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Sentencia nº 3 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Marzo de 2000. - Jurisprudencia - VLEX 360660534
Sentencia nº 3 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Marzo de 2000.
En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces R.L.P., A.R.B.D., M.T., E.M.E.C., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 8 de marzo del 2000, años 157º de la Independencia y 137 de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la razón social, Banco Dominico Hispano, S.A., sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes de la República, con su domicilio social establecido en la avenida 27 de Febrero No. 102 de esta ciudad, representada por su presidente, Dr. V.L.C.J., dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identificación y electoral No. 001-016844-8, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del 25 de abril de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 22 de mayo de 1995, suscrito por el Dr. J.O.L., abogado de la recurrente, en el cual se proponen contra la sentencia impugnada, los medios de casación que se indican más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 14 de junio de 1995, suscrito por los Licdos. J.J.R.P., S.A. de Rojas y J.M. de la Cruz Gómez, abogados de la parte recurrida, que lo es el Superintendente de Bancos;
Visto el auto dictado el 3 de marzo del 2000, por el Magistrado R.L.P., Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, juntamente con los Magistrados, A.R.B.D., M.T. y E.M.E., Jueces de este Tribunal, para integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que en fecha 7 de febrero de 1992 la Junta Monetaria, mediante su séptima resolución, autorizó al Superintendente de Bancos a iniciar el procedimiento de liquidación del Banco Dominico Hispano, S.A.; b) que en fecha 10 de febrero de 1992 el Banco Dominico Hispano recurrió contra dicha resolución, por ante la Cámara de Cuentas, en funciones de Tribunal Superior Administrativo, recurso éste que culminó con la sentencia del 11 de febrero de 1993, cuyo dispositivo expresa: "Se declara la incompetencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer del recurso contencioso administrativo, interpuesto por el Banco Dominico Hispano, S.A., contra la Séptima Resolución, de fecha 7 de febrero de 1992, dictada por la Junta Monetaria, en razón de la naturaleza de la materia (artículo 7, letra f de la Ley No. 1494); y el artículo 4 de la Ley No. 664, de fecha 21 de septiembre de 1977"; c) que la mencionada sentencia fue recurrida en casación y la Suprema Corte de Justicia el 21 de febrero de 1995, dictó una sentencia cuyo dispositivo indica: "Primero: Se declara caduco el recurso de casación interpuesto por el Banco Dominico Hispano, S.A., contra la sentencia dictada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en fecha 11 de febrero de 1993; con todas sus consecuencias legales; y Segundo: Que se ordene que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial"; d) que como consecuencia de los precitados recursos, la demanda en liquidación incoada por el Superintendente de Bancos en fecha 26 de febrero de 1992 quedó sobreseida hasta tanto ambos recursos fueran fallados; e) que en la fecha 25 de abril de 1995 la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia hoy recurrida y cuyo dispositivo expresa: " 1ro. Rechaza las conclusiones ofrecidas por el Banco Dominico Hispano, S.A., por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; 2do. Acoge, las de la parte demandante: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, y, en consecuencia; a) Declara, bueno y válida la demanda en liquidación del Banco Dominico Hispano, S.A., por haber sido hecha con apego a las disposiciones de la Ley General de Bancos No. 708 del 14 de abril de 1965; b) ordena, la liquidación del Banco Dominico Hispano, S.A., sus negocios y operaciones por el concepto señalado; c) Designa, al Superintendente de Bancos de la República Dominicana, liquidador legal del Banco Dominico Hispano, S.A., con todas las atribuciones que corresponden a sus funciones y las que el artículo 36 de la Ley General de Bancos No. 708 le confiere, también; 3ro. Dispone, que los gastos en que se incurran con motivo de la presente liquidación del Banco demandado, estén a cargo de la masa de bienes del mismo; 4to. Dispone, la ejecución provisional sin fianza, no obstante cualquier recurso, de la presente sentencia; y sobre minuta";
Considerando, que en su memorial de casación el recurrente propone los siguientes medios: Primer Medio: Falta de calidad de la parte demandante y violación del artículo 44 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978; Segundo Medio: Violación de los artículos 49 y siguientes de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978 y del derecho de defensa; Tercer Medio: Violación de los artículos 1 y 5 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978; Cuarto Medio: Falsos motivos y falta de base legal;
Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, el recurrente alega, en síntesis, la falta de calidad e interés del señor H.Q. para demandar en liquidación del Banco Dominico Hispano, S.A., en razón de que éste demandó en su propio nombre dicha liquidación, según actos del ministerial M.I.N.N., ordinario del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional, de fechas 20 de febrero y 27 de marzo de 1992, usurpando las funciones de la institución que representa: La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana;
Considerando, que en la sentencia impugnada consta que mediante los actos arriba citados, la Superintendencia de Bancos emplazó al Banco Dominico Hispano, S.A., a concurrir el día martes 7 de abril de 1992, así como a su P. y abogados, a las nueve horas de la mañana, por ante la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a fin de conocer la solicitud de liquidación del referido banco, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Bancos No. 708, de 1965; que en esas condiciones, contrariamente a como lo alega el banco recurrente, el señor H.Q., a la sazón Superintendente de Bancos, con capacidad legal para actuar y, representar a esa entidad encargada de la aplicación y administración del régimen legal de los bancos, no podía actuar en otra calidad que no fuera la que ostentaba en el momento de la demanda que le hiciera al mencionado banco con fines de liquidación; que el banco recurrente no ha aportado prueba alguna de que el señor H.Q., no fuera el Superintendente de Bancos al momento de lanzar la demanda en liquidación; por lo que carece de fundamento la falta de calidad alegada y, por tanto, el medio que se examina, debe ser desestimado;
