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Timestamp: 2017-11-25 05:51:30+00:00

Document:
Plan de Centro Ceip Virgen de Tiscar. Quesada (Jaén) - Profesorado
Funciones y deberes del profesorado.
d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
l) La participación en los planes de evaluación que determinela Consejeríacompetente en materia de educación o los propios centros.
Derechos del profesorado.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación dela Administracióneducativa.
Protección de los derechos del profesorado.
1.La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.
2.La Administracióneducativa otorgará al profesorado de los centros a los que se refiere el presente Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes.
4.La Consejeríacompetente en materia de educación promoverá antela Fiscalíala calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado de los centros a los que se refiere el presente Reglamento, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
5.La Consejeríacompetente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los centros a los que se refiere el presente Reglamento, siempre que se trate de acto u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico dela Juntade Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios:
El Reglamento orgánico de Centros regula en su artículo 9.5 la asistencia jurídica y psicológica gratuita al personal docente, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente.
La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos iniciados frente al personal docente, es decir, cuando terceras personas inicien procedimientos contra un maestro o maestra, como en aquellos otros que el profesorado inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.
Aclaraciones con respecto a la asistencia jurídica al profesorado de acuerdo con la ORDEN de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la Asistencia Jurídica al personal docente dependiente de la Consejería de todos los niveles educativos, a
excepción del universitario, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma.
1. La Consejería de Educación proporcionará asistencia jurídica gratuita al personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de Educación, consistente en el asesoramiento en derecho, así como la representación y defensa en juicio, de sus intereses, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores.
2. Se entiende por actividad docente la que realiza el personal docente en los centros donde se halla destinado, en cumplimiento de sus funciones, entendiéndose incluidas las actividades extraescolares y complementarias previstas en el Plan Anual de Centro.
Ejercicio de acciones y reclamación de daños.
1. La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales que se diriman contra el personal docente como en aquellos otros interpuestos por dicho personal en defensa de sus derechos ante actos, producidos en el ejercicio de sus funciones, en cumplimiento del ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.
2. Asimismo, se garantiza la asistencia jurídica para la reclamación de los daños y perjuicios causados al profesorado como consecuencia de la acción judicial iniciada mediante denuncia, querella o demanda civil, interpuesta en su contra por un particular con motivo del desempeño de su actividad docente, siempre que la pretensión haya sido desestimada íntegramente por sentencia firme, auto de sobreseimiento o archivo o cualquier otra resolución judicial que desestime o inadmita la pretensión contra el personal docente.
Formas de articular la asistencia jurídica.
La asistencia jurídica en dichos procedimientos judiciales podrá articularse de las siguientes formas en función de la opción de quienes resulten interesados:
a) A través de personal funcionario del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.
c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 8 de esta Orden.
Quedan excluidas de asistencia jurídica las reclamaciones de los daños que sean consecuencia del incumplimiento de una relación contractual específica entre el profesorado y terceras personas, así como las reclamaciones y demandas que entable el
profesorado entre sí o de aquellas que se promuevan contra superiores jerárquicos que actúen en el ejercicio de sus funciones.
Solicitud de asistencia jurídica.
1. La solicitud de asistencia jurídica se cumplimentará según el modelo previsto en el Anexo I de la presente Orden, y se presentará en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación que corresponda al centro donde preste sus servicios el personal afectado. En caso de urgencia podrá adelantarse por fax, sin perjuicio de su posterior presentación en el registro pertinente.
2. A la solicitud deberá acompañarse informe de la Dirección del centro, según modelo del Anexo II, en el que se recogerá una descripción detallada de los hechos, así como, en su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite procedimental para el que se requiere la presencia de profesional letrado.
3. Junto con la solicitud podrán aportarse también cuantas pruebas y documentación contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las que acrediten que los mismos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella.
Recibida en la Delegación Provincial que corresponda la solicitud y demás documentación aportada, deberá comprobarse, en primer lugar, que la misma está debidamente cumplimentada y completa. Si la solicitud adoleciera de algún dato o la documentación estuviera incompleta, se requerirá de la persona interesada su subsanación en el plazo improrrogable de diez días, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición.
1.Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación que corresponda dictará Resolución en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. En caso de que se conceda asistencia jurídica solicitada, deberá facilitarse al solicitante los datos de la persona que vaya a hacerse cargo de su defensa.
2.Si la persona interesada opta por la asistencia jurídica mediante profesional elegido por ella misma, deberá comunicarlo a la Delegación Provincial correspondiente en el plazo improrrogable de tres días, a contar desde la notificación de la Resolución a la que se refiere el apartado anterior. Una vez finalizado el procedimiento y, por tanto, la prestación de servicios de aquél, deberá presentar el original de la minuta correspondiente para el abono de la misma. La cuantía que se abone no podrá superar en ningún caso el límite cuantitativo máximo por siniestro que esté vigente en cada momento.
3.La Resolución a que se refiere este artículo no agotará la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación.
1.Los Servicios Provinciales de Inspección de Educación orientarán e informarán de todos aquellos aspectos contemplados en la presente Orden al personal afectado por alguna de las circunstancias previstas en la misma.
2.A tales efectos, una vez se tenga conocimiento de los hechos, el inspector o inspectora de referencia del centro docente donde presta servicio el citado personal recabará la información necesaria para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación que corresponda y orientará a quien resulte afectado sobre el procedimiento que haya de seguir en orden a la prestación de la asistencia jurídica.
3.Asimismo, si fuera preciso, el inspector o inspectora de referencia arbitrará las medidas necesarias, a fin de que la persona interesada reciba la asistencia psicológica precisa a través del equipo de orientación educativa correspondiente.
Aplicación a otro personal.
La presente Orden será de aplicación, también, a los empleados públicos que a continuación se relacionan:
a)Personal funcionario integrante de los Servicios de Inspección Educativa.
b)Personal integrante de los Equipos de Orientación Educativa.
c)Personal laboral docente que preste sus servicios en centros educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación.
ANEXO I: SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA
ANEXO II: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DOCENTE SOBRE LA
ASISTENCIA JURÍDICA SOLICITADA

References: artículo 9
 resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución