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Timestamp: 2020-06-03 20:33:25+00:00

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Competencia de las comisarías de familia en los casos de concurrencia con las defensorías de familia - Página 3
Aspectos a tener en cuenta en la preparación para la integración familiar y social
Tercera Etapa Acompañamiento, seguimiento post reintegro y verificación del estado de cumplimiento de los derechos
10.7 Notificación del fallo y recurso
10.8 Pérdida de la competencia
10.9 Carácter transitorio de las medidas y seguimiento.
10.11 Homologación de la Declaratoria de Adoptabilidad.
11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS QUE INCURRAN EN CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITOS
Captura y remisión del niño o niña menor de (14) catorce años que incurra en conducta tipificada como delito.
Cuando el niño o la niña se remite por el Juez, el Fiscal u otra autoridad.
Cuando el niño o la niña se entregue de manera voluntaria a la autoridad competente.
Cuando se formule denuncia o querella ante la Policía en contra del niño o la niña.
11.3 Niños y niñas menores de catorce (14) años pertenecientes a los grupos étnicos.
11.4 Niños y niñas menores de catorce (14) años y adolescentes con discapacidad física o mental que incurran en conducta tipificada como delito.
12. COMISARÍAS DE FAMILIA. 12.1 Definición
12.2 Las Comisarías de Familia como parte integrante del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
12.3 Funcionamiento de las Comisarías de Familia.
12.4 Funciones de las Comisarías de Familia en materia de infancia y adolescencia.
12.5 Competencia de las Comisarías de Familia en los casos de concurrencia con las Defensorías de Familia.
12.7 Función de articulación.
13. PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA ADELANTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.
Aplicación de las medidas de restablecimiento de derechos.
ANEXO No 2. FLUJOGRAMA RUTA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
ANEXO No.3 CITACION Y EMPLAZAMIENTO
Cuando los niños, las niñas o los adolescentes se encuentren en Hogar Sustituto o Amigo, o en otra modalidad a cargo del ICBF, el equipo interdisciplinario de restablecimiento de derechos de la Defensoría de Familia, Comisaría de Familia o Inspección de Policía tendrá a su cargo este proceso. Cuando el Hogar Sustituto esté a cargo de entidad contratista, los niños estén ubicados en programas de atención especializada o se encuentren a cargo de otra autoridad competente, este proceso es responsabilidad de los profesionales del equipo interdisciplinario del programa de atención especializada modalidad internado o de la entidad, y a ellos compete facilitar el acercamiento entre el niño, la niña o el adolescente y su familia, con el fin de apoyar que la integración se dé en las mejores condiciones. En todo caso dicho trabajo deberá ser coordinado también con el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia o de la Inspección de Policía.
En el caso de niños o niñas entre 1 a 5 años o con dificultades de comunicación se podrá recurrir, para la preparación, a técnicas escritas o de dibujo o de intérpretes a observación directa frente a la interacción y a otras que diseñe o defina el equipo interdisciplinario de restablecimiento de derechos o el equipo de la institución o entidad contratista.
Aspectos a tener en cuenta en la preparación para la integración familiar y social:
Para llevar a cabo la preparación de la llegada e integración familiar y social del niño, niña o adolescente, se debe partir de la evaluación de los antecedentes, es decir, de todo lo contenido en la historia de atención y en el informe interdisciplinario actualizado, y se sugiere tomar en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:
Cambios en la conformación de la familia (ej. de monoparental a convivencia en pareja o viceversa; de nuclear a familia extensa por la presencia de nuevos miembros).
La edad del niño, la niña o adolescente que retorna a su medio familiar (desde cuando ingresó a Hogar Sustituto, Amigo o a medida de atención especializada, modalidad internado, siendo niño y han transcurrido quizá varios años, lo cual determina transformaciones en el sentido de identidad, de pertenencia y en la personalidad)
Período de separación del hogar (cuando ha sido prolongado puede requerir de ajustes para la adaptación)
Situaciones de violencia intrafamiliar o inadecuadas prácticas de crianza (que requieran orientación para la transformación de métodos disciplinarios que han generado temor o distanciamiento y podrían entorpecer el proceso de reintegro, o requieran implementar acciones reparatorias).
Etapa del ciclo vital de la familia (que pueda estar ocasionando desajustes, temores, dificultades de manejo u otros).
