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Timestamp: 2017-04-29 13:24:24+00:00

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Síntesis Política de Imagen Política	Publicado el 14 julio, 2011	por Imagen Política Finanzas, Negocios /Energía
Moodys advierte posible degradación de nota de EU
Economía, menos expuesta a crisis europea: BBVA
Superará crisis en 2012 el crédito hipotecario.
Bajará producción de petróleo de Pemex: OPEP
Costo de regulación representa 4.8% del PIB
Eliminará Cofepris registros de 1, 700 productos
SCT prevé definición de MVS pronto
Cofetel aprueba Convenio Marco
Agentes aduanales renovarán dirigencia
Aumentan 4.2% ventas de ANTAD
56 mpd por homicidas de Le Baron, Sicilia y otras víctimas
Ayer, 37 ejecutados en nueve estados
Campea parálisis en comisiones de San Lázaro
Propuesta política, manipulada por el PRI: PRD
En 10 años creció 280% gasto federal en difusión
No hay dictámenes para el extra: Beltrones
Ulises Ruiz tendrá que comparecer: Cué
Córdova confirma que buscará Guanajuato
Descarta PAN alianza con Panal en 2012
En el PRI no habrá cargada: Moreira
Retoma SCJN casos de violaciones a DH
Por trata de personas, cárcel en automático
El PRI no se dividirá como en el 2006: Moreira
SSP paga 38 mdp a tv para difundir campañas. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pagó en menos de tres años, a través de 14 contratos, más de 38 millones de pesos a la empresa Televisa, para difundir logros y campañas de la dependencia, y también para dar a conocer detenciones de secuestradores o de delincuentes relacionados con el crimen organizado. La SSP otorgó todos los contratos por adjudicación directa y fue la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales la que se encargó de autorizarlos. El más costoso fue de 13 millones de pesos con motivo de “diversos servicios publicitarios”. Éste inició el 24 de noviembre y concluyó el 14 de diciembre de 2008. La dependencia federal confirmó la existencia de los contratos e informó que se pagaron a la televisora porque en el momento de lanzarse las campañas no se disponía de tiempos oficiales, y añadió que la Secretaría de Gobernación autorizó el uso de recursos para comprar tiempo en televisión. La información de estas contrataciones se encuentra disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública (www.pot.gob.mx), donde se informa el tipo de contratación, el área que contrató, el monto, la fecha de contratación y la empresa contratada. Sin embargo, la SSP no “sube” a internet el documento completo del contrato. Para difundir los “Logros y Valores de la SSP”, el 30 de agosto de 2010 pagó 10 millones de pesos para la difusión en tiempos comerciales de dicho concepto, bajo la versión “Cuarto Informe de Gobierno”. Por ejemplo, para la transmisión del “aviso urgente” denominado “Secuestradores” en tiempos comerciales de televisión, se pagó en dos días —en abril de 2009— 1 millón 34 mil 459 pesos a la televisora. (Universal)
Jorge Castañeda. El tiempo nos alcanzó. En días recientes Héctor Aguilar Camín ha comentado el artículo del NYT, de Damien Cave, sobre la migración mexicana a Estados Unidos, que es más que digno de reseñarse. La tesis central es que entre una reducción del número de mexicanos que se van y un aumento del número de mexicanos que regresan de EU, prácticamente las salidas netas se han vuelto nulas. Estoy de acuerdo con el presidente Calderón en el sentido de que es una exageración, pero que sí describe una tendencia importante. Digo que tal vez sea una exageración a pesar de que el artículo cita a quien considero el mayor experto norteamericano en la materia, Douglas Massey, de la U. de Princeton, en el sentido de que así está sucediendo. Sí me parece que ha bajado el número de personas que se van, quizás no como dice el NYT -de 525 mil al año a mediados de la década pasada a apenas 100 mil ahora; pero no creo que haya aumentado el número de personas que vuelven a México de manera definitiva. Por lo que escucho en Estados Unidos, lo que veo en otras fuentes y lo que me late sí es muy probable que la emigración de México a EU disminuyó, que el retorno no aumentó y que las partidas netas se ubiquen entre 350 y 200 mil al año. Lo sabremos con más precisión cuando tengamos los datos definitivos del envío de remesas del 2011, aunque el dato de 2010 ya es revelador 15% menos que 2008, pero igual a 2009. Más aún me parece que apenas se recupere la industria de la construcción norteamericana -si es que sucede- se incrementará la demanda de mano de obra y subirá el número de mexicanos en pos del sueño americano. También me parece que cuando pase la histeria antimexicana en Estados Unidos, sobre todo en zonas como Arizona, Georgia, Colorado, los mexicanos sin papeles en ese país volverán a declarar con menos temor su situación migratoria para ser contados por el censo norteamericano o las empresas encuestadoras. Pero más allá de estos matices, lo importante del artículo del NYT y de los comentarios de Aguilar Camín es que efectivamente ha sucedido lo que se dijo a las máximas autoridades norteamericanas desde principios de 2001. Todo el tema del acuerdo migratorio (“la enchilada completa”) se refería a lo que desde entonces llamamos “un puente”. Es decir, sabíamos y así se dijo, de manera muy clara, que para el 2010 o 2015, aún con un crecimiento mexicano mediocre, el universo de migrantes potenciales seguiría achicándose por razones de edad; de convergencia, aunque fuera mínima, de los salarios; y por las oportunidades de empleo en México (ver cable de Colin Powell a David Davidow, del 1o. de febrero de 2001 obtenido a través de FOIA con clave A89; y mi libro ExMex). Incluso afirmamos, dejándolos un poco estupefactos, que para 2015 serían ellos quienes suplicarían enviáramos más gente porque iban a necesitar mucha más que la que llegaría espontáneamente. Estábamos convencidos -gracias a escuchar las sabias opiniones de expertos como Rodolfo Tuirán, Jorge Bustamante y muchos más- que esto iba a suceder. Claro, ni ellos ni nosotros pensábamos que el tiempo iba a pasar. El hecho es que más allá de los detalles y de las variaciones coyunturales que no se pueden descartar ni menospreciar, el número de mexicanos dispuestos a irse a Estados Unidos a ganar más, pero con un diferencial menor que antes, a pagarle más al pollero -aunque todavía sea buena inversión- y a correr riesgos severos, aunque manejables, va a ir disminuyendo. Mientras siga creciendo la clase media mexicana, y cada vez más mexicanos de los deciles de menores ingresos vayan entrando a deciles de ingresos superiores, menos va a crecer el universo migratorio. Si además se mantienen deprimidos los salarios en Estados Unidos, y las industrias empleadoras de mano de obra poco calificada sigan deprimidas, menos mexicanos se irán. Qué bueno que Douglas Massey, Héctor Aguilar Camín, el New York Times y Felipe Calderón lo digan, y qué bueno que algunos lo dijimos hace 10 años. (Reforma)
IFE Héctor Aguilar Camín. Ítem más: ¿qué hacer con el IFE? La crisis por la que atraviesa el IFE, de la que no habrá solución si no hay una sacudida que obligue a corregirlo de emergencia, viene de la reforma constitucional de 2008. Agraviados por el trato que recibieron de las televisoras durante la campaña de 2006, los partidos cerraron filas como un puño y firmaron una reforma que alteró sustancialmente las reglas del juego. Tomaron venganza de las televisoras, sacándolas del dinero electoral de mala manera, no porque el objetivo fuera malo, sino porque los candados puestos sirvieron poco a ese propósito. La reforma de 2008 creó un mercado negro de publicidad política y dio a los medios masivos un poder extraordinario: el poder de decir quién entra a sus pantallas y a sus micrófonos y quién no. Cuando el acceso podía comprarse, todos podían entrar. Hoy sólo entran quienes llegan a un acuerdo con los medios. Ya esto de las televisoras era un remedio matador, pero, puestos a comer, los legisladores se comieron también al Instituto Federal Electoral. Decidieron que, en el fondo, era válida la queja de la izquierda sobre aquellas elecciones, y que el IFE era el culpable y había que rehacerlo de arriba abajo. La consecuencia fue la captura definitiva del IFE por los partidos y el gobierno, un rediseño por cuotas partidarias de la antigua joya imparcial de la democracia mexicana. Botón de muestra: los legisladores que rehicieron el IFE no cumplieron el plazo constitucional que ellos mismos se dieron para nombrar a los nuevos consejeros. Es la hora en que no han cumplido el plazo legal para nombrar a los últimos tres consejeros removidos escalonadamente por aquel corte. El problema central es que partidos y gobierno secuestraron una institución que debe ser garantía no de los intereses de los partidos, sino del voto ciudadano. Hoy el IFE es una maquinaria acosada por los partidos y el gobierno, intervenida y obligada a servir los caprichos divergentes de las fuerzas políticas. Es un árbitro sin respaldo ni silbato, en un juego donde los jugadores se dedican a sumar agravios para denunciar después que el juego debe anularse. El IFE necesita una crisis mayor para que los responsables de su ruina le hagan un arreglo mayor. Lo necesita también la conducción democrática de México en 2012. La renuncia de los consejeros que sugerí ayer sería una crisis de ese tipo. Puede haber otras. Los ciudadanos necesitamos que partidos y gobierno nos devuelvan al IFE. Se llevaron un IFE de clase mundial, que nos devuelvan un IFE de clase mundial. (Milenio)
Distancia / Tres
Leo Zuckermann. Sobre el mito de la sana distancia. Un mito es la “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico”. En México se han generado muchos mitos a propósito de la acción política del Presidente. Mitos que no corresponden a la realidad del papel del jefe del Ejecutivo en un sistema de pesos y contrapesos como el nuestro. Mitos producto de una realidad que ya no existe: la de un régimen autoritario que tuvo como eje central el ejercicio desmedido del poder presidencial. Mitos que pretenden crear un presidente “divino o heroico”, un ángel más que un político. Uno de esos mitos, que sigue teniendo mucha vigencia, es que el Presidente no debe involucrarse en los aspectos internos de su partido. Durante las épocas del priismo, el jefe del Ejecutivo tenía la posibilidad de imponer su voluntad al partido. Sin embargo, la sujeción del PRI nunca fue total y automática. Siempre existieron tensiones entre Insurgentes Norte y Los Pinos. Muchas veces se tenía que negociar. En no pocas ocasiones, los presidentes sucumbían a las pretensiones del partido. En las décadas de los ochenta y los noventa, cuando comenzaron a abrirse la política y la economía, se tensó aún más la relación entre los dos pilares del sistema político mexicano. El Presidente pudo apoyar cada vez menos al PRI y viceversa. Con Ernesto Zedillo se llegó al pináculo de una relación atormentada. En un famoso discurso, Zedillo declaró que mantendría una “sana distancia” con el partido que lo llevó al poder. Esta promesa era compatible con el discurso políticamente correcto de la democratización del país: el Presidente no tenía por qué meter las manos en los asuntos de su partido. Cuando los panistas llegaron al poder, inmediatamente asumieron el trauma de los priistas como si hubiera sido suyo. Rápidamente anunciaron que en su partido nunca ocurriría lo que había pasado con el PRI: los panistas no se dejarían subyugar por el Presidente. No permitirían que Fox metiera las manos en el PAN. Esto a pesar de que nadie, en la historia del panismo, fortaleció más a ese partido como Vicente Fox en el 2000. La verdad es que el guanajuatense nunca tuvo buen cartel dentro de su partido. Siempre hubo una relación atribulada con los panistas. Era de la nueva generación de políticos de origen empresarial, reclutados por Manuel J. Clouthier, que no traía la sangre blanquiazul de las familias de abolengo que tradicionalmente han controlado a ese partido. En lugar de cobijarlo, los panistas marcaron las fronteras con el Presidente. Y Fox los respetó. Fue cauteloso en su relación con el PAN. Se metió poco en los asuntos internos del partido. Caso muy diferente ha sido el presidente Calderón. El sí se ha metido a fondo en el PAN. Entendió, correctamente, que en toda democracia presidencial se espera que el jefe del Ejecutivo tenga una base política, con los que comparte un proyecto de nación, que esté dispuesta a trabajar en conjunto para sacar adelante una agenda gubernamental. Por eso, la relación entre el Presidente y su partido tenía que ser la más cercana posible. A mayor cercanía, mayores las posibilidades de éxito para impulsar su programa de gobierno. Lo que habría que evaluar son los resultados de la relación muy cercana entre Los Pinos y el PAN. ¿Sirvió para sacar adelante la agenda presidencial? ¿Cuáles fueron los beneficios electorales que el partido gobernante cosechó con el liderazgo directo del Presidente? Tocará a los panistas, en primer lugar, hacer esta evaluación. Sobre todo hacia adelante donde tendrán que decidir si su próximo candidato presidencial es cercano a Los Pinos o distante, como en su momento lo fue Calderón con Fox. Independientemente de esta valoración, sigo creyendo que “la sana distancia” es un recurso más retórico para un país en proceso de democratización. En cambio, para un país democrático, se trata de un mito. Si lo que se pretende es gobernar en serio, lo necesario es una sana cercanía entre el Presidente y su partido (Excélsior)
Ricardo Alemán. PAN: sólo quedan tres. Luego de la paliza del domingo 3 de julio, los políticos profesionales del PAN parecen haber despertado y, por primera vez, se habrían percatado de que el tiempo se les vino encima. Y es que está claro para todos que, justo cuando falta un año para la elección presidencial de julio de 2012, los azules aún no tienen un candidato visible, tampoco un precandidato y menos un líder capaz de sacudir la modorra en la que Felipe Calderón parece haber metido al PAN. Pero resulta aún más preocupante el retraso del reloj electoral azul si se recuerda que, desde la candidatura presidencial del Maquío Clouthier —en 1988—, pasando por las de Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y Felipe Calderón, nunca se había llegado al año previo a la elección sin un líder, un candidato puntero o por lo menos una dupla con capacidad de crecer. A estas alturas, en 1988 ya era imparable el liderazgo de ese tractor de aspiraciones democráticas llamado Manuel J. Clouthier. En 1994, el liderazgo de Diego Fernández de Cevallos era aplastante, en tanto que desde julio de 1997, un locuaz Vicente Fox se proclamaba candidato presidencial y prácticamente le arrebató el partido y la candidatura a todos los aspirantes. En julio de 2005, a estas alturas, ya despuntaban como principales líderes los señores Santiago Creel y Felipe Calderón. En pocas palabras, que el PAN vive una crisis político-electoral que va desde la descompostura de su calendario de comicios, acompañada con la aridez de su cantera de presidenciables, pues de los muchos que asoman la cabeza, ninguno tiene un origen verdaderamente panista. Y el asunto se complica más cuando se mira a partidos como el PRI, que tiene en sus filas al puntero absoluto, Enrique Peña Nieto; seguido por un nada despreciable segundo lugar que ocupa Manlio Fabio Beltrones. En el PRD no hay más que dos posibles candidatos: AMLO y Marcelo Ebrard. ¿Y en el PAN? Los azules debieron ser aplastados y enviados al tercer lugar de las preferencias en el Estado de México, para que uno de los punteros, Santiago Creel, decidiera dar un primer paso para romper la inercia y la modorra que