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Timestamp: 2019-08-25 14:15:02+00:00

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﻿ SENTENCIA 2003-00515 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2007
SENTENCIA 2003-00515 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:AGUA POTABLE. RESPONSABILIDAD BÁSICA DE LOS MUNICIPIOS Y SUBSIDIARIA Y CONCURRENTE DE LOS DEPARTAMENTOS Y LA NACIÓN EN SU PRESTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, POTABILIZACIÓN DE AGUAS, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
REVISTA TUTELA N°:99 DE MARZO DE 2008, PG.508
Sentencia 2003-00515 de septiembre 13 de 2007
Rad. 68001-23-15-000-2003-00515-01(AP)
Actor: Guber Alfonso Zapata Escalante
Demandado: municipio del Valle del San José
Referencia: apelación sentencia-acción popular
Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 30 de marzo de 2005, mediante la cual el tribunal administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.
El 24 de febrero de 2003, Guber Alfonso Zapata Escalante instauró acción popular contra el municipio de Valle de San José, para reclamar protección a los derechos a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna y a los derechos de los consumidores y usuarios.
El actor los planteó así:
Los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos practicados entre octubre de 2001 y marzo de 2002 por la secretaría de salud del departamento de Santander a muestras de agua tomadas en el municipio de Valle de San José demuestran que no es apta para el consumo humano.
La inobservancia de los parámetros establecidos en el Decreto 475 de 1998 (mar. 10) (1) , expone a los usuarios del servicio de acueducto a contraer enfermedades infecciosas a nivel respiratorio, gástrico y urinario.
• Que se ordene al municipio de Valle de San José suministrar agua potable a la comunidad.
• Que se designe el comité de verificación de que trata el inciso 4º del artículo 34 de la Ley 472 de 1998.
• Que se reconozca el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.
2.1 El apoderado del municipio de Valle de San José afirmó que capta el agua cruda de la quebrada Sobacuta a través de una bocatoma desde donde se conduce por tubería de PVC hasta el desarenador y luego hasta la planta de tratamiento.
Sostiene que allí se trata el agua con sulfato de aluminio e hipoclorito de calcio, se miden los niveles de cloro residual, el pH y la secretaría de salud departamental y laboratorios de empresas prestadoras de servicios públicos realizó los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos.
Agregó que la red matriz de distribución cumple con las especificaciones técnicas pues está construida en tubería PVC y que, por el contrario, las acometidas domiciliarias están construidas, en su gran mayoría, en manguera y se almacenan en tanques.
Advierte que el mantenimiento de las acometidas le compete a los usuarios y que su omisión contamina el agua.
Expresa que del análisis 1321 de 2003 (mar. 19) realizado por la secretaría de salud de Santander y el informe de laboratorio 00001 de 2003 (ene. 29) hecho por Andina de Servicios Públicos (2) demuestra que el agua analizada es apta.
Tuvo lugar el 23 de septiembre de 2003 y se declaró fallida pues las partes no se hicieron presentes.
• Copia del análisis bacteriológico 1321 de 2001 (mar. 17) (3) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada en la carrera 8ª Nº 5-35, cuya fuente es la quebrada Pomarroso, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 214 de 2003 (mar. 17) (4) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada en la carrera 8ª Nº 5-35, proveniente de la quebrada La Sobacuta, es apta para el consumo humano, según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico 484 de 2001 (mar. 25) (5) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada de la carrera 4ª Nº 4-11, cuya fuente es la quebrada La Sobacuta, la muestra es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 188 de 2001 (jun. 19) (6) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada del matadero municipal, cuya fuente es la quebrada La Sobacuta, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 892 de 2001 (jun. 20) (7) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada del matadero municipal, cuya fuente es la quebrada La Sobacuta, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico 1568 de 2001 (oct. 16) (8) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada de la calle 5ª Nº 5-40, cuya fuente es la quebrada La Sobacuta, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 382 de 2001 (oct. 16) (9) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada en la 5ª Nº. 5-40, cuya fuente es la quebrada La Socabuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 441 de 2001 (nov. 20) (10) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua cruda tomada de un grifo, cuya fuente es la quebrada La Virgen, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 472 de 2001 (nov. 25) (11) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua cruda tomada de la vereda El Diamante, cuya fuente es la quebrada Pomarroso, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico 1918 de 2001 (nov. 25) (12) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua cruda tomada de la finca Luis Calderón de la vereda El Hoyo, cuya fuente es la quebrada Claverlino (sic), no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 473 de 2001 (nov. 25) (13) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de la vereda El Hoyo, cuya fuente es la quebrada La Socabuta, es apta para el consumo humano, según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 471 de 2001 (nov. 26) (14) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada de la calle 3ª Nº 4-03, cuya fuente es la quebrada La Socabuta, es apta para el consumo