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Timestamp: 2019-06-25 03:20:51+00:00

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SALIDAS ALTERNATIVAS EN EL PROCESO PENAL BOLIVIANO | Es Veraz
SALIDAS ALTERNATIVAS EN EL PROCESO PENAL BOLIVIANO
Para Herrera Añez, las salidas alternativas son: “…opciones que tiene el Ministerio Público para evitar el juicio oral por motivos de utilidad social o por razones político criminales”.
Las salidas alternativas son instituciones jurídicas que permiten flexibilizar, economizar y descongestionar el sistema penal boliviano, que está caracterizado por la imposibilidad de resolver oportunamente las causas penales y el excesivo hacinamiento carcelario. Además, acarrean beneficios para todos los que se encuentran inmersos en el sistema de administración de justicia penal, ya que el Estado puede optimizar el uso de sus escasos humanos y materiales en la investigación de los delitos de mayor gravedad y que afecten al bien jurídico como la vida; la víctima tiene a su alcance alternativas ágiles y consensuadas de solución a su conflicto humano en la medida que ello es posible y el imputado puede resolver el problema que ha causado con su actuación, recurriendo aç alternativas menos violentas y estigmatizantes que las tradicionales, mucho más efectivas en función a la resocialización del individuo y que contribuyen a desarrollar su capacidad de autodeterminación y responsabilidad.
Al respecto, Pomareda señala que: ”La victima obtiene una reparación oportuna al daño causado, en un tiempo razonable; el imputado no se ve sometido a un juicio público con el consiguiente daño moral para él y su familia, favoreciendo su inserción social y el Estado ahorra recursos materiales y humanos que podan destinar a casos de mayor gravedad”.
la aplicación de algunas salidas alternativas previstas en la norma adjetiva penal de Bolivia son: El criterio de oportunidad reglada, la suspensión condicional del proceso, la conciliación y el procedimiento abreviado; y que los tres primeros tienen como consecuencia la extinción de la acción penal, por lo que se deberá cumplir con todo los requisitos exigidos para estas salidas alternativas y principalmente la reparación del daño ocasionado a la víctima.
Sin embargo, el procedimiento abreviado consistente en que la pena sea negociada entre el fiscal, el imputado y su defensor, la víctima solo podrá oponerse cuando en el juicio oral se pueda lograr una mayor pena privativa de libertad.
Para aplicar cualquiera de las salidas alternativas, previamente se deberá efectuar la imputación formal contra el imputado, aplicados en dos momentos procesales: en la conclusión de las investigaciones preliminares, o en la conclusión de la etapa preparatoria. ello implica que el fiscal pueda imputar formalmente y solicitar a la vez la aplicación de cualquiera de las salidas alternativas señaladas anteriormente.
Razones por la que el fiscal al solicitar una salida alternativa, deba adjuntar lo siguiente:
a) La imputación y la constancia de notificación correspondiente, que debe cumplirse dentro de las veinticuatro horas siguientes luego de efectuada la imputación;
b) Los elementos de prueba necesarios para sustentar la solicitud;
c) Los requisitos formales establecidos para cada caso;
6.2. EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA
Antes de tratar esta salida alternativa es necesario aclarar, los principios de oportunidad y de legalidad, según Carmen Cuadrado Salinas:
(…)el principio de oportunidad va a permitir al Ministerio
Público evitar el procesamiento de un determinado sujeto, bajo ciertas circunstancias, a pesar de haberse constatado la comisión de un hecho típico, antijurídico, y de haberse recabado elementos incriminatorios suficientes para fundamentar con éxito la pretensión acusatoria”. Y el principio de legalidad, por el contrario, va a obligar a la autoridad encargada de la acusación pública a iniciar un proceso penal, tan pronto existan indicios racionales de la comisión de un ilícito penal, y pueda, más adelante, fundamentarse la pretensión penal, sin posibilidad de que haya otro medio más pacífico de resolver el conflicto”.
El criterio de oportunidad es una excepción al principio de legalidad, por el cual el Ministerio Publico está en la necesidad u obligación de perseguir, promover y dirigir la investigación de cualquier hecho que revista carácter de delito de acción pública y de someterlo a proceso, sin consideración de razón alguna de conveniencia o utilidad. Sin embargo, el principio de oportunidad faculta al Ministerio Público a prescindir de la persecución penal, contra una persona a pesar de haberse constatado la comisión del delito, pero deben concurrir determinadas circunstancias.
