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Timestamp: 2020-08-14 14:50:29+00:00

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Registro Oficial No 458 - Viernes 13 de Marzo de 2015 Segundo Suplemento
Última modificación: Lunes, 18 de mayo de 2015 | 10:59
0457 Nómbrese a Alicia Tatyana Reyes Mestanza y otras, miembros de la Comisión de Rebaja y Penas
0458 Dese por terminadas las funciones de la Lic. Nadia Raquel Ruiz Maldonado, Viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
0004-14-IA Acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos. Legitimados Activos: Ángel Alberto Ruiz López, procurador común de los comuneros ?Casas Viejas?
0032-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimados activos: Andrea Vanesa Izquierdo Duncan, ofreciendo poder de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL y del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL
0035-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimados activos: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL y Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL
0037-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimados activos: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL y Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL
0038-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimados activos: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL y Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL
0039-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimados Activos: Ana Vanessa Proaño de la Torre, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones
0043-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimados Activos: Ana Vanessa Proaño de la Torre, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL
0044-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos 0044-14-IN. Legitimados Activos: Ana Vanessa Proaño de la Torre, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL
0045-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos 0045-14-IN. Legitimados Activos: Ana Vanessa Proaño de la Torre, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL
0046-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimados Activos: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL y Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL
0050-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimados Activos: Mishelle Estefanía Bermeo Vivar, procuradora común de Jaime Alfonso Dousdebes Costa, Dayana Lizeth Naranjo Jaramillo, Alisson Michelle Vasco Campoverde y Guillermo Brando Zapatier Nájera
0054-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad Legitimados Activos: Igor Krochin Lapentty, apoderado de TELCONET S. A.
0055-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad Legitimados Activos: Igor Krochin Lapentty, apoderado de TELCONET S. A.
0056-14-IN Acción pública de inconstitucionalidad Legitimados Activos: Manuela Villafuerte Merino y otros
008-2014 Cantón Playas: Que reforma a las ordenanzas 010-2010, publicadas en el Registro Oficial No. 332 del 01 de diciembre del 2010 y 005-2013, publicada en el Registro Oficial No. 96 del 07 de octubre 2013
002-2015 Cantón Playas: De creación de la Unidad Técnica y de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
003-2015 Cantón Playas: Que reforma a la Ordenanza No. 020-2011, publicada en el Registro Oficial No. 600 del 20 de diciembre del 2011 que se refiere al uso del espacio de vía publica
Ledy Andrea Zúñiga Rocha MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde a las ministras y ministros de Estado, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión:
Que, el artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad.
Que, los numerales 1 y 3 del artículo 203 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: El sistema se regirá por las siguientes directrices: 1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social. Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad de la población civil. (...) 3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.
Que, el Código Orgánico Integral Penal fue publicado el 10 de febrero de 2014 en el Suplemento del Registro Oficial No.180, el cual entrará en vigencia en 180 días a partir de su publicación, a excepción de las reformas realizadas al Código Orgánico de la Función Judicial, las cuales serán de aplicación inmediata;
Que, el artículo 666 del Código Orgánico Integral Penal determina que: "En las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias. La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al Organismo Técnico encargado del Sistema de Rehabilitación Social, bajo el control y supervisión de las o los jueces de garantías penitenciarias.?;