humano, según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico 1919 de 2001 (nov. 26) (15) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de la finca El Diamante y la vereda Los Medios, cuya fuente es la quebrada Pomarroso, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico 1920 de 2001 (nov. 26) (16) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada en la calle 3ª Nº 4-03, cuya fuente es la quebrada La Sobacuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 6 de 2002 (ene. 13) (17) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada en la calle 4ª Nº 3-07, cuya fuente es la quebrada La Socabuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico 0348 de 2002 (mar. 6) (18) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada en la calle 5ª Nº 5-40, cuya fuente es la quebrada La Sobacuta, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico y fisicoquímico 0001 de 2003 (ene. 27) (19) en que Andina de Servicios Públicos S.A.-EPS certificó que la muestra de agua tratada tomada en la Calle 4ª Nº 8-42, cuya fuente es la quebrada La Sobacuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 1009 de 2003 (ene. 28) (20) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua tratada tomada en la calle 5ª Nº 3-08, cuya fuente es la quebrada La Socabuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico y bacteriológico 0001 de 2003 (ene. 29) (21) en que Andina de Servicios Públicos S.A. ESP certificó que la muestra de agua tratada tomada en la Calle 4ª Nº 8-42, cuya fuente es la quebrada Sobacuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico 81 de 2003 (feb. 28) (22) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua tratada tomada en la calle 5ª Nº 3-08, cuya fuente es la quebrada Sobacuta, la muestra es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico de 0214 de 2003 (mar. 17) (23) en que la secretaría de salud del departamento de Santander conceptuó que la muestra de agua tratada tomada en la carrera 5ª Nº 8-35, cuya fuente es la quebrada Sobacuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 417 de 2003 (jun. 3) (24) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda Los Medios, cuya fuente es el acueducto veredal, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 418 de 2003 (jun. 3) (25) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda de tomada de una vivienda de la vereda Medio Coopero, cuya fuente es la quebrada El Cuevón, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 419 de 2003 (jun. 3) (26) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda Cerro de Marías, cuya fuente es un aljibe, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 420 de 2003 (jun. 3) (27) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda El Recaudo, cuya fuente es el acueducto veredal, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 421 de 2003 (jun. 3) (28) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda El Guacal, cuya fuente es un aljibe, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico y bacteriológico 323 de 2003 (jun. 26) (29) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua tratada tomada en la carrera 4ª Nº 4-81, cuya fuente es la quebrada La Socabuta, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico 1581 de 2003 (abr. 26) (30) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua tratada tomada en la carrera 4ª Nº 4-81 cuya fuente es la quebrada Sobacuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del informe de laboratorio de análisis fisicoquímico y bacteriológico 0001 de 2003 (jun. 16) (31) en que Andina de Servicios Públicos S.A. ESP certificó que la muestra de agua tratada tomada de la red de distribución, cuya fuente es la quebrada Sobacuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico de (sic) 2763 de 2004 (feb. 23) (32) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua tratada tomada de la calle 3ª 2ª-17 cuya fuente es la quebrada La Sobacuta, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del informe de laboratorio de análisis fisicoquímico y bacteriológico 0001 de 2004 (abr. 26) (33) en que Andina de Servicios Públicos S.A. ESP certificó que la muestra de agua tratada tomada de la red de distribución, cuya fuente es la quebrada Sobacuta, es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis fisicoquímico 422 de 2003 (jun. 3) (34) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada en una vivienda en la vereda El Guacal, cuya fuente es de aljibe, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico de (sic) 1898 de 2003 (jun. 17) (35) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda Medios Copero, cuya fuente es la quebrada Cuevón, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico de (sic) 1899 de 2003 (jun. 17) (36) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que una muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda Santa Teresa, cuya fuente es un aljibe, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico de (sic) 1900 de 2003 (jun. 17) (37) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda Cerro de Momas, cuya fuente es el aljibe comunal, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico de (sic) 1901 de 2003 (jun. 17) (38) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda El Guacal, cuya fuente es un aljibe, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico de (sic) 1902 de 2003 (jun. 17) (39) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda de una vivienda de la vereda Los Medios, cuya fuente es el acueducto veredal, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• Copia del análisis bacteriológico de (sic) 1903 de 2003 (jun. 17) (40) en que la secretaría de salud del departamento de Santander certificó que la muestra de agua cruda tomada de una vivienda de la vereda La Molinera, cuya fuente es el acueducto veredal, no es apta según el Decreto 475 de 1998.