La Guía de Actuación para jueces, fiscales, abogados, define el criterio de oportunidad reglada como: “Salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso, en virtud de la decisión del fiscal de prescindir de la acción penal por tratarse de un hecho de escasa relevancia social, mínima reprochabilidad de la conducta, penal natural o saturación de pena”
Por su parte, para Alberto M. Binder reflexiona el criterio de oportunidad:
El Estado puede prescindir de la persecución penal. Estos caso legales normalmente se basan en criterios cuantitativos (insignificancia del hecho, escasa culpabilidad), cualitativos (determinados tipos de delitos o condiciones especiales del caso), de economía (multiplicidad de hechos imposibles de investigar o cuya investigación no produce modificaciones sobre la pena esperable) o de mayor interés (colaboracionismo).
El criterio de oportunidad le concede al Ministerio Publico ciertos poderes discrecionales para prescindir de la persecución penal pública, valorando las circunstancias personales del autor o del tipo de delito.
Por su parte Julio Maier señala que el criterio de oportunidad político utilitario por conveniencia práctica, económica, temporal, etc., autoriza en principio a prescindir de la persecución penal frente a la noticia de la comisión de un hecho punible.
Asimismo, le permite racionalizar la persecución de los hechos delictivos, dejando fuera de este aquellos, en donde contribuye significativamente a la eficiencia real del sistema, al posibilitar mediante la exclusión de los hechos de menor relevancia, el adecuado tratamiento de aquellos casos que sin lugar a duda requieran la efectiva.
6.2.2. Requisitos para su procedencia
En este sentido el CPP, en su Art. 21 establece las siguientes condiciones para la aplicación del criterio de oportunidad reglada:
1) Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido.
2) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico moral más grave que la pena a imponerse.
4) Cuando sea previsible el perdón judicial; y
5) Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada intervención de la justicia penal.
6.2.3. Efectos del criterio de oportunidad reglada
La aplicación de esta salida alternativa genera la extinción de la acción penal, en relación con el imputado en cuyo favor se decida, según dispone el Art
22 del CPP: “La decisión que prescinda de la persecución penal extinguirá la acción pública en relación con el imputado en cuyo favor se decida”
Sin embargo, cuando en la comisión del ilícito penal, han participado varios imputados, la aplicación de esta salida alternativa a favor de uno de ellos fundada en la irrelevancia social del hecho, sus efectos se extenderán a los demás imputados.
Es así, que el Art. 22 del CPP, establece que: “No obstante, si la decisión se funda en la irrelevancia social del hecho, sus efectos se extenderán a todos los partícipes”
6.3. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
La suspensión condicional del proceso, denominado también suspensión del procedimiento a prueba, según el Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal
Penal – GTZ es:
(…) un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal en favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal, a cuyo término se declarará extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídicas jurídico penales posteriores.
La suspensión condicional del proceso o proceso a prueba, es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal del Ministerio
Público, a favor del imputado cuando este lo solicite, quien debe someterse durante un determinado plazo a reglas que le impone el juez instructor en lo penal, siempre y cuando admita el hecho que se le atribuye y que la posible pena a imponerse no sea superior a tres años, a cuyo término se declara extinguida la acción penal a su favor.
Para la Guía de actuación de jueces, fiscales, abogados, define la suspensión condicional del proceso como:
Una salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso penal, toda vez que este se suspende a favor del imputado, quien se somete durante un plazo determinado por el juez a un periodo de prueba en el cual deberá cumplir reglas de conducta, a cuyo término se declara extinguida la acción penal sin consecuencias jurídico penales posteriores. Si se transgreden las reglas de conducta durante el periodo de prueba, previa audiencia en la que interviene el imputado, el juez tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal
.6.3.2. Requisitos para su procedencia
La suspensión condicional del proceso procede cuando se encuentran reunidos los requisitos previstos en lo dispuesto en el artículo 23 del CPP, que señala:
Esta suspensión procederá si el imputado presta su conformidad, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzando suficientemente esta reparación.
