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Timestamp: 2016-12-06 13:26:16+00:00

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Ley 7/1996, de 5 de julio, relativa a la organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña (Vigente hasta el 01 de Enero de 2008).
Vigencia desde 20 de Julio de 1996. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2003 hasta 01 de Enero de 2008.
Número 1 del artículo 3 redactado por el artículo 3 de la Ley [CATALUÑA] 1/2000, 30 marzo, de modificación de la Ley 13/1989, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, del Decreto legislativo 1/1991, por el que se aprueba la refundición de las leyes 3/1985 y 21/1990, de la Comisión Jurídica Asesora, y de la Ley 7/1996, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y de derogación parcial de un artículo de la Ley 3/1982, del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad («D.O.G.C.» 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2000 2. Es Director del Gabinete un licenciado en Derecho nombrado libremente por el Gobierno de la Generalidad.
CAPITULO IILas funciones de asesoramiento
CAPITULO IIILas funciones contenciosas
1. La plantilla de abogados de la Generalidad se fija en un máximo de ciento sesenta plazas. Dicho número puede ser incrementado por la Ley de Presupuestos de la Generalidad. El Gobierno de la Generalidad ha de aprobar la relación de puestos de trabajo que deben ser ocupados por los Abogados de la Generalidad, de conformidad con lo que establece la presente Ley, y de acuerdo con las disponibilidades de las plantillas presupuestadas cada año.
Primer inciso del número 1 de la Disposición Adicional 2.ª redactado por el número 2 del artículo 76 de la Ley [CATALUÑA] 31/2002, 30 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2003 2. El nivel inferior de complemento de destino que se ha de asignar al Cuerpo de Abogados de la Generalidad es el 27. A partir de dicho nivel, la clasificación y valoración de los puestos de trabajo deben efectuarse de conformidad con lo que establece la legislación de la función pública aplicable a la Administración de la Generalidad.
A partir de: 1 enero 2008 Disposición transitoria primera derogada por el número 1 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 17/2007, 21 diciembre, de medidas fiscales y financieras («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Téngase en cuenta que el artículo 21 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo), establece lo siguiente: «Modificación de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Se modifican los supuestos especificados en la disposición transitoria primera y el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, del siguiente modo:
b) También pueden acogerse a lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996 aquellos que en fecha de 20 de julio de 1996 tuvieran la condición de funcionarios de carrera de la Generalidad de Cataluña del Grupo A, licenciados en derecho, y hubieran desarrollado funciones de asesoramiento o representación, y de defensa jurídica durante cuatro años, como mínimo, y en la fecha citada estuvieran prestando servicios de representación y defensa en el antiguo Gabinete Jurídico Central. El Gobierno debe abrir el procedimiento oportuno, de acuerdo con el apartado 4 de dicha disposición transitoria».
Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 21 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre), establece lo siguiente: «1. Excepcionalmente, el año 2002 los licenciados en derecho a que se refiere la letra a de la disposición transitoria primera de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en la redacción dada por el artículo 21 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, pueden participar en una prueba de promoción interna basada en dos casos prácticos sobre los conocimientos requeridos hasta la fecha para el desarrollo de sus funciones. 2. Las plazas a proveer no deben superar el número de 30. 3. El tribunal debe estar formado por el director del Gabinete Jurídico de la Generalidad, un secretario general, un catedrático de universidad especialista en la materia correspondiente y un abogado jefe de la asesoría jurídica de un departamento de la Generalidad».
b) También pueden acogerse a lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996 aquellos que en fecha de 20 de julio de 1996 tuvieran la condición de funcionarios de carrera de la Generalidad de Cataluña del Grupo A, licenciados en derecho, y hubieran desarrollado funciones de asesoramiento o representación, y de defensa jurídica durante cuatro años, como mínimo, y en la fecha citada estuvieran prestando servicios de representación y defensa en el antiguo Gabinete Jurídico Central. El Gobierno debe abrir el procedimiento oportuno, de acuerdo con el apartado 4 de dicha disposición transitoria». 2. Durante los primeros cinco años desde la entrada en vigor de la presente Ley, la vía de integración en el Cuerpo de Abogados de la Generalidad, que establece el apartado 1, también puede ser aplicada por el Gobierno de la Generalidad a los funcionarios de la Generalidad que, cumpliendo los mismos requisitos de experiencia, nivel y antigüedad establecidos por el apartado 1, a la entrada en vigor de la presente Ley, se hallen en situación de servicios especiales en otras Administraciones Públicas, u ocupen cargos de libre designación de funcionarios, o bien se hallen en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad y ocupen cargos de mando en el Area Jurídica y de Organización del Servicio Catalán de Salud. En este último caso, debe tenerse en cuenta, a efectos del cómputo, el tiempo de servicio prestado en dicho ente. En cualquier caso, estos funcionarios han de desarrollar efectivamente, como mínimo, durante tres años a contar desde su incorporación, funciones propias del Cuerpo de Abogados de la Generalidad.