• La coordinadora del banco de datos del DANE en Oficio 2004EE157101 de 2004 (mar. 24) la población censada para el municipio de Valle de San José para 1993 es de 8133 de acuerdo con el XVI censo de población y V de vivienda de 1993.
• El jefe (sic) unidad de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en oficio de 29 de marzo de 2004 expresó:
“[...] 1. El municipio de Valle de San José presta directamente el servicio de acueducto por medio de la unidad de servicio públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, dependencia que pertenece la estructura administrativa del municipio.
2. En el municipio de Valle de San José existe planta de tratamiento de agua potable la cual se encuentra actualmente funcionando.
3. En el municipio a partir del mes de enero de 2000 hasta la fecha no se ha decretado estado de desastre o emergencia en los términos del artículo 1º del Decreto 475 de 1998.
4. Las etapas y el proceso que se realiza para mantener la calidad del agua suministrada son las siguientes:
a) Captación: Posee una tanquilla dotada de filtros y rejilla para retener el material sólido grande.
b) Desarenador: Separa la grava, la arena, el limo y otros materiales sedimentales, especialmente en época de invierno.
c) Purga en la línea de conducción.
d) Planta de tratamiento: Aquí se efectúan los siguientes procesos: aireación, unidad de aforo, mezcla rápida o coagulación (aquí se aplica el sulfato de aluminio), flocuaración (sic) o mezcla lenta, sedimentación. Filtración, desinfección (en enero de 2004 se adquirió el sistema de aplicación del cloro gaseoso, llegándose a una efectividad de desinfección del 100%).
2. Se hacen controles (sic) potabilidad del agua con el comparador calorimétrico dos o tres veces por semana en la red de distribución para determinar el cloro residual. Los análisis completos (fisicoquímicos y bacteriológicos) los realiza el técnico de saneamiento del Bucaramanga al laboratorio de la secretaría de salud de la Gobernación de Santander”.
• El jefe (sic) unidad de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en oficio de 30 de septiembre de 2004 expresó:
“Que se han realizado las siguientes obras en la planta de tratamiento del acueducto municipal con miras a mejorar la calidad del agua suministrada a los usuarios. Estas acciones se han desarrollado desde enero del año 2003 hasta la fecha:
— Construcción sistema de aplicación, agitación y dosificación del sulfato de aluminio en la planta de tratamiento del acueducto municipal.
— Optimización bocatoma del acueducto municipal: instalación de filtros en la tanquilla de captación, cambio de rejilla, instalación sistema de desagües.
— Suministro, instalación y puesta en funcionamiento en la planta de tratamiento del acueducto del equipo de cloro gaseoso con dos cilindros de 68 kg con lleno total y suministro del equipo de seguridad para el manejo del cloro gaseoso.
— Construcción de la caseta para el sistema de cloro gaseoso.
— Adquisición de dos equipos comparador colorimétrico para realizar pruebas de cloro residual y pH a muestras tomadas en la red de distribución y en la planta de tratamiento”.
5.1. El actor no alegó de conclusión.
5.2. El apoderado del municipio de Valle de San José reiteró los argumentos de la contestación.
5.3. La procuradora judicial 16 en asuntos administrativos y agrarios solicitó denegar las pretensiones de la demanda pues se probó que el municipio de Valle de San José cuenta con una planta de tratamiento de agua potable para suministrar agua potable según los parámetros establecidos en el Decreto 475 de 1998.
Sostuvo que aun cuando la situación difiere en el sector rural, pues la comunidad se suple del agua de los acueductos veredales y debe potabilizarla para consumirlo, no se puede predicar negligencia por parte de la administración municipal.
Agregó que como consta en el informe del laboratorio de Andina de Servicios S.A. ESP de 29 de octubre de 2003, se infiere que el agua que suministraba el municipio al momento de la presentación de la demanda cumple con los parámetros físicos y microbiológicos permitidos.
Mediante sentencia de 30 de marzo de 2005, el tribunal administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda por considerar que los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos tomados durante los años 2001 y 2002 mostraron resultados contradictorios pese a haber sido tomados de la misma fuente, la quebrada Sobacuta, y que la contaminación surgió debido a la falta de mantenimiento de las acometidas de los usuarios donde se tomaron las pruebas (sic) afectó la potabilidad del agua.
Expuso que considera como ciertas y efectivas las obras realizadas en la planta de tratamiento del acueducto municipal pues el incremento de resultados positivos con su implementación lo que prueba la diligencia del municipio para cumplir con sus competencias constitucionales y legales de garantizar a los habitantes de su jurisdicción el acceso a los servicios públicos esenciales.
