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Tribunal superior del distrito judicial de bogotá sala de decisión penal extinción de dominio magistrada Ponente: María Idalí Molina Guerrero
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Magistrada Ponente: María Idalí Molina Guerrero
110010704013200900036 01
J. 14 Penal del Circuito Especializado
Herederos José Santacruz Londoño
Resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de Esperanza Rodríguez Vda. de Castro y Amparo Castro Rodríguez, contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, mediante la cual decidió extinguir el derecho de dominio sobre los bienes inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 370-164591 y 370-26658, que figuran a nombre de aquéllas, respectivamente.
La presente actuación tuvo origen en dos circunstancias aisladas que, por tratarse de las mismas afectadas y concurrir igual causal, fueron unificados en la presente actuación, por parte de la Fiscalía.
La primera de ellas, la remisión del oficio del 14 de noviembre de 2002, por el Banco Ganadero, a la Fiscalía General de la Nación – Grupo para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, donde se relacionaron una serie de personas que adquirieron acciones de esa entidad a través del mercado público, encontrándose entre ellas, Ana Milena Santacruz Castro y Amparo Castro de Santacruz, familiares del narcotraficante, José Santacruz Londoño.
Y la segunda, la compulsa de copias realizada el 15 de octubre de 2003, por la Unidad Nacional de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado No. 007, al resolver el grado jurisdiccional de consulta de la resolución del 11 de junio de la misma anualidad, mediante la cual se declaró improcedente la acción de extinción del derecho de dominio sobre algunos bienes de los herederos de José Santacruz Londoño, para investigar el origen y destino de treinta y seis millones de dólares consignados a nombre de familiares de aquél, en bancos extranjeros, en ocho países del continente Europeo, donde fueron incautados y posteriormente devueltos a las señoras Amparo Castro Rodríguez y Esperanza Vda. de Castro.
La Fiscalía 5ª de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, mediante resolución del 18 de marzo de 2003, dio apertura a la fase inicial, en aras de determinar los bienes de José Santacruz Londoño y familiares, sobre los cuales podría adelantarse la acción extintiva del dominio, conforme las causales primera y segunda del artículo 2º de la Ley 793 de 2002.1
Con resolución del 29 de diciembre de 2005, se unificaron dos investigaciones adelantadas contra bienes de las mismas afectadas y, con fundamento en las causales segunda y sexta del artículo 2º de la Ley 793 de 2002, se dispuso el inicio oficioso de la acción de extinción del derecho de dominio sobre acciones adquiridas en el BBVA Banco Ganadero, por Amparo Castro de Santacruz, Ana Milena y Sandra Santacruz Castro; y, sobre el inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-26658 que figuraba a nombre de la primera de aquéllas.2
La anterior providencia fue adicionada con proveído del 1º de febrero de 2006, en el sentido de también adelantar la citada acción sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-164591, propiedad de Esperanza Rodríguez de Castro.3
Tal providencia fue comunicada al agente del Ministerio Público4 y ante la imposibilidad de notificar personalmente a las afectadas, se dejó noticia suficiente en los inmuebles objeto de extinción5, en aras de enterarlas del inicio de la acción6; posteriormente, se ordenó emplazar a los terceros indeterminados para que concurrieran al proceso e hicieran valer sus derechos7; consecuentemente, procedió con la designación de curador ad lítem8, tomando posesión del cargo la doctora Ana Betty Cárdenas Herrera.9
Ejecutoriada la resolución de inicio, el 14 de mayo de 2007 se corrió el traslado dispuesto en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 793 de 200210; el 13 de agosto del mismo año, se pronunció sobre las pruebas solicitas11, y concluida la fase probatoria, otorgó un término común a los intervinientes para que presentaran las alegaciones respectivas.12
Con providencia del 29 de agosto de 2008, la Fiscalía 5ª Especializada consideró procedente la extinción del dominio sobre los bienes inmuebles a los que se ha hecho referencia, porque las pruebas recopiladas evidenciaron que los recursos destinados a su adquisición, procedieron de la actividad ilícita del narcotráfico desplegada por José Santacruz Londoño.13
Así mismo, consideró improcedente la referida extinción sobre las acciones adquiridas en el BBVA Banco Ganadero, por Amparo Castro de Santacruz, Ana Milena y Sandra Santacruz Castro, por estimar que, al haber sido cedidas a la señora Betty Micolta Salinas, y ésta haberlas desmaterializado y negociado en la bolsa, se tornaba imposible determinar sus actuales propietarios.14
Apelada la anterior decisión por los apoderados de las afectadas y la representante de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial – Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, mediante proveído del 30 de enero de 2009, confirmó la providencia adoptada por el a quo, luego de considerar que, efectivamente, los recursos destinados para la compra de los inmuebles, provinieron de la actividad ilícita del narcotráfico y, las acciones del BBVA Banco Ganadero, negociadas en la bolsa por Betty Micolta Salinas, fueron adquiridas por terceros de buena fe exenta de culpa.15
Remitidas las diligencias a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio, su conocimiento fue asignado inicialmente al Juzgado 3º de esa especialidad en Descongestión16, quien mediante auto del 20 de mayo de 2010, dispuso correr el traslado de que trata el numeral 9 del artículo 13 de la Ley 793 de 200217, término dentro del cual, los apoderados de las afectadas y la representante de la Dirección Nacional de Estupefacientes, insistieron en su pretensión de improcedencia y procedencia, respectivamente.18
Posteriormente, de conformidad con los Acuerdos No. 6853, 6861, 6866, 6868 y 6888 de 2010, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de Bogotá DC asumió el conocimiento de la presente actuación.19
Mediante proveído del 29 de noviembre de 2010, el Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de Bogotá D. C., declaró la extinción del derecho de dominio sobre unos inmuebles de los herederos de José Santacruz Londoño, y negó la pérdida de ese derecho respecto de otros bienes.
Consideró el a quo que, Amparo Castro de Santacruz y Esperanza Rodríguez de Castro, adquirieron los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 370-26658 y 370-164591, con dinero proveniente de la actividad ilícita desplegada por el reconocido narcotraficante, José Santacruz Londoño.
En cuanto al primero de lo bienes, se dijo en la providencia recurrida que, éste fue adquirido por Amparo Castro de Santacruz, el 20 de mayo de 1977, época para la cual su cónyuge, José Santacruz Londoño, ya se dedicaba al tráfico de estupefacientes.
Y que, la capacidad económica de Castro de Santacruz, era ínfima, porque si bien fueron aportadas sendas certificaciones de la actividad comercial desplegada por aquélla, las mismas dieron cuenta de su iniciación en 1982, esto es, cinco años después de haber comprado el citado bien.
Por tanto, al advertir el vínculo entre aquélla y José Santacruz Londoño, quien desde la década de los 70 se dedicó al tráfico de estupefacientes, concluyó que éste fue quien suministró el dinero a su compañera sentimental para que adquiriera el bien en comento.
Igual inferencia realizó respecto de la adquisición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-164591, por parte de Esperanza Rodríguez de Castro, el 21 de febrero de 1986.