Que, el artículo 692 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "El régimen de rehabilitación social estará compuesto de las siguientes fases: 1. Información y diagnóstico de la persona privada de la libertad: es la fase de atención integral en la que se recopila toda la información que sirve para orientar su permanencia y salida del centro de prevención de libertad, mediante la ejecución de un plan individualizado de cumplimiento de la pena, la observación, valoración, clasificación y ubicación de la persona privada de libertad. 2. Desarrollo integral personalizado: en esta fase del modelo de atención integral se ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de la pena de la persona privada de la libertad a través del seguimiento y evaluación periódica de los programas familiares, psicológicos, educativos, culturales, laborales, productivos, sociales, de salud y otros que se consideren necesarios. 3. Inclusión social: es la fase del modelo de atención integral en la que, previa evaluación del cumplimiento del plan individualizado de los requisitos previstos en el reglamento respectivo y del respeto a las normas disciplinarias, efectuada por el Organismo Técnico, las personas privadas de libertad podrán incluirse en la sociedad de manera progresiva. 4. Apoyo a liberados: es la fase del modelo de atención integral que consiste en una serie de acciones tendientes a facilitar la inclusión social y familiar de las personas que luego de haber permanecido en los centros de privación de libertad, se reintegrarán a la sociedad, de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo. (?)"
Que, la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, establece que: "Los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión";
Que, la Disposición Transitoria Vigésimo Primera del Código Orgánico Integral Penal señala que: "Hasta que se nombren a las y los jueces de garantías penitenciarias, el conocimiento de los procesos de ejecución de las sentencias penales condenatorias así como el control y supervisión judicial del régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicional, libertad controlada, prelibertad y medidas de seguridad de los condenados le corresponderá al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos ";
Que, la Disposición Derogatoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal deroga el Código Ejecución de Penas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 282 de 9 de julio de 1982, así como su codificación y todas sus reformas posteriores;
Que, el artículo 32 del Código de Ejecución de Penas establece: "La reducción de penas operará sobre un sistema de méritos que permita evaluar la buena conducta y la colaboración activa del interno en su rehabilitación, que se demostrará por la participación en procesos culturales, educativos, laborales, de tratamientos de adicciones u otros. La reducción de penas podrá concederse hasta por un máximo del 50% de la pena impuesta al detenido y no procederá cuando los internos hayan sido sentenciados por plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.(...)?;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 585, publicado en el Registro Oficial, Suplemento 348 de 24 de diciembre de 2010, el Presidente Constitucional de la República, decretó en el artículo 1: "Fusionar por absorción la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que será el organismo rector de la elaboración y ejecución de las políticas penitenciarias dentro del Sistema de Rehabilitación Social, y de la construcción, mantenimiento y mejoramiento de los centros de rehabilitación social, centros de detención provisional y centros de internación de adolescentes infractores de todo el país. (...).";
Que, el artículo 3 de la Resolución 18-2014, de 29 de enero del 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió: "Ampliar la Competencia en razón de la Materia de las juezas y jueces de Garantías Penales de primer nivel", establece: "3. Las causas que en materia de garantías penitenciarias se encuentran en conocimiento de las juezas y jueces de los tribunales de garantías penales, seguirán siendo conocidas y resueltas por estas mismas juezas y jueces.";
Que, mediante Resolución 32-2014, de 20 de febrero de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió: "Ratificar la Resolución 18-2014 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura", y establece: "Se ratifica la resolución 018-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura en especial, que los jueces de garantías penales de primer nivel con asiento en la ciudad sede de la Corte Provincial de Justicia de los sitios donde existan establecimientos penitenciarios, son competentes para conocer los asuntos relacionados con la materia de garantías penitenciarias conforme las disposiciones contenidas en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial. ";
Que, mediante Resolución No. 085-2014 de 16 de mayo de 2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 257 de 30 de mayo de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió que: "Las juezas y jueces con competencia en garantías penitenciarias con asiento en la ciudad sede de la Corte Provincial de Justicia, previo a resolver sobre las solicitudes de rebaja de penas deberán requerir de la Ministra o Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos o su delegado, una certificación que contendrá lo siguiente: a) La sesión del Consejo Nacional de Rehabilitación Social en la que se aprobó el programa de rehabilitación; b) Las fechas en las que el programa fue ejecutado en el Centro de Rehabilitación Social donde se encuentra cumpliendo la pena la persona privada de la libertad; c) La constancia de asistencia de la persona privada de la libertad al programa; d) Evaluación de la efectividad del programa en la persona privada de la libertad que solicita la rebaja; y, e) Certificado de buena conducta de la persona privada de la libertad. (...)"