La solicitud se podrá presentar hasta antes de finalizada la etapa preparatoria
Esta salida alternativa que suspende el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público a favor del imputado exige la concurrencia de la previsibilidad de la aplicación de la suspensión condicional de la pena, considerando criterios cuantitativos y cualitativos, como ser: el quantum de la posible pena privativa de libertad a imponerle en caso de que el imputado fuese a juicio oral; la circunstancias, móviles y naturaleza de la comisión del delito, que hagan previsible que la referida pena privativa de libertad no exceda de tres años.
6.3.3. Procedimiento de la suspensión condicional del proceso
Cumplido los requisitos de admisibilidad de esta salida alternativa, el imputado solicitará al fiscal del caso, a la conclusión de las investigaciones preliminares o hasta antes de la conclusión de la etapa preparatoria, que requiera ante el juez de instrucción en lo penal o cautelar, la aplicación de la suspensión condicional del proceso a su favor. El juez de instrucción en lo penal que ejerce el control jurisdiccional de la etapa preparatoria, señalara audiencia a efecto de considerar la suspensión condicional del proceso.
La suspensión condicional del proceso se resolverá en audiencia señalada a este efecto y con la presencia obligatoria del fiscal y del imputado, quien debe conocer y aceptar las reglas y condiciones impuestas por el juez, según las circunstancias de la comisión del delito.
La inasistencia de la víctima a la audiencia de consideración de la suspensión condicional del proceso no es causal de suspensión de la misma, sin embargo, tomando en cuenta las disposiciones del Art. 121 párrafo II de la CPE, que establece: “La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial…”
La víctima deberá ser citada en forma personal con el señalamiento de audiencia, porque tiene derecho a ser oída antes de que el juez resuelva la suspensión condicional del proceso.
De cualquier manera, la decisión de aplicar o no esta salida alternativa está sometida a la decisión del órgano jurisdiccional, previa constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su procedencia.
6.3.4. Condiciones y reglas
Con relación a las condiciones y reglas que puede imponer el juez de instrucción en lo penal, están previstas en el Art. 24 del CPP, que prescribe:
1) Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez.
2) Prohibición de frecuentar determinados lugares.
3) Abstención del consumo de estupefacientes o de bebidas alcohólicas.
4) Someterse a la vigilancia que determine el juez.
5) Prestar trabajo a favor del Estado o de instituciones de asistencia pública, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
6) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión.
7) Someterse a tratamiento médico o psicológico.
8) Prohibición de tener o portar armas.
Además, de estas reglas el juez de instrucción en lo penal, puede imponer al imputado otras condiciones considerando las circunstancias en las cuales se cometió el delito, siempre que no afecten a su dignidad.
La juez inmediatamente emitida la resolución de aplicación de la suspensión condicional del proceso, le explica al imputado de manera sencilla la significación de las condiciones y reglas impuestas; reiterándole si ha entendido y su obligación de acatarlas.
El imputado puede apelar de las reglas impuestas únicamente cuando éstas sean ilegítimas, afecten su dignidad o sean excesivas.
6.3.5. Revocatoria de la suspensión condicional del proceso
En la misma audiencia el juez notificará a las partes con la resolución de la suspensión condicional del proceso y principalmente al imputado advirtiéndole que si se aparta de las condiciones y reglas impuestas, sin causa justificada se revocará y dispondrá la prosecución del proceso penal.
demás, así lo establece el Art. 25 del CPP: “Si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las reglas impuestas, no cumple los acuerdos o promesas de reparación del daño civil, o se formaliza la acusación por la comisión de un nuevo delito, el juez de la causa revocará la suspensión y el proceso continuará su curso”
6.3.6. Efectos de la suspensión condicional del proceso
La suspensión condicional del proceso, extingue la acción penal, cuando el imputado no se ha apartado de las condiciones y reglas impuestas en el tiempo establecido por el juez de instrucción en lo penal, que en el caso de Bolivia no podrá ser inferior a un año, ni superior a tres años.
