Source: http://heinerantonioriverarodriguez.blogspot.com/2014/05/expediente-00232-2012-0-2801-jm-ca-01.html
Timestamp: 2018-07-23 11:51:12+00:00

Document:
heiner antonio rivera rodriguez: EXPEDIENTE : 00232-2012-0-2801-JM-CA-01 PREPARACION DE CLASES MAGISTERIO CESANTE 20530
SALA MIXTA - Sede Nuevo Palacio
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL EDUCACION MOQUEGUA ,
: PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DE MOQUEGUA,
: UNIDAD GESTION EDUCATIVA LOCAL MCAL NIETO,
DEMANDANTE : MALDONADO HURTADO, RUNIE LUZBENIA
Moquegua, dieciséis de setiembre
VISTOS: En audiencia pública. VIENE: Del Primer Juzgado Mixto de Mariscal Nieto el recurso de apelación interpuesto por RUNIE LUZBENIA MALDONADO HURTADO del trece de junio del dos mil trece, de fojas ochenta y cuatro a ochenta y seis, en contra de la Sentencia (Resolución número ocho) del cinco de junio del dos mil trece, de fojas setenta y siete a setenta y nueve.-
ANTECEDENTES: Mediante escrito del diecinueve de marzo del dos mil doce, de fojas quince a diecinueve, RUNIE LUZBENIA MALDONADO HURTADO interpone demanda contenciosa administrativa en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto UGEL - Moquegua, la Dirección Regional de Educación Moquegua, y el Procurador Público del Gobierno Regional de Moquegua , solicitando como pretensión principal: a) La nulidad de la Resolución Directoral UGEL Mariscal Nieto N° 2117, y la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 1408, y como pretensiones accesorias: b) Se ordene que la UGEL- Mariscal Nieto emita nueva Resolución Directoral que reconozca a la suscrita la percepción de la bonificación del 30% por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total integra, dispuesto por el Artículo 48° de la Ley N° 24029- Ley del Profesorado, asimismo que se disponga que la UGEL Mariscal Nieto proceda a reconocer mediante resolución, los créditos devengados desde 1990, y los intereses legales.-
Mediante escrito del veintitrés de abril del dos mil doce, de fojas veintiséis a veintinueve, la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto contesta la demanda, solicitando se la declare infundada en todos sus extremos, argumentando que la actora cesó con anterioridad a la fecha de promulgación de los dispositivos legales que otorgan la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, asimismo que la actora en su condición de profesora cesante no prepara clases, ni menos realiza labor efectiva con alumnos, por lo que no le corresponde tal bonificación.
A través del escrito del veinte de abril del dos mil doce, de fojas treinta y cinco a treinta y nueve, contesta la demanda el Procurador Público del Gobierno Regional de Moquegua, solicitando se la declare infundada o improcedente en su oportunidad, argumentando que, el artículo 9° del Decreto Supremo 051-91-PCM establece que las bonificaciones y demás conceptos remunerativos que perciben los servidores, serán calculados en función a la remuneración total permanente, encontrándose enmarcado en ese concepto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación.-
Con escrito del veinte de abril del dos mil doce, que corre a fojas cuarenta y nueve a cincuenta y tres, la Dirección Regional de Educación de Moquegua contesta la demanda, solicitando se la declare improcedente o infundada la demanda, argumentando que el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM aclara el carácter cuantitativo de la bonificación especial por preparación de clases, al establecer expresa y claramente que estas bonificaciones serán calculadas en base a la remuneración total permanente, asimismo que la actora en la actualidad tiene la calidad de cesante, por lo que no le corresponde tal bonificación, pues no realiza labor efectiva. -
Mediante Sentencia (Resolución número diez), declara INFUNDADA la demanda, fundamentando que el derecho reclamado por la demandante no puede ser amparado, ya que tiene la condición de profesora cesante desde mil novecientos ochenta y tres; y, que las leyes que otorgan esta bonificación se dieron con posterioridad, por ende, se determina que no le corresponde la bonificación reclamada.-
PRETENSIÓN IMPUGNATORIA Y FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: El recurso de apelación pretende se revoque en su totalidad la recurrida, y se ampare la demanda, argumentando lo siguiente:
i. La resolución recurrida fue expedida sin haber tomado en cuenta que la actora se ha desempeñado como profesora de aula en el Centro Educativo N° 43025, es decir que tiene regulada la percepción de sus derechos y remuneraciones como cualquier servidor de la Administración Pública, conforme a las normas: Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.-
ii. No se ha observado lo dispuesto mediante el artículo de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, que dispone que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de su remuneración total. Del mismo modo argumenta que debe tenerse presente que no se ha tenido en cuenta que la actora fue cesada cuando estaba en vigencia la Constitución de 1979, la cual preveía retroactividad en materia laboral.-