se apoderó de su partido. Sin embargo, “la fuga” que pretende Santiago Creel del pelotón de presidenciables azules no parece suficiente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Creel es puntero entre los presidenciables, también es verdad que el ex senador se mueve fuera de “la burbuja” del presidente Calderón. ¿Y eso qué quiere decir? Casi nada, que Santiago Creel se puede fugar todo lo que quiera, que puede avanzar todo lo necesario para sus aspiraciones presidenciales, pero sus movimientos no están en el radar de la casa presidencial. Es decir, que si bien es cierto que Creel tiene imagen, aceptación y popularidad entre la población en general, intramuros del partido azul son más los malquerientes que los activos a favor de Creel. En todo caso, la apuesta de Santiago Creel parece estar destinada a la “tercería” en una contienda en que —paradojas de la política— no hay un primer lugar y menos un segundo puesto. Y no, no se trata de un galimatías. Lo que ocurre es que Creel ha sido por años el puntero presidencial del PAN —seguido muy de cerca por Josefina Vázquez Mota—, pero no el preferido por los panistas en el poder. En cambio, los preferidos de la casa presidencial —Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Javier Lozano— nomás no crecen en la conciencia colectiva de los potenciales electores. Por eso, porque hace agua el proceso de sucesión presidencial entre los azules, en las próximas horas se llevará a cabo un acuerdo entre los poderes reales del partido azul, en donde se podría llegar a la conclusión de que sean tres los aspirantes. ¿Por qué tres? ¿Y quiénes serían los tres? Resulta que la casa presidencial procesa un acuerdo entre aspirantes que se mueven en “la burbuja” presidencial, a fin de que sólo uno de ellos represente a ese grupo. Por eso, en cuestión de días Javier Lozano se retirará de la contienda para ratificar, como ya lo hizo público, su apoyo a Ernesto Cordero. En cuestión de semanas, se espera que Alonso Lujambio haga lo mismo —que se retire de la contienda—, en tanto que el gobernador de Jalisco podría renunciar a su cargo, para sumarse de lleno a una de las candidaturas que sobrevivan. Así, en un par de meses veremos en abierta campaña a tres pretensos a la candidatura presidencial del PAN: Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero. Al tiempo. ******EN EL CAMINO. ¡Sí, por el bien de todos, que renuncien los consejeros del IFE! (Excélsior)
Diódoro Carrasco. La sucesión en los partidos. En las últimas dos semanas han pasado cosas interesantes en la escena política, perfilando claramente el proceso sucesorio en los principales partidos políticos. El gobernador Peña Nieto trata de minimizar lo que ocurrió con el lanzamiento del movimiento EPN, dice que “alguien lo organizó”, no él; que no se trata de una repetición de la clásica cargada. Peña encontró su valla de contención interna en el senador Beltrones, quien estoicamente insiste en la fórmula reyesheroliana de que primero es el programa y luego el hombre. Por parte del PRD, tenemos las definiciones de Marcelo Ebrard sobre gobierno de coalición, su crítica a Encinas que finalmente es una crítica a la estrategia de AMLO contra las alianzas, sus gestos empáticos hacia Calderón en la reunión de la Conago. Vemos a López Obrador reiterando su idea de que a la mafia le gustaría que Ebrard fuera el candidato de la izquierda. Las grandes líneas están trazadas en el PRD, y se anticipa “choque de trenes”. En el PAN, las novedades son la encuesta Mitofsky, que arroja un crecimiento importante de Josefina Vázquez Mota, y un estancamiento de Santiago Creel, al tiempo que registra el prácticamente nulo crecimiento de los precandidatos del llamado grupo compacto calderonista (incluido el secretario de Hacienda y visible favorito interno, Ernesto Cordero). Creel pide licencia en el Senado y manda un mensaje muy claro: está quemando sus naves porque va para adelante, hasta donde tope. Es una jugada inteligente que pone el dedo en la llaga: se trata de mover al partido, de agitar las estancadas aguas internas, de acelerar tiempos; mete presión a la dirección nacional y presiona para que se tomen definiciones. Lo peculiar de la situación panista es que los dos precandidatos más fuertes tanto en lo interno como en la percepción social, están fuera del gabinete presidencial. Dentro del primer círculo, parecería que no hay claridad en cómo elegir al bueno: a estas alturas todos, hasta los secretarios de Educación y de Desarrollo Social, se mantienen “en la polla”. Sólo Javier Lozano (STPS) da muestras de sentido común y se prepara a abandonar sus legítimas aspiraciones políticas, para incorporarse al equipo de Ernesto Cordero. En tal caso, Cordero tendría que renunciar en agosto, con lo que implica en términos de reacomodos en el gabinete y en otros efectos. El hecho es que el PAN no puede tener seis o siete precandidatos, tiene que encontrar, y pronto, una manera de simplificar y ordenar la baraja. Se requieren definiciones contundentes. No pueden esperarse a noviembre, que está muy cerca en el calendario, pero políticamente lejísimos. Ciertamente hay que respetar la ley en lo que toca a los tiempos de precampañas, pero véanse en el espejo de lo que