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Unidad 1. Acto de autoridad. - PDF
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Víctor Manuel Martín Núñez
1 Unidad 1 Acto de autoridad.
2 UNIVERSIDAD AMERICA LATINA JUICIO DE AMPARO UNIDAD 1 Para establecer en contra de qué actos procede el juicio de amparo, es menester precisar dos conceptos fundamentales, toda vez que de esa forma se podrá tener una idea general de los actos en contra de los cuales procede dicho juicio constitucional. Los conceptos a los que nos referimos son: a) Acto de autoridad, y b) Autoridad para efectos del juicio de amparo. Un principio fundamental que hay que tener en cuenta para promover un amparo, es que se interponga en contra de actos de autoridad, de tal suerte que no procede contra actos de particulares, razón por la cual, es preciso, que se exprese qué es el acto de autoridad, de acuerdo con lo que indican los tratadistas en la materia, y que acto seguido se indica: Acto de autoridad es un hecho intencional, voluntario, positivo o negativo, emitido por un órgano del Estado, de hecho (facto) o de derecho (iure), con facultades de decisión o de ejecución, o de ambas, que produzca afectación en situaciones generales y abstractas (se denomina ley) o en situaciones particulares y concretas (se denomina acto de autoridad en sentido estricto), teniendo como características el ser imperativo, unilateral y coercitivo. Autoridad es para efectos del amparo, según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda aquella persona que dispone de la fuerza pública, ya de hecho, ya de derecho, y que por tal motivo, se encuentra en posibilidad material de obrar como persona moral que ejerce actos públicos, los cuales son de esta naturaleza por el hecho de que es pública la fuerza de que dispone tal persona.
3 1.1. ATRIBUTOS ESENCIALES DEL ACTO DE AUTORIDAD Los atributos esenciales del acto de autoridad se derivan de su propio concepto, y son los siguientes: a) Que sea emitido por un órgano del Estado provisto de facultades de decisión o de ejecución, ya de hecho, ya de derecho, que produzca afectación en la esfera jurídica del gobernado; b) Que sea imperativo, lo que implica tener la fuerza jurídica, realizada en ejercicio de la autoridad soberana del Estado, para ordenar que se realice su voluntad, dentro de la esfera jurídica del gobernado; c) Que sea unilateral, es decir, para que sea dictado no se requiere un acuerdo de voluntades entre la entidad soberana -el Estado-, y el gobernado, sino que aquel lo realiza según su voluntad, sin tomar en consideración el parecer del particular, y d) Que sea coercitivo, ya que la autoridad del Estado tiene la facultad de hacer valer sus determinaciones por medio de la fuerza, cuando éstas no se cumplan o no se respeten de forma voluntaria por el gobernado. 1.2 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Consiste en la tutela de la Constitución que ejerce la autoridad del Estado, facultada por la misma carta fundamental, para conocer de las violaciones que cualquier órgano del Estado, por medio de un acto de autoridad que transgreda directamente a la ley fundamental. 1.3 CONTROL DE LEGALIDAD Reside en la tutela de la Constitución que ejerce la autoridad del Estado, facultada por la carta fundamental, para conocer de las violaciones que los poderes Ejecutivo y Judicial cometan por medio de un acto a una ley ordinaria que se traduzcan en una violación a aquélla.
4 1.4 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR ÓRGANO POLITICO El control de constitucionalidad lo ejerce un órgano político, que desde luego no es el poder Judicial, pudiendo ser tal órgano el Legislativo o un cuarto poder. La petición de inconstitucionalidad corresponde a un órgano estatal, o a un grupo de funcionarios públicos. Ante el órgano político de control de constitucionalidad no se desarrolla un juicio o procedimiento contencioso, ya que no existe controversia alguna entre aquel órgano que haya solicitado la declaración de inconstitucionalidad y aquella autoridad a quien se le reclamen el acto o ley. Las declaraciones sobre inconstitucionalidad que emite el órgano político tienen efectos absolutos y generales (erga omnes). 1.5 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR ÓRGANO JURISDICCIONAL El control de constitucionalidad se ejerce por un órgano judicial establecido al efecto, o bien, por cualquier autoridad judicial en estricto cumplimiento al principio de supremacía constitucional. De acuerdo con esta forma de control de constitucionalidad, la petición de inconstitucionalidad sólo puede ser ejercitada por un gobernado cuando considere que una ley o un acto de un órgano del Estado afecta su esfera jurídica, violando sus garantías individuales. En la especie, existe un proceso por virtud del cual se fija la litis entre el sujeto peticionario de inconstitucionalidad y el órgano del Estado a quien se reclama la ley o el acto violatorio de garantías; y en su caso, dentro de un proceso ordinario que se ventila ante una autoridad judicial, en el que la parte afectada por la ley o el acto violatorio de garantías solicita la inconstitucionalidad de cualquiera de ellos, con el objeto de que en la sentencia que se dicte en dicho juicio no se aplique la