iii. Resulta evidente la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, al haberse violado las reglas de la valoración conjunta y razonada de las pruebas, porque al declararse infundada la demanda sin merituar los fundamentos expuestos en la demanda, se infringen los incisos 3) y 5) del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú.-
ANÁLISIS.- De la revisión integral de los actuados, se advierte haberse tramitado los autos conforme al debido proceso y la apelación interpuesta por RUNIE LUZBENIA MALDONADO HURTADO, cumple con los requisitos de Ley, con opinión del Fiscal Adjunto Superior en lo Civil y de Familia de Moquegua, de fojas ciento uno a ciento seis, opinando se declare nula la sentencia recurrida.-
PRIMERO.- Que, por el principio quantum devolutum tantum apellatum, el Ad quem al resolver la apelación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios señalados por el impugnante en su recurso; siendo que además, conforme a lo dispuesto en el artículo 370° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante.-
SEGUNDO.- DETERMINACION DE LA MATERIA CONTROVERTIDA: Es materia de controversia, en cuanto a la cuestión de fondo en el presente proceso, una de puro derecho, para determinar si a la demandante en la calidad de docente cesante del Centro Educativo N° 43025, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto, comprensión de la Dirección Regional de Educación Moquegua, le corresponde recibir la bonificación establecida en el artículo 48° de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, modificada por Ley N° 25212, teniendo presente que la actora tiene la calidad de cesante del Decreto Ley Nº 20530 y cesó el primero de julio de mil novecientos ochenta y cinco; así como, si dicha bonificación especial por preparación de clases y evaluación corresponde ser calculada sobre la base de la remuneración total íntegra, lo que debe considerarse en el cálculo de su pensión; o, como se señala en el Decreto Supremo N° 051-90-PCM, le corresponde percibir dicha bonificación en base a la remuneración total permanente, según el argumento de las entidades demandadas.-
TERCERO.- Que, del contenido de la Resolución Directoral Departamental N° 385 del doce de julio de mil novecientos ochenta y cinco, de fojas seis, queda establecido que la demandante tiene la calidad de profesora cesante del Centro Educativo N° 43025 de la Unidad de Gestión Local Mariscal Nieto, comprensión de la Dirección Regional de Educación Moquegua, a partir del primero de julio de mil novecientos ochenta y cinco, acumulando un tiempo de servicios de veintiocho (28) años, un (1) mes y veinte (20) días, comprendido en el régimen de pensiones y compensaciones del Decreto Ley Nº 20530.-
CUARTO.- Que, el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modificada por la Ley N° 25212, establece que: “El profesor tiene derecho a percibir una Bonificación Especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de su remuneración total”, igual texto contiene el artículo 210° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED; debiendo tenerse presente que el segundo párrafo del artículo 48º referido, hace extensiva dicha bonificación al personal directivo y jerárquico.-
QUINTO.- Que, estando al principio de especificidad[1] aplicable para la resolución de antinomias, existiendo para el caso de la bonificación especial reclamada, normas especiales y específicas para los profesores del país, como se tiene precisado a través del artículo 48° de la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado (Modificado por la Ley 25212) y del artículo 210° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen en forma categórica que la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, corresponde en un porcentaje del treinta por ciento calculado en base a su remuneración total, y que no se hace mención alguna a la remuneración total permanente, prevalece esta normatividad sobre cualquier otra norma de inferior jerarquía; además, debe tenerse presente la regla de la norma más favorable del principio protector, la que a decir de Américo Pla Rodríguez “Determina que en caso que haya más de una norma aplicable, se deba optar por aquella que sea más favorable aunque no sea la que hubiese correspondido según los criterios clásicos sobre jerarquía de las normas.”[2], razón por la cual corresponde aplicarse los artículos 48° y 210° referidos por especialidad y por ser económicamente más beneficiosos, e inaplicarse lo dispuesto en los artículos 8° (inciso a), 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que establecen que la bonificación en cuestión se abona de acuerdo a la remuneración total permanente. Por tales razones, los actos administrativos impugnados han incurrido en causal de nulidad establecida en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por contravenir los artículos 48° y 210° referidos, al denegar el derecho de la actora, por lo tanto corresponde revocar la apelada, por merecer la tutela jurídica y amparo jurisdiccional.-