están haciendo sus rivales de los otros partidos, sobre todo Peña Nieto y López Obrador. El PAN no puede esperarse a las precampañas constitucionales para echarse a andar, pues implica dar a sus rivales de los otros partidos una ventaja que los vuelva inalcanzables. Supongo que para eso son las reuniones que en estos días ha convocado el presidente del CEN, Gustavo Madero. Se necesita un proceso no sólo transparente, sino ordenado y equitativo. A estas alturas es muy claro que el PAN no resistiría una elección impugnada por los participantes, políticamente sería el acabose y la garantía de un humillante tercer lugar en julio de 2012. Diría que se requiere la validación del padrón de activos adherentes por parte de todos los precandidatos participantes así como de las reglas. Con el referente negativo del Estado de México en la mente, parece sensato que el PAN acuerde un método de elección de su candidato(a) donde se promueva la más amplia participación social y ciudadana. Habría que aprovechar el proceso interno para fortalecer a un partido que anda sin duda de capa caída, pero que mantiene, sin embargo, grandes activos en su historia, en sus cuadros y en la actual gestión gubernamental (no suficientemente explotados hasta ahora), en áreas como educación, salud, combate al crimen organizado, a la corrupción, defensa de los derechos ciudadanos y transparencia. (Milenio)
Michoacán / Tabasco
Miguel A. Granados Chapa. El turno de Michoacán. Exactamente cuatro meses antes de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo local, mil 800 miembros de la Policía Federal llegaron a Michoacán para, según se anuncia, combatir a Los Caballeros Templarios, el grupo delincuencial que ha reemplazado a La Familia Michoacana. Según el gobierno federal, esta organización ha quedado diezmada. Además de la muerte de Nazario Moreno González, llamado El Chayo (más hipocorístico que apodo), y la captura de José de Jesús Méndez, motejado El Chango, en los años y meses corridos desde diciembre de 2006, fueron detenidos más de 700 miembros de La Familia. No se informa cuántos de ellos fueron llevados a proceso y cuántos fueron sentenciados. En Michoacán comenzó en aquella fecha, apenas unos días después de la toma de posesión de Felipe Calderón, la actuación del Ejército, en combinación con las fuerzas de seguridad locales. El hecho mismo de que el refuerzo de la presencia federal, con casi 2 mil hombres más, se concentre en Apatzingán y en el resto de la Tierra Caliente habla del fracaso de la guerra a balazos. Lo mismo dice la sustitución de La Familia por los Templarios, que bien podría ser no una división que deriva en enfrentamiento sino una estrategia de esa banda para embozarse y evitar la captura de Servando Gómez, apodado La Tuta, sobre el cual van los efectivos llegados a Michoacán. Todos esos hechos comprueban lo bien sabido: que la delincuencia organizada es una hidra de mil cabezas a la que no basta cortar de tajo algunas de ellas porque de ese modo no se le priva de la vida. El arribo de la Policía Federal significa en más de un sentido un regreso al comienzo, aunque cambien los uniformes de los encargados de brindar seguridad a los michoacanos. La misma expectativa generada deliberadamente por el gobierno federal en 2006 es la que acompaña cuatro años y medio después a este refuerzo. Pero, por ello mismo, es difícil que el augurio de días mejores por la reforzada presencia policial suscite confianza en la población, que en ese lapso ha sufrido estremecimientos como el ataque con granadas a la multitud reunida para festejar El Grito en 2008 y la acumulación de muertes con violencia ocurridas día tras día. Una circunstancia agrava el panorama: la permanente tensión entre el gobierno federal y el local, que se expresó en la fallida operación ministerial conocida como michoacanazo, consiste en la captura de más de 30 alcaldes y funcionarios estatales y municipales, incluido el procurador de justicia del estado. Ninguno de ellos quedó preso, pues fueron frágiles las evidencias reunidas por la Procuraduría General de la República y los jueces no pudieron iniciar procesos en su contra (si bien ellos sufrieron las invectivas del presidente Calderón por su presunta lenidad). Calderón marcará con su sello, indefectiblemente, la temporada preelectoral que ya está en curso. Su hermana mayor Luisa María, que se radicó en Morelia con el fin expreso de contender por la gubernatura, lo representará en el proceso electoral, quiérase que no. Es verdad que ella ha tenido una carrera política propia pero en las actuales circunstancias quien compite por la candidatura dentro del PAN y disputará el gobierno a otros candidatos, no es la ex senadora Calderón, sino la hermana del presidente de la República, que con su apoyo aspira a hacer realidad el propósito que el propio Felipe Calderón forjó en 1996 cuando aspiró, en muy otras condiciones, adversas las más de ellas, a gobernar a sus paisanos. En razón de su parentesco, la futura candidata panista (formalizará esa su condición en unos días más) cuenta con escolta del Estado Mayor Presidencial. Ese convincente signo exterior de poder (aunado a otros mecanismos de mayor efectividad) modelará la opinión de muchos panistas y