Relaciones familiares (distanciamientos, dificultades de relación, aceptación o rechazo de unos u otros)
Rol paterno o materno en la relación (interés de participación en las actividades familiares, cercanía a los hijos, capacidad o incapacidad para manifestar el afecto, autoritarismo, rechazo o aceptación hacia el niño, la niña o el adolescente que se reintegra, reacciones agresivas, etc.).
La aceptación de su identidad cultural para el caso de niños, niñas o adolescentes de origen indígena, afrocolombiano, raizal o rom
c) Período de adaptación: Es importante observar que antes del retorno e integración familiar y social, algunos casos requieren de un período de transición y adaptación, que facilite al niño, la niña o al adolescente un acercamiento paulatino a su familia, de tal forma que se permita su permanencia en el hogar sustituto o atención especializada modalidad internado, por un período determinado, al mismo tiempo que alterna la estadía (fines de semana, días específicos, vacaciones) con su familia. Esto puede suceder especialmente cuando el tiempo de separación ha sido prolongado o cuando las circunstancias que ocasionaron la separación del hogar generaron tensiones o situaciones de difícil manejo. Este período es aún más recomendable cuando el niño, la niña o el adolescente será reubicado con su familia extensa. De esta manera se facilitarán, entre otros objetivos, la creación, restablecimiento y/o fortalecimiento de vínculos con su familia biológica o extensa, la definición de límites y normas de convivencia, la orientación y asesoría en aspectos específicos, y se permitirá una separación progresiva del lugar donde estaba ubicado por los vínculos afectivos creados con las personas con quienes convivió bajo la medida de restablecimiento de derechos.
d) Retorno e integración del niño, la niña o el adolescente a la familia y su medio social, con cambio de medida. La autoridad competente, con base en el concepto del equipo interdisciplinario, elaborará resolución debidamente motivada ordenando el cambio de medida mediante la integración del niño, la niña o el adolescente a su familia de origen o extensa en la modalidad de Hogar Gestor y ordenará el seguimiento correspondiente.
Los profesionales del equipo interdisciplinario evaluarán la pertinencia de vincular a orientación familiar, a intervención terapéutica o a otros servicios intra o interinstitucionales al niño, niña o adolescente o a la familia, de lo cual se dejará constancia por escrito en la historia de atención, así como la coordinación o vinculación recomendada con otros servicios del ICBF o del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
En la misma resolución se ordenará la elaboración del Pacto Familiar, que contiene los compromisos de la familia, frente al mejoramiento de condiciones de vida de sus niños, niñas o adolescentes.
Acompañamiento, seguimiento post reintegro y verificación del estado de cumplimiento de los derechos. Se llevará a cabo con base en lo establecido en los lineamientos técnico administrativos para las medidas de restablecimiento de los derechos, de hogar gestor, hogar amigo, entre otras, que impliquen el retorno e integración al medio familiar y social del niño, niña o adolescente, dentro del proceso de atención y en el proceso Post- integración y teniendo en cuenta lo suscrito en el pacto familiar. El seguimiento implica la intervención del equipo interdisciplinario que corresponda con el apoyo de los agentes del SNBF y de la comunidad.
Una vez la autoridad competente profiere la Resolución de vulneración de derechos o de adoptabilidad según el caso, ésta se notificará dentro de la misma audiencia si están presentes las partes y para quienes no asistieron la notificación se surtirá dentro de los cinco (5) días siguientes mediante aviso que se remitirá por medio de servicio postal autorizado, acompañado de una copia de la providencia correspondiente, cuando se conoce el domicilio o residencia de las partes.
Cuando no se conoce el domicilio o residencia de las partes, la notificación se realizará por Estado conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Contra la Resolución que declara la vulnerabilidad o la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, las partes podrán interponer el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la Resolución. El recurso deberá ser resuelto dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término para interponerlo.
Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá el expediente al Juez de Familia para que de oficio adelante la actuación o proceso respectivo. La autoridad administrativa deberá remitir el expediente, mediante auto que así lo ordene, al juez competente, procediendo a cerrar el caso por pérdida de la competencia.
El juez que reciba el expediente deberá informar a la Procuraduría General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.
Las medidas que decrete la autoridad administrativa podrán ser modificadas cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas.