SEXTO.- Que, además el Tribunal Constitucional, ha establecido que otros conceptos similares, de los profesores, son calculados en función a la remuneración total o íntegra y no sobre la remuneración total permanente, como lo ha establecido a través de su doctrina jurisprudencial, en las sentencias expedidas en los Expedientes Números 0449-2001-AA/TC, 2534-2002-AA/TC, 1367-2004-AA/TC y 4437-2004-AA/TC, entre otros.-
SÉPTIMO.- Que, respecto al derecho de la actora a percibir la bonificación por preparación de clases, vía nivelación de pensión, porque en la fecha en que cesó no se había aún dictado la norma legal pertinente, este Colegiado arriba a la conclusión que sí le corresponde por lo siguiente: Siete punto uno.- Debemos mencionar que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por la Ley N° 25212 que concede el derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluaciones, en ninguno de sus extremos considera que este derecho no tiene la condición de pensionable, menos que sólo corresponde a los profesores activos, por lo que no podríamos hacer una distinción o limitación allí donde la misma norma no lo hace. Siete punto dos.- La Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificada por Ley N° 25212, en su artículo 58° señala que, “las pensiones de cesantía y jubilación del profesorado al servicio del estado se nivelan automáticamente con las remuneraciones vigentes para el profesorado en servicio activo”, aplicable ultractivamente; lo que es concordante con el artículo 252º del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, también aplicable ultractivamente; debiendo tenerse presente también, que conforme artículo 43º del Reglamento referido, los derechos alcanzados y reconocidos al profesorado, por la Constitución, la ley, y dicho reglamento son irrenunciables, siendo toda aplicación en contrario nula. Siete punto tres.- Además, la normatividad aplicable al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530, corrobora la conclusión arribada en el punto anterior, puesto que el artículo 1º de la Ley N° 23495, aplicable ultractivamente, establece:“(…) la nivelación progresiva de las pensiones de los cesantes con más de veinte años de servicios y de los jubilados de la Administración Pública no sometidos al Régimen del Seguro Social o a otros Regímenes Especiales, se efectuaran con los haberes de los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías” (Negrita y subrayado agregado); su artículo 4° establece: “la nivelación a que se refiere la presente Ley se computara en forma automática y de oficio a partir del 1 de enero de 1980 así sucesivamente en forma anual, conforme lo establece la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú”; su artículo 5º establece: “Cualquier incremento posterior a la nivelación de que otorgue a los servidores públicos en actividad que desempeñen el cargo u otro similar al último cargo en que prestó servicios el cesante o jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en igual monto que corresponde al servidor en actividad” (Negrita y subrayado agregado), así como el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 0015-83-PCM (Disposiciones relativas al régimen de pensiones del personal de la administración pública), aplicable ultractivamente, establece que: “Las remuneraciones a considerar según los casos que corresponda, en la determinación del monto con el que se debe proceder a la nivelación de las pensiones en aplicación del inciso b) del artículo 1º de la Ley serán las siguientes: … c) Remuneraciones especiales … 6. Otros de naturaleza similar que con el carácter de permanentes en el tiempo y regulares en su monto se hayan otorgado o se otorguen en el futuro”. Siete punto cuatro.- Siendo que la actora es pensionista del Decreto Ley Nº 20530 y cuenta con más de veinte de años de servicios, conforme se ha establecido y corre de la documental de fojas seis, tiene derecho a la nivelación de sus pensiones conforme la normatividad referida en el punto anterior. Siete punto cinco.- De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente N° 2561-2007-AA, en sus fundamentos jurídicos tres a cinco, establece: “Sobre el particular debe señalarse que la Ley N° 23495, de fecha 21 de noviembre de 1982 y el Decreto Supremo N° 015-83-PCM, regularon el derecho a la nivelación de las pensiones de los cesantes comprendidos en los alcances del Decreto Ley N° 20530. El artículo 1° de la citada Ley precisa “(...) La nivelación progresiva de las pensiones de los cesantes con más de 20 años de servicios y de los jubilados de la administración pública no sometidos al régimen del Seguro Social o a otros regímenes especiales, se efectuará con los haberes de los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías” 4. Sin embargo este derecho a la nivelación de las pensiones quedó proscrito a partir de la reforma de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, realizada a través de la Ley Nº 28389, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2004, por cuanto prohíbe la posibilidad de utilizar la nivelación como sistema de reajuste pensionario. No obstante ello es necesario precisar que el Tribunal Constitucional ha señalado, en el fundamento 116 de la STC Nº 00050-2004-AI (acumulados), que un pensionista “tiene derecho a una pensión nivelada hasta el día inmediatamente anterior a aquel en que la reforma paso a pertenecer al ordenamiento jurídico – constitucional”. 