votantes, lo que introduce un factor de inequidad en la competencia. No es seguro que el joven senador Marko Cortés se avenga sin más a esa ventaja de su oponente en la contienda interna. No llegará a una fractura, pero sí tal vez a una retracción de los panistas que se sientan maltratados desde el poder ejercido por su propio partido. En cambio, una sombra de división más concreta se cierne sobre los partidos llamados de izquierda, que no tienen resuelto si se unen y en torno de cuál candidato. El PRD, al que pertenece el gobernador Leonel Godoy, eligió hace dos semanas al senador Silvano Aureoles como su candidato. Pero su principal oponente, Enrique Bautista, presentó más de 700 recursos de inconformidad en un universo de casillas apenas un poco mayor, que están en curso ante los órganos internos del partido, pero parecen haber afectado ya la integración de la alianza que permitiría al PRD mantener el poder. Aunque alega insatisfacción con la forma en que se componen las planillas de candidatos (pues el 13 de noviembre habrá elecciones generales), el Partido del Trabajo quizá expresa con su renuencia el rechazo de Andrés Manuel López Obrador a la candidatura de Aureoles, similar al que lo condujo a auspiciar fallidas candidaturas en Nayarit y Coahuila. Debido a la persistencia gubernamental en una estrategia que produce resultados sólo aparentes, que dan lugar a la renovación de los cuadros delictivos, y la reactivación del desafío delincuencial, el proceso electoral se desarrollará en el ambiente menos propicio. Toca a los partidos contribuir a que se alivien las tensiones presentes, mediante una participación que oriente a los ciudadanos, en vez de disgustarlos más de lo que están.*******Cajón de Sastre. A ver si no dejan desguarnecida a la Policía Federal en Michoacán. Ya ha ocurrido allí mismo y en otros puntos a los que se envían destacamentos, que no se cubren puntualmente los haberes y no se provee a los agentes de alojamiento mínimamente aceptable. Es que en la Secretaría de Seguridad Pública, y en la propia corporación policial, hay prioridades. Se privilegia el gasto propagandístico, como se ha comprobado ahora oficialmente. Producir y transmitir la serie El Equipo no fue un acto de colaboración de Televisa a la buena imagen de Genaro García Luna. Fue sencillamente un negocio. La SSP pagó más de 118 millones de pesos, amén de facilitar personal, instalaciones y equipo para la grabación. También pagó la hechura de Drenaje profundo -más sincera en su título- grabada y transmitida por TV Azteca. (Reforma)
Templo Mayor.El químico Andrés Granier provocó una reacción en cadena dentro del priismo tabasqueño que amenaza con explotarle en las manos. Resulta que su secretario de Gobierno, Humberto Mayans, renunció al cargo para buscar la candidatura del PRI a la gubernatura y, de pronto, anunció que se retiraba de la contienda, quesque para no dividir al partido. Quienes saben de qué lado masca el pejelagarto, cuentan que, en realidad, el retiro de Mayans revela un fuerte desacuerdo con el gobernador Granier. Para más señas dicen que el mandatario está empeñado en hacer candidato a su secretario de Salud, Luis Felipe Graham, aunque muchos no le ven tamaños. Por lo visto el químico Granier no recuerda que mezclar división interna, con despecho de precandidato popular y ansias de la oposición, da como resultado una alianza anti PRI con altas posibilidades de ganar la gubernatura. (Reforma)
Jesús Sánchez. La crisis política derivada de la declinación de Humberto Mayans Canabal a la gubernatura de Tabasco mostró que lo que hace falta en la entidad es disponer de reglas claras para garantizar la equidad entre los competidores. Mayans asegura que fue obstaculizado por intereses mezquinos y eso tiene que tomarse en cuenta. Por ahora el secretario de Salud, Luis Felipe Graham, aseguró que no renunciará a su cargo, se dice respetuoso de quienes lo colocan en las primeras posiciones de las preferencias, pero dice que hoy son los tiempos de Andrés Granier. Ya se sabe que a río revuelto, los ganones son otros, ¿no? (Financiero)
Carlos Loret. El PAN le da la razón a AMLO. El PAN le da la razón a AMLO Mañana, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se van de vacaciones. Cuando regresen, dos semanas más tarde, concretamente el 2 de agosto, tienen en agenda discutir un tema sumamente polémico en el que, con un sexenio de diferencia, han coincidido dos enemigos acérrimos. La historia va así: en 2005, el entonces jefe de Go biemo del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fue desaforado, destituido por el Congreso nacional a consecuencia de que se empeñó en hacer una calle en la delegación Cuajimalpa, en un predio que se volvió famoso: El Encino. El proyecto vial era conectar la cada vez más grande Santa Fe, ahorrar al ciudadano aproximadamente media hora por viaje y comunicar una zona cada vez más poblada que llevaba como edificio emblema el nuevo hospital inglés (ABC). Para eso, debía expropiar ese terreno, El Encino. Sus dueños le ganaron los juicios y López Obrador decidió no acatar ninguna resolución judicial. Ese desdén por jueces y magistrados fue el argumento que utilizó el régimen de Vicente Fox para intentar inhabilitarlo como