El CPP, en su Art. 25 párrafo III, dispone que: “Si la suspensión condicional del proceso no ha sido revocada hasta el vencimiento del periodo de prueba, el juez de la causa declarará extinguida la acción penal”
6.4. LA CONCILIACIÓN
Para la GTZ, la conciliación: (…) es una salida alternativa al juicio ordinario, consistente en resolver el conflicto entre partes, a través de una solución que surja de las decisiones de las partes y que sea satisfactoria para ambas, mediante la intervención de un tercero neutral, denominado conciliador, cuya función es facilitar la comunicación entre ellas para que lleguen a un acuerdo, pudiendo proponerles alternativas de solución.
6.4.2. Requisitos para su Procedencia
Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 64, dispone:
Cuando el Ministerio Público persiga delitos de contenido patrimonial o culposos, el o la Fiscal de oficio o a petición de parte, deberá exhortarlas para que manifiesten cuales son las condiciones en que aceptarían conciliarse.
Excepto que el hecho tenga por resultado la muerte, que exista un interés público gravemente comprometido, vulneren
Derechos Constitucionales, y/o se trate de reincidentes o delincuentes habituales.
Si bien la norma adjetiva penal no establece los requisitos para su procedencia, pero a decir, de la LOMP, esta salida alternativa solo procede en los delitos de acción privada y en los delitos de acción penal pública de contenido patrimonial o culposo y que no tenga como resultado del delito la muerte de la víctima.
Si bien no existe disposición expresa sobre la exigencia de la reparación integral del daño civil ocasionado por el delito, pero por las características de esta salida alternativa, previamente deberá existir un acuerdo conciliatorio bajo las condiciones acordadas por las partes.
Acuerdo conciliatorio que deberá presentarse ante el fiscal del caso, para que pueda requerir al juez de instrucción su homologación.
En los delitos de acción penal privada corresponde al juez de sentencia convocar a una audiencia de conciliación a las partes, así lo establece el Art. 377 del CPP: “Admitida la querella, se convocará a una audiencia de conciliación, dentro de los diez días siguientes”
.4.3. Efectos
En los delitos de acción penal pública, si se produjera la conciliación en la etapa preparatoria, el juez homologara los acuerdos y declarara extinguida la acción penal, competencia establecida en el Art. 54 inc. 5), disponiendo:
“Homologar la conciliación, cuando les sea presentada”
En la etapa de juicio oral, también es viable la conciliación hasta antes de instalada la audiencia.
En los delitos de acción penal privada, si en cualquier estado del proceso las partes se concilian, el juez de sentencia declara extinguida la acción penal.
6.5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Para la guía de actuación para jueces, fiscales, abogados el procedimiento abreviado:
Es una salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso, en virtud del acuerdo entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor de prescindir del juicio ordinario; facultando al juez, en caso de admitir su procedencia, a dictar sentencia condenatoria sobre la base de la admisión de los hechos por parte del imputado, sin que pueda exceder la pena requerida por el fiscal
El procedimiento abreviado es una salida alternativa a juicio. Consiste en un acuerdo firmado entre el fiscal, imputado y abogado defensor, cuyo contenido fundamental es la renuncia al juicio oral y el acuerdo sobre la pena privativa de libertad a imponerse, la admisión libre y voluntaria sobre la culpabilidad, facultando al juez dictar sentencia condenatoria y la imposición de la pena solicitada por el fiscal.
5.2. Requisitos para su Procedencia
El Tribunal Constitucional, ha señalado lo siguiente:
Con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida,; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de estos; por lo que no es suficiente contra con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia, porque ello determinara que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado es una facultad privativa del fiscal, quien deberá presentar todo los elementos de prueba acumuladas durante la investigación, con la finalidad de crear plena convicción en el juzgador, de que el hecho ocurrió y que el imputado participo en él, porque no es suficiente el acuerdo firmado entre el fiscal, imputado y su abogado defensor, renunciado al juicio oral y admitiendo su participación en la comisión del hecho delictivo.