Que, mediante Acta de fecha 2 de junio de 2014, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, aprobó los planes de Rehabilitación Social.
Que, mediante Decreto Ejecutivo 256 de 13 de marzo de 2014, el Presidente Constitucional de la República nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha;
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado;
Artículo 1.- Nombrar a Alicia Tatyana Reyes Mestanza, Janethcita Del Roció Játiva Morillo, Consuelo María Bowen Manzur y Adriana Lorena Tapia Montalvo como miembros de la Comisión de Rebaja de Penas.
Artículo 2.- Delegar a la Comisión de Rebajas de Penas la aplicación de la Resolución 085 del Consejo Nacional de la Judicatura emitida el 30 de mayo de 2014, para cuyo efecto tendrán las siguientes atribuciones:
Analizar los expedientes remitidos por los Directores de los Centros de Rehabilitación Social a pedido de la persona privada de libertad y por solicitud de la autoridad judicial, a fin de calificar y evaluar la procedencia del beneficio de rebaja de pena, solicitado por la persona privada de la libertad;
Conocer y verificar si el programa de rehabilitación social ha sido cumplido por la persona privada de libertad solicitante de la rebaja de pena y; determinar las fechas en las que el privado de libertad se insertó al programa de rehabilitación;
Certificar la constancia de la asistencia de la persona privada de libertad solicitante al programa y evaluar que su carpeta cumpla con todos los avales de las instituciones competentes en el desarrollo del programa, esto es, los ministerios de Salud, Educación y Relaciones Laborales;
Emitir la certificación a la que hace referencia el artículo único de la Resolución No. 085-2014, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Artículo 3.- Para el cumplimiento del trámite de rebaja de penas por el sistema de méritos deberá observarse lo dispuesto en el Código de Ejecución de Penas, su Reglamento e Instructivo.
ÚNICA: Encárguese el cumplimiento del presente Acuerdo Ministerial al Viceministerio de Atención a Personas Privadas de la Libertad.
Deróguese toda disposición constante en cualquier otro instrumento, de igual o menor jerarquía que contraviniere al presente Acuerdo Ministerial.
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Póngase en conocimiento de la Secretaría Nacional de la Administración Pública el presente Acuerdo Ministerial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de julio de 2014.
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS.- Certifico que la(s) foja(s) 1-3 es(son) fiel copia(s) del original del documento que reposa en los archivos de la Dirección de Secretaría General.- Fecha: 10 de septiembre de 2014.- f.) Dra. Paola Carrera Izurieta, Directora de Secretaría General (E), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Que de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, corresponde a los Ministros de Estado, en la esfera de su competencia, expedir las normas, acuerdos y resoluciones que sean necesarias para la gestión ministerial;
Que mediante Decreto Ejecutivo 256 del 13 de marzo de 2014, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 218, el 03 de abril de 2014, el Presidente Constitucional de la República nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la Doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha;
Que con Acción de Personal No. 0445460 de 27 de marzo de 2014, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombra a la Licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado, como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos;
Que mediante Acción de Personal No. 0527390 de 30 de junio de 2014, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, encarga a la Licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado, el Viceministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
Que con Acuerdo No. 718 de 21 de julio de 2014, el Secretario Nacional de la Administración Pública, doctor Vinicio Alvarado Espinel autoriza la licencia con cargo a vacaciones a la doctora Ledy Zúñiga Rocha, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público; y, artículo 270 del Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público;
Artículo 1.- Dar por terminado el encargo de funciones de la licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado otorgada mediante Acción de Personal No. 0527390 de 30 de junio de 2014, como Viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Artículo 2.- Disponer la subrogación de funciones de las señora Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado, Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos, desde el 28 de julio hasta el 10 de agosto de 2014.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 25 de julio de 2014.
f.) Doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
RESUMEN CAUSA No. 0004-14-IA