candidato a la Presidencia de México, en un momento en el que el tabasqueno era el dios de las encuestas. PRI y PAN aliados desaforaron al perredista y ante la presión pública por lo que a todas luces era una bajeza política y no una simple consecuencia legal de un testarudo incumplimiento, como se quiso comunicar desde Los Pinos, Fox dio marcha atrás y Andrés Manuel López Obrador pudo contender por la primera magistratura del país. Sin el escándalo mediático ni el reflector encima, un panista ha retomado la iniciativa lopezobradorista de expropiar el terreno y construir un camino en El Encino. Además, ese panista quiere ser candidato a jefe de gobierno de la- ciudad de México. Es el treintañero Carlos Orvañanos, jefe delegacional en Cuajimalpa. Su plan es idéntico al de López Obrador y ha llegado a la última instancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que iba a resolver el asunto esta semana, pero lo pospuso hasta regresar de su periodo vacacional. El ministro José Ramón Cossío es quien lleva el asunto y tiene la misión de exponer ante sus colegas una propuesta de solución para que se vote en el pleno del máximo órgano de la Poder Judicial. Hasta la oficina del conocido ministro han llegado el propio delegado (su ruta no ha sido la de mandar al diablo a ninguna institución y eso diferencia su estrategia de la adoptada por el perredista años atrás) y grupos vecinales afines a la propuesta de expropiación de El En ciño para cabildear el tema. Se sabe que han hecho lo propio sus adversarios que defienden que no hay una razón de beneficio social que pueda servir como argumento expropiatorio. El 2 de agosto es la fecha en que El Encino vuelve a ver el sol. A ver en qué termina esta paradoja.******* SACIAMORBOS. Le dicen “El gol de campo”… porque nada más vale tres puntos. El plan del delegado panista en Cuajimalpa -para el predio El Encino- es idéntico al de López Obrador y ha llegado a la Suprema Corte. (Universal)
Corte / Fuero / Sedena
Jorge Fernández. La Corte, los fueros y la certidumbre. La resolución de la Suprema Corte de Justicia que determina que cualquier caso de violación a los derechos humanos de civiles por parte de elementos militares deberá ser juzgada por tribunales civiles y no castrenses, es de enorme trascendencia y va mucho más allá de los delitos que pudieran cometer hombres o mujeres de uniforme. En los hechos, la resolución de la Corte desata el debate que se había tejido en torno al tema del fuero civil y el militar. Me parece, además, la decisión más sensata: los delitos que sean del ámbito eminentemente militar deben seguir siendo juzgados por los tribunales y las leyes militares, los que involucren violaciones graves a derechos humanos de civiles deben pasar a la justicia civil. Ese era, también, uno de los capítulos que tenía atorada la Ley de Seguridad Nacional en el Congreso y ahora, con la decisión de la Corte, puede allanarse su aprobación, por lo menos en ese punto (recordemos que la citada norma tiene que sufrir muchas más modificaciones, sobre todo en temas como los mandos de fuerzas militares respecto a autoridades civiles, los mecanismos de protección de información, y el respeto a las instituciones militares, entre otros puntos). No será sencillo darle trámite a este tipo de casos, primero porque el tema es complejo y no todos son de las características del caso Radilla (un hombre que fue desaparecido y muerto en forma clandestina por elementos militares en los años 70), que motivó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que respaldó la Suprema Corte. También es verdad, como han advertido muchos miembros de áreas de seguridad federal, militares y civiles, que en ocasiones son los integrantes de las organizaciones criminales quienes impulsan denuncias para frenar las acciones de militares y de policías en su contra: lo hemos visto en todo el territorio nacional, la más reciente y evidente, en Michoacán. Lo que se debe tener es un marco legal adecuado para la participación de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad. No puede ocurrir que, como sucedió en los años 70 en la lucha contra los grupos armados, o con hechos como el 68 o el halconazo, décadas después se planteen procesos con marcos legales que no existían en su momento. Lo sucedido con la comisión de crímenes del pasado, durante el sexenio anterior, lastimó mucho la relación con las Fuerzas Armadas y estuvo muy lejos de arrojar claridad sobre lo ocurrido. Ahora las fuerzas de seguridad, y sobre todo los militares, están participando activamente en un proceso más complejo, violento y extendido en la lucha contra el crimen organizado, al tener que hacerse cargo muchas veces incluso de la seguridad pública en estados y municipios. Debe haber normas claras que les otorguen a los hombres y a las mujeres de uniforme certidumbre y límites precisos para su accionar. Como hemos dicho, la resolución de la Corte sobre el fuero civil y el militar ayuda a acercar posiciones en la debatida Ley de Seguridad Nacional, pero es impostergable que ésta, con los cambios, necesarios, sea aprobada por el Congreso. La decisión de la Corte le dará más oxígeno y transparencia a este tipo de casos y permitirá, simultáneamente, que las