5 ley tildada de inconstitucional o el acto violatorio de garantías, por considerar que contraviene la Constitución. Las declaraciones de inconstitucionalidad que pronuncie la autoridad judicial de control constitucional sobre una ley o un acto tienen generalmente efectos relativos, es decir, se encuentran limitados en relación con el gobernado que solicita la declaración de inconstitucionalidad, e igualmente en relación con el caso concreto que la origine; no obstante, dichas declaraciones pueden tener efectos absolutos y generales, principalmente, cuando se resuelva la inconstitucionalidad de una ley. Como ejemplo de lo anterior, tenemos en el primer caso el juicio de amparo que sus efectos son relativos de acuerdo con lo que señala la Constitución federal; y como ejemplo, de lo segundo, aparece lo previsto en el art. 105, frac. I, penúltimo párrafo cuando la Suprema Corte de Justicia conoce de las controversias constitucionales que versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los estados, o en los casos de controversias suscitadas entre: El poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sea como órganos federales o del Distrito Federal; entre los dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; o entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y en su resolución las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. También en la hipótesis de las acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el mismo numeral constitucional en su frac. II, se declara la invalidez de las normas impugnadas cuando hubiere sido aprobada la resolución que así la declare, por una mayoría de cuando menos ocho votos de los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es ésta quien conoce de tales acciones. 1.6 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR ÓRGANO JURISDICCIONAL MEDIANTE VÍA DE ACCIÓN Y MEDIANTE VÍA DE EXCEPCIÓN
6 El control constitucional por órgano jurisdiccional reviste dos formas, a saber por: a) Vía de acción, y b) Vía de excepción o de defensa Vía de acción Surge cuando el gobernado considera que una ley o un acto de autoridad es violatorio de la Constitución en su perjuicio, por lo cual acude ante la autoridad judicial competente, acorde a la ley fundamental, e instaura una demanda que inicia un juicio o proceso en contra del órgano del Estado que haya emitido dicha ley o el acto, con el objeto de que la autoridad que conozca del juicio respectivo declare la inconstitucionalidad de la referida ley o del acto correspondiente, siendo esta autoridad distinta de aquella que haya cometido la violación que se reclama Vía de excepción El gobernado que considera que existe la inconstitucionalidad de una ley o de un acto de un órgano del Estado, dentro del proceso ordinario en el que tenga el carácter de parte, solicitará la declaración de inconstitucionalidad de los actos que reclame como tales, a título de defensa dentro del propio proceso, siendo la autoridad que conoce de éste la que realice la declaración sobre la petición formulada por el gobernado. 1.7 AUTO-CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD. REFERENCIA ESPECIAL A MÉXICO El auto-control de la constitucionalidad consiste en la tutela de la Constitución que ejercen las autoridades judiciales de cada estado, ajustándose a las disposiciones que señala la misma, a pesar de las normas en contrario que puedan existir en las constituciones o leyes ordinarias de cada estado. En México, difícilmente puede darse el auto-control de la constitucionalidad, pues
7 no obstante que en el art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra contenido dicho principio, las autoridades judiciales hacen caso omiso de tal imperativo del pacto federal; por consiguiente, cabe afirmar que en la práctica el auto-control de que se habla no se presenta, sino que sólo mediante los medios reparadores de la defensa a la Constitución podrá ejercitarse el control de la constitucionalidad, pero nunca por la vía del auto-control de la constitucionalidad que, es una obligación para la autoridad judicial, ello no lo hace por ignorancia o temor a invadir otras esferas que corresponden a diversas autoridades. 1.8 OTROS SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL La doctrina ha considerado como sistemas de control de constitucionahdad, además de los que hemos mencionado, los siguientes Control de constitucionalidad por órgano neutro o moderador Este sistema ha sido motivo de discrepancia entre los tratadistas, y se entiende como aquel que se ejercita regularmente a través del jefe de Estado, quien es el poder neutro creado por la monarquía constitucional, llevando a cabo una actividad de intermediario, tutelar, reguladora o moderadora de la vida jurídica de un país; siendo el objetivo fundamental del sistema de que se trata que los poderes ya Legislativo, ya Ejecutivo, ya Judicial se apoyen y obren de mutuo acuerdo, de ahí que este poder neutro tiene facultades para disolver el Parlamento o poder Legislativo, así, como promover plebiscitos, de igual forma refrendar o promover leyes, en el supuesto caso de que los poderes que se han citado crezcan y tengan discrepancias entre sí, o bien, se estorben. No se considera propiamente un sistema de control de constitucionalidad en función de que no invalida leyes o actos de autoridad Control de constitucionalidad por órgano mixto El sistema de control de constitucionalidad se ejercita por dos órganos del Estado en forma conjunta, uno de carácter jurisdiccional y otro de carácter político; o bien, por un solo órgano cuyas funciones son tanto jurisdiccionales como políticas; de
8 tal forma que se realiza la declaración de inconstitucionalidad por medio de la función política cuando son cierto tipo de actos, por ejemplo, leyes, y es defendida jurídicamente la Constitución cuando son otra clase de actos, por ejemplo, los judiciales que la contravengan Control de constitucionalidad por medio de la garantía judicial de la Constitución Este procedimiento se sigue ante un órgano jurisdiccional facultado para declarar de oficio, o en general a petición del gobernado o de órganos públicos que tienen atribuciones para solicitarla, cuando una ley o un acto de autoridad contraviene a la carta fundamental, siendo los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad la anulación absoluta.
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 ARTÍCULO 105
 resolución

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