Finalmente, exhortó al municipio para que en forma progresiva mejore las condiciones del suministro hasta el punto en que se pueda considerar que la calidad del agua a la cual los habitantes de la zona rurales de igual o similar condición a la proporcionada los residentes del casco urbano.
El actor solicita que se revoque la sentencia impugnada argumentando que el tribunal erró en la apreciación y valoración de las pruebas pues desconoció que los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos que demostraron que el agua suministrada a la comunidad no es apta para el consumo humano.
Reitera que el municipio ha sido omisivo en el cumplimiento de su competencia de vigilar, controlar y velar por la salubridad pública del agua que consumen los habitantes.
Sostiene que la sentencia es incoherente pues si bien negó el amparo de los derechos colectivos exhortó al municipio para que mejorara las condiciones del suministro hasta el punto en que se pueda considerar que la calidad del agua a la cual los habitantes de la vereda tienen acceso sea de igual o similar condición a la proporcionada a los residentes del casco urbano lo que indica que a dicha población sí se les vulneran sus derechos colectivos.
• La solución de la necesidad básica insatisfecha en materia de agua potable, responsabilidad básica de los municipios, y subsidiaria o concurrente de los departamentos y la Nación. (arts. 356, 357, 365 y 366 Const. Pol., 3-5 de la Ley 136 de 1994, 5-1 de la Ley 142 de 1994 y de la Ley 715 de 2001).
Debe la Sala comenzar por advertir que no acertó el tribunal cuando para exonerar a la administración municipal alega que en los corregimientos el servicio es prestado por acueductos veredales, pues la prestación del servicio de acueducto es responsabilidad primerísima de los municipios, según lo disponen los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, 3-5 de la Ley 136 de 1994 y 5-1 de la Ley 142 de 1994 cuyo tenor literal es el siguiente.
“Artículo 365, C.P. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos (...) podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente (...) En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
Artículo 366, C.P. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley (41) .
ART. 5º—Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos.
Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente” (42) .
Los artículos 365 a 370 de la Constitución Política tratan de los derechos colectivos de acceso a la infraestructura de servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna; y a que la Nación y las entidades territoriales realicen las finalidades sociales del Estado priorizando en los planes y presupuestos el gasto público social. Ciertamente, conforme a los citados preceptos constitucionales:
— Los servicios públicos son inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, que son finalidades sociales del Estado.
— En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos.
— Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
— Será objetivo fundamental de la actividad del Estado la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable.
— Para tales efectos, en los planes y presupuesto de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
“Artículo 350, C.P. La Ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones”.
• Los recursos que la Nación transfiere a los municipios a título de participación de propósito general, constituyen renta de destinación específica de forzosa inversión en agua potable. (A.L. 01/2001 y L. 715/2001).
Es a todas luces inaceptable que el alcalde alegue falta de recursos presupuestales pues el Acto Legislativo 01 de 2001, que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, creó el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios precisamente para atender los servicios a cargo de estos y proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación.
Según lo preceptuado por los artículos 3º y 4º de la Ley 715 de 2001 que desarrolla el Acto Legislativo 01 de 2001, del sistema general de participaciones, forma parte la participación de propósito general, renta de destinación especifica, de forzosa inversión en la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de agua potable y en la ampliación de la cobertura del servicio de acueducto. Asciende al 17% del total de lo que por concepto del sistema transfiere la nación a las entidades territoriales.
“ART. 356.—“Artículo modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:” Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos, y municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios.
“Inciso modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 4 de 2007. Rige a partir del 1º de enero de 2008. El nuevo texto es el siguiente:”
a) “Literal modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 4 de 2007. Rige a partir del 1º de enero de 2008 — Ver “Legislación Anterior” para la legislación vigente hasta esta fecha—. El nuevo texto es el siguiente:” Para educación, salud y agua potable y saneamiento básico: población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. En la distribución por entidad territorial de cada uno de los componentes del sistema general de participaciones, se dará prioridad a factores que favorezcan a la población pobre, en los términos que establezca la ley.
“Párrafo adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:” Las ciudades de Buenaventura y Tumaco se organizan como distritos especiales, industriales, portuarios, biodiversos y ecoturísticos. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución y las leyes especiales, que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas, las normas vigentes para los municipios.
“Párrafo adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:” La ciudad de Popayán se organiza como distrito especial ecoturístico, histórico y universitario. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten y en lo no dispuesto en ellas las normas vigentes para los municipios.
“Párrafo adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:” La ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, se organizará como distrito histórico y cultural, con un régimen fiscal y administrativo propio determinado por la Constitución y por las leyes especiales que para el efecto se expidan.