Ello, porque la empresa “Confecciones Arlington Ltda.”, constituida con su cónyuge, señor Heriberto Castro Meza, en 1965, era su única fuente de ingresos, y conforme los formularios de renovación de matrícula mercantil, no tenía la capacidad de generar utilidades suficientes para permitirle comprar dicha propiedad.
Además, el nexo de colaboración de aquélla con el reconocido narcotraficante, quedó evidenciado con la consignación a su nombre, de treinta y seis millones de dólares, efectuadas en diversas cuentas abiertas en países del continente Europeo; monto que no era susceptible de haberse generado por parte de la susodicha empresa. Así como también, el adelantamiento de actuaciones judiciales en su contra, por autoridades judiciales extranjeras por Lavado de activos.
En consecuencia, al advertir el conocimiento que tenían las afectadas de la actividad ilícita desplegada por José Santacruz Londoño y el origen de los recursos destinados a la compra de los inmuebles objeto de la presente actuación, declaró la extinción del derecho de dominio de aquéllos a favor del Estado.
Los bienes sobre los cuales negó la pérdida del derecho de propiedad, corresponden a las acciones del Banco Ganadero – BBVA –, a nombre de Amparo Castro de Santacruz (49.682), Ana Milena (90.006) y Sandra Santacruz Castro (85.121).
Refirió el Juez de primera instancia que, aquéllas procedieron a venderlas a su apoderada, Betty Micolta Salinas, en febrero 14 de 2005, quien posteriormente las desmaterializó y negoció en la bolsa de valores, sin que hubiere sido posible hace efectiva medida cautelar alguna que impidiera su libre comercialización, por lo que fueron adquiridas por terceros de buena fe.
El apoderado de Esperanza Rodríguez Vda. de Castro y Amparo Castro Rodríguez, apeló la anterior decisión, concretando su inconformidad en dos aspectos.
En cuanto al primero, considera que existe nulidad de lo actuado, por pérdida de competencia territorial del Juzgador de primera instancia para proferir sentencia, porque con la promulgación de la Ley 1395 de 2010, el conocimiento de la acción de extinción del derecho de dominio, fue asignado a los Jueces Penales del Circuito Especializados donde se encuentran ubicados los bienes; por tanto, al encontrarse aquéllos en Cali y Dagua (Valle), el Juez competente sería el del primero de los municipios referidos, por ser el que cuenta con mayor número de Jueces especializados.
Respecto del segundo, comienza señalando que, para adoptar la decisión recurrida, el a quo tuvo en consideración: i) diversas providencias judiciales proferidas en varios procesos adelantados contra sus poderdantes, acogiendo únicamente lo desfavorable, irrumpiendo con la igualdad e imparcialidad; ii) el desbordamiento de los límites propios de la familiaridad, por la participación de aquéllas en diversas sociedades cuyos bienes fueron objeto de extinción del derecho de dominio o la vinculación como sospechosas en investigaciones preliminares en un país Europeo por Lavado de activos; y iii) la precaria capacidad económica de éstas para la fecha en que adquirieron los bienes.
Previa exposición de los argumentos de disenso, aclara el recurrente que, lo pretendido no es asumir la defensa de las actividades al margen de la Ley de José Santacruz Londoño, sino evidenciar que dentro de la presente actuación, no existe prueba que demuestre la adquisición de los bienes con dinero de aquél, sino con el producto de actividades lícitas desplegadas por éstas durante muchos años.
Así, continúa manifestando que, efectivamente, la señora Amparo Castro Rodríguez, tuvo que afrontar dos procesos de extinción del derecho de dominio y uno de naturaleza penal, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito.
Respecto del primero de los procesos extintivos del derecho de dominio, reconoce la pérdida del derecho de propiedad de 294 bienes, propiedad de la sociedad Miraluna Ltda. y Cía. S. en C. S., por haber sido adquiridos con recursos provenientes de la actividad ilícita desplegada por José Santacruz Londoño, resaltando la negativa del Juez de Conocimiento a declarar la pérdida de dicho derecho sobre 17 inmuebles, propiedad de Amparo Castro Rodríguez y la sociedad Inmobiliaria Samaria, por advertir la generación de recursos lícitos como persona natural y a través de la citada empresa.
Igualmente, admite que, en el segundo proceso de extinción del derecho de dominio, adelantado contra las sociedades Inversiones Integral y Cía., Inversiones Integral Ltda., Miraluna Ltda. y Cía. S. en C. S., entre otras, se declaró la pérdida del derecho de propiedad sobre la totalidad de los bienes de éstas, por haber sido el producto de actividades ilícitas de José Santacruz Londoño.
En lo que atañe al proceso penal, afirma que, tanto el juzgador de primera, como el de segunda instancia, absolvieron a Amparo Castro Rodríguez, de los cargos de Enriquecimiento ilícito de particulares y Lavado de activos, imputados por la Fiscalía, luego de considerar que los bienes que conformaban su patrimonio, fueron adquiridos con el fruto de actividades productivas desarrolladas por muchos años con prestantes empresas de la región, y sin la contribución de José Santacruz Londoño.
Refiere el recurrente que, el a quo acogió únicamente lo desfavorable de las decisiones proferidas dentro de los asuntos en comento, porque tomó como verdades absolutas los apartes transcritos de la sentencia del segundo proceso de extinción y de las resoluciones dictadas en la fase investigativa del proceso penal, restándole importancia a las piezas procesales y resultados de los demás procesos adelantados, de donde se evidencia el origen lícito de los recursos con los que se adquirieron los bienes; por tanto, considera que la valoración de dichas providencias no fue objetiva e imparcial, sino sesgada.
De otro lado, y para desvirtuar el segundo argumento expuesto en la decisión recurrida, señala que la señora Esperanza Rodríguez Vda. de Castro, nunca hizo parte de las sociedades vinculadas al segundo proceso extintivo del derecho de dominio, sino que solamente lo fue de la sociedad Confecciones Arlington Ltda., constituida con su esposo en los años sesenta, la cual tuvo capacidad de emplear a más de sesenta operarias, siendo ello un indicativo de prosperidad omitido por el a quo, quien dio mayor relevancia a la investigación preliminar adelantada en el exterior contra aquélla como sospechosa de Lavado de activos, sin que obre sentencia condenatoria que demuestre su responsabilidad.
Respecto de Amparo Castro Rodríguez, refiere que, pese haber estado casada con José Santacruz Londoño, siempre se preocupó por mantener su independencia económica proveniente de la actividad como persona natural durante varios años con prestantes empresas de la región y posteriormente, a través de la sociedad Inmobiliaria Samaria, constituida con recursos propios y lícitos.
Asimismo, resalta que, el hecho de que las afectadas hubieran figurado en las sociedades vinculadas en el segundo proceso de extinción del derecho de dominio, en nada desvirtúa la independencia, autonomía y licitud del patrimonio constituido por aquéllas.
Finalmente, en lo que atañe al tercer argumento, mostró su inconformidad con la decisión recurrida en los siguientes términos.
Frente a la compra del inmueble objeto de extinción, realizada por Amparo Castro, en 1977, refiere que, las decisiones de primera y segunda instancia proferidas en el trámite extintivo del derecho de dominio, donde se negó la pérdida del derecho de propiedad de 17 bienes de aquélla, no fueron apreciadas en debida forma, porque la relación probatoria allí aducida dio cuenta de la capacidad económica de ésta desde la década de los 70, derivada de la venta de cultivos agrícolas.