Los equipos interdisciplinarios deben realizar seguimiento a las medidas de restablecimiento que el Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de Policía decreten a favor de un niño, niña o adolescente, quienes a su vez entregarán sus conceptos de seguimiento a la respectiva autoridad, sin perjuicio del seguimiento ordenado para el Coordinador del Centro Zonal en el artículo 96 del Código de la Infancia y la Adolescencia, así:
Si aún no ha sido definida la situación jurídica del niño, la niña o el adolescente que se encuentra bajo medida en hogar sustituto, hogar amigo o en atención especializada en la modalidad de internado y las demás medidas, el equipo interdisciplinario deberá realizar mensualmente visita al lugar donde se haya definido su ubicación, para verificar su situación y determinar las acciones a seguir a efectos de decidir en el menor tiempo posible la integración con su familia de origen o entrega en custodia con la familia extensa, si ha ello ha lugar.
Si el niño, la niña o el adolescente se encuentra con su familia, el seguimiento a la medida debe ser mensual mientras se define la situación de los mismos, a través del equipo interdisciplinario. Una vez recibidos por la autoridad administrativa los informes de seguimiento del equipo interdisciplinario, podrá pedir el concepto del caso para proceder a definir la situación jurídica del niño niña o adolescente, o si ésta ya ha sido definida, proceder al cambio de medida.
Luego de confirmarse la medida por la autoridad administrativa, el equipo interdisciplinario deberá realizar seguimiento al caso, mínimo por seis (6) meses, etapa dentro de la cual se verificará el estado de cumplimiento de los derechos. Realizado el seguimiento y si las condiciones son favorables, la autoridad administrativa procederá al cierre del caso mediante auto que así lo disponga.
10. 10 Control Judicial
De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006 “…La Resolución que así lo disponga se notificará en la forma prevista en el inciso tercero del artículo anterior y estará sometida a la impugnación y al control judicial establecidos para la que impone las medidas”; por lo tanto, si la autoridad administrativa resuelve desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de Vulneración de Derechos, la parte interesada podrá solicitar al juez competente la revisión de la Resolución para su modificación, suspensión o terminación. Para tal efecto la autoridad administrativa deberá, mediante auto, ordenar la remisión del expediente al juez competente.
En todo caso, la autoridad administrativa ordenará el seguimiento del caso al equipo interdisciplinario, de conformidad con lo dispuesto en este lineamiento.
La Autoridad administrativa que declara la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente cuando ha existido oposición en la actuación administrativa o ésta se presente dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que la declara, deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su homologación.
Quien se oponga a la medida tomada por la autoridad administrativa, deberá expresar las razones en que se funda y aportar las pruebas que sustenten la oposición.
La Ley 1098 de 2006, en observancia a los preceptos de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, incorporada al ordenamiento jurídico por medio de la Ley 12 de 1991, y conforme a los demás Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos humanos, ha dispuesto que el niño o niña menor de 14 años no es responsable ante la ley penal, razón por la que se les excluye del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Es así como el artículo 142 de la Ley 1098 de 2006 dispuso que, cuando un niño o una niña menor de catorce (14) años cometa una acción que pueda ser considerada como infracción a la ley penal, no se le podrá juzgar, ni declarar penalmente responsable.
La competencia para el conocimiento del caso corresponde a las autoridades de restablecimiento de derechos (Defensor de Familia- Comisario de Familia e Inspector de Policía), quienes deberán hacer la verificación de garantía de sus derechos mediante un proceso administrativo, en el cual observarán todas las garantías propias del debido proceso y del derecho a la defensa.
Lo anterior sin perjuicio de que exista responsabilidad civil a cargo de los padres o representantes legales del niño o la niña que haya cometido el hecho que infrinja la ley penal (artículo 142 Ley 1098 de 2006) y de conformidad con el numeral 2 del articulo 25 del Código Penal.
En tales condiciones el desarrollo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos se inicia como consecuencia de los siguientes eventos:
Cuando el niño o niña menor de catorce (14) años sea sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la autoridad competente (Defensoría de Familia, Comisaría de Familia e Inspección de Policía). Si el niño o la niña pertenece a una comunidad indígena, afrocolombiana, raizal o rom, deberá ser puesto, en lo posible, a disposición de la autoridad tradicional correspondiente. En el evento en que sea un particular que lo sorprenda, deberá ponerlo a disposición de la autoridad policial de manera inmediata.