“Párrafo adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:” El municipio portuario de Turbo (Antioquia) también se constituirá en distrito especial.
“Párrafo adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:” El municipio de Cúcuta se constituirá como distrito especial fronterizo y turístico.
“Inciso adicionado por el artículo 3º del Acto Legislativo 4 de 2007. Rige a partir del 1º de enero de 2008 El nuevo texto es el siguiente:” El Gobierno Nacional definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del sistema general de participaciones, para asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad. Esta estrategia deberá fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de cuentas.
“Inciso adicionado por el artículo 3º del Acto Legislativo 4 de 2007. Rige a partir del 1º de enero de 2008. El nuevo texto es el siguiente:” Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente acto legislativo, regulará, entre otros aspectos, lo pertinente para definir los eventos en los cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar.
PAR. TRANS.—El gobierno deberá presentar el proyecto de ley que regule la organización y funcionamiento del sistema general de participaciones de los departamentos, distritos, y municipios, a más tardar el primer mes de sesiones del próximo período legislativo”.
“ART. 357.—“Artículo modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo 4 de 2007. Rige a partir del 1º de enero de 2008: El sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
El diecisiete por ciento (17%) de los recursos de propósito general del sistema general de participaciones, será distribuido entre los municipios con población inferior a 25000 habitantes. Estos recursos se destinarán exclusivamente para inversión, conforme a las competencias asignadas por la ley. Estos recursos se distribuirán con base en los mismos criterios de población y pobreza definidos por la ley para la participación de propósito general.
PAR. TRANS 1º—El monto del sistema general de participaciones, SGP, de los departamentos, distritos y municipios se incrementará tomando como base el monto liquidado en la vigencia anterior. Durante los años 2008 y 2009 el SGP se incrementará en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 4%. Durante el año 2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3%.
PAR. TRANS 2º—Si la tasa de crecimiento real de la economía (Producto Interno Bruto, PIB) certificada por el DANE para el año respectivo es superior al 4%, el incremento del SGP será igual a la tasa de inflación causada, más la tasa de crecimiento real señalada en el parágrafo transitorio 1º del presente artículo, más los puntos porcentuales de diferencia resultantes de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada por el DANE y el 4%. Estos recursos adicionales se destinarán a la atención integral de la primera infancia. El aumento del SGP por mayor crecimiento económico, de que trata el presente parágrafo, no generará base para la liquidación del SGP en años posteriores.
PAR. TRANS 3º—El sistema general de participaciones, SGP, tendrá un crecimiento adicional a lo establecido en los parágrafos transitorios anteriores para el sector educación. La evolución de dicho crecimiento adicional será así: en los años 2008 y 2009 de uno punto tres por ciento (1.3%), en el año 2010 de uno punto seis por ciento (1.6%), y durante los años 2011 a 2016 de uno punto ocho por ciento (1.8%). En cada uno de estos años, este aumento adicional del sistema no generará base para la liquidación del monto del SGP de la siguiente vigencia. Estos recursos se destinarán para cobertura y calidad.
PAR. TRANS 4º—El Gobierno Nacional definirá unos criterios y transiciones en la aplicación de los resultados del último censo realizado, con el propósito de evitar los efectos negativos derivados de las variaciones de los datos censales en la distribución del sistema general de participaciones. El sistema orientará los recursos necesarios para que de ninguna manera, se disminuyan, por razón de la población, los recursos que reciben las entidades territoriales actualmente”.
ART. 4º—Distribución sectorial de los recursos. El monto total del sistema general de participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 2º, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0.
ART. 78.—Destino de los recursos de la participación de propósito general. Los municipios clasificados en las categorías 4ª, 5ª y 6ª, podrán destinar libremente, para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un veintiocho por ciento (28%) de los recursos que perciban por la participación de propósito general. El total de los recursos de la participación de propósito general asignado a los municipios de categorías especial, 1ª, 2ª y 3ª; el 72% restante de los recursos de la participación de propósito general para los municipios de categoría 4ª, 5ª o 6ª; y el 100% de los recursos asignados de la participación de propósito general al departamento archipiélago de San Andrés y Providencia, se deberán destinar al desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en la presente ley.
Del total de dichos recursos, las entidades territoriales destinarán el 41% para el desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en agua potable y saneamiento básico. Los recursos para el sector agua potable y saneamiento básico se destinarán a la financiación de inversiones en infraestructura, así como a cubrir los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.
El cambio de destinación de estos recursos estará condicionado a la certificación que expida la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, en el sentido que el municipio o distrito tienen:
a) Coberturas reales superiores a noventa por ciento (90%) en acueducto y ochenta y cinco por ciento (85%) en alcantarillado (43) .