Asimismo que, la decisión recurrida desestimó indebidamente la declaración de renta presentada por aquélla en 1974, porque con ésta se daba cuenta de la capacidad económica de la afectada para adquirir dicho inmueble.
Agrega que, atendiendo el principio de carga dinámica de la prueba, correspondía a la Fiscalía demostrar que para 1977, Amparo Castro Rodríguez, desarrollaba alguna actividad ilícita o había recibido dinero proveniente de tal comportamiento, para advertir viciado el derecho de propiedad sobre el inmueble, por lo que se encuentra afectado el principio constitucional de presunción de inocencia.
Igualmente, resalta el desconocimiento del Juez de primera instancia, sobre la imposibilidad de recolectar medios probatorios que datan de más de treinta años, porque las empresas privadas y públicas que certificarían su relación comercial con la afectada, no están obligadas a conservar tal información por tan largo periodo; aunadamente, indica que, el bien fue adquirido directamente por aquélla y no a través de las sociedades censuradas en el segundo proceso de extinción del derecho de dominio.
En cuanto al inmueble comprado por Esperanza Rodríguez Vda. de Castro, expone que, el origen lícito de los recursos destinados a su adquisición, se evidenció con la participación de aquélla en la sociedad Confecciones Arlington, la cual contó con más de cincuenta empleados y, conforme declaraciones juramentadas de algunos de ellos, la empresa era próspera; sin embargo, tal circunstancia no fue suficiente para el a quo.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 793 de 2002, modificado por el artículo 79 de la Ley 1453 de 2011, los Acuerdos Nos. PSAA10-6852, 6853, 6854, 6866, 7535 y 7536 de 2010 emitidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es competente esta Sala para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2010 por el Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de esta ciudad.
2.- De la Extinción del Derecho de Dominio.
Impera precisar que, la acción de extinción del derecho de dominio es de origen constitucional, en cuanto la consagra el artículo 34 de la Constitución Política; de carácter público, en razón de que a través de ella se tutelan intereses superiores del Estado como el patrimonio y el tesoro públicos y la moral social; es real y de contenido patrimonial, porque recae sobre cualquier derecho real principal o accesorio, independientemente de quien tenga en su poder o haya adquirido los bienes y sobre los bienes mismos.
También, debe resaltarse que, la acción de extinción es autónoma e independiente en relación con otras, en especial, frente a la acción penal, ya se hubiese iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, pues no se trata de una pena ni del juicio de responsabilidad que pueda atribuírsele al afectado.
La acción de extinción de dominio, de conformidad con la Ley 793 de 2002, implica la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes a favor del Estado y sin ninguna contraprestación o compensación para su titular, entre otras circunstancias, cuando los bienes provinieren directa o indirectamente de una actividad ilícita, como acontece en el sub júdice, conforme la sentencia recurrida.
El apoderado de las afectadas promovió recurso de apelación, pretendiendo inicialmente, la nulidad de la sentencia recurrida, por falta de competencia del funcionario que la profirió, atendiendo el factor territorial, y subsidiariamente, la revocatoria de aquélla, en cuanto a la declaratoria de la pérdida del derecho de dominio de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 370-164591 y 370-26658, que figuran a nombre de Esperanza Rodríguez Vda. de Castro y Amparo Castro Rodríguez, respectivamente.
Por técnica jurídica, se dilucidará en primer término, las irregularidades informadas por el recurrente, en aras de establecer la presunta carencia de competencia del juzgador de primera instancia para proferir la sentencia que ocupa la atención de la Sala.
Aduce el apelante que, con la promulgación de la Ley 1395 el 12 de julio de 2010, el Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de Bogotá, perdió competencia para conocer del presente asunto, porque el artículo 76, el cual modificó el artículo 11 de la Ley 793 de 2002, asignó el conocimiento de los procesos de extinción del derecho de dominio, a los Jueces Penales del Circuito Especializados del distrito donde se encuentren ubicados los bienes objeto de pronunciamiento y, como quiera que éstos están localizados en Cali y Restrepo (Valle), el Juez competente sería el del primero de los municipios referidos, por ser el que cuenta con mayor número de Jueces especializados.
Al respecto, pertinente resulta traer a colación la norma en cita, en su aparte correspondiente, y de la cual se pregona desconocimiento.
“ARTÍCULO 76. El artículo 11 de La Ley 793 de 2002 quedará así:
Artículo 11. De la competencia.
Corresponde a los jueces penales del circuito especializados del lugar donde se encuentren ubicados los bienes, proferir la sentencia que declare la extinción de dominio. Si se hubieren encontrado bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez determinado por reparto, de aquel distrito que cuente con el mayor número de jueces penales del circuito especializado. La aparición de bienes en otros lugares, posterior a la resolución de inicio de la acción, no alterará la competencia”
En principio podría asistirle razón al apoderado de las afectadas, de no ser porque el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, profirió el Acuerdo No. PSAA10-7090 del 31 de agosto de 2010, mediante el cual asignó por descongestión, hasta el 30 de noviembre de 2010, a los Juzgados Doce, Trece y Catorce Penales del Circuito Especializado de Bogotá, el conocimiento exclusivo del trámite y fallo de los procesos de extinción del derecho de dominio que se encuentren en curso en los Juzgados Penales del Circuito Especializado de todos los distritos judiciales del territorio nacional y de las acciones de igual naturaleza que sean remitidas durante la vigencia de la medida por los fiscales competentes, en los términos establecidos por la Ley 793 de 2002 y la Ley 1395 de 2010.
Como quiera que la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá, el 29 de noviembre de 2010, lo fue dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio, en vigencia del instrumento normativo que le confería competencia para hacerlo, no le asiste razón al togado en su pretensión de invalidar la actuación; por tanto, habrá de negarse la nulidad aducida, porque quien profirió la providencia impugnada, estaba facultado para ello.
Establecida así la ausencia de vicio que afecte de nulidad el presente trámite, continúa la Sala con el desarrollo del recurso de alzada, en punto de las objeciones expuestas por el recurrente para que la decisión proferida por el Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de Bogotá, sea revocada, y en su lugar, se garantice la propiedad de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 370-164591 y 370-26658, a las señoras Esperanza Rodríguez Vda. de Castro y Amparo Castro Rodríguez, respectivamente.
El disenso expuesto por el apoderado de las afectadas, se concreta en que, los recursos destinados a la compra de los inmuebles objeto de extinción del derecho de dominio, provinieron de las diferentes actividades lícitas desplegadas por cada una de ellas, sin la injerencia de José Santacruz Londoño, porque la primera de las afectadas lo adquirió con el producido de la empresa Confecciones Arlington Ltda., de la cual era socia fundadora, y la segunda, con la venta de productos agrícolas y las ganancias devengadas de la sociedad Inmobiliaria Samaria, la cual constituyó con recursos propios.
En ese orden de ideas, debe dilucidar la Sala, sí los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 370-164591 y 370-26658, fueron adquiridos por Esperanza Rodríguez Vda. de Castro y Amparo Castro Rodríguez, respectivamente, con recursos provenientes de actividad lícita, o si por el contrario, el dinero destinado a su compra fue producto del tráfico de estupefacientes desplegado por José Santacruz Londoño.