Téngase en cuenta que la Disposición Transitoria 5.ª de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre), establece lo siguiente: «Integraciones en el Cuerpo de Abogados. 1. El plazo para ejercer la facultad atribuida por el apartado 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad, es de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley y es de aplicación: a) A los funcionarios de la Generalidad, licenciados en derecho, que en fecha 1 de enero de 1996 eran catedráticos o profesores de universidad titulares o asociados en facultades de derecho, siempre y cuando en aquella fecha hubiesen impartido en la universidad durante cuatro cursos, como mínimo, alguna de las asignaturas siguientes, directamente relacionadas con las tareas atribuidas al Cuerpo de Abogados de la Generalidad: derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, derecho tributario, derecho penal, derecho laboral o derecho constitucional. b) A los funcionarios de la Generalidad de Cataluña, licenciados en derecho, que a la entrada en vigor de la Ley 7/1996 prestaban sus servicios como letrados en el Parlamento de Cataluña o en los otros organismos estatutarios, siempre y cuando hayan cumplido, en los mismos, funciones de asesoramiento o representación y defensa jurídica durante dos años consecutivos o tres años alternos, como mínimo, y también los que, reuniendo estos requisitos, hayan cumplido aquellas funciones y se encuentren en la situación de servicios especiales. La experiencia a valorar es la correspondiente a los servicios prestados en la respectiva institución. c) A los funcionarios de la Generalidad, licenciados en derecho, de los cuales dependan las asesorías jurídicas generales de los departamentos de la Generalidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley 7/1996, siempre y cuando cumplan los requisitos de antigüedad determinados por la letra b. 2. En todos los casos definidos por el apartado 1, los funcionarios deben desarrollar, efectivamente, como mínimo durante tres años, contaderos desde su incorporación, funciones propias del Cuerpo de Abogados de la Generalidad. En caso de que no se ejerzan estas funciones, el funcionario afectado pierde su derecho a la integración. 3. En todos los supuestos, la integración en el Cuerpo de Abogados de la Generalidad se debe llevar a cabo mediante la convocatoria de un procedimiento cuyo único objetivo debe consistir en proponer el nombramiento de los aspirantes a la integración que cumplan los requisitos establecidos por esta disposición. 4. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno puede hacer uso de la facultad atribuida por la disposición transitoria tercera de la Ley 7/1996».
Téngase en cuenta que el número 1 del artículo 76 de la Ley [CATALUÑA] 31/2002, 30 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre), establece lo siguiente: «1. Se modifican los supuestos especificados por la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996, en la redacción dada por la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, del siguiente modo: a) También pueden acogerse a lo establecido por el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996 aquellos que, en fecha 20 de julio de 1996, tenían la condición de funcionarios de carrera de la Generalidad del grupo A, licenciados en derecho, que hubiesen cumplido funciones de asesoramiento jurídico en asesorías jurídicas generales de los departamentos de la Generalidad durante los cuatro años anteriores a la fecha mencionada y que las hayan seguido cumpliendo de forma ininterrumpida. b) El Gobierno debe abrir, en el plazo máximo de tres meses, el procedimiento correspondiente».
1. Mientras no se cubran todas las plazas de la plantilla del Cuerpo de Abogados, los funcionarios que presten servicios de representación, defensa o asesoramiento jurídico, o ambas funciones a la vez, pueden seguir desarrollando estas funciones en los puestos que se les asigne según las conveniencias del servicio. Sin embargo, mientras no se cubra la totalidad de las plazas de la plantilla del Cuerpo de Abogados, pueden crearse nuevas plazas en las unidades centrales del Gabinete Jurídico, con funciones exclusivas de representación y defensa, que deben ser proveídas entre funcionarios de la Escala General de Administración, licenciados en derecho, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con dichas funciones. El ejercicio de estas funciones no constituye un mérito preferente para el acceso al Cuerpo de Abogados ni otorga otros derechos o deberes que los derivados de la presente disposición. A este personal le es de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.
Número 1 de la Disposición Transitoria 5.ª redactado por el artículo 21 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).Vigencia: 30 mayo 2000 2. A medida que queden progresivamente cubiertas las plazas, los funcionarios que no hayan superado las pruebas a que hace referencia la disposición transitoria primera, apartado 2, y que presten funciones de asesoramiento y/o representación y defensa jurídica en puestos reservados a Abogados del Cuerpo, de acuerdo con lo que determine la relación de puestos de trabajo, quedan sujetos a un proceso de reasignación, que debe ser regulado por reglamento y adecuado a la experiencia, méritos y capacidad que tengan.

References: artículo 3
 artículo 3
 artículo 76
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 76
 artículo 21