Decreto 849 de 2002.
ART. 4º—Requisitos que deberá exigir la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para expedir la certificación. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) deberá exigir que se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos en los servicios del sector de agua potable y saneamiento básico, con objeto de expedir la respectiva certificación:
c) Que además de las obras de infraestructura en agua potable y saneamiento básico, que se financiarán con las tarifas cobradas a los usuarios, existan obras adicionales por realizar en el territorio del municipio o distrito, por un valor inferior al del porcentaje de inversión obligatorio en el sector” (44) .
El tribunal negó las pretensiones por considerar que el municipio de Valle de San José presta el servicio de acueducto de manera eficiente y oportuna y que las deficiencias presentadas en las muestras tomadas en el sector rural de ese municipio no le son imputables al demandado.
• Se allegó copia de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados en muestra de agua tratada tomadas de viviendas del sector urbano:
Número Fecha Tipo Lugar Tipo de agua Fuente Resultado
1321 17 de marzo de 2001 Bacteriológico Carrera 8ª Nº 5-35 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
484 26 de marzo de 2001 Bacteriológico Carrera 4ª Nº 4-11 Tratada Quebrada la Sobacuta No apta
188 19 de junio de 2001 Fisicoquímico Matadero Municipal Tratada Quebrada la Sobacuta No apta
892 20 de junio de 2001 Bacteriológico Matadero Municipal Tratado Acueducto No apta
1568 16 de octubre de 2001 Bacteriológico Calle 5 Nº 5-40 Tratada Quebrada la Sobacuta No apta
382 16 de octubre de 2001 Fisicoquímico Calle 5 Nº 5-40 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
1920 26 de noviembre de 2001 Bacteriológico Calle 3 Nº 4-03 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
471 26 de noviembre de 2001 Fisicoquímico Calle 3 Nº 4-03 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
6 13 de enero de 2002 Fisicoquímico Calle 4 Nº 3-07 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
348 6 de marzo de 2002 Bacteriológico Calle 5 Nº 5-26 Tratada Quebrada la Sobacuta No apta
Sin número 25 de enero de 2003 Bacteriológico Carrera 8ª Nº 5-35 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
1 27 de enero de 2003 Bacteriológico y fisicoquímico Calle 4ª Nº 8-42 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
1009 28 de enero de 2003 Bacteriológico Calle 5 Nº 3-08 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
1 29 de enero de 2003 Fisicoquímico y microbiológico. Calle 4 Nº 8-42 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
81 28 de febrero de 2003 Fisicoquímico Calle 5º Nº 3-08 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
214 17 de marzo de 2003 Fisicoquímico Carrera 8 Nº 5-35 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
323 28 de abril de 2003 Fisicoquímico Carrera 4ª Nº 4-81 Tratada Acueducto municipal No apta
323 28 de abril de 2003 Bacteriológico Carrera 4ª Nº 4-81 Tratada Acueducto municipal No apta
1581 28 de abril de 2003 Bacteriológico Carrera 4 Nº 4-81 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
1 16 de junio de 2003 Fisicoquímico y bacteriológico Red de distribución Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
323 26 de junio de 2003 Fisicoquímico Carrera 4 Nº 4-81 Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
2763 23 de enero de 2004 Bacteriológico Calle 3ª 2 A 17 Tratada Aljibe Apta
1 26 de abril de 2004 Fisicoquímico y bacteriológico Red de distribución Tratada Quebrada la Sobacuta Apta
• Se allegó copia de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados en muestra de agua tratada tomadas de viviendas del sector rural:
441 20 de noviembre de 2001 Fisicoquímico Grifo Cruda Quebrada La Virgen No apta
472 25 de noviembre de 2001 Fisicoquímico El Diamante Cruda Quebrada Pomarroso No apta
1918 25 de noviembre de 2001 Bacteriológico Finca Luis Calderó - Vda el Hoyo Cruda Quebrada Claverlino (sic) No apta
473 25 de noviembre de 2001 Fisicoquímico El Hoyo Cruda Quebrada Clavellinos (sic) Apta
1919 26 de noviembre de 2001 Bacteriológico El Diamante. Los Medios Cruda Quebrada Pomarroso No apta
1903 28 de abril de 2003 Bacteriológico Vereda la Molinera Cruda Acueducto veredal No apta
420 3 de junio de 2003 Fisicoquímico Vereda el Recaudo Cruda Acueducto veredal No apta
419 3 de junio de 2003 Fisicoquímico Vereda Cerro de Marías Cruda Aljibe No apta
418 3 de junio de 2003 Fisicoquímico Vereda Medio Coopero Cruda Quebrada el Cuevón No apta
417 3 de junio de 2003 Fisicoquímico Vereda los Medios Cruda Acueducto veredal No apta
422 3 de junio de 2003 Fisicoquímico Vereda el Guacal Cruda Aljibe No apta
421 3 de junio de 2003 Fisicoquímico Vereda el Guacal Cruda Aljibe No apta
1901 17 de junio de 2003 Bacteriológico Vereda el Guacal Cruda Aljibe No apta
1902 17 de junio de 2003 Bacteriológico Vereda los Medios Cruda Acueducto veredal No apta
1900 17 de junio de 2003 Bacteriológico Vereda Cerro de Momas Cruda Aljibe No apta
1898 17 de junio de 2003 Bacteriológico Vereda Los Medios Cruda Quebrada Cuevón No apta
1899 17 de junio de 2003 Bacteriológico Vereda Santa Teresa Cruda Aljibe No apta
5. En el municipio de Valle de San José existe planta de tratamiento de agua potable la cual se encuentra actualmente funcionando.