Para resolver el anterior planteamiento, la Sala deberá abordar, en primer término, la época en que José Santacruz Londoño incursionó en el narcotráfico; seguidamente, establecer el vínculo parental de Esperanza Rodríguez Vda. de Castro y Amparo Castro Rodríguez, con éste; posteriormente, habrá de evidenciarse el grado de participación de los miembros del grupo familiar de aquél con el tráfico de estupefacientes; y, finalmente, determinar la independencia económica de las afectadas para comprar los bienes objeto de extinción.
Así las cosas, en cuanto al primero de los planteamientos expuestos, obra el concepto favorable proferido por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, el 26 de junio de 1985, dentro del expediente No. 29.533, para la extradición de José Santacruz Londoño a los Estados Unidos de América, por requerimiento efectuado mediante Nota Verbal No. 699 del 17 de septiembre de 1984, a fin de responder en juicio por la importación desde Colombia a ese país, de más de 1500 libras de coca, entre 1981 y 1983.20
Igualmente, el informe del 1º de octubre de 2004, rendido por la Dirección Central de la Policía Judicial - Área Investigativa de Delitos Especiales – Grupo Extinción de Dominio y Lavado de activos, puso de presente que, un Juez de Instrucción de Zarumilla – Perú, investigaba a José Santacruz Londoño, por traficar estupefacientes en ese país desde antes de 197521; circunstancia que también fue informada por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, mediante oficio No. DGO SI 1/2004/194101/1 C.686.22
Así mismo, se allegó la nota requisitoria de la Audiencia Provincial de Asuntos Penales de Viena, Landesgerichtstrasse, Austria, del 20 de diciembre de 199423, que dio cuenta sobre las labores investigativas desarrolladas en ese país, que permitieron evidenciar que José Santacruz Londoño, se dedicó desde la década de los setenta, inclusive, a la importación y venta de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos de América; así mismo, la forma como aquél, a través de diferentes personas, entre ellos, José Franklin Jurado Rodríguez y Édgar Montilla García, colocó grandes cantidades de dinero en varios bancos del primero de los países referidos, los cuales fueron congelados por decreto judicial, porque provenían de la actividad ilícita en comento.
De otro lado, ha de señalarse que, la Fiscalía General de la Nación, adelantó investigación contra José Santacruz Londoño, por el delito de Enriquecimiento ilícito; no obstante, la misma no pudo continuarse por el surgimiento de una causal objetiva que así lo impedía, como fue la muerte del sindicado.24
Y, finalmente, la Dirección Nacional de Fiscalías – Unidad Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, en resolución de inicio, proferida en el radicado No. 007, el 20 de noviembre de 1997, dio cuenta del material probatorio recopilado hasta ese momento procesal, el cual fue trasladado del sumario No. 18.592 adelantado contra José Santacruz Londoño, dentro del que se cuenta, el informe No. 469 INTIN de la Subdirección de la Policía Judicial e Investigación – Unidad Central de Inteligencia, que pone de presente que aquél es considerado el cuarto en la línea al mando del la organización del cartel de Cali, y uno de los más activos en introducir cocaína a los Estados Unidos de América, desde la década de los setenta.25
En ese orden, surge claro que, José Santacruz Londoño, se dedicó desde las décadas de los setenta y ochenta, al tráfico de estupefacientes, dándose a conocer a nivel nacional e internacional, como uno de los mayores traficantes de drogas, de ahí que, hubiese sido reconocido como el cuarto hombre al mando del denominado cartel de Cali. Además que, dicha actividad ilícita le permitió generar una inmensa fortuna, la cual viene siendo objeto de extinción del derecho de dominio.
Consecuentes con la temática planteada, debe establecer la Sala, el vínculo parental de Esperanza Rodríguez Vda. de Castro y Amparo Castro Rodríguez, con el reconocido narcotraficante, José Santacruz Londoño.
Así las cosas, conforme declaración rendida por Amparo Castro Rodríguez, ante la Fiscalía General de la Nación, el 22 de abril de 1998, dentro del trámite extintivo del derecho de dominio sobre unos bienes de José Santacruz Londoño26, se tiene que, por adopción, los padres de ésta son Heriberto Castro Meza y Esperanza Rodríguez de Castro27. Manifestación de donde igualmente, se advierte el vínculo conyugal de aquéllos.
En dicha declaración, Amparo Castro Rodríguez, puso de presente que conoció a José Santacruz Londoño, cuando tenía 14 años de edad, momento desde el cual dio inicio a una relación sentimental con éste, para posteriormente contraer nupcias; por tanto, el grupo familiar de aquélla conoce al reconocido narcotraficante desde muy temprana edad, incluso, desde antes que incursionara en la actividad ilícita o se diera a conocer como traficante de drogas.
Tales aseveraciones fueron ratificadas por la señora Esperanza Rodríguez de Castro, en declaración rendida dentro del proceso al que se hizo referencia, donde además, manifestó que los bienes que figuraban a nombre de su hija, Amparo Castro Rodríguez, y nietas, Sandra y Ana Milena Santacruz Castro, fueron el producto del trabajo de su cónyuge, Heriberto Castro Meza, durante varios años en la empresa Confecciones Arlington Ltda..28
En consecuencia, queda claro que, Esperanza Rodríguez de Castro y Heriberto Castro Meza, son los padres de Amparo Castro Rodríguez, y que el cónyuge de esta última, es José Santacruz Londoño, con quien desde muy temprana edad, procreó a su hija Ana Milena Santacruz Castro29 y posteriormente, a Sandra Santacruz Castro.30
De manera que, en los términos señalados, queda establecido el vínculo parental de José Santacruz Londoño, con las señoras Esperanza Rodríguez Vda. de Castro y Amparo Castro Rodríguez, afectadas dentro del presente trámite extintivo del derecho de dominio.
Ahora, la atención de la Sala debe centrarse en evidenciar el grado de participación de los miembros del grupo familiar de José Santacruz Londoño, con el tráfico de estupefacientes desplegado por aquél durante las décadas de los setenta y ochenta.
Al respecto, se tienen dos puntos de partida, uno, de orden nacional, y otro, de índole internacional; en cuanto al primero de ellos, obran al interior de las diligencias, sentencias de primera y segunda instancia, proferidas dentro de diversos procesos extintivos del derecho de dominio sobre bienes a nombre de los familiares de José Santacruz Londoño o empresas constituidos por aquéllos; y, frente al segundo, se cuenta con las notas verbales remitidas por el Gobierno austríaco al colombiano, dando cuenta de labores investigativas contra éstos por Lavado de Activos.