En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 05 de febrero de 2015, a las 10:21 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:
CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos.
LEGITIMADOS ACTIVOS: Ángel Alberto Ruiz López, procurador común de los comuneros ?Casas Viejas?
CASILLA CONSTITUCIONAL: 969
CORREOS ELECTRONICOS: guinglaluis@yahoo.es; e_tamayo_14@hotmail.com
LEGITIMADOS PASIVOS: Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y Procurador General del Estado.
Artículo 57, numerales 4, 5, 6, 11; 96; 98; 248; 424; de la Constitución de la República.
Solicitan ?la declaratoria de inconstitucionalidad por la forma de los Acuerdos Ministeriales: 1.- Acuerdo No. 0052 del 4 de febrero de 1980 publicado en el Registro Oficial 143 del 10 de marzo de 1980. 2.- Acuerdo No. 543 del 20 de noviembre de 1980 publicado en el Registro Oficial No. 333 del 9 de diciembre de 1980. 3.- Acuerdo No. 023 del 23 de enero de 1985 publicado en el Registro Oficial No. 124 del 12 de febrero de 1985?.
LO CERTIFICO.- Quito D.M., marzo 05 del 2.015, a las 09:00. f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.
RESUMEN CAUSA Nº 0032-14-IN
En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 12 de febrero del 2015, a las 10:05 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:
LEGITIMADOS ACTIVOS: Andrea Vanesa Izquierdo Duncan, ofreciendo poder de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL y del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL.
LEGITIMADOS PASIVOS: Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Balzar; y, Procurador General del Estado.
Artículo 82; 226; 261 numerales 7 y 10; 264 numeral 5; 264 inciso final; 300 primer inciso, de la Constitución de la República.
Solicita <<?se declare la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12, 14; las disposiciones generales 4 y 5; y, la primera disposición transitoria de la ?Ordenanza que regula la utilización u ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo por arte de elementos de redes pertenecientes a operadoras que brindan servicios comerciales en el cantón Balzar?, publicada en el Registro Oficial Nº 95, de 04 de octubre de 2013?>>
LO CERTIFICO.- Quito D.M., febrero 27 del 2.015, a las 12:30.
RESUMEN CAUSA No. 0035-14-IN
En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 05 de febrero de 2015, a las 10:22 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:
LEGITIMADOS ACTIVOS: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL y Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL
CASILLA CONSTITUCIONAL: 1491
CORREOS ELECTRONICOS:vizquierdo@izquierdoabogados.com.ec; v.izquierdod@gmail.com
LEGITIMADOS PASIVOS: Alcalde y Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Libertad y Procurador General del Estado.
Artículo 82; 226; 261, numerales 7, 10; 264, numeral 5 e inciso final; 300 primer inciso de la Constitución de la República.
Solicita <<??Se declare inconstitucionales los artículos 15 y 20; la disposición general 4; y, la primera disposición transitoria de la ?Ordenanza que regula la implantación de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de servicios móvil avanzado, y la utilización de postes y tendido aéreo de cables por parte de las empresas que proveen servicios de electricidad, telecomunicaciones y seguridad en el cantón La Libertad?, publicada en el Registro Oficial 813, de 19 de octubre de 2012; y el artículo 1 de la ?Reforma a la Ordenanza que regula la implementación de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de servicio móvil avanzado, y la utilización de postes y tendido aéreo de cables por parte de las empresas que proveen servicios de electricidad, telecomunicaciones y seguridad en el cantón la Libertad? publicada en el Registro Oficial 883, de 31 de enero de 2013?>>
LO CERTIFICO.- Quito D.M., marzo 05 del 2.015, a las 09:00.
RESUMEN CAUSA No. 0037-14-IN
En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 05 de febrero de 2015, a las 10:23 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:
vizquierdo@izquierdoabogados.com.ec;
v.izquierdod@gmail.com
LEGITIMADOS PASIVOS: Alcalde y Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Muisne y Procurador General del Estado.
Solicita <<??Se declare inconstitucionales los artículos 18,19 y 21; la disposición general 4; y, la primera disposición transitoria de la ?Ordenanza que regula la implantación de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión, radio emisoras, radio ayuda fija y otras, fijación de las tasas correspondientes a la utilización y ocupación del espacio aéreo suelo y subsuelo en el cantón Muisne?, publicada en el Registro Oficial Suplemento 869, de 12 de enero de 2013?>>
LO CERTIFICO.- Quito D.M., marzo 05 del 2.015, a las 09:30.

References: artículo 154
 artículo 201
 artículo 203
 artículo 666
 artículo 692
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 230
 Resolución 
 artículo 154
 artículo 35

Artículo 1

Artículo 2
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 3
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 17
 artículo 126
 artículo 270

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 80

Artículo 57
 artículo 80

Artículo 82
 artículo 80

Artículo 82
 artículo 1
 artículo 80