6. En el municipio a partir del mes de enero de 2000 hasta la fecha no se ha decretado estado de desastre o emergencia en los términos del artículo 1º del Decreto 475 de 1998.
7. Las etapas y el proceso que se realiza para mantener la calidad del agua suministrada son las siguientes:
b) Desarenador: Separa la grava, al arena, el limo y otros materiales sedimentales, especialmente en época de invierno.
3. Se hacen controles (sic) potabilidad del agua con el comparador calorimétrico dos o tres veces por semana en la red de distribución para determinar el cloro residual. Los análisis completos (fisicoquímicos y bacteriológicos) los realiza el técnico de saneamiento del municipio cada dos meses quien envía la muestra a Bucaramanga al laboratorio de la secretaría de salud de la Gobernación de Santander”.
De los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos allegados al proceso evidenciaron que el agua que se suministra en el sector urbano se ajusta a los parámetros del Decreto 475 de 1998, por lo que el cargo no prospera.
No ocurre igual con el sector rural del municipio pues los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos allegados evidencia que el agua no se ajusta a los parámetros del Decreto 475 de 1998 en las veredas El Diamante, El Hoyo, La Molinera, El Recaudo, Cerro de Marías, Medio Coopero, Los Medios, El Guacal, Cerro de Momas y Santa Teresa, en los que según esa prueba el agua que consumen es cruda y la captan de acueductos veredales, aljibes y de las quebradas La Virgen, Pomarroso, Clavellino (sic) y Cuevón.
Para la Sala resulta inaceptable que las autoridades del municipio del Valle de San José desatiendan sus responsabilidades constitucionales y legales en un asunto tan trascendental como el de resolver las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potables. Prueba de ello es que las veredas El Diamante, El Hoyo, La Molinera, El Recaudo, Cerro de Marías, Medio Coopero, Los Medios, El Guacal, Cerro de Momas y Santa Teresa, carecen del servicio, lo que obliga a sus residentes a suplirse de agua por otros medios. Tal circunstancia evidencia la necesidad de ampliar la cobertura de modo que la prestación del servicio comprenda el área rural.
Probada lo anterior fuerza es entonces reconocer que hay una evidente amenaza de los derechos a la salubridad pública, a la prestación eficiente y oportuna del servicio público de acueducto y al acceso a una infraestructura de servicios públicos que garantice la salubridad pública.
La Sala reitera sus diversos pronunciamientos sobre la temática que en esta ocasión vuelve a plantearse, entre ellos, la sentencia de 9 de octubre de 2003 (45) , en la que se precisó que tal protección se traduce en la orden que se imparte al municipio para que dé cumplimiento al Decreto 475 de 1998, mediante el cual el Gobierno Nacional expidió las normas técnicas de calidad de agua que rigen para todo el territorio nacional y según su artículo 6º deben observarse en relación con cualquier punto de la red de distribución de un sistema de suministro de agua.
Para la Sala, el a quo debió ordenar al municipio adoptar las medidas técnicas, presupuestales y de planeación con su respectivo cronograma de ejecución para que se ejecute el proyecto de ampliación al área rural de la cobertura del servicio de agua potable de manera que se suministre a la población agua que se ajuste a los parámetros del Decreto 475 de 1998.
Se impone, pues, revocar la sentencia apelada y, en su lugar conceder el amparo a los derechos colectivos para cuya protección se instauró la acción y conceder a la actora el incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, pues el municipio de Valle de San José no demostró que con anterioridad al 24 de febrero de 2003 —fecha de notificación de la acción popular— hubiese siquiera formulado el proyecto de ampliación de la cobertura del servicio de acueducto al área rural del municipio. No demostró haber realizado desde el año 2001 avances graduales aunque progresivos para solucionar la necesidad básica insatisfecha de agua potable de la población del área rural del municipio.