De manera particular, se tiene que, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de descongestión de Bogotá, mediante proveído del 12 de noviembre de 2004, proferido dentro del radicado No. 2004-0006, declaró la pérdida del derecho de dominio de 321 bienes inmuebles que figuraban a nombre de diversas sociedades constituidas, entre otros, por Amparo Castro Rodríguez, Ana Milena Santacruz Castro y Sandra Santacruz Castro, luego de considerar que el dinero destinado a la adquisición de éstos, provenía de la actividad ilícita del tráfico de estupefacientes desplegada por José Santacruz Londoño. 31
Las sociedades sobre las que se pronunció el juzgado de instancia correspondieron a: Inversiones Integral y Cía. S.C.A., Inversiones Integral Ltda., Samaria Ltda. (Actualmente, Negocios Los Sauces Ltda.), Negocios Los Sauces Ltda. y Cía. S. en C.S., Inversiones Neoagrícola S.A. y Cía. S. en C. (Actualmente, Miraluna Ltda. y Cía. S. en C.S.), Constructora La Cascada S.A. (Actualmente, Construcciones Astro S.A.), Inversiones Santa Ltda., Inmobiliaria Aurora Ltda., Miraluna Ltda., Comercialización y Financiación de Automotores S.A. – Confiautos, Caucalito Ltda. y, Comercio, Inversiones y Créditos Integral S.A. – Intercréditos S.A..
Los apoderados de los afectados interpusieron el recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue desatado por esta Corporación mediante proveído del 31 de marzo de 200532, confirmando integralmente la providencia recurrida, luego de considerar que, en la constitución, participación y entrega de bienes de las sociedades adquirientes, propiedad de los familiares de José Santacruz Londoño, tuvo relación directa con dineros aportados por aquél.33
Asimismo, en la sentencia de primera instancia, proferida el 13 de diciembre de 2002, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali, Valle, dentro del radicado No. ED-00-005, adelantado contra bienes de los herederos de José Santacruz Londoño, se declaró la pérdida del derecho de propiedad de 294 bienes, por considerar que los mismos habían sido adquiridos con dinero proveniente de la actividad ilícita desplegada por aquél. Sin embargo, respecto de 17 inmuebles, propiedad de Amparo Castro Rodríguez, se negó la extinción de dicho derecho por considerar que durante los años 1983 y 1989, tuvo capacidad económica para su adquisición, derivada de la actividad lícita de la explotación agrícola y aportes de sus progenitores.34
En esta oportunidad, las sociedades comprometidas correspondieron a Miraluna Ltda. y Cía. S. en C.S., antes denominada Inversiones El Paso Ltda. y Cía. S. en C.S., primigeniamente constituida como Inversiones Neoagrícola Ltda. y Cía. S. en C.S., y Negocios Los Sauces Ltda. y Cía. S. en C.S., antes Inmobiliaria Samaria Ltda. y Cía. S en C.S., constituida inicialmente con la denominación de Inmobiliaria Neoagrícola Ltda. y Cía. S. en C.S., a quien se le negó la extinción del derecho de dominio de los 17 inmuebles referidos.
La anterior decisión es apelada por el apoderado de la sociedad Miraluna Ltda. y Cía. S. en C.S. y el agente del Ministerio Público, el primero, por considerar que existe cosa juzgada respecto de los bienes objeto de extinción, porque mediante auto del 16 de noviembre de 1990, un Juez de la República se inhibió para continuar con la acción extintiva del derecho de dominio; y, el segundo, por estimar que los recursos destinados a la constitución de la sociedad adquirente, fueron aportados por José Santacruz Londoño, quien los derivó de su comportamiento delictual.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santiago de Cali – Sala Penal, mediante proveído del 29 de mayo de 2003, confirmó tal decisión, luego de considerar que, en cuanto al primero de los recurrentes, no le asiste razón, porque el asunto resuelto por el Juez 5º Especializado en 1990, corresponde a una hipótesis distinta a la planteada en el proceso de extinción del derecho de dominio, y en cuanto al segundo de ellos, porque pudo advertir que Amparo Castro Rodríguez, desplegó actividad económica lícita con antelación a la fecha en que compró los bienes sobre los cuales se negó la pérdida del derecho de propiedad, la cual le permitió su adquisición.35
Sobre esta última conclusión a la que llegó el juzgador de segunda instancia, es de resaltar que, uno de los magistrados integrantes de la Sala de Decisión, no estuvo de acuerdo, por considerar que, si bien se manifestó por la oposición que los recursos destinados a la adquisición de los bienes y conformación de la sociedad por parte de Amparo Castro Rodríguez, provinieron de la actividad comercial de aquélla y el aporte realizado por sus padres, la misma carece de respaldo probatorio.
Además, porque no es dable que el acto de generosidad de sus progenitores se hubiese presentado cuando José Santacruz Londoño había acaudalado una gran fortuna mediante su ilícito actuar, y no cuando en realidad lo necesitaban, esto es, para la época en que contrajeron nupcias, momento para el cual, su condición económica no era la mejor, pues debió compartir lecho con sus suegros.36
Ahora, en lo que atañe al punto de partida internacional, se allegó al plenario la Nota Verbal No. GZ99285/4-IV1/96 del 23 de mayo de 1996, procedente del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria, dando cuenta que, para esa fecha, se había iniciado investigación contra José Santacruz Londoño, por “sospecha de narcotráfico”, y contra Heriberto Castro Meza, Esperanza Rodríguez de Castro, José Franklin Jurado Rodríguez, Jesús María Rivero García y Alexandra Tapias, por Lavado de dinero procedente del tráfico de estupefacientes.
Producto de tal investigación, fue el hallazgo de varias cuentas bancarias a nombre de Heriberto Castro Meza y Esperanza Rodríguez de Castro, en países Europeos37, donde se consignaba parte de las ganancias derivadas del tráfico de estupefacientes; también que, en dichas cuentas, figuraba José Franklin Jurado Rodríguez, con firma autorizada.
Igualmente que, ante la autoridad judicial de Luxemburgo, encargada de adelantar la citada indagación, fue allegada carta rogatoria del “Juzgado Distrital del Distrito Oriental de Nueva York”, señalando a José Santacruz Londoño como autor principal de tráfico de estupefacientes, y a José Franklin Jurado Rodríguez, Heriberto Castro Meza y Esperanza Rodríguez de Castro, como lavadores de dinero de aquél.
Y, que José Franklin Jurado Rodríguez, fue condenado como autor responsable del delito de Lavado de dineros por una autoridad judicial de Luxemburgo, el 22 de enero de 1993; comportamiento por el que igualmente fue condenado en Nueva York, el 11 de abril de 1996.38
En consecuencia, surge evidente el grado de participación de los miembros del grupo familiar de José Santacruz Londoño, en la actividad ilícita desplegada por aquél, porque pudo advertirse que éste dispuso el dinero para la conformación de varias sociedades, donde figuraron como accionistas mayoritarias, Amparo Castro Rodríguez, cónyuge y afectada en el presente asunto y, sus hijas Ana Milena y Sandra Santacruz Castro, así, como el requerido para que éstas compraran un sinnúmero de bienes, con pleno conocimiento del origen ilícito de aquél, precisamente, por el vínculo afectivo que los unía y la complicidad para conformar una cantidad de empresas fachada.
Sobre esta clase de entidades, pertinente resulta traer a colación el concepto expuesto por la Superintendencia de Sociedades, en el Boletín Jurídico No. 001 de 1999, donde evidencia la verdadera esencia para la que son constituidas.