5. Por ello se analizará la procedencia de la nivelación de la pensión de cesantía del demandante a la luz de las disposiciones vigentes hasta el 17 de noviembre del 2004, pues en autos se observa que la pensión que percibe el demandante fue otorgada antes de esa fecha…”. Siete punto seis.- De las normas referidas y doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional queda claro, que la actora tiene derecho a la nivelación automática de sus pensiones de cesantía con las remuneraciones vigentes para el profesorado en servicio activo, de acuerdo a la normatividad vigente hasta antes del diecisiete de noviembre del dos mil cuatro; por lo tanto, resulta correcto que a la demandante se le abone la bonificación especial por preparación de clases; teniendo presente que dicha bonificación se otorgó por el artículo 48º de la Ley de Profesorado, modificado por la Ley Nº 25212, publicada en el diario oficial El Peruano el veinte de mayo de mil novecientos noventa, es decir en plena vigencia de las normas referidas, que establecían la nivelación de la pensión de cesantía.-
OCTAVO.- Que, además, resulta relevante tener presente los aspectos siguientes, que corroboran el criterio asumido: Ocho punto uno.- De las constancias de pago de fojas siete a once, corre que indubitablemente a la actora se le niveló su pensión, otorgándosele la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, por lo tanto el otorgamiento de dicha bonificación ha pasado a formar parte de su patrimonio, desconocerlo constituye una infracción al derecho a la propiedad reconocido en el inciso 16) del artículo 2º de la Constitución; tanto más si se tiene presente que, de dicha nivelación a la interposición de la demanda ha trascurrido más de veinte años sin se objetado por la demandada. Ocho punto dos.- Para este Colegiado resulta irrazonable argumentar para denegar el derecho de los profesores cesantes a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, que cesaron con anterioridad a la vigencia del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212 y que en dicha condición no preparan clases ni evalúan; puesto que dicho razonamiento colisiona con lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 23495, siendo que la finalidad de esta norma es nivelar las pensiones, teniendo como referencia cualquier incremento, por lo tanto corresponde nivelar la bonificación por preparación de clases y evaluación conforme se ha fundamentado. Ocho punto tres.- El criterio asumido es concordante con las doctrinas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, contenido en su sentencia del dieciocho de diciembre del dos mil tres del Expediente Nº 2155-2002-AA/TC, quien respecto a la nivelación de pensiones del Decreto Ley Nº 20530 de los pensionistas con los trabajadores, ambos de Essalud, referido a la bonificación por productividad aprobado por Resolución Suprema Nº 019-97-EF, que constituye similar al caso de autos, ha establecido: “6. Respecto a la Resolución Suprema N.º 019-97-EF, ésta precisa que la bonificación por productividad tiene la naturaleza de extraordinaria, variable en el tiempo, condicionada a la evaluación del trabajador, y que se otorga exclusivamente en función de la concurrencia y la prestación efectiva de labores, la dedicación en el trabajo, la productividad y la estructura de niveles. Más allá de lo que de manera literal señale dicha Resolución Suprema y, específicamente, que dicha bonificación por productividad no ingrese al régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 20530, lo cierto es que si dicha bonificación tiene las características de permanente en el tiempo y de regular en su monto, debe ser considerada en la pensión que percibe la demandante…”. Ocho punto cuatro.- Además, el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 015-83-PCM, al establecer los conceptos remunerativos que deben tenerse presente para efectos de la nivelación de las pensiones de los cesantes del Decreto Ley Nº 20530, incluye el concepto “Por investigación universitaria”, lo que determina que lo prioritario para la nivelación de pensiones, es que el concepto remunerativo sea permanente en el tiempo y regulares en su monto, no interesando la forma como es percibida por el trabajador activo; conclusión a la que se arriba teniendo presente que en forma expresa la norma reconoce el derecho a percibir por investigación universitaria al docente universitario cesante, que obviamente no efectúa investigación por su misma condición de cesante. Por lo que siendo la bonificación por preparación de clases y evaluación permanente en el tiempo y regular en su monto (porcentaje fijo), corresponde reconocerle a la actora en su condición de cesante la percepción de dicha bonificación.-