REVÓCASE la sentencia apelada, proferida el 30 de marzo de 2005 por el tribunal administrativo del Santander. En su lugar:
1. CONCÉDESE el amparo a los derechos colectivos a la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.
2. ORDÉNASE al alcalde del municipio de Yopal, que dentro de los quince (15) días y a más tardar, en los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia:
2.1. Con cargo a los recursos para inversión en agua potable que se giren en el año 2007 por la Nación como “participación de propósito general”, adopte, antes de la expiración de la presente vigencia fiscal, un plan de acción con su respectivo cronograma de modo que en un plazo razonable, que en ningún caso podrá exceder su actual periodo constitucional que vence el 31 de diciembre de 2007, formule y ejecute el proyecto para la ampliación al área rural de la cobertura del servicio de suministro de agua potable en el municipio de Valle de San José, que deberá comprender las veredas El Diamante, El Hoyo, La Molinera, El Recaudo, Cerro de Marías, Medio Coopero, Los Medios, El Guacal, Cerro de Momas y Santa Teresa.
2.2. Cumplir los parámetros previstos en el Decreto 475 de 1998, de modo que asegure que el agua que suministra a la población de Yopal es apta para el consumo humano, especialmente en las veredas El Diamante, El Hoyo, La Molinera, El Recaudo, Cerro de Marías, Medio Coopero, Los Medios, el Guacal, Cerro de Momas y Santa Teresa.
2.3. El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse mediante certificación de la secretaría de salud del Santander ante el tribunal de dicho departamento, en un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia.
2.4. A través de la secretaría de salud y de educación y con la participación de las juntas de acción comunal, adelante una campaña educativa para que los habitantes del municipio de Valle de San José que deberá comprender los corregimientos de las veredas El Diamante, El Hoyo, La Molinera, El Recaudo, Cerro de Marías, Medio Coopero, Los Medios, El Guacal, Cerro de Momas y Santa Teresa, hiervan el agua antes de consumirla y para que se les imparta instrucción sobre las condiciones de almacenamiento, uso y demás, necesarias para la prevención de riesgos a la salubridad, especialmente de la población infantil, hasta tanto se preste en forma permanente el servicio de suministro de agua potable.
3. INTÉGRASE el comité para la verificación del cumplimiento de la presente sentencia con el secretario de salud de la alcaldía de Valle de San José, el contralor departamental del Santander, el defensor regional del Santander, el procurador regional del Santander y el superintendente delegado de servicios públicos para el Santander.
4. CONCÉDESE al actor el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 en cuantía de diez salarios mínimos mensuales vigentes (10 smmv), con cargo al municipio de Valle de San José.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de trece (13) de septiembre de 2007.
Magistrados: Martha Sofía Sanz Tobón, Presidenta—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Marco Antonio Velilla Moreno.
(1) “Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable”.
(2) Andina de Servicios Públicos S.A. ESP es la empresa prestadora del servicio público de acueducto en el municipio de San Gil.
(3) Folios 76, 82 y 126.
(4) Folio 79.
(5) Folio 62.
(6) Folio 63.
(7) Folio 64.
(9) Folio 73.
(10) Folio 66.
(11) Folio 71.
(12) Folio 67.
(13) Folio 72.
(14) Folio 70.
(15) Folio 68.
(16) Folio 69.
(17) Folio 74.
(18) Folio 3.
(19) Folio 29.
(20) Folios 78 y 85.
(21) Folio 125.
(22) Folio 77.
(23) Folio 127.
(25) Folio 88.
(26) Folio 87.
(27) Folio 86.
(28) Folio 91.
(29) Folios 80 y 81.
(31) Folio 128.
(32) Folio 129.
(33) Folio 130.
(34) Folio 90.
(35) Folio 97.
(36) Folio 98.
(37) Folio 96.
(38) Folio 94.
(39) Folio 95.
(40) Folio 93.
(41) Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
(42) Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
(43) Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L 01/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
(44) Por el cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 715 de 2001.
(45) AP. 0950. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sentencias de 21 de septiembre de 2006. Expediente 2003–90006; actor: Procurador regional del departamento de San Andrés, Providencia.
27 de julio de 2006. Expediente 2003-01400; actora: Ong Fundarecza. M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
30 de marzo de 2006; expediente 2003-4399; actor; Ambimelec Aguilar. M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
30 de marzo de 2006; expediente 2004-0027; actora: Fundegente. M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

References: artículo 34
 artículo 39
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