“La simulación, en cambio, no ha sido objeto de regulación expresa en materia societaria, de manera que en cada caso es necesario establecer si la constitución de una sociedad -como consecuencia de la cual surge una persona jurídica distinta de sus socios individualmente considerados, en los términos del artículo 98 del Código de Comercio, que es titular de un patrimonio propio que no se confunde con el de ninguno de éstos- es real o simulada, o si se presenta la simulación con ocasión del funcionamiento de una sociedad legalmente constituida, verificación que correspondería a un juez civil en desarrollo de un proceso ordinario, y en el cual tendría que demostrarse el carácter "ficticio" o " de fachada", es decir, irreal o simulado de la celebración o la ejecución del respectivo contrato social. Y aunque la simulación en sí misma no es ilícita, perfectamente un acto simulado puede ser, además, fraudulento o abusivo, o darse además la ilicitud de la causa o del objeto de la sociedad disimulada, es decir, de la sociedad real, mediante la simulación absoluta o relativa de una sociedad "de fachada" o "ficticia" aparentemente real y lícita, pero que sirva de máscara para una actividad o un móvil contrario a la ley o al orden público. Todo ello en atención a que el reconocimiento legislativo de la sociedad sólo se explica en atención a una actividad económica organizada real y lícita que pueda ser canalizada a través de dicho mecanismo contractual.”39
Y, porque se evidenció que, Esperanza Rodríguez de Castro, desplegó un comportamiento activo para el ocultamiento de las ganancias derivadas del tráfico de estupefacientes desarrollado por José Santacruz Londoño, el cual surgió relevante con el hallazgo de varias cuentas en el exterior, donde eran depositadas grandes sumas de dinero que no tenían un origen lícito justificado; de ahí que, autoridades de esos países la hubieren investigado por Lavado de activos, junto con sus colaboradores, entre los cuales se cuenta, José Franklin Jurado Rodríguez, quien fue declarado responsable de dicho comportamiento en Austria y Estados Unidos de América.
Siguiendo con el desarrollo de los planteamientos expuestos, entra la Sala a determinar la independencia económica de cada una de las afectadas para comprar los inmuebles objeto de extinción.
Así, primero ha de señalarse que, el lote No. 6 de la Manzana H de la Parcelación Cañas Gordas, ubicado en Cali, Valle, que cuenta con un área de 4.048 m2 y se identifica con matrícula inmobiliaria No. 370-26658, fue comprado por Amparo Castro Rodríguez, el 20 de mayo de 197740, razón por la cual, el estudio de la capacidad económica de aquélla debe centrarse para el momento previo de dicha negociación, en aras de determinar el origen de los recursos allí destinados.
En ese orden, debe decirse que, conforme la declaración rendida por Amparo Castro Rodríguez, a la que se hizo referencia en acápites precedentes, aquélla nació el 13 de enero de 194641; el 16 de mayo de 1964, cuando contaba con 18 años de edad, contrajo matrimonio con José Santacruz Londoño42; continuó viviendo en casa de sus padres por un periodo aproximado de seis años, tiempo durante el cual, sus progenitores velaron por su manutención y la de su cónyuge; el 31 de marzo de 1965, tuvo ocurrencia el nacimiento de su primera hija, Ana Milena Santacruz Castro43; en 1969, junto con su cónyuge e hija, trasladaron el lugar de residencia a Estados Unidos de América, donde nació su segunda hija, Sandra Santacruz Castro, y permanecieron por casi diez años continuos.44
En cuanto a su actividad económica, afirmó que, cuando su primera hija se encontraba pequeña y José Santacruz Londoño estudiaba, acompañaba a su padre en la fábrica familiar denominada Confecciones Arlington Ltda., para aprender el manejo de la misma; también que, dicha empresa era próspera, al punto que le permitió a su progenitor invertir en las sociedades “La Cascada, Urcons, Urbanizaciones y Construcciones, y Santa”45; de manera concreta, señaló que aquél puso varios bienes inmuebles a nombre suyo y de sus hijas, dentro de los cuales habían algunos destinados a la actividad agrícola, por lo que realizó ventas de tales productos con diversas firmas comerciales.
De otro lado, Esperanza Rodríguez Vda. de Castro, en la declaración a la que se refirió la Sala en anteriores acápites, señaló que, la actividad económica desplegada por su hija, estuvo concentrada en las empresas que constituyó Heriberto Castro Meza, con recursos provenientes de la sociedad Confecciones Arlington; y, que los bienes raíces que figuran a nombre de ella, fueron adquiridos por su padre con el producto del trabajo realizado durante varios años en la empresa primigenia.
Asimismo, los argumentos expuestos por la oposición de Amparo Castro Rodríguez, fueron matizados en señalar que, durante las décadas de los setenta y ochenta se desempeñó como comerciante en la compra y venta de productos agrícolas con prestantes empresas, correspondiendo ellas a: Ingenio San Carlos, Industria de Concentrados Finca S.A., Molino El Águila S.A., Grasas S.A., Cooperativa Agropecuaria de Ginebra Ltda. y Agroganadera del Valle S.A..46
Al respecto, fueron aportadas certificaciones de la Cooperativa Agropecuaria de Ginebra Ltda., informando que la relación surgida entre ésta y Amparo Castro Rodríguez, fue comercial, en el sentido que, en 1982, sirvió de intermediaria de cosecha de cultivos con Idema y Gravetal, y en 1983, con Solla, Aceites, Finca S.A. e Idema.47
Igualmente, la empresa Finca S.A., puso de presente que, revisados los archivos del orden nacional y la información contable, no se encontró evidencia de que Amparo Castro Rodríguez hubiera estado vinculada laboral o comercialmente con esa sociedad.48
En ese orden de ideas, surge claro que, Amparo Castro Rodríguez, no desplegó actividad económica alguna para los años setenta, porque desde 1969 se radicó en Estados Unidos de América, lugar donde permaneció por casi toda esta década, sin que se hubiese puesto de presente la actividad desplegada en ese lugar para obtener los recursos para su manutención, ni el origen de los provistos para la misma causa.
Aunado a lo anterior, en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del radicado No. ED-00-005, antes referidas, se negó la extinción del derecho de dominio sobre 17 bienes inmuebles de aquélla y la sociedad que constituyó, porque en esa oportunidad se consideró que para la década de los ochenta, época en que éstos fueron adquiridos, la entonces afectada contó con capacidad económica proveniente de actividad lícita; no obstante, uno de los magistrados de la Sala de Decisión que desató el recurso de alzada, disintió de la posición mayoritaria, por estimar que tal aspecto no estaba acreditado al interior del plenario.
Además, en dicho trámite y el adelantado bajo el radicado No. 2004-0006, se advirtió que, un sinnúmero de bienes raíces fueron adquiridos por José Santacruz Londoño de manera directa e indirecta, por medio de diversas sociedades constituidas con la única finalidad de ocultar el origen ilícito de los recursos destinados a su compra, y de su grupo familiar, entre ellos, Amparo Castro Rodríguez.
En consecuencia, la capacidad económica de Amparo Rodríguez Castro, estaba supeditada a la actividad ilícita desplegada por su cónyuge, José Santacruz Londoño, quien fue la persona que brindó los recursos para comprar el inmueble al que se ha hecho referencia.