NOVENO.- Que, si a la actora en su condición de cesante del Decreto Ley Nº 20530, le corresponde percibir la bonificación especial por preparación de clases, entonces, estando a lo fundamentado, le corresponde percibir por dicha bonificación el treinta por ciento de su pensión total o íntegra (teniendo presente que percibe suma igual a la remuneración de los docentes activos); si ello es así, la demanda resulta ser fundada, por ende corresponde revocar la recurrida, siendo que las resoluciones impugnadas han incurrido en la causal de nulidad establecida en el inciso 1) del artículo 10º de la Ley Nº 27444, por ser contrarios a las normas siguientes: artículos 48º y 58º de la Ley Nº 24029 Ley del Profesorado, modificado por la Ley Nº 25212, artículos 43º, 210º y 252º del Reglamento de la Ley del Profesorado aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, artículo 1º de la Ley Nº 23495 y artículo 5º del Decreto Supremo Nº 0015-83-PCM, normas aplicables ultractivamente; y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de las resoluciones administrativas referidas y disponer que el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto – Moquegua, expida nueva resolución reconociendo el derecho peticionado, conforme lo fundamentado en la presente.-
DÉCIMO.- Que, respecto al pago de intereses, estando al incumplimiento de la demandada, conforme artículo 1246º del Código Civil, corresponde disponer el pago de intereses, lo que es concordante con el criterio del Tribunal Constitucional, contenido en su sentencia del veintidós de septiembre del dos mil ocho del Expediente Nº 04762-2007-PA/TC (Fundamento jurídico 35).-
UNDÉCIMO.- Que, respecto a la condena de costas y costos, conforme lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en el proceso contencioso administrativo las partes no pueden ser condenadas al pago de costos y costas, siendo así, no corresponde condenar a la demandada al pago de costas y costos.-
DUODÉCIMO.- Que, respecto a los argumentos de la apelación, debe estarse a lo fundamentado, siendo que le corresponde percibir la bonificación de preparación de clases y evaluaciones equivalente al treinta por ciento de su remuneración total, atendiendo a que la actora tiene derecho a la nivelación de su pensión, de acuerdo a las normas vigentes antes del diecisiete de noviembre del dos mil cuatro, lo que debe reflejarse en su pensión.-
Estando a lo fundamentado y administrando justicia a nombre de la Nación, no encontrándonos de acuerdo con el dictamen fiscal, puesto que existen elementos suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo.-
REVOCAR la Sentencia (Resolución número ocho) del cinco de junio del dos mil trece, de fojas setenta y siete a setenta y nueve, que declara INFUNDADA la demanda. REFORMANDOLA: Declaramos FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por RUNIE LUZBENIA MALDONADO HURTADO en contra de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO, DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA, con citación del PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA DISPONIENDO: 1) FUNDADA la NULIDAD de la Resolución Directoral Regional N° 01408 del veinte de diciembre del dos mil once, en consecuencia nula y sin efecto legal; 2) FUNDADA la NULIDAD de la Resolución Directoral UGEL Mariscal Nieto N° 02117 del doce de octubre del dos mil once, en consecuencia nula y sin efecto legal; 3) Se ordena al Director de la UGEL Mariscal Nieto cumpla emitir nueva resolución reconociendo el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual total o íntegra, que deberá reflejarse en su pensión, más el pago de devengados dejados de percibir desde la vigencia del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modificado por la Ley Nº 25212; más intereses; y, 4) Sin costos ni costas. Intervino como Ponente el Juez Superior, Abogado Rodolfo Sócrates Nájar Pineda.-
[1]Principio desarrollado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha veinticuatro de abril del dos mil seis, del Expediente Nº 047-2004-AI/TC.
[2] PLA RODRIGUEZ, Américo, Editorial Depalma, Tercera edición actualizada, Buenos Aires – Argentina, mil novecientos noventa y ocho, página ochenta y cuatro.
Publicado por heiner antonio rivera rodriguez en 6:49

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 48
 artículo 9
 artículo 9
 resolución 
 Artículo 139
 artículo 370
 resolución 
 artículo 48
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 210
 artículo 48
 resolución 
 artículo 48
 artículo 210
 artículo 10
 artículo 48
 artículo 58
 artículo 252
 artículo 43
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 5
 resolución 
 artículo 1246
 artículo 50
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 48