La Policía de Infancia y Adolescencia, que a partir de la Ley 1098 de 2006 tiene funciones de Policía Judicial, y la Policía de Vigilancia, deberán respetar los derechos y las garantías de los niños y niñas que incurran en la comisión de un delito, y tener en cuenta las disposiciones de los Tratados Internacionales, las del Código de Infancia y la Adolescencia y demás normas relativas al tema.
11.2 Ruta de Atención.
La Policía de la Infancia y Adolescencia, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 142 del Código de la Infancia y la Adolescencia, deberá proceder a la identificación del niño o la niña y a la recolección de datos relacionados con el hecho punible. Además deberá:
Ubicar e informar a sus padres o representantes legales.
Brindar buen trato físico, psicológico y moral al niño o niña
Ponerlo a disposición de las autoridades de protección y restablecimiento de derechos de manera inmediata o en el término de la distancia.
En relación con la recolección de datos de la conducta punible se deberá indagar por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos y la recolección del elemento material probatorio y la evidencia física con cadena de custodia y trasladarla a la bodega de evidencia de la Alcaldía Menor o Municipal que corresponda y que para el efecto se disponga.
Una vez puesto el niño o la niña a disposición de la autoridad competente, ésta deberá constatar las diligencias anexas al caso, como son:
La identificación del niño o niña
El acta de buen trato físico, psicológico y moral
El informe de policía en el que se indique día, hora y lugar en que el niño o niña fue sorprendido en flagrancia o no
Los datos de ubicación de los padres o representantes legales y
La querella de ser posible.
Los bienes o elementos recogidos por la Policía deberán ser entregados a la Alcaldía Menor o Municipal correspondiente, debidamente embalados e identificados, mediante acta escrita debidamente firmada por quienes entregan y reciben, quedando copia de dicha acta en la historia de atención del niño o la niña.
Cuando se trate de sustancias psicoactivas, armas, municiones o elementos explosivos o similares, la entrega se realizará directamente a la Fiscalía General de la Nación en las mismas condiciones del párrafo anterior.
En cumplimiento del debido proceso y del derecho de defensa, deberá constatarse que efectivamente el niño o la niña son puestos a disposición de la autoridad competente, por una conducta considerada como punible, para efecto de direccionar la atención que requiera de acuerdo a su problemática.
La autoridad de restablecimiento de derechos deberá contar con el informe de remisión, junto con la identificación y demás documentos que soporten la realización de la conducta punible.
El Defensor de Familia, Comisario de Familia, o Inspector de Policía, deberá determinar la edad, mediante el documento de identidad o mediante dictamen de edad proferido por el perito (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o a la entidad designada para tal efecto).
Se entiende por querella o denuncia la manifestación juramentada de una persona ante la policía judicial u otra autoridad competente sobre la posible comisión de un delito. Recibida por la autoridad, deberá realizar las diligencias tendientes a la identificación del niño o la niña y la familia e informar y remitir a la autoridad de restablecimiento de derechos.
Cuando niños y niñas menores de catorce (14) años pertenecientes a los grupos indígenas, afrocolombianos, raizales o rom, incurran en una conducta tipificada como delito, serán puestos a disposición, en lo posible, de la autoridad tradicional correspondiente, quien según sus normas y procedimientos de derecho propio dentro de su jurisdicción, consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados y en vigor para Colombia y la ley, aplicarán la medida de restablecimiento de derechos, que no debe ser contraria a su dignidad y que garantice los mínimos derechos fundamentales del niño o la niña.
En caso contrario, previa coordinación con la autoridad tradicional indígena, afrocolombiana, raizal o rom, la autoridad administrativa deberá decretar la medida de restablecimiento de derechos que proceda, de acuerdo con las circunstancias, observando y respetando el derecho de identidad del niño o niña y privilegiando, si es del caso, la ubicación provisional en un medio familiar o servicios de la comunidad respectiva.
El proceso de restablecimiento de derechos que adelante la autoridad administrativa, en todos los casos que involucre niños o niñas pertenecientes a minorías étnicas, debe hacer partícipe de sus acciones, medidas y decisiones a la autoridad tradicional indígena, afrocolombiana, raizal o rom, y así mismo a la comunidad y a la familia.