Ahora, en cuanto al predio rural de 3000 m2, ubicado en Restrepo, Valle, identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-164591, se tiene que, el mismo fue comprado por Esperanza Rodríguez de Castro, el 21 de febrero de 1986, por tanto, el análisis de su capacidad económica habrá de efectuarse con antelación a éste evento, para establecer el origen de los recursos empleados en su adquisición.
Sobre este aspecto, el libelista manifestó que, Esperanza Rodríguez Vda. de Castro, no hizo parte de las sociedades sobre las cuales se extinguió el derecho de dominio a los herederos de José Santacruz Londoño, sino que únicamente lo fue de la empresa Confecciones Arlington Ltda., de la cual obtuvo su incremento patrimonial.
Al respecto, no es desconocida la participación de aquélla en la citada empresa, porque así quedó evidenciado con la escritura pública No. 5596 del 26 de octubre de 1965 de la Notaría Segunda de Cali, donde quedó consignado que era socia fundadora junto con su cónyuge, señor Heriberto Castro Meza, con una participación del 46.46%49; sin embargo, en lo que atañe a los ingresos, el balance general de la sociedad al 31 de octubre de 1975, protocolizado en la escritura pública No. 7514 del 5 de diciembre de 1975 de la misma Notaría, mediante la cual se dio continuidad a la empresa, dejó ver que las utilidades de aquélla ascendían a la suma de $34.487,57.50
De manera que, atendiendo el porcentaje de participación de Esperanza Rodríguez Vda. de Castro, en la empresa de donde provenían sus únicos recursos, para 1975 le correspondería la suma de $16.022,92, monto que, para ese año51, equivalió a 13.35 Salarios Mínimos Legales Mensuales, esto es, 1,11 salarios por mes; en consecuencia, surge evidente que, los ingresos mensuales de aquélla apenas sobrepasaron la remuneración mínima establecida por el Estado, la cual se fijó en $1.200.
De otro lado, conforme los certificados de renovación de matrícula inmobiliaria aportados por la oposición, el promedio de las utilidades de la empresa Confecciones Arlington Ltda., para los cinco años anteriores a la compra del inmueble objeto de extinción del derecho de dominio en el presente asunto, correspondió a $496.628,80, los cuales debieron repartirse proporcionalmente al capital aportado, esto es, un promedio anual de $230.726,03 para la afectada.
Ahora, conforme el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-164591, se tiene que dicho bien fue comprado por Esperanza Rodríguez de Castro, mediante escritura pública No. 392 del 21 de febrero de 1986, de la Notaría Novena de Cali, por un valor de $3.000.000, y atendiendo la capacidad económica de aquélla, derivada de las utilidades de la empresa Confecciones Arlington Ltda., se advierte que no era suficiente para proceder a la adquisición de dicho bien.
Aunado a lo expuesto, las diversas certificaciones expedidas por entidades financieras, dieron cuenta que, Esperanza Rodríguez Vda. de Castro, no adquirió servicios crediticios, de donde pudiera inferirse que los recursos destinados a la compra del bien en comento, procedieron de un acto lícito, como fuera un contrato de mutuo; máxime, cuando en la escritura pública donde quedó protocolizado el contrato de compraventa, se consignó que el precio pactado se cancelaba inmediatamente.
De otro lado, no puede perderse de vista que, Esperanza Rodríguez de Castro, en compañía de su cónyuge, contribuyeron con el ocultamiento del dinero procedente de la actividad ilícita desplegada por su yerno, José Santacruz Londoño, con la apertura de varias cuentas bancarias en países del continente Europeo52, donde era consignada parte de las ganancias derivadas del tráfico de estupefacientes.
Es que, no de otra forma puede explicarse que cuantiosas sumas de dinero aparecieran consignadas en cuentas bancarias del extranjero a nombre de éstos, cuando la capacidad económica de la empresa Confecciones Arlington Ltda., de donde se aduce provenían los recursos económicos de la familia, no estaba en condiciones de generar exorbitantes sumas, como quedó evidenciado precedentemente.
Asimismo, los titulares de dichas cuentas, esto es, Heriberto Castro Meza y Esperanza Rodríguez de Castro, autorizaron la firma de José Franklin Jurado Rodríguez, quien inicialmente fue señalado por autoridades judiciales de Luxemburgo, como una de las personas encargadas de lavar dinero procedente del narcotráfico desplegado por José Santacruz Londoño, para posteriormente ser declarado penalmente responsable de dicha conducta delictiva.53
Aúnese a lo anterior que, José Franklin Jurado Rodríguez, fue extraditado de Luxemburgo a los Estados Unidos de América, donde igualmente fue investigado y sancionado penalmente por el delito de Lavado de activos, en abril 11 de 1996, por un Juez de Nueva York.54
De manera que, no cabe duda del andamiaje conformado por el grupo familiar de José Santacruz Londoño para encubrir los recursos ilícitos provenientes del tráfico de estupefacientes, en el cual sus suegros, Heriberto Castro Meza y Esperanza Rodríguez de Castro, abrían cuentas en bancos de países extranjeros para consignar las cuantiosas ganancias, aparentemente provenientes de la actividad ganadera desplegada en Colombia, como fue referido por aquéllos ante dichas autoridades55; argumento que difiere del expuesto ante autoridades nacionales, porque supuestamente éste devenía de la empresa Confecciones Arlington Ltda..56
En consecuencia, razonable es inferir que, el dinero destinado por Amparo Castro Rodríguez y Esperanza Rodríguez Vda. de Castro, en la compra de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 370-26658 y 370-164591, provinieron del narcotráfico desplegado por José Santacruz Londoño, porque se evidenció la actividad ilícita desplegada por éste, el vínculo parental de las afectadas con aquél, la participación que tuvieron en el tráfico de estupefacientes y la incapacidad económica para adquirir dichos bienes.
Por tanto, conforme las reglas propias de la carga dinámica de la prueba, característica del trámite extintivo del derecho de dominio, el Estado, representado por la Fiscalía General de la Nación, hizo un señalamiento de ilicitud de los recursos destinados por las afectadas en la compra de los bienes objeto de extinción en el presente asunto, por lo que correspondía a aquéllas, desvirtuarlo probatoriamente, sin que lo hubieren logrado.
Sobre este tópico señaló la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia del 13 de mayo de 2009, proferida dentro del radicado No. 31.147, con ponencia del Magistrado, doctor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez.
“Pero si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia demanda del Estado la demostración de los elementos suficientes para sustentar una solicitud de condena, ha de admitirse al mismo tiempo que en eventos en los cuales la Fiscalía cumple con la carga probatoria necesaria, allegando las evidencias suficientes para determinar la existencia del delito y la participación que en el mismo tiene el acusado, si lo buscado es controvertir la validez o capacidad suasoria de esa evidencia, es a la contraparte, dígase defensa o procesado, a quien corresponde entregar los elementos de juicio suficientes para soportar su pretensión.
El anterior criterio, estrechamente relacionado con el concepto de "carga dinámica de la prueba", que ya ha sido desarrollado por la Sala57 reconociendo su muy limitada aplicación en el campo penal, porque no se trata de variar el principio de que es al Estado, por acción de la Fiscalía General de la Nación, a quien le compete demostrar todas las aristas necesarias para la determinación de la responsabilidad penal, posibilita que procesalmente se exija a la parte que tiene la prueba, que la presente, para que pueda cubrir así los efectos que busca de ella.