Que de ninguna forma implica negociar el tipo penal por el cual se le acusara y que la misma vulnere el principio de legalidad, como ocurre en el sistema Americano de la declaración de culpabilidad y alegaciones pre acordadas
(plea bargaining), que siguiendo a Ernesto L. Chiesa Aponte señala:
1) El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a acordar que, a cambio de una alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se obliga a uno o varios de los siguientes cursos de acción:
a) solicitar el archivo de otros cargos pendientes que pesen sobre él: b) eliminar alegación de reincidencia o delincuencia habitual; c) recomendar una sentencia específica, entendiéndose que ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el tribunal, o d) acordar que determinada sentencia especifica es la que dispone adecuadamente del caso. El tribunal no participará en estas conversaciones
La aplicación del procedimiento abreviado, no puede vulnerar las características fundamentales de un sistema acusatorio. Julio B. J. Maier, resalta esta idea al reflexionar sobre las notas comunes a un sistema acusatorio:
El procedimiento consiste, en lo fundamental, en un debate (a veces un combate) publico, oral, continuo y contradictorio. En la valoración de la prueba impera el sistema de la íntima convicción, conforme a lo cual los jueces deciden votando, sin sujeción a regla alguna que establezca el valor probatorio de los medios de prueba y sin exteriorizar los fundamentos de su voto.
Por lo que el procedimiento abreviado en el proceso penal boliviano debe activarse sobre el reconocimiento voluntario que hace el imputado, sobre su participación y su renuncia al juicio oral, con conocimiento de su defensor, sin embargo, estos extremos deberán ser sometidos a debate en la audiencia, donde la víctima puede oponerse de manera fundamentada a la aplicación de esta salida alternativa, en el entendido de que en el juicio oral es posible conseguir una pena mayor a la solicitada por el fiscal.
El CPP, en el Art. 373 párrafo II, establece la procedencia del procedimiento abreviado cuando prescribe que: “Para que sea procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él”
Para la procedencia del procedimiento abreviado en Bolivia, el Ministerio
Público debe contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él.
6.5.3. Efectos
William Herrera Añez resalta que la conclusión rápida del proceso ofrece a las partes las siguientes ventajas:
a) El juez impone una sanción en tiempo record; b) el MP se ahorra el esfuerzo de investigar a fondo y encontrar elementos de convicción para sustentar su acusación; c) La víctima obtiene condena rápida y, por ende, la reparación del daño civil ocasionado por el delito; d) El imputado recibe, a cambio, una condena menor de la que pudiera imponer el tribunal de sentencia en el juicio oral y público.
El procedimiento abreviado se sustancia en una sola audiencia, señalado a este efecto por el juez de instrucción en lo penal, quien previa comprobación de la existencia del hecho y la participación del imputado; la renuncia voluntaria al juicio oral y que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario, resolverá en la misma audiencia admitiendo el procedimiento e imponiendo una sentencia condenatoria contra el imputado. La pena no sobrepasará a lo solicitado por el fiscal. O en todo caso rechazando la misma por oposición fundada de la víctima o por la insuficiencia de elementos probatorios.
7.2. EL SOBRESEIMIENTO
José I Cafferata Nores y otros han definido el sobreseimiento como: “(…) la decisión jurisdiccional que cierra el proceso en forma definitiva e irrevocable a favor del imputado, por no tener fundamento o haberse extinguido la pretensión penal que se hacía valer (Vélez Mariconde)”
El sobreseimiento es una facultad privativa del fiscal y no es sometida a control jurisdiccional, como en otros sistemas procesales penales: Se extingue la pretensión penal a favor del imputado, la misma que puede ser objetada por la víctima.
A decir de Cesar San Martin Castro el sobreseimiento es: .. la resolución firme, emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia, mediante la cual se pone fin a un procedimiento penal incoado con una decisión que, sin actuar el iuspuniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada
. Es una resolución que decrete el fiscal de materia asignado al caso y que se adecua cuando no exista posibilidad real y efectiva de llegar a juicio oral (un ejemplo sería el caso de la prescripción de un delito). El sobreseimiento procede siempre luego de una imputación formal. Antes de ella, cabe únicamente el rechazo de las actuaciones policiales.
De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, el fiscal está facultado a decretar el sobreseimiento del imputado bajo los siguientes requisitos:
a) Cuando el hecho no existió.
b) El hecho denunciado no constituye delito.
c) El imputado no participo en el hecho ilícito.
d) Cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación.