Considerando, que en su segundo medio de casación, el banco recurrente alega, en síntesis, que se violó el artículo 49 y siguientes de la Ley No. 834, de 1978, y, por consiguiente, su derecho de defensa, en razón de que a la fecha de la audiencia en que se conoció la demanda en liquidación por ante la Cámara apoderada, el 30 de marzo de 1995, la Superintendencia de Bancos, no le había notificado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 21 de febrero de 1995, mediante el cual se declaró caduco el recurso interpuesto por el Banco Dominico Hispano, S.A., contra la sentencia dictada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en funciones de Tribunal Superior Administrativo, en fecha 11 de febrero de 1993, que había declarado su incompetencia para conocer del recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el banco recurrente contra la Séptima Resolución dictada por la Junta Monetaria, el 7 de febrero de 1992, que autorizó al Superitendente de Bancos proceder a la liquidación del Banco Dominico Hispano, S. A.;
Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, revela que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia aludida, le fue notificada al Banco Dominico Hispano, S.A., y a sus abogados constituidos y apoderados especiales, doctores P.H.Q. y J.A.S., por acto del alguacil D.R.B. de León, del 28 de marzo de 1995, marcado con el No. 173-95, es decir, dos días antes de que se celebrara la audiencia en que se discutió la demanda; que, además, en esa audiencia se rechazó el pedimento planteado por el banco recurrente en el sentido de que la parte demandante comunicara a la parte demandada el nuevo documento (sentencia de la Suprema Corte de Justicia) al cual pretendía darle uso, y se invitó a las partes a concluir al fondo de sus pretensiones, lo cual hicieron; que en esa situación procesal, carece de fundamento la violación al derecho de defensa denunciada, y, por tanto, el medio que se examina debe ser desestimado;
Considerando, que en el desarrollo de sus medios tercero y cuarto, los cuales se reúnen para su examen por su vinculación, el recurrente alega, en síntesis, que desde el inicio del proceso planteó la refundición de la demanda incoada por la Superintendencia con la demanda en inadmisibilidad y nulidad intentada por el banco en contra de la Superintendencia de Bancos; que es evidente que cuando la cámara apoderada dicta su fallo el 25 de abril de 1995, sin pronunciarse acerca de la excepción planteada por el Banco Dominico Hispano, S.A., incurre en la violación de los artículos 1 y 5 de la Ley 834, del 15 de julio de 1978, y de su derecho defensa; que la demanda de la parte recurrida contraviene las reglas del apoderamiento, crea una litispendencia y avoca una contradicción de sentencias, lo que conllevará un atentado al principio "Nos bis in idem"; que la Cámara omitió fallar acerca de la inadmisibilidad y nulidad de la demanda de la Superintendencia de Bancos y de la solicitud de sobreseimiento, violando el artículo 35 de la señalada Ley 834, y los criterios sostenidos en jurisprudencia según los cuales los jueces están en la obligación de consignar en sus sentencias un exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho y los fundamentos que avalan sus decisiones;
Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que el banco demandado en la audiencia en que se discutió el fondo de la acción intentada en su contra, 30 de marzo de 1995, concluyó de la manera siguiente: "1ro. Que sea rechazada la presente demanda en liquidación contra el Banco Dominicano Hispano, S.A., incoada por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por improcedente y mal fundada; 2do. Condenar a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, al pago de las costas y distraídas en beneficio de los abogados D.. M.G.M. y H.A. de los Santos, quienes afirman las han avanzado en su mayoría"; que si bien la sentencia recurrida se hace constar que en la audiencia celebrada el 7 de abril de 1992, el tribunal se reservó el fallo respecto de las conclusiones incidentales presentadas por el banco demandado, no es menos cierto que las mismas quedaron cubiertas en razón de que el banco recurrente que invocó la inadmisibilidad y nulidad de la demanda, según afirma en su cuarto medio, hizo valer con posterioridad, o sea en la audiencia del 30 de marzo de 1995, defensas y conclusiones al fondo, que son las únicas que aparecen transcritas en la sentencia impugnada, y sobre las cuales estaba el tribunal obligado a pronunciarse, como lo hizo;
C., que, en cuanto a los falsos motivos y falta de base legal alegados por el recurrente contra la sentencia atacada, el examen de la misma revela que contiene una completa relación de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican la decisión adoptada por el juez de fondo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de casación, verificar que en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que, los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Banco Dominico Hispano, S.A., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 25 de abril de 1997, cuyo dispositivo se ha copiado anteriormente; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y ordena su distracción a favor de los Licdos. J.J.R.P., S.A. de Rojas y J.M. De La Cruz Gómez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.
Firmado: R.L.P., A.R.B.D., E.M.E. y M.T.. G.A., Secretaria General
Sentencia nº 285 de 1ª Sala de la Camara Penal, 12 de Febrero de 2002
Sentencia nº 34 de 1ª Sala de la Camara Penal, 24 de Junio de 2003

References: artículo 4
 artículo 36
 artículo 44
 artículo 36
 artículo 49
 Resolución 
 artículo 35