 1991 no permite tal decisión si el afectado dispone de otro medio de defensa judicial. En este caso, es claro, como los interesados pueden acudir a la acción de reparación directa, la condena en abstracto por la indemnización de perjuicios y costas es improcedente”.
Es el proceso ordinario ante la jurisdicción administrativa, el escenario procesal idóneo para resolver la pretensión planteada por el actor en relación con la reparación del daño antijurídico, no siendo la acción de tutela la vía señalada en el ordenamiento jurídico para estos efectos. Adicionalmente, y como quiera que no se reúne el primer requisito señalado por la jurisprudencia constitucional, consistente en la procedencia del amparo, esta Sala no accederá a la petición referente al pago de los perjuicios compensatorios y moratorios.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, el día veintiséis (26) de julio de 2004 dentro del proceso de tutela iniciado por el señor Carlos Julio Rodríguez Riveros, quien actúa por intermedio de apoderado, contra la Nación —Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN—, por las razones expuestas en este proveído.
2. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante auto del treinta y uno (31) de enero de 2005.
(10) La misma posición se encuentra en las sentencias: T-554 de 1992, T-487 de 1996, T-777 de 1998, T-779 de 1998, T-1686 de 2000 y T-1222 de 2003.
(11) Sobre este punto se puede ver la sentencia T-478 de 1996, que estableció “(...) El obligado cumplimiento de lo resuelto por los jueces y los Tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho y al mismo tiempo, un derecho fundamental de carácter subjetivo. El proceso ejecutivo es la vía natural cuando se trata de obtener que, en cumplimiento de sentencia judicial, la administración reintegre a una persona desvinculada del servicio por un acto administrativo declarado nulo. No obstante lo anterior este mecanismo judicial no goza de la misma efectividad que la acción de tutela, toda vez que en tratándose de derechos fundamentales, como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, o el derecho al trabajo, la iniciación y culminación de un proceso ejecutivo no es el medio más adecuado ni expedito para que ellos dejen de ser quebrantados, por parte de la administración pública renuente al efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales. La providencia judicial de tutela mediante la cual se ordene ejecutar una sentencia incumplida, posee elementos que la convierten en más efectiva e idónea, por la sumariedad del tiempo, porque la autoridad debe cumplirla sin demoras. No es jurídico ni menos justo trasladar al ciudadano una carga procesal onerosa que no tiene por qué soportar ante la conducta omisiva de la Administración pública, renuente y en veces desconocedora de derechos fundamentales”.
(18) El depositario de las mercancías fue el Fondo Rotatorio de Aduanas, ente que fue eliminado por el artículo 107 de la Ley 6ª de 1992, creándose en su lugar la Dirección de Aduanas Nacionales. La citada disposición señala: "ART. 107.—Eliminación del fondo rotatorio de aduanas. Elimínase el Fondo Rotatorio de Aduanas, los bienes y patrimonio del mismo, pasarán a ser bienes y patrimonio de la Dirección de Aduanas Nacionales.
(19) Así lo establece el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, que señala: "La tutela como mecanismo transitorio. Aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (...).
(20) Ver sentencia C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(21) El 27 de junio de 1990, la demanda fue reformada en los términos del artículo 89 inciso 2º del C.P.C., así:
• Respecto de las pretensiones 2 y 3, solicitó además dictamen pericial para determinar el valor de los perjuicios compensatorios.
• En relación con la pretensión 5, solicitó igualmente el peritaje para determinar el valor del lucro cesante y daño emergente.
Las pretensiones primera y quinta quedaron como inicialmente se presentaron.
(22) Esta norma dispone: "(...) La Dirección de Aduanas Nacionales asumirá todos los derechos y obligaciones del Fondo Rotatorio de Aduanas, así como el producto de la venta de los bienes y de los servicios que se presten, de acuerdo con las asignaciones presupuestales correspondientes (negrillas por fuera del texto original).
(23) A folio 91 del cuaderno principal, aparece fotocopia de la notificación por edicto realizada el 3 de mayo de 2002, de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil dentro del proceso ejecutivo por obligación de dar. En relación con la ejecutoria de las providencias, dispone el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: "Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. (...).
(24) Esta corporación ha señalado que la cosa juzgada "(...) es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica" (...) (sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(25) M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido se pronunció la Sala Cuarta de Revisión mediante sentencia T-242 de 2002, (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(26) La disposición en cita señala: "Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso (...)".
(27) Sentencia SU-256 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-575 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-170 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-151 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-1121 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(28) La norma en cita dispone: "La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa (...)".

References: resolución 
 artículo 86
 artículo 25
 artículo 488
 artículo 86
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 86
 artículo 90
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 8
 artículo 89
 artículo 331