Además, que Cesar San Martin, identifica cuatro notas esenciales a considerar en el sobreseimiento, cuando refiere que:
1) El sobreseimiento, una vez que contra él se ha ejercido todos los recursos que prevé la ley procesal, es una resolución firme que pone fin al procedimiento penal.
2) Es una resolución que, pese a finalizar el proceso, reviste la forma de auto y no de sentencia.
3) El órgano competente para dictar el sobreseimiento, en el procedimiento ordinario común para delitos graves, es la sala Penal Superior y, en el proceso sumario para delitos menos graves, es el Juez Penal, sin perjuicio de que dichas resoluciones puedan ser impugnadas.
4) Si bien el auto de sobreseimiento no es la única forma de finalizar anormalmente o sin sentencia el procedimiento, desde que nuestro ordenamiento procesal conoce el auto que declara no haber lugar a abrir instrucción, esta resolución está asociada a los efectos materiales de la cosa juzgada, tal como expresamente lo dispone el art. 139.13 de la Constitución Para Aragonés Martínez Sara y otros, el sobreseimiento es: Es la resolución judicial en forma de auto que adopta el Tribunal competente en esta fase intermedia (el órgano de enjuiciamiento) cuando no concurren los presupuestos necesarios. para decretar la apertura del juicio oral. Dicha resolución judicial produce, bien la determinación del proceso (sobreseimiento libre), bien su paralización (sobreseimiento provisional)
Emitida el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, se debe poner en conocimiento de las partes, principalmente a la víctima para que pueda hacer uso de su derecho de impugnación.
7.2.1. Recursos
Desde el sistema procesal penal boliviano, la parte legitimada para recurrir del requerimiento conclusivo de sobreseimiento, es la víctima o el actor civil. Como se sabe, la emisión del requerimiento de sobreseimiento no está condicionada a la obligatoria intervención de la víctima, pero la ley prevé la participación del propio imputado, y del fiscal, porque es una facultad privativa, como promotor de la acción penal pública.
Es así que el Nuevo Código Procesal Penal del Estado de Nuevo León, en su Art. 311, parte in fine establece: “Recibida la solicitud, el Juez la notificará a las partes, a la víctima u ofendido y los citará dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde resolverá lo conducente”.
Ahora bien, quien controla el requerimiento de sobreseimiento en el sistema procesal penal de Bolivia, no es el juez de la investigación preparatoria como en otros sistemas procesales penales, es el superior jerárquico del fiscal que promovió la acción penal pública.
Notificado a las partes, tienen un plazo de cinco días computables a partir
de la notificación para impugnar el sobreseimiento, ante el mismo fiscal que emitió el requerimiento conclusivo. El artículo 324 de la Ley 1970, señala que: “El fiscal pondrá en conocimiento de las partes el sobreseimiento decretado, el que podrá ser impugnado dentro de los cincos días siguientes a su notificación”
El fiscal conocida la impugnación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento, deberá remitir en el plazo de veinticuatro horas, ante el fiscal departamental, quien se pronunciará en un plazo de cinco días.
7.2.2. Efectos
Para José I Cafferata Nores y otros, el sobreseimiento ejecutoriado cierra el proceso penal a favor del imputado, evitando una nueva persecución penal por el mismo delito, cuando señalan:
El sobreseimiento cierra irrevocable y definitivamente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta (art. 349).
Firme que sea el sobreseimiento (definitivo), impedirá que, por el mismo delito, se quiera reabrir el mismo procedimiento, o iniciar otro en contra del imputado que fuera sobreseído (non bis in ídem)
El CPP, en su Artículo 324, ha incorporado los efectos del requerimiento impugnado cuando el fiscal superior (departamental) se pronuncie sobre la ratificación o revocatoria del sobreseimiento:
Si el fiscal superior jerárquico revoca el sobreseimiento, intimará al fiscal inferior o a cualquier otro para que en el plazo máximo de diez días acuse ante el juez o tribunal de sentencia. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó, la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales
Esta última disposición, es decir, la ratificación tiene mucha importancia, pues es el cese de la persecución penal, que desencadenará en el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que gravan la libertad del imputado y la libre disponibilidad de sus bienes. Esto impide un nuevo proceso penal por el mismo hecho, como garantía del principio de persecución penal pública.

References: artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 324
 Artículo 324