Los niños y niñas menores de catorce (14) años y los adolescentes con discapacidad física o mental que incurran en conducta tipificada como delito, se someten al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y las medidas asegurarán los derechos establecidos para esta población conforme a las leyes y los Tratados Internacionales ratificados y en vigor para Colombia.
12. COMISARÍAS DE FAMILIA.
Las Comisarías de Familia son definidas por el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006 como “entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley”, según las voces.
Las Comisarías de Familia son, así, espacios institucionales de atención a los problemas de las familias, y a través de ellas se genera diálogo, reflexión y aprendizaje para la solución a los conflictos, de manera que se convierten en una fuente de cambio hacia el crecimiento y desarrollo de la familia.
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país, toda vez que forman parte del SNBF.
Con el objeto de contribuir a la coordinación entre las distintas instancias del SNBF, así como a la eficiencia y cobertura en el reconocimiento, protección, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, las Comisarías de Familia de todo el país, como partes integrantes del Sistema a nivel local, se articularán con el Sistema mediante el cumplimiento de las siguientes medidas:
Las Comisarías de Familia se vincularán al Sistema de Información Nacional previsto en el artículo 77 del Código de la Infancia y la Adolescencia para el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y atenderán los requerimientos que en este campo formule el ICBF.
Las Comisarías de Familia deberán suministrar toda la información y documentación requerida, en lo que a materia de conciliación se refiera, a la Dirección de Conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia.
Los alcaldes municipales y distritales inscribirán ante la Dirección Regional o Seccional del ICBF las Comisarías de Familia que estén funcionando en su jurisdicción, así como las que se implementen a medida que se vaya dando cumplimiento al parágrafo 2° del artículo 84 del Código de la Infancia y la Adolescencia. En dicho registro se relacionará el personal integrante de las Comisarías de Familia, el lugar preciso de ubicación conforme a la nomenclatura del municipio o distrito, la modalidad de atención (permanente, semipermanente, diurna, móvil, intermunicipal) y demás aspectos relacionados con su organización y funcionamiento.
Las Comisarías de Familia periódicamente informarán a la Dirección Regional o Seccional del ICBF, para efectos estadísticos, el número y naturaleza de los casos atendidos, de acuerdo con el instrumento de información que se dispondrá para tal efecto.
Los municipios y distritos dotarán a las Comisarías de Familia con la infraestructura y personal indispensable para su funcionamiento eficiente, conforme a su categoría y brindarán los medios para la capacitación del personal.
Los municipios que celebren convenios ínter administrativos para el funcionamiento de las Comisarías de Familia, harán llegar copia de los mismos a las Direcciones Regionales o Seccionales del ICBF con carácter meramente informativo y estadístico, así como a las entidades de control correspondientes.
Los equipos interdisciplinarios que integran las Comisarías de Familia deberán realizar la verificación del estado de cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de que trata el artículo 52 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
Para efectos del seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento de derechos adoptadas por las Comisarías de Familia, éstas remitirán inmediatamente copia del auto o resolución que así lo disponga al Coordinador del Centro Zonal del ICBF respectivo.
Los gobiernos distritales y municipales organizarán el funcionamiento de las Comisarías de Familia, de tal manera que en la localidad se pueda garantizar la atención permanente y continua que prescribe el artículo 87 de la Ley 1098 de 2006 a fin de asegurar a los niños, las niñas y los adolescentes la protección y restablecimiento de sus derechos.
Sin perjuicio de las funciones que les corresponde en virtud de otras disposiciones legales y reglamentarias, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1098 de 2006, corresponde a los Comisarios de Familia:
Cuando en un municipio o distrito concurran Defensorías de Familia y Comisarías de Familia, al Comisario de Familia le corresponde conocer, conforme al artículo 86 de la Ley 1098 de 2006, de los casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, así como adelantar el restablecimiento de derechos y las conciliaciones que deban surtirse como consecuencia de la violencia intrafamiliar.
No obstante, si conociere de un caso que amerite medidas de emergencia, protección o restablecimiento de derechos, en aplicación del principio de corresponsabilidad, procederá de manera inmediata, a efectuar la verificación del estado de cumplimiento de los derechos del niño, la niña y el adolescente y las acciones que deba coordinar con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, adoptando la medida pertinente, con carácter de urgencia y provisionalidad y deberá remitir el expediente al funcionario competente al día hábil siguiente para que siga conociendo del mismo.