Lo anterior, porque dentro de criterios lógicos y racionales no puede desconocerse que la dinámica de los acontecimientos enfrenta a la judicatura en muchas de las veces a situaciones en las cuales se aduce la existencia de elementos de juicio o medios probatorios que sólo se hallan a la mano del procesado o su defensor, que los invocan para demostrar circunstancias que controvierten las pruebas objetivas que en su contra ha recaudado el ente instructor, y que por lo tanto es a ellos a quienes corresponde allegarlos al proceso si quieren obtener los reconocimientos que de los mismos buscan.”
De otro lado, para responder el argumento aducido por el recurrente en cuanto a la aplicación del principio de presunción de inocencia, ha de señalarse que, contrario a lo expuesto por él, en el proceso de extinción de dominio, gobernado por la Ley 793 de 2002, no se pregona la presunción de inocencia, como efectivamente procede en la acción penal, porque atendiendo la autonomía predominante de la citada acción, el legislador impuso la obligación a los afectados de demostrar la procedencia lícita de los recursos objeto de la misma.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-740 de 2003, Magistrado ponente, doctor Jaime Córdoba Triviño, dijo:
En primer lugar, la Corte debe reiterar que la extinción de dominio es una acción constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad. De acuerdo con esto, no se trata, en manera alguna, de una institución que haga parte del ejercicio del poder punitivo del Estado y por ello no le son trasladables las garantías constitucionales referidas al delito, al proceso penal y a la pena. Por lo tanto, en el ámbito de la acción de extinción de dominio no puede hablarse de la presunción de inocencia y, en consecuencia, de la prohibición de inversión de la carga de la prueba pues estas garantías resultan contrarias a la índole constitucional de la acción.
No desconoce esta Corporación que en anteriores pronunciamientos se admitió que en la acción de extinción de dominio era aplicable la presunción de inocencia. No obstante, tales pronunciamientos se profirieron con base en un régimen legal diferente al actualmente vigente, régimen promulgado frente a un contexto histórico también distinto y con una teleología legislativa diversa. De allí que en ese régimen, si bien se afirmó la autonomía de la extinción de dominio, se lo hizo sin desvincularla completamente de la declaratoria de responsabilidad penal. Ello fue así al punto que, según los artículos 7 y 10 de la Ley 333 de 1996, no se podía adelantar la acción de extinción de dominio de manera independiente cuando existían procesos penales en curso, pues se trataba de una acción que era complementaria de la acción penal.
Conforme las premisas expuestas, se advierte configurada la causal 2ª del artículo 2º de la Ley 793 de 2002, en la adquisición de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 370-26658 y 370-164591, porque Amparo Castro Rodríguez y Esperanza Rodríguez Vda. de Castro, los compraron con dinero proveniente de la actividad ilícita desplegada por José Santacruz Londoño; por tanto, el derecho del dominio sobre éstos debe ser extinguido a favor del Estado, conforme lo estableció el a quo, de manera que, la decisión apelada será confirmada, por encontrarse ajustada a derecho y a la evidencia probatoria.
Ahora, como el a quo negó la extinción del derecho de dominio sobre las acciones que se tenían en el BBVA Banco Ganadero, por Amparo Castro de Santacruz, Ana Milena y Sandra Santacruz Castro, debe dilucidar la Sala, sí conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 793 de 2002, modificado por el artículo 80 de la Ley 1395 de 2010, vigente para la fecha en que se profirió la sentencia, debe conocer de tal determinación en grado jurisdiccional de consulta.
Al respecto, pertinente resulta traer a colación el instrumento normativo al que se ha hecho referencia, en los aspectos sustanciales, en aras de dilucidar el asunto en debate.
“ARTÍCULO 80. El artículo 13 de la Ley 793 de 2002 quedará así:
10. En contra de la sentencia que decrete la extinción de dominio solo procederá el recurso de apelación, interpuesto por las partes o por el Ministerio Público, que será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a su Despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que n
o sea apelada, se someterá en todo caso al grado jurisdiccional de consulta.
11. Cuando se decrete la improcedencia sobre un bien de un tercero de buena fe, el fiscal deberá someter la decisión al grado jurisdiccional de consulta. En los demás casos, será el Juez quien decida sobre la extinción o no del dominio, incluida la improcedencia que dicte el fiscal sobre bienes distintos a los mencionados en este numeral. En todo caso, se desestimará de plano cualquier incidente que los interesados propongan con esa finalidad.”. Resaltado fuera del texto.
Así las cosas, surge claro que, si la Fiscalía General de la Nación declara improcedente la acción de extinción del derecho de dominio sobre terceros de buena fe, deberá, de no ser apelada la decisión, someterse al grado jurisdiccional de consulta ante el superior funcional para resolver definitivamente sobre éstos, porque respecto de la improcedencia declarada sobre bienes distintos de aquéllos, será competencia del Juez de Conocimiento, quien adopte la decisión final.
De manera que, si la Fiscalía General de la Nación, conociendo de la apelación o consulta de la improcedencia de la acción sobre bienes de terceros de buena fe, confirma lo resuelto por el a quo, surge el fenómeno jurídico de cosa juzgada, porque no de otra forma podría interpretarse que el legislador hubiese facultado al Juez de Conocimiento para conocer únicamente de la improcedencia declarada sobre bienes diferentes a aquéllos.
En el presente asunto, se tiene que, la Fiscalía 5ª Especializada, mediante proveído del 29 de agosto de 2008, declaró improcedente la acción de extinción del derecho de dominio sobre las acciones de Amparo Castro de Santacruz, Ana Milena y Sandra Santacruz Castro, en el Banco BBVA Ganadero, porque las mismas fueron cedidas a la señora Betty Micolta Salinas, quien a su vez las desmaterializó y negoció en la bolsa, surgiendo imposible su persecución, porque fueron adquiridas por terceros ajenos a la presente acción.
Asimismo que, inconforme con la anterior determinación, la Dirección Nacional de Estupefacientes interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial – Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, mediante proveído del 30 de enero de 2009, impartiendo confirmación por considerar que dichas acciones fueron adquiridas por terceros de buena fe exenta de culpa.
Conforme las premisas expuestas y la situación procesal descrita, no cabe duda que el Juez de Conocimiento no tenía conocimiento para pronunciarse sobre las acciones del Banco BBVA Ganadero, que inicialmente figuraron a nombre de las afectadas, porque la Fiscalía General de la Nación consideró en primera y segunda instancia, respectivamente, que éstas fueron adquiridas por terceros de buena fe; por tanto, en esa instancia finalizó la acción extintiva contra dichos bienes e hizo tránsito a cosa juzgada.
En consecuencia, conforme la anterior realidad que emerge del proceso, se revocarán los numerales segundo y tercero de la providencia recurrida, para dejarlos sin efectos, porque pretermitió el debido proceso.
Por lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D. C, SALA DE DECISIÓN PENAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

References: resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 79
 artículo 34
 artículo 76
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 11
 resolución 
 artículo 63
 resolución 
 artículo 98
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 80
 artículo 13