Fuerzas Armadas tengan un parámetro preciso para saber cómo actuar en esta clase de temas. En realidad, esta decisión creo que protege mucho más a la institución militar que cerrar esos casos estrictamente a la justicia castrense. Pero el tema va mucho más allá. La resolución de la Corte insiste en que México debe respetar todos los tratados internacionales que ha suscrito y que se deben realizar las adecuaciones a la Constitución y las leyes que los mismos determinan. Estamos hablando de cientos de normas que no se respetan con el argumento, que se manejó durante mucho tiempo, de que los tratados internacionales, aunque hubieran sido suscritos por México y avalados por el Senado, no podían estar por encima de la Constitución. La Corte no dice que están por encima de la Carta Magna, sino que son parte de ordenamientos internacionales avalados por México que deben estar dentro de la Constitución y las leyes. Eso implica la obligatoriedad de cambios en muchas áreas, en forma notable, por ejemplo, en la electoral. Hay convenios y decisiones de tribunales internacionales que México reconoce, que se deberán aplicar en el terreno de lo electoral, de la seguridad, de la ecología, de la justicia. No sé cómo se terminará implementando está decisión en el terreno político y el legislativo. Por lo pronto, la Corte exhortó a todos los tribunales del país, en todos los niveles, a aceptar e impulsar esta norma en todos los procesos en los que se vean involucrados. Si es así, se reducirá la discrecionalidad y seremos cada vez más parte de un sistema de justicia y de leyes equiparable a nivel global. (Excélsior)
Joaquín López-Dóriga. Es el fuero militar. Todo comenzó con el incumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada, a manos de elementos del Ejército mexicano, de Rosendo Radilla Pacheco, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 25 de agosto de 1974, hace 35 años. Un cuarto de siglo después, el l5 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos hizo una denuncia contra el Estado mexicano ante la CIDH, que presentó una recomendación que el gobierno de México ignoró. Ante este incumplimiento, el l5 de noviembre de 2008, la misma CIDH llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con fecha 23 de noviembre de 2009 dictó sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, al que notificó el 9 de febrero de 2010. Derivado de esta sentencia condenatoria, el 26 de mayo de 2010, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, hizo una consulta a su colegiado para determinar cuál debía ser la participación del Poder Judicial federal en el caso Radilla Pacheco. Tras discutir proyectos y considerandos, este martes el pleno concluyó y aprobó por unanimidad lo siguiente: Como el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece y de conformidad con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a partir de ahora, el fuero militar establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles. Y derivado de lo anterior, toda violación a los derechos humanos de los civiles cometidas por militares serán juzgadas en tribunales civiles, no en las instancias militares que marca su fuero legal. Al gobierno federal le llevó más de diez horas fijar su posición ante esta decisión previsible de la Corte y así, después de las 11 de la noche de ese martes, emitió un comunicado conjunto firmado por las secretarías de Gobernación, Marina y Defensa en el que, por supuesto, acatan el mandato judicial, pero se refieren a él como un criterio ordenador, término que fue rechazado por la ministra Olga Sánchez Cordero, quien dijo que nada de criterio ordenador, que se trata de una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. Será tiempo de aclarar la diferencia de puntos de vista producto, quizá, de un malestar en las fuerzas armadas y de lo que el gobierno federal consideró corto plazo para interpretar y responder, que no para acatar, de lo que no puede quedar duda.(Milenio)
Carlos Marín. Nosotros, así, no vamos. El fallo de la Suprema Corte para que los tribunales ordinarios juzguen a los militares que violen derechos humanos de civiles resuelve de manera sustantiva el debate que desembocó en una iniciativa de reforma del fuero que venían aplicando las secretarías de la Defensa y de Marina con su personal. La propuesta, que reposa y se empolva en el Congreso, se encimó a la de una nueva Ley de Seguridad Nacional, que lleva más de tres años en la congeladora, donde se conserva también (y muy bien) la incapacidad de una mayoría de vividores a los que nadie ha podido quitar el privilegio de su fuero legislativo. Cuando diputados y senadores tengan a bien hacer la chamba por la que cobran ávida y puntualmente, reformarán el Código de Justicia Militar y sólo entonces comenzarán a entender la complejidad que entraña la plausible resolución de la Corte. Mientras tanto, lo previsible es que las acciones de las fuerzas armadas contra la delincuencia se reduzcan considerablemente porque, al vacío legal de su actuación como policía, se suma el riesgo de atender cualquier llamada de emergencia. (Milenio)
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 artículo 1
 artículo 57
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