12.6 Funciones que deben asumir de manera subsidiaria.
Según está previsto en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, en los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el Comisario de Familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al Defensor y al Comisario de Familia corresponderán al Inspector de Policía.
Con todo, la declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al Defensor de Familia.
El Director Regional o Seccional determinará en el evento de existir diferencias en la ejecución y desarrollo de las funciones del Defensor de Familia y del Comisario de Familia, a quien corresponde continuar o culminar la actuación administrativa.
De conformidad con la facultad señalada en el Código de la Infancia y la Adolescencia, el ICBF como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, debe dictar los lineamientos técnicos para el restablecimiento de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, a Comisarios de Familia e Inspectores de Policía.
Es necesario establecer un protocolo mínimo para que las Comisarías de Familia e Inspectores de Policía, en ejercicio de la competencia y funciones establecidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, presten la atención que requieran los niños, las niñas y los adolescentes, con el apoyo y cooperación del ICBF y demás entes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar comprometidos con la promoción, prevención, garantía y restablecimiento de derechos.
Los artículos 96 a 98 del Código de la Infancia y la Adolescencia establecen que el el Defensor de Familia, el Comisario de Familia y el Inspector de Policía, son las autoridades administrativas competentes para asegurar el restablecimiento inmediato de sus derechos, reconocidos en los Tratados y Convenios Internacionales, en la Constitución Política, demás Leyes y en el mismo Código.
La competencia se ejerce subsidiariamente así: en el municipio o municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones serán cumplidas por el Comisario de Familia y en ausencia de este último la competencia corresponderá al Inspector de Policía.
Si en el Municipio existiere un Comisario de Familia y un Inspector de Policía, el primero debe asumir la competencia y funciones para promover, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de su municipio, atendiendo la entrada en vigencia del Código de la Infancia y la Adolescencia conforme lo establece el artículo 216.
En el evento en que en un municipio solamente existe el Inspector de Policía, éste debe de conformidad con lo señalado en los citados artículos 96 y 98 de la Ley 1098 de 2006, asumir por competencia subsidiaria las funciones que la misma ley le atribuye al Defensor de Familia, y promover, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes de su municipio, atendiendo la entrada en vigencia del Código conforme lo establece el artículo 216.
El artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, consagra que las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un médico y un secretario en los municipios de mediana y mayor densidad poblacional.
En aquellos municipios en que a la entrada en vigencia de la Ley, la Comisarías de Familia o las Inspecciones de Policía no cuenten con el equipo interdisciplinario, estas autoridades al conocimiento de un caso de vulneración o amenaza de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, de manera inmediata deberán solicitar el apoyo de los profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del hospital, la Policía Nacional y los servidores públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igualmente, el Comisario de Familia o Inspector de Policía en ejercicio de la competencia y sus funciones, debe articular sus acciones con entes territoriales y autoridades de control, entre otros, la Alcaldía Municipal, las respetivas Secretarías, Personería y Contraloría y los Concejos Municipales.
En todo caso, ningún niño, niña o adolescente dejará de ser atendido so pretexto de inexistencia del equipo interdisciplinario, falta de recursos o de los servicios de atención.
Los particulares o servidores públicos que rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las funciones que esta ley les atribuye a los Comisarios de Familia e Inspectores de Policía, de conformidad con lo ordenado en el parágrafo del artículo 104 de la Ley 1098 de 2006, podrán ser sancionados con multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y si el renuente fuere servidor público además, se dará aviso al respectivo superior y a la Procuraduría General de la Nación.
Todo niño, niña o adolescente que se encuentre en situación de amenaza o vulneración de derechos, deberá ser atendido de manera inmediata por la autoridad administrativa que primero conozca el caso por denuncia o de oficio.
El Comisario de Familia o el Inspector de Policía, una vez tengan conocimiento del asunto, procederá de manera inmediata a iniciar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, tal como lo consagra el Código de la Infancia y la Adolescencia y el presente lineamiento.
Deberá, en favor de los niños, las niñas y los adolescentes:
Emitir el Auto de apertura de la investigación.
Verificar el estado de cumplimiento de derechos.
Ordenar las medidas provisionales a que haya lugar de acuerdo a cada caso.
Ordenar la citación a los interesados, representantes legales, los padres, los amenazadores o los vulneradores de sus derechos.
Decretar la práctica de pruebas y solicitar las valoraciones al equipo interdisciplinario
Solicitar el apoyo de los servidores públicos de las entidades municipales de que disponga en su jurisdicción, y demás que integren el Sistema Nacional de Bienestar Familiar a fin de garantizar el ejercicio y restablecimiento de los derechos.
Lo anterior, de conformidad con lo señalado, entre otros, en los artículos 82 y 98 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
Si la situación del niño, niña o adolescente lo amerita, y si no es posible su ubicación en la familia nuclear o extensa, dispondrá su ubicación provisional en hogares de paso conformados por el Municipio con la asesoría técnica del ICBF.
Si no existieren hogares de paso, el Comisario de Familia o el Inspector de Policía, deberá ubicar al niño, niña o adolescente en el hogar sustituto u hogar amigo de que disponga en el municipio.
De manera inmediata, dará aviso de la iniciación del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, al Coordinador del Centro Zonal del ICBF de su jurisdicción, para el seguimiento de la medida y para obtener el apoyo inmediato que estime pertinente para el ejercicio y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
Para el desarrollo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el Comisario de Familia o el Inspector de Policía, deberán observar lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en el presente lineamiento, hasta lograr la garantía y seguridad del restablecimiento de los derechos, debiendo proferir según el caso, la respetiva Resolución de vulneración de derechos, las medidas adoptadas, el seguimiento a que haya lugar, y el trabajo a realizar con la familia, o proferir Resolución ordenando el traslado del proceso al Defensor de Familia si de las pruebas y actuaciones se establece que debe decretarse la adoptabilidad.
Teniendo en cuenta que los Comisarios de Familia y los Inspectores de Policía, son autoridades competentes para adelantar el proceso dentro de su jurisdicción, deberán tomar cualquier medida de restablecimiento según el caso y exigir corresponsabilidad para el cumplimiento de las mismas a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
14.- TRANSICIÓN
Todo proceso administrativo de restablecimiento de derechos iniciado a partir del 8 de mayo de 2007, inclusive, quedará sujeto a la duración de cuatro (4) meses prorrogables en dos (2) más, tal como lo establece el parágrafo segundo del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006.
Los procesos administrativos de protección que se encontraban en curso a la fecha de entrada en vigencia del Código de la Infancia y la Adolescencia, quedan sujetos a la norma anterior, es decir, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por el Código del Menor o sea la norma vigente a cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente, o principio a surtirse la notificación, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y 669 del Código de Procedimiento Civil.
Atendiendo lo señalado en el punto anterior, aquellos procesos que se hayan iniciado bajo la vigencia del Decreto 2737 de 1989 -Código del Menor- y no se haya definido la situación jurídica del niño, niña o adolescente y que al 8 de mayo de 2007, no hayan superado los cuatro (4) meses que establece la Ley 1098 de 2006, el Defensor de Familia podrá solicitar la pròrroga al Director Regional o Seccional para definir la situación debidamente. Dicha solicitud deberá ser sustentada de acuerdo con lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006.
Aquellos procesos administrativos de protección que a la fecha de entrada en vigencia el Código de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, en su desarrollo lleven más de cuatro (4) meses, deberán resolverse de manera inmediata, para lo cual los profesionales de las Defensorías de Familia deberán observar los criterios y principios que consagra esta Ley, en especial lo estipulado en el artículo 7o sobre protección integral.
POSIBLES EVENTOS QUE INOBSERVAN, AMENAZAN O VULNERAN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS LAS NIÑAS O LOS Y LAS ADOLESCENTES
Situación vulnerabilidad
Derecho al cuidado personal y la protección
Atención en servicios de asistencia a la niñez y de apoyo a la familia para posibilitar el ejercicio de los derechos.
Derecho a la salud integral, al desarrollo integral en la primera infancia
Derecho a recibir atención, tratamiento y cuidados especiales de salud de acuerdo con la condición.
Derecho a no ser discriminado por su condición físico mental.
Registrar información por negación de atención por parte de entidades competentes o instituciones, entidades de salud, educación, Registraduría y o del sistema
Inobservancia de los derechos consagrados en la Constitución Política, tratados internacionales de derechos humanos, en la ley, regla o lineamiento
Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano Derecho a la integridad personal.
Derecho a la protección contra el abandono físico, emocional o psicoafectivo.
Derecho al desarrollo integral en la primera infancia
Situación de expósito
Derecho al desarrollo integral en la primera infancia, niñez y adolescencia
Niños, niñas y adolescentes abandonados en sitios públicos
Derecho a tener una familia y no ser separado de ella.
Niños, niñas y adolescentes no reclamados en tiempo razonable
Derecho a la protección contra la tortura y toda clase de penas y tratos crueles, desaparición forzada y detención arbitraria.
Derecho a la protección contra las violencias sexuales
Derecho a ser escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta
Derecho a la protección contra el abandono emocional o psicoafectivo.
Violencias sexuales -abuso sexual
Derecho a la Protección Laboral de los adolescentes autorizados para trabajar .
Derecho a la protección contra el trabajo en condiciones no autorizadas y/o en peores formas de trabajo
Derecho a la protección contra la utilización o el reclutamiento para desarrollar las actividades de producción, recolección y tráfico de sustancias psicoactivas.
Derecho a la protección contra la trata de personas
Derecho a la protección contra traslados ilícitos y su retención en el extranjero
Niños, niñas y adolescentes víctimas de trata
Derecho a la protección contra el consumo de sustancias psicoactivas.
Derecho a la protección contra la situación de vida en calle
Niños, niñas y adolescentes en situación de Calle.
Restitución Internacional de Derechos de la Niñez y la Familia en ejecución de tratados internacionales: aplicación del convenio de La Haya de octubre 25/1980 –Sustracción internacional de niños, niñas y/o adolescentes
Restitución Internacional de Derechos de la Niñez y la Familia en ejecución de tratados internacionales en aplicación convención de obtención de alimentos en el extranjero 29 de junio 1959
Derecho a la Custodia y cuidado personal
Restitución Internacional de Derechos de la Niñez y la Familia en ejecución de trámites consulares
Vulneración o Amenaza de acuerdo a la clase de trámite
NA de acuerdo a la clase de trámite
Amenazados, (programa de testigos de la Fiscalìa)
Vulneración o Amenaza
Derecho a la formación para el ejercicio responsable de los derechos.
Asignación custodia y cuidado personal
Privación y suspensión de la patria potestad y rehabilitación de la suspensión de la patria potestad
Impedimentos, tramite o autorización permiso para salir del país o cambio de residencia
Derecho a la protección cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
Tramite o autorización venta Inmuebles
Derecho a la protección cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren
Consentimiento para la adopción del hijo por parte del conyugue o compañero
Consentimiento para la adopción de consanguíneo
Consentimiento para la adopción abierto
Niño, niña y/o adolescente menores de 14 años y adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años con discapacidad psíquica o mental que han cometido un hecho violatorio de la ley penal.
Adolescente en conflicto con la ley (decreto 2737/89 Código del Menor)
Derecho a la protección contra Minas antipersona.
Victimas de minas antipersona y artefactos y municiones abandonadas sin explotar.
Cuando se ingresa por un motivo atendido sin resolver
amenaza o vulneración
Derecho a la salud integral, al desarrollo integral en la primera infancia y a la protección contra la transmisión de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación al alcohol o sustancias psicoactivas, y la transmisión del VIH- Sida y las infecciones de transmisión sexual
Derecho a la protección contra el contagio de enfermedades y consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación
Mujer gestante o lactante en riesgo o con derechos vulnerados.
Niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos por condiciones especiales de cuidadores
Derecho a la protección contra riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.
Derecho a la protección contra la guerra y los conflictos armados.
Derecho a la protección contra el reclutamiento y la utilización de niños por parte de los grupos armados organizados
Derecho a la protección contra la guerra y los conflictos armados
Desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Derecho a la protección contra Desplazamiento forzado
Adolescentes mayores de 14 años implicados en comisión de delitos penales
Derecho a la intimidad y a la dignidad humana.
Injerencia en la vida privada del niño, niña adolescente
Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano
ANEXO No 2.
FLUJOGRAMA RUTA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 96
 artículo 103
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 142
 artículo 142
 artículo 246
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 77
 artículo 84
 artículo 52
 resolución 
 artículo 87
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 98
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 84
 artículo 104
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 7